Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=15&id=1402
Timestamp: 2018-02-21 15:23:46+00:00

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SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2013.
-EL C. PRESIDENTE RAÚL CERVANTES ANDRADE: (12:46 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores.
-LA C. SECRETARIA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Conforme al registro electrónico, contamos con la presencia de 111 senadores.
-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Se abre la sesión del jueves 17 de octubre, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio.
-LA C. SECRETARIA MENDOZA MENDOZA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acta de anterior, publicada en sus escaños.
-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Se solicita a la Secretaría informe al Pleno de las resoluciones que adoptó la Mesa Directiva, sobre los asuntos que se abordaron en la reunión de esta mañana.
La Mesa Directiva acordó emitir las excitativas que disponen en el artículo 214 del Reglamento del Senado a las comisiones que concluyeron su plazo para la presentación de sus dictámenes.
Las excitativas están referidas a 19 proyectos y la relación de estos aparecerá en la gaceta del Senado.
-LA C. SECRETARIA MENDOZA MENDOZA: Asimismo, la Mesa Directiva autorizó la homologación del turno a tres proyectos de reformas de Ley General de Salud y de la Ley General para Prevenir, Sancionar, Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas. Y para la protección y asistencia a las víctimas, de estos delitos, para quedar todas en las comisiones unidas Contra la Trata de Personas, Derechos Humanos y Estudios Legislativos.
La relación de estos proyectos se publicará en la gaceta.
También la Mesa Directiva autorizó la ampliación del plazo, para la presentación del dictamen, a seis asuntos de comisión de Comercio y Fomento Industrial.
-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: La Asamblea queda enterada.
-LA C. SECRETARIA MENDOZA MENDOZA: Se recibieron comunicaciones de la las comisiones de Salud y Fomento Económico, con las que se remiten sus respectivas informes de actividades, correspondiente al Primer Año del Ejercicio de la actual legislatura.
Asimismo, se recibió una comunicación de la comisión de Derechos Humanos, con la que remite su acuerdo, con la convocatoria relativa al procedimiento de designación de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
-LA C. SECRETARIA MENDOZA MENDOZA: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite informe sobre el resultado final completo de las negociaciones y sobre la forma en que se atendieron los objetivos de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, del Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre la Agricultura entre México e Islandia.
-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Remítase copia de la documentación a las comisiones de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Europa; de Agricultura y Ganadería; y de Comercio y Fomento Industrial.
-LA C. SECRETARIA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA: También se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con nombramientos a favor de los ciudadanos:
Y Fernando José Castro Trento, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Argentina.
-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Túrnese ambos nombramientos a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Asimismo, se recibieron de la Secretaría de Gobernación, nombramientos a favor de los ciudadanos:
Diego Antonio Gómez Pickrering, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Organismos Internacionales con sede en ese país.
Y Roberta Lajous Vargas, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en el Reino de España y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante el Principado de Andorra.
-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Túrnese los dos nombramientos a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Igualmente de la Secretaría de Gobernación, se recibieron nombramientos a favor de los ciudadanos Ulises Canchota Gutiérrez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Islámica de Irán y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Islámica de Afganistán, República Kirguisa, República Islámica de Pakistán, República de Tayikistán y República Uzbekistán.
Y Carlos Isauro Félix Corona, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Malasia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República de Kiribati y la República de Nauru.
-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Túrnese ambos nombramientos a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto que adiciona una fracción sexta al artículo 48 de la Ley de Migración.
-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Túrnese a las comisiones unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: También de la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo y adiciona un cuarto y quinto párrafos, del artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Asimismo, se recibió el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera.
-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Túrnese a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: También se recibió el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.
-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Túrnese a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Igualmente de la Colegisladora, remite un proyecto de decreto que adicionan los artículos 45 bis, 45 bis 1, 55 bis, 55 bis 1 y 55 bis 2, a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Túrnese a las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Se recibió un oficio suscrito por el doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el que informa que en el mes de octubre, el doctor Ricardo Sepúlveda Iguíniz y el doctor Andrés Roemer culminan su período como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; asimismo, informa que el maestro Sergio Rochín del Rincón, fue designado como integrante del Comité Ejecutivo de Atención a Víctimas.
-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Sobre ese asunto, como dimos cuenta hace un momento, la Comisión de Derechos Humanos ha emitido ya la convocatoria correspondiente, misma que está publicada en la gaceta para sus efectos correspondientes.
Tenemos la visita de estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana, invitados por el senador Armando Ríos Piter, sean ustedes bienvenidos. (Aplausos)
Compañeros senadores: A petición de la senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, la Mesa Directiva acordó hacer un reconocimiento al equipo infantil de básquetbol, conformado por 24 niños triquis, del estado de Oaxaca, quienes obtuvieron el Campeonato en el IV Festival Internacional de Mini-básquetbol de Argentina.
En esta contienda deportiva participaron ocho mil niños de 54 equipos representantes de diversas provincias argentinas y de países como Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, Venezuela y México.
Les solicito ponernos de pie, para rendir un minuto de aplausos, a estos pequeños, que fueron los más aclamados del torneo.
(Todos de pie. Un minuto de aplausos)
Gracias. Tomar asiento, por favor.
En el apartado de iniciativas, informo a la Asamblea, que el día de ayer, miércoles 16 de octubre, se recibió y turnó directamente a la Cámara de Diputados, el proyecto de decreto que adiciona y reforma diversos ordenamientos legales en materia de competitividad, medio ambiente, cambio climático y aplicación de aranceles verdes, suscritos por los senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Luis Fernando Salazar Fernández y Daniel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Tiene, ahora, la palabra la senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversos artículos a la Ley General de Educación.
. . . . . . . . . . . . ......... diversos artículos a la Ley General de Educación.
- LA C. SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO: Muchas gracias, muy buenas tardes, compañeras y compañeros; honorable Asamblea.
La iniciativa que la de la voz viene a compartir con ustedes es una iniciativa que propone y aborda el tema de la participación de los niños, las niñas y los adolescentes en la detección de factores de riesgo psicosocial, a efecto de incluir en la Ley de Educación, Ley General de Educación, los mecanismos de participación de nuestros niños, niñas y adolescentes a quienes les afectan de manera directa las políticas que se implementan en el sector educativo.
La educación se encuentra ligada a la obligación de eliminar la discriminación en todos los planos del sistema educativo, y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, misma que fue adoptada por México refuerza y amplía el concepto del derecho a la educación, y se rige bajo los principios de no discriminación, y el interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo del niño en el mayor grado posible y en el derecho del niño a expresar sus opiniones acerca de todas las cuestiones que afectan y que se da la debida importancia en las opiniones de función en su edad y madurez.
De acuerdo al Artículo 29 de esta Convención, la educación debe de girar en torno al niño, a la niña, y se debe de ser favorable, y debe de ser favorable en lo que debe habilitar para la vida.
De igual forma, en el 12, en el artículo tienen derecho a expresar sus opiniones sobre cuestiones que les afectan, y en eso no solo comprende las relaciones pedagógicas en el aula, sino también en toda la escuela y en la elaboración y la aplicación de las leyes y políticas pertinentes.
Otro aspecto que impulsa esta presente iniciativa es la detección de factores de riesgos psicosociales para erradicar todas las formas de violencia contra los menores, y sobre todo también entre ellos mismos, porque no sólo en el hogar, sino también en la escuela, y establecer también los mecanismos eficaces para denunciar estos casos, para que el plantel educativo, para que los maestros sepan y se involucren, y asuman su responsabilidad, no sólo pedagógica, sino psicosocial sobre l os temas que afectan a los niños en México.
Debemos de comenzar a concebir a la educación como un sistema educativo con enfoque de derechos, que con ellos se podrá valorar y ver la realidad de todos nuestros niños y niñas y adolescentes, permitiendo poner énfasis en la responsabilidad del estado como garante de los derechos humanos.
La certeza de que las niñas, los niños y los adolescentes pueden hacer exigibles estos derechos, que el reconocimiento del niño como un actor social y las obligaciones del garante de derechos establecidos por la ley.
Por ello, se propone reformar el 7, el 8, el 50, el 69, el 70 de la Ley General de Educación para adicionar también un artículo 60-bis e incluir la participación activa de las niñas y los niños y los adolescentes dentro de sus propias escuelas. Por eso se propone que cada alumno del plantel escolar existe un consejo de alumnos conformado por dos alumnos que represente a cada uno de los grupos de distintos grados escolares, y también deberá de sesionar periódicamente, y sobre todo, para que exista la participación, no es ahora el tiempo y la modernidad en donde solamente los adultos y los planteles escolares en sus jerarquías decidan todo sobre los niños; también las niñas y los niños deben de decidir sobre todo lo que se hace adentro de sus propios planteles sobre festivales, sobre eventos escolares, en la que sus grupos participen, también sobre la solución de conflictos, como es el término este americanizado que se utiliza como bulling, donde también los niños deben de tener una participación y desarrollar una conciencia sobre lo que está sucediendo, y sucede permanentemente en los planteles escolares.
Porque, además, recordemos que en la última publicación e la OCDE el primer lugar de casos de violencia entre niños, entre adolescentes, es decir, en las secundarias, en los estudiantes el primer lugar lo ocupa nuestro país.
También, se propone, de igual forma integrar en una ley un mecanismos para que la autoridad educativa realice a cada alumno una evaluación psicosocial para determinar las condiciones sociales, emocionales, todo lo que tiene que ver con su entorno con fin preventivo para eliminar, para determinar, para detectar cualquier rasgo de violencia o cualquier factor de riesgo social que pudiera estar vulnerando los derechos del educando, es decir, de los alumnos y menguar su desempeño o desarrollo académico.
Esto también tiene que ver con la falta de oportunidades económicas, con el acceso a las drogas que tienen hoy por hoy en las escuelas los niños y que en este caso no pueden las escuelas ni el plantel de los docentes pues, lavarse las manos, y no estar al tanto de todo esto ahora con esta iniciativa que pongo a su consideración, pues se propone precisamente detectar cualquier tipo de casos que tenga que ver con la prevención de todo esto que acabo de enumerar.
En el caso de detectar alguno de estos rasgos se contactará inmediatamente con los padres o tutores para solucionarlo, y para el caso de detectar también que el alumno se encuentre en riesgo o que puede ser víctima de abuso, de algún delito que pueda ser del conocimiento de la autoridad respectiva para su inmediata intervención a dicha institución.
Hasta ahorita, bueno, por supuesto que en las escuelas hay un involucramiento por parte de los maestros, por parte de la autoridad administrativa de los propios planteles, pero no es obligatorio, y ahora, sí la propia ley que estoy proponiendo lo haría.
Bueno, pues por su atención, compañeros pues muchas gracias, yo estoy convencida de que el sistema educativo comienza a atender la participación social, educativa de todos nuestros hijos, y la detección e identificación de los factores de violencia y de riesgos psicosociales que puede verificar un gran cambio importante que consolide la construcción de un esquema educativo que permita a nuestros niños a nuestras niñas a los adolescentes, formarse y desarrollarse en un espíritu de respeto y contar con la dignidad humana y por la igualdad de los derechos de todos los seres humanos.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR JOSE ROSAS AISPURO TORRES: Gracias, Senadora Marcela Guerra Castillo. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.
A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General, en el uso de la palabra hasta por diez minutos, señor senador.
- EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Honorable Asamblea: La propuesta que presento ahora, lo hago por supuesto a nombre propio y de los y las senadoras que a continuación enlisto. El Senador Ernesto Cordero Arroyo; la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza; la Senadora Marcela Torres Peimbert; el Senador Alejandro Encinas Rodríguez; el Senador Manuel Bartlett Díaz; la Senadora Layda Sansores San Román; y el Senador Luis Sánchez Jiménez.
La iniciativa que ponemos a la consideración de esta cámara tiene como objetivo regular tres grandes objetivos: La transparencia en el uso y destino de los recursos públicos que reciben los grupos parlamentarios. Un sistema de rendición de cuentas a la sociedad; y regular los conflictos de intereses en la actividad legislativa y parlamentaria.
En una sociedad democrática las autoridades deben actuar con escrúpulo en el uso, destino y comprobación de los recursos económicos con los que cuentan para el debido ejercicio de sus funciones.
Rendir cuentas no solamente es una nueva manera de concebir el ejercicio del poder, sino una exigencia ciudadana, y significa estar al alcance de aquellos a quienes se representa para explicarles con oportunidad, calidad y respeto las causas y las razones del por qué, y cómo se ejerce la función y los recursos públicos.
Así, la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de toda persona al acceso a la información pública, son valores fundamentales y constitutivos en la construcción de los gobiernos democráticos, en donde los ciudadanos y los individuos en general deben estar informados de lo que hacen los gobernantes, y cómo lo hacen; de cómo ejercen, y en qué los recursos públicos con el propósito de evaluar la gestión de sus representantes, y participar de manera responsable y enterada en las decisiones públicas que les conciernen........
...la gestión de sus representantes y participar de manera responsable y enterada en las decisiones públicas que les conciernen.
Los principios y valores que se enuncian en esta iniciativa son válidos para los tres poderes de la Unión y para los tres niveles de gobierno: una mayor transparencia, el conflicto de intereses y el tráfico de influencias. Pero cobra una mayor relevancia cuando se trata del Poder Legislativo donde se originan las leyes que construyen las instituciones, facultan y otorgan atribuciones a los poderes de la Unión, por lo que las Cámaras del Congreso deben ser un ejemplo de transparencia sobre los recursos económicos que ejercen y en las tareas que realizan.
Cuando se deja de regular la transparencia el conflicto de intereses y el tráfico de influencias queda en peligro la legitimidad del Poder Público y la legitimidad de los representantes populares.
En este sentido, la propuesta que hoy ponemos a la consideración de la Honorable Asamblea consiste en establecer las disposiciones necesarias que permitan conocer el uso y destino de los recursos públicos que reciben todos los grupos parlamentarios, permitir la realización de auditorías de la gestión de los mismos por parte de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, a la vez regular el conflicto de intereses y económicos que pudieran tener los legisladores en el ámbito de lo previsto en la Constitución General de la República, los tratados de los que el Estado mexicano es parte y la legislación secundaria en materia de rendición de cuentas, combate a la corrupción e incompatibilidad de funciones.
Se propone la adición del numeral cuatro al artículo 11 para establecer el deber que tienen los diputados y senadores del Congreso de la Unión, de realizar su labor de representación política de manera desinteresada, transparente y evitar influencias contrarias al interés general, y que su desempeño se apegue a los principios establecidos en el título IV de la Constitución en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado.
Hay que reconocer que en el ejercicio de nuestra función de representar políticamente a los ciudadanos o los intereses colectivos de nuestras entidades federativas no podría considerarse como un conflicto las gestiones que realizan para beneficio de intereses públicos, sociales o gremiales; asimismo, aquellos legisladores que se encuentren o crean encontrarse en un conflicto de interés tendrán la obligación de excusarse absteniéndose de votar y notificarlo a la Junta de Coordinación Política para que se realicen, en su caso, las modificaciones en la integración de la Comisión como lo prevé el artículo 47 fracción XIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Esto en relación a que en los artículos a reformar proponemos establecer lo que se entiende por conflicto de intereses y económico respectivamente, así como lo que no estaría considerado como conflicto de intereses. A la definición de conflicto de interés incluye la posibilidad de obtener un beneficio directo cuando se obtiene en la persona del legislador, o bien un interés indirecto, como sería el caso de beneficiar su cónyuge, concubina o concubinario, familiares en línea recta o colaterales hasta el tercer grado.
Sentimos que en el momento que vive el Congreso de la Unión ante la importancia capital, estratégica de las decisiones de las Cámaras es importante elevar nuestra reglamentación y, por supuesto, nuestra Ley Orgánica del Congreso de la Unión para transparentar nuestra actuación y poner por encima de cualquier interés particular el interés público. Ante el creciente papel central, protagónico del Congreso de la Unión en las decisiones financieras, fiscales, legislativas, presupuestales del país, sentimos que estas reformas se hacen necesarias.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señor Senador Javier Corral Jurado. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.
-EL C. SENADOR ZOE ALEJANDRO ROBLEDO ABURTO: (Desde su escaño) Presidente.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: A continuación… Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo. ¿Para qué asunto?
-EL C. SENADOR ZOE ALEJANDRO ROBLEDO ABURTO: (Desde su escaño) Simplemente para pedirle al promovente si me permite sumarme a su iniciativa.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: ¿Con el mismo objeto, señor Senador Don Víctor Hermosillo?
-EL C. SENADOR VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senador Javier Corral, ¿acepta la incorporación? Pido a la Secretaría que tome nota de quienes tengan el interés de sumarse a la iniciativa que ha presentado el Senador Javier Corral Jurado. Con gusto.
-A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
-En el uso de la palabra, hasta por diez minutos, señor Senador.
El propósito de esta iniciativa es ciertamente establecer un tope máximo al déficit del gasto neto total establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación no mayor al 1% del Producto Interno Bruto. Para eso quiero recordar que como parte de las reformas que acompañan a la propuesta del Paquete Económico 2014, que en días pasados entregó el titular del Poder Ejecutivo para su discusión y su aprobación, se encuentra la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El Gobierno Federal argumenta, en relación a esto, que pretende convertir la salud de las finanzas públicas en una política de Estado, y señala que por ello se requiere de ciertas adecuaciones al marco vigente, y una de ellas corresponde a fortalecer, y yo hago uso de los propios términos del titular del Poder Ejecutivo, a fortalecer la regla del balance presupuestal actual para transitar hacia una regla que otorgue mayor fortaleza a la conducción macroeconómica.
Esta regla de balance actual está contenida, compañeras y compañeros, en el artículo 17 de esa ley y establece que el Presupuesto de Egresos deberá contribuir al equilibrio presupuestario, y prevé también una cláusula de excepción que permite un déficit presupuestario en caso de que las condiciones económicas y sociales que priven en el país así lo justifiquen.
La existencia de esta cláusula, vale también apuntarlo, ha permitido la implementación de medidas contracíclicas, como fue el caso, tras la crisis financiera mundial del 2009 y como está ocurriendo hoy en día tras un inicio no muy afortunado de la política económica en este primer año del gobierno Federal. Lo cual, desde nuestro punto de vista, ha orillado, y hago uso también de las palabras del propio Gobierno Federal, a aplicar una política de déficits transitorios y decrecientes entre el 2013 y el 2016.
Así las cosas en los criterios generales de política económica del 2014. Se señala, por ejemplo, que en el presente ejercicio 2013 se plantea un déficit que alcanzaría el 0.4% del Producto Interno Bruto con una deuda neta total que se ubicaría alrededor del 39% del PIB. Para el 2014 el déficit sería de un orden del 1.5% al tiempo que la deuda neta total del sector público llegaría, según se nos ha planteado, al 40.5%.
Para el 2015 se trabajaría, dice la iniciativa, con un déficit del 1%, mientras que la deuda subiría…
… para el 2015 se trabajaría, dice la iniciativa, con un déficit del 1 por ciento, mientras que la deuda subiría hasta el 41 por ciento.
Y para el 2016, el déficit sería del 0.5 por ciento y la deuda neta total estaría quedando alrededor del 40.9 por ciento del PIB.
Para el 2017, se estima que finalmente se lograría el equilibrio presupuestal.
Estos son los planes del actual gobierno federal.
Sin embargo, creo que vale la pena plantear que la realidad es que a través de los años con déficit o sin déficit, es decir, con equilibrio presupuestal o sin equilibrio presupuestal, considerando en los paquetes económicos, el resultado la verdad es que ha sido desfavorable, ya que hoy en día la deuda neta total del sector público asciende a más de 6 billones 62 mil millones de pesos.
La presente reforma que proponemos considera necesario fortalecer la propuesta del Ejecutivo, agregando un tope al déficit que en un momento dado puede ser autorizado para romper la regla del balance presupuestal. De esta manera la cláusula de excepción que permite un déficit presupuestario, sería más robusta y fortalecería al Titular del Poder Ejecutivo actuar, lo forzaría a actuar con mucha mayor celeridad, ya que de antemano sabría que no se permitiría trabajar en un déficit superior al establecido en la ley. Y esos son lo fundamentos de la propuesta que estamos presentado, senador presidente.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias señor senador Ángel Benjamín Robles Montoya. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda.
A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proyecto de decreto por el que se modifica y adicionan los artículos 26 y 44 bis a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En virtud de que no se encuentra el senador Pablo Escudero Morales, se le concede el uso de la palabra para presentar también iniciativa al senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 y 99 constitucionales.
En una democracia representativa como es el caso de México, es indispensable que la ciudadanía tenga certeza de que los procesos electorales están apegados a la ley, y por lo tanto los representantes elegidos sean realmente aquello a quienes la mayoría ha decidido otorgar su confianza para proteger sus derechos.
Asimismo resulta fundamental la consolidación de las instituciones que vigilen el respeto de los derechos de la ciudadanía con legitimidad e imparcialidad, órganos en los que la voz que mande sea la de las mayorías, y no la de los intereses de grupos o partidos políticos.
Este es el caso del Instituto Federal Electoral, organismo autónomo creado con el objetivo de garantizar transparencia, equidad, certeza y legalidad a las elecciones federales y generar en la sociedad mexicana confianza y certidumbre en los procesos electorales.
En busca de lograr estos objetivos, la Constitución Política Federal y las leyes en materia, en varias ocasiones han sido reformadas con la finalidad de ir democratizando este instituto electoral. Sin embargo, es necesario perfeccionar su funcionamiento dotándolo de las atribuciones y facultades necesarias.
En la Reforma Constitucional del año 2007, se estableció que los Consejeros Electorales que integran el Consejo General del Instituto Federal Electoral serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de grupos parlamentarios previa realización de una amplia consulta a la sociedad.
Con esto se pretendía que la elección de los Consejeros del IFE fuera a través del consenso de todas las fuerzas políticas, tomando en cuenta la opinión de la ciudadanía. Pero sobre todo que garantizara la imparcialidad de los consejeros.
Empero los intereses políticos han estado por encima de la obligación que orden la Constitución Política Federal. Se han sobre puesto los intereses de grupos a los intereses generales de la sociedad. Y esto ha traído como consecuencia, vacíos al interior del Consejo General del Instituto Federal Electoral, pues la elección de consejeros electorales vacantes se ha prorrogado hasta 14 meses.
En el año 2010, la Cámara de Diputados emitió la convocatoria para el proceso de selección de candidatos a ocupar el cargo de Consejeros Electorales para el periodo 2010-2019.
Sin embargo, dicho proceso concluyó hasta el 15 de diciembre del siguiente año. A pesar de tener 14 meses para lograr consensos y tras fracasadas negociaciones, el nombramiento de los tres Consejeros Electorales fue realizada mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política, declarando concluido el proceso de selección de candidatos, y así fue como se designaron a los tres Consejeros Electorales faltantes, los cuales inclusive resultaron ajenos a los 136 participantes e inscritos inicialmente en el proceso de selección, obviando la transparencia de la convocatoria pública y designando discrecionalmente a los nuevos Consejeros.
En este mismo sentido, en febrero de este año, el Instituto Federal Electoral tuvo una nueva vacante, desde el 28 de febrero la Cámara de Diputados emitió la convocatoria correspondiente para la elección del consejero faltante. Y hasta el día de hoy no han logrado llegar a un acuerdo para la elección del mismo.
Lo anterior, no obstante que el día 24 de junio pasado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una resolución en el cumplimiento al incidente interpuesto por el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, en busca de que este órgano judicial dictara medidas de apremio a la Cámara de Diputados, y finalmente designara al Consejero vacante.
A esto hay que añadir que en el Periodo Extraordinario del mes de julio pasado, los diputados establecieron en su acuerdo tercero concluir el proceso de selección del Consejero Electoral vacante, situación que nunca se trató en el Pleno de dicho órgano legislativo.
Finalmente, el pasado 30 de septiembre la Junta de Coordinación Política de la Colegisladora, dio a conocer que se emitirá una nueva convocatoria para la elección del Consejero vacante. Sin embargo la realidad indica que el IFE sigue operando con una ausencia.
La modificación de la Constitución Política Federal resulta no solamente urgente, sino apremiante, dado que sigue pendiente la elección de un consejero vacante desde el mes de febrero de este año y se iniciará una nueva selección de cuatro consejeros electorales, incluido el consejero presidente, quienes terminan su periodo legalmente el 30 de octubre del presente año.
Por tal razón, es indispensable…..
.... legalmente el 30 de octubre del presente año, por tal razón es indispensable establecer un plazo para que la Cámara de Diputados de prioridad a la elección de los consejeros electorales y evitar que estas bacantes del IFE se conviertan en moneda de cambio para los partidos políticos.
A razón de esto, la presente iniciativa pretende reformar el artículo 41 de la Constitución con el objeto de que la Cámara de Diputados cuente con plazo perentorio de 90 días hábiles, contados a partir de la emisión de la convocatoria para hacer la designación de los consejeros, y en caso de que no se hayan designado a los consejeros electorales faltantes, en el término establecido el Consejero Presidente podrá acudir ante el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación solicitando que se haga la designación correspondiente.
Por consiguiente, se adiciona una fracción al artículo 99 Constitucional, a fin de que se otorgue la facultad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de designar al o los consejeros faltantes de entre los candidatos registrados en el proceso de selección.
Una vez que la Cámara de Diputados haya excedido el plazo correspondiente, además de cara a la discusión de la reforma política es indispensable tomar en cuenta la presente iniciativa para evitar que el Instituto Electoral sea cooptado por grupos y partidos políticos, o bien, que la designación de los consejeros o cualquier otro representante de los mismos, sean favores políticos totalmente ajenos al interés general.
Por ello es imperioso que se establezcan los mecanismos legales para que efectivamente este Instituto goce de un funcionamiento eficiente y estable, y la Colegisladora cumpla con la obligación que le mandata la Constitución. Es cuanto, señor presidente. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señor senador David Monreal Avila. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Gobernación y de Estudios Legislativos, segunda.
Saludamos la presencia de la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac, Campos Interlomas, invitados por el senador Isidro Pedraza Chávez. Bienvenidos, jóvenes estudiantes. (Aplausos).
A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Oscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 51 y 62 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En el uso de la palabra, señor senador.
-El C. SENADOR OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ: Muchas gracias, senador Presidente. Con el permiso de la Presidencia, senadoras y senadores. Las micro, pequeñas y medianas empresas, "MIPYMES", se han convertido en el motor de la economía nacional, su alto dinamismo y diversificación hace de estas empresas el eslabón más importante de la cadena de producción y proveedurías de bienes y servicios en nuestro país.
De acuerdo con el INEGI en México existen aproximadamente cuatro millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales el 99.8 por ciento son PYMES que generan 52 por ciento del Producto Interno Bruto, y 72 por ciento del empleo del país.
Debido a la importancia que estas representan se han realizado esfuerzos significativos desde el plano legislativo para impulsar el desarrollo y crecimiento de estos pequeños centros de producción, de bienes y servicios, pero grandes dotadores de empleo para los mexicanos.
En 2012 se aprobó la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; en mayo de 2009 se realizaron reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que abrieron las puertas a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para participar en el Sistema de Compras del Gobierno, y ser proveedoras de los distintos bienes y servicios que requieren las dependencias y entidades.
Hoy en día desde el gobierno federal se emprenden acciones decididas para fortalecer y generar mayor certidumbre en las actividades productivas de la MIPYMES, a través del Instituto Nacional del Emprendedor se invertirán nueve mil millones de pesos en beneficio de 300 mil emprendedores y 180 mil micro, pequeña y medianas empresas.
Se estima que para el 2013 el gobierno destinará cien mil millones de pesos para compras con MIPYMES, a pesar de contar con un marco regulatorio más favorable, las MIPYMES se enfrentan a un dique que les imposibilita seguir creciendo, refinanciarse, pagar a sus empleados y seguir aportando a la economía nacional.
Ese dique es el retraso desmedido en el pago de los bienes y servicios que prestaron a dependencias federales y de gobiernos locales. Diversos sectores empresariales, entre ellos la Cámara Nacional de la Industria Nacional de la Transformación, CANACINTRA, señala que los retrasos en los pagos de las dependencias de las MIPYMES, son un problema recurrente, los mayores retrasos se presentan con los proveedores en los estados y municipios, donde los pagos vencidos llevan de 12 hasta 24 meses para ser liquidados.
Ante ese escenario de incertidumbre para las empresas de menor tamaño, es necesario incorporar nuevos elementos en el sistema de contrataciones públicas, que aceleren el pago a proveedores y den mayores herramientas de defensa ante el incumplimiento o demora de las entidades y dependencias federales y gobiernos locales.
Es importante tener presente que cuando los pagos a las MIPYMES están retrasados por más de 12 meses, la viabilidad de estas empresas están en serio riesgos.
Si bien el articulo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, estipula que el pago a los proveedores no podrá exceder de 20 días naturales contados a partir de la entrega de la factura, previa entrega de los bienes o prestaciones de servicios contratados, esta disposición queda rebasada en su totalidad.
Ante estos casos, la Ley señala que el proveedor deberá solicitar el pago de gastos financieros con una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos, para prórroga de créditos fiscales, desde el vencimiento del plazo pactado hasta que se realice el pago efectivamente de los adeudos.
Sin embargo, estas sanciones no han sido para que las dependencias o entidades paguen a tiempo a sus proveedores, encontrándonos con retrasos de más de 24 meses. Ante ello, y debido a los retrasos en los pagos a proveedores que de manera injustificada tienen dependencias y entidades, es necesario establecer mecanismos más rigurosos que obliguen al saldo oportuno de los bienes o servicios contratados por el sector público.
Por ello, se propone adicionar el artículo 51 de la Ley citada, para introducir la figura de responsabilidad resarcitoria en todos aquellos casos de incumpliendo o retraso injustificado de pago a proveedores.
En este caso, serán responsables los servidores públicos que por sus actos y omisiones dañen o perjudiquen el patrimonio de las dependencias o entidades. La responsabilidad resarcitoria debe ser entendida como una obligación a cargo de los servidores públicos, para reparar los daños o perjuicios a la Hacienda Pública, cuantificables monetariamente como consecuencia de una conducta u omisión que incumpla con los ordenamientos jurídicos vigentes.
Se facultará a la Secretaría de la Función Pública para conocer, iniciar y resolver con medidas resarcitorias, independientes de las demás sanciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y de Servicios del Sector Público.....
. . . arrendamientos y de servicios del sector público, adicionalmente se pretende reformar el título 5º denominado de las infracciones y sanciones, en su artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para establecer sanciones a todas aquellas entidades y dependencias que incumplen los plazos fijados por la Ley para el pago a sus proveedores.
Se adicionaría un segundo párrafo facultando a la Secretaría de la Función Pública para conocer y resolver los casos de incumplimiento de pago a proveedores en 15 días naturales.
A partir de que el proveedor manifieste que ha transcurrido el tiempo fijado por la Ley para el finiquito de los adeudos.
Se insertarían los incisos a), b) y c) señalando las medidas que aplicaría la Secretaría en los casos que encuentre un retraso injustificado en el pago a proveedores.
Exigirá por escrito a la dependencia o entidad el pago de los adeudos contraídos.
Multará a la dependencia o entidad deudora por el equivalente a 100 mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal.
Verificará el pago de los gastos financieros generado por el incumplimiento de pago de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51, segundo párrafo de la Ley.
Finalmente, se posibilita a proveedores que participen en procedimientos de contratación de entidades federativas y municipios referentes a las licitaciones con cargo a recursos federales puedan exigir a través del mismo procedimiento el finiquito de lo adeudos.
Amigas y amigos senadores, con estas reformas damos mayor certidumbre a las pequeñas y medianas empresas que proveen de bienes y servicios al sector público.
Las dependencias que no paguen a tiempo serán sancionadas de manera ejemplar, pero sobre todo se dota al gobierno de una herramienta indispensable para iniciar procesos de responsabilidad resarcitoria contra servidores públicos que por sus actos y omisiones dañen o perjudiquen el patrimonio de las dependencias o entidades.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señor Senador Oscar Román Rosas González.
Túrnese esta iniciativa.
Sonido por favor en el escaño del Senador Raúl Aarón Pozos.
-EL C. SENADOR RAUL AARON POZOS LANZ (Desde su escaño): Decirle al señor Senador si me hace favor de permitirme sumarme a su propuesta.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Igualmente el Senador Eviel Pérez para lo mismo.
Senador Oscar Román, acepta la suma de los compañeros senadores.
-EL C. SENADOR OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ (Desde su escaño): Acepto.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Pido a la secretaría que tome nota de ello y con gusto se atenderá esa solicitud.
A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar Proyecto de Decreto por el que reafirma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
-EL C. SENADOR FERNANDO YUNES MARQUEZ: Con el permiso de la Presidencia.
El día de hoy presento una iniciativa sumamente importante para los ecosistemas de nuestro país. Se trata de los manglares mexicanos, que son ecosistemas diversos y fundamentales para la supervivencia de nuestra biodiversidad.
Los manglares específicamente los humedales costeros tienen muchos servicios ambientales, son zonas de alimentación, refugio y crecimiento de especies animales, actúan como sistemas naturales de control de inundaciones y como barreras en huracanes.
Lamentablemente en los últimos años, México ha sufrido una devastación de manglares sin precedentes que ponen en severo riesgo su subsistencia.
Según algunas cifras, nuestro país ha perdido ya un 5 por ciento de estos ecosistemas.
De acuerdo al último estudio de la Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad, México tiene aproximadamente 770 mil hectáreas de extensión de manglares.
Las principales causas de la destrucción de los humedales se debe a las actividades agrícolas, ganaderas, turísticas y al desorden urbano, así como a la corrupción entre autoridades e iniciativa privada que construyen sin medida en estos espacios y que están provocando graves consecuencias con cada lluvia que cae en algunos de estos lugares del país.
Esto sin duda debe preocupar.
Es cierto que la legislación ha avanzado en el tema con la creación de la Ley General de Vida Silvestre e en el año 2007.
Sin embargo a nivel estatal y municipal se siguen otorgando permiso de construcción de manera discrecional y sin planeación lo que está dejando a muchos municipios del país sin el espacio natural, de coctación de agua más importante con el que se cuenta.
Sin duda alguna se ha avanzado en acciones que ayudan a prevenir y en algunos casos evitar que se sigan afectando estos ecosistemas, sin embargo, no existe a la fecha un castigo ejemplar para quienes atentan en contra de la naturaleza y de la ciudadanía.
Los fenómenos naturales no se pueden evitar, pero sí se pueden prevenir y también se puede evitar en gran medida que el impacto de éstos sea tan devastador como ha sido hasta ahora.
Con cada desastre natural las autoridades, sobre todo estatales señalan que se van a reconstruir las zonas afectadas, que se apoyará a las familias afectadas, pero esto sucede cada año y no hay ni un solo castigo ejemplar para quien permite que estos fenómenos naturales tengan cada vez peores consecuencias.
Tal es el caso del Estado de Veracruz.
En el año del 2010 el Huracán Carls, dejó pérdidas humanas y materiales enormes, los expertos en mi estado han señalado constantemente que el relleno de humedales en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río es donde pegó más fuerte el huracán es lo que provocó consecuencias aún mayores, contrario a si todavía se contara con esos sistemas naturales de control de inundaciones.
En esa entidad es bien conocido que los manglares es donde se están construyendo complejos residenciales enormes, que además de que se inundan constantemente y ponen en grave riesgo a la población, extiende sus efectos a muchas poblaciones vecinas causando graves afectaciones.
Otro caso sensible es el aso de la tormenta tropical Manuel por el estado de Guerrero, con pérdidas igualmente incalculables.
Recientemente el periódico reforma publicó en un reportaje denominado alertaron en 2007 de daños en Acapulco y de forma sintetizada señala los actos de corrupción entre gobierno y constructores que se encargaron de afectar severamente el ecosistema, principalmente en Acapulco y que trajo consecuencias devastadoras para los ciudadanos.
El reportaje señala que de acuerdo a las autoridades y expertos el desbordamiento del Río La Sabana, fue producto de diversos factores, entre ellos las invasiones de manglares y se señala que grandes desarrollos ocupan gran parte de un manglar.
Es momento que desde el Congreso d ela Unión se ponga un alto a estas acciones que impactan cada año a los ciudadanos y que están terminando poco a poco con este ecosistema tan bondadoso y con tantos beneficios para nuestro país.
Es absolutamente injusto que las personas que con tanto esfuerzo adquieren una vivienda no sepan que su hogar está construido encima de humedales, encima de la corrupción, de los negocios obscuros de autoridades y empresarios y que de por vida su casa estará en constante riesgo en los embates de la naturaleza.
Por ello, se propone que los delitos en materia ambiental específicamente para el caso de relleno de humedales se eleven a delito grave, para que de esta forma las personas que atentan contra estos ecosistemas no tengan la posibilidad de salir bajo fianza.
Como legislador y representante del Estado de Veracruz, le solicito atentamente a esta soberanía que elevemos el tema del medio ambiente a nuestra agenda prioritaria y se hagan las reformas necesarias para evitar que gobernantes y constructores sigan invadiendo los manglares de México y sepan que si lo hacen, serán castigados con toda la fuerza de la Ley.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señor Senador Fernando Yunes Márquez.
Túrnese esta iniciativa. . .
Sonido por favor en el escaño del Senador López Brito.
-EL C. SENADOR FRANCISCO LOPEZ BRITO (Desde su escaño): Para pedirle al Senador Fernando Yunes, me permita adherirme a esta importante iniciativa en defensa de los manglares de nuestros litorales mexicanos por lo que representan, por los grandes beneficios en la cadena ecológica y que sí ameritan las personas que los agraden ser sancionados severamente.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Con gusto, tomamos nota de ello.
Señor Senador Fernando Yunes, acepta la incorporación a su proyecto de los senadores, igualmente l Senador Salvador Vega Casillas y Senador Víctor Hermosillo, igualmente la Senadora Ana Gabriela Guevara.
Pido a la Secretaría que tome nota de quien . . .
…igualmente la Senadora Ana Gabriela Guevara.
Pido a la secretaría que tome nota de quienes han manifestado el interés de sumarse a esta Iniciativa.
Túrnese la misma a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.
A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuellar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social.
En un régimen democrático que se limita al ámbito político, electoral, pero que aspira a ampliarse a los ámbitos económicos y social, debe implementarse una política permanente de construcción de ciudadanía, esto es: dotar a los ciudadanos de una mejor y más profunda cultura democrática, y de una plena conciencia de los derechos, libertades y responsabilidades que conlleva a su ejercicio.
En el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del 2004, titulado La democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, se plantea la necesidad de transitar de una democracia cuyo sujeto es el elector a una cuyo sujeto es el ciudadano que tiene derechos y deberes expandidos, en el campo político, civil y social.
Esta visión ampliada de la democracia es una forma de organización del poder que implica la existencia y buen funcionamiento del Estado, y tienen en el régimen lectoral un elemento fundamental, pero no se reduce a las elecciones e implica el ejercicio de una ciudadanía integral que se corresponde con tres conjuntos de derechos: civiles, políticos y sociales.
Desde esta perspectiva, la ciudadanía está integrada por tres dimensiones:
Ciudadanía civil, que está compuesta por los derechos para la libertad individual, libertad de expresión, pensamiento y religión, derecho a la justicia y a la propiedad.
Ciudadanía política, que implica el derecho a la participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de sus miembros.
Y la Ciudadanía social, que comprende desde el derecho a un mínimo de bienestar económico hasta el de compartir plenamente la herencia social y vivir conforme a los estándares predominantes en la sociedad. En otras palabras, son los derechos económicos, sociales y culturales.
Bajo esta lógica, el derecho a la información resulta fundamental, en virtud de que se trata del elemento básico para el ejercicio de sus derechos políticos, civiles y sociales, es decir, para el ejercicio de la ciudadanía.
Pero consideramos que este ejercicio no es posible si el Estado no se compromete con dicho fin, impulsando los mecanismos que sean necesarios para crear y asegurar la ciudadanía.
En materia de derechos sociales, su justiciabilidad depende en gran medida de las acciones afirmativas que realice el Estado, pero estamos convencidos que su ejercicio requiere que la población conozca, no sólo los servicios y prestaciones que los gobiernos ofrecen, sino también el cómo hacerlos exigibles.
Al ser consientes de que las acciones de gobierno son un derecho y no un favor de la administración en turno, se combaten también las prácticas clientelistas que atentan contra la libertad electoral, el canje del voto por un favor, que hace de la actividad política una competencia por cooptar el voto, incluso ilegalmente, dejando de lado la disputa programática.
Por otra parte, la influencia de los medios de comunicación masiva debe utilizarse a favor de la ampliación de la democracia, ofreciendo variedad en la información al ciudadano que permita generar opiniones informadas respecto al actuar gubernamental, para ello, se requiere libertad de prensa, pluralidad en la información, transparencia y el libre acceso a la información pública, convirtiéndose así en un mecanismo de control social de las actuaciones públicas.
En particular, consideramos que los mecanismos de difusión y publicación de las acciones gubernamentales no deben limitarse a la difusión de su existencia o de los logros de la administración en turno, ya que ese tipo de mensajes no aportan información de utilidad para orientar a la población la manera de acceder a ellos.
Una sociedad democrática requiere información de calidad y oportuna que le otorgue mayor control sobre el Estado, pero éste debe coadyuvar a la construcción de una ciudadanía extensa e integral, generando canales de comunicación para que ésta participe en la vida democrática, en su sentido más amplio, diluyendo así los rasgos de autoritarismo, populismo y clientelismo, que siguen --desgraciadamente-- arraigados hasta ahora en nuestra cultura política.
Bajo estos argumentos, proponemos que la publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social se orienten a la difusión de los servicios y prestaciones que otorga el gobierno, pero dentro de una perspectiva de derechos y obligaciones de los propios beneficiarios, con el objetivo de coadyuvar, desde este ámbito, a la construcción de una ciudadanía social.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente decreto:
Artículo Único.- Se adiciona un párrafo al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:
Artículo 28.- Su contenido debe ser neutral, por lo que debe orientarse exclusivamente a informar sobre los servicios y prestaciones de los programas de desarrollo social, así como de los derechos y obligaciones de los beneficiarios bajo criterios de veracidad, objetividad y accesibilidad.
Túrnese esta Iniciativa a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.
En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 300 y 306 de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad.
Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.
A continuación tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 220, y un artículo 467 bis a la Ley General de Salud en Materia de Productos Inhalables.
Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, y bajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 195 y 193 de nuestro Reglamento, quedan de primera lectura.
Tenemos a continuación la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3º transitorio, y se adicionan los artículos décimo tercero y décimo cuarto transitorios del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este…
…de Seguridad Pública
Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la gaceta parlamentaria de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.
Consulte la Secretaría, a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga de inmediato a discusión.
-LA C. SECRETARIA MENDOZA MENDOZA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura a este dictamen.
Quienes estén a favor, manifestarlo levantando su mano. (La Asamblea asiente)
Se somete a discusión, presidente.
Se dispensa la segunda lectura.
Por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al senador Omar Fayad Meneses, por las comisiones, para presentar el dictamen, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.
-EL C. SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: (Desde su escaño) Presidente.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Sonido, por favor, en el escaño del senador Fernando Yunes Márquez.
-EL C. SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: (Desde su escaño) Gracias, presidente.
Acordamos en el seno de la comisión, que fuera un servidor el que presente el dictamen.
Y el senador Fayad, hasta donde tengo entendido, posicionará por parte del grupo parlamentario del PRI.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senador.
En función de ese acuerdo, se le concede el uso de la palabra al senador Fernando Yunes Márquez, para presentar el dictamen a nombre de quienes integran estas comisiones.
El día de hoy, vengo a presentar a nombre de la comisión de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera, dictamen que reforma el artículo tercero transitorio y adiciona los artículos tercero y cuarto del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En primer lugar, quiero reconocer a las y los senadores integrantes de estas comisiones, por su disposición de proponer de manera conjunta esta iniciativa.
Sé que en esto no está frente a nosotros los colores, ni partidos, sino en nuestra responsabilidad ante el país.
Cabe recordar que el pasado mes de enero de 2009, se publicó el decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, mismo que fue producto del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
En la presente ley, se establecía como fecha límite para evaluar y certificar en control de confianza a los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública, el 3 de enero de 2013.
Posteriormente, ante el incumplimiento de las entidades federativas, el 28 de diciembre del año pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un nuevo plazo aprobado por este Senado de la República, de 10 meses.
De acuerdo al último informe del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se entregó a esta comisión, se tiene un avance de 326 mil 463 elementos estatales y municipales evaluados; lo que equivale al 63%.
De acuerdo a la última actualización, se tiene un avance cercano al 70%, lo que hace prácticamente imposible cumplir con la totalidad en la fecha fatal.
Por ello, todos los integrantes de esta comisión, propusimos una iniciativa para ampliar por un año más el plazo establecido; pero además fuimos más allá, adicionando dos artículos transitorios, para que tanto el gobierno federal como el los gobiernos estatales, tomen en cuenta las previsiones presupuestales necesarias para destinar una partida específica que nos permita cumplir con esta norma.
El objetivo es muy claro. Permitir a los estados cumplir con el 100% de la certificación; pero también, comprometer a los gobiernos estatales, a emplear todos los recursos públicos suficientes para lograrlo y no solamente los comprometidos por el gobierno federal.
En el tema de seguridad no debemos de escatimar esfuerzos. Es cierto que son muchas las dificultades por las que atraviesan algunos gobiernos; pero también es cierto, que hay muchos que no han cumplido con su labor, por falta de voluntad y compromiso; no se puede generalizar, sin embargo, ésta es la última oportunidad que tendrán de cumplir con lo establecido en el citado ordenamiento.
El día de ayer, tuvimos la oportunidad de reunirnos con la Conferencia Nacional de Gobernadores, pudimos escuchar, de viva voz, las dificultades que tienen por cumplir con la evaluación de sus policías.
No podemos ser ajenos a esta situación. Como legisladores y representantes de todos los mexicanos, tenemos que ser sensibles ante esta problemática.
Sabemos que muchos de los gobernadores han cumplido, y otros están haciendo un esfuerzo para lograrlo.
Recordemos que las obligación que tienen las autoridades de contar con policías confiables, no es un acto de buena fe, ni tampoco un capricho de la ley, sino un mandato constitucional que deben acatar, y una obligación con los ciudadanos, de todas sus entidades federativas.
Es importante señalar, que ampliar un año más el plazo para la evaluación de los policías, tiene dos objetivos claros:
El primero. Que las entidades federativas puedan tener más tiempo para garantizarle a la población, que cuenten con policías confiables, sin vicios y sin compromisos con otras causas que no sea la de velar por su seguridad.
El segundo. Que tanto autoridades federales, legisladores, gobernadores, presidentes municipales y organizaciones de la sociedad civil en conjunto, podamos analizar profundamente la operatividad de los exámenes de control de confianza, para que de esta forma, podamos lograr un nuevo gran acuerdo, que permita hacer las modificaciones necesarias a estos exámenes, para hacerlos más ágiles, eficientes, accesibles y, sobre todo, permanentes.
Para este efecto, se estará integrando un grupo plural, que sin retraso alguno, desarrolle este nuevo modelo de certificación policial.
Este análisis que llevaremos a cabo, deberá tener como ejes principales, revisar la conveniencia de seguir usando el mismo modelo o mejorarlo.
Crear un verdadero sistema de desarrollo policial.
Garantizar una verdadera profesionalización de las instituciones, así como la estandarización de los procesos.
Imponer sanciones para quien no cumpla con la evaluación.
De igual forma, que los resultados de estas evaluaciones, estén apegados a la normatividad internacional.
Y garantizar, en todo momento, el respeto a los derechos de los policías.
También analizaremos la conveniencia de aumentar los resultados de las evaluaciones, de pasar de apto y no apto, a otras posibilidades que permitan que por razones no graves, los policías puedan someterse a un período de mejoramiento y se queden en la corporación.
Como secretario de esta comisión, y a nombre de los integrantes de la misma, me permito decirle a todas las mexicanas y mexicanos, que con esta reforma, no se está buscando una salida fácil, no se está dando un cheque en blanco a gobernadores y ejecutivo federal; pero tampoco se está eludiendo el compromiso de atender la problemática del atraso, en la evaluación, sino que se está abriendo un nuevo espacio de revisión profunda, para que dentro de nuestra responsabilidad hagamos lo necesario para garantizar que nuestras policías, sean lo suficientemente confiables para proteger a los mexicanos.
Perfeccionar el modelo de certificación, debe ser nuestra prioridad. Sin embargo, ésta no será posible si no se aprueba el presente dictamen.
De igual forma y para concluir. Me parece importante recalcar, que la ampliación del plazo, sirve también, para que miles de policías, no se queden sin trabajo al no ser evaluados. No es justo cargar la mano, a quienes de buena fe trabajan por proteger a la ciudadanía.
Porque por ellos, se propuso también la ampliación de esta fecha límite.
¿Por qué despedir a los policías que no fueron evaluados? Si no es responsabilidad de ellos, sino de los gobernadores que no cumplieron con esta responsabilidad.
Por último, me permito también, a nombre de los integrantes de esta comisión, enviar un mensaje claro a los buenos policías, que con toda dedicación luchan día a día contra el flagelo de la delincuencia. Haremos todo lo que esté en nuestras manos, por mejorar sus condiciones económicas y sociales.
Es totalmente injusto, que les exijamos capacidad y lealtad, cuando en algunos estados y municipios, son literalmente olvidados por sus autoridades.
Un policía bien pagado y con seguridad social justa, no tendrá motivos para atentar contra la seguridad de ningún mexicano.
Por el contrario, seguramente cumplirán a cabalidad…
. . . . . . . . . ........para atentar contra la seguridad de ningún mexicano, por el contrario, seguramente cumplirán a cabalidad con su responsabilidad.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, señor Senador Fernando Yunes Márquez.
Antes de iniciar la discusión, esta directiva saluda la presencia de un grupo de mujeres procedentes del Estado de Sinaloa, invitadas por el Senador Francisco Salvador López Brito, bienvenidas.
Informo a la Asamblea que se han inscrito para la discusión en lo general de este dictamen, la Senadora Ivonne Alvarez Garcías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; el Senador Salvador Vega Casillas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; la Senadora Gabriela Cuevas, del Grupo Parlamentario del Parido del Trabajo; y los senadores Zoe Robledo Aburto y Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Sonido, por favor en el escaño del Senador Manuel Bartlett.
- EL C. SENADOR BARTLETT DIAZ: Se había inscrito la Senadora Guevara.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Con gusto tomamos nota de ello. Claro que sí, gracias, señor Senador.
En primer término se le concede el uso de la palabra a la Senadora Ivonne Alvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para hablar en lo general de este dictamen.
- LA C. SENADORA IVONNE ALVAREZ GARCIA: Gracias, con su permiso, señor Presidente. En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública es fundamental para garantizar un México en paz.
Sin duda un reto que enfrentan los tres órdenes de gobierno consiste en depurar los cuerpos policíacos, a efecto de contar con cuerpos policíacos y policías confiables, honrados, mejor capacitados, con absoluto respeto a los derechos humanos, y cercanos a la gente.
El dictamen que presentamos el día de hoy no descalifica la certificación actual, sabemos que tuvo su nobleza y un objetivo muy claro, y que con grandes dificultades la federación, los estados y los municipios lo llevaron a cabo.
Incluso con grandes restricciones presupuestales. Tan es así como el Senador Omar Fayad, ayer en la reunión de la Comisión de Seguridad de la CONAGO hacía referencia sobre mi estado, Nuevo León, como un estado modelo y exitoso en certificación de las policías teniendo a la fecha en 97 por ciento de compromisos cumplidos o el Estado de Aguascalientes que también lleva un alto índice en certificación y acreditación de los policías en ese Estado.
Para lograr estas certificaciones los estados tuvieron que crear los centros estatales de control de confianza, preparar y contratar personal poligráfico y psicológico, y hacer grandes esfuerzos presupuestales con los cuales no se contaban, y que hasta el día de hoy, tampoco se cuenta. Sin embargo, todas estas acciones han sido insuficientes para lograr la meta al 29 de octubre del presente año; fecha límite en la que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que señala: “...que todo elemento que no esté certificado a esta fecha, tendrá que salir de la corporación...”.
No podemos negar que hay avances, hoy en día 30 entidades y el Distrito Federal reportan más del 50 por ciento en el proceso de evaluación y de certificación. Pero, en este momento con la depuración y la rotación permanente en las corporaciones hay policías que acaban de entrar, y que de no aprobarse esta modificación, dentro de los próximo 12 días, miles de ellos serían dados de baja, y ni siquiera habría sido evaluados.
Y aquí quiero compartirles, compañeros que en mi experiencia como ex presidenta municipal de Guadalupe, Nuevo León nos tocó vivir los momentos más crudos en materia de seguridad en mi estado. Nos tocó depurar nuestras corporaciones y de 740 elementos policíacos con los que contábamos, dimos de baja 700, y nos quedamos tan sólo con 40 elementos.
Nos vimos e la necesidad de reclutar en todo el país para poder lograr una policía confiable, una policía en la que creyera nuestra ciudadanía, esto llevó tiempo, y llevó también grandes cantidades de recursos.
Por eso, el día de hoy, solicitamos la ampliación del plazo para cumplir con la Ley de Seguridad. Sin embargo, reconocemos que debemos de modificar el modelo actual de certificación de confianza a efecto de no darle un control absoluto a la prueba poligráfica y darle valor a otras pruebas como la psicológica, la socioeconómica, la toxicológica o la médica.
El objetivo es claro: queremos contar con una certificación científica de investigación y apegada a las normas internacionales, y para lograrlo se necesitan recursos adicionales para generar una infraestructura material y humana, razón por la cual en este mismo dictamen estamos solicitando que exista presupuesto etiquetado para la certificación y acreditación de las policías en nuestros estados y en los municipios.
Hoy, en esta tribuna queremos reconocer los grandes esfuerzos de todos nuestros amigos, de la sociedad civil organizada que han hecho a favor de la seguridad. Hemos escuchado su voz, y desde aquí todos los integrantes de la Comisión de Seguridad les garantizamos que no estamos otorgando un cheque en blanco ni a la federación ni a los estados ni a los municipios.
También les aseguramos, y que quede muy claro que el control de confianza no desaparece.
En este Senado de la República ratificamos nuestro compromiso firme de participar con la Cámara de Diputados Federales, con la CONAGO, así como también con el Ejecutivo Federal para la creación de un nuevo modelo de certificación y acreditación de nuestras corporaciones.
Seremos vigilantes y garantes del estricto cumplimiento de la ley, con acciones coordinadas, como ésta, y asumiendo nuestra gran responsabilidad lograremos lo que todos los mexicanos queremos: un México en paz, un México tranquilo y un México seguro para todas nuestras familias.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias Senadora Ivonne Alvarez García. A continuación y para el mismo asunto, para hablar sobre este dictamen se le concede el uso de la palabra al Senador Salvador Vega Casillas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el uso de la palabra hasta por cinco minutos.
- EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: Muchas gracias, Senador Presidente. Los senadores del PAN votaremos a favor de esta modificación, pero esto no significa de ninguna manera que nos sintamos satisfechos con los resultados; existe, por supuesto, un gran olvido diría yo de esta política pública por parte de algunos estados y de algunos gobiernos.
Por otro lado también reconocemos el esfuerzo que han hecho muchos por tratar de cumplir con esta certificación.
La Senadora Ivonne Álvarez nos narró aquí, hace un momento cómo tuvo que hacer para poder hacer esta certificación y tomar la decisión que la ley le obligaba, entonces, sí se puede; sí se puede cumplir con esta ley.
Sin embargo, la situación es que muchos no han podido y otros muchos no han querido, porque desde enero de 2009 se aprobó la obligación de las instituciones de seguridad para evaluarse y para certificarse, y estos objetivos no se han cumplido y hoy estamos discutiendo un dictamen que otorga una segunda prórroga para poder cumplir con la ley.
Y mucho se ha dicho acerca de la certificación, y el propio Secretario de Gobernación ha iniciado un debate diciendo que no se puede tener una certificación y una evaluación basada solamente en el polígrafo, pero de ninguna manera esta certificación está basada exclusivamente en el polígrafo, hay otras pruebas, son cinco las que se tienen que pasar, no solamente es el polígrafo, es también, pruebas toxicológicas, es también prueba psicológica, investigación socioeconómica e investigación médica.
Y, entonces, lo que se ha hecho es llevar el debate solamente al tema del polígrafo, pero hasta ahora no hemos recibido una sola propuesta, que tampoco la contiene este dictamen de un modelo alternativo que le permita al gobierno poder cumplir con este procedimiento de manera eficaz.
Este dictamen solamente contempla dos aspectos............
...al gobierno poder cumplir con este procedimiento de manera eficaz.
Este dictamen solamente contempla dos aspectos: la ampliación del plazo por un año y la aplicación presupuestal, más tiempo y más dinero para poder cumplir lo que ya escuchamos aquí, que sí se puede cumplir.
Y estamos incluso discutiendo más presupuesto cuando solamente se han utilizado el 12% de los recursos que se destinan a estos fines. Y, repito, que no hemos recibido un modelo que sí estén dispuestos a cumplir y que sea efectivo para la depuración de los cuerpos policíacos.
Tampoco, como tampoco hemos sabido, a ciencia cierta, qué es lo que pasará con la gendarmería, no tenemos información de esto, y tampoco tenemos la información completa de cuál es la nueva estrategia para poder combatir a la delincuencia.
Mientras nosotros discutimos estos temas de la certificación qué es lo que está pasando con el país, hay mejoras, sin duda, como ya se ha dicho aquí, en muchas áreas, en muchas ciudades, en donde han mejorado el tema de la seguridad. Y señaladamente desde el sexenio pasado ha funcionado en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Monterrey, en Nuevo León, en general.
Pero delitos como secuestro, como el secuestro y la extorsión están al alza en el país, y un claro ejemplo de esto es Michoacán. En Michoacán solamente en este año los homicidios crecieron un 16%, el secuestro creció un 38% y el robo un 4%, y a pesar de la intervención de las Fuerzas Armadas, que reconocemos en Michoacán, la situación está empeorando.
En los últimos dos meses han sido asesinados un diputado del PRD, Osvaldo Esquivel, el Director de Seguridad Pública de Puruándiro, un regidor de Taretán, y en esta misma semana un compañero ex secretario del Partido Acción Nacional en Apatzingán, Octavio Contreras.
Estos son sólo los homicidios más conocidos en Michoacán, y son, además, los que mediáticamente son los más relevantes, no tenemos una sola respuesta, un solo resultado de las investigaciones que suponemos solamente que hay, no hay un solo detenido.
Estos números siguen creciendo mientras nosotros discutimos mayores plazos para la certificación, pero todos estos números que decimos, estos números fríos ocultan una cruel realidad dentro de ellos. Cada día estos números están contenidos por más gente de bien asesinada.
Exigimos que el gobierno ponga ya un alto a la violencia en Michoacán. Muchas gracias. (Aplausos)
-Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos.
-LA C. SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Gracias, Presidente. Buenos días a todas y a todos.
Tenemos aproximadamente tres meses en la Comisión de Seguridad Pública de esta soberanía discutiendo este tema tan importante, estamos hablando de todos los elementos de seguridad pública que están en Plataforma México, es decir, de la policía más próxima y más cercana a la gente. Requerimos, efectivamente, sí, policías confiables, capaces, preparados, eso no lo discutimos, pero llegamos a la conclusión de que este proceso no puede ser a contra reloj.
Han escuchado ya en el dictamen de lo complejo que es el echar andar todo este equipo en cada uno de los estados y en algunos municipios para lograr tener desde los peritos, hasta los centros de control y confianza para realizar la evaluación. Celebro el trabajo de esta Comisión porque el producto de este dictamen recoge las inquietudes de la mayoría de los integrantes que componemos esta Comisión tan importante, y nos vamos a pronunciar a favor del dictamen por dos aspectos que me gustaría destacar.
El primero es que no podemos inventar policías. Un policía que estará tan próximo y tan cercano a la gente no se puede inventar, no se puede crear y no se puede formar en unas cuantas semanas, ni en unos cuantos meses, requerimos a los mejores de los cuerpos policíacos.
Y a partir de que se cree este Sistema de Evaluación no tenemos por qué contratar a ninguno que no pase la evaluación y los exámenes de control y confianza, es decir, aquellos policías de nuevo ingreso o de recién ingreso debieron haber ya cumplido con este requerimiento, no tendrían que ser parte del tema que hoy estamos tocando. Sin embargo, hemos decidido ampliar el plazo para que, además de contar con el tiempo que se requiere, proveamos del presupuesto y de las herramientas necesarias para que allá los gobernadores, los municipios, sobre todo de más alta marginación, puedan contar con los recursos necesarios.
Estamos hablando de que una prueba de esa naturaleza oscila entre los 3 mil y 6 mil pesos ya que estamos hablando de un examen especializado. Hasta el momento tenemos alrededor del 68% de elementos evaluados en el país, no hemos cumplido con la metas, pero tampoco previmos el prever los recursos, el tener los recursos necesarios para hacerlo, es lo que pretendemos con este dictamen.
Es muy importante que mencionemos que no sólo para el Grupo Parlamentario del PRD, sino para esta soberanía la prioridad es tener allá abajo, en los municipios, en los estados, de cara a la gente, a los mejores elementos. Y en este momento confiamos firmemente que esta acción que fue incumplida por el Gobierno Federal, ahora con esta decisión que hemos tomado y los elementos que se ponen sobre la mesa para que realicen su trabajo, y lo realicen bien, se haga en tiempo y en forma.
Ampliamos el plazo, prevemos los recursos que se requieren y confiamos también, y confiamos en que en unos cuantos meses estaremos avanzando en este tema tan delicado.
Es importante mencionar también que de no tomar esta decisión tendríamos un colapso en algunas direcciones de seguridad pública, tendríamos que echar a la calle a miles de elementos, como ya ha ocurrido, que no han sido evaluados en algunos casos por incumplimiento e incapacidad de algunos gobiernos.
Y por último, me gustaría mencionar que esto nos abre la puerta de posibilidades para que, con base a la mesa de trabajo que se acordó ayer con la Comisión Nacional de Gobernadores y la Comisión de Seguridad Pública de esta soberanía, lográramos incidir para simplificar algunas reglas de operación de programas del Gobierno Federal. Entre ellos SUBSEMUN, por poner un ejemplo, porque los municipios requieren, para poder acceder a él, de tener a todos los elementos certificados en Plataforma México como otras reglas de operación.
Una vez que contamos ya con esta ampliación del plazo, que tendremos los recursos necesarios, y ya los elementos estarán certificados, pues esperamos lograr la simplificación de las reglas de operación, que también es una responsabilidad del Gobierno Federal el hacer accesibles a éstos, a los municipios sobre todo de alta y muy alta marginación.
A favor del dictamen, a favor, y estamos tratando de confiar en que esta decisión coadyuve a tener a los y las mejores al frente en cada una de las instituciones, y sobre todo en este tema tan delicado de proveer de seguridad a la ciudadanía.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senadora Iris Mendoza Mendoza.
-A continuación, para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, Senadora.
Hoy en representación de mi grupo parlamentario, hoy atendemos un tema, a una problemática, como ya se dijo aquí en tribuna, no es particular de un partido, ni tampoco de un sector del país, es un tema que nos converge a todos y a todas a atender. Esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública…
… nos converge a todos y a todas atender.
Esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, creo que nos hemos enfrascado en una evaluación y en un criterio que atiende solamente una particularidad del problema que acapara a todo el territorio nacional.
Hablar de solamente el polígrafo, hablar de la prueba psicológica, la toxicológica, yo me iría más profundo que eso. Nunca se ha hablado del tema de la prueba física.
Ayer que atendíamos la reunión con los gobernadores, hablaban de los aspectos físicos de los policías, decían: había gorditos, flaquitos, obesos, hasta discapacitados se llegó a tocar el tema. Pero ese es el fundamental de todos los demás.
Un policía que no está bien alimentado, un policía que no descansa y que no se le respetan sus tiempos, bueno, pues estamos yo creo que de lo demás sería banal ya seguir con esta prueba en adelante.
Efectivamente asistimos y atendemos a esta sensibilidad de lo que hoy está implícito en este documento que se presenta, porque efectivamente sería un problema muy grande para el país haber procedido en el término y en los términos en los que estaba dispuesto ya, sobre todo porque ningún gobierno había tenido la capacidad para indemnizar a tantos elementos y el colapso en seguridad que hubiera entrado el país ante el incumplimiento de esta evaluación por parte de los Estados, que así fue manifiesto ayer por cada uno de los gobernadores.
Y es complejo, sí, efectivamente es complejo echar a andar todos estos centros de evaluación. Pero en sí fue complejo desde el inicio, complejo en tomar la decisión tan ambiciosa de esta modificación.
Si estuviéramos hablando de que todo el cien por ciento de que estos grupos policiacos y la seguridad con los estados estuvieran ya cabalmente certificados. Bueno, en donde está la academia de policía, dónde están esas nuevas generaciones que nos van a representar, pues nos estaríamos creando un modelo más perfectible y un modelo más ad hoc de lo que hoy el país ocupa.
Necesitamos pensar a futuro y no solamente en la inmediatez de lo que está sucediendo. Ya lo decía la senadora Mendoza, ante el incumplimiento, ante lo que veíamos desde un principio que sabíamos que era un poco ambicioso. Pero, bueno, asistimos a que es algo necesario para el país, tampoco estamos diciendo que estamos en desacuerdo, sino que es una propuesta de visión más futura que las academias de policía, que esos nuevos policías que estarán formando en el país, cumplan con este mandato que les da la Constitución, que es legalidad, objetividad, respeto, honradez, eficacia y profesionalismo y derechos humanos sobre todo en esta etapa en la que atraviesa la seguridad nacional.
La insuficiencia de elementos, la precariedad de elementos y la falta de personal que se tenga en la inmediatez, nos hace hoy dar pasos atrás y direccionar lo que ya estaba implícito que debería de haber sido un paso adelante.
Esta iniciativa propuesta por la comisión, la cual estamos de acuerdo y que la vamos a votar a favor, pero también invitarles a que esta problemática no quede solamente en que estemos prorrogando y prorrogando algo que no se está cumpliendo, algo que va más allá de esta simple certificación.
Crear nuevas generaciones, crear nuevos conceptos y crear una sensibilidad y regresarle respeto que cada uno de los elementos de policía que nos resguardan y que nos tienen y que nos han generado esa confianza, regrese esa confianza a la ciudadanía y no solamente a través de la certificación, sino a través de que se les den también a ellos atenciones de cuestión económica y de cuestión salud, sobre todo.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias senadora Ana Gabriela Guevara. A continuación, para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, señor senador.
-EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias, senador presidente. Creo que valdría la pena aclarar algún acuerdo mínimo ya que he visto que están enlistados un número importante de senadores y ya muchos hicieron uso de la palabra sobre este tema en particular. Y esto tiene que ver con que establezcamos que evadir o que eludir el cumplimiento de una responsabilidad, pues puede ser una tarea relativamente fácil. Sin embargo, lo que no podemos evadir ni diferir es las consecuencias de no cumplirla.
Tanto en el dictamen como ya en esta tribuna se ha dicho, el hecho de que no prorrogáramos este plazo, el tercer plazo, ya se ha mencionado también, pues traería consecuencias muy serias, ya que al corte del 30 de junio de este año, sólo se habían certificado el 63 por ciento de los elementos estatales y municipales.
Es decir, si no aprobamos esta prórroga, podrían ir a la calle cerca de 190 mil elementos, con los costos sociales, económicos y políticos y sobre todo el costo a la mermada seguridad que muchos mexicanos padecen.
La pregunta obligada sería, y los invito a que nos la hagamos en este debate, es: ¿A qué se irían a dedicar estos 190 mil ex miembros de las corporaciones de seguridad en todo el país? ¿Qué van a hacer si se van a la calle de un día para otro?
Por eso, compañeras, compañeros, mi voto en la dictaminadora, en la codictaminadora de Estudios Legislativos, Primera, fue a favor del dictamen. Porque no hacerlo tiene consecuencias y consecuencias muy graves.
Pero el haber votado a favor no quiere decir que yo esté de acuerdo con que se incumplan disposiciones establecidas en la ley.
Algo, sin duda, está fallando.
Algo o alguien está fallando para que tengamos que dar prórroga una y otra vez a un sistema de certificación que está diseñado para darle más seguridad y más certidumbre y más confianza a los mexicanos.
Bueno, esas son las cosas que deberíamos de estarnos preguntando.
No se previeron adecuadamente los plazos o no se previeron técnica o presupuestalmente estos plazos; o hay estados y municipios que de plano no asumieron con seriedad este compromiso.
Hay que señalar si los hay, como lo hizo la senadora Ivonne. Pero también habría que señalar cuáles fueron los que no asumieron la responsabilidad de cumplir este compromiso.
Sea cual sea la razón, algo y alguien está fallando y eso en materia de seguridad pública no puede pasarse por alto, porque muchas veces esta omisión y esta falla cuesta vidas.
Las instituciones de seguridad pública en el país tienen una deuda con el pueblo mexicano. A pesar del incremento sostenido en los últimos años en los presupuestos, en este rubro de seguridad hay grandes carencias que distan muchísimo de las necesidades de la sociedad y sobre todo de sus percepciones.
La certificación de miembros de las instituciones de seguridad se diseñó justamente como un medio a favor de los mexicanos para garantizarle que quienes están al cargo de su cuidado y protección, son personas confiables, profesionales, capacitadas, garantes de la seguridad y el respeto de los derechos humanos.
La pregunta creo que podría ser contestada por millones de mexicanos. Si les preguntáramos cuántos de ellos les darían la llave de su casa o de su carro, hoy, a un policía.
Ahí los que estamos fallando somos nosotros. Porque después de casi cuatro años como nación y como Estado, no hemos podido darle la mínima garantía a los mexicanos de que sepan de que sus policías están al menos certificados.
Probablemente la certificación no sea una garantía absoluta tampoco, pero sí es un paso adelante.
Hoy en estos días en lo que tanto se ha hecho referencia y tanto se ha exaltado el valor de la evaluación. En estos días en donde se ha expresado insistentemente sobre la necesidad, las bondades de evaluar en otros ámbitos, aquí en uno de los temas más sensibles y preocupantes para la sociedad, como lo es la seguridad pública, extendemos plazos como si la evaluación no tuviera virtudes.
Los invito, pues, compañeros, compañeras, a que reflexiones en el mensaje que estamos mandando también al diferir las evaluaciones para que no pierdan su empleo los servidores públicos.
Hoy, compañeras y compañeros, si bien es necesario prorrogar este plazo, también es necesario darle una explicación detallada a los mexicanos de por qué no se está cumpliendo.
Hay que recordar que cuando un estudiante, cuando un empleado no entrega a tiempos sus trabajos escolares, cuando un mexicano con trabajo no cumple a tiempo con la labor que se le ha encomendado…..
.... Un empleado no entrega a tiempos sus trabajos escolares cuando un mexicano con trabajo no cumple a tiempo con la labor que se le ha encomendado, lo menos que tiene que dar es una explicación, y esa explicación no necesariamente tampoco lo va a salvar de una eventual sanción, de ser reprendido o reprobado o bien, de perder el empleo.
Lo que sí queda, a pesar de una explicación que se pueda dar, es una mayor desconfianza, un mayor descrédito y escepticismo, hacia quien no cumple. Hoy se le debe esa explicación a los mexicanos y eventualmente tendríamos que señalar quién y qué está fallando.
Los legisladores que aprobamos muchas veces plazos material y humanamente imposibles de cumplir o las instancias responsables de la certificación que no han atendido con la suficiente atingencia un mandato de la ley.
Concluyo, compañeras y compañeros, que en este sentido creo que vale la pena que nos pronunciemos a que el gobierno federal y los gobiernos municipales hagan un compromiso. Si no era suficiente el plazo fijado en el 2009, si no era suficiente el plazo fijado en 2012, hay que preguntarnos si el plazo que estamos fijando ahora sí va a ser suficiente, es por el bien de los mexicanos que asumamos todos nosotros esta como la última prórroga que se le da a este esquema de certificación.
La sociedad en materia de seguridad exige resultados, y una prórroga, por más razones que se tenga no es un resultado. Es cuanto, senador presidente. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señor senador Zoé Robledo Aburto. Para el mismo asunto se le concede el uso de la palabra al senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos, señor senador.
-EL C. SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Muchas gracias, senador presidente. Compañeras, compañeros senadores. Permítanme iniciar mi intervención recordando que efectivamente en el pasado mes de diciembre, cuando reformábamos este artículo tercero transitorio, llamamos la atención, senador presidente, sobre el hecho de que en cuatro años no se había logrado certificar a todas las policías; y que corríamos el riesgo de que aquella ampliación resultara insuficiente y tuviésemos que ampliar nuevamente el plazo.
Lamentablemente ese pronóstico se cumplió, y como aquí ya se ha expresado, con toda claridad, volvemos a advertir el riesgo de que en un año tengamos que volver a retomar este tema porque seguramente no se completará la evaluación de todas las policías.
¿Por qué lo señalo? Retomo, por ejemplo, algunas reflexión, comentario, que el pasado 15 de octubre ...el propio Secretario de Gobernación, declaraba que se debe adoptar, decía él, un nuevo modelo de certificación policial, con el actual nunca, así se planteaba, nunca se logrará el cien por ciento de la certificación.
Esto nos remite a un tema fundamental, no son los tiempos, es una política pública equivocada en la que debemos reflexionar, no insistir, y debemos reflexionar también en otros temas, la eficacia, los resultados que hasta ahora ha arrojado este Sistema de Evaluación, este Sistema de Certificación.
A los integrantes de las instituciones de seguridad, déjenme tomar como ejemplo a la Policía Federal, cuyos elementos, desafortunadamente se han visto involucrados en varios actos delictivos.
Ahí está el caso del 25 de junio del 2012, donde policías federales, adscrito al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México asesinaron a tres de sus compañeros frente a viajeros y trabajadores de esa terminal aérea, la versión oficial, vale la pena recordarlo, que se manejó tras estos crímenes, fue que los policías instrumentaban un operativo para capturar en flagrancia a dos de sus compañeros, sujetos a investigación, adscritos a esa terminal aérea, y que presuntamente participaban, pertenecían a una red de funcionarios locales, federales, dedicados al tráfico de drogas.
O el caso del 24 de agosto del 2012, donde también nuevamente se registró, como todos lo recordaremos, un caso de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la policía federal en la carretera México – Cuernavaca, especialmente en la zona de Tres Marías.
Hay que recordar que los elementos policiales abrieron fuego en contra de un vehículo en el que viajaban presuntos agentes diplomáticos de los Estados Unidos, de quienes después se especuló si se trataba de agentes de la DEA, que se encontraban operando en México, dos personas resultaron heridas.
O el caso del 12 de abril del 2012, el del empresario de Ciudad Juárez, Eligio Ibarra, que fue asesinado en su casa, donde lo apuñalaron para después prenderle fuego, donde se involucraron también agentes de la policía federal, se determinó que ahí lo secuestraron, lo extorsionaron, lo torturaron, diez agentes fueron detenidos y consignados al Cereso de Ciudad Juárez, procesados por extorsión, por lesiones.
Y como estos podría yo enumerar muchos casos más, pero a qué nos lleva esto, senador presidente, al hecho de que está en entredicho la eficacia de estas evaluaciones, y que por lo tanto sí vale la pena reflexionar, no solamente en ampliar el plazo, sino en revisar lo que se está haciendo porque después de varios años estamos en lo mismo.
Por supuesto que vamos a apoyar el dictamen porque ya se habló aquí, se señalaron los inconvenientes de no hacerlo, pero yo llamo con mucho respeto a las compañeras senadoras, senadores, a que asumamos con una mayor seriedad este tema, y exigirle, por supuesto, a la Secretaría de Gobernación y a las áreas involucradas, que tomen cartas en el asunto para que esto no vuelva a suceder. Es cuanto, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO ROSAS: Gracias, señor senador Benjamín Robles Montoya. Agotada la lista de oradores, y no habiendo ningún artículo reservado para su discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto en un solo acto.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Saludamos la presencia de un grupo de estudiantes de la preparatoria de José María Morelos y Pavón, invitados por nuestro compañero Senador Isaías González Cuevas.
Bienvenidos. (Aplausos)
-LA C. SECRETARIA DIAZ LIZAMA: Conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 85 votos a favor, 1 en contra.
Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3º transitorio y se adicionan los artículos XIII y XIV transitorios del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de seguridad Pública.
A continuación tenemos la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y del Código Civil Federal.
Informo a la Asamblea, que la primera lectura de este dictamen se cumplió con la publicación en la gaceta del pasado 10 de octubre, como lo marca el artículo 195 de nuestro reglamento del Senado.
Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si se omite su segunda lectura.
-LA C. SECRETARIA DIAZ LIZAMA: Consulto a la Asamblea, en votación económica si se omite la segunda lectura del dictamen.
-Quienes estén porque no se omite, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias señora Secretaria, en consecuencia, está a discusión dicho dictamen.
Se le concede, en primer término el uso de la palabra al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro reglamento.
A nombre de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y Estudios Legislativos, vengo a solicitar su respaldo a todos y cada uno de ustedes a este dictamen, con el único propósito de garantizar no sólo el acceso, sino el cumplimiento pleno y en todo momento de las obligaciones alimentarias decretadas por sentencia o convenio judicial.
Las razones para probarlo son de diversas índoles.
El artículo 25 de la declaración universal de los derechos humanos y del artículo 11º del Pacto Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales, reconocen el derecho a los alimentos como parte . . .
…del pacto internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales, reconocen el derecho a los alimentos como parte fundamental para el desarrollo de las personas.
El artículo 3º de la Convención de los Derechos del Niño, instrumento al que se ha adherido México, señala que, cito: en todas las medidas aplicables a los niños y a las niñas que tomen las instituciones públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos deberán tenerse como una consideración primordial la atención del interés superior del niño.
En ese tenor, el presente decreto se enmarca dentro de los principios establecidos en estos instrumentos jurídicos internacionales.
Con relación a las estadísticas, el Instituto Nacional de Geografía, Estadística, Informática (INEGI), en su reporte 2011, menciona indicadores sobre la situación conyugal de la población, matrimonios y divorcios ocurridos en México, advierte un aumento paulatino de las separaciones y las uniones.
Señala que en 2009 se dieron 558 mil 913 matrimonios, contra 84 mil 302 divorcios; en tanto que entre el 2000 y 2009, el monto de matrimonios se redujo 21 por ciento, y el de los divorcios aumentó 61 por ciento.
Destaca dicho instituto que 9 de cada 10 litigios de divorcio fueron de mujeres demandando el derecho a pensión alimenticia. Incluso, un estudio realizado por el Centro de Estudios Históricos e Interdisciplinarios sobre las Mujeres, requiere que entre los principales temores que experimentan antes de pedir el divorcio, se encuentra la preocupación por la que pasarán con sus hijos, en un 62 por ciento, y la situación económica posterior a la separación, en un 43 por ciento.
También, conforme a cifras de ese instituto, en nuestro país hay 30 millones de mujeres que son madres; el 18 por ciento de ellas viven sin el apoyo de una pareja, y el 14 por ciento de las madres solteras no poseen ningún ingreso monetario.
En general, el 67.5 por ciento de las madres solteras no reciben pensión alimentaria.
Tanto la doctrina como la autoridad judicial federal han definido el derecho de los alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona denominada: Acreedora alimentista”, para exigir a otra, o sea, al deudor alimentario, la necesidad para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo del matrimonio, del divorcio, y en determinados casos, del concubinato.
Debe mencionarse que los alimentos, por su importancia y trascendencia para la estabilidad de los miembros de la familia, fueron considerados de orden público por el legislador, al grado tal que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado en diversas tesis jurisprudenciales, que es improcedente conceder la suspensión del acto reclamado contra el pago de los alimentos, ya que de concederse, se impediría al acreedor alimentario recibir la protección necesaria para la subsistencia en contraversión a las disposiciones legales de orden público que la han establecido afectándose el interés social.
Incluso, la Ley del Seguro Social y del ISSSTE, prevén categóricamente, que en el caso de obligaciones alimenticias, las pensiones podrían ser susceptibles de embargo, en el artículo décimo de la Ley del Seguro Social; el artículo 51 de la Ley del ISSSTE.
En suma, con este proyecto de decreto se establece un mecanismo eficaz para garantizar el cumplimiento de las pensiones alimentarias decretadas por resolución o convenio judicial a favor de aquellas personas que tengan el derecho de acceder a la misma mediante el siguiente esquema:
La obligatoriedad de los patrones de informar puntualmente a un sistema del Seguro Social respecto de los trabajadores que tengan la obligación, ya sea por resolución o convenios judicial, y otorgar pensión alimentaria.
La obligatoriedad de los sistemas de seguridad social de llevar un registro de deudores alimentarios respecto de los trabajadores que tengan afiliados.
La obligatoriedad de los sistemas de seguridad social de informar a la autoridad judicial en donde se decretó la obligación de pensión alimentaria respecto de trabajadores obligados.
La atribución de la autoridad judicial para comunicar al patrón la obligación de la deuda alimentaria respecto de aquellos trabajadores que contraten.
Destaca la obligación que se establece para el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, y el ISFAM, no sólo lleve un registro de deudores alimentarios con la información que le proporcionen los patrones al afiliar trabajadores, sino también para que celebren convenios con otras instituciones de seguridad social, de los sectores público federal y estatal, para intercambio, integración de información relacionada con dicho registro.
Asimismo, se establece la obligación de la Secretaría de la Defensa Nacional, y de Marina, de enterar al ISFAM respecto de su personal que desee decretado deudor alimentario por resolución o convenio judicial.
Finalmente, se precisa la facultad del juez de lo familiar para intervenir de oficio a efecto de garantizar que se cumpla en todo momento las obligaciones alimentarias decretadas por sentencia o convenio.
Por todo lo anterior, pido votemos a favor, y a favor de los acreedores alimentistas, que con las cifras que hoy vimos, en su mayoría son mujeres, madres solteras.
En cuanto, señor Presidente. (Aplausos).
Está a discusión el dictamen en lo general.
Se han inscrito oportunamente las senadoras Angélica de la Peña, la Senadora Hilda Flores Escalera, y la Senadora Maki Esther Domínguez.
Por tanto, se le concede en primer lugar el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña.
-LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ (Desde su escaño): Señor Presidente, cedo mi turno a la Senadora Hilda Flores Escalera.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: ¡Claro que sí!
Con gusto se le cede el uso de la palabra, en primer lugar, a la Senadora Hilda Estela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Aprecio la cortesía de la Senadora Angélica de la Peña.
Muy buenas tardes, estimadas senadoras y senadores; estimada audiencia.
Como legisladoras y legisladores federales tenemos grandes retos y responsabilidades, uno de ellos es brindar la atención debida y proponer acciones a favor de las personas y grupos en situación de desventaja y vulnerabilidad.
Por ello no podemos permanecer ajenos a la problemática que viven miles de mujeres y sus mejores hijos e hijas a lo largo y ancho de todo el país.
En esta ocasión me refiero al problema que enfrentan, cuando por diversas razones se da la separación temporal o definitiva del conyugue o concubino, presentándose, en muchos de los casos, la falta de cumplimiento, de la obligación de los padres de proporcionar alimento y vestido.
Hasta hoy las disposiciones en materia civil establecen la obligación de los padres a proporcionar alimento, vestido y educación a sus hijos; y se regula la figura de la pensión alimenticia en caso de separación temporal o definitiva de los conyugues o concubinos.
Sin embargo, me atrevo a afirmar que todos conocemos de más de un caso en el cual después del divorcio o separación se deja de cumplir con la obligación de asistencia básica, de proporcionar alimentos a los mejores, hijos e hijas, poniendo en riesgo su desarrollo y su formación educativa.
Lo anterior me motivó a presentar a esta soberanía una Iniciativa con Proyecto de Decreto de diversas disposiciones en materia civil y de seguridad social, que por cierto tuvo el apoyo de prácticamente todos los grupos parlamentarios, lo cual agradezco, a fin de establecer un mecanismo que garantice la continuidad en el cumplimiento de la obligación de proporcionar alimentos en caso de divorcio o separación.
Esta Iniciativa, ya dictaminada por la Comisión de Seguridad Social, y que hoy estamos aquí, se está sometiendo al Pleno del Senado para su análisis, discusión, y en su caso aprobación…
…y que hoy estamos aquí, se está sometiendo al Pleno del Senado, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación.
Plantea la creación del Padrón de Deudores Alimentario, bajo el siguiente esquema
La obligatoriedad de los patrones, de informar puntualmente a su sistema de seguridad social, respecto de sus trabajadores que tengan la obligación, ya sea por resolución o convenio judicial, de otorgar pensión alimentaria.
La obligatoriedad de los sistemas de seguridad social, de llevar un Padrón de Deudores Alimentarios, respecto de los trabajadores que tengan afiliados.
La obligatoriedad de los sistemas de seguridad social, de informar a la autoridad judicial, en donde se decretó la obligación de pensión alimentaria, respecto de trabajadores obligados.
Por último. La atribución de la autoridad judicial, para comunicar al patrón, la obligación de la deuda alimentaria, respecto de aquellos trabajadores que contrate y que se encuentren sujetos a esta obligación.
De aprobarse por todas y todos ustedes, estimados senadores, contribuirá en gran medida a disminuir el daño que genera en los hijos e hijas, cuando se presenta la disolución del matrimonio, la terminación del concubinato o cualquier relación que configure la obligación alimentaria.
El derecho de las hijas e hijos, de los hijos e hijas, a recibir pensión alimenticia es inviolable. Y es responsabilidad de todos, como sociedad y como legisladoras y legisladores, establecer los medios para garantizarlo.
Enhorabuena. Muchas gracias, de verdad a todos, porque estoy segura que vamos apoyar este dictamen.
A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez.
-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias.
El interés superior de la niñez es constitucionalmente una obligación del Estado. Asimismo, la Convención sobre hechos de la niñez, compromete al Estado mexicano, a tener una consideración especial, en todos los asuntos que conciernen a niñas, niños y adolescentes.
Este último instrumento establece, en el artículo 3.2, lo siguiente:
Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño, a la niña, la protección y cuidado que sea necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él o de ella ante la ley.
Y con este fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
De tal forma, que la iniciativa que presentó la senadora Adriana Flores, que fue ciertamente respaldada por una gran cantidad de senadoras y senadores, y que hoy las comisiones unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, están dictaminando, es totalmente congruente y pertinente con los preceptos de este Tratado Internacional de Derechos Humanos de la Niñez.
Los alimentos no solo comprenden lo necesario para nutrir el cuerpo, sino que abarcan una serie de elementos indispensables para el sano desarrollo y armónica convivencia, respecto del entorno social y económico al que pertenece cada persona.
La pensión alimenticia, se ampara en la necesidad de que puede tener una persona de recibir lo que sea necesario para subsistir, dada su incapacidad de procurárselo por sí mismo o por sí misma.
Ésta, por lo tanto, es una obligación legal, que además deviene de un deber ético. De aquellos que tienen la obligación de procurar a sus descendientes, lo indispensable para vivir en condiciones dignas y de bienestar.
Por esta razón, la obligación de dar alimentos, no necesariamente termina cuando las hijas o los hijos alcanzan la mayoría de edad. Sin embargo, esta obligación, como sabemos, no siempre es cumplida cabalmente por las y los deudores alimentarios, y con ello, cuando mediante sentencia u otra resolución judicial se obliga al pago de cantidades mensuales por este motivo.
Se le denomina: pensión alimenticia.
Es la pensión alimenticia, una obligación que no se puede eludir, el país, México, hemos llegado al punto de establecer registros de deudores alimentarios, en las que se incluyen en las personas que no han cumplido con esta obligación, lo cual es verdaderamente penoso.
El dictamen que hoy se pone a consideración, y que modifica cuatro ordenamientos: la Ley del ISSSTE, del INFAM, del Seguro Social y el Código Civil, refuerza este registro y abona positivamente a que niñas, niños y adolescentes, quienes dependen de sus madres o de sus padres, para cubrir sus necesidades básicas les sean respetado su derecho a tener una vida de bienestar, una vida donde se prepondere su dignidad humana y, por supuesto, tenga todo lo que necesite para que sea adecuada.
Niñas, niños y adolescentes, son sujetos de derechos y todas y todos tenemos la obligación de velar por estos derechos.
Es importante que termine yo mencionando, que sin duda, este dictamen que hoy se aprueba, está inscrito, reconociendo principios que son muy importantes como el de la universalidad, exigibilidad, indivisibilidad, celeridad en los procedimientos y corresponsabilidad de las persona integrantes de las familias, la sociedad y el Estado.
Teniendo en cuenta, por supuesto, sin lugar a dudas, que este último es el garante de todos estos derechos.
Es cuanto, y felicidades, porque sé que vamos aprobar este dictamen.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senadora Angélica de la Peña.
A continuación, se le concede, para el mismo asunto, el uso de la palabra a la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez.
-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: Gracias.
Hoy en día, todas y todos conocemos un caso de falta de cumplimiento por parte del jefe de familia, en su mayoría varones, pero también hay mujeres, lamentablemente, cuando derivado de una separación o divorcio, se pretende dejar de proporcionar los alimentos a los hijos, buscando para tal fin, engaños o acciones dentro de sus centros de trabajo, como despidos ficticios, disminuciones de los sueldos oficiales, etcétera.
Esta falta de cumplimiento, muchas veces obliga a las madres o a los padres, a dejar de cuidar a sus hijos, para salir a buscar trabajo y los ponen en riesgo, sobre todo cuando son menores.
Además, de que la falta de recursos económicos, suficientes, también tienen efectos sobre la salud, pues se adquieren alimentos de menor calidad, que pueden llegar a causar obesidad o desnutrición.
Es por eso, que por medio de esta iniciativa, que incide directamente en las instituciones de seguridad social, se resarcirán estas injusticias.
Sin embargo, estamos conscientes de que hay todavía un grupo muy grande de deudores alimentarios que no pertenecen a la seguridad social o a las instituciones, por lo que desde el Senado, impulsaremos que esta reforma se replique en cada entidad federativa.
En esta iniciativa se establece un mecanismo eficaz para garantizar la pensión alimentaria a aquellos que tengan derecho de acceder al mismo, por medio de la modificación de cuatro reglamentos.
Es por este motivo, que los senadores del Partido Acción Nacional, apoyamos este dictamen, y pedimos a todos, que por el bien de nuestros hijos y nuestras hijas, hagamos lo mismo.
En virtud de que no hay más oradores registrados, ni artículos reservados, para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento, para informar…
. . . . . . . . . .........en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, háganse los avisos a que se refiere el Artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación.
Esta directiva salud la presencia de un grupo de mujeres del Estado de Jalisco invitadas por el Senador José María Martínez Martínez.
- Igualmente esta directiva saludo a un grupo de estudiantes del Municipio de Jesús María, del Estado de Aguascalientes, invitados por el Senador Miguel Romo Medina, bienvenidos.
- LA C. SECRETARIA SENADORA DIAZ LIZAMA: Señor Presidente conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 76 votos a favor, 0 en contra.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y del Código Civil Federal.
- LA C. SECRETARIA SENADORA DIAZ LIZAMA: Señor Presidente, nomás reportarle el voto de la Senadora Mónica Arriola, a favor; David Monreal, a favor; y el Presidente Raúl Cervantes, a favor, con 73 votos.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Compañeras, compañeros senadores, en el orden del día de hoy dimos cuenta del acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos en el que se aprobó el procedimiento para la designación de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Este acuerdo requiere la sanción de la Asamblea para que, la convocatoria que contiene tenga plena validez.
En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo que remitió la Comisión de Derechos Humanos la cual está publicada en la gaceta parlamentaria de este día.
- LA C. SECRETARIA SENADORA DIAZ LIZAMA: Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos relativo al procedimiento de designación de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
- Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, señora Secretaria; aprobado el acuerdo relativo al procedimiento de designación de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publíquese la convocatoria en la página electrónica del Senado a partir de esta fecha, y hasta el 30 de octubre del año en curso.
Informo a la Asamblea que las demás iniciativas, las proposiciones y las solicitudes de excitativa inscritas en la agenda de hoy se turnarán a comisiones del Senado y a la Cámara de Diputados, según corresponda.
Asimismo, las efemérides se integrarán al Diario de los Debates.
Se levanta la sesión, y se cita a la que tendrá lugar el próximo martes 22 de octubre a las 11:00 horas.
(SE LEVANTO LA SESION A LAS 15:20 HORAS)
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1402

References: artículo 214
 artículo 48
 artículo 12
 Artículo 29
 artículo 60
 artículo 11
 artículo 47
 artículo 17
 artículo 17
 resolución 
 artículo 41
 artículo 99
 artículo 51
 artículo 52
 artículo 51
 artículo 194
 artículo 28
 artículo 28

Artículo 28
 artículo 220
 artículo 467
 artículo 3
 artículo 196
 artículo 3
 artículo 195
 artículo 196
 artículo 25
 artículo 11
 artículo 3
 artículo 51
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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 artículo 3
 resolución 
 artículo 58
 Artículo 58