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Timestamp: 2018-08-18 12:54:00+00:00

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﻿ Sentencia 36362 de abril 20 de 2010
SENTENCIA 36362 DE 20 DE ABRIL DE 2010
CONTENIDO:ALCANCE DE LA RESTRICCIÓN QUE TIENEN LAS PARTES PARA EXCLUIR DETERMINADOS PAGOS COMO CONSTITUTIVOS DE SALARIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL, PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, ELEMENTOS DEL SALARIO, DETERMINACIÓN DEL SALARIO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:465 DE SEPTIEMBRE DE 2010, PG.1513
Sentencia 36362 de abril 20 de 2010
Radicación 36362
Bogotá, D.C., veinte de abril de dos mil diez.
Al ser confrontadas las inferencias que se consignan en la sentencia acusada, con lo que demuestran los medios probatorios que denuncia el recurrente, observa la Corte, que en ninguna equivocación incurrió el tribunal al deducir la connotación salarial de aquellos pagos que se le hacían al actor, a través de terceros, por las cirugías que este realizaba.
En efecto, si bien es cierto que en el contrato de trabajo que suscribió el demandante con la sociedad demandada, visible a folios 3 a 7 y 230 a 234, las partes acordaron una remuneración de $ 4.000.000 mensuales, también existe evidencia, que además de esa remuneración, al actor se le efectuaban unos pagos por concepto de cirugías que este realizaba, para lo cual se pasaban unas cuentas de cobro a nombre de terceras personas y por intereses netamente tributarios, como lo refiere el propio representante legal de la sociedad demandada.
Así las cosas, como esas son las deducciones fácticas que surgen de los medios de prueba que se han relacionado con anterioridad, y que concluyó con acierto el sentenciador de alzada, forzoso resulta concluir, que no incurrió en ningún distorsionado juicio estimativo.
Ahora bien, aun cuando es indiscutible, que el propio demandante aceptó la ya citada forma de remuneración de sus servicios, conforme lo admite en el interrogatorio que suministró al juzgado del conocimiento, visible a folios 324 a 327, esa circunstancia no le otorga validez y eficacia a esa manifestación de voluntad, como lo pretende el recurrente, pues no es posible jurídicamente, que un pago, que por corresponder a una retribución por los servicios prestados y que tiene naturaleza salarial, cambie su connotación por virtud de un convenio de voluntades entre el empleador y el trabajador, pues en tal circunstancia prevalece el carácter imperativo de las normas de orden público sobre las puramente consensuales.
En las condiciones que anteceden, si el pago de las cirugías que llevaba a cabo el demandante, correspondían a una verdadera remuneración por los servicios prestados, cualquier pacto tendiente a desconocer su carácter salarial, es contrario al ordenamiento jurídico existente, esto es, el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, es quien le otorga tal definición.
Precisamente, la Corte en sentencia del 27 de enero de 2009, Radicación 30547, al fijar el alcance de la restricción que tienen las partes para excluir determinados pagos como constitutivos de salario, indicó:
“(...) las partes no eran enteramente libres para determinar qué pagos no constituían salario, pues, como lo tiene dicho la jurisprudencia de esta Sala, a ellas no les es dado cambiar su naturaleza a su antojo, tal como lo ratificó la Sala en la sentencia del 10 de julio de 2006 (Rad. 27325), en los siguientes términos:
“De conformidad con el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, en la forma como fue modificado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990, se entiende por salario “no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones.
“Lo anterior indica que un elemento caracterizador del salario es que corresponda a un pago como contraprestación directa del servicio del trabajador, cuya forma o denominación puede adoptarse de diferentes formas, es decir, un salario fijo, o uno variable, o uno compuesto por una suma fija y otra variable, en dinero o en especie, así que cuando el pago que recibe el asalariado tiene como causa inmediata el servicio que este presta, o sea su actividad en la labor desempeñada, será salario sin que las partes puedan convenir en sentido contrario, como ocurre, por ejemplo, cuando se trata de trabajo suplementario, horas extras, trabajo en días de descanso obligatorio o en las ventas realizadas por el trabajador. En estos casos, cualquier cláusula que las partes acuerden para restarle naturaleza salarial a los pagos que recibe el trabajador por esos conceptos, será ineficaz”.
Como consecuencia de lo anterior, precisa decirse que la deducción del tribunal no solo se ajusta a lo que informan los medios de prueba que le sirvieron de soporte, y de contera descarta la comisión de los yerros fácticos denunciados, sino que, además, torna en infundadas las violaciones a las normas legales que relaciona el ataque.
El recurso del demandante
Solicita casar parcialmente la sentencia acusada, en cuanto absolvió a la demandada de las demás pretensiones incoadas en su contra y, en sede de instancia, revocar en forma parcial la de primer grado, para en su lugar, condenarla al “pago de la indemnización por omisión en la consignación del auxilio de cesantía del demandante de los años 2000, 2001, 2002 y 2003, y de la indemnización moratoria por la omisión en el pago de prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo”.
Con fundamento en la causal primera de casación, formula un cargo que fue replicado.
Lo planteó textualmente, así:
“Acuso la sentencia proferida (...), de violar indirectamente y por falta de aplicación el numeral 1º del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, al igual que el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en concordancia con el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990”.
Indicó como errores evidentes de hecho, los siguientes:
“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que Optiproductos Limitada actuó de buena fe al no incluir dentro de la base del salario, los pagos recibidos a través de terceros.
“2. No dar por demostrado, estándolo, que Optiproductos Limitada actuó de mala fe al no incluir dentro de la base del salario, los pagos recibidos a través de terceros”.
Como pruebas no apreciadas, señaló: el contrato de trabajo (fls. 3 a 7 y 230 a 234); las comunicaciones del 2 de mayo 2 de 2002, 23 de junio, 1º y 30 de agosto de 2001 (fls. 114 a 125); las relaciones de pacientes operados durante los meses de enero de 2002 a febrero de 2003 (fls. 128 a 130, 134 a 136, 152 a 153, 156 a 158, 161 a 163 y 166 a 168). De igual forma, acusa por su equivocada valoración, el escrito de demanda (fls. 201 a 214, así como las declaraciones rendidas por Jaime Enrique López Fernández y Eugenio Cabrera Giraldo (fls. 355 a 359 y 402 a 407).
En la demostración advierte, que de la lectura al contrato de trabajo, se desprende que dentro del acuerdo contractual no se incluyó mención alguna relacionada con los pagos de las operaciones oftalmológicas vía cuentas de cobro y, mucho menos, que dichas cuentas estuvieran a nombre de un tercero. Que en igual sentido, las relaciones de pacientes operados por el actor, indican claramente que la demandada tenía montada toda una infraestructura y sistema de control sobre los pacientes intervenidos, a efectos de elaborar las respectivas cuentas de cobro por cada uno de los médicos, entre los cuales se encontraba el demandante.
Adujo, que las pruebas anteriores indican, que la empresa demandada era la única beneficiaria de ese sistema de pago, las cuales fueron impuestas al trabajador, tal como ocurrió con los testigos que declararon en el proceso, a quienes también se les hizo una exigencia similar. Que aun si se admitiera, en gracia de discusión que el actor acordó ese ilegal sistema de pago, esa situación no justifica el actuar de la empresa demandada, única beneficiaria de esa situación.
Afirmó, que el concepto de violación planteado es contradictorio, excluyente e imposible de presentarse, por cuanto “la falta de aplicación” equivale a la “infracción directa”, la cual es ajena a cualquier controversia fáctica. Que además, la demostración del cargo constituye un típico alegato de instancia, en cuanto el censor se remite a deducciones personales y afirmaciones que no alcanzan a tener la entidad de ser errores manifiestos de hecho.
Adicionalmente, precisó, que el recurrente acusa la no apreciación de unos medios probatorios que sí fueron expresamente mencionados por el tribunal, pretendiendo, además, justificar la acusación con pruebas que no son aptas para estructurar un cargo en casación, como son las declaraciones de terceros.
El único aspecto que controvierte el impugnante, se circunscribe a la absolución que impartió el tribunal por la indemnización moratoria pretendida, razón por la que le atribuyó errores evidentes de hecho en la valoración de las pruebas denunciadas, con las que busca destruir la inferencia del ad quem, respecto a la buena fe con que actuó la demandada.
El soporte esencial del tribunal para exonerar a la sociedad demandada de la indemnización moratoria, prevista en los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1999, lo hizo consistir en la buena fe del empleador, por cuanto consideró que “existe evidencia de que la forma de remuneración de las cirugías realizadas por el actor es el resultado de un acuerdo a que se llegó con este (...), quien en los casi tres años de relación laboral no presentó reclamación alguna, sino que se ajustó a las condiciones dispuestas por la demandada y suministró el nombre y número de cédula de su señora madre y de un amigo para que ellos recibieran los pagos”.
Ha sido criterio reiterado de la Corte, que en todos los casos es necesario analizar las razones o circunstancias por las cuales el empleador, a la terminación del contrato de trabajo, no satisfizo todos los valores a que estaba obligado laboralmente con su trabajador, pues si ellas resultan atendibles y justifican su actuar por fuera de lo previsto por el legislador, de manera que no quede duda que su conducta estuvo revestida de buena fe, no aplica la condena, porque no existe conducta reprochable que sancionar.
Del examen que hace la Sala tanto de los medios de prueba que tuvo en cuenta el tribunal, como de aquellos que acusa el recurrente por su no valoración, se infiere como razonable la buena fe que se dedujo en la sentencia atacada, y por lo menos no estructura un error evidente de hecho, pues se observa que existió una firme creencia de la sociedad en considerar, que los pagos efectuados al actor por concepto de cirugías, no hacían parte del carácter salarial, y por ende no debían ser colacionados para la liquidación de prestaciones sociales.
Así se afirma, por cuanto el contrato de trabajo suscrito entre las partes, la relación de pacientes operados, el memorando del 26 de abril de 2002 y las distintas comunicaciones que militan en el expediente, dejan al descubierto que en ningún momento el empleador pretendió ocultar los rubros y conceptos que por intervenciones quirúrgicas realizaba al demandante, lo cual denota una actitud alejada de mala intención.
De igual forma, si bien es cierto que el beneplácito suministrado por el trabajador, en cuanto que las cirugías se cancelaran por fuera de nómina y a través de cuentas de cobro de terceras personas, no es motivo para restarles su naturaleza salarial, tal como se dejó visto al despachar la anterior acusación, esa circunstancia sí constituye, al menos, un signo del convencimiento errado que tenía la sociedad demandada, de que, por aquella razón, esos pagos no eran parte del salario, posición que, inclusive, asumió desde el mismo momento en que contestó el escrito de demanda y lo reiteró en todo el curso del proceso.
En consecuencia, como el recurrente no cumplió con la obligación de destruir los argumentos que le sirvieron de soporte al tribunal para exonerar a la demandada de la indemnización moratoria, no obstante la carga que en ese sentido le incumbía, la sentencia impugnada sigue amparada con la presunción de acierto y legalidad, y por ende la misma debe permanecer inalterable.
Sin costas en el recurso extraordinario de casación.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 14 de diciembre de 2007, en el proceso que le promovió Gustavo Adolfo Arango Ballestasa la sociedad Optiproductos Limitada.
Sin costas en casación».

References: artículo 127
 artículo 127
 artículo 14
 artículo 65
 artículo 29
 artículo 99
 artículo 127
 artículo 14