Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2018/03/01/rechazo-del-pedido-de-uber-de-modificar-la-medida-que-suspendio-su-actividad-aun-habiendo-derivado-en-la-persecucion-de-sus-conductores/
Timestamp: 2018-11-19 13:54:49+00:00

Document:
Rechazo del pedido de UBER de modificar la medida que suspendió su actividad, aun habiendo derivado en la persecución de sus conductores – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: Sindicato de Peones de taxis de la Capital Federal y otros c/ GCBA y otros s/ otros procesos incidentales – otras demandas contra autoridad administrativa – genérico
Cita: MJ-JU-M-108554-AR | MJJ108554 | MJJ108554
Se rechaza el pedido de UBER a fin de modificar la medida cautelar que suspendió su actividad ya que si bien sostienen que derivó en la persecución y agresión de sus conductores, ello no tiene relación de causalidad con la mencionada cautelar.
1.-Corresponde rechazar el pedido de los ‘conductores UBER’ a fin de modificar la medida cautelar por la que se suspendió cualquier actividad que la empresa realizara y que derivó en la persecución de los Conductores de UBER por parte de las autoridades del GCBAy en una presentación efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de conformidad con lo dispuesto en el art. 41 de la Convención Americana, ya que no hay manera de cumplir con la cautelar por parte del GCBA, sino a través del control de la actividad que realizan los conductores UBER, y ello debe hacerse por medio de las autoridades competentes y procedimientos legales y tampoco hay una relación de causalidad entre los supuestos actos de violencia ocurridos contra conductores UBER y la medida cautelar, como no la hay entre el imperio de la ley y la venganza.
2.-Como toda decisión cautelar, la que suspendió la actividad que la empresa UBER tiene carácter interino (provisorio), por ello corresponde rechazar el pedido de modificarla, ya que la calificación de relación jurídica base puede ser modificado en la sentencia definitiva, en tanto allí recién existirá una declaración de certeza jurídica sobre el fondo del asunto, sin perjuicio que otros avatares del proceso impongan otra forma de finalización del debate, máxime cuando no hay elementos para considerar en este estadio del proceso una modificación de la cautelar, ni para desvirtuar sus alcances.
3.-Si bien es ilícita la actividad de los conductores de UBER por no acatar la cautelar, mediante la que se dispuso que se arbitren las medidas necesarias para suspender cualquier actividad quedesarrolle la empresa o cualquier sociedad bajo ese nombre, razón social y tipo de actividad descripta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta tanto se dicte sentencia definitiva o se presente la hipótesis prevista en el art. 182 del CCAyT, también es ilícita cualquier represalia privada contra los conductores, sin perjuicio de la distinta gravedad de uno u otro comportamiento, pues los bienes jurídicos afectados son muy distintos.
4.-Es de público conocimiento que UBER es una poderosa corporación transnacional con múltiple actividad a escala planetaria y que actúa, con distinta suerte, en diferentes ciudades del mundo, incluso existen decisiones de numerosos tribunales en el mundo que la tienen como litigante, lo cual ayuda a comprender cuál es el debate completo en este proceso y a neutralizar la confusión y la distorsión en la comunicación, pues el derecho a ser oído con las debidas garantías asume también, que nos comuniquemos con la mayor claridad posible y el entendimiento mutuo es un presupuesto del debido proceso.
5.-Si bien se denunciaron hechos de violencia cuyas víctimas serían los miembros de la subclase conductores UBER y los agresores taxistas, cada una de las conductas violentas, como las agresiones físicas, amenazas de muertes y daños a la propiedad, lesiones, daños, incendios, privaciones de la libertad, resultan ser conductas tipificadas contravencional o penalmente, pero la justicia en lo contencioso administrativo y tributario no es titular de la pretensión punitiva estatal, no tiene competencia para recibir denuncias (cfr. art. 79 , Código Procesal Penal CABA) y no resuelve cuestiones contravencionales o penales, las que tienen sus jueces naturales (art. 18 , CN.).
6.-El ordenamiento jurídico, desde su vértice más eminente y también a través de sus leyes, ofrece numerosas herramientas procesales de protección para prevenir o poner fin a los hechos de violencia cuyas víctimas serían los miembros de la subclase conductores UBER y los agresores taxistas, tal el caso de las medidas de protección de personas (víctimas y testigos) como lo prevé los arts. 37 y 38 del Código Procesal Penal de la CABA o la posibilidad desolicitar como querellantes las medidas precautorias del art. 174 del mismo código, otro tanto ocurre con el procedimiento y el código contravencional, por ejemplo, a través de las interdicciones o instrucciones especiales.
7.-Si bien al juez contencioso administrativo y tributario no le corresponde entender sobre ninguna de las conductas violentas denunciadas por los conductores de UBER o actos descriptos en el pedido de informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino, tomando en cuenta el Informe Sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos producido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de acuerdo con el art. 28.2 de CADH debe neutralizarse la posibilidad de dichos actos de violencia comprometan la responsabilidad del Estado nacional por incumplimiento de los deberes convencionales impuestos (art. 1.1. CADH), por ello resulta prudente remitir una copia de las presentaciones efectuadas, del dictamen fiscal y de esta decisión al Sr. Jefe de Gobierno y al Sr. Ministro de Seguridad, a los efectos de que cuenten con esta información por si fuera necesaria para prevenir o erradicar los actos de violencia provenientes de particulares que se alegan.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de enero de 2018.
I. El Dr. Santiago M. Castro Videla, en representación de Jorge Travers, junto con el patrocinio del Dr. Alberto Bianchi, solicitó la habilitación de la feria judicial (cfr. fs. 158/163 vta. y 166/175 vta.) con fundamento en que “resulta absolutamente necesario (.) tener un acceso a la jurisdicción en forma rápida y expedita, a fin de que el transcurso de tiempo que resta hasta el 1/02/2018 no agrave la afectación de los derechos humanos de los conductores que prestan servicios utilizando la aplicación móvil de UBER (Socios Conductores)” (cfr. fs. 158).
Afirmó que “los claros términos de la orden de la CIDH que se acompaña como Anexo I, así como los hechos que refiere y requerimientos que efectúa, justifica plenamente la habilitación de la feria judicial en las presentes actuaciones” (cfr. fs. 160). Al respecto, sostuvo que la medida cautelar dispuesta en autos el 13/04/16 fue utilizada por el GCBA y por terceros no estatales (vinculados a la industria del taxi) para adoptar medidas y acciones ilegítimas, afectando los derechos humanos de los socio-conductores, “.tal como lo ha expresado la CIDH en la orden que motiva esta solicitud” (cfr. fs. 160).
II.Requirió que “con carácter urgente, en atención a lo dispuesto en el párrafo 4°, punto 4, de la orden remitida con fecha 23-10-2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Argentina en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) -cuya copia se acompaña como Anexo I-, ordene a las autoridades públicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adoptar, con carácter urgente, todas las medidas necesarias, adecuadas y efectivas para garantizar la protección a largo plazo y el respeto y garantía de todos los derechos humanos de los conductores que prestan servicios utilizando la aplicación móvil de UBER (Socios Conductores)” (cfr. fs. 168).
En particular, peticionó que “. sin perjuicio de las medidas adicionales que pueda disponer V.S. en el marco de las atribuciones que le confiere el artículo 183 del CCAyT, (.) [se] ordene [a] las autoridades públicas adoptar las medidas necesarias, adecuadas y efectivas para:
(a) prevenir agresiones físicas, hostigamientos, incendios y la destrucción de propiedad de los Socios Conductores de UBER; (b) prevenir detenciones o privaciones arbitrarias de la libertad de los Socios Conductores de UBER, en razón de poseer tal carácter, por parte de las autoridades públicas -concretamente, por parte de las autoridades del GCBA, el secuestro del vehículo o celular, detención, labrado de actas de infracción por falta o contravención- o de terceros privados,; y (c) asegurar los demás derechos humanos de los Socios Conductores UBER, incluyendo, entre otros, sus derechos a la vida e integridad física, a trabajar (entendido en sentido amplio, como el derecho a proveerse de los medios necesarios para su subsistencia y la de sus familias), a la libertad ambulatoria y de expresión, a la libertad contractual y a la propiedad” (el destacado pertenece al original; cfr. fs. 168/168 vta.).
III. Relató que a raíz de una comunicación efectuada por el Dr.Nicolás Castilla Sastre, quien actúa como abogado defensor de distintos Socios Conductores en los autos caratulados “N.N (UBER) y otros s/ infr. arts. 73, 74 83 del C.C” (Exp. n° 4790/16), en trámite ante el Juzgado n° 16 en lo Penal Contravencional y de Faltas de esta Ciudad, tomó conocimiento en ese expediente “.de una orden dictada con fecha 23-10-2017 por la CIDH”, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 41 de la CADH, por medio de la cual se ha requerido información al Estado Argentino, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en relación con la situación de derechos humanos de los conductores de UBER en Argentina (cfr. fs. 169).
IV. En relación a la mentada comunicación emanada de la CIDH, de la copia simple acompañada se desprende que se trata de una presentación efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Convención Americana, “con el objeto de solicitar información sobre actos reportados que atentan contra los derechos a la vida e integridad personal de los conductores de UBER en Argentina” (cfr. fs. 166/167).
El funcionario firmante refiere que “[l]a Comisión ha recibido información sobre la situación de aproximadamente 4.000 conductores que prestan servicios para la empresa UBER en Buenos Aires sosteniendo actos de hostigamiento y violencia que sufren diariamente por parte de integrantes de gremios de taxistas”. Y que “las presuntas víctimas sostienen que las autoridades competentes estarían procesando de manera arbitraria a varios conductores que prestan servicios para la empresa UBER debido a presuntas infracciones a la reglamentación sobre transporte en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo denunciaron que las autoridades relevantes y la fuerza policial no estarían investigando estos hechos de violencia con miras a impedir futuras agresiones dado el contexto de tensión con los taxistas” (cfr. fs. 166).
V. A tal fin, la CIDH le solicitó al Sr.Ministro de Relaciones Exteriores y Culto que adoptara las medidas para que en el plazo de treinta (30) días le brinde la información pertinente, en particular: 1) detallar si hay investigaciones en curso o concluidas que tengan como enfoque casos individuales de violencia o violaciones a los derechos humanos ejercidas en contra de los conductores que prestan servicios para la empresa UBER; 2) en el marco de las causas abiertas, informar sobre medidas que se hayan adoptado para garantizar investigaciones de los hechos de violencia cometidos contra los conductores de UBER; 3) compartir detalles sobre medidas de prevención adoptadas para evitar la repetición de las violaciones de derechos humanos reportadas por conductores de UBER; y, 4) indicar las medidas adoptadas por el Estado para garantizar la protección a largo plazo y el respeto y garantía de todos los derechos humanos de conductores que prestan servicios para la empresa UBER.
VI. En adición a lo expuesto hasta aquí, el requirente manifiesta que -a su entender- la medida cautelar dispuesta en autos (en referencia a la medida cautelar dictada en los autos principales el 13 de abril de 2016) “.ha sido utilizada por el Gobierno de la CABA y por terceros no estatales (vinculados a la industria del taxi) para adoptar medidas y acciones que están mucho más allá de su alcance e incluso son ilegítimas, afectando los derechos humanos de los Socios Conductores de UBER, tal como lo ha expresado la CIDH” (cfr. fs. 170).
VII. Sentado ello cabe recordar que la medida cautelar a la que alude el presentante fue dictada en los autos caratulados “SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL y otros CONTRA GCBA y otros SOBRE OTRAS DEMANDAS CONTRA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA”, (Exp.A3065-2016/0).
Los representantes del Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal (S.P.T), de la Cámara Empresaria del Autotaxi (CAMETAX), de la Asociación Civil de Taxistas de Capital (A.T.C.)-, de la Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro (S.P.A.T.)- y de la Unión de Propietarios de Autos Taxis (U.P.A.T.), todos ellos con el patrocinio letrado de la Dra. Rissotto solicitaron el dictado de una medida cautelar a fin de que el GCBA arbitrara las medidas pertinentes para suspender cualquier actividad desarrollada por la empresa UBER en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que implicara prestar y/o facilitar y/o convocar a personas a prestar el servicio de transporte de pasajeros sin adecuarse a las previsiones del Código de Tránsito y Transporte, como así también, evitar que la empresa y sus conductores continuaran prestando el servicio de transporte oneroso de pasajeros.
Asimismo, peticionaron que se dispusiera de forma inmediata las medidas necesarias a fin de que se ordenara el cese de la publicación de las aplicaciones para celulares móviles ofrecida por la empresa UBER B.V. o UBER TECHNOLOGIES INC., para nuestro mercado local a través de las distintas plataformas disponibles (Appstore, Playstore, Windows Apps), hasta tanto se resolviera el fondo de la cuestión (cfr. fs. 2/2 vta. y 17 de los autos mentados).
VIII. El 13 de abril de 2016 al dictar la medida cautelar resolví “[o]rdenar al GCBA que de modo inmediato arbitre las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa UBER B.V. o UBER TECHNOLOGIES INC. o cualquier sociedad bajo ese nombre, razón social y tipo de actividad descripta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta tanto se dicte sentencia definitiva o se presente la hipótesis prevista en el art. 182 del CCAyT” y desestimé la petición cautelar dirigida a obtener que se dispusiera el cese de la publicación de las aplicaciones para celulares móviles.
IX. En dicha oportunidad, compartiendo lo afirmado por la Sra.Fiscal, señalé que los usuarios de servicios gozan de especial tutela en el art. 42 de la Constitución Nacional y, que la norma constitucional establece que los usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud y seguridad; y que es deber de las autoridades el control de la calidad y eficiencia de los servicios públicos.
Asimismo que el art. 46 de la CCABA consagra derechos similares y establece en cabeza de la Ciudad el deber de proteger la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna. Dispone esa norma que la Ciudad ejerce el poder de policía en materia de consumo de todos los bienes y servicios comercializados en ella.
En efecto, y tal como lo destacó la Sra. Fiscal en su dictamen de fs. 223, con la actividad cuestionada se encontraría involucrado el traslado de personas, lo que, a su vez, involucra la seguridad de aquellas como bien jurídico protegido constitucionalmente.
También -y siempre dentro del ámbito de lo probable- sostuve que resultaba inherente a la consideración de toda medida cautelar, señalar la posibilidad de que la actividad desplegada por UBER podría estar en colisión con el artículo 6.1.74 de la Sección 6, Capítulo I de la ley n° 451 “Régimen de Faltas”, entre otras normas.
X. Por otro lado, apunté necesario recordar que la Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueve la seguridad vial (cfr. art. 27, inc.9, CCABA) y que dentro de los órganos de control porteños el constituyente creó el “Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad”, para ejercer el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto (cfr. art. 138, CCABA).
XI. Contra ésta resolución, el Sr. Jorge Travers interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio.
Expresó que las autoridades públicas de la CABA -y también las actorasefectuaban una amplia e ilegítima interpretación de la medida cautelar dictada, a punto tal de que pretendían incluir la persecución de los socios UBER en la calle como comprendida en su alcance, incurriendo en un evidente abuso de autoridad y afectando su derecho a ejercer industria lícita y trabajar, a la igualdad, a la inviolabilidad de la propiedad, a la libertad (contractual, física y de expresión), a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (arts. 14, 16, 17, 19, 42 y cctes. de la CN y arts. 48 y 49 de la CCABA).
El recurso de reposición fue rechazado por no encontrar en los argumentos esgrimidos elementos sustanciales para apartarme del juicio de verosimilitud y demás consideraciones efectuadas al momento de decretar la medida cautelar y se concedió el recurso de apelación.
XII. Llegados a la Cámara de Apelaciones, la Sala II en los autos “SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL y otros CONTRA GCBA y otros SOBRE INCIDENTE DE APELACION”, EXP: C3065-2016/3 desestimó el recurso de apelación el 6 de septiembre de 2016.
Para así resolver consideró que los agravios del Sr. Jorge Travers, se ceñían a cuestionar que:”a). la resolución recurrida, [e] ilegítima prohibición o restricción por parte de las autoridades del GCBA del transporte privado que brind[a], frustra [sus] derechos constitucionales básicos e implica despojar[lo], sin sustento constitucional y legal, del único medio con que hoy cuent[a] para poder obtener una fuente adicional de ingresos (fs. 321)”; b) además, ‘. se sustenta exclusivamente en afirmaciones dogmáticas y arbitrarias, y no ofrece razón o argumento alguno que la pueda sustentar conforme a derecho’; c) el juez de grado califica la actividad desarrollada como servicio público, cuando se trata de un servicio que se genera a partir de un contrato privado entre particulares, de modo que confunde el marco jurídico aplicable; d) la actividad desplegada por el Sr. Travers no ‘.puede bajo ningún punto de vista jurídicamente razonable entenderse comprendida, alcanzada o limitada por las normas que regulan el servicio público de taxis en la CABA, ni tampoco el de los remises o incluso el transporte colectivo de pasajeros” (fs. 324 vta.); e) ‘. el accionar ilegítimo de las autoridades del GCBA con motivo del dictado de la medida cautelar aquí recurrida afecta gravemente, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, [sus] derechos a ejercer industria lícita y trabajar, a la igualdad, a la inviolabilidad de la propiedad, a la libertad -no sólo contractual, sino incluso física y a la libertad de expresión-‘ (fs.323). ‘Invocando esa ilegítima lógica de equiparación con el servicio de transporte público prestado por los taxis o el de los remises, no sólo las autoridades de la CABA comenzaron a secuestrar vehículos particulares sin justificación válida alguna, (.), e incluso a detener a personas que (.) utilizan la aplicación UBER para contactar a otras con quienes celebrar contratos de transporte privado -todo ello, incluso antes de haberse dictado la medida cautelar en la causa [C3065/0], o violando sus términos-, sino que se han justificado conductas manifiestamente ilegítimas y abusivas [infringidas] por parte de taxistas particulares y también de organizaciones sindicales y agrupaciones gremiales de taxistas’ (fs. 325 vta.); f) ‘[e]l Código de Tránsito en ningún momento exige que los contratos de transporte se limiten a la forma del taxi o del remís, ni tampoco prevé una habilitación, permiso o autorización para celebrar contratos de transporte privados, como sí hace en otros casos puntuales, como el servicio de transporte colectivo de pasajeros, servicios especiales recreacionales o el servicio de taxis.’ (fs. 328 vta.); g) ‘. de acuerdo al art. 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso dictar la legislación común. En ejercicio de dicha competencia, el Congreso de la Nación decidió, en la última reforma, incluir en el CCCN el llamado ‘contrato de transporte’, estableciendo el régimen general aplicable. Si bien puede parecer lógico reconocer competencia a las autoridades locales para reglamentar el tránsito dentro de su jurisdicción, dicha competencia no debe confundirse con la capacidad de prohibir la celebración del contrato bajo la modalidad elegida por las partes, al amparo del CCCN” (fs. 329); h) la resolución recurrida afecta las relaciones de competencia que se encuentran protegidas como derechos de incidencia colectiva en la CN.‘Aquellas, lógicamente, se ven seriamente afectadas en razón de la restricción del servicio privado de transporte prestado utilizando la aplicación móvil de UBER (.). Ello así, en tanto éste permite, justamente, economizar recursos, brindar información a oferentes y demandantes, e incrementar la cantidad de personas que pueden ofrecer el referido servicio, con las evidentes ventajas que ello tiene, no sólo en términos de ocupación sino incluso en relación al precio, que tiende a bajar conforme se incrementa la oferta’ (fs. 333 vta./334); i) ‘permitir la suspensión, prohibición u obstaculización del servicio de transporte privado por no poseer una licencia, habilitación o autorización, conforme lo requiere el GCBA y presupone la resolución recurrida, implica una clara violación a la garantía de igualdad.’ (fs. 334 vta.); j) ‘. UBER no está previsto por la antigua normativa vigente, porque no fue oportunamente previsto.
Luego, está permitido y podría ser regulado en una norma nueva y específica que lo contemple.
Pero no lo está. Y por tanto, es legal’ (fs. 335, el destacado corresponde al original); k) ‘. la obstaculización y restricción a la prestación del servicio de transporte privado por parte del [Sr. Travers] que se deriva de la resolución recurrida, viola también [su] derecho a que la actividad económica sirva al desarrollo de la persona y concurra a la mejor calidad de vida del conjunto de la Nación y al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas’ (fs. 336); l) aun si el actor quisiera, ‘. dado que [tiene] la edad de sesenta y seis (66) años, (.) no po[dría] obtener la licencia que exige el [GCBA] para prestar el servicio de taxis y remís. Y, obviamente, tampoco po[dría] cumplir con dicha exigencia si se le extendiera, con la arbitrariedad e ilegalidad que ello importa, respecto del transporte privado de personas que actualmente prest[a], que es lo que pretenden las actoras de autos [C3065/0 y C3110/0] y ha asumido dogmáticamente la resolución recurrida’ (fs.339); y, n) ‘. estamos ante un juicio en el que no se encuentra involucrada la decisión de una ‘causa’ o ‘caso judicial’, pues no existe ‘controversia’ alguna entre las partes: tanto las actoras [de los exptes.
C3065/0 y C3110/0] como el GCBA defiende públicamente la misma posición jurídica en relación a la actividad que realiza [el Sr. Travers] y la aplicación móvil UBER´ (fs. 314)” (cfr. fs. 396 vta./397 del Exp. C3065-2016/3).
XIII. En ese entendimiento la Cámara señaló que la evaluación del profuso e integral desarrollo de los agravios del Sr. Travers era más bien propia de la sentencia de mérito que de una cautelar. Y que si se trataran los argumentos con los que el recurrente sostenía su postura no habría prácticamente más que decir en los actuados, siendo que para ello es necesario contar con mayor debate y prueba.
Asimismo, el Tribunal entendió prudente mantener los efectos de la decisión recurrida.Ello así en atención al impacto social que tiene el asunto en litis, a la posibilidad latente de que la situación fáctica que pareciera presentarse en la actualidad mute en cualquier momento y a la cantidad de procesos que se encuentran en trámite en los que se discuten aspectos de distinta índole vinculados con la aplicación UBER, que además tramitan ante fueros diferentes.
Esto último se destacó, sobre todo, porque, el Tribunal consideró que si bien los fueros Penal, Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario entienden en materias distintas, las medidas instrumentales que pueden dictarse podrían confluir en resultados contradictorios, lo cual debe evitarse, salvo circunstancias de fuerza mayor, siendo que, no se advirtió que, en ese estado del proceso, mediaran categóricos motivos para acceder a lo peticionado por el recurrente.
Finalmente la Cámara precisó que nada impedía que se solicitara el levantamiento o modificación de la medida cautelar, “.claro que con fundamentos explícitos que sustenten pedidos de esa naturaleza, los que, eventualmente, deberían ser canalizados ante el juez de trámite” (cfr. fs. 399 vta del Exp. C3065-2016/3).
XIV. A fs. 183, previo dictamen de la Sra. Fiscal (cfr. fs. 180/181 vta.), pasaron los autos a resolver.
I. La subclase “conductores UBER”, a través uno de sus miembros, el Sr. Jorge Travers, bajo la representación letrada del Dr. Santiago Castro Videla y con el patrocinio letrado del Dr. Alberto B. Bianchi, quien fuera designado por la Sala II de este fuero representante adecuado de la subclase mencionada, solicitan la habilitación de la feria judicial a fin de que sean tratadas una serie de cuestiones que, en lo principal, se dirigen a solicitar una modificación de la medida cautelar dictada por el suscripto y que fuera confirmada por el órgano de revisión jurisdiccional al ejercer su competencia por vía de apelación.
II.Como el planteo aparenta urgencia y gravedad, resulta conveniente habilitar la feria; al fin de cuentas, además de ser el suscripto el juez natural de la causa, faltan menos de tres días hábiles para que comience el año judicial. No es cuestión que el derecho a ser oído con las debidas garantías sucumba por razones de calendario.
III. Las cuestiones principales que deben analizarse son dos: a) en primer lugar debe establecerse el tenor del supuesto pedido de informes al Estado argentino por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su posible incidencia en este proceso colectivo; proceso cuya estructura de abordaje, como ya ha quedado establecido por las resoluciones ordenatorias dictadas en esta instancia y en grado de revisión, dista de ser un caso colectivo ortodoxo (si tal posibilidad cupiese para esta clase de procesos ante la morosa ausencia de reglamentación); b) en segundo término, resulta necesario repasar cuál es el alcance de la cautelar dictada, pues el planteo pretende redirigir los contornos de esa decisión y para ello propone una insospechada hermenéutica acerca de los alcances de la medida.
IV. Veamos el primer tema. Tal como se ha transcripto más arriba, la Comisión Interamericana de DDHH habría solicitado al Estado argentino que informe sobre supuestos actos de violencia y de violación de los DDHH respecto de un grupo de personas integrantes de lo que serían los denominados conductores de UBER en Argentina. El pedido de informe aduce que se trataría de un grupo de 4.000 conductores que prestan servicios para la empresa UBER en esta Ciudad.
V. Los hechos que habrían sido denunciados serían de dos clases.Por un lado comprenderían supuestos actos de violencia entre particulares, puntualmente actos de violencia cometidos por taxistas contra conductores UBER; por otra parte la solicitud de informe del órgano regional expresa que ha recibido información acerca de que “.las autoridades competentes estarían procesando de manera arbitraria a varios conductores que prestan servicios para la empresa UBER, debido a presuntas infracciones a la reglamentación sobre transporte en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, denunciaron que las autoridades relevantes y la fuerza policial no estarían investigando estos hechos de violencia con miras a impedir futuras agresiones dado el contexto de tensión con los taxistas” (cfr. fs. 166).
VI. Como se observa estaríamos ante un trámite previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), en donde los supuestos afectados habrían instado a uno de los órganos competentes y éste habría solicitado un informe particular al Estado Nacional. Dicho en otros términos, la subclase conductores UBER habría formulado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta se ha dirigido a uno de los Estados Partes de la CADH, es decir, al Estado argentino.
VII. Ahora examinemos el segundo asunto. Sobre la base de ese marco, es decir, el supuesto pedido de informes que habría realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la subclase conductores UBER, y a través de esta presentación, tal como explicaré a continuación, pretende modificar los alcances de la medida cautelar.
VIII. En efecto, los presentantes alegan, en lo que aquí interesa analizar, que la medida cautelar dictada “rechazó la solicitud expresa de las actoras de que se ordene (.) evitar que los conductores continúen prestando el servicio de transporte oneroso de pasajeros.” (cfr. fs.170 vta.). Sobre esa premisa, agrega que “[d]e los términos de la referida medida cautelar es evidente, en consecuencia, que la persecución de los Socios Conductores de UBER por parte de las autoridades del GCBA, con secuestro de vehículo y detención incluidas, es manifiestamente ilegítima y no está amparada por los alcances de la referida medida cautelar” (cfr. fs. 170 vta./171). La interpretación no podría ser más errada y lleva a confundir situaciones y competencias. Por eso rememoraré lo decidido en materia cautelar en lo que aquí resulta conducente para el tratamiento del tema.
IX. En la resolución del día 13 de abril de 2016 dispuse: “Ordenar al GCBA que de modo inmediato arbitre las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa UBER B.V. o UBER TECHNOLOGIES INC. o cualquier sociedad bajo ese nombre, razón social y tipo de actividad descripta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta tanto se dicte sentencia definitiva o se presente la hipótesis prevista en el art. 182 del CCAyT, debiendo informar en manera circunstanciada a este Juzgado, dentro del plazo de cinco (5) días, las medidas adoptadas”. Esta solución fue confirmada por el tribunal de revisión. Al momento de decidir de tal manera entendí, bajo el marco de verosimilitud propio del ámbito de lo cautelar, que la actividad de UBER en la Ciudad de Buenos Aires infringiría el sistema jurídico debido a una serie de posibles violaciones a normas constitucionales y leyes locales. Dicho en otros términos: consideré probable que UBER realizase una actividad que, desde la perspectiva constitucional y administrativa, resultaría ilícita. Como toda decisión cautelar, lo resuelto tiene carácter interino (provisorio) y la calificación de relación jurídica base puede modificarse en la sentencia definitiva, pues allí recién existirá una declaración de certeza jurídica sobre el fondo del asunto. Ello claro está, sin perjuicio de que otros avatares del proceso impongan otra forma de finalización del debate.Sin embargo, no hay elementos para considerar en este estadio del proceso una modificación de la cautelar. Mucho menos para desvirtuar sus alcances.
X. Debo recordar que rechacé ordenar, en contra de lo que pedía el frente actor, el cese de la publicación de las aplicaciones para celulares móviles ofrecidas por la empresa UBER B.V. o UBER TECHNOLOGIES INC., porque consideré que además de resultar inconducente esa medida, no existían argumentos que sustentasen su conducencia y, principalmente, por la eventual invasión de potestades de otras jurisdicciones.
XI. Ahora bien, de acuerdo con los términos de la cautelar, no hay manera de cumplir con ella por parte del GCBA, es decir, “.suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa UBER B.V. o UBER TECHNOLOGIES INC.”, que no sea a través del control de la actividad que realizan los conductores UBER, y ello debe hacerse por medio de las autoridades competentes y procedimientos legales. Si los presentantes tienen otra idea plausible, pueden expresarla.
XII. Tampoco hay una relación de causalidad entre los supuestos actos de violencia ocurridos contra conductores UBER y la medida cautelar, como no la hay entre el imperio de la ley y la venganza. Es ilícita la actividad de los conductores de UBER por no acatar la cautelar, y también cualquier represalia privada contra ellos. No se me escapa, sin embargo, la distinta gravedad de uno u otro comportamiento, pues los bienes jurídicos afectados son muy distintos.
XIII. Asimismo respecto de la actividad de las autoridades de la Ciudad, permítaseme indicar que cada uno los controles o procedimientos administrativos o jurisdiccionales sea el ámbito penal, contravencional o de faltas, tiene su singularidad y es en cada caso concreto donde los eventuales perjudicados por supuestos actos u omisiones arbitrarias deben plantear los recursos y quejas correspondientes. No es misión del suscripto invadir otras jurisdicciones, competencias o procedimientos judiciales ni violentar la división de poderes interfiriendo con la actividad administrativa e, implícitamente, desdecirme de lo ordenado en la cautelar.Este fuero CAyT no tiene competencia para revisar procedimientos de falta, contravencionales o penales.
XIV. También llama la atención que los presentantes aleguen que la medida cautelar no afecta a los conductores de UBER, cuando de los agravios destinados a fundar la apelación presentada por el Sr. Travers -quien se autodesigna conductor de UBER- y es patrocinado por el Dr. Bianchi-, manifiestan en tal acto impugnativo que la medida obstaculiza y restringe la prestación del servicio de transporte por parte del Sr. Travers “que se deriva de la resolución recurrida”, para citar solo uno de los varios agravios en donde Travers y el representante adecuado de la subclase reconocen claramente los alcances de la resolución recurrida, interpretación que ahora parecen haber olvidado.
Tengo para mí que los presentantes vienen contra sus propios actos y sus nuevos argumentos se derrumban en esa contradicción.
XV. A esta altura del proceso, en donde todavía no se ha producido siquiera la contestación de la demanda, y con el propósito de afianzar la transparencia al proceso comunicativo destinado a esclarecer qué se debate, debo realizar algunas reflexiones. Y el contexto hace inevitable la pregunta: ¿Dónde está UBER? Porque ahora los presentantes definen a los conduct ores de UBER enfáticamente como SOCIOS DE UBER, es decir, reconocen integrar una sociedad. Así las cosas y como toda sociedad es un sujeto de derecho y centro de imputación normativa distinto de las personas de derecho que la componen (socios), tengo la esperanza de que UBER comparezca a la litis cuando se realice la difusión pertinente de este proceso a fin de convocar a los posibles interesados en participar. Nótese que habría múltiples socios, que realizan una actividad supuestamente inherente al objeto social de la persona jurídica que integrarían y no está presentada en el litigio la sociedad cuya actividad se discute (!). ¿Podría una medida cautelar suspender la actividad de una sociedad sin suspender la actividad social de sus socios? La respuesta negativa se impone.
XVI.La segunda reflexión, yuxtapuesta a la anterior consideración, apunta a constatar las mutaciones en la calidad de los intervinientes. Observo que en su escrito inicial, el Sr. Travers y los demás conductores que se han presentado -y sus letrados-, se refirieron a UBER como una “aplicación móvil”, pero ahora reconocen que es una persona jurídica de la que dicen ser socios1. Tal persona jurídica -UBER- no se ha presentado aún en este proceso. La influencia de Cossio me impide dejar de valorar esta conducta. Es decir, según el relato los miembros de la subclase “conductores UBER”, inicialmente teníamos una suerte de forma de vida digital autogenerada propia del universo de Philip K. Dick (“aplicación móvil”), y ahora, según ellos mismos reconocen, surge un sujeto de derecho: la sociedad UBER. Notable. Es de público conocimiento que UBER es una poderosa corporación transnacional con múltiple actividad a escala planetaria2 y que actúa, con distinta suerte, en diferentes ciudades del mundo. Incluso existen decisiones de numerosos tribunales en el mundo que la tienen como litigante. Es bueno decirlo, ayuda a que todos comprendamos cuál es el debate completo en este proceso y neutralicemos la confusión y la distorsión en la comunicación. Porque el derecho a ser oído con las debidas garantías asume también, expresado en términos habermasianos, que los hablantes nos comuniquemos con la mayor claridad posible. Como director del proceso es imperativo que lo haga notar y cumplir. El entendimiento mutuo es un presupuesto del debido proceso.
XVII. En cuanto a los hechos de violencia que habrían sido denunciados y cuyas víctimas serían los miembros de la subclase conductores UBER y los agresores taxistas, sería fácil eludir analizar el tema con la endeble excusa de decir que la mejor forma de evitar esos hechos es que los miembros de la clase cumplan con la cautelar dictada.Y no puedo dejar de mencionar que también resulta violento incumplir una decisión jurisdiccional pues, esa desobediencia frustra el interés público en mantener la vigencia y plenitud del orden jurídico. Sin embargo asumo que no tratar el asunto con profundidad degrada las expectativas de ser oído con la seriedad que toda petición ante la justicia merece. Asumo que los hechos denunciados deben ser considerados para definir cuál es la metodología para su correcto tratamiento.
XVIII. Cualquier clase de violencia es grave. El Estado debe garantizar el respeto de los derechos humanos en razón de su universalidad, tales derechos deben ser respetados tanto por los poderes públicos como por los particulares (teoría del Drittwirkung). De allí que es un deber del Estado garantizar el respeto de los derechos humanos entre particulares.
XIX. De cualquier forma, advierto que cada una de las conductas que se habrían denunciado como violentas, es decir, las agresiones físicas, amenazas de muertes y daños a la propiedad, lesiones, daños, incendios, privaciones de la libertad, resultan ser conductas tipificadas contravencional o penalmente. Así, los actos de hostigamiento y sus agravantes están sancionados en el art. 52 del Código Contravencional de la CABA y las agresiones en el art. 51 del mencionado código. Por su lado, las amenazas constituyen un delito (art. 149 bis, primer párrafo, Código Penal), lo mismo que los daños a la propiedad (arts. 183 y 184 Código Penal) y también el incendio (art. 186, Código Penal) o las lesiones y la privación de la libertad. Así lo ha entendido la Sra. Fiscal en su dictamen.
XX. Así las cosas, si bien el Estado debe garantizar los derechos humanos entre particulares, debo informar a los peticionantes que el suscripto no es titular de la pretensión punitiva estatal, no tiene competencia para recibir denuncias (cfr. art. 79, Código Procesal Penal CABA) y no resuelve cuestiones contravencionales o penales, las que tienen sus jueces naturales (art. 18, CN).
XXI.Tampoco pueden ignorar los presentantes que el ordenamiento jurídico, desde su vértice más eminente y también a través de sus leyes, ofrece numerosas herramientas procesales de protección para prevenir o poner fin a los hechos mencionados, tal el caso de las medidas de protección de personas (víctimas y testigos) como lo prevé los arts. 37 y 38 del Código Procesal Penal de la CABA o la posibilidad de solicitar como querellantes las medidas precautorias del art. 174 del mismo código. Otro tanto ocurre con el procedimiento y el código contravencional, por ejemplo, a través de las interdicciones o instrucciones especiales.
XXII. Del mismo modo, no pueden desconocer los presentantes la existencia del instituto del habeas corpus que incluso admite su función preventiva, correctiva y colectiva (ver Fallos, 328:1146 , para referir sólo el comienzo de la saga jurisprudencial que lo ha contemplado).
XXIII. Pues bien, como juez contencioso administrativo y tributario, mi competencia se halla definida por la ley y la Constitución y no me corresponde entender sobre ninguna de las conductas o actos descriptos en el pedido de informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino. No obstante ello, tomando muy especialmente en cuenta el Informe Sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos producido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se señala que “[t]ambién puede generarse responsabilidad internacional del Estado por atribución a éste de actos violatorios de derechos humanos cometidos por terceros o particulares, en el marco de las obligaciones del Estado de garantizar el respeto de esos derechos entre individuos” ,y que de acuerdo con el art. 28.2 de CADH debe neutralizarse la posibilidad de que actos u omisiones locales comprometan la responsabilidad del Estado nacional por incumplimiento de los deberes convencionales impuestos (art. 1.1. CADH), considero prudente remitir una copia de las presentaciones efectuadas, del dictamen fiscal y de esta decisión al Sr. Jefe de Gobierno y al Sr.Ministro de Seguridad, a los efectos de que cuenten con esta información por si fuera necesaria para prevenir o erradicar los actos de violencia provenientes de particulares que se alegan.
XXIV. Por lo expuesto hasta aquí considero innecesario ordenar el libramiento de los oficios solicitados por los presentantes en los puntos 4 y 5 del petitorio del escrito de fs. 168/175 vta.
En consecuencia, teniendo presente el dictamen del Ministerio Público Fiscal, RESUELVO:
2. Desestimar in límine por improcedente el punto 3 del petitorio de la presentación de fs. 168/175 vta.
3. Ratificar que la medida cautelar incluye a los conductores/socios de la empresa UBER, en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4. Declarar inconducentes los pedidos de libramiento de informes solicitados en los puntos 4 y 5 del petitorio del escrito de fs. 168/175 vta.
5. Disponer que se libren, por Secretaría, sendos oficios en la forma indicada en el considerando XXIII de esta resolución.
6. Tener presentes las reservas efectuadas.
Notifíquese esta resolución, a la Sra. Fiscal mediante la remisión de las actuaciones y al presentante, por Secretaría, en el día y con habilitación de feria y días y horas inhábiles.
A tal fin, desígnese como oficial notificadora ad-hoc a la agente Gisela Perla Soppe (D.N.I 32.996.992).
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 artículo 183
 artículo 41
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 artículo 6
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