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Timestamp: 2016-09-29 22:09:56+00:00

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Ley 16/2015, de 7 de julio, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Espa�a en Eurojust, los conflictos de jurisdicci�n, las redes judiciales de cooperaci�n internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el Exterior.
�Miembro nacional de Espa�a en Eurojust
�Duraci�n del mandato e incompatibilidades
�Miembro nacional suplente
�Asistentes del miembro nacional
�Situaci�n administrativa y dependencia org�nica
De las atribuciones del miembro nacional de Espa�a en Eurojust
�Atribuciones del miembro nacional de Espa�a en Eurojust
�Competencias ejercidas por las autoridades nacionales competentes a propuesta del miembro nacional
�Participaci�n del miembro nacional en equipos conjuntos de investigaci�n
�Acceso e intercambio de informaci�n con el miembro nacional
�Funcionamiento de los ficheros temporales de trabajo y el �ndice
De los corresponsales nacionales y del sistema de coordinaci�n nacional de Eurojust
�Corresponsales nacionales de Eurojust
�Funciones de los corresponsales nacionales de Eurojust
�Funciones del corresponsal nacional para asuntos de terrorismo
�Sistema de coordinaci�n nacional de Eurojust
�Funciones del coordinador nacional de Eurojust
�Acceso al sistema de gesti�n de casos a nivel nacional
De las relaciones entre Eurojust y las autoridades espa�olas
�Actuaciones a instancia de Eurojust
�Solicitud de intervenci�n de Eurojust
�Transmisi�n de informaci�n a Eurojust
�Excepciones a la obligaci�n de transmitir informaci�n
�Estructura de la informaci�n transmitida
�Remisi�n a Espa�a de las actuaciones penales iniciadas en otro Estado miembro de la Uni�n Europea
�C�lula de coordinaci�n de emergencias
�Miembro de la Autoridad Com�n de Control
�Solicitud de contacto a la autoridad competente de otro Estado miembro ante la sospecha de un conflicto de jurisdicci�n
�Respuesta a la solicitud de contacto recibida por la autoridad espa�ola competente ante un eventual conflicto de jurisdicci�n
�Decisi�n en relaci�n con el conflicto de jurisdicci�n
De las redes de cooperaci�n judicial internacional
�Nombramiento y cese de los puntos de contacto
�Funciones de los puntos de contacto
�Del coordinador nacional de la Red Judicial europea y del coordinador nacional de la Red de Equipos Conjuntos de Investigaci�n
�Funciones del coordinador nacional de la Red Judicial europea y del coordinador nacional de la Red de Equipos Conjuntos de investigaci�n
�Del corresponsal de herramientas de la Red Judicial Europea
�Adquisici�n de la condici�n de punto de contacto de la Red Judicial Europea
�Comunicaci�n a Eurojust y a la Secretar�a General del Consejo
�Vigencia de los nombramientos
La Ley 16/2006 de 26 de mayo, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este �rgano de la Uni�n Europea, incorpor� al ordenamiento jur�dico espa�ol las necesarias adaptaciones para permitir la aplicaci�n efectiva de la Decisi�n 2002/187/JAI, del Consejo, de 28 de febrero de 2002, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia. A su vez, dicha Ley introduc�a otras medidas complementarias, singularmente las previstas en la Decisi�n 2005/671/JAI, del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativa al intercambio de informaci�n y a la cooperaci�n sobre delitos de terrorismo.
En el �mbito de la cooperaci�n judicial en materia penal, el art�culo 85 del Tratado de Funcionamiento de la Uni�n Europea otorga a Eurojust la funci�n de apoyar y reforzar la coordinaci�n y la cooperaci�n entre las autoridades nacionales encargadas de investigar y perseguir la delincuencia grave que afecte a dos o m�s Estados miembros que deba perseguirse seg�n criterios comunes. Corresponde al Parlamento Europeo y al Consejo la adopci�n de Reglamentos que regulen la estructura, funcionamiento, �mbito de actuaci�n y las competencias de Eurojust, por lo que esta Ley se limita a establecer las normas necesarias para implementar la Decisi�n 2009/426/JAI, de 16 de diciembre de 2008 por la que se refuerza Eurojust y se modifica la Decisi�n 2002/187/JAI por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia e incorporar su contenido al ordenamiento jur�dico espa�ol.
La Ley incorpora adem�s al ordenamiento jur�dico espa�ol las previsiones contenidas en la Decisi�n Marco 2009/948/JAI del Consejo, de 30 de noviembre, sobre la prevenci�n y resoluci�n de conflictos de ejercicio de jurisdicci�n en los procesos penales. Dada la obligaci�n que la presente Ley impone a las autoridades nacionales de informar al miembro nacional de Espa�a en Eurojust de los posibles casos en que pueda existir un conflicto de jurisdicci�n, se considera que esta Ley, dada su relaci�n con la materia, es la norma adecuada para incorporar el contenido de la mencionada Decisi�n Marco al ordenamiento jur�dico. En ese sentido, se regula un sistema de consultas y decisi�n entre las autoridades competentes de los pa�ses afectados por el eventual conflicto de jurisdicci�n.
Teniendo en cuenta que las modificaciones contenidas en la Decisi�n 2009/426/JAI, del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por la que se refuerza Eurojust y se modifica la Decisi�n 2002/187/JAI por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia, afectan a aspectos tan nucleares como el estatuto del miembro nacional, la composici�n de la delegaci�n espa�ola de Eurojust, las competencias del miembro nacional o la relaci�n entre la delegaci�n espa�ola en Eurojust y las autoridades nacionales competentes a trav�s del establecimiento de un novedoso sistema de coordinaci�n nacional, se considera necesario promulgar una nueva ley que recoja los cambios mencionados y se adecue al nuevo panorama de la cooperaci�n judicial internacional, superando as� la regulaci�n contenida en la Ley 16/2006, de 26 de mayo, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este �rgano de la Uni�n Europea.
Como principales novedades de esta Ley cabe destacar, en primer lugar y por lo que respecta a la delegaci�n espa�ola en Eurojust, que deber� estar compuesta, como m�nimo, por un miembro nacional, un miembro nacional suplente y un asistente, frente a lo que establec�a la anterior Decisi�n 2002/187/JAI del Consejo, de 28 de febrero, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia, que �nicamente impon�a como obligatoria la presencia de un miembro nacional. En ese sentido se regula la nueva figura del miembro nacional suplente, con sede en La Haya y con plenas facultades de suplencia del miembro nacional, y se configura como obligatorio el nombramiento de un asistente que podr� tener su lugar de trabajo en Eurojust o en Madrid. Respecto del estatuto del miembro nacional, se recogen como novedades la duraci�n de su nombramiento, que pasa a ser de cuatro a�os, as� como la obligaci�n de informar a la Secretar�a General del Consejo de los motivos del cese.
En segundo lugar, el sistema de coordinaci�n nacional se configura como una de las mayores novedades de la Decisi�n 2009/426/JAI del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por la que se refuerza Eurojust y se modifica la Decisi�n 2002/187/JAI por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia. Una adecuada transposici�n de la normativa europea exige el dise�o y regulaci�n de un sistema de coordinaci�n nacional que garantice que toda la informaci�n que deba intercambiarse entre la delegaci�n espa�ola en Eurojust y las autoridades nacionales competentes se lleve a cabo de manera �gil, eficaz y segura. Por ello se regula la composici�n del sistema de coordinaci�n nacional, su r�gimen de funcionamiento, as� como las funciones de los corresponsales nacionales de Eurojust y del coordinador nacional como responsable �ltimo del sistema. En cumplimiento de la normativa europea, el sistema de coordinaci�n nacional de Eurojust se presenta como el mecanismo necesario para facilitar los canales de comunicaci�n con la delegaci�n espa�ola en Eurojust, siempre desde el respeto a la posibilidad de comunicaci�n directa entre las autoridades espa�olas competentes y el miembro nacional de Espa�a en Eurojust. Ello obliga a modificar el modelo anterior, para adaptarlo a la regulaci�n de la Decisi�n y al panorama actual de la cooperaci�n judicial internacional, a fin de mejorar la coordinaci�n de los diferentes actores que participan en ella y ayudar a determinar los casos que corresponde tratar con la asistencia de Eurojust o de la Red Judicial Europea, ayudar al miembro nacional a identificar las autoridades competentes para la ejecuci�n de las solicitudes de cooperaci�n judicial y a mantener estrechas relaciones con la unidad nacional de Europol, todo ello a fin de garantizar de manera eficaz que el sistema de gesti�n de casos recibe informaci�n fiable de las autoridades competentes.
La Ley consagra la obligaci�n de prestar la colaboraci�n que requiera Eurojust como colegio a trav�s de cualquiera de los miembros que integran la delegaci�n espa�ola en Eurojust. En esa l�nea habilita al miembro nacional, al miembro nacional suplente y al asistente a comunicarse directamente con la autoridad nacional competente seg�n los casos, o con el coordinador nacional.
En esa l�nea, la Ley regula los plazos en que deba darse cumplimiento a las obligaciones, estableciendo un plazo de diez d�as para que las autoridades nacionales contesten a las solicitudes de actuaciones procedentes del miembro nacional de Espa�a en Eurojust, as� como un plazo m�ximo de un mes para remitir la informaci�n a Eurojust desde que se tenga conocimiento de la concurrencia de los requisitos que, conforme a la presente Ley, generen la obligaci�n de informar.
Dado que en la pr�ctica actual se han generado algunas duplicidades y, sobre todo, no se ha avanzado significativamente en la aproximaci�n de las solicitudes de asistencia activa respecto al elevado n�mero en que Espa�a aparece en las estad�sticas de Eurojust como Estado requerido, la Ley regula, en estricta concordancia con las previsiones de la norma europea, el cauce de transmisi�n de informaci�n a Eurojust, los supuestos en que dicha transmisi�n es obligatoria, las excepciones a dicha obligaci�n y el plazo en que deba llevarse a cabo, as� como aspectos instrumentales relativos al acceso al sistema de gesti�n de casos por los distintos integrantes del sistema de coordinaci�n nacional. Se pretende en definitiva, mejorar la trasmisi�n de informaci�n a Eurojust para aumentar su eficacia operativa, fijando obligaciones claras y definidas para las autoridades nacionales.
Por �ltimo, otra de las novedades significativas es la relativa a las competencias del miembro nacional. Una de las finalidades de la Decisi�n 2009/426/JAI del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por la que se refuerza Eurojust y se modifica la Decisi�n 2002/187/JAI por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia, es precisamente profundizar en la operatividad de Eurojust y aproximar, en la medida de lo posible, el estatus de los distintos miembros nacionales, para garantizar un m�nimo com�n denominador en lo que a sus poderes y competencias se refiere. En esa l�nea y recogiendo el mandato de la norma comunitaria, la Ley define con precisi�n las competencias del miembro nacional, distinguiendo entre aquellas que puede ejercer directamente y aquellas otras que en la pr�ctica y por tener naturaleza jurisdiccional ser�n ejercidas por las autoridades nacionales competentes, a propuesta del miembro nacional. Esta distinci�n en el nivel de competencias est� prevista en la propia Decisi�n para los casos en que otorgar plenas competencias pueda ser contrario al orden constitucional o al sistema de justicia penal nacional.
Por imperativo de la Decisi�n 2008/976/JAI del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre la Red Judicial Europea, se hace preciso adaptar a sus previsiones la regulaci�n de las redes judiciales contenida en la disposici�n adicional segunda de la Ley 16/2006, para reforzar la cooperaci�n judicial entre los Estados miembros y permitir que los puntos de contacto de la Red Judicial Europea y Eurojust se comuniquen directamente y con m�s eficacia. La Ley concreta los requisitos para poder ser designado punto de contacto de las redes de cooperaci�n judicial internacional, as� como sus funciones, entre las cuales destaca la obligaci�n de realizar estad�sticas anuales de su actividad como puntos de contacto y de remitirlas a la instituci�n de la que dependan, lo que permitir� tener una visi�n clara y documentada del funcionamiento de las redes en Espa�a. La Ley regula tambi�n expresamente la figura del coordinador nacional de la Red Judicial Europea y la del coordinador nacional de la Red de Equipos Conjuntos de Investigaci�n como interlocutores con la secretar�a de las respectivas redes y, como tales, responsables de recopilar y remitir a dichas secretar�as las estad�sticas nacionales. Se regula adem�s la figura del corresponsal de herramientas para la Red Judicial Europea, que deber� facilitar y mantener actualizada la informaci�n que deba ser difundida en el seno de la Red Judicial Europea.
Por otro lado, la Ley incorpora tambi�n un Cap�tulo espec�fico dedicado a la regulaci�n del personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior, regulaci�n hasta ahora dispersa o inexistente. El incremento de plazas de personal en el exterior dependiente del Ministerio de Justicia, as� como la diversidad de sus perfiles, aconsejan regular de manera expresa la creaci�n de plazas de magistrados de enlace, consejeros de cooperaci�n jur�dica o consejeros de justicia. La Ley contiene una habilitaci�n expresa al desarrollo reglamentario para determinar el r�gimen jur�dico que deba aplicarse a dicho personal en el exterior. Se especifica que tanto la creaci�n como supresi�n de plazas, as� como el r�gimen jur�dico aplicable al personal en el exterior deber�n acomodarse a lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acci�n y del Servicio Exterior del Estado.
En definitiva, esta Ley sigue en t�rminos generales la orientaci�n de la Ley 16/2006, de 26 de mayo, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este �rgano de la Uni�n Europea, que ahora se deroga, adaptando la regulaci�n de Eurojust, de las redes de cooperaci�n judicial internacional y del personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior, a la normativa europea y a la realidad actual de la cooperaci�n judicial internacional. Para ello, se tiene en cuenta la pluralidad de autoridades nacionales competentes y la necesidad de definir de manera clara y homog�nea el canal de intercambio de informaci�n entre Eurojust y dichas autoridades nacionales, de manera que dicha transmisi�n se produzca a trav�s de un sistema organizado y con plenas garant�as de seguridad. Por �ltimo, se regulan las normas necesarias para evitar que una misma persona pueda ser objeto de m�s de un proceso penal por los mismos hechos en distintos Estados miembros.
CAP�TULO IDel estatuto del miembro nacional en Eurojust, del miembro nacional suplente y del asistente
Miembro nacional de Espa�a en Eurojust El miembro nacional ser� el representante de Espa�a y jefe de la delegaci�n espa�ola en Eurojust. Ejercer� las competencias que le atribuye el derecho de la Uni�n Europea, de conformidad con lo previsto en esta Ley y su lugar de trabajo habitual estar� en la sede de Eurojust.
Nombramiento 1. El miembro nacional de Espa�a en Eurojust, ser� nombrado por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Justicia, entre magistrados o fiscales con, al menos, quince a�os de servicio en la carrera, acreditada experiencia en la jurisdicci�n penal, conocimientos en materia de cooperaci�n jur�dica internacional y dominio del idioma ingl�s.
2. La selecci�n del miembro nacional se llevar� a cabo previa convocatoria p�blica acordada por el Ministerio de Justicia, que se difundir� por el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscal�a General del Estado por las respectivas carreras judicial y fiscal. El Ministro de Justicia comunicar� el nombre del candidato seleccionado al Consejo General del Poder Judicial o a la Fiscal�a General del Estado seg�n su carrera de procedencia, al objeto de que se emita informe acreditativo de la antig�edad en la carrera, experiencia en la jurisdicci�n penal, conocimientos en materia de cooperaci�n jur�dica u otros relevantes para el puesto a desempe�ar, en el plazo m�ximo de diez d�as.
3. El Ministerio de Justicia notificar� el nombramiento y la duraci�n del mismo a Eurojust y a la Secretar�a General del Consejo, a trav�s del �rgano competente, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
Duraci�n del mandato e incompatibilidades 1. El miembro nacional de Espa�a en Eurojust ser� nombrado por un per�odo de cuatro a�os, renovable �nicamente por un segundo periodo de igual duraci�n. No se computar� en su caso el tiempo que hubiere empleado en el ejercicio del cargo de suplente o asistente.
En caso de que el miembro nacional fuera elegido Presidente o Vicepresidente de Eurojust, la duraci�n de su mandato como miembro nacional se prolongar� hasta el final del mandato electivo.
2. Se aplicar� al miembro nacional de Espa�a en Eurojust el r�gimen de incompatibilidades y abstenci�n previsto para los miembros de su carrera de procedencia.
Cese 1. El miembro nacional de Espa�a en Eurojust cesar� en sus funciones:
a) Por expiraci�n del plazo de nombramiento.
c) Por separaci�n de la carrera judicial o fiscal, seg�n su procedencia.
d) Por jubilaci�n o incapacidad.
e) Por decisi�n motivada del Consejo de Ministros.
Previamente a la separaci�n del cargo por la causa especificada en el apartado e), el Ministro de Justicia informar� a la Secretar�a General del Consejo de los motivos del cese.
2. El cese se acordar� mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Justicia.
3. El Ministro de Justicia notificar� dicho cese a Eurojust y a la Secretar�a General del Consejo a trav�s del �rgano competente, en virtud de lo previsto en el art�culo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
4. Cuando el cese se produzca por expiraci�n del plazo de nombramiento, el miembro nacional continuar� desempe�ando sus funciones hasta la toma de posesi�n del nuevo miembro designado.
Memoria de actividades 1. El miembro nacional remitir� al Ministro de Justicia, al Presidente del Consejo General del Poder Judicial y al Fiscal General del Estado un informe anual sobre las actividades desarrolladas. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, enviar� copia del mismo al Congreso de los Diputados y al Senado.
2. El miembro nacional podr� ser llamado para informar a la Comisi�n Mixta para la Uni�n Europea de las Cortes Generales y, en su caso, a las Comisiones de Justicia y de Interior del Congreso de los Diputados y del Senado sobre el informe anual, as� como sobre la actividad desempe�ada.
Miembro nacional suplente 1. El Consejo de Ministros, mediante Real Decreto y a propuesta del Ministro de Justicia, nombrar� un miembro nacional suplente que tendr� su lugar de trabajo en la sede de Eurojust y ejercer� la suplencia del miembro nacional. Tambi�n podr� actuar en nombre de este por delegaci�n.
2. Las funciones del miembro nacional suplente ser�n las previstas en el Derecho de la Uni�n Europea regulador de Eurojust, de conformidad con lo previsto en esta Ley. Apoyar� al miembro nacional en el ejercicio ordinario de sus funciones y lo sustituir� en caso de ausencia, enfermedad, abstenci�n o vacancia. El miembro nacional suplente que act�e como miembro nacional ostentar� las mismas facultades que la Ley atribuye a este �ltimo.
3. Las dem�s circunstancias relativas al nombramiento, cese, situaci�n administrativa y r�gimen de notificaci�n a la Unidad Eurojust se regir�n por lo dispuesto para el miembro nacional de Espa�a en Eurojust.
Asistentes del miembro nacional 1. El Consejo de Ministros, mediante Real Decreto y a propuesta del Ministro de Justicia, nombrar� al menos un asistente del miembro nacional de Espa�a en Eurojust, que podr� tener su lugar de trabajo en la sede de Eurojust o en Madrid. El Real Decreto de nombramiento determinar� el lugar de trabajo del asistente.
Si el asistente tuviera su lugar de trabajo en Madrid, su sede estar� en la Fiscal�a General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial o el Ministerio de Justicia, en funci�n de su carrera de procedencia.
Si se nombrara m�s de un asistente, s�lo en aquellos casos en que resulte necesario y previa autorizaci�n del Colegio, podr�n tener su lugar de trabajo en la sede de Eurojust.
2. El nombramiento se llevar� a cabo previa convocatoria p�blica entre magistrados, fiscales o secretarios judiciales con, al menos, diez a�os de servicio en la carrera, acreditada experiencia en la jurisdicci�n penal, conocimientos en cooperaci�n jur�dica internacional y dominio del idioma ingl�s. El Consejo General del Poder Judicial, la Fiscal�a General del Estado o la Secretar�a General de la Administraci�n de Justicia, seg�n la carrera de procedencia del candidato seleccionado por el Ministro de Justicia, emitir�n, en el plazo m�ximo de diez d�as desde que les fuera solicitado, informe acreditativo de la antig�edad en la carrera, experiencia en la jurisdicci�n penal y conocimientos en materia de cooperaci�n jur�dica.
3. La situaci�n administrativa, adscripci�n org�nica, duraci�n del nombramiento, cese y r�gimen de notificaci�n a la Unidad Eurojust de los asistentes se regir�n por lo dispuesto para el miembro nacional de Espa�a en Eurojust.
4. Los asistentes apoyar�n al miembro nacional en el ejercicio ordinario de sus funciones, sin facultades de sustituci�n.
Situaci�n administrativa y dependencia org�nica El miembro nacional de Espa�a en Eurojust, el miembro nacional suplente y los asistentes pasar�n a la situaci�n administrativa que les corresponda de conformidad con lo dispuesto en la Ley Org�nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Org�nico del Ministerio Fiscal, y quedar�n bajo la dependencia org�nica del Ministerio de Justicia.
CAP�TULO IIDe las atribuciones del miembro nacional de Espa�a en Eurojust
Atribuciones del miembro nacional de Espa�a en Eurojust 1. El miembro nacional de Espa�a en Eurojust estar� facultado para recibir, transmitir, proporcionar, dar curso y aportar informaci�n complementaria en relaci�n con la ejecuci�n de las solicitudes y resoluciones en materia de cooperaci�n judicial, incluidos los instrumentos de reconocimiento mutuo, remitidas por las autoridades nacionales competentes. Cuando se ejerzan las competencias contempladas en el presente apartado, se informar� sin demora a la autoridad nacional competente.
2. En caso de ejecuci�n parcial o inadecuada de una solicitud de cooperaci�n judicial, el miembro nacional podr� pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas complementarias, a fin de dar cabal ejecuci�n a la solicitud.
3. El miembro nacional de Espa�a en Eurojust recibir� y transmitir� las solicitudes de asistencia judicial formuladas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Uni�n Europea a trav�s de Eurojust. En caso de urgencia, el miembro nacional de Espa�a en Eurojust podr� recibir solicitudes de asistencia judicial directamente de las autoridades de otro Estado miembro de la Uni�n Europea, que deber� transmitir a las autoridades nacionales competentes de manera inmediata.
4. La atribuci�n al miembro nacional de Espa�a en Eurojust de las anteriores facultades se entender� de conformidad con lo previsto en los convenios y acuerdos vigentes en cuanto a la designaci�n de las autoridades nacionales competentes para la recepci�n y transmisi�n de solicitudes y resoluciones de asistencia judicial, incluidos los instrumentos de reconocimiento mutuo.
5. Cuando en el ejercicio de las funciones atribuidas por esta Ley al miembro nacional se entablen relaciones externas con terceros Estados, el miembro nacional actuar� siempre con respeto a los cauces formales establecidos por el derecho de la Uni�n Europea, los instrumentos y convenios de cooperaci�n jur�dica internacional o, en su caso, en atenci�n a criterios de reciprocidad cuando sean aplicables.
6. En relaci�n con las solicitudes de auxilio judicial, el miembro nacional podr� corregir errores, dividir la solicitud entre las autoridades competentes y realizar cualesquiera otras modificaciones que resulten necesarias para su r�pida y correcta tramitaci�n.
7. El miembro nacional de Espa�a en Eurojust informar� a los puntos de contacto de la Red Judicial Europea de todos aquellos casos que, en su opini�n, puedan ser tratados mejor por dicha Red.
Competencias ejercidas por las autoridades nacionales competentes a propuesta del miembro nacional 1. El miembro nacional podr� proponer a las autoridades nacionales competentes el ejercicio de las siguientes competencias, en el supuesto en que las circunstancias particulares que concurran en cada caso lo hagan aconsejable:
a) Expedir y completar solicitudes y decisiones de cooperaci�n judicial, incluidos los instrumentos de reconocimiento mutuo.
b) Ejecutar en territorio espa�ol las solicitudes y decisiones de cooperaci�n judicial, incluidos los instrumentos de reconocimiento mutuo.
c) Ordenar en territorio espa�ol las medidas de investigaci�n que se consideren necesarias en una reuni�n de coordinaci�n organizada por Eurojust, para prestar asistencia a las autoridades nacionales competentes interesadas en una investigaci�n concreta.
d) Autorizar y coordinar las entregas vigiladas en territorio espa�ol.
2. La propuesta a que se refiere el apartado 1 no tendr� car�cter vinculante para la autoridad nacional competente.
Participaci�n del miembro nacional en equipos conjuntos de investigaci�n 1. El miembro nacional podr� participar en los equipos conjuntos de investigaci�n de los que formen parte autoridades espa�olas, incluso en su creaci�n, siempre y cuando la autoridad nacional competente para la constituci�n del Equipo Conjunto de Investigaci�n lo apruebe expresamente.
2. En todo caso, el miembro nacional, el miembro nacional suplente y los asistentes ser�n invitados a participar en nombre de Eurojust en todos los equipos conjuntos de investigaci�n que interesen a Espa�a y para los que se prevea financiaci�n comunitaria.
Acceso e intercambio de informaci�n con el miembro nacional El miembro nacional de Eurojust, para el ejercicio de sus competencias, podr�:
a) Acceder al Registro central de antecedentes penales y dem�s registros p�blicos en las mismas condiciones que se prev�n para los jueces y tribunales y para los miembros del Ministerio Fiscal.
c) Recabar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de la Direcci�n Adjunta de Vigilancia Aduanera cualquier informaci�n necesaria para el cumplimiento de sus funciones, en las mismas condiciones que se prev�n para los jueces y tribunales y para los miembros del Ministerio Fiscal.
d) Recibir informaci�n por parte de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), como autoridad espa�ola competente, en los supuestos previstos en la normativa comunitaria.
e) Acceder al Sistema de Informaci�n de Schengen en los t�rminos establecidos en el Convenio de 19 de junio de 1990, de aplicaci�n del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985, o en las disposiciones por las que se modifica, as� como a otros sistemas de informaci�n de la Uni�n Europea de conformidad con sus disposiciones espec�ficas.
f) Acceder a la informaci�n centralizada recogida por la Red Judicial Europea.
Funcionamiento de los ficheros temporales de trabajo y el �ndice 1. El miembro nacional abrir� un fichero temporal de trabajo para cada caso respecto del cual se le transmita informaci�n, siempre que la transmisi�n sea conforme con esta Ley y con la Decisi�n 2009/426/JAI, del Consejo de 16 de diciembre de 2008 por la que se refuerza Eurojust y se modifica la Decisi�n 2002/187/JAI, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia, o con los instrumentos contemplados en la Decisi�n 2005/671/JAI, del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativa al intercambio de informaci�n y la cooperaci�n concerniente a delitos terroristas. El miembro nacional ser� responsable de la gesti�n de los ficheros temporales de trabajo que haya abierto.
2. El miembro nacional decidir�, cuando haya abierto un fichero temporal de trabajo y teniendo en cuenta cada caso particular, si mantiene la restricci�n sobre dicho fichero o si da acceso al mismo, o a partes del mismo, cuando sea necesario, para que Eurojust pueda realizar sus tareas, a los dem�s miembros nacionales o al personal autorizado de Eurojust.
3. El miembro nacional decidir�, cuando haya abierto un fichero temporal de trabajo, qu� informaci�n sobre el fichero se introducir� en el �ndice.
4. El miembro nacional deber� permitir el acceso a ese fichero al responsable de la protecci�n de datos y le informar� de la apertura de cada nuevo fichero temporal de trabajo que contenga datos personales.
Protecci�n de datos 1. La transmisi�n de datos personales que sea consecuencia del ejercicio de las atribuciones conferidas al miembro nacional de Eurojust se regir� por la normativa que le sea aplicable, en funci�n de la naturaleza del fichero en cuesti�n.
2. El miembro nacional de Eurojust podr� acceder a los datos de car�cter personal en las mismas condiciones que los jueces y tribunales y los miembros del Ministerio Fiscal.
3. Solo podr�n tener acceso a los datos personales que obren en poder de Eurojust para la realizaci�n de sus objetivos y dentro de los l�mites fijados en esta Ley, el miembro nacional, su suplente y asistentes y las personas contempladas en el art�culo 18.1, siempre que est�n conectados al sistema de gesti�n de casos con arreglo al art�culo 20.2.
CAP�TULO IIIDe los corresponsales nacionales y del sistema de coordinaci�n nacional de Eurojust
Corresponsales nacionales de Eurojust 1. El Ministro de Justicia, previa autorizaci�n del Consejo General del Poder Judicial o la Fiscal�a General del Estado, seg�n el cuerpo de procedencia de la persona seleccionada, designar� mediante Orden a uno o varios corresponsales nacionales de Eurojust, entre magistrados o fiscales.
En todo caso, se nombrar� un corresponsal nacional para asuntos de terrorismo, cuyo nombramiento se llevar� a cabo por el mismo procedimiento descrito en el p�rrafo anterior, entre magistrados o fiscales que presten servicios en la Audiencia Nacional.
2. Estas designaciones se realizar�n por un periodo de cuatro a�os, renovable, y se notificar�n a la Unidad Eurojust a trav�s del �rgano competente, en virtud de lo previsto en el art�culo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
3. La designaci�n como corresponsal nacional de Eurojust no alterar� la situaci�n administrativa del designado, ni comportar� la provisi�n de un puesto de trabajo o destino distinto del que viniera desempe�ando.
4. Cuando s�lo se haya nombrado a un corresponsal nacional de Eurojust, �ste asumir� las funciones de coordinador nacional previstas en la presente Ley. En el caso de ser designados varios corresponsales nacionales, el Ministro de Justicia determinar�, mediante Orden, cu�l de ellos ostentar� la condici�n de coordinador nacional.
5. Los corresponsales nacionales, desde su nombramiento, adquirir�n la condici�n de punto de contacto de la Red Judicial Europea, condici�n que perder�n cuando cesen en el desempe�o de su cargo.
Funciones de los corresponsales nacionales de Eurojust 1. Siempre que el miembro nacional as� lo solicitase, los corresponsales nacionales de Eurojust deber�n transmitir a los �rganos judiciales o del Ministerio Fiscal las solicitudes realizadas en el ejercicio de sus funciones. De igual modo, prestar�n al miembro nacional el apoyo t�cnico necesario para el cumplimiento de las mismas.
2. Los corresponsales nacionales facilitar�n la asistencia necesaria a las autoridades nacionales competentes en sus relaciones con Eurojust.
Funciones del corresponsal nacional para asuntos de terrorismo El corresponsal nacional para asuntos de terrorismo ejercer� las funciones previstas en el derecho de la Uni�n Europea. A tal fin, el corresponsal tendr� acceso a la informaci�n, que transmitir� a Eurojust, relativa a la existencia de cualquier investigaci�n o procedimiento judicial por delitos de terrorismo y al menos a:
a) La identificaci�n de las personas o entidades sujetas a dichas investigaciones.
b) Los actos objeto de investigaci�n o enjuiciamiento y sus circunstancias espec�ficas.
c) La relaci�n con otros casos pertinentes de delitos de terrorismo.
d) Las eventuales actuaciones que en materia de cooperaci�n jur�dica internacional se hayan podido cursar en relaci�n con aqu�llas, as� como a su resultado.
Sistema de coordinaci�n nacional de Eurojust 1. El sistema de coordinaci�n nacional de Eurojust estar� integrado por:
c) El coordinador nacional de la Red Judicial europea y dos puntos de contacto de la Red Judicial Europea, pertenecientes a cada una de las restantes instituciones que no desempe�en las funciones de coordinador nacional.
d) Un punto de contacto que designar� cada una de las redes de equipos conjuntos de investigaci�n y de las redes establecidas de conformidad con la Decisi�n 2002/494/JAI, del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la creaci�n de una red europea de puntos de contacto en relaci�n con las personas responsables de genocidio, cr�menes contra la humanidad y cr�menes de guerra, la Decisi�n 2007/845/JAI del Consejo, de 6 de diciembre de 2007, sobre cooperaci�n entre los organismos de recuperaci�n de activos de los Estados miembros en el �mbito del seguimiento y la identificaci�n de productos del delito o de otros bienes relacionados con el delito y la Decisi�n 2008/852/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a una red de puntos de contacto en contra de la corrupci�n.
e) Un punto de contacto de las dem�s redes de cooperaci�n existentes.
2. El Ministerio de Justicia facilitar� los medios necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema de coordinaci�n nacional de Eurojust.
3. Los miembros del sistema de coordinaci�n nacional se reunir�n como m�nimo cada seis meses y, en todo caso, siempre que la gesti�n de un caso concreto lo requiera, previa convocatoria del coordinador nacional. El miembro nacional ser� informado de las convocatorias y podr� asistir a las reuniones cuando as� lo estime conveniente. Adem�s de las reuniones plenarias, podr�n ser convocadas reuniones sectoriales cuando las cuestiones a tratar no afecten a todas las redes representadas en el sistema.
4. Cuando se considere necesario, en funci�n de la materia a tratar, el coordinador nacional podr� convocar a la unidad nacional de Europol y a representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de la Direcci�n Adjunta de Vigilancia Aduanera.
5. El funcionamiento del sistema de coordinaci�n nacional no deber� sustituir ni entorpecer el contacto directo entre las autoridades competentes previsto en los instrumentos de cooperaci�n jur�dica internacional, ni excluir� las relaciones directas entre el miembro nacional y las autoridades nacionales competentes.
Funciones del coordinador nacional de Eurojust 1. El coordinador nacional responder� del funcionamiento del sistema de coordinaci�n nacional de Eurojust y como tal podr� actuar a iniciativa propia o bien a instancia del miembro nacional o de las autoridades nacionales competentes.
2. El coordinador nacional facilitar�, dentro del territorio espa�ol, la realizaci�n de las tareas de Eurojust y en particular:
a) Garantizar� que el sistema de gesti�n de casos reciba de forma eficaz y fiable la informaci�n requerida.
b) Ayudar� a determinar los casos que corresponde tratar a Eurojust o a la Red Judicial Europea.
c) Ayudar� al miembro nacional a identificar las autoridades competentes para la ejecuci�n de las solicitudes y decisiones de cooperaci�n judicial, incluidas las referentes a los instrumentos de reconocimiento mutuo.
d) Mantendr� estrechas relaciones con la unidad nacional de Europol.
3. Para el ejercicio de sus funciones, el coordinador nacional deber� estar conectado al sistema de gesti�n de casos, conforme a lo establecido en el art�culo 20.
Acceso al sistema de gesti�n de casos a nivel nacional 1. Las personas mencionadas en las letras a), b), c), d) y e) del art�culo 18.1, en la medida en que est�n conectadas al sistema de gesti�n de casos, solo podr�n tener acceso a:
a) El �ndice, salvo que el miembro nacional que haya introducido el dato lo deniegue expresamente.
b) Los ficheros temporales de trabajo abiertos o gestionados por el miembro nacional espa�ol.
c) Los ficheros temporales de trabajo abiertos o gestionados por miembros nacionales de otros Estados miembros y a los cuales el miembro nacional espa�ol haya recibido acceso, a menos que el miembro nacional que abri� o gestiona dicho fichero haya denegado expresamente el acceso.
2. El miembro nacional, dentro de las restricciones impuestas en los p�rrafos anteriores, decidir� sobre la amplitud del acceso a los ficheros temporales de trabajo.
3. El Ministerio de Justicia, previa consulta al miembro nacional, decidir� sobre la amplitud del acceso al �ndice y notificar� la decisi�n a Eurojust y a la Secretar�a General del Consejo. No obstante, las personas a que se refiere el apartado 1 deber�n tener acceso, al menos, al �ndice, en la medida en que sea necesario para acceder a los ficheros temporales de trabajo a los que se les haya podido conceder acceso.
CAP�TULO IVDe las relaciones entre Eurojust y las autoridades espa�olas
Deber de colaboraci�n 1. Los jueces y tribunales, los miembros del Ministerio Fiscal y todas las personas y entidades p�blicas est�n obligadas a prestar la colaboraci�n requerida por Eurojust, colegiadamente o a trav�s del miembro nacional de Espa�a en Eurojust, del miembro nacional suplente o del asistente, as� como por los corresponsales nacionales, dentro del marco de sus respectivas competencias y de conformidad con lo dispuesto en las leyes.
2. En su caso, la negativa a prestar la colaboraci�n debida podr� ser constitutiva de responsabilidad disciplinaria, a cuyo fin el miembro nacional podr� poner los hechos en conocimiento de los �rganos competentes del Consejo General del Poder Judicial o de la Fiscal�a General del Estado, seg�n los casos.
Actuaciones a instancia de Eurojust 1. El miembro nacional de Espa�a en Eurojust, el miembro nacional suplente o los asistentes se comunicar�n directamente con el coordinador nacional o, dentro del marco de sus respectivas competencias, con la autoridad nacional competente que conozca del asunto. La Fiscal�a General del Estado ser� competente para recibir las solicitudes cuando se refieran a la iniciaci�n de una investigaci�n o se trate de una actuaci�n penal sobre hechos concretos, o bien cuando versen sobre el reconocimiento de que las autoridades de un Estado miembro est�n en mejor condici�n para llevar a cabo una investigaci�n o unas actuaciones judiciales sobre hechos concretos. Recibida una solicitud, el Fiscal General del Estado resolver� sobre su procedencia e impartir�, en su caso, las instrucciones oportunas para que por el Ministerio Fiscal se insten las actuaciones que sean pertinentes.
2. Las autoridades competentes que reciban una solicitud de actuaci�n a instancia del miembro nacional de Espa�a en Eurojust, comunicar�n su decisi�n en un plazo de 10 d�as. Si por la naturaleza de la solicitud no pudiera darse contestaci�n en dicho plazo, comunicar�n sin demora los motivos del retraso o, en su caso, aquellos por los que no resultara posible acceder a lo solicitado. Cuando no sea posible motivar la negativa a acceder a una solicitud debido a que el hacerlo perjudicar�a intereses fundamentales de la seguridad nacional o pondr�a en peligro el correcto desarrollo de investigaciones en curso o la seguridad de las personas, las autoridades competentes podr�n dar motivos basados en tales circunstancias.
Cuando los datos proporcionados por la solicitud de Eurojust no sean suficientes para resolver, las autoridades competentes podr�n solicitar del miembro nacional que complete la informaci�n o aporte los documentos que resulten necesarios.
Solicitud de intervenci�n de Eurojust Podr�n solicitar directamente la intervenci�n de Eurojust los jueces y magistrados, los miembros del Ministerio Fiscal y el Ministerio de Justicia dentro del marco de sus respectivas competencias.
Lo dispuesto en este art�culo es tambi�n aplicable a los casos en los que las investigaciones o actuaciones afecten a un tercer Estado con el que Eurojust haya celebrado un acuerdo de cooperaci�n, as� como a las que afecten a los intereses de la Uni�n Europea.
El miembro nacional de Eurojust comunicar� al Fiscal General del Estado cualquier informaci�n que posea y que pueda ser de inter�s para las investigaciones o procedimientos penales que puedan desarrollarse por la jurisdicci�n espa�ola, o para su coordinaci�n con los que se desarrollen en otro Estado miembro de la Uni�n Europea.
Transmisi�n de informaci�n a Eurojust 1. Las autoridades competentes, en el marco de las competencias que tengan legalmente atribuidas, transmitir�n al miembro nacional de Espa�a en Eurojust la informaci�n a que se refiere el presente art�culo. Dicha comunicaci�n se realizar� a trav�s de la Fiscal�a General del Estado para su inmediata y directa transmisi�n al miembro nacional. Tambi�n podr� realizarse la comunicaci�n directamente al miembro nacional, informando de ello a la Fiscal�a General del Estado.
2. En el plazo m�ximo de un mes desde que se tenga conocimiento de la concurrencia de los requisitos que generen la obligaci�n de informar, las autoridades competentes deber�n comunicar al miembro nacional de Espa�a en Eurojust la existencia de toda investigaci�n, procedimiento o condena susceptible de afectar materias competencia de Eurojust y necesaria para el cumplimiento de sus funciones, en la forma, en los supuestos y con las excepciones que se establecen en esta Ley. No obstante lo anterior, dicha comunicaci�n podr� demorarse por el tiempo indispensable para no comprometer el resultado de las investigaciones.
3. Esta transmisi�n de informaci�n no vendr� obstaculizada por el car�cter secreto de la investigaci�n penal, ni siquiera en el caso en que, de conformidad con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sea declarada secreta para las partes, y se ajustar� a la normativa aplicable en materia de protecci�n de datos.
4. La transmisi�n de informaci�n se interpretar� como petici�n de asistencia a Eurojust, solo en aquellos casos en que la autoridad competente as� lo especifique.
5. Adem�s de la obligaci�n de atender las solicitudes de Eurojust en casos concretos, las autoridades competentes informar�n al miembro nacional de Espa�a en Eurojust de cualquier caso que afecte al menos a tres Estados miembros y para el cual se hayan transmitido solicitudes de cooperaci�n judicial al menos a dos Estados miembros, incluidas las referentes a instrumentos de reconocimiento mutuo, cuando se de cualquiera de las siguientes condiciones:
a) El delito de que se trate est� castigado en Espa�a con pena privativa de libertad o medida de seguridad de un per�odo m�ximo de al menos cinco a�os y est� incluido en la siguiente lista:
1.� Trata de seres humanos.
2.� Explotaci�n sexual de los ni�os y pornograf�a infantil.
3.� Tr�fico de drogas.
4.� Tr�fico il�cito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.
5.� Corrupci�n.
6.� Fraude contra los intereses financieros de las Comunidades Europeas.
7.� Falsificaci�n del euro.
8.� Blanqueo de dinero.
9.� Ataques contra los sistemas de informaci�n.
b) Existan indicios materiales de que est� implicada una organizaci�n delictiva.
c) Existan indicios de que el caso puede presentar una importante dimensi�n transfronteriza o tener repercusiones a nivel de la Uni�n Europea, o de que podr�a afectar a otros Estados miembros distintos de los directamente afectados.
6. Igualmente, las autoridades nacionales competentes informar�n al miembro nacional de:
a) Los casos en que se han producido o sea probable que se produzcan conflictos de jurisdicci�n sin perjuicio de lo regulado en el Cap�tulo V de esta Ley. Los jueces y tribunales, y en su caso los fiscales, en caso de conflicto de jurisdicci�n con otro Estado miembro, podr�n solicitar del miembro nacional de Eurojust que, en defecto de acuerdo entre las autoridades nacionales competentes interesadas y en defecto tambi�n de acuerdo de los miembros nacionales sobre el modo de resolver dicho conflicto, inste la emisi�n por el Colegio de Eurojust de un dictamen escrito no vinculante sobre el asunto.
c) Las dificultades o denegaciones reiteradas de ejecuci�n de las solicitudes o de resoluciones de cooperaci�n judicial, incluidos los instrumentos de reconocimiento mutuo. Las autoridades judiciales competentes podr�n solicitar al Colegio de Eurojust un dictamen escrito no vinculante sobre el asunto, siempre y cuando �ste no haya podido resolverse de mutuo acuerdo entre las autoridades nacionales competentes o mediante la participaci�n de los miembros nacionales interesados.
7. Las autoridades espa�olas competentes para la creaci�n de un equipo conjunto de investigaci�n comunicar�n a Eurojust, con car�cter previo a su firma, la creaci�n de los equipos conjuntos en los que exista participaci�n espa�ola, as� como los resultados del mismo, siempre que verse sobre materias de su competencia.
8. El miembro nacional de Espa�a en Eurojust podr� intercambiar sin previa autorizaci�n, con otros miembros nacionales o con las autoridades espa�olas competentes, cualquier informaci�n necesaria para el cumplimiento de las funciones de Eurojust. En particular, el miembro nacional ser� informado, en los t�rminos establecidos en el apartado 2 de todo caso que le afecte.
9. El miembro nacional, el miembro nacional suplente, los asistentes y cualquier otro integrante de la delegaci�n espa�ola en Eurojust, as� como los corresponsales nacionales, estar�n sujetos a la obligaci�n de confidencialidad.
10. El deber de colaboraci�n previsto en este art�culo se prestar� sin perjuicio de las condiciones fijadas en los acuerdos bilaterales o multilaterales suscritos por el Estado espa�ol y terceros pa�ses, incluida cualquier condici�n establecida por terceros pa�ses relativa al uso de la informaci�n una vez facilitada.
Excepciones a la obligaci�n de transmitir informaci�n Las autoridades nacionales no estar�n obligadas a dar informaci�n en un caso particular si esto supone:
Estructura de la informaci�n transmitida Para la transmisi�n de la informaci�n que con car�cter obligatorio ha de ser remitida a Eurojust, se facilitar� un formulario que estar� disponible en formato electr�nico, sin perjuicio de tener por cumplida la obligaci�n de informaci�n con la transmisi�n de los datos m�nimos recogidos en el anexo de la Decisi�n 2009/426/JAI del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por la que se refuerza Eurojust y se modifica la decisi�n 2002/187/JAI, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia.
Remisi�n a Espa�a de las actuaciones penales iniciadas en otro Estado miembro de la Uni�n Europea 1. Cuando una autoridad judicial de otro Estado miembro de la Uni�n Europea haya decidido trasladar un procedimiento iniciado en su pa�s por considerar que Espa�a est� en mejores condiciones para conocer de los hechos, el Colegio de Eurojust o el miembro nacional de Eurojust podr�n instar a las autoridades competentes para que asuman estas investigaciones. Si se tratara de iniciar un nuevo procedimiento en Espa�a, remitir�n la solicitud a la Fiscal�a General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 22.
2. La ampliaci�n prevista en el apartado anterior s�lo ser� posible mientras el estado del procedimiento judicial lo permita.
3. S�lo se podr� acceder a lo solicitado cuando la jurisdicci�n espa�ola resultase competente para conocer de los hechos a los que se refiere el procedimiento judicial que se traslada y el delito presuntamente cometido no hubiera prescrito de conformidad con el derecho espa�ol.
4. Aceptada la iniciaci�n o ampliaci�n del procedimiento, se considerar�n v�lidos en Espa�a los actos de instrucci�n realizados por el Estado que remite el procedimiento, siempre que no contradigan los principios fundamentales del ordenamiento jur�dico espa�ol. En caso de delito que no fuese perseguible en Espa�a sino a instancia de parte, se considerar� v�lida la instrucci�n comenzada en el Estado de remisi�n sin este requisito si la persona que tiene derecho a formular la acci�n penal expresamente acepta la investigaci�n realizada, al tiempo que interpone la correspondiente querella.
C�lula de coordinaci�n de emergencias 1. Las autoridades judiciales competentes podr�n remitir a Eurojust, a trav�s de la C�lula de coordinaci�n de emergencias, las solicitudes o resoluciones cuya ejecuci�n sea urgente en uno o m�s Estados miembros, incluso sobre instrumentos de reconocimiento mutuo.
2. El punto de contacto de la C�lula transmitir� inmediatamente la solicitud al representante de la C�lula del Estado miembro en el que se origine y, si la autoridad que la transmite lo solicita expl�citamente, a los representantes de la C�lula de los Estados miembros en cuyo territorio deba ejecutarse la solicitud.
3. El representante de Espa�a en la C�lula de coordinaci�n de emergencias ser� el miembro nacional o el miembro nacional suplente que, a estos efectos, estar�n habilitados para actuar veinticuatro horas al d�a y siete d�as a la semana. Dicho representante actuar� sin demora para la ejecuci�n de la solicitud en Espa�a.
Miembro de la Autoridad Com�n de Control El Director de la Agencia Espa�ola de Protecci�n de Datos formar� parte, en representaci�n del Estado espa�ol, de la Autoridad Com�n de Control de Eurojust, por un periodo de tres a�os prorrogables.
El Gobierno notificar� su nombramiento y cese a Eurojust y a la Secretar�a General del Consejo, a trav�s del �rgano competente, de acuerdo con lo previsto en el art�culo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
CAP�TULO VDe los conflictos de jurisdicci�n
Solicitud de contacto a la autoridad competente de otro Estado miembro ante la sospecha de un conflicto de jurisdicci�n 1. Cuando el �rgano judicial que conozca de la instrucci�n o del enjuiciamiento de un proceso penal en Espa�a aprecie indicios suficientes de que, en otro Estado miembro, se est� tramitando un proceso penal, ya sea en fase de instrucci�n o de enjuiciamiento, contra la misma persona y respecto de los mismos hechos, enviar� una solicitud de contacto a la autoridad competente del otro Estado miembro.
2. El Ministerio Fiscal ser� competente para solicitar el contacto si se tratara de diligencias de investigaci�n sustanciadas ante la Fiscal�a o de la instrucci�n de un procedimiento de responsabilidad penal de menores.
3. No ser� necesario cursar dicha solicitud en caso de que ya se hubiera informado por otros medios de la existencia de un eventual conflicto de jurisdicci�n a la autoridad competente que lo estuviera tramitando.
4. La solicitud de contacto se enviar� en el plazo de quince d�as desde que conste en el procedimiento espa�ol la existencia de un eventual conflicto de jurisdicci�n.
5. La autoridad competente deber� incluir en la solicitud de contacto la siguiente informaci�n:
a) Una descripci�n detallada de los hechos y circunstancias que sean objeto del proceso penal en Espa�a, o de las diligencias de investigaci�n.
b) Tipificaci�n de la conducta en Espa�a.
c) Datos sobre la identidad del imputado o acusado y de la detenci�n, prisi�n o de las medidas cautelares que hayan sido adoptadas.
d) Datos, si procede, de las v�ctimas de la infracci�n penal y medidas de protecci�n que hayan sido adoptadas en relaci�n con las mismas.
e) Fase alcanzada en el proceso penal espa�ol, con testimonio de las resoluciones judiciales que concreten la imputaci�n realizada y los motivos racionales de criminalidad apreciados por el juez instructor, as� como, en su caso, testimonio del escrito de acusaci�n presentado por el Ministerio Fiscal y por las dem�s partes acusadoras personadas.
f) Datos de contacto de la autoridad judicial responsable en Espa�a de la instrucci�n, del enjuiciamiento o del fiscal responsable de las diligencias de investigaci�n as� como, si procediere, del punto de contacto de la Red Judicial Europea o del miembro nacional de Espa�a en Eurojust que pueda auxiliar a las autoridades judiciales en el intercambio de informaci�n en relaci�n con este eventual conflicto de jurisdicci�n.
g) Asimismo la autoridad competente espa�ola podr� facilitar informaci�n adicional relativa a las pruebas o diligencias de investigaci�n que consten practicadas en el procedimiento espa�ol o a las dificultades que se hayan planteado o sea probable que surjan en la investigaci�n o enjuiciamiento de la causa en Espa�a.
En caso de no poder facilitar la informaci�n detallada en este apartado por entender que de hacerlo se perjudicar�an los intereses fundamentales de seguridad nacional o se pondr�a en peligro la seguridad de las personas, en los t�rminos previstos en el art�culo 25, se har� constar expresamente en la consulta la concurrencia de estas excepciones. El secreto de las actuaciones no afectar� a esta obligaci�n de consulta, en los t�rminos previstos en el art�culo 24.3 de esta Ley.
6. El contacto con la autoridad competente del otro Estado miembro ser� directo, sin perjuicio de la posibilidad de recabar la asistencia de los puntos de contacto de la Red Judicial Europea o del miembro nacional de Espa�a en Eurojust si resultare necesario, bien para facilitar el contacto directo entre las autoridades judiciales implicadas o bien para conocer la identidad de la autoridad judicial con la que resulta obligatorio entablar el contacto.
7. En el caso de que la solicitud de contacto la curse un �rgano judicial, �sta se acordar� por auto motivado previa audiencia al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las dem�s partes personadas, para alegaciones por escrito en el plazo de dos d�as sobre los t�rminos en los que debe formularse la solicitud.
8. Cuando el Ministerio Fiscal sea el competente para solicitar el contacto, la solicitud se acordar� por decreto.
Respuesta a la solicitud de contacto recibida por la autoridad espa�ola competente ante un eventual conflicto de jurisdicci�n 1. La autoridad espa�ola competente responder�, por cualquier medio que deje constancia escrita, a la solicitud de contacto que le env�e la autoridad de otro Estado miembro ante la eventual existencia de un conflicto de jurisdicci�n. Dicha contestaci�n se efectuar� en el plazo razonable indicado por dicha autoridad o, en su defecto, en el plazo de quince d�as desde la recepci�n de la solicitud.
2. Si la autoridad espa�ola competente no pudiera dar una respuesta en el plazo previsto legalmente, informar� de inmediato a la autoridad solicitante de los motivos de la demora, debiendo indicar el plazo previsible en el que podr� facilitar la informaci�n, plazo que en todo caso no podr� exceder de un mes, y si se tratara de una petici�n urgente, de quince d�as.
3. La autoridad competente tendr� la obligaci�n de responder, en todo caso, a la solicitud de informaci�n cursada y su respuesta contendr�, cuando proceda, la informaci�n detallada en el apartado 5 del art�culo anterior, salvo que perjudique los intereses fundamentales de seguridad nacional o ponga en peligro la seguridad de las personas en los t�rminos previstos en el art�culo 25, en cuyo caso se har� constar expresamente la concurrencia de estas excepciones en la respuesta que se facilite. El secreto de las actuaciones no afectar� a la obligaci�n de contestar, en los t�rminos del art�culo 24.3 de esta Ley.
4. Si la autoridad receptora de la consulta no es la competente para responderla, la transmitir� sin demora a la autoridad que s� lo sea, informando de esta remisi�n al miembro nacional de Espa�a en Eurojust y a la autoridad solicitante, facilit�ndole los datos de contacto de la autoridad competente.
5. En caso de que sea competente para su contestaci�n un �rgano judicial, �ste dar� traslado de la solicitud al Ministerio Fiscal, y en su caso a las dem�s partes personadas, para alegaciones por escrito en el plazo de diez d�as sobre los t�rminos en los que debe responderse la solicitud. El juez o tribunal resolver� por auto, que deber� dictarse en los cinco d�as siguientes.
Si la solicitud de informaci�n tiene car�cter urgente por estar el imputado, acusado o procesado, privado de libertad, la autoridad judicial espa�ola dar� audiencia al Ministerio Fiscal y a las dem�s partes personadas y resolver� en el plazo m�ximo de cinco d�as desde la recepci�n de la consulta.
6. En caso de tratarse de diligencias de investigaci�n sustanciadas ante la Fiscal�a o de la instrucci�n de un procedimiento de responsabilidad penal de menores, el Ministerio Fiscal ser� el responsable de contestar la consulta.
Decisi�n en relaci�n con el conflicto de jurisdicci�n 1. Una vez entablado contacto directo con la autoridad competente de otro Estado miembro y confirmada la tramitaci�n paralela de dos procesos penales contra la misma persona y respecto de los mismos hechos, el �rgano judicial oir� al Ministerio Fiscal y dem�s partes personadas, por plazo com�n de diez d�as, sobre si procede la sustanciaci�n de ambos procedimientos penales en un mismo Estado miembro y sobre los criterios que concurren para que la autoridad judicial espa�ola ceda o no la jurisdicci�n a otro Estado miembro.
2. Tras esta audiencia, el juez o tribunal promover� el consenso con la autoridad competente del otro Estado miembro y, en caso de no lograrse, podr� trasladar el asunto a Eurojust, siempre que se trate de una materia incluida en su �mbito de competencias, a trav�s del miembro nacional de Espa�a. Si no hubiera acuerdo tampoco entre los miembros nacionales de Eurojust, podr� solicitar al miembro nacional espa�ol que inste un dictamen escrito no vinculante del Colegio de Eurojust.
3. La autoridad judicial espa�ola informar� a la autoridad competente del otro Estado miembro y al miembro nacional de Espa�a en Eurojust de cualquier medida procesal importante que se adopte en el procedimiento penal en el que se ha planteado el eventual conflicto.
4. Recibido el dictamen, que no ser� vinculante, de los miembros nacionales o del Colegio de Eurojust, se oir� de nuevo al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las dem�s partes personadas, en un plazo de cinco d�as. Tras ello el juez o tribunal resolver�, por auto motivado, dictado en el plazo de cinco d�as, sobre la continuaci�n o no del procedimiento ante la jurisdicci�n espa�ola.
Este auto ser� notificado a la autoridad competente del otro Estado miembro y se pondr� en conocimiento de Eurojust. Contra el mismo podr�n interponerse los recursos ordinarios previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se tramitar�n con car�cter preferente y no tendr�n efectos suspensivos.
5. Para la resoluci�n del conflicto de jurisdicci�n el juez o tribunal tendr� en cuenta los siguientes criterios:
b) Lugar en el que se ha cometido la mayor parte de la infracci�n penal o su parte m�s sustancial.
c) Jurisdicci�n conforme a cuyas reglas se han obtenido las pruebas o lugar donde es m�s probable que �stas se obtengan.
d) Inter�s de la v�ctima.
e) Lugar donde se encuentren los productos o efectos del delito y jurisdicci�n a instancia de la cual han sido asegurados para el proceso penal.
g) Tipificaci�n de la conducta delictiva y pena con la que �sta viene castigada en la legislaci�n penal de los distintos Estados miembros implicados en el conflicto de jurisdicci�n.
6. Si se tratara de diligencias de investigaci�n sustanciadas ante la Fiscal�a o de la instrucci�n de un expediente de responsabilidad penal de menores, se resolver� por decreto, que deber� estar motivado y se comunicar� a las personas investigadas, al denunciante y a quienes hubieran alegado ser perjudicados u ofendidos, quienes, en caso de disconformidad, podr�n reproducir sus pretensiones ante el juez de Instrucci�n o ante el juez de menores, respectivamente.
CAP�TULO VIDe las redes de cooperaci�n judicial internacional
Nombramiento y cese de los puntos de contacto 1. Dentro de los t�rminos previstos en sus normas de creaci�n, corresponde al Ministerio de Justicia designar y cesar a los puntos de contacto espa�oles de las redes de cooperaci�n judicial internacional.
2. La designaci�n se realizar� entre personas con acreditada experiencia en cooperaci�n jur�dica internacional y dominio del idioma ingl�s o franc�s, en su caso, y asegurar� como m�nimo la representaci�n del Poder Judicial, del Ministerio Fiscal y del Ministerio de Justicia. A tal efecto, corresponde al Consejo General del Poder Judicial y al Fiscal General del Estado proponer al Ministro de Justicia la designaci�n y cese de los puntos de contacto pertenecientes a las respectivas carreras.
3. Cuando as� lo requiera la materia, el Ministerio de Justicia podr� dirigirse al Ministerio del Interior al objeto de que proponga el nombramiento de los puntos de contacto pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, podr� dirigirse a la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria para que proponga la designaci�n como punto de contacto de un funcionario perteneciente a la Direcci�n Adjunta de Vigilancia Aduanera.
4. La condici�n de punto de contacto cesar� a partir del momento en que la persona deje de desempe�ar sus funciones al servicio de la instituci�n que propuso su designaci�n. Este extremo ser� comunicado al Ministerio de Justicia, que deber� ponerlo en conocimiento de la Secretar�a de la Red.
Funciones de los puntos de contacto 1. Los puntos de contacto ser�n intermediarios activos destinados a facilitar la cooperaci�n entre las autoridades judiciales de distintos Estados, y se encontrar�n a disposici�n de las autoridades espa�olas competentes, as� como de todos los dem�s puntos de contacto, proporcionando la informaci�n jur�dica y pr�ctica necesaria para mejorar la cooperaci�n judicial.
2. Con car�cter anual, los puntos de contacto remitir�n a la instituci�n de la que dependan los datos estad�sticos relativos a su actividad. Cada instituci�n remitir� los datos estad�sticos al coordinador nacional correspondiente al objeto de cumplir con la obligaci�n contenida en la letra c) del art�culo 36.
Del coordinador nacional de la Red Judicial europea y del coordinador nacional de la Red de Equipos Conjuntos de Investigaci�n La funci�n de coordinador nacional de la Red Judicial europea y de coordinador nacional de la Red de Equipos Conjuntos de investigaci�n se ejercer� de manera rotatoria por periodos de dos a�os por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscal�a General del Estado y el Ministerio de Justicia en los t�rminos que acuerden dichas instituciones.
Funciones del coordinador nacional de la Red Judicial europea y del coordinador nacional de la Red de Equipos Conjuntos de investigaci�n Adem�s de las funciones que, conforme a lo establecido en el art�culo 34 le correspondan como punto de contacto, el coordinador nacional de la Red Judicial europea y el coordinador nacional de la Red de Equipos Conjuntos de investigaci�n, en sus respectivos �mbitos de competencia:
a) Ser�n responsables de los asuntos relacionados con el funcionamiento interno de la Red, debiendo convocar al menos una vez al a�o una reuni�n de puntos de contacto para informar de los asuntos relativos a la respectiva Red.
b) Ser�n los interlocutores con la secretar�a de la Red.
c) Ser�n los responsables de recopilar las estad�sticas de las diferentes instituciones y remitirlas de manera integrada a la Red.
d) Asistir�n en representaci�n de Espa�a a las reuniones de coordinadores nacionales convocadas por las secretar�as de las Redes.
Del corresponsal de herramientas de la Red Judicial Europea 1. El Ministro de Justicia designar� al corresponsal de herramientas de la Red Judicial Europea.
2. El corresponsal de herramientas facilitar� y mantendr� actualizada la informaci�n que deba ser difundida en el seno de la Red Judicial Europea.
CAP�TULO VIIDel personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior
Nombramiento y cese 1. El Gobierno podr� crear o suprimir, mediante Real Decreto y de conformidad con lo establecido en el art�culo 42.6 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acci�n y del Servicio Exterior del Estado, plazas de magistrados de enlace, consejeros de cooperaci�n jur�dica, consejeros de justicia o cualesquiera otros que se consideren necesarios y en los destinos que proceda, de conformidad con lo previsto en el Derecho de la Uni�n Europea, los convenios internacionales o lo acordado en t�rminos de reciprocidad. Sus nombramientos y ceses se realizar�n por el Ministro de Justicia, previo informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n.
2. Mediante Real Decreto se establecer� el r�gimen jur�dico aplicable a todo el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior, que deber� acomodarse igualmente a lo que dispone la Ley de la Acci�n y del Servicio Exterior del Estado.
Adquisici�n de la condici�n de punto de contacto de la Red Judicial Europea Los magistrados de enlace destacados en un Estado miembro de la Uni�n Europea adquirir�n la condici�n de punto de contacto de la Red Judicial europea y ejercer�n las funciones a que se refiere el art�culo 34 de la presente Ley. Dicha condici�n cesar� cuando cese su condici�n de magistrados de enlace.
R�gimen retributivo El miembro nacional de Eurojust, el miembro nacional suplente y el asistente o asistentes a que se refiere el art�culo 7, cuando tengan asignado lugar de destino en la sede de Eurojust en el exterior, as� como el restante personal dependiente del Ministerio de Justicia con destino en el exterior, mantendr�n el r�gimen retributivo de sus cuerpos de origen, a cuyo efecto el Consejo de Ministros fijar� las cuant�as de las retribuciones complementarias y de la correspondiente indemnizaci�n por destino en el extranjero, de acuerdo con las previsiones contenidas en el Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, por el que se regula el r�gimen de retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero.
No proceder� esta �ltima indemnizaci�n cuando el lugar de destino del asistente o asistentes se encuentre en Espa�a.
Comunicaci�n a Eurojust y a la Secretar�a General del Consejo A la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno comunicar� a Eurojust y a la Secretar�a General del Consejo el alcance de las competencias que el miembro nacional podr� ejercer a nivel nacional, as� como su capacidad para actuar en relaci�n con autoridades judiciales de terceros Estados, de acuerdo con los instrumentos internacionales.
No incremento de gasto La aprobaci�n de la presente Ley no supondr� incremento de gasto en materia de personal.
Vigencia de los nombramientos A la entrada en vigor de esta Ley, el actual miembro nacional de Espa�a en Eurojust ver� su mandato extendido hasta la fecha en que se cumplan cuatro a�os contados desde el momento de su nombramiento inicial, conforme a los plazos previstos en el art�culo 3.1. En cualquier caso, la duraci�n completa de su mandato, incluyendo el tiempo transcurrido con antelaci�n a la entrada en vigor de esta Ley, no podr� exceder del plazo total de ocho a�os previsto en dicho art�culo.
Por su parte, el actual asistente del miembro nacional, a la entrada en vigor de esta Ley, asumir� la condici�n de miembro nacional suplente en los t�rminos y condiciones que figuran en el art�culo 6. La duraci�n de su mandato se extender� hasta la fecha en que se cumplan cuatro a�os contados desde el momento de su nombramiento inicial como asistente del miembro nacional. En cualquier caso, la duraci�n completa de su mandato como miembro nacional suplente, incluyendo el tiempo ejercido como asistente con antelaci�n a la entrada en vigor de esta Ley, no podr� exceder del plazo total de ocho a�os previsto en dicho art�culo.
Los puntos de contacto de las diferentes redes internacionales de cooperaci�n, el coordinador nacional y el corresponsal de herramientas de la Red Judicial Europea, el coordinador nacional de la Red de Equipos Conjuntos de investigaci�n, el corresponsal nacional de Eurojust y el corresponsal nacional de terrorismo seguir�n desempe�ando sus funciones mientras no sean expresamente relevados.
Derogaci�n normativa Queda derogada la Ley 16/2006 de 26 de mayo, por la que se regula el Estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este �rgano de la Uni�n Europea, as� como cuantas otras disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo dispuesto en esta Ley.
T�tulo competencial Esta Ley se dicta al amparo del art�culo 149.1. 3.�, 5.� y 6.� de la Constituci�n, que reserva al Estado la competencia en materia de relaciones internacionales, Administraci�n de Justicia y legislaci�n procesal, respectivamente.
Habilitaci�n reglamentaria El Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, aprobar� las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicaci�n de esta Ley.
Incorporaci�n de derecho de la Uni�n Europea Mediante esta Ley se incorpora al derecho espa�ol la Decisi�n Marco 2009/948/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la prevenci�n y resoluci�n de conflictos de ejercicio de jurisdicci�n en los procesos penales, y se adapta el ordenamiento jur�dico a la Decisi�n 2009/426/JAI, de 16 de diciembre de 2008, por la que se refuerza Eurojust y se modifica la Decisi�n 2002/187/JAI, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia, y a la Decisi�n 2008/976/JAI, del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre la Red Judicial Europea.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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