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Timestamp: 2018-02-26 01:43:00+00:00

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Sentencia T.C. 278/2000 de 27 de noviembre. Delito de estafa. Principio acusatorio. Tutela judicial efectiva - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.C. 278/2000 de 27 de noviembre
Delito de estafa: Necesidad de deferir la cuestión civil a los tribunales de dicho orden por ser prevalente su decisión. Tutela judicial efectiva: inexistencia de prejudicialidad devolutiva. Principio acusatorio: La falta de omogeneidad entre el relato de hechos de la acusación y los hechos declarados probados es meramente formal sin afectar a la defensa.
En el recurso de amparo 211/97 interpuesto por don Manuel Gil Quero, don Adolfo Villén Villén y don Leopoldo Villén Villén, representados por la Procuradora doña Myriam Alvarez del Valle Lavesque y asistidos por el Letrado don José Luis Sanz Arribas, contra la Sentencia dictada el 27 de noviembre de 1996 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga que condenó al primero de los citados como autor de un delito de estafa y otro de falso testimonio, y a un delito de falso testimonio a los dos últimos. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente don Carles Viver Pi-Sunyer, quien expresa el parecer de la Sala.
c) En el escrito de acusación del Ministerio Público, respecto del delito de falso testimonio, se concretaban los hechos en los que se basaba de la siguiente forma: «Los tres acusados, a sabiendas, faltaron a la verdad en sus respectivas declaraciones prestadas como testigos el 25 de enero de 1990 en los autos de juicio declarativo de menor cuantía 866/89 del Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Málaga», sin más concreciones ni especificaciones. Sin embargo, en el acto del juicio oral, celebrado finalmente ante el Juzgado de lo Penal núm. 4 de los de Málaga, al que se atribuyó la competencia para el enjuiciamiento de la causa, el Ministerio Público modificó, o más bien amplió, su conclusión provisional en el siguiente sentido: «En particular los tres acusados faltaron a la verdad cuando al contestar a las preguntas que se les formularon manifestaron, con la intención de favorecer a la demandada, que la escritura de compraventa otorgada el día 14-6-85 obedecía a una transmisión real y no a una operación simulada. El Sr. Gil Quero mintió al afirmar que la compra de la calle Lazcano fue una operación real y no un contrato simulado, lo que permite reivindicar la propiedad».
d) El Juzgado de lo Penal núm. 4 de Málaga dictó Sentencia absolviendo a los acusados de los delitos que les imputaba el Ministerio Fiscal. Este recurrió la Sentencia correspondiendo su conocimiento a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, que tras los trámites pertinentes señaló para el acto de la vista el 21 de noviembre de 1996, aunque, finalmente, la vista se celebró el siguiente día. Sin embargo, dos días antes del primer señalamiento, la Sala dicta una providencia, con intervención de los cuatro Magistrados que la forman, en la que acuerda que, encontrándose el Presidente de la Audiencia -y de la Sección- con licencia por estudios, y el Magistrado don José Godino Izquierdo con permiso por asuntos particulares, se designa conforme a las normas de sustitución de Magistrados aprobadas por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al Magistrado don Andrés Rodero González que, además, es designado Ponente.
e)Así compuesta la Sala se celebró la vista del recurso el 22 de noviembre de 1996. La Sentencia, de 27 de noviembre siguiente, estima el recurso del Ministerio Fiscal y revoca la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal condenando a los recurrentes a las penas de seis meses y un día de prisión menor, accesorias y costas por el delito de estafa a don Manuel Gil Quero, y a los tres recurrentes a la pena de un mes y un día de arresto mayor y multa de 100.000 pesetas por el delito de falso testimonio. En concepto de responsabilidad civil, además, condena al primero de los recurrentes al pago de una décima parte del valor total de un inmueble sito en la calle Lazcano de Málaga.
a) Consideran los recurrentes, en primer lugar, que se ha vulnerado su derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley, proclamado en el art. 24.2 CE. Con cita de la STC 47/1983, estiman que es tan grave como significativo que en una Sala integrada por cuatro Magistrados, en víspera de ver y fallar este asunto, uno de ellos -el Presidente- se excuse por estudios y otro -el Ponente- por asuntos particulares. Para los recurrentes el justiciable tiene derecho a que el órgano judicial que le juzgue esté compuesto por sus titulares, salvo casos de fuerza mayor, más aún en este caso en el que, por sus especiales circunstancias, detrás del asunto se encuentran los intereses personales de un Magistrado de la misma Sala, antiguo miembro incluso de la misma Sección. Citando el caso Piersack del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la STC 101/1984, consideran los recurrentes que la vista debió haber sido suspendida hasta que se reintegraran sus componentes para evitar toda duda, sospecha o suspicacia. A la vista del resultado de la Sentencia, que califican de desorbitada y que redacta el nuevo Ponente, las dudas y sospechas se acrecientan y los justiciables no pueden evitar pensar si ese juego de excusas y sustituciones no fue en realidad una maniobra para colocar en el Tribunal un miembro ad hoc. «Esta irregularidad puede venir determinada tanto por la inconveniencia e innecesariedad de traer a integrar el Tribunal a un Juez distinto al predeterminado por la Ley, como por el hecho de que el que se nombre lo sea [sic] por el procedimiento legalmente establecido». Y respecto de esta última cuestión, manifiestan que por la premura del plazo no les ha sido posible obtener, a pesar de haberlo solicitado, que les sean suministradas las normas de sustitución de Magistrados, pero tienen la certeza de que en la aplicación de esas normas no se podía permitir, sin más, la designación nominal del Magistrado Ponente de la Sentencia que recurren.
b) En segundo lugar consideran vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías, dado que como presupuesto fáctico necesario para la condena de los recurrentes por los delitos de estafa y falso testimonio se ha llevado a cabo por la Sala un verdadero enjuiciamiento previo de una cuestión civil, como reconoce la propia Sentencia. Con cita de las SSTC 30/1996 y 50/1996, consideran los recurrentes que el Tribunal no podía extender su competencia al análisis de una cuestión prejudicial devolutiva como es la titularidad de la vivienda de la calle Lazcano de Málaga, al estar amparado el recurrente don Manuel Gil Quero no solamente por lo dispuesto en los arts. 348 y siguientes CC, sino por la presunción del art. 38 LH. Por lo tanto, reconocido en la Sentencia que este recurrente adquirió la vivienda en escritura pública, estaba protegido por este principio de exactitud registral. Sin embargo, la Sentencia realiza todo un ejercicio de análisis de preceptos civiles sobre la legitimación de los herederos para pedir la declaración de nulidad de la escritura, sobre la interpretación de los contratos, y sobre la novación extintiva y modificativa, en las que, sin audiencia a las partes y, por lo tanto, produciéndoles indefensión, no es posible entrar en un procedimiento penal como si se tratara de cuestiones meramente incidentales, cuando se trata de cuestiones prejudiciales que han de ser resueltas en la vía civil, más aun cuando existe un evidente litisconsorcio pasivo necesario. Por ello, la Sentencia ha declarado el carácter fiduciario de una adquisición de un bien inmueble poseído pacíficamente por uno de los condenados ignorando el principio registral contenido en el art. 38 LH e impidiendo a éste alegar la vigencia, bondad y certeza de su título y de su derecho y, además, ignorando la prescripción adquisitiva de dominio.
En su consecuencia se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, en conexión con el derecho al juez natural predeterminado por la Ley y con el derecho al proceso con todas las garantías.
d) En cuarto lugar alegan los recurrentes una nueva vulneración del derecho a la presunción de inocencia porque no existe prueba en los autos que acredite que la venta fue simulada, de lo que da una idea exacta la fundamentación de la Sentencia condenatoria que se basa en la «íntima convicción moral» de que la adquisición de la vivienda fue simulada. Citando las SSTC 174/1985 y 169/1986, el demandante considera que no existe una verdadera prueba de cargo, sino meras conjeturas.
10. El 4 de noviembre del mismo año los recurrentes formularon sus alegaciones. Consideran que las normas remitidas acreditan que la sustitución de Magistrados únicamente ha de efectuarse en caso necesario, lo que ha de ser interpretado con rigor al estar en juego la confianza que los Tribunales han de inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática. Insisten en la anomalía que resulta de que, en un caso tan señalado como el presente, en una Sala de cuatro Magistrados se excusen de participar su Presidente y el Ponente por causas que no son de fuerza mayor y el nombramiento de otro Magistrado se haga sin más y sin dejar constancia de las causas exigidas por el art. 199 LOPJ. Esta anomalía siguen entendiendo que constituye una infracción manifiesta de las garantías que han de concurrir para la salvaguardia del derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley. Además, ponen en duda que el nombrado estuviera, como exigen las normas, libre de señalamiento y, además, fuera el más moderno, puesto que es notorio que en la Audiencia de Málaga existen Magistrados más modernos, como fácilmente puede observarse en el escalafón. Además consideran que del encargo de la ponencia han de responder exclusivamente los Magistrados de la Sala o Sección, como ordenan los arts. 203 y 204 LOPJ, por lo que parece que deben quedar excluidos los excepcionalmente llamados para formar Sala. En conclusión, el derecho al juez predeterminado por la Ley, según los recurrentes, en aquellos casos en que se hace estrictamente necesario alterar la composición de los tribunales deberá hacerse con estricta observancia de las normas legal y administrativamente establecidas al respecto y con expresa constancia de que el Magistrado es aquel al que corresponde designar según el turno, para que después, y en caso necesario, la procedencia de tal nombramiento pueda ser comprobada y revisada, lo que no ocurre en este caso.
Finalmente dan por reproducidas todas las alegaciones respecto del resto de las vulneraciones aducidas en su recurso de amparo.
7. Los recurrentes, con cita de las SSTC 30/1996 y 50/1996, consideran que la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva se ha producido porque los tribunales del orden penal no podían analizar la existencia de un delito de estafa sin que previamente se decidiera por el orden jurisdiccional civil la cuestión del carácter simulado o no de la compraventa del inmueble. Sin embargo, basta para rechazar la pretendida lesión con la constatación de que, en este supuesto, no existe la contradicción a que se alude ni, por lo tanto, le es aplicable la doctrina sentada en las resoluciones mencionadas. De los hechos relatados por los propios recurrentes se desprende, con claridad, que la cuestión que suscitan no ha sido objeto de pronunciamiento por los órganos judiciales del orden civil, a los cuales ni siquiera les ha sido sometida la controversia, por lo que difícilmente puede producirse un pronunciamiento contradictorio, ni siquiera en el terreno de lo hipotético.
8. Rechazada la lesión al derecho a la tutela judicial efectiva procede enjuiciar el resto de las vulneraciones alegadas por los recurrentes, aunque el orden de nuestro examen deba ser diferente al que éstos proponen. A pesar de que los demandantes de amparo relacionan directamente la vulneración del derecho a la legalidad penal con el derecho a la presunción de inocencia, afirmando que uno de los presupuestos lógicos del derecho a la presunción de inocencia debe ser la consideración de si los hechos son o no delictivos, tal afirmación no es admisible, ni desde el punto de vista de nuestra doctrina, ni desde una perspectiva lógica y ajustada al propio desarrollo de razonamiento judicial. En efecto, hemos dicho (STC 81/1995, de 5 de junio, FJ 5) que no es posible alojar el derecho a la presunción de inocencia en las discrepancias que puedan existir respecto de la calificación jurídica de los hechos acreditados, y que dicha vulneración del derecho proclamado en el art. 24.2 CE, de haberse producido, se habría causado en un momento del proceso (la determinación de los hechos probados) previo al de la subsunción de éstos en la norma penal (STC 5/2000, de 17 de enero, FJ 1). En definitiva, una cosa es la existencia de prueba de cargo válida sobre los elementos del delito y otra muy distinta y posterior la subsunción de la conducta en la norma, lo que pertenece, bien al ámbito de la motivación, bien al de la legalidad. Las mismas razones de orden lógico han de imponer, pues, que nuestro examen comience por las lesiones al derecho a la presunción de inocencia, excluyendo todo lo relativo a la subsunción de los hechos probados en el tipo penal, que sólo procederá analizar si previamente descartamos la vulneración relativa al art. 24.2 CE.
9. La vulneración de su derecho a la presunción de inocencia proclamado en el art. 24.2 CE la fundan los demandantes en dos aspectos distintos. En primer lugar, en la falta de prueba de cargo respecto del elemento fundamental del delito de estafa (la existencia del engaño) y, en segundo término, en la inexistencia de prueba de cargo respecto del carácter simulado de la compraventa del inmueble, aunque realmente el reproche que dirigen a la Sentencia condenatoria es esencialmente el mismo: para poder condenar al demandante Sr. Gil Quero, se viene a decir, hubiera sido preciso acreditar que la compra en escritura pública del inmueble de la calle Lazcano de Málaga fue simulada y, aun así, la acreditación de lo anterior no acredita la prueba del elemento fundamental del delito de estafa, es decir, la prueba del engaño bastante y causal.
Para resolver dicha queja, conviene partir de nuestra asentada doctrina sobre el derecho a la presunción de inocencia, desde la perspectiva de la regla de juicio. Desde la STC 31/1981, de 28 de julio, nuestra doctrina ha concebido la presunción de inocencia como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica (como hemos dicho en las recientes SSTC 81/1998, de 2 de abril, FJ 3;111/1999, de 14 de junio, FJ 2; 33/2000, de 14 de febrero, FFJJ 4 y 5, y 126/2000, de 16 de mayo, FJ 12) que toda Sentencia condenatoria: a)debe expresar las pruebas en que se sustenta la declaración de responsabilidad penal; b)el sustento ha de venir dado por verdaderos actos de prueba conformes a la Ley y a la Constitución; c)practicados normalmente en el acto del juicio oral, salvo los supuestos admisibles de pruebas preconstituidas; d)valorada, y debidamente motivada, por los tribunales con sometimiento a las reglas de la lógica y la experiencia y referida a los elementos esenciales del delito objeto de condena. También constituye doctrina consolidada de este Tribunal que no nos corresponde revisar la valoración de las pruebas a través de las cuales el órgano judicial alcanza la íntima convicción, dado que los arts. 117.3 CE y 741 LECrim atribuyen dicha tarea al Tribunal penal, sino controlar exclusivamente la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico que resulta, porque el recurso de amparo no es un recurso de apelación, ni este Tribunal una tercera instancia, de modo que tampoco es posible que entremos en el análisis de otras posibles inferencias distintas a las efectuadas por los órganos judiciales.
10. Los demandantes no reprochan a la resolución impugnada la ilicitud de los medios de prueba valorados, ni que la prueba practicada haya vulnerado ninguna de sus garantías. Lo que discuten es la capacidad de las pruebas practicadas para generar en los juzgadores, más allá de toda duda razonable, la convicción sobre la concurrencia de los elementos del delito de estafa. Desde esta perspectiva, es decir, desde el control de la razonabilidad del discurso que une el relato fáctico y la actividad probatoria, y por estricta aplicación de nuestra doctrina, es preciso partir de las afirmaciones de hecho plasmadas en la Sentencia condenatoria, en lo que se refiere al delito de estafa por el que fue condenado el recurrente don Manuel Gil Quero. En el apartado de hechos probados de la Sentencia de la Audiencia Provincial (única condenatoria), se realizan, en resumen, las siguientes afirmaciones: don José Villén, padre de la esposa del recurrente y de los perjudicados, fallece y, en su testamento, tras legar el tercio de libre disposición a su esposa, instituye herederos por partes iguales a sus nueve hijos. Los herederos comprueban la grave crisis económica en los negocios del causante y, aunque se plantean en algún momento no aceptar la herencia, tras encargar un estudio económico, llegan a la conclusión de que sacrificando la mayor parte de los bienes de la herencia es posible que quede un remanente que se repartiría en diez partes iguales (una para la viuda y las nueve restantes para cada uno de los hijos). Por ello, suscriben un documento privado en el que pactan que se venderían todos los bienes procedentes de la herencia, incluyendo aquéllos que formalmente no figuraban en el caudal relicto por haber sido transmitidos fiduciariamente o donados por el causante, salvo la casa de la calle Lazcano 7 y 9 de Málaga que quedaría para la madre.
Esta vivienda fue precisamente la que en la Sentencia se afirma que fue transmitida de modo simulado al recurrente don Manuel Gil Quero en escritura pública otorgada en 1974 por el padre del causante y abuelo de la esposa del recurrente, aunque dicha escritura no llegó nunca a inscribirse en el Registro de la Propiedad.
En todo caso, se sigue afirmando en la Sentencia, aunque esta vivienda se vendiera formalmente al recurrente, el causante fue siempre tenido por propietario de la misma. Entre los acuerdos privados de los herederos al fallecimiento del Sr. Villén, figuraba la designación del recurrente como administrador, por lo que éste tomó parte activa en las gestiones de venta de los distintos bienes, gestiones que los diferentes propietarios iban haciendo según les iba indicando, habiendo incluso dispuesto de parte de los derechos sobre el patrimonio familiar para salvarlos en la medida de lo posible. Y es entonces, según la resolución cuestionada, cuando una vez producida ya la venta en beneficio de la comunidad de fincas rústicas, y a raíz de las disensiones entre los herederos, cuando el recurrente, basándose en la venta fiduciaria o aparente en su día realizada a su favor y al de su esposa, se erigió en exclusivo propietario de la casa, negó y sigue negando la consideración de ésta como bien de la familia y, por tanto, de los herederos, privándoles de los reales derechos que ostentan por herencia del fallecido Sr. Villén Pérez quien en vida, fue efectivo y real propietario del inmueble. Esta actuación es calificada en la Sentencia como «mendaz» y premeditada en el momento de suscribir los documentos antes mencionados, para lucrarse en beneficio de su esposa, también heredera, en perjuicio de los demás herederos.
Y, concluye la Sentencia, que se trató de un «ardid que ocultó a los herederos al tiempo de la convención o acuerdo aludidos, quienes guiados por la presumible buena fe de todos los afectados por lo pactado ... consintieron la disposición de su parte en fincas rústicas que todos los herederos, al margen de quien o quienes de ellos pudieran figurar aparentemente como titular o titulares en documento público, consideraron como bienes de la familia, y ello en pago de deudas en beneficio de la comunidad hereditaria, en la que se integraba e integra la mencionada ... y, por tanto, en perjuicio suyo con la disposición de los aludidos derechos dominicales, a cuya realización accedieron ignorantes de la maquinación o engaño referidos y consecuentemente de las futuras pretensiones de Manuel Gil Quero».
11. Por lo que se refiere a la motivación de la adquisición probatoria, la Sentencia tras realizar diversas consideraciones sobre el carácter ganancial del bien objeto de la compraventa simulada y la legitimación de los herederos para instar la nulidad de la compraventa en relación con la pretensión civil sostenida por el Ministerio Fiscal, analiza en primer lugar el documento, incorporado a las actuaciones, por virtud del cual los herederos deciden la venta de los bienes, a fin de encontrar sentido a la frase, plasmada en él, de que «se realizarán todos los bienes actuales de la familia sin contar con la casa de la calle Lazcano que quedará para mamá» y después si la escritura de aceptación de la herencia y partición de los bienes hereditarios realizada con posterioridad a dicho documento pudo ocasionar la novación extintiva o modificativa de lo primeramente convenido, llegando a la conclusión de que respecto de los bienes no incluidos en aquélla no se produjo novación alguna. Una vez analizado lo anterior, en la resolución judicial se sostiene que el recurrente utilizó engaño bastante para inducir a error a los intervinientes y afectados por el convenio de realización de los bienes de la herencia. Respecto de esta afirmación, en el fundamento segundo de la Sentencia, se analiza todo el material probatorio y, expresamente, se funda la existencia del engaño y del desplazamiento patrimonial en las declaraciones de un hermano del causante, en las de los testigos que declararon en el acto del juicio, entre los que se encontraban el administrador de la finca, el esposo de una de las herederas y un abogado, en las declaraciones de los recurrentes, en una prueba pericial caligráfica, y en varios documentos aportados a la causa que se analizan exhaustivamente, tanto para confirmar la veracidad de la condición de propietario real del inmueble del causante, como para refutar el contenido de otros.
12. Por lo que respecta a la vulneración del derecho a la legalidad penal, los recurrentes alegan desde una doble perspectiva. En primer lugar, en relación con el delito de estafa, la demanda considera que la subsunción de los hechos en la norma se ha realizado con vulneración del derecho proclamado en el art. 25.1 CE, por indebida extensión in malam partem del tipo penal. En segundo lugar, por lo que respecta al delito de falso testimonio, consideran que la Sentencia condenatoria vulnera la garantía material del ne bis in idem. Rechazada esta última por el incumplimiento de un requisito procesal, procede analizar exclusivamente la primera de las quejas.
13. Pues bien, de los antecedentes de hecho que hemos resaltado a lo largo de esta resolución y de la motivación también examinada, teniendo en cuenta los límites de nuestro control, no puede achacarse a la Sentencia condenatoria la vulneración del principio de legalidad por indebida extensión del tipo. Una simple lectura de la resolución arroja el resultado absolutamente contrario al que realiza el recurrente. Aun a fuer de reiterativos, hemos de insistir en que el recurrente no ha sido condenado por un delito de estafa con la única base probatoria de la simulación de una compraventa, como afirma, sino, según la propia resolución (previo FJ 9), por toda una serie de actuaciones en relación con el caudal relicto de una herencia, una de las cuales es la que mantiene el demandante, pero no es la única. En definitiva la calificación jurídica de las afirmaciones de hecho que la Sentencia tiene por acreditadas, no se basa en deducir -como interesadamente mantienen los recurrentes- de la simple simulación de un contrato de compraventa la existencia de un engaño, sino que por el contrario se funda en toda una serie de actuaciones, que se califican como engañosas, en una interpretación del elemento del engaño bastante, inherente al delito de estafa, que de acuerdo a criterios lógicos, técnicos y de experiencia, no puede tildarse de irrazonable, ni se aparta del tenor literal del precepto, ni es extravagante de acuerdo con los principios del ordenamiento constitucional, por todo lo cual ha de rechazarse la pretendida vulneración del derecho proclamado en el art. 25.1 CE.
14. Finalmente, con cita de las SSTC 134/1986, 141/1986 y 216/1988, consideran los recurrentes que en lo que respecta al delito de falso testimonio, por el que han sido condenados todos ellos, se ha vulnerado su derecho a ser informados de la acusación y el principio acusatorio. Según los recurrentes, por un lado, la modificación de la calificación provisional realizada por el Ministerio Fiscal en el acto del juicio oral constituyó una «acusación sorpresiva» al ampliar los hechos que imputaba a los tres acusados y, por otro, la Sentencia no respetó la necesaria correlación entre acusación y fallo, puesto que incluyó en el apartado de hechos probados afirmaciones de hecho no realizadas por el Ministerio Fiscal en su calificación definitiva, excediendo así los términos del debate. Los recurrentes plantean, pues, dos perspectivas de enjuiciamiento distintas que, consecuentemente, deben ser analizadas por separado.
15. La primera de las perspectivas de la vulneración del principio acusatorio, requiere previamente partir del examen de las actuaciones judiciales. De ellas se desprende que el Ministerio Fiscal, en su escrito de calificación provisional, mantuvo en la primera de sus conclusiones, que «los tres acusados, a sabiendas, faltaron a la verdad en sus respectivas declaraciones prestadas como testigos el 25 de enero de 1990 en los autos de juicio declarativo de menor cuantía n. 866/1989 del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Málaga». También, que en el acto del juicio oral el Ministerio Fiscal modificó sus conclusiones provisionales añadiendo un párrafo al relato de hechos del siguiente tenor: «En particular, los tres acusados faltaron a la verdad cuando al contestar a las preguntas y repreguntas que se le [sic] formularon en los referidos autos civiles manifestaron con intención de favorecer a la parte demandada que la escritura de compraventa otorgada el 14-6-85 obedecía a una transmisión real y no a una operación simulada. El acusado Manuel Gil Quero mintió además al afirmar que la compra de la C/ Lazcano fue una operación real y no un contrato simulado lo que le permite ahora reivindicar su propiedad». Finalmente, consta acreditado que ante esta modificación por parte del Ministerio Fiscal, la defensa de los tres acusados se limitó a elevar a definitivas sus conclusiones, sin efectuar protesta o petición de aplazamiento.
16. Pues bien, desde la perspectiva del derecho a ser informado de la acusación, como instrumento del derecho de defensa, es decir desde la exigencia constitucional de que el acusado tenga conocimiento de los hechos para poder defenderse adecuadamente, hemos señalado que el contenido de dicha información ha de referirse al momento de la calificación definitiva de la acusación o acusaciones, y no a momentos previos como el de las conclusiones provisionales ( SSTC 141/1986, de 12 de noviembre, FJ 2, y 11/1992, de 27 de enero, FJ 3). También que, dada la instrumentalidad de este derecho con el derecho de defensa, es a la parte a quien corresponde, en primer lugar, dar la oportunidad al órgano judicial de reparar tal indefensión (SSTC 20/1987, de 19 de febrero, FJ 5; 91/1987, de 3 de junio, FJ 6, y 17/1988, de 16 de febrero, FJ 5). Si el defensor de los acusados -hemos dicho- estimaba que la calificación del Ministerio Fiscal era sorpresiva al introducir hechos nuevos, y por ello no le era posible defenderse adecuadamente de ellos, debió, conforme al art. 793.7 LECrim, solicitar la suspensión del juicio para poder articular debidamente la defensa, lo que no hizo. Por esta sola razón ha de denegarse el amparo por esta vulneración. Pero, aun cuando obviáramos lo anterior, la solución debería ser la misma, pues del contenido del escrito de calificación definitiva del Fiscal se desprende que los recurrentes recibieron toda la información precisa para articular su defensa.
17. Centrándonos ya en el segundo aspecto de la vulneración del principio acusatorio, es decir en la correlación entre la acusación y el fallo, procede también en este caso analizar lo sucedido según resulta de las actuaciones judiciales. Partiendo de la calificación definitiva del Ministerio Fiscal, ya transcrita, la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, en el relato de hechos probados, dedica los apartados séptimo y octavo a establecer los hechos probados. El primero de dichos apartados se refiere a la actuación del recurrente Sr. Gil Quero, y el segundo a la de los recurrentes Sres. Villén Villén. En dichos hechos probados, se identifican las declaraciones a las que se refieren ambos apartados como prestadas el 25 de enero de 1990, en calidad de testigos, en los autos de juicio declarativo de menor cuantía núm. 866 de 1989 tramitados ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Málaga.
18. Según hemos reiterado (últimamente en la STC 19/2000, de 31 de enero, FJ 4), el principio acusatorio trasciende al derecho contenido en el art. 24.2 CE y comprende un haz de garantías adicionales, entre las cuales se encuentra la de que el pronunciamiento del órgano judicial se efectúe precisamente sobre los términos del debate tal como han sido planteados en las pretensiones de la acusación y la defensa (por todas, STC 17/1988, FJ 5), lo que implica que el juzgador penal está vinculado por la pretensión penal acusatoria compuesta, tanto por los hechos considerados punibles, como por su calificación jurídica, de modo que el órgano judicial no puede pronunciarse sobre hechos no aportados al proceso -ni objeto por lo tanto de acusación-, ni puede calificar estos hechos de forma que integren un delito de mayor gravedad que el definido por la acusación. En definitiva, se trata de que el deber de congruencia exige la adecuada correlación entre la acusación y el fallo (SSTC 11/1992, de 27 de enero, FJ 3; 95/1995, de 19 de junio, FJ 3; 36/1996, de 11 de marzo, FJ 4, y 225/1997, de 15 de diciembre, FJ 4).
19. Aplicando la doctrina antes expuesta al caso enjuiciado, no se advierte lesión alguna al principio acusatorio, y por lo tanto también por este motivo ha de ser rechazado el amparo. Como resulta de las actuaciones judiciales, cuyos aspectos más relevantes para esta conclusión ya constan en fundamentos anteriores, el Ministerio Fiscal, en su calificación definitiva, es decir, en el momento en que queda fijado el objeto de debate, especificó no solamente el procedimiento civil en el que se habían producido las declaraciones testificales, sino la fecha y la parte esencial de las mismas, incluyendo las manifestaciones de los tres acusados en relación con el carácter real o ficticio de una compraventa realizada en una determinada escritura pública (de junio de 1985) y, por lo que respecta al Sr. Gil Quero, la falsedad de la manifestación acerca de la escritura pública de compraventa de la calle Lazcano. Los recurrentes conocieron, pues, los hechos punibles y los debatieron e impugnaron como fácilmente se puede deducir del contenido acta del juicio oral y, sobre todo, del escrito de impugnación de los recurrentes al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, en el que expresamente se refieren al carácter real o simulado de ambas compraventas.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
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 resolución 
e contrario
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