Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=653512
Timestamp: 2019-05-19 07:28:38+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Especial N° 13
SITUACIÓN DE AGRICULTURA NACIONAL Y MODIFICACIONES A BANDAS DE PRECIOS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Sesión 13ª, en miércoles 16 de julio de 2003
(De 12:18 a 14:4)
Situación de agricultura nacional y modificaciones a bandas de precios de productos agrícolas.....................................................................................................
Concurrieron, además, los señores Ministros de Hacienda subrogante, Secretario General de la Presidencia , de Salud y de Agricultura, y la señora Coordinadora General de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda .
--Se abrió la sesión a las 12:18, en presencia de 17 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 9ª, ordinaria, en 8 de julio; 10ª, extraordinaria, y 11ª, ordinaria, ambas en 9 de julio, todas del año en curso, que no han sido observadas.
Dos del señor Ministro de Agricultura , con los que responde igual número de oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath, relativos, uno, al crédito rotatorio originado en el Programa Chile Austral, y el otro, al retiro de animales que los lugareños han introducido en el Parque Nacional Bernardo O¿Higgins, ubicado en las Regiones Undécima y Duodécima.
De los Senadores señores Moreno, Muñoz Barra, Núñez, Ruiz-Esquide y Viera-Gallo, mediante la cual inician un proyecto de reforma constitucional que establece nuevas causales de cesación en los cargos de diputado , senador, alcalde y concejal (Boletín Nº 3.291-07).
Uno de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y otro de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que adelanta los plazos del procedimiento para nombrar fiscales regionales del Ministerio Público en la Región Metropolitana de Santiago y determina el tribunal competente para la comuna de Curacaví, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 3.265-07).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- De acuerdo con la facultad que me concede el Reglamento, incorporaré este proyecto a la Tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria de hoy.
La presente sesión especial, convocada a solicitud de diversos Comités, tiene por objeto analizar la situación de la agricultura nacional y las modificaciones previstas para las bandas de precios de determinados productos agrícolas.
Ante todo, advierto al público que su presencia en las tribunas es para observar. Le está prohibido efectuar manifestaciones de cualquier naturaleza, como señal de respeto por las intervenciones de los señores Senadores, sean ellas de su agrado o no. Ésta es la característica del Parlamento.
Por lo tanto, solicito guardar silencio. En caso contrario, de acuerdo con el Reglamento, me veré en la obligación de hacer desalojar las tribunas o a la persona que en forma individual provoque algún incidente.
Pido a los asistentes colaborar con el desarrollo de la sesión.
A continuación fijaremos el procedimiento.
Hasta el momento hay 10 oradores inscritos. Como la citación es hasta las 2 de la tarde y resta una hora 40 minutos, propongo otorgar 8 minutos a cada uno, sin perjuicio de que haya después intercambio de opiniones.
Sugiero que sean 12 minutos, señor Presidente .
No alcanzaría el tiempo, señor Senador. Porque además debemos considerar la intervención del señor Ministro y las respuestas y contrarrespuestas.
Entonces, 10 minutos. Incluso, podríamos cedernos tiempo.
No se pueden ceder los tiempos, Su Señoría.
Con su benevolencia, señor Presidente , todo se puede.
Es imposible la cesión de tiempos.
Señor Presidente , tal vez sería interesante que hablara primero el señor Ministro .
Ya hice la consulta pertinente. El señor Ministro prefiere escuchar antes algunas intervenciones.
Señor Presidente, creo que con 8 minutos de buenos argumentos tenemos suficiente.
¡Ya hemos perdido 5...!
Si le parece a la Sala, se fijarán 8 minutos por orador.
Señor Presidente , los Senadores de la Democracia Cristiana y los del Partido Socialista pedimos convocar a esta sesión especial a raíz del envío al Congreso del proyecto de ley que modifica las bandas de precios que rigen para la importación de aceites, trigo y azúcar. Aparentemente, él es muy simple y no tiene mayor trascendencia. Pero nada más lejos de ello.
La iniciativa -hoy en trámite en la Cámara de Diputados y que posteriormente pasará al Senado- toca materias esenciales para el destino del país, sus regiones y las miles de familias y personas que laboran a lo largo del territorio nacional. Aún más, ella lleva implícita una decisión, dependiendo de cuál sea el pronunciamiento del Parlamento, respecto de lo que ocurrirá en el futuro con situaciones tan determinantes como las que significan la producción de los dos o tres rubros de mayor actividad -tanto por el número de personas que ocupan cuanto por la cantidad de hectáreas dedicadas a ellos- y el poblamiento de nuestro país.
Las bandas de precios son instrumentos de política económica para una mínima intervención. En el fondo, estos mecanismos se han diseñado a fin de tener, aunque sea débil y tenuemente, una manera de reducir los impactos de los subsidios agrícolas aplicados por las naciones más desarrolladas, que hoy alcanzan a mil millones de dólares diarios.
Por lo tanto, cuando el Gobierno plantea adecuar la forma de cálculo de las bandas de precios a lo que ha sido el acuerdo originado en un fallo de la Organización Mundial de Comercio, aprovecha la oportunidad para proponer otras materias, como la revisión del método de cálculo de la banda de precios del azúcar; la eliminación de la banda definitiva del aceite y las semillas oleaginosas; la elevación del piso de las bandas del trigo y el azúcar, dado que, en particular, esta última estaría bajo el promedio internacional, en lo que -diría yo- es el aperitivo del banquete final. Esto, porque el subir durante cuatro años -como sugiere el Gobierno- el piso mínimo de la banda del azúcar significa, en el proyecto enviado a la Cámara de Diputados, que a partir del quinto año la desgravación arancelaria será de tal naturaleza que antes de llegar al sexto año la remolacha dejará de existir como cultivo en Chile.
En consecuencia, esto es lo que se halla en juego: si seguiremos trabajando sobre la base de que en nuestro país se va a producir o no determinado rubro o se va a privilegiar o no cierta cultura agrícola diseminada en Chile durante mucho tiempo.
El referido proyecto también contempla lo relativo a las mezclas, que de cuatro años a esta parte -sólo cuatro años- se ha utilizado, dependiendo de la clasificación hecha en Aduanas, para perforar las bandas en forma de crear mecanismos de importación de productos que sustituyen los que el país podría generar.
¿Sobre qué necesitamos reflexionar hoy día? (y por eso pedimos esta sesión). Sobre el hecho de que, no obstante los progresos en genética y en biotecnología que hoy modifican las condiciones naturales de producción agrícola, Chile presenta una situación única de clima templado, similar a la de pocos lugares en la Tierra, donde se ubican naciones más desarrolladas que la nuestra y que compiten deslealmente con Chile, pues entregan subsidios a sus productores pese a contar con tecnología mucho más moderna y avanzada.
Dicho en términos prácticos -para que la ciudadanía nos entienda-, la agricultura chilena, que ha tenido una gran transformación y un notable mejoramiento en su eficiencia y productividad, sufre la competencia desleal de países que no abandonan la política de los subsidios. Y las bandas de precios, los mecanismos de respaldo a los rubros de producción señalados, se centran en atenuar esos efectos perversos.
Por consiguiente, ¿qué nos falta? Echamos de menos una política de Estado. ¿Por qué? Porque recibimos proposiciones para subir las contribuciones de la agricultura; recibimos proposiciones sobre el bosque nativo; recibimos proposiciones de distinta naturaleza que inciden en el sector, pero no vemos que exista una definición estratégica, de la cual ningún país desarrollado del mundo carece hoy.
Por mi profesión, he visitado muchas naciones, recorriendo sus terrenos agrícolas y forestales, y no he encontrado ninguna que, teniendo condiciones para explotar un rubro -como trigo, avena, remolacha, maíz o arroz-, decida, mediante mecanismos internos, sencillamente destruir la capacidad productiva de su propio territorio. No existen ejemplos conocidos al respecto.
El riesgo que asumimos al generar este tipo de mecanismos; al debilitar nuestras protecciones; al imponer (probablemente para cumplir tratados a que algún señor Senador se referirá con posterioridad) cláusulas o condiciones que hoy día pueden ser discutidas o modificadas, significa poner a nuestra agricultura en una situación limitada por completo.
Por eso en este momento queremos enviar un mensaje claro al debate que se lleva a efecto en la Cámara Baja -y me alegra que esté presente en esta sesión un número importante de Diputados-: no se puede terminar con el sistema de las bandas de precios; hacerlo sería un error estratégico desde el punto de vista del país.
Mucha gente ha querido provocar antagonismo con la fuente de trabajo de quienes procesan bebidas alcohólicas, dulces o caramelos (tenemos a algunos en las tribunas). ¡No es ése el debate de este país! Aquí no están en competencia las fuentes laborales de unos contra las de otros. Lo que se discute es la forma como se va a seguir haciendo agricultura en Chile.
Señor Presidente , quiero declarar, en nombre de los Senadores que represento, que, guste o no, seguirá habiendo cultivo de remolacha en Chile; que seguirá habiendo cultivos de maíz, de arroz y de trigo. Porque sería un error en perjuicio de la visión de desarrollo de las próximas generaciones crear mecanismos que en definitiva tendieran a liquidar lo que aquello significa.
Quienes dicen que el mercado arregla este problema son fanáticos e ignorantes. ¡El mercado nunca ha arreglado situaciones de esta naturaleza! Pregunten a los países más desarrollados la forma como están trabajando. Por algo subsidian sus agriculturas; por algo dan estímulos para seguir, incluso contra lo que dicen las leyes del mercado, sosteniendo su propia realidad, que es demográfica, de trabajo.
Señor Presidente , terminaré afirmando lo siguiente.
La Democracia Cristiana jamás renunciará a defender lo que aquí estamos planteando. Porque defendemos el empleo, la distribución geográfica, la regionalización de miles de familias en nuestro país. Por eso solicitamos esta sesión. Y en los días posteriores vamos a seguir trabajando con el objeto de que el proyecto en comento, de la manera como entró al Parlamento, sea modificado sensiblemente.
Señor Presidente , no cabe duda de que en Chile se producen de pronto arrebatos ideológicos. Tuvimos uno cuando un Ministro del Gobierno del Presidente Allende pretendió estatizar todas las industrias en la creencia de que sus utilidades podrían convertirse en bienes de beneficio social.
Hoy día estamos en el otro extremo, con una idolatría al mercado libre, al libre comercio, y absoluta prescindencia de los factores humanos. Y, peor aun, quienes predican y aquellos que, a veces desde el Gobierno, practican esas políticas tienen un desconocimiento total de la geografía de Chile, de la población de Chile, de la historia de Chile. Y en algunas oportunidades pretenden clavar espinas en quienes disienten, porque talvez algunos de ellos han estudiado mucha economía, en grandes universidades, pero no saben dónde queda Río Bueno, ni Taltal, ni Futrono, ni ninguno de los lugares de Chile que motivan nuestra gran lucha por mantenerlos dentro del territorio nacional.
Digo esto porque de repente nos encontramos con visiones sobre Chile que obligan a dar examen ante el Fondo Monetario Internacional o ante entidades calificadoras de riesgos. Y eso ha pasado, salvo, por cierto, en el Ministerio de Hacienda cuando fue titular el ahora Senador señor Foxley . Pero es muy corriente que rindamos exámenes afuera y nos desnudemos ante el mundo entero para someternos a las reglas de una concepción teórica que ninguna nación acepta.
Tengo aquí las listas de las protecciones que los países otorgan a sus economías. Pero nosotros queremos ser libres y no solamente bajar los aranceles, sino además desprotegernos.
Hoy día vi en el diario un artículo de un Parlamentario que me indignó. "Es mejor traer azúcar de caña, porque es más barata. Es mejor traer todo de afuera, porque es más barato". De ahí se sigue que es mejor pasar a ser el estado 51º de Estados Unidos. No cabe duda.
Yo no renuncio a ser chileno. Además, defiendo los intereses de la gente que me eligió. Se trata de trabajadores del sur; no son grandes empresarios que recorren los caminos en Mercedes Benz, como se ha dicho aquí. Son campesinos pequeños. Les voy a decir lo siguiente: el 64 por ciento de los productores de remolacha posee menos de cinco hectáreas. ¡No son grandes agricultores! El 29 por ciento tiene entre 5, 9 y 20 hectáreas, y el 5 por ciento entre 20 y 50 hectáreas. Sólo el 2 por ciento es dueño de más de 50 hectáreas. De manera que se trata de una actividad legítima, que además reúne condiciones muy excepcionales. Tengo a la mano los datos relativos a los niveles de producción. Su rendimiento ha aumentado en 40 por ciento en los últimos cinco años. ¡El país con el mayor rendimiento agrícola por hectárea del mundo: Chile! Mejor que Francia y Australia, que lo siguen.
En seguida, me referiré a precios del azúcar al consumidor en nuestro país. La fuente es "The Economist", revista cuya seriedad no puede ser discutida. En todo caso, es del mundo liberal. Chile tuvo el año pasado el precio más bajo en el mundo. ¡En el mundo! Seguido de Japón. ¡Muchísimo más barato que las demás fuentes de producción!
El valor de la producción no es despreciable. Son 160 millones al año, en una actividad que ocupa alrededor de 50 mil personas, cantidad que en los períodos peak de producción llega a 100 mil.
Repetiré una afirmación del Honorable colega que acaba de hacer uso de la palabra: aquí no estamos argumentando contra otras actividades. Al revés. Hay otras que utilizan azúcar y que, en tres años, han aumentado diez veces su importación. No se trata de eso. Es una perforación de la banda, pero se puede arreglar si se considera que Chile consume 700 mil toneladas y produce solamente 500 mil. El problema reside en no estrangular una producción que es legítima, que ocupa una parte importante del territorio y que no puede ser sustituida por otra con el mismo valor.
Hablo con cierta pasión porque me parece que estamos ante una reacción como consecuencia de ideologías. No quiero decir que se debe a la imposición de países extranjeros con los cuales hemos negociado tratados de libre comercio. Pero la verdad es que no tratamos este tema, que ya abordó la Cámara de Diputados, porque nuestro país sea un productor ineficiente. Las naciones con los menores costos en la producción de remolacha fueron, entre el 80 y el 84, Francia y, después, Chile. Y del 88 para adelante, hasta hoy, nuestro país es el que exhibe los mayores niveles de eficiencia en el mundo en este rubro, seguido por Estados Unidos, Francia, Holanda y el Reino Unido. O sea, estamos en la "liga de campeones".
¿Por qué rebajar y eliminar las bandas? Yo no creo que se pretenda destruir esta actividad, pero sí veo en los acuerdos comerciales -primero me referiré al suscrito con Estados Unidos- que después del 2014 no habrá ningún tipo de control sobre las importaciones.
En cuanto a la tendencia actual, estimo que Chile no debe dejarse llevar por ella. Eso se puede decir al hablar de pintura, música, arte, pero ¿cuál es la tendencia actual denunciada por el Presidente del Banco Mundial ? Provocando el mayor escándalo de los últimos años, dijo que consistía en el aumento de la pobreza en América Latina. Y ciertas concepciones son las que la incrementan, porque, si se ha pretendido dar examen de libre comercio y llevar a cabo privatizaciones sin control, el resultado es que hoy existe más pobreza que en 1980, según cifras del Banco Mundial.
¿Y qué estamos haciendo? Destruir los países. ¿Es posible que la democracia se sostenga en el aumento de la pobreza? Lo de Venezuela no es casualidad, tampoco lo de Colombia. Chile se salvará si se aparta de esas corrientes que aquí se anuncian como tendencias que hay que seguir.
Pues bien, en el texto del tratado suscrito con Estados Unidos -según tengo entendido, porque no lo conozco en detalle-, tanto el trigo como el azúcar serán objeto de rebajas arancelarias progresivas hasta llegar a cero en el año 14. ¿Es una medida que nos conviene o es una imposición? ¿Por qué en el mismo tratado no se indica que Estados Unidos la rebajará también? No lo dice.
En segundo lugar, en los acuerdos del MERCOSUR, según una interpretación del ACE 35 -que no comparto-, el año 2014 tendríamos que suspender y eliminar todos los subsidios y restricciones. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación; pero si fuera así, desde esta tribuna pido al Presidente de la República -quien anunció en Londres que en el mes de agosto se reuniría con sus pares de los países del MERCOSUR- que en esa ocasión plantee que no puede haber ningún acuerdo internacional tan injusto que nos obligue a eliminar el trigo y el azúcar, cuando ellos no han hecho sino jugar con los cambios en forma tal que no hay rectitud en las relaciones. Le solicito que diga que Chile siempre contará con una cuota de trigo y de azúcar, cualquiera que sea el precio interno, porque éste va a depender de las maniobras financieras de Brasil y Argentina, y no de la productividad.
Señor Presidente , una vez más esta Corporación analiza la situación de la agricultura chilena. Hoy lo hace a petición de Senadores de la Concertación. En las dos últimas ocasiones fue a solicitud nuestra. Y nos alegramos de que ahora sean los Parlamentarios oficialistas quienes lo hagan, porque eso revela que finalmente comparten nuestra evaluación sobre la crítica situación por la que está atravesando la agricultura nacional. De otra manera, no se justificaría esta reunión ni la necesidad de buscar soluciones al problema que afecta a los productos agrícolas tradicionales o básicos.
Y, en verdad, no es para menos. Los datos corroboran una dramática situación. Según un estudio publicado en la revista "El Campo" que hiciéramos hace dos años, en una década los precios de los productos cayeron, en términos reales, en 60 por ciento. Es decir, lo que se compraba en 100 hoy día se hace en 40. Y eso significa menores ingresos al mundo agrícola, más endeudamiento y menor inversión. Y al final, si nos preguntamos dónde hay más analfabetismo, dónde hay déficit educacional, dónde hay menor cobertura de los niveles educativos, dónde hay más dificultad para acceder a la vivienda y a la salud, dónde hay más pobreza, dónde hay menores mecanismos de comunicación, nos daremos cuenta de que es en los sectores rurales. Por lo tanto, si seguimos con esta política que ha conducido a tal estado de cosas, obviamente el destino va a ser brutal para ellos.
¿Tiene solución este problema? Por cierto, la tiene. Lo primero es asumir la causa principal que lo genera: el enorme proteccionismo internacional existente en el ámbito de la agricultura, que permite que la llegada de esos productos o su tratamiento como "commodities" en el mercado provoque bajas sostenidas en nuestras cosechas, con las consecuencias recién anotadas.
En un diario de ayer, como todos pueden comprobar, se detalla la gran cantidad de subsidios que se otorgan en el mundo. No repetiré cifras. Me limitaré a leer un texto según el cual la Unión Europea, que cuenta con más de 100 mil millones de dólares para subsidios en el ámbito agrícola, había decidido bajarlos. Y agrega: "Pero Europa no redujo los 49 mil millones de dólares anuales que gasta en subsidios relacionados a la producción. En vez de eso, otorgará subvenciones en base a otros criterios, como la protección del medio ambiente".
¿Qué quiere decir esto? Que seguirán aumentando los subsidios.
Recientemente, el Primer Mandatario dijo a los Presidentes que participaron en la Cumbre de Líderes Progresistas que esos subsidios estaban afectando la situación de nuestras agriculturas. Sin embargo, ¿qué se hace para corregirlo? Siento decirlo: nada.
La Mesa Agrícola, el 1º de septiembre de 2000, prometió que sería modificada la Comisión de Distorsiones. Tengo a la mano el documento para los que quieran leerlo. Hasta la fecha, el Gobierno no ha enviado el proyecto, en circunstancia de que se comprometió a hacerlo el 1º de diciembre del año 2000.
¿Qué hizo la Comisión de Distorsiones? Pedí un informe de la labor desarrollada entre 1997 y 2001. Y es interesante: señala que se cursaron sólo 19 solicitudes, de las cuales, la Comisión declaró inadmisibles cuatro; de las 15 restantes, tomó medidas definitivas únicamente en siete.
En resumen, en cinco años de actividad, dicho organismo acogió siete casos. Esto demuestra la nula protección comercial frente a los subsidios y el enorme proteccionismo extranjero.
Entonces, no bastan los discursos presidenciales; ni las sesiones de esta naturaleza, ni tampoco que los Parlamentarios de la Concertación se hagan los desentendidos respecto de las gestiones de su propio Gobierno. Porque el proyecto de bandas de precios -que hoy día pretendemos rechazar- pertenece a la coalición gobernante, no a la Alianza por Chile. A los discursos deben seguir hechos reales; ahí se ve la verdadera política, no en las palabras.
¿Qué ocurre concretamente hoy? La iniciativa que nos convoca -la de las bandas de precios- afecta en forma grave la situación del trigo y la remolacha, productos que han podido subsistir por encontrarse sujetos al mecanismo de banda de precios.
Ya señalaron algunos señores Senadores que somos eficientes en la producción y que los precios han bajado. Sin embargo, esta disminución no se traspasa al consumidor, ya que los industriales de caramelos o de bebidas no hacen lo propio; incluso suben los de sus productos. Igual situación ocurre respecto del trigo: baja el precio del productor, pero sube el valor del pan. Pero como tales rebajas no se traspasan a los consumidores, éstos no reciben sus beneficios.
Son miles las personas que viven de esta actividad, no sólo agricultores y campesinos, sino también transportistas, empleados de plantas industriales, gente del comercio. ¡Cientos de miles! En las 400 mil hectáreas de trigo plantadas, trabajan 80 mil personas, de las cuales el 70 por ciento son pequeños agricultores. Ellos son los llamados a morir si acaso se concreta lo propuesto.
Lo anterior no lo digo yo, sino la ODEPA, que en 2001, con motivo de un análisis de las bandas de precios, señala que, sin ellas, "se estima que el 90 por ciento de los productores remolacheros saldrían de la actividad, por lo cual sólo se sembrarían 4 mil 800 hectáreas". Es decir: sin bandas de precios se acaba la agricultura de la remolacha.
Yo agregaría que la actividad del trigo no se acabaría completamente, pues se mantendrían los grandes productores, antiguamente llamados latifundistas por algunos señores Senadores. El proyecto sobre bandas de precios va a permitir sólo la subsistencia del latifundio productor de trigo. Los pequeños y medianos agricultores mueren. Los campesinos pierden su fuente de trabajo.
Eso ocurrirá en caso de aprobarse el referido proyecto. ¿Por qué éste es tan malo? Porque pone término a las bandas de precios el año 2014; porque establece una desgravación gradual, con lo cual se propicia una muerte paulatina de la actividad; porque los mecanismos que determinan los precios -fundamentalmente, la frecuencia de publicación- son nefastos; porque no incluye el azúcar líquida; pero, en particular, por la forma en que trata las mezclas.
En Chile ya murió la producción de aceite, por el ingreso de las mezclas. Actualmente, el azúcar se encuentra amenazada por una situación similar. Si a este respecto se aprueba la entrada de mezclas, mañana se hará lo propio con relación al trigo. Y me pregunto entonces ¿qué ocurrirá en la agricultura tradicional?
¿Existen soluciones al problema planteado? Depende de la respuesta a la pregunta esencial: ¿Queremos o no agricultura de productos básicos en Chile, considerando el contexto mundial? Si la respuesta es afirmativa, hay soluciones, y fáciles. En el mismo proyecto, sería cosa de modificar los aspectos centrales a los cuales aludí. Por ejemplo, no poner plazo de término a las bandas de precios -porque el problema no se vincula con eso, sino con las condiciones del entorno- y, en seguida, abordar el asunto relativo a las mezclas.
Nosotros propusimos una solución que -reitero- consistía en dejar entregadas por completo a los productores de azúcar las 60 mil toneladas del producto que entran libres de arancel como consecuencia de acuerdos internacionales, por ejemplo, con Guatemala, Brasil y Argentina. Debo hacer presente que también nos preocupan las fuentes de trabajo que representan las industrias de caramelos, de confites, de bebidas. Por eso, si se permite el acceso preferente de esas 60 mil toneladas -incluso estamos dispuestos a aumentarlas a 70 mil o a la cantidad que estimemos prudente-, podría resolverse el problema relativo al ingreso de mezclas. Además, se defendería el producto y se haría eficaz el mecanismo de las bandas de precios.
Nuestra sugerencia satisface a los productores de caramelos, de confites y de bebidas; no afecta fuentes de trabajo, y permite la subsistencia de la agricultura tradicional.
Nuestra voluntad política y la de los Diputados con quienes conversamos apunta a esos objetivos y es la forma concreta y más expedita de resolver el problema. Si no es así, entonces que el Presidente Lagos ; el Ministro de Agricultura , señor Campos; la Ministra subrogante de Hacienda , señora Wagner ; su titular, don Nicolás Eyzaguirre , y por cierto los Gobiernos de la Concertación, asuman la responsabilidad de haber amenazado de muerte a la agricultura tradicional. Ellos tienen hoy la posibilidad de definir su paso a la historia como los que salvaron a la agricultura tradicional o como los que la enterraron.
Excúseme, señor Presidente , deseo plantear una moción de orden.
Nos encontramos frente a una discusión extraña, porque se refiere a un proyecto que no ha llegado al Senado, que todavía está en la Cámara de Diputados. Entiendo que ésta es una sesión especial para analizarlo, pero estamos presenciando monólogos.
Por lo tanto, si fuera posible, pido a la Mesa organizar la lista de inscritos de manera de facilitar el debate y no agotar el tiempo en monólogos de los defensores de una posición.
Yo, desgraciadamente, estaba en la Comisión de Hacienda y no alcancé a inscribirme para hacer uso de la palabra. Pero me parece razonable que la Mesa ordene la discusión, a fin de evitar monólogos.
Quiero hacer presente a Su Señoría, primero, que voy a respetar el orden de inscripción, y segundo, que no haré ninguna distribución, pues desconozco los planteamientos que expondrán los señores Senadores. A lo mejor puedo intuir los de algunos, pero no los de otros.
Señor Presidente , comparto en alguna medida la opinión del Senador señor Ominami .
A mi juicio, sería interesante, particularmente para quienes se encuentran en las tribunas, dar a conocer visiones distintas.
No quiero caer en esas percepciones terroríficas que acabo de escuchar, que nos amenazan con la creación de un nuevo fenómeno social: el latifundio. Los Honorables colegas deben saber que el latifundio requiere una condición básica consubstancial: la existencia de inquilinos. Entonces, ¿vamos a volver a la época de los inquilinos, de la galleta, del sol a sol? ¡Por favor!
Ojalá que este debate se realice en forma seria. Y lo digo porque ante todo debemos preguntarnos el motivo de esta sesión. No se trata de que el Gobierno haya enviado un proyecto antojadizo, arbitrario, sino de que Chile fue acusado en la Organización Mundial de Comercio, OMC, por las bandas de precios, lo que llevó a readecuar la política sobre el particular. Entonces, centremos la atención en las cosas serias que condujeron a eso.
En segundo lugar, también debemos preguntarnos por qué en nuestro país existen las bandas de precios como instrumentos de política agraria. Ello tampoco obedece a una casualidad. Es así porque una nación pequeña como Chile necesita proteger rubros económicos que son estratégicos para el desarrollo de determinadas agriculturas y de ciertas Regiones, frente a mercados internacionales absolutamente distorsionados, como los del azúcar, del trigo y del aceite. Por eso nuestro país, pequeño, aislado, se ve forzado a proteger esas zonas, a defender a esos agricultores, a impulsar la política de bandas de precios. ¡No es casualidad!
No se trata -como se ha querido dar a entender por los medios de comunicación- de que los consumidores estén pagando los costos por las bandas de precios.
Señor Presidente , no hay ningún estudio serio en el país que demuestre que, cuando ha bajado el precio del azúcar o del trigo, el valor de las mercaderías asociadas a estos insumos ha disminuido. Siempre que el precio de esos productos experimenta algún descenso, contrariamente sigue subiendo el de la harina, los fideos, los caramelos y los chocolates.
¡Entonces, no digamos cosas que no se ajustan a la verdad!
Señor Presidente , deseo referirme a un segundo aspecto.
Aquí no estamos protegiendo la ineficiencia. No se trata de que en nuestro país se establezcan bandas de precios para amparar a los productores más malos del mundo. Muy por el contrario, tanto los de trigo como los de remolacha tienen niveles de producción altísimos. En el caso de esta última son, incluso, los mejores en el ámbito mundial.
Considero bueno traer estos argumentos al debate, porque a veces ciertos discursos apasionados -uno los entiende- nos impiden ver el bosque. En esta materia, lo fundamental es que Chile tenga una política de bandas de precios, la que deberá ser readecuada, porque si deseamos participar en los mercados externos no podemos estar en contra de lo que señalan los organismos internacionales.
En este sentido -no sé si estoy equivocado-, la propia IANSA, una de las empresas interesadas en que se continúe produciendo remolacha y azúcar en el país, ha señalado que el proyecto en cuestión le parece bien y que es positivo ajustar las bandas de precios. Sin embargo, es cierto lo que se ha expresado acá -y no menos efectivo que lo anterior- en cuanto a que evidentemente tenemos un problema con las mezclas, pues de alguna forma están perforando las bandas y generando un sinnúmero de preocupaciones.
Por consiguiente, deseo manifestar -en especial a la gente que se encuentra en las tribunas, porque este debate también está presente ahí- que pueden estar seguros, unos, de que continuarán produciendo remolacha, y los otros, de que no perderán el trabajo. En circunstancias parecidas, tampoco lo han perdido. Aquí no se encuentra amenazado ni el cultivo de azúcar, como se ha pretendido señalar, ni el de remolacha, como terroríficamente se ha tratado de decir, pues se está actuando con suma responsabilidad respecto de ambos.
Pero no confundamos las cosas: los cultivos de remolacha y de trigo, por ser esenciales para el desarrollo regional en determinadas zonas de nuestro país, seguirán existiendo.
En consecuencia, quienes asisten hoy acá en representación de los productores remolacheros pueden estar tranquilos. ¡Vamos a tener remolacha para muchos años! ¡Vamos a tener producción interna de azúcar por bastante tiempo! Porque el Parlamento procederá en forma seria y responsable.
Del mismo modo, quiero decir a los trabajadores de las empresas ligadas a la industria de los confites que estén tranquilos, por cuanto el hecho de que haya bandas de precios y de que éstas sean readecuadas tampoco amenaza su fuente laboral. Lo que pasa es que en esta materia se conjugan intereses contrapuestos. Y, lamentablemente, hay que señalarlo: las propias industrias han generado e incentivado el clima de terror que se ha pretendido establecer en el país. Sin embargo, lo que se manifiesta no es cierto, ni para un lado ni para el otro.
Por lo tanto -y con esto concluyo-, mediante el proyecto pertinente introduciremos las modificaciones que correspondan en lo referente a las bandas de precios y estableceremos el horizonte de tranquilidad que tanto necesitan los productores. Y lo más importante: las empresas que utilizan el azúcar o el trigo como insumo pueden confiar en las decisiones que adopte el Senado, por cuanto no les afectarán ni van a significar su quiebra ni su ruina.
Esos trabajadores pueden estar tranquilos, como también los productores, ya que legislaremos para que ambas actividades puedan coexistir en Chile. No se trata de competencia, ni de la destrucción de una con la otra. Es posible lograr aquello cuando se actúa con criterio, con prudencia y moderación, pero no con apasionamiento ni campañas terroríficas, pues así no se resuelven los problemas de los países, sino con mesura y ponderación.
Señor Presidente , deseo agradecer la deferencia del Senador señor Ruiz-Esquide , y también la de la Mesa, que ejerció la facultad consagrada en el Reglamento en el sentido de ordenar el debate de manera que no se asista simplemente a un monólogo y de que pueda llevarse a cabo como corresponde, pues me parece que una discusión sobre esta materia resulta fundamental.
A mi juicio, la agricultura es una actividad con características específicas que no permiten darle un tratamiento general ni dejarla librada simplemente a su suerte o a los resultados que el mercado indique. El asunto es saber con exactitud qué deseamos proteger y cuáles son los costos que el país está dispuesto a pagar para desarrollar determinadas actividades agrícolas.
Desde ese punto de vista, señor Presidente , creo que es muy importante partir acotando el problema. Aquí no estamos hablando de la agricultura en general. Eso debe quedar bien establecido. Represento a una zona esencialmente agrícola que no tiene los inconvenientes mencionados acá, lo cual no significa no ser solidario con los sectores que sí presentan esas dificultades. Pero reconozcamos que existe una agricultura que ha sido capaz de reconvertirse, que hoy es de exportación, que no necesita protecciones ni bandas de precios y que está haciendo una contribución muy sustantiva al desarrollo nacional.
Por lo tanto, es primordial que no se confunda una cosa con la otra. Aquí nos estamos refiriendo a un ámbito muy específico de la agricultura tradicional chilena, que no representa los principales volúmenes de producción, ni mucho menos los relacionados con el comercio exterior.
Me parece que todos buscamos -y en este sentido acojo el llamado a sostener una discusión sin descalificaciones- poner sobre la mesa los verdaderos problemas de determinado sector de productores nacionales -pero, sin lugar a dudas, relevante-, especialmente vinculado a algunas regiones del país, que no han logrado reconvertir su actividad agrícola.
Sobre el particular, me preocupa el costo que implica ese esfuerzo. Y en este sentido resulta fundamental ilustrar al Senado con algunos argumentos.
Acaba de publicarse un estudio del señor Andrés Venturelli , ingeniero del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile , quien efectúa planteamientos muy importantes que no pueden ser desconocidos.
¿Qué expresa en dicho documento? Sobre la base de una evaluación de los costos de las transferencias netas que han significado las bandas de precios entre 1984 y el 2000, concluye que la operación de ellas ha implicado transferencias desde los consumidores del orden de los mil 217 millones de dólares. Esto es mucho dinero.
A su vez, agrega que las bandas no sólo han sido mecanismos de estabilización de precios, sino que la evidencia cuantitativa muestra que han constituido sistemas de protección respecto de estas actividades. Y eso hay que reconocerlo derechamente, pues es así.
Además, conviene tener presente que la forma como ellas han operado ha sido muy regresiva.
¿Qué ocurre, por ejemplo, con el azúcar? Los pobres la consumen en proporción mucho mayor que los sectores de más altos ingresos. Más aún, los productos en banda son básicamente los que constituyen la canasta popular. En consecuencia, las transferencias se hacen en lo fundamental con cargo a la población más modesta, simplemente por la naturaleza de su dieta.
Ése es un dato muy importante a tener en cuenta, pues los productos más sofisticados no son los que se encuentran en las bandas de precios, sino el trigo (materia prima del pan), el azúcar, con lo que implica esto desde el punto de vista de la constitución de la canasta popular. ¿Qué significa esta situación? Que en el caso del azúcar, por ejemplo, los pobres han pagado por mantener las bandas de precios en una proporción de su sueldo seis veces mayor que la del grupo más rico. Ésta es una materia que también debe ser considerada.
Estimo muy legítimos los intereses de los productores de remolacha, pero me parece primordial que alguien vele también por los intereses de los consumidores en general. Aquí no están en juego sólo los relacionados con los productores industriales, sino en definitiva los de los consumidores de todo el país, de los sectores más pobres, a los cuales buscamos beneficiar.
Señor Presidente , en el caso de la banda del azúcar, sólo entre 1998, 1999, 2000 y 2001 los consumidores transfirieron 312 millones de dólares. Y lo que juzgo más preocupante es que la forma como se distribuyen esos recursos tiene una proporción absolutamente regresiva. Ha sido finalmente IANSA, el monopolio natural del sector, la que ha captado el 51 por ciento de estas transferencias durante los últimos cuatro años.
El Estado ha hecho negocio también con esto por la vía de los impuestos. Se ha beneficiado con 31 por ciento de estas transferencias; y, por último, los remolacheros se han favorecido con un porcentaje muy minoritario del conjunto de ellas.
Entonces, no hablemos de que aquí buscamos ayudar a un sector que, producto de la forma como está operando el mecanismo, constituye un beneficiario relativamente marginal. En el caso de la banda del azúcar, IANSA se ha beneficiado fundamentalmente con esas enormes transferencias desde los consumidores hacia este ámbito de empresas. Y todo ello, en desmedro de los sectores más pobres de la población.
En el caso del proyecto de ley -no tengo tiempo para comentar todo su contenido-, un aspecto muy importante se consigna en el artículo 1º, que dispone algo que me parece en extremo favorable para los productores: que el mecanismo de bandas de precios no funcionará durante los próximos cuatro años en la forma como se encuentra establecido, porque es negativo para los productores.
Muchos Parlamentarios que están siempre tan preocupados por la mantención de las reglas del juego nos dicen ahora que, por favor, éstas no funcionen. ¡No quieren que funcionen las reglas del juego! En el caso del azúcar, lo que habría que hacer es simplemente aplicar la banda de precios. Si ésta se aplicara, ¿qué ocurriría? Que por primera vez en muchos años los consumidores y todo el mundo se beneficiarían, porque, de acuerdo al modo de cálculo de la banda, la tonelada de azúcar debería disminuir en unos quince dólares. Y el proyecto dice que no bajará en quince dólares, sino que lo vamos a mantener estable.
Yo estoy de acuerdo en que hagamos ese esfuerzo. Pero reconozcamos dos cosas. La primera, que estamos violentando las reglas del juego para favorecer a un sector. Y que se diga claramente. No he escuchado al Senador señor Larraín expresar aquí que hay que respetar las reglas del juego, porque lo que se está planteando es un cambio radical de las mismas.
En segundo lugar, tuvimos una álgida discusión sobre los impuestos específicos. Se dijo que éstos eran un horror y, finalmente, no se aprobaron.
¿Qué se está haciendo aquí con todo esto? Colocando un impuesto específico al azúcar. ¡Eso es! Se está pidiendo a los consumidores...
Tiempo, señor Senador.
...que paguemos durante los próximos cuatro años por lo menos 15 dólares más por la tonelada de azúcar, para financiar a un sector. Eso es un impuesto específico.
Por consiguiente, me parece que hay que ser consistentes también en la forma como se argumenta. No se puede un día estar en una posición, y al siguiente, exactamente en la contraria.
Señor Presidente , me llama mucho la atención cuando se dice -y lo veo de parte de colegas que, como el Senador que habla, representan zonas agrícolas- que el proyecto liquida la agricultura.
Entonces, quisiera que sobre esto tuviéramos una discusión serena.
Soy partidario de las bandas de precios. Las he defendido. Las considero legítimas como protección mínima en mercados que son muy imperfectos a nivel del mundo. Sé que presentan problemas, porque son controversiales a nivel internacional. El proyecto se origina en un panel que perdimos con Argentina respecto de la forma de cálculo. Por eso se presentó esta iniciativa: porque perdimos un panel internacional, no respecto de las bandas -que las salvamos-, sino del método para calcularlas, que es el asunto central.
Entonces, quiero partir diciendo que, desde un punto de vista agrícola y para los productores de remolacha y de trigo, éste es un excelente proyecto. Y ello, por lo dicho por el Senador señor Ominami , con lo que estoy de acuerdo, porque sube el piso de la banda, y lo hace en el caso de la remolacha y del trigo, y establece un mecanismo que ya no es la banda, sino que es uno de precio de sustentación por sobre la banda durante 4 años. Porque si ésta operara -que es lo que todos hemos defendido aquí-, el piso sería más bajo que el fijado en la ley.
Todo depende de cómo lo calcule.
No, con el cálculo que estamos haciendo...
¡Senador señor Moreno , diríjase a la Mesa!
Estaba haciendo una precisión.
¡Ni precisiones, ni diálogo, señor Senador !
Yo no estoy dispuesto a defender la agricultura con malas razones. Estoy por defenderla, pero -reitero- no con malas razones ni con discursos que en una asamblea de productores pueden ser muy razonables -yo también podría sacar muchos aplausos- pero que no son reales.
Lo que el proyecto hace, en el caso de la remolacha, es elevar el piso sobre la banda en 12 por ciento por cuatro años, y en el del trigo, en 6 por ciento. Además, hoy día la del trigo no está operando, porque el precio internacional de ese producto está muy bueno.
¡No estamos sacando aplausos, Senador señor Gazmuri!
Le pido que no interrumpa, señor Senador.
Me parece bien. Pero estoy argumentando.
Se ha dicho que el proyecto es terrible, que liquida la agricultura. ¡Por favor! Desde el punto de vista de ambos productos, el proyecto sube el piso de las bandas por cuatro años, y después deja que operen normalmente -no las elimina- en lo que hemos definido como tipo de banda, que es la tendencia de los precios.
Lo que ocurre es que la tendencia internacional del precio del azúcar camina en dirección a la baja, y el valor del trigo ha tenido un comportamiento óptimo durante el último tiempo, porque son mercados poco previsibles. Y eso es estupendo para los agricultores del país.
Entonces, primer punto: se trata de un muy buen proyecto. Tiene un problema, que no es menor:...
¡Senador señor Larraín!
¿el relativo a las mezclas.
¡Por fin! Ése es todo el tema.
Porque si yo establezco...
¡Respete al orador, señor Senador !
¡Es que ése es todo el tema, señor Presidente!
Senador señor Larraín , le pido que respete al orador.
¡Por favor, aprenda a escuchar, señor Senador! ¡Eso es lo que les cuesta!
¡Depende de lo que se diga!
El proyecto tiene un problema con las mezclas.
Digo esto porque, si establecemos una protección que burlaremos todos los días por la vía de las mezclas -como ocurrió cuando se importaron algunas que eran 98 por ciento azúcar y 2 por ciento de ácido salicílico o de cualquier otro-, evidentemente estamos, por un lado, protegiendo, y, por otro, burlando tal protección. Y ésa no es una política seria ni responsable.
Por lo tanto, me parece esencial para el debate que viene el ver cómo resolvemos el problema de las mezclas. Entonces, primero debemos ubicar exactamente dónde está el tema principal: en las mezclas.
Finalmente, deseo plantear que la industria ha mostrado un argumento real y que, si nos apegamos a una visión nacional, lo debemos rescatar.
No comparto la explicación de que aquí se está castigando a los consumidores, porque incluso la semana pasada los dirigentes industriales manifestaron -no lo digo yo- que si se resolvía el problema, los efectos no se iban a traspasar a los precios porque habían tenido años muy duros, de los cuales querían recuperarse primero.
Entonces, no hagamos demasiadas argumentaciones con los pobres. Reitero: los propios industriales han dicho -no lo hago yo- que no están en condiciones de traspasar ese ajuste a los precios.
Lo que ocurre es que, desde el punto de vista del año tras año, el industrial chileno trabaja con una materia prima cuyo costo es mucho más alto del que se fijaría si su fábrica se estableciera en Mendoza. Esto es real. Ése es el precio que paga el país por tener sistema de bandas. Porque si hoy día el arancel específico es de 50 por ciento, eso significa que la industria consumidora de azúcar paga 50 por ciento más que si estuviera instalada en Mendoza. Eso resulta evidente, y es la consecuencia de tener bandas de otro lado.
Entonces, hay que plantear este asunto de una manera real, si queremos tener una discusión responsable, como creo que debemos hacerla en el Senado.
En mi opinión, existe una fórmula de salida. Se ha mencionado aquí. Por los convenios internacionales 60 mil toneladas de azúcar ingresan al país con arancel cero. Ése es el otro dato. Esa cantidad de toneladas no está sujeta a bandas.
Existe un mecanismo extraño. Porque en el país siempre nos enredamos con teorías neoliberales absurdas. Y son los de las bancadas de enfrente los que nos han metido el liberalismo. Incluso, le han traspasado una parte indeseable al propio Gobierno. Eso está claro. Se dijo: aquí tiene que haber un mecanismo transparente para el uso de esas 60 mil toneladas, y se estableció que nadie podría comprar más del 20 por ciento. Pero resulta que ya no se compra el 20, lo que es absurdo. Los que están sujetos a bandas no pueden adquirir azúcar, porque son elaboradores.
Se sostiene que se hace a través de brokers, pero no el 20. Yo digo entonces: establezcamos un mecanismo que asegure que todo el azúcar que entra a Chile con arancel cero sea solamente para uso industrial.
Tengo la impresión de que es posible encontrar una solución que, junto con defender a la agricultura, considere los legítimos intereses de la industria que usa el azúcar como materia prima.
¡Su Señoría empezó mal, pero terminó muy bien!
Pido a los señores Senadores dirigirse a la Mesa y no hacer diálogos.
Solicito autorización para que ingrese a la Sala, a solicitud de la señora Ministra, la señora Catalina Bau, asesora del Ministerio de Hacienda.
Hago presente a los señores Senadores que se ha convocado a sesión especial para hoy a las 15:30, con el objeto de discutir y despachar el proyecto sobre ISAPRES.
Señor Presidente , la sesión de hoy resulta ser muy ilustrativa, no tanto de los intereses en juego, sino de la importancia de la óptica con la cual se enfrenta el debate.
Desde luego, es saludable que no haya una defensa a ultranza de la idea del modelo de mercado como algo perfecto ni sujeto a distorsión. No he escuchado a ningún señor Senador que rechace el hecho de que el mercado internacional del azúcar, como otros, sea imperfecto y que esté lleno de problemas.
Por otro lado, comparto lo que el Honorable señor Valdés dijo con mucha elocuencia respecto a la necesidad de que nuestro país no se rinda ante el pensamiento único, hoy día en crisis, del Fondo Monetario Internacional y otros organismos de la misma naturaleza.
¡Nunca tanto!
¡Señores Senadores, por favor!
¡Senador señor Naranjo!
He sido interrumpido desde estas mismas bancas, señor Presidente, que, igual que las del frente, defienden al Fondo Monetario.
Solicito al Honorable señor Naranjo no interrumpir a su compañero de bancada.
¡No había visto en las filas del Partido Socialista una defensa del Fondo Monetario! Pero, en fin, no me voy a referir a ese tema.
Señor Presidente , me parece importante destacar el consenso entre los señores Senadores en cuanto a la necesidad de que exista una política agrícola especial.
Al respecto, asistí con otros Honorables colegas a una reunión con productores agrícolas en la ciudad de Chillán. Y, después de escuchar atentamente sus planteamientos, tengo la impresión de que las objeciones al proyecto de ley se reducen prácticamente a una sola.
Se comienza diciendo que se va a rechazar tal iniciativa; pero, acto seguido, interviene alguien un poco más avispado que señala que no conviene rechazarla porque, como muy bien lo indicó el Honorable señor Gazmuri , ella trae aparejada un alza en el precio, en el cálculo de la banda, de manera que sería absurdo sostener una posición contraria.
Ahora, evidentemente que el proyecto presenta algunos defectos, que nosotros debiéramos corregir en el debate parlamentario. Y ojalá que el señor Ministro de Agricultura y la señora Ministra de Hacienda subrogante recogieran lo que a mi entender es un consenso bastante amplio entre nosotros, en el sentido de que el 90 por ciento de azúcar en las mezclas permite, en la práctica, perforar las bandas y crea, por tanto, una protección ilusoria, no real.
Por eso, se trata de bajar ese porcentaje en el proyecto, al menos a 65 por ciento y de aplicar una norma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, para -si se usa la regla interpretativa 3 B- hacer posible la inclusión de las mezclas en la partida 17.01 -los acuerdos de la OMC permiten mecanismos de protección de este tipo- y darles un porcentaje adecuado de defensa.
Si eso se hace en el proyecto, creo que se cumple bien el objetivo de amparar al sector agrícola tradicional hasta el 2014. El problema es qué va a pasar ese año. Es bastante difícil preverlo en este momento, porque va a depender de la conjunción de diversos factores que tienen que ver con el MERCOSUR, con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con la evolución de los acuerdos de la OMC en la Ronda de Doha. Hoy no estamos en condiciones de anticiparlo. El proyecto no se pronuncia sobre el punto. Ya habrá ocasión de legislar en el futuro si las circunstancias cambian. Lo importante ahora es aprobar la iniciativa, con las modificaciones mencionadas, para proteger a la agricultura tradicional.
Sobre si los efectos serán traspasados a los consumidores, es algo que amerita una discusión más seria y con mayores cifras en la mano, porque en verdad a veces da la impresión de que estos subsidios no inciden después en alzas de precios por parte de las industrias elaboradoras.
Comprendo a algunos Senadores, sobre todo a los de la Quinta Región, por defender con mayor pasión a las industrias de su zona. Digamos que es algo natural. Pero creo que tanto el Honorable señor Sabag como el Senador que habla, por representar a una circunscripción que en parte es industrial y en parte agrícola, tenemos tal vez una posición un poco más equilibrada.
El señor CAMPOS ( Ministro de Agricultura ).-
Señor Presidente , agradezco al Honorable Senado la gentileza que ha tenido de invitarnos a participar en esta sesión especial que, según su convocatoria, tiene por objeto analizar la situación de la agricultura nacional y las modificaciones previstas a las bandas de precios para determinados productos agrícolas.
El Gobierno obviamente valora las distintas intervenciones y comentarios que los señores Senadores han vertido en esta oportunidad.
La primera reflexión que quiero compartir con Sus Señorías es que no tengo una visión tan terrorífica o catastrofista respecto de la agricultura chilena, ni creo que no haya una política de Estado para el sector.
La política agrícola la convinimos con representantes del área privada el año 2000. Se encuentra construida sobre la base de siete ejes específicos: medidas de seguridad y confianza, medidas que aumentan la productividad, medidas que aumentan la competitividad, el desarrollo de los mercados, la agricultura limpia y de calidad, el desarrollo forestal y el desarrollo rural. Lo anterior se caracteriza por focalizar los recursos en la agricultura sustitutiva de productos de importación (la agricultura del sur) y en la pequeña y en la mediana agricultura.
La aplicación de esta política es lo que precisamente me permite señalar que durante los tres años de Gobierno del Presidente Lagos la actividad silvoagropecuaria nacional ha estado creciendo al doble de lo que lo ha hecho el resto de la economía del país. Dicho sector ha crecido 15 por ciento, mientras que la economía chilena sólo lo hizo en 7 por ciento.
Esto permite al sector silvoagropecuario ser hoy el segundo exportador, después de la gran minería del cobre, pues ha sobrepasado los 5 mil 100 millones de dólares en ventas al exterior. También lo autoriza a decir que sigue siendo el primer sector generador de mano de obra en Chile, con más de 750 mil empleos directos al año, a pesar del proceso de incorporación de maquinarias y de tecnología en el agro. Además, lo faculta para sostener que, si en sus resultados incluye la agroindustria -que son productos primarios agrícolas con valor agregado-, su participación en el producto interno bruto supera el 15 por ciento.
La aplicación de una política de Estado para la agricultura permite al Gobierno afirmar que en estos tres años de gestión ha intervenido más de 300 mil hectáreas con los programas de riego. Es decir, 25 por ciento de la superficie regada del país ha sido considerada en los programas de la Administración del Presidente Lagos. Cabe destacar también que durante estos tres años más de 700 mil hectáreas se han beneficiado con el sistema de recuperación de suelo degradado. En materia de plantaciones forestales, hemos superado las 100 mil hectáreas anuales; o sea, más que los bosques que se consumen cada año.
Asimismo, podemos decir con orgullo que Chile sigue siendo el país con los estándares fito y zoosanitarios más altos, y que hemos podido controlar todas las emergencias sanitarias que desgraciadamente han ocurrido.
Por consiguiente, cuando hablamos del sector silvoagropecuario, obviamente estamos ante un sector muy dinámico y pujante que contribuye al desarrollo nacional como pocas veces lo había hecho antes en la historia de Chile.
En cuanto a las medidas de seguridad y confianza que conforman esta política de Estado, el Gobierno del Presidente Lagos ha manifestado -y lo reitera hoy día- que mantendremos las denominadas "bandas de precios" como instrumento estabilizador.
Sin embargo, las bandas de precios durante estos tres años no han resultado gratis para el país. Los costos que hemos pagado por ello no son menores. Porque en todos los acuerdos comerciales negociados en este período, evidentemente, la mantención del sistema de bandas de precios implica que otros productos -que teóricamente podíamos exportar- no han entrado a los mercados con la fuerza necesaria, la velocidad y la cantidad conveniente. Por mantener el sistema de bandas de precios hemos pagado costos, por ejemplo al negociar con la Unión Europea, con los Estados Unidos y con Corea, por nombrar sólo los tres tratados que se están formalizando durante la Administración del Presidente Lagos.
Como consecuencia del fallo de la ALADI de 2000 -no es una resolución del Ejecutivo-, se desmanteló la banda de precio del aceite. El año 2001 tuvimos que compensar con 2 mil 450 millones de pesos a los 290 productores de raps en Chile. ¡Dos mil 450 millones de pesos a los 290 productores de raps!
Para conservar el sistema de bandas de precios, el año pasado presentamos al Congreso Nacional un proyecto de ley que elevó el arancel consolidado registrado ante la Organización Mundial del Comercio. Y precisamente hoy día, con el mismo objetivo, hemos enviado al Parlamento otra iniciativa, cuya tramitación se inició en la Cámara de Diputados, a la cual han hecho referencia algunos señores Senadores.
Señor Presidente , entiendo la pasión que este tipo de debate puede generar. Pero pienso que hay que ser lo más objetivo posible y, en su momento, cuando en este Hemiciclo se produzca la discusión, atenerse al sentido, al espíritu y a la letra del proyecto.
¿Por qué enviamos la iniciativa de ley al Congreso Nacional? Porque -como ya se dijo- estamos obligados a cumplir un fallo de la OMC antes de diciembre del presente año, debiendo modificar la fórmula de cálculo de la banda de precio del trigo. Si hacemos caso omiso de ese fallo, obviamente, nos estaremos poniendo al margen de la juridicidad internacional y podemos ser objeto de sanciones. Sin embargo, tal fallo sólo nos obliga a modificar el sistema de cálculo de la banda del trigo para hacerlo más objetivo, más transparente y más previsible. De modo que el proyecto enviado al Congreso cumple absolutamente con las instrucciones de la Organización Mundial del Comercio.
Pero ese fallo nada dice respecto del azúcar. No existe obligación legal para modificar la banda de precio de ese producto.
¿Por qué, entonces, se discute sobre el azúcar? Porque tenemos una necesidad comercial, un requerimiento doméstico de modificar la ley de banda pertinente. Si no enmendamos dicho cuerpo legal, la producción de remolacha y, por ende, la industria azucarera nacional desaparecen el próximo año. Y ello, porque el piso de la banda que corresponde, de acuerdo con la ley vigente, queda bajo los costos de producción que tienen los productores de remolacha y la industria IANSA. Ésa es la verdad.
En consecuencia, el proyecto pretende solucionar un problema: dar a los remolacheros la sustentabilidad que hoy no tienen. Si no legislamos en cuanto a las bandas de precio del azúcar -repito-, el próximo año desaparecerá la producción de remolacha. Como no deseamos que ello ocurra, hemos enviado al Congreso la iniciativa mencionada.
Por lo tanto, por un lado, estamos cumpliendo con nuestras obligaciones con la Organización Mundial de Comercio, y, por otro, resolviendo la necesidad doméstica de dar sustentabilidad a un cultivo que actualmente no la tiene.
Se ha dicho que el proyecto termina el sistema de bandas el 2014. Eso no es efectivo. No existe ninguna disposición de la iniciativa que así lo establezca. Lo que ocurra con las bandas después de ese año dependerá de lo que resuelva el Parlamento en la oportunidad correspondiente, a la luz de los comportamientos de los mercados internacionales y de la fuerza y vigor de los acuerdos comerciales suscritos por Chile y vigentes en ese instante. Pero el proyecto nada dice respecto del término de las bandas en el año 2014.
Asimismo, se ha consultado por qué la iniciativa sólo mantiene un piso parejo para la banda de precio durante cuatro años y no por más tiempo. Por una razón muy simple: no podemos exceder del 2007 en la mantención de este piso parejo, a objeto de hacerlo conciliable con los procesos de desgravación del azúcar convenidos en los Acuerdos con el MERCOSUR, aprobados por el Congreso Nacional en 1996 -que, como ley de la República, estamos obligados a cumplir y respetar-, conforme a los cuales hay un cronograma de desgravación del azúcar que comienza en el 2007.
No obstante, el azúcar y la remolacha serán los dos únicos productos que en Chile tendrán un precio fijo, parejo e independiente de las fluctuaciones de los mercados internacionales durante cuatro años. Y ahí recién se inicia el cronograma de desgravación.
Por último, concuerdo con lo expresado por diversos señores Parlamentarios en el sentido de que el fondo de la discusión obviamente es el tema de las mezclas.
En apoyo al proyecto, se ha presentado una fórmula que pretende resolver este tipo de situaciones. Nosotros no estamos cerrados a discutir otras fórmulas para solucionar lo de las mezclas. Pero, ¡cuidado, señores Senadores! No se trata de resolver estos asuntos según el parecer de cada cual, sino de acuerdo a procedimientos que sean factibles. Y cuando hablo de posibilidad o de factibilidad, obviamente debemos tener presentes las normativas internacionales que estamos obligados a cumplir, pues de lo contrario nos estaríamos exponiendo a un panel.
Creo -así lo espero; y confío en ello- que, una vez que desaparecidas o atenuadas las pasiones y los intereses económicos que evidentemente están en conflicto, también se vean estas materias desde otro punto de vista (detrás de este proyecto hay plata). Y no me cabe la menor duda de que el Congreso Nacional encontrará una fórmula que satisfará los intereses del país.
Está agotado su tiempo.
Es para hacer una consulta sobre lo que acaba de decir.
Tiene que pedírsela al próximo Senador que intervenga.
Le doy la interrupción, Su Señoría.
No puedo quitarle su tiempo, señor Senador.
Estamos con un horario ajustado.
Si le sobran minutos, se los pido.
Señor Presidente , a medida que avanza el debate va quedando en claro que el tema no es el de las bandas de precios. Así lo han dicho unos y otros. Y aun cuando inicialmente ellas parecieran ser la clave de la sustentación de una capacidad productiva agrícola en cierta parte de nuestro territorio, pasa el tiempo y nos damos cuenta de que el proyecto de ley presentado por el Gobierno de la Concertación, como han sostenido algunos, tiene hasta una sobreprotección de la remolacha, que pagaremos todos los chilenos durante los próximos cuatro años. Eso quiero dejarlo claro. Porque cuando aquí defendemos a los fabricantes de caramelos o a los productores de remolacha, pareciera que como Senadores de la República nos estamos olvidando de los otros 14 millones de compatriotas que deben pagar el producto, de acuerdo con la resolución que aquí se adopte.
Sin embargo, siendo contrario al criterio de bandas de precios, como se deduce del planteamiento que estoy haciendo, debo reconocer que no puede haber una medida drástica, que de la noche a la mañana modifique las reglas del juego y deje a un sector productivo importante sin su fuente de trabajo. Me refiero a los remolacheros, que son la base de la producción nacional de azúcar.
Por lo tanto, no concordando con el criterio de las bandas de precios, estaría en condiciones de apoyarlas, en los términos establecidos en el proyecto, con el propósito de que, de haber una reconversión, ésta se vaya produciendo en el tiempo.
En lo que personalmente me atañe, como representante de la Quinta Región -con esa vehemencia o imparcialidad que nos asignó un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra- y como defensor de los productos elaborados en esta zona, donde ciertamente la parte alimentaria está siendo o sería afectada, iré al meollo del asunto, que son las mezclas, respecto de lo cual deseo plantear dos cosas importantes.
La primera es que ojalá nuestra resolución proteja, no modifique y permita el sostenimiento de las bandas de precios para que los remolacheros puedan avanzar en su transformación o adaptación a un futuro que, al parecer, será inevitable.
Soy pro remolachero, en el sentido de que los productores del rubro tengan garantizada su fuente de trabajo. ¿Qué significa eso? Asegurarles que las 27 mil hectáreas que se encuentran sembradas en este momento sean elaboradas por las plantas de IANSA y se produzcan las 530 mil toneladas de azúcar que se comercializan en la actualidad. Esto se va a mantener, al parecer, en los próximos cuatro años. Considero fundamental que seamos capaces de asegurar al sistema sus fuentes de producción, de elaboración y de comercialización, tal como está montado.
La referida industria produjo 530 mil toneladas en 2002, y este año elaborará una cantidad similar. No quiero entrar a analizar -para no perder tiempo en eso-, el hecho de que ella ha ido disminuyendo el precio de compra de la remolacha a los agricultores. Pero es interesante saber que, en los últimos años, de 50 dólares por tonelada bajó a 47 y ahora está en 43,9, lo que ha llevado a que la superficie sembrada pase de 47 mil a 27 mil hectáreas en la actualidad.
Se ha verificado -repito- una merma en el cultivo de remolacha, no obstante existir mayor capacidad de producción y buen avance tecnológico.
Y ha bajado el precio.
Conforme. Y por ello están sembrando menos, pues a los productores de remolacha ya no les resulta conveniente vender a esos valores. Me imagino que por esa razón la superficie destinada a su cultivo ha disminuido de 47 mil a 27 mil hectáreas el día de hoy.
Reitero: el tema que deseo abordar no es la remolacha.
Hay menor rendimiento.
Quedémonos en las 530 mil toneladas que produce IANSA, cuya materia prima adquiere a los remolacheros.
Segundo, el país consume 805 mil toneladas de azúcares, mezclas y otros. Y, para enfrentar ese compromiso, se importan -estoy remitiéndome a las cifras del año pasado- 117 mil toneladas de azúcar. Además, entran otras 60 mil toneladas mediante un convenio especial, con un precio referencial distinto, pues pagan sólo el IVA. Es decir, se está importando sin afectar a los remolacheros ni a IANSA, sino a quienes redistribuyen el producto o lo adquieren para otros fines.
Repito: estamos importando cerca de 170 mil toneladas de azúcar al año. Las mezclas, que han generado este gran debate, han alcanzado las 39 mil toneladas anuales.
Se dice que mediante las mezclas se puede perforar la banda. Entonces, consignemos una norma que lo impida. Establezcamos un límite a las mezclas. ¿Cuánta azúcar es posible emplear en ellas? ¿Ochenta mil, noventa mil, 130 mil toneladas? Fijemos un límite: 80 mil toneladas. Pongámonos de acuerdo y dejémoslo como límite máximo de importación de mezclas para productos elaborados, que tendrán un valor agregado y que nos permitirán competir en los mercados internacionales y fomentar nuestro desarrollo. Ello, sin dañar a los productores de remolacha -lo repito- ni a IANSA, que ciertamente es un conglomerado especial y poderoso en lo comunicacional, y favoreciendo la capacidad nacional de agregar valor a nuestros productos. Importemos azúcar, en las condiciones que nos ofrece el mercado; o importemos mezclas y hagamos que las fábricas productoras de caramelos y otros se multipliquen por diez. Porque nuestra capacidad tecnológica y nuestra mano de obra están en condiciones de competir, pero no contra una banda de precio que estamos pagando todos los chilenos y que afecta a sectores productivos, como dijo el señor Ministro de Agricultura .
Éste no es un problema político, sino de lógica pura. Y pido a Sus Señorías que acudamos a ella. No afectemos ni a la remolacha, ni a IANSA, de acuerdo con los cronogramas que el Gobierno ha fijado a los compromisos internacionales. Pero, ¡por favor!, no hablemos de perforación de bandas cuando tenemos un margen de 180 mil toneladas de azúcar que estamos importando a precios preferenciales, para distribuirla en el mercado sin agregarle un peso de valor agregado, excepto la bolsita en que se vende.
Señor Presidente , deseo señalar que, en razón del tiempo, mi intervención también la hago en nombre del Senador por la Novena Región señor Espina .
En primer término, considero conveniente aclarar por qué nos hallamos en esta discusión y por qué planteamos y defendemos el sistema de bandas de precios.
No es por el capricho de un grupo de agricultores, sino básicamente porque en el mundo de los mercados agrícolas es tal el grado de distorsión como consecuencia de los millonarios subsidios que entregan a sus agriculturas los Estados Unidos y la Unión Europea, que no se puede obligar a los productores nacionales a competir de igual a igual con los norteamericanos o europeos. Porque se trata de una competencia profundamente desleal, donde el costo de un productor chileno se enfrenta al de un productor norteamericano o europeo que recibe un millonario apoyo de la caja fiscal de su respectivo país. Lo anterior hace que la competencia sea absolutamente desleal y que en materia de precios internacionales existan enormes distorsiones. Por supuesto, ello ocurre con mucho mayor razón con el azúcar.
Señor Presidente , insisto en que aquí no se está pidiendo un tratamiento especial. Chile, con sus 75 toneladas por hectárea, es el país con mayor rendimiento por hectárea en el cultivo de la remolacha. Lo sigue Francia, con 70 toneladas por hectárea.
¿Podemos hablar, entonces, de que estamos solicitando subsidios o protección para un sector ineficiente de la economía? No. Estamos pidiendo apoyo para una actividad que es eficiente, que tiene el más alto rendimiento del mundo, pero que no puede competir a raíz de las distorsiones en los precios internacionales como consecuencia de los subsidios.
En mi opinión, la solución tal vez no sea sólo establecer un sistema de banda de precio. De hecho, quiero recordar, como lo señaló muy bien aquí el señor Ministro , que Chile fue llevado a un panel a la Organización Mundial de Comercio por Argentina, país con el cual estamos asociados a través del MERCOSUR. Contra todos los pronósticos, la nación trasandina ganó el panel.
¡Cosa curiosa! Argentina se preocupó de reclamar por el sistema de bandas de precios empleado por Chile respecto del aceite y el trigo, pero no lo hizo acerca del azúcar, porque dicho país ocupa el mismo mecanismo para defender la suya. Sin embargo, debemos adecuar nuestra legislación sobre bandas de precios a las exigencias de una resolución dictada al respecto para dar en el gusto a la OMC, que falló en contra de Chile, y a los argentinos, que nos llevaron a ese panel.
Pero quiero aquí hacer una reserva. Los argentinos sostienen que el fallo del panel significa el término de las bandas de precios en Chile. Nosotros decimos que no; que él sólo nos obliga a adecuarlas. Pero nada garantiza que una vez hecha la adecuación de nuestra normativa Argentina no nos vuelva a llevar a un panel.
Debo insistir en que se trata de un país con el cual estamos asociados a través del MERCOSUR. Y éste no es un tema menor, porque cuando nos integramos a ese organismo regional advertimos que iban a ocurrir situaciones como ésta.
Ahora, si observamos las cifras del MERCOSUR, vamos a comprobar que éstas son tremendamente favorables para Argentina y Brasil, pero muy desfavorables para nuestro país. En efecto, ambas naciones han más que doblado sus exportaciones hacia Chile. En cambio, nuestros actuales envíos a ellas son menores que los que se hacían antes de que nos asociáramos a dicho organismo.
Señor Presidente , quiero poner además un ejemplo. Porque una discusión similar a ésta se produjo con motivo de los cultivos de raps y maravilla, en que se perforó la banda del aceite mediante mezclas. El mismo debate que estamos teniendo hoy respecto del azúcar.
¿Qué ocurrió? Ninguna autoridad puso atajo a tiempo a esta situación. Se terminaron los cultivos de raps y maravilla. Y así desaparecieron la industria del aceite y su producción en nuestro país.
La pregunta es: ¿bajó el precio del aceite para los consumidores? No.
Entonces, por la distorsión en los mercados internacionales, existe la urgente necesidad de vigilar permanentemente cómo nos defendemos de esa competencia desleal.
Por último, no puedo dejar de señalar mi preocupación por lo que está ocurriendo con la asociación de Chile a la Unión Europea.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Banco Central, durante el período enero-mayo del presente año las exportaciones chilenas a la Unión Europea crecieron en 6,3 por ciento, mientras que las importaciones desde ésta a nuestro país aumentaron en 14,4 por ciento. Es decir, más del doble de lo que subieron las ventas.
Señor Presidente , ¿no estaremos comenzando a seguir el mismo camino a que nos llevó el MERCOSUR, en que Chile resultó ser un muy buen mercado para los países miembros, pero no en cuanto a nuestros productos?
A mayor abundamiento -porque estamos tratando el tema agrícola-, debo señalar que uno de los rubros que más han crecido es el centeno. Durante el año 2002 no se realizaron importaciones desde Europa hacia Chile. Sin embargo, entre enero y marzo del presente año ya se ha invertido un millón 300 mil dólares por ese concepto. En lo que respecta a la malta de cebada y a la cebada, la cifra supera los dos millones de dólares. Y así sucesivamente.
Con esto quiero decir que está ingresando gran cantidad de productos agrícolas desde Europa, pero -¡caramba!- no ocurre lo mismo con los nuestros en el Viejo Continente.
Informo a la Sala que ha sido suspendida la sesión de las 15:30, porque no estaría listo todavía el informe de la Comisión de Salud. Por lo tanto, se celebrará nada más que la sesión ordinaria de las 16.
Señor Presidente , defiendo con profundo convencimiento la producción de azúcar sobre la base de remolacha en Chile.
Es una actividad que favorece a nuestro país, porque tiene claras ventajas comparativas en la producción de remolacha y la elaboración de azúcar.
Chile -como se ha dicho reiteradamente aquí- es una de las naciones más eficientes del mundo en la producción de remolacha. Exhibe la más alta producción mundial, logro digno de destacar, porque no sobresalimos en muchas cosas.
Lo anterior ha demandado un gran esfuerzo de desarrollo tecnológico. Pero además nos acompañan las condiciones climáticas y, de suelo y la conformación de nuestro territorio. Las plantas están repartidas a lo largo de Chile, lo cual permite obtener, no sólo una producción mucho más eficiente, sino también un costo más barato del azúcar.
En el caso de este último producto, la banda de precio -por lo menos, históricamente- se ha definido como un instrumento estabilizador de precios. Ella ha funcionado como tal y se compensan las alzas con las bajas, dado que -según se ha señalado reiteradamente aquí- el mercado internacional del azúcar, que es una parte muy pequeña de lo que se transa a nivel mundial, es tremendamente volátil. Con ello el consumidor y el productor chileno se veían expuestos a esa volatibilidad, pero con el sistema de bandas de precios se lograba estabilizarlos. Y ha funcionado bien.
Aunque últimamente ello no es tan válido, nadie puede decir que en el futuro no volverá a ser así. Pero lo que no cambia para nada es que Chile cuenta con ventajas comparativas en el cultivo de remolacha y en la producción de azúcar sobre la base de remolacha. Es algo logrado a través de un gran esfuerzo, pues se han realizado inversiones y se ha introducido tecnología, constituyendo un gran mérito del sector agrícola. Y lo consigno especialmente en lo que dice relación a los agricultores de la Región que represento.
Me ha alegrado mucho escuchar al señor Ministro expresar la disposición a encontrar una solución al asunto de las mezclas. Creo que existe espacio para conseguirlo y estoy cierto de que ese propósito se materializará, porque si no, dado que de partida se perforarían las bandas, el proyecto de ley no tendría destino y, por ende, carecería de sentido. Reitero que me complace mucho esa disposición, y me parece que todos los demás Senadores piensan en la misma forma.
Pero no estoy tan de acuerdo con el señor Ministro en cuanto a la calendarización, que encuentro muy negativa por varios motivos. En primer lugar, porque el acuerdo del panel de la OMC no nos impuso como condición introducirla de modo que debiéramos adecuar nuestra normativa sobre la banda de precios a las exigencias de una resolución dictada sobre el particular. Y en seguida, porque importa un mal mensaje para la actividad económica de que se trata, que en Chile ofrece una gran viabilidad.
Al respecto, deseo hacer una referencia a un comentario del Honorable señor Ominami con relación al costo que se encuentra involucrado para el país. Porque también se deben tener en cuenta las grandes consecuencias que derivan de la migración del campo a la ciudad. En la producción de azúcar sobre la base de remolacha intervienen 45 mil a 47 mil personas. Es mucha gente. Y su traslado a los centros urbanos implica un costo que sufren todos los chilenos.
La que nos ocupa es una actividad que se desarrolla en Regiones. Y enfrentamos la grave dificultad de que no existe una regionalización económica. Se trata de una de las pocas producciones que, por su naturaleza, tienen lugar en ese escenario. Pero su término sobrevendrá en un plazo, no de diez años, sino, lamentablemente, de cuatro, porque al ir disminuyendo quedará fuera una enormidad de productores. A su vez, IANSA deberá cerrar más plantas.
Las personas que intervienen en la actividad económica saben lo que son las expectativas. Para mantener costos bajos y lograr competitividad, se requieren ingentes inversiones. Éstas han permitido al sector remolachero los costos que registra, que son muy bajos: los más competitivos del mundo. Pero el riego y la mantención de las plantas en condiciones de producir a bajos costos demandan recursos; y las inversiones no se hacen con un horizonte de cuatro años.
Señor Presidente , quiero simplemente formular algunas precisiones acerca de conceptos expresados por el señor Ministro de Agricultura y que dicen relación a lo que realmente se persigue con el proyecto de ley en comento.
El señor Ministro ha sostenido que las bandas no terminan el año 2014. Por desgracia, la iniciativa que conocemos señala exactamente lo contrario. En su fundamento, puntualiza: "En consideración a la tendencia actual de apertura de los mercados internacionales y los avances en la competitividad de la producción agrícola, se determina que la facultad de establecer derechos específicos y rebajas al arancel expirará el año 2014.". Y su artículo 1º, cuando determina el nuevo sistema -por lo que ya se ha consignado- de bandas de precios, autoriza para establecer derechos específicos, en la forma que ahí se precisa, "hasta el año 2014".
En consecuencia, en 2015 ninguna autoridad en Chile podrá consagrar derechos específicos a través de las bandas de precios. En 2014, éstas "mueren". Ése es un dato de la cuestión, independiente de que sea bueno o malo: así es.
Y a ello se debe agregar un factor adicional: la calendarización. Porque se empieza con un piso los primeros cuatro años, que en realidad se reducen a tres, porque, como la temporada es anual, se afecta al cuarto año; de modo que la caída empieza en el tercero. Y en esa misma medida, señor Ministro -me dirijo a usted por intermedio del señor Presidente -, el impacto, a sabiendas de que los derechos terminan en 2014, genera una inestabilidad y una incertidumbre muy grandes. La actividad en análisis empieza a morir lentamente.
Por ello, la suma de los dos efectos es muy negativa.
Pero todo lo expuesto es literatura, porque no sacamos nada con decir que siquiera se dispone de bandas hasta 2014, desde el momento en que las mezclas, como se ha explicado, son el capítulo por el cual se acaba ese mecanismo. Es algo que ya ocurrió con el aceite; recién lo recordó nuevamente el Senador señor García , y yo lo mencioné en mi intervención anterior. Si se aprueba ahora el sistema de las mezclas en el caso del azúcar, morirá la remolacha y se registrarán 45 mil a 47 mil trabajadores menos en las fuentes laborales.
Pero, además, ¿quién para el proceso respecto de la harina de trigo? Ya ha habido importaciones de ese producto -se ha debido detenerlas en Aduanas- que, a través de las mezclas, habrían podido perforar la banda.
Por lo tanto, no sacamos nada con disponer de bandas de precios u otros mecanismos, porque lo que ha cambiado en las reglas del juego -y ésta es la respuesta al Honorable señor Ominami - es precisamente lo relativo a las mezclas, que empezaron hace un año. ¡Si antes no se suscitaban dificultades!
Ahora, por el capítulo que nos ocupa, se está cerrando la posibilidad de que se mantenga la agricultura tradicional, porque la clave de esa actividad son productos anuales como la remolacha, el trigo y el aceite, que por ese camino van a desaparecer.
Por ello, no somos alarmistas: somos realistas. Y es preciso tomar una decisión de fondo. Si queremos esos productos, no podemos hacer caso omiso de la situación descrita.
Ha llegado la hora de término de la sesión.
Le correspondía intervenir al Honorable señor Ávila , y después, a varios señores Senadores inscritos oportunamente.
Propongo, primero, que en la Versión Oficial se deje constancia de ello y de que por falta de tiempo Sus Señorías no pudieron expresar sus puntos de vista; y luego, que las inscripciones se conserven en el mismo orden para los efectos del debate de la iniciativa en la Sala.
Señor Presidente , sugiero que a quienes no alcanzamos a intervenir se nos permita insertar nuestros discursos. Creo que sería lo más justo.
No puedo hacerlo si no existe acuerdo al respecto.
Si no es posible recabar el asentimiento de la Sala sobre el particular, pido celebrar otra sesión especial sobre el tema.
Prefiero una segunda sesión especial.
Debemos tener presente que se podrá discutir de nuevo el asunto con motivo del proyecto de ley correspondiente, que llegará de la Cámara de Diputados.
Por supuesto. Y los señores Senadores que no alcanzaron a usar de la palabra quedarán inscritos en el mismo orden.
Señor Presidente , solicito que las intervenciones registradas en la presente sesión sean enviadas por oficio al Presidente de la República y a los señores Ministros de Hacienda y de Agricultura .
Así se hará, Su Señoría .
El señor Ministro de Agricultura ya las escuchó.
Pero el de Hacienda, no.
Reitero mi petición, señor Presidente: que se inserten las intervenciones de quienes no pudimos usar de la palabra. Le solicito que para ello recabe el acuerdo de la Sala.
Llevaré a los Comités su planteamiento, señor Senador , del cual soy partidario.
Señor Presidente , quiero recordarle que es fundamental la expresión de los señores Senadores en un debate de este tipo. No estoy inscrito, pero escuché con mucha atención lo que se manifestó. Me parece que los colegas que se inscribieron para usar de la palabra deben contar con la posibilidad, en la próxima sesión que se celebre sobre el tema, de explayarse en las mismas condiciones en que lo hicieron quienes ya han intervenido. Si no, no existe "fair play".
Estamos de acuerdo en eso. Y así lo propuse.
Su Señoría expresó que la discusión tendría lugar cuando se tratara el proyecto.
Planteé que los señores Senadores que no pudieron intervenir tengan la posibilidad de hacerlo, según el orden de inscripción, en la sesión en que se debata la iniciativa correspondiente...
Cuando "se debata la iniciativa correspondiente".
...o en una sesión especial, si así se resuelve.
¡Es lo que quería pedir!
Ello puede suceder la próxima semana.
Quiero insistir en lo de la sesión especial, porque es el origen...
Ya se sabe que, reglamentariamente, ese tipo de sesión puede ser solicitada por determinado número de Senadores. No seré quien lo impida.
Conforme, señor Presidente .
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES MORENO, MUÑOZ BARRA, NÚÑEZ, RUIZ-ESQUIDE Y VIERA GALLO, MEDIANTE LA CUAL INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE NUEVAS CAUSALES DE CESACIÓN EN LOS CARGOS DE DIPUTADO, SENADOR, ALCALDE Y CONCEJAL (3291-07)
Para funcionar adecuadamente, todo sistema político requiere que el cuerpo social se someta a las reglas que el mismo se ha dado. Quienes con mayor intensidad deben ser paradigmas de respeto a las normas de organización social son los líderes que en el régimen democrático resultan ser los representantes que surgen merced a la elección popular.
Una de las expresiones -tal vez la más importante- de la voluntad organizada de la sociedad para la generación de sus dirigentes son los partidos políticos, cuerpos intermedios que patrocinan un ideal social que en el campo de la ética está orientado al bien común.
Pero los partidos políticos no monopolizan la iniciativa para la generación de los líderes sociales. Antes bien, en los años de desarrollo democrático ha venido surgiendo la alternativa de figuras independientes cuyo proyecto político -las más de las veces- está cimentado en la observación de la sociedad que aspiran a gobernar o influir.
En las elecciones populares -en la idea cómo hoy concebimos el juego democrático- el ciudadano elector identifica al candidato, ora con las ideas del partido que lo sustenta, ora con la imagen y cualidades del aspirante independiente que postula un ideal propio, en ambos casos amalgamados de cara al proceso electoral.
Conspira en contra del desenvolvimiento natural del discurso democrático una conducta que se ha hecho práctica en la organización política contemporánea, cual es que por intereses personales alejados del bien común el candidato que accede al cargo opte por renunciar a su militancia o se incorpore a otra colectividad de signo o doctrina diversa a la que lo postuló o de la que se declaró adherente.
El que incurre hoy en estas acciones reprochables no recibe sanción alguna, con lo cual sus electores no pueden perseguir la responsabilidad de quien comprometió su honor de representarlos en la función pública desde una determinada perspectiva.
Con el fin de morigerar estas prácticas perniciosas ha de castigarse la responsabilidad que estos actos generan, para lo cual proponemos al Congreso Nacional reformas a los artículos 57 y 108 de la Constitución Política, que tienen por propósito inhabilitar a los parlamentarios y autoridades comunales electos, respectivamente, que habiendo sido elegidos como independientes o militantes de una colectividad renuncien a la condición que invisten.
Pero como bien puede que una sanción como la señalada no debe aplicarse a cambios en la estructura partidaria, a la fusión de colectividades u otros avatares legítimos en el ejercicio de la democracia política, en la modificación que se propone se destaca que es la voluntad individual que responde a razones electoreras o de cálculo personal lo que es objeto de la sanción prevista en esta iniciativa y no el cambio suscitado por una aspiración colectiva que envuelve finalidades lícitas como las anotadas.
Sometemos, en consecuencia, a la consideración del Congreso Nacional, el siguiente:
“Proyecto de Reforma Constitucional:
Artículo único.- Introdúcense las siguientes enmiendas a la Constitución Política de la República:
a) Intercálase en el artículo 56 el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando los actos los incisos sexto y séptimo a ser incisos séptimo y octavo, respectivamente:
“Cesará también en el cargo de diputado o senador el que, una vez proclamado como tal, se afilie a un partido político si hubiere sido electo como independiente, o renuncie al partido político a que pertenecía para incorporarse a otro o para devenir en independiente. No habrá lugar a esta causal en el evento de reestructuraciones o fusiones de partidos políticos acordadas conforme a la ley.
b) Agrégase a continuación del punto final (.) del inciso primero del artículo 108, que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase: “Cesará en su cargo el alcalde o concejal que proclamado como tal, se afilie a un partido político si hubiere sido electo como independiente, o renuncie al partido político al que pertenecía al momento de la elección para incorporarse a otro o para devenir en independiente. No habrá lugar a esta causal en el evento de reestructuraciones o fusiones de partidos políticos acordadas conforme a la ley.”.

References: artículo 1
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 56
 artículo 108