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Timestamp: 2019-05-27 13:42:19+00:00

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Sentencia de Unificación nº 057/18 de Corte Constitucional, 31 de Mayo de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 736331985
Sentencia de Unificación nº 057/18 de Corte Constitucional, 31 de Mayo de 2018
Acción de tutela presentada por el ciudadano E. de J.H.C., a través de agente oficioso, en contra de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín (Antioquia) y la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral.
Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela emitido, en única instancia, por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal del ocho (8) de junio de dos mil diecisiete (2017), en la acción de tutela instaurada por E. de J.H.C..
El señor E. de J.H.C. interpuso la presente acción de tutela con el fin de solicitar que se revoquen las sentencias proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín (Antioquia), mediante las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez bajo el argumento de no contar con las semanas de cotización requeridas. Para fundamentar su demanda relató el siguiente acontecer fáctico:
1.1.- El ciudadano E. de J.H.C. solicitó ante el Instituto de Seguros Sociales -hoy Colpensiones- en julio de 2006 el reconocimiento de la pensión de vejez, por considerar que reunía los requisitos de ley (edad y densidad de semanas cotizadas). En respuesta a la anterior petición, el ISS mediante Resolución No. 018037 de 31 de julio de 2006 negó la prestación económica aduciendo que el accionante “solo contaba con 1.007 semanas cotizadas durante toda la vida laboral” .
1.2.- Así las cosas, el accionante, a través de apoderado, promovió proceso ordinario laboral contra el extinto Instituto de Seguros Sociales -en adelante ISS- y por esta vía reclamó el reconocimiento de la pensión de vejez a partir del 1º de enero de 2007 .
1.7. En consecuencia, formuló acción de tutela por considerar que los jueces de instancia dentro del proceso ordinario laboral incurrieron en el defecto de desconocimiento de precedente constitucional que habilita la procedencia de este amparo contra providencias judiciales, por cuanto desconocen los pronunciamientos que ha proferido la Corte Constitucional, mediante los cuales se posibilita la acumulación de tiempos de servicio -tanto el sector público como privado- para reunir el número de semanas exigidas en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.
1.8. Adicionalmente, señaló que su agenciado es una persona de la tercera edad (77 años) , con varios problemas de salud que le impiden valerse por sí mismo (fractura de cadera, artrosis, incontinencia y enfermedad de Párkinson).
- Trámite de instancia y argumentos de las entidades demandadas.
2.2. La Sociedad Médica Antioqueña S.A. -SOMA- presentó escrito de respuesta a la acción de tutela el 1 de junio de 2017, en el que expresó que la acción es improcedente en la medida en que carece de legitimación en la causa por pasiva por cuanto “no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del autor” y tampoco fue parte del proceso ordinario laboral sub examine.
2.3. La EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. -SURA-, presentó escrito de respuesta a la acción de tutela el 2 de junio de 2016 , en el que afirma: (i) no haber sido parte del proceso ordinario laboral con radicado 2007-0805; (ii) que el demandante está afiliado a la EPS SURA desde el 1 de octubre de 1999; y (iii) falta de legitimación en la causa por pasiva. Por último, solicita ser desvinculado del presente asunto en la medida en que no es responsable de ninguna vulneración a los derechos fundamentales invocados por el accionante.
2.4. El Juzgado 8 Laboral del Circuito de Medellín (Antioquia) allegó respuesta a la acción de tutela de la referencia el 5 de junio de 2017 , en la que señaló que ese despacho judicial dictó sentencia dentro del proceso ordinario laboral con radicado 2007-0805 “mediante la cual ordenó el reconocimiento de la pensión de vejez deprecada a partir del 1 de enero de 2007, reconociendo un retroactivo pensional de $13.472.600 por concepto de mesadas pensionales causadas entre el 1 de enero de 2007 y el mes de febrero de 2009; así mismo se ordenó el reconocimiento de los intereses moratorios por la mora en el pago de las mesadas pensionales a partir de enero de 2007, hasta la fecha efectiva del pago”.
2.5. El Presidente (e) de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Dr. F.C.C., mediante oficio de 5 de junio de 2017 , solicitó declarar improcedente el amparo invocado por el accionante en la medida en que la providencia que resolvió el recurso de casación en el proceso laboral ordinario se produjo “de forma razonada y con apego a la Constitución Política y a la Ley Laboral sin que resulte arbitraria ni desconocedora de derecho fundamental alguno”.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió sentencia de primera instancia el 8 de junio de 2017 , mediante la cual negó las pretensiones del accionante. En dicha providencia arguyó que: (i) el fallo de la Corte Suprema -Sala de Casación Laboral- fue ajustado a derecho y no contiene ninguna vulneración al debido proceso; (ii) de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte “no es viable jurídicamente sumar períodos de cotización en el sector privado con tiempos cotizados en el Instituto de Seguros Sociales a efectos de reconocimiento de pensión de vejez”, y que por lo tanto la decisión se tomó siguiendo el precedente vigente en materia laboral.
Con base en lo dispuesto en el artículo 61 del Acuerdo 02 de 2015 , el 22 de noviembre de 2017, el Magistrado Ponente presentó a la Sala Plena de la Corte Constitucional la presente acción de tutela en cumplimiento de la disposición antes citada y tras presentar un informe y síntesis del caso dejó a consideración de la misma su examen por parte del Pleno de la Corporación.
En el presente caso se tiene que el señor E. de J.H.C., a través de apoderado, formuló acción de tutela con el fin de que se revoquen las sentencias proferidas por el Tribunal Superior de Medellín (Antioquia) y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez bajo el argumento de no contar con las semanas de cotización requeridas.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que a través de la acción de tutela puede reclamarse la protección de los derechos fundamentales “cuando resulten amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública”. De la lectura de esta disposición se desprende que el Constituyente no realizó distinción alguna respecto de los ámbitos de la función pública en los cuales tales derechos podrían resultar vulnerados. Por esa razón, la acción de tutela procede contra los actos o las decisiones proferidas en ejercicio de la función jurisdiccional .
Ha señalado la Corte que esa regla se deriva del texto de la Constitución en concordancia con la Convención Americana sobre Derechos Humanos aprobada mediante la Ley 16 de 1972 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado mediante la Ley 74 de 1968, que reconocen que toda persona podrá hacer uso de mecanismos judiciales ágiles y efectivos que los amparen contra la violación de sus derechos, aún si esta se causa por quienes actúan “en ejercicio de sus funciones oficiales”.
En aquella oportunidad, consideró que si bien los funcionarios judiciales son autoridades públicas, ante la importancia de principios como la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía e independencia judicial, tal procedencia debía ostentar un carácter excepcional frente a las “actuaciones de hecho” que implicaran una grave vulneración a los derechos fundamentales. Por esa razón, en los primeros pronunciamientos de este Tribunal se sostuvo que tal procedencia era permitida únicamente en los casos en los que en las decisiones judiciales se incurriera en una “vía de hecho”, esto es, cuando la actuación fuera “arbitraria y caprichosa y por lo tanto abiertamente violatoria del texto superior” .
Posteriormente, la Corte amplió el espectro de afectación de los derechos fundamentales y manifestó que “va más allá de la burda transgresión de la Constitución” , incluyendo entonces los casos en los que, por ejemplo, el juez se aparta de los precedentes sin la debida justificación o cuando “la interpretación que desarrolla se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados” .
Más recientemente, esta Corporación ha redefinido dogmáticamente el concepto de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Así las cosas, en la sentencia C-590 de 2005 se declaró inexequible la expresión “ni acción”, contenida en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, que impedía interponer la acción de tutela contra decisiones de casación en materia penal .
En la referida providencia, partiendo de la idea de la excepcionalidad de este mecanismo contra providencias judiciales, acompasado con el propósito de asegurar el equilibro entre los principios de seguridad jurídica, la cosa juzgada y autonomía e independencia judicial, se sistematizaron diferentes requisitos también denominados “criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales” , dentro de los cuales se distinguen unos de carácter general y otros de carácter específico. Los primeros han sido fijados como restricciones de carácter procedimental o presupuesto indispensable para que el juez de tutela aborde el análisis de fondo, es decir, aquellos que habilitan la interposición de la acción, los cuales fueron definidos por la Corte como “requisitos generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales” . La clasificación realizada por la Corte en la mencionada sentencia precisa los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales de la siguiente manera:
Que no se trate de sentencias de tutela . Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”. (Subrayado fuera de texto original).
Ahora bien, en relación con los requisitos específicos, la providencia en comento mencionó que una vez acreditados los requisitos generales, el juez debía entrar a determinar si la decisión judicial cuestionada por vía de tutela configura un yerro de tal entidad que resulta imperiosa su intervención. Así, mediante las denominadas “causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales” , la Corte determinó cuáles serían tales vicios o defectos, a saber:
Violación directa de la Constitución”. (Subrayado y negrilla fuera de texto original).
Respecto al desconocimiento de precedente como causal especial de procedibilidad, la Corte ha indicado que este defecto se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia . Se presenta generalmente cuando la Corte establece el alcance de un derecho fundamental o señala la interpretación de un precepto que más se ajusta a la Carta, y el juez ordinario al resolver un caso limita sustancialmente dicho alcance o se aparta de la interpretación fijada por esta Corporación. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado u otros mandatos de orden superior.
La supremacía del precedente constitucional se deriva del artículo 241 de la Constitución Política, el cual asigna a la Corte Constitucional la función de salvaguardar la Carta como norma de normas (principio de supremacía constitucional) . En efecto, esta Corporación ha establecido que, como intérprete de la Constitución, sus decisiones son obligatorias tanto en su parte resolutiva como en su ratio decidendi, es decir, la regla que sirve para resolver la controversia .
Por esta razón, si se desconoce el alcance de los fallos constitucionales vinculantes, se “genera en el ordenamiento jurídico colombiano una evidente falta de coherencia y de conexión concreta con la Constitución, que finalmente se traduce en contradicciones ilógicas entre la normatividad y la Carta, que dificultan la unidad intrínseca del sistema, y afectan la seguridad jurídica. Con ello se perturba además la eficiencia y eficacia institucional en su conjunto, en la medida en que se multiplica innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales, más aún cuando en definitiva, la Constitución tiene una fuerza constitucional preeminente que no puede ser negada en nuestra actual organización jurídica” .
Ahora bien, de acuerdo con lo expresado por esta Corte en la sentencia T-351 de 2011 el sentido, alcance y fundamento normativo de obligatoriedad de los pronunciamientos de la Corte Constitucional varía según se trate de fallos de constitucionalidad o de revisión de tutelas. “No obstante, ambos tienen en común, que se deben acatar (i) para garantizar el carácter normativo de la Constitución como norma de normas, en tanto la Corte Constitucional es el intérprete autorizado de la Carta, y (ii) para unificar la interpretación de los preceptos constitucionales por razones de igualdad” .
En suma, para el análisis de la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es necesario tener en cuenta, en primer lugar, que se trata de una posibilidad de carácter excepcional, sujeta al cumplimiento de los parámetros formales y materiales fijados por esta corporación. Además, deben encontrarse acreditados cada uno de los requisitos generales expuestos, que le permitan al juez de tutela realizar un examen constitucional de las decisiones judiciales puestas a su conocimiento. Asimismo, habrá de demostrarse la existencia de, por lo menos, una de las causales específicas o defectos enunciados .
El derecho a la seguridad social, concepto, naturaleza y protección constitucional. Reiteración de jurisprudencia
En este orden de ideas, la seguridad social, concebida como un instituto jurídico de naturaleza dual que tiene la condición tanto de derecho fundamental , como de servicio público esencial bajo la dirección, coordinación y control del Estado , surge como un instrumento a través del cual se garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que afecte su estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a través del trabajo.
“necesaria correspondencia con los fines esenciales del Estado social de derecho como el servir a la comunidad; promover la prosperidad general; garantizar la efectividad de los principios y derechos constitucionales; promover las condiciones para una igualdad real y efectiva; adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados; proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta; y reconocer sin discriminación alguna de la primacía de los derechos inalienables de la persona como sujeto, razón de ser y fin último del poder político , donde el gasto público social tiene prioridad sobre cualquier otra asignación ”.
Adicionalmente, es necesario destacar que el concepto de seguridad social hace referencia a la totalidad de las medidas que propenden por el bienestar general de la población en lo relacionado con la protección y cobertura de unas necesidades que han sido socialmente reconocidas. Esta Corporación ha señalado que el carácter fundamental de este derecho encuentra sustento con el principio de dignidad humana y en la satisfacción real de los derechos humanos, pues, a través de éste, resulta posible que las personas afronten dignamente las circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan ejercer sus derechos subjetivos .
En la misma línea, esta Corporación, en Sentencia T-200 de 2010, destacó que la importancia de este derecho radica en que "su máxima realización posible es una condición ineludible de la posibilidad real de goce del resto de libertades inscritas en el texto constitucional" y, por tanto, se constituye en un elemento esencial para la materialización del modelo de Estado que hemos acogido y que nos define como una sociedad fundada en los principios de dignidad humana, solidaridad, trabajo y prevalencia del interés general .
“el bienestar -en su acepción más sencilla- representa todas las cosas buenas que le pueden suceder a una persona en su vida y que hacen que su vida sea digna: esto significa que el concepto de bienestar general debe comprender, a su vez, el bienestar material, entendido como calidad de vida -en términos de buena alimentación, educación y seguridad-, e ingreso digno, basado en la garantía de un trabajo estable; mientras que el bienestar físico, sicológico y espiritual está representado por el acceso a la salud, a la cultura, al disfrute del medio ambiente y la legítima aspiración a la felicidad; y en todo caso, a la capacidad -y también a la posibilidad- de participar en la sociedad civil a través de las instituciones democráticas y el imperio de la ley” . (Subrayado fuera de texto original)
El derecho a la pensión de vejez, régimen de transición y contabilización de las cotizaciones realizadas con independencia de a qué administradora de pensiones se hicieron. Reiteración de jurisprudencia
El derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, como medio a través del cual se materializa el derecho fundamental e irrenunciable a la seguridad social, se constituye en un salario de carácter diferido que se reconoce a favor de una persona a quien el proceso natural de envejecimiento humano comienza a afectar su capacidad para procurarse, en forma autónoma, su sustento -y el de su núcleo familiar- a través del trabajo. En este sentido, debe ser entendido como el producto del ahorro obligatorio que una persona realizó durante toda su vida laboral y, en consecuencia, no como una dádiva o regalo conferido por el Estado, sino que se constituye en la debida remuneración que surge como consecuencia del ahorro anteriormente enunciado .
Como desarrollo de lo anterior, esta Corporación ha reconocido que quien ha satisfecho los requisitos de edad y tiempo de servicios exigidos por la ley para acceder a una pensión de vejez, goza, por ese solo hecho, de un derecho adquirido a disfrutar de la misma y éste no puede ser restringido ni obstaculizado por cuestiones ajenas a sus obligaciones y responsabilidades con el sistema .
En conclusión, la figura jurídica denominada “régimen de transición” no es otra cosa que una fórmula de especial protección que se estableció en la Ley 100 de 1993 para evitar que la constitución del actual SGSSP desconociera desproporcionadamente las legítimas expectativas que tenía un grupo poblacional especial de adquirir un derecho pensional conforme a unas determinadas condiciones y, por ello, les garantizó la posibilidad de conservar 3 factores en específico, estos son: (i) el monto conforme al cual se liquidará la pensión, (ii) la cantidad de tiempo de servicios o semanas cotizadas y (iii) la edad que es exigible .
Por otro lado, la creación de este régimen pensional especial, que permite la conservación de diversos elementos consagrados en normatividades anteriores, ha traído consigo numerosas controversias en torno al efectivo cumplimiento de los requisitos que son exigibles a un determinado afiliado, disputas a las que esta Corporación ha debido darle solución. Entre ellas, es posible destacar la relacionada con la posibilidad de que, a pesar de que los regímenes anteriores estaban dirigidos a los aportantes de determinadas cajas de previsión, las cotizaciones que se hicieron a entidades diferentes puedan ser igualmente tenidas en cuenta para efectos de constituir un derecho pensional .
Al respecto, han surgido varias interpretaciones que esta Corte ha considerado es posible inferir del ordenamiento legal aplicable. Por su parte, las empresas administradoras de pensiones han interpretado que la acumulación de tiempos, tratándose de la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, resulta improcedente en cuanto, entre otros argumentos, (i) dicho acuerdo es una norma expedida por el Consejo Nacional de Seguros Sociales, motivo por el cual únicamente reglamenta la consecución de prestaciones sociales que son reconocidas por esa entidad y por cotizaciones que ante ella se han realizado; (ii) el hecho de que en la referida normativa no se contemple la posibilidad de acumular semanas cotizadas a entidades diferentes al ISS permite concluir que ello es así en cuanto existían otros regímenes que sí lo permitían y, por ello, era menester acudir a ellos .
En este sentido, debe entenderse que las demás variables para determinar la configuración del derecho pensional, como en este caso lo es la contabilización de cotizaciones realizadas a diferentes entidades, se encuentran reguladas conforme a lo establecido en la Ley 100 de 1993, la cual prevé la posibilidad de realizar dicha contabilización con independencia de a qué entidad se hicieron los aportes .
De ahí que, ante la existencia de dos interpretaciones plausibles respecto de la posibilidad de contabilizar tiempos cotizados a administradoras de pensiones diferentes al ISS, este Tribunal estimó necesario optar por aquella interpretación que, en virtud del principio conocido como in dubio pro operario , proteja de mejor manera los intereses de los trabajadores.
En consecuencia, la Corte consideró que C. había optado por la interpretación menos favorable del ordenamiento legal aplicable, motivo por el cual, tras evidenciar la plausibilidad de una interpretación que sí permitiera la contabilización de esos periodos, aplicó el principio in dubio pro operario para conceder el amparo invocado.
Finalmente, en la Sentencia SU-769 de 2014, en la que se resolvió la situación jurídica de una persona de 62 años de edad a quien se le negó el reconocimiento del derecho a la pensión de vejez -a la que estimaba ser acreedor- por cuanto C. desconoció la posibilidad de contabilizar los tiempos cotizados a entidades diferentes al ISS. Ante esa perspectiva, la Corte realizó un análisis del precedente jurisprudencial desarrollado hasta el momento, gracias al cual reiteró y unificó la postura jurisprudencial sobre la posibilidad de contabilizar los tiempos cotizados con independencia de a qué administradora se hubiera hecho el pago de la cotización.
En suma, esta Corte ha concluido que, para efectos del reconocimiento de pensión de vejez bajo el régimen de transición, no sólo es posible, sino que es un deber de las Administradoras de Fondos de Pensiones acumular los tiempos de servicios que el trabajador haya efectivamente cotizado sin que resulte viable consideración alguna respecto de si estas fueron realizadas al Instituto de Seguros Sociales o alguna otra administradora (pública o privada).
- Recuento fáctico
Corresponde a la Sala entrar a decidir el caso del señor E. de J.H.C., de 77 años de edad, quien solicitó ante el antiguo Instituto de Seguros Sociales -hoy Colpensiones- en 2006 el reconocimiento de la pensión de vejez, por considerar que reunía los requisitos de ley (edad y densidad de semanas cotizadas).
En respuesta a la anterior petición, el ISS mediante Resolución No. 018037 de 31 de julio de 2006 negó la prestación económica aduciendo que el accionante “solo contaba con 1.007 semanas cotizadas durante toda la vida laboral” , cuando requería mínimo 1.075 cotizadas ante el ISS. Señaló que las 1.007 semanas cotizadas por el demandante son “insuficientes para ajustar el tiempo requerido para la pensión de vejez exigidos por el artículo 9º de la Ley 979 de 2003 -que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993-, que es el que permite sumar indistintamente el tiempo de servicio público con las semanas cotizadas al ISS por el sector privado y exige un mínimo de 1.000 semanas hasta el año 2004, 1.050 para 2005 y 1.075 para 2006”.
Inconforme con esta decisión el accionante -a través de apoderado- promovió proceso ordinario laboral contra el extinto Instituto de Seguros Sociales y por esta vía reclamó el reconocimiento de la pensión de vejez a partir del 1º de enero de 2007 . Mediante sentencia del 25 de febrero de 2009, el Juzgado 8º Laboral del Circuito de Medellín (Antioquia) acogió las pretensiones del actor. Indicó que era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, además, que cotizó 1.027 semanas en el sistema de seguridad social en salud. En consecuencia, liquidó la pensión reclamada acorde con las previsiones del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.
- Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales.
En el presente caso, se tiene que el demandante es una persona de 77 años de edad, que sufre de varios problemas de salud que le impiden valerse por sí mismo (fractura de cadera, artrosis, incontinencia y enfermedad de P., a quien se le niega el reconocimiento del derecho a una pensión de vejez (bajo el régimen de transición) a pesar de que -a su juicio- satisface a cabalidad la totalidad de requisitos exigidos por la legislación vigente.
De conformidad con la jurisprudencia expuesta en la parte considerativa de esta sentencia, la acción de tutela, por regla general, no procede contra decisiones de autoridades judiciales, salvo cuando sean acreditadas las causales generales que le permiten al juez constitucional asumir su conocimiento. En el caso que ahora se estudia, la Sala Plena encuentra que la tutela interpuesta por el señor E. de J.H.C. cumple con los requisitos generales de procedibilidad, como se pasa a exponer:
b.- Agotamiento de los recursos judiciales. El demandante agotó todos los mecanismos judiciales ordinarios que se encontraban a su alcance para el reconocimiento de la pensión de vejez. En efecto, solicitó tal prestación ante el ISS y debido a la negativa de esta entidad acudió a la jurisdicción ordinaria laboral, donde el proceso resultó desfavorable a sus pretensiones en segunda instancia y en casación .
La razonabilidad del plazo está determinada por la finalidad de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto . La importancia de esta exigencia radica en que: (i) garantiza una protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a atribuciones jurídicas de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y (iv) desestima las solicitudes negligentes .
La acción de tutela fue formulada el 19 de mayo de 2017, esto es, cerca de 11 meses después de notificado el fallo de casación en la jurisdicción ordinaria laboral. A este respecto, la jurisprudencia ha señalado que puede resultar admisible que transcurra un espacio de tiempo considerable entre el hecho que generó la vulneración y la presentación de la acción de tutela siempre que se presenten dos circunstancias : (i) cuando se demuestra que la afectación es permanente en el tiempo y (ii) cuando se pueda establecer que “la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros” .
- Causales especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
Como primera medida, se tiene probado que el señor E. de J.H.C., nacido el 8 de julio de 1940, tenía cincuenta y cuatro (54) años de edad al primero (01) de abril de 1994, momento en que empezó a regir el actual sistema integral de seguridad social y en el que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debía tener más de 40 años a efectos de hacerse acreedor al régimen de transición allí contemplado. Por ello, considera la Sala que el accionante era acreedor al régimen de transición cuya aplicación reclama .
Considerando que en el presente asunto la discusión que se plantea gira en torno a la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, y que, siendo este el régimen respecto del cual el accionante alega el desconocimiento de precedente constitucional en el cual incurrieron los jueces de instancia dentro del proceso ordinario, entra la Sala a estudiar el cumplimiento de las condiciones fijadas en esta norma para acceder a la pensión de vejez .
Sobre el cumplimiento del número de semanas cotizadas, la Sala encuentra demostrado que, de acuerdo con lo señalado por el extinto ISS en la Resolución No. 018037 de 31 de julio de 2006, el accionante “solo contaba con 1.007 semanas cotizadas durante toda la vida laboral” , cuando requería mínimo 1.075 cotizadas ante la entidad. Señaló que las 1.007 semanas cotizadas por el demandante resultaban “insuficientes para ajustar el tiempo requerido para la pensión de vejez exigidos por el artículo 9º de la Ley 979 de 2003 -que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993-, que es el que permite sumar indistintamente el tiempo de servicio público con las semanas cotizadas al ISS por el sector privado y exige un mínimo de 1.000 semanas hasta el año 2004, 1.050 para 2005 y 1.075 para 2006 y se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1300 semanas en el años 2015” . (Subrayado fuera de texto original)
Ahora bien, verificada la historia laboral allegada por el accionante como material probatorio a la solicitud de pensión, así como al escrito de tutela se observa que: (i) laboró al servicio del Hospital Mental de Antioquia entre el 3 de enero de 1961 y el 2 de enero de 1964, para un total de 153.71 semanas; (ii) realizó cotizaciones al ISS, como trabajador dependiente e independiente por un total de 862.42 semanas y (iii) como independiente cotizó entre agosto de 2005 y diciembre 31 de 2006 .
Con base en lo anterior, es claro que el peticionario sí cumplía con un total de más 1.000 semanas de cotización, segundo supuesto contenido en el literal “b” del Acuerdo 049 de 1990 . Asimismo, del material probatorio allegado al expediente se encuentra que el solicitante contaba con un total de 1.027 semanas, sumando el tiempo laborado en el sector público con las semanas cotizadas al ISS a través de diferentes empresas.
Lo anterior permite concluir que efectivamente el accionante cumplía con los parámetros fijados en el Acuerdo 049 de 1990 , y por lo mismo tenía derecho al reconocimiento de la pensión de vejez. Este mismo análisis fue efectuado por el juez de primera instancia laboral, el Juzgado 8º Laboral del Circuito de Medellín, que reconoció la prestación pensional a partir del 1º de enero de 2007 -tras encontrar que el accionante es efectivamente beneficiario del régimen de transición y que cumple con los requisitos tanto de edad como de semanas cotizadas de acuerdo con el Acuerdo 049 de 1990-, en los siguientes términos:
“De los documentos que obran el expediente relacionados con la historia laboral del demandante y de cuyo estudio depende que se le conceda la pensión que reclama, encuentra el Despacho que la respuesta al derecho de petición bajo radicado 21581 del 20 de marzo de 2007, indica que el demandante tenía 1.007 semanas en su vida laboral cotizadas al ISS, y luego de un análisis riguroso por parte de este Despacho con respecto a las semanas que se encuentran en los reportes allegados al expediente tales como historia laboral visibles a folio 8 a 102, deja vislumbrar que las semanas cotizadas por el señor E.D.J.H.C., cotizó al sistema el total del 1.027 semanas.
Visto el anterior análisis, se concluye que el demandante sí reúne la densidad de semanas exigidas por el Decreto aplicable al caso de autos [Acuerdo 049 de 1990 – Decreto 0758 de 1990], pues cuenta con 1.027 semanas según la prueba que obra en el expediente, sufragadas en toda su vida laboral; no obstante lo anterior para poder gozar de la pensión es necesario que en este caso el señor E.D.J.H.C. haya efectuado el retiro al sistema el cual se extrae de la última autoliquidación de aportes para el sistema obrante a folio 21 del expediente donde se indica en la casilla de novedades el retiro del sistema, por lo cual este Despacho se dispondrá a liquidar la presente pensión de vejez con relación al mes siguiente en el que efectuó el retiro efectivo del sistema, es decir, a partir de enero de 2017 ” . (Subrayado fuera de texto original)
Por 2007 son 14 a $433.700 que suman $6’071.800.00; por 2008 son 14 a $461.500, que suman $6’461.000.00; por 2009 son 2 a $496.000.00, que suman $939.800.00, para un total de $13’472.600.00 por este concepto” .
Como conclusión, la situación del demandante no se ajusta a la normatividad que le permita beneficiarse del régimen de transición del Decreto 758 de 1990, a pesar de cumplir con el requisito de la edad, asistiéndole la razón a la apoderada de la entidad demanda cuando afirma que al demandante se le debe aplicar el régimen general de pensiones establecido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 -modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003-“ .
Así las cosas, para los beneficiarios de la transición cuyo régimen anterior sea el del ISS contenido en el citado Acuerdo 049 de 1990, la exigencia del número de semanas debe entenderse como aquellas efectivamente cotizadas al ISS; puesto que en el referido Acuerdo no existe una disposición que permita adicionar a las semanas cotizadas el tiempo servido en el sector público, como sí acontece a partir de la Ley 100 de 1993 para las pensiones que se rijan en su integridad por ella” .
En ese orden de ideas, la Corte encuentra que los jueces de instancia dentro del proceso ordinario laboral incurrieron en el defecto de desconocimiento de precedente constitucional , al aplicar una norma que resultaba desfavorable para el solicitante -artículo 33 de la Ley 100 de 1993- y al realizar una interpretación del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 que es regresiva, exegética y formalista, en abierto desconocimiento de la jurisprudencia pacífica, reiterada y unificada de la Corte Constitucional en la Sentencia SU-769 de 2014 , según la cual para efecto del reconocimiento de esta prestación (pensiones en las que haya lugar a la aplicación del régimen de transición) es posible acumular los tiempos de servicio en el sector público -ya sean a las cajas o fondos de previsión social- y las semanas cotizadas al ISS, por cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad se trata de un evento no contemplado en el Acuerdo 049 de 1990, precedente que se reitera en la presente providencia.
Asimismo, se reitera que por ser la postura que mejor se ajusta a la Constitución y a los principios de favorabilidad y pro homine, y que maximiza la garantía del derecho fundamental a la seguridad social, la acumulación anteriormente descrita es válida no sólo para los casos en que fueron acreditadas 1.000 semanas en cualquier tiempo, sino también para los eventos en los que se demostró haber reunido un total de 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida .
Finalmente, también se reitera la regla según la cual es posible acumular el tiempo laborado en entidades públicas respecto de las cuales el empleador no efectuó las cotizaciones a alguna caja o fondo de previsión social, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales. Lo anterior, toda vez que se trata de una circunstancia que puede limitar el goce efectivo del derecho a la seguridad social, y porque el hecho de no haberse realizado las respectivas cotizaciones o descuentos no es una conducta que deba soportar el trabajador, más aún cuando era la entidad pública la que asumía dicha carga prestacional .
En virtud de lo expuesto, la Corte revocará el fallo de única instancia en tutela y en consecuencia, amparará los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas del señor E. de J.H.C.. De igual forma, dejará sin efectos las sentencias proferidas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y por la Sala Laboral del Tribunal de Medellín, mediante las cuales se negó al accionante la pensión de vejez. En su lugar, se dejará en firme la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 8º Laboral del Circuito de Medellín que reconoció la prestación a favor del accionante a partir del 1º de enero de 2007.
En la presente oportunidad la Sala Octava de Revisión examinó el caso del señor E. de J.H.C., persona de 77 años en especial condición de vulnerabilidad , quien a través de apoderado, formuló acción de tutela con el fin de que se revoquen las sentencias proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y por el Tribunal Superior de Medellín (Antioquia), mediante las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez -en el régimen de transición- bajo el argumento de no contar con las semanas de cotización requeridas .
Al respecto, la Sala, tras verificar el material probatorio obrante en el expediente, observó que efectivamente el accionante cumple con los requisitos para que le sea reconocida una pensión de vejez en el régimen de transición al acreditar: (i) tener más de 40 años al momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 -en efecto el actor tenía 54 años para el 1º de abril de 1994- y, (ii) haber cotizado mínimo 1.000 semanas en cualquier tiempo -el actor cotizó un total de 1.027 semanas-, tal y como lo exige el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 , que es el régimen aplicable en el caso sub examine.
Adicionalmente, la Corte encontró que los jueces de instancia dentro del proceso ordinario laboral incurrieron en el defecto de desconocimiento de precedente constitucional , al aplicar una norma que resultaba desfavorable para el solicitante -artículo 33 de la Ley 100 de 1993- y al realizar una interpretación del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 que es regresiva, exegética y formalista, en abierto desconocimiento de la jurisprudencia pacífica, reiterada y unificada de la Corte Constitucional en la Sentencia SU-769 de 2014, según la cual para efecto del reconocimiento de esta prestación (pensiones en las que haya lugar a la aplicación del régimen de transición) es posible acumular los tiempos de servicio en el sector público -ya sean a las cajas o fondos de previsión social- y las semanas cotizadas al ISS, por cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad se trata de un evento no contemplado en el Acuerdo 049 de 1990.
En suma, esta Corte concluye que, para efectos del reconocimiento de pensión de vejez bajo el régimen de transición, no sólo es posible, sino que es un deber de las Administradoras de Fondos de Pensiones acumular los tiempos de servicios que el trabajador haya efectivamente cotizado sin que resulte viable consideración alguna respecto de si estas fueron realizadas al Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) o alguna otra administradora (pública o privada).
En virtud de lo expuesto, la Corte decidió revocar el fallo de única instancia en tutela y en consecuencia, amparó los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas del señor E. de J.H.C.. De igual forma, dejó sin efectos las sentencias proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y por la Sala Laboral del Tribunal de Medellín, mediante las cuales se negó al accionante la pensión de vejez. En su lugar, se dejó en firme la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 8º Laboral del Circuito de Medellín que reconoció la prestación a favor del accionante a partir del 1º de enero de 2007.
PRIMERO.- REVOCAR el fallo de primera instancia, proferido el ocho (8) de junio de dos mil diecisiete (2017), por la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal-, mediante el cual denegó el amparo a los derechos fundamentales invocados dentro del trámite de la acción de tutela interpuesta por el ciudadano E. de J.H.C. y, en su lugar, CONCEDER la protección constitucional a los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS (i) la sentencia pronunciada el 15 de junio de 2016 por la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral- que no casó la sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral 2007-00805, así como (ii) la providencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín -Sala de Decisión Laboral- del 4 de noviembre de 2009, mediante la cual se revocó la sentencia de primera instancia dentro del proceso ordinario laboral 2007-00805; en su lugar, DEJAR EN FIRME la sentencia del Juzgado 8º Laboral del Circuito de Medellín de 25 de febrero de 2009 (primera instancia dentro del proceso ordinario laboral 2007-00805) que reconoció la pensión de vejez al señor E. de J.H.C. a partir del 1º de enero de 2007.

References: Resolución 
 artículo 12
 artículo 61
 artículo 86
 artículo 185
 artículo 241
in dubio
in dubio
 Resolución 
 artículo 9
 artículo 33
 artículo 36
 artículo 12
 artículo 36
 Resolución 
 artículo 9
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 9
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12