Source: http://www.jussantiago.gov.ar/jusnueva/Normativa/constprovincial.php
Timestamp: 2017-01-18 06:07:12+00:00

Document:
Constituación de la Provincia de Sgo. del Estero
Descargar Constitución Provincial de Santiago del Estero Sábado 26 de Noviembre de
LA HONORABLE CONVENCIÓN CONSTITUYENTE SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA
DE LEY: CONSTITUCIÓN
PREÁMBULO La Provincia de Santiago
del Estero, precursora del Federalismo Argentino y de la organización
nacional, con el objeto de afianzar la justicia, la libertad, y promover el bienestar de
cuantos la habitan, en uso de poderes retenidos y de los compromisos asumidos
al momento de la unión nacional, proclama su voluntad de: Garantizar la
convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes
conforme a un orden de justicia social; Consolidar el estado de derecho que asegure el imperio de
la ley como expresión de la voluntad popular y como garantía de seguridad
jurídica; Proteger a todos los habitantes de la Provincia en el ejercicio de los derechos
humanos, sus culturas, tradiciones e instituciones históricas; Promover
el progreso de la educación y la economía para asegurar a todos
los habitantes una digna calidad de vida; Garantizar la autonomía municipal y promover
un federalismo de concertación regional; En consecuencia, los constituyentes
de la Provincia, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón
y justicia y de nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, patrona del Pueblo
de la Provincia, sancionamos la presente Constitución.
PARTE PRIMERA TÍTULO I
CAPÍTULO ÚNICO DECLARACIONES Artículo 1.- Forma de gobierno. La Provincia de Santiago
Estero, parte integrante de la República Argentina, con los límites
que por derecho le corresponden, es autónoma, democrática y organiza
su gobierno bajo la forma republicana y representativa, dando por incorporados a la presente
los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional
y los tratados y declaraciones internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional.
Reafirma su inquebrantable unidad de destino con las demás provincias
y tierras aún irredentas, en el marco del federalismo. Artículo 2.- Valores
superiores del ordenamiento jurídico. Esta Constitución promueve la justicia
social basada en el trabajo y propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico
la libertad, la igualdad, la solidaridad, el pluralismo político y la
seguridad jurídica de la persona, de sus bienes y de sus derechos. Artículo
3.- Titularidad y defensa de la soberanía. El poder reside en el pueblo,
pero éste no delibera nigobierna sino por medio de sus representantes y con arreglo
a esta Constitución, sin perjuicio de los sistemas de democracia semidirecta
que ella reconoce. Artículo 4.- Supremacía de la Constitución. Esta Constitución, los
tratados que la Provincia celebre y las leyes que en consecuencia se dicten, son su ley suprema y las
autoridades provinciales y municipales están obligadas a conformarse
Artículo 5.- Integración regional. La Provincia podrá celebrar
tratados de integración en los que se atribuya a una organización o institución
regional de la que forme parte, el ejercicio de competencias de esta Constitución.
Corresponderá a los poderes públicos, según los casos,
la garantía del eficaz cumplimiento de tales tratados y de las resoluciones que emanen de los organismos regionales creados en virtud de la presente autorización. Artículo 6.- Asiento y responsabilidad de las autoridades. Las autoridades del gobierno
residen en la ciudad de Santiago del Estero, capital de la Provincia, salvo
que por causas especiales se determine por ley o por decreto, durante el receso
de la Cámara y con carácter transitorio, otro lugar de la Provincia.
No ejercen otras atribuciones que las que esta Constitución les confiere y son
responsables de conformidad con esta Constitución y las leyes. Los actos que realicen
fuera de sus atribuciones o a requerimiento de fuerza armada o de reunión
sediciosa que se atribuyan los derechos del pueblo, carecen de valor alguno. Artículo
7.- Prohibición de delegación. Los poderes públicos no podrán
delegar, bajo pena de nulidad, las facultades que les han sido conferidas por esta Constitución,
salvo en los casos excepcionalmente autorizados. Artículo 8.- Publicidad
de los actos. Los actos de la administración pública se publicarán
de manera periódica y, en particular, los que se relacionen con la percepción e inversión
de la renta, deberán publicarse trimestralmente por los medios de comunicación
social. Artículo 9.- Estabilidad laboral. Declárase la estabilidad
laboral de los empleados públicos mientras dure su buena conducta. No podrán
ser separados de sus empleos sin sumario previo donde se observen las garantías del
debido proceso. La legislación no podrá alterar o suspender la estabilidad
ni prohibir la actividad política de los empleados públicos fuera del ejercicio
de sus funciones. La filiación partidaria no es requisito para la admisión
ni causa para la cesantía. El funcionario o empleado público a quien
se impute delito en el desempeño de sus funciones estará obligado, en los casos
y formas que la ley determine, a acusar para vindicarse, gozando del beneficio del proceso gratuito.
Artículo 10.- Ningún magistrado, funcionario electivo o no,
o empleado perteneciente a cualquiera de los poderes públicos, podrá valerse
de su cargo para interesarse directa o indirectamente o por persona interpuesta en cualquier
contrato u operación en la que fuere parte el Estado, a fin de obtener
beneficio propio o de un tercero. La violación de este precepto hará incurrir
al responsable en mal desempeño de sus funciones y lo inhabilitará por
el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. La
Cámara de Diputados sancionará una ley sobre ética pública para
el ejercicio de la función. Artículo 11.- Responsabilidad del Estado. La Provincia
y los municipios como personas de derecho carecen de todo privilegio especial. Pueden ser
demandados ante los tribunales ordinarios y, al efecto, será suficiente
que los interesados acrediten haber agotado la vía administrativa, siéndole
desconocido o negado el derecho invocado, o que, transcurridos tres meses después
de la iniciación de dicha vía, no se hubiere dictado resolución.
Cumplidos estos requisitos, quedará expedita la vía judicial sin que sea menester
autorización alguna ni otra formalidad previa. Si hubiere condenación a pagar sumas
de dinero, no podrá hacerse ejecución ni trabarse embargo de sus
bienes o rentas, debiendo en tal caso la Legislatura o concejo deliberante, en el período
de sesiones ordinarias inmediato al de la ejecutoria, arbitrar los recursos
necesarios para el pago, cesando este beneficio si así no lo hiciere en el plazo de tres meses.
Los embargos no podrán recaer sobre los bienes afectados a las funciones
esenciales del Estado. Esta disposición se incluirá en todos los contratos
en que sea parte el Estado provincial o municipal. Artículo 12.- Fines del Estado y
valor del Preámbulo. El Preámbulo resume los fines del Estado provincial
y las aspiraciones comunes de sus habitantes. Su texto es fuente de interpretación
y orientación para establecer el alcance, significado y finalidad de
todas las cláusulas de esta Constitución. No puede ser invocado para
ampliar las competencias de los poderes públicos. Artículo 13.- Interrupción
del orden constitucional. Esta Constitución mantendrá su imperio aun
cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional
y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos
y sus autores serán inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos.
previstas para las autoridades de esta Constitución, los que responderán
civil y penalmente de sus actos Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia
contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo.
Artículo 14.- Actos de la intervención federal. En caso de
intervención del gobierno federal, los actos que su representante practique deberán
ser exclusivamente administrativos. Serán válidos para la Provincia
si hubieren sido realizados de acuerdo con lo previsto por esta Constitución y las
leyes de la Provincia. Sus funciones deberán limitarse a garantizar la forma republicana
de gobierno, repeler invasiones exteriores o sostener o restablecer las autoridades
constituidas si hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión
exterior. En ningún caso podrá comprometer el patrimonio presente o futuro
de la Provincia. Los magistrados, funcionarios y empleados nombrados por la intervención federal cesan automáticamente al asumir las autoridades
electas, salvo confirmación o nuevo nombramiento de éstas. Los sueldos,
retribuciones, compensaciones, viáticos y demás adicionales del interventor
federal, ministros, secretarios de estado, subsecretarios y funcionarios no escalafonados designados
por aquél, no serán abonados con fondos provinciales. Artículo
15.- Vigencia de las garantías. En ningún caso y por ningún motivo, los
poderes provinciales ni sus autoridades, podrán suspender en todo o en cualquiera de sus partes
la vigencia de esta Constitución. Ninguno de los poderes puede pedir
ni se le concederá por motivo alguno facultades extraordinarias ni la suma
DERECHOS CAPÍTULO I
DERECHOS PERSONALES Artículo
16.- Derechos individuales. Todas las personas gozan en la Provincia de los siguientes derechos: 1. A la vida en general desde el momento de la concepción. 2. A la protección de la salud, de la integridad psicofísica
y moral y a la seguridad personal. 3. Al honor, a la intimidad, al nombre y a la propia
imagen. 4. A aprender y enseñar, a la libertad intelectual, a investigar,
artística y a participar de los beneficios de la cultura. 5. A asociarse
con metas útiles y reunirse con fines pacíficos. 6. A peticionar
a las autoridades y obtener respuesta fehaciente y acceder a la jurisdicción y a la defensa de sus derechos.
entrar, permanecer, transitar y salir de la Provincia. 8. El Estado garantiza
la propiedad y la iniciativa privada y toda actividad económica lícita
y las armoniza con los derechos individuales, sociales y de la comunidad. Ningún habitante de la Provincia puede ser privado de sus bienes sino en virtud
de sentencia judicial fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad
pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Artículo 17.-
Libertad de culto. Es inviolable el derecho de todos los habitantes a ejercer su culto
libre y públicamente según los dictados de su conciencia. La Provincia
coopera al sostenimiento del culto Católico, Apostólico y Romano. A persona
alguna se le podrá requerir declaraciones sobre sus creencias religiosas, su opinión
política o cualquier otra información reservada al ámbito de su privacidad
o conciencia. Artículo 18.- Igualdad y solidaridad. Todas las personas son iguales
ante la ley, gozan de la misma dignidad y merecen idéntico respeto. La presente
Constitución no admite discriminaciones por razones o pretexto de
raza, etnia, sexo, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres
físicos, condición social o económica, ni cualquier otra circunstancia que implique distinción,
exclusión, restricción o menoscabo. La Provincia procurará la
remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad,
impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida
política, económica o social de la comunidad. Promueve medidas de acción
positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y
ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución. En materia
tributaria la igualdad, la equidad, la proporcionalidad y la progresividad
de acuerdo a la capacidad contributiva, son la base de los impuestos y de las
cargas públicas. Los extranjeros gozan en la Provincia de todos los
derechos civiles reconocidos a los nacionales y no podrán ser obligados a una
mayor contribución fiscal en razón de su nacionalidad. Artículo
19.- Libertad de expresión. Todo habitante tiene libertad de expresar y difundir, sin
censura previa, sus pensamientos, ideas, opiniones y críticas mediante la
palabra oral o escrita, por cualquier medio de comunicación, así como la libertad
de buscar, recibir y transmitir información. Tiene derecho a la libre producción
y creación intelectual, literaria, artística y científica. Ninguna autoridad
provincial o municipal puede dictar leyes, decretos u ordenanzas que en cualquier forma tiendan a restringir directa o encubiertamente el ejercicio de la libertad
de expresión. Las instalaciones y equipos de los medios de difusión
no pueden ser objeto de imposiciones extraordinarias, ni de clausura, confiscaciones o
decomisos. Toda norma en contrario es absolutamente nula. Todo habitante
que, por causa de una información inexacta o agraviante sufra perjuicio,
tiene el derecho a efectuar gratuitamente por el mismo medio de comunicación
su rectificación o respuesta. En caso de negativa el afectado puede recurrir
a la instancia judicial, por via del amparo. CAPÍTULO II DERECHOS SOCIALES DEL TRABAJADOR Artículo
20.- Protección laboral. El trabajo es un derecho y un deber social y como
tal gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador
los siguientes derechos: 1. A la libre elección de su trabajo y a condiciones laborales equitativas, dignas, seguras, salubres y morales. 2. A la permanente capacitación, al bienestar y al mejoramiento económico. 3.
A una jornada limitada, acorde con las características propias de cada labor, con
descansos adecuados y vacaciones pagas. 4. A una retribuciónjusta en base a
un salario mínimo, vital y móvil. 5. A igual remuneración por igual
tarea en igualdad de condiciones y a retribuciones complementarias por razones objetivas, motivadas
en las características del trabajo y del medio en que se presten.
6. A la defensa de los intereses profesionales,individuales y colectivos. 7. A la gratuidad para la promoción de actuaciones administrativas o judiciales
de naturaleza laboral, previsional o gremial. 8. A asociarse libre y democráticamente en defensa de sus intereses económicos, sociales
y profesionales en sindicatos que puedan federarse o confederarse del mismo
modo. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo,
recurrir a la conciliación y al arbitraje y el derecho de huelga.
Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias
para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad
de su empleo. 9. A la inembargabilidad de la indemnización laboral y del
salario y el haber previsional, hasta el porcentaje que fije la ley. 10. A la protección contra el despido arbitrario. 11. A la igualdad de oportunidades para ambos sexos, prohibiéndose cualquier tipo de discriminación arbitraria.
En caso de duda sobre la interpretación de normas laborales, prevalece la más
favorable al trabajador. A los fines de garantizar la efectiva vigencia de los derechos enunciados en el presente artículo, el Estado provincial reivindica
la potestad de ejercer la policía del trabajo en el ámbito de su jurisdicción,
en el modo y forma que fije la ley. Todos los habitantes de la Provincia son admisibles
en los empleos públicos sin otra condición que la idoneidad. La
ley determinará los casos en que se podrá exigir la nacionalidad. CAPÍTULO III DE LA SALUD Artículo 21.- El Estado provincial asegurará la salud como derecho fundamental
de las personas, garantizando la promoción, prevención, recuperación
y rehabilitación de la salud integral y podrá convenir al respecto con la Nación,
otras provincias y organizaciones internacionales o nacionales, oficiales o privadas,
que colaboren con dicho fin. Artículo 22.- La Provincia dará prioridad
a la atención primaria de la salud. Promoverá la protección
materno infantil y la lucha contra las endemias, drogadicción, alcoholismo y las enfermedades
infecto contagiosas. Artículo 23.- La Provincia autorizará y fiscalizará en
el cumplimiento de sus objetivos, a las entidades de atención sanitaria,
sean éstas de carácter público o privado.
Artículo 24.- El medicamento es considerado un bien social,
debiendo el Estado arbitrar los mecanismos que tiendan a promover su accesibilidad para
todos los habitantes de la provincia, así como la fiscalización
de su procedencia y calidad. Artículo 25.- El Estado promoverá la
creación de centros de estudios e investigación, de formación y capacitación
en materia de salud, especialmente dirigidas a las enfermedades existentes en la provincia y en
la región. Promoverá una eficaz prestación del servicio
de salud de acuerdo a las necesidades de la provincia, estableciéndose los escalafones de la
actividad de los trabajadores de la salud, de conformidad a las leyes de carrera que reglamenten su ejercicio. Artículo 26.- El Estado podrá implementar
la aplicación de un seguro provincial de salud para toda la población,
según lo determine la ley que se dicte al efecto, así como también la
progresiva implementación de la autogestión y descentralización
CAPÍTULO IV DE LA FAMILIA Artículo 27.- Promoción de la familia. La familia
es el núcleo fundamental de la sociedad. Debe gozar de las condiciones sociales, económicas,
culturales y los servicios esenciales necesarios para su afianzamiento y desarrollo integral. El Estado provincial la protege, facilita su promoción
y el cumplimiento de sus fines. El cuidado y la educación de los hijos
es un derecho y una obligación de los padres. El Estado provincial asegura su cumplimiento.
Se fomenta la incorporación de las viviendas al régimen de bien
de familia. Se dictará una ley preventiva de la violencia en la familia. DE LA
MUJER Artículo 28.- Protección de la mujer. La mujer y el hombre
tienen iguales derechos. El Estado asume la obligación de emprender acciones positivas a fin de
garantizar dicha igualdad. La Provincia dictará un régimen de seguridad
especial de protección de la madre durante el embarazo y el período de
lactancia. Las condiciones laborales deberán permitir a la madre el cumplimiento
de sus funciones familiares esenciales. DE LA NIÑEZ Artículo 29.-
Protección de la infancia. La Provincia asegura la protección de la infancia y el respeto
a su identidad, previniendo y penando cualquier forma de mortificación,
tráfico o explotación que sufriere. El Estado provincial, mediante su accionar
preventivo y subsidiario, garantizará los derechos del niño, especialmente
cuando se encuentren en situación desprotegida, carencial, de ejercicio abusivo
de autoridad familiar o bajo cualquier forma de discriminación. En caso
de desamparo, corresponde al Estado provincial proveer dicha protección,
ya sea en hogares adoptivos o sustitutos o en hogares con personal especializado.
Atenderá también la nutrición suficiente de menores, con un registro,
control y seguimiento individual de los beneficiarios, cuya implementación estará a
cargo del organismo que determine la Ley. Declárase vigente en todo el territorio provincial e incorpórase como texto constitucional, la Convención
sobre los Derechos del Niño aprobado en el orden nacional por intermedio de
la Ley Nº 23.849. Articulo 30.- Es función indelegable del Estado arbitrar todos los medios legales
tendientes a prevenir y reprimir el tráfico de niños en todo el territorio
provincial, a través de sus organismos específicos. VETERANOS DE GUERRA Artículo
31.- Veteranos de guerra. La Provincia deberá adoptar políticas
orientadas a la asistencia y protección de sus veteranos de guerra, facilitándoles
el acceso a la educación, como así también a la salud, el trabajo
y a una vivienda digna. DE LA JUVENTUD Artículo 32.- Desarrollo de la juventud. Los jóvenes
tienen derecho a que el Estado provincial promueva su desarrollo integral sin discriminaciónalguna, posibilite su perfeccionamiento humano y contribuya
a una plena formación democrática, cultural y laboral, orientada
a despertar la conciencia nacional de los mismos y la aspiración a una sociedad más
justa y solidaria, que lo arraigue a su medio y le facilite su participación
efectiva en las actividades comunitarias y políticas. PERSONAS CON NECESIDADES
ESPECIALES Artículo 33.- El Estado provincial promoverá políticas
de protección a toda persona con necesidades especiales y a su familia, facilitando a aquéllas
su asistencia, rehabilitación, educación, capacitación
e integración en la vida social y laboral. Implementa políticas de prevención y procura
que la sociedad tome conciencia y adopte actitudes solidarias. En todo el ámbito provincial
deberán dictarse normas que faciliten el desplazamiento y acceso de
las personas discapacitadas, para favorecer su independencia. DE LA ANCIANIDAD Artículo
34.- Amparo a la ancianidad. La familia prioritariamente, la sociedad y el Estado
provincial, atenderán a la asistencia y protección de los ancianos,
propiciando que la legislación contemple:el acceso irrestricto a la salud, a la
vivienda y su integración social y cultural, tendiendo a que desarrollen tareas
de creación libre,de reinserción laboral, de realización personal y de
servicios a la comunidad. CAPÍTULO V
DEL MEDIO AMBIENTE Artículo 35.- Calidad
de vida. Todo habitante tiene derecho a un ambiente sano y a que las actividades productivas
futuras. Este derecho comprende el de vivir en un ambiente físico
y social libre de factores nocivos para la salud, la conservación de los recursos
naturales, culturales y la diversidad biológica y la preservación de la
flora y fauna. Se prohíbe el ingreso, la instalación o radicaciónen elterritorio
provincial de residuos actual o potencialmente tóxicos. DEL CONSUMIDOR Artículo
36.- Defensa del consumidor. Los consumidores y usuarios tienen derecho en la relación
de consumo, a la protección de su salud,en especial del cuidado de los
alimentos en general y con estricto control de calidad de los destinados a planes de apoyo
nutricional para la infancia y ancianidad,seguridad e intereses económicos;
a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección;
a la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de
asociaciones en defensa de sus intereses. La legislación establecerá procedimientos
eficaces para la prevención
y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios
públicos de competencia provincial, previendo la participación de las organizaciones
de usuarios y consumidores en los organismos de control. DE LA VIVIENDA Artículo 37.- Acceso a la vivienda. Todo habitante tiene derecho a acceder a una vivienda
digna que satisfaga sus necesidades mínimas y de su núcleo
familiar. A este fin el Estado provincial procurará el acceso a la propiedad de la tierra
y dictará leyes especiales de fomento a la construcción de viviendas. La vivienda única
es inembargable de acuerdo a lo establecido en la ley. DEL DEPORTE Artículo
38.- Práctica del deporte. El Estado fomenta la práctica del deporte
como medio de desarrollo físico, espiritual y comunitario de sus habitantes. TÍTULO III CAPÍTULO I DERECHOS POLÍTICOS Artículo 39.- Derechos
políticos. Sufragio. Todo
ciudadano tiene derecho a elegir y a ser elegido; a participar en el gobierno
de la Provincia, directamente o por medio de sus representantes libremente elegidos. Es el pueblo quien confiere la autoridad legítima al poder
público mediante elecciones periódicas y democráticas. El sufragio
es un derecho del ciudadano garantizado por esta Constitución. El sufragio es universal,
igual,único, secreto, obligatorio, no acumulativo e intransferible. Son
electores los ciudadanos inscriptos en el padrón electoral nacional vigente a la
respectiva elección y domiciliados en el territorio provincial. Los extranjeros
pueden ser electores en el ámbito municipal. Artículo 40.- Derecho de
iniciativa. La Provincia asegurará a los ciudadanos el derecho de iniciativa para
presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados, la que deberá darles
expreso tratamiento dentro del término de seis meses a partir de su presentación.
La Cámara de Diputados, por mayoría absoluta de la totalidad de
sus miembros, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más
del cinco por ciento (5%) del padrón electoral para admitir la iniciativa y contemplar
una adecuada distribución territorial para suscribir la misma. No podrán
ser objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados
interprovinciales, tributos y presupuesto. Artículo 41.- Consulta
popular. La Legislatura, con mayoría absoluta de votos, podrá someter a
consulta popular vinculante proyectos de ley sobre materias de su competencia. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. La aprobación del proyecto
por el cincuenta por ciento (50%) de los votos emitidos, lo convertirá en ley y su
promulgación será automática. No podrán ser objeto del presente procedimiento
las leyes que por esta Constitución requieran mayorías especiales para su
sanción. La Legislatura o el Poder Ejecutivo, dentro de sus respectivas competencias,
podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no será obligatorio. Una ley, sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad
de los miembros de la Cámara de Diputados, reglamentará la consulta
popular vinculante y no vinculante. Artículo 42.- Referéndum de revocación.
La Provincia asegurará a los ciudadanos el derecho a requerir la revocación del mandato de
los funcionarios surgidos de elecciones generales, fundándose en causas atinentes a su
desempeño. La Cámara de Diputados, por mayoría absoluta de la totalidad de
sus miembros, sancionará una ley reglamentaria que deberá exigir la adhesión
del veinte por ciento (20%) del padrón electoral a los efectos de viabilizar la convocatoria.
La misma será de participación obligatoria, produciendo la
revocación del mandato del funcionario, si los votos favorables a la misma superan el cincuenta
por ciento (50%) de los emitidos y la participación de los electores
es mayor al cincuenta por ciento (50%) del padrón electoral. El pedido de revocatoria
no es admisible para quienes no hayan cumplido un año de mandato, ni para
aquellos a los que le restaren menos de seis meses para la expiración del mismo.
Dicha solicitud deberá ser presentada ante el Tribunal Electoral, el que
deberá comprobar los requisitos señalados y convocar al referéndum
de revocación vinculante, dentro de los noventa días de presentada la petición,
no pudiendo este plazo prorrogarse. CAPÍTULO II PARTIDOS POLÍTICOS Artículo
43.- Régimen de los partidos políticos. Los partidos políticos son instituciones
fundamentales del sistema democrático. Los ciudadanos tienen el derecho de asociarse
libremente en partidos políticos y participar en su organización
y funcionamiento. Su creación y el ejercicio de sus actividades son
libres dentro del respeto a esta Constitución. Compete exclusivamente a los partidos
políticos postular candidatos para las elecciones provinciales y municipales. Los procedimientos de selección de éstos y la elección de
las utoridades partidarias son democráticos, fiel expresión de la voluntad
de sus afiliados, con manifestación pública de principios y plataforma y garantizarán
la representación de las minorías. En los cuerpos colegiados las
bancas pertenecen al pueblo. Queda asegurada la igualdad real de oportunidades entre varones
y mujeres para el acceso a cargos electivos públicos y partidarios. CAPITULO III RÉGIMEN ELECTORAL Artículo 44.- Bases del régimen electoral.
El régimen electoral, de carácter uniforme para toda la Provincia, se ejercerá conforme
a las siguientes bases: 1. El sistema electoral que regirá para la elección
de los cuerpos colegiados se establecerá sobre la base de la representación
proporcional. 2. El territorio provincial y municipal, según corresponda,
se constituye en distrito único para todos los actos electorales. 3.
Queda expresamente prohibido el sistema electoral de doble voto simultáneo
y acumulativo. 4. Todo proceso electoral puede ser fiscalizado por los partidos políticos intervinientes. 5. La autoridad comicial dispone de la fuerza
pública a los efectos de asegurar la regularidad del acto. 6. Todos los electores
gozan durante el acto comicial de inmunidad de arresto, salvo en el caso de flagrante delito o de orden escrita de autoridad competente. La ley que reglamentará el régimen electoral deberá ser sancionada por la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados. Artículo 45.- Simultaneidad electoral. Las elecciones provinciales podrán celebrarse en forma
simultánea con las nacionales. Artículo 46.- Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral
de la Provincia será presidido por el presidente del Superior Tribunal de
Justicia e integrado además, por el fiscal de estado y un diputado de la minoría.
En caso de impedimento serán subrogados por sus reemplazantes legales o suplentes
según el caso. Actuará como fiscal del tribunal, el fiscal general. Tendrá como atribuciones
las siguientes y las que la ley establezca: 1. Disponer lo necesario para la organización
y funcionamiento de todos los comicios provinciales. 2. Garantizar la igualdad, confiabilidad, imparcialidad y transparencia de los comicios provinciales.
3. Oficializar las candidaturas y aprobar las boletas que se utilicen para los
comicios. 4. Practicar el escrutinio definitivo, proclamar a los electos, otorgar sus diplomas y establecer la nómina de los suplentes. Serán
proclamados suplentes los titulares que no hubieran asumido y los candidatos suplentes,
en el orden de lista. 5. Juzgar la validez de las elecciones provinciales y municipales, en su caso. 6. Confeccionar, cuando corresponda, los padrones electorales. TÍTULO IV CAPÍTULO ÚNICO DEBERES Artículo 47.-
Es deber de todo habitante honrar y defender a la Patria y la Provincia, resguardar y proteger los intereses y el patrimonio cultural y material de la Nación y de
la Provincia, cumplir y hacer cumplir la Constitución nacional y esta
Constitución provincial y las demás leyes, decretos y normas que se dicten en su consecuencia; cumplir y hacer cumplir los tratados interprovinciales, contribuir
a los gastos que demande la organización social y política
del Estado, armarse en defensa de la Patria en la forma que lo establezcan y determinen las leyes
y demás normas aplicadas por las autoridades establecidas por la Constitución nacional; prestar servicios civiles en caso de que las leyes por razones
de solidaridad social así lo requieran; formarse y educarse en la medida
de su vocación y de acuerdo a las necesidades sociales; evitar la contaminación
ambiental y participar en la defensa ecológica. TÍTULO V CAPÍTULO ÚNICO GARANTÍAS Artículo 48.- Tutela judicial efectiva. 1.Todas las
personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio
de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso,
pueda producirse indefensión. 2. El derecho de defensa en juicio no podrá ser
coartado por excesos rituales manifiestos, que dificulten el acceso a la verdad jurídica
objetiva sin que ello implique, en los procesos que así corresponda,
suplir la actividad procesal a cargo de las partes. 3.Las leyes procesales promoverán
la progresiva incorporación de los principios de oralidad y publicidad
de los procesos. Artículo 49.- Debido proceso legal. Nadie puede ser privado
de su libertad, sus bienes o sus derechos, sin el debido proceso legal. Artículo
50.- Principio de reserva. Las acciones privadas de los hombres que de ningún
modo ofendan al orden público, a la moral pública o a los derechos
de terceros, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad del Estado. Ninguna
persona está obligada a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que
ella no prohíbe. Artículo 51.- Ninguna persona en la Provincia puede ser requisado en tiempo de paz,
ni allanado o inspeccionado su domicilio, sin orden escrita de autoridad judicial
competente que exprese el motivo del procedimiento y sin que se labre un
acta con firma de testigos. En horas de la noche no podrá allanarse el
domicilio sino por auto motivado, con la presencia y contralor de sus moradores. En caso
de manifiesta ausencia de éstos, deberá labrarse acta con la presencia
de vecinos. En caso de detención de persona, deberá comunicarse la misma
de inmediato a los familiares, abogados o allegados que indique, por parte de la autoridad que
la practicó. La conformidad del afectado no suplirá la orden judicial.
Artículo 52.- Secreto profesional. No podrán allanarse los
estudios de profesionales, sin control del Colegio respectivo de la jurisdicción, para el resguardo
del secreto profesional; ni las iglesias ni demás locales públicos y registrados
de culto, sin control de la autoridad religiosa respectiva, para su debido respeto.
Artículo 53.- Los papeles privados, la correspondencia epistolar,
los teléfonos, las comunicaciones de cualquier especie, los sistemas de almacenamiento de
datos y los elementos que impliquen secretos profesionales amparados por la ley,
son inviolables; su examen o intervención sólo puede realizarse
por orden judicial. Queda garantizado el resguardo del secreto profesional y de la confesión
religiosa. Artículo 54.- Juez natural. Ningún habitante de
la Provincia puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso,
ni juzgado por comisiones especiales, ni sacado de los jueces designados por
ley antes del hecho de la causa. Artículo 55.- Principio de inocencia.
Se considera inocente a todo aquel que no haya sido declarado culpable por sentencia de
juez competente pasada en autoridad de cosa juzgada. No se podrán dictar
leyes que empeoren la condición de los acusados por hechos anteriores. Nadie
puede ser encausado judicialmente más de una vez por el mismo delito, salvo
el caso de revisión favorable al condenado en materia criminal y de acuerdo con
la ley procesal. En causa criminal, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni contra sus ascendientes, descendientes y cónyuge, ni puede
ser compelido a deponer contra sus demás parientes hasta el cuarto grado
inclusive. La defensa es libre en todos los juicios. Artículo 56.- Defensa de
la libertad. La privación de la libertad durante el proceso, tiene carácter
excepcional y en ningún caso se dispondrá la misma si los delitos imputados
no dieren lugar a penas de prisión de cumplimiento efectivo. En todos los casos, las
normas que coarten la libertad son de interpretación restrictiva. Salvo en caso
de flagrancia, nadie podrá ser privado de su libertad sino con orden
escrita y fundada de autoridad judicial competente, siempre que existan suficientes
elementos de convicción de participación en un hecho ilícito
y sea absolutamente indispensable para asegurar la investigación y la actuación
de la ley. En caso de flagrancia se dará aviso inmediato a aquélla y se pondrá a
su disposición al aprehendido, con constancia de sus antecedentes y los del hecho que se le
atribuyen, a los fines previstos precedentemente. Producida la privación
de la libertad, el afectado será informado dentro de las veinticuatro horas
por escrito y bajo constancia, de la causa de su detención y de los derechos
que le asisten y podrá dar aviso de su situación a quien crea conveniente.
La autoridad arbitrará los medios conducentes a ello. Ninguna detención
podrá prolongarse por más de veinticuatro horas sin intervención del juez competente. Artículo 57.- Condiciones de la detención. Las cárceles y todos lo demás
lugares destinados para el cumplimiento de penas de privación de libertad, serán
sanas y limpias y organizadas sobre la base de obtener primordialmente la reeducación
y reinserción social del penado mediante el trabajo productivo y remunerado. En los establecimientos penales no podrá privarse al individuo de la satisfacción
de sus necesidades naturales y culturales, con arreglo a la ley y reglamentaciones
que se dicten. Los penados cumplirán sus condenas en establecimientos
carcelarios de la Provincia, salvo casos especiales que la ley determine.
Ningún procesado o detenido podrá ser alojado en cárceles de penados
ni sometido a régimen penitenciario. La ley determinará oportunamente la
operatividad del presente régimen. Las mujeres sometidas a prisión deberán
ser alojadas en establecimientos especiales. Los menores no podrán ser alojados en establecimientos carcelarios ni en lugares de detención destinados
Artículo 58.- Hábeas corpus. Toda persona que de modo actual
o inminente sufra una amenaza a su libertad o se encuentre detenida sin orden de juez competente,
podrá acudir sin formalidad alguna, por sí o por terceros en
su nombre, ante cualquier juez o tribunal de la Provincia, sin distinción de fueros
ni instancias, para requerir que de inmediato se resguarde su libertad o se
haga cesar la detención. El juez o tribunal requerido tendrá facultad
de solicitar toda clase de informaciones y de disponer la comparecencia del detenido.
Puede también ejercerse esta acción por las causas de agravamiento
ilegítimo en la forma o condición de detención, sin detrimento de las facultades
del juez del proceso, o en el supuesto de desaparición forzada de personas. Artículo
59.- Amparo judicial. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida
de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo,
contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma
actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución,
un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad
de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer
esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos
que protegen el ambiente, la competencia, al usuario y al consumidor, así como
los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo,
los entes reguladores provincialesy las asociaciones que propendan a esos fines,
registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y
formas de su organización. Artículo 60.- Hábeas data. Toda persona
puede interponer acción de amparo para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad,
que consten en registros o bancos de datos públicos o en los privados
destinados a proveer informes y en caso de error, omisión, falsedad o discriminación,
para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización
de aquellos. No puede afectarse el secreto de la fuente de información periodística. Artículo 61.- Amparo por mora. En los casos que
esta Constitución, una ley u otra norma impongan a un funcionario, repartición o ente
público administrativo, un deber concreto a cumplir en un plazo determinado, toda
persona afectada puede demandar su cumplimiento judicialmente y peticionar
la ejecución inmediata de los actos que el funcionario, repartición
o ente público administrativo hubiera rehusado cumplir. La ley reglamentará el ejercicio
de esta garantía. Artículo 62.- Secreto sumarial. Los jueces podrán
decretar el secreto del sumario. Pero el mismo dejará de ser secreto para las
partes inmediatamente después que el acusado haya prestado declaración
indagatoria ante el juez, salvo las excepciones por el término que la ley establezca.
63.- Los derechos y garantías reconocidos en esta Constitución no podrán
ser alterados o restringidos por las leyes que reglamentan su ejercicio, ni serán
interpretados como una negación de otros no enumerados, pero que pertenecen al pueblo
o que deriven de la forma de gobierno adoptada o que sean inherentes al ser humano. TÍTULO VI
CULTURA, EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CAPÍTULO I CULTURA Artículo 64.- Derecho a la cultura. La cultura es un derecho fundamental. El Estado
deberá: 1. Alentar, difundir, proteger y facilitar las prácticas
y productos culturales que afiancen las identidades en el ámbito de la provincia,
respetándose la interculturalidad bajo el principio de la igualdad
y como condición para el desarrollo humano y la paz. 2. Garantizar a todos
los habitantes el derecho a tener una cultura, ejercerla y disfrutar de sus productos, como asimismo el derecho al trabajo en ese ámbito como
base de progreso. 3. Asegurar el estímulo a la creación e investigación
tendientes a la conservación, conocimiento, enriquecimiento, valoración y promoción
de las prácticas, formas y bienes culturales en su marco ambiental y antropológico,
mediante una adecuada legislación al efecto. Artículo 65.-
Financiamiento de la cultura. El Estado proveerá los recursos necesarios para atender los emprendimientos culturales de las comunidades y actores sociales de la Provincia
y a la protección de su patrimonio. Artículo 66.- Consejo de
la Cultura. Créase un Consejo de la Cultura, respetando las regiones respectivas de la Provincia,
cuya integración y funcionamiento será reglamentado por ley. CAPÍTULO II EDUCACIÓN Artículo 67.- Derecho a la educación. La educación
las personas durante toda la vida. Constituye un medio fundamental e indispensable para lograr su plena realización y consolidar los valores
de solidaridad, libertad, igualdad, justicia y paz. Artículo 68.- Fines
de la educación. La educación tiene como fin esencial propender a
la formación de seres libres, críticos y con principios éticos. Estará inspirada
en el reconocimiento de la dignidad de la persona, el fortalecimiento, respeto
y defensa de los derechos humanos, el pluralismo ideológico, la protección
del medio ambiente, la integración social para un desarrollo humano sostenido,
la afirmación del sentido de pertenencia provincial, regional, nacional
y latinoamericano, abierto a la integración con otras culturas. CAPÍTULO
III PRINCIPIOS DE POLÍTICA EDUCATIVA Artículo 69.- Educación
estatal. El Estado asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación
estatal que será gratuita en todos los niveles y modalidades. Es obligatoria
desde el nivel inicial y su extensión será progresiva hasta
el límite que la ley establezca. Artículo 70.- Acceso a la educación. El Estado garantizará el acceso
igualitario y universal a la educación en todos los niveles y modalidades, instrumentando
políticas activas que permitan la igualdad de oportunidades y posibilidades
y la permanencia en el sistema educativo. Artículo 71.- Política
educativa. La determinación de la política educativa y su fiscalización
son esponsabilidad del Estado, que asegurará en ella la participación de la familia,
la comunidad y la democratización en la toma de decisiones. El Estado adecuará,
en forma permanente, la educación a los avances pedagógicos y a las
demás disciplinas científicas. Implementará programas acordes a las necesidades
y características regionales de la Provincia, que guardarán una estrecha relación
con la realidad social, procurando el logro de crecientes niveles de calidad y pertinencia.
Artículo 72.- Financiamiento. El presupuesto educativo debe garantizar
la inversión necesaria para el funcionamiento efectivo del sistema. La
educación tendrá un financiamiento privilegiado no menor al treinta por ciento
(30%) de las rentas generales de la Provincia, además de los otros recursos
que leyes especiales determinen al efecto, las contribuciones de los particulares y
los aportes del Estado Nacional. La prioridad en la inversión estará orientada
a las unidades educativas de mayor riesgo social. Artículo 73.- Educación
privada. La educación pública de gestión privada brindará servicios
educativos en todos los niveles que la ley determine y estará sujeta a pautas generales establecidas
por el Estado, quien podrá cooperar a su sostenimiento, con autoridad
indelegable para acreditar, evaluar, regular y controlar su gestión. Las unidades
educativas de gestión privada incorporadas a la enseñanza oficial, deberán
ser entidades sin fines de lucro. Artículo 74.- Contenidos fundamentales. Los planes
y programas de la educación pública obligatoria enfatizarán
los contenidos referidos al conocimiento de la Constitución, defensa de los derechos
humanos, protección de los recursos naturales y medio ambiente, educación
para la salud, cooperativismo y mutualismo. Artículo 75.- Erradicación del
analfabetismo. Será prioridad del Estado la erradicación del analfabetismo implementando
planes y programas provinciales que permitan alcanzar este objetivo. Artículo
76.- Doble escolaridad. A fin de garantizar la igualdad de oportunidades y el derecho
a una educación con equidad, el Estado podrá extender gradualmente
la doble escolaridad en la enseñanza básica en las unidades educativas
rurales y en riesgo social. Artículo 77.- Formación técnica y profesional.
El Estado, en el marco de la educación pública y atendiendo a la realidad provincial,
regional y nacional, impulsará acciones educativas relacionadas con la formación
técnica y profesional necesarias para la capacitación e incorporación
al mundo del trabajo. Artículo 78.- Educación artística. El Estado
estimulará y extenderá la educación artística a todo el ámbito de la Provincia
en los niveles que la ley determine. Artículo 79.- Educación especial. El Estado fomentará e
intensificará la educación dirigida a personas con necesidades educativas especiales,
garantizando la igualdad de oportunidades y el ingreso y permanencia en el sistema educativo. CAPÍTULO IV ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO Artículo
80.- Consejo General de Educación. El sistema educativo público estatal estará administrado
por un Consejo General de Educación, que será el responsable de hacer
cumplir la política fijada por los poderes del Estado y de articular los niveles
educativos que la ley determine. Estará constituido por un presidente designado
por el Poder Ejecutivo y seis vocales docentes con una antigüedad mínima
de diez años en el ejercicio de la profesión: tres designados por el Poder Ejecutivo
y tres por elección directa de sus pares mediante el sistema proporcional
de sufragios, según lo establezca la ley. Los vocales electos durarán cuatro
años en sus cargos y podrán ser reelegidos por una sola vez. Artículo 81.-
Direcciones. La Dirección de cada uno de los niveles o modalidades de enseñanza
que la ley determine, estará a cargo de un docente con una antigüedad mínima
de diez años en el ejercicio de la profesión, designado por el Poder Ejecutivo. Artículo 82.- Junta de Calificaciones y Clasificaciones. Las Juntas de Calificaciones y
Clasificaciones, una por cada nivel y con las funciones que la reglamentación
establezca, estarán integradas por cinco docentes con una antigüedad
mínima de diez años en el ejercicio de la profesión: dos designados por
el Poder Ejecutivo y tres elegidos democráticamente por sus pares mediante el sistema
proporcional de sufragios. Los vocales electos durarán cuatro años en sus
cargos y podrán ser reelegidos por una sola vez. Artículo 83.- Tribunal de Disciplina.
El Tribunal de Disciplina estará integrado por cinco miembros, todos docentes
con una antigüedad mínima de diez años en el ejercicio de la profesión:
dos integrantes designados por el Poder Ejecutivo y tres elegidos democráticamente
por sus pares mediante el sistema proporcional de sufragios. Los integrantes electos durarán
cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos por una sola
vez. Artículo 84.- Revocación. En todos los casos los cargos electivos del Consejo
General de Educación, Junta de Calificaciones y Clasificaciones y Tribunal de
Disciplina, podrán ser revocados conforme lo reglamente la ley. Artículo
85.- El Consejo General de Educación preservará la compatibilidad de los planes
y programas de la enseñanza municipal con los similares de la Provincia. CAPÍTULO
LOS DOCENTES Artículo 86.- Garantías. El Estado garantizará al
docente del sector público el libre ejercicio de su profesión, la carrera
profesional según sus méritos, el ingreso y ascenso por concurso, la estabilidad en
el cargo, la retribución justa y la formación y capacitación permanente. Artículo 87.- Carrera docente. El ingreso y ascenso del personal docente será dispuesto
por el Consejo General de Educación, con la participación de las Juntas
de Calificaciones y Clasificaciones respectivas, quienes confeccionarán
las listas de orden de méritos y los llamados a concurso, según lo establezca
CAPÍTULO VI CIENCIA Y TECNOLOGÍA Artículo 88.- Ciencia
y tecnología. El Estado impulsará y promoverá, a través de un organismo específico,
el desarrollo científico y tecnológico, atendiendo las necesidades locales,
regionales y nacionales a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. TÍTULO VII CAPÍTULO ÚNICO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Artículo 89.- Principios Generales.
La administración pública, sus funcionarios y agentes sirven exclusivamente a los intereses
del pueblo. Actúa de acuerdo con el principio de publicidad de las normas
y actos. La descentralización administrativa es dispuesta siempre por ley,
atendiendo los intereses y necesidades de las diferentes regiones de la Provincia. Artículo 90.- Incompatibilidad. Es incompatible el desempeño simultáneo
de dos o más cargos públicos, provinciales y municipales, salvo la docencia y las
excepciones que determine la Ley. Artículo 91.- Declaración jurada y remuneración extraordinaria. Los funcionarios y magistrados deben presentar declaración
jurada de su patrimonio al iniciar y concluir su gestión en la forma
que determine la ley. No puede dictarse norma alguna que tenga por objeto acordar
remuneración extraordinaria a ningún miembro de los poderes
públicos, por servicios prestados o que se le encomienden en el ejercicio de su función.
Artículo 92.- Carrera administrativa. La carrera administrativa
derecho de los agentes públicos de todos los poderes y organismos
provinciales y municipales. La ley organiza la carrera administrativa sobre las siguientes bases: 1. Determina la jerarquía hasta la cual se extiende la carrera administrativa. 2. El ingreso se produce mediante sistemas objetivos de selección. El ascenso se funda en el mérito del agente.
El agente de carrera goza de estabilidad. 4. Corresponde igual remuneración por igual función.
5. Derecho a la permanente capacitación. 6. Derecho a participar a través
de sus representantes, en los órganos colegiados de administración
de los entes descentralizados, de acuerdo a los términos de las pertinentes leyes. Artículo 93.- Derecho de agremiación. Se garantiza a los agentes públicos
el derecho de agremiarse libremente en sindicatos, que pueden: 1. Concertar convenios colectivos de trabajo. 2. Recurrir a la conciliación y al arbitraje.
3. Ejercer el derecho de huelga, conforme a la reglamentación, que asegure el
mantenimiento de los servicios públicos esenciales. TÍTULO VIII CAPÍTULO ÚNICO FINANZAS PÚBLICAS Artículo 94.- Tesoro provincial. El Estado provincial
provee a los gastos públicos con los fondos del Tesoro, constituido conforme a
las leyes con recursos provenientes de: 1. Los tributos de recaudación directa o coparticipados. 2. La renta y el producido de la venta de sus bienes. 3.
La actividad económica del Estado. 4. Los derechos, participaciones,
contribuciones o cánones, derivados de la explotación de sustancias minerales
o del uso de bienes de dominio público. 5. Los empréstitos y demás operaciones de crédito. Artículo 95.- La legalidad, igualdad, equidad, proporcionalidad, progresividad, simplicidad
y no confiscatoriedad son la base de los impuestos y las cargas públicas.
El mayor valor de los bienes, que fuere consecuencia de obras públicas, es
el hecho imponible de la contribución de mejoras, en los términos de
la legislación respectiva. Las tasas retributivas de servicios exigen su efectiva prestación. Artículo 96.- Presupuesto. El presupuesto autoriza la realización
de todos los gastos e inversiones anuales del Estado provincial y prevé los pertinentes
recursos. Su iniciativa legislativa corresponde al Poder Ejecutivo, el que
puede además proponer presupuestos plurianuales sin que, en ningún
caso, éstos puedan exceder el período de la gestión del titular del Poder Ejecutivo
o su reemplazante legal. El presupuesto es remitido a la Legislatura con el pertinente Plan de Obras Públicas. Toda ley u ordenanza que disponga
o autorice gastos debe indicar la fuente de su financiamiento. El tratamiento institucional del gasto e inversión pública se orienta hacia las siguientes
prioridades indicativas: - Educación y cultura. - Salud pública y asistencia
Poderes del Estado y sus órganos. - Obras públicas. Artículo
97.- Empréstitos, bienes y fondos públicos. La Cámara de Diputados puede autorizar
empréstitos sobre el crédito general de la Provincia o emisión de fondos
públicos. La ley que lo autorice debe ser sancionada por los dos tercios de votos de la totalidad
de los miembros. Toda ley que sancione empréstitos especificará los
recursos especiales con que deben atenderse los servicios de la deuda y su amortización,
así como los objetos a que se destina el monto del empréstito.
Las sumas que se obtengan por empréstitos no pueden aplicarse a otros objetos que los
especificados en la ley que los autorice. La totalidad de los servicios de intereses y amortización no pueden exceder la cuarta parte de los
recursos ordinarios del Tesoro provincial. Artículo 98.- El Estado contrata
bajo un régimen que asegure la igualdad de concurrencia y la publicidad de
los procedimientos, con las excepciones que fije la ley.
TÍTULO IX ECONOMÍA Y RECURSOS CAPÍTULO I ECONOMÍA Artículo 99.- Actividad
económica. La actividad económica se orienta al servicio del hombre y al progreso de la comunidad.
La iniciativa económica es privada y libre. Los poderes públicos
promueven la distribución equitativa de la riqueza, alientan la libre competencia,
controlan la concentración monopólica y sancionan la usura y la especulación
Artículo 100.- Participación en la administración
y ganancias de las empresas.
Los poderes públicos estimulan, con incentivos adecuados, a las empresas
privadas que hagan partícipe al trabajador en sus ganancias, control
de su producción y colaboración en su dirección.
Artículo 101.- Cooperativasy mutuales. El Estado
reconoce la función económica y social de las cooperativas y mutuales
y alienta su formación y desarrollo. Deberán estar inscriptas y autorizadas
Las cooperativas y mutualesque colaboren con los fines del Estado
en el desarrollo económico de la Provincia, gozan de especial apoyo oficial
en materia impositiva, según lo establezca la ley. Artículo 102.-
Función social de la propiedad. La propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado
de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. El ejercicio del derecho
de propiedad encuentra sus limitaciones en la función social que debe
cumplir. La confiscación de bienes está abolida para siempre. La expropiación
por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Artículo 103.- Desarrollo económico social. El Estado asume el compromiso de:
- Fomentar la producción agraria y su desarrollo tecnológico. - Estabilizar
la población rural y procurar su acceso a la propiedad. -Estimular la industrialización
en la Provincia promoviendo, preferentemente, la relacionada con la transformación
de las materias primas locales. Promueve también la radicación
de capitales y de tecnología,así como de las pequeñas y medianas empresas.
- Colaborar con la actividad privada en el desarrollo de nuevos mercados nacionales e internacionales para la producción local. - Elaborar planes de colonización
de las tierras, orientados a su aprovechamiento económico y social,con
preferencia en la adjudicación para la explotación directa y racional por
el ocupante, su familia y grupos organizados como cooperativas. - Establecer en la Provincia zonas promocionales para los emprendimientos particulares, estatales o mixtos.
Artículo 104.- Participación sectorial. Los poderes públicos,
en consulta con los sectores productivos y del trabajo, establecen planes económico-sociales
indicativos para el sector privado de la economía e imperativos para
el sector público provincial y municipal. Dichos planes procurarán la
creación de regiones geoeconómicas para el desarrollo equilibrado,armónico e integral
de la Provincia, conjugando los intereses de sus diversas regiones con los de las
provincias del norte argentino y de la Nación. Una ley dispondrá la
creación del consejo económico social integrado por representantes de la producción,
el trabajo, de los profesionales universitarios, la ciencia y la tecnología.
Dicho consejo es órgano de consulta de los poderes públicos y su
participación podrá ser requerida en la elaboración de los planes económico-sociales
y en las políticas científicas y tecnológicas. Artículo
105.- Crédito. Es obligación de los poderes públicos velar por la orientación del crédito
hacia tareas productivas, impidiendo la especulación. Ello, dentro del marco de
las competencias provinciales y sin perjuicio de las nacionales en materia de
moneda y crédito. Artículo 106.- Servicios públicos. Los servicios
públicos corresponden originariamente a la Provincia o a los municipios. Se prestan
en forma directa o indirecta, por medio de concesión o a través
de órganos constituidos por el Estado, los agentes afectados a la prestación
y los usuarios. Deberá organizarse por ley un ente regulador de los servicios
públicos privatizados, a privatizarse o concesionados. CAPÍTULO II RECURSOS NATURALES Artículo
107.- Procesos ecológicos. Es obligación del Estado y de toda persona proteger
los procesos ecológicos esenciales y los sistemas de vida, de los que dependen
el desarrollo y la supervivencia humana. Los poderes públicos sancionan una ley
general de recursos naturales que prevé los medios y estímulos para alcanzar
los objetivos señalados y sanciona los actos u omisiones que los contraríen. Artículo 108.- De la tierra. La tierra es un instrumento de producción y objeto de una
explotación racional para la adecuada realización de su función social
y económica. Es deber de la sociedad la conservación y recuperación, cuando corresponde,
de su capacidad productiva. El Estado estimula el perfeccionamiento de las técnicas
de laboreo. Artículo 109.- La Legislatura, con el voto de las dos terceras
partes de la totalidad de sus miembros, podrá autorizar al Poder Ejecutivo
para que enajene los bienes del fisco en venta directa o cesión gratuita para
la fundación de colonias, instituciones de asistencia social u otros
fines de utilidad pública. El Poder Ejecutivo dará cuenta del uso que
haya hecho de cada autorización una vez cumplida la ley respectiva. El Estado promoverá la
disolución de los condominios rurales numerosos o de título
tradicional, conforme a la función social y económica de la propiedad. Promoverá la
transformación de latifundios improductivos en unidades económicas
de producción, a través de los impuestos, la expropiación
conforme lo establezca la ley y mediante la implementación de planes de colonización.
Se fijará por ley especial las condiciones en que se harán las ventas o concesiones
de tierras, que se encuentren en zonas de influencia de las obras de canalización
de las grandes corrientes de aguas. Artículo 110.- De los recursos mineros.
La Provincia promueve la exploración y explotación de los yacimientos
mineros existentes en su territorio, velando por la correcta aplicación y
cumplimiento de las leyes. Procura la industrialización de los minerales en su
lugar de origen, favorece la radicación de empresas y atiende el mantenimiento
y desarrollo de las comunicaciones y energía en zonas mineras. Artículo
111.- Régimen del agua. Las aguas de dominio público de la Provincia
están destinadas a satisfacer las necesidades de consumo y producción. Declárase
que el derecho natural de usar el agua para bebida de las personas y para las necesidades
domésticas de la familia, queda sujeto a los reglamentos generales
que dicte la autoridad competente. Los poderes públicos preservan la calidad y
reglan el uso y aprovechamiento de las aguas superficiales, subterráneas y termales
que integran el dominio de la Provincia. El uso de las aguas del dominio público destinadas al riego es un derecho inherente a los predios, en beneficio de
los cuales se concede en la medida y condiciones determinadas por la ley y en
atención a su función social y económica. Los poderes
públicos estimulan la expansión de las zonas bajo riego y la constitución de consorcios
de regantes. Los usuarios del agua pública tienen participación en todo
lo concerniente al aprovechamiento de aquélla. Artículo 112.- La Provincia regula
el uso y aprovechamiento de los ríos interprovinciales que atraviesan su territorio,
mediante tratados con las otras provincias en base a la participación
equitativa y razonable, priorizando los usos consuntivos de las aguas de la cuenca,
evitando la contaminación y agotamiento de las fuentes. CAPÍTULO III DEL CONSEJO DE AGUAS PARA USO AGROPECUARIO Artículo 113.- Todos los asuntos referentes al uso
de las aguas para riego, deberán estar a cargo de un organismo constituido por
un presidente designado por el Poder Ejecutivo y seis vocales: tres de ellos nombrados
de igual forma que el presidente y tres directamente por los regantes que tengan
concesiones permanentes de riego y figuren en el padrón correspondiente.
La duración del mandato de los miembros del consejo será de dos
años. Este organismo podrá proponer planes generales de obras hidráulicas,
obras de irrigación, canales, cauces de riego y todas las cuestiones que deriven
de la administración y distribución de las aguas para uso agropecuario. Artículo
114.- Será imprescindible el aforo de los ríos y canales de la Provincia
para acordar nuevas concesiones de agua o ampliar las zonas de cultivo. El consejo de
aguas deberá hacer los estudios previos pertinentes. Artículo 115.-
Régimen forestal. Los poderes públicos promueven el aprovechamiento racional de los
bosques, resguardan la supervivencia, conservación, mejoramiento de las especies
y reposición de aquellas de mayor interés, a través de
la forestación y reforestación. Para alcanzar tales fines, los poderes públicos
ejercen las facultades inherentes al poder de policía. La ley reglamentará la
entrega a la explotación privada de las superficies boscosas, estableciendo el
régimen de concesiones y su fiscalización, basado preferentemente en programas
de desarrollo industrial y agropecuario. Artículo 116.- De las fuentes
de energía. Los poderes públicos promueven la utilización y conservación
de las fuentes de energía y estimulan la investigación, desarrollo y aprovechamiento
de fuentes de energía no convencionales. Artículo 117.- Turismo. El Estado
provincial fomenta y coordina las políticas de desarrollo de la actividad turística
en todas sus formas, como fuente inagotable de recursos de relevante importancia en nuestra economía provincial. PARTE SEGUNDA AUTORIDADES DE LA PROVINCIA TÍTULO
I PODER LEGISLATIVO CAPÍTULO I COMPOSICIÓN Y DURACIÓN Artículo
118.- Composición. Funciones. El Poder Legislativo de la Provincia será ejercido por
una Cámara de Diputados, compuesta por cuarenta legisladores, elegidos en forma directa
por el electorado, en distrito único y bajo el sistema proporcional. La ley
asegurará la participación de los ciudadanos del interior de la Provincia en
no menos del cincuenta por ciento (50%) de las postulaciones expectables y de las suplencias.
Se elegirán también, en el mismo acto electoral, los suplentes
por cada lista, que reemplazarán a los titulares en caso de muerte, renuncia, separación,
inhabilidad o incapacidad permanente y de acuerdo al orden establecido en
el artículo 46. Artículo 119.- Duración. Los diputados
durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos por un sólo período
consecutivo. Siendo reelectos, no podrán serlo nuevamente sino con intervalo de un mandato.
Legislatura se constituye por sí misma. La Cámara de Diputados se renovará cada
cuatro años, en la misma oportunidad que el Poder Ejecutivo. Artículo 120.- Presidencia
de la Legislatura. El vicegobernador es el presidente nato de la Legislatura, ejerce su coordinación y administración, conduce los debates, tiene
iniciativa legislativa y sólo vota en caso de empate. Artículo 121.- Requisitos.
Para ser diputado se requiere: 1. Ciudadanía natural en ejercicio o legal después
de cuatro años de obtenida. 2. Tener veinticinco años de edad
como mínimo, a la fecha de la asunción. 3. Tener más de dos años de residencia
inmediata en la Provincia, no causando interrupción la ausencia motivada por el ejercicio
de cargos públicos nacionales o provinciales o circunstancias excepcionales
ajenas a la voluntad del elegido. Artículo 122.- Impedimentos. No podrán
ser diputados: los militares en actividad, los condenados por delitos dolosos mientras no
hayan cumplidos sus penas, los que no reúnan los requisitos para ser electores
en la Provincia, los que estén inhabilitados para ejercer cargos públicos
y quienes hubieren sido condenados por crímenes de lesa humanidad o delitos
contra la administración pública. Artículo 123.- Incompatibilidades.
Es incompatible el desempeño del cargo de diputado: 1. Con el de funcionario o empleado
a sueldo de la Nación, de la Provincia o de las municipalidades, con excepción
de la docencia en el ámbito universitario en cargo de dedicación
simple y de la participación en las comisiones honorarias eventuales, con autorización
previa de la Cámara. Asimismo, no podrán celebrar contratos con la
administración federal, provincial o municipal, ni intervenir defendiendo intereses de terceros en causas contra la Nación, la Provincia o los municipios, ni participar
en empresas concesionarias o que contraten con el estado. 2. Con todo otro cargo
de carácter electivo nacional, provincial o municipal. A los funcionarios
o empleados públicos que resultaren elegidos se les reservará el
cargo, al que se podrán reintegrar una vez que cesen sus mandatos. Artículo
124.- Inmunidad contra el arresto. Desde el acto de proclamación por el Tribunal Electoral
o desde su incorporación en el caso de los suplentes, hasta la cesación
de sus mandatos, los diputados no podrán ser detenidos, salvo en el supuesto
de ser sorprendidos en flagrante delito doloso que no sea excarcelable. En este
caso, el juez que entienda en la causa dará cuenta en forma inmediata a
la Legislatura con remisión de copia auténtica del sumario, pidiendo el desafuero.
Este requerimiento será tratado y resuelto por la Legislatura en la primera
sesión inmediata si se hallase en período ordinario, extraordinario o de
prórroga. Con la negativa de la Legislatura, el detenido será puesto en libertad
inmediatamente y no podrá el juez volver ante ella insistiendo en
el allanamiento del fuero del legislador en el mismo juicio. Artículo
125.- Inmunidad de expresión. Los legisladores no pueden ser acusados, interrogados
judicialmente ni molestados por las opiniones y votos que emitieren en el
desempeño de sus mandatos. Artículo 126.- Remuneraciones. Los
legisladores gozarán de una remuneración establecida por la ley, que no
podrá ser inferior a la que perciben por todo concepto los miembros del Superior Tribunal de Justicia, ni alterada mientras dure su mandato salvo cuando la modificación
fuere dispuesta con carácter general. Artículo 127.- Desafuero.
Cuando se forme causa criminal contra un diputado, el juez, previa instrucción de
un sumario, lo remitirá a la Legislatura. Ésta, después de examinarlo
en sesión pública próxima a la fecha en que se dio cuenta del hecho, podrá suspender en sus
funciones al acusado o bien privarlo de su inmunidad de proceso penal, con los dos tercios de los votos
de la totalidad de los miembros de la Cámara y dejarlo a disposición
del juez competente para su juzgamiento. Artículo 128.- Juicio acerca de los
títulos y derechos. Juramento. La Cámara de Diputados es el juez definitivo
de los títulos y derechos de sus miembros. Los legisladores, al asumir el cargo, prestarán
juramento de desempeñar y cumplir fielmente la Constitución
de la Nación y de la Provincia. Artículo 129.- Asistencia. Los legisladores que no asistan
a un tercio de las sesiones que se celebren en cada período, cesarán
en su mandato, salvo los casos de licencia o suspensión en su cargo. Artículo
130.- Autoridades. Quórum. La Cámara de Diputados elegirá a
sus autoridades anualmente. No podrá sesionar sino con mayoría absoluta de
sus miembros pero, en número menor, podrá dictar las medidas necesarias para compeler
a los inasistentes por la fuerza pública. Artículo 131.- Sesiones.
La Cámara de Diputados se reunirá automáticamente, en sesiones ordinarias
desde el quince de febrero hasta el quince de diciembre, pudiendo ser prorrogadas
por mayoría absoluta de sus miembros o por el Poder Ejecutivo. La Legislatura podrá ser
convocada a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo, siempre que
el interés público lo reclame y también por su presidente
con idéntico motivo, a solicitud de un tercio de sus miembros. En caso de convocatoria por el Poder
Ejecutivo los diputados podrán, hasta la iniciación de las
sesiones y con el apoyo de un tercio de la Cámara, introducir otros temas, debiendo
respetarse la prioridad de trato para los propuestos por el Poder Ejecutivo. El presidente
de la Cámara convocará a sesiones extraordinarias por sí,
sólo cuando se trate de las inmunidades de los diputados. Artículo 132.- Suspensión
de las sesiones. Mientras dure el período ordinario, la Cámara no podrá suspender
sus sesiones por más de tres días hábiles y consecutivos, pudiendo
disponer un receso especial de veinte días corridos como máximo. Artículo
133.- Reglamento. Orden en las sesiones. La Cámara de Diputados dictará su reglamento
interno. En los casos en que proceda como juez o como cuerpo elector, no podrá reconsiderar
sus resoluciones, ni aún en la misma sesión. Sus decisiones serán
adoptadas a pluralidad de votos, salvo los casos de mayorías especiales previstos
por esta Constitución. Las sesiones se celebrarán en local fijo y serán
públicas, a menos que resolviese lo contrario cuando algún grave interés general
lo exija. La Cámara es el único juez de las faltas cometidas dentro y fuera
del recinto contra el orden de las sesiones y podrá reprimirlas con arresto, dando
inmediata intervención al juez competente. Artículo 134.- Sanciones a
sus miembros. La Cámara de Diputados podrá, con la mayoría absoluta de
sus miembros, corregir con llamado al orden o multa a cualquiera de sus integrantes y, con dos tercios
de los votos de la totalidad de sus miembros, suspender o expulsar a cualquiera
de ellos de su seno, por inconducta en sus funciones o por inasistencias reiteradas
y removerlos por indignidad, inhabilidad física o mental sobreviniente
o por haber incurrido en algunas de las incompatibilidades establecidas en el artículo
123. Artículo 135.- Pedidos de informes. La Legislatura podrá llamar
al recinto a los ministros y secretarios del Poder Ejecutivo para pedir los informes
y explicaciones que estime convenientes, previa comunicación de los
puntos a informar o solicitarlos por escrito con las mismas indicaciones. En el primer
caso fijará día y hora a esos efectos. Cuando se trate de informes
por escrito establecerá el plazo para evacuarlos, el que no podrá ser menor
a cinco días. Todas las reparticiones públicas, autárquicas o no y las empresas prestatarias
de servicios públicos, tienen la obligación de responder los informes
que los legisladores soliciten. CAPÍTULO II ATRIBUCIONES Artículo 136.- Atribuciones. Corresponde al Poder Legislativo: 1. Aprobar o desechar los tratados con
la Nación, estados extranjeros u otras provincias para fines económicos,
de administración de justicia y, en general, asuntos de interés
común. 2. Reglamentar las materias consignadas en la parte referida a Declaraciones,
Derechos y Garantías y al Régimen Social Económico y
Financiero, con las orientaciones determinadas en las mismas y dictar las leyes convenientes
para poner en ejecución los mandatos, poderes y autoridades previstas en
la presente Constitución. 3. Legislar sobre cultura y educación priorizando,
en este caso, aquellos conocimientos y programas relativos a la educación para la
salud, ciencia y tecnología. 4. Legislar sobre la organización y el
funcionamiento del registro del estado civil y capacidad de las personas. 5. Establecer los tributos necesarios para solventar los gastos e inversiones de la administración
pública. 6. Fijar, anualmente, el presupuesto general de gastos y
cálculo de recursos. En éste deberán figurar los servicios ordinarios
y extraordinarios de la administración provincial, aún cuando hayan sido autorizados
por leyes especiales, que se tendrán por derogadas si no se consignan en el
presupuesto del año siguiente las partidas para su ejecución. En ningún
caso la Legislatura podrá votar aumentos de gastos que excedan el cálculo de recursos.
Si el Poder Ejecutivo no presentare el proyecto en el plazo fijado en el artículo
160 inciso 8, la Legislatura podrá iniciar su discusión tomando como base
el que esté en ejercicio. 7. Aprobar, observar o desechar, anualmente, la cuenta de inversión
que remitirá el Poder Ejecutivo en el mes de octubre de cada año,
comprendiendo el movimiento administrativo hasta el treinta y uno de diciembre próximo
anterior. 8. Dictar la ley orgánica sobre utilización del crédito
público. 9. Autorizar el establecimiento de instituciones oficiales de crédito
y ahorro y de entidades financieras. 10. Fijar divisiones territoriales para el funcionamiento de la administración, reglando las formas de descentralizar la misma;
crear centros urbanos y dictar la Ley Orgánica de las municipalidades en
los casos que corresponda. 11. Autorizar la cesión de parte del territorio de la
Provincia o la donación de terrenos fiscales para objetos de utilidad pública
nacional o provincial, con exclusión de los de propiedad municipal. La decisión
deberá adoptarse con los dos tercios de votos de la totalidad de los miembros. Las
leyes dictadas en período de excepción que no fueron ratificadas
por la Legislatura en el primer período siguiente, quedan derogadas. 12.
Calificar la utilidad pública en caso de expropiación. 13. Autorizar al
Poder Ejecutivo a contraer empréstitos, emitir títulos públicos y celebrar
cualquier otra operación de crédito, con los dos tercios de votos de la totalidad
de los miembros, debiendo prever recursos especiales con que haya de hacerse efectivo
el servicio de la deuda. 14. Aprobar o desechar los contratos ad referéndum
que hubiera celebrado el Poder Ejecutivo. 15. Tomar juramento al gobernador y vicegobernador; concederles licencia para ausentarse de la Provincia cuando
exceda el plazo de quince días; admitir o rechazar los motivos de
su renuncia; declarar, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, los casos
de impedimento de los nombrados por inhabilidad física o mental. 16.
Elegir gobernador en los casos de acefalía determinados por esta Constitución.
17. Prestar o denegar su acuerdo al Poder Ejecutivo para los nombramientos que
señala esta Constitución y aceptar o rechazar el retiro de
aquellos solicitados por el gobernador para los funcionarios temporalmente inamovibles y no enjuiciables
ante el Jurado de Enjuiciamiento o por juicio político. 18. Dictar leyes orgánicas
de los institutos de comercio exterior, ciencia y tecnología. 19. Allanar,
con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, la inmunidad de proceso
penal de los diputados cuando sea requerida para ello por juez competente. 20. Intervenir en los casos de juicio político de acuerdo con lo que dispone
esta Constitución. 21. Dictar el Estatuto del Empleado Público.
22. Crear reparticiones autárquicas. 23. Dictar leyes regulatorias del sistema
de seguridad social para profesionales, respetando su carácter público
no estatal; las mismas no podrán tener tratamiento legislativo sobre tablas. 24.
Acordar amnistías generales referentes a las facultades no delegadas al Gobierno
Federal. 25. Dictar las leyes de organización de los partidos políticos
y régimen electoral, conforme lo determinado por esta Constitución.
26. Dictar los códigos y leyes orgánicas judiciales y administrativas y todo
lo necesario para poner en ejercicio el poder de policía de la Provincia y las facultades
no delegadas a la Nación. 27. Dictar leyes sobre organización
policial de la Provincia. 28. Reglamentar los juegos de azar. 29. Dictar leyes que aseguren
a todo habitante el derecho a la salud y sobre el deber del Estado de proveer
la asistencia médico - social y fiscalizar las inversiones de dinero
público hechas por intermedio de asociaciones privadas de beneficencia. 30. Legislar sobre
los derechos del niño a la salud y a la educación. 31. Dictar leyes
protectoras de las artes, ciencias y letras, del patrimonio arqueológico y artesanal,
de la tradición y del folclore provincial. 32. Dictar la ley que reglamente
la actividad del Defensor del Pueblo. 33. Declarar con el voto de los tres cuartos de la totalidad de sus miembros, en caso de ser total, y con los dos tercios
de votos de la totalidad de los miembros en caso de ser parcial, la necesidad
de reforma de esta Constitución y promover la convocatoria de una convención
que la efectúe. 34. Dictar disposiciones para preservar los bienes naturales, estableciendo la adecuada protección del equilibrio ecológico
y medio ambiente, sancionando los daños y destrucciones. 35. Dictar la ley de creación
y funcionamiento del Consejo Económico Social. 36. Dictar leyes reglamentarias
de la iniciativa popular y la consulta popular vinculante y no vinculante y
del referéndum de revocación. 37. Dictar la ley de coparticipación
provincial, que deberá ser aprobada con mayoría absoluta de la totalidad de
sus miembros. 38. Dictar leyes que garanticen el derecho natural de usar el agua para bebida
de las personas y seres vivos, asegurando también el uso y aprovechamiento
de las aguas superficiales, subterráneas y termales que integran el dominio
de la provincia en su exclusivo beneficio. 39. Promover lo conducente al desarrollo humano, al progreso e integración económica de las distintas
regiones de su territorio, promocionar la productividad y la inversión privada, la
generación de empleo y la construcción de la infraestructura pública necesaria.
40. Dictar las normas necesarias que aseguren el respeto a los derechos posesorios sobre
inmuebles rurales según las leyes vigentes. 41. Elaborar las leyes
y reglamentos necesarios para poner en ejercicio los poderes antecedentes y todos los otros
concedidos por la presente constitución al Gobierno de la Provincia. Artículo 137.- Delegación legislativa. Se prohíbe la delegación
legislativa en el Poder Ejecutivo. En casos excepcionales podrá ser admitida para atender
materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública.
delegación deberá indicar su plazo, alcance y bases, conservando la Cámara de Diputados
la potestad legislativa y las facultades de control sobre la materia delegada.
La revocación de la delegación o el vencimiento del plazo previsto,
no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas durante la vigencia
de la misma. Artículo 138.- Origen de las leyes. Las leyes tendrán origen
en la Cámara de Diputados, por proyectos presentados por uno o más de sus miembros,
por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo o por los ciudadanos
en las condiciones previstas en esta Constitución. En la sanción de
las leyes se empleará la fórmula siguiente: “La Cámara de Diputados
de la Provincia sanciona con fuerza de ley”. Artículo 139.- Aprobación en comisiones.
La Cámara de Diputados, luego de aprobar un proyecto en general, puede delegar en sus
comisiones permanentes la aprobación en particular del proyecto, con
el voto de la mayoría absoluta del total de los miembros. Asimismo podrá,
con igual número de votos, dejar sin efecto la delegación y retomar el trámite
ordinario. La aprobación en comisión requerirá el voto de la mayoría
absoluta del total de sus miembros. Una vez aprobado el proyecto en comisión se seguirá el
trámite ordinario. Las comisiones permanentes de la Legislatura podrán aprobar,
con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, los proyectos de comunicaciones
y declaraciones. Artículo 140.- Promulgación. Veto. Todo proyecto
sancionado y no vetado por el Poder Ejecutivo, dentro de los diez días hábiles
de recibida poréste la comunicación correspondiente, quedará convertido
en ley. Vetado totalmente un proyecto, volverá a la Cámara de Diputados. Si ésta
lo acepta, el proyecto quedará desechado y no podrá repetirse en las sesiones
de ese año. Si la Legislatura lo rechaza, podrá insistir en su sanción con
el voto de los dos tercios de los miembros presentes. Vetado parcialmente un proyecto, volverá a
la Legislatura. Si ésta estuviese conforme, el proyecto quedará convertido
en ley con las modificaciones que motivaron el veto. Rechazadas las modificaciones,
la Legislatura podrá insistir en su sanción con mayoría
de dos tercios de votos de los miembros presentes, con lo que el proyecto se convertirá en ley.
El Poder Ejecutivo podrá promulgar parcialmente las partes no vetadas de un
proyecto, siempre que tenga autonomía normativa y su aprobación parcial
no altere el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por la Legislatura. CAPÍTULO III
DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Artículo 141.- La Defensoría
del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito de la Legislatura, que actuará con
plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.
Su misión es la defensa y protección de manera excluyente de los derechos, garantías
e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos,
actos u omisiones de la administración provincial. El defensor del pueblo
tiene legitimación procesal. Es designado por la Cámara de Diputados
con el voto de la mayoría absoluta de los miembros y removido por las dos terceras partes
de sus integrantes. Posee las mismas inmunidades, impedimentos e incompatibilidades
que los legisladores y tendrá expresamente prohibido la participación
política partidaria desde el momento de su designación. Durará en el
cargo cuatro años, pudiendo ser nuevamente nombrado por una sola vez. La organización
y el funcionamiento de esta institución serán regulados por una
ley especial. CAPITULO IV DEL JUICIO POLÍTICO Artículo 142.- Sujetos. El gobernador y vicegobernador,
los ministros del Poder Ejecutivo, los miembros del Superior Tribunal de Justicia, el fiscal
del Superior Tribunal de Justicia, el fiscal de estado y los miembros del Tribunal de Cuentas, serán removibles por juicio político por
causas de mal desempeño de sus funciones, faltas graves o delitos comunes. Artículo
143.- Acusación. La acusación será hecha ante la Legislatura
por cualquier habitante de la Provincia. Iniciado el juicio, la Legislatura mandará investigar
los hechos en que se funde. La investigación estará a cargo de
una comisión de diputados que se llamará de Juicio Político, compuesta por
seis miembros, cuatro por la mayoría y dos por la primera minoría. Estos serán
nombrados al mismo tiempo que las demás Comisiones de la Cámara de Diputados,
sin que sea permitido delegar esta facultad a la Presidencia. Artículo 144.- Pedidos de
antecedentes. La comisión de Juicio Político tendrá facultades para
requerir de cualquier Poder, oficina o corporación, los antecedentes que le fueran necesarios
en sus funciones. Artículo 145.- Procedencia. La comisión deberá expedirse
por escrito en el perentorio término de veinte días hábiles y su
informe contendrá dictamen afirmativo o negativo sobre la procedencia del juicio político. Artículo
146.- Formación de la causa. La Legislatura declarará con dos tercios
de votos de la totalidad de sus miembros, excluidos los integrantes de la comisión
de Juicio Político, si hay o no lugar a la formación de la causa. Su
resolución terminará el proceso si fuere absolutoria y, en caso contrario, suspenderá en
sus funciones al acusado. Artículo 147.- Sustanciación. Aceptada
la acusación, la comisión de Juicio Político sustanciará el proceso ante
los demás miembros de la Legislatura, quienes deberán prestar juramento en su carácter
de jurados. Para sesionar durante el juicio, el jurado requerirá un quórum de
la mayoría absoluta de sus miembros y para dictar sentencia, las dos terceras partes de sus miembros. Artículo 148.- Sentencia. Plazos. Deducida la acusación,
el jurado tomará conocimiento de la causa y se pronunciará dentro del
término de noventa días corridos. Vencido este plazo sin que se hubiere pronunciado,
se considerará desestimada la acusación y el imputado será reintegrado al
ejercicio de su cargo. Artículo 149.- Efectos. El fallo no tendrá más
efecto que destituir al acusado, pudiendo inhabilitarlo para el ejercicio de cargos públicos
por tiempo determinado. TÍTULO II PODER EJECUTIVO CAPÍTULO I NATURALEZA Y DURACIÓN Artículo 150.- Gobernador y vicegobernador. El Poder Ejecutivo será desempeñado
por un ciudadano con título de Gobernador de la Provincia y en su reemplazo
por el Vicegobernador, elegido al mismo tiempo y por igual período que aquél. Artículo 151.- Requisitos. Para ser elegido gobernador o vicegobernador se requiere:
1. Tener treinta años de edad, como mínimo. 2. Ser ciudadano nativo
o hijo de padres nativos siempre que haya optado por la ciudadanía argentina. 3. Tener diez años
de residencia inmediata en la Provincia, no causando interrupción la ausencia motivada
por el ejercicio de cargos públicos nacionales o provinciales o circunstancias
extraordinarias ajenas a la voluntad del elegido. 4. Reunir los requisitos
para ser elector en la Provincia. Artículo 152.- Duración del mandato.
Reelección. El gobernador y vicegobernador ejercerán sus funciones por el término
de cuatro años, sin que evento alguno pueda motivar su prórroga. Podrán
ser reelectos o sucederse recíprocamente, por un nuevo período únicamente.
Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno
de ambos cargos, sino con intervalo de un período. Artículo 153.- Acefalía.
La acefalía se resuelve con sujeción a las siguientes reglas: 1. El vicegobernador
reemplaza al gobernador en caso de ausencia o inhabilidad temporaria y hasta que cese
la misma. 2. En caso de fallecimiento, destitución, renuncia o inhabilidad definitiva del gobernador, antes o después de su asunción,
lo sucede el vicegobernador hasta el término del mandato. 3. Si la inhabilidad
o causa temporal afectare simultáneamente al gobernador y al vicegobernador,
se hará cargo del Poder Ejecutivo, hasta el cese de la inhabilidad o causa motivante,
el vicepresidente primero o, en su defecto, el vicepresidente segundo de la
Legislatura. 4. En caso de vacancia del vicegobernador, la Legislatura se reunirá con el objeto de designar al reemplazante, por simple mayoría
de votos, de entre una terna que propondrá el Poder Ejecutivo integrada por
legisladores de la Cámara de Diputados, hasta el fin del mandato. 5. En caso de fallecimiento, destitución, renuncia o inhabilidad definitiva del
gobernador y del vicegobernador y faltando más de dos años para completar
el período, quien ejerza el Poder Ejecutivo conforme lo estipulado en el inciso tercero, deberá convocar al pueblo de la Provincia a una nueva elección dentro de
los sesenta días de producida la acefalía. 6. En el caso del inciso anterior,
si faltare menos de dos años para completar el período, el funcionario
que desempeñe el Poder Ejecutivo convocará a la Legislatura, dentro de los tres días
si ésta se hallare en receso o le hará saber las vacantes dentro de las veinticuatro
horas si estuviese en sesiones ordinarias, de prórroga o extraordinarias,
para que, dentro de quince días en el primer caso o tres en el segundo, se reúna
con la finalidad de designar entre sus miembros al reemplazante en cada uno de los
cargos vacantes hasta el fin del período. La elección se hará por
mayoría absoluta. Si no se obtuviere esa mayoría en la primera votación,
se hará una segunda, limitándose a las dos personas que en la primera hubiera
obtenido mayor número de sufragios. En caso de empate decidirá el presidente
de la Cámara votando por segunda vez. El voto será siempre nominal debiendo quedar
concluida la elección en una sola sesión. 7. Si el día en que
debe cesar el gobernador saliente no estuviere proclamado el nuevo, el presidente del Superior Tribunal
de Justicia desempeñará el cargo mientras persista esa situación,
con las funciones limitadas que tiene el interventor federal en esta Constitución. Artículo 154.- Residencia. El gobernador y vicegobernador, en ejercicio
de sus funciones, residirán en la capital de la Provincia. No podrán
ausentarse de ella por más de quince días continuos sin autorización de
la Cámara de Diputados. En el receso de la Cámara podrán ausentarse de la Provincia por
motivos de interés público y por el tiempo necesario, dando cuenta a aquélla oportunamente.
Artículo 155.- Juramento. Al tomar posesión de sus cargos,
el gobernador y el vicegobernador prestarán juramento de cumplir fielmente la Constitución,
las leyes de la Nación y de la Provincia. Lo harán ante la Cámara
de Diputados y en su defecto, ante el Superior Tribunal de Justicia. Artículo 156.- Remuneración.
Inmunidades, incompatibilidades e impedimentos. El gobernador tendrá el tratamiento
de"Excelencia". Tanto él como el vicegobernador percibirán
el sueldo que la ley fije, el que no podrá ser alterado durante el término de su
mandato, salvo cuando la modificación fuere dispuesta con carácter general.
El gobernador y vicegobernador gozarán, desde su proclamación, de las mismas
inmunidades e incompatibilidades que los diputados y tendrán los mismos impedimentos. CAPÍTULO II FORMA Y TIEMPO DE LA ELECCIÓN Artículo 157.- Elección.
El gobernador y vicegobernador serán elegidos directamente por el pueblo a simple
pluralidad de sufragios. A tal efecto todo el territorio de la Provincia será considerado
como un sólo distrito electoral. Artículo 158.- Tiempo de la elección.
La elección se realizará entre los ciento veinte y cuarenta y cinco días antes
de que expire el período de gobierno. El Poder Ejecutivo hará la convocatoria
con un mes, por lo menos, de anticipación. Artículo 159.- Asunción. El
gobernador y vicegobernador deberán asumir sus cargos el día designado al efecto. En caso
de encontrarse fuera del país o de mediar impedimento, podrán hacerlo hasta
sesenta días después. CAPÍTULO III ATRIBUCIONES Y DEBERES Artículo
160.- Atribuciones y deberes. El gobernador es el jefe de la administración, representa
a la Provincia en todos sus actos y tiene las siguientes atribuciones y deberes:
1. Participar en la formación de las leyes con arreglo a esta Constitución,
iniciándolas por medio de proyectos y proponiendo la derogación
o modificación de las existentes. 2. Promulgar y hacer ejecutar las leyes de la Provincia dictando, a ese efecto, los reglamentos y disposiciones que sean necesarios
cuidando que no alteren su espíritu. 3. Vetar, total o parcialmente,
las leyes sancionadas por la Legislatura, expresando en detalle los fundamentos del
veto. 4. Representar a la Provincia en las relaciones oficiales. 5. Celebrar y
firmar tratados y convenios con la Nación o con otras provincias con fines
de administración de justicia, límites, interés cultural
y económico, de trabajo, utilidad común y servicios públicos y convenios internacionales,
dando cuenta al Poder Legislativo para su consideración y, en su caso, al Congreso
Nacional. 6. Celebrar tratados con las provincias para la creación de regiones
tendientes al desarrollo económico y social y que establezcan órganos con
facultades para el cumplimiento de sus fines. 7. Informar a la Legislatura sobre el estado general de la Provincia mediante un mensaje que hará conocer en la sesión
inaugural del período ordinario o el 27 de abril. 8. Presentar a la Legislatura
hasta el mes de noviembre de cada año, el proyecto de ley de presupuesto general
de gastos y cálculo de recursos para el año siguiente. 9. Convocar a sesiones extraordinarias a la Legislatura o prorrogar las ordinarias. 10. Recaudar
los tributos y rentas de la Provincia en la forma que establezca la ley. 11. Disponer la inversión de la renta con arreglo a las leyes, y publicar
trimestralmente el estado de la tesorería. 12. Conmutar e indultar
las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, previo
informe motivado y favorable del tribunal correspondiente. No podrá ejercer
esta atribución en las causas de juicio político ni en las
que se inicien por delitos cometidos contra la Legislatura, el Poder Judicial, el Jurado de Enjuiciamiento, la Convención
Constituyente o los miembros de estos poderes. 13. Usar la atribución
conferida al Poder Legislativo en el artículo 136 inciso 24, en el caso de receso
y de no poder convocarlo oportunamente. 14. Expedir oportunamente las órdenes
necesarias para la realización de todo acto eleccionario. 15. Nombrar y remover
a los ministros, secretarios de estado, funcionarios y empleados de la administración conforme a esta Constitución y la ley. 16. Designar, con acuerdo de
la Legislatura, a los miembros del Superior Tribunal de Justicia y demás
funcionarios para quienes esta Constitución o la ley requiera dicho
acuerdo. En los casos en que se requiera acuerdo de la Legislatura, en receso de ésta
podrá realizar los nombramientos en comisión con cargo de dar cuenta en
el primer mes de sesiones ordinarias, los que de no mediar acuerdo expirarán al
finalizar aquellas. 17. Prestar el auxilio de la fuerza pública a los tribunales
de justicia, presidente de la Legislatura, comisiones legislativas, Convención
Constituyente, Tribunal de Juicio Político, Jurado de Enjuiciamiento,
Tribunal Electoral, Tribunal de Cuentas y a las municipalidades, con arreglo a la
ley. 18. Adoptar las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público
por todos los medios que no estén prohibidos por esta Constitución
y las leyes vigentes. 19. Tener bajo su inspección lo concerniente a la seguridad, vigilancia y funcionamiento de los establecimientos públicos de la
Provincia. 20. Adoptar las medidas necesarias que promuevan la capacitación y
la actualización de todos los agentes de la administración pública
provincial que intervengan en la problemática de la tierra y los derechos posesorios.
Artículo 161.- Reglamentos de necesidad y urgencia. En casos de
urgencia o que esté amenazado de una manera grave e inminente el funcionamiento
regular de los Poderes Públicos o constitucionales, el Poder Ejecutivo,
en acuerdo general de ministros y previo dictamen del fiscal de estado, puede
dictar decretos sobre materias de competencia legislativa siempre que no
se trate de normas que regulen materia tributaria, electoral, régimen
de los partidos políticos o tratados interjurisdiccionales. En tal caso,
deberá remitir el decreto a la Legislatura dentro de los cinco días de dictado, convocando
de inmediato a sesión extraordinaria si estuviere en receso.
CAPÍTULO IV MINISTROS Y SECRETARIOS DE ESTADO Artículo 162.- Régimen de ministerios.
El despacho de los negocios administrativos de la Provincia estará a cargo de los
ministros y secretarios de estado que determine la ley especial de su organización,
la que deslindará los ramos y funciones de cada uno. Artículo 163.-
Requisitos. Para ser ministro y secretario de estado se establecen los mismos requisitos e impedimentos que esta constitución determina para los diputados. Artículo
164.- Funciones. Los ministros y secretarios de estado despacharán con acuerdo
del gobernador y refrendarán los decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo,
sin cuyo requisito no tendrán eficacia. Podrán resolver, no obstante,
por sí sólos todo lo referente al régimen económico y administrativo de
sus carteras. Artículo 165.- Responsabilidad. Los ministros y secretarios de estado
serán solidariamente responsables de todos los actos que autoricen, sin que puedan
eximirse de responsabilidad por haber procedido en virtud de órdenes
del gobernador. Artículo 166.- Refrendo supletorio. En los casos de ausencia o impedimento de cualquiera
de los ministros o secretarios de estado, los actos del Poder Ejecutivo podrán
ser refrendados por otros ministros o secretarios de estado, o por oficiales
del despacho autorizados por el gobernador, quienes procederán de igual
forma y bajo las mismas responsabilidades establecidas para los ministros y secretarios
de estado. Artículo 167.- Pedidos de informes. Los ministros y secretarios
de estado deben asistir a las sesiones de la Legislatura cuando fueren llamados
por ella, o suministrarle los informes escritos que se les pidiere. El incumplimiento de esta obligación constituye causal de mal desempeño
en sus funciones, a los fines de su remoción. Pueden los ministros y secretarios
de estado asistir a las sesiones de la Legislatura cuando lo crean conveniente
y tomar parte de sus discusiones, pero no tendrán voto.
III ÓRGANOS DE CONTROL CAPÍTULO I DEL FISCAL DE ESTADO Artículo 168.- El fiscal
de estado es el encargado de asesorar al Poder Ejecutivo y defender el patrimonio y los intereses de la Provincia. Será parte legítima y necesaria
en los juicios contencioso administrativos y en todos aquellos en que se controviertan los
intereses del Estado. La ley determinará los casos y la forma en que
ejercerá sus funciones. Artículo 169.- Para ser fiscal de estado se requieren
las mismas condiciones exigidas para los miembros del Superior Tribunal de Justicia
y sólo podrá ser removido por las mismas causas que aquéllos y por
el procedimiento de juicio político. Su nombramiento corresponde al Poder Ejecutivo con
acuerdo de la Legislatura y durará cuatro años en el ejercicio de sus
funciones, pudiendo ser designado nuevamente. CAPÍTULO II TRIBUNAL DE CUENTAS Artículo
170.- Naturaleza y funciones. El Tribunal de Cuentas es el órgano de control
externo de las cuentas y de la gestión del sector público provincial
y de los municipios que no tuvieren tribunal de cuentas, en los aspectos legales, presupuestarios,
económicos, financieros, patrimoniales y operativos. Ejerce facultades jurisdiccionales en sede administrativa, de acuerdo con lo previsto por esta
Constitución y la ley. Goza de plena independencia y autonomía
funcional, dictando su propio reglamento de funcionamiento. Las entidades privadas que perciban o administren fondos públicos están sujetas a la jurisdicción
del Tribunal de Cuentas. Artículo 171.- Integración. El Tribunal
de Cuentas estará integrado por cinco miembros con título de contador público
o abogado. Deberán tener, como mínimo, treinta y cinco años de edad; diez años
de ejercicio profesional, computándose para ello, tanto la actividad profesional
privada como los cargos públicos; dos años en ejercicio de la ciudadanía
y tres años de residencia inmediata en la provincia. Los miembros del Tribunal de Cuentas
serán designados tres por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de
Diputados y dos por ésta; uno a propuesta del bloque de la mayoría y el
segundo a propuesta de la minoría. Los miembros del Tribunal de Cuentas prestarán juramento ante la Legislatura,
antes de entrar en funciones. La presidencia del cuerpo se elegirá anualmente
entre sus miembros, por el voto de los mismos. Tendrán las mismas inmunidades
e incompatibilidades que los magistrados del Poder Judicial y solo podrán
ser removidos conforme lo establece el artículo 142 de esta Constitución.
Percibirán idéntica remuneración que los vocales de cámara. Artículo
172.- Duración. Durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos
por una sola vez consecutiva o alternada. Artículo 173.- Atribuciones. Sus atribuciones
son: 1. Examinar y aprobar la rendición de las cuentas de percepción
e inversión de los fondos provinciales, nacionales o internacionales y todo acto relativo a
la recepción y empleo de fondos públicos. 2. Fiscalizar las administraciones,
los patrimonios, las operatorias y las gestiones de los entes sujetos a su control
en sus diferentes aspectos. 3. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales en las actuaciones administrativas, debiendo tomar las medidas previas
necesarias para evitar cualquier irregularidad. Todo funcionario público
está obligado a proveer la información que se le solicite. 4. Examinar
los gastos de inversión de fondos especiales de origen provincial, que se giren
a los municipios, cualquiera sea su categoría. 5. Ejercer jurisdicción
exclusiva en sede administrativa para determinar las responsabilidades y los daños
al patrimonio fiscal, en juicios de cuentas y administrativos de responsabilidad.
6. Informar a la Legislatura sobre el resultado de los controles que se realicen
y sobre la cuenta de inversión presentada por el Poder Ejecutivo.
7. Ejercer las demás funciones de control que establezca su ley orgánica,
sancionada por mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Legislatura.
Las acciones a que dieran lugar sus decisiones, serán deducidas conjuntamente por
el fiscal de estado y el Tribunal de Cuentas, conforme lo determine la ley. CAPÍTULO
DEL CONTADOR Y TESORERO Artículo 174.- El contador general y tesorero
de la Provincia serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la
Legislatura y durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo
ser renombrados. Sus responsabilidades, deberes y derechos serán determinados
por la ley respectiva. Para ser contador general de la Provincia se requiere poseer
el título de contador público nacional, con cinco años
de antigüedad en el ejercicio profesional, dos de ejercicio de la ciudadanía, dos de residencia
inmediata en la Provincia no siendo nativo de ella y veinticinco años
de edad como mínimo. Para ser tesorero de la Provincia se requiere poseer
los mismos requisitos que se exigen para ser contador general de la Provincia. Sólo
podrán ser removidos por el Poder Ejecutivo por mal desempeño de sus funciones,
previa autorización de la Cámara de Diputados, la que deberá expedirse
dentro de los diez días hábiles posteriores al de entrada de la comunicación
correspondiente. Artículo 175.- No se hará ningún pago sin intervención
de la Contaduría y ésta no autorizará sino los previstos por la ley general de presupuesto,
leyes especiales o acuerdo de ministros en su caso y siempre de conformidad con
el artículo 136 inciso 6. Artículo 176.- En caso de insistencia
por acuerdo de ministros, si la contaduría mantiene sus observaciones, procederá de
conformidad con las normas que fije la ley de contabilidad.
TÍTULO IV PODER JUDICIAL CAPÍTULO I PRINCIPIOS GENERALES Artículo 177.- Administración de justicia. Independencia.
Autarquía financiera. La potestad de impartir justicia emana del pueblo y es administrada
por magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles,
responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley y del derecho.
El Poder Judicial conservará todas las potestades necesarias para afirmar y
consolidar su independencia frente a los otros poderes del Estado y gozará de autarquía
financiera. El presupuesto general de la Provincia garantizará los
recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la administración de
justicia. Artículo 178.- Integración. Inmunidades. Causales de destitución.
Intangibilidad de remuneración. Capacitación. El Poder Judicial de la Provincia
será ejercido por un Superior Tribunal de Justicia, los demás tribunales inferiores
y el Ministerio Público, de conformidad con las competencias que establezcan
las leyes. Sus miembros no podrán ser separados, suspendidos ni trasladados,
sino en la forma y por alguna de las causales previstas en esta Constitución.
Tendrán inmunidad de arresto y conservarán sus cargos mientras dure su buena
conducta, cumplan sus obligaciones legales y no incurran en falta grave, mal desempeño, abandono de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho, comisión
de delito doloso o inhabilidad física o psíquica sobreviniente
que les impida desempeñar sus funciones o alcancen la edad máxima establecida
por esta Constitución. Los magistrados cesarán en sus funciones una
vez que cumplan la edad de setenta años. Un nuevo nombramiento del Poder Ejecutivo con
acuerdo de la Legislatura será necesario para mantenerse en el cargo, en tal
caso cada designación será por cinco años. Su remuneración
no podrá ser disminuida mientras permanezcan en funciones, salvo cuando por razones de emergencia
esta modificación fuese dispuesta con carácter general. La capacitación
permanente de los magistrados y funcionarios judiciales es una obligación inexcusable,
conforme lo determine la ley o el reglamento, así como brindar sus
conocimientos y aportes de experiencia en beneficio de otros miembros de la magistratura
y de los empleados judiciales. Artículo 179.- Juramento. Al asumir el cargo
los miembros del Superior Tribunal de Justicia, los jueces, fiscales y defensores,
prestarán juramento ante el presidente del Superior Tribunal de administrar
justicia bien y legalmente y de defender la vigencia de la presente Constitución. Artículo 180.- Incompatibilidades e inhabilidades.
Los magistrados en actividad no podrán desempeñar otros cargos públicos.
Prohíbase a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial llevar a cabo acto alguno que comprometa la imparcialidad y dignidad del cargo. Les está vedada
toda actividad política, salvo la emisión del voto. El quebrantamiento de
dicho principio constituirá caso flagrante de mal desempeño de sus funciones
y causal de acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento. Los magistrados y funcionarios
del Poder Judicial no podrán ejercer la profesión, el comercio
o aceptar empleos, ni desempeñar la docencia, salvo la cátedra universitaria o las
tareas de investigación y comisiones de carácter honorario, técnico
y transitorio que les encomienden únicamente los poderes públicos. La defensa en
juicio de derechos propios será permitida en las condiciones que prevea la legislación.
Asimismo no podrán ser investidos como magistrados: 1. Los destituidos de cargos
públicos por juicio político o por sentencia del Jurado de Enjuiciamiento.
de la Legislatura por resolución de la misma. 3. Los exonerados de la administración pública nacional, provincial o municipal. 4. Los condenados por delitos
dolosos, mientras subsistan los efectos jurídicos de la condena a la fecha
de la designación. 5. Los fallidos no rehabilitados hasta la fecha de su
designación. Artículo 181.- Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley Orgánica
del Poder Judicial establecerá la constitución y funcionamiento de los
tribunales. Determinará el estatuto jurídico de los jueces, funcionarios
y miembros del Ministerio Público y del personal al servicio de la administración
de justicia. La ley reglamentará los casos en que podrá convocarse a magistrados
retirados para prestar servicios en el Poder Judicial y las condiciones para el ejercicio
de sus funciones. Regulará el funcionamiento de la escuela judicial
que será elámbito natural de formación, capacitación y perfeccionamiento
de los integrantes del Poder Judicial y abogados que aspiren al mismo. Artículo 182.-
Fundamento de las sentencias. Las sentencias que pronuncien los tribunales judiciales serán fundadas en el texto expreso de la Constitución o de las leyes o,
en su defecto, en las leyes análogas o en los principios generales del derecho atendiendo
a las circunstancias del caso. Artículo 183.- Características de
las actuaciones judiciales. Las actuaciones judiciales serán públicas, con
las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. Éste será preferentemente
oral, especialmente en materia criminal. Las leyes proveerán, en los casos
que resulte admisible, la instauración de etapas de mediación. Artículo
184.- Participación de los ciudadanos. Las leyes fomentarán la participación de
los ciudadanos en la administración de justicia mediante la institución de jurados
en la forma y respecto de aquellos procesos penales que la ley determine. Artículo
185.- Gratuidad del acceso a la justicia. La actuación ante el Poder Judicial
será gratuita cuando lo disponga la ley y en todos los casos respecto de quienes
acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Artículo 186.- Policía Judicial. La Policía Judicial, dependiente del Superior Tribunal de
Justicia y al servicio de los jueces y del Ministerio Público, según lo
determine la ley, podrá tener a su cargo las funciones de investigación de los
delitos y el aseguramiento de los responsables en los términos que la ley establezca.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA Artículo 187.- Superior
Tribunal de Justicia. Integración. Designación. El Superior Tribunal de
Justicia, con jurisdicción en toda la Provincia, es el órgano jurisdiccional
superior en todos los órdenes, sin perjuicio de lo dispuesto para materias federales.
Estará integrado por un número impar, que no podrá ser inferior a
cinco miembros, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura en sesión
pública. Artículo 188.- Organización. Autoridades. División
en salas. La organización del Superior Tribunal de Justicia, la competencia de
sus salas, los procedimientos para la resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento,
así como los mecanismos para unificar criterios de jurisprudencia,
serán los que determinen esta Constitución y las leyes. Las autoridades del Superior
Tribunal de Justicia serán elegidas, anualmente, mediante el voto de sus miembros
y en todos los casos sus resoluciones deberán expresar la opinión
de la mayoría absoluta de ellos. El Superior Tribunal de Justicia tendrá una Sala Constitucional cuya
competencia y funcionamiento serán fijados por ley. Artículo 189.- Requisitos.
Para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia o vocal de cámara se requiere:
1. Ser ciudadano argentino o naturalizado con ocho años de ejercicio de la
ciudadanía y tres años de domicilio real e inmediato en la Provincia, si no hubiera
nacido enésta. 2. Poseer título de abogado de validez nacional. 3. Tener
como mínimo treinta y cinco años de edad. 4. Reunir, al menos, diez años
de ejercicio activo de la profesión, computando indistintamente para ello la actuación
como abogado y el desempeño en la carrera judicial. Los demás jueces deberán
reunir las mismas condiciones de ciudadanía, residencia y título. Tener,
como mínimo, treinta años de edad y menos de sesenta y cinco, y seis años,
al menos, en el ejercicio activo de la profesión, computados conforme al inciso 4. Artículo 190.- Atribuciones generales. El Superior Tribunal de Justicia tendrá las
siguientes atribuciones generales, conforme a la reglamentación de
las leyes respectivas: 1. Representar al Poder Judicial de la Provincia. 2. Ejercer superintendencia de la administración de justicia, la que podrá ser
delegada en los tribunales inferiores, excepto la que le corresponde al Ministerio Público.
3. Nombrar a los secretarios y prosecretarios de los tribunales, mediante
concurso públicos y removerlos. 4. Nombrar a los empleados del Poder
Judicial, mediante un procedimiento que garantice la igualdad de oportunidades y la
selección por idoneidad; también podrá removerlos por
justa causa y previa formación de un sumario. 5. Nombrar y remover a los jueces de paz
no letrados. La designación se llevará a cabo de una terna propuesta por
el Poder Ejecutivo. 6. Dictar el reglamento interno del Poder Judicial. 7. Presentar proyectos
legislativos sobre aquellos asuntos referentes a la organización del
Poder Judicial, a la reforma de los códigos de procedimiento y a las demás
materias de su competencia. 8. Formular el proyecto de presupuesto anual del Poder Judicial y enviarlo al Poder Ejecutivo. 9. Aplicar sanciones disciplinarias a jueces, funcionarios y empleados judiciales, con excepción de los miembros
del Ministerio Público, de conformidad con el régimen y procedimiento
que establezca la reglamentación interna. 10. Supervisar, con los jueces del área,
los establecimientos carcelarios provinciales. 11. Ejercer el poder de policía
de superintendencia notarial en todo el territorio de la Provincia. CAPÍTULO
III TRIBUNALES INFERIORES Artículo 191.- Jueces inferiores. Procedimiento
de designación. Los jueces de los tribunales inferiores serán
designados por el Poder Ejecutivo en base a una propuesta en terna del Consejo de la Magistratura. Toda vacante en los cargos de jueces inferiores deberá ser informada
por el Superior Tribunal de Justicia al Consejo de la Magistratura en el término
de cuarenta y ocho horas. Las designaciones se realizarán dentro de un
plazo de sesenta días, siguiendo el procedimiento establecido en el párrafo
anterior. Hasta tanto sea designado el magistrado titular en forma definitiva, el Superior
Tribunal de Justicia procederá a cubrir la vacante con carácter
provisorio, preferentemente con funcionarios retirados que hubiesen sido designados conforme
al procedimiento constitucional. Los magistrados provisorios gozarán
de idénticas potestades, inmunidades e inamovilidad que los magistrados
titulares designados, salvo la limitación temporal de su nombramiento. CAPÍTULO IV COMPETENCIA Artículo 192.- Competencia. Corresponde al Poder Judicial el conocimiento y decisión
de las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución Nacional,
las leyes de la Nación y los tratados internacionales, cuando las personas o
cosas cayeren bajo la jurisdicción provincial. Conoce de las causas relativas a
puntos regidos por esta Constitución, los tratados que celebre la Provincia, las
leyes provinciales y las demás normas y actos jurídicos que en su
consecuencia se dicten. El Poder Judicial dispone de la fuerza pública para asegurar
el cumplimiento de sus decisiones. Artículo 193.- Función jurisdiccional.
En su función jurisdiccional el Superior Tribunal de Justicia tendrá las
siguientes competencias, de conformidad con las leyes que la reglamenten: 1. Ejercer jurisdicción originaria y exclusiva en los siguientes casos: a) En
las causas que le fueren sometidas sobre competencia o conflictos institucionales que
se susciten entre la Provincia y los municipios, entre los municipios o entre
los poderes de un mismo nivel de gobierno. b) En las acciones declarativas directas contra la validez de leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos o resoluciones
de alcance general, contrarias a la Constitución Nacional o a esta Constitución.
La declaración de inconstitucionalidad hace perder la vigencia de la
norma salvo que se trate de una ley y la Legislatura la ratifique por mayoría
de dos terceras partes de los miembros presentes, dentro de los tres meses de la notificación de la sentencia declarativa por parte del Superior Tribunal
de Justicia. La ratificación de la Legislatura no altera sus efectos
en el caso concreto, ni impide el posterior control difuso de constitucionalidad ejercido
por todos los jueces. c) En los casos de revisión de causas penales
fenecidas. d) En los recursos por denegación o retardo de justicia promovidos
contra las cámaras o sus miembros. e) En las acciones por responsabilidad civil
promovidas contra los miembros del Poder Judicial con motivo del ejercicio de sus funciones. f) En las acciones contra las decisiones administrativas que se deriven del ejercicio de las funciones de superintendencia. 2. Entender por
vía de apelación conforme lo establezcan las leyes procesales: a) En las
cuestiones de inconstitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos o
resoluciones, que se hubiesen suscitado ante los tribunales inferiores. b)
En los recursos de casación. c) En los recursos contra las sentencias
definitivas en juicio de amparo, de hábeas corpus y hábeas data y contra
las resoluciones acerca de las medidas cautelares dispuestas en esos procesos por cualquier tribunal inferior. d) Por salto de instancia contra decisiones de los jueces
de primera instancia, en caso de gravedad institucional. e) En todos los otros supuestos que las leyes procesales establezcan. En todos los casos el Superior
Tribunal de Justicia tendrá facultad para hacer cumplir directamente
la sentencia por los funcionarios competentes, si la autoridad pública
no lo hiciere dentro del plazo establecido en la sentencia. CAPÍTULO V CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Artículo 194.- Consejo de la Magistratura. Integración. El Consejo de la Magistratura
estará integrado por: 1. El presidente del Superior Tribunal de Justicia,
que lo presidirá. 2. Un vocal de cámara elegido entre sus miembros
por voto directo, secreto y obligatorio. 3. Un funcionario del Ministerio Público, que
actúe ante las cámaras, elegido entre sus miembros por voto directo, secreto
y obligatorio. 4. Tres abogados elegidos entre los matriculados en la Provincia por voto
directo, secreto y obligatorio, respetando la minoría. 5. Tres representantes
de la Cámara de Diputados, legisladores o no, correspondiendo dos a la
mayoría y uno a la minoría, a propuesta de los respectivos bloques. Por cada
titular se elegirá un suplente para reemplazarlo en caso de remoción,
renuncia, cese o fallecimiento. Todos sus integrantes deberán reunir los mismos requisitos
que exige esta Constitución para ser vocal del Superior Tribunal de Justicia,
a excepción de los representantes referidos en el inciso 5.
del Consejo de la Magistratura, sancionada por la mayoría absoluta de
la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados, establecerá la forma
de los concursos que deberán ser de antecedentes y oposición, garantizando mecanismos
de transparencia e igualdad y privilegiando la integridad moral, la idoneidad
técnica de los postulantes y su compromiso personal con las instituciones
democráticas y los derechos humanos. Los miembros del Consejo de la Magistratura, con excepción del presidente, durarán dos años
en sus funciones, pudiendo ser reelegidos en forma inmediata por una sola vez. Cesan si se
altera la condición funcional por la que fueron elegidos o por la pérdida
de algunos de los requisitos exigidos o por el mal desempeño de sus funciones. En
este último caso, la separación la decidirá el Consejo de la Magistratura
con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros. Artículo
195.- Funciones del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tiene las siguientes funciones: 1. Seleccionar, mediante concurso público, a los postulantes
para las magistraturas inferiores del Poder Judicial y del Ministerio Público,
con excepción del fiscal general y defensor general. 2. Remitir al Poder
Ejecutivo ternas para el nombramiento de los magistrados referidos en el inciso anterior.
3. Dictar su reglamento interno. 4. Convocar a elecciones para la designación
de los representantes ante el Consejo de los vocales de cámara y de los
miembros del Ministerio Público. 5. Supervisar el desempeño de los magistrados
del Poder Judicial, elevando sus informes al Superior Tribunal de Justicia, conforme
lo reglamente la ley. 6. Decidir la apertura del procedimiento de remoción
de los magistrados inferiores. CAPÍTULO VI JURADO DE ENJUICIAMIENTO Artículo
196.- Jurado de Enjuiciamiento. Los miembros del Poder Judicial, excluidos los
del Superior Tribunal de Justicia, el fiscal general y el defensor general, podrán
ser acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento por las causales de separación
previstas en la presente Constitución. La acción será pública y podrá ser
instada, ante el Consejo de la Magistratura, por la denuncia de cualquier persona o funcionario. Una
ley, sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros
de la Cámara de Diputados, reglamentará el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento.
Artículo 197.- Integración. El Jurado de Enjuiciamiento estará integrado
por: 1. Un vocal del Superior Tribunal de Justicia, exceptuado su presidente, elegido
por sus pares. 2. Dos magistrados elegidos por sorteo entre los restantes integrantes del Superior Tribunal de Justicia, de las cámaras y miembros
del Ministerio Público que actúen ante las mismas. 3. Tres legisladores
con formación jurídica, si los hubiere, elegidos dos por la mayoría
y uno por la minoría, a propuesta de los respectivos bloques. 4. Tres abogados
elegidos por el Superior Tribunal de Justicia mediante sorteo, que se realizará anualmente
de una lista con los abogados de la matrícula que reúnan los requisitos
para ser miembros del Superior Tribunal de Justicia. Artículo 198.- Excusaciones
y recusaciones. El cargo de miembro del jurado es honorario e irrenunciable.
Los miembros del jurado podrán excusarse y ser recusados sólo con
causa fundada en la primera oportunidad posterior a la notificación al acusado de la
integración del Tribunal. En estos casos se integrará conforme a lo dispuesto
por la ley respectiva. Artículo 199.- Apertura del proceso de remoción.
Interpuesta la denuncia, previa investigación sumaria a cargo del Consejo de la Magistratura
y oído el magistrado denunciado, se decidirá si se hace lugar
o no a la formación de la causa, conforme a lo establecido en el artículo 195 inciso 6.
La resolución negativa pondrá fin al procedimiento. En caso de
considerar que existen elementos suficientes para ello, el Consejo de la Magistratura decidirá la acusación del magistrado, formulará los respectivos cargos,
designará a sus integrantes que actuarán ante el Jurado de
Enjuiciamiento y ordenará la
constitución inmediata de éste. El Superior Tribunal de Justicia
deberá disponer la suspensión del magistrado acusado. Decidida la acusación
por el Consejo de la Magistratura, no será aceptada la renuncia del magistrado y el proceso
de remoción deberá continuar hasta la sentencia definitiva. Artículo
200.- Procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento. El proceso deberá ser
oral y público y se garantizará al acusado el pleno ejercicio de su
derecho de defensa y el debido proceso. Producidas las pruebas y concluidos los alegatos de
la parte acusadora y de la defensa, la causa quedará para la sentencia
definitiva. A partir de ese momento el Jurado de Enjuiciamiento tendrá un plazo
de treinta días corridos improrrogables para pronunciar su sentencia. La sentencia
se pronunciará sobre la responsabilidad del acusado respecto de las imputaciones formuladas. En caso de hallarlo culpable, se procederá a separarlo
definitivamente del cargo e inhabilitarlo y a ponerlo a disposición
de la justicia ordinaria si la causal hubiese sido la comisión de algún
delito. En caso contrario dispondrá la continuidad del mismo en el desempeño
del cargo. En caso de denuncia maliciosa el Jurado de Enjuiciamiento o el Consejo de la
Magistratura, según el caso, podrá imponer a su autor una multa
de hasta dos sueldos de un vocal del Superior Tribunal de Justicia, sin perjuicio de las
demás responsabilidades que le pudieran corresponder. Artículo
201.- Plazo. El proceso debe quedar concluido en el término de ciento veinte días
corridos desde la constitución del jurado. La suspensión del juicio o la falta
de sentencia causará la absolución por el sólo transcurso del plazo establecido, debiendo el acusado
ser restituido al cargo. Podrá descontarse de dicho plazo el tiempo que demandare
la sustanciación de las defensas, cuya articulación fuese calificada
por el jurado como meramente dilatorias.
CAPÍTULO VII MINISTERIO PÚBLICO Artículo 202.- Ministerio Público. Integración. Requisitos. El Ministerio
Público tiene autonomía funcional dentro del Poder Judicial y estará integrado
por el Ministerio Fiscal y el Ministerio de la Defensa, representados por un fiscal
general y un defensor general, respectivamente, quienes actuarán ante
el Superior Tribunal de Justicia. El fiscal general y el defensor general serán designados y removidos de la misma forma y con iguales requisitos que los
miembros del Superior Tribunal de Justicia, teniendo las mismas garantías
e inmunidades que éstos. Los restantes magistrados del Ministerio Público,
serán designados de igual forma y con los mismos requisitos que se establecen para
los jueces ante quienes actúen y serán removidos por el Jurado
de Enjuiciamiento por las causales previstas en esta Constitución. Los miembros inferiores
del Ministerio Público gozarán de idénticas inmunidades,
garantías y limitaciones que los jueces. El Ministerio Público ejercerá sus funciones
por medio deórganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación
y de dependencia jerárquica. Una ley, sancionada con la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados, regulará el
estatuto orgánico del Ministerio Público y establecerá la competencia
de los fiscales, defensores, asesores tutelares y demás funcionarios inferiores; determinará su
orden jerárquico, número, sede, tribuciones, responsabilidades
y normas de funcionamiento. Artículo 203.- Atribuciones y deberes. Serán
atribuciones y deberes del Ministerio Público las fijadas por la ley y especialmente:
1. Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y
de los intereses generales de la sociedad. 2. Intervenir en toda causa judicial
en que esté comprometido el orden público. 3. Velar por el respeto
de los derechos, deberes, principios y garantías constitucionales, estando legitimado
para demandar la inconstitucionalidad de toda ley, decreto, ordenanza, acto, contrato
o resolución de cualquier autoridad pública provincial o municipal.
4. Custodiar la buena marcha de la administración de justicia. 5. Asegurar el correcto cumplimiento de las leyes y garantías y de los derechos humanos en
las cárceles y todo otro establecimiento de internación. 6. Accionar en defensa
y protección del medio ambiente, intereses difusos y derechos colectivos. 7. Ejercer la acción penal en los delitos de instancia pública. 8. Asesorar,
representar y defender los derechos de los pobres, menores, ausentes e incapaces, como
así también a todo aquel que careciere de defensa penal. 9. Ejercer la superintendencia y el poder disciplinario correspondiente. 10. Integrar el Consejo de la Magistratura, conforme lo establecido en el artículo
194 inciso 3. TÍTULO V
RÉGIMEN MUNICIPAL CAPÍTULO I AUTONOMÍA Y CATEGORÍA DE MUNICIPIOS Artículo 204.- Autonomía municipal. Esta Constitución reconoce al municipio
como una entidad jurídico política autónoma y como una comunidad natural,
con vida propia e intereses específicos, independiente de todo otro poder en el ejercicio
de sus atribuciones y funciones, de acuerdo con los principios establecidos en esta
Constitución. Artículo 205.- Organización. El régimen
municipal será organizado teniendo en cuenta el número de habitantes de cada población
o su desarrollo y posibilidades económico financieras. Artículo 206.- Categorías.
Habrá tres categorías de municipios. Serán de primera categoría,
los municipios que cuenten con una población que supere los veinte mil habitantes; de segunda
categoría, los que tengan más de diez mil habitantes y de tercera categoría,
los que cuenten con más de dos mil habitantes. La categorización de
cada municipio será dispuesta por una ley especial teniendo en cuenta los parámetros establecidos
en el artículo anterior. CAPÍTULO II GOBIERNO MUNICIPAL Artículo
207.- Gobierno. La organización del gobierno municipal se sujetará a las siguientes
bases: 1. Los municipios de primera deberán dictar su carta orgánica que
será sancionada por una convención convocada por el Departamento Ejecutivo, en virtud
de ordenanza sancionada al efecto. La Convención Municipal será integrada
por un número de miembros igual al del Concejo Deliberante, elegidos directamente por el electorado mediante el sistema proporcional. 2. En los municipios de primera,
de segunda y de tercera categoría el gobierno será ejercido por
un Departamento Ejecutivo y un Concejo Deliberante. 3. En los municipios de segunda y tercera categoría, el Concejo Deliberante estará compuesto de la siguiente
forma: hasta nueve concejales en los municipios de segunda y hasta seis concejales en
los de tercera. Artículo 208.- Principios. La Ley de Municipalidades y las
cartas orgánicas deberán asegurar los principios del régimen
democrático, republicano y representativo, un régimen de control de gastos, la participación
y el funcionamiento de entidades intermedias en las gestiones administrativas
y de servicio público; garantizarán al electorado municipal el derecho
de iniciativa, la consulta popular vinculante y no vinculante y la revocatoria de mandatos.
Artículo 209.- Concejales. Los concejales serán elegidos
en forma directa por el
electorado en distrito único. Durarán cuatro años en
sus mandatos y podrán ser reelegidos por un solo período consecutivo. En caso de ser reelectos,
no podrán serlo nuevamente sino con intervalo de un mandato. Para ser concejal se requiere tener veinticinco años de edad como mínimo y dos años
de residencia inmediata y efectiva en el municipio que lo elige. La elección de concejales se
efectuará simultáneamente con las elecciones para intendente, mediante el sistema proporcional que la ley o la carta orgánica determine. Con los titulares
se elegirán concejales suplentes que los reemplazarán conforme
lo establecido en el artículo 46.
El Concejo Deliberante será el juez definitivo de la validez de los derechos
y títulos de sus miembros. El Concejo Deliberante se renovará totalmente
cada cuatro años. Artículo 210.- Intendente. El intendente será elegido
directamente por el electorado de cada municipio a simple pluralidad de sufragios. Durará cuatro años en sus funciones y podrá ser reelegido por un sólo
período consecutivo. Si fuere reelecto, no podrá ser elegido nuevamente sino
con intervalo de un período. Para ser intendente se requiere tener 25
años de edad, como mínimo y cuatro años de residencia inmediata y efectiva
en el municipio que lo elija. Percibirá un sueldo asignado por el presupuesto municipal.
El intendente hará cumplir las ordenanzas del Concejo Deliberante; anualmente
dará cuenta de la marcha de su administración ante éste; ejercerá la
representación de la municipalidad y tendrá las demás atribuciones que la
ley o la carta orgánica establezcan. Artículo 211.- Inmunidades e impedimentos.
Los concejales e intendentes de los municipios de primera categoría tendrán,
en el ámbito de sus jurisdicciones, idénticas inmunidades, incompatibilidades e impedimentos
que los diputados. Los concejales e intendentes de los municipios de segunda
y tercera categoría tendrán inmunidad de expresión y los
mismos impedimentos e incompatibilidades que los legisladores provinciales. Artículo 212.-
Tribunal de Cuentas Municipal. Los municipios de primera categoría deberán
crear un Tribunal de Cuentas dentro de su jurisdicción. Las cartas orgánicas
establecerán la forma de su integración, las calidades de sus miembros y la duración
de sus mandatos. Artículo 213.- Comisionados municipales. El gobierno de las localidades
o núcleos urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por
un comisionado municipal elegido directamente por los electores de sus jurisdicciones a
simple pluralidad de sufragios. Durarán cuatro años en el ejercicio
de sus funciones, con las facultades y requisitos que la ley establezca; podrán ser
reelegidos por un sólo período consecutivo. Si fueren reelectos, no podrán
ser elegidos nuevamente sino con intervalo de un período. Los comisionados serán
removidos por mal desempeño en sus funciones, faltas graves o delitos comunes.
El procedimiento de remoción será realizado por el Poder Ejecutivo,
quien podrá disponer la suspensión del funcionario con conocimiento de la Legislatura.
La ley establecerá el procedimiento que garantice el derecho de defensa
del acusado. En caso de renuncia, fallecimiento, destitución, suspensión,
ausencia o incapacidad u otra causa análoga del comisionado municipal, el Poder
Ejecutivo designará el reemplazante transitorio, quien en el plazo de sesenta
días, deberá convocar a elecciones para la designación del nuevo titular. Artículo
214.- Electores. Serán electores en el orden municipal, todos los argentinos
inscriptos en el padrón nacional que corresponda a su jurisdicción.
Podrán ser también electores los extranjeros mayores de edad con más de
dos años de residencia inmediata en el municipio al tiempo de su inscripción en
el padrón municipal, conforme lo determinen la ley o la carta orgánica. Artículo
215.- Elecciones. Los municipios convocarán a elecciones entre los ciento
veinte días y los cuarenta y cinco días anteriores a la expiración del
período de gobierno. Artículo 216.- Publicidad de los actos. Los municipios deberán
dar publicidad de sus actos reseñándolos en una memoria anual en la que harán
constar detalladamente la percepción e inversión de sus rentas, como
así también del estado de su hacienda. Artículo 217.- Sociedades intermedias. Se reconocerá e impulsará la
organización de las sociedades intermedias representativas de intereses
vecinales, que se integren para promover el progreso, desarrollo y mejoramiento
de las condiciones de vida de los vecinos. Podrán proponer a las autoridades municipales y empresas privadas todas aquellas medidas destinadas a mejorar
los servicios primordiales a la comunidad y solicitar su inserción dentro
de los organismos que tiendan a promover y desarrollar todas las facultades que
la ley les asigne. Estarán facultadas para ejercer el derecho de petición,
iniciativa y reclamo representando a vecinos y usuarios de servicios municipales. Artículo 218.- Entidades públicas de participación
vecinal. Los pequeños
núcleos poblacionales que no estuvieren organizados en algunas de las formas previstas
por esta Constitución podrán constituir una Comisión
Rural de Fomento, conforme a las condiciones que la ley establezca. CAPÍTULO III
Y ATRIBUCIONES DE LOS MUNICIPIOS Artículo 219.- Competencias y atribuciones.
La ley y las cartas orgánicas determinarán, respetando las atribuciones
que correspondan a la Provincia, las funciones a cumplir por las municipalidades,
conforme a sus respectivas categorías y referentes a las siguientes áreas:
1. Desarrollo local. 2. Obras y servicios públicos. 3. Ordenamiento,
planificación y seguridad en el tránsito y transporte urbano. 4. Higiene y salubridad
pública. 5. Salud y asistencia social. 6. Cultura y educación. 7. Protección
del medio ambiente. 8. Recreación, turismo y deportes. 9. Recursos y hacienda
10. Cualquier otra función relacionada con los intereses locales, dentro
del marco de esta Constitución. No habrá transferencia de competencias,
servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos aprobados por
ley y ratificada por el municipio interesado. Artículo 220.- Convenios.
Los municipios podrán celebrar convenios con la Nación, las provincias y otros
municipios, con fines de interés común y celebrar convenios internacionales,
en tanto no sean incompatibles con los principios establecidos en la Constitución de
la Nación y en esta Constitución. De esto último se deberá dar conocimiento
a la Legislatura. CAPÍTULO IV RECURSOS MUNICIPALES Artículo 221.-
Recursos municipales. Los recursos municipales se formarán con: 1. Los fondos provenientes de la coparticipación federal y provincial. Los primeros
no podrán ser inferiores al quince por ciento (15 %) y los segundos al veinticinco
por ciento (25%) de los de recaudación provincial. 2. Los impuestos, tasas, contribuciones y demás tributos municipales establecidos en la jurisdicción
respectiva, que respeten los principios constitucionales de la tributación
y la armonización con el régimen impositivo federal y provincial.
3. Lo que le pudiere corresponder por percepción de impuestos cuyo cobro le sea
delegado por la Nación o la Provincia. 4.
Los precios públicos, derechos,
patentes, multas, permisos, licencias, el proveniente de concesiones, ventas o locaciones de bienes del dominio
municipal y todo otro ingreso de capital originados por la actividad económica
que el municipio realice. 5. Los fondos provenientes de empréstitos,
los que tendrán como objetivo específico la realización de obras
o servicios públicos o la conversión de deuda ya existente. La amortización de capital
e intereses no podrá exceder el veinte por ciento (20%) de los recursos anuales totales;
sólo con autorización del Poder Legislativo podrá superarse el límite
anterior. 6. Donaciones, legados, subsidios y demás aportes que reciba. 7. Los
inmuebles fiscales situados dentro del ejido municipal, excepto los que estuvieren
inscriptos a nombre de la Nación o la Provincia. 8. Cualquier otro
ingreso que establezca la ley. Artículo 222.- Coparticipación. La distribución
de la coparticipación de la Provincia a los municipios se efectuará de
acuerdo con la ley en base a los principios de proporcionalidad y redistribución
solidaria, contemplando criterios objetivos de reparto y procurando el logro de un grado
equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en
el territorio provincial. Asimismo, la ley dispondrá la creación
de un fondo especial para atender desequilibrios financieros y solventar situaciones
de emergencia. CAPÍTULO V INTERVENCIÓN A LOS MUNICIPIOS Artículo 223.- Intervención. Los municipios y las comisiones municipales solo podrán
ser intervenidos en caso de acefalía total o cuando no estuviere garantizada
la forma republicana de gobierno, mediante ley sancionada por la Cámara
de Diputados por el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros.
Por las mismas causas y estando en receso la Legislatura, el Poder Ejecutivo
podrá intervenir a los municipios y a las comisiones municipales. En el mismo decreto
deberá convocar a sesión extraordinaria a la Cámara
de Diputados. En el caso de intervención por decisión del Poder Ejecutivo, la Legislatura
puede hacerla cesar al examinar los fundamentos de aquella. El Interventor deberá reorganizar los poderes intervenidos dentro de los sesenta días hábiles
de tomar posesión y convocar en igual término a elecciones. Durante el tiempo que dure
la intervención, el Interventor atenderá los servicios municipales
ordinarios con arreglo a las ordenanzas vigentes. Todos los nombramientos que se efectúen
tendrán carácter transitorio. TÍTULO VI CAPÍTULO ÚNICO REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN Artículo 224.- La presente Constitución
no podrá ser reformada en todo o en parte, sino por una convención especialmente elegida para
ese objeto por el pueblo de la Provincia, en la forma prevista para la integración
del Poder Legislativo. Artículo 225.- El pueblo será convocado
en virtud de ley en que se declare la necesidad o conveniencia de la reforma, expresándose
al mismo tiempo si ésta debe ser total o parcial y determinando en caso de
ser parcial, los artículos o la materia sobre los cuales ha de versar la reforma.
La ley que se dé con ese objeto, en todos los casos deberá contar con
despacho de comisión, sin que pueda ser objeto de tratamiento de sobre tablas. Además, deberá ser
sancionada por tres cuartos de votos si fuere total y dos tercios de votos de ser parcial, en
ambos casos de los miembros que integran la Cámara. Artículo 226.-
La convención no podrá comprender en la reforma otros puntos que los especificados
en la ley de convocatoria; pero no estará obligada a variar, suprimir o completar
las disposiciones de la Constitución cuando considere que no existe necesidad
o conveniencia de la reforma. Artículo 227.- En el caso del artículo
anterior, la Legislatura no podrá insistir dictando nueva ley de reforma, mientras
no haya transcurrido por lo menos un período legislativo, sin contar el que
correspondiere a la ley de la reforma. Artículo 228.- Para ser convencional
se requieren las mismas calidades y tiene los mismos impedimentos que para ser
Diputado. El cargo de convencional es compatible con cualquier otro cargo
público nacional, provincial o municipal, excepto con los de gobernador,
vicegobernador, miembro del poder judicial y jefe de policía. Artículo
229.-El cargo de convencional es irrenunciable. El que sin causa justificada no se
incorporase o faltare al número de sesiones que establezca el reglamento
de la convención, incurrirá en una multa igual al total de la retribución
mensual de un diputado, la que será ejecutada por fiscalía de estado y
su producido destinado a la biblioteca de la Legislatura, más la inhabilitación
por cuatro años para ejercer cargos electivos. Artículo 230.- La convención
se compondrá de un número de miembros igual al de los diputados, quienes gozarán
de las mismas inmunidades que éstos desde su proclamación hasta su cese y
recibirán como única retribución gastos de representación. Artículo 231.-
La convención funcionará preferentemente en la capital de la Provincia; se instalará en el
local de la Legislatura o en el que ella misma establezca. Determinará su duración
hasta un máximo de noventa días a partir de su constitución,
que podrá prorrogar en treinta días más. La convención tendrá facultades
para dictar su propio reglamento, nombrar su personal y confeccionar su presupuesto. La convención
es el único y exclusivo juez para expedirse sobre la legitimidad de su
constitución e integración. TÍTULO VII CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES
ESPECIALES SÍMBOLOS PROVINCIALES
Artículo 232.- Bandera. Ratifícase como bandera
oficial de la Provincia y uno de los símbolos provinciales, la establecida por la
Ley provincial Nº 5.535 y su modificatoria Ley provincial Nº 5.598,
con el formato, colores y caracteres que en ella se establecen. Artículo 233.- Escudo.
Adóptase como nuevo escudo oficial de la Provincia, el emblema heráldico que
se describe en documento anexo del presente, cuyo patrón original se conservará en
el archivo general de la Provincia para su exhibición y custodia. Artículo
234.- Escarapela. Adóptase como escarapela oficial de la Provincia el emblema
que se describe en anexo del presente. Artículo 235.- Himno cultural. Adóptase como himno
cultural de la Provincia de Santiago del Estero, la obra musical “AÑORANZAS” (Chacarera),
con letra y música del poeta Julio Argentino Gerez. Artículo 236.-
La ley especificará las normas sobre las características, tratamiento
y uso de los símbolos provinciales, las que deberán ser aplicadas por los
organismos públicos y particulares autorizados. REIVINDICACIONES Artículo 237.- La Provincia
de Santiago del Estero reivindica los derechos inalienables de soberanía
sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, como parte integrante de
la Nación Argentina y apoya toda acción tendiente a la recuperación de
estas tierras aún irredentas. Artículo 238.- La Provincia de Santiago del Estero reivindica
sus derechos inalienables que, por razones jurídicas, geográficas
e históricas le corresponden sobre las aguas del Río Bermejo y todos los funcionarios
del gobierno tienen la obligación de la defensa de los derechos de la
provincia sobre dicho río regional. Artículo 239.- El día 27 de
abril de 1998 y años subsiguientes, como homenaje a la autonomía provincial y a su gestor,
el insigne Brigadier General Don Juan Felipe Ibarra, el Pueblo de la Provincia es invitado
a jurar fidelidad a la Constitución y a los Símbolos Provinciales
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PRIMERA.- Reconócese al Quichua Santiagueño
como lengua de pervivencia provincial, debiéndose adoptar las medidas necesarias
para su preservación y difusión. SEGUNDA.- La provincia de Santiago
del Estero ratifica y defiende los límites territoriales que por historia y por derecho,
le corresponden. Ratifícanse los límites de la Provincia de Santiago
del Estero con las Provincias de Córdoba, Catamarca, Tucumán y Salta, fijados
por las Leyes Nacionales Nros. 22.789/83, 22.742/83, 22.310/80 y 22.347/80, respectivamente. TERCERA.- El sistema electoral a adoptarse deberá garantizar la distribución
de las bancas en los cuerpos colegiados, en relación proporcional con
los sufragios obtenidos. Una vez sancionada la ley que establezca el sistema electoral,
las modificaciones que se pudieren introducir con posterioridad no podrán
ser aplicadas sino después de dos años de realizadas las mismas. CUARTA.- En los casos en que esta Constitución hace mención, en el ámbito
del Poder Legislativo, a Mayoría deberá entenderse que se hace referencia
al partido político, alianza o frente electoral que mayor número de legisladores haya obtenido en
la última elección legislativa provincial y a minoría, al que sigue en
cantidad de diputados computados de igual modo. (Referida a los artículos 46,
143, 171, 194 y 197).
QUINTA.- Las categorías reconocidas a los municipios al momento
de la sanción de esta reforma, serán respetadas en todos los casos.
(Referida al artículo 206). DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Los integrantes
del Consejo General de Educación, de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones y del
Tribunal de Disciplina electos en forma directa, serán reemplazados al finalizar
sus mandatos en diciembre de 2007. En esa oportunidad el Poder Ejecutivo designará el tercer representante ante el Consejo conforme lo establecido en esta Constitución. Al finalizar el período de los actuales vocales
que fueron designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura, serán
reemplazados por los representantes designados por el mismo poder por un
tiempo igual al faltante para el cumplimiento de los mandatos de los miembros elegidos
en 2007. (Referida al artículo 80, 82 y 83). SEGUNDA.- En un plazo
no mayor a trescientos sesenta días de esta sanción la Legislatura deberá dictar
las leyes de cultura, educación, ciencia y tecnología. TERCERA.- A los
efectos de adecuar la renovación de la Legislatura a lo establecido en el artículo
118, en la elección correspondiente al año 2007, por única vez,
se elegirán veinticinco diputados cuyos mandatos tendrán una duración de dos años.
El mandato de los diputados que asuman el 23 de marzo de 2009, se extinguirá el 10 de
diciembre de 2013. (Referida a los artículos 118 y 119).
CUARTA.- A los fines de
la reelección que establece el artículo 119, no se computará el
mandato xcepcional correspondiente al período 2007-2009 a los diputados actuales, reelectos
o electos en aquel período. A los mismos fines se computará el
mandato de los diputados en ejercicio al tiempo de la sanción de esta reforma. (Referido
al artículo 119). QUINTA.- Las disposiciones que establecen las funciones
para el vicegobernador comenzarán a regir a partir del próximo período
de gobierno. (Referida al artículo 120). SEXTA.- El mandato del Gobernador de la
Provincia, en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma, deberá ser considerado
como primer período. (Referida al artículo 152). SÉPTIMA.-
El mandato del gobernador que asuma su cargo el 23 de marzo de 2009, se extenderá hasta el 10
de diciembre de 2013. (Referida al artículo 152). OCTAVA.- Los integrantes actuales
del Tribunal de Cuentas de la Provincia continuarán en sus funciones hasta
la finalización del período para el cual fueron nombrados. En
el año 2009 se procederá a la designación conforme a lo establecido por esta
Constitución. (Referida a los artículos 171 y 172). NOVENA.- Hasta tanto la ley
establezca los tribunales competentes en materia contencioso administrativa, el Superior
Tribunal de Justicia ejercerá su jurisdicción en forma originaria
y exclusiva para entender en esos casos. (Referida al artículo 193). DÉCIMA.-
Para la conformación del Consejo de la Magistratura, conforme a lo establecido
en el artículo 194 incisos 2 y 3, por esta única vez, el vocal de
la cámara será reemplazado por un vocal del Superior Tribunal de Justicia elegido entre
sus pares y el miembro del Ministerio Público por el fiscal general, quienes
actuarán con carácter titular al solo efecto de la integración
del Consejo y hasta tanto sean elegidos el primer vocal de cámara y el miembro del
Ministerio Público que los reemplazarán. Los abogados de la matrícula
deberán elegir, dentro de los noventa días de sancionada la presente, a un representante,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 194 inciso 4.
Consejo seguirá funcionando con la integración prevista en esta Constitución,
debiendo incorporarse el nuevo abogado dentro del plazo estipulado en el párrafo
anterior. Todos los miembros del Consejo de la Magistratura cesarán
en sus cargos a los dos años a contar desde la fecha de su actual integración.
La Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura deberá ser aprobada
dentro de los noventa días de esta sanción. (Referida al artículo
194). UNDÉCIMA.- Déjase establecido que el fiscal general del Ministerio Público será,
a partir de la entrada en vigencia de la presente reforma, el actual fiscal del Superior
Tribunal de Justicia. Hasta tanto sea integrado el Ministerio Público
de la Defensa, la representación y atribuciones del Ministerio Público
continuará a cargo del fiscal general. La ley orgánica del Ministerio Público
deberá ser aprobada dentro de los ciento ochenta días de esta sanción.
(Referida al artículo 202). DUODÉCIMA.- La Ley Orgánica de Municipalidades
deberá ser sancionada dentro de los ciento ochenta días a partir de esta sanción.
Los municipios de primera categoría deberán adecuar sus cartas
orgánicas a lo establecido en esta Constitución. (Referida al artículo 208). DECIMOTERCERA.- A los efectos de la reelección, el mandato de los intendentes reelectos
en el año 2003 al amparo de la cláusula tercera de las disposiciones transitorias
de la reforma de la Constitución del año 2002, fenece en el año
2006, quedando impedida la reelección inmediata. El mandato de los actuales intendentes
electos en el año 2005 será considerado como primer mandato a los efectos
del artículo 210. El mandato de los intendentes reelectos en el año 2005 durará cuatro
años no siendo posible la reelección inmediata. (Referida al artículo
210). DECIMOCUARTA.- Los municipios de primera categoría que no tengan
Cuentas serán controlados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia,
hasta la creación de aquellos. (Referida al artículo 212). DECIMOQUINTA.-
El mandato de los concejales de la ciudad de Clodomira, electos en oportunidad de la renovación parcial del Honorable Concejo Deliberante a realizarse
en el año 2006, será de tres años por única vez. El mandato de
los concejales de la ciudad de Villa Atamisqui, electos en oportunidad de la renovación parcial
a realizarse en 2007, será de dos años por única vez. DECIMOSEXTA.-
La asunción de los comisionados municipales por elección directa, será día
23 de marzo de 2009 y su período se extenderá hasta el 10 de diciembre de 2013. (Referida
al articulo 213). DECIMOSÉPTIMA.- Esta reforma entra en vigencia al día
siguiente de su publicación y deberá ser jurada, con posterioridad a aquella,
en un mismo acto, en sesión especial convocada por esta Convención a esos efectos,
por los miembros de la Honorable Convención Constituyente, el gobernador y
vicegobernador de la Provincia, el presidente de la Legislatura y el presidente
del Superior Tribunal de Justicia. Cada poder del Estado y las autoridades
provinciales y municipales dispondrán lo necesario para que sus miembros
y funcionarios juren esta Constitución. DECIMOCTAVA.- Una comisión
compuesta por el presidente de la Honorable Convención Constituyente, los integrantes
de la comisión redactora, los presidentes de las comisiones y los presidentes
de bloques revisarán la forma en que se ha registrado la sanción
de esta Constitución, hecho lo cual la firmarán juntamente con los
convencionales que deseen hacerlo y, sellada con el sello oficial de la Convención, se pasará copia
al Archivo General de la Nación, al Archivo de la Provincia, al Museo Histórico
provincial, a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Nación y de
la Provincia. DECIMONOVENA.- Téngase por sancionada y promulgada esta Constitución
como ley fundamental de la Provincia. Publíquese, regístrese y comuníquese
para su cumplimiento. Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Convención Constituyente, en la ciudad de Santiago del Estero, a los 25 días
del mes de Noviembre de 2005. Firmado por las Autoridades: Dr. Ricardo Daniel Daives, Presidente; Dr. Darío Santiago Nassif, Secretario; Sr. Héctor
Rodolfo Díaz Zanoni, Secretario; Dr. Cristian Rodolfo Oliva, Presidente de la Comisión
Redactora y de Disposiciones Transitorias ANEXO DEL ARTICULO 233 DEL CAPITULO VII ESCUDO DE LA PROVINCIA El escudo que simboliza la autonomía de este Estado Federal
tiene forma y atributos que se expresan: El broquel estilo normando con los ángulos diestros y siniestros levantados en forma de espiras hacia adentro todo con
filete de oro en bordura; el campo del escudo está dividido en tres
cuarteles horizontales: A) EL JEFE, ES AZUL CELESTE B) EL CENTRO, ES BLANCO, C) LA
PUNTA AZUL CELESTE, SIMBOLIZANDO EN SU CONJUNTO LOS COLORES PATRIOS. En el corazón
del campo central, se adosará en forma cargada o superpuesta, una estrella
federal de gules de ocho (8) puntas, que simboliza el federalismo argentino, sobre
ella el sol Indígena y la cruz de Santiago Apóstol, patrono de la
provincia tomado de manera idéntica a su inserción en la Bandera Oficial de la
Provincia y con igual significado. En el cuartel inferior o punta, dos ríos caudales en
líneas ondeadas color plata, que representan a los ríos Dulce y Salado, que
cruzan el territorio provincial, regándolo y brindándole vida, riqueza
y fertilidad. Por ordenamiento exterior un ramo de planta de algodón con capullo en
la diestra, y un ramo de quebracho colorado florido en la siniestra, formando una corona
abierta en sinople y unidos debajo de la punta por un moño rojo punzó con
flecos de oro que simboliza la divisa federal y la Banda de Gobernador que portaba
el padre de la Autonomía Provincial, Brigadier General Don Juan Felipe
Ibarra; estos ramos simbolizan la flora autóctona y la principal actividad
productiva, fruto del trabajo y el esfuerzo del agricultor.
CUERPO DE CONVENCIONALES CONSTITUYENTES AÑO 2005 AUTORIDADES Presidente:
Dr. RICARDO DANIEL DAIVES Vicepresidente 1º Dr. ROSENDO ALLUB Vicepresidente 2º Dra.
MARIA SOLEDAD ARNEDO Secretario Dr. DARÍO SANTIAGO NASSIF Secretario HECTOR
R. DIAZ ZANONI ALLUB Rosendo ALVARADO Mario ARNEDO María Soledad ARZUAGA Susana
M. de AYUCH Raúl Osvaldo BARRERA Ramona Elvira BASUALDO Nicolás Alfonzo BAUDINO Javier
José BRAVO Leticia Mabel BRUE Daniel Agustín CABALLERO DE ARGES
CABEZAS DE CURET Pilar CARABAJAL María Dolores CASTILLO Mario Augusto
DAIVES Ricardo DANIELSSEN María Pía DIAZ ZANONI Héctor Rodolfo FIGUEROA Horacio FUENTES Norma Isabel GADDA Patricia Marcela GALLO Silvia Mónica GARAMONA Mónica
GARAY Luis Guillermo GARCIA Sara GASTAMINZA Efrén GELID José GOITEA
DE MEOSSI Lía Teresa HABRA Mario Jorge HERRERA Humberto Antonio JURI Héctor
Alberto LARCHER Verónica Alejandra LARCHER Yolanda Patricia LEDESMA Víctor
Hugo LEGUIZAMON Magdalena del Valle LOPEZ PRIETO Lucía Teresita LOTO Nora
Estela LUGONES Horacio Enerio MARTINEZ Miriam Elizabeth MELIAN Lidia del Carmen
MILKI Daniel NASSIF Darío Santiago NASSIF Mario ODDO Vicente OLIVA Cristian
Rodolfo O’ MILL Matilde SUAREZ César Walter SUFFLONI Juan Manuel TEVEZ Abel Enrique
LOPEZ BUSTOS Alejandra ZAVALETA DE CORNELI Roxana M.

References: Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo
3
 Artículo 4

Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo
7
 Artículo 8
 Artículo 9

Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 13

Artículo 14
 Artículo
15
 Artículo
16
 Artículo 17
 Artículo 18
 Artículo
19
 Artículo
20
 Artículo 21
 Artículo 22
 Artículo 23

Artículo 24
 Artículo 25
 Artículo 26
 Artículo 27
 Artículo 28
 Artículo 29
 Artículo
31
 Artículo 32
 Artículo 33
 Artículo
34
 Artículo 35
 Artículo
36
 Artículo 37
 Artículo
38
 Artículo 39
 Artículo 40
 Artículo 41
 Artículo 42
 Artículo
43
 Artículo 44
 Artículo 45
 Artículo 46
 Artículo 47
 Artículo 48
 Artículo 49
 Artículo
50
 Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53
 Artículo 54
 Artículo 55
 Artículo 56
 Artículo 57

Artículo 58
 Artículo
59
 Artículo 60
 Artículo 61
 Artículo 62
 Artículo 64
 Artículo 65
 Artículo 66
 Artículo 67
 Artículo 68
 Artículo 69
 Artículo 70
 Artículo 71

Artículo 72
 Artículo 73
in fine
 Artículo 74
 Artículo 75
 Artículo
76
 Artículo 77
 Artículo 78
 Artículo 79
 Artículo
80
 Artículo 81
 Artículo 82
 Artículo 83
 Artículo 84
 Artículo
85
 Artículo 86
 Artículo 87
 Artículo 88
 Artículo 89
 Artículo 90
 Artículo 91

Artículo 92
 Artículo 93
 Artículo 94
 Artículo 95
 Artículo 96
 Artículo
97
 Artículo 98
 Artículo 99

Artículo 100

Artículo 101
 Artículo 102
 Artículo 103

Artículo 104
 Artículo
105
 Artículo 106
 Artículo
107
 Artículo 108
 Artículo 109
 Artículo 110
 Artículo
111
 Artículo 112
 Artículo 113
 Artículo
114
 Artículo 115
 Artículo 116
 Artículo 117
 Artículo
118
 artículo 46
 Artículo 119
 Artículo 120
 Artículo 121
 Artículo 122
 Artículo 123
 Artículo
124
 Artículo
125
 Artículo 126
 Artículo 127
 Artículo 128
 Artículo 129
 Artículo
130
 Artículo 131
 Artículo 132
 Artículo
133
 Artículo 134
 artículo
123
 Artículo 135
 Artículo 136
 artículo
160
 Artículo 137
 Artículo 138
 Artículo 139
 Artículo 140
 Artículo 141
 Artículo 142
 Artículo
143
 Artículo 144
 Artículo 145
 Artículo
146

resolución 
 Artículo 147
 Artículo 148
 Artículo 149
 Artículo 150
 Artículo 151
 Artículo 152
 Artículo 153
 Artículo 154

Artículo 155
 Artículo 156
 Artículo 157
 Artículo 158
 Artículo 159
 Artículo
160
 artículo 136

Artículo 161
 Artículo 162
 Artículo 163
 Artículo
164
 Artículo 165
 Artículo 166
 Artículo 167
 Artículo 168
 Artículo 169
 Artículo
170
 Artículo 171
 artículo 142
 Artículo
172
 Artículo 173
 Artículo 174
 Artículo 175
 artículo 136
 Artículo 176
 Artículo 177
 Artículo 178
 Artículo 179
 Artículo 180
 resolución 
 Artículo 181
 Artículo 182
 Artículo 183
 Artículo
184
 Artículo
185
 Artículo 186
 Artículo 187
 Artículo 188
 resolución 
 Artículo 189
 Artículo 190
 Artículo 191
 Artículo 192
 Artículo 193
 Artículo 194
 Artículo
195
 Artículo
196

Artículo 197
 Artículo 198
 Artículo 199
 artículo 195
 resolución 
 Artículo
200
 Artículo
201
 Artículo 202
 Artículo 203
 resolución 
 artículo
194
 Artículo 204
 Artículo 205
 Artículo 206
 Artículo
207
 Artículo 208

Artículo 209
 artículo 46
 Artículo 210
 Artículo 211
 Artículo 212
 Artículo 213
 Artículo
214
 Artículo
215
 Artículo 216
 Artículo 217
 Artículo 218
 Artículo 219
 Artículo 220
 Artículo 221
 Artículo 222
 Artículo 223
 Artículo 224
 Artículo 225
 Artículo 226
 Artículo 227
 Artículo 228
 Artículo
229
 Artículo 230
 Artículo 231

Artículo 232
 Artículo 233
 Artículo
234
 Artículo 235
 Artículo 236
 Artículo 237
 Artículo 238
 Artículo 239
 artículo 206
 artículo 80
 artículo
118
 artículo 119
 artículo 119
 artículo 120
 artículo 152
 artículo 152
 artículo 193
 artículo 194
 artículo 194
 artículo
194
 artículo 202
 artículo 208
 artículo 210
 artículo
210
 artículo 212