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Timestamp: 2019-07-17 19:11:49+00:00

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STS 481/1999, 25 de Marzo de 1999 - Jurisprudencia - VLEX 17716932
STS 481/1999, 25 de Marzo de 1999
Número de Recurso: 3555/1997
Número de Resolución: 481/1999
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL. AUTORÍA. FALSEDAD PARCIAL. Se reclama contra la sentencia condenatoria por delito de falsedad en documento oficial. Lo de menos es que una parte de los documentos fuera real, pues real era que el dinero, mensualmente, se hacía efectivo por parte de los susodichos Policías, los cuales, aún sin conocer el mecanismo ideado, cobraban mayor número de horas de las realmente trabajadas. En conclusión, la mendacidad del documento no tiene porqué referirse a la totalidad del mismo, bastando con que afecte a alguna de sus partes esenciales. Se desestima el recurso de casación.
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Marzo de mil novecientos noventa y nueve.
En el recurso de casación por infracción de Ley y de precepto constitucional, que ante Nos pende, interpuesto por la representación del procesado Cesar, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Almería, Sección Segunda, que le condenó al mismo y otros, por delitos de falsedad en documento oficial, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la votación y Fallo, bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. José Augusto de Vega Ruiz, siendo parte el Ministerio Fiscal y en cuanto a la representación del recurrente, se hace constar que acaba de fallecer su Procurador y se encuentra pendiente de designación por el Colegio de Procuradores.I. ANTECEDENTES
- El Juzgado de Instrucción número 7 de los de Almería, instruyó Diligencias Previas con el número 710 de 1992, contra Cesary, una vez conclusas, las remitió a la Audiencia Provincial de la misma capital (Sección Segunda) que, con fecha dieciséis de Julio de mil novecientos noventa y siete dictó sentencia que contiene los siguientes Hechos Probados:
«Probado y así se declara que: Entre los miembros de la Policía Local dependientes del Excmo. Ayuntamiento de DIRECCION000, se venía mostrando un evidente malestar al no atenderse por las instancias representativas de dicha Institución sus necesidades tanto de índole profesional, como material y económica, lo que era reivindicado por los cauces sindicales, a través de sus representantes del Sindicato Unificado de la Policía Local, mayoritario en aquellas fechas.
Así las cosas, en los últimos meses del año 1.990, y a la vista de que la situación se tornaba cada vez más insostenible, dada la escasez de la plantilla, se puso en conocimiento de la Corporación Local, a través del Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana la negativa de los miembros de la Policía Local a realizar horas extraordinarias -doblar turno, se le denominaba-, al precio que se había establecido, de 800 pesetas los días laborales y 1.000 pesetas los días festivos y servicios nocturnos, en el Reglamento de Funcionarios y Convenio Colectivo de Personal Laboral, denominado Convenio Colectivo del Personal del Excmo. Ayuntamiento de DIRECCION000, en una doble vertiente y con texto paralelo, para Funcionarios y empleados de régimen General, aprobado por Acuerdo del Pleno Municipal en su sesión de 28 de Julio de 1.989, y dentro del mismo en el artículo 14 de los llamados Pactos de aplicación al personal funcionario.
Buscando encontrar un consenso entre las partes implicadas, de un lado el Ayuntamiento a través de su Corporación Municipal, y de otro la Policía Local, en orden a solucionar las reivindicaciones mantenidas por ésta en sus distintas vertientes, se acordó por la Alcaldía la creación de una Comisión Mixta Paritaria, donde se hallaban los representantes de los Partidos Políticos con representación en el Excmo. Ayuntamiento de DIRECCION000y representantes sindicales de la Policía Local. Dicha Comisión, que carecía de poder ejecutivo, tenía por objeto lograr encontrar puntos de coincidencia y buscar soluciones por todos compartidas, que, en su caso, serían elevadas a las instancias competentes de la Institución para intentar salir de aquella situación. Tal Comisión Mixta Paritaria no logró encontrar su meta, siendo totalmente ineficaz para el fin que se constituyó, quedando por ello abandonada por sus componentes.
Conociendo el indicado Concejal Sr. Matíasla dificultad que representaba materializar el pago de dicha subida, al no permitirlo el sistema retributivo de los funcionarios del Ayuntamiento, dado que vulneraba el Reglamento antes mencionado y, a su vez, implicaba una discriminación para el resto de los funcionarios y trabajadores al servicio del Ayuntamiento, lejos de solicitar previamente al mencionado acuerdo el asesoramiento del Servicio Jurídico de la propia Institución, de la Secretaría, Intervención o Area de Personal, pues sabía que el informe no podía ser otro que el negativo por ir contra lo establecido, determinó como único medio de introducir las nuevas cantidades a devengar por hora extraordinaria desempeñada en las cuantías acordadas, sin que rebasaran las establecidas en dicho momento por el Reglamento, encontrando para ello la colaboración del Inspector Jefe de la Policía Local, el hoy acusado D. Juan Carlos, mayor de edad y sin antecedentes penales, en utilizar el artículo siguiente: en los llamados "Partes de Variaciones", -que son aquellos documentos en los que el Jefe de la Policía Local, con la conformidad del Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, remite mensualmente al Area de Personal del Ayuntamiento de DIRECCION000, y en los que quedan reflejadas las incidencias, entre ellas las horas extraordinarias desempeñadas por el personal de la Policía Local-, se efectuaba la alteración, consistente en reflejar el resultado de la operación aritmética resultante de sumar el total de servicios efectivamente trabajados por cada policía con carácter extraordinario, lo que habían quedado justificados en el estadillo que diariamente confeccionaban los jefes de sala o sección. Al resultado así obtenido se multiplicaba por ocho, horas de duración de cada turno y una vez obtenido se dividía pro dos y el coeficiente resultante se sumaba al total de las horas extra justificadas, lo que posteriormente se dió en llamar "dos por tres", lo que conseguía de esta manera adecuar el precio de la hora extra al nuevo precio que así se había "pactado" verbalmente.
Iniciada la alteración de los partes de variaciones fueron remitidos mensualmente por el Inspector Jefe de la Policía Local, con el conforme del Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, a la indicada Area de Personal, y Régimen Interior del Ayuntamiento, donde se llevó a cabo la confección de las nóminas y su posterior pago, lo que se prolongó desde el mes de Enero de 1.991 hasta el mes de Febrero de 1.992. Durante dicho periodo la conformidad fue primero prestada por el acusado D. Matíaslos meses de Enero a Junio de 1991, fecha en que cesó como Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y el resto de los meses, hasta el mencionado Febrero de 1.992, el Sr. Cesar, quien sucedió al anterior en tal cargo en su condición de Concejal, conocedor, como antes se expuso de tales alteraciones documentales, las que confirmó con su firma.
Tales partes de variaciones, una vez remitidos al Area de Personal del Ayuntamiento y ya obrantes en el mismo, eran intervenidos al ser conformes con los términos del tan citado Reglamento de Funcionarios por la Intervención de la Institución y aprobado por las sucesivas Comisiones de Gobierno en las que eran presentados para tal efecto. No ha quedado probado que los miembros de las comisiones que intervinieron en la aprobación de las retribuciones en la forma descrita, fueran conocedores de las alteraciones llevadas a cabo y, de igual manera, no ha quedado probado que el también acusado D. Cesar, mayor de edad y sin antecedentes penales, a la sazón Concejal Delegado de Cultura y posteriormente Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de DIRECCION000, tuviera conocimiento o participación en los hechos procesales en momento alguno. Ordenando, ya en su condición de Alcalde, que no siguieran realizándose tales pagos, una vez tuvo conocimiento cierto de aquella forma irregular de obtener los mismos.
No obstante, como manifestó el Sr. Perito actuante, pueden variar las cantidades inicialmente dadas a virtud de posteriores modificaciones retributivas. >>
«FALLAMOS: Que debemos condenar y condenamos a los acusados D. Matías, D. Juan Carlosy D. Cesar, mayores de edad y sin antecedentes penales, como autores criminalmente responsables de un delito continuado de falsedad, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad a la pena de un año de prisión menor, multa de 100.000 pesetas, con arresto sustitutorio de 20 días en caso de impago, una vez hecha excusión de sus bienes, llevando consigo la privativa de libertad, como accesoria, al suspensión de empleo público y derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de una cuarta parte de las costas causadas a cada uno de ellos.
Reclámese de Instructor la Pieza de Responsabilidad Civil de los acusados terminada conforme a Derecho. >>
- Notificada la sentencia a las partes, se preparo recurso de casación por infracción de Ley y de precepto constitucional, por la representación de Cesar, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
- Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación de Cesar, formalizo su recurso, alegando los motivos siguientes:
MOTIVO PRIMERO.- Motivo formalizado en nombre de Matíasy Cesar. Al amparo de cuanto determina el número 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la medida en que faculta para la interposición del recurso de casación "cuando dados los hechos que se declaren probados en las resoluciones comprendidas en los dos artículos anteriores, se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la ley penal", entendiendo que, para el presente motivo, se ha infringido el precepto penal contenido en el artículo 302.4 del Código Penal Texto Refundido de 1973.
MOTIVO SEGUNDO.- Motivo formalizado en nombre de Matíasy Cesar. Al amparo de cuanto determina el número 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la medida en que faculta para la interposición del recurso de casación "cuando dados los hechos que se declaren probados en las resoluciones comprendidas en los dos artículos anteriores, se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la Ley penal, entendiendo que para el presente caso se ha infringido el precepto penal contenido en el artículo 302.4 del Código Penal, Texto Refundido de 1973. De la lectura del relato de hechos probados de la Sentencia recurrida se infiere que los mismos no pueden ser subsumidos en el tipo penal que establece el artículo 302.4 aplicado por el Tribunal "a quo", toda vez que no ha concurrido en los condenados el específico ánimo falsario que su tipo subjetivo reclama.
MOTIVO TERCERO.- Motivo formalizado en nombre de Cesar. Al amparo de cuanto determina el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la medida que establece que "en todos los casos, en que según la ley proceda recurso de casación, será suficiente para fundamentarlo la infracción de precepto constitucional". En el presente motivo se denuncia la vulneración del derecho fundamental contenido en el artículo 24.2 de la Constitución: "Asímismo, todos tiene derecho ... a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías" en relación, a su vez, con el artículo 9.3 de la Supremo norma: "la Constitución garantiza ... la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. En el presente motivo, y con idéntico fundamento fáctico al anterior, se denuncia, de modo alternativo, que el Tribunal "a quo" ha lesionado el derecho fundamental de nuestra representada a obtener la tutela efectiva de los jueces y Tribunales en la medida en que su pronunciamiento sobre la no concurrencia del elemento subjetivo del injusto se ha realizado con arbitrariedad, dicho sea con el debido respeto y consideración.
MOTIVO CUARTO.- Motivo formalizado en nombre de Cesar. Al amparo de cuanto determina el número 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la medida en que faculta para la interposición del recurso de casación "cuando dados los hechos que se declaren probados en las resoluciones comprendidas en los dos artículos anteriores, se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la ley penal", entendiendo que, para el presente motivo, se ha infringido el precepto penal contenido en el artículo 14.1 en relación con el 302.4 del Código Penal Texto Refundido de 1973. De la lectura del relato de hechos probados de la sentencia recurrida se infiere que los mismos, para el caso de ser considerados delito de falsedad, no fueron cometidos por el recurrente Cesar, en cuyo nombre se formaliza el presente motivo, por lo que se produjo la infracción del precepto penal aludido supra.
- El Ministerio Fiscal se instruyó del recurso, impugnando los recursos, la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo, cuando por turno correspondiera.
- Realizado el señalamiento para Fallo, se celebraron la deliberación y votación prevenidas el día 17 de Marzo de 1.999.
El primer motivo, que afecta a los dos recurrentes, a través del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia por infracción de ley la indebida aplicación del artículo 302.4 del viejo Código Penal de 1973. Tal precepto es idéntico al contenido del artículo 390.4 del vigente Código de 1995, aunque aquel se refiere a la falsedad del funcionario público, en tanto éste habla de autoridad o funcionario público.
Más antes de encauzar jurídicamente el presente debate es oportuno, tal se dice acertadamente por el Fiscal, reseñar el supuesto y la consideración que en la resolución recurrida de la Audiencia se contiene.
Los Policías locales , a final de 1990 y en la ciudad que se cita en el relato fáctico, se negaban a trabajar horas extraordinarias ("doblar turno") por ochocientas pesetas en días normales y mil pesetas en noches y festivos, por hora. Tales cantidades se fijaron en el Reglamento de Funcionarios y en el Convenio Colectivo de 1989. A fines de 1990 tal negativa provocó graves inconvenientes a las exigencias mínimas de la seguridad ciudadana, para resolver lo cual, se constituyo una Comisión Mixta entre el Ayuntamiento y representantes sindicales de la Policía, que finalmente fracasó en sus negociaciones.
Curiosamente la mejor definición de la falsificación de los documentos se contiene en el Proyecto del Código Penal de 1992, cuando señala que tal falsificación es, "además de la simulación total o parcial del mismo o de la realidad jurídica que refleja, toda actuación o intervención material o intelectual que, incidiendo en su contenido, sentido o integridad, intencionadamente configure una situación jurídica que no se corresponde con la realidad o altere su relevancia o eficacia, o lo atribuya a persona u órgano que no haya intervenido en su creación, contenido o firma".
La falsedad ideológica del artículo 302.4, que se corresponde con el artículo 390.4 del vigente Código de 1995, ha venido de siempre planteando toda clase de problemas y, lo que es más importante, la desconfianza de la doctrina y de la jurisprudencia. Ya se decía en la Sentencia de 30 de enero de 1993 que tal falsedad, cometida mediante la aseveración falaz de ser ciertos unos determinados hechos, tiene como orientación finalista producir un determinado efecto en el tráfico jurídico al que va destinado el documento artificiosamente creado, hasta conseguir una serie de derechos y obligaciones.
El motivo se ha de desestimar. Fuera del problema probatorio, que tampoco se plantea seriamente, lo que resulta claro aquí es que los acusados faltaron a la verdad, en su calidad de funcionarios públicos, cuando confeccionaron los documentos oficiales justificativos de las horas "extras" realizadas por los Policías municipales, inveracidad que fue esencial y transcendente porque afectaba a la razón de ser de tales documentos si se tiene en cuenta que la elucubración ideológica supuso permitir que se hicieran efectivas importantes cantidades de dinero.
El segundo motivo, también de los dos recurrentes, se desenvuelve en la misma vía casacional del anterior para igualmente referirse al mismo precepto del Código de 1973, en este caso para cuestionar la concurrencia del dolo falsario.
El tercer motivo habla del derecho a un proceso con todas las garantías y a la interdicción de la arbitrariedad. El motivo, que aparece planteado únicamente respecto del Concejal Delegado del Area de personal, es ciertamente confuso por cuanto que, por lo menos, se equivoca a la hora de encauzar su reclamación.
El derecho a un proceso público con todas las garantías viene condensado en el aforismo romano "nulla poena sine judicio o sine previo legali judicio", y se origina siempre que de alguna manera se hayan alterado los principios básicos reguladores de la marcha del proceso, bien por ausencia del juez imparcial, bien por la desigualdad de armas y medios, bien finalmente por la ausencia de una auténtica contradicción procesal.
De otro lado la arbitrariedad significa la aplicación de criterios de valoración arbitrarios que introducen una discriminación contraria a lo prevenido en el artículo 14 de la Constitución, como íntegramente de ese genérico derecho al proceso con todas las garantías (ver la Sentencia del Tribunal Constitucional número 63 de 1993).
El cuarto y último motivo, del mismo acusado, vuelve a plantear realmente los mismos problemas de los dos primeros motivos, en tanto que por infracción de Ley rechaza una vez más la aplicación indebida del artículo 302.4 del Código Penal derogado.
El dolo del acusado quedó perfectamente configurado, desde la perspectiva penal. Nada implica para la responsabilidad penal y, por ende, para la configuración del dolo, la circunstancia de que el agente se hubiere integrado en la ejecución material del hecho delictivo en su desarrollo final, siempre que, como en este caso, el concierto de los distintos coautores y el papel de cada uno de ellos, estuviere claramente establecido desde el inicio del plan criminal. Se trata de afirmar el dominio funcional del hecho. Todo el que con su aportación lleve la probabilidad del éxito del plan delictivo, tiene una función relevante en la ejecución y deviene por eso como cotitular del dominio del hecho (Ver la Sentencia de 24 de septiembre de 1997).III.

References: artículo 14
 artículo 849
 artículo 302
 artículo 849
 artículo 302
 artículo 302
 artículo 5
 artículo 24
 artículo 9
 artículo 849
 artículo 14
 artículo 849
 artículo 302
 artículo 390
 resolución 
 artículo 302
 artículo 390
 artículo 14
 artículo 302