Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/362
Timestamp: 2020-06-05 10:28:52+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 109/1984
SENTENCIA 109/1984, de 26 de noviembre
ECLI:ES:TC:1984:109
En el recurso de amparo núm. 549/1983, formulado por el Procurador de los Tribunales don Santos de Gandarillas Carmona, en representación de la Asociación de Propietarios y Amigos del Pinar de Abantos, bajo la dirección del Letrado don Pedro Bielsa, contra las resoluciones dictadas por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 16 de mayo y 20 de junio de 1983, en ejecución de la Sentencia dictada el 24 de septiembre de 1975, estimatoria del recurso contencioso-administrativo núm. 301.395/1972 interpuesto por la mencionada Asociación. En el recurso han comparecido el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, y ha sido Ponente el Magistrado don Rafael Gómez-Ferrer Morant, quien expresa el parecer de la Sala.
1. En 29 de julio de 1983, el Procurador de los Tribunales don Santos Gandarillas Carmona, en representación de la Asociación de Propietarios y Amigos del Pinar de Abantos formula recurso de amparo contra los Autos de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 16 de mayo y 20 de junio de 1983, acordados en ejecución de la Sentencia dictada por la Sala en 24 de diciembre de 1975, estimatoria del recurso contencioso-administrativo número 301.395/1972 interpuesto por la actora, con la súplica de que se declare la nulidad de los Autos impugnados y se proceda al cumplimiento y ejecución de la Sentencia.
A) Por Decreto de 16 de noviembre de 1961 fue declarado Paraje Pintoresco de Interés Nacional el denominado Pinar de Abantos y zona de la Herrería del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, cuyas ordenanzas reguladoras se aprobaron por una Orden ministerial de 8 de junio de 1965.
5. Por providencia de 23 de noviembre del mismo año la Sección acordó tener por recibidas las actuaciones remitidas por el Tribunal Supremo y por personado y parte al Abogado del Estado, así como, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), conceder un plazo de veinte días al Ministerio Fiscal, Abogado del Estado y al Procurador señor Gandarillas para que dentro del mismo pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convinieran.
«Que en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la "Asociación de Propietarios y Amigos del Pinar de Abantos" contra la Administración General del Estado, debemos declarar y declaramos: Primero, no haber lugar a la inadmisibilidad pretendida por el Abogado del Estado; segundo, la nulidad de la resolución de la Dirección General de Bellas Artes de 13 de julio de 1970, aprobatoria del proyecto de apartamentos para los señores Herranz, en San Lorenzo de El Escorial, redactado por el arquitecto don José Manuel González Valcárcel, así como también la nulidad de las Ordenes del Ministerio de Educación y Ciencia de 12 de abril y 7 de diciembre de 1971; tercero, la demolición de cuanto se hubiere construido al amparo de la aprobación cuya nulidad se declara más arriba; todo ello sin pronunciamiento expreso en cuanto al pago de las costas procesales.»
D) En oficio dirigido al Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo por el Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia, con fecha de 23 de septiembre de 1976, se comunica que se adjunta copia de las resoluciones dictadas por ese Ministerio en cumplimiento de la parte dispositiva de la Sentencia citada, una dirigida al señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y otra -comunicando la anterior- al presidente de la «Asociación de Propietarios y Amigos del Pinar de Abantos», en cuya parte dispositiva se dice literalmente lo siguiente:
Una vez reclamadas y recibidas las actuaciones por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, actuaciones que el Ministerio había remitido a la Audiencia Nacional por razón de otro recurso, por providencia de 26 de mayo de 1980 la mencionada Sala Tercera acordó ponerlas de manifiesto a todas las partes personadas y en especial al Procurador señor Gandarillas para que en representación de la parte ejecutante «Asociación de Propietarios y Amigos del Pinar de Abantos» pudiera instruirse y alegar lo que estimara conveniente en orden a la ejecución de la Sentencia. Y por providencia de 12 de noviembre de 1980 se tuvieron por hechas las manifestaciones del Abogado del Estado -en el sentido de que nada tenía que alegar en dicho momento procesal-, añadiéndose que «no habiéndose presentado escrito alguno por la representación procesal de la parte ejecutante (señor Gandarillas) estése a la resolución recaída en autos».
«En relación a la Sentencia dictada por esa Sala de su digna presidencia, de 24 de septiembre de 1975, por la que se ordenó la demolición de los edificios construidos en el Pinar de Abantos y zona de la Herrería del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, me permito solicitar a V.I. acuerde la no ejecución de la mencionada Sentencia, en aplicación de lo dispuesto por el art. 228 de la Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956, vigente en el momento de la construcción de dichas viviendas, ya que éstas fueron edificadas en virtud de autorización conferida por la Dirección General de Bellas Artes con fecha 13 de julio de 1970 y de licencia municipal de obras otorgada el 29 de enero de 1972. Todo ello, de conformidad con el dictamen, que adjunto a V.I. emitido por el Abogado del Estado, Jefe de la Asesoría Jurídica de este Departamento, con fecha 13 de julio del presente año.» En el informe de la Asesoría Jurídica aludido, se contiene una relación de hechos, entre los cuales figura el relativo a que el acuerdo del Ministerio de Cultura de 5 de febrero de 1979 fue objeto de recurso contencioso por la «Asociación de Propietarios y Amigos del Pinar de Abantos», recurso que ha sido resuelto por Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de abril de 1982, por la que se anula el acuerdo recurrido. En el fundamento de Derecho -único del informe, se propone se oficie al Tribunal Supremo para la aplicación del art. 228 de la Ley del Suelo de 1956 «arguyendo que los pisos se encuentran hace tiempo vendidos y ocupados por terceras personas ajenas a la litis, y que la construcción de los mismos se efectuó estando vigente la Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956».
L) Por escrito de 30 de noviembre de 1982, registrado de entrada en el Tribunal Supremo el siguiente día 1 de diciembre, el Secretario General de la Comisión del Area Metropolitana de Madrid comunica a la Sala Tercera del Tribunal Supremo que en sesión celebrada el 14 de octubre la Comisión Delegada del Pleno de dicha Comisión de Planeamiento y Coordinación acordó «por unanimidad, informar a la Sala Tercera del Tribunal Supremo (recurso contencioso-administrativo núm. 301.395) que había lugar al interés a que se refiere el art. 228 de la Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956, en conservar los edificios construidos en el Pinar de Abantos del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial»; este acuerdo se fundamenta en una exposición de antecedentes, con referencia expresa al examen («examinado») tanto del escrito del Subsecretario del Ministerio de Cultura de 7 de septiembre de 1982, mencionado, como del informe de la Asesoría Jurídica del citado Departamento ministerial, indicando que en el mismo se arguye que,
«La Sala acuerda: Que no dando lugar a la demolición de lo aquí solicitado, se da por finiquitado el presente incidente de ejecución, sin perjuicio de las sumas que hubieren de satisfacerse en concepto de resarcimiento de daños e indemnización de perjuicio a quienes, directamente afectados por la Sentencia a que se contrae esta ejecución, prueben la existencia de los referidos daños y perjuicios; todo ello sin la expresa condena de costas.» Interpuesto recurso de súplica contra dicho Auto por la representación procesal de la Asociación, la Sala, por Auto de 20 de junio siguiente, lo desestimó, confirmando la resolución impugnada por sus mismos fundamentos y por los contenidos en la propia resolución de 20 de junio, en la que razona que la resolución acerca de la aplicación del art. 228 de la Ley del Suelo se adopta por la Sala, a la vista del informe no vinculante de la Comisión, por lo que la Sentencia la manda ejecutar el Tribunal, no habiéndose producido vulneración del art. 24.1 -y 117- de la Constitución.
A) En el presente caso, por Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 10 de junio de 1976, se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la Sentencia dictada en 24 de septiembre de 1975 [antecedente 9, apartado C)]. Esta Orden, emanada del Ministerio autor del acto anulado, significa que el órgano que debe ejecutar la Sentencia acuerda que no procede en Derecho ni la suspensión ni la inejecución del fallo; todo ello de acuerdos con los arts. 103 y 105 de la L.J.C.A., es decir, que no concurre ninguna de las causas de suspensión e inejecución contenidas en el mencionado art. 105, entre las cuales se encuentra el peligro de trastorno grave del orden público y el detrimento grave de la Hacienda Pública.
D) Con independencia de los problemas legales que suscita la aplicación de este artículo, desde la perspectiva constitucional a la que debemos limitarnos es necesario señalar, en primer lugar, que el mencionado art. 228 prevé un supuesto en el que puede no cumplirse en la ejecución el principio de identidad entre lo ejecutado y lo establecido en el fallo, por motivos de interés público. En segundo término, debemos añadir que, de acuerdo con la doctrina establecida en la Sentencia 67/1984, cit., fundamento jurídico 4, apartados E) y F) estos motivos de interés público no pueden ser los mismos cuya apreciación corresponde en su caso al órgano autor del acto o disposición objeto del recurso contencioso, en los términos establecidos en la L.J.C.A.
-posterior a la Ley del Suelo de 1956-, cuando ello supone la revisión de actos y resoluciones judiciales firmes, como en el presente caso. Por otra parte, una vez promulgada la Constitución, resulta claro que la competencia para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los Jueces y Tribunales, de conformidad con las normas en materia de competencia y procedimiento que establezcan las Leyes (artículo 117.3 de la Constitución), por lo que es de su competencia adoptar la decisión procedente acerca de la existencia de las razones de interés público a que alude el mencionado art. 228, como reconoce la última de las resoluciones impugnadas. Finalmente, dado que el art. 24.1 de la Constitución comprende el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, según hemos declarado en muy reiteradas ocasiones, corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo valorar si las razones de interés público alegadas por COPLACO (en cuanto estén incluidas dentro de las que pueden ser objeto de apreciación por la Comisión a que se refiere el art. 228 de la Ley del Suelo de 1956 por razón de su competencia y, en todo caso, con los límites ya indicados por razón de la L.J.C.A.) han de prevalecer o no sobre las razones de interés público que concurren en la defensa de los Parajes Pintorescos de Interés Nacional, y en concreto del afectado en el caso de que se trata, juicio de prevalencia que ha de efectuarse para determinar en qué medida las razones de interés público imponen seguir o conservar la obra.
6. Las consideraciones expuestas en los fundamentos jurídicos anteriores conducen a la conclusión de que procede estimar el recurso de amparo. Debemos ahora precisar el contenido del fallo, para lo cual hemos de partir del art. 55.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el cual establece que la Sentencia que otorgue el amparo contendrá alguno o algunos de los pronunciamientos siguientes: a) declaración de nulidad de la decisión que haya impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos, con determinación en su caso de la extensión de sus efectos; b) reconocimiento del derecho o libertad pública, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado; c) restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 549-1983
Asociación de Propietarios y Amigos del Pinar de Abantos contra Autos del Tribunal Supremo declarando de interés público no haber lugar a la demolición de edificios en dicho paraje previamente ordenada por Sentencia delpropio Tribunal
Desde la perspectiva constitucional es necesario señalar que el art. 228 de la Ley del Suelo, de 12 de mayo de 1956, prevé un supuesto en el que no puede cumplirse en la ejecución de la Sentencia el principio de identidad entre lo ejecutado y lo establecido en el fallo por motivos de interés público. En segundo término, se ha de señalar que estos motivos de interés público no pueden ser los mismos cuya apreciación corresponde, en su caso, al órgano autor del acto o disposición objeto del recurso contencioso, en los términos establecidos en la LJCA -posterior a la Ley del Suelo de 1956- cuando ello supone la revisión de actos y resoluciones judiciales firmes.
Una vez promulgada la Constitución, resulta claro que la competencia para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los Jueces y Tribunales de conformidad con las normas en materia de competencia y procedimiento que establezcan las Leyes (art. 117.3 de la C.E.), por lo que es de su competencia adoptar la decisión procedente acerca de la existencia de razones de interés público a que alude el mencionado art. 228 de la Ley del Suelo.
Corresponde a las Salas de lo Contencioso-Administrativo valorar si las razones de interés público alegadas por COPLACO han de prevalecer o no sobre las razones de interés público que concurren en la defensa de los parajes pintorescos de interés nacional, juicio de prevalencia que ha de efectuarse para determinar en qué medida las razones de interés público imponen seguir o conservar una obra.
El juicio razonado de prevalencia viene exigido por el propio art. 228 de la Ley del Suelo, teniendo en cuenta que la inejecución de la Sentencia en sus propios términos sólo podrá acordarse si el interés público que impone seguir o conservar la obra -en todo o en parte- ha de calificarse de prevalente, valorando las razones ofrecidas al efecto, u otras, dentro de determinados límites.
Artículo 105, ff. 3, 4
Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 10 de junio de 1976. Dispone se cumpla en sus propios términos la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 1975, dictada en recurso contencioso-administrativo interpuesto por la asociación de propietarios y amigos del Pinar de Abantos, contra resolución de este Departamento, que desestimó los recursos precedentes interpuestos con motivo de la aprobación de un proyecto de apartamentos en San Lorenzo de El Escorial, por resolución de la Dirección General de Bellas Artes (actualmente del Patrimonio Artístico y Cultural)
Artículo 24.2, f. 2, 5
Inejecución de sentenciaInejecución de sentencia, f. 4

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 105
 resolución 
 resolución 

Artículo 24