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Timestamp: 2019-06-25 02:00:02+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 161/2019 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 161/19
EXPEDIENTE: "JULIA ORTEGA C/RESOLUCIÓN N° 155 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2008, DICTADA POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION".
En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecinueve estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, LUIS MARIA BENITEZ RIERA, MANUEL RAMIREZ CANDIA Y MIRYAM PEÑA, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: "JULIA ORTEGA C/RESOLUCION N° 155 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2008, DICTADA POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION," a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 330 de fecha 07 de noviembre de 2014, dictada por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.
A LA PRIMERA CUESTION PUNTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA DIJO: El abogado Fiscal del Ministerio de Hacienda, Cesar R. Mongelos Valenzuela, bajo patrocinio del Abogado Angel F. Benavente Ferreira, fundó el recurso de nulidad incoado en la supuesta falta de fundamentación de la cuestión relacionada con la Administración Tributaria, no refiriéndose a las argumentaciones sostenidas por dicha representación Ministerial, ni analizándolos, incurriéndose de esta manera en la grave violación del art. 159 del CP.C. Sostiene el nulidicente que el Tribunal de Cuentas ni siquiera se refirió a la cuestión de fondo, descartando los fundamentos de esa representación fiscal que no fueron considerados en el análisis de los hechos, vulnerándose de esta manera el principio de igualdad de las partes consagrado en el art. 15 inc. f) numeral 3 del C.P.C.
Que pasando a auscultar las alegaciones formuladas por el recurrente, visualizo que el ad-quem se baso en una cuestión formal relacionada con el plazo de duración de la fiscalización realizada al contribuyente para hacer lugar a la presente demanda, sin entrar de esta manera a tocar temas atingentes al fondo de la presente controversia, por el supuesto vicio previo a la emisión de la Resolución Administrativa impugnada. Esta manera de resolver el litigio por parte del Tribunal inferior, no nulifica per se esta Sentencia, dado que el Tribunal está facultado para proceder de esta manera, la cual será objeto de un examen posterior sobre su pertinencia jurídica, cuando me adentre a examinar el Recurso de Apelación igualmente planteado el referido profesional. En consecuencia, no advierto prima facie que los motivos alegados por el recurrente, tengan la entidad suficiente para proceder a la anulación del fallo impugnado. Por otro, lado, no se observa en la Resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. Corresponde por ello, desestimar este Recurso. ES MI VOTO.
A su turno los Sres. RAMIREZ CANDIA Y PEÑA, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL Dr. BENITEZ RIERA prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 330 de fecha 07 de noviembre de 2.014, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: "1.- HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa promovida por el Sra. JULIA ORTEGA contra la RESOLUCION N° 155 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2008, DICTADA POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION 2- REVOCARIa RESOLUCION N° 155 DE PECHA 12 DE MAYO DE 2008, DICTADA POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION, conforme a los términos expuestos en el considerando de la presente Resolución. 3.- IMPONER LAS COSTAS, a la parte perdidosa. 4.- ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia. (fs. 120/125).
Que el Abogado Fiscal Hugo A. Campos Lozano se agravió en contra de la precitada Sentencia, señalando que si bien es cierto que el proceso de fiscalización según el Acta Inicial del procedimiento se inició el 24 de agosto de 2004, según consta a fs. 221 del MH N° 5.151/05, existe en un error en la apreciación del Tribunal de Cuentas, al sostener que el Acta Final data del 26/07/0S, porque este instrumento no fue suscripto por las partes intervinientes como se puede corroborar a fs.268/271 del referido expediente. Agregó que no obstante si se consideró como valido dicho instrumento, el Tribunal de Cuentas omitió considerar el Acta Final de fecha 27 de diciembre de 2004, glosado a fs.237/24°, con lo cual se estaría dentro del plazo legal estipulado en el art. 31 de la Ley N° 2.421/04, más aún si se tiene presente que por medio de la Nota S.S.E.T. N° 2.888 del 21 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria notificó el contribuyente la ampliación del plazo de fiscalización parcial, siendo esta cédula recibida por el Sr. Benicio Ortega. Destacó que remitiéndose a la Ley N° 125/91 y a la Ley N 2.421/0, estas en ninguna parte sanciona con la nulidad el eventual vencimiento del plazo previsto en el art. 31 de la Ley 2.421/04. En cuando al fondo de la cuestión argüyó que la fiscalización tributaria que culminó con el sumario administrativo a la Sra. Ortega, constató omisión de ingresos y utilización incorrecta del crédito fiscal de acuerdo a la documentación arrimada por el contribuyente, y que la fiscalización puntual fue debidamente formalizada de conformidad a la prescripción del art. 31 de la Ley 2.421/04, no pudiendo desvirtuar en la sustanciación del sumario administrativo la Sra. Julia Ortega la afirmaciones de los funcionarios, auditores, por lo que se puede sostener que la Resolución N° 806 del 09 de mayo de 2006, dictada por la SET está ajustada a derecho. Resaltó que no se evidencian causales de nulidad en el procedimiento sumarial llevado a cabo por la Administración Tributaria durante la fiscalización de la Sra. Julia Ortega, así como la correcta aplicación de la sanción a la infractora, razón por la cual el Acuerdo y Sentencia N° 330 debe ser revocado, solicitando además que las costas sean impuestas en el orden causado, porque no se individualizó ningún fallo que obligue a la Administración Tributaria a actuar en un sentido u otro.
Que pasando a auscultar el fondo de la cuestión planteada, observo que el Tribunal de Cuentas para hacer lugar a la presente demanda, se basó en que, conforme a los antecedentes administrativos el proceso de fiscalización duró once meses en clara contraposición a lo que establece el art. 31 de la Ley 2421/04, que prevé fiscalizaciones puntuales por un plazo máximo de 45 días prorrogable por otro periodo igual. Alegaron que al sobrepasar el plazo razonable otorgado a la Administración Tributaria para ejercitar su facultad fiscalizadora, ésta se ha apartado de la legalidad, motivando la consecuencia lógica de los actos apartados de la ley, que no pueden ser convalidados, ya que adolecen de vicios insanables que traen como consecuencia la nulidad absoluta, resultando de esta manera inocuo el estudio y fundamentación respecto del fondo de la cuestión planteada. Al respecto debo señalar que el abogado Víctor Aníbal Florentín Colman, presentó acción contencioso administrativa en nombre y representación de la administrada la Sra. Julia Ortega contra la Resolución N° 155, dictada por el Vice Ministerio de Tributación, en fecha 12 de mayo de 2008, la cual confirma en todos sus términos la Resolución N° 806 del 09 de mayo de 2006, la cual admite el informe denuncia contra la contribuyente Julia Ortega por supuestas infracciones a la Ley N° 125/91, y se rechaza el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma contribuyente.
Que tal cual ha quedado configurada la traba de esta litis, en primer lugar, debo considerar lo atingente a si la Administración Tributaria se excedió o no en el plazo fijado en el art. 31 de la Ley 2.421/04, al realizar la fiscalización puntual a la accionante. En ese orden de cosas, después de acucioso estudio de los antecedentes administrativos agregados por cuerda separada a esta causa, se puede visualizar que el Acta de Inicio de la Fiscalización Puntual al Contribuyente es de fecha 24 de agosto día 2004, siendo el Acta Final por la cual se amplían los plazos de fiscalización emitida el 27 de diciembre de 2004, es decir, que ha transcurrido un plazo de 125 días entre el Acta Inicial y el Acta Final, término éste que excede sobradamente el plazo fijado imperativamente por el art. 31 de la Ley N° 1.421/04, que es de 45 días prorrogable por un periodo igual, nulificando esta circunstancia todo el proceso posterior en el ámbito administrativo, y por ende las Resoluciones que son su consecuencia.
Que el tener su origen las Resoluciones productos del sumario administrativo en un proceso administrativo previo viciado de nulidad, por haber la fiscalización puntual excedido el término fijado la ley, dichas Resoluciones han incurrido en lo que doctrinariamente se denomina vicio de violación de la ley atentando contra el principio de legalidad, pues para su emisión se ha infringido el art. 31 de la Ley 2.421/04, el cual debía regir el proceso administrativo previo. Resulta inexplicable que la Administración Tributaria teniendo acabado conocimiento del plazo taxativo fijado por la ley para realizar la fiscalización puntual, no haya adecuado sus actuaciones a fin de concluirla dentro del término legal. Al no haberlo hecho así, debe cargar con las consecuencias ele su accionar.
Que las autoridades tributarias más que nadie están competidas a soportar las reglas que rigen su desempeño, no tienen excusas para evitar su cumplimiento, más cuando las fiscalizaciones dispuestas tienen por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones impositivas por parte del contribuyente, con las posibles consecuencias de orden económico que ello acarrea. Esta Sala en casos de similares características ya se ha pronunciado de manera coincidente con la postura que sostengo, específicamente en el Acuerdo y Sentencia N° 578 de fecha 07 de junio de 2013 dictado en el expediente: "Porfirio Martínez Espínola c/Resolución N° 1.233 y 1.999 dictadas por la Sub Secretaria de Estado de Tributación".
Que consecuentemente, no cabe otra alternativa que ratificar la abrogación en esta instancia de la Resolución N° 155 de fecha 12 de mayo de 2008, dictada por la Sub Secretaría de Estado de Tributación, conforme así ya lo dispusiera al Tribunal Inferior.
Que por tanto, conforme a las consideraciones realizadas en los parágrafos anteriores, las disposiciones legales mencionadas y la jurisprudencia sentada por esta Sala en un caso idéntico al actual, soy del parecer que el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Fiscal contra el Acuerdo y Sentencia N° 330 de fecha 07 de noviembre de 2014, dictada por el Tribunal de Cuentas, Primera, debe ser rechazado, y por ende este fallo confirmado. En cuanto a las costas, deben ser impuestas en ambas instancias a la parte perdidosa, en virtud del principio contenido en el art. 192 del C.P.C. ES MI VOTO.
A su turno la Ministra PEÑA, manifiesta su adhesión al voto que antecede por los mismos fundamentos.
A su turno el Ministro RAMIREZ CANDIA, dijo: Me adhiero al voto del Ministro preopinante, Dr. Luis María Benítez Riera, sin embargo, en relación a las costas del juicio, considero que las mismas deben ser impuestas al funcionario emisor del acto administrativo declarado irregular por el órgano judicial competente.
Asunción, 15 de marzo de 2019.
1.-) DESESTIMAR el Recurso de Nulidad incoado.
2.-) CONFIRMAR in totum el Acuerdo y Sentencia N° 330 de fecha de 07de noviembre de 2014, dictado por el Tribunal, de Cuentas, Primera Sala, debiendo como lógica consecuencia ratificarse la ABROGACION de la Resolución N° 155 de fecha 12 de mayo de 2008, dictada por la SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION.
3.-) IMPONER en ambas instancias a la parte perdidosa, la demandada.
4.-) ANOTAR y notificar.

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