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Timestamp: 2020-07-02 15:21:58+00:00

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Registro Oficial No 799 - Lunes 18 de Julio de 2016 Suplemento
Última modificación: Viernes, 18 de noviembre de 2016 | 10:45
Lunes 18 de Julio de 2016 - R. O. No. 799
002-16-DCP-CC Declárese la constitucionalidad de la petición de consulta popular planteada el 5 de febrero de 2015, ante el Consejo Nacional Electoral por Edison Gelacio Mora Mora, procurador común del colectivo ?Tejido Social de Guayaquil?
002-16-DEE-CC Emítese dictamen favorable de constitucionalidad de los Decretos Ejecutivos Nros. 1001 y 1002, dictados por el economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República
003-16-DEE-CC Emítese dictamen favorable de constitucionalidad de la declaratoria de estado de excepción en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas, contenida en el Decreto Ejecutivo N.º 844 del 2 de agosto de 2011, expedido por el economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República
004-16-DTI-CC Declárese que el ?Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 10 de diciembre de 1982 (CONVEMAR) relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios? y sus anexos (Acuerdo de Nueva York de 1995), requiere aprobación legislativa previa por parte de la Asamblea Nacional, por encontrarse dentro de los supuestos previstos en el artículo 419 numerales 3 y 8 de la Constitución de la República
005-16-DTI-CC Declárese que el ?Convenio de reconocimiento mutuo de títulos profesionales y grados académicos de Educación Superior entre la República del Ecuador y la República de Chile?, suscrito en la ciudad de Quito-Ecuador el 15 de octubre de 2015, requiere aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional, por encontrarse dentro de los casos que establece el artículo 419 numeral 4 de la Constitución de la República
031-15-SIS-CC Acéptese la acción de incumplimiento de sentencia presentada por el coronel Wilson Renán Saavedra Polanco
214-15-SEP-CC Acéptese la acción extraordinaria de proteccción propuesta por el señor Jaime Patricio Chiriboga Guerrero
002-16-SAN-CC Niéguese la acción por incumplimiento planteada por el señor Leonardo López Monsalve y otro
002-16-SIA-CC Niéguese la acción de inconstitucionalidad de actos administrativos con efectos generales planteada por el señor Andrés Sebastián Córdova Neira y otro
003-16-SAN-CC Niéguese la acción por incumplimiento planteada por el señor Evil Cleiner Franco Martínez
004-16-SCN-CC Niéguese la consulta de norma planteada por el doctor Paúl Rengel Maldonado
004-16-SIS-CC Acéptese la acción de incumplimiento presentada por el señor Lincoln Eduardo Jara Ortega
018-16-SIN-CC Acéptese la acción pública de inconstitucionalidad y declárese la inconstitucionalidad de los artículos 2, 12 y 17 de la ordenanza emitida por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mocache, públicada en el Registro Oficial No. 483 del 20 de abril de 2015
020-16-SIN-CC Acéptese la demanda de inconstitucionalidad planteada por el señor Andrés Donoso Echanique, en calidad de Procurador Judicial de la Compañía OTECEL S. A.
020-16-SIS-CC Niéguese la acción por incumplimiento planteada por el señor César Mauricio Panchana Del Pezo
021-16-SIN-CC Acéptese la acción pública de inconstitucionalidad y declárese la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 19 de la ordenanza emitida por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón La Concordia, públicada en el Registro Oficial N.º 292 de 23 de marzo de 2015
Quito, D. M., 13 de abril de 2016
DICTAMEN N.º 002-16-DCP-CC
CASO N.º 0009-15-CP
El 6 de noviembre de 2012, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional las juezas y jueces de la Primera Corte Constitucional, integrada conforme lo dispuesto en los artículos 432 y 434 de la Constitución de la República.
El 26 de octubre de 2015, mediante oficio N.º 001415, el abogado Fausto Holguín Ochoa en calidad de secretario general del Consejo Nacional Electoral, remitió a la Corte Constitucional copia certificada del expediente de la consulta popular planteada por el señor Edison Gelacio Mora Mora en calidad de procurador común del colectivo ?Tejido Social de Guayaquil? sobre el transporte público urbano en el cantón Guayaquil, que de conformidad con la Resolución N.º PLE- CNE-3-21-10-2015 adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral en sesión ordinaria del 21 de octubre de 2015, cumplió con el requisito de legitimidad democrática, en tanto alcanzó al menos el 10% de firmas de respaldo del registro electoral del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas.
La Secretaría General de la Corte Constitucional certificó que en referencia a la acción N.º 0009-15-CP, no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.
El 5 de noviembre de 2015, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional, las juezas y juez constitucionales Pamela Martínez Loayza, Roxana Silva Chicaiza y Francisco Butiñá Martínez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 432 y 434 de la Constitución de la República del Ecuador.
Mediante auto del 2 de febrero de 2016 a las 13:06, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, integrada por las juezas constitucionales Pamela Martínez Loayza, Wendy Molina Andrade y Roxana Silva Chicaiza, resolvió admitir a trámite esta acción.
De conformidad con el sorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional en sesión ordinaria del 24 de febrero de 2016, correspondió la sustanciación de la causa N.º 0009-15-CP al juez constitucional Alfredo Ruiz Guzmán.
Conforme con la providencia dictada el 17 de marzo de 2016 a las 13:00, el juez constitucional sustanciador avocó conocimiento de la causa N.º 0009-15-CP.
El 5 de febrero de 2015, Edison Gelacio Mora Mora en calidad de procurador común del colectivo ?Tejido Social de Guayaquil?, presentó ante la Delegación Provincial Electoral del Guayas, una solicitud para la entrega de formularios de recolección de firmas de respaldo para una consulta popular ?foja 6 del expediente constitucional?.
A foja 33 del expediente constitucional, consta la Resolución N.º PLE-CNE-6-13-2-2015, emitida por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en sesión ordinaria del 13 de febrero de 2013, que resolvió acoger el informe N.º 024-CGAJ-CNE-2015 del 12 de febrero de 2015, de la Coordinación General de Asesoría Jurídica, disponiendo al coordinador nacional técnico de Procesos de Participación Política que proceda al diseño del formato de formulario de recolección de firmas individualizadas por cada pregunta, para la consulta popular planteada por el señor Edison Gelacio Mora Mora, procurador común del colectivo ?Tejido Social de Guayaquil?, consulta popular que tiene relación con el transporte público de buses urbanos en el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas.
De acuerdo a lo constante a foja 51 del expediente constitucional, el 16 de marzo de 2015, la abogada Sonia López en calidad de secretaria encargada de la Delegación Provincial Electoral del Guayas, notificó al peticionario con la entrega de los formularios para la recolección de firmas.
Posteriormente, a foja 56 del expediente constitucional, consta el escrito por medio del cual el señor Edison Gelacio Mora Mora, adjuntó un CD y 42 cajas con las firmas recolectadas para la consulta popular en cuestión.
Según consta a foja 70 del expediente constitucional, el 6 de octubre de 2015, el señor Edison Gelacio Mora Mora solicitó al Consejo Nacional Electoral, que se le permita incorporar al trámite correspondiente, copias de algunas de las cédulas de las firmas recolectadas que faltaban entregar.
A foja 75 del expediente constitucional, consta la Resolución N.º PLE-CNE-5-7-10-2015 emitida por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, que resolvió en sesión ordinaria del 7 de octubre de 2015, acoger el informe N.º 0318-CGAJ-CNE-2015 del 7 de octubre de 2015, del coordinador general de Asesoría Jurídica de dicha entidad; que dispuso al secretario general (s) del mencionado Organismo, haga conocer al señor Edison Gelacio Mora Mora, representante del colectivo ?Tejido Social de Guayaquil? que el Pleno del Consejo Nacional Electoral, le ha otorgado el término de tres días para que cumpla con la formalidad señalada en el artículo 21 del Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa a través de la iniciativa popular normativa, consultas populares, referéndum y revocatoria del mandato, y adjunte a los formularios señalados en el memorando N.º CNE-DNOP-2015-1521-M del 7 de octubre de 2015, es decir copias legibles de la cédula de ciudadanía de los responsables de la recolección de firmas.
Conforme se desprende a foja 87 del expediente constitucional, mediante escrito recibido en el Consejo Nacional Electoral, el 13 de
octubre de 2015, el peticionario hizo la entrega de las copias de las cédulas faltantes en un CD.
Finalmente, a foja 96 del expediente constitucional, obra la Resolución N.º PLE-CNE-3-21-1-2015 del 21 de octubre de 2015, emitida por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, que resolvió acoger el informe N.º 084-DNOP-CNE-2015 del 19 de octubre de 2015, suscrito por el coordinador nacional técnico de Procesos de Participación Política y el director nacional de Organizaciones Políticas, con las observaciones realizadas por las consejeras y consejeros, recogidas por la Secretaría General, disponiendo al secretario general de la institución remitir copia certificada del expediente a la Corte Constitucional del Ecuador, dando a conocer que el señor Edison Gelacio Mora Mora, procurador común del colectivo ?Tejido Social de Guayaquil?, ha cumplido con el requisito de legitimidad democrática, al haber alcanzado al menos el 10% de firmas del registro electoral del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, que respaldan una consulta popular, sobre el transporte público de buses.
Mediante oficio N.º 001415, recibido en la Corte Constitucional del Ecuador, el 23 de octubre de 2015, el abogado Fausto Holguín Ochoa en calidad de secretario general del Consejo Nacional Electoral, señaló que:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 de la resolución PLE-CNE-3-21-10-2015 adoptada por el Pleno del Organismo, en sesión ordinaria de miércoles 21 de octubre del 2015, en mi calidad de Secretario General del Consejo Nacional Electoral, remito a usted, para los fines pertinentes, copia certificada del expediente, de la consulta popular planteada por el señor Edison Gelacio Mora Mora, Procurador Común del colectivo ?Tejido Social de Guayaquil?, en noventa y ocho (98) fojas útiles, por cuanto ha cumplido con el requisito de legitimidad democrática, al haber alcanzado al menos el 10% de firmas de respaldo del Registro Electoral, del cantón Guayaquil, de la provincia del Guayas?
Texto de las preguntas propuestas para consulta popular
¿Aprueba usted, o no, que en las actuales condiciones que se presenta el servicio del transporte público de buses urbanos en Guayaquil se eleve el valor del pasaje?
¿Aprueba usted, o no, que después de que se cambie el sistema de prestación del servicio de transporte público de buses urbanos en Guayaquil y los transportistas adquieran nuevas unidades o mejoren significativamente, se les reconozca cinco (5) centavos de US dólar de incremento al pasaje?
Este Organismo constitucional por disposición del constituyente, es competente para emitir dictamen previo y vinculante de constitucionalidad de las convocatorias a consultas populares de carácter nacional o a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados, en virtud de lo prescrito en el artículo 438 numeral 2 de la Constitución de la República y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, todas las consultas populares solicitadas por la presidenta o presidente de la República, por la máxima autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados o por la iniciativa popular, requieren dictamen previo de la Corte Constitucional.
Al respecto, la Corte Constitucional del Ecuador, mediante sentencia N.º 001-14-DCP-CC del caso N.º 0002-11-CP ha establecido lo siguiente:
La Corte Constitucional tiene competencia para emitir dictámenes previos y vinculantes de constitucionalidad de consultas populares de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104 último inciso y 438 numeral 2 de la Constitución de la República.
El artículo 127 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dispone que esta Corte realice un control automático de constitucionalidad de todas las convocatorias a consulta popular, el cual se ejercerá en los mismos términos y condiciones previstos en la Sección Tercera del Capítulo Cuarto del Título III de la Ley en mención. Del mismo modo, el artículo 74 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional dispone que la Corte Constitucional efectúe el control automático de constitucionalidad de las convocatorias a consulta popular de conformidad con lo establecido en los artículos 102 al 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Con lo cual, la competencia de la Corte Constitucional para emitir dictamen previo y vinculante de constitucionalidad a la convocatoria a consulta popular, se fundamenta en la competencia asignada a la Corte para realizar el control automático regido en los mismos términos y condiciones, que aquel a efectuarse respecto de la convocatoria a referéndum reformatorio de la Constitución previsto en la sección tercera del capítulo cuarto del título III relativo al control abstracto de constitucionalidad.
En este contexto, los artículos 102 a 105 de la referida Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, contienen los términos y condiciones para el control automático y determinan el procedimiento para ejercer el control constitucional con la finalidad de garantizar la libertad de la electora o elector y la constitucionalidad de las disposiciones jurídicas o las medidas a adoptar.
Al respecto, estos términos y condiciones pueden analizarse en dos partes: la primera, relacionada al análisis del cumplimiento de los requisitos procesales para la realización de la consulta, así como de la competencia para efectuar la pregunta planteada y distinguir si se ha garantizado la libertad del elector específicamente, respecto de cargas de ?lealtad? y ?claridad?; por tanto, esta dimensión tiene como finalidad garantizar la correcta legitimidad democrática que se debe tener para realizar la pregunta, que se constituye en un elemento sin el cual no se hace posible pasar a otro tipo de control.
Por otro lado, la segunda parte de este control abarcará no solo el análisis del cuestionario, sino también los considerandos introductorios al mismo, por tanto, en esta parte, el control se fundamenta en el asunto respecto del cual se hace las preguntas.
Naturaleza jurídica de la convocatoria a consulta popular
La Constitución de la República del Ecuador, públicada en el Registro Oficial N.º 449 del 20 de octubre de 2008, señala en el desarrollo de su contenido, como una característica importante, un amplio catálogo de derechos de participación en distintos ámbitos y dimensiones, así por ejemplo en la adopción de decisiones políticas, a nivel nacional como local, a través de los distintos mecanismos de democracia directa.
En este sentido, el artículo 1 de la Constitución establece que la soberanía radica en el pueblo y que se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa establecidas por la misma norma constitucional.
En este contexto, el artículo 61 ibidem, reconoce los derechos de participación de la ciudadanía, encontrándose entre estos, la facultad de participar en los asuntos de interés público y por tal, de manera protagónica, en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos. Resulta claro entonces que la esencia de la democracia se fundamenta justamente en la posibilidad de que la ciudadanía exprese su voluntad soberana sobre los asuntos de la vida pública.
De este modo, la consulta popular constituye uno de los mecanismos más eficaces de democracia directa, previstos en la Constitución de la República del Ecuador, que de conformidad con el artículo 104 de la referida norma Constitucional, debe ser convocada por el Consejo Nacional Electoral a pedido de la presidenta o presidente de la República, de la máxima autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados o en atención a la iniciativa ciudadana.
Al respecto, es importante mencionar que la consulta popular por medio de la democracia directa es per se, la forma de participación más plausible, en razón de que las ciudadanas y los ciudadanos deciden o emiten su opinión en las urnas por medio del sufragio universal y secreto, más allá del proceso electivo regular de autoridades; en consecuencia, este mecanismo es una modalidad que corresponde a un sistema democrático avanzado.
En virtud de aquello, la consulta popular comporta una participación activa de la población en los asuntos de interés común con un alto nivel de conciencia, lo que a su vez implica la existencia de normas jurídicas que posibiliten tal participación; es así que, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, de conformidad con el artículo 95 de
la Constitución, la participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público, constituye un derecho de las personas y un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.
En este sentido, la Corte Constitucional, para el período de transición, señaló en su dictamen N.º 0001-10-DCP-CC que la forma más acertada del desarrollo de la democracia de un país se obtiene con la participación de los ciudadanos de manera directa en la toma de decisiones sobre asuntos trascendentales, debido a que precisamente esa es la esencia de la democracia1.
Sobre el alcance del control constitucional
La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 103, determina que la Corte Constitucional debe realizar un control formal en relación al cumplimiento de las reglas procesales previstas para la realización de la convocatoria, así como el de la legitimidad del convocante y de la garantía plena de los electores.
Es por ello que en relación con la competencia de la Corte Constitucional para conocer sobre la constitucionalidad del proceso de consultas populares, se considera que es necesario contextualizar el alcance de sus atribuciones. En relación de aquello, se determina que existen tres tipos de control de constitucionalidad reconocidos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano: control posterior, control automático y control previo.
Respecto del control posterior, es competencia de las Cortes Constitucionales realizar un examen de constitucionalidad abstracto de las normas legales que forman parte del ordenamiento jurídico de un Estado. Es un control post facto que se constituye en la regla general, ya que se ejerce una vez que la norma objeto de control, ha entrado a formar parte del ordenamiento jurídico.
La segunda forma de control constitucional es el control automático o de oficio, en virtud del cual las cortes y tribunales constitucionales pueden, en casos excepcionales, revisar la constitucionalidad de ciertos actos jurídicos sin impugnación de parte; es decir, este tipo de control es realizado a tratados internacionales y declaratoria de estados de excepción, conforme al contenido de los artículos 110 numeral 1 y del 119 al 127 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Por último, el ordenamiento jurídico ecuatoriano prevé el control de constitucionalidad previo, que a diferencia de los dos anteriores, es un examen realizado antes de la existencia jurídica de la norma. La jurisprudencia comparada ha señalado en diferentes ocasiones que el control previo es la excepción ya que en términos generales, lo que existe es el control del acto ya formado.
En tal virtud, la Constitución de la República en el artículo 104 inciso final, determina que se requerirá de un dictamen previo por parte de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas, así como un dictamen previo y vinculante de constitucionalidad de la convocatoria a consulta popular planteada por la ciudadanía.
1 Corte Constitucional, para el período de transición, dictamen N.º 0001-10-DCP-CC, caso N.º 0001-09-CP.
En este caso, es evidente que el control respecto de la consulta popular planteada por Edison Gelacio Mora Mora, el 5 de febrero de 2015, ante la Delegación Provincial Electoral del Guayas del Consejo Nacional Electoral, se enmarca dentro del concepto de control previo.
Por tanto, la Corte Constitucional realizará un control formal, previo y automático del procedimiento seguido por la solicitud ciudadana de consulta popular, la legitimidad del convocante y la garantía plena de los electores.
Análisis de la convocatoria a consulta popular
Corresponde a la Corte Constitucional examinar si la consulta popular planteada por iniciativa ciudadana, por el señor Edison Gelacio Mora Mora, cumple con las disposiciones constitucionales y legales para su procedencia; para lo cual, este Organismo procede a formular el siguiente problema jurídico:
Las preguntas formuladas por el señor Edison Gelacio Mora Mora en calidad de procurador judicial del colectivo ?Tejido Social de Guayaquil?, para ser sometidas a consulta popular, ¿cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional?
Conforme se desarrolló en párrafos anteriores, el artículo 127 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional2 determina que la Corte Constitucional realizará un control automático de constitucionalidad de todas las convocatorias a consulta popular y que dicho control, se efectuará en los mismos términos y condiciones que el control previsto en la sección 3 del capítulo 4 del título III del mismo cuerpo normativo.
En tal sentido, corresponde a este Organismo examinar y determinar si en el presente caso se han cumplido los presupuestos y requisitos que exigen los artículos 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, referentes a: 1) Alcance del control constitucional; 2) Control constitucional de los considerandos que introducen la pregunta, y 3) Control constitucional del cuestionario.
Las disposiciones jurídicas que fueren el resultado de un referendo, se someterán al régimen general del control constitucional.
Alcance del control constitucional
Dentro del análisis del alcance del control constitucional, los artículos 127 y 103 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
2 Art. 127.- Alcance.- La Corte Constitucional realizará un control automático de constitucionalidad de todas las convocatorias a consulta popular. El control de constitucionalidad se ejercerá en los mismos términos y condiciones que el control previsto en la Sección Tercera del Capítulo Cuarto del presente Título, y estará encaminado a garantizar la libertad de la electora o elector y la constitucionalidad de las disposiciones jurídicas o las medidas a adoptar a través de este procedimiento.
Constitucional3 determina que la Corte Constitucional efectuará un control formal de la convocatoria a las consultas populares, por lo cual, para el desarrollo de este control, la Corte Constitucional verificará: 1) El cumplimiento de las reglas procesales para la realización de la convocatoria; 2) Legitimación democrática del peticionario, y 3) La garantía plena de la libertad del elector, y en particular, el cumplimiento de las cargas de claridad y lealtad.
El cumplimiento de las reglas procesales para la realización de la convocatoria
El procedimiento para la presentación de la consulta popular mediante solicitud ciudadana, se encuentra determinado en el artículo 104 cuarto inciso de la Constitución de la República del Ecuador, el cual establecía a la fecha de presentación de la consulta popular, que:
En todos los casos, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas?
Además, el artículo 438 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador establece la competencia de la Corte Constitucional del Ecuador, para emitir un dictamen previo y vinculante de constitucionalidad entre otros, de convocatorias a consultas populares de carácter nacional o a nivel de gobiernos autónomos descentralizados.
Por otro lado, la Corte Constitucional del Ecuador, mediante el dictamen N.º 001-13-DPC-CC en el caso N.º 0002-10- CP, estableció la siguiente regla jurisprudencial, respecto al proceso de consulta popular mediante solicitud ciudadana:
En virtud de la competencia establecida para la Corte Constitucional contenida en el artículo 436 numerales 1 y 6 de la Constitución, dada la relevancia del problema identificado en el presente caso, esta Corte Constitucional establece la siguiente regla jurisprudencial de aplicación obligatoria con efecto ergaomnes para todas las causas que se encuentren en trámite y las que se presentaren con las mismas características:
3 Art. 103.- Alcance del control constitucional. - La Corte Constitucional efectuará un control formal de la convocatoria a referendo. En el desarrollo de este control, la Corte Constitucional verificará al menos:
1. El cumplimiento de las reglas procesales para la realización de la convocatoria;
2. La competencia en el ejercicio del poder de reforma a la Constitución; y,
3.La garantía plena de la libertad del elector, y en particular, el cumplimiento de las cargas de claridad y lealtad.
Para la emisión del dictamen previo y vinculante de constitucionalidad de las convocatorias a consulta popular provenientes de la iniciativa ciudadana, el Consejo Nacional Electoral deberá remitir a la Corte Constitucional, junto con la petición de consulta, el informe favorable del cumplimiento de la legitimación democrática, en observancia a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 104 de la Constitución; requisito que deberá ser verificado por la Sala de Admisión en funciones conforme al Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.
Por lo expuesto, corresponde a la Corte Constitucional establecer si en el presente caso se han observado las reglas procesales para la realización de la convocatoria previstas en la regla jurisprudencial dictada por el Pleno del Organismo.
A foja 6 del expediente constitucional, consta que Edison Gelacio Mora Mora en calidad de procurador común, presentó el 5 de febrero de 2015, en el Consejo Nacional Electoral ?Delegación Provincial Electoral del Guayas? una solicitud para la entrega de los formularios para la recolección de firmas, para una consulta popular de iniciativa ciudadana, respecto al transporte público de buses, en el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas.
De conformidad con lo constante a foja 01 del expediente constitucional, el abogado Fausto Holguín Ochoa en calidad de secretario general del Consejo Nacional Electoral, remitió el 26 de octubre de 2015, a la Corte Constitucional del Ecuador, el oficio N.º 001415, expresando que de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución N.º PLE-CNE-3-21-10-2015 adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en sesión ordinaria del 21 de octubre de 2015, remitió el expediente de la consulta popular planteada por el señor Edison Gelacio Mora Mora, procurador común del colectivo ?Tejido Social de Guayaquil?, por cuanto ha cumplido con el requisito de legitimidad democrática, al haber alcanzado al menos el 10% de firmas de respaldo del registro electoral del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas.
A foja 75 del expediente constitucional, se encuentra la Resolución N.º PLE-CNE-5-7-10-2015, expedida por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, que decidió en sesión ordinaria del 7 de octubre de 2015, acoger el informe N.º 0318-CGAJ-CNE-2015 del 7 de octubre de 2015, del coordinador general de Asesoría Jurídica de dicha entidad; por lo cual, dispuso al secretario general (s) del mencionado Organismo, haga conocer al señor Edison Gelacio Mora Mora, representante de colectivo ?Tejido Social de Guayaquil? que el Pleno del Consejo Nacional Electoral, le ha otorgado el término de tres días para que cumpla con la formalidad señalada en el artículo 21 del Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa, a través de la iniciativa popular normativa, consultas populares, referéndum y revocatoria de mandato, y adjunte a los formularios señalados en el memorando CNE-DNOP-
2015-1521-M del 7 de octubre de 2015, copias legibles de la cédula de ciudadanía de los responsables de la recolección de firmas.
De lo manifestado, este Organismo constata que el Consejo Nacional de Electoral ha remitido a esta Corte Constitucional, la petición de convocatoria a consulta popular formulada por el ciudadano Edison Gelacio Mora Mora, procurador común del colectivo ?Tejido Social de Guayaquil?, una vez que ha tenido lugar el cumplimiento de la legitimación democrática.
En atención a lo expuesto, la Corte Constitucional del Ecuador determina que la consulta popular planteada por el señor Edison Gelacio Mora Mora, procurador común del colectivo ?Tejido Social de Guayaquil?, ha cumplido con las reglas procesales establecidas en los artículos 104 y 438 numeral 2 de la Constitución de la República para la realización de la convocatoria, así como la regla jurisprudencial establecida por este Organismo, mediante dictamen N.º 001-13-DPC-CC en el caso N.º 0002-10-CP.
Legitimación democrática del peticionario
La Constitución de la República, en su artículo 104, cuarto inciso otorga a la ciudadanía la facultad de ?solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto?4 y de igual forma, de conformidad con el artículo 61 numeral 2 de la mencionada norma constitucional, dentro de los derechos de participación, se establece que las ecuatorianas y los ecuatorianos gozarán de estos derechos, entre los que consta participar en los asuntos de interés público.
Por tanto, es importante reiterar nuevamente que la consulta popular implica una participación activa de la población en asuntos de interés común; en consecuencia, deben existir procedimientos normativos que permitan la participación de la ciudadanía en dichos aspectos.
Por otro lado, esta participación también implica que la población pueda no solo decidir sobre aspectos puestos en su consideración por los órganos del Estado, sino que, mediante una solicitud ciudadana de consulta popular, pueda plantear situaciones que a su consideración, deben también ser conocidas por el conglomerado; exceptuándose aquellos asuntos relativos a tributos o a la organización política administrativa del país.
Junto con lo expuesto, el constituyente en el artículo 104 inciso cuarto, instauró el denominado principio de legitimidad democrática con el que deben contar las solicitudes ciudadanas de convocatoria a consulta popular, toda vez que prescribió: ?Cuando la consulta sea de carácter nacional, el petitorio contará con el respaldo de un número no inferior al cinco por ciento de personas inscritas en el registro electoral; cuando sea de carácter local el respaldo será de un número no inferior al diez por ciento del correspondiente registro electoral?.
Conforme ya se señaló en el desarrollo del presente análisis, la Corte Constitucional mediante dictamen N.º 001-13-DPC-CC en el caso N.º 0002-10-CP, estableció, como regla jurisprudencial, que corresponde al Consejo Nacional Electoral determinar si se ha cumplido con dicha legitimidad democrática, con antelación a la emisión de un dictamen de constitucionalidad.
4 Actualmente el artículo se encuentra modificado, en virtud del proceso de enmienda constitucional de iniciativa de la Asamblea Nacional, publicada en el suplemento del Registro Oficial N.º 653 del 21 de diciembre de 2015.
Al respecto, en el caso sub judice, conforme se señaló, el Consejo Nacional Electoral remitió a este Organismo la Resolución N.º PLE-CNE-2-21-10-2015 emitida en sesión ordinaria del 7 de octubre de 2015, en la cual el Pleno de dicho Organismo resolvió lo siguiente:
? el señor Edison Gelacio Mora Mora, procurador común del colectivo ?Tejido Social de Guayaquil?, ha cumplido con el requisito de legitimidad democrática, al haber alcanzado al menos el 10% de firmas de registro electoral del cantón Guayaquil, de la provincia del Guayas, que respaldan la consulta popular con las preguntas:
Por tanto y en armonía con lo expuesto en párrafos precedentes, el señor Edison Gelacio Mora Mora, procurador común del colectivo ?Tejido Social de Guayaquil?, cumplió con el requisito de legitimidad democrática en lo que respecta a contar con el respaldo de un número no inferior al diez por ciento del correspondiente registro electoral, en tanto, la consulta planteada, es de carácter local.
En consecuencia, la Corte Constitucional determina que el referido ciudadano, se halla constitucional y legalmente legitimado para plantear consulta popular; para que luego del trámite respectivo, pueda solicitar el pronunciamiento de las ciudadanas y los ciudadanos, sobre aspectos que ?a su criterio? puedan ser convenientes para aquellos, siempre que las preguntas sometidas a consulta popular no vulneren derechos ni garantías constitucionales, aspecto sobre el cual se pronunciará más adelante la Corte Constitucional.
Acerca de la garantía plena de la libertad del elector y en particular, el cumplimiento de las cargas de claridad y lealtad
Al respecto, en armonía con lo determinado por el Pleno de la Corte Constitucional en su dictamen N.º 001-016-DCP-CC dictado dentro del caso N.º 0007-15-CP, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 103 y 127 de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, este dictamen se fundamentará respecto a la solicitud de convocatoria a consulta popular que está compuesta por los considerandos y el cuestionario o preguntas formuladas.
A su vez, en coherencia con lo determinado en el dictamen referido, el control de constitucionalidad, materia de este dictamen, analizará tanto a los considerandos que se introducen en las preguntas sometidas a consulta popular como las dos preguntas planteadas, de conformidad con el artículo 104 y 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Sobre el control constitucional de los considerandos que introducen las preguntas
Respecto al control constitucional de los considerandos que se introducen en las preguntas sometidas a consulta popular, la Corte Constitucional verificará que en ellos no haya inducción a las respuestas de los electores; que exista concordancia entre el considerando que introduce la pregunta y el texto de la misma; que los considerandos contengan un lenguaje valorativamente neutro y sin carga emotiva, sencillo y comprensible para el elector; que exista relación directa de causalidad entre el texto materia de consulta y finalidad o propósito que se señala en los considerandos que introducen las preguntas, y que no se proporcione información superflua o ninguna otra cosa que no guarde relación con el texto de la pregunta a ser aprobada por el elector, conforme lo señalado en el artículo 104 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional5.
De la revisión de la solicitud de consulta popular ciudadana, presentada por Edison Gelacio Mora Mora, procurador común del colectivo ?Tejido Social de Guayaquil?, esta Corte Constitucional advierte que los considerandos que anteceden a la formulación de las preguntas, se refieren a dos aspectos: fundamentos de derecho y fundamentos de hecho:
a) Sobresale que el peticionario presentó su solicitud en el Consejo Nacional Electoral, con fundamento en los artículos 61 numeral 4 y 104 inciso cuarto
5 Art. 104.- Control constitucional de los considerandos que introducen la pregunta. - Para controlar la constitucionalidad de los considerandos introductorios, la Corte Constitucional verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. No inducción de las respuestas en la electora o elector;
2. Concordancia plena entre el considerando que introduce la pregunta y el texto normativo. Esta concordancia comprende la relación entre las finalidades que se señalan en el considerando que introduce la pregunta y el texto sometido a consideración del pueblo;
3. Empleo de lenguaje valorativamente neutro y sin carga emotiva, sencillo y comprensible para el elector;
4. Relación directa de causalidad entre el texto normativo sometido a aprobación del pueblo y la finalidad o propósito que se señala en el considerando que introduce la pregunta, de modo que una vez aprobada la disposición jurídica, la finalidad perseguida se obtenga con una alta probabilidad; y,
5. No se proporcione información superflua o ninguna otra que no guarde relación con el texto normativo a ser aprobado por el electorado.
de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 195 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, que establecen que la ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto, y en el caso de situaciones de carácter local, se deberá contar por lo menos con el respaldo del diez por ciento de personas inscritas en el respectivo registro electoral.
b) Así también, que en observancia al artículo 184 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, que señala que el Consejo Nacional Electoral, una vez que acepte la solicitud presentada por la ciudadanía con el dictamen previo de la Corte Constitucional, convocará en el plazo de quince días a consulta popular, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.
c) A su vez, en el dictamen N.º 001-13-DPC-CC del caso N.º 0002-10-CP de la Corte Constitucional del Ecuador, que estableció la regla jurisprudencial obligatoria con efectos erga omnes, para el procedimiento en caso de consulta popular por iniciativa ciudadana.
d) Finalmente, en el artículo 19 del Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa a través de la Iniciativa Popular Normativa, Consultas Populares, Referéndum y Revocatoria del Mandato, que indica que quienes pretendan promover una consulta popular por iniciativa ciudadana, deben solicitar al Consejo Nacional Electoral el formato de formulario para recolección de firmas de respaldo, dicha solicitud debe contener: nombres, apellidos y número de cédula de los solicitantes y del procurador común, así como el certificado de estar en ejercicio de los derechos de participación otorgado por el Consejo Nacional Electoral.
Posteriormente, el Consejo Nacional Electoral, conforme el trámite pertinente, diseñará los formularios para que procedan con la recolección y en el plazo de 180 días el peticionario entregará los formularios que contengan las firmas de respaldo, y luego el Consejo Nacional Electoral procederá con la verificación del 100% de las firmas de respaldo, y emitirá el informe respectivo en el plazo de quince días.
a) Se observa que el solicitante justifica la petición con la finalidad que el pueblo se pronuncie sobre el valor de los pasajes del transporte de buses urbanos y su servicio.
b) Así también indicó que no es una consulta partidista ni ideológica, en tanto pertenece a todos, y que el transporte urbano es un asunto que concierne e interesa a la gran mayoría de ciudadanos guayaquileños, en especial, a los de escasos recursos.
c) Por último, ratificó que en ningún caso se alterará la tarifa especial de los estudiantes, personas con discapacidad y tercera edad.
De lo anotado, la Corte Constitucional colige que tanto en los fundamentos de derecho como en los de hecho, no existe una inducción de respuestas a la electora o elector, toda vez que se evidencia la existencia de elementos descriptivos relacionados con la competencia de la ciudadanía para promover una consulta popular, por medio del trámite pertinente.
En igual sentido, se observa la utilización de un lenguaje valorativamente neutro, sin carga emotiva, expresado de forma sencilla y comprensible para el elector.
Así también, que existe una relación de causalidad entre el texto sometido a consulta popular y el objeto que persigue la misma, permitiendo una decisión para los electores, respecto a los valores del pasaje del transporte público de buses urbanos del cantón Guayaquil, sin intención de inducir a una u otra respuesta.
Por último, la Corte Constitucional observa que los considerandos introductorios no contienen información superflua dirigida al electorado. En consecuencia, las consideraciones expuestas por Edison Gelacio Mora Mora, procurador común del colectivo ?Tejido Social de Guayaquil?, que anteceden a las preguntas a ser sometidas a consulta popular, no contradicen la Constitución de la República.
3) Sobre el control constitucional del cuestionario
Finalmente, corresponde también a esta Corte Constitucional verificar la constitucionalidad del cuestionario sometido a consulta popular, que de conformidad con el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dicho cuestionario debe evidenciar los siguientes parámetros:
1. La formulación de una sola cuestión por cada pregunta, salvo que exista una interrelación e interdependencia entre los distintos componentes normativos;
2. La posibilidad de aceptar o negar varios temas individualmente en la misma consulta. Se prohíbe la aprobación o rechazo en bloque;
3. La propuesta normativa no esté encaminada a establecer excepciones puntuales que beneficien un proyecto político específico; y,
4. La propuesta normativa tenga efectos jurídicos y modificaciones al sistema jurídico.
En la especie, las preguntas sujetas a control de constitucionalidad son las siguientes:

References: artículo 419
 artículo 419
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 21
 Resolución 
 artículo 2
 resolución 
 artículo 438
 artículo 127
 artículo 127
 artículo 74
 artículo 1
 artículo 61
 artículo 104
 artículo 95
 artículo 103
 artículo 104
 artículo 127
 artículo 104
 artículo 438
 artículo 436
 artículo 104
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 21
 artículo 104
 artículo 61
 artículo 104
 Resolución 
 artículo 103
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 195
 artículo 184
 artículo 19
 artículo 105