Source: http://institutocirculomss.com.ar/2018/09/23/consecuencias-juridicas-de-la-separacion-del-archipielago-de-chagos-de-mauricio-en-1965/
Timestamp: 2018-10-17 05:23:57+00:00

Document:
CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA SEPARACIÓN DEL ARCHIPIÉLAGO DE CHAGOS DE MAURICIO EN 1965
SOLICITUD DE OPINIÓN CONSULTIVA PRESENTACIÓN ORAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 4 de septiembre de 2018
PRESENTACIÓN ORAL DEL PROFESOR MARCELO KOHEN
La separación de Chagos violó el derecho de descolonización Señor Presidente, Miembros de la Corte, Introducción
Es un honor presentarme nuevamente ante vuestra Alta Jurisdicción para exponer las opiniones de mi país. Me referiré a ciertos aspectos sustantivos de la presente solicitud de opinión consultiva.
Quisiera recordar las dos principales posturas que se oponen en este caso. Para la mayoría de los participantes de este proceso, la potencia administradora no tenía derecho a decidir de manera unilateral sobre la separación del Archipiélago de Chagos a los efectos de mantenerlo bajo su pretendida soberanía al momento de otorgar la independencia a Mauricio, contraviniendo así los principios de libre determinación e integridad territorial. El Reino Unido, al contrario, considera que tenía derecho a llevar a cabo esa separación, que puede mantener al Archipiélago bajo su supuesta soberanía durante el tiempo que considerara necesario para sus necesidades de defensa y que sólo será “cedido” a Mauricio cuando dejara de necesitarlo. Estas son, a grandes rasgos, las dos posturas contrapuestas y que deben analizarse a la luz del derecho aplicable a la descolonización.
Dividiré mi presentación en tres partes. En primer lugar, abordaré el tema de la descolonización en general y el derecho que la rige. Luego pasaré a examinar el valor jurídico de las resoluciones de la Asamblea General sobre descolonización y en particular el de la Resolución 1514 (XV), a fin de demostrar que se trata de más que simples recomendaciones. En tercer lugar, se considerará la aplicación de ese derecho al caso concreto de la separación de Chagos, así como las consecuencias resultantes. A. El proceso de descolonización se encuentra regido por el derecho internacional Sudáfrica, Argentina, Belice, Brasil, China, Chipre, Cuba, Djibouti, Guatemala, Islas Marshall, India, Madagascar, Mauricio, Namibia, Nicaragua, Países Bajos, Serbia, Seychelles, Vietnam, Unión Africana. Reino Unido, declaración escrita, párr. 9.18.
Comenzaré por el derecho aplicable. Se ha sostenido que la descolonización es un proceso “político” y no jurídico. Por otra parte, desde el punto de vista legal, esta cuestión ha sido reducida al derecho de la libre determinación, afirmando además que tal derecho no existía al momento de la separación de Chagos.
No es razonable sostener que la descolonización es simplemente un proceso político, como si el derecho no tuviera un papel que desempeñar. Resulta elemental afirmar que en estos procesos, así como en otros aspectos de las relaciones internacionales, entran en juego importantes normas jurídicas; que la cuestión no queda a criterio de los Estados; que, por ende, la descolonización es una cuestión de interés internacional y que las Naciones Unidas juegan un rol decisivo en este sentido desde su creación.
En el caso de la descolonización, efectivamente nos encontramos frente a más que ciertas reglas aplicables a una situación determinada. Estamos frente a un corpus formado simultáneamente por reglas, procedimientos y órganos internacionales competentes. En virtud del Capítulo XI de la Carta, este corpus continuó desarrollándose en todos sus aspectos. En primer lugar, la Asamblea General estableció los criterios aplicables para determinar cuándo debía considerarse que un territorio era “no autónomo”, así como el tipo de información que las potencias administradoras debían brindarle a la Organización. Después se desarrollaron normas con respecto al tratamiento que debía darse a los territorios, los criterios para aplicar el derecho a la libre determinación y el respeto a la integridad territorial, la creación de órganos subsidiarios de la Asamblea General a cargo de la supervisión de los procesos, el envío de misiones, la organización o la supervisión de referéndums, las audiencias de peticionarios, la decisión de la Asamblea sobre cómo un territorio debía ser descolonizado y si la descolonización fue completada o no. Todo ello forma parte del proceso de descolonización y el derecho internacional claramente no es ajeno al mismo .
Por esta razón, la Declaración relativa a los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad establece que: “El territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene, en virtud de la Carta, una condición jurídica distinta y separada de la del territorio del Estado que lo administra; y esa condición jurídica distinta y separada conforme a la Carta existirá hasta que el pueblo de la colonia o el territorio no autónomo haya ejercido su derecho de libre determinación”.6 Reino Unido, Comentarios Escritos, párr. 4.4. 4 Estados Unidos de América, declaración escrita, párr. 4.46, 4.61 y 4.64, Comentarios Escritos, párr. 3.27; Reino Unido, Declaración Escrita, párr. 8.65, Comentarios Escritos, párr. 4.18‐4.28. 5 Argentina, Declaración Escrita, párr. 14‐22; Comentarios Escritos, párr. 19. 6 Resolución 2625 (XXV), Declaración relativa a los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, 24 de octubre de 1970 (énfasis agregado). “El territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene, en virtud de la Carta, una condición jurídica distinta y separada de la del territorio del Estado que lo administra; y esa condición jurídica distinta y separada conforme a la Carta existirá hasta que el pueblo de la colonia o el territorio no autónomo haya ejercido su derecho de libre determinación de conformidad con la Carta y, en particular, con sus propósitos y principios”. Dicha condición “distinta y separada en virtud de la Carta” constituye así un elemento fundamental para examinar esta solicitud de opinión consultiva.
Considerando el rol de las Naciones Unidas en materia de descolonización, las resoluciones de la Asamblea General tienen un alcance que va más allá de meras recomendaciones. Podemos distinguir entre dos tipos de resoluciones en esta materia. Las primeras tienen un carácter general y poseen valor normativo7 ya que declaran o interpretan reglas preexistentes o permiten la cristalización de un proceso que conducen a la formación de nuevas normas de derecho internacional general. Las resoluciones 1514 (XV) y 2625 (XXV) constituyen ejemplos de declaraciones interpretativas sobre principios fundamentales que ya están incluidas en la Carta de las Naciones Unidas y resultaban aplicables a la descolonización.
El segundo tipo de resoluciones se refiere específicamente a cada territorio no autónomo. Cuando la Asamblea General determina que un territorio entra en el marco del Capítulo XI de la Carta y de la Resolución 1514 (XV) o decide la forma en que el territorio debe descolonizarse, sus resoluciones no son meras recomendaciones. Son resoluciones que determinan situaciones sobre las cuales la Asamblea tiene competencias específicas, y que son directamente operativas. Es en este sentido que la Corte se ha referido a las “facultades” de la Asamblea General en materia de descolonización La situación es similar a la de las resoluciones de la Asamblea que admiten un nuevo miembro a la Organización. No puede decirse que estas resoluciones sean “recomendaciones”. Tienen como resultado, en un caso, aplicabilidad de la categoría de territorio no autónomo con las consecuencias que ello acarrea, o, en el otro caso, la admisión de un Estado como nuevo miembro de la Organización.
Por lo tanto, primero analizaré la Resolución 1514 (XV), que interpreta los dos principios fundamentales pertinentes a la descolonización ya mencionados en la Carta, a saber: el derecho de los pueblos a la libre determinación y el respeto de la integridad territorial. Luego, me referiré a las otras tres resoluciones mencionadas en la pregunta a), relativas a la situación de Mauricio en particular. La Resolución 1514 (XV) interpreta y aplica derechos existentes.
Miembros de la Corte: luego de vuestras consideraciones respecto de la importancia de la Resolución 1514 (XV) en las opiniones consultivas de 1971 y 1975,10 es sorprendente ver que hay Estados que hoy argumentan que esta resolución y sus. Legalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares, Opinión Consultiva, ICJ Reports 1996, pp. 254‐255, párr. 70. Consecuencias Jurídicas para los Estados de la Presencia Continuada de Sudáfrica en Namibia (África Sudoccidental) no obstante la Resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad, Opinión Consultiva, I.C.J., Volumen de 1971, pág. 50, párrafo 105. 9 Sahara Occidental, I.C.J., Volumen de 1975, pág. 24, párrafo 30. Consecuencias Jurídicas para los Estados de la Presencia Continuada de Sudáfrica en Namibia (África Sudoccidental) no obstante la Resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad, Opinión Consultiva, I.C.J., Volumen de 1971, pág. 31, párrafo 52; Sahara Occidental, I.C.J., Volumen de 1975, pág. 32, párrafos 56‐57. referencias a la libre determinación y a la integridad territorial no reflejan el derecho vigente en la década de 1960.
El derecho de descolonización se ha desarrollado sobre la base de la Carta, en especial el artículo 1, párrafo 2 y el Capítulo XI. Fue en el curso de los 15 años siguientes a 1945 que este corpus normativo tomó forma. Como dijo Michel Virally ya en 1963: “un Capítulo XI bis, paralelo al Capítulo XIII, ha sido aplicado de hecho e incluso materializado bajo la forma de resoluciones de la Asamblea General. La Resolución 1514 (XV) es el punto de inflexión en este proceso. Sin fundamento, algunos Estados han sugerido que esta resolución no tiene efecto jurídico, y es meramente “una aspiración política”.
Miembros de la Corte: basta con leer el texto de la resolución para interpretarla claramente. En él, se condena al colonialismo como contrario a la Carta. Se menciona el derecho a la libre determinación. Se declara que el quebrantamiento de la integridad territorial es incompatible con los propósitos y principios de la Carta. Esta terminología no da lugar a diferentes interpretaciones. Se trata de terminología jurídica clara que evoca derechos y comportamientos que serían ilícitos, por ser contrarios a ni más ni menos que la Carta de las Naciones Unidas.
Finalmente, señor Presidente, la Corte ya ha aplicado la Resolución 1514 (XV) en el pasado y, que yo sepa, de conformidad con el artículo 38, primer párrafo del Estatuto, la Corte aplica el derecho internacional tanto al proceso contencioso como al consultivo.
Asimismo, me remito a nuestras consideraciones respecto de las posiciones adoptadas por la potencia administradora durante la votación sobre la resolución, que demuestran la ausencia de objeciones de su parte al contenido normativo de la Resolución. a) El principio del respeto por la integridad territorial contenido en el párrafo 6.
16.-Comenzaré ahora con el análisis del principio del respeto de la integridad territorial y al contenido del párrafo 6 de la resolución 1514. El Reino Unido reconoce que la integridad territorial es un principio fundamental del derecho internacional, pero pone en duda su aplicación a los territorios no autónomos.
La potencia administradora considera que el párrafo 6 de la Resolución 1514 no refleja el estado del derecho consuetudinario. Como justificación de esta posición, invoca artículos doctrinarios que analizan los travaux préparatoires y ciertas Véase Virally, Michel, “Droit international et décolonisation devant les Nations Unies”, Annuaire français de droit international, 1963, vol. IX, pág. 526. Reino Unido, Comentarios Escritos, párrafo 4.20; Estados Unidos de América, Comentarios Escritos, párrafo 3.28. Véase Argentina, Comentarios Escritos, párrafo 26. Véase Sahara Occidental, Opinión Consultiva, I.C.J. Volumen de 1975, pág. 68, párrafo 162. Véase Argentina, Comentarios Escritos, párrafos 29‐30. Reino Unido, Comentarios Escritos, párr. 4.29. situaciones territoriales que no son pertinentes al caso que nos ocupa. No obstante, la redacción del párrafo 6 carece de ambigüedades: Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.
Señor Presidente, planteo el siguiente interrogante: ¿puede quedar alguna duda sobre el hecho de que una conducta incompatible con los propósitos y principios mencionados en el artículo 1 y 2 de la Carta es contraria al derecho internacional?
La Resolución 2625 (XXV) reitera la existencia de una obligación internacional en este sentido: “todo Estado se abstendrá de cualquier acción dirigida al quebrantamiento parcial o total de la unidad nacional e integridad territorial de cualquier otro Estado o país”.
Es indiscutido que la acción colonial que quebranta la integridad territorial de un Estado es contraria al derecho internacional. La referencia no solamente a Estados sino también a países en ambas resoluciones mencionadas despeja toda duda sobre la aplicación del principio igualmente a territorios que no son Estados todavía sujetos a descolonización. El derecho de los pueblos a la libre determinación existía en la década de 1960 21. Sr. Presidente: por cuestiones de tiempo, no voy a detenerme en la naturaleza jurídica de la libre determinación en la década de 1960. Me limitaré aquí a recordar que el hecho de que la Asamblea General no haya aplicado el principio de libre determinación a todas las poblaciones de los territorios no autónomos de ninguna manera menoscaba el valor jurídico de ese principio. Vuestra Corte ya lo ha explicado claramente. “La validez del principio de libre determinación, definido como la necesidad de respetar la voluntad libremente expresada de los pueblos, no se ve afectada por el hecho de que, en ciertos casos, la Asamblea General haya dispensado de la obligación de consultar a los habitantes de un territorio determinado. Esas excepciones se han basado en la consideración de que una determinada población no constituía un ‘pueblo’ con derecho a libre determinación o en la convicción de que una consulta era totalmente innecesaria, en vista de circunstancias especiales”.
21 Reino Unido, Comentarios Escritos, párrafos 4.35‐4.58. Véase Argentina, Comentarios Escritos, párrafos 31‐ 49 18 Resolución 1514 (XV), Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, 14 de diciembre de 1960 (énfasis agregado). “Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.”Todo Estado se abstendrá de cualquier acción dirigida al quebrantamiento parcial o total de la unidad nacional e integridad territorial de cualquier otro Estado o país”. Véase Argentina, Comentarios Escritos, párrafos 50‐54 21 Sahara Occidental, Opinión Consultiva, I.C.J. Volumen 1975, pág. 33, párrafo 59. “La validez del principio de libre determinación, definido como la necesidad de respetar la voluntad libremente expresada de los pueblos.
En este caso, la existencia de un pueblo de Mauricio incluidos todos los habitantes del territorio no autónomo, tal como reconoció la Asamblea General en 1965, no se cuestiona.
Por otra parte, descolonización y libre determinación son dos términos que no son idénticos. Por esta razón, el reclamo de algunos participantes de que la libre determinación no era un derecho en la década de 1960, no sólo es infundado, sino que es incluso irrelevante para el caso que nos ocupa. La obligación de descolonizar existe aún si no se aplica el principio de libre determinación, como lo demuestra el extracto de vuestra opinión consultiva de 1975 que acabo de mencionar. Prueba adicional es el hecho de que los territorios inhabitados también pueden formar parte de la lista de territorios no autónomos que deben descolonizarse, o ser parte de un territorio no autónomo. Basta recordar la Resolución 1542 (XV) de la Asamblea General, según la cual una colonia portuguesa despoblada, São João Batista de Ajudá, está comprendida en las disposiciones del Capítulo XI y, por ende, sujeta a descolonización. No estoy considerando como población a los dos funcionarios lusitanos que custodiaban el lugar en el momento en que fue reintegrada por Dahomey, actualmente Benin.
El Gobierno británico sostiene que aun si se aplicara el principio de libre determinación, éste se referiría a la condición política o al desarrollo económico, social y cultural del pueblo, y no a la “totalidad del territorio donde el pueblo reside”. Es una manera curiosa de restringir tanto la integridad territorial como la libre determinación. Si se sigue esta interpretación, la potencia administradora podría concentrar a toda la población en una parte del territorio colonial, lo que le permitiría declarar la independencia únicamente respecto de dicha porción, mientras conserva el resto del territorio para sí.
Sr. Presidente: no es privando a los pueblos de sus territorios que se aplica la libre determinación. El derecho de los pueblos a la libre determinación tiene una dimensión espacial. En el caso que nos ocupa estamos en presencia de una violación de la integridad territorial del pueblo de Mauricio y, en consecuencia, de su derecho a la libre determinación.
Por lo tanto, aun asumiendo que la libre determinación no era un derecho en la década de 1960, no por ello la potencia administradora tendría el derecho de conservar parte del territorio colonial bajo su dominio. En el fondo, distinguidos Miembros de la Corte, el elemento fundamental a los efectos de este procedimiento consultivo es el siguiente: no es la potencia administradora la que decide de manera unilateral el destino de un territorio no autónomo. Ya en su Resolución 742 (VII) del 27 de noviembre de 1953, la Asamblea General, al enumerar los factores que deben no se ve afectada por el hecho de que, en ciertos casos, la Asamblea General haya dispensado de la obligación de consultar a los habitantes de un territorio determinado. Esas instancias se basaban en la consideración de que una determinada población no constituía un ‘pueblo’ con derecho a libre determinación o en la convicción de que una consulta era totalmente innecesaria, en vista de circunstancias especiales”. 22 Resolución 1542 (XV), del 15 de diciembre de 1960. Reino Unido, Comentarios Escritos, párr. 4.18. “[L]a libre determinación se refiere a la condición política y al desarrollo económico, social y cultural, no a la integridad territorial de la ‘totalidad’ del territorio donde reside un pueblo”. tenerse en cuenta para saber si un territorio es no autónomo y, por ende, si existe la obligación de brindar la información prevista en el Capítulo XI de la Carta, estableció en el párrafo 3 que será ella quien decida sobre la cuestión. Por lo tanto, ésta ha sido siempre la idea básica en esta cuestión, aún mucho antes de la separación del archipiélago de Chagos.
Que sea la Asamblea General la que decide también es una solución que implica lógica pura. Si correspondiera a los Estados decidir este asunto en forma unilateral, sería muy fácil para ellos desligarse de sus obligaciones para con la Organización. Sólo tendrían que alegar que los territorios en cuestión no son “no autónomos”. Portugal intentó adoptar esta práctica a principios de la década de 1960 y la Asamblea reaccionó de manera categórica, listando los territorios coloniales de Portugal. Lo mismo sucedió con Rodesia del Sur en 1962, a la que declaró territorio no autónomo a pesar de la postura de la potencia administradora.
Tal como expresó el Profesor Michel Virally en 1963: “la fuerza de la Asamblea General derivó del hecho de que, en virtud del Capítulo XI, territorios no autónomos habían adquirido estatus internacional, lo que implicaba una acción positiva hacia la Organización, ya que sobre esa base ésta podía establecer un sistema de control”. La separación de Chagos fue contraria al derecho internacional.
Miembros de la Corte: habiendo precisado el contenido del derecho aplicable a la descolonización, resulta evidente que el Reino Unido no actuó conforme a derecho al proceder con la separación del Archipiélago de Chagos. Fue esta una medida unilateral de la potencia administradora sin contar con el consentimiento de la Asamblea General, quebrantando tanto la integridad territorial del territorio no autónomo como el derecho del pueblo de Mauricio a la libre determinación.
Me referiré brevemente a otros tres argumentos presentados para intentar justificar la separación de Chagos. El Reino Unido invoca, como elementos importantes, la distancia entre el archipiélago de Chagos y la isla principal y el hecho de que su unificación habría sido hecha por razones de conveniencia. Estas consideraciones geográficas o administrativas internas resultan irrelevantes desde una perspectiva jurídica internacional, puesto que se considera que las islas o grupos de islas forman parte de una única unidad territorial con el mismo estatus jurídico. Este fue el caso del Archipiélago de Chagos, considerado como parte del territorio no autónomo de Mauricio a los fines de la descolonización.29. Naciones Unidas, Asamblea General, Resolución 742 (VIII), Factores que deben ser tenidos en cuenta para decidir si un territorio es o no es un territorio cuyo pueblo no ha alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, 27 de noviembre de 1953. 25 Resolución 1542 (XV), Transmisión de información con arreglo al Artículo 73 de la Carta, del 18 de diciembre de 1960 26 Resolución 1747 (XVI), El caso de Rodesia del Sur, del 28 de junio de 1962 27 Virally, Michel, op. cit., p. 518 28 Reino Unido, Declaración escrita, párrafos 2.2 y 2.12‐2.17, comentarios escritos, párrafos 2.5‐2.11. Naciones Unidas, doc A/5800/Add.6. en : Doc. a/5800/Rev.1.
Algunos participantes también se han referido al hecho de que la Asamblea General no se ha expedido respecto de la cuestión del Archipiélago de Chagos por décadas. 30 Esto no modifica la situación. La Asamblea General no ha admitido la separación y, en ejercicio de su competencia, tiene la potestad de actuar cuando lo considere oportuno. Este es el caso actual, puesto que está preocupada con poner fin al proceso de descolonización. Basta con leer los contenidos de la Resolución 71/292, en la que se solicita la opinión consultiva para darse cuenta. La medida que tome la Asamblea General luego de recibir la opinión consultiva queda bajo la jurisdicción exclusiva de la Asamblea General.
Finalmente, la potencia administradora intenta justificar su conducta con fundamento en el supuesto consentimiento de los líderes de Mauricio antes de su independencia, o bien de la República de Mauricio con posterioridad. En el caso relativo a tierras fosfáticas en Nauru, la Corte ya ha puesto en duda la oponibilidad al Estado de una eventual renuncia por parte de las autoridades locales antes de la independencia. La República de Mauricio, por otro lado, ha explicado las condiciones bajo las cuales se llevaron a cabo las negociaciones, en las que resulta inconcebible que haya existido la posibilidad de un consentimiento oponible equivalente a renuncia.
En cuanto al único acuerdo internacional genuino entre Mauricio y el Reino Unido que afecta indirectamente a la cuestión, el de 1982, no tiene relación con la cuestión de la legalidad de la separación del archipiélago. De hecho, solo se refería a los términos de un pago ex gratia a particulares a fin de evitar reclamos individuales.
En todo caso, Honorables Miembros de la Corte, no hay necesidad de examinar dicha conducta a los fines del presente procedimiento consultivo. La cuestión decisiva del caso es que, a pesar de estas negociaciones y sus supuestos resultados, entre 1965 y 1967 la Asamblea General adoptó las Resoluciones 2066 (XX), 2232 (XXI) y 2357 (XXII), en las que consideró que la separación de ciertas islas constituiría una violación de la integridad territorial de Mauricio, contraria al párrafo 6 de la Resolución 1514.
Sr. Presidente, Honorables Miembros de la Corte: en las tres resoluciones mencionadas que se refieren específicamente a Mauricio se ha establecido claramente la necesidad de no quebrantar la integridad territorial de Mauricio. Las exhortaciones de la Asamblea General fueron desoídas por la Potencia administradora, que procedió unilateralmente a la separación de Chagos. Se desprende de esto que dicha separación no se ajustó al derecho internacional y, en consecuencia, la descolonización de Mauricio no se completó legalmente. Estados Unidos de América, declaración escrita, párr. 2.12 tercer punto y párrafo 2.23; Reino Unido, comentarios escritos, párr. 3.18 y párrafos 3.21 b. 31 Reino Unido, declaración escrita, párrafos 3.37‐2.17, comentarios escritos, párrafos 4.8‐4.14.Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), preliminary exceptions, arrêt, ICJ.Volumen 1992, p. , par. 13. 33 Mauricio, declaración escrita, párrafos 3.39‐3.90 y 4.4‐4.16, comentarios escritos, párrafos 3.78‐3.106. 34 Cf. Argentina, Comentarios escritos, par. 61‐63.
Respecto de la pregunta b), la Argentina solicita respetuosamente que se consideren los elementos contenidos a modo de respuesta en sus Comentarios Escritos, en relación tanto con las consecuencias para la potencia administradora, como para Mauricio, los demás Estados y las Naciones Unidas. El hecho de que ésta sea una opinión consultiva no impide que la Corte determine, en el ámbito que hace al objeto de la opinión solicitada, que un Estado ha actuado de forma ilegal. Son conocidos los ejemplos de su jurisprudencia al respecto.
En el fondo, Honorables Miembros de la Corte, la cuestión básicamente consiste en determinar si la potencia administradora tiene derecho a decidir unilateralmente mantener bajo su control un territorio sujeto al proceso de descolonización, o bien si le corresponde al órgano que durante toda la historia de las Naciones Unidas ha supervisado el proceso de descolonización decidir sobre cómo y cuál es el momento en el que cada territorio no autónomo dejó de tener dicho estatus.
Las respuestas de la Corte permitirán que, en sus propias palabras, “la Asamblea General ejerza sus facultades para lidiar con la descolonización de un territorio no autónomo.Sus respuestas deberían, asimismo, brindar tanto a las principales partes interesadas como a los demás una guía respecto de la conducta que deben adoptar para llevar a cabo el objetivo de poner fin a todos los vestigios del colonialismo en todas sus formas y manifestaciones lo antes posible.
Con esto finaliza la presentación oral de la Argentina. Agradecemos a los Miembros de la Corte por su atención. Ibíd., par. 67‐68 36 Consecuencias Jurídicas para los Estados de la Presencia Continuada de Sudáfrica en Namibia (África Sudoccidental) no obstante la Resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad, Opinión Consultiva, I.C.J., Volumen de 1971, pág. 58, párrafo 133 (parte dispositiva); Consecuencias Jurídicas de la Construcción de un Muro en el territorio palestino ocupado, Opinión Consultiva, CIJ, Volumen 2004, pp. 201‐202, párrafo 163 (parte dispositiva). 37 Sahara Occidental, Opinión Consultiva, I.C.J. Reports 1975, pág. 24, párrafo 30: “[e]l ejercicio por parte de la Asamblea General de sus facultades para lidiar con la descolonización de un gobierno no autónomo”.
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 artículo 38
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 artículo 1
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 Artículo 73
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