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Timestamp: 2019-07-20 22:31:18+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 1999-01972/41214 DE FEBRERO 14 DE 2018
SENTENCIA 1999-01972 DE 14 DE FEBRERO DE 2018
CONTENIDO:PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD INJUSTAMENTE NO DEBE PROBAR FALLA DE LA AUTORIDAD PARA LA REPARACIÓN. SE ESTABLECIÓ QUE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 414 DEL DECRETO 2700 DE 1991, VIGENTE PARA LA FECHA DE LOS HECHOS, EL CUAL INDICABA QUE QUIEN HAYA SIDO PRIVADO INJUSTAMENTE DE LA LIBERTAD PODRÁ DEMANDAR AL ESTADO INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS Y QUIEN HAYA SIDO EXONERADO POR SENTENCIA ABSOLUTORIA DEFINITIVA O SU EQUIVALENTE TENDRÁ DERECHO A SER INDEMNIZADO POR LA DETENCIÓN PREVENTIVA QUE LE HUBIERE SIDO IMPUESTA, SIEMPRE QUE NO HAYA CAUSADO LA MISMA POR DOLO O CULPA GRAVE. ASÍ, EN RELACIÓN CON LA RESPONSABILIDAD QUE LE ASISTE AL ESTADO POR CASOS DE INJUSTA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, AL DAMNIFICADO NO LE ES NECESARIO PROBAR QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL INCURRIÓ EN ALGÚN TIPO DE FALLA PARA ORIGINAR EL DEBER DE REPARAR. POR EL CONTRARIO, LE ES SUFICIENTE CON ACREDITAR LA EXISTENCIA DE UN DAÑO DERIVADO DE UNA MEDIDA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD PROFERIDA EN SU CONTRA, EN EL TRÁMITE DE UN PROCESO JUDICIAL QUE FINALMENTE HUBIESE CULMINADO CON UNA DECISIÓN FAVORABLE A SU INOCENCIA. DE ESTE MODO, EN EL CASO CONCRETO SURGE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA ENTIDAD DEMANDADA TODA VEZ QUE SE CONFIGURÓ UNA DE LAS TRES CIRCUNSTANCIAS CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 414 DEL DECRETO 2700 DE 1991, ESTO ES, QUE EL DEMANDANTE NO COMETIÓ LOS DELITOS POR LOS QUE FUE ACUSADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, ABSOLUCIÓN, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA
Sentencia 1999-01972/41214 de febrero 14 de 2018
Exp.: 41214
Rad.: 05001-23-31-000-1999-01972-01
Actor: B.G.M. y otros
11. La Sala es competente para resolver el asunto sub judice por la naturaleza del asunto. En efecto, la Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(1).
II. Valoración de medios de prueba
12. Algunas piezas documentales recolectadas en el plenario obran en copia simple. No obstante, esta Subsección valorará los elementos que tengan dichas cualidades porque se aportaron en las oportunidades legales instituidas para tales efectos, y no fueron tachados de falsedad durante las etapas del proceso, conforme la pauta hermenéutica fijada por la Sala Plena de la Sección Tercera en sentencia del 28 de junio de 2013(2), acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación(3).
13.1. El 25 de mayo de 1995, la Fiscalía 187 seccional delegada ante los jueces penales del circuito de Medellín profirió resolución de acusación en contra de doce personas(4), todos ellos agentes de policía(5), entre los cuales se encontraba B.G.M. Igualmente se decretó medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra, y se les prohibió su salida del país. Dicha providencia se sustentó en la investigación por la muerte de D.A.A.J. y R.W.I.V.; y la tentativa de homicidio del señor J.L.C.C. A B.G.M., la Fiscalía le imputó, de forma genérica, el haber sido parte de un grupo de uniformados de la Policía Nacional quienes el 17 de marzo de 1989 aprehendieron, condujeron a lugares apartados y solitarios de la ciudad de Medellín, y mataron a A.J. e I.V., e intentaron hacer lo mismo con C.C. quien sobrevivió al acto criminal, y posteriormente denunció a los procesados.
13.2. En sentencia del 5 de noviembre de 1997, adoptada por el juzgado 12 penal del circuito de Medellín (fls. 300-338, c. ppal.), luego de haberse “corregido los yerros respectivos, esto es, hecha la notificación en debida forma de la resolución acusatoria (…) fechada el 25 de mayo de 1995, en cumplimiento de la acción de tutela que instaurara el procesado A.J.Z.L. y que ordenara el H. Tribunal Superior de Medellín” se dictó fallo de fondo en donde fue absuelto B.G.M. por el cargo formulado en la acusación. Igualmente ordenó:
12. Líbrense las correspondientes boletas de libertad para los procesado (sic) B.G.M. y A.Z.L.
13.2.1. Esta providencia, más precisa en el relato fáctico antecedente que la acusación de la Fiscalía, señaló que G.M. hacía parte de la patrulla “Águila 13 - Alma Dos” del sector de Santa Elena de la ciudad de Medellín, al mando del comandante C.A.M.A., y que el 17 de marzo de 1989 respondió al llamado que de otro grupo de la Policía, identificado como “Águila Dos” y liderado por el subteniente E.W.V.M., le hizo para que hiciera presencia en cercanías a un Centro de Atención Inmediata (CAI) ubicado en la “calle Ayacucho” de dicha metrópoli.
13.2.2. Cuenta que I.V., C.C. y A.J., quienes se encontraban juntos en una taberna, se retiraron del establecimiento y en una intersección vial fueron interceptados por la escuadra “Águila Dos”, cuyos integrantes sometieron a estas personas contra una pared, los requisaron y los obligaron a abordar un taxi —escoltado por la mencionada patrulla— que se dirigió al CAI anteriormente mencionado. Allí, reunidos los dos grupos de policías (Águila Dos y Águila 13), I. y C. fueron separados de A.J.: los primeros fueron llevados en motocicletas por la patrulla “Águila Dos” a la “vía Santa Elena” lugar en donde mataron a I., y C. logró escapar porque el arma homicida “se trabó”. Mientras que A.J. fue entregado a la patrulla “Águila 13 - Alma Dos” y se dirigieron al barrio “La Milagrosa”; su cuerpo fue encontrado el 24 de marzo de 1989 “muerto en el kilómetro 9 de la carretera las “Palmas”, en el predio o finca denominado “El Reposo””.
13.2.3. En la sentencia se infiere a partir de las indagatorias de algunos de los procesados que el comandante M.A. le ordenó a B.G.M., y a otros cuatro integrantes de la patrulla “Águila 13 - Alma Dos”, hacer un retén en la vía “Las Palmas” y permanecer allí, mientras que M. y otros dos patrulleros, de apellidos B. y J., continuaron por el camino llevando consigo a la víctima A.J. Esta fue la narración de la sentencia que concluyó en la absolución del procesado —demandante en este asunto— al considerar que no hubo prueba sobre su participación o complicidad en la comisión de los delitos investigados:
Igual suerte [a la del occiso I.] corrió el joven D.A.A.J., que fue entregado al agente M. por el teniente comandante de la patrulla, con quien conversó y quien por su parte llamó a los agentes B. y J. (…). A ellos les fue entregado el civil A.J., quien luego de bajarlo del taxi gris de modelo viejo, lo subieron a la moto del comandante de la patrulla, que era el gendarme M., arrancaron con rumbo hacia la Milagrosa y accedieron de allí a la vía Las Palmas, en donde luego de que el comandante de la patrulla (M.) ordenara un retén, llamó a (…) y a (…) y emprendió la marcha, dejando allí, en el retén (…) a los policiales B.G.M. (…). El comandante de la patrulla les comunicó a los policiales que se quedaron haciendo el retén que él, J. y B. se iban con el civil porque éste les iba a dar una información. “Ellosarrancaron y al mucho rato a los 15 minutos o 20 regresaron y el agenteM. Comandante del Águila nos ordena levantar el retén rápido, quearrancáramos que el teniente nos solicitaba, pero nosotros le preguntamos,los que nos quedamos haciendo el retén le preguntamos a M., que adonde habían dejado al muchacho y nos respondió que se había quedado,que nos moviéramos que el teniente nos necesitaba urgente y fue asícuando llegamos al sector de Buenos aires, a la Unidad intermedia de salud(…) (indagatoria de …)
Allí en este segundo encuentro fue donde se enteraron que el comandante M., cuando fue acompañado por J. y B. y dejaron a los restantes policiales en el retén, fue para matar y ajusticiar al joven D.A.A.J. Así mismo, pudieron darse cuenta que la otra patrulla que comandaba el teniente había asesinado al joven R.W. (sic) I.V., a la vez que se lamentaba el teniente (…) de que C.C. se había logrado fugar.
En iguales términos se pronuncia B.G.M., quien confirma íntegramente lo versionado por su compañero (…), advirtiendo que fueron engañados por el comandante de la patrulla C.A.M.A., pues cuando le preguntaron por el civil que se habían llevado, dizque a darles una información, les indicaron que por allí derecho se había quedado, para concluir que nunca supieron o se enteraron de que al civil A.J. lo iban a ejecutar (…).
Es verdad también, que ninguna prueba en estos momentos existe en el expediente que nos permita inferir algo contrario a lo que relatan los procesados en sus respectivas injuradas, por lo que no se puede llegar al extremo de desconocer sus aseveraciones, máxime que haciendo un examen ponderado de las versiones de los tres procesados detenidos, cotejado con otras piezas procesales, ofrecen cierto grado de verosimilitud y coherencia, como también cierto grado de credibilidad, por lo que la decisión que se tomará en el epílogo para B.G.M. (…), será (…) la de una sentencia absolutoria, porque aunque en verdad integraron la patrulla que envió el teniente por la vía a Santa Elena, no puede argüirse en sana exégesis probatoria, que ellos conocían de antemano la orden que le dio el oficial al comandante M. y que ejecutó éste, con el apoyo de los agentes J. y B., además, desde el punto de vista jurídico para estos procesados dado lo versionado en sus ampliaciones de injuradas, no se dan actos claros de autor, toda vez, que éste es quien realiza la conducta que describe el verbo rector del tipo o determina la resolución de delictiva (sic) (…). Tampoco, la coautoría para ellos es palpable, en razón a que si bien es cierto podía existir un dominio al menos funcional del hecho por su proximidad al teatro de los acontecimientos, no es menos cierta, la ausencia de un medio asociativo que nos indique la dirección unificada de voluntades hacia ese fin; tampoco es viable para ellos, esto es, para G.M. y (…), su participación a título de complicidad, toda vez, que no se aprecia con claridad actos que hagan inferir la existencia previa de un acuerdo, aunque se ofrezcan actos de una forma no necesaria de complicidad, pero que omitidos los mismos, de todas maneras el hecho se hubiere efectuado (...)” (subrayas originales del fallo).
13.3. El 17 de febrero de 1998, el Tribunal Superior de Medellín - Sala de Decisión Penal decidió el recurso de apelación interpuesto por el Procurador 119 en lo judicial contra el fallo anteriormente reseñado, declarando la nulidad de lo actuado únicamente en relación con quienes fueron condenados por falencias en su defensa técnica (fls. 339-355, c. ppal.), absolviendo a otro de los procesados, y confirmando las demás decisiones tomadas en primera instancia, entre ellas, la absolución de B.G.M. El fallo se notificó mediante edicto (fl. 409, c. ppal.) fijado el 25 de febrero de 1998 y desfijado el 27 de idénticos mes y año.
13.4. Mediante oficio CDJM502AJ/2217 del 16 de octubre de 2001, la dirección de la cárcel del distrito judicial de Medellín informó (fl. 97, c.1) que el señor B.G.M. estuvo detenido en dicho centro penitenciario “desde el 31 de enero de 1997, por cuenta del Juzgado 12 penal del circuito de Medellín condenado a la pena de 22 años de prisión por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio y fue puesto en libertad por la misma autoridad el 11 de noviembre de 1997”.
14. En vista de lo alegado por las partes, los hechos probados y la argumentación expuesta en la sentencia de primera instancia, la Sala deberá responder al siguiente interrogante: ¿se reúnen todos los presupuestos para declarar la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad del señor B.G.M.?
15. La responsabilidad extracontractual del Estado encuentra su principal fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política que indica: “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.
15.1. Esto implica que en todos aquellos casos en donde se pretenda la declaratoria de responsabilidad del Estado, ya sea por una acción, omisión, hecho u operación que le sea imputable en cualquiera de las formas que la jurisprudencia de ésta corporación ha desarrollado, resulta fundamental que se encuentre probado que de hecho existió el daño cuya reparación se pretende, so pena de que deban desestimarse las pretensiones de la demanda.
15.2. Tratándose de casos como el presente, indudablemente el elemento daño versa sobre la afectación concreta del derecho a la libertad, respecto del cual, ha dicho la jurisprudencia de la Sala(6):
16. Ahora bien, de las piezas probatorias existentes en el expediente de este proceso de responsabilidad, sobresalen tres documentos para demostrar el daño: (i) la providencia del 25 de mayo de 1995 (párr. 13.1.) en donde la Fiscalía impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor B.G.M.; (ii) la sentencia absolutoria del Juzgado 12 penal del circuito de Medellín (párr. 13.2.), y (iii) la certificación del director de la cárcel del distrito judicial de la mencionada ciudad, en donde consta la privación de libertad de G.M.
16.1. Como se dijo párrafos atrás (párr. 6), el tribunal consideró que el daño no fue demostrado porque, en su parecer, no era claro que la medida de aseguramiento hubiera sido proferida por el ente demandado, ni que ésta en realidad se hubiera producido puesto que los hechos objeto de juzgamiento ocurrieron ocho años antes del fallo penal. Este razonamiento no es compartido por la Sala, por las razones que se exponen a continuación.
16.2. De una parte, el solo encabezado de la sentencia con la que el a quo ya contaba en el expediente conocido en primera instancia (fls. 100-138, y 140-178, c. 1), hace evidente que la providencia adoptada tenía una base clara: la resolución de acusación del 25 de mayo de 1995 proferida por la Fiscalía General de la Nación, a través de una de sus delegadas, aplicando sus atribuciones legales: las del artículo 120, numeral 2, del Decreto-Ley 2700 de 1991 por entonces vigente(8).
16.3. De otra parte, la certificación expedida por el centro penitenciario de la ciudad de Medellín demuestra que B.G.M. sí fue privado de su libertad. Aunque en este contexto de la responsabilidad estatal no existe tarifa legal para probar la privación efectiva de la libertad, habitualmente se considera que la constancia emitida por un centro de reclusión es un medio de prueba conducente para demostrar ese hecho jurídicamente relevante en esta clase de asuntos(9).
16.4. Ahora, cabe indicar que la susodicha certificación es imprecisa pues determina que B.G.M. fue retenido por órdenes del Juzgado 12 penal del circuito de Medellín y no por decisión de la Fiscalía General de la Nación, y a razón de una condena a 22 años de prisión en lugar de una detención preventiva. Con todo, estas inexactitudes son superables valorando de forma conjunta los medios de prueba y advirtiendo que este documento se considera conducente para demostrar el hecho de la privación en un establecimiento carcelario y su duración, más no sus motivos que, en todo caso, están determinados por las providencias judiciales correspondientes.
16.5. Así, la Sala infiere que el señor B.G.M. estuvo detenido desde el 31 de enero de 1997, en virtud de la resolución de acusación proferida por la Fiscalía el 25 de mayo de 1995, en donde al aquí demandante le imputaron cargos por homicidio y tentativa de homicidio (circunstancia coincidente con lo certificado por el establecimiento penitenciario), en hechos ocurridos el 17 de marzo de 1989, siendo clara entonces la atribución fáctica al ente demandado. También puede establecerse que dicha privación de la libertad duró hasta el 11 de noviembre de 1997, fecha posterior a la sentencia absolutoria, dictada por el Juzgado 12 penal del circuito de Medellín el 5 de noviembre de 1997, y confirmada por el Tribunal Superior de Medellín - Sala de Decisión Penal en sentencia notificada por edicto fijado entre los días 25 y 27 de febrero de 1998(10).
16.6. En este escenario, y contrario a lo sostenido por el tribunal, es irrelevante si entre las circunstancias motivadoras de la investigación y las decisiones de Fiscalía y del juez del conocimiento transcurrieron entre 6 y 8 años, respectivamente, porque la mora en esa etapa procesal no es una situación atribuible al sindicado sino que pone en entredicho la eficiencia de los órganos encargados de la instrucción penal en ese caso, circunstancia que no es necesario evaluar en el presente asunto.
17. Respecto de la imputación de este daño, se advierte que el régimen de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad es el establecido en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, vigente para el momento de los hechos. Este precepto —actualmente derogado— disponía:
18. En interpretación de dicho artículo, el criterio de esta corporación en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad es el siguiente: Al damnificado no le es necesario probar que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de falla para originar el deber de reparar; por el contrario, es suficiente con acreditar la existencia de un daño derivado de una medida privativa de la libertad proferida en su contra, en el trámite de un proceso judicial que finalmente hubiese culminado con una decisión favorable a su inocencia adoptada bien porque el hecho no existió, no se constituye en delito, o el privado de la libertad no fue el autor del mismo, eventos de responsabilidad objetiva a los que la jurisprudencia agregó los casos en que se exonere de responsabilidad penal por aplicación del principio in dubio pro reo. De esta manera, se advirtió(11):
19. A partir de lo expuesto, se evidencia que la privación de la libertad sufrida por el demandante señalado le es atribuible al Estado de manera objetiva. En efecto, como ya se advirtió, para la época en que se produjo la privación de la libertad del demandante, aún se encontraba vigente el artículo del 414 del Decreto 2700 de 1991, que consagró los tres supuestos en los que se aplica el régimen objetivo.
20. El mencionado precepto (párr. 17) establecía en su primera parte un régimen de responsabilidad subjetivo, en la medida en que resultaba necesario acreditar que la privación de la libertad había sido injusta por haber mediado una ilegalidad o error judicial que hacía injustificada la detención. Empero, a continuación consagró tres eventos en los cuales dicha responsabilidad se torna objetiva, en la medida en que bastaba comprobar que la persona estuvo privada de la libertad pero fue exonerada por cualquiera de las siguientes razones: i) porque el hecho no existió, ii) porque habiendo existido el hecho, el sindicado no lo cometió o iii) porque habiendo existido el hecho y haber sido cometido por el sindicado, el mismo no constituía un delito legalmente tipificado, sin que en estos casos resulten relevantes las razones o justificaciones de la autoridad judicial.
21. Es decir, que no hay necesidad de entrar a verificar la legalidad o ilegalidad de sus actuaciones para establecer la existencia de una posible responsabilidad estatal por el hecho. Dice la norma además, que dicha exoneración podía darse bien en sentencia absolutoria o en providencia homóloga. Como lo ha dicho la jurisprudencia, en relación con esta norma(14):
Se observa entonces que la norma contempla tres eventos en los cuales se consagró legalmente la responsabilidad objetiva a cargo del Estado, en la medida en que no resulta necesario analizar la juridicidad o la legalidad de la conducta del juez que profirió la providencia judicial absolutoria por alguna de tales circunstancias —que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o que la conducta no constituye hecho punible— , para establecer la responsabilidad estatal; por tratarse de una responsabilidad objetiva, basta la constatación del hecho de la privación de la libertad de una persona en virtud de una medida cautelar de detención preventiva y su posterior absolución para que inmediatamente surja la responsabilidad estatal, independientemente de que en su momento, las decisiones judiciales se hubieren podido considerar ajustadas a derecho.
22. En el caso que ahora estudia la Sala, la Fiscalía adoptó una medida de aseguramiento en contra del señor B.G.M., señalándolo de ser responsable por el homicidio de D.A.A.J. y R.W.I.V. y la tentativa de homicidio del señor J.L.C.C. Como se expuso anteriormente, la entidad demandada enfocó su defensa en indicar la ausencia de irregularidad en su actuar, a la luz del estatuto procesal penal vigente en la época de los hechos.
22.1. Sin embargo, la Sala recalca que no entrará a estudiar si la decisión de la Fiscalía se hallaba justificada a partir de las pruebas recaudadas, o si obedeció los criterios procesales exigidos en su momento para privar a una persona de la libertad. En otras palabras, es irrelevante si la medida de aseguramiento de detención preventiva estuvo ajustada a derecho. Lo anterior debido a que en casos como el presente, como ya se dijo, surge la responsabilidad objetiva de la entidad demandada toda vez que se configuró una de las tres circunstancias consagradas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991: que el señor B.G.M. no cometió los delitos por los que fue acusado.
22.2. De otra parte, la Sala no encuentra que en este asunto se configure alguna causal eximente de responsabilidad que favorezca a la Fiscalía General de la Nación. Puntualmente, no está acreditado que el demandante privado de su libertad haya contribuido, mediando dolo o culpa grave civil, a que se le decretara la medida de aseguramiento que lo mantuvo custodiado por el ente acusador, es decir, no está demostrado el hecho o culpa de la víctima(15) en este asunto.
23. Conforme a lo expuesto, la Sala estima que la privación de la libertad del señor B.G.M. fue injustificada y, contrario a lo sostenido por la parte demandada, no debía ser soportada por el reclamante. Este daño es imputable a la Fiscalía General de la Nación bajo el régimen de responsabilidad objetivo, por ser la entidad que tomó las medidas restrictivas de la libertad del actor, y al no existir fundamento jurídico que justifique la asunción de la carga que contra él pesó, ni que le impida reconocer su derecho a ser indemnizado.
24. Por lo tanto, la sentencia de primera instancia será revocada, y en su lugar, se declarará la responsabilidad de la Nación - Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad del señor B.G.M.
25. Sobre el reconocimiento de perjuicios morales en asuntos como el presente, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación, en fallo de unificación jurisprudencial(16) indicó:
… en casos de privación injusta de la libertad y con apoyo en las máximas de la experiencia, hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que por esas circunstancias hubieren visto afectada o limitada su libertad(17); en la misma línea de pensamiento se ha considerado que dicho dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(18), al tiempo que se ha precisado que según las aludidas reglas de la experiencia, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o estable o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su Derecho Fundamental a la libertad(19).
26. El anterior precedente fijó, en materia de perjuicios morales, el siguiente cuadro:
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad Víctima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el 1° de consanguinidad Parientes en el 2° de consanguinidad Parientes en el 3° de consanguinidad Parientes en el 4° de consanguinidad y afines hasta el 2° Terceros
27. En el caso bajo estudio, está acreditado que la privación de la libertad de B.G.M. tuvo lugar entre los días 31 de enero y 11 de noviembre de 1997, es decir durante 9 meses y 9 días.
28. Teniendo claro este parámetro de intensidad del daño, la Sala presume que quienes componen la parte demandante padecieron perjuicios morales los cuales habrán de ser indemnizados, conforme a lo expuesto, así(20):
28.1. A la víctima directa, B.G.M., se le reconocerá el valor equivalente a 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia (SMLMV).
28.2. A la señora G.S.M.C., cónyuge(21) de la víctima directa, se le reconocerán 80 SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
28.3. A C.A.G.M., hija(22) del señor G.M., le serán concedidos 80 SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
28.4. A B.G.R. y L.M.G., padres de la víctima directa(23), les serán resarcidos sus perjuicios morales con 80 SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno.
29. La parte demandante aportó una constancia (fl. 11, c. 1) de la jefe de salarios y prestaciones de la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul en donde se afirmó que B.G.M. laboró en dicha institución “desde marzo 16 de 1995 hasta el 9 de febrero de 1997 en el cargo de auxiliar servicios generales. El motivo de su retiro fue renuncia. Su último salario fue $ 280.673”. Así, la Sala liquidará este rubro de perjuicio material, entendiendo que el valor certificado a través del medio de convicción era el devengado por el actor al momento de ser privado de la libertad.
29.1. En ese orden de ideas, es necesario actualizar el salario devengado por entonces a valor presente, de la siguiente manera:
29.2. Sumado a lo anterior y de acuerdo a la jurisprudencia de esta corporación(25), será necesario aumentar el valor del ingreso mensual en un 25% ($ 251 247) por concepto de prestaciones sociales que operan por disposición legal y multiplicar dicho monto ($ 1.256 235) por el término que duró la privación.
29.3. En torno al período indemnizable, si bien este se encuentra marcado entre dos extremos temporales: el 31 de enero de 1997 y el 11 de noviembre del mismo año, fechas de ingreso y salida de B.G.M. del establecimiento carcelario de la ciudad de Medellín, que equivalen a 9,36 meses, se considera procedente extender este período por el término en que el actor debió quedar cesante una vez recuperó su libertad definitiva, el cual se estima en una franja temporal adicional de hasta 35 semanas (8,75 meses), como lo ha considerado la Sala en oportunidades anteriores(26) con fundamento en la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—(27). Dicho lo anterior, se tiene lo siguiente:
Ra = Es la renta o ingreso mensual, es decir, $ 1.256 235.
n= Número de meses que comprende el período indemnizable entre el 31 de enero y 11 de noviembre de 1997, más 8,75 meses, que equivalen a 18,11 meses.
1. REVÓQUESE la sentencia del 22 de febrero de 2011 del Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Sexta de Decisión.
2. En su lugar, DECLÁRESE administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de B.G.M., por las razones expuestas en la presente providencia.
3. CONDÉNESE a la Nación —Fiscalía General de la Nación— a pagar a favor de las personas que a continuación se relacionan, los siguientes rubros por concepto de perjuicios morales:
— A favor del señor B.G.M., en su condición de víctima directa, el equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales vigentes al momento de la ejecutoria de la presente providencia.
— A favor de la señora G.S.M.C., en su condición de cónyuge de la víctima directa, el equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales vigentes al momento de la ejecutoria de la presente providencia.
— A favor de C.A.G.M., en calidad de hija de la víctima directa, el equivalente a ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la presente providencia.
— A favor de B.G.R. y L.M.G., en calidad de padres de la víctima directa, para cada uno, el equivalente a ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la presente providencia.
4. CONDÉNESE a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante al señor B.G.M. la suma de veintitrés millones setecientos veintidós mil ochocientos noventa y ocho pesos m/cte. ($ 23.722.898).
3 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 30 de septiembre de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2007-01081-00(REV). C.P. Alberto Yepes Barreiro.
4 En el sistema de gestión judicial, no aparece registrado ninguno de los vinculados a este proceso penal como demandante en acciones de reparación directa por estos mismos hechos, ante esta jurisdicción y que fueran conocidos por la Sección Tercera del Consejo de Estado, salvo el caso del señor N.D.S.L. que ya fue decidido por la Subsección C en sentencia del 14 de marzo de 2016 (Rad. 0500123-31-000-1999-01971-01, Exp. 39296).
5 Según la resolución de acusación (fl. 289, c. ppal.), el entonces Director General de la Policía Nacional separó de la institución a B.G.J. y a todos los implicados en el asunto penal, el 23 de agosto de 1989. Esta decisión no fue allegada al expediente de este proceso.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de julio de 2008, Exp. 16388, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
8 “ART. 120.—Atribuciones de la Fiscalía General de la Nación. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación: (…) 2) Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento”.
9 Al respecto, la Sala ha sostenido que “la manera como el demandante debe demostrar este cardinal elemento de la responsabilidad nunca ha privilegiado un medio probatorio en particular, ni el juez ha estado sometido a valorarla por medio del sistema de tarifa legal, por lo que este hecho puede ser acreditado por cualquier elemento dispuesto por la ley procedimental para convencer al operador judicial. Cuestión distinta es aceptar que la privación de la libertad usualmente se prueba a través de un documento en donde conste la fecha de ingreso y salida del procesado de un sitio de reclusión”. (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 2 de marzo de 2017, Rad. 250002326000200502134 01, Exp. 42797. C.P. Danilo Rojas Betancourth).
10 El Código de Procedimiento Penal vigente (Decreto 2700 de 1991, artículo 197) para la época en la que se inició el juzgamiento de la actora, disponía que las providencias que deciden el recurso de apelación interpuesto contra “las providencias interlocutorias, quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente”. Posteriormente, sobre una norma de similar contenido (Ley 600 de 2000, artículo 187), la Corte Constitucional se pronunció (Sentencia C-641 del 13 de noviembre de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil) condicionando su constitucionalidad “siempre y cuando se entienda que los efectos jurídicos se surten a partir de la notificación de las providencias”. Sobre la ejecutoria de las sentencias de segunda instancia, la Sala ha estimado que, incluso cuando no se cuente con la constancia de ejecutoria, “es razonable inferir, en ausencia de cualquier elemento probatorio que dé lugar a pensar lo contrario, que contra ella no se interpuso recurso extraordinario de casación, esto es, que de acuerdo con las normas procesales vigentes, quedó en firme. En estos casos, correspondería a la parte contraria demostrar que, en virtud de una circunstancia extraordinaria —la interposición del recurso de esa naturaleza—, dicha providencia no cobró ejecutoria.” (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección “B”. Sentencia del 29 de enero de 2016, Exp. 37923. C.P. Danilo Rojas Betancourth).
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 17 de octubre de 2013, Rad. 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354). C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Con fundamento en ese criterio, esta Subsección ha señalado: “15.3. Lo anterior también resulta extendible a aquellos eventos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal del sujeto privado de la libertad se sustentó en la aplicación del principio in dubio pro reo, más aún si se tiene en cuenta, que en la mayoría de estos casos, las decisiones judiciales adoptadas dentro del proceso penal respectivo, estuvieron estrictamente ajustadas a la normatividad correspondiente. Así mismo, es menester dejar claro, que la injusticia que reviste la privación de la libertad en éstos eventos, no deriva de la ilicitud en el proceder de los funcionarios judiciales, sino en que la víctima no se encontraba en el deber jurídico de soportar los daños ocasionados como consecuencia de habérsele impuesto una detención “preventiva” mientras se le adelantaba un proceso penal, el cual culminó con una decisión absolutoria, evidenciándose así que el Estado, quien fue el que ordenó esa detención, fue incapaz de desvirtuar la presunción de inocencia de la que siempre gozó el afectado: antes, durante y después de la actuación penal desplegada en su contra.
15.4. En suma, también se le habrá causado un daño especial a la persona privada de su libertad de forma preventiva y que posteriormente fue absuelta, en la medida en que mientras la causación de ese daño fue con la finalidad de alcanzar un beneficio para la colectividad, interesada en el pronto, cumplido y eficaz funcionamiento de la administración de justicia, en la comparecencia de los sindicados a los correspondientes procesos penales, en la eficacia de las sentencias penales condenatorias, y que con todo esto, únicamente se afectó de manera perjudicial a quien se vio privado de su libertad, se ocasiona con esto una ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, lo que indica que esa víctima tendrá derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en armonía con el artículo 90 constitucional”. (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de junio de 2014, Exp. 29890. C.P. Danilo Rojas Betancourth).
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, Exp. 18370. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
15 Término adoptado actualmente por la Ley 270 de 1996, artículo 70.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia del 28 de junio de 2014, Rad. 680012331000200202548 01 (36149). C.P. Hernán Andrade Rincón.
17 [42] “Entre otras, Sentencia de 14 de marzo de 2002, Exp. 12.076. M.P. Germán Rodríguez Villamizar”.
18 [43] “Sentencia de 20 de febrero de 2.008, Exp. 15.980. M.P. Ramiro Saavedra Becerra”.
19 [44] “Sentencia del 11 de julio de 2012, Exp. 23.688. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada recientemente en sentencia del 30 de enero de 2013, Exp. 23.998 y del 13 de febrero de 2013, Exp. 24.296”.
20 Es pertinente aclarar que los montos aquí reconocidos no superan los topes pretendidos en la demanda (párr. 1).
21 Calidad acreditada según certificado del 31 de julio de 1998 en el que la notaría novena del círculo de Medellín refirió que en el registro civil de matrimonios fue inscrito el matrimonio contraído entre B.G.M. y G.S.M.C., celebrado el 18 de octubre de 1984 (fl. 8, c. 1).
22 Según certificado de la notaría tercera del círculo de Medellín (fl. 9, c. 1).
23 Según certificado expedido por la notaría segunda del círculo de Manizales (fl. 6, c. 1).
24 Último índice dado a conocer por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
25 Entre otras ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 28 de mayo de 2015, Exp. 36688. C.P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia del 20 de octubre de 2014, Exp. 40060. C.P. Enrique Gil Botero.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 28 de mayo de 2015, Exp. 36688. C.P. Danilo Rojas Betancourth.
27 Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, “Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003”, en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA - Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22. Fuente citada por la Sala en sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

References: ARTÍCULO 414
 ARTÍCULO 414
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 90
 resolución 
 artículo 120
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 artículo 414
in dubio
 artículo 414
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 artículo 197
 artículo 187
in dubio
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 artículo 70