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Timestamp: 2018-10-21 00:41:04+00:00

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﻿ Mónica Villarreal - старонка 3
Mónica Villarreal - старонка 3
El estatuto, en el artículo 3 constriñe a la familia, la comunidad, la sociedad y al Poder público a asegurar a la persona mayor, prioritariamente, la efectividad de sus derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, la alimentación, la educación, la cultura, deporte, a realizar diversas actividades en su tiempo libre, al trabajo a la ciudadanía, a la libertad, dignidad, respeto y convivencia familiar y comunitaria. En este mismo artículo se prevee de que manera se harán efectivos estos derechos, agrupándolos en 8 importantes puntos, de entre los que se destacan:
La atención preferencial, inmediata e individualizada tanto de órganos públicos y privados prestadores de servicios a la población.
Priorizando la atención integral que recibe la persona mayor por parte de su familia.
Formulación y ejecución de políticas sociales públicas específicas.
Destinación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas con la protección de los adultos mayores.
El artículo 4 aborda el tema de discriminación, aludiendo que ninguna persona mayor será objeto de cualquier forma de negligencia, discriminación, violencia, crueldad u opresión y todo atentado a sus derechos, ya sea por acción u omisión, será penalizado conforme a la ley.
El título II de la mencionada Ley contiene una serie de estipulaciones para reglamentar detalladamente cada uno de los derechos fundamentales. Así entonces, respecto del derecho a la vida, la legislación brasileña considera al envejecimiento como un derecho personalísimo y su protección como un derecho social.
En el apartado del derecho a la libertad, el respecto y la dignidad, se conmina al Estado y a la sociedad a ver al adulto mayor como persona humana sujeta de derechos civiles, políticos, individuales y sociales.
En cuanto a los alimentos, se establece que en el caso de que los familiares no posean las condiciones económicas para proveer dicho sustento, le corresponderá al poder público otorgarlos.
El artículo 15 consagra el derecho a la salud, enunciando los mecanismos mediante los cuales éste podrá efectivo. La atención integral en Salud queda asegurada por medio del sistema único de salud (SUS) garantizando el acceso universal e igualitario, con la coordinación de las acciones y servicios para la prevención, promoción, protección y recuperación de la salud, incluyendo la atención especial de las enfermedades que afectan particularmente a los adultos mayores.
La ley en el capítulo VI, contiene normas relativas al derecho al empleo y/o trabajo, en donde se pretende dejar asentado que las personas mayores ejerzan libremente una actividad profesional respetando sus condiciones físicas, intelectuales y psíquicas e imponiendo la obligación al poder público de crear programas que estimulen la admisión de éstos al empleo remunerado.
En lo concerniente al tema de seguridad social, la ley establece que los beneficios de la jubilación y pensión del Régimen General de Seguridad Social para ser otorgados deberán observar los criterios de cálculo que preserven el valor real de los salarios que incidirán en la fijación del monto total de la contribución.
El título III prevee ciertas medidas de protección (acogida, orientación, apoyo, atención) aplicables en el caso de que los derechos reconocidos por la Ley fuesen amenazados o violados, ya sea por acción u omisión de la sociedad o del Estado; por falta, omisión o abuso de la familia, cuidador o institución; o en razón de su condición personal.
El Estatuto establece penas que van desde los dos meses al año de detención y multa en caso de maltrato; de uno a cuatro años de reclusión si de la infracción resulta una lesión corporal grave y en caso que el maltrato lleve a la muerte, la pena será de reclusión de cuatro a doce años. La discriminación hacia un adulto mayor, impidiendo o dificultando su libre acceso a operaciones bancarias, medios de transporte o simplemente humillándolo o menospreciándolo tendrá como consecuencia una pena de reclusión de 6 meses a un año y una multa. Según disposiciones del Estatuto, se aumenta en un tercio la pena si la víctima estaba bajo los cuidados del infractor.
No existe en la actualidad en el país una ley integral en favor de las personas mayores. No obstante, actualmente se encuentra en trámite la aprobación de la Ley del Adulto Mayor, de la que se espera su promulgación para el 2005.
En materia de seguridad social, existe la Ley de Pensiones No. 1732 (1996), que prevee en su artículo 7 que: “A partir de los sesenta y cinco años de edad, el afiliado, independientemente del monto acumulado en su cuenta Individual, tendrá derecho a solicitar voluntariamente la prestación de la jubilación en su favor y de sus derechohabientes”. Esta Ley tiene como objetivo, asegurar la continuidad de los medios de subsistencia del capital humano, mediante el seguro social obligatorio de largo plazo en cumplimiento del artículo 158 de la Constitución Política, y disponer el destino y administración de los recursos que benefician a los ciudadanos bolivianos.
En 1998, se promulgó la Ley No. 1886 de Derechos y Privilegios para los Adultos Mayores, que constituye un avance sustancial respecto a la legislación existente hasta esas fechas. En lo que respecta al componente de ingresos de las personas mayores, se crea un régimen beneficioso para los ciudadanos bolivianos de 60 años o más, en virtud del cual, adquieren el derecho de obtener descuentos del 20% en las tarifas de servicios públicos tales como luz, agua, transporte y en el pago de impuestos a bienes inmuebles, así como también la habilitación de ventanillas especiales para recibir atención preferencial.
En cuanto a la legislación sobre violencia y maltrato, en la “Ley contra la Violencia en la Familia o Doméstica” No. 1674 (1998) se encontró una sola estipulación en el artículo 10 acerca de las personas mayores ya que considera como situación agravante que la víctima sea una persona mayor de sesenta años, en cuyo caso, la sanción para el victimario podría hasta duplicarse.
Por otra parte, las personas mayores en Bolivia, se benefician del BONOSOL (Bono Solidario) programa implementado por la Ley No. 2427 (2002), que consiste en un pago anual vitalicio a todo nacional nacido antes del 31 de diciembre de 1995 y que ha cumplido 65 años.
Las personas mayores en Chile no disponen de una ley específica para hacer valer sus derechos. Sin embargo, cuenta con la ley sobre Seguridad Social No. 3.500 (1980), algunas normas constitucionales (Constitución de 1980) inherentes al tema, la Ley sobre Violencia Intrafamiliar No. 19325 (1994), el decreto 2601 (1994) que aprueba el reglamento de establecimientos de larga estadía para adultos mayores y con la Ley No. 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor SENAMA (2001).
El derecho a la seguridad social esta tutelado en el artículo 18 constitucional: “Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social….”.
Mientras que las cuestiones relativas a la libertad de trabajo las establece el artículo 16: “Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución.
Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos”. Se observa en esta norma una manifestación clara de la ley de permitir la fijación de límites de edad para el ejercicio de un derecho.
En materia de seguridad social, la legislación chilena es pionera en la reforma del sistema de seguridad social transformando el sistema público existente hasta esa fecha en un sistema basado exclusivamente en la capitalización individual, optando por el modelo sustitutivo el cual cierra progresivamente el sistema público (no se permiten nuevos afiliados) y se le sustituye por un sistema privado (Mesa Lago, Carmelo 2004). En el artículo 1 de la ley sobre Seguridad Social No. 3.500 (1980), se establece la creación de un sistema de pensiones de vejez derivado de la capitalización individual efectuada en organismos denominados Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
La Ley sobre violencia doméstica, no contiene ninguna especificación hacia las personas mayores, pero se entiende que ésta es aplicable por extensión en situaciones de maltrato físico o psicológico.
Por otra parte, la Ley que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor (2001) tiene como principales metas: Velar por la plena integración del Adulto Mayor a la sociedad, protegerlo del abandono e indigencia, promover su imagen como ente activo y participativo, hacer valer los derechos que la Constitución y las leyes les confieren y procurar la no discriminación y marginación.
La ley en el artículo 3, estipula una serie de funciones, mediante las cuales el Servicio se encargará de cumplir los objetivos mencionados, tales como: Fomentar la integración del adulto mayor en el seno de su familia y de la comunidad y promover la inserción social de los adultos mayores de forma que se mantengan activos en beneficio propio y en el de la comunidad; Proponer al Presidente de la República las políticas, planes y programas que deban efectuarse para diagnosticar y contribuir a la solución de los problemas del adulto mayor, velar por su cumplimiento y evaluar su ejecución, e impulsar, coordinar, hacer seguimientos y evaluar programas específicos para el adulto mayor que se realicen a través de la Administración del Estado.
Esta Ley tiene unos objetivos muy bien definidos, pero no otorga derechos a las personas mayores, su alcance consiste en reglamentar la organización del Servicio Nacional del Adulto Mayor y establecer los parámetros dentro de los cuales éste funcionará.
Aunque no se encontró una ley específica que regule particularmente los derechos de los adultos mayores dentro de la normativa colombiana, hallamos algunos instrumentos jurídicos que consagran beneficios.
Entre las leyes de protección promulgadas a favor de los adultos mayores antes de 1991, se encuentran7:
La Ley 29 de 1975: Facultó al gobierno para establecer la protección a la ancianidad, creó el Fondo Nacional de la Ancianidad Desprotegida, y se le facultó para promulgar medidas a favor de los mayores de 60 años que carecieran de recursos.
La Ley 12 de 1986: Relativa a la cesión de impuestos a favor de la construcción, mantenimiento y dotación de impuestos de salud y ancianatos.
Ley 48 de 1986: Por la cual se autorizaba a las Asambleas Departamentales y Comisariales y al Consejo Distrital de Bogotá, la emisión de una estampilla como recurso para contribuir a la construcción, dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del adulto mayor en cada una de las respectivas entidades territoriales.
Por su parte, la Constitución política (1991) contempla claramente en su artículo 46 que: “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia”.
La Ley 100 de 1993 De la Seguridad Social Integral, establece que el objeto del sistema general de pensiones es: “garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente Ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones” (art.10)
El Sistema General de Pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten, a saber (art.12):
a) Régimen Solidario de Prima Media Definida con Prestación Definida;
b) Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad
También se establece la existencia de un Fondo de Solidaridad Pensional, destinado a ampliar la cobertura mediante el subsidio a los grupos de población que, por sus características y condiciones socioeconómicas, no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, tales como campesinos, indígenas, trabajadores independientes, artistas, deportistas y madres comunitarias.
Para abordar lo concerniente al ámbito de violencia, abuso y maltrato, no se encontró en la legislación colombiana disposiciones específicas a favor de las personas mayores. En la Ley 294 de 1996 que desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y dicta normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar, no se hace mención sobre víctimas de edad avanzada; como en la mayoría de las legislaciones de América Latina, se habla de “cualquier miembro de la familia”, connotación que resulta amplia, en materia de interpretación y mas aún de tipificación de infracciones o delitos. Sin embargo, tal como se encuentra en otras leyes de la región, se prevé penalmente como circunstancia de agravación punitiva que la conducta delictiva se ejecute contra personas mayores de 60 años (art.166 del Código Penal).
Asimismo, se cuenta con documentos como la Ley 271 de 1996 por medio de la cual se instituye el Día Nacional de las Personas de la Tercera Edad y del Pensionado; la Ley 687 de 2001 por medio de la cual se modifica la Ley 48 de 1986, que autoriza la emisión de una estampilla pro-dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano, instituciones y centros de vida para la tercera edad, se establece su destinación y se dictan otras disposiciones; y la Ley
700 de 2001 por medio de la cual se dictan medidas tendientes a mejorar las condiciones de vida de los pensionados.
2.7. Costa Rica
En Costa Rica, es a finales de los noventa que se formula legislación específica en beneficio de los adultos mayores.
A partir de 1998, el tema del adulto mayor recibe especial atención por parte del gobierno, lo cual se traduce en la promulgación de nueva legislación y de acciones orientadas al ejercicio y protección de los derechos fundamentales de este sector poblacional. Dentro de las medidas más relevantes, se encuentran las siguientes:
1999.- Creación vía Decreto Ejecutivo No. 27640 -MP-S del Consejo Nacional del Adulto mayor, en el que se detallan sus funciones específicas.
1999.- Promulgación de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor No. 7935. En este Ley se definen una serie de derechos y beneficios para las personas de 65 años y más, en temas como salud, educación, actividades artísticas, deporte, recreación, vivienda, seguridad social y trabajo. Además, se definen sanciones para las personas o instituciones que violen sus derechos. Así mismo, crea el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor como ente rector en materia de envejecimiento y vejez.
1999.- Aprobación de la Reforma al Artículo 33 de la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores No. 7936. En esta Ley se establecen tarifas especiales para las personas mayores de 65 años y más que hagan uso de los servicios de transporte colectivo remunerado.
1999.- Aprobación de la Creación de Cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos, para financiar un Plan Integral de Protección y Amparo de la Población Adulta Mayor; Niñas y Niños en Riesgo Social, Personas Discapacitadas, Abandonadas, Rehabilitación de Alcohólicos y Fármaco- dependientes y Apoyo a las Labores de la Cruz Roja No. 7972.
2000.- Promulgación de la Ley de Protección al Trabajador No. 7983. Crea un sistema mixto de seguridad social y tiene como objeto: a) Crear y establecer el marco para regular los fondos de capitalización laboral propiedad de los trabajadores; b) Universalizar las pensiones para las personas de la tercera edad en condición de pobreza; c) Establecer mecanismos para ampliar la cobertura y fortalecer el régimen de Invalidez, vejez y muerte de la Caja costarricense de seguro social (CCSS) como principal sistema de solidaridad en la protección de los trabajadores.
2000.- Mediante Decreto No. 29679-S se establece la Norma para la Habilitación de los Establecimientos de Atención Integral a las Personas Adultas Mayores.
2001.- Aprobación de la incorporación de un nuevo título undécimo al código de trabajo No. 8107. Se prohíbe cualquier tipo de discriminación en el trabajo por razones de edad, etnia, género o religión.
Toda esta normativa constituye el soporte legal para las acciones que está desarrollando el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.
En la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, el enfoque que se propone está centrado en el reconocimiento de los derechos de las personas adultas mayores, con el propósito de garantizarles una vejez con calidad. En el título II se estipulan todos los derechos, a continuación se mencionan aquellos relativos a los rubros que nos interesan:
La pensión concedida oportunamente, que le ayude a satisfacer sus necesidades fundamentales, haya contribuido o no a un régimen de pensiones.
La vivienda digna, apta para sus necesidades, y que le garantice habitar en entornos seguros y adaptables.
La asistencia social, en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios de subsistencia.
Ser seleccionadas para ocupar cualquier puesto, siempre que sus calidades y capacidades las califiquen para desempeñarlo. No podrán ser discriminadas por razón de su edad.
La atención hospitalaria inmediata, de emergencia, preventiva, clínica y de rehabilitación
Asimismo, la ley otorga varios beneficios como descuentos en el transporte, hospedaje, servicios de salud y en tasas de interés.
En 1996 se promulga la Ley contra la Violencia Intrafamiliar No.7586, que condena la violencia intrafamiliar como práctica social destructiva, constituye un fuerte llamado de atención a los ofensores y ratifica que, frente a la agresión, las personas afectadas (en su mayoría mujeres, niños y adultos mayores) cuentan con el respaldo del Estado y la justicia. La misma contempla varias medidas precautorias a las cuales pueden acudir las personas afectadas para interrumpir el ciclo de violencia y abrir un espacio de distensión en el seno familiar que permita redefinir las estrategias y condiciones para la convivencia futura.
Esta Ley tiene como principio rector el artículo 51 constitucional, el cual hace mención explícita del adulto mayor, aludiendo: “La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrá derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano8 y el enfermo desvalido”

References: artículo 3
 artículo 4
 artículo 15
 artículo 7
 artículo 158
 artículo 10
 artículo 18
 artículo 16
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 46
 artículo 42
 Artículo 33
 artículo 51