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Timestamp: 2018-02-23 18:02:38+00:00

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La jurisdicción plena faculta al juez además de conocer la pretensión examinar los hechos y el derecho incluso reemplazar una resolución administrativa por una nueva - Actualidad Civil
La jurisdicción plena faculta al juez además de conocer la pretensión examinar los hechos y el derecho incluso reemplazar una resolución administrativa por una nueva
Fuente: Lexicologia Jurídica
Casación N.º 2851 - 2014 Lima
Sr. Lama More
139. 5 de la C.P; art. 50. 6 y 122. 4 del CPC; art. 5 de la Ley N.º 27584.
"[…] la idea de la plena jurisdicción, basada en el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, permite al administrado solicitar la tutela de la generalidad de sus derechos subjetivos lesionados por la Administración. Igualmente, permite al Juez no solo revisar la legalidad de la actuación administrativa, sino, pronunciarse sobre el conflicto de fondo, es decir, sobre los derechos subjetivos del administrado realmente afectados, reconociéndolos, restableciéndolos y adoptando, todas las medidas necesarias para garantizar su efectiva satisfacción. Por consiguiente, esta nueva visión del proceso contencioso administrativo, está centrada en no ver al órgano jurisdiccional como simple revisor de la legalidad, sino por el contrario, que éste tenga un control adecuado de las normas administrativas que correspondan, todo ello con base a brindar una efectiva tutela a los derechos e intereses de los administrados. Por consiguiente, se goza de jurisdicción plena, cuando además de tomar conocimiento de la pretensión, tiene la facultad de examinar las cuestiones de hecho y derecho, pudiendo, de ser el caso, reemplazar la resolución administrativa por una nueva, si advierte que se ha incurrido en lesión de un derecho subjetivo adquirido por el reclamante, o de ser el caso, no corresponde por no encontrarse acorde a derecho o de los principios generales del procedimiento administrativo".
Sumilla. “[...] se goza de jurisdicción plena, cuando además de tomar conocimiento de la pretensión, tiene la facultad de examinar las cuestiones de hecho y derecho, pudiendo de ser el caso, reemplazar la resolución administrativa por una nueva, si advierte que se ha incurrido en lesión de un derecho subjetivo adquirido por el reclamante, o de ser el caso, no corresponde por no encontrarse acorde a derecho o de los principios generales del procedimiento administrativo”.
VISTA; la causa número dos mil ochocientos cincuenta y uno — dos mil catorce, con el expediente administrativo como acompañado, con lo expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: Walde Jáuregui - Presidente, Lama More, Vinatea Medina, Rueda Fernández y Toledo Toribio; luego de verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:
Se trata del recurso de casación de fecha once de febrero de dos mil catorce, obrante a fojas trescientos cuarenta y dos, interpuesto por el demandado Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, contra la sentencia de vista de fecha catorce de enero de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos catorce, que revocó la sentencia apelada de fecha quince de enero de dos mil trece, obrante a fojas ciento cuarenta y siete, que declaró infundada la demanda de Impugnación de Resolución Administrativa, y reformándola la declararon fundada en parte, con lo demás que contiene.
Mediante resolución de fecha siete de octubre de dos mil catorce, obrante a fojas noventa del cuadernillo de casación, este Tribunal Supremo ha declarado procedente el recurso interpuesto por el demandado, por las causales de: a) Infracción normativa del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú, así como de los artículos 50 inciso 6 y 122 inciso 4 del Código Procesal Civil; alegando que la sentencia de vista no señala ni explica por qué no toma en cuenta como beneficio ilícito los gastos que evita la notaría en gastos de supervisión, así como la afectación de la confianza de los consumidores, por qué únicamente considera que el retraso de un día al momento de graduar la multa, y por qué establece que la multa debe rebajarse hasta una Unidad Impositiva Tributaria (1 UIT); b) Infracción normativa por inaplicación de los artículos 39 y 41 del Decreto Legislativo N.º 716, Ley de Protección al Consumidor; señalando que la competencia para imponer y graduar las multas administrativas le corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, y no a la autoridad jurisdiccional, quien podría eventualmente declarar la nulidad de una resolución administrativa, pero no tomar una competencia que la Ley no le confiere; y c) Infracción normativa por inaplicación de los artículos 1, 5 y 9 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo; argumentando que la Sala Superior en lugar de declarar la nulidad de una parte de la resolución del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual — INDECOPI y ordenar que la autoridad administrativa competente se pronuncie al respecto, ha decidido graduar judicialmente una sanción por la vulneración de normas de protección al consumidor. Precisa que, el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27584, señala que el proceso contencioso administrativo tiene como finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Agrega que, el artículo 5 de la referida norma limita las pretensiones que pueden ser objeto de pronunciamiento en el proceso contencioso administrativo, mientras que, el artículo 9 de la misma norma señala como únicas facultades del órgano judicial el control difuso de la ley y la motivación en serie de las resoluciones judiciales. 3.
Segundo: En este sentido, cabe recordar que uno de los principales componentes del derecho al debido proceso se encuentra constituido por el denominado derecho a la motivación, consagrado por el artículo 139 inciso 5 de la Carta Política, por el cual se garantiza a las partes involucradas en la controversia el acceso a una respuesta del juzgador que se encuentre adecuadamente sustentada en argumentos que justifiquen lógica y razonablemente, en base a los hechos acreditados en el proceso y al derecho aplicable al caso, la decisión adoptada, y que, además, resulten congruentes con las pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquellas dentro de la controversia. Encontrándose esta norma también vinculada con el artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil referido al deber de fundamentar los autos y sentencias emitidas, así como el artículo 122 inciso 4 del mismo código adjetivo, referido a la expresión clara y precisa de lo que se ha decidido respecto a los puntos controvertidos.
Tercero: Por ende, este derecho no solo tiene relevancia en el ámbito del interés particular correspondiente a las partes involucradas en la litis, sino que también juega un papel esencial en la idoneidad del sistema de justicia en su conjunto, pues no debe olvidarse que una razonable motivación de las resoluciones constituye una de las garantías del proceso judicial, directamente vinculada con la vigilancia pública de la función jurisdiccional, por la cual se hace posible conocer y controlar las razones por las cuales el Juez ha decidido una controversia en un sentido determinado; implicando, en ese sentido, un elemento limitativo de los supuestos de arbitrariedad.
Cuarto: Ahora bien, a fin de determinar si un pronunciamiento específico ha cumplido con el deber de motivación, en los términos antes reseñados, conviene recordar que el cumplimiento de este deber no se satisface con la sola expresión escrita de las razones sicológicas que han inclinado al juzgador a decidir la controversia de un modo determinado, sin importar cuáles sean éstas; sino que, por el contrario, exige necesariamente la existencia de una exposición clara y coherente en la sentencia que no solo explique, sino que justifique lógicamente la decisión adoptada, en base a las pruebas y demás hechos acontecidos en el proceso, y en atención a las normas aplicables al caso.
Quinto: En el presente caso, a partir del análisis de los autos, se advierte que el presente proceso ha sido iniciado con motivo de la demanda interpuesta a fojas once, de fecha veintidós de diciembre de dos mil diez, subsanada mediante escrito de fecha veintiuno de enero de dos mil once, obrante a fojas veintisiete, por Arnaldo González Bazán, a través de la cual pretende la nulidad total de las siguientes resoluciones: i) Resolución N.º 2117-2010/SC2 INDECOPI de fecha veinte de setiembre de dos mil diez; y, ii) Resolución Final N.º 708-2010/ CPC de fecha diecinueve de marzo de dos mil diez; la primera de ellas CONFIRMA la segunda; y ésta última declara fundada la denuncia del señor Yuri Alejandro Chessman Olaechea contra el señor Arnaldo González Bazán por infracción al artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor (al haber quedado acreditado que se produjo una demora injustificada en la remisión de la documentación pertinente referida al trámite de transferencia de propiedad vehicular solicitada por el denunciante); asimismo, dicha resolución declara improcedente la solicitud de indemnización presentada por el señor Yuri Alejandro Chessman en la misma que constituye una pretensión de naturaleza civil.
Sexto: Al conocer este proceso en grado de apelación, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de fecha catorce de enero de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos catorce, ha señalado[1] que el pronunciamiento de la entidad demandada evaluó correctamente la conducta del accionante frente a los servicios prestados al señor Yuri Alejandro Chessman Olaechea, habiendo incumplido con el deber de idoneidad del servicio prestado por su notaría; entonces, según lo que se expone en la mencionada sentencia, en este extremo se ampara la demanda. Sin embargo, en relación al monto o cuantía de la sanción impuesta, establece que ésta no resulta proporcional respecto a la infracción incurrida[2] . Siendo que en este extremo, decide revocar la sentencia recurrida, y dispone que la multa aplicarse sea de una (01) Unidad Impositiva Tributaria y no tres (03) como se fijó en el procedimiento administrativo por la entidad demandada.
Séptimo: Efectivamente, la Sala Superior luego del análisis de los autos, concluye que la conducta del demandante no se condice con su deber de idoneidad que la ley le exige, por consiguiente le corresponde una sanción. Sin embargo, respecto a la proporcionalidad de dicha sanción, el Ad quem analiza y advierte que la demora de los trámites de transferencia que se realizó no es más que de un día de diferencia; y estando a que la sanción a imponerse puede graduarse desde una amonestación hasta veinte Unidades Impositivas Tributarias (20 UIT); en el presente caso según lo advertido en autos, la sanción impuesta no es proporcional a dicho perjuicio, siendo razonable que la multa impuesta sea de una Unidad Impositiva Tributaria (1 UIT). De lo expuesto, se concluye que lo analizado por el Colegiado Superior se encuentra bajo los parámetros de una resolución debidamente motivada y coherente con lo actuado en autos y los agravios presentados en su recurso de apelación, por consiguiente no existe tal vulneración del derecho constitucional invocado.
Octavo: Asimismo, respecto al análisis de las infracciones contenidas en los literales b) y c), corresponde indicar que, conforme lo ha señalado Salas Ferro[3] , con la consolidación del principio del debido proceso y fundamentalmente de la tutela jurisdiccional efectiva, ha emergido una nueva concepción respecto a los alcances del Proceso Contencioso Administrativo. Superando los límites del dogma revisor, la idea de la plena jurisdicción, basada en el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, permite al administrado solicitar la tutela de la generalidad de sus derechos subjetivos lesionados por la Administración. Igualmente, permite al Juez no solo revisar la legalidad de la actuación administrativa, sino, pronunciarse sobre el conflicto de fondo, es decir, sobre los derechos subjetivos del administrado realmente afectados, reconociéndolos, restableciéndolos y adoptando, todas las medidas necesarias para garantizar su efectiva satisfacción. Por consiguiente, esta nueva visión del proceso contencioso administrativo, está centrada en no ver al órgano jurisdiccional como simple revisor de la legalidad, sino por el contrario, que éste tenga un control adecuado de las normas administrativas que correspondan, todo ello con base a brindar una efectiva tutela a los derechos e intereses de los administrados. Por consiguiente, se goza de jurisdicción plena, cuando además de tomar conocimiento de la pretensión, tiene la facultad de examinar las cuestiones de hecho y derecho, pudiendo, de ser el caso, reemplazar la resolución administrativa por una nueva, si advierte que se ha incurrido en lesión de un derecho subjetivo adquirido por el reclamante, o de ser el caso, no corresponde por no encontrarse acorde a derecho o de los principios generales del procedimiento administrativo.
Noveno: Se advierte de los fundamentos del recurso interpuesto por la entidad recurrente, que las citadas normas referidas a la protección al consumidor, así como las que regulan el proceso contencioso administrativo, que según indica se habrían inaplicado, impedirían a la instancia judicial graduar la multa impuesta por la instancia administrativa, en razón de que tal atribución estaría reservada para el INDECOPI, en virtud de las alegadas normas legales; tal afirmación no se ajusta al derecho, pues la decisión del órgano jurisdiccional Superior se enmarca dentro de las atribuciones que prevé el artículo 5 de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo[4], pues ha declarado la nulidad parcial de la resolución impugnada, estableciendo que la multa impuesta contraviene el principio de razonabilidad, reduciéndola; para ello ha expresado razones atendibles, conforme se verifica del fundamento décimo cuarto de la sentencia de vista. De ello, se puede advertir que la Sala Superior, no contraviene norma alguna al revocar el extremo de la sanción impuesta, por cuanto, se encuentra plenamente facultada de emitir dicho pronunciamiento, según lo dispuesto en el citado artículo 5 de la Ley N.º 27584, de tal manera que, estando al principio de proporcionalidad, y analizada la actuación de la demandante, se verifica que si bien le corresponde la imposición de una sanción, ésta debe fijarse atendiendo a la intensidad del incumplimiento del deber del que presta el servicio y de la afectación al derecho del usuario del servicio.
Décimo: En este contexto, esta Suprema Sala concluye que los fundamentos que conforman el razonamiento del órgano jurisdiccional de instancia, son establecidos con precisión a los parámetros normativos bajo los cuales se resuelve la controversia, adoptando una decisión acorde a los documentos aportados en autos; razón, por la cual la sentencia de vista no vulnera de modo alguno los artículos mencionados, siendo que este extremo del recurso deviene en infundado.
4. DECISIÓN: Por estas consideraciones: declararon INFUNDADO el recurso de casación fecha once de febrero de dos mil catorce, obrante a fojas trescientos cuarenta y dos, interpuesto por el demandado Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, contra la sentencia de vista de fecha catorce de enero de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos catorce; MANDARON a publicar de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Arnaldo González Bazán contra la parte recurrente y otro, sobre Impugnación de Resolución Administrativa; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Lama More.
S.S. Walde Jáuregui, Lama More, Vinatea Medina, Rueda Fernández, Toledo Toribio.
[1] En el Décimo primero y Décimo segundo fundamento, la Sentencia de Vista señala: “Respecto del servicio brindado, el demandante ha reconocido en su contestación de la denuncia presentada (fojas 23 del expediente administrativo) que, se ha señalado el lapso de 15 días hábiles por la excesiva carga notarial que soporta en el procesamiento de las transferencias vehiculares, lo cual se le informó al denunciante, plazo que venció el 14 de setiembre de 2009; empero, dicha afirmación no se encuentra corroborada con documento alguno en el que conste dicha afirmación, o la comunicación o información escrita a su público, respecto a los plazos en que se realizaran los trámites a cargo de la Notaría; y ello se denota de las visitas realizadas (hasta en cuatro oportunidades) por el denunciante a la Notaria, en las que —señala— que la Notaría le había informado que la inscripción en los Registros Públicos se realizaría al día siguiente de efectuada la transferencia vehicular y 15 días hábiles para recoger la Tarjeta de Propiedad y un día más para la entrega de placas; estos es, recién ponen en su conocimiento los términos o plazos previstos para la conclusión del trámite de transferencia vehicular, en el decurso del procedimiento y cuando el señor Chessman se apersona a las oficinas de la Notaría a recabar su Tarjeta de Propiedad, no antes de efectuada la transferencia vehicular; lo cual motivó que el denunciante llegará a solicitar al Registro de Propiedad Vehicular, información sobre registro alguno a su nombre, el 15 de setiembre de 2009, fecha en la que recién se ingresa —por parte de la Notaría— el Título Notarial ante los Registros Públicos, esto es, al día siguiente de vencido el plazo que señala el demandante como del trámite a su cargo y fecha en la señala el denunciante reclamó la conclusión del servicio. En consecuencia, la actuación del demandante no se condice con el deber de idoneidad que la ley le exige, al no haber cumplido con su obligación de brindar el servicio en las condiciones ofrecidas, lo que conllevó al reclamo del señor Chessman”.
[2] En el décimo fundamento de la Sentencia de Vista se señala: “en atención al daño producido, conforme al principio de RAZONABILIDAD [o PROPORCIONALIDAD] contenido en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N.° 27444, en concordancia con lo establecido en el artículo 41° de la Ley de Protección al Consumidor, y, específicamente en materia sancionadora en el numeral 3) del artículo 230° de esta misma norma; y que ha sido desarrollado in extenso por el Tribunal Constitucional en la STC N.° 2192-2004-AA/TC, la graduación de la sanción impuesta por el INDECOPI no se encuentra acorde con el tiempo que se excedió el demandante en la prestación del servicio, luego de concluido el plazo de quince días que señalan las partes, esto es, un día para la presentación del título ante los registros públicos, por lo que no es razonable la imposición de una multa, que puede oscilar entre la amonestación y 20 UIT, como infracción leve, al no haberse acreditado de manera fehaciente el beneficio ilícito esperado por la realización de la infracción, un grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio del denunciante, o la existencia de reincidencia o incumplimiento reiterado, supuestos previstos en el artículo 41 A del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección al Consumidor; por lo que en aplicación de la facultad de plena jurisdicción que asiste a los jueces contenciosos administrativos, en tanto que el proceso contencioso administrativo, se constituye en uno de plena jurisdicción o como la doctrina lo denomina “de carácter subjetivo”, de modo tal que el juzgador no se limita a efectuar un control objetivo de la legalidad de los actos administrativos, sino que asume que su rol es la protección y la satisfacción de los derechos e intereses de los demandantes afectados por una actuación administrativa, corresponde estimar la multa que corresponde al demandante en 01 UIT”.
[3] Salas Ferro, Percy, en Revista Oficial del Poder Judicial, año 6-7, N.° 8 y N.° 9 /2012-2013, p. 222.
[4] Artículo 5. Pretensiones En el proceso contencioso administrativo podrán plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente: 1. La declaración de nulidad, total o parcial o ineficacia de actos administrativos. 2. El reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines. 3. La declaración de contraria a derecho y el cese de una actuación material que no se sustente en acto administrativo. 4. Se ordene a la administración pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme. 5. La indemnización por el daño causado con alguna actuación impugnable, conforme al artículo 238 de la Ley N.º 27444, siempre y cuando se plantee acumulativamente a alguna de las pretensiones anteriores.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 139
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 9
 artículo 139
 artículo 50
 artículo 122
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 8
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 5
 resolución 
 artículo 5
 resolución 
 Resolución 
 artículo 41
 artículo 230
 artículo 41
 Artículo 5
 artículo 238