Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2011/10/
Timestamp: 2018-03-23 20:37:10+00:00

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EL BLOG DE EDUARDO ROJO: octubre 2011
El Tribunal Supremo confirma las competencias autonómicas en materia de autorizaciones iniciales de trabajo (II).
4. Recordemos ahora qué ha dicho el TC sobre las competencias en materia de inmigración que ha asumido la Generalitat de Cataluña en su Estatuto de Autonomía de 2006.
A) La CC AA de Cataluña ha asumido competencias ejecutivas en materia de tramitación de autorizaciones de trabajo para extranjeros que obtengan autorización de residencia y deseen trabajar en España y en concreto en territorio catalán. El artículo 138.2 del EAC le atribuye dicha competencia “en estrecha coordinación con la que corresponde al Estado en materia de entrada y residencia de extranjeros”, e incluye tanto la tramitación y resolución de las autorizaciones de trabajo por cuenta propia o ajena, como “la tramitación y la resolución de los recursos presentados con relación a los expedientes a que se refiere el apartado anterior y la aplicación del régimen de inspección y sanción”. La atribución competencial implica una mayor presencia autonómica, de los órganos de dirección competentes, en la toma de decisiones que afectan a la vida laboral de miles de personas, y al mismo tiempo un replanteamiento o reestructuración de las competencias de las autoridades estatales en el ámbito territorial autonómico.
B) El TC ha debido pronunciarse (sentencia núm. 31/2010, de 28 de junio) sobre la constitucionalidad de todo el artículo 138 del EAC, dada la petición de declaración de inconstitucionalidad solicitada en los recursos del grupo popular del Congreso de los Diputados y del Defensor del Pueblo.
d) Por parte de la Abogacía del Estado se puso el acento en que las competencias ejercidas por la Generalitat no afectaban en modo alguno al artículo 149.1.2ª CE, sino que se trataría de una serie de competencias de naturaleza social y que guardan relación con la incidencia que tiene la inmigración en diferentes ámbitos de la vida social (educación, sanidad, etc.). Por consiguiente, se aceptaba que la CE no reconoce competencia alguna a las CC AA en materia de inmigración stricto senso, pero se solicitaba una interpretación del precepto (más concretamente de su apartado 1) “que respete los títulos autonómicos de carácter social con incidencia en el fenómeno migratorio”. Respecto a la competencia en materia de autorizaciones iniciales de trabajo se alegaba su consideración de “específica manifestación competencial del ámbito laboral”, una competencia ya asumida por el EAC de 1979 (artículo 11.2) y ahora recogida en el EAC de 2006 (artículo 170.1), y que debe necesariamente coordinarse con la estatal de autorización de entrada de los extranjeros en España.
e) La STC 31/2010 ha declarado la constitucionalidad del artículo 138, con varios votos particulares en sentido contrario, siempre que se interprete de acuerdo con lo dispuesto en el fundamento jurídico núm. 83, es decir que el precepto ha de interpretarse en el sentido de que la referencia a la inmigración “no se corresponde con esta materia constitucional, competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.2ª CE) sino con otras materias sobre las que puede asumir competencias la Comunidad Autónoma” . Mientras que el TC enfatiza la imposibilidad de asunción de competencias por las autonomías en materia de inmigración (referidas a la regulación del acceso a territorio español y la regulación jurídica de la condición de extranjero-inmigrante), coincide por otra con la Abogacía del Estado en valorar la evolución del fenómeno migratorio durante el período postconstitucional y su impacto en diferentes ámbitos competenciales autonómicos, y de ahí que no pueda configurarse el precepto constitucional referenciado “como un título horizontal de alcance limitado que enerve los títulos competenciales de las Comunidades Autónomas de carácter sectorial con evidente incidencia en la población migratoria”.
Desde este planteamiento, también se acepta que la CC AA catalana haga uso de sus competencias ejecutivas en materia laboral respecto a las autorizaciones de trabajo de los inmigrantes cuya relación laboral se desarrolla en Cataluña, ya que si el Estado tiene la competencia “en cuya virtud se disciplina el régimen jurídico que hace del extranjero un inmigrante….”a la Generalitat puede corresponderle aquella que, operando sobre el extranjero así cualificado, se refiere estrictamente a su condición como trabajador en Cataluña”. Sobre la participación de la Generalitat en las decisiones estatales que tengan especial trascendencia sobre Cataluña en materia de inmigración, la sentencia no ve obstáculo jurídico para que ello se lleve a cabo siempre y cuando sea la legislación estatal la que concrete los términos, formas y condiciones de participación autonómica, “debiendo quedar a salvo la titularidad de las competencias estatales eventualmente implicadas y la perfecta libertad que en su ejercicio corresponde a los órganos e instituciones del Estado”.
En los citados votos particulares, para el magistrado Vicente Conde Martín de Hijas el artículo 138 sí se refiere a la inmigración y considera que el legislador no erró al calificar la materia, argumentando que al Estado le corresponde la competencia exclusiva en la materia y que ello “la contradicción entre el art. 138 EAC, en todos sus apartados, y dicho precepto constitucional, me resulta absolutamente notoria; por lo que creo que el precepto debió ser declarado inconstitucional y nulo”. De inconstitucional lo califica el magistrado Javier Delgado Barrio por invadir el campo de las competencias exclusivas del Estado, tesis también compartida por el magistrado Ramón Rodríguez Arribas, que destaca que hubiera sido del todo punto necesario declarar la inconstitucionalidad del art. 138.2.
f) La tesis de la sentencia recibió una acogida favorable en el informe elaborado por un grupo de expertos a petición del Presidente de la Generalitat, argumentándose que la interpretación del artículo “coincide plenamente con la interpretación o comprensión del contenido de la materia defendido por las instituciones catalanes” (“Informe sobre la STC que resol el recurs d’inconstitucionalitat presentat per 50 diputats i senadors del Partido Popular contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. Barcelona, juliol 2010, pág. 32). En fin, por parte de la doctrina constitucionalista el profesor David Moya cree que la sentencia no tendrá incidencia sobre las reformas adoptadas en los últimos años para desarrollar el mandato estatutario, en especial el traspaso de la competencia en materia de autorizaciones iniciales de trabajo (Vid. "Competències en matèria d’immigració”. Revista Catalana de Dret Públic, número especial STC sobre l’Estatut, juliol 2010).
5. La argumentación del gobierno de Murcia y también del de Madrid coinciden con la del recurso contra el EAC, si bien adecuándola a la especificidad de las modificaciones operadas por el RD 1162/2009 sobre el anteriormente vigente 2393/2004, argumentándose que el dictamen del Consejo de Estado daría la razón a la tesis del recurso, consistente fundamentalmente en la afirmación de que el RD vulneraría tanto la Constitución en su artículo 149.1.2ª como la propia Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero (modificada) en la redacción vigente cuando se aprobó la modificación del RD 2393/2004, no pudiendo tener las Comunidades Autónomas competencias en materia de autorizaciones iniciales de trabajo, ya que “todos los aspectos relativos a los requisitos necesarios para la entrada y salida del extranjero de nuestro país y las autorizaciones administrativas de trabajo, estancia y residencia están comprendidas dentro del título competencial del artículo 149.1.2ª de la Constitución”.
Por el contrario, para la AGE y para la CC AA de Cataluña hay que destacar que las demandas se interponen cuando ya se ha modificado la LO 4/2000 por la LO 2/2009 que incorpora referencias expresas a las competencias de las CC AA en materia de autorizaciones iniciales de trabajo (artículos 37.3 y 38.8), y también que el TS ha de tomar en consideración y respetar la doctrina emanada del TC en su sentencia 31/2010.
El TS desestima el recurso de la Comunidad de Murcia (y después el de Madrid) con una argumentación formalista que salva la pretendida inconstitucionalidad de la modificación del artículo 51.3 del RD 2393/2004 por el RD 1162/2009, argumentada por la parte recurrente al afirmar que la modificación es posterior a la regulación impugnada y que nada se decía expresamente en la normativa anterior sobre la administración legitimada para la concesión de las autorizaciones iniciales de trabajo en su ámbito territorial. Ahora bien, de ese silencio no cabe concluir, razona el TS, la ilegalidad de la modificación del precepto, ya que a su juicio nada había en el anterior texto legal que “excluyera la posibilidad de que en los aspectos estrictamente laborales la autorización inicial correspondiera a las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en materia laboral”.
Además, la Sala de ha de resolver el recurso tomando en consideración el texto legal vigente en el momento de hacerlo, que ha dado carta de legalidad a la modificación operada por vía reglamentaria en 2009, y tampoco tiene dudas, así lo afirma de forma expresa, sobre la constitucionalidad del artículo 37.3 de la LO 4/2000 tras su modificación por la LO 2/2009, y recuerda igualmente que, de acuerdo con la dispuesto en la normativa vigente, la Sala no puede desconocer el “pronunciamiento efectuado por el Tribunal Constitucional al que se refiere la Generalitat de Cataluña en su escrito” (es decir la sentencia 31/2010 de 28 de junio).
El Tribunal Supremo confirma las competencias autonómicas en materia de autorizaciones iniciales de trabajo (I).
1.La excelente página web “migrarconderechos” dedicada a la inmigración que dirige la incansable profesora de la Universidad de León, y buena amiga, Aurelia Alvárez, ha publicado recientemente las dos sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (sección 3ª) en los recursos interpuestos por las Comunidades Autónomas de Murcia y de Madrid contra el Real Decreto 1162/2009 de 10 de julio por atribuir competencias a las Comunidades Autónomas en materia de autorizaciones iniciales de trabajo que, a juicio de las recurrentes, no pueden ser asumidas por estas ya que dicha autorización según explica el TS en la síntesis del recurso, “se inserta en el procedimiento de autorización de la residencia que constituye una competencia exclusiva del Estado no renunciable ni autolimitable”. Había tenido conocimiento de las dos sentencias, de 17 de mayo y 10 de octubre de 2011 (números de recursos 103/2009 y 97/2009, respectivamente) a través de los medios de comunicación pero aún no había tenido la oportunidad de leerlas, y por ello agradezco a migrarconderechos que las haya puesto a nuestra disposición.
El recurso de la Comunidad de Murcia se interpuso el 22 de octubre de 2009, y el de la Comunidad de Madrid el 23 de septiembre, y los argumentos de ambos son sustancialmente idénticos como indica el TS en la segunda de las sentencias (“las alegaciones de la Comunidad demandante en este litigio coinciden,… con las que en el recurso 123/2009 presentó la Comunidad Autónoma de Murcia..”). Lógicamente también son sustancialmente idénticos los argumentos de la Administración General del Estado, parte demandada, y de la Generalitat de Cataluña como parte codemandada, ya que el RD se dictó poco después del acuerdo de traspaso de la gestión de las autorizaciones iniciales de trabajo a esta Comunidad.
2. Recordemos brevemente el contenido del RD 1162/2009 que nos interesa a los efectos del presente comentario, y hagamos mención al Dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de RD.
A) La norma, en plena consonancia con el acuerdo alcanzado con la Comunidad Autónoma de Cataluña que abría el camino a los que pudieran producirse con otras autonomías que tengan atribuido el mismo título competencial en sus Estatutos, disponía que el traspaso de competencias determinaría la intervención de dos autoridades administrativas en la resolución del expediente administrativo cuando se pidiera autorización de trabajo, y modificaba varios artículos del RD 2393/2004 para establecer una adecuada coordinación de las dos administraciones públicas. Es decir, la autonómica, que resolvería sobre la concesión de la posibilidad de trabajar, y la estatal, que resolvería sobre la posibilidad de que el extranjero resida en España. O lo que es lo mismo, tenía que haber un único procedimiento administrativo, y el sujeto interesado debería tramitar toda la documentación ante una sola administración, que sería la más próxima a la ciudadanía, con un documento de respuesta en el que se contendría el pronunciamiento concreto de cada una de las administraciones competentes.
Se iniciaría el procedimiento por el órgano correspondiente de la CCAA, coordinado con el de la Administración General del Estado (AGE). Se dictaría una resolución conjunta de autorización o denegación, expedida por el órgano competente de la CCAA “y firmada por los titulares de cada uno de los órganos competentes de cada una de las Administraciones”, notificada a la parte interesada por la CCAA, y con posible impugnación ante los órganos que la firmaran (en razón de cuál fuera el competente para resolver) si bien la resolución se volvería a firmar por ambas administraciones y se comunicaría por la CCAA.
Para que el sistema derivado de la asunción de competencias por las CCAA funcionara de manera efectiva y eficaz, era necesario que hubiera coordinación e información mutua entre ambas administraciones, ya que la AGE necesita disponer de información sobre los flujos migratorios en todo el Estado, y las CCAA deben disponer “de la información relativa a las renovaciones de las autorizaciones que se concedan a partir de las autorizaciones iniciales de trabajo que hubieran concedido”. Además, se hacía especial hincapié en la efectiva y rápida utilización de las aplicaciones informáticas para que la tramitación fuera lo más ágil posible.
Para concretar en el texto articulado la nueva articulación competencial, se recogían numerosas modificaciones de preceptos del RD 2393/2004 en los artículos referidos a la tramitación inicial de autorizaciones de trabajo y en los que se hacía referencia a la AGE, ya que a partir de su entrada en vigor habría que incorporar referencias a las CCAA cuando se tratara de autorizaciones iniciales de trabajo.
Se modificaron los arts. 49.2; 50; 51.1 (presentación de la solicitud ante la CCAA, cuando se fuera a desarrollar en este territorio la relación laboral y dicha CCAA “hubiera asumido competencias en materia de autorización inicial de trabajo por cuenta ajena”; 51.3 (el informe de la AGE sería vinculante cuando la causa de inadmisión afectara al ámbito de la residencia); 51.4 (sería la CCAA con competencias la que recabaría los informes de la Administración tributaria y el de la Seguridad Social); 51.5 (resolución conjunta, coordinada y concordante, de ambas administraciones sobre la petición formulada); había una nueva redacción de la mayor parte del art. 53, con la adición de dos importantes nuevos apartados; se daba nueva redacción al art. 58; al art. 59.4; al art. 59.5 (importante: sería la CCAA la que verificaría el cumplimiento de los requisitos correspondientes al ámbito laboral y simultáneamente, a la competencia de la AGE para lo relativo al ámbito de residencia.); números 6 y 7 del art. 59; art. 60.2; art. 61, art. 62.1, con un añadido importante sobre la renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta propia.
Por una vía indirecta, la modificación del art. 79, al que se adicionaba un nuevo número 5, se reconocían competencias autonómicas en materia de contingente, ya que el acuerdo que se aprobara por el gobierno debería establecer la intervención autonómica competente “en los trámites de carácter laboral, así como en la recepción de solicitudes, admisión a trámite, comprobación de los requisitos laborales, emisión de informe sobre los mismos y su remisión a la Dirección General de Inmigración para continuación de los trámites”. En la misma línea se situaban el nuevo párrafo 3 del art. 81 y el apartado 2 modificado del art. 84.
Los art. 90 y siguientes regulaban las competencias autonómicas en el caso de estudiantes que prestaran una actividad laboral a tiempo parcial. Se producía una importante modificación en la nueva redacción del art. 99, en concreto el segundo párrafo de la letra b), relativo a las modificaciones de la autorización inicial de residencia temporal y de trabajo. También tendría competencias la CCAA sobre la autorización para trabajar por cuenta ajena de los familiares previamente reagrupados.
B) Sobre el proyecto de RD se pronunció el importante Dictamen del Consejo de Estado de 26 de marzo de 2009, del que extraigo algunos de sus fragmentos más relevantes desde el ámbito de mi estudio.
“La regulación proyectada del procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones iniciales de trabajo y residencia sitúa formalmente en el mismo plano la intervención de las Administraciones estatal y autonómica en cuanto prevé una decisión coordinada y concordante, de modo que la decisión desfavorable al otorgamiento de una de esas Administraciones públicas, por considerar que no concurren los requisitos precisos para que el interesado trabaje o resida en España, vincula a la otra Administración, sin perjuicio de la posibilidad de recurso. Desde luego, la oposición de una u otra Administración estatal o autonómica impide el reconocimiento del derecho del solicitante a residir y trabajar en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña o Andalucía, pero no podría impedir el reconocimiento de tal derecho para residir y trabajar en otro territorio español, o a residir, sin autorización de trabajo, en Cataluña o en Andalucía.
Entiende el Consejo de Estado que este condicionamiento es indudable desde la perspectiva de las Comunidades Autónomas, ya que sus decisiones sobre la concesión de las autorizaciones iniciales de trabajo exigen la concurrencia de la correlativa decisión favorable del Estado a la residencia del interesado en España. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la proposición paralela, consistente en que una Comunidad Autónoma pudiese, en ejercicio de su competencia para otorgar la autorización inicial de trabajo en su territorio, impedir la residencia en España de aquella persona que reúna los requisitos exigidos por la legislación. Tal proposición no es viable, porque las competencias que las Comunidades Autónomas han asumido en estos ámbitos son accesorias respecto de las originarias y exclusivas competencias del Estado, como lo evidencia la configuración de las competencias autonómicas como "ejecutivas" y el hecho de que la normativa legal autoriza que el Estado, si considera que concurren los requisitos para residir en España, puede conceder la autorización de residencia que en cada caso corresponda, sin que la decisión negativa autonómica pueda tener el efecto de impedir esa decisión estatal, como podría dar a entender alguna expresión del Proyecto.
La competencia relativa a la autorización o denegación de la entrada o la salida del territorio de un Estado, al igual que la concesión de la nacionalidad o el reconocimiento del derecho de residencia, ha sido una tradicional prerrogativa del Estado, inherente a su soberanía e, incluso, desde una perspectiva dogmática, esencial a las funciones del Estado mismo.
La asunción por las Comunidades Autónomas de las referidas facultades ha de considerarse como una autolimitación en su ámbito originario de competencia por parte del Estado, que retiene la competencia de autorización de la residencia en territorio nacional -la cual, en la relación con la autorización para trabajar, representa un prius, conforme a la legalidad vigente-. Esta autolimitación, en cualquier caso, no debe derivar en una equiparación de la actuación de los dos actores públicos implicados -Comunidades Autónomas con competencias en materia de autorización inicial de residencia y trabajo y Estado-, en el sentido de que la competencia de la Administración del Estado para reconocer el derecho a la residencia en el territorio nacional quede limitada por la nueva competencia autonómica. Desde esta perspectiva, la previsión del Proyecto de que toda decisión en el ámbito que regula ha de ser común y concordante entre las dos Administraciones es aplicable a la competencia autonómica en materia de autorización inicial de trabajo, pero no a la competencia estatal en materia de residencia en España, ya que las Administraciones autonómica y estatal no ocupan una posición equiparable en este ámbito de competencias.
Ha de entenderse que el Proyecto aborda la regulación de los procedimientos afectados por la asunción estatutaria de competencias desde la sola óptica de insertar las facultades decisorias de las dos Administraciones públicas en un mismo procedimiento, con el alcance mencionado, dando lugar a actos únicos, comunes y concordantes desde la perspectiva de la competencia autonómica, pero no desde la propia del Estado (y todo ello salvo en materia de inadmisión a trámite, cuando las causas afecten a la autorización de residencia -nuevo artículo 51.3 del Reglamento, párrafo cuarto, introducido por el apartado cinco del artículo primero del Proyecto-)”.
3. Los recursos interpuestos por los gobiernos de ambas CC AA, gobernadas por el Partido Popular, tenían lógicamente muchos puntos de conexión con el recurso que se interpuso en su día por el grupo popular contra la Ley Orgánica 6/2006 de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y por consiguiente la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 31/2010 de 28 de junio también ha sido tenido en cuenta por el TS en el momento de dictar ambas sentencias. Destaco en especial la importancia de la primera ya que la segunda se remite en su totalidad a ella con la tajante afirmación de que “las razones que condujeron a desestimar el recurso número 103/2009,… son del todo aplicables al presente, por lo que procederá sin más su desestimación. …(y) nos remitimos, pues, a lo en ella expresado para rechazar también las pretensiones anulatorias ejercitadas en este recurso”.
Inclusión en la Seguridad Social de las personas participantes en programas de formación.
1. El Congreso de los Diputados aprobó el día 21 de julio el Proyecto de Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, y la Ley número 27/2011 de 1 de agosto, se publicó en el BOE al día siguiente, culminándose así la tramitación del proyecto presentado el 25 de marzo por el Gobierno en el Parlamento. Respecto a su entrada en vigor, la regla general es que se producirá a partir del 1 de enero de 2013, pero un muy amplio número de disposiciones adicionales entró en vigor el mismo día de la publicación, y además dos disposiciones adicionales se aplicarán a partir del 1 de enero del próximo año y una disposición específica relativa a la incompatibilidad del disfrute de una pensión de incapacidad permanente absoluta y de gran invalidez entrará en vigor el 1 de enero de 2014.
Uno de los preceptos que entró en vigor el 2 de agosto es la disposición adicional tercera, que impuso al Gobierno la obligación de regular en un plazo de tres meses la inclusión en el ámbito protector la Seguridad Social de las personas que participan en programas de formación. Igualmente la norma, y así se había previsto en el Acuerdo Social y Económico, permite “recuperar” un máximo de dos años de cotización de los períodos formativos llevados a cabo con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, mediante la suscripción del correspondiente convenio especial con la Seguridad Social Ahora bien, parece que responde a una razón de ser jurídica distinta de la regulación que acabo de explicar la remisión de la entrada en vigor de la disposición adicional cuadragésimo primera, que trata también sobre “estancias de formación, prácticas, colaboración o especialización”, al 1 de enero de 2013, ya que presta especial atención a la cotización a la Seguridad Social de todos los períodos formativos de titulados académicos, con una llamada a la realización de planes de control para evitar el fraude laboral y fiscal de las becas que encubren puestos de trabajo y, más importante aún, la obligación de adecuar todos los programas de ayuda existentes (eso sí, ciertamente dice la norma “a la entrada en vigor de la Ley”) a esa finalidad, y con un plazo concreto de un máximo de cuatro meses para que se produzca dicha adaptación cuando se trate de ayudas financiadas con fondos públicos.
2. El desarrollo reglamentario de la citada disposición adicional se ha producido muy recientemente; se trata del Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre “por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social”. La norma ha sido publicada en el BOE del día 27 de octubre y entra en vigor “el día primero del mes siguiente al de su publicación en el BOE”, es decir la festividad de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y se dicta al amparo de las competencias exclusivas en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social atribuidas al Estado por el artículo 149.1.17ª de la Constitución. Una norma, además, cuya aplicación el sector público estatal no debe suponer ningún coste adicional, ya que deberá aplicarse mediante la reasignación de dotaciones ya consignadas en el presupuesto.
Recordemos en primer lugar exactamente el contenido de la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011 que lleva por título “Seguridad Social de las personas que participan en actividades de formación”:
“1. El Gobierno, en el plazo de tres meses a partir de la publicación de la presente Ley y en base a las previsiones contenidas en el artículo 97.2.m) de la Ley General de la Seguridad Social y en los términos y condiciones que se determinen reglamentariamente, establecerá los mecanismos de inclusión de la misma de los participantes en programas de formación financiados por organismos o entidades públicos o privados, que, vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, conlleven contraprestación económica para los afectados, siempre que, en razón de la realización de dichos programas, y conforme a las disposiciones en vigor, no viniesen obligados a estar de alta en el respectivo Régimen de la Seguridad Social.
2. Las personas que, en la fecha de entrada en vigor de la disposición reglamentaria referida en el apartado anterior se hubieran encontrado en la situación indicada en el mismo, podrán suscribir un Convenio especial, por una única vez, en el plazo, términos y condiciones que determine el Ministerio de Trabajo e Inmigración, que les posibilite el cómputo de cotización por los periodos de formación realizados antes de la señalada fecha, hasta un máximo de dos años”.
Por consiguiente, se trata de regular, tal como se explica en la introducción de la norma, la integración en el régimen general de Seguridad Social de personas que participan en programas de formación que incluyen prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades, y que no tienen carácter puramente académico (“lectivo” es el término más exacto utilizado en la norma), añadiéndose a efectos pedagógicos (aunque no se dijera también debería ser así, pero no me parece mal que el legislador recuerde que puede haber actividades laborales jurídicamente hablando con prácticas formativas) que la integración en la Seguridad Social se producirá sólo en tales casos, es decir siempre que tales prácticas no den lugar por sí mismas “al establecimiento de una relación laboral”.
Los preceptos de la Ley General de Seguridad Social que sirven de referencia para facilitar la integración, y concretar sus términos, son los artículos 97.2 m) y 114.2. El primer artículo dispone que estarán obligatoriamente incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social los trabajadores por cuenta ajena o asimilados comprendidos en el apartado 1.a del artículo 7, así como también “cualesquiera otras personas que, en lo sucesivo y por razón de su actividad, sean objeto, por Real Decreto a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (en la actualidad Ministro de Trabajo e Inmigración”), de la asimilación prevista en el apartado 1 de este artículo”. Por su parte, el artículo 114.2 establece que será la propia norma en la que se disponga la asimilación a trabajadores por cuenta ajena de algún colectivo la que determinará “el alcance de la protección otorgada”, o lo que es lo mismo, que no será necesariamente toda la acción protectora prevista en el régimen general.
3. El artículo 1 regula la asimilación a trabajadores por cuenta ajena de un determinado colectivo de estudiantes que realizan actividades formativas. Sus notas definidoras son las siguientes:
A) Ha de tratarse de programas formativos vinculados a estudios universitarios o de formación profesional.
B) Los programas formativos han de estar financiados por entidades u organismos públicos o privados. Será aquella entidad que financie la actividad formativa la que deberá hacer constar, a los efectos oportunos para la integración en el régimen general, que el programa se ajusta a los requisitos requeridos por la norma, así como también su duración. En el supuesto de cofinanciación por dos o más entidades u organismos, corresponderá la elaboración del documento que certifique la formación al que abone la contraprestación económica.
C) No deben tener carácter puramente lectivo, y han de incluir prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades.
D) Los sujetos que realizan la actividad formativa no laboral han de percibir una contraprestación económica (beca, ayudas,…) con independencia del concepto o la forma en que se perciba, en el bien entendido que queda expresamente excluida la contraprestación salarial porque ello implicaría la existencia de una relación laboral que determinaría obligatoriamente el alta como trabajador por cuenta ajena en el régimen general.
Además, es importante indicar que queda excluido del ámbito de aplicación del RD 1493/2011 el personal investigador en formación al que le es de aplicación el Real Decreto 63/2006 de 27 de enero, es decir “aquellos graduados universitarios que sean beneficiarios de programas de ayuda dirigidos al desarrollo de actividades de formación y especialización científica y técnica a través, como mínimo, de los correspondientes estudios oficiales de doctorado”, y que ya están incluidos en el régimen general de Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional primera de esa norma durante el período de disfrute de la beca.
También es necesario destacar la expresa manifestación recogida en la disposición adicional única (aunque no se dijera el resultado jurídico debería ser el mismo, pero la “pedagogía jurídica” cumple ciertamente un papel importante en ocasiones como esta) de la no consideración de los periodos formativos que se regulan en la norma como de servicios previos o servicios efectivos en las administraciones públicas, y ello “aunque las actividades incluidas en tales programas se desarrollen en administraciones, entidades u organismos públicos, o sean financiador por ellos”.
4. El artículo 2 regula los actos de encuadramiento, previendo la incorporación y cese (afiliación y/o alta, y baja) a partir lógicamente de la fecha del inicio y en la del cese de la actividad del participante en el programa formativo, remitiéndose con carácter general a la normativa aplicable al conjunto de las personas integradas en el régimen general, el Real Decreto 84/1996 de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social. La norma también prevé la posibilidad, frecuente en el desarrollo de algunas actividades formativas, de separación de las prácticas de los períodos lectivos, concretando que el inicio y el cese a efectos de Seguridad Social se producirá igualmente “a partir de la fecha del inicio y en la del cese de tales prácticas”.
5. La acción protectora, según dispone, el artículo 3, será la correspondiente al régimen general de la Seguridad Social, con la única, y significativa, exclusión de la protección por desempleo, exclusión que también se aplica al personal investigador en formación durante el período de disfrute de su beca. Por consiguiente, no existirá obligación de cotizar por dicha contingencia, ni tampoco al Fondo de garantía salarial ni por formación profesional (artículo 4), remitiéndose por lo demás la norma respecto a la cotización por contingencias comunes y profesionales, así como su ingreso, a la normativa general sobre reglas de cotización que se establezca “para los contratos para la formación y el aprendizaje” establecida en la Ley de Presupuestos generales del Estado y en sus normas de desarrollo (la Orden anual por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional).
El sujeto responsable de financiar el programa de formación (y, como ya he indicado con anterioridad, aquel que abone efectivamente la contraprestación económica cuando se trate de un programa cofinanciado) tendrá la consideración de empresario a los efectos de asumir los correspondientes derechos y obligaciones previstos para estos en el régimen general. A tal efecto, se prevé la obligación de solicitar un código de cuenta de cotización específico para todas las personas que participen en programas formativos regulados en la norma ahora objeto de comentario.
6. La norma prevé el régimen transitorio de aplicación a quienes estén realizando actividades formativas en el momento de su entrada en vigor (1 de noviembre), y también para la toma en consideración de períodos prestados con anterioridad por aquellos sujetos que aún están participando en aquellas.
En el primer supuesto, la entidad que abone la contraprestación económica debe solicitar, en su caso, la inscripción como empresa y la apertura del código de cuenta de cotización antes referenciado, disponiendo de un mes a partir de esa fecha para la afiliación y/o alta de los sujetos que realicen las actividades formativas. El Real Decreto prevé la regularización del pago de la cotización del mes de noviembre, sin ningún recargo e interés de demora, hasta el 31 de enero de 2012 (supongo que para permitir al empleador hacer frente a un pago que, aunque previsible por el obligado desarrollo reglamentario de la reforma de la Ley General de Seguridad Social, quizás no había previsto en sus previsiones económicas para 2011). En el segundo, el importe de la cotización que debe ingresar el sujeto solicitante del convenio especial por el período anterior a la entrada en vigor de la norma será igual “a la cotización al Régimen General de la Seguridad Social que corresponda por la participación en tales programas”.
7. Por último, la norma no se olvida, ni podía hacerlo ya que la reforma de la Ley General de Seguridad Social ha recogido expresamente la posibilidad, de aquellas personas que realizaron actividades formativas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 1493/2011 y que no pudieron acogerse en su momento a la asimilación/integración en el régimen general. A tal efecto, se les permite la suscripción de un convenio especial que les posibilitará computar por un período máximo de dos años los períodos formativos que puedan acreditarse debidamente y que se llevaron a cabo tanto en España como en el extranjero, con remisión general a las previsiones de la Orden TAS/2865/2003 de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial con la Seguridad Social, y con las siguientes particularidades:
A) El sujeto que desea suscribir el convenio debe acreditar la participación en actividades formativas que cumplan las condiciones y requisitos regulados en el artículo 1 del Real Decreto. Tal acreditación se producirá mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo o entidad público o privado que financió aquellas, o en su caso, y como garantía añadida para el solicitante, “por cualquier medio de prueba válido en derecho de no ser posible la obtención de dicha certificación”. En el documento que se presente deberá constar la duración del período formativo, en el bien entendido de que si este fuera superior a dos años sólo se tendrán en cuenta los dos últimos prestados a los efectos de cómputo de cotización a la Seguridad Social.
También se incluye al personal investigador en formación que hubiera llevado a cabo su actividad formativa antes del 4 de noviembre de 2003, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 1326/2003 de 24 de octubre por el que aprobó su estatuto y cuyo artículo 6 dispuso que “Los beneficiarios de becas otorgadas con cargo a programas inscritos en el Registro de becas quedan asimilados a trabajadores por cuenta ajena, a efectos de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, en los términos y condiciones establecidos en este artículo”, o en su caso a la fecha de inscripción del programa en el registro de becas (la disposición transitoria del RD 1326/2003 disponía los siguiente: “A los becarios definidos en el artículo 1 que, a la entrada en vigor de este Real Decreto, se encuentren disfrutando de becas concedidas al amparo de programas de becas de los diversos centros públicos de I+D, organismos públicos de investigación, universidades, así como los diferentes departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, entidades locales y entidades sin ánimo de lucro que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 5, les será de aplicación lo previsto en el artículo 6, desde la fecha de inscripción de sus actuales programas de becas de investigación en el Registro de becas”).
B) El plazo para la solicitud de suscripción del convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 2012, previéndose la posibilidad de un plazo adicional de seis meses, con carácter excepcional, si el solicitante acredita la imposibilidad de aportar la documentación en el plazo estipulado, si bien hay que tener en consideración por quien presente la solicitud que ese plazo adicional de seis meses empezará a contar “desde la fecha en que se hubiera presentado la respectiva solicitud”. La norma excluye la posibilidad de solicitar el convenio a quienes disfruten de una pensión de jubilación o de incapacidad permanente, salvo cuando tal posibilidad está permitida por el amplio elenco de supuestos recogidos en el artículo 2.2 de la Orden TAS/2865/2003 (“Los pensionistas de incapacidad permanente total para la profesión habitual que, con posterioridad a la fecha de efectos de la correspondiente pensión, hayan realizado trabajos determinantes de su inclusión en el campo de aplicación de alguno de los Regímenes que integran el Sistema de la Seguridad Social y se encuentren en las situaciones previstas en los apartados anteriores. Los pensionistas de incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, que sean declarados plenamente capaces o con incapacidad permanente parcial para la profesión habitual como consecuencia de un expediente de revisión por mejoría o error de diagnóstico. Los pensionistas de incapacidad permanente o jubilación a quienes se anule su pensión en virtud de sentencia firme o se extinga la misma por cualquier otra causa”).
C) El abono de la cotización a ingresar por la suscripción de convenio podrá efectuarse en pago único o bien de forma fraccionada, previéndose el pago durante un número máximo de mensualidades “igual al doble de aquellas por las que se formalice el convenio”. La base de cotización será la mínima vigente en el régimen general que corresponda a cada período que se acredite y que sea computable; una vez determinada la cuota íntegra se multiplicará por el coeficiente del 0,77, y resultado de esta operación será la cuota a ingresar.
Subvenciones para acciones de apoyo a la FP para el empleo en el ámbito estatal.
Por la Resolución de 6 de octubre, del Servicio Público de Empleo Estatal, se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2011, de subvenciones destinadas a la realización de acciones de apoyo y acompañamiento a la formación profesional para el empleo en el ámbito estatal
La norma se publicó el miércoles 12 de octubre y entró en vigor al día siguiente de su publicación, y tiene por finalidad regular la convocatoria de concesión de subvenciones para el año en curso al objeto de que puedan llevarse a cabo acciones de investigación e innovación y acciones de información y orientación. La norma se ajusta a las bases reguladoras establecidas en la Orden TIN/2805/2008, y con dichas acciones se pretende conseguir una mejora y una mayor eficacia de la formación profesional para el empleo de los trabajadores. Según dispone el artículo 2, estas acciones no podrán dirigirse específicamente al ámbito de las Administraciones Públicas. La norma pretende que la formación llegue a las pequeñas empresas, así como también a los colectivos con difícil acceso al mercado de trabajo. En tal sentido se contempla de forma expresa en el artículo 5 que, entre otros supuestos, las acciones de promoción y difusión de ámbito estatal e intersectorial irá dirigida a “Empresas que puedan ser beneficiarias de las bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social destinadas a la financiación de las acciones de formación de demanda, con especial atención a las empresas de menos de 50 trabajadores”. Los colectivos a los que deberá prestarse especial atención, de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 3/2011 de 18 de febrero, son jóvenes, con especial atención a aquellos con déficit de formación, mayores de 45 años, y personas con discapacidad.
La partida presupuestaria asignada al efecto es de 12.000.000 euros, desglosada para los diferentes tipos de acciones en las cuantías fijadas en el artículo 4, siendo especialmente importantes las cantidades asignadas a las acciones de promoción y difusión (4.400.000 euros) y a las de investigación y experimentación (5.050.000 euros).
Las acciones que podrán desarrollarse serán las dirigidas a promoción y difusión de la formación profesional para el empleo; experimentación de servicios integrados de información y orientación en formación profesional para el empleo; acciones de innovación en procesos, productos y herramientas de formación; creación de foros para la reflexión, análisis, intercambio de experiencias y elaboración de propuestas sobre formación, cualificación y desarrollo empresarial, en el marco del modelo de formación profesional para el empleo; acciones de investigación y experimentación; acción de valoración y difusión de productos y herramientas.
La cuantía de la subvención a percibir se fijará de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 12, y se deberá tener en consideración las actividades a realizar, las cantidades solicitadas por diferentes conceptos y las especificaciones de financiación y el número de proyectos a financiar.
La tramitación de las solicitudes se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, y el plazo para la presentación es de 15 días naturales a partir del siguiente al de la publicación. La autoridad administrativa laboral dispone de un plazo máximo de 6 meses, a contar desde la entrada en vigor de la presente convocatoria, para dictar y notificar la resolución, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada la solicitud.
1. El darrer baròmetre d’opinió política del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat (CEO), fet públic avui dimarts 25 d’octubre, constata, si el comparem amb l’anterior, la disminució de la preocupació dels ciutadans per l’atur, l’augment pel que fa a la situació econòmica, una elevada insatisfacció amb la política, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Catalunya però amb menys intensitat que fa un any.
En el baròmetre del CEO es pregunta als enquestats quins són el principals problemes que té actualment Catalunya (possibilitat de més d’una resposta). La immigració es situa en quart lloc (16,3) per darrera de l’atur i la precarietat laboral (59,1), el funcionament de l’economia (55,3), i la insatisfacció amb la política (22,0). El segueixen les relacions Catalunya- Espanya (11,2), la sanitat (9,5) i la inseguretat ciutadana ),0). Cal destacar que fa un any l’atur i la precarietat laboral eren esmentats per un 66,3, el funcionament de l’economia per un 30, la insatisfacció política per un 23,4, i la preocupació per la immigració per un 19,9.
Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Catalunya, la immigració es situa en el cinquè lloc (3,2), per darrera de l’atur i la precarietat laboral (41,8), del funcionament de l’economia (28,4), de la insatisfacció amb la política (9,3), i de les relacions Catalunya – Espanya (3,6). En el baròmetre anterior, la immigració era el principal problema per a un 4,0, l’atur per al 51,5, el funcionament de l’economia per al 17,3, i la insatisfacció amb la política per al 3,9.
A l’últim, cal destacar que CiU és el grup polític més valorat per poder resoldre el problema que cada enquestat considera més important (17,6 % ), per davant del PP (7,0), PSC (5,0 %), ICV-EUIA (2,6 %), i ERC (1,6), mentre que un 17,3 no ho sap i un 45,1 % és del parer que cap partit pot resoldre el problema (43,3 en el baròmetre anterior).
Aragón. Estructura orgánica del Departamento de Economía y Empleo.
El Decreto 330/2011 de 6 de octubre procede a la aprobación de la estructura orgánica del Departamento de Economía y Empleo, creado por Decreto de 15 de julio y al que se le atribuyeron, por Decreto de 22 de julio, las competencias que anteriormente tenía asignadas el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. El texto fue publicado en el Boletín Oficial autonómico el día 7 y entró en vigor al día siguiente de su publicación.
Desde la perspectiva laboral interesa destacar que entre las amplias competencias atribuidas al Departamento se encuentran aquellas que afectan más directamente al mundo del trabajo: ejecución de la legislación laboral, intermediación laboral, prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo, y la función pública inspectora sobre dichas materias; trabajadores autónomos, cooperativas y entidades asimilables, así como el fomento y promoción del trabajo autónomo, del movimiento cooperativo y de otras modalidades de economía social; empleo, incluyendo las políticas de promoción de empleo y formación profesional para el empleo.
En la estructura del Departamento encontramos el órgano directivo de la Dirección General de Trabajo. Además, se adscribe al Departamento el organismo autónomo Instituto Nacional de Empleo, con las funciones reconocidas en su normativa específica de creación y funcionamiento.
La Dirección general de Trabajo se estructura en dos unidades administrativas, el Servicio de Relaciones Laborales y el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Las competencias atribuidas a la DGT versan entre otras sobre la ejecución de la legislación laboral, la prevención de riesgos laborales, la promoción del principio de igualdad y no discriminación en las relaciones laborales, el desarrollo del Estatuto del trabajador autónomo, y el estudio, informe y propuesta de disposiciones normativas en su ámbito funcional.
La norma regula igualmente la distribución del ejercicio de la potestad sancionadora en materia laboral, de tal manera que aquellas que lleguen hasta 12.020,24 euros serán impuesta por el Director del Servicio Provincial; las que alcancen hasta los 30.050,61 euros son competencia del Director General de Trabajo; en fin, las sanciones por cuantías superiores corresponden al Consejero del Departamento.
1. El Ministeri de Treball i Immigració ha publicat avui, dijous 20 d’octubre, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de setembre.
2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de setembre hi ha un total de 1.816.662 afiliats (55,50 % homes i 44,50 % dones), dels quals 675.684 són de països UE (382.859 homes i 292.825 dones), i 1.140.978 són de països no UE (625.506 homes i 515.473). És a dir, s’ha produït un descens anual del 2,78 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de setembre de 2010 era de 1.868.675. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 52.013 persones Cal destacar el descens de l’afiliació en el regim general (29.299) parcialment compensat pel creixement en el regim agrari (16.304). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, en sèrie interanual, hem passat dels 199.969 del mes de setembre de 2010 als actuals 209.374.
Per règims, el 64,87 % pertanyen al general, el 10,05 % al règim de la llar familiar, el 13,23 % a l’agrari, el 11,53 % al d’autònoms, el 0,29 % al del mar i el 0,03% al del carbó. Cal recordar que els percentatges del mes de setembre de 2010 eren els següents: 66,61 % pertanyien al general, el 9,59 % al règim de la llar familiar, el 12,77 % a l’agrari, el 10,70 % al d’autònoms, el 0,29% al del mar i el 0,03% al del carbó.
Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general (171.793 i 114.783, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (35.575 i 22.539), dels romanesos i marroquins en l’agrari (83.544 i 65.516), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (37.267 i 15.867).
Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de setembre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (410.499, 22,60 %), seguida de Madrid (382.321, 21,05 %), Andalusia (205.262, 11,30 %) i la Comunitat Valenciana (189.683, 10,44 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 15.361 persones, un 3,60 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (425.849, 22,79 %), seguida de Madrid (394.715, 21,12 %), Andalusia (209.785, 11,23 %) i la Comunitat Valenciana (192.707, 10,31 %).
En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 288.805 persones (24,51 %), de les quals 193.881 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 198.125 treballadors, un 16,81 %, dels quals 132.648 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 134.016 treballadors, un 11,37 % del total, dels quals 92.178 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el quart lloc i ocupa a 127.900 persones, un 10,85 %, dels quals 76.890 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (60.940, 29,11 %), del sector de l’hostaleria (42.737, 20,41 %), i del sector de la construcció (30.121, 14,39 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 21.519). El mes de setembre de 2010 les dades eren les següents: el sector de l’hostaleria ocupava a 289.506 persones (23,26 %), de les quals 196.623 eren no comunitaris. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 203.417 treballadors, un 16,34 % dels quals 138.769 eren extracomunitaris, i en tercer lloc es trobava el sector de la construcció que ocupava a 167.432, un 13,45 %, dels quals 106.260 eren no comunitaris; D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 143.100 treballadors, un 11,50 % del total, dels quals 102.338 eren extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (54.935, 27,47 %), del sector de l’hostaleria (40.592, 20,30 %), i del sector de la construcció (32.562, 16,28 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 23.631).
Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (294.581), i els marroquins es situen en la segona posició amb 205.815 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (140.124), seguits dels colombians amb 101.892, dels xinesos amb 86.033, dels bolivians amb 84.070, dels peruans amb 65.781, dels italians amb 65.274, dels búlgars amb 54.983, i del treballadors del Regne Unit amb 52.101. Les dades del mes de setembre de 2010 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (288.839), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 216.065 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (171.043), seguits dels colombians amb 115.352, dels xinesos amb 81.925, dels bolivians amb 80.666, dels peruans amb 71.714, dels italians amb 65.171, i dels búlgars amb 53.528.
3. La mitja del mes de setembre de 2010 d’afiliats estrangers a Catalunya és de 410.499, dels quals 115.038 són de països UE i 295.461 de països no UE.
Per règims, el 74,91 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,02 % en el de la llar familiar, el 5,24 % en l’agrari, el 10,61 % en el d’autònoms i el 0,22 % en el del mar. Cal recordar que els percentatges del mes de setembre de 2010 eren els següents: el 76,74 % dels afiliats estaven inclosos en el general, el 8,54 % en el de la llar familiar, el 5,07 % en l’agrari, el 9,45 % en el d’autònoms i el 0,20 % en el del mar.
Per règims, cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (40.657, 28.594 i 22.653, respectivament), dels xinesos, italians i francesos en el d’autònoms (8.455, 3.632 i 3.255), dels marroquins i romanesos en l’agrari (6.531 i 4.975), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (10.294 i 3.129).
En el règim general de Seguretat Social, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 66.095 (21,50 %), dels quals 51.216 són de països no UE, i el segon lloc correspon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 55.762 afiliats (18.13 %), dels quals 39.867 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 38.656 afiliats (12,57 %), dels quals 29.680 son de països no UE, i el quart és per a la indústria manufacturera, amb 35.208 (11,45 %), dels quals 24.230 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 27.745 (per tercera vegada el percentatge es situa per sota del 10 %, el 9,02 %), dels quals 21.697 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (11.625, 26,70 % del total), de l’hostaleria (9.251, 21,24 %) i de la construcció (4.748, 10,90 %). Les dades del mes de setembre de 2010 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 66.008 (20,20 %), dels quals 51.097 eren no comunitaris, i el segon corresponia al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 57.093 afiliats (17,47 %), dels quals 41.456 eren no comunitaris; el tercer lloc era per als afiliats en el sector de la construcció, amb 38.832, (11,88 %), dels quals 30.984 eren no comunitaris; ocupaven el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 41.383 afiliats (12,66 %), dels quals 32.571 són extracomunitaris. En cinquè lloc trobàvem la indústria manufacturera, amb 37.203 (11,38 %), dels quals 26.026 eren no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (10.195, 25,34 % del total), de l’hostaleria (8.303, 20,64 %) i de la construcció (5.052, 12,56 %).
A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (52.654), seguits dels romanesos (37.999), i els equatorians ocupen la tercera posició (26.885). A continuació trobem els bolivians (23.277), els xinesos (23.126), els italians (20.544), els colombians (19.041), els peruans (16.212), els francesos (13.178), i els pakistanesos (12.821). Les dades del mes de setembre de 2010 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (57.784), seguits dels romanesos (37.345), i els equatorians ocupaven la tercera posició (33.548). A continuació trobàvem els xinesos (22.824), els bolivians (22.455), els colombians (21.737), els italians (20.706), els peruans (17.517), els francesos (13.406), els argentins (12.682), els pakistanesos (12.526), i els dominicans (8.182).

References: artículo 138
 resolución 
 resolución 
 artículo 138
 artículo 149
 artículo 138
 artículo 138
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 51
 artículo 37
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 51
 Real Decreto 
 artículo 149
 artículo 97
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 114
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 12