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﻿ Sentencia 2011-02579 de octubre 18 de 2011
SENTENCIA 2011-02579 DE 18 DE OCTUBRE DE 2011
CONTENIDO:SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA MEDIDA DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL NO SE OPONE AL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN TANTO QUE ESTA PERMANECE INCÓLUME Y SÓLO SE DESTRUYE EN EL MOMENTO EN QUE SE PROFIERE UNA DECISIÓN DE FONDO Y SE DETERMINA QUE EL IMPLICADO ES RESPONSABLE DISCIPLINARIAMENTE Y LA MISMA TIENE COMO OBJETO ASEGURAR QUE EL PROCESO DISCIPLINARIO PUEDA DESARROLLARSE NORMALMENTE PARA EVITAR INTROMISIONES POR PARTE DEL IMPLICADO EN EL CURSO DE LA INVESTIGACIÓN. LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL PROCEDE CUANDO SE ESTÁ ANTE UNA –PRESUNTA- FALTA QUE SEA SUSCEPTIBLE DE INVESTIGARSE COMO GRAVÍSIMA O GRAVE.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD DEL JUEZ, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL, SANCIONES AL JUEZ, SANCIÓN DISCIPLINARIA AL JUEZ
Sentencia 2011-02579 de octubre 18 de 2011
Radicación 110010102000201102579 00
Asunto: niega amparo constitucional
De conformidad con lo previsto en los artículos 86; 116 inciso 1º; 256 numeral 7º de la Constitución Política; 32 del Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1382 de 2000 y el literal c) del artículo 26 del Acuerdo 75 de 2001, la Sala Dual Quinta de Decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para resolver la impugnación incoada dentro de la presente acción de tutela a lo cual procede previas las siguientes consideraciones de hecho y de derecho.
1. Precisiones metodológicas y problema jurídico.
La Sala Dual considera que frente a las particularidades del caso sometido a decisión, antes de realizar un estudio de fondo acerca de las pretensiones del peticionario, necesario es determinar la procedencia de la acción de tutela a efecto de cuestionar la validez constitucional de la providencia que declaró la suspensión provisional del actor en el cargo de Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín y solo una vez superado el mismo ponderar, si tal decisión judicial puede calificarse como lesiva de los derechos fundamentales reclamados por el disciplinado.
2. Procedencia de la acción de tutela para cuestionar la validez de la providencia que decreto la suspensión provisional contra el actor.
El citado aparte de la providencia debe analizarse desde dos aristas que guardan coherencia conceptual entre sí —de abordarse a partir de la finalidad para sustentar la procedencia de la acción de tutela— pero debido a las particularidades de los elementos fáctico/jurídicos que soportan a cada una de ellas, resulta —pedagógicamente— mejor presentarlas de forma separada a efecto de lograr su mejor comprensión.
En efecto, se hace necesario dedicar un acápite a la procedencia de la acción de tutela, cuando esta se enfila a cuestionar la validez de un acto de trámite proferido al interior de un proceso disciplinario y un segundo aspecto el relacionado con la naturaleza jurídica de la medida de la suspensión provisional, reflexión a partir de la cual se identifican los requisitos que exige su imposición y por dicha vía contar con los elementos de juicio a ponderar en el sub examine, todo de cara a las causales de procedencia del recurso de amparo contra providencias judiciales, pues sobra recordar que con la presente causa se enjuician providencias judiciales y no propiamente el trámite disciplinario que en la actualidad se encuentra en sus primeras etapas.
Así las cosas de cara a los puntos anotados, vale anotar que el marco jurisprudencial aquí utilizado, sí bien hace referencia a los procesos disciplinarios de naturaleza administrativa, tales contenidos resultan aplicables para el caso sometido a estudio, toda vez que conforme lo prescribe el artículo 193 de la Ley 734 de 2002, tal cuerpo normativo se aplica a los “procesos que, por infracción al régimen disciplinario contenido en el presente Estatuto, se adelanten contra quienes ejerzan funciones jurisdiccionales de manera permanente” e igualmente el artículo 195 ibídem precisa que “en la aplicación del régimen disciplinario para los funcionarios judiciales prevalecerán … las normas aquí contenidas…” y finalmente regula el artículo 212 que “la suspensión provisional a que se refiere este Código, en relación con los funcionarios judiciales será ordenada por la Sala respectiva” lo cual implica —necesariamente— que al momento de utilizar esta figura se debe dar aplicación a los criterios normativos establecidos en el artículo 157 del citado cuerpo normativo.
Así las cosas, los análisis jurisprudenciales efectuados por la Corte Constitucional al definir los alcances y limitaciones de la suspensión provisional al interior de procesos disciplinarios administrativos, estos se hacen extensivos a las investigaciones cuando se indaga la conducta de funcionarios judiciales y en tal virtud bajo dichas estimaciones se torna necesario entrar a realizar su estudio.
Así las cosas, se tiene que —la jurisprudencia constitucional— acepta la procedencia de la acción de tutela para cuestionar la validez jurídica de la providencia que decreta la suspensión provisional de un servidor público, postura que acepta desde la Sentencia T-456 de 2001 donde preciso que “la medida de suspensión provisional no puede ser utilizada de manera arbitraria y caprichosa por parte de quienes tienen competencia para ordenarla. Es menester que el funcionario competente realice un análisis previo de los elementos de juicio con que cuenta y determine con claridad si la permanencia en el cargo del investigado podría interferir con el trámite normal de la investigación o si la falta podría continuar o reiterarse”, situación anómala que puede ser limitada acudiendo al recurso de amparo como un mecanismo judicial apropiado para restablecer los derechos fundamentales lesionados, criterio reiterado —posteriormente— en la Sentencia T-105 de 2007 donde la referida colegiatura expuso que corresponde al juez de tutela efectuar un examen de los motivos que llevaron a “imponer una medida de suspensión provisional dentro de un proceso disciplinario, requerimiento que impone por tanto una motivación seria y pertinente de la decisión” y desde tal análisis ponderar si los motivos aducidos en la providencia que la adopta, trascienden los criterios fijados para la aplicación de la figura de la suspensión provisional.
Conforme a lo anotado resulta claro concluir que al dictarse —al interior de un proceso disciplinario— decisión de suspensión provisional, la misma puede afectar derechos fundamentales del inculpado, presupuesto que habilita al juez de tutela para realizar un estudio de fondo sobre los presupuestos para su imposición y los argumentos que la justifican, todo reducido a la forma como quedaron los mismos consignados en la providencia que la impuso, lo anterior por cuanto el juez de amparo no puede convertirse en una instancia adicional en la cual reabrir debates cerrados en debida forma ante las autoridades judiciales competentes y mucho menos proponer discusiones que deben exponerse a lo largo del proceso disciplinario, respetando los diferentes momentos establecidos para el efecto.
A la citada circunstancia, se suma que contra tal determinación —una vez surtido el grado jurisdiccional de consulta— no es posible acudir a mecanismo judicial alguno de control, pese a que la indagación disciplinaria continúe en su desarrollo lógico, no obstante lo cual teniendo en cuenta las consecuencias laborales que la aplicación de dicha figura provoca —esto es el retiro temporal del empleo— el recurso de amparo se ofrece como el instrumento judicial eficaz para analizar si tal determinación causó lesión a las garantías fundamentales del actor, sin que pueda diluirse la misma a proponer el debate a lo largo del proceso en curso, puesto que tal decisión —pese a dictarse al interior de una investigación en curso— define el sentido de derechos y ante su limitación provisional el juez de tutela entra a escrutar su validez constitucional, tal como lo determinó la Corte en la Sentencia T-961 de 2004:
“En el segundo de los eventos identificados, es decir, cuando si bien no existe un acto administrativo definitivo dentro de un proceso disciplinario, sí existen actos de trámite que han afectado las garantías constitucionales, esta corporación ha aceptado también la aplicabilidad excepcional de la acción de tutela, pero ha sido más rigurosa aún en la estructuración de las subreglas que permitan concluir su procedencia. Lo anterior, por cuanto si bien los actos de trámite no son susceptibles de recursos ante la jurisdicción contencioso administrativa, los errores en que posiblemente pudiera haberse incurrido, pueden ser subsanados dentro del trámite del proceso disciplinario y en caso de no ocurrir así, podrán ser alegados cuando el afectado decida hacer uso de la acción contencioso administrativa contra el acto que imponga la sanción disciplinaria. En esa oportunidad, la jurisdicción contenciosa controlará al mismo tiempo tanto los actos de trámite como los actos definitivos que imponen la sanción. Además, es claro que con los actos de trámite o preparatorios, no está expresándose una voluntad definitiva, sino que se constituyen como un conjunto de actuaciones intermedias previas a la formación de la decisión que se plasmará en el acto final”.
Idéntica posición jurisprudencia se sostiene en la Sentencia T-1210 de 2010 donde la Corte Constitucional estableció, lo siguiente:
Corresponde al juez de tutela examinar en cada caso concreto y según las especiales circunstancias que lo rodeen, si un determinado acto de trámite o preparatorio tiene la virtud de definir una situación especial y sustancial dentro de la actuación administrativa, que de alguna manera se proyecte en la decisión principal y, por consiguiente, sea susceptible de ocasionar la vulneración o amenaza de violación de un derecho constitucional fundamental, en cuyo caso, la tutela es procedente como mecanismo definitivo destinado a proteger un derecho fundamental vulnerado o amenazado por la acción de la administración. La tutela en este evento, además de lograr la protección de los derechos constitucionales conculcados o amenazados, tiene la misión de impedir que la administración concluya la actuación administrativa con desconocimiento de dichos derechos; se convierte de esta manera la tutela, en una medida preventiva encaminada a que la autoridad encauce su actuación conforme a los preceptos constitucionales que amparan los derechos fundamentales, y a que el desarrollo de su actividad sea regular desde el punto de vista constitucional y, consecuencialmente, el acto definitivo que expida sea legítimo, es decir, ajustado al principio de legalidad.”
— Según el artículo 209 de la Constitución Política, ‘[l]a función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad...’ y el artículo 29 de la Constitución Política, garantiza el debido proceso en las actuaciones administrativas. La tutela contra actos de trámite que definen una cuestión esencial dentro de la actuación administrativa, a la manera de una medida preventiva, como se explicó antes, persigue la finalidad de que las actuaciones administrativas adelantadas con anterioridad a la adopción de la decisión final se adecuen a los mencionados principios y aseguren el derecho de defensa de los administrados…”.
3.6. Sin embargo, valga precisar que la Corte ha sido rigurosa en la procedencia de la acción tutelar en el citado supuesto, incluido el ámbito disciplinario(5), por cuanto si bien se trata de actos que no son pasibles de control ante la jurisdicción contencioso administrativa, “los errores en que posiblemente pudiera haberse incurrido, pueden ser subsanados dentro del trámite del proceso disciplinario y en caso de no ser así, podrán ser alegados cuando el afectado decida hacer uso de la acción contencioso administrativa contra el acto que imponga la sanción disciplinaria. (…) Además, es claro que con los actos de trámite o preparatorios, no está expresándose una voluntad definitiva, sino que se constituyen como un conjunto de actuaciones intermedias previas a la formación de la decisión que se plasmará en el acto final”(6).
3.7. En suma, la jurisprudencia constitucional ha acogido la improcedencia general de la acción de tutela contra actos administrativos de trámite o preparatorios, atendiendo el requisito de subsidiariedad previsto en el ordenamiento Superior, en la medida en que tienen por objeto impulsar las actuaciones administrativas, lo cual tendrá reflejo en el acto principal posterior. Empero, ha estimado que en aquellos eventos en los que el acto administrativo de trámite resuelve un asunto de naturaleza sustancial, en el que la actuación sea manifiestamente irrazonable o desproporcionada y que amenace o vulnere derechos fundamentales, será procedente el amparo tuitivo como mecanismo definitivo(7).
En este orden de ideas y de cara a los hechos denunciados por el actor resulta claro que están dados los supuestos que soportan la procedencia de la acción de tutela y en tal sentido resulta oportuno analizar si las providencias atacadas cumplen con las exigencias —legales y jurisprudenciales— que soportan la medida de suspensión provisional, para lo cual se estudia la naturaleza jurídica de la suspensión provisional dictada al interior del proceso disciplinario e identificar las reglas para la aplicación de tal figura.
2.1. Naturaleza jurídica de la suspensión provisional.
El citado tema ha sido objeto de análisis por parte de la jurisprudencia a la cual se acude conforme a lo reglado en la Sentencia T-105/07, oportunidad en la cual el Tribunal Constitucional estableció:
“3.2. La figura de la suspensión provisional del investigado en el proceso disciplinario y los presupuestos señalados por la jurisprudencia constitucional.
3.21. Como lo recordó la Corte en la Sentencia C-450 de 2003(8) donde analizó una demanda formulada en contra del artículo 157 de la Ley 734 de 2002 dentro del nuevo Código Disciplinario Único, una vez se ha identificado al posible autor o autores de la falta, y se ha decidido abrir investigación disciplinaria, el funcionario que esté adelantando la investigación, podrá -según el artículo 157 aludido— ordenar la suspensión provisional del servidor que esté siendo investigado.
La facultad de suspender provisionalmente al servidor investigado está supeditada a que se reúnan ciertas condiciones específicas, y a que se respeten las garantías que prevé el artículo referido. Además, la aplicación de la medida tiene como uno de sus efectos la suspensión de la remuneración del servidor durante un lapso prorrogable.
En la referida sentencia la Corte hizo un completo análisis de los presupuestos y consecuencias de dicha medida que resulta pertinente recordar a continuación:
“1.1. Condiciones de la suspensión provisional.
La exigencia de que las faltas por las que se investiga o juzga al servidor, deban ser graves o gravísimas, busca circunscribir la medida respecto de conductas muy lesivas de los bienes jurídicos tutelados por el derecho disciplinario, las cuales son sancionadas con destitución, suspensión en el ejercicio del cargo, inhabilidad general o inhabilidad especial según lo dispuesto en el artículo 44 del CDU(9) La Ley 734 de 2002, en su artículo 48, enumera las faltas gravísimas en 63 numerales y cuatro parágrafos, el último de los cuales está destinado a los servidores públicos en el ámbito penitenciario y carcelario(10).
En el ordenamiento vigente, las faltas que el legislador ha incluido bajo el calificativo de gravísimas son muchas más que las que consagraba el anterior Código Disciplinario Único en su artículo 25. La enumeración taxativa de tales faltas, no sólo es más extensa(11) sino que incluye conductas contrarias al derecho internacional humanitario, entre otras innovaciones.
En cambio, el CDU no tiene una enunciación de las faltas graves. El legislador disciplinario acudió a otra técnica, consistente en, primero, indicar la base de la falta en el artículo 50(12), es decir, haber incumplido sus deberes, abusado de sus derechos, extralimitado sus funciones, o violado el régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución o en la leyes y, segundo, señalar los criterios para determinar cuándo cierta conducta, por ejemplo incumplir los deberes funcionales, constituye falta grave o leve(13).
Así, para que un servidor investigado o juzgado, pueda ser eventualmente suspendido en forma provisional, éste debe haber realizado una conducta susceptible de ser investigada como falta gravísima, artículo 48 de la Ley 734 de 2002, o bien, como una falta grave (s.f.t.).
La norma acusada, además de señalar que la suspensión provisional es una facultad que procede sólo en caso de un proceso adelantado por faltas gravísimas o graves, exige que la medida se adopte cuando “se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación o permite que continúe cometiéndola o que la reitere”.
En cuanto a las tres causales de suspensión provisional de un servidor dentro de un proceso disciplinario, es posible deducir que el fin que persigue el legislador con la causal primera, es asegurarse que el proceso se adelante en correcta forma evitando que quien es investigado o juzgado pueda llegar a interferir en él valiéndose de su cargo, función o servicio, entorpeciendo así el proceso disciplinario. Las causales segunda y tercera, por su parte, están referidas, ambas, a la preocupación de que continúe o se repita la falta que originó el proceso. Estas causales salvaguardan aquellos bienes jurídicamente tutelados que hubieren sido posiblemente lesionados en forma gravísima o grave, mediante la eliminación de la posibilidad de que sigan siendo o vuelvan a ser afectados por la conducta del servidor investigado o juzgado.
1.2.1. Garantías respecto de la adopción misma de la medida de suspensión provisional.
1.2.1.1. La motivación de la orden de suspensión provisional y su revocabilidad. En el inciso primero del artículo acusado, el legislador exige que el funcionario que decida suspender provisionalmente a un servidor público motive dicha orden(14). La motivación permite que se ejerza un control judicial sobre la legalidad de la medida.
Los motivos sobre los que el funcionario fundó la orden de suspender provisionalmente al servidor, también constituyen el fundamento único de la medida. En efecto, el legislador establece, en el inciso sexto del artículo acusado(15), que, al desaparecer los motivos que dieron lugar a la medida, y en cualquier momento, ésta deberá ser revocada. Además de quien profirió la medida, la decisión podrá ser revocada por el superior jerárquico del funcionario competente para dictar el fallo de primera instancia.
1.2.1.2. La responsabilidad personal del funcionario que decide la suspensión provisional. Adicionalmente, la norma acusada establece que la decisión de ordenar la suspensión provisional, compromete la responsabilidad personal del funcionario: “El auto que decreta la suspensión provisional será responsabilidad personal del funcionario competente…”.
1.2.2. Garantías procesales.
Entre los varios cambios que el legislador disciplinario introdujo a la medida de suspensión provisional en la Ley 734 de 2002, se encuentran algunas garantías de orden procesal. A diferencia de la norma acusada en el Código Disciplinario Único vigente, el segundo inciso del derogado artículo 115 de la Ley 200 de 1995 relativo a la suspensión provisional rezaba: “El auto que ordene o solicite la suspensión provisional será motivado, tendrá vigencia inmediata y contra él no procede recurso alguno”.
1.2.2.1. Recurso de reposición y consulta. En cambio, la norma acusada prevé que en procesos disciplinarios de única instancia, el servidor disciplinado tiene la posibilidad de presentar recurso de reposición, con el fin de que el mismo funcionario que ordenó la decisión, reconsidere su decisión.
En los procesos de primera instancia, el artículo acusado establece que una vez el auto haya sido comunicado al afectado, el funcionario deberá remitir inmediatamente el proceso a su superior para efectos de consulta. A diferencia de los procesos de única instancia en los que el servidor disciplinado puede o no hacer uso del recurso de reposición, el legislador impone al funcionario la obligación de elevar a consulta de su superior la decisión. Recibido el expediente, éste deberá permanecer durante un término de tres (3) días en secretaría, con el fin de que el servidor disciplinado presente alegaciones en su favor y las pruebas que pretenda hacer valer. Vencido este término, el superior del funcionario que adelanta la investigación o juzgamiento deberá resolver dentro de los diez (10) días siguientes(16).
1.2.2.2 Duración determinada de la medida y sus prórrogas. Otra garantía procesal que prevé la norma consiste en el término de duración definido de la suspensión provisional(17). De acuerdo a la norma acusada, el servidor podrá estar suspendido hasta por un período de tres meses, prorrogables por otros tres. De ser necesaria la continuación de la medida por más de seis meses, para su prórroga el legislador exige que el proceso disciplinario que se adelanta, sea éste de única o de primera instancia, ya haya sido fallado. En tal caso, la suspensión provisional podrá prorrogarse nuevamente pero sólo hasta por tres meses más.
De otra parte, el legislador ha previsto(18) que en caso de que el proceso disciplinario adelantado finalice con sanción de suspensión o de suspensión e inhabilidad, el lapso durante el cual el servidor estuvo provisionalmente suspendido, será computado como parte del tiempo ordenado en la sanción.
1.2.3. Los efectos sobre la remuneración del suspendido
La norma acusada establece que cuando el funcionario que adelanta la investigación o juicio, impone la medida provisional, el servidor suspendido queda “sin derecho a remuneración alguna”(19). Se trata de un efecto económico de la medida establecido por el legislador que es desarrollado en el parágrafo de la norma acusada y también en el artículo 158 de la misma ley.
Adicionalmente, el artículo 158 del CDU, no acusado, señala los casos en que el suspendido tendrá derecho al reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir durante el periodo de suspensión provisional, así como las excepciones a ello. Estos casos son: (i) cuando la investigación termine con fallo absolutorio, o (ii) con decisión de archivo, o (iii) de terminación del proceso, o bien (iv) cuando expire el término de suspensión sin que se hubiere proferido fallo de primera o única instancia. No obstante, en este último caso el legislador consagró una excepción, v.gr., cuando dicha expiración “haya sido determinada por el comportamiento dilatorio del investigado o de su apoderado”.
Cabe precisar que en dicha sentencia la Corte decidió declarar exequible por los cargos analizados, el artículo 157 de la Ley 734 de 2002, en el entendido de que el acto que ordene la prórroga de la suspensión provisional debe reunir también los requisitos establecidos en este artículo para la suspensión inicial y la segunda prórroga sólo procede si el fallo de primera o única instancia fue sancionatorio.
“[La suspensión provisional] es, ante todo, un elemento normativo de carácter preventivo, previsto para garantizar la buena marcha y la continuidad del especial servicio de vigilancia carcelaria que se atiende por aquellos, y para despejar cualquier riesgo en la buena marcha del servicio y de la investigación (…).
Esta etapa del procedimiento disciplinario no está prevista en detrimento de los derechos constitucionales al buen nombre y debido proceso, como lo señala el demandante dentro del concepto de la violación, puesto que desde cualquier punto de vista, la investigación disciplinaria y el correspondiente procedimiento que incluye la suspensión provisional en esta materia, es una carga profesional y administrativa legitima que sólo procede en caso de investigación de la posible responsabilidad del funcionario en situación de flagrancia de falta gravísima, o cuando las pruebas allegadas dentro de la misma actuación, permitan advertir la ocurrencia de falta grave o gravísima que ameriten la sanción de suspensión o de destitución. (…).
En todo caso, el investigado tiene la posibilidad procesal y administrativa de demostrar su inocencia por los distintos medios probatorios, y obtener que se le reincorpore con la plenitud de sus derechos en relación con el empleo y con los salarios a que tendría derecho”.
Posteriormente al declarar la constitucionalidad de la medida de suspensión provisional prevista en los artículos 115 y 116 del la Ley 200 de 1995, Código Disciplinario Único, la Corte en la Sentencia C-280 de 1996(20) señaló lo siguiente:
“31. De otro lado, la regulación misma del mecanismo de suspensión establecido por los artículos impugnados se adecua al sentido de la figura, pues no es una medida absolutamente discrecional, como que sólo procede respecto de faltas gravísimas —taxativamente descritas— o graves. Además sólo puede ser tomada por nominador o el Procurador General de la Nación o a quien éste delegue, y tiene un límite de tres meses, que sólo pueden prorrogarse por otros tres si se dan serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio facilita la interferencia del presunto autor de la falta en el trámite normal de la investigación o ante la posibilidad de la continuidad o reiteración de la falta. Además se prevé la reintegración al cargo y el reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir, durante el período de suspensión en los siguientes casos, si expira el término máximo de suspensión o se absuelve al investigado o la sanción no es la separación del cargo.
La Corte declarará entonces la exequibilidad de estos artículos pues la regulación prevista garantiza la buena marcha y la continuidad de la función pública, sin que con ello se afecte el empleo ni se atente contra la honra ni el debido proceso del disciplinado, porque en el curso de la investigación el servidor público tiene la oportunidad de desvirtuar la acusación que se le imputa a fin de que sea reintegrado al servicio, con el reconocimiento de lo dejado de percibir”.
En el mismo orden de ideas la Corte ha sostenido que la figura de la suspensión provisional, en materia disciplinaria, es una medida conforme con la Carta Política por cuanto su finalidad es la evitar interferencias nocivas del presunto autor de una falta grave o gravísima en el curso de una investigación que se está adelantando en su contra o impedir que la continúe cometido, y en consecuencia, la institución procesal se incardina en la salvaguarda del interés general. No obstante, las importantes consecuencias patrimoniales, personales y profesionales, de todo orden, que su aplicación conlleva para el disciplinado, conducen a enfatizar la vigencia de los límites temporales y materiales que deben respetarse al momento de su aplicación, por parte de la autoridad competente, y por supuesto, a que los efectos que aquélla produce sean conformes con la Constitución(21).
En conclusión de cara a la citada jurisprudencia, se deducen las siguientes reglas desde las cuales se aplica la figura de la suspensión provisional, mismas que deben utilizarse como marco de referencia para analizar la situación fáctica propuesta con el presente recurso de amparo:
(i) La imposición de la medida de suspensión provisional exige tener individualizada a la persona disciplinada.
(ii) Debe considerarse que el inculpado haya realizado una conducta susceptible de ser investigada como falta gravísima o grave.
(iii) Deben existir evidentes elementos de juicio desde los cuales establecer que la permanencia del encartado en el cargo, función o servicio, posibilita la interferencia del presunto autor de la falta en el trámite de la investigación o permitir que continúe cometiéndola o la reitere.
(iv) De la prenombrada regla sé deriva que no es suficiente la sospecha de las circunstancias fácticas, sino que se infieren de los medios de convicción obrantes en el proceso, serios elementos de juicio que permitan soportar su objetividad.
(v) La imposición de la medida de suspensión provisional, no implica realizar un juicio anticipado de la personalidad del encartado, ni de su responsabilidad disciplinaria que se llegare a probar en el desarrollo lógico de la investigación disciplinaria.
(vi) Decretar la suspensión provisional implica garantizar el debido proceso al disciplinado, colocando a su disposición, las razones que justifican la adopción de la medida a efecto que ejerza el derecho de defensa y presente los argumentos justificativos que pretende hacer valer.
Así las cosas, los parámetros identificados en precedencia se convierten en el marco de referencia a partir de los cuales analizar la estructura argumentativa de las providencias censuradas con el presente recurso de amparo, todo contextualizado con las causales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, razón por la cual se expone dicho tema a continuación haciendo énfasis en lo relacionado con los supuestos defectos fáctico y sustantivo que fueron aquellos alegados por el actor.
3. Aspectos generales sobre las causales de procedencia contra providencias judiciales.
En la ya copiosa doctrina de la Corte Constitucional en materia de la procedencia de tutelas contra sentencias judiciales, se han consolidado ciertas categorías a las cuales debe someterse el trámite de un recurso de amparo, por lo tanto es necesario identificar de manera general el marco conceptual a tenerse en cuenta en la decisión del caso que ocupa la atención de la Sala, advirtiendo —de entrada— que la Sala —ante lo alegado por el actor— comparte la ubicación de las supuestas causales invocada como un defecto fáctico y sustantivo.
En consecuencia y atendiendo los lineamientos establecidos en la Sentencia T-018 de 2008, se considera que existen unos requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias, los cuales han sido establecidos en los siguientes términos:
“3.1. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales(22).
3.1.5.2. Así, al estudiar la procedencia de la acción, el juez debe constatar que se cumplen los siguientes requisitos formales(23), que no son más que los requisitos generales de procedibilidad de la acción, adecuados a la especificidad de las providencias judiciales: (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional(24); (ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela; (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que ésta tenga incidencia directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que ésta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible; (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela.
3.1.5.3. Debe constatar así mismo la concurrencia de alguna de las causales específicas de procedibilidad, ampliamente elaboradas por la jurisprudencia constitucional: defecto orgánico sustantivo(25), procedimental(26) o fáctico(27); error inducido(28); decisión sin motivación(29); desconocimiento del precedente constitucional(30); y violación directa a la constitución(31).
3.1.6. Sobre la determinación de los defectos, es claro para la Corte que no existe un límite indivisible entre ellos, pues resulta evidente que la aplicación de una norma inconstitucional o el desconocimiento del precedente constitucional, pueden implicar, a su vez, el desconocimiento de los procedimientos legales o, que la falta de apreciación de una prueba, puede producir una aplicación indebida o la falta de aplicación de disposiciones normativas relevantes para la solución de un caso específico(32).
No sobra señalar que el criterio sostenido en la ratio decidendi de la Sentencia C-543 de 1992 se mantiene incólume: la preservación de la supremacía de los derechos fundamentales, a través de un entendimiento sustancial de los principios de seguridad jurídica e independencia judicial(33). Por ello, el ámbito material de procedencia de la acción es la vulneración grave a un derecho fundamental y el ámbito funcional del estudio, se restringe a los asuntos de evidente relevancia constitucional.
3.1.7. De conformidad con las consideraciones precedentes, lo esencial para determinar la procedencia de la acción de tutela en contra de una sentencia judicial, es la concurrencia de tres situaciones: (i) el cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad, (ii) la existencia de alguna o algunas de las causales específicas establecidas por la corporación para hacer procedente el amparo como tal y, (iii) el requisito sine que non, consistente en la necesidad de intervención del juez de tutela, para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental(34).
Ahora bien, como lo debatido es la existencia de un posible defecto sustantivo ocurrido en las providencias atacadas, sobre dicho tópico y de cara al punto debatido en el presente recurso de amparo, la Corte Constitucional indicó de forma más detallada en la Sentencia T-092 de 2008, los presupuesto para que se configura dicha irregularidad al interior de una decisión judicial:
(ii) Tutela contra decisiones judiciales por defecto sustantivo. Reiteración de jurisprudencia.
La jurisprudencia ha señalado que la existencia de un defecto sustantivo “se presenta cuando la decisión adoptada por el fallador se funda en una norma claramente inaplicable al caso concreto, bien porque (i) ha sido derogada y no produce efectos en el ordenamiento jurídico; (ii) porque resulte claramente inconstitucional y ante ello no se aplicó la excepción de inconstitucionalidad; (iii) porque la aplicación al caso concreto es inconstitucional; (iv) por declaratoria de inexequibilidad declarada por la Corte Constitucional, o (v) porque a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador”(35).
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el defecto sustantivo también puede presentarse cuando se interpreta una norma en forma incompatible con las circunstancias fácticas, y por tanto, la interpretación dada por el juez resulta a todas luces improcedente. Tal posición ha sido sostenida en Sentencia T-295 de 2005(36), cuando dijo: “La Corte Constitucional ha indicado que la interpretación indebida de normas jurídicas puede conducir a que se configure una vía de hecho por defecto sustantivo. Así, en la Sentencia T-462 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) se expresó al respecto: “En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
Frente al punto del defecto sustantivo por interpretación, la jurisprudencia ha sido enfática que no cualquier interpretación tiene la virtualidad de constituir una vía de hecho, sino que ésta debe ser abiertamente arbitraria. En efecto, para esta corporación, el juez de tutela, en principio, no está llamado a definir la correcta interpretación del derecho, y sólo en los casos en que ésta carezca de razonabilidad y cuando se cumplen los requisitos señalados, el juez de tutela podrá intervenir” (s.f.t.).
De otra parte, en cuanto hace relación al defecto fáctico alegado por el actor en el escrito tutelar, se hace necesario atender los lineamientos jurisprudenciales establecidos en la Sentencia T-264 de 2009 donde la Corte Constitucional precisó lo siguiente:
“2. Breve caracterización del defecto fáctico.
2.1. De acuerdo con la jurisprudencia de la corporación(37), este defecto se produce cuando el juez toma una decisión sin que se halle plenamente comprobado el supuesto de hecho que legalmente la determina(38), como consecuencia de una omisión en el decreto(39) o valoración de las pruebas; de una valoración irrazonable de las mismas; de la suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios.
2.2. Para la Corte, el defecto fáctico puede darse tanto en una dimensión positiva(40), que comprende los supuestos de una valoración por completo equivocada, o en la fundamentación de una decisión en una prueba no apta para ello, así como en una dimensión negativa(41), es decir, por la omisión en la valoración de una prueba determinante, o en el decreto de pruebas de carácter esencial(42).
2.3. El fundamento de la intervención radica en que, a pesar de las amplias facultades discrecionales que posee el juez natural para el análisis del material probatorio, este debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales. Así, en la Sentencia T-442 de 1994, la Corte señaló:
“(…) si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (…), dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a este desiderátum, la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente”(43).
2.4. A pesar de lo expuesto, la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez natural al material probatorio es extremadamente reducida pues el respeto por los principios de autonomía judicial, juez natural, e inmediación, impide que el juez constitucional realice un examen exhaustivo del material probatorio; así, la Corte Constitucional, en Sentencia T-055 de 1997(44), determinó que, en lo que hace al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia.
2.5. En similar sentido, ha reiterado la Corte que las diferencias de valoración en la apreciación de una prueba no constituyen errores fácticos pues, frente a interpretaciones diversas y razonables, el juez natural debe determinar, conforme con los criterios señalados, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez, en su labor, no sólo es autónomo, sino que sus actuaciones se presumen de buena fe(45). En consecuencia, el juez de tutela debe partir de la corrección de la decisión judicial, así como de la valoración de las pruebas realizadas por el juez natural:
“(…) al paso que el juez ordinario debe partir de la inocencia plena del implicado, el juez constitucional debe hacerlo de la corrección de la decisión judicial impugnada, la cual, no obstante, ha de poder ser cuestionada ampliamente por una instancia de mayor jerarquía rodeada de plenas garantías”(46).
2.6. Por último, para que la tutela resulte procedente por la configuración de un error fáctico, “El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto”(47) (resaltado fuera del original).
De otra parte en la Sentencia T-1265 de 2008, la Corte Constitucional precisó en forma más específica los eventos en los cuales se configura el solicitado defecto fáctico, consideraciones de orden conceptual que se hace necesario traer a consideración de cara a las peticiones invocadas en el recurso de amparo, pues a juicio del petente existió tal defecto en las providencias censuradas.
“5.1. Defecto fáctico.
Sea lo primero señalar que la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha señalado que se estará ante un defecto fáctico cuando “el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado”(48) o cuando aplica el derecho sin contar con las pruebas que permitan demostrar los hechos determinantes del supuesto legal(49). Al respecto, la Corte ha encontrado que para que exista una vía de hecho por defecto fáctico es necesario que no exista el sustento probatorio necesario para adoptar la decisión, falte la apreciación del material probatorio anexado al expediente o, simplemente, se presente un error grave en su valoración(50).
Si bien el juzgador goza de un amplio margen para valorar el material probatorio en el cual ha de fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, “inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (CPC, art. 187 y CPL, art. 61)”(51), dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria. La evaluación del acervo probatorio por el juez implica, necesariamente, “la adopción de criterios objetivos(52), no simplemente supuestos por el juez, racionales(53), es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos(54), esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas”(55).
La Corte ha determinado dos aspectos del defecto fáctico en ejercicio de la autoridad judicial: El primero, denominado dimensión negativa, que se presenta cuando se niega una prueba o su valoración es arbitraria, irracional y caprichosa, o cuando no se la valora, lo que imposibilita la comprobación de los hechos(56). Por otra parte, la dimensión positiva, hace referencia a la apreciación y valoración por parte del juez de un conjunto probatorio que lo lleva a tomar una determinada decisión, pero cuyas pruebas no debieron ser admitidas y mucho menos valoradas, como podría ser el caso de pruebas indebidamente recaudadas (C.P., art. 29) y al hacerlo el juez desconoció la Constitución(57).
En consecuencia, se configurará un defecto fáctico, (i) cuando las pruebas allegadas al proceso resultan insuficientes para adoptar la determinación correspondiente, bien porque no fueron decretadas o bien porque no fueron practicadas; (ii) cuando la valoración que de ellas se haga resulte contraevidente, y (iii) cuando las pruebas sean nulas de pleno derecho”.
Así las cosas, siendo estos los presupuestos teóricos y conceptuales —es pertinente analizar— si en el sub examine, se configura la existencia de las causales de procedencia de tutela contra decisiones judiciales, por acaecimiento de un defecto sustantivo y/o fáctico que justifique amparar los derechos invocados o por el contrario negarlos por no existir un desconocimiento de garantías constitucionales.
Tal como se expresó, la Sala Dual estima procedente —frente al sub lite— analizar la situación alegada por el actor a la luz del contenido de las providencias censuradas y en tal sentido se tiene que —el 29 de agosto de 2011— la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia decidió decretar “la suspensión provisional por el término de tres (3) meses, prorrogable por un período igual al doctor Humberto de Jesús Navales Durango, Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín” (fl. 41) determinación que se convierte en el objeto de censura en el presente recurso de amparo.
Así las cosas, la Sala Dual a efecto de analizar la constitucionalidad de las decisiones judiciales censuradas, procede a identificar la estructura argumentativa de cada una de ellas a efecto de contar con los elementos de juicio necesarios y calificar sí las mismas lesionan los derechos fundamentales del proponente de amparo.
4.1. Argumentos expuestos en la providencia de primera instancia.
Se considera necesario determinar la forma como fueron identificados los presupuestos fácticos que soportaron la decisión de instancia censurada, toda vez que —el actor— plantea la falta de veracidad de los mismos, los que fueron narrados por la Colegiatura accionada de la siguiente manera:
“Por informaciones de prensa y obtenidas a través de los noticieros regionales y nacionales y los medios periodísticos escritos de Antioquia y Colombia y por copia informal de la providencia dictada en el expediente rdo. 2011-00581, ha tenido conocimiento esta Sala que mediante decisión proferida por el señor Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, se otorgó detención domiciliaria al individuo Alirio de Jesús Rendón (A. El Cebollero) condenado a la pena de cincuenta (50) meses de prisión por el delito de concierto para delinquir por financiación y hacer parte de la Oficina de Envigado.
Que tal hecho puede constituir una grave afrenta a la dignidad de la justicia, pues se pone en entredicho su majestad habida cuenta que al individuo a quien se le concede dicho beneficio, hace parte de una de las estructuras criminales más temidas del país y responsable de innumerables delitos.
Que la medida de detención domiciliaria a pesar de estar contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, tiene ciertas restricciones y en el caso concreto por tratarse de un delito que afecta gravemente la estabilidad del país, habida cuenta que la persona beneficiada con esta decisión es señalado como uno de los jefes de la organización.
Que la decisión adoptada por el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, posiblemente desconoce los postulados normativos que rigen para dichos hechos como el que nos ocupa.
Que como consecuencia de lo anterior al estar debidamente identificado e individualizado el funcionario respecto del cual debe adelantarse la investigación corresponde a la Sala obrar en consonancia con ello, pues su actuar viola posiblemente el artículo 153-1 de la Ley 270 de 1996, en armonía con el artículo 29 de la Constitución Nacional, dispondrá abrir formal investigación disciplinaria en contra del doctor Humberto de Jesús Navales Durango” (fl. 34).
Bajo los anteriores presupuestos, consideró la Sala de instancia que “la permanencia en el cargo del funcionario investigado, puede generar tropiezos a la investigación, en el entendido que su actuar puede manipular la información que allí se genera con la investigación disciplinaria adelantada, lo cual se colige de la providencia en que se ordenó suspender la detención preventiva en establecimiento carcelario de Alirio de Jesús Rendón Hurtado y disponer que permanezca en su residencia, así como por información suministrada por la doctora Gloria Stella López Jaramillo a este magistrado en el sentido de que apenas se conoció la noticia el día viernes 26 de agosto de 2011, en su condición de presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura, acudió al Juzgado del conocimiento para que le suministrara copia de la sentencia y le manifestaron que el juez no se encontraba y no quisieron suministrar ningún documento contentivo de la decisión, por lo cual se establece que hay suficientes elementos para disponer la medida”.
Cito la Sentencia T-1012 de 2010 y consideró que se encuentran reunidos los requisitos para decretar la suspensión provisional del funcionario inculpado “pues se reitera mantener en el cargo al investigado, es posible la interferencia del mismo en esta investigación”.
4.2. Argumentos expuestos en la providencia que desató el grado jurisdiccional de consulta.
La Sala Dual Sexta de Decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura —en providencia del 16 de septiembre de 2011— desató el “grado jurisdiccional de consulta” y en dicha oportunidad procesal identificó los hechos de la siguiente manera:
“La apertura de la investigación disciplinaria la dispuso la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, con fundamento en informaciones de prensa(58) y por “copia informal de la providencia dictada en el expediente Radicado 2011-00581”, que daban cuenta de la concesión de la detención domiciliaria(59) a Alirio de Jesús Rendón Hurtado, Alias “El Cebollero”, quien fue condenado a la pena de 50 meses de prisión por el delito de “Concierto para delinquir” por hacer parte de la denominada Oficina de Envigado. Así mismo, consideró dicha instancia, que por tratarse de uno de los jefes de organización criminal responsable de innumerables delitos, reconocida y temida en todo el territorio nacional, “tal hecho puede constituir una grave afrenta a la dignidad de la justicia”, razón por la cual consideró que con la decisión indicada el funcionario que la otorgó “viola posiblemente el artículo 153-1 de la Ley 270 de 1996, en armonía con el artículo 29 de la Constitución Nacional”, disponiendo en aplicación a lo establecido en el artículo 157 de la Ley 734 de 2002, su Suspensión Provisional por el término de tres (3) meses, prorrogable por un periodo igual”.
Narró los antecedentes procesales de la referida decisión y expuso que:
“1. El 26 de agosto de 2009 (sic), el doctor Leovigildo Suárez Céspedes, en su condición de presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, teniendo en cuenta los artículos de prensa publicados en la misma fecha, según los cuales el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín le otorgó a Alirio de Jesús Rendón Hurtado, Alias “El Cebollero” la detención domiciliaria (sic), dispuso la compulsa de copias con destino a esa misma Sala y remitirlas a la oficina de apoyo judicial para su reparto correspondiente(60).
2. El presidente de la corporación mencionada, en acta extraordinaria 0023 del 29 de agosto del presente año, y “en atención a que no fue posible la colaboración de la oficina de apoyo judicial para realizar dicho reparto en el fin de semana”(61), convocó a reunión de Sala Plena para efectuar el reparto extraordinario “de una compulsa de copias” para investigar la conducta del Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín”.
Prosiguió con la identificación de los argumentos de la decisión consultada, así como lo alegado por al apoderado del disciplinado en el trámite de segunda instancia, terminado lo cual procedió con el análisis —concreto— de la situación fáctica y jurídica en la cual se encuentra el investigado.
Así las cosas, consideró —previa identificación del marco jurídico que regula la institución de la suspensión provisional e individualizar las hipótesis que permiten su aplicación— que de cara al material probatorio obrante en el plenario estaba demostrado que “surgen serios elementos de juicio para aseverar que el doctor Humberto de Jesús Navales Durango puede interferir en el trámite de la investigación que en su contra se adelanta, sin que corresponda a la realidad procesal como lo argumenta el defensor, que en la providencia consultada no se haya dado a conocer la presunta falta atribuida”, posición que soportó en los siguientes argumentos:
“En efecto, tal como se acaba de exponer, consideró la seccional de Antioquia que se trataba del incumplimiento al deber descrito en el artículo 153-1 de la Ley 270 de 1996, por presunto desconocimiento del derecho fundamental contenido en el artículo 29 superior, conducta que de acuerdo con el mandato contenido en el artículo 50 del CDU, puede ser considerada GRAVE o LEVE, pero atendiendo las circunstancias resaltadas en la citada determinación y a los criterios establecidos en el artículo 43 ibídem, (la pertenencia del beneficiado con la suspensión de la privación de la libertad a una temible organización delincuencial, el hecho de registrar condena por el delito de concierto para delinquir, y por la clase de decisión proferida dado que se excarceló a un reconocido delincuente), es decir, por la trascendencia social de la falta y el perjuicio causado, la naturaleza del cargo desempeñado y el grado de perturbación del servicio, llevó a la Sala a quo a considerar la conducta investigada como “grave afrenta a la dignidad de la justicia”, sin duda que fue calificada de gravedad inobjetable, atendiendo los criterios establecidos en el artículo 43 de la misma codificación, para determinar la gravedad o levedad de la falta”(s.f.t.).
Las citadas consideraciones las fundó en el hecho que obra prueba que soporta en “la noticia pública sobre la decisión proferida por el anotado funcionario, e igualmente, con dicha providencia, de las cuales se colige que efectivamente el señor Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, el 26 de agosto de la presente anualidad “suspendió la privación de la libertad en establecimiento carcelario”, para en su lugar, permitir que permaneciera en su residencia, un reconocido jefe de la denominada “Oficina de Envigado”, a la cual se le atribuyen innumerables delitos, ciudadano que había sido condenado a la pena de 50 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir y se le investiga por el de lavado de activos, precisamente por el despacho a cargo del funcionario suspendido”.
A lo anterior adicionó que el inculpado “no se ha prestado para colaborar con la investigación iniciada en su contra, pues no sólo se ausentó del Juzgado una vez emitió dicha decisión, sin que autorizara la expedición de copias de la misma, reiterándose esa postura contraria al deber de colaboración con las autoridades para el cabal cumplimiento de sus funciones, el día en que se intentó notificársele la Apertura de la Investigación y la suspensión provisional, según constancia secretarial del 29 de agosto de 2011(62), a lo cual se agrega la trascendencia e implicaciones que frente a la administración de justicia genera la decisión emitida, por lo ya señalado, sin que entonces, tenga cabida lo aseverado al respecto por la defensa en el sentido de que por no contarse con la declaración de la presidente del Consejo Seccional de la Judicatura, no podía realizarse afirmación como la anotada”.
Bajo los anteriores presupuestos fácticos, sostuvo que la imposición de la suspensión provisional, se justifica a partir de la finalidad de evitar la “interferencia de dicho funcionario en el trámite de la investigación que se adelanta en su contra por conducta de gravedad indiscutible” toda vez que con la concesión de la prisión domiciliaria resultó beneficiado “un jefe de la denominada “Oficina de Envigado”, a la cual se le han atribuido delitos que han conmocionado el país, muchos de sus integrantes ya condenados, otros en procesos vigentes, notoriedad pública sin discusión, resultaba procedente la decisión consultada”.
A lo anterior adicionó:
“Debe resaltar además esta corporación, la condena proferida contra el señor Rendón Hurtado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín, en proceso adelantado por el delito de concierto para delinquir y en el cual le había sido negada la detención domiciliaria con fundamento en dictamen rendido por 3 médicos especialistas quienes consideraron que el procesado no padecía grave enfermedad, por lo tanto su tratamiento podía llevarse a efecto dentro del centro carcelario(63), a lo cual se agrega el procesamiento actual por delito de extrema gravedad como lo es el de lavado de activos, precisamente dentro del cual fue decretada la suspensión de la privación de la libertad.
Además de lo anterior, el hecho del conocimiento del funcionario investigado, de la condena proferida contra el señor Rendón Hurtado(64), razón por la cual tenía que estar descontando la pena por cuenta de un Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, sin que en la decisión cuestionada hiciera mención de dicha situación, omisión que motivó al señor director del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Itagüí (Ant.) a solicitar las aclaraciones(65) pertinentes con ocasión de la orden emitida, teniéndose en cuenta la existencia de oficio por medio del cual el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín había solicitado, que una vez el sentenciado Rendón Hurtado “...sea dejado en libertad con ocasión de la investigación penal que lo mantiene en cautiverio, se sirva dejarlo a disposición del despacho a efectos que continúe descontando la pena que vigilamos…”.
Resaltó que la medida objeto de consulta “de ninguna manera implica decisión sobre la responsabilidad” del inculpado, tal como lo sostiene la jurisprudencia constitucional, posición que soportó en la Sentencia C-450 de 2003 desde donde concluyó que “el proceso contiene los elementos mínimos probatorios que determinan la posibilidad de que el funcionario investigado pueda interferir en el trámite de la investigación que en su contra se adelanta, habrá de confirmarse la decisión de primera instancia”.
En efecto en el presente caso, lo que se aprecia es una disparidad de posiciones hermenéuticas, en cuanto hace relación a los criterios interpretativos usados por las autoridades judiciales accionadas para determinar el sentido de la norma que regula la aplicación de la figura de la suspensión provisional, situación esta que no puede ser considerada —bajo ningún punto de vista— como razón que justifique la existencia de una causal de procedencia de tutela contra providencias judiciales, toda vez que las diferentes aristas argumentativas derivadas de una interpretación razonable del derecho, se ofrecen como una consecuencia lógica de la práctica jurídica, por tanto, mal puede calificarse una posición adoptada por el juez -y no compartida por el accionante— como una causal que justifique la procedencia del recurso de amparo contra providencias judiciales, postura sostenida por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-1185 de 2001, cuando afirmó:
“[…] la Corte ha sostenido que no toda discrepancia interpretativa conlleva, prima facie, a la ocurrencia de una vía de hecho. El principio de autonomía e independencia judicial, pilar fundamental del Estado social de derecho, no permite que por vía de la acción de tutela se controviertan las decisiones judiciales con la simple excusa de que el criterio adoptado por el operador jurídico no es compartido por las partes o por el fallador que lo revisa. De hecho, las posibles diferencias de interpretación, sustentadas en un principio de razón suficiente, no pueden ser calificadas como vías de hecho pues, en realidad —lo ha dicho este tribunal—, la eventual disparidad de criterios sobre un mismo asunto no implica por ella misma un desconocimiento grosero de la juridicidad, sino una consecuencia humana del ejercicio del derecho”.
En conclusión, los jueces dentro de la órbita de sus competencias se encuentran amparados por los principios superiores de la autonomía funcional e independencia en sus decisiones, facultad constitucional que se extiende a la valoración probatoria, así como a la aplicación sustantiva del derecho frente a los presupuestos fácticos del caso concreto, siendo estas prerrogativas reservadas al juez de conocimiento las que ejerce dentro de la libertad de interpretación que le otorgan la Constitución y la ley, las cuales no pueden ser cuestionadas acudiendo a este mecanismo constitucional de amparo(66).
No obstante lo anterior, la Sala Dual considera que lo alegado por el actor con el recurso de amparo, no posee la entidad suficiente para configurar una causal de procedencia de tutela contra la providencia judicial que lo suspendió en el ejercicio del cargo, lo anterior por las siguientes razones:
(i) El argumento según el cual no se calificó la falta disciplinaria al momento de dictar la medida de suspensión provisional, es un razonamiento que carece de soporte jurídico y no se atempera con la naturaleza de la providencia censurada, pues atendiendo la instancia en la cual se encuentra el proceso, no se puede exigir una definición plena de la tipicidad de la falta, por cuanto el fallador disciplinario carece de los soportes necesarios para realizar tal juicio de subsunción y de acuerdo a las exigencias establecidas por la jurisprudencia constitucional, la suspensión provisional procede cuando se está ante una —presunta— falta que sea susceptible de investigarse como gravísima o grave.
Por tanto nótese que diferente a lo sostenido por el actor no le asiste al juez disciplinario el deber de materializar juicios de adecuación normativa absoluta en cuanto hace relación a la falta que va investigar, más si se entiende que la decisión de suspensión provisional, no constituye una sanción sino una medida que se aplica a efecto de garantizar un desarrollo normal de la investigación disciplinaria.
Así las cosas y a partir de tal precisión jurídica, se observa que en el sub lite el juez disciplinario contó con los elementos de juicio necesarios para considerar que el implicado podía interferir en el desarrollo lógico de la indagación y fue de cara a las pruebas obrantes en el proceso —hasta en el momento— que arribó a tal conclusión, por tanto no resulta adecuada la exigencia del disciplinado —aquí actor— al demandar que la medida censurada debía haberse dictado con posterioridad a surtirse en debida forma la investigación, pues dicha figura no exige tales requerimientos.
Por tanto, la suspensión provisional contó con los debidos soportes probatorios y se adecuo a las exigencias legales y jurisprudenciales e igualmente basta revisar el texto de las providencias atacadas, para concluir que en las mismas se ofrecen como razonables los motivos aducidos para considerar que el encartado podía —en grado de posibilidad— interferir en el desenvolvimiento de la indagación, elemento suficiente para dictar la suspensión provisional, siendo esta una posición que encuentra soporte en las circunstancias concretas que se consignaron en las providencias censuradas que permitieron concluir a los funcionarios disciplinarios que existían evidencias objetivas que avalan la suspensión del juez encartado y sobre las cuales el juez de tutela no tiene competencia para realizar censura, toda vez que se dictan bajo la garantía constitucional de la autonomía funcional y se encuentran razonables de acuerdo a la situación fáctica expuesta, convencimiento que alcanzo a través de la información suministrada por los medios de comunicación o a partir de la sentencia que de manera “informal” fue conocida por el juez disciplinario de instancia en la cual se comprueba el alto grado de peligrosidad del sujeto al cual le fue concedido la detención domiciliaria y ante el carácter público de las sentencia judiciales, no se puede exigir esperar determinada etapa procesal para arrimarla al expediente, pues a efecto de la suspensión provisional dicho medio de conocimiento basta para formarse el criterio jurídico correspondiente.
(ii) Tal como se anotó en precedencia, la imposición de la medida de suspensión provisional, no puede ser calificada como una sanción y en tal virtud los funcionarios que la aplican no pueden ser tildados de jueces que perdieron la imparcialidad a efecto de conocer el desarrollo de la investigación, por cuanto la misma no conlleva un juicio anticipado sobre la responsabilidad disciplinaria del implicado, por tanto resulta extraña la posición adoptada por el actor al presentar tal argumento como una situación —procesal— que configura una “vía de hecho”, toda vez que tal decisión se adopta en ejercicio de las competencias funcionales de las Salas accionadas.
(iii) Tampoco puede alegar como causal de procedencia de tutela contra providencias judiciales el hecho que la segunda instancia —al desatar el grado jurisdiccional de consulta— argumento aspectos que fueron omitidos por la Sala a quo, posición que desconoce la naturaleza propia del proceso judicial, así como la finalidad para la cual fueron establecidos los jueces de alzada, instancia a la cual le corresponde revisar —integralmente— la legalidad de la providencia y sólo de encontrar defectos insubsanables proceder a declarar su invalidez, más cuando en el presente caso fue el mismo apoderado del actor que propuso la estructura discursiva que fue abordada por el juez ad quem y en tal virtud no puede considerar que dicho proceder configura una vía de hecho, pues el contrario muestra es un juez disciplinario comprometido con el respeto de las garantías superiores del inculpado.
La citada posición desconoce que el proceso judicial debe ser entendido como una articulación —funcional y conceptual— desde la cual ninguna de las instancias funciona aisladamente, toda vez que se encuentran comprometidas en conceder plena vigencia a los valores constitucionales y a los contenidos legales, posición desde la cual se considera que la segunda instancia puede entrar a subsanar omisiones en las que incurrió en juez de instancia, tarea que no configura una “vía de hecho” sino todo lo contrario una garantía para los inculpados al interior de un proceso disciplinario.
(iv) Alega el actor que se lesionó el derecho fundamental al debido proceso, por cuanto no fue escuchado antes de dictarse la medida de suspensión provisional y fue por ello que careció del momento procesal para exponer las razones que justifican la conducta investigada, posición —muy particular— por cuanto está exigiendo la aplicación de un requisito que no se encuentra establecido en la normatividad vigente a efecto de adoptar tal determinación, pues solo basta revisar la literalidad del artículo 157 de la Ley 734 de 2002 para concluir que dicho presupuesto no tiene asidero legal, por cuanto las exigencias procesales para decretar la suspensión provisional ostentan una entidad diferente a la reclamada por el peticionario de amparo, situación distinta es la práctica de su versión libre a lo largo de la investigación, misma que se ya se evacuó en el presente caso el 5 de septiembre de 2011 (cfr. fl. 83), respetando con ello su derecho a la defensa.
(v) Finalmente y de cara a los medios de pruebas solicitados por el encartado en su escrito tutelar, basta precisar que atendiendo el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, la misma no debe considerarse como una prolongación o tercera instancia para debatir problemas jurídicos o discusiones probatorias que deben plantearse al interior del proceso disciplinario, por tanto el decreto de ellas resulta —abiertamente— improcedente en esta oportunidad, más cuando se está cuestionando la validez de providencias judiciales, por tanto —metodológicamente— deben analizarse los argumentos en ellas expuestos a efecto de determinar el respeto a las garantías superiores del actor y al contar con las decisiones atacadas en la foliatura tutelar, no se considera necesario la práctica de ningún otro elemento de convicción para concluir el respeto pleno por los derechos fundamentales del encartado.
A manera de conclusión debe reiterarse que tal como lo ha manifestado la Corte, la medida de suspensión provisional no se opone al reconocimiento constitucional de la presunción de inocencia, en tanto que esta permanece incólume y sólo se destruye en el momento en que se profiere una decisión de fondo y se determina que el implicado es responsable disciplinariamente(67) y la misma tiene como objeto asegurar que el proceso disciplinario pueda desarrollarse normalmente para evitar intromisiones por parte del implicado en el curso de la investigación(68).
De acuerdo con lo anterior, concluye la Sala Dual que la medida cuestionada fue adoptada por un funcionario competente, la motivación contenida en dicho auto es suficiente para cumplir con las existencias prescritas en el artículo 157 de la Ley 734 de 2002, teniendo en cuenta la calidad del disciplinado y la calificación dada a la falta presuntamente cometida por el actor es de aquellas susceptibles de ser investigada como grave o gravísima.
En criterio de la Sala, tampoco se desconocieron al accionante los derechos fundamentales invocados en protección, toda vez que la suspensión provisional no implica una imputación definitiva de falta disciplinaria y siendo una medida provisional no genera la pérdida del empleo, ni hay aseveración alguna sobre su responsabilidad, toda vez que es una medida de prudencia disciplinaria que tiende a proteger el interés general(69) y con ella no se afecta el empleo ni se atenta contra la honra ni el debido proceso del disciplinado, toda vez que en el curso de la investigación el implicado tiene la oportunidad de desvirtuar las acusaciones que se le imputan(70).
Si una vez finalizada la investigación se encuentra que el hecho investigado no existió, que la ley no lo considera como falta disciplinaria o está justificada, o que el implicado no cometió el hecho, o la acción no puede proseguirse o se advierte otra de las causales previstas en el Código Disciplinario Único, el disciplinado suspendido provisionalmente debe ser reintegrado a su cargo y tendrá derecho a que se le reconozca y pague la remuneración dejada de percibir durante el período que duró la suspensión, por ello no encuentra la Sala que en el presente caso se reúnan los requisitos para la procedencia de la tutela contra providencia judicial al no avizorarse lesión a las garantías superiores alegadas por el actor.
Por lo tanto —finalmente y a manera de corolario— debe recordársele al actor que la acción de tutela —considerada como un mecanismo constitucional excepcional y subsidiario— no puede ser utilizado como una tercera instancia para presentar debates que se cerraron en debida forma en el procedimiento judicial ordinario y menos cuestionar interpretaciones jurídicas razonadas y coherentes que están amparadas por la garantía de la autonomía funcional de la cual gozan los jueces, por tanto, se estima que las razones presentadas son más que suficientes para negar la decisión de instancia al no estar ante una lesión a las garantías fundamentales del actor.
La Sala Dual Quinta de Decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura administrando justicia en nombre de la República y por mandato de la ley,
1. NEGAR la petición de amparo elevada por Humberto de Jesús Navales Durango.
2. Notifíquese la presente decisión a todos los intervinientes.
3. De no ser impugnada la presente decisión, remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
(5) Cfr. T-961 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-105 de 2007 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y T-649 de 2007 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
(6) T-105 de 2007 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y T-961 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
(7) La Corte en auto 172A de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), señaló como presupuestos para cuestionar la legitimidad de actos de trámite o preparatorios los siguientes: “(i) que la actuación administrativa de la cual hace parte el acto cuestionado no haya concluido; (ii) que el acto acusado defina una situación especial y sustancial dentro de la actuación que se proyecte en la decisión final; y (iii) que la actuación cuestionada ocasione la vulneración o amenaza real de un derecho constitucional fundamental”.
(9) “ART. 44.—Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones:
(10) El quinto parágrafo del artículo 48 no enumera faltas gravísimas. Dice: “Las obligaciones contenidas en los numerales 23, 26 y 52 sólo originarán falta disciplinaria gravísima un año después de la entrada en vigencia de este código. El incumplimiento de las disposiciones legales referidas a tales materias serán sancionadas conforme al numeral 1º del artículo 34 de este código”.
(11) Bajo la vigencia de la Ley 200 de 1993 y al estudiarse el proyecto para un nuevo Código Disciplinario, se dijo: “(…) Una de las actuales falencias de la actual legislación disciplinaria está en la falta de descripción inequívoca de faltas gravísimas que atentan contra la buena administración y en la desproporción que entre falta y sanción se observa en muchos casos. Por eso resaltamos como mérito del proyecto la construcción de un catalogo de faltas y sanciones muy ajustado al principio de legalidad en cuanto a la descripción de la falta y más proporcionado en cuanto a la dosificación de la consecuencia jurídica.” Senado de la República, Ponencia para el segundo debate al proyecto de ley numero 19 de 2000, 27 de noviembre de 2000, Gaceta del Congreso 474, pág. 1.
(12) “ART. 50.—Faltas graves y leves. Constituye falta disciplinaria grave o leve, el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución o en la ley.
Es pertinente anotar que en la Sentencia C-158 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, se estudió la constitucionalidad del inciso segundo del artículo 50 que señala que “La gravedad o levedad de la falta se establecerá de conformidad con los criterios señalados en el artículo 43 de este código”. En esta oportunidad la Corte, al constatar que éstos criterios se encuentran dentro del mismo contenido normativo del artículo 27 de la Ley 200 de 1995, —antiguo Código Disciplinario— resolvió estarse a lo resuelto en la Sentencia C-708 de 1999 y por tanto la expresión contenida en el artículo 50 de la Ley 734 de 2002, se declaró exequible. En dicha sentencia cuyo magistrado ponente fue Álvaro Tafur Galvis, se sostuvo que “cuando el legislador consagró una clasificación de las faltas disciplinarias entre graves y leves en el artículo acusado, y estableció unos criterios con base en los cuales el investigador disciplinario deba definir sobre la responsabilidad final en materia disciplinaria de los servidores públicos, para efectos de aplicar la correspondiente sanción, lo hizo atendiendo a los postulados generales de los regímenes punitivos aceptados por el ordenamiento constitucional, en la forma vista, con claro desarrollo de las facultades legislativas en materia de definición de la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos, dentro de lo cual, es evidente que la misma puede ser graduada de conformidad con el nivel de culpabilidad con que se actúa y la intensidad de la lesión que se produzca en los bienes jurídicos protegidos con la ley disciplinaria”.
(13) El artículo 43 establece: “Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. Las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en este código. Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios:
Concretamente, sobre la existencia de criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta, la Sentencia C-292 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, al estudiar si el artículo 27 de la Ley 200 de 1995, atentaba contra el principio de legalidad, consideró que el asunto ya había sido objeto de examen y que, en relación con ese tema, había cosa juzgada constitucional y por tanto se estuvo a lo resuelto, en la Sentencia C-708 de 1999 en la que ya se había explicado que “Aun cuando a juicio del actor, el señalamiento de esos criterios para definir sobre el nivel de lesión que puedan llegar a soportar los bienes jurídicos protegidos por la ley disciplinaria, pueda parecer amplio, el mismo no deja de ser expreso, preciso, cierto y previo ante las conductas que por comisión u omisión, constituyen infracciones disciplinarias, pues es de la competencia del legislador configurar el tipo disciplinario en forma genérica, con cierto grado de indeterminación y sin recabar en precisiones exageradas de los elementos que lo estructuran, mediante el uso de parámetros generales de las conductas dignas de desaprobación, para efectos de su encuadramiento típico.
“Con base en lo anterior, es de anotar como peculiaridad propia del derecho disciplinario, la posibilidad de que las conductas constitutivas de faltas disciplinarias se encuadren en la forma de tipos abiertos. A diferencia de la materia penal, en donde la descripción de los hechos punibles es detallada, en la disciplinaria el fallador cuenta con un mayor margen de valoración e individualización de las faltas sancionables por la diversidad de comportamientos que pugnan contra los propósitos de la función pública y del régimen disciplinario... (...)”.
(14) En el inciso primero de la norma acusada se dispone “(…) el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional (…)”.
(15) El inciso sexto de la norma acusada señala que “Cuando desaparezcan los motivos que dieron lugar a la medida, la suspensión provisional deberá ser revocada en cualquier momento por quien la profirió, o por el superior jerárquico del funcionario competente para dictar el fallo de primera instancia”.
(16) Resalta la Corte que el numeral 54 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 consagra, además, como falta gravísima el “No resolver la consulta sobre la suspensión provisional en los términos de ley”.
(17) El inciso segundo del artículo 157 de la Ley 734 de 2002 establece que: “El término de la suspensión provisional será de tres meses, prorrogable hasta en otro tanto. Dicha suspensión podrá prorrogarse por otros tres meses, una vez proferido el fallo de primera o única instancia”.
(18) El parágrafo del artículo acusado reza: “Cuando la sanción impuesta fuere de suspensión e inhabilidad o únicamente de suspensión, para su cumplimiento se tendrá en cuenta el lapso en que el investigado permaneció suspendido provisionalmente. Si la sanción fuere de suspensión inferior al término de la aplicada provisionalmente, tendrá derecho a percibir la diferencia”.
(19) El primer inciso del artículo acusado establece: “Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración alguna (…)”.
(21) Ver Sentencia C-1076 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(22) En la sentencia en cita la Corte Constitucional, realiza una reconstrucción histórica que permite ubicar el estado de la decisión en materia de tutela contra sentencia.
(23) Siempre, siguiendo la exposición de la Sentencia C-590 de 2005.
(24) Ver Sentencia T-173 de 1993, reiterada por la C-590 de 2005.
(25) Cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o en los fallos que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión (ver, Sent. C-590/2005); ver también sentencias T-008 de 1998 y 079 de 1993.
(26) El defecto procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido. Al respecto, ver sentencias T-008 de 1998, T-159 de 2002, T-196 de 2006, T-996 de 2003 Clara Inés Vargas Hernández, T-937 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda.
(27) Referido a la producción, validez o apreciación del material probatorio. En razón a la independencia judicial, el campo de intervención del juez de tutela por defecto fáctico es supremamente restringido.
(28) También conocido como vía de hecho por consecuencia, hace referencia al evento en el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte del funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de derechos fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de colaboración entre los órganos del poder público. Ver, principalmente, sentencias SU-014 de 2001, T-1180 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y SU-846 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
(29) En tanto la motivación es un deber de los funcionarios judiciales, así como su fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático. Ver T-114/2002.
(30) “(se presenta cuando) la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance”. Ver sentencias SU-640 de 1998 y SU-168 de 1999.
(31) Cuando el juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario a la constitución, sentencias SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez) y T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), o cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso. Ver, Sentencia T-522 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
(32) Ver Sentencia T-701 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
(33) Es decir, que las sentencias judiciales deben tener un mínimo de justicia material, representado en el respeto por los derechos fundamentales.
(34) Sentencia C-590 de 2005, en el mismo sentido, Sentencia T-701 de 2004.
(35) Cfr. Sentencia T-043 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(36) M.P. Manuel José Cepeda.
(37) Ver, entre otras, las sentencias T-231 de 1994, T-442 de 1994, T-567 de 1998, T-008 de 1998, SU-159 de 2002, T-025 de 2001, T-109 de 2005, T-639 de 2006, T-737 de 2007 y T-458 de 2007.
(38) Así, por ejemplo, en la Sentencia SU-159 de 2002, se define el defecto fáctico como “la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal a partir de pruebas válidas”.
(39) Cabe resaltar que si esta omisión obedece a una negativa injustificada de practicar una prueba solicitada por una de las partes, se torna en un defecto procedimental, que recae en el ejercicio del derecho de contradicción.
(40) Cfr. Sentencias SU-159 de 2002, T-538 de 1994 y T-061 de 2007.
(41) Ver sentencias T-442 de 1994, T-567 de 1998, T-239 de 1996 y SU-159 de 2002 , T-244 de 1997.
(42) Cfr. Sentencia SU-159 de 2002.
(43) Sentencia T-442 de 1994.
(44) Ver también la Sentencia T-008 de 1998.
(45) “En el plano de lo que constituye la valoración de una prueba, el juez tiene autonomía, la cual va amparada también por la presunción de buena fe” Sentencia T-336 de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), reiterada por la T-008 de 1998.
(46) Sentencia T-008 de 1998 y T-636 de 2006.
(48) Sobre el particular pueden consultarse las sentencias T-932 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentaría, T-902 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-162 de 2007, M.P. Jaime Araujo Rentaría.
(49) Corte Constitucional, Sentencia T-231 de 1994.
(50) Corte Constitucional, Sentencia T-554 de 2003.
(51) Sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(52) Sentencia SU-1300 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte encontró perfectamente razonable la valoración de las pruebas que hizo el Juez Regional en la sentencia anticipada. El Juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio por probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que el incremento patrimonial no justificado del procesado, se derivó de actividades delictivas se probó a través de la confesión de {varios testigos}, y de un conjunto concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que las cuentas en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos por el peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa y las fotocopias de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos de las empresas constructoras de la familia”.
(53) Sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(54) Sentencia T-538 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa oportunidad se le concedió la tutela al peticionario por la indebida apreciación que hace el juez de la conducta asumida por una de las partes, que se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el secretario del juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso del que depende la suerte del proceso penal.
(55) Sentencia SU-157-2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(56) Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002.
(58) “Obtenidas a través de los noticieros regionales y nacionales, y los medios periodísticos escritos de Antioquia y Colombia”.
(59) En realidad la decisión fue la de “suspensión de la privación de la libertad en centro carcelario”.
(60) Anexó los artículos de prensa del mismo día, de la página Web del periódico El Tiempo y de la W radio.
(61) Fue dispuesta la compulsa de copias para investigar la actuación negativa por parte de dicha oficina.
(62) Hace alusión dicha constancia a que se intentó dicha notificación a las 8.15 a.m. y a las 9:05 a.m., del día anotado. Es de aclararse, que esa diligencia aparece suscrita por el juez investigado en la misma fecha.
(63) Así se desprende de la diligencia de inspección judicial practicada por la seccional al proceso en el cual se suspendió la privación de la libertad (fls. 28 a 31), al igual que de la decisión mencionada (fls. 242 a 246, del proceso penal). Lo dictaminado por los médicos especialistas en los términos anotados, guarda consonancia con el experticio rendido el 30 de agosto de 2011 por sus colegas del Instituto de Medicina Legal de Bogotá, al dictaminar que la condición clínica del señor Rendón Hurtado “…es estable, es decir, que no presenta una condición mórbida aguda que necesite manejo por un servicio de urgencias y/o intrahospitalario en unidad de cuidados coronarios, lo que permite llevar un control y seguimiento ambulatorio…”.
(64) Lo cual se infiere del escrito del 24 de agosto de 2011, dirigido al doctor Navales Durango por el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Medellín, por medio del cual le dejó a su disposición el proceso en el cual fue condenado el mencionado ciudadano (fl. 81, anexo 2).
(65) A través de oficio fechado el 26 de agosto de 2011.
(66) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-073 de 1997.
(67) Cfr. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-004 del 18 de agosto de 1997, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
(68) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-418 del 28 de agosto de 1997, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
(69) Cfr. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-108 del 15 de marzo de 1995, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
(70) Cfr. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-280 del 25 de junio de 1996, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero. Sobre la suspensión provisional, también se puede consultar la Sentencia C-406 del 11 de septiembre de 1995, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.

References: artículo 26
 artículo 193
 artículo 195
 artículo 212
 artículo 157
 artículo 209
 artículo 29
 artículo 157
 artículo 157
 artículo 44
 artículo 48
 artículo 25
 artículo 50
 artículo 48
 artículo 115
 artículo 158
 artículo 158
 artículo 157
 artículo 153
 artículo 29
 artículo 153
 artículo 29
 artículo 157
 artículo 153
 artículo 29
 artículo 50
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 157
 artículo 157
 artículo 48
 artículo 34
 artículo 50
 artículo 43
 artículo 27
 artículo 50
 artículo 43
 artículo 27
 artículo 48
 artículo 157
e contrario