Source: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JDC/SUP-JDC-00001-2000.htm
Timestamp: 2019-05-25 15:48:44+00:00

Document:
SUP-JDC-001-2000
JUICIOS PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO SUP-JDC-001/2000, SUP-JDC-003/2000 Y SUP-JDC-004/2000.
ACTORES: PEDRO QUIROZ MALDONADO, JOSE RUIZ QUIROZ, COSME VASQUEZ JIMENEZ, AURELIO MERINO QUIROZ Y OTROS.
AUTORIDAD RESPONSABLE: LVII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA.
MAGISTRADO PONENTE: LEONEL CASTILLO GONZALEZ.
SECRETARIO: RAFAEL RODRIGO CRUZ OVALLE.
México, Distrito Federal, a dos de marzo del año dos mil.
VISTOS para resolver los autos de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-001/2000, SUP-JDC-003/2000 Y SUP-JDC-004/2000, promovidos por Pedro Quiroz Maldonado, José Ruíz Quiroz, Cosme Vásquez Jiménez, Aurelio Merino Quiroz y otros, contra los decretos 40 y 86, de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho y trece de julio de mil novecientos noventa y nueve, respectivamente, emitidos por la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca.
PRIMERO. Antecedentes. Los hechos en los que surgieron los actos impugnados, según la narración de los actores, son los siguientes:
1.- Desde tiempos inmemoriales, nosotros como pueblo indígena mixteco del municipio de Santiago Ixtayutla, hemos nombrado a nuestras autoridades municipales en asamblea general comunitaria, eligiendo de manera libre y razonada a las personas que nos van a representar.
2.- El día 16 de agosto de 1998, esta forma de elegir a nuestras autoridades municipales por usos y costumbres para el período 1999-2001, fue violentada por el entonces Presidente Municipal C. Nicolás Ramírez Roque del trienio 1996-1999; quien trató de imponer como nuevo Presidente Municipal a su hijo Filemón Ramírez Quiroz, y posteriormente a su compadre Filemón García Hernández, violando nuestro derecho a la libre autodeterminación. Esta imposición no la aceptó la asamblea comunitaria y elegimos al C. Leonidez López Alavez, como nuevo Presidente Municipal. Ante esta decisión comunitaria el Presidente Municipal saliente reaccionó con violencia, lanzando amenazas y provocando que sus seguidores trataran de colgar de un árbol a uno de los ciudadanos que defendía el nombramiento de Leonides López. Entonces se disolvió la asamblea comunitaria y no se levantó acta de la misma. De los hechos fue testigo el Lic. Rodrigo Cruz Iriarte, representante del Instituto Estatal Electoral.
3.- Por tales acciones arbitrarias del entonces Presidente Municipal de Santiago Ixtayutla, tanto Tatamandones como ciudadanos del municipio y Agentes Municipales del mismo, nos inconformamos ante el Instituto Estatal Electoral en la ciudad de Oaxaca. Como lo establece el CIPPEO, el órgano electoral intervino para celebrar acuerdos con el entonces Presidente Municipal Nicolás Ramírez Roque, con la finalidad de fijar la fecha para una nueva asamblea comunitaria en la cual se nombraran a nuestras autoridades municipales. Después de muchos acuerdos incumplidos y obstáculos, acordamos, delante del Presidente Consejero del I.E.E. Cipriano Flores Cruz, que la asamblea general comunitaria de ciudadanos hombres y mujeres se realizaría el día 20 de diciembre de 1998, en el corredor del Palacio Municipal de Santiago Ixtayutla.
4.- Con fecha 17 de diciembre de 1998, a las 18:35 horas, el entonces Presidente Municipal de Santiago Ixtayutla le notificó vía fax, al Director de Usos y Costumbres del I.E.E., que el día 18 de diciembre, a las 10 de la mañana, se llevaría a cabo la asamblea comunitaria para elegir autoridades municipales de Santiago Ixtayutla. Con tal notificación, hecha unas pocas horas antes de la asamblea, prácticamente se estaba impidiendo la participación de los representantes del I.E.E. en la asamblea, sabiendo de antemano que de la ciudad de Oaxaca hasta Santiago Ixtayutla, se hace un recorrido aproximado de 14 horas en vehículo propio. Además, se impedía la participación en la asamblea del notario público, la prensa y los observadores electorales, tal como había sido acordado el día 10 de octubre de 1998 en la ciudad de Pinotepa Nacional. Por la noche del mismo día 17 de diciembre llegaron, solamente a las comunidades seleccionadas por el Presidente Municipal, las nuevas convocatorias para la asamblea comunitaria del día siguiente, no así a las personas y comunidades que no simpatizaban con la decisión del entonces Presidente Municipal Nicolás Ramírez Roque. Se violaban así los derechos políticos de la mayoría de ciudadanos de Santiago Ixtayutla que no fueron convocados ni participaron en la Asamblea.
5.- Contra el acuerdo tomado en el Instituto Estatal Electoral por las partes en controversia, el día 18 de diciembre de 1998, a las 12 horas, el entonces Presidente Municipal, realizó de manera unilateral la asamblea comunitaria para el nombramiento de las autoridades municipales de Ixtayutla, en la cual no estuvieron presentes todos los ciudadanos de todas las agencias municipales; y con un sinfín de arbitrariedades y abusos, la Asamblea ilegítima nombró como Presidente Municipal a Francisco Caballero Vásquez y demás Concejales.
6.- El 23 de diciembre de 1998, una comisión formada por 6 Agentes Municipales y 2 Comisariados Ejidales de Santiago Ixtayutla, nuevamente nos inconformamos ante el Instituto Estatal Electoral y la Cámara de Diputados, por la asamblea ilegal e ilegítima que realizó el entonces Presidente Municipal el día 18 de diciembre de 1998, demandando su anulación y la realización de otra asamblea comunitaria libre, legítima y transparente.
7.- El 30 de diciembre de 1998, tomando en cuenta todas las irregularidades que se dieron en la asamblea comunitaria, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, declaró no válida la asamblea unilateral celebrada por el entonces Presidente Municipal el día 18 de diciembre de 1998 y turnó el asunto a la Cámara de Diputados. Pero a pesar de todas las arbitrariedades y abusos que había cometido el entonces Presidente Municipal Nicolás Ramírez Roque, en contra de nuestro derecho como pueblo mixteco y en contra del acuerdo del I.E.E., el día 31 de diciembre de 1998, la LVII Legislatura del Congreso del Estado emitió el Decreto No. 40, en el cual se revoca la determinación del Instituto Estatal Electoral sobre Santiago Ixtayutla y se declaran válidas las elecciones para concejales municipales hechas en la asamblea del 18 de diciembre de 1998, ordenando al mismo instituto entregar Constancia de Mayoría a Francisco Caballero Vásquez, como Presidente Municipal electo del municipio de Santiago Ixtayutla.
8.-A partir del día 1º de enero de 1999, debido a la imposición del ayuntamiento municipal de Santiago Ixtayutla y a la negación a nuestro derecho de libre autodeterminación, iniciamos trámites para que integrantes de la Cámara de Diputados visitaran el municipio de Santiago Ixtayutla, con la finalidad de verificar la inconformidad y estado de la ingobernabilidad que se vivía en el mismo. El día 9 de febrero de 1999 presentamos a la Cámara de Diputados nuestra solicitud de desaparición de poderes del municipio de Santiago Ixtayutla. Los días 18 y 19 de febrero de 1999, una comisión plural de Diputados visitó nuestro municipio de Santiago Ixtayutla, entrevistándose con Tatamandones, Agentes Municipales y ciudadanos de las partes en controversia y visitaron varias Agencias Municipales. Posteriormente, con fecha 24 de febrero de 1999, los miembros de la comisión plural de Diputados, presentaron al Presidente de la Mesa Directiva de la LVII Legislatura del Estado, su informe sobre la visita realizada al municipio de Santiago Ixtayutla, en el cual concluyen que se inicie el procedimiento de desaparición de poderes del ayuntamiento de Ixtayutla, se faculte al Titular del Ejecutivo para que designe un Administrador Municipal y, si las condiciones lo permiten, se pueda celebrar una nueva elección por el sistema de usos y costumbres.
9.- El día 3 de marzo de 1999, la LVII Legislatura del Estado de Oaxaca emitió el Decreto número 60, que textualmente dice: "se inicia el procedimiento de la desaparición y se declara la suspensión provisional del Ayuntamiento Municipal de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca".
10.- El día 18 de marzo de 1999, el Ejecutivo del Estado designó como Administrador Municipal de Santiago Ixtayutla al Ing. Fidel David Hernández Hernández, originario de Santiago Jamiltepec, quien habla nuestra lengua materna e instaló su oficina en dicha cabecera distrital, distante 100 kms. de nuestro pueblo.
11.- .El día 13 de julio de 1999, la LVII Legislatura del Estado de Oaxaca aprobó el Decreto No. 86, mismo que en su artículo primero, literalmente establece lo siguiente: "Se declara desaparecido el Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca, integrado por los CC. Francisco Caballero Vásquez, Hilario Quiroz Quiroz, Luis Hernández Merino, Juan Santiago Vásquez, Lilia Merino Bautista, Macedonio Quiroz Quiroz y Javier García Oseguera." Y en su artículo segundo establece: "Se faculta al Ejecutivo del Estado para que en lo que se dan las condiciones necesarias para la integración del Concejo Municipal, designe Administrador Municipal, lo que comunicará a esta Legislatura".
12.- El 14 de agosto de 1999, un mes después de haberse aprobado, se publica en el Periódico Oficial del Estado el citado Decreto No. 86.
13.- El día 28 de septiembre de 1999, los abajo firmantes, Pedro Quiroz Maldonado, José Ruíz Quiroz, Cosme Vásquez Jiménez y Aurelio Merino Quiroz, a nombre y representación de los ciudadanos del Municipio de Santiago Ixtayutla, presentamos ante el C. Juez de Distrito en turno un amparo demandando la protección de la Justicia Federal porque el Artículo Segundo del Decreto No. 86 de la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, que textualmente dice: "Se faculta al Ejecutivo del Estado para que en lo que se dan las condiciones necesarias para la integración del Concejo Municipal, designe Administrador Municipal, lo que comunicará a esta Legislatura", carece de formalidad y crea una situación de incertidumbre jurídica, y viola además nuestro derecho a la libre autodeterminación regida por el derecho consuetudinario. Sin embargo, el Poder Judicial de la Federación nos notificó por escrito que "el Decreto impugnado es de naturaleza electoral, en la medida que se relaciona con la elección de autoridades... situación que hace improcedente su petición...".
14.- Hasta el día 11 de octubre de 1999, casi dos meses después de publicado el Decreto No. 86, el M.V.Z. Nestor Guerrero Sánchez realizó una reunión en la Delegación de Gobierno de Pinotepa Nacional, Oaxaca, con algunos Agentes Municipales y se presentó él mismo como nuevo Administrador Municipal de Ixtayutla, designado por el Gobierno del Estado.
15.- El día 9 de noviembre de 1999, casi un mes después, el nuevo Administrador Municipal Nestor Guerrero Sánchez, se presentó por primera vez en nuestro pueblo de Santiago Ixtayutla y entonces pudimos comprobar que no habla nuestra lengua materna que es el Mixteco, lo cual constituye una violación más a nuestros derechos como pueblo indígena.
16.- Con el Decreto No. 86 emitido por la LVII Legislatura del Estado, publicado por el Periódico Oficial del Estado y ejecutado por el Gobernador del Estado, se viola la normatividad en vigor por falta de formalidad y crea una situación de incertidumbre jurídica, además se viola nuestro derecho a la libre autodeterminación para elegir nuestras Autoridades Municipales según nuestros usos y costumbres. En dicho decreto, no se especifica cuáles son las "condiciones necesarias" que deben darse, ni quién o quiénes son los responsables de cumplirlas, tampoco precisa quién debe determinar si ya están dadas, menos aún en qué tiempo debe integrarse el Concejo Municipal. Por lo cual el decreto en referencia es totalmente violatorio a nuestros derechos indígenas, porque no se garantiza en ningún momento por las autoridades responsables, las normas, medidas y procedimientos que deben proteger y hacer prevalecer nuestro derecho para conservar las tradiciones y prácticas democráticas de nuestra organización social como comunidad indígena. Por otra parte, al ejecutar el decreto, el Ejecutivo del Estado también viola el derecho a la libre autodeterminación de nuestra comunidad indígena, porque ha designado un Administrador Municipal imposibilitado para cumplir sus funciones, pues no habla nuestra lengua mixteca.
17.- Desde la emisión del Decreto No. 40, hecho por la LVII Legislatura del Congreso del Estado, el 31 de diciembre de 1999, el conflicto político electoral de Santiago Ixtayutla se agravó y la solución se ha dilatado mucho tiempo: 5 meses de conflicto electoral de agosto de 1998 a diciembre de 1998; 2 meses para iniciar la desaparición de poderes en el municipio de Santiago Ixtayutla; otros 4 meses más para declarar desaparecido el Ayuntamiento y emitir el Artículo Segundo del Decreto No. 86 que por su carácter ambiguo prolongará aún más el conflicto; un mes tardó en publicarse el Decreto No. 86; casi dos meses tardó la designación del Administrador Municipal Nestor Guerrero Sánchez y éste tardó casi un mes más para hacerse presente en nuestro pueblo. Con ello nos queda clara la intención de dilatar el conflicto político-electoral de Santiago Ixtayutla.
Así, toda vez que no se ha resuelto el conflicto político-electoral de nuestro pueblo indígena Santiago Ixtayutla iniciado desde hace más de 15 meses y durante los cuales se nos ha negado reiteradamente el derecho a la libre autodeterminación bajo normas de derecho consuetudinario y hemos pasado por largos períodos de ingobernabilidad y vacío de autoridad, habiendo agotado todas las instancias para la solución del mismo, acudimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que atienda nuestras demandas planteadas.
Los decretos precisados en los puntos 7 y 11 precedentes constituyen los actos impugnados en los presentes juicios.
SEGUNDO. Juicio de revisión constitucional electoral. El primero de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, Pedro Quiroz Maldonado, José Ruíz Quiroz, Cosme Vásquez Jiménez y Aurelio Merino Quiroz, ostentándose representantes de la asamblea comunitaria del municipio de Santiago Ixtayutla, del Distrito Judicial de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, promovieron juicio de revisión constitucional electoral.
El Director General del Instituto Estatal Electoral en esa entidad formó expediente, solamente con una copia fotostática simple de la demanda y de los demás documentos exhibidos con ella, y lo remitió a esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El presidente de este órgano jurisdiccional turnó los autos al magistrado Leonel Castillo González, para los efectos a que se refiere el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por acuerdo de siete de diciembre.
El ocho de diciembre se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, la documentación compuesta con el escrito mediante el cual se presentó la demanda, la demanda original y el informe circunstanciado del Presidente de la Gran Comisión de la LVII Legislatura del H. Congreso del Estado Oaxaca, y los demás documentos que aparecen detallados al reverso de la primera foja, en que se contiene el citado informe.
TERCERO. Cambio a la vía de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Por resolución de veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, esta Sala, en actuación colegiada, determinó la improcedencia del juicio de revisión constitucional electoral promovido por Pedro Quiroz Maldonado, José Ruiz Quiroz, Cosme Vásquez Jiménez y Aurelio Merino Quiroz, en representación de la asamblea comunitaria del municipio de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca; que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano es procedente para impugnar los actos cuestionados, por lo que el asunto se debe tramitar en esa vía; y que se remitiera copia certificada de la demanda al Congreso del Estado de Oaxaca, para los efectos de los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y en su oportunidad, se devolviera el asunto al magistrado electoral Leonel Castillo González.
CUARTO. Trámite. En cumplimiento de las anteriores determinaciones, el Oficial Mayor del Congreso del Estado dio el trámite legal al medio de impugnación y remitió las constancias relativas a su actuación, así como el informe circunstanciado, que se recibieron en la Oficialía de Partes de esta Sala el doce de enero del año en curso, juntamente con la documentación que en el referido informe se relaciona.
QUINTO. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Mediante escrito presentado el tres de enero del presente año, ante el Instituto Estatal Electoral del Estado de Oaxaca, Pedro Quiroz Maldonado, José Ruiz Quiroz, Cosme Vásquez Jiménez, Aurelio Merino Quiroz y varias centenas de personas que se ostentaron ciudadanos de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca, promovieron juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, contra los decretos señalados en el resultando primero de esta resolución. Las mismas personas presentaron un escrito idéntico al anterior ante el Congreso del Estado de Oaxaca.
SEXTO. Trámite. El Director General del Instituto Estatal Electoral remitió el escrito recibido al Presidente de la Gran Comisión de la LVII Legislatura de esa entidad. El Oficial Mayor del Congreso del Estado de Oaxaca tramitó los dos escritos como diferentes medios de impugnación.
El Presidente de la Gran Comisión de la LVII Legislatura, rindió los informes circunstanciados y remitió la documentación inherente a esta Sala Superior.
El presidente de este órgano jurisdiccional formó con las demandas los expedientes SUP-JDC-003/2000 Y SUP-JDC-004/2000, y por tratarse de asuntos estrechamente relacionados con la demanda que motivó la integración del expediente SUP-JDC-001/2000, el trece de enero los turnó al Magistrado Leonel Castillo González, para los efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y la Sala Superior tiene competencia para conocer y resolver los presentes asuntos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 fracción IV, y 99 párrafo cuarto fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186 fracción III inciso c) y 189 fracción I inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 83 apartado 1 inciso a) fracción II, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de juicios para la protección de los derechos político-electorales promovidos por ciudadanos, por sí mismos y en forma individual, contra actos de una autoridad de una entidad federativa, a la que se atribuye la violación de sus derechos político-electorales de votar y ser votado en las elecciones de concejales al ayuntamiento.
SEGUNDO. Del examen de los escritos de demanda, esta Sala Superior advierte la existencia de conexidad en las causas de tales juicios, en virtud de que en las tres los ciudadanos actores impugnan los decretos 40 y 86, de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho y trece de julio de mil novecientos noventa y nueve, respectivamente, emitidos por la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, por lo que, al tenor de lo establecido por los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 73 fracción VI y 74 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo conducente es decretar la acumulación de las demandas para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, registradas con los números SUP-JDC-003/2000 y SUP-JDC-004/2000, a la registrada como SUP-JDC-001/2000, y agregar copia certificada de la presente resolución a los autos de los expedientes acumulados.
TERCERO. El quince del presente mes y año se recibieron dos escritos, fechados ambos el nueve de los corrientes, y suscritos por el Presidente de la Gran Comisión de la LVII Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca, mediante los cuales se comunica a esta Sala Superior que el veintisiete de enero del presente año, la legislatura de referencia aprobó el Decreto número 139, a través del cual se faculta al Instituto Estatal Electoral de esa entidad para que convoque a elecciones extraordinarias en el Municipio de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, y con ellos exhibió copia certificada del decreto mencionado y de un ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de cinco de febrero del año en curso, en el que se hizo la publicación de tal decreto.
CUARTO. Como complemento de uno de los escritos que se mencionan en el considerando que antecede, el Presidente de la Gran Comisión de la legislatura responsable, remitió copia certificada del decreto que, el veintisiete de enero del presente año, emitió el órgano legislativo en mención, y del oficio IEE/PCG/023/2000 que, el dieciséis del mes y año en curso, envió el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, al Administrador Municipal de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec.
QUINTO. Procede desechar de plano las tres demandas de referencia.
En términos del artículo 9, apartado 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los medios de impugnación serán improcedentes y se desecharán de plano cuando resulten evidentemente frívolos o cuya notoria improcedencia derive de las disposiciones de esa misma ley.
En el artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se establece que, procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque de manera tal que quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo antes de que se dicte resolución o sentencia.
En esta disposición se encuentra, en realidad, la previsión sobre una causa de improcedencia, a la vez que la consecuencia a la que conduce, que es el sobreseimiento.
La causa de improcedencia se compone, a primera vista, de dos elementos, según el texto de la norma: a) que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque; y b) que tal decisión traiga como efecto que el medio de impugnación quede totalmente sin materia, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo es determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro substancial; es decir, lo que produce en realidad la improcedencia radica en que el medio de impugnación quede totalmente sin materia, en tanto que la revocación o modificación es el medio para llegar a tal situación.
Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, y que resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti es "el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro" toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, el proceso queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses sobre los que versa el litigio, mediante una resolución de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después.
Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en materia electoral se siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la que menciona el legislador, que es la revocación o modificación del acto o resolución que se impugne, esto no implica que sea éste el único medio, de manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el proceso como producto de un medio distinto, también se actualiza la causa de improcedencia en comento.
En las demandas consta que los actores reclaman de la LVII Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca la emisión de:
a). El Decreto número 40 de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, por medio del cual se calificó como legal y constitucionalmente válida la elección municipal de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, celebrada el dieciocho de ese mes y año.
b). El Decreto número 86 de trece de julio de mil novecientos noventa y nueve, en donde se declara desaparecido el ayuntamiento del citado municipio y se facultó al titular del Ejecutivo estatal para nombrar un administrador municipal, en lo que se daban las condiciones necesarias para integrar un concejo municipal, dirigiéndose la impugnación, fundamentalmente, respecto del ARTICULO SEGUNDO, que dice:
"Se faculta al Ejecutivo del Estado para que en lo que se dan las condiciones necesarias para la integración del Concejo Municipal, designe Administrador Municipal, lo que comunicara a esta legislatura."
La pretensión esencial de los actores, respecto del primer decreto impugnado, consiste en que se revoque la declaración de legalidad, constitucionalidad y validez, que la legislatura responsable hizo de la elección de dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, en la que se eligió a los concejales municipales del ayuntamiento de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, por el régimen de usos y costumbres, con el objeto de que se celebren nuevas elecciones.
El objeto de la impugnación del segundo decreto mencionado consiste en que se superen las circunstancias que se pudieran oponer para que la legislatura ordene al Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, la expedición de la convocatoria correspondiente para celebrar elecciones extraordinarias de concejales municipales.
El veintisiete de enero del presente año, la legislatura responsable emitió el Decreto 139, que dice a la letra:
"LA QUINCUAGESIMA SEPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA,
ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto en la Fracción XXII del artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se faculta al Instituto Estatal Electoral, para que Convoque a los ciudadanos del Municipio de Santiago Ixtayutla, Jam. Oax., a participar en las Elecciones Extraordinarias del año 2000, para Concejales del Ayuntamiento Municipal, electos por el régimen de normas de derecho consuetudinario, que deberá celebrarse en la fecha, hora y lugar que al efecto se determine, dentro del término que señala el artículo 22 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca; desempeñarán sus cargos durante el tiempo que sus tradiciones y prácticas democráticas determinen, mismo que en ningún caso podrá exceder del treinta y uno de diciembre del año 2001.
UNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. Oaxaca de Juárez, Oax., a 27 de enero del 2000.
MARIA DE LAS NIEVES GARCIA FERNANDEZ.
DAVID VILLALOBOS LOPEZ FIDEL ARAMBURO GARCIA
DIPUTADO SECRETARIODIPUTADO SECRETARIO"
Este decreto se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el cinco de febrero del presente año.
De lo anterior se advierte que las pretensiones sustanciales de los promoventes han quedado satisfechas, en razón de que si la impugnación de ambos decretos tuvo como propósito remover los obstáculos que representaba el contenido de los dos decretos impugnados en las tres demandas que se estudian, consistentes en que el primero declaró la válidez de las elecciones entonces celebradas, y el segundo omitió (a juicio de los demandantes) precisar las condiciones necesarias para nuevos comicios, todo esto con el objetivo fundamental de que se le ordenara al Instituto Estatal Electoral que convocara a nuevas elecciones de concejales en el municipio de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca, es claro que la pretensión final en comento se encuentra colmada, porque como puede verse, en el Decreto número 139 la legislatura responsable facultó al Instituto Estatal Electoral de la entidad, para convocar a los ciudadanos del municipio en cita, a participar en las elecciones extraordinarias del año dos mil, para concejales del ayuntamiento municipal, que se eligirán por el régimen de normas de derecho consuetudinario.
Además, se encuentra demostrado el hecho de que el Instituto Estatal Electoral en comento, en cumplimiento del citado decreto, autorizó al administrador municipal encargado de los destinos del municipio en cita, para que convoque a la elección extraordinaria correspondiente.
En tales condiciones, es evidente la actualización del supuesto previsto en el artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que, ante la desaparición de la materia de la controversia, y en atención a que las demandas no se han admitido, lo procedente es decretar su desechamiento.
Por lo expuesto, y fundado además en los artículos 9 apartado 3 y 19 apartado 1 inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
PRIMERO. Se decreta la acumulación de las demandas de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que constan en los expedientes registrados con los números SUP-JDC-003/2000 y SUP-JDC-004/2000 a la que esta agregada al SUP-JDC-001/2000. Glósese copia certificada de esta sentencia en los expedientes acumulados.
SEGUNDO. Se desechan de plano las tres demandas acumuladas.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. A los actores, por conducto de cualquiera de sus representantes autorizados: Digna Ochoa y Plácido, Jorge Fernández Mendiburu, Mario Ernesto Patrón Sánchez, Araceli García Casas, Raúl Méndez de los Santos, Miguel Angel Vásquez de la Rosa o Irma Lucía González Espinoza, en calle Serapio Rendón 57-B, colonia San Rafael, código postal 06470, en esta ciudad, y a la responsable, mediante oficio, al que se acompañará copia certificada de la sentencia.

References: artículo 19
 resolución 
 artículo 19
 resolución 
 artículo 9
 artículo 11
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 59
 artículo 22
 artículo 11