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Timestamp: 2018-03-22 17:19:06+00:00

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PABLO GÓMEZ RESPONDE A LA ACUSACIÓN EN SU CONTRA | Pablo Gómez
2º. En el mismo acuerdo notificado se me brinda un plazo de 5 días hábiles para comparecer ante la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática con el objeto de que yo “aporte pruebas respecto de las imputaciones” que se me hacen por parte de las personas arriba aludidas.
3º. Las imputaciones hechas en mi contra son violaciones de la Línea Política, el Programa y las “normas que rigen la vida interna del Partido” de tal forma que “afectan la imagen y ponen en riesgo los intereses del Partido de la Revolución Democrática”. La acusación consiste en que apoyo a MORENA y a su presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, pero nunca se dice cómo ni para qué.
4º. Quien se ostenta como presidente de la Comisión Nacional Jurisdiccional, en su mencionado acuerdo, dentro del EXPEDIENTE PE/NAL/309/2007, dice haber recibido “escrito de procedimiento especial” presentado por MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL y otros, en contra de PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, del cual anexa copia simple, y afirma que “no ha lugar a dictar medida provisional consistente en la suspensión de derechos partidarios de PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ”; señala que corre traslado a PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ del “medio de defensa” presentado por MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL y otros; y acuerda admitir a trámite el “procedimiento especial interpuesto por los CC. MARY TELMA GUAJARDO, BEATRIZ MOJICA MORGA, SERGIO LEYVA RAMÍREZ Y OTROS, en su carácter en su calidad (sic) de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática”.
5º. El escrito ante la Comisión Nacional Jurisdiccional, que hacen los recurrentes MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL y otros, es presentado como una remisión del expediente integrado por el Comité Ejecutivo Nacional, “en términos del Artículo 103, inciso q) del Estatuto del PRD” y ahí adjuntan lo que se dice que es una resolución del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, de fecha de 18 de noviembre de 2017, en la que se “procede a solicitar a la Comisión Nacional Jurisdiccional… inicie el procedimiento especial que se solicita mediante el presente acuerdo señalando a este acto se dicte la medida provisional consistente en la suspensión de sus derechos partidarios de los militantes listados“, en términos de lo dispuesto por el artículo 103 inciso q) del Estatuto. Aunque en dicho acuerdo se ordena notificar a la Comisión Nacional Jurisdiccional, no existe documento que lo acredite ni dicha Comisión se da por enterada como sí lo hace del escrito firmado por MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL y otros con el cual se abrió el EXPEDIENTE: PE/NAL/309/2017, con fecha del 24 de noviembre del presente año.
EN EL MARCO ANTERIOR, y aún si conocer de cierto si se trata de una “queja”, de un “medio de defensa” o de cualquier otro recurso, procedo a responder algunos de los contenidos del escrito relacionado con el pretendido “procedimiento especial”:
I. En el escrito de “queja” los actores afirman que la presentan como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, lo que acreditan con el resolutivo del Consejo Nacional relativo al nombramiento de los integrantes de dicho Comité.
Afirman que, con tal carácter, remiten el “expediente” integrado por el Comité Ejecutivo Nacional, en términos del artículo 103, inciso q) del Estatuto, debido a hechos que el citado Comité presume y considera vulnera la Línea Política, el Programa y las normas que rigen la vida interna del Partido, y que dada la gravedad de las conductas que me son atribuidas afectan la imagen y ponen en riesgo los intereses del Partido, a efecto de que se inicie un “procedimiento especial”.
Afirman los “quejosos” que tienen plena legitimación procesal para presentar la queja a nombre del Comité Ejecutivo Nacional, ya que, aseguran, cuentan con plena capacidad legal para remitir la integración del expediente en razón de las facultades que· “nos otorga” el artículo 103 inciso q) del Estatuto.
Lo expuesto por los “quejosos” es falso, ya que carecen de legitimación para iniciar personalmente el procedimiento especial a que se refiere el artículo 103 inciso q) del Estatuto, por lo siguiente.
Por tal razón, esta Comisión Nacional Jurisdiccional debe declarar la improcedencia de la “queja”, del “medio de defensa” o del “procedimiento especial”, en términos del artículo 40 del Reglamento de Disciplina Interna.
Lo anterior se agrava por el hecho de que la resolución Comité Ejecutivo Nacional que, se dice, adoptó el 18 de noviembre de 2017 (ACU-CEN-052/2017), fue certificada, sin tener facultades estatutarias para ello, por el “secretario técnico” del Comité, luego de lo cual este mismo secretario técnico la notificó por estrados mediante una cédula de notificación, sin número, de fecha 18 de noviembre de 2017 que presentan los “quejosos”, con lo cual la Comisión Nacional Jurisdiccional no pudo haberse considerado notificada, como en efecto se demuestra por la inexistencia, dentro de la resolución vinculada al EXPEDIENTE: PE/NAL/309/207, de referencia alguna a un acto de admision por parte de dicha Comisión de tal resolución ACU-CEN-052/2017, como queja que pretendiera el inicio del procedimiento especial, sino que, en su resolución del 24 de noviembre, quien se ostenta como presidente de la Comisión Nacional Jurisdiccional admitió a trámite como procedimiento especial el escrito interpuesto por los CC. MARY TELMA GUAJARDO VILLAREAL, BEATRIZ MOJICA MORGA, SERGIO LEYVA RAMÍRZ Y OTROS “en su carácter en su calidad (sic) de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática”.
Todo lo anterior fue realizado por el sedicente presidente de la Comisión Nacional Jurisdiccional, sin justificar su facultad para hacerlo, ni después de un análisis de la procedencia estatutaria de la solicitud de los “quejosos”, presentada el 23 de noviembre de 2017, en la que se dice que fue firmada por los referidos “quejosos” el 18 del mismo mes y año, al parecer por 18 personas cuyas rúbricas aparecen, pero sin que al respecto se hubiera anexado copia del acta de la supuesta sesión del Comité Ejecutivo Nacional ni de la eventual minuta de la deliberación respectiva.
II, Sin menoscabo de lo antes expuesto, en dicha resolución del 18 de noviembre (ACU-CEN-052/2017), con la cual se pretende haber “remitido expediente” ante la Comisión Nacional Jurisdiccional, de haber sido presentada efectivamente ante dicha Comisión, no hubiera respetado mi derecho de audiencia, entendido como derecho de defensa, que señala el Estatuto y el marco constitucional mexicano (ver al respecto la reciente SUP_JODC-1029/2017 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017, en relación a la revocación del Acuerdo Plenario emitido por la Comisión Nacional Jurisdiccional en el expediente PE/NAL/229/2017, p. 10, en relación con la “OPORTUNIDAD DE DEFENSA“).
Siendo la Comisión Nacional Jurisdiccional –se dice– un “órgano profesional e imparcial”, seguramente se ajustará a dicho marco normativo, y todos los hechos que se me imputan fuera del plazo de los sesenta días, deberán declararse improcedentes, en términos del artículo 40, inciso h) del citado Reglamento.
En este sentido, no tienen razón los “quejosos” al afirmar que los actos que se me atribuyen fuera del plazo de los 60 días son omisiones y, mucho menos, que sean de tracto sucesivo. Afirmarlo es contrario a mi garantía de seguridad jurídica, ya que entonces cualquier acto podrá denunciarse en cualquier tiempo con el argumento de que su efecto permanece o de que se tuvo conocimiento del acto en fecha reciente, dentro de los 60 días, lo cual sería evidentemente falso a la luz de la anterior resolucion en mi contra de la Comision Nacional Jurisdiccional que suspendió mis derechos como afialido al PRD y fue revocada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SUP-JDC-1029/2017.
III. Con relación al primero y segundo hechos de la “queja”, manifiesto que se trata de un mismo hecho que los “quejosos” manifiestan ocurrió el 03 de julio de 2017, lo que en términos del marco normativo que regula el procedimiento se encuentra prescrito, ya que desde la fecha en que supuestamente ocurrió el hecho, a la de presentación de la queja, (23 de noviembre de 2017) ya habían trascurrido más de 60 días hábiles, lo que hace notoriamente improcedente la queja en cuanto a este hecho. Lo anterior en términos de los artículos 44, con relación al artículo 40, inciso h) del reglamento de disciplina interna del PRD.
VII. Con relación al octavo hecho de la queja, manifiesto que se trata de hechos que los “quejosos” manifiestan ocurrió el 15 de agosto de 2017, lo que en términos del marco normativo que regula el procedimiento se encuentra prescrito, ya que de la fecha en que supuestamente ocurrió el hecho a la de presentación de la queja, (19 de octubre de 2017) ya habían trascurrido más de 60 días hábiles, lo que hace notoriamente improcedente la queja en cuanto a este hecho. Lo anterior en términos de los artículos 44, con relación al artículo 40, inciso h) del reglamento de disciplina interna del PRD.
Se me atribuye como un acto contrario a la normatividad (los “quejosos” le llaman denostar a la dirigencia) el señalar que los actuales integrantes del Comité Ejecutivo Nacional permanecen en el cargo de manera ilegal, ya que el periodo para el cual fueron electos concluyó en la primera semana de octubre de 2017, que por primera vez en 30 años la dirigencia actual ha omitido convocar a elección de sus dirigentes y la presidenta nacional del Partido, legalmente, no puede estar ocupando dicho cargo ya que el artículo 11 del Estatuto no se lo permite por ser a la vez senadora de la republica.
Así mismo, se me acusa de hacer propaganda en favor de MORENA, lo cual es un hecho falso ya que jamás me he pronunciado en favor de dicho partido político, tan es así que de las pruebas aportada ninguna se refiere a ese aspecto. Sin embargo, los “quejosos” pretenden atribuirme dicho hecho a partir de que López Obrador es el presidente nacional de ese partido. Esta Comisión Nacional Jurisdiccional no encontrará una declaración en la que afirme que apoyo al presidente nacional de MORENA, no tendría por qué hacerlo. Lo que sí he manifestado es que López Obrador sea el candidato de las izquierdas mientras otros miembros del PRD, específicamente su presidenta y otros miembros del Comité Ejecutivo Nacional que me acusan, se han pronunciado públicamente a favor de otro posible candidato.
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References: Artículo 103
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 artículo 40
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