Source: http://cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/fbdff068355d617b862580ca001ec9fe/ebc9d4cdd7de4556862580bf006cfdc6?OpenDocument
Timestamp: 2017-03-27 04:55:24+00:00

Document:
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/nombre_de_la_vista/EBC9D4CDD7DE4556862580BF006CFDC6/$File/queja+424-2014-1.txt
San Luis Potosí, San Luis Potosí a 05 cinco de diciembre de 2016 dieciséis.
Vistos para resolver los autos que conforman del expediente 424/2014-1 del índice de esta Comisión, relativo al recurso de queja, interpuesto por XXX contra actos de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, por conducto del RECTOR, a través del DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ENLACE, TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN y del DIRECTOR DE LA FACULTAD DE DERECHO “ABOGADO PONCIANO ARRIAGA LEIJA” y, R E S U L T A N D O S
PRIMERO. El 01 uno de septiembre de 2014 dos mil catorce el recurrente presentó una solicitud de información a través del correo electrónico ante la UNIDAD DE ENLACE, TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ mediante la cual solicitó la información siguiente:
“Por este medio me permito solicitar atentamente la información referente al titulo o nombre, hipótesis planteada, marco teórico, así como avances y en su caso conclusiones de la investigación o investigaciones que realiza y ha realizado el Licenciado Santiago Camacho Muñoz dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como los aportes que han tenido las mismas” SIC. (Visible a foja 4 de autos).
SEGUNDO. El 17 diecisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce la UNIDAD DE ENLACE, TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ a través del correo electrónico señalado para oír y recibir notificaciones del hoy recurrente notificó el uso de la ampliación de término para dar respuesta al escrito de solicitud de información en los términos siguientes:
“En atención a su solicitud presentada vía correo electrónico en esta Unidad de Enlace el 02 dos de septiembre de 2014 dos mil catorce, se envía a manera de notificación en archivo adjunto en formato PDF, el acuerdo de fecha 17 diecisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce, correspondiente al expediente interno 788UIP/TAI.C.1/178-2014, en el cual se amplía el término a su solicitud de información.” SIC. (Visible a foja 32 de autos).
El archivo adjunto contiene el acuerdo de fecha 17 diecisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce, suscrito por el Director de la Unidad de Enlace, Transparencia e Información (Unidad de Información Pública) en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuyo contenido es el siguiente:
“(…) En virtud del estado que guarda el trámite del expediente citado al rubro se amplía el plazo para dar contestación a la solicitud de información en razón de que se encuentra revisando la procedencia de la misma y recopilando la información procedente, por lo anterior, se cambia la fecha 17 diecisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce, como límite de 10 días hábiles para la entrega de la información y se modifica agregándose 10 días hábiles más, quedando como fecha límite para la entrega de la información el 02 dos de octubre del 2014 dos mil catorce (…)” (visible a foja 31 de autos). TERCERO. El 02 dos de octubre de 2014 dos mil catorce la UNIDAD DE ENLACE, TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ a través del correo electrónico señalado para oír y recibir notificaciones del hoy recurrente dio contestación a la solicitud de acceso a la información pública en los términos siguientes:
“En atención a su solicitud presentada vía correo electrónico de esta Unidad de Enlace el 02 dos de septiembre de 2014 dos mil catorce, se envía a manera de notificaciones en archivo adjunto en formato PDF, el acuerdo de fecha 02 dos de octubre de 2014 dos mil catorce, correspondiente al expediente interno 788UIP/TAI.C.1/178-2014, en el cual se da respuesta a su solicitud de información.” SIC. (Visible a foja 39 de autos). El archivo adjunto contiene el acuerdo de fecha 02 dos de octubre de 2014 dos mil catorce, suscrito por el Director de la Unidad de Enlace, Transparencia e Información (Unidad de Información Pública) en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuyo contenido es el siguiente:
CUARTO. El 16 dieciséis de octubre de 2014 dos mil catorce el solicitante de la información interpuso recurso de queja ante esta Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública del Estado en contra de la respuesta a su escrito de solicitud de información por parte del ente obligado. QUINTO. El 20 veinte de octubre de 2014 dos mil catorce esta Comisión dictó un proveído en el que admitió a trámite el presente recurso de queja; tuvo como ente obligado a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, por conducto del RECTOR, a través del DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ENLACE, TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN y del DIRECTOR DE LA FACULTAD DE DERECHO “ABOGADO PONCIANO ARRIAGA LEIJA”; se le tuvo al recurrente por ofrecida la prueba documental que anexó a su escrito, la cual se admitió y se tuvo por desahogada en virtud de su propia y especial naturaleza, se le tuvo por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones; el Presidente de esta Comisión anotó y registró en el Libro de Gobierno el presente recurso con el expediente 424/2014-1; se requirió al ente obligado para que ofreciera las pruebas y argumentos que estimara convenientes relacionados con el presente recurso; así como que deberían informar a esta Comisión de Transparencia si tenían la obligación legal de generar, administrar, archivar o resguardar la información solicitada; que de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia se les hizo saber a los entes obligados que para el caso de que argumentaran la inexistencia de la información al momento de rendir su informe, deberían de remitir copia certificada de las constancias que acrediten las gestiones que han realizado en relación con dicho numeral, lo anterior con independencia de las facultades con que cuenta este órgano colegiado en relación con dicho numeral; asimismo se le requirió para que manifestara si existía impedimento legal para el acceso o la entrega de la información solicitada y debía fundarlo en las hipótesis establecidas en los artículos 41 y 53 de la ley de la materia, es decir, cuando se tratase información reservada o confidencial; asimismo se le apercibió que en caso de no rendir el informe en la forma y términos requeridos se le impondrían en su contra las medidas de apremio establecidas en el artículo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado; se les corrió traslado con la copia simple del escrito de queja y de sus anexos; se les previno para que acreditaran su personalidad, así como para que señalaran persona y domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.
SEXTO. Con fecha 28 veintiocho de octubre de 2014 dos mil catorce, esta Comisión dictó un proveído en el que tuvo por recibido el oficio sin número de fecha 23 veintitrés de octubre de 2014 dos mil catorce, signado por el Licenciado Luis Enrique Vera Noyola en su carácter de Director de la Unidad de Enlace, Transparencia y Acceso a la información (Unidad de Información Pública) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por lo que el ente obligado realizó las manifestaciones que a su derecho estimó conveniente. Asimismo, en el contexto del mismo proveído se declaró cerrado el periodo de instrucción, por lo que se turnó a la ponencia del Licenciado Oscar Alejandro Mendoza García para elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Con fecha 10 diez de noviembre de 2014 dos mil catorce, y en cumplimiento al acuerdo CEGAIP-437/2014.S.E. y CEGAIP-438/2014.S.E. en el cual la Licenciada Yolanda E. Camacho Zapata, presentó su excusa sobre el presente recurso, se ordenó requerir a la Primer Comisionada Supernumeraria Licenciada María Angelina Acosta Villegas para que dentro del término no mayor de tres días hábiles manifestara si supliría a la Maestra Yolanda E. Camacho Zapata, Comisionada Presidenta, o su caso manifestara la imposibilidad para hacerlo.
Mediante proveído de 24 veinticuatro de noviembre de 2014 dos mil catorce, esta Comisión tuvo a la primera comisionada supernumeraria de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado por aceptado suplir a la Maestra Yolanda E. Camacho Zapata, Comisionada Presidente de este Órgano Colegiado.
Con fecha 31 treinta y uno de marzo de 2016 dos mil dieciséis, en cumplimiento al acuerdo CEGAIP-294/2016.S.E. se ordenó requerir al ente obligado, a efecto de que informara ante esta Comisión lo solicitado en el acuerdo de Pleno antes referido. Mediante proveído de 11 once de abril de 2016 dos mil dieciséis, esta Comisión tuvo por recibido el oficio sin número signado por el Licenciado Luis Enrique Vera Noyola, Director de la Unidad de Enlace, Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, mediante el cual se le tuvo al sujeto obligado por dando contestación al requerimiento que se le formuló mediante proveído de 31 treinta y uno de marzo de 2016 dos mil dieciséis, por lo que en el contexto del mismo proveído se ordeno remitir el presente expediente a la ponencia del Licenciado Oscar Alejandro Mendoza García, Comisionado, para que se procediera a elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Con fecha 15 quince de julio de 2016 dos mil dieciséis, esta Comisión acordó requerir al C. José Martin Vázquez Vázquez, Comisionado Supernumerario a efecto de que manifestara si supliría en el presente recurso de queja a la comisionada Yolanda E. Camacho Zapata, en función de la excusa aprobada para resolver el presente asunto al considera que es un hecho notorio que mediante decreto 245, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 30 treinta de junio de 2016, se eligieron nuevos Comisionados Supernumerarios para esta Comisión. Con fecha 26 veintiséis de septiembre de 2016 esta Comisión tuvo por omiso al Licenciado José Martin Vázquez Vázquez, primer Comisionado Supernumerario, en realizar manifestación respecto de la suplencia aludida, por lo que en el contexto del mismo proveído se ordenó requerir al C. José de Jesús Cárdenas Turrubiartes, Segundo Comisionado Supernumerario. Mediante proveído de 03 tres de octubre de 2016 dos mil dieciséis, esta Comisión tuvo al Segundo Comisionado Supernumerario de esta Comisión, por aceptando la suplencia de la Comisionada Yolanda E. Camacho Zapata, para resolver el presente asunto. Por lo que en el contexto del mismo proveído y tomando en cuenta que mediante decreto 0244 de fecha 30 treinta de junio de 2016 dos mil dieciséis se designó como Comisionado Presidente de esta Comisión, al Maestro Alejandro Lafuente Torres, quien asumió los asuntos relativos a la ponencia 1, se remitió de nueva cuenta el presente expediente a la Ponencia del Suscrito Comisionado Presidente Alejandro Lafuente Torres, a fin de que el ponente presente el proyecto de resolución correspondiente. C O N S I D E R A N D O
TERCERO. Resultó procedente la admisión y substanciación de los recursos de queja en cuanto a la materia de acceso a la información, toda vez que el recurrente observó íntegramente las formalidades establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, porque cumplió con cada uno de los requisitos exigidos por los artículos 100 y 101 de la invocada Ley, asimismo los medios de impugnación fueron planteados oportunamente. CUARTO. El recurrente acudió a esta Comisión a interponer el medio de impugnación de se trata, en contra de la respuesta proporcionada por el ente obligado a su escrito de solicitud de acceso a la información pública. En su solicitud de acceso, el hoy recurrente, requirió la información siguiente: “Por este medio me permito solicitar atentamente la información referente al titulo o nombre, hipótesis planteada, marco teórico, así como avances y en su caso conclusiones de la investigación o investigaciones que realiza y ha realizado el Licenciado Santiago Camacho Muñoz dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como los aportes que han tenido las mismas” SIC. (Visible a foja 4 de autos).
En respuesta a la solicitud de información, la entidad notificó al hoy recurrente que en relación al nombre de la investigación que se lleva a cabo, el título tentativo, hasta su publicación, es: “La unificación del curriculum de la Licenciatura en Derecho, para lograr en San Luis Potosí la Colegiación Obligatoria”, en relación a que se le proporcione la hipótesis planteada, marco teórico, avances y conclusiones de la misma el ente obligado informó que no se puede proporcionar toda vez que la investigación de referencia, es el trabajo de tesis para obtener el grado de maestría en derecho, con fundamento en el artículo 41 fracción V y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la letra dice:“ARTICULO 41. La autoridad sólo podrá clasificar información como reservada, cuando concurra alguna de las siguientes hipótesis:(…) V. Cuando se trate de información relacionada con la propiedad intelectual, patentes, marcas y procesos industriales, que haya sido recibida por la autoridad bajo la promesa de reserva; (…) VII. Cuando se trate de información que una ley expresamente clasifique como reservada.”, y 27 de la Ley Federal de Derecho de Autor y, finalmente en relación a los aportes que hasta el momento ha arrojado la investigación de “La unificación del curriculum de la Licenciatura en Derecho, son: 1. Impartición de la conferencia “LA COLEGIACIÓN DE ABOGADOS”, en la casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí de la Suprema Corte, el 22 de abril de 2013 dos mil trece.
2. Participación mediante conferencia con motivo del aniversario de los del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, el 14 catorce de mayo de 2013 dos mil trece, con el tema “Procedimientos Administrativos, en el marco de la Legislación de San Luis Potosí”.
3. Obtención del diplomado sobre Argumentación Jurídica impartido por la U.A.S.L.P., y el DIF Estatal. Inconforme con lo anterior, el hoy recurrente interpuso recurso de queja ante esta Comisión, en el que impugnó la clasificación de la información solicitada. Señalando que el ente obligado debió exponer y argumentar las situaciones que impiden el acceso a la información de conformidad con el artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, en el cual deberá acreditarse el principio de la prueba de daño. Adicionalmente, señaló que al ser la investigación del Licenciado Santiago Camacho Muñoz, auspiciada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí la misma se está realizando con dinero público por lo que no puede alegarse derechos de autor y al no estar concluida está no se encuentra protegida por la Ley de Federal de Derechos de Autor toda vez que en su artículo 5 señala lo siguiente:
“Artículo 5o.- La protección que otorga esta Ley se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión.
El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna.” Ahora bien, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en su escrito de informe señaló lo siguiente:
En virtud de lo anterior, en la presente resolución se analizará la clasificación de la información solicitada por el hoy recurrente, efectuada por la entidad, con fundamento en el artículo 41, fracción VI y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. A manera de referencia, es necesario hacer ciertas consideraciones en relación con la naturaleza jurídica de la información aquí solicitada. En este sentido, el Reglamento General Estudios de Posgrado, en el Capítulo V “Normas generales de operación”, señala, que para ser Maestro se necesita:
“ARTÍCULO 42.- Para obtener el grado de Maestro será necesario:
a. Cumplir con todos los requisitos contemplados en el plan de estudios correspondiente.
b. Presentar una tesis y/o aprobar el examen de grado. La tesis considerará claramente la participación del alumno dentro de un esfuerzo de investigación y seguirá una metodología rigurosa o la realización de una actividad profesional.
c. Cubrir los trámites administrativos, como pago de cuotas, colegiaturas y examen de grado.
d. Haber obtenido un promedio mínimo de ocho.
DE LAS TESIS Y EXÁMENES DE NIVEL Y GRADO:
ARTÍCULO 44.- Las tesis de Maestría y Doctorado requerirán:
a) La aprobación del Comité Académico del posgrado conforme a normas que para aprobación de tesis establezca el plan de estudios respectivo, los lineamientos aprobados para el programa por el H. CDU y el reglamento interno de la entidad académica.
b) Su inscripción en un registro de tesis de posgrado en desarrollo, en la entidad académica de adscripción del posgrado.
c) Antes de la asignación de asesorados, se debe asegurar que el proyecto de tesis tendrá soporte económico e infraestructura suficiente para que se lleve a cabo el proyecto del asesorado.
d) La asignación a un profesor de un asesorado como tesista tendrá un carácter provisional por los primeros seis meses. Esta asignación se podrá ratificar sólo después del primer proceso de evaluación semestral de avance en el proyecto de tesis contemplado en el inciso e) de este artículo, y para ello se requerirá que la evaluación se haya calificado como mínima aprobatoria o satisfactoria, y el consentimiento mutuo del estudiante y del profesor. Esta ratificación debe ser establecida en el registro mencionado en el inciso b).
e) Una evaluación académica periódica, como mínimo una vez al semestre, cuya forma y fondo deben estar considerados con mucha precisión en la reglamentación interna del programa de posgrado. Esta evaluación será ante un cuerpo colegiado de profesores experto en el tema del proyecto, que emitirá un dictamen por escrito sobre la calidad de los resultados presentados en el avance.
El número de tesis de posgrado que podrá dirigir simultáneamente un Profesor de Tiempo Completo no debe exceder de 8, de las cuales a lo más 4 podrán ser de Doctorado.
Nota.- El Artículo 44 decía: “Las tesis de Maestría y Doctorado requerirán:
a) La aprobación del Comité Académico del posgrado conforme a normas que para aprobación de tesis establezcan el plan de estudios respectivo y el reglamento interno de la entidad académica.
d) Una evaluación académica periódica, como mínimo una vez al semestre, cuya forma y fondo deben estar considerados con mucha precisión en la reglamentación interna del programa de posgrado. Esta evaluación será ante un cuerpo colegiado de profesores experto en el tema del proyecto, que emitirá un dictamen por escrito sobre la calidad de los resultados presentados en el avance.
El número de tesis de posgrado que podrá dirigir simultáneamente un profesor de tiempo completo no debe de exceder de 4 de maestría y 3 de doctorado.”
ARTÍCULO 45.- Para cambiar de tema de tesis se necesita la autorización del Comité
Académico del posgrado respectivo. La nueva tesis deberá inscribirse en el registro de tesis de posgrado.
ARTÍCULO 46.- El trabajo de tesis, con la aprobación previa por escrito del asesor, será entregado a todos los miembros del jurado. Cada miembro del mismo deberá entregar, en un plazo máximo de 3 semanas para tesis de Maestría y de 4 semanas para tesis de Doctorado, un reporte escrito con su evaluación sobre los méritos académicos del trabajo. Este reporte deberá contener una de las siguientes opiniones:
a) la aprobación explícita del trabajo. Éste podrá solicitar la necesidad de correcciones menores claramente detalladas. El estudiante deberá revisar su tesis de acuerdo a las correcciones solicitadas por los jurados.
La tesis revisada deberá ser entregada al jurado una semana antes del examen de Grado. La recomendación de proceder no compromete el voto del miembro del jurado para la aprobación de la defensa de la tesis en el examen oral.
b) la recomendación explícita de rechazar el trabajo de tesis en la forma presentada, la cual será acompañada de una argumentación detallada de las razones que sustentan esta decisión. La tesis deberá ser revisada y evaluada por el Comité Académico del Programa. Si el dictamen del Comité Académico ratifica el rechazo se deberá precisar si esto obedece a que:
• a juicio de los miembros del jurado, el trabajo carece de los méritos académicos necesarios para cumplir con el Artículo 42(b) o con el Artículo 43(c) de este reglamento en los casos de tesis de maestría o doctorado respectivamente; y/o a que
• a juicio de los miembros del jurado, la calidad del contenido es inadecuada y requiere una revisión mayor.
A la recepción de este dictamen el estudiante contará hasta con 30 días naturales para presentar una versión revisada de su tesis, la cual será nuevamente entregada, con la aprobación por escrito del asesor, a todos los miembros del jurado para reiniciar el mismo procedimiento, por una ocasión más.
En caso de que persista un dictamen negativo sobre los méritos académicos de la tesis, el estudiante tiene hasta 15 días naturales para inconformarse ante el Consejo de Posgrado, el cual en consulta con la Secretaría de Investigación y Posgrado, integrarán un Comité Externo, formado por tres especialistas distinguidos en el área, sin afiliación a la UASLP., con la finalidad de garantizar la imparcialidad del dictamen.
Los miembros del Comité Externo deberán entregar, dentro de un plazo de 4 semanas, un dictamen por escrito que indique si el trabajo de tesis cumple con los méritos académicos mínimos para el grado académico correspondiente, y en su caso, incluyendo un listado de correcciones y/o adiciones pertinentes.
El fallo del Comité Externo será inapelable.
Si la calificación de este Comité Externo fuera favorable, se procederá al Examen de
Grado, una vez que el estudiante haya realizado las correcciones y/o adiciones solicitadas. La defensa final será ante un jurado enteramente renovado.
Nota.- El Artículo 46 decía: “Con antelación a la presentación del examen respectivo, los sinodales aprobarán por escrito la tesis o trabajo presentado, lo cual no comprometerá su voto para la aprobación de la defensa de la tesis en el examen oral.”
Artículo 47.- Cuando así se requiera y previa autorización del Comité Académico respectivo, los estudiantes de Maestría y Doctorado podrán elaborar su trabajo de tesis bajo la dirección de personal externo a la Universidad. Sin embargo en cualquier caso, el alumno deberá acreditar una estancia mínima de un año dentro de esta Universidad.
En las especialidades, los tiempos de residencia mínima serán dados en cada caso por los Comités Académicos de Posgrado.
ARTÍCULO 48.- El jurado de los exámenes para obtener el nivel de Especialidad o grado de Maestría se integrará cuando menos por tres sinodales que serán designados por el Coordinador del programa de posgrado a propuesta del Comité Académico.
ARTÍCULO 49.- El jurado de los exámenes para obtener el grado de Doctor estará integrado por cinco sinodales, de los cuales por lo menos uno deberá ser externo a la Universidad, siendo éste, académico de reconocido prestigio, experto en el área del tema de tesis y será designado por el Coordinador del programa de posgrado a propuesta del Comité Académico.”
De lo antes citado se desprende que el alumno para obtener el grado de maestro será necesario presentar una tesis; así como entre otras cosas la aprobación del Comité Académico del posgrado conforme a normas que para aprobación de tesis establezca el plan de estudios respectivo, los lineamientos aprobados para el programa por el H. CDU y el reglamento interno de la entidad académica.
Ahora bien, en respuesta al escrito de solicitud de acceso a la información pública el ente obligado notificó al hoy recurrente, que la información solicitada se encontraba reservada, con fundamento en lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, toda vez que el artículo 41, fracción V y VII establece lo siguiente:
“V. Cuando se trate de información relacionada con la propiedad intelectual, patentes, marcas y procesos industriales, que haya sido recibida por la autoridad bajo la promesa de reserva; …
VII. Cuando se trate de información que una ley expresamente clasifique como reservada.”
Asimismo, fundamentó su respuesta en lo dispuesto por la Ley Federal del Derecho de Autor, toda vez que los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir la reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, grafico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar.
Al respecto, la Ley Federal del Derecho de Autor, establece lo siguiente:
“Artículo 1o.- La presente Ley, reglamentaria del artículo 28 constitucional, tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual.
I. Conocido: Contienen la mención del nombre, signo o firma con que se identifica a su autor
Artículo 6o.- Fijación es la incorporación de letras, números, signos, sonidos, imágenes y demás elementos en que se haya expresado la obra, o de las representaciones digitales de aquellos, que en cualquier forma o soporte material, incluyendo los electrónicos, permita su percepción, reproducción u otra forma de comunicación”.
De los preceptos anteriores se desprende que el objeto de la Ley antes referida, es proteger los derechos de los autores y editores, entre otros, en relación con sus obras. En este sentido, la Ley protege las obras desde el momento en que son fijadas en un soporte material, sin considerar su destino, mérito o modo de expresión.
Ahora bien, el artículo 11 de la Ley de la materia señala que el derecho de autor, es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas, mencionadas en el artículo 13 de la Ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial, donde los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial.
En términos del artículo 12 de la ley antes citada se considera autor, a la persona física que ha creado una obra, ya sea literaria o artística.
Por su parte, el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, señala las ramas en las que se reconocen derechos de autor en relación con una obra, en los términos siguientes:
XIV. De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.”
Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza.”
En este sentido el artículo 16 del citado ordenamiento, señala las distintas formas en que una obra se puede hacer del conocimiento público, en los términos siguientes:
VI. Reproducción: La realización de uno o varios ejemplares de una obra, de unfonograma o de un videograma, en cualquier forma tangible, incluyendo cualquier almacenamiento permanente o temporal por medios electrónicos, aunque se trate de la realización bidimensional de una obra tridimensional o viceversa.”
Por su parte, la Ley Federal del Derecho de Autor, señala en relación con los derechos morales del autor, lo siguiente:
Artículo 20.Corresponde el ejercicio del derecho moral, al propio creador de la obra y a sus herederos. En ausencia de éstos, o bien en caso de obras del dominio público, anónimas o de las protegidas por el Título VII de la presente Ley, el Estado los ejercerá conforme al artículo siguiente, siempre y cuando se trate de obras de interés para el patrimonio cultural nacional.
Artículo 21 Los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo:
IV. Modificar su obra;	V. Retirar su obra del comercio, y
Los herederos sólo podrán ejercer las facultades establecidas en las fracciones I, II, III y VI del presente artículo y el Estado, en su caso, sólo podrá hacerlo respecto de las establecidas en las fracciones III y VI del presente artículo.”
Asimismo, la mencionada ley, señala en relación con los derechos patrimoniales del autor, lo siguiente:
Artículo 24. En virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, dentro de los límites que establece la presente Ley y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales a que se refiere el artículo 21 de la misma.
Artículo 25. Es titular del derecho patrimonial el autor, heredero o el adquirente por cualquier título.
Artículo 26. El autor es el titular originario del derecho patrimonial y sus herederos o causahabientes por cualquier título serán considerados titulares derivados.
Artículo 26 bis. El autor y su causahabiente gozarán del derecho a percibir una regalía por la comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier medio. El derecho del autor es irrenunciable. Esta regalía será pagada directamente por quien realice la comunicación o transmisión pública de las obras directamente al autor, o a la sociedad de gestión colectiva que los represente, con sujeción a lo previsto por los Artículos 200 y 202 Fracciones V y VI de la Ley.
VII. Cualquier utilización pública de la obra salvo en los casos expresamente establecidos en esta Ley.”
Artículo 38. El derecho de autor no está ligado a la propiedad del objeto material en el que la obra esté incorporada. Salvo pacto expreso en contrario, la enajenación por el autor o su derechohabiente del soporte material que contenga una obra, no transferirá al adquirente ninguno de los derechos patrimoniales sobre tal obra.”
De la normatividad transcrita, se desprende que el titular de los derechos morales de una obra es el autor, y el titular de los derechos patrimoniales de una obra puede ser el autor, el heredero o en su defecto el adquirente por cualquier título, mismos que estarán vigentes durante la vida del autor y a partir de su muerte 100 años más, y cuando la obra pertenezca a varios coautores el términos de 100 años comenzará a correr a partir de la muerte del último coautor.
De igual manera, se establece que los titulares de los derechos morales podrán determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o bien, mantenerla inédita, exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra creada, modificarla y retirarla del comercio, entre otras.
Asimismo, la Ley antes referida dispone que corresponde a los titulares de los derechos patrimoniales, explotar de manera exclusiva sus obras, o autorizar a otros su explotación, sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales que tenga el propio autor, así como, percibir un pago o regalía cuando se autoriza a otros la explotación de la obra. En tal virtud, el titular del derecho patrimonial tendría, en su caso, por la transmisión de la obra por un tercero, derecho a percibir un pago o regalía.
Ahora bien, cabe recordar que el ente obligado remitió a esta Comisión un escrito de informe señalando que al no estar terminada ni publicada la investigación hecha por el Licenciado Santiago Camacho Muñoz, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 41, fracción V y VI de la Ley de la materia, toda vez que se generan ventajas personales en perjuicio de terceros, además de que se trata de propiedad intelectual y una ley expresamente lo prohíbe como lo es la Ley Federal de derechos de autor, refiriendo que la información solicitada se encontraba reservada mediante acuerdo de reserva número 1/2010 por el Comité de Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, mediante acta de fecha 21 de junio de 2010 dos mil diez, y aclaró que adicional al acuerdo de reserva antes referido con fundamento en la fracción VII del artículo 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, en correlación al artículo 27 de la Ley Federal de Derechos de Autor se requiere la autorización del Lic. Santiago Camacho Muñoz para otorgar la información que aquí nos ocupa. En virtud de lo anterior, esta Comisión advierte que el hoy ente obligado proporcionó los artículos de la Ley en los cuales funda la reserva la información solicitada, los cuales establecen lo siguiente:
El artículo 41, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado establece lo siguiente:
“ARTICULO 41. La autoridad sólo podrá clasificar información como reservada, cuando concurra alguna de las siguientes hipótesis:
VII. Cuando se trate de información que una ley expresamente clasifique como reservada.” El artículo 27 de la Ley Federal de Derechos de Autor señala lo siguiente:
“Artículo 27.- Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir: I. La reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar. II. La comunicación pública de su obra a través de cualquiera de las siguientes maneras: a) La representación, recitación y ejecución pública en el caso de las obras literarias y artísticas; b) La exhibición pública por cualquier medio o procedimiento, en el caso de obras literarias y artísticas, y c) El acceso público por medio de la telecomunicación; III. La transmisión pública o radiodifusión de sus obras, en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión de las obras por: a) Cable; b) Fibra óptica; c) Microondas; d) Vía satélite, o e) Cualquier otro medio conocido o por conocerse. Inciso reformado DOF 23-07-2003
IV. La distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión de la propiedad de los soportes materiales que la contengan, así como cualquier forma de transmisión de uso o explotación. Cuando la distribución se lleve a cabo mediante venta, este derecho de oposición se entenderá agotado efectuada la primera venta, salvo en el caso expresamente contemplado en el artículo 104 de esta Ley; V. La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su autorización; VI. La divulgación de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales como la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones, y
Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de los concesionarios de radiodifusión de permitir la retransmisión de su señal y de la obligación de los concesionarios de televisión restringida de retransmitirla en los términos establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y sin menoscabo de los derechos de autor y conexos que correspondan.” Al respecto, como se señaló en el presente considerando, la Ley Federal del Derecho de Autor tiene por objeto proteger los derechos de los autores y editores, entre otros, en relación con sus obras. Sin embargo, en dicha normatividad no se establece que las obras objeto de la protección tengan carácter de información confidencial o de reservada, por el contrario, la protección referida es para determinar cómo se pueden explotar las mismas y para asegurar que en su explotación se reconozca a sus autores y se les retribuya a éstos –o a sus sucesores o derechohabientes- por su obra a través de un pago o regalía.
Aunado a lo anterior, la Ley Federal del Derechos de Autor no prevé supuesto de clasificación alguno, en virtud de que su propósito se constriñe a proteger los derechos del autor de una obra, estableciendo para tal efecto, las sanciones correspondientes cuando la explotación de la misma no se realice en términos de lo previsto por dicho ordenamiento.
De lo anterior, se tiene que no procede la clasificación de la información solicitada que efectúo la entidad, en términos del artículo 41, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, en relación con el precepto invocado de la Ley Federal del Derecho de Autor. No obstante que la clasificación efectuada por la entidad no resulta procedente, es mandato legal de esta Comisión analizar la posible existencia de causales de clasificación aplicables a la información solicitada, toda vez que de conformidad con lo dispuesto 105, fracción III de la Ley, las resoluciones de esta Comisión puede revocar o modificar el acto o resolución impugnado, y reclasifique la información, que modifique tales datos, o bien, señalar los términos precisos en que deberá emitirse un nuevo acto o resolución, por lo que a continuación se analizará la procedencia de que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, clasifique la información solicitada en términos del artículo 41, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
Al respecto, cabe mencionar que el artículo 41 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado señala que se considerará como información reservada cuando se trate de información que pueda generar ventajas personales indebidas en perjuicio de terceros.
Asimismo, el Vigésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información Pública de Oficios establece lo siguiente:
“VIGESIMO OCTAVO. La información se clasificará como reservada en los términos de la fracción VI del artículo 41 de la Ley, cuando se trate de información que pueda generar ventajas personales indebidas en perjuicio de terceros, para lo cual se entiende que: I. Se generan ventajas personales indebidas en perjuicio de terceros, cuando la revelación de la información, perjudique o lesione intereses generales o particulares, por cuanto quien acceda a ella de manera previa pudiera obtener un beneficio indebido e ilegítimo. Respecto de este supuesto, al clasificar la información como reservada deberán precisarse, de manera fundada y motivada, los intereses generales o particulares que pudieran verse lesionados, y (…)” En este sentido, es de señalar que el recurrente solicito: “…la información referente al titulo o nombre, hipótesis planteada, marco teórico, así como avances y en su caso conclusiones de la investigación o investigaciones que realiza y ha realizado el Licenciado Santiago Camacho Muñoz dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como los aportes que han tenido las mismas”.
En este sentido, es posible desprender que en el caso que nos ocupa la información antes referida actualiza la causal de reserva prevista en el artículo 41, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, hasta en tanto el Licenciado Santiago Camacho Muñoz no concluya el proyecto a que refiere. Así las cosas, de conformidad con los artículos 43, fracciones I y II, 81, 82, 84, fracciones I y II y 105, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, esta Comisión Revoca la Clasificación de la información solicitada, ya que no se actualiza la causal de reserva prevista en el artículo 41, fracción VII, en relación con el artículo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor e instruye a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a lo siguiente:
-Elabore un acuerdo de reserva por medio de su Comité de Información en el cual clasifique la información solicitada con fundamento en el artículo 41, fracción VI de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, hasta en tanto el servidor público responsable (investigador), no haya concluido el trabajo de tesis para obtener el grado de Maestría en Derecho. -Entregue al hoy recurrente el acuerdo de reserva referido en el párrafo anterior, apercibido que al tiempo de notificar la presente resolución a las partes del presente recurso de queja el servidor público responsable (investigador), este ya concluyó su trabajo de tesis para obtener el grado de Maestría en Derecho, se entenderá que la misma es pública de conformidad con el artículo 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y no podrá negarse el acceso a la información.
Lo anterior lo debe realizar el Ente Obligado en un plazo que no deberá exceder de 10 diez días hábiles contados a partir de la notificación de esta resolución y vencido este término, esta Comisión lo requiere para que en tres días hábiles adicionales informe sobre el cumplimiento del presente fallo con los documentos fehacientes (originales o copia certificada), con fundamento en el artículo 131, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado de manera supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con su artículo 4°, además se le apercibe que de no acatar la presente resolución en los términos expresados, se aplicará en su contra la medida de apremio consistente en una Amonestación Privada, de conformidad con el artículo 114 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, consistente en una Amonestación Privada y en caso de no cumplir con esta resolución esta Comisión iniciará el procedimiento para la imposición de sanciones prevista por los artículos 15, 84, fracción XIX, 109, fracción IV y demás relativos de la invocada Ley.
ÚNICO. Con fundamento en los artículos 43, fracciones I y II, 81, 82, 84, fracciones I y II y 105, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, SE REVOCA el acto impugnado por los fundamentos y razonamientos desarrollados en el Considerando Cuarto de este Fallo. Notifíquese personalmente la presente resolución, a cada una de las partes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 106, 108, 119 y 122 del Código de Procedimientos Civiles de este Estado, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí de acuerdo con su artículo 4°.
Así, por unanimidad de votos lo resolvió la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, integrada por los Comisionados Licenciada Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo, MTRO. Alejandro Lafuente Torres Presidente, José de Jesús Cárdenas Turrubiartes, Comisionado Supernumerario, siendo ponente el segundo de los nombrados, quienes en unión de la licenciada Rosa María Motilla García, Secretaria de Pleno que da fe, firman esta resolución. COMISIONADO PRESIDENTE
MTRO. ALEJANDRO LAFUENTE TORRES	COMISIONADA LIC. CLAUDIA ELIZABETH ÁVALOS CEDILLO
C. JOSÉ DE JESÚS CÁRDENAS TURRUBIARTES DRL. SECRETARIA DE PLENO
Creado el 02/06/2017 01:50:28 PM
Accesado el 02/06/2017 01:50:28 PM
Modificado el 02/06/2017 01:50:28 PM
ID: EBC9D4CDD7DE4556862580BF006CFDC6

References: artículo 77
 artículo 114
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 41
 artículo 35
 artículo 5
 resolución 
 artículo 41

ARTÍCULO 44
 Artículo 44

ARTÍCULO 45

ARTÍCULO 46
 Artículo 42
 Artículo 43
 Artículo 46

Artículo 47

ARTÍCULO 48

ARTÍCULO 49
 artículo 41
 artículo 28

Artículo 6
 artículo 11
 artículo 13
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 16

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 24
 artículo 21

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 26

Artículo 38
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 27
 artículo 41
 artículo 27
 artículo 104
 artículo 41
 resolución 
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 27
 artículo 41
 resolución 
 artículo 33
 resolución 
 artículo 131
 artículo 4
 resolución 
 artículo 114
 resolución 
 artículo 4