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Timestamp: 2019-03-19 07:56:19+00:00

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vialidad INICIO Martes 19 de Marzo del 2019
POR: Adrián Castro Piedra
¿Existe un pacto por la seguridad vial?
El 8 de abril de 2016 probablemente inicio el “Pacto”, y es que ese día el ex Presidente de la República Rafael Correa dictó un Decreto Ejecutivo, el No 975, terminaba de leer el mismo, y no podía salir del asombro, pues avizoramos desde la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca mediante los análisis técnicos y jurídicos respectivos, que desde ese día algo muy malo le iba a pasar al país entero en torno al bienestar de su población, podíamos ver como la seguridad y la calidad del aire iban a desmejorar, hoy a mediados del 2018 el tiempo nos ha dado la razón, pues hoy en el Ecuador tenemos un promedio de 1.600 accidentes que ocurren mensualmente.
Pero que cambios pudieron influenciar tanto en que a partir del 2016 se hayan incrementado los accidentes? pues veamos:
Se eliminó la capacitación en escuelas de formación como requisito para obtener la licencia de categoría NO PROFESIONAL TIPO B quedando como como requisitos únicamente la rendición y aprobación de las pruebas psicosensométricas, teóricas y prácticas, que sabemos ahora como son.
Se dicta la atribución de los Sindicatos de Conductores profesionales para que estos impartan la capacitación de los conductores y emitan los respectivos certificados que son requisito indispensable para la obtención de la licencia tipo profesional.
Con ello, además la recuperación de puntos en la licencia que han perdido varios conductores profesionales, se puede realizar en los propios Sindicatos de Choferes Profesionales pues son considerados como centros especializados de capacitación para la recuperación de puntos.
Se decretó que en las vías de las zonas rurales, se pueda circular en camionetas de cabina simple o doble con pasajeros, incluso en su plataforma posterior (balde), desde los puntos donde nace la necesidad hasta los sectores donde se cuenta con cobertura de transporte público o comercial autorizada por el ente competente.
Se redujo a UNA SOLA la Revisión Técnica Vehicular para autobuses, taxis etc., que se hacía hasta ese entonces 2 (DOS) veces al año, sabiendo que los vehículos públicos y comerciales son las fuentes que generan mayor contaminación del aire en el cantón y en el país; sin embargo estos vehículos no pagan el denominado “impuesto verde”, impuesto que paga el resto de ciudadanos que cumplimos con la Revisión Técnica Vehicular una vez al año y los cuales no recorremos ni una quinta parte de lo que hace un vehículo comercial y/o público, lo cual resulta un tanto contradictorio considerando el porcentaje de contaminación de manera ponderada, en conclusión es un impuesto que no cumple con el precepto de que “el que contamina paga”, produciéndose una incongruencia en este aspecto.
Pero el tema no queda ahí, pues la Agencia Nacional de Tránsito abona al “Pacto”, ya que dicha Entidad encargada de velar por la seguridad vial nacional emitió el 22 de octubre de 2015 la Resolución 070-DIR-2015, creándose la famosa REVISIÓN VISUAL, que en principio sería “EMERGENTE” y “excepcional”, pues era claro que en la misma resolución se concedía 12 meses (un año) a los GADs para construir, delegar, concesionar o implementar Centros de Revisión Técnica Vehicular fijos o móviles, a fin de ofrecer un servicio acorde a lo estipulado en dicho Reglamento y que luego de transcurrido este periodo, no se podrá proceder a la matriculación de ningún vehículo que no cuente con el certificado de Revisión Técnica Vehicular.
Como ya había concluido ese plazo, sin que varios Municipios hayan podido emplazar los Centro de Revisión Técnica Vehicular, la ANT emite el 27 de octubre de 2016 la resolución No 095-DIR-2016-ANT, donde se conceden 12 meses más para poder emplazar los centros de Revisión Técnica Vehicular.
Además hasta ahí se resolvió que, en caso de no cumplirse con la implementación de los centros de Revisión Técnica Vehicular dentro de esos 12 meses, los propietarios de los vehículos debían acudir a los centros de RTV de la jurisdicción de la provincia o cantón colindante a fin de cumplir con el Proceso de Revisión Técnica Vehicular, sin que necesariamente esto implique que se deba realizar el procedimiento completo de matriculación vehicular en dicho Centro.
Evidentemente ese plazo concluyo en octubre de 2017, sin que tampoco los Municipios hayan podido emplazar los Centros de Revisión Vehicular, es así como el 17 de noviembre de 2017 se expide la resolución No 063-DIR-2016-ANT, donde se conceden 18 meses adicionales para que se implementen los centros de Revisión Técnica Vehicular, pero eso sí, que continua la revisión “visual”, pero además se prohibió a todo propietario que inicio el proceso de matriculación en un Municipio realizar la Revisión Técnica Vehicular fuera del cantón donde inició la matriculación.
Finalmente y como siempre, señala esta última resolución que si en el nuevo plazo de 18 meses los Municipios no han podido implementar los centros de Revisión Técnica Vehicular no podrán volver a hacer revisión visual (tal como se dijo antes) y que deben hacer la Revisión Técnica Vehicular en los cantones o provincias colindantes.
En conclusión, en Ecuador desde octubre de 2015 se permite en el país la REVISIÓN VISUAL vehicular, lo cual constituye un grave retroceso en materia de seguridad vial.
Lo más grave es que el 8 de febrero de 2018, se emite la resolución No ANT-NACDSGRDI18-0000003 en donde se permite la Revisión Visual para los Buses Interprovinciales en cuyo domicilio no existan centros de revisión técnica vehicular y también para aquellas unidades cuyos años de fabricación fueron antes del 26 de enero de 2011.
Desde EMOV EP hemos sido enfáticos en la necesidad de que se deroguen estas disposiciones, lo cual no amerita un paso por trámites en la Asamblea Nacional sino únicamente de la decisión de las autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito para el caso de las Resoluciones indicadas y del Ejecutivo para la reforma del Decreto 975.

References: Resolución 
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