Source: https://es.scribd.com/document/86115557/Fallos-in-Pauperis
Timestamp: 2019-04-25 21:40:27+00:00

Document:
Ley de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal
“Fronzo
Raúl” (Fallos,
330:3509).
Luego de haber sido declarado rebelde, el justiciable fue habido y, en ese momento, se dio por notificado de las decisiones judiciales que declararon inadmisibles los recursos de casación y extraordinario. En ese marco, el encartado –sin renunciar a la defensa técnica que lo estaba asistiendo- expresó que tomaba ese temperamento con el objetivo de que la sentencia “quede firme”. Tras ello y luego de ser detenido, ratificó tal voluntad y mantuvo entrevistas con su defensor. Al momento de resolver, la mayoría del Tribunal resolvió suspender el trámite de la queja hasta tanto se establezca que la manifestación de voluntad del imputado estuvo precedida de un real y efectivo asesoramiento letrado. Por su parte, los jueces Zaffaroni y Fayt –en disidencia- entendieron que el escrito de marras en modo alguno podía ser calificado como un verdadero desistimiento por cuanto no hacía referencia alguna a la queja ante la Corte y tampoco contaba con firma de letrado. Tras ello y luego de declararla admisible, consideraron aplicable al caso la doctrina sentada en el precedente “Casal” de Fallos, 328:3399. A su turno, la jueza Argibay –por remisión a los fundamentos del Procurador Fiscal- rechazó la queja en el entendimiento de que la voluntad del imputado había importado un real desistimiento. “Cufre, Jorge Adrián” (C. 757. XLIII del 18/12/2007).
En el presente caso la Corte tuvo por desistido el recurso interpuesto por Samuel Galeano Osorio en función de lo manifestado por el nombrado en un escrito in pauperis. En disidencia, el juez Zaffaroni entendió que resultaba inapropiado tener por desistida la queja por cuanto el escrito antedicho había sido elaborado por el justiciable en su lugar de detención y carecía de firma de letrado que diera cuenta de que aquél había sido correctamente asesorado. Así las cosas y con carácter previo a decidir sobre la admisibilidad de las quejas interpuestas expresó que resultaba imperativo “…se dilucide aquélla cuestión toda vez que se le hizo saber a la defensora oficial el desistimiento formulado por su asistido, pero no hubo respuesta alguna de su parte…”.
c) Necesaria intervención del defensor. al momento de resolver. José Luis” (Fallos. Depósito previsto en el artículo 286 CPCCN. 330:487). A pesar de ello la Corte había exigido el cumplimiento del depósito previsto por el art. Consecuentemente se archivó. 328:4596. La Sala Primera de la Cámara Primera en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Entre Ríos condenó a José Luis . “Sánchez Néstor” (Fallos. Omisión del tribunal local a este respecto. Manifestaciones in pauperis. decidió del mismo modo que en el precedente anterior registrado en Fallos. “Pérez Vizarrez” (Fallos. El alto Tribunal. 286 del CPCCN. Pérez Vizarrez había desistido de su presentación directa in pauperis antes de que sea fundada por el defensor de la instancia. 328:4596). Identidad de partes no equivale a identidad de ministerio. En este contexto y frente a la reposición de la asistencia técnica la Corte dijo que le asistía razón por cuanto el recurso de hecho no había sido perfeccionado por la defensa. Manifestación in pauperis y posterior intervención de la defensa técnica.b) Momento en el cual se perfecciona el recurso de queja. “Reinoso. Defensa técnica. 329:1310).
motivo por el cual y por simple decreto de presidencia fue desestimada en función de que la resolución objetada no resultaba pasible de ser cuestionada por esa vía. el justiciable dedujo in pauperis un recurso de casación en el cual articuló una numerosa serie de planteos vinculados con cuestiones de hecho y prueba. tras hacer lugar al planteo interpuesto por la Defensoría Oficial ante esa instancia. 327:5095). Reinoso impetró una presentación in pauperis a la que calificó como “recurso de nulidad”. Contra dicha sentencia. sin que ello haya ameritado la tutela jurídica por parte de los tribunales provinciales. la Corte declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del recurso de casación articulado in forma pauperis por Reinoso “…que deberá ser resuelto una vez puesta a salvaguarda la efectiva y sustancial asistencia letrada…” del nombrado. Un día después de lo expuesto. . el Tribunal entendió que en el caso resultaban aplicables los estándares establecidos en el precedente “Núñez. el justiciable manifestó nuevamente su voluntad de recurrir en numerosas oportunidades. Ocurrido lo expuesto. Rechazado el recurso de casación. No obstante ello y pese al requerimiento del imputado en este sentido. en la medida en que ninguna de las manifestaciones in pauperis articuladas por José Luis Reinoso habían ameritado la intervención de una defensa técnica que las canalizara jurídicamente. el tribunal omitió correrle vista al defensor con el objeto de que funde técnicamente la totalidad de los planteos por él deducidos.Reinoso a la pena de doce años de prisión en función de haberlo considerado autor del delito de privación ilegítima de la libertad calificada. Ricardo Alberto” (Fallos. su defensor interpuso una impugnación en la que sólo se agravió por la violación al principio de congruencia operada en la especie. Es por ello que. éste hizo lugar al planteo de nulidad formulado por la Defensoría ante la Corte. Así pues y remitiéndose al dictamen del Procurador Fiscal. Llegado el caso al máximo Tribunal.
. La Cámara del Crimen de Onceava Nominación de la provincia de Córdoba condenó a Raúl Alberto Montenegro a la pena de veinte años de prisión. Asimismo. La defensora de cámara solicitó la suspensión de los plazos hasta tanto se le impusiera de los fundamentos de esa sentencia. En su dictamen.“M. 330:1066). Raúl Alberto” (Fallos. También consideró que constituía un requisito previo emanado de su función jurisdiccional el control. Entendió que los argumentos eran insuficientes y que había reducido la cuestión a formalidades. “Montenegro. 330:4471).” (Fallos. el Procurador Fiscal –compartido por la mayoría de la Corte. expresó que en sede local se privilegió la unidad de representación del Ministerio Público por sobre la unidad de juicio y la identidad de las partes que ejercieron su función. sólo dedujeron recurso de casación las defensas . Sanz y Oviedo.manifestó –con cita de los precedentes “Núñez” y “Maldonado” que el tribunal había perdido de vista el criterio de defensa efectiva. El tribunal superior de provincia dijo que bastaba una notificación al defensor oficial y a la asesoría de menores y que la sentencia había quedado firme “siendo irrelevante la distribución de trabajo que comprende a las distintas instancias”. del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público cuando está presente un vicio que provocaría una nulidad absoluta. G. también resultaron condenados sus consortes de causa: Romo. D. En un tal contexto. aun de oficio. El juez de menores resolvió integrar la sentencia e impuso pena de 12 años. Contra dicha sentencia. Tras la decisión adversa -que se fundaba en que había sido notificada la defensora oficial de la instanciala defensora de cámara insto la nulidad. La cámara había declarado la responsabilidad de Maidana.
el entonces presidente del máximo Tribunal remitió a la justicia local una tal presentación a los efectos de que se le imprima el trámite de ley. La Corte Suprema –por mayoría y tras remitirse al dictamen del Procurador Fiscal. el tribunal cimero provincial decidió rechazar esa presentación in pauperis en la medida en que –a su juicio. ha sido “Ese.resultaba palmariamente extemporánea. Leading “Núñez. en tanto y en cuanto ese órgano había omitido dar vista a un defensor con el objeto de que cimentara en derecho la voluntad de Montenegro. El día 14 de marzo de 2005. en consecuencia. No obstante ello y el día 29 de noviembre de 2004.fue rechazado por el tribunal local el día 6 de octubre de 2004. Defensa técnica ineficaz. planteó la nulidad de todo lo actuado desde el momento en el que las actuaciones ingresaron en el Superior tribunal cordobés. Ocurrido ello. Por su parte. d) Defectuosa intervención del asistente técnico. la Corte entendió que antes de expedirse sobre la procedencia formal de la presentación de Montenegro.por medio de la cual pretendió recurrir la sentencia que lo había condenado. y no el seguido por la corte provincial (…) el sentido que cabe otorgarle a lo dispuesto por la presidencia del Tribunal cuando ordenó la remisión de la causa”. Raúl Montenegro remitió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una nota manuscrita –in pauperis. motivo por el cual tomó intervención la Defensoría Oficial ante el máximo Tribunal que. Ricardo Alberto” (Fallos. la jueza Argibay propició el rechazo del recurso en función de su pretendida extemporaneidad. Para llegar a tal decisión y luego de recordar su tradicional doctrina en punto a los alcances del derecho de defensa y al valor de las resentaciones in pauperis. el tribunal apelado debió haber otorgado intervención a una asistencia técnica que estuviera en condiciones de fundarla.de Sanz y Romo. Y así. El día 20 diciembre de ese año. pues Montenegro había omitido manifestar su voluntad en las diversas oportunidades en que pudo hacerlo. el justiciable recurrió in pauperis esa decisión. en su respectiva fundamentación técnica. Remedio que –cabe aclararlo. declaró la nulidad de la resolución que rechazó por extemporánea la presentación de Montenegro. La Cámara Quinta en lo Criminal de la ciudad de Córdoba condenó a . case: 327:5095).hizo lugar a la presentación y.
58 del Código Penal y los equivocados parámetros utilizados para la unificación de la pena (considerando 12). . Ello. El recurso fue declarado formalmente inadmisible por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba sobre la base de la falta de fundamentación que gobernó la exégesis de toda la pieza procesal. Corrida la vista de ley a los efectos de dotar de fundamentación técnica a las manifestaciones articuladas por el encartado.. la calificación jurídica asociada al hecho imputado. En efecto. tras lo cual intervino la asesora letrada con el objeto de cimentar jurídicamente dicha manifestación de voluntad impugnativa. en definitiva. en dicho escrito cuestionó la inobservancia de las reglas de la sana crítica racional.E. Núñez dedujo un recurso extraordinario federal in forma pauperis. fue rechazado en virtud “…de la interpretación asignada por el tribunal apelado a ese precepto de derecho común…” (considerando 14). cumpliendo con el deber que el cargo me impone. el justiciable interpuso recurso de casación in forma pauperis en el que destacó a lo menos 6 puntos diferentes que certificaban el erróneo camino lógico transitado por el juzgador en punto a la redefinición de su propia responsabilidad penal. con excepción de un único agravio (aquél referido a los criterios utilizados a los efectos de la unificación de la pena) que. aunque no compartiera el criterio del expresador…solicito se haga lugar al recurso. la errónea aplicación del art. en resguardo del derecho de defensa en juicio y del debido proceso amparado por el art.Ricardo Alberto Nuñez a la pena de seis años de prisión por el delito de lesiones graves. Aclaró que ‘En lo que hace al sustento de los agravios expresados. la asesora letrada encargada de dicho cometido “…prácticamente transcribió –en forma sintética. Ocurrido ello. Contra tal sentencia. declaración de reincidencia y costas “…unificándola con lo que le restaba por cumplir de la pena de diez años de prisión que le había impuesto la Cámara Novena del Crimen de esa ciudad el 13 de diciembre de 1993 (…) y revocación de la libertad condicional que le había sido otorgada con fecha 8 de noviembre de 1999” (considerando 11).la presentación de Núñez antes referida (…). por los motivos invocados y sin perjuicio de las razones que suplirá el elevado criterio de V. la falta de motivación de la sentencia en orden a la concreta mensuración de la pena. 18 de la Constitución Nacional…” (considerando 13).
más allá de los reparos formales que pudieran merecer. la mayoría de la Corte.Nuñez manifestó in pauperis: “Apelo la resolución. Cabe agregar que el propio justiciable remitió a la Corte por vía epistolar una presentación en la cual reiteró todos sus reparos a la sentencia condenatoria. deben extremarse los recaudos que garanticen plenamente el derecho de defensa (…) de modo tal que quien sufre el proceso penal ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal. destacado agregado). Solicito audiencia”. en su respectiva fundamentación técnica propició la declaración de admisibilidad del recurso “…junto con la nulidad del auto que lo denegó. dejando a salvo su parecer en contrario…” (considerando 10. deben ser considerados como una manifestación de voluntad de interponer los recursos de ley. tras lo cual intervino la Defensoría Oficial ante esa instancia que. al extremo de suplir su negligencia en la provisión de defensor asegurando. luego de recordar que: a) “…en materia criminal. .Sin embargo. la defensora del justiciable sólo se limitó a plantear en tal oportunidad “…la arbitrariedad de la denegación de acceso a la instancia de casación por ‘excesivo rigor formal. de ese modo. en desmedro de la verdad jurídica objetiva emergente de las circunstancias de la causa’. b) “…los reclamos de quienes se encuentran privados de su libertad. tras lo cual el tribunal cimero provincial “…dio intervención al asesor letrado (…) quien se entrevistó con aquél y se comprometió a compulsar los autos principales para actuar de acuerdo a derecho (…) [pero] lo cierto es que no existen constancias de que esa compulsa se haya hecho efectiva ni tampoco que esa defensa fundamentara un recurso de hecho por denegación del remedio federal ante esta Corte Suprema” (considerando 6. destacado agregado). en la que se encuentran en juego los derechos esenciales de la libertad y el honor. por haber carecido el interesado de una defensa eficaz que fundara debidamente su reclamo” (considerando 1). En lo sustancial y pasando aquí por alto ciertas distinciones que no vienen al caso. El día 14 de febrero de 2003 el Tribunal Superior de la Provincia de Córdoba declaró inadmisible el remedio federal (considerando 3). el día 17 de febrero de 2003. la realidad de la defensa en juicio…”(considerando 7). y que es obligación de los tribunales suministrar la debida asistencia letrada que permita ejercer la defensa sustancial que corresponda…” (considerando 8). Al momento de ser notificado de dicho rechazo –esto es.
agregó el Máximo Tribunal que: a) la insuficiencia de asistencia técnica registrada por Núñez debió haber sido corregida por las instancias locales (considerando 16). ello no la releva de realizar un estudio serio de las cuestiones eventualmente aptas para ser canalizadas por las vías procesales pertinentes. la Corte expresó que: . también caracterizada por una intervención meramente formal [de la asistencia técnica]…” (considerando 15). pues “…la trasgresión a la defensa en juicio de Ricardo Alberto Núñez que se refleja en esta instancia no es sino producto de la que se verificó en la etapa de casación local. b) el rechazo. máxime porque se trata de una obligación que la sociedad puso a su cargo (…) ya que no puede imputarse al procesado la inoperancia –a la que ha sido ajeno. mínimamente viables.c) “…si bien no es obligación de la asistencia técnica del imputado fundar pretensiones de su defendido que no aparezcan. En tal sentido. Así pues y en primer término adujo que ninguno de los extremos mencionados anteriormente había sido mínimamente satisfecho en la especie. ora del extraordinario federal por pretendidas razones formales trasuntó un excesivo rigor ritual que poco se compadece con la situación de indefensión del procesado (considerandos 17 y 18) y con una interpretación regular del llamado derecho al doble conforme (considerandos 21 y 22). ora del recurso de casación. Tras ello y como modo de certificar la situación de minusvalía que aquejó a Núñez a lo largo de todo el proceso.de la institución prevista para asegurar el ejercicio de su derecho constitucional. cuya titularidad ostenta exclusivamente y cuya inobservancia puede acarrear responsabilidad al Estado Argentino” (considerando 9) resolvió la presentación del justiciable como sigue. Cabe aclarar que la Corte no se ha privado de ejercer una fuerte crítica respecto de la actitud desaprensiva de las dependencias del poder judicial local que actuaron durante el proceso en punto a la situación de indefensión por la cual atravesó el justiciable. a su entender. A renglón seguido destacó que su intervención en modo alguno podía circunscribirse a las deficiencias advertidas en el procedimiento seguido en la sustanciación de la apelación extraordinaria.
que sólo concurren en detrimento de una eficaz administración de justicia. que deberá ser resuelto después de que Ricardo Alberto Núñez haya recibido una efectiva y sustancial asistencia letrada de parte de su defensor”. el Tribunal resolvió declarar la nulidad de “todo lo actuado a partir del recurso de casación in forma pauperis (…). e) se rechazó la pretensión del lego dirigida a cuestionar el auto de prisión preventiva sin reencauzarla jurídicamente. Olariaga había sido condenado a una pena de ocho años de prisión por parte de un tribunal de la provincia de Córdoba. Marcelo Andrés” (Fallos. Por otro lado y a la par de solicitar que se arbitren los medios necesarios para determinar cuáles fueron las circunstancias en “…que permaneció Ricardo Alberto Núñez privado de su libertad por espacio de más de diez días sin contar con asistencia técnica letrada y sin comparecer ante la autoridad fiscal y/o judicial que había solicitado su detención…” (considerando 22 in fine). hábiles antes de la audiencia de debate…” (considerando 20 in fine). “Olariaga. d) se produjo prueba irreproducible sin que la defensa fuera debidamente notificada. 329:1209). f) el defensor de confianza de Núñez que actuó en la etapa preliminar “no ofreció prueba y renunció a su mandato 48 hs. la falta de fundamento en los criterios mensurativos de la pena individual y única impuesta” (considerando 21 in fine). sean evitadas” (considerando 22 in fine).a) el justiciable estuvo originariamente detenido por más de diez días sin comparecer ante el fiscal que solicitó su detención (considerando 18) b) tampoco contó en ese ínterin con asistencia técnica letrada (ídem). Tras ello fue designada una asesora letrada que al parecer no ofreció prueba alguna. Deducido el . Para concluir y luego de afirmar que: “La condena no hizo sino acumular nuevos agravios basados en la insuficiencia de la prueba incriminatoria para fundar su responsabilidad por el hecho y. c) su defensa fue sustituida en varias oportunidades a lo largo de todo el proceso. a todo evento. la Corte “recomendó” “…que situaciones como las aquí consideradas. En el caso.
el tribunal cordobés resolvió rechazar ese recurso por resultar extemporáneo. También señaló que un adecuado . Es decir que el remedio federal había sido presentado ante un tribunal errado y sin fundamentación. La Corte señaló que la tutela de la garantía exigía incluso suplir su negligencia en la provisión de un defensor a fin de asegurar la realidad sustancial de la defensa en juicio (considerando 4). el defensor sólo se limitó a reproducir –en un escrito muy breve. Por su parte. tras lo cual el justiciable dedujo un recurso extraordinario in forma pauperis que ameritó la intervención de un asesor letrado con el objeto de brindarle sustento.los fundamentos insertos en el recurso de casación otrora declarado inadmisible sin siquiera referir la cuestión federal sometida a la jurisdicción de esa Corte como así tampoco el desarrollo de una crítica concreta y razonada de los argumentos en los que se basó la sentencia apelada.rechazó el recurso sobre la base del artículo 280 CPCCN. En esa oportunidad. los jueces Maqueda y Zaffaroni –en disidenciaentendieron que en el caso no se había satisfecho el derecho del imputado a ser asistido eficazmente. el Tribunal Superior de Justicia de esa provincia lo declaró inadmisible por carecer de la debida fundamentación.respectivo recurso de casación. La Corte –por mayoría. 329:1794). “Rodríguez. refirió que el tribunal no había adoptado ninguna medida pertinente en orden a encauzar la pretensión del interesado y tampoco procuró la provisión de una adecuada defensa técnica ni advirtió que ese no era el órgano jurisdiccional que debía decidir la cuestión (considerando 7). Luis Guillermo” (Fallos. lo que fue notificado al nombrado. Sin embargo. Es por ello que declararon la nulidad de lo actuado desde el momento en el cual el justiciable interpuso la presentación federal in pauperis. Rodríguez había sido deficientemente defendido en la instancia casatoria y a la hora de plantear el recurso extraordinario obra un escrito sin firma de letrado ni dato de la dependencia que lo recibió así como una presentación dirigida a la Cámara de Córdoba firmada con las iniciales de Rodríguez. por cuanto la fundamentación técnica del recurso extraordinario no podía considerarse tal. Y respecto de la defectuosa recepción de los escritos. Su defensor particular renunció y no se le corrió traslado al asesor letrado a fin de que funde estas presentaciones.
el control debía extenderse a la instancia de casación en cuyo contexto el ejercicio de la defensa técnica también había adquirido un carácter meramente formal (considerando 10). Cuando Machuca solicitó su revocación y se dio intervención al defensor oficial. en su sentencia. Frente a esta problemática el planteo del defensor oficial que suplió resulta contradictorio y apartado de las pautas internacionales. 329:2569). éste también fundó. el Procurador Fiscal ante la Corte entendió que si Machuca estuvo mal asistido. .servicio de justicia exigía que no se circunscribiera su intervención a las deficiencias observadas en el trámite del recurso extraordinario sino que. El primero fue rechazado por defectos de fundamentación y el segundo por extemporáneo. la Corte remitió expresamente a lo ya sostenido en el precedente “Núñez” de Fallos. “Machuca. Configura un exceso ritual porque restringe el acceso a una vía para revisar el temperamento adoptado. Corresponde señalar que. Al momento de emitir su dictamen. el hecho de que se haya declarado la extemporaneidad importaba un excesivo rigor formal que no contemplaba una situación no imputable al encausado. La defensa particular de Machuca había interpuesto un recurso de apelación que fue interpretado por el Tribunal (San Isidro) como una “reserva de recurrir” en casación. antes bien. La fundamentación se materializó. Andrés” (Fallos. 327:5095. Las razones que el tribunal invocó para rechazar el recurso implicó reconocer que éste no contó con la asistencia técnica necesaria.
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References: artículo 286
 resolución 
 resolución 
in fine
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 artículo 280