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Timestamp: 2017-11-22 09:27:23+00:00

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LOS PRINCIPIOS: diciembre 2014
¿Y la política ambiental...?
Por José Antonio Artusi * / En 2008 la reforma de la Constitución Provincial incorporó numerosos nuevos derechos, institutos e instrumentos en materia de política ambiental. Quizás sea la nuestra la constitución provincial más ambiciosa y detallada en este sentido. Sin embargo, a más de 6 años de la reforma, la política ambiental que se tendría que haber basado en aquellas disposiciones brilla por su ausencia y basta leer el texto constitucional para verificar que, lamentablemente, por ahora es casi letra muerta. El artículo 22 garantiza el derecho de todos los habitantes a “vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano, donde las actividades sean compatibles con el desarrollo sustentable”. El artículo 83 dispone que el Estado “fija la política ambiental y garantiza la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad” Con sentido programático, este mismo artículo establece, entre otras disposiciones, que “el Estado promueve el consumo responsable, el uso de tecnologías y elementos no contaminantes, las prácticas disponibles más avanzadas y seguras, una gestión integral de los residuos y su eventual reutilización y reciclaje. Fomenta la incorporación de fuentes de energía renovables y limpias.” El artículo 84 plantea que “un ente tendrá a su cargo el diseño y aplicación de la política ambiental”, y dispone que este ente deberá aplicar, sin perjuicio de otros que se establezcan, los siguientes instrumentos: la evaluación ambiental estratégica, un plan de gestión estratégico, el estudio y evaluación de impacto ambiental y acumulativo, el ordenamiento ambiental territorial, los indicadores de sustentabilidad, el libre acceso a la información, la participación ciudadana y la educación ambiental. También establece que “la ley determinará la creación de un fondo de recomposición ambiental”. El artículo 85 dispone que “el acceso al agua saludable, potable y su saneamiento es un derecho humano fundamental. Algunos datos muestran a las claras el divorcio entre la letra de la Constitución y la realidad, sobre todo en la ciudad de Concepción del Uruguay.
Ley General del Ambiente. Es una asignatura pendiente. Aunque parezca difícil de creer, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de ley general del ambiente el 31 de Marzo de 2011, y fue remitido al Senado el 20 de Abril de ese año. El proyecto contó con la firma de diputados de todos los bloques y el texto fue acordado como producto de un proceso de elaboración participativa de la norma, con aportes de todos los sectores interesados, tras numerosos foros de debate en diversas localidades de la provincia. Contó a su vez con el asesoramiento profesional de la FARN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y de asesores de los bloques, especializados en Derecho Ambiental. No sería honesto si no dijera que el principal mérito de ese logro le correspondió al diputado Jorge Kerz, pero me honro de haberlo acompañado en la iniciativa. Pues bien, ¿qué hizo el Senado, donde el partido de gobierno tiene unanimidad? Envió el proyecto al archivo, y ni lo senadores oficialistas ni el Poder Ejecutivo se dignaron a presentar un proyecto alternativo. Bastaría con esto para poder asegurar con sobrados fundamentos que al gobierno no lo interesa en lo más mínimo la política ambiental. Como producto de la falta de una ley general del ambiente no tenemos el ente encargado del diseño y gestión de la política ambiental, y por ende tampoco se aplican los numerosos e innovadores instrumentos mencionadas en la Constitución, que son por ahora una expresión de deseos.
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos La Ley 10.311, de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, fue sancionada el 3 de Junio de 2014, y promulgada el 13 de Junio de 2014. O sea, 6 años después de la reforma de la Constitución. Como decía el slogan de Urribarri, “avancemos tranquilos…”. No es que antes no hubiera habido proyectos en la Legislatura; el 3 de Diciembre de 2009 presenté un proyecto de ley de “Basura Cero”, que considero es en muchos aspectos superador de la norma vigente. Norma que, por otra parte, prevé un plazo de 180 días para su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, que ha vencido el día 13 de Diciembre de 2014 sin que tal reglamentación se haya efectivizado (al menos eso es lo que se desprende la normativa publicada en la página de la Secretaría de Ambiente http://www.entrerios.gov.ar/ambiente , en su sección Normativas). Lo notable es que en esa misma página la Secretaría publica un proyecto de decreto reglamentario. Todo parece indicar que las prioridades del Gobernador pasan por costosos viajes para promocionar en vano su candidatura o jugar al fútbol con mandatarios extranjeros, pero no por reglamentar e impulsar en serio la ley de residuos. De todos modos, más allá de las normas, basta dar una breve recorrida por Concepción del Uruguay para constar que la presencia de basura en la vía pública y la proliferación de minibasurales es moneda corriente. La incorporación de contenedores, un modesto avance pero avance al fin, no prevé la separación en origen ni la recolección diferenciada, y estamos lejos de tener un verdadero y eficiente sistema de gestión integral de residuos, como sí han hecho muchos municipios, incluso desde antes del 2008.
Saneamiento El tratamiento de los efluentes cloacales en Concepción del Uruguay es prácticamente nulo. La mayor parte de los líquidos cloacales se vuelcan crudos, a cursos de agua que se ven de esta manera seriamente contaminados. Conexiones clandestinas que van a parar a las cuencas urbanas, estaciones de bombeo y plantas compactas de conjuntos de viviendas que no funcionan, y una red cloacal colapsada son parte de una realidad dolorosa frente a la que no se reacciona adecuadamente. Existen desde mediados de la década del 80 proyectos para construir plantas de tratamiento de efluentes cloacales, como parte del proyecto integral de defensas contra inundaciones, pero claramente estas cuestiones, al igual que la Defensa Norte, han estado lejos de constituir las prioridades del gobierno nacional y provincial. Las consecuencias están a la vista. Las autoridades miran para otro lado, pero la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay ha mostrado la dolorosa realidad: aguas de uso recreativo con altos niveles de contaminación bacteriológica.
Agua potable El decreto provincial 2235/02 establece que el valor máximo de turbiedad del agua potable es 2 UNT. El Código Alimentario Argentino, por su parte, fija el valor máximo en 3 UNT. El Programa Salud para Todos de la Facultad de Ciencias de la Salud monitorea desde hace algún tiempo en forma periódica los niveles de turbidez del agua potable de red en Concepción del Uruguay. Los resultados pueden consultarse en http://www.fcs.uner.edu.ar/saludparatodos . Sólo comentaremos los datos publicados de los meses de Noviembre y Diciembre de 2014. Se analizó la turbidez del agua correspondiente a 23 días. En 18 oportunidades, vale decir el 78,26% de las muestras, los niveles estuvieron por encima del máximo admisible del Código Alimentario Argentino (3 UNT). En 20 oportunidades, vale decir el 86,95% de las muestras, los niveles estuvieron por encima del máximo admisible del decreto 2235/02 (UNT). Es decir que en sólo 3 ocasiones, el 13,04 %, los niveles estuvieron por debajo de 2 UNT. La Municipalidad de Concepción del Uruguay no dice nada al respecto, y no parece haber tampoco reacción por parte de las autoridades provinciales, que deberían controlar a través de la autoridad de aplicación el efectivo cumplimiento del mencionado decreto.
Podríamos seguir dando ejemplos. ¿Alguien conoce los resultados del monitoreo conjunto de la calidad del agua del río Uruguay en proximidades de la planta de UPM (ex Botnia) y la desembocadura del río Gualeguaychú? ¿Y el monitoreo de la calidad del aire en Gualeguaychú? ¿Y el derecho al acceso a la información ambiental? ¿Y el control efectivo de la aplicación de agroquímicos?...
En materia ambiental, no existen ni el “sueño entrerriano”, ni la “década ganada”, más bien un panorama sombrío y déficits acumulados, que será necesario revertir con decisión y voluntad política, que precisamente es lo que ha faltado por parte del gobierno los últimos años.-
* José Antonio Artusi es Presidente del Comité Departamental Uruguay de la UCR y fue diputado provincial entre 2007 y 2011.-
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Etiquetas: Ambiente, Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Opinión
UNA LEY DE HIDROCARBUROS PARA LOS NUEVOS TIEMPOS O LA CONSOLIDACION DE LA DEPENDENCIA
”Elegid, compatriotas! O un mar de petróleo en que
se ahogue la soberanía, o la sagrada soberanía
a flote aunque sea en un charco de petróleo”
Diario La Epoca - 27-07-1927
Citado por C.E.Solberg en
“Petróleo y Nacionalismo en Argentina”
A QUE VIENE LA NUEVA LEY
La sanción de la ley de Hidrocarburos, No. 27007, viene a cerrar la estructura legal de un ciclo de retroceso de una política oficial que, iniciada con la toma del 51% del capital social de YPF S.A, declaraba apuntar al logro de la soberanía hidrocarburífera.
A las limitaciones que ya se mostraban en la recuperación de YPF, se sumaron luego las falacias de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera y su decreto reglamentario, y el acuerdo de YPF con Chevron, que consagró la subordinación de una genuina política nacional a los dictados de los intereses de las multinacionales petroleras, particularmente norteamericanas. Y que además refirmó el manejo discrecional y autoritario de la política energética, demostrado por el secreto que rodea a las condiciones contractuales con Chevron y por la falta de solidaridad con Ecuador, país donde se había condenado a la empresa por delitos contra el ambiente. El fallo de la Corte Suprema que rechazó el bloqueo de los activos de Chevron, no solo ratifica la jurisprudencia de época de los ´90, sino que confirma el alejamiento de la doctrina determinada por el fallo del juez Salvador Lozada en el caso Swift–Deltec, que aprobara las reparaciones judiciales ante agresiones externas. Más tarde, el generoso arreglo de compensación a Repsol por la toma de sus acciones -si bien estuvo orientado principalmente por una política generalizada de buena letra ante la comunidad financiera internacional- reforzó el viraje de la estrategia en el negocio hidrocarburífero para alinearla con los intereses de las multinacionales del sector.[i]
La nueva ley 27007 refuerza las excepciones y ventajas que se otorgan a las empresas que invierten en el sector en los contratos de concesión, incluidos en la ley 17319 y puestos en vigencia por la administración Menem. Entre otras medidas, se facilita la exportación de crudo y la libre disponibilidad de las divisas, se amplían los plazos de concesión, se concede un status especial a la concesión para explotación de hidrocarburos no convencionales, se  limita  el  porcentual  a  pagar  por  regalías  y  otros  gravámenes  a  la  producción  -independientemente de cuál sea la autoridad concedente- y se contemplan reducciones a las regalías en el caso de explotación con técnicas especiales (estimulación -´fracking´-, producción terciaria, petróleos extra pesados, offshore).
Se modifica profundamente la anterior ley 17319 (de 1967) estableciendo bases uniformes para el otorgamiento de las concesiones y el pago de regalías, y se aboga para que las distintas jurisdicciones -el Estado Nacional y las provincias- fijen condiciones similares en el tratamiento impositivo y en los requerimientos de política ambiental a imponer a las empresas. Estas condiciones, de por sí recomendables, surgen como reacción a las consecuencias de la aplicación caótica de la ley “corta”, que permitió el avance de las dirigencias de las principales provincias petroleras -a veces en connivencia y otras en conflicto con las autoridades nacionales- en el manejo de las concesiones, y la participación de empresas provinciales como socios privilegiados. Ahora la ley prohibe que se reserven áreas para empresas con participación estatal, y que éstas se asocien a las multinacionales con ´acarreo´, es decir sin aportar a las inversiones proporcionalmente a su participación accionaria.[ii]
La nueva ley viene a correr un telón de olvido e impunidad sobre los incontables incumplimientos de la ley 17319, que llevaron a la pérdida del autoabastecimiento y de gran parte de las reservas de hidrocarburos, acrecentando el poder de las empresas frente a la debilidad del Estado. Pero principalmente se pretende instalar un horizonte de “gobernabilidad” en la política hidrocarburífera, que asegure la continuidad de los negocios con las grandes empresas en el período de transición política que atravesamos hasta diciembre de 2015, y después; y que sea el Gobierno Nacional el que asegure ese clima de confianza, facilidades y estabilidad de las reglas que reclama el llamado ´establishment´, reduciendo la ingerencia de las provincias.
EL PAPEL DE YPF
En este proceso, YPF cumple un papel determinante[iii]. Ha reafirmado su posición de empresa líder por su predominio en el sector de downstream (refinación, distribución y comercialización) y por la recuperación, o leve crecimiento, en la extracción de gas y petróleo -se va a convertir en la principal productora de gas tras la compra de los activos de Apache- pero sobre todo por su carácter de herramienta de las políticas del Gobierno Nacional. Sin embargo sigue en pie su carácter de sociedad anónima, no sujeta a auditorías por el Estado, en abierta violación al art. 85 de la Constitución Nacional y a la ley de administración financiera del Estado Nacional, lo que resulta incomprensible desde un punto de vista sensato de las ciencias de la administración y control. Financia sus inversiones con los aumentos apreciables de los precios de las naftas que se le conceden, y que aprovechan las otras empresas, aun cuando su producción declina. Y también con la obtención de créditos y emisiones de bonos, apalancados por el Gobierno Nacional y pagados en buena medida por el ahorro de los argentinos.
Gran parte de esos fondos -y las inversiones de las empresas extranjeras en sus sociedades con YPF, como lo ha hecho Chevron- se concentran en la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta. Ya hemos señalado que no parece ser esa la prioridad más conveniente para YPF y para el país, privilegiar estas explotaciones frente a las de los yacimientos convencionales, y apuntar más a la extracción de petróleo shale, cuando el mayor déficit de producción en el país se encuentra en el gas. No parece ser una buena decisión además, teniendo en cuenta que los costos de producción son muchísimo mayores que en la explotación no convencional y se requiere una mayor proporción de insumos y tecnología importados. Y por sobre todo, avanzar sin responder adecuadamente a la resistencia que genera en la población de gran parte del país la aplicación de la fractura hidráulica, el “fracking”, que está siendo objetado en la mayoría de los países o zonas donde se utiliza, aun en EEUU, y en algunos casos prohibido.[iv] No se puede ignorar que el art. 41 de la Constitución Nacional preserva el derecho de todos a vivir en un ambiente sano, y obliga al cuidado del ambiente y a la utilización racional de los recursos naturales, preservando el derecho de las generaciones futuras, lo que no parece estar sucediendo en las actuales operaciones no convencionales, si atendemos a las denuncias de las poblaciones vecinas a las explotaciones.
Además de Chevron otras multinacionales como Exxon, Shell y Total también se adjudicaron concesiones en las formaciones shale en el país, pero el ritmo de exploración aparece muy lento, y no hay reportes de producción significativa y de abastecimiento de petróleo o gas shale desde esas concesiones. Y se observa que los montos de inversión comprometidos, o no se conocen o son ínfimos -de 250 o 300 millones de dólares por empresa- cuando se estiman en varios miles de millones anuales la cantidad necesaria para solucionar nuestra crisis[v]. Mientras se señala que son los riesgos de operar en Argentina la causa principal de la escasa inversión, las multinacionales responden a su estrategia en el plano internacional, a la que subordinan su accionar en el país.
El precio del petróleo ha bajado casi un 35 % en un año, llegando a alrededor de los U$ 70 el barril en los distintos mercados globales (WTI, Brent, Arab Light, Cesta OPEP). La explicación más común que se ofrece es que la gran producción de shale en EEUU, junto a cierto freno a la demanda por parte de China, India y otros grandes consumidores, ha hundido los precios. Sin embargo, el crecimiento en EEUU en producción de petróleo y líquidos ha sido en los últimos años -2009 a 2013- de sólo unos 3,5 Mbepd (millones de barriles equivalentes de petróleo por día) frente a una producción mundial cercana a los 88 Mbepd, si bien por ese aumento y por un uso mas racional, las importaciones de petróleo en EEUU han disminuido significativamente. Simultáneamente, la mayor parte del aumento de la producción shale ha sido en el gas, lo que ha provocado la caída de su precio interno, y que las empresas presionen al gobierno de EEUU para que autorice su exportación. Entretanto, empresas operadoras de shale están empezando a retraer sus inversiones, ya que se estima que una la mayoría de los campos de no convencionales dejan de ser rentables con precios del barril de petróleo que oscilan entre 50 y 80 U$ el barril. En Argentina ese precio límite de rentabilidad, llamado ‘break even’, es seguramente mayor.
Ante el cimbronazo del mercado, la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo, que integran 12 países, entre ellos grandes productores como Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Irak, Irán, y abastece un 30 % del consumo mundial, ha decidido no aplicar a su producción un recorte que podría forzar el aumento de los precios[vi]. Estos vaivenes del mercado no son resultado de la simple aritmética de la relación oferta/demanda. Se especula que las grandes petroleras maniobran para que las medianas y pequeñas empresas que operan en el shale de EEUU queden fuera del negocio, y que los grandes de la OPEP coinciden en la maniobra para no resignar su cuota de mercado, reduciendo su producción. Por lo que no es posible augurar que la caída del precio del petróleo sea duradera; podría revertirse cuando los grandes operadores consideren que ganaron la partida. Queda por considerar si no hay también presiones geopolíticas, que coinciden con las comerciales, tratando de perjudicar a otros países exportadores, opuestos políticamente a EEUU o a las monarquías del Golfo, como Rusia, Irán y Venezuela.
SOBERANIA O AUTOABASTECIMIENTO?
Sea cual fuere su estrategia global, es evidente que las grandes petroleras no arriesgarán en el país más capital que el suficiente para conservar las áreas concesionadas procurando que, a través de YPF y los gobiernos nacional y provinciales, el conjunto de los argentinos haga la mayor parte del esfuerzo, tal como sucedía hasta la llegada de Enrique Mosconi a YPF en la gestión presidencial de Marcelo T. de Alvear. El proceso para convertir los recursos no convencionales en reservas probadas, desarrollar la infraestructura y el aprendizaje para elevar la eficiencia de los procesos de extracción y lograr una producción competitiva en el mercado internacional, requiere grandes inversiones y llevará muchos años.
Chevron logró a través de la firma de varios acuerdos previos, ‘estrictamente confidenciales, que el contenido de la nueva ley resultara de su ´entera satisfacción´, tal como aseguran fuentes periodísticas que accedieron a esos documentos. Y todas las empresas gozarán de esas condiciones. Así es cómo, mientras se estima que YPF está aportando el 70% de la inversión actual en los hidrocarburos no convencionales, el conjunto del pueblo argentino carga con la crisis; el precio doméstico del petróleo es hoy de más de U$ 80 el barril -no acompaña la caída del precio internacional, que ya bajó de los U$ 70- y las naftas se pagan más que en EEUU y poco menos que en muchos países que no tienen petróleo[vii].
Así las grandes petroleras afianzan la seguridad energética de sus países, reteniendo el control sobre los recursos ajenos. Y la tan pregonada ´Soberanía Hidrocarburífera´ se ha sacrificado en aras de una pretendida cruzada por lograr lo más rápidamente posible el autoabastecimiento de hidrocarburos. La cita que encabeza este documento grafica, en otro contexto de nuestra historia, esta disyuntiva que hoy enfrentamos.
OPOSICIÓN O ANUENCIA
Ante la sanción de la nueva ley los principales grupos políticos opositores se manifestaron contrarios a las limitaciones que establece a la acción de las provincias productoras y sus empresas de energía; en particular la eliminación -finalmente sólo parcial- del ´acarreo´. Recelan de la concentración de poder en el P.Ejecutivo y especulan con el apoyo político de los gobernadores y futuros candidatos de las provincias petroleras. Sin embargo varios líderes políticos rehusan comprometerse públicamente a derogar la ley 27007 en caso de acceder al gobierno. Algunos realzan la profesionalidad -para nosotros discutible- del presidente de YPF, y señalan que las divergencias que asoman en ocasiones entre sus apreciaciones y las del ministerio de Economía, son resultado de las incongruencias en las políticas que aplica la presidente.
La historia de la política hidrocarburífera en Argentina muestra que, en diversas circunstancias, se han adoptado resoluciones drásticas, anulando o retrotrayendo las consecuencias de actos de gobierno previos. Tenemos como ejemplos la anulación de concesiones otorgadas y la reserva de áreas para YPF con la oposición de jurisdicciones provinciales -recurrente en las primeras décadas del siglo pasado- y la anulación en 1963 de los contratos celebrados durante el gobierno del Dr. Frondizi. La eliminación en el pasado de decretos o resoluciones, demostraba entonces el corte franco con las políticas que los habían generado, y su efecto fue respetado, aun por potencias extranjeras.
Hoy se recurre a modificar parcialmente leyes o resoluciones, aun aquéllas promovidas por el mismo gobierno, o por anteriores gobiernos políticamente afines, sin renegar abiertamente de su espíritu, lo que refleja el retroceso, vergonzante, de la política de soberanía declamada poco tiempo atrás.
En los últimos años se ha conformado un cuerpo de opinión sobre las políticas en energía, con las apariciones públicas y documentos difundidos por un grupo de ex-secretarios de Energía, de dispar prestigio, de diversos orígenes políticos y de solvencias técnicas diversas, prekeynesianos en lo económico con propuestas neomenemistas que tenderían a reproducir la década del 90, cuando se llevó a cabo la eliminación de las politicas que consideraban a los hidrocarburos como bienes estratégicos, y su reemplazo por las decisiones del mercado. Para ellos los males parten de la crisis del 2001, producto justamente de las políticas de los ´90, a las que disimuladamente pretenden volver.
Varios de ellos se han comprometido aún más en el apoyo a las políticas de apertura a las grandes multinacionales, hasta alentar que el desarrollo del sector de hidrocarburos sea compatible con los intereses de los EEUU (La NACION 24-11-14, pag 21). Algunos ya actúan como expertos de agrupaciones partidarias, las cuales, aun criticando hoy las decisiones del gobierno nacional, no aparecen dispuestas a realizar cambios sustanciales en la política energética. Estos expertos no responsabilizan de la situación actual a las políticas del menemismo, y silencian la continuidad con las mismas en su esencia, a través de los gobiernos de la Alianza y del kirchnerismo; en especial cargan las tintas en la crítica a las intervenciones del Estado al amparo de la Ley de Emergencia Económica vigente, en su mayoría parches mal aplicados que han empeorado la situación de coyuntura que venían a remediar. Más allá de sus competencias técnicas y de sus trayectorias políticas previas, estos expertos no parecen ser portadores de proyectos de un rumbo realmente nuevo para el sector energético.
QUÉ DECIR DEL FUTURO
Hemos señalado en documentos anteriores que la situación energética se tornaba realmente crítica, en la medida en que se conjugaban tres aspectos netamente desfavorables: el primero, la caída de la producción, que impedía revertir el déficit en el balance físico que acabó con el autoabastecimiento; en segundo término, el creciente déficit en la balanza comercial de la energía, producto de la importación de hidrocarburos y del incremento de la cuenta subsidios; y finalmente, la pérdida del poder de decisión de los gobiernos para revertir los aspectos anteriores, poder que, cada vez más, se transfería a las grandes empresas del sector, particularmente las transnacionales.
Creemos que este último aspecto se ha convertido en el predominante, en la medida que los pasos dados por las autoridades para intentar enfrentar los déficits físico y económico no han dado resultados notorios, y sí han reforzado el poder de las empresas. Y que no se puede esperar de esta administración un cambio positivo en el sector energético, en tanto las medidas en el campo económico general muestran su política cambiante y su debilidad frente al mundo financiero.
Hemos pregonado siempre que la energía es un asunto de todos, en la medida que disponer de energía suficiente y de calidad para llevar una vida digna es un derecho humano. Hoy más que nunca es imprescindible el compromiso de la gran mayoría del pueblo en la reconquista de la soberanía sobre nuestros recursos naturales para asegurar los derechos elementales de la salud, el trabajo, la educación, vivienda.
Creemos firmemente en que debemos luchar por imponer el regreso a una política energética -avalada por la opinión mayoritaria del pueblo- de firme compromiso del Estado Nacional en la recuperación del manejo soberano del sector, a través de grandes empresas estatales e independiente de los dictados del comercio internacional. Esto requerirá un gran esfuerzo, imposible de lograr sin el apoyo de la gran mayoría del país, que sólo lo brindará si recupera la confianza en sus mandatarios y en las medidas que se adopten, que deberán implicar la captura de las riquezas generadas por el sector y su inversión racional, estratégica, por parte del Gobierno Nacional.
En ese camino insistiremos en abogar por:
Derogación de la llamada ley corta, devolviendo el dominio jurisdiccional del subsuelo al Gobierno Nacional.
Declarar servicio público la provisión de los combustibles sólidos y líquidos y gas, la electricidad, el agua y los servicios sanitarios.
Estatizar totalmente YPF S.A: convertirla en YPF Sociedad del Estado y otorgarle la exclusividad en la gestión operativa del sector hidrocarburos líquidos, transformando las actuales concesiones de explotación en contratos de operación.
Reintegrar la cadena del gas, de producción y transporte, creando la nueva empresa estatal única, Gas del Estado S.E.
Realizar una exhaustiva evaluación de las reservas hidrocarburíferas, independiente de las empresas.
Formular un plan de corto y mediano plazo tendente a recomponer paulatina y sensatamente el autoabastecimiento, enmarcado en una renovación de la matriz energética.
Reformar los marcos regulatorios del gas y la electricidad y establecer los marcos regulatorios de los demás servicios, reconvirtiendo los entes reguladores en organismos estatales, no independientes, con direcciones idóneas.
Rejerarquizar la Secretaría de Energía, ampliando su rol planificador y su dotación de. personal calificado.
Fijar precios y/o márgenes de utilidad en los distintos subsectores de las cadenas de valor.
Reestatizar el despacho unificado de cargas de la electricidad.
Reformular todo el sistema tarifario de los servicios, de modo de establecer una jerarquía progresiva, uniformidad para todo el territorio nacional, y valores subsidiados para la población de bajos ingresos.
BUENOS AIRES, 13 DE DICIEMBRE DE 2014
HUGO A. PALAMIDESSI GUSTAVO A. CALLEJA JOSE RIGANE
VICEPRESIDENTE VICEPRESIDENTE PRESIDENTE
[i] Ver MORENO, “El acuerdo con Repsol”, 17-04-2014.
[ii] Las multinacionales aceptan el acarreo: según Aranguren, el CEO de Shell, “tener de socio a la provincia no es malo, porque ante problemas con el gobierno nacional, por la importación de equipos o el incremento de las retenciones a la exportación, o con las comunidades locales y los sindicatos, es más fácil encontrar una solución si la empresa provincial participa” (Perfil, 24-8-2014)
[iii] La ley fue bautizada en medios oficiosos, citados en la prensa, como ´ley Galuccio´.
[iv] “Habrá que decidir entonces si, y en qué condiciones, es aceptable aplicar las modernas técnicas de fractura para superar la declinación de las reservas convencionales en nuestros yacimientos. Pero si se aceptaran, hay que atender también a que las formas, ritmo y circunstancias de la explotación respondan a una estrategia genuina de afirmación de la soberanía energética”. MORENO; “La refinación de petróleo”, junio 2013.
[v] Según dijo el Ing Galuccio, en una exposición pública ante autoridades e invitados en la Casa Rosada en mayo de 2012, el crecimiento propuesto para YPF entre 2013 y 2017 requería un promedio de inversiones de U$ 7.000 millones anuales.
[vi] Se estima que los grandes productores del Golfo Pérsico y Medio Oriente pueden sostener hoy su producción con un precio de U$ 30 el barril.
[vii] La OFEPHI pidió al gobierno no bajar el precio interno del petróleo; el mencionado es el del crudo liviano Medanito, con el que se elaboran las naftas. La contracara: el barril del tipo más pesado Escalante, de la cuenca del golfo S.Jorge, se está exportando a U$ 60.
Publicado por Jose Antonio Artusi en 7:09 No hay comentarios:
A 107 años del descubrimiento del petróleo en Argentina, el desafío sigue siendo el mismo: su nacionalización y la soberanía hidrocarburífera en serio
Por José Antonio Artusi / El 13 de Diciembre de 1907 se descubrió petróleo en Comodoro Rivadavia y comenzó la larga y conflictiva historia de la explotación de hidrocarburos en nuestro país. Historia jalonada por éxitos notables y retrocesos penosos, por gestas ejemplares y por ignominiosas entregas y defecciones. Los Presidentes Yrigoyen y Alvear, de la mano del Gral. Ing. Enrique Mosconi, sentaron las bases de una gran petrolera estatal nacional, YPF, la primera en su tipo en el mundo, verdadero orgullo nacional durante décadas, espejo en el que se miraron las naciones hermanas de América Latina para crear sus propias empresas petroleras. Hipólito Yrigoyen tenía absolutamente en claro, con notable lucidez, que el petróleo sería un bien estratégico, no renovable, y que la gestión de la política hidrocarburífera debía estar en manos de la Nación. Los intereses reaccionarios de oligarquías feudales enquistadas en las provincias y la connivencia con intereses extranjeros que dominaban al Senado le impidieron, lamentablemente, lograr lo que constituía su obsesión: la ley de nacionalización del petróleo. El golpe infame del 30, como se ha dicho, tuvo olor a petróleo, y truncó las posibilidades de avanzar en aquel momento por el camino de la autodeterminación y la defensa del interés nacional. Yrigoyen, en el mensaje al Congreso acompañando el proyecto de ley orgánica del petróleo en 1929, expresa con contundencia: "Las leyes mineras nacionales, coincidentes con principios de derecho civil adoptados por nuestro código, fueron dictadas en una época en no podía sospecharse el valor económico y la importancia social que adquirirían en el futuro los aceites minerales o hidrocarburos industrializados y puestos en el comercio. De ahí que no introdujera una excepción dentro del régimen legal adoptado a las substancias naturales existentes en el subsuelo, distribuyendo su dominio entre la Nación y las provincias en concordancia con su soberanía política, lo que significa entregar la dirección de los enormes intereses de todo orden relacionados con el petróleo, a criterio administrativo múltiple, cambiante y frecuentemente contradictorio de catorce jurisdicciones, además de la jurisdicción federal… Es suficiente enunciar ese estado de cosas para comprobar sus graves inconvenientes y hasta sus peligros evidenciados ya en la alineación precipitada de concesiones por algunos gobiernos provinciales, cuyas inconsultas medidas suscitaron tan justificadas inquietudes y que, revocadas más tarde por el cambio de pensamiento emergente de la renovación de los poderes locales, han dejado tras de sí secuela de conflictos, sometidos actualmente a la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación". Va a ser durante la presidencia de Arturo Frondizi que aquel anhelo de la nacionalización se concreta, a través de la Ley 14.773, siguiendo el criterio de la efímera Constitución de 1949, de la que aquella disposición era casi lo único rescatable. En su libro "Política y petróleo", Frondizi había señalado claramente el camino a seguir. Como señala Eduardo Conesa, "Todo el libro de Frondizi gira alrededor de la inconveniencia del sistema de concesiones porque el mismo implica otorgar en propiedad el yacimiento; y obtenida esa propiedad, los concesionarios solían mantener los yacimientos sin producir porque les interesaba importar petróleo de otras países donde sus costos de explotación eran menores, o sus ganancias mayores. Por eso, después, cuando Frondizi alcanzó la presidencia en 1958, hizo dictar por el Congreso la ley 14773 estableciendo que los yacimientos de hidrocarburos son propiedad inalienable e imprescriptible del Estado Nacional, otorgándose a las provincias una regalía del 12% en función de su dominio originario o eminente. Y las provincias, especialmente las patagónicas aceptaron gustosas." (Conesa). Me cuento entre los defensores de la anulación de los contratos de Frondizi que llevó a cabo el Presidente Arturo Illia, en cumplimiento de los compromisos asumidos en la campaña electoral, por considerarlos concesiones encubiertas pero considero también que en realidad aquellas diferencias operan como una suerte de árbol que no nos deja ver el bosque. Más allá de la interpretación que se haga de los contratos, Frondizi e Illia, herederos de las mejores tradiciones del radicalismo estaban de acuerdo en lo fundamental: el petróleo es nacional, debe ser explotado por YPF, y no hay que permitir concesiones, sino que el capital privado debe colaborar a través de contratos de exploración y explotación, entregando el producto a la petrolera estatal que debe ser el organismo rector de la política hidrocarburífera. El gobierno del usurpador Onganía, derogó la ley 14.773 y la sustituyó por la 17.319, que permitió las concesiones. En 1973 el bloque de diputados nacionales de la UCR, presidido en ese entonces por Antonio Troccoli propuso por ley la nacionalización de los hidrocarburos, “ratificando la política de nacionalización total de las fuentes naturales de energía” que se planteaba en la Plataforma Electoral. También se propuso en ese momento por parte de los legisladores radicales que las regalías a las provincias productoras debían elevarse al 16,75%. (Comité Nacional y Bloques de Diputados y Senadores Nacionales de la Unión Cívica Radical, 1973). La línea entreguista y antinacional se profundizaría luego en el gobierno peronista de Carlos Menem, auspiciado de manera entusiasta por el entonces Gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner y Cristina Fernández. La entrega y extranjerización de YPF en los 90, no revertida del todo más allá del relato falaz del gobierno, unida más tarde a la sanción de la denominada “ley corta” en una interpretación distorsionada del Artículo 124 de la Constitución Nacional, tuvo las consecuencias de saqueo y pérdida de reservas y autoabastecimiento que son conocidas: "Además el desastre era harto previsible porque en los últimos catorce años en nuestro país hubo trece Estados distintos con políticas petroleras diferentes. Por una parte la política petrolera de España ejercitada por Repsol. Por otra, la política petrolera de Brasil ejercitada por Petrobras, que finalmente vendió a grupos clientelistas locales. Por otra, la anti-política petrolera del Estado bobo nacional argentino que recién en abril de 2012 se dio cuenta del desaguisado que había generado…., y por último, las 10 políticas petroleras distintas de los estados provinciales con petróleo amparados en el redundante artículo 124 de la Constitución Nacional de 1994 sobre el supuesto “dominio originario”. Dicha política consistió en otorgar concesiones dentro del concepto de “capitalismo de amigos” para beneficio de quien sabe quién. Pero más allá del problema de la corrupción, las provincias no están en condiciones de negociar el contenido económico de las concesiones, ya que el precio interno del fluido y las reglas de su comercialización en el mercado interno del país o en el exterior son de incumbencia del Estado Nacional. A ello se agrega la falta de simetría en el poder negociador dado por el enorme conocimiento técnico de las poderosas corporaciones multinacionales del petróleo frente el desamparo técnico y económico de nuestras provincias tomadas individualmente." (Conesa). El desafío está trazado. Es imperativo volver a tener una política nacional de petróleo, recuperando en serio, del todo, YPF; como una empresa estatal y nacional, sujeta a todos los controles y auditorías propias del sector público; que convoque, en condiciones razonables a la participación del sector privado cuando sea necesario, pero sin concesiones. Y, como quería Yrigoyen, hay que nacionalizar los hidrocarburos, reconociendo a las provincias, en virtud del dominio originario que les corresponde, regalías mucho más altas que las actuales, pero en el marco de una política única y centralizada, que defienda como corresponde el interés nacional, para poner la renta petrolera al servicio del desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los más desposeídos.-
Comité Nacional y Bloques de Diputados y Senadores Nacionales de la Unión Cívica Radical Cumplimos con la plataforma electoral [Publicación periódica] // Opinión Radical. - Buenos Aires : [s.n.], Diciembre de 1973. - 1. - pág. 8.
Conesa Eduardo Portal Académico de la Facultad de Derecho de la UBA [En línea] // EL IMPUESTO A LA TIERRA LIBRE DE MEJORAS, RECURSOS NATURALES, HIDROCARBUROS Y EL FEDERALISMO EN LA ARGENTINA. - 11 de Diciembre de 2014.
http://portalacademico.derecho.uba.ar/catedras/archivos/catedras/19/el_impuesto_tierra_libre_de_mejoras_y_a_los_recursos_naturales_en_general_en_el_regimen_federal_argentino_copia.pdf.
Publicado por Jose Antonio Artusi en 14:44 No hay comentarios:
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UNA LEY DE HIDROCARBUROS PARA LOS NUEVOS TIEMPOS O...
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