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Timestamp: 2018-05-23 23:59:09+00:00

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SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD DE INTERÉS 2011
CONVENIO BASICO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA ENTRE LOS GOBIERNOS DE LAS REPUBLICAS DE GUATEMALA Y COLOMBIA Y SU LEY APROBATORIA (LEY 1254 DE 2008)
COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. ASUNTOS DE REPARACION DIRECTA CUANDO CUANTIA NO EXCEDA 500 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES (NUMERAL 6 ARTICULO 134B DECRETO 01 DE 1984, ADICIONADO POR EL ARTICULO 42 DE LA LEY 446 DE 1998)
El actor no platea verdaderos cargos de constitucionalidad, sino una aparente incongruencia entre una ley ordinaria y una disposición contenida en una ley estatutaria que fija competencia a los jueces administrativos
CONTRATOS DE FIDUCIA Y DESTINACION DE ACTIVOS TRASFERIDOS POR LIQUIDADOR EN LOS PROCESOS DE LIQUIDACION DE ENTIDADES PUBLICAS DE LA RAMA EJECUTIVA DEL ORDEN NACIONAL (ARTICULO 35 DECRETO LEY 254 DE 2000, MODIFICADO POR EL ARTICULO 19 DE LA LEY 1105 DE 2006)
La demanda por omisión legislativa no cumple con los requisitos de certeza y suficiencia exigidos
C-033/11
ACREDITACION DEL PAGO DEL CANON SUPERFICIARIO EN CONTRATOS DE CONCESION DE EXPLOTACION MINERA (ARTICULO 230 LEY 685 DE 2001, CODIGO DE MINAS, MODIFICADO POR ARTICULO 16 LEY 1382 DE 2010)
ESTARSE A LO RESUELTO E INHIBIDA
La Corte constató la existencia de cosa juzgada constitucional en C-983/10y encontró ausencia de cargos de constitucionalidad frente al derecho a la igualdad y la prohibición del articulo 84 constitucional
PARTICULARES COMO SUJETOS DISCIPLINABLES EN EL CODIGO DISCIPLINARIO UNICO (ARTICULO 53 LEY 734 DE 2002)
La Corte constató la ineptitud sustancial de la demanda, en la que se cuestiona un contenido normativo que no emana de su texto
C-077/11
CONTRATACION CON ENTIDADES EDUCATIVAS PARTICULARES LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO (ARTICULO 30 LEY 1176 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 1º DE LA LEY 1294 DE 2009)
La Corte constató la ineptitud sustancial de la demanda por incumplimiento de los requisitos para un pronunciamiento de fondo
C-078/11
PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MEDICALIZADO POR LA ASOCIACION DE MUNCIPIOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006-2010 (ARTICULO 6 LEY 1151 DE 2007)
ESTARSE A LO RESUELTO EN C-979/10Y C-978/10E INHIBIDA
La Corte determinó la existencia de cosa juzgada constitucional y verificó que pese a que parte de la demanda se dirige contra una norma transitoria que ya agotó su vigencia no cumple con requisitos para un pronunciamiento de fondo
C-079/11
EXIGENCIA DE LA CONSTITUCION DE LOS CORREDORES DE SEGUROS COMO SOCIEDADES ANONIMAS (ARTICULO 101 LEY 510 DE 1999)
ESTARSE A LO RESUELTO EN C-384/00
La Corte constató la existencia de cosa juzgada constitucional
C-089/11
SOLIDARIDAD Y REDUCCION DE MULTAS DE TRANSITO, PREVISTAS EN LOS ARTICULOS 93-1 Y 136 DEL CODIGO NACIONAL DE TRANSITO LEY 769 DE 2002 REFORMADO POR LOS ARTICULOS 18 Y 24 DE LA LEY 1383 DE 2010
EXEQUIBLES POR EL CARGO ANALIZADO
La Corte constató que la obligación solidaria entre el propietario del vehículo y la empresa afiliadora era razonable y proporcionada, además de que no se les desconoce el debido proceso ni el derecho de defensa. Asimismo en lo relativo a la reducción de las multas tampoco encontró que resultara violatoria del debido proceso
EXENCION TRIBUTARIA RESPECTO DE TODA CLASE DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CUALQUIER ORIGEN DEL ORDEN NACIONAL PARA LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES (ARTICULO 135 LEY 100 DE 1993)
EXEQUIBLE EL INCISO PRIMERO DEL ARTICULO 135 DE LA LEY 100 DE 1993
La Corte precisó que el Congreso no incurrió en una omisión legislativa relativa al no prever la conmutación pensional
C-100/11
TIPIFICACION DEL DELITO DE DESAPARICION FORZADA Y CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA (ARTICULOS 165 Y 166 NUMERAL 5º LEY 599 DE 2000 CODIGO PENAL)
INHIBIDA RESPECTO DEL ARTICULO 165 Y LA EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DEL NUMERAL 5º DEL ARTICULO 166 DE LA LEY 599 DE 2000
La Corte encontró que respecto del artículo 165 no se formulaban cargos concretos y específicos; en tanto que respecto del numeral 5º del artículo 166 se presentaba una omisión en el diseño de la disposición y optó por extender la protección a la cónyuge o compañero(a) permanente de las personas aludidas en el numeral 4 del mismo artículo del Código Penal
CAMPO DE APLICACIÓN DEL DECRETO QUE FIJA SISTEMA DE NOMENCLATURA, CLASIFICACION Y REMUNERACION DE EMPLEOS DE LA RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO (ARTICULO 1º DECRETO 1042 DE 1978)
La Corte encontró que la demanda por vulneración del principio de igualdad no cumplía las exigencias para la estructuración de un cargo de constitucionalidad
C-102/11
FUNCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA DE ENTIDADES TERRITORIALES SOBRE ACTIVIDAD INMOBILIARIA URBANA Y SANCIONES EN LA LEY DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA (ARTICULOS 33 LITERAL B NUMERAL 3º Y 34 NUMERALES 2 Y 6 LEY 820 DE 2003)
La Corte precisó que la Ley 820 de 2003 no se limita al contrato de arrendamiento de vivienda urbana sino que también establece otras disposiciones relativas a las funciones de inspección, vigilancia y control de la actividad inmobiliaria, que no vulneran los principios de unidad de materia ni el derecho ala igualdad
ELECCIONES DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LAS COMISIONES CONSTITUCIONALES PERMANENTES Y LEGALES DEL CONGRESO POR MAYORIA SEPARADAMENTE Y SIN QUE PERTENEZCAN AL MISMO PARTIDO O MOVIMIENTO POLITICO (PARAGRAFO ARTICULO 40 LEY 5 DE 1992)
La Corte encontró que las excepciones de inconstitucionalidad proferidas en casos concretos por otras autoridades u órganos no vinculaban a esta Corporación en los pronunciamientos que le corresponda adoptar en desarrollo del control de constitucionalidad y consideró que la participación de las minorías en las mesas directivas de las comisiones constitucionales permanentes y legales del Congreso no tiene reserva de ley estatutaria y por ser materia propia del ejercicio de la actividad legislativa debe ser regulada por ley orgánica
C-123/11
REQUISITOS DE PERSONA NATURAL Y NACIONALIDAD COLOMBIANA A SOCIOS DE EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, Y EXIGENCIA DE ORGANIZACION COMO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (ARTICULOS 8, 12, 30, 47 Y 66 DECRETO 356 DE 1994 ESTATUTO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA)
EXEQUIBLES EXPRESIONES DE LOS ARTICULOS 12 Y 47, E INHIBIDA RESPECTO DE LA DEMANDA CONTRA LOS ARTICULOS 8, 30 Y 66 DEL DECRETO 356 DE 1994
La Corte encontró que el requisito según el cual los socios de las empresas de vigilancia y seguridad privada deben ser personas naturales y de nacionalidad colombiana no vulnera los derechos a la igualdad, trabajo, participación y a la libertad de empresa
IMPROCEDENCIA DE OBJECION AL DICTAMEN PERICIAL EN EL MARCO DE UN PROCESO VERBAL (ARTICULO 432 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, MODIFICADO POR EL ARTICULO 25 DE LA LEY 1395 DE 2010 POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE DESCONGESTION JUDICIAL)
La Corte reiteró el amplio margen de configuración del legislador y encontró que la improcedencia de objeción al dictamen pericial no resultaba contrario al debido proceso, dado el carácter complejo del modelo del control judicial del dictamen pericial
CONVENIO UNIDROIT SOBRE LOS BIENES CULTURALES ROBADOS O EXPORTADOS ILICITAMENTE Y LA LEY 1304 DE 2009 APROBATORIA DEL TRATADO
AUMENTO DEL TERMINO DE PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL EN CASO DE NO COMPARECENCIA DEL ADOLESCENTE PROCESADO. (ARTICULOS 158 DE LA LEY 1098 DE 2006 CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA)
ESTARSE A LO RESUELTO EN C-055/10
La Corte encontró que se había configurado la cosa juzgada constitucional
FACULTADES DE QUIEN NO ES IMPUTADO Y SITUACIONES QUE DETERMINAN LA FORMULACION DE LA IMPUTACION (ARTICULOS 267 Y 287 LEY 906 DE 2004 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL)
Para la Corte en el establecimiento de facultades de quien no es imputado no se incurrió en una omisión legislativa relativa, toda vez que el indiciado tiene la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa desde el más prematuro inicio de la actuación
EFECTOS EN QUE SE CONCEDE LA APELACION Y PROVIDENCIAS RELACIONADAS. CONCEPTO DE FORMULACION DE IMPUTACION (ARTICULOS 177 Y 286 LEY 906 DE 2004 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL)
C-156/11
DECRETO 4580 DE 2010 DECLARATORIO DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA POR GRAVE CALAMIDAD PUBLICA
Para la Corte la declaración del estado de emergencia por razón de la grave calamidad publica derivada del fenómeno climático de la niña 2010, cumplió con los requisitos constitucionales y estatutarios exigidos para el efecto
ESTARSE A LO RESUELTO EN C-936/10
La Corte verificó la existencia de cosa juzgada constitucional en relación con la inconstitucionalidad de la aplicación del principio de oportunidad a desmovilizados de grupos armados al margen de la ley
A. 047/11
SOLICITUD DE NULIDAD DE SENTENCIA C-141/10DE CONTROL OFICIOSO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY CONVOCATORIA A REFERENDO CONSTITUCIONAL PARA LA SEGUNDA REELECCION PRESIDENCIAL
Para la Corte el juicio abstracto de constitucionalidad que ejercita no tiene como finalidad el establecer responsabilidades de los integrantes del Comité de Promotores, razón por la que no tenían que ser convocados al proceso que culminó con la declaratoria de inexequibilidad de la ley 1354 de 2009
C-185/11
PAGO TOTAL DE LA MULTA COMO REQUISITO PARA LA UTILIZACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRONICA COMO SUSTITUTIVO DE LA PENA DE PRISION (NUMERAL 4 ARTICULO 38A DEL CODIGO PENAL ADICIONADO POR EL ARTICULO 50 DE LA LEY 1142 DE 2007)
EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA, EN EL ENTENDIDO QUE DE DEMOSTRARSE LA INSOLVENCIA DEL CONDENADO, EL NO PAGO PREVIO DE LA MULTA NO IMPEDIRA LA CONCESION DEL SUBROGADO DE LA VIGILANCIA ELECTRONICA
C-186/11
RESOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COMO FUNCION DE LA COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES (NUMERAL 9 ARTICULO 22 LEY 1341 DE 2009 QUE DEFINE PRINCIPIOS Y CONCEPTOS SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y LAORGANIZACION DE LAS TIC, SE CREA LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPETRO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES)
Para la Corte las limitaciones establecidas a los acuerdos ente proveedores no desconocen la reserva de ley en materia de regulación de servicios públicos de información y comunicaciones, ni el principio de autonomía de la voluntad como tampoco las libertades económicas
ACUERDO EN MATERIA DE INFORMES ANUALES SOBRE DERECHOS HUMANOS Y LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y CANADA Y LEY APROBATORIA (LEY 1411 DE 2010)
DECRETO LEGISLATIVO 4702 DE 2010 DE DESARROLLO DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA POR GRAVE CALAMIDAD PUBLICA, POR EL CUAL SE MODIFICA LA LEY 919 DE 1989. JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA DEL FONDO DE CALAMIDADES, REGIMEN DE CONTRATACION EN LAS FASES DE ATENCION HUMANITARIA Y REHABILITACION. TRANSFERENCIA DE RECURSOS. COMITÉ NACIONAL DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES. VEEDURIA
EXEQUIBLES LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 Y 11; EXEQUIBILIDAD PARCIAL DEL ARTICULO 4 Y EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DEL ARTICULO 9 DEL DECRETO 4702 DE 2010, EN EL ENTENDIDO QUE LA LABOR DE AUDITAJE DEBE SER PREVIA O CONCURRENTE Y NO DESPLAZA LA DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL
DECRETO LEGISLATIVO 4830 DE 2010 DE DESARROLLO DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA POR GRAVE CALAMIDAD PUBLICA, POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 4702 DE 2010. MODIFICACIONES AL REGIMEN DE CONTRATACION EN LAS FASES DE ATENCION HUMANITARIA Y REHABILITACION. DESTINACION DE RECURSOS Y PRIORIDADES; Y REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS POR EMERGENCIA INVERNAL
EXEQUIBLE EL ARTICULO 1, MODIFICATORIO DEL ARTICULO 4 DEL DECRETO 4702 DE 2010 E INEXEQUIBLE LA POTESTAD REGLAMENTARIA PREVISTA EN ESTE ARTICULO. ASIMISMO SE PRECISAN CIERTOS CONDICIONAMIENTOS E INCONSTITUCIONALIDADES PARCIALES; EXEQUIBLE EL ARTICULO 2 DEL DECRETO 4830, EN EL ENTENDIDO QUE LA DESTINACION DE LOS RECURSOS Y EL ORDEN DE PRIORIDADES DEBE ENFOCARSE HACIA LAS ZONAS Y MUNICIPIOS AFECTADOS A QUE SE REFIERE EL DECRETO 4580 DE 2010; Y EXEQUIBLES LOS ARTICULOS 3 Y 4 DEL DECRETO 4830 DE 2010.
SANCION DE MULTA A APODERADO JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE DEMANDA DE CASACION LABORAL (EXPRESION DEL ARTICULO 93 DEL CODIGO DEL PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MODIFICADO POR EL ARTICULO 49 DE LA LEY 1395 DE 2010, SOBRE MEDIDAS EN MATERIA DE DESCONGESTION JUDICIAL)
INEXEQUIBLE LA EXPRESION “NO REUNE LOS REQUISITOS O”
La Corte determinó que la sanción de multa por incumplimiento de los requisitos de la demanda de casación laboral, vulneraba el principio de igualdad y los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, dado que la medida adquiere características de medida correccional que resulta inadmisible, por cuanto se sanciona el ejercicio de un recurso de manera oportuna pero insatisfactoria. Además existen las facultades correccionales del juez y las sanciones previstas en el Estatuto del Abogado por faltas a los deberes profesionales
DECRETO 020 DE 2011 DECLARATORIO DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA POR GRAVE CALAMIDAD PUBLICA (SEGUNDA DECLARATORIA)
La Corte no encontró que se hubiese demostrado por el Gobierno de manera concreta y específica, las razones por las cuales los hechos aducidos no podían ser atendidos con las facultades de excepción que ostentaba en virtud del estado de emergencia declarado mediante el Decreto 4580 de 2010, vigente hasta el 5 de enero de 2011, ni por qué, estas atribuciones resultaban insuficientes para superar la perturbación causada por el fenómeno climático de La Niña e impedir la extensión de sus efectos, para acudir a una nueva declaratoria de emergencia, dado que cada declaratoria de estado de emergencia tiene que ser rigurosa y autónomamente justificada, observando que desde . la primera declaración del estado de emergencia el Gobierno advirtió la prolongación de la ola invernal por la presencia del fenómeno de La Niña, la cual podía irse agravando con el devenir de los días hasta mediados de 2011 según pronósticos del IDEAM. De la misma manera tampoco se superaba el juicio de insuficiencia de los medios ordinarios de que dispone tanto el poder legislativo como el ejecutivo en su funcionamiento normal, ni se explicó por qué dichos medios no eran adecuados para el manejo del nuevo estado de excepción ni para qué necesitaba las facultades extraordinarias. Encontró la Corte que los mecanismos excepcionales no pueden instrumentalizarse con miras a eludir la potestad que tiene el Congreso para dictar leyes
DECRETO LEGISLATIVO 016 DE 2011, “POR EL CUAL SE CREA LA FIGURA DE ‘EMPLEO DE EMERGENCIA’ PARA LOS DAMNIFICADOS POR LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DECLARADA POR EL DECRETO 4580 DE 2010”
La Corte reiteró que los decretos legislativos expedidos al amparo de la declaratoria de un estado de emergencia, deben cumplir con ciertos requisitos formales, como que hubiesen sido expedidos dentro del término de vigencia del Estado de Emergencia, toda vez que los poderes excepcionales y transitorios, materializados en el reconocimiento de atribuciones legislativas extraordinarias, sólo se confieren para ser ejercidos dentro de dicho lapso. En el presente caso, el Decreto Legislativo 016 de 2011 fue expedido por el Gobierno Nacional de forma extemporánea, esto es, por fuera del estado de Emergencia declarado mediante el Decreto 4580 de 2010, toda vez que para el momento de su expedición, el 6 de enero de 2011, el Gobierno no gozaba ya de atribuciones legislativas extraordinarias que le permitiesen adoptar medidas de excepción con fuerza de ley.
DECRETO LEGISLATIVO 017 DE 2011, “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE SALUD CON EL FIN DE HACER FRENTE A LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DECLARADA POR EL DECRETO 4580 DE 2010”
También en este caso se presentó la expedición de un decreto legislativo de forma extemporánea, por fuera del Estado de Emergencia declarado mediante el Decreto 4580 de 2010, y para el momento de su expedición, el 6 de enero de 2011, el Gobierno no gozaba ya de atribuciones legislativas extraordinarias que le permitiesen adoptar medidas de excepción con fuerza de ley
C-219/11
DECRETO LEGISLATIVO 015 DE 2011, “POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LÍMITES MÁXIMOS DE VELOCIDAD PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA”
De igual manera en este caso se presentó la expedición de un decreto legislativo de forma extemporánea, por fuera del Estado de Emergencia declarado mediante el Decreto 4580 de 2010, y para el momento de su expedición, el 6 de enero de 2011, el Gobierno no gozaba ya de atribuciones legislativas extraordinarias que le permitiesen adoptar medidas de excepción con fuerza de ley
C-220/11
OBLIGACION DE DESTINAR EL 1% DEL TOTAL DE LA INVERSION EN TODO PROYECTO QUE INVOLUCRE EL USO DEL AGUA EN OBRAS Y ACCIONES DE RECUPERACION (PARAGRAFO ARTICULO 43 LEY 99 DE 1993 QUE CREA EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, REORDENA EL SECTOR PUBLICO ENCARGADO DE LA GESTION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, ORGANIZA EL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL, SINA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES)
La Corte evidenció la no existencia de cosa juzgada constitucional, y concluyó que si bien la norma crea una carga pública en la modalidad de inversión forzosa y no de tributo, por lo que no le eran aplicables las reglas sobre sistema y método previstos para tasas y contribuciones. Adicionalmente consideró que la carga no resultaba desproporcionada.
ESTIMULO ECONOMICO PARA LAS GLORIAS DEL DEPORTE NACIONAL, CUANDO NO TENGA RECURSOS O SUS INGRESOS SEAN INFERIORES A CUATRO (4) SALARIOS MINIMOS LEGALES (ARTICULO 45 LEY 181 DE 1995 MODIFICADO POR EL ARTICULO 5 DE LA LEY 1389 DE 2010)
Para la Corte el estímulo que prevé la norma no configura una prestación propia del sistema de seguridad social en pensiones sino un incentivo derivado de la responsabilidad estatal en materia de fomento del deporte, y además de la posibilidad de que el legislador imponga tratos diferenciados bajo condiciones de razonabilidad y proporcionalidad respecto de individuos o grupos en circunstancias de debilidad manifiesta o discriminados
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MATELO
DECRETO LEGISLATIVO 4673 DE 2010 QUE ADICIONA EL ARTICULO 38 DE LA LEY 1333 DE 2009, Y SE DICTAN DISPOSICIONES PARA ATENDER LA SITUACION DE DESASTRE NACIONAL Y DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA NACIONAL
EXEQUIBLE Y EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA
La Corte encontró con respecto al parágrafo primero que si bien la disposición no fija un horizonte temporal para la aplicación de la medida, dicho horizonte vendría dado por la naturaleza de las actividades que es posible acometer en el marco de la autorización prevista en la norma, siendo del caso limitar su aplicación sólo para las actividades que se desarrollen dentro de la fase I de las contempladas en el marco de la emergencia. Asimismo, manifestó que la no inclusión de recursos de vía gubernativa tiene una justificación específica en la urgencia de las medidas, cuyo trámite podría verse dilatado por los distintos recursos de la vía gubernativa. Con relación al parágrafo segundo que provee una garantía del derecho de uso del titular del bien, de acuerdo con el condicionamiento que se hará a la exequibilidad del parágrafo primero, resulta claro que el uso autorizado sólo podrá prolongarse por el tiempo necesario para hacer frente a las necesidades urgentes dentro de la fase I de la atención de la emergencia. Y respecto del parágrafo tercero, las previsiones previstas son consecuencia necesaria del estado de incertidumbre en el que se encuentran los bienes e implican que los titulares de los mismos no tienen por qué asumir los costos de su utilización para atender la emergencia, no existiendo reparo alguno de inconstitucionalidad. Sin embargo, considera la Corte que, debe condicionarse la exequibilidad de esta disposición, porque se estaría imponiendo sin justificación, por la vía de un decreto de emergencia, un gravamen especial a una persona que no tiene por qué soportarlo.
DECRETO LEGISLATIVO 4674 DE 2010 “POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS SOBRE EVACUACION DE PERSONAS Y SE ADOPTAN OTRAS MEDIDAS”
Para la Corte las medidas adoptadas en el Decreto 4674 de 2010, orientadas a la evacuación, reubicación, reasentamiento y acompañamiento institucional de las personas que ocupan zonas calificadas como de alto riesgo no mitigable, satisfacen los requisitos de conexidad, necesidad, finalidad, proporcionalidad e insuficiencia de medios, exigidos por el artículo 215 de la Constitución y la ley estatutaria de los estados de excepción. Además de que respeta los límites generales previstos en la Constitución y en los tratados sobre derechos humanos.
DECRETO LEGISLATIVO 4822 DE 2010 “POR EL CUAL SE SUSPENDEN RESTRICCIONES PARA LA OPERACION DE LAS PISTAS DE LOS AEROPUERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES PARA ATENDER LA SITUACION DE DESASTRE NACIONAL Y DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA NACIONAL”
La Corte encontró que la medida era proporcionada en sentido estricto.
DECRETO LEGISLATIVO 4827 DE 2010 “POR EL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA”
La Corte consideró que maximizar el uso de la infraestructura escolar disponible, y flexibilizar el calendario académico y la jornada escolar, garantiza el derecho a la educación de quienes no pueden acceder al servicio, permitiéndoles que reciban sus clases en sedes alternas pertenecientes a otras comunidades educativas, de acuerdo con un calendario académico y una jornada escolar acorde con las condiciones de afectación del servicio, encontrando que las disposiciones se ajustan a la Constitución y a los tratados sobre derechos humanos, en cuanto que, no establecen limitaciones y restricciones a los derechos y libertades; no entrañan discriminación; no suspenden los derechos humanos ni las libertades fundamentales; no interrumpen el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado; no suprimen ni modifican los organismos y funciones básicas de acusación y juzgamiento; y, tampoco desmejoran los derechos sociales de los trabajadores.
C-226/11
DECRETO LEGISLATIVO 4829 DE 2010 “POR EL CUAL SE ADICIONA LA LEY 1341 DE 2009 CON EL FIN DE ATENDER LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA QUE TRATA EL DECRETO 4580 DE 2010”
EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DE LOS PARAGRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTICULO 1º DEL DECRETO LEGISLATIVO 4829 DE 2010, AL IGUAL QUE LA EXPRESION “NACIONAL” DEL PARAGRAFO TERCERO E INEXEQUIBLE UNA EXPRESION DEL PARAGRAFO TERCERO
Para la Corte se hizo necesario condicionar la exequibilidad en el entendido que las medidas a que aluden los parágrafos uno y dos serán aplicables durante la fase de atención humanitaria de emergencia, es decir, durante el año 2011, y encontró que para que se entienda satisfecha la conexidad del decreto legislativo con el decreto declaratorio de la emergencia –decreto 4580 de 2010-, debe entenderse que dichas medidas sólo serán aplicables en los municipios y zonas afectadas por la ola invernal a la que se refiere el decreto 4580 de 2010. Respecto del parágrafo 3 del se declaró inexequible la expresión “para ello, bastará la autorización de la respectiva secretaría de planeación municipal o distrital o de la autoridad del orden nacional según su respectiva competencia, sin que sea necesario aportar estudios técnicos, de licencia de construcción, estudios de seguridad, entre otros”, al encontrarla violatoria de los principios constitucionales de la función administrativa así como de los derechos al ambiente sano, el espacio público, la moral administrativa, entre otros. Adicionalmente, declaró exequible la expresión “nacional” contenida en ese mismo parágrafo en el entendido que los permisos para despliegue de infraestructura sólo podrán ser expedidos por autoridades nacionales cuando ello no implique la usurpación de competencias de los municipios en la ordenación de su territorio y los usos del suelo, cuando la ley ha previsto esa competencia.
DECRETO LEGISLATIVO 4628 DE 2010 “POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS SOBRE EXPROPIACION POR VIA ADMINISTRATIVA Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES”
EXEQUIBLES LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL ARTICULO TERCERO, Y LOS ARTICULOS QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO DEL DECRETO 4628 DE 2010; EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DE LOS ARTICULOS PRIMERO, SEGUNDO, EL NUMERAL 1º DEL ARTICULO TERCERO Y EL ARTICULO CUARTO DEL DECRETO 4628 DE 2010; E INEXEQUIBLES LAS EXPRESIONES “CALENDARIO” DE LOS NUMERALES 2º Y 3º DEL ARTICULO TERCERO
La Corte encontró que el instrumento desarrollado por el decreto es útil para la consecución célere de bienes indispensables para ejecutar planes específicos encaminados a la construcción y reconstrucción de viviendas, y la reubicación de asentamientos urbanos, en las áreas afectadas por la ola invernal, de desastre o de riesgo, o en sus áreas de influencia, así como la prevención del asentamiento en lugares que presenten grave riesgo. Además, el desarrollo de infraestructura urbana y rural adecuadas para albergar, dotar de vivienda y de servicios a la población afectada y la reconstrucción o reparación de la malla vial.
PENSIONES ESPECIALES TRANSITORIAS PARA AVIADORES; REQUISITOS PARA LA PENSION DE VEJEZ Y MONTO DE LA PENSION DE VEJEZ (ARTICULO 6º DECRETO 1282 DE 1994, Y ARTICULOS 33 Y 34 DE LA LEY 100 DE 1993 MODIFICADOS POR LOS ARTICULOS 9º Y 10 DE LEY 797 DE 2003)
La Corte encontró que en aplicación del principio de progresividad y de prohibición de regresividad en materia de pensiones, se ha acogido la regla de que toda modificación legal de carácter regresivo debe presumirse prima facie como inconstitucional. Sin embargo, se debe diferenciar si la modificación trata de un derecho adquirido o consolidado o si trata de una mera expectativa. En el presente caso encontró que la remisión que hace el artículo 6º de la Ley 1282 de 1994 a los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993, modificados luego por los artículos 9 y 10 de la Ley 797 de 1993, no se pueden considerar como arbitrarios, inopinados y abruptos. Puesto que la reforma pensional de 2003 se realizó de manera general, es decir para todos los trabajadores, y la reforma prevista en la Ley 797 de 2003 no es desproporcionada ni arbitraria ni va en contra del principio de no regresividad de los derechos pensionales, como tampoco fueron discriminatorias.
PRIMA PARA OFICIALES DEL CUERPO ADMINISTRATIVO DE LAS FUERZAS MILITARES (ARTICULO 96 DECRETO 1211 DE 1990, QUE REFORMA EL ESTATUTO DE PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES”)
EXEQUIBLES LAS EXPRESIONES DEMANDADAS
Para la Corte no se introduce un trato diferenciado entre oficiales y suboficiales con título profesional universitario que soliciten prestar los servicios de su especialidad por tiempo completo, en el cuerpo administrativo de las Fuerzas Militares, en la medida en que la norma establece una equiparación u homologación entre unos y otros para efectos de la prestación allí prevista. Luego, la prima establecida en el artículo 96 del Decreto 1211 de 1990, cobija tanto a oficiales como suboficiales profesionales, en los términos del artículo 15, en concordancia con el 96 del mismo estatuto.
C-240/11
DECRETO LEGISLATIVO 4831 DE 2010, “POR EL CUAL SE DESTINAN RECURSOS PARA CONJURAR LA CRISIS E IMPEDIR LA EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA” REDISTRIBUCION DE RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE REGALIAS PARA FINANCIACION O COFINANCIACION DE PROYECTOS DE INVERSION PARA REHABILITACION DE ZONAS AFECTADAS POR OLA INVERNAL
EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DE LOS ARTICULOS 1, 2, 3 Y 4, EN EL ENTENDIDO QUE LOS RECURSOS ARBITRADOS SE DESTINARAN SOLO PARA LA FINANCIACION O COFINANCIACION DE PROYECTOS DE INVERSION PARA LA REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL; Y EXEQUIBLE EL ARTICULO 5 DEL DECRETO 4831 DE 2010.
La Corte encontró que las medidas adoptadas mediante el Decreto legislativo guardan conexidad con los motivos de la declaratoria de emergencia, al igual que encontró acreditado el requisito de necesidad de las medidas adoptadas, y determinó que las medida de excepción cumplen con la finalidad constitucional de conjurar una situación de crisis o calamidad pública además de ser idóneas y adecuadas y proporcionales en sentido estricto.
DECRETO LEGISLATIVO 4703 DE 2010, “POR EL CUAL SE DECRETAN MEDIDAS SOBRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN VIRTUD DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DECLARADO MEDIANTE EL DECRETO 4580 DE 2010”
EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DE LOS ARTICULOS 1, 2, 3 Y 6, EN EL ENTENDIDO QUE LA AUTORIZACION EXCEPCIONAL PARA GESTIONAR Y CELEBRAR OPERACIONES DE CREDITO DSTINADAS A FINANCIAR LOS COSTOS QUE GENERA LA EMERGENCIA CAUSADA POR LA OLA INVERNAL, NO PUEDE SER PERMANENTE NI PARA FINANCIAR PROYECTOS DE LARGO PLAZO; Y EXEQUIBLES LOS ARTICULOS 4, 5, 7 Y 8 DEL DECRETO 4703 DE 2010.
La Corte encontró que las medidas adoptadas cumplen el requisito de conexidad material con los motivos de la declaratoria de emergencia, y encontró que la autorización de reorientación de recursos de Fondos Especiales de la Nación, debe ser entendida y aplicada dentro de los límites y fines estrictos de la institución de la emergencia económica, social y ecológica, de tal suerte que no puede tratarse de una autorización permanente. Asimismo, no encontró reparo respecto de medidas que resultaban razonables y proporcionadas a las finalidades de la declaratoria de emergencia.
C-242/11
DECRETO LEGISLATIVO 4820 DE 2010, “POR EL CUAL SE DISPONE LA ENAJENACIÓN DE UNA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DE LA NACIÓN EN ECOPETROL S. A.”
INEXEQUIBILIDAD DEL DECRETO 4820 DE 2010.
La Corte encontró que la autorización de que trata el decreto no cumplió los presupuestos de especificidad y necesidad que se exigen a las medidas de emergencia económica, social y ecológica.
C-243/11
DECRETO LEGISLATIVO 4825 DE 2010, “POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA TRIBUTARIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DECLARADA POR EL DECRETO 4580 DE 2010”. IMPUESTO A PATRIMONIOS IGUALES O SUPERIORES A MIL MILLONES DE PESOS E INFERIORES A TRES MIL
EXEQUIBLES LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14; Y EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DEL ARTICULO 5 DEL DECRETO 4825 DE 2010.
La Corte encontró que el decreto cumplía con los requisitos formales y materiales exigidos y verificó la conexidad y proporcionalidad de la medida.
C-244/11
DECRETO LEGISLATIVO 4832 DE 2010, “POR EL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA DE VIVIENDA PARA HACER FRENTE A LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA NACIONAL”
EXEQUIBLES LOS ARTICULOS 6, 7 Y 8; Y EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DE LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 4 Y 5 DEL DECRETO 4832 DE 2010.
La Corte encontró que se cumplía con los requisitos de conexidad y necesidad, pero las atribuciones y facultades conferidas a FONVIVIENDA fueron restringidas hasta el año 2014.
DECRETO LEGISLATIVO 127 DE 2011, “POR EL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA INVERSIÓN DE RECURSOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA”
INEXEQUIBILIDAD POR CONSECUENCIA DEL DECRETO 127 DE 2011.
Habida cuenta que mediante Sentencia C-216 de 2011, se declaró inexequible el Decreto 020 de 2011, desapareció el fundamento de la competencia del Presidente de la República para dictar medidas legislativas de excepción
C-246/11
DECRETO LEGISLATIVO 146 DE 2011, “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS DE EFICIENCIA Y CONTROL EN EL MANEJO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
INEXEQUIBILIDAD POR CONSECUENCIA DEL DECRETO 146 DE 2011.
INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL EN EL PROCESO PENAL: PROCEDENCIA, EJERCICIO Y CADUCIDAD; RECURSO DE APELACION CONTRA AUTOS E INDIVIDUALIZACION DE LA PENA Y SENTENCIA (ARTICULOS 102, 106, 178 Y 447 DE LA LEY 906 DE 2004 MODIFICADOS POR LOS ARTICULOS 86, 89, 90 Y 100 DE LA LEY 1395 DE 2010 “POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE DESCONGESTION JUDICIAL”)
EXEQUIBLES LOS ARTICULOS 86, 89 y 90; Y EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DEL ARTICULO 100 DE LA LEY 1395 DE 2010
Para la Corte la intervención del tercero civilmente responsable dentro del proceso penal con posterioridad al juicio de responsabilidad no vulnera la Constitución, pues éste no es equiparable a los demás intervinientes y partes del proceso penal. Mientras que en la individualización de la pena y sentencia, evidenció una omisión legislativa relativa, en la medida que excluye a la víctima de ser oída, por lo que procedió a su condicionamiento, de manera que se entienda que el juez debe concederle a la víctima y/o representante, la oportunidad de referirse a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del acusado, en igualdad de condiciones de la defensa y la Fiscalía. Asimismo la Corte reiteró que el recurso de apelación no constituye un proceso autónomo o un nuevo juicio, por lo que la sustentación del recurso ante el juez de primera instancia no desconoce el principio de inmediación ni el debido proceso
No. 17 y ADICION
DECRETO LEGISLATIVO 4819 DE 2010 “POR EL CUAL SE CREA EL FONDO DE ADAPTACIÓN”
EXEQUIBLES LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 4, 5, 8 Y 9; EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DE LOS ARTÍCULOS 6 Y 7; E INEXEQUIBLE UNA EXPRESION DEL ARTICULO 7 RELACIONADA CON UNA POTESTAD REGLAMENTARIA ASIGNADA AL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO, DEL DECRETO 4819 DE 2010
La Corte constató el cumplimiento de los requisitos formales exigidos en la Constitución y normas estatutarias, además de la conexidad existente entre la creación del Fondo y las causas que originaron la emergencia, precisando que si el fondo se concibe para identificación, estructuración y gestión de proyectos para la recuperación y reconstrucción, la medida resulta proporcionada además de idónea para alcanzar los fines indicados. La proporcionalidad de la medida se entiende siempre y cuando las acciones que se emprendan no superen el año 2014
DECRETO LEGISLATIVO 130 DE 2011 “POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 016 DE 2011”
INEXEQUIBILIDAD POR CONSECUENCIA DEL DECRETO 130 DE 2011.
Habida cuenta que mediante Sentencia C-216 de 2011 se declaró inexequible el Decreto 020 de 2011, y que mediante sentencia C-217 de 2011 se declaró la inexequibilidad del Decreto 016 de 2011, por el requisito de temporalidad; asimismo el Decreto 130 de 2011 expedido al amparo de las facultades derivadas del Decreto 020 de 2011, deviene en inconstitucional
DECRETO LEGISLATIVO 144 DE 2011 “POR EL CUAL SE EXPIDEN ALGUNAS DISPOSICIONES PARA FACILITAR LA ACTUACION DE LAS AUTORIDADES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES EN LA ATENCION DE LOS EFECTOS GENERADOS POR EL FENOMENO DE LA NIÑA”
INEXEQUIBILIDAD POR CONSECUENCIA DEL DECRETO 144 DE 2011.
Habida cuenta que mediante Sentencia C-216 de 2011 se declaró inexequible el Decreto 020 de 2011 en que se fundamentaban las facultades legislativas de excepción del Presidente de la Republica
C-254/11
DECRETO LEGISLATIVO 126 DE 2011 “POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE RIESGO, SEGURO AGROPECUARIO Y CREDITO AGROPECUARIO, PARA ATENDER LA SITUACION DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA POR GRAVE CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA EN EL TERRITORIO COLOMBIANO E IMPERDIR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS”
INEXEQUIBILIDAD POR CONSECUENCIA DEL DECRETO 126 DE 2011.
Habida cuenta que mediante Sentencia C-216 de 2011 se declaró inexequible el Decreto 020 de 2011, y dada la inescindible relación entre el decreto declaratorio del estado de emergencia y el decreto legislativo 126 de 2011, procede declarar su inexequibilidad
C-255/11
DECRETO LEGISLATIVO 128 DE 2011 “POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS ESPECIALES EN MATERIA TRIBUTARIA, ADUANERA Y CAMBIARIA PARA LOS DAMNIFICADOS O AFECTADOS POR EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011”
INEXEQUIBILIDAD POR CONSECUENCIA DEL DECRETO 128 DE 2011.
Habida cuenta que mediante Sentencia C-216 de 2011 se declaró inexequible el Decreto 020 de 2011, lo que implica que los decretos legislativos expedidos al amparo de esta segunda declaratoria de emergencia carecen de sustento jurídico
DECRETO LEGISLATIVO 129 DE 2011 “POR EL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ENERGIA, GAS NATURAL, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PARA HACER FRENTE A LA EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA DECLARADA POR EL DECRETO 020 DE 2011”
INEXEQUIBILIDAD POR CONSECUENCIA DEL DECRETO 129 DE 2011.
Habida cuenta que mediante Sentencia C-216 de 2011 se declaró inexequible el Decreto 020 de 2011, y dada la inescindible relación entre el decreto declaratorio del estado de emergencia y el decreto legislativo 129 de 2011, procede declarar su inexequibilidad
DECRETO LEGISLATIVO 143 DE 2011 “POR EL CUAL SE ADICIONA UN NUMERAL AL ARTICULO PRIMERO Y SE MODIFICA EL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO 4628 DE 2010”
INEXEQUIBILIDAD POR CONSECUENCIA DEL DECRETO 143 DE 2011.
Habida cuenta que mediante Sentencia C-216 de 2011 se declaró inexequible el Decreto 020 de 2011, resulta inexequible por consecuencia el decreto legislativo 143 porque desaparece el fundamento jurídico de la autohabilitación del ejecutivo para expedir normas legislativas de excepción
ELUSION DE RESPONSABILIDAD COMO CRITERIO PARA DETERMINAR LA GRADUACION DE LA SANCION. (LITERAL K NUMERAL 1 ARTÍCULO 40 LEY 1015 DE 2006 “POR LA CUAL SE EXPIDE EL REGIMEN DISCIPLINARIO PARA LA POLICÍA NACIONAL”)
EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DE LA EXPRESION “ELUDIR LA RESPONSABILIDAD”, EN EL ENTENDIDO QUE SE REFIERA A CONDUCTAS DOLOSAS ORIENTADAS A OBSTRUIR LA INVESTIGACION
Para la Corte, la elusión de responsabilidad no puede referirse al derecho a la no autoincriminación
PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS POR EL JUEZ O EL MINISTERIO PUBLICO EN INTERROGATORIO O CONTRAINTERROGATORIO DEL TESTIGO EN EL PROCESO PENAL. (ARTICULO 397 LEY 906 DE 2004, CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL)
EXEQUIBLE LA EXPRESION DEL ARTIUCLO 397 DE LA LEY 906 DE 2004
Para la Corte no se configura una omisión legislativa relativa el que no se prevea la misma facultad para la víctima de formular preguntas complementarias
TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS Y SU REGLAMENTO (LEY 1343 DE 2009)
REGISTRO NACIONAL DE TURISMO COMO REQUISITO PREVIO Y OBLIGATORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS (PARAGRAFO 2º ARTICULO 61 LEY 300 DE 1996 MODIFICADO POR EL ARTICULO 13 LEY 1101 DE 2006 Y LITERAL G ARTIUCLO 71 LEY 300 DE 1996 - LEY GENERAL DE TURISMO)
Para la Corte la obligación del Registro Nacional de Turismo para los operadores de servicios del sector no desconoce la libertad económica
DECRETO LEGISLATIVO 142 DE 2011 “POR EL CUAL SE ADICIONA EL DECRETO 4819 DE 2010”
INEXEQUIBILIDAD POR CONSECUENCIA DEL DECRETO 142 DE 2011.
Habida cuenta que mediante Sentencia C-216 de 2011 se declaró inexequible el Decreto 020 de 2011, y dada la inescindible relación entre el decreto declaratorio del estado de emergencia y el decreto legislativo 142 de 2011, procede declarar su inexequibilidad
DECRETO LEGISLATIVO 4823 DE 2010 “POR MEDIO DEL CUAL LOS CONTRATISTAS Y CONCESIONARIOS DEL ESTADO DEBERAN CONTRIBUIR SOLIDARIAMENTE A LA ATENCION DE LA EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA”
EXEQUIBLES LOS ARTICULOS 2, 3, 4, 5 Y 6; EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DEL ARTICULO 1, EN EL ENTENDIDO QUE LAS MEDIDAS CONTENIDAS SON APLICABLES AL AMBITO GEOGRAFICO EXPRESAMENTE DEFINIDO POR EL GOBIERNO EN EL INVENTARIO DE VIAS Y AREAS AFECTADAS POR EL FENOMENO DE LA NIÑA; E INEXEQUIBLES LAS EXPRESIONES “A PRECIOS DE MERCADO” Y “EN CASO DE DISCREPANCIA”, CONTENIDAS EN EL PARAGRAFO DEL ARTICULO 2 DEL DECRETO 4823 DE 2010 SOBRE CONTRIBUCION SOLIDARIA DE CONTRATISTAS Y CONCESIONARIOS
ZONAS EXCLUIBLES DE LA MINERIA (ARTICULO 34 LEY 685 DE 2001, MODIFICADO POR EL ARTICULO 3º DE LA LEY 1382 DE 2010 MODIFICATORIA DEL CODIGO DE MINAS)
Para la Corte, el artículo 3º de la ley 1382 de 2010 no vulnera los principios de consecutividad e identidad flexible, por cuanto corresponde a una modificación introducida en desarrollo de una atribución conferida a las Cámaras, con clara conexidad temática con los objetivos de la ley y que hace parte de su contenido temático
C-274/11
DECRETO LEGISLATIVO 4627 DE 2010 “POR EL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES PARA HACER FRENTE A LA EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA Y SE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2010”
EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DEL DECRETO 4627 DE 2010, EN EL ENTENDIDO QUE LAS PARTIDAS TRANSFERIDAS AL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES, SOLO PODRAN SER EJECUTADAS EN LAS ZONAS Y MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL DESASTRE Y DESTINADAS A LA PRIMERA FASE DE AYUDA HUMANITARIA
Para la Corte, las normas del Decreto no sólo son conexas al estado de emergencias económica, social y ecológica, sino que además son necesarias, pues su finalidad es solventar uno de los principales problemas de la crisis: el estado de precariedad y de desprotección en el que se encuentran las familias damnificadas por la ola invernal. Se ajusta a los principios de conexidad, finalidad, necesidad y proporcionalidad
DECRETO LEGISLATIVO 4833 DE 2010 “POR EL CUAL SE DECRETAN MEDIDAS ASOCIADAS AL SECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, TENDIENTES A CONJURAR EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA DECRETADO MEDIANTE DECRETO 4580 DE 2010”
Para la Corte, la medida de excepción para el no cobro de los servicios de telecomunicaciones a los damnificados por la situación de desastre nacional, cumple con los requisitos de conexidad, finalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación
C-276/11
DECRETO LEGISLATIVO 141 DE 2011 “POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 41, 44, 45, 65 Y 66 DE LA LEY 99 DE 1993 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.
FUSIONABA LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES Y REESTRUCTURABA SU ORGANIZACION INTERNA
INEXEQUIBILIDAD POR CONSECUENCIA DEL DECRETO 141 DE 2011.
Habida cuenta que mediante Sentencia C-216 de 2011 se declaró inexequible el Decreto 020 de 2011, y dada la inescindible relación entre el decreto declaratorio del estado de emergencia y el decreto legislativo 141 de 2011, procede declarar su inexequibilidad
AVISO A OTRAS AUTORIDADES POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. COMPETENCIA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL (PARAGRAFO DEL ARTICULO 8 DE LA LEY 1340 DE 2009, POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN NORMAS EN MATERIA DE PROTECCION DE LA COMPETENCIA
INHIBIDA RESPECTO DEL CARGO POR VIOLACION DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA; Y EXEQUIBLE EL PARAGRAFO DEL ARTICULO 8 DE LA LEY 1340 DE 2009 EN RELACION CON LOS PRINCIPIOS DE CONSECUTIVIDAD E IDENTIDAD FLEXIBLE
DECRETO LEGISLATIVO 125 DE 2011 “POR EL CUAL SE CREA DEL PROGRAMA ESPECIAL DE REFORESTACION Y SE DCITAN OTRAS DISPOSICIONES EN DESARROLLO DEL DECRETO NUMERO 020 DE 2011”
INEXEQUIBILIDAD POR CONSECUENCIA DEL DECRETO 125 DE 2011.
Habida cuenta que mediante Sentencia C-216 de 2011 se declaró inexequible el Decreto 020 de 2011, y dada la inescindible relación entre el decreto declaratorio del estado de emergencia y el decreto legislativo 125 de 2011, procede declarar su inexequibilidad
PORCION CONYUGAL EN NORMAS DEL CODIGO CIVIL REFERIDAS A DERECHOS SUCESORALES (ARTICULOS 1016-5, 1045, 1054, 1226, 1230, 1231, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1243, 1248, 1249, 1251 Y 1278 DEL CODIGO CIVIL)
EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA, SIEMPRE QUE SE ENTIENDA QUE A LA PORCION CONYUGAL TAMBIEN TIENEN DERECHO EL COMPAÑERO O COMPAÑERA PERMANENTE Y LA PAREJA DEL MISMO SEXO. SE EXHORTA AL CONGRESO A LEGISLAR SOBRE LAS MATERIAS RELACIONADAS CON LAS UNIONES MARITALES DE HECHO Y LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO.
La Corte determinó que no se presentaba el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, y reiteró su jurisprudencia frente a la diferencia entre las uniones maritales de hecho y el matrimonio, concluyendo que el que no sean vínculos iguales no impide que se puedan asimilar los derechos, garantías y cargas que el legislador ha reconocido a una y otra unión, en especial en el campo patrimonial. Con fundamento en el criterio de igualdad de trato, la Corte concluyó que dada la finalidad de la porción conyugal y no existencia de razón válida para el no reconocimiento de esa protección patrimonial, la extendió al compañero o compañera permanente supérstite, demostrándose, por los medios probatorios, dicha condición, esto es, los dos años de convivencia que exige la Ley 50 de 1994, modificada por la Ley 979 de 2005, extendiendo también dicha protección patrimonial a las parejas del mismo sexo (homosexuales)
C-284-11
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (ARTICULO 3 DECRETO LEY 268 DE 2000, POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS DEL REGIMEN ESPECIAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
INEXEQUIBLE LA EXPRESION “DIRECTOR”, Y EXEQUIBLES LAS EXPRESIONES “GERENTE DEPARTAMENTAL”, “DIRECTOR DE OFICINA” Y “ASESOR DEL DESPACHO”, CONTENIDAS EN EL ARTICULO 3 DEL DECRETO LEY 268 DE 2000
Para la Corte los cargos de libre nombramiento y remoción son los creados de manera específica por la ley, según el catálogo de funciones del organismo correspondiente, para cumplir un papel directivo, de manejo, de conducción u orientación institucional, y de los cargos previstos en el artículo 3 del Decreto Ley 268 de 2000, como de libre nombramiento y remoción de la Contraloría General de la República, el único que no se adecua es el de Director, cuya competencia cobija un sinnúmero de funciones meramente administrativas que no son incompatibles con un sistema de carrera, pues no conducen a la adopción de políticas de la entidad, ni implican confianza especial, ni responsabilidad de aquel tipo que reclame este mecanismo de libre nombramiento y remoción
DECRETO LEGISLATIVO 4826 DE 2010 “POR EL CUAL SE ADICIONA LA LEY 785 DE 2002 Y SE DICTAN DISPOSICIONES PARA HACER FRENTE A LA EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA”. DESTINACION PROVISIONAL DE BIENES EN PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO PARA REUBICACION TRANSITORIA DE PERSONAS AFECTADAS POR EL INVIERNO
EXEQUIBLE SALVO EL INCISO SEGUNDO DEL PARAGRAFO INTRODUCIDO POR EL ARTICULO 1º DEL DECRETO 4826 DE 2010 Y EL ARTICULO 2º QUE SE DECLARAN INEXEQUIBLES
Para la Corte el Decreto cumple con los requisitos formales previstos por la Constitución y las normas estatutarias; y en términos generales existe conexidad entre las medidas adoptadas por el Decreto y el estado de emergencia, verificando la finalidad y necesidad de las medidas previstas, desde el punto de vista fáctico y jurídico. Sin embargo, a juicio de la Corte, dos de las medidas adoptadas vulneran el debido proceso y el principio de proporcionalidad y son las relacionadas con la enajenación y destinación definitiva de los bienes en proceso de extinción
DECRETO LEGISLATIVO 4824 DE 2010 “POR MEDIO DEL CUAL SE PERMITE LA DISPOSICION TEMPORAL DE LOS ESCOMBROS Y LA UTILIZACION DE FUENTES MATERIALES PARA ATENDER LA EMERGENCIA INVERNAL. DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL LAS LABORES DE RESCATE, LIMPIEZA, REMOCION Y DISPOSICION DE ESCOMBROS, ESTABILIZACION Y RECONSTRUCCION DE VIAS Y DEMÁS OBRAS PARA ATENDER Y EVITAR LA EXTENSION DE LOS EFECTOS DE LA OLA INVERNAL
EXEQUIBLES LOS ARTICULOS 1, 2, 3 Y 5 DEL DECRETO 4824 DE 2010 Y EXEQUIBLE EL ARTICULO 4, SALVO UNA EXPRESIÓN CONTENIDA EN EL NUMERAL 1 DE ESTE ARTICULO QUE SE DECLARA INEXEQUIBLE
Para la Corte la declaración de utilidad pública e interés social de la disposición de escombros, estabilización y construcción de obras públicas para atender la emergencia invernal y la concesión de permisos temporales de utilización de fuentes de material constituyen medidas conexas, necesarias y proporcionales para conjurar la crisis causada por el fenómeno de la niña
C-298/11
DECRETO LEGISLATIVO 4629 DE 2010 “POR EL CUAL SE MODIFICAN TRANSITORIAMENTE EL ARTICULO 45 DE LA LEY 99 DE 1993, EL ARTICULO 4º DEL DECRETO 1933 DE 1994 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES PARA ATENDER LA SITUACION DE DESASTRE NACIONAL Y DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA NACIONAL”
EXEQUIBLE EL DECRETO 4629 DE 2010
Para la Corte la modificación temporal de la legislación ordinaria en orden a direccionar las transferencias del sector eléctrico para llevar a cabo obras de mitigación y prevención de daños, cumple con los requisitos constitucionales de conexidad, finalidad, necesidad y proporcionalidad que se exigen de las medidas de excepción
C-299/11
DECRETO LEGISLATIVO 4821 DE 2010 “POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA EXISTENCIA DEL SUELO URBANIZABLE PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y REUBICACION DE AENTAMIENTOS HUMANOS PARA ATENDER LA SITUACION DE DESASTRE NACIONAL Y EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA NACIONAL”. PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO URBANO PIDU
EXEQUIBLES LOS ARTICULOS 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14 DEL DECRETO 4821 DE 2010 Y EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DE LOS ARTICULOS 1 Y 7, EN EL ENTENDIDO QUE LOS PIDU SÓLO PODRÁN ADOPTARSE HASTA EL AÑO 2014 Y QUE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 7 SE MANTENDRÁ HASTA EL AÑO 2014.
Los proyectos integrales de desarrollo urbano cumplen con los requisitos constitucionales de conexidad, finalidad, necesidad y proporcionalidad que se exigen de las medidas de emergencia, dentro de las fases de atención humanitaria y rehabilitación concebidas hasta el año 2014
DECRETO LEGISLATIVO 4828 DE 2010 “POR EL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES PARA ATENDER LA SITUACION DE DESASTRE NACIONAL Y DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA POR GRAVE CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA EN EL TERRITORIO COLOMBIANO E IMPEDIR LA EXTENSION DE SUS EFECTOS”. ASIGNACION DE RECURSOS PARA LA RECUPERACION DE LA CAPACIDAD Y ESTABILIDAD SOCIOECONOMICA DEL SECTOR RURAL AFECTADO, LA ATENCIÓN SANITARIA Y FITOSANITARIA Y LA ADECUACION DE TIERRAS
EXEQUIBLES LOS ARTICULOS 1, 4, 7, 8, 10, 14, 16 Y 17 DEL DECRETO 4828 DE 2010 Y LA EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DE LOS PARAGRAFOS 1 Y 2 DEL ARTICULO 1, Y LOS ARTICULOS 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13 Y 15 E INEXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “A CRITERIO DEL MINISTER4IO” DEL ARETICULO 6 DEL DECRETO 4828 DE 2010.
Las medidas financieras para asegurar los recursos destinados a permitir la recuperación de la capacidad productiva y la estabilidad socioeconómica del sector rural cumple con los requisitos constitucionales de conexidad, finalidad, necesidad y proporcionalidad
HURTO CALIFICADO. TIPIFICACION PENAL (NUMERAL 4 ARTICULO 240 LEY 599 DE 2000 (CODIGO PENAL), MODIFICADO POR EL ARTICULO 37 DE LA LEY 1142 DE 2007)
C-336/11
DECRETO LEGISLATIVO 145 DE 2011 “POR EL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2011”
INEXEQUIBILIDAD POR CONSECUENCIA DEL DECRETO 145 DE 2011.
Habida cuenta que mediante Sentencia C-216 de 2011 se declaró inexequible el Decreto 020 de 2011, y dada la inescindible relación entre el decreto declaratorio del estado de emergencia y el decreto legislativo 145 de 2011, procede declarar su inexequibilidad
PROTECCION INTEGRAL EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TELETRABAJADORES (LITERAL C NUMERAL 6 ARTICULO 6 LEY 1221 DE 2008 QUE ESTABLECE NORMAS PARA PROMOVER Y REGULAR EL TELETRABAJO)
EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA, SIEMPRE QUE SE ENTIENDA QUE LA PROTECCION EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL A FAVOR DE LOS TELETRABAJORES, TAMBIEN INCLUYE EL SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR, DE CONFORMIDAD CON LA LEY
C-338/11
EXCEPCION COMO SUJETOS DISCIPLINABLES DE LOS SERVIDORES DE LAS EMPRESAS DE ECONOMIA MIXTA (ARTICULO 53 LEY 734 DE 2002)
EXEQUIBLE LA EXCEPCION DE LAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA DE LA APLICACION DEL REGIMEN DISCIPLINARIO PREVISTO EN LA LEY 734 DE 2002
Para la Corte, el control disciplinario fue reservado por el constituyente para quienes cumplan de manera permanente o transitoria funciones públicas y no encontró contradicción entre la expresión demandada y el artículo 123 de la Constitución
SU.339/11
TUTELA CONTRA LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL Y LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. PROVISION DEL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION JUDICIAL (T-2735401)
SE ORDENA A LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL QUE EN UN LAPSO NO MAYOR DE TREINTA (30) DIAS HABILES, PROVEA LO CONDUCENTE A LA CONFORMACION DE LA TERNA PARA LA PROVISION DEL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION JUDICIAL
Para la Corte el derecho fundamental de acceso a cargos públicos exige la provisión inmediata del cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial, de conformidad con las competencias asignadas
C-366/11
LEY 1382 DE 2010, “POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 685 DE 2001, CODIGO DE MINAS”
INEXEQUIBLE LA LEY 1382 DE 2010 Y DIFERIR LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD POR UN LAPSO DE DOS AÑOS, CON EL FIN DE PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES ETNICAS A SER CONSULTADAS Y SALVAGUARDAR LOS RECURSOS NATURALES Y LAS ZONAS DE ESPECIAL PROTECCION AMBIENTAL.
Para la Corte, como la Ley 1382 de 2010 contiene decisiones legislativas que inciden directamente en la exploración y explotación de recursos mineros en territorios de las comunidades étnicas, su expedición debió estar precedida de espacios de participación para dichos pueblos, y por tratarse de medidas legislativas que afectan directamente a dichas comunidades, debieron someterse al trámite de consulta previa y por no haberse llevado a cabo dicha consulta previa, la Ley resulta contraria a la Constitución y debe ser declarada inexequible en su integridad. La Corte también consideró las consecuencias del retiro inmediato de la ley, por lo que decidió diferir los efectos de la sentencia de inexequibilidad por un lapso de dos años.
C-367/11
ESTARSE A LO RESUELTO EN C-366 DE 2011
C-368/11
ARANCEL JUDICIAL: NATURALEZA JURIDICA, HECHO GENERADOR Y SUJETO PASIVO (ARTICULOS 1, 3 Y 5 LEY 1394 DE 2010, POR LA CUAL SE REGULA EL ARANCEL JUDICIAL)
La Corte reiteró lo señalado en la sentencia C-713/08, en la que concluyó que el arancel judicial, tenía la naturaleza de una contribución parafiscal, y examinado el arancel regulado en la Ley 1394 de 2010, no cabe duda, que el nuevo arancel corresponde a una contribución parafiscal, como acertadamente lo precisó el legislador, y su establecimiento no desconoce los principios de gratuidad y acceso a la administración de justicia, en la medida que se trata de una contribución que resulta razonable y proporcionada a la finalidad que persigue
CELEBRACION Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, DEDUCCION POR APORTES PARAFISCALES Y SANCION POR INCONSISTENCIAS EN LA DECLARACION DEL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (ARTICULOS 26, 27 Y 28 LEY 1393 DE 2010 QUE DEFINE LAS RENTAS DE DESTINACION ESPECIFICA PARA SALUD Y ADOPTA MEDIDAS PARA PROMOVER ACTIVIDADES GENERADORAS DE RECURSOS PARA LA SALUD)
Para la Corte en el presente caso se adolece de ineptitud sustantiva de la demanda por cuanto no se estructuran verdaderos cargos de inconstitucionalidad claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes
C-370/11
PROHIBICION A LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE ENTREGAR A TERCEROS LA ADMINISTRACION DE TRIBUTOS POR ELLAS ADMINISTRADOS (LEY 1386 DE 2010)
Para la Corte el parágrafo que el actor echa de menos, no tenia que incluirse en el texto conciliado por cuanto sólo fue aprobado por la comisión tercera del Senado de la República y no fue objeto de conciliación, pues no fue aprobado en las plenarias de las cámaras legislativas
C-371/11
TRAMITE DE LOS RECURSOS DE APELACION CONTRA AUTOS Y CONTRA SENTENCIAS EN EL PROCESO PENAL: OPORTUNIDAD PARA INTERPONERLOS (ARTICULOS 178, 179 Y 183 DE LA LEY 906 DE 2004 MODIFICADOS POR LOS ARTICULOS 90, 91 Y 98 DE LA LEY 1395 DE 2010; ARTICULO 210 DE LA LEY 600 DE 2000 MODIFICADO POR EL ARTICULO 101 DE LA LEY 1395 DE 2010 Y ARTICULO 122 LEY 1395 DE 2010 SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE DESCONGESTION JUDICIAL)
ESTARSE A LO RESUELTO EN C-250 DE 2011; EXEQUIBLES LOS ARTICULOS 91 Y 122 DE LA LEY 1395 DE 2010 E INHIBIDA RESPECTO DE LOS ARTICULOS 98 Y 101 DE LA LEY 1395 DE 2010
Para la Corte el trámite del recurso de apelación contra sentencias penales en la audiencia de lectura del fallo no vulnera el derecho de defensa, ni los principios de inmediación y contradicción. Asimismo, la entrada en vigencia de la Ley a partir de su promulgación no impide invocar el principio de favorabilidad
C-372/11
CUANTIA PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACION LABORAL (ARTICULO 86 CODIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL, MODIFICADO POR EL ARTICULO 48 DE LA LEY 1395 DE 2010 POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE DESCONGESTION JUDICIAL)
INEXEQUIBLE EL ARTICULO 48 DE LA LEY 1395 DE 2010
Para la Corte el aumento de la cuantía de 120 a 220 smlmv como medida de descongestión judicial, vulnera derechos fundamentales de los trabajadores
C-373/11
REQUISITOS GENERALES Y ESPECIALES PARA ACCEDER A LOS CARGOS DE MAGISTRADOS DE TRIBUNAL SUPERIOR, FISCAL PENAL MILITAR, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA PENAL MILITAR, FISCAL PENAL MILITAR ANTE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, AUDITOR DE GUERRA Y JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL MILITAR EN LA JURISDICCION PENAL MILITAR (ARTICULOS 4, 7, 10, 12 Y 13 DE LA LEY 940 DE 2005)
EXEQUIBLES LOS ARTICULOS 4, 7, 10 Y 12, E INHIBIDA RESPECTO DEL ARTICULO 13 DE LA LEY 940 DE 2005
Para la Corte no se incurrió en una omisión legislativa relativa por no haberse establecido la exigencia de ser oficial en servicio activo o en retiro de las fuerzas militares para los cargos de fiscal penal militar y juez de instrucción penal militar, pues existen razones de fondo para un trato diferenciado, máxime en tratándose de funcionarios de la jurisdicción penal militar que no ejercen funciones de juzgamiento
C-393/11
LIQUIDACION DE INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS DE DOCENTES POR PARTE DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y EXPRESION “PARTICULARES“ EN TITULO DE UNA LEY (LITERAL B NUMERAL 3 ARTICULO 15 LEY 91 DE 1989 Y LEY 52 DE 1975)
ESTARSE A LO RESUELTO EN C-928/06EN LO QUE RESPECTA A LA MANERA DE LIQUIDAR LOS INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS PREVISTA EN EL LITERAL B DEL NUMERAL 3 DEL ARTICULO 15 DE LA LEY 91 DE 1989, Y EXEQUIBLE LA EXPRESION “PARTICULARES” EN EL TITULO DE LA LEY 52 DE 1975
Para la Corte, de una parte existía cosa juzgada constitucional; y de la otra precisó que el título de la ley, a pesar de no configurar por si mismo una norma con eficacia jurídica directa, si puede ser objeto de control constitucional, en tanto hace parte del contenido de la ley con exigencias específicas
C-394/11
OPORTUNIDAD PARA INTERPONER RECURSO DE CASACION PENAL. ARTICULO 183 LEY 906 DE 2004 MODIFICADO POR EL ARTICULO 98 DE LA LEY 1395 DE 2010 MEDIDAS EN MATERIA DE DESCONGESTION JUDICIAL)
Carencia de razones ciertas, específicas y suficientes
C-395/11
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2009 (MODIFICA Y ADICIONA ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA. SILLA VACIA. NO HABRA SUPLENCIA DE MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES PUBLICAS DE ELECCION POPULAR POR CAUSA DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO MOTIVADA EN INVESTIGACION DE CIERTOS DELITOS
Configuración de la caducidad de la acción de inconstitucionalidad
REGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES PETROLERAS (INCISO 1º ARTICULO 1 DECRETO LEGISLATIVO 284 DE 1957)
ESTARSE A LO RESUELTO EN C-994/01QUE DECLARO EXEQUIBLE EL INCISO 1º DEL ARTICULO 1º DEL DECRETO 284 DE 1957
Para la Corte existía cosa juzgada constitucional.
EXENCION TRIBUTARIA PARA PENSIONES. RENTAS DE TRABAJO EXENTAS (NUMERAL 5 ARTICULO 206 DECRETO 624 DE 1989 - ESTATUTO TRIBUTARIO)
Para la Corte la exención prevista en la norma no vulnera el derecho a la igualdad, toda vez que la seguridad social y en particular la protección especial de las pensiones, ha sido considerado como un derecho fundamental. Además, la situación de los pensionados y los trabajadores asalariados no resultan equiparables puesto que no se encuentra en misma situación fáctica
C-398/11
INCOMPATIBILIDADES DEL ABOGADO. PROHIBICION DE EJERCER LA PROFESION DE ABOGACIA POR QUIEN ESTE PRIVADO DE LA LIBERTAD POR MEDIDA DE ASEGURAMIENTO (NUMERAL 3 ARTICULO 29 LEY 1123 DE 2007 – CODIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO)
La Corte precisó que la prohibición prevista en la norma no resulta incompatible con la Constitución
PROTOCOLO DE LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA ABOLICION DE LA PENA DE MUERTE Y LEY APROBATORIA (LEY 1410 DE 2010)
La Corte encontró que se había presentado un vicio de trámite insubsanable relacionado con el requisito de anuncio previo de votación en sesión diferente a la de discusión y aprobación, cuando la ocurrencia de tal irregularidad se presenta en el Senado de la República
C-400/11
CORRESPONSALES CAMBIARIOS. REQUISITOS PARA ACTUAR (ARTICULO 100 LEY 1328 DE 2010)
Configuración de la caducidad de la acción pública de inconstitucionalidad
C-436/11
PLAZO PERENTORIO PARA DICTAR SENTENCIA EN PROCESO CIVIL, SALVO INTERRUPCION O SUSPENSION POR CAUSA LEGAL, DE UN AÑO EN PRIMERA INSTANCIA Y SEIS MESES EN SEGUNDA INSTANCIA, Y DE DOS MESES EN CASO DE CAMBIO DE ASIGNACION (PARAGRAFO ARTICULO 124 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ADICIONANDO POR ARTICULO 9 LEY 1395 DE 2010, POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS DE DESCONGESTION JUDICIAL)
C-437/11
CREACION, FUNCIONES. ADMINISTRACION Y PATRIMONIO DEL FONDO DE PROTECCION SOLIDARIA SOLDICOM (ARTICULOS 5, 6, 7, 8 Y 9 LEY 26 DE 1989 QUE ADICIONA LA LEY 39 DE 1987 Y DICTA DISPOSICIONES SOBRE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO)
EXEQUIBLES LOS ARTICULOS 5, 7 Y 8; EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DEL ARTICULO 7 EN EL ENTENDIDO QUE EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA DEBERA SUSCRIBIR EL CONTRATO CON LA FEDERACION O FEDERACIONES DE DISTRIBUIDORES MINORISTAS DE COMBUSTIBLES PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PARAFISCALES DE SOLDICOM, E INHIBIDA RESPECTO DE LOS ARTICULOS 6 Y 9 POR VULNERACION DE LOS ARTICULOS 2, 13 Y 363 DE LA CARTA POLITICA
La Corte destacó que los recursos parafiscales emanan de la soberanía del Estado y que si bien procede su administración por una persona jurídica de derecho privado, ésta debe ser contratada por el Gobierno Nacional y no directamente por el Fondo creado por la Ley
C-438/11
GARANTÍA PARA EL EJERCICIO DEL CARGO DE GUARDADOR. AVAL POR PARTE DEL FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS (INCISO TERCERO ARTICULO 82 LEY 1306 DE 2009, POR LA QUE SE DICTAN NORMAS PARA LA PROTECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL Y SE ESTABLECE EL REGIMEN DE REPRESENTACION LEGAL DE LOS INCAPACES EMANCIPADOS)
EXEQUIBLE POR EL CARGO ANALIZADO EL APARTE DEMANDADO DEL ARTICULO 82 DE LA LEY 1306 DE 2009, E INHIBIDA EN RELACION CON EL CARGO POR UNIDAD DE MATERIA
La Corte analizó el trámite de las leyes ordinarias y las leyes marco, concluyendo que no difieren y que no resulta inconstitucional la inclusión de normas marco en leyes ordinarias, siempre que se satisfaga el requisito de unidad de materia y el grado de amplitud que caracteriza las leyes generales o marco
C-439/11
PROHIBICION DE LLEVAR ANIMALES EN VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO DE PASAJEROS (ARTICULO 87 LEY 769 DE 2002 CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE)
EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DE LA EXPRESION “ANIMALES”, EN EL ENTENDIDO QUE SE EXCEPTUAN DE DICHA PROHIBICION LOS ANIMALES DOMESTICOS (MASCOTAS) SIEMPRE Y CUANDO SEAN TENIDOS Y TRANSPORTADOS EN CONDICIONES DE SALUBRIDAD, SEGURIDAD, COMODIDAD Y TRANQUILIDAD SEGÚN REGLAS APLICABLES
C-440/11
CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR. AFILIACION DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA Y AFILIACION VOLUNTARIA. ACCESO A TODOS LOS SERVICIOS EXCEPTUANDO EL SUBSIDIO MONETARIO (ARTICULO 72 LEY 633 DE 2000 Y ARTICULO 19 LEY 789 DE 2002)
EXEQUIBLE LA EXCEPCION PREVISTA EN LOS ARTICULOS 72 DE LA LEY 633 DE 2000 Y 19 DE LA LEY 789 DE 2002
La Corte encontró que las normas que posibilitan la afiliación de los trabajadores independientes y desempleados de manera voluntaria y por cuenta propia a las cajas de compensación familiar para acceder a algunos servicios que ellas ofrecen no configuran una medida regresiva en materia de derechos sociales
C-441/11
EXTINCION DEL DOMINIO. TRAMITE ABREVIADO Y BENEFICIO POR COLABORACION (LEY 1330 DE 2009)
INJURIA Y CALUMNIA. TIPIFICACION PENAL, CIRCUNSTANCIAS DE GRADUACION DE LA PENA, EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD. RETRACTACION (ARTICULOS 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 Y 228 LEY 599 DE 2000 CODIGO PENAL)
La tipificación penal de los delitos de injuria y calumnia no desconoce el principio de legalidad y no constituye una restricción ilegítima a la libertad de expresión
REPOSICION DE VOTOS DE CANDIDATOS ELEGIDOS AL PARLAMENTO ANDINO (ARTICULO 6 LEY 1157 DE 2007)
ESTARSE A LO RESUELTO EN C-502/07Y EXEQUIBLE FRENTE AL CARGO POR INFRACCION AL ARTICULO 109 DE LA CONSTITUCION POLITICA
C-444/11
DEROGATORIA Y VIGENCIA (ARTICULO 628 LEY 1407 DE 2010 CODIGO PENAL MILITAR)
INEXEQUIBLE LA EXPRESION “AL 1º DE ENERO DE 2010” Y EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DEL RESTO DEL ARTICULO EN EL ENTENDIDO QUE LA LEY REGIRA A PARTIR DEL 17 DE AGOSTO DE 2010, FECHA DE SU PROMULGACION
Para la Corte la irretroactividad de la ley penal impone la entrada en vigencia del código penal militar a partir de su promulgación
C-445/11
REQUISITOS PARA ASCENSO DE OFICIALES, NIVEL EJECUTIVO Y SUBOFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL. NO HABER SIDO SANCIONADO EN LOS ULTIMOS TRES (3) AÑOS (NUMERAL 4 PARAGRAFO 4 ARTICULO 21 DECRETO 1791 DE 2000, NORMAS DE CARRERA DEL PERSONAL DE OFICIALES, NIVEL EJECUTIVO, SUBOFICIALES Y AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL)
Para la Corte el requisito de no haber sido sancionado en los últimos tres (3) años para ascender al cargo de subintendente, no constituye una vulneración del derecho a la igualdad
SU.446/11
ACCIONES DE TUTELA INSTAURADAS POR NELSON TRIANA CÁRDENAS Y OTROS EN CONTRA DE LA COMISIÓN DE CARRERA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
(T-2643464 Y ACUMULADOS)
CON EFECTO INTER COMUNIS LA CORTE IMPARTE ORDENES A LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION ENCAMINADAS A PRECISAR LAS CLASES DE NOMBRAMIENTOS QUE EVENTUALMENTE PUDIERON HABERSE PRESENTADO CON OCASIÓN DEL REGISTRO DE ELEGIBLES CONTENIDOS EN EL ACUERDO No. 007 DE 2008 Y DEMÁS ACTOS COMPLEMENTARIOS. DETERMINO LAS PERSONAS COBIJADAS POR LA PROTECCION LABORAL Y CONCEDIO UN PLAZO DE SEIS (6) MESES, A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL FALLO, PARA QUE LA ENTIDAD INICIE LOS TRAMITES PARA CONVOCAR UN CONCURSO PARA PROVEER TODOS LOS CARGOS DE CARRERA DE LA ENTIDAD, Y DOS (2) AÑOS COMO PLAZO MAXIMO PARA QUE LOS CARGOS ESTEN PROVISTOS
SU.447/11
ACCIONES DE TUTELA INSTAURADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y EL FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EN CONTRA DEL CONSEJO DE ESTADO SECCION CUARTA (T-2089121 Y T-2180640). CASO REDUCCION NOMINAL CAPITAL SOCIAL CORPORACION GRANCOLOMBIANA DE AHORRO Y VIVIENDA GRANAHORRAR
LA CORTE DETERMINO QUE EN EL PRESENTE CASO SE INCURRIO EN UNA VIA DE HECHO POR DEFECTO SUSTANTIVO Y DEFECTO PROCEDIMENTAL, POR LO QUE DECIDIO TUTELAR EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y EL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, A LA SUPERINTENDENCIA Y A FOGAFIN. DEJO SIN VALOR Y SIN EFECTOS JURIDICOS LA SENTENCIA DE LA SECCION CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO DE 1º DE NOVIEMBRE DE 2007 Y DECLARO LA CADUCIDAD DE LA ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DESDE EL 5 DE FEBRERO DE 1999
DECOMISO COMO MEDIDA CORRECTIVA EN CONTRAVENCIONES NACIONALES DE POLICIA (NUMERAL 10 ARTICULO 186 Y ARTICULOS 194 Y 213 DEL DECRETO LEY 1355 DE 1970 NORMAS SOBRE POLICIA Y EL ARTICULO 129 DECRETO 522 DE 1971 MODIFICATORIO DEL ARTICULO 220 DEL DECRETO LEY 1355 DE 1970)
EXEQUIBILIDAD DEL TERMINO DECOMISO EMPLEADO EN LOS ARTICULOS DEMANDADOS
Para la Corte el decomiso administrativo previsto como medida correctiva de policía constituye una medida legítima de limitación del derecho de propiedad, que difiere de la extinción de dominio prevista en el articulo 34 de la Constitución, por lo que no requiere de orden judicial
REGIMEN DE INSOLVENCIA PARA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE (ARTICULOS 2, 4, 16, 17, 18, 25 –PARCIALES- LEY 1380 DE 2010)
INHIBIDA INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA
C-461/11
EXPRESION “VISITAS MENSUALES” REFERIDAS A LA CONSTATACION DE INSPECCION Y GARANTIAS QUE SE LE ATRIBUYE A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y LOS PERSONEROS MUNICIPALES Y DISTRITALES PARA CONSTATAR EL ESTADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS INTERNOS (ARTICULO 7 DECRETO 2636 DE 2004 QUE DESARROLLA EL ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2002)
Para la Corte las visitas de inspección no se restringen a una visita mensual sino entendida a un término mínimo de visitas por parte del Ministerio Público, que debe entenderse como la facultad de realizar varias visitas dentro de un mes, sentido acorde con las funciones que compete al Ministerio Público, en la vigilancia y tutela de los derechos de las personas privadas de la libertad
C-468/11
SABER LEER Y ESCRIBIR COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA DE CONDUCCION DE VEHICULOS AUTOMOTORES PARTICULARES (NUMERAL 1 ARTICULO 19 LEY 769 DE 2002 MODIFICADO POR EL ARTICULO 3º LEY 1397 DE 2010)
Para la Corte el requisito previsto en la norma demandada si bien podría excluir a algunos colombianos del ejercicio de una actividad que sin ser un derecho fundamental puede afectar el ejercicio de ciertos derechos como al trabajo o a la circulación sin que tal afectación resulta irrazonable ni desproporcionada, teniendo en cuenta la obligación que le corresponde al Estado de garantizar el acceso a la educación pública gratuita y obligatoria entre los cinco y quince años de edad
CESION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA A CARGO DE LAS LICORERAS DEPARTAMENTALES. DESTINACION DE LOS RECURSOS POR EL DESCUENTO DEL IVA A FINANCIACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL RESPECTIVO DEPARTAMENTO (PARAGRAFO ARTICULO 1º LEY 1378 DE 2010)
EXEQUIBLE E INEXEQUIBLE LA EXPRESION “HASTA TANTO SE LOGRE LA COBERTURA UNIVERSAL Y LA UNIFICACION DEL POS EN EL RESPECTIVO DEPARTAMENTO”
La Corte reiteró los lineamientos en relación con los principios de consecutividad e identidad flexible del debate legislativo, pero encontró que el tema relacionado con la condición temporal de aplicación, no fue propuesto en ninguno de los debates ni mucho menos discutido, por lo que decidió excluirlo del ordenamiento por desconocimiento de los precitados principios
C-470/11
COMPETENCIA POR RAZON DEL LUGAR, DECISION DEL JUEZ RESPECTO DE DERECHOS CIERTOS E IRRENUNCIABLES PROBADOS EN AUDIENCIA O EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCESO, Y SENTENCIAS SUSCEPTIBLES DEL RECURSO DE CASACION LABORAL (ARTICULOS 5, 22 PARAGRAFO 1o Y 86 DEL CODIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL, MODIFICADOS POR LOS ARTICULOS 45, 47 Y 48 DE LA LEY 1395 DE 2010 QUE ADOPTA MEDIDAS EN MATERIA DE DESCONGESTION JUDICIAL)
INEXEQUIBLES LOS ARTICULOS 45 Y 47 DE LA LEY 1395 DE 2010, Y ESTARSE A LO RESUELTO EN C-372/11 QUE DECLARO INEXEQUIBLE EL ARTICULO 48 DE LA LEY 1395 DE 2010
La Corte concluyó que la escogencia del juez para presentar la demanda laboral por parte del actor así como la orden de pagos sustentados en clara prueba documental, vulneran el principio de igualdad, la garantía del debido proceso y el derecho de acceso a la justicia, puesto que no superan test de proporcionalidad
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA POR LA CUAL SE ADOPTAN REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS, DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. REFORMA POLITICA
POR SU ASPECTO FORMAL EXEQUIBLE EL PROYECTO, SALVO EL INCISO TERCERO DEL ARTICULO 28 QUE SE DECLARA INEXEQUIBLE.
EXEQUIBLES LOS ARTICULOS 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 54 Y 55; EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DE LOS ARTICULOS 2, 3, 12, 14, 22, 29, 36 Y 50; Y EXEQUIBILIDAD PARCIAL DE LOS ARTICULOS 10, 13, 28, 30, 45, 46, 47, 51 Y 53
La Corte constató el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos a una ley de naturaleza estatutaria, así como el cumplimiento de los principios de unidad de materia, consecutividad e identidad flexible. Sobre el censo electoral la Corte estimó que se trataba de un instrumento técnico idóneo y racional para la planeación, ejecución y control de los comicios electorales por parte de la Organización Electoral, pero que la exclusión automática del censo por no haber votado en las últimas elecciones constituía una limitación que vulneraba los derechos a la igualdad, a la participación en la conformación del poder político y al sufragio en su dimensión universal y libre, y desconocía la abstención como legítima expresión política.
La Corte excluyó una norma que pretermitía la consulta a las comunidades étnicas indígenas y afrodescendientes, respecto de la adopción de normas que las afectan directamente, como era el caso de las listas en las circunscripciones especiales de minorías étnicas, por lo que decidió declararla inexequible, como igual hizo respecto de otras disposiciones por razones de orden material.
Para la Corte, el proyecto de ley estatutaria cumple con dos finalidades: ofrece herramientas dirigidas a fortalecer el sistema de partidos y movimientos políticos, entre ellas (i) la aplicación uniforme de la prohibición de doble militancia a todas las agrupaciones, con o sin personería jurídica, (ii) la obligación de exigencias precisas en cuanto el contenido de los estatutos; (iii) el reconocimiento estatal y la obligatoriedad de los resultados de las consultas internas y populares que realicen partidos y movimientos; (iv) la vinculación de los modos de financiación al funcionamiento y pertenencia a dichas agrupaciones políticas; (v) la exigencia de estructuras institucionales y procedimientos particulares para el aval e inscripción de candidatos a cargos y corporaciones públicas de elección popular; y (vi) la prescripción de estímulos a la participación política de mujeres, jóvenes y otras minorías; y contempla instrumentos destinados a garantizar la responsabilidad de partidos y movimientos respecto de faltas que vulneran los principios que guían el proceso democrático, aspectos que se ven reflejados en (i) la determinación de un régimen sancionatorio aplicable tanto a los partidos y movimientos, como a sus directivos y (ii) la fijación de topes a la financiación privada de partidos y movimientos políticos, como de las campañas electorales, al igual que la identificación de fuentes de financiación prohibida. Estas finalidades resultan válidas, en el marco propio del constitucionalismo colombiano, que está especialmente interesado en evitar que el sistema de partidos y movimientos resulte afectado por fenómenos dirigidos tanto a su fragmentación y debilitamiento, como a su cooptación por parte de actores ilegales, resultando la norma estatutaria compatible con la Constitución y con las reformas constitucionales de 2003 y 2009 que han llevado a una reformulación del papel y las responsabilidades de los partidos y movimientos políticos en la vida democrática de la Nación
C-538/11
APELACION ANTE JUEZ QUE CONDENO EN PRIMERA O UNICA INSTANCIA DE DECISION DEL JUEZ DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN RELACION CON MECANISMOS SUSTITUTIVOS DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD Y LA REHABILITACION. (ARTICULO 478 LEY 906 DE 2004 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL)
Para la Corte se evidencia ausencia de un verdadero cargo de inconstitucionalidad, en la medida en que se plantea un conflicto entre dos normas legales del mismo código, pero no un problema de constitucionalidad
C-539/11
DELIMITACION DE LA APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DE LAS JURISDICCIONES ORDINARIA Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA PARA LA SOLUCION DE PETICIONES O EXPEDICION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS POR ENTIDADES PUBLICAS (ARTICULO 114 LEY 1395 DE 2010, QUE ADOPTA MEDIDAS EN MATERIA DE DESCONGESTION JUDICIAL)
EXEQUIBLE, EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA E INHIBIDA
Para la Corte el respeto del precedente jurisprudencial por parte de las autoridades administrativas se fundamenta en: (i) el respeto al debido proceso y del principio de legalidad; (ii) el hecho que el contenido y alcance normativo de la Constitución y la ley es fijado válida y legítimamente por las Cortes cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante; (iii) las decisiones de las autoridades administrativas no pueden ser arbitrarias y deben motivarse de manera objetiva y razonable; (iv) el desconocimiento del precedente implica la responsabilidad de los servidores públicos; (v) las actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas deben respetar la igualdad de todos ante la ley. Asimismo la Corte reafirmó el tránsito a cosa juzgada constitucional de los fallos que profiere y su fuerza vinculante para todas las autoridades públicas, de donde el desconocimiento del precedente judicial de las altas cortes por parte de las autoridades administrativas, especialmente de la jurisprudencia constitucional, implica la afectación de derechos fundamentales y por tanto, una violación directa de la Constitución o de la ley, que puede dar lugar a responsabilidad penal, administrativa o disciplinaria.
La Corte se inhibió respecto de la expresión “cinco o más casos” exigidos en el artículo 114 de la ley 1395 de 2010 por ineptitud de la demanda
C-540/11
FUNCIONES DE POLICIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, MEDIOS DE PRUEBA, TRAMITE ABREVIADO, FASE INICIAL, TECNICAS DE INVESTIGACION APLICABLES, PROCEDIMIENTO Y RECURSOS QUE PROCEDEN EN PROCESOS DE EXTINCION DE DOMINIO (ARTICULOS 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 Y 81 LEY 1395 DE 2010 QUE ADOPTA MEDIDAS EN MATERIA DE DESCONGESTION JUDICIAL)
INHIBIDA, ESTARSE A LO RESUELTO EN C-740/03, Y EXEQUIBLES EL INCISO 2º DEL ARTICULO 76 Y EL ARTICULO 78 DE LA LEY 1395 DE 2010
La Corte encontró
que los cargos contra los artículos 74, 75, 77 (inciso segundo, parcial), 79 y 80 de la Ley 1395 de 2010 adolecen de especificidad, pertinencia y suficiencia; constató la existencia de cosa juzgada respecto de los artículos 76 –incisos primero y tercero- y 77 de la Ley 1395 de 2010. Sobre las demás disposiciones referidas a la naturaleza jurisdiccional de las funciones que cumple la Fiscalía General de la Nación y los controles que sobre ella se ejercen en el marco del proceso de extinción de dominio, se fundamenta en razones de tipo material, que no riñen prima facie con los principios de autonomía, imparcialidad e independencia judicial. Por su parte la previsión de una doble instancia para la revisión de las decisiones que dicta el fiscal en las primeras etapas del proceso de extinción de dominio era una obligación constitucional; y por último, la Corte observó que si bien en el proceso de extinción de dominio los fiscales son competentes para ordenar el empleo de técnicas de investigación que afecten los derechos fundamentales, es indispensable que su ejecución esté rodeada de todas las garantías constitucionales, así como de la necesaria intervención de los jueces de conocimiento
C-541/11
REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS, DISTRIBUCION Y COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA EJERCER CONTROL FISCAL DE ESTOS RECURSOS (PARAGRAFOS ARTICULOS 1 Y 2 LEY 1283 DE 2009, MODIFICATORIOS DE LOS ARTICULOS 14 Y 15 DE LA LEY 141 DE 1994)
EXEQUIBLES LOS PARAGRAFOS E INHIBIDA RESPECTO DE LA EVENTUAL INFRACCION DE LOS ARTICULOS 287, 298 Y 360 DE LA CONSTITUCION POLITICA
La Corte precisó que los recursos de regalías y compensaciones monetarias constituyen recursos de las entidades territoriales de naturaleza exógena, y dado que el control fiscal que ejerce la Contraloría General de la Nación, como órgano superior del control fiscal del Estado, no requiere ninguna clase de autorización, ni solicitud, en tratándose de intereses de carácter nacional, y estos recursos, a pesar de que ingresan al presupuesto de las entidades territoriales, no por eso pierden su esencia y no dejan de tener un destino inherente a las finalidades del Estado, pudiendo el Legislador asignar su control a la Contraloría General de la República
RECURSOS DE APELACION CONTRA AUTOS Y SENTENCIAS. OPORTUNIDAD Y TRAMITE (ARTICULOS 90, 91, 98, 101 Y 122 LEY 1395 DE 2010 SOBRE MEDIDAS DE DESCONGESTION JUDICIAL, MODIFICATORIOS DE LOS ARTICULOS 178, 179 Y 183 DE LA LEY 906 DE 2004, Y 210 DE LA LEY 600 DE 2000)
ESTARSE A LO RESUELTO EN SENTENCIAS C-250/11Y 371/11 RESPECTO DE LOS ARTICULOS 90, 91 Y 122, E INHIBIDA RESPECTO DE LOS ARTICULOS 98 Y 101 DE LA LEY 1395 DE 2010
La Corte encontró en el presente caso que se configuraba la cosa juzgada constitucional sobre algunas medidas de descongestión judicial, al igual que el incumplimiento de los requisitos de pertinencia y especificidad exigidos en las demandas de inconstitucionalidad
C-543/11
TRAMITE DE LA AUDIENCIA EN PROCESOS CIVILES VERBALES DE MAYOR Y MENOR CUANTÍA. RECESO DE HASTA DOS HORAS PARA EL PRONUNCIAMIENTO DE LA SENTENCIA. (NUMERAL 4º ARTICULO 432 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL CPC, MODIFICADO POR EL ARTICULO 25 DE LA LEY 1395 DE 2010, QUE ADOPTA MEDIDAS EN MATERIA DE DESCONGESTION JUDICIAL)
Para la Corte la reducción de diez días a dos horas el tiempo máximo de suspensión de la audiencia para dictar sentencia, resultaba idónea para el fin propuesto de celeridad en el proceso civil, además de la proporcionalidad derivada de la comparación entre la restricción al derecho fundamental y los beneficios de la medida, por lo que no se vulnera la garantía de un orden justo ni la efectividad de los derechos fundamentales
C-544/11
EXENCION A LA OBLIGACION DE COTIZAR PARA EL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES POR TRES AÑOS, A LAS PERSONAS CUYOS INGRESOS MENSUALES SEAN INFERIORES O IGUALES A UN SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL (ARTICULO 2 LEY 1250 DE 2008, QUE ADICIONO UN PARAGRAFO AL ARTICULO 19 DE LA LEY 100 DE 1993)
Para la Corte el cargo carece de certeza y pertinencia, en la medida que se funda en una proposición normativa que no está contenida en la expresión demandada, sino que ha sido fundada en conjeturas y presunciones del actor
C-545/11
FUNCIONES DE POLICIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES (ARTICULO 73 LEY 1395 DE 2010, QUE ADOPTA MEDIDAS EN MATERIA DE DESCONGESTION JUDICIAL)
Para la Corte la demanda no cumplió con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia
LICENCIA NO REMUNERADA PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES (ARTICULO 142 LEY 270 DE 1996 ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA)
Para la Corte, en el presente caso opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional
C-573/11
ESTARSE A LO RESUELTO EN C-438/11
La Corte evidenció la existencia de cosa juzgada parcial y determinó que la contragarantía a cargo de Fogafin para respaldar caución del guardador que carezca de capacidad económica, no desconocía el principio de unidad de materia, pues la obligación que allí se establece tiene conexidad con el eje temático de la Ley 1306 de 2009
C-574/11
PROHIBICION AL PORTE Y CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS SICOTROPICAS (ARTICULO 1º PARCIAL DEL ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2009, QUE REFORMA EL ARTICULO 49 DE LA CONSTITUCION POLITICA)
Si bien la Corte determinó la procedencia de la acción pública de inconstitucionalidad por vicios de forma, desde el punto de vista temporal, encontró que en el presente caso, los demandantes no establecieron de manera suficiente por qué la reforma introducida al artículo 49 de la Carta, configuraba una sustitución del principio de autonomía personal, como elemento estructural de la Constitución, inherente a la dignidad humana, por lo que no se conformó una proposición jurídica completa que permitiera entrar a un examen y decisión de fondo sobre el cargo de sustitución de la Constitución, concluyendo que la carga argumentativa de los actores carece de suficiencia para realizar el juicio de inconstitucionalidad.
DEFINICION DE MATRIMONIO EN EL ORDENAMIENTO CIVIL Y EN LAS LEYES QUE REGLAMENTAN EL ARTICULO 42 DE LA CONSTITUCION Y DE PROTECCION DE LA FAMILIA, COMO EL CONFORMADO POR UN HOMBRE Y UNA MUJER (ARTICULOS 113 CODIGO CIVIL, 2 DE LA LEY 294 DE 1996, Y 2 DE LA LEY 1361 DE 2009)
EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “UN HOMBRE Y UNA MUJER” CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO CIVIL; INHIBIDA RESPECTO DE LA EXPRESIÓN “DE PROCREAR” CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO CIVIL, POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LAS DEMANDAS. ASIMISMO SE DECLARO INHIBIDA PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA EXPRESIÓN “DE UN HOMBRE Y UNA MUJER” CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 2º DE LA LEY 294 DE 1996 Y 2º DE LA LEY 1361 DE 2009; Y EXHORTO AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA QUE ANTES DEL 20 DE JUNIO DE 2013 LEGISLE, DE MANERA SISTEMÁTICA Y ORGANIZADA, SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO (HOMOSEXUALES) CON LA FINALIDAD DE ELIMINAR EL DÉFICIT DE PROTECCIÓN QUE AFECTA A LAS MENCIONADAS PAREJAS. ADVIRTIÓ QUE SI PARA EL 20 DE JUNIO DE 2013 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA NO HA EXPEDIDO LA LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE, LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO PODRÁN ACUDIR ANTE NOTARIO O JUEZ COMPETENTE A FORMALIZAR Y SOLEMNIZAR SU VÍNCULO CONTRACTUAL
EL análisis de la Corte giró en torno de la interpretación del alcance del inciso primero del artículo 42 de la Carta Política, para determinar si el matrimonio, en la forma como se define por el artículo 113 del Código Civil, desconoce derechos constitucionales de las parejas que se integran por personas del mismo sexo, precisando que de conformidad con la norma constitucional, la institución familiar puede tener diversas manifestaciones que se constituyen a su vez, a través de distintos “vínculos naturales o jurídicos”, según lo previsto en el precepto superior, no siendo la heterosexualidad una característica predicable de todo tipo de familia y tampoco lo sea la consanguinidad, como lo demuestra la familia de crianza. Para la Corte, no existen razones jurídicamente atendibles que permitan sostener que entre los miembros de la pareja del mismo sexo no cabe predicar el afecto, el respeto y la solidaridad que inspiran su proyecto de vida en común, con vocación de permanencia, o que esas condiciones personales solo merecen protección cuando se profesan entre personas heterosexuales, mas no cuando se trata de parejas del mismo sexo, concluyendo que la protección a las parejas homosexuales no puede quedar limitada a los aspectos patrimoniales de su unión permanente, pues hay un componente afectivo y emocional que alienta su convivencia y que se traduce en solidaridad, manifestaciones de afecto, socorro y ayuda mutua, componente personal que se encuentra en las uniones heterosexuales o en cualquier otra unión que, pese a no estar caracterizada por la heterosexualidad de quienes la conforman, constituye familia.
La Corte concluyó que al no existir en el ordenamiento jurídico colombiano una forma específica para formalizar las uniones con vocación de permanencia entre personas del mismo sexo, se constata la existencia de un déficit de protección de sus derechos que en primera instancia y en armonía con el principio democrático, debe ser atendido por el legislador, dentro del ámbito de su competencia para desarrollar la Constitución Política y adoptar medidas que garanticen el goce efectivo de los derechos de las parejas del mismo sexo. Es así como exhorta al Congreso de la República para que antes del 20 de junio de 2013 legisle, de manera sistemática y organizada, sobre los derechos de las parejas del mismo sexo con la finalidad de eliminar el déficit de protección que afecta a las mencionadas parejas. En cuanto a las acusaciones en contra de la expresión “de procrear”, contenida en la misma disposición legal, la Corte se inhibió de proferir un pronunciamiento de fondo, dado que la interpretación ofrecida por los actores no es atribuible al precepto acusado
C-587/11
ACTUACION DE AGENTES ENCUBIERTOS (ARTICULO 242 LEY 906 DE 2004, POR LA CUAL SE EXPIDE EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL)
Para la Corte la demanda no cumplió con los presupuestos exigidos para su procedencia
C-598/11
EXEQUIBLE EL PARÁGRAFO 2 SALVO LA EXPRESIÓN: “DE FRACASAR LA CONCILIACIÓN, EN EL PROCESO QUE SE PROMUEVA NO SERÁN ADMITIDAS LAS PRUEBAS QUE LAS PARTES HAYAN OMITIDO APORTAR EN EL TRÁMITE DE LA CONCILIACIÓN, ESTANDO EN SU PODER”, QUE SE DECLARA INEXEQUIBLE; Y EXEQUIBLE EL PARÁGRAFO 3º DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY 1395 DE 2010
La Corte encontró que la obligación de aportar las pruebas que las partes tengan en su poder so pena de no poderlas presentar en el proceso judicial, en el evento de que fracase la etapa conciliatoria, vulnera los derechos a la igualdad, acceso a la administración de justicia y el debido proceso. Asimismo, precisó que la inadmisión de la solicitud de conciliación en materia contencioso administrativa por incumplimiento de los requisitos exigidos por la ley y el reglamento, se ajustaba a la Constitución Política
C-599/11
CONTROL FISCAL DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (ARTICULO 81 DECRETO 267 DE 2000, SOBRE ORGANIZACIÓN Y FUCIONAMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ESTABLECE SU ESTRUCTURA ORGANICA Y FIJA FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS)
INEXEQUIBLE. EL CONTROL FISCAL DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEBE SER EJERCIDO POR LA AUDITORIA GENERAL
Para la Corte, derivado de la relación inescindible de subordinación y dependencia del Fondo con respecto a la Contraloría hace que la vigilancia y control sobre el Fondo no deba estar en cabeza de la misma Contraloría General por el impedimento que surge, que la convierte en juez y parte, por lo que procede su control por parte de la Auditoría General de la República
C-600/11
CAUSALES DE RECUSACION. EXPRESIONES “CONYUGE”, “SU CONYUGE”, “O PARTIENTE EN PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD”, DE LOS NUMERALES 7, 8, 10, 11, 13 Y 14 DEL ARTICULO 150 DEL DECRETO 1400 DE 1970 (CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL)
EXEQUIBLES EN EL ENTENDIDO QUE LA EXPRESION “CONYUGE “ Y “SU CONYUGE” COMPRENDEN AL COMPAÑERO O COMPAÑERA PERMANENTE; AL IGUAL QUE “PARIENTE EN PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD” INCLUYE A LOS PARIENTES EN EL GRADO PRIMERO CIVIL COMO HIJO E HIJA ADOPTIVOS Y PADRE O MADRE ADOPTANTES)
En el presente caso la Corte evidenció una omisión legislativa relativa que vulneraba el derecho a la igualdad
C-619/11
PRUEBA DE EMBRIAGUEZ. EN TODO CASO EN QUE PRODUZCA LESIONES PERSONALES U HOMICIDIO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO DEBERÁ ENVIAR A LOS CONDUCTORES IMPLICADOS A LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA DE EMBRIAGUEZ, SO PENA DE CONSIDERARSE FALTA DISCIPLINARIA GRAVE PARA EL FUNCIONARIO QUE NO DÉ CUMPLIMIENTO A ESTA NORMA (ARTICULO 149 LEY 769 DE 2002 CODIGO NACIONAL DE TRANSITO)
Para la Corte la prueba de embriaguez en los términos que la norma prevé no supone una desigualdad de trato frente a los peatones ni sugiere una desventaja probatoria para el conductor sobrio que lesiona a un peatón ebrio, por lo que no se configura una omisión legislativa relativa
CONVENCION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS (LEY 1418 DE 2010)
Para la Corte la “convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, adoptada en nueva york el 20 de diciembre de 2006, mediante la cual se busca fortalecer los mecanismos para enfrentar el delito de desaparición forzada, que en determinadas condiciones constituye un delito de lesa humanidad, y garantizar los derechos de las víctimas, resultan compatibles con la Constitución Política
C-629/11
PROGRESIVIDAD EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES Y OTRAS CONTRIBUCIONES DE NOMINA. LEY DE FORMALIZACION Y GENERACION DE EMPLEO (PARAGRAFO 3º ARTICULO 5º LEY 1429 DE 2010)
La Corte determinó que la progresividad en el pago del subsidio familiar para los trabajadores de nuevas pequeñas empresas, constituye una medida razonable, idónea, adecuada y proporcionada para la formalización y generación de empleo
EXEQUIBLE LA LEY 1425 DE 2010
Para la Corte, la derogación de las normas que establecían incentivos económicos para el actor en acciones populares corresponde al legítimo ejercicio de la potestad de configuración legislativa que no desconoce la igualdad, como tampoco implica una regresión en materia de protección de los derechos colectivos, en la medida que las acciones populares tienen relación con el deber de solidaridad social en la defensa de los intereses de la comunidad y no de una mera expectativa de remuneración
C-631/11
DEROGACION DE NORMAS QUE ESTABLECIAN INCENTIVOS ECONOMICOS PARA ACTORES EN ACCIONES POPULARES (ARTICULOS 1 Y 2 LEY 1425 DE 2010 QUE DEROGAN LOS ARTICULOS 39 Y 40 DE LA LEY 472 DE 1998)
ESTARSE A LO RESUELTO EN C-630/11
C-632/11
MEDIDAS COMPENSATORIAS Y SANCIONES EN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL (ARTICULOS 31 Y 40, PARCIAL, LEY 1333 DE 2009)
EXEQUIBLES EL INCISO PRIMERO DEL ARTICULO 31 Y LOS PARAGRAFOS 1º Y 2º DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 1333 DE 2009
La Corte concluyó que en razón a que las medidas compensatorias previstas en la Ley para restablecer los daños causados por una infracción ambiental no tienen la naturaleza de una sanción, por lo mismo no se desconocen los principios de igualdad, tipicidad, non bis in ídem y la reserva de ley. Asimismo precisó que las medidas compensatorias y las acciones civiles, a la luz de la ocurrencia de un daño ambiental, persiguen fines distintos y protegen diferentes bienes jurídicos. En el caso de las medidas compensatorias, éstas son adoptadas por una autoridad administrativa y su objetivo es la recuperación, rehabilitación y restauración de los sistemas ecológicos que han sido degradados, dañados o destruidos como consecuencia de una infracción ambiental; en tanto que en las acciones civiles, las decisiones son adoptadas por autoridades judiciales dentro del propósito de lograr el resarcimiento del daño ambiental a favor de la persona o personas que hayan podido resultar afectadas
TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNION DE NACIONES SURAMERICANAS UNASUR Y LEY 1440 DE 2011 APROBATORIA DEL TRATADO
La Corte encontró que el tratado constitutivo de UNASUR contempla un proyecto ambicioso de integración regional que corresponde de manera coherente con el discurso integracionista de la Constitución colombiana y resulta enteramente compatible con la noción de democracia material
DEBER DE APLICACIÓN UNIFORME DE LAS NORMAS Y LA JURISPRUDENCIA (ARTICULO 10 LEY 1437 DE 2011, POR LA CUAL SE EXPIDE EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO)
EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA, EN EL ENTENDIDO QUE LAS AUTORIDADES TENDRÁN EN CUENTA, JUNTO CON LAS SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL PROFERIDAS POR EL CONSEJO DE ESTADO Y DE MANERA PREFERENTE, LAS DECISIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUE INTERPRETEN LAS NORMAS CONSTITUCIONALES APLICABLES A LA RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA. ESTO, SIN PERJUICIO DEL CARÁCTER OBLIGATORIO ERGA OMNES DE LAS SENTENCIAS QUE EFECTÚAN EL CONTROL ABSTRACTO DE CONSTITUCIONALIDAD
La Corte destacó la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional para las autoridades administrativas, en ejercicio de sus competencia y evidenció una omisión legislativa, por lo que decidió optar por una sentencia aditiva que integrara al ordenamiento jurídico el supuesto normativo omitido por el Congreso
TARIFAS DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO. TARIFAS PARA LAS SOCIEDADES QUE HAYAN EFECTUADO PROCESOS DE ESCISION O CONSTITUIDO SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DURANTE EL AÑO 2010 (ARTICULO 10 PARCIAL LEY 1430 DE 2010, POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS TRIBUTARIAS DE CONTROL Y PARA LA COMPETITIVIDAD)
EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DE LOS INCISOS CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO DEL ARTICULO 10 DE LA LEY 1430 DE 2010, EN EL ENTENDIDO QUE LOS PROCESOS DE ESCISIÓN, LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS Y LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA A QUE SE REFIEREN SÓLO PUEDEN COMPRENDER LOS ACTOS OCURRIDOS A PARTIR DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010.
En el presente caso la Corte reiteró el principio de irretroactividad fiscal, consistente en la imposibilidad de señalar consecuencias jurídicas a actos, hechos o situaciones jurídicas que ya están formalizados jurídicamente, siendo enfática en advertir que los efectos producidos por la ley tributaria en el pasado debe respetarlos la ley nueva, es decir, que las situaciones jurídicas consolidadas no pueden ser desconocidas por la ley posterior. La Corte concluyó que las normas acusadas afectaban el principio de irretroactividad tributaria, e indirectamente comprometían la vigencia de los principios de confianza legítima y equidad tributaria. Para superar esa problemática estimó que no era necesario declarar su inexequibilidad, ya que podía acudirse a un fallo de constitucionalidad condicionada a fin de excluir la interpretación contraria al principio de irretroactividad.
C-643/11
REGULACION DEL ARANCEL JUDICIAL (LEY 1394 DE 2010)
INHIBIDA PARA EMITIR PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LOS ARTICULOS 3 (PARCIAL) Y 12; Y EXEQUIBLE LA LEY 1394 DE 2010
La Corte encontró que la regulación del arancel judicial no requería del trámite de una ley estatutaria, por cuanto no se refiere a la estructura básica de la administración de justicia ni a principios o aspectos esenciales de la misma.
REPARACION DIRECTA EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A PARTICULARES. PROTECCION DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. (ARTICULOS 140 Y 144 LEY 1437 DE 2011 “POR LA CUAL SE EXPIDE EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO)
INHIBIDA Y EXEQUIBLES LAS EXPRESIONES “… O A UN PARTICULAR QUE HAYA OBRADO SIGUIENDO UNA EXPRESA INSTRUCCIÓN DE LA MISMA” Y “… SIN QUE EN UNO U OTRO EVENTO, PUEDA EL JUEZ, ANULAR EL ACTO O CONTRATO, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDA ADOPTAR LAS MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS PARA HACER CESAR LA AMENAZA O VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS”, CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 140 Y 144 DE LA LEY 1437 DE 2011.
La Corte precisó su competencia para pronunciarse respecto de una norma que aún no está vigente, pero cuyas disposiciones causarán efectos prospectivos. Seguidamente elucidó los problemas propuestos precisando que la enunciación de algunas de las hipótesis en las que procede la acción de reparación directa no excluye otros supuestos de responsabilidad del estado, acorde con el artículo 90 de la Constitución y que de ningún modo la norma consagra una cláusula de irresponsabilidad para el Estado en aquellos eventos en los que no medie instrucción a un particular pero concurran acciones u omisiones de las entidades públicas que ocasionen daños antijurídicos a las personas y que a la luz del artículo 90 de la Carta comprometerían la responsabilidad del Estado. De la misma manera, precisó el ámbito de competencia del juez de la acción popular para adoptar las medidas necesarias dirigidas a hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos
CONTRATACION DE PERSONAL A TRAVES DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. PROHIBICION DE CONTRATACION LABORAL MISIONAL A TRAVES DE ESTAS COOPERATIVAS. REMISION AL C.S.T. PARA DETERMINAR RETRIBUCION DE TRABAJADORES DE PRECOOPERATIVAS Y COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Y DE TRABAJADORES ASOCIADOS POR LAS LABORES REALIZADAS (ARTICULO 63 PARCIAL, LEY 1429 DE 2010)
EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “Y A LOS TRABAJADORES ASOCIADOS POR LAS LABORES REALIZADAS”, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY 1429 DE 2010
La Corte encontró que la remisión que la expresión acusada hace al Código Sustantivo del Trabajo para determinar la retribución de los trabajadores asociados, con la naturaleza de las Cooperativas de Trabajo Asociado de las que forman parte, conduce a la conclusión de que la compensación que en dichas cooperativas reciban los trabajadores asociados por las labores realizadas, debe estar prevista de manera tal que, respetando la naturaleza asociativa y solidaria de esa modalidad de trabajo, resulte equivalente en condiciones a las que se han previsto para la retribución, en aspectos tales como el salario mínimo, el principio de a trabajo igual salario igual; el porcentaje del salario que se puede pagar en especie; las horas extras y el recargo nocturno o el descanso remunerado y las vacaciones, en función del mínimo de garantías previsto en el Código Sustantivo del Trabajo. Precisó que el sentido de la norma no es el de sustituir el régimen legal de las Cooperativas de Trabajo Asociado, ni el que en cada caso, en ejercicio de su autonomía, se haya fijado quienes las conforman, sino que su alcance es el de fijar para los trabajadores asociados unas condiciones de compensación acordes con aquellas que se han previsto como un mínimo de garantías en el Código Sustantivo del Trabajo.
PETICION DE ABSOLUCION PERENTORIA. DECISION DEL JUEZ SIN ESCUCHAR ALEGATOS DE LAS PARTES O INTERVINIENTES (ARTICULO 442 PARCIAL LEY 906 DE 2004)
La Corte encontró que la improcedencia de alegatos de partes o intervinientes antes de que el juez decida sobre la petición de absolución perentoria, no desconoce los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral
COMPETENCIA DEL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO Y CANCELACION DE PERSONERÍAS JURÍDICAS DE ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMUN CON SEDE EN EL DEPARTAMENTO. FACULTAD DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA DELEGAR EN GOBERNADORES Y EN EL ALCALDE DE BOGOTA LA INSPECCION Y VIGILANCIA SOBRE INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMUN (ARTICULOS 1 Y 2 LEY 22 DE 1987)
Para la Corte la demanda no cumple con los requisitos exigidos para la formulación de un cargo por vulneración del principio de igualdad, además de señalar que no se le podía exigir al Congreso de 1987 que se ciñera a las reglas de un trámite legislativo que sólo fue estableció cuatro años después en la Carta Política de 1991
C-679/11
SUPERVISORES Y DIRECTORES DE NUCLEO. ASIGNACION DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS A DOCENTES DIRECTIVOS QUE SE DESEMPEÑEN COMO SUPERVISORES Y DIRECTORES DE NUCLEO POR PARTE DE AUTORIDADES DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y DE MUNICIPIOS CERTIFICADOS (INCISO 3º ARTICULO 39 LEY 715 DE 2001)
Para la Corte la facultad de asignación de que trata la norma constituye un desarrollo del artículo 122 de la Constitución Política, razón por la que las autoridades territoriales pueden, a través de reglamentos generales, asignar funciones administrativas, académicas o pedagógicas adicionales a los funcionarios docentes directivos, sin que se requiera una disposición del Ministerio de Educación Nacional
C-685-11
LEY 1373 DE 2010 (enero 8) Por la cual se garantiza la vacunación gratuita y obligatoria a toda la población colombiana, objeto de la misma y se actualiza el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)
LEY 1375 DE 2010 (enero 8) Por la cual se establece las tasas para la prestación de servicios a través del Sistema Nacional de Identificación y de Información del Ganado Bovino (SINIGAN)
LEY 1377 DE 2010 (enero 8) Por medio de la cual se reglamenta la actividad de reforestación comercial
LEY 1378 DE 2010 (enero 8) Por la cual se regula la cesión del IVA de licores a cargo de las licoreras departamentales en lo correspondiente al descuento del impuesto para los productores oficiales
LEY 1380 DE 2010 (enero 8) Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia para la persona natural No comerciante
En el presente caso, el análisis se centró en el cargo formulado por la ausencia de publicación del Decreto 4906 de 2009, mediante el cual el Gobierno convocó al Congreso a sesiones extraordinarias en las cuales se votaron y aprobaron las citadas leyes, irregularidad que resulta insubsanable. La Corte comenzó por recordar que, según lo previsto en los artículos 138 de la Constitución y 85 del Reglamento del Congreso, las cámaras pueden reunirse en sesiones que se realicen fuera del calendario legislativo ordinario, para cuya validez debe mediar convocatoria del Gobierno, y el Congreso sólo puede sesionar de forma extraordinaria únicamente durante el tiempo que se determine en el acto que lo convoca. Así mismo, las atribuciones que el Congreso ejerza en desarrollo de dichas sesiones son limitadas, pues se supeditan a la agenda determinada por el Gobierno, excepto en materia de control político, función que puede ejercer en cualquier tiempo. La Corte destacó la importancia y trascendencia de la publicación oportuna del decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, advirtiendo que de conformidad con lo previsto en el artículo 119 de la Ley 489 de 1998, la vigencia y oponibilidad de los actos administrativos enunciados en dicho artículo está supeditada a la publicidad, mediante la publicación en el Diario Oficial, y que mientras esta formalidad no sea satisfecha dichos actos no producen efectos jurídicos, pues no están en vigor y no obligan a sus destinatarios. En el caso concreto del Decreto 4906 de 2009, que convocó a sesiones extraordinarias al Congreso desde el 17 de diciembre hasta el 18 de diciembre de 2009, se pudo constatar que la impresión del Diario Oficial 47.565 en el cual se publicó finalizó en las primeras horas del viernes 18 de diciembre de ese año y el mismo sólo estuvo a disposición de la ciudadanía en la mañana del 21 de diciembre siguiente. No obstante, las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes se reunieron y sesionaron, resultando evidente la omisión de un requisito esencial para la reunión del Congreso fuera del calendario legislativo ordinario: la consecuencia para los casos en que el órgano legislativo o alguna de sus cámaras se reúnan “fuera de las condiciones constitucionales”, esto es, sin que se hayan cumplido los requisitos constitucionales y reglamentarios no es otra que la nulidad de la sesión extraordinaria realizada y la carencia de validez de los actos que en ella se hayan llevado a cabo. En esas condiciones, la consecuencia es la declaración de inexequibilidad de las leyes 1373, 1375, 1377, 1378 y 1380 de 2009
19 y 21 -09-11
C-686/11
APOYOS ECONOMICOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI DE GANANCIA OCASIONAL. APLICACIÓN DEL BENEFICIO A PARTIR DEL 2010 (PARAGRAFO TRANSITORIO ARTICULO 16 LEY 1429 DE 2010 – LEY DE FORMALIZACION Y GENERACION DE EMPLEO)
La aplicación del beneficio tributario a partir del 2010 no vulnera el principio de irretroactividad de las normas tributarias
C-687/11
La Corte constató la existencia de cosa juzgada respecto de la exequibilidad de la derogación referida
C-688/11
C-689/11
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA. ORGANIZACION Y NATURALEZA JURÍDICA. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA CORPORATIVA. ELECCION DEL DIRECTOR EJECUTIVO. DERECHOS DE LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RIO MAGDALENA, CONTROL Y VIGILANCIA DE RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE REGALIAS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION (ARTICULOS 1, 12 Y 15 LEY 161 DE 1994, 30 DE LA LEY 141 DE 1994 Y 4 DEL DECRETO 111 DE 1996)
EXEQUIBLES LAS EXPRESIONES DE LOS ARTICULOS 1, 12 Y 15 DE LA LEY 161 DE 1994; Y DEL ARTICULO 30 DE LA LEY 141 DE 1994, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 3º DE LA LEY 1283 DE 2009; Y ESTARSE A LO RESUELTO EN C-275/98
Para la Corte, la organización de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena como un ente corporativo del orden nacional, con autonomía administrativa, presupuestal y financiera, dotada de personería jurídica y con el carácter de Empresa Industrial y Comercial, según lo establece el aparte demandado del artículo 1º de la Ley 161 de 1994, constituye un desarrollo cabal del artículo 331 de la Constitución, que se ajusta a las normas constitucionales. Asimismo precisó que no puede asimilarse la autonomía de que gozan las entidades territoriales a la prevista para las corporaciones autónomas territoriales. Es así como la autonomía que les reconoce el constituyente a las corporaciones autónomas regionales se aproxima más a una forma particular de descentralización por servicios que es la que caracteriza a las denominadas entidades descentralizadas del orden nacional, una de cuyas modalidades es la empresa industrial y comercial del Estado que el legislador escogió para organizar a Cormagdalena y así dotarla de personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal que le permita desarrollar su objeto, acorde con las directrices que tracen sus órganos directivos.
C-690/11
CONTRATACION DE PERSONAL A TRAVES DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. VIGENCIA A PARTIR DEL 1º DE JULIO DE 2013 (PARAGRAFO TRANSITORIO ARTICULO 63 LEY 1429 DE 2010 – LEY DE FORMALIZACION Y GENERACION DE EMPLEO)
INHIBIDA POR DEROGACION DE TEXTO
La Corte encontró que el parágrafo transitorio demandado había sido derogado mediante el artículo 276 de la Ley 1450 de 2011, y en consecuencia, el texto demandado no hace ya parte del ordenamiento jurídico y por tanto, no tiene sentido emitir un pronunciamiento sobre su contenido
SU.691/11
REITERACION DE JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE MOTIVACION DE LOS ACTOS DE DESVINCULACION DE FUNCIONARIOS NOMBRADOS EN PROVISIONALIDAD EN CARGOS DE CARRERA, QUE GOZAN DE UNA ESTABILIDAD LABORAL INTERMEDIA (EXPEDIENTES T-2729320, T-2727673 Y T-2719943)
CONCEDE EL AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA E IMPARTE ORDENES AL REPECTO
C-730/11
En el presente caso la Corte resolvió un problema relacionado con la integración de la Comisión de Conciliación en el trámite de la Ley 1425, encontrando que se ajustaba a los requerimientos de los artículos constitucionales y al reglamento del Congreso
27 -09-11
C-731/11
CUOTA DE COMPENSACION MILITAR. BASE GRAVABLE Y LIQUIDACION (ARTICULO 1º Y PARÁGRAFO 2º (PARCIALES) LEY 1184 DE 2008, QUE REGULA LA CUOTA DE COMPENSACION MILITAR Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES)
Para la Corte, los cargos formulados no cumplen los requisitos de certeza, pertinencia y suficiencia exigidos para la procedencia de la demanda
C-732/11
INHIBIDA POR DEROGACION DE TEXTO Y CARENCIA ACTUAL DE OBJETO
La Corte encontró que el parágrafo transitorio demandado había sido derogado mediante el artículo 276 de la Ley 1450 de 2011, y en consecuencia, el texto demandado no hace ya parte del ordenamiento jurídico y por tanto, no tiene sentido emitir un pronunciamiento sobre su contenido cuando la disposición no está vigente y no se encuentra produciendo efectos
C-746/11
SEPARACION DE CUERPOS, JUDICIAL O DE HECHO, POR MAS DE DOS (2) AÑOS COMO CAUSAL DE DIVORCIO (ARTICULO 154 NUMERAL 8º CODIGO CIVIL, MODIFICADO POR ARTICULO 6º LEY 25 DE 1992)
Para la Corte, la fijación de un término de duración de la separación de cuerpos como causal de divorcio constituye una restricción justificada, razonable y proporcionada desde la perspectiva constitucional
C-747/11
CLASIFICACION DE LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO PARA EFECTOS DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL Y EXIGENCIAS PARA ADELANTAR PROCESOS DE SELECCIÓN PARA PROVEER EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA (ARTICULOS 1, 3 Y 14 (PARCIAL) LEY 1420 DE 2010 QUE DECRETA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1º DE ENERO A 31 DE DIEMBRE DE 2011)
EXEQUIBLES LOS SEGMENTOS DEMANDADOS DE LOS ARTICULOS 1 Y 3; E INEXEQUIBLE EL INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 14 DE LA LEY 1420 DE 2010
Para la Corte, la autonomía de la Comisión Nacional del Servicio Civil no se desconoce por su clasificación en la Ley del Presupuesto Nacional; en tanto que la exigencia de un certificado de viabilidad presupuestal adicional al certificado de disponibilidad presupuestal, para abrir un concurso de méritos, si desconoce el derecho de acceso a la administración pública y la autonomía de dicha Comisión
C-748/11
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA SOBRE HABEAS DATA Y DERECHO A LA INFORMACION (PROYECTO SOBRE PROTECCION DE DATOS PERSONALES)
EXEQUIBLE POR SU ASPECTO FORMAL EL PROYECTO SALVO LOS ARTICULOS 29, 30 Y 31 QUE SE DECLARAN INEXEQUIBLES POR VICIOS DE PROCEDIMIENTO; EXEQUIBLES LOS ARTICULOS DEL PROYECTO SALVO ALGUNAS EXPRESIONES Y LITERALES DE LOS ARTICULOS 6, 8, 20, 23 Y 26; EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DE LOS ARTICULOS 8 Y 19; E INEXEQUIBLE EL ARTICULO 27
Para la Corte resulta constitucional el articulado del proyecto de ley estatutaria que regula el tratamiento de los datos diferentes a los financieros y comerciales con fines de cálculo de riesgo, regulados en algunos casos en la Ley 1266 de 2008
6 -10-11
DELITOS A LOS QUE SE APLICA LA LEY DE JUSTICIA TRANSICIONAL. PROHIBICION DE UTILIZAR COMO PRUEBA EN PROCESO JUDICIAL LA INFORMACION SUMINISTRADA AL SUCRIBIR EL ACUERDO DE CONTRIBUCION A LA VERDAD HISTORICA Y A LA REPARACION. IMPROCEDENCIA DE RECURSO CONTRA AUTOS DE SUSPENSION DE ORDEN DE CAPTURA Y DE SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA (ARTICULOS 1, 4, 6 Y 7 LEY 1424 DE 2010, POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES DE JUSTICIA TRANSICIONAL QUE GARANTICEN VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DESMOVILIZADOS DE GRUPOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY, SE CONCEDEN BENEFICIOS JURÍDICOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
EXEQUIBLES, POR LOS CARGOS ANALIZADOS, LAS EXPRESIONES “CONCIERTO PARA DELINQUIR SIMPLE O AGRAVADO” Y “EN CONTRA DEL CUAL NO PROCEDE RECURSO ALGUNO” CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 1 Y 6º Y 7º DE LA LEY 1424 DE 2010; Y LA EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DEL SEGUNDO INCISO DEL ARTÍCULO 4º DE LA LEY 1424 DE 2010, EN EL ENTENDIDO DE QUE LOS TERCEROS ALLÍ REFERIDOS SON ÚNICAMENTE LOS RELACIONADOS EN EL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LOS DESMOVILIZADOS DEL MISMO GRUPO ARMADO ORGANIZADO AL MARGEN DE LA LEY.
En el presente caso, la Corte precisó el contenido y alcance de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación en contextos ordinarios y en concurrencia con instituciones propias de la justicia transicional que por su naturaleza son excepcionales. Determinó asimismo el concepto de justicia transicional, a través de la cual se aspira a superar una situación de conflicto o postconflicto, haciendo efectivos en el mayor nivel posible, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas frente a un pasado de graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, teniendo como límite la medida de lo que resulte conducente al logro y mantenimiento de la paz social. Precisó que la justicia transicional se ocupa de procesos mediante los cuales se realizan transformaciones radicales a una sociedad que atraviesa por un conflicto o postconflicto, que plantea grandes dilemas originados en la compleja lucha por lograr un equilibrio entre la paz y la justicia, siendo su propósito fundamental el de impedir que hechos acaecidos en el marco de un conflicto vuelvan a ocurrir, por la que su función se concentra en el conocimiento de la verdad y en la reparación, buscando así dar respuesta a los problemas asociados a un conjunto de abusos en contra de los derechos humanos, en un contexto democrático y aplicando medidas de naturaleza judicial o no judicial, a los responsables de los crímenes. Trajo a colación ejemplos de procesos de justicia transicional aplicados en Europa, África y Latinoamérica, señalando que la implantación excepcional de medidas de justicia transicional en determinadas circunstancias históricas, debe ser compatible con su marco constitucional, ya que lo contrario implicaría una disminución de los estándares de justicia y de protección de los derechos de las víctimas que la sociedad tiene derecho a asegurar, como consecuencia y realización de los preceptos, valores y principios consagrados en el texto superior y de las reglas contempladas en los tratados que integran el bloque de constitucionalidad. La Corte admitió que si bien en la Constitución Política de 1991 no existe una referencia específica a la justicia transicional, sí se encuentran al menos, tres alusiones de las cuales puede admitirse la implantación excepcional de tales medidas, siendo la más notoria e importante la frecuente mención a la paz como uno de los objetivos principales del Estado colombiano y como prominente valor constitucional que se traduce en la existencia de derechos y deberes ciudadanos encaminados a hacer posible y sustentable tan anhelada necesidad. A ello se suman, las abundantes y reiteradas referencias a la paz como propósito central del Derecho Internacional en instrumentos constitutivos de los principales organismos internacionales como son la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de Estados Americanos, al igual que en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que forman parte del bloque de constitucionalidad.
Otro aspecto relevante mencionado por la Corte, que sirve de fundamento constitucional aunque indirecto de la justicia transicional, es la presencia en el texto superior de instituciones como la amnistía y el indulto para delitos políticos, que pese a su larga tradición, podrían contarse como posibles herramientas de justicia transicional, útiles y conducentes en la búsqueda y creación de condiciones que hagan posible o al menos faciliten, el logro de la concordia y la paz política y social.
Consideró, asimismo, que debía tenerse en cuenta la expresa mención que la Constitución hace al concepto de política criminal del Estado, a partir del cual se clarifica que siempre que se observen adecuados criterios de proporcionalidad y razonabilidad y no se contravenga ninguna expresa prohibición constitucional, la mayor parte del contenido específico de las normas penales tanto sustanciales como procesales, no dependerá directamente de aquellos preceptos, sino de los que en cada momento consideren adecuado y pertinente los distintos órganos que tienen a su cargo el diseño, seguimiento y eventual ajuste de tales políticas, perspectiva desde la cual resulta posible asumir que la implantación de mecanismos propios de la justicia transicional es una alternativa válida dentro del marco constitucional, cuando concurran especiales circunstancias que justifican la adopción excepcional de este tipo de medidas.
En relación con los cargos formulados, siendo el objeto de la precitada Ley, el de contribuir al logro de la paz perdurable y a la satisfacción de las garantías de verdad, justicia y reparación, dentro de un marco de justicia transicional, constituye un instrumento para promover la reintegración a la sociedad, exclusivamente de personas desmovilizadas de los grupos armados organizados al margen de la ley, mediante el otorgamiento de determinados beneficios cuya promesa podría inducir ese proceso de desmovilización, siendo advertido por la Corte, la delimitación de los sujetos a quienes se aplicará esta ley que, en consecuencia, serán las únicas personas que podrán invocar y en cuyo favor habrán de concederse los beneficios jurídicos desarrollados por los artículos de la misma, sin que la aplicación de los beneficios contenidos en la ley y que en esta impliquen que el Estado colombiano renuncie a la investigación y juzgamiento de esas conductas, en particular, el concierto para delinquir, sea simple o agravado, en el que tanto la Fiscalía como los jueces de la República deberán velar no sólo por el respeto de las garantías fundamentales de los acusados, sino por el reconocimiento de los derechos de las víctimas, incluyendo la materialización de la reparación de los daños irrogados, en todos sus aspectos, al punto que para que el Gobierno Nacional pueda hacer las solicitudes correspondientes a las autoridades judiciales se exige al mismo tiempo que existan manifestaciones inequívocas de compromiso con la verdad y la paz y la indemnización de las víctimas. Respecto de la disposición que no permite utilizar la información recaudada en el marco de los acuerdos de que trata esta ley como prueba en ningún proceso judicial en contra del sujeto que suscribe el Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y a la Reparación, dentro del marco de la justicia transicional, la Corte encontró que en desarrollo de políticas estatales encaminadas al esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de responsables de la comisión de delitos, resulta ajustado a la Constitución. De otra parte, la Corte no encontró justificación constitucional alguna para que la información proveniente de los citados acuerdos, no pueda ser empleada contra terceros, advirtiendo que entre los terceros, se encuentran las personas mencionadas en el artículo 33 de la Constitución Política, protegidas con la garantía de no autoincriminación, por lo que ha de entenderse que la expresión “o en contra de terceros”, se refiere a las personas enunciadas en el artículo 33 de la Carta, al igual que, dado el ámbito de aplicación de la Ley 1424 de 2010 que comprende a todos los desmovilizados del grupo organizado armado al margen de la ley, beneficiarios de los mecanismos de justicia transicional previstos en ésta, la referencia a los “terceros”, comprende también a los desmovilizados del mismo grupo armado organizado al margen de la ley. Existe la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar todo comportamiento que revista características de delito, en particular cuando se trate de graves violaciones de derechos fundamentales, y habida cuenta que el ámbito de aplicación de la Ley 1424 de 2010 comprende a todos los desmovilizados del grupo organizado armado al margen de la ley, beneficiarios de los mecanismos de justicia transicional previstos en ésta. En relación con la improcedencia de recurso prevista en los artículos 6º y 7º de la Ley 1424 de 2010, la Corte aclaró que se refiere únicamente a los autos de sustanciación en que se informa a las partes e intervinientes de la solicitud formulada por el Gobierno Nacional para la concesión de los beneficios previstos en la citada ley y no a los que contienen decisiones de fondo sobre lo solicitado, respecto de las cuales es claro que proceden tanto los recursos de reposición como el de apelación. La regla conforme a la cual no podrá ser objeto de recurso el auto que pone en conocimiento de las partes e intervinientes la solicitud de libertad que hubiere elevado el Gobierno a la autoridad judicial competente, no afecta el derecho de las víctimas a ser oídas frente a cuál debe ser el resultado de tales solicitudes y en tal medida, no supone menor eficacia del recurso judicial que conforme a las disposiciones constitucionales e internacionales debe procurarse a las víctimas, con el fin de garantizar los derechos que les asisten a la verdad, la justicia y la reparación
14 -10-11
C-787/11
PERENCION EN PROCESOS EJECUTIVOS (ARTICULOS 23 LEY 1285 DE 2009, POR LA CUAL SE REFORMA LA LEY 270 DE 1996 ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA)
ESTARSE A LO RESUELTO EN C-713/08
La Corte constató la existencia de cosa juzgada constitucional respecto de norma estatutaria
C-788/11
ACUERDO DE COOPERACION Y REGIMEN DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES ENTRE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (LEY 1441 DE 2011 APROBATORIA DEL ACUERDO)
En criterio de la Corte, los privilegios e inmunidades de los Estados y las agencias internacionales huéspedes en Colombia, “quedan supeditados a que, efectivamente, propendan por la defensa de la independencia, igualdad y soberanía del organismo de derecho internacional de que se trate”, precisando que como lo ha sostenido la jurisprudencia, a la luz de la Constitución, en el territorio colombiano ningún Estado u organismo internacional goza de inmunidad absoluta
C-789/11
INCLUSION DE LA BONIFICACION POR COMPENSACION COMO PARTIDA COMPUTABLE PARA LIQUIDAR PRESTACIONES SOSCAILES DE OFICIALES, SUBOFICUIALES, MIEMBRSO DEL NIVEL EJECUTIVO Y AGENTES DE LAS FUERZAS MILITAERES Y DE POLICICA Y POR SU INCLUSION DESAPARECERA COMO BONIFICACION (ARTICULO 1º LEY 420 DE 1998, MODIFICATORIA DE LOS DECRETOS LEYES 1211, 1212, 1213 DE 1990 Y EL DECRETO 1091 DE 1995)
EXEQUIBLE LA EXPRESION “Y POR TANTO DESAPARECERÁ COMO BONIFICACIÓN”, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY 420 DE 1998.
Para la Corte, el artículo 1º de la Ley 420 de 1998, amplía el ámbito de la protección de los miembros de la Fuerza Pública que se encuentren en servicio activo, como también de quienes estando retirados del servicio hayan sido beneficiados con el reconocimiento de asignación de retiro o pensión de jubilación, confiriéndole carácter salarial a la Bonificación por Compensación que se reconoció al personal de la Fuerza Pública en servicio activo, con el fin de que la misma se pueda computar para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales periódicas de dicho personal, lo que se extiende al personal retirado con pensión o asignación de retiro, de manera que la Bonificación pasó a ser un factor salarial permanente y periódico que amplía la base de liquidación de las asignaciones de retiro y pensionales, lo que para la Corte, en nada desconoce los postulados del Estado social de derecho, pues aumenta los beneficios laborales, sin transgresión del principio de progresividad y sin atentar contra los derechos adquiridos por los destinatarios de la norma.
C-790/11
GESTOR REPUTADO COMO UNICO DUEÑO EN LAS RELACIONES EXTERNAS DE LA PARTICIPACION Y RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPE NO GESTOR (ARTICULOS 510 Y 511 DECRETO 410 DE 1971 CODIGO DE COMERCIO)
Para la Corte, las operaciones que en calidad de comerciantes realizan el gestor y el partícipe no gestor, en función del contrato de cuentas en participación, son acordes con el libre ejercicio de la actividad económica y del bien común. Asimismo señaló que el contrato de cuentas en participación configura una expresión jurídica de las reglas contempladas en el Título I del Código de Comercio, que definen y demarcan los sujetos que se ocupan de actividades consideradas mercantiles y que los sujetos que estructuran este contrato el partícipe gestor y partícipe inactivo o no gestor, desarrollan una garantía constitucional a través de operaciones mercantiles libres, facultados para participar como personas naturales en actividades propias del ámbito privado o público y no tienen más cortapisa que el cumplimiento del objeto contractual, el respeto de los principios constitucionales y legales y el apego a las disposiciones que los involucran en determinada gestión, sin desmedro de las responsabilidades a que puedan dar lugar, si se distancian de tales postulados y mandatos.
C-791/11
REFORMA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (LEY 1438 DE 2011)
Para la Corte, la reforma realizada a través de la Ley 1438 de 2011 al sistema de seguridad social en salud no requería el trámite de ley estatutaria y dada la modalidad del examen de constitucionalidad en la cual se estudia un cargo general de vulneración del artículo 153 de la Constitución, la Corte concluyó que a pesar de que la Ley 1438 de 2011 regula el derecho a la salud, no puede examinarse el detalle del contenido de algunas sus disposiciones. Así, se concluyó que el cargo no está llamado a prosperar y en consecuencia, declaró la exequibilidad del cuerpo normativo en su conjunto.
ACUERDO RELATIVO A LOS SERVICIOS POSTALES DE PAGO (LEY 1442 DE 2011 APROBATORIA DEL ACUERDO)
La Corte concluyó que el Acuerdo adoptado en el marco de la Unión Postal Universal de Naciones Unidas, respeta la soberanía nacional y los principios y derechos constitucionales.
C-807/11
COPIAS DE ACTUACIONES JUDICIALES. EXPEDICION DE COPIAS NO AUTENTICADAS SIN AUTO QUE LAS AUTORICE Y SIN QUE TALES COPIAS TENGAN VALOR PROBATORIO ALGUNO (NUMERAL 5º ARTICULO 115 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, MODIFICADO POR EL ARTICULO 1º NUMERAL 63 DEL DECRETO 2282 DE 1989)
La Corte constató el incumplimiento de los requisitos de certeza, pertinencia y suficiencia en los cargos de inconstitucionalidad formulados.
EXTENSION DE LOS EFECTOS DE LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, EN TRATANDOSE DE SENTENCIAS DE UNIFICACION QUE RECONOZCAN DERECHOS, A TERCEROS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES, A QUIENES LO SOLICITEN Y ACREDITEN LOS MISMOS SUPUESTOS FACTICOS Y JURIDICOS (ARTICULO 102 LEY 1437 DE 2011 CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO)
EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DE LOS INCISOS PRIMERO Y SEPTIMO DEL ARTICULO 102 DE LA LEY 1437 DE 2011, ENTENDIÉNDOSE QUE LAS AUTORIDADES AL EXTENDER LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DE UNIFICACION DEL CONSEJO DE ESTADO DEBEN OBSERVAR CON PREFERENCIA LOS PRECEDENTES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUE INTERPRETEN NORMAS CONSTITUCIONALES
La Corte consideró que si bien en principio la jurisprudencia constituye un criterio auxiliar de interpretación, reiteró que ella tiene fuerza vinculante para los funcionarios judiciales cuando se trata de la proferida por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones y tal fuerza vinculante deriva de mandatos constitucionales, y que excluir de ese deber las sentencias de la Corte Constitucional, de control abstracto y de unificación, constituye una omisión legislativa que se subsana con el condicionamiento previsto
C-817/11
DECLARACION DE LA CATEDRAL DE EL ESPINAL COMO MONUMENTO NACIONAL (LEY 1402 DE 2010, POR LAS CUAL LA NACION SE ASOCIA A LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DE LA DIOCESIS DEL ESPINAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA)
INEXEQUIBLE LA LEY
Para la Corte, la ley de honores no puede desconocer la neutralidad del Estado en materia religiosa
REGULACION DEL DERECHO DE PETICION EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ARTICULOS 10, 13 A 33 Y 309 DE LA LEY 1437 DE 2011)
INHIBIDA RESPECTO DEL ARTICULO 10; INEXEQUIBLES LOS ARTICULOS 13 A 33; Y EXEQUIBLE LA EXPRESION CONTENIDA EN EL ARTICULO 309 DE LA LEY 1437 DE 2011. LOS EFECTOS DE LA INEXEQUIBILIDAD DECLARADA QUEDAN DIFERIDOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, A FIN DE QUE EL CONGRESO EXPIDA LA LEY ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE
Para la Corte la regulación del derecho de petición requiere de la expedición de una ley estatutaria, en virtud de lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 de la Constitución Política para derechos fundamentales
UTILIZACION DE DINEROS, BIENES O DOCUMENTOS EN PROVECHO PROPIO O DE UN TERCERO COMO FALTAS A LA HONRADEZ DEL ABOGADO (NUMERAL 4 ARTICULO 54 DECRETO 196 DE 1971 ESTATUTO DEL EJERCICIO DE LA ABOGACIA)
Para la Corte se configura una ineptitud sustancial de la demanda, por cuanto no se cumplen los requisitos para un pronunciamiento de fondo
C-820/11
TRAMITE DE LAS EXCEPCIONES EN EL PROCESO LABORAL. PROPOSICION COMO PREVIA DE LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION Y LA EXCEPCION DE COSA JUZGADA ARTICULO 32 DEL CODIGO PROCESAL DE TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MODIFICADO POR EL ARTICULO 1º DE LA LEY 1149 DE 2007)
EXEQUIBLE LA EXPRESION “TAMBIEN PODRA PROPONERSE COMO PREVIA LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION CUANDO NO HAYA DISCUSION SOBRE LA FECHA DE EXIGIBILIDAD DE LA PRETENSION O DE SU INTERRUPCION O DE SU SUSPENSION, Y DECIDIR SOBRE LA EXCEPCION DE COSA JUZGADA, DEL ARTICULO 32 DEL CODIGO PROCESAL DE TRABAJO, MODIFICADO POR LA LEY 1149 DE 2007
Para la Corte la opción de plantear como excepciones previas la prescripción y la cosa juzgada no vulnera los derechos al debido proceso y de acceso a la justicia
C-821/11
OBJECIONES GUBERNAMENTALES A PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY 860 DE 2003, REFERIDA AL REGIMEN DE PENSION DE VEJEZ POR EXPOSICION DE ALTO RIESGO
FUNDADA LA OBJECION GUBERNAMENTAL E INEXEQUIBLE EL PROYECTOP DE LEY
La Corte encontró que el Congreso incurrió en vicios de trámite de carácter insubsanable, por infringir la reserva de iniciativa gubernamental prevista en el artículo 154 de la Constitución, además de haberse demostrado que el Gobierno nunca prestó con consentimiento en el trámite del proyecto
C-822/11
SUJETOS PASIVO DE LOS IMPUESTOS TERRITORIALES. IMPUESTO PREDIAL Y DE VALORIZACION A CARGO DE TENEDORES DE INMUEBLES PUBLICOS A TITULO DE CONCESION (ARTICULO 54 LEY 1430 DE 2010)
EXEQUIBLE LA EXPRESION “EN MATERIA DE IMPUESTO PREDIAL Y VALORIZACION, IGUALMENTE SON SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO LOS TENEDORES DE INMUEBLES PUBLICOS A TITULO DE CONCESION” DEL ARTICULO 54 DE LA LEY 1430 DE 2010
Para la Corte, el establecimiento de los sujetos pasivos del impuesto predial y de la contribución por valorización no desconoce los principios de consecutividad e identidad flexible, como tampoco los principios de legalidad y equidad tributaria
C-823/11
REGIMEN DE LOS SERVICIOS POSTALES: INTERVENCION DEL ESTADO, REQUISITOS PARA SER OPERADOR POSTAL, ENTIDAD REGULATORIA, REGIMEN TARIFARIO, POLITICA POSTAL, FUNCIONES REGULATORIAS DE LA CRC Y VIGILANCIA DE OPERADORES DE SERVICIOS POSTALES DE PAGO (ARTICULOS 2, 3, 4, 11, 12, 18, 20 Y 22 LEY 1369 DE 2009 QUE ESTABLECE EL REGIMEN DE LOS SERVICIOS POSTALES)
EXEQUIBLES LOS ARTICULOS 2, 3, 4, 11 Y 20, AL IGUAL QUE EXPRESIONES DE LOS ARTICULOS 12, INCISOS 1 Y 3 DEL ARTICULO 18, LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL ARTICULO 20 Y UNA EXPRESION DEL ARTICULO 22; E INHIBIDA FRENTE AL CARGO POR OMISION LEGISLATIVA CONTRA EL LITERAL B Y EL INCISO SEPTIMO DEL ARTICULO 4 Y EL ARTICULO 22 DE LA LEY 1369 DE 2009
La Corte concluyó que los servicios postales de pago o giro no constituyen actividad de naturaleza financiera y precisó las competencias del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones y de la Comisión de Regulación de Comunicaciones en relación con los servicios postales
C-824/11
EXPRESIONES SEVERAS Y PROFUNDAS COMO DEFINITORIAS DE LAS LIMITACIONES PARA DETERMINAR EL AMBITO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE PROTECCION, ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS CON LIMITACION (ARTICULO 1 LEY 361 DE 1997)
EXEQUIBLES LAS EXPRESIONES “SEVERAS Y PROFUNDAS” DEL ARTICULO 1 DE LA LEY 361 DE 1997
Para la Corte la clasificación del grado de severidad de una limitación no implica la negación y vulneración de un derecho, sino la aplicación de medidas especiales establecidas por la misma ley para personas con discapacidad en cierto grado de severidad y que en estas situaciones debe hablarse de personas que por estado de salud física o mental se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, que les dificulta trabajar en ciertas actividades o hacerlo con algunas limitaciones y requieren de una asistencia y protección especial.
CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA. EXPRESION “SI LOS RECURSOS NO SE DECIDEN EN EL TERMINO FIJADO EN ESTA DISPOSICION SE ENTENDERAN FALLADOS A FAVOR DEL RECURRENTE” (ARTICULO 52 LEY 1437 DE 2011 CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO)
Para la Corte, el artículo 52 parcialmente acusado, establece una modalidad de silencio administrativo positivo frente a la omisión en resolver los recursos contra actos administrativos sancionatorios. Esta disposición hace parte del capítulo referente al procedimiento administrativo sancionador del cual es titular el Estado como una manifestación del jus punendi. La Corte advirtió que acorde con el artículo 29 de la Constitución, dicho procedimiento exige que en todas sus etapas se observen las garantías propias del debido proceso. Como parte de este derecho, el legislador debe fijar unos plazos razonables para que las autoridades resuelvan la situación jurídica de quien es investigado. Además, los principios que rigen la función administrativa exigen que las actuaciones administrativas cumplan los requisitos de celeridad y eficacia para lograr los fines del Estado, entre ellos, la efectividad de los derechos de los asociados, como lo es el debido proceso. La Corte consideró que el término de un año fijado por el precepto acusado se ajusta al derecho al debido proceso que se impone en toda clase de actuación estatal y que le permite al ciudadano, sujeto de la investigación, conocer en un término más que razonable para resolver una impugnación frente a una sanción administrativa. Cosa distinta es que en circunstancias excepcionales de fuerza mayor o caso fortuito, pueda justificarse la mora en la resolución del recurso. La procedencia del silencio administrativo positivo constituye un apremio para la Administración negligente, una carga que se impone por el legislador en ejercicio de su potestad de configuración, para que la Administración resuelva en tiempo el recurso interpuesto por el infractor. De esta forma, el silencio administrativo positivo resulta un medio idóneo para conseguir la finalidad que persigue el legislador, es decir, que es efectivamente conducente para soliviar las cargas impuestas a los administrados por la inactividad o desidia del Estado al dejar de responder una solicitud, en este caso, un recurso.
C-876/11
ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE CATORCE AÑOS. ACTOS SEXUALES CON MENOR DE CATORCE AÑOS (ARTICULOS 208 Y 209 LEY 599 DE 2000 CODIGO PENAL)
EXEQUIBLES LAS EXPRESIONES “…DE CATORCE AÑOS” DE LOS ARTICULOS 208 Y 209 DE LA LEY 599 DE 2000
La demanda está encaminada a la eventual configuración de una omisión legislativa relativa por no incluir como víctimas de los delitos descritos a los menores entre 14 y 18 años. Sin embargo, la Corte encontró que no existe para las personas comprendidas en este rango de edades un deber de protección especial idéntica a la que se predica de los menores de catorce años, toda vez que su capacidad de comprensión y valoración del acto sexual difiere de la de los menores de catorce años. La Corte encontró que las conductas punibles tipificadas en personas menores de catorce años en los artículos 208 y 209 se ajustan a los preceptos constitucionales.
C-877/11
DEVOLUCION DE IMPUESTOS CON PRESENTACION DE GARANTÍA (ARTICULO 860 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO MODIFICADO POR EL ARTICULO 18 DE LA LEY 1430 DE 2010 POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS TRIBUTARIAS DE CONTROL Y PARA LA COMPETITIVIDAD)
INEXEQUIBLE LA EXPRESION: “MAS LAS SANCIONES DE QUE TRATA EL ARTICULO 670 DE ESTE ESTATUTO SIEMPRE QUE ESTAS ULTIMAS NO SUPEREN LOS DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES” DEL ARTICULO 18 DE LA LEY 1430 DE 2010
En el presente caso se trata de resolver si la exigencia de una garantía previa para obtener la devolución de impuestos ya pagados vulnera la presunción de inocencia y el principio de buena fe, en la medidas que se partiría de la responsabilidad no probada del contribuyente al exigirse la suscripción de una caución que cubre además del monto objeto de devolución eventuales sanciones tributarias. La Corte consideró que el Legislador tributario al establecer la suscripción de la garantía no está violando la presunción de inocencia ni invirtiendo la carga de la prueba, pero si se está presumiendo la mala fe cuando se le obliga a extender la caución por eventuales sanciones que impondría la administración, además del resultado perverso de dicha extensión.
C-878/11
SANCION POR VIOLACION A LAS CONDICIONES DE UNA EXENCION. ESTA SANCION PODRA IMPONERSE POR LAS ACTIVIDADES DE LOS ULTIMOS TRES (3) AÑOS. (ARTICULO 8º LEY 1430 DE 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN NORMAS TRIBUTARIAS DE CONTROL Y PARA LA COMPETITIVIDAD)
EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DEL INCISO FINAL DEL ARTICULO 8º DE LA LEY 1430 DE 2010, EN EL ENTENDIDO QUE EL TERMINO ALLI PREVISTO CONSAGRA UNA PRESCRIPCION ESPECIAL A LA FACULTAD SANCIONATORIA DE LA ADMINISTRACION
En el presente caso se trata de resolver si la medida vulnera el principio de irretroactividad de las normas tributarias al habilitar a la Administración de Impuestos a aplicar una sanción a conductas realizadas con anterioridad a la vigencia de la ley; y a determinar si con la norma se establece un plazo de prescripción fiscal especial que reconoce el ordenamiento tributario a la Administración para sancionar a distribuidores de combustibles líquidos ampliando el término de prescripción general de dos a tres años para este caso particular. Para la Corte la primera interpretación resulta inaceptable por la irretroactividad de la aplicación de las normas tributarias. En cuanto a la segunda interpretación la Corte no encontró reparos por tratarse de una medida surgida de la libertad de configuración del legislador en materia tributaria que se irradia en su potestad sancionatoria.
OBLIGACION DE INSCRIPCION PARA DEFINICION DE SITUACION MILITAR (ARTICULO 14 LEY 48 DE 1993)
EXEQUIBLES EL ARTICULO 14 Y EL LITERAL G DEL ARTICULO 41 DE LA LEY 48 DE 1993, QUE REGLAMENTA EL SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y MOVILIZACION
La Corte encontró que las medidas autorizadas para compeler a quien no ha cumplido con la obligación de inscribirse para definir su situación militar, no pueden consistir en retenciones arbitrarias que vulneren la libertad personal o la reserva judicial
C-880/11
ESTARSE A LO RESUELTO EN C-630/11Y C-730/11EN QUE SE DECLARO LA EXEQUIBILIDAD DE LA LEY 1425 DE 2010
C-881/11
RECHAZO DE LA SOLICITUD DE PRECLUSION. EL JUEZ QUE CONOZCA DE LA PRECLUSION QUEDARA IMPEDIDO PARA CONOCER DEL JUICIO. (ARTICULO 335 LEY 906 DE 2004 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL)
La Corte ratificó la diferencia de roles institucionales que cumplen en el proceso de tendencia acusatoria el juez y el fiscal, concluyendo que no concurren los presupuestos para la estructuración de una omisión legislativa relativa
C-882/11
ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2009 QUE REFORMA EL ARTICULO 49 DE LA CONSTITUCION POLITICA. PROHIBICION DE PORTE Y CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES O SICOTROPICAS SALVO PRESCRIPCION MEDICA. MEDIDAS Y TRATAMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE ORDEN PEDAGOGICO, PROFILACTICO O TERAPEUTICO. CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL ADICTO. ATENCION ESPECIAL DEL ESTADO AL ADICTO Y SU FAMILIA Y CAMPAÑAS DE PREVENCION CONTRA EL CONSUMO Y A FAVOR DE LA RECUPERACION DE LOS ADICTOS
La Corte entendió que la finalidad del acto legislativo era la de prevenir y atacar la drogadicción como un problema de salud pública, ámbito de aplicación en que no se encuadran las prácticas ancestrales de las comunidades indígenas. Concluyó que la reforma constitucional introducida al artículo 49 de la Constitución Política no requería la realización de consulta previa a las comunidades indígenas.
C-883/11
EXCEPCION A LA REGLA DE INEFICACIA DE LAS DECLARACIONES DE RETENCION EN LA FUENTE PRESENTADAS SIN PAGO TOTAL (ARTICULO 580-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO ADICIONADO MEDIANTE ARTICULO 15 LEY 1430 DE 2010, POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS TRIBUTARIAS DE CONTROL Y PARA LA COMPETITIVIDAD)
EXEQUIBLE LA EXPRESION “IGUAL O SUPERIOR A OCHENTA Y DOS MIL (82.000) UVT”, DEL ARTICULO 15 DE LA LEY 1430 DE 2010.
La Corte encontró que la excepción a la regla de ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago que efectúe el retenedor que tenga un saldo a favor igual o superior a 82.000 UVT, no configura un trato discriminatorio.
C-898/11
REQUISITOS PARA EJERCER EL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL (ARTICULO 158 LEY 136 DE 1994, POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS TENDIENTES A MODERNIZAR LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS”
INEXEQUIBLES LAS EXPRESIONES “TITULO DE ABOGADO” Y “EN DISCIPLINAS ECONOMICAS , ADMINISTRATIVAS O FINANCIERAS” DEL INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 158 DE LA LEY 136 DE 1994
Para la Corte los requisitos constitucionales para se elegido contralor municipal no pueden ser modificados por el legislador
C-899/11
DESTINATARIOS DEL CODIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO. SE ENTIENDEN COBIJADOS BAJO ESTE REGIMEN LOS ABOGADOS QUE DESEMPEÑEN FUNCIONES PUBLICAS RELACIONADAS CON DICHO EJERCICIO (INCISO SEGUNDO ARTICULO 19 LEY 1123 DE 2007)
Para la Corte la responsabilidad disciplinaria y ética de los abogados que desempeñen funciones públicas no vulnera la prohibición de doble juzgamiento ni desconoce la competencia de la Procuraduría General de la Nación
OBLIGACIONES ESPECIALES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. GARANTIZAR LA ATENCION PRIORITARIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NUMERAL 6º ARTICULO 46 LEY 1098 DE 2006)
Para la Corte la atención prioritaria e inmediata de los niños, niñas y adolescentes por el sistema de seguridad social en salud no desconoce la libertad de conciencia, ni el libre desarrollo de la personalidad, ni el debido proceso
C-901/11
CONTRATACION DEL PERSONAL MISIONAL PERMANENTE POR EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. PROHIBICION DE CONTRATACION MEDIANTE LA MODALIDAD DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. VIGENCIA DE LA PROHIBICION A PARTIR DEL 1º DE JULIO DE 2013. (PARAGRAFO TRANSITORIO ARTICULO 103 LEY 1438 DE 2011, POR LA CUAL SE REFORMA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD)
La Corte constató la derogatoria del parágrafo transitorio que difería la prohibición hasta el año 2013, con la promulgación de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014), que contempló la modalidad de derogatoria general al establecer que “deroga todas las disposiciones que le sean contrarias”
C-902/11
ESTARSE A LO RESUELTO EN C-630/11Y EXEQUIBLE LA LEY 1425 DE 2010 EN RELACION CON EL CARGO POR VIOLACION DE RESERVA DE LEY ESTATUTARIA.
La Corte constató la existencia de cosa juzgada constitucional y determinó que la derogatoria de los incentivos económicos para las acciones populares no requería de una ley estatutaria
C-903/11
SUJETOS PASIVOS DE LOS IMPUESTOS TERRITORIALES. EN MATERIA DE IMPUESTO PREDIAL Y VALORIZACION, IGUALMENTE SON SUJETOS PASIVOS LOS TENEDORES DE INMUEBLES PUBLICOS A TITULO DE CONCESION (ARTICULO 54 LEY 1430 DE 2010, SE DICTAN NORMAS TRIBUTARIAS DE CONTROL Y PARA LA COMPETITIVIDAD)
ESTARSE A LO RESUELTO EN C-822/11Y EXEQUIBLE EL ARTICULO 54 DE LA LEY 1430 DE 2010.
Para la Corte el establecimiento por el Congreso de la República de nuevos sujetos pasivos del impuesto predial y valorización, no vulnera la autonomía de las entidades territoriales
C-904/11
CESION GRATUITA DE BIENES INMUEBLES FISCALES DE PROPIEDAD DE ENTIDADES PUBLICAS DEL ORDEN NACIONAL, DE CARACTER NO FINANCIERO Y DE CUALQUIERA DE LAS RAMAS DEL PODER PUBLICO, ORGANOS AUTONOMOS E INDEPENDIENTES (ARTICULO 8º LEY 708 DE 2001, SE ESTABLECEN NORMAS RELACIONADAS CON EL SUBSIDIO FAMILIAR PARA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES)
La Corte determinó que la cesión gratuita de bienes inmuebles fiscales de propiedad de las entidades públicas del orden nacional autorizada por la disposición acusada, guarda relación con la materia regulada por la Ley 708 de 2001 y por tanto no viola los artículos 158 y 169 Constitucionales
C-911/11
ESTARSE A LO RESUELTO EN C-630/11Y C-730/11, INHIBIDA Y EXEQUIBLE LA LEY 1425 DE 2010
Para la Corte, la derogación de los incentivos económicos para el actor en acciones populares no desconoció los principios de igualdad, consecutividad e identidad flexible y determinó la existencia de cosa juzgada constitucional frente a los demás cargos
C-912/11
DERECHO DE REMUNERACION DE ARTISTAS INTERPRETES DE OBRAS Y GRABACIONES AUDIOVISUALES POR LA EXPLOTACION COMERCIAL DE LAS OBRAS O GRABACIONES EN QUE SE ENCUENTREN FIJADAS SUS INTERPRETACIONES O EJECUCIONES (PARAGRAFO 1 ARTICULO 1º LEY 1403 DE 2010 “LEY FANNY MICKEY” QUE ADICIONA LA LEY 23 DE 1982 SOBRE DERECHOS DE AUTOR)
EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA, EN EL ENTENDIDO QUE LOS INTERPRETES O EJECUTANTES PUEDEN HACER EFECTIVO SU DERECHO UTILIZANDO MECANISMOS DE COBRO DISTINTOS INCLUYENDO EL COBRO INDEPENDIENTE O INDIVIDUAL
El problema jurídico que le correspondió resolver a la Corte era definir si la exigencia de asociarse en una sociedad de gestión colectiva para obtener la remuneración de sus derechos desconocía el derecho de libre asociación, concluyendo que la interpretación literal de la norma constituiría una restricción desproporcionada de este derecho fundamental
C-913/11
DESCUENTO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR POR PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES DOMICILIADAS EN EL EXTERIOR SEGUN PORCENTAJE DE PARTICIPACION (LITERAL C ARTICULO 254 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO MODIFICADO POR EL ARTICULO 46 DE LA LEY 1430 DE 2010, “POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS TRIBUTARIAS DE CONTROL Y PARA LA COMPETENCIA”)
INEXEQUIBLES LAS EXPRESIONES “…DE AL MENOS EL QUINCE POR CIENTO (15%) DE LAS ACCIONES O PARTICIPACIONES”, Y “…DE AL MENOS EL QUINCE POR CIENTO (15%) DE LAS ACCIONES O PARTICIPACIONES” DEL LITERAL C DEL ARTICULO 254 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, TAL COMO FUE MODIFICADO POR EL ARTICULO 46 DE LA LEY 1430 DE 2010, Y SE PRECISA NUEVO CONTENIDO DE LA NORMA
Para la Corte las condiciones establecidas por el Legislador para el derecho al descuento tributario por impuestos pagados en el exterior, desconoce los principios de equidad y progresividad tributaria
C-914/11
ESTARSE A LO RESUELTO EN C-630/11Y C-730/11, que declararon EXEQUIBLE LA LEY 1425 DE 2010
La Corte determinó la existencia de cosa juzgada en relación con los cargos de inconstitucionalidad planteados contra la Ley 1425 de 2010 que derogó los incentivos económicos a las acciones populares
C-936/11
JUNTA TECNICA CIENTIFICA DE PARES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD COMO INSTANCIA PARA DECIDIR LA PERTINENCIA DE SERVICIOS Y PRESTACIONES EXCLUIDAS DEL PLAN DE BENEFICOS (NO POS) (ARTICULO 27 LEY 1438 DE 2011 QUE REFORMA EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES)
EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA, EN EL ENTENDIDO QUE: i) EN LOS CASOS DE URGENCIA, EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS Y/O MEDICAMENTOS NO POS NO DEBERÁ SUPEDITARSE NI A LA APROBACION DEL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA EPS NI AL DE LA JUNTA TECNICA CIENTIFICA DE PARES; ii) QUE CUANDO NO EXISTA URGENCIA NI EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO AUTORIZO LA PRESTACION DEBE CUMPLIRSE EL TERMINO PERENTORIO FIJADO EN LA NORMA; Y iii) QUE LA REVISION DE LA JUNTA NO SUSPENDE LAS AUTORIZACIONES DE LOS COMITES DE SERVICIOS NO POS, DE FORMA QUE LAS EPS DEBEN SUMINISTRALOS DE FORMA INMEDIATA.
Para la Corte si bien la creación de la Junta Científica de Pares como órgano de control no vulnera el principio de eficiencia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y cumple un fin constitucionalmente legítimo de preservar los recursos del sistema, no puede convertirse en una nueva barrera para el acceso a los servicios NO POS
C-937/11
SELECCIÓN DE EDUCADORES POR LAS AUTORIDADES EN CONCERTACION CON GRUPOS ETNICOS (ARTICULO 62 LEY 115 DE 1994 LEY GENERAL DE EDUCACION)

References: artículo 165
 artículo 166
 artículo 215
 artículo 6
 artículo 96
 artículo 15
 ARTÍCULO 40
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 123
 artículo 114
 artículo 49
 ARTÍCULO 113
 ARTÍCULO 113
 artículo 42
 artículo 113
 ARTÍCULO 52
 RESOLUCIÓN 
 artículo 90
 artículo 90
 ARTÍCULO 63
 artículo 122
 artículo 119
 ARTÍCULO 3
 artículo 1
 artículo 331
 artículo 276
 artículo 276
 ARTÍCULO 4
 ARTÍCULO 33
 artículo 33
 artículo 33
 ARTÍCULO 1
 artículo 1
 artículo 153
 artículo 152
 artículo 154
 artículo 52
 artículo 29
 resolución 
 artículo 49