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Timestamp: 2018-08-22 05:02:52+00:00

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﻿ SENTENCIA 2005-02159/40731 DE FEBRERO 8 DE 2017
SENTENCIA 2005-02159 DE 08 DE FEBRERO DE 2017
CONTENIDO:ACCIÓN DE TUTELA NO PUEDE SER ENTENDIDA COMO MECANISMO DE SUSPENSIÓN DE ACCIONES ORDINARIAS, EN LA MEDIDA DE QUE ELLA NO PUEDE IR EN CONTRAVÍA DE LO DISPUESTO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. SE ARGUMENTA POR PARTE DE LA SALA QUE LA ACCIÓN DE TUTELA NO HA SIDO CONSAGRADA PARA PROVOCAR LA INICIACIÓN DE PROCESOS ALTERNATIVOS O SUSTITUTIVOS ORDINARIOS O ESPECIALES, NI PARA MODIFICAR LAS REGLAS QUE FIJAN DIVERSOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA DE LOS JUECES , NI PARA CREAR INSTANCIAS ADICIONALES A LAS EXISTENTES, NI PARA OTORGAR A LOS LITIGANTES LA OPCIÓN DE RESCATAR PLEITOS YA PERDIDOS , SINO QUE TIENE EL PROPÓSITO CLARO Y DEFINIDO , ESTRICTO Y ESPECÍFICO, QUE EL PROPIO ARTÍCULO 86 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA INDICA, QUE NO ES OTRO DIFERENTE QUE BRINDAR A LA PERSONA PROTECCIÓN INMEDIATA Y SUBSIDIARÍA PARA ASEGURARLE EL RESPETO EFECTIVO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE LA CARTA RECONOCE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, ACCIÓN DE TUTELA, OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, COMPATIBILIDAD PENSIONAL, AVOCACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA, LÍMITES A LA SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA, CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Sentencia 2005-02159/40731 de febrero 8 de 2017
Expediente: 25000-23-26-000-2005-02159 01 (40.731)
Actor: Enrique Méndez Espinosa
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia del 10 de diciembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.
1. El 21 de septiembre de 2005, el señor Enrique Méndez Espinosa, obrando en nombre propio, en ejercicio de la acción de reparación directa y por conducto de apoderado judicial, solicitó que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación - rama judicial - dirección ejecutiva de la administración judicial, por los perjuicios derivados del error judicial en que incurrieron el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, al negarle el derecho pensional a que tenía derecho y al negarse a cumplir las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en las sentencias T-1306 de 2001 y SU-1158 de 2003.
Solicitó que, en consecuencia, se condenara a la parte demandada a pagar indemnización, por concepto de perjuicios morales, de 6.000 gramos de oro. Por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, solicitó $ 500.000.000 y, por lucro cesante, $293.489.000.
Como fundamento de sus pretensiones, el señor Enrique Méndez Espinosa expuso que, pese a haber laborado en el sector público durante más de veinte años, el Banco Popular, su último empleador, le negó el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación, hecho que lo motivó a formular demanda ordinaria laboral, la cual fue fallada favorablemente en primera instancia; no obstante, en segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala laboral, revocó la sentencia apelada y negó las pretensiones, de manera que el demandante formuló recurso de casación que fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de no casar la decisión del tribunal.
El señor Méndez Espinosa presentó tutela en contra de la decisión del tribunal y de la Corte Suprema, acción que fue resuelta por la Corte Constitucional, en sede de revisión, mediante Sentencia T-1306 de 2001, por medio de la cual amparó los derechos al debido proceso y al mínimo vital del actor, y ordenó dejar sin efectos el fallo de la Corte Suprema de Justicia para que, en su lugar, profiriera uno de reemplazo. Comoquiera que esta última se negó a cumplir la orden de la Corte Constitucional, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, juez de primera instancia en la acción de tutela, mediante proveído proferido el 22 de mayo de 2002 declaró vigente la expedida en la primera instancia del proceso laboral, esto es, aquella por medio de la cual el juzgado sexto laboral del circuito de Bogotá había ordenado el pago de la pensión a favor del acá demandante; no obstante, el Banco Popular formuló acción de tutela “contra la sentencia de tutela”, la cual fue resuelta favorable a sus pretensiones, pero, en sede de revisión, la Corte Constitucional resolvió de manera definitiva el asunto, en el sentido de dejar en firme la sentencia de reemplazo, esto es, la del 22 de mayo de 2002.
A juicio del actor, la parte demandada violó disposiciones de orden constitucional, legal y procedimental, toda vez que, pese a encontrar probado que se reunían todos los requisitos para que accediera al pago de la pensión, negó dicha solicitud con fundamento en la existencia de una “falla técnica” que imposibilitaba el estudio y resolución de la demanda, incurriendo así en un error judicial que perduró por varios años y que le produjo un daño antijurídico, pues, pese a que finalmente el señor Enrique Méndez Espinosa recibió el pago correspondiente a la pensión de jubilación, durante ese tiempo padeció perjuicios morales y materiales (fls. 2 a 35, c. 1).
2. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante Auto del 20 de octubre de 2005, y se notificó en debida forma a la parte demandada (fls. 38 y 40, c. 1).
La rama judicial se opuso a las pretensiones de la demanda y negó los fundamentos fácticos y jurídicos en los que ésta se sustentó, para lo cual aseguró que tanto la Corte Suprema como el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá no incurrieron en el error judicial alegado por el actor y que, por el contrario, en cada una de sus actuaciones y decisiones se cumplieron las disposiciones del ordenamiento jurídico; en ese sentido, manifestó que se configuraban las excepciones de ausencia de causa para demandar, la culpa exclusiva de la víctima y la cosa juzgada; en consecuencia, solicitó que se negaran las pretensiones del señor Enrique Méndez Espinosa (fls. 41 a 49, c. 1).
3. Vencido el período probatorio, el cual fue abierto mediante Auto del 20 de abril de 2006, se corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio de Público, para que rindiera concepto (fls. 57 a 58 y 92, c. 1).
La parte demandante presentó escrito de alegatos de conclusión, en el que insistió en que el Estado debía responder por los perjuicios derivados del error judicial en el que éste incurrió, pues al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, pese a que cumplía con los requisitos para ello, la administración desconoció las disposiciones legales del régimen de los trabajadores oficiales y le causó perjuicios de carácter material y moral importantes, cuya indemnización ahora reclama (fls. 93 a 107, c. 1).
La rama judicial guardó silencio (fl. 108, c. 1).
En Sentencia del 10 de diciembre de 2010, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se pronunció sobre el supuesto error judicial en que incurrieron el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia.
Respecto de la Sentencia del 18 de junio de 1999, por medio de la cual el tribunal superior resolvió la segunda instancia del proceso laboral, en el sentido de negar las pretensiones con fundamento en que el demandante no cumplía con los requisitos de pensión, en tanto que el tiempo cotizado para tal fin como empleado público no era computable con el cotizado como trabajador oficial, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró, contrario a lo que dijo la Corte Constitucional en sede de revisión, que no se podía entender como una decisión judicial arbitraria o constitutiva de una vía de hecho, dado que lo allí dispuesto se fundó en jurisprudencia consolidada para la época en materia pensional, pues, aunque se estaban presentando cambios jurisprudenciales, éstos aún no estaban claramente fijados.
En cuanto al fallo por medio del cual la Corte Suprema de Justicia no casó la sentencia del tribunal superior, el a quo consideró que no representaba error judicial alguno, pues, pese a que en él se dijo que el tribunal no acudió a la jurisprudencia aplicable al caso, la decisión de no casar la sentencia acusada se sustentó en la falta de requisitos formales necesarios para la procedencia del recurso extraordinario; en consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones del presente asunto (fls. 113 a 126, c. ppal.).
La parte demandante formuló recurso de apelación, en el que manifestó los motivos de su inconformidad con la decisión anterior y solicitó su revocatoria, para lo cual insistió en que tanto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá como la Corte Suprema de Justicia le produjeron un daño antijurídico derivado de los errores contenidos en sus decisiones judiciales.
Reiteró que, para junio de 1999, la Sala laboral del Tribunal Superior de Bogotá ya había proferido más de cincuenta sentencias resolviendo asuntos idénticos al del señor Enrique Méndez Espinosa, en los que condenó al Banco Popular al pago de la pensión de jubilación de sus trabajadores, de manera que no existía razón para apartarse de la posición jurisprudencial aplicable en ese momento, ni para dar un tratamiento diferente al caso del acá demandante. Agregó que la sentencia de la Corte Suprema citada por ese tribunal no podía constituir el soporte del fallo del 18 de junio de 1999, en la medida en que aquél pronunciamiento hacía referencia a la pensión sanción, asunto totalmente diferente al que se planteaba en la demanda laboral del señor Méndez.
Frente al fallo de casación de la Corte Suprema de Justicia, insistió en que constituyó una vía de hecho, por cuanto la decisión de no casar la sentencia recurrida se fundó en la carencia de técnica de la demanda, dejando de lado el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre lo procesal, a través del cual se pudo abordar el fondo del asunto, máxime que éste hacía relación a la pensión de jubilación de un trabajador y, por consiguiente, al derecho a la dignidad humana. Agregó que prueba del error en el que incurrió la Corte Suprema es, precisamente, el fallo de tutela proferido por la Corte Constitucional, a través del cual ordenó la expedición de una sentencia de reemplazo (fls. 128 a 138, c. ppal.).
El recurso de apelación se concedió el 3 de marzo de 2011 y se admitió en esta corporación el 8 de abril del mismo año. El 4 de mayo siguiente, se corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio Público, para que rindiera concepto (fls. 140, 144 y 146 c. ppal.).
En esta oportunidad, la parte actora pidió que se tuvieran en cuenta los argumentos expuestos en la etapa de alegación de la primera instancia (fl. 147, c. ppal.).
La rama judicial alegó que, contrario a lo que afirmó el demandante, las decisiones proferidas en virtud del mencionado proceso laboral se expidieron con sujeción a las disposiciones legales y procedimentales, respetaron el debido proceso de las partes y se soportaron en el material probatorio aportado por éstas, por lo que concluyó que no es posible hablar de error jurisdiccional del cual se haya derivado un daño antijurídico susceptible de indemnización (fls. 148 a 154, c. ppal.).
El Ministerio Público guardó silencio (fl. 155, c. ppal.).
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia y con el auto proferido por la Sala plena contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008(1), de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, sin tener en cuenta la cuantía del proceso.
La Sala evaluará, como primera medida, si la demanda fue presentada dentro del término que la ley prevé para el ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.
Para resolver el asunto, se partirá de la falla que se le imputa a la entidad demandada, por el proferimiento de las decisiones judiciales que se dictaron en el curso del proceso laboral que adelantó en contra del Banco Popular, pues, según se dijo en la demanda, se incurrió en ellas en error jurisdiccional al negarle su derecho pensional “a pesar y en contravía, (sic) de aceptar y valorar las pruebas aportadas en tal sentido; (sic) del (sic) tener conocimiento de la existencia y vigencia de las normas sustantivas del orden laboral para los trabajadores oficiales”(2).
Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador colombiano instituyó la figura de la caducidad de la acción, que impone a las partes la carga procesal de promover el litigio dentro del plazo fijado por la ley; de no hacerlo en tiempo, se pierde la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo el derecho(3). La caducidad, como fenómeno jurídico procesal, no admite renuncia ni suspensión del término, el cual cursa de manera inexorable, salvo cuando se presenta solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, suspensión que, en todo caso, debe atenderse según los parámetros fijados en las leyes 446 de 1998 y 678 de 2001.
En criterio de la Corte Constitucional (Sentencia C-115 de 1998) el término de caducidad “representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, (sic) dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, (sic) no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
En esa oportunidad, la Corte recordó que la caducidad de la acción tiene fundamento en las cargas procesales y las obligaciones impuestas a los ciudadanos sobre el deber de colaboración con la justicia, como una función pública (art. 228 CP), oportunidad que fenece por la inactividad del titular de ejercer a tiempo su derecho a accionar.
Pues bien, para el momento en que se interpuso la demanda (21 de septiembre de 2005), se encontraba vigente el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, conforme al cual (numeral 8), para efectos del conteo del término de caducidad de la acción de reparación directa, debe tenerse en cuenta que ésta “…caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.
En otras palabras, la ley consagra un término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho que da lugar al daño por el cual se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.
En ese contexto, para efectos del cómputo de la caducidad en este asunto, debe tenerse en cuenta la fecha de ejecutoria de la última decisión que puso fin al proceso laboral en el que se debatió sobre el derecho pensional de Enrique Méndez Espinosa.
Pues bien, está probado que el señor Enrique Méndez Espinosa formuló demanda laboral en contra del Banco Popular, con el objeto de obtener el pago de la pensión de jubilación, proceso que fue fallado en primera instancia por el juzgado sexto laboral del circuito de Bogotá, mediante Sentencia del 10 de febrero de 1999, así (se transcribe como obra en el expediente, incluso con errores):
“PRIMERO: Condenar al demandado BANCO POPULAR, una vez en firme la presente providencia a pagar al señor FLORENTINO ENRIQUE MENDEZ ESPINOZA … una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio del último año de servicios en cuantía acreditada de $ (sic) $ 1.743.313, a partir del día 8 de mayo de 1.997.
“SEGUNDO: Absolver al demandado BANCO POPULAR de las demás pretensiones incoadas en su contra por el señor FLORENTINO ENRIQUE MENDEZ ESPINOZA” (fls. 270 a 274, c. 2).
El recurso de apelación formulado por el Banco Popular fue desatado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala laboral, mediante Sentencia del 18 de junio de 1999, en la que revocó la anterior decisión y, en su lugar, absolvió al Banco Popular y condenó en costas al actor, con fundamento en lo siguiente (se transcribe como obra en el expediente, incluso con errores):
“Cuando el demandante se vinculó al servicio de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCATARILLADO DE BOGOTÁ desde el 18 de abril de 1962 al 20 de mayo de 1971, según se certifica a fl. 12 por esa entidad, no estuvo afiliado a ninguna caja de previsión social. Para el 1º de enero de 1967 que el ISS asumió el riesgo de vejez en esta ciudad, el actor se encontraba vinculado a la entidad expresada y al vincularse al Banco demandado el 1º de septiembre de 1971, desde su ingreso y hasta la finalización del contrato estuvo afiliado al ISS por los riesgos del IVM.
“Así las cosas, al entenderse que el demandante estaba cobijado por el ISS en virtud de las cotizaciones que para los riesgos de IVM se cumplieron conforme se acreditó en el proceso durante toda su vinculación laboral con el Banco demandado, le es aplicable el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que reglamentó en lo pertinente al régimen de transición pensional, al tener el actor para el 1º de abril de 1994 más de 20 años al servicio del Estado, de forma tal, que al cumplir los 55 años de edad por excepción consagrada en la Ley 33 de 1985 artículo 1º parágrafo 2º, en concordancia con el artículo 16 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 0758 de 1990, disposición que debe aplicarse en su integridad en virtud del principio de inexcindibilidad o conglobamento no se está en presencia de una pensión compartida, al consagrar esta última normatividad:
‘Compatibilidad de las pensiones legales de jubilación. Los trabajadores que al iniciarse la obligación de asegurarse en el Instituto de Seguros Sociales contra riesgos de invalidez, vejez y muerte, lleven más de 10 años de servicio continuos o discontinuos ... ingresarán al seguro social obligatorio como afiliados para el riesgo de invalidez, vejez y muerte. Al cumplirse el tiempo de servicios y la edad exigidos por la ley para las pensiones plenas o especiales en ellas consagradas, podrán exigir la jubilación a cargo del patrono y éste estará obligado a pagar dicha pensión de jubilación, pero el patrono continuará cotizando en este seguro hasta cuando el trabajador cumpla con los requisitos mínimos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez, y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cubriendo al pensionado’.
“No puede pretenderse la existencia de derecho a pensión a favor del actor adquirido en vigencia de la Ley 33 de 1985, en consideración a que si bien para entonces era un trabajador oficial de orden nacional, y tenía más de 15 años de servicio, el parágrafo 1º de la Ley 33 de 1985 supedito la edad de jubilación a ‘…las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley’, de forma tal que esa reglamentación anterior es la relativa al ISS, y no a la de los servidores públicos como norma general, puesto que para entonces no era dable computar el tiempo de servicios como empleado público y trabajador oficial con el cotizado al ISS por IVM, y solo mediante la Ley 71 de 1988 se consagró en su artículo 7º.
‘A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social o de las que tengan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial, o distrital y el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer’.
“En consecuencia con la afiliación del actor al ISS para los riesgos de IVM el 1º de septiembre de 1971, (…) entiende esta Sala que el actor siguió con el sistema del ISS.
“No es dable pretender escindir las normas y aplicar por retazos lo favorable de cada una, razón por la cual, prima la aplicación de las normas del ISS al actor y al no existir los supuestos de hecho consagrados en el artículo 16 del Acuerdo 049 de 1990, no puede predicarse que la demandada esté obligada al pago de la pensión de jubilación al actor ni siquiera compartida, por ser materia de debate una pensión legal y no llevar el demandante 10 años de cotizaciones para el 1º de enero de 1967. De entenderlo diferente se estaría creando para la Sala una nueva forma de pensión y de compatibilidad pensional, que el legislados tratándose de pensiones legales no consagró” (subrayas y negrilla del original, fls. 371 a 381, c. 2).
Contra lo anterior, el actor inició demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia, Sala laboral; no obstante, en proveído del 18 de octubre de 2000, dicha corporación consideró que los cargos alegados no tenían vocación de prosperidad y, en consecuencia, no casó la sentencia del tribunal, con fundamento, en síntesis, en lo siguiente (se transcribe como obra en el expediente, incluso con errores):
“Aquí también como en el primer cargo no se ocupa de demostrar la incidencia que pudo haber tenido en el fallador el examen equivocado o la falta de apreciación de las pruebas que enlista, y que lo llevaron a cometer algún error evidente de hecho.
“No puede aceptarse, como lo sugiere el recurrente, que se tengan como sustento de su demostración las consideraciones hechas por el a quo, dado que cuando se orienta un cargo por la vía indirecta, como en este caso, es su obligación, se repite, indicar con precisión, frente a la prueba que denuncia como equivocadamente estimada y dejada de estimar, qué es lo que ella demuestra y el mérito que le reconoce la ley, producto de cuyo cotejo surge el error manifiesto endilgado. De este modo, la Corte pudiera eventualmente llegar a concluir que el cargo era eficaz, pero jamás, en la forma como se planteó en este caso, puede arribarse al mismo resultado.
“Por último debe precisársele a la parte impugnante que este recurso por su carácter de extraordinario debe ceñirse a los parámetros que contiene el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, sin extenderse en consideraciones jurídicas como en los alegatos de instancia, tal como lo prevé el artículo 91 ibídem.
“En consecuencia, el cargo es inadmisible.
“No obstante que por razones de técnica la acusación no tuvo éxito, la Corte hace la corrección doctrinaria al tribunal, en la medida en que debió considerar que, pese a que el actor llevaba más de 15 años de servicio a la fecha de expedición de la Ley 33 de 1985, también lo era que tenía laborados más de 20 años al estado, en condición de empleado oficial, de donde resultaba beneficiario de la pensión de jubilación en los términos previstos por el inciso primero de la mencionada norma. De suerte que cuando se produjo su retiro tenía cumplido el tiempo de servicios necesario para acceder a la comentada prestación, faltándole únicamente el requisito de cumplimiento de la edad, 55 años.
“El hecho de que el trabajador oficial haya estado afiliado a la seguridad social institucional es irrelevante para el disfrute de la pensión oficial, porque, de todas maneras, el ISS asume su pago una vez el trabajador cumpla los 60 años de edad, que es el límite temporal fijado por los reglamentos de dicha entidad para iniciar el disfrute de la pensión por vejez que ella reconoce” (fls. 441 a 476, c. 2).
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que el Consejo de Estado ha sostenido que para estos asuntos el término de caducidad empieza a correr desde el día siguiente a la ejecutoria de la providencia que agote la instancia, incluyendo el recurso de casación “en tanto que su interposición, —como ya lo ha dicho la Sala—, aun cuando su concesión no lo sea en el efecto suspensivo excepto en los casos previstos en el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil, evita la ejecutoria de la sentencia recurrida hasta tanto se encuentre en firme la inadmisión del recurso o se entienda ejecutoriada la Sentencia de casación”(4), la contabilización del mismo inició a partir del 1º de noviembre de 2000, pues fue el 31 de octubre de ese año(5) cuando quedó ejecutoriada la sentencia que resolvió el recurso de casación.
En este sentido, comoquiera que la oportunidad para presentar la demanda de reparación directa feneció el 1º de noviembre de 2002 y su formulación se llevó a cabo el 21 de septiembre de 2005, se tiene que fue interpuesta cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad.
Ahora, es cierto que el señor Enrique Méndez Espinosa incoó acción de tutela(6) en contra de las sentencias por medio de las cuales se le negó el derecho de pensión, esto es, de la proferida el 18 de junio de 1999 y de la del 18 de octubre de 2000, acción que fue resuelta en primera instancia el 5 de marzo de 2001, por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala disciplinaria y, en segunda instancia, por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala disciplinaria, mediante fallo del 24 de julio de 2001, sentencias que fueron objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional que, mediante Sentencia T-1306 de 2001, confirmó este último fallo (del 24 de julio de 2001), tuteló los derechos al debido proceso y al mínimo vital de Enrique Méndez Espinosa, dejó sin efectos la Sentencia del 18 de octubre de 2000 y ordenó a la Corte Suprema de Justicia proferir sentencia de reemplazo.
Sin embargo, también es cierto que ello no obstó para que el término de caducidad de la acción de reparación directa siguiera corriendo, pues, como lo ha sostenido esta corporación, esa acción constitucional no puede entenderse como un mecanismo de suspensión de términos de las acciones ordinarias, en la medida en que aquélla no puede ir en contravía de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. De hecho, así lo ha manifestado la Corte Constitucional:
“En otros términos la acción de tutela no ha sido consagrada para provocar la iniciación de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opción de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el propósito claro y definido, estricto y específico, que el propio artículo 86 de la Constitución indica, que no es otro diferente que brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta reconoce”(7).
Así las cosas, la Sala revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las súplicas de la demanda y, en su lugar, declarará la caducidad de la acción.
1. REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 10 de diciembre de 2010.
2. DECLÁRASE que, en el presente caso, ha operado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción.
(1) Expediente 2008 00009.
(2) Fl. 29, c. 1.
(3) Entre otros, Auto de 26 de marzo de 2007 (exp. 33372).
(4) Sentencia de la sub sección A, sección tercera, del 16 de julio de 2015 (exp. 31510). Ver también Sentencia de la misma sub sección, de 14 de agosto de 2013, (exp. 28368).
(5) Comoquiera que la sentencia se fijó en edicto del 24 de octubre de 2000 (fl. 476, c. 2), se entiende, en virtud del artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, que el mismo se desfijó el 26 de octubre siguiente; es decir, que la sentencia quedó ejecutoriada tres días después de su notificación, esto es, el 31 de octubre del 2000.
(6) Fls. 794 a 813, c. 3.
(7) Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 1992, reiterado en T-655 de 2000, T-168 de 2003, T-1201 de 2005, T-080 de 2009 y T-313 de 2010.

References: ARTÍCULO 86
 resolución 
 artículo 73
 artículo 136
 artículo 44
 artículo 36
 artículo 1
 artículo 16
 artículo 7
 artículo 16
 artículo 90
 artículo 91
 artículo 371
 artículo 86
 artículo 323