Source: https://www.scribd.com/document/59025619/Financiamiento-politico-y-normas-para-elecciones-igualitarias
Timestamp: 2017-12-15 22:31:11+00:00

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Description: Esta es una ponencia presentada en 2006 que aborda la cuestión del financiamiento público a los partidos políticos, así como la falta de normas que aproximen las contiendas electorales a condicione...
Ponencia presentada en el XVIII Congreso Nacional de Estudios Electorales, celebrado en Toluca, Estado de México, el día 29 de noviembre de 2006, bajo
la organización de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE).
Financiamiento político y normas generales alternativas para una competencia electoral igualitaria
Cesáreo Santamaría Madrid
Con algunas excepciones en el mundo, en la actualidad los partidos políticos gozan de prerrogativas en tanto formas de asociación de ciudadanos que tienen como propósito acceder al poder público por la vía de las elecciones. El trayecto que va desde su constitución hasta el acceso concreto a través de elecciones periódicas registra una variedad de tareas que están consideradas entre las actividades protegidas constitucional y legalmente en los países que admiten el financiamiento público a esas organizaciones, sea de manera preponderante o bien mixta. El argumento central que se utiliza para justificar que a los partidos políticos debe otorgárseles financiamiento público consiste en que éste es un instrumento que inhibe la dependencia con respecto a los recursos que grupos económicamente poderosos están dispuestos a proveer principalmente en periodo de campaña electoral, en una expectativa de protección de sus intereses. El problema no es que se les otorgue financiamiento público, sea en un esquema puro o en uno mixto, puesto que los partidos están legitimados como entidades de interés público y están obligados, además, a coadyuvar en actividades de formación cívica y fomento de la cultura política democrática. La cuestión es que la democracia política se vuelve costosa, al mismo tiempo que los partidos y sus candidatos permiten el ingreso de cantidades variadas de dinero privado a sus campañas. El tema del financiamiento político ocupa un lugar importante en el debate sobre la reforma del Estado, justamente porque ciertos indicadores revelan que el gasto para mantener la democracia electoral tiende a crecer, lo cual entra en contradicción con principios generales de austeridad, disciplina y control presupuestal: a) los recursos públicos escasean, pero en años con elección los partidos reciben más recursos que en periodos precedentes; b) la fiscalización se concentra en el ejercicio del
Miguel González Madrid / Cesáreo Santamaría Madrid
financiamiento público, pero el gasto electoral global alcanza niveles escandalosos por la filtración de montos incalculables de dinero privado; c) la presupuestación para años electorales admite el sacrificio de ciertas demandas sociales prioritarias, pero no puede omitir el mantenimiento de las prerrogativas de los partidos; y d) los órganos electorales están constreñidos a mantener un rango aceptable de gasto corriente y operativo, pero los partidos y sus candidatos tienen propensión a gastar más en actividades electorales cuanto más alto el nivel de competitividad, sobre todo cuando la fiscalización que ejerce la autoridad electoral es ineficaz. Comparativamente los montos de financiamiento público varían entre países y al interior de éstos, pero hay algunos fenómenos comunes que atrofian la relación entre democracia y bienestar social, a saber: gasto electoral creciente, instituciones electorales costosas, partidos políticos que favorecen intereses oligárquicos (familias políticas arraigadas, corrientes políticas influyentes, dirigentes emergentes, compromisos de coalición entre grupos dirigentes, etc.). Para corregir dicha relación, es pertinente revisar la naturaleza pública y jurídica de los partidos políticos, su función político-social y las reglas comunes que rigen su participación en la vida político-electoral, para enseguida proponer algunas reglas alternativas que permitan reformular tanto el papel de los partidos en la vida política como los límites normativos de su financiamiento. La democracia política y electoral puede seguir funcionando con partidos políticos, y debería hacerlo también con un papel protagónico de ciudadanos sin partido, pero es necesario contener el gasto electoral por la vía de una limitación drástica del financiamiento político y de un control rígido de las oportunidades en que dicho financiamiento puede ser aplicado, lo cual colateralmente podría inhibir eficazmente los flujos de financiamiento privado furtivo. En este trabajo abordamos algunas de esas cuestiones y nos apoyamos en la observación de experiencias locales. Aunque originalmente el tema estaba planteado en términos de una comparación de experiencias y reglas locales en México, consideramos pertinente considerar ese aspecto como ilustración de la falta de reglas adecuadas para contener la propensión de los partidos a gastar más de lo que se les otorga en concepto de financiamiento público, principalmente porque la lógica de la competencia electoral durante cada minuto de cada día les induce a echar mano de recursos privados adicionales para incrementar su posibilidad de ganar.
Derecho universal de asociación política
En el mundo moderno, las Constituciones establecieron el derecho de asociación política de los ciudadanos en coherencia con el supuesto contractualista de que los individuos establecen un pacto de asociación para fundar el Estado de derecho, el cual, a su vez, admite la permanencia de la asociación y los derechos adquiridos (según la tradición iusnaturalista) o establece reglas que permiten a los ciudadanos organizarse para ejercitar derechos reconocidos ex post (según la tradición positivista).
Tal vez se debe al estadista y filósofo político británico Edmund Burke (1729-1797) la defensa precursora del papel de los partidos políticos en la conformación de la estructura constitucional del Estado, además de que pugnó en Inglaterra por la integración de un Gobierno de Ministros (cabinet system) dependiente no de la Corona, sino del Parlamento, concretamente de la Cámara de los Comunes, al ser éste el órgano representativo de toda la nación inglesa y una alternativa válida a la amenaza de concentración del poder político, como era entonces con Jorge III, rey de Gran Bretaña e Irlanda (1760-1820).1 Para Burke el partido político era "un grupo de hombres unidos para fomentar, mediante sus esfuerzos conjuntos, el interés nacional, basándose en algún principio determinado en el que todos sus miembros están de acuerdo".2 Pero, según Maurice Duverger, los verdaderos partidos políticos datan de mediados del siglo XIX, diferentes a los grupos de opinión pública, los clubes populares, las asociaciones de intelectuales y los grupos parlamentarios que surgieron en las épocas de las revoluciones europeas contra las monarquías absolutistas.3 Es cierto que no se puede encontrar en los escritos de Burke una concepción desarrollada de partido político, como bien lo afirma Joaquín Varela Suanzes, pero hay en su obra el señalamiento seminal de que el poder político debe estar distribuido en una diversidad de asociaciones representativas de la sociedad civil para evitar el riesgo de la tiranía. Fue el filósofo-economista-y-jurista inglés Jeremy Bentham (1748-1832), contemporáneo de Burke y creador de la doctrina utilitarista, quien matizó la preocupación de éste en términos de que “un Estado libre o constitucional exigía reconocer, entre otras cosas, el derecho de asociación, así como la libre alternancia entre el Gobierno y la oposición”, y, por tanto, una distribución del poder entre las personas que participan en dicho Estado.
La tradición liberal —y, sobre todo, el liberalismo ilustrado— no sólo defendió el derecho natural de asociación como posibilidad para participar de la distribución de poder y como forma de ejercer el “autogobierno”; también agregó el derecho de los ciudadanos libres a votar en elecciones populares, y con ello impulsó el derecho de representación, hasta que a principios del siglo XIX se estableció el principio de “un
La contribución de Burke en este tema es considera como pionera por algunos autores, por ejemplo Nicola Matteucci y Giovanni Sartori. Al respecto, véase Joaquín Varela Suanzes, “Sistema de gobierno y partidos políticos en el pensamiento constitucional británico durante el último tercio del siglo xviii (de Blackstone a Paley)”, en Historia Constitucional (Revista Electrónica de Historia Constitucional) núm. 1, junio de 2000, http://constitucion.rediris.es 2 Citado por Joaquín Varela Suanzes, op. cit. El escrito al que se refiere este autor es el titulado Pensamientos sobre las causas de los descontentos actuales (1770), que orientó contra el reinado tiránico de Jorge III, el cual estaba a un paso del absolutismo. 3 Maurice Duverger, Los partidos políticos, FCE, México, 1994, decimocuarta edición, p. 15 y ss.
hombre, un voto”, que fue visto por Bentham y James Mill, entre otros, como un principio no peligroso para la propiedad ni para el mantenimiento de la sociedad dividida en clases,4 ya que admitía una reforma progresiva de la restricción del derecho de votar y, por tanto, la posibilidad de que individuos no propietarios fueran admitidos con tal derecho. No obstante lo anterior y a que la misma Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano había sentado un precedente de alcance universal en 1789 para el reconocimiento de “derechos naturales” tales como la libertad y la igualdad, la tradición liberal de finales del siglo XVIII y de principios del siglo XIX no había logrado la calificación de demócrata; se apegó fundamentalmente a impulsar las libertades ciudadanas y a propagar la distribución del poder político entre los ciudadanos del Estado libre, pero no a inculcar la igualdad de derechos político-electorales. Fueron los movimientos democráticos en Europa y los Estados Unidos de América, principalmente, los que llevaron a cabo dicha tarea. Así, durante la primera mitad del siglo XX un gran número de países había otorgado el derecho al voto a las mujeres;5 Suiza, uno de los países pioneros en el reconocimiento de derechos democráticos, lo hizo tardíamente, en 1971. Según la tradición contractualista (Thomas Hobbes y John Locke, con diferencias de fondo entre sí en algunos planteamientos) y la tradición liberal, la representación política es producto de la determinación de las personas de asociarse para conformar una comunidad política y, por ende, para ceder todos sus derechos (dixit Hobbes) o confiar parte de ellos (dixit Locke) a un tercero. Surge en ese momento el derecho de representación política. Complementariamente, para Miguel Ángel Presno Linera la garantía del derecho de representación se construye en el momento en que las leyes reconocen iguales libertades de los ciudadanos; tal derecho se “funcionaliza” a efecto de realizar ciertos valores y principios de los procesos político-democráticos: la libertad, la igualdad y la pluralidad de voluntades.6 Aunque el principio de representación política es inherente a la tradición liberal individualista, se concreta tardíamente con: a) una tradición democrática que pugna por una condición de igualdad de derechos para las personas con mayoría de edad; b) un entramado de pluralidad de opciones políticoelectorales; y c) una simplificación cuantitativa de estas opciones a efecto de ordenar las
C. B. Macpherson (La democracia liberal y su época, Alianza Editorial, El libro de bolsillo núm. 870, Madrid 1982, pp. 20-21 y ss. 5 Varios países, desde finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX reconocieron el derecho de las mujeres a votar en elecciones populares: “Nueva Zelanda (1893); Australia (1902); Finlandia (1906); Noruega (1913); Dinamarca (1915); los Países Bajos y la Unión Soviética (1917); Canadá y Luxemburgo (1918); Austria, Checoslovaquia (en la actualidad República Checa y Eslovaquia), Alemania, Polonia y Suecia (1919); Bélgica (parcial, en 1919; completo, en 1948); Ecuador (1929); Sudáfrica (1930); Brasil y Uruguay (1932); Turquía y Cuba (1934); España (1931); Francia (1944); Italia y Japón (1946); China y Argentina (1947); Corea del Sur e Israel (1948); Chile, India e Indonesia (1949)” (Microsoft Encarta 2006). 6 Miguel Ángel Presno Linera, “La representación política como derecho fundamental”, http://www.uniovi.es
preferencias políticas y crear un cauce idóneo a los objetivos de la asociación entre ciudadanos. De esa manera, la representación política de los ciudadanos ingresa en una lógica de articulación de voluntades individuales organizadas para configurar la voluntad popular-nacional. De acuerdo con Giuseppe Duso, “la representación no expresa la pluralidad de las voluntades particulares de los órdenes de la sociedad, sino la única voluntad de la nación”.7 El problema está en que las formas asociativas partidistas de los ciudadanos actúan sobre un doble riel: el de la representación desde abajo de intereses de segmentos de ciudadanos y el de la búsqueda o el mantenimiento de cargos de elección popular para hacer valer esos intereses (desde arriba cuando se han convertido en partidos gobernantes). Concretamente, los partidos políticos tienen la función de organizar-unificar la manifestación de voluntades de los ciudadanos conforme a un programa de acción, una declaración de principios y unos estatutos propios, pero también, en un entramado de competencia plural, la propensión a fragmentar la voluntad popular o a expresarla de manera diferenciada. Esto connota una seria dificultad: hay el peligro de que uno o más partidos políticos inculquen a través de la opinión pública —y no sólo a sus afiliados y simpatizantes— la superioridad de los intereses que dice representar. Al respecto, Duso sugiere lo siguiente: “a fin de que la constitución sea justa y realice la igualdad y la libertad, es necesario impedir la representación de intereses de grupo y de asociaciones; es necesario[,] por tanto[,] prohibir la constitución de fuerzas que puedan gozar de superioridad ejerciendo dominio sobre los ciudadanos”8. La sugerencia de Duso es aplicable, por ejemplo, al momento en que grupos de ciudadanos deciden formar partidos políticos. Según la ley, todos ellos se constituyen con igualdad de derechos y obligaciones, sin ventaja alguna en particular, lo cual puede ser verificado por la autoridad administrativa competente y, en última instancia, puede ser confirmado o revocado por la autoridad jurisdiccional. Bajo ese supuesto, en un escenario de contienda electoral, por ejemplo en países en donde ésta se desarrolla conforme a una combinación de principios constitucionales tales como la libertad y la igualdad, con dominante de ésta última, infringe la ley aquel competidor que obtiene y gasta una cantidad de financiamiento privado superior al financiamiento público, pues ello le da ventaja sobre aquellos que acatan el principio constitucional de que el financiamiento público debe ser el parámetro límite para el financiamiento privado. Al contrario, en países en donde es dominante el principio de libertad, por ejemplo en los Estados Unidos de América, el hecho de que los candidatos a la Presidencia obtengan y gasten una cantidad ilimitada de financiamiento privado, de acuerdo con reglas establecidas para ello, no configura falta o delito alguno, siempre que exista transparencia de la identidad de los donantes y de los montos aportados.
Giuseppe Duso, “Génesis y lógica de la representación política moderna”, http://www.uniovi.es 8 Ibídem.
La forma asociativa partido político obtuvo reconocimiento constitucional generalizado hasta mediados del siglo XX, precisamente en una época en que los derechos político-electorales se hicieron extensivos a hombres y mujeres con mayoría de edad, sin importar su credo religioso y su identidad racial o lingüística. Adquirieron derechos, pero también obligaciones y, además, quedaron sometidos a una serie de prohibiciones, generalmente desarrolladas en la ley de la materia. Cuando se habla de partidos políticos con derechos, obligaciones y prohibiciones que les otorga o impone la ley de manera igual en un determinado sistema político, el problema no es que una comunidad política disponga de reglas para ordenar la constitución de partidos y su participación en una diversidad de procesos políticos, incluidos los electorales. El problema más bien consiste en la falta de equilibrio entre derechos y oportunidades que, por ende, puede producir una competencia desigual. Así, se pone en evidencia que:
1) La ley impone ciertos límites para los cuales la autoridad electoral puede
carecer de control efectivo y, por tanto, los límites pueden existir sólo en el papel; 2) La ley puede contemplar un número insuficiente de límites y, por ende, presentar vacíos legales que pueden ser aprovechados por actores con propensión a cometer agravios; y 3) La ley puede omitir la acumulación de agravios como base para sustanciar de oficio los medios de impugnación electoral y, por ende, la justicia electoral puede degenerar en actos autoritarios que desechan burocráticamente los medios de defensa. En efecto, la autoridad administrativa electoral puede perder el control del cumplimiento de los límites respectivos y tener como consecuencia: a) una ruptura del principio de igualdad de las condiciones de la competencia entre partidos desiguales; b) un acceso desigual de origen a la representación política; y c) un uso ilícito de recursos de programas sociales y de las administraciones públicas a favor de algunos de los competidores. Peores consecuencias cuando los límites no están establecidos o su tipificación es incompleta. Del mismo modo, si el modelo de justicia electoral se basa en una segmentación de los medios de impugnación electoral, en un criterio de materialización de pruebas por medios idóneos y en una actuación de la autoridad a petición de parte, el resultado probable puede ser un desvanecimiento de pruebas, una consideración de la insuficiencia de éstas o la afirmación contundente de que ciertos actos violatorios de las reglas no son determinantes para anular la elección. El círculo vicioso que se forma cuando se desatiende el principio de igualdad de la competencia electoral, o cuando no existen acotaciones específicas derivadas,
evoluciona rápidamente hasta formar una espiral, y el dilema para la autoridad jurisdiccional de anular o no la elección respectiva puede conjugarse con las presiones políticas tanto de quienes no quieren aceptar la derrota como de quienes se aferran al resultado que les es favorable en principio. ¿Hasta dónde puede continuar así un sistema político en sucesivas renovaciones de los cargos de elección popular? Desde luego, en la corrección de las reglas o en la adopción de un nuevo diseño de ellas, hay responsabilidad directa del legislador. Cada experiencia debe ser evaluada y derivar de ello un compromiso para revisar las reglas a fin de introducir reformas o adiciones, imponer nuevos límites o redefinir los existentes. No basta establecer límites o acotaciones al ejercicio de los derechos de los partidos políticos que tengan como resultado el cumplimiento cabal de las condiciones de igualdad de la contienda electoral. Es necesario también controlar el desarrollo de la competencia electoral y establecer un procedimiento de acumulación de faltas y agravios de los competidores que pueda sustanciar de oficio las resoluciones judiciales. Más allá de una propuesta de rectificación in situ de las condiciones de la competencia electoral, el establecimiento de medidas preventivas parece tener mayor grado de aceptación y viabilidad, si ellas implican un rediseño del conjunto de reglas que tienen que ver con la depuración de la competencia electoral o con las condiciones básicas para evitar la propensión de los partidos políticos a buscar rutas de evasión y elusión debido a una tipología insuficiente de facultades, la falta de recursos para vigilar en campo las campañas electorales, el establecimiento de tarifas preferenciales en medios particulares de comunicación masiva, el impedimento legal para investigar los antecedentes de los donadores, la falta de reglas para impedir la presencia de servidores públicos de alto nivel en actos de campaña electoral, etc.
Necesidades (derechos materiales) de los partidos y sus límites
Recordemos nuevamente que, a partir de una revisión inicial de la legislación local en materia de financiamiento público a los partidos políticos y de una evaluación de los límites que éstos tienen para encauzar sus actividades electorales sin que adquieran ventajas ilícitamente, se está tratando de destacar la plausibilidad de una propuesta de rediseño de los sistemas electorales locales en aspectos que tienen que ver con el mantenimiento de condiciones básicas de igualdad de la competencia electoral y, por tanto, con la reducción del rango de probabilidad de evasión y elusión de obligaciones y prohibiciones. En un trabajo anterior señalamos que la garantía de las condiciones de igualdad de la competencia electoral es posible si se reducen las necesidades de precampaña y campaña electoral, no sólo si la ley contempla abundantes límites al ejercicio de derechos de los asociados. Reducir legalmente necesidades significa, en general,
reducir el umbral de alcance de una serie de derechos, no eliminarlos. Por ejemplo, una sociedad que ve disminuido su stock de satisfactores sociales tenderá a imponer nuevas medidas de adquisición individual de componentes de la canasta básica (mediante restricciones salariales, nuevos hábitos de consumo, etc.), a sustituir componentes o a reducir su cantidad, a fin de evitar una situación de dasabasto. El resultado lógico es una reducción de necesidades materiales o su reconversión. De manera equivalente, si en un sistema político el stock de tiempos, espacios y recursos permisibles tiende a ser utilizado al tope por los competidores de una elección, con el riesgo de que algunos de ellos utilicen un stock complementario, pero ilícito, entonces ello obligará al legislador a imponer nuevas reglas para reducir las necesidades electorales y así desahogar el uso del stock disponible y desalentar el uso de un stock ilícito. Así, la reducción del umbral de alcance de una serie de derechos electorales debe significar, a la vez, el mantenimiento de estos derechos y una disponibilidad mejor racionada de recursos financieros, de tiempos y espacios de propaganda, de periodos de precampaña y campaña, de financiamiento público, etc. Una propuesta de este tipo no puede ser laxa con el financiamiento privado, en la idea de abrir los límites hasta ahora impuestos para compensar restricciones en el otorgamiento de satisfactores públicos. De lo que se trata, pues, es de evitar que por cualquier vía, los partidos políticos y sus candidatos se sientan estimulados a romper los límites impuestos que garantizan una competencia electoral en condiciones de igualdad.
Fundamentación del financiamiento
IDEA Internacional9 publicó en 2005 un documento propositivo denominado Normas electorales internacionales: directrices para revisar el marco legal de las elecciones. La denominación es indicativa del propósito de incluir una serie de normas tipo y metapolíticas que puedan ayudar a regular de manera eficaz y eficiente los procesos electorales. Entre esas normas y políticas se encuentran algunas relativas a la regulación del financiamiento a partidos, a las campañas electorales y al acceso a medios de comunicación, y pueden ser aplicables a la realidad mexicana; se describen en los términos siguientes: a) Las restricciones al ejercicio del derecho de libertad de expresión (en el que se incluyen los apoyos materiales e intelectuales a los partidos y sus candidatos) no deben ser arbitrarias, sino estar debidamente especificadas en la ley. b) La consideración de montos de financiamiento público y privado de los partidos debe correlacionarse con un acceso equitativo a esos recursos que permita realizar campañas electorales creíbles.
c) La ley debe establecer que “ningún partido o candidato, especialmente el partido en el gobierno, sea favorecido financieramente o de alguna otra manera mediante recursos del Estado y que todos los contendientes tengan la misma oportunidad de éxito”. d) Se debe “otorgar a todos los partidos políticos y candidatos las garantías legales necesarias para permitirles competir sobre la base de un trato igualitario ante la ley y las autoridades del Estado”. e) “Cuando existen disposiciones en el marco legal relacionadas con contribuciones privadas a los gastos de campaña de partidos y candidatos, es conveniente que sean diseñadas de tal forma que garanticen a todos los contendientes la misma libertad para recabar fondos privados. Además, estas disposiciones pueden limitar las contribuciones con el fin de «igualar las condiciones de la competencia». Sin embargo, se debe tener muy en cuenta la capacidad de hacer cumplir esas disposiciones al momento en que se les diseña o revisa”. f) “La imposición de límites a las contribuciones o a los gastos de campaña no tiene mucho sentido si no existen requisitos para una rendición de cuentas transparente y para revelar públicamente los informes respectivos. En el marco legal se puede exigir que se presenten informes de todas las contribuciones y gastos a intervalos razonables. También se deben establecer con toda claridad en el marco legal las sanciones aplicables por no presentar los informes requeridos o hacerlo de manera dolosa, las cuales deben ser proporcionales a la gravedad de la falta. Por ejemplo, no es recomendable descalificar a los candidatos para contender en las elecciones o para ocupar el cargo que hayan obtenido debido a pequeñas irregularidades en los informes presentados”. La fundamentación jurídica del otorgamiento de financiamiento público y del acceso a los medios de comunicación a los partidos políticos en México, en el ámbito local, se encuentra en el artículo 116 fracción IV incisos f), g) y h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este dispositivo establece lo siguiente: IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: […] f) De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y cuenten durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal; g) Se propicien condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social;
h) Se fijen los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; se establezcan, asimismo, las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias; […] Aunque en diversos países —incluido México— no existe un parámetro común para determinar las proporciones de financiamiento público y privado, la mayoría de ellos ha adoptado un modelo de financiamiento mixto (público + privado)10 que persigue al menos dos objetivos: 1) tratar a los partidos como entidades de interés público; y 2) prevenir que los partidos puedan recibir dinero ilícito o financiamiento privado excesivo, o ambas cosas a la vez. El primer objetivo se ha logrado a medias, ya que persiste la idea de que los partidos sólo representan intereses de los asociados y, debido a ello, es más probable que estén distanciados del interés colectivo. El segundo objetivo ha sido más difícil de alcanzar; en realidad se ignora quiénes son los donantes reales de cantidades variadas de dinero privado y, sobre todo, cuánto dinero ilícito circula por los partidos. Sin duda, en nuestro país el tema del financiamiento de los partidos es complejo por cuanto al costo elevado que representa la operación de la democracia en procesos electorales y a la desigualdad del acceso al poder político provocada por un exceso de financiamiento privado o por la infiltración de dinero ilícito. Si, tratándose de campañas electorales, los partidos y sus candidatos disponen de una mayor cantidad de tiempo para llevarlas a cabo, y en el supuesto de que cada minuto cuenta para ello, la consecuencia puede ser un elevado gasto electoral. Es obvio que una situación de este tipo estará ligada con la búsqueda de donantes económicamente robustos, pues el financiamiento público es limitado, y la abundancia de donaciones (lícitas y/o ilícitas) alentará necesariamente la compra de una mayor cantidad de tiempos y espacios en los medios privados de comunicación privada para propagar la mayor cantidad posible de mensajes, entrevistas encubiertas, etc. Puede observarse que una parte del problema consiste en la tentación de búsqueda de opciones de financiamiento privado, aun en contra de los dispositivos legales, pues la intención es ganar la elección a través de los medios de comunicación, pero incluso a través de vínculos entre los candidatos y los potenciales electorales que
Con excepción de Venezuela, en donde los partidos no gozan de financiamiento público, los demás países de América Latina han adoptado un sistema mixto de financiamiento partidista, pero en Chile y Perú los partidos reciben exclusivamente financiamiento público e indirecto. Además, en Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Uruguay, los partidos reciben financiamiento público sólo para actividades electorales. Al respecto, véase J. Mark Payne, Daniel Zovatto G., Fernando Carrillo Flórez y Andrés Allamand Zavala, La política importa. Democracia y desarrollo en América Latina, coedición BID / Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, Washington, D.C., 2003, 182-187.
puedan ser creados a partir de una distribución selectiva de recursos de programas sociales y de apoyos especiales en actos públicos.
Todas las legislaciones locales en México siguen el esquema aplicable en el ámbito federal, y de hecho es un esquema dominante en varios países.
Clasificació según
En el ámbito local mexicano los partidos reciben financiamiento público directo, cuyos montos se calculan de diferente modo en cada entidad federativa, de lo cual se puede establecer una tipología. Para ello se ha considerado la legislación aplicable hasta finales de 2004. Las reformas en materia electoral llevadas a cabo en algunas entidades en el lapso de 2005 y 2005 prácticamente han dejado intocados los modelos dominantes localmente, de modo que las conclusiones a las que podemos llegar no estarían alteradas sustancialmente.
tipo de campaña electoral, según la especificidad constitucional del cargo de elección popular: Aguascalientes (el financiamiento electoral es equivalente a 50%
del financiamiento ordinario), Campeche, Chihuahua (el costo de cada campaña es base para calcular, a su vez, los montos globales de financiamiento ordinario y de financiamiento electoral, con un factor proporcional reductivo en ambos casos), Tabasco (con un modelo similar al de Chihuahua, pero sin factor reductivo), Jalisco (con un modelo similar al de Tabasco), Zacatecas (con un modelo similar al de Tabasco) y Sonora (aplica una fórmula que relaciona el costo de campaña y el salario mínimo). b) En la mayoría de entidades se aplica una fórmula que incluye las variables salario mínimo y el padrón electoral o la lista nominal, además de uno o dos factores reductivos porcentuales: Baja California (doble factor), Baja California Sur, Colima (lista nominal en lugar de padrón electoral), Chiapas (lista nominal en lugar de padrón electoral), Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Morelos (con un factor reductivo optativo de 50% aplicado directamente al salario mínimo), México, Michoacán, Nayarit (lista nominal), Nuevo León (lista nominal y cálculo trianual), Oaxaca (cálculo trianual), Puebla (cálculo trianual), Querétaro, Quintana Roo y Veracruz (el factor reductivo es la fracción 1/5). c) Coahuila aplica la fórmula padrón electoral multiplicado por diez para calcular el financiamiento público ordinario (fpo); el financiamiento público electoral (fpv) es equivalente a fpo multiplicado por los factores 1.5, 2.3 ó 3, según la cantidad de tipos de cargos de elección popular a renovar. d) En Durango no hay fórmula preestablecida, pero el financiamiento público electoral es equivalente a fpo. e) Hidalgo establece una fórmula compleja que incluye magnitudes diferentes de salario mínimo aplicadas a niveles de votación obtenida por los partidos políticos en la última elección de diputados locales. El cálculo del financiamiento público electoral sigue una fórmula que se puede resumir de la manera siguiente: fpv ≤ 3fpo mensual x 6 meses. f) San Luis Potosí establece el monto de fpo como resultado de la multiplicación de la lista nominal por 7.5 veces, que se indexa anualmente. A su vez, fpv es equivalente a fpo multiplicado por 1.5 para años con elección de gobernador o de diputados y por 2 para años con elección de ayuntamientos. g) Sinaloa establece una fórmula que incluye las variables salario mínimo y padrón electoral, pero con un factor de incremento aplicado a la primera. Además, el cálculo es trianual. h) Yucatán establece una fórmula con un factor de incremento aplicado al salario mínimo, cuyo resultado se multiplica por la cantidad de votantes de la última elección. Además, el cálculo es trianual. i) Tamaulipas y Tlaxcala establecen una fórmula simple que incluye las variables salario mínimo y padrón electoral, pero en el primer caso el cálculo es trianual. Para efecto del presente trabajo no se consideran las fórmulas locales de asignación de financiamiento público por partido político, en donde también hay variaciones; baste decir que en la mayoría de casos 30 por ciento del monto de fpo es asignable
conforme al criterio de igualdad y el resto conforme al criterio de proporcionalidad de votación obtenida en la última elección de diputados locales; del mismo modo, en la mayoría de casos el fpv de cada partido es equivalente a su fpo. En cuanto al financiamiento público indirecto o en especie, en algunas entidades federativas los partidos políticos obtienen tiempos y espacios en medios de comunicación masiva, gratuitamente o con cargo a partidas especiales del órgano electoral administrativo. La obtención de financiamiento privado no es revelada en su totalidad. Los ingresos por esta vía corresponden estrictamente a periodos de campaña electoral, además de que la lista de donantes que reportan los partidos suele ser parcial y los montos registrados son raquíticos.
Crítica a los modelos locales
A diferencia de la legislación electoral en el ámbito federal, que mantiene intactos tanto el periodo de campañas electorales como el formato del gasto respectivo, en el ámbito local hay experiencias de reducción sensible de los periodos de campaña electoral y una preocupación por fiscalizar ampliamente el origen, los montos, la operación, la aplicación y el destino concreto de los dineros ingresados por los candidatos y los partidos. No obstante la reducción de los periodos de campaña, la difusión de propaganda electoral puede hacerse durante las veinticuatro horas de cada día, pues no hay límite legal de horario por día. Esto evidencia que el establecimiento de un tope de campaña para prevenir a los partidos y sus candidatos que no pueden gastar excesivamente en propaganda electoral, puede ser ineficaz si no existen límites legales específicos de tiempo permisible durante cada día, además de la facultad exclusiva del órgano electoral para que éste compre directamente todos los espacios y tiempos permitidos a los partidos para difundir su propaganda electoral y sus plataformas electorales. Prácticamente no existe en las legislaciones locales límite alguno para difundir propaganda electoral durante las veinticuatro horas de cada día por cualquier medio (radio, televisión, carteles, espectaculares, etc.), salvo los sitios protegidos (monumentos históricos, formaciones naturales, postes de alumbrado público, etc.), y tampoco existe facultamiento a los órganos electorales para comprar esos tiempos y espacios, lo cual también evitaría fiscalizar por una vía costosa los gastos correspondientes. La hipótesis que se trata de mostrar es que si bien comienza a aparecer un tipo de límites a la difusión espacial de la propaganda electoral, a través de restricciones en el uso de sitios e infraestructura públicos, el uso de tiempos en medios de comunicación masiva carece de límites, lo cual puede inducir a muchos
candidatos a utilizar la mayor cantidad de tiempo-aire en la medida en que cuentan con una mayor cantidad de financiamiento privado o, por eso mismo, pueden requerir de este tipo de financiamiento más allá de lo permisible. En campañas que crean expectativas de triunfo, la aproximación de poderosos donantes a los candidatos retroalimenta esa relación.11 Esta búsqueda insaciable de financiamiento privado en algunos casos puede ser contenida con disposiciones restrictivas del uso de tiempo para realizar propaganda electoral, porque, si lo que se compra es tiempo-aire, puede tener un mayor grado de eficacia la determinación de difundir esa propaganda sólo en horarios de mayor audiencia legalmente autorizados. Por otra, parte, si bien el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de supremacía del financiamiento público con respecto al financiamiento privado que obtienen los partidos políticos y sus candidatos, en diversos procesos electorales existe la evidencia de su violación. Debido a que en las legislaciones locales y en la federal no existe la causal de nulidad de la elección derivada de la violación de ese principio, los actores tienden a impugnar por la vía de la acumulación de agravios con relación a los principios constitucionales aplicables, tales como los de igualdad de la contienda electoral, neutralidad de la autoridad, etc. Aun en el caso en que el ganador de una elección rebase el tope máximo de campaña, los actores enfrentan dos dificultades cuando aducen agravios: en primer lugar, es una rareza la tipificación de nulidad de la elección a causa de que se rebasa ese tope (la legislación de Tlaxcala es ejemplo de esa rareza); y, en segundo lugar, generalmente no reúnen las pruebas que puedan sustentar la presunción de que el candidato ganador rebasó dicho tope, sea porque el órgano electoral que fiscaliza las campañas electorales no presenta oportunamente su informe o porque en realidad éste no es exhaustivo.
Acceso a medios impresos y electrónicos
Por cuanto a los medios impresos, los órganos electorales que llevan a cabo el monitoreo de medios de comunicación masiva enfrentan la dificultad de acotar con exactitud los espacios de cobertura informativa de la empresa periodísticas, a través de notas, entrevistas y reportajes, por un lado, y los
Sólo casos raros de autofinanciamiento de los candidatos, como el del Doctor Simi en la elección presidencial, salen del ese campo de dependencia moral, económica y política, pero, puesto que hablamos de un “candidato no registrado”, de cualquier manera es cuestionable moralmente el hecho de que un candidato no registrado sea favorecido por dos cosas: a) que pueda hacer campaña electoral, porque la ley, si bien no se lo prohibe, tampoco establece sanciones y, por tanto, no existe delito alguno; y b) que el candidato pueda utilizar cantidades cuantiosas de financiamiento privado, también aprovechando las omisiones legales.
espacios de propaganda electoral pura, por otro. Cada vez más hay la convicción de que los órganos electorales deben saber con anterioridad las tarifas que ofrecen las empresas para, en su caso, gestionar condiciones de trato igualitario a los partidos políticos; y, de hecho, la mayoría de las leyes locales establece la facultad de los órganos electorales para efectuar dicha gestión, a fin de cumplir con el principio de igualdad de la competencia electoral en ese campo (si bien este principio se confunde frecuentemente con el de equidad).12 No obstante, las empresas son propensas a evadir los candados legales aplicados a los gastos relacionados con publicitación en medios impresos y al procedimiento para garantizar una oferta de tarifas igualitarias; lo hacen precisamente a través del camuflaje de la propaganda electoral, es decir, presentado los actos de campaña electoral a través de reportajes, notas y/o entrevistas. Así, para los órganos de monitoreo no es fácil identificar el exceso de espacios de propaganda electoral, puesto que éstos se protegen tras el principio de libertad de prensa y de expresión. Puede observarse que una reforma electoral que vincule financiamiento público de partidos políticos y uso de medios de comunicación pasa necesariamente por otros ordenamientos legales. Su eficacia incluso presupone una reforma de la Constitución Política federal para facultar a los órganos electorales federales y locales a vigilar y garantizar el acceso permanente e igualitario de los tiempos y espacios en medios de comunicación masiva, así como a garantizar el cumplimiento de obligaciones correlativas y aplicar las sanciones establecidas en las leyes. Una tipología de obligaciones y prohibiciones puede ser la siguiente:
Los partidos políticos y sus candidatos podrán publicitar su propaganda electoral sólo a través del suplemento especial que dedique cada empresa periodística para ello, de conformidad con lineamientos que expida el órgano electoral. Los partidos políticos y sus candidatos podrán hacer propaganda electoral a través de la televisión y la radio sólo en los horarios que acuerde el órgano electoral. Los medios impresos y electrónicos deberán atender las recomendaciones de los órganos electorales relativas a observar los principios de equidad y de igualdad en la cobertura informativa que corresponda a partidos políticos y candidatos a
Debe recordarse la gestión pionera que en el ámbito federal realizó el Instituto Federal Electoral, por acuerdo del Consejo General, para obtener de las televisoras en el país toda la información relativa a contratación de tiempos dedicados a publicitar a los partidos y sus candidatos en el proceso electoral de 2006. Sin embargo, cabe mencionar que Zacatecas y Tlaxcala son entidades pioneras en la promoción de proyectos de reforma electoral para facultar a los órganos electorales a adquirir directamente, y con cargo al financiamiento público de los partidos, los tiempos y espacios requeridos por éstos durante las campañas electorales. En el caso de Zacatecas, en 2003 el proyecto en este tema no fue aprobado, mientras que en Tlaxcala el órgano electoral administrativo tuvo esa facultad sólo entre el 26 de diciembre de 2003 y el 11 de febrero de 2004, ya que a partir del día siguiente la facultad quedó derogada.
cargos de elección popular, y deberán insertar en primera plana dicha recomendación al día siguiente de ser expedida. Los partidos y sus candidatos no podrán utilizar tiempos y espacios en medios de comunicación masiva con el pretexto de haber sido cedidos gratuitamente; su uso se contabilizará como financiamiento privado y la autoridad electoral impondrá la sanción correspondiente. Los partidos y sus candidatos no podrán comprar por sí mismos tiempos y espacios en medios de comunicación masiva. A los partidos, sus candidatos y cualquier persona que simpatice con ellos se les prohibe utilizar los tiempos y espacios comprados a través de los órganos electorales para agraviar, atacar, ofender, injuriar, insultar o humillar a los demás competidores. Con excepción de los partidos políticos y los candidatos, en el marco de tiempos y espacios contratados por la autoridad electoral, otras personas físicas y morales no podrán comprar ni utilizar gratuitamente tiempos y espacios dedicados a propaganda electoral. Se prohibe a los partidos políticos, a los candidatos y a cualquier persona física o moral a realizar propaganda electoral por cualquier medio durante los tres días previos a la jornada electoral y durante el desarrollo de ésta. Se prohibe a los servidores públicos de los ámbitos federal, estatal y municipal, utilizar los medios de comunicación masiva durante el periodo que inicia con las precampañas electorales y hasta la terminación del proceso electoral para: a) promover acciones de gobierno, enunciar metáforas que vinculen la renovación periódica de autoridades de elección popular; b) aludir los actos propios de precampaña y campaña electoral; c) efectuar llamamientos para que participen los ciudadanos a favor de una opción concreta o abstracta relacionada con los competidores; y d) promocionar los programas sociales, sectoriales e institucionales, en los horarios y espacios reservados a los partidos y sus candidatos, independientemente de la suspensión publicitaria a que están obligados durante los treinta días previos a la jornada electoral.
Las sanciones aplicables deberán incluir medidas en diversa escala de apremio, penalización pecuniaria y suspensión de derechos.
En oposición a la tradición analítica-empirista del filósofo británico John Langshaw Austin, en diversos escritos el prestigiado jurista estadounidense Ronald Dworkin ha insistido en que la ciencia jurídica no debe limitarse a la descripción del derecho positivo prescindiendo de los juicios de valor; al contrario, una teoría completa del derecho debe considerar un tipo de justificación de las decisiones que adoptan las diferentes instancias jurídicas. Al tiempo que conviene establecer cómo debe ser el derecho es necesario saber cómo es (Jurisprudencia); esa es una condición
metodológica fundamental, y eso evita que la creación normativa incurra en la utopía, en la omisión de realidades concretas. Así, para Albert Calsamiglia,13 La osadía de Dworkin consiste en poner en cuestión ese paradigma. Pretende restaurar las relaciones entre la Ciencia de la Legislación y la Jurisprudencia poniendo de manifiesto que la tarea de la ciencia jurídica no es describir el derecho desde fuera sino ofrecer solución a los problemas que se plantean. Pretende, por tanto, construir una teoría completa del derecho que tenga un aspecto justificador de las decisiones que adoptan las distintas instancias jurídicas. En este sentido la teoría será un auxilio indispensable del que toma decisiones públicas. Para tomarlas se debe realizar una tarea de construcción y justificación. El científico del derecho, el filósofo del derecho y de la política no es un observador imparcial cuya función es describir el derecho y los valores sino que es un constructor de soluciones, un especialista en la resolución de conflictos sociales. Este trabajo se basa precisamente en la propuesta teórica-metodológica de Dworkin de inspirar la creación normativa a partir de la descripción de normas existentes que requieren ser modificadas, a lo cual hay que agregar una comprensión de las realidades concretas y las experiencias relevantes. Enseguida se proponen líneas generales para orientar reglas alternativas que ayuden a subsanar el problema de exceso de necesidades electorales que generalmente tiene como consecuencia que los competidores incumplan la ley en distintas formas y grados. El ejercicio de financiamiento público y privado de los partidos parece concentrarse en actividades de precampaña y campaña electoral. Incluso los partidos políticos pueden transferir recursos ordinarios a gastos electorales de forma autorizada, como en el caso de San Luis Potosí, o bien justificando algunos gastos de apoyo electoral en términos de operación administrativa del partido político. De las tres opciones de ejercicio del financiamiento público y privado, en el ámbito local, el gasto electoral es dominante, mientras que la inversión en tareas de investigación y editoriales es incipiente, por lo que los partidos prácticamente no recuperan los recursos invertidos conforme al derecho que les otorgan las leyes locales. Ese desequilibrio en el gasto de los partidos políticos puede corregirse de varios modos: a) el marco jurídico aplicable puede determinar mecanismos de estimulo de las actividades de formación cívica, de investigación especializada y de fomento de la cultura política democrática, además de las bonificaciones inherentes al
Albert Calsamiglia, El derecho como integridad, Working Paper núm. 25, Barcelona, http://www.diba.es
“financiamiento por actividades específicas”, conforme a programas aprobados anualmente; b) deben desalentarse las necesidades electorales por medio de nuevas reglas orientadas a reducir los periodos de campaña electoral y de precampaña, así como el tiempo máximo disponible por día para emitir propaganda de los candidatos; c) los tiempos y espacios en medios de comunicación masiva que utilicen los partidos políticos deben ser contratados y pagados por el órgano electoral, lo cual se catalogaría como financiamiento público en especie; d) los partidos políticos deben comunicar oportunamente al órgano electoral los tipos de propaganda electoral que utilizan, a fin de facilitar el seguimiento y la verificación de su existencia; e) las fórmulas para calcular el financiamiento público deben redefinirse en función de la reducción de las necesidades electorales y de los periodos de campaña y precampaña electoral; f) las tareas de monitoreo de la propaganda en medios de comunicación masiva deben ser reforzadas para garantizar que no se infrinja la prohibición de comprar tiempos y espacios directamente por los partidos políticos.
Sin duda, el tema del financiamiento público a los partidos políticos tiene muchas aristas: tiene que ver con el método para calcularlo, con el monto global resultante, con las fórmulas de asignación entre los partidos, con el modo de su operación contable y fiscal, con las variantes de su aplicación y destino concreto, incluso con la forma de su administración por el órgano electoral. En virtud de ello, en buena parte las leyes electorales pueden dedicar un espacio considerable al tema y a su contraparte, el de la fiscalización. Sin embargo, una revisión de las leyes electorales locales muestra que están ausentes muchas reglas y procedimientos que pueden ayudar a los órganos electorales a realizar eficazmente su función de preparación de las elecciones y a ejercer una vigilancia auténtica de las etapas de operación y aplicación del financiamiento de los partidos. Incluso es extraño que muchas de esas leyes dediquen un breve espacio a los temas de acceso a medios de comunicación y a otorgamiento de financiamiento público. Dado que la intención en este trabajo consiste en tratar de elaborar algunos argumentos y propuestas relativas a hacer eficientes los procesos electorales, en la línea de insistencia pública para reducir los costos de administración electoral y el impacto económico de los derechos político-electorales de los ciudadanos, es comprensible que no se trata de eliminar derechos de los ciudadanos y sus partidos, especialmente en los procesos electorales, puesto que están protegidos
constitucionalmente, sino de garantizarlos en condiciones que eviten que los competidores menos aventajados de origen resulten vulnerados por los competidores que pueden lograr ventajas no permisibles durante el proceso electoral. La preferencia por el principio de igualdad de la competencia electoral está sustentada en el argumento de que, en un país con evidentes desigualdades sociales y económicas y con un sistema de partidos diferenciado por dos bloques, uno de partidos competitivos y otro de partidos que dependen de alianzas para sobrevivir, una ilimitada competencia política puede inhibir el acceso realmente plural a los cargos de elección popular, además de que el principio de prevalencia del financiamiento público se vulnera permanentemente con el consentimiento de la propia autoridad. Es tiempo de impulsar una nueva revolución de la legislación electoral, tanto en el ámbito federal como en el local. En el ámbito local se ha comenzado a avanzar en ese sentido, aun en forma desigual. Contrastada con las legislaciones locales, la legislación federal electoral ha quedado así rezagada en temas como los siguientes: regulación de precampañas, reducción de periodos de campaña electoral, establecimiento de la causal de nulidad de la elección por rebasar topes de campaña, fiscalización de actos de precampaña y campaña electoral, etc. Pero se requiere ampliar estos temas y profundizar el sentido de las regulaciones. Estaremos de acuerdo, entonces, en que ya no hay tiempo para lamentaciones. Si se decide por un nuevo diseño de las reglas de financiamiento público que impacten el modo de hacer campañas electorales y garanticen un equilibrio entre derechos y oportunidades de los competidores, entonces es hora de actuar.
* No se consideran aquí directamente las disposiciones relativas al financiamiento otorgado a los partidos políticos de reciente registro estatal o nueva acreditación.
Modelos de financiamiento público (fp) a los partidos políticos (pp) en las entidades federativas*
Año de últim a refor ma
Fórmula para calcular el fp
100% de ccdga 45% (PE x 20%SM) 35% (PE x SM) 100% de ccd PE x 10 LN x 50%SM LN x 40%SM indexado 51-100% de ccdg PE x 65% SM No hay fórmula preestablecida 20%SM x PE PE x 40%SM nSM por pp [en niveles de % vte ] 50% de fpv indexado PE x SM [ó PE x 50%SM] art. 68 40%SM x PE PE x 20%SM 50%SM x LN[cálculo trianual] 20%SM x LN 50%SM x PE [cálculo trianual] 35%SM x PE [cálculo trianual] 20%SM x PE PE x 40%SM
Criterio de asignación del fpo
Criterio de distribución del fpv
No distingue tipo de elección
Criterio de asignación del fpb entre los pp
Por partes iguales % + Según votación obtenida %
De campañas en año electoral: fpv (equivalente, en su caso, a fpo)
50% de fpo 80% (PE x 20%SM) + fpo fpo fpo fpo x 3 [ó 2.3 ó 1.5] fpo fpo 20-100% de fpo fpo [ó 2/3 de fpo para 2 te] Se supone equivalente a fpo 40%SM x PE fpo fpv ≤ 3fpo mensual x 6 meses 100% de ccdg fpo El doble de fpo fpo fpo del 50% trianual fpo Se supone incluido el tercer año* Se supone incluido el primer año* 50% de fpo fpo
Según votación obtenida %
Distingue tipo de elección
 sólo cc    sólo cc      
Durango Guerrero Hidalgo Jalisco Morelos México
Igual a su fpv 10 15 30 33 [de 20+30+50] 30 30 30 35 30 pp 2.5% vte 90 escalonado 85 70 33 [+33según rc] 70 50 [+20 según rc] 70 65 70 pp 2.5% vte
       - No Registros 
Michoacán Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo
Financiamiento político y normas generales alternativas para una competencia electoral igualitaria San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas 2005 1998 2005 2002 2002 2004 2004 2003 2003 7.5 x LN indexado 4SM x PE [cálculo trianual] [cc ≥ 35 SM diario, como base] 100% de ccdg PE x SM [cálculo trianual] SM x PE 1/5 de SM x LN 1.5 SM x Votantes [cálculo trianual] 100% de ccdg 1.5 fpo (g), 1.5 fpo (d), 2 fpo (a) Se supone incluido el primer año* fpo fpo Se supone incluido el primer año* fpv (“extraordinario”) = fpo 75% de fpo fpo 35 20 [de 50,30,20] 30 30 30 [de 70,15,15] 30 30 40 30 65 80 [de 50,30,20] 70 70 ppr 70 [de 70,15,15] 70 70 60 70   sólo cc  40G+20D+40 A   sólo cc sólo cc Se supone igual criterio fpo El 50% es para año electoral Cada pp recibe su fpv = su fpo Cada pp recibe su fpv = su fpo El 70% es para año electoral Cada pp recibe su fpv = su fpo Cada pp recibe su fpv = su fpo Cada pp recibe 75% de su fpo Cada pp recibe su fpv = su fpo
Fuente: Leyes y códigos electorales y disposiciones constitucionales de las entidades federativas, aplicadas a principios de 2005. NOTACIÓN: SM: Salario Mínimo vigente en la capital del Estado o en todo el Estado. SM%: Porcentaje aplicable de SM. PE: Ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado. LN: Lista Nominal. a: Ayuntamientos, d: Diputados, g: Gobernador cc: Costos de campaña, sea de candidatos a Diputado, a integrante de Ayuntamiento (por planilla) o a Gobernador. rc: Representación de cada partido en el Congreso del Estado en términos proporcionales. NOTAS POR ENTIDAD FEDERATIVA: Hidalgo: Una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con respecto a la Acción de Inconstitucionalidad 22/2001 y sus acumuladas 23/2001 y 24/2001, ejercitadas por tres partidos políticos (Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, Partido de la Sociedad Nacionalista y Partido Alianza Social) con motivo de una reforma electoral efectuada en 2001 relativa a la negativa de financiamiento público a los partidos políticos de reciente registro y sin antecedentes de votación en el Estado, obligó al legislador local a modificar el artículo 38 fracciones I inciso h) y II inciso e) para quedar como sigue: Artículo 38 fracción I inciso h): “Los partidos políticos que no tengan antecedente electoral en la elección de diputados, se les otorgará 625 salarios mínimos vigentes en el estado […]”; Artículo 38 fracción II inciso e): “En el supuesto de que algún partido político con registro vigente no cuente con antecedentes de participación, tendrá acceso a la prerrogativa por actividad electoral en un monto que no podrá exceder de 625 salarios mínimos en el estado” (Ley Electoral del Estado de Hidalgo). Oaxaca: El monto del financiamiento calculado para un periodo de tres años se distribuye 20% el primer año, 30% el segundo y 50% el tercero (que es el mismo año en que se realiza el proceso electoral ordinario). Tlaxcala: En elecciones intermedias, en donde se elige sólo diputados locales e integrantes de ayuntamientos, la distribución de fpv es de 40D + 60
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References: artículo 116
 artículo 41
 resolución 
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 artículo 38
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