Source: http://consejoscomunalesexcluidos.blogspot.com/2011/03/
Timestamp: 2017-07-22 16:39:40+00:00

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Consejos Comunales Excluidos: marzo 2011
-- "La libertad caracteriza la existencia humana, su significado varía con el grado de autoconciencia "
1.c) Hasta la fecha en Venezuela ninguna entidad político-territorial había sido creada para servir a una concepción ideológica. La Constitución de 1999 establece divisiones político-territoriales con el único fin de establecer la forma, organización y estructura del estado venezolano. La Constitución no adopta una forma u organización político territorial de estado para construir una ideología, de hacerlo, atenta contra el estado plural, no excluyente, sin discriminaciones por razones políticas que el mismo Texto fundamental consagra. 1.d) De admitirse la inclusión de la Comuna como división político-territorial con carácter ideológico, entonces, si usted no es socialista, pero en el lugar de su residencia se crea una comuna como nueva entidad político-territorial, usted de manera automática queda excluido de pertenecer a esta entidad local socialista, o lo que es aún peor, pertenecerá a ella aun en contra de su voluntad. Esa comuna se organizará a partir de un ámbito geográfico que lo incluye a usted, lo gobernará y será el paso transitorio que lo llevará a pertenecer a una sociedad socialista, sin que nadie se lo haya preguntado, ni usted lo haya aprobado.
2.a) El sistema comunal constituye una copia fiel de los consejos del poder popular contemplado en la Constitución de Cuba en sus artículos 103 a 119 y ha sido del modelo tradicional de organización de los estados comunistas chinos y soviéticos, entre otros. Tradicionalmente los estado comunistas adoptan una forma centralizada, en donde existe un poder nacional, central fuerte y un poder local atomizada, con divisiones territoriales pequeñas reguladas, autorizadas y financiadas por el gobierno central. Esas divisiones locales tienen voceros o representantes designados en asambleas o por votación de los miembros de la localidad, postulados por un solo partido. De esta forma se justifica que el poder popular gobierna y adopta las decisiones. 2.b) La creación de la Comuna no está concebida como herramienta de participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos locales y vecinales y de control y supervisión ciudadana, sino para sustituir, en la práctica, al gobierno local y estadal, y servir de instrumento para el centralismo exacerbado. 2.c) La comuna, en los términos concebidos por el esta ley, tiene su inspiración en el estado comunista y son un medio para debilitar el poder local en beneficio del poder central, ya que son fácilmente controlables. Las Comunas son organizadas, registradas, financiadas y supervisadas desde el poder central, con lo cual no tendrán autonomía alguna. Bajo la consigna de que el poder se le otorga directamente al pueblo, lo que se pretende es centralizar la toma de decisiones desde el poder central. 2.d) La Comuna se concibe como una herramienta para sustituir progresivamente la institucionalidad municipal y estadal y sólo sirven para controlar y centralizar más el poder. La sustitución paulatina de las municipalidades por las Comunas sólo trae como consecuencia que se eliminen los contrapesos de poder local, con lo cual el poder central consigue menos obstáculos para el control absoluto.
2.e) Este proyecto de ley es el primer paso firme hacia la consolidación de un Estado comunista, que sin desaparecer por ahora a las gobernaciones y alcaldías, invade las competencias municipales y estatales, e, inclusive, suplanta sus órganos legislativos, invade competencias del Poder Electoral y del Judicial. 3.- La Comuna es más poder para Miraflores. Se pretende una nueva geometría del poder, para acabar con el federalismo y la descentralización y vaciar de competencias a los alcaldes y gobernadores. 3.a) Las Comunas como sistema de organización político-territorial, estarán coordinadas por un ministerio perteneciente al poder central, con un ministro designado por el Presidente de la República, que dictará los reglamentos que desarrollarán la ley, se encargará del registro de cada comuna, le asignará los recursos que se requieran para cada proyecto, previa aprobación del Consejo Federal de Gobierno, y ejercerá todo el control real del Estado comunal sobre ellas.
3.c) Las Comunas pretenden sustituir la institucionalidad local y estadal y sólo sirven para controlar y centralizar más el poder. Con la sustitución progresiva de las municipalidades por las Comunas se eliminan los contrapesos de poder local, con lo cual el poder central consigue menos obstáculos para el control absoluto del poder. 3.d) Los voceros de las comunas son designados en Asambleas, bajo mecanismo de segundo grado, y regulados y financiados por el poder central.
3.e) El proyecto de Ley de Comunas consagra en su artículo 4, al igual que los artículos 6 y 7 de la Ley del Consejo Federal de Gobierno, los Distritos Motores de Desarrollo. Dichos texto legales facultan al presidente para decretar “Distritos Motores de Desarrollo”, no previstos en la Constitución, que no son más que una manera de configurar un nuevo mapa de Venezuela, para facilitar el control desde el poder central. El presidente puede, mediante decreto, sustraer territorios que hoy están administrados por alcaldías y gobernaciones y establecer un distrito administrado por una autoridad única por él designada. De esta forma se conforma la nueva geometría del poder y se sustraerá de los municipios y los estados, territorios geográficos. 3.f) Conforme al artículo 30 del Proyecto de Ley de Comunas, éstas, a través de su órganos de gestión, tendrán competencias en la áreas de salud, tierra urbana, vivienda y hábitat, defensa de las personas en el acceso a bienes y servicio, economía y producción comunal, mujer e igualdad de género, defensa y seguridad integral, familia y protección de niños, niñas y adolescentes, recreación y deportes, educación, cultura y formación socialista. Estas son competencias que se le van a sustraer a las alcaldías y municipios del país, a excepción de la “formación socialista” que constituye una nueva competencia para esta nueva forma político-territorial.
3.g) Conforme al Proyecto de Ley de Comunas, en sus Disposiciones Transitorias, las gobernaciones y alcaldías, en el marco de la elaboración del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2011, elaborarán los apartados presupuestarios para el financiamiento de proyectos a ser ejecutados por las Comunas, pero las excluye de la elaboración y de la ejecución de los proyectos que se realizarán con esos recursos. Con ello se pretende despojar de los recursos presupuestarios y financieros a las gobernaciones y alcaldías del país para debilitarlas también en el aspecto financiero. 4.- La Comuna pretende imponer la propiedad social sobre la propiedad individual. 4.a) Los artículos 5, 6, 7 y 8 del Proyecto de Ley de Comunas consagran, que la Comuna tiene por objeto desarrollar e impulsar la propiedad social y el modelo socialista de estado. 4.b) Por definición, en la Comuna prevalece la propiedad social sobre la propiedad individual. La propiedad social no es susceptible de enajenación ni de sucesión. Siempre termina siendo propiedad del estado central.
4.c) El estado comunal que se ofrece privilegia la propiedad social o colectiva. Se fomenta comunismo la propiedad del estado sobre cualquier otra propiedad y crea la propiedad social y colectiva. Esta última no es más que una forma de “edulcorar” la propiedad del estado sobre medios de producción y servicios, así como otros bienes importantes, justificando dicha propiedad social en que son “del pueblo”. La Comuna será una herramienta para justificar la propiedad social y la implementación del modelo socialista. La Comuna y el Banco Comunal son instrumentos para el impulso del modelo socialista de economía y la propiedad social, tal como queda claramente estipulado en los artículos 43 y 47 del Proyecto de Ley. 5.- La Comuna se organiza mediante un mecanismo muy complejo. 5.a) Conforme al Artículo 8 del Proyecto de Ley, la Comuna deberá organizarse a partir del ámbito geográfico determinado por el conjunto de comunidades que la conforman, constituyendo el autogobierno para promover el ejercicio directo del poder por parte sus habitantes, con el propósito de construir el Estado Comunal, como tránsito hacia la sociedad socialista.
5.c) La conformación de la Comuna es un proceso complejo, que implica la conformación de una comisión promotora para la convocatoria a una asamblea, constituida por voceros designados por los consejos comunales, quienes a su vez designan a una comisión redactora de la carta comunal. La carta comunal será aprobada por la asamblea y luego se convoca a un referendo, el cual definitivamente constituye la comuna como tal. 5.d) En la primera etapa (constitutiva) de la Comuna, el gobierno central puede utilizar todos los recursos, a través del ministerio con competencia en el ámbito comunal, para imponer y controlar el comité promotor, la comisión electoral y la asamblea constitutiva. En esta fase constitutiva no hay elecciones sino designaciones perfectamente controlables. 6.- La Comuna es un estado paralelo.
6.a) Conforme a los artículos 21 al 34 del Proyecto de Ley de Comunas, la Comuna tendrá un Parlamento Comunal que es la máxima instancia del autogobierno en la Comuna. Las decisiones del Parlamento Comunal se expresan mediante la aprobación de normativas para la regulación de la vida social y comunitaria y tendrán por funciones garantizar el orden público, la convivencia y la primacía del interés colectivo sobre el interés particular. Corresponde al Parlamento Comunal, sancionar materias de sus competencias, aprobar el Plan de Desarrollo Comunal, debatir y aprobar los proyectos de solicitudes al poder público de las transferencias de competencias y servicios a la Comuna.
El parlamento Comunal estará conformado por voceros designados por las Asambleas de Ciudadanos que conforman la Comuna. A su vez este Parlamento designa los voceros de los consejos comunales integrantes del Consejo de Cumplimiento que es la instancia de ejecución de las decisiones del Parlamento Comunal y a su vez el Parlamento Comunal contará con Comités Permanentes de Gestión encargados de promover e impulsar el desarrollo de la Comuna en cada una de sus áreas de trabajo en la áreas de salud, tierra urbana, vivienda y hábitat, defensa de las personas en el acceso a bienes y servicio, economía y producción comunal, mujer e igualdad de género, defensa y seguridad integral, familia y protección de niños, niñas y adolescentes, recreación y deportes, educación, cultura y formación socialista.
6.b) Dicho parlamento es el órgano que asumirá en paralelo las competencias municipales y asumirá funciones normativas y de orden publico. Será el órgano de designación de los entes ejecutores y de gestión. El parlamento no es producto de una elección popular, sino de designación a segundo grado, mediante asambleas que podrán ser perfectamente controladas. A su vez, los órganos de ejecución serán designados por ese parlamento. Se pretende ir sustituyendo a las municipalidades electas popularmente, por órganos designados. 6.c) La Comuna, conforme lo establecen los artículos del 43 al 51 del Proyecto, tendrá un banco comunal que tiene como objeto garantizar la gestión y administración de los recursos financieros y no financieros que le sean asignados, así como los generados o captados mediante sus operaciones, promoviendo la participación protagónica del pueblo en la construcción de Modelo Económico Socialista, mediante la promoción y apoyo al desarrollo y consolidación de la propiedad social.
6.d) El Consejo Electoral Provisional contemplado en el artículo 15 del Proyecto de Ley de Comunas, tendrá funciones paralelas al CNE. 6.e) Conforme lo establecen los artículos del 52 al 56 del Proyecto de Ley de Comunas, además, la Comuna tendrá una jurisdicción comunal que invade y sustituye a la justicia de paz constitucionalmente prevista, que dictará decisiones vinculantes para todos los habitantes de la comuna.
7.- Las Comunas serán controladas por el gobierno central. 7.a) Conforme al Artículo 64 del Proyecto de Ley, el Ministerio con competencia en materia de comunas, dictará los lineamientos estratégicos para la constitución de las comunas y acompañará a las instancias del poder popular en el cumplimiento de sus fines y propósitos, facilitando su articulación y sus relaciones con los órganos y entes del Poder Público. 7.b) El Artículo 65 del proyecto de Ley, el gobierno a través de un Ministerio, como órgano facilitador en materia de comunas, tendrá las siguientes atribuciones:
iii) Financiar proyectos comunales, así como los requerimientos de infraestructuras y servicios. 7.c) El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comunas, desarrollará planes destinados al asesoramiento y acompañamiento de las comunidades para su constitución en Comunas, la conformación de sus gobiernos y las relaciones de las mismas entre sí para su agregación en mancomunidades, ciudades comunales y cualquier otra forma de articulación que contribuya a la construcción del Estado Comunal.
8.- Los estados y municipios serán afectados en sus presupuestos. 8.a) Conforme a las Disposiciones Transitorias del proyecto de Ley de Comunas, las gobernaciones y alcaldías, en el marco de la elaboración del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2011, elaborarán los apartados presupuestarios para el financiamiento de proyectos a ser ejecutados por las Comunas.
Si alguien todavía duda del sistema de EXCLUSIÓN POLÍTICA que el partido de Gobierno desea imponer con los Consejos Comunales: léanse esta perlita...!
Ratificamos, que nosotros, quienes conformamos el Frente Nacional de Consejos Comunales Excluidos somos un grupo plural, participativo, amplio, diverso, multicolor, donde confluimos personas de diferentes comunidades: pobres, clase media, ricas, sin exclusión alguna; de todos los orígenes étnicos, sin exclusión alguna; de diferentes formas de pensar, sin exclusión alguna. Lo que nos une, es lo que todos queremos para nuestra sociedad: Que nadie sea excluido por razón alguna, queremos que la participación sean para todos y no segmentada, discriminatoria, excluyente o sectárea. Nuestros principios están totalmente apegados a la Declaración Universal de Los Derechos Humanos, que condena la exclusión, la discriminación y el sectarismo ( quienes no la hayan leido pueden hacerlo aquí: http://www.un.org/es/documents/udhr/ ). Estamos enfrentados a la política de exclusión que proponen y aplican desde el gobierno y lo ratifican de manera grostesca y descarada en el artículo escrito por Toby Valderrama titulado: LOS CONSEJOS COMUNALES Y EL LÁTIGO DE LA CONTRARREVOLUCIÓN, publicado en la página web de apoyo al actual gobierno: http://revolucionomuerte.org , en otras páginas web gobierneras y circulado a rabiar por los afectos del régimen a través de FACEBOOK, Twitter. Transcribimos a continuación el artículo citado, el cual lo incluiremos como elemento de prueba en el expediente que estamos preparando para adelantar acciones políticas y jurídicas, donde seguiremos demostrando "con los pelos en la mano", el espíritu y la política de exclusión que el partido de gobierno (PSUV) y el propio gobierno chavista, están ejecutando con la forma discriminatoria de manejar a los consejos comunales. Lean a continuación la "perlita" y saquen cada uno de Uds. sus propias conclusiones: .................................................................................................
Miércoles, 30 de Marzo de 2011 09:06 Toby Valderrama La realidad, la historia nos dice que el imperio convierte todos los ámbitos de la vida social en política, es decir, en defensa de su sistema capitalista.
http://revolucionomuerte.org/index.php/editorial/3207-los-consejos-comunales-y-el-latigo-de-la-contrarrevolucion
En nombre d ela pluraridad que defendemos, a continuación publicamos textualmente una carta que nos envió el Sr. Pedro Marín (a través del e-mail: petarepaloverde@gmail.com ) donde manifiesta su preocupación por el comercio informal y la basura que se ha apoderado de la Urb. Palo Verde. Los conceptos son emitidos de manera personal por el señor Marín y este BLOG simplemente hace pública su carta de manera que pueda ser leida por las autoridades competentes para que dicha situación pueda ser atendida. A continuación la carta:
Caracas.- En el marco de la presentación de la fracción parlamentaria de la Concertación Humanista, el diputado Miguel Ángel Rodríguez, denunció el desvío mil millonario de recursos financieros que debieron ser asignados a Consejos Comunales para asuntos electorales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)" Pidió al contralor general de la República, Clodosvaldo Russian, explicar al país donde están "los casi 400 mil millones" que fueron otorgados durante el mes de marzo a los Consejos Comunales. "Cabe preguntarle al país, ¿saben ustedes a qué dedicarán justamente en la víspera de una jornada electoral (...) en qué se invertirán estos recursos?", dijo, a la vez que insistió que el Contralor "debe explicar el paradero de los miles de millones de bolívares que debieron haber llegado a los Consejos Comunales desde que se crearon". Por otra parte, Rodríguez anunció que acudirán a las instancias legales que sean necesarias, amparados en los artículos 21 y 62 de la Constitución, que garantizan la igualdad y participación en asuntos públicos. También señaló que irán a instancias internacionales como la OEA y, a través de ella, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ya que se consideran que se está violando el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que vela por la no discriminación política. Durante la rueda de prensa, se revelaron testimonios de miembros de los Consejos Comunales discriminados políticamente. El diputado señaló que "Los signos de exclusión que se presentan son: estar inscritos en el PSUV para poder registrarse, les ponen trabas legales, les invalidan las elecciones donde no ganan los miembros del PSUV y les hacen tomar cursos de capacitación, que terminan siendo un adoctrinamiento político". http://www.eluniversal.com/2011/03/29/denuncian-desvio-de-recursos-para-campaa-del-psuv.shtml
Primero: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 del10 de diciembre de 1948, que en su artículo 21 reconoce el derecho que tenemos todos los ciudadanos en nuestra condición de personas a participar en los asuntos públicos de nuestro gobierno, bien de manera directa o por medio de representantes libremente escogidos y en condiciones de igualdad.
Cuarto: Que la soberanía popular, legítimamente expresada en el año 1999, aprobó una Constitución en la que se garantiza, en su artículo 65, el Derecho a participar libremente en los asuntos públicos y tal como lo invoca la Declaración de los Derechos Humanos, este derecho se podrá ejercer de manera directa o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.
Quinto: Que la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 52, obliga al Estado a facilitar el ejercicio del Derecho a Asociación Libre y conscientes que los Consejos Comunales son reconocidas como instancias de participación comunitarias, para que el pueblo organizado ejerza directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de sus propias comunidades, basados en los principios de equidad y justicia social.
Con base a lo precedentemente expuesto, invocando el carácter vinculante que tienen las decisiones de las Asambleas de ciudadanos como máxima instancia de participación comunitaria y exigiendo el respeto a los principios de progresividad y no discriminación de los derechos humanos, activamos las siguientes acciones: 1ero. Poner a disposición de todos los venezolanos, bajo el principio de inclusión y diversidad el Frente Nacional de Consejos Comunales Excluidos, a los fines de regularizar su situación particular al ordenamiento jurídico venezolano.
3ero. Servir de coordinación y ejecutor de todas las acciones necesarias para hacer valer el principio de no discriminación e igualdad ante la Ley y los derechos de las Asambleas de Ciudadanos que eligieron a sus voceros en consejos comunales, para lograr la obtención de la personalidad jurídica de éstos. 4to. romover unas mesas de debate nacional e impulsar la reforma a la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, para que retome su espíritu inicial como organización amplia de participación ciudadana en el ámbito territorial local.
Consejos comunales excluidos crearon frente nacional de lucha
Las asociaciones proponen la modificación del instrumento legal que las regula.
El oficialismo les niega registro por razones político-partidistas
Representantes de más de 1.000 organizaciones se reunieron ayer para denunciar que, debido a las trabas que afrontan para su inscripción legal, no pueden recibir recursos para ejecutar proyectos en sus comunidades.
Comenzaron la recolección de firmas para darle respaldo jurídico a la organización. Entre sus tareas estará poner a disposición de los venezolanos, sin distinción partidista, asesoría para defender los derechos ciudadanos que consideren cercenados y coordinar actividades contra la discriminación.
En un manifiesto, señalaron que impulsarán la modificación de la Ley de Consejos Comunales. “Queremos eliminar la palabra socialista”, dijo Norelis Rangel, del consejo comunal de La California.
1.000 consejos comunales que no han podido registrarse en Fundacomunal crearon ayer una organización. En una asamblea que se realizó en la plaza Brión de Chacaíto, varios representantes de estas asociaciones explicaron sus razones: sin ese trámite no pueden recibir recursos para sus proyectos. En muchos casos, se niega la certificación por razones políticas. Por eso, recolectaron firmas para apoyar la integración legal del Frente Nacional de Consejos Comunales Excluidos.
Norelis Rangel, del consejo comunal de La California Norte, explicó que crearon un comité dirigido por tres personas ­ella incluida­, para llevar adelante la propuesta del frente. La semana que viene, dijo, esperan consignar las firmas en apoyo para el registro de la organización que nació ayer.
Cualquier persona que esté de acuerdo con la idea puede colocar sus datos en las planillas.
Ayer al mediodía llevaban unas 500 rúbricas ­no necesitan un número determinado­.
Sin el registro de Fundacomunal, los recursos no llegan.
Y, sin ese dinero, estas organizaciones no pueden desarrollar sus proyectos. Por ejemplo, en el consejo comunal al que pertenece Rangel hay varios planes sin concretar: bacheo de calles, mejoras estructurales en las escuelas, actividades para favorecer la seguridad, y más.
Hay otra denuncia que hacen estas organizaciones. “Cuando llegamos a Fundacomunal nos dicen que tenemos que hacer un curso de siete semanas. Allí nos ponen a cantar el himno del PSUV, nos obligan a ponernos la camisa roja, nos dicen que el socialismo es lo mejor y la democracia es capitalismo”, señaló Rangel.
En la asamblea presentaron un manifiesto en el que citan varios instrumentos jurídicos que les sirven de apoyo, y en el que se comprometen a seguir estas acciones, como parte del Frente Nacional de Consejos Comunales Excluidos: poner a disposición de los venezolanos, sin distinciones, los servicios de esta organización; asesorar a las asociaciones que vean sus derechos de participación cercenados; coordinar todas las actividades para evitar la discriminación; propiciar mesas de debate sobre la reforma de la Ley Orgánica de Consejos Comunales.
Justamente este manifiesto, dijo Rangel, servirá de preámbulo a la propuesta de modificación de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales que ellos tienen. “Se trata de hacer cambios en la ley que ya existe.
Por ejemplo, eliminar de allí la palabra socialista”, dijo.
Planteamientos encontrados. Durante la asamblea, Vladimir Castro, representante de un frente de batalla del 23 de Enero, expresó sus ideas. Dijo que esas organizaciones excluidas se expresan muy mal del Gobierno y que, en realidad, desvirtúan el trabajo de los consejos comunales. Aseguró que parte del trabajo de estas asociaciones es llevar una y otra vez los papeles. “Esa es la lucha”, dijo.
Castro agregó que la idea de los consejos comunales no es pedir dinero, sino autogestionarse. Eso es lo que él hace en su comunidad. “No se puede dejar que el Presidente se responsabilice por todo”, afirmó.
Muchos de los asistentes no estaban de acuerdo con lo que él decía. Un grupo de oficialistas lo apoyaba. Hubo disputas entre quienes lo defendían y quienes se consideraban discriminados.
El diputado William Ojeda dijo que se debe defender la pluralidad. Aseguró que él comenzó a recibir denuncias de los consejos comunales que no podían registrarse por razones políticas. Culminó su intervención con la consigna: “No a la exclusión”. Los asistentes lo apoyaron en el reclamo. Los oficialistas gritaban frases a su favor.
Cuando se habla del tema, olvidamos que estos consejos comunales fueron electos por la gente, es decir, tienen una legitimidad que las autoridades no deberían ignorar. Hace tiempo que este gobierno pretender controlar a la sociedad civil organizada utilizando registros y la entrega de recursos como forma de coerción. Así ocurre con la Ley de Cooperación Internacional, con la cual se pretende crear un registro de ONGs (la que no figure allí, simplemente no existe) y la centralización de los fondos que llegan desde el exterior. No muchos conocen cómo financia la cooperación internacional a las ONGs. Usualmente hay concursos de proyectos en los cuales las organizaciones participan presentando sus propuestas. Los fondos se entregan al proyecto mejor formulado y más útil. Suele tomarse en cuenta la trayectoria de la organización. Luego, la rendición de cuentas suele ser muy estricta, y dependiendo del monto se ordenan auditorías, pues quienes entregan los fondos (embajadas, la Unión Europea, gobiernos regionales u otras ONGs) son instituciones con experiencia en este tema. El control, no solo en el uso de los fondos, sino en la eficacia que tuvo la acción, suele ser estricto y transparente. Por ello, pensar en supervisar el uso de los fondos como una manera de evitar la corrupción, es innecesario...el control que se pretenden ejercer, tiene otros fines.
El daño no es solo a las organizaciones de la sociedad civil - ya la sociedad como un todo, que pierde tejido social- sino a los beneficiarios de esos programas, que son muchas veces de los más olvidados: gente que deambula de institución en institución buscando respuestas, y son las ONGs las únicas que prestan su tiempo y energía para la defensa de sus causas. Además de estos dos ejemplos - de control con registros y uso del dinero- tenemos que sumar el registro de personas sin viviendas que recientemente se anunció y cuyo fin parece ser el de influir de alguna manera en el voto de estas personas a favor del proyecto político del presidente Chávez. No olvidemos la famosa "Lista de Tascón", que tanto daño hizo, el censo de pensiones, que está motorizando invasiones a muchas de ellas, solo por nombrar algunas. Es pues éste un mecanismo sistemático que viene utilizándose desde hace años y que está asfixiando el ejercicio democrático, pues pretende anular la pluralidad y hacer desaparecer a quienes piensan diferente. Radicaliza la polarización y pretende uniformar a consejos comunales, ONGs y ciudadanos en general, con un solo color político.
No importa de donde venga. No importa si es un barrio o una urbanización. A juzgar por los testimonios de los líderes comunitarios que se reunieron ayer en la plaza Brión, ahora hay que formar parte del PSUV para poder conformar un consejo comunal. "Nos están negando nuestro derecho a participar, a formar un consejo comunal, a nosotros nos han dicho que si no somos rojos rojitos no vamos pal baile", reclamó Erixa Cannava, representante del consejo comunal La California Norte. Porque cada vez son más frecuentes este tipo de denuncias, ayer se creó el Frente Nacional de Consejos Comunales Excluidos, que agrupará a todos los representantes vecinales que se sientan discriminados políticamente por Fundacomunal. José Gregorio Castillo, representante del consejo comunal La Ceiba del Ávila de San Bernardino, se unió al grupo. Dice que desde septiembre del 2009 están trabajando en la conformación del consejo y hasta la fecha no han conseguido la aprobación de Fundacomunal. "Estamos excluidos, no tenemos acceso a presentar planes ni proyectos, hicimos todo lo que nos pidieron, incluso fuimos a un curso de fortalecimiento de líderes, que no era mas que un curso de adoctrinamiento político", denunció. Manuel Inciarte, representante del frente, informó que la organización fue creada para luchar pacíficamente contra la discriminación. "Preparamos un manifiesto y estamos recogiendo firmas para iniciar una serie de acciones jurídicas", señaló Inciarte, del consejo comunal de Colinas de Los Caobos. Edgar Martínez acudió desde el sector San Miguel Arcángel de Petare. Dice que él era el único representante de oposición dentro de un consejo con 14 voceros oficialistas. "Cuando llamamos a elecciones para renovar cargos, 402 personas votaron y la mayoría de los cargos se los ganó la oposición, luego llegó el coordinador de Fundacomunal e imputó la elección, nos borraron de un plumazo y registraron a otro consejo por el que solo votaron 320 personas", reclamó Martínez. Durante la asamblea un grupo de afectos al oficialismo intentó sabotear el encuentro. Por su parte, Kiomara Scovino, representante de Prados del Este, invitó a las personas que dudan de la discriminación a acudir a Fundacomunal. "Que vengan para que vean como manipulan los archivos", señaló. Los que se quieran sumar al frente pueden escribir al correo CCExcluidos@gmail.com o seguirlos en la cuenta de Twitter @CCExcluidos.
FLORANTONIA SINGER en la plaza Brión de Chacaíto, se creará un frente de lucha de los segregados
La taquilla única de Fundacomunal se convirtió en una proveeduría de excusas. Cada vocero tiene una anécdota qué contar en la instancia que prometía facilitar la participación popular. Han oído de todo: vuelva otro día, los papeles se perdieron, hizo el proceso de forma incorrecta, debe repetir las elecciones. Esas son parte de las justificaciones dilatorias al proceso de adecuación que tuvieron que emprender más 30.000 asociaciones constituidas en todo el país para adaptarse a la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales, sancionada en diciembre de 2009. En las oficinas de Fundacomunal ­ente en el que deben registrarse esas organizaciones- los ciudadanos han conocido una burocracia, que también los ha segregado. Dirigentes como Manfredo González lo califican de apartheid político. Los consejos comunales tendrán la responsabilidad de elegir a los miembros de las juntas comunales, que sustituyen a las juntas parroquiales, en elecciones de segundo grado, de acuerdo con la reciente reforma de la Ley del Poder Público Municipal. "Si no tienes el registro, no podrás participar", subrayó. Además, es potestad de los consejos comunales escoger a los miembros de los Consejos Locales de Planificación, cuya ley también se reformó y obliga a adecuar esas instancias en un plazo que vence la próxima semana. La falta de legalización limita la obtención de recursos del Ejecutivo, que en febrero aprobó la transferencia a las comunas de 1,9 millones de bolívares provenientes del Fondemi. Frente de excluidos. González está de manos cruzadas frente a la gestión para obtener el certificado del consejo comunal al que pertenece, que se localiza en El Marqués. La complejidad del proceso, los cambios constantes en la legislación y la traba para obtener el registro ha espantado muchas iniciativas comunitarias. Pero los voceros de su organización, sin embargo, han decidido prescindir de los recursos del Gobierno nacional y trabajar de forma mancomunada con la Alcaldía de Sucre. La Asociación de Vecinos de El Marqués aún sobrevive y a través de ella tienen RIF y cuenta bancaria. "Hay consejos comunales que han hecho lo necesario para lograr el registro y aún así no lo consiguen. La adecuación del consejo comunal a la nueva ley, entre otras cosas, depende de firmar un documento que dice que tu consejo comunal está trabajando en pro de la patria socialista y eso no se lo cala todo el mundo", dijo. González lo ve claro en los números. De los 27 consejos comunales que hay en las urbanizaciones del municipio Sucre, sólo 1 ha logrado obtener el registro. Las trabas para la adecuación han afectado las zonas donde supuestamente los residentes son de oposición. La situación se repite en otros municipios: en Baruta, de 80 consejos comunales conformados, 37 lograron obtener el registro y la mayoría tiene el período vencido. En Chacao, sólo los de los barrios El Pedregal, La Cruz y Pajaritos son legales; el resto del municipio, articulado en 23 agrupaciones, no ha logrado el trámite. La discriminación impulsó la creación del Frente Nacional de Consejos Comunales Excluidos, que realizará su primera gran asamblea mañana a las 10:00 am en la plaza Brión de Chacaíto. Los organizadores de la actividad han entrado en contacto con cerca de 1.000 organizaciones que se consideran discriminadas. La reunión permitirá articular una red de ciudadanos que exigirá condiciones iguales para la participación. En el lugar se instalará una especie de taquilla única, donde se atenderá a las organizaciones y se dará asesoría en caso de que sea necesario, explicó Kiomara Scovino, miembro de la comisión organizadora de la actividad. El diputado William Ojeda, de la Mesa de la Unidad Democrática, respalda el frente y promueve un anteproyecto de ley que buscar promover la autonomía del poder popular: "Esta situación hace que cualquiera que tenga una iniciativa comunitaria se inhiba, por frustración. Nosotros creemos en el poder popular, pero sin tutelaje, sin que sea una extensión del partido de Gobierno".
El 6 de junio de 2010, un tweet de celebración informó sobre la realización de las elecciones de uno de los consejos comunales de San Bernardino. "¡Consejo Comunal Ceiba del Ávila es un hecho!". Un año tomó desperezar a los residentes de siete avenidas de San Bernardino para organizar el proceso, que quedó trabado en la taquilla única de Fundacomunal en el municipio Libertador. El consejo comunal tiene cuenta en Twitter, página web, franelas y logo, pero desde hace nueve meses espera el documento que lo acredita ante el Gobierno central. "En la zona no teníamos organización, y cada vez que queríamos plantear un problema de servicios nos decían que si no teníamos consejo comunal, no podíamos pedir nada. En septiembre 2009 comenzamos a armar el consejo. Buscamos al funcionario de enlace en Fundacomunal, que fue Pedro Wippe, hicimos todas las asambleas y convocamos a elecciones el 6 de junio del año pasado, pero el representante del Gobierno no acudió", relató José Gregorio Castillo, vocero del consejo comunal. Al entregar la carpeta con los recaudos, les objetaron el mapa del ámbito del consejo comunal. "Nos lo hizo un arquitecto, pero nos dijeron que tenía que ser el que emite la alcaldía, que es el mismo que te da el Google. Finalmente, lo entregamos". Sin embargo, la certificación del empleado de Fundacomunal que no asistió a las elecciones sería el salvoconducto para obtener el registro. Wippe les dijo que les faltaba completar un paso más, que no está establecido en la ley: asistir a una escuela de formación de consejos comunales. Durante una semana de noviembre, entre las 7:00 am y las 6:00 pm, un grupo de 22 voceros del consejo comunal asistió a las sesiones en la biblioteca pública San José del Ávila. Pensamos que ahí nos podrían enseñar a armar proyectos, a llevar las finanzas, pero eso era adoctrinamiento ideológico". Las sesiones incluían cantar el Himno Nacional y el del PSUV, repetir consignas a favor del presidente Hugo Chávez, que incluían zapatear en el piso y alzar los puños, además de usar camisas rojas. "Ahí nos regañaban y nos humillaban. De 22voceros, 17 completamos el curso. Nos dieron el certificado hace más de un mes, pero aún no tenemos el registro de nuestro consejo comunal".
En Baruta decidieron tomar el camino legal frente al silencio institucional. En diciembre, los consejos comunales de El Peñón, Santa Rosa de Lima y Prados del Este demandaron ante la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo a Fundacomunal, por abstenerse de responder en los tiempos reglamentarios las solicitudes de certificación de las organizaciones comunitarias. Los dos primeros casos fueron admitidos y esperan que comience el juicio. Sin embargo, María Elena Arnal, vocera del Consejo Comunal de Santa Rosa de Lima, continúa preocupada porque la mayoría de las asociaciones de Baruta podrían quedar por fuera en la postulación y elección de los consejos locales de planificación de políticas públicas, cuya ley fue reformada y exige la participación de consejos comunales debidamente registrados ante el Ministerio de las Comunas. "No nos dejan participar, y la justicia en este país no es expedita", señaló. Aunque cumplieron el proceso correctamente, quedaron por fuera de la transferencia de recursos que hizo la Gobernación de Miranda en diciembre, porque no tienen el registro. "Hace 5 años estamos constituidos, nos renovamos 2 años después, el año pasado hicimos la adecuación y hay que ver que difícil es conseguir 50 personas comprometidas que quieran trabajar voluntariamente. En mayo entregamos los recaudos en Fundacomunal y nos dijeron que en 10 días nos respondían, todavía estamos esperando", dijo.
Alexander Alfonzo no siente que forma parte de un consejo comunal excluido. Aún sin tener el registro de Fundacomunal, la comunidad de Chacao va adelante con sus proyectos. Actualmente ensaya un sistema de estacionamiento controlado y esperan la fecha de la audiencia en el juicio sobre los terrenos donde se construiría el centro cívico, en el que los consejos comunales son parte. "Claro que existimos, pero no tenemos código". "Los consejos comunales del casco central hicimos una votación conjunta a la que asistió Fundacomunal y 9 meses después no nos han dado el registro". En las más recientes visitas al organismo, señaló Alfonzo, les han exigido formar parte de las salas de batalla social, estructuras creadas por el PSUV. No han recibido notificaciones sobre algún error en su proceso.
Caracas.- Líderes vecinales tomaron la palabra en la asamblea de ciudadanos realizada en la plaza Brión de Chacaíto con motivo de la creación del Frente Nacional de Consejos Comunales Excluidos. Y es que los representantes comunitarios de distintos sectores de Caracas han denunciado desde hace meses la discriminación que ejerce Fundacomunal a la hora de entregar el código de registro de las organizaciones comunitarias. "Este es un frente de lucha pacífica, estamos recolectando firmas para apoyar el manifiesto y de esta manera iniciar una serie de acciones jurídicas que nos permitan defender la participación ciudadana sin distingos políticos", afirmó Manuel Inciarte, uno de los voceros del frente y quien forma parte del consejo comunal de Colinas de Los Caobos. Kiomara Scovino, dirigente vecinal y miembro del Consejo Local de Planificación Pública del municipio Baruta, señaló que este espacio para la defensa de los derechos de participación se ampara en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y además en todos los mecanismos de participación que están previstos en la Constitución Nacional. Exigen la regularización del proceso de registro y aseguran que prestaran apoyo a los consejos comunales que sientan discriminados políticamente. Durante la asamblea un grupo de manifestantes afectos al oficialismo intentó sabotear la actividad, sin embargo, no se alteró el ritmo de la reunión y una vez leído el manifiesto los convocantes dieron fin al encuentro y se retiraron del lugar.
LAS LEYES DEL PODER POPULAR COMO INSTRUMENTOS PARA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA 1. El Grupo de Profesores de Derecho Público es un colectivo de académicos de varias Universidades venezolanas que surge para denunciar mediante comunicados, informes, foros y acciones judiciales la sistemática violación por los Poderes Públicos de la Constitución de 1999, y promover la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado social de Derecho (http://amnistia.me/profiles/blogs/comunicado-de-profesores-de). Este grupo nació en diciembre de 2010 en virtud de la actividad legislativa en fraude a la elección del 26 de septiembre de 2010 desplegada por la Asamblea Nacional saliente. El grupo de profesores hasta la fecha publicó un comunicado con la firma de unos 150 profesores universitarios de derecho y ciencias políticas, introdujo el 1 de marzo de 2010 un recurso de nulidad por inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica del Poder Popular ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Desde enero de 2011 hasta la fecha se han realizado charlas y foros en las universidades, Academia de Ciencias Sociales y Políticas y Colegio de Contadores sobre el impacto y alcance de las leyes dictadas en diciembre de 2010 por la Asamblea Nacional. 2. Antecedentes. En diciembre de 2010, luego de las elecciones parlamentarias del 26.09.10 en la que la oposición ganó un tercio de los cargos, la Asamblea Nacional saliente de mayoría oficialista aprobó un elevado número de leyes orgánicas y ordinarias (aproximadamente 25 leyes), entre ellas las leyes del Poder Popular (Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de Comunas, Ley Orgánica de Contraloría Social, Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal y Ley de Planificación Pública y Popular ) que desarrollan parte de la Reforma Constitucional que se rechazó en diciembre de 2007. 3. Frente al sistema de medios abiertos de participación ciudadana ejercidos libremente en el marco del pluralismo político que garantizan la Constitución de 1999, la Convención Americana de Derechos Humanos (23.1.a) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (25.a), la Ley Orgánica del Poder Popular (en adelante LOPP) y demás leyes del Poder Popular establecen un sistema cerrado de participación ciudadana subordinada a la rectoría del Poder Ejecutivo Nacional y orientada, de manera exclusiva y excluyente, a la construcción del socialismo como única ideología válida para quienes quieran participar en los asuntos públicos y para la realización de los fines del Estado venezolano. 4. La LOPP incurre en fraude a la Constitución de 1999 y a la voluntad popular, pues reedita uno de los principios básicos del proyecto de Reforma Constitucional rechazado el 02.12.07 pretendiendo modificar la estructura del Estado venezolano con la creación de un nuevo "Poder Popular", de un "Estado Comunal" y de un "Estado Comunista o Socialista", para vaciar de contenido al Estado Constitucional, que la Constitución de 1999 define como "democrático y social de Derecho y de Justicia", que tiene tres niveles de Gobierno, con clara separación entre Estado y sociedad y entre las ramas y funciones del Poder Público. Con ello, la LOPP viola obligaciones internacionales del Estado, contrarias a la concentración del Poder en una sola instancia, como las derivadas de la Carta Democrática Interamericana y el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el derecho al voto, al sufragio, porque se irrespeta una decisión popular, soberana, mediante actos que defraudan la voluntad popular. 5. La LOPP viola el derecho a la libre participación en los asuntos públicos protegido por la Constitución de 1999, la Convención Americana de Derechos Humanos (23.1.a) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (25.a), pues priva a las personas que integren cualquiera de las 'instancias' del Poder Popular (consejos comunales, comunas, ciudades comunales, etc.) de la legítima autonomía para actuar y porque les prescribe bajo coacción (sanciones, negativa a entrega de recursos, etc.) cuáles serán sus únicos objetivos políticos, económicos y sociales en tanto integrados al Poder Popular, a saber: la "construcción de la sociedad socialista" y la ejecución del "Plan Económico y Social de la Nación" . En efecto, la personalidad jurídica y legitimación de las instancias del Poder Popular para participar en los asuntos públicos y acceder a recursos estatales a invertir en obras y en servicios a favor de las comunidades, depende de su inscripción ante el Ministerio de las Comunas del Poder Ejecutivo Nacional, y el otorgar esa inscripción es enteramente discrecional, no está sujeta sólo a la consignación de requisitos formales. Además, la LOPP y las demás leyes, exigen a estas instancias que junto con los Poderes Público construyan la sociedad socialista y ejecuten el Plan Económico y Social de la Nación, que no es otra cosa que las líneas para la ejecución por parte del Estado de los principios y fines ideológicos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) . De hecho, para ejercer la contraloría social (suerte de supervisión para-policial de estas instancias sobre empresas privadas y ONG's) las instancias deben actuar conforme a los principios socialistas. 6. La LOPP viola el derecho a la igualdad y a la no discriminación protegido por la Constitución de 1999, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (24) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (26) pues los integrantes de las instancias del Poder Popular serán las únicos con acceso a recursos administrados por el Estado y a la toma de decisiones con incidencia sobre las comunidades, cuando la Constitución de 1999 permite otros medios de participación distintos a esas instancias, igualmente legítimos. Si bien la LOPP y demás leyes del Poder Popular no son de obligatoria observancia para toda persona pues es 'opcional' el constituir un Consejo Comunal, una Comuna o cualquier otra instancia del Poder Popular para participar, lo cierto es que estas leyes dan trato privilegiado a estas instancias frente a cualquier otra constituida por ciudadanos al margen de ellas, como Fundaciones y Asociaciones Civiles, pues al momento de acceder a los recursos estatales, a consultas para la toma de decisiones públicas y acceso a divisas (pues en Venezuela hay control de cambios) las instancias del Poder Popular siempre tendrán la preferencia por delante de cualquier otra forma de organización, ello con independencia de las urgencias sociales. 7. Finalmente, la LOPP y demás leyes del Poder Popular, en especial la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal crean un sistema económico comunal como único modelo al cual pueden orientarse las instancias del Poder Popular (Consejos Comunales, Comunas, etc.), lo que atenta contra la libertad económica, entiéndase, la autonomía del individuo, del ciudadano, de decidir en qué sentido ejercerá esa libertad, protegido por la Constitución de 1999, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (16) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (22) . 8. Las Leyes Orgánicas del Poder Popular violan los derechos de propiedad adquiridos como resultado de la libre empresa o del ejercicio del derecho al trabajo, protegidos por la Constitución de 1999, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (21.1) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (6 y 7), no sólo de los grandes propietarios y empresarios, sino también de los pequeños propietarios y de los trabajadores, y en especial, crea fuertes obstáculos para ser propietarios a personas que no lo son, que son grupos vulnerables o que tienen una posición económica débil por su condición, como habitantes de barrios urbanos, mujeres cabezas de familia, pueblos indígenas, personas sin viviendas, campesinos, etc., pues impone la figura de la propiedad social. La propiedad social, según la definición contenida en el numeral 15 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, no es un derecho real propio diferente a la propiedad privada o a la propiedad estatal, que tendrían los particulares para usar, gozar y disponer de cierto tipo de bienes (medios de producción) estatales, se trata de una regulación especial a la que quedarán sujetos ciertos bienes (medios de producción, tierras agrarias, tierras urbanas, viviendas, empresas estratégicas, etc.) de propiedad estatal (la titularidad de los atributos esenciales será del Estado según afirma la LOPP) y que, en el proceso de sustitución del Sistema de Economía Social de Mercado (que es el previsto en el artículo 299 de la Constitución de 1999) por el Sistema de Económico Comunal, será usada como excusa para limitar, en un inicio y suprimir luego en forma definitiva, la propiedad privada sobre los medios de producción de bienes y servicios, al sujetarlos a la propiedad social, de modo que los bienes y servicios privados se convertirán, en forma coactiva, inconstitucional y sin aplicar las garantías expropiatorias, en propiedad estatal. 9. En general, en materia económica y social, la finalidad de estas leyes del Poder Popular es instaurar y consolidar en Venezuela el Estado comunal, la economía comunal y el modelo socialista, la planificación centralizada y la propiedad social de la economía comunal, que son radicalmente incompatibles con el sistema de precios, la libre empresa y la propiedad privada. En las instancias del Poder Popular sólo tiene cabida la planificación centralizada (sólo decide el Poder Ejecutivo), las prácticas económicas comunales y la propiedad social; las leyes denunciadas justifican el 'pase' de los medios de producción en general (grandes empresas o pequeños negocios familiares o comunitarios) de la propiedad privada a la propiedad social -estatal- pues el interés colectivo prevalece sobre el particular. En ellas está prohibido el disfrute de ganancias para los que realicen actividades económicas a pesar de ser éste uno de los fines del ejercicio de la libre empresa y la propiedad privada. 10. La LOPP y demás leyes del Poder Popular eliminan el régimen de derechos laborales, que sólo existe en una economía social de mercado, incluidos los sindicatos, y se sustituye por un régimen de trueque, intercambio solidario, reinversión del excedente, en el que tales derechos (salarios, utilidades, vacaciones, bonificaciones, etc.) son suplantados por fichas o raciones de alimentos, vestidos y otros utensilios para la mera subsistencia. 11. En materia económica, estas leyes establecen los mecanismos 'legales' para la ejecución del Plan Socialista 2007-2013 y del Libro Rojo del PSUV , que postulan la abolición de las libertades económicas de todas las personas, en especial de las más pobres, en contra de las recomendaciones de Informes, como el elaborado por la Comisión para el Empoderamiento Legal de los Pobres "La Ley: clave para un desarrollo sin exclusiones" . 12. Primera Pregunta. ¿Cómo podrán garantizar las leyes del Poder Popular la libre participación autónoma de los ciudadanos en los asuntos públicos si hacen depender económica y políticamente esa participación del acatamiento de la ideología oficial del socialismo del siglo XXI y convierte a la sociedad civil en una estructura más del Estado nacional? 13. Segunda pregunta. ¿Cómo evitarán las leyes del Poder Popular crear tratos discriminatorios entre ciudadanos iguales en derechos, si hace depender la participación y el acceso a recursos, contratos, consultas, etc., de la observancia de la ideología del Partido de Gobierno? 14. Tercera pregunta. ¿Cómo evitarán las leyes del Poder Popular la concentración del Poder en manos del Ejecutivo Nacional cuando crean un Estado paralelo, que sustituye a los Estados y a los Municipios (gobiernos regionales y locales en Venezuela previstos en la Constitución de 1999), conformado por las instancias del Poder Popular, que no tienen ingresos propios y que dependen económicamente del Ejecutivo Nacional? 15. Cuarta pregunta. ¿Cómo respetarán y garantizarán las leyes del Poder Popular el pluralismo político y económico propio de las sociedades democráticas si imponen un único modelo político y un solo modelo económico a quienes pretendan participar en los asuntos públicos y acceder a recursos públicos para atender problemas sociales? 16. Quinta pregunta. ¿Cómo las leyes del Poder Popular respetarán los derechos de propiedad si no establecen garantías a los derechos de propiedad ya existentes (no aplican las garantías de la expropiación para el eventual pase de la propiedad privada a la social) y no otorgan derechos de propiedad sobre viviendas, tierras agrarias, tierras urbanas, empresas comunitarias, tierras de los pueblos indígenas, etc.? 17. Sexta pregunta ¿Cómo respetarán las leyes del Poder Popular los derechos laborales si, partiendo del principio de la reinversión social del excedente, los recursos generados por toda acción económica de las empresas de propiedad social (cuyo número es cada día mayor) no es para pago de derechos y beneficios laborales, sino para ser administrados por el Gobierno? 18. Primera recomendación al Estado: Recomendar al Estado venezolano iniciar un proceso de consulta pública (pues no lo hubo antes de ser sancionadas) de las leyes del Poder Popular para, atendiendo a las recomendaciones de las comunidades, ONGs de DDHH, Academias y demás expresiones de la sociedad civil, aprobar nuevas leyes derogatorias de aquéllas, que sí garanticen la libre participación en los asuntos públicos. 19. Segunda recomendación al Estado: Solicitar al Estado venezolano un Informe que explique si las leyes del Poder Popular acogen las recomendaciones del Informe de la Comisión para el Empoderamiento Legal de los Pobres sobre cómo lograr la inclusión de los pobres a través, entre otras medidas, del reconocimiento y protección de sus derechos de propiedad. 20. Tercera recomendación al Estado. Solicitar al Estado venezolano un Informe que explique si las leyes del Poder Popular respetan y garantizan los derechos laborales de los integrantes de las instancias del Poder Popular y de aquellas personas que laboren en territorios donde aquéllas funcionen, en atención a principios contrarios a tales derechos como la reinversión social del excedente, la supresión de la división del trabajo y la eliminación de sindicatos. http://www.eluniversal.com/2011/03/24/informe-del-grupo-de-profesores-de-derecho-publico.shtml

References: artículo 4
 artículo 30
 Artículo 8
 artículo 15
 Artículo 64
 Artículo 65
 artículo 21
 Resolución 
 artículo 21
 artículo 65
 artículo 52
 artículo 6
 artículo 299