Source: https://jurisprudencia.cladem.org/peru/Comit%C3%A9_de_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o_y_la_Ni%C3%B1a_Observaciones_referidas_a_las_mujeres_y_las_ni%C3%B1as/
Timestamp: 2019-02-23 07:09:17+00:00

Document:
1º Observaciones finales sobre el primer informe presentado por el Estado adoptadas en septiembre de 1993.1
El Comité examinó el informe inicial del Perú (CRC/C/3/Add.7) en sus sesiones 82ª, 83ª y 84ª (CRC/C/SR.82 a 84), celebradas los días 23 y 24 de septiembre de 1993, y aprobó las siguientes observaciones finales.
Principales temas de preocupación2
El Comité manifiesta su preocupación por el hecho de que las severas medidas presupuestarias que se han traducido en la reducción de los recursos asignados al sector social han entrañado un alto costo social y efectos perjudiciales para los derechos de la infancia en el Perú. Los grupos vulnerables de niños, entre ellos los que viven en las zonas afectadas por la violencia interna, los niños desplazados, los huérfanos, los discapacitados, los que viven en condiciones de pobreza y los internos en instituciones, se hallan en una situación de particular desventaja en lo que se refiere al acceso a servicios adecuados de salud y educación y son las víctimas principales de diversas formas de explotación como, por ejemplo, la prostitución infantil.
También le preocupan al Comité la magnitud del problema de la violencia familiar3; la gran cantidad de niños abandonados o internados en instituciones debido a problemas familiares generalizados, y el hecho de que el Código de Menores no sea enteramente compatible con las disposiciones respectivas de la Convención sobre los Derechos del Niño y los Convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo, en particular en relación con las edades mínimas de admisión al empleo.
Al Comité le preocupa la grave situación de los niños que, a causa de la pobreza y la miseria crecientes así como de situaciones de abandono o de violencia familiar, se ven obligados a vivir y trabajar en la calle, incluso a muy temprana edad. Por estas razones los niños suelen ser víctimas de diferentes formas de explotación y abuso4.
El Comité recomienda que se investiguen los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas que se producen en el contexto de la violencia interna imperante en varias partes del país. Las personas acusadas de tales abusos deben ser juzgadas y castigadas si se determina su culpa. Además, deberían adoptarse medidas especiales para garantizar que los niños estén protegidos contra semejantes violaciones de los derechos humanos y que sean atendidos por programas de rehabilitación e inserción en un clima que promueva la dignidad y la autoestima del niño.
Deberían adoptarse medidas concretas para proporcionar documentos de identidad a los niños que huyen indocumentados de las zonas afectadas por la violencia interna.
2º Observaciones finales sobre el segundo informe presentado por el Estado adoptadas el 28 de enero de 2000.5
_No se observa perspectiva de género en las recomendaciones.
El Comité examinó el informe periódico del Perú (CRC/C/65/Add.8), presentado el 25 de marzo de 1998, en sus sesiones 605ª y 606ª (véase CRC/C/SR. 605 y 606), celebradas el 21 de enero de 2000 y aprobó En la 615ª sesión, celebrada el 28 de enero de 2000 las siguientes observaciones finales.
D. Principales motivos de preocupación y recomendaciones del Comité6
Si bien el Comité toma nota con satisfacción del establecimiento de programas especiales para los niños que pertenecen a familias que se han visto desplazadas a consecuencia de la violencia política y el terrorismo, sigue preocupado por las consecuencias a corto y largo plazo del clima de violencia, que ha disminuido pero sigue prevaleciendo en varias regiones del territorio del Estado Parte (zonas de emergencia., que amenaza el desarrollo y el derecho a la vida de los niños. El Comité reitera su recomendación de que el Estado Parte siga adoptando medidas eficaces para proteger a los niños de los efectos negativos de la violencia interna, incluido el establecimiento de medidas de rehabilitación para los niños víctimas de esta violencia.7
En cuanto a la recomendación del Comité (ibíd., párr. 161) de garantizar los documentos de identidad a los niños que crecieron en zonas afectadas por la violencia interna, el Comité acoge con satisfacción los esfuerzos del Estado Parte en este ámbito, pero considera que hay que tomar más medidas para garantizar la inscripción de todos los niños, especialmente de los que pertenecen a los grupos más vulnerables. A la luz del artículo 7 de la Convención, el Comité recomienda que el Estado Parte siga adoptando medidas para garantizar la inscripción inmediata de los nacimientos de todos los niños, en particular de los que viven en zonas rurales y remotas y que pertenezcan a grupos indígenas.8
El Comité, si bien acoge con satisfacción las medidas adoptadas para poner en práctica su recomendación (ibíd., párr. 154 y 163), sigue preocupado por la falta de otros tipos de tutela disponibles para los niños privados de un entorno familiar. El Comité recomienda que el Estado Parte siga desarrollando medidas sustitutivas a la tutela institucional de los niños, en particular promoviendo la colocación de los niños en hogares de guarda. El Comité recomienda además que el Estado Parte refuerce su sistema de supervisión y evaluación para garantizar el desarrollo adecuado de los niños que viven en instituciones y que continúe adoptando medidas para revisar periódicamente el internamiento y el tratamiento de los niños según lo estipulado en el artículo 25 de la Convención9.
El Comité celebra las reformas legislativas destinadas a prevenir y combatir la violencia en el hogar, aunque sigue preocupado porque los abusos físicos y sexuales de los niños -dentro y fuera de la familia- siguen siendo fenómenos difundidos en el Estado Parte. A la luz, entre otras cosas, de los artículos 3, 6, 19, 28 (2) y 39 de la Convención, el Comité recomienda que el Estado Parte siga adoptando medidas eficaces para prevenir y combatir el abuso y el maltrato de los niños dentro de la familia, en la escuela y en la sociedad en general, en particular mediante el establecimiento de programas multidisciplinarios de tratamiento y rehabilitación. Sugiere, entre otras cosas, que se fortalezca la aplicación de la ley con respecto a esos delitos; que se refuercen los procedimientos y mecanismos adecuados para tratar de forma eficaz las denuncias de abusos de niños a fin de proporcionar a los niños un acceso rápido a la justicia; y que la ley prohíba explícitamente la aplicación de castigos corporales en el hogar, en las escuelas y en otras instituciones. Además, hay que crear programas educacionales para combatir las actitudes tradicionales en la sociedad con respecto a esta cuestión. El Comité alienta al Estado Parte a que considere la posibilidad de solicitar cooperación internacional a este respecto, entre otros, al UNICEF y las organizaciones internacionales no gubernamentales.10
Al reconocer las medidas adoptadas para mejorar la salud de los niños, en particular las iniciativas relacionadas con la reducción de la mortalidad infantil, el Comité sigue preocupado por la persistencia de diferencias regionales en el acceso a la atención a la salud y las altas tasas de malnutrición entre los niños, en particular en las zonas rurales y remotas y, especialmente, entre los niños que pertenecen a grupos indígenas. El Comité también está preocupado por la alta tasa de mortalidad materna y la frecuencia de embarazos en la adolescencia, así como por el acceso insuficiente de los adolescentes a los servicios de educación y asesoramiento en materia de salud reproductiva.11 También son motivos de preocupación las tasas crecientes del uso indebido de drogas y la incidencia del VIH/SIDA entre los niños y adolescentes y la constante discriminación de la que son víctimas. El Comité recomienda que el Estado Parte siga adoptando medidas eficaces para garantizar el acceso a la atención y los servicios básicos de salud para todos los niños.12 Deben tomarse medidas más concertadas para garantizar un acceso igual a la atención de la salud y a la lucha contra la malnutrición, prestando especial atención a los niños que pertenecen a los grupos indígenas y a los niños que viven en zonas rurales y remotas. El Comité recomienda al Estado Parte que continúe adoptando medidas para prevenir el VIH/SIDA y para tener en consideración las recomendaciones del Comité aprobadas el día del debate general sobre los niños que viven en un mundo con VIH/SIDA13. El Comité recomienda también que se hagan esfuerzos para crear servicios especiales de asesoramiento para los niños, así como servicios de atención y rehabilitación para los adolescentes. A este respecto, el Comité alienta al Estado Parte a que siga trabajando en este ámbito en cooperación, entre otros, con la OMS, el UNICEF y el ONUSIDA.
El Comité, aun tomando nota con satisfacción de los logros del Estado Parte en el ámbito de la educación, sigue preocupado por las altas tasas de abandono y de repetidores en las escuelas primarias y secundarias, y por las diferencias de acceso a la educación que existen entre las zonas rurales y urbanas. El Comité está particularmente preocupado por el poco acceso a la educación de los niños que pertenecen a grupos indígenas y la escasa pertinencia de los programas actuales de educación bilingüe que están a su disposición. A la luz de los artículos 28, 29 y otros artículos conexos de la Convención, el Comité recomienda que el Estado Parte continúe sus esfuerzos por fortalecer las políticas y el sistema educativos a fin de mejorar los programas existentes de retención y de formación profesional para los alumnos que han abandonado la escuela; ampliar la cobertura de las escuelas y mejorar la calidad de las escuelas haciéndolas más sensibles a la diversidad geográfica y cultural; y aumentar la pertinencia de los programas de educación bilingüe para los niños que pertenecen a grupos indígenas. El Comité alienta al Estado Parte a que considere la posibilidad de solicitar asistencia técnica en este ámbito, entre otros, al UNICEF y a la UNESCO14.
En cuanto a la recomendación del Comité (A/49/41, párr. 164), éste toma nota de que el Estado Parte ha presentado una propuesta al Congreso para elevar la edad mínima para autorizar el trabajo de 12 a 14 años.15 Sin embargo, el Comité sigue preocupado porque la explotación económica de los niños continúa siendo uno de los problemas sociales más graves en el Estado Parte (por ejemplo, en las comunidades indígenas de la sierra. y que las medidas de aplicación de la ley son insuficientes para hacer frente de forma eficaz a este problema. El Comité alienta al Estado Parte a que termine lo antes posible su reforma legislativa consistente en elevar la edad mínima para autorizar el trabajo a 14 años por lo menos. **El Comité alienta también al Estado Parte a que considere la posibilidad de ratificar el Convenio (Nº 138) sobre la edad mínima de 1973 y el nuevo Convenio (Nº
de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil.16 El Comité recomienda además que el Estado Parte adopte medidas eficaces para ocuparse de la situación de los niños que intervienen en trabajos peligrosos, en particular en el sector no estructurado de la economía. Además, el Comité recomienda que se refuercen las leyes sobre trabajo infantil, que se fortalezcan las instituciones de inspección del trabajo y que se impongan penas en los casos de violación de las normas. El Comité recomienda que el Estado Parte siga trabajando en cooperación con la OIT/IPEC.**17
En cuanto a la explotación sexual de los niños, al tomar nota con satisfacción de las reformas del Código de los Niños y Adolescentes, del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal del Estado Parte, así como de otras medidas en este ámbito, el Comité sigue preocupado por la ausencia de un plan nacional de acción para luchar contra la explotación sexual de los niños y para prevenirla18. También es motivo de preocupación el poco conocimiento entre la población de la explotación y el abuso sexuales y de las medidas existentes para determinar y denunciar los casos de abuso. A la luz del artículo 34 y otros artículos conexos de la Convención, el Comité recomienda que el Estado Parte lleve a cabo un estudio nacional sobre la cuestión de la explotación sexual comercial de los niños como base para elaborar y aplicar un plan nacional amplio de acción para prevenir y combatir ese fenómeno y que continúe llevando a cabo campañas de aumento de la conciencia pública sobre esta cuestión19. El Comité recomienda al Estado Parte que tenga en cuenta las recomendaciones formuladas en el Programa de Acción del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, celebrado en Estocolmo en 1996.20
3º Observaciones finales sobre el tercer informe presentado por el Estado adoptadas el 27 de enero de 2006.21
Se sigue sin observar una perspectiva de género en las recomendaciones.
El Comité examinó el tercer informe periódico del Perú (CRC/C/125/Add.6) en sus sesiones 1087ª y 1089ª (véase CRC/C/SR.1087 y 1089), celebradas el 12 de enero de 2005, y aprobó en su 1120ª sesión, celebrada el 27 de enero de 2006, las siguientes observaciones finales.
C. Principales temas de preocupación y recomendaciones22
El Comité aprecia los considerables esfuerzos desplegados por el Estado Parte para lograr el registro de todos los niños al nacer. Sin embargo, al Comité le preocupa que cerca del 15% de los niños peruanos, en su mayoría de zonas rurales y remotas del país, sigan sin estar debidamente inscritos en el sistema del Registro Civil.
El Comité reitera su recomendación anterior e insta al Estado Parte a establecer como prioridad la inscripción inmediata de todos los nacimientos y promover y facilitar, de conformidad con el artículo 7 de la Convención, el registro de aquellos niños que no fueron inscritos al nacer. En particular, el Estado Parte debería modernizar el Registro Civil y velar por su correcto funcionamiento y mantenimiento, dotándolo de los recursos financieros necesarios y de personal calificado y bien formado y haciéndolo más accesible en todo el país.
Al Comité le preocupa que la colocación en una institución no siempre se utilice como medida de último recurso. Además, le preocupa el estado precario en que se encuentran algunas de las instituciones para el cuidado de los niños privados temporal o permanentemente de su medio familiar, y la insuficiente capacidad para atender a todos los niños que precisan otros tipos de cuidado y que no pueden ser acogidos en familias de guarda.
El Comité recomienda que, en los casos en que la colocación en una institución sea el último recurso necesario para los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, el Estado Parte vele por que existan instituciones adecuadas para atenderlos. El Comité recomienda también al Estado Parte que reconozca el derecho de los niños internados en instituciones a la revisión periódica del trato que reciben, y de todas las demás circunstancias pertinentes a su colocación. Además, debería existir un mecanismo de queja disponible y accesible para los niños colocados en instituciones.
Al Comité le preocupa que, a pesar de las medidas adoptadas recientemente a este respecto, la violencia en el hogar y el maltrato de niños, incluido el abuso sexual, sean un hecho corriente en la sociedad, y que el Código Penal no ofrezca una protección adecuada contra estas formas de maltrato.
El Comité insta al Estado Parte a redoblar sus esfuerzos a fin de:
**Prevenir y combatir el maltrato de los niños en el hogar;
Reforzar los mecanismos para determinar el alcance de las formas de violencia, daños o abusos, abandono, malos tratos o explotación contemplados en el artículo 19, en particular en la familia, la escuela y en instituciones u otros lugares de atención;
Introducir en el Código Penal disposiciones que se refieran específicamente a esas formas de violencia y maltrato;
Ampliar su línea telefónica gratuita de ayuda, Teléfono Anar, a fin de llegar a los niños de zonas remotas en todo el país.
En el contexto del estudio a fondo sobre la cuestión de la violencia contra los niños que lleva a cabo el Secretario General y del correspondiente cuestionario enviado a los gobiernos, el Comité toma nota con reconocimiento de las respuestas presentadas por escrito por el Estado Parte y de su participación en la consulta regional de América Latina celebrada en la Argentina del 30 de mayo al 1º de junio de 2005. El Comité recomienda al Estado Parte que utilice el resultado de la consulta regional como instrumento para tomar medidas, en colaboración con la sociedad civil, con objeto de cerciorarse de que todos los niños están protegidos contra todo tipo de violencia física o mental y para generar medidas concretas y, cuando proceda, acciones limitadas en el tiempo encaminadas aprevenir la violencia y los malos tratos y darles solución.
Si bien acoge con agrado las disposiciones legislativas adoptadas para prohibir los castigos corporales tanto en el Código Penal como en la Ley Nº 26260, el Comité expresa preocupación al observar que esos castigos se consideran válidos en el hogar y son una práctica muy extendida en la sociedad como medida aceptada de disciplina, en tanto en la escuela como en el ámbito familiar. Además, al Comité le preocupa que, según se indica en un estudio reciente, los propios niños consideren esta práctica como un medio natural de disciplina y educación.
El Comité recomienda al Estado Parte que promulgue y haga cumplir leyes que prohíban explícitamente todas las formas de castigo corporal de los niños en todos los ámbitos, particularmente en el hogar. El Estado Parte debería realizar también campañas de sensibilización y educación de la población contra los castigos corporales y promover medios de formación y pedagogía no violentas y participativas.
La insuficiencia del acceso a la salud y a los servicios de salud, especialmente en las zonas rurales y remotas del país, lo cual da lugar a importantes discrepancias en la prestación de estos servicios;
Que las tasas de mortalidad materno infantil y de los niños menores de 5 años, a pesar de ciertas mejoras, sigan figurando entre las más altas de América Latina;
La elevada incidencia de la hepatitis B y de la anemia, especialmente entre determinados grupos de indígenas;
Que al parecer un importante porcentaje de la población que vive en la pobreza y la extrema pobreza, en particular las mujeres y los niños menores de 18 años, no esté afiliada al SIS (Seguro Integral de Salud.;
Que a pesar de los diversos programas iniciados a este respecto, en concreto el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAa., el 25% de los niños menores de 5 años y el 32% de los menores de 2 años todavía sufran de malnutrición crónica.
Que garantice la atención y los servicios de salud básicos a todos los niños del país y aborde de manera urgente el problema de la malnutrición, prestando especial consideración a las zonas rurales y remotas;
Que redoble sus esfuerzos para hacer frente con urgencia a la mortalidad en los primeros años de vida, la mortalidad materna y la mortalidad infantil en todo el país;
Que amplíe el Servicio Integral de Salud destinado a las familias que viven en la pobreza y la extrema pobreza;
Que preste especial atención al problema de las comunidades indígenas afectadas por la epidemia de hepatitis B, en particular garantizando con carácter urgente la inmunización de los recién nacidos.
El Comité reitera la recomendación del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de que el Estado Parte realice una evaluación independiente del impacto medioambiental y social, teniendo en cuenta los derechos, antes de poner en marcha todo proyecto minero o industrial que pueda desvirtuar el derecho a la salud de los niños. El Comité recomienda además que el Estado Parte redoble sus esfuerzos para proporcionar servicios de saneamiento y agua potable a toda la población, con especial atención a las zonas rurales y remotas. Salud de los adolescentes
El Comité está preocupado por la elevada tasa de embarazos precoces y por el número de adolescentes que fallecen por someterse a un aborto. Además, al Comité le preocupa la falta de servicios de salud sexual y reproductiva adecuados, debido también a la asignación insuficiente de recursos en esos sectores.
El Comité recomienda al Estado Parte que, teniendo en cuenta la Observación general del Comité sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención (CRC/GC/2003/4), garantice el acceso a los servicios de salud reproductiva a todos los adolescentes y lleve a cabo campañas de sensibilización para informar plenamente a los adolescentes sobre sus derechos en materia de salud reproductiva, y en particular sobre la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos precoces23. Además, el Estado Parte debe adoptar todas las medidas posibles para hacer frente al fallecimiento de niñas adolescentes a causa del aborto.
Al Comité le preocupa la elevada incidencia del consumo de drogas, alcohol y tabaco entre los adolescentes, así como la tasa de suicidios juveniles que afecta especialmente a algunos departamentos, como Arequipa y Junín.
El Comité recomienda al Estado Parte que ofrezca un acceso adecuado a los servicios de atención de la salud mental a todos los niños, y que tome todas las medidas necesarias para combatir la adicción a las drogas, el alcohol y el tabaco, ofreciendo, entre otras cosas, servicios concretos de rehabilitación.
Al Comité le preocupa la propagación del VIH/SIDA entre los niños y adolescentes, en parte a causa de la transmisión materna infantil. Al Comité también le preocupa:
Que sólo el 8% de las madres infectadas por el VIH tengan acceso a la terapia antirretroviral, que es fundamental para prevenir la transmisión materna infantil del VIH/SIDA;
Que los niños huérfanos a causa del VIH/SIDA y los niños seropositivos sean discriminados en la escuela y en la sociedad;
Que se disponga de un acceso ilimitado a las pruebas del VIH.
El Comité recomienda al Estado Parte que, teniendo en cuenta la Observación general Nº 3 del Comité sobre el VIH/SIDA y los derechos del niño, así como las Directrices Internacionales sobre el VIH/SIDA y los Derechos Humanos (E/CN.4/1997/37):
Intensifique las medidas para prevenir la transmisión materna infantil, por ejemplo, coordinándolas con las actividades encaminadas a reducir la mortalidad materna;
Aplique el tratamiento antirretroviral a los recién nacidos de madres seropositivas y amplíe la disponibilidad de pruebas del VIH para las mujeres embarazadas;
**Preste especial atención a los niños infectados y afectados por el VIH/SIDA o huérfanos por el fallecimiento de sus padres a causa del SIDA, brindándoles suficiente apoyo médico, psicológico y material y recabando la participación de la comunidad;
Redoble sus esfuerzos organizando campañas y programas de sensibilización sobre el VIH/SIDA destinadas a los adolescentes, en particular a los de grupos vulnerables, y a la población en general, para que no se discrimine a los niños contagiados y/o afectados por el VIH/SIDA;
Asegure la dotación de recursos financieros y humanos suficientes para la aplicación eficaz del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra el VIH/SIDA; y
Solicite más asistencia técnica del Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDa. y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEf., entre otros.
Al Comité le preocupa el elevado nivel de pobreza en el país, donde, según las respuestas por escrito del Estado Parte, unos dos tercios de los niños viven en la pobreza y cerca del 30% se encuentran en situación de extrema pobreza. Al Comité le preocupa además la precariedad de las viviendas y las condiciones de vida en las zonas rurales, y que sólo el 34% de las familias que viven en esas zonas tengan acceso al agua (frente al 74% de las que viven en zonas urbanas).
El Comité recomienda al Estado Parte que emprenda todas las medidas posibles, en particular la provisión de recursos adicionales y mejor gestionados, para reducir la pobreza y asegurar el acceso 94 universal a los bienes y servicios básicos, como el agua potable pura, en especial en las zonas remotas y rurales.
El Comité celebra el papel activo que desempeñan los consejos escolares, así como los programas elaborados por el Estado Parte especialmente para la enseñanza primaria, como el PRONEI y el WAWA WASI. Análogamente, el Comité se felicita por el aumento de la tasa de graduación de primaria. Sin embargo, le siguen preocupando:
El bajo nivel de las asignaciones presupuestarias para la educación, y los mínimos incrementos previstos por el Gobierno;
Las desigualdades, tanto en calidad como en infraestructura, que existen entre las escuelas urbanas y rurales y los centros públicos y privados. En particular, al Comité le preocupan las deplorables condiciones de las escuelas de las zonas remotas y la baja calidad de la educación en dichas zonas;
La falta de formación adecuada para los docentes, particularmente en enseñanza intercultural bilingüe para las comunidades indígenas;
El hecho de que los niños no asistan a la escuela de forma regular ni en primaria ni en secundaria, que las tasas de abandono y repetición sean extremadamente altas y que casi uno de cada cuatro adolescentes (de entre 12 y 17 años de edad. haya dejado de ir a la escuela, entre otras cosas por la falta de centros;
La tasa incluso más elevada de inasistencia y abandono, a edad más temprana, de las niñas, debido a las convicciones tradicionales y a los embarazos y maternidad precoces;
El escaso acceso a la formación profesional;
Los gastos ocultos que entraña la escolarización;
Los resultados del Proyecto Internacional para la Producción de Indicadores de Rendimiento de los Alumnos (proyecto PISa. elaborado en 2002, en el que los estudiantes del Estado Parte figuraban hacia el final de la clasificación.
Que insista en la calidad de la enseñanza y acelere el aumento de los recursos destinados a la educación, y mejor asignados, en el presupuesto nacional;
Que intensifique sus esfuerzos para mejorar las condiciones en las zonas remotas y rurales y eliminar las discrepancias en el acceso a la educación entre las zonas urbanas y rurales;
Que refuerce las medidas destinadas a aumentar las tasas de matriculación y graduación y a reducir el abandono escolar;
Que intensifique las medidas destinadas a la capacitación de los maestros y mejore sus condiciones laborales, inclusive sus salarios;
Que mejore la educación intercultural bilingüe;
Que redoble sus esfuerzos para aliviar a las familias de los gastos suplementarios y ocultos de la escolarización;
Que ofrezca una formación técnica y profesional más basada en la demanda y organice actividades de asesoramiento profesional para los niños;
Que amplíe las oportunidades educativas de los niños no escolarizados y los niños trabajadores mediante programas concretos adaptados a sus condiciones de vida;
Que solicite asistencia técnica a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y al UNICEF.
Si bien celebra las medidas legislativas y de otro tipo adoptadas por el Estado Parte en la esfera del trabajo infantil, por ejemplo mediante las actividades de los inspectores del trabajo, el Comité sigue profundamente preocupado ante la información de que cientos de miles de niños y adolescentes participan en el mercado laboral, especialmente en el sector no estructurado, están marginados de la educación y son víctimas de la explotación y el abuso. Al Comité también le preocupa la frecuente violación de las disposiciones legislativas que protegen a los niños de la explotación económica, y que los niños estén expuestos a trabajos peligrosos y/o degradantes como los que se realizan en minas, vertederos y en el reciclaje de pilas.
Al Comité le preocupa además que la edad mínima de admisión al empleo esté fijada en los 14 años, una edad inferior a la establecida para la conclusión de la enseñanza obligatoria, a saber, los 15 años.
Que realice un estudio del número de niños que trabajan, en particular como empleados de servicio doméstico y en el sector agrícola, a fin de elaborar y aplicar estrategias y políticas amplias para impedir y reprimir la explotación económica. A tal efecto, el Estado Parte debería tener debidamente en cuenta las opiniones de las organizaciones dedicadas a la infancia;
Que vele por la plena aplicación de la legislación relativa al artículo 32 de la Convención y a los Convenios Nº 138 y Nº 182 de la OIT, particularmente en lo relativo a la prevención de las peores formas de trabajo infantil, según lo dispuesto de conformidad con los Convenios de la OIT;
Que eleve a los 15 años, es decir, al término de la enseñanza obligatoria, la edad mínima de admisión al empleo;
Que garantice asignaciones presupuestarias suficientes para la puesta en práctica del Plan Estratégico Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil;
Que realice campañas de sensibilización para prevenir y combatir la explotación económica de los niños;
Que siga solicitando asistencia técnica al Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC/OIT) y el UNICEF, entre otros.
El Comité celebra las medidas adoptadas por el Estado Parte para combatir la explotación sexual y la trata de niños, en particular la Ley Nº 28251 aprobada en junio de 2004, que incrementó considerablemente las penas impuestas por el abuso sexual de niños e introdujo nuevos delitos como el turismo sexual y la pornografía infantil por Internet. Sin embargo, al Comité le preocupa que al parecer un número muy elevado de niños, 500.000 según las cifras, sean víctimas de la explotación y la violencia sexuales.
Que tipifique la trata en la legislación penal conforme a la definición que figura en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños;
Que ofrezca programas adecuados de asistencia y reintegración para los niños víctimas de la explotación y/o la trata sexuales, que deberían ser tratados como víctimas y nunca castigados ni considerados como delincuentes;
Que apruebe y ejecute un plan nacional de acción contra la explotación sexual y la trata de niños, teniendo en cuenta la Declaración y el Programa de Acción y el Compromiso Mundial aprobados en el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños en 1996 y 2001, respectivamente;
Que enseñe a los agentes del orden, los trabajadores sociales y los fiscales a recibir, verificar, investigar y tramitar las denuncias, de manera que se tenga en cuenta la sensibilidad del niño y se respete la vida privada de la víctima;
Que solicite asistencia técnica al UNICEF y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros.
El Comité observa con preocupación que hubo casi 5.000 denuncias de desapariciones en el contexto de la trata transfronteriza entre 2002 y 2005, el 35,3% de las cuales se referían a niños. En particular, al Comité le preocupan los informes de desapariciones de niños en zonas rurales como Ayacucho.
Si bien toma nota de las actividades realizadas a este respecto, el Comité recomienda al Estado Parte que intensifique y redoble sus esfuerzos para prevenir las desapariciones de niños, investigue plenamente esos casos y someta a los culpables a la acción de la justicia.
El Comité, aun reconociendo los esfuerzos del Estado Parte a este respecto, observa con preocupación que las comunidades indígenas siguen enfrentándose a graves dificultades en el disfrute de sus derechos, en particular los económicos, sociales y culturales. Concretamente, al Comité le preocupa la falta de reconocimiento de sus derechos sobre la tierra, el saqueo de sus recursos, su acceso insuficiente a los servicios básicos, la salud y la educación y la exclusión social y la discriminación de que son objeto.
El Comité recomienda al Estado Parte que emprenda medidas efectivas para que los niños indígenas tengan iguales oportunidades y adopte medidas adecuadas para proteger los derechos de los niños indígenas reconocidos en la Constitución, teniendo debidamente en cuenta las recomendaciones aprobadas por el Comité en su día de debate general sobre los derechos de los niños indígenas celebrado en septiembre de 2003.
4º Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados del Perú.24
El Comité examinó los informes periódicos cuarto y quinto combinados del Perú (CRC/C/PER/4-5) en sus sesiones 2067ª y 2069ª (véanse CRC/C/SR.2067 y 2069), celebradas los días 14 y 15 de enero de 2016, respectivamente, y en su 2104ª sesión (véase CRC/C/SR.2104), celebrada el 29 de enero de 2016, aprobó las observaciones finales que figuran a continuación.
III. Principales motivos de preocupación y recomendaciones25
A. Medidas generales de aplicación (arts. 4, 42 y 44 (párr. 6))
El Comité observa que la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes ha pasado a estar bajo la supervisión del Viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sin embargo, le preocupa que, pese a tener un rango más elevado, la Dirección General siga sin disponer de capacidad y de recursos suficientes para garantizar una coordinación y una aplicación efectivas de la Convención en todos los sectores y niveles del Gobierno. Además, aunque acoge favorablemente el aumento del número de Defensorías del Niño y del Adolescente, el Comité está preocupado por el hecho de que no existan en todos los municipios, particularmente en las zonas rurales y alejadas, y por el hecho de que haya disparidades en cuanto a la infraestructura y los recursos que se les asignan, lo que puede limitar el acceso a las medidas en pro de los niños.
El Comité recomienda al Estado parte que confiera a la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes el nivel suficiente de autoridad, conocimientos técnicos y capacidad para coordinar eficazmente todas las actividades relacionadas con la aplicación de la Convención en los planos intersectorial, nacional, regional y local e invita al Estado parte a que considere la posibilidad de elevar la Dirección General al rango de Viceministerio. Además, el Estado parte debe proporcionar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para su funcionamiento efectivo. El Comité recomienda asimismo al Estado parte que siga reforzando la capacidad de sus Defensorías del Niño y del Adolescente a fin de alcanzar los mismos niveles de protección en todo su territorio.
Aunque toma nota de los importantes esfuerzos realizados por el Estado parte para reunir y analizar datos sobre la infancia, el Comité está preocupado por el hecho de que los datos no estén suficientemente desglosados ni consolidados, lo que puede constituir un obstáculo para comprender y evaluar adecuadamente el caso de los niños que se encuentran en situaciones vulnerables y marginales.
Habida cuenta de su observación general núm. 5 (2003) sobre las medidas generales de aplicación de la Convención, el Comité recomienda al Estado parte que siga reforzando su sistema de reunión de datos, particularmente garantizando que los datos abarquen todos los ámbitos de la Convención y estén desglosados por edad, sexo, discapacidad, ubicación geográfica, origen étnico y situación socioeconómica a fin de facilitar el análisis de la situación de todos los niños. Además, recomienda que los datos e indicadores se compartan entre los ministerios pertinentes y se utilicen para la formulación, supervisión y evaluación de políticas, programas y proyectos a los efectos de aplicar eficazmente la Convención. Además, cuando proceda a definir, reunir y difundir información estadística, el Estado parte debe tener en cuenta el marco conceptual y metodológico establecido en el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos titulado “Indicadores de derechos humanos. Guía para la medición y la aplicación”.
B. Definición de niño (art. 1)
El Comité toma nota de que la edad mínima para contraer matrimonio está fijada en los 18 años. No obstante, le preocupa que los tribunales puedan establecer excepciones a esta norma cuando el muchacho y la muchacha tengan por lo menos 16 años y hayan expresado su deseo de contraer matrimonio.
El Comité insta al Estado parte a que haga cumplir efectivamente el requisito legal de tener cumplidos como mínimo los 18 años para poder contraer matrimonio.
C. Principios generales (arts. 2, 3, 6 y 12)
Aunque toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte para luchar contra la discriminación de los niños en situaciones marginales o desfavorecidas, como muestra el establecimiento de la Comisión Nacional contra la Discriminación y la plataforma contra la discriminación, el Comité está profundamente preocupado por lo siguiente:
La persistencia de actitudes patriarcales y estereotipos arraigados que discriminan a las niñas, lo que da lugar a una elevada prevalencia de la violencia contra ellas;
La prevalencia de la discriminación estructural contra ciertos grupos de niños, incluidos los niños indígenas, los niños afroperuanos, los niños que viven en zonas rurales y alejadas, los niños que viven en la pobreza, los niños homosexuales, bisexuales, transgénero e intersexo y los niños con discapacidad, particularmente en relación con su acceso a la educación y otros servicios básicos, como la atención de la salud;
La inexistencia de legislación que prohíba expresamente la discriminación basada en la orientación sexual o en la identidad de género.
Elabore y aplique una estrategia completa, que incluya programas de sensibilización y campañas educativas, para eliminar las actitudes patriarcales y los estereotipos de género que discriminan a las niñas;
Intensifique sus esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de discriminación de hecho contra todos los niños en situaciones marginales y vulnerables, lo que incluye aplicar efectivamente las leyes y políticas existentes, aprobar nuevas estrategias y llevar a cabo amplias campañas públicas de educación;
Vele por que los profesionales que se ocupan de los niños, los medios de comunicación y la opinión pública en general estén concienciados del efecto negativo de los estereotipos y de las actitudes discriminatorias en relación con el disfrute de sus derechos por los niños;
Prohíba expresamente la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.
E. Violencia contra los niños (arts. 19, 24 (párr. 3), 28 (párr. 2), 34, 37 a. y 39)
Aunque toma nota de los esfuerzos realizados para impedir el matrimonio de niños en las comunidades del Napo, el Comité está preocupado por la elevada prevalencia de matrimonios de niños en el Estado parte, particularmente en zonas indígenas y rurales.
El Comité recomienda al Estado parte que vele por que se haga cumplir debidamente el requisito de la edad mínima para contraer matrimonio, fijada en los 18 años para las muchachas y los muchachos. Además, el Estado parte debe poner en marcha programas integrales de sensibilización sobre las consecuencias negativas del matrimonio precoz para las niñas, destinados en particular a los padres, los maestros y los dirigentes comunitarios, teniendo en cuenta la recomendación general núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la observación general núm. 18 (2014) del Comité de los Derechos del Niño sobre prácticas nocivas, las cuales fueron formuladas de manera conjunta.
G. Discapacidad, salud básica y bienestar (arts. 6, 18 (párr. 3), 23, 24, 26, 27 (párrs. 1 a 3) y 33)
El Comité acoge favorablemente los importantes progresos realizados por el Estado parte para reducir la mortalidad y la malnutrición crónica de los niños, pero está preocupado por las disparidades entre los progresos de las zonas urbanas y las rurales y en relación con los niños indígenas y los niños que viven en la pobreza. También le preocupa lo siguiente:
El hecho de que el acceso a los servicios de atención de la salud y su calidad sigan siendo insuficientes, particularmente en las zonas rurales y alejadas y en las comunidades indígenas;
El hecho de que, pese a las mejoras realizadas, siga siendo elevada la tasa de mortalidad materna, particularmente en las zonas rurales y alejadas;
El hecho de que la cobertura de las vacunas básicas no sea aún universal y que incluso se esté reduciendo;
El hecho de que haya aumentado la prevalencia de la anemia entre los niños;
El hecho de que esté disminuyendo la tasa de lactancia materna exclusiva y no se supervise debidamente el cumplimiento de las normas sobre alimentación de los lactantes.
El Comité señala a la atención del Estado parte su observación general núm. 15 (2013) sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y recomienda al Estado parte que:
Siga intensificando sus esfuerzos para luchar contra la mortalidad y la malnutrición infantiles, centrándose primordialmente en los niños que viven en la pobreza, los niños que viven en las zonas rurales y alejadas y los niños indígenas. En este contexto, el Estado parte debe tener en cuenta las orientaciones técnicas sobre la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos a la ejecución de las políticas y programas destinados a reducir y eliminar la mortalidad y morbilidad prevenibles de los niños menores de 5 años (A/HRC/27/31).
Garantice la igualdad de acceso a servicios de atención de la salud de calidad para todos los niños, incluidos los que vi van en zonas rurales y alejadas.
Aplique eficazmente sus estrategias encaminadas a reducir la mortalidad materna en todo el país, lo que incluye el fortalecimiento de la calidad de la atención prenatal y la capacidad de respuesta de los servicios de salud.
Realice estudios sobre las causas de la anemia entre los niños de corta edad y las mujeres y, sobre la base de las conclusiones correspondientes, formule y aplique programas para hacer frente al problema.
Intensifique sus esfuerzos para promover la lactancia materna hasta los 6 meses de edad, para lo cual ha de sensibilizar al personal médico y a la opinión pública acerca de la importancia de esa lactancia y garantizar la aplicación y el seguimiento efectivos de las normas sobre alimentación infantil.
El Comité está preocupado por lo siguiente:
La elevada tasa de embarazos de adolescentes, particularmente de niñas en situaciones vulnerables y marginales, incluidas las niñas que viven en la pobreza, las niñas con bajos niveles de educación y las niñas indígenas;
El hecho de que el aborto sea ilegal en casos de violación o incesto y la interpretación restrictiva del aborto terapéutico, situación que obliga a las niñas a recurrir a abortos peligrosos con riesgo para su salud y para su vida;
La falta de acceso de los adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva, salvo que estén acompañados por un progenitor o tutor, y a métodos anticonceptivos modernos, incluidos los anticonceptivos de emergencia;
Las elevadas tasas de suicidio y de depresión entre los adolescentes;
La elevada tasa de alcoholismo y drogadicción entre los niños y adolescentes, que particularmente afectan a los niños de la calle.
Habida cuenta de su observación general núm. 4 (2003) sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención, el Comité recomienda al Estado parte que:
Haga frente al problema del elevado número de embarazos de adolescentes, para lo cual ha de reforzar el acceso a una educación en materia de salud sexual y reproductiva en función de la edad y los derechos de las niñas y los niños en todo el Estado parte, incluidos los de los niños sin escolarizar.
Despenalice el aborto en todas las circunstancias, garantice el acceso de las niñas a servicios de aborto sin peligro y de atención posterior al aborto por lo menos en los casos de violación, incesto y graves malformaciones del feto y en los casos de riesgo para la vida y la salud de la madre, y proporcione claras orientaciones a los profesionales de la salud e información a los adolescentes sobre el aborto sin peligro y la atención después del aborto. Las opiniones de las niñas embarazadas deben ser siempre escuchadas y respetadas en relación con las decisiones que se adopten sobre el aborto.
Garantice la disponibilidad para todos los adolescentes de servicios e información confidenciales sobre la salud reproductiva y la correspondiente asistencia psicológica y el acceso efectivo de los adolescentes a tales servicios e información, así como a formas modernas de anticonceptivos, incluidos los anticonceptivos gratuitos de emergencia.
Garantice la igualdad de acceso a servicios de atención de la salud mental con miras a eliminar la prevalencia del suicidio y de la depresión entre los adolescentes.
Luche contra la incidencia del consumo de drogas por los niños y adolescentes, lo que entraña, entre otras cosas, proporcionarles información precisa y objetiva y educación para prepararles para la prevención del uso indebido de sustancias, incluidos el tabaco y el alcohol, en su vida cotidiana y establezca servicios adaptado s a los jóvenes para el tratamiento de la drogadicción y la reducción de los correspondientes peligros.
Aunque toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte para prevenir el VIH/SIDA y luchar contra él, el Comité está preocupado por los informes según los cuales únicamente alrededor del 50% de los niños infectados por el VIH reciben tratamiento antirretroviral. Le preocupa asimismo la creciente tasa de infección entre los niños indígenas y la limitada prestación de servicios apropiados de atención de la salud para las embarazadas infectadas por el VIH.
Habida cuenta de su observación general núm. 3 (2003) sobre el VIH/SIDA y los derechos del niño, el Comité recomienda al Estado parte que mejore el acceso a la terapia antirretroviral y su cobertura en el caso de los niños infectados por el VIH. Además, el Estado parte debe proporcionar servicios e información específicos sobre la prevención del VIH a los niños indígenas. Debe garantizar asimismo servicios de atención de la salud y tratamiento adecuados para las embarazadas infectadas por el VIH y tratamiento de seguimiento para las madres infectadas por el VIH/SIDA y sus hijos lactantes a fin de prevenir la transmisión de madre a hijo y garantizar tempranamente el diagnóstico y la iniciación del tratamiento.
H. Educación, esparcimiento y actividades culturales (arts. 28 a 31)
El Comité toma nota de los importantes esfuerzos realizados para incrementar las asignaciones presupuestarias respecto de la educación y el acceso a esta, incluida la educación en la primera infancia, y para reforzar la educación bilingüe intercultural. No obstante, le preocupa lo siguiente:
Las disparidades en las asignaciones presupuestarias entre las escuelas y entre las regiones;
Las bajas tasas de matriculación escolar y de finalización de los estudios, las dificultades persistentes respecto del acceso a una educación de calidad y bilingüe y las elevadas tasas de analfabetismo entre los niños que viven en las zonas rurales, los niños indígenas y los niños afroperuanos;
La creciente privatización de la educación, que puede incrementar la discriminación en el sistema educativo;
Los costos ocultos de la educación;
La baja calidad de la educación, pese a las mejoras, y el rendimiento escolar relativamente bajo de los niños en el Estado parte;
La insuficiente formación de los maestros y las difíciles condiciones de trabajo en las zonas rurales y alejadas;
Las elevadas tasas de abandono escolar, que afectan particularmente a las niñas y adolescentes embarazadas en la enseñanza secundaria.
Habida cuenta de su observación general núm. 1 (2001) sobre los propósitos de la educación, el Comité recomienda al Estado parte que:
Siga esforzándose por asignar suficientes recursos financieros al desarrollo y la mejora del sistema de educación nacional, de manera que abarque todas las escuelas y todo el territorio del Estado parte;
Siga mejorando la accesibilidad y la calidad de la educación para todos los niños, lo que incluye intensificar la formación de calidad de los maestros y mejorar sus condiciones de trabajo, en particular en las zonas rurales, para alentarlos a impartir educación de elevada calidad;
Evalúe y aborde las consecuencias del rápido desarrollo de la educación privada en el Estado parte a fin de garantizar la igualdad de acceso a una educación de calidad para todos los niños;
Garantice el derecho a una educación obligatoria y gratuita sin costos indirectos ni ocultos;
Refuerce las medidas adoptadas para luchar contra el abandono escolar y elevar la tasa de finalización de la enseñanza secundaria, haciendo especial hincapié en los niños que viven en las zonas rurales, los niños indígenas y afroperuanos, las niñas embarazadas y las madres adolescentes;
Mejore la calidad de la educación en las zonas rurales y entre las comunidades indígenas y afroperuanas a fin de eliminar el analfabetismo y garantice la aplicación efectiva de sus programas sobre educación bilingüe intercultural.
CRC/C/15/Add.8, 18 de octubre de 1993↩
Ley 26763 publicada el 25 de marzo de 1997, se incorpora el accionar preventivo y se establecen políticas para la erradicación de la violencia. En: Reporte alternativo de la Convención de Derechos del niño, niña y adolescente. CLADEM. 2005. Asimismo, mediante Decreto Supremo nº 002-98- JUS. Aprueban reglamento del TUO de la ley de protección frente a la violencia familiar No 26260.g↩
En las Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño del 2000 menciona: Teniendo en cuenta su preocupación por la situación del trabajo infantil (ibíd., párr. 156), el Comité celebra la firma de un memorando de entendimiento entre el Estado Parte y la Organización Internacional del Trabajo y su Programa Internacional para la Abolición del Trabajo Infantil (IPEc., así como las actividades emprendidas en virtud de este programa.↩
CRC/C/15/Add.120, 22 de febrero de 2000↩
Ley sobre los Desplazamientos Internos (Ley N° 28223 – publicada el 28 de abril de 2004): Esta norma busca reconocer el status jurídico del desplazado, su naturaleza legal y la atención de los diversos problemas jurídicos derivados de dicha problemática. El MIMDES tendrá entre sus funciones, la de asesorar, capacitar y atender a la población desplazada. Asimismo, elaborará un Registro Nacional para las Personas Desplazadas, a fin de asegurar el conocimiento por parte del Estado del número de desplazados, sus características y necesidades de los mismos. Reglamento de la Ley sobre Desplazamientos Internos (Decreto Supremo N° 004- 2005-MIMDES, publicado el 24 de febrero de 2005): Se reconoce los siguientes derechos de los desplazados internos: (a) Al acceso de toda la documentación necesaria para ejercer sus derechos.; (b) A la libertad de tránsito dentro y fuera de los lugares en los que se encuentren; (c) A la protección contra el genocidio, el homicidio, las ejecuciones sumarias o arbitrarias y las desapariciones forzadas, así como de las amenazas y la incitación a cometer tales acciones contra ellos; (d) A la protección contra la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, la detención arbitraria, la persecución política, la estigmatización y el confinamiento; (e) A la protección contra detenciones ilegales y requisitorias injustificadas; (f) A la protección y a la recuperación, en la medida de lo posible, de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos cuando se desplazaron; (g) A mantener la unidad familiar; (h) A la atención en salud y a la atención especial en la salud de las mujeres;(i) Al acceso a la educación y a participar en los programas educativos de becas. Asimismo, se establece una protección especial para los desplazados que pertenezcan a los siguientes grupos: menores de edad, en especial huérfanos o en abandono; personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas y grupos étnicos. El MIMDES tendrá como funciones específicas sobre la problemática de los desplazados todo aquello que se refiera a la promoción del desarrollo integral y sostenible de las zonas expulsoras y receptoras, así como la articulación de los esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención y atención de los desplazamientos internos, en coordinación con los gobiernos regionales y locales. Asimismo, promoverá actividades de capacitación, formación y especialización del personal encargado del cumplimiento de la Ley. Finalmente, se señala que el Registro Nacional para las Personas Desplazadas tendrá como fuente la Base de Datos de la CVR y el Censo por la Paz elaborado por el MIMDES. Fuente: http://www.pucp.edu.pe/idehpucp//index.php?option=com_content&task=view&id=6 4&Itemid=102↩
41Como parte de la campaña de identificación de niños y niñas, se viene promoviendo la distribución del Documento Nacional de Identidad (DNI) para menores de edad, medida impulsada por el RENIEC desde el 21 de mayo del 2003 según Resolución Jefatural 185-2003. En: Informe sobre la aplicación de la Convención internacional sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Perú (2005).Presentado por el GIN ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU, Junio 2005. www.risolidaria.org.pe/modulo/upload/infancia/derechos/49141400doc.pdf↩
La Ley N° 28330, modifica diversos artículos del Código de los Niños y Adolescentes, respecto al proceso de investigación tutelar otorgando competencia para realizar el proceso de investigación tutelar al MIMDES, en su calidad de Ente Rector del Sistema de atención Integral del Niño, Niña y Adolescente. Sin embargo hasta la fecha esta competencia no ha sido asumida por el MIMDES. En: Perú. Reporte alternativo de la Convención de Derechos del niño, niña y adolescente. CLADEM2005. http://www.cladem.org/espanol/regionales/monitoreo%5Fconvenios/Ni%F1ezperuen e2006.asp↩
Ley 27637 del el 16 de enero del año 2005, Ley que crea hogares de refugio temporales para menores de edad víctimas de violación sexual, casas que serán dirigidas y administradas por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social↩
Se aprueba el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2005-2011 que señala en general la atención del embarazo y parto, también menciona la paternidad responsable.↩
Plan de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010, el Objetivo Estratégico N° 3 referido a crear espacios de participación para los y las adolescentes de 12 a 17 años de edad y promover su desarrollo pleno, contiene el Resultado N° 11 que propone reducir la Tasa de embarazo de adolescentes. Plan Nacional de Educación Sexual 2000 – 2005, desarrolla el Plan Nacional de Prevención del Embarazo adolescente, una de sus metas es conseguir que más del 70% de la población escolar adolescente conozca aspectos de salud sexual y reproductiva e identifique los riesgos y formas de prevención del embarazo. Sin embargo en los 3 años de vigencia del Plan la población de madres adolescentes ha ido en aumento. En: Perú. Reporte alternativo de la Convención de Derechos del niño, niña y adolescente. CLADEM 2005. Peru. http://www.cladem.org/espanol/regionales/monitoreo%5Fconvenios/Ni%F1ezperuen e2006.asp↩
Se aprueba en el Congreso la Ley N° 28243 que amplia y modifica la Ley N° 26626 sobre el virus de inmunodeficiencia humana VIH, en junio del 2004. Señala la respuesta integral al VIH desde aspectos biológicos y psicológicos comprendiendo a la familia y a la sociedad. Además agrega que el suministro de medicamentos es gratuito.↩
En el Reporte alternativo de la Convención de Derechos del niño, niña y adolescente. CLADEM. 2005., se establece lo siguiente: “El Programa Nacional de Educación Sexual, se crea en 1996, como parte del Ministerio de Educación, en el marco de la política nacional de población, donde se diseñó y validó un currículo de educación sexual para enseñanza secundaria y módulos de capacitación para los docentes orientados a brindar información teórica que a un cambio de mentalidad en relación a la sexualidad de niños y adolescentes. El 25 de junio de 1998 se oficializa la Red Nacional de Educación de la Niña, uno de sus principales logros ha sido la dación de la Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales Ley Nº 27588 (2001). La Comisión Multisectorial de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes (2003) es la encargada de proponer y concertar políticas y acciones para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales. Esta Comisión si bien está instalada en la práctica no produce por cuanto la Ley 27558 aún no ha sido reglamentada. El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES aprobó el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2000-2005), que compromete el accionar de los Ministerios de Trabajo y Promoción Social, Salud, Educación, Interior, y Justicia. En relación al sector educación el Plan de Igualdad de Oportunidades ha propuesto cinco objetivos: (1) Disminuir el analfabetismo de las mujeres, preferentemente del área rural e indígena; (2) Promover el desarrollo integral de niñas y niños menores de tres años particularmente aquellos en situación de riesgo; (3) Promover la matrícula oportuna y la permanencia en el sistema escolar de las niñas y adolescentes; (4) Erradicar los contenidos sexistas de la enseñanza, favoreciendo la transmisión de valores coeducativos en todas las etapas de la enseñanza; (5) Producir información sobre la situación y posición de las mujeres y las niñas en el Perú. Posteriormente se ha formulado el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2003-2010, el cual fue sometido a consulta nacional con la finalidad de que sea validado y enriquecido mediante un proceso participativo. En diciembre 2003, se concluyó el proceso; sin embargo, a la fecha no se ha evaluado los logros del Plan anterior. En el sector educación no se ha constituido ningún equipo de trabajo para realizar las acciones que se señalan en el Plan de Igualdad de Oportunidades, así como el cumplimiento del mencionado plan no está definido en la política educativa del sector. El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (2002-2010), fija entre los principios rectores la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas y adolescentes, eliminando toda forma de exclusión y discriminación, y promoviendo el respeto a la diversidad cultural. El Plan Nacional de Educación para Todos (2003), promovido por el PNUD, el Banco Mundial, UNICEF, UNESCO, pone énfasis en la equidad y calidad de la educación ello en el marco del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Foro Mundial de Educación de Dakar. Este Plan Nacional no se logra consolidar hasta la actualidad. Dentro del Plan se ha elaborado un programa para la Educación Rural y Educación Bilingüe intercultural que tiene como objetivo general mejorar la calidad de la educación inicial y básica en áreas rurales y disminuir las brechas de acceso por género y a aquellas provenientes de la discriminación sociocultural. Ley General de Educación Nº 28044 (2003), señala en su artículo 10º los criterios para la universalización, la calidad y la equidad en la educación; en tal sentido señala se adopta un enfoque intercultural y se realiza una acción descentralizada, buscando igualar las oportunidades de desarrollo integral de los estudiantes y a lograr satisfactorios resultados en su aprendizaje. En el artículo 17º señala que buscando compensar las desigualdades derivadas de diferente índole y con la finalidad de garantizar la equidad en la educación toma una serie de medidas entre ellas: Elabora y ejecuta proyectos educativos que incluyan objetivos, estrategias, acciones y recursos tendientes a revertir situaciones de desigualdad y/o inequidad por motivos de género (art. 18º b.. En el artículo 19º reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a una educación en condiciones de igualdad con programas especiales que garanticen la igualdad de oportunidades y equidad de género. En su artículo 3º por su parte, señala que la sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo”↩
El artículo 51 del Código del Niño y Adolescente, referente a la edad mínima para el ingreso al trabajo y las edades requeridas para trabajar en determinadas actividades, fue modificado por la Ley 27571 de diciembre de 2001, la que establece como edad mínima requerida para autorizar el trabajo a los adolescentes los 14 años, a excepción de las labores agrícolas no industriales (15 años); las labores industriales, comerciales o minera (16 años) y las labores de pesca industrial (17 años). En: www.crin.org/docs/Peru_GIN_NGO_Report.doc↩
El Estado Peruano ratificó el Convenio No 138º de la OIT, sobre la edad mínima de admisión al empleo, 13 de noviembre del 2002, y el Convenio No 182º (1999) de la OIT, sobre la prohibición de los peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, el 10 de enero del 2002.↩
El Plan Nacional de Prevención y Eliminación Progresiva del Trabajo Infantil y sus Peores Formas (PLANPETI) 2006-2010, fue promulgado por Decreto Supremo Nº 008-2005-TR, el 30 de septiembre de 2005.↩
Mediante Decreto Supremo N° 008-2001-PROMUDEH, se crea el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual al interior del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano. En el año 2005, se aprueba el Plan Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual.↩
El Reporte alternativo de la Convención de Derechos del niño, niña y adolescente. CLADEM. 2005, se establece lo siguiente: “El Ministerio de la Mujer a través de la Dirección de la Niñez y Adolescencia conformó la Red Ahora contra la Explotación Sexual Comercial Infantil. El 9 de Junio del 2004 entró en vigencia la Ley Nº 28251 la misma que modifica diversos artículos del Código Penal relacionados con violencia sexual, entre estos incorpora ilícitos penales relacionados con la Explotación Sexual Comercial; artículos 179 - A, 180, 181-A, 182 - A, 183- A. La ley Nº 28251 ingresa la figura “USUARIO-CLIENTE” incorporándolo como un agente más del Delito de Explotación Sexual Comercial, asimismo incorpora la figura del Delito de turismo sexual infantil y la publicación en los medios de comunicación, como parte de los delitos de libertad sexual de menores. El 25 de mayo de 2000, la Asamblea General a través de la Resolución A/RES/54/263 aprobó el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. El primero de Noviembre del 2000, el Perú suscribió el Protocolo Facultativo de los Derechos del Niño, y el 3 de mayo del 2002 ratificó la suscripción con lo que este instrumento internacional pasó a ser parte de nuestra legislación interna y de aplicación obligatoria por parte del Estado Peruano. En el año 2002 el Congreso de la República promulgó la Ley 28487 que otorgó rango de Ley al Decreto Supremo 003-Promudeh referido al Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010, y que en el mismo año se constituyó la Comisión Multisectorial – bajo la conducción del MIMDES- encargada de implementar las acciones señaladas en el Plan Nacional indicado. El Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia plantea el año 2010 como la fecha en que “se habrá erradicado el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes” en el Perú.”↩
El 23 de enero del 2002, el Estado peruano ratifica el Protocolo para prevenir, reprimir y sanciona la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (Observación final del 2005, párrafo 3d.↩
CRC/C/PER/CO/3, 14 de marzo de 2006↩
La Ley de Igualdad de Oportunidades No publicada el entre Mujeres y Hombres No reconoce expresamente la vigencia y protección de los derechos sexuales y los derechos reproductivos↩
CRC/C/PER/CO/4-5, 2 de marzo de 2016↩

References: artículo 7
 artículo 25
 artículo 34
 artículo 7
 artículo 19
 artículo 32
 Resolución 
 artículo 10
 artículo 17
 artículo 19
 artículo 3
 artículo 51
 Resolución