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Timestamp: 2018-07-19 20:46:33+00:00

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IX Separ. y exclus. de socios
Separación y exclusión de socios.
Artículo 95. Causas legales de separación de los socios.
Artículo 96. Causas estatutarias de separación.
Artículo 97. Ejercicio del derecho de separación.
Artículo 98. Causas de exclusión de los socios.
Artículo 99. Procedimiento de exclusión.
Artículo 100. Valoración de las participaciones.
Artículo 101. Reembolso de las participaciones sociales.
Artículo 102. Escritura pública de reducción del capital social.
Artículo 103. Responsabilidad de los socios separados o excluidos.
Derecho de separación y exclusión de socios son dos figuras distintas, pero que pertenecen a un fenómeno común: La disolución o extinción parcial del contrato social. Y presentan como diferencia el que la separación tiene su origen en la voluntad del socio, en tanto que la exclusión depende de la decisión de la sociedad.
Frente a toda la regulación anterior de sociedades en España (incluyendo la nueva legislación de sociedades anónimas, contenida en el Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo de 22/12/1989), es esta nueva Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada el primer texto que ofrece una regulación sistemática de estas figuras.
La nueva regulación contiene disposiciones sobre derecho de separación, sobre exclusión y otras comunes a ambas figuras.
Artículo 95. Causas legales de separación de los socios
A) Fundamento del derecho de separación El fundamento de esta nueva figura nos lo proporciona la propia Exposición de Motivos, cuando dice que «Entre las ideas rectoras de la Ley destaca la de una más intensa tutela del socio y de la minoría. Esta tutela es particularmente necesaria en una forma social en la que por su carácter cerrado falta la más eficaz medida de defensa: la posibilidad de negociar libremente en el mercado el valor patrimonial en que se traduce la participación de socio. Este es el sentido de la amplitud con que se admite el derecho de separación del socio...».
Se trata, pues, de compensar las consecuencias desfavorables para el socio individual, del carácter cerrado de la sociedad.
La separación del socio tiene por objeto no sólo dejar de pertenecer a una sociedad que ha devenido diferente de aquella en la que ingresó por causa de la modificación de alguno de sus elementos o bases esenciales (como ocurre en materia de sociedades anónimas), sino también permitir una solución o remedio airoso al socio insatisfecho con la marcha de la sociedad. Y ello, habida cuenta de que la enajenación de su parte social no está sometida a las reglas generales del mercado, sino sujeta a fuertes restricciones.
Desde este punto de vista, fácil es comprender que la lógica llevará a regular en los estatutos sociales el derecho de separación con una amplitud inversamente proporcional al de las restricciones a la transmisibilidad de las participaciones sociales: a mayor restricción en la transmisibilidad de las participaciones, mayores facilidades de separación, y viceversa.
B) Sujeto titular del derecho de separación Corresponde el derecho a «... los socios que no hubieran votado a favor...». Incluye, por tanto, los ausentes, los que han votado en contra, los que se abstuvieron en la votación y aquellos cuyo voto se declaró nulo. Ello resultará claramente del Acta de la sesión.
C) Carácter imperativo del derecho A pesar del principio de autonomía de la voluntad que preside la nueva regulación como uno de los tres pilares básicos de la misma, según dice la Exposición de Motivos (apartado II.3), la enumeración establecida en el artículo 95 es imperativa, con excepción del caso f).
D) Causas legales Se trata de determinados acuerdos de la Junta General de distinta naturaleza, pero que afectan a elementos esenciales de la sociedad.
La enumeración legal es taxativa:
a) Sustitución del objeto social.
La sustitución supone la extinción o derogación o desaparición de un objeto social y el nacimiento de otro nuevo en su lugar. La nota esencial es pues la de la novedad del objeto social en relación con el objeto anterior.
La cuestión en la práctica puede ser extraordinariamente dudosa, y habrá casos que se encuentren en una indecisa línea fronteriza. La idea diferenciadora fundamental en este punto nos la proporciona la Res. de la DGRN de 18-8-93, de la que resulta la noción del «sector de actividades económicas en el que la sociedad ejercita su capacidad jurídica». De modo que cualquier alteración que se mueva dentro de ese sector económico será una mera modificación (ampliación, reducción, especificación, determinación, desarrollo, generalización, etc.) y cualquier cambio de sector económico será sustitución.
b) Traslado del domicilio social al extranjero, cuando exista un Convenio internacional vigente en España que lo permita con mantenimiento de la misma personalidad jurídica de la sociedad.
Con arreglo al criterio tradicional español, la nacionalidad de la sociedad viene determinada por su domicilio, de modo que no cabe sociedad española domiciliada en el extranjero. Este criterio sigue subsistiendo y así lo establece para las SL el artículo 6 de la nueva Ley.
El artículo 72 permite trasladar el domicilio al extranjero, pero sólo si hay un Convenio entre ambos países que así lo permita, con mantenimiento de la misma personalidad jurídica de la sociedad.
Pues bien, en este supuesto de cambio de domicilio que produce el cambio de nacionalidad y el sometimiento a una nueva legislación, y sólo en éste, podrá el socio discrepante separarse de la SL.
c) Modificación del régimen de transmisión de las participaciones sociales.
Es lógico que en este caso se conceda el derecho de separación, porque esta modificación constituye una alteración de un elemento fundamental, la que aumenta o disminuye el carácter cerrado de la sociedad, que es uno de los tres pilares básicos de la nueva regulación, según la Exposición de motivos.
Pero no parece que cualquier modificación dé lugar al nacimiento del derecho, sino sólo en los casos de cambio de uno a otro de los sistemas o regímenes que la Ley permite en materia de restricciones a la transmisibilidad de las participaciones. Estos dos sistemas básicos y tasados son: 1) La necesidad del consentimiento de la sociedad, y 2) la concesión de derecho de adquisición preferente, y dentro de éste, en favor de algún socio, de todos o de la sociedad, o de los socios a la sociedad; también los diferentes sistemas de determinar el precio. Pero no hay derecho de separación si la modificación afecta a elementos accidentales dentro de cada uno de los dos sistemas.
d) Prórroga o reactivación de la sociedad.
1. Prórroga. Supone la continuación de la sociedad más allá del plazo de duración que estaba fijado en los Estatutos. La admite el artículo 107 de la Ley.
El cambio de un elemento tan especial como el plazo de duración de la sociedad es lo que justifica el derecho de separación.
2. Reactivación. La regula el artículo 106 de la Ley.
Supone el retorno a la actividad social ordinaria de la sociedad que se encuentra disuelta y en situación de liquidación, siempre que no haya comenzado el pago de las cuotas de liquidación de los socios, y que el patrimonio contable no sea inferior al capital social.
En este caso es el cambio de una situación liquidatoria en situación de actividad social ordinaria lo que justifica el derecho de separación.
e) Transformación en sociedad anónima, sociedad civil, cooperativa, colectiva o comanditaria, simple o por acciones, así como en agrupación de interés económico.
La regulación en este caso es notablemente diferente de la del mismo supuesto en las SA.
1. La separación que regula en todos los casos de transformación de forma idéntica que en todos los demás supuestos de separación, y el ejercicio de este derecho se someterá a las normas generales, de modo que será precisa la actividad o iniciativa del socio para poner en marcha el mecanismo, y no como en la LSA, que es un ejercicio pasivo, a que el artículo 225 considera separados de pleno derecho a los socios que no votaron a favor del acuerdo de transformación y que no se adhieren al mismo en el plazo de un mes desde el último anuncio de transformación.
2. Los casos de transformación en que el derecho se admite se amplían notablemente, pues se introduce la novedad de la sociedad anónima, la civil, la cooperativa y la agrupación e interés económico. El estudio de estos casos pertenece a otro lugar de esta obra.
f) Creación, modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias, salvo disposición contraria de los estatutos.
Para la validez de los acuerdos en tal sentido es preciso el cumplimiento de los requisitos de toda modificación estatutaria, y, además, «el consentimiento individual de los obligados» (Artículo 25.1). Si los socios obligados deben prestar individualmente su consentimiento, de modo que sin él no hay posibilidad de acuerdo, el derecho de separación corresponderá a los restantes socios, es decir, los no obligados.
Lo más destacable de este caso es que es el único en que se admite disposición contraria de los estatutos, de modo que se trata del único supuesto dispositivo, no imperativo.
Artículo 96. Causas estatutarias de separación
Los estatutos podrán establecer causas distintas de separación a las previstas en la presente Ley. En este caso determinarán el modo en que deberá acreditarse la existencia de la causa, la forma de ejercitar el derecho de separación y el plazo para su ejercicio. Para la incorporación a los estatutos, la modificación o la supresión de estas causas de separación será necesario el consentimiento de todos los socios.
A) Otras causas ¿Qué causas pueden ser esas en que estatutariamente se reconozca el derecho de separación al margen de las causas legales? a) A modo de ejemplo se pueden citar:
- Modificaciones estatutarias de cualquier índole, como la modificación del objeto social, el traslado del domicilio social a cualquier otro punto el territorio español o fuera de la comunidad autónoma, o del municipio, etc.
- Modificaciones estructurales, como la fusión o absorción o escisión, etc.
- Variaciones en la estructura del órgano de administración dentro de los diferentes tipos alternativos previamente establecidos en los estatutos (lo que admite el artículo 57 de la nueva Ley, superando así la reforma introducida en 1989, y retornando así al sistema de 1953).
- Acuerdos o situaciones sociales de cualquier otra naturaleza; por ejemplo, puede pensarse en fijar estatutariamente un derecho de separación para los socios ausentes o disidentes del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales; o del acuerdo social de ejercitar o no ejercitar el derecho de adquisición preferente de acciones que se pretende transmitir o el rechazo de la Junta a la autorización de transmisión de las participaciones; o la exclusión del derecho de asunción preferente de nuevas participaciones en caso de aumento de capital, etc.
b) A estos casos se puede añadir uno más que, aun siendo estatutario, está previsto en el artículo 30.3 de la Ley, según el cual sólo se admite la validez de las cláusulas que prohíban la transmisión voluntaria de participaciones sociales «... si los estatutos reconocen al socio el derecho a separarse de la sociedad en cualquier momento».Aquí se observa claramente el paralelismo y el equilibrio que debe existir entre la enajenabilidad de las participaciones sociales y del derecho de separación.
B) Límites ¿Cuáles son los límites dentro de los cuales se mueve la autonomía de los socios para fijar en los estatutos otra causas de derecho de separación? Con cierta claridad se pueden fijar los siguientes:
1. El artículo 1.255 Cc., es decir, la ley, la moral y el orden público, con toda la dificultad que estos dos últimos conceptos entrañan.
2. El artículo 1.258 Cc., es decir, que no sea contradictorio con la naturaleza y fines del contrato de sociedad.
3. La enumeración tasada de los cinco primeros casos del propio artículo 95 de la Ley, que son imperativos y no pueden ser objeto de restricción, aunque sí de ampliación.
4. La única limitación señalada por la Exposición de Motivos en su apartado II.3, cuando tras fijar el principio de «... flexibilidad del régimen jurídico... a fin de que la autonomía de la voluntad de los socios tenga la posibilidad de adecuar el régimen aplicable a sus específicas necesidades y conveniencias...», dice que «... no pueden los socios franquear las fronteras que separan la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada...». No es fácil imaginar un pacto sobre derecho de separación que traspase esa línea fronteriza.
5. Y, por último, no será tampoco lícita una regulación que infrinja alguna de las pocas normas prohibitivas o imperativas contenidas en la Ley.
Pero estos límites no resuelven por sí solos el problema principal que en este punto se puede plantear: el derecho de separación, ¿requiere siempre una causa, más o menos grave o puede pactarse totalmente libre, es decir, por la simple y libre decisión del socio, sin necesidad de alegación de causa? a) Hay una norma positiva de legislación específica aplicable al caso: me refiero al artículo 15.1 Ley 12/19-4-1991, de Agrupaciones de Interés Económico, a cuyo tenor, «si la Agrupación se hubiere constituido por tiempo indefinido, se entenderá que constituye justa causa la propia voluntad de separarse comunicada a la sociedad con una antelación mínima de tres meses».
La interpretación de esta disposición legal es tan clara, y el Derecho del socio es tan absoluto, que la DGRN en Res. de 28-4-93, declaró no inscribible en el RM un pacto estatutario que subordinaba el derecho de separación de un miembro de la Agrupación, a «la autorización previa del órgano de contratación...».
b) Hay otros preceptos legales que si no son de aplicación directa al caso, sí al menos proporcionan una adecuada orientación; los artículos. 225 Ccom. y 1.705 y ss. Cc.
El artículo 225 Ccom. se encuentra situado en la rúbrica dedicada a la «disolución y liquidación de Compañías», aplicable, pues, a toda clase de sociedades. Regula el caso de separación del socio «por su voluntad» y lo único que impone es que no puede impedir que se concluyan del modo más conveniente a los intereses comunes las negociaciones pendientes.
Y el artículo 1.705 y ss. Cc., en sede de sociedad civil, aplicable también supletoriamente a las mercantiles regula la denuncia unilateral, y exige que sea hecha de buena fe en tiempo oportuno y se ponga en conocimiento de los demás socios. Y el 1.706 reputa de mala fe la denuncia del socio que pretende apropiarse por sí del derecho común. Y reputa intempestiva o inoportuna la denuncia cuando «no hallándose las cosas íntegras, la sociedad está interesada en que se dilate su disolución».
c) Y hay, por último, un precepto en la propia Ley SL, que es el artículo 30.3, antes comentado, que prevé la posibilidad de que los estatutos reconozcan «... al socio el derecho a separarse de la sociedad en cualquier momento». «El sentido de tal expresión es sin duda la ausencia de una causa determinada, es decir, la libre decisión del socio. Y no es argumento en contrario el que se condicione al derecho a la presencia en estatutos de una cláusula de prohibición de transmisión de participaciones; la condición existe, pero es de signo contrario.
Por tanto, teniendo en cuenta todos estos elementos, la conclusión es que resulta admisible la creación estatutaria del derecho de separación unilateral y sin causa, pero teniendo en cuenta que la SL se puede oponer a su ejercicio por aplicación de los artículos 225 Ccom. y 1.705 y ss. Cc., que constituyen, por tanto, un último límite al derecho, para añadir a los antes enumerados.
C) Procedimiento a) Carácter relativamente imperativo.
El principio de libertad de pacto que preside el establecimiento en estatutos de causas de separación distintas de las legales alcanza también a la regulación del procedimiento a seguir que deberá ser diseñado y regulado en estatutos.
Sin embargo, en este caso la libertad de pacto es relativa, pues el 96 establece determinados requisitos que necesariamente se deben regular. «... determinarán...», dice.
Podría plantearse la cuestión de si el procedimiento de ejecución de las causas legales de separación que establece el artículo 96, y después se examinará, se puede considerar como un procedimiento mínimo aplicable también a las causas estatutarias de separación.
Pueden anunciarse argumentos sólidos en favor de la tesis afirmativa. Sin embargo, en mi opinión la respuesta adecuada es la negativa, pues: 1) el propio carácter imperativo de los requisitos que impone el artículo 95 excluye la exigencia de otros requisitos que se orienten en el mismo sentido; 2) el procedimiento del artículo 96 se basa en la existencia de un acuerdo social previo, lo que puede no darse en todos los casos de causas estatutarias de separación.
No obstante, la respuesta nos la irá proporcionando la jurisprudencia futura.
b) Requisitos del procedimiento convencional.
Estos requisitos son los siguientes:
1. «El modo en que deberá acreditarse la existencia de la causa.» Ese modo dependerá de cuál sea la naturaleza de cada causa.
Si se trata de un acuerdo de Junta General o del órgano de administración colegiado, el modo será una certificación de tal acuerdo.
En otro caso, habrá que atender a la naturaleza del acto en concreto para determinar cuál es el modo de acreditarlo.
Pero, en todo caso, la previsión estatutaria debe dirigirse al establecimiento de un sistema preferentemente documental y fehaciente.
2. «Forma de ejercitar el derecho de separación.» Esta forma de ejercicio se desarrollará necesariamente mediante un sistema de comunicaciones entre sociedad y socio, y plazos. Lo que interesa es que las comunicaciones se realicen de modo fehaciente a efectos probatorios y de cómputo de los plazos.
3. «Plazo para su ejercicio.» Sólo impone la necesidad de que se establezcan el plazo, sin imponer un mínimo.
D) Remisión legal A pesar de lo dicho, en cuanto a los requisitos 2 y 3, es decir, la forma y el plazo de ejercicio del derecho, es admisible la remisión estatutaria a la regulación legal del artículo 97. Pero, en todo caso, esa remisión ha de ser expresa, es decir, debe constar necesariamente en los estatutos y no cabe un silencio que pudiera interpretarse en ese sentido de aplicación supletoria, pues los términos imperativos del precepto no lo autorizan.
E) El requisito de la unanimidad La creación, modificación o supresión de causas estatutarias de separación exige el consentimiento de todos los socios (Artículo 96, inciso último, y artículo 30.3). Es esta una manifestación del aspecto contractual de la SL, y aplicación del artículo 1.256 Cc.
Si la creación en la escritura de constitución cuenta ya con el consentimiento de los fundadores.
Si es posterior, el consentimiento de los socios se tendrá en el correspondiente acuerdo de Junta General adoptado por unanimidad.
Artículo 97. Ejercicio del derecho de separación
1. Los acuerdos que den lugar al derecho de separación se publicarán en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil». El órgano de administración podrá sustituir dicha publicación por una comunicación escrita a cada uno de los socios que no hayan votado a favor del acuerdo.
El derecho de separación podrá ejercitarse en tanto no transcurra un mes contado desde la publicación del acuerdo o desde la recepción de la comunicación.
2. Para la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura pública que documente los acuerdos, será necesario que en la misma escritura o en otra posterior se contenga la reducción del capital en los términos del artículo 102 o la declaración de los administradores de que ningún socio ha ejercitado el derecho de separación dentro del plazo anteriormente establecido.
A) Ambito de aplicación El procedimiento que establece este artículo es aplicable a los casos de ejercicio del derecho de separación derivado de las causas legales enumeradas en el artículo 95, pero no a las estatutarias, en que se aplica el procedimiento fijado en estatutos tal como se acaba de exponer.
B) Requisitos 1. Acuerdo. Es preciso, en primer lugar, la existencia de un acuerdo dotado por la Junta General, con todos los requisitos legales.
2. Publicación en el BORME.
La finalidad de la publicación es doble: 1) Por una parte, poner en conocimiento de los socios que votaron a favor del acuerdo el contenido de éste. 2) Por otra, fijar el día inicial del cómputo del plazo de ejercicio del derecho.
3. Comunicación sustitutiva.
La facultad de sustitución del BORME por la comunicación personal se concede al órgano de administración, quien puede decidir la sustitución o no en cada caso concreto. Es facultad del órgano de administración y no de la Junta General.
Puede imponerse también la sustitución en estatutos, de modo que se establezca de manera genérica para todos los casos.
4. Plazo. No fija la Ley ningún plazo para que el órgano de administración cumpla este deber de publicar o comunicar.
Sería muy aconsejable que los estatutos fijaran al órgano de administración un plazo cierto, aunque corto, para cumplir este deber.
Los destinatarios de la comunicación son, en principio, los socios que no votaron a favor del acuerdo.
La cuestión es clara respecto de los socios ausentes, que no tienen conocimiento del acuerdo.
Ahora bien, los socios que votaron en contra o se abstuvieron o su voto fue declarado nulo, a primera vista parece que no es preciso notificarles, pues al insistir a la Junta tienen conocimiento de sentido y contenido del acuerdo. Sin embargo, si la comunicación tiene también como finalidad fijar el día inicial del cómputo del plazo de ejecución del derecho, es necesaria la comunicación.
6. Innecesariedad de publicación o comunicación.
Por aplicación del criterio establecido para un caso diferente de la Res. DGRN 1-9-93, la publicación o comunicación resulta innecesaria en el caso de que se den acumulativamente las siguientes circunstancias:
- La Junta sea Universal.
- Así lo acuerde expresamente la propia Junta con el consentimiento de los socios afectados (cuando sólo un grupo de socios tiene derecho de separación) o de todos (cuando a todos corresponde el derecho).
- Y el acta se apruebe en la misma sesión, pues si no es así, debería notificarse después la aprobación del acta, a los efectos del cómputo del plazo.
7. Plazo de ejercicio del derecho.
El mes se cuenta de fecha a fecha (Artículo 5 Cc.).
Cuando se realiza la publicación en el BORME, la fecha inicial será la de la publicación.
Si, por el contrario, se sustituye la publicación por las comunicaciones personales e individuales, al computarse el plazo desde la recepción, cada socio puede disponer de un plazo diferente, pues el día de la recepción puede ser distinto.
8. Forma de ejercicio del derecho.
Nos dice la Ley cómo se ejercita el derecho. Al igual que la comunicación deberá serlo por escrito del socio que ejercita el derecho, dirigido al órgano de administración.
Y a efectos probatorios es aconsejable que la comunicación sea fehaciente.
B) Formalización documental El artículo 97.2 establece determinadas exigencias para la formalización pública de los acuerdos que dan nacimiento al derecho de separación.
a) Ámbitos de aplicación.
Esta norma es aplicable, desde luego, al ejercicio del derecho de separación regulado en el propio artículo, es decir, el de las causas legales de separación.
Por el contrario, no es aplicable a los supuestos de causas estatutarias en los que el derecho de separación no nazca de un acuerdo inscribible.
Y es también aplicable a los casos de separación basada en causas estatutarias que sí se basen en un acuerdo de Junta General.
b) Manifestación de ausencia de ejercicio del derecho de separación.
a) Del último inciso del 97.2 resulta que la manifestación se puede realizar en la misma escritura de formalización de los acuerdos sociales correspondientes, o en otra posterior. De modo que la existencia del derecho de separación producirá necesariamente un retraso en la inscripción de los citados acuerdos, pero no en su formalización en escritura que se puede realizar inmediatamente.
El cumplimiento de este deber obliga a los administradores a:
- Esperar a otorgar la escritura de manifestación o reducción de capital, a que transcurra el citado plazo de un mes desde la publicación o última comunicación.
- Exhibir al Notario autorizante la publicación del BORME o la acreditación documental de las recepciones de las comunicaciones a los socios; todo lo cual deberá protocolizarse o al menos testimoniarse.
- Para lo cual será preciso que en la certificación de los acuerdos que se protocoliza consten nominativamente los socios que no hubieran votado a favor del acuerdo, al objeto de comprobar si todos ellos han recibido la comunicación; no así en el caso de la publicación en el BORME, en cuyo supuesto no será necesaria esa relación nominal.
b) La declaración de falta de ejercicio del derecho de separación es tan sólo eso, una mera manifestación con todos los efectos de presunción de veracidad de toda declaración de verdad vertida en documento público, pero sin necesidad de otro tipo de comprobación.
c) Hay casos en que la manifestación no es necesaria. Así:
- Cuando se otorgue, después o simultáneamente, escritura de reducción de capital, consecuencia del ejercicio del derecho de separación. Así lo establece el propio artículo 97.2.
- Cuando el acuerdo se haya adoptado con la concurrencia de todos los socios y por unanimidad, en cuyo supuesto, por definición, el derecho de separación no nace.
- Y cuando todos los socios que no votaron a favor del acuerdo presentes en la misma Junta renunciaron en el mismo acto al ejercicio del derecho de separación, y así consta en la certificación del Acta que se protocoliza en la escritura y se eleva a documento público.
d) Por tanto, como precaución a tener en cuenta, siempre que se formalice un acuerdo de Junta General de los mencionados en el artículo 95, hay que hacer la manifestación de no ejercicio del derecho de separación, salvo en los tres casos mencionados.
Artículo 98. Causas de exclusión de los socios
La sociedad de responsabilidad limitada podrá excluir al socio que incumpla la obligación de realizar prestaciones accesorias, así como al socio administrador que infrinja la prohibición de competencia o hubiera sido condenado por sentencia firme a indemnizar a la sociedad los daños y perjuicios causados por actos contrarios a esta Ley o a los estatutos o realizados sin la debida diligencia.
Con el consentimiento de todos los socios podrán incorporarse a los estatutos otras causas de exclusión o modificarse las estatutarias.
A) Exclusión de socios La exclusión de socios sí ha estado regulada en la anterior Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, si bien, en un estado muy embrionario, considerada como una subespecie de la disolución de la sociedad, concretamente como disolución parcial.
No obstante, el TS interpretó la regulación anterior de modo más amplio y extensivo (Sentencias de 6-3-92, 16-7-92).
B) Causas legales de exclusión En cuanto a las legales, el nuevo artículo 98 dice: «La sociedad... podrá excluir...».
La decisión es claramente potestativa. Nunca es automática, como corresponde a una causa de resolución contractual.
1. El incumplimiento de la obligación de realizar prestaciones accesorias.
Estas prestaciones accesorias se regulan con especial detalle en los artículos 22 al 25 de la Ley.
El incumplimiento de estas prestaciones debe presentar una determinada entidad para que pueda provocar la exclusión. Y, además, los estatutos deben perfilar suficientemente los límites y requisitos de ese incumplimiento; así, hacer referencia a circunstancias de imputabilidad, mero retraso, incumplimiento parcial, culpabilidad, etcétera.
2. La infracción de la prohibición de competencia por parte del socio en el que además concurre la condición de administrador.
Ese deber viene establecido en el artículo 65 de la Ley con una regulación notablemente más amplia que la de la Ley anterior.
3. La condena por sentencia firme a indemnizar a la sociedad, también al socio en el que concurre la condición de administrador.
Lo más destacable en este punto es que esa indemnización ha de proceder necesariamente del ejercicio de la acción social de responsabilidad, que sólo en este caso esa indemnización se destina a la sociedad; si fuera la acción individual sería el socio o el tercero el beneficiario de la indemnización, y no podría tanto sustentar una decisión social de exclusión.
C) Causas de exclusión estatutarias a) La amplísima acogida del principio de autonomía de la voluntad en este punto presenta diferentes aspectos o posibilidades de actuación estatutaria:
1. Cabe en primer lugar modificar o modalizar por vía estatutaria las causas legales de exclusión, en los términos que antes he señalado.
2. Cabe en segundo lugar suprimir alguna de las causas legales. Y ello porque nada impide que los estatutos puedan considerar las prestaciones accesorias o el deber de fidelidad del socio administrador como deberes u obligaciones de importancia relativa, no susceptibles de sustentar la exclusión.
3. Y cabe en tercer lugar establecer nuevas causas. Es este el problema fundamental. ¿Hasta dónde llega la libertad de pacto estatutario para crear nuevas causas de exclusión? ¿Es posible que la exclusión se base no sólo en casos de incumplimiento de obligaciones sociales, sino también en las vicisitudes personales de los socios? ¿Cabe incluso la posibilidad de exclusión sin causa, es decir, simplemente acordada por la Junta General? b) A la vista de la legislación anterior, la DGRN. en Res. de 13-1-83 decidió que las causas de exclusión «siempre habrán de tener la limitación de circunscribirse a conductas del excluido que supongan un incumplimiento de sus deberes u obligaciones para con la sociedad». Y basándose en este principio rechazó la cláusula que configuraba como causas de exclusión el embargo de la cuota social, la incapacitación, concurso, quiebra o insolvencia del socio.
Ello responde a la configuración tradicional de la exclusión del socio, como rescisión parcial, basada en el mecanismo civil de la resolución contractual. Desde luego, no cabe resolución sin incumplimiento, y sólo el incumplimiento de una prestación da origen a la resolución. Sólo hay que recordar aquí el rigor con que el TS interpreta el 1.124 Cc.
Por tanto, se podrán incluir en estatutos como nuevas causas de exclusión:
- Los incumplimientos del deber de fidelidad, en casos como la concurrencia en las actividades sociales, la violación del deber de secreto a que está sometido el socio que ejercita el derecho de examen de la contabilidad social (Artículo 32 Ccom.).
- La pérdida de la cosa aportada por el socio en desembolso de las participaciones sociales por efecto de evicción parcial en aplicación del 1.479 Cc. O la sobreelevación del valor de las aportaciones. Todo ello en la medida en que supone un incumplimiento del deber de aportación, pero no susceptible de incluirse en el supuesto de nulidad de la SL.
c) Pero también puede mantenerse la posición contraria, es decir, admitir cláusulas estatutarias de exclusión que no se basen necesariamente en el incumplimiento de deberes sociales. Y ello se debe basar en: 1) El amplísimo margen y juego de la autonomía de la voluntad en orden a la redacción de los estatutos. 2) La nueva dimensión o enfoque que de la separación y exclusión contiene el proyecto, como regulación unitaria. 3) Si la exclusión se considera como una disolución parcial de la Compañía, son trasplantables aquí las causas de disolución en la medida en que su naturaleza lo admita, entre ellas y como principal el simple acuerdo de la Junta General. 4) El paralelismo en rigor o libertad que debe existir entre la regulación estatutaria de las causas de separación y de exclusión, para que la situación entre socio y sociedad se presente equilibrada. A mayor libertad de fijación de causas de separación debe corresponder una igual libertad de determinación de causas de exclusión, y viceversa.
Ahora bien, una concepción así de amplia de las facultades estatutarias debe estar sometida a dos límites: uno, la necesidad de asegurar que el socio excluido no sufra quebranto económico, lo que se cumple claramente en el artículo 100 de la Ley. Y dos, la figura del abuso de derecho, de lógica aplicación, como en cualquier otra institución jurídica y que lleva a admitir la impugnación judicial de cualquier decisión social abusiva sobre exclusión de un socio.
Y si se acepta la tesis amplia podrán también incluirse como causas de exclusión:
- La presencia de vicisitudes personales o patrimoniales de los socios como su incapacitación, suspensión de pagos, quiebra, embargo de la cuota social, etc.
- El establecimiento de una causa genérica al estilo del artículo 218 apartado 7 Ccom.
- E incluso el simple acuerdo de la Junta General.
d) Pero sí es imprescindible en todo caso la concreción y precisión en la enumeración de las causas de exclusión, abandonando términos ambiguos o imprecisos.
En todo caso serán las decisiones del TS y la DGRN las que irán delimitando esta facultad estatutaria.
e) El único requisito que el 98, párrafo segundo, exige para la incorporación a estatutos o la modificación de causas estatutarias de exclusión es «... el consentimiento de todos los socios...». La creación de causas en el momento fundacional no presenta problema. Y durante el desarrollo de la actividad social ese consentimiento de todos los socios se traduce en la adopción de un acuerdo por unanimidad, es decir, no se requiere la comparecencia de todos los socios en la escritura, sino una voluntad social en la que no cabe la abstención ni el voto en contra. De nuevo se manifiesta el aspecto contractual de la SL y la aplicación del artículo 1.256 Cc.
Artículo 99. Procedimiento de exclusión
1. La exclusión requerirá acuerdo de la Junta General. En el acta de la reunión se hará constar la identidad de los socios que hayan votado a favor del acuerdo.
2. Salvo en el caso de condena del socio administrador a indemnizar a la sociedad en los términos del artículo precedente, la exclusión de un socio con participación igual o superior al veinticinco por ciento en el capital social requerirá, además del acuerdo de la Junta General, resolución judicial firme, siempre que el socio no se conforme con la exclusión acordada. Cualquier socio que hubiera votado a favor del acuerdo estará legitimado para ejercitar la acción de exclusión en nombre de la sociedad, cuando ésta no lo hubiera hecho en el plazo de un mes a contar desde la fecha de adopción del acuerdo de exclusión.
A) Carácter imperativo El procedimiento es claramente imperativo. Los dos párrafos del artículo utilizan la misma expresión «... requerirá...».
Es lógico que a la gran libertad en la regulación de las causas de exclusión corresponda una mayor rigidez en el procedimiento de exclusión, lo mismo que en el sistema de valoración, pues son garantías del socio.
No cabe, por tanto, prescindir del procedimiento legal, ni modalizarlo en estatutos.
B) El acuerdo de Junta General El primer requisito que el artículo 99 exige es el acuerdo de la Junta General.
- La Junta debe ser convocada con los requisitos generales, y por tanto, incluyendo en esa convocatoria al socio que va a ser objeto de exclusión.
- Entre los puntos del orden del día debe figurar la exclusión del socio.
- El acuerdo no precisa ser unánime, al contrario de lo que ocurría en el régimen anterior, y que aún se contiene en el artículo 175 RRM que, aparte de otros extremos de su desdichada redacción, ha quedado así desactualizado y derogado hasta que se le dé nuevo texto.
1. El acuerdo debe adoptarse por una nueva mayoría superreforzada de votos que representen dos terceras partes del capital social, según el artículo 53.2 b), excluyendo de la base de cálculo las participaciones del socio afectado, por aplicación del 52.2 (recogiendo así la doctrina de la DGRN en Res. 24-1-64 y del TS en Ss. 6-5-91 y 4-3-93).
- Si se pretende la exclusión de varios socios, esa deducción de participaciones lo será individualmente para la votación de la exclusión de cada uno de los socios, es decir, no es acumulativa, así lo entendió el TS en S. 13-2-62.
- El socio afectado, en estos casos, carece de derecho de voto, según el artículo 52.1.
- En el acta de la Junta, y por tanto también en la certificación que de la misma se expida, deberá consignarse la identificación de los socios que hayan votado a favor del acuerdo. La razón es que sólo ellos ostentan la peculiar legitimación para el ejercicio de la acción subsidiaria.
C) Resolución judicial firme El 99.2 exige, además del acuerdo de la Junta, la resolución judicial firme cuando el socio a excluir ostente una participación igual o superior al veinticinco por ciento del capital social.
a) Fundamento. La Exposición de Motivos justifica esta actuación judicial advirtiendo que se trata de una medida de tutela de la minoría. La explicación parece algo demagógica, pues la verdad es que sólo se impone la actuación judicial cuando esa minoría es cualificada o sustancial (25 por 100), y no es precisa, si tal minoría es inferior a ese porcentaje. Si verdaderamente se quiere tutelar a la minoría por ese camino, habría que generalizar la protección judicial a la exclusión de todo socio, cualquiera que fuera su participación social.
b) Excepción. De lo anterior se exceptúa el caso de la exclusión del socio administrador que sea condenado a indemnizar a la sociedad por sentencia firme. Se trata de una norma de economía procesal: si ha recaído una resolución judicial condenatoria, el acuerdo de exclusión tendrá eficacia por sí mismo cualquiera que sea la participación en el capital social del socio administrador condenado en el capital social, porque no vale la pena volver a plantear otro procedimiento judicial para imponerle por los mismos hechos otra nueva condena, ésta de orden puramente societario.
c) La disconformidad del excluido. Habrá que acudir a la vía judicial «... siempre que el socio no se conforme con la exclusión acordada...». No dice forma ni procedimiento para determinar esa disconformidad. Puede obedecer a una conducta activa del excluido, que notifica a la sociedad su disconformidad con el acuerdo de exclusión, o impugna judicialmente ese acuerdo. Pero también puede ocurrir que guarde silencio, lo cual obligará a la SL a recurrir a la acción judicial en el plazo de un mes desde el acuerdo, y es ante la demanda cuando el socio manifestará de un modo definitivo su postura de conformidad o disconformidad con la exclusión.
d) Legitimación. La legitimación para ejercitar la acción de exclusión corresponde desde luego a la SL a través del órgano de administración.
Pero para el caso de que no la ejercite en el plazo de un mes desde la fecha del acuerdo, se legitima a cualquier socio que hubiera votado a favor del acuerdo, para que individualmente y en nombre de la SL ejercite la acción. Se trata pues de una representación extraordinaria de la Sociedad a estos solos efectos y que por lo tanto permitirá al socio otorgar poderes a Procuradores y Letrados en nombre de la sociedad, siempre que en el mismo acto: 1) justifique la existencia del acuerdo de exclusión aportando al Notario autorizante del poder la correspondiente certificación. 2) De dicha certificación resulte que es uno de los socios que votó a favor del acuerdo. 3) Que haya transcurrido el plazo del mes desde la fecha de la Junta.
Artículo 100. Valoración de las participaciones
1. A falta de acuerdo sobre el valor real de las participaciones sociales o sobre la persona o personas que hayan de valorarlas y el procedimiento a seguir para su valoración, las participaciones serán valoradas por el auditor de cuentas de la sociedad y, si ésta no estuviera obligada a verificación contable, por el que nombre el Registrador Mercantil del domicilio social a solicitud de la sociedad o de cualquiera de los socios titulares de las participaciones que hayan de ser valoradas.
2. Para el ejercicio de su función, el auditor podrá obtener de la sociedad todas las informaciones y documentos que considere útiles y proceder a todas las verificaciones que estime necesarias. En el plazo máximo de dos meses a contar desde su nombramiento, el auditor emitirá su informe, que notificará inmediatamente a la sociedad y a los socios afectados por conducto notarial, acompañando copia, y depositará otra en el Registro Mercantil.
3. La retribución del auditor correrá a cargo de la sociedad. No obstante, en los casos de exclusión, de la cantidad a reembolsar al socio excluido podrá la sociedad deducir lo que resulte de aplicar a los honorarios satisfechos el porcentaje que el socio excluido tuviere en el capital social.
A) Ámbito de aplicación. Las reglas de valoración son comunes a separación y exclusión.
B) ¿Qué valor? A pesar de la dudosa redacción del primer inciso del artículo 100 parece claro que la finalidad del procedimiento es la búsqueda del valor real.
C) Momento: El valor real debe referirse al día del hecho o del acuerdo social que da nacimiento al derecho de separación o que produzca la exclusión del socio. En definitiva, el día en que se produce la disolución parcial de la Compañía, sin perjuicio de su posterior liquidación.
D) Acuerdo entre sociedad y socio.
El objeto del acuerdo puede ser diferente:
a) Acuerdo de valoración. Si hay acuerdo entre socio y sociedad sobre el valor real de las participaciones, se termina el procedimiento.
b) Acuerdo sobre la persona que haya de valorar. A falta de acuerdo sobre el valor, cabe ponerse de acuerdo para designar a una persona que haga la valoración. Podrá ser cualquier persona que ambas partes acuerden, y acepte el encargo.
c) Acuerdo sobre el procedimiento de valoración. Además de designar una persona que valore deben ponerse también de acuerdo en el procedimiento de valoración que dicha persona deba seguir.
E) Procedimiento supletorio de valoración.
El artículo 100 regula un procedimiento supletorio, que actúa sólo en defecto de acuerdo sobre la valoración o sobre la persona que haya de valorar, o sobre el procedimiento a seguir por ésta.
En el caso de valoración por el auditor, la redacción del precepto no es demasiado afortunada, pues no queda claro qué ocurre en el caso de que la sociedad tenga designado auditor a pesar de no estar obligada a ello. ¿Podría este auditor realizar la valoración de las participaciones? La respuesta sensata es la afirmativa, pues no se ve razón para diferenciar de ese modo un caso de otro. La objetividad e independencia del auditor es la misma.
Sin embargo, el criterio de la DGRN parece ser el contrario, a juzgar por la doctrina contenida en la Res. de 26-6-92 para un caso de aumento de capital con cargo a reservas del artículo 157 LSA, que contiene una redacción sensiblemente similar a la del 100.1 LSRL; y todo ello en aplicación del artículo 327 RRM, que se refiere expresamente a los supuestos de valoración de las participaciones sociales.
Procedimiento de designación: son de aplicación las reglas especiales contenidas en el artículo 327 RRM, que regula el Auditor especial para la valoración de participaciones sociales.
Plazo: establece el 100 un plazo de dos meses para emitir el informe de valoración por parte del auditor.
Cómputo: Ese plazo se contará desde el nombramiento; ello contradice la regla del 327 RRM, que inicia el cómputo desde la aceptación, lo que parece más razonable, pero siendo el artículo 100 de superior rango será éste aplicable y no el reglamentario.
F) Aproximación a otros procedimientos de valoración de las participaciones.
Los casos de separación y exclusión de socios no son los únicos en que se practica una valoración de las participaciones sociales y el reembolso de su importe. En efecto, situación similar se produce en el caso de transmisión de las participaciones sociales; y también en el supuesto de disolución de la Compañía.
Este último caso no es comparable porque en él se realiza un proceso de liquidación de todo el patrimonio social.
Pero sí el de transmisión de participaciones sociales.
a) Para el caso de ejercicio del derecho de adquisición preferente de participaciones en caso de transmisión mortis causa que los estatutos pueden establecer, el artículo 32.2 remite en cuanto a la valoración y con carácter imperativo al artículo 100. La remisión es acertadísima.
b) En el caso de transmisión inter vivos de las participaciones sociales, existe un curioso antecedente. Me refiero a la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de 1953, que concedía a los socios disconformes con la adaptación a la entonces nueva legislación, un derecho de separación, «... reconociéndoles el haber líquido que les corresponda según las normas de valoración del artículo 20 de esta Ley». La remisión era al revés, de la separación a la transmisión, pero el principio era el mismo, la unificación de valoraciones.
Sin embargo, la nueva Ley en el caso de transmisiones inter vivos, en el caso concreto de la transmisión a título oneroso diferente a la compraventa o a título gratuito, al regular las normas supletorias en lugar de remitirse del mismo modo que la mortis causa, establece en el artículo 29.2 d) un procedimiento de determinación del valor real idéntico al del 100. Se ignora por qué no se remite también en este caso, pero la solución es desacertada, pues siendo el procedimiento igual debería también remitirse. O mejor, lo ideal sería que hubiera dedicado un artículo, aislado y de carácter general, destinado a fijar el procedimiento de valoración de las participaciones sociales, común a todos los casos para luego limitarse en cada caso a señalar el día de referencia de tal valoración. Es decir, unificar los procedimientos de valoración.
Artículo 101. Reembolso de las participaciones sociales
Dentro de los dos meses siguientes a la recepción del informe de valoración, los socios afectados tendrán derecho a obtener en el domicilio social el reembolso del valor de las participaciones sociales que se amortizan. Transcurrido dicho plazo, los administradores consignarán en entidad de crédito del término municipal en que radique el domicilio social, a nombre de los interesados, la cantidad correspondiente al referido valor.
a) Pago. Debe realizarse en el plazo legal de dos meses.
b) Pago en especie. Se trata de una dación de bienes en pago de deuda, perfectamente posible.
Ahora bien, cabe pensar en diferentes modalidades de pago en especie, y ahí empiezan las dudas:
1. Es posible establecerlo así en estatutos, por aplicación analógica del artículo 119.3 que así lo admite en materia de liquidación por disolución.
2. Es posible también que así lo acuerden el socio separado o excluido y el órgano de administración, pues a la SL puede interesar más la entrega de bienes que el pago en dinero. Y habrá casos en que incluso puede plantear muchos más problemas el pago que la dación, por la escasez de liquidez y la abundancia de bienes; piénsese en una sociedad inmobiliaria.
3. Finalmente, la cuestión es mucho más dudosa si el órgano de administración de la sociedad así lo decide unilateralmente y trata de imponerlo al socio. Ello plantea dos problemas:
1.º) La determinación del valor de los bienes. Si se trata de bienes de valor objetivo, por ejemplo, acciones que cotizan, aún podría admitirse no sin ciertas dificultades. En caso contrario, sería preciso el acuerdo sobre el valor de los bienes a menos que entendiéramos que la valoración de tales bienes tenida en cuenta por el Auditor para fijar el valor real de las participaciones, se debe imponer al socio también en este aspecto.
2.º) Pero lo más dudoso es el problema de la titulación de los bienes. Todo lo que no sea dinero exige una conducta activa por parte del socio, pues no es posible documentar a nombre de nadie algo, si el adquirente no presta su consentimiento y colaboración formal.
Por tanto, en caso de oposición del socio no parece que le quede al órgano de administración otro remedio que reembolsar en dinero y si carece de él, acudir a la financiación crediticia o a la realización de parte del patrimonio social.
c) Consignación. Como medio sustitutivo del pago, y para el caso de que el socio no se presente al cobro en el plazo máximo de los dos meses, impone el artículo 101 la consignación de la cantidad correspondiente al valor de las participaciones.
No establece el artículo ninguna obligación al órgano de administración de comunicación o notificación al socio expresiva de cuál sea la entidad en que se haya formalizado la consignación, probablemente pensando en que la propia entidad informará de ello al socio. Pero desde luego estará obligada a hacerlo en el caso de que el socio así lo requiera del órgano social.
Artículo 102. Escritura pública de reducción del capital social
1. Efectuado el reembolso de las participaciones o consignado su importe, los administradores, sin necesidad de acuerdo específico de la Junta General, otorgarán inmediatamente escritura pública de reducción del capital social, expresando en ella las participaciones amortizadas, la identidad del socio o socios afectados, la causa de la amortización, la fecha del reembolso o de la consignación y la cifra a que hubiera quedado reducido el capital social.
2. En el caso de que, como consecuencia de la reducción, el capital social descendiera por debajo del mínimo legal, se otorgará asimismo escritura pública y será de aplicación lo dispuesto en el artículo 108, computándose el plazo establecido en ese artículo desde la fecha del reembolso o de la consignación.
A) Desenlace del proceso Tras la valoración de las participaciones sociales y su pago hay que proporcionar nuevo destino a las participaciones del socio excluido o separado.
En línea de teoría puede defenderse la posibilidad de la transmisión a favor de los demás socios, o incluso la denominada autocartera.
En defensa de esta tesis se puede alegar que la reducción de capital no favorece ninguno de los intereses en juego: ni al socio, ni a la sociedad, ni a los terceros, todos los cuales gozan de otros mecanismos de protección.
Y además, la solución de transmitir a los otros socios ha sido expresamente contemplada por la Jurisprudencia, aunque en ningún caso era el problema debatido, pero sin que se produjera ninguna declaración en contra; así TS 7-5-81 (caso de separación) y DGRN 7-4-81 (exclusión).
Sin embargo, con el nuevo texto legal no cabe otro final que la reducción de capital, pues prescindiendo de todos los argumentos que se pueden esgrimir, hay que reconocer que los términos en que se manifiesta el 101.1, son claramente imperativos; Se trata de un mandato dirigido al órgano de administración; «... otorgarán inmediatamente...», dice.
B) La escritura de reducción Se trata de una escritura de reducción de capital peculiar o especial. Con independencia de las menciones generales, deben constar las siguientes:
1. Las participaciones amortizadas, que lo serán con indicación de su numeración en el caso de que existiera.
Supuesto que no hay títulos representativos de las participaciones, su amortización se realiza mediante un apunte o asiento en el Libro Registro de Socios.
2. La identidad del socio afectado. Sus datos constarán en el Libro Registro de Socios, y de allí se trasladarán.
3. La causa de la amortización. Es decir, si se trata de un caso de separación o exclusión. No creo que sea precisa más especificación.
4. La fecha del reembolso o la consignación.
La fecha de la consignación puede acreditarse documentalmente mediante el correspondiente documento o certificación bancaria. Pero la del pago sólo cabrá por manifestación del compareciente, a no ser que dicho pago se hubiere formalizado en documento público o privado con fecha fehaciente.
5. La cifra a que hubiere quedado reducido el capital. Que deberá completarse con el nuevo número de participaciones sociales, después de excluir las amortizadas.
Y que exigirá redactar de nuevo el artículo del capital social, con arreglo a las prescripciones generales del artículo 13 e).
Supuesto que dicho artículo exige la numeración de las participaciones y que además esta numeración debe ser correlativa, la nueva redacción del artículo deberá expresar la nueva numeración teniendo en cuenta la omisión de las participaciones que han sido amortizadas.
Pero en el caso de que las participaciones amortizadas no sean las últimas de la secuencia, no quedará más remedio que proceder a una reenumeración de todas o parte de las subsistentes, lo que supondrá cambiar la numeración de todas o algunas de las participaciones de otros socios.
La Ley guarda silencio respecto a esta cuestión, pero el órgano de administración así deberá hacerlo, aunque con dos prevenciones: una que en ese mismo sentido deberá rectificarse el Libro Registro de Socios, y dos, que también en el mismo sentido deberá comunicarlo a los socios afectados, de modo fehaciente.
C) Reducción por debajo del mínimo legal En el supuesto de que a consecuencia de la reducción del capital, la cifra de éste puede quede por debajo de la mínima legal, que se mantiene en quinientas mil pesetas, el artículo 103.2 remite a la regla general del artículo 108, permitiendo que se formalice la escritura de reducción, pero quedando la sociedad obligada a poner remedio a la situación en el plazo de un año.
No fija la Ley ningún plazo para que el órgano de administración cumpla este deber de publicar o comunicar.
Artículo 98. Causas de exclusión de los socios La sociedad de responsabilidad limitada podrá excluir al socio que incumpla la obligación de realizar prestaciones accesorias, así como al socio administrador que infrinja la prohibición de competencia o hubiera sido condenado por sentencia firme a indemnizar a la sociedad los daños y perjuicios causados por actos contrarios a esta Ley o a los estatutos o realizados sin la debida diligencia.
Artículo 99. Procedimiento de exclusión 1. La exclusión requerirá acuerdo de la Junta General. En el acta de la reunión se hará constar la identidad de los socios que hayan votado a favor del acuerdo.
Artículo 100. Valoración de las participaciones 1. A falta de acuerdo sobre el valor real de las participaciones sociales o sobre la persona o personas que hayan de valorarlas y el procedimiento a seguir para su valoración, las participaciones serán valoradas por el auditor de cuentas de la sociedad y, si ésta no estuviera obligada a verificación contable, por el que nombre el Registrador Mercantil del domicilio social a solicitud de la sociedad o de cualquiera de los socios titulares de las participaciones que hayan de ser valoradas.
Artículo 101. Reembolso de las participaciones sociales Dentro de los dos meses siguientes a la recepción del informe de valoración, los socios afectados tendrán derecho a obtener en el domicilio social el reembolso del valor de las participaciones sociales que se amortizan. Transcurrido dicho plazo, los administradores consignarán en entidad de crédito del término municipal en que radique el domicilio social, a nombre de los interesados, la cantidad correspondiente al referido valor.
Artículo 102. Escritura pública de reducción del capital social 1. Efectuado el reembolso de las participaciones o consignado su importe, los administradores, sin necesidad de acuerdo específico de la Junta General, otorgarán inmediatamente escritura pública de reducción del capital social, expresando en ella las participaciones amortizadas, la identidad del socio o socios afectados, la causa de la amortización, la fecha del reembolso o de la consignación y la cifra a que hubiera quedado reducido el capital social.
Artículo 103. Responsabilidad de los socios separados o excluidos
1. Los socios a quienes se hubiere reembolsado el valor de las participaciones amortizadas estarán sujetos al régimen de responsabilidad por las deudas sociales establecido para el caso de reducción de capital por restitución de aportaciones.
2. En el supuesto previsto en el artículo 81 de la presente Ley solamente podrá producirse el reembolso una vez que haya transcurrido el plazo de tres meses contado desde la fecha de notificación a los acreedores o la publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en un diario de los de mayor circulación en la localidad en que radique el domicilio social, y siempre que los acreedores ordinarios no hubiesen ejercido el derecho de oposición.
El apartado 1 aplica al socio separado o excluido la misma responsabilidad que en materia de reducción con restitución de aportaciones establece el artícilo 80.
Y el apartado 2 se coordina con el 81, introducido en el Senado, en el que se admite la regulación estatutaria de un posible derecho de oposición de los acreedores en los casos de reducción de capital. Tal derecho ha desaparecido como requisito legal, sustituido precisamente por la responsabilidad a que se refiere el artículo 80. Pues bien, siempre que el derecho de oposición se establezca y regule en estatutos (posibilidad francamente rara si se piensa que los estatutos se redactan pensando en los socios y no en los terceros), el reembolso del importe de las participaciones sociales amortizadas se difiere hasta después de transcurrido el plazo en que los acreedores pueden ejercitar ese derecho de oposición, que es de tres meses desde la publicación o notificación a los mismos.
Manuel Ángel Rueda Pérez

References: Artículo 95

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 98

Artículo 99

Artículo 100

Artículo 101

Artículo 102

Artículo 103
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Artículo 95
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 artículo 6
 artículo 72
 artículo 107
 artículo 106
 artículo 225

Artículo 96
 artículo 57
 artículo 30
 artículo 1
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