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Timestamp: 2020-06-07 00:17:02+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 253, de 16/06/2011
Año 2011 IX Legislatura Núm. 253
Sesión plenaria núm. 241
celebrada el jueves, 16 de junio de 2011
- Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 84-1, de 23 de julio de 2010. (Número de expediente 121/000084.) ... (Página 2)
- Proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutrición. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 96-1, de 10 de septiembre de 2010.
(Número de expediente 121/000096.) ... (Página 5)
- Proyecto de ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 113-1, de 11 de marzo de 2011. (Número de expediente 121/000113.) ... (Página 10)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 14)
Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página 14)
Enmiendas del Senado ... (Página 2)
Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando ... (Página 2)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Arias Cañete, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Rivero Alcover, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutrición ... (Página 5)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Do Campo Piñeiro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Fidalgo Francisco, del Grupo Parlamentario Socialista.
Interviene la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad (Pajín Iraola).
Proyecto de ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia ... (Página 10)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Martín Peré, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.
Votación de conjunto ... (Página 14)
Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 322 votos a favor.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutrición.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
Se levanta la sesión a las diez y veinte minutos de la mañana.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 12/1995, DE 12 DE DICIEMBRE, DE REPRESIÓN DEL CONTRABANDO. (Número de expediente 121/000084.)
Anuncio a sus señorías que tenemos votación de iniciativa orgánica y que la misma no se producirá antes de las diez de la mañana.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.
Tiene la palabra, por el Grupo Vasco, el señor Olabarría. ¿Renuncia al uso de la palabra? (Asentimiento.) Muchas gracias. ¿Señor Arias Cañete? (Pausa.) No está presente. ¿Señor Sánchez i Llibre, desea intervenir? (Asentimiento.) Adelante, señor Sánchez i Llibre.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán, en referencia al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley 12/1995, de 12 de diciembre, de
represión del contrabando, presentó en el debate -que se materializó en la Comisión de Economía y Hacienda con competencia legislativa plena- una serie de enmiendas con la vocación y la intención de poder llegar a un consenso con casi todas las fuerzas parlamentarias que integraban dicha Comisión. Algunas de estas enmiendas las pactamos en dicha Comisión en el Congreso de los Diputados y posteriormente hicimos extensivo este consenso al Senado en algunos aspectos que pensábamos que eran relevantes. Básicamente hay unas enmiendas en las que hemos tenido una participación activa y para las que hemos sido capaces de integrar un consenso con el Grupo Socialista, con el Grupo Popular y con el resto de grupos parlamentarios en aquellos aspectos que hacían referencia a las enmiendas dirigidas a rebajar el umbral que delimita la tipificación del delito de contrabando de labores de tabaco. En la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso llegamos a un acuerdo para que dicho techo fuera de 20.000 euros y posteriormente en el Senado conseguimos consensuar -y en eso también hay que agradecer la sensibilidad del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista- y rebajarlo de 20.000 a 15.000 euros. Por este motivo vamos a votar favorablemente todos aquellos aspectos que hacen referencia a esta rebaja del umbral que delimita la tipificación del delito de contrabando, que son los artículos 2.3.b), 2.4 y 11 del proyecto de ley orgánica de represión del contrabando.
También vamos a votar a favor de las enmiendas que hacen referencia a las modificaciones de penas y multas por delitos de contrabando, con objeto de adecuarlas a la proporcionalidad del sistema penal. Asimismo, votaremos a favor del artículo 11 de la ley orgánica que estamos debatiendo en estos momentos. También vamos a votar favorablemente todas aquellas enmiendas que hacen referencia a las diversas modificaciones que hemos incorporado al articulado, en atención a la situación peculiar de Ceuta y Melilla, que son el artículo 1.6, disposición adicional tercera y disposición adicional tercera del proyecto de ley orgánica de represión del contrabando, igualmente aquellas modificaciones que hacen referencia a la tipificación de la rebaja del umbral que delimita la tipificación del delito y aquellas otras modificaciones del articulado en atención a la situación peculiar de Ceuta y Melilla, como son los artículos 2.2.3.º, 2.3.a) y disposición adicional segunda, nueva, del proyecto de ley orgánica.
Las enmiendas que no van a contar con el apoyo del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió son las que hacen referencia a la disposición adicional primera nueva y a la disposición adicional segunda, que reducen el número de cigarros que pueden ser importados con franquicia desde Gibraltar y Andorra, que pasa a 200 cigarrillos al mes. Por este motivo, al no estar de acuerdo con estas enmiendas que se han introducido en el Senado, vamos a votar en contra de ellas. Lógicamente vamos a votar favorablemente el dictamen del proyecto de ley orgánica que modifica la represión del contrabando.
Tiene la palabra don Miguel Arias Cañete.
El señor ARIAS CAÑETE: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario ya el pasado 31 de marzo manifestó que nos parecía este proyecto en líneas generales aceptable y sostuvimos enmiendas para rectificar los umbrales tipificativos del delito de contrabando, enmiendas para atribuir a la vigilancia aduanera la condición efectiva de Policía judicial y otro grupo de enmiendas para favorecer la actividad de las pymes y autónomos. Completada su tramitación parlamentaria en el Senado, nuestro grupo se va a posicionar sobre las enmiendas introducidas en la Cámara Alta.
Yo quisiera en primer lugar recabar el apoyo de la Cámara a las enmiendas números 4, 11 y 14, introducidas a instancia del Grupo Parlamentario Popular, y que afectan al punto 6 del apartado 1 del artículo 1, al apartado 15 del mismo artículo, y a una nueva disposición final. Estas enmiendas tienen por objeto en primer lugar adaptar esta ley orgánica al régimen especial que Ceuta y Melilla tienen en la Unión Europea, ya que aun formando parte del territorio español y del comunitario están fuera de la unión aduanera. Por ello proponemos que se modifique el concepto de importación, excluyendo del mismo la entrada de mercancías comunitarias en Ceuta y Melilla. Sería absurdo, señorías, que mercancías comunitarias que salen del territorio peninsular español y llegan al territorio español de Ceuta y Melilla fueran objeto de la aplicación de la Ley de Contrabando. Es evidente que, aunque no tengan consideración de infracción de contrabando, estas mercancías deberán por el contrario cumplir las obligaciones documentales y tributarias exigidas por la normativa reguladora del impuesto sobre la producción, los servicios y la importación que en lugar del IVA se aplica en dichas ciudades autónomas, para lo cual hemos introducido en estas enmiendas una nueva disposición final en la que se establecen nítidamente estas obligaciones de carácter documental.
En segundo lugar, hemos enmendado la nueva disposición final tercera, introducida en el apartado 15 del artículo 1, eliminando en los supuestos de Ceuta y Melilla las exhaustivas obligaciones de información que se establecen para las personas o entidades que realicen actividades de transporte de pasajeros embarcados en países o territorios que no formen parte del territorio aduanero comunitario parar ser trasladados al territorio español. Obligaciones que no deberían ser exigibles en el transporte desde la Península a Ceuta y Melilla. Se trata de un transporte dentro del territorio español idéntico al que se puede hacer entre dos provincias peninsulares
españolas y no tiene sentido recargarlo con unas obligaciones documentales que establecerían una nítida discriminación.
Por enmiendas transaccionales se han modificado en el Senado los umbrales para el caso del tabaco, estableciendo en 15.000 euros el importe mínimo para la delimitación del ilícito penal. Nuestro grupo era partidario de situarlo en 10.000 euros, pero daremos nuestro voto favorable a esta modificación que mejora sustancialmente el umbral de 30.000 euros inicialmente propuesto. Por ello, apoyaremos las transaccionales introducidas en el Senado en este sentido. No obstante, queremos volver a reiterar y dejar clara nuestra oposición a las ampliaciones desproporcionadas de umbrales que establece el proyecto de ley. Con estas ampliaciones se da un claro mensaje desde los poderes del Estado de poca contundencia en el combate de los ilícitos de introducción ilegal en España de cualquier tipo de género al ampliar la esfera de infracciones administrativas y reducir prácticamente a la nada los posibles delitos, dados los umbrales fijados para los mismos y, sobre todo, la posibilidad de fraccionar los alijos. Ello va a hacer más atractivo nuestro país para las operaciones ilícitas de las redes internacionales que, además, en la mayoría de los casos están involucradas con otra serie de delitos conexos. Al igual que el Grupo Catalán de Convergència i Unió, no consideramos razonable las restricciones impuestas a residentes y trabajadores fronterizos en Gibraltar y Andorra por las enmiendas socialistas introducidas en el Senado al preámbulo y a la nueva disposición adicional.
Finalmente, quisiera, señor presidente, señalar que en el Senado se introdujo una enmienda transaccional que no puede apoyar nuestro grupo.
En esta enmienda se modifica el artículo 3, reduciendo la penalidad máxima del delito de contrabando de seis a cinco años, reforma que no es baladí porque supone devaluar la importancia de los delitos de contrabando que, cuando estaban catalogados como delitos graves, permitían a los organismos encargados de la represión del contrabando tener herramientas jurídicas que facilitaban cualquier investigación, sobre todo cuando afectaban a las redes organizadas, herramientas que van a ser de más difícil acceso si la gravedad del delito se ve disminuida.
Por último, señor presidente, me gustaría manifestar que nuestro grupo dará su conformidad a la votación de totalidad que como ley orgánica requiere el proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arias Cañete.
Señora Rivero tiene la palabra.
La señora RIVERO ALCOVER: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre de mi grupo para abordar el trámite final del debate de este proyecto de ley orgánica que modifica la Ley de Represión del Contrabando. Se trata de la necesaria y adecuada reforma de una ley que debe actualizarse a la luz de la propia evolución del contrabando para dotarse de nuevos mecanismos desde los que afrontar con mayor eficacia la realidad de esta actividad delictiva.
Quiero destacar especialmente que con las enmiendas del Senado incluidas en el texto y que naturalmente apoyaremos se ha reforzado un proyecto que ya salió del Congreso con un alto grado de consenso y que el proceso de tramitación de la ley en el Senado ha servido para hacer una lectura más serena y para incorporar algunos aspectos que dentro de ese buen entendimiento habían quedado poco claros o pendientes, por lo que hay que agradecer el ambiente y la capacidad de todos los grupos parlamentarios para llegar a consensos.
Sin duda, los aspectos sustanciales de la tramitación de la reforma en el Senado han sido precisamente la consideración de delitos en el comercio ilegal del tabaco y su penalidad; de ahí las transaccionales alcanzadas relativas a rebajar aún más el límite cuantitativo que debe alcanzar el comercio ilegal de tabaco para ser considerado delito, cuyo umbral, como se ha dicho esta mañana, ya había sido rebajado en la Cámara por unanimidad a 20.000 euros. Con el valor real del tabaco entre 12.000 y 14.000 euros hablábamos de un fraude menor, y esto no tiene nada que ver con el contrabando a cargo de organizaciones criminales a gran escala. De ahí que el límite de 15.000 euros cumpla con ese razonamiento y con las exigencias de evolución de precios, de manera que no puede quedarse desfasado dicho límite en un corto espacio de tiempo, con lo cual celebramos también el acuerdo sobre la rebaja en el umbral de los 15.000 euros.
Llegó también el consenso respecto a la penalidad que merece el delito de contrabando -lo cual está aprobado también en el Senado-, imponiéndose el principio de racionalidad, de proporcionalidad y de equilibrio ante unos hechos que fundamentalmente cabe asimilar a los delitos fiscales. De ahí que esas modificaciones transaccionales nos parezcan efectivas y buenas respecto a lo que se establece dentro de lo que viene a esta Cámara. Hay que señalar que la ley endurece la pena de multa y que además trata delitos de esta naturaleza, pero es evidente que en modo alguno un delito de contrabando no puede tener la misma consideración penal que una tentativa de homicidio, una violación o delitos de lesiones graves o tortura, señor Arias Cañete.
Respecto a las enmiendas que vienen del tratamiento de las que se establecieron por parte del Grupo Socialista, hay que decir que en esta norma se atiende además a los precursores, que pueden perfectamente ser objeto de comercio legal para otros fines, y la consideración del delito que se produce a partir de la cantidad de esta entidad. Por su parte, la enmienda 23, que ha sido mencionada aquí también respecto a la disposición por la que se reduce a 200 cigarrillos al mes la cantidad máxima que disfrutaría de la exención fiscal y de impuestos especiales al tabaco para viajeros,
residentes y trabajadores fronterizos en Gibraltar y el Principado de Andorra, se trata de una medida adecuada para hacer frente a las operaciones que en abuso de derechos se está realizando en estas zonas fronterizas. Efectivamente, lo que se ha incrementado no es el consumo de tabaco sino el uso abusivo del derecho de estas franquicias aduaneras y de la exención fiscal prevista en el régimen de viajeros para los cigarrillos en determinadas fronteras terrestres del territorio español.
Entendemos por tanto que esto debe ser atajado también con esta ley.
En cuanto a la enmiendas números 4, 11 y 14, relacionadas con las ciudades de Ceuta y Melilla y las circunstancias que motivan su presentación, mi grupo considera que, como ha dicho usted, señor Arias Cañete, traen causa de un régimen económico y fiscal de carácter especial que tiene no solo ventajas sino también algún tipo de inconveniente en aras de la seguridad en la protección de los bienes jurídicos que esta ley pretende preservar.
Como dijo en el Senado en su momento la senadora socialista señora Rodríguez Ramírez, sinceramente considero que nos ha faltado un poco más de diálogo para llegar a una transaccional en este sentido porque, compartiendo algunos aspectos, seguro que se hubiera llegado a algún otro resultado. Pues bien, el Grupo Parlamentario Socialista sí ha querido trabajar intensamente en la consecución de este resultado cerca del ministerio y de tal labor apoyará asimismo las citadas enmiendas incorporadas al texto, teniendo en cuenta la flexibilización que se tuvo en el Senado, así como la incorporación al texto como consecuencia del citado trámite parlamentario ante la necesidad de evitar la discriminación de Ceuta y Melilla respecto al resto del territorio nacional. Cabe matizar por tanto que la nueva redacción del artículo 4 implicaría en cualquier caso la modificación de la definición del término de importación a los efectos de ley orgánica y que la enmienda 14 trae consigo que no define las obligaciones sino que tipifica las consecuencias jurídicas del cumplimiento de las obligaciones establecidas por otras normas.
Por último, antes de terminar, quiero insistir en este reconocimiento y agradecimiento a todos los portavoces de los grupos parlamentarios que han realizado el trabajo necesario para la búsqueda de acuerdos, sin duda han mejorado este proyecto de ley, y especialmente el intenso trabajo llevado en los últimos días por los compañeros ponentes de esta ley, don Javier Mármol y Juan Luis Rascón, que me han acompañado en esta ponencia, y por nuestros portavoces, que han hecho un acercamiento al Ministerio de Economía para conseguir entre otras cosas que se pudiera reconocer lo que tanto habíamos opinado respecto de Ceuta y Melilla y la discriminación territorial que se establecía en la misma.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rivero.
- PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN. (Número de expediente 121/000096.)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutrición.
Me han comunicado que desea intervenir la señora ministra. ¿Desea hacerlo ahora o al final de la tramitación?
La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Intervendré después.
Tiene la palabra, en primer lugar, don Gaspar Llamazares.
Señorías, quiero destacar la importancia del proyecto de ley de seguridad alimentaria y una cierta sensación agridulce porque por una parte el proyecto y prácticamente la ley, con las enmiendas del Senado que hoy discutimos, ha avanzado de manera sustancial con respecto a la redacción inicial y, sin embargo, por otra, en nuestra opinión todavía quedan aspectos importantes que podrían mejorarse y en particular el que tiene que ver con la publicidad en materia alimentaria, sobre todo la destinada a los niños. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Señorías, ahora se habla mucho -y en mi opinión de manera injusta- sobre la insostenibilidad del sistema sanitario, y se recurre a lo más fácil: a la amputación del sistema sanitario, al recorte sin más de prestaciones sanitarias o a teorías, en la mayor parte de los casos no demostradas, sobre el copago o el repago, y sin embargo no hay una reflexión con respecto a los determinantes sociales del sistema de salud y de la salud de los ciudadanos.
En opinión de nuestro Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña es ahí donde está el futuro del sistema público de salud y es ahí donde está el futuro de la garantía de la salud de los ciudadanos, en los determinantes de salud. Es obvio que entre estos determinantes de salud uno básico es la alimentación, que tiene mucho que ver con la industria alimentaria, una industria cada vez más intensiva y más artificial y, por otra parte, también tiene que ver con el consumo alimentario o, mejor dicho, con la publicidad alimentaria. No voy a extenderme en relación con la industria alimentaria y sus consecuencias. Hemos tenido otra catástrofe alimentaria reciente que ha afectado de manera muy seria a nuestro país, la relacionada con el Escherichia coli, que es un viejo amigo de las catástrofes alimentarias. No es un nuevo amigo, lo conocíamos ya desde hace mucho tiempo. Ahora en esta iniciativa lo que me preocupa es
que hemos conseguido avanzar, por ejemplo, de manera importante dentro de la escuela, controlando las grasas trans, controlando los azúcares y controlando la sal, que están en el trasfondo de uno de los problemas fundamentales de salud de nuestros niños, la obesidad infantil. Estamos entre los países con mayor obesidad infantil de Europa, a nivel casi de Inglaterra en estos momentos, una tasa muy alta, una prevalencia muy alta. La obesidad infantil tiene que ver con la diabetes, tiene que con la hipertensión artificial, tiene que ver con el cáncer, tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares y, por tanto, estamos ante una cuestión mayor en materia de salud pública. Cuando a veces hay valoraciones, en mi opinión superficiales, sobre la Ley del Tabaco, no nos damos cuenta de un determinante fundamental de la salud de nuestro tiempo y sobre todo de nuestras sociedades. Pues aquí estamos también ante otro determinante fundamental de la salud de nuestras sociedades, como es la salud alimentaria, y en buena parte en esta ley se pretende garantizar esa salud alimentaria.
Decía, señorías, que el aspecto que nos parece más cojo de la ley es el que tiene que ver con la publicidad. En estos momentos hay un estudio inglés que demuestra que la publicidad en horario infantil se incumple radicalmente: en horario no infantil, en un 50 por ciento; en horario infantil, un 70 por ciento de la publicidad es sobre alimentos dañinos, alimentos directamente dañinos para los niños y para los jóvenes. En esa materia creemos que deberíamos haber llegado más allá, estableciendo prohibición de publicidad sobre esos alimentos y algún tipo de valoración sobre la calidad de los mismos, como en estos momentos están abordando, por ejemplo, en los países nórdicos y en Inglaterra.
Esas son nuestras preocupaciones, señorías. Vamos a votar favorablemente las enmiendas que vienen del Senado, salvo alguna concreta que intenta restringir el tema de los azúcares únicamente a los azúcares artificiales porque creemos que hay que mantener el veto al conjunto de los azúcares.
También votaremos globalmente de manera favorable este proyecto de ley, con esa sensación agridulce de que hemos avanzado pero no tanto como deseábamos.
Por el Grupo Vasco del PNV tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo muy brevemente, solo para decir que esta es una ley que en su momento defendimos en este Congreso y que presentamos una serie de enmiendas que fueron aceptadas casi en su mayoría por la ponencia. Nos congratulamos por la forma en que se llevó a cabo no solamente la tramitación sino también el sentido de las enmiendas que se presentaban.
Creo que es una ley necesaria e importante. Sobre todo mi grupo planteó la necesidad de tenerla en cuenta y clarificar que las competencias autonómicas en esta materia también fueran salvaguardadas; autonómicas e incluso municipales en ciertas materias de seguridad alimentaria. Creo que ello fue bien entendido. En el Senado creo que se ha ratificado lo que en este Parlamento se decidió. Por lo tanto, no vamos a entrar ahora en los contenidos centrales de esta ley, pues nuestro compañero Llamazares ya lo ha hecho y creo que otros grupos también lo harán.
En nombre de mi grupo solo quiero decir que votaremos a favor de las enmiendas que vengan del Senado en el sentido que hemos acordado y, por otra parte, queremos que esta ley, que es necesaria, cumpla verdaderamente los requisitos en los que se proponía.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, este proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutrición que nos vuelve al Congreso desde el Senado para su aprobación definitiva, como han explicado ya los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, es una ley necesaria, muy positiva y que incorpora y actualiza otras leyes en el tema de seguridad alimentaria y nutrición. Sabemos que una de las enfermedades de nuestro tiempo y ante la que teníamos que tomar y acotar medidas es la obesidad infantil. Esta ley nos deja elementos en la mano para trabajar en ese sentido, para hacer que los alimentos que se facilitan en las escuelas y en los centros de primaria sean lo más sanos posible y para educar a todos nuestros niños y jóvenes en los buenos hábitos alimentarios. Esta ley nos indica, en el tema de seguridad alimentaria, la trazabilidad de los alimentos. Hemos visto en esta reciente crisis alimentaria que hemos tenido estos días a nivel europeo la importancia de esta trazabilidad, y se ha visto y garantizado que la trazabilidad de todos los alimentos y los productos españoles es buena. En esta ley hacemos pequeños ajustes, pero va por ese camino.
Por esta razón nuestro grupo ha dado soporte a esta ley presentando toda una serie de enmiendas. Agradecimos en su día, en el momento de la aprobación de esta ley en Comisión, la buena disponibilidad del Grupo Socialista. Quiero volver a agradecer hoy a su ponente, don Alberto Fidalgo, la buena colaboración que ha habido, el gran diálogo que ha tenido con todos los grupos parlamentarios, pero tengo que hablar por el nuestro particular, fruto de lo cual llegamos a un gran grado de consenso. Hoy nos vuelven del Senado unas enmiendas incorporadas, de las pocas que no había podido introducir nuestro grupo aquí, en las que pedíamos
que en los menús que se daban en los centros infantiles se pudiera obligar a que se hicieran menús especiales para los niños que tuvieran alergia al gluten. Esa enmienda aquí no prosperó. Ahora nos llega del Senado y nos damos por muy satisfechos. Vamos a apoyar la primera parte de esa enmienda. La segunda parte se refiere a que si en un futuro se encuentran soluciones para otro tipo de alergias se legislará. En el momento en que aparezcan veremos cómo lo hacen y de qué forma tendremos que arreglarlo en la legislación. Ahora vamos a lo que tenemos y a lo que creemos que nos da materia para poder legislar con seguridad. Por eso vamos a apoyar las enmiendas del Senado.
Nos vamos a abstener en lo de azúcares añadidos, una transaccional que se había aprobado en el Congreso para decir que los alimentos que se vendan en los colegios o centros infantiles no sean con altos contenidos de grasas trans, azúcares y sales. La palabra añadidos nos parece casi sobrera, los azúcares son azúcares y, como ya se dirá después en el reglamento cuáles son las cantidades altas, ello nos da mucha tranquilidad. Por eso vamos a apoyar estas enmiendas con estas dos pequeñas matizaciones, matizaciones que creo que también cuentan con gran consenso en toda la Cámara y en todos los grupos parlamentarios. Debemos felicitarnos todos por cómo está quedando esta ley de seguridad alimentaria y nutrición, y las aportaciones que por parte de todos los grupos parlamentarios se han hecho nos satisfacen.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Tarruella.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Do Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, nos encontramos ya en la fase final del debate del proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutrición, proyecto de ley que sinceramente, y como ya trasladamos en el debate en Comisión, entendemos que es importante por lo que supone para la protección de la salud a través de la seguridad de los alimentos. Es preciso tener una alimentación de calidad y equilibrada y poder armonizar los intereses del sector agroalimentario y el sector del consumo. Independientemente de ello debería ser una ley más ambiciosa y menos intervencionista en algunos casos. A pesar del trabajo que hemos realizado los ponentes con las incorporaciones de algunas enmiendas en la tramitación aquí en el Congreso, nosotros sinceramente teníamos la esperanza de que en su tramitación en el Senado se hubiese hecho algo más, pero no fue así. Hoy nos debemos posicionar con respecto a las enmiendas al proyecto de ley introducidas en su tramitación en el Senado, lamentando la intransigencia del grupo que apoya al Gobierno a la hora de intentar lograr nuevos acuerdos. Tan solo se incorporaron dos correcciones de errores, cuatro enmiendas y tres transaccionales.
Lamentamos también que ninguna de nuestras enmiendas fuesen incorporadas, porque tenían objetivos importantes como el control de productos alimenticios en fronteras o mejorar la formación de los manipuladores de alimentos. Entendemos que se perdió también una importante oportunidad de apoyar una transaccional con el objeto de resarcir los daños y perjuicios ocasionados por una alerta alimentaria muy a cuento en este momento y en relación con la crisis de la salud pública en Alemania con el brote epidémico de E. coli.
Ahora me voy a centrar en nuestro posicionamiento con respecto a las enmiendas introducidas. Diremos que vamos a apoyar todas ellas excepto dos. La primera es la relativa al artículo 36, en el que se regulan los premios NAOS. Señorías, desde nuestro grupo parlamentario vemos positivo que dentro de las iniciativas que puedan contribuir a la consecución de objetivos de la estrategia NAOS para el fomento de acciones que supongan una alimentación saludable, se concedan premios para reconocer acciones e iniciativas ejemplares, pero, señorías, señora ministra, de la misma manera entendemos que una ley no es el lugar adecuado y recomendable para regular dichos premios. Creemos sinceramente que está fuera de lugar.
Por otro lado, en relación con la modificación realizada al ya famoso artículo 40.6, relativa a las medidas dirigidas al ámbito escolar, nuestro posicionamiento está claro. No podemos apoyar ni siquiera esta modificación realizada en el Senado porque estamos totalmente en contra.
Desde nuestro grupo entendemos y defendemos que desde las diferentes comunidades autónomas se deben comprometer a promover la enseñanza de la nutrición y de la alimentación en los centros educativos, pero para que así se pueda elegir en libertad los alimentos y las cantidades que compongan una alimentación sana y equilibrada, atendiendo también a los comedores escolares, a que esas comidas sean equilibradas, a que esas comidas sean variadas y que tengan en cuenta a los alumnos con intolerancia. En este caso vemos positiva la incorporación de la intolerancia al gluten, pero, como ya indicamos en intervenciones anteriores, no podemos estar de acuerdo con una nueva prohibición que nos impone este Gobierno para la venta de unos determinados alimentos y bebidas en escuelas infantiles y centros escolares, entendiendo que tanto la estrategia NAOS como el reglamento 1924 respetan el principio de que no existen alimentos buenos o malos per se, sino que son las dietas las que pueden ser equilibradas o desequilibradas, y es en lo que hay que seguir incidiendo en opinión de nuestro grupo. Por tanto, no entendemos que se establezca esa prohibición de venta para ciertos alimentos y bebidas. De la misma manera, señorías, si hablamos de salud y alimentación, creemos que se debe considerar el conjunto de la dieta, y es por lo que no vamos a apoyar esta prohibición. Con la incorporación en el Senado de la eliminación de azúcares añadidos queremos dejar nuestra posición clara en cuanto entendemos que el consumo del azúcar no está reñido con una
alimentación variada y equilibrada y en la que actividad física debe estar presente. Un proyecto normativo como este, que prevé limitar el consumo de azúcar, supondrá directamente un perjuicio económico para el sector azucarero, que en este momento de crisis está pasándolo mal y, por otro lado, un incentivo a la producción de ciertos alimentos sin azúcar o reformulados con aditivos. La propia autoridad europea de seguridad alimentaria -usted lo sabe bien, señora ministra- ha alertado a los Estados miembros sobre esto, instándoles a hacer un seguimiento.
Señorías, lo que entendemos desde el Grupo Parlamentario Popular es que incluso estudios científicos han demostrado los beneficios del azúcar para el organismo. Lo que desde el Grupo Parlamentario Popular queremos dejar claro es que la solución a la obesidad infantil pasa por una buena educación en los hábitos nutricionales y por el fomento de la actividad física y no en la prohibición de alimentos individuales, en línea con el reglamento europeo relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables que así lo reconoce en el principio, y se lo leo literalmente: Una dieta variada y equilibrada es un requisito previo de buena salud, y los productos por separado tienen una importancia relativa respecto al conjunto de la dieta.
Finalizo, señora presidenta, valorando el trabajo realizado también por mi compañero de grupo, el ponente Ángel Pintado, así como el del resto de los grupos parlamentarios con los que he podido trabajar en esta ley y en otras ocasiones.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Do Campo.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Fidalgo.
El señor FIDALGO FRANCISCO: Señora presidenta, señorías, señora ministra, ha querido el devenir de los acontecimientos que el trámite final del proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutrición coincida con la mayor crisis de esta materia que se ha dado en Europa durante los últimos años, y es en unos tiempos globalmente difíciles, en los que parece imponerse el principio del sálvese quien pueda, cuando precisamente las oportunidades de supervivencia común como sociedad culturalmente y socialmente avanzada solo pueden encontrarse en el refuerzo del proyecto europeo común, con un cumplimiento riguroso por todos los Estados miembros de las normas que comúnmente nos hemos dado también.
Afortunadamente, a pesar de las fáciles apelaciones chovinistas, la realidad se impone y nuestro país debe felicitarse por disponer de mecanismos que permiten producir y comercializar alimentos con todas las garantías de calidad y de seguridad que exigen consumidores informados.
Pero también esta crisis ha demostrado que aún es posible mejorar y el desconcierto de un país tradicionalmente admirado por nosotros por su eficacia ha de servirnos como acicate para seguir aplicándonos a fondo en lograr esa garantía esperada por los ciudadanos de alimentos sanos y seguros desde la huerta o la granja hasta la mesa. Por eso, señorías, creo debemos estar razonablemente satisfechos del trabajo que hemos realizado a lo largo de los últimos meses, en los que nos hemos esforzado en lograr un texto que, mejorando sustancialmente el trabajado ya proyecto de ley remitido por el Gobierno, lo hace además desde y con un gran consenso. Salió ya así del Congreso hacia el Senado y ahora se devuelve con un grupo de enmiendas que, fruto del acuerdo y la transacción, aportan precisiones valiosas.
Hay dos enmiendas que llegan ahora a esta Cámara sin ese consenso unánime.
Una de ellas introduce el término "añadidos", refiriéndose a los azúcares, que ha acabado por producir un alto grado de confusión innecesaria e incluso un cierto cuestionamiento técnico, no aportando, en cambio, en la práctica nada realmente sustancial y efectivo para la aplicación de la ley. El debate que intenta suscitar el Grupo Popular en torno a los azúcares creo que también es añadido y artificial y por tanto superfluo y que no deberíamos tener en cuenta. La otra enmienda se refiere a la introducción en el texto del artículo 40.5 de la consideración específica de la intolerancia al gluten y la necesidad de garantizarles a los afectados menús alternativos en los colegios cuando se acredite técnicamente -clínicamente también- la intolerancia. Muy de acuerdo, por supuesto, pero el texto de la enmienda propuesta desde el Senado haría en su literalidad absoluta que la aplicación de las mismas garantías para otras intolerancias fuese difícil y engorrosa, puesto que exigiría que cada evidencia científica fuera incorporada como menú alternativo a través de una modificación legislativa. Tanto en un caso como en otro los grupos parlamentarios del Congreso hemos llegado a un acuerdo y proponemos la supresión del término "añadidos", referido a los azúcares de determinados alimentos que pueden estar a la venta en los colegios, y consideramos importantísimo no solo el efecto directo sobre la prevención de patologías, sino también el efecto pedagógico de que se limiten los niveles de ácidos grasos saturados, azúcares y sal en esos alimentos y bebidas en el ámbito escolar en los términos de venta.
Precisamente el proyecto de ley, que ya tiene un profundo sesgo preventivo, educador y pedagógico, se vio reforzado en esta línea en su tramitación en el Senado con la aportación de estímulos positivos precisamente hacia esas prácticas pedagógicas.
No quiero finalizar sin agradecer en nombre del Grupo Socialista el trabajo a todos cuantos han participado en la elaboración y tramitación del proyecto de ley: al equipo ministerial, a los técnicos y letrados y especialmente a las organizaciones y entidades sectoriales, que han aportado la realidad del día a día del puntero y estratégico sector agroalimentario español. Permítanme que ese agradecimiento sea también especial para todos los
ponentes del grupo y para el Senado y en particular a los compañeros de mi grupo parlamentario doña Guadalupe Martín y don Alejandro Alonso.
Señorías, con este proyecto de ley y su trámite hemos demostrado que la política, y más concretamente estas Cortes Generales están al servicio del interés general de los ciudadanos, de lo que realmente les importa, de sus condiciones de vida, de su calidad de vida, de su salud y de su seguridad, de la vida real en una democracia real. Estamos demostrando que trabajamos continuamente en pos de esos objetivos, y precisamente la coincidencia ahora de la crisis de seguridad alimentaria reciente viene a demostrar que tratamos de hacer los deberes con antelación. Nunca podrá aplicársenos desde luego en este caso lo dicho en aquel refrán gallego que afirma que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Como en el fútbol, en la vida misma y en la salud, la anticipación es decisiva.
Anticiparse es prevenir. Sigamos trabajando en esa línea y trabajemos por la salud y la calidad de vida de todos los ciudadanos españoles.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Fidalgo.
Tiene la palabra la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Gracias, señora presidenta.
Señorías, traemos hoy a esta Cámara un texto muy importante y relevante para los ciudadanos de nuestro país. Es un texto además fruto de un intenso trabajo de todos los grupos parlamentarios sin excepción, tanto en el Congreso como en el Senado, y por eso quiero empezar mi intervención expresando mi profundo agradecimiento por ello. Lo agradezco muy especialmente porque ha imperado en todo momento la máxima voluntad de consenso de todos los grupos parlamentarios, como se ha vuelto a ver hoy aquí en cada una de las intervenciones. El Gobierno y las Cámaras hemos trabajado ese texto atendiendo a una planificación y a una mirada en perspectiva, lejos de prisas o de coyunturas concretas del momento que han hecho de esta ley una ley todavía más sólida. Y es que la aprobación de este proyecto de ley, como se ha dicho, ha coincidido con una crisis de seguridad alimentaria, cuyo origen estaba en Alemania, que ha afectado a toda la Unión Europea y especialmente ha dañado a nuestros productores.
Señorías, como ya dije en la Cámara Alta la semana pasada, la alimentación y la salud necesitan de marcos legislativos actualizados y eficaces y debe ser abarcada de forma global, atendiendo a muchos aspectos que hoy se dan en la sociedad, entre ellos, sin duda, los comportamientos y los hábitos alimentarios. Pero además necesitamos seguir reforzando la confianza de los consumidores y consumidoras en nuestros productos y eso hemos hecho desde el Gobierno con el trabajo de los grupos parlamentarios y con todas las organizaciones que han aportado sus ideas a esta ley.
Señorías, con este texto adaptaremos nuestra legislación a un nuevo concepto de seguridad alimentaria, un nuevo concepto tanto a nivel nacional como de la Unión Europea, y lo hacemos actualizando y modernizando tanto la organización como la regulación de la sanidad alimentaria. Es un proyecto de ley que pone el acento en la prevención y en la precaución como elementos esenciales para la seguridad alimentaria.
Trabajar sobre la detección precoz y la eliminación de riesgos, con especial atención a los riesgos nutricionales, es decir, aquellos que debemos abordar en nuestro entorno diario, dado el preocupante avance que están experimentando en la salud de la ciudadanía española los problemas de obesidad, son también nuestra obligación. Es una ley, por cierto, que encaja perfectamente y viene a completar el engranaje normativo y competencial autonómico en lo que se refiere a la seguridad alimentaria; una coordinación y una colaboración entre diferentes administraciones e instituciones que ya hemos visto lo importante que son en esta materia.
Por eso era tan importante reforzarlas en una ley.
Señorías, lamentablemente hemos sido testigos directos de las consecuencias que puede tener en un país fuerte como Alemania no disponer de esa coordinación sólida y eficaz de los diferentes niveles de su Administración, consecuencias no solo para su país sino para el resto de Europa y, desgraciadamente, en esta ocasión además, para nuestro sector hortofrutícola. Tenemos, señorías, que seguir avanzando, dando pasos firmes en la seguridad alimentaria, y esta ley es un gran ejemplo de esa voluntad del Gobierno y también de todas las fuerzas políticas, una voluntad que, como hemos visto en estos días, compartimos la inmensa mayoría de los actores implicados.
Los objetivos de esta ley tratan de propiciar o facilitar la colaboración y la coordinación de las diferentes administraciones públicas competentes en la seguridad alimentaria, algo que tiene ya una base en un buen sistema de seguridad que tenemos y que tenemos que poner en valor. Pero quiere también generar estrategias que fomenten la información, la educación y la promoción de la salud en el ámbito de la seguridad alimentaria y en la nutrición. Quiere y pretende asegurar un nivel elevado de salud en relación con los alimentos que ingerimos. Pretende el establecimiento de instrumentos que garanticen la seguridad alimentaria y también la evaluación, la gestión y la comunicación de los riesgos.
Pretende también el establecimiento de procedimientos de actuación en supuestos de crisis o emergencias, algo que hemos vuelto a ver, una vez más, en las últimas semanas.
Nuestra experiencia no se va a quedar solo en el texto de esta ley. El Gobierno de España quiere promover un debate en la Unión Europea. Creemos que se puede mejorar el sistema de alertas de la Unión Europea y que España puede aportar desde su gran experiencia instrumentos
de mejora en ese sistema. Por eso vamos a trabajar para que la Presidencia polaca debata y discuta en este ámbito y llegue a avances en esta materia. Es importante que la experiencia acumulada por las instituciones europeas pueda entrar en vigor en las crisis alimentarias de una forma más rápida y más eficaz y creemos que en este tipo de crisis hay que aprender y, sobre todo, que en este tipo de crisis hay que aprender y mejorar aquello que no haya funcionado bien. Tenemos que ser capaces de contar con mecanismos que analicen bien los riesgos, la trazabilidad y el principio de cautela. Esto es lo que sus señorías han mejorado y aseguran en esta ley.
Esta es una apuesta que estoy convencida compartimos mayoritariamente todos los presentes, pues no es otra que la de algo tan importante como fortalecer nuestra salud pública y nuestra seguridad alimentaria. En muchas ocasiones hablamos en esta Cámara, en la Comisión de Sanidad, sobre la responsabilidad que tenemos para incentivar comportamientos saludables, especialmente nuestros en niños y niñas cuando tenemos un problema serio de obesidad. No es suficiente solo con discutir y debatir.
Hay que avanzar. Hay que aprobar textos como estos para desincentivar determinadas pautas de comportamiento y para incentivar otras mucho más saludables, y eso es lo que estamos haciendo. Señorías, esta no es una ley prohibicionista. Es una ley que insta a la sociedad a tener mejores pautas de comportamiento, que insta a los centros educativos a que cumplan en su papel educador y sensibilizador, pero también a toda la ciudadanía y a toda la sociedad, porque esa también es nuestra responsabilidad. En definitiva, señorías, esta es una de esas leyes que merece mucho la pena aprobar. Quiero poner en valor una vez más el enorme esfuerzo que han hecho todos los grupos parlamentarios. Señorías, han trabajado ustedes bien y este tipo de debates son los que ponen de manifiesto una vez más que el servicio público que se da en esta Cámara cada día es una muy noble tarea.
- PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. (Número de expediente 121/000113.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al proyecto de ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds no van a intervenir. Por el Grupo Vasco del PNV tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Estamos afrontando ya el trámite final de una ley importante relativa a la informatización de la justicia. (Rumores.) Creo que estamos en esta, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Tranquilo, señor Olabarría, que yo al menos le escucho.
Es un tema que puede contribuir a corregir uno de los males endémicos de nuestra Administración de Justicia cual es la saturación, la pendencia, la incapacidad en definitiva de absorber por parte de los órganos judiciales del Estado español la altísima litigiosidad con la que convivimos. Ayer ya comentamos en la pregunta que le dirigí al ministro de Justicia que solo en el ámbito penal se incoan cada año 4.500.000 diligencias previas. Es imposible una Administración de Justicia donde la ratio de jueces por habitantes pueda absorber un volumen de litigiosidad tan alto, y procedimientos vinculados a la informática, a la utilización de las nuevas tecnologías pueden ser un buen elemento para atenuar esta atrofia en el funcionamiento de uno de los poderes del Estado, el servicio público de la justicia, que garantiza entre otras cosas el contenido de un derecho constitucional: el derecho a la tutela judicial efectiva.
En relación con este proyecto de ley, señora presidenta, vamos a realizar dos peticiones de votaciones separadas, las que hacen referencia a los artículos 47 y 51, en donde se estructuran los criterios de interoperabilidad judicial incorporando al Consejo General del Poder Judicial, que era el gran olvidado en el proyecto original que se presentó en esta Cámara. Es un sistema de interoperabilidad e interconexión judicial que no merma o no vulnera competencias autonómicas, ni tampoco las residuales que corresponden todavía al Ministerio de Justicia. Desde esa perspectiva, nos parece un buen sistema, que corrige las disfunciones del fracaso del Centro de Documentación Judicial, del Cendoj, que en trece años de funcionamiento no ha sido capaz de acabar con lo que constituye una verdadera disfuncionalidad en el ámbito informático de la Administración de Justicia: la existencia de diecisiete sistemas informáticos, muchas veces inarmónicos e incompatibles entre sí. Este es un buen sistema, uniforme, configurado fundamentalmente por el Consejo General del Poder Judicial, que tiene atribuida específicamente esta competencia en la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985 y que se complementa de forma adecuada con las competencias que en esta materia, en materia de provisión de medios materiales y personales de la Administración de Justicia, poseen las comunidades autónomas, y crea una comisión de coordinación que nos parece igualmente bien configurada. (Rumores.)
Hay otras cuestiones con relación a las demás enmiendas...
Continúe, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Le agradezco el amparo por enésima vez, señora presidenta. Ya vamos a acabar con este trabajoso trámite que estamos intentando culminar.
Decía que hay otras cuestiones sobre las cuales manifestamos nuestra oposición en relación con las enmiendas aprobadas por el Senado, particularmente una que ha resultado recurrente en esta Cámara, que es la incorporación de la posibilidad de la exacción de tasas en relación con el proceso monitorio, donde personalmente, señora presidenta -y con esto acabo-, soy tributario de mis propias palabras, de mis propios posicionamientos políticos. No creo que se puedan incorporar tasas al procedimiento monitorio, entre otras cosas porque esta incorporación resultaría manifiestamente incompatible con una directiva sobre este proceso recientemente traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico y que debemos respetar, dicho lo cual vamos a pedir que se vote en dos bloques, por una parte las enmiendas a los artículos 51 y 47 aprobados por el Senado. Vamos a mantener la configuración de este sistema de interoperabilidad informática configurado por estos dos preceptos y vamos a votar en contra de todas las demás enmiendas aprobadas por el Senado en este importante proyecto de ley. Ojalá, y con esto acabo de verdad, señora presidenta, podamos empezar hablar de un funcionamiento adecuado y eficiente de la Administración de Justicia, por lo menos en el ámbito por lo menos de las estructuras informáticas, que no solo no han contribuido históricamente a solucionar los problemas de saturación y de pendencia de asuntos y de incapacidad de absorber una altísima litigiosidad existente en el Estado español, sino que muchas veces paradójicamente se han erigido como un obstáculo para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Con estas palabras y agradeciendo sus reiterados amparos para quien humildemente está realizando esta alocución, este es el sistema de votaciones que solicitamos y esperamos mucho de esta ley, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy vamos a aprobar de manera definitiva el proyecto de ley que regula el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la Administración de Justicia. Es muy importante porque las nuevas tecnologías ya permiten actualmente -pero con esta nueva ley se van a impulsar todavía más- un mejor ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24 de la Constitución Española. A partir de esta nueva ley que hoy se va a aprobar se regulan los criterios que deben hacer posible la mejor interoperabilidad entre los distintos sistemas informáticos, y por tanto es una ley positiva a la que Convergència i Unió da su apoyo, como ya tuvimos ocasión de manifestar en el trámite de ponencia y Comisión. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Hoy debatimos las enmiendas del Senado y desde mi grupo nos vamos a centrar en pocas de las enmiendas aprobadas. Nosotros damos un voto favorable a todas ellas, pero me quiero centrar en algunas de especial importancia para Convergència i Unió. En primer lugar, hemos conseguido finalmente que en el Senado finalmente se apruebe una enmienda de Convergència i Unió que hemos venido presentando reiteradamente en distintos proyectos de ley, porque nos lo pide la sociedad y nos lo piden las empresas, que en un momento de crisis económica, cuando hay mucha morosidad, reclaman sus deudas y van por el procedimiento monitorio.
Ahora, para la presentación del procedimiento monitorio hay un límite, que es que sea superior 30.000 euros, y hasta ahora, hasta que se aprobó la ley del procedimiento monitorio europeo, como el límite máximo era 30.000 euros, siempre estaban exentas las tasas. ¿Qué se hizo, ya con nuestro voto en contra? Se penalizó a las empresas, porque en los procedimientos monitorios, cuando una empresa reclama una cuantía inferior a 30.000 euros, debe pagar una tasa. Si por ejemplo una empresa reclama 200 euros, la tasa le supone más del 45 por ciento de la deuda que reclama. ¿Qué hace? No acude a la justicia, no reclama esa deuda, se incrementa la morosidad y esa es una noticia negativa para la economía productiva. Aquí está nuestro portavoz económico, don Josep Sánchez i Llibre, que atiende muchas reclamaciones de los sectores, que nos piden que seamos sensibles a que cuando acceden a la justicia tengan realmente esa exención de la tasa cuando reclaman por el procedimiento monitorio cantidades inferiores a 30.000 euros. Si no lo hacemos así seremos una excepción en Europa. Por tanto mi grupo parlamentario defiende esta nueva disposición adicional que hemos introducido en el Senado y esperamos de la sensibilidad de todos para su aprobación, especialmente en un momento en el que los procesos de morosidad van lamentablemente en aumento.
Hay otras enmiendas introducidas en el Senado a las cuales me quiero referir, por ejemplo las relativas al protagonismo que en este ámbito debe tener el Consejo General del Poder Judicial. Señorías, el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Judicial y no podemos mirar hacia otro lado cuando regulamos el uso de las tecnologías de la información. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Judicial y por tanto nos congratulamos de que finalmente en el artículo 46, cuando se da a este órgano la competencia a los efectos de asegurar la
compatibilidad de los programas y aplicaciones informáticos, no se diga que debe hacerlo como fuente para la elaboración de la estadística judicial. No, el Consejo General del Poder Judicial tiene esa competencia en genérico, no solo para hacer estadísticas, como podría derivarse de la redacción que salió del Congreso.
De la misma manera, entendemos que para el mejor cumplimiento de los establecido en relación con el esquema judicial de interoperabilidad, tal y como ha salido del Senado el artículo 51, es el Consejo General del Poder Judicial el que debe tener esa atribución. Por tanto, vamos a dar apoyo a estas enmiendas. Esperemos que puedan recibir también el apoyo unánime de esta Cámara, porque sería el mejor mensaje que podríamos dar a la sociedad en cuanto al procedimiento monitorio y al funcionamiento global del Poder Judicial en relación con las competencias que debe tener en este ámbito el Consejo General del Poder Judicial.
Don Guillermo Mariscal tiene la palabra.
En el Grupo Popular estamos convencidos de que el elemento tecnológico tiene que ayudar a la modernización de la justicia y a mejorar la agilidad sin detrimento de la seguridad jurídica, para garantizarle al ciudadano un servicio más próximo, accesible y de calidad. Aunque en este proyecto de ley el acuerdo y el consenso -tanto en ponencia como en Comisión- han guiado nuestros trabajos, desde un espíritu constructivo pretendemos coadyuvar a mejorar el texto. Por este motivo, defendemos hoy aquí en este trámite, por un lado, las enmiendas que pretenden mejorar y tener una mayor conectividad e interoperabilidad con el Consejo General del Poder Judicial, cuestión que creemos esencial para que se reduzcan al máximo los errores de la justicia que vengan motivados por una mala coordinación dentro del sistema judicial. Es claro que se hace necesaria la interoperabilidad de los sistemas informáticos de gestión procesal actuales y de todo fichero o base de datos accesible para las oficinas judiciales. No es admisible que, pese a las competencias de muy distintas administraciones en esta materia, los datos no viajen aún de unas sedes judiciales a otras. Por otro lado, en cuanto a la enmienda que se refiere al proceso monitorio, creemos que el creciente incremento de la morosidad en la sociedad española ha hecho que las reclamaciones por impagos aumenten considerablemente y que las deudas, especialmente en el ámbito del crédito al consumo, sean de pequeña y, en ocasiones, de escasa cuantía. Por tanto, la imposición que establece este proyecto de ley de una tasa de presentación inicial supondría una grave penalización para las pretensiones del acreedor, que declinaría en este caso, debido a esta tasa, las actuaciones judiciales para recuperación de la deuda.
Señorías, hay que colaborar para garantizar el tráfico comercial, ya de por sí muy deteriorado por la falta de crédito y generar confianza en los agentes económicos. Esta ley, una bondadosa declaración de intenciones, que de ponerse en práctica sería un avance respecto a la situación actual, no es más que una copia -puede que mejorada, pero una copia- de la Ley 11/2007, de acceso electrónico. Señores del Grupo Parlamentario Socialista, debían haberla desarrollado hace cuatro años. ¿Por qué ahora comenzamos de nuevo? Llevan más de siete años ocupando el Gobierno, ¿por qué no han extendido el uso de las tecnologías de la información y la comunicación a la Administración de Justicia si ya tenían el instrumento para ello? Señorías, los proyectos de ley sin consignación presupuestaria, como este, son únicamente iniciativas de escaparate que, al no tener reflejo en la realidad, restan credibilidad a la eficacia legislativa de esta Cámara, restan credibilidad a la democracia representativa y desembocan en procesos de rechazo y desafección. Dejen de inundar el Boletín Oficial del Estado. Hacen falta leyes de verdad que se puedan y se vayan a cumplir, porque el crédito se nos está agotando.
No jueguen más con la reforma de la justicia. Es una reforma estructural imprescindible y prioritaria para la recuperación de esa confianza.
Cuando la justicia no es eficaz nos hace menos libres; nos hace ser un país menos creíble y, por lo tanto, un país menos fiable.
Desgraciadamente, conocemos las dramáticas consecuencias por nuestra falta de credibilidad, que se encuentra ahora mismo en mínimos históricos. Por último, tenemos el deseo de que este texto legislativo se cumpla y, quizá, lo más relevante, que exista financiación suficiente para desarrollarlo. El apoyo a esta ley formaliza también nuestro compromiso con la estricta vigilancia de su cumplimiento.
Don Pablo Martín Peré tiene la palabra.
El señor MARTÍN PERÉ: Gracias, señor presidente.
Señorías, votamos hoy las enmiendas del Senado a un proyecto de ley que, de algún modo, va a poner fin a un problema de carácter casi crónico de nuestra Administración de Justicia o que, al menos, lo había sido hasta esta legislatura. Estoy hablando de una circunstancia ciertamente extraña e incluso falta de lógica, por cuanto nuestra Administración de Justicia, que se caracteriza precisamente por su especialidad en determinadas cuestiones, todavía no operaba de acuerdo con lo dispuesto para otras administraciones públicas como la Ley 11/2007, de 22 de junio, por la cual se introduce el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra Administración. Con esta ley que vamos a aprobar ponemos fin a ese anacronismo que perjudicaba
a nuestra Administración y dentro del Plan de modernización de la justicia, junto con otras normas como la introducción de la nueva oficina judicial, el nuevo Registro Civil y la futura ley de medidas de agilización procesal, estamos por fin dando respuesta a una demanda de nuestra sociedad para tener una justicia acorde con lo que esta precisa.
Entrando en el fondo del debate que hoy nos ocupa, que son esas enmiendas que llegan del Senado, tengo que hacer referencia a las números 28 y 36 del Grupo Popular y de Convergència i Unió porque tienen el mismo contenido. Tengo que decirles, señores de Convergència i Unió, que en cierto modo con esta enmienda me recuerdan aquella película de Bill Murray que se titulaba Atrapado en el tiempo, que cada día se despertaba en el mismo día y tenía que hacer una serie cosas. Con esta enmienda la sensación que tengo es que cada vez que tenemos ese debate estamos atrapados en el tiempo porque estamos en el mismo día; es decir, ustedes presentaron en su día esta enmienda en el proyecto de ley del procedimiento monitorio europeo, hubo el correspondiente debate tanto en la ida como en la vuelta; la han presentado de nuevo en esta ley, y estoy completamente seguro de que volverán a presentarla en otros futuros proyectos. Lo cierto es que entrando en la argumentación que ustedes hacen para justificar esta enmienda hay una serie de cosas que no acabamos de comprender. Ustedes pretenden la exención del pago de una tasa, hasta cuantías de 30.000 euros en el procedimiento monitorio. Hacen referencia en una de sus argumentaciones a que, por ejemplo, en aquellos procedimientos en los que hubiera una cuantía de 200 euros, el porcentaje que debería pagarse por la tasa sería especialmente elevado. (Rumores.)
El señor MARTÍN PERÉ: Entonces, de algún modo impide o quita sentido a que se pudiera hacer esa reclamación, al ser especialmente oneroso el pago de la tasa. Si eso es lo que ustedes piensan, que por supuesto es absolutamente legítimo, entonces no hagan una propuesta diciendo que la exención tiene que ser hasta 30.000 euros; señalen las cuantías según las cuales ustedes consideran que está desproporcionada la tasa y entonces se podrá solucionar ese problema. Pero no pretendan la exención ni más ni menos de la tasa hasta los 30.000 euros porque entonces estamos hablando de que las arcas de la Administración de Justicia, de nuestra Administración en general, dejan de ingresar ni más ni menos que casi 170 millones de euros por este concepto. Esa cantidad, que puede resultar no especialmente llamativa en ciertas circunstancias... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor.
Les ruego tengan la bondad de guardar algo de silencio y respeto al orador.
El señor MARTÍN PERÉ: Gracias por su amparo, señor presidente.
Como le iba diciendo, señor Jané, ustedes que se han erigido en los últimos tiempos, junto con el Partido Popular, en los paladines del gasto contenido, de la austeridad y de la eficiencia, nos preguntamos cómo suplirían esos 170 millones de euros que dejarán de ingresarse si se produce la exención de esa tasa. Lo digo más que nada porque es una cuestión de números y de contabilidad y es ciertamente difícil poder justificar que la eliminemos por completo.
Pasando a las otras enmiendas, concretamente las números 33 y 34, que hacen referencia a la supresión de la sustitución del esquema de interoperabilidad judicial de sistemas, hay algo que nos llama especialmente la atención sobre la postura que ustedes adoptan. Ustedes son un partido que yo creo que se ha caracterizado especialmente por la defensa del Estado autonómico. No sé si se han percatado de que la votación y aprobación de esas enmiendas supone darle todas las competencias al Consejo General del Poder Judicial, no ya solo de aquellos programas de gestión procesal, que por una parte tiene toda la lógica, sino también darle las competencias de aquellos programas relativos a la Fiscalía, a Instituciones Penitenciarias y lo que más les preocupará a ustedes probablemente, señores de Convergència i Unió, lo relativo a las competencias que pudieran devengarse de las comunidades autónomas que tengan transferida la competencia de justicia. (Rumores.)
El señor MARTÍN PERÉ: Este es un aviso también que quiero formularle a los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya, en el caso de que fueran a apoyar esta enmienda, porque no sé si ustedes se han percatado del perjuicio que constituye la aprobación de la misma para las competencias de su comunidad autónoma en materia de justicia. Creo que es una reflexión que deben hacer, del mismo modo que también me sorprendería que ustedes apoyaran, señores de Esquerra Republicana de Catalunya, una enmienda que pretende la supresión de una tasa que fundamentalmente pagan bancos y aseguradoras. Lo digo porque no se corresponde con la línea política que ustedes habitualmente han venido llevando en este Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Señor Martín, debe acabar.
El señor MARTÍN PERÉ: Voy acabando, presidente.
Quiero acabar con una reflexión general y sobre todo...
El señor PRESIDENTE: Corta, sobre todo corta, señor Martín.
El señor MARTÍN PERÉ: Con esta reflexión acabo, señor presidente.
Convergència i Unió o el Partido Nacionalista Vasco no van a gobernar nunca este país. El Partido Popular algún día -lejano, pero algún día- volverá a gobernar este país. Yo no sé si ustedes han reflexionado sobre el hecho de que las cosas que dicen hoy tendrán que afrontarlas el día de mañana y que puede ser que los puentes que hoy están quemando los tengan que atravesar el día de mañana. Es una reflexión que les hago, porque lo que ahora pudiera aprobarse o en otras hipotéticas leyes, probablemente tendrán que justificarlo el día de mañana y se encontrarán con un grave problema.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martín.
- JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la toma de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución.
En sustitución de don Ángel Acebes Paniagua, pregunto a doña María de los Ángeles Ortega Rodríguez si jura o promete acatar la Constitución.
La señora ORTEGA RODRÍGUEZ: Sí, juro. (Aplausos.)
Ha adquirido la condición plena de diputada. Enhorabuena y bienvenida.
Miren a ver si queda algún diputado para entrar. (Pausa.)
Vamos a proceder a las votaciones. Los timbres están sonando desde hace exactamente seis minutos. Cierren las puertas, por favor.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN.):
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.
Enmiendas al último párrafo del punto I y al penúltimo párrafo del punto II, ambas del preámbulo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 173; en contra, 140; abstenciones, nueve.
Enmiendas al resto del preámbulo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 315; abstenciones, ocho.
Enmiendas al artículo 3.1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 180; en contra, 140; abstención, una.
Enmiendas a la disposición adicional primera (nueva).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 173; en contra, 149.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 311; en contra, uno; abstenciones, nueve.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 316; en contra, siete.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 323.
El señor PRESIDENTE: Por tener la iniciativa carácter orgánico procede votación de conjunto, para la que han de obtenerse 176 votos.
Comienza la votación con el carácter de orgánico. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 322.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por tanto por unanimidad y superado el número de votos necesarios en las iniciativas de carácter orgánico.
El señor PRESIDENTE: Votación de enmiendas del Senado al proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutrición.
Enmiendas a los apartados 5 y 6 del artículo 36.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 184; en contra, 139.
Enmiendas al párrafo segundo del artículo 40.5 desde "a partir de la renovación del contrato o servicio" hasta "serán obligatorias a partir de la renovación del contrato o servicio con el centro escolar".
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 145; en contra, 178.
Enmiendas al artículo 40.6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; en contra, 321; abstenciones, dos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 322; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
Enmiendas a los artículos 47 y 51.
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 154; en contra, 169.
Enmiendas a la disposición adicional decimotercera (nueva).
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 151; en contra, 171; abstenciones, una.
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 315; en contra, siete; abstenciones, una.
Eran las diez y veinte minutos de la mañana.

References: artículo 11
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 36
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 24
 artículo 46
 artículo 51
 artículo 3
 artículo 36
 artículo 40
 artículo 40