Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/S20171442205312.HTML
Timestamp: 2019-06-24 15:36:22+00:00

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CAMARA DE SENADORES - Distribuido N° 1442/2017
(Son las 15:03).
–Buenas tardes a todos y todas. La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado tiene el gusto de recibir a la señora ministra de industria, energía y minería, al subsecretario y al resto de la delegación, quienes con muy buena voluntad aceptaron cambiar el día que tenían que asistir a esta comisión, porque el día que les correspondía estábamos muy sobrecargados de trabajo.
Ustedes ya conocen la forma de trabajo y saben que empezamos con una breve introducción para luego pasar al análisis del articulado y preguntas que deseen hacer los señores legisladores y señoras legisladoras. Entonces, comenzamos dándole la palabra a la señora ministra de industria, energía y minería.
SEÑORA MINISTRA.- Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos.
A modo de brevísimo resumen, quiero señalar que desde nuestro último encuentro hasta el momento hemos continuado trabajando en el impulso de la protección del entramado industrial, así como en el soporte y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas a través del despliegue de una gran cantidad de programas para fomentar la innovación, la competitividad y la asistencia técnica. También hemos acompañado el proceso de desarrollo de la matriz energética del Uruguay y todos los temas relativos al fomento de la inclusión a través del trabajo y de los servicios públicos.
Si les parece bien, ahora me voy a referir directamente a los artículos de esta rendición de cuentas.
Los artículos 102 y 103 tienen que ver con cuestiones de radioprotección. Por el artículo 102 tomamos las mejores prácticas sugeridas por el Organismo Internacional de Energía Atómica y por el artículo 103 adecuamos los precios de los análisis de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear. Con respecto a estos artículos, me gustaría cederle el uso de la palabra a la señora Odino para que nos explique con más detalle el alcance de estos dos artículos.
SEÑORA ODINO.- Buenas tardes.
Con respecto a los precios que se cobran por los análisis realizados en el laboratorio del Ministerio de Industria, Energía y Minería lo que se hizo fue una adecuación debido a que desde principios de la década del 90 estaban fijados en unidades reajustables, no ajustándose a la realidad y a los cambios dados en equipamiento, personal, etcétera, de acuerdo a los servicios que hoy se brindan.
Lo que se hizo fue trabajar con los contadores respecto a cada una de las tareas que se realizan en los servicios que se ofrecen en las distintas áreas y se logró calcular los costos en forma muy adecuada. Eso no quiere decir que los precios hayan ido en alza, ya que muchos fueron rebajados por estar demasiado elevados y ni siquiera guardaban relación con los que se cobraban en la región, lo que era objeto de queja permanente por parte de los usuarios. También tenemos ensayos que antes no se hacían y que ahora sí se hacen, que fueron adecuados a las condiciones actuales.
Con relación a la dosimetría personal –es uno de los primeros artículos que nombró la ministra– este laboratorio atiende entre 2500 y 2600 usuarios aproximadamente entre los que podemos contar a los trabajadores de las industrias y a la gente que trabaja en la parte de investigación de la Universidad y que están expuestos a las radiaciones ionizantes. Este servicio que estaba en la Unidad Reguladora hacía muchos años tenía un conflicto de intereses por el que estábamos siendo observados por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Creo que fue una buena decisión cambiar de lugar el laboratorio para evitar el conflicto de intereses y que la unidad reguladora no sea juez y parte. También se aprovecharon las buenas condiciones que hay en este momento para modernizar y mejorar no solo los laboratorios, sino también, los servicios.
SEÑOR BORDABERRRY.- Antes de continuar con el articulado quisiera referirme al artículo 103.
Este artículo no está redactado como se hace habitualmente en las rendiciones de cuentas. Normalmente es el Poder Legislativo quien tiene la facultad de establecer el monto de la tasa, pero acá está pasando lo que el profesor Ramón Valdés Costa llamaba «la delegación inconstitucional de facultades». El monto de la tasa tiene que ser fijado por el Parlamento con una ley y no como dice este artículo, que comienza: «El Poder Ejecutivo determinará los valores y forma de actualización de las tasas de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear».
Al final del artículo parece achicarse esa facultad que se le da al Poder Ejecutivo, ya que en el último inciso se dice que no podrá superar las 7 UR y las 8 UR. Normalmente, el monto se fija entre dos valores y, en realidad, no encontré ninguna otra norma en la rendición de cuentas que estuviera redactada de esta manera. Es el Parlamento el que fija los montos y esta norma puede estar viciada de inconstitucionalidad. Creo que hay un trabajo doctrinario del doctor Gonzalo Aguirre Ramírez sobre la delegación inconstitucional de facultades en materia tributaria que ataca este problema y que dice que es inconstitucional.
No sé si tuvieron en cuenta este tema, que es de técnica jurídica y de derecho.
SEÑORA MINISTRA.- Los temas no fueron analizados de esa manera que está planteando el señor senador, porque nos pareció que, según el marco normativo, era correcto proponer un artículo en el que las tasas fueran a la baja, sobre todo por lo que decía Odino de la comparación de estas tasas con respecto a la región.
En lo que tiene que ver con la parte técnica legal, si se me permite, le voy a pasar la palabra a la directora general del ministerio.
SEÑORA CARDONA.- En realidad, el comentario del senador sería correcto, pero nosotros estamos modificando un parámetro que estaba establecido en una ley anterior. En este momento, simplemente quisimos actualizar los servicios para que los usuarios que lo necesitan paguen lo justo y para adecuarnos a lo que es la región.
En lo otro, no tengo más nada que agregar.
SEÑORA MINISTRA.- Continuamos con el análisis de los artículos 104 y 105 que refieren a temas de minería y geología.
En particular, el artículo 105 crea un registro y –tal como lo resalté en la reunión de la comisión de presupuesto de la otra cámara– quiero decir que este es un trabajo que se hizo en conjunto con el Congreso de Intendentes. Fue una iniciativa planteada por el intendente de Tacuarembó por la falta de regulación en el uso de algunas canteras.
El artículo 104 es para que la Dirección Nacional de Minería y Geología tenga la posibilidad de generar quitas y facilidades de pago, para no tener una deuda, porque en algunos casos es incobrable debido a que no se pueden negociar otras formas de cobro.
Quisiera pasar la palabra al director de minería, geólogo Campal.
SEÑOR CAMPAL.- El primero de los artículos mencionados trata de solucionar un histórico problema en la República Oriental del Uruguay, y es que no existe un marco legal adecuado para la apertura de canteras que necesitan las intendencias de todos los departamentos para mantener la red vial. Sí hay un marco para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero no existe uno para las intendencias. Hablando con todos los intendentes y, sobre todo, con aquellos que tienen más problemas, se generó un mecanismo, un marco legal que permite comparar la situación de las intendencias a la del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y tener un único Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas. Asimismo, se modifica un reglamento por el cual las intendencias deben adquirir guías, y al estar en el registro nacional de obra pública quedan eximidas de ese gasto y pueden administrar sus canteras, cada una de ellas, para lograr los mejores resultados en la ejecución de sus planes viales. Ese artículo luego tendrá una reglamentación que permitirá generar un marco adecuado para que las intendencias tengan un instrumento para pagarles a los superficiarios propietarios de los predios en los que se ubicarán esas canteras, cuestión que hoy está sin resolverse y constituye un problema grave para todas las intendencias.
SEÑOR DELGADO.- Saludamos a la señora ministra, al subsecretario y a los señores directores. Después vamos a hablar de algunos temas generales del ministerio, pero en este inciso empezamos al revés, por los artículos.
Solo quería hacer unas consultas vinculadas al artículo 104, en el que, en definitiva, se generan facilidades para aquellos adeudos en el pago por concepto de canon, o atraso en la presentación de la planilla de producción. La ministra acaba de decir que en unos casos hay situaciones incobrables. Obviamente, el Código de Minería prevé la posibilidad de que el titular pueda perder la titularidad del yacimiento si durante determinado lapso no hace la declaración, pero también puede declarar la inactividad de la cantera por determinado tiempo, prorrogable, incluso para no tener que presentarla y ser eximido de esas cosas. La primera pregunta se refiere a aquellos que no utilizaron este mecanismo de inactividad, o a aquellos que utilizando el mecanismo de inactividad lo incumplieron y fueron multados al respecto. Asimismo, lo segundo que quiero preguntar es: ¿cuál es el nivel de endeudamiento que hay para generar este tipo de normativa de facilidades en función de la antigüedad de la deuda?
SEÑOR BORDABERRY.- Voy a preguntar con relación al artículo 105. Tengo alguna duda en este punto porque hay una parte que el señor director no explicó. Me refiero a lo que se establece en el sentido de que queda suspendido el derecho otorgado por el artículo 5.º del Código de Minería al propietario del predio superficial. El artículo 5.º del Código de Minería vigente establece: «Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 4º, los yacimientos de sustancias minerales, no metálicas, incluidos en la clase IV del artículo 7º, quedan reservados para su explotación al propietario del predio superficial particular de ubicación del yacimiento, bajo las condiciones que establece este Código». Es decir que hoy en día el propietario del predio superficial, para los de la clase IV del artículo 7.º, tiene reservada exclusivamente esta explotación. Tal como está redactado este artículo, le están suspendiendo el derecho. Es decir que al propietario superficial que hoy tiene ese derecho se lo están quitando al suspendérselo por tiempo indeterminado; no sabemos si es por un año, dos años o lo que sea. No sé si estoy interpretando adecuadamente esta norma, pero si así fuera estaríamos afectando un derecho adquirido por ley y, de esa forma, estaríamos generando responsabilidad por acto legislativo. Quien hoy tenga ese derecho se lo están quitando y pongo un ejemplo. Puede suceder que alguien compre una chacra en cualquier lugar de Canelones pensando que de acuerdo con el artículo 5.º tiene ese derecho, pero resulta que ahora se lo suspenden por acto legislativo. En ese caso, si estoy leyendo bien el inciso primero del artículo 105, me parece que se estaría afectando un derecho adquirido, con un agravante, además, porque se suspende ese derecho reservado para la explotación al propietario del predio superficial –siempre hablando del caso de minerales clase IV–, pero queda abierto a cualquiera, es decir, a las intendencias, a los particulares o a quien sea, que tendrán que tramitar un título minero. Eso va a crear, todavía más, una suerte de inseguridad. En realidad, no soy un especialista en minería, aunque me transformé en semiespecialista en el período pasado porque nos trajeron muchos proyectos de ley a la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios, modificativos del Código de Minería.
Me gustaría que profundizara en este tema porque la suspensión de un derecho ya consagrado, sin plazo, debe tener un fundamento y me gustaría conocerlo.
SEÑOR CAMPAL.- En realidad, la interpretación del artículo 5.º es distinta. En primer lugar, esa disposición no aplica para todas las canteras del ministerio. En segundo término, lo que allí se dice es que si un tercero, no importa quién, puede ser el Estado o un privado, desea explotar un material de la clase IV en un predio perteneciente a un determinado propietario, debe obtener de parte de ese propietario la autorización para hacerlo o el propio propietario debe abrir la cantera. Supongamos que sobre un predio propiedad de Juan viene Pedro, hace una denuncia y dice que quiere explotar el material clase IV que está en ese predio. La opción que da el artículo 5.º es que el propietario puede hacer todos los trámites que estaba haciendo Pedro inicialmente y explotar él el material antes que el denunciante. Si no hace los trámites, entonces será el denunciante el que tendrá la prioridad. El artículo da un plazo de 90 días para que el propietario se exprese a favor de la apertura de la cantera y declare que no quiere ser el minero que abra dicha cantera. Lo que se está suspendiendo es simplemente el plazo de 90 días que media normalmente en todos los expedientes, donde se le consulta al propietario del predio si él quiere ser el minero. Queda claro que existe una diferencia sustancial entre decir que solo el propietario puede explotar, que no es lo que dice el artículo, a establecer que el propietario debe dar autorización para que se explote. Como se ve, se trata de dos cosas totalmente diferentes. De hecho, se entiende por clase IV aquellos materiales que no sufren alteración en su extracción, como arena, canto rodado, tosca, balasto, etcétera. Ese es un trámite normal que se sigue y que obliga, de alguna manera, a detener las labores por 90 días, porque habitualmente los propietarios de los predios no se transforman en mineros en ese caso, ya que ese material va a ser destinado a caminos de obra pública, es decir, a construir la caminería local que, seguramente, también va a favorecer al superficiario del lugar. Las canteras a las cuales se refiere este artículo son aquellas que se utilizan para el mantenimiento de la caminería rural y, como tal, el propietario también es un interesado. ¿Cuál es la situación actual o la situación histórica? Que las canteras se abrían con la anuencia del propietario, pero el intendente no tenía un mecanismo lícito y claro para abonarle a este por concepto de la intervención que hacía en su campo. Es más, ese mecanismo a veces se hacía en función del volumen del material extraído, lo que no tiene sentido porque ese material le pertenece al estado y, por tanto, la intendencia debe tener suficiente autoridad como para hacer que el costo de mantenimiento de la caminería sea el más bajo y pueda abrir la cantera donde técnicamente sea más adecuado. De la misma manera, históricamente, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas abre la cantera sin que el artículo 5.º sea válido.
En el caso de los propietarios privados –no hablamos de las intendencias– el artículo 5.º corre como hasta la fecha y si alguien quiere hacer una denuncia respecto de un predio, se aplica ese artículo; solamente queda suspendido para la aplicación de aquellas canteras que la intendencia desea abrir con objeto de obra pública.
SEÑOR BORDABERRY.- Coincido con el objetivo que usted está buscando; es más, alcanza andar por campaña para darse cuenta que el pedido de la junta local o de la intendencia para entrar a sacar balasto y arreglar los caminos, es diario. El problema es que el propietario no tiene que ir a Dinamige a hacer el trámite. Reitero que entiendo lo que se está buscando y no lo objeto, pero me parece que eso no es lo que dice el artículo que nos trajeron. Por eso, de pronto lo podríamos analizar juntos un minuto. Veo que el artículo dice: «quedando suspendido el derecho otorgado por el artículo 5.º del Código de Minería al propietario del predio superficial». Entonces, voy al artículo 5.º a ver cuál es el derecho del propietario del predio superficial y veo que el derecho que tiene es que tiene reservado para su explotación el yacimiento de sustancias minerales, no metálicas, incluidas en la clase IV.
SEÑOR CAMPAL.- No es lo que dice.
SEÑOR BORDABERRY.- De repente tenemos dos Códigos de Minería distintos.
SEÑOR CAMPAL.- Puede leer completo el artículo 5.º y de allí surge.
SEÑOR BORDABERRY.- Tengo el código de 2016; no recuerdo que haya habido alguna modificación. El artículo 5.º dice: «Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 4.º,» –el artículo 4.º establece lo que integra de forma inalienable el dominio del estado– «los yacimientos de sustancias minerales, no metálicas, incluidos en la clase IV del artículo 7.º, quedan reservados para su explotación al propietario del predio superficial particular de ubicación del yacimiento, bajo las condiciones que establece este Código.» De repente estoy con el código viejo.
SEÑOR CAMPAL.- No. Al expresar: «bajo las condiciones que establece este Código», lo que se está diciendo es que el superficiario es como cualquiera y si quiere obtener una cantera en ese lugar tiene que seguir las mismas disposiciones generales que el código. Lo que tiene es preeminencia respecto del denunciante, es decir que ante dos denuncias, la válida es la que entra en primer lugar. Si hubiese dos denuncias: una de un tercero y otra del propietario del predio, la que tiene validez es la del propietario del predio, independientemente del momento en que haya entrado.
El código le reserva la capacidad de interponerse con una denuncia propia a una denuncia externa de terceros. Esto no quiere decir que él sea el único que puede explotar los yacimientos de la Clase IV y eso lo demuestran unos quinientos yacimientos uruguayos de Clase IV que no están explotados por los propietarios y que se conceden todos los días. El único tipo de yacimiento que puede explotar el propietario está contemplado en el artículo 116 y es para uso personal, para uso dentro del padrón o –como se dice ahora– por el conjunto de padrones que integra la unidad productiva. Es decir que si un propietario quiere abrir una cantera para uso interno, puede hacerlo bajo el artículo 116, pero si quiere abrir una cantera con otra condición tiene que respetar el código, hacer la denuncia, etcétera.
Lo que dice el artículo 5.º es que quien hace la denuncia externa de un mineral de Clase IV, primero debe preguntar al propietario si no está interesado. Y en caso de que lo esté, Dinamige debe constatar que ese propietario comienza los trámites y explota. Si no explota, le toca al tercero que había hecho la denuncia.
Esa es la interpretación del artículo 5.º que se ha hecho históricamente.
SEÑORA PRESIDENTA.- Le advierto al señor senador Bordaberry que si realmente tiene una interpretación encontrada, hay otro lugar para discutirlo. Este no es un ámbito para generar polémica.
SEÑOR BORDABERRY.- Todo lo que el señor Campal está diciendo es una interpretación del artículo 5.º, pero yo leo el artículo y constato que este da un derecho, pero no de preminencia. Dice claramente: «Quedan reservados para su explotación al propietario del predio superficial». En su redacción, el artículo 5.º no expresa que tiene una preferencia que luego deberá ejercer, sino que será una consecuencia posterior. Lo que hace es dar un derecho. El artículo expresa que ese derecho queda suspendido. Aun en su tesis, que tiene preminencia, están suspendiendo ese derecho y están modificando un derecho que puede generar responsabilidad.
Basta con leerlo porque no hace referencia a la preferencia. Este dice: «Quedan reservados para su explotación». Me parece que quedó mal redactado, donde dice: «Quedando suspendido el derecho». Yo creí que iba a estar vinculado a las canteras de las intendencias, pero me parece que está afectando un derecho adquirido con posibilidad de generar responsabilidad por acto legislativo, que uno tiene el deber de evitar.
Solicito que lo vuelvan a leer y que lo consulten con el abogado. A mi juicio, este artículo está mal redactado.
SEÑORA MINISTRA.- Le agradezco las consideraciones al señor senador.
Me parece que si hay más dudas sobre el tema técnico, las podrán discutir con el geólogo Campal en otro momento. Igualmente adelanto que me consta el conocimiento global y profundo que tiene el geólogo sobre el Código de Minería y que ha consultado a todos los abogados que corresponde.
Con mucho gusto, luego de esta reunión, podemos abundar en más detalles técnicos.
A continuación, si la señora presidenta lo permite, el geólogo Campal responderá al señor senador Delgado.
SEÑOR CAMPAL.- La precisión que hacía el señor senador Delgado sobre la capacidad que tiene un minero de suspender las actividades, solicitando lo que se denomina como «inactividad» –que puede solicitarse por hasta un período de tres años, siempre y cuando durante ese período se pague el canon de superficie que corresponde y además en cada solicitud se duplique el canon de superficie que corresponde–, no es la regla general de las deudas que tenemos. En buena medida, son por empresas mineras o pequeños mineros que han vendido material para alguna obra o empresa y no han cobrado lo que correspondía, situación que los ha llevado a atrasarse en sus pagos. Un ejemplo de ello es, en la presentación de la planilla, el pago del canon correspondiente. El asunto es que se genera un círculo vicioso porque una ley establece que si el propietario de una cantera o el minero tiene una deuda, no puede obtener guías, que es lo que le permite explotar. Entonces, ante la existencia de una deuda se cortan los ingresos de la cantera y mal puede pagar la deuda. Muchos de los mineros –por ejemplo, las asociaciones de mineros de Artigas– han planteado que hay deudas que no pueden pagar en su integralidad de una sola vez pero que estarían perfectamente dispuestos a pagarlas si estas fueran más livianas y pudieran hacerlo en cuotas. Lo que sucede es que, por la naturaleza de la Dirección Nacional de Minería y Geología, eso no está previsto, aunque sí lo estuvo hace cuatro años por un decreto prácticamente idéntico a este que, en aquella época, tuvo mucho éxito porque una serie de deudas que se mantenían con la Dinamige fueron habilitadas.
Corresponde señalar que el pago de las deudas no es lo único importante aquí. La idea es que esas canteras, que han cumplido con una gran cantidad de requisitos y que hoy no pueden trabajar exclusivamente por las deudas que mantienen, vuelvan al mercado y no sean sustituidas por otras explotaciones en otros lugares porque, en realidad, la afectación al territorio ya fue hecha. Entonces, si la cantera está establecida, por qué abrir una nueva cantera simplemente porque hay una deuda contraída.
Si bien no tengo en mi poder el número exacto –pero con mucho gusto se lo podemos hacer llegar para que puedan hacer una mejor evaluación–, quiero decir que el porcentaje general de endeudamiento de Dinamige es relativamente bajo, pues se ubica en el orden del 10 %. Más que hacerse de los dineros, el principio fundamental es que la maquinaria productiva de aquellos que han cumplido hasta la fecha y que en un momento dado quedaron apretados por un sistema y no pudieron cumplir, pueda volver a funcionar racionalmente y producir los materiales a un costo que a la sociedad le sea favorable.
SEÑOR DELGADO.- Agradezco la información.
Justamente, iba a consultar sobre el nivel de morosidad y endeudamiento existente. Observo que hay dos escalas: una de 1 a 7 años y otra de mayor antigüedad. Me gustaría saber si cuando hablamos de este tipo de endeudamiento nos referimos a las explotaciones vinculadas a canteras de áridos, o sea, al material de construcción de carreteras, puentes, etcétera.
SEÑOR CAMPAL.- Exactamente.
SEÑOR DELGADO.- Quería dejar claro que esta no es la situación de los mineros metálicos o de piedras semipreciosas.
SEÑOR CAMPAL.- A nivel general, el 95 % de la extracción en Uruguay pertenece a esta categoría de minerales destinados a la industria de la construcción y, en buena medida, esto afecta a los minerales de la industria de la construcción de la Clase III, es decir, piedras partidas. Se trata de aquellos minerales donde la extracción tiene un cierto costo y cuando el minero invierte, vende y no recibe el pago correspondiente, no tiene cómo amortizar ese costo. En la extracción de balasto, por ejemplo, el pago es casi directo y los costos son muy bajos; por lo tanto, no son estos los mineros que se ven afectados. Además, tampoco tiene que ver con la minería de metálicos porque, hasta la fecha, no se han producido casos.
SEÑORA MINISTRA.- Corresponde ahora referirnos al artículo 106, que regulariza una situación en el área de recursos humanos del ministerio.
SEÑOR CARDONA.- Este artículo busca igualar la situación de dos funcionarios que se desempeñan en el ministerio de industria, pertenecientes al escalafón Alta Conducción, creado por la Ley n.º 18172, que quedaron en desigualdad respecto a otros funcionarios del mismo sistema retributivo –creado por esa ley– pertenecientes a otros ministerios.
Por lo tanto permitimos que a esos funcionarios se les adicionara una partida de compensación, pero establecimos la excepción o limitante de que quedará sujeta al efectivo desempeño de ese funcionario en el ministerio de industria, es decir que reciba la partida por brindar las funciones en el ministerio.
Como ya mencione esto es simplemente para igualar a estos funcionarios a otros ministerios.
SEÑORA PRESIDENTA.- Antes de continuar, la presidencia quiere recordar –como lo hace habitualmente– que la discusión de temas generales debe tener directa relación con la rendición de cuentas.
SEÑOR DELGADO.- Luego consultaremos al ministerio sobre dos artículos que están en la parte de subsidios y subvenciones, vinculado fundamentalmente a la industria de la vestimenta.
Quizás sea más práctico hablar de eso ahora y luego abordar algún tema más general. Lo propongo para colaborar con la presidencia.
SEÑORA MINISTRA.- Justamente me restaba referirme a los artículos 226 y 227, que modifican la Ley n.º 18846.
Uno de ellos resuelve la posibilidad de que se presenten proyectos, no necesariamente solo por empresas sino también por agrupaciones de empresas y, el otro, soluciona un tecnicismo –no sé si es la palabra correcta– y evita que el desfase en la presentación de la información, en algunos trámites, obligue a trasposiciones de rubro.
Le pido a la señora presidenta que le permita el uso de la palabra a Mauricio Reyna, porque es quien en el ministerio está vinculado al sector vestimenta.
SEÑOR REYNA.- Con respecto al primer artículo, que permite la asociación de empresas relacionadas al sector a presentar proyectos, sucede lo siguiente.
En el ámbito del consejo sectorial y de la comisión asesora establecida por la Ley n.º 18846 estamos trabajando en diferentes líneas y vimos la necesidad de tener una fuente de financiación para esos proyectos que tienen un contenido transversal y que no se penalice a las empresas, ya que actualmente la lógica de la ley es pagar al proyecto en base a la masa salarial generada, pero las asociaciones no generan masa salarial. A eso se debe la necesidad de cambiar y proponer este artículo.
El otro artículo –como decía la señora ministra– trata de solucionar un desfase presupuestal.
Cuando cierra el último trimestre de 2014 se controló si las empresas que se presentaron al subsidio cumplían con las condiciones; ese control y presentación suceden en 2015, el ejercicio siguiente.
Debido a que entre 2014 y 2015 la ley establece una reducción del beneficio se produce ese desfase y no fue suficiente el monto del crédito de 2015 para pagar el trimestre 2014. Por eso se incorpora este artículo.
SEÑOR DELGADO.- Estos dos últimos artículos tienen que ver con una ley –votada por unanimidad– de subsidio a la vestimenta. En realidad esa norma tuvo la intención –reconocemos que tuvo el aporte de todos los partidos políticos– de tratar de ayudar a un sector complejo, complicado, que viene en franco deterioro. Después quizás me gustaría que la señora ministra realizara un comentario al respecto. Nosotros teníamos la expectativa de que tuviera mayores efectos en la industria de la vestimenta que los que tuvo.
Quisiera realizar algunos comentarios generales, porque la señora ministra, a diferencia de lo que ocurrió en la Cámara de Representantes, donde realizó una presentación global del ministerio y de las políticas públicas desarrolladas por las distintas direcciones, aquí entró directamente al articulado. Pero en la presentación en la Cámara de Representantes, que leí con atención, la señora ministra hablaba del desarrollo industrial, de la importancia de la industria en el PBI nacional y en la generación de empleos. Y ese es uno de los temas sobre los que queremos consultar a la señora ministra, porque tiene que ver con esta Rendición de Cuentas y con la existencia o ausencia de algunas políticas públicas.
Estamos hablando de que en estos dos años y medio se han perdido 40.000 empleos en Uruguay, aproximadamente; incluso, hay quienes dicen que algunos más. Y los datos que tenemos nosotros –los queremos corroborar con la señora ministra– nos dicen que estas pérdidas de empleos en especial se dieron en sectores intensivos en mano de obra, fundamentalmente en sectores industriales y mayoritariamente en sectores industriales manufactureros. Estos sectores son, además, los que primero sienten el impacto de los problemas de expansión, de producción, de competitividad, y son los primeros que ante medidas de estímulo se recuperan, por lo que impactan más en la cifra de desempleo.
De manera que la primera pregunta que queremos hacer a la señora ministra es si tiene la desagregación del desempleo industrial y si dispone de las cifras por sectores, porque sabemos que hay algunos que realmente están complicados. Seguramente en este semestre tenemos sectores con indicadores más positivos que el año pasado, pero sobre todo aquellos que son intensivos en mano de obra tienen un desempleo muy importante. Lo vemos a diario. Hay empresas manufactureras que han hecho un viraje en su rubro y se han dedicado a importar. Aquí tengo varios ejemplos. Esta situación nos preocupa, nos impacta, y nos parece que un comentario de la señora ministra al respecto sería importante.
El segundo planteamiento que quiero realizar está vinculado a un artículo de la rendición de cuentas que tiene que ver con la tasa consular. Hace unos días salí a apoyar públicamente declaraciones de la señora ministra, que hizo referencia a que el superávit de Ancap de este primer semestre no estaba referido a decisiones de la anterior gestión, sino de este directorio. Me pareció que fue un comentario valiente y además lo comparto. Debo decir, con la misma honestidad, que no comparto algunas declaraciones que ha hecho vinculadas a la tasa consular. Concretamente, ha dicho que es una protección a la producción nacional. Ha señalado que tiene que haber un espacio para la protección y no hay que tener vergüenza para decirlo. La verdad es que me sorprendieron esas palabras, porque el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Relaciones Exteriores se han dedicado a justificar estos aumentos de la tasa consular –del 2 % al 3% para el Mercosur y del 3 % al 5 % para el resto de los países, excepto México, que va a tasa cero– con el argumento de que están destinados a enfrentar una situación fiscal deficitaria que tiene el país y además van a ser temporales. De manera que simplemente es una decisión vinculada a un objetivo fiscal y temporal. Es más, creo que el propio señor ministro de Economía y Finanzas habló de una recaudación estimada de USD 95:000.000. En economía es muy conocido el teorema de la simetría de Lerner, que concluye que todos los impuestos a las importaciones terminan, por la vía de los cambios en los precios relativos, en los impuestos a las exportaciones. Yo creo que este es el efecto que va a tener. Quitando el concepto de admisión temporaria que no está incluido, algunos bienes de capital que tampoco están incluidos, y obviamente el petróleo, lo demás –sobre todo en materia prima que no se produce acá– que se importa para generar acá producción nacional industrial, tendrá un sobrecosto de tasa consular que, lejos de generarle una protección, va a generar un encarecimiento. Son un cúmulo de factores que va a afectar la pérdida de competitividad; supongo que la señora ministra debe notar esto diariamente, pues el equipo del ministerio recorre industrias de todo tamaño y podrá apreciar que el sector industrial padece problemas severos de competitividad y el sector industrial exportador mucho más. Por eso la segunda pregunta que queríamos hacer a la señora ministra –la primera tenía que ver con el empleo industrial– tiene que ver con esta tasa consular. En definitiva, queremos saber si la señora ministra confirma esta versión de prensa –que no compartimos– según la cual ella dijo que la tasa consular es parte de una decisión de proteccionismo a la industria nacional.
SEÑORA MINISTRA.- Agradezco las dos preguntas, porque me da la oportunidad de aclarar algún malentendido.
Comienzo por responder la segunda pregunta que se formula. Yo no expresé, ni expreso ahora, que esta medida sea parte de una decisión para proteger a la industria nacional. No lo dije así, ni lo pienso así. Simplemente hice una reflexión, aplicando la lógica. Si yo voy a importar partes para fabricar algo, esas partes están sujetas a una tasa equis y si la misma tasa se aplica al producto terminado, es bastante obvio por motivos aritméticos que el efecto es el de proteger la producción nacional. Eso es lo que quiero expresar. Pero con eso no estoy diciendo que el motivo sea para proteger la producción nacional.
Con respecto a la primera pregunta debo hacer alguna introducción para responderla lo mejor posible. Las distintas formas de producción o de actividades productivas tienen diferentes lugares según el estadio de desarrollo de los países. A veces es muy difícil comparar un país con otro, porque es difícil encontrar un par que permita que la comparación sea útil para algo. Para comparar dos países, por ejemplo, debemos buscar aquellos que tengan una superficie geográfica y una cantidad de población similar y además deben tener en su historia un andamiento parecido. Es decir que hay una enorme cantidad de variables que tienen que ver con el desarrollo, lo que hace muy difícil, dado un país cualquiera, encontrar un cierto grupo de pares con el que poder comparar las formas de desarrollo de cada uno de ellos. Enfrentados a este problema, hemos estudiado bastante cómo obtener parámetros que nos ayuden a la comparación, a fin de recoger experiencias para proyectar la realidad. En este sentido, las Naciones Unidas realizó un estudio que nos parece muy interesante, en el que al enfrentarse a este problema decidió aplicar la ley de los grandes números y tomó, en función de su información, una gran cantidad de países en el mundo para tener muchos números. Fue así que tomó una gran cantidad de años, más de 70, y estudió a más de cien países para saber cómo había evolucionado la composición de la matriz productiva en términos porcentuales. Por ejemplo, cuánto había representado los productos primarios, cuánto la industria manufacturera, cuánto la industria intensiva en conocimiento y cuánto los servicios. En función de esta información tan rica, elaboró varios informes, en particular uno muy interesante que muestra, en el eje de las ordenadas, el porcentaje de la composición de la producción primaria, la industria manufacturera y la industria intensiva en conocimiento y, en el eje de las abscisas, el PBI per cápita de estos países.
¿Qué se observa en este trabajo? Que para los PBI per cápita menores a USD 10.000 la producción primaria es muy importante, como lo es también la industria manufacturera intensiva en mano de obra. Ejemplo de esto es la instalación de maquilas. Allí tenemos industria de baja agregación de valor y mucha mano de obra.
A medida que avanzamos en el eje de las abscisas y aumenta el PBI per cápita, empieza a descender la dependencia en productos primarios, se mantiene el porcentaje de la industria manufacturera y crecen la industria intensiva en tecnología y los servicios, hasta llegar a los PBI más altos, por ejemplo, de USD 40.000. En este punto, el porcentaje de los productos primarios es muy bajo y siempre se mantiene la industria manufacturera como una bisagra, porcentualmente, potenciando el crecimiento de la industria alta en tecnología y servicios.
Los servicios se van desarrollando a medida que la industria evoluciona en función del desarrollo industrial que, cuando trata de ser más eficiente, saca servicios para afuera. En realidad, son servicios que provienen de la industria. Un ejemplo muy cotidiano: es usual que una empresa saque los servicios de limpieza, dejen de formar parte de una empresa industrial y sean tercerizados. Pero hay otros servicios, incluso de mayor valor de agregación, como los de asesoramiento profesional, de ingeniería, de investigación y desarrollo, que a medida que la industria se va desarrollando salen de la empresa.
Entonces, es normal que, a medida que se va acentuando el desarrollo en un país, si tiene una política de desarrollo, la composición industrial cambie. La forma de producir en el mundo cambió. La industria cambió notablemente en el mundo, no es más la industria «fordiana» de hace unos años.
Estas son algunas de las cosas que han pasado en el mundo.
En los últimos diez años se dio un cambio en la matriz industrial de nuestro país, donde algunos sectores se vieron retrasados y otros, por el contrario, aumentaron su producción. Por ejemplo, el sector farmacéutico duplicó su producción en cantidad de productos, en términos de IVF, en los últimos diez años. Mientras tanto, el sector de la vestimenta se retrasó porque, entre otras cosas, hay un fenómeno relevante en el mundo, que es el desarrollo de China, que ha impactado en toda la economía mundial; pero entre otras cosas, no es lo único.
Decía que el sector de fármacos duplicó la producción en diez años, pero también creció la industria alimenticia en términos de volumen físico de producción, en particular, la industria láctea y la cervecera.
De modo que el panorama industrial cambió y tiene que seguir cambiando y madurando mucho más. Seguramente, dentro de unos años, la industria no será la misma que ahora, no debería serlo, sobre todo, si seguimos las experiencias y los análisis desarrollados que mencioné antes, como el de las Naciones Unidas.
El desempleo en nuestro país es una preocupación de este ministerio porque responde a muchas cosas, pero una de las que ha tenido influencia en esta tasa de desempleo es la baja agregación de valor en las actividades industriales. Hay solo un escalón de procesamiento industrial sobre los bienes primarios y eso hace que esa industria sea más vulnerable. Cuanto menos escalones de agregación de valor hay, más sujetos estamos a la fijación de precios internacionales y, por lo tanto, menos margen tenemos para aumentar la competitividad de las empresas por nuestros propios medios. Generalmente, eso es algo que viene definido desde el exterior. Entonces, todos los programas del ministerio están abocados a favorecer la agregación de valor y la introducción de tecnología para poder aumentar los escalones de agregación de valor y consolidar la industria actual, así como también promover industrias que todavía no existen en el Uruguay, pero estamos seguros que van a existir.
Nuestro país tiene algunos aspectos que hacen promisorio el desarrollo de sectores industriales nuevos. También tiene una muy buena base de investigación científica, seria, cosa que no es menor. Todos los doctorados que se imparten son de nivel y reconocidos internacionalmente. Por su parte, tenemos una industria de software buena, que se ha desarrollado y puede crecer aún más, pero tenemos que desarrollar otras industrias. Contamos con muy buena investigación en biotecnología y experiencia en aprovechar el know how para diferenciar la producción primaria. Hay que intentar que ese know how en biotecnología, que ha diferenciado la producción primaria en Uruguay, se trasvase al resto de la industria a fin de encontrar oportunidades y nuevas formas de hacer las cosas.
Se vienen muchos cambios en la producción a nivel mundial. No van a ser tan importantes las cadenas de valor y la producción en distintas partes del mundo, ni las técnicas de fabricación avanzada, sino que se van a ver cambios drásticos en el modelo de negocios. Probablemente haya grandes empresas en el mundo –de hecho, ya hay algunas que lo están haciendo– que dejen de vender el producto y pasen a vender un servicio. Por ejemplo, Philips tiene un proyecto para dejar de vender lamparitas y pasar a vender lumens, es decir, iluminación. Van a aparecer proyectos en los que no nos van a vender lavarropas, sino lavados. Algo similar pasó con las impresoras porque al principio las comprábamos y después nos pasaron a arrendar el servicio, los cartuchos etcétera. Y estas cosas van a seguir sucediendo.
Desde el ministerio, y con todo el Gobierno, coordinamos muchísimo. Recientemente se ha implementado el Sistema Nacional para la Transformación Productiva y la Competitividad dirigido a coordinar todos los esfuerzos. Hace una semana lanzamos un programa en conjunto con la ANDE, con Uruguay XXI, con Inefop y con la ANII dirigido a ayudar en la internacionalización de las pymes. Se trata de un programa muy agresivo que ayuda a la competitividad.
Con respecto a las cifras de desempleo, con mucho gusto se las haremos llegar. Tenemos una tabla con una desagregación por sectores que está disponible.
SEÑOR BORDABERRY.- Tengo dos grupos de preguntas para realizar a la señora ministra.
Hay un informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que analiza el desempeño del inciso en el cumplimiento del plan estratégico. Nos hemos encontrado con que a muchos de los incisos no se les ha comunicado sobre este informe y por eso no lo han enviado al Parlamento.
En el caso del Ministerio de Industria, se incumplió el plan estratégico del 42%, que está conformado por unidades que tienen un grado alto como la Dirección General de Secretaría o la Dirección Nacional de Industrias, pero en el caso de la Dinamige no se cumplió el 67%; la Dirección Nacional de Energía no cumplió el 60%, la Dinapyme no cumplió el 72%. Con respecto a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, solamente se cumplió el 9%, el 63% no se cumplió, el 10% no informó valor y hay un 18% de carencia de metas.
Se podrán imaginar la sorpresa que tuvimos al recibir esta información, después al analizarla vimos que uno de los museos no cumplió con la meta porque abrió tarde. No quiero que se me malinterprete; todos los museos son importantes, pero como hay un alto grado de incumplimiento del plan estratégico, que para algo está, me gustaría que la señora ministra dijera algo al respecto.
Yendo al tema de fondo de la Rendición de Cuentas, hoy de mañana estuvo el Instituto Nacional de Evaluación Educativa que nos informó que necesita USD 1:000.000 para cumplir con sus fines que son tan importantes para la educación. Cuando nos detenemos en los recursos, en el déficit global del país –que es de 3,6, y que no se puede con él–, y en el desempeño de las empresas públicas –entre ellas las que se comunican con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria–, nos encontramos con que hay empresas que podrían rendir más y no lo está haciendo.
Cuando estamos en busca de más recursos vemos que dentro de las empresas públicas hay una cantidad de sociedades anónimas que, ¡vaya si tienen más que un millón de dólares! ¡Tienen muchos millones de dólares más que los que necesita el Instituto Nacional de Evaluación Educativa!
Alur, perdió USD 12:500.000; Ansol, USD 16:000.000; CABA USD 780.000; Carboclor, USD 9:000.000; Cementos del Plata, USD 3:500.000; Conecta, USD 11:000.000, Ducsa ganó USD 23:000.000 –¡por fin encontramos una!; Gas Sayago perdió USD 18:000.000, etcétera. Y encuentro a la sociedad Interconexión del Sur, del grupo UTE, que ganó USD 65:000.000. Entonces, digo ¡a la pucha; por fin una! Es mucha plata, para después estar rascando para ver si le conseguimos un peso más al Instituto de Evaluación Educativa, a la Universidad, etcétera.
Me pregunto: ¿Qué vamos a hacer con estas sociedades que perdieron y siguen perdiendo plata? Gas Sayago, que ya había perdido plata el año pasado, perdió USD 5:000.000 más en el primer semestre de este año. ¿Es imprescindible, Gas Sayago? ¿Por qué no lo cerramos? Fíjese, señora ministra ¡qué respuesta hubiéramos dado hoy de mañana al Instituto Nacional de Evaluación Educativa! ¿Qué vamos a hacer con eso? Necesitamos la plata para otras cosas. Yo no digo ganar, pero me refiero a no perder. ¡Estamos perdiendo! Sé que es un ente autónomo que se vincula con el Poder Ejecutivo y que las sociedades anónimas le pertenecen. Voy a dar otro ejemplo: en Antel-USA perdimos USD 2:000.000 el año pasado. En conclusión, me gustaría que la señora ministra nos dijera cómo podemos hacer para que el año que viene no volvamos a perder todo ese dinero y podamos dedicarlo a otra cosa.
SEÑORA MINISTRA.- Gracias, señor senador, porque nos da la oportunidad de explicar con más detalles el tema relativo al cumplimiento de metas que mencionaba.
A veces se corren riesgos en los sistemas tipo semáforo, porque hay que analizar con un poco más de detalle y revisar la pertinencia y composición de algunas metas.
Como la directora de energía no ha podido asistir, trataré de ir explicando y pasando la palabra para aclarar cada una de las áreas que el senador mencionaba.
En el caso de energía, hay algunos aspectos de las metas que han sido cumplidos en exceso, como todo lo que tiene que ver con eficiencia energética. Otra meta muy bien cubierta tiene que ver con los hogares vulnerables con necesidades energéticas cubiertas. En conjunto con otras instituciones, el ministerio desarrolla acciones intensas referidas a la canasta de servicios con UTE para lograr acciones de inclusión para la mejora del bienestar de estos compatriotas a través del acceso a la energía eléctrica.
Por otro lado, hay metas que tienen que ver con la potencia instalada de fuente renovable no tradicional. En este caso, la meta que se fijó fue la establecida para el 2015, pero después vimos que era excesiva porque hablaba de más de 2.400 megavatios de potencia instalada de fuente renovable no eólica, cuando el total instalado en el país hasta ahora es de 1.700 megavatios. Lo que ha sucedido es que, con el devenir del tiempo y gracias a las inversiones que ha hecho UTE en sistemas de distribución y trasmisión, que permiten sacar la mejor ventaja posible de la generación distribuida, esta cantidad de potencia instalada de energía renovable no tradicional se ha mostrado como suficiente. Entonces, desde el punto de vista de los objetivos país, no lo consideramos un incumplimiento, pero sí algo que debe ser formalmente corregido.
Antes de pasar la palabra, me gustaría aclarar que hay algunos aspectos de las metas que están condicionados a la demanda de otros y eso por ahora no lo podemos controlar.
Si la señora presidenta me lo permite, voy a ceder la palabra a alguna de las direcciones que el senador ha mencionado, para que expliquen con más detalle este concepto general. En primer lugar, quisiera pasarle la palabra al director de Dinapyme, Rafael Mendive.
SEÑOR MENDIVE.- Como decía la señora ministra, en el caso de los servicios para artesanía, pequeña y mediana empresa, uno hace la proyección presupuestal, pero está sujeto a una fuerte demanda de los actores. Vamos a poner algunos ejemplos para que sea comprendido.
El decreto que facilita el acceso a las compras públicas de las pymes obliga a la Dinapyme a brindar servicios de asistencia técnica gratuitos a las empresas que participen en licitaciones públicas, pero no tenemos un mecanismo para obligarlas a que usen ese derecho. Sí tenemos la obligación de presupuestar los fondos para poderlos prestar en caso de que la demanda exista.
Lo mismo sucede con la planificación de asistencia a ferias internacionales en artesanías. En algunas ocasiones no se logra la calidad requerida y, por lo tanto, no se asiste a la feria, o en algunos casos no hay presentaciones a las ferias porque los niveles exigidos están por encima de las posibilidades de los artesanos convocados. Pero eso no significa que no se brinden servicios, que son demandados porque la realidad va cambiando.
Por ejemplo, cuando se dio el fenómeno meteorológico en Dolores se hicieron acciones para apoyar a las pymes de esa ciudad, lo que implicó usar recursos del ministerio. Por otra parte, a principios del año 2016, el presidente de la república creó el Consejo Sectorial de Piedras, Ágatas y Amatistas, lo que no estaba previsto en el presupuesto 2016, por lo que implicó una serie de acciones para activar esa área importante de la producción nacional.
SEÑOR CAMPAL.- En primer lugar, quiero terminar la discusión anterior. El artículo 118 del Código de Minería tiene la explicación que el señor senador buscaba, porque dice: «Si no existen derechos mineros vigentes sobre el yacimiento, cualquier tercero puede presentar ante la autoridad minera una solicitud de título minero, permiso de exploración o concesión para explotar, según la naturaleza y las condiciones del yacimiento, que deberá acreditar con la información correspondiente». Sigue el artículo y más adelante dice: «La autoridad minera notificará al propietario del predio superficial de la petición mencionada, emplazándolo para que, en término de noventa días calendario contados a partir de su notificación, presente su propia petición de título minero si desea hacer valer la reserva dispuesta por el artículo 5º».
Eso es lo que explica el significado de la reserva del artículo 5.º, y el artículo 18 instrumenta cómo esa reserva debe ser validada.
SEÑOR BORDABERRY.- Vea con el abogado ese derecho que está suspendiendo. Ese derecho al que hace referencia lo está suspendiendo y es un derecho adquirido. Véalo. Me pongo de su lado. Véalo porque está mal.
SEÑOR CAMPAL.- Había seis indicadores en Dinamige, como el señor senador señaló.
Uno de los indicadores no cumplidos tiene que ver con el museo que no es poco importante ya que recibe a cuatrocientos niños por semana, provenientes de escuelas del interior. Es el único lugar donde tienen contacto con algo que tenga que ver con la minería en el país, pero se reinauguró en el 2016, luego de intensas modificaciones, lo que hizo que el parámetro en el 2016 no se cumpliera, y en el 2017 seguramente supere las expectativas del 2016 y las previstas para el 2017.
El parámetro número dos refiere a la información geofísica que se pensaba recibir en el año 2016 –en realidad se pensaba recibir a fines del 2015– se recibió en octubre –por parte de la empresa– de ese año y se instrumentó un decreto para que la información fuese pública, porque estaba afectada por una restricción de uso. La señora ministra consideró que una información de tal naturaleza es mucho más valiosa cuando se hace pública que cuando se restringe a un entorno particular, y eso se ha logrado recién en el año 2017. Es por eso que no hay consultas y no hay forma de medirlas, porque la información no estaba publicada.
Con respecto a la fiscalización y a las guías –que es otro de los parámetros que no se cumplieron–, hay que indicar que se cambió totalmente el proceso, justamente para abaratar los costos de fiscalización. Hoy las guías son electrónicas, dejaron de ser en papel. En ese sentido, estamos ensayando con las empresas para que la guía, que normalmente era llevada en camión y que era un papel que había que rellenar a mano, en este momento sea un documento electrónico. Esa fiscalización no solo puede ser hecha de manera individual o humana por alguien que detiene un camión con el peligro que eso implica en la carretera, sino que ahora simplemente, a través de medios electrónicos, o de lectura de matrícula electrónica –para lo cual estamos hablando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas–, puede ser automática, con un costo mucho menor y una eficacia mayor para el Estado.
En cuanto al quinto punto referido a las inspecciones, el índice pensado era de 20% y se llegó al 9,3%. Ciertamente, el número de inspecciones es más bajo de lo necesario y, en este momento, estamos estudiando la forma de preparar personal para esa tarea que es bastante compleja, lo que no resulta fácil. En el caso de títulos mineros la expectativa era de 10% y se superó ampliamente, y en cuanto a cartografía geológica para conocer los recursos del país, el índice también se superó ampliamente.
SEÑOR DÍAZ.- Quería hacer un comentario con respecto a los detalles que aparecen en el desempeño del Inciso sobre la unidad de Dinatel, que en la parte donde no informamos el valor hubo un error nuestro. En realidad, disponemos de ese valor, pero lamentablemente no lo informamos, aunque podemos decir que está en exceso con respecto al cumplimiento de la meta.
Con relación a los dos objetivos donde no se especificaron metas, cabe aclarar que no era posible definirlas. Esto se debe, fundamentalmente, a que tenemos que saber bien cuál es el fondo con el que podemos contar para después planificarlo, establecer metas y definir los parámetros. En concreto, el fondo para la promoción del sector audiovisual fue establecido en el artículo 62 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y que no se ha comenzado a cobrar porque depende de la reglamentación. Entonces, una vez que tengamos definido ese fondo, también haremos lo propio con las metas. De alguna manera, estaríamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Por lo tanto, como decía la señora ministra, esta evaluación de tipo semáforo a veces puede parecer un poco injusta, por lo que pensamos que no deberían considerarse estos dos puntos en el total.
Otro aspecto que quería comentar tiene que ver con la parte de innovación en comunicaciones. En esa área había una meta de cinco unidades, proyectos apoyados, pero cuando comenzamos este período tuvimos una restricción presupuestal importante. En particular, Dinatel pasó de $ 17:000.000 a $ 9:000.000 en el primer año y $ 10:000.000 en el segundo. El apoyo de este tipo de proyectos requiere que los montos que se puedan dar sean adecuados al tipo de proyecto y a su envergadura. Quiere decir que se requiere una determinada masa crítica para que realmente el apoyo sea eficaz. Por tanto, mantuvimos los proyectos comprometidos durante el período anterior para finalizarlos y no priorizamos el apoyo a proyectos en este período. Por eso, hay una diferencia importante y no se apoyó ninguno. Se priorizó el apoyo a proyectos de convocatorias audiovisuales y videojuegos. El presupuesto que sacamos de aquí hace que en la parte de proyectos a empresas audiovisuales, aplicaciones y videojuegos promovidos, tengamos un exceso importante respecto a la meta. Quería hacer esa salvedad.
SEÑORA MINISTRA.- Con respecto a la otra parte de la pregunta que tiene que ver con el desempeño de las empresas públicas, quería recordarle al senador que desde nuestra competencia hemos acompañado y seguido estrechamente la revisión de todas las líneas de negocios de las subsidiarias de Ancap, que se han tomado una gran cantidad de medidas en varias de ellas y que eso empezó a verse en este primer semestre pues, en su conjunto, el resultado da un margen positivo de USD 4:000.000. De todos modos, es una preocupación permanente y constante. También debo decir que no va a parar la revisión sobre el desempeño de esas subsidiarias, ni sobre los cambios que se están haciendo.
Por otro lado, quiero comentar que Antel-USA es una forma jurídica necesaria para poder tener presencia en Estados Unidos, contratar servicios directamente y tener la cabecera del cable y la propiedad de todos los equipos de cabecera, así como realizar una operación de telecomunicaciones autorizada por la FCC en Estados Unidos. Por ahora, no se trata de una empresa que va a ser rentable, sino de un centro de costos para los proyectos de Antel en lo que refiere a las cuestiones que tengan que ver con Estados Unidos.
SEÑOR BORDABERRY.- Con todo respeto, debo decir que me parece que no es satisfactorio. Hay una cantidad de sociedades anónimas que están perdiendo mucho dinero, algunas del grupo Ancap y otras del grupo UTE. Hice la pregunta porque quisiera saber si Gas Sayago, que el año pasado perdió USD 18:000.000 y en este primer semestre perdió USD 5:300.000, es imprescindible o no. Me pregunto si no se plantean cerrarla o la que no es rentable venderla, o si no se plantean algún otro tipo de gestión. Entiendo que me diga que están haciendo un esfuerzo y se lo reconozco. Además, estoy seguro de ello porque nadie estaría en su lugar sin hacer un esfuerzo que valoramos mucho, pero la pregunta es un poco más profunda y no es solo decir: estamos haciendo lo posible. La pregunta apunta a saber qué están haciendo, en especial, con estas empresas que pierden tanto dinero que necesita el país.
SEÑORA MINISTRA.- Si se entendió que la respuesta fue: estamos haciendo lo posible, le digo que estamos haciendo más que lo posible y, con mucho gusto, le pasaré a detallar todas las acciones que se están tomando en las subsidiarias de Ancap. Olvidé mencionar el caso de Gas Sayago, por lo que le agradezco que me lo haya recordado y ahora se lo voy a contestar.
En el caso de las subsidiarias de Ancap, recientemente el directorio de esta empresa aprobó una serie de medidas para tener una escala común de los salarios de los puestos gerenciales de esas empresas respecto a puestos similares. Es así que en Ancap se han tomado medidas que tienen que ver con la reorganización de procesos de trabajo, a los efectos de encaminar procesos de venta o de cierre, y se han renegociado muchos contratos comerciales de estas subsidiarias con sus clientes. Estoy nombrando un conjunto de medidas. Además, todos los directores de Ancap tienen presencia cuasi constante de trabajo en el monitoreo de la eficiencia y de los cambios que hay que realizar en las subsidiarias, que deben continuar. En el caso de Cementos del Plata, se ha establecido un plan de trabajo para que en el año 2018 llegue a tener Ebitda nulo, o sea, que deje de perder. En definitiva, esto se va a seguir haciendo con trabajo y con metas muy claras.
Con respecto a Gas Sayago, como el señor senador Bordaberry sabrá, llevamos adelante un proceso abierto al convocar a empresas en la reformulación del proyecto de la regasificadora. Y para seguir esos pasos, quien hizo todo el trabajo fue Gas Sayago. En este momento se está negociando con Shell la posible operación de una futura planta regasificadora. Por esa razón conservamos Gas Sayago, porque la negociación está viva, continúa avanzando y no tenemos elementos que nos permitan tomar la determinación de cerrar Gas Sayago y el proyecto de la regasificadora.
SEÑOR DELGADO.- Como no hubo una presentación general, nos remitimos a lo más cercano, que es la presentación que se hizo en la Cámara de Representantes cuando compareció el Ministerio de Industria, Energía y Minería. En esa reunión la señora ministra se explayó en temas industriales, en temas vinculados a la política energética y en la diferenciación de la matriz.
Por otra parte, he leído la versión taquigráfica de la intervención de la señora ministra y obviamente se nos generaron algunas dudas, sobre todo si tenemos en cuenta que el Ministerio de Industria, Energía y Minería es un ministerio determinante y fundamental. Bajo la tutela de la señora ministra están las tres empresas públicas más importantes del país, que tienen que ver con el desarrollo del Uruguay: Ancap, UTE y Antel.
Dicho esto, tenemos algunas preguntas para hacer con respecto a las empresas que están bajo la «tutela» –lo pongo entre comillas porque jurídicamente no es el término exacto– del Ministerio de Industria, Energía y Minería. En el marco de la política energética –de la que hizo referencia la señora ministra cuando compareció ante la Cámara de Representantes–, para nosotros es determinante saber en esta instancia cuáles son las decisiones que se han tomado al respecto.
La primera pregunta tiene que ver con UTE. Hace pocos días surgió la noticia de que UTE ganó USD 317:000.000 en el primer semestre del año. Recordemos que el año pasado UTE ganó USD 404:000.000 –y lo subrayo– y USD 225:000.000 fueron a Rentas Generales. Hubo una solicitud de transferencia inicial, después una transferencia adicional.
Asimismo, en la versión taquigráfica figura la discusión que se mantuvo en la rendición de cuentas. Allí se expresa que se dejó para el costado lo que tiene que ver con el Fondo de Estabilización Energética, pero aclaro que no voy a hablar del tema.
Si comparamos este año con el anterior, observaremos que se presenta mejor en muchos aspectos: con una gran hidraulicidad y utilización de energía renovable, muy poca utilización de energía de origen térmico. Además, el costo de abastecimiento de la demanda –según lo registrado durante el primer semestre– representó USD 200:000.000, cuando UTE había planificado una cifra anual de USD 650:000.000. Si en el primer semestre UTE ganó USD 317:000.000 con este costo de abastecimiento de la demanda, teniendo en cuenta la cifra anterior, podemos proyectar una situación del ente realmente robusta en materia económica para este año.
Sobre las metas de UTE se habló en ocasión de la comparecencia del equipo económico y se dijo que para 2017 tiene la obligación de transferir USD 70:000.000 a rentas generales. Obviamente que la pregunta huelga pero igual la vamos a formular. Además de los USD 70:000.000, ¿el ministerio está previendo hacer una transferencia adicional en base a este nivel de utilidades que tendrá UTE? ¿O acaso aplicará parte de las utilidades que obtendrá para la rebaja de tarifas?
A continuación, quiero aludir a una presentación que tenemos aquí –y a la que se hizo una referencia lateral en la Cámara de Representantes– sobre el balance semestral de Ancap que arroja una cifra de USD 77:000.000 de ganancia o utilidad, lo que equivale a $ 2 por litro de combustible, aproximadamente. Si nos basamos en algunas precisiones que hizo el señor senador Bordaberry, es una gran incógnita saber cómo seguimos en este tema. Digo esto, porque observo que la recaudación de Imesi por concepto de combustible está en más de USD 1.000:000.000.
Después de la rebaja de $ 3 que hizo Ancap se ubicó al país con un 44 % –o 42 % si no tomamos a Paraguay– por encima del resto de los países de la región en materia de precio. En junio del año pasado, antes de la rebaja, estábamos 39 % por encima de los países de la región. O sea que, más allá de festejar los balances, algo tenemos que hacer vinculado al corazón o al core business de Ancap, como es la producción de combustible de calidad y adecuado a una realidad. Actualmente tenemos un problema competitivo importantísimo en materia de precios de combustibles.
No voy a preguntar si el precio de los combustibles va a bajar ni cuándo va a bajar –sé que la señora presidenta está esperando que lo haga para hacer un comentario al respecto–, sino algo muy específico que tiene que ver con los biocombustibles. Tengo en mi poder una comparación respecto de los precios netos de Ancap y la incidencia de los biocombustibles –que está discriminada por etanol y biodiésel, cantidad, precio, importe, mezcla–, lo que arroja un porcentaje de 8,9 % de etanol y 5,3 % de gasoil.
El año pasado, el sobrecosto por mezclar biocombustible alcanzó la cifra de USD 105:000.000; esto según los precios en los que Ancap le compra a ALUR. Si nosotros bajáramos la mezcla al 5 % –lo que legalmente sería posible–, el sobrecosto representaría casi USD 70:000.000 y tendríamos un ahorro de USD 35:000.000.
En alguna declaración que tengo en mi poder, la señora ministra habló de reducir la mezcla o llevarla a niveles de 5 %.
SEÑORA MINISTRA.- ¿Yo? Me equivoqué.
SEÑOR DELGADO.- Sí; estaba intentando reducir la mezcla de biocombustible.
Lo que sucede es que las declaraciones que aparecen luego las desmienten.
Me interesa saber si están pensando en esas medidas y si son posibles dentro de las que podemos tomar.
A propósito de esto, hace unos meses entregamos seis medidas tratando de ayudar o coadyuvar a la baja del precio de los combustibles, previo a la baja de los tres pesos. Debemos tener en cuenta además que venimos de una recaudación importantísima de Ancap. El año pasado obtuvo una recaudación adicional por encima de los USD 160:000.000 por no trasladar la baja del petróleo y la baja del dólar con respecto a la referencia de Ancap. Este año veníamos en una situación similar –quizás mejor– y obviamente hace un tiempo hubo una rebaja de un 8 %, que equivale más o menos a la suba ocurrida a principios del año.
Creo que una de las medidas posibles es trabajar en la mezcla, lo que en algunos casos significa abaratar un peso, llevarla al mínimo legal, al 5 %. ¿Se está pensando en esa medida? La pregunta tiene que ver también con UTE, es decir, si está previsto el 70 % de acuerdo a la transferencia obligatoria establecida de USD 60:000.000 para este año, o en función de las utilidades, ¿van a transferir más o a utilizar otros mecanismos que la rebaja de tarifas?
En cuanto a Ancap, en particular con respecto a la mezcla, quisiera saber si el mínimo en los biocombustibles está presente en la política para este año.
Gracias. Muy amable por la tolerancia.
SEÑORA MINISTRA.- Con respecto al caso de UTE no puedo dar al señor senador una respuesta concreta ahora, pero sí decirle en qué estamos trabajando. No tenemos una definición al respecto porque, repito, estamos trabajando en ello y analizando, con distintas metodologías, escenarios diversos que permitan –en una lógica nueva–, que el beneficio de haber cambiado la matriz eléctrica energética, cuando hay condiciones climáticas que favorecen la generación de energía en esta nueva matriz, pueda trasladarse de alguna forma a los accionistas. Repito que estamos trabajando en ello y seguramente –llegado el momento– tengamos un documento al respecto. Todavía no hemos terminado porque es un trabajo bastante complejo que requiere analizar varios aspectos del asunto.
Con respecto a los biocombustibles no recuerdo haber dicho que una de las medidas era bajar las mezclas al 5 %. No estamos pensando en esta medida porque tenemos que considerar responsablemente los aspectos que hacen a la rentabilidad de las subsidiarias en conjunto con el desempleo, que es otro aspecto que el señor senador también nombró al principio como una de sus preocupaciones.
Por lo tanto, en lugares del interior donde hay iniciativas productivas que dependen de las empresas públicas, tenemos que considerar no solamente el aspecto contable –que es muy importante– sino el social, que está relacionado con una cantidad de trabajadores que son el sustento de las familias.
Estas iniciativas deben operar como motores productivos, tanto en el interior del país como en las zonas más deprimidas. Esto no significa que dejemos de hacer cambios en la forma de trabajar o en los procesos; en ALUR se están haciendo en forma intensa y seguiremos en ese camino.
SEÑORA PRESIDENTA.- No hay más consultas de parte de los señores senadores.
La presidencia agradece infinitamente a la ministra, al subsecretario, a todos sus directores y al equipo de trabajo que la acompaña, por habernos atendido con tanta paciencia y contestado en forma tan puntillosa.
(Son las 16:45).

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 artículo 105
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 artículo 5
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 artículo 4
 artículo 7
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 artículo 62