Source: https://www.scribd.com/document/206988595/Abortion
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Prefasio Democracia y Autoritarismo Cavarozzi
MAPA TUP
Sentencia Camara Buenos Aires
Articulo La Ley Coprdoba
Hart Herbert l a o Conceito de Direito1
Caso Practico Bolilla Matrimonio
LEY 7.987 CProcLab
Buenos Aires, 13 de marzo de 2012 Vistos los autos: “F., A. L. s/ medida autosatisfactiva”, Considerando: 1º) Que A.F., en representación de A.G., su hija de 15 años de edad, el 14 de enero de 2010, solicitó a la justicia penal de la Provincia del Chubut —ante cuyos estrados se instruía una causa contra O.C., esposo de aquélla, por la violación de A. G.— que se dispusiera la interrupción del embarazo de la niña adolescente mencionada, con base en lo previsto en el artículo 86, incisos 1º y 2º, del Código Penal. En esa oportunidad, señaló que el 3 de diciembre de 2009 había denunciado la violación ante el Ministerio Fiscal de la Provincia del Chubut y que, el 23 del mismo mes y año, un certificado médico dio cuenta de que A.G. cursaba la octava semana de gestación (fs. 17/18 y constancias obrantes a fs. 1/1 vta. y 11). El juez penal sostuvo que carecía de facultades para adoptar medidas como la solicitada durante la etapa de la investigación, por lo que ordenó el pase de las actuaciones a la fiscalía. Esta última declaró que ese fuero no era competente para resolver el pedido (fs. 85 de la causa penal). La madre de A.G. inició entonces la medida autosatisfactiva que originó la presente causa (fs. 17/18) y, con fecha 22 de enero de 2010, reeditó ante la justicia de familia sus solicitudes anteriores, vinculadas con la interrupción del embarazo de su hija. Tales peticiones fueron rechazadas tanto en la primera instancia (fs. 153/169) como en la cámara (fs. 350/379 vta.), no obstante los -informes que se habían ordenado y que, en lo principal, reflejaban que A.G., “presentaba síntomas depresivos… e ideas suicidas persistentes” y que “el embarazo era vivido como un evento extraño, invasivo… En su mundo interno era imposible, incompatible e intolerable calificar como hijo a quien sería hijo del padre de sus hermanos, hijo del marido de la madre…” por lo que se estimó que “la continuidad de este embarazo contra la voluntad de la niña implicaba grave riesgo para su integridad psicofísica, incluido riesgo de vida” (conf. E.T.I., Equipo Técnico Interdisciplinario, fs. 27 vta). 2º) Que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, con fecha 8 de marzo de 2010, revocó la decisión de la instancia anterior admitiendo la solicitud de la señora A.F. En la sentencia, dictada por distintos fundamentos de sus miembros, hubo acuerdo en que: a) el caso encuadraba en el supuesto de “aborto no punible” previsto en el inciso 2º, primera parte del artículo 86 del Código Penal; b) que esta hipótesis de interrupción del embarazo era compatible con el plexo constitucional y convencional y c) que, pese a la innecesaridad de la
autorización judicial de esta práctica, se la otorgaba a fin de concluir la controversia planteada en el caso. La intervención médica abortiva así habilitada se produjo finalmente el 11 de marzo de 2010 en el Centro Materno Infantil del Hospital Zonal de Trelew (fs. 648). 3º) Que aquella decisión fue recurrida por medio de un recurso extraordinario interpuesto, en representación del nasciturus, por el Asesor General Subrogante de la Provincia del Chubut en su carácter de Tutor Ad-Litem y Asesor de Familia e Incapaces, que fue concedido a fs. 673/676, no obstante haberse llevado a cabo ya la mencionada práctica médica, con fundamento en la gravedad institucional que presentaba el caso. En su presentación, el recurrente se agravió por entender que, con la interpretación que del artículo 86, inciso 2º, del Código Penal efectuó el a quo, al no haberse restringido la procedencia de esta autorización al caso de la víctima violada idiota o demente, se desconoció el plexo constitucional-convencional según el cual el Estado Argentino protege la vida a partir de la concepción (Constitución Nacional, artículo 75, inciso 23: “Corresponde al Congreso: … Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental…”; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 1º: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 3º: “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”, y artículo 4º: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”; Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 3º: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, y artículo 6º: “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6º: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”; Convención sobre los Derechos del Niño, Preámbulo: “El niño… necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”, artículo 1º: “Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”, y artículo 6º: “Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida”). 4º) Que, radicada la causa ante esta instancia, se le confirió traslado a la señora Defensora General de la
lleguen a estudio del Tribunal las importantes cuestiones constitucionales que éstas conllevan sin haberse vuelto abstractas. quien asumió la representación del nasciturus y se expidió requiriendo que se revocara la sentencia recurrida (fs.gov. se dispuso remitir la causa al señor Procurador Fiscal. en la práctica. más precisamente. se torna necesario decidir las cuestiones propuestas aun sin utilidad para el caso en que recaiga el pronunciamiento. corresponde establecer que resultan justiciables aquellos casos susceptibles de repetición. 980/1010) al tiempo que entendía que todos los casos de embarazo forzado —víctimas de violaciones— debían ser considerados como abortos no punibles. En consecuencia. esta Corte considera que para el ejercicio de su jurisdicción no resultan obstáculo la circunstancia de que los agravios aludidos carezcan de actualidad por haberse llevado a cabo la práctica abortiva a la menor A. quien sostuvo que la cuestión debía declararse abstracta (fs.infojus. como lo ha subrayado el Tribunal en distintos precedentes. en el Centro Materno Infantil de Trelew. del Código Penal). pero que escaparían a su revisión por circunstancias análogas a las antes mencionadas (confr. Asimismo. para remediar esta situación frustratoria del rol que debe poseer todo Tribunal al que se le ha encomendado la función de garante supremo de los derechos humanos. De ahí que. y expresó que correspondía confirmar la sentencia apelada (fs.G.Sistema Argentino de Información Jurídica www. Pues. se le confirió traslado a la Defensora Pública de Menores e Incapaces. 4061). En ambas presentaciones se peticionó que este Tribunal declarara la admisibilidad del recurso bajo examen. es harto difícil que. considerandos 6º y 7º del voto de la mayoría y de la disidencia. 1131973). 683/694). como se pusiera de resalto en el ya conocido precedente de la Suprema Corte de los Estados Unidos “Roe v.jamás llegan al máximo tribunal en término para dictar útilmente sentencia. inciso 1º. quien asumió la representación de la niña A. dada la rapidez con que se produce el desenlace de situaciones como la de autos.S. como así lo hicieron los diversos amicus curiae que se presentaron solicitando la confirmación o la revocación de la sentencia. 6º) Que los agravios del apelante suscitan una cuestión federal apta para su examen en esta instancia recursiva. con la finalidad de que el criterio del Tribunal sea expresado y conocido para la solución de casos análogos que puedan presentarse en el futuro.G. En efecto. 1021/1022). 324:5. como casos particulares de la hipótesis general de peligro para la salud de la gestante (artículo 86. 5º) Que así las cosas.2012 . toda vez que se plantea que el tribunal superior de la INFOJUS . Fallos: 310:819. debido a que su tránsito por las instancias anteriores insume más tiempo que el que lleva el decurso natural de ese proceso.ar Nación. las cuestiones relacionadas con el embarazo –o su eventual interrupción. y sus citas. Wade” (410 U. Oportunamente.
este Tribunal se ve obligado a tener que establecer la inteligencia de las previsiones cuyo desconocimiento denuncia el recurrente. inciso 2º. 7º) Que dada. Desde tal perspectiva y a la luz del principio de reserva constitucional (artículo 19 in fine de la Constitución Nacional). ante un incumplimiento expreso. no por ello. inciso 22. se entiende que corresponde realizar una interpretación amplia de dicho precepto legal. del Código Penal (artículo 14.ar causa comprometió preceptos reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de igual jerarquía al interpretar el artículo 86.2012 . el tratamiento del tema resulta pertinente por esta vía puesto que la omisión de su consideración puede comprometer la responsabilidad del Estado Argentino frente al orden jurídico supranacional. Asimismo. de la Constitución Nacional). esta Corte considera oportuno y necesario responder a aquéllos desde una construcción argumental que permita armonizar la totalidad del plexo normativo invocado como vulnerado. la esencia de los agravios traídos a discusión. le incumbe realizar una declaración sobre el punto disputado (Fallos: 331:735 y sus citas). la cual radica en última instancia en la interpretación de normativa constitucional y convencional y visto el carácter federal que reviste el planteo. sino que tan sólo. del Código Penal—. pactos y convenciones que desde 1994 integran el ordenamiento jurídico constitucional como ley suprema de la Nación (artículo 75. En este orden de ideas. Argentina. en casos análogos. del 21/06/2010. ha de concluirse en que la realización del aborto no punible allí previsto no está supeditada a la cumplimentación de INFOJUS . cuya jurisdicción el Estado Argentino ha aceptado a través de la suscripción de los tratados.infojus. CCPR/C/ARG/CO/4 del 22/03/2010 y CRC/C/ARG/CO/3-4. inciso 2º. dejando a salvo que. inciso 3º. Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos y Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño. la interpretación restrictiva del acceso al aborto no punible por parte de otras instancias judiciales (cfr. así como también determinar la aplicación de otras normas y principios de igual jerarquía en clave de necesarias pautas interpretativas. a la luz de los pronunciamientos de distintos organismos internacionales. esta Corte se encuentra limitada en su decisión por los argumentos de las partes o del a quo.gov. y cuyos dictámenes generan.Sistema Argentino de Información Jurídica www. 8º) Que al efectuar esa tarea de armonización que involucra normativa del más alto rango con otra de derecho común — artículo 86. tanto más si se tiene en cuenta que varios organismos internacionales se han pronunciado censurando. a través de un análisis global del plexo normativo fundamental involucrado y por aplicación de los principios hermenéuticos de interpretación sentados por esta Corte desde antiguo. respectivamente). responsabilidades de índole internacional. ley 48). por una parte.
3ª Sesión Ordinaria (continuación). De este modo. no puede afirmarse válidamente que haya sido voluntad del constituyente limitar de modo alguno el alcance del supuesto de aborto no punible previsto en la mencionada norma al caso de la víctima de violación que fuera incapaz mental.Sistema Argentino de Información Jurídica www. en primer término. 19 de agosto de 1994. políticas públicas promotoras de los derechos humanos. en particular. En primer lugar. 6145/6198). República Argentina. inciso 2º. el ejercicio y goce de los derechos fundamentales. nada se puede derivar para definir. si bien en la Convención Constituyente de 1994. la referencia específica al marco normativo de protección social al niño. y al practicado respecto del que es consecuencia de una violación. no se deriva algún mandato por el que corresponda interpretar. del Código Penal al supuesto de la víctima violada idiota o demente (ver al respecto.infojus. en general. en su última sesión. inciso 23. en el sentido que se propugna. Por lo tanto. en atención tanto al objetivo que anima esta previsión como a los propios términos de su enunciado. 10) Que de las previsiones establecidas en el artículo 1º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre como del artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Centro de Estudios Jurídicos y Sociales. Por ello. porque es necesario advertir que este apartado se inserta en una cláusula en cuyo articulado la Constitución le atribuye al Poder Legislativo tanto la facultad de promover. la cuestión relativa a los abortos no punibles en general. el INFOJUS . lo cierto es que en ninguna oportunidad quedó plasmada una voluntad que pretendiera ni definir la cuestión relativa al aborto ni limitar el alcance del artículo 86. señalar que del artículo 75. de esta norma.gov.Armonización de los artículos 67 y 86 de la Constitución Nacional. 9º) Que a partir de lo señalado en los considerandos precedentes corresponde.2012 . integra un supuesto concreto del mandato constituyente para que se establezcan. mediante acciones positivas. de los que surge que la competencia atribuida a este poder en la materia lo fue a los efectos de dictar un marco normativo específico de seguridad social y no uno punitivo. resulta claro que. particularmente respecto de los sectores tradicionalmente postergados (Fallos: 329:3089. se generó un amplio debate sobre el derecho a la vida. Convención Nacional Constituyente 1994. 2. considerando 17) como la de dictar un régimen de seguridad social que proteja a la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Lo dicho cobra aun mayor fuerza si se tiene en cuenta que. Ministerio de Justicia de la Nación. de modo restrictivo. desde el embarazo. Tomo VI. de la Constitución Nacional resulta imposible extraer base alguna para sustentar la tesis que postula el recurrente. págs. 34ª Reunión.ar ningún trámite judicial.
Informe 23/81. del Código Penal. CCPR/CO/75/GMB. dotados como están de razón y conciencia. Esto en atención a que.2012 . Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Gambia. la Convención no quiso establecer una protección absoluta del derecho a la vida de éste. ha expresado su preocupación por la interpretación restrictiva del artículo 86 del Código Penal (cfr. de la previsión contemplada en el artículo 3º de la Convención Americana. resulta imposible concluir en la aplicabilidad de las normas invocadas para fundar la tesis restrictiva del supuesto de aborto no punible previsto en el artículo 86. Así. no puede ser realizada en forma aislada del artículo 4º y darle un alcance de tal amplitud que implique desconocer que. 11) Que tampoco el agravio incoado por el recurrente puede encontrar sustento en las disposiciones de los artículos 3º y 6º de la Declaración Universal de Derechos Humanos que consagran. 12/08/2004.infojus. conforme se explicara precedentemente. respectivamente. y la discusión en torno a la redacción de los mencionados artículos).ar alcance del artículo 86 inciso 2º. 24/07/2000. CCPR/CO/70/PER. al examinar la situación particular de nuestro país. Para ello. 12) Que la tesis del recurrente tampoco encuentra cabida en el deber que emana del artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. a fin de asegurar una coherencia en la interpretación de ese instrumento. dichas previsiones deben ser analizadas en conjunto con lo dispuesto en el artículo 1º (“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y. en cuanto estipula el derecho de toda persona al reconocimiento de su personalidad jurídica. deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”).gov. atento los claros términos en que está formulado este enunciado. resulta necesario tener en consideración que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha manifestado su posición general relativa a que debe permitirse el aborto para el caso de embarazos que son la consecuencia de una violación.Sistema Argentino de Información Jurídica www. con relación a las obligaciones del Estado en lo que hace a la protección normativa del nasciturus como sujeto de derecho. 15/11/2000. Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: Perú. A/55/40. Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos: Irlanda. “Baby Boy”. Ello por cuanto las normas pertinentes de estos instrumentos fueron expresamente delimitadas en su formulación para que de ellas no se derivara la invalidez de un supuesto de aborto como el de autos (ver al respecto. inciso 2º. Esto en tanto la interpretación del alcance que corresponda darle a dicho precepto. A su vez. el derecho a la vida y el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Por su parte. del Código Penal. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Observaciones Finales INFOJUS . tampoco se puede derivar base alguna para sustentar la tesis postulada por la parte.
2012 . el artículo 2º de la ley 23.ar del Comité de Derechos Humanos: Argentina. INFOJUS . de los antecedentes que precedieron a la sanción de esta Convención. Directrices aprobadas por la Comisión en su período de sesiones Nº 51 —1. de la lectura de aquellos antecedentes. CRC/C/15/ Add. no es posible derivar de este tratado un mandato para interpretar restrictivamente la norma. inciso 22.849. Por lo tanto. Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño: Chad. altere el alcance con que la Convención sobre los Derechos del Niño rige en los términos del artículo 75. Esto porque. 2 de marzo de 1989). Informe del Grupo de Trabajo acerca de un proyecto de Convención sobre los Derechos del Niño.infojus. 24/08/1999.149. antes citadas). se puede concluir que.4/SER. inciso 2º. respecto de nuestro país que sí lo prevé. ha manifestado su preocupación por la interpretación restrictiva del artículo 86 del Código Penal (cfr. expresamente se rechazó que éste fijara un alcance determinado de cualquiera de sus disposiciones (ver al respecto. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. 21/02/2001. se arriba a la conclusión contraria. 13) Que con relación a las disposiciones pertinentes de la Convención sobre los Derechos del Niño. En efecto. Cuestión de una Convención sobre los Derechos del Niño. Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño: Argentina. Asimismo. CCPR/C/ARG/CO/4 del 22/03/2010. CRC/C/15/Add.107.3—). respecto del artículo 1º se limitó a plasmar una declaración interpretativa (ver al respecto.A/1999/Add. Parte 2. como surge del texto mismo de la ley. del Código Penal adoptada por el a quo colisione con éstas. Por otra parte. 21/06/2010. en los términos del artículo 2º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 1999. Esto queda corroborado por la circunstancia que el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que los Estados Partes —que no admiten el aborto para el caso de embarazos que son la consecuencia de una violación— deben reformar sus normas legales incorporando tal supuesto y.2. antes citadas). de la Constitución Nacional. tampoco es posible sostener que la interpretación del artículo 86.Sistema Argentino de Información Jurídica www. sino que. al redactarse su Preámbulo. se observa que. no constituye una reserva que. de la que tampoco se puede derivar la tesis que sostiene la parte. E/CN4/1989/48. resulta claro que. CRC/C/ARG/CO/3-4. inversamente. Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño: Palau. 1.gov. en cuanto estipula que el artículo 1º de la Convención “debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción”. se decidió expresamente por la formulación actual del artículo 1º. en atención a lo expuesto. ante una variedad de alternativas propuestas. Volumen II. Consejo Económico y Social. A/CN.1. mientras que el Estado Argentino efectuó una reserva con relación a la aplicación del artículo 21 de la Convención.
y Convención sobre los Derechos del Niño. artículo 2°. Convención Interamericana para Prevenir. se considera necesario remarcar que existen otras cláusulas de igual jerarquía así como principios básicos de hermenéutica establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal que obligan a interpretar dicha norma con el alcance amplio que de ésta efectuara el a quo. del Código Penal. es necesario puntualizar que los principios de igualdad y de prohibición de toda discriminación.Sistema Argentino de Información Jurídica www. artículo 2º. artículo 16. sentencia del 30 de agosto de 2010. México”. 3º y 5º a 16. no puede ser admitida (Fallos:332:433 y sus citas).ar 14) Que sentado que de las normas constitucionales y convencionales invocadas por el recurrente no se deriva mandato alguno que imponga interpretar en forma restrictiva el artículo 86. conducen a adoptar la interpretación amplia de esta norma (Constitución Nacional. apartados 124 y 194). además.2012 .gov. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. “Fernández Ortega vs. En esta comprensión corresponde recordar lo dicho oportunamente por esta Corte (Fallos: 331:211. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En efecto.infojus. especialmente artículos 2º. Declaración Universal de Derechos Humanos. que son ejes fundamentales del orden jurídico constitucional argentino e internacional y que en este caso poseen. artículos 2.1 y 24. inciso 2º. Sociales y Culturales. artículos 4. Pacto Internacional de Derechos Económicos. Máxime cuando. por no responder a ningún criterio válido de diferenciación. Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.a). en cuanto regula los supuestos de abortos no punibles practicados respecto de los embarazos que son consecuencia de una violación.f y 6. artículos 2° y 3°.1 y 26. reducir por vía de interpretación la autorización de la interrupción de los embarazos sólo a los supuestos que sean consecuencia de una violación cometida contra una incapaz mental implicaría establecer una distinción irrazonable de trato respecto de toda otra víctima de análogo delito que se encuentre en igual situación y que. en la definición del alcance de la norma. artículos 2º y 7º. y Convención Americana sobre Derechos Humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 15) Que en este orden de ideas. artículos 1. además de los tratados destinados a la materia en campos específicos: Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. una aplicación específica respecto de toda mujer víctima de violencia sexual. tanto de emergencia como de forma continuada (ver al respecto. considerando INFOJUS . está involucrado el adecuado cumplimiento del deber estatal de protección de toda víctima de esta clase de hechos en cuanto obliga a brindarle atención médica integral.
). sino a un prejuicio que las denigra en cuanto sujetos plenos de derechos. a toda otra víctima de un delito sexual. 17) Que a su vez. de la dignidad de las personas. págs. Ética y Derechos Humanos. 1984. Declaración Universal de los Derechos Humanos.gov. no respondería al válido objetivo de proteger los derechos de las víctimas de violencia sexual. 16) Que por lo demás. reconocida en varias normas convencionales (artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. resulta. que es la consecuencia de un ataque contra sus derechos más fundamentales. y Preámbulos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre).Sistema Argentino de Información Jurídica www. Editorial Paidós.. Carlos Santiago. cuya vulnerabilidad se agrava por la circunstancia de poseer una discapacidad mental. considerando 6° y 329:2265). debe adoptarse la interpretación según la cual no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación porque una exégesis INFOJUS . los principios de estricta legalidad y pro homine obligan a adoptar la interpretación amplia de este supuesto normativo que establece la no punibilidad del aborto practicado respecto de un embarazo que sea la consecuencia de una violación. Editorial Astrea. 63 y ss. 59. 109 y ss. ello no puede llevar a aceptar una interpretación restringida de la norma en trato ya que esta delimitación de su alcance. a todas luces. págs. que impide exigirle a las personas que realicen.2012 . 1982. artículo 1º. por cuanto la decisión relativa al alcance de este precepto se encuentra limitada de antemano por estos principios que obligan. sacrificios de envergadura imposible de conmensurar (cfr. en beneficio de otras o de un bien colectivo. Sin embargo. derivado del mencionado principio.ar 6°) al afirmar que “la debilidad jurídica estructural que sufren las personas con padecimientos mentales —de por sí vulnerable a los abusos—. respectivamente. al practicado respecto de un embarazo que es la consecuencia de una violación a una incapaz mental. como un supuesto de aborto no punible. Nino. Por ello.infojus. La legítima defensa. Buenos Aires. desproporcionada y contraria al postulado. lo que genera la necesidad de establecer una protección normativa eficaz. Buenos Aires. crea verdaderos ‘grupos de riesgo’ en cuanto al pleno y libre goce de los derechos fundamentales”. Este principio de inviolabilidad de las personas impone rechazar la exégesis restrictiva de la norma según la cual ésta sólo contempla. se desprende el principio que las consagra como un fin en sí mismas y proscribe que sean tratadas utilitariamente. la pretensión de exigir. Fundamentación y régimen jurídico. Ello así. En efecto. llevar a término un embarazo. a “priorizar una exégesis [que esté]… en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la última ratio del ordenamiento jurídico y… [a] privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal” (Fallos: 331:858.
el derecho a acceder a esta práctica. 18) Que no obstante mediar en el particular todas las razones de la máxima jerarquía normativa expuestas en los considerandos precedentes.ar en sentido contrario -que reduzca la no punibilidad de esta práctica al caso de una incapaz mentalamplía sustancialmente el alcance del castigo penal y niega. esta Corte Suprema considera oportuno y necesario ampliar los términos de este pronunciamiento. al utilizar una conjunción disyuntiva al referirse a “…si el embarazo proviene de una violación o de INFOJUS . inciso 2º. Para ello resulta conveniente transcribir el artículo 86 del Código Penal en cuanto establece que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta. de modo tal que se configuren supuestos de responsabilidad internacional. en la materia. del Código Penal comprende a aquel que se practique respecto de todo embarazo que sea consecuencia de una violación. A esta conclusión se llega a partir de un doble orden de razones. En primer lugar. Así. por las que debe entenderse que el supuesto de aborto no punible contemplado en el artículo 86. al particular.gov. no es punible: 1º) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.2012 . del Código Penal se evidencia que el legislador. 314:1849) y que “no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones. aun mediando la más mínima y sistemática exégesis practicada sobre dicho precepto.infojus. inciso 2º. a toda otra víctima de una violación que se encuentre en esa situación. no es punible toda interrupción de un embarazo que sea consecuencia de una violación con independencia de la capacidad mental de su víctima.Sistema Argentino de Información Jurídica www. sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos” (Fallos:313:1149). este Tribunal quiere dejar expresamente aclarado que su intervención lo es a los efectos de esclarecer la confusión reinante en lo que respecta a los abortos no punibles y a fin de evitar frustraciones de derecho por parte de quienes peticionen acceder a ellos. un importante grado de desinformación que ha llevado a los profesionales de la salud a condicionar la realización de esta práctica al dictado de una autorización judicial y es este proceder el que ha obstaculizado la implementación de los casos de abortos no punibles legislados en nuestro país desde la década de 1920. se impone concluir que. de una aplicación. el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”. En este caso. con independencia de la capacidad mental de su víctima. porque de la mera lectura del artículo 86. 2º) Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Ello es así ya que media. de las pautas interpretativas fijadas por esta Corte en cuanto a que “la primera fuente de exégesis de la ley es su letra” (Fallos:304:1820. En esta inteligencia.
inciso 2º. Por ello. Es precisamente porque este extremo no es aplicable respecto de la mujer incapaz. dan lugar a su aplicación. Como la ley está haciendo referencia a causas de embarazos. el mencionado artículo 86. en la última parte del segundo supuesto previsto. como premisa general. del de violación— “el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.gov. que no serán punibles los abortos allí previstos que fueran practicados por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta. que. de provocar un embarazo. Puesto que todo acceso carnal sobre una mujer con deficiencias mentales es considerado ya una forma de violación (la impropia). cuya mención no es necesaria porque la ley descarta la validez de su consentimiento.infojus. Por ello. Por su parte. En efecto. como excepción a dicho requisito general. debe descartarse la tesis restrictiva en tanto otorga una indebida preeminencia a una de las partes de la norma dejando inoperante sus demás previsiones. este precepto comienza su redacción estableciendo. En efecto. Pero además. del Código Penal. en concordancia con el sistema de los abusos sexuales (regulados a partir del artículo 119 del mismo cuerpo legal).2012 . inciso 2º. desde la sola semántica. “violación” se refiere al acceso carnal violento o coactivo sobre mujeres no “idiotas ni dementes”.ar un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente” (énfasis agregado). el “atentado al pudor” no puede ser sino un acceso carnal o alguna otra situación atentatoria contra la sexualidad de la víctima que produzca un embarazo. que por su técnica de redacción constituye un requisito común para los dos supuestos que detalla seguidamente. no es posible sostener que cuando al principio dice "violación" también se refiera al mismo tipo de víctima. previó dos supuestos diferentes para el caso de embarazos provenientes de un delito de esta naturaleza. adolescentes o mujeres que son sus víctimas. Es evidente que por exclusión. diferencia dos grupos de causas de embarazos: la violación propiamente dicha y el atentado al pudor sobre una mujer “idiota o demente”. corrobora que cualquier víctima de éstos que se encuentre en tal INFOJUS . a esta conclusión también se arriba analizando esta norma de modo conjunto con las disposiciones relativas a los hechos ilícitos que pueden causar embarazos no consentidos por las niñas. y declara que cualquier acceso carnal con ellas es ya una violación (impropia). un examen conjunto y sistemático de los diferentes apartados previstos en esta norma también conduce a adoptar su interpretación amplia. este análisis sistemático del artículo 86.Sistema Argentino de Información Jurídica www. se tuvo que establecer en forma expresa que “en este caso” —referencia que sólo puede aludir al caso del atentado al pudor y que obliga a distinguirlo. del Código Penal en conjunto con las disposiciones que tipifican los supuestos de violencia sexual que. Lo mismo ocurre con las menores de trece años.
además de ser innecesaria e ilegal. inciso 2º. quien debió transitar un largo derrotero judicial para poder asegurar su derecho a obtener la interrupción de un embarazo que fue consecuencia de una violación.2012 . en el caso de las deficientes mentales e incapaces.infojus. que. que por imperio del artículo 19 in fine de la Constitución Nacional. además. Esto se confirma teniendo en cuenta. del Código Penal debe interpretarse con un alcance amplio. corresponde detenerse en lo acontecido en el presente caso con la joven A.gov. como el traído a discusión ante este Tribunal (artículo 86. ha quedado expresamente dicho por voluntad del constituyente que “ningún habitante de la Nación será INFOJUS .G. termina adquiriendo características intolerables a la luz de garantías y principios constitucionales y convencionales que son ley suprema de la Nación. y es también contraproducente porque la demora que apareja en su realización pone en riesgo tanto el derecho a la salud de la solicitante como su derecho al acceso a la interrupción del embarazo en condiciones seguras.. La judicialización de esta cuestión. Llegado este punto. que por su reiteración constituye una verdadera práctica institucional. que no pueden consentir el acto. se sigue manteniendo una práctica contra legem. que consagra el principio de reserva como complemento de la legalidad penal.Sistema Argentino de Información Jurídica www. como en el caso. es cuestionable porque obliga a la víctima del delito a exponer públicamente su vida privada. el Tribunal considera ineludible destacar que.ar circunstancia puede realizarse un aborto no punible y que. exigiendo allí donde la ley nada reclama. requisitos tales como la solicitud de una autorización para practicar la interrupción del embarazo producto de una violación lo que. atento que esta última figura por definición no implica acceso carnalla correlativa previsión del Anteproyecto del código suizo de 1916. 20) Que es debido a ello que este Tribunal se ve forzado a tener que recordar. a pesar de que el Código Penal argentino regula desde hace noventa años diferentes supuestos específicos de despenalización del aborto. que constituye su fuente y que estipulaba como aborto no punible al practicado respecto de un embarazo que provenía de dos supuestos diferentes: la violación o el acceso carnal producido respecto de una incapaz mental que era denominado “profanación”. que hace caso omiso de aquellos preceptos. inciso 2º). se requiere de sus representantes legales. 19) Que luego de haber sentado en los considerandos precedentes que el artículo 86. fomentada por los profesionales de la salud y convalidada por distintos operadores de los poderes judiciales nacionales como provinciales. se tradujo –inadecuadamente. tanto a profesionales de la salud como a los distintos operadores de los diferentes poderes judiciales nacionales o provinciales. al formularse esta norma refiriéndose a la violación y al atentado al pudor.
ni privado de lo que ella no prohíbe”. del Código Penal y por dicha razón.gov. en línea con lo referido en el considerando precedente. respetar lo preceptuado por el artículo 19 in fine de la Constitución Nacional significa. constituiría un impedimento de acceso incompatible con los derechos en juego en este permiso que el legislador ha querido otorgar. 22) Que. según surge del texto del artículo 86 del Código Penal. quien debe decidir llevarla a cabo y no un magistrado a pedido del médico.2012 . 23) Que hacer lo contrario. 21) Que teniendo a la luz aquella manda constitucional es que debe interpretarse la letra del artículo 86. una exigencia tal. como lo es el judicial. que el aborto no punible es aquel practicado por “un médico con el consentimiento de la mujer encinta” (artículo 86 del Código Penal) circunstancia ésta que debe aventar todo tipo de intento de exigir más de un profesional de la salud para que intervenga en la situación concreta pues. este Tribunal se ve en la necesidad de advertir por una parte. como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello.ar obligado a hacer lo que no manda la ley. del Código Penal. a un trámite burocrático. inciso 2º. la imposibilidad de eludir sus responsabilidades profesionales una vez enfrentados ante la situación fáctica contemplada en la norma referida. lo que se traduce en procesos burocráticos dilatorios de la interrupción legal del embarazo que llevan ínsita la potencialidad de una prohibición implícita –y por tanto contra legem– del aborto autorizado por el legislador INFOJUS . pues cualquier magistrado llamado a comprobar la concurrencia de una causal de no punibilidad supeditaría el ejercicio de un derecho expresamente reconocido por el legislador en el artículo 86. junto con el profesional de la salud. las prácticas de solicitud de consultas y la obtención de dictámenes conspiran indebidamente contra los derechos de quien ha sido víctima de una violación. recuerda a los diferentes operadores de los distintos poderes judiciales del país que.Sistema Argentino de Información Jurídica www. en atención a lo expresado en los considerandos precedentes. lejos de estar prohibido. cuya primordial función es velar por la plena vigencia de las garantías constitucionales y convencionales. si concurren las circunstancias que permiten la interrupción del embarazo. significaría que un poder del Estado. intervenga interponiendo un vallado extra y entorpeciendo una concreta situación de emergencia sanitaria. 24) Que asimismo. es la embarazada que solicita la práctica. lo que previó el legislador es que. está permitido y no resulta punible. innecesario y carente de sentido. no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo. inciso 2º. Por otra parte.infojus. a los profesionales de la salud. se debe concluir que quien se encuentre en las condiciones allí descriptas. toda vez que la ley no lo manda. Por la otra.
los términos del presente fallo respecto de los alcances que corresponde asignar al artículo 86.ar penal. como garante de la administración de la salud pública. del Código Penal. Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas. accesible y segura. de quien solicita la práctica. así como la autoridad suprema del pronunciamiento. desarrollada en junio de 1999). Accesible y segura pues. un acto de violencia institucional en los términos de los artículos 3º y 6º de la ley 26. 25) Que cuando el legislador ha despenalizado y en esa medida autorizado la práctica de un aborto. Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. en su artículo 7º. que se deriva del carácter de intérprete último de la Constitución Nacional y de las leyes. y descartada la posibilidad de una persecución penal para quienes realicen las prácticas médicas en supuestos como los examinados en autos. las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida. resultan suficientes para despejar cualquier duda que pudieran albergar esos profesionales de la salud respecto de la no punibilidad de los abortos que se practiquen sobre quienes invocan ser víctimas de violación. aun cuando legal en tanto despenalizado. Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. se debe señalar que esta práctica irregular no sólo contraviene las obligaciones que la mencionada Convención Interamericana para Prevenir. debiendo responder sus autores por las consecuencias penales y de otra índole que pudiera traer aparejado su obrar. 26) Que a partir de lo expresado en los considerandos precedentes. puede ser considerada.485 que establece el Régimen de Protección Integral para Prevenir. que posee el Tribunal (Fallos:324:3025. de poner a disposición. el que tiene la obligación. 332:616). pone en cabeza del Estado respecto de toda víctima de violencia. En consecuencia.Sistema Argentino de Información Jurídica www.infojus. siempre que concurran las circunstancias que habilitan un aborto no punible. además. inciso 2º. sino que. es el Estado.2012 . este Tribunal entiende oportuno recordar que distintos órganos de aplicación de los tratados de derechos humanos se han pronunciado censurando al Estado Argentino por no garantizar el acceso oportuno a la práctica de los abortos no punibles como una cuestión de salud pública y INFOJUS . Asimismo. Por ello.gov. Rápida. la insistencia en conductas como la señalada no puede sino ser considerada como una barrera al acceso a los servicios de salud. en sí misma. no deben existir obstáculos médico– burocráticos o judiciales para acceder a la mencionada prestación que pongan en riesgo la salud o la propia vida de quien la reclama (ver al respecto. por cuanto debe tenerse en cuenta que en este tipo de intervenciones médicas cualquier demora puede epilogar en serios riesgos para la vida o la salud de la embarazada.
OMS. un ilícito penal—.2012 . en razón de ello. pueden llevar a la negativa de la práctica porque el embarazo está muy avanzado (ver al respecto. puede transformarse en una barrera que desaliente a quienes tienen expectativas legítimas de buscar servicios sin riesgos y en forma temprana. el respeto a lo establecido en el artículo 19 in fine de la Constitución Nacional se traduce en que el artículo 86.ar sin injerencia del Poder Judicial (Comité de Derechos Humanos.Sistema Argentino de Información Jurídica www.gov. —que a estas alturas sólo aparece como hipotético y podría resultar. Argentina. eventualmente. Guía Técnica y de Políticas para Sistemas de Salud”. requerir autorización de un tribunal o satisfacer cualquier otro requisito que no sea médicamente necesario. mediante normas del más alto nivel. o su representante. retrasan el cuidado necesario y aumenta la probabilidad de abortos no seguros o. deberán: contemplar pautas que garanticen la información y la confidencialidad a la solicitante. 27) Que finalmente. que aquel ilícito es la causa del embarazo. 21/06/2010. tengan que elevar cargos contra su agresor. Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño. protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos. del Código Penal no exige ni la denuncia ni la prueba de la violación como tampoco su determinación judicial para que una niña. la exigencia de que las víctimas de violación. toda vez que cualquier imposición de otro tipo de trámite no resultará procedente pues significará incorporar requisitos adicionales a los estrictamente previstos por el legislador penal. CCPR/C/101/D/1608/2007. adolescente o mujer pueda acceder a la interrupción de un embarazo producto de una violación. no puede ser nunca razón suficiente para imponer a las víctimas de delitos sexuales obstáculos que vulneren el goce efectivo de sus legítimos derechos o que se constituyan en riesgos para su salud. Estos requisitos. corresponde exhortar a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos. considera que el riesgo derivado del irregular obrar de determinados individuos. obtener informaciones policiales. del 29/03/11. para calificar para el aborto. CRC/C/ARG/CO/3-4). tal como lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud. diseñados para identificar casos fabricados. manifiesten ante el profesional tratante. Esta situación de ausencia de reglas específicas para acceder al aborto permitido en caso de violación supone tan sólo como necesario que la víctima de este hecho ilícito. 28) Que si bien este Tribunal advierte la posibilidad de configuración de “casos fabricados”. 29) Que. En particular. “Aborto sin riesgos.infojus. 2003). declaración jurada mediante. En efecto. inciso 2º. evitar procedimientos administrativos o períodos de espera que retrasen innecesariamente la INFOJUS . incluso.
en virtud de la gravedad y trascendencia social que reviste la temática abordada en el caso. en forma permanente. deberá exigirse que la objeción sea manifestada en el momento de la implementación del protocolo o al inicio de las actividades en el establecimiento de salud correspondiente. deberá disponerse un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente del servicio. en forma inmediata y expeditiva.infojus. eliminar requisitos que no estén médicamente indicados. la asistencia adecuada para resguardar su salud e integridad física. de forma tal que toda institución que atienda a las situaciones aquí examinadas cuente con recursos humanos suficientes para garantizar. y oído el señor Procurador Fiscal.Sistema Argentino de Información Jurídica www. En ese contexto. sexual y reproductiva. confianza y evite reiteraciones innecesarias de la vivencia traumática. respecto de la procedencia de la práctica médica requerida. educativas y de cualquier otra índole para que. entre el profesional interviniente y la paciente. la obtención y conservación de pruebas vinculadas con el delito. 31) Que. confirmar la sentencia apelada. el ejercicio de los derechos que la ley le confiere a las víctimas de violencia sexual. los eventuales desacuerdos que pudieran existir. con competencia en la INFOJUS .ar atención y disminuyan la seguridad de las prácticas. por estas mismas razones. que hagan conocer los derechos que asisten a las víctimas de violación. y articular mecanismos que permitan resolver. a las prestaciones médicas garantizadas por el marco normativo examinado en la presente causa. Por ello. psíquica. policiales. en forma oportuna y adecuada. se considera indispensable que los distintos niveles de gobierno de todas las jurisdicciones implementen campañas de información pública.2012 . sin dilaciones y sin consecuencia para la salud de la solicitante. con especial foco en los sectores vulnerables. la asistencia psicológica inmediata y prolongada de la víctima.gov. la prestación de tratamientos médicos preventivos para reducir riesgos específicos derivados de las violaciones. 2) Exhortar a las autoridades nacionales. en un ambiente cómodo y seguro que brinde privacidad. por los fundamentos aquí expuestos. corresponde: 1) Declarar procedente el recurso extraordinario y. esta Corte no puede dejar de señalar la necesidad de que tanto en el ámbito nacional como en los provinciales se extremen los recaudos a los efectos de brindar a las víctimas de violencia sexual. provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. así como el asesoramiento legal del caso. Por otra parte. Asimismo deberá capacitarse a las autoridades sanitarias. 30) Que por último. A tales efectos. en caso de tomar conocimiento de situaciones de abuso sexual brinden a las víctimas la orientación e información necesaria que les permita acceder. deberá asegurarse.
dar intervención al “equipo técnico interdisciplinario” a fin de que entreviste a la menor para determinar. “las consecuencias y/o impacto psicológico en la menor de edad en caso de ser sometida a la intervención solicitada (aborto terapéutico)”. se interrumpa el embarazo que la niña cursaba en la octava semana de gestación. de quince años de edad. devuélvase. fs. ordenando el paso de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal.CARLOS S. FAYT – ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (según su voto)..2012 . ARGIBAY (según su voto). RICARDO LUIS LORENZETTI . pero dicho magistrado sostuvo que carecía de “facultades para adoptar medidas como la solicitada durante la etapa de investigación”.E. protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual. 17/18 vta.ELENA I. el juzgado de familia dispuso una serie de medidas procesales. A. O. 3) Exhortar al Poder Judicial nacional y a los poderes judiciales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a abstenerse de judicializar el acceso a los abortos no punibles previstos legalmente. 2º) El día siguiente de la presentación que inicia este expediente. y en tal sentido afirmó que un mes antes había denunciado ante el Ministerio Público Fiscal de esa jurisdicción la violación que había sufrido la menor por parte de su esposo. (padrastro de la niña). siendo el embarazo producto de ese hecho.). ARGIBAY Considerando: 1º) En las presentes actuaciones.gov.CARMEN M. mediante normas del más alto nivel. interpuso una “medida auto–satisfactiva” a fin de obtener autorización judicial para que en el Hospital Zonal de la ciudad de Comodoro Rivadavia. en los términos aquí sentados. RAÚL ZAFFARONI . Provincia del Chubut.infojus. a implementar y hacer operativos.JUAN CARLOS MAQUEDA .ar materia. oportunamente.G. en representación de su hija A. Fundó su pretensión en los incisos primero y segundo del artículo 86 del Código Penal. ES COPIA VOTO DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M.Sistema Argentino de Información Jurídica www. Explicó que ante la formación del sumario en la jurisdicción criminal —en el que se constituyó como parte querellante— se había presentado ante el juez de la causa requiriendo la autorización para la interrupción del embarazo. el 22 de enero de 2010. en el mes de noviembre de 2009.F. que se expidió por la incompetencia del fuero penal para resolver el pedido (cfr. N. ordenando. HIGHTON de NOLASCO . entre ellas. Notifíquese y.L. entre otros puntos.. y librar oficio al INFOJUS .
Esta última medida debió ser reiterada en dos oportunidades por la jueza actuante. que se prevén para estos casos” (cfr. fs. como medida para mejor proveer. 28). que la discusión entre la interpretación amplia o restrictiva del artículo 86 del Código Penal no define en profundidad la amplitud de la decisión.G. Posteriormente. G. víctima de una violación (art. 3º) Luego de producidas las medidas ordenadas. el 25 de febrero de ese mismo año la Cámara de Apelaciones confirmó la decisión denegatoria. resulta indiferente la interpretación de aquélla norma que se adopte. ya que dicho encuadre no resulta ser una materia opinable por parte del comité” (cfr. se dispuso librar oficio al director del mencionado hospital para que informe al juzgado “si de acuerdo a los Protocolos. 40).. repitiendo consideraciones expresadas por la jueza de primera instancia. la primera porque el director del nosocomio respondió que “previo al análisis ético-médico de un período de interrupción de embarazo. y como tal el único que podría dictaminar es el juez” (cfr.gov. invocando como última ratio. 19/20). y la segunda. no dictamina y en cuanto al motivo por el cual se solicita realizar un aborto en la paciente en cuestión. ‘violación’ es un elemento que supongo le consta a la justicia. 86 del Cód. INFOJUS .2012 .infojus. el aborto a una menor de edad (15 años). 372). Penal) puede practicarse en condiciones lícitas y en tal caso realicen las evaluaciones interdisciplinarias a través de los Comités Interdisciplinarios. y dictamine sobre lo peticionado” (cfr. debe determinarse si la persona presenta alguna de las características excepcionados (sic) por el código penal. fs.Sistema Argentino de Información Jurídica www. en razón de que el jefe del departamento de tocoginecología de esa institución objetó a lo requerido que “este comité solamente asesora. Entre los argumentos expuestos por los magistrados que concurrieron a formar la mayoría del tribunal (pues una de sus integrantes votó en disidencia) se expresó que este caso pone a los jueces en situación de decidir entre “dar razón al privilegio de la vida de una menor sobre la otra (nasciturus) que no ha tenido oportunidad de optar por ser o no ser”. el 16 de febrero de 2010 esa instancia resolvió rechazar la solicitud para la interrupción del embarazo de la niña. y que enfrentados a ese conflicto “nos encontramos obligados a preservar el derecho a la vida y consecuentemente a la personalidad del nasciturus desde el momento de la concepción. fs. 80). pues en base a las normas del derecho constitucional que consagran el derecho a la vida y a la salud de todo ser humano desde la concepción en el seno materno.ar Hospital Regional a fin de que “por intermedio del Comité de Bioética evalúe la situación planteada de A. fs. Apelada esa resolución por la actora y por la propia menor A. También se dijo. fs. frente a toda situación de duda la aplicación del principio ‘in dubio pro vida’” (cfr.
se dijo.infojus. ya sea en el sector privado o en el público de la salud. Expresó que el propio legislador no ha dejado en manos de los jueces la tarea de preferir la vida de una u otra persona. Sobre el particular. a su vez. Ello es así. Finalmente.Sistema Argentino de Información Jurídica www. Con fecha 8 de marzo de 2010. porque precisamente consagró el resultado de la ponderación entre el derecho a la vida del nasciturus y el derecho de la mujer víctima de una violación. Pasando a la exégesis en particular del inciso segundo del artículo 86 del Código Penal. asumió que la aplicación de los dos incisos del artículo 86 del Código Penal no requiere de autorización judicial. Continuó luego el tribunal afirmando que la norma del artículo 86 del Código Penal aplicable al caso no se contrapone al bloque constitucional integrado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella. la decisión legislativa por la no punibilidad de supuestos como el presente no puede calificarse de irracional ni de arbitraria. ese tribunal resolvió —en lo que aquí interesa— dejar sin efecto la sentencia recurrida. el a quo inició el tratamiento del caso afirmando que obligar a la actora a obtener un permiso judicial en un supuesto como el de autos resulta una exigencia adicional. declarando que el caso encuadra en el supuesto de aborto no punible previsto por el inciso segundo. Para así decidir. en tanto resulta consistente con la prohibición de desprotección legal arbitraria respecto al derecho a la vida del niño por nacer desde su concepción. en razón de que aparece fundada en una causa grave y excepcional sujeta al margen de valoración del legislador y compatible con la protección constitucional. primera parte. es el principio de legalidad el que exige interpretar los supuestos de no punibilidad previstos en el mentado artículo con la mayor amplitud posible. aplicando los principios y reglas del buen arte de curar. del artículo 86 del Código Penal.2012 .ar 4º) Contra esa sentencia interpusieron sendos recursos de casación la niña y su madre. De esta manera.gov. sostuvo el tribunal que además de encontrar en el propio texto de la norma razones que apoyan la que ha sido denominada la “tesis amplia” — pues reconoce en ella dos supuestos de aborto no punibles—. en cuanto a la acreditación de la existencia de la violación. resta destacar que el tribunal consideró. que a la mujer se le presenta como una carga y una vulneración a su derecho de acceder al aborto en los casos autorizados por la ley. comprometen otros derechos fundamentales de rango análogo. pues la norma parte de la base de considerar al aborto como una conducta prohibida. aunque con las excepciones consagradas por el artículo en examen. INFOJUS . las que. quedando la responsabilidad de decidir si se dan los supuestos fácticos descriptos por la norma en los médicos que atiendan a la paciente. los que fueron concedidos por la cámara de apelaciones y luego declarados formalmente admisibles por el tribunal superior de justicia local.
674 vta. el Superior Tribunal de Justicia de Chubut advirtió que la práctica abortiva ya se había realizado (v. ni para las tres sentencias que fueron dictadas sucesivamente en las instancias que transitó el proceso. existe duda alguna de que el embarazo que presenta la niña proviene de una violación. lo que implica un atentado. contra un ser humano cuya existencia y derechos resultan asegurados por el ordenamiento legal “desde su concepción”. acompañado de los múltiples elementos que acrediten su seriedad.2012 . Afirmó.). explicó que ni para las partes.gov. afirmó que esa práctica médica tiene como fin interrumpir el embarazo dando así fin a la vida del feto.ar que la urgencia que demanda la resolución a tomar no admite esperar a la conclusión de dicho trámite. Establecido el marco normativo de referencia. No obstante ello. desde su óptica.infojus. Esta aceptación general sobre la cuestión sustancial de los hechos. Desde ese prisma. ni que se encuentren derogadas por “incompatibilidad sobreviniente” con normas de mayor jerarquía. intencionado y directo. privilegiar el relato circunstanciado de la víctima. 6º) Al analizar la admisibilidad del remedio federal (fs. 5º) Contra esa sentencia interpuso recurso extraordinario federal el tutor ad litem y Asesor de Familia e Incapaces. refirió –con cita de precedentes de esta Corte– que la falta de gravamen actual INFOJUS . no obstante. Se entendió entonces que corresponde analizar la denuncia y. fs. En tal sentido. Como agravio federal. continuó expresando que no entiende que las autorizaciones del artículo mencionado deban juzgarse inconstitucionales en general. centrada en la aplicación e interpretación de la norma del inciso segundo del artículo 86 del Código Penal. resulta opuesta al derecho a la vida de toda persona conforme a la normativa constitucional que invoca. que la interpretación de esos permisos legales ha de ser prudentemente restrictiva de modo de reducir a un número mínimo “y de enorme dramatismo” los casos subsumibles en ellos. ante la imposibilidad de evitar todo margen de dudas. coloca a la dilucidación del caso en el campo del puro derecho. que calificó de literal. esa parte planteó la vulneración del derecho a la vida del nasciturus garantizado por la Constitución Nacional y por tratados de derecho internacional público. En lo concerniente a las circunstancias fácticas del caso. 673/676). postuló una interpretación de la mentada norma permisiva. a la luz del resto del plexo normativo nacional y del derecho a la vida de la persona por nacer. A su vez. en el sentido de exigir una sentencia condenatoria para habilitar el supuesto previsto por la norma en tratamiento. restringiendo la autorización para la interrupción del embarazo sólo en los casos de violación de una mujer “idiota o demente”. en favor de la persona por nacer. entendió que la interpretación lata que de esa norma realiza la sentencia que impugna para declarar su aplicación al caso y autorizar así el aborto.Sistema Argentino de Información Jurídica www.
pues sólo así podrían las relevantes cuestiones planteadas ser tratadas en instancia federal. en virtud de la regla del artículo 15 de la ley 48 que veda a esta Corte nacional pronunciarse con respecto a cuestiones de derecho común.ar por la resolución del conflicto no debía obstar a la concesión del recurso. resolvió conceder el recurso extraordinario deducido. Por tales fundamentos. A su vez.gov. una decisión del Tribunal en esta causa. de la ley 48). llevada a cabo una vez que el mentado tribunal hiciera lugar a la pretensión de las actoras (conf. no obsta a la admisibilidad del recurso que haya tenido lugar la intervención médica cuya autorización define el objeto del presente caso. voto de los jueces Lorenzetti. 7º) El recurso resulta formalmente admisible en cuanto se ha invocado que la interpretación dada a la ley común por el tribunal superior de la causa conculca el reconocimiento de un derecho constitucional y la sentencia ha sido contraria al interés del recurrente (artículo 14.infojus. Fayt y Argibay). inciso segundo. se convierte en un precedente útil para solucionar con posterioridad conflictos idénticos. del Código Penal.2012 . En oportunidades anteriores esta Corte ha subrayado que la rapidez con que se produce el desenlace de situaciones como la de autos provoca que. De esta manera. Informe de la defensoría pública provincial obrante a fs. la actualidad del agravio referido a las cuestiones constitucionales que aquéllas conllevan ya ha perdido vigencia en instancias inferiores. Fallos: 324:4061 y 310:819). debe aclararse preliminarmente que está fuera del marco de decisión de esta instancia federal la revisión del modo en que el tribunal provincial ha interpretado el artículo 86. 9º) Los motivos expuestos en el considerando precedente sirven además de sustento para aplicar en el caso la excepción contenida en el artículo 11 del Reglamento aprobado por la acordada 4/2007. aun bajo esas condiciones de excepción. aunque por motivos similares a los antes apuntados consideró que podía hacerse aquí una excepción a tal régimen. solamente corresponde resolver si tal interpretación se halla o no en conflicto con las INFOJUS . inciso 3º. al momento en que se requiere la habilitación de la máxima instancia federal. pues estos podrán ser adecuadamente resueltos sobre su base (cfr. señaló que el recurso no cumplía con el reglamento aprobado por la acordada CSJN 4/2007. Teniendo ello en cuenta. 648). 10) Ingresando al fondo de la cuestión traída a estudio. la Corte decidió en tales antecedentes admitir el remedio federal a fin de que no se frustre su intervención en esta clase de casos. cuando existe una expectativa razonable de que la situación resulte susceptible de repetición (cfr. En función de ese límite.Sistema Argentino de Información Jurídica www. 8º) Tal como lo ha indicado el superior tribunal provincial. Fallos: 333:777.
Sistema Argentino de Información Jurídica www. especialmente. El impugnante. fs. afirma que esa exégesis vulnera el derecho a la vida del nasciturus. Fallos: 123:323. Al sesgar de este modo su argumentación. 129:235. considerando 5 de este voto). pues sólo atiende a la mayor o menor necesidad de probanzas para determinar la existencia de la violación que pueden darse según que la víctima padezca o no una incapacidad mental. se ignora la valoración integral que ha hecho el tribunal INFOJUS .2012 . lo que obligaría –en la postulación del recurrente– a limitar la autorización para los supuestos en los que la víctima de violación sea una mujer que padezca una incapacidad mental (v. por su parte.. Esto es así pues en el recurso se invoca unilateralmente la afectación del derecho a la vida de la persona por nacer. 176:339. A su vez. 199:617. interpretando que la norma citada abarca como supuestos de no punibilidad.infojus. el apelante tampoco explica por qué la diferencia que él alega como determinante debería tener preponderancia con respecto a la mentada característica común que otorga a unas y a otras la condición de sujetos de la norma permisiva. 13) En cuanto al núcleo de la tesis que propone el recurrente. debe observarse que la argumentación que la sustenta pareciera no advertir que aquí se está en presencia de un severo conflicto de intereses. pero se omite toda consideración con respecto al otro extremo del conflicto.gov. 11) Como ya se reseñara. el tribunal superior de justicia local decidió autorizar el aborto peticionado por la niña A.).G. el criterio de diferenciación que propone la defensa para justificar esta última afirmación se apoya exclusivamente en que la mujer “idiota o demente” carece de capacidad para prestar consentimiento a una relación sexual. pues más allá de las diferentes capacidades que puedan presentar. Por otra parte. la característica común que tienen unas y otras es que en todos los casos se trata de mujeres que han quedado embarazadas como consecuencia de un ataque a su integridad sexual. y que la interpretación de las normas penales que permiten el aborto “ha de ser prudentemente restrictiva de modo de reducir a un número mínimo y de enorme dramatismo los casos subsumibles en las autorizaciones” (v. lo que permitiría presuponer que cualquier embarazo que acontezca en estos casos resulta necesariamente producto de una violación. debe afirmarse que este último argumento del recurrente no puede aceptarse a fines de ponderar la razonabilidad de la norma permisiva. y. a todos los casos en los que el embarazo provenga de una violación. Este extremo no resulta admisible para justificar constitucionalmente que se deje fuera del ámbito de aplicación de la norma permisiva a las mujeres que no presentan deficiencias psíquicas. la situación de la niña de 15 años embarazada a consecuencia de una violación de la que ha sido víctima. esto es. 657 vta.ar disposiciones constitucionales que se invocan en el recurso (cfr. entre otros). 12) En primer lugar.
El esquema de fundamentación de quienes han sostenido esta postura en el trámite del expediente ha consistido en alegar la vulneración del derecho a la vida del feto. presupone justamente la existencia de una situación de conflicto en la que un peligro para un interés legítimo únicamente puede ser conjurado a costa de la afectación del interés legítimo de INFOJUS . pretende redefinir la ponderación de los intereses en conflicto valorados por la norma sin exponer ningún argumento decisivo que obligue a ese nuevo examen de la situación. ha sido el sustento de las resoluciones denegatorias de primera y segunda instancia—. 86. a su vez. la posición referida omite desarrollar (y a ello la obligaba su propia construcción argumental) un análisis exhaustivo tendiente a determinar si someterla a continuar forzosamente con el embarazo que fuera producto de dicho comportamiento antijurídico hasta llevarlo a término. debe afirmarse que su formulación es incorrecta. enunciando los sufrimientos que para ella conllevaría una ponderación de los intereses en pugna contraria a la que fuera previamente definida por el legislador. a una mujer que ha quedado embarazada como consecuencia de una violación.infojus. dejar de aplicarla.Sistema Argentino de Información Jurídica www. la estructura sistemática de la norma permisiva que define la no punibilidad del aborto practicado.2012 . Además. en definitiva. Esa preferencia por un distinto esquema de valores de ningún modo puede considerarse suficiente como para calificar de inconstitucional la autorización legal del artículo 86. asumiendo sus implicancias en cuanto a la afectación de la persona por nacer y contrapesando ello con los derechos de la niña. 14) Conforme los principios sobre los que se ha aceptado el control de constitucionalidad requerido.2 del Código Penal. en forma asertiva. pues. de ese modo. además de desdeñar la extrema conflictividad de una situación que el legislador consideró no evitable de otro modo que afectando los derechos del nasciturus.gov. asistencia psicológica a la niña y su entorno familiar durante el embarazo). en razón de la particular estimación que se hace del daño sufrido por la niña víctima de violación y los remedios que se proponen para subsanarlo. del Código Penal y. que la valoración de los intereses en juego que habían realizado (invirtiendo el esquema de preponderancia fijado por el legislador) resultaba incorrecta. sumado —en el mejor de los casos— a una presunción según la cual la intensidad de la afectación de los derechos de la madre de la persona por nacer es en realidad menor de lo que la norma permisiva presupone y que el daño que padece puede repararse a través de medidas alternativas (verbigracia. no podría derivar en un perjuicio de una severidad tal que demostraría. siguiendo la interpretación que del derecho común ha realizado el a quo.ar provincial para sostener la constitucionalidad de su interpretación del art. Analizado en tales términos el planteo expuesto en el remedio federal —que. con su consentimiento. inciso 2º.
cuya indudable injerencia negativa sobre ámbitos vitales de la mujer fundamenta el carácter insostenible del conflicto con los intereses de la persona por nacer. También mediante el sistema organizado a través de esa indicación. en primer lugar. Este esquema normativo vinculado a la denominada indicación criminológica. 87 y 88. canalizando por un procedimiento específico la constatación de los elementos fácticos que configuran el permiso y el propio desarrollo de la práctica.2012 . la decisión sobre cuál de los intervinientes tiene que soportar el menoscabo de un bien jurídico constituye una valoración propia de su competencia. coartando así la posibilidad de sustituir la sujeción a la ponderación legal por criterios valorativos regidos únicamente por la autodeterminación de la propia interesada. INFOJUS .ar un tercero. el ejercicio del medio empleado para la solución del conflicto (la interrupción del embarazo) es adecuadamente reglamentado por la norma. en tanto el legislador determine los intereses que colisionan y defina con claridad el contexto fáctico en el que deba tener lugar la injerencia. el legislador justifica concretamente la sustancial preponderancia del interés beneficiado a través de la indicación legal de que el embarazo haya sido causado por una violación.infojus. exigiendo además el consentimiento de la propia afectada.2 del Código Penal (conforme ha sido interpretado por el tribunal a quo) cumple suficientemente con el estándar de validez constitucional expuesto ut supra. Como bien lo advierte el superior tribunal local. puede dilucidarse concretamente el juicio de ponderación sobre el que reposa la decisión legal. párrafo primero. pues en la ponderación de los intereses en conflicto. A su vez. 86. Artículos 85. delimita el supuesto excepcional en cuyo contexto se justifica la interrupción del embarazo —esto es. la potestad relativa a la estructuración de la solución legal en forma de autorización normativa de excepción es competencia exclusiva del Poder Legislativo. o de su representante legal. La excepción a la penalización del aborto que regula el artículo 86. Sólo en consideración a este contexto específico es que el legislador acepta como socialmente soportable una conducta que en sí aprecia como prohibida (cfr. primer supuesto. forzarla a llevar a término el embarazo bajo amenaza de pena). a saber: la relación simétrica entre la falta de responsabilidad de la mujer en la situación generadora del conflicto y la irracionalidad de atribuirle el costo de cargar con el deber de solidaridad (vgr.gov. y siempre y cuando el remedio legal previsto para resolverlo resulte proporcional para compensar la gravedad del conflicto. el hecho antijurídico precedente—. todos del Código Penal). que resulta delegado a los médicos a quienes se solicita la intervención.Sistema Argentino de Información Jurídica www. En esta medida.
Atento ello. las exigencias legales que legitiman la injerencia no pueden erigirse en un obstáculo sustancial al efectivo ejercicio del derecho concedido a la mujer. y toda vez que la práctica solicitada en autos está en definitiva autorizada.2012 . contra esa sentencia interpuso recurso extraordinario federal a favor de la persona por nacer el tutor ad litem y Asesor de Familia e Incapaces. por los fundamentos aquí expuestos. pudo haber puesto en riesgo la posibilidad de practicar una intervención sin peligro alguno para su salud. o que alguno carezca de tutela legal suficiente a través del ordenamiento jurídico vigente. Al respecto. 5º) Que. Notifíquese. confirmar la sentencia apelada. el que. Consideró que la cuestión no se centraba en la constitucionalidad de las diversas autorizaciones previstas en el artículo 86 del Código Penal.Sistema Argentino de Información Jurídica www. y oído el señor Procurador Fiscal. el propio Código Penal permite afectar uno de ellos como única vía para salvaguardar el restante. 15) Por último. dijo.gov. Por ello. corresponde declarar procedente el recurso extraordinario y. desde el punto de vista de la Constitución Nacional. ARGIBAY. sostuvo que era de toda evidencia que su interpretación debía hacerse de manera restrictiva. obligando –como ha ocurrido en este caso– a que la niña transite un arduo y traumático proceso judicial que acrecentó innecesariamente el considerable estigma y sufrimiento derivados de la violación de la que fue víctima y que. se hallaba garantizado por la Constitución Nacional y por diversos tratados de derecho internacional público. las que admitió.ar En este sentido. que ello implique una preferencia absoluta de un bien jurídico por sobre el otro. debe advertirse que el marco de ejercicio del permiso jurídico aquí tratado demanda únicamente que los médicos a quienes es requerida la intervención verifiquen que el embarazo es producto de una violación y que la víctima preste su consentimiento ante esos profesionales para que se lleve a cabo la intervención. debe quedar en claro que la anterior descripción de la tarea del legislador no significa.infojus. en razón del tiempo transcurrido. CARMEN M. sino únicamente que ante circunstancias excepcionales en las que se torna imposible evitar la tensión entre dos bienes jurídicos por otros medios. ES COPIA VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Considerando: Que el infrascripto coincide con los considerandos 1° al 4° del voto de la jueza Argibay. sino en la interpretación amplia que se había efectuado de su segundo inciso. de modo de reducir a INFOJUS . Como agravio federal sostuvo la vulneración del derecho a la vida del nasciturus.
señaló que el recurso no cumplía con el reglamento aprobado por la acordada CSJN 4/2007. no obstaría a la admisibilidad del recurso que haya tenido lugar la intervención médica cuya autorización define el objeto del presente caso llevada a cabo una vez que el mentado tribunal hiciera lugar a la pretensión de las actoras (conf. aunque por motivos similares a los antes apuntados consideró que podía hacerse aquí una excepción a tal régimen. Teniendo ello en cuenta la Corte decidió. la característica común que tienen unas y otras es que en todos los casos se trata de mujeres que han quedado embarazadas como consecuencia de un ataque a su integridad sexual. 7º) Que. No obstante ello. la situación de la niña de 15 años INFOJUS . pero se omite toda consideración con respecto al otro extremo del conflicto. cuando existe una expectativa razonable de que la situación resulte susceptible de repetición (Fallos: 310:819 y 324:4061). 674 vta. 8º) Que el recurrente no logra expresar argumentos constitucionales suficientes que sustenten la interpretación que deja fuera del ámbito de aplicación de la norma permisiva a las mujeres que no tengan deficiencias psíquicas. 9º) Que. unilateralmente. fs.). refirió –con cita de precedentes de esta Corte– que la falta de gravamen actual por la resolución del conflicto no debía obstar a la concesión del recurso.Sistema Argentino de Información Jurídica www. Esto es así pues en el recurso se invoca. la afectación del derecho a la vida de las personas por nacer. Pues.2012 . en cuanto al núcleo de la tesis que propone el recurrente. admitir el remedio federal a fin de que no se frustre su intervención en esta clase de casos. preferencias— como las por él postuladas. tal como lo ha indicado el superior tribunal provincial. debe observarse que la argumentación que la sostiene pareciera no advertir que aquí se está en presencia de un severo conflicto de intereses. Informe de la Defensoría Pública Provincial obrante a fs. el Superior Tribunal de Justicia de Chubut advirtió que la práctica abortiva ya se había realizado (v. A su vez. esto es. En oportunidades anteriores esta Corte ha subrayado que la rapidez con que se produce el desenlace de situaciones como la de autos provoca que al momento en que se requiere la habilitación de la máxima instancia federal la actualidad del agravio referido a las cuestiones constitucionales que aquellas conllevan ya ha perdido vigencia en instancias inferiores. resolvió conceder el recurso extraordinario deducido.ar un número mínimo y de enorme dramatismo los casos subsumibles en las autorizaciones. en tales antecedentes.infojus. pues sólo así podrían las relevantes cuestiones planteadas ser tratadas en instancia federal. mejor dicho. En tal sentido. no demuestra –ni se advierte– que en las disposiciones de rango constitucional citadas se reconozcan categorías —o. más allá de las diferentes capacidades que puedan presentar.gov. 6º) Al analizar la admisibilidad del remedio federal (fs. Por tales fundamentos. 673/676). 648).
asumiendo sus implicancias en cuanto a la afectación de la persona por nacer y contrapesando ello con los derechos de la niña. enunciando los sufrimientos que para ella conllevaría una ponderación de los intereses en pugna contraria a la que fuera previamente definida por el legislador. 11) Que. sumado —en el mejor de los casos— a una presunción según la cual la intensidad de la afectación de los derechos de la madre de la persona por nacer es en realidad menor de lo que la norma permisiva presupone y que el daño que padece puede repararse a través de medidas alternativas (verbigracia.2012 . El esquema de fundamentación de quienes han sostenido esa postura en el trámite del expediente ha consistido en alegar la vulneración al derecho a la vida del feto. asistencia psicológica a la niña y su entorno familiar durante el embarazo).gov. de ningún modo puede considerarse suficiente como para calificar de inconstitucional la interpretación efectuada por el a quo del artículo 86. sin perjuicio de lo anterior. inciso 2°. no podría derivar en un perjuicio de una severidad tal que demostraría. esa preferencia por un distinto esquema de valores. además de desdeñar la extrema conflictividad de una situación que el legislador consideró no evitable de otro modo que afectando los derechos del nasciturus. dejar de aplicarla. de ese modo. Al sesgar de tal modo su argumentación. del Código Penal. 10) Que. en razón de la particular estimación que se hace del daño sufrido por la niña víctima de violación y los remedios que se proponen para subsanarlo. pretende redefinir la ponderación de los intereses en conflicto valorados por la norma sin exponer ningún argumento decisivo que obligue a ese nuevo examen de la situación. razón por la cual carece el recurso del requisito de relación directa e inmediata que debe existir entre las cuestiones federales INFOJUS . las consideraciones del apelante concernientes a normas de jerarquía constitucional omiten tomar en cuenta que el fallo apelado se sustenta autónomamente en legislación común nacional que no ha sido atacada de inconstitucional. del Código Penal y. la posición referida omite desarrollar —y a ello la obligaba su propia construcción argumental— un análisis exhaustivo tendiente a determinar si someterla a continuar forzosamente con el embarazo que fuera producto de dicho comportamiento antijurídico hasta llevarlo a término. en definitiva.infojus. 12) Que. analizado en tales términos. se ignora la valoración integral que ha hecho el tribunal provincial para sostener la constitucionalidad de su interpretación del artículo 86. el planteo efectuado en el remedio federal vuelve a exhibir su incorrecta formulación pues. que la valoración de los intereses en juego que había realizado — invirtiendo el esquema de preponderancia fijado por el legislador— resultaba incorrecta. considerando 11. inciso 2°.Sistema Argentino de Información Jurídica www. disidencia del juez Petracchi). Además.ar embarazada a consecuencia de una violación (ver análogos argumentos en Fallos: 324:5.
en su carácter de Tutor Ad Litem y Asesor de Familia e Incapaces. En consecuencia. Por ello. y habiendo dictaminado el señor Procurador Fiscal.2012 . se declara inadmisible el recurso extraordinario. oportunamente.G.L. Traslado contestado por A. ES COPIA Recurso extraordinario interpuesto por Alfredo M. INFOJUS ..F. Pérez Galimberti. Sala B.Sistema Argentino de Información Jurídica www. disidencia del juez Petracchi).ar propuestas y lo decidido por el pronunciamiento (conf. Fallos: 324:5 y sus citas. con el patrocinio de la Dra. devuélvase. Hágase saber y.. Asesor General Subrogante.infojus. Defensoría General de la Provincia del Chubut. Tribunal que intervino con anterioridad: Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. en representación de su hija menor A. Sandra Elizabeth Grilli. Tribunal de origen: Superior Tribunal de la Provincia del Chubut.gov. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI. habrá de declararse su inadmisibilidad.
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in fine
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 artículo 21
 artículo 2
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 artículo 16
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 artículo 119
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