Source: http://quantumconsultores.com/boletin-1da-quincena-de-enero-2018/
Timestamp: 2018-03-20 04:05:38+00:00

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En esta oportunidad, damos cuenta de las principales normas tributarias de interés general publicadas durante la primera quincena de enero de 2018.
A través de la Resolución de Superintendencia No. 011-2018/SUNAT (14.01.2018), se ha dispuesto a aprobar las disposiciones y formularios para la Declaración Jurada (DJ) Anual del Impuesto a la Renta (IR) y del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) del ejercicio gravable 2017, debido a que resulta necesario establecer los medios, condiciones, forma, plazos y lugares para su presentación.
Asimismo, es preciso regular la forma y el plazo en el cual los donantes, los prestadores de servicios a título gratuito y, en su caso, los mecenas y patrocinadores deportivos declararán las donaciones, servicios prestados a título gratuito y/o aportes que efectúen. De esa manera, se señalan las principales disposiciones:
Para aquellos sujetos que hubieran generado rentas o pérdidas de tercera categoría como contribuyentes del Régimen General del Impuesto o del RMT o los que hubieran obtenido rentas del trabajo en el ejercicio gravable 2017 y deduzcan en dicho ejercicio gastos por concepto de donaciones, servicios prestados a título gratuito y/o aportes, deberán declarar lo siguiente:
El plazo para la presentación de las declaraciones, será conforme al cronograma del punto anterior.
La norma entra en vigor el 15.01.2018.
Con la publicación de la Resolución de Superintendencia No. 010-2018/SUNAT, se dictan disposiciones relativas a la comunicación de atribución de gastos por arrendamiento y/o subarrendamiento e intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda. De esa forma, se dispone lo siguiente:
La Comunicación se presenta hasta el 15 de febrero del ejercicio gravable siguiente a aquel al que correspondan los gastos objeto de atribución.
Con fecha 5.01.2018, se publicó la Resolución de Superintendencia No. 350-2017/SUNAT, la cual establece la forma en que los trabajadores acreditarán ante su nuevo empleador, sus remuneraciones y retenciones en relación al impuesto a la renta de quinta categoría percibidas de su anterior empleador.
Así, el trabajador remitirá a través de SUNAT Operaciones en Línea el Reporte de Rentas y Retenciones al correo electrónico del nuevo empleador o entregará al nuevo empleador una representación impresa del citado reporte. Dicho reporte podrá ser generado por el trabajador a partir del quinto día hábil del mes siguiente a aquel en el que terminó su vínculo laboral.
Asimismo, el trabajador deberá presentar una declaración jurada a su nuevo empleador si: (i) el anterior empleador le ha devuelto retenciones en exceso, en cuyo caso en la referida declaración deberá indicar el monto devuelto, (ii) en el Reporte de Rentas y Retenciones no se encuentra la información de la remuneración percibida y retención efectuada correspondiente al mes en el que termina la relación laboral, en cuyo caso en la declaración debe indicarse dicha información.
Por su parte, el nuevo empleador podrá verificar si el Reporte de Rentas y Retenciones ha sido emitido a través de SUNAT Operaciones en Línea y validarlo en el plazo de 20 días calendario de generado el reporte. Si recibió una representación impresa del reporte, deberá escanear el Código QR para acceder al PDF del reporte y verificar si existe coincidencia entre la representación impresa y el PDF del reporte que visualiza, pudiendo obtener una representación impresa del mismo. Si luego de la validación, se determina que el reporte no ha sido generado por SUNAT Operaciones en Línea, se considerará que el trabajador no cumplió con efectuar la acreditación.
La norma entra en vigor el 6.01.2018.
¿Es posible que un programa de reinversión de utilidades (PRU) comprenda más de un ejercicio fiscal?
¿Es posible que el CTR que no se utilice en un determinado periodo sea aplicable a los ejercicios fiscales siguientes?
1.- Libro de activo fijo legalizado de manera extemporánea
La recurrente señala que contaba con los libros exigidos por ley, en donde registra las operaciones correspondientes a los periodos anteriores a la legalización, para llevar formatos en hojas sueltas, adecuando la información a los requerimientos formales de SUNAT. También indicó que el cálculo de la depreciación de realizó utilizando los porcentajes establecidos por la Ley del Impuesto a la Renta, por lo tanto, califican como gastos deducibles y que los medios probatorios fueron presentados en su oportunidad.
Por su parte, la Administración Tributaria determinó que la recurrente dedujo en el ejercicio 2011, la depreciación de activo fijo, el cual no fue contabilizado conforme a la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento. Indicó que después de la revisión de la información y documentación presentada observó que el Registro de Activos Fijos – Tomo No. 2 del ejercicio 2011 fue legalizado el 21.11.2014, ante la Notaría, de modo que excedió el plazo máximo de atraso establecido por la Administración. Así, indica que la depreciación aceptada tributariamente es aquella que se encuentra contabilizada dentro del plazo del ejercicio gravable en los libros y registros contables; por lo que, la recurrente no se encontraba facultada para deducir el gasto por depreciación de activos pues no se encontraban debidamente contabilizados en el ejercicio 2011.
En ese sentido, el Tribunal Fiscal en su Resolución No. 00040-2-2017, señaló que el mencionado Tomo No. 2 fue legalizado el 21.11.2014 cuando este se encontraba íntegramente en blanco, se había producido la contabilización de la depreciación por inmuebles, maquinarias y equipo, es decir, la recurrente no se encontraba facultada a deducir como gasto la depreciación de activos fijos.
2.- Indemnización por siniestros
En relación al reparo por crédito fiscal por gastos de reparación de activo fijo cubierto por indemnización de seguros, la recurrente señaló que en el año 2006 ocurrió un siniestro de un activo fijo de la empresa, el cual se encontraba asegurado, por lo que, una vez ocurrido el siniestro, la aseguradora otorgó una indemnización que fue destinada a reparar el mencionado activo, habiéndose reconocido como ingreso gravado con el impuesto a la renta el importe total de la indemnización; asimismo, se procedió a deducir como gastos los importes pagados en la reparación del activo fijo siniestrado y utilizó como crédito fiscal el IGV pagado en la adquisición de bienes y servicios destinados a la reparación del activo en mención.
Al respecto, el Tribunal Fiscal en su Resolución No. 02229-3-2017, manifestó que el daño emergente implica un empobrecimiento, una pérdida para el afectado; en tal sentido, la indemnización a que diera lugar este tipo de daño, está destinada a reconstruir el patrimonio que el acreedor tenía antes del incumplimiento o acto dañoso.
El Tribunal también señala que la recurrente y la Administración coinciden en indicar que la suma de dinero otorgada por la compañía de seguros a favor de la recurrente, fue destinada a adquirir bienes y servicios con la finalidad de reparar el activo fijo siniestrado; por lo tanto, el referido importe tiene la naturaleza de una indemnización por daño emergente en la parte que se destinó a compensar el daño o perjuicio sufrido.
De esa manera, la mencionada indemnización no se considera ingreso gravable de conformidad con la Ley el Impuesto a la Renta y su reglamento, así, dado que las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas por la recurrente con fines de la reparación de su activo fijo, tienen su origen en el importe entregado por un tercero en calidad de indemnización, dichos desembolsos no constituyen un gasto de la recurrente, al haber estado cubiertos por la referida indemnización.
En consecuencia, toda vez que los desembolsos efectuados por la recurrente no constituyen costo o gasto para efectos del Impuesto a la Renta, no otorgan derecho al crédito fiscal, por lo que el reparo con incidencia en el IGV se encuentra arreglado a ley.
3.- Amortización de intangibles deducidos en la declaración jurada
La Administración cuestiona la deducción por intangibles, correspondientes a software que habrían sido adquiridos por la recurrente, debido a que no fueron pagados hasta el 31.12.1998.
En ese sentido, el Tribunal Fiscal en su Resolución No. 02035-4-2017, señala que no es deducible como gasto la adquisición de intangibles, no obstante, como excepción se permite que la recurrente deduzca como gasto el “precio pagado” por la adquisición de los intangibles, siempre que éstos sean de duración limitada; por lo que, existen dos condiciones para que proceda la deducción de intangibles, que exista un precio pagado y el intangible sea de duración limitada.
Asimismo, indica que el término “precio pagado” se encuentra tanto en la Ley del Impuesto a la Renta y en su reglamento, de los cual se debe entender que no solo debe existir un precio, esto es, un valor del intangible, sino que además este precio de encontrarse pagado previamente a efecto de que proceda la deducción del gasto.
En ese sentido, dado que la recurrente reconoció que procedió a pagar los intangibles mediante la compensación de una deuda con fecha 1.02.1999, no existía precio pagado en el ejercicio 1998, por lo que no cumplió con una de las condiciones para que proceda la deducción de intangibles, así, el reparo se encuentra conforme a ley.
1.- SUNAT realiza ejercicio indebido de su facultad discrecional al no haber notificado al contribuyente en la dirección consignada en su DNI
A través de la Resolución del Tribunal Constitucional No. 07279-2013-AA, la recurrente interpone demanda de amparo contra los funcionarios de la Administración Tributaria (SUNAT) a fin de que se declare la nulidad del procedimiento coactivo, así como la nulidad del embargo en forma de retención realizado en su cuenta de ahorros del Banco de Crédito del Perú y de la ejecución del cobro efectuado por la emplazada. Así, solicita que se disponga la inmediata devolución de sus ahorros indebidamente retenidos, con abono de los intereses y las costas correspondientes, así como el pago de una indemnización por el daño moral y económico causado a su persona, debido a que no se le ha notificado ningún requerimiento conforme a ley.
En ese sentido, en su Fundamento No. 21, el Tribunal señala que en el caso de la notificación al contribuyente que está siendo objeto de una fiscalización tributaria, constituye una obligación para la Administración Tributaria tener la certeza absoluta de que este ha tomado conocimiento de la existencia de dicho procedimiento y, para ello, atendiendo el caso independientemente de lo dispuesto en el artículo 104 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, la SUNAT en ejercicio razonable de su facultad discrecional reconocida legalmente debe tomar las medidas complementarias y necesarias que le permitan cumplir con tal cometido de manera efectiva, vale decir, con el objeto de garantizar el derecho constitucional a la defensa del contribuyente. De ahí que, a juicio del Tribunal, una de las medidas complementarias que la SUNAT está obligada a tomar frente a escenarios como el que el presente caso plantea, será notificar también en el domicilio que el contribuyente haya consignado en su DNI.
En ese sentido, menciona que la SUNAT no ha hecho un ejercicio razonable de su facultad discrecional, o, en todo caso, ha realizado un ejercicio indebido, toda vez que a fin de garantizar el derecho de defensa de la recurrente, desde su primera inconcurrencia al procedimiento de fiscalización, debió disponer como se ha referido en el fundamento 21 de la sentencia que la notificación también se lleve a cabo en la dirección consignada en el DNI de la demandante, evitando con ello un comportamiento tributario indebido (aunque involuntario), así como el pago de una multa que no correspondía.
Así, se ha configurado la afectación del derecho a la defensa de la recurrente por la indebida notificación realizada por la SUNAT y, atendiendo el petitorio de la demanda, el Tribunal considera que el procedimiento de fiscalización debe ser declarado nulo. Asimismo, a pesar de que la SUNAT realizó el cobro de la multa generada trabando embargo de cuenta bancaria, debe declararse la nulidad del procedimiento coactivo y de la orden de embargo y, en tal sentido, devolver el monto cobrado a la demandante.
1.- Amplían jornada máxima de los conductores del servicio de transporte público, de ámbito regional y nacional, de 10 a 12 horas durante el año 2018
Mediante Decreto Supremo No. 025-2017-MTC, publicado el 28 de diciembre de 2017, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, invocando el aumento del parque automotor y el déficit de choferes profesionales, dispuso suspender hasta el 31 de diciembre de 2018, la aplicación de la jornada máxima diaria acumulada de conducción de 10 horas en un período de 24 horas, estableciendo la ampliación de dicha jornada máxima a 12 horas en un período de 24 horas, medida que debe aplicarse hasta el 31 de diciembre de 2018.
2.- Establecen sanciones específicas para empleadores que incurran en infracción de las normas del Régimen Especial de Trabajadores del Hogar
El Decreto Supremo No. 001-2018-TR, publicado con fecha 10 de enero de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, ha modificado el Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo No. 019-2006-TR, a fin de establecer sanciones diferenciadas para los casos en que los empleadores del hogar incurran en incumplimiento de las normas del régimen especial de trabajadores del hogar, así como de las infracciones relacionadas con la labor inspectiva, según el siguiente cuadro:
3.- Empleadores deben registrar en el T-Registro datos sobre número telefónico y correo electrónico de contacto de trabajador, así como datos sobre empresa del sistema financiero y su número de cuenta de remuneraciones
Con fecha 30 de diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución Ministerial No. 242-2017-TR, a través del cual se modificó la normativa que regula la información de la Planilla Electrónica, incluyendo información que los empleadores deben de registrar en el componente T-Registro de la Planilla Electrónica.
4.- SUNAFIL aprueba Protocolo para la fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo en el subsector de minería
Mediante Resolución No. 265-2017-SUNAFIL, publicada el 31 de diciembre de 2017, se aprobó el “Protocolo para la fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo en el subsector de minería”.
Según lo señalado en la resolución referida, el objetivo de la misma es “contar con un instrumento técnico normativo que establezca de forma clara y precisa las reglas y criterios específicos para el adecuado ejercicio de la función inspectiva, con la finalidad de coadyuvar a la verificación eficiente del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo en el subsector de minería.”
5.- SUNAFIL aprueba “Protocolo de Fiscalización para la Formalización Laboral”
Mediante Resolución de Superitendencia No. 07-2018-SUNAFIL, publicada el 12 de enero de 2018, se aprobó el “Protocolo de Fiscalización para la Formalización Laboral.
Dicho protocolo, entre otras cosas, contiene las pautas que debe seguir el inspector de trabajo durante la comprobación de datos, la visita de inspeción, la comparecencia y la medida de requerimiento, así como los criterios que debe tomar en cuenta para determinar la existencia de elementos de una relación laboral. Adicionalmente, dispone los documentos que debe solicitar el inspector de trabajo cuando detecte que el trabajador ha sido declarado como pensionista o como personal que presta servicios bajo la modadlidad de terceros.
1.- Diferencia salarial entre homólogos no necesariamente constituye acto discriminatorio
Mediante Sentencia de Casación Laboral No. 20121-2016-LIMA, la Corte Suprema estableció que la diferencia salarial entre trabajadores homólogos no necesariamente constituye un acto discriminatorio. Así, existe ausencia de discriminación si la diferencia salarial se basa en la trayectoria laboral; es decir, en el tiempo de servicios, labores, cargos y responsabilidades diferentes en áreas distintas en que se desempeñó el trabajador con quien se pretende la homologación, lo que significa una remuneración diferenciada que no puede considerarse discriminatoria, por estar basada en factores objetivos diferentes que deben ser demostrado en el proceso y que no hayan sido desvirtuados por el trabajador que pretende la homologación.
2.- Negativa de trabajador a traslado por necesidad de empleador justifica el despido
Mediante Sentencia de Casación Laboral No. 13061-2016-Lambayeque, la Corte Suprema estableció que la negativa del trabajador a traslado por necesidad de empleador, incluso fuera de su localidad, justifica el despido.
La Corte Suprema precisó que el empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación de las labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo, con lo cual, el empleador debe justificar válidamente la necesidad del traslado.
3.- Se tiene por cierto estado de embriaguez de trabajador si se niega a pasar la prueba de alcoholemia
Mediante Sentencia de Casación No. 8581-2016-Moquegua, la Corte Suprema precisó que la negativa del trabajador de someterse a la prueba correspondiente para determinar su estado de embriaguez, será considerada como reconocimiento de dicha condición, siempre que conste en el atestado policial respectivo.
Con respecto a la falta grave por asistir en estado de embriaguez al centro de trabajo, la Corte indicó que nuestra legislación laboral no solo ha previsto que se configura cuando exista concurrencia del trabajador en dicho estado, sino que también ha puesto énfasis respecto a la naturaleza de la función o trabajo desempeñado por el trabajador.
4.- Elementos objetivos que habilitan el despido de trabajador en caso de asistir en estado de ebriedad al centro de trabajo
Mediante Sentencia de Casación Laboral No. 10757-2016-Del Santa, la Corte Suprema estableció que no basta que se verifique que el trabajador acudió en estado de embriaguez al centro de labores para que se justifique su despido, sino que además deben examinarse una serie de elementos objetivos que determinen la gravedad de la falta producida. Según la Corte Suprema, dichos elementos objetivos son los siguientes:
las relacionadas con el propio trabajador (antigüedad y el hecho de no haber sido sancionado anteriormente);
los elementos que caracterizan el incumplimiento imputado al trabajador (la existencia o no de advertencias previas al trabajador, la habitual tolerancia a ciertas conductas, la reiteración en el incumplimiento, las circunstancias personales del trabajador en el momento del incumplimiento); y,
las consecuencias del incumplimiento del trabajador (repercusiones económicas, el hecho de que el incumplimiento se haya escenificado públicamente, etc.).

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 104
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