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Timestamp: 2020-06-02 20:14:10+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 129, de 20/06/2012
Año 2012 X Legislatura Núm. 129
- Proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. (Número de expediente 121/000001) ... (Página2)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 8/2007, DE 4 DE JULIO, SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (Número de expediente 121/000001).
En primer lugar, tenemos la ratificación de la ponencia designada para informar la siguiente iniciativa legislativa: proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. La ponencia designada está constituida por los señores diputados don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, don Juan Carlos Vera Pró, don Sebastián González Vázquez, don José María Benegas Haddad, don José Ignacio Sánchez Amor, don Jordi Jané i Guasch, don Aitor Esteban Bravo, don Ricardo Sixto Iglesias, don Carlos Martínez Gorriarán y don Sabino Cuadra Lasarte. Queda, por tanto, ratificada la ponencia.
El señor PRESIDENTE: El punto 2.º del orden del día es la emisión del dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre este proyecto de ley orgánica. Me ha pedido el portavoz de Convergència i Unió, y así lo he consultado con el resto de los portavoces, poder fijar la posición de forma inicial porque tenía que asistir a otro acto. Los portavoces con los que he consultado no plantean problemas. Por lo tanto, tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, al coincidir esta Comisión con la comparecencia de la directora general de Tráfico en la Comisión de Seguridad Vial, tendré que estar presente en ambas comisiones. Por lo tanto, agradezco a todos los portavoces esta deferencia.
Señorías, el artículo 6 de nuestra Constitución, que está en el titulo preliminar, de manera muy clara expresa lo que son los partidos políticos como eje en el funcionamiento de un Estado democrático. La Constitución explica de manera clara que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Ese protagonismo de los partidos políticos es esencial y ese protagonismo en un Estado democrático exige a esos partidos la máxima transparencia, la máxima transparencia también en todo aquello relativo a lo que hoy estamos aprobando, la ley orgánica de financiación de los partidos, y sobre todo exige también que, al ser uno de los pilares de este Estado democrático, todo aquello que afecta a la normativa sobre partidos políticos intente buscar siempre el máximo consenso. Esta fue la voluntad que inspiró a los legisladores en la pasada legislatura cuando se aprobó una ley orgánica de financiación de los partidos políticos, que fue fruto de una ponencia conjunta con muchísimas aportaciones y con un resultado final de consenso. Este es, señor presidente, el ánimo de Convergència i Unió ante esta reforma: buscar el consenso. Con esa finalidad mi grupo parlamentario ya de entrada expresó su voluntad de no formular enmiendas concretas para intentar, por la vía del consenso, buscar el máximo número de acuerdos posibles en el seno de la ponencia que dieran como resultado una nueva ley más consensuada.
Quiero también afirmar de entrada que uno de los motivos por los cuales mi grupo tampoco formuló enmiendas es porque este proyecto de ley se enmarca en un momento económico determinado en que todos debemos realizar un esfuerzo de austeridad, y cuando es todos es todos y también, evidentemente, los partidos políticos. Bien es cierto que las aportaciones públicas subieron un 20% en el ejercicio 2008. Ello era consecuencia de lo que supuso una limitación a las aportaciones privadas, una nueva filosofía de cómo iba la financiación, provocó esas nuevas cifras en 2008 y hoy este proyecto de ley lo que supone -y nosotros le damos apoyo- es una rebaja del 20% en las aportaciones directas que vía presupuestos reciben los partidos políticos y una rebaja también de las aportaciones que reciben las fundaciones adscritas a los mismos, que también es del 20%. Nosotros coincidimos con esa filosofía de mayor austeridad, de apretarse el cinturón y evidentemente esto también tiene una repercusión en las asignaciones que reciben los partidos políticos. Por este motivo mi grupo no enmendó el proyecto de ley.
Este proyecto de ley debe intentar alcanzar ese otro objetivo en una norma reguladora de la financiación de los partidos políticos y de cualquier aspecto que tenga relación directa con estos, que es ese máximo consenso. Ese máximo consenso debería pasar -entiende Convergència i Unió- por intentar buscar mayores acuerdos que los que hoy se vislumbran en esta Comisión Constitucional. Una ley de financiación de los partidos políticos es una manera de fijar las reglas de juego y la fijación de esas reglas de juego debería buscar siempre el acuerdo más amplio posible, porque afecta a todos, y unos partidos pueden en un momento dado estar en el Gobierno y después estar en la oposición, y sería positivo que se respetaran las mismas reglas de juego. Por ese motivo Convergència i Unió -así lo manifestamos en ponencia
y lo hacemos hoy aquí en la Comisión- encuentra en este proyecto de ley una cierta incertidumbre de futuro que no siempre puede ser positiva para el funcionamiento ordinario que toda democracia necesita de los partidos políticos consolidados con representación parlamentaria. ¿Por qué motivo? Porque no hay ninguna cláusula, ninguna, que permita prever cuáles pueden ser las aportaciones públicas en los ejercicios presupuestarios que el Gobierno de turno presente. Es cierto, señor presidente, que seguramente en estos momentos no podríamos introducir directamente una cláusula que dijera que subirán con el IPC, porque la economía está pasando graves problemas, y por tanto entendemos que aunque subiera el IPC, a lo mejor no deben subir igual las aportaciones a los partidos y que ponerlo en una ley podría suponer una rigidez, lo entendemos, pero es cierto también que debería haber alguna cláusula para poder hacer alguna previsión cada uno de los partidos políticos a la hora de afrontar sus ejercicios presupuestarios, y esta ley elimina esas cláusulas y lo deja a la libertad del legislador en cada momento. Incluso se había sugerido buscar alguna cláusula ligada a la evolución de la economía y que si la economía evoluciona favorablemente, pudiera haber una actualización y que incluso, si evolucionara desfavorablemente, pudiera haber, como estamos haciendo hoy, una reducción de las aportaciones, para ir en consonancia con la economía. Podría parecer una fórmula que lograra ese mayor consenso. Lamentablemente esto no se ha conseguido y nosotros no tiramos la toalla en intentarlo, siguiendo en ese ánimo de consenso. Quedan trámites posteriores, queda el voto en el Pleno de la Cámara, queda el trámite en el Senado. Sería conveniente que se buscara alguna fórmula.
Nosotros hoy vamos a dar apoyo a este proyecto de ley, pero también quiero anunciar que damos apoyo a esta ley orgánica en cuanto a la confianza inicial, pero nos reservamos incluso una abstención final en el trámite del Pleno del Congreso o del Senado si no lográramos esa fórmula de consenso, que consistiría en alguna cláusula que permitiera ligar la financiación de los partidos a la propia suerte de la economía en cada momento. Por tanto, no estamos -para entendernos- negando una realidad, que es un momento difícil para la economía, por lo que también los partidos políticos deben reducir esas aportaciones y votamos a favor de esto -lo hemos hecho también en el Parlament de Cataluña, donde se van a reducir un 5 % las aportaciones a los grupos parlamentarios-. En un momento de crisis, es lógico que esas aportaciones, en lugar de crecer, sufran reducciones, pero, repito, este es un elemento esencial que deberíamos contemplar en este proyecto de ley orgánica tan importante para con ello también intentar buscar un mayor consenso entre todos.
Finalizo ya, señor presidente. Agradezco de manera muy expresa al ponente del Grupo Popular, señor Bermúdez de Castro, que con su actuación en esta ponencia ha intentado aunar diversas enmiendas de las presentadas a través de un texto que al final también enriquece en otros aspectos la ley orgánica que hoy vamos a aprobar en esta Comisión Constitucional: mayores garantías de transparencia hacia las contabilidades de los partidos -en este momento todos compartimos que esto es importante-; mejores fórmulas de control por parte del Tribunal de Cuentas -también es importante- y se acotan determinadas fórmulas de financiación que, a la luz de las propias aportaciones del Tribunal de Cuentas, pueden resultar absolutamente positivas y, por tanto, nosotros también queremos poner en valor toda esa labor realizada en ponencia, poner en valor también esa disonancia en lo que debería ser algún tipo de garantía, de cláusula que fuera acorde con la propia evolución de la economía y creemos -lo planteó algún grupo en ponencia y nosotros coincidimos con ello- que esta ley debería entrar en vigor a partir de su publicación, pero sin afectar al ejercicio ya iniciado. Hubiera sido conveniente evitar que esta ley tuviera un efecto retroactivo para las propias previsiones contables de los partidos políticos. Fijamos unas reglas de juego, fijamos una reducción del 20% y esto debería ser plenamente aplicable a partir de su aprobación Congreso-Senado y de que esa nueva ley orgánica de financiación de los partidos políticos entre en vigor. Anunciamos por tanto el voto positivo de Convergència i Unió, pero también esa necesidad de buscar un consenso mayor y por tanto no renunciamos a que ese voto positivo, si no llegáramos a ese consenso mayor, pudiera ser una abstención en trámites posteriores.
El señor PRESIDENTE: Comenzamos ahora con el turno de defensa de las enmiendas. Para que sus señorías hagan sus previsiones, la votación no tendrá lugar antes de las seis de la tarde. Por lo que se refiere al Grupo Mixto, me han anunciado que iban a dividir el tiempo entre los miembros del mismo. Tiene la palabra en primer lugar el señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Nosotros también quisiéramos agradecer la manera en que se ha conducido el debate sobre el informe de la ponencia y que nuestras aportaciones hayan sido tenidas en cuenta. Todo el mundo sabe que tal vez nuestras posiciones no son las más parejas y próximas a las del partido del Gobierno, pero a pesar de eso creo que ha habido un entendimiento básico en una cuestión fundamental para el funcionamiento de la democracia y el sistema político. En este sentido vemos el proceso en positivo.
Nuestra principal aportación sería en relación con las fundaciones de los partidos políticos. Entendemos que las fundaciones no pueden ser un coladero y nuestra impresión es que hasta este momento en muchas ocasiones al menos lo han parecido. En un esquema de radicalidad democrática, que nosotros compartimos, la responsabilidad política y la transparencia en los partidos son dos puntales vitales por lo que se refiere al funcionamiento del sistema político. Que las fundaciones entren dentro del marco político y tengan que rendir cuentas, que sean auditables, que tengan que entregar sus cuentas al Tribunal de Cuentas nos parece positivo
y que sobre todo puede evitar males que se han producido en tiempos anteriores.
En lo que se refiere a la transparencia de la fundaciones creo que también se avanza exigiéndoles que hagan públicas las donaciones que reciben, como los partidos políticos, que sus presupuestos sean públicos, incluso que se publiquen en las webs y sean de acceso libre a la opinión pública en general y que después se publiquen los balances. En nuestra opinión, era lo mínimo que había que hacer para salvaguardar esa transparencia y el funcionamiento escrupuloso de las finanzas de partidos políticos. Esta es una reivindicación histórica de Esquerra Republicana de Catalunya. Desde hace dos legislaturas venimos persiguiendo acciones y medidas concretas en este sentido por razones que a ninguno de ustedes se les escapa y por la experiencia que hemos tenido en este terreno en Cataluña. La legislatura pasada nuestras enmiendas al respecto fueron admitidas por Convergència i Unió y por el Grupo Socialista, aunque después decayeron al final de la legislatura porque no se llegaron a tratar en el Pleno. Fue una lástima. La suerte es que ahora básicamente el espíritu principal de esas reivindicaciones históricas ha sido recogido en este informe de la ponencia. He de decir que queríamos más. Lo queremos todo en el campo de la transparencia y del funcionamiento democrático y todo lo que se refiere al buen funcionamiento de los partidos. Queríamos por ejemplo que los partidos se hicieran corresponsables de posibles irregularidades, malas prácticas, fraudes o desfalcos cometidos por sus miembros, y que no sea el Estado, es decir, los bolsillos de los ciudadanos, quien se tenga que hacer cargo en algunos casos de tamañas irregularidades.
No nos parece bien que las arcas públicas sostengan malas prácticas de representantes que pertenecen a partidos políticos. Los partidos políticos deben asumir ese riesgo de que sus representantes no sean tan impolutos como debieran ser. Eso no ha prosperado, pero, incluso así, entendemos que ha habido una mejora importante. Nosotros nos consideramos demócratas radicales. Nuestras ideas, en buena parte, incluso las referidas a la autodeterminación y a la justicia social, pasan por las convicciones democráticas de creer que aquello que es bueno para el conjunto de los ciudadanos es bueno también para el sistema político. En este sentido, votaremos a favor, dejando claro que tenemos algunas objeciones y que pensamos que podría haberse ido más lejos y podríamos haber completado esta labor de protección del sistema democrático.
El señor PRESIDENTE: También para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: Señalaré en primer lugar que a Amaiur le sorprendió -en la ponencia ya apareció esta opinión- cómo en la primera reunión del Consejo de Ministros fue presentada esta propuesta de modificación de la ley con estas dos bases, de un recorte del 20% en la financiación de los partidos y la supresión de la cláusula del IPC. Se daba a entender que se pretendía por parte del partido en el Gobierno curarse en salud ante lo que después han sido los tremendos recortes o hachazos sociales que se han dado en los presupuestos y en los distintos decretos-leyes, que han ido recortando importantes aspectos sociales en determinadas leyes.
Lo que se está discutiendo con esta ley tiene que ver, como ya señalamos en la ponencia, con algo que nos preocupa profundamente. Repetidamente, en las últimas encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística se ha señalado a la clase política y a los partidos políticos como el tercer motivo de preocupación de la ciudadanía, solo después del desempleo y de la situación económica. Creemos que en general la gente no es tonta, la gente huele lo que pasa y en alguna medida esta imagen que dan los partidos y la clase política en relación con su actuación está recibiendo un fuerte rechazo por parte de la población. El estatus general de los partidos políticos y de sus electos más importantes está siendo puesto en cuestión y esto no es únicamente porque de vez en cuando surjan casos de corrupción, sino porque se ve a todo ese mundo como algo muy distante de los quehaceres y de las preocupaciones de la gente.
Creemos que los partidos políticos cada vez más son entes distanciados de la ciudadanía, son entes que aparecen en las elecciones en grandes actos, pero que en el quehacer cotidiano guardan una gran distancia. La ciudadanía es concebida básicamente como una mera consumidora electoral y no existen mayores intereses por conseguir una sociedad más participativa y autoorganizada. Creo que esto que estoy comentando tiene una relación directa con el tema que estamos tratando de la financiación de los partidos, porque cada vez está menos asentada en su propia base organizada y más dependiente únicamente de la financiación institucional por un lado y por otro de la financiación de las grandes entidades que pueden aportar importantes cantidades para su funcionamiento.
Por parte de Amaiur se han presentado algunas enmiendas, acompañadas de otras a la Mesa del Congreso tendentes a reducir las asignaciones de los parlamentarios y dejarlas con un tope máximo del triple del salario mínimo interprofesional, congelado por este Gobierno, así como un tratamiento parecido al resto de asignaciones que se vienen recibiendo. En concreto, en relación con el funcionamiento de la ponencia, en cualquier caso tenemos que reconocer que ha tenido dos caras, en primer lugar, un planteamiento intransigente en relación con los dos aspectos centrales planteados en la modificación, que eran la reducción del 20% y la supresión de la actualización conforme al índice del coste de vida, y junto a ello la otra cara de la moneda ha sido desarrollar una línea que podíamos calificar como positiva de intentar transacciones en aspectos menos importantes.
En relación con las seis enmiendas planteadas por nuestro grupo, tres de ellas han sido en parte transaccionadas,
sin que exista una conformidad con el resultado final de las mismas, pero por lo menos ha habido un intento de acercar algunas posturas. En relación con las tres restantes, no se ha dado nada de esto. En conclusión, por todas las razones que hemos comentado, nuestro voto sería contrario al proyecto y nos reservaríamos la defensa de las enmiendas a las que he hecho referencia.
El señor ESTEBAN BRAVO: En primer lugar, doy por retirada la enmienda número 40 de mi grupo. Una vez que ya los presupuestos han ido avanzando y han pasado su trámite en esta Cámara no tiene mucho sentido seguir manteniéndola. Sí reservo para la votación la número 39, que fue un avance importante, creo que de consenso entre toda la Cámara, aunque luego es cierto que la Ley de 2008 no fue votada por todos los grupos, pero sí por la mayoría de ellos. En este punto había un consenso generalizado, que era un avance, por mantener una fórmula de actualización, de manera que no quedara al albur de una mayoría o de la decisión en un momento dado de un Gobierno dar un cambio radical a las cantidades que habían sido presupuestadas el año anterior en cuanto a subvenciones a partidos políticos, entre otras cosas porque también en aquella ponencia, que finalizó con las donaciones anónimas, se hizo una apuesta por que la financiación del mundo empresarial fuera mucho más transparente y desde luego menor. Teniendo en consideración el servicio público que a tenor del texto constitucional tienen y proveen los partidos políticos, se hizo una apuesta importante por que la financiación pública tuviera su importancia y se asumiera esa responsabilidad también de cara a la vida política por parte de la Administración.
El que se haya suprimido ahora la cláusula y además se tomara la decisión unilateralmente, sin consensuar, de un recorte del 20% -para lo que puede haber razones que pueden ser más o menos discutibles- no es una práctica habitual en una ley que, como ha dicho el señor Jané, debe ir bastante consensuada en relación con medidas sobre la financiación de partidos políticos, que son delicadas, que deberían ser bastante consensuadas y no tomarse unilateralmente. La desaparición de esta cláusula no implica que esto vaya a ser así en el futuro, pero ciertamente supone retirar una garantía de que no sucedería en absoluto. No sé que fórmula se puede buscar o si se debe mantener -en nuestra opinión incluso se podría mantener la anterior-, pero desde luego es un tema que consideramos importante.
En cuanto al resto de las modificaciones uno puede tener sus discrepancias puntuales. Me parece que ha habido aspectos positivos en los que se ha avanzado; otros en los que hemos afinado; hemos tenido también nuestras discrepancias en cuanto a la propia naturaleza jurídica del Tribunal de Cuentas y a su capacidad o no de imponer sanciones y de qué manera, etcétera, pero creo que luego se han ido perfilando las cosas y encajando más o menos bien, aunque -insisto- ninguno estaremos contentos al cien por cien. Esa es nuestra posición ante esta modificación de la ley. ¿Se ha avanzando? ¿Se ha mejorado? Yo creo que sí, pero el gran avance y la verdadera modificación sobre todo en materia de transparencia de financiación de partidos políticos no se produce con este cambio, sino con la modificación de la ley anterior.
El señor PRESIDENTE: Le corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Empezaré, como algunos de los que me han precedido en el uso de la palabra, felicitando a mis compañeros y a todos los ponentes por la tarea realizada en los trabajos de la ponencia, que han sido muchos. Yo me he incorporado solamente en la segunda parte, sustituyendo a mi compañero Carlos Martínez Gorriarán, que ha sido operado y por tanto no puede asistir. Evidentemente me parece que el trabajo que se ha desarrollado es un buen ejemplo de cómo, si se prescinde en la medida de lo posible -o sea mucho más de lo que se hace- del trámite por la vía de: o lo tomas o lo dejas, es decir, por la vía de los reales decretos, se consiguen muchos avances, muchos consensos y se mejoran los textos que remite el Gobierno. Creo que el trabajo que se ha realizado en ponencia, que hoy vemos en Comisión y que veremos la próxima semana en Pleno, demostrará hasta qué punto, aunque sea una cuestión que empieza mal, en el sentido de que nos enteramos en la rueda de prensa que se produce posteriormente al Consejo de Ministros de que se ha tomado un acuerdo que nos afecta a todos y que afecta a una ley que regula algo tan importante como la financiación de los partidos políticos, una cosa que empieza mal en ese sentido, sin ninguna llamada para siquiera una consulta, puede terminar mucho mejor. Es mi juicio respecto a este texto que ahora abordaré. Creo que ha habido un trabajo, un talante y una forma de abordarlo muy positivos por todas las partes y quiero por eso felicitarme y felicitar a todos los portavoces que han asistido a esas reuniones.
Desde Unión Progreso y Democracia nos planteamos desde el primer momento aprovechar el trámite de la ley, que parecía ser hecho para una cosa muy puntual -tan puntual como era la reducción del 20%-, para profundizar en elementos sustanciales como son la transparencia, los controles, la mayor democracia por tanto a la hora de la actuación de los partidos políticos, el mayor grado de exigencia también en los órganos de control respecto a los partidos políticos, avanzar en algo que yo diría que es una asignatura pendiente o en todo caso una exigencia de regeneración democrática. Por eso, aunque la reforma de la ley era tan puntual como la mera reducción de la aportación a los partidos políticos, presentamos diecinueve enmiendas, todas ellas dirigidas a conseguir eso que acabo de plantear, un mayor grado de exigencia y de transparencia en los partidos políticos o en sus fundaciones.
Esta es una cosa que se incorporó después, pero que ya venía planteada en ese conjunto de enmiendas.
De las diecinueve enmiendas planteadas, trece de ellas, parcial o totalmente, han sido incorporadas en el texto de la ponencia. Respecto a las que han sido incorporadas parcialmente en una primera aproximación, nos hubiera gustado que esa incorporación hubiera sido más expresa, pero no dejo de reconocer que lo que buscaban las enmiendas está en el espíritu de la reforma. Por eso desde Unión Progreso y Democracia estamos satisfechos con cómo ha quedado el texto en ese sentido. Creo que sale una ley mucho mejor que como llegó, una ley mucho más relacionada con las exigencias del conjunto de los ciudadanos, no solo porque los ciudadanos tengan una mala opinión o perciban de forma negativa a los partidos políticos, sino porque es nuestra propia exigencia, la de los legisladores, la de los responsables de los partidos políticos adaptar las estructuras y el funcionamiento de los partidos políticos, y por tanto las leyes que lo regulan, a la propia transformación de la democracia. Esa es la cuestión, no solo responder a una demanda. Por lo menos yo no lo veo así. El que crea que esto se hace solamente para responder a las encuestas será que lo piensa así y lo hace así, pero realmente yo creo que hemos de hacerlo por exigencia democrática y hemos encontrado una oportunidad, que ha sido esta ley.
Naturalmente hay mucho más que hacer, hay mucho más en lo que avanzar, pero este es un paso positivo en la dirección correcta y tengo que decir que en ese sentido hemos hecho de la necesidad virtud y hemos conseguido que algo que llegó para una cosa se ampliara con un grado de exigencia y de avance. Si no se hubiera producido esa disminución, esa minoración del 20%, probablemente a estas alturas no podríamos estar hablando de esta reforma porque esta iniciativa no habría llegado. Aunque todos queríamos que en esto se avanzara, seguramente habría habido algunas proposiciones no de ley, algunas iniciativas parlamentarias que hubieran quedado en nada. El hecho es que en este trámite hemos avanzado en la dirección correcta y creo que además es un compromiso ampliamente compartido.
Quiero destacar del conjunto de enmiendas que se han incorporado -porque tendremos oportunidad de volver a hablar del asunto en el Pleno- tres de ellas. La enmienda número 16 de nuestro grupo proscribe que los partidos políticos acepten donaciones de empresas privadas y también de aquellas que trabajen para la Administración. Esa prohibición se extiende a las empresas que formen parte del grupo -no leeré la literalidad-. Me parece que ese grado de exigencia de evitar la perversión del sistema y de que se utilicen para lo que no se deben utilizar todas las fuentes que no están previstas para la financiación es muy importante. Es una alerta que todos hemos querido introducir y quiero destacarla como positiva. También quiero destacar como positivas en esa dirección las enmiendas 29 y 31. La enmienda 29 de Unión Progreso y Democracia, que coincide total o parcialmente con las de algún otro grupo, versa sobre la condonación de la deuda, somete a los partidos políticos al régimen general y establece la completa transparencia, exigiendo la publicación de las condonaciones y la comunicación al Tribunal de Cuentas. Mi compañero de Esquerra ha hablado de eso, de otra manera, en su intervención. Esa transparencia y ese control del Tribunal de Cuentas son muy importantes y necesarios, es un ejemplo de calidad democrática otra vez. En la enmienda 31, para garantizar la fiscalización de los partidos políticos y la transparencia, se introduce una disposición final que obliga al Banco de España a facilitar todos los datos al Tribunal de Cuentas. Todos nosotros recordamos que como el Banco de España no tenía esa exigencia, no estaba así establecido en el Real Decreto 1298/1986, no daba explicaciones ni comunicaba al Tribunal de Cuentas la situación de las cuentas de los partidos políticos y por eso a veces no podía actuar. Ahora que estoy hablando del tribunal -lo hablamos en ponencia-, algunas de las exigencias que hemos introducido, para que el Tribunal de Cuentas pueda cumplir con su obligación obligarán a reforzar su estructura. Si los partidos políticos publicamos al final del año las cuentas porque tenemos la obligación de hacerlo, el Tribunal de Cuentas no puede tardar seis años en emitir su dictamen porque aunque la prescripción es de cuatro años, y se suspende cuando se inicia el procedimiento, si tarda tantísimo tiempo al final esa exigencia mayor que hemos introducido no sirve para nada.
Finalmente, lamento no haber encontrado sensibilidad suficiente en los ponentes -en esto sí que ha habido unanimidad en la ponencia, pero una unanimidad en contra- para conseguir que se aceptase nuestra enmienda número 14, que se llama del mailing electoral para que todo el mundo me entienda. Pretendíamos en esta revisión que no se considerara subvenciones a los partidos políticos el pago del mailing. Cuando esto se discutió no estaba yo, estaba Carlos Martínez Gorriarán, pero el portavoz del Grupo Popular le dijo que no era el lugar adecuado para discutirlo, que el sitio era una Comisión. La diputada que les habla llevó una proposición no de ley a una Comisión; en aquella Comisión se nos dijo que no era aquella, que era la Constitucional. En todo caso, todos como un solo hombre y como una sola mujer votaron en contra, porque estuviéramos en el ámbito que estuviéramos la decisión de no aceptar la enmienda sí que era una decisión firmemente sostenida. Lamentando eso, no la voy a mantener viva tampoco para el Pleno. Una sabe cuándo la cuestión no va a pasar adelante, pero no renunciamos a volver a plantearla en su momento. Globalmente nos parece un buen texto, más exigente que el documento que envió el Gobierno y un avance de regeneración democrática y de transparencia.
Si me permite el presidente, quisiera hacer una breve anotación sobre algo que han mencionado tanto el diputado del Grupo Nacionalista Vasco como el diputado Jordi Jané, que formó parte de bastantes debates dentro de la ponencia. Hay dos cuestiones que impiden el consenso o la unanimidad -no sé si decir en este momento-, que entiendo pero que no tienen solución tal y como se plantean.
Una de ellas se refiere a la necesidad de vencer la incertidumbre de futuro respecto de la financiación de los partidos políticos, eso que en ponencia tantas veces hemos discutido sobre que los partidos necesitamos tener una determinada certeza para hacer nuestros presupuestos. Somos instrumentos fundamentales de la democracia, sin política no hay democracia, sin partidos políticos tampoco, reconocimiento de la Constitución; ciertamente, no tengo que explicar lo que yo pienso sobre algo que es obvio: la trascendencia de los partidos políticos. Señorías, no podemos exigir más certezas para los partidos políticos respecto de nuestra financiación que la que tiene el conjunto de la sociedad, porque nos financiamos de los recursos del conjunto de los ciudadanos, que no tienen certezas de ningún tipo. Desgraciadamente la situación de nuestra economía, de la política y de nuestra crisis no da certezas a nadie, ni a las empresas, ni a los autónomos, ni a los funcionarios; no hay certezas. No podemos exigir más certezas para nosotros, a costa de los impuestos de todos los ciudadanos que no tienen en su vida certezas. Una oferta que se realizó en la ponencia, que era una referencia que no puede concretarse a la evolución de la economía, fue entendida como insuficiente y aquí hoy se ha vuelto a destacar. Entendiendo la reflexión que se ha hecho, pero es imposible que nos otorguemos mayores certezas que las que tiene en este momento cualquier ciudadano español, ya sea persona física o jurídica; es imposible.
Hay otra cuestión también problemática para el consenso, la entrada en vigor. Proponer que entre en vigor en enero es una forma de dar retroactividad de la ley y por tanto que no entre en vigor después. No podemos legislar para nosotros algo distinto de lo que está anunciado en diciembre y que afecta a los partidos políticos en el mismo grado que han afectado otros recortes económicos y sociales al conjunto de los ciudadanos, que hemos aprobado en los presupuestos y que han entrado en vigor, se aprueben cuando se aprueben los presupuestos, desde principio de año. No podemos congelar las pensiones o bajar los sueldos a los funcionarios desde el 1 de enero y aplicarnos los recortes a los partidos políticos desde el mes de septiembre o de julio. No puede ser. Francamente, aunque la reflexión sea muy correcta para todos, no podemos hacerlo, no porque nos vayan a mirar mal desde fuera, sino porque somos los mismos legisladores que hemos decidido sobre esas otras cuestiones, porque somos los mismos y aunque no sea más que por justicia, tenemos que aplicarnos las mismas normas para nosotros.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Como es normal cada vez que desarrolla su actividad esta Cámara, el alcance de lo que decimos y de lo que hacemos va mucho más allá de estas cuatro paredes, pero hoy hay gente que nos mira desde fuera con una cierta prevención porque estamos hablando de un tema sensible, sobre todo después de mucha elucubración que ha habido en la calle respecto a la financiación de los partidos, hacia el papel de los políticos y demás. Por eso hoy sobre los trabajos de esta Comisión hay muchos ojos puestos. Por ese mismo motivo deberíamos hacer un ejercicio de pedagogía y explicar a la ciudadanía que no estamos hoy trabajando a capricho ni en beneficio de los partidos políticos, sino que estamos trabajando -creo que hemos hecho un buen trabajo entre todos y cabe felicitar por ello al ponente principal, al señor Bermúdez de Castro- sobre todo por proteger uno de los pilares democráticos que son los partidos políticos.
Todos hemos llegado a la conclusión -nosotros hemos sido siempre partidarios- de que la financiación de los partidos políticos ha de tener una base pública. No compartimos que tenga que ser sobre la base de sus propios militantes, porque eso nos condenaría a una insuficiencia de medios completa. Es necesario que en función del parámetro del voto, de la fuerza del voto que nos da la ciudadanía a cada partido político, tengamos una financiación pública transparente y controlada desde lo público y desde la ciudadanía. Esta ley se plantea para recortar la financiación de los partidos políticos. En un momento de crisis se proponer recortar un 20% porque la modificación realizada en 2007 establecía una cláusula para mantener una progresión, garantizando la subvención a los partidos políticos porque en ese año se cambian las bases de la financiación, se impide buena parte de la financiación privada y se impulsa la financiación pública de los partidos políticos. En principio esta ley es para eso, para recortar.
La Izquierda Plural ha presentado siete enmiendas, alguna de las cuales han sido recogidas en el informe de la ponencia con dos objetivos fundamentales. El primero, introducir mayores parámetros de claridad y transparencia en la gestión económica de los partidos políticos. El segundo, que para nosotros es fundamental, es la proporcionalidad en el reparto de esas subvenciones públicas. El sistema electoral, que ya penaliza a las fuerzas políticas que no sean las mayoritarias en el reparto de diputados, se ve además complementado con una doble penalización a la hora del reparto de las subvenciones, porque una parte de la subvención a partidos políticos se reparte precisamente por escaños. Por eso dos de las enmiendas que vamos a mantener, las números 32 y 33, van encaminadas a conseguir una mayor proporcionalidad entre los votos que cada partido político recibe del electorado y la subvención de las administraciones públicas.
Nos vemos obligados a mantener la enmienda 34, que en principio fue asumida en la informe de la ponencia, porque el último de los apartados no se recoge. Una de las cuestiones que planteábamos era que a las fundaciones de los partidos políticos -lo destacaban también otros grupos porque la financiación de las fundaciones de los partidos políticos ha alarmado a la opinión pública- tendrían
que aplicarse los mismos límites en cuanto a cuantías de donación, figura jurídica de los donantes, limitación para empresas que contratan con las administraciones públicas, etcétera. En estos casos deberían aplicarse los mismos parámetros. Nos parece un tema troncal fundamental y por eso vamos a mantener esta enmienda.
Las enmiendas números 35 y 36 las damos por subsumidas. Mantenemos la número 37 porque pretendemos que se constituya una comisión para una de las cuestiones que más dinero cuesta al final, las campañas electorales y que se estudie cómo podríamos reducir las campañas electorales. Quizá algunas inquietudes de otros grupos políticos, que subrayan cuestiones respecto al mailing, podrían trabajarse con tiempo. Asimismo está subsumida la enmienda 38.
Respecto a la cláusula de mantenimiento y salvaguarda de financiación de los partidos políticos, sería importante que existiese esa cláusula que garantizase una estabilidad mínima en la financiación de los partidos políticos y no porque tengamos que ser más o menos que cualquier otro sector o empresa, sino porque nunca se debe convertir la financiación de los partidos políticos en un arma arrojadiza entre unas fuerzas políticas y otras, porque no es lo mismo estar en el Gobierno que estar en la oposición; no es lo mismo tener los recursos del Gobierno que quedarse sin recursos en la oposición, y lo dice una fuerza política que está en la oposición muchas veces. Hay otros que hablarán después de mí que tendrán más argumentos para defender lo que estoy diciendo. Para garantizar la estabilidad del sistema nunca debemos utilizar la financiación de los partidos para torpedear las estructuras de quien en este momento no gobierna. A partir de ahora, dado que la ponencia y el Gobierno no han aceptado incluir la cláusula, vamos a volver a la situación anterior. Vamos a tener que confiar en la voluntad del Gobierno de turno, del color que sea, de mantener una estabilidad mínima en la financiación de los partidos. Pero dentro de poco, en esta coyuntura económica tan económica y tan variable, que en pocas horas, días, semanas puede hacer que las situaciones más inverosímiles se conviertan en realidad en pocos meses, veremos si esa voluntad del actual Gobierno, del Gobierno del Partido Popular, se mantiene en la elaboración de los próximos presupuestos. Por nuestra parte, lo deseamos, pero sobre todo lo que esperamos es que nunca tengamos que decirle a quien gobierne, sea de un partido o de otro, que está utilizando la financiación de los partidos políticos como arma arrojadiza para dinamitar al adversario.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don José María Benegas.
El señor BENEGAS HADDAD: Señorías, el dictamen de la ponencia que hoy se somete a consideración de esta Comisión es mucho más amplio en su objeto y en su contenido actual que el proyecto de ley que el Gobierno envió a la Cámara sobre reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que, como aquí se ha dicho, afectaba exclusivamente a la subvención de los partidos y a la cláusula de revisión de la misma. Como es mucho más amplio, el Grupo Socialista quiere aclarar que nosotros distinguimos dos grandes bloques en este dictamen que hoy se somete la consideración de esta Comisión. Un gran bloque tiene por objeto incrementar las garantías, los controles y la transparencia de la financiación de los partidos y el otro versa sobre aspectos muy concretos: cuál va a ser la cuantía de la financiación, cuál va a ser el método de revisión, si hay cláusula de revisión o se suprime, etcétera.
Quiero resaltar, como han hecho otros portavoces que han intervenido ya, que sobre el primer bloque, el de la mejora de los controles y la transparencia de la financiación de los partidos, la ponencia ha hecho un buen trabajo, ha habido espíritu de pacto, de consenso, de entender las razones de los diferentes grupos y así se han ido integrando diferentes propuestas de prácticamente casi todos los grupos parlamentarios que han participado en la ponencia.
Ante los problemas de opinión pública que aquí se han mencionado y como portavoz del Grupo Socialista, me parece importante resaltar cuáles son los aspectos más relevantes de esta reforma en esta parte, que tienen importancia en cuanto a que algunos son novedad. En primer lugar, se prohíbe -ya se ha dicho, pero quiero insistir en ello- que los partidos políticos puedan recibir donaciones de empresas que prestan sus servicios o realizan obras para las administraciones públicas, extendiendo esta prohibición también a las empresas que forman parte de un grupo empresarial más amplio que el que está realizando la obra en concreto. En segundo lugar, se prohíbe que fundaciones de partido que reciban subvenciones de las administraciones públicas puedan hacer donaciones a los partidos. Otra cosa es -lo aclara la reforma de la ley que estamos debatiendo- que puedan realizar actuaciones conjuntas de acuerdo con los fines que persigue tanto el partido como la fundación, es decir, cursos de formación, ciclos de conferencia... Esto es, se admite la esponsorización conjunta entre fundaciones y formaciones políticas. El tercer aspecto hace referencia a las condonaciones de deuda de los partidos políticos, que quedan limitadas a 100.000 euros por año y por entidad de crédito. Y se distingue algo que me parece importante -el Tribunal de Cuentas no aclaraba del todo cuál era su posición- lo que es una condonación de deuda de acuerdos sobre las condiciones de la deuda que tengan los partidos contraídas con entidades de crédito. Otra novedad importante es que se otorga al Tribunal de Cuentas potestad sancionadora cuando se infringe la Ley Electoral o la Ley de Financiación de Partidos y se regula en la reforma que estamos discutiendo un procedimiento que debe seguir dicho tribunal.
En relación con el principio de transparencia, hay dos novedades importantes. Una ya se ha mencionado: una vez que el Tribunal de Cuentas emite su informe, los partidos deben hacer públicas sus cuentas, preferentemente
a través de su página web. Y la segunda es que los partidos tienen que notificar al Tribunal de Cuentas cualquier donación superior a 50.000 euros o donaciones de inmuebles, así como cualquier renegociación o acuerdo con las entidades financieras. Hasta aquí estamos de acuerdo con el trabajo que se ha hecho y nuestra disposición es favorable a apoyar estas reformas que mejoran sensiblemente el control y la transparencia de la vida de los partidos desde el punto de vista de su financiación.
El otro bloque de cuestiones, como decía, lo forman la reducción del 20% de la subvención y la situación en que queda la antigua cláusula de revisión. Estamos de acuerdo en que, dadas las circunstancias actuales, los partidos hagamos un esfuerzo de austeridad, lo mismo que lo están haciendo muchos ciudadanos y muchos sectores de la sociedad española. Es lógico que los partidos contribuyamos al objetivo de reducción del déficit público. Por tanto, estamos de acuerdo con la propuesta. Solo hacemos una matización, que para nosotros es menor. Sería mejor que esta reducción entrara en vigor a partir de la entrada en vigor -valga la redundancia- de la ley. He escuchado los argumentos que se han expuesto, incluso en este debate que estamos manteniendo aquí, y quiero dejar claro que para nosotros esta es una cuestión secundaria.
Las dificultades para llegar a un acuerdo sobre esta reforma empiezan porque, además de la reducción del 20%, el Gobierno plantea otra reforma, que es la supresión de la cláusula de revisión que contiene la actual ley. Como ustedes saben, la ley establece una actualización anual de las subvenciones de los partidos de acuerdo con el índice del coste de la vida. El Gobierno pretende suprimir esta forma de actualización, remitiéndose a lo que se decida en el presupuesto de cada año. En las circunstancias actuales, esto significa estar a lo que decida un Gobierno que cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento. No podemos aceptar esto, señorías, porque nos sume en el mundo de las incertidumbres, de la inseguridad y de la imprevisión. Se nos dirá que así se funcionó durante muchos años, pero en materia de financiación, desde mi punto de vista, el pasado no es un buen ejemplo. Los partidos, como aquí se ha dicho, son piezas básicas de nuestro sistema democrático, porque así lo estableció la Constitución de 1978. Los partidos políticos, en su funcionamiento, tienen que hacer una planificación económica y financiera, que no puede ser anual, que tiene necesariamente que ser más dilatada en el tiempo. No pueden ser anuales las previsiones. Hay previsiones anuales, pero dentro de un contexto mucho más amplio de tiempo por razones obvias. Se necesita, por tanto, una mínima estabilidad en los ingresos para poder programar las cargas financieras, los ajustes en los gastos corrientes y la capacidad para recurrir a nuevos endeudamientos, a nuevos créditos. Es decir, los partidos no pueden estar a que cada año se pueda producir un recorte de tal magnitud que conviertan en papel mojado las previsiones que requiere una buena gestión contable y una buena gestión administrativa. Creemos que las revisiones anuales de la financiación deben estar sujetas no al criterio del partido gobernante, sea el que sea, sino a algún parámetro objetivo, y no al libre albedrío de una mayoría o del partido que gobierna, como acabo de mencionar. Debe haber algún parámetro objetivo que nos permita hacer unas mínimas previsiones a la hora de la gestión de la Administración y de los recursos de un partido político. ¿Cuál debe ser ese parámetro objetivo? Tanto en ponencia como en este acto, estamos abiertos a cualquier sugerencia, siempre que consigamos encontrar un parámetro que nos permita hacer una mínima previsión, no una previsión exacta, a lo que puede ser la financiación de los partidos. Para aproximar posiciones con el Partido Popular, por si al Gobierno y al partido que lo apoya pudiera resultar excesivo, en las circunstancias económicas que estamos viviendo, ajustar la actualización al índice del coste de la vida, pensamos -fuimos nosotros, este grupo, quien lo propuso en la ponencia- que el parámetro podría estar vinculado a la evolución de la economía, es decir, que podríamos sustituir el índice del coste de la vida por el producto interior bruto, por el PIB. Se nos dice que no, que esto sería hacer diferencias con los ciudadanos. Pero es que estamos vinculando la financiación de los partidos a la marcha de la economía. Es decir, si la economía va mal, los partidos tendrán que seguir reduciendo su financiación, y si la economía va bien, los partidos podrán empezar a mejorar su financiación. Nos parece un criterio muy razonable y difícil de objetar, si es que de verdad se quiere dar una cierta estabilidad a la financiación de los partidos. Lo que no es de recibo es que, por ejemplo, el 30 de septiembre, cuando se presenten los presupuestos para 2013, nos encontremos con otro recorte del 20%. No digo que vaya a ocurrir, pero la posibilidad de que esto pudiera ocurrir se abre a partir de lo que están proponiendo ustedes de supresión de la cláusula de revisión.
¡Atención con la situación de los partidos políticos! Quiero hacer alguna referencia a cosas que de verdad me preocupan. En determinados sectores de la derecha de este país y no solo de la derecha de este país -no me estoy refiriendo tampoco a nadie de las señorías que se sientan en esta Comisión, porque los que estamos aquí sabemos cómo funciona y las necesidades que tiene un partido político- se está generando una tendencia muy peligrosa de plantear que las subvenciones públicas a sindicatos y a los partidos políticos tienen que desaparecer, y que cada cual se financie como pueda, que se suprima la financiación pública. Esto lo estamos viviendo con reiteración en los últimos tiempos, y es muy peligroso. Primero, rompe el modelo de financiación pública que hemos pactado, que forma parte de nuestros acuerdos sustanciales, y, segundo, significaría volver al periodo de 1977-1987, cuando no había ni Ley de Financiación de Partidos, ni Tribunal de Cuentas, ni controles, ni nada. Por tanto, atención a estas tendencias, que no digo que estén aquí pero sí en algunos sectores de la sociedad. Y, a mayor abundamiento, afirmo que estamos viviendo en un mundo en el que se constata día a día que lo que se llaman los poderes económicos, los mercados, los especuladores,
los fondos de inversión, etcétera, están imponiéndose a la política. Lo que está en juego es la primacía de la política. Los poderes económicos cuentan cada vez con más medios, con la gente más capacitada, mejor preparada de la sociedad, pagan para ello sueldos desorbitantes, y los partidos políticos estamos haciendo lo contrario. Cada vez contamos con menos medios, con menos asesores en un mundo cada vez más complejo y más difícil, y tenemos más dificultades para traer a los mejores de nuestra sociedad para que se dediquen a la cosa pública. Esta desigualdad de medios la acabará pagando la democracia y, desde luego, la política. Por tanto, atención con los problemas que surgen.
Voy terminando. Es necesario tener un parámetro objetivo para calcular la financiación de los partidos. Como he dicho, estamos abiertos a cualquier sugerencia, siempre que sea un parámetro objetivo. De momento, no se nos ha ocurrido otro, algo que nos parece razonable, que es el de vincular la financiación de los partidos a la marcha de la economía. En este sentido, mantenemos la idea de aproximar posiciones y de que los diputados y diputadas del Grupo Popular entiendan los razonamientos que se están haciendo esta tarde aquí por parte no solo del Grupo Socialista sino de otros grupos; mantenemos una enmienda, que tiene carácter transaccional, porque varía de alguna manera la redacción de nuestras enmiendas primitivas. La leo para que conste en acta y luego la entregaré a la Mesa: La Ley de Presupuestos Generales de cada ejercicio fijará el importe global de la consignación para atender las subvenciones reguladas en el artículo 3 de esta ley, que se adecuarán anualmente a la evolución del producto interior bruto.
Termino ya, señor presidente, diciendo que la Ley de Financiación de Partidos forma parte del bloque constitucional, forma parte de las esencias de las reglas de juego de nuestra democracia, y sería bueno, lógico, necesario y correcto para lo que hemos llamado el pacto del bloque constitucional que, como aquí también se ha dicho, esta reforma pueda tener el mayor consenso posible. En la medida en que creo en la madurez de las diputadas y diputados del Partido Popular espero que acepten lo que de razonable tiene la propuesta del Partido Socialista y podamos votar a favor de esta ley. En caso contrario, no podremos votar a favor de esta reforma y mantendremos la esperanza -como aquí ha dicho algún otro portavoz- de alcanzar un acuerdo definitivo en el Pleno o en el Senado. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Terminado el turno de defensa de las enmiendas corresponde el turno de fijación de posiciones. Puesto que el Grupo de Convergència i Unió ya lo ha hecho al principio corresponde ahora al Partido Popular fijar la posición de su grupo.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Abordamos hoy una reforma importante que como todo proyecto legislativo afecta e importa al conjunto de la sociedad. Pero, en esta ocasión nos afecta especialmente también a todos nosotros porque todos formamos parte de partidos políticos representados en esta Cámara. Una reforma que recoge sin merma ni variación alguna tanto el alcance como el principio y los objetivos de austeridad y de ejemplaridad del proyecto de ley que el Gobierno remitió a las Cortes, pero que tras varias reuniones de la ponencia y muchas horas de debate -aquí se ha dicho- ha sido enriquecida con aportaciones de todos los grupos sobre la base de otros dos principios: la transparencia y la mejora de los mecanismos de control y fiscalización de los partidos y sus fundaciones, en un texto -a pesar de algunos discursos- que debería de contar con un alto grado de consenso por todos los grupos parlamentarios que formamos parte de esta Comisión. Soy consciente, señorías, y lo he sido también a lo largo de las sesiones de la ponencia, de que algunas pretensiones y peticiones iniciales de algunos grupos no se han trasladado al texto de la ponencia que hoy sometemos a dictamen, pero todos deberíamos reconocer también que se han dado pasos relevantes y que se han incorporado muchas mejoras en el texto de la ley de financiación de partidos políticos que hoy debatimos. Además, lo hemos hecho por vía de transacción, con mucho diálogo, con el acuerdo de todos y por eso -como han hecho otros portavoces- también quiero agradecer la colaboración y el trabajo de los letrados de la Comisión y de los ponentes de los distintos grupos, del señor Esteban, del señor Jané, el señor Sixto, los señores Vera y González -mis compañeros-, del señor Sánchez Amor, de los portavoces del Grupo Mixto, de la señora Díez y se lo voy a decir, señor Benegas, especialmente de usted, entre otras cosas porque quiero reconocer aquí que muchas de esas transacciones se han producido gracias a su ayuda y a su valiosa colaboración. Luego, lógicamente, tendré que contestarle también a algunas de sus críticas.
Señorías, les decía que esta es una norma y una reforma muy importante. Esta no es una ley cualquiera, por supuesto. Es una ley que junto con la Ley Electoral, la propia Ley de Partidos y los Reglamentos de las Cámaras conforman la médula espinal de las reglas de juego de nuestro sistema democrático. Estamos hablando de una pieza clave de nuestro sistema porque los partidos políticos tienen una indudable relevancia social, no en vano más de un millón de españoles hoy está afiliado a un partido político. Pero, además de esa relevancia social tienen una indudable e indiscutible relevancia constitucional. Es verdad que los partidos somos instituciones privadas pero cumplimos también una función pública esencial en nuestra democracia hasta el punto de que el constituyente nos colocó en el Título preliminar de nuestra Constitución, en una posición preeminente, en el artículo 6 de la Constitución Española, donde se recogen los valores y principios inspiradores de nuestro sistema democrático atribuyéndonos dos funciones esenciales en democracia: contribuir a la formación de la voluntad popular y ser un instrumento fundamental de participación política. Precisamente por ello, por ser una pieza clave de nuestra arquitectura constitucional los partidos
no debemos solo representar a la sociedad. Los partidos tenemos que ser también reflejo y espejo de sus inquietudes, de sus incertidumbres, de sus problemas.
Señorías, hoy lamentablemente la sociedad española está pasando graves dificultades. La dureza de la crisis económica está teniendo un fuerte impacto en las familias españolas y la política y los partidos no podemos ser ajenos a esta circunstancia. La política y los partidos debemos ser los primeros en compartir los costes de la crisis. La política y los partidos debemos ser los primeros en dar ejemplo. Y es precisamente ese principio de ejemplaridad el que ha llevado al Gobierno a proponer la reducción de las subvenciones de los partidos por gastos de funcionamiento ordinario en un 20% para el presente ejercicio, un porcentaje que no es ni caprichoso ni arbitrario. Ya se ha dicho aquí. Si en el año 2008 cuando se iniciaba la crisis -que otros no vieron- se elevaron las ayudas en ese mismo porcentaje lo lógico y justo es que ahora disminuyan en esa misma cantidad. Ello supondrá un esfuerzo de austeridad y nos obligará a todos a redimensionar nuestra actividad y nuestras estructuras, a todos y a todos por igual, en un 20%. Sé que respecto a la pasada legislatura algunos partidos políticos tendrán menos ingresos que otros pero no es responsabilidad solo directamente de esta reducción, es también consecuencia de la voluntad ciudadana. Por tanto, que nadie tenga la tentación de responsabilizar al Partido Popular o a este Gobierno de la pérdida de dichos ingresos porque eso en muchos casos proviene de la decisión directa de los ciudadanos en las urnas. Son precisamente los españoles los que nos exigen esa austeridad y por ello si queremos recuperar su crédito y su confianza tenemos que demostrarles, venimos obligados a que esos principios que muchas veces pregonamos de ejemplaridad, de austeridad y de transparencia no se queden en meros pronunciamientos retóricos. Y la mejor forma para evitar eso es ponerlos en la ley. Esa es la razón por la cual no podemos aceptar en este momento establecer una cláusula de revalorización automática de las ayudas a los partidos en los Presupuestos Generales del Estado, sencillamente, porque la inmensa mayoría de los españoles tampoco la tienen, señorías.
No teman, no es nuestra intención cambiar el modelo de financiación para ir a otro en el que prime la financiación privada, porque si así fuera entonces habríamos elevado los límites establecidos en la ley para las donaciones privadas a los partidos; no lo hemos hecho y ni siquiera lo hemos propuesto. Pero que quede claro que este grupo cree en un modelo mixto de financiación de partidos, una financiación privada proveniente de las cuotas de los afiliados y de las aportaciones de los ciudadanos y empresas dentro de los límites legales, aportaciones libres y voluntarias también, señor Cuadra. Y una financiación pública que se justifica sobradamente por lo que he dicho antes, por las importantes funciones públicas que la Constitución nos encomienda. Financiación entendida como un instrumento para desarrollar esas funciones de manera independiente y autónoma. Una financiación que debe responder también a nuestro modelo electoral y que tenga en cuenta los votos pero también los escaños y que en ambos casos sea proporcional a ellos. Una financiación suficiente pero que también sea austera, rigurosa y responsable en la gestión de los recursos y mucho más aún en unos momentos tan difíciles como los actuales. Por eso, entendemos -y es el espíritu del proyecto de ley que se ha enviado a la Cámara, que nadie confunda- que la financiación pública de los partidos debe quedar condicionada a la marcha de la economía, a la situación económica de España.
Señor Benegas, puedo llegar a comprender desde la óptica de partido lo que ustedes me están pidiendo, lo puedo llegar a entender, pero en estos momentos antes de mirarnos entre nosotros, antes de llegar a acuerdos sobre este tema entre los partidos todos tenemos que aprender a escuchar y a entender a los ciudadanos. Y hoy por hoy ni podemos ni debemos garantizarnos más de lo que tiene garantizado el conjunto de la sociedad. Por ello, preferimos que las subvenciones se definan cada año en los Presupuestos Generales del Estado, como tantos y tantos temas que afectan a la sociedad española. Un modelo que, por cierto, ha estado vigente hasta el año 2007, con Gobiernos socialistas y con Gobiernos populares, y entonces nadie hablaba ni de capricho ni de arbitrariedad. Así que no teman, este Gobierno no adopta decisiones arbitrarias, desde que tiene la responsabilidad de Gobierno está adoptando siempre medidas justas, pensando en el interés general.
Pero además de aplicarnos los principios de austeridad y de ejemplaridad, hemos decidido trasladar a los partidos un principio muy importante, el de transparencia, ese principio que con la ley de transparencia que ya ha anunciado el Gobierno, se va a aplicar al conjunto de las instituciones públicas y, por ello, los partidos estaremos obligados a publicar en nuestra página web nuestro balance, la cuenta de resultados y nuestra situación financiera. También vamos a limitar las condonaciones de deuda, asimilándolas a las donaciones y asimismo nos veremos obligados a publicar esas condonaciones de deuda de las entidades de crédito, si es que algún partido tomara esa decisión en algún ejercicio presupuestario. Es algo que nos debían. Ya habíamos dado pasos importantes en favor de la transparencia en la ley de 1997, pero eran insuficientes, y ahora lo hacemos de manera decidida y definitiva. No podemos seguir aceptando que se acuse a los partidos de ser una suerte de escudo de opacidad porque sencillamente, dadas nuestras funciones constitucionales, no podemos serlo. Si somos cauce de participación, no podemos ser un dique a la transparencia, y la mejor manera de contrarrestar esa percepción y esa sensación es con hechos, señorías, con obligaciones legales, con medidas como las que hoy adoptamos. En esa línea creo también relevante que hayamos ampliado los supuestos de empresas que no puedan donar a los partidos políticos y que hayamos establecido -ya se ha dicho- la prohibición a las fundaciones que reciban ayudas de la Administración -a todas las fundaciones, no solo a las
que están vinculadas a partidos, también a las fundaciones culturales- que puedan donar a partidos políticos. Las fundaciones no pueden ser nunca un instrumento ni un mecanismo de financiación de partidos. Con esta medida, con esta prohibición hemos establecido una suerte de cortafuegos para impedir que casos conocidos y que además han tenido eco en los medios de comunicación, incluso en el día de hoy, puedan volver a reproducirse en el futuro.
De otro lado, hemos mejorado y aumentado los mecanismos de control y fiscalización a partidos y sus fundaciones, otorgando por primera vez potestad sancionadora directa al Tribunal de Cuentas en caso de incumplimiento grave de los límites y obligaciones que la ley establece para el conjunto de los partidos políticos. Hemos incorporado también la obligación de notificar a dicho tribunal, en el plazo de tres meses, todas las donaciones pecuniarias que reciban los partidos políticos por encima de 50.000 euros y las donaciones de bienes inmuebles. Esta obligación se extiende también a las fundaciones vinculadas a partidos, para todas las donaciones provenientes de personas jurídicas, con independencia de su cuantía, fundaciones que, por cierto, como los partidos, también verán reducidas las subvenciones públicas en un 20% para este año. Además, hemos hecho otras modificaciones que por economía de tiempos no voy a reiterar porque las ha explicado muy bien el señor Benegas.
En definitiva, señorías, creo haber justificado las razones que a mi grupo le llevan a no aceptar algunas de las enmiendas que aún permanecen vivas, pero sobre todo he pretendido poner en valor la relevancia de las reformas que hemos introducido en la ley y que van a suponer una mejora en la calidad de nuestra vida democrática. Señorías, los partidos -y aún mucho más por la grave situación económica que estamos atravesando- tenemos una especial responsabilidad ante la sociedad, y desde esa responsabilidad le pediría a todos los grupos parlamentarios que la votación final reflejara el consenso de la mayoría de los trabajos de la ponencia. Yo les pediría hoy ese esfuerzo y, aunque todavía haya alguna pequeña diferencia que nos separe, que prime en la votación final de esta ley tan importante todo lo que nos ha unido y podamos con ello lanzar juntos esta tarde un mensaje de que los partidos representados en esta Cámara hemos estado a la altura de lo que hoy nos demandan los españoles. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor Benegas, tiene que entregarnos el texto. (Pausa).
Vamos a señalar las votaciones que vamos a realizar. En primer lugar, vamos a votar las enmiendas de los distintos grupos que están vivas. Después haremos una votación separada de los artículos 9 y 14, que nos lo han pedido distintos grupos. Luego votaremos el resto de los artículos y finalmente el texto completo elaborado por la ponencia. Repito, en primer lugar, votaremos las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios, todas ellas, las de cada grupo. Después procederemos a votar separadamente los artículos 9 y 14 del proyecto. Y finalmente, el texto del informe.
El señor BENEGAS HADDAD: Presidente, si me permite. En las votaciones del texto ha solicitado un grupo votación separada del los artículos 9 y 14, de acuerdo, pero nosotros planteamos que se voten también el resto de los artículos y luego que haya una votación del informe.
El señor PRESIDENTE: Eso es lo que he dicho.
El señor BENEGAS HADDAD: No, porque ha pasado de la votación de los artículos 9 y 14 a la votación del informe.
El señor PRESIDENTE: Entonces me he equivocado yo, pero creo que he dicho votación separada del 9 y del 14, luego del resto de los artículos y finalmente del informe.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, perdone, pero cuando dice el 9 y el 14, ¿a qué se está refiriendo exactamente? (El señor Benegas Haddad: Al dictamen). ¿Y dónde está el 9? Que alguien me lo explique. (El señor Benegas Haddad: En la página 10). Porque yo el 14 ya lo veo, hay un punto 8 que es añadido, pero dónde está el 9. (La señora Chacón i Piqueras: Es que debes tener una copia anterior).
El señor PRESIDENTE: ¿Señor Esteban, está ya clara?
El señor ESTEBAN BRAVO: Está claro, gracias.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones. Dentro de las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto vamos a diferenciar las presentadas por cada uno de los distintos partidos. En primer lugar, votamos las enmiendas presentadas por doña Ana María Oramas, de Coalición Canaria.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: en contra, 24, abstenciones, 18.
Enmiendas presentadas por don Francisco Jorquera, del Bloque Nacionalista Galego.
Enmiendas presentadas por don Sabino Cuadra, de Amaiur.
El señor SIXTO IGLESIAS: Pedimos que se voten conjuntamente la 1 y la 2 y por separado la 4.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Votamos en primer lugar las enmiendas 1 y 2.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. Entiendo que la única que queda es la 39. ¿No es así?
El señor BOSCH I PASCUAL: Del Grupo Mixto, faltan dos de las que presentó Esquerra que no están subsumidas, las números 9 y 10.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, del Grupo Mixto quedan las enmiendas 9 y 10. Procedemos a su votación.
Enmienda 39 del Grupo Parlamentario Vasco.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Ya he anunciado, presidente, que no mantengo ninguna.
Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural números 32, 33, 34 y 37.
Corresponde ahora la votación de la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor JANÉ I GUASCH: ¿Se puede leer el texto de la enmienda?
El señor PRESIDENTE: Se modifica la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos que queda redactada en los siguientes términos: Uno. La Ley de Presupuestos Generales de cada ejercicio fijará el importe global de la consignación para atender las subvenciones reguladas en el artículo 3 de esta ley que se adecuarán anualmente a la evolución del producto interior bruto.
Vamos a votar los artículos que he indicado anteriormente, el 9, el 14 y después el resto de los artículos.
En primer lugar, el artículo 9.
Resto de los artículos.
Votamos el informe de la ponencia y la exposición de motivos en una sola votación.

References: artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 9