Source: https://www.derechoenzapatillas.com/2019/la-corte-el-iva-y-la-coparticipacion/
Timestamp: 2020-02-25 06:36:29+00:00

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El fallo de la corte ordena retrotraer la rebaja del IVA para no restarle masa coparticipable a las provincias, como medida cautelar. Esta sentencia es innovadora y plantea algunos problemas constitucionales. Lo cierto es que este caso de la corte puede perjudicar al contribuyente, ¿Se quedará sn la rebaja del impuesto al valor agregado?
Por Sergio	 Ultima actualización Oct 2, 2019
La Corte y la reducción de impuestos: Más ruido que nueces.
Algunas reflexiones sobre el fallo “Entre Ríos c/ Estado Nacional”
La Provincia de Entre Ríos, igual que varias otras en simultáneo, plantea la inconstitucionalidad de la reducción de la tasa del IVA al 0% para alimentos (decreto 567/19) y la reducción de los anticipos de Impuesto a las Ganancias, en un 20% para empleados y en un 50% para autónomos (decreto 561/19).
Las provincias no se objetaron, en cambio, otras reducciones fiscales simultáneas como la condonación de la cuota septiembre del Monotributo y el financiamiento de $2.000 sobre aportes de sueldos hasta $60.000. En estos puntos, la provincia sí reconoce que el Estado federal tiene facultades.
¿De qué se agravia o queja la Provincia?
De que estos decretos violan la “legalidad” porque el Poder Ejecutivo no puede legislar sobre impuestos, y que le afectan la “masa coparticipable” que la Nación no puede reducir en perjuicio de las provincias.
En este nuevo fallo (ver texto completo abajo) la Corte entra directo al segundo tema, y dice que para establecer y modificar asignaciones específicas se necesita una ley especial, y que para alterar la distribución de masa coparticipable se requiere conformidad de todas las provincias.
Entonces, aunque estos decretos no alteran los porcentajes de distribución, pero sí reducen la potencial recaudación, dice que se afecta la “buena fe y lealtad federal” porque la Nación no podría tomar medidas que en forma intempestiva afecten a las provincias.
Un problema de competencias en materia tributaria o mucho más en juego
Según la corte, no queda claro si es la Nación (Estado federal) o el Poder Ejecutivo quien no puede afectar la recaudación. La distinción es importante, porque si es la Nación, entonces la Corte acaba de insinuar una limitación constitucional también al Congreso. ¿Es que acaso ya no se podrán reducir impuestos sin la conformidad de las Provincias?
La Corte elude, en cambio, el primer tema que planteó la Provincia, el de la “legalidad”. Este amague olímpico se entiende por una razón técnica y una razón política.
La razón téncia es que el argumento de la legalidad no resiste el menor análisis con relación a la reducción de anticipos, porque eso es facultad delegada por la Ley 11683 a la AFIP (art. 21).
Claro: plazos y formas de pago del impuesto a las ganancias, que abarca todas las ganancias del año, es un tema puramente instrumental. Nada que ver con la ley y el Congreso.
Además, la ley del IVA también delegó al Poder Ejecutivo la reducción de alícuotas, por lo menos, en un 25%. Es decir, el Presidente puede bajar el IVA del 21% al 15,75% sin preguntarle a nadie.
Es dudoso pero de hecho lo hace, que pueda también reducir hasta un 50% la tasa del IVA por vía de adecuación de la planilla anexo al art. 28 inc. f) de la ley.
¿Puede el Poder Ejecutivo reducir más allá de esas delegaciones legales las alícuotas impositivas del IVA? Sería una discusión bien interesante. Habría que ir a las fuentes y principios para ver si la garantía de la legalidad tributaria (“no hay impuesto sin ley”) está prevista a favor de los contribuyentes o también de los gobiernos…
Pero esta discusión no la enfrentó la Corte. Y he aquí la razón política: si la Corte hubiera dicho que la reducción de impuestos viola la Constitución, entonces correspondía dejarla sin efecto, lisa y llanamente. No podía decir que siga la reducción pero que de su costo se haga cargo sólo la Nación, como terminó decidiendo.
Porque lo que la Corte decide es sólo eso: que sea la Nación la que asuma el costo de “las inconstitucionalidades alegadas”.
Evidentemente, la mayoría de la corte no quiso cargarse el costo político de hacer subir los impuestos sobre alimentos y sobre salarios. Optó por preservar la imagen buenista de que su fallo protege.
Protege a las provincias y las altas finalidades sociales de su enorme gasto público. Y protege a los consumidores y asalariados porque no anula ni suspende la reducción de impuestos.
De paso, pone al Poder Ejecutivo en un brete financiero y lo fuerza a dictar un nuevo decreto para que sea el Presidente y no la Corte quien vuelva a subir esos impuestos.
Pero el Poder Ejecutivo puede recurrir esta medida, mantener las reducciones impositivas, diferir la implementación de la medida con cuestiones instrumentales e interpretativas, y llegar hasta las elecciones, que es para lo único que estaban pensados estos decretos.
Foto: Sergio Mohadeb (c). Pezuña de vaca, una de mis plantas favoritas, nativa.
Texto completo – coparticipación de impuestos ante la corte.
CSJ 1829/2019/1
Entre Ríos, Provincia de c/ Estado Nacional s/
incidente de medida cautelar.
Buenos Aires,dCG4 000244. dc 24019 –
1°) Que se presenta la Provincia de Entre Ríos y
solicita el dictado de una medida cautelar en los términos
previstos en el art. 232 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, a fin de que durante el lapsó en el cual se
prolongue este juicio y hasta su total terminación, el Estado
Nacional suspenda de manera inmediata la aplicación de los
decretos 561/2019 y 567/2019 y/o de cualquier norma o acto
administrativo , que se haya dictado en su consecuencia,
circunscribiendo la tutela preventiva a la proporción
correspondiente a la Provincia de Entre Ríos según la normativa
Expone que el decreto 567/2019 dispuso una alícuota
del cero por ciento (0%) en el Impuesto al Valor Agregado para
la venta de ciertos productos de la canasta alimentaria, hasta
el 31 de diciembre del 2019 inclusive. Invoca su nulidad por
falta de causa, por violentar, lo previsto en el art. 14 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, como así también lo
establecido en los arts. 76 y 99, incisos 1, 2 y 3 de la
Constitución Nacional al constituir una transgresión de la
facultad reglamentaria, con la consecuente violación del
principio de legalidad tributaria -en cuanto la ley 23.349, en
su art. 28, faculta al Poder Ejecutivo “a’reducir hasta en un
veinticinco por ciento (25%) las alícuotas…”-.
Asimismo, explica que por el art. 1°del decreto
561/2019 se encomendó a la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) una reducción en la base de cálculo de las
retenciones de los sujetos que obtengan las rentas mencionadas
én los incisos a, b y •c del art. 79 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias (t.o. 1997 y sus modificatorias), en una suma
equivalente al veinte por ciento (20%) de los importes de las
deducciones contempladas en los incisos a y c del primer párrafo
del art. 23 de la ley mencionaaa. En cumplimiento de dicho
artículo, explica que el ente recaudador dictó la resolución
general 4546/2019.
Expone que por el art. 2°del decreto citado, se
encomendó a la AFIP reducir en un cincuenta por ciento (50%) los
anticipos que deban ingresar los trabajadores autónomos en
concepto de impuesto a las ganancias en los meses de octubre y
diciembre, correspondientes al ejercicio del año 2019, ello en
el marco de las atribuciones que el art. 7° del decreto 618/1997
le confiere al Administrador Federal para impartir normas
generales obligatorias para responsables y terceros. El ente
recaudador dictó la resolución general 4547/2019 en cumplimiento
del artículo de marras.
Con relación al art. 3°, manifiesta que el decreto
atacado bonificó el impuesto integrado de septiembre de 2019
para los pequeños contribuyentes adheridos al monotributo que
hubieran cumplido con el pago de las cuotas de los períodos de
enero a agosto de 2019, de acuerdo con la facultad de
bonificación de hasta un 20% prevista en el art. 11 de la Ley
Nacional 24.977, de lo que concluye que no hay en este punto
agravio constitucional alguno, en cuanto la norma en estudio
acción declarativa de inconstitucionalidad –
—exclusivamente— se dictó en el marco de la’facultad que el
Poder Ejecutivo tiene delegada por ley.
Finalmente, añade que el art. 4°estableció que el
Estado Nacional financiará el aporte personal de los
trabajadores en relación de dependencia comprendidos en el
sistema de Jubilaciones y Pensiones de la ley 24.241, que se
devengue durante los meses de agosto y septiembre de 2019, en
una suma equivalente a dos mil pesos mensuales, o al cien por
ciento de su valor, lo que sea menor, aplicable para quienes
perciban una remuneración bruta mensual de hasta $ 60.000.
Concluye que los dos primeros artículos del decreto
561/2019 se han decretado vulnerando la Constitución Y
Sostiene la actora la inconstitucionalidad de las
normas citadas con fundamento en la violación del principio de
legalidad en materia tributaria, como así también del sistema de
derecho intrafederal basado en el federalismo de concertación,
propio del régimen de coparticipación tributaria vigente, como
consecuencia de lo cual se producen importantes perjuicios
económicos al erario provincial.
En concreto, fundamenta que mediante el dictado de
las normas reseñadas el Poder Ejecutivo Nacional modificó
inconstitucional y arbitrariamente el régimen de impuestos de
modo que, sin pasar por el Congreso de la Nación, detrajo de la
masa de recaudación de impuestos coparticipables, afectando de
esta manera el principio de intangibilidad de la masa
coparticipable, provocando un perjuicio actual y directo al
Estado provincial. Ello así, por cuanto si bien a .través de los
decretos aquí impugnados no se ha producido una reforma
propiamente dicha al esquema de funcionamiento del sistema de
coparticipación federal, se ha producido en cambio una
modificación o alteración en el alcance de impuestos
coparticípables —IVA y Ganancias— cuyos efectos precipitan en
forma negativa sobre la conformación de la masa coparticipable
que redundan en una merma o reducción de los recursos que
ingresaran a ella y, pór lo tanto, revierten en desmedro de la
participación que habrá de corresponder a la provincia.
En tal sentido, invoca un informe de la Comisión
Federal de Impuestos, conforme al cual se estima que el impacto
de las medidas adoptadas por las normas citadas sobre la
provincia actora supera la suma de $ 1.000.000.000.
Expone que esta situación la coloca en un escenario
de extrema gravedad y dificultad para cumplir con las
obligaciones y deberes a su cargo, pues las sumas que dejarían
de ingresar a las arcas provinciales —por decisión unilateral
del Poder Ejecutivo Nacional— ya se encontraban incorporadas
como recursos corrientes en el presupuesto de gastos para el
presente ejercicio 2019, para proyectos sociales, destinados a
la población de la provincia.
En este sentido, manifiesta que esta ostensible
disminución de ingresos afecta sus cometidos constitucionales
básicos. Entre ellos, muy especialmente, aquellos que
constituyen el núcleo de la garantía federal del art. 5°de la
Constitución Nacional (administración de justicia, régimen ‘
ef,a4ticia ek PKact4t
municipal y educación) como aquellos otros que importan la
esfera prestacional de derechos fundamentales (alimentación
básica, vivienda digna, salud, protección de la niñez y
ancianidad, etc.).
el propósito de evitar reiteraciones innecesarias.
3°) Que, en consecuencia, corresponde examinar la
procedencia de la medida cautelar solicitada por la actora. Al
respecto, es dable recordar que este Tribunal ha establecido que
si bien, por vía de principio, medidas como la requerida no
proceden respecto de actos administrativos o legislativos,
habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal
doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima
facie verosímiles (Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702; 314:695;
316:2855 y CSJ 2902/2015 “Telecom Personal S.A. c/ Chaco,
Provincia del s/ acción declarativa (art. 322 cód. procesal)”,
sentencia del 13 de diciembre de 2016).
En ese marco, esta Corte ha decidido reiteradamente
que la finalidad de los procesos de naturaleza precautoria
consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia y que
la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no
depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia
controvertida en el proceso principal, sino de un análisis de
mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido.
Ello es lo que permite que el juzgador se expida sin necesidad
de efectuar un estudio •acabado de las distintas circunstancias
que rodean toda relación jurídica.
Por su parte, el examen de la concurrencia del
peligro en la demora exige una apreciación atenta de la realidad
comprometida, con el objeto de evaluar si las secuelas que han
de producir los hechos que se pretenden evitar pueden restar
eficacia al ulterior reconocimiento del derecho en juego,
operado por la sentencia dictada como acto final y extintivo del
proceso (Fallos: 319:1277; 340:1129). En este sentido se ha
destacado que ese extremo debe resultar en forma objetiva del
examen sobre los distintos efectos que podría provocar la
aplicación de las diversas disposiciones impugnadas, entre ellos
su gravitación económica (Fallos: 318:30; 325:388; 340:1129).
4°) Que en el estrecho marco de conocimiento ‘que
ofrece el dictado de una medida cautelar, el Tribunal considera
que las constancias obrantes en el expediente permiten tener por
configurados los presupuestos necesarios para acceder a la
solicitud de la actora.
5°) Que, en lo que hace al requisito de
“Verosimilitud en el derecho”, a tal conclusión se arriba a
partir del examen del marco constitucional y de derecho
intrafederal en el que se encuadra el trascendente régimen de
coparticipación federal de impuestos, al cual los constituyentes
reformadores de 1994 le otorgaron un explícito reconocimiento
constitucional como uno de los instrumentos en cuya observancia
descansa la efectiva vigencia del sistema republicano y federal
de gobierno (arts. 1°, 5°, 75 incisos 2 y
y 129 de la Constitución Nacional).
Entre los aspectos sustanciales
régimen constitucional en la materia
principio de integralidad de la masa coparticipable, en virtud
del cual se distribuyen con las provincias y la Ciudad de Buenos
Aires, las contribuciones indirectas internas y las directas
creadas, por tiempo determinado, por el Congreso de la Nación,
con excepción de la parte o el total de los que tengan
asignación específica (art. 75, incisos 2, párrafo primero y 3);
ii) e/ carácter convencional o concertado de la decisión que
rige la materia, en tanto la Norma Fundamental establece que
debe dictarse una “ley-convenio”, sobre la base de acuerdos
entre la Nación y las provincias, a los efectos de instituir
regímenes de coparticipación de esas contribuciones,
garantizando la automaticidad en la remisión de fondos; esa ley
convenio debe tener como cámara de origen al Senado, ser
sancionada con una mayoría calificada y aprobada por las
provincias (inciso 2, párrafos segundo y cuarto), no pudiendo
ser modificada unilateralmente; y iii) la intangibilidad de los
recursos provinciales, entendido en el caso como la
imposibilidad de alterar en desmedro de las provincias la
distribución de recursos vigente a la sanción de la reforma
constitucional y la imposibilidad de modificar la distribución
de competencias, servicios y funciones entonces vigentes sin la
aprobación de la provincia interesada y hasta el dictado del
régimen de coparticipación —cláusula transitoria sexta— (cfr.
Fallos: 338:1356 y 1389; y causa CSJ 933/2007 (43-L)/CS1 “La
se destacan: i) el
Pampa, Provincia de c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo
Ministerio de Economía de la Nación) s/ acción de
inconstitucionalidad”, sentencia del 6 de noviembre de 2018).
Sobre esta base, la actora impugna las mencionadas
normas en cuanto entiende que el Impuesto a las Ganancias y el
Impuesto al Valor Agregado son contribuciones coparticipables y,
por ende, las decisiones instrumentadas por el Poder Ejecutivo
Nacional, a través de sendos decretos, importarían una
modificación que erosiona la masa a distribuir y genera una
disminución en los recursos provinciales, realizada por quien
carecería de competencia para ello.
En este contexto, no puede •dejar de ponderarse la
jurisprudencia del Tribunal en la que se ha puesto de relieve la
naturaleza jurídica de las leyes-convenio (como la ley de
coparticipación) y de los denominados “pactos fiscales”, que
constituyen manifestaciones positivas del llamado federalismo de
concertación, inspirado en la búsqueda de un régimen concurrente
en el cual las potestades provinciales y nacionales se unen en
el objetivo superior de lograr una política uniforme en
beneficio de los intereses del Estado Nacional y de las
provincias. Esa gestación institucional las ubica con una
singular jerarquía dentro del derecho federal que impide su
modificación o derogación unilateral por cualquiera de las
partes. La esencia misma del derecho intrafederal impone
concluir que las leyes-convenio y los pactos que lo componen no
se encuentran en una esfera de disponibilidad individual de las
partes, y solo pueden ser modificados por otro acuerdo posterior
de la misma naturaleza, debidamente ratificado por leyes
emanadas de las jurisdicciones intervinientes (Fallos: 322:1781;
338:1356 y 1389, entre otros). En tal sentido, es preciso
recordar que los principios constitucionales de buena fe y
lealtad federal —que repelen la idea de una Nación fragmentada y
procuran el armónico desarrollo de las necesidades locales junto
con las nacionales— impiden que uno, de los sujetos del sistema
adopte de modo intempestivo medidas que puedan afectar al resto
A mayor abundamiento, ha dicho esta Corte, con
especial referencia a la posibilidad —como excepción— de detraer
recursos coparticipables, que ello debe ser dispuesto por el
Congreso y cumpliendo los requisitos constitucionales. A tal
efecto, el tribunal resaltó: “La letra del texto constitucional
(artículos 99, inciso tercero y 76) refleja sin ambigüedades la
decisión que tomó la Convención Constituyente de 1994 de, por
una parte, mantener el principio general contrario al ejercicio
de facultades legislativas por el Presidente como una práctica
normal y, por la otra, de introducir mayores precisiones sobre
las condiciones excepcionales • en que ello sí puede tener lugar”
(conf. considerando 21 de Fallos: 338:1389).
No escapa al conocimiento de esta Corte que las
cuestiones aquí debatidas no resultan estrictamente análogas a
los precedentes citados, pero de ellas surgen los principios que
rigen el federalismo de concertación y el sistema federal en su
En mérito a. lo expuesto, en esta evaluación inaugural
del caso, la pretensión de la actora tendría base prima facie
verosímil en la medida en que la mengua de la masa
coparticipable denunciada podría haberse adoptado sin respetar
los principios y reglas constitucionales enunciados.
6°) Que a la misma conclusión se llega con relación
al requisito de “peligro en la demora” que, conforme se ha
adelantado en el considerando 3°, debe juzgarse de acuerdo con
un juicio objetivo, o derivar de hechos que puedan ser
apreciados incluso por terceros.
En el caso, la provincia actora alega, Con base en un
informe de la Comisión Federal de Impuestos —organismo de
aplicación de la ley 23.548— en
de impacto de los actos aquí
tributarias redundarían en una
el que constan las evaluaciones
cuestionados, que las medidas
disminución de aproximadamente
mil millones de pesos ($ 1.000.000.000) de sus recursos, lo que
pondría en riesgo el normal funcionamiento de las instituciones
provinciales, y la atención de las necesidades básicas de su
No escapa al Tribunal que dicho informe, al proyectar
la pérdida de recursos por la reducción de la alícuota en el IVA
para ciertos bienes, aclara que no contempla el posible aumento
del consumo de estos y otros productos, y la hipotética
incidencia positiva en la recaudación que ello podría acarrear.
Sin embargo, el peligro en la demora invocado radica en el
impacto inmediato que esta reporta en el presupuesto provincial
que se encuentra actualmente en ejecución, y en el goce de los
derechos respectivos por parte de los habitantes.
tifioz
En efecto, la actora alega un daño que podría
resultar irreparable, en la medida que —según explica— los
fondos que se dejan de percibir fueron presupuestados por la
hacienda provincial y se encuentran comprometidos a la ejecución
de políticas públicas en curso, algunas de ellas de carácter
social, lo que evidencia la necesidad de acceder a la pretensión
cautelar con el fin de resguardar los derechos invocados hasta
tanto exista la posibilidad de dirimir la cuestión debatida.
Todo ello frente a la seria y concreta dificultad de
financiamiento de necesidades públicas provinciales de
significación social alegada por la actora. La magnitud de la
cifra a detraerse, que se encontraría avalada por el informe
referido por la actora, permite apreciar de manera objetiva la
posible afectación a la ejecución del presupuesto provincial que
7°) Que esa concreta dificultad de financiamiento de
necesidades públicas provinciales de significación social
alegadas por la actora, en concordancia con los antecedentes
agregados a la causa y lo señalado en cuanto a la verosimilitud
en el derecho, acreditan la configuración de los extremos
exigibles a toda pretensión cautelar.
8,° ) Que este pronunciamiento no importa una decisión
definitiva sobre la pretensión concreta de la demandante; solo
lleva ínsita, en los términos del art. 204 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, una evaluación del peligro de
permanencia en la situación actual; evita las consecuencias
financieras negativas sobre la provincia actora, y habilita una
resolución que concilia —según el grado de verosimilitud— los
probados intereses de aquella y las razones tenidas en cuenta
por el demandado al dictar las medidas cuestionadas.
9°) Que no obstan a la solución que se adopta las
disposiciones de la ley 26.854 (en especial sus arts. 4°y 90
pues la jurisdicción originaria de esta Corte Suprema prevista
en la Constitución Nacional se halla fuera de su alcance, en
razón de que ella no puede ser ampliada o restringida por
disposición infra-constitucional alguna. En efecto, a esta Corte
no se le pueden imponer limitaciones de orden procesal que
restrinjan el ejercicio pleno de las atribuciones
constitucionales que el art. 117 de la Ley Fundamental le ha
encomendado (Fallos: 329:2316 y CSJ 786/2013 (49-C)/CS1
“Córdoba, Provincia de c/ Estado Nacional y otro s/ medida
caute,lar”, sentencia del 24 de noviembre de 2015; causa CSJ
180/2010 (46-N)/CS1 “Nordi, Amneris Lelia .
Provincia de y otros s/ daño ambiental”, sentencia del 29 de
agosto de 2019).
Por ello se resuelve: I. Declarar que la presente causa
corresponde a la competencia originaria de esta Corte. II. Hacer
lugar a la medida cautelar y, en consecuencia, ordenar que los
efectos fiscales de la aplicación de los decretos 561/2019 y
567/2019 y de las resoluciones generales AFIP 4546/2019 y
4547/2019, en la medida de las inconstitucionalidades aquí
ARIOS FERNANDO ROSENIMANTZ
AN CARLOS MAQUEDA
DISI -// –
Cecoek P9€91/jeemta h 9 c2~ h h PiVarid42,
-//- alegadas, sean asumidos con recursos propios del Estado
Nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a la
Provincia de Entre Ríos. Regístrese y notifíquese.
” Jf(a Gedw
1°) Que la Provincia de Entre Ríos pretende que se
declare la inconstitucionalidad de los decretos 561/2019 y
567/2019 emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional y la nulidad
absoluta de todos los actos administrativos dictados en •su
consecuencia. Asimismo, peticiona el dictado de una medida
cautelar que suspenda los efectos de los decretos mencionados y
de cualquier otro acto que “prolongue, reemplace o’ altere, de
manera negativa, los recursos que en concepto de coparticipación
de Impuesto a las Ganancias e Impuesto ‘al Valor Agregado le
corresponde percibir”. Solicita que se condene al Estado
Nacional a realizar la distribución prevista en el art. 4 de la
ley 23.548 computando como parte de la masa coparticipable neta
los montos dejados de percibir como consecuencia de las normas
impugnadas y que sean girados de manera periódica y automática.
Finalmente, también pide que se condene al Estado Nacional a
restituirle todas las sumas que deje de percibir con motivo del
dictado de las normas cuestionadas, con más sus intereses. Ello,
“en tanto aparejan una reducción en la recaudación de impuestos
coparti.cipables, que redunda en la disminución de la masa
coparticipable, en la proporción que corresponde a la Provincia
de Entre Ríos (5,071), conforme las sumas que arrojarán las
liquidaciones pertinentes que V.E. ordenarán practicar”.
En lo que la legitimación activa respecta, alega que
la provincia se encuentra adherida a la Ley de CoparticipaCión
23.548 y que “dentro del marco reseñado ostenta suficiente
legitimación para accionar en defensa de los derechos que nacen
en dicho régimen concertado de distribución, en ejercicio de las.
garantías que la CN prevé para proteger a cualquiera de los
estados miembros contra el avasallamiento de sus prerrogativas”.
En ese sentido, afirma que el perjuicio se produjo por el
dictado de los decretos 561/2019 y 567/2019 en tanto modifican
la masa de impuestos coparticipables, afectan en forma directa y
actual la percepción de las rentas públicas provinciales y con
ello la posibilidad de atender los gastos del estado provincial.
En cuanto al fondo de su pretensión, considera que
los decretos 561/2019 y 567/2019 —y sus normas reglamentarias—
violan, dicho en síntesis, el principio de legalidad en materia
tributaria al legislar sobre aspecto á reservados por la
Constitución Nacional al Congreso de la Nación. También alega
que las medidas cuestionadas resultan vioIatorias del régimen
federal de coparticipación de impuestos.
2°) Que de conformidad con lo dictaminado por la
señora Procuradora Fiscal, la presente causa corresponde a la
competencia originaria de esta Corte por ser partes adversas una
provincia y el Estado nacional y ser el único modo de conciliar
el privilegio de la primera a litigar originaria y
exclusivamente ante la Corte Suprema (art. 117 de la
Constitución) y el derecho del Estado nacional a la jurisdicción
de los tribunales nacionales (art. 116 de la Constitución).
3°) Que, previo al tratamiento de la medida cautelar
solicitada, corresponde determinar si la provincia actora se
encuentra legitimada para promover la acción intentada. Si la
actora no estuviera legitimada no existiría . un “caso” o
“controversia” que habilite el ejercicio de la jurisdicción
federal y, naturalmente, dicha inexistencia imposibilitaría
acceder a la solicitud cautelar referida.
A los efectos de analizar la legitimación de la
actora es preciso recordar que para poner en ejercicio la
jurisdicción del Poder Judicial de la Nación no basta que quien
a él recurre ofrezca razones para sustentar la pretensión de
fondo que se esgrime. Además\
, debe contar con razones jurídicas
que demuestren que la parte actora se encuentra habilitada por
el ordenamiento jurídico para iniciar el juicio, es decir, la
“causa”, “asunto” o “caso contencioso” en los términos de los
artículos 116 y 117 de la Constitución y 2° de la ley 27.
Esta Corte ha consagrado de modo categórico a lo
largo de SU historia la regla que se acaba de mencionar
sosteniendo que la legitimación activa constituye un presupuesto
necesario para que exista un caso o controversia que pueda y
deba ser resuelto por el Tribunal. Ha justificado la regla en
cuestión en que la justicia nacional no procede de oficio y solo
ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es
requerida a instancia de parte (Fallos: 323:4098; 337:627, entre
otros; el principio citado también se ha aplicado en Fallos:
326:663, 2777, 3007, 3639; 328:2429; 330:2800; 337:1447;
339:1223; 340:1614, 1084; 341:1727).
Eh nuestro sistema constitucional la existencia de un
caso judicial es una precondición para la intervención de los
tribunales nacionales y constituye un requisito sine qua non
independiente del mérito que pueda tener el reclamo invocado por
las partes, incluso si este consiste en poner en cuestión la
validez constitucional de normas o actos del Estado. En otras
palabras, la inconstitucionalidad ‘de una norma, aunque parezca
patente a primera vista, no habilita por sí sola a reclamar la
intervención de los tribunales pues ello implicaría que los
tribunales están habilitados a pronunciarse sobre una cuestión
teóriCa o abstracta. Esto último ha sido considerado extraño a
la jurisdicción del poder judicial de la Nación desde los
primeros pronunciamientos de esta Corte en las más diversas
situaciones (cfr. Fallos: 1:455; 3:139; 4:75; 12:372; 1.5:65;
95:51; 103:53; 107:179; 157:110; 184:358 y muchos otros
posteriores). Si esta Corte -o cualquier otro tribunal nacionalinterviniese en asuntos donde el peticionario carece de
legitimación se transgrediría la severa limitación al poder de
los tribunales establecida en el artículo 116 de la
Constitución, impuesta por el esquema de división de poderes que
ella establece (cfr. Fallos: 5:316; 30:281; 156:318), limitación
que por su carácter constitucional no podría siquiera ser
suprimida por el Congreso (Fallos: 115:163). Debe enfatizarse.
que este modo de organización institúcional, que limita la
actuación del Poder Judicial a la resolución de “casos”
contenciosos, hace a la esencia del sistema institucional fijado
en la Constitución Nacional y del control de constitucionalidad
atribuido a los jueces.
En este marco, resulta evidente que sería absurdo
hacer lugar a un pedido cautelar formulado por quien no está
legitimado para hacer planteo judicial alguno, pues no cumple al
momento de efectuar la petición con los requisitos fundamentales
de acceso a la jurisdicción federal. Por lo demás, el
cumplimiento de esta condición básica de la jurisdicción es
comprobable de oficio en cualquier instancia del proceso, como
se ha resuelto en numerosas ocasiones (Fallos: 330:5111;
337:627; 340:1084; 342:853; entre otros).
) Que la legitimación procesal para demandar (o ser
demandado) presupone la existencia de una relación jurídica
sustancial, es decir, de una relación que vincula a quien dice
sufrir un agravio con quien estaría obligado a repararlo. Estas
personas son quienes en el pleito han de asumir los roles de
parte actora y parte demandada. La relación jurídica
preexistente entre las partes es la que abre la posibilidad de
que puedan plantear reclamos judiciales entre ellas. Por otro
lado, y esto es preciso destacarlo una vez más, la existencia de
tal relación no depende de los argumentos que ofrezca cada una
de ellas para demostrar que le asiste la razón. Por ello, esta
Corte ha señalado que para que se verifique la existencia de
legitimación activa “no basta que el juez considere existente el
derecho sino que es necesario que éste corresponda precisamente
a aquel que lo hace valer” (Fallos: 318:1624, considerando 4°).
5°) Que la demanda de .autos pretende que se imponga
al Estado Nacional la obligación de restablecer la recaudación
del impuesto a las ganancias y del IVA por considerar que
resultan inconstitucionales los decretos 561/2019 y 567/2019.
Estos decretos, cabe recordar, redujeron las sumas que tributan
los trabajadores en relación de dependencia, autónomos Y
monotributistas, y las alícuotas de IVA sobre alimentos de
primera necesidad. Para que tal reclamo sea audible en un
tribunal nacional obediente de la Constitución no es suficiente
—según los principios constitucionales enunciados anteriormente—
argumentar que la demandada actuó de una manera jurídicamente
reprochable. La provincia actora debería, como presupuesto
básico de su acción, demostrar cuál sería la relación jurídica
sustancial que la vincula con la demandada y precisar cuál sería
el derecho o interés protegido por el ordenamiento jurídico en
virtud del cual se considera legitimada para reclamar que se
declare la inconstitucionalidad de la conducta de la demandada.
En el caso, la actora ha intentado justificar su
legitimación para promover la demanda contra el Estado Nacional
en la relación jurídica que surge de la Ley de Coparticipación
Federal de Recursos Fiscales 23.548 y en el efecto reductor de
la masa coparticipable que tendría la eliminación del IVA sobre
los alimentos de primera necesidad dispuesta por el decreto
567/2019 y la reducción de las sumas que tributan los
trabajadores dispuesta por el decreto 561/2019. Ha sostenido que
los decretos impugnados prOducen una merma a la masa de
recaudación de impuestos coparticipables, provocando un
perjuicio actual y directo a las arcas provinciales.
A pesar de lo argüido por la actora, lo cierto es que
la relación jurídica derivada del régimen de coparticipación
entre. laNación y las provincias no otorga a estas últimas
derecho ni expectativa alguna respecto de un determinado nivel
de recaudación por parte del Estado Nacional, ni tampoco
confiere un derecho a que se establezcan determinados impuestos,
ni a que determinadas actividades se vean alcanzadas por tal
cual impuesto coparticipable o estén exentas de él.
En efecto, la Ley de Coparticipación Federal de
Recursos Fiscales 23.548 todo lo que estableció fue un “Régimen
Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la nación
y las provincias” (art. 1°), mediante el cual se distribuye una
masa de fondos “integrada por el producido de la recaudación de
todos los impuestos nacionales existentes o a crearse” (art.
2°). La ley 23.548 establece sólo el derecho de las provincias
adheridas “a participar en el producido de los impuestos”
comprendidos en el régimen (art. 16). Fuera de este derecho a la
distribución de la masa coparticipable, esto es, ‘a la
distribución de los recursos fiscales recaudados por la Nación,
la ley únicamente reconoce a las provincias la posibilidad de
“intervenir con carácter consultivo en la elaboración de todo
proyecto de legislación tributaria nacional” (art. 11, inc. i),
a través del ejercicio de las funciones de la Comisión Federal
de Impuestos de la que forman parte junto con la Nación. Por lo
tanto, del texto de la ley se deriva claramente que las
provincias carecen por sí solas de todo derecho jurídicamente
exigible a determinar la política recaudatoria que encara el
régimen tributario nacional.
La falta de derecho o-expectativa a un determinado
nivel de recaudación por parte del Estado Nacional, a que se
establezcan determinados impuestos, o a . que determinadas
actividades se vean alcanzadas por tal o cual impuesto
coparticipable o estén exentas de él priva a la actora del
carácter de legitimada para iniciar el presente juicio. Más aún,
en los términos de la Ley de Coparticipación Federal de Recursos
Fiscales el único remedio que •se otorga a las provincias contra
el impacto que pueda tener la creación, supresión o modificación
de impuestos nacionales sobre la masa coparticipable está
previsto en los artículos 7 y 20 de la ley 23.548 y se activa
solamente cuando el monto total de la masa coparticipable
resulta •inferior al 34% de la recaudación total de impuestos
nacionales —sumados los coparticipables Y los no
coparticipables—. En caso de que se verifique una violación de
la proporción mínima garantizada en el artículo 7°, la situación
se resuelve mediante el pago de la diferencia correspondiente en
la oportunidad y modalidad establecidas en el artículo 20
Es de destacar que el derecho de las provincias a la
distribución de impuestos coparticipables ya recaudados es un
derecho que la Ley de Coparticipación Federal de Recursos
Fiscales sí concede a las provincias. Este derecho fue el que
sirvió de base para la exiátencia de una causa o caso
contencioso cuando esta Corte decidió acerca de la validez de
las detracciones que realizaba el Estado Nacional sobre el total
de los impuestos coparticipables recaudados, en los
pronunciamientos dictados en los expedientes “Santa Fe c/,Estado
Nacional” (Fallos: 338:1389) y CSJ 191/2009 (45-S)/CS1 “San
Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/acción declarativa de
inconstitucionalidad y cobro de pesos-, sentencia del 24 de
noviembre de 2015. A su ‘vez, la alta verosimilitud en el derecho
reclamado, que dimanaba de la existencia de los pronunciamientos
de la Corte que ya habían decidido la cuestión de fondo en los
ORIGINARIO •
(1,4 CYac’ idgl.
casos mencionados, fue lo que sirvió de sustento a la decisión
tomada por esta Corte de otorgar a la provincia de Córdoba una
medida cautelar relacionada con un planteo sustancialmente
similar (cfr. causa CSJ 786/2013 (49-C)/CS1 “Córdoba, Provincia
de c/ Estado Nacional y otro s/ medida cautelar”, resuelta el 24
de noviembre de 2015).
Debe destacarse que los tres precedentes citados se
originaron en demandas de las provincias contra la validez de
normas que establecían determinadas sustracciones del monto
total de impuestos coparticipables una vez recaudado,
sustracciones que no eran las previstas en la Ley de
Coparticipación, ni tampoco habían sido consentidas por las
provincias actoras. En esos casos se trataba de fondos que ya
habían ingresado a la masa coparticipable y por ende las
provincias eran titulares de un derecho subjetivo a reclamar por
la detracción realizada por el Estado Nacional. Es decir, no se
trataba de demandas dirigidas a cuestionar el tipo de impuestos
creados u omitidos por la Nación, ni su alcance, ni la modalidad
de su fiscalización, como se pretende en el caso de autos. Esto
último no se encuentra reglado bajo ningún concepto por la Ley
de Coparticipación. Por lo tanto, las decisiones del gobierno
nacional, previas a la efectiva percepción de los impuestos
nacionales, relacionadas con la expansión o retracción de la
presión tributaria sobre determinadas actividades económicas o
cierta clase de contribuyentes, no son del resorte de las
provincias, sino exclusivamente del gobierno nacional. La Ley de
Coparticipación y la Constitución no pueden ser interpretadas de
un modo tal que la presión tributaria solamente pueda aumentar,
incluso cuando, a criterio del Estado Nacional, las
circunstancias que atraviesa el país y la necesidad de
establecer ciertas políticas públicas hagan imprescindible
seguir el camino en sentido contrario.
6°) Que de lo dicho anteriormente resulta manifiesto
que la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos 23.548 no
ampara en modo alguno las expectativas de una mayor recaudación
de impuestos coparticipables que pueda tener la provincia
actora, en este proceso, respecto de lo recaudado en concepto de
Impuesto sobre el Valor Agregado o Impuesto a las Ganancias.
Tampoco se ha explicado de qué modo el “Consenso Fiscal”
celebrado el 13 de septiembre de 2018 entre el Estado Nacional,
los gobernadores -excepto el de la Provincia de San Luis- y el
jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga un
interés, o un derecho a la provincia’ actora que le permita
plantear las cuestiones propuestas en la demanda.
En virtud de que la Ley de Coparticipación y el
“Consenso Fiscal” no reconocen a las provincias adheridas al
régimen más que el “derecho a participar en el producido de los
impuestos”, es decir, el derecho a la distribución de los
impuestos coparticipables ya recaudados, es claro que carecen de
legitimación activa para reclamar judicialmente la protección de
la expectativa de’ una mayor recaudación o bien que el Estado
Nacional recaude ciertos impuestos. Por lo tanto, la demandante
no puede aspirar a que esta Corte condene al Estado Nacional a
restablecer el IVA sobre los alimentos de primera necesidad y a
suprimir la reducción de la base cálculo del impuesto a las
ganancias para los trabajadores. Por las mismas razones, tampoco
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puede pretender que se obligue al Estado a compensar la eventual
merma en la recaudación nacional —e indirectamente en la cuota
que le correspondería a la provincia—, por fuera de los
supuestos previstos en el art. 7 de la Ley de Coparticipación.
Ante la ausencia manifiesta de legitimación activa en
los términos reseñados y en cuanto la provincia no ha señalado
ninguna otra relación jurídica con el Estado Nacional que
pudiera habilitarla para dirigir contra él una demanda como la
presente, corresponde el rechazo in limine de la demanda (cfr.
Fallos: 337:627).
La decisión que la Corte debe hoy adoptar es de una
enorme trascendencia institucional pues cualesquiera que fueren
los méritos sustantivos de la pretensión de la Provincia de
Entre Ríos y la justicia dé su reclamo político, dar curso a
esta acción implicaría alterar las bases de la división de
poderes vigente en nuestro país, con severo desmedro del sistema
republicano que nuestra Constitución ha adoptado (art. 1).
El control de constitucionalidad, como se ha dicho,
debe ser llevado a cabo en el marco de la resolución de causas
contenciosas promovidas por parte interesada. Y aquí resulta
manifiesto que la Provincia de Entre Ríos no es parte interesada
pues no tiene un derecho a que se mantenga inalterado un
determinado nivel de recaudación de los impuestos
coparticipables. Una concepción contraria implicaría, por
ejemplo, que cada decisión tomada por el Fisco Nacional en favor
de un contribuyente determinado legitimaría a todas las
provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a impugnar el acto
administrativo en cuestión dado ‘que ello tendría un impacto
negativo sobre la recaudación de lbs impuestos coparticipables.
7°) Que, a mayor abundamiento y dado que la mayoría
del Tribunal ha decidido ingresar en el estudio de la
procedencia de la medida cautelar solicitada, debe destacarse
que aun si la provincia actora contase con legitimación para
promover la demanda interpuesta, tampoco correspondería -con los
elementos arrimados a la causa- despachar favorablemente la
medida cautelar que solicita.
En efecto, no se encuentran reunidos los elementos
que hacen procedente el dictado de una medida cautelar (arts.
196, 230 y 232, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación),
los que en el caso de medidas de carácter innovativo como la
solicitada deben ser apreciadas con especial prudencia. Tal como
se expuso en Fallos: 331:108, la viabilidad de tales medidas se
halla supeditada a que se demuestre de manera fehaciente las
razones que las justifican. Ello es así pues ellas alteran el
estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado,
habida cuenta de que se configura un anticipo de jurisdicción
favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica
una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen
a su admisión (Fallos: 316:1833; 319:1069; 326:3729; 342:645 y,
recientemente, expediente “Estado Nacional c/ , Río Negro,
Provincia de y otra” -Fallos: 342:645-, entre otros).
Por otro lado, la prudencia que se requiere al
la concesión de medidas cautelares de contenido
patrimonial dirigidas contra decisiones tomadas por el Estado,
es aún mayor cuando se trata de proteger a la población -en
especial, a sus sectores más vulnerables- contra el impacto de
alteraciones excepcionales en la realidad social y económica,
supuestos en que tales medidas deben otorgarse con carácter
especialmente restrictivo y solamente cuando ellas resultan
absolutamente imprescindibles para la preservación de los
derechos en juego. En las circunstancias concretas de autos, la
adopción de una medida cautelar no se presenta como
imprescindible para proteger los derechos en juego pues no se
advierte que concurra el requisito de •peligro de daños
irreparables a los derechos invocados por la actora en caso de
negarse la tutela anticipada que se solicita.
Debe tenerse presente que el examen del peligro en la
demora exige al tribunal una apreciación atenta de la realidad
comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las
secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden
evitar pueden restar eficacia al ulterior reconocimiento del
derecho en juego, originado por la sentencia dictada como acto
final y extintivo del proceso (Fallos: 319:1277; 331:108). Tal
extremo debe resultar en forma objetiva del examen sobre los
distintos efectos que podría provocar la aplicación de las
diversas disposiciones impugnadas, entre ellos ,su gravitación
económica (conf. Fallos: 314:1312; 318:30; 325:388; 332:800).
El daño que busca evitar la provincia con la medida
precautoria solicitada consistiría en la redúcción de la
cantidad de dinero que ingresaría al fisco provincial como
consecuencia de la menor recaudación del IVA y del impuesto a
las ganancias dispuesta con carácter transitorio hasta el 31 de
diciembre próximo. Las variaciones en la recaudación de los
impuestos nacionales, sea por la causa que fueren, resultan un
evento previsible y que en modo alguno pueden, por sí mismas,
dar lugar •a la presunción de que tales fluctuaciones provoquen
un daño irreverible a las provincias en la ejecución de sus
respectivos presupuestos. En todo caso, si una situación
semejante tuviera lugar y efectivamente se verificase una
relación de causalidad entre la baja de la recaudación nacional
por obra de los decretos y resoluciones aquí impugnados y el
déficit en las cuentas provinciales o la prestación de algún
servicio esencial, ello debería ser debidamente acreditado y no
darse por supuesto como algo evidente u obvio que esta Corte
debiera admitir más allá de toda prueba.
Más aún, tratándose de una reclamación monetaria, la
presunción es exactamente la contraria, es decir, que los daños
no son irreversibles o irreparables. Si la pretensión de la
actora finalmente prevaleciera y efectivamente pudiera demostrar
que los actos nacionales han afectado un derecho de la
provincia, cabe presumir que ese agravio podría ser
perfectamente reparado mediante la correspondiente condena a
pagar un á suma determinada de dinero, una vez tramitado el
Por otra parte, tampoco ha proporcionado la actora en
su demanda ningún elemento de juicio para afirmar que una
hipotética sentencia de condena a pagar una suma de dinero en
esta causa tenga algún riesgo de tornarse imposible en su
cumplimiento, situación exigida por el artículo 232 del Código
Procesal Civil y Comercial como condición para la procedencia de
Ceo4ite P9€904temta clwatt.dct ok la CiVact4t
una medida precautoria como la solicitada. A tal fin resultan
insuficientes las consideraciones generales contenidas en el
apartado. IX del escrito de demanda, puesto que no permiten
apreciar la gravedad del perjuicio que se alega, ni, por
consiguiente, la debida proporción que debe guardar toda medida
cautelar para no ir más allá de su propósito (arg. ‘causas CSJ
313/2009 (45-S)/CS1 y CSJ 315/2009 (45-S)/CS1, ambas caratuladas
“San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ incidente de
medida cautelar”, sentencias del 8 de mayo de 2012).
La ausencia de elementos que permitan tener por
cumplido el requisito de peligro en la demora exime al tribunal
de analizar si el derecho de fondo invocado por la provincia
resulta verosímil. En atención a lo dicho y a las graves
circunstancias que llevaron al dictado de los decretos 561/2019
y 567/2019, incluso en caso de que la actora gozara de
legitimación activa, correspondería el rechazo de la medida
I. Declarar que la presente causa corresponde a la competencia
originaria de esta Corte. II. Declarar la falta de legitimación
activa de la Provincia de Entre Ríos y, en consecuencia,
rechazar in limine la demanda. Notifíquese, comuníquese •a la
Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.
/_,AARLOS FERNANDO ROSENKRAIR
Parte actora: Gustavo Eduardo Bordet, Gobernador de la Provincia de Entre Ríos
y Julio César Rodríguez Signes, Fiscal de Estado de la Provincia de Entre
Ríos, con el patrocinio letrado del Dr. Gustavo Calvinho.
Parte demandada: Estado Nacional, no presentado en autos.
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References: resolución

 resolución 

resolución 
 artículo 116
 resolución 
 artículo 7
 artículo 20
 resolución 
 artículo 232