Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=654082
Timestamp: 2019-05-19 21:28:01+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 15
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL SOBRE NOTIFICACIONES A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
REAJUSTE PARA SECTOR PÚBLICO
VI . INCIDENTES
Sesión 15ª, en martes 13 de noviembre de 2001
(De 16:19 a 18:6)
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica el Código de Procedimiento Penal en lo referido a notificaciones a personas privadas de libertad (2306-07) (se aprueba en general y particular)
Proyecto de ley, en segundo trámite, que reajusta las remuneraciones a trabajadores del sector público (2829-05) (se aprueba en general y particular)
Sesión secreta: se adopta resolución sobre nombramiento de don José De Gregorio Rebeco como Consejero del Banco Central (S 595-05)
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales (2726-07) (vuelve a Comisión para nuevo informe)
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica la ley Nº 19.162, que establece un sistema obligatorio de clasificación de ganado (2826-01) (se aprueba en general y particular)
Concurrieron, además, los señores Ministros de Hacienda , Secretario General de la Presidencia , Secretario General de Gobierno y del Trabajo y Previsión Social, y el señor Subsecretario de Justicia .
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).- Las actas de las sesiones 12ª, ordinaria, en 6 de noviembre; 13ª, extraordinaria, y 14ª, ordinaria, ambas en 7 de noviembre, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
De Su Excelencia el Presidente de la República , mediante el cual somete a consideración del Senado, y solicita su acuerdo, respecto de la proposición de nombramiento como Consejero del Banco Central de Chile de don José De Gregorio Rebeco (Boletín Nº S 595-05).
Asimismo, hace presente la urgencia en el despacho de esta materia, en los términos a que alude el inciso segundo del Nº 5) del artículo 49 de la Carta Fundamental.
--Pasa la Comisión de Hacienda.
Con el primero comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, reajusta las asignaciones familiar y maternal, el subsidio familiar y concede otros beneficios que indica, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (Boletín Nº 2.829-05).
Con el segundo informa que ha dado su aprobación al informe de la Comisión Mixta encargada de proponer el modo de resolver las divergencias surgidas durante la tramitación del proyecto de ley sobre sistemas de prevención de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 2.020-11).
De la Excelentísima Corte Suprema, mediante el cual emite su opinión respecto del proyecto de ley que agrupa los tribunales de la reforma procesal penal de la ciudad de Santiago (Boletín Nº 2.812-07).
Dos de la señora Ministra de Relaciones Exteriores:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero, referido a la gestión desarrollada por la Dirección de Promoción de Exportaciones de la Novena Región.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre la eventual instalación de una base antimisiles en la Patagonia argentina.
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a estados de pago adeudados a contratistas.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Ruiz-Esquide, relacionado con los peligros a que se exponen las embarcaciones en la desembocadura del río Lebu y a la posibilidad de corregir el diseño de ingeniería utilizado en la intervención del mismo.
Con el tercero envía un resumen de los oficios sobre consultas efectuadas al Ministerio a su cargo durante el mes de septiembre de este año.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, sobre modificaciones al decreto supremo Nº 212, de 1992, del Ministerio a su cargo, que fijó el Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relacionado con el problema habitacional que aqueja a las familias organizadas en el Comité de Vivienda Nº 17 de la ciudad de Puerto Aisén.
Del señor Secretario Ministerial de Planificación y Cooperación de la Región Metropolitana, por medio del cual remite el documento "Gestión de la Vivienda en la Región Metropolitana en el Período 1990-2000", elaborado por la Secretaría Regional a su cargo.
Del señor Secretario Ministerial de Educación de la Décima Región , mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relacionado con los requerimientos del Liceo Insular de Achao.
Del señor Contralor Regional de Valparaíso , por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Hamilton, referido a operaciones del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Quinta Región.
Del señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Interparlamentaria Latinoamericana de Derechos Humanos (CILDH), por medio del cual remite el boletín de los debates de la V Reunión de dicha Comisión y XIII de la Comisión de Derechos Humanos del Parlatino, que se efectuó los días 22 y 23 de junio del año en curso, en Santiago, y que fue puesto a disposición de las delegaciones que concurrieron, respectivamente, a las reuniones conjuntas VI y XIV de las mismas Comisiones, celebradas en Buenos Aires, entre los días 24 al 27 de octubre recién pasado, ambas para tratar el tema de la Corte Penal Internacional.
Del Senador señor Viera-Gallo, mediante el cual, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 57 de la Carta Fundamental, solicita autorización para ausentarse del país, a contar del día 12 de noviembre en curso.--Se accede a lo solicitado.
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código de Procedimiento Penal en lo referido a las notificaciones a la persona privada de libertad (Boletín Nº 2.306-07), y
2.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Bitar, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 17.288, sobre monumentos nacionales, con el objeto de crear una nueva figura penal y sustituir la unidad en que se expresan sus multas (Boletín Nº 2.726-07).
De la Comisión de Agricultura, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.162, que estableció el Sistema Obligatorio de Clasificación del Ganado , con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 2.826-01).
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).- Terminada la Cuenta.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).- El señor Secretario dará cuenta de los acuerdos de Comités.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).- Los Comités, en reunión de hoy, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Incluir en el cuarto lugar de la tabla de hoy el proyecto que autoriza el otorgamiento de un reajuste a los trabajadores del sector público, autorizando a la Comisión de Hacienda para emitir informe verbal.
2.- Colocar en el tercer lugar del Orden del Día de la presente sesión el proyecto sobre modificación del sistema obligatorio de clasificación del ganado.
3.- Incorporar a la tabla de hoy la proposición del Presidente de la República relativa a la designación de don José De Gregorio como Consejero del Banco Central de Chile , facultando a la Comisión de Hacienda para emitir informe verbal y permitiéndole sesionar simultáneamente con la Sala.
4.- Abrir nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto sobre ley de alcoholes hasta el martes 27 del mes en curso, a las 12.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).- Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Justicia, señor Jaime Arellano Quintana, en representación del señor Ministro del ramo, quien no podrá participar en el estudio del proyecto que modifica el Código de Procedimiento Penal en lo referido a las notificaciones a la persona privada de libertad.
El señor FOXLEY.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FOXLEY.- Señor Presidente , entiendo que la Comisión de Hacienda está autorizada para sesionar simultáneamente con la Sala, a fin de tratar los dos asuntos de su competencia mencionados en los acuerdos de Comités.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).- Así es, señor Senador.
El señor FOXLEY.- Por lo tanto, comunico a usted que nos reuniremos inmediatamente.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).- Conforme.
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código de Procedimiento Penal en lo referido a las notificaciones a la persona privada de libertad, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2306-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 18ª, en 3 de agosto de 1999.
El proyecto tuvo su origen en moción de los Honorables Diputados señora Guzmán y señores Ascencio, Cornejo, Elgueta, Riveros, Seguel y Walker.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia señala en su informe que el principal objetivo de la iniciativa es establecer, como mecanismo general de notificación de las resoluciones judiciales a las personas privadas de libertad, la notificación por medio del encargado del recinto en que se encuentran recluidas, a fin de evitar, en lo posible, su traslado a los tribunales, con el consiguiente gasto y riesgo que ello implica.
La Comisión aprobó en general el proyecto por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Aburto, Chadwick, Díez, Hamilton y Silva.
En cuanto a la discusión particular, en el informe se consignan las modificaciones introducidas al texto despachado por la Honorable Cámara de Diputados, las que también fueron acogidas unánimemente por los miembros del organismo técnico.
Cabe señalar que, por tratarse de una iniciativa de artículo único, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, corresponde discutirla en general y particular a la vez.
El señor ARELLANO ( Subsecretario de Justicia ).-
Señor Presidente , conocida es la práctica judicial que da lugar a masivos y diarios traslados de personas privadas de libertad desde los recintos penitenciarios hasta los tribunales, a fin de ser notificadas.
Dichos traslados tienen varias consecuencias bastante negativas. En primer lugar, se afecta la seguridad personal y dignidad de los procesados al verse expuestos a situaciones de hacinamiento al interior de los carros celulares o a largas esperas -muchas veces de pie y sin posibilidad de recibir alimentos- en las celdas o pasillos de los tribunales. Cabe hacer notar que en muchas ocasiones estamos frente a personas sobre las cuales simplemente se sospecha de su responsabilidad, sin haberse establecido su culpabilidad.
En segundo término, provocan situaciones de inseguridad pública o ciudadana, por cuanto con dichos traslados se multiplica el riesgo de fugas o actos de violencia. Muchas de ellas han sido conocidas públicamente. No son pocos los casos en los que dichos procedimientos han dado lugar a intentos de evasión, que ponen en peligro, sin duda, la seguridad ciudadana, al público que concurre a los tribunales, etcétera.
Por último, pero no menos importante, los recursos en términos de tiempo y dinero invertidos en los referidos traslados son cuantiosos. Gendarmería de Chile, conforme a un estudio efectuado en el año 2000, señala que sólo en dicho período se realizaron 394 mil 425 traslados, lo que implicó un gasto aproximado de 4 mil 97 millones 465 mil 827 pesos.
Por lo tanto, el proyecto que se presenta a la consideración del Senado permitirá morigerar cada una de las nefastas consecuencias recién aludidas. Ello, por cuanto se propone, en términos generales y sin perjuicio de ciertas excepciones y detalles consignados en el texto, que la notificación al privado de libertad se efectúe personalmente en el recinto en el que se encuentre recluido. Dicha notificación se llevará a cabo por un funcionario del recinto penitenciario y bajo la responsabilidad del encargado del mismo. Para ello, los secretarios de los tribunales de justicia enviarán -vía fax, generalmente- la notificación al detenido o preso, indicando el número del proceso, la fecha y la resolución dictada. La notificación consiste básicamente en entregar al interesado una copia de dicha resolución.
Además, en los casos de privados de libertad que tuvieren abogado patrocinante, se dispone que la notificación se efectúe a este último y no a los patrocinados. Con ello se sigue el buen criterio de privilegiar la defensa calificada del detenido o procesado, más allá de su conocimiento. Sin perjuicio de lo anterior, se establece la notificación personal, adicional a la de su apoderado, para el privado de libertad, en el caso de ciertas resoluciones -que se hallan descritas en la norma- de gran trascendencia o que, incluso, implican una severa afección a sus intereses.
Básicamente se sigue el modelo de notificaciones establecido en el nuevo sistema procesal penal, aunque con ciertas diferencias, por cuanto nos estamos refiriendo a dos procesos distintos: el antiguo y el nuevo.
Cabe mencionar que la materia propuesta en el proyecto en análisis ha contado con la opinión favorable del Colegio de Abogados (mediante oficio de 12 de octubre de 2001), del Instituto Chileno de Derecho Procesal (por oficio de 14 de octubre del año en curso) y de Gendarmería de Chile, que tendría la responsabilidad de practicar la gran mayoría de las notificaciones.
Finalmente, hago presente al Senado el enorme esfuerzo que ha desplegado Gendarmería en orden a favorecer las condiciones técnicas y de infraestructura necesarias, preparándonos para la aplicación de la iniciativa en debate. Es así como podemos informar que actualmente en todos los establecimientos penitenciarios se dispone de los elementos necesarios, especialmente fax y sistemas telefónicos, para recibir tales notificaciones.
Ésa es la postura del Ministerio de Justicia. Se trata de una iniciativa parlamentaria tremendamente práctica y razonable que favorece -insisto- el buen uso de los recursos fiscales, la seguridad ciudadana y (por qué no decirlo) la dignidad de los imputados en determinados casos.
Señor Presidente , la Comisión de Constitución del Senado aprobó por unanimidad el texto despachado por la Cámara de Diputados sobre las nuevas formas de notificación a quienes se hallan privados de libertad.
Dicho organismo técnico lo aprobó con algunas modificaciones tendientes a asegurar, sobre todo, que las notificaciones sobre las resoluciones personales, que pueden afectar el futuro de la causa o la sentencia definitiva, etcétera, sean recibidas y conocidas por el afectado con absoluta certeza. Con tal objeto, se establece que la responsabilidad de la notificación corresponderá al encargado del recinto de detención -la norma no dispone que se haga directamente a través de Gendarmería-, a fin de que haya un funcionario responsable, quien deberá informar al secretario del tribunal, y éste, a su vez, habrá de dejar constancia de que la notificación fue practicada.
Asimismo, se aprobó que el notificado que no tenga abogado podrá apelar verbalmente de las resoluciones en el mismo acto, y la apelación deberá ser inmediatamente transmitida por el encargado del lugar de detención.
Mediante el proyecto en análisis se desea solucionar un problema serio, del cual ha dado cuenta el señor Subsecretario: el traslado de procesados, que es costoso, peligroso y dificulta el proceso penal. Al mismo tiempo, no se obliga a los funcionarios pertinentes de los juzgados a concurrir a los recintos penales, por la pérdida de tiempo que ello significa, debido a las innumerables notificaciones que se deben efectuar.
En tal virtud, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros, recomienda a la Sala aprobar el proyecto en la forma como lo despachó.
El proyecto fue debatido en la Comisión, como lo señaló su Presidente , teniendo presente de manera especial la garantía consistente en notificar en el lugar de detención. Y lo más relevante era velar por que la notificación se hiciera de acuerdo con las formalidades que prevé la ley, dando al imputado, detenido o procesado la oportunidad de ejercer los recursos legales conducentes a reclamar del contenido de aquélla en caso de agravio para él.
Las notificaciones que se efectúan en el recinto carcelario son generalmente dos: el auto de procesamiento o la resolución que niega la libertad. Sin duda, las resoluciones pertinentes revisten mucha importancia para el afectado. Pero más trascendente aun es el derecho a reclamar de ellas. Y esto es lo que interesa resguardar en las formalidades que deben cumplirse para llevar a efecto las notificaciones.
A mi juicio, el proyecto sugerido a la Sala resguarda todas las garantías que permiten al procesado defenderse y entablar los recursos correspondientes. Por eso, estimo que debemos aprobarlo.
Señor Presidente, coincido en general con este proyecto -en lo que he podido imponerme-, que me parece conveniente. Pero quiero reiterar algo que he expresado en otras oportunidades: a los Senadores nos resulta muy difícil pronunciarnos sobre una iniciativa, por importante y simple que sea, si no hay tiempo material para enterarnos del informe respectivo.
Hemos dejado de cumplir la norma que establece que los informes deben ser presentados -no recuerdo bien- con un día o, específicamente, 24 horas de anticipación al tratamiento del proyecto correspondiente en la Sala, lo cual implica que necesariamente quedemos sujetos al buen criterio de las Comisiones. No dudo de que así es en general, pero ello nos deja en una posición incómoda, porque tal vez podríamos hacer sugerencias, proponer modificaciones justificadas y, también, evitarnos el bochorno -ha ocurrido a veces- de, por haberse deslizado un error, tener que rectificarlo mediante otra ley.
En el caso particular de esta iniciativa, tras una lectura rápida y por las razones dadas a conocer en el Hemiciclo, coincido absolutamente con su idea, que me parece ventajosa.
Sin embargo, insisto en que ojalá, más allá de respetar una norma reglamentaria, por el prestigio mismo de esta Alta Cámara, se nos dé siempre a los Senadores la oportunidad mínima adecuada para conocer previamente la materia de que se trata, leer el informe pertinente y actuar en consecuencia.
En este caso específico, lo más probable es que no haya errores de ninguna especie y sólo existan las ventajas destacadas tanto por el señor Subsecretario de Justicia como por los señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra. Pero quiero insistir en el derecho que nos asiste, que, más que eso, es un elemento indispensable para cumplir nuestra obligación de tener cabal concepto acerca de la materia sobre la que hemos de pronunciarnos.
No es bueno el sistema de poner en tabla un proyecto antes de que se dé cuenta del informe de la Comisión pertinente. O sea, primero se coloca en tabla una iniciativa, después la estudia el órgano especializado y finalmente encontramos en nuestros escritorios el informe respectivo.
Dejo constancia de esa situación y solicito a la Mesa, en resguardo del prestigio del Senado, de la calidad de las leyes y de nuestra posibilidad de opinar en forma fundada, que se respete la disposición reglamentaria correspondiente, para que no volvamos a encontrarnos abocados necesariamente a aceptar lo propuesto por la Comisión, que en este caso, a no dudarlo, es acertado.
El señor Secretario dará respuesta a la inquietud planteada por Su Señoría, pues existe un acuerdo de Comités relacionado con el proyecto en discusión.
Señor Senador, la iniciativa figura en la tabla de hoy día por un acuerdo que la semana pasada adoptaron unánimemente los Comités a sabiendas de que en esta misma sesión se daría cuenta del informe respectivo.
Señor Presidente, sin darnos cuenta -tal vez por hallarnos en un período preelectoral-, estamos cayendo en procedimientos que, por una parte, no prestigian al Senado, y por otra, no resultan adecuados.
No olvidemos que la semana pasada esta Corporación aprobó en general y particular un proyecto un minuto y medio antes de que se nos entregara el informe.
En consecuencia, no creo que acuerdos unánimes de Comités como el invocado en esta ocasión puedan pasar por encima de la norma mínima -¡mínima!- de que tengamos la oportunidad de conocer previa y adecuadamente la materia de que se trata.
Sin duda, podríamos adoptar la decisión de que la próxima semana se viera determinado proyecto. Sin embargo, tanto la Mesa como la Comisión respectiva tendrían que proceder de manera tal que ello no significara privar a los Senadores de la ocasión de imponerse con la debida anticipación de la materia de que se trata. Cualquier otra cosa significaría pasar sobre una norma que, por lo demás, corresponde a la lógica más elemental.
Por muy bien que las Comisiones cumplan sus funciones, a la Sala concurre la totalidad de los Senadores. En consecuencia, siempre, sin excepción alguna, todos debemos tener la oportunidad de conocer los proyectos con antelación a su debate.
En el caso que nos ocupa, los Comités acordaron que la iniciativa se estudiara en esta sesión. Pero ayer no había informe, pese a saberse que aquélla figuraba en la tabla de hoy, lo que imposibilitaba conocer la materia pertinente.
Por consiguiente, si se desea que un proyecto sea tratado por la Sala en determinada sesión, conforme; no hay ningún inconveniente. Pueden existir muchas razones que hagan recomendable debatir y, ojalá, despachar una iniciativa cierto día. Pero ello no debe ser motivo para que no rija la norma que da a los Senadores la oportunidad mínima adecuada para enterarse cabalmente de la materia sobre la cual habrán de pronunciarse. Son dos cosas distintas.
Por eso, no planteo una cuestión formal al respecto, sino que reitero a la Mesa la solicitud que formulé recién, precisamente para que terminemos con este afán de que lo más importante es legislar rápido, y ojalá, en forma adecuada. ¡No! Creo que la fórmula es a la inversa: debemos siempre legislar bien y apropiadamente informados, y dentro de ello, procurando hacerlo con la mayor rapidez que permitan las circunstancias.
La Mesa recoge sus aprensiones, señor Senador.
Ahora, normalmente, cuando los Comités y la Mesa concluyen en un acuerdo, todos suponemos que éste será de conocimiento de las salas de Senadores a que aquéllos representan. Tal vez cometemos un error al suponerlo, pero en casos como éste -por lo demás, el acuerdo se adoptó la semana pasada- el objetivo no es otro que el de avanzar en el tratamiento de una materia.
Pongo énfasis sobre el particular, por creer que es responsabilidad de todos los Comités informar a sus integrantes acerca de los acuerdos suscritos.
Reitero que, en todo caso, la Mesa tomó nota de las palabras de Su Señoría.
La norma que regula la materia en cuestión es el artículo 116 del Reglamento. Incluso, otorga un derecho a los Senadores para solicitar el aplazamiento de la discusión. Y recordemos que hubo una distinguida Senadora que ejercitó ese derecho en numerosas oportunidades e hizo respetar el Reglamento en el sentido de que, aun cuando determinado asunto esté en tabla, si el informe no se entrega con la debida anticipación, puede pedirse postergar su debate para el día siguiente, salvo que se trate de materias calificadas de "suma urgencia" o de "discusión inmediata".
Repito que formulo mi planteamiento con miras a obtener una buena forma de legislar, lo cual constituye obligación nuestra. Y, como dije, no hay que confundir el ejercicio de tal derecho con la plena confianza que siempre tenemos en el buen criterio de los colegas que integran una Comisión. Estamos conscientes de que cuando cierta materia viene aprobada por unanimidad, lo más probable es que no merezca reparo alguno; sin embargo, podría haberse deslizado un pequeño error, una omisión, o existir otros aspectos de interés.
Agradezco a la Mesa que haya tomado nota de mis palabras, y ojalá que en el futuro procuremos, más allá de lo factible, respetar siempre las normas reglamentarias, porque son las que nos permiten hacer un aporte al debate y despachar los proyectos de la mejor manera posible, como es nuestro deber.
Para completar la información de Su Señoría, le ruego consultar también el inciso segundo del artículo 17, donde aparece más detallado el procedimiento a que nos ajustamos para la discusión de la iniciativa de ley en comento.
Señor Presidente , considero muy importante y práctico el proyecto, porque evitará a Gendarmería, que a veces no cuenta ni con personal ni con medios suficientes para ello, trasladar diariamente desde los lugares de reclusión hacia los tribunales a sobre setecientas personas, en más del 60 por ciento de los casos sólo para los efectos de notificaciones.
Sin embargo, hay un punto que me llama un tanto la atención. Supongo que, al momento de notificarlo, se entregará al reo copia del documento respectivo, donde pueda firmar -si no sabe hacerlo, colocará su huella digital- o expresar su propósito de apelar. Porque si el trámite es únicamente verbal, esa manifestación de voluntad deberá trasmitirla quien va a notificar, que muchas veces será el jefe de Gendarmería correspondiente, etcétera. A mi juicio, un procedimiento semejante daría más formalidad al proceso mismo.
En todo caso -como dije-, estimo que el proyecto es muy práctico, muy pertinente, y por eso lo votaré a favor.
Señor Presidente , camino hacia la Sala, el Honorable señor Parra me decía: "Vamos a modificar el fenecido Código de Procedimiento Penal ".
Es cierto: en este momento tenemos dos Códigos de Procedimiento Penal: uno que rige en cinco Regiones, y éste, que podríamos denominar "sobreviviente", que lo hace en el resto del país.
No será ésta la primera vez que debamos modificar el sobreviviente, porque acarreará problemas.
La iniciativa de la Cámara de Diputados estaba plagada de buenas intenciones (eran sólo eso: buenas intenciones); empero, se limitaba a traspasar el problema desde Gendarmería hacia los Tribunales.
Gendarmería no iba a trasladar detenidos -para evitar, entre otras dificultades, su fuga-, pero los secretarios de los 37 juzgados del crimen de Santiago, a su costa, habrían tenido que viajar en buses -de no tener automóvil- para llegar a los diferentes centros penales y notificar a los detenidos.
Eso, afortunadamente, fue enmendado por nuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Y un texto que sólo tenía buenas intenciones ahora se ha transformado en una buen proyecto.
Incluso, en ese organismo técnico se corrigieron algunas añejeces. Nuestro Código de Procedimiento Penal, con más de cien años de vigencia, mantenía la obligación de que el secretario notificara el vencimiento del término probatorio, a fin de que desde el momento de la notificación corriera el plazo del juez para dictar sentencia. Porque en este caso el magistrado, analizando la prueba, podía dictar lo que se llamaba "diligencia para mejor resolver", pero que los chuscos denominaban "diligencia para mejor demorar".
Además, tratando de resolver el problema del traslado, obvió el sistema entregando a los tribunales un mecanismo de notificación acorde con los adelantos actuales: permite comunicar las resoluciones por correo electrónico, por fax, en fin, para que el jefe del establecimiento penal notifique a quien corresponda.
Señor Presidente , anuncio mi voto favorable, por estimar que la iniciativa es muy justa y práctica. Sin embargo, haré algunas consideraciones sobre el problema de las notificaciones.
Primero, quiero plantear al señor Subsecretario de Justicia que espero que se busque la forma de construir los nuevos tribunales cerca de los lugares de detención. Porque hay ciudades que deben ser recorridas casi en toda su extensión con los presos -tal sucede en Valdivia-, lo que envuelve el riesgo de que se escapen. Asimismo, ha de evitarse el traslado de aquéllos en carromatos poco dignos de su condición de seres humanos.
Hace pocos días estuve en Iquique, donde tuve el agrado de visitar, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos , a la Ministra señora Eliana Ayala , encargada del proceso de Alto Hospicio, quien me pareció una funcionaria muy digna, seria y correcta. Quedé gratamente impresionado de la conversación que sostuvimos. Pero durante ella me dijo que tenía un problema muy serio, comprensible en un caso tan dramático como el señalado: el inculpado está recluido en Arica y cada vez que hay que notificarlo debe ser trasladado a Iquique, lo que significa, ida y vuelta, el uso de tres automóviles, la vigilancia de cinco o seis gendarmes, etcétera. Tal procedimiento me pareció un tanto colonial, propio de la época en que se trasladaba a los presos de Santiago a Lima para juzgarlos.
Digo lo anterior porque creo que la iniciativa soluciona en parte el problema y evita que se produzcan esos traslados, que implican demora, la cual actúa contra la justicia; porque cuando ésta no es rápida, no resulta eficiente.
Por ello, me felicito de que este proyecto se vaya a aprobar. Empero, reitero mi solicitud en el sentido de que se consulten para los procesados -no para los condenados- recintos contiguos al lugar donde se lleva a cabo su juzgamiento.
El señor RÍOS ( Presidente ).-
Señor Presidente , el problema que acaba de plantear el Senador señor Valdés tiene solución hoy. Hablamos mucho de que somos un Estado moderno. Pero si es así, debemos utilizar la tecnología actual. ¿Por qué, entonces, el encargado de hacer la notificación y comunicar los plazos no trabaja sobre la base de videoconferencias en la sala que proporcione el alcaide en la cárcel respectiva? No hay duda de que eso acortaría todos los plazos, aseguraría la libertad de movimiento y la seguridad, con lo cual se lograría el objetivo perseguido: de que el afectado esté informado de la tramitación de todos los juicios en su contra.
Creo que es una solución que debemos tomar en cuenta. Dejo planteada esta consideración al señor Subsecretario de Justicia , que, supongo, habrá escuchado.
Señor Presidente , el establecimiento de estas disposiciones supone el perfeccionamiento paulatino de nuestro sistema procesal y carcelario, el equipamiento de los juzgados con mecanismos de envío de las notificaciones y la forma de resolver y comunicar los registros de detención.
Para que quede constancia de las notificaciones, de las apelaciones verbales, etcétera, existe un solo trámite, que es la certificación que hace el encargado del lugar de detención.
No hay duda de que se usarán todos los procedimientos tecnológicos modernos. El sistema de videoconferencia puede no resultar adecuado, porque los detenidos en Santiago o en otras ciudades pueden provenir de muchos juzgados distintos. De manera que es mucho más efectivo el establecimiento de una serie de dispositivos de fax -o de computadoras- en los lugares de detención y la disponibilidad de personal (seguramente gendarmería deberá reglamentarlo) para recibir, transmitir y certificar al secretario del tribunal todo lo obrado en esta materia.
Ésa es la idea fundamental del proyecto: crear la estructura básica para poder llenarla con todo lo que la técnica haga posible.
Algunos señores Senadores me han solicitado que recabe el asentimiento unánime de la Sala con el objeto de tratar ahora el reajuste para el sector público y, luego, la designación de don José De Gregorio como Consejero del Banco Central . Posteriormente, se proseguiría con los restantes asuntos en tabla.
Señor Presidente , soy autor de la moción que ahora correspondería despachar, pero no tengo objeción a que se proceda como indicó la Mesa.
Señor Presidente , ¿por qué no votamos primero lo relativo al consejero?
Creo que el proyecto de reajuste al sector público es de mayor interés. En todo caso, ambas materias se aprobarán rápidamente.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede los aguinaldos que señala, reajusta las asignaciones familiar y maternal y el subsidio familiar y concede otros beneficios que indica.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2829-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 15ª, en 13 de noviembre de 2001.
Hacienda (verbal), sesión 15ª, en 13 de noviembre de 2001.
El señor Presidente de la República hizo presente la urgencia de "discusión inmediata" para el proyecto.
La Comisión de Hacienda aprobó esta iniciativa en general y particular por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Matthei y señores Boeninger, Foxley y Prat, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Cabe señalar que esta Comisión fue autorizada por la Sala para presentar verbalmente su informe.
Finalmente, corresponde destacar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, el proyecto debe ser discutido en general y particular a la vez, por tener urgencia calificada de "discusión inmediata".
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda Honorable señor Foxley.
Señor Presidente , la Comisión de Hacienda aprobó unánimemente la propuesta de reajuste para los empleados públicos, que consiste en un reajuste de 4,5 por ciento, beneficiando a 550 mil trabajadores del sector público, centralizado y descentralizado.
El mismo porcentaje de reajuste se aplica a los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, diferenciando entre trabajadores con remuneraciones iguales o menores a 270 mil pesos y los que superen esta cantidad y no excedan de 1 millón 50 mil pesos. Los montos fluctúan, en el caso del aguinaldo de Navidad, entre 25 mil 200 pesos para el primer tramo, y 13 mil 374 en el segundo. En el aguinaldo de Fiestas Patrias se discrimina similarmente con 33 mil pesos para los primeros, y 23 mil pesos para los segundos.
Se reajustan también en 4,5 por ciento el bono de escolaridad, los aportes a servicios de bienestar, las asignaciones familiares, el subsidio único familiar y el bono de invierno. A todo esto se agrega un bono por cierre de conflicto, cuyo monto es de 30 mil pesos para los trabajadores que perciban una remuneración igual o menor a 270 mil pesos, y de 16 mil pesos para los que superen esa cantidad y no excedan de 1 millón 50 mil pesos.
El proyecto fue discutido en la Comisión de Hacienda y se aprobó por unanimidad.
Señor Presidente , el artículo 23 de este proyecto concede el bono de invierno a los pensionados del INP, de las Cajas de Previsión y de las Mutualidades de Empleadores de la ley Nº 16.744. También da este bono a los pensionados del nuevo sistema que se encuentren percibiendo pensiones mínimas, pero con un requisito: que esa pensión mínima tenga la garantía estatal. Por otra parte, también se otorgan un aguinaldo de Fiestas Patrias y otro de Navidad, excluyéndose a los pensionados del nuevo sistema.
Señor Presidente , en varias oportunidades hemos señalado que estos aguinaldos se pagan con fondos generales de la Nación, no con las cotizaciones del INP o con las de las Mutualidades de la ley Nº 16.744. En el fondo, se trata de dinero que da el Estado para personas con necesidades y que perciben pensiones mínimas. Y, a nuestro entender, el criterio debería ser siempre entregárselo a quienes lo requieren, independientemente del sistema que les paga la pensión.
Votaré a favor el proyecto. Pero creo que será la última vez que lo haga, en la medida en que se siga discriminando en contra de los pensionados que se encuentran recibiendo pensión mínima de parte de las AFP, quienes se hallan en tan malas condiciones como quienes la perciben del INP. Y en este último caso, el dinero proviene del Fisco. Y no sé por qué éste está dispuesto a darle a algunos y a otros no.
Y respecto de las AFP está dispuesto a conceder este bono invierno, pero con un condicionamiento: que la pensión mínima tenga garantía estatal.
El dinero del Estado debería repartirse conforme al único criterio de necesidad de la persona que lo recibirá. No existe ninguna razón lógica para discriminar entre distintos sistemas previsionales.
Señor Presidente , efectivamente, este tema se discutió en la Comisión de Hacienda. De parte del Ejecutivo existe voluntad para revisar las normas, por cuanto nos parece saludable el principio de que, en términos de los recursos públicos, los con igual condición socioeconómica deben recibir el mismo tratamiento.
Entonces, queda entendido que en el próximo proyecto esto deberá ser apropiadamente revisado.
--Se suspendió a las 17:4.
--Se reanudó a las 17:5.
--Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 17:5 y adoptó resolución sobre el nombramiento de don José De Gregorio Rebeco como Consejero del Banco Central de Chile .
--Se reanudó la sesión pública a las 17:10.
Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, con el objeto de crear una nueva figura penal y sustituir la unidad en que se expresan sus multas, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
La iniciativa tuvo su origen en una moción del Honorable señor Bitar.
La Comisión consigna que el proyecto se discutió en general y particular a la vez, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento.
Los objetivos principales del proyecto son: aumentar las multas existentes, para lo cual se cambia su formulación en sueldos vitales por unidades tributarias mensuales, y mejorar los tipos penales referidos a esta materia para castigar más eficazmente la destrucción, alteración o extracción de restos pertenecientes a monumentos nacionales, así como el tráfico de ellos.
La Comisión informante aprobó en general el proyecto por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Aburto, Chadwick, Díez, Parra y Viera-Gallo. La aprobación en particular también fue unánime (Honorables señores Aburto, Chadwick, Díez, Hamilton y Silva).
Señor Presidente , el proyecto da un paso adicional hacia la protección de los bienes arqueológicos del país, muchos de los cuales han sido destruidos. Las multas con que se castigan a los infractores, según contempla la ley, van de 15 mil a 75 mil pesos. La iniciativa aumenta dicha penalidad, proponiendo multas de 60 mil a 15 millones de pesos.
Además, se establecen nuevos tipos penales para quien destruya el sitio completo, pues no sólo se trata de robos, sino de la destrucción de lugares arqueológicos, lo que constituye un daño todavía mayor para el patrimonio nacional.
Para no demorar más esta discusión, solicito que se oficie al Ministerio de Relaciones Exteriores para que Chile ratifique la "Convención sobre las Medidas que deben adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales". Este documento, que tengo en mi poder, fue aprobado en noviembre de 1970 por la UNESCO y está firmado por una gran cantidad de naciones, y su principal objetivo es proteger sus patrimonios culturales mediante el combate al tráfico ilícito de bienes arqueológicos.
Por otra parte, quiero hacer presente una consideración más general.
Hacia el futuro del país se vislumbran dos actividades con gran potencial de desarrollo que debemos proteger: el turismo y la arqueología que le sirve de base.
He conversado con el Senador señor Valdés -también solicito al señor Presidente que envíe oficios sobre el particular a los Ministros de Hacienda y de Educación- respecto de la posibilidad de financiar el Consejo de Monumentos Nacionales con parte de los recursos que se obtengan de la enajenación de bienes fiscales. Es una idea del Honorable señor Valdés , que respaldo, pues permitirá contar con fondos para restaurar bienes nacionales.
En la misma línea, cabe señalar que los recursos de que dispone SERNATUR para promover el turismo, sustentando también la arqueología o el ecoturismo, son mínimos, casi ridículos.
Por lo tanto, estamos ante dos actividades de gran potencial hacia el futuro: la relativa al turismo, al ecoturismo. Y es necesario proteger los bienes arqueológicos y restaurar los monumentos nacionales, lo cual puede generar mucho empleo y gran crecimiento. Sin embargo, como país, no se otorga ninguna prioridad a ello, ni tampoco se asignan recursos, en circunstancias de que esa tarea implica, en verdad, altísima participación de mano de obra por capital invertido, más que cualquier otra actividad. Asimismo, también debe considerarse la ratificación de la Convención de la Unesco sobre tráfico ilícito de bienes arqueológicos.
Por eso, solicito que se oficie tanto a la señora Ministra de Educación como al señor Ministro de Hacienda a fin de que se puedan destinar recursos al objetivo indicado. Además, realizaremos gestiones para conseguir que el Ejecutivo remita al Congreso un proyecto de ley tendiente a reforzar la protección de los monumentos arqueológicos.
Señor Presidente , esta iniciativa surgió como consecuencia de un robo que se produjo hace un año en Arica, cuando se descubrieron un mil 200 piezas arqueológicas, las que inicialmente fueron avaluadas en la suma de 5 mil millones de pesos. Esto demuestra que no existe capacidad alguna para enfrentar situaciones como ésa, por cuanto las demandas que se hicieron ante los tribunales no tuvieron efecto. Como Senador, me hice parte de dicho proceso, el que aún está en curso, e interpuse una querella criminal en contra de todas aquellas personas que resulten responsables de tan graves hechos delictivos.
Se trata, tal vez, de la más grande destrucción de monumentos nacionales arqueológicos, que se viene realizando desde hace aproximadamente treinta años en toda la zona donde se encuentran las culturas de Arica e inca, y dice relación a objetos cuya data fluctúa entre mil y mil 400 años antes de Cristo. Son productos muy variados y fueron encontrados en manos de delincuentes que estaban destruyendo algo que la ley prohíbe.
En consecuencia, así como elevamos las penas respecto de una serie de actividades relacionadas, por ejemplo, con drogas y otros temas relevantes, creo que el saqueo de sitios arqueológicos, o el llamado "huaqueo" que se ha producido de manera intensiva, debe ser frenado fuertemente, pues ese patrimonio constituye no sólo parte de la historia de la cultura chilena, sino que también la base de un desarrollo económico futuro.
Señor Presidente , agradezco la consideración del Senado y el apoyo unánime brindado a esta iniciativa, como además las correcciones y modificaciones propuestas por el Ejecutivo para, al menos, hacer más severa la aplicación de la ley Nº 17.288, que rige en la materia.
Señores Senadores, el proyecto en debate es de artículo único. Sin embargo, este precepto es bastante sui géneris, ya que contiene varios artículos. Señalo esto porque han llegado a la Mesa dos indicaciones, y, dependiendo del criterio de la Sala, la iniciativa podría ser despachada una vez que ellas sean discutidas.
Considero que, por la extensión e importancia de las indicaciones, lo lógico sería que el proyecto volviera a Comisión. Formulo la sugerencia sin la intención de que haya un pronunciamiento de inmediato, toda vez que aún restan tres intervenciones. Pondré en discusión el punto cuando Sus Señorías hayan terminado sus exposiciones.
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez .
Agradezco su deferencia, señor Presidente . Pero decidí no intervenir.
Puede hacer uso de la palabra el Senador señor Valdés.
Señor Presidente , es interesante el proyecto del Honorable señor Bitar , quien mencionó también otra iniciativa que desde hace tiempo estoy estudiando con el Ministerio de Hacienda, pero no corresponde a moción parlamentaria, porque implica una destinación de gastos. En todo caso, deseo referirme a ella, ya que está íntimamente ligada a la que se encuentra en debate.
Ciertamente, en Chile existe el Consejo de Monumentos Nacionales, órgano muy antiguo cuya formación ya no se aviene con las necesidades actuales. Es muy centralista y lo integran más de veinte personas, las cuales deben reunirse para analizar ciertos asuntos. Pero no existen consejos regionales o provinciales -como debería ser- en los lugares donde se ubican las obras que es necesario conservar.
Ése es un hecho.
Además, se presenta una segunda situación, cual es que todos los años son destruidas las obras declaradas monumentos nacionales. Eso constituye un castigo, porque deja fuera del comercio lo que fue determinado como tal, toda vez que no se puede vender, ni cambiar, ni arrendar. Y, finalmente, podemos apreciar -esto lo sabemos quienes representamos a las Regiones del sur- que todos los años se producen dos o tres incendios en casas declaradas monumentos nacionales, pues quedan abandonadas, nadie las quiere y sólo valen por el terreno que ocupan. De acuerdo con mi experiencia en este tipo de asuntos, he sabido de algunos casos personales bastante dramáticos.
Cuando inició las labores el Senado, me preocupé, con su autorización, de conseguir la llamada Casa de Velasco, que era fiscal y cuyo segundo piso había sido prácticamente destruido por el terremoto de 1985. El funcionario encargado de su vigilancia me dijo: "¡No, la casa no puede ser reparada. Estoy esperando que se caiga, porque vendiendo el terreno nuestra institución obtendrá muchos recursos; y como es monumento nacional, no la puedo tocar, aunque esté en esas condiciones. Lo único que deseo es que vengan muchas lluvias y se acabe!". No citaré a esa persona, que era un muy buen funcionario, pero tenía ese criterio.
Felizmente, se celebró un convenio de comodato y la casa se salvó. Hoy día es considerada como un recuerdo histórico de aquellas buenas casas antiguas de Santiago que dan carácter urbano a la ciudad.
Eso ocurre en todas partes, pero no hay preocupación, por ejemplo, con los fuertes de Valdivia, que van cayendo año a año, debido a que no hay un peso para repararlos. Esto acontece también en Ancud y en muchos otros lugares.
Ahora bien, tengo en mi poder un trabajo realizado por el Ministerio de Bienes Nacionales referente a un catastro de todos los bienes fiscales, de los que separo los de uso público, cuya condición indudablemente está fuera de discusión, porque los utiliza el Fisco, el Estado. En ellos se cuenta al Senado, La Moneda, los edificios públicos, los Ministerios, etcétera, como también están las canchas o espacios donde las Fuerzas Armadas realizan maniobras, que son respetables. Sin embargo, sólo en la Décima Región existen más de 100 mil hectáreas de tierras agrícolas, y más de 14 mil en la Provincia de Valdivia. Del mismo modo -en esto dejo aparte a las Fuerzas Armadas-, hay más de 400 casas fiscales donde viven funcionarios públicos, o son arrendadas.
Tal situación es improcedente, porque el Estado no puede arrendar sus bienes, ni tener tierras agrícolas que no rinden. Por eso están siendo vendidas en 2 mil o 2 mil 500 millones de pesos al año. Según la Ley de Presupuestos, 60 por ciento de estos recursos se destina a fondos regionales; el 20 por ciento a fondos fiscales (presupuesto) y el 10 por ciento al Ministerio de Bienes Nacionales. Esta Secretaría de Estado , a mi juicio, debería desaparecer, pues no tiene ningún objeto administrar bienes que no están destinados a un fin específico.
En Valdivia, muy cerca de mi pequeña propiedad, hay un campo de 110 hectáreas, que es arrendado en 200 mil pesos anuales. Y está ahí, abandonado, con unas 40 ó 50 vacas. No es posible que esto ocurra en una economía moderna.
Por lo tanto, la propuesta, que ha recibido buena acogida por parte del Ministro de Hacienda , es la siguiente: del 20 por ciento que recibe el Fisco por esas ventas, que 10 por ciento vaya a fondos relacionados con monumentos nacionales, y del 60 por ciento que obtienen los gobiernos regionales, el 10 por ciento se destine a bienes nacionales de la provincia respectiva. Así se dispondrá de un fondo de 20 por ciento, y como las ventas subirán a 5 mil millones -según me lo expresó el Ministro -, ese porcentaje no deja de ser importante para que existan a nivel regional consejos de monumentos nacionales que puedan invertir en reparar y sostener tales obras.
Formulo este anuncio -seguramente se conocerá después de la propuesta del Senador señor Bitar -, porque estimo fundamental mantener el patrimonio en el norte, el centro y el sur del país, que en el caso de Valparaíso es muy dramático, pues esta ciudad no ha sido protegida como corresponde.
Señor Presidente , a mi juicio, este proyecto está bien inspirado en cuanto al objetivo que persigue: proteger los monumentos nacionales. Sin embargo, considero que la vía empleada no es necesariamente la más adecuada, pues se piensa que, en virtud de una ley tendiente a elevar las penas, simplemente se solucionará el problema y se impedirá la comisión de tales delitos. Con este mismo criterio, obviamente, habría que aumentar mucho más las sanciones para evitar que ello ocurra.
Por lo tanto, en mi opinión, su finalidad es buena. Sin embargo, creo que ese propósito, lamentablemente, no se logrará, por cuanto se ha demostrado una y mil veces que los proyectos que simplemente aumentan la penalidad -como ocurre con éste- no producen el efecto de inhibir las conductas delictivas. Ése es un hecho público, notorio y, además, recogido en toda la doctrina del Derecho Penal.
La normativa en debate adolece de ese defecto. En ella simplemente se incrementan las sanciones, en la creencia de que ése es el modo de defender los monumentos nacionales. A mi juicio, lo que deberíamos hacer -sin perjuicio de modificar las penas, si son inadecuadas- es introducir una enmienda mucho más amplia, destinada a protegerlos efectivamente, vale decir, buscar la manera de prevenir los delitos de esta índole. No se saca nada con castigar al individuo que destruyó una obra, pues ya la perdió el país, ya la perdió la humanidad.
Debemos buscar fórmulas para preservar los monumentos nacionales de modo tal de impedir los delitos a su respecto. Pero cometido uno, el daño ya está producido y una ley de este tipo carece de efecto. Como dije, los cuerpos legales que simplemente aumentan la penalidad no son eficaces, salvo en casos muy menores, mínimos, y me parece que esto no es lo que se pretende con el proyecto. El objetivo de él es laudable: proteger los monumentos nacionales, pero la forma planteada para hacerlo es inadecuada para lograr el cumplimiento de esa finalidad.
De otra parte, en la ciencia penal, el aumento desmedido de algunas penalidades frente a otras genera una serie de distorsiones, porque se elimina el equilibrio que debe existir en un marco adecuado del Código Penal, en que las sanciones tienen que ser más o menos proporcionales no sólo a la conducta por castigar, sino también a otras figuras delictivas semejantes. Éste es otro defecto que, por lo demás, hizo presente el representante del propio Ministerio de Justicia durante el debate en la Comisión.
Señor Presidente , como la iniciativa puede ser útil, la votaré favorablemente, pero dados sus limitados efectos será difícil que cumpla los objetivos perseguidos por el legislador. Por ejemplo, el inciso segundo del artículo 38 bis, nuevo, propuesto, expresa: "Tratándose del hurto, si no fuere posible determinar el valor del monumento nacional, se aplicará la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo,". Esta disposición además es imperfecta desde el punto de vista jurídico, porque pese a la imposibilidad de fijarse el valor material de la obra aplica una pena, lo cual, en mi opinión, no se ajusta a una norma racional de justicia.
¿Qué quiere decir eso? ¿Que mientras más alto sea el valor del daño causado mayor debería ser la pena, y ésta tendría que ser menor si aquél fuese más bajo? Esto es inaplicable en el caso que nos ocupa. Da lo mismo que la cantidad involucrada sea insignificante. La evaluación pudo no haberse hecho porque la obra no posee gran valor; sin embargo, por ello no deja de ser monumento nacional.
Señor Presidente , ésas son las observaciones que me merece la iniciativa, la cual debería ir acompañada de un conjunto de medidas tendientes a evitar la comisión de esta clase de delitos. La prevención de ellos y la protección y mantención de los monumentos nacionales son propósitos que todos perseguimos. Deploro que no se encuentren consideradas en el texto propuesto pues habrían enriquecido la idea central, que en principio estimo conveniente, pero cuya solución no se halla debidamente enfocada.
Señor Presidente, reitero respecto de este proyecto lo dicho en el que tratamos anteriormente en cuanto al poco tiempo de que hemos dispuesto para imponernos tanto del informe como del texto mismo y ver manera de introducir algunas modificaciones.
Coincido absolutamente con el espíritu existente sobre el particular y la necesidad de modificar la Ley de Monumentos Nacionales a fin de proteger éstos en mejor forma. Pero como primera cuestión debo señalar que no he tenido el tiempo que habría deseado para examinar más a fondo la materia y formular otras sugerencias encaminadas a ese fin. El ideal es hacerlo de manera racional, no solamente sobre la base del aumento indiscriminado de multas, sino considerando también otros elementos.
Cabe hacer presente que la iniciativa sustituye el artículo 38 de la ley Nº 17.288 para crear un tipo penal especial distinto de las normas generales, lo que, a mi juicio, implica alterar nuestro sistema penal. Además, se sancionan con la misma pena conductas totalmente disímiles en su valor, como son la destrucción y el mero daño causado. Para ambas se establece una pena común.
Como en la actualidad no hay normas claras sobre el asunto, estoy seguro de que la mayor parte de la población ignora si determinado edificio, o un muro o frontis de otro -como en el caso del antiguo edificio de "El Mercurio" que hay en Santiago- tienen o no el carácter de monumento nacional y puede causarles daños de cualquier especie.
Quien así procediere podría ser condenado a varios años de cárcel.
Por eso, soy partidario de lo ya insinuado por el señor Presidente en el sentido de que el proyecto vuelva a Comisión para segundo informe.
Honorable señor Urenda, el Senador señor Zurita requiere una interrupción. ¿La concede Su Señoría?
Señor Presidente , el inciso primero del texto sustitutivo del Nº 9 propuesto en la indicación presentada por el Honorable señor Urenda, que expresa: "El que, a sabiendas,", habla de un delito; y el inciso segundo, al establecer "El que causare daño", se refiere a un hecho culposo. ¿Es ésa la intención? Así me parece, pero...
Repito lo que manifesté. Tal vez un examen más detenido de la materia podría llevarme a modificar las indicaciones que formulé. Lo que ocurre es que nos hemos visto abocados a conocer en pocos minutos un proyecto importantísimo, que tengo el mayor interés en que salga adelante. En su texto (no en el presentado por el Senador señor Bitar ) se establece un tipo de delito que, como dije, puede crear situaciones tan inverosímiles como que alguien cause un daño menor a un monumento nacional ignorando completamente que tiene dicha calidad, por no haber en él ningún elemento que haga tal distinción.
Ése es el objetivo de las indicaciones. Es posible que las observaciones que acaba de hacer el Honorable colega jurista sean adecuadas, pero aquéllas están destinadas a salvar por lo menos la mencionada situación. Preferiría que la iniciativa volviera a Comisión para segundo informe, a fin de tener oportunidad de formular indicaciones y despacharla con las debidas correcciones, para que realmente cumpla su objetivo.
Se contempla un alza de las multas existentes que en algunos casos parece enorme, por ejemplo, en el que va de una a quinientas unidades tributarias. Sin embargo, en la norma se establece la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Es decir, hay muy poco margen. Una persona podría haber ocasionado un daño pequeñísimo y ser condenada a 541 días de cárcel.
Eso amerita un estudio más detenido y el aporte que pudiéramos hacer los Senadores para perfeccionar el proyecto, cuyos objetivos indudablemente son muy loables. Mi primera indicación intenta introducir el concepto "a sabiendas", porque no existe un registro de monumentos nacionales. En el 99 por ciento de ellos no hay nada que permita a un ciudadano común saber que se encuentra ante un monumento nacional, de cualquier naturaleza, y no ante un edificio cualquiera. De eso se trata.
Coincido con la intención del Senador señor Bitar y con la opinión del Honorable señor Valdés ; pero, en vista de que no hemos dispuesto del tiempo que el propio Reglamento nos da, deberíamos, para un segundo informe, tener la oportunidad de presentar indicaciones. Ello, porque es muy posible que incluso las que yo mismo formulé (y que he debido preparar a la carrera), ameriten también alguna corrección o mejoría.
Me parece que esta iniciativa, por su importancia -cualquiera que ésta fuere, por lo demás-, debe despacharse habiendo tenido todos los Senadores la posibilidad de hacer algún aporte a su perfeccionamiento, sin que se creen situaciones que, como digo, son absurdas: que en materia de multas haya una gradación fantástica, de una a quinientas unidades tributarias mensuales; que en lo atinente a las penas por aplicar a quienes "destruyan total o parcialmente, u ocasionen perjuicios en él o en sus partes y piezas...", aquéllas sean de presidio menor en su grado medio a máximo, y multa de 50 a 200 unidades tributarias mensuales.
Estimo que no hay racionalidad en esto, y que el proyecto puede perfeccionarse. Creo que la mejor manera de hacerlo es tener la oportunidad de que, sobre la base de un segundo informe, se fije un plazo para presentar indicaciones que realmente nos permitan entregar los aportes que justifican una iniciativa como la presente, a cuyo autor felicito porque creo que se trata de un texto importante, aunque, tal como está, no producirá los efectos que se buscan.
En virtud de las indicaciones formuladas y de las intervenciones registradas en la Sala, nos parece que, para que se apruebe, es necesario enriquecer aún más la iniciativa -aun cuando el proyecto del Senador señor Bitar ya es muy bueno-, pero en breve tiempo. En consecuencia, es conveniente enviarla otra vez a Comisión para un nuevo informe.
Resta oír a tres señores Senadores que se encuentran inscritos para intervenir, pero antes quiero pedir la opinión de la Sala sobre el trámite propuesto.
Señor Presidente, el asunto me parece muy importante, y justamente iba a solicitar que la iniciativa volviera a Comisión, por su importancia y porque abre la oportunidad de buscar una solución definitiva a la cuestión de los monumentos nacionales. Pero, para eso, estimo que debería invitarse al Ministro de Hacienda , ojalá a una sesión de las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y la de Hacienda, unidas. Porque aquí se trata de compensar el efecto patrimonial que hoy produce la declaración de monumento nacional sobre un inmueble. La legislación actual constituye una carga injusta respecto del propietario. Si esto fuese compensado, existiría un incentivo para cuidar el patrimonio nacional en la forma que orienta este proyecto.
De acuerdo, señor Senador. ¿Como no pagar contribuciones, por ejemplo?
Señor Presidente , me permitiré hacer algunas reflexiones y formular una indicación que tal vez solucione el problema que se está planteando.
Disponemos, primero, de un proyecto de ley muy justificado que presentó el Senador señor Bitar , y que es específico. Por razones obvias -que se comprenden sólo leyendo el texto vigente sobre las multas que se fijan en él-. es indiscutible que, para conseguir algún efecto, las sanciones correspondientes tienen que ser aumentadas en los términos que el Honorable señor Bitar señala.
Por eso la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobó la iniciativa.
Creo que perfectamente podríamos hacer dos cosas. El Senador señor Bitar , junto con presentar su iniciativa, ha solicitado enviar oficio al Ejecutivo ; al Ministerio de Relaciones Exteriores y, según entiendo, también al de Hacienda, para que tengan en consideración toda la problemática que se deduce de la anticuada legislación actual sobre monumentos nacionales.
El Senador señor Valdés y otros Honorables colegas que hicieron uso de la palabra han relatado situaciones y casos que demuestran hasta la saciedad que la situación en que se encuentran los monumentos nacionales y la entidad que hoy en día se ocupa de la materia, ha menester de una enmienda fundamental. Me podría limitar al relato de lo que nos ha pasado a muchos dirigentes radicales con relación a una materia específica: la casa de don Pedro Aguirre Cerda , en Pocuro, amenaza ruina y destrucción. Está declarada monumento nacional.
Desde hace cinco años venimos peleando para que, por la vía de alguna institución, se permita reparar ese inmueble, que está a punto de desaparecer. Después de grandes esfuerzos, logramos que el Ministerio de Obras Públicas dispusiera de fondos para reparar la propiedad y, junto con ello, la casa o modestísima choza donde por primera vez hizo clases en Chile don Domingo Faustino Sarmiento -también situada en Pocuro, Calle Larga al interior-, y que igualmente está declarada monumento nacional.
Este último problema, se pudo solucionar porque la República Argentina dispuso de los medios para que se atendiera a la reparación del inmueble; y lo referente a la casa de don Pedro Aguirre , afortunadamente se encuentra en vías de solución, pues están a punto de reinaugurarse las obras de instalación, gracias a que el Ministerio de Obras Públicas dispuso de medios para ello. Ello, porque tal asunto tiene mucha importancia desde el punto de vista histórico y del de las tradiciones nacionales.
Me permitiría solicitar a los Honorables colegas que tuvieran la gentileza de oír lo que estoy diciendo. Porque, desgraciadamente, las ideas se pierden como consecuencia de las inadvertencias que se producen en la Sala. No sé si estoy incurriendo en irreverencia al plantear esto; pero me parece, señor Presidente , que cuando un Senador modestamente hace uso de la palabra, debe respetársele a lo menos el derecho a ser escuchado.
Recuerdo que cuando quien habla fuera Canciller de la República , se plantearon diversos problemas relacionados con el edificio donde actualmente funciona en Santiago parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, antiguo edificio del Congreso Nacional y que, parcialmente, ha recuperado el Senado. Por ejemplo, en aquella oportunidad, el ex Presidente del Senado Honorable señor Valdés planteó varias sugerencias sobre los cuadros que allí había y que él, con razón, quería que se trasladasen a la sede del Parlamento en Valparaíso. No se pudo, porque el Consejo de Monumentos Nacionales, al que hubo de consultarse, se opuso. En algunos casos tenía razón, porque se trataba de obras pictóricas adheridas a los muros, por lo cual no podían desprenderse.
En cierta ocasión, necesité abrir una modesta caja fuerte empotrada en una muralla, para guardar documentos históricos importantes de la Cancillería. Hube de solicitar permiso al Consejo de Monumentos Nacionales, el que se demoró dos años en emitir un pronunciamiento sobre el particular.
Por otra parte, a quien habla se le ocurrió declarar un día que los jardines del Congreso Nacional o de la Cancillería -aquellos que dan a la calle Catedral-, debieran ser abiertos al público. Tuvo que pedirse también permiso al mencionado Consejo, y sólo vino a obtenerse la autorización cuando el que habla dejaba ya la Cancillería, es decir después de cuatro años.
En verdad no hago cargos; simplemente relato la realidad, que es consecuencia de que el Consejo de Monumentos Nacionales carezca de medios para desenvolverse, actuar y supervigilar esta materia.
Un eminente escultor chileno donó una de sus obras para que fuese instalada en los mencionados jardines. Debía ubicarse allí, porque su deseo era que permaneciera en un lugar público. Nos ha llamado la atención el hecho de que ahora no esté en el lugar. Se trasladó, y no sé dónde se encuentra; pero la escultura colocada en un jardín público para que estuviera a la vista de quien deseara verla ya no se encuentra ahí.
¿Me permitiría una interrupción, señor Senador ?
Con la venia de la Mesa, con mucho gusto.
Señor Presidente , la Contraloría General de la República -Su Señoría conoce muy bien las funciones de ese organismo-, ¿tiene una sección encargada de vigilar los inventarios de los monumentos nacionales en Chile, los que, por ser propiedad del Estado, no pueden ser sustraídos, vendidos, etcétera, sin seguir los procedimientos legales del caso?
Hago la pregunta, porque deseo saber qué institución asegura que los monumentos nacionales del Estado de Chile inventariados están donde se dice que deben estar y son los que tienen que ser.
Con la venia del señor Presidente , respondo a Su Señoría: en verdad, la Contraloría General de la República tiene el deber de fiscalizar no sólo los monumentos nacionales, sino también todos los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Estado, registrados en un inventario que ella lleva. Pero puedo señalar que numerosos bienes del Estado ya no están en poder de éste. De manera que esta materia forma parte de la fundamentada preocupación del Contralor General, cuando alega el otorgamiento de facultades para perfeccionar los diversos controles de fiscalización que hoy en día no puede realizar.
Deseo hacer presente que no deberíamos retardar el proyecto presentado por el Honorable señor Bitar ; que él amerita ser aprobado, porque es urgente, y que, según los relatos sobre la materia, se comprueba que realmente se justifica la inmediata aplicación de las normas que propone.
Pero el Senador señor Bitar también solicitó el envío de oficios, lo que es fundamental. Pienso que si en ellos se hace presente al Ejecutivo , o directamente a su Excelencia el señor Presidente de la República , la necesidad de una ley que comprenda la modificación de la estructura actual del Consejo de Monumentos Nacionales, para regular las materias a las que el Honorable señor Valdés y otros señores Senadores se refirieron, cumpliríamos una misión que compete específicamente a la debida advertencia que un órgano como el Senado puede hacer al Ejecutivo .
En suma, me parece que deberíamos aprobar el proyecto iniciado por el Senador señor Bitar y, junto con ello, tomar en cuenta las sugerencias del Honorable señor Urenda y de otros señores Senadores, en orden a hacer presente al Ejecutivo la conveniencia de modificar la ley que regula una materia de esta índole. Porque, como muchos señores Senadores han manifestado, se están perdiendo bienes nacionales.
No sé si Sus Señorías saben que en el centro de Santiago -como pueden constatarlo- existen murallas sujetas con fierros a edificios declarados monumentos nacionales, que incluso corren el peligro de desmoronarse. Hace poco tiempo, se vinieron abajo las murallas del denominado "hoyo radical". Se trata de un edificio declarado monumento nacional, pero no era sino un terreno con excavaciones profundas y circundado por paredes que, cuando cayeron, inclusive pudieron herir a los peatones que transitaban por la calle Teatinos.
Lo mismo ocurre con el edificio donde funcionó "El Mercurio". Fue declarado monumento nacional; pero, si los señores Senadores pasan por el lugar, lo único que observarán ahí es un inmenso hoyo y murallas aseguradas con fierros.
Y lo dado a conocer sobre la materia es la consecuencia de que el Consejo de Monumentos Nacionales no pueda desempeñar hoy en día la misión de altísima importancia que tiene. Todos los antecedentes entregados por los señores Senadores ameritan la necesidad de que el Estado se preocupe de estas materias.
¿Me permite una interrupción, Su Señoría, con la venia de la Mesa?
Deseo referirme a la pregunta formulada por el Senador señor Martínez .
No conozco las normas de la Contraloría General de la República sobre el particular. El Honorable señor Silva sabe de tal materia. Pero sé que la única autoridad que vigila en todo el territorio nacional las denominadas artes plásticas fiscales, que impide sacarlas del país y que autoriza su traslado, es el Director del Museo de Bellas Artes , en Santiago. A éste le resulta imposible efectuar ese control, porque sólo dispone de siete funcionarios y ni siquiera posee los recursos económicos suficientes para llevar un catálogo de dichas obras.
El Consejo de Monumentos Nacionales posee la lista de los bienes así declarados, pero no tiene recursos. Lo único que hace es mandar una carta al dueño de alguno de ellos, en la cual se le señala que "su propiedad ha sido declarada monumento nacional; luego usted se queda callado; no la toque, no puede venderla, no puede arreglarla, no puede hacer nada".
Es decir, estamos en un régimen absolutamente ciego respecto a esta materia. El problema radica -como se ha señalado- en buscar una fórmula que, como se hace en todos los países civilizados, sirva para que -no con recursos del Presupuesto Nacional, sino con parte de la venta de los predios fiscales de cientos de miles de hectáreas que están inmovilizados, al igual que con la de las casas que posee el Estado sin ninguna razón- permita conservar el patrimonio del país, formado por lo mejor que ha ido creando en su historia.
Puede continuar el Honorable señor Silva .
Señor Presidente , concluyo señalando que el proyecto es una solución que no puede postergarse.
Los señores Senadores conocen, sin duda, la Casa Colorada en la calle Merced de Santiago, declarada monumento nacional. Su dueño hizo varios intentos por vender la propiedad, debido a que le resultaba difícil mantenerla, y no pudo. Se llegó al acuerdo de arrendar los locales del interior, con lo cual de alguna manera se cambia el sentido de lo declarado monumento nacional, que es la integridad total del inmueble y no sólo la muralla externa. De manera que la aprobación del proyecto en análisis no puede demorarse.
Me parece que una gran solución radica en que el Senado plantee al Ejecutivo abocarse al problema, porque se trata de una prerrogativa exclusiva del Presidente de la República . Incluso se podrían recoger las sugerencias del Honorable señor Urenda y de otros señores Senadores. Pero, mientras tanto, sugiero que aprobemos la iniciativa que sobre la materia nos ha propuesto el Senador señor Bitar .
Señor Presidente , antes de que adoptemos una decisión sobre el asunto, deseo manifestar mi alegría por el hecho de que se produzca un debate sobre un asunto tan relevante -así lo han señalado todos los señores Senadores- como asimismo por el ánimo observado en la Sala en cuanto a incorporar correcciones.
Sin embargo, me gustaría precisar algunas cuestiones.
En primer término, posiblemente las multas no sean la mejor solución, porque ellas ya existen en la legislación. No las estoy inventando. Lo que pasa es que son ridículas, pues son de uno a cinco sueldos vitales; es decir, implican desde los 15 mil hasta 75 mil pesos. Entonces, pongámoslas en niveles razonables, de manera que por lo menos representen un desincentivo para quien se dedique a traficar piezas, con el objeto de evitar que -como sucedió en Arica, en un caso que he seguido con especial atención- algunas personas prefieran robar y quedar sujetas a la multa, pues se apoderan de un objeto que vale 100 millones de pesos y pagan una multa de 75 mil.
Por lo tanto, el incremento de las multas, si bien no resuelve el problema de la defensa de la cultura y los bienes arqueológicos chilenos, por lo menos, ayuda.
En segundo lugar, el proyecto en debate incorpora delitos inexistentes en la legislación respecto de bienes arqueológicos, tales como el tráfico ilícito y la destrucción de los sitios donde se ubican. Por cierto, es distinto robarse una pieza que destruir, además, el lugar donde ésta se halla, porque lo que vale es la totalidad del entorno. Sobre esa base, los historiadores y los científicos, al poder analizar la disposición física de los distintos objetos, pueden determinar cómo vivían ciertas culturas, cómo fue su historia, etcétera.
Por lo tanto, ambos elementos son indispensables, y respecto de ellos se contó con informe del Consejo de Monumentos Nacionales y del Ministerio de Justicia, los que enviaron sugerencias que fueron acogidas. Luego, la Comisión aprobó por unanimidad las modificaciones presentadas. O sea, hemos procedido después de escuchar al Ejecutivo y de discutir adecuadamente por más de dos años el asunto.
En mi opinión, hay dos observaciones específicas vertidas en la Sala que ameritan alguna precisión. Una de ellas se refiere a la sugerencia del Senador señor Urenda para incorporar el concepto "a sabiendas" para que se aplique a la persona que destruye en forma consciente. Pero no comparto la forma de actuar en esta materia, tratándose de los bienes arqueológicos a los que nos referimos.
La segunda observación dice relación a la pena máxima que se aplicaría cuando no sea posible determinar el valor del bien destruido. He conversado con el señor Presidente de la Comisión de Constitución -el cual en este momento no se encuentra en la Sala-, quien se mostró partidario de que la iniciativa consigne una referencia a los llamados bienes invaluables. Estimo que se podría mejorar la redacción en este sentido.
No quiero ser obstáculo para que revisemos las indicaciones y determinemos lo mejor. Sin embargo -pues es preciso definir un criterio para ver cómo continuamos con el trámite-, me gustaría mantener la idea matriz del proyecto. Porque en la Comisión a la cual asistí se propuso otro procedimiento -reiterado ahora por un señor Senador- relativo a la declaración de un bien como monumento nacional. En ese sentido, el valor de la propiedad se altera y no hay compensación. Pero, ¿qué ocurre? Que si entráramos a una discusión mayor sobre valores, eventuales expropiaciones o formas de compensación, se haría necesario, obviamente, otro proyecto de ley, que estaría dispuesto a debatir. Yo estoy hablando, específicamente, de bienes y sitios arqueológicos, que por definición son monumentos nacionales; o sea, no hay que declararlos como tales porque ya tienen esa índole.
En mi opinión, deberíamos aprovechar esta discusión para perfeccionar una de las dos ideas matrices de la iniciativa, cual es elevar las multas a un nivel mínimo, porque las actuales ¿que yo no he inventado, sino que están en la ley- son completamente irrisorias: 15 mil pesos por el robo de un bien que es posible vender en un millón. Lógicamente, la gente prefiere pagar la multa. Entonces, por lo menos se actualizan las cantidades, tal como ya se ha hecho antes en otras iniciativas legales.
Por otro lado, también se debiera hacer alguna referencia en el proyecto al carácter invaluable de un bien arqueológico.
En resumen, si el debate de esta iniciativa da pie para abordar aspectos contenidos en el proyecto institucional de la cultura -que hoy se está analizando en la Cámara y que luego debería pasar al Senado- o para entrar a discutir otras materias de tanta importancia como el financiamiento futuro en este ámbito, será muy difícil despachar la moción en estudio. Y todos sabemos lo que cuesta sacarlas adelante. La capacidad técnica requerida para abordar un tema en forma global es muy compleja y los Parlamentarios carecemos de ella. Como sería necesario contar con mucha asesoría, los legisladores debemos apoyarnos en el Ejecutivo para esos efectos.
Por ello, no me gustaría que esta moción sobre monumentos nacionales, que ha sido estudiada con detenimiento y que tiene valor en sí misma, aunque limitado, en el fondo fuera rechazada de hecho por la vía de tratar de transformarla, de un proyecto modesto, en una legislación mucho más amplia que no podríamos resolver ahora.
En ese sentido, entiendo que el ánimo de los señores Senadores es corregir la cuantía de las multas y considerar la posibilidad de incorporar la expresión "a sabiendas", u otra parecida, como asimismo la valuación de los denominados bienes invaluables para los efectos de la determinación de las multas. A partir de eso podría solicitarse del Ejecutivo , o ser motivo de una moción parlamentaria diferente, la tramitación de un proyecto de ley más amplio sobre materias relacionadas con la declaración de monumentos nacionales -lo cual tiene otras implicancias que también debemos proteger- y el financiamiento para la restauración y preservación de aquéllos, que es fundamental.
He dedicado muchos años de mi senaduría a avanzar en el Museo Abierto del Salitre, en Humberstone y Santa Laura . Ha sido muy complicado, porque la propiedad del suelo pertenece a una persona, la de los bienes ubicados sobre él, a otra; no hay quien defienda nada y los bienes se están destruyendo. Por eso, entiendo que esta iniciativa sea de gran importancia para el norte de Chile, así como para otras regiones del país.
Quiero terminar manifestando mi disposición a que el proyecto sea objeto de un segundo informe, de manera que se disponga de una semana para formular indicaciones; pero deseo pedir que el espíritu que guíe la acción y la labor de la Comisión no sea el de trabajar unida con la de Hacienda o el de incorporar otros elementos, sino el de permitir que, junto con la aprobación de este proyecto, se puedan proponer otros o pedirle al Gobierno acciones que apunten en la misma dirección.
Si le parece a la Sala, el proyecto volvería a la Comisión, pero no para un segundo, sino para nuevo informe, estableciéndose el plazo de una semana para presentar indicaciones.
Hago presente que no es posible aprobarlo en general ahora en la Sala, pues fue despachado en general y en particular por la Comisión, y debe volver a ella para nuevo informe, con plazo para formular indicaciones.
Señor Presidente , tendría que ser más de una semana.
Propongo que sea la misma Comisión la que lo defina.
Señor Presidente , si el plazo es superior a una semana, podríamos estar dilatando el despacho de la iniciativa hasta enero. El Honorable señor Urenda ya presentó su indicación, de modo que siete días me parecen prudentes. El proyecto no es tan complejo.
Si le parece a la Sala, entonces, el proyecto volverá a la Comisión para nuevo informe, facultándola para fijar el plazo para formular indicaciones.
De la misma manera, solicito el asentimiento de los señores Senadores para tramitar los oficios pedidos por el Senador señor Bitar.
Si no hubiera objeción, se procedería a su envío.
A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.162, que establece un sistema obligatorio de clasificación de ganado, con informe de la Comisión de Agricultura y con urgencia calificada de "simple". (Boletín 2.826-01)
La Comisión señala como objetivo principal de la iniciativa el incorporar ajustes a la ley Nº 19.162 en cuanto a los requisitos exigibles a los organismos certificadores y al régimen de sanciones aplicables.
El proyecto fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables señores Cariola, Moreno, Stange y Romero.
Cabe indicar, finalmente, que en atención a que la iniciativa consta de un artículo único y a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, la Comisión propone al señor Presidente que este asunto sea discutido en general y en particular a la vez.
A fin de facilitar su despacho, los señores Senadores que lo deseen pueden dejar su voto en la Mesa.
Tiene la palabra el Senador señor Romero, Presidente de la Comisión de Agricultura.
Señor Presidente , la iniciativa tuvo su origen en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , de 30 de octubre de 2001, del cual se dio cuenta en el Senado con fecha 7 de noviembre del presente año, iniciándose su primer trámite constitucional y disponiéndose el estudio por parte de la Comisión de Agricultura.
La finalidad del proyecto es introducir ajustes a la ley Nº 19.162, todos ellos evidenciados por la aplicación práctica que ha tenido esa normativa, los que dicen relación a las exigencias impuestas a las entidades certificadoras de la carne y al régimen de sanciones aplicables.
Todo el país ha sido testigo de las dificultades surgidas con el sistema de certificación de la carne, particularmente porque se han despertado fundadas suspicacias y sospechas en cuanto a que existen situaciones que no se compadecen con la claridad que debe primar en una materia de esta naturaleza.
El mensaje presidencial reconoce la contribución de la ley Nº 19.162 al ordenamiento y transparencia del mercado de la carne en nuestro país, sin perjuicio de lo cual plantea la conveniencia de perfeccionarla, en especial respecto del tema al que estamos refiriéndonos, que es el fortalecimiento del proceso de certificación, de modo de otorgar garantías mayores a los productores, importadores y consumidores.
El proyecto cuenta con un artículo permanente y uno transitorio.
En primer término, se modifican las exigencias a los certificadores, con el fin de aumentar la certeza y confiabilidad de la función de certificación, cuya importancia se explica en cuanto constituye la base de operación del sistema. Con este propósito, se homologan tales exigencias con las aplicables a las entidades acreditadas en certificación de productos de acuerdo con normas internacionales.
En cuanto al régimen de sanciones -ámbito en el cual también se introducen reformas-, se enmiendan los artículos 6º y 8º de la ley Nº 19.162, con el objeto de hacer extensivas las sanciones que en ellos se establecen a las infracciones a las normas técnicas oficiales de cumplimiento obligatorio y a las normas reglamentarias, respectivamente.
Además, se reduce el nivel inferior de la multa contemplada en el artículo 8º, de 10 a 1 UTM, ampliando de esta forma el rango de la sanción, toda vez que el mínimo actual puede resultar excesivo respecto a las infracciones de menor entidad.
La iniciativa fue analizada por la Comisión de Agricultura, que destinó una sesión a su estudio, a la cual invitó a participar a representantes de los Ministerios de Agricultura y de Hacienda, y, con el fin de avanzar en su pronto despacho, acordó su discusión en general y en particular a la vez.
Tras debatir el proyecto, la Comisión lo aprobó con el voto unánime de sus miembros presentes, introduciendo como única modificación la eliminación del concepto "personas" de las referencias a "personas y entidades" al aludir a los organismos legitimados para realizar la certificación.
Señor Presidente , estoy de acuerdo con la iniciativa. Sé que todos tenemos premura en aprobarla, pero quiero dejar constancia de que esta materia no sólo es aplicable al rubro de la carne, sino que también tiene injerencia en otros aspectos de la economía en el sector agrícola chileno. Por lo tanto, al anunciar mi voto favorable a la iniciativa, espero que tanto el Ejecutivo como los señores Senadores presentes podamos avanzar en los mecanismos de contramuestra. Vale decir, que los agricultores, en particular, los pequeños y medianos, al momento de entregar sus productos, tengan la seguridad de que existe una clasificación certificada y no queden a merced de oligopolios o monopsonios, como sucede en la actualidad, que operan sobre la base de liquidaciones a tres, cuatro o seis meses plazo, que el pequeño agricultor no está en condiciones de discutir.
Por consiguiente, las medidas que se aplican en defensa de la industria de la carne y de la producción nacional también deben extenderse a otros rubros de nuestra agricultura.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
A los señores Ministros del Interior y General Director de Carabineros, referente a INSTALACIÓN DE RETÉN DE CARABINEROS EN MALLÍN GRANDE, PROVINCIA GENERAL CARRERA (UNDÉCIMA REGIÓN).
A los señores Ministros de Obras Públicas y de Agricultura, sobre DRAGADO DE RÍO AISÉN y BONIFICACIÓN POR REFORESTACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUS RIBERAS (UNDÉCIMA REGIÓN).
A los señores Ministros de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, tocante a INCLUSIÓN EN PROYECTO DE LEY SOBRE REGULARIZACIÓN DE POSESIÓN Y OCUPACIÓN DE INMUEBLES FISCALES DE OCUPANTES EFECTIVOS DE VERANADAS EN AISÉN (UNDÉCIMA REGIÓN).
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, concerniente a INCAUTACIÓN DE TERRENOS POR PARTE DE SERVIU DE IQUIQUE (PRIMERA REGIÓN).
Al Gerente General de la Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacá, referente a MAYOR PRECISIÓN SOBRE CARGOS FIJOS EN CUENTAS DE AGUA (PRIMERA REGIÓN).
Al señor Ministro del Interior, tocante a REFRIGERIO PARA VOCALES DE MESAS EN ACTOS ELECCIONARIOS.
A la señora Ministra de Educación , relativo a SITUACIÓN DERIVADA DE CESIÓN EN COMODATO A UNIVERSIDAD PRIVADA DE ESCUELA Nº 1 REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA, DE PUERTO MONTT (DÉCIMA REGIÓN).
A la señora Ministra de Salud , referente a MEJORA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA EN PALENA, CHAITÉN Y FUTALEUFÚ (DÉCIMA REGIÓN).
En vista de que ningún señor Senador hará uso de la palabra en Incidentes, se levanta la sesión.

References: resolución 
 artículo 49
 artículo 57
 artículo 127
 resolución 
 resolución 
 artículo 116
 artículo 17
 artículo 127
 artículo 23
 resolución 
 artículo 127
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 127
 artículo 8