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Timestamp: 2019-03-20 17:25:28+00:00

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RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDOS
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: JESÚS MARIA CARRILLO BALLESTEROS, BOGOTÁ D.C., ABRIL VEINTISÉIS (26 ) DE DOS MIL DOS (2.002), RADICACIÓN NÚMERO: 11001-03-26-000-2000-0001-01(19413).- No hay duda que el cargo formulado por el recurrente, lo que en realidad pretende es una nueva valoración del material probatorio, de tal manera que se sustituyan los elementos de juicio previstos en el laudo con pleno desconocimiento de la filosofía que orienta este recurso. Se insiste que este recurso está concebido para proteger el derecho de defensa, por errores en el trámite del arbitramento que constituyan vicios procesales, por violación del principio de la congruencia, por errores aritméticos o disposiciones contradictorias en el laudo.
En efecto, el juez del recurso no puede efectuar un nuevo análisis de la prueba o realizar una valoración de fondo, para entrar a pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda. A diferencia de lo que ocurre en el recurso de apelación, este recurso no otorga competencia para revisar el aspecto sustancial del laudo, es decir, si hubo o no errores in- judicando, ni abre la posibilidad de un nuevo debate probatorio, al punto de concluir que hubo una equivocada apreciación de las pruebas.
La Sala sobre el particular ha señalado
"a) El recurso de anulación de laudos ataca la decisión arbitral por errores inprocedendo en que haya podido incurrir el Tribunal de Arbitramento, y excluye de su órbita los errores in judicando, lo cual implica que no puede impugnarse el laudo en cuanto a cuestiones de mérito. Por ello carecen de técnica los cargos formulados contra un laudo, que tiendan a establecer si el Tribunal arbitral obró o no conforme al derecho sustancial al resolver sobre las pretensiones propuesta.. ( Sentencia de octubre 24 de 1996, Exp.: No. 11632.)
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: JESÚS MARIA CARRILLO BALLESTEROS, BOGOTÁ D.C., ABRIL VEINTISÉIS (26 ) DE DOS MIL DOS (2.002), RADICACIÓN NÚMERO: 11001-03-26-000-2000-0001-01(19413).- Ahora bien, de conformidad con el artículo 36 del Decreto 2279 de 1989, el laudo arbitral podrá ser aclarado, corregido y complementado por el Tribunal de Arbitramento de oficio o a solicitud presentada por una de las partes dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del mismo, en los casos y con las condiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil
Bajo esta perspectiva, las normas aludidas prevén como requisito esencial para la procedencia de esta causal, que el recurrente inicialmente alegara ante el juez arbitral que la decisión incurrió en errores aritméticos o disposiciones contradictorias en la parte resolutiva del laudo; la oportunidad procesal con que cuenta para ejercer esta carga será dentro de los cinco días siguientes a la notificación del laudo, tal como lo enseña la norma.
Por ser el proceso arbitral de naturaleza especial solo cabe la solicitud de corrección o aclaración de la sentencia dentro de los cinco días siguientes a la notificación, aquí no tiene aplicación el artículo 310 que permite la corrección por errores aritméticos o por omisión o cambio de palabras que estén contenidas en la parte resolutiva en cualquier tiempo.
Lo anterior tiene su razón de ser, teniendo en cuenta que la justicia arbitral por naturaleza es de carácter temporal, en la medida que el Tribunal mantiene su vigencia hasta la finalización del proceso y una vez culminado y resuelta la controversia este se disuelve.
Agotado este procedimiento, cabe presentar el recurso extraordinario de anulación por la causal prevista en el numeral 3º del artículo 72 de la Ley 80 de 1993, al punto que la solicitud de aclaración y corrección de la sentencia ante el juez arbitral, constituye un requisito de procedibilidad para la interposición del recurso de anulación siempre que la inconformidad esté apoyada en el numeral 3º del artículo 72 de la Ley 80 de 1993.
En el caso concreto, no se advierte que el Departamento del Tolima haya dado cumplimiento a esta exigencia, es decir, no cumplió con el requisito de procedibilidad para la interposición del recurso.
Revisada la actuación, se advierte que la entidad territorial en la oportunidad legal respectiva guardó silencio, es más, en audiencia llevada a cabo el 19 de octubre de 2000, luego de proferido el laudo arbitral las partes tuvieron la oportunidad de manifestar sus inquietudes y en la misma oportunidad se dejó constancia de que "... en cuanto a solicitudes de aclaración o complementación no fueron presentadas..."
La falta de agotamiento de este requisito impide proceder al análisis de la causal invocada.
No obstante lo anterior, se deja constancia que los argumentos expuestos en relación con la existencia de contradicciones en la parte resolutiva del laudo, están dirigidos a atacar la "falta de valoración probatoria" por parte del Juez Arbitral, los cuales no tiene relación alguna con la causal invocada.
Igual reflexión cabe en cuanto que en sentir del recurrente constituyen disposiciones contradictorias, los puntos relacionados con la cosa juzgada o pago de la obligación por vía ejecutiva, porque dichos argumentos conformaron las excepciones de la entidad territorial que fueron analizados por el juzgador y despachadas negativamente.
Las razones anteriores son suficientes para señalar que los cargos formulados en los literales c) y d) resultan improcedentes.
LAUDO ARBITRAL, ALCANCES
LAUDO ARBITRAL Y ACTOS ADMINISTRATIVOS
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: GERMÁN RODRÍGUEZ VILLAMIZAR, BOGOTÁ, D. C. CUATRO (4) DE JULIO DE DOS MIL DOS (2002), RADICACIÓN NÚMERO: 73001-23-31-000-1999-9333-01(19333).- El demandante sustentó su petición de anulación en la causal prevista en el numeral 4 del artículo 72 de la ley 80 de 1993 que establece: “Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido.”
Con ese propósito, afirmó que dicha causal está configurada porque el tribunal de arbitramento, sin tener competencia legal para hacerlo, se pronunció sobre puntos que fueron objeto del acto administrativo por medio del cual la Universidad del Tolima liquidó unilateralmente el contrato de obra pública celebrado por las partes.
2. Los supuestos de prosperidad de la causal de anulación invocada.- La causal está llamada a prosperar cuando se compruebe que los árbitros conocieron y decidieron asuntos para los cuales no eran competentes.
Esa competencia del juez arbitral la determinan la ley, el contenido del pacto arbitral, las pretensiones de la demanda y la oposición del demandado.
En cuanto al pacto arbitral se refiere, se tiene que éste es un acuerdo de voluntades, mediante el cual las partes, con capacidad para transigir, se obligan a someter sus diferencias, susceptibles de transacción, a la decisión de árbitros, quienes están transitoriamente investidos de la función de administrar justicia y profieren una decisión o laudo, que por mandato legal, adquiere la misma categoría jurídica y los mismos efectos de una sentencia judicial.
Cuando en la cláusula compromisoria no se delimita el campo o materias de su aplicación, debe entenderse que se extiende a los conflictos derivados del contrato que le sirvió de fuente, pero, con las limitaciones que imponen la Constitución y la ley.
De igual manera, cabe precisar que aún cuando en el pacto arbitral, o en las pretensiones de la demanda, o en la correspondiente contestación, se propongan al conocimiento del tribunal de arbitramento asuntos que por disposición legal escapan a su competencia, es igualmente procedente la causal que se estudia, porque, como se indicó, la competencia la delimitan las partes, pero, con sujeción a la Constitución y la ley.
En este sentido se pronunció la Sala en oportunidad anterior, en la que declaró la prosperidad del recurso de anulación interpuesto con fundamento en la causal que se comenta, para cuya decisión expuso el siguiente análisis:
“La Sala observa, en primer lugar al igual que lo expresó el Arbitro que salvó su voto, que ni la ley ni la cláusula compromisoria, ni las pretensiones de la demanda habilitaban al tribunal de arbitramento para pronunciarse, contrariando, los actos administrativos de caducidad y liquidación unilateral del referido contrato y, en segundo lugar, que el tribunal de arbitramento al proferir el laudo recurrido desconoció con sus decisiones, desde otro punto de vista, la presunción de validez de aquellos, porque pasó por encima de los mismos, modificándolos.
En efecto, cuando el tribunal de arbitramento condenó al IDU a reembolsar al contratista -sociedad World Trading- unos costos indirectos y de financiación que no se incluyeron en la liquidación unilateral, en que incurrió el mismo contratista en la ejecución del proyecto de construcción del parqueadero, desbordó su competencia; controló implícitamente el acto de liquidación por haber decidido la existencia de incumplimiento administrativo en la liquidación del contrato y por adentrarse en la definición de los efectos económicos del citado; con estas determinaciones rompió la unidad de continencia de la decisión administrativa liquidatoria; vulneró, por falta de competencia, los principios de unidad de jurisdicción y de seguridad jurídica.”
LAUDO ARBITRAL SOBRE ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, CONSEJERO PONENTE: GERMAN RODRIGUEZ VILLAMIZAR, BOGOTÁ, D. C. CUATRO (4) DE JULIO DE DOS MIL DOS (2002), RADICACIÓN NÚMERO: 73001-23-31-000-1999-9333-01(19333).- 4.2 El acto de liquidación del contrato y el concepto de acto administrativo.-
Luego de la valoración del anterior documento, la Sala precisa que la liquidación unilateral de los contratos estatales, en tanto decisión de la administración, proferida en ejercicio de potestad estatal expresa que le confiere la ley (artículo 61 de la ley 80 de 1993) para finiquitar el contrato, es un acto administrativo, en cuanto constituye expresión de voluntad unilateral de la entidad estatal contratante en uso de función administrativa, que comporta al propio tiempo la utilización de una prerrogativa propia y exclusiva del Estado, dirigida a poner término a una determinada relación contractual, que escapa a las posibilidades, facultades o derechos que los particulares tienen en ese tipo de negocios jurídicos, y cuyo juzgamiento de legalidad, dada su naturaleza jurídica de acto administrativo, como ya se indicó, es competencia exclusiva y excluyente de la jurisdicción contencioso administrativa, de la cual no son parte los jueces arbitrales.
Sin embargo, debe advertirse igualmente, que el acto de liquidación de los contratos, aún en los eventos en que ésta se hace en forma unilateral por parte de la administración pública, tiene una composición o contenido diverso o plural, y no exclusivamente unilateral o fruto del ejercicio de autoridad, porque, bien puede suceder, y es lo usual o más frecuente, que contenga puntos o aspectos producto del acuerdo de las partes contratantes, u otros que expresen la decisión de la administración de reconocer o negar la existencia de obligaciones jurídicas como consecuencia de peticiones o reclamos del particular contratista, pero, que no entrañan ni constituyen el ejercicio de una prerrogativa o autoridad propia y exclusiva del poder público en uso de función administrativa, sino, simplemente, la voluntad de la entidad estatal contratante de reconocer, asumir o negar una determinada prestación frente al particular contratista, en la misma forma en que se desarrollan las relaciones contractuales entre particulares, respecto de las cuales, frente al disentimiento o inconformidad que pudiera tener la parte afectada con tal decisión, bien puede ésta acudir al juez contencioso o al arbitral para que dirima la controversia existente sobre dicho aspecto.
En otros términos, la determinación de liquidación unilateral del contrato, en cuanto decisión que profiere la administración en uso de una potestad propia y exclusiva del Estado en ejercicio de función administrativa para poner término al contrato, no posible ni asimilable en las relaciones entre particulares, indiscutiblemente constituye acto administrativo. Pero, no puede predicarse que todos los hechos o declaraciones contenidos en el documento que desarrolla tal decisión, tengan ese mismo carácter.
Una argumentación o deducción en sentido contrario no resulta lógica ni válida, por las siguientes razones:
a) Los aspectos que tuvieron origen en el acuerdo de las partes y que se recogen en el acto de liquidación, no por esa sola circunstancia mutan su naturaleza jurídica original (consensual), ni adquieren la condición de decisión unilateral de la administración.
b) Las decisiones o definiciones que adopte la entidad contratante respecto del reconocimiento o negación de derechos u obligaciones derivados del contrato, que no constituyan o comporten ejercicio de autoridad en desarrollo de función administrativa, sino, que al igual de lo que acontece en las relaciones contractuales entre particulares, simplemente corresponden a la fijación de la posición de aquélla acerca del estado de sus obligaciones y derechos derivados del contrato, en modo alguno tienen el carácter de actos administrativos, por carecer de esa característica esencial que permite, precisamente, tipificar y distinguir el acto administrativo dentro del género de los actos jurídicos del Estado.
Sobre el particular, en cuanto al contenido y tipificación de los actos administrativos, la Sala en sentencia del 20 de junio de 2002, mediante la cual se decidió la segunda instancia de un proceso de acción de cumplimiento, precisó lo siguiente:
a) En primer término, que el acto administrativo, por esencia, consiste en una manifestación de autoridad en ejercicio de función administrativa, entendida ésta como que aquella función estatal “que se ejerce por parte de los agentes del Estado y los particulares expresamente autorizados para ello por la ley, que a diferencia de la función legislativa se ejerce en el plano sublegal, y, que excepto las supremas autoridades administrativas, se caracteriza por la presencia de un poder de instrucción”, criterio éste expuesto con antelación en otro fallo de acción de cumplimiento el 10 de febrero de 2000.
b) En segundo lugar, que “la función administrativa corresponde a toda aquella actividad ejercida por las autoridades del Estado para la realización de sus fines y, excepcionalmente, por expresa delegación legal o por concesión, por parte de los particulares, no puede ser concebida como análoga a la de un particular”, y que por lo tanto, el hecho de que la administración asuma -como era el caso objeto de análisis en esa oportunidad- o manifieste no reconocer, en el giro ordinario de su actividad, una determinada obligación, como por ejemplo de carácter indemnizatorio, tal manifestación de voluntad no significa ni comporta el uso de una prerrogativa propia del poder público, y por ende, no puede ser catalogada como acto administrativo.
Por consiguiente, frente al criterio jurisprudencial de la Sala, según el cual, no es posible someter a la decisión de árbitros el juzgamiento de actos administrativos, en aplicación de ese marco conceptual a la esfera contractual de la administración pública, es necesario hacer la siguiente precisión: no toda respuesta o decisión que adopte la entidad estatal contratante frente a las peticiones o reclamos del contratista, tiene naturaleza jurídica de acto administrativo, aún en el evento de que tales manifestaciones de voluntad consten en el acto de liquidación unilateral del contrato, porque, en cada caso, se reitera, debe establecerse si tales expresiones de la administración constituyen o contienen el uso de poderes y prerrogativas propias del Estado y, por tanto, exorbitantes de las facultades y derechos que se predican respecto de las relaciones contractuales de los particulares, por cuanto, los acuerdos, conciliaciones, transacciones, comunicaciones, y, en general, las manifestaciones de las partes que se incorporen al acto de liquidación del contrato estatal, no se alteran en cuanto a su naturaleza jurídica por el hecho de ser plasmados en dicho documento.
Precisamente por ello, en esa misma directriz, en reciente pronunciamiento del 11 de abril de 2002, la Sala manifestó lo siguiente:
“Como lo ha expresado esta Sala, para efectos de determinar la posibilidad de impugnación ante el juez contencioso administrativo, debe tenerse en cuenta aquélla definición de acto administrativo según la cual éste se presenta cuando el Estado administrador produce una decisión con consecuencias jurídicas, vale decir, que implican cambios en el mundo de las regulaciones del derecho, bien para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, sean éstas generales o particulares. No basta, entonces, que se produzca una simple manifestación, que se exprese una opinión o se formule un concepto por parte de la autoridad pública; el acto administrativo siempre contiene una decisión, cuyo fundamento se encuentra directamente en el ejercicio de las potestades propias del poder público, de las que carecen los particulares.
“Por ello, cuando, con ocasión de la celebración o ejecución de un contrato estatal, la autoridad pública contratante manifiesta su voluntad, adoptando alguna decisión que también podrían tomar los particulares en desarrollo de sus facultades negociales, no se produce realmente un acto administrativo. En efecto, su existencia, en el ámbito indicado, resulta excepcional, y supone, como se ha dicho, el ejercicio de una potestad propia del poder público. Es ésta, precisamente, la consideración que ha llevado a la Corporación a concluir que las controversias relativas a la validez de los actos administrativos son de competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa, en la medida en que, como consecuencia del principio de no negociabilidad del ejercicio de las potestades públicas, no le es dable al Estado despojarse de sus competencias legales, renunciar a ellas, dejar de ejercerlas, ni negociarlas, y por lo tanto, no le es dable transigir sobre la legalidad de los actos expedidos en su ejercicio.” (se subraya).
En consecuencia, debe tenerse presente entonces, que no todas las manifestaciones de voluntad de la administración originan o se concretan en actos administrativos, no obstante ser expresión de función administrativa, pues, no en todo lo que ella hace concurren los poderes soberanos de que está investida, dado que no siempre la administración obra en ejercicio del poder público, sino que, a menudo, obra en las mismas condiciones que un particular, razón ésta suficiente para que dichos actos no participen de la naturaleza, características y atributos de los actos administrativos.
En el caso concreto que se analiza, es indiscutible que la decisión relativa a la liquidación del contrato se produjo mediante un acto administrativo, en tanto que la Universidad del Tolima, ante el fracaso de la liquidación bilateral intentada con el contratista, ejerció su potestad legal de finiquitar unilateralmente el contrato; pero, no por ello, todos los aspectos contenidos en el acto de liquidación tienen esa misma naturaleza jurídica, ya que poseen entidad propia.
En efecto, la negativa de la entidad contratante a las reclamaciones del contratista, contenidas en el acto de liquidación del contrato, no constituye acto administrativo, por cuanto dicha manifestación respecto de la solicitud de aquél para que le fueran liquidados de modo diferente los reajuste de precios, y le fueran reintegrados los rendimientos financieros del anticipo, fue emitida por la Universidad de Tolima en uso de la facultad común y corriente que le asistía en su condición de parte contratante, y en modo alguno se produjo en ejercicio de facultades excepcionales o de una prerrogativa propia de poder público, razón por la cual, no obstante que tales aspectos hacen parte del acto de liquidación unilateral del contrato, no tienen ni participan del carácter de actos administrativos, como quiera que tal manifestación de voluntad, en nada difiere de una similar que podría haber adoptado el particular contratista frente a una pretensión de la entidad contratante; y por consiguiente, dado que tal expresión de la administración no goza de naturaleza de acto administrativo, bien podían eventualmente los árbitros revisarla y juzgarla.
Del análisis comparativo entre el acto de liquidación del contrato, la demanda y los fundamentos del laudo arbitral, la Sala encuentra que el tribunal de arbitramento no se pronunció sobre el acto administrativo de liquidación, pues, tan sólo evaluó la materia que fue objeto de reclamación por el contratista y que fue respondida negativamente por la Universidad del Tolima.
En efecto, la demandante pidió al tribunal de arbitramento condenar a la Universidad al pago de un mayor valor por concepto de reajuste y rendimientos financieros del anticipo, pretensión ésta que le había sido resuelta desfavorablemente por la Universidad a través de la Resolución 0880 del 4 de diciembre de 1998. El tribunal de arbitramento negó esas pretensiones de la demanda luego de considerar que la fórmula de reajuste aplicada era la pactada, y que el rendimiento del anticipo no pertenece al contratista.
En tales condiciones, resulta claro que el tribunal de arbitramento no se pronunció respecto de ningún acto administrativo, sino que, únicamente, lo hizo sobre las reclamaciones del contratista, las que si bien fueron despachadas negativamente por la administración al momento de liquidar el contrato, no obstante estar incluida tal manifestación en el acto de liquidación del contrato, no por ello posee o adquiere los elementos esenciales del acto administrativo, como quiera que, según se explicó, no constituye ejercicio de una potestad de poder público.
NATURALEZA - NO ES SEGUNDA INSTANCIA
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: JESÚS MARIA CARRILLO BALLESTEROS, BOGOTÁ, D.C., CUATRO (4) DE JULIO DE 2002, RADICACIÓN NÚMERO: 11001-03-26-000-2002-0012-01(22195).- Es extraordinaria la naturaleza del recurso de anulación por los motivos que se exponen a continuación:
a. La procedencia del recurso está condicionada a que se señalen y sustenten debidamente las causales expresamente señaladas en la ley a ese efecto. Por disposición del artículo 39 del decreto 2279 de 1989, modificado por el artículo 128 de la ley 446 de 1998, el juez de la anulación debe rechazar de plano el recurso cuando los causales no correspondan a ninguna de las señaladas en la ley.
b. Los poderes del juez del recurso de anulación están limitados por el llamado "principio dispositivo”, conforme al cual es el recurrente quien delimita la materia objeto del pronunciamiento del juez, con la formulación y sustentación del recurso dentro de las precisas causales que la ley consagra. No le es dable al juez de la anulación interpretar lo expresado por el recurrente para entender o deducir la causal invocada; menos aún pronunciarse sobre aspectos no contenidos en la formulación y sustentación del recurso.
c. El juez del recurso de anulación no puede revisar el fondo del litigio; sólo puede evaluar los posibles errores in procedendo en que haya podido incurrir el tribunal de arbitramento y no los errores in judicando.
La naturaleza de unos y otros errores fue explicada así por la Sala: “tradicionalmente se han llamado errores in procedendo aquellos que comprometen la forma de los actos, su estructura externa, su modo natural de realizarse, los cuales se dan cuando el juez, ya sea por error propio o de las partes, se desvía o aparta de los medios señalados por el derecho procesal para la dirección del juicio, al punto de que con ese apartamiento se disminuyen las garantías del contradictorio o se priva a las partes de una defensa plena de su derecho.
Y por error in judicando, aquel que toca con el contenido intrínseco del fallo, o sea con su fondo, por aplicación de una ley inaplicable, aplicar mal la ley aplicable, o no aplicar la ley aplicable. También puede consistir 'en una impropia utilización de los principios lógicos o empíricos del fallo', cuya consecuencia no afecta la validez formal de la sentencia, sino su propia justicia.”
d. Por las consecuencias de la prosperidad del recurso; toda vez que la prosperidad de cada causal tiene un efecto predefinido por el legislador y no le es dable al juez del recurso modificar, sustituir o anular el laudo a su arbitrio.
Así es, en el inciso segundo del artículo 40 del decreto 2279 de 1989, modificado por el artículo 129 de la ley 446 de 1998 se prevé: “Cuando prospere cualquiera de las causales señaladas en los numerales 1,2,4,5 y 6 del artículo 38 del presente decreto, declarará la nulidad del laudo. En los demás casos se corregirá o adicionará."
De manera que sólo es procedente la anulación del laudo cuando prosperen las causales contenidas en los numerales 1 y 2 del artículo 72 de la ley 80 de 1993, que corresponden a las previstas en los numerales 4 y 6 a que refiere el citado artículo 38; ya que en los demás eventos procede la corrección o adición del mismo.
Todo lo anteriormente expuesto resulta suficiente para que la Sala reitere lo afirmado en abundantes providencias respecto de la naturaleza extraordinaria del recurso de anulación del laudo arbitral y precise de este modo el alcance de lo manifestado en providencia proferida el 7 de febrero de 2002 dentro del expediente N° 20467.
En efecto, la circunstancia de que el recurso de anulación del laudo arbitral proceda respecto de providencias que no están ejecutoriadas, no muta la naturaleza extraordinaria del recurso. La especialidad del recurso no deriva de que el mismo se interponga respecto de providencias ejecutoriadas o no.
Así se infiere de lo afirmado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo cuando al pronunciarse sobre la procedencia del recurso extraordinario de súplica, explicó que el mismo resultaba procedente respecto de providencias no ejecutoriadas, sin que ello significara la modificación de su naturaleza extraordinaria. En esa oportunidad se dijo:
“Pues bien, según lo dispuesto en el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, pueden aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella; también los autos podrán aclararse, de oficio o a petición de parte, dentro del mismo término.
Y según lo establecido en el artículo 331 del mismo Código, las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes o cuando quede ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, dice el mismo artículo, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que resuelva la solicitud.
Por otra parte, según lo dispuesto en el artículo 130 del Código Contencioso Administrativo, contra los autos interlocutorios y las sentencias proferidas por las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo procede el recurso extraordinario de súplica, que puede interponerse dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
Entonces, y ésta es la primera conclusión, las providencias quedan ejecutoriadas, si es el caso, cuando han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes; y siendo así que contra los autos interlocutorios y las sentencias de las secciones procede el recurso extraordinario de súplica dentro de los cinco días siguientes a su notificación, esas providencias son firmes cuando ha vencido ese término sin que se haya deducido el recurso extraordinario de súplica, cuando es el caso.
Por lo demás, es claro que el recurso extraordinario de súplica dependerá en muchos casos de la aclaración que se haga, y la providencia no es definitiva sino después de resuelta la solicitud de aclaración, lo que indica también que sólo a partir de la notificación de la providencia que resuelva acerca de la solicitud de aclaración ha de correr el término de que disponen las partes para recurrir.". (Resalta y subraya la Sala)
Del análisis de la anterior providencia se concluye que, para la Sala Plena de la Corporación, la circunstancia de que el legislador (art. 130 del CCA) con anterioridad a la ley 446 de 1998, hubiese determinado que el recurso extraordinario de súplica podía interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la providencia, era suficiente para inferir que las providencias no quedan ejecutoriadas hasta tanto se decidera el recurso extraordinario, como también que tal circunstancia no le restaba al recurso su naturaleza extraordinaria.
Para que el recurso extraordinario de súplica fuere procedente respecto de sentencias ejecutoriadas fue necesario que el propio legislador, mediante la ley 446 de 1998, modificara el Código Contencioso Administrativo y así los dispusiera expresamente (art. 194 del CCA, modificado por el artículo 57 de la ley 446 de 1997).
Al traer a esta providencia las precedentes consideraciones, en atención a que el recurso de anulación de laudos arbitrales, por decisión del legislador, debe interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del laudo (art. 72 ley 80 de 1993) es dable concluir que el mismo procede respecto de providencias no ejecutoriadas, ya que la ejecutoria sólo se da cuando se resuelven los recursos interpuestos dentro del término de ejecutoria o estos no se interponen en la misma oportunidad en los términos del artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, y no por ello pierde su naturaleza extraordinaria.
Esa referida naturaleza extraordinaria del recurso de anulación del laudo ha llevado a la Sala a precisar que con el mismo no se surte una segunda instancia y que los cargos formulados con el objeto de que se establezca si el tribunal obró o no conforme al derecho sustancial al resolver las pretensiones propuestas, carecen de técnica procesal y no tienen vocación de prosperidad.
Se tiene por tanto que el juez de la anulación, por regla general, es incompetente para juzgar el tema de fondo y para cuestionar la manera como el Tribunal interpretó la demanda, valoró las pruebas o entendió y resolvió los problemas jurídicos que se le plantearon.
CONTRADICCIONES EN EL LAUDO
VALORACIÓN DE PRUEBAS EN EL LAUDO
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: JESÚS MARIA CARRILLO BALLESTEROS, BOGOTÁ, D.C., CUATRO (4) DE JULIO DE 2002, RADICACIÓN NÚMERO: 11001-03-26-000-2002-0012-01(22195).- Consideraciones de la Sala sobre las "contradicciones" alegadas
La procedencia de esta causal está condicionada a que las alegadas contradicciones estén presentes en la parte resolutiva del laudo; a que determinen la imposibilidad de que ejecutar sustancialmente la decisión contenida en la decisión; como cuando "una afirma y otra niega, o si una decreta la resolución del contrato y otra su cumplimiento, o una ordena la reivindicación y la otra reconoce la prescripción adquisitiva, o una reconoce la obligación y la otra el pago” y a que se hayan alegado oportunamente ante el tribunal de arbitramento.
Al respecto dijo la Sala: “El fundamento de esta causal de anulación del laudo deriva de las soluciones contradictorias u oscuras, las que precisamente por su falta de claridad y de lógica constituyen obstáculo insalvable para concretar en su sentido sustancial o material, los efectos de la cosa juzgada."
En el caso concreto la Sala advierte que lo argumentado bajo este cargo por la CNTV se traduce en una controversia respecto de la manera como el tribunal de arbitramento valoró las pruebas y determinó los factores que utilizó para calcular el monto de la condena; materia esta que escapa al ámbito del recurso extraordinario de anulación.
En efecto, la Comisión expone, en forma comparativa, apartes del laudo en los cuales el tribunal de arbitramento calificó medios de prueba obrantes en el proceso frente a otras consideraciones en las cuales les dio distinto valor, para señalar que con ello se incurrió en los supuestos de la causal alegada.
La procedencia de esta causal, como se indicó, exige la existencia de contradicciones en la parte resolutiva del laudo, no en la parte motiva del mismo; de manera que los señalamientos hechos por el recurrente no permiten deducir el cumplimiento de este primer presupuesto.
Dicho en otras palabras: la circunstancia de que los árbitros hubiesen valorado en forma contradictoria o no los medios de prueba obrantes en el proceso, no lleva a concluir la ocurrencia de esta causal. Resulta irrelevante, para los fines de prosperidad del recurso, que respecto de una consideración se hayan tenido en cuenta el modelo usado por Inversiones e Ingeniería Financiera -IIF-, cuando en otro aparte de la misma providencia se haya descalificado tal documento.
Tampoco es determinante de la causal que los árbitros hubiesen tenido en cuenta aspectos del dictamen pericial, cuando los propios peritos al aclararlo hubieren descartado los mismos puntos del dictamen inicial. O que los árbitros hubieren considerado que los concesionarios vieron afectadas las proyecciones de los ingresos previstos, cuando de otros medios de prueba obrantes en el proceso se deduce la conclusión contraria. Menos aún que hubiesen encontrado la sustancial reducción en los dos primeros años de explotación de la concesión, si en el dictamen pericial se dieron cifras que permiten adoptar una decisión distinta.
Tales circunstancias alegadas por el recurrente no ameritan escapan a la valoración de la Sala en consideración a la naturaleza restringida del recurso; de manera que, aún en el evento de estar demostradas, no conducirían a la nulidad del laudo con fundamento en la causal que se invoca.
Se reitera que al juez de la anulación no le es dable objetar la valoración que de las pruebas obrantes en el proceso hicieron los árbitros; no le es permitido cuestionar las consideraciones hechas por los árbitros con fundamento en las mismas y menos aún modificar la decisión que con fundamento en tales consideraciones se hayan adoptado en el laudo.
Tercer cargo. Cuando sin fundamento legal no se decretaren pruebas oportunamente solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisión y el interesado las hubiere alegado en la forma y tiempo debidos (num. 1, art. 72 ley 80 de 1993)
El recurrente funda la ocurrencia de esta causal en que el tribunal de arbitramento consideró que Caracol TV había sufrido merma patrimonial cuando obran en el expediente documentos que dan cuenta del hecho contrario. Al efecto refiere particularmente a documentos de los órganos directivos, financieros y de gestión de Caracol TV, al interrogatorio absuelto por el representante legal de Caracol, al dictamen pericial.
Consideraciones de la Sala sobre el cargo: La Sala ha precisado que la prosperidad de esta causal de anulación amerita el cumplimiento de los siguientes supuestos:
. que no se decreten pruebas oportunamente solicitadas o que se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para evacuarlas;
. que tales omisiones tengan incidencia en la decisión; y
. que el interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos;
En el caso concreto la Sala considera que no le asiste razón a la CNTV cuando afirma que esta causal está plenamente acreditada porque el tribunal de arbitramento no valoró adecuadamente medios de prueba obrantes en el proceso; toda vez que, como se acaba de indicar, la causal invocada procede respecto de pruebas dejadas de decretar o dejadas de practicar, no respecto de pruebas "dejadas de valorar o mal valoradas"
La circunstancia de que existieran en el proceso arbitral pruebas que los árbitros no tuvieron en cuenta para descartar el alegado desmedro patrimonial, se traduce en un cuestionamiento al proceder del tribunal de arbitramento que no puede ser objeto de este recurso de anulación por su ya indicada naturaleza.
LAUDO Y EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: JESÚS MARIA CARRILLO BALLESTEROS, BOGOTÁ, D.C., CUATRO (4) DE JULIO DE 2002, RADICACIÓN NÚMERO: 11001-03-26-000-2002-0012-01(22195).- a. Indisponibilidad de competencia administrativa para declarar el rompimiento del equilibrio financiero del contrato estatal. Aduce el recurrente que el juez o árbitro no puede pronunciarse sobre el rompimiento del equilibrio financiero del contrato estatal si el interesado no lo ha alegado previamente ante la administración, ya que sólo cuando la administración lo niega o calla, surge la competencia del juez para asumir ese tema.
La Sala considera que el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato estatal no es una materia que deba ser conocida y declarada privativamente por la administración para que pueda someterse al conocimiento del juez del contrato.
Es cierto que la ley 80 prevé la facultad del contratista para reclamar a la Administración el restablecimiento de la ecuación financiera del contrato cuando la considere rota; pero también lo es que esta es una materia que puede someterse al conocimiento del juez natural del contrato o del árbitro, sin que la acción judicial que se ejercite con este objeto tenga por condición de procedibilidad el agotamiento previo de la petición directa a la entidad contratante.
Dicho en otras palabras, la falta de petición directa a la Administración en los términos del numeral 1, artículo 5 de la ley 80 de 1993, no conduce a declarar que el juez o árbitro es incompetente para evaluar y decidir los supuestos de la figura; puede conducir a que el juez o árbitro niegue la pretensión de restablecimiento en el entendido de que hizo falta uno requisitos para que fuese exigible la pretendida obligación a cargo de la Administración.
En el presente asunto escapa a la competencia del juez de la anulación determinar si el contratista previamente pidió o no a la Comisión Nacional de Televisión el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato; como también resulta ajeno a la competencia de esta Sala establecer los efectos que la falta de petición en ese sentido pudiese producir. Pero lo que si es claro es que tal circunstancia no es constitutiva de la causal que se invoca, porque ni la competencia del juez del contrato ni la del árbitro está condicionada por esa circunstancia.
b. Indisponibilidad de los actos administrativos. Dice el recurrente que con el laudo se impidió que naciera el acto administrativo que debía resolver el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato estatal y el mismo generó la imposibilidad de que se produjera la liquidación del contrato estatal. (fol. 29 c. ppal).
La Sala considera desafortunada esa argumentación de la convocada. No es dable afirmar que se configura la causal prevista en el numeral 4 del artículo 72 de la ley 80 porque el laudo afectó actos inexistentes; como tampoco lo es concluir que la inexistencia de tales actos administrativo fue determinada por el mismo laudo.
Es verdad, como se indicó, que la Sala ha precisado que la legalidad de los actos administrativos es una materia que escapa a la competencia de los árbitros; pero también lo es que en esos precisos eventos se ha estado en presencia de laudos arbitrales que han afectado, directa o indirectamente, la existencia y eficacia de actos administrativos concretos y reales; no futuros o eventuales.
Por manera que no es dable trasladar las consideraciones adoptadas por la Sala en esos precisos eventos a este caso concreto, porque conforme a lo señalado por el recurrente, aquí según él, " se cercenó la existencia del acto administrativo” y "se atacó la eficacia" y la legalidad de "un acto administrativo futuro”. (fol. 29 C. ppal)
c. Igualmente cabe precisar que no es cierto lo afirmado por el demandante en cuanto a que la competencia de la Administración para liquidar el contrato se afectó o "limitó" por virtud del restablecimiento del equilibrio económico dispuesto en el laudo.
La Administración, es cierto, cuenta con la facultad legal para liquidar el contrato por virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, pero debe recordarse que tal potestad suple la facultad que tienen las partes de hacerlo bilateralmente; de manera que no se trata de un poder excepcional o privativo de la administración. Ni siquiera en el evento de que lo fuera, estaríamos frente a una limitación respecto del futuro ejercicio de ese poder, pues la decisión de liquidar unilateralmente el contrato se traduce simplemente en la facultad de finiquitarlo totalmente, mediante la constatación del desarrollo económico del contrato y la determinación de los saldos a cargo o a favor de cada uno de los co contratantes.
Decisión esta que, por tanto, no se vería truncada u obstaculizada por la decisión arbitral relativa al restablecimiento del equilibrio financiero del contrato estatal.
En este sentido se pronunció la Sala en sentencia proferida el 24 de octubre de 1996; expediente 11632: “La ecuación financiera del contrato es una figura de imperativo legal, que se aplica con independencia de que las partes la hubieren pactado o no. En otros términos la Sala reitera que es el propio legislador quien fija reglas tendientes a procurar el mantenimiento del equilibrio financiero del contrato conmutativo cuando éste se rompa en aquellos casos no imputables al contratista, por distintas circunstancias.
Frente al mandato legal, mal podría el juez de dicho contrato desconocer, sin razón, tales preceptos normativos. Tiene entonces, suficiente sustento, en legislación y jurisprudencia, el concepto del equilibrio financiero del contrato y, por consiguiente, no podía resultar extraño para el Tribunal de Arbitramento la aplicación de dicha figura, bajo la óptica fundamental de que el Estado pudiera cumplir con los fines previstos y que el consorcio contratista, a su vez, por no tener obligación legal ni contractual para su actividad.
Si el fallador encontraba rota o alterada la ecuación financiera del contrato por causas imprevistas y de especial consideración, ajenas al contratista, le correspondía acudir a dicha figura, no sólo por el mandato legal, sino por motivaciones de justicia y equidad inherentes al equilibrio financiero contractual."
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Consejero ponente: ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil cinco (2005).- Radicación número: 11001-03-26-000-2004-0039-00(28308).- No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.- Esta causal, prevista en el artículo 72, numeral 5º, de la Ley 80 de 1993, junto con la prevista en el numeral 4º del mismo artículo, esto es, haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido, tienen por objeto garantizar el cumplimiento del principio de congruencia.
En desarrollo de este principio, dispone el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil que la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que ese código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas, si así lo exige la ley. Complementariamente, el artículo 306 del mismo código prevé, en su inciso primero, que cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.
Por su parte, el Código Contencioso Administrativo, en su artículo 164, establece que, en la sentencia definitiva, se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada, y que el silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la reformatio in pejus.
Así las cosas, con el fin de determinar si, efectivamente, en un caso concreto, el laudo no decidió sobre una cuestión sujeta al arbitramento, es necesario estudiar, en primer lugar, el contenido de las pretensiones formuladas por la parte demandante, así como las defensas planteadas por la parte demandada, y en segundo lugar, si los árbitros se ocuparon de aquellas otras cuestiones que, conforme a la ley, debían ser objeto de la decisión.
En relación con los límites de la causal alegada, ha expresado esta Sala, inclusive, que el juez y los árbitros deben resolver sobre todas aquellas cuestiones que, de conformidad con la ley, deban ser objeto de definición en el proceso, a menos que, dado el contenido de la decisión definitiva que haya de adoptarse, su resolución resulte totalmente intrascendente.
Así, por ejemplo, declaró próspero el recurso de anulación interpuesto contra un laudo arbitral en el que se omitió decidir sobre la objeción por error grave formulada contra un dictamen pericial rendido en el proceso. Consideró el Consejo de Estado que tal resolución tiene injerencia directa respecto de la posibilidad de que los peritos resulten obligados a restituir, total o parcialmente, los honorarios recibidos, de acuerdo con los artículos 238 y 239 del C.P.C., y debe, por lo tanto, adoptarse siempre, al margen del sentido de la decisión que se tome respecto de las pretensiones y excepciones de las partes.
De igual manera, declaró la prosperidad del recurso de anulación formulado contra un laudo en el que se decidió una tacha de falsedad en contra de quien la propuso, y se omitió, sin embargo, violando el artículo 292 del C.P.C., condenar a éste a pagar a quien aportó el documento la sanción que allí mismo se establece. Consideró esta Sala, en efecto, que su imposición no es potestativa del juez, sino que constituye una consecuencia ineludible de la decisión adoptada.
Consideraciones en el mismo sentido se han hecho en otros fallos, como el del 6 de junio de 2002 (expediente 20.634), en el que se expresó que no se configura el vicio de incongruencia cuando el fallador toma decisiones que, pese a no haberse pedido en la demanda expresamente, pueden deducirse de ella, por constituir un complemento obligado y necesario de lo suplicado, y se hizo referencia, además, a los casos en que se deben declarar probadas excepciones no propuestas por el demandado.
Y, en reciente pronunciamiento, en relación con la aplicación del último inciso del artículo 306 del C.P.C. –según el cual, cuando se proponga la excepción de nulidad o la de simulación del acto o contrato del cual se pretende derivar la relación debatida en el proceso, el juez se pronunciará expresamente en la sentencia sobre tales figuras, siempre que en el proceso sean parte quienes lo fueron en dicho acto o contrato, y, en caso contrario, se limitará a declarar si es o no fundada la excepción–, expresó esta Sala lo siguiente:
"Toda vez que el contenido normativo de esta preceptiva es absolutamente claro, al juzgador no le es dable desatender su tenor literal. En efecto, se trata de un típico caso en que la función judicial es indiscutiblemente aplicativa, por cuanto, frente a la claridad del mandato legal impuesto al fallador, a éste no le queda otro camino que cumplir con el enunciado jurídico.
En tal virtud, merece destacarse que la obligación que impone el inciso tercero del artículo 306 del C. de P.C. al juzgador es desarrollo del principio de congruencia que debe observar el juzgador y que se halla previsto en el artículo 305 del C. de P.C...
Esa consonancia del fallo exige, como lo ha determinado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, "la identidad entre lo resuelto, en cualquier sentido, por el juez en la sentencia y las pretensiones y excepciones planteadas por las partes... en todos los procesos, también, entre la sentencia y lo ordenado por la ley que sea resuelto de oficio por el juzgador [DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de derecho procesal, Teoría general del proceso, Tomo I, 13ª edición, Diké, Medellín, 1994, p. 57]. (Se subraya). Por lo demás, este imperativo legal, al decir de Devis Echandía [Op. cit., p. 57], está relacionado a la vez con el derecho fundamental AL DEBIDO PROCESO (art. 29 CP), lo mismo que con el valor de la cosa juzgada.
Así las cosas, en el evento en que el demandado proponga la excepción de nulidad del contrato, siempre que sean partes del proceso quienes lo fueron del contrato, la sentencia deberá tacharse de inconsonante, si, a pesar de haber encontrado demostrada dicha excepción, se limita tan solo a declararla fundada, desconociendo que el juzgador tiene el deber insoslayable de pronunciarse aplicando la regla de procedimiento citada... Con otras palabras, si el juez no obra así, incurre en vicio de actividad, pues la sentencia cae en desarmonía o incongruencia por mínima petita, habida cuenta que se dejó de decidir sobre uno de los extremos de la litis".
En la misma sentencia, el Consejo advirtió que, habiendo el Tribunal Arbitral decidido sobre la nulidad del contrato, competía a aquél decidir sobre las consecuencias de la misma, lo que lo obligó a hacer un estudio sobre el alcance del articulo 48 de la Ley 80 de 1993, que regula el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por objeto o causa ilícitos.
También la Corte Suprema de Justicia se ha referido a las situaciones mencionadas, en múltiples pronunciamientos, con ocasión del análisis de la causal segunda de casación -que permite acusar la sentencia por incongruencia–, indicando que no incurre en tal defecto el fallo que contiene decisiones no pedidas explícitamente, siempre que ellas constituyan un complemento obligado de las pretensiones invocadas y resueltas, y que, por esa razón, debe el juzgador ordenar, aun de oficio. También ha indicado que no es inconsonante la sentencia en la que se decide, de oficio, sobre aquellos puntos que la ley le autoriza a definir sin solicitud de parte, sobre todo cuando está de por medio el interés o el orden público, como cuando se advierte la nulidad absoluta del acto o contrato objeto del litigio, y se declara, estando presentes quienes participaron en su celebración, o quienes les suceden legalmente en sus derechos.
Ahora bien, tratándose de la decisión sobre las excepciones no propuestas, y que, como se ha explicado, en materia contencioso administrativa –salvo en el caso de la nulidad relativa– pueden ser siempre declaradas probadas por el juez, es claro que, cuando aquélla se adopta, no incurre el fallador en incongruencia. En ese sentido, en la sentencia del 4 de mayo de 2000, ya mencionada (cfr. cita No. 3), expresó esta Sala que la declaración de la nulidad absoluta del contrato, total o parcial, puede efectuarse oficiosamente, siempre que ella se encuentre plenamente demostrada en el proceso, cuando en él intervienen las partes contratantes o sus causahabientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo.
Así lo reconoce, además, el profesor Devis Echandía, al precisar que, "[e]n nuestro sistema (refiriéndose al sistema previsto en el C. de P. C.), no existe extra petita por haberse declarado una excepción perentoria no alegada por el demandado, en vista de que el juez puede y debe considerarlas de oficio, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa del acto o contrato objeto del litigio (artículo 306)". [Texto en primer paréntesis fuera de cita].
En el mismo sentido expresa su opinión el profesor Jairo Parra Quijano, refiriéndose, concretamente, al deber que tiene el juez de decretar la nulidad absoluta, a pesar de no haber sido demandada.
Más complejo resulta el problema planteado en el recurso que ahora ocupa a la Sala, relativo a la incongruencia derivada de la omisión en que incurre el fallador cuando no resuelve una excepción que aparece probada en el proceso y no fue alegada por el demandado.
Manifiesta el profesor Devis Echandía, aludiendo a la causal segunda de casación, que la misma se configura, entre otros casos, en aquéllos en que la ley impone la obligación al juez de pronunciarse oficiosamente y éste omite todo estudio sobre la cuestión y no la considera expresa, ni tácitamente, aun cuando no lo haya pedido la parte, si los hechos están probados.
Resultan, sobre el punto, especialmente pertinentes las siguientes observaciones de la Corte Suprema de Justicia:
"2. En el caso sub-lite lo que planteó la parte actora en su demanda fue la "resolución" del contrato de promesa de permuta de 11 de mayo de 1982. Empero, al hacer una rápida confrontación entre dicha pretensión y lo decidido en la parte resolutiva del fallo de segunda instancia, en cuanto denegó totalmente las pretensiones de la demanda y absolvió de las mismas a la parte pasiva, no se avizora entre tales extremos ninguna señal de incongruencia.
En efecto, si en el contexto del libelo no se demandó la nulidad absoluta del contrato de promesa de permuta, es claro que desde el punto de vista formal la sentencia se encuentra en completa armonía entre lo pedido y lo decidido, pues el Tribunal consideró que la "resolución" del contrato de promesa de permuta, es decir, lo que le fue planteado, no se abría paso por cuanto el hecho del incumplimiento endilgado no era atribuible exclusivamente a la parte demandada; y porque, de otro lado, quien se obligó a vender el inmueble "Las Camelias" estuvo dispuesto en todo tiempo a cumplir inmediatamente se percató del error, tal como se deduce de las actuaciones judiciales por él adelantadas.
Por último, para descartar definitivamente cualquier asomo de incongruencia, debe dejarse por averiguado que el Tribunal definió que la precitada promesa era válida y que no era de aquéllas que por mandato de la ley 50 de 1936 debía ser declarada nula de manera oficiosa. Este pronunciamiento significó un juzgamiento sobre el punto de la nulidad no obstante no haberse formulado pretensión expresa al respecto. Acerca de este aspecto, es importante tener en cuenta que en las disposiciones que deben darse de oficio, así no se soliciten, puede darse la incongruencia negativa, si se omiten, pero en este caso no puede haber incongruencia porque hubo pronunciamiento, así sea implícito". (Se subraya).
Sobre el carácter implícito del pronunciamiento, debe decirse, entonces, que puede estar dado por la alusión que en la parte motiva de la misma decisión se hace a la cuestión, a pesar de haberse guardado silencio en la parte resolutiva. Pero también puede derivarse del contenido mismo de ésta última, en la medida en que suponga, necesariamente, la decisión previa, en sentido negativo, del asunto que podría ser objeto de pronunciamiento oficioso. Esto último resulta evidente si se tiene en cuenta que el juez no está obligado a consignar explícitamente sus consideraciones sobre la falta de prueba de todas las excepciones susceptibles de ser declaradas sin solicitud de parte.
Por esa razón, parece contradictorio el planteamiento del profesor Hernán Fabio López, en cuanto precisa, en relación con el procedimiento civil:
"En resumen, si el demandado propone alguna de las excepciones de prescripción, compensación o nulidad relativa, el juez está obligado a referirse a ellas para negarlas en forma expresa, so pena de que su fallo se pueda tachar de incongruente; respecto de las demás excepciones perentorias no tiene igual obligación, pues basta que acepte las pretensiones de la demanda para que éstas se entiendan tácitamente negadas sin que sea menester obligatorio que expresamente se refiera a ellas para desecharlas.
No obstante, de aparecer probadas y el fallador haber errado al no apreciar las pruebas que las demuestran, se podrá recurrir con base en la causal 2ª del artículo 368 que también se refiere en general a las "excepciones propuestas por el demandado". (Se subraya).
No puede entenderse cómo se considera, a la vez, que puede existir un pronunciamiento tácito sobre las excepciones, cuando se accede a las pretensiones de la demanda, y que, sin embargo, en tal caso, si aquéllas aparecen probadas, la sentencia puede ser tachada de incongruente. Más lógico parece a esta Sala el planteamiento del profesor Devis Echandía, quien expresa que las excepciones pueden ser resueltas tácitamente y que, "entonces no existirá incongruencia", y ello sin perjuicio de que, tratándose de un proceso civil, la sentencia pueda ser atacada por error de hecho, con fundamento en la causal primera de casación, en cuanto se estaría frente a un yerro en la apreciación de las pruebas.
En ese sentido, resultan suficientemente ilustrativas las siguientes precisiones hechas por la misma Corte:
"Porque, además, a diferencia de las demandas, el fallo del Juez puede ser implícito y genérico, pero siempre que sea posible su determinación y reconstrucción del pensamiento del juzgador, consignado allí. Así, el legislador prevé que la sentencia debe contener una parte resolutiva , pero no así en cuanto a la forma especial de esta parte dispositiva, como lo establece para las demandas. Entonces, puede acontecer que el Juez no se pronuncie expresamente sobre todas las demandas de las partes, pero del conjunto de la sentencia rectamente interpretada, resulta claro que ha examinado y decidido el punto sobre el cual guarda silencio; en estos casos, el pensamiento del Juez está indirectamente manifestado, pero está manifestado. De donde hay que deducir, de acuerdo con reciente jurisprudencia de esta Sala: a) El pensamiento del Juez sobre una determinada cuestión puede reconstruirse también a través de los motivos de la sentencia cuando no esté expresa en la parte resolutiva; b) Puede el pensamiento del Juez sobre una cuestión deducirse solamente de la solución dada a otra que suponga necesariamente examinada y resuelta de modo inequívoco la primera. En otra forma no habrá fallo implícito, sino defecto de fallo; así sucederá en el caso en que la sentencia acoja la demanda subordinada, concretamente la consecuencial, sin examinar la principal, porque el haber examinado y decidido la sobordinada o consecuencial no implica necesariamente que haya examinado la principal; por la misma razón, que en el caso de decidirse la cuestión de fondo sin discutirse la prejudicial. Caso en los cuales no sólo hay "defecto de fallo", por falta de referencia en la motivación, sino "falta de fallo" por cuanto que no sólo no está determinado sino porque no es determinable con los elementos ofrecidos en la sentencia...". (Se subraya).
Así las cosas, concluye esta Sala que será imposible acusar de incongruencia la sentencia por la cual se accede a las pretensiones de la demanda, alegando que incurrió en omisión al no declarar probada una excepción que hubiera hecho imposible tal decisión.
Algo similar ocurrirá en el evento en que se adopte una decisión absolutoria. En efecto, no podría configurarse la incongruencia como consecuencia de la no declaración de una excepción, sea que ésta haya sido propuesta o que debiera declararse probada oficiosamente.
Refiriéndose, precisamente, a una decisión en el sentido indicado, en la sentencia del 7 de marzo de 1997, ya citada, la Corte precisó:
"De tiempo atrás había sostenido esta Corporación que la sentencia totalmente absolutoria no podía ser censurada por incongruencia, ni, por tanto, acusada con base en la causal segunda de casación, atribuyéndole los defectos supracitados [G.J. Tomo CXVI, pág. 84], porque en una decisión de esta naturaleza mal podría decirse que el sentenciador se había abstenido de fallar algo de lo pedido, o había incurrido en exceso al haber decidido de mérito, sólo que negativamente, sobre todas las cuestiones planteadas en la demanda. Desde luego que ese criterio doctrinal hoy en día no puede mantenerse como algo absoluto, porque si a la incongruencia se puede llegar porque el juzgador se aparte de los extremos fácticos del debate, con lógica se puede concluir que una sentencia totalmente desestimatoria puede ser el producto de esa alteración de los hechos, caso en el cual se estaría incurriendo en una inconsonancia o desarmonía denunciable en casación, porque, como se anotó, de conformidad con el artículo 305 ibídem, la congruencia en la actualidad comprende también "los hechos" fundantes de las pretensiones". (Se subraya).
Cuestionando este planteamiento, que considera rectificado en sentencia del 14 de octubre del mismo año, el profesor Humberto Murcia Ballén precisa que, "si para fallar el juez de instancia "altera", cambiando o modificando los hechos que, según la demanda, constituyen el marco fáctico delimitado para el debate o la controversia planteada, eso equivale, ni más ni menos, a interpretar erróneamente la demanda incurriendo en yerro in judicando, alegable en casación únicamente por la causal primera".
Al margen de la discusión que esta situación pueda generar, referida a un punto que no interesa al caso concreto, visto que alude a la incongruencia proveniente de la inconsonancia de la sentencia con los hechos de la demanda, advierte esta Sala que, también en este punto, disiente del planteamiento del profesor Hernán Fabio López, en cuanto expresa que la incongruencia puede predicarse de una sentencia absolutoria, por no haber declarado probadas excepciones que el juez ha debido reconocer de oficio. Se considera, en cambio, acertada la posición del profesor Hernando Devis Echandía, quien manifiesta que no existirá incongruencia por haberse abstenido el fallador de resolver un punto objeto del proceso, cuando su decisión es absolutoria, dado que, al proferirla, resolvió todas las cuestiones planteadas. De la misma opinión es el profesor Jairo Parra Quijano, quien concluye, citando a la Corte Suprema de Justicia, que la sentencia absolutoria no podrá ser acusada de incongruente, porque, resueltas las súplicas en forma desestimatoria, "el fallo queda inmune del cargo de haber decidido sobre cuestiones no pedidas (extra petita), o sobre más de lo demandado (ultra petita) o sobre menos de lo que se pidió (minus petita) [G.J., tomo CXVI, p. 84]".
Las reflexiones anteriores explican que la incongruencia constituya un típico error in procedendo, y no in judicando, en cuanto defecto procesal, y no sustancial, de la sentencia, como lo reconoce la doctrina y que, para efectos del recurso de casación, dé lugar a la alegación de la causal segunda, y no de la primera, referida a la violación de una norma de derecho sustancial.
Por otra parte, explican tales reflexiones que el defecto aludido, cuando se presenta por minima petita, no vicie de nulidad la sentencia, ni siquiera parcialmente; sólo obligará al juez de la casación a efectuar la corrección necesaria. Por ello, también constituye un remedio para tal defecto, en el caso indicado, la adición de la sentencia, que puede solicitarse dentro del término de ejecutoria de la misma, conforme al artículo 311 del C. de P. C., o al interponer el recurso de apelación.
Tratándose de la anulación del laudo arbitral, el tema no ofrece duda alguna, si se tiene en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 2279 de 1989, cuando prospera la causal 9ª del artículo 38 del mismo decreto –correspondiente a la causal 5ª del artículo 72 de la Ley 80 de 1993–, entre otras, el laudo no se anulará, sino que se adicionará.
Debe advertirse, por lo demás, que la prosperidad del recurso de anulación interpuesto contra el laudo que recae sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros (extra petita) o contra aquél que concede más de lo pedido (plus petita), invocando la causal 8ª del mismo artículo 38 –correspondiente a la 4ª del artículo 72 de la Ley 80 de 1993–, tampoco determina la anulación de la decisión, sino que impone su corrección, en los términos del artículo 40 mencionado.
En efecto, si se permitiera la anulación del laudo en los eventos indicados, a más de su corrección, se autorizaría al juez del recurso para revisar, como fallador de instancia, la decisión del Tribunal de Arbitramento, lo que resulta a todas luces improcedente.
Es ésta, precisamente, la situación que se presenta en el caso planteado, en el que la recurrente pretende que se anule totalmente el laudo arbitral, teniendo en cuenta que el Tribunal omitió declarar la nulidad absoluta del contrato, que, a pesar de no haber sido alegada por ninguna de las partes en el curso del proceso, en opinión de aquélla, se encuentra plenamente demostrada.
Tratándose de una excepción que, conforme a la ley, podría ser declarada de oficio por el juzgador, se observa, en principio, que podría fundarse el vicio de incongruencia en el hecho de no haberse declarado probada, estándolo. Sin embargo, es necesario verificar que no exista, en el caso concreto, un pronunciamiento expreso o tácito en el laudo sobre dicha cuestión. Descartado lo primero, en cuanto ninguna referencia se hizo a la validez del contrato en la parte resolutiva, observa la Sala que ocurre lo segundo.
De una parte, en lo que se refiere a la validez de la cláusula que regula la prórroga del contrato, cuestionada por la recurrente, se encuentra, sin duda, una resolución implícita, por haberse hecho una consideración sobre el punto en la parte motiva del laudo. Allí se expresa que dicha cláusula tiene fundamento suficiente en los términos de referencia, donde se señaló la posibilidad de que el contrato pudiera suscribirse por un término superior a ocho meses, siempre que los precios ofrecidos fueran competitivos y razonables, dependiendo de la disponibilidad presupuestal, así como en el Acuerdo 001 del 12 de mayo de 2000, contentivo del régimen de contratación de EMSA E.S.P., que, en su artículo 13, ordinal b), inciso 3, previó la posibilidad de negociación de la oferta, por parte del representante legal de dicha empresa, y en la importancia que tiene el interés público en la contratación estatal, que determina la necesidad y posibilidad de que las partes, por mutuo acuerdo, introduzcan modificaciones a los principales elementos del contrato (folio 400 del c. del recurso).
De otra –y esto sería suficiente para despachar negativamente el cargo–, se observa que el Tribunal de Arbitramento accedió parcialmente a las pretensiones formuladas por la parte convocante, referidas a la declaración de incumplimiento del contrato por parte de EMSA E.S.P. y a la condena al pago de los perjuicios respectivos a favor de la sociedad contratista F.IMM COLOMBIA LTDA. Esta decisión supone, necesariamente, que el Tribunal consideró válido el contrato celebrado entre las partes, que tuvo efectos para ellas y, por lo tanto, que estaban obligadas a cumplirlo. En ese sentido, debe considerarse que, en el laudo recurrido, se resolvió implícitamente sobre el aspecto indicado, lo que permite desestimar la acusación de incongruencia formulada.
Una consideración diferente daría lugar, por lo demás, a la anulación total del laudo, en un evento en que el juez del recurso no está autorizado para ello, o, lo que sería aún más grave, a la complementación del mismo, mediante la adición de una decisión completamente incompatible con el resto de la decisión, que resultaría, a la postre, inejecutable.
OBJETO O CAUSA ILÍCITA
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Consejero ponente: ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil cinco (2005).- Radicación número: 11001-03-26-000-2004-0039-00(28308).- Nulidad absoluta del pacto arbitral proveniente de objeto o causa ilícita.- De los términos en que se sustentó este cargo, advierte la Sala que el mismo no corresponde al contenido que sugiere su enunciación. En efecto, no se pide que se declare oficiosamente la nulidad del pacto arbitral, a cuyo contenido ni siquiera se hace referencia, sino la nulidad absoluta del contrato objeto del litigio resuelto por el Tribunal, concretamente, del "acuerdo contenido en el Acta de Reunión de 20 de abril de 2001 y de los contratos 014 de 30 de abril de 2001 y adicional 014 A de 31 de diciembre de 2001", y ello, "en razón de los vicios que se pusieron de presente al sustentar la causal propuesta en el numeral 4.1. de este recurso.".
Sobre la improcedencia de una decisión en tal sentido, se ha pronunciado esta Sala en varias sentencias, haciendo observaciones como las que a continuación se citan, que, no obstante lo solicitado por la recurrente, no se considera procedente reconsiderar:
"...tratándose del trámite del recurso de anulación de un laudo arbitral, debe precisarse que la facultad indicada (de declarar oficiosamente la nulidad absoluta de un contrato, de conformidad con el artículo 87 del C.C.A.) está referida, exclusivamente, a la declaración de nulidad absoluta de la cláusula arbitral o del compromiso pactados por las partes con el fin de habilitar a los árbitros –de manera excepcional y transitoria– para administrar justicia. Una conclusión diferente, en el sentido de que dicha facultad estuviera referida a la declaración de nulidad de cualquier otro contrato celebrado entre las partes, implicaría invadir las competencias del respectivo tribunal de arbitramento y desconocer la naturaleza misma del recurso de anulación, cuyo objeto es la corrección de errores in procedendo, y no in judicando, lo que se deduce claramente del contenido mismo de las causales legales [Ver, sobre estos aspectos, entre otras, las sentencias proferidas por esta Sala el 15 de mayo de 1992, actor: Carbones de Colombia S.A. Carbocol, yu el 4 de mayo de 2000, expediente 16.766]. (Texto en paréntesis fuera de cita).
Por lo demás, debe precisarse que esta reflexión no tiene relación con la situación que se presentaría en el evento en que, invocando la causal 5ª del artículo 72 de la Ley 80 de 1993, fundamento del cargo estudiado en el numeral anterior, se acusara el laudo de incongruente, por no haber decidido sobre la nulidad absoluta del contrato, como cuestión sujeta al arbitramento. En este caso, en efecto, de resultar próspero el recurso, el juez obraría en el marco de las facultades que expresamente le han sido conferidas por la ley en el trámite del mismo, y dentro de los límites de la causal aludida, adicionando, por ser procedente, el laudo respectivo.
ERRORES ARITMÉTICOS O CONTRADICCIONES
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Consejero ponente: ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil cinco (2005).- Radicación número: 11001-03-26-000-2004-0039-00(28308).- Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones contradictorias, siempre que éstas se hayan alegado oportunamente ante el Tribunal de Arbitramento. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, ha expresado:
"17. Configúrase esta causal en el evento de que la parte resolutiva de la sentencia contenga declaraciones o disposiciones contradictorias; pero estas contradicciones –tiénese dicho– deben ser tales que se haga imposible la ejecución simultánea de todas las resoluciones de la sentencia (LXXXIII, 57).".
"2. Según lo anterior, para la configuración del motivo de casación que se comenta, se requiere que en la parte resolutiva de la sentencia impugnada aparezcan disposiciones o declaraciones totalmente contradictorias, tanto que se excluyan recíprocamente, como si una afirma y otra niega el mismo derecho sobre el cual recae el pronunciamiento judicial, y hasta el punto de que se haga imposible su ejecución simultánea, con lo cual se ve privada la sentencia de uno de sus mayores atributos, el de la ejecutabilidad y, por ende, de su cumplimiento, consustancial a toda sentencia que otorga derechos a las partes.
3. Siguiendo el rumbo antes trazado, encuentra la Sala que no hay ninguna contradicción visible en las resoluciones adoptadas en el fallo impugnado, como consecuencia de que simultáneamente se haya declarado la nulidad formal de la escritura pública No. 473, varias veces mencionada, la nulidad absoluta del contrato de compraventa contenido en ella, se hayan ordenado las anotaciones en la Oficina de Registro y en la Notaría y las restituciones de rigor, como efecto propio de esa nulidad absoluta; sin necesidad de hacer ningún esfuerzo dialéctico se ve que corresponden a decisiones perfectamente ejecutables de manera simultánea, sin que su efecto quede minado por la vía de anticipar los desarrollos, ciertos o inciertos, que pueda tener la ejecución de tales ordenamientos, verbigracia, en una eventual diligencia de entrega de los bienes cuya restitución se ordena".
En el caso que ahora ocupa a esta Sala, se advierte con facilidad que no se hace, en la acusación correspondiente, referencia alguna a la existencia de contradicciones entre diversas decisiones contenidas en la parte resolutiva del laudo. Se pretende, simplemente, cuestionar algunas decisiones adoptadas en él, alegando la incongruencia entre ellas y lo expresado en la parte motiva, lo que no podría constituir, en ningún caso, el fundamento de la causal invocada.
Debe precisarse, finalmente, que la revisión que, eventualmente, pudiera hacerse, en algunos casos, de la parte considerativa de la decisión recurrida, sólo podría tener por objeto precisar el sentido exacto de la decisión que pudiera parecer contradictoria con otra u otras adoptadas en la parte resolutiva de aquélla. También a esta situación se ha referido la Corte Suprema de Justicia, en varios pronunciamientos, de los cuales resulta especialmente relevante el que se cita a continuación:
"En el caso de este proceso, el Tribunal, en la parte dispositiva de su sentencia, dijo confirmar la 'resolución' del contrato de promesa declarada por el a quo; y, a la vez, revocó la negativa de la nulidad de esa misma convención, contenida también en la sentencia de primera instancia. Estas dos decisiones, contenidas en la parte resolutiva de la sentencia de segundo grado, consideradas en sí mismas, serían aparentemente antagónicas, puesto que si dicho pacto es absolutamente nulo, como lo deduce el ad quem, pugna a la razón natural que simultáneamente se declare resuelto por incumplimiento de una de las partes.
Sin embargo, como los fundamentos de hecho y de derecho que el sentenciador aduce en la parte expositiva de su providencia permiten reconstruir fielmente y determinar en forma precisa su pensamiento, concretado a la nulidad del contrato, la observada contradicción desaparece del campo jurídico, permaneciendo solamente como una verdadera impropiedad del lenguaje. En efecto:
El contexto de la motivación del fallo..., ni por asomo permite abrigar la más elemental duda de que el ad quem, por considerarlo como un prius lógico, examinó la demanda de ineficacia jurídica del contrato de promesa de permuta; y que... lo estimó absolutamente nulo por falta de alguno de sus presupuestos esenciales y así lo decidió, si no en forma expresa, sí cuando menos implícitamente al infirmar la negativa que en el punto traía la sentencia de primer grado. Como consecuencia, dando aplicación a lo estatuido por el artículo 1746 ejusdem, reguló las restituciones mutuas que deben hacerse los contratantes en virtud de dicho pronunciamiento.
Quizás faltó al ad quem propiedad en su léxico al decir que optando, como evidentemente optó, por "la nulidad absoluta de la promesa de permuta..., como consecuencia, se declara la resolución", y al explicar que "la resolución de la promesa de permuta se declara con base en que dicho precontrato no pudo producir efectos legales por no haber nacido a la vida pública: desde sus orígenes fue inválido". Esta supuesta impropiedad, empero, contribuye a interpretar su sentencia en el sentido de que lo realmente decidido en ella fue la nulidad el contrato y no la resolución del mismo". (Se subraya).
.Al respecto, el profesor Hernando Devis Echandía explica que la ausencia de limitaciones del juez contencioso administrativo para decidir sobre todas las excepciones que resulten probadas, propuestas o no, dejando a salvo la prohibición de reformatio in pejus, se explica porque los representantes del Estado no pueden renunciar a la prescripción, ni sanear la nulidad sustancial relativa, dado que ello equivaldría a disponer, sin las formalidades legales, de derechos sustanciales de las entidades públicas. Cfr., Compendio de derecho procesal. Teoría general del proceso, Tomo I, 13ª edición, Diké, Medellín, 1993, p. 243. Por su parte, el profesor Carlos Betancur Jaramillo expresa que la facultad oficiosa del juez, respecto de la declaración de las excepciones de fondo, no comprende el caso de la nulidad relativa, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1743 del C.C. y 46 de la Ley 80 de 1993. Manifiesta, además, que aquella facultad "parte del supuesto que sea la entidad pública la parte demandada, porque, si lo fuere el particular, las reglas, tanto del código civil como las de procedimiento civil, conservan su vigencia a ese respecto. Cfr., Derecho procesal administrativo, Señal Editora, 5ª edición, Medellín, 1999, p. 319.
.Cfr., sentencia del 14 de junio de 2001, expediente 19.334, recurso de anulación contra un laudo arbitral, interpuesto por General de Provisiones Ltda.
.Sentencia del 4 de mayo de 2000, expediente 16.766, recurso de anulación interpuesto por José Antonio Castro.
.Sentencia del 25 de noviembre de 2004, expediente 25.560 (00055-01), recurso de anulación interpuesto por la sociedad Centrimed Ltda.
nEl artículo 368 del Código de Procedimiento Civil prevé, en su numeral 2, como causal de casación, el hecho de "[n]o estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio".
.Cfr., entre otras, sentencias de la Sala de Casación Civil del 2 de octubre de 1956, M.P. Pablo Emilio Manotas, proceso de Alfonso Romero Aguirre contra Víctor Oppenheim T., y del 8 de febrero de 1974, M.P. Humberto Murcia Ballén, proceso de Blanca Libia Suárez contra los herederos de Arturo Velásquez Escobar.
.Cfr., entre otras, sentencia del 15 de febrero de 2001, expediente 5741.
.Hernando Devis Echandía, El proceso civil, Parte general, Compendio de Derecho Procesal Civil, Tomo III, Vol. I, Edit. Diké, 8ª edición, 1994, p. 430.
.Derecho Procesal Civil, Tomo I, parte general, Temis, Bogotá, 1992, p. 339.
.El proceso civil, Parte general. Compendio de derecho procesal civil, Tomo III, Volumen I, 8ª edición, Diké, Medellín, 1994, p. 432
.Sentencia del 7 de marzo de 1997, expediente 4636, M.P. José Fernando Ramírez Gómez.
.Insitituciones de derecho procesal civil colombiano, Parte general, tomo I, Dupré editores, 7ª edición, Bogotá, 1997, p. 807.
"Compendio de derecho procesal. Teoría general del proceso, Tomo I, 13ª edición, Diké, Medellín, 1993, p. 491.
.Sentencia del 17 de junio de 1957, M.P. Pablo Emilio Manotas, dictada en el proceso ordinario de María Elvira Betancourt viuda de Carmona y otro contra Jesús Antonio López.
oM.P. Pedro Lafont Pianetta, expediente 4856.
.Recurso de casación civil. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez y Ediciones Bueno E.U., 5ª edición, Bogotá, 1999, p. 509.
.Op. cit., p. 807.
.El proceso civil, parte general. Compendio de derecho procesal civil, Tomo III, Volumen I, Diké, 8ª edición, 1994, p. 431.
.Op. cit., p. 337.
aIbídem, p. 430 y 433. En el mismo sentido se expresa el mismo autor en Compendio de derecho procesal, Teoría general del proceso, Tomo I, 13ª edición, Diké, Medellín, 1993, p. 479.
.Cfr., al respecto, Hernando Devis Echandía, Compendio de derecho procesal, Teoría general del proceso, Tomo I, 13ª edición, Diké, Medellín, 1993, p. 479.
.Cfr., Humberto Murcia Ballén, op. cit., p. 484.
.En este caso, podría plantearse, eventualmente, una importante diferencia entre el recurso de anulación de laudos arbitrales y el recurso de casación.
.Sentencia del 11 de abril de 2002, expediente 21.652, reiterada en sentencia del 1º de agosto del mismo año, expediente 21.041.
.Sentencia del 24 de julio de 1975, Magistrado Ponente Aurelio Camacho Rueda, dictada en el proceso ordinario de Dulcelina Pinzón vda de Delgado y otra contra Gildardo Santoyo Pinzón y otros.
.Sentencia del 15 de febrero de 2001, expediente 5741, Magistrado Ponente Jorge Antonio Castillo Rugeles, dictada en el proceso ordinario de Marina Ospina de La Cruz y otra contra Hernando Restrepo Álvarez y otra.
.Sentencia del 22 de febrero de 1973, M.P. Humberto Murcia Ballén, proferida dentro del proceso ordinario de Willfort & Cia. Ltda. contra Hernando Sarmiento y otra, G.J., to. CXLVI, p. 37.

References: artículo 36
 artículo 310
 artículo 72
 artículo 72
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 Resolución 
 artículo 39
 artículo 128
 artículo 40
 artículo 129
 artículo 38
 artículo 72
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 artículo 130
 artículo 57
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 artículo 5
 artículo 72
 artículo 60
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 artículo 305
 artículo 306
 artículo 164
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 artículo 292
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 artículo 87
 artículo 368
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 artículo 311
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 artículo 38
 artículo 72
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 artículo 1746
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