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Timestamp: 2019-11-12 02:54:44+00:00

Document:
Banco Popular devuelve 1.352,25 € en comisiones de posiciones deudoras
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Banco Popular condenado a devolver 1.352,25 € de gastos de reclamación de posiciones deudoras
El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Pamplona condena al Banco Popular a devolver a un usuario de esta web 1.352,25 € cobrados de forma ilegal en concepto de comisiones por gastos de reclamación de posiciones deudoras, más los intereses generados desde la fecha en la que se envió la primera carta de reclamación al SAC de la entidad. También se condena a la entidad al pago de las costas procesales, aunque al ser un procedimiento por una cuantía menor a 2.000 €, éstas no se abonan.
Aunque la demandante era una Sociedad (persona jurídica), y no podía acogerse a la normativa de protección de los consumidores, el Juzgado consideró igualmente por no acreditadas las gestiones o gastos que la entidad debía demostrar para que las comisiones pudieran ser cobradas de forma legal.
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Si tras reclamar ante el Servicio de Atención al Cliente de la entidad no te devuelven hasta el último céntimo reclamado, entra nuestro artículo Cómo presentar demanda Judicial por gastos de reclamación de reembolso de posición deudora para saber cómo funciona nuestra gestión de las demandas por el cobro indebido de comisiones por gastos de reclamación de posiciones deudoras y otras similares.
Juzgado de Primera Instancia Nº 6 de Pamplona/Iruña
Procedimiento: JUICIO VERBAL (250.2)
Nº Procedimiento: 0000325/2017
Materia: Obligaciones
Resolución: Sentencia 00020712017
SENTENCIA Nº 000207/2017
En Pamplona/lruña, a 20 de septiembre del 2017.
Vistos por Dª XXXXXX, Juez de Adscripción Territorial en funciones de sustitución del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Pamplona/lruña y su Partido, los presentes autos de Juicio Verbal nº 325/2017, promovidos por XXXXXX, SOCIEDAD IRREGULAR a través de su administradora única, Dª XXXXXX, contra BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., representado por el Procurador de los Tribunales Sr. XXXXXX XXXXXX y asistido por el Letrado Sr. XXXXXX XXXXXX, en los que constan los siguientes,
PRIMERO.- El 12 de abril de 2017 se presentó por XXXXXX SOCIEDAD IRREGULAR demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad contra BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., demanda que fue turnada a este Juzgado y en la que la parte actora, tras alegar en apoyo de sus pretensiones los hechos y los fundamentos de derecho que consideró de aplicación al caso y que se dan por reproducidos, terminó suplicando al Juzgado que, previos los trámites legales oportunos, se dictase sentencia por la que, estimando la demanda, se condenase la demandada al reintegro de la cantidad de 1.352,25 euros más los intereses legales que se devenguen desde la primera intimación judicial, así como al pago de las costas procesales causadas.
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma a la parte demandada para que contestara, lo que verificó en tiempo y forma, oponiéndose a la demanda.
TERCERO.- Seguidamente, se citó a las partes para el acto de la vista, que tuvo lugar el día 4 de septiembre de 2017. A dicho acto comparecieron ambas partes y tras ratificarse en sus respectivos escritos de demanda y contestación, se recibió el pleito a prueba, admitiéndose la reproducción de la prueba documental obrante en autos y el interrogatorio del representante legal de la Sociedad Irregular que tuviese conocimiento de los hechos controvertidos. Tras la práctica de la prueba y el correspondiente traslado para conclusiones, quedaron los autos vistos para sentencia.
CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.
PRIMERO.- Ejercita la parte actora en su demanda una acción de reclamación de cantidad para la devolución de las cantidades cobradas indebidamente por parte del Banco Popular Español en concepto de comisión por reclamación de descubierto de manera sistemática durante la vigencia del contrato de cuenta corriente suscrito entre las partes. Sostiene que dichas comisiones no responden a ningún servicio real prestado por la entidad y que no ha existido previo aviso ni previa aceptación de las mismas por parte de la sociedad irregular, por lo que deben considerarse dichas cantidades cobradas como indebidas y procederse a su reintegro.
SEGUNDO.- La parte demandada se opuso a la demanda indicando que Banco de Vasconia (hoy Banco Popular) suscribió el 27 de mayo de 1997 un contrato de cuenta corriente con XXXXXX Sociedad Irregular, empresa que tiene por objeto social «el servicio de bebidas, cafés, vinos, licores, refrescos y comidas».
Dicho contrato se suscribió para que la empresa pudiera llevar a cabo la gestión financiera de su actividad mercantil o profesional, por lo que no puede ser considerada como consumidora. Del mismo modo, en la condición general segunda del contrato se acuerda la aplicación de unos gastos de reclamación de posiciones deudoras y en la cláusula séptima, el establecimiento de un plazo de 30 días para impugnar la posición de saldo y liquidación de intereses. Sostiene que la actora ha dejado transcurrir más de 15 años sin reclamar, no solicitando ahora tampoco la nulidad de la cláusula a los efectos de justificar el reintegro de las cantidades.
Alega también que el hecho de que en diciembre de 2005 el Banco aceptara hacer una retrocesión de 7 comisiones por descubierto no implica que reconociera la improcedencia del cobro sino que lo hizo por motivos comerciales.
Igualmente argumenta que la parte actora suscribió un segundo contrato de cuenta corriente el 14 de junio de 2004 por el que el Banco también cobró gastos por posiciones en descubierto, por lo que no puede decir que desconozca el funcionamiento y origen de los gastos.
TERCERO.- Tal y como sostiene la parte demandada, la demandante es una sociedad que actúa en el ámbito de una actividad empresarial de hostelería, no siéndole de aplicación la normativa de protección de los consumidores.
Respecto a la noción de consumidor, el art. 3 del RDL 1/2007 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que «son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional». El mismo criterio siguen las Directivas 13/1993 y 83/2011 de la Unión Europea.
La condición de consumidor no es una cualidad que puede predicarse en todo caso respecto de una persona física o jurídica, sino que es una cualidad que no se presume legalmente y que se ostentará en función de un actuar concreto y determinado, debiendo ser los demandantes los que acrediten este carácter, por aplicación de las normas generales de la carga de la prueba previstas en el art. 217 de la LEC.
Y es que según la jurisprudencia son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva, de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden y no tendrán la consideración de consumidores o usuarios quienes sin constituirse en destinatarios finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios, con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros.
En este caso, de la prueba documental consistente en la propia escritura de constitución de la sociedad irregular aportado como documento 7 de la demanda donde se determina que su objeto social es el servicio de bebidas, cafés, vinos, licores, refrescos y comidas», de las partidas del extracto de la cuenta corriente, y la ausencia de prueba en contrario, se concluye que la cuenta corriente se suscribe en el ámbito de una actividad mercantil y para las operaciones derivadas de la misma, por lo que no le son aplicables las normas sobre protección de consumidores de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril d 1993; el Texto refundido de la ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre; o la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo.
Sí que resulta aplicable la Ley 7/1988, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, según la cual no toda condición general es abusiva, encontrándose sometida la contratación entre profesionales a las normas generales sobre la nulidad contractual, lo cual no impide que judicialmente pueda declararse la nulidad de una condición general cuando es abusiva, o cuando sea contraria a la buena fe y cause un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, pero teniendo en cuenta las características específicas de la contratación entre empresas, estando prevista en el artículo 8 la nulidad de pleno derecho únicamente de las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en la Ley 7/1988 o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.
No obstante lo anterior, en el presente caso la actora no solicita la declaración de nulidad de la cláusula contenida en el contrato, sino que lo que pretende es la restitución de aquello cobrado indebidamente al considerar que no se cumplen las condiciones requeridas en la normativa aplicable para el cobro de las comisiones por reclamación de descubierto.
Así, en relación con las comisiones, el artículo 5.1.b) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, que deroga la anterior Ley 26/1988, de 29 de julio establece que: «Sólo podrán percibirse comisiones o repercutirse gastos por servicios solicitados en firme o aceptados expresamente por un cliente y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o gastos habidos que puedan acreditarse»
Igualmente, el art, 5 de la Ley Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 12 de diciembre de 1989, sobre tipos de interés y comisiones, normas de actuación, información a cliente y publicidad de las Entidades de crédito establece que las comisiones por operaciones o servicios prestados por las Entidades de crédito serán las que éstas fijen libremente, aunque, “en ningún caso, podrán cargarse comisiones o gastos por servicios no aceptados o solicitados en firme por el cliente, las comisiones o gastos repercutidos deberán responder a servicios efectivamente prestados o a gastos habidos”. Esto mismo reproduce la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
Por lo tanto, para que el abono de una comisión sea jurídicamente exigible son precisos los siguientes requisitos:
1°. Que exista un pacto entre las partes que justifique el cobro de la comisión por parte de la entidad.
2º. Que la comisión corresponda verdaderamente a la prestación de un servicio.
En este sentido, diversas Audiencias Provinciales, entre ellas la de Alicante (Sentencia nº 496/2004 de 22 septiembre. Rec. 418/2004), Málaga (sentencia de fecha 14 de abril de 2009), o Madrid (Sección 14ª, Sentencia núm. 162/2014 de 13 mayo) exigen la acreditación por parte de la entidad bancaria de estos dos requisitos para determinar la procedencia del cobro de una comisión bancaria.
CUARTO.- En el presente caso, el contrato de cuenta corriente suscrito entre las partes y aportado como documento 1 de la contestación a la demanda prevé, además de una comisión de mantenimiento y otra de administración, intereses sobre descubierto al 18,75% TAE, una comisión por reclamación de posiciones deudoras de 2.000 pesetas semestrales, y una comisión de descubierto del 2,00% nominal, con un mínimo de 200 pesetas si el descubierto es de entre 1.000 y 10.000 pesetas y un mínimo de 800 pesetas si el descubierto es de entre 10.000 y 40.000 pesetas.
Del extracto de cuenta corriente aportado junto con la demanda se constata el cobro de comisiones por reclamación de descubierto (o reclamación de posiciones deudoras) por importe 30,05 euros mensuales entre los meses de octubre de 2002 y julio de 2007, apreciándose igualmente la existencia del descubierto en la cuenta el correspondiente mes. En total se acredita que el banco cargó por dicho concepto a la sociedad la cantidad ahora reclamada de 1.352,25 euros.
Cumplido el primero de los requisitos establecidos por la normativa aplicable referente a la existencia de pacto entre las partes para el cobro de la comisión, ninguna justificación aporta la entidad bancaria demandada a los efectos de acreditar el segundo de los requisitos. Así, se indica por la parte demandada como servicio prestado el hecho mismo de permitir que la demandante estuviera con descubiertos en cuenta para poder hacer frente a los pagos de la sociedad.
No obstante, dichos descubiertos se remuneran a través de los intereses de saldo deudor (al 18,75% TAE) y de la comisión de descubierto (del 2,00% nominal con un mínimo), siendo que la comisión que objeto de este procedimiento, cuya procedencia se discute es la comisión de «gastos de reclamación de posiciones deudores«, que según indica el propio contrato, se devenga «cuando se efectúen reclamaciones de reposición de saldos en descubierto» y «para compensar los gastos de gestión de su regularización”.
En el documento aportado a título informativo por el banco se indica que estos gastos de gestión de su regularización son la confección y el envío de cartas de reclamación, telegramas, teléfono, y desplazamientos para una gestión personalizada. No obstante, no se acredita por el banco la efectiva prestación de este servicio a que corresponde el cobro de la comisión, ni siquiera mínimamente, siendo de su cargo el deber de acreditar la real prestación de servicios en virtud de los cuales se devenga la comisión.
Por otro lado, la parte demandada sostiene que la Audiencia Provincial de Navarra, Sección 2ª, en Sentencia núm. 132/2009 de 18 septiembre (rec.204/2010) admite la validez de las comisiones por descubierto entendiendo que «Así el interés tiene carácter retributivo esencialmente y remunera el riesgo de la operación. Mientras que la comisión, atiende a la remuneración de un servicio prestado por el Banco, consistente en consentir y administrar el descubierto, y ello al margen y con independencia del interés, pues así se estipuló diferenciadamente.»(. . .)
“De este modo, Don XXXXXXX, y para las necesidades propias de su negocio, obtuvo, una facilidad crediticia, de carácter extraordinario, sin necesidad de formalizar una póliza de préstamo o de crédito, con el consiguiente ahorro en cuanto a gastos de formalización, agilidad en su concesión, disponibilidad con inmediatez. Y sin necesidad de aportación de garantías de carácter personal o inmobiliario”.
No obstante, la citada resolución difiere sustancialmente de lo ahora examinado. Y es que en dicha resolución se admite el cobro de una comisión por descubierto pactada expresamente, comisión que aquí no se discute pese a que también se encuentra incluida en el contrato de cuenta corriente suscrito entre las partes y que se devenga en función de un porcentaje sobre el mayor saldo deudor que la cuenta haya tenido en cada período de liquidación. En este caso la comisión cuyo cobro se reputa indebido es una comisión de “gastos de reclamación de posiciones deudoras», no acreditándose por la entidad bancaria la realidad de los gastos repercutidos.
Finalmente y por lo que respecta a la alegada cláusula séptima del contrato y al retraso en la reclamación de las cantidades, este pacto se refiere a la posición de saldo y liquidación de intereses, no a las comisiones. Igualmente, no puede afirmarse que por no impugnar en el plazo de 30 días los movimientos de los extractos, la parte haya perdido la posibilidad de accionar frente al cobro de lo pagado indebidamente, pues dicha circunstancia en ningún caso supone una conformidad vinculante para la actora con las comisiones cobradas.
Es por todo lo anteriormente expuesto por lo que, no acreditándose que los 30,05 euros por comisión de reclamación de posición deudora responda a un efectivo gasto de la entidad bancaria, debe estimarse la demanda planteada y condenar a la demandada a la restitución de la cantidad cobrada indebidamente de 1.352,25 euros.
QUINTO.- En relación a los intereses moratorios, conforme a lo dispuesto en los artículos 1.100, 1.101 y 1.108 del Código Civil, la demandada deberá abonar, en concepto de indemnización por retraso en el pago, el interés legal de la cantidad adeudada desde la reclamación extrajudicial el 9 de septiembre de 2016 hasta su pago.
SEXTO.- Por lo que respecta a las costas, procede la imposición de las mismas a la parte demandada de conformidad con lo dispuesto en el art. 394 de la LEC.
ESTIMO íntegramente la demanda interpuesta por XXXXXX, SOCIEDAD IRREGULAR contra BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., y, en consecuencia, CONDENO a BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. a abonar a XXXXXX, SOCIEDAD IRREGULAR la cantidad de 1.352,25 euros, con los intereses legales correspondientes desde la reclamación extrajudicial de 9 de septiembre de 2016.
Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma es firme y que frente a ella no cabe recurso alguno, de conformidad con el artículo 455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
octubre 30th, 2017 | Etiquetas: Banco Popular, Reclamar a bancos, Sentencias Banco Popular, Sentencias Banco Popular Comisiones, Sentencias comisiones descubierto - Economía Zero | Categorías: Bancos
2 comentarios para Banco Popular condenado a devolver 1.352,25 € de gastos de reclamación de posiciones deudoras
02/11/2017 a las 02:06 · Responder
Hola, buenos días, mi nombre es Abril, me gustaría reclamar los gastos comisiones e intereses de varias cuentas que tengo con entidades distintas (Banco Santander y Bankia (Caja Madrid)), veo que es bastante efectivo, pero carezco de tiempo; la Primera cuenta la abrí en el año 2005/2006, nunca la pude cerrar (a día de hoy esta cuenta presenta un saldo en negativo) en esta entidad tuve 1 tarjeta de crédito, en la que me cobraron por descubierto mensualmente (en esta cuenta en su día me cobraron muchos gastos de gestión) y en segundo lugar la del Santander la cual abrí en el año 2012 y todos los meses me cobran gastos porque mi salario no entra antes mes si no pasados los primeros días, me cobraran mora por la tarjeta de crédito, mora por cada préstamo y son dos, y si tengo recibos el descubierto de 39€.
Por favor podrían ustedes decirme como podrían ayudarme para reclamar dichos gastos y como lo haríamos?, se que el primer paso es solicitar a las entidades el contrato y el extracto de movimientos pero desde que año seria valido?, no lo tengo claro, y como solicito/reclamo me sean devueltos dichos gastos a la entidad?, por favor ayúdenme.
11/11/2017 a las 22:36 · Responder
Lo primero que necesitas es hacerte con los movimientos (a no ser que los tengas ya, si son en formato papel te sirven igual), por lo que lo mejor es que sigas las instrucciones de nuestro artículo Solicitud de movimientos mediante fichero informático Norma 43. Lee bien toda la info y sigue todas las indicaciones, incluido el apartado «TEN MUY PRESENTE ESTA INFORMACIÓN«.
El contrato no es necesario en esta parte del proceso (sólo para acudir ante el Juzgado), aunque si no lo tienes no pasa nada por ir reclamándolo ya.
Respecto a los años atrás que se pueden reclamar, son los último 15 años para toda España, salvo en Catalunya que son sólo 10.
Si una vez tengas los movimientos en tu poder, prefieres que seamos nosotras las que realicemos la labor de seleccionar todas las comisiones que sean reclamables, detectar posibles retrocesiones o apuntes que necesiten ser aclarados, y confeccionar la carta de reclamación de las comisiones, visita nuestra sección de Gestiones personalizadas y ponte en contacto con nosotras escribiendo al correo gestion@economiazero.com adjuntando, además de los movimientos, este formulario cubierto con todos tus datos y los de la entidad. También debes realizar el ingreso del depósito de 15 € (uno por cada cuenta sobre la que vayas a reclamar), y en cuanto lo recibamos nos pondremos con la gestión.
Si los movimientos están en formato no digital, tendrás que solicitarnos nuestra dirección postal para que nos los puedas hacer llegar. No obstante, toda esta info está mucho mejor detallada en el artículo que habla de las gestiones personalizadas.
Como nos hablas de al menos una tarjeta de crédito, te informamos también de que acabamos de publicar la info para anular el contrato de los productos revolving. Por lo que te recomendamos que leas la información de nuestro artículo Cómo anular los contratos de las tarjetas de crédito y préstamos “revolving” (incluido el FAQ), y si luego tienes cualquier duda, nos lo comunicas y te contestaremos lo antes posible.
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References: Real Decreto 
 artículo 8
 artículo 5
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 455