Source: http://www.cidh.org/countryrep/Chile77sp/cap.2.htm
Timestamp: 2018-09-22 01:54:14+00:00

Document:
Chile 1977 - Capitulo II
1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos examinó durante el período cubierto por este informe, alegadas violaciones del derecho a la vida en Chile provenientes de:
a) Denuncias recibidas a partir del 13 de marzo de 1976,
b) Denuncias anteriores a esta fecha, que se encontraban en trámite y sobre las cuales la Comisión tomó una decisión final con posterioridad al Segundo Informe.
2. Siguiendo la clasificación adoptada en el Segundo Informe, las referidas denuncias serán analizadas bajo los siguientes rubros: A. Homicidios imputados a autoridades por los denunciantes. B. Personas detenidas, desaparecidas y presuntamente muertas, y C. Ejecuciones ilegales.
A. Homicidios imputados a autoridades por los denunciantes
3. La Comisión recibió a mediados de octubre de 1976, denuncias de diferentes fuentes sobre la muerte de Marta Lidia Ugarte Román (Caso 2106) cuyo cadáver apareció el 12 de septiembre de 1976 y cuyo asesinato los denunciantes imputan a miembros de la DINA. Las partes pertinentes de dichas denuncias fueron transmitidas al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, por nota del 6 de diciembre de 1976.
4. Posteriormente, mediante nueva denuncia se comunicó a la Comisión un extenso relato sobre los mismos hechos, cuyas partes más relevantes se transcriben a continuación:
Marta Lidia Ugarte Román, profesora, modista, miembro del Comité Central del Partido Comunista hasta el 11 de septiembre de 1973, Jefa Administrativa del Departamento de la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) de DIRINCO hasta la misma fecha, nació en Santiago, el 29 de julio de 1934.
Atendiendo a estas razones, Marta Ugarte, para proteger su seguridad, dejó su domicilio y vivía, a la fecha de su detención, en Villa Catamarca calle Nº 4 2195-D, en compañía de una anciana quien la quería mucho.
El día 9 de agosto de 1976, Marta Lidia Ugarte llamó a una hermana, comunicándole que iba al médico, que saldría de casa alrededor de las 14:30 horas y que luego la llamaría para contarle cómo le había ido.
Al día siguiente la hermana se dirigía al domicilio de Marta Ugarte en un vehículo de locomoción colectiva. Cerca ya de la casa vio a Marta Lidia en un auto de investigaciones. Marta iba en el asiento trasero entre dos hombres de civil, llevaba sus lentes oscuros y vestía su propia ropa. La hermana supone que Marta llevaba los ojos tapados bajo los lentes pues, a pesar de la poca distancia que las separaba no la reconoció y parecía no ver nada.
La hermana, el 10 de agosto, después de ver a Marta en el auto de Investigaciones y de conversar con la dueña de casa, comenzó a hacer diversas diligencias. En compañía de otra hermana recorrieron las casas de familiares y amigos, postales Hospitales. Con la certeza de que nadie la había visto después de salir de su casa el 9 de agosto de 1976, se interpuso recurso de amparo en su favor el 16 de agosto de 1976, rol 761-76, y se inició con ello un sinfín de gestiones destinadas a lograr el reconocimiento de su detención y lugar de reclusión.
El Gobierno nunca reconoció su detención.
El 12 de septiembre de 1976 apareció por primera vez en las páginas de crónica roja de la prensa de Santiago, en especial en la Tercera de la Hora, la noticia del descubrimiento del cadáver de una mujer desconocida que había sido encontrado por un pescador en la playa de La Ballena, en Los Molles. Según la información, la mujer habría sido asesinada seguramente por varios delincuentes. Presumiblemente muerta días antes de ser encontrada, su cuerpo estaba quemado, los brazos y el cuello amarrados con alambre, un brazo quebrado y todas las vértebras rotas, dando la impresión que su cuerpo había sido lanzado desde una altura considerable... continuaron las informaciones en los días siguientes. Se decía que la identidad de la mujer ya era conocida, pero que se mantendría en reserva “para no entorpecer el desarrollo de la investigación”. Se adelantaba, eso sí, que seguramente se trataba de un crimen pasional y el asesino sería, presumiblemente el marido o el amante. La campaña publicitaria culminó el día 27 de septiembre con la publicación de una clara fotografía que permitía fácilmente identificar a la víctima.
El 23 de septiembre en la mañana las hermanas fueron informadas en la Vicaría de la Solidaridad que la denuncia por secuestro presentada en el Juzgado de San Miguel había sido rechazada, declarándose el Juez “incompetente” en el caso de Marta Ugarte. Ese mismo día en la tarde fueron las dos hermanas al Instituto Médico Legal a que se les mostrara el cadáver que habían traído de La Ligua. Esto fue una corazonada, ya que sólo el color del pelo coincidía. Fueron recibidas por el Asesor Jurídico a quien le explicaron a qué iban. Él les pidió una foto y después de una larga conversación de él con el Director del Instituto, fueron recibidas por el Director quien les preguntó que eran de esta persona. Luego hizo varias preguntas sobre cosas relacionadas con Marta. Con la foto en la mano manifestó a las hermanas que el cuerpo que habían traído desde La Ligua correspondía a la foto. El Director les dijo que tenían que tener valor para pasar a ver el cuerpo ya que estaba en malas condiciones por los días que habían pasado.
La prensa, en su campaña publicó ampliamente las horrorosas lesiones que presentaba el cadáver de la asesinada por “presuntos maniáticos sexuales”. Sin embargo, hay mucho más aún, como lo comprobaron las hermanas al reconocer el martirizado cuerpo de Marta Ugarte: sus manos, pequeñas en vida, estaban muy largas y sin uñas, lo mismo que los pies; las piernas estaban casi desprendidas a la altura de la ingle; la piel en muchas partes presentaba huellas de quemaduras recientes y heridas punzantes; sólo pudieron ver el lado izquierdo de su cuerpo, pues no les permitieron descubrir la otra parte; le faltaba un trozo de lengua.
El Director dijo que era precisa la identificación del dentista que la atendía. Pese a la identificación de las hermanas y del dentista, no fue fácil conseguir que entregaran el cadáver.
El 8 de octubre Marta Lidia Ugarte Román fue sepultada en el Cementerio General de Santiago.
5. El Gobierno de Chile, por medio de su Representante Permanente ante la Organización, contestó, por nota No. 159, de 28 de enero de 1977, lo siguiente:
Caso No. 2106
MARTA UGARTE ROMÁN: Actualmente se instruye el proceso Rol 15027 del Juzgado de La Ligua. Por los antecedentes de su muerte la Corte de Apelaciones de Valparaíso designó un Ministro en Visita para sustanciar el proceso. Actualmente el proceso se encuentra en estado de sumario prosiguiéndose las diligencias tendientes a determinar las causas de su muerte como a los responsables de la misma.
6. La Comisión observa que, transcurridos cinco meses desde el encuentro del cadáver, las autoridades chilenas sólo han informado que el sumario prosigue, sin indicar con precisión el resultado de las diligencias practicadas para determinar los responsables de tan grave delito, ni la conclusión a que debe haber llegado el Ministro en Visita, designado para sustanciar el proceso.
7. Como parte del mismo Caso 2106, otra denuncia de idéntica naturaleza fue recibida por la Comisión el 11 de octubre de 1976, en relación a la aparición y reconocimiento del cadáver de Orlando Boettinger. Afirman los denunciantes que éste fue detenido en el mes de enero, pero las autoridades negaron reiteradamente su detención.
8. Solicitadas las informaciones reglamentarias, el Ministro de Relaciones Exteriores contestó, con nota No. 159, de 28 de enero de 1977, que:
ORLANDO BOETTINGER: No registra antecedentes de haber estado detenido en el país, no excluyéndose la posibilidad que haya salido ilegalmente del país o se encuentre envuelto en actividades clandestinas dentro de Chile.
La respuesta omite totalmente la parte de la denuncia sobre el “aparecimiento y reconocimiento del cadáver”.
9. La Comisión, por otra parte, en sesión de 2 de junio de 1976, aprobó la siguiente resolución sobre el Caso No. 1810:
1. Que Marcelo Montecinos N. denunció a la Comisión la ejecución sumaria de su hijo Christian Montecino Slaughter, de 26 años de edad, casado, funcionario del Fondo Monetario Internacional, de tendencia demócrata-cristiana, de paso en Chile, y de cinco personas más: Julio Saar, odontólogo; Víctor Garretón, importador; Jorge Salas, estudiante, 26 años; Carlos Adler y esposa Beatriz Díaz, de nacionalidad argentina. Afirma el denunciante que “las víctimas carecían de toda clase de conexión entre ellas”.
2. Que, según la denuncia, los hechos sucedieron en la madrugada del 16 de octubre de 1973; una patrulla militar de la Escuela de Oficiales detuvo a Christian en el departamento de su padre en Santiago de Chile, en una operación que incluyó encañonamiento del sereno, ocupación de ascensores y cortada de teléfonos: Cinco días después, durante los cuales no fue posible ubicar al detenido, el hijo del denunciante y las demás personas indicadas fueron “hallados en la morgue horriblemente ametrallados”. El parte policial decía: “Hallados a las 5 a.m. en el kilómetro 12 del Túnel Lo Prado, N.N. (desconocidos). Fiscalía Militar”.
3. Que, según el denunciante, algunos días después del hallazgo, un oficial de la Fuerza Armada de Chile visitó la familia Montecino para expresar el pésame en nombre de la Junta. Una investigación había sido iniciada en la II Fiscalía Militar. Agrega el denunciante que le aseguraron que el culpable había sido fusilado sumariamente, pero que cuando fue llamado a declarar se encontró con el sub-oficial mayor que comandaría dicha patrulla y cuyo nombre se ha mantenido en secreto.
4. Que, al concluir, el denunciante reconoce el interés demostrado por el General Leigh y el Servicio de Inteligencia para esclarecer los hechos, pero supone que otras autoridades no cooperan, creyendo que el sumario estaría cerrado.
5. Que la CIDH decidió tramitar el caso de conformidad con el Artículo 53 de su Reglamento y que en nota de 3 de junio de 1974 solicitó informaciones al Gobierno de Chile. El 22 de agosto siguiente contestó el Ministro de Relaciones Exteriores que, “dada la compleja naturaleza de la denuncia formulada, he arbitrado de inmediato los medios tendientes a obtener de las autoridades nacionales competentes las informaciones necesarias que me permitan dar una adecuada respuesta a la Comisión, tan pronto como me sean proporcionadas”. (Nota No. 14378).
6. Que la información del Gobierno fue transmitida al denunciante, quien en carta de 3 de septiembre de 1974 hace referencia a una denuncia presentada por su esposa Lilian Slaughter de Montecino y vuelve a pedir que la Comisión tome en cuenta la relación presentada por él a la CIDH sobre los mismos hechos. En carta de 11 de septiembre de 1974, se comunicó a la Comisión que el denunciante nunca manifestó que no se diera su nombre al Gobierno de Chile.
7. Que, en nota de 17 de diciembre de 1974, la CIDH señaló al Gobierno de Chile que el 3 de diciembre se cumplió el plazo de 180 días, previsto en el Artículo 51 del Reglamento de la Comisión para que fueran suministrados los informes correspondientes y reiteró el pedido de envío de los mismos.
8. Que el Ministro de Relaciones Exteriores contestó el 19 del mismo mes y año que “se han continuado realizando investigaciones sin que hasta la fecha hayan sido agotadas” (Nota 171). Finalmente, en nota de 21 de febrero de 1975, dicho Ministro informó a la Comisión que “... el Gobierno de Chile durante todo el tiempo transcurrido desde que se recibió la primitiva denuncia, ha estado preocupado de aclarar los hechos que dieron origen a ésta. En efecto, una Fiscalía ordinaria tiene a su cargo el proceso respectivo y ha ejecutado innumerables diligencias. Como comprenderá la Honorable Comisión, ésta ha resultado una tarea larga y difícil, en razón de la época en que se dice habrían sucedido los hechos y de la gravedad que llevan consigo los cargos formulados. He recibido una amplia información del señor Fiscal, quien me expresó que después de todas las investigaciones realizadas, tanto de carácter administrativo como judicial, no se ha podido llegar a conclusiones concretas y definitivas, de cómo sucedieron los hechos y, mucho menos, a la individualización de presuntos culpables. Hasta el momento no aparecen involucrados funcionarios del Estado, sean éstos civiles o militares. Deseo hacer presente a Vuestra Excelencia que la investigación continúa y que en el momento mismo en que haya alguna novedad se la comunicaré inmediatamente”.
9. Que el 6 de agosto de 1975 la CIDH envió nueva nota al Gobierno de Chile, reiterando el pedido de informaciones y “en particular el resultado de las averiguaciones, tanto de carácter administrativo como judicial, que se hubieren llevado a cabo para el esclarecimiento de este asunto”, y señaló, una vez más, el agotamiento del plazo del Artículo 51 del Reglamento que faculta a la Comisión a presumir verdaderos los hechos si no se suministra la información correspondiente.
10. Que a pesar de haber transcurrido más de nueve meses desde el 6 de agosto de 1975, no fueron suministradas las informaciones requeridas por la Comisión. Así, desde la primera nota del 3 de junio de 1974, el Gobierno de Chile ha dispuesto de dos años, tiempo más que suficiente para aclarar la autoría de las muertes atribuidas a una patrulla militar, cuya materialidad no se ha cuestionado.
11. Que la versión de la denuncia fue confirmada contemporáneamente por noticias de prensa. Además, la CIDH recibió información fehaciente de que los militares autores de los cinco fusilamientos arbitrarios denunciados, han sido procesados y sancionados, pero que su identidad es mantenida en secreto por motivos de seguridad nacional.
12. Que esta información es confirmada, en cierto modo, por las observaciones presentadas por el Gobierno de Chile al Segundo Informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en ese país. Dice textualmente ese ilustrado Gobierno:
Por otra parte, y como reafirmación adicional para la Comisión, el Gobierno hace presente en esta sede que las investigaciones sumarias a que hace referencia la Comisión, efectivamente se han hecho en cada una de las oportunidades. La autoridad competente, por estar personal militar involucrado, ha sido la autoridad militar correspondiente, y de dichas investigaciones se mantiene la reserva correspondiente para así evitar que llegue a conocimiento público la identidad de los agentes de seguridad.
Valga la pena recalcar una vez más, que la circunstancia de que el Gobierno no haya indicado ni individualizado procesos a este respecto no es índice de que ellos no existan.
Puede la Comisión tener la seguridad que cada vez que se ha denunciado un abuso de poder se han investigado los hechos y en los casos en que se ha comprobado responsabilidad, los culpables han sido debidamente castigados.
13. Que el Artículo 9 bis inciso d del Estatuto de la CIDH dispone que ésta deberá, como medida previa el ejercicio de sus atribuciones de examinar comunicaciones sobre presuntas violaciones de derechos humanos y hacer recomendaciones al Gobierno de que se trata, verificar si los procesos y recursos internos fueron debidamente aplicados y agotados.
14. Que en el caso concreto, bajo consideración de la Comisión, la información del propio Gobierno con fecha 21 de febrero de 1975, confirma que se han realizado, por lo menos formalmente, los procesos apropiados para la verificación de los hechos denunciados y que resulta de los términos de la información del Fiscal, a que se refiere el Ministro de Relaciones Exteriores, que no existe recurso interno que deba ser agotado por el denunciante. Es oportuno advertir que, en casos similares acaecidos a partir del 11 de septiembre de 1973, los familiares de las víctimas han intentado un recurso extremo pidiendo la visita de un Ministro para asegurar la completa investigación de las denuncias, pero las peticiones han sido denegadas.
15. Que es un principio generalmente reconocido en Derecho Internacional que la obligación de agotar los recursos de la jurisdicción interna, antes de recurrir a una jurisdicción internacional, no se aplica cuando sea imposible hacerlo o cuando los hechos evidencien la absoluta inutilidad de recurrir a dichos medios para obtener la satisfacción u otra medida a que la parte tenga derecho.
16. Que el denunciante declaró en su comunicación a la CIDH “Al denunciar estos trágicos hechos, me guía el propósito de, por lo menos, obtener una reparación moral”, hablando en su nombre, en el de su esposa, de los dos hijos y de la viuda del fallecido Christian.
I. Considerar probados los hechos denunciados, con base en los elementos de convicción arriba indicados. Dichos hechos configuran graves violaciones al derecho a la vida, reconocido en el Artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
II. Recomendar al ilustrado Gobierno de Chile que:
a) Concluya los procedimientos necesarios para establecer, de conformidad con su derecho interno, la autoría de los homicidios denunciados y sancione a los responsables, en caso de que aún no lo haya hecho.
b) Suministre a la Comisión, antes del 1º de febrero de 1977, copia autenticada de las decisiones del órgano u órganos judiciales competentes que conocieron los hechos denunciados.
10. Esta resolución fue comunicada al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile por nota del 20 de octubre de 1976, pero hasta la fecha, la Comisión no ha recibido respuesta alguna del Gobierno.
11. La Asamblea General de la OEA, en su VI Período de Sesiones, al considerar el Segundo Informe resolvió:
2. Solicitar al Gobierno de Chile que continúe prestando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la colaboración que sea necesaria para el cumplimiento de su labor ... (Resolución 243).
Resulta claro que, en este caso, el Gobierno no ha cumplido con dicha resolución.
12. Se encuentran en trámite en la Comisión, 19 casos similares, en que se imputan a miembros de la policía y de las fuerzas armadas, otras muertes por abuso de poder y en los cuales el Gobierno sin desconocer estos hechos, sustenta que la acción de las autoridades fue justificada, pero no suministra los elementos indispensables para que la Comisión pueda pronunciarse sobre la substancia de las denuncias.
13. La Comisión abriga la esperanza de que el Gobierno, teniendo en cuenta la mencionada Resolución 243 de la Asamblea General, suministre próximamente los datos indispensables para que sea posible aclarar las circunstancias reales de todos estos hechos denunciados y, si fuera el caso, sancionar a los responsables de estas graves violaciones.
14. En el Segundo Informe, se exponen los antecedentes de este tipo de violaciones a la Comisión y los elementos que la Comisión tomó en consideración por estimar que, a principios de 1976, el número de personas que debían ser incluidas en esta categoría oscilaba entre 153 y 168.1 Para esta calificación se ha considerado el tiempo transcurrido desde la detención y otros indicios, relacionados con el local y las circunstancias de las respectivas detenciones, habiéndose agotado todos los medios para determinar el paradero de cada una de dichas personas.
15. En el período cubierto por este informe, la Comisión continuó recibiendo denuncias y comunicaciones relacionadas con la categoría arriba mencionada.
16. La Comisión continuó con la consideración de los casos individuales relativos a quejas de violaciones sobre esta materia. A título ilustrativo se transcribe a continuación las resoluciones aprobadas por la Comisión el 3 de junio de 1976, en dos casos de personas desaparecidas y presuntamente muertas y las respuestas del Gobierno de Chile:
A. Caso No. 1958
Que en comunicaciones y reclamaciones recibidas por la Comisión el 4 de julio, el 12 de agosto y el 10 de octubre de 1975, se denunció a esta Comisión la detención del ciudadano chileno, médico y parlamentario, Carlos Enrique Lorca Tobar, Secretario General Juventud Socialista de Chile, el 25 de junio de 1975, en la calle Maule No. 130, Santiago, Chile. Que fue arrestado por fuerzas de la DINA, juntamente con Carolina Wiff Sepúlveda del Campo, en un operativo realizado por doce automóviles y existiendo numerosos testigos oculares de los cuales seis firmaron declaración jurada ante notario, que desde la fecha del arresto se desconoce su paradero. Que la denuncia agrega que el Gobierno de Chile se niega a reconocer el hecho.
Que la denuncia también comunica los trámites judiciales infructuosos realizados para dar con el paradero del señor Lorca Tobar. El Ministerio del Interior informó que no tenía ningún detenido de ese nombre y la DINA no respondió a los requerimientos de la Corte de Apelaciones ni a los de la Corte Suprema.
Que por cable de 8 de julio de 1975, la Comisión se dirigió al Gobierno de Chile solicitándole información en los términos siguientes: “Comunicamos oficialmente detención del médico y parlamentario Carlos Lorca, Secretario General Juventud Socialista de Chile, efectuada el día 25 de junio pasado. Gobierno niega reconocer el hecho. Solicitamos intervención inmediata esa Comisión”.
Que el 23 de julio de 1975, se volvió a dirigir al Gobierno de Chile, otro cable del siguiente tenor: “Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido siguientes denuncias. ... Reiteramos grave situación diputado Carlos Lorca Tobar. Denunciamos detención, desaparición y torturas de los líderes nacionales principales del Partido Socialista..., Carlos Lorca Tobar y rogamos que interceda ante el Gobierno chileno con el objeto de salvar sus vidas que están en peligro”.
Que para octubre de 1975, como el Gobierno de Chile no había dado respuesta alguna a los dos cables anteriores, la Comisión le remitió un tercero, de fecha 14 de ese mes, del siguiente tenor: “Comisión Interamericana de Derechos Humanos actualmente reunida para celebrar su trigesimosexto período de sesiones consideró entre otros casos el No. 1958 referente Carlos Lorca Tobar, ... y ..., respecto de los cuales había solicitado información del ilustrado Gobierno de Vuestra Excelencia mediante cablegrama de 8 y 23 de julio presente año, respectivamente. En vista de no haberse recibido información solicitada referente mencionados casos la Comisión acordó reiterar ilustrado Gobierno Chile envío de la misma a la brevedad posible a fin de poder considerarla durante el presente período de sesiones que finaliza el 24 del mes en curso”.
Que ninguna de esas tres comunicaciones cablegráficas dirigidas en solicitud de información mereció respuesta del Gobierno de Chile. La última de ellas, fue enviada el 14 de octubre de 1975. Esto es hace más de siete meses.
En atención a lo expuesto la Comisión,
1. Considerar probados los hechos denunciados, esto es que el nombrado fue detenido por agentes del Gobierno de Chile el 25 de junio de 1975, y que desde entonces no se ha sabido nada más de él.
2. Recomendar al Gobierno de Chile que tome las medidas necesarias para investigar esos hechos, determinar el paradero del Dr. Lorca Tobar y disponer su inmediata libertad, sancionando a los responsables de tales hechos que configuran una grave violación al derecho a la libertad personal consagrado en el Artículo 1º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
3. Solicitar al Gobierno de Chile que informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el resultado o la marcha de esa investigación antes del 1º de febrero de 1977.
4. Transmitir el texto de la presente resolución al Gobierno de Chile y a los reclamantes.
El Gobierno de Chile, en nota de 27 de enero de 1977, dio respuesta de la siguiente manera:
Caso No. 1958: CARLOS ENRIQUE LORCA TOBAR: Las investigaciones realizadas hasta la fecha sobre la situación de esta persona señalan que no ha sido arrestada por ningún Organismo de Seguridad. Tampoco se ha pronunciado ni se mantiene pendiente resolución alguna que le afecte emanada del Ministerio del Interior.
B. Caso No. 1963
Que en comunicaciones de 21 y 24 de julio de 1975, se denunció a esta Comisión, la detención, desaparición y torturas de los principales jefes del Partido Socialista señores Exequiel Ponce Vicencio y Ricardo Lagos Salinas, solicitándose la intervención de la Comisión para salvar sus vidas que corren peligro ignorándose su paradero.
Que por cable de 23 de julio de 1975, la Comisión se dirigió al Gobierno de Chile en los términos siguientes: “Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido siguientes denuncias: ' Denunciamos detención, tortura y peligro de muerte dirigente obrero Exequiel Ponce, Jefe en Chile del Partido Socialista, de Ricardo Lagos y ... Denunciamos detención, desaparición y torturas de los líderes nacionales del Partido Socialista Exequiel Ponce, Ricardo Lagos, ... y rogamos que interceda ante el Gobierno chileno con el objeto de salvar sus vidas que están en peligro'.
Que para octubre de 1975, el Gobierno de Chile no había dado respuesta alguna al cable anterior, por lo que la Comisión remitió un segundo, de fecha 14 de ese mes, cuya parte pertinente expresó: “Comisión Interamericana de Derechos Humanos actualmente reunida para celebrar su trigesimosexto período sesiones consideró entre otros casos ... No. 1963 referente a Exequiel Ponce, Ricardo Lagos ..., respecto de los cuales había solicitado información del ilustrado Gobierno de Vuestra Excelencia mediante cablegramas de ... y 23 de julio presente año, respectivamente. En vista de no haberse recibido información solicitada referente mencionados casos Comisión acordó reiterar ilustrado Gobierno envío de la misma a la brevedad posible a fin de poder considerarla durante el presente período de sesiones que finaliza el 24 del mes en curso”.
Que ninguna de esas dos comunicaciones cablegráficas dirigidas en solicitud de información mereció respuesta del Gobierno de Chile. La última de ellas, fue enviada el 14 de octubre de 1975, esto es, hace más de siete meses.
1. Por aplicación del Artículo 51 del Reglamento presumir que es verdad que Exequiel Ponce y Ricardo Lagos, fueron detenidos a mediados de 1975 por agentes del Gobierno de Chile y que desde entonces no se ha sabido nada más de ellos.
2. Recomendar al Gobierno de Chile que tome las medidas necesarias para investigar esos hechos, determinar el paradero de los nombrados y, en su caso, disponer su inmediata libertad y arbitrar los medios para sancionar a los responsables de tales hechos, que de resultar efectivamente probados, constituirían una grave violación al derecho a la libertad personal establecido en el Artículo 1º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
3. Solicitar al Gobierno de Chile se sirva informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el resultado o la marcha de la investigación antes del 1º de febrero de 1977.
El Gobierno de Chile, en nota de 26 de enero de 1977, contestó así:
En respuesta a su nota de 20 de octubre de 1976, referente a la situación personal de Exequiel Vicencio y Ricardo Lagos Salinas, caso 1963, comunico a Vuestra Excelencia que consultadas las autoridades nacionales pertinentes, han informado que las personas indicadas no registran antecedentes de estar o haber sido detenidas en el país ni se ha pronunciado ni se mantiene pendiente resolución alguna que las afecte emanada del Ministerio del Interior, como asimismo que hayan sido arrestadas por algún Organismo de Seguridad.
Cabe hacer presente que, consultadas las autoridades judiciales militares, han informado que los citados ciudadanos no han sido juzgados por esos Tribunales.
Actualmente se desconoce el paradero de ambas personas presumiéndose que Ricardo Ernesto Lagos Salinas luego de salir del país en forma ilegal, se encontraría actualmente en Suecia, según informaciones proporcionadas por los vecinos y ex-dirigentes políticos del régimen anterior.
17. En numerosos otros casos el Gobierno chileno señala que el nombre de la persona indicada por los denunciantes aparece entre los 119 extremistas muertos en el extranjero, en riñas entre ellos mismos o en enfrentamientos con fuerzas de Seguridad de la República de Argentina, según información del semanario “Lea”.
18. En nota de 26 de enero de 1977, el Gobierno de Chile volvió a reafirmar las anteriores observaciones, al expresar que:
El Ministerio de Relaciones Exteriores en respuesta a su inquietud formulada por nota de 22 de diciembre del año recién pasado, por la cual solicita antecedentes sobre un artículo aparecido en la revista argentina “Lea”, según el cual ciento diecinueve (119) ciudadanos chilenos, luego de entrar en territorio argentino, habrían encontrado la muerte en combates; informo a Vuestra Excelencia que no son responsabilidad del Gobierno chileno el sinnúmero de publicaciones que sobre nuestro país se publican diariamente en el extranjero.
Sin embargo, consultadas las autoridades nacionales pertinentes y hechas las averiguaciones del caso, se ha logrado establecer que efectivamente la revista “Lea” de Buenos Aires, publicó una lista de extremistas de izquierda de nacionalidad chilena que habrían sido muertos por sus propios compañeros o que se encuentran desaparecidos.
La revista aludida publicó un solo número, precisamente el que daba la noticia indicada, y no ha vuelto a publicarse. Su información habría provenido de México, vía Fonel (Fondo Editorial Latinoamericana), agencia periodística de artículos y reportajes especializados en actividades marxistas, lo que ha impedido continuar más adelante la investigación.
Las autoridades nacionales no tienen ninguna constancia oficial acerca de si las personas a que se hace referencia en la publicación aludida abandonaron el país y la forma en que lo habrían hecho, presumiéndose que, si efectivamente lo hicieran, fue en forma clandestina.
19. Esta posición implica desconocer la información inequívoca suministrada por el Gobierno de Argentina a la CIDH, y cuyo texto ha sido transcrito por ésta al Gobierno de Chile con la nota de 22 de diciembre de 1976:
1. “Lea” no es una publicación que circula en la República Argentina y su única edición conocida es la correspondiente a “Año I, Número 1”.
2. Con respecto al local ubicado en la calle Brandsen 1845, que se indica como sede de la redacción de la revista “LEA”, se trata de un edificio de dos plantas con siete departamentos muy pequeños y modestos. Averiguaciones efectuadas por la Policía Federal Argentina niegan la posibilidad de que en ese lugar haya existido la redacción de la citada revista.
3. Una compulsa realizada en los ficheros de la Policía Federal argentina indica que las ciento diecinueve personas mencionadas en la lista anexa a la citada nota no se hallan registradas ni poseen antecedentes.
4. La Policía Federal argentina ha manifestado, asimismo, que no es concebible que un suceso de tal magnitud hubiera ocurrido en la República sin que los Organismos competentes tomaran conocimiento.
20. El Dr. Eugenio Velasco y otros cuatro abogados, que actuaban en Chile como representantes de personas detenidas o de sus familiares, presentaron a la Comisión, el 8 de junio de 1976, durante la VI Asamblea General de la OEA, realizada en Santiago, una extensa exposición sobre la situación de los derechos humanos en su país. En materia de desaparecidos afirmaron lo siguiente:
También un número impresionante de testimonios y toda clase de pruebas judiciales autoriza para pensar que existe un crecido número de personas, detenidas por patrullas militares o equipos de la DINA, que posteriormente han desaparecido.
Hay varios casos de certeza absoluta acerca de su “muerte violenta” no imputable a otra clase de enemigos (como sucedió con Lumi Videla); hay otros en que la detención se produjo delante de los miembros de la familia, con testigos del período de arrestos en casas secretas, etc.
El mundo entero se sintió conmovido cuando aparecieron noticias en la prensa argentina y brasileña sobre el hecho de que 119 chilenos habían muerto o desaparecido a raíz de encuentros guerrilleros con las Fuerzas Armadas. Esta noticia era un infundio. Se trataba, en verdad, de jóvenes que, anteriormente, habían sido objeto de detenciones por parte de las autoridades chilenas o de sus representantes. El método de arresto era ilegal, los lugares de reclusión nunca fueron conocidos por las familias. Las solicitudes para dar cuenta de su paradero merecieron solamente negativas. La “investigación oficial” del Ministerio del Interior se atuvo estrictamente al informe de la DINA, o sea, de quien era responsable penalmente de una detención ilegal y moralmente de la vida de esas personas. El problema aún subsiste hoy en su integridad, por cuanto el Gobierno de Chile, a pesar de promesas oficiales, no ha entregado ni una explicación, ni un reconocimiento, ni los datos de las investigaciones ordenadas. Hoy día, el número de tales desaparecidos es mucho mayor. El Poder Judicial, representado por la Corte Suprema, se ha negado a designar un Ministro en Visita para conocer ésta y otras denuncias sobre desaparecimientos masivos. En la actualidad, existen estudios serios sobre el problema que serán presentados al Gobierno para su definitivo esclarecimiento.
21. De todos los nuevos datos de que dispuso la Comisión para proseguir con el estudio del problema de los desaparecidos, el más completo y documento fue, sin duda, el “Informe sobre 384 casos de personas desaparecidas – 1976”, preparado por la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, que consta de cinco tomos con cerca de mil hojas.
22. Se trata de una presentación, compuesta inicialmente de cuatro tomos que contienen los antecedentes entregados a la Corte Suprema, con fecha 20 de agosto de 1976, y la solicitud de que se designara un Ministro en Visita para investigar tales desaparecimientos.
23. Posteriormente, los familiares de los desaparecidos plantearon su posición ante dicha Corte, pero el 13 de octubre de 1976, ésta rechazó su petición, dictando el fallo que se transcribe:
1. Que los múltiples antecedentes reunidos en los distintos legajos que se han acumulado a la solicitud de don Cristián Precht Bañados, Vicario Episcopal de la Vicaría de la Solidaridad, para obtener el acuerdo de esta Corte Suprema que disponga la designación de un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago en Visita Extraordinaria en un Juzgado del Crimen de esta capital, con el objeto de que se aboque al conocimiento de los diferentes procesos que actualmente se instruyen tanto en los juzgados del crimen de Santiago como en los de los Departamentos Presidente Aguirre Cerda y San Bernardo para investigar la posible perpetración de hechos delictuosos en las presuntas desapariciones de las personas que se indican en las nóminas que al efecto se han acompañado y que habrían ocurrido con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, puede advertirse que contrariamente a lo que se afirma en la aludida solicitud –y como se reitera en las tres presentaciones de los familiares de aquellos presuntos desaparecidos—las investigaciones realizadas y las que siguen practicándose en los distintos juzgados del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago y de los Departamentos Presidente Aguirre Cerda y San Bernardo demuestran celo y acuciosidad, y cuentan con la vigilancia directa de los Ministros Visitadores de la Corte de Apelaciones de esta capital.
2. Que de esos mismos antecedentes resulta que de las personas que se decían desaparecidas han sido encontradas 38, que se hallan libres y residiendo en sus respectivos domicilios; que se ha ubicado a 5 que han salido al extranjero; se ha verificado que de ellas 11 están arrestadas en virtud del Estado de Sitio; 3 por los Tribunales Militares y 3 por los Tribunales Ordinarios por tratarse de delincuentes comunes.
3. Que en las tres listas de desaparecidos que corren agregadas en estos antecedentes, presentadas por familiares de las presuntas víctimas, se indican los nombres y apellidos de 313 personas, 223 en la primera, 24 en la segunda y 66 en la tercera; pero es del caso señalar que en unas y otras aparecen repetidos los nombres de las personas desaparecidas con el evidente propósito de aumentar ficticiamente el número de éstas, y aunque en dichas repeticiones, por lo general, figura como familiar denunciante el mismo nombre, se advierte a la simple vista la disconformidad de firmas, como puede observarse, por ejemplo en los casos en que se indica como desaparecidos a Teresa Eltit Contreras, Jorge Ojeda Jara, Juan Maturana Pérez y Washington Maturana Pérez, en que figuran como familiares denunciantes Teresa Contreras, Arsolia Jara y Hernán Maturana; entre los desaparecidos cuyos nombres se encuentran repetidos en las diferentes listas, advertidos en una somera revisión, pueden mencionarse los siguientes: Arturo Barría Araneda, Teresa Eltit Contreras, María Angélica Andreoli Bravo, Isidro Pizarro Miniconi, Alvaro Barrios Duque, Jorge Ojeda Jara, Juan Maturana Pérez, Washington Maturana Pérez, Carlos Salcedo Morales, Carlos Lazo Quintero, Julio F. Flores Pérez, Juan Carlos Rodríguez Araya, Ercilia o “Grabiela C.” Castro Salvador, Mauricio Jorquera Encina, René Acuña Reyes y Francisco Aedo Carrasco.
4. Que por lo expuesto no se estima necesario designar un Ministro en Visita Extraordinaria para que se aboque al conocimiento de los distintos procesos que actualmente se tramitan en los diferentes Juzgados del Crimen de los Departamentos de Santiago, Presidente Aguirre Cerda y San Bernardo, toda vez que las investigaciones se llevan en forma satisfactoria.
Se declara que no ha lugar a lo solicitado por don Cristián Precht Bañados a fs. 1 ni a las demás peticiones que en igual sentido aparecen formuladas por innumerables personas que dicen ser familiares de presuntos desaparecidos.
Acordada contra la opinión del Presidente señor Eyzaguirre y de los Ministros señores Ortiz, Retamal, Erbetta y Aburto, quienes estuvieron por acceder a la designación de un Ministro en Visita en los casos que existieran sumarios para investigar la presunta desaparición de personas y en las que pudieran haber ocurrido durante el presente año 1976.
Regístrese y archívense.
Redacción del Ministro señor Bórquez.
Pronunciada por el Presidente señor José M. Eyzaguirre E., y por los Ministros señores Eduardo Ortíz S., Israel Bórquez M., Rafael Retamal L., Luis Maldonado B., Octavio Ramírez M., Víctor M. Rivas C., Osvaldo Erbetta V., Emilio Ulloa M., Marcos Aburto O., Estanislao Zúñiga C., y Abraham Meersohn S. No firma el Ministro señor Zúñiga, no obstante haber concurrido al acuerdo del asunto, por estar con permiso.
24. El 16 de octubre, la Vicaría de la Solidaridad solicitó a la misma Corte la “reposición” del fallo denegatorio, señalando “los errores de hecho en que incurre el fallo”. Además, agregó 40 casos nuevos de personas desaparecidas entre julio y agosto de 1976, excluyéndose ocho nombres de la lista anterior de 383 personas. El recurso de reposición fue rechazado el 22 de octubre.
25. En su fallo (original) de 13 de octubre la Corte Suprema afirmó que 11 de las personas que se señalaba que estaban desaparecidas se encontraban arrestadas por el Estado de Sitio, al ser liberados todos los arrestados por el Estado de Sitio por resolución gubernamental de 17 de noviembre de 1976. La Vicaría pidió entonces a la Corte que diera los nombres de las 11 personas que se encontraban en dicha situación. El Secretario del Tribunal certificó los 11 nombres, con lo cual se constató que ninguno de ellos figuraba en la nómina de los desaparecidos entregada en la presentación de la Vicaría.
26. Con nuevos antecedentes, la Vicaría de la Solidaridad, solicitó por segunda vez, la reposición del fallo del 13 de octubre, insistiendo en la petición de la designación de un Ministro en Visita, para que investigue el desaparecimiento de las personas que se han individualizado.
27. A continuación se transcribe la nómina presentada por la Vicaría de las personas desaparecidas en los meses de julio y agosto de 1976 y cuyo paradero se desconocía hasta el 2 de diciembre:
Fue detenido frente a su casa, por varias personas de civil que se movilizaban en un auto color azul, al cual fue introducido forzadamente Canteros; testigos de este hecho fueron su esposa María Enolfa Cormaz Vera y Jorge Antonio Muñoz Muñoz; desde ese mismo día se encuentra desaparecida su sobrina Clara Canteros Torres.
Desapareció en la calle; ese mismo día fue detenido por personas de civil frente a su casa, un tío de Clara Elena, Eduardo Canteros Prado, quien se encuentra igualmente desaparecido.
3. GÁLVEZ RIVADENEIRA, GUILLERMO
Desapareció en la vía pública en el trayecto entre el Círculo de Periodistas y su casa.
Desapareció en la vía pública; ese mismo día llegaron hasta el colegio en que hacía clases, la Escuela de Niñas N. 24 de Santiago, tres individuos que no se identificaron y que exigieron a la directora les entregara la dirección particular de Gianelly Company.
Fue detenido en la vía pública por dos personas de civil; los hechos fueron presenciados por un sobrino de López Suárez.
21.7.76
Fue detenido en su hogar, Roberto Espinoza 975, casa 12, por cinco agentes de civil, vestidos con cotonas blancas en horas de la madrugada; su esposa fue atada de pies y manos, amordazada con vendas y tiras a la cama.
El día indicado desapareció junto con Jorge Solovera Gallardo, igualmente desaparecido, en el trayecto del local de la Federación del Metal al Local de los Servicios Culturales Puelche.
Fue detenido por personas de civil, tres hombres y una mujer que se movilizaban en un Peugeot de color azul, en momentos en que, luego de haber salido de su casa, se dirigía a tomar la micro.
Desapareció en la vía pública; su esposa fue al día subsiguiente a la Comisaría de Carabineros de la Población Roosevelt, comuna de Pudahuel, donde se le informó que Moraga Garcés fue detenido el 28 de julio en la noche por ebriedad, siendo trasladado luego a la Sección Ebrios, ubicada en Ave. Pedro Montt, frente a la Penitenciaría de Santiago; al concurrir hasta ese lugar, la señora fue informada que nunca había ingresado detenido allí.
Fue detenido por personas vestidas de civil en la calle Balmaceda entre los puentes Manuel Rodríguez y Bulnes.
Desapareció en el trayecto de su oficina a otra que se dirigía por razones de trabajo; iba en un auto Chevrolet modelo Chevy, año 1970, color celeste, patente DY-821 de Las Condes el que no ha sido ubicado; su oficina fue allanada.
El día indicado desapareció junto con Darío Francisco Miranda Godoy, igualmente desaparecido, en el trayecto del local de la Federación del Metal al local de los Servicios Culturales Puelche.
Desapareció en al vía pública.
Desapareció en la vía pública; anteriormente el 21 de octubre de 1975, fue detenido por las normas del estado de sitio y puesto en libertad el 23 de diciembre de ese mismo año; en esa ocasión fue detenido en semejantes circunstancias y estuvo varios días desaparecido.
C. de I. 6.341.971, Santiago
Fue detenido por personas de civil en las proximidades de su hogar e introducido a un vehículo de color celeste, Chevrolet, último modelo, sin patente; la detención fue presenciada por su hermana Lidia, doña María Toledo Quezada y doña Sonia Carroza Silva.
4. INSUNZA BASCUÑAN, IVAN
En recurso de amparo rol No. 706-76 consta que el Director de DINA informó telefónicamente al señor Presidente de la Corte Suprema, tener antecedentes acerca del Dr. Insunza, el día que desapareció se movilizaba en su vehículo, marca Renault, patente OE-76 de Santiago, el que no ha sido ubicado hasta la fecha.
En momentos que viajaba con una amiga en taxi, éste fue interceptado en la intersección de las calles Lord Cochrane con Avda. Matta, por un automóvil de color rojo, del cual bajaron personas de civil que sacaron a ambas del taxi y las introdujeron a su vehículo; la amiga fue dejada en libertad horas más tarde.
Sus padres Alicia Herrera Benítez y Hugo Vivancho Vera, desaparecieron el 4.8.76 y se encuentran actualmente desaparecidos con fecha 5.8.76; él mismo había recurrido de amparo en favor de sus padres ante la Corte de Apelaciones de Santiago (rol 699-76); su tío Oscar Ramos Garnido y su primo Oscar Ramos Vivanco fueron detenidos el 5.8.76 y permanecen desaparecidos.
Su esposo Hugo Vivanco desapareció el mismo día; su hijo Nicolás Hugo desapareció el 10.8.76; ambos se encuentran actualmente desaparecidos.
Su esposa Alicia Herrera Benítez desapareció el mismo día; su hijo Nicolás Hugo desapareció el 10.8.76; ambos se encuentran actualmente desaparecidos. Su cuñado Oscar Ramos Garrido y su sobrino Oscar Ramos Vivanco fueron detenidos el 5.8.76 y permanecen igualmente desaparecidos.
C. de I. 4.665.693, Santiago
11.8.76
El día 7.9.76 su hogar fue allanado por cinco agentes de civil, que portaban metralletas.
10. VILLARROEL SÁRATE, JUAN AURELIO
16.8.76
Fue detenido en la vía pública por personas de civil, que lo introdujeron a un vehículo.
Fue detenido en la intersección de las calles Pirihueico y Club Hípico, por personas de civil, que se movilizaban en vehículos Peugeot, patente FM-1 de Santiago y Recoleta patente ME-81 de Santiago; fue testigo de la detención de don Esteban Munizaga.
Fue detenido en casa de un amigo, don Alfredo Sánchez, en calle Ayacara N. 8523, Población San Ramón, La Granja; el señor Sánchez también fue detenido en esa oportunidad y llevado a Campamento Cuatro Alamos, de donde fue puesto en libertad al día siguiente; declaró haber estado en ese recinto junto con Corvalán Valencia.
15. CASTILO TAPIA, GABRIEL
Fue detenido junto con su padre, Oscar Ramos Garrido, igualmente desaparecido, en su domicilio en presencia de su familia; los agentes de civil que efectuaron el arresto allanaron el hogar y se los llevaron esposados, se movilizaban en vehículo Peugeot. Sus tíos Hugo Vivanco Vega y Alicia Herrera Benítez, desaparecieron el 4.8.76; su primo Nicolás Vivanco Herrera desapareció el 10.8.76; todos ellos permanecen igualmente desaparecidos.
Fue detenido junto con su hijo Oscar Ramos Vivanco, igualmente desaparecido, en su domicilio en presencia de su familia; los agentes de civil que efectuaron el arresto allanaron el hogar y se los llevaron esposados; se movilizaban en vehículo Peugeot. Su cuñado Hugo Vivanco Vega y la esposa de éste, Alicia Herrera Benítez desaparecieron el 4.8.76; su sobrino Nicolás Vivanco Herrera desapareció el 10.8.76; todos ellos permanecen actualmente desaparecidos.
20. MORALES MAZUELA, VÍCTOR HUGO
Fue detenido en la vía pública por un Carabinero de franco en presencia de Santiago Edmundo Araya Cabrera y Juan Carrasco Castro; días antes había participado en un frustrado intento de asilo masivo, en la sede de la ex-embajada de Hungría, tras lo cual fue detenido y luego puesto en libertad.
Fue detenido en San Bernardo y según informaciones de la familia llevado a la 6a. Comisaría de Carabineros de esa localidad, donde estuvo seis días; el 27.8.76 en la misma ciudad fue detenido su hermano Manuel, por Carabineros de la misma Comisaría, quienes luego lo dejaron libre, explicando que había sido un error.
El día 16.8.76 su hogar fue allanado por agentes de civil que se movilizaban en vehículo sin patente.
C. de I. 1.169.190, Santiago
Su hijo Manuel Vargas Manzur había sido anteriormente arrestado en numerosas oportunidades por la DINA para ser interrogado acerca del paradero de su padre.
28. Pocos días antes de aprobarse este informe, la Comisión recibió las siguientes informaciones:
La Corte Suprema en el último pleno de Ministros del año 1976 realizado el 31.1.77, dio lugar a una petición presentada para que se designe a un Ministro en Visita que investigue los casos de 13 personas presuntamente "desaparecidas”. Luego de ser detenidas entre el 9 y el 15 de diciembre pasado.
Que ha lugar a la petición para que la Corte de Apelaciones designe a un Ministro en Visita para que se aboque al conocimiento de los procesos que están instruidos por presuntos desaparecidos o presuntas desgracias.
29. Sin embargo, un cable recibido por la Comisión el 8 de febrero corriente informó que:
En la causa 2-77 iniciada por orden de la Corte Suprema de Justicia a petición de los familiares el 31 de enero de 1977, a fin de investigar el “desaparecimiento” de Santiago Araya Cabrera y otros, el Ministro en Visita Extraordinaria subrogante, Sr. Aldo Guastavino, con fecha 7 de febrero de 1977, declaró agotada la investigación y cerrado el sumario en atención a que el Ministro del Interior subrogante informó que las citadas personas habían hecho abandono del país por el Paso los Libertadores – Argentina (Ex-Caracoles).
30. Bajo este rubro la Comisión trató, en su Segundo Informe, de las denuncias de “ejecuciones sumarias” y otras presuntas violaciones de derecho a la vida, ocurridas entre septiembre y diciembre de 1973, consistentes en la ejecución de la pena de muerte sin que los reos hayan podido ejercer el derecho al debido proceso y, en algunos casos en aplicación retroactiva de leyes promulgadas después del 11 de septiembre de 1973.
31. El Gobierno de Chile, tanto en sus respuestas sobre los casos individuales, como en sus observaciones al Segundo Informe de la Comisión, negó los hechos, pero no suministró la información y documentación suficiente para permitir un juicio fundado sobre estas graves quejas. Solamente en un caso las autoridades chilenas indicaron el nombre del abogado que actuó como defensor.
32. Durante la observación in loco realizada en Chile, la Comisión examinó sólo un proceso en el cual se aplicó la pena de muerte, porque no tuvo acceso a los expedientes relativos a los casos individuales arriba mencionados.
33. Por esta razón, la Comisión en resolución de 24 de octubre de 1975, recomendó al Gobierno chileno “que llevara a cabo, con relación a las ejecuciones, las investigaciones pertinentes o que continúe aquellas que haya comenzado sobre las ejecuciones denunciadas, responsabilizando a quienes pudieran haber atentado contra los derechos fundamentales de los ejecutados y poniendo en conocimiento de la Comisión los resultados de tales investigaciones.
34. Por su parte, uno de los denunciantes, tomando conocimiento de las observaciones del Gobierno de Chile, en el caso de fusilamiento de Mario Silva Iriarte, reiteró su denuncia a la Comisión, en comunicaciones de junio de 1976, en los siguientes términos:
Estamos en condiciones de probar que Mario Silva jamás fue procesado ni inculpado por delito alguno, menos condenado por tribunal competente como pretende sostener el gobierno militar en sus descargos a esta actuación.
Reiteramos nuestra denuncia en el sentido de que Mario Silva fue asesinado sin juicio previo, y sin que se le hubiese comprobado delito alguno.
Mario Silva no se encontraba en Antofagasta el día del golpe militar y, al tomar conocimiento de que era llamado por bando en esa ciudad, se dirigió a ella entregándose voluntariamente a las autoridades y rechazando el asilo que le ofreciera la Embajada de México, ya que no tenía razón alguna para ocultarse ni para tratar de escapar.
Solicitamos en consecuencia, que se tomen en consideración los testimonios de nuestro acerto, como asimismo, dejar establecido que el Gobierno de Chile ha falseado los hechos en sus descargos a esta acusación.
35. La Comisión abriga la esperanza de que la citada Resolución 243, en la cual la Asamblea General pidió al Gobierno de Chile prestar a la CIDH “la colaboración que sea necesaria para el cumplimiento de su labor”, tenga por resultado la comunicación de las informaciones y documentación solicitadas por la Comisión. Transcurrido más de un año y medio de la aludida resolución de la Comisión de 24 de octubre de 1975, la CIDH aún no ha recibido del Gobierno chileno la cooperación solicitada.
36. En resumen, se infiere que, durante el período cubierto por este informe:
a. Disminuyó el número de denuncias sobre homicidios imputados a autoridades, pero el Gobierno chileno no ofreció a la Comisión la colaboración indispensable para permitir un juicio sobre la responsabilidad que los denunciantes imputan a autoridades de ese país por las muertes denunciadas.
b. En comparación con los períodos cubiertos por los informes anteriores, disminuyó igualmente el número de denuncias sobre personas detenidas, desaparecidas y presuntamente muertas, pero, hasta el inicio del corriente año, datos fidedignos indican que, computados los desaparecimientos anteriores y los nuevos y las alteraciones ocurridas en la lista de los desaparecidos, el número de desaparecidos era entonces de 415 personas.
c. Un reclamante replicando a las observaciones presentadas por el Gobierno de Chile al Segundo Informe de la Comisión sobre las presuntas ejecuciones ilegales, reiteró su denuncia, pero el Gobierno mantuvo su negativa en permitir que la Comisión conozca las piezas de los procesos relativos a la aplicación de la pena de muerte, en los casos apuntados como ilegales. El conocimiento de estas piezas es indispensable para la formulación de un juicio sobre dichas denuncias.
1 Véase nuestro Segundo Informe, pp. 37-45.

References: resolución 
 Artículo 53
 Artículo 51
 Artículo 51
 Artículo 9
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 1
 resolución 
 resolución 
 Artículo 51
 Artículo 1
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución