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Timestamp: 2018-04-21 18:49:41+00:00

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Noticias Ambientales de Argentina: Santa Cruz
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“Nos convocan para que aflojemos y digamos que sí a la ampliación del Parque Patagonia”
Marcos Williams, vocal director de las FIAS en el Consejo Agrario, advirtió que desde el Gobierno nacional “de una manera elegante” pretenden que el sector cambie de opinión respecto del proyecto. Pide un análisis “serio”. El “hostigamiento” a productores para que vendan sus tierras a la Fundación “Flora y Fauna”, que luego cedería las hectáreas al Parque.
El proyecto de ampliación del Parque Patagonia continúa en Comisiones de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, pero el proyecto sigue “tratando” por afuera.
El próximo jueves 19 de abril en la Asociación Agrícola-ganadera de Perito Moreno, la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), abordará cinco puntos, dos tienen que ver con esto y son: estado de situación del actual Parque Nacional Patagonia, su afectación a la producción y convivencia con los vecinos; y el impacto causado por las compras de establecimientos productivos por parte de ONGs que operan en la zona.
“El año pasado salimos a advertir que habían fondos extranjeros, fundaciones, pero principalmente Flora y Fauna, que en operaciones inmobiliarias válidas, ofertan y salen a comprar a todos los productores de la zona noreste de la provincia sus establecimientos, bajo el compromiso de que esas tierras las pasan al Parque Nacional”, indicó Marcos Williams, vocal director de las FIAS en el Consejo Agrario.
Días atrás, este medio publicó que desde la Jefatura de Gabinete de Nación, se reunieron dos veces con integrantes de las FIAS, quienes fueron los primeros en remarcar que la ampliación del Parque Patagonia (de 50 mil a 500 mil hectáreas) perjudicará los productores, aunque además, tampoco existe un “estudio serio” que argumente cómo se desarrollará turísticamente el sector.
“Están hostigando a los (productores) que no quieren vender. Muchos se quieren quedar ahí porque es su vida y no saben hacer otra cosa, o porque es su lugar en el mundo quieren seguir produciendo ahí”, agregó Williams, quien aclaró que no están en contra del desarrollo, sino de que “se haga de forma intempestiva” y “sin tener una medición del impacto socio productivo, y ambiental en el lugar”. “Es un capricho, y todos quieren que se haga a contrarreloj”, apuntó.
En los encuentros sostuvo que desde la jefatura “nos arriman memos, propuestas y borradores, cuando es un proyecto provincial y son los legisladores los que deben redactar la ley”.
“Para decirlo de una manera elegante: nos convocan para que aflojemos, digamos sí a la ampliación del Parque”, advirtió.
El referente de la FIAS señaló que incluso “se habla de desarrollo turístico” en la zona, pero ni siquiera hay un aeropuerto habilitado, la conectividad es casi nula, Perito Moreno no está dentro del Interconectado y no está finaliza la obra del gasoducto.
En la asamblea de la FIAS estará presente el presidente de la Confederación Rurales Argentinas, Dardo Chiesa. El sector apuntará así a contar con apoyo nacional.
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Bergman: "Es inviable reemplazar la energía de las represas"
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable nacional, Sergio Bergman, se muestra optimista en relación a la construcción de las represas en el río Santa Cruz. Apuesta a la compensación y al monitoreo. En diálogo con El Cronista, hace su análisis sobre el tema.
¿El nuevo proyecto es definitivo?
-Sí, ya quedó resuelto. Todo el proceso va a ser un hito histórico en términos de la calidad institucional. Se pudo evaluar y poner en funcionamiento un nuevo proyecto de represa. Es la primera vez que se cumple con una ley de grandes obras hidráulicas. Esto tiene que ver, no solamente con el trabajo en equipo del Poder Ejecutivo, sino de la participación de la máxima instancia de la justicia que fue la Corte Suprema en diciembre de 2017. Dimos cumplimiento al proceso de evaluación de impacto ambiental del nuevo proyecto y se convocó a la audiencia pública en el ámbito del Congreso de la Nación. En el contexto de la audiencia pública salió una resolución que dio la aprobación de las obras.
¿Era posible renegociar con China para reubicar las inversiones?
- El Gobierno anterior firmó el cross default. Esto significa que si cae un contrato caen todos. El margen diplomático de la negociación no lo teníamos. La prioridad era cambiar el proyecto original. También, se renegociaron los montos de créditos porque tenían apreciaciones que no eran correctas.
¿Se generó tensión entre el Ministerio de Ambiente y el de Energía?
- Los dos ministros estamos firmando el proyecto de resolución donde ya conformamos la comisión interministerial para hacer el seguimiento de cómo se va a implementar el plan de gestión ambiental. Esto es muy importante porque la comisión es justamente la que va a verificar que se cumplan las obligaciones ambientales, se solicite la implementación de las medidas correctivas y se haga el monitoreo del cumplimiento de lo que se presentó en el plan de impacto ambiental y lo que tiene que ver con el proyecto de compensación y mitigación. Algo que surgió en las audiencias y fue parte del enriquecimiento de esa interacción es que se creó el Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental de Administración y Financiamiento. Esto ya salió regulado por la Ley de Presupuestos de 2018 del Congreso.
¿En qué piensan como compensaciones?
- Para nosotros, es muy importante definir la compensación de este proyecto en términos ambientales. Esto ya estaba previsto por la Ley General del Ambiente, pero casi nunca se contemplaron en las obras de nuestro país. Hay pocos ejemplos de obras de esta envergadura que tuvieran un proyecto previo de compensación, monitoreo y control.
La idea no es solo mitigar sino mejorar en relación proporcional a la zona afectada. Vemos que podemos revertir costos ambientales en beneficios. En términos numéricos, esto se traduce en que la compensación se va a implementar en 458.000 hectáreas de sitios de importancia para conservación, se van a crear áreas protegidas para una superficie 337.000 hectáreas y se contemplarán corredores de biodiversidad que comprenden 250.000 hectáreas. De este modo, se va a fortalecer todo el sistema de gestión de áreas protegidas de la provincia de Santa Cruz que estaban abandonadas o descuidadas.
¿Otros aspectos que consideraron a partir de la audiencia pública?
- Las audiencias nos dieron la visión de las comunidades originarias. Vamos a trabajar con las comunidades mapuches de la zona porque hay sitios arqueológicos o sagrados que deben estar previstos o removidos si forman parte de las zonas que serán inundadas por las represas.
¿No hay alternativas posibles a estas represas?
- De acuerdo al Ministerio de Energía, la única forma de llegar al autoabastecimiento energético es a partir de la diversificación de la matriz. Es inviable reemplazar la energía que se va a generar en las represas con energía eólica o solar. Tenemos que desa-rrollar todas las fuentes de energía posible para llegar al autoabastecimiento. Luego, la decisión estratégica corroborada por el Acuerdo de París y los compromisos globales que la Argentina suscribió es asegurar que, para 2030, tendremos entre un 20% y un 25% de energía limpia y renovable. Hasta alcanzar el autoabastecimiento, toda forma de generación de energía se pone en despliegue.
¿Cómo responden a las críticas de las organizaciones de la sociedad civil?
- Los escuchamos, les respondimos en el marco de la audiencia pública y muchas de las observaciones las entendimos y las hemos considerado.
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Los guardianes del macá tobiano
La estepa de Santa Cruz es el hogar de verano de unos 50 jóvenes, que enfrentan al viento y al desierto. En este lugar, cuidan a esta ave única en el mundo, en peligro crítico de extinción.
Santa Cruz. Cuando el viento sopla en medio de la estepa patagónica nada le opone resistencia, por eso los arbustos que crecen en este tremendo desierto argentino apenas superan los 30 centímetros de altura. Las ráfagas, además, son frías: prácticamente las congelan los campos de hielo que se levantan entre la Cordillera de los Andes.
El viento sopla, y nada parece hacerle frente en la estepa. Nada. Pero en medio de esta inmensidad, que se siente infinita en un horizonte plano y monótono, hay que tener paciencia y esperar para ver. Los guanacos se multiplican por cientos de miles, también aparecen las liebres, los zorros grises, los choiques y las variadas especies de aves, entre las que se encuentra una que está por desaparecer de la faz de la tierra, el macá tobiano, pero que lucha contra todas las reglas de juego que impone la Patagonia para la vida, pero sobre todo contra las que impuso el hombre.
Como especie, somos responsables de esta extinción en proceso, pero también, los artífices de que esto no ocurra. La paulatina desaparición del macá tobiano fue silenciosa hasta entrada esta década. Hoy, un grupo de científicos y voluntarios dejan todo de lado para internarse en el desierto y colaborar con esta ave en su lucha por la supervivencia.
Hijos, familias, amigos, asados o partidos de fútbol esperan en casa. La estepa ahora es dueña de los días de estos jóvenes que hacen grandes sacrificios para que el macá tobiano, un ave única en el mundo, no pierda su batalla.
A través de la ONG Aves Argentinas, el Proyecto Macá Tobiano se despliega en 25 mil kilómetros cuadrados de desierto para proteger a esta especie en peligro crítico de extinción.
En los ’80, se estimaba la población de esta ave en unos cinco mil ejemplares. En 2009, se realizó un censo que detectó apenas 500, y hoy, luego de casi 10 años de lucha en el desierto, se logró estabilizar a la especie en unos 800 individuos.
Los resultados desde la implementación del proyecto demoraron en salir a la luz, pero son fruto del esfuerzo que esta gente realiza durante casi seis meses todos los años, vigilando las lagunas que se nutren del deshielo de primavera en las mesetas de los lagos Strobel y Buenos Aires, donde el macá tobiano habita durante el verano.
Duplas de guardianes de colonia, como se les llama en el proyecto, son las que pasan unos 15 días seguidos a la orilla de estos inclementes espejos de agua para proteger al macá tobiano.
“Son cuatro las grandes amenazas del macá tobiano: el cambio climático, que seca las lagunas donde habita; la inserción de la trucha arcoíris, que modifica el ambiente que necesita esta ave para reproducirse; el visón americano, una especie introducida que representa un grave riesgo por ser un gran depredador; y la gaviota cocinera, que suele atacar los nidos”, explica el doctor en biología Kini Roesler, responsable del proyecto de manejo de la especie.
Todos los días, los guardianes de colonia deben contar la cantidad de macaes que hay en las lagunas a las que fueron asignados, recorrer y asegurar los perímetros y actuar si aparece alguna amenaza.
Alerta: visones
Santiago Field, uno de los guardianes, asegura que el peor escenario es detectar visones porque eso dispara todas las alarmas: “El estado de alerta pasa a ser permanente, entonces hay que moverse para encontrar a este animal antes de que entre en acción. Te altera toda la rutina, prácticamente no comés ni dormís hasta encontrarlo, y en medio de esta situación también estás luchando contra el viento y el frío”.
Los guardianes de colonia están completamente aislados. Son ellos y el desierto los que inciden en la suerte de los macaes. Una de las premisas es moverse con suma cautela, porque un movimiento en falso que lleve a una lastimadura implica un serio riesgo por la distancia y tiempo al que se encuentra la ayuda más próxima.
Patrick Buchanan es el encargado de coordinar todo el despliegue en el territorio del Proyecto Macá Tobiano, de preparar los vehículos para los traslados de los guardianes, los alimentos, otros elementos necesarios para la supervivencia en la estepa y de armar los cronogramas de estadías y relevos en los campamentos.
En el medio de un océano de tierra y arbustos, a más de 100 kilómetros de Perito Moreno, la localidad más próxima, está la estación biológica Juan Mazar Barnett, desde donde se ejecutan todos los planes para cubrir las miles y miles de hectáreas de territorio, para proteger a un animal que apenas mide unos 30 centímetros.
Patrick sabe que su tarea es compleja y delicada, pero la ejecuta con seguridad y naturalidad. La vocación de este joven oriundo de Misiones es el combustible que lo mantiene siempre listo ante cualquier necesidad. Su entrega para el proyecto llegará a su límite este 2018, ya que también pasará el invierno en la estepa, cuidando la base de eventuales bandidos rurales y realizando las tareas necesarias para que cuando comience la temporada de protección del macá 2018/19 esté todo preparado.
“Nunca me pregunté qué pasaría si el macá tobiano dejara de existir… probablemente tendría que buscar un nuevo objetivo en mi vida, pero acá estamos para evitar que eso pase”, asegura en pocas palabras, con pausa y con los ojos vidriosos, Patrick, quien por lo general no para de hablar ni se despega de su mate.
El desafío de criarlos
A prácticamente un día de viaje de la estación biológica, por complicados caminos de piedra y arena, se encuentra el desafío más ambicioso del Proyecto Macá Tobiano: la recría de esta especie fuera de sus nidos. Cuatro contenedores en la estancia Laguna Verde, a los que el viento alguna vez supo derribar, forman la casa de Gabriela Gabarain, la veterinaria que está encargada conseguir esta hazaña.
Los días de Gabriela transcurren entre incubadoras, bolsas de agua caliente, huevos, experimentación, frustraciones y una enorme paciencia. Hace cinco años que el proyecto de recría de macá tobiano está en marcha, pero hasta ahora no han logrado que un pichón que rompe el cascarón supere los 10 días de vida.
El macá tobiano pone dos huevos en sus nidos. Cuando nace el primer pichón la pareja de macaes abandona el huevo que todavía no eclosionó, y esos son los que se utilizan en el proyecto de recría.
“Es muy complicado porque se sabe muy poco de la especie. Primero, nos costó mucho conseguir pichones, luego que nazcan fuertes. Ahora, queremos lograr una buena alimentación que permita su supervivencia”, cuenta.
Los días en la estación de recría suelen ser tranquilos... hasta que nace un pichón. Entonces comienzan jornadas de trabajo de 24 horas para tratar de conseguir que el recién nacido se alimente, pero además que tenga una temperatura estable en su nido artificial que le permita vivir. Cada unos 30 minutos hay que cambiar las bolsas de agua caliente, por lo que el control de las condiciones de humedad y calor son constantes.
La temporada de protección del macá termina en abril, cuando luego de la época reproductiva esta ave migra hacia el este, principalmente al estuario del río Santa Cruz, para pasar el invierno.
Antes de dejar la estepa, los científicos eligen algunos individuos para marcar y hacer el control poblacional, es prácticamente uno de los únicos momentos en los que se ingresa a las lagunas y se entra en contacto con la especie.
Los sacrificios físicos, mentales y sentimentales que estos jóvenes hacen por ayudar a la supervivencia del macá tobiano son enormes. Y pese a las dificultades que atraviesan todos los años, expuestos a la inclemente estepa patagónica y a las dificultades de sus tareas, eligen volver año tras año.
Tienen una misión clara: salvar a la especie, y en esta tarea que los une también generaron una inmensa fraternidad. El fuego se enciende en la estación biológica, es noche de asado, aunque no hacen falta más brasas para avivar la pasión de estos jóvenes.
El apoyo de Toyota
El Proyecto Macá Tobiano recibe el respaldo de Toyota Argentina. La empresa donó y presta camionetas para que los investigadores, guardianes y voluntarios puedan movilizarse a través de la estepa. Además, Toyota también facilitó un equipo generador de energía para la estación de recría, que necesita suministro eléctrico las 24 horas para mantener en funcionamiento las incubadoras.
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Aceleran acciones para las represas del río Santa Cruz
Nación busca adelantar las obras de las represas sobre el río Santa Cruz
El Gobierno Nacional dispuso cambios para la construcción de las represas sobre el Rio Santa Cruz que permitirán acelerar las obras para que las mismas estén en marcha en un menor plazo.
Ayer el Gobierno Nacional presentó el nuevo cronograma de trabajo que fue acordado junto a la empresa responsable de las obras para construir las represas. El subsecretario destacó que se acordó con la empresa un cronograma de trabajo , que establece plazos y pautas a cumplir. Brusco dijo que “necesitamos productividad y una generación de energía segura y compatible con el medio ambiente.”
El funcionario nacional detallo que ya se encuentran trabajando en estas obras 600 personas de forma directa y remarcó que el número seguirá creciendo mes a mes hasta superar los cinco mil trabajadores.
En este sentido destacó también marco “la buena recepción de la UOCRA a este proyecto y sostuvo que también se habían reunido con el delegado, Carlos Romero.
Por su parte, el Ing. Fernando Zárate, Director del proyecto de Represas, comparó la envergadura de la obra patagónica con El Chocón, también consideró que es necesario reinstalar el concepto de energías no contaminantes y abogó por lograr la autonomía energética que no está siendo alcanzada por la combustión fósil.
En una descripción técnica del proyecto, Brusco y Zárate coincidieron en que las modificaciones realizadas al proyecto original, garantizan la factibilidad de las obras y la compatibilidad con el medio ambiente.
En cuanto al cumplimiento de plazos, Brusco destacó que “es necesario cambiar el paradigma de la obra pública como obra larga y cara, y para eso, se debe eliminar de cuajo la corrupción.”
Gaston Ortiz Maldonado destacó durante el encuentro que el SAMIC “asumió un compromiso con la UTE que construye las Represas para la realización de los estudios pre – laborales” que ya han comenzado a ofrecerse.”
Por otro lado, adelantó que se “está trabajando en la preparación de un plan de emergencias para el que se desarrollará un sistema de Triage ante eventuales accidentes y estaremos acompañando con toda la infraestructura necesaria”. En este marco, Maldonado refirió que la empresa montará unidades sanitarias en el lugar de la construcción y se avanzará en la infraestructura para el traslado de pacientes que pudieran necesitarlo.
“Esta es una obra de una gran importancia para Santa Cruz y es un orgullo para el SAMIC EL CALAFATE poder ser parte de la misma y trabajar para la concreción de un sueño que cambiara el destino de la provincia.”
La presentación se realizó en el SAMIC EL CALAFATE y contó con la presencia de la Diputada Nacional Roxana Reyes, el titular de la Subsecretario de Infraestructura Energética, Ing. Alberto Brusco, el Ing Fernando Zárate, Director del Proyecto; y el Titular del SAMIC Gaston Ortiz Maldonado.
También estuvieron presentes la delegada de ENACOM en Santa Cruz, Vanesa Pose; el Jefe regional del ANSES, Carlos Ziehlke; el delegado de Migraciones en Santa Cruz, Padin, y Marga Vera Low, titular provincial del INADI.
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Represas: advertencia de glaciólogos internacionales
Glaciólogos internacionales alertan sobre el impacto de las Represas
Desde Suecia, Austria, Japón y España se expidieron expertos sobre el impacto que las represas ocasionarían a la cuenca del río santa Cruz, que incluye a varios glaciares. Remarcan que se necesitan estudios más profundos que permitan despejar esa duda. Una ONG pide que sus posturas enviadas por escrito sean incluidas en la demanda judicial que presentaron meses atrás.
Reconocidos glaciólogos a nivel mundial se pronunciaron alertando sobre la alteración irreversible del sistema hidrológico de la cuenca fluvial del río Santa Cruz, ante la construcción de las represas en dicho curso de agua.
Cuatro expertos en glaciares plasmaron su postura en escritos que la Fundación Banco de Bosques pide incluir en el expediente que se tramita en la Justicia Federal, y en la que apelan la decisión de la Jueza Marra Giménez, quien levantó la cautelar que frenaba las obras hidroeléctricas, ahora reiniciadas.
La novedad la brindó el representante legal de la ONG, Dr. Cristian Fernández, en declaraciones a FM Dimensión. “Justo antes del inicio de la feria judicial acompañamos una serie de documentos nuevos. Son pronunciamientos de glaciólogos internacionales muy respetados y con mucho conocimiento en el Hielo Patagónico Sur”.
El científico japonés Dr. Shin Sugiyama (Profesor en el Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University) es autor de importantes publicaciones y actualmente trabajando en un proyecto en ejecución en los glaciares del Hielo Patagónico Sur.
El Dr. Helmut Rott, es profesor de Sensores Remotos de la Universidad de Innsbruck, Austria; conocedor del Hielo Patagónico Sur y sus glaciares a través de numerosas campañas de campo y publicaciones, en particular sobre Glaciar Perito Moreno;
El Dr. Hernán De Ángelis es geólogo argentino a cargo del Departamento de Geografía Física de la Universidad de Estocolmo, ha participado en varias campañas a los glaciares Moreno y Upsala y posee publicaciones sobre el Hielo Patagónico Sur;
El Dr. Francisco Navarro es Presidente de la Sociedad Glaciológica Internacional, y Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Madrid (España). Se especializa en balance de masa y dinámica glaciar.
En sus escritos a los que accedió AHORA CALAFATE, los expertos coinciden en “la necesidad de contar con estudios de riesgos más profundos sobre la totalidad de los glaciares sobre los que podrían impactar las represas.
También han señalado que la cota actual planeada para la represa Néstor Kirchner es demasiado alta como para asegurar la estabilidad a largo plazo de los glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur.
“Considero que la cota actual planeada para la represa Néstor Kirchner (Cóndor Cliff) es demasiado alta como para asegurar la estabilidad a largo plazo de los glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur”, sostiene desde Suecia el Dr. Hernán De Angelis, quien entre 1998 y2014 se desempeñó en el Instituto Antártico Argentino.
El científico recomendó que debe realizarse “estudios de riesgo más profundos para llegar a una estimación de la cota de la represa que resguarde a los glaciares de eventualidades improbables, pero de posibles consecuencias catastróficas”.
En tanto, el Dr. Navarro citó que en la Audiencia Pública sobre las represas, el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Fidel A. Roig “pone claramente de manifiesto que el estudio de impacto ambiental efectuado, en lo referente al impacto sobre el conjunto de glaciares de la cuenca del Río Santa Cruz, incluyendo el Campo de Hielo Patagónico Sur, resulta incompleto y presenta presuntas inconsistencias, por lo que requiere posteriores estudios más detallados antes de poder efectuar un informe concluyente”.
A su vez, el especialista Shin Sugiyama (citado por el propio IANIGLA en su dictamen técnico) recuerda que el caso de represas en los Alpes Suizos que ocasionó el retroceso y derretimiento de glaciares.
En su escrito presentado a la Jueza Marra Giménez, se expresa que “la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) comparte la misma preocupación sobre el potencial impacto de la construcción de represas sobre el Río Santa Cruz en los glaciares de nuestro país”.
Invocando el art. 335 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite la introducción de documentos de fecha posterior a la demanda bajo juramento de que no se ha tenido conocimiento de ellos con anterioridad, la fundación banco de Bosques solicita que estas opiniones de los expertos se incorporen al expediente”.
“La Jueza (Marra Giménez) va a tener que decidir si admite o no esta prueba”, dijo el abogado Fernández en el programa Radio Activa. En caso de admitirla, la magistrada deberá “correr traslado a las empresas y al Estado Nacional, quienes deben responder para la evaluación previa a una sentencia definitiva, agregó.
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Santa Cruz multó a tres empresas mineras por irregularidades ambientales
Fuente: El Zonda (San Juan)
La provincia de Santa Cruz sancionó a tres empresas mineras por irregularidades ambientales, entre las que se encuentra Minera Santa Cruz y pertenece a McEwen Mining, subsidiaria de Minera Andes que posee el proyecto Los Azules en San Juan.
En ese marco, la Secretaría de Minería de Santa Cruz informó sobre las sanciones impuestas a Cap Oeste de la empresa Patagonia Gold, Cerro Negro de Goldcorp y San José de Minera Santa Cruz, las cuales incurrieron en irregularidades en materia ambiental, según informó el organismo oficial.
La Secretaría de Estado de Minería señaló que “a los antecedentes y naturaleza de las infracciones cometidas, se suma el incumplimiento de las recomendaciones que surgen de las actas de inspección en materia de prevención ante posibles daños ambientales por parte de las empresas”.
De acuerdo a la información difundida por medios de Santa Cruz, los incidentes fueron calificados como menores, aunque el gobierno de Alicia Kirchner dispuso “la aplicación de sanciones pecuniarias y de apercibimiento fundadas en la inacción posterior a las directivas que se hicieran en inspecciones previas”, según lo establecido por el Código de Minería. “No se debe llegar al punto en que por negligencia o impericia se provoquen contingencias ambientales que podrían haber sido evitadas. Más aún cuando se trata en áreas donde el medio ambiente y la salud de los trabajadores puedan verse afectados”, sostuvo el titular de la cartera minera, Guillermo Bilardo.
“Desde al área Ambiental se trabaja de manera preventiva en una primera instancia y por eso, ante estas situaciones que son menores y de fácil resolución, las empresas deben cumplir adecuadamente las medidas correspondientes”, detalló el funcionario.
McEwen Mining, compañía poseedora de un 49% de Minera Santa Cruz, titular del área, que es operada por la peruana Hochschild Mining en su carácter de socia mayoritaria, posee a su vez la compañía Minera Andes, la cual tiene a su cargo el proyecto Los Azules, en San Juan.
El yacimiento de oro presenta una inversión cercana a los 7.400.000 dólares y tiene prevista su operación, con ese dinero, hasta el 2018 inclusive.
Más proyectos de exploración
Son 5 los proyectos nuevos que se iniciarán en el 2018 y cuya inversión alcanza los 19,83 millones de dólares en total, que al cambio actual son 342,2 millones de pesos. Cuatro de ellos se encuentran en Jáchal y se trata de Chita, Nacimiento, Durazno y La Esperanza, mientras que el quinto tiene localización en Iglesia y pertenece a la sociedad de Barrick con Shandong Gold, cuya firma está realizando tareas de sondaje en Lama, en las proximidades de Veladero.
En todos los casos, las exploraciones son yacimientos de oro.
Respecto a Lama, el Gobierno de la Provincia tiene marcadas expectativas de que se ponga en marcha en el corto plazo, luego de los inconvenientes que tuvo la mina binacional Lama-Pascua con el gobierno chileno.
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Represas de Santa Cruz: retoman el trabajo en obras
El vicepresidente de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, anunció a través de Twitter que se reiniciaron, luego de dos años, las obras para dar curso a las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz. Lo hizo cuando aún la Corte Suprema no se pronunció sobre el per saltum que pide que se declaren nulos los estudios presentados por el gobierno nacional. Su empresa integra la UTE conformada con capitales chinos que ganó la licitación para la construcción de las controvertidas represas.
El per saltum fue solicitado por la Organización Fundación Banco de Bosques, que llegó al alto tribunal tras el rechazo en primera instancia a la cautelar que permitió al gobierno nacional anunciar, hace dos meses, la puesta en marcha de la obra.
La ONG ambiental, representada por el estudio del constitucionalista Daniel Sabsay, considera que hay gravedad institucional suficiente para haber recurrido con este recurso extraordinario ante la Corte y consideran que las obras de las represas vulneran el derecho ambiental. Por lo tanto, piden la nulidad de los estudios de impacto ambiental presentados por el Gobierno este mismo año.
Mientras el per saltum ha pasado ya por varios despachos de la Corte, Ferreyra sorprendió en las redes sociales con la publicación de un video de maquinarias pesadas trabajando en la estepa. "En la inmensidad del desierto patagónico austral, después de dos años de paralización, comienzan a trabajar las primeras máquinas de gran porte en el desvío del río Santa Cruz para luego construir la central hidroeléctrica más austral del mundo: Cóndor Cliff", dice el mensaje.
Hace dos meses, en una recorrida por Santa Cruz, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, anunció el inicio de la obra. Sobre el río Santa Cruz aún no hay huellas de la obra, pero sí están listos los obradores y los campamentos donde esperan establecerse 5000 obreros cuando la obra esté a pleno.
La jueza Macarena Marra Giménez fue quien destrabó la obra paralizada al fallar a favor del gobierno nacional y permitir el levantamiento de la segunda medida cautelar que trababa la construcción del complejo hidroeléctrico, al considerar que el gobierno nacional ya había cumplido con lo requerido por la Corte.
Esta decisión es la que generó mayor revuelo entre los ambientalistas, ya que consideran que no se expresó sobre el fondo de los planteos realizados. Ahora, intentan que sus reclamos sean escuchados por la Corte.
¿Un negocio inmobiliario dentras del PN Patagonia?
La Federación Ruralista de Santa Cruz sentó postura sobre la donación de tierra que hace una fundación a Parques Nacionales para ampliar el PN Patagonia. Afirman que la verdadera intención es favorecer un negocio turístico inmobiliario internacional que se conjuga con tierras compradas en Chile. También sostienen que la compra de estancias y su desafectación a la producción ganadera, impactará en el empleo rural y la economía del sector. Además rechazan el mecanismo de compensación por daños ambientales en la obra de las represas. El martes habrá una reunión en Perito Moreno.
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Trabajan en el uso sustentable del guanaco
El Gobierno nacional avanza en el uso sustentable del guanaco como alternativa productiva en la Patagonia
Fue aprobada la resolución N.º 711-E/2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, por la cual se autoriza la exportación y el tránsito interprovincial de carne de 200 guanacos, obtenida en el marco del Plan de Manejo Sustentable de la Provincia de Santa Cruz.
Esta habilitación permitirá explorar oportunidades de comercialización para la carne de guanaco, a partir de los ensayos realizados a nivel provincial con resultados auspiciosos. En todos los casos se llevarán a cabo controles de las autoridades locales y nacionales para garantizar la sustentabilidad de las acciones y la sanidad de los productos y subproductos cárnicos.
Esta experiencia piloto permitirá tener más información para el proceso de actualización del Plan Nacional de Manejo del Guanaco que conduce la cartera ambiental, en articulación con las provincias, los diversos sectores involucrados, instituciones científico académicas y organizaciones de la sociedad civil.
Cabe señalar que lo realizado es producto del trabajo articulado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación con los ministerios nacionales de Producción,Agroindustria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el CONICET, el INTA y el SENASA.
Sobre el guanaco
El Lama guanicoe es uno de los grandes herbívoros de Sudamérica y el mayor de los camélidos silvestres de este continente. Debido a su adaptabilidad a distintas condiciones, y especialmente por su forma de alimentación, el guanaco ocupa hábitats con marcadas diferencias de vegetación, relieve, clima y presencia de actividades humanas.
Si bien el 90 % de la población mundial se encuentra en la Argentina, las poblaciones de guanacos declinaron continuamente en nuestro país, desde la colonización hasta la actualidad. Sin embargo, en algunas provincias patagónicas la especie mostró una recuperación gracias a la aplicación de la normativa que sólo autoriza la obtención de fibra de animales vivos. Hoy nos encontramos con poblaciones saludables en las provincias patagónicas, lo que alienta un aprovechamiento integral de la especie por el potencial económico que presenta la calidad de su fibra, así como también su carne y cuero como subproductos.
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Rechazo de amparo contra las represas de Santa Cruz
Fallo a favor de que se hagan las represas de Santa Cruz
Una jueza rechazó uno de los amparos de ambientalistas que se oponen; prometen apelar y hay otra cautelar pendiente; optimismo en el Gobierno
Un fallo judicial dejó ahora al Gobierno más cerca de retomar la construcción de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, una de las obras más controvertidas del kirchnerismo, que fueron aprobadas en el último año de gestión de Cristina Kirchner. Los ambientalistas, a quienes les rechazaron el amparo, apelarán pasado mañana. Sin embargo, la obra aún está trabada por la cautelar de la Fundación Banco de Bosques presentada en la Justicia contra el Gobierno y la administración provincial.
Ayer, la jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Federal Contencioso Administrativo Nº 12 de la Capital Federal, rechazó un amparo ambiental que impedía la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, y que fue impulsado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco de Bosques. Las medidas habían logrado que en diciembre pasado la Corte Suprema diera lugar a las dos cautelares y suspendiera las obras.
Mientras desde el gobierno nacional el fallo judicial fue recibido con optimismo, consultados por LA NACION desistieron de realizar declaraciones debido a que aún pesa la resolución de la otra medida cautelar que traba la obra.
Por otro lado, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia confirmó que pasado mañana apelarán la medida.
En la sentencia, de sólo nueve páginas, Marra Giménez sostiene: "No subsisten al presente las objeciones y cuestionamientos en que se sustentó la presentación de la asociación actora", y aclara que "las deficiencias u omisiones en que basó sus quejas en cuanto a la ausencia de estudios de impacto ambiental o de la audiencia pública previos a la construcción de las obras suspendidas por la cautelar ordenada por la C.S. [Corte Suprema] han sido subsanadas por las autoridades nacionales competentes".
En diciembre, la Corte Suprema basó la suspensión de las obras en el incumplimiento de la medición de impacto ambiental y en la falta de audiencias públicas previstos en la ley de obras hidráulicas.
El 28 de agosto pasado el gobierno nacional aprobó la polémica construcción del complejo hidroeléctrico Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, mientras que dispuso se adopten las recomendaciones del informe de impacto ambiental aprobado por el Congreso tras las audiencias públicas de julio pasado, que había ordenado la Corte Suprema.
"El fallo significa un ataque al derecho ambiental, dado que manifiesta una conducta apegada al criterio economicista que lo que busca es construir la represas y quedar bien con los capitales chinos, y lamentablemente una vez más el ambiente va a estar afectado", afirmó a LA NACION Mariano Aguilar, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia.
Aguilar agregó además que la jueza no contempla "ninguno de los puntos que le hemos planteado, no hizo más que legalizar judicialmente el estudio de impacto ambiental, amañado y tendencioso".
La administración del presidente Mauricio Macri tomó la determinación de avalar el megaproyecto hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz en un contexto de crisis energética, riesgos de multas y cross default para otras obras de infraestructura financiadas por China, como el Belgrano Cargas.
En Santa Cruz, en especial en El Calafate, hay ciudadanos que realizan marchas y actividades que se oponen a las represas, dado que no sólo temen por el medio ambiente, sino también por cómo puedan verse afectados los glaciares. Por su parte, Pedro Fiedrich, director ejecutivo de la Fundación Banco de Bosques, recordó ante LA NACION que la entidad presentó un extenso informe realizado por expertos que fundamentan la importancia de frenar las obras, sobre el que tendrá que expresarse la Justicia.
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Represas en Santa Cruz avanzan desoyendo advertencias
Fecha de Publicación: 23/09/2017
Provincia/Región: Nacional - Santa Cruz
Para algunos, ya se hizo todo lo que había que hacer. Para otros, los vicios son evidentes. Los primeros dicen que los procedimientos previstos en la normativa vigente se cumplieron. Los segundos, que los pasos dados fueron pour la galerie. Aquellos esperan inversiones (se habla de unos u$s 4.500 millones). Estos, un fuerte impacto ambiental.
La resolución conjunta de los ministerios nacionales de Energía y Ambiente, que aprobó las obras para los "aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz" (represas Presidente Dr. Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), dispuso que se adopten las recomendaciones del informe de impacto ambiental aprobado por el Congreso tras la audiencia pública de julio pasado, ordenada por la Corte Suprema de Justicia, repasan Marcelo Tavarone y Julieta de Ruggiero, integrantes de Tavarone, Rovelli, Salim & Miani Abogados.
"La Resolución Conjunta 3-E/2017 concluye este proceso que estaba pendiente de cumplimiento con el objeto de obtener el levantamiento de la medida cautelar y así avanzar con la etapa de obras principales", enmarcan.
En su momento, amplía Héctor Pozo Gowland, titular de la firma que lleva por nombre a su apellido, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco de Bosques habían promovido acciones contra el Estado nacional y la provincia de Santa Cruz por la omisión en la realización de los estudios de impacto ambiental (EIA).
"En atención a la medida cautelar, el Estado nacional elaboró los estudios ambientales. (En cuanto a) la audiencia pública, fue celebrada en el Congreso el 20 de julio del 2017. Tuvo 117 expositores inscriptos", agrega.
Cristian Fernández, asesor legal de la Coalición Río Santa Cruz Sin Represas y parte del Estudio Sabsay Neimark Abogados, entiende que, con su resolución, "los ministerios de Energía y Ambiente han decidido desoír lo expuesto en la audiencia pública". Allí, dice, "la sociedad civil se pronunció con robustos fundamentos mayoritariamente en contra de este proyecto". La Ley General del Ambiente establece que, si bien las objeciones planteadas durante la audiencia pública no son vinculantes, el Estado tiene la obligación de publicar las críticas y brindar una respuesta fundada. "La participación ciudadana ha sido vaciada de contenido por las autoridades", contrasta.
El director Ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, enfatiza que la resolución "de manera alguna implica dar la autorización directa para continuar la obra, dado que es la Justicia quien tiene la palabra ahora y tendrá que decidir si considera que hay elementos suficientes para levantar la medida cautelar dictada por la Corte Suprema (que ordenó detener la construcción de las represas) o se debe seguir sosteniendo la misma".
Al cierre de esta edición, la cuestión estaba a estudio de los magistrados.
"El Gobierno nacional ha dado un paso fundamental en el avance de las obras de este proyecto tan importante para la matriz energética argentina, el cual ya cuenta con financiamiento disponible y empresas contratistas tanto nacionales como chinas listas para comenzar a trabajar", dice Tavarone. "Las adaptaciones técnicas realizadas al proyecto inicial (modificación en cantidad de turbinas y conexión al Sistema Argentino de Interconexión, SADI, principalmente) demuestran el enorme interés por llevar adelante estas obras", agrega.
Para Pozo Gowland, con el dictado de la Resolución Conjunta 3-E/2017, más la declaración de impacto ambiental de la autoridad ambiental provincial, "deberían tenerse por cumplidos todos los trámites necesarios para continuar con las obras".
Fernández disiente. "El EIA fue concebido como un mero obstáculo para avanzar con la obra, en lugar de ser considerado un análisis integral de riesgos ambientales. Presenta numerosos vicios, inexactitudes y omisiones", denuncia.
No se evaluó el impacto ambiental del tendido eléctrico de alta tensión en relación a las aves migratorias, el análisis de alternativas de proyectos, la evaluación ambiental estratégica prevista en la Ley de Glaciares, ni se completaron los relevamientos y campañas sobre la cuestión biológica, enumera.
Tampoco se analizó el proceso de "sismicidad inducida", no se completaron las tareas de rescate arqueológico, no se efectuó la consulta previa a las comunidades originarias ni se elaboraron proyecciones serias de precipitaciones y cambio climático, añade. Y lo mismo sucede con el impacto en los glaciares que conforman el Campo de Hielo Patagónico Sur, hecho que encendió el alerta en la comunidad glaciológica internacional, abunda.
Desde FARN coinciden. "El proyecto para la construcción de estas represas ha estado plagado de irregularidades desde el momento mismo de la licitación", dicen. En su explicación aparecen tres licitaciones, los nombres Lázaro Báez y Cristóbal López, Electroingeniería y la afectación irreversible del Glaciar Perito Moreno. Por eso se llegó a la Corte Suprema, que había ordenado la paralización de la obra y una revisión integral del EIA, lo que incluía la realización de una audiencia pública. "Si bien ambas cuestiones ya fueron cumplidas, el EIA desarrollado por la empresa EIBISA, dependiente del Ministerio de Energía, es incompleto, inconsistente desde el punto de vista técnico y está hecho a medida para que se logre la aprobación del proyecto", acusa Nápoli. Horacio Franco, titular de la firma que lleva por nombre su apellido, señala que quienes se opusieron al proyecto objetaron que la resolución conjunta invoque mayormente el testimonio brindado en la audiencia pública por la quincena de participantes que apoyaron el proyecto, indicando que la mayoría de los participantes se pronunció en contra.
"Una audiencia pública no se gana ni se pierde por la cantidad de voces a favor o en contra del proyecto puesto a consideración. No hay votación ni debate, porque no es un acto de naturaleza asamblearia. Por eso, las audiencias públicas no son ni podrían ser vinculantes. Su objetivo es otro: recabar opiniones que puedan ser tenidas en cuenta para enriquecer el acto administrativo que aprobará, desechará o modificará el proyecto en cuestión", redondea.
Empresas cuestionadas
Las firmas que van a desarrollar la obra, advierten desde FARN, son Electroingeniería, "sin ningún tipo de antecedentes en la construcción de represas", y Gezhouba Group Corporation, "empresa china que ha sido sancionada por el Banco Mundial por su mala praxis en proyectos de agua, recuperación de áreas tras terremotos y gestión de inundaciones, y también vetada por el BID por prácticas fraudulentas".
Desde Aves Argentinas acompañan el informe de la Coalición Río Santa Cruz Sin Represas, que resume los errores encontrados en el proyecto. Entre ellos: el EIA impugnado fue elaborado por EBISA, sociedad anónima de capital estatal cuya titularidad es del Ministerio de Energía (99%) y Nucleoeléctrica Argentina (1%). Su presidente, además, es el subsecretario de Energía Hidroeléctrica a cargo de la revisión del proyecto.
"Los daños ambientales que ocasionará la obra no son susceptibles de mitigación ni compensación", alerta la coalición. Son "permanentes e irreversibles".
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Aprobaron las represas, mirá los impactos ambientales
Aprueban la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz
Provincia/Región: Santa Cruz - Nacional
El gobierno nacional aprobó la construcción de las represas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial que además dispone que se adopten las recomendaciones del informe de impacto ambiental aprobado en audiencias públicas.
"La evaluación de las consecuencias ambientales de las obras es una política nacional que el Estado ejercita y fomenta tanto en proyectos privados como públicos, como garante del derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y sustentable", indica la resolución conjunta 3-E 2017.
Agrega que "de los informes recibidos de los senadores y diputados de la Nación se desprende el muy amplio consenso político" sobre el estudio de impacto ambiental y señala que los funcionarios intervinientes en el análisis de factibilidad de las obras "han presentado argumentos sólidos" que avalan su ejecución.
La resolución señala además que las organizaciones no gubernamentales ambientalistas y los ciudadanos que participaron de la audiencia pública aportaron "elementos de juicio relevantes", en particular sobre los aspectos del desacople hidráulico entre la represa Kirchner y el Lago Argentino; los posibles impactos sobre los glaciares; el estudio específico de impacto ambiental sobre la línea de alta tensión que conectará a las represas con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI); y la necesidad de diálogo con las comunidades aborígenes, entre otros.
En uno de sus dos anexos, la resolución recuerda que los aprovechamientos implican incorporar al parque de generación eléctrica del país 1.310 Mw de capacidad hidroeléctrica, que representan aproximadamente un 5% de la capacidad disponible de generación existente.
La generación hidroeléctrica prevista se estima en un promedio de 5.171 GWh de energía firme, que representa también un 5% de la demanda eléctrica del país, y es "de carácter eminentemente renovable que, por definición, resulta energía producida a partir de un recurso que no se agota por su utilización".
"Desde el punto de vista de la matriz energética del país, las obras mencionadas contribuyen a la diversificación, reemplazando una parte de lo producido a partir de combustibles fósiles que, en la actualidad, representa el 87% de la energía primaria consumida", agrega la resolución.
De este modo se contribuirá a "generar condiciones óptimas para incorporar al Sistema Argentino de Interconexión otras fuentes de generación energéticas renovables, tales como la eólica, que requieren la existencia de fuentes de generación continua que otorgue estabilidad y confiabilidad al sistema".
La resolución estima que los aprovechamientos sobre el río Santa Cruz permitirán la incorporación de unos 2.200 GWh de energía media anual adicional de origen eólico y compensará su oferta, de carácter intermitente.
A la vez, la medida de las carteras de Energía y Ambiente resalta que la no utilización de combustibles fósiles para le generación de energía eléctrica evitará la emisión de aproximadamente 2,5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero y permitirá dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el Acuerdo de París sobre el cambio climático.
Cinco críticas ambientales a las represas de Santa Cruz
Fuente: La Voz del Interio
El Gobierno aprobó este lunes la construcción del complejo hidroeléctrico Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz y dispuso que se adopten las recomendaciones del informe de impacto ambiental aprobado por el Congreso tras las audiencias públicas de julio pasado, que había ordenado la Corte Suprema de Justicia. Para el ambientalismo, esas recomendaciones son insuficientes. Ver Galería
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Represas: Congreso envió al Ejecutivo los informes
El Congreso envió al Poder Ejecutivo los informes por las represas hidroeléctricas
Fecha de Publicación: 27/08/2017
Gabriela Michetti y Emilio Monzó remitieron las conclusiones de las audiencias públicas de los días 20 y 21 de julio donde se debatió sobre la construcción de represas en Santa Cruz. Allí aparecen las conclusiones del Ministerio de Energía de la Nación, el de Medio Ambiente, la posición de Santa Cruz y los bloques parlamentarios.
Los presidentes del Senado, Gabriela Michetti, y de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, elevaron el martes al Poder Ejecutivo un informe con las conclusiones de las audiencias públicas realizadas los pasados 20 y 21 de julio, sobre la construcción de represas en la provincia de Santa Cruz y su impacto ambiental.
Lo hicieron para cumplir con lo que establece el artículo 10 del anexo de la resolución 52/17, por el que el Congreso notificó al Ejecutivo sobre los resultados de las dos jornadas consecutivas realizadas en el Salón Azul por exigencia de la Corte Suprema de Justicia para habilitar la construcción de las represas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”.
El documento contiene los informes de los legisladores integrantes de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado; y de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano y de Energía y Combustibles de Diputados.
Los cambios a las represas
TiempoSur accedió al documento elevado por el Congreso donde consta que la audiencia pública se llevó a cabo entre los días 20 y 21 de julio en el Congreso de la Nación y que para facilitar la participación de los ciudadanos de Santa Cruz la audiencia fue trasmitida en simultáneo por videoconferencia a El Calafate.
En cuando a las conclusiones de este procedimiento, las autoridades del Congreso de la Nación manifestaron que la mayoría de los participantes rescató como muy positiva la utilización de la audiencia pública para debatir este tema y “el clima de amplio respeto, profesionalismo, y dominio de los diversos temas por parte de todos los participantes”.
Más adelante, el informe destacó al inicio de la audiencia, los representantes del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, además de presentar la evaluación de factibilidad del proyecto y de resaltar la importancia del mismo para cubrir la demanda futura y diversificar la matriz energética, se focalizaron en describir las modificaciones realizadas al proyecto original para reducir su impacto sobre el medio ambiente.
Entre los principales cambios se resaltó la importante reducción de la cota de la represa NK ole 178.9 msnm a 176.5 msnm para evitar cualquier influencia del proyecto sobre el Lago Argentino y los glaciares adyacentes y el cambio en la operación de la represa JC que pasa a operar en modo de paso para no afectar el comportamiento 1 del Río Santa Cruz aguas abajo de esa presa y tampoco el estuario. También se brindaron detalles del EIA y de las acciones definidas para mitigar los impactos sobre el medio ambiente y un ambicioso programa de compensaciones. Los Legisladores integrantes de las comisiones de energía y medio ambiente de ambas cámaras han evaluado mayoritariamente en forma positiva estos cambios en sus respectivos informes que se adjuntan al presente.
La posición de Santa Cruz
En cuanto a la exposición de los representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se focalizó en el análisis realizado sobre el EIA como parte del proceso de aprobación de su factibilidad. Entre las acciones efectuadas se destacaron las consultas efectuadas a organismos públicos como el IANIGLIA, Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos y la Administración de Parques Nacionales. Estos organismos emitieron dictámenes sobre distintos aspectos del EIA que fueron incorporados a la evaluación de la factibilidad que realizó el Ministerio para cumplir con los requerimientos de la Ley 23.879. Legisladores integrantes de las distintas comisiones consideran que los aspectos técnicos han sido cubiertos con solvencia por los organismos correspondientes.
Los representantes de la Provincia de Santa Cruz encabezados por su vicegobernador Pablo González, expusieron a su turno argumentos muy favorables a la construcción de los aprovechamientos sobre el río Santa Cruz, entre los cuáles destacaron el aporte de energía limpia; que este proyecto es clave para impulsar el desarrollo económico de la provincia; la importancia social relacionada con la generación de aproximadamente 6000 puestos de trabajo directos y muchos más indirectos en la zona; etc.
También se destaca que la mayor parte de los informes de los miembros de las comisiones de energía de ambas cámaras y muchas de las instituciones que expusieron en la audiencia coinciden en los aspectos positivos enunciados.
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Realizaron un abrazo simbólico al glaciar Perito Moreno
Piden que no se "sacrifique" al río Santa Cruz con la construcción de las represas Nestor Kirchner y Jorge Cepernic
Ni las bajas temperaturas, ni la copiosa nieve que cayó ayer en la ciudad impidieron que hoy al mediodía se realice un abrazo simbólico al glaciar Perito Moreno , con un claro mensaje para proteger al río Santa Cruz , cuyo ecosistema se encuentra amenazado por la construcción, sobre su cause, de las represas Nestor Kirchner y Jorge Cepernic.
"Elegimos el glaciar, como lugar simbólico del nacimiento del río Santa Cruz, queremos una propuesta alternativa a la construcción de las represas, una superadora que no sacrifique al río Santa Cruz", expresó a LA NACION Mariana Martinez, una de las organizadoras locales del evento denominado Encuentro Nacional en Defensa del Río Santa Cruz "Voces del Río" que fue organizado por la ONG local Río Santa Cruz Libre.
El evento convocó a ambientalistas e interesados en proteger al río Santa Cruz, los cuales no eran solo de la ciudad, sino también de Río Gallegos, el Chaltén, Puerto Santa Cruz y la ciudad de Buenos Aires. Entre lo disertantes están Hernan Casañas de Aves Argentinas, Andrés Napoli de la FARN y Pedro Friedrich de Fundación Banco de Bosques.
Es la primera actividad de envergadura que se genera en la ciudad para expresarse a favor de la protección del río Santa Cruz de las represas hidroeléctricas. El futuro complejo, Néstor Kirchner-Jorge Cepernic, es una de las obras emblemáticas del kirchnerismo que ahora se encuentra detenida por una medida judicial de la Corte Suprema de Justicia. El gobierno nacional, con modificaciones al proyecto inicial, ya manifestó su voluntad de avanzar.
La mayoría de quienes fueron hoy al evento y se unieron al abrazo simbólico a las represas participaron y dieron su opinión en la Audiencia Pública que el mes pasado se realizó en el congreso de la Nación.
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Imputaron a Juan José Aranguren y a un alto funcionario del Ministerio de Energía y Minería por un conflicto de intereses en torno a las represas de Santa Cruz
La fiscal federal Paloma Ochoa imputó hoy al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y al subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, quienes habían sido denunciados por conflicto de intereses en torno al estudio de impacto ambiental de la represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, de Santa Cruz.
La denuncia fue impulsada por el senador Fernando "Pino" Solanas y el abogado Enrique Viale el 11 de julio. De acuerdo al escrito que presentaron y al que Infobae tuvo acceso, Marcolini fue el encargado en el Ministerio de Energía y Minería de recibir y aprobar el estudio de impacto ambiental de las represas de Santa Cruz que realizó EBISA, la empresa de capital estatal de la que es director. Además, de acuerdo a su declaración jurada, el funcionario tiene $657.017,53 en acciones de IATASA, la consultora que realizó la primera evaluación ambiental, que luego fue dejada de lado.
"Resulta objeto de esta investigación la 'incompatibilidad' en la que habría incurrido Marcolini al intervenir en función de su cargo en la ejecución del proyecto 'Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz'", indicó la fiscal en un escrito presentado ante el juez federal Sebastián Ramos.
En concreto, Ochoa pidió que se investiguen los delitos de abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y violación de los deberes de funcionario público.
"Este caso es un ejemplo de la famosa puerta giratoria que no resiste el más mínimo examen legal: la misma persona realizó el informe en forma privada y ahora, como funcionario público, es el encargado de aprobarlo. Con una mano (privada) realiza el informe y con la otra mano (pública) lo aprueba", explicó el abogado Viale a Infobae.
Desde el gobierno, sin embargo, se defendieron en un comunicado presentado tres días después de la denuncia. "No existe transgresión alguna por parte del ingeniero Marcolini de las normas sobre conflictos de intereses establecidas en la ley 25.188", señalaron.
"Nada impide al Estado Nacional desarrollar el estudio ambiental a través de una entidad propia especializada y con la colaboración de expertos en la materia. Eso no significa que el Estado 'apruebe' su propio estudio, como erróneamente señala la denuncia, sino que, como en toda actuación estatal, toma en consideración la información y documentación emitida por las áreas técnicas especializadas, creadas para ese fin, para que luego tome la decisión quien tenga la competencia como autoridad en la materia", agregó la cartera que conduce Aranguren.
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En una zona no especificada de Santa Cruz filmaron la caza de un puma cahorro por parte de al menos cinco perros que atacaron salvajemente al animal.
Un video que comenzó a circular en las redes sociales muestra como un grupo de personas junto a una jauría dan caza a un puma en una zona no especificada de Santa Cruz, generando así la indignación de la mayoría de los usuarios.
De igual manera como este video tiene sus detractores, tiene a sus defensores quienes alegan que el felino "mata al ganado bovino y genera grandes pérdidas económicas que perjudican a los estancieros", siendo esta una justificación similar a la que se hace con el guanaco.
Cabe recordar que la Ley 22.421, de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre, declara al puma de interés público, haciendo de su protección y uso racional una obligación del Estado. A su vez, de tomarse decisiones en ausencia de certezas científicas, se vulnerarían los principios sostenidos por la Ley General del Ambiente.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ha cambiado el estatus del puma de preocupación menor a especie casi amenazada, dejando abierta la posibilidad de que pueda ser catalogado como vulnerable cuando se disponga de más datos sobre su distribución.
En Argentina, la especie se encuentra extinta en las provincias de Entre Ríos, el sur y centro de Santa Fe, el centro de Tucumán y en casi toda la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Chubut, donde hace 50 años abundaba, hoy es una especie en peligro de extinción.
Fue en nuestra provincia donde el doctor Nores Martínez creó la raza de perro dogo argentino, pensada para abatir al puma (entre otras especies) en lucha cuerpo a cuerpo entre felinos y perros, en un tipo de caza llamada "caza de Montería" en su versión criolla.
Para este tipo de caza muchas veces se entrena a los perros haciéndolos pelear con pumas en cautiverio, práctica ilegal que se sigue realizando de forma clandestina. Esos pumas suelen morir prematuramente de ataques cardíacos.
En la provincia de Jujuy es también una especie protegida, por lo que la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) se encarga de la captura y reubicación de ejemplares denunciados por los pastores como potenciales predadores de ganado, por lo que no es extraño ver de tanto en tanto algún ejemplar enjaulado en la sede del Rectorado de esa casa de altos estudios.
En la provincia de Mendoza es monumento natural, especie protegida, y uno de sus ámbitos más frágiles se da en la región precordillerana de Paramillos de Uspallata.
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En septiembre, reanudarán las obras de las represas de Santa Cruz
Fecha de Publicación: 23/07/2017
Así lo prevé el gobierno nacional; con las audiencias públicas, que empezaron ayer, sólo resta un dictamen del Congreso para levantar la suspensión ordenada por la Corte en diciembre pasado
Al margen de la audiencia pública celebrada ayer en el Senado por orden de la Corte Suprema de Justicia para que 120 oradores expongan los argumentos a favor y en contra del megaproyecto hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz, nada logrará impugnar una decisión ya tomada por el presidente Mauricio Macri. La determinación se produce en un contexto de crisis energética, riesgos de multas y cross default para otras obras de infraestructura financiadas por China y de generación de 5000 empleos para la provincia de Santa Cruz.
Eso quedó claro ayer en la audiencia que continuará hoy, donde los ambientalistas volvieron a rechazar las hidroeléctricas sobre el último río de origen glaciar que corre libre hasta el Atlántico.
Las visiones son irreconciliables: donde unos ven un paraíso de biodiversidad y de servicios ambientales, otros ven oportunidades energéticas y un aporte para reducir las emisiones de carbono como alternativa a las fuentes térmicas de energía. El Gobierno también concibe las hidroeléctricas como un eslabón estratégico en una matriz diversificada, que necesita de la generación continua de energía para incrementar la producción de renovables. Así lo hicieron saber el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, y su equipo, que abrieron el debate junto al titular de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman.
El Gobierno apuesta a reanudar en septiembre las obras de las rediseñadas represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, a un costo de US$ 4524 millones, financiadas en un 85% por China en un plazo de 83 meses. Tendrán una potencia instalada de 1310 MW y ocho turbinas. Aportarán un 4% de la demanda energética total, con la garantía -indican- de que no se verán afectados los niveles del lago Argentino ni la dinámica del glaciar Perito Moreno. El Ministerio de Ambiente, señaló Bergman, implementará un plan de mitigación y compensación para los impactos sobre el ecosistema con un presupuesto total de US$ 400 millones.
Estará orientado al frágil estuario del río, lugar de invernada del macá tobiano, un ave endémica y en peligro crítico de extinción. También, a resguardar los yacimientos arqueológicos y paleontológicos que quedarán sepultados bajo los dos embalses de 43.000 hectáreas.
Más allá de los avales al nuevo estudio de impacto ambiental (EIA) hecho por la estatal Ebisa con el aporte del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) -el mismo organismo del Conicet que ya culminó el inventario de glaciares-, esa evaluación fue denunciada por presuntas irregularidades ante la justicia federal por el senador nacional Fernando "Pino" Solanas (Alianza UNEN-CABA), otro de los oradores.
Contra el informe también dispararon los ambientalistas, que lo tildaron de parcial, incompleto y "hecho a medida". Esgrimieron que no evalúa la traza del nuevo tendido eléctrico que transportará la energía y que fue hecho por una empresa que depende de la cartera de Energía, que no estaba facultada para hacerlo. La aprobación vino después, según denunciaron.
Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, explicó las medidas de mitigación y compensación: prevén la creación de nuevas áreas protegidas en Santa Cruz en un total de 337.000 hectáreas; el desarrollo de centros ambientales de monitoreo tanto para los glaciares como para la cuenca, y otros de interpretación, estudio y rescate del patrimonio arqueológico y la eliminación de los basurales a cielo abierto, que contribuyen a la proliferación de la gaviota cocinera, principal amenaza del macá tobiano. Además, para el segundo embalse trazaron un plan de llenado de manera de evitar que se altere el flujo natural del río Santa Cruz en su tramo inferior. Buscan preservar la fragilidad de las rías en la desembocadura para resguardar al macá tobiano.
La nota de color la dio ayer el controvertido diputado y ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Defendió la instalación de las hidroeléctricas. Las alabó como generadoras de energía renovable y elogió a la administración anterior que llevó el proyecto y concretó la cuestionada central de río Turbio.
Hubo una gran sintonía entre los numerosos funcionarios santacruceños y la administración nacional en materia energética. A Andrés Napoli, director de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), eso no se le pasó por alto: deslizó que las represas sirvieron para cerrar la "grieta" política.
Desde el Gobierno se ocuparon de diferenciar el proyecto planteado por el kirchnerismo del actual y de enfatizar que la administración de Cambiemos lleva como bandera la lucha por el medio ambiente. Tal vez, por eso, ayer, los funcionarios de energía se mostraron como técnicos ambientales y hasta hablaron de la preservación de otras especies como la lamprea.
Hubo más oradores, tanto funcionarios como referentes de la sociedad civil, a favor del proyecto que voces disidentes. Sin embargo, el argumento de los ambientalistas apuntó al costo irreversible que significa borrar a un río del mapa para no contrariar al Estado chino.
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Represas: no arrancaron y ya se pagaron US$ 100 millones
Las represas de Santa Cruz no arrancaron, pero ya se pagaron US$ 100 millones
Fecha de Publicación: 20/07/2017
Es por gastos de personal y obras secundarias que el Estado le reconoció a la firma contratista, conformada por la nacional Electroingeniería y la china Gezhouba.
Esta semana será la audiencia pública que exigió la Corte Suprema de Justicia, para habilitar la construcción de las represas "Néstor Kirchner" y "Jorge Cepernic". El complejo hidroeléctrico en manos de Electroingeniería y la china Gezhouba, no arrancó en su fase principal, pero ya demandó desembolsos por 100 millones de dólares ente salarios del personal de la UTE, los gastos "improductivos" que reconoció el ministerio de Energía al consorcio, y las obras secundarias que se iniciaron.
Es una de las obras heredades por el kirchnerismo que más avances y retrocesos tuvo durante la gestión del actual Gobierno. Al inicio, cuando Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada, señaló que no iba a retomar el proyecto. Pero en un giro radical, meses después, con modificaciones a la obra propuesta e impulsada por Cristina Kirchner, el Gobierno decidió avanzar con la obra considerándola necesaria para la autonomía energética del país. Este año, previo al viaje del presidente a China, Energía y Medio Ambiente habían asegurado que todo estaba cerrado para que el gigante asiático firme el financiamiento y se reactive la obra. Esto no fue así, y por el contrario prácticamente peligró el complejo hidroeléctrico santacruceño.
Los ministerios de Medio Ambiente y de Energía firmaron la documentación correspondiente para que el Congreso comience con el armado y llamada a una audiencia pública, para discutir sobre las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic que se levantarán sobre el río Santa Cruz. Ambas carteras dieron la factibilidad para la realización del complejo hidroeléctrico después de que se presentaron los "Estudios de Impacto Ambiental". La obra podría iniciar en septiembre con modificaciones a su proyecto original. La audiencia será este jueves.
?En el medio del debate ambiental, la cuestionada obra ya exigió sumas millonarias de fondos sin haber comenzado la obra principal. Tras la decisión del Gobierno de impulsar la obra, la Corte Suprema puso el primer límite: sólo se podrían realizar tareas secundarias en las villas donde se instalarán los trabajadores, pero la obra primaria.
Durante estos meses, Electroingeniería presentó ante el ministerio de Energía los reclamos correspondientes a los "Gastos improductivos" por no haber iniciado la obra y las erogaciones que igual corren correspondientes al personal. Los pagos por este ítem y desembolsos para las tareas secundarias ya exigieron unos 100 millones de dólares, según confirmaron a Clarín.
Según confirmaron a Clarín fuentes oficiales, se estima que a mediados de julio se realice el llamado para la audiencia pública y en septiembre, una vez transcurrida la veda invernal en Santa Cruz, se retomarán las obras principales de las represas hidroeléctricas a cargo del consorcio constituido por Electroingeniería y Gezhouba.
Los reclamos al Estado por parte del consorcio a cargo de la obra, fueron para "lograr mantener la estructura de trabajo", señalaron a Clarín. En el momento de pleno desarrollo de la obra se prometieron 5.000 puestos de trabajo. Ahora, en el predio se estima que hay unos 300 trabajadores.
Además, en el Banco Central aún hay 300 millones de dólares que envió China durante el Gobierno de Cristina Kirchner, para la obra, que aún no fueron aplicados por los diferentes estudios y análisis a los que se sometió el proyecto original, al que se le realizaron importantes modificaciones.
Para que la obra se reactive, el Gobierno tuvo que realizar algunas modificaciones técnicas al proyecto original que licitó y adjudicó el extinto ministerio de Planificación Federal que dirigió durante doce años, Julio De Vido. Con un ahorro de 1.300 millones de dólares, la obra de 1.740 MW, se convirtió en un complejo de 1.290 MW. Para ello, se redujo la cantidad de turbinas de cada represa: la conocida como Néstor Kirchner tendrá cinco en vez de seis, y la represa Jorge Cepernic, bajó de cinco a tres. Esta nueva redistribución de la energía se complementará con una línea de alta tensión de 500 Kv.
El próximo paso, tras la audiencia pública de este jueves, será que la Corte Suprema levante la prohibición dictaminada para la realización de la obra y así, las empresas podrán iniciar las tareas principales en Santa Cruz.
Detalles de las represas
La obra tiene un presupuesto de 4.700 millones de dólares que incluyen en el compromiso con China, 11.000 millones de dólares del swap con China, como "un mecanismo de contingencia para resguardar las inversiones en el país". Fueron los dólares que le sirvieron al Gobierno de Cristina Kirchner para fortalecer reservas, en medio del cepo cambiario.
"Era necesaria una revisión integral de diversos aspectos el proyecto con el fin de garantizar la viabilidad técnica, ambiental, económica, financiera y operativa de las obras, y verificar que los ajustes anteriores resulten consistentes con una gestión ambiental sustentable conforme a la norma legal vigente, durante la construcción y el período de operación y mantenimiento de las obras", detallaron fuentes oficiales al evaluar la factibilidad de la obra.
La obra promete 5.000 puestos de trabajo durante los años de ejecución del proyecto, que serían cinco en total. Es uno de los pedidos recurrentes de la gobernadora Alicia Kirchner para garantizar puestos de trabajo en una provincia paralizada y rodeada de conflictos. La obra promete además, regalías energética a Santa Cruz una vez que esté en funcionamiento.
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Represas de Santa Cruz: la historia del funcionario que aprobó su propio estudio de impacto ambiental
El senador “Pino” Solanas y el abogado Enrique Viale presentaron una denuncia en Comodoro Py. El acusado es el subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini
El senador Fernando "Pino" Solanas y el abogado Enrique Viale denunciaron al subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, ya que es el encargado en el Estado de recibir el estudio de impacto ambiental de la represas de Santa Cruz que realizó EBISA, la empresa de capital estatal de la que es director. A su vez, Marcolini fue director de IATASA, la consultora que realizó la primera evaluación ambiental, que luego fue dejada de lado. En otras palabras, jugó a tres bandas.
La denuncia, que fue presentada en los tribunales de Comodoro Py y a la que Infobae tuvo acceso, es por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, y tiene en la mira al Marcolini y al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.
Las represas presidente Néstor Kirchner y gobernador Jorge Cepernic, diseñadas sobre el río Santa Cruz, han sido ampliamente repudiadas por el sector ambientalista desde su concepción, entre otras cosas, porque en el mundo se están cuestionando las grandes represas y temen que el impacto en el glaciar Perito Moreno afecte la biodiversidad en el último río glaciario que corre libre de la cordillera al mar.
De acuerdo a la presentación de Solanas y Viale -precandidatos a senador y diputado, respectivamente-, la primera aparición de Marcolini en esta trama fue como jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria de la consultora IATASA, que tuvo a cargo el estudio de impacto de ambiental del viejo diseño de las represas, que luego fue reacondicionado para ser -supuestamente- más amigable con el medio ambiente.
Según su perfil de LinkedIn, todavía sigue trabajando en la empresa, aunque es posible que no lo haya actualizado. Incluso, tendría $657.017,53 en acciones de IATASA (además de otras empresas con conflictos de intereses con el Ministerio de Energía). Eso sí: su currículum oficial no menciona su paso por la consultora.
El 10 de diciembre de 2015, Marcolini asumió como subsecretario de Energía Hidroeléctrica. Y desde allí, el 27 de enero de 2016 fue designado director titular de Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (EBISA), la empresa encargada de presentar el nuevo estudio de impacto ambiental. Se trata de una sociedad anónima de capital estatal. El 99% de sus acciones pertenecen al Ministerio de Energía y el resto, a Nucleoeléctrica Argentina SA, la compañía que produce y comercializa la energía generada por las tres centrales nucleares del país. El nombramiento de Marcolini de EBISA fue ratificado el 19 de agosto de 2016 en el Boletín Oficial.
El conflicto de intereses está a la vista: "El Director de EBISA (Jorge Marcolini) hará entrega de la evaluación al subsecretario de Energía Hidroeléctrica (Jorge Marcolini) para que sea revisada por éste", resumieron Solanas y Viale.
Está previsto que el estudio sea debatido en una audiencia pública el 20 de julio en el Salón Azul del Senado. A partir de ahí, el Ministerio de Energía realizará un dictamen, cuya opinión cualquiera puede augurar: será favorable.
"En definitiva, el dictamen del Ministerio de Energía luego de la audiencia pública es una ficción en virtud de que se trata de un funcionario controlándose a sí mismo en relación a una evaluación que ya conoce desde el inicio del procedimiento e, incluso, de sus años como consultor privado cuando avalaba ambientalmente las represas desde IATASA", evaluaron los denunciantes.
Frente a ese conflicto de intereses, pidieron la nulidad del estudio. "El hecho de que Jorge Marcolini continúe como Subsecretario de Energía Hidroeléctrica, a cargo de la revisión del proyecto 'Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz', da cuenta de la nulidad de todo este procedimiento. Su falta de independencia y la violación a la Ley de Ética Pública tornan cualquier decisión del Ministerio de Energía y Minería de la Nación vinculada al proyecto hidroeléctrico en cuestión, nula de nulidad absoluta", reflexionaron.
La conclusión del simulador de la OA es tajante: "La Ley de Ética Pública establece que debes abstenerte de tomar intervención en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuviste vinculado en los últimos 3 años. Los actos realizados sin tu abstención serían nulos y generarían responsabilidad patrimonial y disciplinaria".
"Este caso es un ejemplo de la famosa puerta giratoria que no resiste el más mínimo examen legal: la misma persona realizó el informe en forma privada y ahora, como funcionario público, es el encargado de aprobarlo. Con una mano (privada) realiza el informe y con la otra mano (pública) lo aprueba", explicó Viale a Infobae.
"Además de las clarísimas inconsistencias ambientales y económicas, el derrotero de estas represas está repleto de ilegalidades y nulidades en todo su proceso administrativo", concluyó el abogado.

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 artículo 10
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