Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/1472
Timestamp: 2020-03-31 16:47:08+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 47/1990
SENTENCIA 47/1990, de 20 de marzo
ECLI:ES:TC:1990:47
9. Llegados a este punto de nuestro razonamiento, queda por examinar finalmente si la Instrucción impugnada y el art. 6 del Real Decreto 2.376/1985, cuya aplicación conjunta impide que los Profesores de Religión puedan optar al cargo de Director, han respetado o no la regulación de los requisitos que para acceder a dicho cargo público contiene la Ley Orgánica 8/1985. El art. 37.2 de esta Ley Orgánica dispone, como ya se ha dicho, que los candidatos al cargo de Director de un Centro docente público habrán de ser «Profesores del Centro con al menos un año de permanencia en el mismo y tres de docencia». Por su parte, el art. 6 del Real Decreto arriba mencionado señala que los citados candidatos al cargo de Director «deberán ser Profesores con destino definitivo en el Centro, con al menos un año de permanencia en el mismo y tres de docencia en los Centros del nivel docente de que se trate». Y con apoyo en este último precepto reglamentario, la Instrucción del Subsecretario de Educación y Ciencia aquí combatida ordena que los Profesores de Religión en Centros Públicos estatales «no pueden ser candidatos al cargo de Director por no reunir el requisito de destino definitivo, y lo que el mismo comporta». El problema estriba, por tanto, en saber si la referencia al destino definitivo en el Centro que la Instrucción y el Real Decreto recogen constituye, como la demanda sostiene, una innovación restrictiva del precepto legal que implica una vulneración del mismo y que por lo mismo lesiona los derechos fundamentales que a los Profesores de religión les reconocen los arts. 23.2 y 27.7 de la Constitución; o si, por el contrario, aquellas disposiciones no han introducido ningún requisito suplementario para poder optar al cargo de Director y no han regulado nada que no lo estuviera ya por el precepto legal que desarrollan y aplican, limitándose a exigir en términos más precisos lo que la norma de rango legal ya exigía en un lenguaje más concentrado pero igualmente expresivo de la voluntas legis.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 1609-1987
Fecha de resolución 20/03/1990
Asociación de Profesores de religión de Centros Estatales contra Instrucción del Subsecretario de Educación y Ciencia de 3 de junio de 1986 por la que se prohíbe que dichos profesores puedan ser candidatos al cargo deDirector de sus respectivos centros y contra Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo.
Si bien es cierto que no se tiene legitimación activa para interponer un recurso de amparo por el solo hecho de haber sido parte en el proceso judicial correspondiente, sino que es necesario invocar el interés legítimo de la persona natural o jurídica que lo promueva, no lo es menos que no puede confundirse este concepto de interés legítimo con el más restrictivo de la titularidad personal del derecho fundamental o libertad pública cuyo amparo se pide ante el Tribunal. [F.J. 2]
En el concepto de interés legítimo hay que entender incluido el interés profesional de promoción y defensa de una categoría de trabajadores, del que puede ser titular no sólo cada uno de ellos individualmente considerados, sino también cualquier asociación o entidad que haya asumido estatutariamente esos mismos fines. En la medida en que dicho interés legítimo puede verse también afectado directamente por un acto o disposición recurrible en amparo, por haber infringido un derecho fundamental o libertad pública, debe reconocerse a las personas naturales o jurídicas que invoquen aquel interés legítimo como propio de la legitimación para interponer el recurso. [F.J. 2]
Las instrucciones o circulares administrativas son actuaciones jurídicas de la Administración sujetas al Derecho administrativo y vinculadas también al respeto de los derechos fundamentales, tengan o no carácter normativo en sentido estricto. [F.J. 4]
La Constitución no confiere a ningún ciudadano el derecho a ocupar determinadas funciones y cargos públicos y no impide, antes bien prevé expresamente, que puedan establecerse en cada caso ciertos requisitos para acceder a los mismos. Estos requisitos, sin embargo, por imperativo del principio de igualdad establecido en el art. 14 de la Constitución, que el propio art. 23.2 C.E. especifica, han de tener una justificación objetiva y razonable, pues lo que este último precepto ordena es que no se produzcan acepciones o pretericiones «ad personam» en el acceso a las funciones públicas. [F.J. 6]
Por lo que se refiere a la regulación de los requisitos exigibles en cada supuesto concreto de acceso a un cargo o función pública, la remisión a las leyes que dicho precepto contempla ha de ponerse en conexión con las previsiones que la propia Constitución establece en cuanto a la normación sustantiva de unos u otros cargos y funciones públicas y, muy en especial, en lo que concierne al rango o tipo de normas que deba regular el acceso a cada clase de cargos y funciones. [F.J. 7]
Cuando el legislador establece los requisitos que han de concurrir en los candidatos al acceso a un cargo o función pública, sin prever que su regulación pueda ser desarrollada o completada por disposiciones infralegales, en realidad está sancionando un criterio igualatorio que las disposiciones reglamentarias no pueden desconocer, restringiendo o agravando las condiciones legales en perjuicio de determinados ciudadanos o grupos, sin conculcar al tiempo el principio de igualdad y, por consiguiente, sin lesionar el derecho fundamental proclamado en el art. 23.2 C.E. [F.J. 7]
En la medida en que el derecho de participación se ejerza a través de órganos de la Administración educativa, es lógico entender que el reglamento puede complementar la regulación legal de tales órganos, disciplinando determinados aspectos de su estatuto, o del procedimiento de designación de sus titulares, sobre todo cuando ello sea indispensable por motivos técnicos o para lograr el mejor cumplimiento de las finalidades perseguidas por la Constitución y la propia ley, siempre que se haga de acuerdo con ésta (art. 103.2 de la Constitución). [F.J. 7]
En el ámbito del recurso de amparo, la jurisdicción de este Tribunal debe limitarse a comprobar si las disposiciones impugnadas han vulnerado o no el contenido del derecho fundamental contenido en el art. 27.7 C.E., según resulta de su definición por la Constitución, siendo indiferente que el legislador estatal haya cumplido o no los compromisos derivados de un acuerdo internacional. [F.J. 8]
Artículo 23.2, ff. 1, 5 a 9
Artículo 27.7, ff. 1, 5 a 9
Artículo 3, ff. 6, 8
Artículo 37.2, ff. 8, 9
Artículo 45.1, f. 9
Artículo 46.1, f. 9
Real Decreto 2376/1985, de 18 de diciembre. Reglamento de los órganos de gobierno de Centros Públicos de Educación General Básica, Bachillerato y Formación Profesional
Artículo 6, ff. 6 a 9
Derecho a acceder a los cargos públicosDerecho a acceder a los cargos públicos, ff. 6, 8
Acuerdos con la Santa SedeAcuerdos con la Santa Sede, f. 8
Centros docentes públicosCentros docentes públicos, ff. 6, 7
Circulares administrativasCirculares administrativas, Naturaleza, f. 4
Dirección de centros docentesDirección de centros docentes, ff. 6, 7
Directores de centros docentes públicosDirectores de centros docentes públicos, ff. 6, 7
Enseñanza de religiónEnseñanza de religión, f. 8
Instrucciones administrativasInstrucciones administrativas, f. 4
Profesores de religiónProfesores de religión, ff. 6, 7, 8

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 

Artículo 23

Artículo 27

Artículo 3

Artículo 37

Artículo 45

Artículo 46

Real Decreto 

Artículo 6