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Timestamp: 2017-10-17 16:58:38+00:00

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Sentencia A.P. Bilbao 393/2010 de 23 de septiembre. Accidente de circulación. Negligencia. Entidades aseguradoras - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Bilbao 393/2010 de 23 de septiembre
Accidente de tráfico: Negligencia del conductor que abandonó el carril por el que circulaba para acceder a una finca y causó daños al vehículo con el que colisionó.
O.Judicial Origen: Jdo. 1.ª Instancia n.º 4 (Barakaldo)
SENTENCIA N.º 393/10
Vistos por la Sección 5.ª de esta Audiencia Provincial en grado de apelación, los presentes autos de JUICIO VERBAL N.º1292/09 seguidos en primera instancia ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Barakaldo y del que son partes como demandante MANCOMUNIDAD MUNICIPAL PRO-MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS " TALLER RANZANI LANTEGIA ", representada por el Procurador Sr. Fuente Lavín y dirigida por el Letrado Sr. Uriarte Fernández y como demandada, ALLIANZ S.A., representada por el Procurador Sr. Zubieta Garmendia y dirigida por el Letrado Sr. Esteban Guereca.
Primero.-Por el juzgador de primera instancia se dictó con fecha 22 de enero de 2010 sentencia cuya parte dispositiva dice literalmente:"FALLO.ESTIMAR la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Fuente Lavín en nombre de MANCOMUNIDAD MUNICIPAL PRO-MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS "TALLER RANZARI LANTEGIA" frente a SEGUROS ALLIANZ, CONDENANDO a la demandada a abonar a la actora la cantidad de mil doscientos ochenta y seis euros con setenta y un céntimos (1.286,71 euros), más los intereses legales previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro y costas procesales.".
Segundo.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de Allianz S.A. y admitido dicho recurso en ambos efectos se elevaron los autos a esta Audiencia, previa su tramitación y emplazamiento de las partes.
Tercero.-Seguido este recurso por sus trámites, tras ser designada como tribunal unipersonal la Juzgadora que encabeza esta resolución por virtud de la entrada en vigor de la LO 1/2009 de 3 de noviembre por la que se modifica el art. 82 n.º1 LOPJ, se señaló el día 21 de setiembre de 2010 para su fallo.
Cuarto.-En la tramitación de estos autos en ambas instancias, se han observado las formalidades y términos legales, haciéndose constar que la duración de la grabación del Cd correspondiente al acto de juicio es la de 45 minutos y 11 segundos.
Primero.-La parte apelante, demandada en la instancia, interesa la revocación de la resolución recurrida y que en su lugar, se dicte otra por la que, tras una adecuada valoración de la prueba practicada y aplicación del derecho, se desestime la demanda contra ella deducida en la que se interesa su condena, como aseguradora del vehículo Ford Mondeo.... LLQ, al abono de la cantidad de 1.256,71 euros, intereses del art. 20 LCS y costas.
Y ello por entender que se ha evidenciado que la causa por la que el día 10 de junio de 2009, el vehículo propiedad de la actora, Fiat Scudo....-QBM, tuvo daños cuya reparación ascendió a la cantidad reclamada, se encuentra en la negligencia de su conductor quien abandonando el carril derecho por el que circulaba, con la intención de acceder a una finca situada en esa misma dirección, se introdujo para abrirse en el carril izquierdo suplementario, siendo intranscendente en este punto si el ceda el paso que en el mismo existe estaba o no más adelante del acceso a la finca, pues aquella señal le obliga igualmente, ya que esa posición determinó la creencia en el conductor asegurado de que, circulando él por el carril derecho, si aquél se encontraba allí lo era para ceder el paso a terceros, con preferencia, por tanto, no teniendo problema para circular por el carril derecho, viéndose sorprendido por la circunstancia de que de repente y para acceder a la finca se el cruza por el carril por el que circulaba, no pudiendo evitar la colisión pese a que dio un volantazo hacia el arcén, lo cual se infiere de una cuidadosa valoración de la prueba en la que el atestado policial no goza de la primacía que se le otorga, de las declaraciones de los testigos en cuanto a la velocidad y a la distancia de los vehículos implicados.
En definitiva, la conducta del Sr. Humberto, conductor del vehículo propiedad de la actora, es contraria al art. 75 n.º 1 b) y art. 76 n.º 1 del Reglamento de Circulación.
Segundo.-Delimitado el objeto de la presente resolución en el fundamento de derecho precedente, el análisis de lo ajustado a derecho o no de la resolución de instancia exige tener en cuenta que la acción ejercitada por la parte actora no es otra que la del art. 76 LCS (acción directa contra la aseguradora del causante del daño), que tiene como antecedente la acción del art. 1902 del C.º Civil, mediante la cual trata de obtener el resarcimiento del daño causado a su patrimonio como consecuencia del actuación negligente de un tercero, respecto del cual según reiterada doctrina jurisprudencial (T.S. 1.ª S.de 5 de Octubre de 1993 y 28 de Enero y 29 de Abril de 1994, entre otras), aunque en esta materia de la responsabilidad extracontractual se está dando una cuasiobjetivización de la culpa, a través entre otras mecanismos de la presunción de la culpabilidad por medio de la inversión de la carga de la prueba, o de la teoría del riesgo, lo cierto es que cuando en un accidente de tráfico nos encontramos ante dos vehículos que han sufrido daños, cada conductor o su responsable deberán acreditar que actuaron con la debida diligencia, si es que quiere ser exonerados de toda responsabilidad, y que, por tanto, la causa del mismo es imputable a la negligencia del otro.
Doctrina que se reitera por el Tribunal Supremo, Sala Primera, en su sentencia de 16 de diciembre de 2008, ".......... en las sentencias citadas por la parte recurrente, la STS 29 de abril de 1994, se declara que "tiene declarado esta Sala con reiteración que en los supuestos de colisión entre vehículos del motor no es aplicable el principio de la inversión de la carga de la prueba ni de la teoría de la responsabilidad objetiva o por riesgo", pero esto no impide a la Sala atribuir en el caso examinado la íntegra responsabilidad por el daño causado a uno de los dos conductores, atendiendo a la prueba sobre su intervención eficiente en la producción del daño, porque "invadió la otra calzada obstaculizando o interponiéndose en la marcha del automóvil, dando así lugar a la causación del evento en el que resultó lesionada con las gravísimas consecuencias que constan en autos". La STS 17 de junio de 1996, también citada como de contraste, establece con carácter general que "es doctrina pacífica y constante derivada de la jurisprudencia de esta Sala, la que establece de una manera llana que la inversión de la carga de la prueba no opera en los casos de accidentes de circulación por colisión de vehículos, al encontrarse los conductores en la misma situación y anularse las consecuencias de tal inversión probatoria". De esta jurisprudencia se infiere que la particularidad de la recíproca colisión entre los vehículos de motor no reside en una supuesta alteración de las reglas sobre carga de la prueba o en la alteración de los criterios de imputación establecidos en la LRCSVM 1995, sino en la necesidad de determinar a cuál de los dos corresponde la eficiencia causal en la producción del daño, o si ésta debe ser distribuida entre ambos por haber actuado concurrentemente, pero no supone obstáculo alguno a la aplicación del principio de responsabilidad objetiva que contempla la LRCSVM 1995.
.............responsabilidad que se atribuye al conductor demandado por los daños materiales causados en el vehículo con el que se produjo la colisión.
En punto a los daños materiales causados por la circulación, la LRCSVM 1995, partiendo de un principio de responsabilidad por riesgo en el artículo 1.1 I LRCSVM 1995, que se proclama con carácter general para todos los daños derivados de la circulación que afecten a la persona o a los bienes, exige respecto de estos últimos la concurrencia de los requisitos de carácter subjetivo establecidos para la responsabilidad extracontractual en el artículo 1902 CC (artículo 1.1 III LRCSVM 1995).
De la interpretación sistemática de los preceptos que se acaban de citar se infiere la necesidad de que se pruebe la culpa o negligencia por parte del conductor, si bien la referencia al principio de responsabilidad por riesgo, según una jurisprudencia inveterada de esta Sala surgida, entre otros ámbitos, en el ámbito de la circulación de vehículos de motor, comporta una presunción de culpabilidad en contra del conductor causante del daño, que puede ser destruida por prueba en contrario.
En el caso de colisión entre los vehículos, según la jurisprudencia invocada por la parte recurrente, la única alteración significativa resulta, como se ha expuesto, de que, al encontrarse los conductores en la misma situación, se anulan las consecuencias de la presunción de culpabilidad en el sentido de que ésta no puede operar únicamente respecto de uno de ellos frente al otro; pero surge la necesidad de determinar en cuál de los dos se aprecia negligencia o una contribución causal en la producción del daño suficiente para presumir la existencia de culpa salvo prueba en contrario, o si la responsabilidad debe ser distribuida entre ambos por haber actuado concurrentemente en virtud de un principio de compensación de culpas. Esto no supone obstáculo alguno a la aplicación del principio de responsabilidad subjetiva ni a las particularidades de imputación de responsabilidad inherentes a las actividades que generan riesgos, según el sistema que establece la LRCSVM 1995.".
Por otro lado, en cuanto a la valoración como elemento de prueba del atestado policial elaborado, en este caso, tras el accidente, la Sala a la que pertenece esta Juzgadora en su sentencia de 24 de febrero de 2009 declara que "... a tal no se le puede dotar de la eficacia del art. 317 n.º5 LECn por la consideración de funcionarios de los agentes, pues el policía municipal no es un fedatario en el sentido del citado precepto legal y lo que en tal sentido manifiesta en un atestado, si se acredita que no es correcto, no hay duda de que no goza de la veracidad pretendida.
Y no goza de tal, pues como declara, la Audiencia Provincial de Alicante Sec. 8.ª en su sentencia de 4 de noviembre de 2005, los atestados, y en tal sentido, como mucho, ha de considerarse lo manifestado por un agente en un informe ante el ente municipal sobre unos hechos:
"Pues bien, y siendo cierto que el atestado es un documento público, no lo es, sin embargo, que sea uno de los comprendidos en el número 6.º (expedidos por funcionarios facultados para dar fe de disposiciones y actuaciones) y, por tanto, la fuerza probatoria que se puede predicar de dicho documento, no es la referida en el 319-1 LEC. En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que (STS de 19 de junio de 2003) que "...el Atestado efectuado por la Guardia Civil es un documento público, ""ex" artículo" 1218 del CC y 596.3 de la Ley Adjetiva, señalando el Tribunal Supremo en Sentencia de 29 de junio de 1915 que "las autoridades cuando emiten dictámenes y realizan actos propios de sus funciones, ostentan el carácter oficial que les es propio" y en otra Sentencia de 10 de octubre de 1988, define el Documento Público cuando es expedido por funcionarios en el ámbito de sus funciones." La ubicación del documento en el número 3 del derogado 596 LEC (documentos expedidos por funcionarios públicos que estén autorizados para ello en lo que se refiera al ejercicio de sus funciones), al tiempo que describe la relación del documento con el funcionario, describe un supuesto diferente al contemplado en el artículo 317-6.º LEC, que exige al expedidor concreta facultad fedataria de la que carecen los funcionarios de policía. Por ello debemos entender que si bien el atestado es un documento público, no es de los comprendidos ni en el número 5 ni el 6 del citado precepto, lo que nos lleva, en cuanto a su fuerza probatoria, a lo previsto en el 319-2 LEC y, por tanto, a quedar sometidos al criterio especial de probanza que dicho precepto prevé y que implica, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo (STS 11 de mayo de 1998), que se tiene por auténtico, en cuanto no impugnada su veracidad, en lo que hace a los datos objetivos y verificables que consigna, lo que no se extiende respecto de valoraciones subjetivas, conclusiones profesionales ni descripciones o manifestaciones derivadas de terceros.".
Desde esta perspectiva jurídica y valorada la prueba practicada en la instancia se considera que nos encontramos ante dos versiones contradictorias sobre el modo de ocurrir el accidente, por un lado, la de la parte actora, descrita en su demanda que imputa el accidente a la negligencia del conductor del vehículo asegurado en la demandada quien circulando detrás, intentó adelantarle invadiendo el arcén derecho, en el preciso instante en el que el conductor del vehículo de su propiedad, tras advertir de su intención de girar a la derecha para entrar en una finca y con la intención de facilitar el acceso dada la existencia de un bordillo, se abrió un poco al carril izquierdo, sin abandonar el derecho, siendo impactado sobre éste cuando ya perpendicular realizaba el giro (testifical del Sr. Humberto, minuto 14,24 y ss Cd n.º1), pese a ser perfectamente visible para el conductor contrario quien no respetó su preferencia interceptando su maniobra, la cual se apoya en la declaración de un testigo, que dice circular en dirección contraria, el Sr. Jesús Carlos (minuto 26,28 y ss Cd n.º1), y por otro lado, la del conductor del vehículo asegurado por la demandada el Sr. Cirilo (minuto 33,50 y ss Cd n.º1) quien imputa el resultado final dañoso a la negligencia del conductor del vehículo propiedad de la actora a quien ve en el carril izquierdo suplementario, en el que hay un ceda el paso aunque la señal esté más adelante, al ser un carril, en frente de la entrada de la finca, de incorporación y por ello aquélla le obliga igualmente, lo que determinó que creyera que si allí se encontraba lo era para ceder el paso a terceros, con preferencia, por tanto, por lo que él podía circular, sin problemas, por el carril derecho, viéndose sorprendido por la circunstancia de que de repente y para acceder a la finca, aquél se le cruza por el carril por el que circulaba, no pudiendo evitar la colisión, pese a que se introdujo en el arcén, lo que avala la declaración del testigo Sr. Jenaro (minuto 38,50 y ss Cd n.º1). Pues bien una u otra maniobra entrañaría, en su caso, infracción del Reglamento de Circulación (art. 74 y ss), siendo tal caso el accidente responsabilidad de uno u otro conductor.
Y se considera que no hay dato objetivo que avale la tesis de la parte actora, ya que los daños en ambos vehículos y su posición final reflejada el croquis del atestado (pensemos que el vehículo de la actora no se mueva hasta que llega la Policía), junto con las características físicas del lugar que se aprecian en las fotos obrantes en autos, que sí son datos objetivos a considerar a diferencia de su conclusión, que como tal no vincula al estar basada en los testimonios de quienes declaran en el atestado, son compatibles con una u otra tesis, no existiendo razones para dar más credibilidad a uno u otro testigo, ya que si bien en el atestado sólo consta como tal Don. Jesús Carlos resulta que el conductor del vehículo de la actora el Sr. Humberto admite que había otro testigo que le imputaba la culpa del accidente (minuto 20,17 y ss Cd n.º1), y del algún que por su posición (invade parcialmente el carril izquierdo) bien pudo llevar a confusión al otro conductor de que iba para el ceda el paso (minuto 17,17 y ss Cd n.º1), lo que le llevó a continuar su marcha por el carril derecho, dándose entonces el impacto.
Lo expuesto conlleva la estimación del recurso de apelación y la revocación de la resolución recurrida, dictando en su lugar otra por la que se desestima la demanda.
Tercero.-En relación a las costas procesales de ambas instancias, dada la estimación del recurso de apelación con revocación de la resolución recurrida y consiguiente desestimación de la demanda, procede imponer a la actora las costas de la instancia (art. 394 n.º 1 LECn.) y no hacer expresa imposición de las de esta alzada, debiendo cada parte soportar las suyas y las comunes, si las hubiere, por iguales partes (art. 398 n.º 2 LECn.).
Cuarto.-La estimación del recurso de apelación, conlleva de conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición Adicional Decimoquinta de LOPJ en la redacción dada por la LO 1/2009 de 3 de noviembre, la devolución del depósito constituido al efecto, para lo cual se librará por el Sr. Secretario el correspondiente mandamiento de devolución.
Que estimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Zubieta Garmendia, en nombre y representación de Allianz S.A., contra la sentencia dictada el día 22 de enero de 2010 por la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Barakaldo en los autos de Juicio Verbal n.º 1292/09 a que este rollo se refiere; debo revocar y revoco dicha resolución y en su lugar se dictar otra por la que desestimando la demanda deducida por el Procurador Sr. Fuente Lavín, en nombre y representación de Mancomunidad Municipal Pro-Minusválidos Psíquicos " Taller Ranzari Lantegia", contra Allianz S.A., representada por el Procurador Sr. Zubieta Garmendia, debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones contra ella deducidas, con imposición a la actora de las costas de la instancia y sin expresa imposición de las de esta alzada, debiendo cada parte soportar las suyas.
Devuélvase a Allianz S.A. depósito constituido para recurrir, para lo cual se librará por el Sr. Secretario el correspondiente mandamiento de devolución.
Publicación.-Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada que la firma siendo leída por la misma en el día de su fecha, de lo que yo la Secretario certifico.

References: artículo 20
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1902
 artículo 317
 resolución 
 resolución 
 resolución