Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0133&language=ES
Timestamp: 2018-09-24 15:15:11+00:00

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INFORME sobre transparencia, responsabilidad e integridad en las instituciones de la Unión - A8-0133/2017
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sobre transparencia, responsabilidad e integridad en las instituciones de la Unión
Ponente: Sven Giegold
– Vista su Decisión, de 15 de abril de 2014, sobre la modificación del Acuerdo interinstitucional relativo al Registro de transparencia(1),
– – Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE), en particular sus artículos 9 y 10,
– Vista su Resolución, de 8 de mayo de 2008, sobre el desarrollo del marco para las actividades de los grupos de interés en las instituciones europeas(2),
– Vista la Decisión de la Comisión, de 25 de noviembre de 2014, de no reunirse con los grupos de interés no registrados y de publicar información sobre las reuniones con los grupos de interés,
– Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2014, sobre el acceso del público a los documentos (artículo 104, apartado 7), para los años 2011-2013(3),
– Vistos los principios para la transparencia e integridad en los grupos de interés de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE),
– Vista su Decisión, de 13 de diciembre de 2016, sobre la revisión general del Reglamento del Parlamento Europeo(4),
– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0133/2017),
A. Considerando que «la Unión respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones» (artículo 9 del TUE); considerando que «todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión» y que «las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos» (artículo 10, apartado 3, del TUE, expresado de forma similar en el considerando 13 de su preámbulo y en su artículo 1, apartado 2, y su artículo 9); considerando que «las instituciones, órganos y organismos de la Unión actuarán con el mayor respeto posible al principio de apertura» (artículo 15, apartado 1, del TFUE);
B. Considerando que las instituciones de la Unión ya han hecho progresos en dirección a una mayor apertura y están en muchos sentidos más avanzadas que las instituciones políticas nacionales y regionales en lo que se refiere a transparencia, responsabilidad e integridad;
C. Considerando que el diálogo entre los legisladores y la sociedad es una parte esencial de la democracia, como lo es la representación de intereses, y que la representación adecuada de los diferentes intereses en el proceso legislativo es una fuente de información y experiencia para los diputados, esencial para el adecuado funcionamiento de las sociedades pluralistas;
D. Considerando que, visto el distanciamiento cada vez mayor entre la Unión Europea y sus ciudadanos y ante la necesidad de aumentar el interés de los medios por los asuntos de la Unión, las instituciones europeas deben esforzarse por cumplir las normas más estrictas en materia de transparencia, responsabilidad e integridad; considerando que estos tres principios son elementos fundamentales y complementarios a la hora de promover la buena gobernanza en las instituciones de la Unión y garantizar una mayor apertura en su funcionamiento y en el proceso de toma de decisiones, y que deberían ser los principios rectores de la cultura de las instituciones;
E. Considerando que la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la Unión es fundamental para la democracia, la buena gobernanza y la elaboración de unas políticas eficaces; que es necesario reducir las lagunas en materia de responsabilidad dentro de la Unión y avanzar hacia formas de control más colaborativas que combinen actividades de supervisión democrática, control y auditoría, proporcionando al mismo tiempo una mayor transparencia;
F. Considerando que las actividades poco transparentes y unilaterales de los grupos de interés pueden amenazar significativamente la integridad de los responsables de las políticas y la confianza de la sociedad civil en las instituciones de la Unión; que la corrupción tiene importantes repercusiones financieras y constituye una grave amenaza para la democracia, el Estado de Derecho y la inversión pública;
G. Considerando que un nuevo acto jurídico sobre el que se base un registro de transparencia obligatorio habrá de incluir la definición jurídica de las actividades que entran en su ámbito de aplicación, lo que ayudaría a aclarar algunas definiciones e interpretaciones ambiguas de transparencia, integridad y responsabilidad;
H. Considerando que en algunos Estados miembros se han creado ya registros nacionales de transparencia;
I. Considerando que todo ciudadano de la Unión tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión con arreglo al requisito de transparencia establecido en el artículo 15, apartado 3, del TFUE, junto con el artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales y la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) (5);
1. Celebra la decisión de la Mesa de pedir a su administración que elabore un modelo para todos los ponentes y ponentes de opinión mediante el cual puedan dejar voluntariamente una huella legislativa indicando a qué representantes y organizaciones han consultado; este modelo se facilitaría también como herramienta informática;
2. Recuerda su revisión del Reglamento de 13 de diciembre de 2016, en virtud de la cual los diputados deben adoptar la práctica sistemática de reunirse únicamente con aquellos representantes de intereses que estén inscritos en el Registro de Transparencia, y pide que se incluyan las reuniones entre secretarios generales, directores generales y secretarios generales de grupos políticos; pide a los diputados y al personal que comprueben si los representantes de intereses con los que tienen previsto reunirse están registrados y, de no ser el caso, les pidan que se registren lo antes posible, antes de la reunión programada; insta al Consejo a introducir una disposición similar, incluyendo a las representaciones permanentes; considera necesario que quienes se inscriben en el Registro de Transparencia tengan la obligación de aportar documentación que demuestre la exactitud de la información consignada;
3. Recuerda la definición de lo que se considera una reunión con representantes de intereses según la Decisión de la Comisión de 25 de noviembre de 2014 relativa a la publicación de información acerca de las reuniones; recuerda las disposiciones relativas a la información que puede conservarse en virtud del Reglamento (CE) n.º 1049/2001; considera que las disposiciones sobre estas reuniones no deberían limitarse a las reuniones «bilaterales», sino incluir las reuniones con organizaciones internacionales;
4. Pide a la Mesa que ponga los medios necesarios para que los diputados puedan, si así lo desean, publicar en sus perfiles del sitio web del Parlamento sus reuniones con representantes de intereses;
5. Pide a la Comisión que extienda a todo el personal de la Comisión pertinente (jefes de unidad y niveles superiores) la práctica de reunirse únicamente con aquellas organizaciones o trabajadores autónomos que estén registrados en el Registro de Transparencia;
6. Insta a la Comisión a publicar las reuniones con organizaciones externas de todo el personal de la Comisión que participa en el proceso de elaboración de políticas europeas, observando la normativa sobre protección de datos correspondiente; para el resto del personal presente en estas reuniones, deberá publicarse referencia a la unidad o el servicio;
7. Apoya la petición de la Comisión de que las instituciones europeas y su personal, así como sus agencias, se abstengan de invitar como oradores a representantes de intereses no registrados, de patrocinar sus eventos o de celebrar tales eventos en instalaciones de la Unión, así como de permitirles participar en órganos de asesoramiento de la Comisión;
8. Pide a la Comisión que facilite a los ciudadanos, a través de una ventanilla única en línea, acceso a toda la información sobre representación de intereses en las instituciones europeas, declaraciones de interés, conflictos de interés confirmados y grupos de expertos;
9. Anima a la Comisión a desarrollar medidas para conseguir un mejor equilibrio atribuyendo más peso a los intereses infrarrepresentados;
10. Considera que los diputados al Parlamento Europeo que han sido nombrados ponente de informe legislativo o presidente de comisión tienen una responsabilidad especial en lo que se refiere a la transparencia de sus contactos con representantes de intereses, dado el papel que desempeñan en la elaboración de la legislación de la Unión;
11. Considera que las entidades inscritas en el Registro de Transparencia deben efectuar obligatoriamente actualizaciones mensuales de los gastos de los declarantes en actividades que entran en el ámbito del registro cuando este gasto supere el umbral establecido para la categoría en cuestión;
12. Considera que debe obligarse a todas las entidades registradas a publicar en el Registro de Transparencia una lista de todos los donantes y sus respectivas donaciones cuando estas superen los 3 000 EUR, indicando anualmente tanto la naturaleza como el valor de cada donación; las donaciones cuyo valor supere los 12 000 EUR deberán notificarse inmediatamente;
13. Reitera nuevamente su llamamiento de reforzar el Registro de Transparencia de la Unión con un acto jurídico, si no es posible eliminar completamente todas las lagunas existentes y establecer un registro obligatorio de todos los representantes de intereses mediante un acuerdo interinstitucional; opina que la propuesta de dicho acto jurídico podría tener en cuenta los progresos conseguidos gracias a las modificaciones realizadas en el Acuerdo Interinstitucional y en el Código de Conducta del Parlamento; recuerda a la Comisión que en su Resolución de 15 de abril de 2014(6) le pidió que presentara antes de finales de 2016 una propuesta legislativa con vistas a la creación de un registro obligatorio sobre la base del artículo 352 del TFUE;
14. Reitera su solicitud al Consejo, incluidos sus órganos preparatorios, de que se adhiera al Registro de Transparencia lo antes posible; pide a todos los Estados miembros que introduzcan legislación que promueva la transparencia de la representación de intereses; pide a los Estados miembros que introduzcan normas para obligar a los representantes de intereses a dar prueba de transparencia cuando sus contactos con los políticos nacionales y las administraciones públicas tengan por objeto influir en la legislación europea;
15. Recuerda su decisión de 13 de diciembre de 2016 de retirar privilegios a quienes no quieren colaborar con las investigaciones o audiencias y reuniones de las comisiones que tienen una finalidad de averiguación; pide a la Comisión que siga modificando el código de conducta para las entidades registradas de modo que las incite a no proporcionar, de buena fe, información insuficiente o engañosa durante tales audiencias o reuniones de comisión; considera que las entidades registradas en el Registro de Transparencia deberían tener prohibido por el código de conducta emplear a personas u organizaciones que ocultan los intereses a los que sirven;
16. Considera que las sociedades de consultoría profesionales, los bufetes de abogados y los consultores que trabajan por cuenta propia deben indicar el volumen exacto de las actividades cubiertas por el Registro, reconociendo que, en algunos Estados miembros, algunas personas pueden encontrar impedimentos en su legislación nacional para cumplir los requisitos del Registro de Transparencia;
17. Insiste en que las entidades registradas, incluidos los bufetes de abogados y las consultorías legales, deben declarar en el Registro de Transparencia a todos los clientes en cuyo nombre realicen actividades de representación de intereses que entren en el ámbito de aplicación de dicho Registro; acoge positivamente las decisiones adoptadas recientemente por varios colegios de abogados, que han reconocido las diferencias existentes entre las actividades procesales de los abogados y las demás actividades cubiertas por el ámbito de aplicación del Registro de Transparencia; invita, además, al Consejo de la Abogacía Europea a animar a sus miembros a adoptar medidas similares, reconociendo que, en algunos Estados miembros, algunas personas pueden encontrar impedimentos en su legislación nacional para cumplir los requisitos del Registro de Transparencia;
18. Toma nota de que en algunos Estados miembros existen disposiciones estatutarias sobre las normas que rigen el ejercicio de profesiones que impiden de forma objetiva, en particular, que los bufetes de abogados se inscriban en el Registro de Transparencia revelando así la información sobre sus clientes que requiere el registro; percibe también, no obstante, un riesgo importante de que pueda abusarse de estas disposiciones estatutarias para eludir la publicación de la información requerida para una correcta inscripción en el Registro; se congratula, en este sentido, por la visible disposición de las organizaciones profesionales de abogados a colaborar para asegurar que, en interés de la profesión, la omisión de información se limite exclusivamente a lo que objetivamente permite la legislación; pide a la Comisión y al presidente del Parlamento Europeo que concreten esta buena disposición en una realización práctica y, tan rápidamente como sea posible, consagren el resultado en el Acuerdo modificado;
19. Pide a la Mesa que, de conformidad con el artículo 15 del TFUE y el artículo 11 del TUE, obligue a registrarse, para poder acceder a los edificios del Parlamento, a aquellas organizaciones o personas no registradas cuyas actividades entran dentro del ámbito de aplicación del Registro de Transparencia; considera que debe eximirse de esta obligación a los grupos de visitantes; subraya que el Parlamento, como cámara de representación de los ciudadanos europeos, debe mantener una política de puertas abiertas frente a los ciudadanos, y que no deben crearse obstáculos innecesarios que puedan disuadirles de visitar sus instalaciones;
20. Lamenta que, según Transparency International, más de la mitad de las inscripciones en el registro de representantes de intereses de la Unión en 2015 eran incorrectas, estaban incompletas o no tenían sentido;
21. Pide a la Mesa y a su secretario general que faciliten el proceso de reactivación necesario para las tarjetas de acceso de los grupos de interés estableciendo un mecanismo de reactivación específico para evitar unos tiempos de espera excesivos para poder entrar; pide que se suprima la limitación de acceso a las instalaciones del Parlamento a cuatro titulares de tarjeta simultáneamente;
22. Recuerda la Decisión del Parlamento, de 13 de diciembre de 2106, en su referencia a las tarjetas de acceso al entorno de los diputados, y pide a su secretario general que modifique las normas que rigen las tarjetas y las autorizaciones que conceden acceso a las instalaciones del Parlamento, de 13 de diciembre de 2013, para subordinar la entrega de una tarjeta de este tipo a cualquier persona mayor de dieciocho años a la firma previa de un documento por el que el firmante se comprometa a no participar en actividades que entran en el ámbito de aplicación del Registro de Transparencia;
23. Considera necesaria la introducción con carácter de urgencia de un sistema de control de las comunicaciones adecuado para garantizar que la información que proporcionan los declarantes es coherente, exacta, actualizada y exhaustiva; pide a este respecto que se aumenten de forma importante los recursos de la Unidad de Transparencia del Parlamento Europeo y de la Secretaría Común del Registro de Transparencia;
24. Considera que las declaraciones de las entidades registradas han de ser verificadas anualmente por la Unidad de Transparencia y la Secretaría Común del Registro de Transparencia mediante un muestreo aleatorio lo suficientemente importante como para que los datos sean coherentes, exactos, actualizados y exhaustivos;
25. Considera, con arreglo al artículo 4, apartado 2, y al artículo 5, apartado 2, del TUE, que las instituciones estatales democráticamente elegidas y controladas a nivel nacional, regional o local y sus representaciones en las instituciones europeas, así como sus órganos internos y asociaciones formales e informales y las organizaciones de coordinación compuestas exclusivamente de los mismos, no deben inscribirse en el Registro de Transparencia de la Unión si actúan al servicio del interés público, ya que son parte del sistema de gobernanza multinivel de la Unión;
26. Pide a las instituciones y los órganos de la Unión que todavía no cuentan con un código de conducta que lo redacten lo antes posible; lamenta que ni el Consejo ni el Consejo Europeo hayan aprobado todavía un código de conducta para sus miembros; insta al Consejo a introducir un código deontológico específico, que incluya sanciones, en el que se aborden los riesgos a los que están expuestos concretamente los delegados nacionales; insiste en que el Consejo debe ser tan responsable y transparente como el resto de instituciones; pide que se elaboren también códigos de conducta destinados a los miembros y al personal de los dos órganos consultivos de la Unión, a saber, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo; pide a las agencias de la Unión Europea que adopten directrices para la elaboración de una política coherente en materia de prevención y gestión de conflictos de intereses dirigida a los miembros de los consejos de administración y a los directores, a los expertos de los comités científicos y a los miembros de salas de recursos, y que adopten y apliquen una política clara en materia de conflictos de intereses, en virtud de lo previsto en la hoja de ruta para el seguimiento del enfoque común aplicado a las agencias descentralizadas de la Unión;
27. Considera que todos los funcionarios de la Unión, así como los agentes temporales, asistentes parlamentarios acreditados, agentes contractuales y expertos nacionales, han de asistir a una formación sobre cómo tratar a los representantes de intereses y los conflictos de interés, entre otras cosas incluyendo obligatoriamente el aspecto de la integridad y la transparencia en las entrevistas de los procedimientos de contratación y de las evaluaciones de resultados;
28. Subraya la necesidad de reforzar la integridad y el marco deontológico con unos códigos de conducta y unos principios éticos claros y fortalecidos, para permitir el desarrollo de una cultura de la integridad común y eficaz para todas las instituciones y agencias de la Unión;
29. Reconoce que el efecto «puertas giratorias» puede ser perjudicial para las relaciones entre las instituciones y los representantes de intereses; pide a las instituciones de la Unión que desarrollen un enfoque sistemático y proporcional para este problema; considera que toda la regulación relativa a las «puertas giratorias» debe aplicarse también al presidente del Consejo;
30. Pide que se refuercen las restricciones a los antiguos comisarios ampliando el «período de incompatibilidad» a tres años y convirtiéndolo en vinculante al menos para todas las actividades que entren en el ámbito de aplicación del Registro de Transparencia;
31. Considera que las decisiones sobre las nuevas funciones o cargos de altos funcionarios y antiguos comisarios han de ser adoptadas por una autoridad nombrada con la mayor independencia posible de aquellos a quienes afectan sus decisiones;
32. Pide que todas las instituciones de la Unión publiquen anualmente, respetando la normativa europea de protección de datos, información sobre altos funcionarios que han abandonado la administración europea y qué funciones o cargos han asumido;
33. Considera que, en el marco de la iniciativa «Legislar mejor», debería estudiarse la posibilidad de instaurar un período de incompatibilidad de dieciocho meses al término del mandato de los miembros externos y ad hoc del Comité de Control Reglamentario y de los miembros de la Junta Directiva del Banco Europeo de Inversiones, periodo durante el cual no podrían ejercer actividades de representación de los intereses de sus propios negocios, clientes o empleadores ante los miembros de los órganos de gobierno del BEI ni ante el personal del Banco;
34. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de seguir las recomendaciones del Defensor del Pueblo en relación con los conflictos de intereses en los grupos de expertos, y apoya explícitamente la publicación en el registro de grupos de expertos de un CV lo suficientemente detallado y de una declaración de intereses de todos los expertos nombrados a título personal;
35. Apoya la petición del Defensor del Pueblo de que sea obligatorio estar inscrito en el Registro de Transparencia para poder ser nombrado miembro de un grupo de expertos en el caso de miembros que no sean funcionarios públicos y no reciban la totalidad o gran parte de sus ingresos de instituciones estatales, como universidades (siempre que estas no reciban financiación de representantes de intereses o partes interesadas económicas y comerciales);
36. Considera que una disposición que contuviera criterios generales para la delimitación de los intereses económicos y no económicos, tal y como recomienda el Defensor del Pueblo, y basándose en las declaraciones de intereses de los expertos, ayudaría a la Comisión a escoger a expertos que representaran intereses con un mejor equilibrio;
37. Insta a la Comisión a que publique todas las actas de las reuniones de los grupos de expertos en su sitio web, incluidas las distintas opiniones representadas;
38. Insta a la Comisión a garantizar que las consultas exploran cuestiones abiertas, y no buscan simplemente confirmar una orientación política escogida de antemano;
39. Considera que, en virtud de la ley electoral de la Unión, el nombramiento de los candidatos en los partidos debe realizarse democráticamente, de forma secreta y con participación suficiente de los miembros, y que las personas condenadas con sentencia firme por corrupción en contra de los intereses financieros de la Unión o de los Estados miembros han de perder el derecho de presentarse como candidatas en unas elecciones durante un periodo de tiempo proporcional a la gravedad del delito; observa que este procedimiento de descalificación existe ya en algunos Estados miembros; considera que un nuevo instrumento, como una directiva, podría establecer unos estándares comunes mínimos para las distintas prácticas y marcos legales dentro de los Estados miembros sobre la descalificación por corrupción;
40. Pide a la Comisión que, basándose en las buenas prácticas de los Estados miembros que cuentan con legislación para los ministros, presente una propuesta legislativa que establezca las obligaciones y los derechos en materia de transparencia de los comisarios, conforme al procedimiento de codecisión;
41. Pide que se transfiera al procedimiento de codecisión la prerrogativa de fijar la retribución de los comisarios, incluidos sus sueldos, que desde la creación de las Comunidades Europeas está a cargo exclusivamente del Consejo;
42. Señala que en algunos Estados miembros no existen leyes aplicables a los ministros y les prohíban ser titulares, total o parcialmente, de empresas;
43. Considera un conflicto de intereses grave que las empresas propiedad de cargos públicos de la Unión puedan solicitar fondos de la Unión o percibirlos en calidad de subcontratistas, y que estos empresarios y cargos públicos sean a la vez responsables de la utilización correcta de estos fondos y de su control;
44. Pide que la Comisión incluya en todos los futuros actos legislativos de la Unión relativos a los pagos una cláusula para asegurar que las empresas de los Estados miembros de la Unión y terceros países que sean propiedad de altos cargos no puedan solicitar ni obtener fondos de la Unión Europea;
45. Recuerda que, en su Resolución de 28 de abril de 2016 sobre el acceso del público a los documentos en el período 2014-2015(7):
– pedía que se ampliara el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 a fin de incluir todas las instituciones europeas que de momento no están cubiertas, como el Consejo Europeo, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Justicia y todos los órganos y organismos de la UE,
– pedía que las instituciones, las agencias y otros órganos cumplieran plenamente con la obligación de llevar registros exhaustivos de los documentos, como contemplan los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) n.º 1049/2001,
– consideraba que los documentos creados en diálogos tripartitos, como órdenes del día, resúmenes de las conclusiones, actas y orientaciones generales en el Consejo guardan relación con los procedimientos legislativos y no pueden recibir en principio un trato distinto del que se dispensa a los demás documentos legislativos, y deberían por tanto estar disponibles directamente en el sitio web del Parlamento;
– pedía que se estableciera un registro interinstitucional común, incluida una base de datos común específica sobre la situación de los expedientes legislativos para la que ya se está trabajando como se acordó en el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor»,
– pedía al Consejo que publicara las actas de las reuniones de los grupos de trabajo del Consejo y otros documentos,
– pedía a la Comisión que creara un registro para toda la legislación de segundo nivel, en particular para los actos delegados, y observaba que ya se había emprendido esta labor, según lo acordado en el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor»,
– expresaba su convencimiento de la necesidad de que una autoridad supervisora independiente realizara un seguimiento de los procesos de clasificación y desclasificación de documentos;
– pedía que se publicaran en su sitio web los órdenes del día y las notas informativas de los coordinadores de comisión, la Mesa y la Conferencia de Presidentes del Parlamento, así como, en principio, todos los documentos mencionados en dichos órdenes del día;
46. Celebra la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia Europeo que refuerza el derecho del Parlamento a ser informado sobre los acuerdos internacionales, y el compromiso de las instituciones de dar seguimiento al apartado 40 del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» negociando una mejor cooperación e intercambio de información; toma nota de que las negociaciones se iniciaron a finales de 2016 y, en este sentido, pide al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior que se comprometan realmente y hagan todos los esfuerzos necesarios para llegar a un acuerdo lo antes posible con el Parlamento sobre una mejor cooperación e intercambio de informaciones con el Parlamento durante todo el ciclo de vida de los acuerdos internacionales, pues esto ayudaría a dar una mayor legitimidad y control democrático a la acción exterior de la Unión;
47. Observa que, aunque existe un acuerdo de cooperación interinstitucional entre el Parlamento y la Comisión, no existe ninguno equivalente entre el Parlamento y el Consejo;
48. Destaca los esfuerzos realizados recientemente por la Comisión para reforzar la transparencia de las negociaciones comerciales; opina, no obstante, que el Consejo y la Comisión deben todavía mejorar sus métodos de trabajo para colaborar mejor con el Parlamento por lo que respecta al acceso a los documentos, la información y la toma de decisiones en el marco de todas las cuestiones y negociaciones relacionadas con la política comercial común (como la información relativa a las negociaciones —incluidos el alcance, los mandatos y la evolución de las negociaciones—, la naturaleza mixta o exclusiva de los acuerdos comerciales y su aplicación provisional, las actividades y decisiones de organismos creados en virtud de acuerdos comerciales o de inversión, las reuniones de expertos y los actos delegados y de ejecución); lamenta, a este respecto, que el Consejo no haya puesto a disposición de los diputados al Parlamento Europeo y de los ciudadanos los mandatos de negociación para todos los acuerdos que se están negociando actualmente, pero celebra que, tras un año de negociaciones entre la Comisión y el Parlamento sobre el acceso a documentos relacionados con las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI), se haya alcanzado por fin un acuerdo para conceder acceso a todos los diputados, lo que convierte a las negociaciones de la ATCI en las más transparentes hasta la fecha; celebra, en este sentido, la intención de la Comisión de utilizar la iniciativa actual de transparencia sobre la ATCI como modelo para todas las negociaciones comerciales, como se indica en la estrategia comercial «Comercio para todos» y de aplicarla;
49. Destaca que, tal como señala el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), los imperativos de transparencia se derivan de la naturaleza democrática de la gobernanza en el seno de la Unión, y que, cuando la información confidencial no está al alcance del público, como es el caso de las negociaciones comerciales, sí debe estar a disposición de los diputados, que examinan la política comercial en nombre de los ciudadanos; considera, por tanto, que el acceso a la información clasificada es esencial para que el Parlamento pueda desempeñar su cometido en materia de control, sin descuidar su obligación de gestionarla correctamente; opina que deben establecerse criterios claros para asignar a los documentos la categoría de «clasificados», y que estos deben desclasificarse en el momento en que su clasificación ya no sea necesaria; pide a la Comisión que valore si puede hacerse público un documento de negociación en cuanto el documento en cuestión haya sido finalizado a nivel interno; observa que, según la jurisprudencia del TJUE, cuando a un documento originado en una institución de la Unión se le aplica una excepción al derecho de acceso público, la institución correspondiente debe exponer claramente las razones por las que el acceso al documento en cuestión podría menoscabar concreta y efectivamente el interés protegido por la excepción, y que este riesgo debe ser razonablemente previsible y no meramente hipotético; pide a la Comisión que aplique las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo Europeo en julio de 2014 por lo que respecta especialmente al acceso a los documentos relativos a todas las negociaciones y a la publicación de los órdenes del día y las actas de las reuniones celebradas con personas u organizaciones que entran dentro del ámbito de aplicación del Registro de Transparencia; pide a la Comisión que informe al Parlamento y al público sobre los proyectos de orden del día de las rondas de negociaciones previas a las negociaciones, los órdenes del día definitivos y los informes posteriores a las negociaciones;
50. Considera que la Unión debe tomar la iniciativa en la promoción de la transparencia de las negociaciones comerciales, no solo en lo que respecta a los procesos bilaterales sino también en lo que se refiere a los procesos plurilaterales y multilaterales cuando sea posible, con un nivel de transparencia no inferior al de las negociaciones organizadas en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC); destaca, no obstante, que la Comisión debe convencer a sus socios en las negociaciones para que, por su parte, refuercen también la transparencia, con el fin de asegurarse de que se trata de un proceso recíproco en el que no se verá comprometida la posición negociadora de la Unión y de incluir el nivel de transparencia deseado en sus ejercicios de delimitación con posibles socios; destaca que una mayor transparencia redunda en interés de todos los socios negociadores y partes interesadas de la Unión en todo el mundo, y que este enfoque puede reforzar el apoyo global a un comercio regido por normas;
51. Recuerda la importancia de que el proceso legislativo de la política comercial común se apoye en las estadísticas de la Unión de conformidad con el artículo 338, apartado 2, del TFUE y en evaluaciones de impacto de la sostenibilidad, respetando los más estrictos criterios de imparcialidad y fiabilidad, un principio que debería regir todas las revisiones pertinentes en el marco de la política «Legislar mejor» de la Comisión; considera que unas evaluaciones de impacto por sector conferirían mayor fiabilidad y legitimidad a los acuerdos comerciales de la Unión;
52. Reitera la petición hecha a la Comisión en su Resolución de 12 de abril de 2016(8) de que redacte un código de conducta europeo relativo a la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas, cuyo cometido sea guiar la acción de los representantes de la Unión en las organizaciones o los órganos internacionales; pide una mayor coherencia y coordinación de las políticas entre las instituciones mundiales a través de la introducción de unas normas generales de legitimidad democrática, transparencia, rendición de cuentas e integridad; considera que la Unión debe racionalizar y codificar su representación en las organizaciones/órganos multilaterales con miras a aumentar la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas de la participación de la Unión en estos organismos, su influencia y la promoción de la legislación que ha aprobado mediante un proceso democrático; pide que se adopte un acuerdo interinstitucional con miras a formalizar los diálogos entre los representantes de la Unión y el Parlamento, que se organizarían con el Parlamento Europeo con objeto de establecer orientaciones en relación con la adopción y la coherencia de las posiciones europeas en el período previo a negociaciones internacionales importantes;
53. Considera que los datos sobre el presupuesto y el gasto en la Unión deben ser transparentes y estar sujetos a rendición de cuentas mediante publicación, también al nivel de los Estados miembros en relación con la gestión compartida;
54. Considera que las decisiones adoptadas en el Eurogrupo, en el Comité Económico y Financiero, en las reuniones «informales» del Consejo Ecofin y en las cumbres del euro deben institucionalizarse, en caso necesario, y ser transparentes y responsables, inclusive a través de la publicación de sus órdenes del día y actas, buscando un equilibrio entre la deseable transparencia y la necesaria protección de datos de la política financiera, monetaria o económica de la Unión o de un Estado miembro;
55. Toma nota de que en 2014 se concluyeron 40 asuntos relativos a personal de la Unión y miembros de las instituciones; subraya que se trata de una cifra baja que ilustra que el fraude y la corrupción no son endémicos en el seno de las instituciones de la Unión(9);
56. Destaca que, en 2014, la cifra más elevada de casos de fraude potencial notificados a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) guarda relación con la utilización de los Fondos Estructurales Europeos (549 de las 1 417 denuncias); subraya que la OLAF recomendó una recuperación de 476,5 millones EUR en concepto de fondos estructurales en 2014; toma nota de que las autoridades pertinentes recuperaron 22,7 millones EUR a raíz de las recomendaciones formuladas por la OLAF en 2014; pide a los Estados miembros que otorguen prioridad a la asignación adecuada de los fondos de la Unión y que redoblen sus esfuerzos por recuperarlos cuando no se hayan asignado adecuadamente(10);
57. Pide a la Comisión que presente una revisión del paquete de seis medidas y el paquete de dos medidas para conferir al Parlamento mayores competencias de control sobre la adopción de documentos esenciales del Semestre Europeo, y en particular unos medios efectivos para garantizar el respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;
58. Pide al Eurogrupo que incluya al Parlamento en el control de la aplicación de las condiciones contractuales acordadas con los beneficiarios de la asistencia financiera concedida por el Mecanismo Europeo de Estabilidad;
59. Celebra la investigación del Defensor del Pueblo Europeo acerca de la forma en que las instituciones de la Unión responden cumplidamente a la obligación de introducir normas que regulen la denuncia de irregularidades internas; lamenta las conclusiones del Defensor del Pueblo de que algunas instituciones de la Unión aún no han aplicado correctamente las normas relativas a la protección de los denunciantes de irregularidades; señala que, hasta la fecha, únicamente el Parlamento, la Comisión, la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo y el Tribunal de Cuentas han adoptado dichas normas; pide que el Parlamento estudie un mecanismo para proteger a los asistentes parlamentarios acreditados en caso de que denunciaran irregularidades;
60. Considera que la protección eficaz de los denunciantes es un instrumento fundamental contra la corrupción y reitera, por tanto, su petición a la Comisión, hecha el 25 de noviembre de 2015,(11) de que proponga, antes de junio de 2016, un marco legislativo de la UE para la protección efectiva de los denunciantes de irregularidades y de los autores de denuncias similares(12) que tenga en cuenta la evaluación de las normas nacionales para prever unas normas mínimas con que proteger a los denunciantes;
61. Pide a la Comisión que aplique estrictamente las medidas derivadas de su potestad discrecional y de excluir de la contratación pública, con un control adecuado de los antecedentes en todos los casos, y que aplique el criterio de exclusión con el fin de no contratar a las empresas en caso de conflicto de intereses, algo fundamental para proteger la credibilidad de las instituciones;
62. Opina que, con harta frecuencia, los denunciantes de irregularidades han sido más objeto de persecución que de apoyo, incluso en el seno de las instituciones de la Unión; pide a la Comisión que proponga una modificación del Reglamento por el que se rige la Oficina del Defensor del Pueblo, y que añada a sus competencias la de ser el punto de referencia para los denunciantes de irregularidades tratados injustamente; pide a la Comisión que proponga un incremento adecuado del presupuesto de la Oficina del Defensor del Pueblo que le permita acometer esta nueva y exigente labor;
63. Pide que la Unión solicite lo antes posible su ingreso en el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), y que se mantenga informado al Parlamento sobre el curso de esta solicitud; pide a la Comisión que incluya en el informe una sinopsis de los principales problemas de corrupción en los Estados miembros, las recomendaciones para abordarlos y las medidas de seguimiento que ha de adoptar la Comisión, teniendo específicamente en cuenta el perjuicio que las prácticas corruptas causan en el funcionamiento del mercado interior.
64. Considera que debe prohibirse efectivamente a las personas acusadas de corrupción en la Unión, o a las empresas dirigidas o propiedad de personas que hayan cometido actos de corrupción o apropiación indebida de fondos públicos en beneficio de su empresa y hayan sido condenadas con sentencia firme por este motivo, celebrar contratos públicos con la Unión Europea ni ser beneficiarias de fondos de la Unión durante al menos tres años; pide a la Comisión que revise su sistema de inhabilitación; subraya que, en aras de una mejor protección de los intereses financieros de la Unión y de un control del público en general, debe publicarse por defecto una lista de las compañías excluidas por la Comisión de las solicitudes de fondos de la Unión;
65. Toma nota que, desde que se convirtió en miembro aprobado de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción el 12 de noviembre de 2008, la Unión Europea no ha participado en el mecanismo de revisión previsto en el marco de la Convención, ni ha dado el primer paso en la realización de la autoevaluación del cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención; pide a la Unión que cumpla las obligaciones contraídas en virtud de la Convención realizando una autoevaluación sobre el cumplimiento de dichas obligaciones y participando en el mecanismo de revisión inter pares; pide a la Comisión que publique su próximo informe sobre la lucha contra la corrupción en la Unión y que incluya en estos informes un capítulo relativo a las instituciones de la Unión; pide a la Comisión que lleve a cabo nuevos análisis, tanto a escala de las instituciones de la Unión como de los Estados miembros, sobre el entorno en que se aplican las políticas, con el fin de detectar los factores críticos intrínsecos, las áreas vulnerables y los factores de riesgo que puedan desembocar en corrupción;
66. Recuerda su Decisión de 25 de marzo de 2014 sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (2012/0193(COD)) y pide que se adopte una decisión rápida al respecto;
67. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de establecer salvaguardias sistemáticas para evitar conflictos de intereses en el ámbito de la regulación de los productos industriales y la aplicación de las políticas; pide a la Comisión que se ocupe del conflicto de intereses estructural que existe actualmente en la evaluación de riesgos pública de los productos regulados, especialmente cuando la evaluación de esos productos se basa amplia o exclusivamente en estudios llevados a cabo por los solicitantes o terceras partes pagadas por los solicitantes, mientras que, con demasiada frecuencia, se ignora o se rechaza la investigación independiente; insiste en que los productores deben seguir aportando estudios, repartiéndose los costes entre grandes empresas y pymes en función de su cuota de mercado relativa para garantizar la equidad, pero que todos los asesores deben estar obligados a tener plenamente en cuenta en su evaluación los estudios científicos independientes revisados inter pares; pide a la Comisión, en particular, que revise su Comunicación de 2002 sobre principios generales y normas mínimas para la consulta de la Comisión a las partes interesadas; sugiere que, con el fin de resolver los problemas derivados de la eliminación selectiva de los resultados de investigación desfavorables, se fije como requisito para la aportación a los procesos reglamentarios y normativos el registro previo de los estudios y ensayos científicos, indicando el ámbito y la fecha de finalización prevista; hace hincapié, en aras de un asesoramiento científico sólido e independiente para la elaboración de políticas, en la importancia de disponer de suficientes recursos para el desarrollo de unas competencias internas dentro de las agencias especializadas de la Unión, incluida la oportunidad de realizar investigaciones y ensayos que se puedan publicar, promoviendo así el atractivo de las funciones de asesoramiento en materia de regulación en el servicio público sin que los científicos teman ver perjudicadas sus perspectivas profesionales;
68. Pide a la Comisión que elabore un reglamento marco relativo a todas las agencias de la Unión, en virtud del cual se concedan al Parlamento competencias de codecisión en la designación o destitución de los directores de tales agencias y un derecho directo a interrogarlos y oírlos;
69. Destaca la necesidad de contar con expertos independientes en las agencias de la Unión y de que se conceda una mayor importancia a la eliminación de los conflictos de intereses dentro de los grupos de expertos de las agencias; toma nota de que, en la actualidad, los expertos de una serie de agencias, entre ellas la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), no perciben remuneración alguna; pide que los expertos de las agencias reguladoras que representan, por ejemplo, a organizaciones sin ánimo de lucro o al mundo académico, reciban una compensación adecuada; insiste en la importancia de disponer de suficientes recursos para el desarrollo de competencias internas específicas dentro de las agencias especializadas de la Unión;
70. Pide a la EFSA, a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) que revisen urgentemente sus políticas de independencia, a fin de garantizar expresamente su estricta independencia con respecto a los sectores económicos que regulan y evitar conflictos de intereses entre su personal y sus expertos;
71. Apoya la práctica consistente en que los Parlamentos nacionales inviten a los comisarios para formularles preguntas;
72. Recuerda que la capacidad de establecer comisiones de investigación es una característica inherente de los sistemas parlamentarios de todo el mundo y que el Tratado de Lisboa establece, en el artículo 226, apartado 3, del TFUE, un procedimiento legislativo especial para adoptar un reglamento sobre el derecho de investigación. Subraya que, de conformidad con el principio de cooperación leal, el Parlamento, el Consejo y la Comisión deben acordar la aprobación de un nuevo reglamento;
73. Pide una decisión rápida del Consejo y de la Comisión sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo de 23 de mayo de 2012 relativo a las modalidades de ejercicio del derecho de investigación del Parlamento(13);
Textos Aprobados, P7_TA(2014)0376.
Textos Aprobados, P6_TA(2008)0197.
Sentencia del Tribunal de Justicia, de 21 de septiembre de 2010, Reino de Suecia contra Association de la presse internationale ASBL (API) y Comisión Europea (C-514/07 P), Association de la presse internationale ASBL (API) contra Comisión Europea (C-528/07 P) y Comisión Europea contra Association de la presse internationale ASBL (API) (C-532/07 P), Asuntos acumulados C-514/07 P, C-528/07 P y C-532/07 P, ECLI:EU:C:2010:541.
Textos Aprobados, P8_TA(2016)0202.
Informe de la OLAF de 2014 – Decimoquinto informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, 1 de enero a 31 de diciembre de 2014
Ponente, cita de la Resolución de 25 de noviembre de 2015, sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares (Textos Aprobados, P8_TA(2015)0408).
Textos Aprobados, P7_TA(2012)0219.
La lejanía percibida por los ciudadanos exige los niveles más elevados de transparencia, rendición de cuentas e integridad
Las instituciones de la UE son más transparentes, responsables y limpias que la mayoría de las demás instituciones políticas de ámbito nacional o regional en Europa. Los ciudadanos pueden seguir casi todas las reuniones de las comisiones por internet: una transparencia que hasta la fecha no existe en la mayoría de los Parlamentos de los Estados miembros. La Comisión Europea es una administración abierta, con una transparencia y accesibilidad mucho mayores que en la mayoría de los Estados miembros. Sin embargo, por diversos motivos, los ciudadanos de toda la UE perciben una mayor distancia respecto de la política de Bruselas. El nivel global de confianza de los ciudadanos en las instituciones de la UE se sitúa en el 42 % para 2014, según los estudios de Eurostat. Se trata de un aumento con respecto al año anterior, aunque es un nivel bajo en términos históricos; en 2002 se situaba en el 59 %. En una mayoría de Estados miembros, veinte en concreto, la confianza de los ciudadanos en las instituciones nacionales es ahora superior. Solo en una minoría conformada por ocho países los ciudadanos confían más en las instituciones de la UE que en las nacionales.
A los ciudadanos les resultan menos lejanas la política local y la política nacional: los medios de comunicación informan más al respecto, los ciudadanos tienen más contactos personales con sus representantes, los asuntos parecen en ocasiones menos abstractos y la lengua no suele ser un obstáculo en la política nacional y local. Sin embargo, aparte de estas diferencias más bien estructurales, para muchos ciudadanos la política de la UE resulta más lejana, debido a una percepción de falta de influencia de los ciudadanos. Y, lo que es peor, en ocasiones la Unión Europea actual se percibe más bien como una Europa de grupos de presión, en lugar de una Europa de los ciudadanos. En Bruselas ejercen su actividad más grupos de presión que en Washington D.C. Los estudios demuestran que existe un gran desequilibrio entre el acceso y la influencia de los poderosos intereses comerciales y los de los intereses sociales, más débiles, respecto de los responsables políticos de la UE. Para reducir esta distancia percibida, el presente informe pide un triple enfoque: las instituciones de la UE tienen que mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad y fijar las normas más estrictas posibles en estos ámbitos.
Integridad es un trato justo y equitativo de los intereses de los ciudadanos
El Tratado de Lisboa garantiza que «la Unión respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones» (artículo 9), y que «todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión». Sin embargo, la realidad es diferente: el acceso privilegiado de poderosos grupos de presión a los responsables políticos de la UE contrasta marcadamente con la igualdad de trato de los intereses de los ciudadanos. Aquellos que ya tienen más riqueza y poder pueden ejercer fácilmente una influencia comparativamente mayor. Para colmar esta brecha, las instituciones de la UE deben mejorar su integridad. La integridad es la igualdad de acceso e importancia de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones. Favorecer intereses particulares frente al interés general es lo contrario a la integridad. El objetivo del presente informe es contribuir a la separación de los poderes económico y político. Esto también redunda en el interés de la gran mayoría de pequeñas y medianas empresas de Europa. Cuando las leyes las hacen las empresas multinacionales, las pequeñas empresas no pueden prosperar.
Una ciudadanía empoderada mediante el acceso a documentos e información
Para lograr que la política de la UE sea íntegra, los Tratados entran en mayor detalle al dictar en el artículo 10, apartado 3, del TFUE que «las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos». Por lo tanto, se entiende que la transparencia consiste en que los ciudadanos puedan acceder puntualmente a toda la información disponible, a fin de reducir las diferencias que puedan existir, en cuanto a la información de la que disponen, entre los ciudadanos y los grupos de interés, y, en el caso de estos últimos, entre los que representan intereses comerciales particulares y los que representan intereses sociales más generales. Tanto el espíritu como la letra de los Tratados piden que se preste especial atención a cuándo se permite el acceso a la información. Tomar las decisiones «de la forma más próxima posible a los ciudadanos» significa que los ciudadanos deben tener tiempo de digerir la información antes de que se adopten las decisiones. El tiempo también es un factor en la igualdad entre los ciudadanos: dado que la toma de decisiones suele ser un proceso continuo, no es lo mismo tener acceso a los documentos y la información antes de que se alcancen acuerdos que tenerlo a posteriori. Las diferencias existentes entre, por una parte, diestros profesionales y, por otra, ciudadanos de a pie, o incluso diputados al Parlamento Europeo, son contrarias a los Tratados y profanan la integridad. Por eso no resulta aceptable que haya documentos oficiosos secretos que se queden en manos de unos pocos privilegiados. Los Tratados exigen que la distinción sea tajante: los documentos han de ser o bien públicos, o bien clasificados con carácter excepcional. Así pues, todo lo que sepan los grupos de presión debe ser también de conocimiento público.
El proceso de elaboración de legislación de la UE es un elemento clave en la mejora de la transparencia en la Unión Europea, y la opinión pública tiene derecho a saber quién ha influido en la redacción de las leyes. Uno de los principales instrumentos para conseguir una mayor transparencia en la legislación de la UE es la implantación de la huella legislativa, mediante la cual queda registro de la influencia de los distintos intereses en cada acto legislativo, lo que permite calcular las posibles desigualdades en lo que concierne a la influencia. Además, cuanta más información pertinente en cuanto a las reuniones y las contribuciones a la preparación del texto esté disponible inmediatamente, mejor se podrán subsanar los desequilibrios antes de la adopción de la legislación. En el estudio Institutional and Constitutional Aspects of Special Interest Representation [Aspectos institucionales y constitucionales de la representación de intereses especiales], preparado por el Departamento Temático C para la Comisión AFCO, se recomienda estudiar la implantación de esta huella legislativa.
La rendición de cuentas de las instituciones de la UE gracias a la transparencia
Uno de los motivos para las nuevas normas para la salvaguardia de la integridad de la política de la UE fueron los escándalos, como el de las enmiendas a cambio de sobornos. Los Tratados exigen lo siguiente en cuanto a toda la actividad de las instituciones: «En el cumplimiento de sus funciones, las instituciones, órganos y organismos de la Unión se apoyarán en una administración europea abierta, eficaz e independiente» (artículo 298, apartado 1, del TFUE). La única manera de lograr que se produzca una rendición de cuentas es mediante disposiciones que garanticen que las instituciones, los altos cargos y el personal informan de manera transparente sobre su labor.
A pesar de que muchas de las fases de las que consta el proceso de legislación de la UE son más transparentes que las de los Estados miembros, hay una fase decisiva del procedimiento de codecisión que transcurre a puerta cerrada. El aumento del recurso a las conversaciones oficiosas en los diálogos tripartitos ha derivado en que en estos momentos el 80 % de la legislación de la UE se acuerde en primera lectura. El problema es que estas reuniones secretas adolecen de falta de transparencia: no hay actas de las reuniones, se desconocen tanto los participantes como sus posiciones, y los documentos secretos a veces caen en manos de determinados grupos de presión, pero no del ciudadano de a pie. Esta transparencia selectiva que beneficia a partes privilegiadas profana la integridad del procedimiento vigente, dado que no se trata por igual a los ciudadanos.
La defensa de la integridad a través de la supervisión independiente frente a los conflictos de intereses
A fin de proteger la integridad de los cargos y el personal de las instituciones de la UE, es necesario tener las mejores normas posibles, que deben abarcar las actividades de los cargos y el personal tanto dentro como fuera de las instituciones de la UE, así como no solo durante su período de actividad profesional en estas, sino también posteriormente, por ejemplo implantando períodos de incompatibilidad en caso de que deseen hacer carrera en ámbitos que guarden estrecha relación con su trabajo institucional.
Un criterio importante para que el control de las normas sea eficaz es el de neutralidad. El Informe sobre la lucha contra la corrupción en la UE de 2014 sostiene que el factor fundamental para la eficacia de los organismos de lucha contra la corrupción es su independencia y afirma: «En algunos casos, cuando los organismos tenían un mandato claro, el liderazgo comprometido independiente fue el detonante que les permitió perseguir casos de corrupción de alto nivel» (p. 44), por lo que una lección que se puede extraer de los sistemas de integridad ya existentes es que se debe encargar el control de las normas de los cargos y el personal a terceros ajenos que sean neutrales. Este control independiente es el que ahora se ejerce en Estados miembros como Francia y Croacia. Se debe asimismo abordar la cuestión de los posibles conflictos de intereses en cuanto a la composición de los grupos de expertos y el control de la financiación de los partidos políticos europeos: los grupos de expertos no pueden permitir que intereses particulares participen directamente en la redacción de legislación que vaya a afectar a estos, y el Parlamento Europeo no debería controlar la financiación de aquellos partidos a los que pertenecen la mayoría de sus diputados.
La generación de confianza en las negociaciones comerciales gracias a la transparencia
Aún más que la política europea, la ciudadanía percibe como lejanas las negociaciones comerciales internacionales. Los acuerdos comerciales suelen ser vinculantes para la Unión Europea, lo que puede hacer difícil modificar estas decisiones cuando se producen cambios en las mayorías políticas o la opinión pública. Dado este gran alcance en las repercusiones de los acuerdos comerciales, con mayor motivo se han de exigir en tales negociaciones los niveles más elevados de transparencia y rendición de cuentas. Para rebatir la importancia de la transparencia en las negociaciones comerciales, se aduce que el secretismo puede facilitar que las negociaciones lleguen a buen puerto, pero, tal como muestran los ejemplos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se pueden concluir las negociaciones de tratados internacionales con pleno y libre acceso a los documentos, e incluso procedimientos, públicos. Dado que el descontento en cuanto a las negociaciones en curso sobre la ATCI y a la culminación del AECG va en aumento en toda Europa, sería aconsejable que tuviera lugar una adaptación de las buenas prácticas de la UE en pro de una mayor transparencia, responsabilidad e integridad en todas sus negociaciones comerciales.
La siguiente lista se elabora con carácter totalmente voluntario y bajo la exclusiva responsabilidad del ponente. El ponente ha recibido contribuciones de las siguientes organizaciones o personas durante la preparación del informe, hasta su aprobación en comisión:
Incluye, entre otras, Access Info Europe, FoEE, CEO, LobbyControl - 27.01.2016, 10.03.2016, 06.07.2016, 23.09.2016, 05.10.2016, 28.10.2016, 29.11.2016, 07.02.2017, 02.03.2017
Observatorio Europeo de las Empresas (CEO)
Consejo de los Colegios de Abogados de la Unión Europea (CCBE)
Asociación Europea de Consultoría en Asuntos Institucionales (EPACA)
Oficinas europeas conjuntas de las autoridades locales de Baviera, Baden-Württemberg y Sajonia
Amigos de la Tierra Europa (FoEE)
OPINIÓN de la Comisión de Comercio Internacional (11.12.2015)
sobre transparencia, responsabilidad e integridad en las instituciones de la UE
Ponente de opinión: Bernd Lange
1. Recuerda que el Tratado de la Unión Europea (TUE) marcó una nueva etapa en el proceso de creación de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, en la cual las decisiones se tomarían de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que fuera posible (artículo 1 del TUE); toma nota del intenso debate público que está teniendo lugar en toda Europa sobre las negociaciones comerciales en curso, y de la preocupación expresada por los ciudadanos europeos en relación con la definición de la política comercial de la UE; considera que, para garantizar la legitimidad de dicha política, es necesario trabajar por ofrecer más información sobre la política comercial y las negociaciones en curso y mejorar la forma en que los Estados miembros y la Comisión recaban los datos correspondientes y los comunican al público, sin olvidar el necesario equilibrio entre transparencia y eficacia; considera que los ciudadanos deberían poder comprender mejor la formulación de políticas y el funcionamiento interno de la administración de la UE (también en el seno de la Comisión de Comercio Internacional (INTA)); se felicita, por tanto, por la iniciativa de la Comisión en materia de transparencia y por la nueva estrategia «Comercio para todos» destinada, entre otras cosas, a lograr unas mayores cotas de transparencia en la política comercial;
2. Recuerda que, de conformidad con el artículo 12, letra f) del TUE, relativa al cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, se han creado varios instrumentos de cooperación para garantizar un control democrático eficaz de la legislación europea a todos los niveles; destaca que, para conseguir una mayor legitimidad (también con respecto a la redacción de las directrices de negociación), se precisa un compromiso más serio con la sociedad civil y los interlocutores sociales, acorde con la obligación de la UE de reconocer y promover el papel de los interlocutores sociales establecida en el artículo 152 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; subraya, a este respecto, la necesidad fundamental de adquirir compromisos efectivos con todas las partes interesadas a través de reuniones, sesiones informativas y otros actos, y de optimizar los grupos consultivos nacionales que participan en la aplicación de los acuerdos comerciales en vigor; pide a la Comisión que todas las consultas públicas sean más inclusivas;
3. Recomienda que los esfuerzos que la Comisión está realizando por aumentar la transparencia en todas las negociaciones comerciales presentes y futuras conlleven el fortalecimiento del mandato del Defensor del Pueblo Europeo como organismo de supervisión independiente;
4. Pide al Consejo y a la Comisión que adquieran un compromiso pleno y real con el Parlamento en relación con el principio de cooperación leal, proporcionando inmediatamente, a través de los canales pertinentes, información completa y precisa sobre la acción exterior de la Unión —incluida su política comercial común— por lo que respecta a la toma de decisiones y la aplicación del Derecho primario y del Derecho derivado; pide a la Comisión que tome plenamente en consideración las peticiones del Parlamento en relación con el acuerdo interinstitucional, en particular por lo que se refiere al establecimiento de un conjunto de criterios claros sobre la aplicación y ejecución provisionales de los acuerdos comerciales; pide al Consejo que acepte esos criterios y que vele por que la aplicación provisional de los acuerdos comerciales esté supeditada al consentimiento previo del Parlamento Europeo;
5. Recuerda que, de conformidad con el principio de cooperación leal, la Unión y sus Estados miembros deben respetarse y asistirse mutuamente en el cumplimiento de ciertas misiones (artículos 4 y 13 del TUE), lo que constituye una condición previa para que el Parlamento ejerza adecuadamente sus funciones legislativa y presupuestaria, así como las de control político y consultivas (artículo 14 del TUE); observa que, a diferencia de la Comisión, el Consejo no ha celebrado ningún acuerdo de cooperación interinstitucional —o un acuerdo equivalente— con el Parlamento, lo que obstaculiza en cierta medida el procedimiento de control;
6. Celebra que la Comisión INTA y la Dirección General de Comercio de la Comisión hayan estado colaborando activamente para aumentar la cooperación, establecer buenas prácticas y mejorar los canales de comunicación, y que esta colaboración haya resultado especialmente útil para realizar un seguimiento de las negociaciones comerciales mediante ponentes permanentes de la Comisión INTA y grupos de seguimiento específicos; destaca los esfuerzos realizados recientemente por la Comisión para reforzar la transparencia de las negociaciones comerciales; opina, no obstante, que el Consejo y la Comisión deben todavía mejorar sus métodos de trabajo para colaborar mejor con el Parlamento por lo que respecta al acceso a los documentos, la información y la toma de decisiones en el marco de todas las cuestiones y negociaciones relacionadas con la política comercial común (como la información relativa a las negociaciones —incluidos el alcance, los mandatos y la evolución de las negociaciones—, la naturaleza mixta o exclusiva de los acuerdos comerciales y su aplicación provisional, las actividades y decisiones de organismos creados en virtud de acuerdos comerciales o de inversión, las reuniones de expertos y los actos delegados y de ejecución); lamenta, a este respecto, que el Consejo no haya puesto a disposición de los diputados al Parlamento Europeo los mandatos de negociación para todos los acuerdos que se están negociando actualmente, pero celebra que, tras un año de negociaciones entre la Comisión y el Parlamento sobre el acceso a documentos relacionados con las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI), se haya alcanzado por fin un acuerdo para conceder acceso a todos los diputados, lo que convierte a las negociaciones de la ATCI en las más transparentes hasta la fecha; celebra, en este sentido, la intención de la Comisión de utilizar la iniciativa actual de transparencia sobre la ATCI como modelo para todas las negociaciones comerciales, como se indica en la estrategia comercial «Comercio para todos»; observa que el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 sobre el acceso del público a los documentos otorga al ciudadano de a pie muchos derechos en materia de acceso a los documentos, a veces incluso mayores que los de los diputados al Parlamento Europeo;
7. Destaca que, tal como señala el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), los imperativos de transparencia se derivan de la naturaleza democrática de la gobernanza en el seno de la UE, y que, cuando la información confidencial no está al alcance del público, como es el caso de las negociaciones comerciales, sí debe estar a disposición de los diputados, que examinan la política comercial en nombre de los ciudadanos; considera, por tanto, que el acceso a la información clasificada es esencial para que el Parlamento pueda desempeñar su cometido en materia de control, sin descuidar su obligación de gestionarla correctamente; opina que deben establecerse criterios claros para asignar a los documentos la categoría de «clasificados», y que estos deben desclasificarse en el momento en que su clasificación ya no sea necesaria; observa que, según la jurisprudencia del TJUE, cuando a un documento originado en una institución de la UE se le aplica una excepción al derecho de acceso público, la institución correspondiente debe exponer claramente las razones por las que el acceso al documento en cuestión podría menoscabar concreta y efectivamente el interés protegido por la excepción, y que este riesgo debe ser previsible y no meramente hipotético; pide a la Comisión que aplique las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo Europeo en julio de 2015 por lo que respecta especialmente al acceso a los documentos relativos a todas las negociaciones;
8. Considera que la UE debe tomar la iniciativa en la promoción de la transparencia de las negociaciones comerciales, no solo en lo que respecta a los procesos bilaterales sino también en lo que se refiere a los procesos plurilaterales y multilaterales cuando sea posible, con un nivel de transparencia no inferior al de las negociaciones organizadas en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC); destaca, no obstante, que la Comisión debe convencer a sus socios en las negociaciones para que, por su parte, refuercen también la transparencia, con el fin de asegurarse de que se trata de un proceso recíproco en el que no se verá comprometida la posición negociadora de la UE y de incluir el nivel de transparencia deseado en sus ejercicios de delimitación con posibles socios; destaca que una mayor transparencia redunda en interés de todos nuestros socios negociadores y partes interesadas en todo el mundo, y que este enfoque puede reforzar el apoyo global al comercio basado en normas;
9. Recuerda la importancia de que el proceso legislativo de la política comercial común se apoye en las estadísticas de la Unión de conformidad con el artículo 338, apartado 2, del TFUE y en evaluaciones de impacto de la sostenibilidad, respetando los más estrictos criterios de imparcialidad y fiabilidad, un principio que debería regir todas las revisiones pertinentes en el marco de la política «Legislar mejor» de la Comisión; considera que las evaluaciones de impacto por sectores conferirían una mayor fiabilidad y legitimidad a los acuerdos comerciales de la Unión;
10. Destaca que la Comisión debe promover los intereses generales de la Unión, estar dirigida por miembros escogidos por su competencia e independencia y abstenerse de todo acto incompatible con el carácter de sus funciones (artículo 17 del TUE); acoge con satisfacción las iniciativas destinadas a lograr una mayor transparencia, responsabilidad e integridad, incluidas las decisiones que la Comisión adoptó el 25 de noviembre de 2014 y el nuevo impulso dado al Registro de Transparencia, que debería ser obligatorio y vinculante para todas las instituciones, órganos, organismos y agencias de la UE; celebra que se siga reflexionando sobre cómo mejorar el actual Registro de Transparencia —el registro de los grupos de interés de la Unión— para seguir reforzando la transparencia y objetividad del proceso legislativo para los ciudadanos y las partes interesadas; pide, en este contexto, que el Parlamento coordine la acción para aumentar la transparencia en las instituciones por lo que respecta a las actividades de los grupos de presión, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos y otros grupos de interés especiales;
11. Cree firmemente que la transparencia, la integridad y el comportamiento ético, la responsabilidad y la buena gobernanza deben inspirar las iniciativas administrativas y políticas de la UE y formar parte de ellas, y considera que debe perseguirse un mayor compromiso y una labor coordinada a escala interinstitucional para alcanzar un alto nivel de integridad, y que, por ejemplo, la Comisión Europea no debe adoptar directrices sobre la aplicación de la legislación que sean contrarias a la posición del Parlamento Europeo y el Consejo;
12. Considera que, en última instancia, los ciudadanos juzgarán la credibilidad de la conducta ética de la UE en función de la coherencia de las iniciativas políticas de la Unión con sus normas administrativas internas; acoge favorablemente, en este mismo contexto, las normas internas de la UE en la lucha contra la corrupción y la protección de los denunciantes de irregularidades;
13. Cree que el Parlamento debe cooperar, de una manera más específica, con el TJUE, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Defensor del Pueblo Europeo y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude de la Comisión, a fin de que cada institución pueda informar a fondo a las otras acerca de la evolución de la política comercial común en el marco de sus respectivas competencias y responsabilidades.
OPINIÓN de la Comisión de Control Presupuestario (2.12.2015)
A. Considerando que la transparencia, la responsabilidad y la integridad son elementos fundamentales y complementarios a la hora de fomentar la buena gobernanza en las instituciones de la UE y garantizar una mayor apertura en el funcionamiento de la UE y su proceso de toma de decisiones;
B. Considerando que la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la UE es fundamental para la democracia, la buena gobernanza y la elaboración de políticas eficaces;
C. Considerando que es necesario reducir las lagunas en materia de responsabilidad dentro de la UE y avanzar hacia formas de control más colaborativas que combinen actividades de supervisión democrática, control y auditoría, ofreciendo al mismo tiempo una mayor transparencia;
D. Considerando que la corrupción tiene importantes consecuencias financieras y constituye una grave amenaza para la democracia, el Estado de Derecho y la inversión pública;
E. Considerando que la transparencia, la responsabilidad y la integridad deberían ser los principios rectores de la cultura de las instituciones de la UE;
1. Pide una mejora global en la prevención y la lucha contra la corrupción en el sector público, y especialmente en las instituciones de la UE, mediante un enfoque holístico, empezando por un mejor acceso a los documentos y unas normas más estrictas sobre los conflictos de intereses, apoyo al periodismo de investigación y a los organismos de vigilancia en materia de corrupción, la introducción o el refuerzo de registros de transparencia y la provisión de recursos suficientes para medidas policiales y judiciales, así como mediante una mejor cooperación entre los Estados miembros y con los terceros países pertinentes;
2. Pide a todas las instituciones de la UE que mejoren sus procedimientos y prácticas destinados a proteger los intereses financieros de la Unión y que contribuyan activamente a un proceso de aprobación de la gestión orientado a los resultados;
3. Subraya la necesidad de mejorar la integridad y el marco ético mediante una mejor aplicación de códigos de conducta y principios éticos, a fin de reforzar una cultura común y eficaz de integridad para todas las instituciones y agencias de la UE;
4. Defiende la creación de una estructura independiente para supervisar la aplicación de diversos códigos de conducta, con referencia a las normas éticas profesionales más exigentes posible, en el contexto del refuerzo del marco de responsabilidad del sector público y el funcionamiento de la administración gracias a unos mejores principios y estructuras en materia de gobernanza a todos los niveles;
5. Lamenta que el Consejo aún no haya adoptado un código de conducta; considera que todas las instituciones de la UE deben acordar un código de conducta común, que es indispensable para la transparencia, responsabilidad e integridad de estas instituciones; pide a las instituciones y los órganos de la UE que todavía no posean un código de conducta que elaboren este documento lo antes posible;
6. Pide a las instituciones de la UE que hayan introducido códigos de conducta, incluido el Parlamento, que aumenten sus medidas de aplicación, como el control de las declaraciones de intereses económicos;
7. Pide que todas las instituciones de la UE apliquen el artículo 16 del Estatuto de los funcionarios de la UE publicando anualmente información sobre altos funcionarios que han abandonado la administración de la UE, así como una lista de conflictos de intereses; pide que dicha estructura independiente evalúe la compatibilidad del empleo posterior al empleo en las instituciones de la UE o la situación en la que los funcionarios y los antiguos diputados al Parlamento Europeo pasan del sector público al privado (la cuestión de las «puertas giratorias»), así como la posibilidad de un conflicto de intereses, y que defina períodos de incompatibilidad claros —que cubran al menos el periodo durante el cual se conceden dietas transitorias—, durante los cuales los funcionarios y los diputados al Parlamento Europeo tengan la obligación de actuar con integridad y discreción o cumplir determinadas condiciones en el momento de asumir nuevas funciones; pide que dicha estructura esté compuesta por expertos independientes, ajenos a la institución, para que pueda llevar a cabo con total independencia las tareas que se le han encomendado;
8. Recuerda el principio general según el cual se presume la inocencia de toda persona hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a la ley;
9. Alienta a las instituciones y los órganos de la UE a aumentar la toma de conciencia respecto de la política en materia de conflicto de intereses entre los funcionarios, junto a las actividades de sensibilización en curso, y la inclusión de la integridad y la transparencia como aspectos que han de tratarse obligatoriamente durante los procedimientos de contratación y las conversaciones sobre resultados; considera que en la legislación sobre conflictos de intereses ha de hacerse una diferenciación entre representantes electos y titulares de cargos público; opina que en los Estados miembros también son necesarias normativas de este tipo en relación con los titulares de cargos públicos y los funcionarios que participan en la gestión y el control de subvenciones de la UE; insta a la Comisión a que presente un proyecto de fundamento jurídico sobre esta cuestión;
10. Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de aumentar la transparencia mediante la mejora de su sistema de grupos de expertos, especialmente por lo que se refiere al procedimiento de selección de expertos, a través del desarrollo de una nueva política de conflictos de intereses para los expertos designados a título personal, lo que conlleva la posibilidad de que el Parlamento ejerza un control directo sobre dichos nombramientos; toma nota de la obligación de que, cuando proceda, los expertos se inscriban en el registro de transparencia; insta, no obstante, a la Comisión a que, al elaborar enmiendas a las actuales normativas horizontales, tenga en cuenta las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo respecto a la composición de los grupos de expertos, así como las del estudio «Composición de los grupos de expertos de la Comisión y estatus del registro de grupos de expertos», a fin de esbozar un planteamiento más sistemático y transparente; pide que la Comisión entable un diálogo con el Parlamento antes de la aprobación formal de las normas, en especial por lo que respecta al próximo informe de las Comisiones de Control Presupuestario y Asuntos Jurídicos sobre esta cuestión; alienta a las agencias europeas a que consideren reformas similares;
11. Considera necesario tomar nuevas medidas para hacer frente a las cuestiones éticas relacionadas con la función política de los grupos de interés, sus prácticas y su influencia, y promover salvaguardias para la integridad, con el fin de elevar el grado de transparencia de las actividades de representación de intereses; propone la elaboración de una normativa común sobre las actividades de representación de intereses en las instituciones de la UE;
12. Considera que el nivel de transparencia debe incrementarse mediante la creación de una «huella legislativa» para los grupos de interés de la UE; pide que, a más tardar para 2006, se presente una propuesta que permita publicar todos los documentos relativos a cada paso del proceso de elaboración de la legislación y marque el paso definitivo de un registro de la UE voluntario a uno obligatorio para todas las actividades de representación de intereses en todas las instituciones de la UE;
13. Pide al Consejo que participe en el registro de transparencia de la UE;
14. Considera, en este contexto, que un registro obligatorio de la UE debe incluir disposiciones claras sobre el tipo de información que debe registrarse, es decir, información precisa y regularmente actualizada sobre la naturaleza de las actividades de representación de intereses / legales, junto con un registro detallado de los contactos y las aportaciones a la legislación de la UE y la elaboración de políticas; considera que debe contemplarse un sistema de sanciones en caso de abuso, bajo supervisión del Parlamento; pide a la Comisión que presente sin demora sus propuestas relativas a un registro obligatorio;
15. Pide que todas las instituciones de la UE que aún no lo han hecho adopten urgentemente normas internas relativas a las denuncias y evalúen la posibilidad de acordar un enfoque común respecto de las obligaciones que les incumben, centrado en la protección de los denunciantes; pide que se preste especial atención a la protección de los denunciantes en el contexto de la Directiva relativa a la protección de los secretos comerciales; pide a la Comisión que promueva una legislación sobre el nivel mínimo de protección de los denunciantes en la UE; insta a las instituciones a que modifiquen el Estatuto de los funcionarios con objeto de garantizar que este no solo obligue formalmente a los funcionarios a notificar irregularidades de todo tipo, sino que establezca también una protección adecuada para los denunciantes; pide a las instituciones que apliquen sin demora el artículo 22, letra c), del Estatuto de los funcionarios;
16. Pide a las instituciones y los órganos de la UE que apliquen estrictamente las medidas relativas a la discreción y la exclusión respecto de la contratación pública, con un control adecuado de los antecedentes en todos los casos, y que apliquen el criterio de exclusión con el fin de excluir a las empresas en caso de conflicto de intereses, algo que es fundamental para proteger los intereses económicos de la UE;
17. Considera que el procedimiento de aprobación de la gestión es un importante instrumento de la responsabilidad democrática para con los ciudadanos de la Unión; recuerda las repetidas dificultades que han surgido hasta la fecha en los procedimientos de aprobación de la gestión, debido a la falta de cooperación por parte del Consejo; insiste en que un ejercicio de control presupuestario eficaz y la responsabilidad democrática de la institución requieren la cooperación del Parlamento y el Consejo;
18. Insiste en que el Consejo debe rendir cuentas y practicar la transparencia, al igual que las demás instituciones;
19. Afirma que los informes anuales de las instituciones de la UE podrían desempeñar un papel importante en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, rendición de cuentas e integridad; insta a las instituciones de la UE a que incluyan un capítulo estándar sobre estos componentes en sus informes anuales;
20. Considera que el primer informe bienal de la Comisión sobre lucha contra la corrupción constituye un prometedor intento de comprender mejor la corrupción en todas sus dimensiones, ofrecer respuestas efectivas con miras a combatirla y preparar el camino para mejorar la responsabilidad de la esfera pública para con los ciudadanos de la UE; reitera, en este contexto, la importancia de la política de tolerancia cero de la UE en materia de fraude, corrupción y colusión; deplora, sin embargo, que en este informe no se incluyeran las políticas de lucha contra la corrupción de las propias instituciones de la UE;
21. Observa que el carácter complejo y multidimensional de la corrupción socava la democracia y el Estado de Derecho y obstaculiza y daña la economía, la credibilidad y la reputación de la UE (en particular, a través de las prácticas de ocultación y la presión para apartarse de los objetivos políticos iniciales o actuar de una manera determinada);
22. Pide que, en su segundo informe sobre lucha contra la corrupción, la Comisión lleve a cabo nuevos análisis tanto a nivel de las instituciones de la UE como de los Estados miembros sobre el entorno en que se aplican las políticas, con el fin de detectar factores críticos inherentes, ámbitos vulnerables y factores de riesgo conducentes a la corrupción;
23. Pide a la Comisión, a este respecto, que preste especial atención a la prevención de los conflictos de intereses, así como a los casos de corrupción en las agencias descentralizadas, que resultan particularmente vulnerables habida cuenta de que son relativamente desconocidas para el público y de que están repartidas por la UE;
24. Reitera su petición(1) de que, dos veces al año, la Comisión informe al Parlamento y al Consejo sobre la aplicación por parte de las instituciones de la UE de sus políticas internas en materia de lucha contra la corrupción, y aguarda con interés la publicación del próximo informe a principios de 2016; pide a la Comisión que añada un capítulo sobre los resultados obtenidos por las instituciones de la UE en la lucha contra la corrupción, y considera que los futuros informes sobre la lucha contra la corrupción abarquen también todos los órganos e instituciones de la UE;
25. Considera que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) es un actor fundamental en la lucha contra la corrupción, por lo que considera sumamente importante que la institución funcione de manera efectiva e independiente; recomienda que, de conformidad con el Reglamento de la OLAF, se conceda al Comité de Vigilancia de la OLAF acceso a toda la información necesarias para el desempeño efectivo de su mandato en relación con la supervisión de las actividades de la OLAF y que se le conceda independencia presupuestaria;
26. Pide que la UE solicite lo antes posible su ingreso en el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), y que se mantenga informado al Parlamento sobre el curso de esta solicitud;
27. Pide a la Comisión que cumpla sin demora sus obligaciones de información derivadas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción;
28. Alienta una mayor cooperación entre los Estados miembros con miras a intercambiar conocimientos técnicos y buenas prácticas, reforzar los acuerdos internacionales de cooperación judicial y policial y reunir a la UE, las Naciones Unidas, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y el Consejo de Europa para formular medidas coordinadas de lucha contra la corrupción.
29. Reconoce el importante papel de Europol y Eurojust en la lucha contra la delincuencia organizada, incluida la corrupción; opina que las agencias deben gozar de competencias adicionales para actuar en este ámbito, especialmente en los casos de carácter transnacional; recomienda que se confiera a la Fiscalía Europea (EPPO) un mandato que abarque la delincuencia organizada, incluida la lucha contra la corrupción; señala que se han de clarificar aún más las tareas y responsabilidades de la EPPO a fin de evitar un posible solapamiento de su labor con la de las autoridades nacionales.
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2015, sobre el Informe anual 2013 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE – Lucha contra el fraude (Textos Aprobados, P8_TA(2015)0062).
OPINIÓN de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (8.12.2015)
Ponente de opinión: Nessa Childers
1. Insiste, recordando su Resolución de 22 de octubre de 2014 sobre la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, en la necesidad de contar con un marco jurídicamente vinculante que sustituya a la Comunicación titulada «Marco para los grupos de expertos de la Comisión: normas horizontales y registro público»(1), con el fin de lograr una aplicación plena y coherente de las normas aplicables en todas las direcciones generales de la Comisión;
2. Hace hincapié en que el objetivo general de la política de investigación de la UE de establecer asociaciones público-privadas entre empresas y círculos académicos es contrario a la necesidad de los reguladores de la UE de contar con una investigación independiente sobre los productos industriales; pide a la Comisión que explore la posibilidad de establecer salvaguardias sistemáticas para evitar conflictos de intereses en el ámbito de la regulación de los productos industriales y la aplicación de las políticas;
3. Pide a la Comisión que se ocupe del conflicto de intereses estructural que existe actualmente en la evaluación de riesgos pública de los productos regulados, especialmente cuando la evaluación de esos productos se basa amplia o exclusivamente en estudios llevados a cabo por solicitantes o terceras partes pagadas por solicitantes, mientras que se suele menospreciar o rechazar la investigación independiente; insiste en que los productores deben seguir aportando estudios, repartiéndose los costes entre grandes empresas y pymes sobre la base de su cuota de mercado relativa para garantizar la equidad, pero todos los asesores deben estar obligados a tener plenamente en cuenta en su evaluación los estudios científicos independientes revisados por pares;
4. Acoge con satisfacción la inversión del sector privado en investigación y desarrollo; recuerda que la mayoría de los expertos ha participado en proyectos de investigación financiados por el sector privado; recuerda asimismo que la pericia es un recurso escaso al que deben poder acceder los grupos de expertos;
5. Pide a la Comisión que publique y difunda oportunamente convocatorias públicas de candidaturas para la selección de todos los miembros de los grupos de expertos, que imponga como condición el registro en el Registro de Transparencia, y que garantice el cumplimiento de las Directrices de la OCDE para la gestión de los conflictos de intereses en la administración pública y la debida diligencia en su control anual;
6. Alienta a la Comisión a que siga el ejemplo del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cree la categoría de «especialistas invitados» para poder recurrir a conocimientos especializados externos, y a que evite que entidades con conflictos de intereses reales, potenciales o manifiestos voten y redacten las prerrogativas de los miembros de los grupos de expertos;
7. Insta a todas las instituciones pertinentes de la UE a que apliquen el artículo 5, apartado 3, del Convenio marco de la OMS para el control del tabaco, que estipula que las Partes deben actuar de una manera que proteja las políticas relativas al control del tabaco contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera, de conformidad con las recomendaciones incluidas en las directrices al respecto; insta a la Comisión a que publique una evaluación del acuerdo firmado con Philip Morris Internacional (PMI) y de los acuerdos con otras tabacaleras, así como una evaluación del impacto sobre la aplicación del Convenio marco citado; manifiesta su decepción ante los mensajes electrónicos intercambiados entre la Comisión y British American Tobacco que se han publicado recientemente pero en una versión considerablemente censurada;
8. Expresa su convencimiento de que el acuerdo PMI no debe negociarse hasta que se celebre un debate público y transparente tras la publicación de la evaluación de dicho acuerdo; pide a la Comisión que explore las alternativas existentes;
9. Considera que, en ausencia de la evaluación del impacto de la Comisión que debería haberse presentado, un Acuerdo contra el contrabando y la falsificación renovado con la industria tabacalera es un instrumento adecuado para hacer frente al tráfico ilícito de tabaco, especialmente habida cuenta del artículo 15 de la Directiva sobre los productos del tabaco y del Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco de la OMS, adoptado por las Partes en el Convenio marco de la OMS;
10. Hace hincapié en la necesidad de prever un sistema de seguimiento y localización para el contrabando de cigarrillos que sea independiente de la industria tabacalera, en consonancia con el artículo 8, apartado 2, del Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco de la OMS, habida cuenta especialmente de que los cigarrillos de contrabando requisados no se someten a una evaluación en laboratorios independientes y del interés tradicional del sector en considerar el tabaco requisado contrabando con arreglo a lo previsto en el Acuerdo contra el contrabando y la falsificación, con la consiguiente pérdida de ingresos aduaneros para la Unión;
Cuestiones relacionadas con las actividades de los grupos de presión
11. Pide a la Comisión que garantice el acceso público a la información sobre las actividades de los grupos de presión con el fin de mejorar la transparencia y la integridad del proceso de toma de decisiones en las instituciones de la UE; considera que el acceso público a la información sobre las actividades de los grupos de presión es un derecho esencial de los ciudadanos de la UE y es necesario para una práctica democrática correcta;
12. Pide a las instituciones de la UE y a su personal, así como a las agencias, que se abstengan de invitar a grupos de presión no registrados a sus audiencias y a otros actos oficiales; pide que se incluya el equipo de negociación de la Comisión para la ATCI en esas disposiciones;
13. Pide a las instituciones de la UE que creen un repositorio de todos los documentos de posición presentados por las partes interesadas al que se pueda acceder públicamente en internet y prevean la obligación de que todos los grupos de presión registrados presenten simultáneamente, para su inclusión en ese repositorio, una copia de todos los documentos de posición que envíen a los diputados o al personal de las instituciones;
14. Considera que, en un momento en el que está aumentando el euroescepticismo, resulta fundamental reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la UE y en quienes las dirigen, y que es sumamente importante lograr un compromiso firme en pro de la transparencia, garantizar la integridad de las instituciones y luchar contra la corrupción;
15. Recuerda que una encuesta del Eurobarómetro de 2014 reveló que el 70 % de los ciudadanos de la UE considera que dentro de las instituciones de la UE existe corrupción, e insta por tanto a las instituciones a que hagan frente urgentemente a esta falta de confianza de los ciudadanos;
16. Pide a la Comisión, en particular, que revise su Comunicación de 2002 sobre los principios generales y las normas mínimas para la consulta de la Comisión a las partes interesadas(2);
17. Pide al presidente de la Comisión que amplíe las nuevas medidas de transparencia para comisarios y directores generales a otros altos funcionarios de la UE que participen muy activamente en el proceso legislativo y se reúnan regularmente con las partes interesadas pertinentes, como los jefes de unidad;
18. Recuerda que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea garantiza a los ciudadanos el derecho a acceder a los documentos públicos, y lamenta que uno de los problemas más frecuentes de las instituciones de la UE en materia de transparencia sea precisamente su negativa a dar acceso a documentos e información;
19. Pide a la Comisión que examine opciones que incluyan los actos legislativos y los acuerdos institucionales y administrativos, y que tome medidas concretas para crear un marco destinado a mejorar la gobernanza y a representar explícitamente a las futuras generaciones con el fin de integrar más adecuadamente sus derechos en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas a escala europea;
20. Hace hincapié en que la Comisión debe reforzar la integridad del uso que hace del asesoramiento científico, particularmente recurriendo a la información más objetiva y fiable disponible y no buscando el equilibrio político;
21. Pide a la Comisión que simplifique el acceso a la información y garantice una mayor transparencia en la aplicación de las disposiciones en materia de excepciones establecidas en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 1049/2001;
22. Recomienda firmemente un período de reflexión de cinco años en relación con los intereses comerciales como condición previa para que los expertos candidatos puedan participar como miembros titulares en los grupos de expertos científicos encargados de la redacción de informes y la toma de decisiones;
23. Celebra la decisión de la Comisión de obligar a los comisarios a publicar la información relativa a las reuniones que ellos mismos y los miembros de sus gabinetes mantienen con organizaciones o personas que trabajan por cuenta propia sobre cuestiones relacionadas con la elaboración y la aplicación de las políticas de la Unión;
24. Pide a la Comisión que garantice el acceso a los documentos y la información relativos a los escritos de requerimiento emitidos y los procedimientos de infracción incoados contra los Estados miembros y a la ejecución de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea;
25. Reconoce y valora los esfuerzos de la Comisión por imprimir una mayor transparencia a las negociaciones de la ATCI, y pide a la Comisión que intensifique esos esfuerzos y permita que todos los diputados al Parlamento Europeo accedan fácilmente a los textos de las negociaciones;
26. Insta al vicepresidente de la Comisión responsable de Mejora de la Legislación, Relaciones Interinstitucionales, Estado de Derecho y Carta de los Derechos Fundamentales a que mantenga su promesa y presente sin demora propuestas para la elaboración de un acuerdo interinstitucional sobre un Registro de Transparencia obligatorio que incluya mecanismos de sanción adecuados para las organizaciones que no respeten las normas; pide al Consejo que, como colegislador de la Unión, respete el Registro de Transparencia;
27. Sugiere que, con el fin de resolver los problemas derivados de la eliminación selectiva de los resultados de investigación desfavorables, se fije como requisito para la aportación a los procesos reglamentarios y normativos el registro previo de los estudios y ensayos científicos, indicando el ámbito y la fecha de finalización prevista;
28. Manifiesta su preocupación, desde la perspectiva de su función de protector de la integridad de la toma de decisiones pública, por algunas prácticas engañosas en el registro de los intereses económicos en los grupos de expertos, que distorsionan el número de esos intereses representado en términos tanto absolutos como relativos, así como por el desequilibrio que existe con respecto a los intereses no económicos o políticos;
29. Insta a la Comisión a que garantice que las consultas contienen preguntas abiertas que lleven a un debate sustancial sobre las posibles políticas y no pretendan simplemente confirmar las direcciones u opciones políticas que ya se han elegido; pide a la Comisión que garantice una participación equilibrada en las consultas teniendo presente la diversidad de partes interesadas;
30. Considera que, con el fin de garantizar una verdadera participación equilibrada, al publicar las convocatorias de candidaturas deben hacerse esfuerzos especiales para llegar a los diferentes sectores de conocimientos especializados pertinentes, tanto del ámbito científico como de la sociedad civil;
31. Celebra que la Comisión haya anunciado una revisión de la clasificación de los miembros de los grupos de expertos en el Registro de Grupos de Expertos; considera que en esta operación se debe armonizar la categorización de los miembros con la aplicada en el Registro de Transparencia;
32. Pide a la Comisión que adopte medidas y sanciones jurídicamente vinculantes para garantizar que la pertenencia a grupos de expertos y a entidades similares que se encargan de proporcionarle asesoramiento se equilibre de forma precisa y constante, teniendo debidamente en cuenta el nivel de pericia de los participantes y la experiencia reciente en los asuntos que se debaten, y se clasifique con arreglo a la naturaleza de los intereses representados por los miembros, en consonancia con las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo en el marco de la investigación por iniciativa propia OI/6/2014/NF;
33. Considera que el nivel general de divulgación de los trabajos y las deliberaciones de los grupos de expertos es insuficiente; pide a la Comisión que garantice que se facilita información más detallada de forma oportuna y agregada, especialmente por lo que respecta a los subgrupos; insta a la Comisión a que publique las declaraciones de intereses de los expertos y las actas de las reuniones de los grupos de expertos en su sitio web;
34. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de introducir nuevas disposiciones sobre los conflictos de intereses de las personas nombradas miembros de grupos de expertos a título personal; hace hincapié en la necesidad de que todos los expertos presenten una declaración de intereses para su publicación en el Registro de Grupos de Expertos;
35. Pide a la Comisión que supervise la independencia de los expertos durante todo su mandato, dado que pueden surgir nuevos intereses económicos a lo largo de ese periodo de tiempo;
36. Reconoce que los grupos de expertos deben tener acceso a los mejores conocimientos científicos especializados disponibles;
37. Considera que el requisito de disponer de conocimientos técnicos sumamente específicos no es un motivo válido para obviar una convocatoria de candidaturas;
38. Destaca la necesidad de contar con expertos independientes en las agencias de la UE y de que se conceda una mayor importancia a la eliminación de los conflictos de intereses dentro de los grupos de expertos de las agencias;
39. Subraya la necesidad de que las agencias basen sus decisiones en los mejores datos disponibles; recuerda que el rigor científico se garantiza mediante el proceso de revisión inter pares y la transparencia y la reproducibilidad de los resultados;
40. Hace hincapié, en aras de un asesoramiento científico sólido e independiente para la elaboración de políticas, en la importancia de disponer de suficientes recursos para el desarrollo de una pericia interna dentro de las agencias especializadas de la UE, incluida la oportunidad de realizar investigaciones y ensayos que se puedan publicar, de modo que se fomente el atractivo de las funciones de asesoramiento reglamentario en el servicio público sin necesidad de que los científicos interrumpan sus carreras académicas;
41. Insiste en que todos los datos utilizados por las agencias para llegar a una conclusión científica determinada deben publicarse en un formato de lectura automática con el fin de permitir un seguimiento científico y un progreso constante; insiste en que, si bien debe respetarse la privacidad individual, no debe permitirse que las cláusulas de confidencialidad comercial y la legislación sobre secretos comerciales obstaculicen la divulgación de los datos; pide a la Comisión que supervise estrechamente la aplicación adecuada de la divulgación de los datos;
42. Pide a las instituciones de la UE que garanticen que las agencias disponen de los medios necesarios para ejercer sus funciones; recuerda que, actualmente, los expertos que trabajan para varias agencias no reciben remuneración por su trabajo, a pesar de la importancia estratégica de su contribución para la salud pública y la protección del medio ambiente;
43. Destaca, por lo que se refiere a las agencias de la UE, que es inadecuado depender de las autoevaluaciones realizadas por los candidatos a miembros de grupos de expertos y comités científicos con el fin de detectar posibles conflictos de intereses; anima a las agencias de la UE a que establezcan un sistema de verificaciones proactivas;
44. Destaca que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) debe garantizar la máxima transparencia en el acceso a los informes clínicos, y acoge favorablemente su decisión de publicar de forma proactiva los informes sobre los ensayos clínicos que respaldan sus decisiones sobre los distintos medicamentos;
45. Insta a las agencias de la UE a que se sigan esforzando por aplicar criterios y procedimientos estrictos para garantizar la independencia de sus grupos de expertos científicos respecto de los sectores económicos y no económicos afectados por sus deliberaciones y de la influencia política de quienes tienen un programa específico sobre el asunto de que se trate, con el fin de evitar como es debido los conflictos de intereses, y hace especial hincapié en la opción de recurrir a la categoría de «especialistas invitados» para poder recibir aportaciones de expertos que están vinculados a sectores regulados pero que están inhabilitados para la redacción de informes o la toma de decisiones en el marco de dictámenes científicos;
Cuestiones relacionadas con el Parlamento Europeo
46. Felicita a su propio Servicio de Estudios por la elevada calidad de su trabajo; destaca la necesidad de destinar más recursos a este servicio y de garantizar en mayor medida su independencia administrativa al servicio del interés público;
47. Manifiesta su intención de examinar la posibilidad de crear una base de datos abierta, que permita realizar búsquedas, que contenga las declaraciones de intereses de los diputados al PE, con miras a una mayor transparencia y un mayor control por parte de la sociedad civil;
48. Pide a las instituciones de la UE que adopten medidas para instaurar o mejorar la práctica de los plazos mínimos de reflexión para altos funcionarios de la UE y diputados al PE, aplicables antes de que antiguos funcionarios públicos o representantes electos puedan ocupar puestos de presión que puedan crear o dar la impresión de crear conflictos de intereses, de manera que no se den casos de «puertas giratorias»; pide que, entretanto, se publiquen los nombres de antiguos altos funcionarios de la UE o diputados al PE que hayan abandonado sus instituciones y estén trabajando al servicio de intereses privados.
Comunicación C (2010)7649 de 10.11.2010.
COM(2002)0704 de 11.12.2002.
OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Jurídicos (5.2.2016)
1. Hace hincapié en la gran importancia que reviste el refuerzo de la legitimidad, de la rendición de cuentas y de la eficacia de las instituciones de la UE, así como del nivel de confianza entre los ciudadanos de la UE, y considera que, para lograr este objetivo, es fundamental establecer unas normas de buena administración de la UE que permitan dar una respuesta rápida, clara y visible a las preocupaciones de los ciudadanos;
2. Subraya que, aunque el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece el derecho a una buena administración, por el que todas las personas tienen derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable, y también incluye el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual, el derecho a acceder a los expedientes dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial y la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones, la falta de un conjunto coherente y exhaustivo de normas codificadas de Derecho administrativo dificulta la comprensión por parte de los ciudadanos de sus derechos administrativos en virtud del Derecho de la Unión, lo que les impide poder beneficiarse plenamente de esos derechos y acceder a ellos con facilidad; considera que la transparencia resulta indispensable para que los ciudadanos entiendan mejor el proceso de toma de decisiones en la Unión, así como para aumentar su confianza en las instituciones de la UE;
3. Considera que una legislación europea sobre procedimientos administrativos aplicable a las instituciones, órganos y organismos de la UE en sus relaciones con el público contribuiría al logro de un nivel elevado de transparencia y de rendición de cuentas, aumentaría la confianza de los ciudadanos en una administración de la UE abierta, eficaz e independiente por lo que respecta a sus derechos y reforzaría sus derechos procesales frente a las instituciones de la UE;
4. Recuerda, en este sentido, que, en su Resolución de 15 de enero de 2013, aprobada por una mayoría aplastante, el Parlamento pidió la adopción de un Reglamento sobre una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea; lamenta que la Comisión no haya tomado ninguna medida al respecto; pide nuevamente a la Comisión que presente una propuesta con una serie de normas claras y vinculantes para la administración de la UE sobre la base del artículo 298 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que prevé apertura, eficacia e independencia para dicha administración, así como en virtud de los principios generales del Derecho de la UE según se especifican en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); recuerda que, según lo previsto en el artículo 10, apartado 3, y en el artículo 11, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE), así como en el artículo 15 del TFUE, la transparencia constituye el fundamento democrático de la Unión Europea;
5. Considera que el Parlamento y el Consejo deben aceptar obligaciones más amplias en materia de transparencia, en particular por lo que respecta a los diálogos tripartitos y los procedimientos de conciliación; recuerda la necesidad de reforzar la transparencia de las negociaciones legislativas y hace hincapié en la importancia de publicar el progreso realizado en las negociaciones tras cada diálogo tripartito, así como de optar por un mandato plenario para el equipo de negociación del Parlamento con el fin de mejorar la transparencia en los acuerdos en primera lectura, alcanzados normalmente en los diálogos tripartitos;
6. Considera que una cultura proactiva de transparencia que promueva el Estado de Derecho precisa de mecanismos claros y eficaces para la prevención y la gestión de conflictos de intereses en el seno de las instituciones y órganos consultivos de la UE; lamenta, a este respecto, la falta de un código de conducta común para el Consejo Europeo, lo que hace difícil evaluar si se preserva la integridad y se sanciona una posible conducta indebida, y pide al Consejo Europeo que introduzca unas normas exhaustivas en materia de integridad para su presidente y su gabinete; insta al Consejo a que revise su política de acceso a los documentos y la adapte a la disposición correspondiente de la Carta de los Derechos Fundamentales.
7. Recuerda la importancia del acceso a los documentos, por lo que pide una reforma ambiciosa del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 y lamenta el punto muerto en el que se encuentra la revisión en el Consejo; toma nota de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, especialmente de los asuntos C-39/05 P y C-52/05 P, en los que el Tribunal ha establecido una diferencia entre los documentos de procedimientos legislativos y los de procedimientos administrativos al examinar los requisitos que rigen la publicación de documentos en el marco del procedimiento legislativo; recuerda que, al concederse acceso a los documentos, deben respetarse las normas sobre protección de datos;
8. Destaca que, en el marco de los trabajos por una mayor transparencia de las instituciones de la UE, también debe llevarse a cabo una revisión del código de conducta del Parlamento Europeo; considera que esta revisión debe incluir obligatoriamente la prohibición del ejercicio, por parte de los diputados al Parlamento Europeo, de actividades profesionales paralelas que puedan generar, sin lugar a dudas, un conflicto de intereses; observa asimismo que, para evitar los conflictos de intereses, se ha de prohibir terminantemente la remuneración de los colaboradores de los diputados al Parlamento Europeo por parte de representantes de grupos de interés;
9. Lamenta la falta de control de la integridad y/o los intereses financieros de los representantes nacionales en el Consejo de la Unión Europea, y de su Presidencia, e insta al Consejo a que introduzca un código ético específico, con sanciones incluidas, que aborde los riesgos concretos que afectan a los delegados nacionales;
10. Pide al Consejo que adopte códigos de conducta exhaustivos, que aborden los conflictos de intereses y prevean herramientas eficaces para prevenir y sancionar los comportamientos inadecuados, destinados a los miembros y el personal de los dos órganos consultivos de la UE, a saber, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo;
11. Pide a las agencias de la UE que adopten directrices para la elaboración de una política coherente en materia de prevención y gestión de conflictos de intereses dirigida a los miembros de los consejos de administración y a los directores, a los expertos de los comités científicos y a los miembros de salas de recursos, así como que adopten y apliquen una política clara en materia de conflictos de intereses, en virtud de lo previsto en la hoja de ruta para el seguimiento del Planteamiento Común aplicado a las agencias descentralizadas de la UE;
12. Propone una comprobación, no solo formal, sino también de fondo, por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo de las declaraciones de intereses financieros de los comisarios propuestos, de modo que puedan evitarse posibles conflictos de intereses; se congratula de que el Defensor del Pueblo Europeo haya pedido a la Comisión Europea que refuerce sus procesos de análisis de los casos de «puertas giratorias» con vistas a evitar conflictos de intereses; pide en concreto que se aplique plenamente el artículo 16 del Estatuto de los funcionarios; recuerda que el Parlamento, en su Resolución, de 8 de septiembre de 2015, sobre los procedimientos y las prácticas relativos a las audiencias de los comisarios: lecciones del procedimiento de 2014(1), expresó su opinión de que «la confirmación por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la inexistencia de conflictos de intereses, basándose en un análisis sustancial de las declaraciones de intereses económicos, es un requisito previo indispensable para que se celebre la audiencia de la comisión competente» (apartado 4), y, por consiguiente, la Comisión de Asuntos Jurídicos debe establecer algunas pautas «en forma de recomendación o informe de propia iniciativa, con el fin de facilitar el proceso de reforma de los procedimientos relativos a las declaraciones de intereses de los comisarios» (apartado 13);
13. Está convencido de que, en las relaciones con los representantes de los grupos de interés, la introducción de un registro de transparencia vinculante con la participación de la Comisión, el Consejo y el Parlamento es indispensable para conseguir un nivel mínimo de transparencia legislativa;
14. Considera, por último, que una protección eficaz de los denunciantes de irregularidades contribuiría tanto al interés público como a la responsabilidad democrática en las instituciones europeas; pide a la Comisión que elabore un marco normativo específico para dichos denunciantes, con el fin de preservar la confidencialidad de su identidad y protegerlos de todas las formas de represalia; recuerda que el Parlamento ha pedido a la Comisión que estudie la posibilidad de crear un programa europeo de protección de los denunciantes y acoge con satisfacción la investigación del Defensor del Pueblo Europeo sobre el cumplimiento por parte de las instituciones de la UE de su obligación de dotarse de normas internas sobre la denuncia de irregularidades; señala la conclusión del Defensor del Pueblo de que la mayoría de las instituciones de la UE aún no han aplicado correctamente las normas sobre la protección de los denunciantes, tal como se solicitó a raíz de la reforma del Estatuto de los funcionarios en 2014; pide que todas las instituciones de la UE que aún no lo hayan hecho adopten urgentemente normas internas relativas a la denuncia de irregularidades y que acuerden un enfoque común respecto de las obligaciones que les incumben.
Textos Aprobados, P8_TA(2015)0287.
OPINIÓN de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (18.2.2016)
1. Celebra que la Comisión haya anunciado su intención de presentar en 2016 una propuesta de acuerdo interinstitucional para revisar el Registro de Transparencia de los representantes de los grupos de interés; insiste en que en la consulta que preceda a esa propuesta se tengan en cuenta de forma equilibrada los distintos puntos de vista expresados; considera que debe elevarse el nivel de transparencia mediante la creación de un registro obligatorio de la Unión;
2. Pide el uso, con carácter voluntario, de una huella legislativa de los grupos de interés de la Unión; apunta, a este respecto, a la posibilidad de incluir anexos en las propuestas de la Comisión y en los informes del Parlamento en los que se indique claramente qué grupos de interés han influido sustancialmente en el texto de las propuestas e informes; alienta a los diputados al Parlamento Europeo y a los representantes del Consejo a que publiquen voluntariamente información sobre sus reuniones con las partes interesadas, como es práctica habitual en la Comisión;
3. Pide a las instituciones europeas que hayan establecido códigos de conducta, incluido el Parlamento, que intensifiquen sus medidas de seguimiento y aplicación, como el control de las declaraciones de intereses económicos; señala, a este respecto, que los organismos encargados del seguimiento y de las sanciones deben ser políticamente independientes;
4. Aplaude la voluntad de la Comisión de publicar cada dos años un informe acerca de la situación en materia de corrupción en la Unión; pide a la Comisión que presente sin demora un apéndice a su primer informe sobre la lucha contra la corrupción en el que describa pormenorizadamente la situación dentro de las instituciones de la UE a este respecto;
5. Pide a la Comisión que, para garantizar la observancia de las normas anticorrupción del Consejo de Europa por parte de las instituciones, prosiga con las conversaciones encaminadas a la adhesión de la Unión al Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) con el fin de elaborar un calendario provisional para dicha adhesión;
6. Lamenta los escasos progresos alcanzados en la protección de los denunciantes de irregularidades y los periodistas, que pueden desempeñar un papel importante en la lucha contra la corrupción; lamenta asimismo, por tanto, que la Comisión no haya atendido la solicitud del Parlamento Europeo de examinar la posibilidad de establecer un programa europeo global para la protección de los denunciantes; pide a la Comisión que presente una comunicación sobre esta cuestión antes de acabar 2016 basándose en una evaluación de la situación de las normas nacionales sobre denunciantes, y que considere un posible plan para establecer normas mínimas en la materia;
7. Lamenta asimismo la falta de avances a la hora de luchar contra el abuso de las leyes sobre difamación para intimidar a periodistas y a otras personas que investigan casos de corrupción; pide, en particular, que la Comisión inicie un debate sobre normas que favorezcan la revocación de sanciones penales en caso de difamación en los Estados miembros;
8. Considera que una Fiscalía Europea independiente y fuerte, con competencias y responsabilidades claramente definidas, contribuirá a luchar contra las infracciones que perjudican a los intereses financieros de la Unión y a investigar, acusar y llevar a juicio a los autores de tales infracciones; considera que escoger una solución menos rigurosa sería perjudicial para el presupuesto de la Unión; anima al Consejo a que dé un nuevo impulso a las negociaciones sobre la Directiva PIF (protección de los intereses financieros) a fin de reforzar el marco legal existente y aumentar la eficacia de la protección de los intereses financieros de la Unión;
9. Lamenta que la revisión del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 relativo al acceso público a los documentos esté bloqueada en el Consejo; insta al Consejo a adoptar una postura constructiva, teniendo en cuenta la Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 15 de diciembre de 2011 y las exigencias del Tratado de Lisboa; observa que son escasas las recomendaciones del Parlamento en materia de transparencia y acceso a los documentos que han sido llevadas a la práctica; recuerda que la transparencia aumenta la confianza pública en las instituciones de la Unión, ya que permite a los ciudadanos estar informados acerca del proceso de toma de decisiones de la Unión; considera que debe informarse a los ciudadanos de forma correcta y con prontitud; reitera, por tanto, que la transparencia de la administración de la Unión y de su proceso legislativo es fundamental para la legitimidad de la legislación y las políticas de la Unión; hace hincapié en que la transparencia es una piedra angular de la iniciativa «legislar mejor»;
10. Reitera su recomendación de que cada institución u órgano de la Unión designe de entre sus estructuras de gestión existentes a un delegado de transparencia que se encargue de velar por el cumplimiento de la normativa;
11. Recuerda la necesidad de reforzar la transparencia de las negociaciones legislativas, incluidos los diálogos tripartitos; señala, por tanto, que se debe incrementar su transparencia informándose a la comisión parlamentaria competente acerca del avance de las negociaciones en los diálogos tripartitos; señala en particular que, de conformidad con el artículo 73, apartado 4, del Reglamento del Parlamento, tras cada diálogo tripartito el equipo negociador debe informar a la comisión parlamentaria competente y facilitarle documentos que reflejen el resultado de dicho diálogo; pide, por tanto, que tanto el informe oral como los documentos contengan información pormenorizada sobre la situación de las negociaciones del diálogo tripartito; pide, además, que se ponga a disposición del público una lista con las fechas de las reuniones de los diálogos tripartitos y los nombres de los participantes;
12. Destaca la importancia de prever un plazo adecuado entre el logro de un acuerdo final en los diálogos tripartitos y la votación de confirmación en la comisión competente, de modo que los miembros de esta tengan ocasión de leer el texto y debatirlo dentro de sus grupos políticos antes de la votación final en comisión;
13. Pide una mayor transparencia en las agencias de la Unión y en sus relaciones con otros órganos de la Unión; subraya la importancia de la transparencia en los procesos de designación, elección o nombramiento de los representantes de las agencias, especialmente en aquellos casos en que interviene el Parlamento;
14. Considera que el primer informe bienal de la Comisión sobre lucha contra la corrupción constituyó un prometedor intento de supervisar la corrupción en los Estados miembros; pide a la Comisión que incluya un análisis de los riesgos de corrupción en las instituciones de la Unión en el próximo informe para 2016, junto con una sinopsis de los principales problemas de corrupción en los Estados miembros, las recomendaciones para abordarlos y las medidas de seguimiento que ha de adoptar la Comisión, teniendo específicamente en cuenta el perjuicio que las actividades corruptas causan en el funcionamiento del mercado interior.
Correcciones de la votación final e intenciones de voto

References: artículo 1
 artículo 9
 artículo 15
 artículo 42
 Resolución 
 artículo 352
 artículo 15
 artículo 11
 artículo 4
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 338
 Resolución 
 artículo 226
 Resolución 
 artículo 10
 artículo 12
 artículo 152
 artículo 338
 artículo 16
 artículo 22

Resolución 
 Resolución 
 artículo 5
 artículo 15
 artículo 8
 artículo 4
 artículo 41
 Resolución 
 artículo 298
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 73