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Timestamp: 2017-06-25 22:17:57+00:00

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[Sentencia C-0829-13] – Constitucionalidad Ley 1591 de 2012 – Convenio – Responsabilidad Internacional – Daños causados por objetos espaciales | laboralparatodos.com
[Sentencia C-0829-13] – Constitucionalidad Ley 1591 de 2012 – Convenio – Responsabilidad Internacional – Daños causados por objetos espaciales
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Referencia: expediente LAT – 403
Revisión de Constitucionalidad: de la Ley 1591 de noviembre 20 de 2012 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la Responsabilidad Internacional de daños causados por objetos espaciales, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972.” Magistrado ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
El texto del “Convenio sobre la Responsabilidad Internacional de daños causados por objetos espaciales”, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972 y su Ley aprobatoria 1591 del 20 de noviembre de 2012, se incorporan como Anexos de esta sentencia. 2. Intervenciones. 2.1. Ministerio de Relaciones Exteriores. Dado el cumplimiento de los requisitos formales previstos en la Constitución Política para su suscripción y aprobación legislativa, y en razón de que el contenido del mismo consulta los principios y postulados que gobiernan al Estado colombiano y a su política exterior, considera que la Corte debe declarar exequible el instrumento internacional a la par con la ley aprobatoria numero 1591 de 2012. 2.2. Ministerio de Defensa Nacional. Previas las consideraciones relativas a la soberanía sobre la órbita geoestacionaria, considera que la Corte debe declarar exequible el Convenio y su ley aprobatoria, condicionada a que el Presidente de la República consigne una declaración interpretativa en la que se declare que el Estado colombiano reafirma que el segmento de la orbita geoestacionaria que le corresponde, forma parte del territorio colombiano, según lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Constitución Política y que ninguna norma de tratados, convenios o enmiendas podrá ser contraria a los derechos reclamados por los Estados ecuatoriales al respecto, ni podrá ser interpretada en contra de tales derechos. 2.3. Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Debe la Corte declarar la exequibilidad de la Ley 1591 de noviembre 20 de 2012 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la Responsabilidad Internacional de daños causados por objetos espaciales, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972”, por cuanto en sus aspectos formales y materiales cumple con los preceptos constitucionales y el régimen jurídico internacional vigente. 2.4. Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia. Propugna por su exequibilidad de la Ley 1591 de noviembre 20 de 2012 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la Responsabilidad Internacional de daños causados por objetos espaciales, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972”, tras considerar que el convenio bajo estudio no riñe con las normas constitucionales y se ajustan a los artículos 9 y 224 C.P.
2.5. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM-. Considera que el Convenio debe ser declarado exequible, por cuanto reúne en su componente técnico todas las estipulaciones pertinentes y es de gran relevancia para el país, que se encuentra actualmente en el proceso de adquisición y puesta en órbita de un satélite de observación de la tierra. 2.6. Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. La adhesión de Colombia al “Convenio sobre la Responsabilidad Internacional de daños causados por objetos espaciales” es necesaria y altamente conveniente para el país y no se advierte en su texto o en su trámite aspecto alguno que riña con la Constitución Política, por lo que debe ser declarada exequible junto con su ley aprobatoria.
2.7. Universidad de los Andes. El Convenio y su ley aprobatoria deben ser declarados exequibles, por cuanto no contiene disposiciones que contravengan en lo absoluto la Constitución, y por el contrario, su objeto es regular el régimen de atribución de responsabilidades en favor de las víctimas de daños ocasionados por objetos espaciales, cuyo reconocimiento es importante para Colombia, pues complementa aquellas relaciones que pueda tener con otros Estados, ya sea como sujetos activos o pasivos de un daño por responsabilidad espacial. Frente al artículo 101 constitucional, que trata el asunto de la órbita de los satélites geoestacionarios, el convenio no tiene contenido alguno que se refiera a la misma, pues se enfoca en las responsabilidades que pueden derivarse de los daños causados por cualquier objeto espacial, en cualquier orbita, en la tierra y en el espacio aéreo. 2.8. Universidad Sergio Arboleda. La Corte debe declarar exequible el Convenio y su ley aprobatoria, mediante la reinterpretación del artículo 101 constitucional, a la luz del principio consuetudinario de no apropiación del espacio ultraterrestre por parte de los Estados. En caso contrario, podría considerarse que el convenio es exequible de manera condicionada, imponiendo al Presidente de la República, la obligación de realizar una declaración interpretativa frente al artículo 101 constitucional, que considera la orbita geoestacionaria como parte del territorio Colombiano.
2.9. Universidad Nacional de Colombia. No encuentra reparos frente a la formación material de la ley, que conlleve su inexequibilidad. Frente a su contenido material, si es el Estado colombiano el que irroga el perjuicio, su responsabilidad patrimonial internacional surge del artículo 90 constitucional, que establece ésta se origina en i) la acción u omisión de las autoridades públicas; ii) que ese comportamiento produzca un daño antijurídico y iii) que este sea imputable al mismo Estado. No obstante encuentra que la convención carece de la segunda exigencia constitucional – la configuración de un daño antijurídico – , motivo por el que recomienda a la Corte, declare la exequibilidad de la convención, bajo el entendido que el Estado colombiano responde exclusivamente por los daños antijurídicos que le sean imputables por acción u omisión de las autoridades públicas, es decir por aquellos en que los perjudicados no estén en el deber jurídico de soportar, de conformidad con lo prescrito por el artículo 90 de la Constitución Política. 3. Concepto del Procurador General de la Nación.
Se advierte que dentro del proceso legislativo de la Ley 1591 de noviembre de 2012, se dio cumplimiento a todos los requisitos que para la formación de las leyes, prescriben la Constitución Política (CP., arts. 154, 157, 158, 160 y 162) y el reglamento del Congreso de la República y la remisión por parte del Presidente de la República se realizó en forma oportuna (CP., art. 241.10). Frente al contenido material del “Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales”, debe declararse exequible, por cuanto desarrolla las reglas establecidas en los artículos 9, 224, 225 y 227 de la Constitución Política, al impulsar y promover canales para lograr una indemnización plena y equitativa de las víctimas de daños ocasionados por objetos espaciales. II. CONSIDERACIONES. 1. Competencia.
1.2. El control de Constitucionalidad de los tratados públicos y de las leyes que los aprueban, presenta unas características particulares, al ser: “(i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto Constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.” 2. Examen Formal. La Corte realizará el control formal de constitucionalidad del presente Convenio y su ley aprobatoria, de la siguiente manera: (i) sobre el proceso de formación del instrumento internacional, en cuanto a la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado; (ii) respecto del trámite legislativo del correspondiente proyecto de ley en el Congreso de la República.
2.1.1. El control de Constitucionalidad comprende la verificación de las facultades del representante del Estado colombiano para negociar, adoptar el articulado mediante su voto y autenticar el instrumento internacional respectivo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 7 a 10 de la Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969. 2.1.2. El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante escrito del 24 de enero de 2013 manifestó que el “Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales”, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972, fue adoptado en nombre del Estado colombiano por el entonces Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, Douglas Botero Boshell, en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, el día 29 de marzo de 1972. 2.1.3. Frente al otorgamiento de plenos poderes, manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores, que no fueron expedidos por el Presidente de la República, en tanto de conformidad con el artículo 7º, numeral 2º de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, “(…) En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: a) los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado; b) los Jefes de misión diplomática, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados; c) los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano.(…)” 2.1.4. El “Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales” (Convenio de Responsabilidad), fue aprobado el 29 de noviembre de 1971 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, abierto para la firma el 29 de marzo de 1972 en las ciudades de Washington, Londres y Moscú, toda vez que los Estados Unidos de Norteamérica, el Reino Unido y la URSS, fueron designados por el artículo XXIV del Convenio, como Gobiernos depositarios. 2.1.5. No obstante se trata de un convenio multilateral, la manifestación del consentimiento del Estado colombiano, conforme al texto del convenio, le correspondía hacerla al Embajador que estuviese acreditado ante alguno de los Estados designados como depositarios. En consecuencia, al haberse adoptado en la ciudad de Washington, le correspondía hacerlo, al Embajador de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos de América. 2.1.6. Sin embargo, conforme al artículo 8 de la Convención de Viena, sobre el derecho de los Tratados, “Un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que, conforme al artículo 7, no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado.”
2.1.7. Al respecto, la Cancillería señaló que la confirmación de tal acto por parte del Presidente de la República, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 189 numeral 2 de la Constitución Política, fue realizada por el Presidente Señor Juan Manuel Santos Calderón, mediante aprobación ejecutiva, el día 19 de julio de 2011, autorizando y ordenando someter a consideración del Congreso de la República el Convenio en ciernes. 2.2. El proceso de formación del proyecto de ley en el Congreso de la República.
– Iniciativa y radicación.
– Publicación del texto y la exposición de motivos.
Aparecen publicados en la Gaceta del Congreso No. 667 de septiembre 7 de 2011, cumpliéndose así el requisito de hacerlo antes de darle curso en la comisión respectiva (numeral 1 del artículo 157 de la Carta).
La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República fue presentada en sentido favorable, por el Senador Carlos Fernando Motoa Solarte, el día 18 de noviembre de 2011 y publicada en la Gaceta del Congreso No. 865 del 18 de noviembre de 2011. – Anuncio para votación en primer debate.
El Proyecto de Ley 250 de 2012 Cámara, 115 de 2011 Senado, fue anunciado previamente en la sesión del 28 de marzo de 2012, para ser discutido y aprobado en primer debate, en la próxima sesión, la cual se llevó a cabo el 10 de abril a las 10 am, según consta en Acta 18, publicada en la Gaceta del Congreso No. 233 de mayo 15 de 2012. – Aprobación en primer Debate (quorum y mayoría). El proyecto de ley fue discutido y aprobado en la sesión del día 10 de abril de 2012, según consta en la Acta No. 19 del 10 de abril de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso No. 233 del 15 de mayo de 2012 y de acuerdo con la certificación emitida por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, el proyecto de ley fue aprobado por los trece (13) Senadores que conforman la Comisión, sin que se presentaran votos en contra. 2.2.1.2. Segundo Debate: – Término entre Comisión y plenaria. Habiendo sido aprobado el proyecto de ley en primer debate de Senado el día 10 de abril de 2012 e iniciado el debate en la correspondiente plenaria el 23 de mayo de 2012, se cumple el requisito Constitucional del término mínimo de ocho (8) días entre uno y otro momento legislativo (C.P. art. 160) – Publicación del texto aprobado y de la ponencia. La ponencia para segundo debate en el Senado fue presentada por el Senador Carlos Fernando Motoa Solarte y publicada en la Gaceta del Congreso No. 165 del 20 de abril de 2012.
– Anuncio para votación para segundo debate. El proyecto de ley fue anunciado en la sesión ordinaria del día 22 de mayo de 2012, según consta en el Acta No. 48 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 414 del 10 de julio de 2012, para ser discutido y votado en la siguiente sesión. – Aprobación en Segundo Debate. El proyecto de ley fue discutido y aprobado en la sesión del 23 de mayo de 2012, según consta en el Acta No. 49 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 415 del 10 de julio de 2012, mediante votación ordinaria señalada en el artículo 129 de la Ley 5 de 1992, y un quorum de 93 de 100 Senadores.
El texto definitivo del proyecto de ley aprobado en la plenaria de Senado de la República fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 292 del 31 de mayo de 2012. 2.2.2. Trámite en la Cámara de Representantes.
2.2.2.1. Primer Debate. – Término entre Senado y Cámara.
Habiendo sido aprobado el proyecto en segundo debate de Senado el día 23 de mayo de 2012, e iniciado el primer debate en la Cámara de Representantes el día 5 de septiembre de 2012, se cumple el requisito Constitucional del término mínimo de quince días entre uno y otro momento legislativo. (C.P. art. 160). – Publicación del texto aprobado y de la ponencia. La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue presentada el 8 de agosto de 2012, por el representante a la Cámara Víctor Hugo Moreno Bandeira y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 512 del 14 de agosto de 2012. – Anuncio de Votación. El proyecto de ley fue anunciado el día 28 de agosto de 2012, según consta en el Acta No. 7 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 692 del 12 de octubre de 2012, en los siguientes términos: “Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
– Aprobación del Proyecto. En la sesión del 5 septiembre de 2012 se le dio primer debate y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria, con la presencia de 18 congresistas, según lo registrado en el Acta No. 9 del 5 de septiembre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso No. 730 del 25 de octubre de 2012, conforme a la certificación expedida por la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, mediante constancia del 23 de enero de 2013.
2.2.2.2. Segundo Debate. – Término entre Comisión y Plenaria.
Habiendo sido aprobado el proyecto en primer debate en Cámara de Representantes el día 5 de septiembre de 2012 e iniciado el segundo debate el 10 de octubre de 2012, se cumple el requisito Constitucional del término mínimo de ocho (8) días entre uno y otro momento legislativo. (C.P. art. 160). – Publicación del Texto aprobado en primer debate y de la ponencia. La ponencia para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes fue presentada por el Representante Cámara Víctor Hugo Moreno Bandeira y publicada en la Gaceta del Congreso No. 651 del 28 de septiembre de 2012. – Anuncio para votación en Plenaria. De conformidad con la certificación del 21 de enero de 2013, expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes y radicada en esta Corporación el 22 de enero de esa misma anualidad, el proyecto fue anunciado en la sesión Plenaria del día 9 de octubre de 2012, según consta en el Acta No. 159 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 81 del 12 de marzo de 2013. – Aprobación. El proyecto fue aprobado por la Plenaria de la Cámara el día 10 de octubre de 2012, por unanimidad con el voto favorable de los 140 Representantes presentes, según consta en el Acta No. 160 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 82 del 12 de marzo de 2013 y la certificación allegada por el Secretario General de la Cámara Representantes.
Mediante oficio recibido el día 22 de noviembre de 2012, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, remitió a esta Corporación copia auténtica del Convenio y de la ley aprobatoria, dentro del término de seis días contados a partir de la sanción de ésta, en cumplimiento del artículo 241 numeral 10 de la Constitución. 2.4. Conclusión.
3. Examen Material. La Corte realizará el control material de constitucionalidad sobre el contenido material de las disposiciones del tratado y la ley.
3.1. El régimen Constitucional de las relaciones internacionales y aspectos generales. Las relaciones exteriores de Colombia se basan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por el Estado (CP, artículos 150.16, 226 y 227) y la internacionalización del país, así como la celebración de tratados internacionales, debe edificarse sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (artículos 226 y 227). 3.2. Antecedentes. 3.2.1. Como consecuencia de los avances logrados en la tecnología espacial a partir de la segunda mitad del Siglo XX, se dio inició a la conquista del espacio ultraterrestre, lo que motivó a los juristas y los Estados a conformar un cuerpo de reglas internacionales para la regulación y control de los avances y conquistas científicas en materia espacial, dando origen al derecho internacional del espacio ultraterrestre. 3.2.2. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el 13 de diciembre de 1963, la primera iniciativa mediante la “Declaración de los Principios Jurídicos que Deben Regir las Actividades de los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre”, con base en la que posteriormente se desarrollaron cinco tratados que conforman el “Iuris Spatialis Internationalis” y que constituyen los principales instrumentos en el ámbito del espacio ultraterrestre. 3.2.3. Además del Acuerdo bajo examen en esta oportunidad, son ellos: i) el “Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes”, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 29 de noviembre de 1966, abierto a la firma el 27 de enero de 1976 en Londres, Moscú y Washington D.C.; ii) el “Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre”, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 19 de diciembre de 1967, abierto a la firma el 22 de abril de 1968 en Londres, Moscú y Washington D.C.; iii) el “Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre”, aprobado el 12 de noviembre de 1974 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, abierto a la firma el 14 de enero de 1976 en Nueva York y iv) el “Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes”, aprobado el 5 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, abierto a la firma el 18 de diciembre de 1974.
3.3. El “Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales”. El “Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales” (Convenio de Responsabilidad), aprobado el 29 de noviembre de 1971 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, abierto para la firma el 29 de marzo de 1972 en Londres, Moscú y Washington, el cual entró en vigor el 1 de septiembre de 1972, establece: (i) la responsabilidad internacional del Estado que lance un objeto al espacio, (ii) por los daños que cause dicho objeto o sus componentes a las personas o bienes de otro Estado sobre la superficie terrestre, en el espacio, o a aeronaves en vuelo. Consta de 28 artículos. 3.4. Declaraciones Preliminares. 3.4.1. El Convenio, en sus declaraciones preliminares, admite el interés general de la humanidad en promover la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, y reconoce los principios que según el Tratado aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1966, deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluida la luna y otros cuerpos celestes, entre los que se destacan: (i) la libertad e igualdad en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre por todos los Estados; ii) la prohibición de la apropiación del espacio ultraterrestre; iii) la sujeción de las actividades espaciales al Derecho internacional y a la Carta de la ONU; iv) la prohibición de la puesta en órbita de objetos portadores de armas nucleares o de destrucción masiva; v) la responsabilidad de las actividades que se desarrollen en el espacio ultraterrestre y vi) el principio de cooperación y asistencia mutua en las actividades espaciales.
3.4.2. Por otra parte, aceptan las partes del Convenio, que la actividad de exploración y utilización del espacio ultraterrestre entraña riesgos por la eventual caída de objetos lanzados al espacio; y que no obstante las medidas de precaución que tomen los Estados y los organismos intergubernamentales en su lanzamiento, es necesario el diseño de normas y procedimientos que permitan asegurar la pronta reparación de los daños ocasionados por objetos espaciales. 3.4.3. Algunos de los intervinientes han considerado necesario que al momento del depósito del instrumento de ratificación, el Presidente de la República presente una declaración interpretativa frente a que la porción de la orbita geoestacionaria que le corresponde a Colombia, forma parte de su territorio. Examinado el Convenio, encuentra la Corte que su contenido se enfoca a las responsabilidades que puedan derivarse de los daños causados por objetos espaciales, en cualquier órbita, en la tierra y en el espacio aéreo, sin hacer referencia alguna a elemento o segmento alguno de la órbita geoestacionaria ni a su régimen jurídico, por lo que no contraviene lo prescrito en el artículo 101 de la Constitución Política, que sobre los límites de Colombia, establece: “También son parte de Colombia, (…) el segmento de la orbita geoestacionaria, (…), de conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales”. 3.4.4. Para esta Corporación, la ratificación por parte del Estado colombiano del “Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales” constituye un desarrollo del mandato de internacionalización de las relaciones económicas, sociales, políticas y ecológicas (CP., art. 226 y 227) que redundará en beneficios para el Estado colombiano, al permitir la formulación de las reclamaciones internacionales para la reparación de los daños que le hayan sido ocasionados al mismo Estado o a sus habitantes, con objetos espaciales. Lo anterior, congruente con el mandato constitucional que establece como fin esencial del Estado la promoción de la prosperidad y el deber de las autoridades del Estado de proteger a los habitantes del territorio en su vida, honra y bienes (C.P. Arts. 2 y 58), así como para la determinación de la responsabilidad del Estado colombiano, en los casos de daños ocasionados por objetos espaciales en los que participe (CP., art. 90). 3.5. Definiciones – Artículos I y V. 3.5.1. Este artículo, estipula el significado para efectos del Convenio, de las siguientes expresiones: “daño”, “lanzamiento”, “Estado de lanzamiento” y “objeto espacial”, conceptos que se describen a continuación: – El “daño” es “la perdida de vidas humanas, las lesiones corporales u otros perjuicios a la salud, así como la perdida de bienes o los perjuicios causados a bienes de los Estados o de personas físicas o morales, o de organizaciones internacionales intergubernamentales”; concepto que permite delimitar el ámbito frente al cual opera la responsabilidad de los Estados, al establecer la responsabilidad cuando sea sujeto activo de un lanzamiento, o la facultad de reclamar, cuando sea el afectado, o lo haga a nombre de los perjudicados. – Dentro de la expresión “lanzamiento”, para efectos del convenio se incluye también todo intento de lanzamiento, ampliando de esta forma la responsabilidad de los Estados a todos los procesos que se realicen, con el fin de impulsar objetos al espacio ultraterrestre, sin que sea necesario que el lanzamiento haya sido efectivo, en razón de que tanto los lanzamientos como sus intentos pueden acarrear daños. – Se consideran “Estados de lanzamiento”: i) el Estado que lance el objeto espacial, entendido como la acción de impulsar un objeto al espacio; ii) el Estado desde cuyo territorio o desde cuyas instalaciones se lance un objeto espacial; iii) el Estado que promueva el lanzamiento de un objeto espacial, entendido como aquel Estado sin cuya autorización o contribución, el objeto no se hubiera lanzado al espacio ultraterrestre, conceptos que permiten la definición de los sujetos que pueden ser considerados generadores del daño y como tal responsables de su reparación. – Por ultimo, se estipula que el término “objeto espacial” incluye también las partes componentes de un objeto espacial, así como el vehículo propulsor y sus partes.
3.5.3. En relación con las definiciones contenidas en los Tratados, esta Corporación ha indicado que, las definiciones de algunos términos contenidos en los convenios no suelen vulnerar en sí mismas la Constitución, en tanto “contribuyen a un mejor entendimiento e interpretación de las cláusulas que integran dicho Convenio, permitiendo así la correcta aplicación y, por ende, mayor seguridad jurídica” . Específicamente, los conceptos contenidos en los artículos I y VII, no riñen la Constitución, en la medida que su función es otorgar significados específicos a los términos empleados por el convenio, para la correcta interpretación y aplicación del mismo, sin menoscabo de principios constitucionales ni intereses nacionales. 3.6. Responsabilidad: en tierra, aeronaves en vuelo y fuera de la tierra, exenciones – Artículos II, III, V y XXII.
3.6.1. El régimen de la responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia, esta definido en el artículo 90 de la Constitución Política, que señala: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.” Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado: “Es claro, entonces, que la responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro sistema jurídico encuentra fundamento en el principio de la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, desarrollado in extenso por la jurisprudencia y expresamente consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política, el cual a su vez debe interpretarse en concordancia con los artículos 2°,13, 58 y 83 del mismo ordenamiento superior que, por un lado, le impone a las autoridades de la República el deber de proteger a todas las personas en Colombia en su vida, honra y bienes (art. 2°) y, por el otro, la obligación de promover la igualdad de los particulares ante las cargas públicas (art. 13) y de garantizar la confianza, la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles (arts. 58 y 83). Esta protección constitucional al patrimonio de los particulares se configura, entonces, cuando concurren tres presupuestos fácticos a saber: un daño antijurídico o lesión, una acción u omisión imputable al Estado y una relación de causalidad. Respecto al daño antijurídico, si bien el mismo constituye un concepto constitucional parcialmente indeterminado, en cuanto la Carta no lo define en forma expresa, la jurisprudencia y la doctrina, dentro de una interpretación sistemática de las normas constitucionales que lo consagran y apoyan, lo definen como el menoscabo o perjuicio que sufre la víctima en su patrimonio o en sus derechos personalísimos, sin tener el deber jurídico de soportarlo. En cuanto al incumplimiento del Estado, este se presenta cuando la Administración Pública no satisface las obligaciones a su cargo dentro de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que han sido fijadas. Finalmente, para que el daño antijurídico atribuido al Estado sea indemnizable, se exige que éste sea consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de la Administración, esto es, desde una perspectiva negativa, que el daño sufrido por la víctima no se derive de un fenómeno de fuerza mayor o sea atribuible a su conducta negligente.” “
Igualmente, la Sentencia C- 043 de 2004, dijo: “8. En reiterada jurisprudencia la Corte se ha referido a la naturaleza objetiva de la responsabilidad del Estado por el daño antijurídico que irrogue a los particulares. (…) Lo esencial del cambio introducido por el artículo 90 de la Constitución radica entonces en que ahora el fundamento de la responsabilidad no es la calificación de la conducta de la Administración, sino la calificación del daño que ella causa. No se trata de saber si hubo o no una falla en el servicio, es decir una conducta jurídicamente irregular aunque no necesariamente culposa o dolosa, sino de establecer si cualquier actuar público produce o no un “daño antijurídico”, es decir un perjuicio en quien lo padece, que no estaba llamado a soportar.
Este nuevo fundamento de la responsabilidad estatal, radicado ahora en la noción de daño antijurídico, ha sido considerado como acorde con los valores y principios que fundamentan la noción de Estado Social de Derecho, especialmente con la especial salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la Administración, a la que este modelo de Estado propende; también con la efectividad del principio de solidaridad y del de igualdad de todos ante las cargas públicas.
3.6.2. El Convenio subexamine establece la responsabilidad de los Estados de lanzamiento, en los siguientes términos: – La responsabilidad del Estado de lanzamiento frente a los daños causados en la superficie de la Tierra o a aeronaves en vuelo, es absoluta, sin necesidad de que la víctima pruebe la culpa técnica o la negligencia en la operación, el manejo, del ingenio espacial (Art. III), en tanto se funda en el daño antijurídico con independencia de la conducta que la ocasiona. – La responsabilidad del Estado de lanzamiento, frente a los daños ocasionados por fuera de la superficie de la tierra, a otro objeto espacial o a las personas a bordo del mismo, se configura únicamente cuando se demuestre que incurrió en culpa. (Arts. III y IV), siendo por lo tanto una responsabilidad subjetiva, en tanto la víctima deberá probar la culpa de quien produjo el daño o el dolo en los casos a que haya lugar.
3.6.4. El Convenio, al contemplar la responsabilidad del Estado de lanzamiento frente a los daños causados en la superficie de la Tierra o a aeronaves en vuelo, sin necesidad de que la víctima pruebe la culpa técnica o la negligencia en la operación, el manejo, del ingenio espacial (Art. III), así como la solidaridad de los Estados de lanzamiento cuando ocasionen daños a un tercer Estado, en la superficie de la tierra o en sus aeronaves en vuelo (Art. IV), armoniza con la Constitución Política, en especial, con el artículo 90 que establece la responsabilidad patrimonial del Estado, cuando por la acción u omisión de las autoridades públicas se produzca un daño antijurídico. 3.6.5. Para la Corte, las disposiciones del Convenio sobre la definición de la responsabilidad de los Estados de lanzamiento, en los casos en que el Estado colombiano deba presentar la reclamación por los daños ocasionados al mismo Estado o a quienes éste represente, se ajustan a la Constitución Política, en especial, con el deber de las autoridades de proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus vidas, honra y bienes (CP., arts. 2, 58), el deber de los nacionales y extranjeros de cumplir la Constitución y la Ley (CP., art 4) y la obligación del Estado y de loas personas de proteger los bienes del Estado (CP., art. 8), en la medida que fijan los parámetros de la responsabilidad por los daños, facilitando la reparación de las personas y las cosas que hayan resultado afectadas
3.6.6. El Convenio establece unas excepciones al régimen de responsabilidad que contempla que: (i) no habrá lugar a responsabilidad para el Estado de lanzamiento, cuando se demuestre que los daños son total o parcialmente el resultado de una negligencia grave o de un acto de omisión cometido con intención de causar daños por parte de un Estado demandante o de personas físicas o morales a quiénes este último represente (art. VI. 1), exención que no se tendrá en cuenta cuando el Estado de lanzamiento no haya respetado el Derecho Internacional, la Carta de Naciones Unidas o las normas contenidas en el Tratado del Espacio (1967) en el desarrollo de sus actividades (art. VI.2); y (ii) no se aplicarán las disposiciones del Convenio, a los daños causados por un objeto espacial del Estado de lanzamiento, frente a sus nacionales y a los nacionales de un país extranjero que como resultado de una invitación del país de lanzamiento, participen en las operaciones del objeto espacial, desde su lanzamiento, hasta su descenso, o se encuentren en las proximidades del lanzamiento o recuperación (art. VII). Considera la Sala que las disposiciones anotadas no desconocen la Carta Política, y por el contrario, respetan la soberanía nacional y la libre determinación del Estado colombiano (C.P. art. 9), en tanto lo excluye de responsabilidad cuando el hecho generador del daño suceda por culpa exclusiva de la víctima, o cuando por tratarse de daños a sus nacionales o extranjeros que participen en la operación, le corresponda a cada Estado, según su legislación interna, definir la responsabilidad y las indemnizaciones a que haya lugar. 3.7. Amparos del Convenio- Artículos IV y VII. 3.7.1. El Convenio señala en sus artículos IV y VII, que están amparados por sus disposiciones los Estados, las personas físicas, las personas morales, los bienes en la superficie de la tierra, las aeronaves en vuelo y los bienes a bordo de los objetos espaciales fuera de la superficie de la tierra, conceptos que se aplican en forma análoga, cuando el Estado es quien produce los daños, o cuando es el perjudicado por ellos, o demandante. 3.7.2. En criterio de la Corte, la definición de los sujetos y los objetos amparados, proporciona claridad en la interpretación del convenio, y permite la definición de los daños y de la indemnización correspondiente, para efectos del reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado frente a perjuicios ocasionados a terceros Estados (CP., art 90) o para la satisfacción de la reparación y la indemnización del Estado como afectado o de quienes éste represente, armonizando con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho (CP., art. 1) y con la obligación del Estado de salvaguardar de los habitantes del territorio en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades (CP., arts. 2 y 58). 3.8. Régimen de Solidaridad – Artículo IV y V.
3.8.1. Esta Corporación, no tiene objeción de constitucionalidad, con relación al contenido de los artículos IV y V del Convenio que disponen, la responsabilidad solidaria frente a los daños ocasionados, en los casos en que haya más de un Estado de lanzamiento y determina que la distribución de la carga de la indemnización entre los dos primeros Estados, se hará acorde al grado de culpa y si ello no fuere posible, se distribuirá por partes iguales, sin que ello signifique un perjuicio para el Estado afectado, de reclamar su indemnización (Art. IV), en la medida que no contraría ningún postulado constitucional, pero sí permite a los Estados de lanzamiento cuando lo consideren adecuado, hacer acuerdos de distribución de la carga financiera. 3.8.2. Además de lo anterior, se garantiza la efectividad de los derechos de los Estados que hayan sufrido daños, en la medida que podrán reclamar la indemnización a cualquiera de los Estados de lanzamiento, al ser estos solidariamente responsables, recibiendo la reparación a los daños irrogados, pudiendo el Estado que pague los daños, repetir contra lo demás Estados.
3.9. Reclamación: Legitimación y trámite – Artículos VIII, IX, X y XI. No encuentra la Corte contradicción entre los artículos VIII, IX, X y XI, del Convenio y la Constitución Política, al tratarse de disposiciones de carácter instrumental, que definen el procedimiento para la formulación de las reclamaciones, señalando quien las realiza y frente a que daños, como es su trámite y cuales son los plazos para su presentación, disposiciones que permiten que los procesos de reclamación por daños entre los Estados se encuentren regulados, de manera que se garantice la atención de la solicitud por los Estados responsables y la pronta y adecuada reparación de las víctimas de los daños causados. Al respecto, considera la Corte que las normas y procedimientos precedentes desarrollan los artículos 9, 224, 226 y 227 de la Constitución Política, al promover canales para el logro de una indemnización plena y equitativa de las víctimas de daños ocasionados por objetos espaciales, y son idóneos para determinar la responsabilidad de los Estados y de los organismos intergubernamentales.
3.10. Indemnización: Tasación y Moneda – Artículos XII y XIII. Los artículos XII y XIII que consagran que la indemnización que el Estado de lanzamiento deba pagar por los daños que cause, se fijará conforme el derecho internacional y los principios de justicia y equidad, y que la moneda de pago será la del Estado demandante, a menos que conjuntamente hayan pactado otra cosa, no entrañan vulneración de ningún postulado constitucional; por el contrario, significa la reparación de los daños de tal manera que la persona física o moral, el Estado o la organización internacional afectadas, retornen a la condición que habría existido de no haber ocurrido el perjuicio.
Actualmente los estándares en el Estado colombiano de reparación por vulneraciones a derechos como la vida, integridad personal o a la salud, obedecen al concepto de reparación integral, creado por las naciones Unidas, y ampliamente desarrollado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A la luz del concepto de reparación integral, no basta la indemnización, sino que ésta es una de las formas de reparar que debe ser acompañada de la restitución, la satisfacción y las medidas de no repetición.
3.11. Procedimiento si no hay acuerdo: Comisión de reclamaciones – Artículos XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. 3.11.1. En Convenio indica que el trámite que deberá surtirse en caso de que los Estados no hayan llegado a un acuerdo en el pago de la indemnización por los daños causados, así. – Las partes interesadas constituirán una Comisión de Reclamaciones (art. XIV) la cual estará compuesta por tres miembros, nombrados uno por cada uno de los Estados demandantes y de lanzamiento, y un tercero, quien la presidirá, nombrado conjuntamente y señala el curso que debe surtirse cuando no se hacen los nombramientos en los términos señalados, pudiéndose acudir al Secretario General de las Naciones Unidas para la designación del Presidente y a la provisión de los demás miembros por este último (arts. XV, XVI y XVII).
– Los artículos XVIII y XIX, establecen que corresponderá al Comité, de Reclamaciones, la definición motivada de los fundamentos de la reclamación y la cuantía de la indemnización, dentro de un termino de máximo un año desde su constitución, decisión que será obligatoria si así lo han pactado las partes, o en caso contrario formulará un laudo que tendrá el carácter de recomendación que las partes atenderán de buena fé. – El artículo XX prescribe las normas relativas a las costas de la Comisión de Reclamaciones, las cuales en principio se dividirán por partes iguales, a menos que se defina otra cosa. 3.11.2. A juicio de esta Corporación, las normas contenidas en los artículos precedentes, al ser disposiciones de carácter operativo que se orientan a la solución pacífica de las controversias que se puedan presentar entre los Estados, por los daños ocasionados por los objetos espaciales, por sí solas no entrañan la vulneración de ningún postulado constitucional. Por el contrario, posibilitan la determinación de las responsabilidades de los Estados y la reparación de las víctimas. 3.12. Entrada en vigor, Enmiendas, revisiones, retiros e idiomas – Artículos XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII. 3.12.1. Las disposiciones sobre entrada en vigor, enmiendas, revisiones, retiros e idiomas, armonizan con la Constitución Política, al ser una expresión de la libertad y autonomía que le asiste al Estado colombiano para suscribir convenios, adherirse a ellos, proponer modificaciones y disponer el retiro del mismo, cuando lo considere conveniente, de acuerdo con el artículo 9 constitucional que determina que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional y en el respeto a la autodeterminación de los pueblos. 4. Razón de la decisión.
4.3. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional declarará exequible el contenido del “Convenio sobre la Responsabilidad Internacional de daños causados por objetos espaciales”, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972, así como la Ley 1591 del 20 de noviembre de 2012, que lo aprobó. III. DECISIÓN.
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “Convenio sobre la Responsabilidad Internacional de daños causados por objetos espaciales”, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972. Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1591 de noviembre 20 de 2012 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la Responsabilidad Internacional de daños causados por objetos espaciales”, hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972. Tercero-. Disponer que se comunique inmediatamente esta sentencia al Presidente de la República para lo de su competencia, así como al Presidente del Congreso de la República.
Secretaria General Anexo

References: artículo 101
 artículo 101
 artículo 101
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 189
 artículo 157
 artículo 129
 artículo 241
 artículo 101
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 9