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Timestamp: 2017-11-21 19:24:38+00:00

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CAPÍTULO II. FINANCIACIÓN DE VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN SUJETAS A REGÍMENES DE PROTECCIÓN PÚBLICA.
CAPÍTULO III. VIVIENDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA.
CAPÍTULO IV. FINANCIACIÓN DE LA ADQUISICIÓN PROTEGIDA DE OTRAS VIVIENDAS YA CONSTRUIDAS.
CAPÍTULO V. FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN.
SECCIÓN II. ÁREAS DE REHABILITACIÓN.
SECCIÓN III. REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS.
Artículo 35. Límites presupuestados para la obtención de financiación cualificada de la actuación protegida.
Artículo 38. Subvenciones
SECCIÓN IV. REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS.
SECCIÓN V. REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS DE UNA SOLA VIVIENDA.
CAPÍTULO VI. FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE SUELO.
Artículo 48. Características de los Préstamos .
CAPÍTULO VII. INSTRUMENTACIÓN FINANCIERA E INSTITUCIONAL DEL PLAN DE VIVIENDA 1998-2001.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Inclusión en el nuevo Plan de actuaciones que hayan obtenido préstamo cualificada.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Adquisición protegida. a precio tasado, de viviendas.
La acción estatal en materia de vivienda, a través de planes de carácter plurianual, tiene ya una larga tradición en España. Al Estado le corresponde en esta materia las competencias atribuidas por el artículo 149.1.13 de la Constitución, referidas a las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en tanto que la vivienda constituye un sector económico de gran importancia, y además de profunda transcendencia y repercusión social.
Tras un breve paréntesis de actuaciones de carácter meramente anual, a comienzos de la presente década se reinició la política de planes plurianuales de vivienda, que tuvo su concreción en el Plan desarrollado entre 1992 y 1995, prorrogado con algunas modificaciones para el período 1996-1999.
Mejorar la estructura del mercado de la vivienda, facilitando a las familias con ingresos medios y bajos el acceso a la primera vivienda en propiedad; aumentando la oferta de viviendas en alquiler; estimulando la actividad rehabilitadora del parque residencial existente; propiciando la generación de suelo urbanizado con repercusiones moderadas en el precio final de nuevas viviendas, a fin de anticipar y reforzar los efectos de la recientemente aprobada Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones.
Contribuir a garantizar y mantener un nivel adecuado de actividad y empleo en el subsector vivienda.
Para la consecución de todas estas finalidades, el presente Real Decreto introduce importantes modificaciones en aspectos técnicos relativos a la financiación cualificada estatal hasta ahora vigente, entre las que cabe destacar la fijación de un precio básico de referencia a nivel nacional, en torno al cual se establecen determinadas bandas de fluctuación limitando los precios máximos de venta, sustituyendo así el tradicional pero ya desfasado sistema de los módulos y su ponderación; la modificación del sistema de cómputo de los ingresos familiares de los destinatarios de ayudas estatales, buscando una mayor claridad para estos últimos; la mejora en el sistema de financiación específica del primer acceso a la propiedad de la vivienda, figura para la que, bajo determinadas circunstancias, se admite una ampliación de la superficie útil, en relación con la hoy establecida; la inclusión en el ámbito del Plan de Viviendas protegidas así declaradas o calificadas, según a normativa específica de las Comunidades Autónomas, siempre que se atengan a ciertos requisitos, junto con las tradicionales viviendas de protección oficial; la introducción de un nuevo concepto y sistema de subsidiación de Préstamos cualificados, adaptado a las transformaciones recientemente experimentadas por el mercado de oferta de Préstamos hipotecarios; la atribución de ayudas estatales a grupos específicos de población, tales como familias numerosas o en las que alguno de sus miembros padezcan determinados tipos de minusvalía, jóvenes y tercera edad.
Cabe asimismo destacar la introducción de nuevos, grados de flexibilidad en cuanto a la adaptación del Plan a cada uno de los territorios autonómicos, de modo que las correspondientes Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla dispondrán de mayores posibilidades de participación activa en la gestión del Plan.
Este Real Decreto tiene por objeto la regulación de medidas de financiación estatal tanto de carácter directo, es decir, de origen presupuestario, al margen, pues, de los beneficios de carácter fiscal, como las consistentes en la concesión de Préstamos por parte de entidades de crédito, públicas y privadas; dentro de los correspondientes convenios con el Ministerio de Fomento.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de junio de 1998, dispongo:
La promoción para cesión en arrendamiento, venta o uso propio de viviendas de nueva construcción, no calificadas como de promoción pública, sujetas a regímenes de protección pública, así como la adquisición de dichas viviendas.
La cofinanciación de la promoción, bajo cualquier modalidad, de las viviendas calificadas de promoción pública.
La adquisición de viviendas ya construidas, sean viviendas sujetas a regímenes de protección pública, en segunda o posterior transmisión, o viviendas libres usadas o de nueva construcción.
La rehabilitación de áreas urbanas en proceso de degradación, de edificios y de viviendas, incluyendo el parque residencial propiedad de las Comunidades Autónomas de las Ciudades de Ceuta y Melilla y de otros entes públicos territoriales.
La urbanización de suelo para su inmediata edificación, incluyendo, en su caso, la previa adquisición onerosa el mismo, así como la adquisición onerosa de suelo para formación de patrimonios públicos dependientes de cualquier Administración pública, en ambos casos con destino preferente a la promoción de viviendas sujetas a regímenes de protección pública.
También será protegida la superficie útil correspondiente a los servicios comunes, con un máximo del 20 % de la superficie útil total de las unidades habitacionales del alojamiento.
3. Podrán asimismo acogerse a la financiación cualificada correspondiente a la vivienda a que se refiere el apartado 1.a) de este artículo, en la medida y condiciones en que ello se acuerde en el convenio con cada Comunidad Autónoma y con las Ciudades de Ceuta y Melilla, aquellas viviendas que constituyan experiencias piloto en orden al fomento de la vivienda sostenible, es decir, compatible con los requerimientos económicos y de conservación del medio ambiente, mediante la aplicación de técnicas de construcción que supongan un menor uso de materiales, en particular de materiales contaminantes, un mayor ahorro energético y de consumo de agua, incluyendo el diseño de viviendas adecuadas a las condiciones bioclimáticas de la zona en la que se ubiquen.
La promoción, cesión y rehabilitación por el Estado de viviendas de protección oficial de interés general, que se regirán por sus normas específicas.
Las actuaciones de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades de Ceuta y Melilla y de otros entes públicos territoriales en materia de promoción y rehabilitación con cargo únicamente a sus recursos, salvo los supuestos previstos en los apartados 1.b), y 1.d) anteriores, sin perjuicio de la posible financiación cualificada vía ayudas estatales a suelo, que se regularán por la correspondiente normativa autonómica o, en su caso, por el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de vivienda y normas complementarias.
Préstamos cualificados concedidos por las entidades de crédito públicas y privadas en el ámbito de los convenios suscritos por el Ministerio de Fomento con las mismas.
Subsidiación, simples o reforzada, de los Préstamos cualificados.
2. El Ministerio de Fomento satisfará, con cargo a sus presupuestos, las subvenciones y subsidios en aquellos casos en que las Comunidades Autónomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla hayan reconocido el derecho a la obtención de Préstamos cualificados y, en su caso, de dichas ayudas, dentro de las condiciones y límites cuantitativos establecidos en este Real Decreto, según lo acordado en los correspondientes convenios suscritos entre ambas Administraciones.
Para acceder a la financiación cualificada será preciso cumplir, en cualquier caso, las siguientes condiciones sin perjuicio de las que este Real Decreto exija, especialmente, para determinados supuestos:
Que las actuaciones para las que se solicita financiación cualificada hayan sido calificadas o declaradas como protegidas por la Comunidad Autónoma o por las Ciudades de Ceuta y Melilla y que las viviendas objeto de dichas actuaciones vayan a dedicarse a residencia habitual y permanente de sus destinatarios.
Que los adquirentes, adjudicatarios, promotores para uso propio o arrendatarios de las viviendas no sean titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda sujeta a régimen de protección pública, ni lo sean sobre una vivienda libre en la misma localidad en la que se sitúa la vivienda objeto de la actuación protegida, cuando el valor catastral de dicha vivienda libre exceda del 40 % del precio de aquélla, si la revisión de dicho valor se hubiera producido con posterioridad a 1989, o el 20 % si la revisión hubiera tenido lugar anteriormente.
Que los adquirentes, adjudicatarios, promotores para uso propio o arrendatarios de las viviendas, tengan ingresos familiares que no excedan de 5,5 millones de pesetas para la obtención de préstamo cualificado, de 4,5 millones de pesetas para ser beneficiarios de subsidios de Préstamos , y de 3,5 millones de pesetas para poder obtener subvenciones personales. Todo ello, con sujeción a lo regulado en el artículo 14 y con independencia de lo establecido, a este respecto, en el Capítulo V sobre rehabilitación.
Que las viviendas no excedan ni de las superficies útiles máximas ni de los precios máximos de venta o renta que, según los casos, se establecen en este Real Decreto.
Para el cómputo de la superficie útil se aplicará la normativa propia de la Comunidad Autónoma o de las Ciudades de Ceuta y Melilla o, en su caso, las normas que ligan para las viviendas de protección oficial.
Serán concedidos por entidades de crédito que hayan suscrito con el Ministerio de Fomento los convenios a que se refiere el artículo 52 de este Real Decreto, y dentro del ámbito y condiciones de los mismos.
El tipo de interés efectivo anual inicial de los Préstamos a conceder en el marco del Plan será fijado por Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, específicamente para los convenios que suscriba el Ministerio de Fomento con las entidades prestamistas.
(Mt - Mo) (en valor absoluto) <= 0,70
Tt: valor de To una vez modificado.
El tipo de interés efectivo así resultante será de aplicación a los nuevos Préstamos cualificados que se concedan y, asimismo, a todos los Préstamos cualificados concedidos al amparo de los convenios formalizados por el Ministerio de Fomento con las entidades de crédito, con anterioridad, pero en el marco de este Real Decreto, a partir del primer vencimiento que se produzca, una vez transcurrido un mes desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado del correspondiente Acuerdo del Consejo de Ministros sobre nuevo tipo de interés efectivo.
Con carácter excepcional, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, valorada la evolución y perspectivas del subsector vivienda y de los mercados financieros y si las circunstancias así lo aconsejarán, podrá modificar el tipo de interés efectivo aplicable incluso dentro de períodos anuales.
Las cuotas a pagar a la entidad de crédito serán crecientes en un 1 % anual a lo largo de la vida del préstamo, dentro de cada uno de los períodos de amortización a los que corresponda un mismo tipo de interés.
Los Préstamos serán garantizados con Hipoteca , si bien no será preceptiva dicha garantía cuando los Préstamos recaigan sobre actuaciones protegidas en materia de suelo o de rehabilitación.
Se entenderá que se cumplen dichas condiciones, por lo que se refiere a los ingresos familiares, cuando la media de los mismos en los dos años anteriores al de la revisión no excediera en más o en menos de un 20 % en relación con los ingresos familiares acreditados en el momento de la concesión inicial de la subsidiación, aunque implique un cambio en el tramo de ingresos familiares en el que se inscribían los del beneficiario a efectos de la concesión inicial de la subsidiación.
La vinculación de los mismos a dicho régimen de uso durante un período de diez o veinticinco años, según sea la duración contratada del período de amortización del préstamo.
La limitación de la renta anual máxima inicial de conformidad con lo establecido en los artículos 16.2 y 43.3 de este Real Decreto.
Se establece un precio básico a nivel nacional por metro cuadrado de superficie útil, que servirá como referencia a efectos de la fijación de los precios máximos de venta y renta de las viviendas protegidas. A partir de dicho precio básico, las Comunidades Autónomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla, según su propia normativa, podrán fijar las cuantías máximas de dichos precios de venta, sin que las mismas puedan variar en más de un 15 % o en menos de un 20 % del precio básico.
Municipios singulares del grupo A: hasta un 30 %.
Municipios singulares del grupo B: hasta un 15 %.
Podrán acogerse al sistema de financiación cualificada para el primer acceso a la vivienda en propiedad, los adquirientes, adjudicatarios y promotores para uso propio de viviendas previstas en este Real Decreto, cuyos ingresos familiares no excedan de 3,5 millones de pesetas y que no tengan o hubieran tenido anteriormente vivienda en propiedad, o que, teniéndola, sus titulares no dispongan del derecho difuso o disfrute de la misma, siempre que las viviendas adquiridas tengan una superficie que no exceda de 70 metros cuadrados útiles, o de 90, si la vivienda fuera a ser ocupada por una unidad familiar compuesta por cuatro o más personas.
4. Las limitaciones a que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo se harán constar expresamente en las escrituras de compraventa, adjudicación o declaración de obra nueva en el supuesto de promoción individual para uso propio, y en la escritura de formalización del préstamo Hipotecario , a efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad, donde se hará constar la prohibición de disponer por medio de nota marginal.
La solicitud de financiación cualificada implicará la autorización para que la Administración pública competente pueda solicitar la información de carácter tributario o económico que fuera legalmente pertinente, en el marco de la colaboración que se establezca con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con otras Administraciones públicas. En la medida en que, a través de dicho marco de colaboración, el órgano competente de la Administración autonómica pueda disponer de dichas informaciones, no se exigirá a los interesados la aportación individual de certificaciones expedidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ni la presentación, en original, copia o certificación, de sus declaraciones tributarías.
FINANCIACIÓN DE VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN SUJETAS A REGÍMENES DE PROTECCIÓN PÚBLICA.
Viviendas calificadas de protección oficial al amparo del Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, y normas de desarrollo, excepto las de promoción pública.
Otras viviendas con protección pública calificadas o declaradas como protegidas a los efectos de este Real Decreto, según la normativa propia de las Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, siempre que su superficie útil no exceda de 90 metros cuadrados.
Venta, adjudicación o promoción individual para uso propio.
El precio máximo de venta o adjudicación por metro cuadrado de superficie útil será, con carácter general, el que resulte de la aplicación de los artículos 8 y 9 de este Real Decreto.
Cuando se trate de viviendas de protección oficial en régimen especial, su precio máximo de venta o de adjudicación, por metro cuadrado de superficie útil, no podrá exceder del 85 % del precio máximo de venta, asimismo por metro cuadrado de superficie útil, de las viviendas protegidas, establecido en el párrafo a) anterior, aplicable en la misma localidad o circunscripción territorial en el momento de la calificación provisional.
Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán fijar precios de venta superiores hasta un 25 % respecto a los precios máximos fijados con carácter general en el párrafo a) anterior, para las viviendas incluidas en el párrafo b) del artículo 15 de este Real Decreto.
Cuando se trate de promociones de vivienda para uso propio, el precio máximo de adjudicación, o valor de la edificación sumado al del suelo en caso de promoción individual para uso propio, que tendrán los límites establecidos en los párrafos anteriores de este apartado, incluirán el conjunto de los pagos, que efectúe el promotor individual, el cooperativista o comunera imputables al coste de la vivienda, por ser necesarios para llevar a cabo la promoción y la individualización física y jurídica de ésta, incluyendo, en su caso, los honorarios de la gestión.
Se entenderán por gastos necesarios los de escrituración e inscripción del suelo y los de la declaración de obra nueva y división horizontal; los del préstamo Hipotecario , seguros de percepción de cantidades a cuenta y otros análogos. No tendrán tal consideración las aportaciones al capital social, las cuotas sociales ni las de participación en otras actividades que pueda desarrollar la cooperativa o comunidad de propietarios.
Cuando la promoción incluya garajes, trasteros, talleres para artesanos, anejos para labradores, ganaderos y pescadores, estén o no vinculados a la vivienda, el precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de los mismos no podrá exceder del 60 % del precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de la vivienda.
La renta anual máxima inicial será el 5 %, cuando el préstamo cualificado tenga veinticinco años de amortización, y el 7 %, cuando el préstamo sea a diez años, del precio legal máximo al que hubiera podido venderse la vivienda en el momento de la celebración del contrato de arrendamiento, excluyendo el precio máximo al que se refiere el párrafo c) del apartado 1 de este artículo.
La renta inicial podrá actualizarse anualmente en función de las variaciones porcentuales del Índice Nacional General del Sistema de Índices de Precios al Consumo.
El arrendador podrá percibir, además de la renta inicial o revisada que corresponda, el coste real de los servicios de que disfrute el inquilino y se satisfagan por el arrendador, así como las demás repercusiones autorizadas por la legislación aplicable.
Las viviendas a que se refiere el artículo 1.2 de este Real Decreto que hubieran obtenido financiación cualificada y se cedieran en régimen de arrendamiento se regirán por lo establecido en este apartado.
La cuantía máxima, en los Préstamos al promotor, será igual al 80 % del precio máximo de venta o adjudicación fijado en la calificación o declaración provisional de la vivienda como protegida.
Cuando se trate de Préstamos directos a adquirentes y adjudicatarios, la cuantía máxima del préstamo será igual al 80 % del precio fijado en la escritura de compraventa o adjudicación.
Cuando se trate de Préstamos a promotores individuales para uso propio, la cuantía máxima del préstamo será igual al 80 % del valor de la edificación sumado al del suelo, que constará en la escritura de declaración de obra nueva.
Si la vivienda tuviera garaje, trastero u otros anejos en las condiciones a las que se refiere el artículo 11.1, la cuantía global del préstamo, calculada según se establece en los párrafos anteriores, podrá incrementarse como máximo hasta el 80 % del precio máximo legal de venta de aquéllos, en Préstamos a promotor, o hasta el 80 % del precio o del coste real, según proceda, en los restantes supuestos.
Los plazos de amortización de los Préstamos tendrán la siguiente duración, según sea el régimen de uso de las viviendas fijado en la calificación o declaración provisional:
Venta, uso propio, adquisición o adjudicación: veinte años.
Arrendamiento: diez o veinticinco años.
Los Préstamos cuyos titulares se encuentren acogidos al sistema de primer acceso a la vivienda en propiedad, no perderán su condición de cualificados en el caso de que su período de amortización sea ampliado excepcionalmente, hasta un máximo de dos años, por acuerdo entre la entidad prestamista y el prestatario, por interrupciones temporales de pagos debidas a situaciones de desempleo, que, a juicio de la entidad de crédito, afecte significativamente a la capacidad de pago del prestatario.
Las entidades de crédito podrán efectuar una retención máxima del 15 % del préstamo hasta que se acredite la calificación o declaración definitiva, o hasta el otorgamiento y presentación de las escrituras públicas de compraventa o adjudicación para su inscripción registral. En caso de promoción de viviendas para arrendamiento, hasta que el 50 % de los respectivos contratos sean objeto del correspondiente visado o, en el supuesto de autopromoción, hasta que la escritura de declaración de obra nueva terminada sea presentada para su inscripción en el Registro de la Propiedad.
En los supuestos de venta y adjudicación, en la fecha de otorgamiento de la correspondiente escritura pública, tras la expedición de la calificación o declaración definitiva.
En los supuestos de promoción individual para uso propio o promoción para alquiler, en la fecha de otorgamiento de la calificación o declaración definitiva, o, en su caso, en la de declaración de finalización de las obras.
1. El préstamo cualificado al adquirente o adjudicatario podrá concederse bien por subrogación de éstos en el pago de fa carga hipotecaria del préstamo cualificado al promotor, o directamente.
Con el otorgamiento de la escritura, que deberá ser objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad, el comprador o adjudicatario asume las responsabilidades derivadas de la Hipoteca que grava a la vivienda, debiendo satisfacer, a partir de ese momento, la amortización del principal e intereses del crédito Hipotecario . A tal efecto, se remitirá primera copia de dicho documento a la entidad de crédito, siendo de cuenta del promotor los gastos de dicha copia.
Si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley Hipotecaria se hubiere pactado que el adquirente o adjudicatario se subrogará no sólo en las responsabilidades derivadas de la Hipoteca , sino también en la obligación personal con ella garantizada, quedará aquél además subrogado en dicha obligación si la entidad de crédito prestase su consentimiento expreso o tácito.
Que la vivienda haya obtenido la calificación o declaración definitiva.
Que se haya celebrado contrato de compraventa o adjudicación entre el adquirente o adjudicatario y el promotor de la vivienda, y que, entre el visado de dicho contrato y la solicitud del préstamo cualificado, no hayan transcurrido más de seis meses.
Que cuando el promotor hubiera recibido préstamo cualificado para la misma vivienda, lo cancele previa o simultáneamente a la concesión del préstamo al adquirente o adjudicatario.
(Millones de pesetas) <= 2,5 > 2,5 <= 3,5 > 3,5 <= 4,5
Subsidiación de la cuota (%)
Duración máxima subsidiación (años) 15
Cuando se trate de Préstamos cualificados para financiar las viviendas a que se refiere el artículo 16.1.c) la subsidiación será la siguiente:
(Millones de peseats) <= 2,5 > 2,5 <= 3,5
Duración máxima subsidiación (años) 10
En el caso de ampliación excepcional del período de amortización a que se refiere el artículo 17.B), la subsidiación tendrá la duración máxima establecida con carácter general, sin incluir en ese plazo los períodos de interrupción de pagos, que se añadirán al período que hubiera correspondido a efectos de subsidiación. No obstante, la cuantía máxima de aquélla, en términos absolutos, no podrá exceder, tras las posibles interrupciones de pagos, de la que hubiera correspondido de no darse esa circunstancia, sin perjuicio de las variaciones debidas a las eventuales revisiones del tipo de interés efectivo del préstamo cualificado.
Porcentaje 50 40 30 20
Duración subsidiación (años) 5 primeros 6 al 20 5 primeros 6 al 10
3. El Ministerio de Fomento aplicará en el caso de primera acceso en propiedad, un sistema de subsidio reforzado de Préstamos , consistente en el abono, en cada uno de los períodos a los que se extienda dicha ayuda, del doble de la cuantía que hubiera correspondido en concepto de subsidiación de no concurrir dicha circunstancia.
(Millones de pesetas) Con cuenta vivienda Sin cuenta vivienda
> 2,5 <= 3,5 3
Por lo que se refiere a la cuenta vivienda, será preciso que el prestatario acredite haber constituido, a lo largo de un período ni inferior a dos años, un depósito en cuenta-vivienda en una entidad de crédito por una cuantía mínima del 5 % del precio de venta o de adjudicación de la vivienda, si el prestatario tiene ingresos que no exceden de 2,5 millones de pesetas; o del 10 % de dichos precios cuando los ingresos del prestatario se encuentre entre 2,5 y 3,5 millones de pesetas, sin exceder de esta última cuantía.
Que la unidad familiar del prestatario esté compuesta, al menos, de cinco miembros, o de cuatro si aquélla está formada únicamente por el padre o la madre y los hijos.
Que en la unidad familiar haya personas con minusvalías, en las condiciones establecidas en la legislación sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Que el adquirente y, en su caso, el resto de los miembros de la unidad familiar, tengan edades no superiores a treinta años.
1. Si las viviendas se destinarán a arrendamiento y su superficie no excediera de 70 metros cuadrados útiles, el Ministerio de Fomento subvencionará al promotor en una cuantía del 15 % del precio máximo total de venta al que hubieran podido venderse, una vez terminadas las viviendas, si las mismas se hubieran destinado a venta, excluyendo el precio máximo de venta al que se refiere el artículo 16.1.c).
A propuesta de las Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, el Ministerio de Fomento podrá autorizar que se anticipe al promotor la percepción de hasta el 50 % de la subvención, previa certificación de la iniciación de las obras.
Dicho anticipo podrá alcanzar la totalidad de la mencionada subvención, asimismo a propuesta de las Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, cuando el promotor se comprometa a reducir la renta a percibir, durante los primeros cinco años, de modo que dicha renta se sitúe en 1 punto porcentual menos que las establecidas en el artículo 16.2.a).
2. El Ministerio de Fomento subvencionará a los adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales para uso propio de viviendas de protección oficial de régimen especial, siempre que se trate de primer acceso a la vivienda en propiedad y hayan obtenido préstamo cualificado, en la cuantía del 5 % del precio total de la vivienda que figure en el contrato de compraventa o de adjudicación, o del valor de la edificación sumado al del suelo, que figure en la escritura de declaración de obra nueva, en el caso de promociones individuales para uso propio.
VIVIENDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA.
2. La superficie útil máxima de las viviendas a que se refiere el apartado anterior no podrá exceder de 70 metros cuadrados, o de 90 si la unidad familiar consta de 40 más miembros.
4. La cuantía máxima de la cofinanciación estatal será del 30 % del coste de la promoción, cuando las viviendas se destinen a alquiler, y de un 20 % si se ceden en venta. A estos efectos, el coste máximo computable, por metro cuadrado de superficie útil, será igual al 85 % del precio básico vigente en el año en que se inicia la promoción.
5. El abono de la aportación financiera estatal habrá de fraccionarse en anualidades, con un número máximo de tres, pudiéndose establecer asimismo una entrega inicial de hasta el 30 % de la subvención al inicio de la obra, según acuerden ambas Administraciones.
FINANCIACIÓN DE LA ADQUISICIÓN PROTEGIDA DE OTRAS VIVIENDAS YA CONSTRUIDAS.
1. A los efectos de este Real Decretase considera adquisición protegida de viviendas existentes la que tenga lugar a título oneroso, siempre que se trate de una segunda o posterior transmisión, así como los siguientes supuestos:
Cuando la transmisión afecte a viviendas sujetas a regímenes de protección pública que se hubieran destinado a arrendamiento, y se realice transcurridos, al menos, cinco años desde la calificación o declaración definitiva, salvo que la normativa por la que se rigió la financiación cualificada de la vivienda exigiera un plazo superior.
Cuando, tratándose de viviendas libres de nueva construcción, haya transcurrido un plazo de dos años como mínimo entre la expedición de la licencia de primera ocupación, el certificado final de obra o la cédula de habitabilidad, según proceda, y la fecha del contrato de opción de compra o de compraventa.
Cuando se trate de viviendas libres resultantes de las actuaciones de rehabilitación de edificios, a las que se refiere el artículo 34 de este Real Decreto, con o sin adquisición del edificio rehabilitado.
1. El precio máximo de venta por metro cuadrado útil será, con carácter general, el establecido como máximo en el artículo 16.1.a), para las viviendas calificadas o declaradas provisionalmente como protegidas en la misma localidad o circunscripción territorial, en el momento en el que tenga lugar el contrato de opción de compra o compraventa visado por el órgano administrativo competente.
Las Comunidades Autónomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla, según su propia normativa, podrán fijar precios de venta superiores en hasta un 25 % respecto a dichos precios máximos de venta fijados con carácter general, para aquellas viviendas que determinen dentro de las incluidas en este Capítulo.
Cuando las viviendas tengan garajes, talleres para artesanos, anejos para labradores, ganaderos y pescadores, así como trasteros, estén o no vinculados a las viviendas, el precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de los mismos no podrá exceder del 60 % del precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de aquéllas.
Que se haya celebrado contrato de opción de compra o de compraventa, debidamente visado por el órgano administrativo competente, acreditativo del cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarios para obtener la financiación cualificada.
Si el vendedor hubiese recibido préstamo cualificado para la misma vivienda deberán cancelarlo previa o simultáneamente a la formalización del préstamo al adquirente, salvo en el supuesto contemplado en el artículo 23.1.c) de este Real Decreto.
Que entre la celebración del contrato de opción de compra o de compraventa y la solicitud del visado del mismo por el órgano competente, no hayan transcurrido más de dos meses.
El plazo de validez del visado para solicitar el préstamo cualificado será de seis meses desde su otorgamiento, salvo que las Comunidades Autónomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla dispongan otro distinto.
FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN.
La rehabilitación de áreas.
La rehabilitación integral de edificios de una sola vivienda.
Para la determinación del presupuesto protegido, la superficie máxima computable por vivienda será la de 120 metros cuadrados de superficie útil, con independencia de que su superficie real pudiera ser superior.
Cuando las actuaciones afectasen a la totalidad de un edificio o a sus partes comunes, el presupuesto protegido se calculará sobre la superficie útil computable de las viviendas del inmueble y de los locales comerciales, en el caso de que éstos participen en los costes de ejecución, limitada dicha superficie a 120 metros cuadrados útiles como máximo por cada vivienda o local comercial.
Cuando la actuación suponga la modificación de la superficie útil destinada a viviendas, el presupuesto protegido se calculará sobre la mayor de las superficies útiles que resulten antes o después de las obras da rehabilitación, computándose como máximo 120 metros cuadrados útiles por vivienda.
Las obras de rehabilitación de la vivienda podrán extenderse a un garaje y a un trastero, cuando estén vinculados en proyecto y registralmente a la vivienda objeto de rehabilitación, computándose, a efectos de determinación del presupuesto protegido, las superficies máximas a que se refiere el artículo 16.1.e) de este Real Decreto.
Cuando de una rehabilitación estructural o funcional se deriven necesariamente obras de adecuación de habitabilidad podrá incluirse el coste de las mismas en el presupuesto protegido de dicha rehabilitación.
4. Las operaciones se ajustarán estrictamente al planeamiento urbanístico vigente, debiendo en todo caso quedar asegurada la diversidad social y de usos y, en particular, el realojamiento de la población residente en los términos establecidos en la legislación vigente
Hasta el 40 % del coste de la rehabilitación de edificios y viviendas, sin que la subvención media pueda exceder de 600.000 pesetas por vivienda objeto o, en su caso, consecuencia de la rehabilitación.
Hasta el 25 % del coste de las operaciones de urbanización y reurbanización, incluyendo, en su caso, las obras de demolición a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, siempre que la cuantía resultante no exceda del 25 % de la subvención que corresponda efectivamente como consecuencia del párrafo a) anterior.
4. La financiación cualificada específica establecida en este artículo deberá ser acordada, individualizadamente para cada área y dentro del número de objetivos y del volumen de recursos estatales convenidos, en el ámbito de la Comisión Bilateral de Seguimiento a la que se refiere el artículo 51.d), concretándose, asimismo, las aportaciones financieras, los compromisos de las Administraciones interesadas y las fórmulas específicas de seguimiento para la liquidación efectiva de la subvención.
Cuando el área de rehabilitación declarada por la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla no vaya a ser objeto del citado acuerdo sobre financiación específica podrán, sin embargo, las mismas autorizar la exención de los limites indicados, siempre que, valorada su repercusión adicional respecto al gasto estatal, el Ministerio de Fomento diera su conformidad al respecto.
1. La rehabilitación de edificios a que se refiere el artículo 27.1.b), exigirá que aquéllos, una vez efectuadas las actuaciones, presenten una superficie útil mínima destinada a vivienda o viviendas del 60 % de la superficie útil total, excluido del cómputo, en su caso, la planta baja cuando no se destine a vivienda y las superficies bajo rasante, y se referirá a las modalidades de actuaciones que se definen a continuación:
La remodelación de un edificio, con o sin viviendas, que tendrá por objeto modificar la superficie útil destinada a viviendas o modificar el número de éstas, sin que ninguna vivienda supere, en caso de ampliación, 120 metros cuadrados de superficie útil. En este caso se incluirá como actuación protegida la adecuación de habitabilidad de las nuevas viviendas.
La adecuación estructural, considerando como tal las obras que proporcionen al edificio condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada su estabilidad, resistencia, firmeza y solidez.
La adecuación funcional, entendiendo como tal la realización de las obras que proporcionen al edificio condiciones suficientes respecto de accesos, estanqueidad frente a la lluvia y humedad, aislamiento térmico, redes generales de agua, gas, electricidad, telefonía, saneamiento, servicios generales y seguridad frente a accidentes y siniestros, así como respecto a otros aspectos incluidos en la correspondiente normativa específica de la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla.
Las que tengan por objeto la adecuación de los patios para uso comunitario que formen parte de la propia finca.
Las que fueran requeridas por los valores arquitectónicos, históricos y ambientales de los edificios, de acuerdo, en su caso, con las órdenes particulares de ejecución de obras que pudieran dictarse en aplicación de la normativa vigente.
La adecuación de locales de negocio situados en inmuebles objeto de rehabilitación, siempre que se alcance, una vez finalizadas las obras, la superficie mínima de viviendas establecida en el apartado 1 de este artículo.
Las actuaciones de rehabilitación de talleres artesanos y anejos de viviendas de labradores, ganaderos y pescadores, vinculados a la vivienda del edificio rehabilitado.
Antigüedad superior a diez años, salvo si la normativa propia de la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla estableciera un límite superior o si se trata de la adaptación del edificio para uso de personas con minusvalías que reduzcan su movilidad, o cuando las obras sean necesarias para adaptar las instalaciones a la normativa técnica aplicable, cuando ésta última hubiera entrado en vigor con posterioridad a la terminación del edificio.
Que los edificios cumplan las condiciones exigidas por la normativa propia de la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla y que dispongan o estén en condiciones de obtener, antes de iniciar la obra, la correspondiente licencia municipal.
Que los edificios objeto de remodelación dispongan de adecuación estructural y funcional, o vayan a alcanzarlas simultáneamente, y que los que van a ser rehabilitados para obtener la adecuación funcional dispongan ya de la adecuación estructural.
Solicitar para la vivienda o viviendas que vayan a resultar tras la rehabilitación, su calificación o declaración como viviendas protegidas de nueva construcción, para su venta o arrendamiento, siempre que dichas viviendas cumplan la normativa que les sea aplicable, así como las condiciones establecidas en el Capítulo II de este Real Decreto, a cuyo sistema de financiación cualificada podrán acogerse el promotor y los adquirentes.
Si no se solicitará la calificación o declaración a que se refiere el párrafo anterior:
El promotor podrá solicitar la financiación cualificada establecida en el Capítulo II para la promoción de viviendas en arrendamiento, previa conformidad de la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla, cuando la totalidad de las viviendas resultantes de la rehabilitación vayan a ser destinadas a dicho uso y cumplan todas las condiciones determinadas en el citado Capítulo respecto a superficies, rentas máximas y vinculación temporal mínima al régimen de arrendamiento.
El promotor podrá solicitar la financiación establecida con carácter general en la presente sección, y los adquirentes la financiación cualificada establecida en el Capítulo IV para aquellas viviendas resultantes de la rehabilitación que cumplan las condiciones establecidas en el mismo.
El promotor podrá optar por el sistema de ayudas establecido con carácter general en el resto de la presente sección.
4. A efectos de considerar actuación protegida la adquisición de un edificio para su inmediata remodelación o rehabilitación estructural o funcional, las obras deberán iniciarse en un plato no superior a un año a contar desde la fecha de la escritura pública de adquisición.
El 70 % del precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil, establecido en el artículo 16.1.a) de este Real Decreto, con carácter general para las viviendas sujetas a regímenes de protección pública declaradas protegidas aplicable en el momento de la calificación declaración provisional de actuación protegida de rehabilitación, en la misma localidad o circunscripción territorial.
El 80 % de dicho precio máximo de venta en el supuesto de que se incluya la adquisición del inmueble para su inmediata rehabilitación.
2. Cuando los inmuebles estén situados en conjuntos históricos, el presupuesto protegido que hubiera correspondido en aplicación del apartado 1 de este artículo, podrá incrementarse hasta un 25 %, no pudiendo exceder en ningún caso dicho presupuesto protegido incrementado, del coste real derivado de las necesidades especificas de interés arquitectónico, histórico o ambiental de que se trate.
El préstamo cualificado podrá alcanzar la totalidad del presupuesto protegido.
El plazo máximo de amortización del préstamo será de veinte años, más tres de carencia, como máximo.
2. Cuando al menos el 60 % de los titulares u ocupantes de las viviendas, promotores de dicha rehabilitación, acrediten ingresos familiares que no excedan de 5,5 millones de pesetas, todos los titulares o ocupantes de dichas viviendas, incluso aquellos que no cumplan el citado requisito de ingresos familiares, podrán obtener préstamo cualificado para financiar la actuación rehabilitadora del edificio.
Cuando el titular del préstamo sea el arrendatario, o el propietario de una o varias viviendas en el edificio objeto de rehabilitación, y sus ingresos familiares no excedan de 5,5 millones de pesetas, la subsidiación será del 20 % de la cuota.
Cuando el titular del préstamo, sea persona física o jurídica, tuviera una o varias viviendas arrendadas con contrato de arrendamiento vigente sujeto a prórroga forzosa celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, no se exigirá el requisito relativo a límites de ingresos familiares y la subsidiación para el arrendador de dichas viviendas será del 20 % de la cuota.
1 El Ministerio de Fomento subvencionará, con el 10 % del presupuesto protegido, sin que la cuantía resultante, pueda superar una media de 200.000 pesetas por vivienda, aquellas actuaciones calificadas o declaradas protegidas de rehabilitación de un edificio, cuando al menos el 60 % de los titulares de las viviendas, promotores de la rehabilitación, tengan ingresos familiares que no excedan de 3,5 millones de pesetas y renuncien, en su caso, a la subsidiación del préstamo cualificado. En este caso, también podrán participar de la subvención global indicada todos los demás titulares de viviendas del edificio, promotores de la rehabilitación del mismo, con independencia de su nivel de ingresos familiares.
Bajo los mismos supuestos, el citado Ministerio subvencionará a aquellos titulares de las viviendas promotores de la rehabilitación cuyos ingresos familiares no excedan de 3,5 millones de pesetas, con un 15 % adicional de la parte del presupuesto protegido que les corresponda por su cuota de participación en el edificio, con un límite máximo absoluto de 300.000 pesetas por vivienda, o de 350.000 pesetas por vivienda si dichos titulares tienen de sesenta y cinco años en adelante.
Si los titulares a los que se refiere el párrafo anterior son propietarios de una o más viviendas del edificio objeto de la rehabilitación, y las tienen arrendadas con contrato de arrendamiento en vigor sujeto a prórroga forzosa, celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, la subvención adicional establecida en el párrafo anterior será de un 25 % de la parte del presupuesto protegido que les corresponda por su cuota de participación en el edificio, con un límite absoluto de 400.000 pesetas por vivienda.
2. Cuando no se cumpla la condición de ingresos familiares de, al menos, el 60 % de los titulares de las viviendas, a que se refiere el apartado anterior, el citado Ministerio subvencionará a los titulares de viviendas, promotores de la rehabilitación del edificio, a los que se refieren los párrafos segundo y tercero del apartado anterior, siempre que sus ingresos familiares no excedan de 3,5 millones de pesetas, con un 25 %, o con un 35 %, respectivamente, de la parte del presupuesto protegido que les corresponda cuota de participación en el edificio, con unos límites absolutos de 500.000, 550.000 ó 600.000 pesetas por vivienda, asimismo, respectivamente.
La rehabilitación de viviendas contemplada en el artículo 27.1.c), se referirá a su adecuación de habitabilidad.
Las que le proporcionen condiciones mínimas respecto a su superficie útil, distribución interior, instalaciones de agua, electricidad y, en su caso, de gas, ventilación, iluminación natural y aireación, aislamiento térmico y acústico, servicios higiénicos e instalaciones de cocina u otros servicios de carácter general.
La realización de obras de adecuación que posibiliten en las viviendas ahorro de consumo energético o que permitan la adaptación a la normativa vigente en materia de agua, gas, electricidad, protección contra incendios o saneamiento, o aquellas otras que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas de conformidad con lo dispuesto por la Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.
La ampliación del espacio habitable de una vivienda mediante obras, conforme a lo dispuesto en el planeamiento urbanístico, siempre que la superficie útil resultante no exceda de 120 metros cuadrados.
Que las viviendas tengan una antigüedad superior a diez años, salvo si la normativa propia de la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla estableciera un límite superior, o si se trata de la adaptación de las viviendas para uso de personas con minusvalía que reduzcan su movilidad o cuando las obras sean necesarias para adaptar las instalaciones a normativas técnicas aplicables que hayan entrado en vigor con posterioridad a la fecha de terminación de la vivienda.
Que las viviendas no se encuentren sujetas a limitaciones que impidan el uso previsto con la obtención de licencia municipal de obras y que se adapten a las condiciones exigidas por la normativa propia de la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla.
Que los promotores tengan unos ingresos familiares no superiores a 5,5 millones de pesetas.
El presupuesto protegido no podrá exceder, por metro cuadrado de superficie útil, del 50 % del precio máximo de venta, asimismo, por metro cuadrado de superficie útil, establecido en el artículo 16.1.a), con carácter general, para las viviendas protegidas de nueva construcción, aplicable en el momento de la calificación o declaración provisional de protección de la rehabilitación, en la misma localidad o circunscripción territorial.
2. La cuantía de la subvención será del 25 % del presupuesto protegido, con un límite absoluto de 400.000 pesetas.
Cuando el titular ocupante de la vivienda, promotor de su rehabilitación, tenga de sesenta y cinco años en adelante, el citado porcentaje será del 35 %, con un límite absoluto de 500.000 pesetas.
Si la vivienda para la que se obtiene la calificación o declaración estuviera arrendada con un contrato sujeto a prórroga forzosa celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, la cuantía de la subvención será de un 35 % del presupuesto protegido con un límite absoluto de 550.000 pesetas.
3. Cuando la vivienda objeto de rehabilitación se destine a alquiler deberá vincularse a dicho régimen de uso durante un período de diez años, y la renta anual máxima inicial por metro cuadrado de superficie útil será el 7 % del precio legal máximo por metro cuadrado de superficie útil de una vivienda protegida en el momento de la celebración del contrato de arrendamiento, en la misma localidad o circunscripción territorial.
Cuando se trate de un edificio con una sola vivienda que precisará de obras de rehabilitación, tanto de las reguladas en la Sección III, como de las comprendidas en la Sección IV de este Capítulo, la financiación cualificada será la que corresponda a la actuación predominante, según dispongan la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla.
FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE SUELO.
Urbanización de suelo para su inmediata edificación, incluyendo, en su caso, la previa adquisición onerosa del mismo.
Adquisición onerosa de suelo para formación de patrimonios públicos dependientes de cualquier Administración pública, siempre que cumplan los fines señalados en la normativa vigente al respecto.
El uso predominante del suelo objeto de financiación cualificada será el de promoción de las viviendas protegidas a que se refieren los Capítulos II y III, a cuyos efectos deberá destinarse a dicho uso, al menos, el 60 % de la edificabilidad resultante del suelo, cuando se trate de las actuaciones a que se refiere el párrafo a) del artículo anterior.
Acreditar previamente su propiedad, opción de compra, derecho de superficie por, al menos, cincuenta años, concierto adecuado formalizado con quien tenga la titularidad del suelo o cualquier otro título o derecho que conceda facultades para efectuar la urbanización.
Suscribir el compromiso de iniciar, dentro del plazo máximo de tres años, la construcción de las viviendas por sí mediante concierto con promotores de viviendas, al menos, en un 50 % de la edificabilidad correspondiente a viviendas protegidas de nueva construcción según determina el artículo 46 de este Real Decreto.
La cuantía del préstamo cualificado, en caso de la actuación regulada en el artículo 45.a), no podrá exceder del producto de la superficie edificable, según figure en la memoria de viabilidad técnico-financiera del proyecto, multiplicado por el 9 % del precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil, establecido en el artículo 16.1.a) de este Real Decreto, con carácter general, para las viviendas protegidas de nueva construcción, que se califiquen o declaren protegidas en el mismo año, en la misma localidad o circunscripción territorial en donde se ubica la actuación.
Si la actuación incluye la previa adquisición onerosa de suelo, el porcentaje antes indicado, será del 15 %.
Cuando la actuación consista en la adquisición onerosa de suelo para formación de patrimonios públicos, el mencionado porcentaje del precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie útil, será del 6 %
La suma de los períodos de amortización y, en su caso, de carencia, que será como máximo de dos años, no podrá superar los cuatro años en las actuaciones del artículo 45.a), o los seis años si se incluyera la previa adquisición onerosa de suelo, ni doce en las del supuesto b) del citado artículo.
Si el préstamo tuviera garantía hipotecaria quedará vencido anticipadamente en el supuesto de que antes de concluir estos plazos el prestatario transmitiera a título oneroso el suelo objeto de la financiación, salvo que el adquirente de dicho suelo se subrogará en el préstamo y en la subsidiación.
1. El Ministerio de Fomento subsidiará los Préstamos cualificados a que se refiere el artículo anterior, con el 6 % de la cuota, a lo largo de toda la vida del préstamo, incluyendo el período de carencia.
2. El Ministerio de Fomento subvencionará al promotor por cuantía de hasta el 10 %, del préstamo máximo que se hubiera podido obtener, según el artículo 48.a), cuando dicho promotor renuncie a la obtención de préstamo cualificado, la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla propongan dicha fórmula de ayuda, y el análisis de las circunstancias concurrentes, de conformidad con el convenio suscrito con la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla, aconseje conceder la ayuda pública directa bajo esta modalidad.
INSTRUMENTACIÓN FINANCIERA E INSTITUCIONAL DEL PLAN DE VIVIENDA 1998-2001.
Autorizará las cuantías máximas de las siguientes magnitudes:
Gasto estatal que pueden llegar a suponer las ayudas económicas directas vinculadas a las actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, financiables durante el Plan de Vivienda 1998-2001 (sin incluir entre tales ayudas los beneficios de carácter fiscal), en conjunto y por anualidades.
Volumen de recursos a convenir por el Ministerio de Fomento con entidades de crédito públicas y privadas en orden a la concesión de Préstamos cualificados por parte de las mismas para financiar las actuaciones protegidas del plan en su conjunto.
Autorizará la firma, para el conjunto del Plan, de convenios entre el Ministerio de Fomento y las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y, por otra parte, de convenios con entidades de crédito para instrumentar y desarrollar los convenios con dichas Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.
2. El Ministro de Fomento, dentro de los límites de los recursos financieros establecidos de conformidad con el apartado 1.A) anterior, y analizadas las propuestas de las Comunidades Autónomas ,y Ciudades de Ceuta y Melilla, fijará la distribución de dichos recursos mediante los citados convenios con aquéllas y con entidades de crédito, según proceda, entre:
Modalidades de actuaciones protegidas.
Programas anuales de actuación.
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.
Dicha distribución podrá ser modificada, dentro de los límites a que se hace referencia en el apartado 1.A) de este artículo y de conformidad con los mecanismos previstos en los mencionados convenios.
Objetivos totales en número de actuaciones protegidas a financiar durante el período 1998-2001, con el máximo desglose posible en cuanto a modalidades de actuaciones previstas y distribución estimada de las mismas por años.
Compromisos presupuestarios a asumir, en su caso, por parte de cada Administración, concretando los referentes a subvenciones estatales, cuyas cuantías acordadas constituirán el límite máximo del compromiso de gasto estatal por este concepto.
Compromisos en materia de gestión del plan, expresando los instrumentos y medidas a adoptar por parte de cada Administración para su correcta ejecución.
Mecanismos de seguimiento y control respecto al cumplimiento de los objetivos, incluyendo, en su caso, la creación de comisiones bilaterales, presididas por los Directores generales responsables de vivienda de ambas Administraciones. En el seno de dichas comisiones podrán acordarse tanto la financiación específica de las áreas de rehabilitación concretas, como adecuaciones de los objetivos convenidos, en función de la evolución de las circunstancias, siempre que, en cualquier caso, no se sobrepasen los volúmenes máximos de gastos estatales o de recursos financieros a que se refiere el artículo 50.1.A), ni se altere la asignación de recursos financieros estatales o de las entidades de crédito entre las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla.
La territorialización de las actuaciones y las modalidades de estas últimas convenidas con las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Las ofertas competitivas respecto a tipos de interés efectivo que presenten, en su caso, las diferentes entidades de crédito.
El grado de colaboración de dichas entidades con los anteriores planes y programas de vivienda, así como su nivel de cumplimiento de los compromisos y obligaciones de todo tipo que figuran en sus convenios con la citada Dirección General, incluso las de tipo formal, en especial la comunicación de la concesión y de la formalización de los Préstamos , así como la remisión en tiempo y forma de las liquidaciones de los pagos en concepto de subsidios de Préstamos y de la restante información necesaria para la gestión de los convenios por parte de dicha Dirección General.
Los limites de ingresos familiares que se establecen en el presente Real Decreto para acceder a las diversas modalidades de financiación cualificada, podrán actualizarse en el último trimestre de los años 1999 y 2000, con efectos, en su caso, desde el 1 de enero de los años 2000 y 2001, respectivamente, mediante Orden conjunta de los Ministros de Fomento y de Economía y Hacienda, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en función de la evolución del contexto económico y financiero.
Áreas geográficas Módulos sin ponderar Módulos ponderados
4ª 90,28
65,18 94,84
Primera transmisión o adjudicación de la vivienda: 9.991 pesetas.
Cuando la vivienda lleve vinculada en proyecto y registralmente plaza de garaje y, en su caso, trastero u otros anejos a los que se refiere el presente Real Decreto, la cantidad señalada se incrementará, por todos los conceptos, en los siguientes importes: 1.500 y 1.000 pesetas, respectivamente.
Cuando se constituya garantía real en el mismo acto de la primera transmisión o adjudicación para asegurar el precio aplazado, la cantidad señalada se incrementará, por todos los conceptos, en el siguiente importe: 4.995 pesetas.
Primera transmisión o adjudicación: 3.996 pesetas.
Cuando la vivienda lleve vinculada en proyecto y registralmente plaza, de garaje y, en su caso, trastero u otros anejos a los que se refiere el presente Real Decreto, la cantidad señalada se incrementará, por todos los conceptos, en los siguientes importes: 1.000 y 500 pesetas, respectivamente.
Cuando se constituya garantía real, la cantidad señalada se incrementará, por todos los conceptos, en el siguiente importe: 1.998 pesetas.
En tanto no se publique en el Boletín Oficial del Estado el primer Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autorice la suscripción de convenios con entidades de crédito en orden a la concesión de Préstamos cualificados para la financiación de actuaciones protegidas del Plan de Vivienda 1998-2001, se podrá seguir calificando provisionalmente o visando actuaciones protegidas al amparo del Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, pudiendo éstas obtener la financiación cualificada correspondiente, con sujeción a los objetivos en número de actuaciones y volumen de Préstamos cualificados que sean autorizados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos durante 1998, al amparo del último Real Decreto citado.
1. Durante el plazo de los seis meses siguientes a la fecha en que se publique en el Boletín Oficial del Estado el primer Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autorice la suscripción de convenios con entidades de crédito, en orden a la concesión de Préstamos cualificados para la financiación de actuaciones protegidas del Plan de Vivienda 1998-2001 los adquirentes, adjudicatarios y promotores de actuaciones protegidas a quienes se hayan concedido Préstamos cualificados, con la conformidad del Ministerio de Fomento, al amparo del Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, desde el 1 de enero de 1998, hayan sido formalizados o no, podrán solicitar al órgano autonómico correspondiente, y obtener, en su caso, autorización para acogerse a las disposiciones de este Real Decreto, por lo que respecta a precios máximos de venta y renta y condiciones de la financiación cualificada, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
Que no se haya iniciado el período de amortización del préstamo.
Que las características de las actuaciones protegidas y de los destinatarios de las mismas cumplan las condiciones establecidas en este Real Decreto.
Que la entidad financiera correspondiente haya dado previamente su consentimiento para ello, sin que pueda incrementarse la cuantía del préstamo.
Que si las viviendas a las que se refieren dichas actuaciones hubieran sido objeto de contrato de venta o de adjudicación, opción de compra, o se hubieran percibido cantidades a cuenta del precio, el adquirente o adjudicatario preste consentimiento previo, y que los mismos, así como el promotor, renuncien a, o reintegren, en su caso, las ayudas económicas que se les hubieran otorgado.
Las actuaciones calificadas provisionalmente que no hubieran obtenido préstamo cualificado con anterioridad a la fecha en que se publique en el Boletín Oficial del Estado el primer Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autorice la suscripción de convenios con entidades de crédito en orden a la concesión de Préstamos cualificados para la financiación de actuaciones protegidas del Plan de Vivienda 1998-2001, podrán acogerse a su normativa, siempre que sus características, se adecuen a las establecidas en el mismo, incluyendo aquellos casos en los que se hubiera acordado la exención de límites para un área de rehabilitación, y mediante la oportuna diligencia, en su caso, por parte de la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla.
1. Durante el plazo de los seis meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto, los promotores que, con anterioridad a dicha fecha, hubieran declarado en la correspondiente Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla, de conformidad con el artículo 23 del Real Decreto 2190/1995, su propósito de vender las viviendas de forma que los adquirentes o adjudicatarios pudieran acogerse al sistema de protección establecido en dicho Real Decreto para la adquisición protegida a precio tasado de viviendas libres de nueva construcción, podrán optar por solicitar al órgano autonómico correspondiente autorización para que los adquirentes o adjudicatarios de las indicadas viviendas pudieran acogerse al sistema de financiación cualificada establecido en el Capítulo III del mencionado Real Decreto o al establecido en el Capítulo IV del presente Real Decreto sin que, en este último caso. sea de aplicación el plazo de dos años al que se refiere el artículo 23.1.b).
2. Los adquirentes o adjudicatarios con contratos de opción de compra, compraventa o adjudicación, visados o con solicitud de visado registrada por el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla con anterioridad a la fecha en que se publique en el Boletín Oficial del Estado el primer Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autorice la suscripción de convenios con entidades de crédito, en orden a la concesión de Préstamos cualificados para la financiación de actuaciones protegidas del Plan de Vivienda 1998-2001, y que no hubieran obtenido hasta ese momento préstamo cualificado, dispondrán de seis meses, a partir de dicha fecha, para solicitar el citado préstamo, mediante la oportuna diligencia o visado, en su caso, por parte de la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla, pudiéndose acoger al sistema de ayudas establecido en el Capítulo III del Real Decreto 2190/1995 o, alternativamente, al del Capítulo IV del presente Real Decreto, sin que, en este último caso, sea de aplicación el plazo de dos años al que se refiere el artículo 23.1,b).
A este respecto, el plazo máximo a que se refieren los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, queda sustituido por la fecha en que se publique en el Boletín Oficial del Estado el primer Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autorice la suscripción de convenios con entidades de crédito, en orden a la concesión de Préstamos cualificados para la financiación de actuaciones protegidas del Plan de Vivienda 1998-2001.
2. Todos los Préstamos directos que se concedan, entre la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado del Acuerdo del Consejo de Ministros a que se refiere el apartado 1 de esta disposición transitoria y el 31 de diciembre del año 2001, a adquirentes o adjudicatarios de viviendas de protección oficial acogidas para su promoción a normativas anteriores de financiación estatal, se ajustarán en su concesión y beneficios a lo establecido en el presente Real Decreto.
3. No obstante lo establecido en el apartado 1 de esta disposición transitoria, las subvenciones a actuaciones de rehabilitación cuyas solicitudes hayan sido presentadas ante las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla hasta la citada fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado del Acuerdo del Consejo de Ministros al que se refiere el apartado 1 de esta disposición transitoria, y que aquéllas reconozcan, dentro del número de objetivos acordados con el Ministerio de Fomento para el período 1996-1997, así como los autorizadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, durante 1998, se satisfarán en las mismas condiciones establecidas para dicho período.
El mismo criterio será de aplicación a las subvenciones y subsidios actualizados de Préstamos que, por disponerlo así la normativa del citado Plan, requieran para su efectividad la conformidad del Ministerio de Fomento, siempre que dicha conformidad hubiera sido manifestada antes de la citada fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado .
Se faculta a los Ministros de Fomento. de Economía y Hacienda y de Justicia, para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuantas disposiciones se precisen para el desarrollo y ejecución de este Real Decreto.
Disposición ADICIONAL CUARTA;
Derogada por el Real Decreto 1525/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SERES).

References: Artículo 35

Artículo 38

Artículo 48
 artículo 149
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 14
 artículo 52
 artículo 15
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 11
 artículo 118
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 34
 artículo 16
 artículo 23
 artículo 16
 artículo 51
 artículo 27
 artículo 16
 artículo 27
 artículo 16
 artículo 46
 artículo 45
 artículo 16
 artículo 45
 artículo 48
 artículo 50
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 23
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 23
 Real Decreto 
 artículo 23
 Real Decreto 
 Real Decreto