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Timestamp: 2019-09-23 09:07:43+00:00

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Ley de Servicios Sociales de Asturias (Ley 1/2003, de 24 de febrero) - Normativa de Asturias - Legislación - VLEX 74488411
TÍTULO II. Distribución de competencias - arts. 6 a 8
TÍTULO III. Ordenación del sistema público de servicios sociales
CAPÍTULO I. Ordenación funcional - arts. 9 a 13
CAPÍTULO II. Ordenación territorial - arts. 14 a 18
TÍTULO IV. Prestaciones del sistema público de servicios sociales - arts. 19 a 33
TÍTULO V. Participación
CAPÍTULO I. Órganos consultivos y de participación - arts. 34 a 38
CAPÍTULO II. Derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios sociales - arts. 39 y 40
CAPÍTULO III. Voluntariado - art. 41
TÍTULO VI. Responsabilidad pública e iniciativa social - arts. 42 a 45
TÍTULO VII. Financiación - arts. 46 a 48
TÍTULO VIII. Inspección y calidad - arts. 49 a 52
TÍTULO IX. Régimen sancionador - arts. 53 a 65
TÍTULO X. Configuración del sistema de información de los Servicios Sociales
CAPÍTULO I. El sistema de información de los Servicios Sociales - arts. 66 y 67
CAPÍTULO II. La Historia Social Única Electrónica - arts. 68 a 71
PRIMERA. Atención sociosanitaria en programas y centros de atención de servicios sociales
TERCERA. Herramienta tecnológica
Norma citada en: 17 sentencias, 15 artículos doctrinales, 7 disposiciones normativas, una resolución administrativa
El tiempo transcurrido desde la aprobación de la citada ley, los cambios operados en la sociedad asturiana, así como el importante desarrollo de los servicios sociales en estos últimos años hacen necesario establecer un nuevo marco legal que permita profundizar el sistema de protección dando respuesta a las nuevas necesidades en materia de asistencia social y constituyendo una verdadero sistema público de servicios sociales que contribuya a la consolidación de derechos sociales. Efectivamente, desde el año 1987 hasta la actualidad, hemos asistido a la producción de cambios que influyen de manera evidente en la política de servicios sociales. Por un lado, el impacto de las variaciones sociodemográficas, que generaron un envejecimiento de la población asturiana y evidentes modificaciones en la estructura familiar.
De otro, la transformación del tejido económico asturiano, determinado por el declive de los sectores industriales tradicionales, que ha dado lugar a un incremento del desempleo, lo que afecta de forma negativa al bienestar social, menoscaba la cohesión y da lugar a una mayor vulnerabilidad social. A todo ello hay que añadir las corrientes migratorias, que cada día tienen mayor importancia en nuestro país e inciden claramente en la utilización de los servicios sociales.
La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias ha aumentado su capacidad de autogobierno con el traspaso de competencias que en los años ochenta eran gestionadas por la Administración General del Estado.
El tiempo transcurrido desde 1987 ha permitido profundizar en el concepto de servicios sociales y valorar la intervención social no solo por su capacidad para dispensar prestaciones, sino también por las interrelaciones que fomenta y el entramado social que crea.
La financiación del sistema público de servicios sociales se determina en el título VII, donde se establece la responsabilidad en esta cuestión de las administraciones públicas y la posible participación de las personas usuarias.La Ley atribuye la Consejería competente en materia de asuntos sociales la obligación de velar por el cumplimiento de la normativa en dicha materia y de garantizar la calidad del servicio, a través de la función inspectora de las entidades, centros y servicios de servicios sociales, ya sean públicos o privados.
ARTÍCULO 2 Sistema público de servicios sociales.
El sistema público de servicios sociales está integrado por el conjunto de recursos, equipamientos y prestaciones de titularidad pública.
El sistema público de servicios sociales actuará en coordinación y colaboración con aquellos otros servicios cuya meta sea alcanzar mayores cotas de bienestar social, tales como los culturales, formativos, laborales y urbanísticos, y especialmente con los sistemas sanitario y educativo.
El sistema público de servicios sociales regulado por la presente Ley tendrá carácter complementario en relación con las prestaciones de la Administración General del Estado en el ámbito de la Seguridad Social.
ARTÍCULO 3 Funciones del sistema público de servicios sociales.
Desarrollar actividades preventivas para promover la autonomía y superar las causas de marginación y de exclusión.
Promover la integración social de las personas y de los grupos.
Cubrir carencias y satisfacer necesidades en materia de asistencia social.
Prestar apoyos a personas o grupos en situación de dependencia.
Favorecer la participación y el pleno y libre desarrollo de las personas y de los grupos dentro de la sociedad, así como el fomento del desarrollo comunitario.
ARTÍCULO 4 Titulares del derecho.
Son titulares del derecho a acceder al sistema público de servicios sociales regulado en la presente Ley los nacionales de los estados miembros de la Unión Europea empadronados en cualesquiera de los concejos de Asturias, así como los transeúntes en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, atendiendo siempre las situaciones de emergencia social.
También se beneficiarán de dichos servicios quienes no siendo nacionales de ningún estado miembro de la Unión Europea se encuentren en el Principado de Asturias, así como los refugiados y apátridas de acuerdo con lo que se disponga al respecto en los tratados internacionales y en la legislación sobre derechos y deberes de los extranjeros, atendiendo en su defecto al principio de reciprocidad, sin perjuicio de lo que se establezca reglamentariamente para aquellas personas que se encuentren en reconocido estado de necesidad.
Responsabilidad pública, que constituye la garantía del derecho de las ciudadanas y ciudadanos al acceso a dichos servicios. Los poderes públicos deberán proveer los recursos financieros, técnicos y humanos que permitan la promoción y eficaz funcionamiento de los servicios sociales, dando prioridad en cualquier caso a la cobertura de las necesidades más urgentes.
Universalidad: el acceso al sistema público de servicios sociales tendrá lugar en condiciones de igualdad efectiva con independencia de las condiciones sociales, económicas y territoriales.
Igualdad: todos las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a las prestaciones del sistema público de servicios sociales sin discriminación por razones de raza, sexo, orientación sexual, estado civil, edad, discapacidad, ideología o creencia, debiendo atenderse a las necesidades sociales de una forma integral.
Descentralización: atendiendo al principio de proximidad que deben cumplir los servicios sociales, éstos se organizarán y distribuirán con criterios territoriales de modo que su gestión se realice desde el nivel más cercano a las ciudadanas y ciudadanos.
Coordinación y cooperación: las Administraciones Públicas del Principado de Asturias con competencias en materia de servicios sociales se regirán por el criterio de cooperación y de coordinación entre sí, garantizando la continuidad de la atención.
Atención personalizada e integral: la actuación del sistema público de servicios sociales debe centrarse en el bienestar social de las personas usuarias del mismo, realizando la intervención social mediante la evaluación integral de sus necesidades y con pleno respeto a su dignidad y a sus derechos.
Eficiencia: la optimización de recursos en materia de política social debe presidir toda actuación para el logro pleno de los objetivos del sistema público de servicios sociales. Para ello se atenderá a criterios de programación y prioridad de los recursos disponibles para aplicarlos a la satisfacción de las necesidades, previo análisis de las mismas y de sus causas, determinando con criterios técnicos las actuaciones y servicios que deban ejecutarse.
Prevención, normalización e integración: el sistema público de servicios sociales se aplicará de forma prioritaria a la prevención de las causas que originan situaciones de marginación o de limitación al desarrollo de una vida autónoma, sin perjuicio de la actuación simultánea para su superación una vez sobrevenidas.
Participación, creando los cauces y las condiciones para impulsar la participación de las ciudadanas y ciudadanos en la gestión del sistema público de servicios sociales, así como en la planificación, seguimiento y evaluación de los planes y programas en los términos establecidos en la presente Ley.
Calidad: el sistema público de servicios sociales establecerá criterios de evaluación que velen por la calidad de los programas y prestaciones teniendo como eje el concepto de calidad de vida de las personas.
TÍTULO II Distribución de competencias Artículos 6 a 8
ARTÍCULO 6 Funciones de la Administración del Principado de Asturias.
Estudio, diagnóstico y análisis actualizado de las situaciones de riesgo y necesidad social de la población asturiana para el mejor diseño y estrategias preventivas y del resto de intervenciones sociales.
Planificación general de los servicios sociales en el territorio del Principado de Asturias, al objeto de evitar desequilibrios territoriales y garantizar niveles mínimos de protección en coordinación con los ayuntamientos.
Desarrollo del sistema de información de servicios sociales que se configura en el título X, que tiene como aplicación fundamental para la atención e intervención social la Historia Social Única Electrónica.
Creación, mantenimiento, dirección y gestión de los servicios, recursos y programas de su titularidad.
Coordinación de las acciones de las distintas Administraciones Públicas competentes en materia de servicios sociales y de la iniciativa privada concertada.
Ordenación de los servicios sociales, regulando las condiciones y requisitos para la autorización, registro y acreditación de los centros de atención de servicios sociales.
Cooperación y ayuda técnica a los ayuntamientos y demás entidades locales para el adecuado ejercicio de sus funciones en este ámbito, así como el asesoramiento a la iniciativa privada concertada.
Promoción y fomento de servicios sociales municipales mancomunados.
Inspección y control de calidad de los programas, centros de atención y servicios de su titularidad y de los municipales que reciban aportaciones económicas específicas, así como de los privados radicados en el territorio del Principado de Asturias.
Fomento del estudio y de la investigación en el ámbito de los servicios sociales.
Ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de su competencia en los términos establecidos en el título IX de la presente Ley y demás normativa aplicable.
Apoyar y fomentar a las entidades de la iniciativa social en el ejercicio de sus acciones de ayuda mutua y en el desarrollo de actividades altruistas.
Artículo 6, letra c), modificada por la Ley 4/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales.
ARTÍCULO 7 Administración local.
El análisis de las necesidades y de la problemática social existentes en su ámbito territorial.
El tratamiento de datos, información y documentos de las personas usuarias de los servicios sociales, al objeto de su incorporación al sistema de información de servicios sociales y a la Historia Social Única Electrónica en los términos establecidos en el título X.
La titularidad y gestión de los servicios sociales generales en los términos establecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley.
La programación de los servicios sociales de su competencia conforme a la planificación de la Administración del Principado de Asturias y la coordinación de sus actividades con las instituciones y asociaciones privadas en el ámbito de su territorio.
La gestión de los programas y de las ayudas económicas que le pueda encomendar la Administración del Principado de Asturias según se determine mediante convenio entre ambas Administraciones.
Artículo 7, letra b), modificada por la Ley 4/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales.
ARTÍCULO 8 Delegación o encomienda de gestión.
TÍTULO III Ordenación del sistema público de servicios sociales Artículos 9 a 18
CAPÍTULO I Ordenación funcional Artículos 9 a 13
ARTÍCULO 9 Estructura del sistema.
ARTÍCULO 10 Servicios sociales generales.
Los servicios sociales generales constituyen el punto de acceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el primer nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a los ámbitos familiar y social.
El centro de servicios sociales es la unidad básica de funcionamiento del sistema y estará dotado con un equipo multidisciplinar integrado por profesionales del campo de las ciencias sociales cuyo ámbito de actuación es la zona básica de servicios sociales.
A efectos de cumplir con el principio de proximidad, los centros de servicios sociales podrán organizar su actividad a través de unidades de trabajo social, que desarrollarán su labor de acuerdo con una metodología de trabajo en equipo.
ARTÍCULO 11 Funciones de los servicios sociales generales.
Realización de actuaciones preventivas de las situaciones de riesgo y necesidad social del conjunto de la población asturiana.
Ser centros de información, valoración, diagnóstico y orientación para la población en cuanto a los derechos y recursos sociales existentes y a las intervenciones sociales que les puedan corresponder.
Desarrollar programas de intervención orientados a proporcionar los recursos y medios que faciliten la integración y la participación social de las personas, familias y grupos en situación de riesgo.
Desarrollar programas de alojamientos alternativos temporales destinados principalmente a transeúntes.f) Gestionar prestaciones de emergencia social.
Gestionar la tramitación de las prestaciones económicas que correspondan al ámbito municipal o aquellas otras que se les puedan delegar o encomendar.
Detección de necesidades sociales en su ámbito territorial, proporcionando la información necesaria para la planificación en dicho ámbito y en el general.
ARTÍCULO 12 Servicios sociales especializados.
Los servicios sociales especializados son aquellos que diseñan y ejecutan intervenciones de mayor complejidad técnica e intensidad de atención que las realizadas por los servicios sociales generales a través de centros, servicios y programas dirigidos a personas y colectivos que requieren de una atención específica.
Los servicios sociales especializados se ordenarán tomando como referencia las áreas territoriales en las que se dispondrán los distintos recursos que los integran atendiendo a características sociodemográficas según se determine reglamentariamente a través del Mapa asturiano de servicios sociales.
ARTÍCULO 13 Funciones de los servicios sociales especializados.
Los servicios sociales especializados realizarán las siguientes funciones:
Evaluar y diagnosticar situaciones de severa desprotección o dependencia.
Valorar y determinar el acceso a las prestaciones económicas propias de este nivel de actuación.
Elaborar y ejecutar intervenciones técnicas adecuadas al grado de complejidad detectado en el proceso de evaluación diagnostica.
Proporcionar apoyos para prevenir y corregir las situaciones de grave riesgo de exclusión, dependencia o desprotección social.
Promover medidas de reinserción en su ámbito de actuación.
Gestionar centros, dispositivos, programas y prestaciones específicas.
Prestar colaboración a los servicios sociales generales.
Estas funciones podrán realizarse en el nivel de los servicios sociales especializados o mediante el apoyo a los servicios sociales generales, estableciendo los mecanismos de coordinación precisos con la Federación Asturiana de Concejos, para garantizar el mejor servicio a los ciudadanos y evitar duplicidades y situaciones de carencia asistencial.
CAPÍTULO II Ordenación territorial Artículos 14 a 18
ARTÍCULO 14 Organización territorial.
El sistema público de servicios sociales se organizará territorialmente en áreas, distritos, zonas básicas y zonas especiales de servicios sociales.
La organización territorial vendrá establecida en el Mapa asturiano de servicios sociales que se aprobará reglamentariamente. En todo caso, las áreas de servicios sociales coincidirán con las establecidas en el Mapa sanitario de Asturias.
ARTÍCULO 15 Áreas de servicios sociales.
Las áreas de servicios sociales constituyen las estructuras territoriales del sistema público de servicios sociales, en cuyo ámbito se organizarán y distribuirán los centros y programas de los servicios sociales especializados, así como los de apoyo a los servicios sociales generales.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, de acuerdo con la planificación general podrán existir recursos de servicios sociales especializados de ámbito general en atención a sus características y la extensión de su cobertura no adscritos a un área de servicios sociales.
En cada área de servicios sociales se establecerá una estructura de gestión unitaria de los centros, programas y prestaciones que se desarrollen en su demarcación territorial dependientes de la Administración del Principado de Asturias, en los términos establecidos en el Mapa asturiano de servicios sociales.
ARTÍCULO 16 Distritos.
ARTÍCULO 17 Zonas básicas de servicios sociales.
ARTÍCULO 18 Zonas especiales de servicios sociales.
TÍTULO IV Prestaciones del sistema público de servicios sociales Artículos 19 a 33
ARTÍCULO 19 Prestaciones.
A efectos de lo dispuesto en la presente Ley son prestaciones del sistema público de servicios sociales los servicios, las intervenciones técnicas, los programas y las ayudas destinadas al cumplimiento de los fines del mismo.
El sistema público de servicios sociales comprenderá las siguientes prestaciones:
Orientación individual o familiar.
Medidas dirigidas a prevenir la exclusión social y a promover la autonomía de las personas.
Actuaciones dirigidas a garantizar la protección de los menores.
Medidas de apoyo familiar.
Medidas de apoyo a las personas dependientes y sus familias, entendiendo como tales a las personas que por razones ligadas a la falta o a la pérdida de capacidad física, psíquica o intelectual tienen necesidad de una asistencia o ayuda importante para la realización de las actividades de la vida diaria.
Medidas y ayudas técnicas para la atención, rehabilitación y el fomento de la inserción social de personas con necesidades especiales por causa de su discapacidad.
Medidas dirigidas a garantizar ingresos mínimos y fomentar la inclusión social.
Medidas de apoyo, individuales o familiares, en situaciones de emergencia social.
Medidas dirigidas a la protección jurídica de las personas que tengan disminuida su capacidad de obrar y les impida valerse por sí mismas.
Medidas dirigidas a incrementar la autonomía personal, la participación social y el desarrollo comunitario.
ARTÍCULO 20 Catálogo de prestaciones.
El catálogo de prestaciones, que será aprobado por decreto, detallará el conjunto de prestaciones del sistema público de servicios sociales.
El catálogo de prestaciones distinguirá como fundamentales aquellas que serán exigibles como derecho subjetivo en los términos establecidos en el mismo directamente o previa indicación técnica y prueba objetiva de su necesidad, con independencia, en todo caso, de la situación económica de los beneficiarios.
El catálogo de prestaciones tendrá carácter complementario respecto de las prestaciones de la Administración General del Estado en el ámbito de la Seguridad Social y su desarrollo será progresivo.
ARTÍCULO 21 Información general y especializada.
La información general y especializada consistirá en ofrecer a las personas usuarias la información que resulte necesaria para que conozcan el contenido de las prestaciones del sistema público de servicios sociales y de otros sistemas de bienestar y, en su caso, para que puedan acceder a las mismas.
Asimismo, las personas usuarias tendrán derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.
ARTÍCULO 22 Valoración y diagnóstico.
ARTÍCULO 23 Orientación individual y familiar.
ARTÍCULO 24 Prevención de la exclusión social.
ARTÍCULO 25 Protección de los menores.
ARTÍCULO 26 Apoyo familiar.
ARTÍCULO 27 Apoyo a las personas dependientes.
ARTÍCULO 28 Inserción social de personas con discapacidad.
ARTÍCULO 29 Inclusión social.
Las prestaciones dirigidas a garantizar ingresos mínimos y fomentar la inclusión social tendrán por objeto facilitar el apoyo para la satisfacción de las necesidades básicas a personas en situación de riesgo social, así como remover los obstáculos que dificulten que las condiciones de igualdad y participación del individuo y de los grupos sean reales y efectivas.
Las prestaciones económicas de ingreso mínimo se podrán complementar con medidas que desarrollen la adquisición de habilidades sociales y competencias laborales para facilitar mejor la integración social. Igualmente, se fomentarán pautas de convivencia que faciliten el acceso a la vivienda.
ARTÍCULO 30 Situaciones de emergencia social.
ARTÍCULO 31 Protección jurídica de las personas que tengan disminuida su capacidad de obrar.
ARTÍCULO 32 Participación social y desarrollo comunitario.
ARTÍCULO 33 Prestaciones económicas.
Las prestaciones económicas del sistema público de servicios sociales se regirán por su normativa específica y consistirán en subvenciones y ayudas económicas ordinarias o de emergencia.
El titular de la Consejería con competencia en materia de servicios sociales podrá conceder a propuesta de las correspondientes comisiones de valoración, con carácter excepcional, a las personas que se encuentren en situaciones de extrema necesidad ayudas económicas de emergencia, tanto de carácter periódico como no periódico.
TÍTULO V Participación Artículos 34 a 41
CAPÍTULO I Órganos consultivos y de participación Artículos 34 a 38
ARTÍCULO 34 Garantía de participación.
El Consejo Asesor de Bienestar Social del Principado de Asturias se constituye como órgano de carácter consultivo adscrito a la Consejería competente en materia de servicios sociales.
El Consejo Asesor de Bienestar Social del Principado de Asturias estará integrado por los siguientes miembros:
–Un máximo de ocho miembros representantes de la Administración del Principado de Asturias, de los cuales cuatro habrán de proceder de la Consejería competente en materia de servicios sociales.
–Cinco representantes de los concejos asturianos, designados por la Federación Asturiana de Concejos.
–Dos representantes de las organizaciones empresariales más representativas en el ámbito del Principado de Asturias, designados por la Federación Asturiana de Empresarios.
–Dos representantes de las organizaciones sindicales de mayor implantación en la Comunidad Autónoma, designados por éstas.
–Dos representantes del Consejo de Personas Mayores del Principado de Asturias.
–Dos representantes del órgano representativo que aglutina a las asociaciones de las personas con discapacidad.
–Un representante del Consejo Asturiano de la Mujer.
–Un representante del Consejo de la Juventud del Principado de Asturias.
–Dos representantes de la Universidad de Oviedo.
–Tres representantes de entidades de la iniciativa social que trabajen en el campo de los servicios sociales.
–Un máximo de cinco representantes de las diferentes asociaciones, federaciones, etcétera, representativas de los diferentes sectores que desarrollan su actividad en el campo de los servicios sociales.
–Aquellos otros que reglamentariamente se determine.
Artículo 35 apartado 2 modificado por Artículo 4 de la Ley 6/2004, de 28 diciembre, de Medidas de Asturias 2005, publicado en BO. del Principado de Asturias el 31 de diciembre de 2004.
ARTÍCULO 36 Funciones del Consejo Asesor de Bienestar Social del Principado de Asturias.
Informar los anteproyectos y proyectos de disposiciones normativas de carácter general que afecten al ámbito de los servicios sociales.
Informar los programas y planes en materia de servicios sociales.
Asesorar y elevar a la Administración del Principado de Asturias propuestas e iniciativas sobre cualquier materia relativa a la acción de los servicios sociales.
Cualquier otra que se le atribuya en el desarrollo reglamentario de la presente Ley o pueda atribuirle la normativa vigente.
ARTÍCULO 37 Consejos locales de bienestar social.
Podrán constituirse consejos de bienestar social de ámbito local con carácter consultivo y asesor para los temas relativos a la planificación, organización y funcionamiento del sistema público de servicios sociales dentro del concejo o zona básica de servicios sociales.
Estos consejos deberán fomentar, en todo caso, la participación ciudadana.
La determinación de su composición y régimen de funcionamiento será competencia de las propias Administraciones locales.
ARTÍCULO 38 Consejos asesores de carácter sectorial.
CAPÍTULO II Derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios sociales Artículos 39 y 40
ARTÍCULO 39 Derechos.
A acceder y disfrutar del sistema público de servicios sociales en condiciones de igualdad, sin discriminación por razón de raza, sexo, orientación sexual, estado civil, edad, discapacidad, ideología o creencia, condiciones económicas y territoriales.
Al ejercicio de la libertad individual para el ingreso, permanencia y salida de los centros de atención de servicios sociales, sin perjuicio de lo establecido en la legislación civil respecto a las personas con capacidad de obrar limitada.
Al secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo lo que se disponga en resolución judicial.
A participar en la toma de decisiones que le afecten individual o colectivamente mediante los cauces establecidos legalmente o en el Reglamento de régimen interior.
A la consideración en el trato debida a la dignidad de la persona, tanto por parte del personal de los servicios sociales como de las otras personas usuarias.
A recibir información en términos comprensibles completa y continuada, verbal o escrita sobre su situación, así como al acceso a su expediente individual y a la obtención de un informe cuando así lo soliciten, siempre que ostenten la condición de interesado.
A mantener relaciones interpersonales, respetando el derecho a recibir visitas.
A la máxima intimidad en la convivencia en función de las condiciones estructurales de los centros y servicios.
Los demás reconocidos en la presente Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.
ARTÍCULO 40 Deberes.
Son deberes de las personas usuarias:
Cumplir las normas para el acceso al sistema público de servicios sociales, observando veracidad en la solicitud así como una correcta y adecuada utilización de las prestaciones.
Cumplir el Reglamento de régimen interior.
Seguir el programa y las orientaciones prescritas por los profesionales competentes, cumpliendo las disposiciones contenidas en los referidos instrumentos.
Usar, cuidar y disfrutar de manera responsable y conforme a las normas de las instalaciones, colaborando al mantenimiento de su habitabilidad.
Abonar la contraprestación económica que, en su caso, se determine para acceder y disfrutar de los servicios y prestaciones, contribuyendo así a la financiación del sistema público de servicios sociales.
Cumplir los compromisos, contraprestaciones y obligaciones que la naturaleza de las prestaciones determine.
La exigencia de los deberes recogidos en el número anterior se modulará en función de la capacidad de la persona usuaria y, cuando proceda, deberán ser cumplidos por sus padres o tutores.
CAPÍTULO III Voluntariado Artículo 41
TÍTULO VI Responsabilidad pública e iniciativa social Artículos 42 a 45
ARTÍCULO 42 Creación de centros y servicios públicos.
ARTÍCULO 43 Autorización administrativa de centros y servicios privados.
Con el fin de garantizar la calidad en la prestación de los servicios sociales, los centros y servicios de titularidad privada que desarrollen sus actividades en el ámbito del Principado de Asturias requerirán de autorización administrativa previa para su instalación y funcionamiento, así como para las modificaciones que respecto de su estructura y régimen inicial puedan establecerse.
Reglamentariamente se determinarán las condiciones de autorización, registro y acreditación de los centros y servicios a que se refiere el número anterior, que, al objeto de garantizar la calidad en la prestación de los servicios, podrán establecer:
Condiciones de emplazamiento y edificación.
Condiciones materiales y de equipamiento exigibles.
Número mínimo de efectivos del personal asistencial.
Exigencia de titulación para los profesionales.
Requisitos funcionales, tales como los referidos, entre otros, a planes generales de intervención, desarrollo de programas y metodología y procedimientos de trabajo.
De acuerdo con lo establecido en el número anterior, los centros de atención de servicios sociales que hayan obtenido la correspondiente autorización, deberán inscribirse en el Registro de centros de atención de servicios sociales adscrito a la Consejería competente en materia de servicios sociales.
ARTÍCULO 44 Formas de prestación de los servicios sociales
Régimen de actuación de las entidades de iniciativa privada.
Gestión directa o con medios propios, que será la forma preferente.
Prestación de servicios a las personas por la Administración local, a través de cualesquiera de las fórmulas de colaboración y cooperación entre Administraciones públicas previstas en el ordenamiento jurídico.
Acuerdos de acción concertada con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro.
Se reconoce el derecho de la iniciativa privada, a participar en los servicios sociales mediante la creación de centros y servicios, y la gestión de programas y prestaciones de esta naturaleza.
El ejercicio de este derecho por las entidades de iniciativa privada y su integración en el sistema de servicios sociales quedarán sujetos al régimen de autorización, acreditación y registro establecido en esta ley y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen.
La actividad de la iniciativa privada en materia de servicios sociales se regula por lo dispuesto en esta ley y en la planificación autonómica de los servicios sociales previstos para cada caso.
El Principado Asturias promoverá, facilitará e impulsará la participación de entidades de iniciativa social en la realización de actividades y programas en materia de acción social, entidades a las que se dotará de un estatuto propio de colaboración con la Administración del Principado. A los efectos de esta Ley se entiende por entidades de iniciativa social aquellas que siendo sin ánimo de lucro, realicen actividades de servicios sociales.
Artículo 44, modificado por la Ley del Principado de Asturias 9/2015, de 20 de marzo, de primera modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, el 8 de Abril de 2015.
Artículo 44, apartado 1, modificado por la Ley 3/2019, de 15 de marzo, sobre acción concertada con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de carácter social.
ARTÍCULO 44 BIS Régimen del concierto social.
Artículo 44 bis, derogado por la Ley 3/2019, de 15 de marzo, sobre acción concertada con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de carácter social.
Artículo 44 bis, añadido por la Ley del Principado de Asturias 9/2015, de 20 de marzo, de primera modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, el 8 de Abril de 2015.
ARTÍCULO 44 TER Objeto de los conciertos sociales.
Artículo 44 ter, añadido por la Ley del Principado de Asturias 9/2015, de 20 de marzo, de primera modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, el 8 de Abril de 2015.
Artículo 44 ter, derogado por la Ley 3/2019, de 15 de marzo, sobre acción concertada con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de carácter social.
ARTÍCULO 44 QUATER Efectos de los conciertos sociales.
Artículo 44 quáter, añadido por la Ley del Principado de Asturias 9/2015, de 20 de marzo, de primera modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, el 8 de Abril de 2015.
Artículo 44 quáter, derogado por la Ley 3/2019, de 15 de marzo, sobre acción concertada con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de carácter social.
ARTÍCULO 44 QUINQUIES Requisitos exigibles para acceder al régimen de concierto social.
Artículo 44 quinquies, añadido por la Ley del Principado de Asturias 9/2015, de 20 de marzo, de primera modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, el 8 de Abril de 2015.
Artículo 44 quinquies, derogado por la Ley 3/2019, de 15 de marzo, sobre acción concertada con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de carácter social.
ARTÍCULO 44 SEXIES Duración, modificación, renovación y extinción de los conciertos sociales.
Artículo 44 sexies, añadido por la Ley del Principado de Asturias 9/2015, de 20 de marzo, de primera modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, el 8 de Abril de 2015.
Artículo 44 sexties, derogado por la Ley 3/2019, de 15 de marzo, sobre acción concertada con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de carácter social.
ARTÍCULO 44 SEPTIES Formalización de los conciertos sociales.
Artículo 44 septies, añadido por la Ley del Principado de Asturias 9/2015, de 20 de marzo, de primera modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, el 8 de Abril de 2015.
Artículo 44 septies, derogado por la Ley 3/2019, de 15 de marzo, sobre acción concertada con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de carácter social.
ARTÍCULO 44 OCTIES Convenios para la gestión de las prestaciones del catálogo de servicios sociales y acuerdos de colaboración.
Artículo 44 octies, añadido por la Ley del Principado de Asturias 9/2015, de 20 de marzo, de primera modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, el 8 de Abril de 2015.
Artículo 44 octies, derogado por la Ley 3/2019, de 15 de marzo, sobre acción concertada con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de carácter social.
ARTÍCULO 44 NONIES Financiación pública de la iniciativa social.
Artículo 44 nonies, añadido por la Ley del Principado de Asturias 9/2015, de 20 de marzo, de primera modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, el 8 de Abril de 2015.
Artículo 44 nonies, derogado por la Ley 3/2019, de 15 de marzo, sobre acción concertada con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de carácter social.
ARTÍCULO 45 Declaración de interés.
Realizar las prestaciones de carácter social e interés general que den origen a la declaración dentro del territorio de la Comunidad Autónoma.
Figurar inscritas en el Registro de Entidades de Interés Social cuya organización y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.
TÍTULO VII Financiación Artículos 46 a 48
ARTÍCULO 46 Fuentes de financiación.
Los presupuestos generales del Principado de Asturias.
Los presupuestos de los ayuntamientos.
Las aportaciones de las personas usuarias.
Cualquier otra aportación económica que amparada en el ordenamiento jurídico vaya destinada a tal fin.
ARTÍCULO 47 Colaboración entre Administraciones Públicas.
La colaboración entre las distintas Administraciones se instrumentará a través de convenios o cualquier otra figura prevista en el ordenamiento jurídico a fin de condicionarla al cumplimiento de los objetivos determinados en la planificación general de los servicios sociales en el territorio del Principado de Asturias y a un estricto control financiero.
Para la financiación de los convenios o de las subvenciones que el Principado de Asturias formalice con las entidades locales se podrán adquirir compromisos de gasto que se extiendan a ejercicios futuros, con el objeto de garantizar que la prestación de los servicios sociales y el desarrollo de los programas en materia de asistencia o acción social objeto de aquellos se realice en un marco estable. A estos efectos, los compromisos de gastos que se asuman tendrán el carácter a efectos contables y de tramitación de plurianuales y se ajustarán a las condiciones y limitaciones previstas en su normativa reguladora.
ARTÍCULO 48 Aportaciones de las personas usuarias.
Las Administraciones públicas competentes podrán establecer la participación de las personas usuarias en la financiación de los servicios y prestaciones del sistema público de servicios sociales. Dicha participación se basará en los principios de solidaridad y redistribución de acuerdo con los criterios generales que se establecen en la presente Ley y en las normas que la desarrollen.
La participación de las personas usuarias en la financiación del sistema público de servicios sociales vendrá determinada por la ponderación de los siguientes criterios:
El coste del servicio.
El grado de utilización por la persona usuaria de los servicios o prestaciones.
Los ingresos y el patrimonio de la persona usuaria en los términos que reglamentariamente se determinen.
Ninguna persona usuaria quedará excluida de los servicios o de las prestaciones del sistema por carecer de recursos económicos.
La calidad del servicio o de las prestaciones no podrá ser determinada en ningún caso en función de la participación de las personas usuarias en el coste de los mismos.
TÍTULO VIII Inspección y calidad Artículos 49 a 52
ARTÍCULO 49 Función inspectora.
Corresponde a la Consejería competente en materia de asuntos sociales la función inspectora de las entidades, centros y servicios ya sean públicos o privados con el fin de verificar el exacto cumplimiento de la normativa que les es de aplicación, de tal manera que quede garantizada la calidad de los servicios sociales que se presten en el territorio del Principado de Asturias.
Para el desarrollo de la función inspectora la Consejería competente en materia de asuntos sociales contará, además de con su propio servicio de Inspección, con el apoyo de los servicios de inspección adscritos a otros departamentos de la Administración del Principado de Asturias y con la colaboración de otras Administraciones Públicas con facultades inspectoras.
ARTÍCULO 50 Personal inspector.
El personal inspector tendrá la condición de funcionario público.
El personal inspector tiene en el ejercicio de sus funciones la condición de autoridad pública, para lo cual los inspectores actuantes deberán acreditarse como tales, pudiendo recabar si lo estiman oportuno para el cumplimiento de sus atribuciones el auxilio de otras instituciones públicas.
En el ejercicio de sus funciones los inspectores de servicios sociales estarán autorizados para:
Entrar libremente en cualquier momento y sin previa notificación en todo centro, establecimiento o servicio sujeto a esta Ley.
La Inspección actuará de oficio por denuncia, orden superior o a petición razonada de otros órganos administrativos. La inspección también podrá realizarse a petición de la propia entidad, centro o servicio.
ARTÍCULO 51 Funciones básicas de la Inspección.
ARTÍCULO 52 Desarrollo de la función inspectora.
Vigilar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de servicios sociales, proponiendo al órgano competente la incoación del correspondiente procedimiento sancionador cuando comprobase la existencia de una posible infracción o del procedimiento de adopción de las medidas correctoras necesarias.
TÍTULO IX Régimen sancionador Artículos 53 a 65
ARTÍCULO 53 Responsabilidad administrativa.
Son sujetos responsables de las infracciones en materia de servicios sociales las personas físicas o jurídicas titulares o gestores de las entidades, centros o servicios que actúen en las áreas de intervención señaladas en la presente Ley.
También serán responsables las personas usuarias de centros o servicios públicos en los términos establecidos en la presente Ley.
Las responsabilidades administrativas derivadas de la presente Ley se exigirán sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o laborales en que pudiera haber incurrido el infractor con su actuación.
Constituyen infracciones administrativas en materia de servicios sociales las acciones u omisiones tipificadas en esta Ley, sin perjuicio de las contempladas en otras leyes especiales.
Las infracciones establecidas en esta Ley se clasifican en leves, graves y muy graves.
Son infracciones leves las acciones u omisiones siguientes:
Prestar una asistencia inadecuada a las personas usuarias, siempre que no se les causen perjuicios de carácter grave.
Las cometidas por imprudencia, siempre que la alteración o riesgo para la salud o seguridad de los usuarios fuese de escasa entidad.
También constituyen infracciones leves los incumplimientos de los deberes inherentes a la condición de personas usuarias de centros o servicios públicos consistentes en:
Promover o participar en discusiones o altercados violentos en perjuicio de la convivencia.
Faltar levemente a la consideración debida a la dirección, personal del centro, resto de usuarios o visitantes.
Incumplir las normas que sobre el régimen de permanencia o continuidad en el centro o servicio prevea el correspondiente Reglamento de régimen interior sobre permanencia en el centro.
Utilizar de forma inadecuada las instalaciones medios y servicios o perturbar las actividades del mismo alterando las normas de convivencia y respeto mutuo.
Incumplir las obligaciones recogidas en el Reglamento de régimen interior que por su naturaleza y gravedad no sean tipificadas como graves o muy graves.
Son infracciones graves las acciones u omisiones siguientes:
Realizar modificaciones sustanciales en la estructura física de los edificios o en sus dependencias cuando aquéllas puedan afectar al mantenimiento o supresión de la autorización administrativa.
Mantener los locales, instalaciones, mobiliario o enseres con deficiencias en su estado, funcionamiento, limpieza o higiene derivándose de ello riesgo para la integridad física o la salud de los usuarios.
Incumplir los requerimientos específicos que formulen las autoridades, siempre que se produzcan por primera vez.
También constituyen infracciones graves los incumplimientos de los deberes inherentes a la condición de personas usuarias de centros o servicios públicos consistentes en:
Faltar gravemente a la consideración debida a la dirección, personal del centro, resto de usuarios o visitantes.
Ocasionar daños graves en los bienes del centro o perjuicios notorios al normal desarrollo de los servicios o a la convivencia del centro.
Incumplimiento grave de las normas que sobre el régimen de permanencia o continuidad en el centro o servicio prevea el correspondiente Reglamento de régimen interior.
Incumplimiento grave de las obligaciones recogidas, en su caso, en el Reglamento de régimen interior que por su naturaleza y gravedad no estén tipificadas como muy graves.
Son infracciones muy graves las acciones u omisiones siguientes:
Mantener los locales, instalaciones, mobiliario o enseres con deficiencias en su estado, funcionamiento, limpieza o higiene derivándose de ello perjuicio grave para la integridad física o la salud de los usuarios.
También constituyen infracciones muy graves los incumplimientos de los deberes inherentes a la condición de personas usuarias de centros o servicios públicos consistentes en:
Agresión física o malos tratos hacia la dirección, personal del centro, resto de usuarios o visitantes.
Sustraer bienes del centro, del personal o del resto de residentes o visitantes.
Ocasionar daños o perjuicios muy graves en los bienes, instalaciones o en el normal desarrollo de los servicios o en la convivencia del centro.
Multa de 301 a 3.005 E.
Multa de 3.005,01 a 15.025 E.
Multa de 15.025,01 a 601.012 E.
Las cuantías de las multas fijadas en este artículo podrán ser revisadas periódicamente por el Consejo de Gobierno en atención a la variación que experimente el índice de precios al consumo.
ARTÍCULO 59 Graduación de las sanciones.
Grado mínimo: de 301 hasta 601 E.
Grado medio: desde 601,01 hasta 1.803 E.
Grado máximo: desde 1.803,01 hasta 3.005 E.
Grado mínimo: de 3.005,01 hasta 6.912 E.
Grado medio: desde 6.912,01 hasta 10.818 E.
Grado máximo: desde 10.818,01 hasta 15.025 E.
Grado mínimo: desde 15.025,01 hasta 210.354 E.
Grado medio: desde 210.354,01 hasta 405.683 E.
Grado máximo: desde 405.683,01 hasta 601.012 E.
ARTÍCULO 61 Procedimiento sancionador.
El procedimiento administrativo para la imposición de sanciones por la comisión de las infracciones tipificadas en la presente Ley se ajustará al general establecido a tal fin por la Administración del Principado de Asturias.
El plazo máximo de resolución y notificación del expediente sancionador en materia de servicios sociales será de 12 meses.
Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados podrá adoptar las medidas correspondientes. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
Las medidas provisionales, que deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretenda garantizar en cada supuesto concreto, podrán consistir en:
Medidas para evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción.
ARTÍCULO 63 Órgano competente para la imposición de las sanciones.
El Consejero competente en materia de servicios sociales para las multas cuya cuantía no supere los 15.025 E, incluidas las accesorias correspondientes.
El Consejo de Gobierno para las multas superiores a los 15.025 E, incluidas las accesorias correspondientes.2. Lo dispuesto en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la competencia sancionadora atribuida a los órganos referidos en la disposición adicional tercera de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
ARTÍCULO 64 Publicidad de las sanciones.
ARTÍCULO 65 Carácter supletorio del régimen sancionador.
TÍTULO X Configuración del sistema de información de los Servicios Sociales Artículos 66 a 71
Título X, añadido por la Ley 4/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales.
CAPÍTULO I El sistema de información de los Servicios Sociales Artículos 66 y 67
Capítulo I, añadido por la Ley 4/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales.
El sistema de información de los servicios sociales de la Administración del Principado de Asturias contendrá toda la información del sistema público de servicios sociales y en especial la relativa a:
Derechos y prestaciones.
Servicios, programas, recursos, centros y equipamientos.
Organismos y entidades públicas y privadas responsables de su gestión y ejecución.
Mapas de procesos y procedimientos.
La Historia Social Única Electrónica.
Se garantizará un sistema de información seguro, actualizado, coordinado, interoperable y accesible a la ciudadanía y a las distintas personas que intervengan en materia de servicios sociales por su cometido profesional.
Artículo 66, añadido por la Ley 4/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales.
Artículo 67, añadido por la Ley 4/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales.
CAPÍTULO II La Historia Social Única Electrónica Artículos 68 a 71
Capítulo II, añadido por la Ley 4/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales.
La Historia Social Única Electrónica (en adelante, HSUE) es una plataforma electrónica cuyo propósito es gestionar y tratar el conjunto de información y documentos en formato electrónico que componen el expediente de la persona usuaria del sistema público de servicios sociales, en los que se contienen los datos, las valoraciones, las prestaciones e informaciones de cualquier tipo, sobre la situación y la evolución de la atención social de una persona usuaria del sistema público de los servicios sociales y su unidad de convivencia familiar, integrada por las personas que conviven con la persona interesada y guardan con ella algún tipo de parentesco o afinidad que se consideren relevantes para la intervención social, así como la identificación de todas las personas que intervengan por su cometido profesional a lo largo de su proceso de intervención social.
A efectos de identificar de forma única, segura e inequívoca a cada persona usuaria se podrán tomar de referencia los datos contenidos en la base de datos poblacional del sistema de la tarjeta sanitaria.
Artículo 68, añadido por la Ley 4/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales.
El Reglamento de la Unión Europea 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, Reglamento) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, Ley estatal) habilitan para un tratamiento lícito de los datos de carácter personal en el sistema de información de servicios sociales, en tanto este tratamiento se lleva a cabo en cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (artículo 6.1.e del Reglamento).
Será también base legítima para este tratamiento de datos personales el propio valor jurídico de la asistencia y protección social realizada a través de los objetivos que con el desarrollo e implantación de esta HSUE se pretenden, que son los siguientes:
La orientación en los procesos de atención e intervención social.
La integración de toda la información que el sistema público de servicios sociales tiene sobre una persona y su unidad familiar.
La continuidad y complementariedad de las atenciones e intervenciones entre los distintos niveles de actuación de los servicios sociales, derivadas de las necesidades surgidas a lo largo del ciclo vital de la persona.
La realización de los procesos de atención e intervención social con una gestión más eficaz y sostenible.
La coordinación y cooperación entre los diferentes sistemas de protección que permita el intercambio de información relativa a un proceso de intervención y protección social de una persona y su unidad familiar.
A su vez, el Reglamento autoriza el tratamiento de las categorías especiales de datos personales que se recogen en el apartado 1 del artículo 9 del mismo, al ser necesario para lograr una mejor protección social de las personas a las que correspondan dichas categorías especiales de datos o a sus unidades familiares, así como para la gestión de los sistemas y servicios de atención social.
Asimismo, el Reglamento y la Ley estatal amparan el tratamiento de datos de naturaleza penal al ser necesario para la protección de intereses vitales de la persona interesada o de otra persona física (artículo 6.1.d del Reglamento).
En virtud del interés público, del ejercicio de los poderes públicos y de los objetivos que se persiguen, el tratamiento de cualesquiera datos personales en la HSUE, necesarios para la gestión de los sistemas y servicios de asistencia y protección social comprende:
La gestión de derechos subjetivos, recursos u otras prestaciones de cualquier tipo del sistema público de los servicios sociales, sean económicas o no económicas.
Actuaciones de la entidad pública, de las entidades de iniciativa social y de las entidades privadas autorizadas en materia de protección de menores, de la familia, de personas con discapacidad o dependencia, de personas mayores y en situación de mayor vulnerabilidad social o económica, u otras actuaciones en que se protejan intereses de personas no capacitadas física o jurídicamente para dar su consentimiento.
El intercambio de los datos personales necesarios para documentar todos los procesos de atención e intervención social, mediante el sistema de HSUE, en el marco estricto y a los efectos únicamente de la tramitación de dichos procesos de intervención social, en razón a las bases jurídicas establecidas en los apartados anteriores, es una obligación impuesta, en virtud de esta ley, a:
La propia Administración del Principado de Asturias y al resto de Administraciones públicas del ámbito territorial del Principado de Asturias, incluidas las entidades locales u otras entidades del sector público, y a las diferentes entidades privadas o entidades de iniciativa social, cuando participen y realicen actividades y programas en materia de protección social en el sistema público de servicios sociales.
Los órganos, entidades y organismos competentes sobre otros sistemas de protección.
Los órganos, entidades u organismos competentes de otros sistemas diferentes de protección de servicios sociales, de acuerdo con el reparto territorial de competencias administrativas en materia de protección social.
Los organismos de carácter público con funciones estadísticas, docentes o investigadoras.
Todas las personas que intervengan por su cometido profesional en el proceso de atención e intervención social de las personas usuarias del sistema público de los servicios sociales.
Los datos de la HSUE serán compartidos con otros ámbitos de la Comunidad Autónoma, así como con los ámbitos estatal y europeo, según la normativa que en cada momento esté vigente, debiendo, por tanto, cumplir los criterios de normalización, interoperabilidad y seguridad que, en cada momento, se exijan.
Los datos e información objeto de intercambio entre las diferentes administraciones se concretarán a través de protocolos normalizados que apruebe el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, o mediante requerimiento individualizado de la Administración del Principado de Asturias, atendiendo a los principios de calidad de los datos, necesidad y proporcionalidad, para los distintos ámbitos de información que conforman la HSUE. Dichos protocolos serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Los datos personales relativos a las personas usuarias de la HSUE se conservarán mientras sigan siendo usuarias de los servicios sociales y durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades para las que fueron recabados.
Artículo 69, añadido por la Ley 4/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales.
El tratamiento de los datos personales necesarios para documentar el proceso de atención e intervención social en la HSUE se regulará por lo dispuesto en esta ley, sin perjuicio de lo que específicamente también se recoja en la normativa especial en materia de protección de datos personales, de protección de la infancia, de protección de las personas con discapacidad, de igualdad de género y de cualesquiera otras legislaciones sociales aplicables, así como en la normativa sobre derechos fundamentales y libertades que la Constitución reconoce, sobre legislación procesal y sobre régimen jurídico y procedimiento administrativo de las Administraciones públicas.
Los órganos, entidades y organismos responsables de los ficheros de origen de los datos incluidos en la HSUE serán responsables de su corrección y calidad, sin perjuicio también de las responsabilidades del cesionario.
Todas las personas que intervengan por su cometido profesional en el proceso de atención e intervención social tienen el deber de cooperar en la actualización y mantenimiento de la HSUE.
Artículo 70, añadido por la Ley 4/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales.
Tendrán acceso a la información contenida en la HSUE aquellas personas que lo requieran para el ejercicio de su cometido profesional. Se establecerán diferentes perfiles de acceso limitados al contenido necesario, adecuado y pertinente, en atención a las concretas funciones que cada profesional tenga encomendadas, en los términos en que se desarrolle reglamentariamente.
El uso de la HSUE estará sujeto a los deberes de secreto profesional y de confidencialidad.
El acceso a la información contenida en la HSUE, así como el tratamiento de datos personales, con fines estadísticos, de investigación o docencia, se regirá por lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos.
Cualquier otro acceso a la información contenida en la HSUE se realizará en los términos y con los requisitos exigidos por la normativa reguladora de protección de datos de carácter personal y en el resto de la normativa que resulte de aplicación.
Artículo 71, añadido por la Ley 4/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales.
Disposición adicional 1 derogado por Disposición derogatoria única de la Ley 1/2007, de 16 marzo, de Farmacias de Asturias, publicado en BO. del Principado de Asturias el 27 de marzo de 2007.
TERCERA Herramienta tecnológica
Disposición adicional tercera, añadida por la Ley 4/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales.
Decreto 8/2003, de 30 de enero, sobre concentración parcelaria de la zona de Enmedio.
Orden ECC/158/2013, de 25 de enero, por la que se declara la disolución administrativa de la entidad Cahispa, SA de Seguros de Vida, se encomienda su liquidación al Consorcio de Compensación de Seguros y se revoca la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora.
DECRETO 147/1994, de 7 de julio, por el que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social.
ORDRE AAM/11/2013, de 23 de gener, per la qual s'estableixen períodes de veda per a la modalitat de pesca d'arrossegament en determinades zones del litoral de Catalunya durant l'any 2013.
DECRETO 57/1998, de 28 de abril, por el que se regulan la composición y el funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de Canarias, así como el procedimiento para el reconocimiento de la misma.

References: resolución 

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 6

Artículo 6

ARTÍCULO 7

Artículo 7

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 16

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 18

ARTÍCULO 19

ARTÍCULO 20

ARTÍCULO 21

ARTÍCULO 22

ARTÍCULO 23

ARTÍCULO 24

ARTÍCULO 25

ARTÍCULO 26

ARTÍCULO 27

ARTÍCULO 28

ARTÍCULO 29

ARTÍCULO 30

ARTÍCULO 31

ARTÍCULO 32

ARTÍCULO 33

ARTÍCULO 34

Artículo 35
 Artículo 4

ARTÍCULO 36

ARTÍCULO 37

ARTÍCULO 38

ARTÍCULO 39
 resolución 

ARTÍCULO 40
 Artículo 41

ARTÍCULO 42

ARTÍCULO 43

ARTÍCULO 44

Artículo 44

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ARTÍCULO 44

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ARTÍCULO 45

ARTÍCULO 46

ARTÍCULO 47

ARTÍCULO 48

ARTÍCULO 49

ARTÍCULO 50

ARTÍCULO 51

ARTÍCULO 52

ARTÍCULO 53

ARTÍCULO 59

ARTÍCULO 61
 resolución 

ARTÍCULO 63

ARTÍCULO 64

ARTÍCULO 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68
 artículo 9

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71