Source: http://inter-rev.foroactivo.com/t2596p125-represion-del-estado-facetas-politicas-y-sociales
Timestamp: 2018-08-16 00:10:15+00:00

Document:
Represión del Estado. Facetas políticas y sociales. - Página 6
El Supremo confirma la condena a cuatro responsables de Gestoras ProAmnistía
Anibal el 24/6/2016, 8:47 am
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a ocho años de cárcel que impuso en 2008 la Audiencia Nacional a cuatro responsables de Gestoras Pro Amnistía por pertenencia a la banda terrorista ETA, rechazando que la reforma del Código Penal se les pueda aplicar para reducirla, tal como esgrimían las defensas. La nueva legislación penal prevé rebajar las penas en los delitos de terrorismo cuando, atendidas las circunstancias concretas del caso, se estime que el hecho es objetivamente de menor gravedad.
La Sala Penal estima que, efectivamente, considera que esa disminución de la condena es aplicable al delito de integración en organización terrorista por el que estaban condenados los cuatro responsables de Gestoras Pro Amnistía, pero que, en cambio, no se cumple el segundo requisito, ya que todos ellos eran responsables territoriales o de área, «lo que revela una posición preponderante" en dicha organización, y no de «meros militantes activos que, teóricamente, ocuparían posiciones subordinadas a ellos».
http://www.larazon.es/espana/el-supremo-confirma-la-condena-a-ocho-anos-de-cacrel-por-pertenencia-a-eta-a-cuatro-responsables-de-gestoras-proamnistia-OD12993159#.Ttt1av1Ake3r8jp
Multan con 540 euros a un cámara de Ahotsa que grabó una concentración ante la sede del PSN en Iruñea (Nafarroa).
materia el 24/6/2016, 8:15 pm
http://ahotsa.info/edukia/periodista-de-ahotsainfo-multado-con-540-por-grabar-una-manifestacion-por-el-cambio-en-irunea
El digital Ahotsa.info ha informado de que uno de sus cámaras ha sido sancionado con 540 euros por «cubrir una concentración ante la sede del PSN contra la corrupción y en exigencia de nuevas elecciones».
El acto tuvo lugar en 2014 y, según un comunicado de Ahotsa.info, la Policía española realizó posteriormente un informe en el que acusaba al cámara de ser «promotor y responsable de la manifestación» e incluía dos fotografías en las que se veía «realizando su labor, es decir, grabando la movilización».
Pese a las alegaciones del cámara, la sanción ha seguido su curso y finalmente se le han embargado 540 euros» un hecho que para este digital «se complica más todavía con la nueva Ley Mordaza, por lo que se hace necesaria una respuesta contundente por parte de todos los profesionales de la información».
«Está en juego la libertad de información, la libertad de prensa, el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre lo que ocurre en su entorno», y por ello, «ante este nuevo ataque a la libertad de información», Ahotsa.info tiene previsto pedir adhesiones a un manifiesto y convocar una concentración ante la delegación del Gobierno español el próximo 1 de julio a las 19:00 horas.
http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20160624/multan-con-540-euros-a-un-camara-de-ahotsa-que-grabo-una-concentracion-ante-sede-psn
Detenida en París la exmiembro del GRAPO Manuela Ontanilla.
materia el 6/10/2016, 10:33 pm
Miembros de la Dirección General de Seguridad francesa, en colaboración con la Guardia Civil, han detenido en París a la exmiembro del Grapo Manuela Ontanilla Galán, a quien acusan de haber participado en una «campaña de extorsiones a empresarios» llevada a cabo en 1998 en el Estado español.
Manuela Ontanilla Galán, exmiembro del GRAPO, ha sido derenida en París por miembros de la Dirección General de Seguridad francesa, en colaboración con la Guardia Civil, según ha anunciado el Ministerio del Interior español.
#ÚLTIMAHORA La DGSI francesa, en colaboración con @guardiacivil, detiene en #París a la ex miembro del PCE(r)-GRAPO Manuela Ontanilla Galán
09:38 - 6 oct 2016
Ontanilla, de 65 años, está acusada de haber participado en «una campaña de extorsiones a empresarios» llevada a cabo en el Estado español en 1998.
Patatxi 06/10/2016 11:50
AUPA MANUELA JOTAKE¡¡¡ ya esta bien que les dejen vivir en paz, su compañero enfermo dispersado en Murcia II y ahora ella otra vez detenida ya esta bien¡¡¡
http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20161006/detenida-en-paris-la-exmiembro-del-grapo-manuela-ontanilla
Integrantes de la extrema izquierda, detenidos por una paliza en Madrid. Hay un total de 15 arrestados por la agresión a un joven de ultraderecha.
Anibal el 9/11/2016, 2:35 pm
La Policía Nacional ha detenido a 15 personas por la paliza que recibió un joven en Madrid el pasado 12 de octubre. Fuentes de la investigación han informado de que la Brigada de Información ha detenido a primera hora de esta tarde al último de los quince identificados por la agresión: un menor de edad que ha sido arrestado en la capital.
Por la mañana, la Policía detuvo a catorce personas de extrema izquierda, dos de ellas menores, como presuntas autoras de una paliza a un joven el pasado 12 de octubre en el barrio de Retiro. Entre los detenidos hay seis miembros del grupo ultra del Rayo Vallecano, los Bukaneros, y otro del colectivo Distrito 14, han precisado las fuentes. Todos pertenecen a grupos de extrema izquierda y se les imputa un delito de odio y otro de lesiones graves por dar una paliza a un joven al que consideraron de ultraderecha.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2016/11/08/seis-ultras-rayo-vallecano-detenidos-paliza-madrid/00031478630801873147263.htm
La peña Bukaneros en un partido del Rayo. (@Bukaneros92)
La Policía española detiene a 14 miembros de la peña Bukaneros del Rayo Vallecano
Al menos 14 miembros de la peña Bukaneros del Rayo Vallecano han sido detenidos esta mañana. La Policía española les acusa de haber propinado una paliza a un ultraderechista en Madrid durante el pasado 12 de octubre.
Al menos 14 personas de la peña Bukaneros del Rayo Vallecano y del colectivo Distrito 14 han sido detenidas esta mañana. Según la agencia Efe, que cita fuentes policiales, se les imputa un delito de «odio» y otro de «lesiones graves» por una supuesta paliza a un joven ultraderechista.
Las mismas fuentes indican que los hechos ocurrieron el pasado 12 de octubre en la calle Téllez de Madrid, donde un grupo de jóvenes supuestamente agredió a otros jóvenes que coreaban consignas de ultraderecha. Uno de ellos habría sufrido un traumatismo craneoencefálico, desprendimiento renal y rotura de costillas.
La Policía encontró en el lugar un llavero de los Bukaneros y un pañuelo del colectivo Distrito 14, según las fuentes policiales, que han detallado que la Brigada Provincial de Información se hizo cargo de la investigación y, tras numerosas pesquisas, identificó a 15 supuestos agresores, tres de ellos, menores.
La operación se ha llevado a cabo esta mañana con la detención de 14 de los implicados, y se espera el arresto del otro en las próximas horas, según la agencia Efe.
Casi todos los arrestados lo han sido en Madrid, excepto uno en Boadilla del Monte y otro en la localidad segoviana de Villacastín.
http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20161108/la-policia-espanola-detiene-al-menos-a-15-miembros-de-la-pena-bukaneros-del-rayo-vallecano
El controvertido sumario contra el grupo anarquista SXE, con un persona encarcelada más de un año, basado en gran parte en la polémica formulación del delito de terrorismo.
materia el 20/12/2016, 1:33 pm
El procesamiento del grupo anarquista vegano Straight Edge Madrid (SXE), desarticulado en noviembre de 2015 con seis detenidos acusados de terrorismo, es controvertido sobre todo porque se basa en gran parte -10 de las 26 páginas- en sus opiniones y mensajes en las redes sociales, un “ideario” que en opinión de la juez Carmen Lamela persigue “el fin primordial de subvertir el orden constitucional mediante la violencia”. Este fin, identificado en el código penal como terrorista, y la atribución del incendio de dos sucursales bancarias en Madrid a algunos de los detenidos, sin pruebas directas, son los que han llevado adelante el caso y mantienen en prisión desde hace más de un año a uno de los miembros del grupo, Juan Manuel Bustamante, alias Nahuel, de 26 años.
Sin embargo, cuesta encontrar tal gravedad en la lectura de los mensajes mencionados en el auto judicial como base de la acusación. Expertos catedráticos de derecho penal consultados, como Manuel Cancio, de la Universidad Autónoma de Madrid, José Luis Díez-Ripollés, de la Universidad de Málaga, y Carmen Lamarca, de la Carlos III, han mostrado sus dudas por el peso que se da en el auto a las simples proclamas en redes sociales.
La juez cita en su enumeración de indicios, la base de propaganda teórica de los presuntos fines terroristas, un total de 12 mensajes de la web del colectivo SXE y 19 tuits de su cuenta de Twitter. La mayoría son consignas genéricas, las habituales de círculos anarquistas contra el Estado. Lo más concreto son llamamientos retóricos a quemar bancos del estilo “Arderán vuestros cajeros”, “Muerte al capital” o “Capitalismo asesino”. El hecho de que algunos de ellos estuvieran acompañados de fotografías de sucursales bancarias atacadas ha sido una de las pruebas para acusarles de haber sido los autores. Otras frases tuiteadas que cita el auto para justificar la acusación de terrorismo son “#HazFelizAAlguien y revienta bancos que nos sobran piedras, correr es gratis y la policía estará en el centro cuidando borrachxs”, o este otro escrito en la Nochevieja de 2014: “#Para2015Quiero que los petardos, cohetes y baterías sean usados para la autodefensa contra la represión”.
Hay muchos presentados como evidencias que resultan sorprendentes, por varias razones. Entre otros, algunos que parecen deducir que las empresas forman parte de ese orden constitucional que se pretendería subvertir. Por ejemplo: “Día 21 de abril de 2014: publicación de un manifiesto contra las drogas en el que expresamente se hace mención al boicot que sus autores ejercen contra grandes multinacionales como Coca-Cola, McDonald, Nike, Telefónica, Bankia etc.”. O este otro: “Día 24 de marzo de 2014: refiriéndose a la empresa FALKEN S.A, se publica el comentario: ‘Esta empresa es la que provee de material antidisturbios al estado español. Está bien tener en cuenta a qué nos enfrentamos’, junto a una fotografía con el logotipo de dicha empresa”.
Luego hay otros que se antojan inofensivos, como este tuit, presentado como indicio en el auto de la siguiente manera: “Día 8 de junio de 2014, publicación del siguiente tuit: ‘ESTAMOS EN EL RASTRO VENDIENDO CAMISETAS’, y la fotografía de camisetas con diversos dibujos y eslóganes como ‘LA RESISTENCIA NO ES VIOLENCIA. ES AUTODEFENSA’”. O simples máximas de manual político: “El día 25 de febrero de 2014 se publica el siguiente comentario: ‘El pueblo solo tiene tres caminos para librarse de su triste suerte: los dos primeros son los de la taberna y la iglesia, el tercero es el de la revolución social’”. Es más, el auto llega a ver peligro en uno de los filósofos de la Escuela de Frankfurt: “Día 14 de mayo de 2014, junto a una cita de Herbert Marcuse relativa a la necesidad de cambiar la voluntad de una sociedad que ha logrado tener lo que quiere, se publica la fotografía de un individuo con la cara tapada con un pañuelo y un cartel en blanco en el que se lee STRAIGHT XXX EDGE”.
El auto también señala tres vídeos colgados en YouTube, y aún visibles, que justificarían la violencia contra la policía en manifestacioneso quemar contenedores y que los investigadores atribuyen al colectivo SXE. En realidad el más largo, un documental titulado "Bajo la capucha: yo tapo mi cara, tú tapas la realidad" está firmado por el propio Juan Manuel Bustamante, el detenido que sigue en prisión preventiva. Según sus abogados, lo firma porque es un trabajo de clase que incluye en su currículum. El informe policial ha incluido un trabajo de clase de otra detenida, estudiante de imagen y sonido, porque era un guion para un programa en el que interpretaba el papel de “experta en espionaje”.
En el documental aparece una entrevista a tres individuos que defienden sus ideas y el uso de la violencia con el rostro cubierto y la voz distorsionada. Pese a ello los informes policiales los identifican con tres de los detenidos, aunque se basan solamente en la comparación con las voces grabadas en las escuchas telefónicas. Los otros dos vídeos, Lucha sin miedo y Bloque Negro Introducción, son de entre dos y tres minutos, una sucesión de consignas entre imágenes de protestas, destrozos de bancos y enfrentamientos con la policía, en las movilizaciones del barrio de Gamonal, en Burgos, o en la manifestación Rodea el Congreso, entre otras.
Aún están abiertas las diligencias para solicitar a Google la identidad de las personas que subió el documental a YouTube. A una primera petición, la compañía reaccionó con perplejidad y rogó “clarificar la naturaleza específica de la infracción penal de que se trata y explicar cómo la divulgación de datos asociados con el vídeo se relaciona con la investigación del delito”. Esta es la diligencia pendiente para cerrar el sumario y que el fiscal realice su petición de penas, paso previo a la celebración del juicio, que se espera en los primeros meses de 2017.
http://politica.elpais.com/politica/2016/12/19/actualidad/1482175107_133487.html
Una nota de prensa del Cuerpo Nacional de Policía informó el 5 de noviembre de 2015 de la Operación Ice, el arresto en Madrid de seis jóvenes acusados de formar un peculiar grupo terrorista anarquista y vegano, que rechazaba las drogas y el alcohol, llamado Straight Edge. Su siglas, SXE. Decía que habían atacado sucursales bancarias y que tenían material para fabricar explosivos.
El caso luego cayó en el olvido y la situación hoy es la siguiente: uno de ellos, Juan Manuel Bustamante, alias Nahuel, 26 años, sigue en prisión en el régimen más duro, como presunto terrorista; se le aplica la dispersión, ha pasado ya por cinco centros penitenciarios y ha sido denegada su libertad cuatro veces; están todos a la espera de juicio y de petición fiscal, que con cuatro graves delitos asociados al terrorismo pueden llegar a sumar penas mínimas de 35 años.
Pero, sobre todo, la lectura del sumario siembra muchas dudas acerca de la base de las acusaciones, los ataques a bancos.
El hecho violento que se atribuye a los detenidos es la quema de dos sucursales bancarias en 2013 y 2015 en Madrid, aunque en el sumario no hay ni una sola prueba de su participación directa. El hecho de que apareciera en el lugar una pintada del grupo dos semanas antes, que colgaran en las redes sociales fotos de bancos con llamamientos a sabotearlos y que uno de los detenidos viva cerca de allí, llevó a los agentes a “la convicción” de que habían sido ellos. Eso se ha unido en la argumentación a que su ideología, sus proclamas en Twitter y Facebook contra la autoridad y los bancos, así como varios vídeos que publicaron en YouTube, pretenden “subvertir el orden constitucional”.
La unión de estos dos elementos, con la ley actual en la mano y una interpretación muy amplia, ya permite hablar de un acto terrorista, según el juez que lo interprete.
Straight Edge, algo así como camino recto, es una tendencia que nace en Estados Unidos en los setenta y toma nombre de una canción con ese título de un grupo de hardcore punk de los ochenta llamado Minor Threat. Nace en los círculos punks y anarquistas como respuesta al abuso de alcohol y drogas predominantes en ese mundo.
“La libertad no se fuma, no se bebe, ni se esnifa; la libertad se conquista”, dice la web del colectivo SXE en Madrid, un puritanismo que en realidad entronca con la tradición original anarquista, que ve en el alcohol una forma más de dominio de las voluntades del capitalismo. A ello unen la dieta vegana, el respeto por los animales y el antiespecismo, es decir, la negación de que haya una especie, la humana, superior a otras. Los miembros del grupo de Madrid, que tienen ahora entre 20 y 26 años, se conocieron en torno a las movilizaciones del 15-M, pero se fueron alejando por sus ideas, más radicales. Quieren hacer frente al “sistema” y a “una realidad mediocre”. Se consideran antifascistas y libertarios. La juez considera que con su propaganda en redes sociales "tratan siempre de erosionar el prestigio y la credibilidad del Estado y en particular, de sus Fuerzas de Seguridad" y llaman a usar la violencia. El hecho de que funcionen como grupo, fundado en abril de 2013 según el auto de procesamiento, se traduce para la magistrada en que constituyen una organización. En ese esquema, Bustamante sería el líder.
Las familias de los procesados organizan protestas periódicas, se concentran una vez a la semana en la Puerta del Sol para pedir la libertad de Nahuel y consideran lo ocurrido una grave injusticia. "Cuando lo cuento la gente me mira con escepticismo, pensando que algo habrán hecho, si les acusan de ser terroristas, y qué otra cosa voy a decir yo, que soy su madre, pero cuando les paso el sumario no se lo creen. Es un disparate, no hay absolutamente nada, ninguna prueba, solo por lo que dicen en las redes sociales. Yo creía en la policía y en los jueces, estudié derecho, he sido abogada, pero con esto se me ha caído una venda de los ojos", se sincera Natalia Bosch, madre de Candela Betancor, que está entre los detenidos.
Tres juristas expertos en delitos de terrorismo han analizado el auto de procesamiento y coinciden en su perplejidad. “Tengo la impresión de que es un caso más de banalización del concepto de terrorismo, donde se aplica todo el dispositivo pensado para Daesh o ETA a grupos que pueden causar disturbios, daños, pero sin que aparezca la violencia contra las personas. La reforma del año pasado hace posible esto y mucho más, ha desdibujado por completo el concepto de terrorismo”, afirma Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. Sostiene que el nuevo artículo 573 da cabida a múltiples supuestos que “con la jurisprudencia, la regulación anterior y el sentido común no sería posible identificar como terrorismo”. Opina que en el auto de procesamiento "se habla de ideología, de tuits, de libros, y muy poco de lo que debería ser protagonista: qué explosivos tenían, qué delitos habían realizado y cuáles estaban planificando, no veo por ningún lado delitos graves aptos para ser calificados de terrorismo, que conlleven penas de al menos cinco años”.
José Luis Díez-Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, confirma que los últimos cambios legales "están permitiendo considerar grupo criminal a meras actuaciones de codelincuencia". "Es cierto que, con conceptos tan amplios, podemos estar ante un grupo, o incluso organización criminal, incluso terrorista si se aceptara que tienen uno de los fines tradicionales, el de subvertir la paz pública, pero el relato de indicios alude a actuaciones muy inconcretas, que, no por casualidad, se centran casi en exclusiva en acciones en las redes sociales". "Lo que consta más bien -concluye- es un colectivo dedicado en las redes sociales a propagar la ideología anarquista, sin que conste suficientemente que haya pasado de eso".
Este nuevo y resbaladizo escenario legal se debe a la reforma del Código Penal de marzo de 2015, en un pacto de PP y PSOE contra el yihadismo, que modificó la definición de terrorismo. Ya no se piensa en combatir organizaciones al estilo clásico, sino en individuos o grupos pequeños, y ahora lo relevante es el objetivo que persigan con cualquier acto violento, al margen de su entidad. Es decir, si pretenden subvertir el orden constitucional, alterar la paz pública o causar terror en la población. En esencia, en el caso de Straight Edge Madrid, al margen de las pruebas reales del acto violento, se teoriza que intentan subvertir ese orden constitucional a base de quemar cajeros y bancos.
“El atentado del que se les acusa, además, es de escasa entidad, sin daños personales, y no se puede decir que haya alterado la paz pública porque ni salió en la prensa”, apunta Daniel Amelang, uno de los abogados de los detenidos.
"Es el llamado derecho penal del enemigo, se te acusa más por lo que eres que por el hecho en sí", corrobora Eduardo Gómez, otro de los letrados.
Tras el fin de ETA, está en pie desde hace tres años una ofensiva policial contra el llamado mundo "anarquista insurrecionalista", en la que se está utilizando la nueva formulación de terrorismo, y la de Madrid fue la última de cinco grandes operaciones. En total, han llevado al arresto de 46 personas acusadas de terrorismo. La alarma saltó con las dos bombas caseras colocadas en 2013 en la catedral de La Almudena, en Madrid, que no llegó a explotar, y en la basílica del Pilar de Zaragoza, que causó daños materiales y secuelas en el tímpano a una mujer. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, entonces fue tajante: declaró que la lucha contra el anarquismo era “una prioridad”. Los arrestados de las sucesivas operaciones han sido acusados de terrorismo y se ha establecido una relación genérica con los responsables del atentado de Zaragoza, bajo el aglutinador de las siglas GAC (Grupos Anarquistas Coordinados). En el caso de Straight Edge Madrid, los detenidos simplemente tenían unos folletos de esta agrupación.
Sin embargo, los acusados de la bomba del Pilar, arrestados en noviembre de 2013 en la primera operación, bautizada Columna, acabaron condenados a 12 años de cárcel el pasado mes de marzo, pero la sentencia no admitió que formaran parte de una organización terrorista. Y este viernes el Tribunal Supremo ha rebajado la pena a cuatro años y medio. Si este es el listón judicial, con una bomba y una clara identificación de los autores, habrá que ver en qué queda todo lo que ha venido después. "Para los técnicos de Derecho es obvio que es una aberración", opina Cancio sobre la interpretación que se está haciendo del delito de terrorismo, "no existe nada similar en los países de nuestro entorno”.
En octubre de 2015, una semana antes de la operación desplegada en Madrid, otra llamada Pandora 2 terminó con nueve detenidos en Barcelona, pero ha sido archivada este verano con un rapapolvo a los Mossos d’Esquadra por la falta de indicios en registros y escuchas : "El único resultado obtenido por los investigadores es la comprobación de que los investigados se relacionan con personas del colectivo anarquista”.
Las otras dos operaciones a la espera de juicio en la Audiencia Nacional son la Pandora 1, de diciembre de 2014, y la Piñata, de marzo de 2015.
http://politica.elpais.com/politica/2016/12/16/actualidad/1481903755_592247.html
La detención de 15 miembros de los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC) la semana pasada por la Policía permite ver al trasluz las células anarquistas radicales
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/10/actualidad/1428684846_429230.html
Detenidos 15 anarquistas
"Cierren la boca": Se trata, no tanto de callar a Strawberry como al resto.
materia el 19/1/2017, 9:42 pm
http://politica.elpais.com/politica/2017/01/19/actualidad/1484833550_037645.html
El Tribunal Supremo español condena a un año al cantante de Def con Dos por «humillar a víctimas»
El Tribunal Supremo (TS) español ha condenado a un año de cárcel al cantante del grupo Def con Dos, César Strawberry, por un delito de «enaltecimiento del terrorismo o humillación de las víctimas» cometido al difundir mensajes en la red social Twitter
Según el TS, el cantante cometió el delito entre noviembre de 2013 y enero de 2014 al mencionar en sus mensajes, entre otras personas, al funcionario de prisiones secuestrado por ETA José Antonio Ortega Lara, así como a los GRAPO.
El Supremo aplica la pena menor de las previstas por la Ley, pero señala que no puede disminuir más la condena porque no es posible considerar de menor gravedad los hechos, dada la gran difusión de los mensajes, teniendo en cuenta el amplio número de seguidores en las redes del cantante.
De este modo, el alto tribunal corrige a la Audiencia Nacional, que absolvió a Strawberry en una sentencia contra la que recurrió el fiscal, a cuyos argumentos atiende ahora el Supremo al considerar que los mensajes «alimentan el discurso del odio, legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales».
César Strawbery comentó entonces que a Ortega Lara «habría que secuestrarle ahora» o indicó que «el fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar hasta los GRAPO».
http://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20170119/el-supremo-condena-a-un-ano-al-cantante-de-def-con-dos-por-humillar-a-victimas
El Tribunal Supremo condena a un año de cárcel al cantante de Def con Dos por enaltecimiento del terrorismo
http://politica.elpais.com/politica/2017/01/19/actualidad/1484826278_235453.html
Entrevista a César Strawberry, voz de Def Con Dos.
Aumentan las condenas por «enaltecimiento» en las redes.
materia el 21/1/2017, 1:02 am
La condena a un año de cárcel al cantante de Def con Dos, César Strawberry, no es más que la punta de un iceberg que cada vez va chocando más con la libertad de expresión. En los últimos días ha sido también condenado Andeka Jurado a 20 meses de prisión, según él mismo ha informado en twitter. Otros tuiteros vascos esperan juicio.
Cuando los ataques a la libertad de expresión alcanzan a un personaje público con notoriedad, la injusticia salta a los medios de comunicación y escandaliza. Así ha ocurrido con la condena a un años de prisión contra el cantante de Def con Dos, César Strawberry, por varios mensajes en twitter. Pero lo cierto es que este tipo de condenas se están multiplicando en los últimos años, en ocasiones con penas aún más graves.
Según ha informado él mismo en su cuenta de twitter, en los últimos días Andeka Jurado (@berrirohemen) ha recibido de la Audiencia Nacional la condena de «un año y ocho meses (de prisión) por un tuit, dos retuits y un vídeo de Youtube».
Jurado fue detenido en la misma “Operación Araña III” que César Strawberry, al igual que Jonbi Egurzegi (@JEgurzegi), que en mayo fue también condenado a año y medio de cárcel por su actividad en la red.
Las distintas «operaciones Araña» puestas en marcha por la Guardia Civil desde 2014, siempre en una misma dirección ideológica, han supuesto la detención de decenas de personas por su actividad en las redes, muchas de ellas vascas. Llamativamente, el fin de la actividad armada de ETA ha derivado en una mayor persecución del «enaltecimiento».
19 condenas en 2015
Según datos recogidos por diversos medios, en 2015 se produjeron 19 condenas por «enaltecimiento del terrorismo» o «humillación a las víctimas». Algunos de los condenados, al menos 6, eran menores de edad.
Hasta la llegada del PP al Gobierno en 2011, las condenas por este motivo eran de una, dos o a lo sumo seis personas al año. En 2012 se pasó ya a diez, luego fue creciendo y a partir de 2014 empezaron las llamadas «operaciones Araña» y las detenciones por decenas en cada una de ellas entre 2014 y abril de 2016.
A causa de esas sucesivas redadas, hay varios ciudadanos vascos con juicios pendientes. Uno de ellos es Alfredo Remírez (@erreharria) al que la fiscalía pide dos años de cárcel, cinco de libertad vigilada e inhabilitación por otros dieciséis años. Se puede seguir una campaña de solidaridad con él a través de la página www.alfreedo.info. Su causa ser verá en los tribunales el 27 de febrero.
El 2 de marzo será juzgado Arkaitz Terrón, (@gudari75) a quien la Fiscalía pide 2 años de prisión, 10 de inhabilitación y 4.800 euros de multa.
No son estas las únicas personas que están a la espera de ser juzgadas por la persecución política de su actividad en las redes sociales, ni los que aparecen en estas líneas los únicos condenados en los últimos meses o años. Unos han optado por pactar las sentencias con la fiscalía, otros no lo han hecho y varios más han optado por intentar permanecer en el anonimato.
http://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2017-01-21/hemeroteca_articles/aumentan-las-condenas-por-enaltecimiento-en-las-redes
Los dos primeros españoles que combatieron al Estado Islámico en Irak podrían ser juzgados.
Anibal el 25/1/2017, 7:04 pm
Tras varios meses de instrucción, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decidido que ambos, junto a otros miembros del Partido Reconstrucción Comunista forman parte de una organización criminal....ambos denuncian que Eloy Velasco ha comenzado una caza de brujas contra ellos, y sostienen que libraron “una guerra antifascista en favor de la lucha de la clase obrera kurda”.
..Los dos españoles se integraron durante seis meses en las Unidades de Protección Popular del Comité Supremo del Kurdistán Sirio
http://www.lavanguardia.com/politica/20170125/413660755412/audiencia-juzgar-comunistas-lucharon-estado-islamico.html
Euskal Herria: La Audiencia Nacional española pide a institutos la identidad de sus alumnos por el Gudari Eguna.
materia el 11/2/2017, 2:04 pm
Covite denunció a la Audiencia Nacional que en dos institutos guipuzcoanos se habían desarrollado actos el 27 de setiembre de 2016, aniversario del fusilamiento de «Txiki» y Otaegi, con motivo de la celebración del Gudari Eguna. Según consta a GARA, la Audiencia Nacional ha requerido, al menos a uno de estos centros, la lista de todos los profesores y trabajadores de este curso, y los datos con nombre y dirección de los alumnos de este curso y del pasado.
La Audiencia Nacional ha solicitado la lista de todos los profesores y trabajadores del curso 2016/2017, y la filiación completa con identidad, fecha de nacimiento y dirección de todos los alumnos y alumnas que este curso y el pasado han estado matriculados –según consta a GARA– al menos a uno de los institutos que Covite denunció por la celebración de actos de recuerdo el pasado 27 de setiembre por el Gudari Eguna.
Cabe recordar que la totalidad de los alumnos cuyos datos han sido requeridos por la Audiencia Nacional son menores de edad.
Como cada año, el pasado 27 de setiembre, a lo largo y ancho de Euskal Herria se conmemoró el Gudari Eguna, fecha que coincide con el aniversario del fusilamiento en ese día de 1975 de los miembros de ETA Juan Paredes Manot Txiki y Angel Otaegi. Aquella misma madrugada también fueron ejecutados por el franquismo los militantes del FRAP José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz.
Desde entonces, en ese día se han sucedido los actos de recuerdo a estos fusilados como a otros militantes muertos, bien por medio de movilizaciones populares, bien incluso en actos con participación institucional.
Tal vez por su difusión a través de las redes sociales o por algún otro motivo, este año Covite llamó la atención sobre la celebración de actos en dos institutos guipuzcoanos. De uno de estos actos consta un vídeo en el que se ve que varios chicos y chicas bailan un Agurra en el patio del centro, mientras otros portan unas fotografías, y en otro ha trascendido la existencia de una ikurriña, también con algunas fotos, entre ellas las del fusilado Angel Otaegi.
Covite presentó ante la Audiencia Nacional una denuncia por la presunta comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas, y demandó la identificación de profesores, trabajadores, y alumnos. La denuncia se extiende también a Ikasle Abertzaleak.
La asociación de víctimas del terrorismo pide además que se identifique a quienes aparecen en las fotografías que se portaron en el acto, dando por hecho que son militantes de ETA y para que se informe a quienes pudieran haber sido víctimas de sus acciones.
El requerimiento de la Audiencia Nacional exige el listado de todos los profesores y trabajadores del centro en el presente curso y los nombres y apellidos, fecha de nacimiento y domicilio de todos sus alumnos y alumnas de este curso y del pasado.
La ONU y la Comisión Europea
Covite no solo llevó este caso ante la Audiencia Nacional, sino que lo trasladó también a la ONU, que a finales de diciembre lo incluyó en un informe sobre los derechos de la infancia, donde –según consta en algunas informaciones– se recoge que «durante décadas los niños españoles han sido víctimas directas de la violencia de la banda terrorista ETA».
Por su parte, el eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz se dirigió a primeros de octubre a los comisarios europeos de Libertades y Derechos Humanos para saber su parecer acerca de que «en centros públicos de enseñanza de la Unión Europea pueda celebrarse un homenaje a miembros de una banda terrorista con absoluta impunidad».
Este jueves, estos hechos fueron trasladados por el PP al Parlamento de Gasteiz, a través de una proposición no de ley que fue rechazada por el resto de grupos parlamentarios.
http://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2017-02-11/hemeroteca_articles/la-an-pide-a-institutos-la-identidad-de-sus-alumnos-por-el-gudari-eguna
Galicia: A juicio un sindicalista de la CIG por "ultraje a la bandera española". Los hechos ocurrieron durante una huelga de trabajadores de limpieza en el Arsenal Militar de Ferrol.
materia el 18/2/2017, 6:12 pm
Pablo Fragoso, delegado del sindicato CIG, será juzgado el próximo martes al imputarle la Fiscalía un acto de "ultraje a la bandera española" durante el conflicto laboral de Cleanet, concesionaria de la limpieza en dependencias castrenses, en 2014.
En rueda de prensa, el portavoz de la centrale en la comarca de Ferrol, Xesús Anxo López Pintos, ha detallado que la vista comenzará a las 11.30 horas en el juzgado de lo penal número 1; una hora antes, tendrá lugar una concentración de apoyo al compareciente.
Ha recordado, además, que "nunca en unas instalaciones militares unas trabajadoras habían convocado una huelga", que llegó a durar hasta cinco meses. Pintos ha reseñado que Cleanet, que también asumía estas prestaciones en otros puntos del Estado, "dejó de pagar, desapareció del mapa".
Rocío Doce, responsable comarcal de servicios de la CIG, ha destacado que fue un conflicto "duro y largo", que incluyó concentraciones diarias ante el Arsenal Militar de Ferrol "antes de la subida de la bandera". Las protestas, arropadas por una carpa instalada en ese mismo entorno, pretendían exponer "las presiones por parte de ciertos militares" para impedir el paro laboral.
Doce ha matizado que no tienen "conocimiento de injurias ni ultraje", sino que su protesta se limitó a "civiles defendiendo los derechos de ellas; nosotros respetamos, pero somos civiles y estaban defendiendo su pan".
Fragoso ha aludido a "una venganza del almirante" jefe del Arsenal Militar de Ferrol; por entonces, Manuel Garat Caramé. "Nunca se había luchado en un recinto tan hermético, no tiene ni pies ni cabeza", ha subrayado el denunciado, que ha relatado que "una infante, en teoría, me escuchó" y el propio Garat Caramé, "su superior", elevó la denuncia a una Fiscalía que "actúa de oficio".
Aquella queja se recibió en 2015 y Fragoso ya ha tenido que acudir a declarar por ello, pero la magistrada encargada del caso ha considerado la apertura de juicio, al que acudirán "testigos que propone la Armada". El Ministerio Público exige para él una multa durante 9 meses, hasta contabilizar 1.850 euros".
Aportan como prueba unas fotos", ha dicho el delegado de la CIG, que se ha preguntado "cómo desde dentro de la garita escucha tan nítidamente esa frase", máxime con la música del himno español y el ruido de las sartenes empleadas en las protestas como fondo.
"Esa puta bandera la vamos a quemar", habría espetado Pablo Fragoso, según la denuncia. La CIG, mientras, ha censurado que el almirante "remitiese una carta donde se quejaba de que no respetábamos el izado" y que propiciase la vulneración "del derecho a la huelga" al instar a infantes a limpiar las dependencias durante el paro laboral.
"La Policía nos estuvo controlando, hubo presiones al comisario", ha señalado López Pintos, que ha referido "una pataleta del almirante Garat" ante una denuncia frente a la cual contraponen el "derecho a la libertad de expresión".
http://elprogreso.galiciae.com/noticia/663748/juicio-un-sindicalista-de-la-cig-por-ultraje-la-bandera-espanola
Euskal Herria: Denuncian que la Ley Mordaza ha sido aplicada 8.087 veces en la CAV.
materia el 4/3/2017, 8:48 pm
Miembros de Eleak-Libre y personas que han sido amenazadas o multadas por la Ley Mordaza han denunciado en rueda de prensa que dicha ley ha sido aplicada 8.087 veces en la CAV durante los años 2015 y 2016.
Miembros del movimiento Eleak-Libre, junto a personas que han sido multadas o amenazadas, han ofrecido una rueda de prensa para informar sobre diferentes iniciativas que han puesto en marcha para responder y denunciar la Ley Mordaza.
Han recordado que la Ley Mordaza entró en vigor el 1 de julio de 2015 con el objetivo de «castigar la protesta, para castigar especialmente situaciones de desestabilidad y pobreza», y han denunciado que dicha ley ha sido aplicada 8.087 veces en la CAV durante los años 2015 y 2016, cuando la mayoría política de la Cámara de Gasteiz rechazó su aplicación.
Ante ello, han animado a la ciudadanía «a perder el miedo y luchar en contra de esta ley».
En lo que a iniciativas se refieren, han informado de que se han dirigido tanto al Parlamento navarro como al de Gasteiz para volver a exigir que se muestren contrarios a la aplicación de la Mey Mordaza. Además, han preparado un protocolo en caso de que alguien se vea multado o amenazado por dicha ley.
Para ello han puesto a disposición de la ciudadanía el número de Eleak-Libre y el número de los abogados que trabajan con el movimiento, los cuales se pueden obtener escribiendo a mozalikez@riseup.net.
También pretenden crear una base de datos que recoja todas las acciones policiales que conculquen los derechos civiles y políticos de la ciudadanía.
N.M.G. 04/03/201
Una Víctima de la Ley Mordaza..
De dos pikolos del Seprona, junto a un cruce de carreteras, miajadas Cáceres...
Detenido, intervenido un bastón de monte, y multado por Ley Mordaza 350 Euros por Pronto Pago, prueba de alcoholemia 0.0, multa por llevar luces de nieva, en el mes de julio 16:00 horas.
http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20170304/denuncian-que-la-ley-mordaza-ha-sido-aplicada-8-087-veces-en-la-cav
Euskal Herria: La Ertzaintza y la Policía Municipal precintan el ateneo libertario Izar Beltz en Bilbo.
materia el 8/3/2017, 4:38 pm
Protesta en el Ayuntamiento contra el desalojo de Izarbeltz. (ARGAZKI PRESS)
Agentes de la Ertzaintza y de la Policía Municipal de Bilbo precintaron ayer a la mañana el pabellón de la calle Andrés Isasi 15, en Eskurtze-Irala, que el ateneo libertario Izar Beltz llevaba ocupando desde hace once años en uno de los proyectos de autogestión más longevo del Botxo.
La intervención policial se produjo después de que el propietario del local presentase una denuncia.
Desde la cuenta en twitter de Etxarri gaztetxea, que fue desalojado hace unos meses, han llevado a cabo movilizaciones de protesta.
A las 12.30 se han concentrado frente al Ayuntamiento y, a las 19.30, una manifestación que ha partido desde Zabalburu ha rechazado el desalojo.
EPK y Gazte Komunistak han emitido un comunicado rechazando el desalojo de Izarbeltz y han recordado que hace más de una década el local se «ocupó con la intención de reapropiar los espacios abandonados como herramienta contra la especulación». «En la última década se han llevado a cabo numerosas actividades, sobre todo de carácter cultural. Un lugar plural, pero que a la vez apostaba por el anticapitalismo y la autogestión», han añadido.
Komite Internazionalistak y el portal Uriola.eus han informado a través de las redes sociales sobre el desalojo del ateneo libertario Izarbeltz que se encuentra en unos pabellones industriales ocupados de Eskurtze de Irala.
Al poco de materializarse el desalojo, los grupos municipales de EH Bildu, Udalberri y Goazen Bilbao se posicionaron a favor de los promotores de esa iniciativa cultural y social, criticando la especulación que se da con distintos inmuebles industriales en la capital vizcaina y la intervención policial.
http://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2017-03-08/hemeroteca_articles/la-ertzaintza-desaloja-en-bilbo-el-local-del-ateneo-libertario-izar-beltz
http://bilbotarra.naiz.eus/eu/info_bilbotarra/20170307/desalojo-del-ateneo-libertario-izarbeltz-en-irala
Anibal el 15/3/2017, 8:57 am
http://www.elmundo.es/espana/2017/03/13/58c6c921268e3eb6718b45d0.html
El Tribunal Constitucional avala que las familias de Lasa y Zabala no reciban indemnización como víctimas
Anibal el 17/3/2017, 9:39 pm
a decisión se ha adoptado con el voto particular discrepante de la hasta ahora vicepresidenta del TC, Adela Asua, al que se ha adherido el magistrado Fernando Valdés Dal-Ré.
Se trata de autos de la Sala Segunda del TC que inadmiten a trámite los recursos de amparo presentados por familiares de Mikel Goikoetxaea Elorriaga, Rafael Goikoetxea Errazkin, Josu Muguruza Guarrotxena, José Ignacio Zabala Sagastume y José Antonio Lasa Arostegi, todos ellos asesinados en distintos atentados terroristas.
Explica que este precepto excluye de las ayudas a la víctima cuando ésta «participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos».
http://www.abc.es/espana/abci-tribunal-constitucional-avala-familias-lasa-y-zabala-no-reciban-indemnizacion-como-victimas-201703171329_noticia.html
Piden entre uno y casi cuatro años de cárcel a tres jóvenes acusados de disturbios en la manifestación del 'pensionazo' de 2011
Anibal el 20/3/2017, 9:15 pm
La Fiscalía solicita tres años y ocho meses de prisión para Luis F. D, por presuntos delitos de desórdenes públicos, lesiones y un delito de atentado contra la autoridad. El Ministerio Público acusa a este joven de dar un puñetazo a un policía en el pecho, mientras que él dice que sólo estaba tomando fotos. También se piden dos años y ocho meses de cárcel para Sergio A. por haber lanzado una botella a un agente. El joven, sin embargo, dice que lo único que hizo fue interponerse entre la policía y su compañera cuando iba a ser golpeada. Por último, el Ministerio Público solicita un año y dos meses para Ricardo F. D, por un delito de desórdenes públicos y por haber insultado a los agentes con la la expresión "perros, hijos de puta". El joven niega completamente los insultos y dice que lo cogieron porque era el más retrasado del grupo que salió corriendo cuando comenzaron las cargas policiales.
"Tanto yo como los otros dos chicos fuimos detenidos al inicio de las cargas policiales. Hubo disturbios, sí, pero yo los vi desde el furgón policial. Pasamos casi 72 horas en el calabozo y no sabíamos de qué nos acusaban. De camino a los juzgados de Plaza de Castilla fue cuando nos leyeron la acusación. No nos pareció casual que la acusación contra mis dos compañeros, que habían pedido un parte de lesiones tras el trato que recibieron en los calabozos, fuera más elevada", señala Ricardo R.C., educador social de profesión.
"Hubo disturbios, sí, pero yo los vi desde el furgón policial. Pasamos casi 72 horas en el calabozo y no sabíamos de qué nos acusaban"
Los tres jóvenes insisten es que el único motivos por el que fueron detenidos es por haber participado en la manifestación ya que, según afirman, las detenciones policiales fueron arbitrarias. "No, no tiré ninguna botella contra un policía ni contra nadie. Por supuesto que no. Estuvimos en la manifestación que transcurrió de forma normal y al final hubo algunas cargas policiales y nosotros que estábamos allí concentrados fuimos detenidos de forma totalmente arbitraria. De hecho, me detienen cuando estoy intentando evitar que golpeen a mi novia", insiste Sergio A.
Los jóvenes también consideran que el proceso judicial que están sufriendo tiene por objetivo "criminalizar la protesta social". "Creemos que el objetivo de estas condenas tan altas es ser ejemplarizante. Las detenciones se producen en un momento de recortes en el que no interesa que la gente salga a la calle. Además, estábamos protestando por un tema, como el retraso de la edad de jubilación, en el que prácticamente hay un consenso", dice Sergio A.
En la misma línea se pronuncia Ricardo, que recuerda que aquella manifestación fue una de las primeras señales de alarma de que el malestar social estaba creciendo mucho. "Creemos que forma parte de una campaña de criminalización en toda regla. Querían que los disturbios estuvieran en los periódicos y que se difundiera las detenciones. Parece que querían prevenir lo que vendría después", dice Ricardo.
http://www.publico.es/sociedad/piden-cuatro-anos-carcel-tres.html
El Ministerio de Interior otorga medallas pensionadas y destinos privilegiados a todos los responsables e implicados en la denominada «policía política».
materia el 26/3/2017, 11:49 pm
Durante los últimos años fueron los hombres más poderosos de la policía. Más incluso que su entonces director general, Ignacio Cosidó. Eran los pata negra del Cuerpo Nacional de la Policía, los mandos de confianza del exministro Jorge Fernández Díaz. Ahora, todos ellos están fuera de los círculos de poder y temiendo ser citados en la comisión de investigación del Congreso por sus supuestas vinculaciones con la denominada en ciertos círculos policía política y sus escándalos judiciales. La comisión de investigación parlamentaria echará a andar el próximo día 5 con la declaración del anterior ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Las confesiones sobre las alcantarillas del Estado de algunos de los responsables policiales implicados podrían ser una bomba. O no. Sea como fuere, el Ministerio del Interior ha sabido premiar sus servicios. Ha repartido medallas pensionadas y destinos privilegiados a cada uno de los mandos relacionados de una u otra forma con la guerra sucia contra los oponentes políticos. Unas prebendas que siguen vivas durante el tiempo que Juan Ignacio Zoido lleva como ministro del Interior.
El eje de la policía política. Empezando por el principio. Eugenio Pino, ex número dos de la Policía y creador de las dos unidades bajo sospecha por haber sido el núcleo de la policía política: la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación, una suerte de CNI dentro del cuerpo; y de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), que él mismo ha confesado que se dedicó a investigar casos sentenciados sin control judicial como el 11M o el chivatazo a ETA. Pino se jubiló en junio del 2016. Eso sí, el entonces ministro del Interior Fernández Díaz le impuso la medalla de plata al mérito policial, con una pensión vitalicia de un 15 % de su sueldo. En la orden por la que se otorgó aquella condecoración se apuntaba expresamente que el comisario «ha sobresalido en el cumplimiento de los deberes de su cargo» y que su actuación «ha redundado en el prestigio de la corporación». Zoido no ha hecho nada por revocar aquella concesión después de que Pino, en una entrevista reciente, volviera a las andadas contra los nacionalistas ni después de que el comisario tuviera que declarar en la Audiencia Nacional por las extrañas maniobras policiales registradas en el caso Pujol.
Polémico y amenazante. Tampoco han sido revocados los privilegios en la era Zoido del polémico y omnipresente José Manuel Villarejo. Y ello a pesar de haber sido imputado en el caso Pequeño Nicolás. Este particular comisario que durante lustros compaginó su labor policial con la empresarial y que participó en las grabaciones subrepticias al expresidente madrileño Ignacio González, se jubiló en agosto del pasado año con una medalla roja al Mérito Policial, un 10 % más de sueldo vitalicio. Villarejo ya ha advertido que si es citado a la comisión de investigación parlamentaria puede poner «todo patas arriba», pues podría meter a mucha gente en «problemas».
Uno de los más poderosos. También fue premiado José Luis Olivera, uno de los dos comisarios que el 29 de octubre del 2012, en plena campaña de las elecciones catalanas, se desplazó a Barcelona para presionar a los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y Emilio Sánchez Ulled con la intención de que resucitaran la investigación del caso Palau y reclamaran al juez el registro de la sede de Convergència. Olivera, que entonces nada tenía que ver con investigaciones de corrupción, poco después recibió la medalla roja del cuerpo (pensionada) y en enero del 2015 se convirtió en uno de los miembros de las fuerzas de seguridad con más poder de toda España, al ser nombrado director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco). Zoido ha ratificado a Olivera al frente del Citco.
Peleado con Villarejo. La persona que acompañó a Olivera en ese frustrado viaje a Barcelona era el también comisario Marcelino Martín Blas, entonces jefe de asuntos internos. Como Olivera, él también recibió poco después la medalla roja de la policía. Por aquella época, Marcelino Martín Blas era uno de los hombres de confianza máxima de Pino en la policía política. Luego se peleó a muerte con Villarejo y desde entonces sus escaramuzas judiciales (como en el caso del Pequeño Nicolás) se han sucedido por doquier.
Más de 10.000 euros mensuales. El hombre de confianza de Eugenio Pino, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, el mismo que exculpó en una investigación interna de cualquier irregularidad a Villarejo, ahora es agregado de Interior en La Haya con un sueldo mensual de más de 10.000 euros brutos. Su mujer también ha sido destinada por Interior a esa misma ciudad, sede de Europol, con importantes dietas.
Agregado en México. La otra mano derecha de Pino en la anterior legislatura, el también inspector jefe Bonifacio Díaz Sevillano, ha sido premiado con la agregaduría de Interior en la embajada en México. Más de 10.000 euros mensuales. Ese nombramiento tampoco ha sido revocado a pesar de que el nombre de Díaz Sevillano ha aparecido en las turbias maniobras policiales por incorporar informaciones de origen desconocido al caso Pujol.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2017/03/26/interior-premiado-responsables-implicados-denominada-policia-politica/0003_201703G26P17991.htm
¿Leyes mordaza o algo más? Hablemos de represión política de clase.
materia el 7/5/2017, 9:13 pm
La represión política de la clase burguesa contra los trabajadores se lleva a cabo mediante una legislación absolutamente restrictiva que impida y recorte al máximo su derecho a la protesta, pero también la ejercen esos jueces y fiscales a los que no les tiembla la mano pidiendo penas de cárcel o condenando a ellas. Del mismo modo que se ejerce desde unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que actúan con completa impunidad al golpear, detener y cumplir con fiero celo con la legislación del Estado capitalista y algo más que celo. ...
- ¿A qué se debe la persecución, encarcelamiento, represión de un creciente número de personas? ¿Es sólo cuestión de la que la derecha del PP es muy franquista o hay motivos más profundos? ¿Cuál es el contexto?
Como señalaba al principio, la persecución, la represión, el encarcelamiento de un creciente número de personas en España, que son presos políticos, por mucho que se pretenda negar, no se debe solo a que el PP sea un partido reaccionario y temeroso de la libertad. Como decía Marx "Nadie combate la libertad; a lo sumo combate la libertad de los demás. La libertad ha existido siempre, pero unas veces como privilegio de algunos, otras veces como derecho de todos". Y éste es el privilegio que hoy defiende el capital, su libertad de empresa, su libertad para sobreexplotar al trabajador. Persigue y reprime al trabajador que se moviliza para dar escarmiento a toda la clase en carne ajena, vaciar las calles, lograr el acatamiento,imponer su ley. Solo de ese modo puede reproducirse económicamente porque es un mito indemostrable que la tarta tenga un reparto equitativo y que crezca para todos. Crece para quienes pueden imponer su poder organizado de oprimir a los demás.
- Si la clase dominante se organiza para defender con leyes, policías, miedo y represión, sus privilegios, es obvio que la dominada necesita hacerlo también articularse para contraatacar y defender sus derechos, las conquistas que le han sido arrebatadas y pasar a la ofensiva. Porque las ideas no viven sin organización. Y necesita hacerlo al margen y de modo independiente de todas las demás clases, sobre todo de las intermedias, o autopercibidas como tales, que solo buscan salvarse de la quema y reacomodarse para mantener el máximo de sus intereses, siempre ligados a la pervivencia del capitalismo, aunque éste, por la dinámica de su desarrollo y de la concentración del capital tienda, finalmente, a hacerla desaparecer y proletarizarla.
http://marat-asaltarloscielos.blogspot.com.es/2017/05/leyes-mordaza-o-algo-mas-hablemos-de.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+LaBarricadaCierraLaCallePeroAbreElCamino+(LA+BARRICADA+CIERRA+LA+CALLE+PERO+ABRE+EL+CAMINO)
Euskal Herria: El Estado español encarcela de nuevo a Troitiño tras construir la nueva imputación.
materia el 10/5/2017, 1:44 pm
Madrid encarcela de nuevo a Troitiño tras construir la nueva imputación
30 años después de ser detenido en la operación contra el «comando Madrid», Antton Troitiño vuelve a estar preso en el Estado español de modo preventivo y por la acusación de «integración». Para ello ha sido perseguido seis años, desde el día siguiente a quedar libre, y el PP ha construido una acusación en la línea marcada por el PSOE.
Como Iñaki de Juana en 2006 o Santi Arrozpide en 2014, el donostiarra Antton Troitiño es actualmente el símbolo de la disposición española a retorcer todas sus leyes para construir auténticas cadenas perpetuas contra ciertos presos vascos. Los tres tienen en común que han sido perseguidos más allá del cumplimiento íntegro de sus condenas y mediante la práctica que el entonces ministro de Justicia del PSOE Juan Fernando López Aguilar reivindicó en el caso de De Juana: «Construiremos nuevas imputaciones».
Tras ser extraditado desde Londres y llevado ayer a la Audiencia Nacional, Troitiño ha sido enviado a prisión (de momento Soto del Real) y se le ha comunicado el procesamiento por «integración en organización terrorista». Se trata de uno de los delitos por los que ya cumplió condena entre su detención en enero de 1987 en Madrid y su excarcelación en Huelva en abril de 2011; es decir, durante más de 24 años.
Con ello quedaba purgada la pena impuesta por la Audiencia Nacional, pero nada más conocerse su liberación se desató una campaña política y mediática para volverlo a capturar. Técnicamente, se aferraba a que a Troitiño se le había aceptado un recurso contra el doble cómputo del tiempo pasado como preventivo. Como quiera que el tribunal de la AN que lo excarceló se había limitado a seguir un criterio marcado por el Tribunal Constitucional en 2008, esta máxima instancia judicial española fue puesta en la picota. A modo de ejemplo, el exministro del PP Federico Trillo afirmó que «es una vergüenza que el Constitucional, que tiene que garantizar los derechos de los españoles, se dedique a garantizar los derechos de un etarra».
Las presiones tuvieron un efecto fulminante tanto en la esfera gubernamental como en la jurídica. Desde el Ejecutivo de Zapatero, que entonces agotaba sus últimos meses en franca debilidad, el vicepresidente y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, prometió 48 horas después «revisar» ese criterio. Y la Audiencia Nacional anunció una sesión especial sobre el tema el 24 de abril (once días después de la excarcelación), pero el mismo tribunal que había firmado la liberación no esperó a esa fecha y se corrigió a sí mismo dictando ahora que Troitiño fuera detenido de nuevo. Se encontró con que para entonces no estaba en Intxaurrondo.
Londres, salida y trampa
Volver a meter en una prisión española a Antton Troitiño se convirtió ya en una auténtica obsesión para el Estado español, que además se iba a encontrar en 2013 con un problema añadido: la anulación por el Tribunal de Estrasburgo de la «doctrina Parot», que le hacía más difícil el objetivo de fondo de seguir alargándole el cumplimiento de condena.
Para entonces, Madrid ya tenía la primera parte del trabajo hecho, puesto que Antton Troitiño había sido localizado y detenido en abril de 2012 en Londres. Le faltaba la segunda, que consistía en construir una nueva imputación por la que reencarcelarle. Se presentaron hasta cuatro euroórdenes desde la Audiencia Nacional.
Finalmente, la imputación con la que intentará volverle a condenar argumenta que al haberle sido hallados documentos de identidad falsos cabe interpretar que Antton Troitiño «se había integrado de nuevo en la estructura de la banda terrorista ETA, concretamente en el subaparato denominado Ihesko-Colectivo de Refugiados» (sic). En uno de los autos se lee que «Troitiño se puso en contacto con ETA para que le ayudara a huir»&flexSpace;y con ello «aceptó un sometimiento a las instrucciones de la organización terrorista en relación con lo que denomina Colectivo de Refugiados, rama que agrupa a sus militantes en países que no sean España o Francia, siempre a disposición de ETA».
Tal tesis, recreada en un momento en el que ETA había dejado ya definitivamente la lucha armada y daba pasos evidentes hacia su desarme total, ha sido validada primero por el juez Pablo Ruz y ahora por su sustituto José de la Mata.
Para llegar a este momento Madrid ha necesitado una insistente acción judicial y diplomática ante las diferentes instancias del Reino Unido. Troitiño ganó los tres primeros juicios, pero al final esta vía argumental condujo a que fuera de nuevo encarcelado primero en Londres y después extraditado. Ahora tendrá que probarse en un juicio en Madrid. Pero, mientras, Antton Troitiño duerme seis años después de nuevo en una cárcel española, que a todas luces era el objetivo pretendido.
Antton Troitiño es excarcelado tras más de 24 años de cárcel y vuelve a Intxaurrondo. Se desata rápidamente una campaña mediática y política que presenta la liberación como un escándalo, señala tanto a la AN como al TC, y exige la revisión del asunto.
El mismo tribunal de la AN, presidido por el juez Alfonso Guevara, que ha ordenado su liberación dicta una nueva orden de captura. La AN filtra que está localizado en el Estado francés, pero no se le detecta. El PP carga contra el Gobierno del PSOE por no haberlo vigilado y este le replica que hubiera sido una acción ilegal.
Troitiño es hallado en Londres y detenido junto a Joseba Lerín. Es enviado a prisión por las peticiones de extradición españolas.
Tras la anulación por Europa de la «doctrina Parot», el mismo día que queda libre Inés del Río, Troitiño recibe la libertad condicional, aunque con obligación de comparecer a diario.
Los tribunales británicos aceptan las nuevas alegaciones españolas y vuelven a encarcelar a Troitiño, enviándolo primero a un centro de inmigración.
Se consuma la extradición al Estado español y pasa a prisión preventiva.
http://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2017-05-09/hemeroteca_articles/madrid-encarcela-de-nuevo-a-troitino-tras-construir-la-nueva-imputacion
Francisco Etxeberria (forense): “La impunidad ha sido la norma con las torturas”
Anibal el 16/5/2017, 9:28 am
http://elpaissemanal.elpais.com/documentos/francisco-etxeberria/
El Estado burgués protege el orden capitalista y las relaciones entre las clases con el monopolio de la fuerza, y lo hace mediante organismos de seguridad nacional, policías, ejército , GC y sus profesionales correspondientes.No es una aberración, es lo normal en tal Estado.Está, entre otras cosas, para eso.Igual que el aparato judicial, con su abiertísimo filtro para los torturadores de Estado.Otros ponen micros,fiilman, graban conversacione, hacen seguimientos, experimentan operativos con colegas internacionales etc.
Las contradicciones del sistema burgués generan necesidades de uso de la fuerza, el engaño y la astucia incluso a veces cuando hay conflictos entre organismos o individu@s integrantes de la clase burguesa, luchas por el poder, necesidad de encubrir mafiadas , operaciones sucias,usos interesados de organismos ,recursos,infraestructuras o logística estatal,etc. En España la posguerra y la lucha contra ETA,Grapo y ciertos grupos de la extrema izquierda concentró la práctica estatal de la tortura, pero no fue el único campo.Elementos del proletariado,estudiantes crític@s y elementos burgueses que molestaban, anarquistas, autónomos y un diverso etc donde en ocasiones figuraban gays o lesbianas, sufrieron su impacto. También dieron y dan fuerte en algunas huelgas incontroladas, etc.Y lo mismo en casos comunes que lo exigen.Muchos policías y GC lo hicieron con el franquismo y con la democracia.Continuidad lógica.
Los directamente encargados de torturar suelen ser cuerpos especiales e individuos especializados y seguros para el Estado, en especial en la denominada lucha antiterrorista, un concepto amplio y flexible, por supuesto, como se ha evidenciado en repetidas ocasiones..Pero en los casos que lo precisan o cuando se excitan por la forma repetida de servir al Estado y el capital, con presión, dominio y prepotencia reiteradas ( el famosos " se les fué la mano"), para proteger o encubrir asuntos turbios y a compañer@s o jefaturas,cuando hay que dar carnaza expeditiva y ágl,ente a l os medio$ de intoxicación de masas, la fuerza y la tortura de nivel alto, medio y bajo se diseminan por los diversos centros de detención sin esperar a cuerpos e individuos especiales, al igual que lo hace el engaño y el ocultamiento de pruebas, etc. Sobre la continuidad en ésto entre franquismo y democracia las cosas están claras.Ambos son regímenes capitalistas.
Anibal el 22/5/2017, 2:58 pm
En 2007, la plantilla de la Compañía Valenciana de Aluminio Baux (de Segorbe, Castellón) convocó varias jornadas de huelga para pedir la firma de un acuerdo que mejorara sus condiciones laborales. Diez años después, 22 trabajadores se enfrentan el próximo lunes a un juicio en el que la Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para cada uno de ellos por el polémico artículo 315 del Código Penal que contempla las coacciones a la huelga. La acusación particular (varios miembros de la dirección de la empresa) también pedía la misma pena, pero en el último momento ha desistido. Cuando se produjo el piquete la Guardia Civil no identificó a nadie y dos agentes han declarado que la actitud era la "típica de una huelga" y que los huelguistas hicieron "resistencia pasiva". Desde entonces, trece de esos trabajadores han sido despedidos.
"Allí los trabajadores huelguistas formaron una cadena humana, cogidos de los brazos, que impedía materialmente el paso, sin atender a las peticiones de sus compañeros para que les dejaran pasar. Sin embargo, con ocasión de la acumulación de personas, las discusiones surgidas y pequeños forcejeos, la cadena se rompió por diferentes puntos, de manera que fue franqueada por los no huelguistas que, no obstante, fueron increpados por los acusados", dice el escrito de la Fiscalía, que describe insultos como "hijos de puta" y calificativos como "esquirol", además de zarandeos a algunos trabajadores.
El Ministerio Fiscal describe situaciones parecidas a lo largo del día. Lo que no hace es concretar qué hizo cada acusado: únicamente menciona que durante esos momentos esas personas formaban parte del piquete y que "participaron" de los actos posteriores. Por todo ello pide tres años y medio de cárcel para los acusados (a algunos les añade tres meses más) por un delito de coacciones a la huelga contemplado en el artículo 315.3 del Código Penal, que el Congreso instó el pasado martes a derogar, además de una multa.
"Como ya han dicho algunos jueces, esto no tiene razón de ser. Si hay coacciones que se aplique el delito de coacciones, si hay agresiones, el de falta o agresión, pero un tipo agravado de coacciones es una forma legal de reprimir el derecho constitucional de huelga", dice Francisco Almenar, abogado de los 13 trabajadores acusados que pertenecen a CCOO.
La declaraciones de dos agentes, a la que ha accedido eldiario.es, apoyan los argumentos de la defensa. Uno de ellos aseguró que la actitud de los huelguistas era "la típica de una huelga, actitud insultante aunque no agresiva" y que recordaba "insultos, como esquirol", pero no "amenazas concretas". "No se identificó a nadie porque era una masa de trabajadores", decía el agente, que señalaba que algunos trabajadores que no hicieron huelga dijeron sentir miedo. Otro de los guardias civiles declaró que los huelguistas hacían "resistencia pasiva": "Hacían ruido y cuando intentaban entrar los no huelguistas se ponían en medio pero al final se quitaban".
El abogado Francisco Almenar subraya que se trataba de un ambiente de huelga y que las declaraciones de la Guardia Civil constatan que no hubo agresiones. "Los que entraban eran los jefes que luego les iban a ver en sus puestos de trabajo", apunta Almenar. Meses después de la huelga los trabajadores recibieron la notificación de la denuncia. Desde que se produjeron los hechos hasta ahora trece de los trabajadores acusados han sido despedidos. Entre los imputados están todos los miembros del comité de empresa que había en 2007.
Fuentes de la empresa han confirmado a eldiario.es que van a retirar los cargos con los trabajadores. Antes de hacerlo, la empresa ha intentado llegar a un acuerdo con ellos: a cambio de que asumieran su responsabilidad ofrecían solicitar la pena mínima y una rebaja muy sustancial de la multa (de 28.000 euros a 2.000 euros). Los trabajadores lo rechazaron. "La empresa tiene vocación de acabar con el tema", dicen las mismas fuentes, que explica que ese es el motivo de la retirada de los cargos. El pasado martes, el Congreso de los Diputados aprobó la Proposición de Ley de Unidos Podemos para derogar el artículo 315.3 del Código Penal.
Uno de los acusados es Juanjo Ripoll, que continúa en la empresa y es delegado de CGT. "Aquella huelga surtió efecto, días después firmaron el acuerdo con mejoras salariales, mejoras en las horas del convenio y en las bajas por enfermedad", recuerda. La denuncia, sin embargo, ha tenido un efecto claro sobre la plantilla. "Es una medida represora para que no haya más huelgas ni protestas. Desde entonces no se ha vuelto a hacer nada de eso y mira que hemos tenido negociaciones importantes y hasta ERE", dice Ripoll. El piquete, señala, estaba en uno de los accesos, pero los trabajadores entraron a trabajar: "No les debió de sentar bien que les pitaran". Ripoll fue despedido en 2010 pero un tribunal declaró nulo su despido y la empresa tuvo que readmitirle.
http://www.eldiario.es/economia/trabajadores-enfrentan-piquete-huelga-empresa_0_644636449.html
Anibal el 6/12/2017, 9:42 am
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2017/12/05/dos-anos-carcel-tres-raperos-vigo-ensalzar-grapo/00031512477893711955638.htm
Euskal Herria: Un joven de Amurrio encarcelado un año en prisión por una pintada con rotulador.
materia el 4/2/2018, 8:43 pm
El joven de Amurrio Julen Ibarrola ingresará el próximo domingo en prisión, donde deberá permanecer un año. La Audiencia Nacional española le ha impuesto esta pena por una pintada que realizo con un rotulador hace tres años. La plataforma Julen Libre convoca una caravana de coches y un día de movilizaciones.
Numerosas vecinas y vecinos de Amurrio se reunieron ayer al mediodía en la plaza San Antón para arropar al joven del pueblo Julen Ibarrola, que será encarcelado el próximo domingo para un año por orden de la Audiencia Nacional española, que le ha imputado como delito una pintada realizada con un rotulador hace tres años.
«Por desgracia, no es la primera vez que intentan ir a por Julen; de hecho, tuvo otro juicio parecido anterior a este en la Audiencia Nacional, del cual salió absuelto», indicaron. Recibió, además, una multa relacionada con la ocupación del gaztetxe de Amurrio y por este antecedente tendrá que ingresar en prisión. Con el objeto de denunciar esta «inadmisible» situación, convocaron diferentes movilizaciones para la semana que viene. Por una parte, el jueves a las 19.00, saldrá una caravana de coches desde el parking de Telefónica. Por otra, el viernes, habrá un día de protesta con paros a la mañana en los centros educativos de Aiaraldea y al mediodía cacerolada desde la plaza del pueblo. A las 19.00, partirá una manifestación-cacerolada desde el mismo lugar. También llamaron a realizar pintadas con rotulador con el lema “Julen Libre”.
Indicaron que no encarcelarán a Ibarrola por haber escrito en una pared con un rotulador: «Esta decisión descabellada se debe a su participación en el movimiento juvenil, es decir, a ser joven e independentista. Le han condenado por participar en colectivos y en piquetes los días de huelga general, por denunciar la corrupción y las injusticias, por luchar en el instituto a favor de una enseñanza popular y solidaria». Expresaron que están «hartos de ver cómo se llevan a jóvenes, mientras otros están en la calle con los bolsillos llenos a nuestra costa y hasta el cuello de corrupción». Dijeron con orgullo que ser joven y comprometido no es delito y que quieren a Julen en el pueblo.
«Herri harresia»
Por otra parte, según informó Topatu.eus, han castigado a ocho personas de las 50 juzgadas por simbolizar un muro popular en el tribunal de Alcalá de Henares el pasado 9 de enero. Por esa protesta para denunciar el sinsentido de la causa contra ellos, les han impuesto multas de 1.400 euros a seis miembros de Ernai y a un periodista de Topatu.eus, y de 1.600 al séptimo participante de Ernai.
https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2018-02-04/hemeroteca_articles/un-joven-de-amurrio-pasara-un-ano-en-prision-por-una-pintada-con-rotulador
El Tribunal Supremo de España ratifica la condena de tres años y medio al rapero mallorquín Valtonyc.
materia el 23/2/2018, 12:39 pm
El Tribunal Supremo no solo acogió ayer las declaraciones de Artur Mas y Neus Lloveras.
La Sala Segunda también confirmó la sentencia de tres años y medio de cárcel contra el rapero mallorquín José Miguel Arenas Beltrán, conocido como Valtonyc, por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas. Delitos todos ellos cometidos, supuestamente, a través de las canciones que subió a internet. El alto tribunal rechazó la defensa basada en la apelación a la libertad de expresión y a la creación artística.
El mismo Valtonyc informó a través de las redes sociales de la confirmación de la pena, añadiendo que no entrará a valorarla hasta que tenga más información. Las agencias de información, sin embargo, recogieron fragmentos de una sentencia que considera que las canciones del rapero van «más allá de la expresión de coincidencia con objetivos políticos, solidaridad con los presos o camaradería nacida de vínculos ideológicos».
«La pluralidad de mensajes contenidos en las canciones publicadas en internet y con acceso abierto por el acusado tienen un indudable carácter laudatorio de las organizaciones terroristas GRAPO y ETA y de sus miembros», añade el Supremo, que defiende que las letras de Valtonyc comportan «una alabanza, no ya de los objetivos políticos sino de los medios violentos empleados por las citadas organizaciones». «Los referidos contenidos no quedan amparados por la libertad de expresión o difusión de opiniones», remata la sentencia.
https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2018-02-21/hemeroteca_articles/el-ts-ratifica-la-condena-de-tres-anos-y-medio-a-un-rapero-mallorquin
La Audiencia Nacional condena a 3 años y medio de cárcel al rapero Valtonyc.
materia 23 Feb 2017
El rapero de 23 años, nacido en la localidad mallorquina de Sa Pobla, es técnico informático y trabaja en una frutería.
La Audiencia Nacional ha condenado a tres años y seis meses de cárcel al rapero Valtonyc por delitos de calumnias e injurias graves contra la Corona y de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas en sus canciones. La sentencia, contra la que cabe recurso, incluye indemnizar con 3.000 euros al presidente de la Fundación Circulo Balear, Jorge Campos Asensi, por amenazas.
El fallo concluye que los mensajes contenidos en las canciones publicados en Internet y con acceso abierto por el acusado "tienen un indudable carácter laudatorio de las organizaciones terroristas GRAPO y ETA y de sus miembros, el cual va más allá de la expresión de coincidencia con objetivos políticos, solidaridad con los presos o camaradería nacida de vínculos ideológicos y que comporta una alabanza, no ya de los objetivos políticos sino de los medios violentos empleados por las citadas organizaciones terroristas y por sus miembros y contienen una incitación a su reiteración".
Para el Tribunal los hechos no están amparados por el derecho a la libertad de expresión o de creación artística, invocados por el acusado y su defensa. Recuerda que aunque "la libertad de expresión comprende la libertad de crítica, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática".
La sentencia recuerda que el derecho de libertad de expresión está "limitado" cuando entra en conflicto con otros derechos o intereses constitucionales, "como sucede, por ejemplo, con aquellas expresiones que son manifestación del discurso del odio y que cabe interpretar como incitaciones a la violencia, discriminación contra colectivos, etc.". Por tanto, recuerda que "el derecho a la libertad de expresión no es de carácter absoluto".
"Tampoco la ironía, la provocación o el sarcasmo -en palabras del acusado, el nihilismo surrealista- que anima sus mensajes de humillación de las víctimas, hacen viable una causa supralegal de exclusión de la culpabilidad", considera la Audiencia.
La sentencia considera que las canciones de Valtonyc son también constitutivas de un delito de calumnias e injurias graves al Rey y a los miembros de la Familia Real. Considera la Sala que "el gran número de expresiones, no aisladas sino muy reiteradas", exceden de la crítica política y se introducen en el campo del atentado contra la dignidad personal, en el de la imputación de delitos, en el de las amenazas de muerte, en el de la incitación a la violencia y en el discurso del odio. Considera que no puede considerarse amparadas por la libertad de expresión, ni por lo que el acusado considera "creación artística".
Por último, la Audiencia Nacional también condena al rapero por un delito de amenazas contra el demandante, Jorge Campos, presidente de la Fundación Círculo Balear. Explica que aunque el acusado dijera que no pretendía amenazar, "no podía ignorar el contenido intimidatorio del texto de su canción y su idoneidad para ocasionar temor o zozobra en las personas contra las que se dirigía".
José Miguel Arenas Beltrán, el rapero mallorquín, argumentó ante el juez que era sólo "un poeta" con interés provocador en sus temas y no de de humillar a las víctimas del terrorismo. En ese sentido, su abogado solicitó la absolución del acusado al alegar que ejerció su derecho de libertad artística y de expresión.
Valtonyc ha colgado en Youtube horas antes de conocerse el fallo de la Audiencia la canción L'indomable (El indomable) en la que desprecia la resolución que vaya a tomar la Justicia y rapea: "A mí no me para ninguna sentencia". El ripio va en la línea de lo manifestado al salir de la Sala, donde sí se había mostrado dócil. "Este tribunal es fascista y no lo reconozco", dijo recordando las palabras del terrorista Iñaki Bilbao en su juicio en 2007, sólo que el vasco las dijo dentro de la Audiencia ante el juez.
El acusado había reconocido ante el magistrado ser el autor de las canciones que difundió a través de Internet en Youtube, ha aclarado que las letras eran metáforas y no mensajes directos y ha insistido en que "simplemente buscaba provocar" pero no humillar ni amenazar.
Recordó que la canción sobre el Rey se la encargaron para el programa de televisión La Tuerca que lideraba el actual máximo dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, con ocasión de la semana de la República.
"Yo voy a seguir diciendo que los Borbones son unos mafiosos, esto no va a cambiar nada", aseveró a las puertas del tribunal donde reconoció haberse sentido "decepcionado" con Iglesias.
"No sabía que llamar hijo de puta a una persona conlleva cuatro años de cárcel", defendió Arenas, que usó el último turno de palabra para exponer ante el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal que se trata de un juicio ideológico y que los artistas expresan mediante sus composiciones, como ocurre con los cantautores. "Nadie me puede decir a quien puedo odiar o admirar", dijo. Valtonyc se refiere expresamente al presidente de asociación Círculo Balear, Jorge Campos, quien ha ejercido la acusación particular en el proceso que comenzó con una denuncia que él mismo interpuso contra el rapero por decir en su canción 'Circo Balear' que "merece una bomba de destrucción nuclear".
http://www.elmundo.es/baleares/2017/02/22/58adc20f268e3e06758b4642.html
http://www.20minutos.es/noticia/2967430/0/rapero-valtonyc-condenado-prision-borbones-mafiosos-pablo-iglesias/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eldiario.es/politica/Audiencia-Nacional-Valtonyc-Juan-Carlos_0_615239479.html
La Audiencia Nacional vuelve a condenar al rapero Pablo Hásel. Le impone una pena de dos años y un día de prisión por «alabar en Twitter a ETA y los Grapo», así como por «injurias a la Corona y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».
materia el 2/3/2018, 2:22 pm
La Audiencia Nacional española ha condenado a dos años y un día de cárcel al rapero Pablo Hasel por «alabar en Twitter a ETA y los Grapo», así como por «injurias a la Corona y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».
La Audiencia Nacional ha condenado a dos años y un día de cárcel a Pablo Hasel acusado de «enaltecimiento» a ETA y GRAPO, y por «injurias a la Corona y a las FSE». Hasel ha sido también condenado a pagar una multa de 24.300 euros, y al haber sido ya condenado a dos años de cárcel en 2014 podría ingresar en prisión de ser confirmada esta ultima sentencia por el Tribunal Supremo.
Los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal exponen en una sentencia que las publicaciones de suponen una «actuación conjunta, dirigida contra la Autoridad del Estado» y que aluden «a la necesidad de ir más allá en un comportamiento violento incluso con la utilización del terrorismo».
La sentencia la suscriben dos de los tres magistrados que componen el tribunal de la Sección Primera de lo Penal –Concepción Espejel y Nicolás Poveda–, ya que la tercera integrante, Manuela Fernández de Prado, ha emitido un voto particular discrepante, al considerar que los comentarios de Hasel en Twitter se enmarcan en el derecho a la libertad de expresión y no suponen una manifestación del discurso del odio.
Por contra, Espejel y Poveda creen que el «ánimo de ensalzar el terrorismo, injuriar y calumniar a la Corona y a las Instituciones del Estado (...), nos lleva a considerar que no se trata de un supuesto de libertad de expresión, ni de un comentario casual o en broma, sino que se trata de una conducta premeditada a provocar y obtener una respuesta violenta».
A su juicio, sus mensajes encierran «una invitación a realizar una conducta igual que la de sus referentes», los presos y miembros de ETA y los GRAPO, a los que dedicó 64 tuits, alabando una «actividad violenta y terrorista que representa una forma de lucha encomiable y positiva según su criterio», según la sentencia.
Para estos dos jueces, sus tuits forman parte de «una actuación conjunta» dirigida a las autoridades del Estado, «menospreciándolos y denigrándolos», y entienden que con ello está incitando a la violencia, «aludiendo a la necesidad de ir más allá en un comportamiento violento, incluso con la utilización del terrorismo».
Respuesta de Hasel
Hasel ha respondido a la resolución a través de Twitter: «Jamás claudicaré».
"Me han condenado a 2 años y otro de pena-multa, es decir, 3 años. Se suman a los 2 que ya tengo por canciones contra el régimen. Pasaré 5 años preso por delitos de opinión, pero jamás claudicaré. Jamás, fascistas de mierda."
Asimismo, el rapero asegura que con esta sentencia «solo darán más voz al mensaje que quieren silenciar, solo me van a fortalecer como revolucionario. Esto adelanta el fin de vuestra tiranía». «Ya no es cuestión de opiniones, es que me han condenado por contar hechos objetivos sobre la monarquía, la policía o los presos políticos».
https://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20180302/la-audiencia-nacional-condena-a-dos-anos-de-prision-a-pablo-hasel
La Audiencia Nacional ha condenado este viernes al rapero Pablo Rivadulla, conocido por su nombre artístico de Pablo Hásel, a una pena de dos años y un día de cárcel y 24.300 euros de multa por delitos de enaltecimiento del terrorismo con agravante de reincidencia, injurias y calumnias contra la Corona y las instituciones del Estado por el contenido de 64 mensajes publicados en Twitter y una canción en Youtube. Hásel ya fue condenado por hechos similares por el Tribunal Supremo en marzo de 2015 a otra pena de dos años de cárcel. La Sección Primera de la Audiencia, con el voto particular de la magistrada Manuela Fernández de Prado, partidaria de la absolución, aplica al rapero los principios por los que el Tribunal Supremo condenó el pasado 20 de febrero al también rapero Valtònyc.
Entre otros tuits, Hásel publicó uno en marzo de 2016 en el que, junto a una fotografía de la miembro del grupo terrorista GRAPO Victoria Gómez, escribió: “Las manifestaciones son necesarias, pero no suficientes, apoyemos a quienes han ido más allá”. En su red social, el rapero contaba entonces con 54.000 seguidores. Otro tuit llevaba adjuntaba una imagen de Ignacio Varela Gómez, también miembro de los GRAPO, con la leyenda: "sí nos representan".
El voto particular: "Encaja en la libertad de expresión"
Para los magistrados que componen el grupo mayoritario, Concepción Espejel y Nicolás Poveda, las publicaciones de Hásel suponen “una actuación conjunta, dirigida contra la Autoridad del Estado en sus múltiples formas, menospreciando y denigrándolos personalmente y en conjunto, aludiendo a la necesidad de ir más allá en un comportamiento violento, incluso con la utilización del terrorismo, a cuyos miembros destacados y condenados judicialmente por ello, se dirige en términos de ser el referente a imitar, buscando la adhesión de personas a tal finalidad”.
Para los jueces, Hásel incita a adoptar posiciones más allá de la mera protesta pacífica, y citan otro tuit del 1 de abril de 2016 que dice “12 años sin lucha armada” por parte de otra miembro del GRAPO, Isabel Aparicio, “elevando la actuación de esta en la lucha armada a la categoría de referente por su ejemplo”, afirman. Dichos mensajes, continúa la resolución, no solo tienen por objeto la llamada antes indicada, sino también laudatio, una alabanza hacia miembros de grupos violentos de carácter terrorista que han sido objeto de condenas judiciales por sus actividades criminales, consignándolos como referentes de conducta.
La sala analiza la doctrina del Tribunal Supremo sobre la materia, en especial la reciente sentencia que ha condenado al también rapero Valtònyc, para destacar que el delito de enaltecimiento requiere que se genere un riesgo en abstracto, algo que queda acreditado en el presente caso. En esta línea, el tribunal recuerda que el origen de esta investigación proviene de un mensaje remitido por un particular a la Fiscalía, alarmado por la aparición de dichos tuits.
En relación con el delito de injurias y calumnias a la Corona, la sala señala que los mensajes y el vídeo analizado presentan una actuación por parte del acusado —condenado en 2014 a dos años de cárcel por enaltecimiento, sentencia confirmada por el Tribunal Supremo— que determina la imputación al Rey Emérito e incluso al Rey actual la comisión de múltiples delitos, incluso de homicidio y de malversación, así como de una conducta no acorde con la autoridad que representan. "Los amigos del reino español bombardeando hospitales, mientras Juan Carlos se va de putas con ellos", escribió en enero de 2016.
“No se trata de expresar una reivindicación política de otra forma de Estado, como que pudiera ser republicana” dicen los jueces, sino que se advierte una intencionalidad como es la de injuriar y calumniar, ya que únicamente se dedican a insultar y menospreciar a la monarquía y sus integrantes, “con el ánimo evidente de que por quien accede a sus tuits adopte una posición contraria a los mismos, incluso de forma violenta”.
Respecto al delito de injurias y calumnias contra las instituciones del Estado, el tribunal subraya la gran cantidad de delitos que se imputan de forma reiterada a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, acusándoles de asesinatos, torturas, que se integran en unos contenidos ofensivos y de marcado odio a los mismos a los que se sigue acusando, a pesar de haber obtenido resoluciones judiciales que le exoneraban, en cuyo caso carga contra la autoridad judicial, sin más acreditación por su parte que sus propias palabras y sus manifestaciones, sin otro fundamento ni probanza alguno.
https://politica.elpais.com/politica/2018/03/02/actualidad/1519993957_833787.html
Pablo Hasel vuelve a ser citado en la Audiencia Nacional.
materia 2 Ene 2017
La Audiencia Nacional española ha vuelto a citar al rapero Pablo Hasel, en esta ocasión por su canción «Juan Carlos el Borbón» en el cual le critica y asegura que la monarquía española «tiene los días contados porque se acerca la república popular».
Según ha anunciado a través de su cuenta de Twitter, el rapero Pablo Hasel ha sido citado a declarar de nuevo en la Audiencia Nacional española para el próximo 23 de enero.
En esta ocasión, el motivo es la canción «Juan Carlos el Borbón», en el cual le critica y afirma que la monarquía española «tiene los días contados porque se acerca la república popular».
Hasel ya declaró el pasado mes de setiembre ante el juez José de la Mata a causa de unos tuits. Además, esta no es la única denuncia que pesa contra el rapero, ya que el alcalde de Lleida, Ángel Ros, le acusó de amenazarle de muerte en otro de sus temas.
http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20170101/pablo-hasel-vuelve-a-ser-citado-en-la-audiencia-nacional
Anibal el 2/5/2018, 11:18 am
El Ministerio de Justicia señala al Comité de Tortura de la ONU que “no hubo agresión por parte de la Policía”, a pesar de que la víctima, una joven cordobesa, tenía la nariz rota al finalizar su detención en comisaría.
"Caso Almería". "Ni la Guardia Civil ni el Estado nos han pedido nunca perdón por aquel asesinato tremendo"
Anibal el 8/5/2018, 1:12 pm
Cuatro detenidos por los disturbios ocurridos en Lavapiés
Anibal el 11/5/2018, 2:31 pm
https://www.elplural.com/politica/2018/05/11/cuatro-detenidos-disturbios-lavapies-policia
La Guardia Civil detiene secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Óscar Reina, por «injurias a la corona»
materia el 13/6/2018, 6:58 pm
https://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20180613/la-guardia-civil-detiene-al-miembro-del-sat-oscar-reina-por-injurias-a-la-corona
Euskal Herria. Juicio por la muerte de Iñigo Cabacas: Los ertzainas acusados piden declarar en el juicio a puerta cerrada y sin prensa.
materia el 19/6/2018, 4:39 pm
Los acusados en el proceso por la muerte de Iñigo Cabacas tras recibir un pelotazo de la Ertzaintza en la cabeza piden que su declaración en el primer día de juicio se tome «a puerta cerrada y sin la presencia de ningún tipo de medio de comunicación».
La Audiencia Provincial rechazó esta solicitud, pero los acusados han recurrido el auto.
Los seis ertzainas imputados por la muerte de Iñigo Cabacas quieren declarar a puerta cerrada el día de inicio del juicio para poder deponer sin «presión extraordinaria». La Fiscalía y la familia, representada por la abogada Jone Goirizelaia, se opusieron a la petición y la Audiencia Provincial la rechazó. Pero los abogados de los acusados han recurrido y mantienen su solicitud de secreto.
El oficial 3389, los suboficiales 1283 y 5153 y los únicos tres agentes que admitieron haber disparado pelotas de goma la noche del 5 de abril de 2012 serán juzgados a partir del 15 de octubre por la muerte de Iñigo Cabacas, acusados de «un presunto delito de homicidio por imprudencia grave profesional». Con respecto a los mandos, la Audiencia determinó que en su actuación «existió una infracción de las más elementales reglas de la prudencia y la proporcionalidad». En cuanto a los ertzainas 15248, 10216 y 11.066 sostuvo que estaban en el lugar y en el momento precisos, por lo que una de las pelotas disparadas por ellos pudo ser la que causara el fallecimiento.
Una vez decidido que la causa fuera a juicio, los abogados de los imputados pidieron al tribunal que «las declaraciones de los acusados previstas para el primer día de juicio se practiquen a puerta cerrada, sin la presencia de ningún medio de comunicación, ni escrito ni grabado». Según la solicitud, pretenden «que las comparecencias de los agentes se lleven a cabo con todas las garantías y sin la presión extraordinaria que supondría el saber que sus palabras, explicaciones y estados de ánimo mientras deponen van a estar siendo publicadas o colgadas en la red de manera simultánea al juicio».
Las defensas apuntan que «a lo largo de la instrucción de esta causa hemos podido comprobar cómo grabaciones que integran la prueba, e incluso vídeos que han sido objeto de pruebas periciales, están colgados en Youtube, por poner un ejemplo».
Se especifica que la petición se refiere solo al primer día del juicio y en ningún caso a los familiares «del tristemente fallecido» Iñigo Cabacas.
La fiscal del caso se opuso a esta petición con un texto de un párrafo alegando que «en el artículo 24.2 de la Constitución Español se prevé la publicidad del proceso penal». La acusación particular de la familia, representada por la abogada Jone Goirizelaia, fue más prolija en su argumentación y aportó hasta ocho antecedentes del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para rechazar las intenciones de los acusados.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia no accedió a las intenciones de los abogados de los acusados, al entender que la publicidad del juicio cumple la «doble función» porque «incrementa la confianza ciudadana en la justicia» y «ayuda a alcanzar el objetivo de un proceso justo».
En su argumentación, la Audiencia recoge ejemplos aportados por la familia Cabacas, y añade que la «incomodidad» por estar sometido a la «exposición pública por un proceso penal» resulta «comprensible», pero remarcando acto seguido que eso no afecta a los derechos de los procesados. Recuerda que los acusados son «agentes de la policía, servidores públicos», lo que «incrementa el interés informativo de la vista», que no se refiere a actuaciones privadas de los inculpados sino a su «labor profesional».
Por todo ello, la Audiencia no ver razones para limitar el acceso de los medios a la sala de vistas, salvo las prevenciones que se adopten para garantizar el orden y el buen discurrir del juicio que se celebrará entre octubre y noviembre.
Los abogados de los acusados han recurrido este auto que deniega el inicio del juicio a puerta cerrada.
El inicio del juicio por la muerte de Iñigo Cabacas por un pelotazo de la Ertzaintza dará comienzo el 15 de octubre y está previsto que se desarrolle en quince sesiones entre octubre y noviembre.
Están acusados el oficial 3389, los suboficiales 1283 y 5153, y los únicos tres agentes (15248, 10216 y 11.066) que en la instrucción admitieron haber disparado pelotas de goma la noche del 5 de abril de 2012 en la que hirieron a Cabacas.
Mandos y agentes están acusados de «un presunto delito de homicidio por imprudencia grave profesional». La Fiscalía, por su parte, aseguró en su último escrito que no ve delito y, por lo tanto, no puede haber autor.
https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2018-06-19/hemeroteca_articles/los-acusados-piden-declarar-en-el-juicio-a-puerta-cerrada-y-sin-prensa
Euskal Herria: Un juez condecorado por la Ertzaintza presidirá el tribunal del caso Cabacas.
materia Mar 10, 2018
Un magistrado condecorado por la Ertzaintza presidirá el tribunal que juzgará la muerte de Iñigo Cabacas por un pelotazo de la Policía autonómica en la cabeza. Se trata de Alfonso González-Guija, a quien el Departamento de Seguridad otorgó en junio de 2016 la medalla al reconocimiento policial con distintivo azul.
El magistrado Alfonso González-Guija, condecorado en junio de 2016 por el Departamento de Seguridad del Gobierno de Lakua con la medalla al reconocimiento de la labor policial con distintivo azul, será el juez que presidirá el tribunal que está previsto que juzgue la muerte de Iñigo Cabacas, por la que tres mandos y tres agentes de la Ertzaintza son acusados de homicidio imprudente.
El 12 de octubre del mismo año, «festividad de la Virgen del Pilar», Alfonso González-Guija recibió también la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con Distintivo Blanco. Meses después fue el ponente del juicio por torturas a Sandra Barrenetxea, y absolvió a los cuatro agentes, al negar toda credibilidad a la detallada descripción de los maltratos y vejaciones sexuales realizada por la víctima.
Según auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia, fechado el 2 de marzo, al que ha tenido acceso GARA, el tribunal que celebrará el juicio está presidido por Alfonso González-Guija Jiménez, al que se suman los magistrados Juan Manuel Iruretagoiena Sanz y Silvia Martín Blanco, que será la ponente. La vista comenzará el 15 de octubre y durará unas tres semanas. La Fiscalía no ve delito en los hechos que acabaron con la vida de Iñigo Cabacas.
«Autos de carácter innovador»
La medalla al reconocimiento de la labor policial con distintivo azul, que recibió Alfonso González-Guija, la otorga el Departamento de Seguridad de Lakua, según la normativa, a «autoridades o ciudadanos y ciudadanas que se hagan acreedoras a ello por realizar actos de relevante importancia en defensa de la seguridad pública o por su decisiva colaboración con la Ertzaintza que redunde en beneficio o prestigio de este Cuerpo policial».
En el acto de concesión de la medalla, que tuvo lugar el 4 de junio de 2016 en la sede central de la Ertzaintza en Erandio y estuvo presidido por el lehendakari, Iñigo Urkullu, la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, justificó la condecoración al magistrado Alfonso González-Guija por sus autos de carácter innovador a la hora de que las comisiones a la Policía Judicial de la Ertzaintza puedan continuar sus investigaciones fuera de la CAV.
Entrevistado en ETB
El magistrado Alfonso González-Guija, entonces juez decano de Bilbo, participó en un reportaje sobre el primer aniversario de la muerte por un pelotazo de Iñigo Cabacas en el programa 60 minutos de ETB. Entrevistado por el periodista, alabó la implicación de la Ertzaintza en la investigación y aseguró que «de lo que no tengo dudas es que a nivel policial se han puesto todos los medios».
Estas palabras se emitieron en abril de 2013 y para entonces ya se podía saber que solo tres agentes reconocieron haber disparado y apenas ocho pelotas en total, lo que es incompatible con lo sucedido la noche en la que hirieron a Iñigo Cabacas.
Añadió que «yo entiendo que es difícil determinar responsabilidades en este tipo de sucesos, porque claro... son muchas las personas que intervienen. [Es difícil] saber a ciencia cierta, qué es lo que ocurrió. Estoy convencido que [la jueza instructora] lo está intentando, pero lleva tiempo». También recordó la obligación de los agentes de obedecer una orden salvo que sea «manifiestamente ilegal».
Cruz de la Guardia Civil
El juez Alfonso González-Guija tiene también en su poder la Cruz de la Orden del Mérito (distintivo blanco) de la Guardia Civil, concedida unos meses después de la condecoración de la Ertzaintza. El galardón citado premia «la conducta de aquellas personas que, sin pertenecer a esta institución, colaboran espontánea y generosamente al mejor y mas completo logro de las misiones que a la Guardia Civil le han sido confiadas».
La concesión de esta cruz se ordenó el 29 de setiembre de 2016 y se produjo con «ocasión de la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil». Para entonces ya se conocía que Alfonso González-Guija formaría parte del tribunal que después juzgaría a cuatro agentes del cuerpo por torturas a Sandra Barrenetxea.
La víctima dio múltiples detalles de los maltratos sufridos durante su detención (desde golpes a «la bolsa» o vejaciones sexuales), e identificó a tres de los cuatro acusados sentados en el banquillo.
Sin embargo, la sentencia el tribunal de la Audiencia de Bizkaia redactada por Alfonso González-Guija –que fue el ponente– dictó que algunos actos descritos eran «inverosímiles» y argumentó, entre otras cosas, que si Barrenetxea hubiera sido desnudada en el coche policial durante el traslado desde Bilbo a Madrid, como ella sostuvo, algún camionero lo hubiese visto desde arriba y hubiera avisado a Emergencias.
La medalla de reconocimiento de la labor policial con distintivo azul se concede «por su decisiva colaboración con la Ertzaintza que redunde en beneficio o prestigio de este Cuerpo».
La Cruz de la Orden del Mérito (distintivo blanco) de la Guardia Civil es para quienes «colaboran espontánea y generosamente al mejor y mas completo logro de las misiones» del Instituto Armado.
https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2018-03-10/hemeroteca_articles/un-juez-condecorado-por-la-ertzaintza-presidira-el-tribunal-del-caso-cabacas
Euskal Herria: La Fiscalía pide el archivo de la causa abierta por la muerte de Iñigo Cabacas.
materia 2017-05-0
La Fiscalía se ha posicionado en contra del auto del juzgado de instrucción número 10 de Bilbo, que el pasado 3 de abril imputó a tres mandos de la Ertzaintza por la muerte de Iñigo Cabacas y decretó el inicio de la fase de vista oral de este caso.
La Fiscalía ha pedido que se archive la causa abierta por la muerte de Iñigo Cabacas. De esta manera, el Ministerio Público se posiciona en contra de la decisión adoptada por la jueza que el pasado mes de abril imputó a tres mandos de la Ertzaintza por un delito de homicidio negligente y decretó el inicio de la fase de la vista oral.
El Ministerio público ha solicitado el sobreseimiento provisional de las actuaciones argumentando «pese a los esfuerzos realizados a lo largo de la extensa y pormenorizada instrucción realizada, no ha podido determinarse el autor directo de los hechos, es decir, el agente que materialmente acabó con la vida de Iñigo Cabacas».
Añade que «tampoco se han podido determinar otras formas de autoría que darían lugar a un reproche en el ámbito penal, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que tiene la Administración Pública por el funcionamiento normal y/o anormal de los servicios públicos», tal como prevé el artículo 106 de la Constitución.
La acusación particular, que representa a la familia del joven basauritarra, ya anunció que iba a recurrir el auto de la jueza instructora para reclamar la imputación de los tres ertzainas que reconocieron haber disparado y de «Ugarteko», que era el máximo responsable del operativo y ordenó «entrar con todo» a la herriko.
La postura de la Fiscalía coincide con las denuncias realizadas por la familia de Iñigo Cabacas. La abogada Jon Goirizelaia ha llegado a señalar que la actitud del fiscal del caso es «incomprensible», ya que «está presente pero totalmente pasivo».
El anterior fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro, también reconoció ante el Parlamento de Gasteiz sus desavenencias con el fiscal del caso. Antes de ser relevado en el cargo, afirmó que tenía una «visión distinta» al de la Fiscalía de Bizkaia y le reclamó que sea más «proactivo» y que «impulse la investigación».
http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20170505/la-fiscalia-pide-el-archivo-de-la-causa-abierta-por-la-muerte-de-inigo-cabacas
La fiscal no desea que se juzgue a los ertzainas por la muerte de Cabacas
Coherente con la actitud mantenida durante un lustro, la fiscal del «caso Cabacas» se ha adherido al recurso de la defensa de los tres mandos de la Ertzaintza a los que la jueza imputó por un delito de homicidio imprudente y decretó el inicio de la fase de la vista oral, solicitando el sobreseimiento. En contra de la tesis de la instructora de que hubo negligencia y desproporción, defiende que no se ha podido identificar al autor material del disparo que mató al joven.
La Fiscalía quiere, al igual que las defensas del oficial 3389, responsable de la zona, y los suboficiales 1283 y 5351 que mandaban las dotaciones de dos furgonetas, que no se les juzgue por la muerte de Iñigo Cabacas y que nadie asuma responsabilidad penal por aquellos hechos que siguen conmocionando cinco años después a la ciudadanía. Se limita a adherirse a los recursos de los abogados de los ertzainas, después de no solicitar que se practicasen pruebas y se tomase declaración a algunos de los implicados, no estar presente en muchas de las diligencias y dejar pasar el tiempo para que el procedimiento se cerrase al agotarse los plazos.
La jueza Ana Torres acordó en una resolución dictada a punto de finalizar el plazo fijado para la instrucción imputar a estos tres mandos policiales por homicidio por imprudencia profesional grave. A los suboficiales, por haber ordenado disparar la noche del 5 de abril de 2012 en el callejón de María Díaz de Haro, y a su superior, por permitirlo.
La fiscal concluye que «no es posible determinar» que la muerte de Cabacas se produjese como consecuencia de la orden de disparar de los mandos de ambas furgonetas, al plantear que la pelota pudo ser disparada por agentes de esas dotaciones o de otras distintas a las que estaban bajo su mando. Asimismo, indica que «existen dudas razonables» de que uno de los suboficiales lo ordenase.
Respecto al oficial que controlaba la zona, dice que no está acreditado que tenga relación con el delito de homicidio por imprudencia en comisión por omisión que se le imputa. La Fiscalía llega a plantear que «ni siquiera se puede determinar cómo el agente podría haber paralizado unas cargas que se estaban produciendo» en el callejón donde cayó herido de muerte Iñigo Cabacas Liceranzu.
Se suma a las defensas
El Ministerio Público se suma al recurso de los tres imputados contra el auto del 31 de marzo de la titular del Juzgado de Instrucción nº 10 de Bilbo. Defiende el sobreseimiento provisional, al no haberse podido identificar al «agente que materialmente acabó con la vida de Iñigo Cabacas». Destaca que «tampoco se han podido determinar otras formas de autoría que darían lugar a un reproche en el ámbito penal, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que tiene la Administración Pública por el funcionamiento normal y/o anormal de los servicios públicos».
Además, la fiscal estima que «la existencia de una relación de dependencia jerárquica respecto a los autores materiales de un hecho delictivo no determina en sí misma que el superior ordene, autorice o tenga conocimiento de las actuaciones llevadas a cabo por el inferior a la escala jerárquica».
Pese a estar de acuerdo sobre que algunos de los disparos de los policías autonómicos junto a la herriko taberna de Indautxu «se efectuaron con infracción de los principios básicos de proporcionalidad, prudencia, necesidad y seguridad», la fiscal precisa que «es posible que disparos que se realizaron en la zona pudieran ajustarse a los principios de proporcionalidad y legalidad, siendo necesarios para cortar los graves incidentes que se estaban produciendo y que no pudieron resolverse con disparos sin pelota».
También cree que todos los que dispararon no admitieron durante la instrucción haberlo hecho. «Ningún dato objetivo determina que el disparo de los agentes que han reconocido haber disparado con pelota de goma fuese el que impactó en Iñigo Cabacas produciendo su fallecimiento», añade.
La acusación particular, que representa a la familia Cabacas Liceranzu, ya anunció que iba a recurrir el auto, al entender que se debe imputar también a otros tres ertzainas que reconocieron haber disparado y a «Ugarteko» como responsable máximo del operativo.
http://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2017-05-06/hemeroteca_articles/la-fiscal-no-desea-que-se-juzgue-a-los-ertzainas-por-la-muerte-de-cabacas
http://inter-rev.foroactivo.com/t1317p25-la-democracia-real-es-bastante-opaca?highlight=cabacas
http://inter-rev.foroactivo.com/t622p25-torturas-espana-euskal-herria-9-650-casos-en-los-ultimos-50-anos-indultos#13575
Sanciones contra integrantes de Herri Harmaila por «gritos contra la policía» en San Mamés en el homenaje en recuerdo a Iñigo Cabacas.
materia el 28/6/2018, 1:05 pm
Partido ante el Deportivo en el que se reclamó justicia para Iñigo Cabacas en la Herri Harmaila. (Monika DEL VALLE / FOKU)
Herri Harmaila denuncia en un comunicado que en los últimos días integrantes de la grada popular están recibiendo imporantes sanciones ecónomicas y la prohibición de entrada en San Mamés bajo la acusación de proferir «gritos contra la policía» en el homenaje en recuerdo a Iñigo Cabacas celebrado el pasado mes de abril en el minuto 28 del partido ante el Deportivo.
Iñigo Cabacas Herri Harmaila difundió anoche un comunicado en las redes sociales en el que daba cuenta de la persecución policial en su contra. Según explican, en los últimos días integrantes de la grada popular están recibiendo cartas sancionadoras con imporantes cuantías económicas y la prohibición de entrada en San Mamés.
Desde ICHH señalan que les acusan de proferir «gritos contra la policía» en el transcurso del homenaje para reclamar justicia y recordar a Iñigo Cabacas realizado el pasado mes de abril en el minuto 28 del partido ante el Deportivo disputado en San Mamés.
En el comunicado denuncian que todas las acusaciones están «sin demostrar» y en varios casos «con constancia plena de que son manifiestamente falsas».
ICHH señala que ningún medio de comunicación se hizo eco de «algo tan clamoroso como denuncian» y dice que uno de los sancionados es la persona responsable de los cánticos y que todo lo que dice por el micrófono queda grabado. Sin embargo, ni se aporta la grabación ni cortaron la megafonía.
Desde la grada popular denuncian con contundencia que las sanciones «responden a represalias por parte de los mismos que mataron a Iñigo» y entienden que son «un aviso» para el juicio que se celebrará en octubre.
«Las sanciones vienen sin ninguna prueba fotográfica, de vídeo o audio, solamente con la palabra hecha ley del jefe de seguridad de San Mamés. Todo ello firmado y auspiciado por el Athletic Club», denuncian en el comunicado.
En este sentido, exigen al Athletic que «no se pliegue» y defiende a sus socios «más aún sabiendo que hay acusaciones falsas». «No vamos a renunciar a la petición de justicia para Iñigo Cabacas, y aunque nos prohíban megafonía, banderas, pancartas y todo lo que quieran, nuestro objetivo siempre será ver y animar al Athletic Club», añaden en el comunicado.
Iñigo Cabacas Herri Harmaila ha pedido a todas las personas que estén recibiendo las sanciones se pongan en contacto enviado un email al correo herriharmaila@gmail.com
https://bilbotarra.naiz.eus/es/info_bilbotarra/20180628/sanciones-contra-integrantes-de-la-herri-harmaila-por-gritos-contra-la-policia
http://inter-rev.foroactivo.com/t2596p125-represion-del-estado-facetas-politicas-y-sociales#49568
Euskal Herria: La Guardia Civil registra el campus de Araba y detiene a tres personas en Gasteiz, Azpeitia y Etxarri.
materia el 28/6/2018, 6:15 pm
Las tres personas detenidas por la Guardia Civil en Gasteiz, Etxarri Aranatz y Azpeitia han quedado en libertad sobre las 16.30.
Los arrestos han sido ordenados por la Audiencia Nacional española, que les acusa de «enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas» durante varios actos entre 2016 y 2017.
A primera hora de esta mañana el instituto militar ha registrado las facultades de Farmacia, Letras y Trabajo Social de la UPV en Gasteiz.
La Guardia Civil ha detenido a una joven navarra en Etxarri Aranatz hacia las 08:15 de la madrugada, en un operativo desarrollado por orden de la Audiencia Nacional española por supuesto «enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas». Otro joven ha sido arrestado en Azpeitia y una tercera persona en Gasteiz. Los tres han sido conducidos a la capital alavesa y han sido puestos en libertad sobre las 16.30, según ha sabido NAIZ.
Al parecer, los agentes han llamado a declarar a una cuarta persona.
En el marco de la operación, los agentes del instituto armado se han desplazado al campus de la UPV en Gasteiz a primera hora de esta mañana para realizar diferentes registros «utilizadas como centros logísticos y de organización de diferentes actos de enaltecimiento, así como para el desarrollo de posibles acciones violentas», ha informado el Ministerio del Interior. Efe también anuncia registros en Nafarroa.
La investigación se remonta «homenajes a varios miembros de ETA» el 27 de marzo de 2016, el 11 de diciembre de ese mismo año y el 27 de setiembre de 2017, Gudari Eguna.
Ernai y el movimiento estudiantil de Gasteiz han convocado una concentración a las 19.00 ante la subdelegación del Gobierno español.
En Zestoa, de donde es natural el joven detenido en Azpeitia, también han convocado una concentración a las 20.00 en la plaza.
https://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20180628/la-guardia-civil-registra-tres-facultades-del-campus-de-araba-y-detiene-a-una-persona
https://elpais.com/ccaa/2018/06/28/paisvasco/1530196340_498675.html

References: artículo 573
 artículo 315
 artículo 315
 artículo 315
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 artículo 106
 resolución