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Timestamp: 2020-03-28 08:31:25+00:00

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Reglamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de octubre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión
Publicado en DOUEL núm. 286 de 30 de Octubre de 2015
Vigencia desde 31 de Octubre de 2015. Revisión vigente desde 31 de Octubre de 2015
(1) El Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) establece las normas para la elaboración y ejecución del presupuesto general de la Unión Europea. Además, contiene normas relativas a la contratación pública. Las Directivas 2014/23/UE (4) y 2014/24/UE (5) del Parlamento Europeo y del Consejo fueron adoptadas el 26 de febrero de 2014, y es necesario, por lo tanto, modificar el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012, con el fin de tener en cuenta dichas Directivas en relación con los contratos adjudicados por las instituciones de la Unión por cuenta propia.
(2) Deben añadirse algunas definiciones y adoptarse determinadas aclaraciones técnicas para garantizar que la terminología del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 esté en consonancia con la de las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE.
(3) Deben aclararse las medidas de publicidad ex ante y ex post necesarias para poner en marcha un procedimiento de contratación en relación con los contratos por encima y por debajo de los umbrales establecidos en la Directiva 2014/24/UE.
(4) El Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 debe incluir una lista exhaustiva de todos los procedimientos de contratación a disposición de las instituciones de la Unión con independencia de los umbrales.
(5) Como sucede con la Directiva 2014/24/UE, el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 debe permitir una consulta del mercado previa a la puesta en marcha de un procedimiento de adjudicación de contratos.
(6) Además, debe aclararse el modo en que los órganos de contratación pueden contribuir a la protección del medio ambiente y al fomento del desarrollo sostenible, garantizando al mismo tiempo que puedan de obtener para sus contratos la mejor relación calidad/precio, en particular exigiendo etiquetas específicas y/o mediante la aplicación de métodos de adjudicación apropiados.
(7) Para garantizar que, al ejecutar los contratos, los operadores económicos cumplan las obligaciones medioambientales, sociales y laborales aplicables fijadas por la legislación nacional o de la Unión, los convenios colectivos y los convenios internacionales aplicables en el ámbito social y medioambiental enumerados en el anexo X de la Directiva 2014/24/UE, dichas obligaciones deben formar parte de los requisitos mínimos determinados por el órgano de contratación y deben integrarse en los contratos firmados por el órgano de contratación.
(8) Para proteger los intereses financieros de la Unión, la Comisión debe crear un único sistema de exclusión y detección precoz, y deben mejorarse las normas de exclusión de la participación en los procedimientos de contratación pública para protegerlos mejor.
(9) La decisión de exclusión de un operador económico de la participación en procedimientos de contratación pública o de imponer sanciones pecuniarias y la decisión de publicar la información conexa deberá ser adoptada por el órgano de contratación pertinente, habida cuenta de su autonomía en materia administrativa. De no existir una sentencia firme o una decisión administrativa definitiva y en los casos relacionados con un incumplimiento grave de contrato, el órgano de contratación deberá tomar su decisión teniendo en cuenta la recomendación de un panel de expertos a tenor de una clasificación jurídica preliminar de la conducta del operador económico de que se trate. Dicho panel valorará asimismo la duración de una exclusión en aquellos casos en que dicha duración no haya sido fijada por una sentencia firme o una decisión administrativa definitiva.
(10) El cometido del panel consistirá en garantizar el funcionamiento coherente del sistema de exclusión. El panel debe estar compuesto por una presidencia permanente, representantes de la Comisión y un representante del correspondiente órgano de contratación.
(11) La calificación jurídica preliminar a que se refiere el párrafo primero se entenderá sin perjuicio de la apreciación definitiva de la conducta del operador económico de que se trate por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros en virtud de su Derecho nacional. La recomendación del panel, así como la decisión del órgano de contratación debe por consiguiente revisarse tras la notificación de dicha evaluación definitiva.
(12) El Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 debe especificar las situaciones que dan lugar a la exclusión.
(13) El operador económico debe ser también excluido por el órgano de contratación cuando se haya adoptado una sentencia firme o una decisión administrativa definitiva en caso de falta profesional grave, de incumplimiento, sea intencionado, de las obligaciones relativas al pago de las cotizaciones de la seguridad social o el pago de impuestos, o en casos de fraude que afecte al presupuesto general de la Unión (el «presupuesto»), corrupción, participación en una organización delictiva, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, delitos terroristas, trabajo infantil u otras formas de trata de seres humanos o de irregularidades. También debe ser excluido en casos de grave incumplimiento de contrato o de quiebra.
(14) Al pronunciarse sobre la exclusión o la imposición de una sanción pecuniaria y su publicación o el rechazo de un operador económico, el órgano de contratación debe garantizar el cumplimiento del principio de proporcionalidad tomando en consideración en particular la gravedad de la situación, su impacto presupuestario, el tiempo transcurrido desde la conducta de que se trate, su duración y reiteración, la intención o el grado de negligencia y el grado de colaboración del operador económico con la autoridad competente correspondiente y su contribución a la misma.
(15) El órgano de contratación debe estar también en condiciones de excluir a un operador económico cuando una persona física o jurídica que asuma la responsabilidad ilimitada de las deudas de dicho operador económico esté en quiebra o en una situación similar de insolvencia o cuando la persona física o jurídica no cumpla sus obligaciones de abonar las correspondientes contribuciones a la seguridad social o impuestos, cuando dichas situaciones tengan repercusiones sobre la situación financiera del operador económico.
(16) El operador económico no debe ser objeto de una decisión de exclusión cuando haya adoptado medidas correctivas, demostrando así su fiabilidad. Esta posibilidad no debe aplicarse en el caso de las actividades delictivas más graves.
(17) A la luz del principio de proporcionalidad, es necesario distinguir entre los casos en que puede imponerse una sanción pecuniaria como alternativa a la exclusión de aquellos otros en que la gravedad de la conducta del operador económico de que se trate respecto al intento indebido de obtener fondos de la Unión justifique la imposición de una sanción pecuniaria además de la exclusión, garantizándose así un efecto disuasorio. También es necesario determinar las sanciones pecuniarias mínimas y máximas que pueden ser impuestas por el órgano de contratación.
(18) Es importante subrayar que la posibilidad de aplicar sanciones administrativas y/o pecuniarias en el plan normativo es independiente de la posibilidad de aplicar sanciones contractuales, como la aplicación de daños liquidados.
(19) La duración de la exclusión debe limitarse en el tiempo, como en el caso de la Directiva 2014/24/UE y debe respetar el principio de proporcionalidad.
(20) Es necesario determinar la fecha de inicio y la duración de la fecha límite para la imposición de sanciones administrativas.
(21) Es importante poder reforzar el efecto disuasorio logrado con la exclusión y la imposición de sanciones pecuniarias. A dicho respecto, el efecto disuasorio debe reforzarse mediante la posibilidad de publicar la información relativa a la exclusión o la sanción pecuniaria, respetando plenamente los requisitos de protección de datos establecidos en el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) y en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7) . Ello debe contribuir a garantizar que no se repita la conducta de que se trate. Por motivos de seguridad jurídica y en consonancia con el principio de proporcionalidad, deben especificarse aquellas situaciones en las que no debe realizarse una publicación. El órgano de contratación debe tener en cuenta en su evaluación cualquier recomendación que le haga el panel. Por lo que se refiere a las personas físicas, los datos personales solo deben publicarse en casos excepcionales que estén justificados por la gravedad del acto o por su impacto sobre los intereses financieros de la Unión.
(22) La información relativa a una exclusión o a una sanción pecuniaria solo debe publicarse en casos de falta profesional grave, fraude, deficiencias significativas en el cumplimiento de las obligaciones principales de un contrato financiado por el presupuesto o en caso de una irregularidad.
(23) Los criterios de exclusión deben estar claramente separados de los criterios que permitan un posible rechazo dentro de un procedimiento determinado.
(24) Procede identificar y tratar de manera diferente distintos casos a los que a menudo se alude como situaciones de «conflicto de intereses». El concepto «conflicto de intereses» debe utilizarse únicamente para los casos en los que un funcionario o un agente de una institución de la Unión se encuentren en esa situación. Cuando un operador económico intente influir indebidamente en un procedimiento u obtener información confidencial, se tratará como «falta profesional grave». Además, puede suceder que los operadores económicos no puedan ejecutar un contrato por un conflicto de intereses profesional. Por ejemplo, ninguna empresa ha de evaluar un proyecto en el que haya participado, ni ningún auditor ha de estar en disposición de auditar cuentas que haya certificado anteriormente.
(25) La información sobre la detección precoz de los riesgos y la imposición de sanciones administrativas a los operadores económicos debe centralizarse. A tal efecto, la información pertinente al respecto debe almacenarse en una base de datos creada y gestionada por la Comisión como propietaria del sistema centralizado. Dicho sistema debe funcionar respetando plenamente el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales.
(26) Si bien la creación y gestión del sistema de detección precoz y de exclusión debe ser responsabilidad de la Comisión, otras instituciones y organismos, así como todas las entidades que ejecutan el presupuesto de conformidad con los artículos 59 y 60 del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 deben participar en dicho sistema mediante la transmisión de información pertinente a la Comisión para permitir la detección precoz de riesgos.
(27) El órgano de contratación y el panel deben garantizar el derecho de defensa de los operadores económicos. Se debe conceder a los operadores económicos los mismos derechos, en el contexto de una detección precoz, cuando el ordenador tenga la intención de tomar una medida que pudiera afectar negativamente al operador económico de que se trate. En los casos de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión que aún no sean objeto de una sentencia firme, el órgano de contratación y el panel deben tener la posibilidad de aplazar la oportunidad que se da al operador económico de presentar sus observaciones. Cada aplazamiento solo debe estar justificado cuando existan motivos legítimos imperiosos para preservar la confidencialidad de la investigación.
(28) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular la necesidad de garantizar la legalidad y proporcionalidad de las sanciones, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo, el derecho a la defensa y el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales.
(29) Se debe conceder al Tribunal de Justicia una jurisdicción ilimitada con respecto a las sanciones impuestas al amparo del presente Reglamento, de conformidad con el artículo 261 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
(30) Para facilitar la protección de los intereses financieros de la Unión sean cuales fueren los medios de gestión utilizados, las entidades que ejecuten el presupuesto mediante una gestión compartida e indirecta deberán tener en cuenta, según proceda, las exclusiones decididas al respecto por los órganos de contratación a escala de la Unión.
(31) De conformidad con la Directiva 2014/24/UE, debe ser posible comprobar si se ha excluido a un operador económico, aplicar criterios de selección y adjudicación y verificar el cumplimiento de la documentación de la contratación, sin importar el orden. En consecuencia, debe ser posible rechazar las ofertas con arreglo a los criterios de adjudicación sin control previo de los criterios de exclusión o selección del licitador.
(32) Los contratos deben adjudicarse a partir de la oferta económicamente más ventajosa, con arreglo al artículo 67 de la Directiva 2014/24/UE. Debe aclararse que los criterios de selección están estrechamente vinculados con la evaluación de los candidatos o los licitadores y que los criterios de adjudicación están estrechamente vinculados con la evaluación de los licitadores.
(33) La contratación pública de la Unión debe garantizar que los fondos se utilicen de manera eficaz, transparente y adecuada A este respecto, la contratación pública electrónica debe contribuir a un mejor uso de los fondos públicos y mejorar el acceso de todos los operadores económicos a los contratos públicos.
(34) Es necesario aclarar que para cada procedimiento ha de existir una fase de apertura y otra de evaluación. Toda decisión de adjudicación debe ser siempre el resultado de una evaluación.
(35) Dado que los criterios se aplican sin un orden particular, es necesario prever la posibilidad de que los licitadores no seleccionados que hayan presentado ofertas válidas reciban las características y las ventajas relativas de la oferta seleccionada en caso de que así lo soliciten.
(36) Para contratos marco con reapertura de concurso, resulta apropiado dispensar de la obligación de facilitar las características y las ventajas relativas de la propuesta seleccionada a un licitador excluido, teniendo en cuenta que la recepción de dicha información por las partes del mismo contrato marco cada vez que se reabre el concurso podría distorsionar la competencia leal entre ellas.
(37) El órgano de contratación debe tener la posibilidad de cancelar un procedimiento de contratación pública antes de que se firme el contrato, sin que candidatos o licitadores puedan exigir por ello ningún tipo de indemnización. Tal posibilidad debe entenderse sin perjuicio de aquellas situaciones en que el órgano de contratación haya actuado de un modo tal que pueda ser responsable de perjuicios con arreglo a los principios generales del Derecho de la Unión.
(38) Como sucede con la Directiva 2014/24/UE, es necesario aclarar las condiciones en que puede modificarse un contrato durante su ejecución sin recurrir a un nuevo procedimiento de contratación. En particular, situaciones como los cambios administrativos, la sucesión universal y la aplicación de cláusulas de revisión u opciones claras e inequívocas no alterarán los requisitos mínimos del procedimiento inicial. Debe ser necesario un nuevo procedimiento de contratación cuando se introduzcan modificaciones fundamentales en el contrato inicial, en particular referidas al ámbito de aplicación y al contenido de los derechos y obligaciones mutuas de las partes, incluida la distribución de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Tales modificaciones demuestran la intención de las partes de renegociar condiciones esenciales de dicho contrato. En concreto, así sucede si las modificaciones habrían influido en el resultado del procedimiento, en caso de que hubieran formado parte del procedimiento inicial.
(39) Debe facilitarse la posibilidad de exigir garantías contractuales en el caso de obras, suministros y servicios complejos con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales importantes en consonancia con las prácticas corrientes en estos sectores y garantizar así una correcta ejecución del contrato a lo largo de su duración.
(40) Es necesario prever la posibilidad de suspender la ejecución de un contrato con el fin de determinar si se han producido errores, irregularidades o fraude.
(41) Con el fin de determinar los umbrales y procedimientos aplicables, es necesario aclarar si las instituciones de la Unión Europea, las agencias ejecutivas y los organismos se consideran órganos de contratación. No deben ser considerados como órganos de contratación cuando compren a una central de compras. Además, las instituciones de la Unión constituyen una única persona jurídica y no pueden celebrar contratos sino solamente acuerdos administrativos entre sus propios departamentos.
(42) Es apropiado incluir en el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 una referencia a los dos umbrales mencionados en la Directiva 2014/24/UE, aplicables a las obras y a los suministros y servicios respectivamente. Dichos umbrales deben aplicarse también a los contratos de concesión por razones de simplificación, así como de buena gestión financiera, teniendo en cuenta las especificidades de las necesidades de contratación de las instituciones de la Unión. Una actualización de dichos umbrales previstos en la Directiva 2014/24/UE sería, por tanto, directamente aplicable a la contratación pública por parte de las instituciones de la Unión.
(43) Es necesario aclarar las condiciones de aplicación del período de espera.
(44) Es necesario aclarar qué operadores económicos tienen acceso a la contratación pública abierta por las instituciones de la Unión en función de su lugar de establecimiento y establecer de forma explícita la posibilidad de tal acceso también a organizaciones internacionales.
(45) La aplicación de los motivos de exclusión debe ampliarse a otros instrumentos de ejecución del presupuesto, tales como subvenciones, premios, instrumentos financieros y expertos remunerados, así como al caso de la ejecución del presupuesto bajo la gestión indirecta.
(46) La elaboración y adopción de los informes especiales del Tribunal de Cuentas deberán realizarse de forma oportuna, sin perjuicio de la plena independencia del Tribunal de Cuentas para determinar la duración y el calendario de sus auditorías.
(47) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 45/2001, emitió su dictamen el 3 de diciembre de 2014.
(48) El presente Reglamento debe entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, con el fin de garantizar que los actos delegados se puedan aplicar desde el comienzo del ejercicio.
(49) Por consiguiente, procede modificar el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 en consecuencia.
El Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 se modifica como sigue:
1) El artículo 58, apartado 8, se sustituye por el texto siguiente:
« 8. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 210 en lo referente a las normas detalladas relativas a los métodos de ejecución del presupuesto, incluidos la gestión directa, el ejercicio de competencias delegadas en agencias ejecutivas, y disposiciones específicas de gestión indirecta con organizaciones internacionales, con los organismos contemplados en los artículos 208 y 209, con organismos de Derecho público u organismos de Derecho privado investidos de una misión de servicio público, con organismos de Derecho privado de un Estado miembro a los que se haya encomendado la ejecución de una colaboración público-privada, y con personas a las que se haya encomendado la ejecución de acciones específicas en el marco de la PESC. Asimismo, se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 210 en lo referente a los criterios para asimilar una organización sin ánimo de lucro a una organización internacional.».
2) El artículo 60 se modifica como sigue:
a) en el párrafo primero del apartado 2, la letra d) se sustituye por el texto siguiente:
« d) aplicarán las normas y procedimientos apropiados para ofrecer financiación con cargo a los fondos de la Unión por medio de subvenciones, premios, contratación pública e instrumentos financieros, incluidas las obligaciones establecidas en el artículo 108, apartado 12;»;
« 3. Las entidades y personas delegatarias en virtud del artículo 58, apartado 1, letra c), prevendrán, detectarán, corregirán y notificarán a la Comisión las irregularidades y el fraude al realizar las tareas relacionadas con la ejecución del presupuesto. A tal fin, llevarán a cabo, de conformidad con el principio de proporcionalidad, controles previos y a posteriori, incluidos, en su caso, controles sobre el terreno sobre muestras de operaciones representativas y/o basadas en el riesgo, para asegurar que las acciones financiadas con cargo al presupuesto se llevan a cabo efectivamente y se ejecutan correctamente. Asimismo recuperarán los fondos pagados indebidamente, excluirán del acceso a los fondos de la Unión o impondrán sanciones pecuniarias y ejercerán las acciones legales necesarias al respecto.»;
« 7. Los apartados 5 y 6 no serán aplicables a la contribución de la Unión a las entidades que sean objeto de un procedimiento de aprobación distinto en virtud de los artículos 208 y 209.
3) El artículo 66, apartado 9, se modifica como sigue:
« En el informe de actividades se recogerán los resultados de las operaciones en relación con los objetivos fijados, los riesgos asociados a tales operaciones, la forma en que se han utilizado los recursos facilitados y la efectividad y eficiencia de los sistemas de control interno, incluida una evaluación de conjunto de los costes y beneficios de los controles. El informe también incluirá información sobre el funcionamiento global de dichas operaciones, así como una evaluación de la contribución de los gastos de operaciones autorizados a los logros políticos y a la creación de valor añadido de la Unión.»;
« Los informes anuales de actividades de los ordenadores y, en su caso, de los ordenadores delegados de las instituciones, oficinas, órganos y agencias se publicarán en el sitio web de la institución, oficina, organismo o agencia correspondiente a más tardar el 1 de julio de cada año para el ejercicio anterior, respetando las consideraciones en materia de confidencialidad y seguridad que estén debidamente justificadas.».
4) En el artículo 99 se inserta el apartado siguiente:
Cada año, en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 319 del TFUE, la Comisión transmitirá previa solicitud su informe de auditoria interna anual en el sentido del apartado 3, teniendo debidamente en cuenta los requisitos de confidencialidad.».
5) El título V de la primera parte se sustituye por el siguiente:
« TÍTULO V CONTRATACIÓN PÚBLICA Y CONCESIONES».
6) El artículo 101 se sustituye por el texto siguiente:
« Artículo 101 Definiciones a efectos del presente título
i) los contratos inmobiliarios,
ii) los contratos de suministro,
iii) los contratos de obras,
iv) los contratos de servicios;
i) las medidas de publicidad establecidas en el artículo 103,
ii) la invitación a presentar ofertas,
iii) el pliego de condiciones, que contendrá las especificaciones técnicas y los criterios pertinentes, o los documentos descriptivos en el caso de un diálogo competitivo,
iv) el proyecto de contrato;
7) El artículo 102 se modifica como sigue:
« 2. Todos los contratos deberán basarse en la mayor concurrencia posible, salvo cuando se utilice el procedimiento contemplado en el artículo 104, apartado 1, letra d).
« 3. Los órganos de contratación no podrán recurrir a los contratos marco de forma abusiva ni de manera tal que tenga por objeto u efecto impedir, restringir o falsear la competencia.».
8) El artículo 103 se sustituye por el texto siguiente:
« Artículo 103 Medidas en materia de publicidad
a) un anuncio de licitación para iniciar un procedimiento, salvo en el caso del procedimiento a que se refiere el artículo 104, apartado 1, letra d);
b) un anuncio de adjudicación de contrato sobre los resultados del procedimiento.
9) El artículo 104 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 104 Procedimientos de contratación pública
b) procedimiento restringido, también a través de un sistema dinámico de adquisición;
c) concurso de proyectos;
d) procedimiento negociado, incluso sin publicación previa;
f) procedimiento de licitación con negociación;
g) asociación para la innovación;
h) procedimientos de convocatoria de manifestación de interés.
a) a un procedimiento abierto o restringido para cualquier compra;
b) a los procedimientos de convocatoria de manifestación de interés para contratos cuyo valor se sitúe por debajo del umbral a que se refiere el artículo 118, apartado 1, para preseleccionar los candidatos que serán invitados a presentar ofertas en respuesta a futuras invitaciones restringidas a presentar ofertas, o para elaborar una lista de vendedores que serán invitados a presentar una solicitud de participación o una oferta;
c) al concurso de proyectos para adquirir un plan o proyecto seleccionado por un jurado después de haber sido convocada una licitación;
d) a la asociación para la innovación para el desarrollo de productos, servicios u obras innovadores y la compra ulterior de los suministros, servicios u obras resultantes;
e) al procedimiento de licitación con negociación o al diálogo competitivo para los contratos de concesión, para los servicios a que se refiere el anexo XIV de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (8) , en los casos en que solo se presenten ofertas irregulares o inaceptables en respuesta a un procedimiento abierto o restringido una vez concluido el procedimiento inicial, y en los casos en que haya circunstancias específicas que lo justifiquen, relacionadas, entre otros, con la naturaleza o la complejidad del contrato o al tipo específico de contrato, según se detalle en los actos delegados adoptados de conformidad con el presente Reglamento;
f) al procedimiento negociado para los contratos cuyo valor se sitúe por debajo de los umbrales a que se refiere el artículo 118, apartado 1, o, en un procedimiento negociado sin publicación previa, solo para determinados tipos de compras no incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/24/UE y en circunstancias excepcionales claramente definidas con arreglo a los actos delegados adoptados de conformidad con el presente Reglamento.
« Artículo 104 bis Contratación conjunta y contratación interinstitucional
11) El artículo 105 se sustituye por el texto siguiente:
« Artículo 105 Preparación de un procedimiento de contratación
« Artículo 105 bis Protección de los intereses financieros de la Unión mediante la detección de los riesgos y la imposición de sanciones administrativas
a) la detección precoz de los riesgos que supongan una amenaza para los intereses financieros de la Unión;
b) la exclusión de los operadores económicos que se hallen en alguna de las situaciones de exclusión enumeradas en el artículo 106, apartado 1;
c) la imposición de una sanción pecuniaria a un operador económico de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 13.
13) El artículo 106 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 106 Criterios de exclusión y sanciones administrativas
a) el operador económico haya quebrado, o esté sometido a un procedimiento de insolvencia o liquidación, si sus activos están siendo administrados por un liquidador o por un tribunal, si se halla en concurso de acreedores, si sus actividades empresariales han sido suspendidas o si se encuentra en cualquier situación análoga, resultante de un procedimiento de la misma naturaleza en virtud de disposiciones legales o reglamentarias nacionales;
b) se haya establecido mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva que el operador económico ha incumplido sus obligaciones en lo referente al pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social, de conformidad con el Derecho del país en el que esté establecido, con el del país en que esté situado el órgano de contratación o con el del país donde se ejecute el contrato;
c) se haya establecido mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva que el operador económico es culpable de falta de ética profesional grave por haber infringido la legislación o la reglamentación aplicable o las normas deontológicas de la profesión a la que pertenece, o por cualquier conducta ilícita que afecte significativamente a su credibilidad profesional, cuando dicha conducta denote un propósito doloso o negligencia grave, con inclusión de cualquiera de las conductas siguientes:
d) se haya establecido mediante sentencia firme que el operador económico es culpable de cualquiera de los siguientes actos:
i) fraude, en el sentido del artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas establecido por el Acto del Consejo de 26 de julio de 1995 (9) ,
ii) corrupción, según se define en el artículo 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea, establecido por el Acto del Consejo de 26 de mayo de 1997 (10) , y en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo (11) , así como corrupción de conformidad con la ley del país en que esté situado el órgano de contratación o las del país en el que esté establecido el operador económico o las del país donde se ejecute el contrato,
iii) participación en una organización delictiva, según se define en el artículo 2 de la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo (12) ,
iv) blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, según se definen en el artículo 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (13) ,
v) delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas, según se definen, respectivamente, en los artículos 1 y 3 de la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo (14) , o incitación, inducción, complicidad o tentativa de comisión de dichos delitos, tal como se contempla en el artículo 4 de la citada Decisión,
vi) trabajo infantil u otras formas de trata de seres humanos, tal como se definen en el artículo 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (15) ;
e) el operador económico haya mostrado deficiencias significativas en el cumplimiento de las principales obligaciones durante la ejecución de un contrato financiado a cargo del presupuesto que hayan dado lugar a la terminación anticipada o a una indemnización por daños y perjuicios o a la imposición de otras penalizaciones, o que han sido descubiertas a raíz de controles, auditorías o investigaciones llevados a cabo por un ordenador, por la OLAF o por el Tribunal de Cuentas;
f) se ha establecido mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva que el operador económico ha cometido una irregularidad en el sentido del artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo (16) .
a) hechos constatados en el marco de auditorías o investigaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas, la OLAF o una auditoría interna, o cualquier otro examen, auditoría o control llevado a cabo bajo la responsabilidad del ordenador;
b) decisiones administrativas no definitivas que pueden incluir medidas disciplinarias adoptadas por el organismo de supervisión competente responsable de verificar la aplicación de las normas de ética profesional;
c) decisiones del BCE, del BEI, del Fondo Europeo de Inversiones o de organizaciones internacionales;
d) decisiones de la Comisión en relación con el incumplimiento de las normas de competencia de la Unión o de una autoridad nacional competente en relación con el incumplimiento de las normas de competencia nacionales o de la Unión.
a) el operador económico haya tomado las medidas correctoras especificadas en el apartado 8 del presente artículo, demostrando así su fiabilidad. Esto no será aplicable en el caso a que se refiere el apartado 1, letra d), del presente artículo;
b) sea indispensable garantizar la continuidad del servicio, durante un tiempo limitado y a la espera de la adopción de las medidas correctoras especificadas en el apartado 8 del presente artículo;
c) dicha exclusión sea desproporcionada, sobre la base de los criterios a que se refiere el apartado 3.
a) medidas para determinar el origen de las situaciones que dan lugar a la exclusión y medidas técnicas, organizativas y de personal concretas en el sector de actividad del operador económico que resulten apropiadas para corregir la conducta y evitar que vuelvan a producirse;
b) la prueba de que el operador económico ha tomado medidas para compensar o reparar el perjuicio o daño causado a los intereses financieros de la Unión por los hechos que han dado origen a la situación de exclusión;
c) la prueba de que el operador económico ha pagado o ha garantizado el pago de la sanción pecuniaria impuesta por la autoridad competente, o de los impuestos o cotizaciones a la seguridad social a que se refiere el apartado 1, letra b).
a) pruebas suficientes de que dicho candidato, licitador o entidad no se encuentra en una de las situaciones de exclusión a que se refiere el apartado 1;
b) información sobre las personas que sean miembros del órgano de administración, dirección o vigilancia del candidato, licitador o entidad, o que tengan poderes de representación, decisión o control con respecto a dicho candidato, licitador o entidad, y pruebas suficientes de que una o varias de esas personas no se encuentran en ninguna de las situaciones de exclusión a que se refiere el apartado 1, letras c) a f);
c) pruebas suficientes de que las personas físicas o jurídicas que asuman la responsabilidad ilimitada por las deudas de dicho candidato o licitador no se encuentran en una de las situaciones de exclusión a que se refiere el apartado 1, letras a) o b).
a) en lo que respecta a las situaciones a que se refiere el apartado 1, letras c), d), e) y f), del presente artículo, como medida alternativa a una decisión de excluir al operador económico, cuando la exclusión resulte desproporcionada según los criterios a que se refiere el apartado 3 del presente artículo;
b) en lo que respecta a las situaciones a que se refiere el apartado 1, letras c), d) y e), del presente artículo, como medida adicional a una exclusión necesaria para proteger los intereses financieros de la Unión, cuando el operador económico haya adoptado de manera sistemática y reiterada una conducta con la intención de obtener fondos de la Unión de forma indebida.
a) la duración, en su caso, fijada mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva de un Estado miembro;
b) cinco años para los casos a que se refiere el apartado 1, letra d);
c) tres años en los casos contemplados en el apartado 1, letras c), e) y f).
a) la fecha en la cual se haya producido la conducta que ha dado origen a la exclusión o, en el caso de actos ininterrumpidos o reiterados, la fecha en la que deje de producirse la conducta, en los casos a que se refiere el apartado 1, letras b), c), d) y e), del presente artículo;
b) la fecha de la sentencia firme de una jurisdicción nacional o de la decisión administrativa definitiva d en los casos a que se refiere el apartado 1, letras b), c) y d), del presente artículo.
A efectos del apartado 1, letra f), del presente artículo, será de aplicación el plazo de prescripción para la exclusión y/o la imposición de sanciones pecuniarias a un operador económico previsto en el artículo 3 del Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95.
a) el nombre del operador económico de que se trate;
b) la situación de exclusión por referencia al apartado 1 del presente artículo;
c) la duración de la exclusión y/o la cuantía de la sanción pecuniaria.
De conformidad con el Reglamento (UE) nº 45/2001, cuando se trate de datos personales, el órgano de contratación informará al operador económico de sus derechos con arreglo a las normas aplicables en materia de protección de datos y de los procedimientos aplicables para el ejercicio de tales derechos.
a) cuando sea necesario preservar la confidencialidad de una investigación o de un procedimiento judicial nacional;
b) cuando la publicación ocasionaría un daño desproporcionado al operador económico interesado o sería desproporcionada, teniendo en cuenta el criterio de proporcionalidad mencionado en el apartado 3 del presente artículo y la cuantía de la sanción pecuniaria;
c) cuando se trate de personas físicas, a menos que la publicación de datos personales se justifique excepcionalmente, entre otros, por la gravedad de la conducta o su repercusión en los intereses financieros de la Unión; en estos casos, la decisión de publicar la información tendrá debidamente en cuenta el derecho a la intimidad y otros derechos otorgados por el Reglamento (CE) nº 45/2001.
14) El artículo 107 se sustituye por el texto siguiente:
« Artículo 107 Rechazo de un procedimiento de contratación específico
a) se halle en una situación de exclusión de conformidad con el artículo 106;
b) haya incurrido en falsas declaraciones en relación con la información exigida para participar en el procedimiento o no haya presentado dicha información;
c) haya estado previamente implicado en la preparación de los pliegos de la contratación en los casos en los que esto haya supuesto un falseamiento de la competencia que no pueda solucionarse de otro modo.
15) El artículo 108 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 108 Sistema de exclusión y de detección precoz
1. La información intercambiada dentro del sistema de detección temprana y de exclusión a que se refiere el artículo 105 bis del presente Reglamento se centralizará en una base de datos creada por la Comisión y se gestionará respetando plenamente el derecho a la intimidad y otros derechos otorgados por el Reglamento (CE) nº 45/2001 (la “base de datos”).
De conformidad con el Reglamento (CE) nº 45/2001, todo operador económico sujeto al sistema de exclusión y detección precoz tendrá derecho a ser informado sobre los datos registrados en la base de datos, previa solicitud a la Comisión.
a) la OLAF, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (17) , cuando una investigación de la OLAF en curso ponga de manifiesto que podría ser oportuno adoptar medidas cautelares para proteger los intereses financieros de la Unión, teniendo debidamente el cuenta el respeto de los derechos procesales y fundamentales y la protección de los denunciantes de irregularidades;
b) un ordenador de la Comisión, de una oficina europea creada por la Comisión o de una agencia ejecutiva en caso de presunción de irregularidades, falta profesional grave, fraude, corrupción o incumplimiento grave del contrato;
c) una institución, agencia u oficina europeos, distintos de los referidos en la letra b) del presente apartado, o un órgano en los casos de presunción de falta profesional grave, irregularidad, fraude, corrupción o incumplimiento grave del contrato;
d) las entidades que ejecutan el presupuesto de conformidad con el artículo 59 del presente Reglamento en casos de detección de fraude y/o irregularidades, cuando así lo establezcan las normas sectoriales correspondientes;
e) las entidades que ejecutan el presupuesto de conformidad con el artículo 60 del presente Reglamento en casos de detección de fraude y/o irregularidades.
a) la identificación del operador económico de que se trate;
b) un resumen de los riesgos detectados o de los hechos en cuestión;
c) información que pueda ayudar al ordenador a realizar la verificación a que se refiere el apartado 4 del presente artículo, o a tomar una decisión de exclusión con arreglo al artículo 106, apartados 1 o 2, o una decisión de imponer una sanción pecuniaria con arreglo al artículo 106, apartado 13;
d) en su caso, las medidas especiales que sean necesarias para garantizar la confidencialidad de la información transmitida, incluidas medidas de aseguramiento de las pruebas para preservar la investigación o los procedimientos judiciales nacionales.
a) un presidente permanente, independiente y de alto nivel;
b) dos representantes de la Comisión en su calidad de propietaria del sistema, que presentarán una posición conjunta; y
c) un representante del órgano de contratación solicitante.
a) el órgano de contratación remitirá el caso al panel, junto con la información necesaria a que se refiere el apartado 3 del presente artículo, los hechos y conclusiones a que se refiere el artículo 106, apartado 2, y la supuesta situación de exclusión;
b) el panel notificará sin demora al operador económico los hechos en cuestión y su calificación jurídica preliminar, que podrá considerarse una de las situaciones de exclusión a que se refiere el artículo 106, apartado 1, letras c), d), e) y f), y/o podrá dar lugar a la imposición de una sanción pecuniaria; simultáneamente, el panel remitirá la misma notificación a los demás órganos de contratación;
c) antes de adoptar una recomendación, el panel dará al operador económico y a los órganos de contratación notificados la oportunidad de presentar observaciones; el operador económico y los órganos de contratación notificados deberán disponer de al menos quince días para presentar sus observaciones;
d) en los casos a que se refiere el artículo 106, apartado 1, letras d) y f), la notificación a que se refiere la letra b) del presente apartado y la oportunidad a que se refiere la letra c) del presente apartado podrán aplazarse excepcionalmente cuando existan motivos legítimos imperiosos para preservar la confidencialidad de una investigación o de los procedimientos judiciales nacionales, hasta que dichos motivos dejen de existir;
e) si la petición del órgano de contratación se basa, entre otras cosas, en la información proporcionada por la OLAF, esta Oficina cooperará con el panel con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013, teniendo debidamente en cuenta el respeto por los derechos procesales y fundamentales y la protección de los denunciantes de las irregularidades;
f) el panel adoptará su recomendación en el plazo de 45 días a partir de la recepción de la solicitud del órgano de contratación. Si el panel solicita información adicional al operador económico, este plazo se prorrogará 15 días como máximo. En casos excepcionales y debidamente justificados, el panel podrá prorrogar otro mes, como máximo, el plazo en el que debe adoptar su recomendación. Si el operador económico no presentase sus observaciones o no aportase la información solicitada dentro del plazo especificado, el panel podrá adoptar su recomendación sin más demora.
a) los hechos o conclusiones a que se refiere el artículo 106, apartado 2, y su calificación jurídica preliminar;
b) una evaluación de la necesidad de imponer una sanción pecuniaria y su cuantía;
c) una evaluación de la necesidad de excluir al operador económico en cuestión y, en tal caso, la duración de la exclusión propuesta;
d) una evaluación de la necesidad de publicar la información referente al operador económico al que se ha excluido y/o se ha impuesto una sanción pecuniaria;
e) una evaluación de las medidas correctoras adoptadas, en su caso, por el operador económico.
16) Se suprime el artículo 109.
17) El artículo 110 se sustituye por el texto siguiente:
« Artículo 110 Adjudicación de contratos
a) que la oferta cumple los requisitos mínimos especificados en los pliegos de la contratación;
b) que el candidato o licitador no está excluido en virtud del artículo 106 o desestimado de conformidad con el artículo 107; y
c) que el candidato o licitador cumple los criterios de selección que figuran en los pliegos de la contratación y no se encuentra en situación de conflicto de intereses que pueda afectar negativamente a la ejecución del contrato.
18) El artículo 111 se sustituye por el texto siguiente:
« Artículo 111 Presentación, comunicación electrónica y evaluación
a) las solicitudes de participación y las ofertas que no cumplan los plazos de recepción, sin abrirlas;
b) las ofertas recibidas ya abiertas, sin examinar su contenido.
19) El artículo 112 se sustituye por el texto siguiente:
« Artículo 112 Contactos durante el procedimiento de contratación pública
20) El artículo 113 se sustituye por el texto siguiente:
« Artículo 113 Decisión de adjudicación e información a los candidatos o licitadores
a) el nombre del adjudicatario, o adjudicatarios en el caso de un contrato marco, y, excepto en el caso de un contrato específico de acuerdo con un contrato marco sujeto a la convocatoria de una nueva licitación, las características y las ventajas relativas del adjudicatario, el precio pagado o el valor del contrato, según proceda;
b) los avances en las negociaciones y el diálogo con los licitadores.
21) El artículo 114 se sustituye por el texto siguiente:
« Artículo 114 Anulación del procedimiento de contratación pública
22) Se inserta el siguiente artículo:
« Artículo 114 bis Ejecución y modificaciones del contrato
a) para obras, suministros o servicios adicionales a cargo del contratista original que resulten necesarios y no estuviesen incluidos en la contratación original, a condición de que se cumplan las condiciones siguientes:
i) que no sea factible un cambio de contratista por razones técnicas relacionadas con los requisitos de intercambiabilidad o interoperatividad con el equipo, servicios o instalaciones existentes,
ii) que un cambio de contratista suponga una importante duplicación de los costes para el órgano de contratación, y
iii) que ningún incremento del precio, incluido el valor neto acumulado de las sucesivas modificaciones, supere el 50 % del valor inicial del contrato;
b) cuando se cumplan las condiciones siguientes:
i) que la necesidad de la modificación derive de circunstancias que un órgano de contratación diligente no hubiera podido prever, y
ii) que ningún incremento del precio supere el 50 % del valor inicial del contrato;
c) cuando el valor de la modificación sea inferior a los umbrales siguientes:
i) los umbrales a que se refiere el artículo 118, apartado 1, y los actos delegados adoptados de conformidad con el artículo 190, apartado 2, en el ámbito de las acciones exteriores en el momento de la modificación, y
ii) el 10 % del valor del contrato inicial para los contratos de servicios públicos y suministros y los contratos de concesión de obras o de servicios y el 15 % del valor del contrato inicial para los contratos públicos de obras;
d) cuando no se modifiquen los requisitos mínimos del procedimiento de contratación pública inicial. En tal caso, toda modificación subsiguiente del valor deberá ajustarse a las condiciones establecidas en la letra c) del presente párrafo, a menos que dicha modificación del valor obedezca a una aplicación estricta de los pliegos de la contratación o de las disposiciones contractuales.
23) Los artículos 115 a 120 se sustituyen por el texto siguiente:
«Artículo 115 Garantías
a) limitar los riesgos financieros ligados al pago de prefinanciaciones;
b) garantizar el cumplimiento de importantes obligaciones contractuales en el caso de obras, suministros o servicios complejos;
c) garantizar el total cumplimiento del contrato durante el período de responsabilidad del contrato.
Artículo 116 Errores sustanciales, irregularidades o fraude
4. La OLAF ejercerá las competencias conferidas a la Comisión por el Reglamento (Euratom, CE) nº 2185/96 del Consejo (18) para efectuar controles y verificaciones in situ en los Estados miembros y, de conformidad con los acuerdos de cooperación y asistencia mutua vigentes, en los terceros países y en los locales de organizaciones internacionales.
Artículo 117 El órgano de contratación
Artículo 118 Umbrales aplicables y período de espera
Artículo 119 Normas sobre el acceso a la contratación pública
Artículo 120 Normas de contratación pública de la Organización Mundial del Comercio
24) El artículo 131 se modifica como sigue:
« 4. El artículo 105 bis, el artículo 106, apartados 1 a 4, 6 y 7, con excepción del párrafo primero, letra b), y del párrafo segundo de dicho apartado, y los apartados 8, 9, 11 y 13 a 17, y el artículo 108 serán aplicables a los solicitantes de subvenciones y a los beneficiarios. El artículo 107 será aplicable a los beneficiarios. Los solicitantes deberán declarar si se encuentran en una de las situaciones a que se refieren el artículo 106, apartado 1, o el artículo 107, y, cuando proceda, si han tomado las medidas correctoras a que se refiere el artículo 106, apartado 7, letra a).
« 6. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 210 en lo referente a las normas detalladas relativas a las modalidades de solicitud de subvenciones, las pruebas relativas a la ausencia de causas de exclusión, los solicitantes carentes de personalidad jurídica, las personas jurídicas que constituyan un solo solicitante, los criterios de idoneidad y las subvenciones de escasa cuantía.».
25) En el artículo 138, apartado 2, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente:
« Las normas del concurso establecerán al menos las condiciones de participación, incluidos los criterios de exclusión, los criterios de concesión, el importe del premio y las modalidades de pago. El artículo 105 bis, el artículo 106, apartados 1 a 4, 6 y 7, con excepción del párrafo primero, letra b), y del párrafo segundo de dicho apartado, y los apartados 8, 9, 11 y 13 a 17, y el artículo 108 serán aplicables a los participantes y a los ganadores. El artículo 107 será aplicable también a los participantes.».
26) En el artículo 139, se inserta el apartado siguiente:
El artículo 105 bis, el artículo 106, apartado 1, con excepción de las letras e) y f) de dicho apartado, y apartados 2 a 4, 6 a 9 y 13 a 17, y los artículos 107 y 108 serán aplicables a los vehículos de inversión específicos o a los intermediarios financieros. Los perceptores finales presentarán a los intermediarios financieros una declaración por su honor debidamente firmada en la que confirmen que no se encuentran en ninguno de los casos a que se refiere el artículo 106, apartado 1, letras a), b), c) y d), o el artículo 107, apartado 1, letras b) o c).».
27) En el artículo 163, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
« 1. El Tribunal de Cuentas transmitirá a la institución u organismo de que se trate cualquier observación que, en su opinión, deba figurar en un informe especial. Tales observaciones serán confidenciales y estarán sujetas a un procedimiento contradictorio.
28) El artículo 166 se sustituye por el texto siguiente:
« Artículo 166 Medidas de seguimiento
29) En el artículo 183, apartado 4, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
« 4. Cuando participe en procedimientos de concesión de subvenciones o de contratación pública de conformidad con el apartado 1, el CCI no estará sujeto a las condiciones fijadas en los artículos 105 bis y 106, en el artículo 107, apartado 1, letras a) y b), en el artículo 108 y en el artículo 131, apartado 4, con respecto a las disposiciones sobre exclusión y sanciones en relación con los contratos públicos y las subvenciones.».
30) El artículo 190 se modifica como sigue:
« 2. A los contratos del presente título les serán de aplicación las disposiciones del capítulo 1 del título V de la primera parte relativas a las disposiciones generales en materia de contratación pública, sin perjuicio de las disposiciones específicas relativas a los umbrales y las normas de adjudicación de contratos exteriores que se establezcan en los actos delegados adoptados en virtud del presente Reglamento. Los artículos 117 y 120 no serán aplicables a la contratación pública establecida en el presente capítulo.
a) la contratación pública cuando la Comisión no haya adjudicado contratos por cuenta propia;
b) la contratación pública por entidades o personas delegatarias en virtud del artículo 58, apartado 1, letra c), en los casos previstos en el convenio de financiación a que se refiere el artículo 189.»;
« 4. El presente capítulo no será aplicable a las acciones en virtud de actos de base sectoriales relativos a las ayudas para la gestión de crisis humanitarias, a las operaciones de protección civil y a las operaciones de ayuda humanitaria.».
31) El artículo 191 se sustituye por el texto siguiente:
« Artículo 191 Normas sobre el acceso a la contratación pública
32) En el artículo 204, se añade el párrafo siguiente:
« Los expertos estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 105 bis, el artículo 106, apartados 1 a 3 y 7 con excepción del párrafo primero, letra b), y del párrafo segundo de dicho apartado, apartados 8 a 10, apartado 11, letra a), y apartados 13 a 17, y los artículos 107 y 108.».
33) El artículo 209 se modifica como sigue:
a) los cuatro primeros párrafos pasan a ser el apartado 1;
« 2. Será de aplicación el artículo 208, apartados 2, 3 y 4.».
34) En el artículo 211, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:
« Dicha revisión abarcará, entre otras cosas, la aplicación de las disposiciones del título VIII de la primera parte y los plazos fijados en el artículo 163, apartado 1.».
Dictamen nº 1/2015 de 19 de enero de 2015 (DO C 52 de 13.2.2015, p. 1).
Posición del Parlamento Europeo de 7 de octubre de 2015 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 22 de octubre de 2015.
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).»."
DO C 316 de 27.11.1995, p. 48."
DO C 195 de 25.6.1997, p. 1."
Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado (DO L 192 de 31.7.2003, p. 54)."
Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L 300 de 11.11.2008, p. 42)."
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15)."
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002, p. 3)."
Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p. 1)."
Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).»."
Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) nº 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).»."
Reglamento (Euratom, CE) nº 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).»."

References: artículo 261
 artículo 67
 artículo 28
 artículo 58
 artículo 210
 artículo 210
 artículo 60
 artículo 108
 artículo 58
 artículo 66
 artículo 99
 artículo 319
 artículo 101
 Artículo 101
 artículo 103
 artículo 102
 artículo 104
 artículo 103
 Artículo 103
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 118
 artículo 118
 Artículo 104
 artículo 105
 Artículo 105
 Artículo 105
 artículo 106
 artículo 106
 artículo 106
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 107
 Artículo 107
 artículo 106
 artículo 108
 artículo 105
 artículo 59
 artículo 60
 artículo 106
 artículo 106
 artículo 106
 artículo 106
 artículo 106
 artículo 106
 artículo 109
 artículo 110
 Artículo 110
 artículo 106
 artículo 107
 artículo 111
 Artículo 111
 artículo 112
 Artículo 112
 artículo 113
 Artículo 113
 artículo 114
 Artículo 114
 Artículo 114
 artículo 118
 artículo 190

Artículo 116

Artículo 117

Artículo 118

Artículo 119

Artículo 120
 artículo 131
 artículo 105
 artículo 106
 artículo 108
 artículo 107
 artículo 106
 artículo 107
 artículo 106
 artículo 210
 artículo 138
 artículo 105
 artículo 106
 artículo 108
 artículo 107
 artículo 139
 artículo 105
 artículo 106
 artículo 106
 artículo 107
 artículo 163
 artículo 166
 Artículo 166
 artículo 183
 artículo 107
 artículo 108
 artículo 131
 artículo 190
 artículo 58
 artículo 189
 artículo 191
 Artículo 191
 artículo 204
 artículo 105
 artículo 106
 artículo 209
 artículo 208
 artículo 211
 artículo 163