Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531037.html
Timestamp: 2019-03-20 03:39:32+00:00

Document:
as201531037
Auto Supremo Nº 037
Expediente: 120/2011-A
Demandante: Dora María Miranda Muñoz
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs.104, a 105, interpuesto por Diego Alejandro Mark Baldivieso en representación del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 259/2010 de 20 de noviembre de 2010 cursante a fs. 96 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro el trámite de renta única de vejez, seguido por Dora María Miranda Muñoz, contra SENASIR; la respuesta de fs. 109 a 111., de obrados; el Auto de fs. 112 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso y:
I Antecedentes del proceso
I.1 Resoluciones de la Comisión de Calificación de Rentas
Que tramitado el proceso administrativo de renta única de vejez, de conformidad con las normas que regulan la materia, la Comisión de Calificación de Rentas de la Dirección de Pensiones del Vice-Ministerio del Tesoro y Crédito Público, emitió la Resolución Nº 0793 de 16 de enero de 2004 cursante a fs.47, resolviendo otorgar a favor de Dora María Miranda Muñoz, renta única de vejez, equivalente al 88% de su promedio salarial en el monto de Bs.585,39.-, correspondiendo a la básica el 34% Bs.226,17.- a la complementaria el 54% Bs.359,22..-; renta que se pagaría a partir del mes de enero de 2004; asimismo, la Dirección General de Pensiones del Vice-Ministerio del Tesoro y Crédito Público, emitió la Resolución Nº 794 de 16 de enero de 2004 cursante a fs.46, resolviendo otorgar en favor de Dora María Miranda Muñoz, renta única de vejez fusionada en una sola boleta de los sectores Comercio y Magisterio en la suma de Bs.1.359,37.-,correspondiendo al sector Magisterio Bs.585,39.-, al sector Comercio Bs.547,51.-, más incrementos de ley; renta fusionada que se pagaría a partir del mes de enero del 2004.
I. 2. Resolución de la Comisión de Reclamación
A fs.53, la asegurada Dora María Miranda Muñoz, interpuso el recurso de reclamación; que, la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 962/07 de 29 de junio de 2007 (fs. 59) resolvió confirmar la Resolución Administrativa No.000794 de 16 de enero de 2004 de fs. 146, pronunciada por la Comisión Calificadora de Rentas, por encontrarse conforme a los datos del expediente.
I. 3. Recurso de apelación
En recurso de apelación deducido por Dora María Miranda Muñoz, (fs. 64 a 65), radicada en la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 259/2010 de 20 de noviembre de 2010 cursante a fs. 96 y., a 96, vta., confirmó en parte la Resolución Nº 962/07 de 29 de junio de 2007, cursante a fs. 59 de antecedentes, con la modificación en el retroactivo de la Renta del magisterio desde junio de 2003 hasta diciembre de 2003 en la suma total de Bs.4.097,73.-(CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE 73/100 BOLIVIANOS) y confirmar totalmente en cuanto a la fusión y cuantía de rentas del Comercio y Magisterio, conforme a las Resoluciones de fs. 46 y 47, con la modificación referida.
I. 4. Motivos del recurso de casación en el fondo
Dicha resolución motivó el recurso de casación en el fondo (fs. 104. a 105) interpuesto por Diego Alejandro Mark Baldivieso, quien señaló acusando lo siguiente:
Que, la apreciación y determinación asumida por el Tribunal de Alzada, en el segundo considerando del Auto de Vista recurrido, otorgando retroactivamente la renta del Magisterio desde junio de 2003 hasta diciembre de 2003, monto que por mes sería de Bs.585,39.- que haciendo un total por los 7 meses de Bs.4.097,73.-, omitió el tema de la “doble percepción”, ya que en virtud al art. 3 de la R.M. No. 026 de 11 de enero de 1999, “los asegurados que cuenten con renta en curso de pago, podrán continuar ejerciendo funciones, previa suspensión del pago de la renta mientras se halle en servicio activo, si la renta y salario provinieren de la misma fuente”, posteriormente con el objeto de reglamentar la RM No. 026, el Vice Ministerio del Tesoro y Crédito Público, emitido el instructivo No.001 de 20 de enero de 1999; siendo que, dicho aspecto a fs.44 ha sido observado por el Área de Calificación de Rentas, señalando que el inicio de la renta debería de ser a partir de enero de 2004 en aplicación a la R.M. 026/99, por cuanto la asegurada percibió renta del sector comercio y salario del magisterio (fs.33), resultando en consecuencia una percepción doble, transgrediendo la R.M. No. 026, antecedente que por sí mismos debería de suspenderse la renta del sector comercio a fin de obtener la devolución de los montos percibidos indebidamente por concepto de renta.
En consecuencia, señaló el SENASIR, que no podría incurrir en error de pagar retroactivos desde la fecha de presentación del trámite de renta única de vejez de la interesada, a sabiendas que ésta incurrió en doble percepción, por cuyo motivo la otorgación de fusión de rentas estaría en función de la última boleta de pago fs. 52 de diciembre de 2003.
I. 5. Petitorio
Solicitó, a la Corte Suprema de Justicia, case en parte el Auto de Vista No. 259/2010 de 20 de noviembre de 2010.
Que así planteado el recurso de casación en el fondo, ingresando a su análisis en relación a los datos del proceso y las disposiciones legales cuya infracción se acusa, se tiene que:
La problemática central, radica en determinar, si el Auto de Vista recurrido, al determinar el retroactivo de la Renta del Magisterio desde junio de 2003 hasta diciembre de 2003 en la suma total de Bs.4.097,73.- incurrió en la transgresión de la R.M. No. 026 de 11 de enero de 1999, bajo el entendido que la asegurada incurrió en una doble percepción; vale decir, renta del sector comercio y salario del magisterio conforme se demostraría a fs. 33; en ese sentido, refiere el SENASIR, que no podría incurrir en error de pagar retroactivos desde la fecha de presentación del trámite de renta única de vejez de la interesada; vale decir, desde junio de 2003, a sabiendas que ésta incurrió en doble percepción, siendo lo correcto a partir de enero de 2004; por cuyo motivo, la otorgación de fusión de rentas estaría también en función de la última boleta de pago fs. 52 de diciembre de 2003.
Inicialmente debemos señalar que, el art. 45 de la Constitución Política del Estado, al disponer que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, agregando a continuación que ésta se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia, que tanto su dirección como su administración le corresponde al Estado, con control y participación social, y que el régimen de seguridad social cubre la atención de vejez entre muchos otros aspectos, señalando además que el Estado garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y equitativo; es decir, que los derechos a la seguridad social constituyen un conjunto, en el que se encuentra el de la jubilación y el cúmulo de potestades como cada uno de esos derechos de forma individual, gozan de proclamación y regulación constitucional propia; de esa manera, la SCP No. 0280/2012 de 4 de junio, la jubilación protege “…a la persona humana de las contingencias propias de la vejez -como hecho natural- por su deterioro físico y psicológico, convirtiéndose en la base para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales”.
Por otro lado, el derecho a la seguridad social y el derecho a la jubilación, están también reconocidos por los Convenios y Tratados Internacionales como: el Convenio 102 de la OIT de 1952, la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25. 1), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 2. 1 y 9), y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo XVI); que gozan de proclamación y regulación propia, protegiendo todos, a la persona humana de las contingencias propias de la vejez, como base del ejercicio de otros derechos fundamentales como la vida, la salud física y psicológica, la dignidad, la vestimenta, y la alimentación; que busca cubrir las necesidades básicas del beneficiario de la renta, quien es considerado de atención prioritaria para el Estado y en etapa de vulnerabilidad, aspecto por el cual, la interpretación de la norma aplicable a este sector y la realización de tales derechos, deben tener la prevalencia del derecho sustantivo antes que las formalidades, haciendo de tal manera efectivos los valores, principios y fines del Estado, conforme a los arts. 158 y 162. II; normativa que guarda relación con lo establecido en los artículos 45. II, III y IV, 46. II, 48. II y III, y 49. III de la CPE vigente.
Por otro lado, el trabajo es reconocido como un deber y un derecho que goza de la protección del Estado, conforme al mandato constitucional ya reconocido en los arts. 7. d., 156 y 157 de la CPE (Abrogada), donde los derechos y beneficios reconocidos en favor de los trabajadores no pueden renunciarse, siendo nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos; conforme a sus artículos 158 y 162. II, normativa que guarda relación con lo establecido en los arts. 45. II, III y IV, 46. II, 48. II y III, y 49. III de la CPE vigente.
Asimismo, debe entenderse que el salario desde su concepción más elemental, se constituye en: “…la compensa­ción que recibe el obrero o empleado a cam­bio de ceder al patrono todos sus derechos sobre el trabajo realizado…” (Guillermo Cabanellas, Diccionario Jurídico); concepto que guarda relación con la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia Constitucional Nº 0133/2011 de 21 de febrero, donde se establece que el sueldo o salario: “…constituye la contraprestación que percibe el trabajador por haber puesto su capacidad de trabajo a disposición del empleador, en los términos y condiciones del contrato de trabajo que tienen celebrado. Se otorga como contenido y objeto de la prestación del empleador, en cumplimiento de su obligación básica de remunerar el trabajo, y lo recibe el trabajador como contraprestación de su trabajo…”.
Por su parte, la renta es entendida conforme al art. 13. i) del Código de Seguridad Social como: “…El pago periódico en determinada proporción del salario, reconocido a los asegurados, o el pago periódico en proporción de la renta del causante a los derecho-habientes, en los casos de incapacidad permanente por causa profesional, de invalidez, vejez o de muerte…”.
En el caso de análisis y estando definida la problemática planteada, debemos manifestar inicialmente que, lo cuestionado por la parte recurrente en relación a la doble percepción que habría percibido la asegurada, no está en tela de discusión como erróneamente acusó la entidad recurrente en casación, puesto que si bien es evidente que la asegurada estuvo percibiendo renta y salario de manera paralela, ello fue sólo hasta diciembre de 2002 conforme a la nota cursante a fs. 33 de obrados; sin embargo, la entidad recurrente no considera que el Tribunal de Apelación dispuso el pago por los periodos de junio de 2003 a diciembre de 2003; es decir, por un periodo posterior a la fecha en la que la asegurada dejó de prestar servicios en el sector magisterio; por lo tanto, la doble percepción no constituye objeto de la Litis; por lo que, no existe transgresión de la R.M. No. 026 de 11 de enero de 1999.
Con relación a la fecha de otorgación de la renta de vejez básica y complementaria; siendo que, el Auto de Vista recurrido, determinó el retroactivo de la Renta del Magisterio desde junio de 2003 hasta diciembre de 2003 en la suma total de Bs.-4.097,73; al respecto, es necesario hacer hincapié en el art. 74 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisiciones, en sentido de que dicho norma protege el derecho a la seguridad social a favor de los asegurados otorgando a partir del mes siguiente de la fecha de retiro de la actividad asegurada, en virtud al principio de continuidad entre el salario y la renta que se otorgará, siempre que él o la asegurada hubiese iniciado el trámite correspondiente dentro del año siguiente a su retiro, caso contrario, dicha otorgación será a partir del mes siguiente al de la presentación por la asegurada de la solicitud de todos los documentos que justifiquen; en ese sentido, la resolución 0794, confirmada por la Resolución 926/07 de 29 de junio de 2007, no tomó en cuenta el retraso cometido en la viabilidad de la renta de vejez, pretendiendo evadir el pago por más de seis meses de pago retroactivo, aspecto que fue enmendado correctamente por el Tribunal de Alzada.
Bajo dicho marco, no podría pretenderse entender que dichos pagos sean considerados como una doble percepción, ello tomando en cuenta la resolución del Tribunal de Apelación, ya que la documental de fs. 52, no constituye boleta de pago en el sector activo del magisterio, sino una boleta de pago de renta del sector comercio, por lo que no pudo concluirse en la existencia de una doble percepción en los periodos determinados por el Tribunal de Apelación.
De tal forma, se tiene que tanto el derecho al trabajo como a la seguridad social, se encuentran protegidos y garantizados constitucionalmente por el Estado; asegurando por ello, mediante la regulación del pago de una justa retribución por el ejercicio efectivo de un trabajo (salario o sueldo), o la asignación de una renta de vejez conforme al cumplimiento de dicho trabajo por el tiempo transcurrido señalado por ley: la manutención familiar, bienestar, sobrevivencia y vivir bien de la población en su conjunto.
Al respecto, la Resolución Ministerial Nº 026 de 11 de enero de 1999, establece en su artículo 3: "Los asegurados que cuenten con renta en curso de pago, podrán continuar ejerciendo funciones, previa suspensión del pago de su renta mientras se hallen en servicio activo, si la renta y salario provienen de la misma fuente", normativa que fue modificada por la Resolución Ministerial Nº 1302 de 15 de octubre de 1999, que ampliando sus alcances, determinó que la prohibición establecida, contempla a todos los asegurados del SENASIR, que se encuentren en actividad laboral, en una entidad contemplada en el Presupuesto General de la Nación; en el caso de autos, como se señaló ut supra, la asegurada prestaba servicios en el magisterio hasta diciembre de 2002 conforme la literal de fs. 33; por lo que, la resolución 026, no es aplicable al caso de autos; sin embargo, la resolución de fs. 49 reconoció erróneamente sólo y únicamente a partir de enero de 2004, aspecto que fue corregido acertadamente por el Tribunal de Alzada.
A lo señalado, y conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180. I de la CPE, y 30. 11 de la Ley del Órgano Judicial, establecen como principio constitucional la verdad material, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia; de tal forma en la especie, resulta innegable por la documentación presentada (fs. 33 y 52) debidamente compulsadas por el Tribunal Ad quem, en sentido de que la asegurada efectivamente prestó sus servicios en el magisterio hasta diciembre de 2002, habiendo efectuado sus cotizaciones para la renta básica y complementaria, situación que no fue debidamente valorado por la Comisión de Calificación de Rentas como por la Comisión de Reclamaciones; por lo que, se evidencia que el Tribunal ad quem, fundamentó y basó su fallo en función al análisis de la documentación presentada por la asegurada, además por los arts. 16 del D.L. No. 14643, 554 del RCSS.
Por todo lo expuesto, se concluye que el Auto de Vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso; por lo que, corresponde resolver conforme prescribe el art. 271. 2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 104 a 105, interpuesto por Diego Alejandro Mark Baldivieso, en representación del SENASIR.

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 artículo 3
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