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Timestamp: 2020-07-06 09:28:57+00:00

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Contrario a lo manifestado, el hecho de las manifestantes hayan dado cumplimiento a las obligaciones a las que se encuentran sujetas, no implica que las integrantes del GIE preponderante queden excluidas de la evaluación bienal en términos de competencia cada dos años, a efecto de en su caso suprimir o modificar y/o establecer nuevas medidas, tal y como se demuestra a continuación.
En principio es importante tener presente que los artículos Octavo Transitorio, fracción III, y Noveno Transitorio del Decreto, establecían la obligación expresa de que a partir de la integración del Instituto, éste determinara la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y estableciera las medidas regulatorias necesarias para evitar que se afectara la competencia y la libre concurrencia, de conformidad con el procedimiento que estableciera la legislación vigente en la fecha de su emisión y a falta de disposición expresa, conforme a la LFPA.
Así, en ejercicio de sus facultades constitucionales, el 6 de marzo de 2014, mediante la Resolución de AEP, el Instituto determinó como agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones al grupo de interés económico conformado por América Móvil, S.A.B. de C.V., Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V., Radiomóvil Dipsa, S.A.B. de C. V., Grupo Carso, S.A.B. de C.V., y Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V., e impuso las medidas para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales.
Mediante la emisión de dicha Resolución de AEP se puso fin al procedimiento administrativo iniciado en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción III del artículo Octavo Transitorio del Decreto. La referida Resolución de AEP constituye una resolución definitiva que tuvo por objeto determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e imponer las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales, tan es así, que la misma fue impugnada en diversos juicios de amparo.
En ese sentido, la Resolución de AEP como acto administrativo que goza de presunción de validez, surte todos sus efectos de conformidad con del artículo Trigésimo Quinto Transitorio del Decreto de Ley, por lo que el Instituto, en pleno ejercicio de sus facultades, emitió debidamente el Oficio de Inicio, con fundamento, entre otros, en las medidas Septuagésima del Anexo 1, Quincuagésima Séptima del Anexo 2 y Vigésima Cuarta del Anexo 3 de la Resolución de AEP, pues efectivamente el presente procedimiento encuentra su fundamento, entre otros, en las medidas mismas y no en los artículos transitorios contenidos en el Decreto, pues se reitera, la evaluación bienal es un procedimiento administrativo distinto del procedimiento por el que se determinó al AEP y se impusieron las medidas en el año 2014.
Resulta intrascendente el hecho de que hayan cumplido con todas las obligaciones que se le impusieron, ya sea en sus títulos de concesión, o en cualquier otro procedimiento o normatividad aplicable, toda vez que el procedimiento de evaluación de medidas debe realizarse respecto del AEP, pues tomando en cuenta las medidas que facultan el presente procedimiento, la evaluación bienal de medidas será en relación con las empresas que forman parte del AEP, sin que sea posible considerar causa alguna que justifique la exclusión de un integrante del AEP de los alcances de la revisión de medidas que nos ocupa.
Ahora bien, la Resolución de AEP y las medidas, así como la evaluación bienal, no constituyen sanciones118 que deriven de algún incumplimiento por parte de los agentes económicos preponderantes a los que van dirigidas, sino que se trata de una situación de hecho que debe ser regulada ex ante119, que tiene la finalidad de evitar que se afecte la competencia, la libre concurrencia y con ello a los usuarios finales.
A mayor abundamiento, las medidas regulatorias denominadas ex ante, constituyen regulación preventiva que se debe ir adaptando a mercados complejos como el de telecomunicaciones y radiodifusión, la cual tendrá que subsistir mientras no haya competencia efectiva. Entre sus principales objetivos destacan: i) sentar las bases para el surgimiento de la competencia; ii) impedir que se reduzca la calidad de los servicios por parte del AEP; y iii) evitar que éste opere de manera deficiente120.
En adición a lo anterior, es importante señalar que las medidas son acordes con el mandato constitucional a cargo del Instituto, pues como órgano constitucional autónomo, es apto para producir regulación técnica, a la que puede dar seguimiento a corto plazo para adaptarla cuando así se requiera, la cual constituye regulación indispensable para lograr que ciertos mercados y sectores alcancen resultados óptimos121. Además, el Instituto cuenta con un conjunto de facultades orientadas a alcanzar los fines constitucionales para los que fue creado, algunas de ellas dotadas de discrecionalidad técnica que le permite elegir los procedimientos y técnicas de regulación”122.
Derivado de lo anterior, es dable concluir que el posible cumplimiento que las manifestantes hayan dado a las obligaciones a las que se encuentran sujetas, no determina la el resultado de la modificación, adición y/o supresión de las medidas, ya que el mecanismo que el órgano regulador implementó a través de la facultad de realizar la evaluación bienal, tiene como objeto fortalecer ciertas medidas ya contempladas en la Resolución de AEP, así como adicionar medidas que aseguren la no discriminación en la provisión de servicios regulados, con el fin de alcanzar la competencia efectiva y, por ende, mejores condiciones a los usuarios finales,123 y no como erróneamente consideran las manifestantes, que la evaluación bienal dependa únicamente del cumplimiento de obligaciones efectuado por el AEP.
Esto es, el contenido de la Resolución de AEP y las medidas impuestas resultan aplicables, exigibles y verificables al AEP por el hecho de tener tal carácter, por lo que su cumplimiento no implica en modo alguno la suspensión de sus efectos ni la imposibilidad de esta autoridad para llevar a cabo, en términos de las propias medidas y la legislación aplicable, la revisión de las mismas con el objeto de modificarlas, adicionarlas o suprimirlas.
En virtud de lo expuesto, resultan infundados los argumentos de las manifestantes, toda vez que la modificación, supresión y/o adición de medidas, no se encuentra supeditada únicamente al cumplimiento de obligaciones por parte del AEP, sino a los efectos generados en el mercado de telecomunicaciones. Máxime que no estamos frente a un procedimiento sancionatorio, sino ante la facultad del Instituto de realizar la evaluación de impacto de las medidas, que en su caso conlleva la supresión, modificación y/o adición de las mismas, en beneficio de la libre concurrencia, los derechos de competencia y finalmente de los consumidores.

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