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Resolución de la corte interamericana de derechos humanos del 23 de noviembre de 2011
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DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011
La Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (en adelante, “la Sentencia Saramaka” o “la Sentencia”) dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) el 28 de noviembre de 2007, mediante la cual:
DECLAR[Ó],
[e] l Estado violó, en perjuicio de los miembros del pueblo Saramaka, el derecho de propiedad, reconocido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respetar, garantizar y hacer efectivo a nivel interno [ese] derecho, [establecido en] los artículos 1.1 y 2 de la misma, [en los términos de los] párrafos 78 a 158 de [la] Sentencia[;]
[e]l Estado violó en perjuicio de los integrantes del pueblo Saramaka el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, reconocido en el artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el derecho a la propiedad establecido en el artículo 21 de [ese] instrumento y el derecho a la protección judicial establecido en el artículo 25 de la misma, así como en conexión con las obligaciones de respetar, garantizar y hacer efectivos a nivel interno dichos derechos, de conformidad con los artículos 1.1 y 2 de la misma, [en los términos de los] párrafos 159 a 175 de [la] Sentencia[;]
[e]l Estado violó el derecho a la protección judicial, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar el derecho a la propiedad reconocidas en los artículos 21 y 1.1 de dicho instrumento, en perjuicio de los miembros del pueblo Saramaka, [en los términos de los] párrafos 176 a 185 de [la] Sentencia.
Y DECID[IÓ],
5. [e]l Estado debe delimitar, demarcar y otorgar título colectivo del territorio de los miembros del pueblo Saramaka, de conformidad con su derecho consuetudinario, y a través de consultas previas, efectivas y plenamente informadas con el pueblo Saramaka, sin perjuicio de otras comunidades indígenas y tribales. Hasta tanto no se lleve a cabo [la] delimitación, demarcación u otorgamiento de título colectivo respecto del territorio Saramaka, Surinam debe abstenerse de realizar actos que podrían dar lugar a que agentes del propio Estado o terceros, actuando con consentimiento o tolerancia del Estado, puedan afectar la existencia, valor, uso o goce del territorio al cual tienen derecho los integrantes del pueblo Saramaka, a menos que el Estado obtenga el consentimiento previo, libre e informado de dicho pueblo. Respecto de las concesiones ya otorgadas dentro del territorio tradicional Saramaka, el Estado debe revisarlas, a la luz de la […] Sentencia y la jurisprudencia de este Tribunal, con el fin de evaluar si es necesaria una modificación a los derechos de los concesionarios para preservar la supervivencia del pueblo Saramaka, [en los términos de los] párrafos 101, 115, 129-137, 143, 147, 155, 157, 158 y 194(a) de [la] Sentencia[;]
6. [e]l Estado debe otorgar a los miembros del pueblo Saramaka el reconocimiento legal de la capacidad jurídica colectiva correspondiente a la comunidad que ellos integran, con el propósito de garantizarles el ejercicio y goce pleno de su derecho a la propiedad de carácter comunal, así como el acceso a la justicia como comunidad, de conformidad con su derecho consuetudinario y tradiciones, [en los términos de los] párrafos 174 y 194(b) de [la] Sentencia[;]
7. [e]l Estado debe eliminar o modificar las disposiciones legales que impiden la protección del derecho a la propiedad de los miembros del pueblo Saramaka y adoptar, en su legislación interna y a través de consultas previas, efectivas y plenamente informadas con el pueblo Saramaka, medidas legislativas o de otra índole necesarias a fin de reconocer, proteger, garantizar y hacer efectivo el derecho de los integrantes del pueblo Saramaka a ser titulares de derechos bajo forma colectiva sobre el territorio que tradicionalmente han ocupado y utilizado, el cual incluye las tierras y los recursos naturales necesarios para su subsistencia social, cultural y económica, así como administrar, distribuir y controlar efectivamente [ese] territorio, de conformidad con su derecho consuetudinario y sistema de propiedad comunal, y sin perjuicio a otras comunidades indígenas y tribales, [en los términos de los] párrafos 97 a 116 y 194(c) de [la] Sentencia[;]
8. [e]l Estado debe adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para reconocer y garantizar el derecho del pueblo Saramaka a ser efectivamente consultado, según sus tradiciones y costumbres, o en su caso, el derecho de otorgar o abstenerse de otorgar su consentimiento previo, libre e informado, respecto de los proyectos de desarrollo o inversión que puedan afectar su territorio, y a compartir, razonablemente, los beneficios de esos proyectos […], en el caso de que se llevaren a cabo. El pueblo de Saramaka debe ser consultado durante el proceso establecido para cumplir con esta forma de reparación, [en los términos de los párrafos] 129 a 140, 143, 155, 158 y 194(d) de [la] Sentencia[;]
9. [e]l Estado debe asegurar que se realicen estudios de impacto ambiental y social mediante entidades técnicamente capacitadas e independientes y, previo al otorgamiento de concesiones relacionadas con proyectos de desarrollo o inversión dentro del territorio tradicional Saramaka, e implementar medidas y mecanismos adecuados a fin de minimizar el perjuicio que puedan tener dichos proyectos en la capacidad de supervivencia social, económica y cultural del pueblo Saramaka, [en los términos de los] párrafos 129, 133, 143, 146, 148, 155, 158 y 194(e) de [la] Sentencia[;]
10. [e]l Estado debe adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole necesarias para proporcionar a los integrantes del pueblo Saramaka los recursos efectivos y adecuados contra actos que violan su derecho al uso y goce de la propiedad de conformidad con su sistema de propiedad comunal, [de acuerdo con los] párrafos 177 a 185 y 194(f) de [la] Sentencia[;]
11. [e]l Estado debe traducir al holandés y publicar el Capítulo VII de la […] Sentencia, sin las correspondientes notas al pie, así como los puntos resolutivos del número uno al quince, en el Boletín Oficial del Estado y en otro diario masivo de circulación nacional, [en los términos de los] párrafos 196(a) y 197 de [la] Sentencia[;]
12. [e]l Estado debe financiar dos transmisiones radiales en lengua Saramaka de los contenidos de los párrafos 2, 4, 5, 17, 77, 80-86, 88, 90, 91, 115, 116, 121, 122, 127-129, 146, 150, 154, 156, 172 y 178, sin las correspondientes notas al pie, y de los puntos resolutivos números uno al quince de la […] Sentencia, en una estación de radio que sea accesible al pueblo Saramaka, [en los términos de los] párrafos 196(b) y 197 de[l] Fallo[;]
13. [e]l Estado debe asignar las cantidades fijadas en [la] Sentencia como indemnización por el daño material e inmaterial a un fondo de desarrollo comunitario creado y establecido a beneficio de los miembros del pueblo Saramaka en su propio territorio tradicional, [en los términos de los] párrafos 199, 201, 202, 208 y 210 a 212 de[l] Fallo[; y]
14. [e]l Estado debe efectuar el pago por concepto de reintegro de costas y gastos, [en los términos de los] párrafos 206, 207 y 209 a 211 de [la] Sentencia […].
La Sentencia de Interpretación de la Sentencia de Saramaka (en adelante, “la Sentencia de Interpretación”) dictada por la Corte el 12 de agosto de 2008, en la que:
DECID[IÓ],
[P]or unanimidad,
[d]eclarar admisible la demanda de interpretación de la Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas dictada el 28 de noviembre de 2007 en el Caso del Pueblo Saramaka interpuesta por el Estado, en los términos del párrafo 10 de la […] Sentencia.
[d]eterminar el alcance de lo dispuesto en los Puntos Resolutivos [cinco] al [nueve] de la Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas dictada el 28 de noviembre de 2007 en el Caso del Pueblo Saramaka, en los términos de los capítulos IV, V, VI y VII de la […] Sentencia. […]
Los informes presentados el 6 de agosto de 2009 y el 13 de mayo de 2010, por medio de los cuales el Estado informó a la Corte el estado de su cumplimiento con la Sentencia y la comunicación del 17 de noviembre de 2009, por medio de la cual el Estado presentó “tres (3) documentos adicionales [referentes] a [su] [p]rimer [i]nforme [periódico]”.
Los escritos del 12 de septiembre de 2009 y 8 de junio de 2010, por medio de los cuales los representantes presentaron sus observaciones a los informes del Estado (supra Visto 3).
Los escritos del 3 de diciembre de 2009 y el 15 de julio de 2010 por medio de los cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentaron sus observaciones a los informes del Estado (supra Visto 3).
La audiencia privada que se realizó en la sede de la Corte el 2 de septiembre de 20101.
La nota de la Secretaría del 14 de septiembre de 2010, mediante la cual la Corte requirió que las partes presentaran, a más tardar el 20 de septiembre de 2010, información relacionada con las supuestas concesiones otorgadas en el territorio de Saramaka sin el consentimiento de las víctimas después de dictada la Sentencia, incluyendo información sobre si se realizaron estudios de impacto ambiental y social (en adelante “ESIAs”) en relación con dichas supuestas concesiones; información sobre cualquier acuerdo entre las partes respecto a un cronograma de cumplimiento; cualquier información adicional sobre las obligaciones cuyo cumplimiento está pendiente; y documentación sustentatoria. A las partes también se les solicitó presentar información sobre: la fecha en que los montos depositados en el fondo de desarrollo estarían disponibles para su uso por las víctimas; si el Capítulo VII y los Puntos Resolutivos uno a quince de la Sentencia fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado; los nombres de las estaciones de radio que supuestamente transmitieron las traducciones de la Sentencia a la lengua Saramaka, así como las fechas y horas de dichas transmisiones; y los lugares donde el territorio Saramaka se extienden sobre los territorios vecinos. Por medio de su nota del 29 de septiembre de 2010, la Secretaría le reiteró esta solicitud al Estado.
Las comunicaciones del 20 de septiembre de 2010, mediante las cuales los representantes de las víctimas y la Comisión, respectivamente, presentaron la información requerida por la Corte (supra Visto 7).
La comunicación del 6 de octubre de 2010, en la cual los representantes “observa[ron] que Surinam no ha cumplido en repetidas ocasiones con lo ordenado por la Corte en cuanto a las solicitudes de información sobre [la] implementación de la [S]entencia” y presentaron varias solicitudes al Tribunal.
La nota de la Secretaría del 14 de junio de 2011, mediante la cual se solicitó a las partes que presenten, a más tardar el 15 de julio de 2011, las observaciones a los escritos presentados por la Comisión Interamericana y los representantes el 20 de septiembre de 2010, respectivamente y el escrito presentado por los representantes el 6 de octubre de 2010 (supra Vistos 8 y 9). Por medio de la nota de la Secretaría del 8 de julio de 2011, al Estado se le otorgó una prórroga, hasta el 1 de agosto de 2011, para presentar sus observaciones.
Los escritos del 15 y 19 de julio de 2011, por medio de los cuales los representantes y la Comisión, respectivamente, presentaron sus observaciones a los escritos de las partes del 20 de septiembre de 2010 (supra Visto 8).
La comunicación del 29 de julio de 2011, por medio de la cual el Estado presentó la información solicitada en las notas de la Secretaría del 14 y 29 de septiembre de 2010 (supra Visto 7).
Los escritos del 26 de agosto y 3 de octubre de 2011, por medio de los cuales los representantes y la Comisión presentaron sus observaciones al escrito del Estado del 29 de julio de 2011, respectivamente (supra Visto 12). Mediante las notas de la Secretaría del 7 y 14 de septiembre y de noviembre de 2011, al Estado se le solicitó que presentara sus observaciones a los escritos del 20 de septiembre de 2010, presentados por los representantes y la Comisión, respectivamente, y a la comunicación de los representantes del 6 de octubre de 2010 (supra Vistos 8 y 9), lo más pronto posible. Al momento de la adopción de esta Resolución, el Estado no había presentado las observaciones solicitadas.
La comunicación del 30 de septiembre de 2011, en la cual los representantes de las víctimas “le implora[ron] a la Corte que [emitiera] una Resolución” durante su 44 Sesión Extraordinaria, realizada en Bridgetown, Barbados, desde el 10 al 14 de octubre de 2011, e informó al Tribunal sobre declaraciones supuestamente hechas por el Estado “ante el Consejo de Derechos Humanos [de Naciones Unidas] durante la Revisión Universal [Periódica]”. Mediante su nota del 6 de octubre de 2011, la Secretaría solicitó que el Estado y la Comisión Interamericana presentaran sus observaciones al escrito de los representantes a más tardar el 17 de octubre de 2011. Mediante la nota de la Secretaría del 21 de octubre de 2011, a la Comisión se le otorgó una prórroga, hasta el 31 de octubre de 2011, a fin de que pudiera cumplirlo y presentó sus observaciones en esta segunda fecha. Al momento de la adopción de esta Resolución, el Estado no había presentado las observaciones solicitadas.
Es una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte la supervisión del cumplimiento de sus decisiones.
Surinam es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención Americana” o “la Convención”) y reconoció la competencia de la Corte el 12 de noviembre de 1987.
Dada la naturaleza firme y definitiva de las sentencias de la Corte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, las sentencias de la Corte deben ser prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra. Asimismo, el artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que “[l]os Estados Parte en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Por ello, los Estados Parte deben asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones2.
La obligación de cumplir con lo dispuesto en las decisiones del Tribunal corresponde a un principio básico del derecho, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y como ya ha señalado el Tribunal y lo establecido en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, aquellos no pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida3. Las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado4.
Los Estados Parte en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, por ejemplo las que se refieren al cumplimiento de las decisiones del Tribunal . Dichas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera tal que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo en cuenta la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos5.
En su escrito del 30 de septiembre del 2011 (supra Visto 14), los representantes le informaron al Tribunal de las declaraciones hechas por el gobierno de Surinam ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en respuesta a su Examen Periódico Universal del 6 de mayo de 2011, con la intención de que “p[udiera] no apoyar” recomendaciones de que cumpla con la Sentencia de la Corte en este caso, especialmente con respecto a temas de derechos indígenas y derechos a la tierra, ya que está planeando una conferencia nacional sobre [d]erechos a la tierra” a fin de discutir estos temas con las partes interesadas, la sociedad civil y el Relator Especial de las Naciones Unidas “sobre derechos a la tierra [sic]6”. La Comisión expresó preocupación por el hecho de que las declaraciones del Estado frente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas “confirmar[on] que no está cumpliendo con las órdenes de la […] Corte” y solicitaron que el Tribunal “le requiera al Estado proporcionar información sobre los pasos que está tomando [con respecto] a cada […] obligación” cuyo cumplimiento esté pendiente. El Estado no respondió a estas acusaciones. En ese sentido, el Tribunal recuerda que los Estados Partes a la Convención que han reconocido la jurisdicción obligatoria de la Corte tienen el deber de acatar las obligaciones establecidas por el Tribunal. Esta obligación incluye el deber del Estado de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal en dichas decisiones. La oportuna observancia de la obligación estatal de indicar al Tribunal cómo está cumpliendo cada uno de los puntos ordenados por éste es fundamental para evaluar el estado del cumplimiento de la Sentencia en su conjunto7.
a) Obligación de delimitar, demarcar y otorgar título colectivo del territorio de los miembros del pueblo Saramaka; obligación de abstenerse, hasta que se haya cumplido con la primera obligación, de realizar actos que podrían afectar la existencia, valor, uso o goce del territorio al cual tienen derecho los integrantes del pueblo Saramaka sin consentimiento; y el deber de revisar las concesiones ya otorgadas dentro del territorio tradicional Saramaka (punto resolutivo quinto de la Sentencia)
La Corte resalta, primero que nada, que el punto resolutivo quinto de la Sentencia contiene, al menos, tres obligaciones distintas: 1) la delimitación, demarcación y otorgamiento de título colectivo sobre el territorio Saramaka; 2) la obligación de abstenerse de realizar actos que podrían afectar la existencia, valor, uso o goce de este territorio sin el consentimiento del pueblo Saramaka antes de que se realice la delimitación, demarcación u otorgamiento de títulos; y 3) la revisión de las concesiones ya otorgadas dentro del territorio tradicional Saramaka con el objetivo de conservar la supervivencia del pueblo de Saramaka. La Corte analizará primero el cumplimiento del Estado con su deber de otorgar títulos colectivos a los miembros del pueblo Saramaka; dado que las otras obligaciones del Estado se refieren a concesiones existentes o futuras u otros actos que podrían afectar los territorios Saramaka, la Corte considera que es conveniente analizarlas juntas.
a.1) Deber de delimitar, demarcar y otorgar título colectivo
El Estado inicialmente informó que estaba “[siguiendo] un enfoque integral [respecto] del tema nacional del reconocimiento de los derechos tribales” a través del proyecto “Apoyo al Desarrollo Sustentable del Interior” (en adelante, “SSDI”), el cual tenía la “delimitación y demarcación de las áreas habitables de las comunidades tribales” como uno de sus objetivos. Según el Estado, los informes preparados como parte del proyecto SSDI indicaban la existencia de traslapes entre las tierras Saramaka y aquellas de otras comunidades tribales, lo cual exigía la seguridad de que el proceso de delimitación y demarcación se realizaría en conjunto con todas ellas8. Sin embargo, el Estado luego indicó que el 15 de diciembre de 2010, el proyecto SSDI fue “oficialmente […] suspend[ido]” después de que la consulta con la Asociación de Autoridades Saramaka demostró que el proyecto no tenía un “adecuado apoyo de las partes interesadas”. En su lugar, “se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Desarrollo Regional y Valoración Ambiental y Recursos Nacionales (NARENA) [y] el Departamento GIS del Centro para Investigación Agrícola en Surinam (CELOS)” a fin de “asistir al pueblo Saramaka en la delineación y demarcación de las […] áreas Saramaka”. El Estado mencionó que ya había desarrollado un “croquis topográfico” el cual fue utilizado por la Asociación de Autoridades Saramaka para realizar “consultas en […] las áreas Saramaka”; sin embargo, no le presentó este mapa al Tribunal. Con respecto a la consulta que el Estado debe realizar con el pueblo Saramaka, el Estado informó que ha firmado un acuerdo con la Asociación de Autoridades Saramaka sobre la implementación de la Sentencia y que se está reuniendo semanalmente con representantes de las “Autoridades Tradicionales de los Maroons e Indígenas” a fin de buscar “modelos de soluciones […] para resolver el tema de derechos sobre la tierra de los Maroons y los Indígenas”.
Los representantes indicaron que el “proyecto SSDI ha[bía] sido formalmente rechazado por […] el pueblo Saramaka” y puso énfasis en que “no hay disputas [referentes a traslapes de tierras, un hecho que] fue confirmado en acuerdos escritos con [comunidades vecinas], todo lo cual fue presentado al Estado”. También confirmaron que el Estado había cancelado el proyecto SSDI y celebró “un acuerdo con varias instituciones respecto al apoyo para la delimitación del territorio Saramaka[.] […] [E]n función de esto, se ha[bía] desarrollado un croquis topográfico y éste había sido utilizado en reuniones internas llevadas a cabo por los Saramaka”. Sin embargo, “el Estado ha[bía] objetado la inclusión [en dicho croquis] de ciertas tierras en los extremos norte del territorio Saramaka [porque] algunas de estas tierras fueron otorgadas como plantaciones al inicio de la era colonial [y] no se podía determinar quienes eran los propietarios en [ese momento]”. Según los representantes, dado “que el Estado no pudo ni siquiera identificar a los ‘propietarios’ de estas plantaciones, no había razón alguna por la que el Estado [no pudiera] reconocer los derechos de propiedad de Saramaka conforme a los procedimientos estándares de expropiación”. Asimismo, los representantes indicaron que el Estado no había cumplido con las fechas límite establecidas en el acuerdo celebrado con los Saramaka el 21 de octubre de 2010 para la implementación de lo ordenado por la Corte (supra Considerando 8). También indicaron que “las reuniones semanales mencionadas por el Estado en su informe […] raramente se referían directamente a temas relaciones específicamente con la implementación de la [S]entencia”.
La Comisión indicó que el Estado “no ha logrado delimitar el territorio Saramaka”. También indicó que según la información proporcionada por los representantes, “el Estado no ha[bía] tomado medidas específicas para cumplir con esta medida de reparación, ni había […] consultado debidamente al pueblo Saramaka respecto de la implementación de la obligación”.
La Corte nota que el Estado y los representantes han logrado llegar a un acuerdo respecto del cumplimiento del Estado con la Sentencia y con esta obligación en particular, y que se están realizando reuniones regulares a ese fin. Sin embargo, la Corte nota que el Estado no ha cumplido con los plazos establecidos en dicho acuerdo9. Asimismo, la Corte resalta que en su primer y segundo informe sobre cumplimiento, así como durante la audiencia privada, el Estado había indicado que el proyecto SSDI serviría como base para la implementación de esta obligación por su parte; sin embargo, el Estado no ha indicado, ahora que el proyecto SSDI ha sido cancelado, las medidas específicas que ha adoptado conforme con el acuerdo celebrado con Narena y CELOS (supra Considerando 8) a fin de implementar esta medida de reparación. El Estado tampoco ha indicado si acepta la posición de los representantes de que Saramaka actualmente no tiene ninguna disputa con sus vecinos respecto de territorios traslapados, ni se refirió al supuesto desacuerdo con las víctimas respecto de las tierras que podrían haber sido “otorgadas como plantaciones durante el inicio de la era colonial” (supra Considerando 9). Asimismo, la Corte resalta que conforme a la Sentencia, el Estado debía comenzar con el proceso de delimitación, demarcación y otorgamiento de títulos del territorio Saramaka dentro de los tres meses posteriores a la fecha de notificación de la Sentencia, y dicho proceso debía ser completado dentro de los tres años posteriores a esa fecha10. Por lo tanto, esta medida de reparación debió haber sido implementada, a más tardar, en diciembre 201011.
Por consiguiente, esta Corte considera que el Estado no ha cumplido con esta obligación y debe, por lo tanto, presentar información actualizada y detallada sobre las medidas específicas que está implementando para delimitar, demarcar y otorgar títulos sobre los territorios Saramaka como se indica en la Sentencia (supra Visto 1). Asimismo, el Estado debe informar sobre las medidas que está adoptando para llevar a cabo las consultas con el pueblo Saramaka sobre la implementación de esta obligación en particular, así como sobre los resultados de dichas consultas. El Estado debe presentar también un cronograma detallado para el cumplimiento con esta obligación, dado que ya no ha cumplido con los plazos establecidos en la Sentencia, y debe presentar el mapa al que se hace referencia en los escritos del Estado y los representantes (supra Considerandos 8 y 9). Por último, la Corte le recuerda al Estado que es su obligación dar pronto cumplimiento a las solicitudes de información conforme con el artículo 68.1 de la Convención (supra Considerandos 3, 5 y 6).

References: artículo 21
 artículo 3
 artículo 21
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 67
 artículo 68
 artículo 27
 artículo 68