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Timestamp: 2019-02-20 19:41:35+00:00

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Stefanía Alba Nájera 06-02-2019 publicaciones
Bajo el programa de Justicia 2020 propiciado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se ha dictado la resolución 21/17, creadora de la “Comisión de Trabajo para un Nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil” que tuvo como misión redactar el anteproyecto de reforma para la creación de un Sistema de Responsabilidad Juvenil. El Régimen Penal de la Minoridad vigente a nuestros días fue sancionado y promulgado durante la última dictadura cívico-militar, en el año 1980, bajo la ley 22.278. Dicha ley estableció un modelo inquisitivo y tutelar. Por ese entonces también coexistía junto con la ley de Patronato de Menores 10.903, hoy ya derogada.
Desde la recuperación de la democracia, se han presentado más de noventa proyectos de ley ante el Congreso de la Nación, siendo sólo uno de ellos, en el año 2009, llevado al Senado obteniendo media sanción, que luego fracasara en la Cámara de Diputados.
Actualmente está en plena discusión mediática la baja de edad de inimputabilidad, que forma parte de uno de los puntos medulares de la reforma al Régimen. Desde el gobierno nacional se confirmó que el proyecto que se analiza a continuación será tratado en sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación el presente año.
Adecuar la normativa vigente a parámetros internacionales respecto la materia
Considerando que la Convención de los Derechos del Niño (CDN) fue acogida por la legislación interna teniendo jerarquía internacional en virtud del inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional recién diez años luego de la promulgación de la ley 22.278 era más que evidente que nuestro ordenamiento estaba en una enorme deuda en cuanto a la recepción de la normativa internacional respecto a niños, niñas y adolescencia. No solo es una obviedad lo dicho sino que jurisprudencialmente la CSJN, en el caso “César Alberto Mendoza y otros vs. Argentina” de fecha 14 de mayo de 2013, se ha expedido respecto a la deuda acerca de que el Estado Argentino debía ajustar su marco legal a los estándares internacionales respecto a la materia. Por otra parte, en la Observación General N°10 del año 2007, emitida por el Comité de los Derechos del Niño, se alienta a los Estados parte a elaborar y aplicar una política general de justicia de menores a fin de prevenir y luchar contra la delincuencia juvenil. Dicho documento establece como principales objetivos:
“- Alentar a los Estados Partes a elaborar y aplicar una política general de justicia de menores a fin prevenir y luchar contra la delincuencia juvenil sobre la base de la Convención y de conformidad con ella, y recabar a este respecto el asesoramiento y apoyo del Grupo interinstitucional de coordinación sobre la justicia de menores, que está integrado por representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones CRC/C/GC/10 página 4 Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y organizaciones no gubernamentales (ONG), y fue establecido por el Consejo Económico y Social en su resolución 1997/30;
- Ofrecer a los Estados Partes orientación y recomendaciones con respecto al contenido de esa política general de justicia de menores, prestando especial atención a la prevención de la delincuencia juvenil, la adopción de otras medidas que permitan afrontar la delincuencia juvenil sin recurrir a procedimientos judiciales, e interpretar y aplicar todas las demás disposiciones contenidas en los artículos 37 y 40 de la Convención;
- Promover la integración en una política nacional y amplia de justicia de menores de otras normas internacionales, en particular las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores ("Reglas de Beijing"), las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad ("Reglas de La Habana") y las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil ("Directrices de Riad").”[i]
Por supuesto que la CDN no es la única fuente normativa internacional a incorporar en el presente anteproyecto analizado, como bien señala la Observación general arriba citada. Se pueden destacar también las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de los Menores, conocidas como Reglas de Beijing aprobadas en el año 1985, las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los Menores Privados de Libertad, las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, conocidas como Directrices de Riad, las Reglas básicas de Acceso a la Justicia de las Personas Vulnerables (Reglas de Brasilia), así como también las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no privativas de la Libertad, conocidas como Reglas de Tokio; las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas y las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En estrecha relación con el punto anterior, la CDN junto con la ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, sancionada en el año 2005, da lugar al pasaje de un sistema donde se concibe al “menor como objeto de tutela” vinculado directamente con la Ley de Patronato de Menores, hoy ya derogada a un sistema denominado de “protección integral”, donde el NNA es considerado como sujeto de derechos y no meramente un objeto de tutela.
Es importante incluir en este apartado la mención que emana de la propia ley sobre la definición del Interés Superior del Niño. En su artículo 7 lo denomina “Interés superior del adolescente”.
También encontramos disposiciones en mención al derecho del NNA a ser escuchado en todo momento del proceso.
Artículo 30: “…En todos los casos se deberá oír y tener en cuenta la opinión del adolescente.”
Este quizás sea el punto más controvertido del proyecto de modificación de ley. Varios organismos se han mostrado en contra de tal medida como por ejemplo UNICEF, quien observa la innecesaridad de la baja de edad de inimputabilidad para la realización de la reforma legislativa del Régimen Penal Juvenil, interpretando dicha acción como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva que atenta contra el principio de No Regresividad y el de Progresividad.[1] Dichos principios significan que, en materia de derechos humanos, los mismos son dinámicos y crecientes, y de manera alguna puede regresarse a un estadio anterior que disminuya los derechos de los sujetos, a la vez que la progresividad indica la expansión continua en aras de protección de las personas.
Los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos no establecen edad alguna pero si establecen ciertas directrices, ya por ejemplo con la consideración de una edad tope por la que se entiende se deja de ser considerado niño o niña. Así lo resuelve la CDN en su artículo 1:
A su vez en la regla 4 de las Reglas de Beijing se recomienda que el comienzo de la edad mínima no debe fijarse a una edad demasiado temprana, habida cuenta de las circunstancias que acompañan la madurez emocional, mental e intelectual de los niños.
El proyecto en cuestión entonces establece la denominada Edad Mínima de Responsabilidad Penal ( EMRP) en 15 años de edad, dejando en claro que por debajo de esa edad no hay excepciones de punibilidad. Se establece un doble sistema; por un lado los jóvenes de entre 15 y 16 años responderán penalmente únicamente por los delitos más graves previstos en el ordenamiento jurídico y los jóvenes entre 16 y 18 años responderán por todos los hechos previstos como delitos en el Código Penal.
“ARTÍCULO 52.- Procedencia de las sanciones privativas de la libertad. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 68 de la presente, las sanciones privativas de la libertad podrán ser dispuestas respecto del adolescente:
a. de QUINCE (15) años que cometiere algún delito reprimido con una pena máxima de QUINCE (15) años de prisión o más en el CÓDIGO PENAL o en las leyes especiales;
b. mayor de DIECISEIS (16) y menor de DIECIOCHO (18) años que cometiere un hecho previsto como delito de acción pública en el CÓDIGO PENAL y las leyes especiales, con una pena máxima de DIEZ (10) años de prisión o más en el CÓDIGO PENAL o en las leyes especiales”
En relación estrecha con el punto anteriormente señalado, existen provincias que han avanzado en cuanto han amoldado la regulación del régimen en consonancia con la normativa internacional antes nombrada. La intención del anteproyecto es que exista entonces una normativa de fondo acorde a los parámetros internacionales y que sea única, respetando principalmente de esa manera el principio de igualdad ante la ley.
ARTÍCULO 95.- Adecuación de regímenes procesales. Las Provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES adecuarán la legislación procesal penal y las normas administrativas aplicables a las personas menores de DIECIOCHO (18) años a los principios, garantías y derechos consagrados en esta Ley. La Justicia Nacional de Menores de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aplicará la Ley N° 2451, que establece el Régimen Procesal Penal Juvenil de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta tanto sean traspasados los delitos a la justicia Penal, Contravencional y de Faltas. Las autoridades competentes de cada jurisdicción dispondrán la conformación o adecuación de tribunales especializados a los fines de la aplicación de la presente ley. La falta de disposiciones procesales nacionales, provinciales o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES no obstará a la vigencia de esta ley. Los Tribunales aplicarán las disposiciones vigentes adecuándolas en cada caso al marco de lo dispuesto en la presente ley.
Generar un abordaje interdisciplinario con una justicia especializada
Se hace especial foco en la organización de una justicia especializada con un enfoque interdisciplinario, a la vez que se establece el criterio de oportunidad y la remisión, que permiten en algunos supuestos prescindir del ejercicio de la acción penal, fundado en las circunstancias del hecho, la reparación del daño y luego de dar voz a la víctima, incorporando al adolescente a programas comunitarios, entendiéndose por tales planes de promoción de los derechos de los adolescentes brindados en forma articulada por organismos gubernamentales descentralizados y organismos sociales.
Ya en el articulado quinto del anteproyecto se plantea un abordaje interdisciplinario entre otras cosas. Podemos mencionar como ejemplo al artículo 61 del presente:
“Equipo interdisciplinario. Las diversas jurisdicciones deberán conformar equipos interdisciplinarios autónomos que auxiliarán a los jueces actuantes en causas en las que estuvieren involucrados adolescentes. Los equipos interdisciplinarios estarán integrados por al menos TRES (3) profesionales de distintas disciplinas, con formación académica en alguna de las siguientes especialidades: pedagogía infantojuvenil, psicología, medicina, trabajo social, sociología, entre otras, y con capacitación en el área de justicia restaurativa. Uno de los integrantes deberá ser trabajador social. El equipo interdisciplinario tendrá a su cargo el diseño de un Plan Individualizado para cada sanción o medida a aplicar al adolescente.”
El artículo 61 por su parte dispone:
“…Los equipos interdisciplinarios estarán integrados por al menos TRES (3) profesionales de distintas disciplinas, con formación académica en alguna de las siguientes especialidades: pedagogía infantojuvenil, psicología, medicina, trabajo social, sociología, entre otras, y con capacitación en el área de justicia restaurativa. Uno de los integrantes deberá ser trabajador social….”
Se establece de esta manera una diferencia importante con el funcionamiento de la ley en vigencia que le otorga una enorme discrecionalidad al juez para someter a proceso a un niño, niña o adolescente. Se habla de “la obligada custodia del menor por parte del juez”. Debe entenderse que dicha doctrina proteccionista ha sido superada por la “Doctrina de la Protección Integral”
Abordar la problemática de los jóvenes desde una justicia restaurativa
El anteproyecto en análisis recepta el contenido de la Declaración Iberoamericana sobre Justicia Juvenil Restaurativa, la cual considera la importancia de dicha clase de justicia como una forma de recomposición de la armonía social vulnerada por el hecho ilícito, mediante la participación del adolescente en conflicto con la ley penal, las víctimas y la comunidad.
Los pilares de la justicia restaurativa residen en pensar a la justicia frente a las necesidades de las víctimas y los autores o responsables del delito, y no el castigo a estos últimos.[2]
A su vez en su artículo número ocho establece que la sustanciación de los procesos penales, así como el control de las medidas y la ejecución de las sanciones, estarán a cargo de órganos con capacitación especializada en el trato con adolescentes y conocimientos de los contenidos de la CDN y la propia ley.
Acorde a este camino de corte restaurativo, el anteproyecto plantea los denominados “Acuerdos restaurativos” lo que significa que en cualquier etapa del proceso con anterioridad al dictado de la sentencia, la víctima, el adolescente imputado, la dependencia estatal o la comunidad afectada, podrán proponer al juez y al fiscal instancias de diálogos grupales con el objeto de solucionar la controversia motivo del delito y lograr un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas. También estableces que el adolescente imputado y la victima podrán celebrar acuerdos conciliatorios en los casos de delitos para los que no fuere procedente la aplicación de una sanción privativa de la libertad.
Se establece en el proyecto el llamado criterio de oportunidad y la remisión, que permiten en algunos supuestos prescindir del ejercicio de la acción penal, fundando en las circunstancias del hecho, la reparación del daño, incorporando al adolescente a programas comunitarios.
Hacer de la privación de la libertad un último recurso
Estipula el anteproyecto como primer respuesta al delito sancionado medidas socioeducativas y disciplinarias, dejando las sanciones privativas de la libertad como ultima ratio del sistema. En esta línea de ideas establece como estándar el carácter excepcional de la prisión preventiva, fijando un plazo máximo de UN (1) año, prorrogable por un plazo idéntico mediante resolución fundada revisable cada TRES (3) meses.
En el artículo 12 ya se establece:
“La privación de la libertad procederá como último recurso, de forma fundada, revisable, y por el plazo más breve posible.”
A su vez el artículo 50 dictamina:
“Plazo máximo. Respecto de los adolescentes alcanzados por la presente ley, queda prohibida la imposición de las sanciones privativas de la libertad de reclusión y de prisión perpetua. El plazo máximo de las sanciones privativas de la libertad respecto de adolescentes de QUINCE (15) años será de QUINCE (15) años.”
En relación a este punto (privación de la libertad), se han tenido en cuenta lo establecido en el artículo 37 de la CDN[3] y lo sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “César Alberto Mendoza y otros vs. Argentina” al regular el carácter excepcional de la sanción privativa de la libertad, considerando en el caso concreto a la responsabilidad internacional del Estado por la imposición de la prisión y reclusión a penas perpetuas a menores de 18 años.
Privación de la libertad en centros especializados
Dentro del capítulo 12 del anteproyecto se establece la normativa respecto a los centros especializados de privación de libertad, donde se pregona el cumplimiento de dichas medidas en centros especializados de gestión pública cerrados o abiertos. Nuevamente se reitera la necesidad de que estos centros estén conformados por personas capacitadas en adolescencia y de ninguna manera por personal de la fuerzas de seguridad. Se establece la necesidad de capacitar constantemente al personal a cargo.
Prohibición de la prisión perpetua
ARTÍCULO 50.- Plazo máximo. Respecto de los adolescentes alcanzados por la presente ley, queda prohibida la imposición de las sanciones privativas de la libertad de reclusión y de prisión perpetua. El plazo máximo de las sanciones privativas de la libertad respecto de adolescentes de QUINCE (15) años será de QUINCE (15) años
Este artículo es de suma importancia ya que elimina cualquier posibilidad de imponer pena de libertad de reclusión y de prisión perpetua. Podemos mencionar un antecedente jurisprudencial de nuestra Corte Suprema de Justicia, el caso “ Maldonado” del año 2005.
Priorizar los vínculos familiares
En la misma línea correspondiente a pasar de un sistema tutelar a un sistema integrado donde se valore al NNA como sujeto de derecho, el juez pierde protagonismo y se revalorizan los lazos vinculares priorizándose así al rol de la familia y la sociedad.
“ARTÍCULO 14.- Fortalecimiento de los vínculos familiares y sociales. Los padres o responsables del adolescente podrán participar en la tramitación del proceso, salvo oposición fundada de éste, la que deberá ser resuelta por el juez del caso. El adolescente tendrá derecho a mantener contacto permanente con sus padres, familiares y demás vínculos afectivos durante el curso del proceso, excepto que le resultare perjudicial o inconveniente a su interés superior”
“ARTÍCULO 30.- Asesoramiento, orientación o supervisión periódica del equipo interdisciplinario. El juez dispondrá que durante un determinado período de tiempo el adolescente conviva con su grupo familiar bajo asesoramiento, orientación o periódica supervisión del equipo interdisciplinario. Si el adolescente careciere de grupo familiar o éste resultare inconveniente y perjudicial para el interés superior del mismo, el juez deberá dar intervención a la autoridad competente en protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de cada jurisdicción, quien dispondrá su permanencia temporal en ámbitos familiares considerados alternativos, de conformidad con los criterios del artículo 41 de la LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES N° 26.061….”
Sin duda alguna es una de las modificaciones, que de ser aprobada, será una de las más trascendentales a nivel nacional. Se trata finalmente de dejar de lado viejas legislaciones adecuándolas a los parámetros internacionales en materia de Derechos Humanos; considerando además a la temática por demás sensible. Se trata nada más y nada menos de la relación entre el Derecho Penal de un Estado aplicado a los Niños, Niñas y Adolescentes.
(*) Abogada egresada de la UNLP. Estudiante de la “Maestría en Comunicación y Criminología Mediática” (Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP). Docente adscripta en Derecho Penal I Cátedra I y colaboradora en prácticas penales (FCJyS, UNLP). Pasante en FOJUDE. Contacto: stefaniaalbanajera@hotmail.com
[1] Observación General N°10, “Los derechos del niño en la justicia de menores”, Naciones Unidas, año 2007. https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/crc.c.gc.10_sp.pdf
[2] “Ideas para contribuir al debate sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil”, UNICEF. https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2019-01/6_Posicionamiento-Justicia-Penal-Juvenil_0.pdf
[3] “Manual sobre programas de justicia restaurativa”, Naciones Unidas, Año 2006. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf
http://palabrasdelderecho.com.ar/articulo.php?id=407

References: resolución 
 artículo 75
 resolución 
 artículo 7

Artículo 30
 artículo 1
 artículo 68

ARTÍCULO 95
 artículo 61
 artículo 61
 resolución 
 artículo 12
 artículo 50
 artículo 37

ARTÍCULO 50
 artículo 41