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Timestamp: 2019-09-15 08:15:03+00:00

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﻿ SENTENCIA 20756 DE MAYO 22 DE 2003
SENTENCIA 20756 DE 22 DE MAYO DE 2003
CONTENIDO:MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA PENAL Y DEBIDO PROCESO. LA MOTIVACIÓN ES APARENTE CUANDO CARECE DE SOPORTE EN LAS PRUEBAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PROCESO PENAL, PRUEBA, HOMICIDIO CULPOSO, MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA, PROCEDIMIENTO PENAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:379 DE JULIO DE 2003, PÁG.1307
Sentencia 20756 de mayo 22 de 2003
MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA PENAL Y DEBIDO PROCESO
LA MOTIVACIÓN ES APARENTE CUANDO CARECE DE SOPORTE EN LAS PRUEBAS
EXTRACTOS: «Decide la Sala de fondo sobre las demandas de casación presentadas por el apoderado de Rosa Delia García reconocida como parte civil y por el defensor de Diomedes Díaz Maestre, contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 20 de agosto de 2002, mediante la cual fue condenado a la pena principal de 37 meses de prisión al encontrarlo responsable en calidad de autor del delito de homicidio culposo del que resultó víctima Doris Adriana Niño García, decisión que modificó el fallo dictado el 26 de enero de 2001 por el Juzgado 46 Penal del Circuito de esta ciudad, que lo había condenado a la pena principal de 12 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio preterintencional.
La Procuradora Primera Delegada para la Casación Penal sugiere a la Corte no casar el fallo impugnado, por la falta de técnica y de razón en la demanda del apoderado de la parte civil, y por no compartir las conclusiones a las que arriba el defensor del procesado en su libelo.
Aproximadamente a las 12 de la noche del 14 de mayo de 1997, Doris Adriana Niño García se trasladó en compañía de Oswaldo Álvarez Rueda por solicitud telefónica de Diomedes Díaz Maestre a un apartamento que este ocupaba en el norte de la ciudad de Bogotá, donde se reunió con él y con Luz Consuelo Martínez, y luego de consumir estupefacientes y mantener relaciones sexuales violentas fue enterada del embarazo de esta última, lo que desencadenó una riña entre las mujeres que fue acallada por Diomedes Díaz ocluyendo la boca y nariz de Doris Adriana, dando lugar a su muerte, asociada a otros factores. Para ocultar el fatal desenlace Oswaldo Álvarez Rueda trasladó el cadáver de la víctima al Alto del Sote ubicado en la vereda de San Onofre del municipio de Combita Boyacá.
Con fundamento en el acta de levantamiento del cadáver de una mujer sin identificar encontrado en la vereda San Onofre del municipio Combita (Boyacá) el 15 de mayo de 2002(sic), el coordinador de la Unidad de Fiscalías de Reacción Inmediata de Tunja dispuso al día siguiente la correspondiente indagación preliminar, y luego de practicadas varias diligencias la Fiscalía Primera Delegada de la Unidad de Delitos contra la Vida, de Bogotá, abrió la instrucción el 3 de octubre de 1997, en cuyo marco vinculó a varias personas, entre ellas a Diomedes Díaz Maestre quien fue escuchado en indagatoria. Al resolverle su situación jurídica la fiscalía lo afectó con medida de aseguramiento de detención preventiva sin derecho a libertad provisional como presunto autor del delito de homicidio agravado.
Rosa Delia García madre de la víctima, presentó a través de apoderado demanda de constitución de parte civil que fue admitida el 2 de diciembre de 1997; el 23 del mismo mes se negó la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento presentada por el defensor de Diomedes Díaz.
Cerrada la investigación, el director nacional de fiscalías asignó el proceso a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal de Bogotá, correspondiéndole al Fiscal 24, quien calificó el mérito del sumario el 27 de marzo de 1998 con resolución de acusación, entre otros, contra Diomedes Díaz Maestre como posible autor del delito de homicidio culposo; providencia que la Unidad de fiscalía delegada ante esta corporación modificó el 9 de junio de 1998, al desatar la impugnación interpuesta por el defensor del procesado, así como por el apoderado de la parte civil, en el sentido de acusar al referido incriminado por el delito de homicidio preterintencional.
La etapa del juicio correspondió adelantarla al Juzgado 46 Penal del Circuito de Bogotá, donde el 2 de marzo de 2000 fue declarada la nulidad de lo actuado desde la calificación de la instrucción, por la existencia de prueba técnica sobreviniente a la acusación que podría variar la calificación jurídica del delito, determinación que fue revocada por el Tribunal Superior de la misma ciudad el 30 de mayo siguiente.
Realizada la audiencia pública se profirió sentencia el 26 de enero de 2001, por cuyo medio se condenó a Diomedes Díaz Maestre, entre otros, a la pena principal de 12 años y 6 meses de prisión y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por 10 años al hallarlo penalmente responsable en condición de autor del delito de homicidio preterintencional. Así mismo se lo condenó al pago de los perjuicios ocasionados y se le negó la condena de ejecución condicional.
El fallo adverso fue impugnado por el defensor y el Tribunal Superior de Bogotá lo modificó el 20 de agosto de 2002, en el sentido de condenar a Diomedes Díaz Maestre a la pena principal de 37 meses de prisión y multa de $10.000 por encontrarlo responsable en calidad de autor del delito de homicidio culposo de Doris Adriana Niño García. Esta sentencia es ahora objeto de impugnación extraordinaria.
Habida cuenta que el artículo 216 de la Ley 600 de 2000 exceptúa el principio de limitación que rige la competencia de la Corte en este trámite extraordinario cuando se trate de “la causal prevista en el numeral tercero del artículo 220”, en cuanto puede proceder a declararla de oficio, al igual que cuando sea ostensible que el fallo “atenta contra las garantías fundamentales”, se impone la necesidad de acudir a tal facultad oficiosa por las siguientes razones:
La motivación de los fallos era un postulado contenido en el artículo 163 de la Constitución de 1886, no obstante, aunque tal norma no fue reproducida en la Constitución de 1991, se ha reconocido que constituye pilar fundamental del derecho a un debido proceso, habida cuenta que comporta una garantía contra la arbitrariedad y el despotismo de los funcionarios, a la vez que se erige en elemento de certeza y seguridad para efecto de ejercitar el derecho de impugnación por parte de cualquiera de los sujetos procesales intervinientes en el trámite judicial.
El deber de motivar no se satisface con la simple y llana expresión de lo decidido por el funcionario judicial, pues menester resulta la indicación clara, expresa e indudable de su argumentación, con soporte en las pruebas y en los preceptos aplicados en cada asunto, pues no de otra manera se garantizan los derechos de los sujetos procesales, a la vez que se hace efectivo el principio de imperio de la ley, esto es, de sometimiento de los jueces al ordenamiento jurídico.
En punto de la garantía de motivación de las decisiones, y con ella del debido proceso, el artículo 170 de la Ley 600 de 2000 señala los requisitos que deben contener los fallos, entre los cuales figura “la valoración jurídica de las pruebas en que ha de fundarse la decisión” y “la calificación jurídica de los hechos”, de donde se desprende que si la sentencia carece de motivación, o esta es incompleta, ambigua, equívoca o soportada en supuestos falsos, no sólo quebranta el derecho de los intervinientes en el proceso a conocer sin ambages el sentido de la decisión, sino que también imposibilita su controversia a través de los medios de impugnación, con lo que, sin duda alguna, se lesiona el derecho al debido proceso, que en virtud de lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 306 del estatuto procesal penal constituye causal de invalidez de la actuación viciada.
Sobre lo expuesto tiene dicho la Sala que:
“... Si la sentencia carece absolutamente de motivación sobre un elemento del delito, la responsabilidad de acusado, o en relación con una específica circunstancia de agravación, o la individualización de la pena, o no empece tener motivación la misma es ambigua o contradictoria o se fundamenta en supuestos fácticos o racionales inexistentes, y en tal medida las consideraciones del juzgador no podrían ser fundamento legal y razonable de la decisión contenida en la parte resolutiva, la nulidad se erige como la única vía plausible de solución” (2) .
(2) Sentencia del 11 de julio de 2002. M.P. Fernando Arboleda Ripoll.
Siendo ello así, el deber de motivar las decisiones, en particular los fallos, corresponde al funcionario que los profiere, pero también compete a las autoridades judiciales que intervengan directamente en el trámite verificar que en efecto la motivación, como condición de legitimidad y validez de las decisiones se encuentre satisfecha pues de lo contrario, han de proceder a imprimir los correctivos pertinentes.
En el caso objeto de estudio advierte la Sala que el ad quem al modificar el fallo de primer grado que condeno al procesado Diomedes Díaz Maestre por el delito de homicidio preterintencional, en el sentido de condenarlo por el de homicidio culposo agravado, faltó al imperativo de motivación de las decisiones, pues si bien presentó una argumentación sobre ello, desconoció ostensiblemente las pruebas que objetivamente conducen a conclusiones diversas, con lo que dejó su fundamentación ayuna de soporte fáctico en la actuación, habida cuenta que el funcionario judicial debe valorar las pruebas pero no puede crearlas y tanto menos trasmutar su sentido o lo que ellas informan, pues de ser así incurre en una motivación aparente y sofística que socava la estructura fáctica y jurídica del fallo.
Así pues, en punto de la prueba técnica sobre las causas de la muerte de Doris Adriana Niño, el Tribunal comienza por señalar que “sólo el juzgador es quien en posesión de todas los datos de la instrucción, médicos y no médicos, establece la calificación legal de la misma”, y entonces procede a analizar los diversos experticios y conceptos médicos arrimados a la actuación así:
1. La necropsia en la cual se indica que la “causa, manera y mecanismo de muerte, queda en estudio”, de donde concluye que “no existen hallazgos específicos en la muerte por asfixia (entendida en el sentido de hipoxia), que por sí solos den cuenta que la muerte sea el resultado de una asfixia mecánica”.
2. El dictamen 5332 de 1997 rendido por el patólogo Nelson Téllez Rodríguez, según el cual “es posible concluir, que la causa de la muerte de esta persona fue isquemia miocárdica y edema pulmonar ambos inducidos por sobredosis de cocaína. Aquí se descarta la muerte natural y se dice que pudo presentarse “un accidente, un suicidio o un homicidio” dejando la tipificación a discreción de la autoridad competente “de acuerdo con los restantes elementos de juicio que obren en el proceso...”.
3. Ampliación del dictamen anterior en el que se expresa “joven que muere por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a eventos fisiopatológicos desencadenados por una sobredosis de cocaína”.
4. Concepto del doctor Eduardo Valdés, oficio 4356 de septiembre 2 de 1997, donde se establece como causa de la muerte “paro respiratorio secundario a intoxicación por cocaína, que origina un cuadro clínico complejo donde se destacan síntomas síquicos, neurológicos circulatorios y respiratorios que correlaciona con los hallazgos encontrados”.
En cuanto a la manera en que se produjo la muerte indica que es de tipo violenta y que los hallazgos, “algunos de ellos, corresponden a lesiones ocasionadas por elementos contundentes, que demuestran la ocurrencia de violencia física que, además, podría estar o no correlacionada con el estado de excitación psíquica por intoxicación cocaínica. Hay hallazgos que se correlacionan con lo que frecuentemente se observa en prácticas sexuales violentas”.
Sobre los anteriores conceptos el ad quem señala que
“...son incompletos y deficientes en los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, ya que los médicos legistas se abstuvieron de analizar la cadena de custodia, la calidad de los fundamentos técnicos y científicos de las conclusiones, el aseguramiento de calidad aplicado de la prueba toxicológica que daba cuenta de concentraciones en sangre extremadamente elevadas de cocaína y benzoilecgonina y se estuvieron sólo a sus resultados en los que cimentaron sus conclusiones...”.
Concepto técnico rendido por los doctores Arturo González Bazurto, Humberto Torres y Gerardo Prada Chona en el cual concluyen que Doris Adriana no murió por sobredosis de cocaína en cuanto no convulsionó. Respecto de este concepto el tribunal expone que
“...no es de recibo para la Sala en cuanto que, es rendido en gran parte sobre fotografías, llegando a conclusiones que son desvirtuadas por Instituto de Medicina Legal y posteriormente aceptadas en el curso de la diligencia pública por los mismos peritos como son los hallazgos que pudieran llevar a concluir la existencia de un trauma craneoencefálico.
6. Acerca del concepto de la junta de peritos conformada para absolver los interrogantes planteados por el fiscal delegado ante la Corte, el tribunal expresa que le ofrece “serios motivos de credibilidad y es al que debe estarse teniendo en cuenta” la idoneidad de los peritos, el método utilizado, la fundamentación técnico científica y la inmediación.
Resalta entonces las siguientes conclusiones:
1. Doris Adriana Niño presentaba “signos de hipoxia y traumas contundentes en diferentes partes del cuerpo que no se pueden atribuir exclusivamente al consumo de cocaína. Esto es, que el mecanismo fisiopatológico de la muerte de Doris Adriana Niño García fue la hipoxia”.
2. “La presencia de semen en el cuerpo, hallazgo que en conjunto con las escoriaciones en cara externa de labio menor derecho y hacia la base del labio mayor izquierdo y de múltiples equimosis pequeñas en cara anterior de ambos muslos, sugieren en el ámbito forense actividad sexual violenta”.
3. “La presencia de escoriaciones pequeñas y múltiples en hemiabdomen superior izquierdo y flanco derecho las esxoriaciones lineales múltiples en región lumbar derecha en tubérculo tibial izquierdo, las equimosis en maléelos (sic) externo y dorso de pie derecho y base dorsal del quinto dedo y hematoma subgaleal de 3 cms. pueden haberse producido durante la actividad sexual violenta accidentalmente o inflingidas por agresión de terceros. En ningún caso son autoinflingidas”.
4. “La hipoxia puede ser explicada de dos maneras:
a) “La sofocación, asociada a actividad sexual violenta y consumo de cocaína”.
b) “La intoxicación cocaínica, asociada igualmente a actividad sexual violenta y a traumas leves a moderados, que se explicarían en el evento que la víctima hubiese desarrollado un delirio cocaínico o convulsiones”.
Estima la Sala que sin razón alguna, el ad quem marginó en la apreciación de los medios técnicos de prueba apartes de singular trascendencia, motivo por el cual, se repite, la motivación del fallo es apenas aparente y carece de soporte en el acervo probatorio, como a continuación puede observarse.
En efecto, en el concepto de los doctores Arturo González Bazurto, Humberto Torres y Gerardo Prada Chona se indica que si bien las lesiones que figuran en el protocolo de necropsia, así como en las fotos tomadas al cadáver de la víctima permiten concluir que “no son capaces de producir la muerte” sí son aptas para revelar.
“un episodio de violencia física dentro del cual si se involucran las de cara, las cuales denotan la fuerza ejercida por una mano que oprime la boca y nariz fuertemente, con posible factura de los huesos propios de la nariz, la marcada movilidad de la cabeza con respecto al cuello y ruptura de ligamentos, como consecuencia directa de una hiperextensión del mismo con rotación violenta y sumultánea de la cabeza y la presencia de vestigios de hematoma o hemorragia en la fosa posterior y base del cráneo que se observa en la fotografía sin número de la segunda exhumación, nos revela que la verdadera causa de muerte nunca pudo ser inducida por una sobredosis de cocaína, sino que, su causa fue necesariamente violenta, toda vez que los hallazgos anteriores se postulan como la causa de muerte más posible... la isquemia miocárdica edema pulmonar y la hipoxia tienen múltiples causas. Del conjunto de lesiones, por su número, magnitud y severidad que presentaba el cadáver y las inconsistencias en los análisis toxicológicos puede afirmarse categóricamente que Doris Adriana Niño García no murió por sobredosis de cocaína y en consecuencia nunca convulsionó ... las lesiones producidas en vida en la humanidad de la hoy occisa le fueron ocasionadas en un episodio de acceso carnal violento, en el que dejaron a la víctima muerta, semidesnuda, descalza, lesionada y sus ropas rasadas ... no murió por sobredosis de cocaína y en consecuencia nunca convulsionó ...” (resaltado fuera de texto).
Es necesario resaltar, que este concepto no concluye únicamente que la víctima no convulsionó, sino que, lo más importante, pone de presente una circunstancia de violencia especialmente en la nariz de aquella, tópico que el ad quem no tuvo en cuenta.
Así mismo, en la audiencia pública el patólogo Enrique Prada Chona dijo que teniendo en cuenta el acta de levantamiento del cadáver, el patrón de las lesiones y los hallazgos internos del cadáver la mujer falleció “por hipoxia, es decir, hipoxia me refiero a disminución de oxígeno, secundaria o causada por una asfixia mecánica por sofocación”. Concepto que también desecho el tribunal en atención al procedimiento utilizado, pero sin pronunciarse en punto de su aporte que resultaba consonante con las demás pruebas obrantes en la actuación. (resaltado fuera de texto).
También el doctor Humberto Torres Llenera (químico), en la misma diligencia señala:
“...uniendo esta parte toxicológica con la parte médica forense está descrito de acuerdo a las definiciones, de acuerdo a los conceptos de medicina legal, nosotros como equipo, llegamos a la conclusión de que Doris Adriana Niño no murió por sobredosis de cocaína y que la muerte se produjo por asfixia mecánica por sofocación... por otra parte teniendo en cuenta los resultados del laboratorio de toxicología, es evidente que la hoy occisa consumió cocaína, razón por la cual se debe señalar en este caso como causa asociada o coadyuvante de la muerte...” (resaltado fuera de texto)
No obstante, como puede observarse en el fallo, el tribunal no asume el aporte objetivo de la prueba, y por el contrario, dirige su esfuerzo a especular en punto de las causas de la muerte de la víctima para concluir equivocadamente que se trató de un homicidio culposo.
También advierte la Sala que el Instituto de Medicina Legal, en oficio 625 A 99 BATRB del 29 de abril de 1997, señala:
“...el cuerpo de la occisa presentaba un patrón de lesiones traumáticas que corresponden a las descritas por asfixia mecánica por sofocación evento que consideramos como causa de la muerte (...) las lesiones traumáticas observadas en el cuerpo no se pueden atribuir a convulsiones sino que corresponden a signos de asfixia mecánica por sofocación y a relaciones sexuales con actividades violentas....”. (resaltado fuera de texto)
Este concepto nuevamente es desatendido por el ad quem, sin percatarse que brinda elementos consistentes con los hechos demostrados, y explica la causa de la muerte de la víctima en el ámbito de un comportamiento voluntario de oclusión, de su boca y nariz.
En punto del concepto técnico de la junta de peritos del Instituto de Medicina Legal, respecto del cual el tribunal señaló que le ofrecía “serios motivos de credibilidad” ninguna valoración hace respecto de las observaciones que se plasmaron sobre las causas de la hipoxia, pues efectivamente allí se dijo que referidas a que “un elemento a favor” de que la hipoxia se produjo por asfixia por sofocación, asociada a actividad sexual violenta y consumo de cocaína
“es la lesión en la mucosa del labio inferior la cual está descrita en la literatura forense como el resultado de la compresión con fines de oclusión de la nariz y boca ejerciendo presión externa en estas áreas”. (resaltado fuera de texto).
Y además se apreció en el concepto que “la hipoxia secundaria a intoxicación cocaínica asociada a actividad sexual violenta y a traumas leves moderados” se “explicaría en el evento que la víctima hubiese desarrollado un delirio cocaínico o convulsiones”, pero que sin embargo “esta interpretación no explica satisfactoriamente la presencia de la laceración y hematoma observada en la mucosa del labio inferior lesión no usual en episodios convulsivos” que “pudo ser el resultado del intento de controlar a la persona pues se asocia a intervención de terceros”.
Como fácil puede advertirse, el tribunal abandonó sin explicación alguna la información del concepto técnico que le ofrecía credibilidad, pues únicamente se limitó a construir su propia percepción de los sucesos de espaldas a la realidad procesal, en especial pasando por alto la prueba científica que revelaba sin duda alguna que la hipoxia, como una de las causas desencadenantes de la muerte de Doris Adriana, estuvo determinada por la oclusión voluntaria de su boca y nariz, y no por el consumo de cocaína, como se dijo en el fallo impugnado.
Pertinente resulta destacar, que pese a reconocer la lesión en el labio inferior de la víctima, ningún pronunciamiento hace respecto de su explicación científica en punto de la hipoxia por sofocación derivada de asfixia mecánica, como cuando señala que “fue Diomedes Díaz quien tras sostener el encuentro sexual en forma directa le da la no agradable noticia para la occisa del embarazo de Luz Consuelo Martínez, igualmente el hematoma en el labio da cuenta de la presión ejercida sobre esta parte del cuerpo, que dada la intensidad de la misma solo es dable predicarla de Diomedes Díaz, pero como ya se advirtió, ninguna valoración hace de tal verificación.
Simplemente, el tribunal expresó, sin más, que “como se señalará para la Sala la prueba legal y oportunamente allegada al investigativo, analizada en conjunto (la lesión en la mucosa del labio inferior es hallazgo inespecífico, no existen hallazgos específicos) impide afirmar que es la asfixia por sofocación la causa eficaz y eficiente del fallecimiento de la hoy occisa”, sin que procediera acto seguido a dar alcance a su decisión de descartar la hipoxia por asfixia, que como se vio, es la que objetivamente informa la prueba científica.
Curiosamente, el ad quem señala como causas de la muerte de la víctima el consumo de cocaína, la actividad sexual violenta, “la presencia de lesiones vitales entre las que se cuenta la laceración y hematoma en el labio inferior y el hematoma subgaleal en frontal izquierdo” y la noticia del embarazo de Luz Consuelo Martínez, donde pronto se evidencia que el elemento objetivo de mayor trascendencia para acreditar la asfixia mecánica pasa a conformar una concausa de menor importancia a la que sin fundamento alguno le es negado su verdadero alcance material de conformidad con la prueba técnica.
Por tanto, no hay duda que como consecuencia de la falta de soporte probatorio para fundamentar la adecuación típica del comportamiento investigado al delito de homicidio culposo, el tribunal se apartó del recaudo probatorio, pues desconociendo la asfixia mecánica como causa eficiente de la muerte unida a otros factores, acudió a construir hipótesis que no se compadecen con la información del proceso. Además, si bien anunció que valoraría los dictámenes de conformidad con las reglas de la sana crítica, la postre no atendió ninguna de ellas en punto de la apreciación de las causas de la muerte, como para descartar la hipoxia consecuencial a asfixia mecánica, de forma que con la marginación de la lesión en el labio inferior de la víctima, construyó una realidad diversa al factum y arribó a conclusiones manifiestamente equívocas.
En síntesis, el tribunal presentó respecto de los sustentos probatorios de su fallo una motivación aparente, pues desconoció que la prueba científica valorada en conjunto con otros medios probatorios permite concluir que la muerte de Doris Adriana Niño fue consecuencia de hipoxia por sofocación propia de asfixia causada por medios mecánicos, esto es, por la oclusión de su boca y nariz circunstancia que imposibilita adecuar tal comportamiento a una violación del deber objetivo de cuidado del procesado Diomedes Díaz y por el contrario, permite concluir que existió un primer acto de carácter intencional (doloso), lesivo de la integridad física de Doris Adriana, que a la postre, sin pretender directamente la muerte de la víctima, excedió lo querido y finalmente produjo el resultado que motivó este proceso, circunstancia objetiva que se adecua a las previsiones señaladas por el legislador para la conducta preterintencional.
Tal motivación aparente o sofística constituye una irregularidad sustancial y trascendente que conculca los pilares fundamentales del debido proceso, y que impone, como inicialmente se advirtió, sanear la actuación declarando la nulidad del fallo impugnado, de conformidad con los postulados de la causal tercera de casación.
Fallo de sustitución
Al concluir que en este caso ha concurrido la causal tercera de casación, la decisión que oficiosamente adopta la Sala debe consultar los parámetros del artículo 217 de la Ley 600 de 2000 que dispone:
“Si la causal aceptada fuere la primera, la segunda o la de nulidad cuando esta afecte exclusivamente la sentencia demandada, casará el fallo y dictará el que deba reemplazarlo”.
2. Si la causal aceptada fuere la tercera, salvo la situación a que se refiere el numeral anterior, declarará en qué estado quede el proceso y dispondrá que se envíe al funcionario competente para que proceda de acuerdo con lo resuelto por la Corte”.
La aplicación de este precepto entendido en su sentido literal parece no ofrecer dificultad alguna; no obstante, conviene recordar que en ocasiones la Sala a pasar de casar un fallo por vicios que lo afectan exclusivamente a él ha decidido anularlo pero no dictar el sustitutivo, reenviando el proceso al respectivo tribunal para que nuevamente lo profiera.
Una reconsideración del tema conduce a precisar que una determinación tal puede tener justificación bajo circunstancias excepcionales. Ello por cuanto, el concepto que se extrae de la interpretación de los dos numerales del precepto que se comenta, es que si el vicio que produce la nulidad está circunscrito al propio pronunciamiento de segunda instancia, no hay procedimiento alguno que se deba restaurar.
No puede dejarse de lado que el instituto de la casación es la última vía de impugnación consagrada en la ley como culminación de un trámite de dos instancias, cuya decisión fue radicada por la Carta Política (arts. 234 y 235) en la Corte Suprema de Justicia como autoridad de máxima jerarquía de la justicia ordinaria y tribunal de casación, al cual tienen acceso los sujetos procesales bajo las condiciones de legitimidad previstas en la ley; por tanto, el fallo de casación, cualquiera que sea su sentido, no sorprende a nadie, es el resultado propio y esperado de la vía impugnaticia incoada.
Por lo demás, la preceptiva del numeral 1º consulta el principio de economía procesal, porque después de casado el fallo por concurrir una causal de nulidad, lo único que queda pendiente es dictar nuevamente la sentencia de segundo grado, cuyos parámetros deben ser aquellos trazados por la Corte en la sentencia de casación.
Ello significa que la sentencia que se dicta para sustituir la quebrada por concurrir en ella la causal tercera de casación, no puede ser proferida libremente por el respectivo tribunal superior, pues la ley ordena que se dicte “de acuerdo con lo resuelto por la Corte”, y en esas condiciones, los sujetos procesales ya no cuentan con la posibilidad de obtener el reconocimiento de pretensiones de ninguna índole, pues las alegadas ya habrían sido consideradas por el tribunal de casación, bien al momento de ejercer el control sobre la demanda en punto de los requisitos formales, ora al adoptar decisión de mérito, y las que no, no pueden ser objeto de pronunciamiento por el ad quem, porque en esa ocasión su facultad de fallar se encuentra delimitada por la decisión casacional.
Es de entender que esas son las razones por las cuales el legislador decidió que en la situación descrita en el numeral 1º del precepto citado, el fallo de sustitución lo debe dictar la Corte, por ser la máxima autoridad en la rama penal y las decisiones que emite como juez de casación carecen de más recursos.
Lo contrario sería admitir que la decisión de la Sala de Casación Penal, dictada por el Tribunal Superior, está sujeta a un segundo recurso de casación; y si eventualmente surgiera otra circunstancia susceptible de estructurar otra nulidad, como puede ocurrir por no cumplirse lo dispuesto en la sentencia de casación, se iniciaría una cadena interminable de recursos extraordinarios lo que desborda la estructura del proceso penal, tal como está concebido nuestro sistema procedimental.
En esas condiciones, la Sala casará oficiosamente el fallo impugnado y dictará el sustitutivo.
Realizadas las anteriores observaciones se tiene, como con suficiencia se abordó en precedencia, que la prueba obrante en la actuación es incuestionable al señalar la hipoxia como una de las causas de la muerte de Doris Adriana Niño. La divergencia en los criterios surge en punto de la causa de esa falta de oxígeno, como consecuencia de una sobredosis de cocaína, o bien, como resultado de la sofocación derivada de asfixia mecánica.
Sobre ello, en el acta de la junta de peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal del 2 de agosto de 1997, se concluyó acerca de la muerte de Doris Adriana:
“a) Hipoxia producida por asfixia por sofocación asociada a actividad sexual violenta y consumo de cocaína; un elemento a favor de esta opinión, es la lesión en la mucosa del labio inferior la cual está descrita en la literatura forense como el resultado de la compresión con fines de oclusión de la nariz y boca ejerciendo presión externa en estas áreas.
b) Hipoxía secundaria a intoxicación cocaínica asociada a actividad sexual violenta y a traumas leves a moderados, que se explicarían en el evento que la víctima hubiese desarrollado un delirio cocaínico o convulsiones. Sin embargo, esta interpretación no explica la presencia de la laceración y hematoma observada en la mucosa del labio inferior lesión, no usual en episodios convulsivos”,
Por tanto, es la misma prueba científica la que permite objetivamente eliminar la discrepancia anunciada, pues al cotejarla con las huellas exteriores anotadas en el protocolo de necropsia, que al examinar el cadáver de la víctima encontró “lasceración (sic) y hematoma que comprende la mucosa del labio interior”, que se relacionan como “hallazgos importantes”, permite concluir que la falta de oxígeno no fue solo el producto del consumo de cocaína, sino particular y primordialmente resultado de la asfixia causada por medios mecánicos mediante la oclusión de boca y nariz de la víctima, como en efecto lo planteó el a quo.
Resulta palmario, que si la hipoxia fue consecuencia de la obstrucción en boca y nariz de Doris Adriana, unida al consumo del alcaloide, tal comportamiento supone una lesión imputable a título de dolo, como que fue querida por quien la realizó, que no fue otro que Diomedes Díaz para intentar controlar la evidente contienda que se presentó entre Luz Consuelo Martínez y la víctima, con ocasión de comunicarle a esta el embarazo de la primera. Hecho que se encuentra acreditado con las múltiples escoriaciones encontradas en el cuerpo de Doris Adriana, así como con el análisis científico de los restos de piel que se hallaron en sus uñas, que según se dictaminó corresponden a Consuelo Martínez.
Lo anterior cobra especial trascendencia si se tiene en cuenta, que tal como lo advirtiera el funcionario de primer grado, Diomedes Díaz era la única persona que podía superar por su contextura a las contendientes, y con ocasión de ello intentó acallar a Doris Adriana causándole la muerte no querida, pero sí consecuencial a la lesión en su integridad física.
Establecida la causa de la muerte de Doris Adriana, ello tiene incidencia en la tipicidad del comportamiento, pues como ya se dijo, se estableció que el deceso no fue producto de la violación del deber objetivo de cuidado de Diomedes Díaz, sino de una acción lesiva de la integridad física de la víctima, concretada en oclusión de nariz y boca, que le ocasionó las lesiones de que da cuenta la prueba pericial, por razón de las cuales se produjo un resultado más grave, esto es, su muerte que era fácilmente previsible.
Lo expuesto impone confirmar íntegramente el fallo de primera instancia por cuyo medio se condenó, entre otros, a Diomedes Díaz Maestre a la pena principal de 12 años y 6 meses de prisión y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un lapso de 10 años, como autor penalmente responsable del delito de homicidio preterintencional del que resultó víctima Doris Adriana Niño García.
La presente providencia no admite recurso alguno, no siendo reformable ni revocable una sentencia por el mismo juez o Sala que la haya proferido (L. 600/2000, art. 412) y haber sido dictada esta por el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, para resolver la impugnación extraordinaria de casación.
1. Denegar las pretensiones de las demandas.
3. Confirmar, en consecuencia, el fallo de primera instancia.
(Sentencia de casación, 22 de mayo de 2003. Radicación 20.756. Magistrada Ponente: Dra. Marina Pulido de Barón).

References: resolución 
 artículo 216
 artículo 220
 artículo 163
 artículo 170
 artículo 306
 artículo 217