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Timestamp: 2018-08-15 17:00:00+00:00

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﻿ SENTENCIA T-841 DE OCTUBRE 12 DE 2006
SENTENCIA T-841 DE 12 DE OCTUBRE DE 2006
CONTENIDO:EL DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA RETIRADOS DEL SERVICIO. PROTECCIÓN PARA QUIENES RESULTAN DISCAPACITADOS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVICIO MILITAR, SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, BENEFICIARIO DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA
REVISTA TUTELA N°:85 DE ENERO DE 2007, PG.92
Sentencia T-841 de octubre 12 de 2006
Sentencia T-841 de 2006
Ref.: Expediente T-1372269
Acción de tutela interpuesta por José Daniel Sánchez Padilla contra la Armada Nacional.
Señala que, se llevó a cabo la junta médica laboral el 13 de octubre de 2000. En dicha oportunidad se concluyó una disminución de la capacidad laboral del 52%, y se clasificaron dos lesiones a saber, síndrome poscontusional y transtorno de estrés postraumático.
Expone, que ante esta decisión la madre del señor Sánchez Padilla, solicitó al tribunal médico laboral para que revisara lo decidido por la junta, decisión que fue ratificada por el tribunal.
Aduce, que a partir del 31 de julio de 2003 fue desvinculado de las fuerzas armadas. Indica entonces, que a pesar de la grave lesión que padece le fueron retirados los servicios médicos que venía recibiendo de la Armada Nacional.
Indica, que mediante la Ley 923 de 2004 se estableció la posibilidad de conceder pensión de invalidez a miembros de la fuerza pública con puntaje inferior al 75% de disminución de la capacidad laboral. Igualmente, que en desarrollo de esta ley el gobierno nacional mediante el Decreto 4433 de 2004, estableció en su artículo 32 el reconocimiento y liquidación de la incapacidad permanente parcial en combate a actos meritorios del servicio, que según su texto dispone que “El personal de oficiales, suboficiales y soldados de las Fuerzas Militares, y de oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Policía Nacional, que adquieran una incapacidad permanente parcial igual o superior al 50% e inferior al 75% ocurrida en el combate, o actos meritorios del servicio, o por acción directa del enemigo, o en tareas de mantenimiento, o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional, o en accidente ocurrido durante la ejecución de un acto propio del servicio, tendrá derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio y mientras subsista la incapacidad, a que el tesoro público les pague una pensión mensual, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional, por la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, equivalente al 50% de las partidas dispuestas en el presente decreto, siempre y cuando exista declaración médica de no aptitud para el servicio y no tenga derecho a la asignación de retro (sic)”.
El director de sanidad de la Armada Nacional se opuso a las pretensiones de la tutela. Indica que los organismos y autoridades médico laborales en el sistema de salud de las Fuerzas Militares son la junta médica laboral y el tribunal médico laboral, quienes se encargan de valorar las secuelas de las lesiones, clasificar el tipo de incapacidad psicofísica, determinar la disminución de la capacidad laboral y psicofísica, registrar la imputabilidad al servicio y fijar los correspondientes índices de lesión.
Sostiene, que una vez emitidas las decisiones de dichos organismos y notificadas estas, se procedió a dictar la Resolución 795 del 31 de julio de 2003, que reconoció la indemnización al actor por una suma equivalente a $ 8.796.773. Esta resolución, asegura, crea una situación jurídica individual y concreta, pues encierra una decisión final de la administración sobre la actuación administrativa adelantada y pone término a esta.
Manifiesta entonces, que de acuerdo con el artículo 22 del Decreto 1796 de 2000, las decisiones del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía son irrevocables y obligatorias, y contra ellas solo proceden las decisiones jurisdiccionales pertinentes. De modo que, indica, si lo que el accionante pretende es la revocatoria de las decisiones de la junta y del tribunal médico laboral, lo procedente es acudir a las acciones contencioso administrativas.
En relación con la pensión de invalidez, asegura que los organismos médicos laborales en virtud de la facultad que asigna el numeral 4º del artículo 15 del Decreto 1796 de 2000, procedieron a calificar la patología de trastorno de estrés postraumático como entidad presentada en el servicio pero no por causa y razón del mismo, sin que el porcentaje de disminución de la capacidad laboral conforme a la calificación que regula el Decreto 94 de 1989, alcanzara el 75% como para otorgarle el derecho a pensión.
Afirma, que no obró el informe administrativo por lesiones para el dictamen de la junta médica laboral, el cual es una declaración unilateral emanada del comandante o jefe respectivo sobre el conocimiento de unos hechos en los que resultan lesionadas una o varias personas bajo su mando. Dicho informe, contiene un juicio sobre esos hechos, ya que implica calificarlos en una de las modalidades establecidas en el Decreto 1796 de 2000. Expone, que es un acto administrativo preparatorio por cuanto se dicta para hacer viable la expedición del acto siguiente, el dictamen de la junta médica laboral.
Aduce entonces, que de haberse configurado una omisión en la elaboración del informe administrativo por lesiones por parte del comandante de la unidad en la que el accionante se encontraba prestando el servicio militar obligatorio, el artículo 24 del Decreto 1796 de 2000 lo facultaba para que informara dentro de los dos meses siguientes a la ocurrencia de la novedad, con la finalidad que comandante rindiera el respectivo informe a la dirección de sanidad, circunstancia que no aconteció.
• Copia de la historia clínica (fls. 8 al 34).
• Copia del acta de la junta médica laboral (fls. 35 al 38).
• Copia de respuesta a solicitud del accionante en donde se niega la petición de pensión de invalidez (fl. 39).
El Tribunal Superior de Cartagena, Sala Laboral, mediante sentencia del 5 de diciembre de 2005, decidió amparar el derecho a la salud del accionante luego de considerar que por la sola circunstancia de haber sido retirado del servicio no puede ser abandonado a su propia suerte, teniendo en cuenta que tuvo una pérdida significativa de la capacidad laboral de carácter permanente. En razón de lo anterior, ordenó a la entidad accionada continuar prestando la asistencia médica especializada, hospitalaria, terapéutica y farmacológica requerida por el accionante para su recuperación.
El accionante, quien era infante de marina, sostiene que fue retirado de la Armada Nacional por presentar una disminución de la capacidad laboral del 52% como consecuencia de un accidente sufrido durante un enfrentamiento con tropas enemigas. Aduce que no le fue concedida la pensión de invalidez y que con el retiro le fueron suspendidos los tratamientos médicos que venía recibiendo en el Hospital Naval para la recuperación de su salud. Considera vulnerados sus derechos a la salud, la seguridad social y el mínimo vital por cuanto no puede desempeñar ninguna labor que le genere ingresos económicos, y se encuentra sin tratamiento médico para su enfermedad. Asegura que le es aplicable la Ley 923 de 2004, la cual permite conceder la pensión de invalidez para miembros de la fuerza pública con puntaje inferior al 75% de pérdida de la capacidad laboral. Como consecuencia de lo anterior solicita que se ordene a la Armada Nacional reconocer la pensión de invalidez y continuar con la prestación del servicio de salud. Por su parte el ente accionado asevera que el actor no tiene derecho a la pensión de invalidez por cuanto los normas vigentes para el momento en que sucedió el hecho que generó su invalidez, establecían para su concesión la pérdida de capacidad laboral en un índice igual o superior al 75%. Así mismo, que la Armada Nacional no está en la obligación de prestar servicios médicos a personal que no es afiliado al sistema de salud de las Fuerzas Militares, dado que el actor ya no detenta la calidad de miembro de las mismas.
2.1. Las personas discapacitadas tienen una protección constitucional especial.
El mandato constitucional contenido en el artículo 13 en sus incisos 2º y 3º dispone que:
De igual forma el artículo 47 de la Constitución contempla que: “el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”. A su turno, el artículo 54 consagra expresamente el deber del Estado de “... garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”, y el artículo 68, precisa en su último inciso que “la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado”.
Al respecto, la Corte en Sentencia T-378 de 1997, magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, señaló:
Así mismo, esta corporación en Sentencia T-307 de 1993 (1) , estimó que las normas legales deben ser interpretadas de manera tal que favorezcan, dentro de los límites de lo razonable, a las personas minusválidas. A este respecto, la Corte indicó:
“La interpretación de la ley, a partir de los presupuestos de la normalidad, en consecuencia, no es apropiada cuando se propone aplicarla a los disminuidos psíquicos, pues, en su caso se torna imperativo con miras a su integración social extraer los elementos de la misma que tiendan a su mayor beneficio y excluir los que a la luz de su particular situación puedan resultar irrazonables”.
En Sentencia T-1221 de 2004, magistrado ponente Alfredo Beltrán Sierra, la Corte indicó que para que se haga efectivo el propósito contenido en el artículo 47 de la Constitución Política, el legislador debe diseñar normas de especial protección y los operadores jurídicos aplicar “las disposiciones vigentes, a través de una interpretación legal, dirigida a lograr que el anotado propósito superior sea viable”.
En suma, las personas discapacitadas tienen una protección constitucional especial y en razón a ella, es deber del Estado brindar las condiciones para que la igualdad sea real y material, procurándoles un trato desigual más favorable. Este deber de protección no solo le concierne al legislador mediante la expedición de las normas, sino que igualmente le corresponde a los jueces en la adopción de medidas de protección específica en cada caso concreto.
2.2. La pensión de invalidez en el régimen especial de la fuerza pública.
Así, el Decreto-Ley 94 de 1989, establecía en su artículo 89 que cuando el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y agentes, adquieran una incapacidad durante el servicio, que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica, tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el tesoro público.
A su vez, el Decreto 1796 de 2000 en el artículo 38 consagraba que cuando mediante junta médica laboral o tribunal médico laboral de Revisión Militar y de Policía, haya sido determinada una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75%, ocurrida durante el servicio, el personal a que se refiere el presente artículo, tendrá derecho, mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual.
Las anteriores normas fueron demandadas ante la Corte Constitucional. En la Sentencia C-890 de 1999 (2) se declaró la exequibilidad del artículo 89 del Decreto 94 de 1989 y en la Sentencia C-970 de 2003 (3) la Corte declaró la existencia de cosa juzgada material (Sent. C-890/99). En dichas oportunidades la Corte consideró que el régimen pensional de los integrantes de la fuerza pública, en cuanto consagraba unas condiciones para acceder a las pensiones de invalidez o de sobrevivencia distintas de las previstas en el régimen general de la seguridad social, no resultaba contrario al principio de igualdad, pues la estructura de los sistemas difiere sustancialmente en la medida en que su acceso y sus métodos de calificación están regulados por patrones distintos, no habiendo coincidencia entre los sistemas de cálculo, liquidación y monto de las prestaciones, al estar diseñados para regular situaciones diversas, acordes con las características específicas de los grupos sociales cubiertos.
Posteriormente, el 30 de diciembre de 2004, el Congreso expidió la Ley 923 del mismo año, ley marco “por medio de la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política”.
En relación con la pensión de invalidez, el artículo 3º numeral 3.5 de esta ley estableció:
“... 3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del miembro de la fuerza pública, determinado por los organismos médico laborales militares y de policía, conforme a las leyes especiales hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias que originen la disminución de la capacidad laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para acceder al derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%) y el monto de la pensión en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la asignación de retiro.
PAR. 2º—Para el reconocimiento de la pensión establecida en este artículo, la junta médica laboral o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, solo calificará la pérdida o anomalía funcional, fisiológica o anatómica, la cual debe ser de carácter permanente y adquirida solo en las circunstancias aquí previstas”.
2.3. El derecho a la salud y a la seguridad social de los miembros de la fuerza pública retirados del servicio. Protección para quienes resultan discapacitados durante la prestación del servicio militar.
3. Numeral 3º declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-479 de 2003 de 10 de junio de 2003, magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra.
5. Numeral 5º declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-479 de 2003 de 10 de junio de 2003, magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra.
Sin embargo, conforme lo disponen los artículos 48 y 49 de la Constitución Política la seguridad social y la salud son servicios públicos de carácter obligatorio cuya prestación está sujeta a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En reiteradas oportunidades, la Corte ha precisado que la eficiencia en la prestación de los servicios públicos (C.P., art. 365) está ligada al principio de continuidad. Este último supone la prestación ininterrumpida, permanente y constante del servicio (4) .
Esta corporación ha fijado un amplio alcance al principio de continuidad del servicio público de salud, especialmente cuando en un caso concreto están de por medio derechos fundamentales como la vida, la integridad y la dignidad (5) . Así pues, es claro que quien presta un servicio de salud no puede realizar actos que comprometan la continuidad del servicio y como consecuencia de ello la eficiencia del mismo e incluso los derechos fundamentales de los usuarios. En la Sentencia T-1218 de 2004, magistrado ponente Jaime Araújo Rentería, esta corporación estableció lo siguiente:
Así pues, es obligación tanto de las entidades públicas como de las privadas que intervienen en la prestación de los servicios de salud, garantizar su continuidad” (negrillas fuera del texto).
Bajo el anterior derrotero, sin importar la razón por la que se extingue la vinculación con la empresa prestadora de salud, esta se encuentra en la obligación de culminar los tratamientos y los procedimientos médicos ya iniciados mientras no se asegure su culminación, por lo que la terminación abrupta de aquellos, quebranta los derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida y la integridad personal de quien estaba recibiendo el tratamiento.
Con base en las premisas anteriores, la Corte ha determinado que, en materia de atención médica, la regla general consiste en que aquella debe brindarse, con carácter obligatorio, mientras la persona se encuentra vinculada a las Fuerzas Militares. Por ende, tal obligación cesa tan pronto se produce el desacuartelamiento. Sin embargo, es posible aplicar una excepción a esta regla cuando el retiro se produce en razón de una lesión o enfermedad adquirida con ocasión del servicio que, de no ser atendida oportunamente, haría peligrar la vida y la salud del solicitante, cuya protección “se traduce en el derecho que tiene a ser asistido médica, quirúrgica, hospitalaria y farmacéuticamente mientras se logra su recuperación en las condiciones científicas que el caso requiera, sin perjuicio de las prestaciones económicas a las que pudiera tener derecho” (6) .
En la Sentencia T-643 de 2003 (7) , la Corte hizo una síntesis de la jurisprudencia constitucional sobre este particular, poniendo de presente que de acuerdo con la misma:
“La acción de tutela resulta procedente —aun a pesar de la existencia de otros medios de defensa judicial—, cuando el retiro de la persona vinculada a la fuerza pública se produce en razón de una lesión o enfermedad adquirida con ocasión de servicio, siempre que de no ser atendida oportunamente, pueda ponerse en peligro su vida, integridad y salud”.
“El derecho a la salud cuando tiene por objeto garantizar la dignidad humana, la integridad personal y la vida digna, ostenta el carácter de fundamental (ver, Sents. T-395/98, T-076/99, T-321/99 y T-101/2001)”.
“(…) la regla general [refiriéndose a la atención médica] consiste en que aquella debe brindarse con carácter obligatorio, mientras la persona se encuentra vinculada a las fuerzas militares, como lo dispone el artículo 23 del Decreto 1795 de 2000 y que tal obligación cesa tan pronto se produce su retiro o desacuartelamiento, en desarrollo de las causales previstas en el artículo 38 del Decreto 1792 de 2000”. “Sin embargo, es posible aplicar una excepción a la citada regla, ‘cuando el retiro se produce en razón de una lesión o enfermedad adquirida con ocasión del servicio que, de no ser atendida oportunamente, haría peligrar la vida y la salud del solicitante, cuya protección ‘se traduce en el derecho que tiene a ser asistido médica, quirúrgica, hospitalaria y farmacéuticamente mientras se logra su recuperación en las condiciones científicas que el caso requiera, sin perjuicio de las prestaciones económicas a las que pudiera tener derecho’...” (ver, Sents. T-376/97, T-393/99, T-762/98 y T-1177/2000)” (negrillas del texto).
En cuanto a la causa de la patología como elemento a tener en cuenta para la concesión del amparo, la Sala Octava de Revisión estableció en Sentencia T-124 de 2005 (8) que “la distinción sobre si la afección tiene o no como causa el servicio, habiéndose iniciado ya un tratamiento especializado por cuya interrupción se puede deducir una agravación del cuadro clínico del actor, solo puede cobrar relevancia al momento de definir las prestaciones económicas que pudieren derivar de esta circunstancia, pero no en lo que toca con las obligaciones en materia de atención en salud cuando la suspensión del servicio provoca la afectación de derechos fundamentales. En otras palabras, frente a una situación de urgencia, basta verificar que el padecimiento ha surgido en la prestación del servicio —independientemente de si es por causa de este o no— y que se ha iniciado un tratamiento cuya suspensión agravaría la condición clínica del accionante”.
Como resulta evidente, en este asunto los derechos del accionante revisten el carácter de fundamentales, por ser un sujeto de especial protección constitucional, en razón de las condiciones de debilidad manifiesta en las que este se encuentra. Por lo tanto, los derechos solicitados por el actor no pertenecen a la esfera de los derechos de estirpe legal, como lo consideró erróneamente el juez de segunda instancia para denegar el amparo.
En el presente caso la Sala pudo constatar que el accionante fue remitido al Hospital Naval de Cartagena el día 8 de abril de 2000, por trauma craneoencefálico al caer de su propia altura luego de una onda explosiva, según se observa en su historia clínica. Como consecuencia de este hecho, las condiciones de salud del actor se vieron mermadas, razón por la cual se llevó a cabo la Junta Médica Laboral, que mediante acta 107 de 2000 dictaminó lo siguiente (9) :
“III. Conclusiones
DX 1. Síndrome poscontusional. DX2. Trastorno de estrés postraumático.
B. Clasificación de las lesiones y afecciones y calificación de capacidad sicofísico y aptitud para el servicio.
D. Imputabilidad del servicio por cada diagnóstico.
LE Corresponde numeral 3-040 Índice 14”.
Así mismo, que el accionante una vez enterado de las conclusiones de la junta médica laboral, solicitó la convocatoria del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, el cual mediante acta 1933 del 14 de noviembre de 2001, decidió ratificar la totalidad de las conclusiones de la junta. Igualmente, por su estado de invalidez fue retirado de la Armada Nacional el 31 de julio de 2003, recibiendo a título de indemnización la suma $ 8.796.776 por haberse efectuado el retiro de la Armada Nacional sin obtener la pensión de invalidez.
No obstante, la Sala encuentra que las condiciones de salud del peticionario se ven comprometidas debido a esta situación, dado que el actor padece síndrome poscontusional y trastorno de estrés postraumático, venía siendo tratado con diferentes fármacos y controles con especialistas en siquiatría y neurocirugía (10) , y le fueron suspendidos los tratamientos iniciados en el Hospital Naval de Cartagena como parte de su recuperación. Ante esta situación, se reitera que el derecho a la salud y a la seguridad social del personal retirado del servicio activo, no puede verse afectado aunque la persona no tenga derecho a la pensión, siendo entonces un deber del Estado la prestación de la asistencia médica que requiera para el tratamiento y mejoramiento de sus condiciones de salud.
En este sentido, pese a que la Sala observa que según los dictámenes de los organismos médico laborales de la Armada Nacional que evaluaron la situación del accionante, se indica que la incapacidad se presentó en el servicio pero no por ocasión ni causa del mismo, resulta claro que el accionante no padecía esas afecciones en su salud antes de ingresar a prestar el servicio militar en la armada, y que su ocurrencia se dio mientras este se encontraba activo dentro de la Institución. De modo que, sin entrar a determinar si la incapacidad se presentó por ocasión o causa del servicio militar, habiéndose iniciado ya un tratamiento especializado por cuya interrupción se puede deducir una agravación del cuadro clínico del actor, la distinción sobre si la afección tiene o no como causa el servicio solo puede cobrar relevancia al momento de definir las prestaciones económicas que pudieren derivar de esta circunstancia, pero no en lo que toca con las obligaciones en materia de atención en salud cuando la suspensión del servicio provoca la afectación de derechos fundamentales (11) .
Por lo tanto, la Sala revocará la sentencia de segunda instancia y confirmará la sentencia de primera instancia que tuteló el derecho a la salud del señor Sánchez Padilla. En ese orden de ideas, ordenará a la Armada Nacional, para que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, continúe prestando al accionante la atención especializada —hospitalaria, terapéutica y farmacológica—, que venía siendo prestada en el Hospital Naval de Cartagena (12) y que requiere para superar las afecciones que padece.
1. REVOCAR el fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral que denegó la tutela interpuesta por José Daniel Sánchez Padilla en el asunto de la referencia. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cartagena, Sala Laboral, que tuteló el derecho a la salud del accionante, por las razones y en los términos expuestos en esta sentencia.
2. ORDENAR a la Armada Nacional, para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, continúe prestando al señor José Daniel Sánchez Padilla la atención especializada —hospitalaria, terapéutica y farmacológica—, que venía siendo prestada en el Hospital Naval de Cartagena y que requiere para superar las afecciones que padece.
(3) M.P Alfredo Beltrán Sierra.
(4) Sentencia T-537 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En el mismo sentido en la Sentencia T-618 de 2000, esta corporación anotó: “Uno de los principios característicos del servicio público es la eficiencia y, específicamente este principio también lo es de la seguridad social. Dentro de la eficiencia está la continuidad en el servicio, es decir que no debe interrumpirse la prestación salvo cuando exista una causa legal que se ajuste a los principios constitucionales…”.
(5) Sentencia T-1210 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(6) Esta posición ha sido reiterada en las sentencias T-762 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-393 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-824 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-315 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(9) Ver folios 35 a 38 del cuaderno de la demanda.
(10) Ver copia de la historia clínica (fls. 8 al 34 del cdno. de la demanda).
(11) Corte Constitucional. Sentencia T-124 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(12) A partir de la vigencia de la Ley 352 de 1997, las unidades prestadoras de salud, pasan a depender nuevamente de las respectivas direcciones de sanidad de la fuerza a la cual pertenecían desde sus inicios, en este sentido, el Hospital Naval de Cartagena, vuelve a depender de la dirección de sanidad de la Armada Nacional.

References: artículo 32
 Resolución 
 artículo 22
 artículo 15
 artículo 24
 artículo 13
 artículo 47
 artículo 54
 artículo 68
 artículo 47
 artículo 89
 artículo 38
 artículo 89
 artículo 150
 artículo 3
 artículo 23
 artículo 38