Source: http://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/cto_pgn_0000019_2018.html
Timestamp: 2019-08-26 04:59:05+00:00

Document:
Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [CONCEPTO_PROCURADURIA_0000019_2018]
Artículo NF3
CONCEPTO 19 DE 2018
Referencia: consulta E-2018-056779 del 09/02/2018
En atención a su consulta de la referencia, mediante la cual solicita que se emita concepto jurídico sobre la posibilidad de comisionar a otras autoridades para efectos de llevar a cabo las diligencias de notificación fuera de la sede del despacho instructor, las decisiones frente a las cuales se circunscriben estas notificaciones, y la concesión del término de traslado en segunda instancia para alegar de conclusión dentro del procedimiento verbal, me permito manifestarle lo siguiente:
Pues bien, comoquiera que esta dependencia ya se ha pronunciado sobre el tema consultado, a continuación se transcriben los apartes pertinentes de la consulta C-135-2017:
[H]ay que partir por indicar que el artículo 113 de la Constitución Política consagra que «los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines», y el artículo 209 ibidem reitera así tal mandato para el ejercicio de la función administrativa: «Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado». Precisamente, uno de los instrumentos establecidos para ello es la comisión, entendida como la solicitud, elevada por cualquier vía expedita, de auxilio a otro servidor público para que realice determinadas actuaciones procesales[1].
Significa lo anterior que el ejercicio de las comisiones, como herramienta procesal de colaboración, encuentra una reglamentación propia de acuerdo al escenario jurídico en donde se desenvuelva el apoyo pedido por la autoridad pública. En lo que atañe al ámbito del derecho disciplinario, las comisiones no se encuentran restringidas a los eventos que relaciona el peticionario ¯para la práctica de pruebas y la notificación del pliego de cargos¯, pues, con fundamento en la colaboración armoniosa de los poderes públicos y el mandato expreso a las autoridades administrativas para proceder a ello, tal figura debe aplicarse bajo los parámetros trazados por el artículo 20 del cdu[2]. // Esta postura sobre la extensión de la figura de la comisión para otros actos procesales se dejó consignada en la consulta C-205 del 14 de junio de 2011, en los términos que se transcriben a continuación:
De manera que a las autoridades administrativas –como por ejemplo, los personeros municipales y distritales–, les corresponde colaborar con las autoridades disciplinarias para que se surtan las notificaciones de los autos de indagación e investigación como otros actos procesales que deban adelantarse en su sede, y todo con el fin de garantizar los derechos fundamentales de los intervinientes en el proceso disciplinario.
No obstante, cabe recordar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 del cdu, «[l]as decisiones que deban notificarse personalmente podrán ser enviadas al número de fax o a la dirección de correo electrónico del investigado o de su defensor, si previamente y por escrito, hubieren aceptado ser notificados de esta manera. La notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente».
Ahora bien, respecto a la segunda parte de la consulta, la Corte Constitucional, en la sentencia C-315 de 2012, fue enfática al indicar respecto al «término previsto en el inciso 7 del artículo 59, que modificó el artículo 180 del cdu, cuyo texto dispone que antes de proferir el fallo, se dará traslado por dos (2) días a las partes, contados a partir del día siguiente al de la notificación por estado, que es de un día, para presentar alegatos de conclusión» que «la norma le concede además al sujeto disciplinado otro lapso de tiempo para mostrar los defectos jurídicos o fácticos de la decisión de primera instancia, dado que esta decisión debe guardar congruencia con los argumentos y pruebas que se han debatido a lo largo del proceso».
Con fundamento en ese aparte del fallo que antecede, se concluyó en la consulta C-178 – 2012, reiterada en la consulta C-131 – 2014, que «el traslado para alegatos de conclusión debe surtirse antes del fallo, pues es una etapa obligatoria para la resolución de la segunda instancia, sin que en ello tenga relevancia si existe o no impugnación de pruebas en primera instancia. Lo único sustancial es que al momento en que se dé el traslado para alegatos, si es el caso, se haya resuelto la impugnación de la negación de pruebas en primera instancia y decretado y practicado las mismas [sic]».

References: artículo 113
 artículo 209
 artículo 20
 artículo 102
 artículo 59
 artículo 180
 resolución