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Timestamp: 2018-05-24 15:51:15+00:00

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Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Dirección General de Financiación Autonómica, por la que se publican los criterios que informan el Plan de Control Tributario de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2013 - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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RESOLUCIÓN DE 15 DE FEBRERO DE 2013, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA, POR LA QUE SE PUBLICAN LOS CRITERIOS QUE INFORMAN EL PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA PARA EL AÑO 2013 (DOE DE 14 DE MARZO)
1. Actuaciones de colaboración y coordinadas con otras Administraciones Tributarias
2. Inspección tributaria
3. Valoración tributaria.—
4. Gestión tributaria
5. Recaudación.—
La finalidad del Plan General de Control Tributario es la organización, planificación y coordinación de las tareas y actividades que deben desarrollar los distintos órganos y departamentos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura que realizan las funciones de Gestión, Recaudación, comprobación de Valores e Inspección referido al cumplimiento de las obligaciones tributarias.
El principal objetivo del Plan de Control Tributario es la lucha contra el fraude fiscal que tiene lugar en relación con aquellos tributos, propios y cedidos, cuya gestión le corresponde a la Comunidad Autónoma de Extremadura. Así el plan se configura como un instrumento para alcanzar los principios de justicia tributaria y generalidad a los que se refiere el artículo 31 de la Constitución cuando proclama que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica.
El Plan de Control Tributario está integrado por los Planes Parciales de cada una de las áreas que tienen asociadas funciones de control de las obligaciones tributarias y que son: Inspección, Valoraciones, Gestión Tributaria y Recaudación.
Cada uno de los planes parciales contiene un desarrollo detallado de los procedimientos, sectores y las líneas de actuación en las áreas citadas, y en los supuestos en los que ello es posible, se ha realizado una previsión cuantitativa y cualitativa de las actuaciones y objetivos que se pretenden alcanzar durante el año.
Estos planes se complementan y se apoyan con las correspondientes aplicaciones informáticas. De igual modo, se seguirá avanzando en la implantación del Sistema de gestión informatizada de los ingresos de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DEHESA), para conseguir el establecimiento pleno de la administración tributaria electrónica.
Es objetivo de la Administración tributaria extremeña convertir la sede electrónica en la opción preferente de comunicación con los obligados tributarios en periodo voluntario lo que nos permitirá reducir los costes, destinando, en consecuencia esos recursos que ahora se emplean en la atención personal, a la lucha contra el fraude.
Este plan se elabora de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando dispone que "la Administración Tributaria elaborará anualmente un Plan de control tributario que tendrá carácter reservado, aunque ello no impedirá que se hagan públicos los criterios generales que lo informen".
1. Actuaciones de colaboración y coordinadas con otras Administraciones Tributarias.—1.1. Actuaciones de colaboración.
La colaboración entre la Agencia Tributaria y la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura se ajustará a las directrices establecidas conjuntamente entre ambas administraciones en el Plan de Control Tributario y Aduanero que destina un apartado a desarrollar este ámbito de actuación para el adecuado control de los tributos cedidos, que sean gestionados por la Agencia Tributaria o por las Administraciones autonómicas en virtud de delegación.
Este principio de colaboración se establece en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, que prevé el fomento y desarrollo de los intercambios de información entre las Administraciones tributarias autonómicas y la estatal, así como la necesidad de fijar una planificación coordinada de las actuaciones desarrolladas por las distintas Administraciones sobre los tributos cedidos.
Durante el ejercicio de 2013 se llevarán a cabo actuaciones de cooperación con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, centradas fundamentalmente en las siguientes áreas:
El primer área de colaboración entre las Administraciones tributarias estatal y autonómicas está constituida por el intercambio de información.
En consecuencia, desde los órganos de relación se potenciará la adopción de acuerdos de intercambio de información entre el Estado y la Comunidad Autónoma con la finalidad de incrementar la eficacia de la gestión tributaria y, especialmente, de la lucha contra el fraude en los tributos por cada una gestionados.
La Comunidad Autónoma, en el ejercicio de sus funciones, dispone de información, que resulta trascendental para el control de los tributos gestionados por la Agencia tributaria.
Recíprocamente, se intensificará la transmisión de información periódica de la Agencia Tributaria a la Comunidad Autónoma para el control de los tributos por ella gestionados, especialmente, de información sobre operaciones relevantes, como las aportaciones de activos a sociedades que no supongan aumento de capital y no consten documentadas en escritura pública.
También en materia de intercambio de información, se mantendrá la colaboración entre la Administración Tributaria del Estado y las de la Comunidad Autónoma en la transmisión de la información obtenida en los procedimientos de control desarrollados por cada una de ellas que resulte relevante para la tributación por otras figuras impositivas gestionadas por otra Administración. Esta transmisión de información se articulará mediante diligencias de colaboración.
1.2. Actuaciones coordinadas.
Junto a las actuaciones de colaboración consistentes en el intercambio de información, en 2013 se potenciará la planificación coordinada y la colaboración en la selección de los contribuyentes que serán objeto de actuaciones de control por las Administraciones Tributarias estatal y autonómica, en especial, sobre los siguientes sectores o figuras impositivas:
1. Operaciones inmobiliarias más significativas que se consideren susceptibles de tributar por el Impuesto sobre el Valor Añadido o, alternativamente, por el concepto "Transmisiones Patrimoniales" del Impuesto sobre Transmisiones Patri - mo niales y Actos Jurídicos Documentados.
2. Impuesto sobre el Patrimonio para los períodos impositivos no prescritos y para el ejercicio 2011, su relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, mediante actuaciones que se centrarán fundamentalmente en el cruce de la información sobre la titularidad de bienes y derechos y la identificación de contribuyentes no declarantes de dicho impuesto que estén obligados a presentar declaración.
7. Explotación de la información obtenida por la Declaración Tributaria Especial regulada en la Disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, y su incidencia en los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre el Patrimonio.
8. Control en la aplicación de las deducciones autonómicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a partir de la información suministrada por la Comunidad Autónoma y la obtenida por la Administración y las correspondientes actuaciones de regularización.
9. Control de las autoliquidaciones del Impuesto sobre el juego, regulado en el artículo 48 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, y las correspondientes actuaciones de regularización.
10. Verificación de la presentación de los documentos mercantiles que realizan función de giro en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados.
11. Control de las declaraciones de los premios procedentes del Impuesto sobre el Juego en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el IVA.
12. Colaboración en los procedimientos de enajenación forzosa de bienes inmuebles embargados en otras Comunidades Autónomas.
13. Posibilitar el embargo por las Comunidades Autónomas de pagos presupuestarios efectuados por otras Comunidades Autónomas.
14. La realización de la campaña anual de IRPF, en la que se engloba tanto el programa para el acceso a borradores por parte de los empleados públicos de la Junta de Extremadura como la colaboración para la ayuda a la elaboración y presentación de declaraciones.
15. La realización de una campaña especial para asistir en la cumplimentación y presentación de las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio.
16. La comprobación de la aplicación de los puntos de conexión en los tributos cedidos, en cuanto a los hechos imponibles declarados o autoliquidados en otras Comunidades Autónomas que se consideran competencia de esta Comunidad.
2. Inspección tributaria.—La labor inspectora se centrará tanto en los principales tributos cedidos con capacidad de gestión, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre el Patrimonio, como en los tributos propios: el Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos, el Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente y el Impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito, el Canon de saneamiento y el Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero.
La experiencia nos indica que los sistemas utilizados por los contribuyentes para eludir sus obligaciones para con la hacienda autonómica son de distinta complejidad al igual que son diferentes los medios con que cuenta esta Administración Tributaria para proceder a su detección.
Así, cabe distinguir entre un fraude poco complejo, consistente fundamentalmente en la no declaración o hacerlo de modo incompleto y otro que emplea formas más sofisticadas.
En el primero se ubican normalmente hechos imponibles de frecuente realización (compraventas, herencias, etc.) y cuya localización por la Inspección no resulta tan dificultosa como en el segundo tipo consistente en negocios simulados, operaciones sujetas a ITP que se declaran en IVA, concesiones administrativas importantes, etc.
Los objetivos previstos para el ejercicio del 2013 son:
2.1. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
1. Actuaciones sobre no declarantes. Su identificación y localización se realizará mediante la utilización de medios propios y con los datos facilitados por otras Administraciones.
2. Concesiones Administrativas tanto de bienes de dominio público como de gestión de servicios. Se seguirá la labor iniciada en años anteriores, tomando como fuente de información los Ayuntamientos y Mancomunidades toda vez que son las Administraciones Públicas concesionarias por excelencia en función de la titularidad que les corresponde del dominio público y por las competencias que les atribuye la Ley en relación con la prestación de servicios. Se seguirá recabando información, igualmente de otras entidades públicas, tales como las Confederaciones Hidrográficas; Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía (concesiones mineras), etc. Se comprobará si los sujetos concesionarios han presentado las correspondientes autoliquidaciones a efectos del ITP así como si se ha procedido a determinar correctamente la base imponible.
3. Exenciones y bonificaciones. Se verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación para el disfrute de los beneficios establecidos en la normativa reguladora del Impuesto y en las leyes especiales, evitando de este modo que su invocación se utilice indebidamente como forma de elusión del gravamen.
Se examinarán con especial atención aquellos expedientes en los que la exención se ampare en el artículo 108 de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, en la construcción de viviendas de protección oficial y la aplicación de los beneficios tributarios contenidos en la Ley 20/1990, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
4. IVA inmobiliario. Teniendo en cuenta la colisión que se aprecia en la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en relación con un mismo hecho imponible, se continuarán las actuaciones de regularización de aquellas adquisiciones sujetas y exentas de IVA que deben tributar por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas.
5. Aplicación del tipo de gravamen reducido del 3 por 100. Se continuará prestando especial atención a aquellas operaciones inmobiliarias realizadas hasta el 31 de diciembre de 2010, a las que resulte de aplicación el tipo reducido del 3 por 100 por la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas a las transmisiones de inmuebles adquiridos por sujetos pasivos del IVA siempre que resulte aplicable alguna de las exenciones del artículo 20.Uno nos 20, 21 y 22, y no se haya renunciado a la exención.
2.2. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Se prestará especial atención a la comprobación, en relación con hechos imponibles producidos en los ejercicios 2010 y 2011, de la correcta aplicación de las reducciones en la base imponible invocadas por los interesados relativas a las transmisiones "inter vivos" de empresas individuales, negocios profesionales o de participaciones en entidades a los que sea de aplicación la exención del apartado octavo del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, establecidas en el artículo 20.6 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como la reducción propia a la que se refiere el artículo 15 quinquies del Decreto Legislativo 1/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Cedidos por el Estado.
La actuación en relación con este Impuesto se desarrollará sobre los hechos imponibles realizados durante el ejercicio 2009 y se centrará en las adquisiciones mortis causa no declaradas (se han identificado 5.642 causantes fallecidos durante 2009 cuyos herederos no han presentado declaración por el ISD), así como en la Investigación y comprobación de herencias declaradas incorrectamente.
Se abordará la comprobación de la aplicación de las reducciones en la base imponible invocadas por los interesados, en especial, las relativas a las transmisiones "mortis causa" de empresas individuales, negocios profesionales o de participaciones en entidades a los que sea de aplicación la exención del apartado octavo del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, establecidas en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como la reducción propia establecida en el artículo 15 del Decreto Legislativo 1/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Cedidos por el Estado.
2.3. Impuesto sobre el Patrimonio.
El Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal, exclusivamente para los ejercicios 2011 y 2012.
En esta nueva norma destaca el aumento significativo del límite para la exención de la vivienda habitual, así como el mínimo exento, que se eleva a 700.000 €.
Por su parte, la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, ha extendido hasta el ejercicio 2013 la exigencia del Impuesto sobre el Patrimonio.
En consecuencia, las actuaciones de control del Impuesto sobre el Patrimonio se realizarán sobre el periodo impositivo 2011, cuya declaración ha sido objeto de presentación en 2012.
Se procederá a la regularización de la situación tributaria de los sujetos que, estando obligados a presentar declaración no lo hayan realizado y se comprobarán las declaraciones presentadas para determinar las discrepancias entre el patrimonio declarado y el imputado.
2.4. Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos.
El Servicio de Inspección comprobará las declaraciones formuladas por los contribuyentes en aquellos casos en que existan indicios de no ajustarse a la realidad la naturaleza de los cotos o a su extensión superficial, a instancia de la Sección de Gestión Tributaria y Juego.
2.5. Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente.
En relación con este Impuesto propio de la Comunidad Autónoma, le corresponde al Servicio de Inspección la comprobación de las autoliquidaciones presentadas por los propios sujetos pasivos.
Por su parte, se llevarán a cabo las acciones tendentes a regularizar la situación tributaria de aquellos sujetos que, estando obligados a ello, no hayan formulado la correspondiente declaración y efectuado el preceptivo ingreso.
2.6. Impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito.
Las actuaciones se centrarán, principalmente, en la comprobación de los beneficios fiscales invocados por los obligados tributarios en las declaraciones-liquidaciones formuladas.
2.7. Canon de saneamiento.
Se realizará la comprobación de las autoliquidaciones presentadas por los sustitutos de los contribuyentes y se procederá a la regularización tributaria de aquellos sujetos que no hayan cumplido con su obligación de repercutir e ingresar las correspondientes cuotas.
2.8. Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero.
La labor inspectora se centrará en la realización de actuaciones de comprobación para exigir el Impuesto a los sujetos que depositen residuos de la construcción y otros materiales inertes en los vertederos ilegales que proliferan en nuestra región, puesto que constituye el hecho imponible del Impuesto el abandono de residuos en lugares no autorizados por la normativa sobre residuos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Las medidas en este área se desarrollarán mediante la actuación coordinada entre la Inspección y los órganos con competencia en medio ambiente de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía.
2.9. Otras actuaciones.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 62/1996, de 7 de mayo, sobre Organización y Funcionamiento de la Inspección de Tributos, desde el Servicio de Inspección Fiscal se llevarán a cabo las inspecciones de las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario tanto ordinarias como extraordinarias, con la emisión de los correspondientes informes relativos a la gestión de los tributos cedidos.
Se prestará el apoyo técnico-jurídico para la elaboración de instrucciones que, a juicio de la Dirección General de Financiación Autonómica, sea procedente emitir para la unificación de criterios y resolución de aquellas dudas que se susciten en las Oficinas Liquidadoras en cualesquiera de las fases del procedimiento de Gestión Tributaria.
Por iniciativa, propuesta o indicación de la Directora General de Financiación Auto - nómica o de la Inspectora Jefe se llevarán a cabo aquellas actuaciones inspectoras, que aun no estando previstas específicamente en el plan parcial de Inspección, se consideren necesarias por su especial trascendencia o para evitar su prescripción o caducidad y de acuerdo siempre con los criterios de eficacia y oportunidad.
3. Valoración tributaria.—Las medidas de control en relación con la valoración tributaria se centrarán especialmente en el desarrollo de los medios de valoración que permite la Ley General Tributaria y en las actuaciones concretas en la valoración de bienes.
La Ley 58/2003 General Tributaria en el artículo 134, regula el procedimiento de comprobación de valores, señalando que la Administración tributaria podrá proceder a la comprobación de valores, de acuerdo con los medios previstos en el artículo 57 de dicha Ley.
De entre los medios de valoración regulados en el apartado 1 del mencionado artículo 57, en la redacción dada por la Ley 36/2006,de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, se encuentran, en la letra b) la "Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal", en la letra c) los "Precios medios en el mercado", ambos medios utilizados para la realización de comprobaciones de valor masivas, y, en la letra e), el "Dictamen de peritos de la Administración", medio idóneo para las comprobaciones de valor más selectivas.
Aparecen además de los medios mencionados anteriormente, los regulados en las letras f) "valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros", en la letra g) "Valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria" y en la letra h) "Precio o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del mismo bien, teniendo en cuenta las circunstancias de éstas, realizadas dentro del plazo que reglamentariamente se establezca".
En todo caso, se amplía el abanico de medios de valoración, fundamentalmente aplicables a la transmisión de bienes inmuebles a los efectos de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.
Lo cierto es que la declaración de valores inferiores a los reales lleva aparejado efectos negativos en los siguientes impuestos fundamentalmente: en los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades, al favorecer la ocultación de plusvalías por el transmitente; en los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, porque se tributa por un valor inferior al realmente satisfecho y logrado por el adquirente, respectivamente.
El fin principal de las actuaciones administrativas de valoración no debe ser la rectificación de valores mediante comprobaciones individualizadas, sino la prevención del fraude, fomentando la práctica de declaraciones de valores ajustadas a la realidad, a través del asesoramiento y el suministro de la información necesaria.
Con esta finalidad, se pone a disposición de los contribuyentes el suministro de información con carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles. Este suministro de información lo efectúa la Consejería de Economía y Hacienda mediante un sistema de valoración basado en los precios medios de mercado para la determinación del valor de los inmuebles de naturaleza rústica, los vehículos comerciales e industriales ligeros y la obra nueva y la estimación por referencia para determinadas fincas urbanas, que está a disposición de todos los ciudadanos a través del Portal Tributario del Gobierno de Extremadura (www.gobex.es) y en las oficinas de todos los órganos que desempeñan funciones de aplicación de los tributos.
La Comunidad Autónoma de Extremadura ha publicado las siguientes disposiciones que resultan de aplicación a las transmisiones y adquisiciones de determinados bienes inmuebles y vehículos usados y a las declaraciones de obra nueva que se realicen durante el ejercicio 2013:
a) Orden de 19 de diciembre de 2012 por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el año 2013, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su obtención.
b) Orden de 19 de diciembre de 2012 por la que se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles de naturaleza rústica, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el año 2013, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su obtención.
c) Orden de 19 de diciembre de 2012, por la que se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor real de los vehículos comerciales e industriales ligeros usados, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el año 2013 y que no figuren en las tablas de precios medios de venta aprobados por el Ministerio de Economía y Hacienda.
d) Orden de 19 de diciembre de 2012, por la que se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor real de coste de la obra nueva de determinados bienes inmuebles, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para los hechos imponibles que se devenguen en el año 2013, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su obtención.
Estas disposiciones desarrollan los medios de valoración establecidos en las letras b) y c) del artículo 57.1 de la Ley General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 36/2006,de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal. La publicación de estos valores permite alcanzar varios objetivos:
— Disponer de un criterio de valoración objetivo, común y homogéneo en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la aplicación de los tributos cedidos.
— Servir como medio de comprobación de valores de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y de Sucesiones y Donaciones, para todos los bienes susceptibles de valoración, y
— Facilitar a los interesados el valor de los bienes inmuebles, en los casos de la publicación de valores relativos a los bienes de naturaleza urbana y rústica, objeto de adquisición o transmisión, para hacer efectivo el ejercicio del derecho reconocido en los artículos 34.1.n) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y 30 del Decreto Legislativo 1/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Cedidos por el Estado.
— Proporcionar a los interesados el valor real de coste de la obra nueva que se declare y el valor real de los vehículos usados industriales y comerciales ligeros, para hacer efectivo el ejercicio del derecho a la información reconocido en el artículo 87 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Además, el artículo 40 de la Ley 19/2010, de 28 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, reconoce eficacia jurídica a los valores establecidos por otra Comunidad Autónoma para los bienes inmuebles situados en su territorio, en virtud de alguno de los medios de comprobación de valor incluidos en el artículo 57.1 de la Ley 28/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y podrá aplicar dichos valores a los efectos de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.
Por otra parte, corresponde al Servicio de Valoraciones realizar los estudios de mercado pertinentes para determinar:
a) Los coeficientes multiplicadores del valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles de naturaleza urbana, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que relacionen el valor catastral con el valor de mercado, entendido éste como el valor real.
b) Los precios medios en el mercado para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles de naturaleza rústica, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) Los precios medios en el mercado para estimar el valor real de los vehículos comerciales e industriales ligeros usados, que no figuren en las tablas de precios medios de venta aprobados por el Ministerio de Economía y Hacienda.
d) Los precios medios en el mercado para estimar el valor real de coste de la obra nueva de determinados bienes inmuebles, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Respecto a las actuaciones concretas de valoración de bienes que soliciten las oficinas gestoras y liquidadoras, por técnicos del Servicio de Valoraciones con título adecuado a la naturaleza de los bienes, se realizará la comprobación de los valores declarados de los bienes rústicos y urbanos. En relación con estos últimos, la valoración se dirigirá especialmente a aquellos bienes que tengan la calificación de solares y terrenos, edificios en división horizontal y edificios en obra nueva cuando se aparten de los valores publicados.
Por último, en relación con este área conviene hacer mención al procedimiento de Tasación Pericial Contradictoria que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 135 de la Ley General Tributaria, es el medio que pueden utilizar los interesados para corregir los valores comprobados por la Administración a través de los medios señalados en el artículo 57 de dicha Ley.
Pues bien, mediante la Orden de 16 de diciembre de 2011, por la que se establecen los honorarios estandarizados de los peritos terceros designados para intervenir en las tasaciones periciales contradictorias, se ha dado una solución al problema que se plantea por la diversidad de los emolumentos que cobran estos profesionales, de manera que la fijación de unas cuantías asumibles facilitan el ejercicio del derecho de los contribuyentes a promover la tasación pericial contradictoria.
4. Gestión tributaria.—Corresponde a Gestión Tributaria realizar las actuaciones de verificación, comprobación y control de los obligados tributarios.
Se actuará sobre todos los tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de Extremadura, tanto cedidos como propios, y las actuaciones que desarrollarán los órganos de gestión tributaria en materia de control serán, entre otras, las siguientes:
1. Formación y mantenimiento del censo de contribuyentes.
2. La comprobación de los distintos elementos de la obligación tributaria, y de aquellos datos con relevancia fiscal que pudieran dar lugar a la apertura de un procedimiento de comprobación limitada o de verificación de datos. Asimismo, se controlará también el adecuado cumplimiento de la obligación de presentar autoliquidaciones.
3. Se pondrá en marcha durante el año en curso el sistema (ya ensayado en otras Comunidades Autónomas) para determinar el valor de los bienes inmuebles a efectos de los Impuestos cedidos, proveniente del Catastro, que convivirá con el actual valor catastral. Este novedoso sistema de precisar el valor de los bienes transmitidos y, en definitiva, la base imponible, va a suponer:
a) Que todo ciudadano pueda conocer en cualquier momento el valor que tiene asignado su inmueble (sea rústico, urbano, adopte la forma de solar, etc.), ante o para la realización de cualquier transmisión. Conocimiento que se tendrá con una simple consulta en la aplicación que, a estos efectos, habilite Catastro.
b) La seguridad jurídica para el ciudadano de que ese valor del inmueble no va a experimentar un incremento con ocasión de la tramitación del procedimiento que corresponda iniciar.
c) Un notable descenso de la conflictividad, con la consiguiente reducción en el número de procedimientos de revisión que tengan por objeto discrepar de la valoración.
d) Una mayor y deseable rapidez en la terminación de los procedimientos, que beneficiará tanto a la Administración como al ciudadano.
e) La rapidez en la obtención de ese valor, directamente desde Gestión, y en la comprobación y determinación de la base imponible como elemento de la obligación tributaria.
4. En relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
a) El examen y comprobación de herencias no declaradas. En esta materia ha sido decisiva la incorporación de Gestión Tributaria para abordar todos los supuestos planteados y erradicar de la sociedad la creencia, pero también la realidad, de total impunidad para la mayoría de quienes dejaban prescribir las herencias en las que eran interesados.
Esta tarea va a suponer, además, y de manera complementaria, la utilización de forma masiva del régimen sancionador en todos los casos en que se detecte infracción tributaria. De esta forma se intentará inculcar en el ciudadano que su deber de contribuir es una realidad que está supervisada, en todo momento, por la Administración Tributaria.
b) Se comprobará que se han declarado todos los bienes y derechos que integran la masa hereditaria y su valor. No basta con asegurar que el ciudadano contribuya, es necesario, además, que lo haga debidamente, es decir, en toda su extensión. El descubrimiento de bienes no declarados llevará aparejada la aplicación del régimen sancionador, cuando sea procedente.
c) La comprobación, en relación con hechos imponibles sucesivos, de aquellos expedientes en los que puedan detectarse acumulación de donaciones entre sí, o en relación con sucesiones posteriores.
d) La comprobación detallada de que se tiene derecho a los beneficios fiscales que han sido aplicados por el contribuyente, o cuya aplicación se solicita a la Administración.
En especial, se comprobará:
— La concurrencia de los requisitos establecidos para gozar de los diferentes beneficios fiscales, prestando concreta atención a los establecidos por la normativa autonómica extremeña.
— La existencia y titularidad de la explotación agraria, a efectos de aplicar la reducción contenida en la Disposición adicional cuarta de la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias.
— La condición de ser primera vivienda habitual, y de que se convertirá en tal dentro de los plazos establecidos en la Ley, en el caso de reducciones por donación de vivienda habitual y por donación de dinero o de solar para adquirir o construir, respectivamente, vivienda habitual por el donatario.
— La cuantía del patrimonio preexistente, en las reducciones sobre la base imponible cuando se invoque una masa hereditaria igual o inferior a 600.000 euros.
e) Comprobación de la correcta aplicación de los puntos de conexión. Especialmente importante resulta en este Impuesto de Sucesiones y Donaciones la exacta aplicación de los puntos de conexión, por lo que la Administración debe procurar evitar su uso inadecuado, cuando con ello se busca, directa o indirectamente, una finalidad claramente defraudatoria.
5. Por lo que se refiere al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se emprenderán, entre otras, las siguientes actuaciones:.
a) Se llevará a cabo el examen detallado de su delimitación con el IVA. En especial, en materia de tráfico inmobiliario, donde cobra gran interés la comprobación de la correcta aplicación de la renuncia a la exención del IVA, establecida en el artículo 20.Dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. En general, se supervisarán las operaciones que han tributado por IVA, por entender el contribuyente que aquéllas están sujetas y no exenta a ese impuesto.
b) Se comprobarán las autoliquidaciones en las que se califiquen los hechos imponibles como exentos o no sujetos. Se prestará especial atención a las adquisiciones de valores mobiliarios a las que podría resultar aplicable lo que dispone el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en cuanto a su consideración como transmisión no exenta de gravamen. Esta actividad cobra especial importancia ante el reciente cambio legislativo que permite sujetar la operación a este Impuesto o al IVA. Una vez detectados por Gestión, se remitirán los expedientes a Inspección para que tramite el oportuno procedimiento, al tener que examinarse la contabilidad de la empresa representada por los títulos valores transmitidos.
Asimismo, se comprobará el cumplimiento de los requisitos necesarios para que las operaciones de reestructuración sean consideradas como no sujetas a la modalidad de operaciones societarias
c) Se revisarán las autoliquidaciones que se presenten con la aplicación de los tipos de gravamen reducidos aprobados en la normativa autonómica para determinar que su invocación es correcta. Especial atención se prestará a los casos de adquisición de la vivienda habitual, sea o no de protección oficial, y vayan o no acompañadas de la constitución de un préstamo hipotecario. Se trata de supuestos en los que se suele detectar el incumplimiento de algunos requisitos, que impiden la aplicación del beneficio fiscal, y ello, aunque la transmisión venga documentada en escritura pública.
d) Por último, en relación con la transmisión de vehículos usados adquiridos por los compraventistas, se determinará el cumplimiento de los requisitos para aplicar la exención del Impuesto o su no sujeción.
6. En relación con los Tributos sobre el Juego, se realizarán actuaciones de verificación y comprobación sobre la tributación de las empresas de juego, relativas a la Tasa Fiscal sobre el Juego en sus diversas modalidades para casinos, bingos, máquinas recreativas con premio o de azar y las rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias.
7. Por lo que se refiere a los Tributos Propios, se realizará la verificación y comprobación de las declaraciones y autoliquidaciones presentadas, así como las actuaciones dirigidas al mantenimiento de los datos censales de los obligados tributarios.
Específicamente, en relación con el canon de saneamiento se llevará a cabo la comprobación sobre las entidades suministradoras cuya actividad no haya sido declarada a la administración y sobre las que hayan omitido alguna declaración o que hayan presentado autoliquidaciones erróneas.
Será objeto de especial atención la gestión de las entidades suministradoras cuya facturación semestral supere 1.000.000 de euros.
5. Recaudación.—La gestión recaudatoria afecta a todos los tributos y demás ingresos de derecho público cuya recaudación tiene encomendada la Comunidad Autónoma de Extremadura y las principales actuaciones que deben desarrollar los órganos de recaudación son las siguientes:
1. Mantener el procedimiento automatizado de compensación de créditos y deudas en período ejecutivo e impulsar este mismo mecanismo de compensación entre créditos y deudas en período voluntario resultantes de acuerdos de aplazamientos y fraccionamientos cuando se concedan con dispensa de garantías.
2. Potenciar el control y seguimiento de la gestión de los aplazamientos y fraccionamiento de pago, evaluando la deuda así recuperada.
Se adoptarán medidas para la minoración de los plazos de resolución de los expedientes de aplazamientos y fraccionamientos, agilizando la contracción de las deudas tributarias
3. Mejorar el tratamiento de la información y los resultados de la gestión de las actuaciones derivadas del cumplimiento de las cláusulas del Convenio para la recaudación ejecutiva suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
4. Potenciar la coordinación con los Organismos Autónomos de Recaudación, en el marco de las previsiones contenidas en los Convenios de Recaudación suscritos con las Diputaciones para la mejor y más eficaz tramitación de los expedientes gestionados al amparo de los mismos.
5. Impulsar las actuaciones de recaudación en el ámbito de la derivación de responsabilidad. Se incluyen en este apartado tanto las actuaciones de derivación de responsabilidad, en los supuestos previstos en la normativa tributaria, como aquellos otros supuestos de derivación de responsabilidad previstos en la normativa específica, cuando se trate de deudas de derecho público no tributarias.
6. Revisar la situación patrimonial de aquellos deudores que hayan sido declarados fallidos, y sus créditos incobrables, a fin de detectar supuestos de solvencia sobrevenida.
7. Extender la presentación y el pago telemático de autoliquidaciones a todos los impuestos gestionados por la Junta de Extremadura.
8. Incrementar la adopción de medidas cautelares como medio de asegurar el cobro de las deudas tributarias liquidadas en los casos en los que se prevea la existencia de riesgo recaudatorio, intensificando la coordinación entre los órganos inspectores y los de recaudación.
9. Fomentar el intercambio de información con la AEAT a fin de gestionar más eficazmente las facultades de embargo de sueldos y salarios así como de créditos y control de las situaciones concursales comunicadas por los juzgados mercantiles en los que la administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura comunica la existencia de deudas de los obligados tributarios pendientes de cobro.
10. Impulsar las actuaciones de embargo de bienes y derechos, principalmente saldos en cuentas corrientes y devoluciones de la AEAT.
11. Agilizar la ejecución de avales depositados en garantía del cobro de las deudas que, una vez notificada la providencia de apremio, hayan resultado impagadas.
12. Continuar las gestiones con las entidades de crédito para que se incorporen como entidades colaboradoras al pago telemático.
13. Poner en marcha la incoación de procedimientos sancionadores vinculados a la actuación de los órganos de recaudación.
14. Controlar los pagos en especie de las deudas en aquellos tributos en los que así esté previsto.
15. Agilizar la verificación del cumplimiento de los requisitos para gozar del derecho a la devolución de los importes soportados por el canon de saneamiento, así como la tramitación de la devolución.
16. Reducir los plazos de resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos de gestión recaudatoria.
17. Impulsar la gestión del cobro de las costas judiciales.

References: Resolución 

RESOLUCIÓN 
 artículo 31
 artículo 116
 artículo 48
 artículo 108
 artículo 20
 artículo 4
 artículo 20
 artículo 15
 artículo 4
 artículo 20
 artículo 15
 artículo 1
 resolución 
 artículo 134
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 87
 artículo 40
 artículo 57
 artículo 135
 artículo 57
 artículo 20
 artículo 108
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