Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321579.html
Timestamp: 2019-03-20 15:31:41+00:00

Document:
as201321579
Auto Supremo 579/2013
Sucre: 11 de noviembre 2013
Expediente: CH – 65 – 13 – S.
Partes: Lidia Murmerez Caba y otros. c/ Esteban Sergio, Gonzalo Mauricio y
Cecilia del Rosario todos de apellidos Dávalos Caballero.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 875 a 878 formulado por Cecilia del Rosario Dávalos Caballero y Esteban Sergio Dávalos Caballero, en contra del Auto de Vista Nº SII-342/2013 de 24 de julio de 2013, emitido por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario de Acción Negatoria de mejor derecho de propiedad y otros seguido por Lidia Murmerez Caba y otros, en contra de los recurrentes, la concesión del recurso de fs. 886, los antecedentes del proceso, y;
El Juez Segundo de Partido en lo Civil, dicta la Sentencia Nº 23/2013 de 18 de marzo de 2013 que cursa de fs. 830 a 835 de obrados por el que declara improbada la demanda principal de fs. 335 a 36 y 40, probada la excepción de improcedencia de la acción negatoria e improbada la demanda reconvencional intentada por los hermanos Dávalos Caballero, sin costas por el juicio doble.
Resolución de primera instancia que es recurrida de apelación por la parte demandada y resuelta mediante Auto de Vista de fs. 864 a 865 por el que la Sala Civil, Comercial y Familiar confirma la Sentencia apelada con costas en ambas instancias, salvando el derecho de los reconvencionistas a la vía que corresponde para aclarar los límites y colindancias respecto de los barrios.
Conforme al art. 254 núm. 4) del Adjetivo Civil, refiere que se ha declarado improbada la excepción previa de oscuridad contradicción e imprecisión en la demanda, por considerar que el inmueble estuviera determinado, y en Sentencia contrariamente se declaró improbada la demanda reconvencional porque el inmueble no estuviera identificado; sin embargo el Auto de Vista confunde dos agravios, no se considera que si en la demanda se ha establecido el objeto del proceso es decir en Alto Tucsupaya y en mérito a ello lo identificaron con planos, certificaciones y otros, y por otra parte resulta una vulneración a los principios de celeridad y de economía procesal pues luego de tramitar un proceso largo, en Sentencia se diga que no se pudo identificar el objeto del proceso, por ello la contradicción no ha sido considerado o valorado por el Auto de Vista, por ello se incurre en la causal establecida en el art. 254 núm. 4) del Código de Procedimiento Civil, al no pronunciarse en base a su pretensión.
1) Conforme a lo dispuesto en el art. 253 núm. 1) y 2) del Código de Procedimiento Civil, refiere que en base al segundo agravio, el A quo en Sentencia estableció que el derecho propietario de los actores surge de propietarios diferentes y el Auto de Vista señaló que ambas partes poseen título de propiedad sobre los lotes de terreno sería la misma, entendiendo que el terreno ha sido identificado por ambas partes, esta manifestación señala que el Auto de Vista contuviera disposiciones contradictorias ya que reconoce la existencia del derecho de propiedad del terreno, sin embargo contradictoriamente confirma la Sentencia que tiene como fundamento la inexistencia de determinación del terreno, por lo que considera vulnerado el inc. 2) del artículo citado.
Asimismo sostiene que, los hermanos Murmerez, adquirieron el derecho propietario por sucesión hereditaria de María Caba de Murmerez, y que de su parte mencionaron que el inmueble ubicado en Villa Imperial colindante con el redondel fue vendido por María Caba de Murmerez a Fabián Javier Encinas Nava y este cedió el mismo a Raúl Dávalos el que les cedió el inmueble a los recurrentes, hace notar que Fabián Javier Encinas registró su derecho propietario el año 1979 antes que los demandantes registren su declaratoria de herederos, en consecuencia resulta que ambos registros nacen de la misma persona María Caba de Murmerez (a través de German Raúl Dávalos y de Fabián Javier Encinas Nava), por lo que señala haberse aplicado en forma indebida de los arts. 1283, y 1545 del Código Civil y art. 375 del Código de Procedimiento Civil.
3) Asimismo señala que conforme a lo establecido en el art. 253 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil, señala que se ha incurrido en el error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba, arguyendo que inicialmente ambos contendientes hubieran acreditado su derecho propietario, al efecto cita las fojas siguientes:
- Fs. 377 relativo a un folio real de derecho propietario de los recurrentes que surge de María Caba de Murmerez, Fabián encinas y Germán Raúl Dávalos
- Fs. 378 a 380 informe del Gobierno Municipal que identifica el inmueble y se demuestra que es el mismo lote de terreno de contrario.
- Fs. 108 a 112 y 387 a 395, documentos de transferencia de María Caba en favor de la Familia Caballero y Fabián Javier encinas y la transferencia realizada a Ramón Muñoz, que acredita que el inmueble proviene de María Caba de Murmerez.
- Fs. 114 a118 y de fs. 396 a 400, acuerdo transaccional suscrito entre Germán Raúl Dávalos y Fabián Javier Encinas Nava, rescatando el terreno rústico de 10.000 m2, (vendido por la madre de los demandados).
- Fs. 119 a 120 folios de transferencia.
- Fs. 624 a 625 cursa el acta de inspección judicial donde se identificó el terreno como a los colindantes Familia Caballero, el Colegio Médico y Ramón Muñoz y el loteamiento Pablo Bejarano.
Fs. 590 a 560 pericial en el que se estableció la unificación del terreno y sus colindantes.
Por lo expuesto, señalan que interponen recurso de casación en el fondo y en la forma e impetran que la misma sea admitida y se case el Auto de Vista y declaran probada la demanda reconvencional.
El recurrente acusa infracción del art. 254 núm. 4) del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto es el siguiente: “Procederá el recurso de casación por haberse violado las formas esenciales del proceso, cuando la Sentencia o auto recurrido hubiere sido dictado… 4) Otorgando más de lo pedido por las partes o sin haberse pronunciado sobre alguna de las pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente ante los Tribunales inferiores”, dicha norma señala como causal de nulidad la omisión del pronunciamiento sobre alguna de las pretensiones deducidas en el proceso, sea en la demanda reconvencional o excepciones de carácter perentorio que por su naturaleza podrían generar efectos en el fondo de la controversia, o en los recursos planteados de acuerdo a su naturaleza, en la especie el recurrente manifiesta que el inmueble estuviera claramente identificado, y que el criterio del Juez A quo hubiera sido distinto cuando pronunció la Resolución al resolver la excepción de obscuridad e imprecisión en la demanda y el contenido de la Sentencia en sentido de haberse identificado el inmueble objeto de la Litis y que ese reclamo sobre la contradicción del criterio del inferior no hubiera sido absuelto, en el que sostiene que el predio hubiera sido identificado, ese argumento contenido en el inc. a) de la exposición del punto II.1 de su recurso, no resulta ser atendible para un recurso de casación en la forma sino para un recurso de casación en el fondo; ahora en cuanto a la observación de que se hubiera vulnerado los principios de celeridad y de economía procesal, se debe manifestar que las mismas no resultan ser atinentes al reclamo, pues los principios son mandatos legales para que el Juez de cumplimiento, así el principio de celeridad consiste en agilizar el proceso y que la misma concluya dentro los plazos establecidos por ley y por el segundo entendida como la abreviación y simplificación del proceso, evitando que su irrazonable prolongación haga inoperante la tutela de derechos e intereses comprometidos en el proceso, consiguientemente, dicho argumento resulta ser insustentable como para verificar el cumplimiento de la forma procesal, contenido en el inciso b) sobre el punto que se examina, finalmente en cuanto al inciso c) en lo relativo a que la contradicción acusada no hubiera sido considerada ni valorada y que al no resolver esa pretensión se hubiera incurrido en la causal contenida en el núm. 4) del art. 254 del Adjetivo de la materia, consiguientemente se podrá apreciar que el Auto de Vista, tal cual se observa en la foja 864 renglón 11 y siguientes, en la que se expuso y consideró el argumento sobre la presumible contradictoriedad del Auto interlocutorio que resuelve la excepción de obscuridad e imprecisión en la demanda y el fundamento de la Sentencia, aunque el criterio del Ad quem no es el que buscaba el recurrente, empero de ello dicho Tribunal de Alzada ha emitido pronunciamiento sobre la acusación vertida, por lo que la falta de pronunciamiento sobre la pretensión de los recurrentes en el recurso de apelación, no es verdadera. Por lo que el recurso en la forma deviene en infundado.
I.- En cuanto a la acusación de disposiciones contradictorias del Auto de Vista, corresponde señalar que el art. 253 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, tiene el siguiente texto: “Procederá el recurso de casación en el fondo… 2) Cuando contuviere disposiciones contradictorias”, esta segunda causal del recurso de casación, se refiere a que el fallo (Sentencia o Auto de Vista) recurrido haya emitido disposiciones contradictorias, nótese que la norma alude a la parte dispositiva o decisum del fallo en el que se haya emitido sanciones, disposiciones o concesiones pretendidas contrarias entre sí, por ejemplo cuando se emite fallo sobre una pretensión principal de reivindicación y una pretensión reconvencional de usucapión sobre el mismo inmueble, y se otorga favorablemente ambas pretensiones nos encontramos frente a lo que se conoce como disposiciones contradictorias, pues no puede otorgarse la devolución del inmueble al demandante y la adquisición del derecho de propiedad al demandado, sobre el mismo inmueble.
Lo que la recurrente ha tratado de alegar es que entre la parte considerativa y la resolutiva presuntamente sea contradictoria, a esto se llama el defecto por incongruencia interna, para absolver de cualquier duda sobre lo expuesto corresponde citar jurisprudencia constitucional contenida en la SCP-0411/2013 de 27 de marzo de 2013, en la que señaló lo siguiente: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto (…); ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda Resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la Resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes, en ese entendido la SC 0358/2010-R de 22 de junio, citada por la SCP 1546/2012 de 24 de septiembre entre otras (las negrillas son agregadas).” Este defecto de la congruencia interna en cuanto a la armonización y concordancia entre la parte considerativa y la parte dispositiva, es un vicio de procedimiento, que en cualquier caso debía ser impugnado mediante recurso de casación en la forma, alegando vulneración del art. 190 del Código de Procedimiento Civil, y las normas que son pertinentes a un recurso de casación en la forma y no en el fondo; contraste ello los recurrentes con criterio contrario al ordenamiento legal impugnan ese extremo mediante recurso de casación en el fondo, entendiendo de que se trataría de un defecto de disposiciones contradictorias, por lo que la misma no puede ser absuelta en base a la acusación contenida en el numeral 2) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil.
II.- Sobre la aplicación indebida de los arts. 1283, 1545 del Código Civil y art. 375 del Código de Procedimiento Civil, antes de evaluar dicha acusación corresponde efectuar una evaluación sobre el tema decidendum con el que se ha generado el debate de la presente causa, consiguientemente corresponde aclarar algunos aspectos de orden legal.
II.1.- La demanda reconvencional.-
La pretensión reconvencional formulada en forma confusa por Cecilia del Rosario Dávalos Caballero contenida en el memorial de fs. 130 a 133, aclarada de fs. 178 a 179, a la que se adhiere el codemandado Esteban Sergio Dávalos Caballero, luego de señalar los antecedentes del derecho propietario de su abuelo Telmo Dávalos Toledo y esposa, derivo en la otorgación de un anticipo de legítima en favor de Raúl Dávalos Valda (padre de los reconvencionistas) que se registró en Derechos Reales el 21 de septiembre de 1971. Por otra parte refieren que el derecho propietario de los demandantes, que data de una dotación agraria, mediante título ejecutorial en base a la Resolución Suprema Nº 163250, registrado en Derechos Reales en la gestión de 1973, que hubiera sido dejada sin efecto mediante la Resolución Suprema Nº 188111 y en forma posterior el Auto Supremo Nº 34 que anuló la Resolución Suprema Nº 197856, manteniendo la nulidad del título ejecutorial Nº 163250, así señaló que la madre de los demandantes transfirió la superficie de 10.000 mts2 en favor de Ramón Muñoz y Bertha Daza de Muñoz y a los señores Martín Caballero Alvarado y esposa y a Fabián Javier Encinas y Sra. la superficie de 20.000 Mts2, que posteriormente fueron recuperados por su padre Raúl Dávalos Valda mediante transacciones, luego señaló lo siguiente: “II. RESPONDO DEMANDA.
Con estos antecedentes, voy a referirme al art. 1455 del Código Civil. Citado por los HNOS. Murmeres, que expresa… En mérito a este artículo, es innegable que LOS DEMANDANTES NO CUENTAN CON DERECHO PROPIETARIO ALGUNO, inicialmente porque EL TÍTULO OTORGADO A SU ABUELA FUE DECLARADO NULO Y SIN VALOR Y EFECTO LEGAL, pero además, porque posteriormente, LA MADRE DE LOS DEMANDADOS, de manera ilegal TRANSFIRIÓ, ESOS TERRENBOS, EN AÑOS PASADOS, a terceras personas. Por los fundamentos expuestos, niego en todas su partes, la demanda interpuesta por LIDIA, TEÓFILA, FRANCISCA, VICENTE, JUAN, Y ADOLFO MURMERES CABA… III. DEMANDO RECONVENCIONALMENTE. Considerando que los demandados no cuentan con derecho de propiedad alguno, como lo prueba la documental adjunta, que pese a ello, su madre MARIA MURMEREZ DE CABA, transfirió la superficie de 30.000 m2 de terreno, los demandantes NO TIENE DERECHO PROPIETARIO ALGUNO SOBRE TERRENOS EN BARRIO IMPERIAL O MATUSALEN sino y únicamente sobre los pequeños lotes que mi padre Raúl Dávalos les vendió… además de ello, tanto yo, como mis hermanos siempre hemos estado ejerciendo nuestro derecho propietario y de posesión sobre nuestros lotes, en los Barrios mencionados: Vendiendo fracciones del mismo, alambrando y realizando diversos trámites de loteamiento y reordenamiento, ante el Gobierno Municipal de Sucre, EJERCIENDO, de esta manera NUESTRO DERECHO PROPIETARIO, POSESORIO Y REAL DEL INMUEBLE…. Sin embargo de ello, los HNOS. MURMEREZ CABA, han afectado nuestro derecho propietario sobre los terrenos, sitos en barrio Imperial y Matusalén (Barrios colindantes), procediendo a cortar el alambrado y los postes que habíamos colocados en alguno de ellos, impidiendo que continuáramos con el colocado de los mismos, afectando, el trámite de reordenamiento que nos encontramos tramitados y también procedieron a pintar con yeso/cal, otro de mis lotes…. Con estos antecedentes con los fundamentos de art. 1545 y 1453 del C. Civil, y con la facultad que me otorga el art. 348 del C. de Pdto. Civil, DEMANDO RECONVENCIONALMENTE, el RECONOCIMIENTO DE MEJOR DERECHO PROPIETARIO Y LA REIVINDICACIÓN, RESPECTO A MIS TERRENOS, SITOS EN barrio imperial, Dirigiendo mi acción reconvencional en contra de LIDIA, TEOFILA, FRANCISCA, VICENTE, JUAN ADOLFO MURMERES CABA, cuyas generales se señalarán posteriormente. Como consecuencia la cancelación de la partida de inscripción en DDRR, correspondientes al folio con matricula Nº 1011990053854” (el subrayado y negrillas son nuestros).
Con ese argumento, se deduce que la demandante al referirse que niega la existencia del derecho de propiedad de María Caba de Murmerez, alegando que los demandados no cuentan con derecho propietario, porque deviene de actos declarados nulos, como consecuencia solicita la cancelación de la inscripción en Derechos Reales del folio Nº 1011990053854 (este folio corresponde al título ejecutorial otorgado mediante el proceso de afectación y consiguiente dotación, como describe su antecedente dominial a la Partida Nº 0023 folio 13 del Libro de Propiedades de la gestión de 1973, como se deduce de fs. 29 a 30 registro de fs. 88 vlta, fs. 169), consiguientemente se tiene que si en la petición de la demanda se solicita la cancelación de la referida matricula del folio real Nº 1011990053854 (cuyo antecedente corresponde al título ejecutorial de dotación de terrenos en favor de los antecesores de la parte demandante), lógicamente se deduce que la demandante ha activado la acción de mejor derecho de propiedad de los títulos que alega como propiedad que nacen de su antecesor Telmo Dávalos Toledo y esposa, para contrastarlos con los títulos de los demandantes respecto a sus antecesores que nacen de un título ejecutorial emergente de un proceso de afectación y consiguiente dotación de terrenos, ese argumento ha servido para determinar el tema decidendum en la Litis.
II.2.- Del recurso de casación.-
Ahora en el tenor del recurso de casación en el fondo a fs. 876 vlta. (renglón 25 y siguientes) manifiesta que: “… Respecto a que no tenemos un vendedor común, además de referirnos a nuestro abuelo TELMO DAVALOS, también acreditamos fehacientemente que MARIA CABA DE MURMERES, es la transferente común: 1. LOS HERMANOS MURMERES, demandaron mejor derecho propietario sobre el terreno ubicado en el Barrio Villa Imperial, colindante con el redondel, argumentando que adquirieron ese derecho por sucesión hereditaria de MARIA CABA DE MURMERES. 2. Por nuestra parte, manifestamos que el terreno ubicado en el Barrio Villa Imperial, colindante con el redondel, fue vendido también por María Caba de Murmeres a Fabián Javier Encinas Nava y este cedió el mismo a nuestro padre Raúl Dávalos Valda, el que a su vez nos cedió el nosotros…” en la que sostiene que el derecho propietario deviene de María Caba de Murmerez (a través de Germán Raúl Dávalos y de Fabián Javier Encinas Nava).
Corresponde señalar que en el recurso de casación en el fondo sobre el punto que se examina, los recurrentes modifican la causa petendi con la que se ha iniciado la presente demanda reconvencional, ya que en la reconvención luego de exponer los antecedentes del título de propiedad del antecesor de los reconventores que fuera Telmo Dávalos Toledo, negaron la existencia del título de propiedad de los demandantes y a su antecesora María Caba de Murmerez que se remota a la emisión del título ejecutorial emitido en base a la Resolución Suprema Nº 163250, que fue registrado en Derechos Reales bajo la partida Nº 73 del Libro de Propiedades de la Provincia Oropeza de 1973, de la cual devino la matrícula de folio real Nº 1011990053854, matrícula que los demandantes reconventores solicitan su cancelación.
Ahora en la etapa recursiva, señalan que su antecedente dominial, se remontaría a la transferencia efectuada por María Caba de Murmerez en favor de Fabián Javier Encinas Nava, y éste hubiera cedido la propiedad al padre de los recurrentes Raúl Dávalos, quien les hubiera cedido dicha propiedad, contraste a ello en el tenor de la reconvención contenida en memorial de fs. 130 a 133, niegan cualquier derecho que haya adquirido María Caba de Murmerez y los sucesores de ésta, esa contradicción resulta ser latente.
II.3.- El principio dispositivo en el derecho procesal civil.-
La doctrina procesal, que en muchos casos resulta ser uniforme respecto al principio dispositivo, ha referido que el mismo tiene las características siguientes:
c) La congruencia de las Resoluciones judiciales con las pretensiones de las partes, por lo que resulta de plena vigencia el brocardo ne eat iudex ultra petita partium (el Juez no puede ir más allá de lo pedido por las partes).
d) La finalización de la actividad jurisdiccional por voluntad exclusiva de los litigantes, quienes pueden disponer libremente tanto de la res in iudicium deductae (objeto deducido en juicio), mediante la renuncia, el allanamiento o la transacción, como de la continuación del proceso a través del desistimiento o la caducidad de la instancia.
De lo anotado se concluye que la iniciativa del proceso incumbe a las partes, a través del derecho de acción y del objeto del proceso, nemo iudex sine actore, conforme al art. 86 del Código de Procedimiento Civil.
De lo referido se tiene que la iniciativa el argumento los hechos expuestos por la parte son las que se conocen como, la causa petendi (la causa de pedir), lo que significa que los actores exponen los hechos en que fundarán su pretensión, y esa pretensión resulta ser el tema decidendum la delimitación de lo que se pretende en base a los hechos expuestos, siendo las mismas invariables luego de ser establecida la relación procesal, la misma que ha constituido la base para generar todo el debate, concluyendo de acuerdo a los antecedentes del proceso que los reconventores mantienen dos posturas.
Una la que corresponde a la contenida en la demanda reconvencional de fs. 130 a 133, en la que se señaló que su antecedente dominial tiene como titular a su propietario a Telmo Dávalos Toledo y esposa, quien al otorgar en calidad de anticipo de legítima a su hijo Raúl Dávalos Valda, en la que se negó la existencia de derecho de propiedad de su contraparte y de María Caba de Murmerez, por eso se solicitó la cancelación de la matricula Nº 1011990053854, en esta opción de mejor derecho de propiedad se contrasta el título del antecesor de Telmo Dávalos respecto al título de María Caba de Murmerez, y;
Otra la que se encuentra contenida en el tenor del recurso de casación, en la que se deduce que la propietaria María Caba de Murmerez, hubiera efectuado una venta en favor de Fabián Javier Encinas Nava, y este hubiera cedido esa extensión en favor de Raúl Dávalos quien a su vez transfirió ese derecho de propiedad en favor de los recurrentes, para fundar esta base obviamente se debe reconocer el derecho de propiedad de la antecesora María Caba de Murmerez con ello adjuntar toda la tradición, como se ha señalado, obviamente que en este caso el mejor derecho o la que se considere pertinente, siempre se debatirá sobre la propiedad emergente del título de María Caba de Murmerez, esta es la que no ha sido objeto de controversia, pues en la demanda reconvencional se negó los derechos de María Caba de Murmerez,
Como se podrá apreciar la causa petendi, en el tenor de la demanda reconvencional, niega los derechos a María Caba de Murmerez, que resulta ser diferente a la que se alega en el recurso de casación en la que se pretende hacer creer que los recurrentes reconocerían la validez de los títulos de María Caba de Murmerez y las transferencias efectuadas por la misma para señalar que sobre dicho derecho de propiedad les asiste el mejor derecho de propiedad, deduciendo por ello que el recurso de casación sobre este punto no se ha fundado sobre el tema decidendum, con el que se ha generado el debate.
Obviamente que la exposición y argumentación establecida en el recurso de casación se salva a la vía llamada por ley, pues resulta ser una pretensión diferente al contenido de la reconvención, pues en el recurso de casación se reclaman los derechos de propiedad sobre la base del título de María Caba de Murmerez, quien hubiera efectuado transferencias en favor de terceros y que estos terceros hubieran cedido dichos predios al padre de los recurrentes, y este en favor de los ahora recurrentes, quienes podrán hacer valer dicho extremo en otro proceso, y conforme a las probanzas de los sucesos deducidos.
III.- En cuanto a la acusación de error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba corresponde señalar que el numeral 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil señala: “Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador”, esto implica que el recurso de casación en cuanto a la valoración de la prueba, se habilita cuando se ha generado error de hecho o el error de derecho en la valoración de los medios de prueba; el error de hecho radica en que sobre el medio de prueba cuestionado (testifical, pericial, documental, confesión, inspección), los de instancia hayan confundido, tergiversado o evadido considerar el contenido de dicho medio de prueba, por ejemplo en una prueba literal señala un monto de Bs. 50.000.- como precio de la venta, empero en el fallo recurrido se señala que no existe precio de la venta en ese documento (omisión de considerar un hecho ya descrito), o que de otro lado haya considerado el fallo recurrido señale el monto de Bs. 5.000.- cuando en el documento señala la suma de Bs. 50.000.- (confusión del contenido del medio probatorio), otro ejemplo radica en el hecho de que en el fallo recurrido se haya redactado que los testigos hayan declarado que hubieran visto descargar mercadería, cuando en las actas los testigos señalan que han tenido referencias de haberse descargado la mercadería; el error de derecho, resulta viable cuando los de instancia hubieran errado u otorgado el valor probatorio no señalado en la ley o hubiera confundido ese valor probatorio establecido en la ley, cuando se trate de prueba tasada, o en su defecto cuando el operador judicial no haya asimilado el medio de prueba conforme a la lógica, la ciencia o experiencia (directrices que regentan la valoración de la prueba del sistema de la sana critica) y deducir cuál el alcance del medio probatorio y que punto pretendía probar con dicho medio de prueba, requisito no cumplido por el recurrente, en no señalar qué elemento de prueba contendría el error de derecho, ya que el recurrente tan solo señala que se ha incurrido en error respecto a la valoración de la prueba en forma genérica, pues del contenido del recurso de casación en el fondo, sobre la valoración del medio de prueba señala que no se ha considerado los medios de prueba de fs. 377, 378 a 380, 108 a 112 y de fs. 387 a 395, 114 a 118, de fs. 396 a 400, fs. 119 a 120 de fs. 624 a 625 de fs.- 590 a 560, sin embargo tan solo realiza solo una descripción del medio de prueba, sin mencionar qué contenido no ha sido tomado en cuenta, no se señala de qué manera éste hubiera sido tergiversado por el Ad quem, o que contenido del medio probatorio no ha sido considerado, que necesariamente debe ser preciso para contrastar los otros medios de prueba que los de instancia, pues en su labor de apreciación tan solo toman en cuenta las que consideran esenciales y decisivas para la emisión de su fallo conforme al art. 397 del Código de Procedimiento Civil, ya que ante la omisión total de considerar dichos medios de prueba, los recurrentes debían de manifestar el contenido del medio probatorio contrastarlo con el que tomaron los de instancia y señalar el valor probatorio, aspectos que no se los ha efectuado en la formulación del recurso de casación en el fondo, por lo que la misma carece de la técnica recursiva.
Finalmente, resaltar que respecto al pretendido error en la valoración de la prueba, al margen de lo manifestado precedentemente, conviene precisar que este aspecto no resulta trascendental, en virtud a que el mismo está vinculado a los hechos expuestos en el recurso de casación, los mismos que como se señaló, difieren de los hechos que fundamentan en la contestación y demanda reconvencional.
Por lo expuesto, corresponde emitir Resolución en la forma prevista en el art. 271 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil
POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) y art. 17 parágrafo I) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y art. 271 núm. 2) con relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADOS los recursos de casación en la forma y en el fondo formulado por Cecilia del Rosario Dávalos Caballero y Esteban Sergio Dávalos Caballero, en contra del Auto de Vista Nº SII-342/2013. Con costas.

References: Resolución 
e contrario
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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