Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831336.html
Timestamp: 2019-11-20 02:28:03+00:00

Document:
as201831336
AUTO SUPREMO Nº 336/2018
Demandante : Empresa Unipersonal SECOTAR
Resolución impugnada : Auto de Rechazo de Recurso Jerárquico de 17 de
Lugar y Fecha : Sucre, 17 de julio de 2018
Pronunciado en el proceso Contencioso Administrativo seguido por Empresa Unipersonal SECOTAR impugnando el Auto de Rechazo de Recurso Jerárquico de 17 de octubre de 2016, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) de Cochabamba.
VISTOS: La demanda contencioso administrativa de fs. 66 a 71, interpuesta por Mauricio Zamora Liebers, representante legal de la Empresa Unipersonal SECOTAR, en la que impugna el Auto de rechazo de Recurso Jerárquico, pronunciado el 17 de octubre de 2016, por el Responsable Departamental de Recursos de Alzada de la ciudad de Cochabamba; la contestación de fs. 130 a 132; por renunciado el derecho a la réplica conforme proveído de fs. 141; los antecedentes del proceso y de emisión del Auto de rechazo impugnado.
El art. 15 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) en su parágrafo I, dispone: “El Órgano Judicial sustenta sus actos y decisiones en la Constitución Política del Estado, Leyes y Reglamentos, respetando la jerarquía normativa y distribución de competencias establecidas en la Constitución.”
La Constitución Política del Estado (CPE) en su art. 108 refiere: “Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”; y en su art. 122, prevé: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la Ley”.
Por su parte el art. 778 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), señala expresamente que: “El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado.”, de donde se extrae que la competencia de la Sala Especializada de este Tribunal Supremo de Justicia, para el conocimiento de procesos contencioso administrativos, se apertura solo cuando se ha agotado la vía administrativa, entendiéndose que para el ámbito tributario el art. 131 de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), establece que: “ (…) La vía administrativa se agotará con la Resolución que resuelva el Recurso Jerárquico, pudiendo acudir el contribuyente y/o tercero responsable a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo ante la Sala competente de la Corte Suprema de Justicia.” (las negrillas son añadidas).
Por lo expuesto, se tiene que la procedencia del proceso contencioso administrativo ante sede judicial, se halla condicionada al previo agotamiento de la vía administrativa en sede administrativa, a través de los recursos de revocatoria y jerárquico, impugnando un acto administrativo por el cual se hubiera dictado resolución administrativa que declare la aceptación o rechazo de la pretensión invocada, en un previo procedimiento administrativo iniciado de oficio o a petición de parte.
De lo anterior se tiene que para la procedencia del procedimiento contencioso administrativo, inicialmente debe existir un procedimiento administrativo, que de acuerdo al art. 39 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) podrá "...iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada"; tramitado el mismo, deberá concluir en una de las formas que establece el art. 51 de la LPA., que señala: (...) I. El procedimiento administrativo terminará por medio de una resolución dictada por el órgano administrativo competente, salvando los recursos establecidos por Ley. II. También pondrán fin al procedimiento administrativo, el desistimiento, la extinción del derecho, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud y la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevinientes."; dicha conclusión deberá reflejarse en la emisión de una Resolución dictada por el órgano administrativo, así lo señala el art. 52 de la LPA: "(...) I. Los procedimientos administrativos, deberán necesariamente concluir con la emisión de una Resolución Administrativa que declare la aceptación o rechazo total o parcial de la pretensión del administrado, sin perjuicio de lo previsto en el parágrafo III del art. 17 de la presente Ley.”, constituyendo dicha resolución un acto administrativo.
Ahora bien, ese acto administrativo emitido como forma de terminación de un determinado procedimiento administrativo, podrá ser impugnado, aperturándose la etapa recursiva en materia administrativa, dicha impugnación dará inicio al proceso administrativo, entendido como el conjunto de actos en sede administrativa, que hacen a la reclamación que realiza una persona natural o jurídica contra un acto o resolución de la Administración Pública, solicitando ante ella su reforma, revocación o nulidad, debiendo interponerse ante el mismo órgano o funcionario que hubiera adoptado la medida o pronunciado la resolución, en tal caso estamos ante un recurso de revocatoria, cuya finalidad es dejar sin efecto, en grado mayor o menor, lo que se impugna; una vez resuelto el recurso de alzada, como también se denomina al recurso de revocatoria, queda expedita la vía para la interposición del Recurso jerárquico, siempre y cuando exista una autoridad jerárquica superior a la autoridad o funcionario que pronunció la resolución de alzada (las negrillas son añadidas).
Debe señalarse además que respecto a la procedencia de la interposición de los recursos administrativos, el art. 56 de la LPA, establece los actos contra los que es procedente su interposición, así señala: "I. Los recursos administrativos proceden contra toda clase de resolución de carácter definitivo o actos administrativos que tengan carácter equivalente, siempre que dichos actos administrativos a criterio de los interesados afecten, lesionen o pudieren causar perjuicio a sus derechos subjetivos o intereses legítimos.", estableciendo además en su parágrafo II, lo que se entiende por resoluciones definitivas o actos administrativos que tengan carácter equivalente, señalando que son: "aquellos actos administrativos que pongan fin a una actuación administrativa”.
De la norma glosada se tiene que solo son recurribles: a) las resoluciones que tengan carácter definitivo o b) los actos administrativos que tengan carácter equivalente a una resolución de carácter definitivo, entendidos ambos, como aquellos actos administrativos que ponen fin a una actuación administrativa; de manera contraria el art. 57 de la LPA, enumera los actos sobre los que no es procedente la interposición de recurso administrativo alguno, al señalar: "... No proceden recursos administrativos contra los actos de carácter preparatorio o de mero trámite, salvo que se trate de actos que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión."
Finalmente contra la Resolución que resuelve el recurso jerárquico, corresponde al administrado tener por agotada la vía administrativa; aperturándose entonces la facultad de acudir ante la vía judicial a través del planteamiento del proceso contencioso administrativo (las negrillas son añadidas).
De lo anteriormente expuesto se concluye que, todo acto administrativo emanado de la administración pública o privada, que ponga fin a una actuación administrativa y cuya decisión afecte un derecho o un interés legítimo del administrado, se halla sujeto a un procedimiento de impugnación, establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, como norma general, y en su caso en leyes especiales o reglamentos de cada entidad pública o privada, siendo, como se tiene dicho, tales medios de impugnación: el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico, tramitándose ambos sólo en la vía administrativa para posteriormente acudir a la vía judicial a través del proceso contencioso administrativo previo cumplimiento, como ya se explicó, del art. 778 del CPC-1975 para su legal procedencia.
De la compulsa de los antecedentes administrativos se advierte que la parte demandante reclama la “restitución al plan de pagos” que tenía con el SIN y la devolución de la multa por incumplimiento de dicho plan; sin embargo, dicha restitución fue denegada mediante el Proveído Nº 240212 16 de 06 de septiembre de 2016 de fs. 1 a 2 del Anexo 1, por lo que, el SIN dejó sin efecto el plan de pagos que se encontraba acogido el contribuyente, razón por la que en alzada impugnó el citado Proveído, desestimándose su impugnación mediante Auto de Rechazo ARIT-TJA-0110/2016 de 22 de septiembre de 2016 cursante de fs. 96 y vta., del Anexo 1 conforme el art. 198.IV del CTB, que determina que: “La autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando se imponga fuera del plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o a un acto no impugnable ante la Superintendencia Tributaria conforme a los Artículos 195 y 197 de la presente Ley”, por lo que, al no encontrarse dicho Proveído entre los actos admisibles establecidos y detallados por el art. 143 del CTB, no correspondía ser impugnados por esa vía, por lo tanto, acertadamente se rechazó el recurso de alzada interpuesto por el contribuyente.
Contra dicho Auto de Rechazo, el contribuyente presentó recurso jerárquico de fs. 199 a 204 vta., del Anexo 1, el cual fue resuelto mediante el Proveído ARIT-TJA-0110/2016 de 17 de octubre de 2016 cursante a fs. 205 del Anexo 1, que confirmó el rechazo dispuesto mediante Auto de Rechazo de 22 de septiembre de 2016, siendo éste ahora el objeto de impugnación en la presente demanda contenciosa administrativa.
En este contexto, de los datos cursantes en obrados, se evidencia que el Proveído ARIT-TJA-0110/2016 de 17 de octubre de 2016 fue emitido por la ARIT de Cochabamba (ver fs. 205 del Anexo 1), específicamente por la Responsable Departamental de Recursos de Alzada y no así por la entidad ahora demandada (AGIT), en el que de acuerdo al art. 195.III del CTB, estableció que el recurso jerárquico solo es admisible contra la Resolución que resuelve el recurso de alzada, por lo que, no pudiendo ser tramitado el recurso jerárquico presentado, determinó “ésta parte deberá estar a lo dispuesto mediante Auto de Rechazo de 22 de septiembre de 2016” (sic); por lo tanto, conforme los antecedentes administrativos y normativa legal descritos ut supra, se advierte que la Empresa Unipersonal SECOTAR en pleno desconocimiento de los actos contra los que procede el recurso de alzada y jerárquico, impugnó el Proveído de 17 de octubre de 2016 de fs. 205 del Anexo 1 cuando no precedía la tramitación y resolución de los mismos, puesto que, de acuerdo al art. 143 del CTB, el recurso de alzada será admisible sólo contra actos definitivos, como ser: resoluciones determinativas; resoluciones sancionatorias; resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos; resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas, actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo; y el art. 144 del Adjetivo Tributario establece que el recurso jerárquico procede contra la Resolución que resuelve el Recurso de Alzada y haya lesionado los derechos del recurrente, ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el Recurso de Alzada. En ese sentido, se evidencia que los actos administrativos impugnados en instancia administrativa y recursiva (autoridad de alzada y jerárquica) no eran considerados como actos definitivos establecidos en las disposiciones legales descritas.
Por todo lo anteriormente expuesto, se tiene que el Proveído ARIT-TJA-0110/2016 de 17 de octubre de 2016, ahora impugnado por la presente demanda contencioso administrativa, no era recurrible ante este Tribunal conforme los arts. 56 y 57 de la LPA, puesto que no es considerado como una Resolución de carácter definitivo, ni acto administrativo con carácter equivalente, entendidos ambos como actos administrativos que pongan fin a una actuación administrativa porque si bien éste dio respuesta al recurso jerárquico del contribuyente; sin embargo, del análisis de su contenido se puede observar que no tiene por objeto poner fin al procedimiento iniciado en su contra por la Administración Tributaria, pues simplemente se limitó a “reiterar lo ya señalado en el Auto de Rechazo de 22 de septiembre de 2016 cursante de fs. 96 y vta., en el que se le habría comunicado la negación a la solicitud de restitución de plan de pagos emitida también por la Responsable Departamental de Recursos de Alzada, dependiente de la ARIT de Cochabamba"; razón por la que claramente no constituye una resolución de carácter definitivo, o un acto administrativo con carácter equivalente, ya que no es una decisión de la Administración Pública, que haya dado fin al proceso tributario iniciado por el SIN; concluyéndose que no se encuentra dentro de las resoluciones o actos administrativos el Proveído de 17 de octubre de 2016, ahora objeto de impugnación, conforme el art. 56. II de la LPA; por consiguiente, no procedía la tramitación y posterior resolución de los recursos planteados por el contribuyente y como correctamente estableció la ARIT en los actos administrativos señalados, como tampoco la tramitación de la presente causa ante el Tribunal Supremo de Justicia conforme el art. 778 del CPC-1975, imposibilitando a este Tribunal de ejercer control de legalidad sobre el Proveído de 17 de octubre de 2016, en atención a los principios de congruencia y pertinencia, toda vez que la instancia jerárquica no se ha pronunciado sobre los aspectos de fondo ahora reclamados por la empresa demandante, máxime cuando no fue expedido ni suscrito por la AGIT.
En ese sentido y en aplicación de los principios de Dirección y Saneamiento Procesal, que este Tribunal ejerce de oficio, corresponde anular obrados hasta el decreto de admisión, inclusive, a efecto de declarar la improcedencia de la demanda contencioso administrativa, en mérito a los argumentos expuestos en la presente resolución.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el arts. 778 y 780 del CPC-1975, 2.2 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia en única instancia, a nombre de la Ley y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, dispone ANULAR obrados hasta el Decreto cursante a fs. 74 y declarar NO HA LUGAR a la admisión de la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Empresa Unipersonal SECOTAR y se dispone el correspondiente archivo de obrados, previo desglose de la documental adjunta conforme las formalidades de ley.
Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por la ARIT de Cochabamba conforme se evidencia a fs. 138 de obrados, sea cumpliendo el procedimiento que corresponda.

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