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Timestamp: 2020-08-14 20:13:02+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2004-12180/41462 DE DICIEMBRE 13 DE 2017
SENTENCIA 2004-12180 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:VINCULADOS VOLUNTARIAMENTE AL SERVICIO DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEBEN SOPORTAR RIESGOS INHERENTES A LA ACTIVIDAD DESEMPEÑADA. QUIENES SE VINCULEN VOLUNTARIAMENTE AL SERVICIO DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEBEN SOPORTAR LOS RIESGOS INHERENTES A LA ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑAN. EN IGUAL SENTIDO, SOLO HABRÁ LUGAR A LA REPARACIÓN CUANDO DICHO DAÑO SE HAYA PRODUCIDO POR UNA FALLA DEL SERVICIO O CUANDO SE SOMETA AL FUNCIONARIO A UN RIESGO DIFERENTE O MAYOR AL QUE NORMALMENTE ESTARÍA SOMETIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES QUE LE FUERON ASIGNADAS. ASÍ LAS COSAS, EN EL CASO CONCRETO SE DETERMINÓ QUE LA EXPLOSIÓN QUE CAUSÓ LA MUERTE DE LA VÍCTIMA, NO ES RESPONSABILIDAD DEL ESTADO TODA VEZ QUE LA ENTIDAD DEMANDADA NO INCURRIÓ EN FALLA DEL SERVICIO POR NO HABER DETECTADO LA CARGA EXPLOSIVA PUES NO ERA ESPERABLE QUE ÉSTA SE ENCONTRARA ENTERRADA BAJO LA LLANTA TRASERA DEL AUTOMOTOR, EN TANTO NO EXISTÍAN HUELLAS EN EL TERRENO QUE INDICARAN TAL POSIBILIDAD, MENOS AÚN DE QUE NUNCA ANTES LA GUERRILLA HABÍA EMPLEADO ESTE TIPO DE MÉTODOS PARA ATENTAR CONTRA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. ASÍ MISMO, PARA EL MOMENTO DE LOS HECHOS NO EXISTÍAN REGISTROS DE UN CASO SIMILAR, POR LO QUE NO ERA PREVISIBLE QUE LA CARGA EXPLOSIVA SE ENCONTRARA ENTERRADA BAJO LA LLANTA TRASERA DEL AUTOMOTOR, MÁXIME SI SE TIENE EN CUENTA QUE LOS TÉCNICOS ANTIEXPLOSIVOS INSPECCIONARON EL SUELO, SIN HALLAR EVIDENCIA DE QUE LA TIERRA HUBIERA SIDO REMOVIDA. POR TANTO, LA ENTIDAD FUE DILIGENTE Y CUIDADOSA EN EL MANEJO DE LA SITUACIÓN PUES REALIZÓ DOS REVISIONES PREVIAS AL AUTOMOTOR, POR PERSONAL CAPACITADO PARA ELLO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, FUERZA PÚBLICA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, DEFENSA PÚBLICA, AUSENCIA DE FALLA EN EL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN
Sentencia 2004-12180/41462 de diciembre 13 de 2017
Exp.: 41 462
Rad.: 25000 2326 000 2004 12180 01
Actor: María Zoraida Muñetón Hernández y otro
Demandado: Nación - Departamento Administrativo de Seguridad
10. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes, en un proceso con vocación de doble instancia dado que la cuantía de la demanda, determinada por la sumatoria de la totalidad de las pretensiones acumuladas, supera la exigida por la norma para el efecto(2).
11. El artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento contencioso administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, establece que las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”. No obstante, de acuerdo con jurisprudencia reiterada de esta corporación, las pruebas recaudadas en un proceso distinto pueden ser valoradas dentro del proceso contencioso administrativo —aunque no hayan sido practicadas a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella, ni hayan sido objeto de ratificación— si las dos partes solicitan su traslado, pues se ha entendido que es contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(3).
11.1 En el caso objeto de examen, la parte actora solicitó expresamente el traslado de las pruebas practicadas dentro de la investigación preliminar nº 58764, seguida por la Fiscalía General de la Nación con el fin de establecer las responsabilidades a que hubiera lugar por la muerte del señor Evelio Cortés Ortiz.
11.2. La parte demandada, por su parte, si bien no aceptó expresamente que estas pruebas fueran incorporadas al expediente, intervino en su práctica, por lo cual no puede afirmar que las desconocía o que no tuvo oportunidad de controvertirlas. En efecto, dentro de los documentos que componen la investigación preliminar, consta que los testimonios que fueron decretados por la Fiscalía General de la Nación se recepcionaron por agentes del DAS, seccional Cundinamarca, en ejercicio de la comisión impartida por el funcionario investigador (fls. 76, 77, 121 c. 3).
12. Por las razones previamente expuestas, la Sala valorará sin restricciones las pruebas documentales y testimoniales practicadas dentro de la investigación preliminar, las cuales fueron trasladadas por orden del tribunal a quo al presente proceso contencioso administrativo.
13. De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tienen probados los siguientes hechos relevantes:
13.1. El 17 de octubre de 2002 el fiscal 110 seccional delegado ante el Departamento Administrativo de Seguridad ordenó la práctica de allanamientos y registros a varios inmuebles ubicados en distintas veredas del municipio de Guayabal de Síquima, Cundinamarca, tendientes a la localización e incautación de material bélico y aparatos de comunicación, presuntamente pertenecientes a la guerrilla de las FARC (copia de la resolución de 17 de octubre de 2002 —fls. 6-8 c. 3—; oficio 1150 DAS-DGINV-DSR-5014 del 18 de octubre de 2002, suscrito por el jefe de la división de seguridad rural —fls. 23-28 c. 2—; acta de inspección de cadáver 5496-16 —fls. 23-26 c. 3—).
13.2. La diligencia se ordenó atendiendo al contenido del informe nº 327 de la misma fecha, suscrito por el coordinador de la división de seguridad rural del DAS, el cual no solo informaba sobre la existencia de caletas en la zona, sino que advertía de la presencia de un vehículo abandonado, en los siguientes términos (original del informe nº 327 de 17 de octubre de 2002 —fls. 1, 2 c. 3—):
Así mismo, en este sitio [se refiere a uno conocido como Alto de la Cruz, ubicado en la vereda Manoa del municipio de Guayabal de Síquima], próximo a una piscina sobre la vía, fue visto un vehículo campero abandonado, marca Mitsubishi, color estrato perla, de placa BCM 847; al parecer cargado con explosivos, el cual es vigilado por subversivos del frente XXII de las FARC entre las 22:00 hasta las 05:00 horas en días esporádicos.
Los moradores manifiestan que el automotor fue dejado hace varios días por el frente antes mencionado; entre los subversivos que abandonaron el vehículo se encuentra Jonier Godoy Uribe (alias Adán o El Cura), jefe de finanzas del precitado frente.
13.3. Para la práctica de las diligencias, las cuales se iniciaron en la tarde del 17 de octubre, se dispuso la colaboración del Ejército Nacional, de los fiscales 110 y 304, adscritos al DAS, y de funcionarios de esta misma institución, dentro de los cuales se encontraban cuatro técnicos antiexplosivos. Con el fin de cumplir con todos los allanamientos ordenados, el personal a cargo del operativo se dividió en dos grupos, cada uno de ellos conformado por un fiscal y dos técnicos antiexplosivos (oficio 1150 DAS-DGINV-DSR-5014 del 18 de octubre de 2002, suscrito por el jefe de la división de seguridad rural —fls. 23-28 c. 2—; acta de inspección de cadáver 5496-16 —fls. 23-26 c. 3—; testimonio del señor Alexander Bárcenas —fls. 129-131 c. 3—).
13.4. El primer grupo se encontró con el vehículo abandonado de que daba cuenta el informe oficial cuando ya había oscurecido, por lo cual decidió seguir de largo y no manipularlo, sino hasta que amaneciera. Aproximadamente, a las 8:30 horas del 18 de octubre, regresó al mismo sitio con el fin de realizar la revisión del automotor, la cual estuvo a cargo de los técnicos antiexplosivos Jesús Rodríguez y Julio Castellanos, quienes solo hallaron propaganda subversiva en su interior (oficio 1150 DAS-DGINV-DSR-5014 del 18 de octubre de 2002, suscrito por el jefe de la División de Seguridad Rural —fls. 23-28 c. 2—; testimonios de los señores Jesús Rodríguez y Julio Castellanos Ariza —fls. 132-138 c. 3—).
13.5. Seguidamente, los técnicos intentaron poner el vehículo en movimiento con el fin de trasladarlo a la base militar de Albán (Cundinamarca). Sin embargo, no lo consiguieron debido a que éste no tenía batería. Por esta razón, optaron por continuar su recorrido hacia los inmuebles que aún no habían sido objeto de allanamiento, no sin antes dar aviso del hallazgo del automotor al grupo nº 2, a fin de que éste se encargara de su movilización (oficio 1150 DAS-DGINV-DSR-5014 del 18 de octubre de 2002, suscrito por el jefe de la división de seguridad rural —fls. 23-28 c. 2—; testimonios de los señores Alexander Bárcenas Castañeda y Julio Castellanos Ariza — fls. 129-131 c. 3, fls. 135-138 c. 3—).
13.6. Este otro grupo estaba conformado por los técnicos antiexplosivos José Ignacio Mantilla y Alexander Bárcenas Castañeda, quienes realizaron una segunda inspección al vehículo, con resultados también negativos. Visto esto, instalaron una batería en el automotor, con lo cual lograron encenderlo. No obstante, una vez que el conductor inició la marcha, se produjo una fuerte explosión que causó de manera inmediata la muerte del señor Evelio Cortés Ortiz, que se encontraba sentado en el puesto del copiloto(4) (oficio 1150 DAS-DGINV-DSR-5014 del 18 de octubre de 2002, suscrito por el jefe de la división de seguridad rural —fls. 23-28 c. 2—; informe nº 122 de 29 de octubre de 2002, suscrito por los técnicos antiexplosivos que participaron en el operativo —fls. 29-31 c. 3—; acta de inspección de cadáver 5496-16 —fls. 23-26 c. 3—; copia del registro civil de defunción —fl. 81 c. 3—; testimonios de los señores Alexander Bárcenas Castañeda y Jesús Ignacio Mantilla —fls. 125-131 c. 3—).
13.7. Las investigaciones adelantadas permitieron establecer que la carga explosiva, conformada por aproximadamente 70 kilos de Anfo, se encontraba enterrada bajo la llanta trasera derecha del vehículo, y que su activación se produjo por un sistema de liberación de presión, diseñado para activarse cuando el vehículo se pusiera en movimiento (oficio 1150 DAS-DGINV-DSR-5014 del 18 de octubre de 2002, suscrito por el jefe de la división de seguridad rural —fls. 23-28 c. 2—; informe nº 122 de 29 de octubre de 2002, suscrito por los técnicos antiexplosivos que participaron en el operativo —fls. 29-31 c. 3—).
13.8. Al momento de su fallecimiento, el señor Evelio Cortés Ortiz desempeñaba el cargo de detective 208-07 y recibía una asignación mensual de $ 748.701, que sumadas las prestaciones sociales ascendía a $ 922.610,04 (certificación para la liquidación por compensación en caso de muerte, suscrita por el subdirector de prestaciones sociales del DAS —fl. 40 c. 1—). De acuerdo con la Resolución 996 del 11 de marzo de 1991, el detective tenía a su cargo el cumplimiento, entre otras, de las siguientes funciones (original de la certificación expedida por el coordinador del grupo de administración de personal del DAS —fls. 53, 54 c. 2—):
▪ Recolectar la información necesaria para desarrollar las tareas de investigación y actuar en los operativos que se asignen de acuerdo con los planes diseñados.
▪ Realizar investigaciones a personas sospechosas de actividades delictivas estableciendo participación, vinculación o complicidad.
▪ Efectuar las misiones de inteligencia, extranjería protección e investigación y seguridad rural que la jefatura del departamento o las direcciones determinen.
▪ Realizar investigaciones que permitan el descubrimiento de delincuentes o personas subversivas.
▪ Coordinar los patrullajes a prevención necesarios para el efectivo control del abigeato en la zona de su responsabilidad.
▪ Asistir a funcionarios judiciales en inspecciones, reconstrucciones, levantamiento de cadáveres, exploraciones dactiloscópicas, toma de guanteletes de parafina, huellas y necrodactilias.
▪ Ejercer las funciones de policía judicial a que se refiere el artículo 334 del Código de Procedimiento Penal y las demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, cuando esté autorizado por disposición emitida por la jefatura del departamento.
13.9. El señor Evelio Cortés Ortiz hacía vida marital con la señora María Zoraida Muñetón Hernández (copia de las sentencias de 29 de mayo de 2009 y de 29 de junio de 2010, proferidas por el juzgado sexto de familia de Bogotá y por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, mediante las cuales se declaró la existencia de una unión marital de hecho —fls. 123-163 c. 1—), con quien tuvo un hijo de nombre Carlos Evelio Muñetón Hernández (copia auténtica del registro civil de nacimiento —fl. 122 c. 1—).
14. Corresponde a la Sala determinar si la muerte del señor Evelio Cortés Ortiz es imputable al Departamento Administrativo de Seguridad. Para el efecto deberá establecer, de una parte, si este hecho se produjo por no haber previsto, estando en condiciones de hacerlo, que la carga explosiva se encontraba enterrada bajo la llanta trasera del automotor y por no haber adoptado todas las medidas de seguridad a su alcance para prevenir el daño; y de otra, si la víctima fue expuesta a un riesgo que desbordó aquel que enfrentaba normalmente para el cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas.
15. La Sala tiene acreditado el daño pues la prueba documental y testimonial aportada al proceso demuestra que el detective del DAS, Evelio Cortés Ortiz, falleció el 18 de octubre de 2002 en el sitio conocido como Alto de la Cruz, ubicado en la vereda Manoa del municipio de Guayabal de Síquima (Cundinamarca), cuando se encontraba en desarrollo de un operativo ordenado con el propósito de incautar material de guerra y equipos de comunicaciones en poder de las FARC (ver supra párr. 13.1. y 13.6).
16. Así mismo, la demostración del vínculo marital y de la relación de parentesco existente entre el occiso y los demandantes María Zoraida Muñetón Hernández y Carlos Evelio Cortés Muñetón, permite inferir, conforme a las reglas de la experiencia, que ellos sintieron dolor, aflicción y congoja por el fallecimiento de su compañero y padre.
17. En cuanto a la imputabilidad del daño, de manera reiterada, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que quienes se vinculan voluntariamente al servicio de defensa y seguridad, bien sea como militares, policías o agentes del DAS, deben soportar los riesgos inherentes a la actividad que desempeñan, por lo que solo habrá lugar a la reparación cuando dicho daño se haya producido por una falla del servicio, o cuando se someta al funcionario a un riesgo diferente o mayor al que normalmente estaría sometido para el cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas(5). En todo caso, el funcionario y quienes hayan resultado afectados con el hecho tendrán derecho a las prestaciones e indemnizaciones previamente establecidas en el ordenamiento jurídico (a forfait).
18. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que la entidad demandada incurrió en una falla del servicio porque no previó, estando en condiciones de hacerlo, que la carga explosiva se encontraba enterrada bajo la llanta trasera derecha del automotor. El Ministerio Público llegó a la misma conclusión pero no por esta razón, sino porque consideró que el DAS no empleó todos los recursos a su alcance para detectar la presencia del explosivo.
19. La Sala no comparte la apreciación del tribunal, pues las pruebas aportadas al proceso demuestran que para el momento de los hechos no existían registros de un caso similar, por lo que no era previsible que la carga explosiva se encontrara enterrada bajo la llanta trasera del automotor, máxime si se tiene en cuenta que los técnicos antiexplosivos inspeccionaron el suelo, sin hallar evidencia de que la tierra hubiera sido removida. Al respecto se transcribe lo dicho por el señor José Ignacio Mantilla, quien adelantó la segunda revisión al vehículo (fls. 125-128 c. 3):
(…) al comunicarnos con los compañeros de explosivos de la patrulla nº 1 nos informaron que ellos habían hecho la revisión del vehículo antes citado, lo habían abierto y lo habían revisado minuciosamente, estableciendo que el vehículo en sí no estaba cargado con explosivos, que no lo habían podido prender porque la batería estaba totalmente muerta y que habían pensado en empujarlo pero de pensar que no servía la batería habían desistido, luego el jefe de Seguridad Rural nos dio la orden al grupo nº 2 de tratar de movilizar y encender el vehículo con el fin de trasladarlo a la ciudad de Bogotá, cuando llegamos al lugar donde se encontraba estacionado, Alexander Bárcenas y yo volvimos a realizar una revisión técnica al vehículo y sus alrededores, según el Ejército ese vehículo llevaba 20 días o más allí abandonado, nos informó que varios días atrás había llovido y al revisar nosotros el piso se encontraba totalmente parejo y no tenía muestras de haber sido removido en alguna de sus partes (…), el artefacto explosivo había sido colocado debajo de la llanta posterior derecha y se había activado al momento de mover el vehículo, este tipo de artefacto explosivo es utilizado por la subversión y es conocido como una mina de cajón que se utiliza para destruir vehículos pesados, dejándolos como trampa contra cualquier estamento de seguridad del Estado, no la pudimos detectar primero porque se encontraba debajo del piso y debajo de la llanta del Mitsubishi y como había llovido antes el piso se encontraba parejo y no había muestra de que se hubiera removido (…). PREGUNTADO: Informe por qué motivo el vehículo sospechoso no fue movilizado del lugar utilizando un medio mecánico como el jalado. CONTESTÓ: Primero porque se había realizado la revisión técnica del vehículo y este no tenía explosivos ni artefactos explosivos. Segundo, porque la guerrilla no había utilizado este método antes y prácticamente era nuevo para nosotros.
20. En similar sentido se pronunció el señor Julio Castellanos Ariza, técnico antiexplosivos del DAS (fls. 135-138 c. 3):
PREGUNTADO: Sabe usted si este sistema utilizado ha sido perpetrado en otra ocasión por estos grupos delincuenciales. CONTESTÓ: Concretamente con vehículos no, es la primera vez que se utiliza, o por lo menos la primera vez que lo había visto en los 10 años que llevaba trabajando como táctico, aunque sistemas similares se han utilizado con cadáveres para que exploten en el momento en que se va a hacer la inspección del cadáver. En el caso concreto que se investiga era muy difícil detectar la bomba que se encontraba debajo del vehículo ya que llevaba más de 20 días abandonado en el sitio, y el tiempo, la lluvia y las condiciones climáticas hacen que se borren los rastros que hacían posible detectarla, pero es bueno aclarar que la carga explosiva no se encontraba dentro del vehículo.
21. Finalmente, el señor Alexander Bárcenas Castañeda confirmó el relato anterior, al indicar que (fls. 129-131 c. 3):
En cuanto a la revisión técnica, como lo dije anteriormente, los primeros en efectuar esta revisión fueron Jesús Rodríguez y Julio Castellanos, en cuanto a la segunda revisión ésta se efectuó en el interior del vehículo y en el perímetro mismo de donde se descartó la presencia de artefactos explosivos o explosivo al interior y en el perímetro del mismo la carga se encontraba enterrada, según información, desde hace hacía 15 días aproximadamente, no se veían personas cerca de este vehículo con lo que se presume que la carga llevaba más de 15 días enterrada por lo cual había desaparecido el rastro de remoción de tierra y la hierba ayudó a camuflar la misma(…). PREGUNTADO: Manifieste al despacho si ustedes tienen conocimiento de hechos similares en cuanto a la colocación de cargas explosivas. CONTESTÓ: No existen antecedentes de casos similares, de ahí que se hubiese tomado la decisión de permitir que compañeros movilizaran este vehículo.
22. A juicio de la Sala, los testimonios trascritos, los cuales son convincentes por ser coincidentes entre sí, permiten tener por demostrado que la entidad demandada no incurrió en falla del servicio por no haber detectado la carga explosiva pues no era esperable que ésta se encontrara enterrada bajo la llanta trasera del automotor, en tanto no existían huellas en el terreno que indicaran tal posibilidad, amén de que nunca antes la guerrilla había empleado este tipo de métodos para atentar contra los organismos de seguridad del Estado.
23. En cuanto a lo señalado por el Ministerio Público, en punto a que hubo falla del servicio porque la entidad no empleó todos los medios a su alcance para prevenir la muerte del detective Evelio Cortés, la Sala considera que, como el daño era imprevisible, no era exigible al DAS que empleara una grúa para la movilización del automotor ni que adelantara acciones distintas a la revisión interna y externa del mismo y sus alrededores, para descartar la presencia de explosivos.
24. En todo caso, se conoce que el uso de elementos adicionales, tales como perros entrenados, no habría sido efectivo para evitar el daño, pues la misión en la que participaban el señor Cortés Ortiz y los demás agentes del DAS implicaba el desarrollo de largas caminatas, lo cual habría disminuido la capacidad de estos animales para detectar con éxito la carga explosiva. Al respecto, el técnico antiexplosivos Alexander Bárcenas Castañeda manifestó (fl. 130 c. 3):
PREGUNTADO: Informe al despacho por qué motivo no se llevó un perro antiexplosivos al procedimiento. CONTESTÓ: Inicialmente, dentro del plan de operaciones quedó estipulado que uno de los técnicos debería llevar un perro para la detección de explosivos, posteriormente y luego de determinar que el ingreso a la zona debería hacerse caminando y no en vehículos como se planteó inicialmente se descartó el perro antiexplosivos puesto que tendríamos que caminar más de 04 horas y el perro después de 30 minutos a 1 hora de recorrido se fatiga, perdiendo su capacidad de rastreo por lo que resultaría inútil haber llevado el canino a esta operación.
25. En similar sentido, se pronunciaron los agentes Julio Castellanos (fls. 137-138 c. 3) y Jesús Antonio Rodríguez (fl. 133 c. 3), cuyo testimonio se transcribe a continuación:
PREGUNTADO: Informe al despacho por qué motivo no se llevó un perro antiexplosivos al procedimiento. CONTESTÓ: No soy la persona más idónea para responder este tipo de cuestionario, ya que no tengo conocimiento sobre la funcionalidad del can, sin embargo, según consultas que he realizado y que de hecho se trataron el día del operativo antes de salir al mismo el encargado de los perros antiexplosivos manifestó que si un animal se hace caminar por espacio superior a las dos horas éste se fatiga y pierde su confiabilidad por lo que se determinó no llevarlo ya que el desgaste del perro sería superior a las dos horas (…).
26. De lo expuesto, se concluye que la entidad fue diligente y cuidadosa en el manejo de la situación pues realizó dos revisiones previas al automotor, por personal capacitado para ello, sin que pueda reprochársele la decisión de no emplear perros antiexplosivos para el cumplimiento de la misión ni de permitir que dos de sus agentes intentaran la movilización del automotor, pues, por una parte, existían razones de utilidad y conveniencia, que no fueron controvertidas a lo largo del proceso, que desaconsejaban el uso de caninos y, por otra, no había nada en el automotor ni en sus alrededores que ofrecieran motivos para sospechar que éste revestía algún grado de peligrosidad, incluso después de la revisión.
27. Descartada la existencia de una falla del servicio imputable a la entidad, resta por analizar si la muerte del señor Evelio Cortés Ortiz se produjo por la concreción de un riesgo excepcional, que desbordó aquel que enfrentaba normalmente para el cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas.
28. El tribunal a quo respondió a esta cuestión de forma positiva en tanto consideró que a la víctima se le ordenó movilizar el vehículo, pese a que el manejo de explosivos no hacía parte de sus funciones.
29. La Sala coincide parcialmente con esta apreciación porque, aunque el detective Evelio Cortés Ortiz no dirigió ni practicó la revisión del automotor y, por tanto, no tuvo contacto con los explosivos, sí estuvo expuesto a un riesgo excepcional en tanto fue compelido a participar en una misión que no se enmarcaba en ninguna de las funciones que le habían sido asignadas.
30. En efecto, se conoce que en virtud de lo dispuesto en la Resolución 996 del 11 de marzo de 1991, el agente estatal tenía a su cargo el cumplimiento de tareas de inteligencia e investigación y el desarrollo de labores de policía judicial (ver supra párr. 13.8), pero no de operaciones que llevaran aparejadas ab initio el riesgo cierto de sufrir afectaciones a su vida o a su integridad personal, como aquellas encaminadas a la desactivación de artefactos explosivos.
31. Por las razones expuestas, la Sala considera que la muerte del detective Evelio Cortés Ortiz es imputable a la administración porque supuso la concreción de un riesgo excepcional, distinto al que normalmente enfrentaba, y en consecuencia, confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de declarar la responsabilidad de la Nación-Departamento Administrativo de Seguridad, representado judicialmente por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
VI. Perjuicios.
32. Procede la Sala a fijar el monto de los perjuicios de conformidad con las razones de la apelación y las pruebas que obran dentro del proceso.
33. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación - Departamento Administrativo de Seguridad a pagar lo equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales a favor de los señores María Zoraida Muñetón Hernández y Carlos Evelio Cortés Muñetón, compañera e hijo, respectivamente del detective Evelio Cortés Ortiz.
34. La Sala confirmará está decisión, no solo porque el perjuicio moral respecto de cada uno de estos demandantes se encuentra acreditado (ver supra párr. 16), sino porque el monto de las condenas se ajusta a los parámetros establecidos por la sección tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación de jurisprudencia del 28 de agosto de 2014(6), los cuales atienden el nivel de cercanía afectivo existente entre la víctima directa y quienes acuden al proceso como damnificados del hecho dañoso:
Regla general en el caso de muerte Relación afectiva conyugal y paterno-filial Relación afectiva del 2° grado de consanguinidad o civil Relación afectiva del 3er grado de consanguinidad o civil Relación afectiva del 4° grado de consanguinidad o civil. Relación afectiva no familiar (terceros damnificados)
2. Perjuicios materiales.
35. La Sala modificará lo decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, atendiendo a lo solicitado por la parte actora en su recurso de apelación, en consideración a que está demostrado que al momento de su fallecimiento el detective Evelio Cortés Ortiz percibía una suma superior al salario mínimo legal mensual vigente (ver supra párr. 13.8).
36. La liquidación del perjuicio se hará con base en los criterios establecidos por el pleno de la sección tercera del Consejo de Estado en la sentencia de 22 de abril de 2015(7), que unificó la jurisprudencia relativa al acrecimiento de los perjuicios por el lucro cesante, a que tienen derecho quienes, “debido a la solidez del grupo y el deber ser del buen padre de familia, amén de que dejaron de percibir la ayuda económica de la persona por cuyo fallecimiento se demanda la responsabilidad patrimonial del Estado, habrían asistido a no ver menguado el apoyo sino robustecido, culminada la necesidad de cada uno de los integrantes del núcleo familiar”(8).
37. A esos efectos se fijarán las cuotas de participación de forma que, alcanzada la edad en que de ordinario se logra la independencia económica de los hijos no discapacitados o agotado el tiempo de la expectativa de vida, la participación dejada de percibir por cada uno se repartirá entre los restantes a los que, conforme con las reglas de la liquidación, aún les asiste el derecho a la porción y así sucesivamente. Se debe tener en cuenta, además, que a partir de la fecha en que todos los hijos alcanzan la autonomía económica, el trabajador habría aumentado las reservas para sus propias necesidades. Y, en esas circunstancias, la distribución será del 50% de los ingresos totales para cada consorte, cónyuge o compañero(a), siendo este porcentaje la proporción que se reconocerá al cónyuge supérstite, a partir de entonces.
38. Aplicando los criterios de liquidación del lucro cesante señalados en la jurisprudencia vigente, se procede con el acrecimiento, como sigue:
38.1. Se establece la renta mensual del fallecido, destinada a la ayuda económica del grupo familiar, a partir de los ingresos mensuales devengados por aquel al momento del deceso. Los salarios no integrales se incrementan en un 25%, por concepto de prestaciones sociales. Del ingreso mensual obtenido se deduce el 25% correspondiente a los gastos personales del trabajador. El valor así calculado se actualiza con el índice de precios al consumidor. El resultado final es la renta actualizada (Ra).
38.2. Se determina el tiempo máximo durante el cual se habría prolongado la ayuda económica al grupo familiar (Tmax). Al efecto se toma el menor valor, en meses, resultante de comparar el periodo correspondiente al miembro del grupo familiar que hubiere recibido la ayuda durante más largo tiempo, teniendo en cuenta la edad de 25 años, en la que se presume la independencia económica de los hijos no discapacitados y la expectativa de vida en los demás casos, con el periodo correspondiente a la expectativa de vida del fallecido. Asimismo, se halla el tiempo consolidado o transcurrido desde la ocurrencia de los hechos hasta la fecha la sentencia (Tcons), y el tiempo futuro (Tfut), que corresponde al periodo que falta para completar el tiempo máximo de la ayuda económica, esto es, (Tfut) = (Tmax)-(Tcons).
38.3. Con la renta actualizada (Ra) se calcula la renta destinada a la ayuda económica para el grupo familiar, dejada de percibir por el fallecido, durante el tiempo consolidado (Rc) y el tiempo futuro (Rf), aplicando las fórmulas acogidas por la jurisprudencia vigente.
38.4. Así, la renta destinada a la ayuda económica para el grupo familiar, dejada de percibir por el fallecido, durante el tiempo consolidado (Rc), se calcula aplicando la siguiente ecuación:
38.5. Y la renta destinada a la ayuda económica para el grupo familiar, dejada de percibir por el fallecido durante el tiempo futuro (Rf), se calcula aplicando la siguiente ecuación:
38.6. Luego, se distribuye entre los actores beneficiarios la renta dejada de percibir por el fallecido durante el tiempo consolidado (Rc) y el tiempo futuro (Rf), teniendo en cuenta (i) el periodo durante el que cada uno de ellos la habría percibido; (ii) que de existir cónyuge o compañero(a) supérstite e hijos, se asigna el 50% del lucro cesante para el primero, la otra mitad a los hijos por partes iguales y, siendo único beneficiario, al cónyuge o compañero(a) supérstite se le asigna el 50% de la renta dejada de percibir por el trabajador y (iii) que la porción dejada de percibir por uno de los beneficiarios acrecerá, por partes iguales, las de los demás.
38.7. Al efecto, se halla el valor de la renta a distribuir (Vd) como lucro cesante entre los beneficiarios, en cada uno de los periodos en los que debe hacerse el acrecimiento, dividiendo el valor de la renta dejada de percibir —(Rc) o (Rf)— por el tiempo consolidado o futuro —(Tcons) o (Tfut)—, según corresponda y multiplicando el resultado por el número de meses del periodo en el que se va a distribuir (Pd). En los cálculos se utilizarán cifras con dos decimales, salvo en el caso del interés legal señalado.
38.8. Así, por ejemplo, siendo beneficiarios de la ayuda económica el cónyuge supérstite o compañero(a) permanente y los hijos menores de 25 años, (i) se hace una primera asignación de la renta entre todos los beneficiarios, distribuyendo el valor correspondiente al número de meses que le faltan al primer hijo para cumplir los 25 años edad (Pd1), en las proporciones señaladas; y (ii) en el segundo periodo (Pd2) se asigna al cónyuge o compañero(a) permanente supérstite el 50% de la renta pendiente por distribuir, comoquiera que la otra mitad corresponde al incremento en las reservas para las necesidades del trabajador.
39. En el caso concreto está probado que, al momento de su fallecimiento (18 de octubre de 2002), el señor Evelio Cortés Ortiz tenía 32 años de edad(9), por lo que le quedarían 44,33 años (531,96 meses) de vida probable de conformidad con la Resolución 497 expedida por la Superintendencia Bancaria el 20 de mayo de 1997 para definir las tablas de mortalidad, con base en la experiencia 1980-1989(10). Por su parte, a su compañera, la señora María Zoraida Muñetón, nacida el 17 de octubre de 1979 (fl. 51 c. 2), le quedarían probablemente 54,50 años (654 meses) más de vida, ya que a esa fecha tendría 23 años.
40. Asimismo, al tiempo en que en que se produjo su deceso, su hijo Carlos Evelio Cortés Muñetón, nacido el 16 de mayo de 2003 (fl. 122 c. 1), estaría a 300 meses de cumplir 25 años.
41. Siendo así, la compañera supérstite hubiera recibido la ayuda durante más largo tiempo, comoquiera que su expectativa de vida es mayor que el periodo faltante para que su hijo no discapacitado cumpla la edad de 25 años. Entonces, el tiempo máximo (Tmax) a liquidar será de 44,33 años, o sea, 531,96 meses de vida probable del señor Evelio Cortés, pues como estadísticamente hubiera vivido menos que su compañera, a partir de entonces ésta no recibirá apoyo de aquél, pues se presume que el occiso no la sobreviviría. De los 531,96 meses, ya se han consolidado (Tcons) 184,06 meses, contados desde el 18 octubre de 2002 hasta el 30 de noviembre de 2017(11), quedando futuros (Tfut) otros 347,9 meses.
42. Para calcular la renta dejada de percibir por el fallecido se tendrá en cuenta el valor certificado por el subdirector de prestaciones sociales del DAS ($ 922.610,04), el cual incluye el monto de las prestaciones sociales (ver supra párr. 13.8). Se deducirá de este valor el 25%, que corresponde al monto aproximado que la víctima habría destinado a su sostenimiento y manutención, quedando la base para la liquidación en la suma de $ 691 957,53, que actualizada asciende a $ 1.354.728,46.
43. Con este valor se calcula la renta dejada de percibir por el fallecido durante el tiempo consolidado, así:
Donde i = al interés mensual legal (0,004867) y n = Tcons. Desde la fecha en que se produjo el fallecimiento del señor Evelio Cortés (18 de octubre de 2002) hasta el 30 de noviembre de 2017 (correspondiente al último IPC publicado a la fecha de la sentencia), Tcons = 184,06 meses.
44. Se tiene, entonces, que durante el tiempo consolidado (184,06 meses) los parientes del fallecido dejaron de percibir una renta total por valor de $ 401.944.622 destinada al apoyo que el compañero y padre habría brindado, si viviese, al grupo familiar. Este valor se distribuye así: el 50% para la señora María Zoraida Muñetón ($ 200.972.311) y el 50% para el joven Carlos Evelio Ortiz ($ 200.972.311).
45. Ahora se calcula la renta dejada de percibir por los parientes del fallecido, si este viviese, durante el tiempo futuro, así:
Donde: i = al interés mensual legal (0,004867) y n = (Tfut). Desde el 1° de diciembre de 2017 hasta completar la expectativa de vida probable del fallecido, Tfut = 347,9 meses.
46. Y se procede al cálculo del lucro cesante futuro con acrecimiento para cada uno de los actores beneficiarios, distribuyendo los valores de la renta calculada, en los periodos del acrecimiento, así:
47. En los primeros 127,3 meses de lucro cesante futuro (Pd1), mientras Carlos Evelio Cortés alcanza los 25 años, se asigna el valor de la renta futura a distribuir en ese periodo, como sigue:
48. Entonces, de esta suma a la señora María Zoraida Muñetón le corresponden $ 41 520 458,5 en tanto que a su hijo, Carlos Evelio Cortés, les corresponde una suma igual.
49. Los últimos 220,6 meses de lucro cesante futuro, es decir, el restante de la expectativa de vida probable del occiso, se asigna el valor de la renta futura a distribuir (Vd) en ese periodo a favor de ella, así:
50. Teniendo en cuenta que estos $ 143.902.800 corresponden al 75% de los ingresos que hubiera podido recibir el fallecido luego de que su hijo alcanzara 25 años, de esta base se le reconocerá a la compañera sobreviviente el 50% de los ingresos remanentes, esto es, la suma de $ 71.951.400 pues en esas circunstancias de independencia económica del hijo, el trabajador habría aumentado las reservas para sus propias necesidades.
51. En síntesis, las sumas liquidadas por concepto de lucro cesante futuro son las siguientes:
Primeros 127,3 m Siguientes 220,6 m Total lucro cesante futuro
María Zoraida Muñetón $ 41.520.458,5 $ 71.951.400 $ 113.471.858,5
Carlos Evelio Ortiz $ 41.520.458,5 0 $ 41.520.458,5
Incremento reservas para necesidades del fallecido $ 0 $ 71.951.400 $ 71.951.400
Total renta distribuida $ 83.040.917 $ 143.902.800 $ 226.943.717
52. Siendo esta la liquidación final de la indemnización por el lucro cesante que corresponde a cada uno de los actores:
María Zoraida Muñetón $ 200.972.311 $ 113.471.858,5 $ 314.444.169,5
Carlos Evelio Ortiz Muñetón $ 200.972.311 $ 41.520.458,5 $ 242.492.769,5
Total $ 401.944.622 $ 154.992.317 $ 556.936.939
MODIFICAR la sentencia de 18 de noviembre de 2010, proferida por la sección tercera, subsección “A”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará, así:
1. DECLARAR a la Nación - Departamento Administrativo de Seguridad, representada judicialmente por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, por la muerte del señor Evelio Cortés Ortiz, ocurrida el 18 de octubre de 2002 en zona rural del municipio de Guayabal de Síquima, departamento de Cundinamarca.
2. CONDENAR a la Nación - Departamento Administrativo de Seguridad, representado legalmente por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y con cargo al patrimonio autónomo de que trata el artículo 238 de la Ley 1753 de 2015, a pagar, por concepto de perjuicios morales, a favor de los señores María Zoraida Muñetón Hernández y Carlos Evelio Ortiz Muñetón la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.
3. CONDENAR a la Nación, Departamento Administrativo de Seguridad, representado legalmente por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y con cargo al patrimonio autónomo de que trata el artículo 238 de la Ley 1753 de 2015, a pagar, por concepto de lucro cesante, las siguientes indemnizaciones:
— A favor de la señora María Zoraida Muñetón Hernández la suma de trescientos catorce millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento sesenta y nueve pesos con cinco centavos ($ 314.444.169,5).
— A favor del joven Carlos Evelio Cortés Muñetón la suma de doscientos cuarenta y dos millones cuatrocientos noventa y dos mil setecientos sesenta y nueve pesos con cinco centavos ($ 242.492.769,5).
5. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
6. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.
2 La cuantía asciende a la suma de $ 461.513.356, la cual resulta superior a la exigida por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, reformado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998 para las acciones de reparación directa. Esta suma se obtiene de la sumatoria de la totalidad de las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010.
3 Consejo de Estado, sección tercera, sentencias de 21 de febrero de 2002, Exp. 12.789, C.P. Alier Eduardo Hernández; 25 de enero de 2001, Exp. 12.831, C.P. Ricardo Hoyos Duque; 3 de mayo de 2007, Exp. 25.020, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; 18 de octubre de 2007, Exp. 15.528, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.
4 En los hechos resultaron heridos otros agentes del DAS, pero consultado el sistema de gestión de esta corporación, no se encontraron procesos promovidos por alguno de ellos.
5 Consejo de Estado, sección tercera, sentencias de 29 de agosto de 2012, Exp. 24256, C.P. Danilo Rojas Betancourth; de 28 de abril de 2010, Exp. 18.111, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; del 3 de mayo de 2007, Exp. 16.200, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; y de 13 de septiembre de 2001, Exp. 13279, C.P. Ricardo Hoyos Duque, entre otras.
6 Consejo de Estado, sección tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 27709, C.P. Carlos Alberto Zambrano.
7 Con salvamento de voto presentado por suscrito magistrado.
8 Expediente 19146, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
9 El señor Henry Herrera Ceballos nació el 27 de julio de 1970 (fl. 6 c. 2).
10 No se toma la Resolución 1555 expedida por la Superintendencia Financiera del 30 de julio de 2010, porque ésta se basa en las experiencias de 2005-2008.
11 Se toma este mes porque corresponde al del último IPC publicado a la fecha de la sentencia.

References: artículo 185
 artículo 267
 resolución 
 Resolución 
 artículo 334
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 238
 artículo 238
 artículo 115
 artículo 37
 artículo 132
 artículo 40
 artículo 3
 Resolución