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Timestamp: 2018-11-16 11:38:27+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Sábado 22 Febrero 2003
La libertad de expresión no puede amparar el delito
EDITORIAL Libertad Digital 22 Febrero 2003
ERROR SIN PREJUICIO
Editorial ABC 22 Febrero 2003
¿QUÉ LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Juan Manuel DE PRADA ABC 22 Febrero 2003
LA HEMEROTECA DE ATUTXA
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ-BESADA ABC 22 Febrero 2003
Cartas al Director El Correo 22 Febrero 2003
¿Qué dictadura
ETA designaba a los directores de Egunkaria y actuaba como consejo de administración
ABC 22 Febrero 2003
El Comité de las Regiones debatirá en abril la situación de los concejales amenazados por ETA
Javier Jiménez - Bruselas.- La Razón 22 Febrero 2003
Quienes sostienen que el cierre de cualquier periódico o medio de comunicación por parte de las autoridades es un atentado contra derechos fundamentales recogidos en artículo 20 de la Constitución –la libertad de expresión y el derecho a dar y recibir información veraz–, olvidan que ese mismo precepto constitucional, en el apartado 4, dice que “Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título”, el primero, de los derechos y deberes fundamentales, que recoge, entre otros, el derecho a la vida, a la libertad personal, a la participación en los asuntos públicos, a fijar libremente la residencia y a la libertad de enseñanza.
El cierre cautelar del diario Egunkaria, ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, tiene como objeto precisamente evitar que ETA –que, según el juez, ha intervenido directa o indirectamente en su fundación y financiación, así como en la elección de sus directivos– siga utilizándolo como altavoz de su proyecto totalitario y criminal que niega abiertamente para los no nacionalistas esos derechos fundamentales. Bajo el pretexto de impulsar la lengua euskérica –abundantemente subvencionado por el Gobierno vasco, hasta el punto de que, en media, del precio final del diario, 0,20 euros (unas 33 pesetas) eran dinero público–, Egunkaria ha servido de altavoz de la ideología totalitaria y criminal de ETA, la cual atenta contra la vida, la libertad personal, la participación en los asuntos públicos y la libre elección del lugar de residencia de quienes se declaran no nacionalistas. Aunque es cierto que no son las ideas ni los periódicos los que delinquen, sino las personas –del mismo modo que no son las pistolas las que asesinan, sino quienes las empuñan– no es menos cierto que cuando se detiene a un mafioso, la primera medida es incautarse de sus armas y de los medios que utilizaba para delinquir –sean cuales sean–, con el objeto de que no caigan en manos de otros miembros de la organización que puedan continuar las actividades delictivas. Más aún en el caso de los proetarras, quienes, además de ser nacionalistas, son sobre todo leninistas; es decir, emplean todos los recursos que la democracia liberal les ofrece para combatirla y destruirla.
Sin embargo, el precintado diario Egunkaria no es más que la punta del iceberg de la política de euskaldunización forzada impulsada por el Gobierno vasco y gestionada por la izquierda proetarra con su connivencia. Es notorio que el aprendizaje del vascuence en el País Vasco está controlado en su mayor parte por los batasunos a través de las ikastolas y de las editoriales abertzales que publican en euskera, descaradamente favorecidas por el Gobierno vasco en detrimento de otras iniciativas independientes. Como muestra de ello, uno de los diez detenidos con motivo del precinto de Egunkaria es el responsable de comunicación de la federación de ikastolas, quien a su vez fue anteriormente subdirector de ese diario. El aprendizaje del euskera en el País Vasco está al servicio de la indoctrinación nacionalista, de tal forma que idioma y nacionalismo formen una unidad indisoluble en la conciencia de quienes lo aprenden.
Por ello, calificar el cierre de Egunkaria como un “atentado” a la cultura vasca, como hace el nacionalismo gobernante en Vitoria –que procura por todos los medios a su alcance erradicar y falsificar la cultura y la historia de España, de la que el País Vasco es parte esencial desde la Edad Media–, es, cuando menos, una broma de mal gusto; sobre todo si se tiene en cuenta que la tirada del periódico proetarra recién clausurado apenas alcanzaba los 15.000 ejemplares y recibía sustanciosas subvenciones del Gobierno vasco. El cierre de Egunkaria, más que un “atentado contra la libertad de expresión” o “contra la cultura vasca”, es una medida de higiene democrática, similar a la que prohibe negar el Holocausto o hacer exaltación del racismo o del nazismo. A buen seguro, de haber sido Egunkaria un periódico declaradamente nazi –lo es en la medida en que proponía “soluciones” totalitarias al “problema vasco”–, ni siquiera se habría planteado la cuestión de si su cierre atenta o no contra la libertad de expresión.
La recusación planteada por el Gobierno vasco contra el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, tenía menos fundamento del que da a entender la ajustada votación que la ha desestimado. El Ejecutivo nacionalista de Vitoria pretendía la exclusión de Jiménez de Parga en la decisión sobre el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Partidos Políticos, basándose en unas declaraciones en las que el presidente del TC expresaba con media frase su deseo de que el Supremo ilegalizara a Batasuna. Si la recusación debe basarse en la pérdida de imparcialidad hacia las partes del proceso o hacia el objeto del pleito, es evidente que esas declaraciones no convertían a Jiménez de Parga en un juez parcial, pues ni Batasuna es parte en el recurso interpuesto por el Gobierno vasco, ni en él se decide la constitucionalidad de la disolución judicial de ese partido.
Mejor habría sido ahorrarse esas declaraciones, sin duda, pero entre cometer un lapsus, por grave que sea, y emitir un prejuicio invalidante para dictar sentencia hay una distancia de formas y de conceptos que no se debe ignorar. Las manifestaciones de Jiménez de Parga, puestas en relación con el recurso del Gobierno vasco -que es lo que se debe hacer-, no habían recorrido esa distancia. El recurso de inconstitucionalidad es un juicio genérico de adecuación de la ley a la Constitución, asunto sobre el que Jiménez de Parga no hizo pronunciamiento alguno en sus declaraciones. Los cinco magistrados -frente a seis- que han apoyado la recusación no lo han entendido así. Sus razones aún no son conocidas, porque no se ha hecho público el auto, pero habrá que suponer que han ponderado las consecuencias de arrojar sobre su presidente la sombra de la parcialidad y de haber abierto la puerta a una demanda ante el Tribunal de Estrasburgo.
Por Juan Manuel DE PRADA ABC 22 Febrero 2003
UN juez suspende cautelarmente la edición de un periodiquito o libelo, ante la sospecha de que se esté financiando con fondos procedentes de la extorsión etarra. A la mañana siguiente, los quioscos vascos amanecen con otro periodiquito o libelo de idénticas hechuras y cabecera levemente rectificada. No es la primera vez que asistimos a estos jueguecitos de birlibirloque y añagazas que burlan la acción de la justicia. Por si esto fuera poco, el periodiquito o libelo neonato incorpora publicidad institucional del Gobierno vasco, que de este modo se hace cómplice de la burla. Y los parlamentarios nacionalistas acuden al día siguiente a un pleno de la Cámara autonómica exhibiendo ostentosamente ejemplares de este periodiquito o libelo, que leen o fingen leer, para solidarizarse con quienes consideran víctimas de un «Estado totalitario». No entiendo por qué se transige con estas conductas sediciosas; no entiendo por qué los desacatos más flagrantes campan por sus fueros en el País Vasco. Supongo que mis entendederas son demasiado cortas; supongo que ese «respeto a las decisiones de los jueces y tribunales» que exige la ley interrumpe su jurisdicción en esta región perfumada por la pólvora.
Las imágenes que ha divulgado la televisión provocan la náusea. Un parlamentario batasuno intenta repartir el periodiquito o libelo de marras entre los representantes constitucionalistas; su actitud, muy cachazuda y chulesca, es de una elocuencia sin ambages: «Nos importa un pimiento que nos cerréis nuestro órgano de propaganda -parece decir-; al día siguiente ya habremos creado otro, con la anuencia y el aplauso de los gobernantes que nos subvencionan». Mientras esta escena se desarrolla, los parlamentarios nacionalistas mantienen su risueña impavidez: es la imagen quintaesenciada del horror vacui, el triunfo de la alegalidad, el sometimiento de la justicia a los designios engreídos del matonismo. Un sentimiento híbrido de lástima y repugnancia me ha obligado a apagar el televisor, antes de convertirme en piedra, como aquellos incautos que miraban de frente a la Gorgona. Simplemente, no me cabe en la cabeza que la impunidad pueda pavonearse a sus anchas.
Todavía hay quienes se atreven a formular sus reparos ante medidas cautelares como la del juez Del Olmo, aduciendo que podrían conculcar la libertad de expresión. ¿De qué cojones de libertad de expresión estamos hablando? ¿Libertad para expresar anhelos de muerte y destrucción? ¿Libertad para propagar el terror? ¿Libertad para ultrajar y amenazar al prójimo, para acogotarlo y anatematizarlo? Ya basta de pudibundeces y mojigaterías. Ya basta de hacernos pajitas con la libertad de expresión, que es el lujo que se permiten las sociedades libres. Hay muchos cientos de vascos que ya no pueden ejercer su libertad de expresión, por la sencilla razón de que sus huesos amueblan la tierra; y otros muchos cientos o miles atenazados por el miedo, que no se atreven a decir lo que piensan por temor a recibir un escupitajo de plomo. La libertad de expresión no puede ser la coartada que ampare la infracción de derechos más primordiales. A los sacamantecas que conculcan alegremente el derecho a la vida no se les puede conceder el beneficio de proclamar libremente su insania, mucho menos cuando existen sospechas fundadas de que esa proclamación bravucona se financia con el dinero que les procuran el chantaje y la administración del miedo. La misión de la ley es garantizar las condiciones que permitan el verdadero ejercicio de la libertad de expresión; cuando esas condiciones mínimas no están garantizadas, la ley debe acallar a los apóstoles de la muerte. Acallarlos sin contemplaciones, sin misericordia, sin estúpidos remilgos y melindres. Acallarlos hasta que se queden sin voz.
¿QUÉ leían ayer, sentados en sus escaños de Vitoria, los parlamentarios del PNV? Las hemerotecas son siempre peligrosas y, a lo mejor, escondidos detrás de las páginas de «Egunero», el periódico que ha sustituido a «Egunkaria» tras ser precintado éste por orden de la Audiencia Nacional, repasaban las declaraciones realizadas por Juan María Atutxa en 1992. En aquellos años, según consta en un teletipo de la agencia Efe, el entonces consejero de Interior y hoy presidente de la Cámara vasca comparecía ante una comisión del Parlamento que preside para dar cuenta de una operación policial desarrollada por la Ertzainza, que permitió la desarticulación de la infraestructura de ETA que se dedicaba a llevar a cabo la extorsión de empresarios por medio del denominado «impuesto revolucionario». Ni corto ni perezoso, Atutxa afirmó entonces, y cito textualmente, que dichas actuaciones «mostraban con total claridad el carácter mafioso de ETA y las significativas coincidencias existentes entre esta red y entidades tan importantes para el mundo de HB como su propia Mesa Nacional, el diario «Egin», «Egunkaria» (periódico en euskera) y el sindicato LAB».
Jugar con el recuerdo es para algunos peor que jugar con fuego. La memoria, hoy accesible para todos gracias a las nuevas tecnologías, tiene estas cosas, y a Atutxa cabe preguntarle hoy qué ha cambiado en estos últimos diez años para que lo blanco se convierta en negro. El que hasta hace poco pasaba por ser «el bueno del PNV», el moderado, poco hizo ayer para reprimir la tanda de insultos que los parlamentarios de la antigua Batasuna dirigieron a los diputados del Partido Popular por el cierre de «Egunkaria». El travestismo del Parlamento vasco en una hemeroteca le ha jugado una mala pasada a su casero, que o sufre un ataque de amnesia o cree que lo sufren todos los demás. Pero ahí están los archivos para refrescarle la memoria.
Ildefonso L. López de Armentia/Getxo-Vizcaya Cartas al Director El Correo 22 Febrero 2003
Pido perdón humilde y públicamente. Sé que tengo que hacerlo. Perdón por no levantar la voz con rabia e indignación sobre los que quieren acabar, 'en nuestro nombre', con él mas preciado de nuestros derechos: la libertad. Perdón por no hacer visible mi repulsa total en manifestaciones y actos contra bandas terroristas y terroristas en banda. Perdón por permitir que se me pase el enfado y me olvide consciente e imprudentemente de, por ejemplo, la última persona a la cual le han arrebatado la vida sin saber por qué. Perdón por ser uno de los que se ampara en la comodidad del silencio. Perdón porque mi cobardía me hará volver a meter la cabeza debajo de la tierra (tan mía como suya) cuando alguien me hable de extorsión, falta de libertad, asesinatos, chantajes, dianas marcadas con nombre y tantas agresiones más. No busco compresión, ni simpatía, ni siquiera reproches o argumentos para discutir. Sólo pido perdón, sobre todo a los que ya no pueden oírme.
Luis Hermosa/Bilbao Cartas al Director El Correo 22 Febrero 2003
¿Sufriste cárcel o privación de libertad en el franquismo? Ahora, te recompensamos por ello. Con esta frase se encabeza el folleto que todos los residentes en la Comunidad Autónoma Vasca hemos recibido del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco. Recompensas desde 7.200 hasta 9.600 euros. Y lo más importante de todo, que dichas ayudas están exentas de tributación. Así gasta el Gobierno vasco el dinero que todos los vascos pagamos con nuestros impuestos, como si no hubiera problemas más importantes que nos afectan a todos (acceso a una vivienda, mejores infraestructuras, eliminación de peajes o la eliminación del IAE para dejar de ser la única comunidad autónoma de España que no lo ha hecho). Pero como es algo que no tiene vuelta atrás, reflexionemos. ¿Cuántos ciudadanos de nuestra comunidad sufren privación de libertad día tras día, todos los días del año? Ya les respondo yo. Todos los que tenemos que convivir las 24 horas del día con dos escoltas, todos los que en nuestro trabajo diario nos enfrentamos a que nos peguen un tiro en la nuca, todos los que no podemos opinar por miedo a la dictadura fascista que padecemos en este país. Sí, una dictadura en 2003, que es la que conocemos y sufrimos diariamente la gran mayoría de los vascos, y no dictaduras pasadas que ni yo ni muchos como yo sufrimos. ¿Dónde está nuestra recompensa? No se preocupen, no queremos dinero. Nuestra mayor recompensa es poder levantarnos todos los días para trabajar por un País Vasco en paz y democrático en el que todos tengamos cabida sea cual sea nuestra ideología, aunque en el peor de los casos la recompensa se traduce en dos metros cuadrados de tierra en el cementerio de nuestro pueblo.
MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, que ha ordenado la clausura temporal del diario «Euskaldunon Egunkaria» por la relación de algunos de sus directivos con ETA, argumenta en la resolución que esta medida está justificada toda vez que es la banda terrorista quien tomaba decisiones en el funcionamiento de la editora que «sólo corresponden al Consejo de Administración». Según ha sabido ABC de fuentes de la investigación, la banda intervenía «directa y continuadamente» en la designación del personal directivo del periódico, así como en su definición editorial.
La decisión del magistrado de suspender el diario se basa en la existencia de pruebas sobre las «vinculaciones orgánicas y funcionales» de este medio de comunicación con ETA. Según el juez, el control o «instrumentalización» ejercidos por la banda se realizó a través de las empresas «Egunkaria Sortzen, S.L.» y «Egunkaria, S.A.», está última propietaria del periódico. Esta operación viene a desvelar las conexiones de ETA con dos de sus frentes, el informativo y el financiero, diseñado en el denominado «Proyecto Udaletxe», con el que ETA pretendía asegurar un flujo continuado y legal de fondos para financiar las actividades de todas las ramas de su estructura.
Así, el juez mantiene en su resolución que «Egunkaria favorece la estrategia terrorista de ETA, tanto desde el punto de vista económico-financiero (transferir fondos provenientes de la organización ETA o de su entramado para la adquisición de dichas sociedades y otras sociedades por ellas participadas), como de fortalecimiento de uno de sus objetivos terroristas (creación de una estructura informativa en euskera)». El objetivo último de ETA se centra de esta manera en «facilitar el amparo y difusión del ideario terrorista» con el apoyo del euskera como «cobertura cultural».
Según el juez, que se ha basado en una exhaustiva investigación de la Guardia Civil, Egunkaria fue «creada, financiada y dirigida» por ETA, «teniendo su lugar en las estructuras de la banda y unos enlaces determinados para recibir las directrices de la misma y poder remitir información». «Esto queda de manifiesto -añade el magistrado- si se presta atención a los consejeros delegados que ha tenido la entidad; así puede verse que José Miguel Zumalabe fue el primero hasta su muerte, sustituyéndole Iñaki Uria hasta la actualidad, figurando ambos en la documentación intervenida a la banda terrorista ETA, cuando al primero se le propone para que sea director del diario y al segundo para que fuese precisamente consejero delegado».
Del Olmo argumenta que ETA recibe «puntual información» de los problemas de financiación que acucian a la sociedad y «toma parte» en decisiones que únicamente corresponden a su Consejo de Administración. «La evidente contradicción existente entre la cuestación popular (que dio origen al diario) -señala- y las juntas universales de accionistas, así como las continuas inconsistencias de estas últimas, no sirven sino para confirmar que son utilizadas para simular una normalidad empresarial que realmente no existe, porque o no hay accionistas o el Consejo de Administración obra como si no existieran». La pretensión del juez con su decisión de clausurar las sedes de Egunkaria en España es «interrumpir el uso que ETA está haciendo del instrumento del que ella misma se ha dotado».
El cierre de Egunkaria estaría plenamente justificado jurídica y constitucionalmente porque, desde un punto de vista de proporcionalidad de la medida, el cierre cautelar se adecúa a la gravedad del delito investigado, el terrorismo. Además, el juez lo considera necesario puesto que el fin perseguido es evitar la continuidad delictiva, algo que en este momento sólo se puede conseguir cerrando la empresa.
El juez se ha limitado a aplicar el procedimiento previsto en el artículo 129 del Código Penal, el mismo utilizado hace cinco años respecto a Egin o el pasado agosto a la suspensión de actividades de Batasuna. Ahora, deberá citar a los responsables de la editora para que opinen al respecto y, en última instancia, decidir la continuidad de la medida cautelar, su alzamiento o su sustitución por otra menos gravosa. El juez, que imputa a los diez responsables de Egunkaria detenidos por pertenencia o colaboración con ETA, pretende hacerlo en los próximos 10 días. Además, han quedado bloqueadas las cuentas bancarias de Martín Ugalde, presidente de honor de Egunkaria, y de su esposa, informa Efe.
Escrupuloso trabajo del juez
Fuentes de la Fiscalía, que informó favorablemente cuando el juez recabó su criterio para clausurar el periódico, negaron que se trate de un ataque a la libertad de expresión o a la difusión del euskera e insistieron en que, a la vista de los indicios existentes, «se habría actuado contra Egunkaria aunque hubiera utilizado el tagalo o el alemán. Es evidente que forma parte de la banda terrorista».
Por su parte, el CGPJ desmintió ayer diversas informaciones que apuntaban a la apertura de una investigación a Del Olmo por la emisión de una nota de prensa por parte de la Audiencia aludiendo a la operación. Fuentes del Consejo destacaron el «escrupuloso» trabajo del juez. La emisión de esa nota fue objeto ayer de diversas críticas, especialmente de nacionalistas vascos, que contemplan en ella una intromisión del Gobierno en el papel de la Justicia. Sin embargo, las fuentes consultadas consideran que las circunstancias de la emisión de esa nota son «intrascendentes».
Los ediles vascos podrán relatar en una audiencia el «acoso» al que están sometidos
El Comité de Regiones (CDR) de la Unión Europea celebrará, durante su sesión plenaria de abril, una audiencia para abordar la situación que viven los concejales del País Vasco amenazados por ETA. La decisión fue tomada ayer por la Comisión Constitucional de esta institución comunitaria, que acordó la realización de la audiencia y la presentación de una resolución sobre ese tema. La audiencia ¬que sólo se realizará en el País vasco¬ será equitativa de manera que el Comité deberá escuchar a los representantes de todas las fuerzas políticas vascas que quieran expresar su opinión.
La Comisión Constitucional votó mayoritariamente a favor de esta iniciativa, que había sido fue defendida por los presidentes de Extremadura y de la Rioja, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Pedro Sanz, respectivamente. La discusión sobre si el Comité de Regiones debía abordar la situación de los concejales amenazados fue tensa, según fuentes del PP citadas por la agencia de noticias Efe, ya que algunos de los participantes defendieron que la audiencia no se dedicara solamente a la situación de los concejales vascos sino también a otras situaciones similares que pueden vivirse en diferentes lugares de Europa.
Al final la decisión fue que la audiencia se refiera sólo a los concejales del País Vasco, aunque también será equitativa, de manera que el Comité deberá escuchar a los representantes de todas las fuerzas políticas vascas que quieran expresar su punto de vista. Será cada partido el que decida si envía o no a un representante. Según las fuentes del PP también tuvo divergencias entre los representantes de los distintos grupos en la Comisión Constitucional del PP sobre quién debía participar en la audiencia. Al final, señalaron, «van a venir los concejales de los partidos que se sienten amenazados».
La decisión adoptada ayer fue preparada por un grupo de trabajo que fue creado en la Comisión Constitucional del CDR para estudiar cuál era la mejor forma de conocer el problema de falta de libertad que afrontan a diario los concejales amenazados en el País Vasco.
Este grupo de trabajo fue dirigido por el liberal británico Lord Graham Tope y en él también participaba un representante de cada uno de los cuatro grupos políticos del Comité: por parte del PP, el Secretario General de Relaciones con la UE de la Xunta de Galicia, Jesús Gamallo; del Partido Socialista, el director del gabinete del presidente de Extremadura, Ignacio Sánchez Amor; en representación de los liberales, el alcalde de Haarlem (Holanda), Fons Hertog; y por el Grupo Alianza Europea el representante del «lendakari» vasco, José María Muñoa.
Precisamente, el Partido Popular criticó hace unos días la actitud de Muñoa en las deliberaciones sobre la situación de los concejales amenazados. Una vez tomada la decisión de ayer, el representante socialista, Ignacio Sánchez Amor, se mostró satisfecho: «Se va a hablar sólo del País Vasco, se hablará en el pleno, habrá una resolución y también una audición». En su opinión, la decisión demuestra que «la gente está muy sensibilizada», ya que las propuestas sobre los concejales vascos prosperaron a pesar de que algunos participantes intentaron llevarlas a «un debate político interno para enturbiar la situación».
«Ha habido todo tipo de intentos de boicotear, sobre todo la audiencia, pero al final se ha conseguido», explicó Sánchez Amor.

References: artículo 20
 resolución 
 resolución 
 artículo 129
 resolución 
 resolución