Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-760-12.htm
Timestamp: 2017-09-26 19:46:41+00:00

Document:
Sentencia T-760/12
(Bogotá D.C, octubre 1)
LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA EN TUTELA-Agencia oficiosa de indígenas, quienes no saben el idioma castellano
La jurisprudencia constitucional ha señalado que para aplicar la mencionada figura es necesario: “(i) la manifestación del agente oficioso en el sentido de actuar como tal y (ii) la circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela, ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no está en condiciones físicas o mentales para promover su propia defensa”. En este caso, los accionantes no tienen dominio del idioma castellano, lo que generaría una barrera de acceso al proceso administrativo que pondría en peligro la garantía y protección de sus derechos constitucionales. Por lo anterior, la Sala de Revisión encuentra probado las circunstancias que permiten la utilización de la agencia oficiosa en el caso particular.
ACCION DE TUTELA DE PERSONAS DESPLAZADAS PERTENECIENTES A COMUNIDAD INDIGENA-Protección constitucional especial por ser sujetos que se encuentran en extrema debilidad e indefensión
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido como sujetos de especial protección constitucional a aquellas personas que, por diferentes circunstancias, se encuentran en situación de extrema debilidad e indefensión. En el caso particular, los ciudadanos atraviesan situaciones que ponen en peligro sus derechos fundamentales y los ubica en circunstancias de especial vulnerabilidad e indefensión. Es indispensable recordar que los titulares de los derechos fundamentales son personas pertenecientes a comunidades indígenas, víctimas del desplazamiento forzado y portadores del VIH. Esta Corporación ha reconocido a la población que se encuentra las circunstancias señaladas como personas que deben gozar de una especial protección por parte de todas las entidades estatales. Teniendo en cuenta tales especiales circunstancias, la Sala encuentra que exigir que los accionantes hubiesen agotado previamente todos los recursos administrativos y judiciales que el ordenamiento jurídico contempla, resulta ser una carga desproporcionada que no deben soportar y que puede poner en peligro sus derechos fundamentales. Así, se ha concluido que la acción de tutela resulta ser el mecanismo idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales de la población considerada como sujetos de especial protección constitucional.
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO PARA RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL MENOR-Vulneración por adelantar proceso sin consideración a que padres pertenecen a comunidad indígena y no tienen manejo de la lengua castellana
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Jurisprudencia constitucional/DERECHO DE DEFENSA-Garantía del debido proceso
Uno de los elementos fundantes del debido proceso y el cual se encuentra íntimamente ligado a éste, es el derecho de defensa. Bajo este derecho se debe garantizar que la persona que participa en el procedimiento de que se trate tenga la efectiva oportunidad de ser oído, exponer sus argumentos, presentar, solicitar y controvertir pruebas. El debido proceso no sólo debe asegurar el cumplimiento de las formas procedimentales, sino adicionalmente, es necesario que garantice el real y efectivo goce del derecho de defensa.
DERECHO A LA DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL-Identidad cultural y la lengua o idioma como factor esencial del mismo
Dentro de los varios aspectos que determinan la identidad cultural se encuentra el idioma o la lengua. La protección a la diversidad cultural implica que el Estado lleve a cabo acciones positivas para propender por la no discriminación o creación de barreras con base en la lengua. Dicha obligación, ha sido interpretada por la jurisprudencia de esta Corporación como el reconocimiento de que las lenguas minoritarias constituyen un elemento esencial dentro de la garantía a la diversidad étnica y cultural. Mediante la sentencia T – 659 de 2010, en la cual se analizó de forma profunda la importancia de la lengua dentro del contexto de la diversidad étnica y cultural de la población indígena en Colombia
DERECHO A LA DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL-Uso de lengua nativa no debe convertirse en barrera u obstáculo para el goce efectivo de los derechos de indígenas
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DENTRO DEL CODIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA-Aplicación de la Constitución, Bloque de constitucionalidad y enfoque diferencial para la protección de la diversidad cultural
El Código de Infancia y Adolescencia -Ley 1098 de 2006- resulta ser el principal instrumento legal para las actuaciones administrativas y judiciales entorno a hechos que involucren niñas, niños y adolescentes. Debe ser interpretado y aplicado en completa concordancia con los postulados constitucionales y con los tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos que sean ratificados por Colombia (CP; art 6). Es el caso del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, instrumento internacional vinculante de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA-Prevé reglas y etapas del proceso administrativo de restablecimiento de derechos de los niños
DERECHO DE LOS HABLANTES DE LENGUAS NATIVAS DE EMPLEAR SU PROPIA LENGUA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE HAGAN PARTE-Ley 1381 de 2010
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO PARA RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL MENOR-Vulneración por ICBF al exigir intérprete a los padres quienes pertenecen a comunidad indígena y no tienen dominio del idioma castellano
DERECHO A LA DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL-Obligación de autoridades administrativas y judiciales adelanten todas las acciones para que la lengua nativa de comunidades indígenas no se convierta en un obstáculo para sus miembros
Las disposiciones contenidas en la Constitución, en el Convenio 169 de la OIT y en la ley 1381 de 2010 en relación con la protección de la diversidad cultural y en especial con la obligación de que las autoridades administrativas adelanten todas las acciones necesarias para que la lengua nativa de la comunidades étnicas no se convierta en un obstáculo para sus miembros, eran de imperativa aplicación en el procedimiento administrativo objeto de estudio y constituían la expresión del derecho al debido proceso de los ciudadanos. A juicio de la Sala, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desconoció dichas obligaciones legales y constitucionales y por lo tanto, vulneró el debido proceso, el derecho de defensa, el derecho a la identidad cultural de los accionantes y desconoció el principio de la diversidad cultural y étnica. La autoridad administrativa estuvo en completa capacidad para solicitar a las comunidades indígenas para que colaboraran con la traducción de las diversas citaciones, oficios y autos que se expidieron durante el procedimiento, a su lengua nativa. Resulta indispensable señalar que la Sala no está reprochando que el ICBF no haya podido localizar a los accionantes, sino que no haya adelantado todas aquellas medidas necesarias para que, conociendo las particularidades del caso, la lengua de los padres de las menores no se convirtiera en un obstáculo que repercutiera de manera grave en los derechos de los accionantes.
DIVERSIDAD ETNICA Y DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO PARA RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL MENOR-Orden al ICBF para que reinicie el trámite administrativo garantizando a padres de las menores comprendan las actuaciones que se adelantan, teniendo en cuenta que no tienen manejo del idioma castellano
Referencia: expediente T- 3.568.902
Fallos de tutela objeto de revisión: Sentencias proferidas por el Juzgado Segundo (2º) Administrativo de Descongestión de Pereira, en la que se declara improcedente la presente acción de tutela, y por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda la cual confirmó el fallo de primera instancia.
Accionado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Seccional Risaralda.
1.1. Derechos fundamentales invocados. Debido proceso, derecho a la familia, derecho a la identidad y diversidad cultural.
1.2. Conducta que causa la vulneración. La no vinculación de los accionantes dentro del proceso administrativo de restitución de derechos sobre sus dos hijas menores de edad, sin tener en consideración su condición de miembros de la comunidad indígena emberá, por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el cual concluyó con la declaratoria de situación de adoptabilidad de las menores.
1.3. Pretensión. Se revoque la decisión de declarar en situación de adoptabilidad a las niñas Otilia Rivera Arias y Felicia Arias Tequia, y en su lugar, se entreguen a sus padres. Quien ejerce la presente acción de tutela en calidad de agente oficioso, solicita se preste apoyo del Instituto de Bienestar Familiar para que la familia de las menores pueda “jugar el rol que corresponde, garantizar a las niñas y ante todo en medio de su cultura y tradiciones”.
1.4. Fundamentos de la pretensión:[1]
1.4.1. El veintisiete (27) de febrero de dos mil doce (2012), el señor Pedro Murri Murillo interpone la presente acción de tutela en calidad de agente oficioso de los ciudadanos Ana Alicia Arias Tequia y Libardo Rivera Murillo miembros de la comunidad indígena Embera, víctimas del delito de desplazamiento forzado[2] y padres de las menores Otilia Rivera Arias y Felicia Arias Tequia[3]. Alega que los agenciados no presentan la acción constitucional de forma directa debido a que no saben castellano y tienen una nula formación académica.
1.4.2. El veintinueve (29) de octubre del año dos mil diez (2010), las niñas Otilia Rivera Arias y Felicia Arias Tequia quienes para la fecha tenían diez (10) y un (1) mes de nacidas respectivamente, fueron puestas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar[4].
1.4.3. Mediante Auto No. 192 del diez (10) de noviembre de dos mil diez (2010), el ICBF avocó conocimiento del proceso de Restablecimiento de Derechos a favor de las niñas Otilia y Felicia Arias Rivera. En la misma providencia se confirmó la medida provisional consistente en la ubicación de las menores en hogar sustituto[5].
1.4.4. El diez (10) de marzo de dos mil once (2011) mediante Resolución de Fallo No. 013 proferida por la defensora de familia Dra. Gloria Elena Beltrán Osorio, luego de comprobar la situación de vulnerabilidad de las niñas Otilia Rivera Arias y Felicia Arias Tequia, se les declaró en situación de adoptabilidad. Así mismo, se ordenó la vinculación dentro del programa de adopción del ICBF y se declaró terminada la patria potestad sobre las menores de los ciudadanos Ana Alicia Arias Tequia y Libardo Rivera Murillo[6].
1.4.5. El veinticinco (25) de octubre de dos mil once (2011), los padres de las menores solicitaron copia de la Resolución en la cual se declaró la situación de adoptabilidad de sus dos hijas[7].
1.4.6. Alegan que el diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), solicitaron revocatoria de la Resolución No. 013 del diez (10) de marzo de dos mil once (2011), obteniendo respuesta negativa por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar[8].
1.4.8. Se afirma que la entidad administrativa no tuvo en cuenta su situación de víctimas del desplazamiento forzado y en especial, de miembros de la comunidad indígena Embera quienes al no entender castellano y no contar con un traductor conocedor de la lengua embera katio, no pudieron adelantar de manera efectiva su derecho a la defensa y contradicción. Menciona que las actuaciones adelantadas por el ICBF durante el citado proceso -como citaciones mediante medios radiales locales- no garantizaron de manera efectiva el debido proceso de los ciudadanos Ana Alicia Arias Tequia y Libardo Rivera Murillo, debido a que éstas, además de adelantarse en castellano, no respondían a las costumbres y tradiciones de su identidad étnica, cultural y social.
2.1. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Risaralda.
2.1.1. La entidad administrativa señaló que las menores Otilia Rivera Arias y Felicia Arias Tequia fueron puesta a disposición de la Defensoría de Familia, el día veintinueve (29) de octubre de dos mil diez (2010), cuando fueron encontradas con sus padres en las calles de la ciudad de Pereira en situación de mendicidad. Afirmó que en la diligencia de verificación de derechos, se encontró “que las niñas presentan vulneración de sus derechos dado que carecen de satisfacción de sus necesidades básicas, encontrándose en riesgo su integridad física por su estado de desnutrición y posible contagio de VIH, viven en la calle por ser desplazados de Pueblo Rico, ejerciendo la mendicidad, por lo que tienen graves limitaciones personales, económicas y familiares, sin contar con el apoyo de familiares o de su grupo étnico”[9].
2.1.2. Señaló que debido a la situación de vulnerabilidad de las menores, se procedió a dar apertura del proceso de Restablecimiento de Derecho mediante Auto No. 192 del diez (10) de noviembre de dos mil diez (2010) y se confirmó la medida de protección provisional de ubicar a la niñas en Hogar Sustituto.
2.1.3. Afirmó que dentro del proceso de restitución de derechos de las menores Otilia Rivera Arias y Felicia Arias Tequia, se solicitó a la comunidad indígena de Pueblo Rico, Risaralda, al Presidente del Consejo Regional Indígena de Risaralda y a la Alcaldía Municipal de Pueblo Rico para que certificaran si los accionantes pertenecían a dicha comunidad y si se encontraban inscritos en el censo indígena del mencionado departamento[10]. Como consecuencia, el día dieciséis (16) de febrero de dos mil once (2011), el ICBF recibió respuesta por parte del Director Local de Salud del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, en la cual se informa que “revisados los listados censales pertenecientes a los resguardos Gito Dokabu y Unificado Chami, no se encontró registro que coincidiera con los datos de las niñas Otilia Rivera Arias y Felicia Arias Tequia ni de sus padres”[11].
2.1.4. Señaló que en adición a lo anterior, el diecisiete (17) de febrero de dos mil once (2011), se recibió oficio por parte de la Comisaría de Familia del municipio de Pueblo Rico, en el cual se informó que la Oficina de Asuntos Indígenas reportó que en ninguno de los dos censos se encuentran registrados los progenitores de las niñas Otilia Rivera Arias y Felicia Arias Tequia. Sin embargo, en el mismo escrito se estableció que los accionantes podrían estar probablemente registrados en el Departamento del Chocó por desplazamiento “por lo que averiguarán con los Gobernadores Indígenas de las vereda del sector para corroborar si pertenecen a alguno de los asentamientos indígenas”[12].
2.1.5. Menciona que en cumplimiento del artículo 102 de la ley 1098 de 2006 y al desconocer la ubicación de los padres de las menores, el dieciséis (16) de noviembre de dos mil diez (2010) se procedió a realizar citación por medio de transmisión radial[13].
2.1.8. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar afirma que luego de adelantadas las diligencias administrativas del proceso de restitución de derecho de las menores, se concluyó que “los padres no son garantes de derechos, ya que se demostró negligencia en el cuidado de las niñas, quienes ingresaron en condiciones de desnutrición y pese a la delicada situación de salud que presentaban por diversas patologías, sus padres no le brindaron las atenciones requeridas”[14].
2.1.9. La entidad administrativa manifiesta que los accionantes a pesar de tener conocimiento de que sus hijas se encontraban bajo la protección del ICBF ya que éstas fueron retiradas en presencia de ellos, sólo se hicieron presentes después de que la resolución que las declaró en situación de adoptabilidad quedó en firme, es decir, diez (10) meses después de iniciado el proceso. La institución accionada afirma que las niñas “no han tenido un vínculo afectivo con los accionantes, con quienes no han compartido momentos de su vida”.
2.2.1. La entidad estatal afirma que los ciudadanos Libardo Rivera Murillo y Ana Alicia Arias Tequia se encuentran incluidos en el Registro Único de Población Desplazada - ahora Registro Único de Víctimas - desde el veintiocho (28) de agosto de dos mil seis (2006) de conformidad con lo establecido en la ley 1448 de 2011.
2.2.2. Certificó que el núcleo familiar de los accionantes han recibido por concepto de ayuda humanitaria, tres giros de dinero a su favor. El primero de ellos por valor de $ 915.000 el 14 de marzo de 2011; un segundo giro por $.1.470.000 entregado el 18 de octubre de 2011; y finalmente, el 31 de enero de 2012 se giró la suma de $1.470.000[15].
3.1. Sentencia del Juzgado Segundo (2º) Administrativo de Descongestión -Primera Instancia- [16].
3.1.2. El despacho judicial realizó un recuento normativo en relación con el procedimiento establecido en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), con el objetivo de determinar los recursos administrativos y judiciales establecidos para controvertir las decisiones que tomen dentro del proceso de restablecimiento de derechos de los menores de edad. De esta manera, advirtió que el mencionado Código admite la oposición a la declaratoria de situación de adoptabilidad de un menor dentro de los 20 días siguientes a su ejecutoria, así quien se oponga no haya actuado durante el proceso. A juicio del A-Quo, los ciudadanos Ana Alicia Arias Tequia y Libardo Rivera tuvieron la oportunidad de oponerse a la mencionada Resolución para así activar el proceso de homologación por parte de un Juez de Familia, el cual es el procedimiento natural para resolver una controversia como la presente. Concluyó que en el caso particular se debió agotar el procedimiento judicial de homologación.
3.3. Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda – Segunda Instancia -[17].
3.3.3. En relación con la condición de indígenas, el Tribunal, advirtió que si bien no se encontró probado vulneración alguna a dicha cualidad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debe, en el resto del proceso, garantizar el desarrollo y la eficacia del principio de diversidad e integridad étnica mediante la implementación de “mecanismos de inclusión orientados a la preservación de su identidad socio-cultural, esto es, de su lengua, sus tradiciones y creencias para que en el proceso de interacción en el hogar sustituto las menores no evidencien un fenómeno de desarraigo del núcleo socio cultural al cual pertenecen”[18].
La Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial mencionada, con base en la Constitución Política -artículos 86 y 241.9- y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991 -artículos 31 a 36-[19].
2.1. Afectación de un derecho fundamental. La Sala encuentra que los derechos invocados son los derechos constitucionales al debido proceso, la identidad cultural y la familia.
2.2. Legitimación por activa. La presente acción de tutela es interpuesta por el señor Pedro Murri Murillo en calidad de agente oficioso de los ciudadanos Ana Alicia Arias Tequia y Libardo Rivera Murrilo. La jurisprudencia constitucional ha señalado que para aplicar la mencionada figura es necesario: “(i) la manifestación del agente oficioso en el sentido de actuar como tal y (ii) la circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela, ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no está en condiciones físicas o mentales para promover su propia defensa”[20]. En este caso, los accionantes no tienen dominio del idioma castellano, lo que generaría una barrera de acceso al proceso administrativo que pondría en peligro la garantía y protección de sus derechos constitucionales. Por lo anterior, la Sala de Revisión encuentra probado las circunstancias que permiten la utilización de la agencia oficiosa en el caso particular.
2.3. Legitimación por pasiva. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad de carácter pública del orden nacional[21].
2.4. Subsidiariedad. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido como sujetos de especial protección constitucional a aquellas personas que, por diferentes circunstancias, se encuentran en situación de extrema debilidad e indefensión. En el caso particular, los ciudadanos Ana Alicia Arias Tequia y Libardo Rivera Murrilo atraviesan situaciones que ponen en peligro sus derechos fundamentales y los ubica en circunstancias de especial vulnerabilidad e indefensión. Es indispensable recordar que los titulares de los derechos fundamentales son personas pertenecientes a comunidades indígenas, víctimas del desplazamiento forzado y portadores del VIH[22]. Esta Corporación ha reconocido a la población que se encuentra las circunstancias señaladas como personas que deben gozar de una especial protección por parte de todas las entidades estatales. Teniendo en cuenta tales especiales circunstancias, la Sala encuentra que exigir que los accionantes hubiesen agotado previamente todos los recursos administrativos y judiciales que el ordenamiento jurídico contempla, resulta ser una carga desproporcionada que no deben soportar y que puede poner en peligro sus derechos fundamentales. Así, se ha concluido que la acción de tutela resulta ser el mecanismo idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales de la población considerada como sujetos de especial protección constitucional.
2.5. Inmediatez. La Resolución No. 013 de 2011 por medio de la cual se declaró la situación de adoptabilidad, fue expedida el diez (10) de marzo de dos mil once (2011), es decir, cerca de once (11) meses antes de que se presentara la presente acción de tutela. Sin embargo, se alega que los ciudadanos Arias Tequia y Rivera Murillo sólo tuvieron conocimiento de la existencia de dicho acto el veinticinco (25) de octubre de la misma anualidad -fecha en la cual solicitaron copia de la misma- lo que implicaría que la acción constitucional se presentó cuatro (4) meses después a que los accionantes aparentemente tuvieran conocimiento de la decisión administrativa, lapso razonable que, unido a la pertenencia de los accionantes a una identidad cultural diversa, hace procedente esta tutela.
Corresponde a la Sala estudiar si el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, la identidad cultural y a la familia de los ciudadanos Ana Alicia Arias Tequia y Libardo Rivera Murillo -pertenecientes a la comunidad indígena Embera y en situación de desplazamiento forzado- dentro del Proceso de Restablecimiento de Derechos de sus dos hijas menores Otilia Rivera Arias y Felicia Arias Tequia, al no adelantarlo en su idioma nativo y bajo procedimientos y costumbres no propias de la identidad cultural de los accionantes.
4.1.1. El artículo 29 de la Constitución Política de 1991 consagra el derecho fundamental al debido proceso en toda clase de actuación judicial y administrativa. La jurisprudencia constitucional ha establecido que el debido proceso es una garantía constitucional para los ciudadanos y un límite en el ejercicio de las funciones de las entidades estatales[23]. Este derecho se encuentra conformado por elementos como la obligación de ser juzgado por el juez natural, el principio de publicidad, el derecho a controvertir las decisiones judiciales y administrativas, la obligación de ser juzgado únicamente conforme al procedimiento y normas sustanciales previas y vigentes -principio de legalidad-, entre otros.
4.1.2. La Corte Constitucional ha señalado que el debido proceso en materia administrativa -aplicable al caso bajo estudio- “se convierte en una manifestación del principio de legalidad, conforme al cual toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente señalada por la ley, como también las funciones que les corresponden y los trámites a seguir antes y después de adoptar una determinada decisión”[24]. Así mismo, ha señalado que el debido proceso es un derecho de estructura compleja que implica la garantía de un conjunto de diferentes reglas y principios[25]. La sentencia C – 1189 de 2005 señala algunos de estos elementos, identificando los siguientes:
“(i) el acceso libre y en igualdad de condiciones a la justicia; (ii) el acceso al juez natural; (iii) la posibilidad de ejercicio del derecho de defensa (con los elementos para ser oído dentro del proceso); (iv) la razonabilidad de los plazos para el desarrollo de los procesos; y, (v) la imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces y autoridades, son elementos que deben ser garantizados durante el desarrollo de todo el procedimiento, y apuntan, principalmente, a brindar garantías mínimas previas”[26].
4.1.3. Uno de los elementos fundantes del debido proceso y el cual se encuentra íntimamente ligado a éste, es el derecho de defensa. Bajo este derecho se debe garantizar que la persona que participa en el procedimiento de que se trate tenga la efectiva oportunidad de ser oído, exponer sus argumentos, presentar, solicitar y controvertir pruebas[27]. El debido proceso no sólo debe asegurar el cumplimiento de las formas procedimentales, sino adicionalmente, es necesario que garantice el real y efectivo goce del derecho de defensa.
4.2.1. Los principios de pluralismo y diversidad étnica y cultural fueron reconocidos por parte del Constituyente de 1991 y se fundan como elementos determinantes del Estado colombiano: el artículo 7º de la Constitución señala que “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”; en igual sentido el artículo 70 superior. Esta Corporación ha afirmado que los mencionados principios “permiten al individuo definir su identidad con base en sus diferencias específicas y en valores étnicos y culturales concretos, y no conforme a un concepto abstracto y general de ciudadanía, como el definido por los Estados liberales unitarios y monoculturales”[28]. Las normas constitucionales referenciadas no sólo implican el reconocimiento de la diversidad cultural, sino además, establecen un claro deber para el Estado colombiano de garantizarla y protegerla de manera efectiva, mediante la adopción de medidas positivas para que el mencionado derecho sea efectivamente gozado en condiciones de una verdadera igualdad material[29].
4.2.2. Las comunidades indígenas son sujetos de mayor relevancia para la diversidad étnica y cultural. Esta Corporación no sólo ha reconocido en los individuos el derecho fundamental a la identidad cultural, sino adicionalmente, también lo ha hecho con las propias comunidades como sujetos autónomos titulares de derechos fundamentales. Se ha establecido que las comunidades indígenas “ostentan un derecho a: (i) ser reconocidas por el Estado y la sociedad como tales, en virtud de una conciencia de identidad cultural diversa, y; (ii) a que no se pueda negar arbitrariamente la identidad real de la comunidad y de sus miembros”[30].
4.2.3. Dentro de los varios aspectos que determinan la identidad cultural se encuentra el idioma o la lengua. La protección a la diversidad cultural implica que el Estado lleve a cabo acciones positivas para propender por la no discriminación o creación de barreras con base en la lengua[31]. Dicha obligación, ha sido interpretada por la jurisprudencia de esta Corporación como el reconocimiento de que las lenguas minoritarias constituyen un elemento esencial dentro de la garantía a la diversidad étnica y cultural[32]. Mediante la sentencia T – 659 de 2010, en la cual se analizó de forma profunda la importancia de la lengua dentro del contexto de la diversidad étnica y cultural de la población indígena en Colombia, se afirmó:
4.2.4. Frente al particular, resulta indispensable hacer alusión a la Ley 1381 de 2010 por medio de la cual se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes. Los artículos 7 y 8 de la citada ley, expresamente señalan la obligación por parte del Estado de adoptar las medidas necesarias para que cuando los hablantes de lenguas nativas deban acudir a las autoridades judiciales y administrativa, éstos puedan expresarse en su propia lengua. El mencionado artículo 8º, establece:
“Artículo 8°. Derechos en las relaciones con la administración pública. Los hablantes de lenguas nativas tienen el derecho al empleo de su propia lengua en sus actuaciones y gestiones ante los órganos de la administración pública. Las autoridades competentes del Orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal proveerán lo necesario para que quienes lo demanden, sean asistidos gratuitamente por intérpretes que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Las entidades competentes del Orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal, acordarán la adopción de medidas que permitan avanzar progresivamente en el cumplimiento y satisfacción de los derechos y compromisos definidos en el presente artículo. Así mismo asegurarán la difusión, a través de textos impresos, documentos de audio, audiovisuales y otros medios disponibles, de las leyes y reglamentos así como de los contenidos de los programas, obras y servicios dirigidos a los grupos étnicos, en la lengua de sus correspondientes beneficiarios para su debida información”. (Negrilla y subrayado fuera del Original).
4.3. Aplicación de la Constitución, Bloque de Constitucionalidad, Enfoque Diferencial y Procedimiento Administrativo de Restablecimiento de Derechos dentro del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006).
4.3.1.1. El Código de Infancia y Adolescencia -Ley 1098 de 2006- resulta ser el principal instrumento legal para las actuaciones administrativas y judiciales entorno a hechos que involucren niñas, niños y adolescentes. Debe ser interpretado y aplicado en completa concordancia con los postulados constitucionales y con los tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos que sean ratificados por Colombia (CP; art 6). Es el caso del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, instrumento internacional vinculante de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
4.3.1.2. La Sala considera relevante hacer especial alusión a la clara filosofía diferencial, de respeto y protección de la diversidad cultural que contiene la Ley 1098 de 2006. En esta se establece la obligación de interpretar las normas bajo una perspectiva de género, la cual se basa en “el reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social (…)”[33]. De forma específica, en relación con las comunidades indígenas existen varias normas que establecen un evidente enfoque diferencial. El artículo 13 del Código expresa que “los niños, las niñas y los adolescentes de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos, gozarán de los derechos consagrados en la Constitución Política, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y el presente Código, sin perjuicio de los principios que rigen sus culturas y organización social”. Por su parte, se reconoce el derecho a la identidad cultural y se establece la obligación del Estado de proteger y promoverlo. Los artículos 25 y 41, disponen:
4.3.1.3. Las normas a las cuales se han hecho referencia -entre otras[34]- demuestran la intención del legislador de establecer, proteger, promover y garantizar los principios de la diversidad cultural en los casos relacionados con la infancia y la adolescencia. Por lo tanto, cualquier procedimiento administrativo o judicial -como por ejemplo el de Restablecimiento de Derechos- debe, obligatoriamente, llevarse a cabo bajo una perspectiva de respeto a la diferencia y garantía de los derechos fundamentales de los diversos grupos étnicos y culturales.
4.3.2.1. El proceso de Restablecimiento de Derechos de los menores se encuentra concebido con el objetivo de adelantar todas aquellas actuaciones que sean necesarias para “restaurar en los niños, niñas y adolescentes su dignidad e integridad como sujetos y la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados”[35]. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deberá garantizar que ante la comprobación de una vulneración de derechos, los menores sean efectivamente vinculados en los servicios sociales que se estén prestando.
4.3.2.3. La apertura de la investigación en sede administrativa deberá iniciarse mediante la expedición de una providencia debidamente motivada, en la cual se identifique y cite a los representantes legales de los menores, se especifique las medidas provisionales que deban tomarse y la práctica de pruebas que se consideren relevantes[36]. Posteriormente, se concede a las partes interesadas un término de cinco (5) días para pronunciarse y aportar pruebas, etapa procesal que se regula por las normas contentivas del Código de Procedimiento Civil. Agotada la etapa probatoria, se deberá fijar fecha para audiencia en la cual se expedirá la resolución de fallo la cual deberá contener los hechos en que se funda, el examen crítico de las pruebas y los fundamentos jurídicos de la decisión[37]. El fallo podrá ser objeto de recurso de reposición de forma verbal por quienes asisten a la audiencia o en los términos del Código de Procedimiento Civil por quienes no asistieron. En caso en se decida la declaratoria de adoptabilidad del menor, las personas a cuyo cargo estuviese podrán oponerse al fallo, aún si durante el proceso no se hubiesen pronunciado. Si se presenta oposición se procederá al trámite de homologación de la resolución por parte del juez de familia[38].
4.3.2.4. Por su parte, el artículo 102 del citado código señala que la notificación de la apertura de la investigación deberá realizarse conforme a lo regulado por el Código de Procedimiento Civil y en caso de que se “ignorara la identidad o la dirección de quienes deban ser citados, la citación se realizará mediante publicación en una página de Internet del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por tiempo no inferior a cinco días, o por transmisión en un medio masivo de comunicación, que incluirá una fotografía del niño, si fuere necesario”. Resulta indispensable señalar que mediante la sentencia C – 228 de 2008, la Corte declaró inexequible la partícula “o” del citado artículo señalando que cuando no se tenga conocimiento de la identidad o de la dirección de los citados, se deberá comunicar mediante publicación en la página de Internet y mediante transmisión en un medio masivo de comunicación.
4.4.1. Corresponde a la Sala analizar el procedimiento administrativo adelantado por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Risaralda, Centro Zonal Pereira – en relación con el Restablecimiento de Derechos de las menores Otilia Rivera Tequia y Felicia Arias Tequia y la posible vulneración del derecho al debido proceso de sus padres Ana Alicia Arias Tequia y Libardo Rivera Murillo por el aparente desconocimiento de su condición de indígenas.
4.4.3. Para el caso bajo estudio, los artículos 7 y 70 de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales, no sólo son herramientas jurídicas de gran importancia por su contenido y jerarquía dentro del ordenamiento jurídico, sino adicionalmente, resultan de obligatorio cumplimiento toda vez que por decisión expresa del legislador hacen parte integral del Código de Infancia y Adolescencia. Así, es necesario concluir que en situaciones en las cuales se está en presencia de miembros de comunidades indígenas, las normas procesales sobre actuaciones administrativas deben ser complementadas por los mencionados instrumentos jurídicos. La protección al principio constitucional de la diversidad étnica y cultural implica necesariamente la garantía de que las lenguas nativas de las comunidades indígenas no se conviertan en un obstáculo de acceso y defensa en los procedimientos administrativos para sus hablantes
4.4.4. En el caso particular, la Sala considera necesario acudir al artículo 12 del Convenio 169 de la OIT, que como se ha reiterado debe ser respetado durante el procedimiento por parte del ICBF, señala que “los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces”. (Negrilla y subrayado fuera del original). En igual sentido, es indispensable mencionar el artículo 8º de la ley 1381, norma que entró en vigencia el 25 de enero de 2010, en la cual se establece el derecho de los hablantes de lenguas nativas de emplear su propia lengua en los procedimientos administrativos en los que se encuentren involucrados.
4.4.5. Analizando de forma específica los hechos del presente caso, se tiene que la condición de indígenas de los ciudadanos Ana Alicia Arias Tequia y Libardo Rivera Murillo fue aceptada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desde el principio del procedimiento. En el acta realizada por parte de la Unidad Móvil el día en que las niñas fueron puestas bajo la custodia del ICBF[39], se observa que la autoridad administrativa tuvo en conocimiento que los padres de las menores pertenecían a un grupo étnico indígena. De igual forma, fue expresamente reconocido por la Defensora de Familia, Dra. María Isabel Gonzáles, en el informe presentado el 29 de octubre de 2010[40]. En igual sentido, varios de los informes de control y seguimiento que se hicieron sobre el caso, señalan que las niñas pertenecen a etnia indígena[41].
4.4.6. Mediante Auto No.192 del 10 de noviembre de 2010, por medio del cual se dio apertura al proceso administrativo[42], se solicitó a la autoridad indígena competente que se certificara la pertenencia del grupo familiar a la comunidad indígena. Si bien es innegable que el Cabildo Mayor Indígena de Pueblo Rico, Risaralda[43] y la Comisaría de Familia del mismo municipio, establecieron que los accionantes no se encontraban registrados dentro de sus censos poblacionales, también es cierto que se manifestó la posibilidad de que estuvieran registrados en el Departamento del Chocó debido al desplazamiento. Se observa que las autoridades étnicas en ningún momento negaron la condición de indígenas de los ciudadanos Arias Tequia y Rivera Murillo, éstas se limitaron a señalar que no se encontraban dentro de sus registros. Como lo ha afirmado la jurisprudencia constitucional, el registro en los censos sobre población indígena no es un elemento constitutivo de dicha condición. El auto reconocimiento y la primacía de la realidad donde se pueden observar elementos característicos de una comunidad indígena como la lengua, costumbres, usos, entre otros, deben ser determinantes ante la ausencia de registros. No puede ahora el ICBF negar la condición de indígena de los accionantes por no haber podido comprobar la pertenencia de éstos a una determinada comunidad indígena, más aún, cuando se evidencia que éste era un hecho aceptado por los diferentes funcionarios desde el inicio y a lo largo del procedimiento administrativo.
4.4.7. De igual manera, la Sala comprueba que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también reconoció el escaso nivel académico de los padres de las menores y su desconocimiento del castellano. Según el acta de seguimiento del caso emitida por la trabajadora social, Dra. Osiris de la Hoz Daza, el 17 de noviembre de 2010, se expresó que “los padres se observan en vulnerabilidad no tienen ningún grado de instrucción ni hablan castellano (…)”[44].Teniendo en cuenta el contexto que ha sido explicado, resulta necesario que dentro del procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos se haya puesto en consideración los mecanismos y acciones que fueran necesarias para respetar el derecho al debido proceso y garantizar el efectivo goce del derecho de defensa
“Por medio del presente, me permito informarles, que deben presentarse en las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ubicado en Carrera 8ª bis No. 35 – 11, el día dieciséis (16) de noviembre del año dos mil diez (2010), hora: 3:30 p.m., con su respectivo intérprete y copia del registro civil de nacimiento de las niñas”[45].
4.4.10. Varias cuestiones merecen especial análisis. En primer lugar encuentra la Sala que el citado oficio se limita a informar sobre una audiencia para rendir declaración, más no se hace referencia a la apertura del proceso administrativo. Si la intención de dicha comunicación fue adelantar el trámite de notificación del Auto de Apertura, éste no se llevó a cabo de debida forma. Consecuencia de la remisión expresa a la normatividad del Código de Procedimiento Civil, en especial el artículo 315, el trámite que se debió adelantar consiste en enviar una comunicación informando del proceso y solicitando a la parte a que comparezca a la entidad. Sólo a partir del momento en que efectivamente se acude a la institución se entenderá realizada la notificación. Como se evidencia, el oficio no establece el citado procedimiento.
4.4.11. Resulta de especial interés para la Sala, observar que el mencionado oficio se encuentra aparentemente firmado por el señor Libardo Rivera Murillo. Sin embargo, abajo de su firma se encuentra una leyenda – escrita a computador- que establece “manifiestan no saber firmar, firma testigo a ruego. Carlos Augusto Aladino”. No obstante, la firma del señor Carlos Aladino no aparece ni tampoco el número de su cédula. En el acta no se señala quien es el señor Aladino, si un acompañante de Libardo Rivera o un funcionario del ICBF. Llama la atención de la Sala que este hecho – que implicaría que el señor Libardo Rivera fue localizado por parte el ICBF – nunca fue alegado por la entidad y se contradice con lo afirmado en la contestación de la presente acción de tutela en la que se indica una aparente negligencia por parte de los padres ya que éstos “no se presentaron a hacer valer sus derechos desde su ingreso bajo la medida de protección del 10 de noviembre de 2010 hasta el 25 de octubre de 2011”[46].
4.4.12. Sin consideración de lo anterior, la Sala encuentra necesario pronunciarse frente a un punto de especial relevancia contenido en el citado oficio. La propia comunicación de la entidad administrativa, advierte que los ciudadanos Arias Tequia y Rivera Murillo deben acudir a la diligencia “con su respectivo interprete”. Lo anterior, implica necesariamente que el ICBF tenía conocimiento de la ausencia de dominio del castellano por parte de los citados y por lo tanto, les solicita un traductor. En el expediente de la presente acción constitucional, no se encuentra prueba alguna que demuestre el uso de un traductor para informar lo establecido en dicho oficio. En el evento en que el oficio hubiese sido efectivamente entregado al señor Libardo Rivera, existe una alta probabilidad que éste no hubiese comprendido y por lo tanto, entendido la necesidad de acudir a dicha audiencia. Se evidencia como, en este hecho particular, la lengua se convirtió en una barrera de acceso a la información del proceso de administrativo.
4.4.13. Además, es importante señalar que la entidad administrativa trasladó a los accionantes una obligación que por disposición legal se encuentra en cabeza de ésta. Acudiendo nuevamente al citado Artículo 8º de la ley 1381 de 2010, “las autoridades competentes del Orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal proveerán lo necesario para que quienes lo demanden, sean asistidos gratuitamente por intérpretes que tengan conocimiento de su lengua y cultura”. Se evidencia que le correspondía al ICBF proveer el traductor y no al contrario, como lo establece el citado oficio.
4.4.14. Continuando con el estudio de las actuaciones adelantadas durante el proceso administrativo, se encuentra que el 12 de noviembre de 2010, la defensora de familia solicitó a la Emisora “La Paisita” de la ciudad de Pereira, se divulgara información que permitiera la localización de los padres de las menores[47]. El mensaje que se solicitó transmitir identifica a las menores, a los padres y expresamente señala que se les emplaza con el fin de notificarles el auto de apertura[48]. Una vez más, la Sala encuentra que la lengua se convirtió en una barrera para los accionantes que repercute de forma grave en el goce efectivo de su derecho de defensa ya que el mensaje transmitido en la emisora radial se llevó a cabo en castellano. La finalidad de comunicar la apertura del proceso administrativo no se realiza de forma efectiva, toda vez que los padres de las menores no tenían la posibilidad de entender lo que en ella se señalaba. Así la entidad administrativa estuviera cumpliendo con la obligación formal de citar mediante medio masivo de comunicación, la forma en que se realizó resulta inane, no garantiza el derecho al debido proceso y desconoce la obligación de reconocimiento y comprensión de la diferencia que se desprende del principio de la diversidad cultural. El mencionado artículo 102 del Código de Infancia y Adolescencia, señala que cuando la citación se realiza a través de medio masivo de comunicación, si resulta posible, será acompañada por una fotografía del menor. La Sala encuentra que debido a las particularidades del presente caso – las cuales no eran desconocidas por el ICBF – la mejor forma de garantizar el conocimiento de la actuación adelantada y, en esa medida, proteger el derecho al debido proceso de los padres consistía en la realización de la citación incluyendo la fotografía de las menores.
4.4.15. Así, las actuaciones que se han descrito son de suma importancia dentro de un procedimiento administrativo o judicial en tanto son las primeras y pretenden vincular a las partes. A través del correcto adelantamiento de estas actuaciones se garantiza -así no se logre vincular efectivamente a una las partes- el derecho al debido proceso. En el caso particular, luego de las acciones comentadas, se encuentra que el ICBF continúo el proceso adelantando todas aquellas actuaciones formales que la ley exige (autos de pruebas, traslado de pruebas, términos, fijación de audiencia de fallo, etc). Sin embargo, estas actuaciones continuaron adelantándose en castellano, lo que dificulta en gran medida el efectivo goce del derecho de defensa de los accionantes, el cual se encuentra íntimamente ligado con la posibilidad de entender y comprender lo que está sucediendo.
4.4.19. Por lo anterior, la Corte ordenará al ICBF dejar sin efecto todo el trámite del proceso administrativo de restablecimiento de derecho de las menores Otilia Rivera Arias y Felicia Arias Tequia incluyendo la Resolución No. 013 del 10 de marzo de 2010 por medio de la cual se declaró la situación de adoptabilidad de las citadas menores. Así mismo, el ICBF deberá adelantar todas las medidas necesarias para deshacer todos y cada uno de los efectos jurídicos que dicha Resolución haya producido.
Se vulneran los derechos constitucionales a la identidad cultural, la diversidad étnica, el debido proceso y de defensa de los miembros pertenecientes de comunidades étnicas, cuando las autoridades administrativas y judiciales no adelantan las acciones necesarias para que éstos, ante el desconocimiento del castellano, puedan comprender y manifestarse dentro de los diversos procedimientos en su lengua nativa.
PRIMERO.- TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, la defensa y la identidad étnica y cultural de los ciudadanos Ana Alicia Arias Tequia y Libardo Rivera Murillo y REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Segundo (2º) Administrativo de Descongestión de Pereira, en primera instancia, y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, las cuales declararon la improcedencia de la presente acción constitucional.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS, el trámite adelantado en relación con el Procedimiento Administrativo de Restablecimiento de Derechos sobre las menores OTILIA RIVERA ARIAS y FELICIA ARIAS TEQUIA desde el Auto No. 192 del diez (10) de noviembre de dos mil diez (2010) hasta e incluyendo la Resolución de Fallo Número 013 del diez (10) de marzo de dos mil once (2011).
TERCERO.- ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Risaralda – para que en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación de la presente providencia, adelante todas las medidas y actuaciones necesarias para reiniciar el trámite administrativo correspondiente adelantando los trámites que aseguren que los padres de las menores OTILIA RIVERA ARIAS y FELICIA ARIAS TEQUIA, comprendan las actuaciones que adelanta el ICBF y las posibilidades para intervenir en las mismas.
CUARTO. ORDENAR que las menores OTILIA RIVERA ARIAS y FELICIA ARIAS TEQUIA continúen bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Regional Risaralda- hasta tanto, la propia entidad administrativa, previo el adelantamiento del proceso administrativo que considere necesario que incluya la participación de los padres de las menores en condiciones que les permita de manera efectiva ejercer su derecho al debido proceso y la defensa, tome una decisión diferente.
QUINTO.- ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación que envíe copia de la presente decisión al Ministerio del Interior a fin de que dicha entidad, a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y minorías o cualquier otro órgano del Ministerio, en uso de sus facultades legales y en cumplimiento de las funciones que le atribuye el Decreto 2893 de 2011, disponga los trámites necesarios para TRADUCIR, en el menor tiempo posible, la presente decisión a la lengua nativa de los accionantes.
SEXTO.- LIBRAR, por Secretaría General, la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
[1] Elementos de Prueba que obran en el expediente:
Copia del Informe de la Defensora de Familia, Dra. María Isabel Gonzáles, del día que se solicita protección para las menores del 29 de octubre de 2010.
Copia Informe de Denuncia del ICBF – Seccional Pereira- del 8 de noviembre de 2010.
Copia del Auto No. 192 del 10 de noviembre de 2010 proferido por la Defensoría de Familia No. 1 por medio del cual avoca conocimiento del proceso de Restablecimiento de Derecho a favor de las niñas Otilia y Felicia Rivera.
Copia Informe de “visitas biológicas de niñas, niños y adolescentes ubicados en hogares sustitutos de la defensoría de familia No. 1” con fecha 25 de noviembre de 2010.
Auto del 21 de febrero de 2011, expedido por la defensora de familia, Dra. Gloria Elena Beltrán Osorio, en el que se corre traslado de conceptos psico-sociales que obran en el proceso administrativo por el término de 3 días para que las partes soliciten, aclaración, complementación u objeción por error grave.
Constancia de que transcurrido el término para pronunciarse sobre los conceptos psico-sociales, las partes guardaron silencio de fecha 1 de marzo de 2011.
Resolución Número 013 del 10 de marzo de 2011 en la que se termina el proceso administrativo de restablecimiento de derechos de las menores Otilia Rivera Arias y Felicia Arias Tequia y se declara su situación de adoptabilidad.
Informe secretarial en el que consta que transcurridos 20 días hábiles desde la fecha de ejecutoria de la Resolución No. 013, no se presentó oposición alguna.
Copia de Derecho de Petición – en formato preestablecido – firmado a ruego por la accionante Ana Alicia Tequia solicitando copia de la resolución de declaratoria de situación de adoptabilidad de la menores Otilia y Felicia Rivera Arias con fecha del 25 de octubre de 2011.
Copia Derecho de Petición de fecha del 19 de enero de 2012 firmado por los ciudadanos Ana Alicia Tequia y Libardo Rivera se revoque de manera directa la Resolución No. 13 del 10 de marzo de 2011 por considerar violado el debido proceso durante el trámite administrativo.
Copia Respuesta por parte del ICBF -Regional Risaralda- al derecho de petición del 19 de enero de 2011.
[2] La Unidad para la Atención y Reparación Integra a las Víctimas certifica que se encuentran inscritos en el Registro Único de Víctimas desde el 28 de agosto de 2006.
[3] Copia del Registro Civil de Nacimiento de la menores Otilia Rivera Arias reposa en el expediente de la acción e de tutela. Folio 61 del cuaderno No. 1.
[4] Copia del Acta por parte de la Unidad Móvil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de fecha 29 de octubre de 2010. Folio 39 del Cuaderno No. 1
[5] Copia del Auto 192 del 10 de noviembre de 2010 del ICBF Regional Risaralda. Folio 44 a 46 del cuaderno No. 1.
[6] Copia de la Resolución No. 013 del 10 de marzo de 2011. Folio 96 a 115
[7] Folio 149 del Cuaderno No. 1.
[8] Folios 157 a 158 del Cuaderno No. 1.
[9] Contestación de la acción de tutela. Folio 25 del cuaderno No. 1.
[10] Según la información señalada por el ICBF la comunicación a la comunidad indígena fue enviada mediante correo electrónico el 16 de diciembre de 2010, al Presidente del Consejo Regional Indígena de Risaralda mediante oficio del 25 de enero de 2011 y a la Alcaldía Municipal mediante oficio del 3 de febrero de 2011.
[11] Escrito de contestación. Folio 30 del Cuaderno No. 1.
[12] Escrito de contestación. Folio 30 del Cuaderno No. 1.
[13] En el expediente se encuentra oficio de la Defensora de Familia solicitando a la Emisora La Paisita de la ciudad de Pereira realizar transmitir el mensaje de citación. (Folio 49 del Cuaderno No. 1.). Sin embargo, no ha prueba o certificación sobre la efectiva transmisión del mensaje.
[14] Escrito de contestación. Folio 30 del Cuaderno No. 1.
[15] Escrito de contestación. Folio 195 del Cuaderno No. 1.
[16]Sentencia de primera instancia. Folios 203 a 236 del cuaderno No.1.
[17] Sentencia de Segunda Instancia. Folio 248 a 265 del cuaderno No. 1.
[18] Sentencia de Segunda Instancia. Folio 263 del Cuaderno No. 1.
[19] En Auto del veinte (20) de octubre de 2011 de la Sala de Selección de tutela No 10 de la Corte Constitucional, se dispuso la revisión de la providencia en cuestión y se procedió a su reparto.
[20] Sentencia T – 388 de 2012.
[21] De conformidad con el Artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, “La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2o. de esta ley”.
[22] Esta información se adquirió de acuerdo con certificación que portaba la señora Ana Alicia Arias Tequia el día en que el ICBF puso bajo su disposición a las dos menores.
[23] “La regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados por la ley”. Sentencia T – 555 de 2010.
[24] Sentencia. T – 928 de 2010.
[25] Ver Sentencia C – 371 de 2011.
[26] Sentencia C – 1189 de 2005.
[27] El derecho de defensa implica la garantía de ser “oíd[a], de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga”. Sentencia C – 025 de 2009
[28] Sentencia SU – 510 de 1998.
[29] Ver Sentencia T – 659 de 2010. El principio de la diversidad cultural es un “reconocimiento es un avance en el contexto social colombiano, teniendo en cuenta que genera el goce de los derechos fundamentales en un plano de igualdad a partir del respeto por la diferencia”
[30] Sentencia T 703 de 2008.
[31] Artículo 13 Constitución Política de 1991. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión opinión política o filosófica.
[32] Ver sentencia T – 659 de 2010.
[33] Artículo 12. Ley 1098 de 2006.
[34] Ver Artículos 3, 70, 156, entre otros de la Ley 1098 de 2006.
[35] Artículo 50 Ley 1098 de 2006.
[36] Artículo 99 de Ley 1098 de 2006.
[37] Artículos 100 y 101 Ley 1098 de 2006.
[38] Artículos 107 y 108 Ley 1098 de 2006.
[39] Folio 39 del cuaderno No. 1.
[40] Folio 33 del cuaderno No. 1.
[41] Informes reposan en el expediente en folios 57, 58 y 59 del cuaderno No. 1.
[42] Folios 44 a 46 del Cuaderno No. 1.
[43] Folio 122 del Cuaderno No. 1.
[44] Folio 57 del Cuaderno No. 1.
[45] Copia del Oficio en folio 48 del cuaderno No. 1.
[46] Ver folio 31 del cuaderno No. 1.
[47] Ver Folio 49 del Cuaderno No. 1.
[48] El mensaje dispone: “El Defensor de Familia emplaza a los señores; ANA ALICIA ARIAS TEQUIA Y LIBARDO ARIAS RIVERA, padres y/o representantes legales y demás personas responsables del cuidado personal del niño y/o joven: OTILIA Y FELICIA ARIAS RIVERA, de un (1) mes y diez (10) meses de edad, respectivamente, para que se presenten a la Defensoría de Familia, ubicada en la carrera 8ª bis No. 35 – 11, Pereira, Risaralda, con el fin de NOTIFICARLE, el Auto de Apertura dentro del proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos adelantado a favor del Niño o joven Pasados quince 815) días de haberse publicado se entenderá surtida la notificación”.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 102
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 29
 artículo 7
 artículo 70
 artículo 8
 artículo 13
 resolución 
 resolución 
 artículo 102
 artículo 12
 artículo 8
 artículo 315
 Artículo 8
 artículo 102
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 36

Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 5
 artículo 2
 Artículo 13
 Artículo 12
 Artículo 50
 Artículo 99