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Timestamp: 2020-05-28 04:13:56+00:00

Document:
Artículo 1 P.1: Protección de la propiedad - La jurisprudencia del TEDH - Ministerio de Xustiza
Asunto: Pardo Campoy y Lozano Rodríguez v. España (53421/15 y 53427/15)
Sentencia Pardo Campoy y Lozano Rodríguez c. España (original en francés) (PDF. 212 KB)
En el presente asunto, los demandantes construyeron una vivienda en un terreno agrícola en Cantoria, Almeria, siendo denunciados por un delito contra la ordenación del territorio por construcción ilegal en un paraje natural. Se inició un procedimiento penal contra los demandantes, promotores de la construcción ilegal, pero tras el procedimiento y vista fueron absueltos en un primer momento por el Juez de lo penal nº 5 de Almería.
Recurrida la sentencia en apelación por el Fiscal, la Audiencia Provincial de Almería les condena, sin vista oral previa, a seis meses de prisión y al pago de una multa, así como la demolición de la construcción ilegal. Los demandantes solicitan a continuación la nulidad de actuaciones, lo que es inadmitido por la Audiencia Provincial.
Los demandantes reclaman no haber sido oídos ante la Audiencia Provincial, así como de su derecho a la propiedad en cuanto a la demolición de la vivienda ordenada por la AP de Almería.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos observa que la Audiencia Provincial se apartó de la sentencia de instancia tras haberse pronunciado sobre cuestiones de hecho y de derecho que le permitieron determinar la culpabilidad de los acusados. A este respecto, considera que, cuando la inferencia de un tribunal se refiere a elementos subjetivos (como, en el presente caso, la existencia de un posible fraude), no es posible hacer una evaluación legal de la conducta del acusado sin intentar primero probar la realidad de este comportamiento, lo que necesariamente implica verificar la intención de los acusados de cometer los actos que se les atribuyen.
Dado que las cuestiones tratadas eran en parte de carácter fáctico, el Tribunal considera que la condena de los demandantes en apelación por la Audiencia Provincial, después de un cambio en la apreciación de elementos como la existencia de un fraude, sin que las personas afectadas hayan tenido la oportunidad de ser escuchadas en persona e impugnar esta evaluación por medio de una audiencia no es conforme con los requisitos de un juicio justo garantizados por el artículo 6 § 1 del Convenio.
Por tanto, el Tribunal condena al Estado por vulneración del art. 6.1 del Convenio (derecho a un proceso justo) a pagar 10.030 euros a los demandantes
Por lo que se refiere a la denuncia de una presunta vulneración del artículo 1 del Protocolo nº 1 (derecho a la propiedad), el Tribunal considera que, habida cuenta de su conclusión de que se ha violado el párrafo 1 del artículo 6 del Convenio, no puede especular sobre cuál habría sido la situación si el los demandantes hubieran tenido acceso efectivo a un tribunal.
Por lo tanto, no entra a examinar la vulneración del Artículo 1 del Protocolo nº 1, ni del art. 6.2.del Convenio.
De acuerdo con lo establecido en el art. 28.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, esta sentencia es firme.
Asunto: Fortunato Padilla Navarro c. España (34302/16)
Decisión Padilla Navarro c. España (PDF. 216 KB)
El demandante, Fortunato Padilla Navarro es un nacional español nacido en 1939. Reside en Barcelona.
El caso atañe a la anulación, en el año 2012, del entonces en vigor artículo 48.1.1 de la Ley General de la Seguridad Social que recogía la actualización a primeros de año de las pensiones de jubilación con arreglo al incremento previsto del Índice de Precios al Consumo para ese mismo año.
El demandante considera que no se le podía aplicar en el año 2012 lo dispuesto en el Real Decreto 8/2012 que anulaba la actualización de las pensiones del año 2012 -en caso de que el IPC real fuera superior al previsto- según el artículo 48.1.2 de la LGSS, y suspendió la revalorización para el año 2013 que está recogida en el artículo 48.1.1 de esa misma Ley, ya que aquél entró en vigor el 1 de diciembre de 2012. Solicitaba un incremento del 2,9% de su pensión de acuerdo con el IPC de noviembre 2012, puesto que de aplicársele este decreto se vulneraría el artículo 9.3 de la Constitución que prohíbe la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales). Tras agotar los recursos oportunos, el demandante interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que lo rechazó por carecer de especial transcendencia constitucional.
La demanda fue interpuesta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el día 4 de junio de 2016.
El demandante invoca el artículo 1 del Protocolo nº 1 al Convenio (protección de la propiedad) por lo que se refiere a la reducción de su pensión motivada por las medidas acordadas en el Real Decreto 28/2012. Alega, en particular, que ha perdido un 1% en términos de poder adquisitivo en el año 2013 ya que la pensión se incrementó en tan sólo un 1,9 %, mientras que el IPC lo hizo en un 2,9%. Además, manifiesta que esta reducción ha de juzgarse como muy sustancial dado el incremento precios de servicios básicos como la electricidad y el gas, y que el Gobierne hubiera debido inclinarse por medidas menos gravosas para los pensionistas.
El TEDH considera que, al igual que en ocasiones anteriores, las medidas de austeridad adoptadas por los Gobiernos, algunas de ellas muy intrusivas, en respuesta a la crisis económica que azota a Europa desde 2008 no vulneran el artículo 1 del Protocolo nº 1). El TEDH estima que la injerencia alegada era legal con arreglo a la ley interna. Asimismo, considerando el amplio margen de apreciación del que dispone el poder legislativo para implementar políticas sociales y económicas, no cabe duda de que la injerencia litigiosa tenía como legitimo objetivo proteger los fondos públicos en un contexto de grave crisis financiera que tuvo un impacto en el sistema de Seguridad Social
El TEDH considera que no hay ninguna evidencia de arbitrariedad o discriminación en las enmiendas legales a las pensiones de jubilación y que no le compete a él decidir si las medidas litigiosas suponen la mejor solución para afrontar el problema, o si las Autoridades hubieran debido ejercer su poder discrecional en otro sentido. A la luz de lo que antecede, el TEDH no encuentra ninguna razón para negar que no se haya mantenido un justo equilibrio entre los intereses en juego y que no parece que el demandante tuviera que soportar una excesiva carga individual.
En consecuencia, la demanda está manifiestamente mal fundada y debe ser rechazada conforme al artículo 35 §§ 3 a) 4 del Convenio.
Asunto: Carmen Ruiz-Funes Montesinos y otros c. España (39162/12)
Decisión Ruiz-Funes Montesinos y otros (PDF. 87 KB)
Asunto: Jacinta Godoy Ruiz y otros c. España (62653/10)
Decisión Jacinta GODOY (PDF. 96 KB)
ANTECEDENTES: Este caso atañe a la duración del procedimiento de expropiación derivado de un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid (CGCM) de 7 de marzo de 1985 por el que se aprobaba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de un barrio de Madrid. Este acuerdo se confirmó el 17 de abril de 1997. El Convenio entre el Ayuntamiento de Madrid, a través de su Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y el CGCM, para la promoción y ejecución de dicho Plan se firmó el 3 de mayo de 2005. El día 16 de abril de 2009 se produjo la aprobación definitiva del proyecto de expropiación.
Los demandantes presentaron una reclamación de indemnización ante el Ayuntamiento de Madrid el 29 de julio de 2006 por considerarlo responsable de la situación de sujeción administrativa de sus terrenos, sin que la expropiación tuviera lugar, vulnerando el derecho al respeto de la propiedad privada. Esta reclamación fue rechazada, así como el consiguiente recurso contencioso administrativo. Los demandantes recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que desestimó el recurso mediante sentencia de 22 de abril de 2010. El recurso de nulidad interpuesto contra ésta fue inadmitido el 25 de junio de 2010.
El día 26 de marzo de 2013, el Plan Parcial fue modificado requiriendo para ello la demolición de aproximadamente 335 viviendas, de una o dos plantas, con una antigüedad media próxima a los noventa años y con calidades constructivas modestas o muy modestas, en su mayoría habitadas por residentes, a los que, seguidamente, se les reconoció el derecho a realojo.
QUEJAS:Los demandantes se quejan, invocando el artículo 1 del Protocolo nº 1 del Convenio (Protección de la propiedad) de una vulneración de su derecho al respeto de sus bienes en razón de la duración del procedimiento de expropiación entablado en su contra.
- El TEDH considera que la injerencia en el derecho de los demandantes al respeto de sus bienes respondía a las exigencias del interés general
- Constata que el sistema de expropiación se ha llevado a cabo en todos los casos y que el importe de las indemnizaciones por expropiación ha sobrepasado con creces el precio pagado en la compra.
- Que no se ha privado a los demandantes de sus bienes, sino que han percibido sus indemnizaciones expropiatorias cuando todavía vivían en sus respectivas viviendas, a la espera de que les fueran entregados los pisos nuevos que se les había adjudicado en el mismo barrio tras su reordenación y que podrían ocuparlos en tanto que inquilinos o bien comprarlos a un precio, en todo caso inferior al de mercado, establecido caso a caso en función de sus ingresos.
En consecuencia, el TEDH desestima la queja de los demandantes por estar manifiestamente mal fundada, en aplicación del artículo 35 §§ 3 y 4 del Convenio y declara el resto de la demanda inadmisible.
Decisión Jacinta GODOY 19-2-13 (PDF. 66 KB)
Decisión Jacinta GODOY parcial 18-12-12 (PDF. 62 KB)
Asunto: Rúspoli Morenés c. España. Patrimonio Histórico Español
Sentencia Rúspoli Morenés (PDF. 213 KB)

References: artículo 6
 artículo 1
 artículo 6
 Artículo 1
 artículo 48
 Real Decreto 
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 9
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 35
 artículo 1
 artículo 35