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Timestamp: 2020-05-31 19:58:50+00:00

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Ley 7801 - Ley Provincial de Medio Ambiente - Argentina Ambiental
Ley Provincial de Medio Ambiente
Ley 7801
Sancionada el 29 de marzo de 2005
Artículo 1º: La presente Ley tiene por objeto establecer los criterios y normas básicas destinados a conservar y mejorar el patrimonio ambiental, proteger la dinámica ecológica, la salud humana, propiciar el uso sustentable de los recursos naturales, recuperar o regenerar los ambientes desertificados y/o contaminados, asegurando a las generaciones presentes y futuras la conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica, conforme lo establece el Artículo 66° de la Constitución Provincial.-
Art. 2º: La autoridad de aplicación de la presente ley será la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, u organismo que en el futuro la reemplace, la cual tendrá poder de Policía Administrativo.
Art. 3º: Las atribuciones de la Autoridad de Aplicación serán las siguientes:
a) Elaborar, conjuntamente con los organismos competentes, el Diagnóstico Ambiental Actual con el fin de evaluar la problemática ambiental de la provincia de La Rioja.
b) Formular, teniendo como fundamento el Diagnóstico Ambiental Actual, el Programa de Política y Gestión Ambiental. Este programa deberá ser realizado sobre la base de una ordenación ambiental del territorio provincial que respete los mejores usos del espacio y las limitaciones ecológicas del mismo.
c) Podrá solicitar la intervención de profesionales de diferentes disciplinas, pertenecientes a Organismos Públicos, a los efectos de realizar el análisis de los Estudios de Impacto Ambiental.
d) Vigilar y controlar la ejecución de proyectos, obras y acciones susceptibles de degradar el ambiente.
e) Crear, desarrollar y mantener actualizado un Sistema Provincial de Información Ambiental.
f) Fomentar, programar y desarrollar estudios ambientales y proyectos de investigación tendientes a ese fin.
g) Examinar el marco jurídico administrativo de la Provincia en lo relativo al ambiente y proponer las reformas e innovaciones que fueran necesarias o convenientes.
h) Aplicar y hacer aplicar las normas relacionadas con la preservación, conservación y defensa del ambiente.
i) Promover, programar y desarrollar la información, formación y capacitación del personal de la Administración Pública y de particulares en todo lo concerniente al ambiente.
j) Promover y programar acciones de preservación, conservación y defensa del ambiente.
k) Promover, programar e implementar la concesión de premios y otros incentivos para quienes contribuyan a la preservación, conservación y defensa del ambiente.
l) Investigar de oficio o por denuncia pública y/o privada, las acciones u obras susceptibles de degradar el ambiente.
m) Sancionar y clausurar las actividades o proyectos que no cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley y en cualquier otra norma medioambiental vigente.
n) Llevar un Registro especial de las organizaciones ambientalistas y establecer las condiciones que deberán acreditar para la inscripción en él.
o) Delegar en todas aquellas entidades de su propia administración (centralizadas, descentralizadas, entes autárquicos, etc.) y en las Municipalidades y Comunas la fiscalización de las normas reglamentarias que en su consecuencia se dicten.
p) Prever medidas correctivas, cuya ejecución debe ser inmediata.
q) Considerar en audiencia pública el tratamiento de los temas ambientales.
r) Promover la participación ciudadana.
s) Las demás funciones que señale la presente Ley y el Decreto Reglamentario.
Art. 4º: La Autoridad de Aplicación organizará un Sistema Provincial de Información Ambiental. Todos los organismos públicos que cuenten con información pertinente tendrán la obligación de colaborar con el sistema.
Art. 5º: El Sistema Provincial de Información Ambiental tendrá como objetivo esencial garantizar al Estado y a la sociedad en general la información requerida para el conocimiento, la evaluación y la toma de decisiones relativas al medio ambiente.
Art. 6º: El Sistema Provincial de Información Ambiental concentrará todos los datos físicos, biológicos, económicos, sociales y legales concernientes a la provincia.
Art. 7º: Los datos del Sistema Provincial de Información Ambiental serán de libre consulta y se procurará su periódica difusión, a los efectos de evaluar y diagnosticar la situación ambiental existente, sin que medie pago alguno y sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual reconocidos.
Del Ordenamiento Ambiental Provincial
Art. 8º: El Ordenamiento Ambiental Provincial tendrá como objetivo principal asegurar el desarrollo sostenible del territorio, sobre la base de considerar integralmente, los aspectos ambientales y su vínculo con los factores económicos, demográficos y sociales, a fin de alcanzar la máxima armonía posible en las interrelaciones de la sociedad con la naturaleza, incluyendo:
Art. 9º: La Autoridad de Aplicación y demás organismos de la Administración Pública Provincial y Municipal elaborarán y recomendarán un Plan Provincial de Ordenamiento del Territorio.
Art. 10º: La Autoridad de Aplicación, en estrecha coordinación con los demás órganos y organismos competentes, establecerá los indicadores ambientales pertinentes.
Art. 11º: Los organismos estatales están obligados a mantener y facilitar, cuando se les requiera por la Autoridad de Aplicación, toda la información contenida en los indicadores para el funcionamiento del Sistema Provincial de Información Ambiental, a los efectos de evaluar y diagnosticar la situación ambiental existente, sin que medie pago alguno y sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual reconocidos.
La Autoridad de Aplicación controlará y difundirá gratuitamente esta información a los organismos estatales que la interesen, a los fines del ejercicio de sus funciones y atribuciones y en cumplimiento de las obligaciones que les vienen encomendadas.
Art. 12º: La Función Ejecutiva Provincial y los Municipios garantizarán que en la ejecución de sus actos de gobierno y de política económica y social, se observen los siguientes Principios de Política Ambiental:
a) El uso y aprovechamiento del ambiente y de los recursos naturales deberán ser realizados de forma tal de no producir consecuencias nocivas para las generaciones presentes y futuras.
b) Los ecosistemas y sus elementos integrantes deberán ser utilizados de un modo integral, armónico y equilibrado (teniendo en cuenta la interrelación e interdependencia de sus factores) y asegurando un desarrollo óptimo y sustentable.
c) El ordenamiento normativo provincial y municipal y los actos administrativos deben ser aplicados con criterios que respeten el medio ambiente, conforme con los fines y objetivos de la presente Ley.
d) Los organismos públicos deberán utilizar un enfoque científico integrador y multidisciplinario al desarrollar actividades que alteran directa e indirectamente al ambiente.
e) Las actuaciones tendientes a la protección del ambiente deberán promover y orientar el desarrollo con criterios sustentables, no limitándose únicamente a establecer restricciones y controles.
f) Las acciones del gobierno provincial y de las personas deberán tener en cuenta los principios de desarrollo sustentable en lo que hace al planeamiento y realización de actividades económicas de cualquier índole.
g) Los habitantes de la provincia de La Rioja tienen derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Art. 13º: La Función Ejecutiva Provincial, por intermedio de la Autoridad de Aplicación y en coordinación con los Municipios y las Organizaciones no Gubernamentales Ecologistas, elaborará un Programa de Política y Gestión Ambiental, que contemplará los siguientes aspectos:
a) Aplicación de los Principios de Política Ambiental, fijados por esta Ley.
b) Ordenamiento ambiental del territorio provincial, de acuerdo con:
1.- Las características ambientales de cada ecosistema.
2.- El diagnóstico, grado de degradación y desequilibrio ecológico por efectos naturales y de las actividades humanas.
3.- La evaluación de impacto social.
4.- Potencial impacto ambiental por el desarrollo de nuevas actividades productivas.
c) Programas de Estudio e Investigación Científica y Educativa a desarrollarse en el ámbito de la Administración Pública o mediante convenios con entidades gubernamentales y no gubernamentales, nacionales, internacionales, públicas y privadas.
d) Diseño de pautas dirigidas al aprovechamiento de los recursos naturales, conforme a un uso integral, armónico y coordinado de los mismos.
e) Implementación de un Banco de Datos y de un Sistema de Información y Vigilancia permanente de los ecosistemas, los elementos que lo integran y su equilibrio, actualizado en forma permanente.
f) Elaboración de programas de censo, recuperación y preservación de especies animales y vegetales en peligro de extinción.
g) Elaboración de programas de lucha contra la contaminación, degradación del ambiente y los distintos recursos naturales, programas de recuperación de ambientes contaminados o degradados, y control de los procesos de desertificación.
h) Implementación de Programas de Capacitación de Recursos Humanos de la Administración Pública Provincial a través de convenios con organismos e instituciones municipales, provinciales, nacionales e internacionales, públicas o privadas, gubernamentales o no, con el fin de llevar adelante una gestión ambiental.
i) Estrategias de coordinación de las acciones de los organismos públicos provinciales y de éstos con la de los municipios.
j) Vinculación con leyes o pactos ambientales nacionales o regionales si los hubiere.
Art. 14º: Las personas públicas o privadas, responsables de actividades o proyectos susceptibles de degradar el ambiente, quedan obligadas a presentar un Estudio de Impacto Ambiental, antes del inicio de cualquier actividad, que contemple todas las etapas de desarrollo de cada proyecto (inicio, operación y cierre); a partir de la publicación de la presente Ley en el Boletín Oficial.
La Autoridad de Aplicación reglamentará los contenidos del Estudio Ambiental que, según la categorización que le corresponde, el responsable de la actividad o proyecto deberá presentar.
Art. 15º: El costo del Estudio de Impacto Ambiental será soportado por los interesados.
Art. 16º: El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (Eva.I.A.) estará integrado por las siguientes etapas:
b) El dictamen Técnico (D.T.).
c) Audiencia Pública (A.P.)
d) Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.).
Los Estudios de Impacto Ambiental tendrán carácter de declaración jurada; serán suscritos por profesionales idóneos, en las materias que comprendan, que deben estar inscriptos en los Registros creados, a tal fin, por la Autoridad de Aplicación.
Art. 17º: Las actividades o proyectos en funcionamiento anteriores a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la presente, contarán con un plazo de hasta un (1) año calendario a partir de la misma fecha, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley.
El plazo fijado no podrá ser prorrogado sino a través de una Ley.
Art. 18º: La Autoridad de Aplicación para emitir el dictamen técnico podrá recabar informes técnicos de especialistas en Evaluación de Impacto Ambiental o profesionales con títulos cuyas incumbencias contemplen específicamente el tema, respecto a los Estudios de Impacto Ambiental presentados.
Asimismo, podrá pedir informe sobre la repercusión en el ambiente, a los organismos y reparticiones públicas provincial o municipal con injerencia y/o competencia en el proyecto.
La Autoridad de Aplicación podrá requerir, cuando las características de la obra o actividad lo hagan necesario, mayores datos y precisiones, de conformidad con lo que establezca la reglamentación.
Art. 19º: La Autoridad de Aplicación establecerá un sistema de información pública, a fin de dar a conocer los Estudios de Impacto Ambiental que le sean elevados, como así también las opiniones de las audiencias públicas y dictámenes técnicos que se produzcan durante el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.).
Art. 20º: En los casos que corresponda, según la reglamentación, la Autoridad de Aplicación deberá convocar a Audiencia Pública a fin de consultar a la comunidad sobre los proyectos o actividades presentados.
Art. 21º: Todos los proyectos y actividades susceptibles de degradar el ambiente del territorio provincial, deberán obtener una Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) expedida por la Autoridad de Aplicación, según la categorización de los proyectos que establezca la reglamentación de la presente Ley.
La Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) sin dictamen técnico favorable previo, será nula.
Art. 22º: La D.I.A. se extenderá de acuerdo a lo establecido por el Dictamen Técnico.
Art. 23º: La reglamentación de la presente Ley establecerá la modalidad del sistema de información pública, el contenido del dictamen técnico y los plazos y modos del procedimiento para obtener la D.I.A.
La D.I.A. deberá publicarse en el Boletín Oficial.
Art. 24º: La Autoridad de Aplicación podrá ordenar la paralización de las obras o actividades efectuadas sin la correspondiente D.I.A. Asimismo, podrá disponer la demolición o destrucción de las obras realizadas en infracción, siendo la totalidad de los costos y gastos a cargo del trasgresor, sin perjuicios de otras sanciones previstas en la presente ley.
Art. 25º: Todos los genomas autóctonos son propiedad exclusiva del estado provincial.
Art. 26º: la Autoridad de Aplicación elaborará los criterios de uso y reglamentará los mismos.
Art. 27º: Las personas físicas y jurídicas cuyas acciones, actividades y obras degraden o sean susceptibles de degradar el suelo, las aguas, la atmósfera y sus elementos constitutivos, quedan obligados a instrumentar todas las medidas establecidas a la presente Ley y demás normas concordantes para prevenir atenuar y controlar dicha degradación.
Art. 28º: La función ejecutiva provincial a través de sus organismos competentes garantizará la conservación de las cuencas hidrográficas en su estado natural, su calidad y volúmenes de los recursos hídricos de la Provincia en un todo de acuerdo al Código de Aguas Provincial, Ley 4.295.
Art. 29º: La Autoridad de Aplicación de la presente Ley estará legitimada para denunciar los casos de degradación de los recursos hídricos ante el organismo competente e instar a la resolución del mismo.
Art. 30º: La Autoridad de Aplicación establecerá criterios para conservar la calidad de los suelos provinciales mediante:
a) La evaluación y clasificación de los suelos por su aptitud de uso.
b) El establecimiento de normas o criterios de calidad de los mismos.
c) La definición de responsabilidades en materia de monitoreo y vigilancia.
d) La limitación y reducción de la degradación y contaminación de los suelos.
Art. 31º: La Autoridad de Aplicación, en coordinación con los demás organismos competentes de la Provincia, efectuará la clasificación de los suelos conforme a criterios edafológicos, ecológicos y de óptima utilización e impulsará su permanente actualización.
Art. 32º: Cuando se hubiera degradado el suelo, alterando de modo perjudicial su mejor utilización, la Autoridad de Aplicación adoptará, en coordinación con los demás organismos competentes de la Provincia, las medidas que sean necesarias para mejorar o restaurar las condiciones de dichos suelos. En todos los casos, tal mejora deberá intentar restablecer, en la medida de las posibilidades técnicas y biológicas, las condiciones de calidad fijadas para cada tipo de suelo.
Art. 33º: La Autoridad de Aplicación elaborará, en coordinación con los demás organismos provinciales competentes, los criterios o normas de calidad para cada tipo de suelo tomando en consideración, entre otras variables, las siguientes cuestiones:
a) El uso óptimo o más conveniente para el mejor funcionamiento de los suelos.
b) Los caracteres físico-químicos y biológicos compatibles con la preservación de productividad de los agroecosistemas, la protección de la salud humana y el funcionamiento normal de los ecosistemas terrestres no productivos que cada tipo de suelo contribuye a sostener.
Art. 34º: Los criterios de vuelco permisibles en suelos, subsuelos y demás soportes sólidos deberán asegurar en todos los casos que no se alteren los criterios de calidad fijados para cada tipo de suelo.
Art. 35º: Será responsabilidad de las personas y/o entidades que ocasionen la contaminación limitar, quitar, limpiar y/o restaurar a su costo y cargo, los efectos relativos a la degradación y contaminación del suelo. En caso de incumplimiento los organismos gubernamentales competentes deberán proceder a las operaciones de contención, remoción, limpieza y/o restauración cargando los gastos que demanden tales operaciones a las personas y/o entidades responsables de la degradación o contaminación mencionados, más las penalidades que correspondan.-
Art. 36º: La Autoridad de Aplicación y/o los distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales competentes en materia de conservación, preservación y defensa del ambiente establecerán los mecanismos de control y los sistemas de detección a distancia, monitoreo «in situ» y vigilancia ambiental para conocer el estado de los distintos tipos de suelo y mantener los criterios de calidad que se hubieran fijado para cada uno de ellos. Copia de los resultados de todas las evaluaciones con sensores remotos, muestreos y análisis, deberán ser remitidos a la Autoridad de Aplicación.
Art. 37º: La Autoridad de Aplicación elaborará, en coordinación con los demás organismos gubernamentales competentes, los criterios o normas de calidad de las distintas masas de aire tomando en consideración, entre otras variables, las siguientes:
a) Los ecosistemas acuáticos y terrestres relacionados.
b) Los caracteres físico-químicos y biológicos compatibles con la preservación de la salud humana y el funcionamiento normal de los ecosistemas.
c) Las inversiones térmicas de superficie, ventilación lateral, topografía, emisión estimada de contaminantes y demás variables relacionadas.
Art. 38º: La Autoridad de Aplicación elaborará, en coordinación con los demás organismos gubernamentales competentes, las normas de emisión de sustancias hacia la atmósfera.
Art. 39º: La Autoridad de Aplicación y/o los distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales competentes en materia de conservación, preservación y defensa del ambiente establecerán los mecanismos de control y los sistemas de detección a distancia, monitoreo «in situ» y vigilancia ambiental, para conocer el estado de las masas de aire y mantener sus respectivos criterios de calidad. Copia de los resultados de todas las evaluaciones con sensores remotos, muestreos y análisis deberán ser remitidas a la Autoridad de Aplicación.
De la Flora y la Fauna Autóctona y las Áreas Naturales Protegidas
De la Flora Autóctona en Sentido Amplio
Art. 40º: La Autoridad de Aplicación tomará como base para la regulación de la flora la Ley Nacional 13.273 y Ley Provincial 3.974 y sus Decretos Reglamentarios, el contenido del CITES (Convenio Internacional sobre Tráfico de Especies Silvestres) ratificado por la Ley Nacional 22.344, y toda otra de interés para la presente.
Art. 41º: La Autoridad de Aplicación, en coordinación con centros de investigación, establecerán en forma actualizada la clasificación fitogeográfica de la Provincia, así como el estado de las distintas especies vegetales conforme a las categorías establecidas por el CITES y otras que resultaren necesarias para complementarlas.
Art. 42º: La Autoridad de Aplicación y los distintos organismos gubernamentales dictarán las normas necesarias para garantizar la conservación y sanidad de la flora autóctona, y establecerá los mecanismos de control y vigilancia ambiental necesarios para cumplir con los objetivos de la presente Ley.
Art. 43º: En el caso de actividades antrópicas que afecten las comunidades vegetales autóctonas, la Autoridad de Aplicación, mediante reglamentación, fijará las pautas y normas a que deberán sujetarse dichas actividades.
Art. 44º: Se crea un fondo de recuperación para las actividades que provoquen desmonte o deforestación, destinado a la restauración de las Comunidades Vegetales Autóctonas.
Art. 45º: Queda prohibida toda acción o actividad que implique la introducción, tenencia o propagación de especies vegetales sin la previa autorización de la Autoridad de Aplicación.
De la Flora Autóctona en Peligro de Extinción
Art. 46º: Queda prohibida toda acción, actividad u obra que implique la introducción, tenencia o destrucción parcial o total de individuos o poblaciones de especies vegetales declaradas en peligro de extinción por los organismos competentes de la Nación, de las Provincias y de los Municipios, en tanto dicha declaración esté contenida en instrumentos legales vigentes.
Art. 47º: Solo podrán extraer individuos o partes constitutivas de especies vegetales en peligro de extinción aquellas instituciones públicas y privadas con fines científicos cuyas actividades contribuyan a la preservación, protección, defensa y mejoramiento de dichas especies, siempre que ello no afecte el equilibrio ecológico óptimo de los ambientes de los cuales son extraídas, previa autorización de la Autoridad de Aplicación.
De la Fauna Autóctona en Sentido Amplio
Art. 48º: Prohíbase el desarrollo de todo tipo de acciones, actividades u obras que degraden o sean susceptibles de degradar las poblaciones de la fauna autóctona. En todo lo referente a la fauna autóctona serán de estricta aplicación las Leyes Provinciales 4.677, 4.678 y sus Decretos Reglamentarios.
Art. 49º: La Autoridad de Aplicación establecerá un programa destinado a clasificar e inventariar las especies de la fauna silvestre provincial conforme a las categorías establecidas en la Convención Internacional para el Tráfico de Especies Silvestres (CITES) ratificada por Ley Nacional 22.344 y otras que resultaren necesarias para complementarlas.
Art. 50º: La Autoridad de Aplicación establecerá normas de preservación, conservación, y sanidad de la fauna autóctona imponiendo restricciones de captura, caza, comercio y transporte basadas en estudios previos de las respectivas poblaciones.
De la Fauna Autóctona en Peligro de Extinción
Art. 51º: Queda prohibida toda acción, actividad u obra que implique la alteración del hábitat natural, la introducción, tenencia o destrucción, parcial o total, de individuos o poblaciones animales declaradas en peligro de extinción por los organismos competentes de la Nación y de las Provincias, en tanto dicha declaración se halle contenida en instrumentos legales vigentes.
Art. 52º: Solo podrán extraer individuos o células vivas de especies animales en peligro de extinción, aquellas instituciones públicas y privadas con fines científicos cuyas actividades contribuyan a la preservación, protección, defensa y mejoramiento de dichas especies, siempre que ello no afecte el equilibrio ecológico óptimo de los ambientes de los cuales son extraídas, previa autorización de la Autoridad de Aplicación.
Art. 53º: La Autoridad de Aplicación deberá organizar, delimitar y mantener un sistema de áreas naturales protegidas. Con este motivo, se preservarán muestras representativas de los distintos ambientes de la Provincia.
Art. 54º: El establecimiento de áreas naturales protegidas tiene por objeto:
a) Preservar los ecosistemas naturales representativos de las diversas regiones biogeográficas de la Provincia, asegurando su equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos.
b) Proteger cuencas hidrográficas, ciclos hidrológicos, zonas acuíferas, muestras de comunidades bióticas, recursos genéticos particulares y la diversidad genética de las especies silvestres de flora y fauna, particularmente las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.
c) Favorecer el desarrollo y mejorar el aprovechamiento racional y sostenible de los ecosistemas naturales y sus elementos.
d) Proteger escenarios y paisajes naturales de singular belleza.
e) Promover las actividades recreativas y de turismo en conveniencia con la naturaleza.
f) Favorecer la educación ambiental para el desarrollo sostenible, la investigación científica y el estudio de los ecosistemas, su equilibrio y las interrelaciones de sus elementos, a fin de promover el conocimiento y la conciencia ambiental de la comunidad y el desarrollo de tecnologías que permitan mejorar el uso racional de los recursos naturales de la Provincia.
g) Proteger los entornos naturales de los monumentos históricos y vestigios arqueológicos, antropológicos y artísticos de importancia para la cultura y la identidad.
h) Contribuir al desarrollo socioeconómico de la Provincia, particularmente de las actividades agropecuarias, forestales y de aprovechamiento de flora y fauna silvestre, integrando la conservación de la naturaleza con los objetivos del desarrollo sostenible.
Art. 55º: Los valores escénicos y estéticos del paisaje son patrimonio de todos los habitantes de la Provincia.
Art. 56º: Todo tipo de acción u obra que pudiera transformar el paisaje se regirá por lo establecido en el Capitulo Segundo Titulo IV de la presente Ley.
Art. 57º: La Autoridad de Aplicación regulara de acuerdo a o establecido en el Capitulo Segundo titulo IV de la presente Ley, las acciones, actividades u obras públicas y privadas, que por contaminar el ambiente con elementos sólidos, líquidos, gases y otros materiales residuales y/o ruido, calor y demás desechos energéticos, lo degraden y/o afecten la salud de la población directa o indirectamente.
Art. 58º: La Autoridad de Aplicación, en coordinación con los demás organismos competentes de la Provincia, conducirá y actualizará en forma permanente un Catastro de Actividades Riesgosas y Contaminantes.
Art. 59º: La Autoridad de Aplicación quedará facultada para ingresar en todo establecimiento, obra, yacimiento o inmueble cuyas actividades presuntamente degraden el ambiente o lo contaminen.
Art. 60º: La Autoridad de Aplicación y los demás organismos competentes de la Provincia promocionarán el uso de métodos, tecnologías y sistemas de reciclaje o recirculación de residuos.
Art. 61º: Toda evaluación de la degradación y medición o cuantificación de contaminantes será costeada por las personas y/o instituciones responsables de la degradación o contaminación.
Art. 62º: Queda prohibido el vuelco, descarga o inyección de sustancias contaminantes a las masas superficiales y subterráneas de aguas en cualquiera de sus tres estados, cuando tales contaminantes alteren las normas de calidad establecidas para cada masa hídrica. Esta prohibición también se aplicará cuando los efluentes contaminantes afecten negativamente la flora, la fauna, la salud humana y los bienes. En caso de producirse la infracción la Autoridad de Aplicación sancionara según lo establecido en el Capítulo Segundo del Titulo XII de la presente Ley.
Art. 63º: Queda prohibido el vuelco, descarga, inyección e infiltración de sustancias contaminantes al suelo, cuando tales sustancias alteren las normas de calidad fijadas para cada tipo de suelo. Esta prohibición también se aplicará cuando los sustancias contaminantes afecten negativamente a la flora, fauna, la salud humana y los bienes. En caso de producirse la infracción la Autoridad de Aplicación sancionara según lo establecido en el Capítulo Segundo del Titulo XII de la presente Ley.
Art. 64º: Queda prohibida la emisión o descarga de sustancias contaminantes a la atmósfera cuando tales sustancias alteren las normas de calidad establecidas. Esta prohibición también se aplicará cuando las sustancias contaminantes afecten negativamente a la flora, fauna, la salud humana y los bienes. En caso de producirse la infracción la Autoridad de Aplicación sancionara según lo establecido en el Capítulo Segundo del Titulo XII de la presente Ley.
Art. 65º: El aprovechamiento de los recursos minerales por cualquier persona física y/o jurídica se regirá por el Código de Minería de la Nación, Leyes Complementarias, Código de Procedimiento Minero de la Provincia de La Rioja y lo establecido en el Artículo 66 de la presente Ley.
Art. 66º: En todo Proyecto Minero que involucre o no Areas Naturales Protegidas, la Dirección General de Minería deberá dar participación a la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, y demás organismos de competencia.
Normas Relativas a la Actividad Agropecuaria Sustentable
Art. 67º: La Actividad Agropecuaria debe ser desarrollada de tal manera que se puedan lograr sistemas de producción sustentable, que se correspondan con las condiciones económicas y ecológicas de la Región. Esto será de especial aplicación en los ecosistemas frágiles donde puedan existir procesos de degradación manifiestos.
Art. 68º: La Autoridad de Aplicación, en coordinación con otros organismos competentes, dirigirá, establecerá y controlará las normas y medidas encaminadas a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente título.
Art. 69º: Las instituciones de investigación agropecuaria encargadas de la generación y transferencia de tecnologías, deberán orientar sus actividades según lo establecido en la presente Ley.
Art. 70º: La Agencia de Cultura, en coordinación con la Autoridad de Aplicación, establecerá las medidas necesarias para garantizar la preservación del patrimonio cultural asociado al entorno natural.
Art. 71º: La conservación «in situ» de los bienes culturales se considerará priorizada a los fines de mantener la continuidad y las vinculaciones históricas con el medio ambiente.-
Art. 72º: La recolección, transporte y tratamiento de los residuos y/o sustancias peligrosas, patológicas y radioactivas se regirán por leyes particulares.
Art. 73º: La recolección, transporte y tratamiento de los residuos sólidos urbanos y/o asimilables a urbanos son de incumbencia de los municipios.
Art. 74º: Esta prohibido el enterramiento de residuos y/o sustancias susceptibles de degradarse y contaminar el ambiente.
Art. 75º: Para establecer rellenos sanitarios u otro tipo de disposición transitoria o final de residuos, será obligatorio la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental ( D.I.A ).
Art. 76º: Los proyectos de relleno sanitario u otro tipo de disposición final de residuos, públicos o privados, deberán incluir en su presupuesto de ejecución, planes viables de remodelación y recuperación del terreno.
Art. 77º: La entidad que realice el proyecto de relleno sanitario, ya sea pública o privada, deberá constituir garantía o fianza suficiente para cubrir las erogaciones necesarias para su monitoreo y control.
Art. 78º: En la gestión de residuos y/o sustancias que se encuentran comprendidos en el Artículo 132, los municipios deberán implementar mecanismos viables para fomentar:
a) El reciclaje de los materiales.
b) La disposición y tratamientos separados de los residuos biodegradables, de los que no lo son.
c) Apoyar el manejo cooperativo de los procesos de tratamiento.
Art. 79º: Toda persona física ó jurídica que infringiere lo dispuesto en el presente Capitulo, será pasible de la aplicación de la sanción establecida en el Capitulo Segundo Titulo XII de la presente Ley.
Art. 80º: Corresponde a las Autoridades Municipales en forma conjunta con la Autoridad de aplicación de la presente Ley – en el marco de sus atribuciones y competencias – promover, formular y ejecutar planes de ordenamiento territorial y crear los mecanismos necesarios que permitan el acceso de la población a zonas en condiciones urbanizables, dando preferencia a los sectores de bajos ingresos económicos.
Art. 81º: La planificación de la expansión territorial y espacial de las ciudades, dentro del ordenamiento territorial regional, deberá incorporar la variable ambiental, de acuerdo a o establecido en el Titulo lll de la presente Ley.
Art. 82º: El Estado con asesoramiento del Consejo Provincial del Medioambiente creará los mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar:
1.- La participación de comunidades rurales en los procesos de desarrollo sostenible y uso racional de los recursos naturales renovables considerando sus particularidades sociales, económicas y culturales en el medio donde desenvuelven sus actividades.
2.- El rescate, difusión y utilización de los conocimientos populares sobre manejo de recursos naturales con la participación directa de las comunidades rurales.
Art. 83º: La Autoridad competente desarrollará acciones para verificar que en la prestación de los servicios públicos esenciales, se cumplan las disposiciones que garanticen la protección del medio ambiente y, en particular, la salud de la población y su calidad de vida.
Art. 84º: Para iniciar la construcción, ampliación o modificación de asentamientos humanos, en los planes de ordenamiento territorial, en los planes de disposición de aguas servidas, barros cloacales y desechos sólidos, con especificación de las redes de alcantarillado, la infraestructura necesaria y demás modalidades de disposición de tales desechos, según corresponda, se requiere la aprobación de la Autoridad de Aplicación conforme a o establecido en el Capitulo Segundo Titulo IV de la presente Ley.
Art. 85º: La Autoridad competente, en su condición de organismo rector de los servicios comunales, ejecutará las acciones de verificación y control en esta esfera, sin perjuicio de las atribuciones y funciones correspondientes a otros organismos estatales.
Art. 86º: El Estado, a través de sus organismos competentes, ejecutará acciones de prevención, control y evaluación de la degradación del medio ambiente que en forma directa o indirecta atente contra la salud humana, vida animal y vegetal.
Es prioridad provincial, la promoción de acciones de saneamiento ambiental, garantizando los servicios básicos y otros a la población en general.
Art. 87º: La Autoridad de Aplicación deberá promover acciones tendientes a la concientización y participación de la población en todo lo referido a la temática ambiental.
Art. 89º: La Función Ejecutiva Provincial, a través de los organismos gubernamentales competentes, deberá incluir en forma obligatoria la Educación Ambiental en los planes y programas de estudio de todos los niveles de la educación obligatoria y sistemática, pública y privada de la Provincia de La Rioja, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 66 de la Constitución Provincial.
Art. 90º: Los fines de la Educación Ambiental serán los siguientes:
a) La enseñanza y práctica de las normas de conducta y convivencia, con sus fundamentos éticos y científicos, que formen en el educando una conciencia de su responsabilidad frente a los demás seres vivos, que lo conduzca cuidar, preservar, mantener y hacer un uso sustentable, de los recursos naturales principalmente los no renovables.
b) La formación de ciudadanos conscientes e integrados al medio ambiente y sus problemas asociados, mediante la enseñanza y aplicación de los conocimientos adquiridos, la concientización de actitudes, motivaciones y compromiso, y el fomento de las aptitudes para trabajar en forma individual y/o colectiva para la solución de los problemas actuales y la prevención de los futuros.
c) Lograr en el educando una clara concepción de lo que es el medio ambiente, considerado globalmente, y de la estrecha y permanente interdependencia entre sus dos conjuntos básicos: el medio natural y el medio cultural.
d) Promover la concientización de los problemas ambientales provocados por las actividades humanas ö causas naturales y asumir las responsabilidades relativas a la preservación, conservación y defensa del medio ambiente.
e) Promover desde el Poder Ejecutivo todas las actividades necesarias a los fines de lograr una ética de medio ambiente que sea compatible con los objetivos de la presente ley
f) Promover el conocimiento desde el ámbito científico de los procesos naturales que mantienen el equilibrio de los ecosistemas y las interrelaciones físicas, químicas, biológicas, económicas, socioculturales y políticas que genera el medio ambiente.
Art. 91º: La autoridad de Aplicación promoverá la investigación científica y técnica en temas ambientales, mediante la celebración de convenios con Entidades científicas y tecnológicas.
Art. 92º: Toda persona física o jurídica tiene derecho a participar en los términos de esta Ley, y el deber de intervenir activamente en la comunidad para la defensa y/o conservación del medio ambiente y en caso necesario hacer uso de los derechos que la presente Ley le confiere.
Art. 93º: Toda persona tiene derecho a ser informada veraz, oportuna y suficientemente sobre las cuestiones vinculadas con la protección del medio ambiente, así como formular peticiones y promover iniciativas de carácter individual o colectivo ante las autoridades competentes que se relacionen con dicha protección, en los términos que la presente Ley le confiere.
Art. 94º: La Función Ejecutiva Provincial determinará las partidas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley por la Autoridad de Aplicación. También financiará la realización del Diagnóstico Ambiental actual y el Programa de Política y Gestión Ambiental que se crea por esta Ley, precisando la asignación presupuestaria para la educación formal y no formal y la difusión de la información.
Art. 95º: La Función Ejecutiva determinará las partidas necesarias para garantizar el funcionamiento del Consejo Provincial de Medio Ambiente, creado por la presente Ley.
Art. 96º: Tendrá plena vigencia a favor de la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, lo dispuesto por la Ley Provincial N° 5.555 de Creación del «Fondo Especial de Recursos Naturales Renovables».
Art. 97º: El presente capítulo establece las normas que regirán los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos, que por, acción u omisión, causen daño ambiental de incidencia colectiva. Se define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos.
Art. 98º: Las personas físicas o jurídicas que causaren daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. En el caso de que no sea técnicamente factible se fijará una indemnización sustitutiva, que se depositará en el Fondo creado por Ley Provincial 5.555, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder.
Art. 99º: La exención de responsabilidad sólo se producirá acreditando que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.
Art. 100º: Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener recomposición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las Asociaciones no Gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el Art. 43 de la constitución Nacional, y el Estado Nacional, Provincial o Municipal, asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción.
Art. 101º: Si en la comisión del daño ambiental, hubieran participado dos o más personas, o no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí para lo que el juez interviniente podrá determinar el grado de responsabilidad de cada persona responsable.
Art. 102º: La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia. El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. Asimismo, en su sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente a su consideración por las partes.
En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida preparatoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de partes.
Art. 103º: Los dictámenes emitidos por organismos del estado sobre daño ambiental, agregados al proceso, tendrán la fuerza probatoria de los informes periciales, sin perjuicio del derecho de las partes a su impugnación.
La sentencia hará cosa juzgada y tendrá efectos erga omnes, a excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcialmente por cuestiones probatorias.
Art. 104º: Toda infracción a lo dispuesto por esta ley, su reglamentación y las normas complementarias que en su consecuencia se dicten será reprimido por la Autoridad de Aplicación con las sanciones establecidas en el siguiente capítulo.
Art. 105∫.- Las sanciones son las siguientes:
b) Multa equivalente en valor a 250 litros de nafta ecológica hasta mil veces ese valor;
Estas sanciones serán acumulativas y se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que pudieran imputarse al infractor.
La suspensión implicará el cese de las actividades y la clausura de la obra o proyecto, debiéndose efectuar las denuncias penales que pudieren corresponder.
Art. 106º: Las sanciones establecidas en el artículo anterior se aplicarán previa instrucción sumaria que asegure el derecho a la defensa, y se graduarán de acuerdo a la naturaleza de la infracción y riesgo o daño ocasionado.
Art. 107º: Las acciones para imponer sanciones por la presente ley prescribe a los 5 (años) contados a partir de la fecha en que la Autoridad hubiese tomado conocimiento de la infracción.
Art. 108º: Lo ingresado en concepto de multa será percibido por la Autoridad de Aplicación y se depositará en el Fondo creado por Ley Provincial 5.555.
Art. 109º: Cuando el infractor fuera una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas.
Art. 110º: Se considerará agravante de la infracción cometida, cuando los infractores hayan afectado recursos naturales, biológicos y/o del patrimonio cultural, particularmente protegidos y/o en Áreas Naturales Protegidas, en tanto dicha declaración se halle contenida en instrumentos legales vigentes.
De la Creación del Consejo Ambiental
Art. 111º: Crease el Consejo Provincial del Medio Ambiente, el cual estará integrado en forma honoraria por:
a) Un (1) miembro designado por la Función Ejecutiva Provincial.
b) Un (1) legislador en representación de la Cámara de Diputados.
c) Un (1) representante de cada uno de los Municipios y Comunas de la Provincia.
d) Un (1) representante de las Universidades que desarrollan actividades de tipo ambientalista en la Provincia.
e) Un (1) representante de los Centros de Investigación y desarrollo que actúan en la Provincia.
f) Un (1) representante de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ambientalistas con personería jurídica.
g) Un (1) representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. (I.N.T.A.).
La Asamblea del Consejo resolverá por disposición la incorporación al mismo de representantes de otros organismos públicos o privados.
Art. 112º: El Consejo Provincial del Medio Ambiente tendrá las siguientes funciones:
a) Actuar como órgano de consulta de la Función Ejecutiva Provincial.
b) Proponer normas de coordinación de las actuaciones que deben cumplir los diferentes organismos y entidades de la Provincia, y que tienen competencia en relación con la preservación, conservación y defensa del ambiente.
c) Colaborar en la formulación de los programas anuales relativos al ambiente, de los organismos de la Administración Pública Provincial.
d) Presentar a la Función Ejecutiva Provincial un informe anual sobre su gestión y los resultados obtenidos.
e) Dictar su Reglamento Interno, y las demás que le otorguen las Leyes y disposiciones vigentes.
f) Emitir dictámenes de carácter vinculante.
g) Constituir el ámbito de elaboración del Reglamento de la presente Ley.
Art. 113º: Los funcionarios de la Administración Pública Provincial, en el ejercicio de sus funciones, deberán prestar la colaboración requerida por el Consejo Provincial del Medio Ambiente.
Art. 114º: La Autoridad de Aplicación procederá en el plazo perentorio de sesenta (60) días de la sanción de la presente Ley, a constituir el Consejo Provincial del Ambiente, de conformidad con lo dispuesto en la misma.
De los Intereses Difusos y los Derechos Colectivos
Art. 115º: La presente Ley se aplicará para la defensa jurisdiccional:
a) De los intereses difusos y los derechos colectivos, brindando protección a esos fines al medio ambiente, la conservación del equilibrio ecológico, los valores estéticos, históricos, urbanísticos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos y paisajísticos.
b) De cualesquiera otros bienes que respondan en forma idéntica a necesidades comunes de grupos humanos a fin de salvaguardar la calidad de vida social.
Art. 116º: Cuando por causa de hecho u omisiones se generare lesión, privación, perturbación o amenaza en el goce de intereses difusos y derechos colectivos que produzcan o puedan producir desequilibrios ecológicos o de la sustentabilidad ambiental, afecten valores estéticos, urbanísticos, arquitectónicos, paisajísticos u otros bienes vinculados al resguardo de la calidad de vida de las personas, podrán ejercerse ante los tribunales correspondientes:
a) La acción de protección para la prevención de un daño grave e inminente o la cesación de perjuicios actuales susceptibles de prolongarse.
Art. 117º: Sin perjuicio de cualquier otro supuesto que corresponda en los términos del inciso a) del artículo anterior, las acciones de protección de los intereses difusos y derechos colectivos procederán, en particular, a los fines de paralizar los procesos de emanación o desechos de elementos contaminantes del medio o cualesquiera otras consecuencias de un hecho, acto u omisión que vulneren el equilibrio ecológico, lesionen, perturben o amenacen valores estéticos, históricos, artísticos, arqueológicos, paisajísticos y otros bienes vinculados al resguardo de la calidad de vida de grupos o categorías de personas.
Art. 118º: La reposición de las cosas al estado anterior tendrá lugar siempre que sea posible reparar en especie al menoscabo.
Art. 119º: Las autoridades provinciales o municipales, en especial el Fiscal de Estado, y las agrupaciones privadas legalmente reconocidas, constituidas para la defensa de los intereses colectivos, con una antigüedad no menor de un (1) año y adecuadamente representativas del grupo o categorías del interesado, están legitimadas indistinta y conjuntamente para proponer e impulsar las acciones previstas en esta Ley.
Art. 120º: Antes de la notificación de la demanda, el juez podrá ordenar de oficio o a petición de parte, las medidas que se consideren necesarias tendientes a la cesación de los perjuicios actuales o potenciales al ambiente.
Art. 121º: Aún cuando el juez considere que el accionante carece de legitimación activa para la interposición de las acciones previstas, podrá ordenar el impulso del proceso a cargo del Ministerio Público, cuando la acción interpuesta este verosímilmente fundada.
Art. 122º: Las personas físicas podrán denunciar los hechos, actos u omisiones que lesionen su derecho a la preservación del ambiente ante la Fiscalía de Estado, la cual solicitará a la Autoridad de Aplicación que en el plazo de diez (10) días, eleve un informe circunstanciado de las actividades denunciadas y la Evaluación de Impacto Ambiental (Eva. I.A.), que pueda producir.
Art. 123º: La Fiscalía de Estado interpondrá las acciones pertinentes, si correspondieran, dentro de veinte (20) días de realizada la denuncia.
Art. 124º: En los demás aspectos no regulados por el presente Título, serán aplicables las disposiciones del Régimen General de Amparo.
Art. 125º: La Función Ejecutiva Provincial reglamentará la presente Ley dentro de los ciento veinte (120) días de su sanción.
Art. 126º: La Autoridad de Aplicación deberá girar a los distintos Organismos de la Administración Pública Provincial, copia de la presente Ley.
Art. 127º: Invitase a los Municipios de la Provincia de La Rioja a adherir a la presente Ley.
Art. 128º: Derogase la Ley 7.371 y toda otra norma que se oponga a la presente.
Art. 129º: Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese.
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References: Artículo 1
 Artículo 66
 resolución 
 Artículo 66
 Artículo 132
 Artículo 66