Source: https://1library.co/document/q7wp1jkz-vulneracion-derecho-identidad-decision-judicial-paternidad-reconocida-voluntariamente.html
Timestamp: 2020-08-10 07:46:48+00:00

Document:
VULNERACIÓN AL DERECHO DE IDENTIDAD POR DECISIÓN JUDICIAL, CUANDO SE IMPUGNA LA PATERNIDAD DE UNA PERSONA
QUE HA SIDO RECONOCIDA VOLUNTARIAMENTE
DRA. MSC. ORTEGA LÓPEZ, BLANCA LETICIA
MERA RAMOS, INGRID DANIELA
Vulneración al derecho de identidad por decisión judicial, cuando se impugna la paternidad de una persona que ha sido reconocida voluntariamente.
Título de Contadora, Bachiller en Ciencias de Comercio y Administración
N. DE PÁGS: 86
iii RESUMEN: En la presente investigación se desarrolló el presente tema: VULNERACIÓN AL DERECHO DE IDENTIDAD POR DECISIÓN JUDICIAL, CUANDO SE IMPUGNA LA PATERNIDAD DE UNA PERSONA QUE HA SIDO RECONOCIDA VOLUNTARIAMENTE. Dentro de la presente se determinó como objetivo general: Determinar las incidencias jurídicas que tienen las resoluciones de impugnación de paternidad sobre el Derecho de Identidad de una persona reconocida voluntariamente. Con el fin de lograr los objetivos propuestos se utilizaron los métodos de estudio: Cualitativos, cuantitativos, inductivo y deductivo. Aplicando técnicas de recolección de datos, como es la entrevista y la encuesta, las cuales fueron realizadas a los abogados en ejercicio libre, a los padres de familia y jueces como expertos; para determinar los criterios que poseen sobre la temática planteada en la presente.
Posterior a la recolección de datos, los mismos fueron procesados estadísticamente, realizándose conclusiones y tentativas soluciones que permitan garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescencia, específicamente el Derecho de Identidad que se ve afectado cuando es declarada la impugnación de paternidad a la persona que fue reconocida voluntariamente.
CONTACTO CON AUTOR/ES: Mera Ramos Ingrid Daniela
Teléfono: 0987443607
iv CONTACTO EN LA
Mg. Abg. Marco Oramas Salcedo (Decano) Teléfono: (04)2596500 Ext. 253
Ab. Violeta Badaraco Delgado (Directora de Carrera)
vii CERTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA TUTORA
Desde lo más recóndito de mi corazón quiero empezar por agradecer a mi Altísimo Padre Jehová Dios por la bendición de haberme ayudado a lo largo de mi carrera en todos los aspectos y en mi trabajo de tesis, porque sin su fuerza y guía no lo hubiese logrado y es así como puedo mencionar que es por su voluntad que me encuentro cerrando una de las etapas más importantes de las muchas que vendrán a mi vida.
Otros motores importantes por los que he avanzado con la presente tesis y a los cuales también debo agradecer son a mis amados padres Nelson Mera y Amalia Ramos, a mi hermosa hija Amalia Erazo, a mi hermana Mayra Mera y demás familia que fueron de gran apoyo y motivación para el logro del mismo porque con su ayuda y palabras de aliento permitieron que yo tome la suficiente fuerza de valor y coraje de creer que esto sí es posible y que los resultados han sido todos positivos.
Con gran fervor quiero dedicar mi trabajo de tesis a mi eterno Padre Dios, a mis padres Nelson Mera y Amalia Ramos, a mi hija Amalia Erazo, a mis abuelos que están en el cielo, a mi hermana Mayra Mera y a todos los integrantes de mi familia, puesto que cada uno de ellos han sido el motor de inspiración para que yo lograra tan esperada meta y que con su gran amor, paciencia y motivación han aportado de manera inexplicable en el desarrollo y culminación del mismo.
De la misma forma, dedico mi tesis a todos los miembros de la Facultad de Derecho de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil ya que cada conocimiento plasmado en el presente se los debo a cada uno de ellos.
En la presente investigación se desarrolló el presente tema: VULNERACIÓN AL DERECHO DE IDENTIDAD POR DECISIÓN JUDICIAL, CUANDO SE IMPUGNA LA PATERNIDAD DE UNA PERSONA QUE HA SIDO RECONOCIDA VOLUNTARIAMENTE. Dentro de la presente se determinó como objetivo general: Determinar las incidencias jurídicas que tienen las resoluciones de impugnación de paternidad sobre el Derecho de Identidad de una persona reconocida voluntariamente. Con el fin de lograr los objetivos propuestos se utilizaron los métodos de estudio: Cualitativos, cuantitativos, inductivo y deductivo. Aplicando técnicas de recolección de datos, como es la entrevista y la encuesta, las cuales fueron realizadas a los abogados en ejercicio libre, a los padres de familia y jueces como expertos; para determinar los criterios que poseen sobre la temática planteada en la presente.
In the present investigation the present topic was developed: VULNERATION TO THE RIGHT OF IDENTITY BY JUDICIAL DECISION, WHEN THE PATERNITY OF A PERSON WHO HAS BEEN RECOGNIZED VOLUNTARILY IS IMPOSED. Within this was determined as a general objective: Determine the legal issues that have the resolutions of challenge of paternity on the Right of Identity of a person voluntarily recognized. In order to achieve the proposed objectives, the study methods were used: Qualitative, quantitative, inductive and deductive. Applying data collection techniques, such as the interview and the survey, which were carried out to free lawyers, parents and judges as experts; to determine the criteria that they have on the subject presented here.
DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES………. vi
CERTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA TUTORA ... vii
1.6 DELIMITACIÓN O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN ... 6
1.7 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN O IDEAS A DEFENDER ... 6
VARIABLE INDEPENDIENTE: ... 6
VARIABLES DEPENDIENTES: ... 6
2.1.1 Fundamentación teórica ... 7
2.3.1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (C.R.E., 2008). ... 39
TRATADOS Y CONVENIOS ... 41
CAPITULO III ... 44
1.1. MARCO METODOLÓGICO ... 44
3.1.2. Método de Investigación ... 44
3.1.3. Teoría General del Derecho ... 45
1.2. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos... 47
3.3 Población y muestra ... 47
3.4.1 Muestra ... 48
3.5 Análisis de los resultados ... 49
Entrevista a Padres de Familia, Jueces ... 59
Entrevistas a jueces ... 60
Entrevista de la Sala Especial de lo Civil de la Corte Provincial del Guayas. ... 61
3.6 Propuesta ... 64
ANEXOS ... 73
ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1 Población y muestra ... 47
Tabla 2 Aspectos jurídicos y doctrinarios del Derecho de Identidad ... 49
Tabla 3 Aplicación pertinente de los casos ... 50
Tabla 4 Estudio sobre la aplicación de aspectos jurídicos ... 51
Tabla 5 Impacto social de los casos de impugnación ... 52
Tabla 6 Análisis del impacto social. ... 53
Tabla 7 Vulneración del Derecho de Identidad ... 54
Tabla 9 Análisis de casos sobre impugnación. ... 56
Tabla 10 Vulnera derechos de identidad cuando se impugna. ... 57
Tabla 11 Analizar normativa sobre el derecho de Identidad ... 58
ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1 Aspectos jurídicos y doctrinarios del Derecho de Identidad ... 49
Gráfico 2 Aplicación pertinente de los casos ... 50
Gráfico 3 Estudio sobre la aplicación de aspectos jurídicos. ... 51
Gráfico 4 Impacto social de los casos de impugnación ... 52
Gráfico 5 Análisis del impacto social. ... 53
Gráfico 6 Vulneración del Derecho de Identidad ... 54
Gráfico 7 Sistema jurídico en Ecuador establece efectivamente ... 55
Gráfico 8 Análisis de casos sobre impugnación. ... 56
Gráfico 9 Vulnera derechos de identidad cuando se impugna. ... 57
Gráfico 10 Analizar normativa sobre el derecho de Identidad….………...58
Dentro de la sociedad ecuatoriana es muy común que una persona lleve sólo un apellido, que generalmente es el de la madre, dándose con frecuencia los casos del no reconocimiento de los hijos, se debe destacar que la Constitución establece el Derecho de Identidad que tiene una persona desde que nace, esto implica que la persona le sea fijado un nombre y lleve el apellido de ambos padres, concretándose dicho derecho a partir desde que el padre y madre reconocen al recién nacido como hijo propio o en el caso de que llevaba solo el apellido de la madre y luego de manera voluntaria el padre reconoce legalmente al hijo, surgiendo como consecuencia el hijo o hija reconocido llevará el apellido del reconociente. El problema jurídico tratado en la presente investigación se genera cuando quien reconoce como hijo o hija a una persona determinada intenta un proceso de impugnación de paternidad y esta es declarada, vulnerando el Derecho de Identidad de dicha persona. Por consiguiente, para desarrollar la presente investigación, la misma se estructuró de la siguiente manera:
Capítulo I, en el mismo se determinó el planteamiento el problema, la formulación del problema, los objetivos específicos y general, también se planteó la justificación de la realización de dicho proyecto investigativo, la definición de las variables y la hipótesis que se pretende comprobar.
Capítulo II, en el presente se establecieron las investigaciones que están relacionadas con el objeto de estudio, se definieron las bases teóricas donde explica jurídicamente y doctrinalmente los aspectos relevantes de la impugnación de paternidad y el Derecho de Identidad en Ecuador.
Capítulo III, en este se procedió al análisis de los resultados obtenidos, se definieron las técnicas de recolección de datos aplicados, las conclusiones, recomendaciones y propuesta.
2 En Ecuador, de acuerdo a lo establecido en la (C.R.E., 2008) el artículo 66 numeral 28, señala que la figura de impugnación de paternidad sobre una persona que ha sido reconocida voluntariamente deja en vulnerabilidad su derecho a la identidad (pág. 47). Al respecto, en atención al interés superior el derecho a la identidad comprende también otro derecho implícito inherente a la protección desde que el niño da muestra de su existencia y durante el desarrollo de su formación integral.
Desde otra norma, el Código Civil (C.C.E., 2017) dispone en el artículo 248 que “El reconocimiento es un acto libre y voluntario del padre o madre que reconoce y en todos los casos el reconocimiento será irrevocable” (pág. 39). Este precepto, entendido desde el derecho a la dignidad y las garantías de protección en la mirada del bienestar superior, se considera que los progenitores tienen la obligación de cumplir en todos los ámbitos, dado que al solicitar una revocatoria del reconocimiento, se considera vulnerado dicho derecho a la identidad y por ende produce efectos psicosociales en el contexto donde el niño se desenvuelve.
En virtud de lo antes dicho, se fundamenta el comentario sostenido en el artículo 24 del (C.C.E., 2017), donde señala que “se establece la filiación y las correspondientes paternidad y maternidad cuando se concibe una persona dentro del matrimonio, o una unión estable, legal, asimismo cuando ha sido reconocida voluntariamente por cualquiera de los progenitores (pág. 06). De allí, que se distingue los tipos de impugnación en función de la que se realiza en contra de la paternidad como tal, y otra la que se ejerce contra el reconocimiento voluntario. Al respecto, de ambos casos se entiende que al ejercer la impugnación es preciso considerar en primer lugar los efectos que puede producir en el menor, considerando que el ordenamiento jurídico en cualquiera de los casos atenderá el interés superior del niño.
Otro precepto que alude a la impugnación paternal está contemplado en el artículo 233 del mencionado Código Civil (C.C.E., 2017), donde dice que “el hijo que nace después de los 180 días posterior al matrimonio, se asume concebido en él, y tiene por padre al marido quién podrá impugnar la paternidad mediante el examen comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN)” (pág. 37). Por consiguiente, en el mismo articulado, en el literal A, dice que la acción de impugnación podrá ser ejercida por:
3 • El hijo que consta legalmente registrado de padre o madre y cuya filiación
• El que consta legalmente registrado como padre o madre y cuya filiación impugna…”
• Las personas a quienes la paternidad o maternidad impugnable perjudique en sus derechos sobre la sucesión de los que constan legalmente como padre o madre (pág. 37).
En relación a lo antes expuesto, es de interpretar que la acción de impugnar la paternidad debe sustentarse en el marco de los derechos individuales sin atentar contra los derechos del niño, que priman por encima de cualquier interés particular. De acuerdo a esto, es importante decir, que, si un padre que ha reconocido voluntariamente a un niño y se ha establecido un vínculo filial acorde a los requisitos y condiciones señalados en las normas jurídicas, el padre podrá impugnar conforme a las pruebas de ADN. Sin embargo, al tratarse de un reconocimiento voluntario, ésta debe principalmente anteponerse ante el sujeto titular de derecho y no ante terceras personas, lo que conlleva a la vulneración del principio de protección al menor.
De acuerdo a lo planteado, se infiere en que la impugnación del reconocimiento de paternidad, según el art. 250 del citado (C.C.E., 2017), en el cual señala que: “podrá ser ejercida por el hijo o cualquier persona que pueda tener interés en ello, pudiendo el reconociente impugnar el acto del reconocimiento y demostrar que al momento de otorgarlo, no se verificó los requisitos indispensables para su validez” (pág. 39). De allí, que en la ausencia de vínculo consanguíneo con el reconocido no constituye prueba para la impugnación de reconocimiento en que no se discute la verdad biológica.
Entonces, se puede interpretar, que la impugnación de la paternidad se puede llevar a cabo siempre y cuando se cumplan los requisitos de acuerdo a lo estipulado en el artículo antes citado, teniendo en cuenta que no necesariamente una prueba de ADN es requisito probatorio cuando se ha asumido el reconocimiento voluntario, y aun en circunstancias donde no se discutió la verdad biológica, en tanto que el reconocimiento se hizo de manera voluntaria.
4 maternidad realizado por quien asumió la calidad legal de padre o madre, sabiendo o debiendo saber que el hijo no era biológicamente suyo” (pág. 01).
En esta perspectiva, dado todos los casos en el que expresamente la ley prohíbe la impugnación de la paternidad de una persona que es reconocida voluntariamente varios son los casos actuales en el que sin verificarse ninguno de los presupuestos antes mencionados, juezas y jueces de la niñez deciden resolver a favor de los reconocientes y sin fundamentación en derecho, dejando en vulnerabilidad el Derecho a la Identidad de tales personas y sin prever alguna forma de restitución a su honor y a salud psicológica.
Dado lo expuesto, ésta investigación tendrá como objeto principal lograr llegar a conclusiones que demuestren la gravedad de la problemática en la que incluso se ha tenido experiencia en el entorno jurídico, dado que existen diversas causas que son llevadas en los distintos Consultorios Jurídicos Gratuitos de las Universidades de Guayaquil, y entre ellas las del Consultorio Jurídico Gratuito “Ab. Alfonso Leónidas Aguilar Álava” de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, las cuales en el desarrollo de la investigación se estarán revisando y analizando, con el propósito de plantear ciertas modificaciones a la ley y recomendaciones que permitan garantizar el Derecho de Identidad y demás derechos que amparan a los niños, niñas y adolescentes, como es el interés superior.
¿Impugnar la paternidad de una persona que ha sido reconocida voluntariamente vulnera su derecho a la identidad consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, en el Código de la Niñez y Adolescencia y otros cuerpos legales?
¿Qué tipos de derechos crea el reconocimiento voluntario entre el reconociente y reconocido?
¿Permite la ley impugnar la paternidad de una persona reconocida voluntariamente? ¿Qué presupuestos deben cumplirse para poder iniciar una causa legal por impugnación de paternidad?
5 ¿Constituye prueba el examen de ADN para impugnar la paternidad de una persona que ha sido reconocida voluntariamente?
¿Qué tipos de alternativas legales existen para que en el sistema judicial se pueda tomar la decisión que más convenga a las partes fundadas conforme a derecho?
1. Determinar las incidencias jurídicas que tienen las resoluciones de impugnación de paternidad sobre el Derecho de Identidad de una persona reconocida voluntariamente.
2. Revisar en la doctrina y en el ordenamiento jurídico, los aspectos más relevantes acerca de la impugnación de la paternidad de una persona que ha sido reconocida voluntariamente.
3. Establecer los aspectos jurídicos y doctrinarios del Derecho de Identidad.
4. Analizar el impacto social y jurídico de los casos de impugnación de paternidad existente en el sistema judicial a partir de la Resolución No. 0167-2014.
5. Investigar la cantidad de procesos de impugnación de paternidad durante los periodos 2014-2018, en la ciudad de Guayaquil.
El presente proyecto se justifica en la necesidad de hacer visible y demostrar el problema social que están atravesando las Judicaturas a nivel del Guayas en temas de Niñez y más aún cuando se trata de asuntos de filiación, puesto que al momento de resolverse sobre la impugnación de la paternidad de una persona reconocida de forma voluntaria, su derecho a la identidad se ve vulnerado a sabiendas de que la ley prevé determinados requisitos para hacerlo, lo que en tal caso no podría impulsarse tal decisión judicial y menos cuando se la realiza sin la debida fundamentación legal.
6 paso del tiempo se vuelven víctimas de inclementes decisiones tomadas por sus reconocientes.
En ese sentido, en esta investigación se propone reconocer que la persona que puede sufrir el agravio descrito obtenga una mayor y mejor seguridad jurídica, por lo que se plantea, a través de reformas a la ley, se pueda crear consciencia sobre aquellos que toman la decisión de reconocer a una persona como su hija o hijo legítimo desde el lado afectivo y/o emocional, y así evitar ser víctimas de burla a su nombre y honor.
1.6 DELIMITACIÓN O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN La investigación se limitará:
Área (materia): Derecho Civil, Derecho de la Niñez y la Adolescencia, Derecho Constitucional.
Territorio: Estudio a nivel de la provincia del Guayas, mismo que se lo llevará a cabo en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia.
Temporal: La investigación se la hará desde el año 2014 puesto que en dicho año entró en vigencia la Resolución No. 0167-2014, aquella que no permite impugnar la paternidad de una persona que ha sido reconocida voluntariamente.
1.7 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN O IDEAS A DEFENDER
Sí se incluye en el Código Civil y en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia que la impugnación de la paternidad reconocida voluntariamente no proceda en casos en que no se ha viciado la voluntad del reconociente; se mantendría la seguridad jurídica en los niños, niñas y adolescentes, evitándose el impacto psicológico en la población infantil.
Código Civil Ecuatoriano y Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. VARIABLES DEPENDIENTES:
2.1 MARCO TEÓRICO 2.1.1 Fundamentación teórica
Con el propósito de formar las bases teóricas de la presente investigación, fueron revisadas diversas revistas jurídicas, leyes nacionales e internacionales, estudios que pueden ser hallados en los repositorios de las diferentes universidades en Guayaquil e igualmente casos prácticos. Estudios que son mencionados actualmente:
Según la autora Madrid (2015) en su investigación titulada “Impugnación de paternidad. Legitimación en causa y caducidad de la acción”, señalan que:
La paternidad del hijo matrimonial o del nacido dentro de una unión de hecho legalmente reconocida, se establece en base a una presunción legal que puede ser desvirtuada de forma exclusiva por el marido. La realidad biológica no se ajusta en todos los casos a la presunción que hace la ley. Por esta razón, cuando el Código Civil nos dice que el marido es el único legitimado para impugnar su calidad de padre biológico, la prerrogativa del hijo a conocer su verdadera identidad se ve afectada por la norma (pág. 05).
Visto lo anterior, la acción de impugnación de paternidad tiene un plazo de caducidad, cuya aplicabilidad ha sido cuestionada al punto de haber sido elevada en consulta ante la Corte Constitucional. La dificultad surge al determinar si el plazo de caducidad afecta positiva o negativamente al derecho a la identidad de una persona.
Por otra parte, Abadeano (2014) en su investigación explica:
8 Lo anterior puede entenderse en el marco de la afirmación de que, en el problema de los hijos sin filiación, el reconocimiento voluntario, es un medio eficaz para conseguir superarlo, y en verdad lo es en gran medida, pero no puede garantizar que en todos los casos dicha declaración que permite fijar la paternidad, corresponda con la verdad biológica. Tampoco puede aplicarse a todos los casos en los que el padre desea asumir la paternidad de su hijo.
Asimismo, la autora Llaguno (2016) explica en su investigación:
Impugnación de paternidad tema al que hago referencia y analizo, debo manifestar que es un derecho que toda persona tiene cuando se siente vulnerada o afectada en cuanto a una acción ya realizada, considerando que ésta se encuentra equivocada o en su defecto es ilegal, por la existencia del engaño o la mentira de la madre del hijo, de esta manera el reconociente puede solicitar la impugnación de paternidad voluntaria siempre y cuando pueda demostrar en derecho mediante una prueba de ADN la cual será solicitada a la autoridad competente en un momento y tiempo determinado (pág. 02).
Siguiendo lo anterior, es necesario indicar que de ser declarada la impugnación de paternidad, el Derecho de Identidad es vulnerado al menor o persona a quien se pretende desconocer, este derecho es garantizado constitucionalmente a los sujetos procesales, que este caso es el hijo o hija y el reconociente, que de manera voluntaria reconoce al menor.
En el artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador, establece la protección de la familia, garantizando que la maternidad y paternidad pueda ejercerse de manera responsable, por esta razón las parejas estarán obligadas legalmente al cuidado, la crianza. La educación, la alimentación, el desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, aunque no estén conviviendo en el mismo inmueble.
9 Caso Práctico Nº 1
UNIDAD JUDICIAL NORTE 1 DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON
SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS
No. proceso: 09209-2017-04755 No. de Ingreso: 1
Acción/Infracción: IMPUGNACION DE PATERNIDAD Actor(es)/Ofendido(s): FORD JARAMILLO DANNY JESUS
Demandado(s)/Procesado(s): CARLA RAISSA ALVARADO BARCO
26/02/2018 CONCILIACION TOTAL 16:26:00
Guayaquil, lunes 26 de febrero del 2018, las 16h26, VISTOS: Dándose cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. 92, 93, 94 y 95 del Código Orgánico General de Procesos. Esta causa se desarrolla con la comparecencia de las partes ante la Unidad Judicial de los señores Ford Jaramillo Danny Jesús, en contra de la legitima contradictora Ford Alvarado Victoria Daniela, legalmente representada por su madre Carla Raissa Alavarado Barco. Seguidamente, se realiza la enunciación de los hechos en el que comparece el sr. Ford Jaramillo Danny Jesús, con su demanda de impugnación de paternidad.
Los sujetos procesales no presentaron excepciones. - Al ser un Procedimiento SUMARIO, de conformidad a lo que determina el art. 333 numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos, se desarrolla en audiencia única con dos fases, la primera de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación y la segunda pruebas y alegatos. Igualmente, se estableció que la parte demandada deberá pronunciarse en forma expresa sobre cada una de las pretensiones de la parte actora, sobre la veracidad de los hechos alegados en la demanda y sobre la autenticidad de la prueba documental que se haya acompañado, con indicación de lo que se admite y de lo que se niega.
10 conjunto de normas preestablecidas que señalan el camino que debe seguirse, lo que pueden hacer y qué no puede ni deben hacer”.
De conformidad al Art 333 numeral 4 del Código General de proceso en la conciliación, con la prueba de ADN realizada, a la niña FORD ALVARADO VICTORIA DANIELA, se observa que el accionante, NO posee todos los alelos paternos obligados (AOP) que debería tener el padre de la menor, lo que significa que el FORD JARAMILLO DANNY JESUS, NO es el padre Biológico de la niña FORD ALVARADO VICTORIA DANIELA, conversó con las partes, están de acuerdo en el contenido de la muestra de ADN.
El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad. art. 66 numeral 28 de la Constitución reconoce y garantiza a las personas el derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales.
En virtud de las consideraciones expuestas y recordando a las partes que de conformidad con lo dispuesto en el Código de la Niñez y Adolescencia en todo proceso en que se encuentre inmerso el bienestar de niños, niñas y adolescentes debe primar el interés superior de éstos, en concordancia a lo que dispone el art. 1 de la Convención sobre los derechos de los Niños art. 1 Para los efectos de la presenta Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad, así mismo a lo que establece el ARTÍCULO 21. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.
11 realidad social, siendo el custodio responsable del derecho sustancial disputado, poniendo de relieve las condiciones materiales o sociales que rodean al hecho, así lo ha expuesto en sentencias dictada por la Corte Constitucional de este País y que al amparo del principio Stare Decisis tengo que aplicar, a fin de no sacrificar la justicia por la sola omisión de formalidades.-
La motivación comprende la evaluación de los hechos y la valoración de los medios probatorios; la fundamentación consiste en la aplicación de las normas jurídicas al caso concreto. Al respecto nuestro supremo tribunal ha precisado la noción y características de esta figura procesal indicando que: “Según el artículo 139, inciso 5, de la constitución, toda resolución que emita una instancia jurisdiccional (mandato que no se restringe a los órganos del Poder judicial, sino también a toda entidad que resuelva conflictos, incluido el Tribunal Constitucional) debe estar debidamente motivada. Ello significa que debe quedar plenamente establecida a través de sus considerandos, la ratio decidendi por la que se llega a tal o cual conclusión.
Con estos antecedentes y del análisis de todo cuanto obra dentro del proceso esta juzgadora únicamente podrá formar su convicción basándose en el mérito o resultado de la prueba, por lo que, para dictar una sentencia, no es suficiente con el convencimiento subjetivo del juzgador, sino, que el mismo debe apoyarse en la prueba sujetándose al principio de inmediación, concentración, y de contradicción de las pruebas aportadas por las partes procesales.
La doctrina y la jurisprudencia, han debatido ampliamente sobre lo que ha de ENTENDERSE POR, LEGÍTIMO CONTRADICTOR, más la Corte Suprema de Justicia, en fallos de triple reiteración ha clarificado el tema y condensado su evolución doctrinaria, manifestando que: “…la falta de legítimo contradictor o mejor llamada legitimación en la causa o 'legitimario ad-causam'… consiste en que el actor debe ser la persona que pretende ser el titular del derecho sustancial discutido y el demandado el llamado por la ley a contradecir u oponerse a la demanda, pues es frente a ellos que la ley permite que el juez declare, en sentencia de mérito, si existe o no la relación jurídica sustancial objeto de la demanda, sentencia que los obliga y produce cosa juzgada sustancial.” (Resoluciones de la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia Nos. 484-99.
12 comparecido a juicio los necesarios contradictores a fin de precautelar la seguridad jurídica, el vicio de falta de legitimación para demandar que existe en el proceso, impide resolver sobre la existencia del derecho material pretendido.
Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la violación o desconocimiento de los derechos de los niños , niñas y adolescentes ", de la norma enunciada se establece que toda decisión que se tome donde se encuentre involucrado un niño, niña o adolescente se deberá apreciar y considerar la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías, el ejercicio pleno de los derechos y garantías, el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los sujetos protegidos se harán de manera progresiva de acuerdo a su grado de desarrollo, obligan a las juezas y jueces a tutelar los derechos de las niñas y niños en observancia de éstas normas, así como lo que determina la ley y la Constitución de la República.
Por las consideraciones expuestas y recordándoles a las partes que en los casos sujetos a conocimiento de la justicia tutelar especializada y donde se encuentren inmerso los niños, niñas y adolescentes, primara el interés superior de estos; siendo esté un derecho que nace de la relación parento- filial y obligación de los padres garantizar y cumplir con sus deberes y responsabilidades, por lo que el sujeto protegido tiene derecho a su identidad biológica, a su relaciones con su familia, tienen derechos a ser reconocidos con sus apellidos maternos y paternos que le corresponde, habiéndose demostrado con la prueba de ADN, dentro de esta causa que se discute la identidad biológica, prueba que fue aceptado por los sujetos procesales en todas sus partes.
Se declaró con lugar la presente causa de impugnación de paternidad propuesta por el señor Ford Jaramillo Danny Jesús, en contra de la legitima contradictora Ford Alvarado Victoria Daniela, legalmente representada por su madre Carla Raissa Alavarado Barco, quien acepta el resultado del informe del examen de ADN, debiendo constar únicamente con los apellidos maternos, una vez ejecutoriada esta sentencia sub-inscríbasela en el margen de la partida, en los Libros a cargo del Jefe del Registro Civil del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, para los fines legales pertinentes.
13 contradigan los principios establecidos en la Constitución de la Republica. Cabe señalar, que dicha aplicación, debe ser asumida como norma suprema por los operadores de justicia y que además sea favorable a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que tiene prevalencia sobre los derechos de las demás personas, según el artículo 44 y 45 de la C.R.E. Por otro lado, la administración de justicia debe entender conforme a lo establecido en el innumerado 14 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 11 y 14, el principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes entre otras contemplaciones, aquella donde señala que las autoridades judiciales han de ajustar sus decisiones y acciones para el cumplimiento de este principio y en base a un acto conciliatorio de las partes procesales.
Como reflexión, se manifiesta que los niños están protegidos de manera que su interés debe ser primordial antes cualquier situación de conflicto y por tanto los responsables de la administración de justicia han de encontrar puntos de equilibrio donde prime los intereses de los niños antes que los particulares. Es decir, las circunstancias de los padres no debe implicar la vulneración de los derechos ni bienestar de los niños, por tanto se deben aplicar las normas de manera que por sobre los particulares prevalezca la debida protección sin menoscabo de las facultades jurídicas que ello implique.
Por consiguiente, se presenta para el análisis la sentencia Nº 205-15-SKP-CCNº0858-14-EP, tomada de sitio web (Corte Constitucional del Ecuador, 2015):
Quito, D. M., 24 de junio del 2015 SENTENCIA N.° 205-15-SKP-CC CASO N.° 0858- 14-EP
CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR I. ANTECEDENTES
14 El Contenido de la sentencia que se impugna la decisión judicial mediante la presente acción extraordinaria de protección es la sentencia del 22 de abril de 2014, dictada por las juezas de la Sala de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia, dentro del juicio por impugnación de reconocimiento voluntario de paternidad N.° 0083-2013. (...) Corte Nacional de Justicia, Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia y Adolescentes infractores, insta los criterios jurídicos bajo los cuales el tribunal realizará su análisis.-
A- El reconocimiento voluntario de maternidad o paternidad previsto en el artículo 247 y siguientes del código civil, constituye un acto jurídico constitutivo del estado civil para
el cual la ley no ha previsto revocatoria. Genera responsabilidades y vínculos que no se
pueden poner en juego por la simple voluntad del reconociente, entre ellos la obligación
de cuidado, crianza, educación, alimentación y lazos afectivos, indispensables para el
desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes cuyo interés superior por disposición
constitucional del artículo 44 y derechos humanos artículo 3 numeral 1 de la Convención
sobre los Derechos del Niño, deben considerar entre otras instituciones y autoridades, los
B. La eficacia jurídica de un acto con apariencia legal, como el reconocimiento voluntario válidamente efectuado, puede ser impugnado por el reconocido en cualquier tiempo (artículo 250 código civil) en virtud de su inalienable derecho constitucional a la identidad, y por toda persona que pruebe interés actual en ello, cuando se justifique alguno de los presupuestos previstos en el artículo 251 ibídem. (...)
C. La práctica del examen de ADN, como prueba que permite establecer la filiación o parentesco, es prueba idónea dentro de los juicios de impugnación de paternidad o maternidad, no así en los juicios de impugnación de reconocimiento, que solo prosperan cuando el reconociente demuestra ya no la ausencia de vínculo consanguíneo con el reconocido, sino que el acto del reconocimiento, acto jurídico propio, es el resultado de la concurrencia de vicios del consentimiento o ilicitud de objeto.
15 Al efecto este Tribunal de Casación deja sentado que: La presunción constante de la norma transcrita, constituye una prueba tasada que tiene por objeto establecer la filiación como efecto de la negativa a la práctica de esta prueba científica para fundamentar la imposición de una pensión alimenticia y no prevé otro supuesto, ni otro efecto jurídico, constituye una excepción al sistema de la sana crítica en la valoración de la prueba, asumido por la legislación ecuatoriana, que no se puede aplicar de manera inversa; la presunción positiva como consecuencia de un hecho negativo implica el presumir como cierto el hecho desconocido de la paternidad o maternidad, presunción positiva que no puede trastocarse por voluntad de las partes o el juez en presunción negativa, para destruir la validez jurídica de un acto legalmente realizado como el reconocimiento voluntario de paternidad que resulta un hecho conocido.
De lo señalado este Tribunal, deja establecida la improcedencia de la aplicación de la regla de presunción de filiación por negativa al examen de ADN, para destruir la filiación establecida en forma legal. Razón, por la que no acepta el cargo y al no haberse vulnerado una norma de valoración de la prueba, no procede el análisis de vulneración de las normas que como efecto de aquella el demandante acusa como infringidas. Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia,
El señor Domingo Ramiro Terán Villegas, en juicio ordinario, demandó a la señora Ruth Ximena Ortega Galarza, en calidad de madre y representante de la niña NN1, la impugnación del reconocimiento voluntario de paternidad de la menor. Dicha acción fue conocida en primera instancia por el juez vigésimo tercero de lo civil de Pichincha, quien pese a reconocer que no existía prueba de ADN, por cuanto dicha diligencia no pudo llevarse a cabo debido a la inasistencia reiterada de la madre al cumplimiento de la misma, desechó la demanda mediante sentencia del 18 de enero de 2013 a las 08h40.
16 Del fallo emitido por los jueces de la Sala Especializada de Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia, el legitimado activo en su demanda manifiesta que inició un juicio ordinario de impugnación de reconocimiento voluntario de paternidad, mismo que fue declarado sin lugar, tanto en primera como en segunda instancia, a pesar de que solicitó se practique una prueba de ADN, diligencia que no pudo llevarse a cabo por cuanto la madre de la menor no concurrió a su realización en las fechas señaladas para el efecto, lo que a criterio del accionante evidencia la mala fe de la demandada, vulnerando de esta manera los principios de tutela judicial efectiva de los derechos, seguridad jurídica, buena fe y lealtad procesal, verdad procesal e interpretación de normas procesales.
En efecto, manifiesta que en la sentencia de segunda instancia, los juzgadores, equivocada e inmotivadamente, interpretaron el artículo innumerado 10 literal a del
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, pues se permiten modificar dicha
disposición y dicen: "Las presunciones deben constar en la ley y aplicarse a favor de
quien ha sido previstas, esta norma establece una presunción de hecho a favor de los
niños y adolescentes, en el sentido de que en el evento de existir negativa a practicarse el
examen de ADN, se presumirá de hecho la filiación por relación de parentesco en el caso de los demás parientes (...) y en la misma providencia se fijará la pensión alimenticia (...)" lo que les lleva a interpretar que tal presunción legal no permite declarar la paternidad, sino que aquella no tiene otro efecto que el de permitir la fijación provisional de alimentos, apreciando la negativa del presunto padre o madre como indicio de mala fe, mas no como un hecho que permita declarar la paternidad, requiriéndose para ese fin un juicio de conocimiento
Que, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 185 de la Constitución, emitió la resolución 05-2014 con electos generales y
obligatorios, publicada en el registro oficial 346 de 02 de octubre de 2014, que declara la
existencia del precedente jurisprudencial obligatorio por reiteración de fallos sobre un mismo punto de derecho: PRIMERO. El reconocimiento voluntario de hijas e hijos tiene el carácter de irrevocable. SEGUNDO. El legitimado activo del juicio de impugnación
de reconocimiento es el hijo/a y/o cualquier persona que demuestre interés actual en
ello, excepto el reconociente, quien solo puede impugnar el acto del reconocimiento por
17 práctica del examen de ADN, no constituye prueba para el juicio de impugnación del reconocimiento en el que no se discute la verdad biológica.
De lo señalado, este Tribunal expresa, con fundamento en la resolución del Pleno con carácter vinculante ya citada, que el reconociente no es legitimado activo en la acción de impugnación de reconocimiento voluntario de paternidad; que le asiste el derecho a demandar la nulidad relativa del acto propio de reconocimiento cuando su consentimiento hubiese estado viciado por error, fuerza o dolo, de acuerdo a las normas generales de la nulidad.
Sobre la interpretación de la aplicación de la norma, en esta sentencia se considera ajustada a derecho y un procedimiento donde su desarrollo fue consecuente a la protección del menor, en tanto que la Corte se pronuncia en concordancia con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, en el innumerado 185 y declara la inexistencia del precedente jurisprudencial obligatorio por reiteración de fallos sobre un mismo punto de la causa. Esto debe entenderse como la aplicación de la justicia donde los mecanismos y eventos presentados giran sobre los derechos primordiales del niño. Dando un pronunciamiento decisivo en cuanto destaca que el reconocimiento voluntario de hijos e hijas es irrevocable, entonces de allí se deduce que una vez realizado el acto de reconocimiento voluntario, pues no debe proceder la impugnación.
Necesario es comprender, que los intereses de los niños deben primar sobre los intereses particulares, pues, los niños no son animalitos y objetos sin sentimientos que los actos irresponsables de los padres tengan alguna incidencia incluso psicológica en ellos. En este caso, se aplaude la acertada decisión de la Corte Constitucional cuando invoca que el legitimado activo del juicio de impugnación de reconocimiento es el hijo y cualquier persona que demuestre interés en ellos, excepto el reconociente.
Desde otra perspectiva, la justicia si admite la prueba de ADN como prueba para impugnar la paternidad, sin embargo existen otros recursos de los cuales la jurisprudencia debe hacer uso para su aplicación en tanto tenga como objeto la protección del niño, niña o adolescente, quienes la constitución les otorga la primacidad de sus intereses. De allí que una vez ocurrido el acto de reconocimiento voluntario, no debe proceder la revocación, considerando los lapsos o periodos establecidos ante la ley, pues el desarrollo del niño puede estar expuesto a circunstancias no favorables.
18 impugnabilidad de la paternidad. En este orden, es necesario citar otro caso práctico a fin de triangular y sintetizar los análisis que de allí se desprenden. En lo siguiente, se detalla otra sentencia para el correspondiente análisis y vinculación con la temática desarrollada en esta investigación.
Según sitio web (Vlex Ecuador, 2013) reseña la sentencia a continuación presentada:
Juicio No. 207-2012 Resolución No. 08-2013 En el juicio ordinario No. 207-2012 SDP (Recurso de Casación) que, por impugnación de paternidad sigue HÉCTOR PAREDES CASTRO contra LIGIA BUSTAMANTE GARCÍA, hay lo que sigue:
Inconforme con lo resuelto, interpone recurso de casación que le ha sido concedido por el Tribunal ad quem, y admitido por el Tribunal de Conjueces de esta Sala. Encontrándose el proceso para resolver se considera:
La doctrina procesal, concibe a la casación como un medio de impugnación extraordinario y supremo, cuyo propósito esencial es atacar la sentencia o resolución definitiva dictada en proceso de conocimiento, para evitar que como consecuencia de la validez y eficacia de la misma, sobrevenga un daño o lesión irreparable a los intereses jurídicos del o la recurrente. La inconformidad de las partes con la sentencia a diferencia de la instancia, no es el fundamento de este recurso. Su carácter formalista y restrictivo esta dado en cuanto a los condicionamientos que la ley exige para su procedencia; la impugnación se dirige contra la sentencia, para invalidarla o anularla por los vicios de
fondo o forma de los que pueda adolecer, esto es por violación directa o indirecta de la
ley, omisión de solemnidades sustanciales e incumplimiento de requisitos legales y
constitucionales en la sentencia, que se producen en el caso de las tres primeras causales,
por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por interpretación errada de la misma.
19 constitucionalidad o conformidad del sistema normativo, acorde con el principio de supremacía constitucional previsto en el Art. 11 numeral 3, y siguientes, en relación con los Artículos 424 y 425 de la Constitución de la República.
El Tribunal se limitará a examinar el único cargo presentado y razonado a la sentencia. Este cargo contempla los casos de yerro en la valoración probatoria, que consta como causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación. Error que se da en estos casos: a) Cuando se valora un medio de prueba inexistente; b) cuando se omite valorar un medio de prueba válidamente actuado y es importante para la decisión de la causa; c) cuando se valoran medios probatorios que no han sido pedidos, presentados, ni practicados conforme a ley, es decir en transgresión a la norma del Art. 117 del Código de Procedimiento Civil; y, d) cuando se valora un medio de prueba con vulneración de la norma específica que lo regula; para lo que se requiere identificar con claridad y precisión el medio de prueba, la norma procesal que lo regula, la vinculación entre estos dos presupuestos, y la norma sustancial o material que como consecuencia del yerro probatorio, no ha sido aplicada o aplicada indebidamente.
Si bien el Tribunal de Casación, no tiene atribuciones para hacer otra y nueva valoración de la prueba, si puede comprobar si en esta valoración se han violado normas de derecho concernientes a la misma, y si ésta ha conducido indirectamente a la violación de normas sustantivas en la sentencia, acreditando que la conclusión a la que el juzgador arribó es absurda o arbitraria. En el caso materia de nuestro examen, la casacionista en la fundamentación del recurso sostiene, que su hija NAHOMY NIKOL PAREDES BUSTAMANTE, fue reconocida por su cónyuge en un acto libre y voluntario, cumpliendo las solemnidades propias para la validez de una escritura pública, por lo que no es procedente la acción planteada, pues este acto de voluntad solo puede ser invalidado por los intervinientes, si el actor no ha alegado vicios de nulidad, el juez no puede nulitar el contenido de un documento público legalmente emitido.
20 reconocimiento que entre otras formas puede hacerse mediante escritura pública, o por la declaración personal de ambos padres al momento de la inscripción del nacimiento o en el acta matrimonial.
Los señores Jueces de instancia sin advertir la confusión en la que incurre el accionante, al emitir la sentencia resuelven negar la apelación de la demandada y confirmar en todas sus partes la sentencia venida en grado, esto es, aquella que aceptando la demanda declara impugnado el reconocimiento de la paternidad, consiguientemente a esta niña, quien consta inscrita como hija del matrimonio formado por los contendientes, se le ha despojado de su identidad a la que voluntariamente accedieron sus padres, conscientes de que ésta no
correspondía a su verdad biológica.
Teniendo como base para adoptar esta decisión, un acuerdo celebrado mediante escritura pública con sus verdaderos padres, en cuya minuta se hace constar que esta consiste en una de “entrega voluntaria y Juicio No. 207-2012 reconocimiento voluntario de un hijo” al tenor de las cláusulas que en ellas se expresan, entre las que se cuenta la “TERCERA:” que dice: “… María Verónica Chimbo Yumbo y Hector Javier Paredes Bustamante, declaran que entregan como en efecto lo hacen a la menor NAOMI NICOLE a los cónyuges: HECTOR HANNIBAL PAREDES CASTRO, Y LIGIA DEL CARMEN BUSTAMANTE, para que se proceda a su cuidado alimentación, vestuario y educación, y que se proceda al reconocimiento en el Registro Civil Identificación y Cedulación de cualquier parte de la República del Ecuador, con los apellidos de los acogientes…”; documento que en términos de precautelar el interés superior de esta niña.
Es imperioso dejar sentado y patentizado los visos de ilegalidad e inconstitucionalidad de los que adolece y que a simple vista se advierte, por ser contrario a los principios que orientan la doctrina de protección integral de las personas o grupos de atención prioritaria, como lo son las niñas, niños y adolescentes, consignados en los Artículos 44, 66, 28, 67 y siguientes de la Constitución de la República; 151, 220 y siguientes del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, vicios que se traducen en violación al orden público o Derecho Público ecuatoriano en el que están inmersas estas normas, pues entre las principales ramas del derecho que éste agrupa, están el Político, el Procesal, el Administrativo, y el Internacional; entendido el orden público en lo que tiene relación con este análisis como aquel: “… que regla los actos de las personas cuando se desenvuelven dentro del interés general que tiene por fin el Estado.
21 PERSONAL” “… que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las 6 Juicio No. 207-2012 características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar,…” , no es materia disponible por convenio o acuerdo entre particulares, pues no se trata de una cosa o una mercancía sobre la cual se pueden
establecer estipulaciones.
Consiguientemente, de acuerdo con las previsiones legales contenidas en los Artículos 1478, 1698, y 1699 del Código Civil, en este instrumento hay objeto ilícito cuya consecuencia es la nulidad absoluta del mismo, nulidad que puede y debe ser declarada por el juez o jueza aún sin petición de parte, cuando, como en el presente caso, aparece de manifiesto en el acto o contrato así celebrado. 5.5. No obstante lo anotado, como los jueces de instancia sin advertir el mentado error en la demanda, ni subsanarlo de acuerdo al mandado del Art. 280 del Código de Procedimiento Civil si de eso se trataba, han interpretado que la acción propuesta es aquella prevista en el artículo 251 del Código Civil, que se refiere a la impugnación del reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio, distinta a la impugnación de paternidad de los hijos nacidos dentro del matrimonio de la que trata el Art. 233 y siguientes ibidem, en su resolución han expresado que “… se declara impugnado el reconocimiento de la paternidad…”.
Peor aun cuando no se ha considerado ni analizado la excepción de “FALTA DE LEGITIMO CONTRADICTOR” oportunamente alegada por la demandada, cuestión prioritaria para la decisión de esta causa, pues en esta clase de juicios en los que está en tela de duda la identidad de una persona, el o la titular del derecho discutido es el hijo o hija, en este caso la niña Nahomy Nikol Paredes Bustamante, quien en esta condición estaba llamada por la ley a contradecir u oponerse a la pretensión del demandante, de tal suerte que al incoar la acción, se debió hacer en su contra y no de su madre de acuerdo a la previsión que contempla el Art. 241 obcit, aplicable también al caso de impugnación del reconocimiento, sin perjuicio de que se cuente con ella aunque no esté obligada a parecer a juicio.
22 independientemente de que sea o no titular del mismo, de esta forma el demandante activa a la administración de justicia y el demandado se vincula al proceso.
La Corte Suprema de Justicia en su tiempo, en fallos de triple reiteración ha clarificado el tema y condensado su evolución doctrinaria, manifestando que: “…la falta de legitimo contradictor o mejor llamada legitimación en la causa o ‘legitimatio ad-causam’… consiste en que el actor debe ser la persona que pretende ser el titular del derecho sustancial discutido y el demandado el llamado por la ley a contradecir u oponerse a la demanda, pues es frente a ellos que la ley permite que el juez declare, en sentencia de mérito, si existe o no la relación jurídica sustancial objeto de la demanda.
En tal virtud, quedando claro que, en la especie del Juicio No. 207-2012 se ha demandado la impugnación de paternidad a quien no está legitimada para contradecir la pretensión, hecho alegado por la demandada, este Tribunal de la Sala Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional de Justicia, administrando justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la constitución y las leyes de la República, atendiendo a la obligación que tenemos los jueces y juezas de analizar si las partes que están presentes en el proceso son las llamadas a pretender en forma eficaz y contradecir el asunto litigioso.
Dicta sentencia inhibitoria casa la sentencia impugnada y desecha la demanda por falta de prueba y de legítimo contradictor, esto es por no haberse demandado a la niña Nahomy Nikol Paredes Bustamante, quien es la legítima contradictora en esta causa. Por las razones expuestas en el considerando de este fallo, con fundamento en los Artículos 1478, 1698, y 1699 del Código civil, este Tribunal de la Sala, de oficio declara la nulidad absoluta del instrumento que corre de fs. 25 a 30 del primer cuaderno procesal.
Sobre el análisis al caso presentado, es importante resaltar la prevalencia de los derechos de la menor en tanto que la causa se declara nula en atención a las partes recurrentes, es decir, al introducir la demanda no se hace sobre la persona directamente afectada, sino sobre la madre, quien representa una parte involucrada de manera indirecta y quien no está legitimada para contradecir la pretensión. No obstante, en relación a la obligación que tienen los jueces esta la verificación de la presencia de las partes en el proceso y que son las llamadas a pretender y contradecir el asunto en litigio. En tanto, la Corte dicta sentencia inhibitoria, casa la sentencia impugnada y desecha la demanda por falta de prueba y legitimo contradictor.
23 Ley de casación, en la cual señala errores en la forma de obtención de los instrumentos probatorios, tales como; cuando se valora un medio de prueba inexistente, se omite valorar un medio de prueba válidamente actuado y es importante para la decisión de la causa, cuando se valoran medios probatorios que no han sido pedidos, presentados ni practicados conforme a la ley, o cualquier medio que transgreda la a norma del art. 117 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se requiere identificar con claridad y precisión la procedencia y la norma que lo regula. En este caso práctico, se entiende que la adquisición de la prueba, ya comprende un acto ilícito por cuanto fue obtenida fuera de jurisdicción, sin consentimiento de la madre, sin la petición del juez y en un lapso que antecede a la formulación de la pretensión. Incurriendo así, el recurrente en el ilícito de la prueba.
En estos referentes objetos de análisis, se trata de vincular la acción de la aplicación de la norma sujetos a la impugnabilidad de paternidad por reconocimiento voluntario y la cual se ha practicado desde diversas perspectivas: el primer caso presentado, se observa que se aprueba la pretensión en base a una prueba de ADN y se ejecuta la orden judicial, sin considerar los daños que inciden en los intereses del niño, niña o adolescente generado por una decisión judicial.
Con respecto al segundo caso presentado, se evidencia la efectiva decisión que ejecuta la Corte, cuando se inhibe de la causa y se apega a derecho según la normativa que regula la supremacía de los intereses de los niños, sustentado en la Constitución y demás normas que protegen estos derechos fundamentales, como es el derecho a la identidad. Así también, se consideró que la impugnabilidad de paternidad no es procedente cuando se realiza de forma voluntaria, consciente y de conformidad de las partes, pues las leyes no contemplan normas contrarias a la violación de los derechos fundamentales.
Por consiguiente, respecto al tercer caso práctico se percibe la reparación de una decisión judicial, en la que la pretensión en primera parte aprueba la causa de acuerdo a los elementos presentados, sin embargo la ley comprende un procedimiento para la validación de los elementos probatorios, su proceso de adquisición y valoración de los medios para la obtención de la misma. De allí, se determina los vicios que ocurren en el procedimiento y por lo que la Corte se pronuncia y desestima la impugnabilidad de paternidad, aludiendo por un lado, que el acto de reconocimiento voluntario no aplica la impugnabilidad y por otro lado, la demanda no se aplica sobre la directamente contradictor sino sobre la madre, atendiendo entre otros aspectos la vulneración al derecho de identidad.
24 proteger los intereses de los niños, niñas y adolescentes sin menoscabar sus derechos establecidos como fundamentales y que priman sobre cualquier interés particular. Por ello, ante una orden judicial, que vulnere los principios que prevalecen en la Constitución de la Republica y demás normas que regulan su aplicación, es factible incoar la apelación y reestablecer así los daños ocasionados a los recurrentes directamente vinculados.
2.1.2 Fundamentación doctrinaria. 2.1.2.1 Concepto de Familia
Primeramente, la familia puede ser conceptualizada desde un ámbito tradicional, por ello se puede hacer referencia a lo indicado por el autor Carbonell (2012) “La familia ha sido el lugar primordial donde se comparten y gestionan los riesgos sociales de sus miembros” (pág.14). En relación a lo anterior referido y en sentido estricto, se puede indicar que la familia es el grupo de personas entre las cuales existe parentesco de consanguinidad por lejano que fuere.
Por su parte, el autor Oliva (2014) indica:
La familia se define como el conjunto de individuos que viven alrededor de un mismo hogar. Esta definición que muestra la amplitud de su cobertura conceptual, pero con una cierta limitación desde el aspecto espacial, que no se ajusta a las nuevas realidades que impone la globalización con sus características migratorias y de movilidad de sus integrantes. (p.12)
La familia tenía un significado un poco limitado. Pero a través de diversos estudios realizados en el tiempo, el mismo ha experimentado una larga evolución. Incluye principalmente cónyuge e hijos, donde generalmente viven en conjunto.
2.1.2.2 Origen y evolución de la familia
Generalmente, la familia en su forma evolucionada, la familia se ha presentado como una institución que constituye la base social e incluso legal al grupo formado, como consecuencia de la unión entre un hombre y una mujer, aunque no se niega la posibilidad de que la misma sea conformada meramente de hecho y no derecho, es decir por la celebración de un matrimonio civil.
Con respecto al origen la de la misma, Rosseau (2008) señala:
25 tiempo que le necesitan para su conversación. Desde el momento en que cesa esta necesidad, el vínculo natural se disuelve. (p.9)
En la antigüedad, los hijos, libres de la obediencia que debían al padre, y éste, exento de los cuidados que debían a los hijos recobran igualmente su independencia. Si continúan unidos, ya no es naturalmente, sino por su voluntad; y la familia misma no se mantiene sino por convención. La referida libertad es una consecuencia de la naturaleza del hombre, por lo que su principal deber es procurar su propia conservación, sus principales cuidados los que se debe asimismo; y luego que está en estado de razón, siendo él solo el juez de los medios propios para conservarse, llega a ser por este motivo su propio dueño. (Engels, 2011).
Es pues la familia, si así se quiere, el primer modelo de las sociedades políticas: el jefe es la imagen del padre, y el pueblo es la imagen de los hijos; y habiendo nacido todos iguales y libres, solo enajenan su libertad por su utilidad misma.
2.1.2.3 Definición legal de Familia
Familia proviene del latín fames, en referencia al grupo de siervos y esclavos patrimonio del jefe de la gens, derivado de famulus, siervo y esclavo, derivado, a su vez, de osco famel (Duran Ponce, Derecho de Familia, 2014, pág. 3).
Comprendido lo anterior, desde la esfera legal, la familia tiene una connotación que se encuentra supeditada a la normatividad misma y por el momento histórico en que se revise; el concepto de familia es dinámico y está en constante evolución. La definición legal de este término va a depender de la legislación de cada estado o país, y generalmente se encuentra ubicada en la constitución.
Dentro de la legislación ecuatoriana, la definición de familia la encontramos en el Art 67 de la Constitución de la República de Ecuador (C.R.E., 2008).
26 mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal (pág. 50).
Entonces, el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal". También encontramos en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en su Artículo 98, define a la familia biológica como: “aquella formada por el padre, la madre, sus descendientes, ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad.
2.1.2.4 Concepto de Filiación
De acuerdo a (Duran Ponce, 2014):
El término Filiación deriva del latín “FILIUS” que significa hijos. La filiación es una situación judicial que se deriva del hecho natural de la procreación. Es la relación natural de descendencia existente entre padres e hijos (pág. 01).
La filiación depende esencialmente de su prueba y esta prueba variara según se trate de hijos nacidos de matrimonio o fuera de él, y también según se deba probar la paternidad o la maternidad. Es de suma importancia la filiación en el campo del derecho, pues junto con el matrimonio forman los dos pilares fundamentales de esta rama del derecho.
Por su parte (Orrego, 2011) establece:
El hecho natural de la filiación, de fundamentación biológica, tiene importante repercusión jurídica y en el mismo se basa la legitimidad de los hijos. La filiación es un hecho natural, pero adquiere también fuerza jurídica. La Filiación es la relación parental consanguínea entre ascendientes y descendiente (p.16).
En este sentido, es de orden esencialmente genealógico y se refiere a todos los eslabones de la cadena que une a una persona con sus ancestros, aun con los más lejanos. También puede entender como ese vínculo jurídico que la ley ha asignado a determinada persona, la cual se deduce de la relación natural de procreación que la liga con otra.
También el autor (Rossel, 1994) en su libro “Manual de Derecho de Familia” señala que la filiación:
27 ascendiente y su inmediato descendiente, o sea, su descendiente de primer grado (p.207).
Por consiguiente, el fundamento de toda filiación es el vínculo de sangre existente entre el padre y el hijo proveniente de las relaciones sexuales, bien sea lícitas (matrimonio-unión de hecho) e ilícita (extramatrimonial), de los padres, para esta regla, se hace una excepción a esta regla en caso de las filiaciones adoptivas, ya que estas se instituyen de una manera diferente a la filiación natural.
2.1.5 Clases de Filiación
Una idea complementaria acerca de la filiación, es que esta implica la existencia de una relación entre el padre o madre con sus hijos o hijo, lo cual conforma el núcleo social primario de la familia; por lo tanto, no puede ser materia de convenio entre partes, ni de transacción o sujetarse a compromisos en árbitros. Por lo tanto, la filiación jurídicamente se ha clasificado en tres tipos:
a) La filiación legítima: Es la que supone que el padre y la madre son casados y que el hijo que tienen fue concebido antes del matrimonio, siempre y cuando que el nacimiento haya ocurrido durante el matrimonio.
De acuerdo a lo que se establece el autor (Rojina, 2015) establece:
El momento de la concepción es determinante para la existencia de la filiación entre los tres sujetos principales que intervienen en ella. Por lo tanto, el matrimonio atribuye de pleno derecho al hombre los hijos de la esposa. La presunción de paternidad que se establece es una obligación y un derecho del padre y parte de un principio general: un hijo concebido de matrimonio. Para poder determinar si el hijo fue concebido durante el matrimonio es necesario aplicar la presunción legal de duración del embarazo: se presume concebido durante el matrimonio aquel ser humano que nace cuando menos a los 180 días contados a partir del matrimonio, o bien, aquel que nace cuando más a los 300 días después de la disolución de la unión. Esta presunción no se admite prueba en contrario (p.14).
La trascendencia de la enmienda constitucional del 21 de diciembre del 2015 en lo que respecta a la contratación colectiva dentro del sector público

References: artículo 66
 artículo 248
 artículo 24
 artículo 233
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 67
 ARTÍCULO 21
 artículo 139
 resolución 
 artículo 44
 artículo 11
 artículo 247
 artículo 44
 artículo 3
 artículo 251
 artículo 185
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 251
 resolución 
 Artículo 98