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Timestamp: 2017-08-19 13:00:40+00:00

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AUTO AP5704-2015 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SE PRECISA QUE SI SE FUNDAMENTA EN VICIOS DE PROCEDIMIENTO EN LA APROBACIÓN DE LA NORMA, DICHO CONTROL CORRESPONDE A LA CORTE CONSTITUCIONAL, ESTO DEBIDO A QUE ESTE TIPO DE CONTROL DIFUSO Y CONCRETO SUPONE POR PARTE DEL OPERADOR JURÍDICO LA COMPARACIÓN DEL PRECEPTO CON LA NORMA SUPERIOR Y LA CONCLUSIÓN ACERCA DE QUE NO PUEDE SER APLICADO AL CASO PARTICULAR, DEBIENDO OPTAR POR APLICAR DIRECTAMENTE LA CONSTITUCIÓN, ES DECIR, IMPLICA UN ESTUDIO DE FONDO SOBRE EL CONTENIDO DE LA NORMA Y SU CONFORMIDAD CON LA CARTA POLÍTICA, DE DONDE EL ANÁLISIS DE ASPECTOS MERAMENTE FORMALES, COMO LO ES EL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LA LEY EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, NO PUEDE INVOCARSE POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA TAL PROPÓSITO EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CONTEMPLA UN CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DIFERENTE QUE SE EJERCE POR VÍA DE ACCIÓN PÚBLICA, CUYA RESOLUCIÓN ESTÁ EN CABEZA EXCLUSIVAMENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y QUE ADEMÁS CUENTA CON UN TÉRMINO DE CADUCIDAD QUE ES DE UN AÑO A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN PÚBLICA DE CONSTITUCIONALIDAD, MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, RECURSO DE APELACIÓN, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, DETENCIÓN PREVENTIVA, INDULTO, CONTROL DIFUSO CONSTITUCIONAL, APROBACIÓN DE LA LEY ESTATUTARIA
Auto AP-5704-2015 de septiembre 30 de 2015
AP-5704-2015
Radicación 46098
(Aprobado acta 350)
Dr. Fernando Alberto Castro Cabalero
Bogotá, D.C., treinta de septiembre dos mil quince.
1. La Corte es competente para desatar el recurso de apelación de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005 (modificado por la L. 1592/2012, art. 27), y lo dispuesto en el artículo 68 ibídem y el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004.
2. El artículo 18 A de la Ley 975 de 2005, introducido por la Ley 1592 de 2012, consagra la figura de la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva por una no privativa de la libertad, para lo cual establece:
La magistrada con función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, encontró satisfechos los requisitos que precisa la norma y seguidamente accedió a enviar copias a los jueces de ejecución de penas para que dichos funcionarios decidieran sobre la suspensión condicional de las penas proferidas por la justicia ordinaria en tres sentencias condenatorias conforme lo dispone el artículo 18 B de la misma legislación.
Dado que la impugnación presentada por el Ministerio Público no tiene por objeto cuestionar la materialización de cada uno de los requisitos exigidos por las normas referidas, la Corte no se ocupará de ello, con lo cual por demás, están de acuerdo todos los sujetos intervinientes en el proceso transicional, incluyendo el mismo apelante.
3. En ese marco referencial, el estudio de la impugnación se concentrará en aquel particular aspecto que cuestiona la decisión del a quo a partir de la petición de inaplicabilidad de la norma por encontrarla contraria a la Carta, según la argumentación expuesta por el Ministerio Público, quien en concreto demanda la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad de los artículos 18 A y 18 B de la Ley 975 de 2005, introducidos por la Ley 1592 de 2012.
4. El primer argumento del Ministerio Público, hace referencia a la inconstitucionalidad de las normas citadas, en cuanto evidencian vicios de procedimiento. Sostiene el impugnante que la consagración de las figuras de la sustitución de medidas de aseguramiento y la suspensión condicional de la pena impuesta en la justicia ordinaria, no estaban contenidas en el proyecto y tan sólo fueron introducidas en el cuarto debate.
Lo primero que se advierte es que el recurrente funda su solicitud de aplicación de excepción de inconstitucionalidad, tanto en los presuntos defectos de forma como de fondo de los que en su criterio, adolecen los artículos 18 A y 18 B de la ley de justicia y paz.
Respecto del primero de dichos vicios, ha de decirse que resulta extraño al instituto de la excepción de inconstitucionalidad, su fundamentación a partir de defectos formales en la aprobación de la norma, por cuanto este tipo de control difuso y concreto supone por parte del operador jurídico la comparación del precepto con la norma superior y la conclusión acerca de que no puede ser aplicado al caso particular, debiendo optar por aplicar directamente la constitución, es decir, implica un estudio de fondo sobre el contenido de la norma y su conformidad con la Carta Política, de donde el análisis de aspectos meramente formales, como lo es el procedimiento para la aprobación de la ley en el Congreso de la República, no puede invocarse por la vía de la excepción de inconstitucionalidad.
Para tal propósito el ordenamiento jurídico contempla un control de constitucionalidad diferente que se ejerce por vía de acción pública, cuya resolución está en cabeza exclusivamente de la Corte Constitucional y que además cuenta con un término de caducidad que es de un año a partir de la publicación de la norma.
En tal medida, la petición que en estos términos eleva el agente del Ministerio Público para que se inapliquen por ser contrarios a la Carta, los artículos 18A y 18B de la Ley 975 de 2005, resulta claramente improcedente.
5. Ahora bien frente a las razones que expone el apelante para afirmar que los citados artículos reviven preceptos que ya fueron declarados inconstitucionales en Sentencia C-370 de 2006 y en ese orden, lo que corresponde es desatender tales normas a través de la excepción de inconstitucionalidad, tampoco le asiste razón según se expone enseguida.
La referida sentencia se ocupó de estudiar la constitucionalidad de varios artículos de la Ley 975 de 2005, entre ellos el 20 y 25, regulatorios de la figura de la acumulación jurídica de penas y de procesos, relacionados directamente con la concesión de una pena alternativa, cuyo tenor literal es como sigue:
ART. 25.—Hechos conocidos con posterioridad a la sentencia o al indulto. Si a los miembros de grupos armados al margen de la ley que recibieron los beneficios de la Ley 782 de 2002, o que se beneficiaron con la pena alternativa de conformidad con la presente ley, con posterioridad se les llegare a imputar delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos y antes de su desmovilización, estas conductas serán investigadas y juzgadas por las autoridades competentes y las leyes vigentes al momento de la comisión de esas conductas, sin perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y espontánea, debidamente informado por su defensor, haber participado en su realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento, el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos establecidos en la presente ley.
Teniendo en cuenta la gravedad de los nuevos hechos juzgados, la autoridad judicial impondrá una ampliación del veinte por ciento de la pena alternativa impuesta y una ampliación similar del tiempo de libertad a prueba (resaltado corresponde a los apartes declarados inexequibles en Sent. C-370/2006).
Frente a dichas normas, las cuales fueron acusadas de vulnerar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, en especial el de justicia por ofrecer la pena alternativa una respuesta desproporcionada a las ofensas cometidas por los actores armados, configurativa en últimas, a juicio de los demandantes, de un indulto, la Corte Constitucional señaló que el mecanismo de la sanción alternativa no comportaba el perdón de la pena (indulto), para quienes se someten al proceso transicional, puesto que “la extinción solo se produce una vez cumplida, en su totalidad, la pena alternativa impuesta, el período de prueba y cumplidas las obligaciones derivadas de todos los requisitos impuestos para el otorgamiento del beneficio”.
Y concretamente respecto del artículo 20, indicó la corporación que las premisas allí descritas, a saber, la posibilidad de acumulación de los procesos que se hallen en curso por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupo armado al margen de la ley; la improcedencia de la acumulación por conductas punibles cometidas con anterioridad a la pertenencia del desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley; y la posibilidad de acumulación jurídica de penas, conforme al Código Penal, cuando el desmovilizado haya sido previamente condenado por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo armado, no constituían la concesión de la figura política del indulto, como sí la condición que fijaba la norma en torno al monto límite de la pena acumulada, el cual no podía exceder el de la pena alternativa, esto es, 5 a 8 años.
El motivo que finalmente llevó a la conclusión de que dicho condicionamiento resultaba contrario a la carta fue el siguiente:
“Este segmento elimina completamente las condenas impuestas por hechos delictivos cometidos con anterioridad a la desmovilización, puesto que condiciona la acumulación jurídica de penas a partir de la cual ha de determinarse en la sentencia la pena ordinaria cuya ejecución habrá de ser suspendida. Tal supresión total de la condena previa equivale a una afectación manifiestamente desproporcionada del derecho de las víctimas a la justicia y podría ser interpretado como un indulto disfrazado”.
Ahora frente al artículo 25 y otros artículos como el 17 y el 29, se concluyó en la mentada sentencia que tales preceptos permitían que los beneficios de la justicia transicional se mantuvieran aun cuando el desmovilizado hubiere faltado a la verdad, ocultado la comisión de hechos delictivos ejecutados con ocasión a su pertenencia al grupo armado ilegal. Así se dijo en el fallo de constitucionalidad:
Para la Corte, la ley demandada no establece claramente los mecanismos judiciales necesarios y suficientes para que pueda esclarecerse el fenómeno macrocriminal que se afronta. Tampoco establece mecanismos judiciales que aseguren la revelación de la verdad sobre los delitos concretos cometidos por los integrantes de los grupos específicos que se desmovilicen. En efecto, las personas que se acogerán a los beneficios de la ley, tienen la única obligación de aceptar los delitos que el Estado esté en capacidad de imputarles. Esto es importante para satisfacer los derechos afectados y reconstruir la historia de lo sucedido, pero es completamente insuficiente para garantizar el contenido constitucional mínimo del derecho a la verdad.
En resumen, la ley demandada en los artículos analizados no incorpora mecanismos idóneos para que efectiva y realmente pueda satisfacerse el derecho a la verdad. De una parte las personas que se limiten a reconocer los delitos que el Estado les impute como integrantes de tales grupos pero que no confiesen delitos adicionales anteriores a la desmovilización del grupo específico al cual pertenecían y cometidos con ocasión de la acción del respectivo bloque o frente, no pierden los beneficios que la ley les confiere sobre los delitos reconocidos. Pese al silencio y el ocultamiento, si el Estado no llega a identificarlos como autores de otros delitos, ellos seguirán gozando de los beneficios que la ley les otorga, a pesar de que se encontrará gravemente afectado el derecho a la verdad de las víctimas de tales delitos. Pero si el Estado llegare a demostrar la vinculación de estas personas con otros delitos con ocasión de su pertenencia al grupo armado específico antes de la desmovilización, tiene, adicionalmente, que probar que la omisión en la confesión fue intencional. De otra manera, se le aplicarán al perpetrador nuevamente los beneficios que la ley contempla. En esos términos, la persona sería condenada a pagar una “pena alternativa” que puede, incluso, suponer la libertad inmediata.
Dado el fenómeno de acumulación de penas alternativas que la ley establece, la nueva condena —por delitos que podrían consistir en masacres, desplazamiento forzado o secuestros masivos— podría no aparejar una pena efectiva de prisión. En efecto, dado que la ley establece que la nueva pena alternativa no solo se acumula jurídicamente a la primera pena alternativa impuesta sino que en ningún caso esta acumulación puede exceder el máximo de 8 años de que trata la ley, lo cierto es que puede perfectamente ocurrir que la persona ya hubiere pagado la pena máxima de 8 años. Por lo tanto, pese a ser objeto de una nueva pena alternativa, no estaría obligada a pagar un sólo día de prisión dado que la pena efectiva no puede superar los 8 años.
Como se observa, las normas que fueron declaradas parcialmente inexequibles por la Corte Constitucional, en manera alguna son revividas por los artículos 18A y 18B de la Ley 975 de 2005, habida cuenta que regulan materias distintas, pues véase que en las que fueron objeto de estudio por la Corte Constitucional, el tema fue el de la acumulación jurídica de penas y de procesos, mientras que aquellas normas respecto de las cuales el apelante solicita su inaplicación en el caso concreto, se refieren a la sustitución de la medida de aseguramiento y a la suspensión condicional de la pena.
Adicionalmente, estos dos últimos preceptos no comportan la concesión de un indulto o el perdón de la pena, por el hecho de dar lugar a la sustitución de la detención preventiva por una medida no privativa de la libertad, con la consecuente suspensión condicional de la sanción respecto de condenas proferidas con anterioridad por la justicia ordinaria, ya que el no cumplimiento efectivo de la pena queda sometido al acatamiento de una serie de compromisos como no sucede con la figura del indulto, que sí exonera de la pena correspondiente al delito, e impide bajo cualquier circunstancia, su ejecución una vez reconocido.
En efecto la institución que regula el artículo 18A, establece que hay lugar a la sustitución (suplir o reemplazar), de la medida de aseguramiento de detención preventiva por una no privativa de la libertad, cuando el postulado se desmovilizó estando en libertad, cumpliendo ocho años en privación de la libertad, contados a partir de la postulación y de la misma manera ha cumplido con una serie de obligaciones para con el proceso transicional que comportan colaboración, entrega de bienes, buena conducta, y el desarrollo de tareas de resocialización.
Pero como es probable que el postulado esté privado de la libertad por estar cumpliendo sentencias impuestas por la justicia ordinaria, por hechos cometidos con ocasión de la pertenencia al grupo armado al margen de la ley respecto del cual se produjo la desmovilización, el artículo 18B ha previsto que el magistrado con funciones de control de garantías de justicia y paz, luego de constatar esa conexión entre el hecho juzgado y la militancia en el grupo, esto es, luego de inferir que el hecho fue cometido con ocasión de la pertenencia al grupo armado ilegal, disponga remitir copias al juez que vigila el cumplimiento de la sentencia para que éste suspenda la ejecución de la pena.
Es así que el desmovilizado queda obligado a cumplir la pena alternativa y los compromisos que ésta apareja, cuya inobservancia da lugar a que se revoquen los beneficios y se haga efectiva la pena ordinaria, bien sea la tasada en el proceso transicional, o aquella acumulada con la impuesta por la justicia ordinaria.
En este orden de ideas, los beneficios que contemplan las normas acusadas de inconstitucionales, no comportan un indulto ya que le imponen una serie de deberes al postulado, tales como seguir colaborando en el establecimiento de la verdad y proveer la reparación de las víctimas, no volver a delinquir, entre otros compromisos, los cuales persisten mientras se mantenga el vínculo con el proceso transicional.
De la misma forma, se mantienen incólumes los derechos de las víctimas, tal como lo consagra el artículo 18A al establecer que:
Y en el mismo sentido, el artículo 18 B cuando dispone que la suspensión se revocará, a solicitud del magistrado de control garantías de justicia y paz, cuando el postulado incurra en cualquiera de las causales de revocatoria establecidas en el artículo 18 A.
Del contenido de las normas respecto de las cuales el recurrente predica su inconstitucionalidad por desconocer la cosa juzgada, es dable concluir que en manera alguna fueron reproducidos los apartes normativos expulsados del ordenamiento jurídico, pues no coinciden literalmente con el texto inconstitucional y tampoco trasgreden la cosa juzgada, puesto que claramente los beneficios que contemplan los artículos 18 A y 18 B de la ley de justicia y paz no implican el perdón de la pena (indulto).
La Corte Constitucional ha identificado las situaciones en las que puede presentarse la reproducción de una norma que ya ha sido declarada contraria a la Carta. Ha señalado la corporación:
15. Tratándose de la cosa juzgada material, la doctrina de la Corte Constitucional ha precisado que sus efectos varían, dependiendo de si la norma fue declarada inexequible o exequible. Para que ello pueda ser constatado, la Corte Constitucional ha diferenciado dos modalidades de cosa juzgada material relevantes: la cosa juzgada material en sentido estricto y la cosa juzgada material en sentido amplio.
El primer caso ocurre, cuando una disposición reproduce el contenido normativo de otra, que fue previamente declarada inexequible por razones de fondo. Por regla general, en esta situación, le compete a esta Corporación decretar la inexequibilidad de la nueva norma objeto de análisis, por desconocer la prohibición prevista en el inciso 2º del artículo 243 de la Constitución Política.
No obstante, para que pueda hablarse de cosa juzgada material en sentido estricto y pueda alegarse que una decisión del legislador constituye una reproducción contraria a la Carta en tales términos, la jurisprudencia constitucional reiterada requiere que se verifiquen los siguientes requisitos: (i) Que una norma haya sido declarada previamente inexequible. (ii) Que el contenido material del texto examinado, sea similar a aquel que fue declarado inexequible por razones de fondo, teniendo en cuenta el contexto dentro del cual se ubica la norma examinada, en la medida en que su significado y sus alcances jurídicos pueden variar si el contexto es diferente. La identidad se aprecia, entonces, teniendo en cuenta no sólo la redacción de los artículos, sino también el contexto dentro del cual se ubica la disposición demandada, de tal forma que si la redacción es diversa pero el contenido normativo es el mismo a la luz del contexto, se entiende que ha habido una reproducción. Por el contrario, si la redacción es igual pero del contexto se deduce un significado normativo distinto, se entiende que no se realizó dicha reproducción. (iii) Que el texto legal, supuestamente reproducido, haya sido declarado inconstitucional por “razones de fondo”, lo cual hace necesario analizar la ratio decidendi del fallo anterior; y (iv) que subsistan las disposiciones constitucionales que sirvieron de fundamento al juicio previo de la Corte.
Si se cumplen de manera efectiva estos requisitos, la norma reproducida debe declararse inexequible, porque la cosa juzgada material limita la competencia del legislador y le impide reproducir el contenido material de una norma contraria a la Carta, y al hacerlo, viola el mandato dispuesto en el artículo 243 superior(6).
El planteamiento del agente del Ministerio Público no satisface la carga argumentativa que le corresponde para acreditar que el legislador a través de la inserción de los artículos 18 A y 18 B, desconoció la cosa juzgada constitucional, además de que como se advirtió en precedencia, la Sala verifica que los mecanismos alternativos a la pena de prisión regulados en tales preceptos, en manera alguna se equiparan al indulto.
De lo anterior surge como conclusión ineluctable que no se trata, bajo ningún supuesto, de la reproducción de una norma declarada inconstitucional, de esta manera, la pretensión del Ministerio Público para que se aplique la excepción de inconstitucionalidad deviene manifiestamente improcedente. En tal sentido, como ese fue el argumento aducido para impugnar la decisión, debe colegirse que no existe razón válida para revocar la decisión cuestionada, imponiéndose su confirmación.
De otra parte, sea esta la oportunidad para replantear el criterio fijado por la Sala en CSJ AP, 11 ago. 2015, rad. 46282, según el cual:
En efecto, la suspensión condicional de la ejecución de las penas impuestas en justicia ordinaria no opera simplemente como consecuencia de la sustitución de la medida de aseguramiento y ni siquiera por voluntad de los magistrados de control de garantías de justicia y paz, sino que se impone el agotamiento de un trámite particular en el cual la intervención de la jurisdicción especial se limita a examinar la posibilidad de que los hechos pudieron haberse cometido durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado al grupo armado ilegal para que el juez de ejecución de penas encargado de vigilar el cumplimiento de la misma, examine a profundidad, dotado de los anexos pertinentes, si es procedente disponer la suspensión.
Postura que fue consecuencia de la acogida en AP CSJ, 16 sep. 2014, rad. 44511, en el que se definió la competencia entre un juez de ejecución de penas y un tribunal de justicia y paz, estableciendo la Sala que la competencia para definir el referido asunto, pertenecía al primero por así desprenderse del texto de la norma y por ser al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad al que compete velar por el cumplimiento de las condenas proferidas, además de ser quien cuenta con la información de las sentencias, lo cual le permite definir si hay lugar a la acumulación, y por último, dicha instancia ofrecer al postulado los recursos ordinarios para rebatir la decisión que le resulte adversa.
Luego de una nueva lectura del texto de la norma (art. 18 B, inc. segundo), la Sala debe concluir que es al magistrado de justicia y paz a quien el legislador le ha otorgado competencia para establecer la forma como el postulado dentro del proceso transicional puede ejecutar la pena que se le ha impuesto como consecuencia de haber infringido la ley penal dada su pertenencia a un grupo armado ilegal de los definidos por la propia Ley 975 de 2005.
Claramente la norma indica que si una vez sustituida la medida de aseguramiento en los términos del artículo 18A, el postulado estuviere previamente condenado por la justicia ordinaria por hechos cometidos con ocasión de su pertenencia al grupo organizado al margen de la ley y así lo infiere el magistrado de control de garantías, éste remitirá copias de lo actuado al juez de ejecución de penas que se encuentra vigilando el cumplimiento de dicha condena, quien suspenderá condicionalmente la ejecución de la pena ordinaria (resaltado tomado del texto literal de la norma).
Del contendido del precepto en mención no se desprende que sea a este último funcionario al que la ley le hubiera asignado la competencia de un asunto que es propio del proceso transicional, como sí a los tribunales de justicia y paz en primera instancia, a quienes, en tratándose de condenas anteriores proferidas por la justicia ordinaria, les corresponde verificar si los hechos que sustentan tales fallos penales, fueron consecuencia de la militancia del postulado en el grupo armado ilegal, caso en el cual la pena o penas ordinarias serán suspendidas condicionalmente.
El juez de ejecución de penas, como juez ordinario no es el llamado a definir la relación que existe entre el hecho cometido y el conflicto armado interno para la eventual aplicación de un subrogado penal que solo está contemplado para quienes entreguen las armas como resultado de un proceso de desmovilización. Por manera que el único requisito que se exige para la suspensión condicional de la ejecución de la pena ordinaria, debe ser determinado por el magistrado de control de garantías de justicia y paz, quien siendo el que mejor conoce el proceso de justicia transicional es el llamado a determinar, mediante inferencia razonable, si los hechos delictivos que dieron lugar a la condena por la justicia ordinaria, se relacionan o no con la condición de miembro del grupo armado ilegal que ostenta el postulado, de donde ningún razonamiento o constatación adicional corresponde hacer al juez de ejecución de penas, quien debe limitarse a ejecutar la decisión del magistrado de control de garantías, en punto del mencionado subrogado.
Adicionalmente, es en la audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento al interior del proceso transicional, dada la viabilidad de tal medida alternativa, donde el magistrado de control de garantías definirá si es igualmente posible la suspensión condicional de la ejecución de la pena de condenas emitidas por la justicia ordinaria, siempre que el postulado así lo solicite, motivo por el cual se sobreentiende que es a este último al que le corresponde la carga de llevar ante dicho funcionario los elementos de juicio que le permitan construir la inferencia razonable a que se refiere la ley, existiendo para partes e intervinientes la posibilidad de atacar la decisión que adopte el magistrado de control de garantías a través de los recursos ordinarios.
La misma interpretación merece el inciso tercero del artículo 18 B, la cual fue expresada en CSJ AP 16 sep. 2014, rad. 44511, en el sentido de que es al magistrado de control de garantías de justicia y paz al que le corresponde definir si procede o no la revocatoria de la suspensión condicional de la ejecución de la pena cuando quiera que el postulado incumpla los compromisos adquiridos para su concesión, quedando claro que la competencia del juez de ejecución de penas se limita a materializar el criterio expuesto por el magistrado de justicia y paz, decretando la revocatoria cuando así lo haya dispuesto aquel. En ese orden, si el magistrado de control de garantías es quien puede decidir revocar tal subrogado, es también el funcionario al que le corresponde concederlo, restringiéndose la intervención del juez ejecutor de penas a dar cumplimiento a lo dispuesto por el magistrado de justicia y paz.
Así las cosas, en lo sucesivo esta será la interpretación que habrá de seguirse para la definición de asuntos de la misma naturaleza, y en lo que respecta al presente caso, se confirmará la decisión del a quo con la aclaración de que a los jueces de ejecución que vigilan el cumplimiento de las penas impuestas por la justicia ordinaria a William Morales Toro, solo les corresponde dar cumplimiento a lo resuelto por el magistrado de control de garantías de justicia y paz que estimó procedente suspender condicionalmente la ejecución de las mismas.
CONFIRMAR la decisión emitida en audiencia pública el 26 de mayo de 2015 por la magistrada de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, conforme a los argumentos expuestos, con la aclaración de que a los jueces de ejecución que vigilan el cumplimiento de las penas impuestas por la justicia ordinaria a William José Morales Toro, solo les corresponde dar cumplimiento a lo resuelto por la magistrada de control de garantías que estimó procedente suspender condicionalmente la ejecución de dichas condenas.
Devolver la actuación al tribunal de origen. Contra esta decisión no procede recurso alguno.
(6) C-259 de 2015.

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 26
 artículo 68
 artículo 32
 artículo 18
 artículo 18
 resolución 
 artículo 20
 artículo 25
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 243
 artículo 243
 artículo 18
 artículo 18