Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2013-00231-de-marzo-11-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_f52088ed525c0158e0430a0101510158&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-08-14 07:56:43+00:00

Document:
﻿ Auto 2013-00231 de marzo 11 de 2014
AUTO 2013-00231 DE 11 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO. TENIENDO EN CUENTA EL ARTÍCULO 231 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE UN ACTO DE LA ADMINISTRACIÓN PROCEDE CUANDO SE COMPRUEBE LA EXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN A LAS NORMAS INVOCADAS EN LA DEMANDA O EN EL ESCRITO CONTENTIVO DE LA SOLICITUDPOR TANTO, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR MEDIO DEL CUAL LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE ESTABLECIÓ LA PLATAFORMA DE OPERACIONES DE LOS CENTROS DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES, PUES NO SE COMPROBÓ LA EXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN A LAS NORMAS INVOCADAS EN LA DEMANDA O EN EL ESCRITO CONTENTIVO DE LA SOLICITUD, SINO SOLO SE HIZO UNA AFIRMACIÓN GENÉRICA DE LAS DISPOSICIONES SUPUESTAMENTE INOBSERVADAS. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LA RESOLUCIÓN 7034 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2012 EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACTO ADMINISTRATIVO, ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO, AUTO, SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS Y TRANSPORTE, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, REFORMA DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
PONENTE:SANDOVAL NAVAS, LUIS ALBERTO
Auto 2013-00231 de marzo 11 de 2014
Radicación: 11001032400020130023100
Actor: Sebastián Sandoval Pérez
Se decide sobre la solicitud de suspensión provisional que, a través del medio de control de simple nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA promueve el ciudadano Sebastián Sandoval Pérez contra la Resolución 7034 del 17 de octubre de 2012 expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte por medio de la cual “se reglamentan las características técnicas de los sistemas de seguridad de los centros de reconocimiento de conductores, garantizando la legitimidad de los certificados y la protección al usuario de la falsificación”.
“RESOLUCIÓN 7034 DE 17 DE OCTUBRE DE 2012
Por la cual se reglamentan las características técnicas de los sistemas de seguridad de los centros de reconocimiento de conductores, garantizando la legitimidad de los certificados y la protección al usuario de la falsificación”.
ART. 2º—Sistema de control y vigilancia. El sistema de control y vigilancia es una infraestructura tecnológica operada por cualquier ente público o privado previamente homologado por la Superintendencia de Puertos y Transporte o por quien esta delegue, para asegurar el cumplimiento de los parámetros técnicos mínimos y de otra índole dictados en la presente resolución y de los que se fijen posteriormente, que le permita prestar con calidad el servicio para garantizar la expedición segura del certificado de aptitud física y mental y de coordinación motriz; la presencia del candidato en el centro de reconocimiento de conductores; la realización de las pruebas y evaluaciones por los médicos o especialistas; que el certificado se expida desde la ubicación geográfica del centro de reconocimiento de conductores; que las pruebas se hagan desde los computadores de los centros de reconocimiento de conductores con el fin de evitar un posible fraude en la expedición del mencionado certificado; el registro de pago; la correlación o trazabilidad para el cruce de información y que estén conectados con el centro de monitoreo de la Superintendencia de Puertos y Transporte, el actor del sistema financiero y el RUNT.
ART. 8º—Término para la exigibilidad de las disposiciones contenidas en la presente resolución. Se dispondrá de un período de dos (2) meses para la implementación y aplicación de los sistemas de control y vigilancia por parte de todos los centros de reconocimiento de conductores contados a partir de la fecha en que se fijen los requisitos técnicos de homologación por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte y, un periodo de cuatro (4) meses para la implementación y aplicación del sistema de captura de video, según las disposiciones técnicas contenidas en esta resolución. Los anteriores términos contarán a partir de la fecha de publicación de la presente resolución.
En escrito aparte de la demanda, la parte actora solicita la suspensión provisional de la norma acusada en los siguientes términos:
“De conformidad con lo dispuesto en el articulo (sic) 230 de la Ley 1437 de 2011, y demás normas concordantes, respetuosamente solicito a la corporación, suspender provisionalmente los efectos de la Resolución 7034 del 17 de octubre de 2012, expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte.
Lo anterior como consecuencia de la violación de los artículos 6º, 83, 84 y 123 de la Constitución Política y el articulo (sic) 89 de la Ley 1450 de 2011. Y con el fin de proteger el orden jurídico del Estado”(1).
La Superintendencia de Puertos y Transporte presentó escrito de contestación argumentando:
2.1. Que uno de los requisitos para la suspensión provisional es que se confronte el acto administrativo con las normas superiores invocadas como violadas, lo que no hizo el demandante en el presente caso.
2.2. Que no es cierto que el acto demandado vulnere normas constitucionales pues lo que pretende es asegurar la transparencia en los procedimientos que adelantan los centros de reconocimiento de conductores.
2.3. Que la resolución acusada busca garantizar el cumplimiento de parámetros técnicos mínimos para la prestación efectiva del servicio de conformidad con las funciones de control y vigilancia que comporta la superintendencia.
1. Las medidas cautelares en el CPACA.
El juez puede adoptar la(s) medida(s) cautelar(es) que considere necesaria(s) para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.
El decreto de medidas cautelares no constituye prejuzgamiento. En efecto, con el ánimo de superar los temores y las reservas que siempre acompañaron a los jueces respecto del decreto de la suspensión provisional en vigencia de la legislación anterior, célebre por su escasa efectividad producto de las extremas exigencias que la jurisprudencia le impuso para salvaguardar su imparcialidad, el inciso segundo del artículo 229 CPACA expresamente dispone que “[l]a decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento”. De lo que se trata, entonces, con esta norma, es brindar a los jueces “la tranquilidad de que se trata de mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto sub lite”(2). Una suerte de presunción iure et de iure sobre cómo acceder a la medida no afecta la imparcialidad del juez ni compromete su capacidad de discernimiento ni poder de decisión, que busca además promover la efectividad del nuevo régimen cautelar introducido. La jurisprudencia ya ha sido señalado que este enunciado debe ser visto como un límite a la autorización que se otorga al juez para que analice los hechos, las pruebas y los fundamentos del caso, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximación al asunto este análisis debe ser apenas preliminar, razón por la cual no puede suponer un examen de fondo o “prejuzgamiento” de la causa(3). La carga de argumentación y probatoria que debe asumir quien solicita la medida cautelar garantizan que el juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender esta valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la sentencia.
La medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos que era la única medida cautelar en el Código Contencioso Administrativo, continuó en el CPACA. En efecto:
2.4. El CPACA(4) define un conjunto de requisitos para la procedencia de la medida de suspensión provisional —tanto en acciones de nulidad simple como de nulidad y restablecimiento del derecho— y define de forma general los requerimientos que debe hacer el juez en los demás eventos. En efecto el inciso primero del artículo 231 del CPACA, ordena:
3.1. El acto administrativo cuya suspensión se solicita es la Resolución 7034 de 2012 expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte.
3.2. Las normas que se invocan como vulneradas son los artículos 6º, 83, 84 y 123 de la Constitución Política y el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011.
Como se anotó anteriormente, el CPACA introdujo ciertos cambios a la medida cautelar de suspensión provisional y señaló los requisitos para que se proceda a su decreto. Uno de estos requisitos contenidos en dicho estatuto consiste en que la solicitud debe ser elevada a petición de parte y debe estar debidamente sustentada(8).
En el caso sub examine, si bien la parte actora indica las normas que considera están siendo vulneradas con la expedición de la resolución acusada, no entra a sustentar los motivos que darían lugar a decretar la medida cautelar. Tan sólo presenta una afirmación genérica que no resulta suficiente para acceder a la solicitud de suspensión provisional.
NEGAR la suspensión provisional de la Resolución 7034 del 17 de octubre de 2012 expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte por medio de la cual “se reglamentan las características técnicas de los sistemas de seguridad de los centros de reconocimiento de conductores, garantizando la legitimidad de los certificados y la protección al usuario de la falsificación”.
(2) González Rey, Sergio. “Comentario a los art te a la ﷽vo Aativva; demanda ospeeseículos 229-241 CPACA”(sic), en Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2013, pág. 492.

References: ARTÍCULO 231
 RESOLUCIÓN 
 artículo 137
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 229
 artículo 231
 Resolución 
 artículo 89
 resolución 
 Resolución