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Timestamp: 2019-10-17 19:07:06+00:00

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﻿ RESOLUCIÓN 11916 DE NOVIEMBRE 3 DE 2017
RESOLUCIÓN 11916 DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:REGISTRADORA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. SE ESTABLECEN LAS TARIFAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE OPERADORES BIOMÉTRICOS, HOMOLOGACIÓN DE DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS Y PUBLICACIÓN DE EQUIPO HOMOLOGADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, REGISTRADOR NACIONAL, FUNCIONES DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
RESOLUCIÓN 11916 DE 2017
“Por la cual se establecen las tarifas para la certificación de operadores biométricos, homologación de dispositivos biométricos y publicación de equipo homologado”.
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales en especial las que le confiere el artículo 4º numeral 1º de la Ley 1163 de 2007, y
Que, de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
Que la Registraduría Nacional del Estado Civil, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 120 de la Constitución Política de Colombia, tiene a su cargo lo relativo a la identidad de las personas.
Que el artículo 266 de la Constitución Política, establece que corresponde al Registrador Nacional del Estado Civil ejercer la función de organizar y dirigir el registro civil y la identificación de las personas.
Que el Decreto-Ley 1010 de 2000, “por el cual se establece la organización interna de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se fijan las funciones de sus dependencias; se define la naturaleza jurídica del fondo social de vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil; y se dictan otras disposiciones”, dispone que corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otras funciones, fijar las políticas, planes, programas y estrategias para el desarrollo de la organización y vigilancia electoral, la identificación de las personas y el registro civil.
Que de conformidad con lo previsto por el artículo 266 de la Constitución Política, en concordancia con el Decreto-Ley 2241 de 1986 y el Decreto-Ley 1010 de 2000, corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil ejercer, entre otras, la función de organizar y dirigir el registro civil y la identificación de los colombianos, para lo cual ha creado bases de datos que contienen las minucias dactilares de los colombianos, cedulados desde 1952 hasta la fecha, la cual se actualiza cada 30 segundos con la información que es reportada por diversos organismos, así como por los nuevos colombianos a quienes se les produce su documento de identificación.
Que el Decreto 1260 de 1970, “por el cual se expide el estatuto del registro del estado civil de las personas”, dispone en su artículo 1º que “El estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley”.
Que, el artículo 213 del Código Electoral, establece que “Toda persona tiene derecho a que la registraduría le informe sobre el número, lugar y fecha de expedición de documentos de identidad pertenecientes a terceros. Tienen carácter reservado las informaciones que reposen en los archivos de la registraduría referentes a la identidad de las personas, como son sus datos biográficos, su filiación y fórmula dactiloscópica. De la información reservada solo podrá hacerse uso por orden de autoridad competente. Con fines investigativos, los jueces y funcionarios de policía y de seguridad tendrán acceso a los archivos de la registraduría”, lo que indica que los datos biográficos como la huella dactilar son datos que gozan de reserva legal en concordancia con el numeral 3º del artículo 3º del Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012.
Que el artículo 18 del Decreto-Ley 19 de 2012, impone a las entidades públicas y particulares que ejercen funciones administrativas, la obligación de cotejar la huella dactilar contra la base de datos biométrica de la Registraduría Nacional.
Que el Congreso Nacional aprobó el plan nacional de desarrollo mediante la expedición de la Ley 1753 de 2015 y en esta se determina quiénes son los sujetos autorizados para suscribir contratos o convenios, cuyo objeto recaiga en el acceso a la base de datos de información alfanumérica, biográfica y biométrica que produce y administra la Registraduría Nacional del Estado Civil, circunstancia que se desprende del artículo 159, parágrafo 2º.
Que el parágrafo 2º del artículo 159 de la Ley 1753 de 2015, le confiere a la Registraduría Nacional del Estado Civil la potestad de establecer los costos por concepto de administración, soporte y mantenimiento de las aplicaciones de las actualizaciones de las bases de datos de identificación que produce y administra, los cuales se deben cubrir previamente por quienes están autorizados e interesados en acceder a ellas.
Que la Ley 1163 de 2007, por la cual se regulan las tasas por la prestación de servicios de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se dictan otras disposiciones, facultó al Registrador Nacional del Estado Civil para establecer la tarifa de los servicios que presta la entidad, en atención al método y el sistema para determinar los costos en que incurre la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Que en cumplimiento del parágrafo 2º del artículo 159 de la Ley 1753 de 2015, la Registraduría Nacional del Estado Civil, expidió la Resolución 5633 de 2016, por la cual se reglamentan las condiciones y el procedimiento para el acceso a las bases de datos de la información que produce y administra la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Que al tenor de lo establecido en la Ley 1163 de 2007, el Registrador Nacional del Estado Civil mediante la Resolución 6128 del 8 de octubre de 2007, crea el Comité para la fijación de tarifas y precios por los servicios que presta la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el objeto de estudiar y proponer su valor para aprobación y adopción del Registrador Nacional.
Que en reunión del Comité para la fijación de tarifas y precios por los servicios que presta la Registraduría Nacional del Estado Civil, realizado el día 21 de septiembre de 2017, se aprobó el estudio jurídico, técnico y económico presentado por la registraduría delegada para el registro civil e identificación, la gerencia administrativa y financiera, la gerencia de informática y el grupo de acceso a la información y protección de datos personales y avalado por la oficina de planeación, de los diferentes hechos generadores para el cobro de presentación de la prueba técnica para habilitarse como operador biométrico, la realización de prueba de homologación para dispositivos biométricos y la publicación por equipo homologado, recomendando el Comité al señor Registrador Nacional del Estado Civil acoger el estudio por contener el método, el sistema para determinar los costos y en consecuencia establecer las tarifas que en él se sustentan.
ART. 1º—Tarifa por la cual se determinan los costos asociados a la presentación de la prueba técnica para habilitarse como operador biométrico. Establecer como tarifa para la presentación de la prueba técnica para habilitarse como operador biométrico el valor de nueve millones ochocientos setenta y dos mil quinientos cinco pesos ($ 9.872.505).
PAR.—La tarifa mencionada cubre la realización de una prueba técnica. Cuando la prueba no sea satisfactoria, se deberá realizar una nueva prueba y efectuar el pago que cubre el costo de la prueba establecido en el presente artículo.
ART. 2º—Tarifa por la cual se determinan los costos asociados a la realización de la prueba de homologación para dispositivos biométricos. Establecer como tarifa para la presentación de la prueba de homologación de dispositivos biométricos el valor de siete millones quinientos tres mil ciento ochenta y seis pesos ($ 7.503.186).
ART. 3º—Tarifa por la cual se determinan los costos asociados a la publicación por equipo homologado. Establecer como tarifa para la publicación por equipo homologado el valor de siete mil ochenta y seis pesos ($ 7.086).
Dada en Bogotá, D.C., a los 3 días de noviembre de 2017.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 4
 artículo 209
 artículo 120
 artículo 266
 artículo 266
 artículo 1
 artículo 213
 artículo 3
 artículo 18
 artículo 159
 artículo 159
 artículo 159
 Resolución 
 Resolución