Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321173.html
Timestamp: 2019-03-19 04:02:50+00:00

Document:
as201321173
Auto Supremo: 173/2013
Sucre: 15 de abril 2013
Expediente: CH – 4 – 13 - S
Partes: Felicia Flores Albis y Wenceslao Bonifaz Flores. c/Victoriano Buhezo
Huaquipa y Clementina Durán Copa
Proceso: Reivindicación de Derecho propietario
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 502 a 505 interpuesto por Felicia Flores Albis y Wenceslao Bonifaz Flores, contra el Auto de Vista Nº SCI-293/2012 de fecha 23 de octubre de 2012 cursante a fs. 496 a 497 y vlta. pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso sumario de Reivindicación de Derecho propietario seguido por los recurrentes contra Victoriano Buezo Huaquipa y Clementina Durán Copa de Buhezo; la contestación de fs. 510 y vlta.; el auto de concesión de fs. 511; los antecedentes del proceso; y:
Felicia Flores Albis y Wenceslao Bonifaz Flores, de fs. 19 a 21 interponen demanda sumaria de reivindicación de derecho propietario, la misma aclarada a fs. 23 y ratificada a fs. 125, indicando que en fecha 24 de agosto de 1984 adquirieron el lote de terreno de 300 mts2. de Fernando Barrón y Mauricia Urquizu de Barrón, ubicado en el ex fundo Cklatalla Baja (hoy Barrio Canadá) de la ciudad de Sucre y que se encuentra registrado a nombres de ellos en el Registro de Derechos Reales de Fs. 53 partida Nº 53 del Libro de Propiedades de la Provincia Oropeza en fecha 31 de marzo de 1990, ejerciendo sus derechos propietarios por más de diez años realizando el amurallamiento del terreno y pagos de impuestos y posteriormente indican que debido a razones de trabajo tuvieron que ausentarse a la localidad de Tipuani del Departamento de La Paz y a su regreso (2003) encontraron ocupado el inmueble por los Sres. Victorino Buezo Huaquipa y Clementina Durán Copa indicando que lo adquirieron de Mauricia Urquizu Vda. de Barrón y sus hijos; ante esa situación tuvieron que interponer acción reivindicatoria el 2003 haciendo referencia además tener mejor derecho de propiedad, proceso que luego de ser tramitado se anuló obrados por dos veces consecutivas, siendo la última anulación el 2008 hasta antes de la citación con la demanda, no obstante que las Sentencias de primera instancia les fueron favorables.
Asimismo indican que el lote en cuestión sufrió un decremento en su extensión, de 300 a 204 mts2. como consecuencia de una urbanización realizada por su vendedor, actualmente el lote es identificado como lote A-18. En tanto que los demandados en su defensa plantearon excepción previa de demanda interpuesta antes de ocurrido el vencimiento del término y perención de instancia, excepción perentoria de falta de acción y derecho para demandar, como también plantearon demanda reconvencional de usucapión quinquenal; durante la tramitación de la causa el Juez de Instrucción declinó competencia ante el Juez de Partido por razón de la cuantía.
Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez de Partido Primero en lo Civil y Comercial de la ciudad de Sucre, mediante Sentencia Nº 052/2012 de fecha 22 de junio de 2012 cursante de fs. 453 a 459, declaró PROBADA la demanda principal disponiendo la restitución del inmueble a favor de los demandantes en el plazo de 30 días de ejecutoriada la Sentencia, asimismo declaró PROBADA en parte la demanda reconvencional referente a la devolución de las mejoras e IMPROBADA en relación a la usucapión quinquenal, como también IMPROBADA la excepción perentoria de falta de acción y derecho en los demandantes.
En apelación la Sentencia Nº 052/2012, interpuesto por Victoriano Buezo Huaquipa por sí y en representación de Clementina Durán Copa de Buezo, la Sala Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Auto de Vista Nº SCI-293/2013 de fecha 23 de octubre de 2012 cursante a fs. 496 a 497 y vlta., anula obrados hasta fs. 453 disponiendo que el Juez de la causa dicte una nueva Sentencia; en contra de esta resolución de segunda instancia, los demandantes recurre en casación en la forma y en el fondo.
Los recurrentes interponen recurso de casación en la forma y en el fondo sin especificar de manera precisa las causales previstas en los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, de cuyo contenido se puede resumir lo siguiente:
Indican que el Tribunal de Alzad abrió supuestamente su competencia para la revisión de oficio y anular la Sentencia, olvidando interpretar correctamente el art. 17 de la Ley Nº 025, cuando esa pretendida revisión está dada solo a aquellos casos establecidos por ley, afirmando al mismo tiempo que el argumento del Tribunal es contrario a lo señalado por el art. 251 del código de Procedimiento Civil.
Realizan una crítica a la decisión asumida en el Auto de Vista respecto a la supuesta falta de cumplimiento de la ritualidad señalada en los arts. 50, 327 inc. 4) concordante con el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, atentado al debido proceso, falta de claridad en la demanda en cuanto a ciertos hechos y otros aspectos.
Afirman que la Sentencia de primera instancia se encuentra debidamente fundamentada no existiendo motivo para anular la misma, siendo falso el argumento en contrario de parte del Tribunal de Alzada.
Reiteran que la ley violada o aplicada falsamente en los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y art. 251 del Código de Procedimiento Civil, dado que la nulidad solo puede ser aplicable ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación del proceso, no ocurriendo esa situación en el caso de Autos.
Que el Tribunal de Alzada al haber procedido a anular la Sentencia, ha emitido una resolución manifiestamente contraria a la Ley 025 incurriendo en aberrante interpretación de la misma.
Indican que si la demanda no era clara en cuanto al tiempo y forma de ocurrido los hechos como refiere el Tribunal de Alzada, esa situación correspondía ser reclamada oportunamente por las partes, de ahí que cualquier mal llamado defecto absoluto u omisión de la Sentencia atribuido por el Tribunal de Alzada no amerita la anulación de la Sentencia, no siendo ese el espíritu de la Ley 025.
Con tales argumentos terminan solicitando se CASE el Auto de Vista recurrido y se confirme la Sentencia Nº052/2012.
En el caso que se analiza, los recurrentes no solo interpusieron recurso de casación en la forma sino también en el fondo aunque no realizan una clara diferenciación en los fundamentos de ambos recursos y concluyen solicitando como único petitorio que se CASE el Auto de Vista recurrido; sin embargo del contenido de dicho recurso se puede advertir que la mayor parte de los fundamentos corresponden al fondo.
En cuanto a la interposición del recurso de casación en el fondo contra una Resolución de Alzada anulatoria, los recurrentes no comprendieron la naturaleza del fallo y equivocaron el medio de impugnación deducido, toda vez que, como es lógico, contra una resolución que anula obrados no es posible interponer recurso de casación en el fondo, correspondiendo contra esa Resolución únicamente recurso de casación en la forma, destinado a que este Tribunal Supremo revise si los motivos que dieron lugar a la nulidad dispuesta son o no correctos. En el caso de Autos los recurrentes a través del recurso de casación en el fondo contra una resolución anulatoria, pretenden que éste Tribunal emita pronunciamiento de fondo sobre el litigio y se case el Auto de Vista, sin tomar en cuenta que el Tribunal de Alzada con la nulidad dispuesta no se ha pronunciado sobre el fondo de la controversia, resultando por ello imposible que este Tribunal Supremo ingrese a considerar el fondo del asunto y se pronuncie en el sentido como lo solicitan los recurrentes, razón por la cual el recurso de casación en el fondo deviene en improcedente.
Por otra parte, se advierte que los recurrentes realizan una marcada crítica al Tribunal Ad quem respecto a la decisión asumida de anular la Sentencia de primera instancia afirmando que dicha resolución se encuentra debidamente fundamentada no existiendo motivo para su anulación, argumentos que en todo caso podrían ser tomados en cuenta para el recurso de casación en la forma toda vez que están referidos a cuestionar esencialmente la Resolución de vista; sin embargo también se debe tener presente que el art. 17 parágrafo I y III de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial faculta al Tribunal de Casación revisar de oficio las actuaciones procesales, como también el art. 252 de Código de Procedimiento Civil, faculta decretar la nulidad cuando se encontraren infracciones que interesen al orden público.
En ese entendido diremos que la nulidad es la sanción por la cual el ordenamiento legal priva a un acto jurídico de sus efectos formales cuando en su emisión y/o ejecución no se han guardado las formas prescritas por ley; en lo que respecta a la nulidad de una Resolución, ésta se da por defectos formales en la estructura de la propia Resolución o por errores de procedimiento en la sustanciación de la causa que conlleva la afectación del debido proceso; en el caso presente, revisado el contenido del Auto de Vista recurrido, se evidencia que el Tribunal Ad quem basó su decisión de anular la Sentencia de primera instancia indicando que la acción reivindicatoria prevista en el art. 1453 del Código Civil requiere de la acreditación de tres elementos: el derecho propietario, que haya sufrido despojo y el despojante esté en posesión; con respecto al primer elemento indica que ambas partes son propietarios del mismo lote.
En cuanto a la desposesión, el Tribunal Ad quem concluye que la Sentencia no tiene motivación ni fundamentación, ya que el Juez A quo no habría fundamentado de cómo se habría operado esa eyección, si fue con violencia o sin ella, menos se precisa el tiempo exacto de ese despojo, aspectos que no guardaría relación con el inciso 2) del art. 192 del Código de Procedimiento Civil, afirmando además que existe incongruencia en dicha Resolución, derivando en la afectación del debido proceso y que según el art. 90 del mismo cuerpo legal sería causal de nulidad; esos aspectos extrañados por el Tribunal de Alzada en su mayor parte son observaciones que corresponden al fondo de la resolución y de la controversia como tal y no constituyen aspectos formales que sustenten o ameriten la anulación de la Sentencia; en todo caso si el Ad quem realizó observaciones de esa naturaleza al fallo de primera instancia, lo que correspondía era en función de una reevaluación de los medios de pruebas en segunda instancia, resolver la apelación conforme al art. 236 del Código de Procedimiento Civil emitiendo resolución sobre el fondo del asunto debidamente fundamentada y motivada, más no proceder a anular la Sentencia como se lo hizo, no siendo ese el espíritu del art. 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, sobre todo si se toma en cuenta que el presente proceso ya tiene como antecedente la nulidad decretada por dos veces consecutivas, aspecto que va en contra del Principio de Celeridad de la administración de justicia previsto en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado, art. 3 num. 7) y 30 num. 3) de la Ley del Órgano Judicial.
Por otra parte, corresponde hacer notar que los aspectos extrañados por el Tribunal de Alzad ay que fueron descritos anteriormente, no se encuentran previstos dentro de los alcances del art. 1453 del Código Civil como requisitos para la procedencia de la acción reivindicatoria; en todo caso esos aspectos son exigidos para el proceso Interdicto de Recobrar la Posesión que tiene por finalidad proteger simplemente la posesión cuyo procedimiento a seguir es distinto y que desde ningún punto de vista puede ser confundido con la acción reivindicatoria que busca la restitución del derecho de propiedad para su ejercicio pleno por su titular, entendida ésta según el art. 105 del Código Civil, como el poder jurídico que permite a su titular usar, gozar y disponer de ella como mejor le convenga a sus intereses dentro de los límites establecidos por ley, derecho de dominio que confiere automáticamente a su titular la posesión Civil o jus possidendi y la posesión natural o física o jus possesionem, esta última puede o no ser ejercida por su propietario sin que sea obligación demostrar esa situación para ejercer su derecho de propiedad; como también el titular puede reivindicarla de manos de un tercero y ejercer otras acciones en defensa de su propiedad, tal como se encuentra establecido en la referida norma sustantiva Civil.
Cuando el demandante de acción reivindicatoria (propietario) y el demandado (poseedor) alegan al mismo tiempo tener derecho de propiedad sobre el bien que se pretende reivindicar como ocurre en el caso presente, ya que durante la tramitación del proceso se ha establecido ese aspecto donde ambas partes cuentan con documentación que acredita que tienen derecho propietario debidamente registrado en Derechos Reales sobre el inmueble objeto de litis; ante esta situación indudablemente que la acción reivindicatoria adquiere una dimensión compleja (el Juez como director del proceso debería observar, a tiempo de establecer la relación procesal a efectos de una correcta integración y delimitación de las pretensiones); sin embargo si ese aspecto no ha sido observado por el Juez ni por las partes, ello no varía la naturaleza compleja de la acción de reivindicación que se tramita en esas circunstancias, en cuyo caso, si los hechos alegados y la prueba aportada así lo permiten, la decisión de la litis pasa necesariamente por realizar previamente una ponderación del derecho propietario de ambas partes litigantes; en otras palabras el Juez debe realizar un análisis del derecho de propiedad que alegan los contendientes, siguiendo para ello los criterios establecidos en la ley, aspecto que en el caso presente (implícitamente) lo realizó el Juez A quo al momento de dictar la Sentencia de primera instancia, razonamiento que el Tribunal de Alzada puede o no compartir, pero en todo caso deberá emitir una Resolución de fondo en uno u otro sentido, con la debida fundamentación,.
No olvidemos que en la actualidad rige el Principio de Verdad Material previsto en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado y art. 30 num. 11) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, respecto al cual, el Tribunal Constitucional ha desarrollado Jurisprudencia en la SC. 1905/2010 de 25 de octubre estableciendo lo siguiente: “…el juzgador está obligado a observar los hechos tal como se presentaron y a analizarlos dentro de los acontecimientos en los cuales encuentran explicación o que los generaron; de ello, se infiere que la labor de cumplimiento de este principio, refiere a un análisis de los hechos ocurridos en la realidad, anteponiendo la verdad de los mismos antes que cualquier situación, aunque obviamente, sin eliminar aquellas formas procesales establecidas por la ley, que tienen por finalidad resguardar derechos y garantías constitucionales”. A su vez en la SC. 0713/2010 de 26 de julio, indicó: “El ajustarse a la verdad material, genera la primacía de la realidad de los hechos sobre la aparente verdad que pueda emerger de los documentos; aplicando este principio, debe prevalecer la verificación y el conocimiento de éstos, sobre el conocimiento de las formas. En ese contexto, el régimen de nulidades, estará subordinado únicamente a la violación de derechos y garantías constitucionales; y en consecuencia, la inobservancia de las formalidades que no vulneren derechos o garantías constitucionales, tendrá menos relevancia que justifique una declaratoria de nulidad al momento de realizar el trabajo de valoración de la actividad procesal que adolezca de algún defecto formal…”.
En observancia de los principios de Economía Procesal, Concentración y Celeridad, los Tribunales de primera y segunda instancia están en el deber de velar por la solución de los conflictos emitiendo Resoluciones eficaces que otorguen a las partes la debida seguridad jurídica, de modo que sus decisiones sean ejecutables y sobre todo resuelvan en su verdadera dimensión el conflicto que atañe a las partes poniendo fin al mismo sin dar lugar a que se generen o proliferen otros problemas.
De lo manifestado se establece que el Tribunal de Alzada, anuló la Sentencia sobre la base de consideraciones que hacen a una crítica de fondo de dicho fallo, sin pronunciarse respecto al recurso de apelación que abrió su competencia, infringiendo de esta manera el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.
Por lo anteriormente señalado y en sujeción al art. 252 del Código de Procedimiento Civil, corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271 num. 3) y 275 del Código adjetivo de la materia.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el Art. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº SCI-293/2012 de 23 de octubre de 2012 cursante de fs. 496 a 497 y vlta. pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca y dispone que el Tribunal de Alzada sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva Resolución debidamente fundamentada y motivada resolviendo el recurso de apelación de fs. 464-471 en sujeción a lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.
En cumplimiento a lo previsto en el art. 17 parágrafos IV de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, hágase conocer la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes.

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