Source: https://es.southcentre.int/south-bulletin-83-12-de-febrero-de-2015/
Timestamp: 2018-01-22 10:03:58+00:00

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The South Centre • South Unity, South Progress | South Bulletin 83 (12 feb. 2015)
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South Bulletin 83 (12 feb. 2015)
Muchos países afrontan situaciones de endeudamiento cada vez más difíciles y si emprenden una reestructuración de la deuda podrían encontrarse con los mismos problemas que enfrentó la Argentina recientemente con los fondos buitre.
Este número del South Bulletin se centra principalmente en la batalla contra los fondos buitre y en los efectos de estos fondos en los países en desarrollo y en la estabilidad financiera mundial.
Artículos del South Bulletin 83 disponibles en español:
Muchos países que afrontan situaciones de endeudamiento cada vez más difíciles sienten la necesidad urgente de poner coto a las actividades de los fondos buitre y de establecer un mecanismo mundial de reestructuración de la deuda.Las resoluciones adoptadas hace poco por el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas constituyen un paso adelante en el proceso, pero se viene encima una dura batalla.
Reaparece el espectro de la deuda externa.La desaceleración económica mundial, la caída de los precios de los productos básicos y la disminución del turismo han provocado una reducción de los ingresos provenientes de las exportaciones y de las reservas de divisas en los países en desarrollo.
Ningún país quisiera tener que pedirle ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar el impagopues esto traería consigo años de austeridad, elevados índices de desempleo, recortes en los gastos para el desarrollo social y a la postre, no solucionaría el problema.
No solo podría aumentar el volumen de la deuda,sino que podría haber bajo crecimiento, recesión e inestabilidad política y social.Muchos países africanos y latinoamericanos ya han hecho frente a estos problemas en el pasado y varios países europeos los enfrentan actualmente.
En vista de que el marco actual no permite llegar a una solución, algunos países optan por reestructurar sus deudas.Sin embargo, al no haber un sistema internacional para una renegociación ordenada de la deuda, los países deben emprender esta reestructuración por su cuenta.
Los resultados suelen ser desastrosos, pues esto genera la desconfianza de los mercados y los países deben afrontan la ira de los acreedores, peropuede que los países prefieran tragarse esa píldora que afrontar años o decenios de inestabilidad económica y política interna.
Es el caso de la Argentina, cuya deuda pública llegó a ser de un 166% del producto interno bruto (PIB) en 2002. Tras muchos años de declive económico y de inestabilidad política, y cuando era evidente que la deuda no se podía pagar, el país cayó en suspensión de pagos en 2001.
En 2003 el presidente Néstor Kirchner comenzó a negociar una reestructuración de la deuda con sus acreedores.La Argentina efectuó operaciones de conversión de la deuda en 2005 y en 2010 y reestructuró su deuda con el 93% de sus acreedores, quienes aceptaron recibir cerca de un tercio de su valor.
En cambio un 7%, los acreedores inflexibles o holdouts, rechazaron participar en el proceso de reestructuración.Lo que es peor, algunos fondos de alto riesgo influyentes (equivalentes solo al 1% de los acreedores) que compraron parte de la deuda en el mercado secundario por un valor mucho menor, recurrieron a los tribunales de Nueva York (en donde fueron contraídos los préstamos originales) para intentar obtener la totalidad del valor.
Como los buitres, sobrevuelan en círculos los cuerpos agonizantes o los cadáveres y luego bajan en picada y se abalanzan sobre ellos para darse un festín.Solo que en este caso los cuerpos son países; pedirles que expriman aún más sus secas economías para pagar a los fondos buitre es pedirles lo imposible.
Peor aún, decretó que la Argentina no podrá seguir pagando al 93% de los acreedores que aceptaron una fuerte quita si al mismo tiempo no salda la totalidad de la deuda con los fondos buitre.El juez de Nueva York basó su decisión en una cláusula de tratamiento igualitario entre acreedores.
Los fondos buitre no tienen reparo en dejar a la Argentina en cueros. Se calcula que el fondo principal, NML Capital, obtendría un beneficio del 1.600%.
La presidenta de la Argentina, Cristina Kirchner, se negó a doblegarse ante estos fondos.Si lo hace, el país tendría que pagarles también a todos los acreedores el valor total; es decir, 1.200 millones de dólares, lo cual es imposible.
Este giro imprevisto de los acontecimientos ha causado indignación entre los grupos de interés público y ha suscitado la ira de los gobiernos de los países en desarrollo.Durante la Cumbre Extraordinaria del Grupo de los 77 celebrada en junio en Bolivia, estos países criticaron los fondos buitre y pidieron la creación de un mecanismo adecuado de reestructuración de la deuda.
A los ministerios de Finanzas de los países desarrollados también les concierne esta cuestión.Después de todo, países como Grecia tuvieron que recurrir hace algunos años a una reestructuración de la deuda en la que los acreedores privados aceptaron una quita.
Aceptar la decisión del Tribunal es sentar un precedente que haría imposible para cualquier país reestructurar su deuda, pues los fondos buitre atacarían con nuevos bríos y sobra decir, otros inversores imitarían el comportamiento de este tipo de fondos ya que es una forma fácil de ganar mucho dinero.
Martin Wolf, influyente columnista del Financial Times, ha apoyado a la Argentina en su lucha contra los fondos buitre e incluso llegó a decir que es injusto comparar a los acreedores inflexibles con buitres, pues los buitres de verdad al menos desempeñan una tarea valiosa.
El Grupo de los 77, en representación de los países en desarrollo, logró promover una resolución en la Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) mediante la que se reconoce que los esfuerzos de un Estado por reestructurar su deuda soberana no deben verse obstaculizados por los fondos de alto riesgo que buscan beneficiarse adquiriendo deuda de Estados altamente endeudados.
Con 124 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones, la Asamblea General también decidió crear un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana para finales de 2014, a fin de aumentar la estabilidad del sistema financiero internacional.
En septiembre de 2014 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó otra resolución impulsada por la Argentina y otros países en la que condena las actividades de los fondos buitre y solicita la elaboración de un informe sobre las repercusiones de los fondos buitre en los derechos humanos.
El hecho de que las Naciones Unidas, órgano universal en el que los países en desarrollo tienen mayor voz en la toma de decisiones, sean el centro de los debates sobre la deuda, es positivo.
Observaciones sobre el último informe de cambio climático del IPCC
El Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), conocido como «Informe de síntesis», indica que, si continúan las tendencias actuales relativas al cambio climático y a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el mundo estará condenado a un futuro nefasto y sin embargo, aún no presenta soluciones concretas significativas.
Imagine que la contaminación progresiva del planeta llegue a tal punto, que este ya no pueda absorber más sustancias contaminantes sin que se desencadenen toda clase de desastres naturales.
Imagine que aún no hayamos encontrado soluciones concretas para disminuir las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) o para prevenir la catástrofe que se avecina.
Este nefasto futuro quedó claramente patente durante la reunión que tuvo lugar en Copenhague en octubre de 2014 con el objeto de finalizar el último informe del IPCC sobre el cambio climático.
El IPCC elabora los informes más completos sobre el cambio climático. Más de mil científicos trabajaron juntos en la elaboración de tres extensos informes sobre la ciencia, la adaptación y la mitigación del cambio climático.
Posteriormente, durante la reunión en Copenhague, se terminó de elaborar el «Informe de síntesis», gracias a cientos de representantes gubernamentales que, junto a los autores del informe, analizaron, debatieron y, finalmente, aprobaron el «Resumen para responsables de políticas».
El informe de síntesis y su resumen para los responsables de políticas son lecturas interesantes,ya que presentan información sobre el daño que el cambio climático ya ha ocasionado al planeta, así como sobre los numerosos estragos que provocará.
No obstante, es necesario realizar una lectura profunda para captar los resultados científicos más interesantes.Según el informe, entre 1750 y 2011, el total de emisiones antropógenas —es decir, las provocadas por la actividad humana— acumuladas de dióxido de carbono equivalente (CO2 eq) concentradas en la atmósfera ascendía 2040 gigatoneladas de CO2 eq (una gigatonelada o Gt, equivale a mil millones de toneladas).
Alrededor del 40% de dichas emisiones (880 Gt de CO2 eq) continúan en la atmósfera. El resto han sido absorbidas por la tierra (en la vegetación y el suelo) o el océano,que ha acumulado el 30% de las emisiones de CO2 eq, lo que ha ocasionado su acidificación.
Durante los últimos decenios, las emisiones han seguido aumentando y, en 2010, ya alcanzaban las 49 Gt de CO2 eq.
Para poder mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2° C (con relación al periodo entre 1861 y 1880), con un grado de probabilidad superior al 66%, el total de emisiones de CO2 eq producidas desde 1870 debe permanecer por debajo de las 2900 Gt de CO2 eq.Sin embargo, en 2011, ya se habían emitido alrededor de 1900 Gt de CO2 eq.
Si hacemos el cálculo basándonos en las cifras presentadas anteriormente, los resultados son inquietantes:
si el total de emisiones producidas desde 1870 hasta el presente y en el futuro debe mantenerse en 2900 Gt, teniendo en cuenta que ya se han emitido 1900 Gt, entonces de aquí en adelante solo queda «espacio» para una emisión de 1000 Gt de CO2 eq.
No obstante, según el informe del IPCC, en 2011, la emisión de CO2 eq era de 49 Gt.
Por lo tanto, si el ritmo actual de emisiones continúa, dentro de los próximos 20 a 25 años la capacidad de la Tierra para absorber los gases (sin superar el límite del aumento de la temperatura global de 2°C) se habrá agotado.
Incluso en el supuesto de que no superara los 2 °C, el aumento de la temperatura global provocaría daños graves y de gran alcance y un incremento de los fenómenos meteorológicos extremos.Si se produjera un aumento de la temperatura de 3 C, por ejemplo, los resultados serían catastróficos.
Si bien el informe de síntesis del IPCC contiene una gran cantidad de datos científicos y presenta escenarios elaborados con modelos de computadora, no desarrolla lo suficiente las maneras en que se podrían alcanzar soluciones a nivel mundial.
A pesar de que el informe proporciona una evaluación sobre la tecnología y los cambios físicos necesarios para reducir las emisiones en varios sectores, así como estimaciones sobre los costos económicos de las actividades de mitigación,
carece de propuestas concretas sobre el tipo de acuerdo internacional que sería necesario para que tanto los países desarrollados como los países en desarrollo comiencen a tomar medidas serias.
Hace mucho tiempo que, en el marco de las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), los países en desarrollo plantean la necesidad de apoyo financiero y tecnológico para poder aplicar políticas que les permitan adaptar su crecimiento económico a un modelo ambientalmente sostenible.
Las medidas que estos países tomen en relación con el clima deben poder conjugarse con su continuo desarrollo, y no ser aplicadas a expensas del mismo.
El informe de síntesis apenas aborda los puntos claves relativos a la necesidad de prestar apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo.De hecho, algunos países desarrollados intentaron suprimir el concepto de «transferencia de tecnología» del resumen del informe,lo que significó una larga pelea por parte de varios países en desarrollo para evitarlo.
El conflicto entre el Sur y el Norte se tornó aún más evidente en uno de los grupos de trabajo que debían diseñar un cuadro en el informe con los mensajes más importantes que el IPCC debía presentar ante la CMNUCC y sus negociadores.
El proyecto elaborado por los autores del informe del IPCC contenía una gran variedad de datos y medidas de mitigación; sin embargo, los representantes de los países en desarrollo se quejaron de la ausencia casi total de medidas sobre desarrollo sostenible, apoyo financiero y tecnológico, y adaptación a los efectos del cambio climático.
Después de días de debate, los científicos finalmente acordaron incluir un párrafo sobre el desarrollo sostenible y unas líneas sobre financiación, transferencia de tecnología y adaptación.
Sin embargo, cuando el nuevo proyecto fue analizado en la plenaria, cuya clausura tuvo que ser aplazada por un día completo, una gran cantidad de países desarrollados lo rechazaron.
En consecuencia, en el informe final del IPCC falta lo que debería haber sido su mensaje principal: el cuadro sobre las constataciones pertinentes del Grupo para la CMNUCC.
Mi conclusión es que, si bien la ciencia en el área del cambio climático ha progresado al mostrar los motivos por los que debemos tomar medidas, aún queda mucho por hacer para que podamos alcanzar un acuerdo, como una comunidad de naciones y pueblos, a fin de emprender las iniciativas necesarias.
El largo historial de prácticas abusivas de los fondos buitre contra los países en desarrollo
Los fondos buitre tienen un largo historial de prácticas abusivas en contra de los países en desarrollo, entre los que se encuentran algunos países pobres muy endeudados, principalmente en África.
La atención del mundo se concentró en las prácticas de los fondos buitre después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos confirmara el fallo formulado en un tribunal inferior relativo al caso NML Capital contra Argentina, que prohíbe a la Argentina efectuar los pagos de su deuda reestructurada.
La Argentina cayó en el impago de la deuda en 2001 y realizó dos rondas de negociación para reestructurarla en 2005 y 2010. En junio de 2014, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ordenó a la Argentina que pagara a los fondos buitre que se habían resistido y rechazado las condiciones de la conversión de la deuda. Los fondos buitre se resistieron a aceptar la reestructuración para obtener un rendimiento del 1600 % de su inversión original. Mientras que en 2008 estos fondos adquirieron deuda argentina por un valor de 48 millones de dólares de los Estados Unidos, la resolución del Tribunal obliga al país a pagarles 832 millones de dólares.
El premio nobel de economía, Joseph Stiglitz, señaló que esta fue la primera vez en la historia que un país estaba dispuesto y en condiciones de pagar a sus acreedores, pero no pudo hacerlo a causa de la decisión de un juez.
A pesar de que este caso atrajo la atención de la opinión pública sobre el término «fondos buitre», las prácticas abusivas de estas entidades no comenzaron con la Argentina.
Según el antiguo Experto independiente de las Naciones Unidas sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras conexas de los Estados para el pleno goce de los derechos humanos sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales (Experto independiente de las Naciones Unidas), el término [«fondos buitre»] se utiliza para «describir a las entidades comerciales privadas que adquieren deuda impagada o morosa ya sea mediante compra, asignación, u otra forma de de transacción, y en ocasiones sentencias reales de los tribunales, con el objetivo de obtener una elevada rentabilidad».
El Banco Africano de Desarrollo (BAfD) considera que los fondos buitre son «entidades que adquieren deuda impaga en los mercados secundarios por un precio que se encuentra muy por debajo de su valor nominal para luego obtener el monto total del rendimiento, muy a menudo, mediante procedimientos judiciales».
Básicamente, los fondos buitre son fondos de alto riesgo cuyo modus operandi se centra en tres pasos principales: 1) la compra de deuda en dificultades en el mercado secundario por un precio altamente inferior al valor nominal del bono; 2) la negativa a participar en acuerdos de reestructuración con el Estado endeudado; y 3) la lucha por obtener el valor total de la deuda, generalmente su valor nominal más los intereses, atrasos y multas, a través de litigios, la incautación de los bienes, o sanciones.
Muchos países en desarrollo, especialmente de África y América Latina, han sufrido las prácticas abusivas de estos fondos.
Según el BAfD, desde 1999, por lo menos 20 países pobres muy endeudados (PPME) han sido amenazados con acciones legales o se han visto involucrados en ellas, por parte de acreedores privados y fondos buitre. Entre estos países se encuentranSierra Leona, Côte d’Ivoire y Burkina Faso; así como Angola, el Camerún, el Congo, Etiopía, Liberia, Madagascar, Mozambique, el Níger, la República Democrática del Congo, la República Unida de Tanzanía, Santo Tomé y Príncipe y Uganda.
En un caso contra Zambia, un fondo buitre que había comprado títulos de deuda de 3 millones de dólares, demandó al país por 55 millones y obtuvo 15,5 millones.
Otros países que han sido víctimas de los fondos buitre son Nicaragua y el Perú.
En el año 2000, el Perú fue el blanco de NML Capital, el mismo fondo buitre que recientemente inició el caso contra la Argentina en los tribunales de los Estados Unidos. El antiguo Experto independiente de las Naciones Unidas indicó que NML capital ganó el caso contra el Perú en el año 2000 y ganó un monto altamente superior al que el Fondo había pagado por la deuda en dificultades. Según la prensa, el fondo pasó casi cuatro años en los tribunales para obtener la resolución que obligó al Perú a pagar casi 56 millones de dólares por la deuda en dificultades que el fondo había comprado inicialmente por un valor de 11,8 millones.
Cabe destacar que algunas organizaciones europeas de la sociedad civil han señalado que los fondos buitre han amenazado con demandar al Gobierno griego. Según un informe publicado en 2014, los acreedores que se resistieron y rechazaron la reestructuración de la deuda propuesta por Grecia, retuvieron aproximadamente 4.600 millones de euros en concepto de bonos de la deuda griega. Estaban listos para pelear por su porcentaje de ganancia y Grecia, temiendo la batalla judicial y sin un gobierno electo, pagó el monto.
Según el BAfD, hasta el año 2007, unas 25 sentencias a favor de los fondos buitre habían generado casi 1.000 millones de dólares, de los que el 72 % fueron acumulados por sentencias dictadas en contra de alguno de los miembros del BAfD. El número de casos pendientes contra los países deudores se ha duplicado desde 2004.
Según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre 1998 y 2008 se iniciaron 54 casos judiciales contra 12 PPME. El FMI estima que en algunos casos las reclamaciones de los fondos buitre constituyen entre el 12 % y el 13 % del producto interno bruto (PIB) del país. Según el Banco Mundial, cerca de un tercio de los países que cumplen los requisitos para beneficiarse de programas de alivio de la pobreza y de alivio de la deuda, están en la mira de los casi 26 fondos buitre.
En 2013, el United States Institute for Peace indicó en un informe: «se estima que existen 22 fondos buitre que esperan pagos por un valor total de 1.300 millones de dólares estadounidenses y, por lo tanto, agotan recursos esenciales y socavan las perspectivas de desarrollo económico».
Cuando se desempeñaba como Experto independiente de las Naciones Unidas entre 2008 y 2014, Cephas Lumina señaló los intentos de varias jurisdicciones nacionales de adoptar una legislación con el objetivo de evitar que los fondos buitre pudieran interponer las demandas excesivas contra los países muy endeudados antes sus tribunales nacionales. Estos casos incluyen la Isla de Jersey, el Reino Unido y Bélgica.
Cabe mencionar que un proyecto de ley similar, llamado Stop the Vulture Funds Act (H.R. 2932) (ley para detener a los fondos buitre), fue presentada al Congreso de los Estados Unidos en 2009. El principal objetivo de este proyecto de ley es evitar que los fondos buitre obtengan ganancias excesivas a costa de los países pobres.
Varias autoridades internacionales e instituciones multilaterales han expresado su preocupación por la magnitud de la amenaza que representa este tipo de prácticas abusivas de los fondos buitre y sus implicaciones sistémicas.
Cephas Lumina advirtió que los fondos buitre son capaces de paralizar la reestructuración de la deuda de los países muy endeudados.
Asimismo, el BAfD advirtió que al impedir el alivio de la deuda, y a causa del costo millonario de los gastos legales, estos fondos buitre socavan el desarrollo de los países miembros regionales más vulnerables.
En junio de 2014, los Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los 77 y China, en el comunicado emitido con motivo de la cumbre titulada «Por un nuevo orden mundial para Vivir Bien», celebrada en Santa Cruz de la Sierra (Estado Plurinacional de Bolivia), reiteraron la importancia de no permitir que los fondos buitre paralicen las iniciativas de reestructuración de la deuda de los países en desarrollo ni priven a los Estados de su derecho a proteger a su pueblo conforme al derecho internacional.
El FMI había advertido que mantener la decisión contra la Argentina perjudicaría los futuros intentos de reestructuración de deuda soberana. En 2013, el FMI declaró que si se confirma la resolución del Tribunal de Apelaciones, puede que se dé a los acreedores inflexibles o holdouts mayor influencia en estos casos y se haga más complicado el proceso de reestructuración de la deuda.
En 2012, Los Estado Unidos presentaron observaciones en calidad de amicus curiae (amigo del tribunal) ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos en apoyo a la petición de la Argentina en el caso contra NML Capital. Los Estados Unidos señalaron que la interpretación del panel sobre la cláusula pari passu, en la que se basa la decisión de impedir que la Argentina realice los pagos de la reestructuración de la deuda hasta que haya pagado a los fondos buitre, es incorrecta y contraria a los intereses políticos de los Estados Unidos, y que puede dañar las relaciones exteriores del país. Esta cláusula está incluida en las condiciones contractuales de la mayoría de los bonos soberanos. Tradicionalmente, la cláusula se ha entendido en un sentido estricto, solo en relación a la prioridad legal y a fin de evitar que el deudor subordine de manera legal los bonos en cuestión a otra deuda. En este sentido se interpreta que el reembolso selectivo de la deuda no viola la cláusula pari passu, incluso si este el resultado de una política soberana. En el caso NML contra Argentina, los tribunales estadounidenses adoptaron una interpretación más amplia de esta cláusula. Según las observaciones en calidad de amicus curiae, los Estados Unidos declararon que esa interpretación «va en contra de las iniciativas puestas en marcha desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos a fin de promover la reestructuración ordenada de la deuda soberana».
En 2007, los ministros de Finanzas de los países miembros del Grupo de los Ocho (G8) expresaron su preocupación por las acciones de algunos acreedores litigantes contra los PPME, y decidieron trabajar en conjunto para identificar las medidas necesarias para hacer frente a este problema, basándose en el trabajo del Club de París. Ese mismo año, los expertos de la deuda del Grupo de los 7 (G7) invitaron al FMI y al Banco Mundial a una reunión presidida por el Secretario General del Club de París para discutir las repercusiones de los fondos buitre en el alivio de la deuda y en las medidas que podrían emplearse para minimizar los efectos adversos sobre el desarrollo económico de los PPME.
Según una declaración reciente de más de 100 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo (junio de 2014), «las acciones de los fondos buitre representan una de las muchas manifestaciones de la injusticia inherente al sistema financiero internacional».Asimismo, expresaron la necesidad de una «acción colectiva urgente para lograr que todos los Estados, y en particular los Estados Unidos y otras jurisdicciones donde se han presentado reclamaciones similares, promulguen leyes que restrinjan las prácticas abusivas de estos fondos; garantizar que los Estados deudores puedan implementar garantías procesales que limiten la capacidad de las jurisdicciones extranjeras para perjudicar el pleno disfrute de los derechos humanos; y crear un mecanismo internacional neutral e independiente, diseñado para resolver las controversias relativas a la reestructuración de la deuda soberana, con base en la obligación de los Estados de respetar, proteger y hacer respetar los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional».
En septiembre de 2014, la Argentina presentó una resolución sobre las actividades de los fondos buitre y las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de los derechos humanos, en particular, los derechos económicos sociales y culturales. Dicha resolución fue adoptada en el marco del 27º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, llevado a cabo en Ginebra.
Cabe destacar que, en junio de 2014, durante el 26° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, se había adoptado por voto una resolución titulada «Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos» (A/HRC/26/L.22). Esta resolución pone en marcha un proceso de negociaciones con el objetivo de crear un instrumento jurídico vinculante a nivel internacional sobre las empresas transnacionales y su responsabilidad con respecto a los derechos humanos.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condena las prácticas de los fondos buitre
Durante el 27º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se adoptó una resolución en la que este organismo condena las prácticas de los fondos buitre.Este año comienza el trabajo de seguimiento sobre la aplicación de la resolución, para lo cual
el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos comenzará a preparar un informe basado en investigaciones sobre las prácticas de los fondos buitre y sus repercusiones en los derechos humanos.A este fin, el Comité Asesor intentará recabar opiniones e información de diversas fuentes como los Estados Miembros, los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales (ONG).
En este artículo se examina el contenido de la resolución y las posiciones de determinados Estados Miembros en el proceso de votación que tuvo lugar para su adopción.
Durante el 27º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue adoptada por votación una resolución en la que este organismo condena las prácticas de los fondos buitre.Lo que motivó su adopción fueron los efectos negativos directos que el reembolso de la deuda a estos fondos, en condiciones abusivas, tiene sobre la capacidad de los gobiernos de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y en particular, los derechos económicos, sociales, culturales y el derecho al desarrollo de sus poblaciones.
La resolución, cuyo título oficial es «Consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales:las actividades de los fondos buitre» (A/HRC/27/L.26) fue presentada por la Argentina junto con Argelia, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Cuba, el Pakistán, la Federación de Rusia, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de) y contó con el respaldo de un amplio grupo de más de 80 países.
En la votación sobre la resolución del Consejo de Derechos Humanos hubo 33 votos a favor, 9 abstenciones y 5 votos en contra.
La resolución se centra en los efectos de las prácticas de los fondos buitre que, mediante litigios u otros medios, «obligan a los países endeudados a desviar recursos financieros ahorrados con la cancelación de la deuda y […] socavan la capacidad de los gobiernos de garantizar el disfrute pleno de los derechos humanos de su población».
Durante mucho tiempo los fondos buitre se han dedicado a adquirir deuda soberana incumplida a precios sumamente reducidos para luego reclamar el reembolso del valor total de la deuda mediante litigios, embargo de bienes o presiones políticas.
El carácter voluntario de los planes internacionales de alivio de la deuda y la falta de un marco jurídico sólido para una reestructuración ordenada y previsible de la deuda soberana, favorecen estas prácticas abusivas.
En la resolución se reafirma que las prácticas de los fondos buitre resaltan algunos de los problemas del sistema financiero mundial y son una muestra del carácter injusto del sistema actual.Asimismo, se «exhorta a los Estados a que consideren la posibilidad de aplicar marcos jurídicos para poner coto a las actividades predatorias de los fondos buitre dentro de sus jurisdicciones».
También se «alienta a todos los Estados a participar en las negociaciones encaminadas a establecer un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana a que se hace referencia en la resolución 68/304 de la Asamblea General».
[El 9 de septiembre de 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 68/304 en la que decide «elaborar […] un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana» (A/68/L.57/Rev.1). La resolución, presentada por el Grupo de los 77 y China, fue adoptada con una mayoría de 124 votos (11 Estados Miembros de las Naciones Unidas se opusieron y 41 se abstuvieron).Casi todos los países en desarrollo votaron a favor, entre ellos el Brasil, China y la India, mientrasque la mayoría de los países europeos, entre ellos Francia, Grecia, España e Italia se abstuvieron].
En la resolución se solicita asimismo al Comité Asesor que prepare un informe basado en investigaciones sobre las actividades de los fondos buitre y sus repercusiones en los derechos humanos y que presente al Consejo en su 31º período de sesiones, un informe sobre la marcha de los trabajos de esa investigación. Al preparar el informe, el Comité Asesor intentará recabar opiniones e información de diversas fuentes como los Estados Miembros, los organismos de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y regionales competentes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los procedimientos especiales pertinentes, incluido el Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales (en adelante, el Experto independiente de las Naciones Unidas) así como de instituciones de derechos humanos y ONG nacionales.
Durante la presentación de la resolución, el canciller de la Argentina, Héctor Timerman, señaló que la cuestión de la deuda externa y sus consecuencias en el pleno disfrute de los derechos humanos ha estado en la agenda de varios organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas durante más de veinte años.Desde los años noventa, la Comisión de Derechos Humanos y posteriormente, el Consejo de Derechos Humanos, han destacado en numerosas decisiones y resoluciones el problema que representa la carga de la deuda externa para el pleno goce de los derechos humanos sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales.El canciller Timerman añadió que el anterior Experto independiente de Naciones Unidas, Cephas Lumina, se refirió a las prácticas de los fondos buitre como aquellas que logran desviar de los recursos financieros ahorrados con la cancelación de la deuda y por lo tanto, menoscaban la capacidad de los gobiernos de garantizar el disfrute pleno de los derechos humanos de su población.
El canciller destacó asimismo que en África, la acción de los fondos buitre puso en peligro o anuló la capacidad de los Estados de llevar a cabo sus programas de desarrollo y eliminación de la pobreza.Los fondos buitre «dedican parte de sus cuantiosas ganancias a construir espacios para proteger su despreciable conducta», afirmó.
Indicó además que actualmente hay dos bandos definidos: los gobiernos de los países preocupados por la defensa de los derechos humanos de sus habitantes; por un lado, y los fondos buitre, por el otro.Es en este contexto en el que, a su juicio, debe leerse la resolución. La resolución, dijo, no es un enfrentamiento entre naciones ni una crítica a un sistema político o económicoy citó al papa Francisco, quien señaló la importancia de una reforma financiera en donde la ética reencuentre su espacio en las finanzas y los mercados se pongan al servicio de los intereses de los pueblos y del bien común de la humanidad.El cancillerTimerman se refirió a la resolución como una resolución a favor de la paz y de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos y evocó las palabras del papa Francisco cuando destacó la urgencia de que los gobiernos de todo el mundo se comprometan a desarrollar un cuadro internacional capaz de promover el mercado de inversión de alto impacto social, de modo que se contraste la economía de la exclusión y del descarte.
El canciller Timerman también recordó al Consejo de Derechos Humanos que no son solo los países en desarrollo los que han puesto de relieve la amenaza que representan los fondos buitre.Ya en el año 2002, dijo el canciller, el entonces ministro de Finanzas del Reino Unido y luego primer ministro, Gordon Brown, se refirió a la gravedad del problema en una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidase hizo hincapié en la inmoralidad de los fondos buitre «señalando que cada vez que un país tiene que defenderse en un caso legal debe desviar una cantidad considerable de tiempo, atención y recursos que necesita dedicar a la reducción de la pobreza, a la salud y a la educación, y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para terminar con esta práctica vergonzosa».
El canciller argentino se refirió además a la Resolución (A/68/L.57/Rev.1) titulada «Hacia el establecimiento de un marco legal multilateral para procesos de reestructuración de la deuda soberana» presentada por el Grupo de los 77 y China a la Asamblea General de Naciones Unidas y adoptada el 9 de septiembre de 2014.
[La resolución fue adoptada con una mayoría de 124 votos a favor; 11 Estados Miembros de las Naciones Unidas en contra; y 41 abstenciones.Casi todos los países en desarrollo votaron a favor, entre ellos el Brasil, China y la India, mientrasque la mayoría de los países europeos, entre ellos Francia, Grecia, España e Italia se abstuvieron].
La aprobación de esta resolución sobre un marco legal multilateral para procesos de reestructuración de la deuda soberana, señaló el canciller, es de alguna manera la reacción del mundo en desarrollo ante el caso argentino.
No contentos con impedir el acceso al crédito, los fondos buitre atentan ahora contra una reestructuración de deuda exitosa, explicó.Su mensaje es claro, añadió:los fondos buitre quieren que la Argentina pague el 1.600% de ganancia que pretenden o no van a permitir que el país se vuelva a levantar.
El canciller Timerman advirtió de que existe un vacío legal en materia de reestructuración de la deuda que deja a los Estados soberanos vulnerables frente a los abusos de agentes especuladores.Según él, la resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas «representa un cambio fundamental en las discusiones sobre reestructuración de deuda, pues ha decidido adoptar […] un marco legal multilateral que establezca reglas eficaces y transparentes para alcanzar procesos de reestructuración de deuda soberana, ordenados y previsibles».
En relación con el contenido de la resolución presentada al Consejo de Derechos Humanos, el canciller argentino explicó que está basado en el lenguaje adoptado en resoluciones previas y que simplemente las actualiza.
Afirmó igualmente que la Argentina sabe que los países que respaldaron la adopción de la resolución no tuvieron como única motivación su amistad con la Argentina sino que los impulsa, fundamentalmente, la firme convicción de que detrás de la especulación desenfrenada, de los contubernios financieros, de la complicidad en la codicia, se esconde el fantasma inexorable de la deuda.
Los miles de millones que los fondos buitre se llevan del Sur empobrecido, dijo el canciller, se traduce en el cierre de escuelas, hospitales vaciados de medicamentos, miseria, inestabilidad política, odio, violencia y caída de gobiernos.«Tenemos la certeza de que los fondos buitre no van a parar hasta que nosotros le pongamos un freno» advirtió a los miembros del Consejo de Derechos Humanos.
El canciller argentino también le recordó al Consejo de Derechos Humanos que durante los años de dictadura militar en su país, «se acompañó a las víctimas, se las acogió y se les dio un micrófono para que puedan denunciar las atrocidades de la dictadura militar».Por último, dijo que su gobierno representa a aquellas víctimas y ha venido a denunciar que los fondos buitre son también los herederos de aquella dictadura militar.
En su intervención en apoyo de la resolución, el representante de Argelia afirmó que esta refleja tanto en su espíritu como en su letra las recomendaciones del antiguo Experto independiente y en particular, sus recomendaciones sobre los fondos buitre.Dijo además que los informes del Experto independiente revelaron los efectos negativos de los fondos buitre sobre las medidas tomadas por la comunidad internacional para el alivio de la deuda, y sus efectos desestabilizadores sobre las economías víctimas de los fondos buitre.El representante argelino destacó asimismo que el actual sistema financiero internacional es inadecuado y debe ser objeto de reforma, y que la deuda tiene graves consecuencias sobre los países en desarrollo y el desarrollo de estos países.También hizo énfasis en la necesidad de elucidar objetivamente las prácticas de los fondos buitre y sus efectos sobre el derecho al desarrollo.El representante de Argelia pidió la aprobación por consenso de la resolución.
La representante de Cuba señaló que la resolución trae ante el Consejo de Derechos Humanos un tema de vital importancia para los países en desarrollo.Como país promotor de la resolución, Cuba reconoció la relevancia de las acciones del Consejo en la materia y la necesidad cada vez más imperiosa de crear un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana.«Las acciones de estos fondos son una nueva forma de agresión contra las naciones del Sur, que se alimenta de las condiciones económicas generadas por el endeudamiento externo y las crisis del capitalismo», afirmó la representante cubana.Más de 20 países han sido víctimas de este tipo de accionesdirigidas básicamente contra gobiernos progresistas, que defienden su soberanía, como se reveló en la reciente Cumbre del Grupo de los 77 y China, celebrada en Bolivia, afirmó.Por último, la representante de Cuba reiteró la importancia de defender el derecho de las naciones del Sur al desarrollo sostenible y a un orden económico internacional justo.
El representante del Brasil destacó el convencimiento de su país de que una menor carga de la deuda y una mayor capacidad contributiva favorecen las condiciones necesarias para la realización de los derechos humanos y en particular, los derechos económicos, sociales y culturales.El representante brasileño reiteró su apoyo a las iniciativas bilaterales e internacionales necesarias para evitar que la carga de la deuda de los países endeudados constituya un impedimento para su crecimiento económico, la inclusión social y la erradicación de la pobreza.La comunidad internacional, afirmó, necesita entender y atender mejor las incertidumbres legales y jurídicas y las repercusiones sociales y económicas negativas que pueda traer consigo la falta de un mecanismo predecible para la reestructuración de la deuda.Según el representante del Brasil, la resolución es un paso adelante para poder elucidar la situación y sus implicaciones sobre el pleno goce de los derechos humanos.
El representante de la Federación de Rusia hizo énfasis en que la iniciativa pone de relieve las prácticas abusivas de los fondos buitre y los problemas sociales conexos, que socavan la soberanía nacional y destruyen la estabilidad financiera mundial, allanando así el camino para las crisis económicas y financieras.El representante ruso señaló que la resolución sería otro pilar fundamental para la construcción de un orden mundial más justo y equitativo basado en la participación igualitaria de todos los Estados en la economía mundial.La Federación de Rusia encomió la postura constructiva y transparente que adoptó la Argentina durante la elaboración del proyecto de resolución.
El representante de Venezuela (República Bolivariana de) afirmó que durante mucho tiempo se ha discutido en los foros internacionales y en el Consejo de Derechos Humanos sobre los efectos negativos de la carga excesiva e injusta de la deuda sobre el goce de los derechos humanos, quese ven agravados por la crisis mundial del capitalismo.El representante venezolano dijo además, que las prácticas nocivas de los fondos buitre representan una actividad especulativa excesiva mediante la cual se obliga a países deudores soberanos a desviar recursos financieros ahorrados por medio del alivio de la deuda, lo que menoscaba la capacidad de los gobiernos de cumplir cabalmente sus compromisos en materia de derechos humanos.Las obligaciones asumidas por los Estados en acuerdos financieros internacionales no pueden afectar su capacidad de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de su pueblo, en particular los derechos económicos, sociales, culturales y el derecho al desarrollo, añadió.El representante de Venezuela recordó las palabras de la presidenta de la Argentina durante el 60º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas: «No solo son terroristas los que andan poniendo bombas, sino también los que desestabilizan la economía de un país a través de la especulación, provocando hambre, miseria y pobreza».El representante venezolano pidió asimismo seguir avanzando hacia el compromiso universalmente compartido de lograr la cooperación internacional para hacer frente a los problemas relativos a los derechos económicos y sociales; y promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
El representante del Pakistán señaló que todos los países tienen derechos soberanos con respecto a la restructuración de su deuda y que estos derechos no deben verse afectados por tácticas políticas extremistas de presión que socavan la capacidad de los Estados, en especial de los países en desarrollo, de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y de lograr un desarrollo sostenible.Los fondos buitre reflejan defectos inherentes al sistema financiero internacional actual que, según el representante pakistaní, a través de presiones económicas y por sus enormes repercusiones financieras, amenazarían la soberanía de los países endeudados.Aunque esta cuestión reviste especial importancia para los países en desarrollo, también representan una amenaza para los países desarrollados.Las prácticas de los fondos buitre resaltan algunos de los problemas graves del sistema financiero mundial y son una muestra del carácter injusto del sistema actual, dijo el representante del Pakistán.Afirmó igualmente que las medidas de lucha contra los fondos buitre y otras cuestiones relativas a la reestructuración de la deuda deben ser parte integrante de las reformas del sistema financiero internacional.Por último, recalcó la importancia de una solución oportuna, efectiva, exhaustiva y duradera a los problemas de la deuda de los países en desarrollo y reiteró su apoyo a las negociaciones que den lugar al establecimiento de un marco legal multilateral para procesos de reestructuración de la deuda soberana.
Los países toman la palabra para explicar su voto
Elrepresentante de México explicó que votaría a favor de la resolución como señal de solidaridad con la Argentina y las dificultades a las que hace frente este país en el proceso de reestructuración de su deuda.Señaló asimismo que los efectos nocivos de los fondos buitre son preocupantes porque repercuten en la capacidad institucional de los gobiernos para adoptar medidas que les permitan cumplir sus obligaciones en lo que respecta a los derechos económicos, sociales, culturales de sus poblaciones.El representante mexicano añadió que los Estados no deben usar este tipo de inversiones especulativas para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales ni su deber de garantizar el pleno goce de los derechos humanos de los pueblos.También señaló que habría sido deseable que la resolución mencionara la obligación esencial de los Estados de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, como se reconoce en la Declaración y el Programa de Acción de Viena.México tuvo que pasar por la reestructuración de su deuda y siempre ha intentado garantizar que el marco aplicable a los procesos de reestructuración de la deuda haga posible resolver problemas que puedan surgir en la práctica y brindarles seguridad a las partes interesadas.El representante mexicano dijo además que en el último decenio se han dado pasos importantes y se está trabajando para perfeccionar los procesos de reestructuración de la deuda.Estos procesos son objeto de discusión en las instituciones internacionales competentes, afirmó, y es esencial seguir fortaleciendo el marco aplicable a la reestructuración de la deuda.Ningún proceso de reestructuración de la deuda debe imponer cargas insostenibles sobre los países ni poner en riesgo el desarrollo de sus pueblos, dijo el representante, y añadió que los derechos humanos de los pueblos no pueden supeditarse a las condiciones económicas de los Estados.
El representante de los Estados Unidos pidió que la resolución se sometiera a votación.Señaló que su país sigue comprometido con la estabilidad del sistema financiero internacional y con el desarrollo de los países del mundo. Sin embargo, en su opinión, la resolución es motivo de gran inquietud.El representante estadounidense explicó que las discusiones sobre los mecanismos para proceder a una reestructuración de la deuda son de naturaleza técnica y pueden crear incertidumbre si no se les da la orientación adecuada, lo que haría aumentar los costos de los préstamos o incluso podría obstaculizar la financiación para los países en desarrollo.A juicio de los Estados Unidos, ya hay discusiones en curso en otros foros más apropiados que tienen en cuenta estas complejas cuestiones técnicas.Según el representante, las cuestiones que trata la resolución están fuera del ámbito y el mandato del Consejo de Derechos Humanos, lo que puede inducir a los Estados a usar los problemas de deuda soberana como excusa para las violaciones de derechos humanos.Afirmó igualmente que las obligaciones de los Estados de promover y proteger las libertades y los derechos humanos no están por condicionadas por su situación de deuda soberana.
El representante de Italia, hablando en nombre de la Unión Europea (UE) destacó la solidaridad de la UE hacia los países que enfrentan crisis económicas y financieras, pero señaló que el Consejo de Derechos Humanos no es el foro adecuado para discutir las cuestiones que plantea la resolución.
El representante del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se adhirió a la declaración de la UE.Reconoció la importancia de muchas de las cuestiones planteadas en la resolución, como la necesidad de procesos oportunos, predecibles y efectivos de reestructuración de la deuda; y la necesidad de ejecutar acciones coordinadas para encontrar soluciones cuando un país no pueda reembolsar sus deudas.También destacó que su país es un miembro activo del Club de París y como tal, entregó 7.000 millones de dólares de los Estados Unidos destinados a aliviar la deuda en el marco de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados.A nivel nacional, dijo el representante británico, el Reino Unido promulgó leyes específicas para limitar la capacidad de los acreedores comerciales de recuperar por medio de los tribunales del Reino Unido un monto de deuda que no se ajuste a lo estipulado por la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados.El representante británico explicó que su país votaría en contra de la resolución, puesto que ya tienen lugar discusiones en relación con las políticas financieras en otros foros internacionales.El Consejo de Derechos Humanos no es el foro adecuado para discutir sobre estas cuestiones técnicas, afirmó.Dijo además que el Reino Unido ya participa en el trabajo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para actualizar el marco sobre la reestructuración de la deuda soberana y queeste trabajo tiene por objeto identificar soluciones contractuales para reducir el poder de los acreedores renuentes a participar.El representante afirmó que el Reino Unido apoya las exhortaciones a analizar la cuestión en las Naciones Unidas, como el llamamiento del Secretario General a que se estudie la aplicación de enfoques perfeccionados a los mecanismos de reestructuración de la deuda soberana y los mecanismos para solucionar el problema de la deuda. El mandato esencial del Consejo de Derechos Humanos, dijo el representante, debe seguir centrándose en la promoción de la aplicación de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos y se debe evitar la duplicación del trabajo que ya asumen otros organismos.
Francia se abstuvo en la votación de la resolución.En la explicación sobre su voto, el representante de Francia manifestó su preocupación en relación con la efectividad de los mecanismos internacionales para la reestructuración de la deuda soberana.También hizo referencia a su comunicación en calidad de amicus curiae (amigo del tribunal) en la disputa de la Argentina ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.Sin embargo, el representante francés reiteró la posición de la UE y de los Estados Unidos que consideran que la cuestión está fuera del mandato del Consejo de Derechos Humanos y añadió que para Francia, las obligaciones de un Estado relativas a su deuda soberana son independientes de sus obligaciones en materia de derechos humanos.Afirmó asimismo que las cuestiones relativas a la reestructuración de la deuda soberana deben discutirse en los organismos internacionales competentes como el FMI, que ya ha comenzado a trabajar sobre el tema.Por último, dijo que su país participa activamente en el Club de París y que el foro económico y financiero del Grupo de los 20 (G20) tiene la función de abordar la cuestión.
Pasadas resoluciones y decisiones sobre la deuda externa y sus efectos
El Consejo de Derechos Humanos y su antecesora, la Comisión de Derechos Humanos, adoptaron varias resoluciones y decisiones sobre las consecuencias que tienen las políticas de ajuste estructural y reforma económica, así como la deuda externa, para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales.
La más reciente fue la resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos en abril de 2014 que decide prorrogar el mandato del Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales en los países en desarrollo, por un período de tres años (A/HRC/25/L.28 de 15 de abril de 2014).
En julio de 2012 el Consejo de Derechos Humanos adoptó los «principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos».En 2010 el Experto independiente de Naciones Unidas presentó un informe centrado en los fondos buitre.En el informe se abordan las repercusiones negativas de las prácticas de los fondos buitre sobre las iniciativas internacionales para el alivio de la deuda y sobre la capacidad que tienen los países pobres endeudados que se han beneficiado de medidas de alivio de la deuda, de crear las condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo.
Declaración del Centro del Sur sobre la entrada en vigor del Protocolo de Nagoya
Presentamos a continuación la declaración del Centro del Sur sobre la entrada en vigor del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Viviana Muñoz Téllez, coordinadora del Programa de Innovación y Acceso a los Conocimientos del Centro del Sur (IAKP) presentó esta declaración con ocasión de la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Nagoya, celebrada entre el 13 y el 17 de octubre de 2014 en Pyeongchang (República de Corea).
Es un placer para el Centro del Sur participar como observador en la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Nagoya al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y celebrar la entrada en vigor del Protocolo.
El Centro del Sur es una organización intergubernamental creada en 1995 por medio de un Acuerdo Constitutivo, con sede en Ginebra (Suiza). Actualmente son 51 los Estados miembros del Centro del Sur. Hasta la fecha, 20 Estados miembros del Centro del Sur han ratificado el Protocolo o se han adherido a él. Los demás miembros siguen estudiando las ventajas de hacerlo.
El Centro del Sur considera que el Protocolo de Nagoya es un marco importante para los países, así como para las comunidades indígenas y locales, a fin de garantizar la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos y por lo tanto, contribuye a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica.
Dicho esto, varios puntos a los que hace referencia el Protocolo, como la designación de puntos de verificación eficaces, entre ellos las oficinas de patentes y la definición de medidas precisas para el cumplimiento del consentimiento fundamentado previo y las condiciones mutuamente acordadas, han de ser consolidadas en las legislaciones nacionales. Habiendo seguido de cerca las negociaciones del Protocolo de Nagoya confiamos en que estos puntos sobre los cuales hay incertidumbre puedan abordarse en las legislaciones nacionales sobre acceso y participación en los beneficios y en la aplicación efectiva del Protocolo.
El Centro del Sur cuenta con un programa dedicado a la investigación y al fomento de la capacidad para los países en desarrollo en relación con el Protocolo de Nagoya del CDB y sus instrumentos y procesos conexos, entre los que figura el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); la relación entre el CDB y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC); y la labor del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (IGC) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
El Centro del Sur ayuda a los países en desarrollo a examinar la posibilidad de ratificar el Protocolo o de adherirse a él y les brinda apoyo para su aplicación nacional. En agosto de 2014 el Centro del Sur y el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Malasia organizaron conjuntamente un taller sobre el Protocolo de Nagoya para el Grupo de Países Megadiversos Afines de Asia y el Pacífico.
El Centro del Sur extiende su ofrecimiento de contribuir a fomentar las capacidades de sus Estados miembros y de otros países en desarrollo y países menos adelantados (PMA) cuando lo soliciten, así como de ayudar a fomentar sus capacidades en el contexto de un marco estratégico de apoyo de la aplicación del Protocolo de Nagoya adoptado por la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Nagoya, y le complacerá colaborar con el CDB, con otras organizaciones intergubernamentales (OI) y otros observadores en esta importante labor.

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