Source: https://www.otrosi.net/administrativo/doctrina/2019-41027
Timestamp: 2020-08-05 13:03:40+00:00

Document:
TEAC, Resolución 1053/2017 de 5 Diciembre 2019.
Tribunal Económico-Administrativo Central, Resolución, 5-12-2019
PRIMERO.- El 28 de febrero del 2007 el Secretario General de Transportes actuando por delegación de la Ministra de Fomento dictó resolución, en relación al expediente con número de referencia ... en la que se estimaba en parte el recurso interpuesto por la COMPAÑÍA X SA, contra las liquidaciones practicadas por la Autoridad Portuaria de Ceuta en concepto de tarifa T-3. En la citada resolución se expuso: "La recurrente fundamenta su recurso en la nulidad de las ordenes ministeriales sobre tarifas portuarias, en razón a la estructura tarifaria contenida en las mismas por suponer, a su decir, una tasa encubierta, con vulneración del principio de reserva de Ley no tratándose, según su criterio, del pago de precios privados por servicios portuarios.(...)
Tras las sentencias del Tribunal Constitucional de continua referencia la Sala 3ª del Tribunal Supremo en sentencia de 20 de octubre de 2005, al desestimar el recurso de casación contra una sentencia de la Audiencia Nacional, desestimatoria a su vez de un recurso contencioso-administrativo contra una liquidación de la Autoridad Portuaria de Santander por Tarifa T-3, concluye que la cobertura legal que proporcionaba a la orden ministerial impugnada (Orden del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente de 30 de enero de 1996) el artículo 70 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre ha desaparecido, al haber sido expulsado este precepto del Ordenamiento Jurídico por la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de abril de 2005. En todo ello se basa el Alto Tribunal para confirmar la previa anulación por la Audiencia Nacional de la liquidación impugnada. (...)
SEGUNDO.- La entidad COMPAÑÍA X SA presentó el 30 de noviembre de 2011 (con fecha de entrada en el registro de la Autoridad Portuaria de Ceuta el 12 de diciembre de 2011) un escrito en el que solicitaba la devolución de las tarifas portuarias anuladas, concretamente exponía: "Dada cuenta la anulación, en virtud de Resoluciones firmes y definitivas del Ministerio de Fomento, de las que hemos tenido reciente conocimiento con ocasión del examen de expedientes administrativos relacionados, de las tarifas por servicios portuarios giradas a Compañía X por esa Autoridad Portuaria, tras la vigencia de la Ley 2711992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, bajo el régimen de precios privados en vez del que es propio de los ingresos de derecho público, como hubiera correspondido según tiene declarado el Tribunal Constitucional; por medio de la presente, les rogamos se sirvan llevar a puro y debido efecto dichas Resoluciones y, en su virtud, procedan a la devolución del total importe de dichas tarifas, junto con los intereses de demora devengados.".
TERCERO.- El 13 de octubre de 2016 el Presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta dictó Resolución en la que declaró prescrito el derecho del interesado a la devolución de las Tarifas Portuarias T-3 y a los correspondientes intereses de demora, en concreto expone: "Las Resoluciones dictadas por el Ministerio de Fomento resolviendo las peticiones de esa Empresa fueron notificadas con fecha 21/05/2007 con acuse de recibo de X, S.A. y las mismas no fueron recurridas en vía contencioso-administrativa, ni reclamada su devolución, hasta su escrito de fecha 21 de noviembre de 2011 con Registro de entrada en esta Autoridad Portuaria núm. ... el 12 de diciembre de 2011.
CUARTO.- El 30 de noviembre de 2016 el interesado interpuso reclamación económico administrativa.
TERCERO.- En la presente reclamación económico la controversia se centra en determinar si ha prescrito el derecho del interesado a que sea ejecutada una resolución administrativa.
El alcance de la expresión "en sus propios términos" ha de interpretarse como la plena aceptación del propio sentido del fallo y, aún más, de los razonamientos incluidos en la resolución, en su caso, llevada a ejecución, de manera que no se subvierta en vía ejecutiva y por medio de una negligente interpretación el parecer expresado por la instancia resolutoria correspondiente.(...)
Y en su Fundamento de Derecho CUARTO añade: "Finalmente, la doctrina jurisprudencial, establecida por el Tribunal Supremo en las sentencias, entre otras, de 20 de septiembre de 2005 (RJ 2005, 8360) (recurso 1004/00) y de 18 de noviembre de 2009 (RJ 2009, 8071) (recurso núm. 4915/08), permite considerar que existe entre los casos debatidos en ellas y el que nos ocupa una identidad de razón que nos lleva a establecer, como regla de aplicación jurídica, la necesidad de la analogia iuris, puesto que si la ley no prevé plazo especial de prescripción de la acción para reclamar el derecho ganado en sentencia firme y tampoco establece un plazo particular de la prescripción del derecho a la ejecución de lo ejecutoriamente resuelto ante la Administración -comprobado que el artículo 66 LGT se refiere a un caso distinto- es razonable considerar, de acuerdo con tales sentencias, que rige para la prescripción de los derechos inamovibles ganados por resolución firme el plazo general de 15 años establecido para las acciones personales en el artículo 1964 del Código Civil (LEG 1889, 27) .
CUARTO.- Las resoluciones del Ministerio de Fomento estimaron parcialmente los recursos impuestos por la interesada y declararon las liquidaciones dictadas nulas, por lo que la autoridad Protuaria de Ceuta, en cumplimiento de las mismas está obligada a ejecutar dichas resoluciones, lo que implica que interesado es titular de un derecho o acción para instar o solicitar dicha ejecución.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 70
 Resolución 
 resolución 
 artículo 66
 resolución 
 artículo 1964