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Timestamp: 2019-08-26 03:06:25+00:00

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﻿ SENTENCIA 5116-05 DE JULIO 13 DE 2006
SENTENCIA 5116-05 DE 13 DE JULIO DE 2006
CONTENIDO:INDEXACIÓN DE PAGOS EN MORA POR LA VÍA GUBERNATIVA. PROCEDE POR RAZONES DE EQUIDAD Y DE JUSTICIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:INDEXACIÓN, CUOTA LITIS, LIQUIDACIÓN DE LA PRIMA TÉCNICA, PAGO DE LA PRIMA TÉCNICA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:419 DE NOVIEMBRE DE 2006, PG.1965
Sentencia 5116-05 de julio 13 de 2006
INDEXACIÓN DE PAGOS EN MORA POR LA VÍA GUBERNATIVA
Procede por razones de equidad y de justicia.
EXTRACTOS: «Se demanda en el presente asunto la nulidad del Oficio 5588 de 30 de noviembre de 2001, por el cual el departamento del Tolima negó a la actora el reconocimiento y pago de la indexación de la prima técnica que en forma tardía, según la demandante, fue reconocida mediante Resolución 22 de 4 de mayo de 2000.
El oficio demandado negó la petición elevada por la actora (fl. 10), en el sentido de que fuera reliquidada la prima técnica reconocida desde 1992, mediante la Resolución 22 de 2000. Dejó consignada la entidad en el acto acusado, la improcedencia de la indexación por no existir sentencia judicial que así lo ordenara.
En primer lugar dirá la Sala que el acto a demandar es en efecto el oficio 5588 de 30 de noviembre de 2001, pues fue este el que decidió concretamente la solicitud de indexación formulada a la administración. La Resolución 22 de 4 de mayo de 2000, no precisó suma alguna a pagar, comoquiera que se limitó a disponer el reconocimiento de la prima técnica por evaluación del desempeño a un grupo de servidores, sin especificar nada más, luego no resulta lógico asignar al acto un contenido que no tiene y menos aún imponer su censura, con flagrante violación del derecho de acceso a la justicia.
Ha de precisarse que no se encamina el presente asunto al cuestionamiento del cumplimiento de sentencia alguna, pues en tal caso no sería un asunto a debatir mediante este proceso, comoquiera que ello da lugar al proceso ejecutivo correspondiente, hoy de competencia de los jueces o los tribunales administrativos, según el caso. Se trata, según lo señala el petitum, de la solicitud de indexación de sumas por concepto de prima técnica, reconocidas y pagadas por la administración, sólo que sin actualizar, por lo que escapa a esta litis cualquier análisis en relación con el derecho a devengar la prima técnica por evaluación del desempeño.
Da cuenta el folio 8, de la Resolución 22 de 4 de mayo de 2001, por la cual se dispuso el reconocimiento de la prima técnica por evaluación del desempeño a favor de la demandante, entre otros servidores; así mismo obra en el proceso certificación del pago que hizo la entidad por el lapso correspondiente a los años 1992 a 1999 y el desprendible del pago efectuado en agosto de 2001, por la suma de $16.030.272 (fls. 6 y 7).
Entrará entonces la Sala a analizar si procede la indexación solicitada.
Y si bien, la administración no está facultada para sufragar sumas adicionales a las que por ley le corresponde, no pueden desconocerse mandatos preconizados en la Constitución de 1991, contenidos en el artículo 53, al tenor del cual dentro de los principios mínimos fundamentales del derecho al trabajo se encuentran la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. Ello es entonces una expresión de equidad que impone que el pago del salario debe ser oportuno, dada la inflación y la consecuente pérdida del poder adquisitivo, que hace imperioso el pago del salario en forma concomitante con el desarrollo de la relación laboral, dentro de los períodos concebidos para tal fin.
Actualizar el pago de las sumas que la administración debía a la parte actora y que canceló tiempo después de su causación, es la única forma de impedir que la demandante se vea obligada a percibir un ingreso devaluado, de manera que represente el valor real al momento de su pago efectivo; por ello, se debe reconocer que las sumas no canceladas en tiempo sufrieron los rigores del deterioro inflacionario. Lo contrario implica desconocer no solo el hecho palmario de la inflación, sino desoír claros principios de equidad. Esta corporación ha venido decantando estos criterios, variando la jurisprudencia que otrora existía.
Como se evidencia de lo anterior, atrás quedó el paradigma positivista que se traduce en el planteamiento de Montesquieau, que asigna al juez un lugar estrechamente subordinado, predicando que los juicios no deben ser más que “un texto preciso de la ley” y que los jueces “no son sino la boca que pronuncia las palabras de la ley; seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza de la ley ni el rigor de ella”. Hoy está claro que la juris dictio no podría limitarse a la legis dictio; la legalidad se articula con los derechos de los ciudadanos, pues el imperio de la ley a la que se somete el juez, según el artículo 230 superior es en la Constitución misma imperio de la ley y del derecho, comoquiera que el concepto básico constitucional que finca toda la parte programática del mismo ordenamiento, es el Estado Social de Derecho y no simplemente el Estado de derecho.
No se trata de meros conceptos retóricos, sino de conceptos normativos con plenitud de efectos jurídicos, cuyo instrumento de eficacia es el juez. En esa medida, al invocar las razones de equidad y de justicia como sustento, lo que se hace es dar aplicación al modelo constitucional garantista en el que la validez ya no es un dogma asociado a la mera existencia formal de la ley, sino una cualidad contingente de la misma, ligada a la coherencia de sus significados con la Constitución. Ello por sí habría legitimado la decisión de la administración de actualizar los pagos extemporáneos que efectuó. Como no ocurrió así, procede a esta Sala ordenarlo mediante este proveído.
Para ello, actualizará la entidad la sumas que canceló por concepto de prima técnica a la parte actora, causada para los años 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997; 1998 y 1999, que son los años cuyos pagos aparecen certificados a folio 6 y lo hará hasta la fecha en que efectuó el desembolso, es decir hasta agosto de 2001, según lo informa el comprobante que aparece a folio 7.
El fundamento jurídico de la indexación o ajuste de las condenas, ha señalado la Sala, que se encuentra en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, al tenor del cual para decretar tal ajuste, se debe tomar como base el “índice de precios al consumidor, o al por mayor”, concepto también aplicable al caso. De manera que la indexación que por este fallo se ordena se hará, conforme a la siguiente fórmula:
En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es la correspondiente mesada dejada de pagar por concepto de prima técnica, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria del pago) por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago).
Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes para cada mesada correspondiente a prima técnica, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada una de ellas.
La actualización ordenada excluye por sí misma cualquier otro interés, por lo cual se denegará la solicitud de la parte actora en tal sentido».
(Sentencia de 13 de julio de 2006. Expediente 5116-05. Consejera Ponente: Dra. Ana Margarita Olaya Forero).

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 53
 artículo 230
 artículo 178