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Timestamp: 2020-07-12 15:22:14+00:00

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TU ABOGADO DEFENSOR > DERECHO ADMINISTRATIVO > PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Procedimiento sancionador antitabaco: Recursos
Procedimiento sancionador en materia de tenencia de drogas
Procedimiento sancionador en materia urbanística: Recurso
Presunción de veracidad de la denuncia policial
El procedimiento administrativo sancionador se regula por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como, entre otras, en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Procedimiento administrativo sancionador que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deberán establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a órganos distintos.
En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el necesario procedimiento administrativo sancionador.
No obstante, como ha señalado la doctrina, la remisión íntegra realizada por la jurisprudencia a los principios del derecho penal no trae consigo una relación de jerarquía o prevalencia de éste sobre el derecho administrativo sancionador.
Ambos son manifestaciones del Derecho Punitivo Estatal, cada uno con sus propias especifidades, si bien respondiendo ambos a los principios establecidos en los artículos 24 y 25 de la Constitución.
En efecto, como ha señalado el Tribunal Constitucional «los principios inspiradores del orden penal son de aplicación con ciertos matices, al Derecho Administrativo sancionador».
Procedimiento administrativo sancionador garantizarán al presunto responsable los siguientes derechos:
En el Procedimiento administrativo sancionador, el administrado tiene derecho a ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.
En el Procedimiento administrativo sancionador, el administrado podrá formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico que resulten procedentes.
Presunción de inocencia en el procedimiento sancionador.
Procedimiento administrativo sancionador respetará la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.
Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que sustancien.
La resolución que ponga fin al Procedimiento administrativo sancionador, habrá de ser motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente.
En la resolución del procedimiento administrativo sancionador, no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica.
Aplicación Práctica de la Ley 05/2002 de la Comunidad de Madrid
Ley «Anti-botellón»: Recurso contra sanción
La conocida como Ley «Anti-botellón» se trata de una Ley por la que se prohibe y sanciona el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.
El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, está tipificado como infracción leve por la ley 05/2002 de la Comunidad de Madrid, en su artículo 55.2.
De dicha acción, son responsables, a tenor, del artículo 53.1 de la citada Ley, como autores de la misma, las personas físicas o jurídicas, usuarios, titulares o gestores de entidades, centros o servicios, que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracción en esta Ley.
Estipula el artículo 30.3, del texto legal:
«No se permitirá la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo terrazas, veladores, o en días de feria o fiestas patronales o similares regulados por la correspondiente ordenanza municipal.
Las Entidades Locales, a través de las correspondientes ordenanzas municipales, podrán declarar determinadas zonas como de acción prioritaria a los efectos de garantizar el cumplimiento de la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en determinados espacios públicos, fomentando, al mismo tiempo, espacios de convivencia y actividades alternativas, contando para el establecimiento de estas limitaciones con los diferentes colectivos afectados. »
El problema surge, no tanto de la interpretación de los anteriores preceptos, como de su aplicación práctica, pues analizaremos como una vez cometida la infracción, la policía, basándose la mayor parte de las veces en modelos, interpone denuncias que en muchos aspectos no cumplen los requisitos a los que están obligados por Ley.
La presunción de veracidad de las denuncias policiales
«Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.»
Se relaciona directamente con la disposición primera de este artículo, por cuanto los procedimientos sancionadores, paralelamente a lo que acontece en vía penal y de acuerdo con la Constitución, respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. Con lo cual las únicas denuncias policiales válidas, serán aquellas, en las que se cumplan los requisitos legales, de la misma forma que en la jurisdicción penal, la presunción de inocencia no se desvirtúa, si el atestado policial no es ratificado en el acto del juicio oral.
De esta forma la Sentencia del Tribunal Constitucional, número 137/1988; sostiene que la finalidad específica de las denuncias policiales y de las diligencias de investigación, no es la fijación definitiva de los hechos para que éstos trasciendan a la resolución judicial, sino la de permitir la apertura del juicio. En la misma línea, la Sentencia del Alto Tribunal, de 28 de julio de 1981, declaró que los datos de investigación policial que constan en el atestado, tienen únicamente valor de denuncia, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales.
Los principios anteriormente citados son de aplicación en el mismo sentido al procedimiento administrativo sancionador, como así lo expone la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la Ley 30/1992 y el Tribunal Constitucional.
Vemos así que es necesario hacer constar en el atestado o denuncia policial, la identificación de la o las personas que se supone consumen alcohol, de la bebida, así como su intervención, todo ello de una forma clara e inteligible, para que el acta sea prueba de cargo que goce del principio de veracidad.
Así lo dispone la Sentencia de 26 de enero del Juzgado Contencioso -Administrativo de Madrid nº 19 sobre consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.
La sentencia en cuestión versa sobre vulneración del principio de presunción de inocencia, al no existir de prueba de cargo suficiente, pues el acta (denuncia de la policía) no reunía las garantías necesarias del artículo 137.3 de la LRJPAC, porque se trataba de una denuncia colectiva contra varias personas sin especificar si todas ellas consumían alcohol, no se identificaba ni se intervenía la bebida.
Sostiene el juzgador que en este caso la denuncia de la policía no goza de presunción de veracidad, pues el acta debe recoger unos hechos claros, y reseñar mínimamente esos hechos e indicios sobre el hecho típico de la infracción como por ejemplo el color o tipo de la bebida o si olía, o no, a alcohol.
«…En materia de derecho administrativo sancionador son de aplicación los principios generales que inspiran el derecho penal, coincidentes sustancialmente con los principios esenciales reflejados en el artículo 24 de la CE en materia de procedimiento, y han de ser aplicables en la medida necesaria para preservar los valores esenciales que se encuentran en la base del precepto y la seguridad jurídica que garantiza el artículo 9 CE… lógica consecuencia de todo ello es que la presunción de inocencia, proclamada en el párrafo 2.o de tal precepto, supone que la carga probatoria corresponde a los acusadores y que toda acusación debe ir acompañada de probanza de los hechos en que consisten, y por otra parte, que el principio de tipicidad exige también para su aplicación la plena concordancia de los hechos imputados en las previsiones prácticas aplicables al caso. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas, como una de las manifestaciones de la potestad de policía en el sentido clásico de la palabra, se mueve en un contexto intrínsecamente penal…
Como es el procedimiento de la Ley anti-botellón
A los efectos de la Ley “antibotellón”, “se considerará como droga toda aquella sustancia que, introducida en un organismo vivo, puede modificar una o más funciones de éste, siendo capaz de generar dependencia, provocar cambios en la conducta y efectos nocivos para la salud y el bienestar social.
a) Las bebidas alcohólicas de graduación superior a 1 grado porcentual de su volumen.”
Los ámbitos prioritarios de la prevención en drogodependencias y otros trastornos aditivos serán el comunitario, escolar, familiar y laboral. La prevención se realizará mediante el desarrollo de actividades, en cuya elaboración podrán participar activamente las organizaciones y asociaciones sociales, cuyas iniciativas y actividades serán favorecidas por los poderes públicos.
Medidas Cautelares que puede imponer la autoridad gubernativa
En caso de sospecha razonable y fundada de riesgo inminente y grave para la salud pública o para los usuarios, por circunstancias sobrevenidas o de fuerza mayor, o por incumplimiento de la normativa, la Consejería competente por razón de la materia podrá adoptar las medidas cautelares sobre los establecimientos o servicios que considere más adecuadas para evitar dichos riesgos.
Podrán adoptarse entre otras las siguientes medidas:
Suspensión temporal del local o instalación.
La comisión de una infracción será objeto de la correspondiente sanción administrativa, previa instrucción del oportuno expediente sancionador, de conformidad con lo establecido en el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración de la Comunidad autónoma correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.
Las sanciones por consumo de alcohol en la vía pública, consistirán en prestaciones en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin consentimiento del infractor, y se desarrollarán durante un número de sesiones previamente fijado, bien en beneficio de la colectividad o de personas que se encuentren en situación de precariedad por cualquier motivo.
Se buscará preferentemente relacionar la naturaleza de la actividad en que consista esta medida con la de los bienes jurídicos afectados por los hechos cometidos por el infractor.
Si éste no prestase el consentimiento antes aludido, la medida de prestación será sustituida por la multa correspondiente.
Serán responsables de la infracción como autores de la misma las personas físicas o jurídicas, usuarios, titulares o gestores de entidades, centros o servicios, que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracción en esta Ley.
Las infracciones de la Ley se sancionarán con multas cuyas cuantías se regirán de acuerdo a la siguiente graduación:
El cierre temporal total o parcial, del centro o servicio por un tiempo máximo de un año.
El órgano competente para resolver los expedientes sancionadores podrá adoptar, durante su tramitación, las medidas provisionales que estime necesarias para asegurar el cumplimiento de la resolución que pudiera adoptarse y, en todo caso, para asegurar el cumplimiento de la legalidad
Procedimiento en consumo y tenencia de drogas
Cuando un ciudadano es detenido por alguno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y posee en su poder una cantidad de droga, estupefaciente o cualquier otro producto considerado como tal, en aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, por parte de los funcionarios de las citadas Fuerzas, le identificarán, tomarán nota de sus datos personales y le denunciaran por tal motivo, por posesión de dicha sustancia, con las sanciones correspondientes.
Así el art. 25 de la Ley citada señala:
Para la imposición de la sanción, se debe seguir un procedimiento, que es el administrativo sancionador, en el que el ciudadano supuestamente, infracttor, recibirá en su domicilio una resolución sancionadora, con propuesta de resolución, a la que podrá formular las alegaciones oportunas, y posteriormente formular el recurso administrativo correspondiente.
El procedimiento sancionador de la Ley anti-tabaco
Centros y dependencias de las Administraciones públicas y entidades de Derecho público-
Recursos del procedimiento sancionador
En el Procedimiento administrativo sancionador, en primer lugar, contra la apertura de un expediente sancionador, cabrá interponer los recursos correspondientes a cada una de las propuestas que se efectúen de alzada o potestativo de reposición.
Por una parte, debe seguirse todo el procedimiento administrativo sancionador:
Inicio de expediente sancionador, nombramiento de Instructor, escrito de alegaciones, propuestas de resolución, recurso de alzada.
Es conveniente y muy importante realizar, en el Procedimiento administrativo sancionador, escrito de ALEGACIONES, escrito donde debe configurarse la proposición y práctica de la prueba que interese (documental, testifical, etc.)
Procedimiento sancionador materia de Urbanismo
En cuanto al procedimiento administrativo sancionador en materia de urbanismo, ciertamente, el artículo 149.1.18 de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de procedimiento «administrativo común».
Mas ello no significa que la concreta ordenación de los diferentes trámites procedimentales en materia de reprensión de los ilícitos urbanísticos sea una competencia estatal.
Esta queda circunscrita al establecimiento de una serie de trámites procedimentales elementales susceptibles de ser utilizados en cada procedimiento específico en función de la finalidad buscada por la concreta actividad administrativa.
Trámites elementales que garantizan un tratamiento común de todos los ciudadanos mediante la homogeneización mínima de la actividad de la Administración Pública, artículo 149.1.1 de la Constitución . Por ello, la competencia para ordenar un concreto procedimiento es una competencia conexa o adjetiva a las competencias que el Estado o las Comunidades Autónomas ostenten para la regulación del régimen sustantivo de cada materia (Ref.).
En definitiva, será cada Comunidad Autónoma la que regule el concreto procedimiento administrativo sancionador en materia de infracciones urbanísticas, siempre dentro del marco común y homogéneo constituido por las normas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , artículos 69 a 92, y 134 a 138.
En todo caso, el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora tendrá carácter supletorio en el marco del artículo 149.3 CE (Ref.) para aquellas Comunidades que no hayan establecido una regulación específica sobre este aspecto, y será de aplicación directa o indirecta a las Entidades Locales en función de la falta o existencia de dicha regulación autonómica respectivamente.
En concreto, la regulación del procedimiento administrativo sancionador en las distintas Comunidades Autónomas será, a título ejemplificativo, el siguiente, dentro de ese marco general establecido por la Ley 30/1992:
En la Comunidad de Madrid se aplicarán las previsiones contenidas en los artículos 44 a 50 de la Ley 4/1984, de 10 de febrero, sobre medidas de disciplina urbanística, junto con la normativa contenida en el Decreto 77/1993, de 26 de agosto, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora por lo órganos de la Comunidad (B.O.C.M. núm. 203, de 27 de agosto).
En Navarra, la regulación se contiene en los artículos 73 a 78 del Decreto Foral 85/1995, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley Foral 10/1994 (B.O.N. núm. 69, de 31 de mayo).
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Fuente de información principal:Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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References: resolución 
 resolución 
 artículo 55
 artículo 53
 artículo 30
 resolución 
 artículo 137
 artículo 24
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 artículo 149
 artículo 149
 Real Decreto 
 artículo 149