Source: http://www.libertadidioma.com/20170530.htm
Timestamp: 2018-07-17 17:27:21+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Martes 30 Mayo 2017
El golpe separatista sigue su curso
EDITORIAL Libertad Digital 30 Mayo 2017
Sólo la existencia de un Gobierno pusilámine puede explicar que unos golpistas de tan baja estofa mantengan su desafío al Estado.
El presidente del Gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, reunió este lunes a los partidos que secundan su plan secesionista para ponerlos al día de su periplo madrileño, en el que rechazó la irresponsable invitación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de escenificar su liberticida intentona golpista nada menos que desde la tribuna del Hemiciclo y, en su lugar, dictó una conferencia y se dejó pelotear por la igualmente descalificable alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
La intención de la visita a la capital de Puigdemont era pergeñar el enésimo intento falsario de diálogo de los golpistas para pactar con las autoridades centrales la voladura del Estado de Derecho, que no otra cosa es el referéndum radicalmente ilegal que pretenden llevar a cabo, ante la inacción del Ejecutivo de Rajoy.
Reunidos los golpistas en la sede de la Generalidad, la conclusión es que la operación va a seguir su curso, aunque no han dado a conocer la fecha del referéndum para evitarse problemas legales.
La reunión de este lunes de Carles Puigdemont y sus compinches en el Parlamento regional coincidió con el relato del fiscal del caso Palau sobre el escandaloso latrocinio de fondos públicos perpetrado por el nacionalismo catalán en la célebre institución cultural. El régimen nacionalista se viene caracterizando, precisamente, por su amenaza permanente al resto de la Nación y una corrupción apabullante.
Sólo la existencia de un Gobierno pusilámine, enfeudado en sus propias corruptelas, puede explicar que unos golpistas de tan baja estofa mantengan tan a las claras, y en régimen de impunidad, su desafío al Estado.
La bandera y la cartera
Guillermo Dupuy Libertad Digital 30 Mayo 2017
También habria que denunciar que se recurra a la cartera de los contribuyentes españoles para que los nacionalistas arríen la bandera del secesionismo
Muy acertado ha estado el fiscal del llamado caso Palau al denunciar cómo los nacionalistas imputados por el saqueo de la institución cultural "envolvían en la bandera los atropellos con la cartera". Sin embargo, alguien debería de denunciar también las veces en las que el Gobierno de España ha echado mano a la cartera de todos los contribuyentes españoles para tratar de que los nacionalistas arríen la bandera del secesionismo.
Desde su creación, el mismo año en el que arranca en Cataluña lo que el Gobierno de Rajoy ya se atreve a denominar –veremos por cuánto tiempo– "intento de golpe de Estado", los Fondos de Liquidez Autonómica han tenido como principal destinatario la Administración regional en manos de los golpistas. Se dirá –y con razón– que ese dinero no va a los bolsillos particulares de los separatistas, sino que constituye una línea de crédito barato orientada a cubrir los gastos en educación o sanidad que la Generalidad no alcanza a atender a pesar de los cuantiosos recursos propios con que le dota la financiación autonómica ordinaria.
Sin embargo, no menos escandaloso debería resultar que los Fondos de Liquidez Autonómica sirvan para tapar los agujeros que, en sanidad u otras áreas competenciales que la Administración regional tiene legalmente encomendadas, deja la malversación de fondos públicos destinada a sufragar el Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña u otras ilegales estructuras de Estado, que, como también sucede con las delictivas consultas secesionistas, no costean los golpistas de su bolsillo.
Que Rajoy recurra a la cartera de los contribuyentes españoles para que los golpistas de la Generalidad arríen la bandera del secesionismo es una vergüenza que, en realidad, sólo está sirviendo para evitar que la bandera secesionista arrastre a la Administración regional a la suspensión de pagos y al Gobierno de España al engorro de tener que intervenirla, ya no por razones de defensa del orden constitucional sino estrictamente económicas. Ese es el motivo por el que se puede asegurar que el Gobierno de Rajoy, de forma absolutamente indirecta, pero no menos claramente decisiva, está financiando el ilegal proceso secesionista iniciado en 2012.
No menos velada forma de recurrir a la cartera de los contribuyentes para hacer frente a esta bandera del secesionismo fue el "nuevo y singular modelo de financiación para Cataluña" que el PP catalán –a instancias, naturalmente, de Rajoy– presentó en el Parlamento autonómico en enero de 2013, cuando el procès todavía no era un "golpe de Estado" pero ya era visto como algo más grave una simple "algarabía". Aquella propuesta, que Sánchez Camacho tuvo la poca vergüenza de calificar de "leal con España", no era más que una maquillada cesión al chantaje de Mas, que los golpistas rechazaron porque llegaba "tarde".
¿Y qué decir de aquella bochornosa sentencia de conformidad a la que se avino la Fiscalía de Barcelona en el caso Pallerols, en el que se dilucidaba la financiación ilegal de Unión Democrática de Cataluña y que algunos creyeron que serviría al Gobierno para lograr futuros apoyos de esta formación para desactivar el proceso secesionista? Con independencia de banderas y carteras, lo que es un hecho es que se retiró la acusación de malversación, por lo que ninguno de los condenados tuvo que ir a prisión.
En cualquier caso, que algunos nacionalistas recurran a la cartera del contribuyente para costearse su lujoso tren de vida particular no debería resultar más escandaloso que el que lo hagan para financiar, bandera catalana en mano, la quiebra de nuestra nación entendida como Estado de Derecho. Y no menos escandaloso resulta que el Gobierno de Rajoy lo consienta y hasta lo oculte.
Juan Gonzalo Ospina okdiario 30 Mayo 2017
La calidad de una democracia se mide en función de la fortaleza de sus instituciones. Si una democracia goza de unas instituciones independientes y autónomas, que desarrollen sus propios roles con transparencia, se tendrá un país que, gracias a su idóneo engranaje, podrá no solo progresar social y económicamente, si no también desarrollar una estable fortaleza. Democracias con cierta tradición como EEUU, Reino Unido o Alemania, encuadradas todas dentro del G7, tienen una serie de instituciones que funcionan por encima del poder Ejecutivo, lo cual permite que el país y el Estado avancen. La estabilidad política trae siempre estabilidad económica. En España, entre nuestras graves rémoras democráticas encontramos además de la politización de la Justicia la “compra de votos”.
Nuestro Congreso de los Diputados, donde debería residir la soberanía nacional, desarrolla en algunos casos funciones propias de cámaras territoriales como el Senado, desvirtuando su principal cometido dado que no representa los intereses nacionales sino regionales. Un ejemplo es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Esta disfunción provoca que su puesta en marcha se termine convirtiendo en una lucha de intereses partidistas por encima de ideologías como es el caso de Pedro Quevedo —Nueva Canarias— quien en campaña electoral apostó por el PSOE de Pedro Sánchez pero cuyos intereses ahora están más encaminados al bolsillo de Montoro. Las leyes, y en particular los Presupuestos Generales, se deberían de aprobar por el Congreso conforme al interés nacional o en virtud de la aplicación de políticas de Estado mediante funciones objetivas y aritméticas. Sin embargo, esto no acaba ocurriendo y los mismos terminan dependiendo del voto de los partidos regionalistas para ser aprobados, quienes acaparan todo el poder de decisión al efecto de poder encontrar las mayorías necesarias.
Este es el verdadero mal de nuestra democracia. Fue Aznar en el 96 quien, siguiendo el impulso que dio Felipe González a la descentralización, cedió competencias a nacionalistas vascos y catalanes, seguido por Zapatero y por Rajoy con el cupo vasco o la aprobación de 200 millones para Canarias con el fin de obtener el voto positivo de Nueva Canarias. ¿Es esto sensato dentro de una democracia en el siglo XXI? ¿Es serio la repartición de los intereses de España como si fuera un mercado que paga o vende los mismos a su mejor postor, según los votos que se puedan aportar? España esconde un déficit estructural que no es sino la falta de definición de las competencias nacionales frente a las regionales como, por ejemplo, la falta de una tributación estatal clara frente a la recaudación fiscal regional.
¿Vende el Lander de Baviera sus votos al Gobierno central de Alemania a cambio de un trasfondo de votos? ¿O el Gobierno de California al presidente a cambio de más o menos transferencias económicas? No. En las democracias de calidad, ni las instituciones se venden, ni las competencias están abiertas. Los dirigentes políticos no se reparten el país según sus intereses partidistas, sino que piensan en general en su legado y en el bien común.
Isabel San Sebastián ABC 30 Mayo 2017
Lo afirmó rotunamente el expresidente François Hollande tras los atentados de París, aunque Europa se muestra olvidadiza a la hora de afrontar esta realidad terrible: «Estamos en guerra». Nos la han declarado hace tiempo los fanáticos del islamismo, empeñados en sembrar de muerte el mundo que aborrecen pese a disfrutar sin pudor de sus derechos y ventajas. Ellos viven aquí, incluso han nacido en muchos casos en la próspera UE, gozan de todo aquello que costó siglos construir a base de enorme esfuerzo, pero odian con fervor incendiario el significado del concepto «occidental» y lo que representa en términos de progreso esta civilización enemiga de sus dogmas. La libertad religiosa, política y personal, frontalmente opuesta a la sumisión que da nombre a su credo. La democracia aconfesional, antítesis de su teocracia. El pluralismo, incompatible con la verdad revelada a la que se aferran. La igualdad entre hombres y mujeres, ofensiva para su visión brutalmente machista de la sociedad. La superioridad tecnológica, científica, económica, cultural, militar y de todo orden, derivada de este modelo, que pone de manifiesto el éxito de nuestra apuesta y el fracaso de la suya.
Estamos en guerra civil, porque el enemigo está dentro y posee un pasaporte válido para transitar por el territorio Schengen, aunque incomprensiblemente no actuemos en consecuencia. Los últimos atentados del Reino Unido, Francia y Bélgica fueron perpetrados por individuos incluidos en los ficheros policiales como integrantes o simpatizantes de grupos islamistas extremadamente peligrosos. Salman Abedi, el asesino múltiple de Mánchester, procedía de una familia conocida por su cercanía a Daesh y había viajado recientemente a Libia (y también a Siria, según el ministro del Interior francés) con el fin de recibir entrenamiento terrorista. ¿Cómo es posible que anduviera suelto por las calles, sin vigilancia? Algunas fuentes británicas hablan de 22.000 posibles yihadistas afincados en dicho país y fuera de control.
Es lícito sospechar que esa situación no difiera mucho de la existente en otros lugares de Europa donde un porcentaje de la población musulmana joven, que se cuenta por millones, se ha radicalizado respondiendo a las campañas de reclutamiento lanzadas por el califato criminal. España, afortunadamente, cuenta con unas Fuerzas de Seguridad bregadas en la lucha contra ETA, expertas en el arte de la infiltración y que pueden enorgullecerse de haber detenido a la mayoría de estos aspirantes a matarife antes de darles tempo a llevar a cabo sus planes. Su labor, no obstante, choca a menudo con el garantismo crónico de ciertos jueces biempensantes que, ante la menor duda, optan por dejar libre a un asesino en potencia. No son los únicos. Esa es la tónica dominante en un continente atacado que no ha asumido todavía la necesidad de defenderse con armas legales y humanas a la altura del desafío. Esto es, endureciendo los controles de las fronteras exteriores; privando de pasaporte a los sospechosos de querer viajar para integrarse en las filas de Daesh (como se ha empezado a hacer en Francia); impidiendo el regreso de los europeos que hayan combatido en las huestes del califato, o bien internándolos en cárceles de máxima seguridad nada más poner pie en Europa; multiplicando los presupuestos de seguridad y defensa; incrementando los efectivos policiales, con especial incidencia en los servicios de inteligencia, y reformando las leyes que sea preciso reformar en aras de proteger a la población amenazada. Porque aunque lo que me dispongo a escribir constituya un paradigma de lo políticamente incorrecto, prefiero el riesgo de un inocente temporalmente encarcelado a veintidós masacrados a la salida de un concierto.
INFRAESTRUCTURAS Y FONDOS DE LIQUIDEZ Y RESCATE
La 'contundencia' del Gobierno contra el separatismo: 80.000 millones extra
El Gobierno de Mariano Rajoy persiste en el error de intentar 'comprar' a los separatistas con más dinero público para Cataluña. Evita, de esta manera, tomar medidas contra la ilegalidad en la que se ha situado el Ejecutivo regional que preside Puigdemont.
Juan E. Pflüger gaceta.es 30 Mayo 2017
Este lunes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, convocaba a los medios de comunicación a una comparecencia extraordinaria en la que pretendía dar una imagen de firmeza del Ejecutivo frente a la reunión que para las cinco de la tarde del mismo día había convocado Carlos Puigdemont con los grupos separatistas que le apoyan en Cataluña. A juicio de Sáenz de Santamaría, la reunión convocada por el presidente regional catalán no es sino otra muestra de que la única intención de Puigdemont es que “el Gobierno diga lo que va a hacer si ellos hacen el referéndum”, con la única intención de hacerse la víctima ante la negativa a la aceptación del plan separatista.
Por la tarde, Puigdemont celebraba una reunión con sus socios separatistas. En ella llegaban a una conclusión, la misma que llevamos conociendo desde hace años. Y es que resulta que han decidido que no están en disposición de dar una fecha en la que se pueda decidir la fecha de la consulta separatista. Y lo dicen después de haber licitado la contratación de las urnas y las papeletas -un nuevo gasto de dinero público- para la celebración de dicha consulta. Una nueva medida de presión para seguir parasitando dinero público que no llegará a otras comunidades que quizá lo necesiten más.
La realidad es muy distinta a la presentada por Puigdemont y por Sáenz de Santamaría. Ni el Gobierno ha mantenido una posición contundente contra el separatismo, ni los separatistas pueden ir de víctimas. Muy al contrario, desde el ejecutivo central se ha derrochado una lluvia de millones -hasta 80.000 millones de euros desde 2012- lo que inhabilita la pose victimista del líder catalán que preside la comunidad más beneficiada por la financiación extraordinaria de obras públicas y por los fondos de liquidez y rescate creados por Rajoy tras su llegada al poder en diciembre de 2011.
Más de 15.300 millones extra para infraestructuras...
Cataluña ha recibido, desde que Mariano rajoy es presidente del Gobierno, más de 15.300 millones extra para la mejora de las infraestructuras regionales. La última partida fue la comprometida por el Ejecutivo en marzo pasado, que garantizaba una inversión de 4.200 millones hasta 2020. El dinero iría destinado a completar el Eje Mediterráneo y a la mejora de la red de cercanías de la comunidad autónoma.
Esta cantidad debe sumarse a los 11.165 millones de inversión que a través del Ministerio de Fomento, se han destinado a la región desde 2012, convirtiéndola en la más beneficiada de todo el territorio español ya que obtiene el 18% de las invesrsiones, muy por encima de otras regiones como Andalucía (17%), Galicia (12%), Castilla y León (12%), Comunidad Valenciana (9%) o Madrid (5,5%).
… y 66.500 millones para el rescate catalán
La partida presupuestaria destinada para obra pública en Cataluña parece muy llamativa, pero no es nada comparada con la que supone la transferencia directa de dinero a través del Mecanismo de Pago a Proveedores y del Fondo de Liquidez Autonómica. Estas dos figuras fueron creadas en 2012 por Rajoy para intentar solucionar la falta de presupuesto de las comunidades autónomas como consecuencia de la crisis económica.
En total se han comprometido, desde su entrada en vigor hace cinco años, 217.000 millones de euros. De ellos, casi una tercera parte han ido a parar a Cataluña. Este dinero tiene como objetivo financiar los déficit autonómicos, amortizar la deuda que esté próxima al vencimiento contraida por las comunidades y evitar la quiebra de los servicios públicos garantiszando su funcionamiento. De esta partida presupuestaria Cataluña ha obtenido un total de 66.500 millones de euros. Es, claramente, la región más beneficiada a pesar de que es la que más lejos está de cumplir el objetivo de déficit ya que mantiene el suyo en casi el 3%, cuando el límite fijado por el Gobierno Central se situa en el 0,7% del PIB regional. Es más, cuando estas medias de rescate entraron en vigor, la región que preside Puigdemont tenía una deuda del 2,27% respecto a su PIB, ahora ha ascendido hasta superar el 2,9%, y todo ello a pesar de la granfinanciación extra de casi 11.000 millones de media anual.
Si comparamos las aportaciones del Pago Proveedores y del Fondo de Liquidez que ha recibido Cataluña con el de otras comunidades, las diferencias a favor de la primera también son más que llamativas. La Comunidad Valenciana se encuentra en segundo lugar, con 15.000 millones menos de transferencia. En tercer lugar estaría Andalucía con 33.000 millones percibidos y a mucha distancia Madrid y Extremadura, que no llegan a los 10.000 millones recibidos.
A más separatismo, más dinero desde Madrid
La contundencia de la que presume la vicepresidenta del Gobierno está muy lejos de ser un reflejo de la realidad. Su comparecencia del pasado lunes ha sido un intento de posponer el anuncio de las medidas que el Ejecutivo debe tomar para frenar el movimiento de separación al que parecen lanzados algunos grupos políticos.
Estas medidas de financiación extraordinaria han coincidido con los pasos dados hacia la ruptura de España por estos grupos políticos. Unas medidas frente a las que el Ejecutivo de Rajoy se ha limitado a hacer declaraciones políticas, sin soportarlas en decisiones, o en plantear consultas al Tribunal Constitucional. En ningún momento se han tomado medidas contra los pasos dados por los separatistas.
Tras el anuncio en enero de 2016 en el que los partidos separatistas anunciaban el inicio de lo que denominaron “proceso de desconexión” y la puesta en marcha de una “Hacienda propia, Seguridad Social y transitoriedad jurídica”, el Gobierno no respondió. Fue una inacción total tras el mayor desafío al Estado de Derecho que incluía una declaración de desobediencia a cualquier tribunal de ámbito español.
Era la culminación de un proceso que los separatistas habían comenzado en 2014, un proceso que, gracias a la inacción del Gobierno ha realizado una consulta ilegal el 9 de noviembre de aquel año, una cesión de espacios públicos y un gasto que se estima en 5.300 millones para financiar la propaganda a favor de la ruptura de España. Pero frente a ello, el Gobierno del PP solamente ha interpuesto consultas al Constitucional ¿Qué hará cuando la declaración de independencia sea un hecho?
Cómo cambiar billetes de 500 euros
Pablo Planas Libertad Digital 30 Mayo 2017
El uso del billete de quinientos euros es una de las diferencias entre un capo de la Cosa Nostra y un señor de Casa Nostra, especímenes ambos del mismo género carroñero. El primero se enciende un puro con la estampita y el segundo, más vivo, práctico y disimulado, manda un propio al estanco a comprar un paquete de tabaco para blanquear el morado y obtener el cambio. Así lo ha puesto de manifiesto el fiscal Emilio Sánchez Ulled en su descripción de los usos y costumbres nacionalistas en torno al llamado caso Palau. De modo que Millet no despilfarraba el dinero público en encenderse puros sino en fumárselos mientras contribuía a la financiación de Convergencia en calidad de supremo intermediario de la mafia del tres por cuatro por ciento. Son hechos probados.
Sin ser ni de lejos el padrino regional, papel que corresponde al esposo de la madre superiora, el expresidente del Palau de la Música Catalana, Fèlix Millet, fue durante décadas un hombre de respeto, filántropo, mecenas y catalanista de acrisolada dinastía de algodoneros que montaron el Orfeón Catalán, se aliaron con Franco y fundaron durante la dictadura el pesebre nacionalista Òmnium Cultural, en previsión de que un día u otro habría de estirar la pata el general.
En esencia, Millet fue un cacique, personaje que ya había estado en la cárcel por estafa antes de ser designado don del Palau por las familias Pujol y Maragall, un tipo dotado del mismo encanto para las relaciones públicas que el primogénito de sor Ferrusola. Como era un profesional, si Convergencia se llevaba el cuatro, él también. Pasa que, a diferencia de Jordi Pujol o el consigliere Lluís Prenafeta, el director del coro es ahora un arrepentido ("delincuente confeso" le llamó Mas) que además no ha sufragado el ocio de los literatos catalanistas, de modo que nadie escribe una línea a favor del último expulsado del círculo de los nuestros. Es de justicia indicar que, contra lo que diga el fiscal, sin su confesión sobre la financiación de Convergencia el caso Palau sería una cuestión de dos sujetos apellidados Millet y Montull que compraron condones a cargo de la "institución".
Sánchez Ulled se las pira a Bruselas de consejero de Justicia del ministerio del ramo en la Unión Europea tras haber cerrado el caso. Se recuerda que fue el fiscal que puso de vuelta y media a Mas y atornilló a Francesc Homs en el juicio del referéndum del 9-N. Homs comparecía en calidad de testigo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y no le gustó el interrogatorio de Ulled. Pasado el trámite, el testigo se encaró con el fiscal en los pasillos aledaños a la sala de vistas y le acusó de "botifler" (traidor). Dada la apelación, Bruselas es un destino mucho mejor que lo de seguir de fiscal en Barcelona. Y habida cuenta de que se va del convento, se ha despachado con esta frase: "Se envolvían en la bandera para cometer tropelías con la cartera". Si sólo fuera por dinero...
LAS AUTORIDADES ALERTAN DE LA SITUACIÓN
Reino Unido: 23.000 yihadistas y disturbios en los barrios musulmanes
Arturo García gaceta.es 30 Mayo 2017
Los barrios periféricos de las principales ciudades se revuelven contra la presencia policial en sus calle. El MI5 admite su incapacidad para controlar a todas las células operativas.
Cuando uno se aleja de Notting Hill y del Londres más fotografiado, la ciudad parece otra. La multiculturalidad ha sido santo y seña de la capital británica desde hace decenas de años, pero en los últimos tiempos algo ha cambiado. Distritos completos se han convertido en auténticos guetos donde la sharia es la ley que impera y la presencia policial resulta un problema incómodo. Tras el atentado de Manchester, el control sobre estos semilleros islamistas se ha recrudecido y eso no ha sentado nada bien a algunos vecinos.
Los disturbios se han sucedido durante el fin de semana y las autoridades se han mostrado incapaces de controlar la situación. Tras años de abandono, estos barrios ya no están bajo el control policial y desde algunas mezquitas oficiales, y otras muchas ilegales, se exige a los más jóvenes que actúen con incendiarios discursos contra los "infieles".
El terrorista de Manchester se aprovechó del sistema público británico, que financia la educación islámica, y vivió en esos barrios convertidos en guetos donde la sharia es la ley vigente. Numerosos documentales -incluido uno de France2 que tuvo un importante revuelo mediático- han denunciado la situación de las escuelas británicas, verdadero semillero de jóvenes yihadistas que después son moldeados en las mezquitas por imanes radicales. Todo ello con el beneplácito de las autoridades del país, que dejan la gestión de estos centros en manos de países como Arabia Saudí y su particular visión del islam.
Miles de yihadistas fuera de control
A nivel de seguridad, la situación es realmente preocupante. Hace unos meses el MI5 ya se declaró "incapaz" de controlar a las decenas de células terroristas activas en el país, pero la amenaza ha ido en aumento. Según una información del periódico The Times, 23.000 islamistas han sido identificados por los servicios de inteligencia como posibles terroristas, pero sólo 3.000 son vigilados a diario.
Cabe recordar que los autores de las masacres en Londres y Manchester estaban en el primer fichero, pero los responsables del MI5 consideraron que no representaban suficiente amenaza. En el caso de Salman Abedi el despropósito fue aún mayor, pues las autoridades británicas conocían sus viajes a Siria para entrar en contacto con miembros del Estado Islámico.
La incapacidad del MI5 para investigar a todas las células obliga a realizar una lista de prioridades. En esta lista se incluye a aquellos sospechosos que se cree que representan una mayor amenaza, mientras que para otros se cierra la investigación y pasan al grupo de "antiguos sujetos de interés".
Una muestra más de lo que ocurre en el Reino Unido es la llamada categoría de "riesgo residual", que ha aumentado en más de 20.000 personas desde el 2001. Tanto Abedi como el terrorista de Londres, Khalid Masood, se encontraban en esta lista.
Que el problema del islamismo va en aumento es evidente y, a regañadientes, algunos líderes de Bruselas se atreven a admitirlo. Sin embargo, los principales dirigentes permanecen con los ojos cerrados ante las labores de adoctrinamiento que se producen en su propio país y que crean el caldo de cultivo para nuevos atentados. Aunque el Estado Islámico corra raudo a reclamar cualquier ataque, la realidad es que muchas de estas células están lejos del autoproclamado califato y se valen de las cientos de mezquitas ilegales para organizarse.
El MI5 sí vigila a los que luchan contra el ISIS
Las imágenes que los medios británicos publicaban de Siria e Irak obligaron a Kimberley Taylor a tomar una decisión. Esta mujer se convirtió en la primera mujer británica que decidió viajar a Oriente Medio para combatir al Estado Islámico, un camino que muchos occidentales tomaron antes y después al ver en peligro la cultura tradicional europea.
Taylor, que ha venido luchando contra los yihadistas en las filas de las Unidades de Protección a las Mujeres -brazo armado del Comité Supremo Kurdo del Kurdistán sirio-, subrayó que sus padres y hermana fueron interrogados por la Policía antiterrorista británica, y que sus ordenadores portátiles y teléfonos móviles fueron confiscados y aún no han sido devueltos.
Además, la joven manifestó que las acciones de las autoridades británicas "no están justificadas en absoluto" y que simplemente "se trata de un juego político". Hace unos meses, el Gobierno británico anunció que los ciudadanos que viajaran al extranjero con el fin de tomar parte en conflictos podrían ser procesados a su regreso al Reino Unido.
Las limitaciones de la Inteligencia británica para controlar a los miles de islamistas chocan con su entrega para vigilar a las familias de aquellos que luchan contra el terrorismo en Oriente Medio.
La Libertad de Expresión Asesinada
Resulta evidente que la Libertad de Expresión en España ha sido asesinada. Ha sido asesinada por una minoría violenta y por una mayoría silente, ha sido asesinada por autoridades y políticos cobardes.
Ignacio Blanco gaceta.es 30 Mayo 2017
Es difícil recordar un auge del sector del transporte por carretera como el que protagoniza hoy nuestro país, con el Bus de Hazteoir, el Trama Bus de Podemos o el Pelo Bus del padre Angel, sólo falta el “No es No” Bus de Pedro Sanchez, que puede resumir su programa político en esas 6 letras.
Daniel Ripa, Secretario General de Podemos y Diputado Asturiano, ha dicho que el Autobús de Hazteoir no era bienvenido en Asturias, como si el nuevo caudillo comunista nos representara a todos los asturianos. ¿Qué será lo próximo a lo que el Podemita, asturiano tardía, impida la entrada en su cortijo astur?. El mismo participó del tumultuoso grupo violento LTGBI-podemita que apedreó el autobús de Hazteior en Asturias, sin que ninguno de los vándalos haya sufrido la lógica consecuencia legal, de momento.
Una consecuencia legal que nuestras cobardes instituciones no hubieran dudado en aplicarle a cualquier vándalo de menor pedigrí izquierdista o LGTBIsta. Sólo la valiente empleada de la gasolinera reprendió a los señoritos de izquierdas, que abandonaron el lugar sin recoger el destrozo, para que la humilde trabajadora limpiara la mierda que los dignísimos LGTBI-Podemitas dejaron atrás.
Un autobús en el que rezaba el lema “Dejad a los niños en paz”. Resulta evidente, por la petrea recepción que tuvo el autobús, que los violentos LGTBI no quieren dejar a los niños en paz. Pero es normal, es difícil pensar en una frase más ofensiva ¿no creen ustedes?.
Son estos mismos vándalos de izquierdas, siempre los mismos, los que reclaman Libertad de Expresión, los mismos que pretenden derogar la Ley Mordaza, mientras amordazan violentamente a quienes no opinan como éllos. Sólo un esquizofrénico puede vivir con tales disonancias cognitivas.
Hemos visto a Pablo Iglesias boicotear actos en la universidad cuando no gustaba lo que otros opinaban, hemos visto impedir violentamente hablar a Felipe González en una universidad, escraches a la puerta de domicilios particulares, se han reventado actos en la Universidad de Oviedo por simple discrepancia ideológica, o como los representantes israelíes en España requieren de grandes despliegues de seguridad sólo para poder hablar. Y son siempre los mismos grupos violentos de izquierdas los responsables de la mordaza fáctica.
Por el contrario, estos grupos violentos de izquierdas, pueden decir cualquier chorrada, quemar crucifijos u orinarse en la constitución, con total impunidad. Y así es como debe ser, pues la opinión no puede ser penaliza, ni por la ley, ni por la religión, pero tampoco por la fuerza de los matones del Daniel Ripa de turno.
Resulta evidente que la Libertad de Expresión en España ha sido asesinada. Ha sido asesinada por una minoría violenta y por una mayoría silente, ha sido asesinada por autoridades y políticos cobardes, ha sido asesinada por los Ripa y los Iglesias, todos unos licenciados universitarios, que parecen desconocer que la Libertad de Expresión en la única libertad que debe ser defendida para que la disfruten los que no opinan igual.
La Libertad de Expresión, es un derecho fundamental reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un derecho definido como medio para exponer ideas, esencial para el descubrimiento de la verdad, como refirió John Stuart Mill, sólo limitado por el principio del daño y el principio de la ofensa. No es Libertad de Expresión defenderla sólo para los que opinan como uno mismo. Y por eso, la lucha por la Libertad de Expresión es la más digna y generosa de todas, porque esa lucha no es en beneficio propio, sino de otros para que puedan expresar libremente lo contrario que tú defiendes.
Si en el pasado eran los militantes de izquierdas quienes ponían en peligro su integridad por el simple hecho de exponer sus ideas, hoy son las violentas izquierdas radicales, las que pretenden acabar por la fuerza con toda Libertad de Expresión que no sea la suya propia.
Los mismos activistas violentos LGTBI que hasta hace poco luchaban por ser escuchados y respetados, como lo son en la actualidad en nuestro país, ya no están satisfechos con sus logros. Quieren imponer su ideología de género, que ya es enseñanza obligatoria en las escuelas. Quieren amordazar con violencia a quien no opina como ellos. La misma penuria a la que estos colectivos fueron sometidos en el pasado, quieren imponerla a quienes hoy no comparten su visión, como pretende también la izquierda radical, antigua, mezquina, fracasada y casposa del licenciado Ripa. Lo dicho, solo el psiquiatra puede dar solución a esta disonancia.
Algunos atribuyen a Sir Winston Churchill que “Los fascistas del futuro se llamarán antifascistas”. El licenciado Ripa y sus matones LGTBIstas se denominaban antifascistas, pero ya sabemos todos lo que son cuando silencian por la fuerza a quien discrepa de su totalitaria ideología.
Au-to-in-de-ter-mi-na-dos
ARCADI ESPADA El Mundo 30 Mayo 2017
De creer a las encuestas, como dice el clásico, hay un notable porcentaje de catalanes que quieren votar en un referéndum por la independencia pero que están en contra de ésta. La tesis en sí no merece mayor miramiento. El referéndum de autodeterminación es el primer acto de la autodeterminación y el que rompe el pacto entre españoles. Un pacto que puede romperse, siempre y cuando lo rompan los españoles y no los franceses, los uruguayos o los catalanes. Es posible que las encuestas no afinen lo necesario en esta cuestión y sea mucho menor el número de catalanes realmente interesados en votar para decir no. Por mi edad y mi oficio, y sobre todo por mi lugar de nacimiento y de pertinaz residencia, conozco muchas personas estrafalarias. Pero independentistas no independentistas yo no he conocido, ni siquiera ya muy entradas la noche y la farra.
Sin embargo, y dando por supuestas las trampas deliberadas o no de las encuestas y la posibilidad de que buena parte de los que contestan no tengan una idea clara de lo que significa un referéndum de autodeterminación, me inclino a pensar que estos catalanes existen y en una notable proporción. El que yo no les trate refleja un error indiscutible de mi trabajo de campo, mea culpa, pero no del campo considerado en sí. Es más: si algún talento político y jurídico fuera capaz de idear una convocatoria que dijera al mismo tiempo, y con similar carácter vinculante, no quiero seguir formando parte de España y además quiero seguir formando parte de España, no dude nadie que la autoindeterminación sería la opción abrumadoramente mayoritaria que elegirían los catalanes. Y aunque ni él mismo lo sabe, porque se conoce poco, es exactamente a eso a lo que se refiere el presidente Puigdemont cuando exige al presidente Rajoy una negociación. Es natural que Rajoy no le comprenda, porque es un hombre macroscópico que no está al caso de las particularidades cuánticas del subsuelo, aquel lugar donde el todo y su contrario suceden a la vez.
La pulsión cuántica de los nacionalistas no es más que una nueva versión de su xenofobia y de su asimismo cuántico inferior complejo de superioridad sobre el resto de españoles, a los que niegan el derecho a decidir que se arrogan. No es que los señoritos quieran separarse de los que consideran sus inferiores y a los que sin duda necesitan: sólo es que quieren que cada uno viva según su rango. El hecho diferencial elevado a la nauseabunda potencia. Y la razón moral especialísima por la que no deben salirse con la suya.
Tras el atentado de Manchester, ¿es hora de encarcelar a los yihadistas?
En las calles del Reino Unido hay 500 tramas terroristas bajo algún tipo de investigación, 3.000 yihadistas conocidos y 20.000 simpatizantes o "personas de interés".
Matthew Bennett vozpopuli.es 30 Mayo 2017
Lo que ocurrió en el Manchester Arena el lunes pasado fue más mortífero que los atentados del IRA en Enniskillen, Warrenpoint o Warrington, o el que hubo en el propio centro comercial Arndale en Manchester en 1996, que causó destrozos muy importantes pero ningún muerto. La matanza islamista de este 29 de mayo en el concierto de Ariana Grande, lleno de niños, niñas y padres disfrutando de la música, con sus 22 muertos y 59 heridos, sería equiparable en víctimas al atentado más potente del IRA en Omagh en 1998 (29 muertos) o, en España, al peor atentado de ETA, en el Hipercor en Barcelona en 1987 (21 muertos y 45 heridos). La macabra contabilidad de la vileza humana nos atañe de nuevo.
En marzo hablamos del asesinato del policía desarmado en la puerta del parlamento británico y tres viandantes en el puente de Westminster; en abril comentamos el escalofriante vídeo del Carnicero de Mondragón en Bayona durante del acto de "desarme" de ETA. En el primer artículo contamos segundos, hasta la repentina muerte inesperada, y en el segundo contamos pistolas, no entregadas, y años, de vida que habrían podido disfrutar Miguel Ángel Blanco o Silvia Martínez Santiago si no hubiese sido por la maldad hecha persona y con rostro de cobarde terrorista. También observamos la cantidad de cartas comodín, 187, que Tony Blair entregó a terroristas del IRA para que no fueran perseguidos por la Justicia, y la cantidad de presos "guerreros", asesinos convictos incluidos, que salieron de la cárcel antes de tiempo por el Acuerdo de Viernes Santo.
Esta semana hemos visto cientos de miles de tuits, miles de artículos y declaraciones políticas, cientos de velas y minutos de silencio, y decenas de actos en conmemoración de las víctimas del Manchester Arena. En cierto modo, supongo que podría ser la versión siglo XXI de las concentraciones que hubo tras los atentados de ETA en España, pero más internacional, más mediático y más inmediato, todos con un smartphone en el bolsillo, preparados para expresar el horror, la condena o la compasión en alguna red social con el hashtag favorito. Cual acto de fe, repetimos la letanía y empezamos a pasar página antes incluso de que la policía y los jueces hayan identificado a todos los cadáveres. Hay que seguir con la vida normal, nos dicen, y ser ejemplares en nuestras reacciones (eso del "stiff upper lip" británico famoso, o el "keep calm and carry on"). En Manchester, hay gente haciendo cola para hacerse el tatuaje de la abeja obrera, un símbolo de la ciudad, una especie de camiseta "yo estuve allí" a lo bestia.
Esta vez hasta la Reina ha salido de palacio para hacerse la foto con las víctimas en el hospital. La Ministra de Interior actual, Amber Rudd, dijo en el programa Andrew Marr de la BBC que el Gobierno seguirá "cuidando de las víctimas".
Un momento. ¿Cómo que seguir cuidando de las víctimas? Eso para las enfermeras, los psicólogos y los familiares. De un Gobierno moderno, de la misma Ministra de Interior, quiero protección y defensa. Se supone que el trato es ese. Las armas para el Estado pero a cambio no te matarán. ¿Desde cuándo nuestros ministros aprendieron a pasar página y a hacer como si nada tan rápidamente? ¿Cuándo cambió el plan? ¿Con qué morro salen en los telediarios para decir eso cuando las familias aún no han enterrado a los suyos?
Los familiares de Georgina Callander, una chica de 18 años que murió en Manchester, saben lo que hay: "Unos hombres malvados, malvados, dispuestos a arruinar vidas y destruir familias, le quitaron la vida con 18 años", dijeron a Sky News: "me gustaría poder decir que Georgina será la última en morir así pero si nuestro Gobierno no abre los ojos, sabemos que seremos unos más en una larga fila de padres en una lista que no hace más que crecer".
Varios ex miembros del Ejército británico o la Policía de Londres también saben exactamente lo que hay. Un antiguo soldado de las famosas fuerzas especiales, la SAS, dejó las cosas claras a un presentador perplejo: "La gente se está complicando la vida demasiado. Tenemos a gente en este país que de manera activa están buscando y matando a nuestros hijos […] Ahora debemos actuar, tenemos que hacer algo, y tenemos que hacer algo rápidamente". O aquí un antiguo Coronel del Ejército, Richard Kemp, que en su momento estuvo encargado nada menos que del gabinete de crisis del Gobierno, Cobra: "No podemos dejar que mutilen a nuestros hijos". O aquí un ex jefe de la Policía Metropolitana de Londres, subdirector general del mismo Scotland Yard, musulmán y mancuniano, quien escribe de "una amenaza sin precedentes en Reino Unido".
¿Las soluciones prácticas de estos expertos, llegados a este punto? Encarcelarlos a todos, internarlos (encarcelarlos sin juicio, como se hizo en los años setenta en Irlanda del Norte) o deportarlos. "Ya no son necesarios en la sociedad", dijo el de la SAS. "El problema", dijo el buen Coronel: "es que hay 3.000 yihadistas en las calles del Reino Unido". Incluso el ex policía: "Ha llegado la hora de establecer centros especiales para detener a los 3.000 extremistas". En su caso, matiza que serían centros aprobados por la comunidad musulmana y con visitas de imanes para intentar desentrañar el lío teológico islamista que padecen: "Nunca nos hemos enfrentado a una amenaza terrorista así".
La Ministra de Interior, mientras hablaba de seguir cuidando de las víctimas, confirmó la cifra y explicó su relevancia: hay 500 tramas terroristas bajo algún tipo de investigación, 3,000 yihadistas conocidos y 20,000 simpatizantes o "personas de interés". De lo que no quiere hablar tanto el Gobierno es que la anterior Ministra de Interior, Theresa May—es decir la actual Primera Ministra—presidió sobre el recorte de 20.000 agentes de Policía. Hay vídeos en YouTube de representantes de los agentes, de policías muy experimentados, diciéndoles a la cara a May y a Rudd que como recorten en agentes locales, va a haber problemas con el terrorismo. Después del atentado han detenido de repente a 16 personas relacionadas con Abedi. Ahora el MI5, el servicio de seguridad británico, ha abierto una investigación sobre los "al menos tres avisos" que recibieron antes del atentado de Manchester, sobre el mismo Abedi.
Ha habido un fallo sistémico gravísimo en el sistema de seguridad en el Reino Unido. El Gobierno debe remediarlo cuanto antes, no correr a atacar a Jeremy Corbyn en los medios o a intentar pasar página antes de las elecciones generales de junio.
La opinión de que el público es demasiado estúpido para captar los ideales progresistas expresa un profundo desprecio por los seres humanos. De hecho, transfiere acríticamente la responsabilidad del malestar actual con la vida política a un electorado ignorante.
Javier Benegas vozpopuli.es 30 Mayo 2017
Decir que el debate televisado de las primarias socialistas sirvió, sobre todo, para evidenciar la vacuidad de los mensajes de los tres contendientes, no es descubrir nada nuevo. Tampoco lo es manifestar la misma opinión sobre los debates de las pasadas elecciones generales o, incluso, de las anteriores. Es más, seguramente la mayoría esté de acuerdo en que el nivel intelectual de la política es cada vez más desolador. Ni que decir tiene que el Trama Bus y el Trama Wars de Podemos no hacen sino agravar esta percepción. Sin embargo, aunque parece que nos hemos erigido en vanguardia del declive intelectual de la política, esta tendencia no sólo afecta a nuestro desdichado país.
Según un estudio de los debates presidenciales realizado por The Princeton Review, el nivel de la retórica empleada por los sucesivos candidatos de los Estado Unidos no ha hecho sino descender de manera inquietante a lo largo del tiempo. Está conclusión se obtuvo tras analizar las transcripciones de los debates de Gore-Bush, el debate Clinton-Bush-Perot de 1992, el de Kennedy-Nixon de 1960 y el de Lincoln-Douglas de 1858. Se revisó en cada caso el vocabulario empleado para determinar qué nivel educativo era el adecuado para entender las ideas expuestas por los aspirantes a la presidencia.
Así, en los debates de 2000, Bush empleó una oratoria accesible para un estudiante de sexto grado (6.7), mientras que la de Gore era apropiada para un séptimo grado (7.9). En 1992, Clinton utilizó un lenguaje comprensible para un séptimo grado (7.6), mientras que el de Bush, al igual que Perot (6.3), no superaba el sexto grado (6.8).
En todos los casos, el nivel retórico fue muy inferior al de los debates Kennedy-Nixon de 1960, donde ambos candidatos usaron un lenguaje comprensible para estudiantes de décimo grado. A su vez, este nivel palidece si lo comparamos con el empleado por Abraham Lincoln y Stephen Douglas, cuyas puntuaciones fueron, respectivamente, 11.2 y 12.0. El estudio no contempla debates más recientes, pero parece evidente que el nivel dialéctico desplegado por Trump y Hillary durante la pasada campaña no llegó siquiera al sexto grado.
Sin embargo, lejos de resultar preocupante, este declive de los debates políticos se interpreta en general como algo positivo. Que los candidatos empleen una retórica comprensible para un niño de primaria, se considera "inclusivo" y no "elitista". Lo que evidencia que a las élites les parece muy bien que el público tenga la capacidad mental de un niño de 10 años de edad. De hecho, se ha vuelto habitual la participación de los políticos en programas de entretenimiento, bailando, cantando, tocando la guitarra, charlando en la barra de un bar, practicando alguna actividad deportiva, incluso pilotando un coche de rally o revelando intimidades familiares frente a los fogones de una cocina. De esta forma se sustituye el debate de ideas por una imagen desvinculada no ya de la política sino de cualquier incómoda connotación intelectual.
Esta banalización de la política puede capturar el interés de un perfil determinado de votantes, generalmente más fácil de polarizar, pero aleja a todos los demás. De hecho, la puntuación que el público otorga a los diferentes líderes políticos no deja de empeorar sin que ninguno llegue al aprobado. También la participación en los procesos electorales, lejos de mejorar, tiende a decaer. Así pues, infantilizar la política está provocando la desconexión de los votantes. Sin debates que expresen diferencias consistentes, la gente cae en esa apatía política que Thatcher acertadamente definió como TINA: "There Is No Alternative".
Con este estado de postración intelectual, sorprende la furibunda reacción de las élites ante la “inesperada” victoria del Brexit. Y, de nuevo, contra los votantes de Trump, a cuenta de la reciente derogación del Obamacare que podría dejar a 23 millones de norteamericanos sin subvención para un seguro médico. Todas estas decisiones se califican de irracionales ¿Cómo es posible que las personas voten contra la subvención de su seguro médico o contra las ventajas de pertenecer a la UE? ¿Cómo se justifica, en suma, que la gente elija perjudicarse a sí misma? Las respuestas ofrecidas son simples: o bien el público es idiota o bien ha sido manipulado. Y en ambos casos se sitúa al votante en el umbral de la estupidez.
En realidad, la opinión de que el público es demasiado estúpido para captar los ideales progresistas expresa un profundo desprecio por los seres humanos. De hecho, transfiere acríticamente la responsabilidad del malestar actual con la vida política a un electorado ignorante, liberando de toda responsabilidad a unas élites que han degradado el debate hasta convertirlo en una caricatura, en un relato infantil, donde el único principio válido es la inclusión.
Quizá, para algunos votantes, importe más la promesa de mejores oportunidades laborales que dedicar ingentes recursos a la subvención de un seguro médico. Puede que su cálculo sea erróneo, pero no por ello deja de ser racional. En cuanto al resto, nada se le puede reprochar habida cuenta de la pésima calidad del debate que los propias élites promueven.
Lo mismo podría decirse de parte de los votantes que apoyaron el Brexit. Quizá, para ellos, los beneficios de permanecer en la UE llevaban aparejados costes que, mayores o menores, racionalmente no deseaban asumir. Y optaron por favorecer a sus propios gobernantes, sobre los que aún conservan algún control, en vez de primar una burocracia de Bruselas sobre la que no tienen control alguno. Es decir, podemos disentir de su criterio, pero no todos eran idiotas o fueron manipulados sino que hicieron un cálculo racional. Y los que eran idiotas, simplemente se correspondían con la política infantil que promociona la inclusión.
Esta obsesión por la inclusión no sólo afecta a la calidad del debate político, también perjudica a las universidades, donde debatir libremente ha dejado de ser entendido como algo positivo. Las discusiones intelectuales expresan puntos vista que pueden resultar molestos para alguna de las partes, por lo tanto no son inclusivas. En los colegios está sucediendo algo similar: la alarma del bullying escolar ha desplazado el debate sobre la calidad de la enseñanza. En realidad, sucede lo mismo en todos aquellos lugares de la sociedad susceptibles de ser sometidos al control político.
Resulta paradójico que en la era del conocimiento, donde las nuevas tecnologías han revolucionado el saber, el debate discurra en dirección contraria, otorgando cada vez menos valor a la inteligencia y más preponderancia al populismo de la inclusión. El libre debate ha sido reemplazado por ideas simples, infantiles, monolíticas, como si la democracia deliberativa se hubiera convertido es una forma de intimidación.
Ernesto Ladrón de Guevara latribunadelpaisvasco.com 30 Mayo 2017
Esta semana ha aparecido en este periódico el dato de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parental según el cual el 14% de los adolescentes vascos pega o insulta a sus progenitores. Este dato no es la única vez que aflora. Es decir, uno de cada seis adolescentes tiene un comportamiento disruptivo y no acepta la ascendencia de sus mayores para marcar las pautas de su comportamiento y las normas que han de cumplir. Hace un tiempo escribí en estas páginas sobre los informes de la Fiscalía del País Vasco que coinciden en la constatación del problema.
Lo paradógico de este dato es que pase desapercibido y que no haya voces –salvo la de La Tribuna del País Vasco- que clamen contra este síndrome de enfermedad moral y que se pregunten por qué ocurre algo tan grave; como es que uno de cada seis adolescentes no solamente no respete ni obedezca a sus padres, sino que los maltrate con impunidad.
Es sorprendente que sigamos sin preguntarnos por qué sucede algo tan alarmante, y que pasemos de puntillas sobre esta cuestión que tiene una componente preocupante de violencia y de enfrentamiento a la autoridad de los padres en la estructura familiar; es decir, dicho de otra manera, la carencia de la articulación de un sistema de funcionamiento de la familia que le permita su supervivencia y unas condiciones dignas de vida y de convivencia interna. El que no vea el problema tiene en sí mismo una grave dificultad para interpretar los componentes que permiten sobrevivir a una sociedad sin riesgo de descomposición por la metástasis de un cáncer en la organización de nuestro cuerpo existencial de convivencia.
Sin familia ni organización de roles en su seno, sin autoridad ni valores que le den sustancia para pervivir como sumatorio de voluntades en torno a un proyecto común de convivencia, no puede existir un desarrollo sano de unos menores que están en el momento crucial de su desarrollo hacia la adultez y serán perpetuos adolescentes. Lo peor de esto es que, además, esta adolescencia cada vez más tardía se traslada al cuerpo social, y, por tanto, al político. Entonces la gangrena está asegurada. Lo manifiesta en un insuperable artículo el intelectual y fundador de CINC Antonio Robles.
Hace mucho tiempo que los valores que contribuyen a un crecimiento colectivo hacia el progreso y la democracia se han desmoronado. De ahí el desconcierto y la perplejidad que las gentes con sentido común observan en la deriva catalanista hacia la independencia y el avance del nacionalismo en comunidades que hasta hace poco estaban exentas de sospechas disgregadoras como Baleares, Navarra y Valencia. Estos valores se pueden sintetizar en unos pocos, que son respeto, responsabilidad y aceptación de la autoridad legítima.
El respeto tiene dos vertientes: respeto a las normas que rigen nuestra convivencia y respeto a las personas. El respeto a las normas empieza en el seno familiar, y éstas corresponden establecerlas a los padres. A su vez, este respeto a las personas tiene otras variantes: respeto a los adultos que por su edad tienen la experiencia y nos han transmitido la sabiduría del legado cultural de nuestros antepasados, y respeto a quienes nos han traído a la vida y han cuidado de nosotros, así como un elemental principio de no hacer a los demás lo que no queramos que se nos haga a cada uno de nosotros. Es lo que yo llamo autoridad inherente. Si nuestros adolescentes carecen de los elementales principios que llevan a saber obedecer y respetar a los mayores, más si son nuestros padres o abuelos, es que carecen de lo más elemental para crecer armónicamente y desarrollarse como adultos maduros en un futuro inmediato. Hay un problemón en las bases de su formación como personas.
Ahora bien –y de esto ya escribí en su momento, pero vuelvo a reiterarlo porque es capital-: que me explique a mí alguien cómo puede un adolescente desarrollarse en esos términos de identidad bien formada, resistencia a la frustración, sentido de la autoridad legítima y aceptación de normas, si en su entorno observan que quienes debieran ser ejemplo de comportamiento cívico, es decir los políticos y agentes sociales que rigen los comportamientos sociales y las normas de convivencia en común, se saltan las leyes a la torera, no admiten autoridad fuera de los límites de su ámbito de actuación, ni aceptan la jerarquía normativa; y usan el dinero público para sus intereses políticos y no para el bien común.
No hace falta decir que me refiero, sobre todo, en este momento, a Cataluña. Pero hemos estado durante décadas bajo el síndrome de la anomia y la insurrección en el País Vasco. Esta cuestión ha impregnado como una sopa de transgresión permanente al conjunto de la sociedad vasca, y más específicamente al sistema educativo que es principio activo en la generación de esa tipología de comportamientos sociales de permanente adolescencia política y social. En consecuencia, no es de extrañar que se nos escape de las manos una generación de púberes que se asoma a la adolescencia sin visos de ser responsables de sus comportamientos, y que sus mayores se vean ante el sofoco de no saber cómo abordar la insumisión de sus hijos a las normas y unos mínimos límites de comportamiento en el hogar. Y, por tanto, tenemos un problema, o más bien estamos en el problema en todos los órdenes en los que se desenvuelve nuestra vida. No nos podremos quejar, por tanto, de que nazcan unos populismos que son la evidencia de la adolescencia política, unas tendencias disgregadoras que nos llevan a la autodestrucción como nación y la deriva de partidos que han sido sistémicos en el cuerpo constitucional de nuestro país hacia el disparate; así como la ausencia de estadistas que pongan por encima de sus intereses particulares o de grupo el bien de sus conciudadanos.
Estamos bajo el peso de un síndrome: el de la perpetua adolescencia en rebelión permanente contra las leyes y las normas. Y así no se progresa. Habrá mucho progresista, pero poco progreso.
ESPAÑA DEBERÁ INDEMNIZAR AL CONDENADO
De la Doctrina Parot al pederasta indemnizado, así somete Estrasburgo a la Justicia española
Aceptar las decisiones del Tribunal de Estrasburgo supone una cesión de soberanía por parte de los estados. Ahora este tribunal ha decidido que España debe indemnizar a un pederasta condenado por la justicia española.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha decidido condenar a España a que indemnice con 134.805 euros a Carlos Trabajo Rueda, que fue condenado en firme por la Justicia española en 2009 por un delito de posesión y difusión de imágenes pornográficas de menores. La justificación de esta resolución es que no se protegió el derecho a la vida privada del condenado durante la investigación policial. Solamente uno de los jueces del TEDH, el ruso Dmitri Dedov, ha manifestado su apoyo a los tribunales españoles porque consideró que el derecho a la vida privada no es compatible con la vulneración de leyes. Dedov aseguró que la sentencia de Estrasburgo hace bueno el lema de "fiat iustitia, et pereas mundus" (Hágase justicia, aunque perezca el mundo).
Trabajo Rueda fue detenido en 2007 tras haber dejado su ordenador en un servicio de reparaciones de Sevilla. El técnico, al realizar las pruebas de funcionamiento encontró el material pornográfico de menores y lo denunció a la Policía, que descubrió que esos archivos habían sido compartidos usando el programa de intercambio eMule.
En el año 2008 el acusado era condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a cuatro años de prisión y señalaba “que era difícil reconocer al demandante el derecho a la vida privada (…) sus archivos eran accesibles a quien se conectara a la red de intercambio”. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo y por el Constitucional y, ya en mayo de 2009, la Audiencia Provincial dictaba orden de arresto contra el condenado. Su fuga impidió que pasara un solo minuto en prisión y, tras prescribir la condena el 3 de abril de 2014, el condenado decidía apelar a Estrasburgo, que ha condenado a España al pago de una cuantiosa indemnización.
Según el Tribunal de Estrasburgo, la incautación del ordenador y el examen de sus archivos por parte de la Policía se ralizó usando medios desproporcionados y con una urgencia injustificada al considerar que “no existía riesgo de desaparición de los ficheros”.
Otro ataque a la soberanía española
Esta no es la primera vez que el Tribunal de Estrasburgo ataca a la soberanía española. En octubre de 2013 condenaba a nuestro país por la aplicación de la “doctrina Parot” a los presos de la banda terrorista de ultraizquierda ETA, violadores, grandes narcotraficantes y asesinos que causaron gran alarma social. En aquella ocasión consideró que España no era libre para aplicar su propia política de beneficios penitenciarios. Hasta la entrada en vigor de la “doctrina Parot”, España aplicaba las reducciones de condena al tiempo máximo efectivo de la misma que era de 30 años. Con esta nueva doctrina, la reducción se empezaba a descontar desde la totalidad de la condena.
Gracias a esta decisión de Estrasburgo, casi un centenar de terroristas, seis violadores y tres asesinos fueron puestos en libertad. Y lo que es peor, España cedió su soberanía -aun más- a organismos supranacionales. Nuestro Gobierno, a diferencia de lo que había hecho Gran Bretaña unos años antes, se sometió y abrió las puertas de las cárceles a peligrosos criminales porque así se lo indicó el TEDH.
Gran Bretaña decidió no variar su legislación sobre el uso de armas en la lucha contra el terrorismo tras la sentencia del TEDH de 1995 en la que condenaba al Gobierno británico después de que en 1988 un comando de sus cuerpos especiales, las SAS, abatiera en Gibraltar a tres terroristas del IRA. La decisión el Ejecutivo británico se mantuvo firme y no cumplió la sentencia que le pretendía imponer la obligación de una reforma en sus leyes internas.
En 1998 Gran Bretaña se adhirió al Acta Europea de Derchos Humanos, sometiéndose a la jurisdicción del TEDH. Una circunstancia que le obligó a no deportar a Aso Mohammed Ibrahim. Este inmigrante atropelló en 2003 a la niña de 12 años Amy Houston. Se dio a la fuga tras dejarla agonizando. El proceso se demoró tanto que al criminal le dio tiempo a tener dos hijos, lo que imposibilitaba su expulsión.
Cameron se puso en contacto con los padres de la pequeña víctima y se comprometió a romper los acuerdos del Acta Europea para recuperar la soberanía jurídica. Los británicos apoyaron esta medida al considerar que lo único que aportaba pertenecer a ella era “el derecho a no ser esclavizado, el derecho a tener un juicio justo, el derecho a la seguridad e integridad personal, el derecho a formar una familia, el derecho al matrimonio, el derecho de reunión y manifestación, la libertad religiosa...”, unos derechos que ya estaban garantizados por las leyes nacionales.
JORGE DE ESTEBAN El Mundo 30 Mayo 2017
No; no me refiero a la versión clásica del problema catalán, tal como lo diagnosticó hace casi un siglo Ortega y Gasset, y que estos días parece que ha llegado a su paroxismo. Como es sabido, los nacionalistas ya han intentado por tres veces -en 1873, en 1931 y en 1934- la creación de un Estado propio, pero con la salvedad de mantener en las tres ocasiones alguna conexión con el resto de España. En efecto, en 1873 los federalistas José García Viñas y Paul Brousse proclamaron "el Estado catalán federado con la República española"; en 1931, Francesc Maciá, el mismo día que se proclamaba la II República en España, declaró «el Estado catalán, que libremente y con toda cordialidad, pedía a los otros pueblos hermanos de España su colaboración para crear una Confederación de pueblos ibéricos»; y, por último, Lluis Companys, el 6 de octubre de 1934, proclamó el "Estado catalán de la República Federal española", es decir, un Estado dentro de otro Estado.
Pues bien, en los tres precedentes citados se pueden detectar fácilmente dos singularidades: por una parte, que no se atrevían a romper todos los lazos con España y buscaban así algún nexo de unión; y, por otra, que demostraban una enorme confusión en cuanto al concepto de Estado. Es sorprendente así que estos condicionantes se mantuviesen en el referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014 a través de las dos preguntas que plantearon y que fueron estas: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado?" y, en caso afirmativo, "¿quiere que sea un Estado independiente?". En consecuencia, la gran aportación de los nacionalistas catalanes fue plantear dos preguntas difusas, siguiendo la estela de las anteriores proclamaciones citadas, en las que lo único que quedaba claro en la consulta es que distinguían dos categorías de Estado: el Estado dependiente y el Estado independiente. Distinción de una clara altura intelectual, que rompía con la tradición del Derecho Constitucional y de la ciencia política. En efecto, cuando se utiliza simplemente la palabra Estado, que procede del italiano lo Stato utilizada por Maquiavelo en su clásica obra, lo que se quiere señalar es que todo Estado es soberano e independiente, es decir, que en el orden interno tiene la potestad de imponer sus decisiones a los gobernados y que en el orden internacional no está sometido a ninguna otra autoridad.
Por tanto, hablar de Estado independiente es un pleonasmo pues no hay Estado que no sea independiente. Ahora bien, cuando la palabra Estado va acompañada de algún calificativo como federado o asociado, lo que se está afirmando es que ese Estado no es independiente, porque forma parte de una federación o alianza que impide su total independencia, como ocurre, por ejemplo, con la Unión Europea. Sea como fuere, la cuestión es que en la actualidad nos hallamos ante la versión moderna del problema catalán, lo cual comporta que sea el más grave problema que debe superar España, y debe hacerlo cuanto antes. Por lo pronto, ya ni se usan los mismos medios, ni se busca el mismo objetivo que perseguían en las ocasiones anteriores, aunque como entonces lo que se quiere es doblegar al Estado español. Los dirigentes nacionalistas, con la ayuda de aventureros como Podemos o despistados ideológicos, parecen desear que Cataluña se declare unilateralmente independiente, lo cual provocaría una hecatombe en el resto de España. Parece insólito que, tal y como ha actuado hasta ahora el Gobierno, pudiera ser el primer caso en la Historia en que los gobernantes de una democracia constitucional acusen de "golpistas" a los dirigentes de un territorio del mismo Estado, porque están subvirtiendo el orden constitucional, y, sin embargo, no actúen en consecuencia.
En otras palabras, ante un epíteto de este tipo, el Gobierno, que, según el artículo 97 de la CE, tiene como tarea principal hacer cumplir las leyes y la Constitución, no puede permitir que los gobernantes catalanes actúen al margen de las leyes. Sin embargo, el Govern lleva procediendo así desde hace tiempo, hasta el punto de que se ha llegado a preguntar en sondeos públicos -verlo para creerlo- si en Cataluña hay que cumplir las leyes. No es extraño. Como ya sostuve hace meses en estas páginas, que lo que viene ocurriendo allí es un "golpe de Estado permanente", al menos desde el año 1983. Está bien, al menos, que ahora varios ministros hablen del golpismo en Cataluña. Pero se supone que tienen preparado ya, para el momento en que den un paso claramente inconstitucional o delictivo, un conjunto de medidas que permite el artículo 155 de la Constitución, el cual muchos opinan que debía haberse aplicado con ocasión del 9-N.
De nada serviría abrir la boca si las palabras no van acompañadas de medidas ejecutivas que detengan la escalada totalitaria de los nacionalistas catalanes. El Gobierno es consciente de que no habrá más remedio que aplicar dicho artículo, llegado el caso, puesto que concurren las dos condiciones que se exigen: que Cataluña no cumpla las obligaciones que la Constitución y otras leyes le imponen, y que la forma de actuar de la Generalitat atente gravemente el interés de España. Por lo demás, no es necesario que este precepto, como dicen algunos, deba ser desarrollado por una ley orgánica, sino que es de aplicación directa, pudiendo ser susceptible de varias interpretaciones de acuerdo con lo que piense el Gobierno y la mayoría del Senado.
Por consiguiente, el Gobierno debe advertir a la Generalitat que actuará de inmediato y de forma resolutiva si se empeña en celebrar un referéndum inconstitucional, o, en su caso, si el Parlament proclama unilateralmente la independencia en 24 horas -algo digno del Guinness-, según una reforma inconstitucional de su Reglamento.
Una de las frases más tontas que he oído, pronunciada por Puigdemont, es la de que "el Estado no tiene tanta fuerza para detener a tanta democracia". Si el presidente catalán tuviera algunos conocimientos de la historia del pensamiento político, no hubiera dicho semejante estulticia. Por una parte, porque el Estado democrático dispone para su conservación de la coerción legítima y si es necesario usarla, está reglamentada en normas. Y, por otra, utilizar la palabra democracia en sentido general es hoy una falacia en Cataluña. Primero, porque alrededor de la mitad de su población quiere seguir perteneciendo a la nación española y sería una decisión dictatorial que los que los que se consideran una nación catalana se impongan a la otra mitad. El Estado, por consiguiente, no puede dejar inerme a este sector que también vive en Cataluña.
Pero, volviendo al principio, lo que conviene resaltar es que esta versión moderna del problema catalán confirma que ya han aprendido, según el documento de la ley de ruptura que ha circulado, que lo que quieren ahora es un Estado independiente y sin ninguna clase de vínculos con el resto de España, a diferencia de lo que aspiraban en los tres conatos que fracasaron. Sea como sea, el hecho es que al socaire de este vendaval nacionalista, el ahora flamante neosecretario general del PSOE se ha pronunciado por algo insensato. Ha dicho repetidas veces que España es una "Nación de naciones", lo que está muy bien para decirlo en los mítines, pero que jurídicamente es una barbaridad.
Ciertamente lo primero que tendría que aclarar es cuántas y cuáles son las naciones que hay en España. En concreto, si Cataluña es una nación (como parece sostener), hay que reconocer en consecuencia sus símbolos nacionales; si se reconocen éstos, hay que aceptar la soberanía del pueblo catalán; si se establece que el pueblo catalán es soberano, hay que adoptar la bilateralidad en sus relaciones con el Estado español; si se acepta la bilateralidad, hay que reconocer que las competencias que regula el Estatut están blindadas y no se pueden modificar; si se blindan las competencias de la Generalitat, hay que asumir en consecuencia que la Constitución ya no rige en ese territorio y que tampoco son válidos los órganos constitucionales comunes, porque habría que crear otros exclusivamente catalanes. Cataluña tendría ya, por tanto, un Estado propio.
Como se ve, pues, la quintaesencia de esta disquisición es que considerar a un territorio como nación, es abrir la puerta a un nuevo Estado. Por eso, si de acuerdo con nuestra Constitución la soberanía nacional reside en todo el pueblo español, no es posible ni reconocer que España es un conjunto plurinacional, ni tampoco que un referéndum de una parte de ciudadanos de una solo comunidad autónoma, se arrogue una decisión que afectaría al conjunto de los españoles.
Ahora bien, pase lo que pase en estos próximos días o meses (ayer se reunieron los nacionalistas para hablar de la fecha y la pregunta del referéndum ilegal), hay una cuestión que está muy clara. El problema más grave que tiene hoy España es que el llamado Estado de las Autonomías ya no es válido para organizar nuestro futuro. Hay que reformar cuanto antes el Título VIII de la Constitución y hay que convencer a la mayoría de los españoles de que existen dos comunidades autónomas que no son iguales a las demás. Se quiera o no se quiera, es así. Por eso, esas dos comunidades, que podrían denominarse cada una Comunidad Nacional (nacionalidad dice el artículo 2 de la CE), tendrían que tener una situación constitucional diferenciada de alguna forma. Pero bien entendido que en toda España los derechos fundamentales serían iguales para todos y que no puede haber más soberanía nacional que la de todo el pueblo español, ni más representación exterior que la clásica de nuestras embajadas.
Hacer un documento racional que exponga estas ideas con rigor jurídico y seriedad política, en vez de esas chapuzas pseudojurídicas de la desconexión de corte totalitario, debería ser el reto de nuestros tres partidos nacionales en diálogo con los intransigentes nacionalistas y otros aventureros, a ver si acaban dándose cuenta de que es más fácil tomar la sopa con la cuchara que con el tenedor.
Fernando Sánchez Costa vozpopuli.es 30 Mayo 2017
“Nos han pedido que no hablemos del tema catalán porque la audiencia cae inmediatamente”. Desde hace unos días, no me quito de la cabeza esta jugosa confesión, que me hizo un notable tertuliano televisivo. Por lo que he podido indagar después, su cadena no es la única que argumenta de este modo ante la agenda mediática soberanista. Es sorprendente lo mucho que puede decir una frase tan corta. Allí está resumido nuestro sistema de medios, que baila desde hace años al son de las audiencias. Allí está decantada, también, nuestra historia reciente como nación. Tan pocas palabras y tantas ambivalencias.
¿Qué significa que la audiencia desconecta cuando se empieza a hablar del tema catalán? En primer lugar, revela un enorme agotamiento, un hastío infinito por una burbuja política y mediática que nos persigue a todos como una pesadilla sin fin. El hartazgo es perfectamente comprensible y se da también en la sociedad catalana. Cada vez son más las personas –también con sensibilidad nacionalista– que reconocen que cambian de canal o emisora cuando oyen hablar del Procés. Hasta a los propios diputados de Junts pel Sí se les ve en el Parlament agotados de la dinámica soberanista y de la sucesión de tantos falsos días históricos.
Pero la desconexión de las audiencias frente al reto independentista tiene también otra lectura. Revela la anemia nacional que vive España. No hace falta ser muy perspicaz para percatarse de que nuestro patriotismo constitucional anda escaso de pulso y nervio. España se encuentra ante un reto histórico y la respuesta más habitual que uno percibe es la indiferencia. “Que se vayan de una vez”, se oye de vez en cuando. Como afirmaba un reconocido jurista catalán, “al final no nos iremos, nos echarán”.
Esta indiferencia general ante el órdago independentista tiene, de nuevo, sus ambivalencias. Por un lado, constata y nos permite celebrar el fin de un nacionalismo español con pulsiones absolutistas. La desdivinización de la nación es siempre una buena noticia. Pero, al mismo tiempo, esta indiferencia denota también que el principal problema de nuestro país como proyecto histórico y político no es el envite independentista, sino el distanciamiento progresivo de la ciudadanía con respecto a la misma idea de España.
Hace tiempo que desde el constitucionalismo catalán pedimos una mayor implicación del conjunto de la ciudadanía española. Somos muchos los catalanes que pensamos que vale la pena seguir trabajando por el proyecto común español. Lo hemos hecho durante los años de la tormenta perfecta independentista. Pero a veces nos hemos sentido poco acompañados por la sociedad civil del resto de España. ¿Por qué es tan difícil obtener el apoyo explícito y público de deportistas o figuras del mundo de la cultura, del arte y de las letras? ¿Por qué es tan complicado conseguir un poco de apoyo económico empresarial para los proyectos en favor de la unidad y la convivencia que se promueven desde Cataluña? ¿Por qué el mundo intelectual y universitario se ha implicado tan poco? ¿Tan acomodados y aburguesados estamos todos?
Lo que aquí propongo no es en absoluto un despertar de la agresividad. Al contrario. Lo que pedimos es que nos ayudéis a tender puentes, a reforzar los lazos, a organizar foros de encuentro y de diálogo para repensar nuestro país y hacerlo, así, atractivo para todos. Necesitamos la implicación y el compromiso cívico de todos para una gran labor de pedagogía, para reconectar a la sociedad catalana con el resto de España. No será difícil pinchar la burbuja independentista (por muy interiorizada que esté en algunas capas) si la ciudadanía constitucionalista de Cataluña y del resto de España se moviliza para recoser la concordia. No será difícil, pero requiere el compromiso de todos.
La política tiene sus caminos. El Gobierno de España está haciendo lo que debe. Suave en la forma y contundente en el fondo. Justo lo contrario de lo que desearían los rupturistas, que sueñan con acciones espectaculares que aviven su victimismo. Ciertamente, el diálogo con las élites independentistas es muy complicado, porque su posición está enrocada a la sombra del mito Casanovas (el martirio nacional como forma de acceso a la gloria). Por eso, de lo que se trata es deemprender un diálogo a fondo con el conjunto de la sociedad catalana. Y para ello necesitamos a todos los activos de la realidad nacional.
Soy optimista. Las crisis son también oportunidades. El envite independentista puede ser también una gran ocasión para despertar un nuevo patriotismo constitucional y abierto. El reto catalán es una oportunidad para repensar España como un proyecto político y cultural atractivo, que reivindica lo mejor de su pasado y se proyecta hacia un futuro compartido. Tenemos un clima extraordinario y un carácter envidiado. Tenemos un patrimonio histórico, artístico y cultural extraordinario. Estamos liderando el crecimiento económico en Europa y disponemos de fuerzas creativas de primer orden. Somos puerta de Europa y puente con América. ¿Por qué no nos ponemos en marcha de una vez?
Dilema catalán, referéndum o cárcel
Javier Caraballo elconfidencial 30 Mayo 2017
Dice Oriol Junqueras, y tiene toda la razón, que él no engaña a nadie, que nunca lo ha hecho, que desde que está en política jamás ha dicho algo distinto a que su único objetivo en esta vida es la independencia de Cataluña. Y para demostrar que el problema no es suyo, ni de Esquerra Republicana, subraya el hecho inobjetable de que durante todos estos años se le haya permitido presentarse a todas las elecciones con un programa político que defendía la independencia. Su planteamiento, por tanto, conduce a un reproche que parece la mayor obviedad de una democracia: ¿para qué se permite a un partido como Esquerra que se presente a las elecciones si luego, cuando gana en las urnas, no se le deja aplicar el programa que han votado los ciudadanos?
Dice Oriol Junqueras, y tiene toda la razón, que mientras Esquerra Republicana era un partido minoritario, nadie les prestaba atención, y a todo el mundo le daba igual lo que dijeran, pero que ellos han perseverado y ahora que los independentistas son mayoritarios en el Parlamento de Cataluña, todos los miran como si se hubieran vuelto unos secesionistas traidores, cuando en realidad siempre han dicho lo mismo.
Todo eso es así, es verdad, incuestionable, pero en lo único que yerra Oriol Junqueras, porque está equivocado o porque miente a conciencia, es que ese argumento que se plantea como de Perogrullo oculta una obviedad aún mayor: la aceptación de la democracia y la aceptación de unas elecciones, como a las que se ha presentado Esquerra Republicana desde la muerte del dictador, incluyen la aceptación de un marco legal previamente consensuado y aprobado por todos. El error, como nos quiere hacer creer ahora Oriol Junqueras, no es del Estado español ni de la democracia española por haber aceptado que se presente a las elecciones un partido republicano e independentista, a pesar de que la Constitución española no incluye ninguna de las dos cosas.
Un partido político puede pedir la república, claro, y la independencia de un territorio, faltaría más, y los ciudadanos pueden votarlo mayoritariamente, pero eso no implica que, de forma inmediata, vaya a realizarse lo prometido. Antes que los programas electorales, están las leyes. Esa es primera obligación de un demócrata. En consecuencia, a lo único que verdaderamente nos llevaría el planteamiento de Oriol Junqueras es a acusarlo a él y a su formación de deslealtad con el sistema democrático y con sus propios votantes.
Si los dirigentes de Esquerra Republicana aceptan la democracia, si no tienen ninguna pretensión golpista, tendrían que haber incluido en sus programas electorales que para conseguir sus objetivos era necesario previamente reformar la Constitución; la misma Constitución que fue aprobada en Cataluña por más del 90% de los electores. Tan abrumador fue el respaldo de los catalanes a la Constitución que nunca, jamás, ninguna norma inferior, como el propio Estatuto de Cataluña, ha obtenido un resultado como aquel, el 90,38% en Barcelona, el 89,78% en Gerona, el 91,34% en Lérida y el 90,99% en Tarragona.
¿Por qué ha ocultado Esquerra Republicana a sus votantes durante todos estos años que la declaración de independencia solo podía realizarse legal y pacíficamente mediante una reforma de la Constitución? Pues porque hasta ahora les ha funcionado muy bien la estrategia de los hechos consumados; avanzaban en las elecciones al mismo tiempo que generaban en su entorno un ambiente de agravio, de ofensa y de persecución que es fundamental para mantener vivo un movimiento político transgresor como este. Así, desde el insultante y provocador “España nos roba”, llegamos al pulso definitivo al Estado que se va a plantear de forma explícita en breve: ¿a que no se atreven a encarcelar a todos los políticos independentistas?
Lo hacen mediante una falsa oferta: o se acepta el referéndum o habrá declaración unilateral de independencia. Las dos opciones son ilegales, evidentemente, pero eso es lo que menos les importa en este momento, porque la convicción de los independentistas es que en esta fase final del 'procés' el vuelco definitivo solo se producirá con la creación de ‘mártires’. El que más claro lo ha dejado entrever ha sido el portavoz parlamentario, Joan Tardá: “Si pretenden detener y encarcelar a los dirigentes democráticos catalanes, es que ya están dispuesto a perder por goleada”.
La tesis independentista es, por tanto, muy simple: el Estado español está en un callejón sin salida. Si el Gobierno de Rajoy no hace nada, se declarará la independencia; pero si lo hace, también se declarará la independencia porque nunca se va a atrever a suspender la autonomía catalana y encarcelar a los políticos catalanes que se habrán declarado en rebeldía, porque ya no reconocerán la legalidad española. Tendrá que encarcelarlos, piensan, y esa será la espoleta final que necesita el proceso para que, definitivamente, la independencia estalle multitudinaria en las calles.
¿Qué hacer cuando se corre el riesgo de inflamar más aún aquello que se pretende extinguir? Ni la Constitución española ni el Código Penal aclaran bien cómo se debe actuar ante una situación como esta, porque se bascula desde lo muy grave a lo muy exiguo; desde la aplicación del delito de sedición (“declarar la independencia de una parte del territorio nacional…”) al estado de excepción (“cuando el normal funcionamiento de las instituciones democráticas…”), pasando por el ambiguo artículo 155 de la Constitución sobre una hipotética suspensión de la autonomía. No está claro, es verdad, pero eso solo se refiere al camino jurídico a seguir.
Ante la ofensiva final del independentismo en Cataluña, lo único claro en un Estado de derecho es que no puede temblarle el pulso en el cumplimiento de la ley. Si el desafío que se lanza es “referéndum o cárcel”, un demócrata solo encuentra una respuesta. Y nunca es dejar de cumplir la ley.
Pablo Mosquera latribunadelpaisvasco.com 30 Mayo 2017
Cuando leí las intenciones legislativas de la República de Cataluña, casi me da un mareo. ¡No puede ser! ¿Y para eso, gentes como yo, nos hemos jugado la vida en el País Vasco en defensa de la Constitución, y la dignidad de ser y ejercer como españoles? ¡A qué esperan para detenerlos!. ¡Que más debe suceder para que alguien con autoridad ponga orden en tales desmanes!
Cuando digo detenerlos, no estoy pidiendo que los encierren. Pido que los disuelvan. Unas Instituciones que se atreven a desobedecer, despreciar y desmontar al Estado de Derecho, no pueden seguir ejerciendo. Y lo digo desde mi convicción democrática de lealtad al bloque Constitucional -Constitución Española y Estatutos de Autonomía- No basta con enviar las soflamas del Parlamento catalán al Tribunal Constitucional, hay que impedir que sigan promoviendo la insumisión, que sigan agitando al pueblo, que sigan crecidos y convencidos de su altanería, mientras los españoles se dividen entre los que hartos de estar hartos piden que los echen de España, y los que asisten entre indignados y consternados al proceso de secesión de una privilegiada Comunidad del Estado de las Autonomías.
No es tiempo de mirar hacia atrás. No perdamos el tiempo en señalar culpables de errores pasados. No es el momento de la discusión de si eran galgos o podencos. Es el momento de la iniciativa. El Estado debe intervenir. Lo digo desde mi profunda convicción de progresista. Lo mismo que defiendo un Estado que intervenga para paliar desequilibrios y desigualdades entre territorios y ciudadanos, exijo medidas para terminar con la chulería de unos y el miedo de los demás... a levantarse una mañana fuera de España, con leyes propias de una República bananera, con la obligación de vivir en catalán, con la incertidumbre de haber desconectado los derechos que ampara la Constitución.
Al menos, el ex-lehendakari Juan José Ibarreche tuvo la gallardía de proponer su plan en el Congreso de los Diputados. A los miembros de aquella mesa del Parlamento de Vitoria, los inhabilitaron. A pesar de disponer de una vanguardia de pistoleros, en Euskadi, ni el Estado, ni los españoles rebeldes, permitieron la desconexión de España. Los sátrapas del partido de la saga Pujol-Mas, juntos con los ácratas de la CUP, ya se han ciscado en la ley, el derecho, la libertad y la dignidad, que amparan a los españoles que residen en Cataluña.
No es la primera vez que Cataluña juega al mito. Repasen lo que sucedió en los meses de julio y agosto de 1909. En octubre de 1934, Cataluña proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. Ya sabemos todos cómo terminaron tales gloriosas aventuras. Y eso no es lo que enseñan en las escuelas, ni lo que muestran en su pomposo Museo de la Historia. ¡Ah! y dejen de mentir. No hubo guerra de secesión, fue de sucesión, dónde los catalanes apostaron por el perdedor.
Es un error, como lo fue en Euskadi, creer que se puede pactar mediante más autonomía. Es una indecencia dotar con más recursos a Cataluña en detrimento de la otra España, la de siempre, la que termina por hacer la maleta y llegar por la estación del norte a Barcelona para trabajar a las órdenes de la oligarquía catalana que rinde pleitesía religiosa en Montserrat, acude solemne a la temporada del Liceo, mira con desprecio a la "charnegada" de los barrios populares y proclama que el Barça es mucho más que un club. Para ellos, dinero y competencias, sólo son instrumentos para seguir el camino hacia la independencia; y es que el modelo de Cataluña siempre ha sido esa Andorra a la que suelen ir a esquiar y de paso comprobar el estado de sus cuentas corrientes ocultas hasta hace poco.
No seamos ilusos. El problema no es la celebración del referéndum. El problema es que saben que la ley no lo permite y ello les da dos salidas calculadas. No hay riesgo de perder tal consulta. Y colocan su concepto de democracia y derechos del pueblo al servicio de lo que la CUP ha señalado, la ruptura con el Estado de Derecho y el choque frontal con España.
Me hago algunas preguntas. ¿Cuál será el papel de los Mosos de Escuadra?. ¿No es cierto que intentaron comprar armas en Alemania?. ¿Qué pasará con los funcionarios públicos que no obedezcan a la Generalidad?. ¿Qué se puede esperar de unos caballeros que hace tiempo no sienten el más mínimo respeto por el Tribunal Constitucional y por las Cortes de España?. ¿No es violento lo que acontece?
Por cierto, "impecables" las últimas actuaciones del Presidente Puigdemont. Sigue impasible subido en el tigre. Tiene bemoles para presentarse en Madrid y dar una conferencia sobre sus pretensiones; claro está, sin permitir un debate parlamentario, ya que optó por el monólogo de la tribuna. La carta que envía a Rajoy es pura filfa, un acto más de la función, con una calculada respuesta. ¿Y, ahora que vendrá?
Me resulta muy incómodo entender que unos tienen iniciativa, al parecer imparable y calculada por tramos; mientras el Gobierno de Rajoy, espera, contempla, responde con "cháchara" y los españoles volvemos a tener razones para denunciar un modelo propio de Don Tancredo, y aquella frase..."los problemas que no se resuelven solos, es que no tienen solución”.
Sólo se me ocurren tres actuaciones: intervención de la Autonomía; darles lo que quieren y dejarles que al día siguiente se enfrenten la derecha burguesa con la izquierda anarquista, esperando que pidan ayuda a España; sacar cuanto antes a los españoles que viven en esa Cataluña instalada en la secesión; por cierto, si optan por tal medida "democrática", por favor, paren que yo me bajo de un país dónde la política, por fin, es el arte de hacer posible lo imposible.
Puigdemont y el Barça: estelados y estrellados
Alfonso Merlos okdiario 30 Mayo 2017
Es la reiteración cabezona en la propagación del odio y la siembra de la discordia, la persistencia en la cizaña, el campeonato de la prevaricación. Tal para cual. De forma más sigilosa o más gritona: el indomable Puigdemont y la más hoolliganesca afición del Barça. No tienen arreglo y les trae sin cuidado el estupor que generen, la vergüenza ajena que produzcan. A granel. La aceleración de la convocatoria del referéndum ilegal y la enésima pitada al himno nacional en la final de Copa del Rey son síntoma del mismo trastorno: el que padecen quienes observan desde la naturalidad caminar al otro lado de la ley y del decoro, de la educación y de la civilización; los que incansablemente anidan en lo alto de la provocación y la gresca.
Todo en orden en las hordas separatistas. Unos con corbata o camisa negra, otros enfundados en la blaugrana y bufanda en mano, pero empujando hacia el precipicio de la división, inconscientes de que terminarán despeñándose. Antes o después. Ahora estelados; en breve, estrellados. Son caminos paralelos pero es, en el fondo, uno desagradable y pedregoso. Suicida. No extraña que las peñas del club fundado por el suizo Hans Gamper se hayan ido vaciando de supporters más allá de Cataluña, precisamente en los años en los que los culés han llenado sus vitrinas de no pocos trofeos (¡Qué triste!).
Y no sorprende que, en pleno siglo XXI y más allá de los límites autonómicos de una región tan rica y hermosa, haya ido cuajando una sensación de rechazo y de lejanía respecto de quienes —política o socialmente— han desarrollado actitudes onanistas, victimistas, cansinas, paranoicas, cainitas (¡Qué pena!). Más allá de la pregunta concreta y de la fecha exacta para este plebiscito de barretina caída y boina calada con tres vueltas de rosca, lo más patético del momento es la extensión de una forma de gobernar las instituciones y de excitar los más bajos instintos populares que tiene más que ver con la tribu que con la modernidad, con azuzar la barbarie que con ejercitar el civismo.
Poco importa el despacho de Soraya en Barcelona, o la política de guante de seda en puño aún más delicado del Partido Popular; menos que el conjunto del país se exprima para que —presupuesto tras presupuesto, factura tras factura— se multipliquen las inversiones para mayor gloria de los más despilfarradores nacionalistas. Son insaciables y testarudos, inflexibles, manirrotos, permanecen ciegos y sordos cuando se les opone la Constitución, la esencia de la democracia, las raíces de la convivencia. No será necesaria aquí la aplicación del principio según el cual ‘quien a hierro mata, a hierro muere’. El hecho de que un preboste del terror como Otegi haya provocado un incendio anunciando su apoyo desde la calle al proceso de independencia es la gota que ha colmado un vaso cuyas aguas no rebosarán porque no se llegará a la sedición. De la temeridad a la cobardía entre los barras bravas del soberanismo hay medio paso. Al tiempo.

References: artículo 19
 resolución 
 artículo 97
 artículo 155
 artículo 2
 artículo 155