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Timestamp: 2019-01-23 12:17:07+00:00

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Demanda de Inconstitucionalidad Art. 9 Ley Contra los Ilicitos Cambiarios (08-07-13).doc
Demanda de Inconstitucionalidad Art. 9 Ley Contra...
Espedientes Del Tribunal Constitucional
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Marco Legal 2ene2015 6
TESIS 13FEB 2016
Borges Prim & Asociados
Esquina de Mijares a Jesuitas. Torre Bandagro. Piso 9. Ofic. 9-1 Parroquia Altagracia. Municipio Libertador. Distrito Capital. Teléfono: 0212- 613.91.05 / 0212- 863.36.41 / Fax: 0212-863.08.13 E-mail: Borgesprim_a@yahoo.com / Borgesprim_a@hotmail.es / Oborges_prim@hotmail.com
Ciudadanos: PRESIDENTE Y DEMÁS MAGISTRADOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Su Despacho.Nosotros, Diurkin Bolívar Lugo, María de los Ángeles Machado y Oscar Borges Prim, titulares de las cédulas de identidad Nros. V.-12.956.163, V.-6.217.505 y V.-12.765.759 respectivamente, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo las matrículas Nros. 97.465, 197.893 y 91.625, respectivamente, ocurrimos ante su respetada y competente autoridad, en observancia a lo consagrado en los artículos 26, 49, 51 y 336 ordinal 1° todos Constitucionales, en armonía con lo preceptuado en el artículo 21 en su 8° aparte de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de interponer DEMANDA Y/O ACCIÓN DE NULIDAD POR INCOSTITUCIONALIDAD , en contra del artículo 9 de la actual LEY CONTRA LOS ILÍCITOS CAMBIARIOS , la cual entro en vigencia en fecha 17 de Mayo de 2010, según Gaceta Oficial Nº 5.975 Extraordinario, por ser violatorio, contrariar y menoscabar las Libertades Económicas, consagradas en el artículo 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como violar el Principio de Progresividad de los Derechos Humanos, preceptuado en el aludido artículo 19 de la Carta Magna Vigente, asimismo se hace violatorio del Estado Democrático,
Social de Derecho y de Justicia , que instaura el artículo 2 de la referida Carta Fundamental. En tal sentido, pedimos respetuosamente a esta Sala aplique en control concentrado a posteriori en virtud de la presente demanda, previa la evaluación de los siguientes argumentos: CAPÍTULO I DE LA COMPETENCIA DE LA SALA A los fines de establecer la competencia de esta proba Sala Constitucional, para el conocimiento de la presente demanda, estimamos prudente observar lo previsto en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece lo atinente a la Jurisdicción Constitucional, así: “Artículo 334. Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución. En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente. Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley”. (Resaltado fuera del texto). Tal como se observa en lo hecho resaltar arriba, corresponde a esta Sala el ejercicio de la jurisdicción Constitucional y conforme a ella, declarar la nulidad de las leyes.
Ahora bien, a fin de afianzar, la competencia que tiene la Sala para el conocimiento y resolución del asunto que nos ocupa, observemos también lo dispuesto en el artículo 336 ordinal 1° Constitucional: “Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: 1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de los cuerpos legislativos nacionales que colidan con esta Constitución”. (Subrayado fuera de texto y omissis de los siguientes ordinales). Por último, en cuanto a este capítulo y para despejar cualquier duda respecto de la competencia de la Sala para el conocimiento de la presente cuestión, debemos argüir lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual prevé: “Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República: (Omissis de los ordinales que no vienen al caso) 6. Declarar la nulidad total parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad. La sentencia que declare la nulidad total o parcial deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, determinando expresamente su efectos en el tiempo”. (Destacado fuera del texto). Hasta aquí nuestras consideraciones respecto de la
competencia de la Sala para el conocimiento y resolución de presente asunto, estimando que ha quedado suficientemente acreditada con lo antes explanado.
CAPITULO II DE LA FORMA COMO EL ARTICULO DENUNCIADO DE LA LEY CONTRA LOS ILICTOS CAMBIARIOS VIOLA LAS LIBERTADES ECONOMICAS CONSTITUCIONALES SEÑALADAS AL INICIO A los fines de la mejor y mayor inteligencia de este capítulo tenemos a bien mostrar la parte del contenido del artículo demandado en inconstitucionalidad: “Artículo 9. Es competencia exclusiva del Banco Central de Venezuela, bien en moneda, bien en títulos valores, realizada con el objeto final de obtener para sí o para sus clientes la liquidación de saldos en moneda extranjera por la enajenación de los mismos en una oportunidad previa a su fecha de vencimiento, la venta y compra de divisas por cualquier monto. Quien contravenga esta normativa está cometiendo un ilícito cambiario y será sancionado con multa del doble del monto de la operación o su equivalente en bolívares. Quien en una o varias operaciones en un mismo año calendario, sin intervención del Banco Central de Venezuela, compre, venda o de cualquier modo ofrezca, enajene, transfiera o reciba divisas entre un monto de diez mil dólares (US$ 10.000,00) hasta veinte mil dólares (US$ 20.000,00) de los Estados Unidos de América o su equivalente en otra divisa, será sancionado con multa del doble del monto de la operación o su equivalente en bolívares. Cuando en el caso señalado anteriormente, el monto de la operación sea superior a los veinte mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 20.000,00) o su equivalente en otra divisa, la pena será de prisión de dos a seis años y multa equivalente en bolívares al doble del monto de la operación. Sin perjuicio de la obligación de reintegro o venta de las divisas ante el Banco Central de Venezuela, según el ordenamiento jurídico aplicable”. (Negrillas nuestras).
Según la Constitución Nacional, las Libertades Económicas consisten en, esto según el artículo 112 el cual reza lo siguiente: “Artículo 112. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país”. Tal como se evidencia, del artículo arriba transcrito de la nueva Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, contraria o viola lo que establece la Carta Magna, ya que en primer lugar, al reservarse la competencia exclusiva el Banco Central de Venezuela, en materia de títulos valores para las operaciones con moneda extranjera, el articulo de la Ley Contra ilícitos cambiarios aquí demandado en inconstitucionalidad, hace exactamente lo contrario a lo que ordena el constituyente en el articulo 112 arriba transcrito, porque impide a cualquier otra persona jurídica o natural tener como actividad económica de su preferencia la comercialización de títulos valores, y en un ejemplo puntual, al final del día, el articulo prohíbe entonces la instauración, creación, registro, existencia y funcionamiento de cualquier establecimiento comercial que pretenda operar con títulos valores en moneda extranjera. Siendo que, el constituyente en el artículo 112 antes referido alusivo a los derechos económicos
consagra “…Todas las personas natural o jurídica pueden dedicarse a la actividad económica de su preferencia…” La anterior premisa, “…Todas las personas natural o jurídica pueden dedicarse a la actividad económica de su preferencia…”, se hace imposible si es única y exclusivamente el Banco Central de Venezuela, quien se reserva esta actividad, por lo tanto, no se cumple con la constitución sino se viola la misma, con al articulo 9 de la ley contra los ilícitos cambiarios. Ahora bien, en aras de argumentar con ética y buena fe en la presente acción que se ejerce, debemos aceptar que esa libertad económica antes señalada, según el propio contenido del articulo 112 de la Constitución, tiene unas limitantes o unas excepciones como toda libertad, al respecto el constituyente señala “…sin mas limitaciones que las previstas en esta constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social…” Visto, lo anterior es lógico que la nueva ley contra los ilícitos cambiarios específicamente en este articulo 9, al monopolizar en la persona del Banco Central de Venezuela, la comercialización de títulos valores, no actúa bajo ningún respecto por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social , lo único que hace el articulo demandado en inconstitucionalidad es arrebatarle al sector privado, al particular, a la sociedad civil, esa libertad de dedicarse a la actividad comercial de su preferencia. Para mayor lucidez de la presente demanda, se entiende por títulos valores, que es un Documento financiero que representa
tradicional, no existe un concepto homogéneo. Título valor, es el documento al cual se incorpora un derecho. Documento y derecho se fusionan en una sola entidad y se hacen conjuntamente necesarios para su ejercicio y transmisión. El derecho consignado en el documento, nace con la creación de éste. Tiene un valor en la actividad económica en general y en los negocios mercantiles en especial. Quien suscribe un título valor se obliga a una prestación frente al poseedor del título, o quién resulte tal, y no subordina esa obligación a ninguna aceptación, ni a ninguna contraprestación.
Como se aprecia de la definición de titulo valor, este es el equivalente a la moneda extranjera en una forma canjeable del bolívar, que es la nuestra, en tanto, ciertamente el Banco Central de Venezuela tiene la exclusividad y obligatoriedad en materia monetaria a fin de lograr la estabilidad económica, más no así en materia de instrumentos que equivalgan a la moneda, es decir, el Banco Central de Venezuela, puede tener una exclusividad en cuanto al papel moneda como tal y en cuanto en la moneda en si, en su expresión literal, como se muestra en la imagen a continuación solo a titulo ilustrativo:
Aclarado lo anterior, el Banco Central de Venezuela no puede ni debe por orden del constituyente, arrebatarle al sector privado la
posibilidad de ejercer con plenitud esa libertad económica, que consagra el artículo 112 Constitucional.
Tan cierta es la anterior aseveración, que en el primer punto y seguido de el artículo 112 Constitucional antes comentado se consagra expresamente lo siguiente “…EL ESTADO PROMOVERA LA INICIATIVA PRIVADA, GARANTIZANDO LA CREACION Y JUSTA DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA, ASI COMO LA PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE LA POBLACION, LA LIBERTAD DE TRABAJO, EMPRESA, COMERCIO, INDUSTRIA”… (Omissis del resto del artículo). ¿Como puede entonces, el articulo 9 de la nueva ley contra ilícitos cambiarios, promover la iniciativa privada si solo deja en manos del BCV, la posibilidad de comercialización con títulos valores, como puede garantizar la creación de riqueza en este particular, si solo el estado puede manejar el sistema de títulos valores, que riqueza va a distribuir si el sector privado no tiene acceso a este tipo de instrumento, como se garantiza la libertad de trabajo con este tipo de medidas, si mas bien por tal disposición se vieron en la necesidad de cerrar Casas de Bolsa y Sociedades de Corretajes por esta disposición violatoria de la Constitución?. Lo que si hizo esta reforma, fue precisamente lo contrario a lo que indica el artículo 112 Constitucional, es decir, se acabo la libertad de trabajo y empresa en este particular económico.
Para responder a las interrogantes anteriormente formuladas, la única respuesta global de todo esto es que el artículo 9 de la nueva Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, viola el artículo 112 de la Constitución, como ya hemos mostrado.
Cuando dijimos que el Banco Central de Venezuela, tenia derecho a reservarse las competencias monetarias por un tema de interés económico y social, nos referimos a la competencia monetaria en el sentido estricto de la palabra, a saber, papel moneda y monedas en sí, pues obvia y lógicamente un particular no puede producir la moneda de un país, ni papel moneda del mismo, pues incurriría en el delito de falsificación, sin embargo, como hemos sostenido de manera enérgica, esto no aplica para los títulos valores, ni otros efectos mercantiles, económicos y comerciales, en un ejemplo un tanto cuesta arriba, pero para que se entienda de mejor forma la postura de estos demandantes, lo sucedido con los títulos valores es como si el Banco Central de Venezuela se reservara la posibilidad de usar cheques, asfixiando con esto las posibilidades de movilización de la moneda. Lo dicho anteriormente, se encuentra reflejado en el artículo 318 de la Constitución, el cual transcribimos a continuación: “Artículo 318. Las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El objetivo fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria. La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar. En caso de que se instituya una moneda común en el marco de la integración latinoamericana y caribeña, podrá adoptarse la moneda que sea objeto de un tratado que suscriba la República. El Banco Central de Venezuela es persona jurídica de derecho público con autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia. El Banco Central de Venezuela ejercerá sus funciones en
coordinación con la política económica general, para alcanzar los objetivos superiores del Estado y la Nación. Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el Banco Central de Venezuela tendrá entre sus funciones las de formular y ejecutar la política monetaria, participar en el diseño y ejecutar la política cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas de interés, administrar las reservas internacionales, y todas aquellas que establezca la ley”. (Negrillas y Subrayado nuestro). Tal como lo expresa el artículo arriba transcrito, reservarse la actividad monetaria, no implica RESERVARSE LA ACTIVIDAD DE AQUELLOS TITULOS O EFECTOS COMERCIALES Y MERCANTILES QUE EQUIVALGAN A LA MONEDA EXTRANJERA. Por si esto fuera poco, el artículo 113 de la Constitución, señala lo siguiente: “Artículo 113. No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualesquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad. También es contrario a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un o una particular, un conjunto de ellos o de ellas, o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con independencia de la causa determinante de tal posición de dominio , así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes
indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, de los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía. Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público.” (Negrillas y Subrayado nuestro). Ahora bien, tal como se evidencia de la transcripción anterior, se puede denotar claramente, que si la Constitución le prohíbe a cualquier particular la creación de monopolios, y el abuso de las posiciones de dominio en el ámbito económico y comercial, mal puede entonces el articulo 9 de la vigente Ley Contra Ilícitos Cambiarios, crear una suerte de monopolio gubernamental o colocar un ente de la administración pública en una posición de dominio desigual con relación al sector privado, lo cual imposibilita la comercialización de títulos valores a un organismo distinto al Banco Central de Venezuela. CAPITULO III DE CÓMO LA REFORMA DE LA LEY CONTRA LOS ILICITOS CAMBIARIOS EN SU ARTICULO 9 ES CONTRARIA AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS Nuestro Constituyente en su artículo 19 consagra lo siguiente: “Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos.
Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.” (Cursiva y Subrayado nuestro). Si esto es así, es decir, si “ El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos”, en primer lugar, por progresividad, se entiende avance, mejoría, desarrollo, evolución, y bajo ningún concepto retroceso, involución, sin embargo, esto fue exactamente lo que hizo nuestra legislación cambiaria con la reforma actual que hoy se demanda en inconstitucionalidad en su artículo 9. Lo anterior, por cuanto, efectivamente antes de esta ley y de este articulo, era permisible para un particular y para el sector privado la comercialización de títulos valores, así se evidencia del artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, de fecha de fecha 28-12-2007, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.867, pero que entró en vigencia en data 27-02-2008, según Gaceta Oficial Nº 38.979, tal y como nos permitimos transcribir a continuación: “Artículo 9: Es competencia exclusiva del Banco Central de Venezuela, a través de los operadores cambiarios autorizados, la venta y compra de divisas por cualquier monto. Quien contravenga esta normativa está cometiendo un ilícito cambiario y será sancionado con multa equivalente en bolívares al doble del monto de la operación. Quien en una o varias operaciones en un mismo año calendario, sin intervención del Banco Central de Venezuela, compre, venda o de cualquier modo ofrezca, enajene, transfiera o reciba divisas entre un monto de diez mil dólares (US$ 10.000,00) hasta veinte mil dólares de los Estados Unidos de América
(US$ 20.000,00) o su equivalente en otra divisa, será sancionado con multa equivalente en bolívares al doble del monto de la operación. Cuando en el caso señalado anteriormente, el monto de la operación sea superior a los veinte mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 20.000,00) o su equivalente en otra divisa, la pena será de prisión de dos a seis años y multa equivalente en bolívares al doble del monto de la operación. Sin perjuicio de la obligación de reintegro o venta de las divisas ante el Banco Central de Venezuela, según el ordenamiento jurídico aplicable. Se exceptúan las operaciones en títulos valores”. (Negrillas y Subrayado nuestro). Como se puede evidenciar, la reforma de la ley, lejos de asegurar la progresividad de las Libertades Económicas, específicamente en su articulo 9 las viola, pues la redacción de ese artículo 9 vigente, el cual demandamos aquí en inconstitucionalidad, es contraria al contenido del articulo 112 Constitucional, por cuanto limitó, arrebató, monopolizó en el Banco Central de Venezuela, la posibilidad de obrar con títulos valores. Solo a titulo ilustrativo, transcribimos una vez más tanto el artículo 9 demandado en inconstitucionalidad, como el artículo 112 de la Constitución, para que comparado con el artículo precedido, se ratifiquen nuestros argumentos antes explanados, así: Artículo 9 de la vigente Ley Contra los Ilícitos Cambiarios: “Artículo 9. Es competencia exclusiva del Banco Central de Venezuela, bien en moneda, bien en títulos valores, realizada con el objeto final de obtener para sí o para sus clientes la liquidación de saldos en moneda extranjera por la enajenación de los mismos en una oportunidad previa a su fecha de vencimiento, la venta y compra de
divisas por cualquier monto. Quien contravenga esta normativa está cometiendo un ilícito cambiario y será sancionado con multa del doble del monto de la operación o su equivalente en bolívares. Quien en una o varias operaciones en un mismo año calendario, sin intervención del Banco Central de Venezuela, compre, venda o de cualquier modo ofrezca, enajene, transfiera o reciba divisas entre un monto de diez mil dólares (US$ 10.000,00) hasta veinte mil dólares (US$ 20.000,00) de los Estados Unidos de América o su equivalente en otra divisa, será sancionado con multa del doble del monto de la operación o su equivalente en bolívares. Cuando en el caso señalado anteriormente, el monto de la operación sea superior a los veinte mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 20.000,00) o su equivalente en otra divisa, la pena será de prisión de dos a seis años y multa equivalente en bolívares al doble del monto de la operación. Sin perjuicio de la obligación de reintegro o venta de las divisas ante el Banco Central de Venezuela, según el ordenamiento jurídico aplicable”. (Negrillas y Resaltado nuestro). Es evidente, que se arrebato al sector privado la posibilidad de participación en el mercado de valores. Ahora bien, el artículo 112 Constitucional, reza: “Artículo 112. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social . El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de
trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país”. (Negrillas y Resaltado nuestro). Como se ve, la reforma del artículo 9 de la actual Ley Contra Ilícitos cambiarios, aquí demandada en inconstitucionalidad, viola la posibilidad de que “…Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia…”. Lo anterior, hace que la reforma sea involutiva, improgresiva, retrograda, discriminatoria, y en resumen contraria a los postulados del articulo 19 de la Constitución Nacional. En ejemplos puntuales, de lo que significa una actuación legislativa contraria a la progresividad de los Derechos Humanos, tenemos lo siguiente: La Ley Orgánica del Trabajo, regulo la jornada de trabajo de ocho (08) horas diarias, es decir, cuarenta (40) horas semanales, respetándole al trabajador o trabajadora, dos (02) días de descanso continuo, lo que seria totalmente retrogrado, es que se reformara nuevamente la ley, aumentando la jornada laboral diaria, es decir, de ocho (08) horas a diez (10) horas semanales, lo que va en detrimento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, establece entre las condiciones del elector, que la edad minima para ejercer el sufragio, es de dieciocho (18) años, ahora si se reformara dicha ley, indicando que la edad minima es de veintiún (21) años, estaríamos en presencia de un retroceso legislativo, lo que afecta a la ciudadanía y al Estado en general.
Entonces vemos, que lo mismo hizo la reforma de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en su materia conforme a lo ya explicado. En resumidas cuentas, vemos como ya sobran las razones para declarar la inconstitucionalidad del artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, así se solicita formal y respetuosamente sea declarado en la definitiva. ASI SE REQUIERE.CAPITULO IV DE CÓMO EL ARTICULO 9 DE LA LEY CONTRA LOS ILICITOS CAMBIARIOS VIGENTE ES CONTRARIO A LOS POSTULADOS DE UN ESTADO DEMOCRÁTICO SOCIAL DE DERECHO Y DE JUSTICIA, QUE INSTAURA EL ARTÍCULO 2 DE LA REFERIDA CARTA FUNDAMENTAL Nuestra Carta Magna, establece en su artículo 2, lo que a continuación pasamos a transcribir: “Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. (Negrillas y Subrayado nuestro). Tal como se puede apreciar, del artículo anterior, la reforma del artículo 9 de la actual Ley Contra Ilícitos cambiarios, aquí demandada en inconstitucionalidad, viola flagrantemente el contenido del artículo arriba transcrito, donde es tajante al indicar que nuestro país se constituye en un Estado Democrático y Social “…que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos…”, ya que
evidentemente vulnera la actividad económica del sector privado, cercenando la libertad de la actividad comercial, imposibilitando en la actualidad la comercialización de títulos valores de forma libra como lo consagra la Constitución. A este respecto, la Sala Constitucional, ha definido como Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, según Decisión Nº 85, de fecha 24 de Enero de 2002, con Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, lo siguiente: “El Estado Social de Derecho, no está limitado a los derechos sociales que la Constitución menciona expresamente como tales, ya que de ser así dicho Estado Social fracasaría, de allí que
necesariamente se haya vinculado con los derechos económicos, culturales y ambientales.
Estos últimos grupos de derechos buscan reducir las diferencias entre las diversas clases sociales, lo que se logra mediante una mejor distribución de lo producido…”. Se puede desprender, de lo antes esgrimido que con la aplicación del artículo 9 de la vigente Ley Contra los Ilícitos Cambiario, que se bien, en la realidad práctica, no se prohibió en su TOTALIDAD seguir en funcionamiento como tal a todas las empresas, algunas siguieron con licencias activas , pero la imposibilidad de operar con títulos en moneda extranjera las hizo entrar en parada técnica. Es decir, el artículo aquí demandado en inconstitucionalidad violando lo consagrado en la Constitución hizo inoperables los establecimientos comerciales que laboran con títulos valores, al darle una única llave al Banco central de Venezuela para abrir esta puerta. Como ha de observarse, esta es otra razón lógica y de fácil dominio, como para declarar la inconstitucionalidad del artículo 9 de
la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, el cual aquí demandamos. ASI SE REQUIERE.CAPÍTULO V MEDIDA DE TUTELA PREVENTIVA ANTICIPATIVA (MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA) De conformidad con lo establecido en el artículo 19 en sus apartes primero (1º) y décimo (10º) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, solicitamos se aplique supletoriamente lo consagrado en los artículos 585 y 588 parágrafo primero del Código de Procedimiento Civil, concediéndose a tales efectos, tal como lo ha denominado la doctrina y jurisprudencia Constitucional, “Medida de Tutela Constitucional Preventiva Anticipativa”, lo que sería en un proceso ordinario una medida cautelar innominada, por cuanto puede quedar ilusoria la ejecución del fallo, en el sentido de que cualquier particular vea lesionado de forma irreparable sus derechos humanos, al efecto, pedimos respetuosamente se SUSPENDAN LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 9 DE LA VIGENTE LEY CONTRA LOS ILICITOS CAMBIARIOS HASTA TANTO SE RESUELVA LA PRESENTE DEMANDA DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD , en virtud que, como ya se dijo, las lesiones de derechos constitucionales pueden configurarse y hacerse irreparables, estando latentes en la norma vedada de nulidad, es decir, la posibilidad de restituir los derechos denunciados como conculcados en la presente demanda. Acerca de este particular, manifiesta la Sala Constitucional, en Sentencia Vinculante Nº 94 de fecha 15 de marzo de 2000, con Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, lo que a continuación se transcribe:
“La medida innominada que persigue los anteriores fines, queda a criterio del juez, hasta el punto que él acuerda las providencias cautelares que considere adecuadas
(artículo 588 del Código de Procedimiento Civil) y ellas consisten en autorizar o prohibir determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión. De esta manera se deja al criterio del juez el decreto de la providencia cautelar innominada, la cual, puede asumir cualquier forma. El límite de estas medidas innominadas y de la creatividad judicial para otorgar la cautela, viene dado porque con ellas no se violen leyes vigentes y menos la Constitución. Este tipo de medidas no pueden rebasar ni las limitantes legales expresas ni las teleológicas, pero el ser implementadas respetando esas fronteras, pueden adquirir gran dinamismo a fin de lograr la finalidad cautelar”. En atención a lo anterior y a la tendiente que, debe probarse la apariencia de buen derecho, o la posición jurídica tutelable, en tal sentido, menesteroso nos parece recordar que el asunto aquí planteado versa sobre una cuestión de mero Derecho y es en atención al principio Iura Novit Curia, consideramos respetuosamente, deberá resolverse tanto la presente demanda como este pedimento anticipado, apelando a la máxima de que “la existencia de normas vigentes no están sujetas a prueba”. Sin embargo, en el supuesto negado de que esta máxima deba comprobarse, solo en ese caso, que más prueba, para nuestra pretensión de buen derecho y peligro en la demora que la consignación de la gaceta oficial que contiene la disposición demandada en inconstitucionalidad. las
PEDIMENTO Sobre la base de lo antes argüido requerimos respetuosamente a esta Sala Constitucional, se sirva: 1) Admitir la presente demanda de nulidad por
INCONSTITUCIONALIDAD, en contra del artículo 9 de la actual LEY CONTRA LOS ILÍCITOS CAMBIARIOS , la cual entro en vigencia en fecha 17 de Mayo de 2010, según Gaceta Oficial Nº 5.975 Extraordinario. 2) Notificar mediante oficio al Presidente de la Asamblea Nacional, a lo fines de ley pertinente, 3) En ese mismo orden, notificar al Fiscal General de la República como al Procurador General, de la misma de estimarlo pertinente. 4) De ser declarada con lugar la presente demanda, se Oficial. 5) Sea declarada como de mero derecho la resolución de la presente demanda. 6) Cualquier otra providencia que conforme al procedimiento establecido y conforme al criterio de esta Magna Sala sea pertinente. SE ANEXA MARCADA DE “A”, FECHA GACETA 17 DE OFICIAL MAYO Nº DE 5.975 2010 sirva
ordenar la publicación de la nulidad del artículo en Gaceta
“EMPASTADA”, RELATIVA A LA LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY CONTRA LOS ILICITOS CAMBIARIOS. A la fecha de su presentación,
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 resolución 
 artículo 336
 artículo 5
 resolución 
 artículo 112
 artículo 112
 artículo 112
 artículo 112
 artículo 112
 artículo 9
 artículo 112
 artículo 318
 artículo 113
 artículo 19
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 112
 Artículo 9
 artículo 112
 artículo 9
 artículo 9
 ARTÍCULO 2
 artículo 2
 artículo 9
 Decisión Nº 
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 19
 ARTÍCULO 9
 artículo 9
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