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Timestamp: 2017-05-27 09:33:20+00:00

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Ley de Cantabria 11/2006, de 17 de julio, de organización y funcionamiento del Servicio Jurídico (Vigente hasta el 28 de Enero de 2011).
Vigencia desde 01 de Agosto de 2006. Esta revisión vigente desde 08 de Mayo de 2010 hasta 28 de Enero de 2011
El Director General: nombramiento y funciones
Comisión de Coordinación Jurídica
Contratos de asesoramiento externo
Informe no preceptivo
Representación y defensa en procedimientos no judiciales
Ámbito de la función contenciosa
Oposición a demandas
Colaboración de órganos
Defensa de autoridades y funcionarios
Modificación de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública de Cantabria
Integración en el Cuerpo de Letrados
Puestos de trabajo del Cuerpo de Letrados
Ley 10/2013, de 27 Dic. CA Cantabria (Medidas Fiscales y Administrativas) Ocultar / Mostrar comentarios Letra ñ) del artículo 14 redactada por artículo 35 de Ley [CANTABRIA] 10/2013, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.» 30 diciembre).
L 8/2010 de 23 Dic. CA Cantabria (garantía de derechos y atención a la infancia y la adolescencia) Ocultar / Mostrar comentarios Artículo 32 introducido por la disposición final segunda de la Ley [CANTABRIA] 8/2010, 23 diciembre, de garantía de derechos y atención a la infancia y la adolescencia («B.O.C.» 28 diciembre).
L 1/2010, 27 Abr. CA Cantabria (se modifican la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre y la Ley de Cantabria 11/2006, de 17 de julio, de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico) Ocultar / Mostrar comentarios Número 2 del artículo 17 redactado por el apartado único del artículo segundo de la Ley [CANTABRIA] 1/2010, 27 abril, por la que se modifican la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y la Ley de Cantabria 11/2006, de 17 de julio, de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico («B.O.C.» 7 mayo).
La norma que regula la Dirección General del Servicio Jurídico en Cantabria y que esta Ley deroga, el Decreto 19/1986, de 18 de abril, está cercana a cumplir veinte años de vigencia y, aunque ha sido modificada en tres ocasiones, la última mediante Decreto 57/1994, de 15 de diciembre, se muestra insuficiente para dar adecuada respuesta a los problemas que presenta actualmente la organización y el funcionamiento del Servicio Jurídico. Las transformaciones habidas en la Administración de la Comunidad Autónoma y, muy especialmente, el incremento de sus competencias, acompañada de una mayor complejidad organizativa, hacen que sea necesario adaptar sus servicios jurídicos, actualizando su norma reguladora, lo que se realiza aprovechando la experiencia adquirida en estos años de andadura de la Dirección General del Servicio Jurídico introduciendo aquellas modificaciones que la práctica diaria han hecho aconsejables. De otro lado, las numerosas y trascendentes reformas legislativas operadas en el ámbito administrativo y procesal contencioso-administrativo durante el largo período de vigencia del Decreto 19/1986, hacen que sea conveniente plantearse de manera conjunta la reforma del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria, tal y como han hecho tanto el Estado como muchas Comunidades Autónomas, a través de una norma con rango de Ley, necesaria para regular aspectos que, como la creación del Cuerpo de Letrados o la regulación de los privilegios procesales de la Administración Pública, se contienen en la misma.
La Ley crea el Cuerpo de Letrados como cuerpo de administración especial del grupo A, a quienes corresponde en exclusiva cubrir los puestos de trabajo de letrados en la Dirección General del Servicio Jurídico. Esta clasificación responde a la idea de que la asistencia jurídica que los letrados prestan a la Administración es una modalidad del ejercicio de la profesión de abogado, tanto en lo relativo a las funciones contenciosas que tiene encomendadas como en su función de asesoramiento en derecho. Ambas funciones van unidas de manera que si los letrados tienen la función consultiva es porque tienen la contenciosa, enmarcándose su actividad en la Administración consultiva-contenciosa, siendo precisamente esta característica lo que diferencia a los letrados de los demás funcionarios que pudieran tener funciones de asesoramiento general, dirigidas a la gestión, en el marco de la Administración activa. Ello hace que sea más adecuado, en consonancia con la normativa autonómica en materia de función pública, la creación de un cuerpo de administración especial al efecto, al igual que ha ocurrido tradicionalmente en la Administración del Estado, tendencia a la que se han sumado ya muchas Comunidades Autónomas. El ingreso en el Cuerpo de Letrados se producirá exclusivamente mediante oposición libre entre licenciados en Derecho, previéndose que será enjuiciada por un tribunal compuesto por juristas de diferente especialización con el fin de verificar la adecuada formación de los aspirantes en las diversas ramas del ordenamiento jurídico. De otro lado, la Ley trata de aprovechar la experiencia acumulada en la Dirección General del Servicio Jurídico para lo cual se prevé la integración en el Cuerpo de Letrados de los funcionarios que han venido desempeñando hasta la fecha las funciones que esta norma regula. En otro orden de consideraciones debe destacarse que esta Ley instrumenta mecanismos para garantizar la unidad de criterio y la coordinación en la interpretación de las normas, finalidad a la que sirve especialmente la Comisión de Coordinación Jurídica que se crea como órgano de asesoramiento al Director General del Servicio Jurídico y en el que se integran responsables de las unidades de asesoramiento jurídico de las Consejerías. Los capítulos III y IV se dedican, respectivamente, a regular la función consultiva y la función contenciosa que corresponde llevar a cabo a la Dirección General del Servicio Jurídico.
Las funciones de representación y defensa, reguladas en el capítulo IV corresponden en exclusiva a los letrados de la Dirección General del Servicio Jurídico previéndose, no obstante, que puedan ser habilitados al efecto otros funcionarios de la Comunidad Autónoma y que, excepcionalmente, pueda ser llevada a cabo a través de abogados y procuradores colegiados. Por lo que respecta a la disposición de la acción procesal, y frente a las dudas que planteaba el Decreto 19/1986, la Ley clarifica los supuestos en que es necesaria autorización del Consejo de Gobierno o, en caso de urgencia, del Consejero de quien dependa el Servicio Jurídico, contemplándose que, con carácter general, los letrados deberán oponerse a todo tipo de demandas e interponer los recursos que procedan contra las sentencias que fueran contrarias a la Administración, para lo cual no precisarán de autorización alguna. Finalmente, la Ley contempla específicamente la aplicación a Cantabria de los mismos privilegios procesales que goza la Administración del Estado, lo que hace referencia a cuestiones tan relevantes como el fuero territorial, el régimen de comunicaciones judiciales o la prestación de cauciones o depósitos, entre otras.
Objeto 1. La presente Ley tiene por objeto regular la asistencia jurídica al Gobierno y a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria que corresponde prestar a los letrados integrados en la Dirección General del Servicio Jurídico.
Ámbito 1. La Dirección General del Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma de Cantabria prestará asistencia jurídica al Gobierno y la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como a sus organismos autónomos salvo que, en este último caso, sus normas reguladoras prevean otra cosa.
CAPÍTULO IIEL SERVICIO JURÍDICO
La Dirección General del Servicio Jurídico 1. La Dirección General del Servicio Jurídico es el máximo órgano consultivo del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sin perjuicio de las especiales funciones que el Estatuto de Autonomía para Cantabria atribuye al Consejo Jurídico Consultivo y de las competencias atribuidas por la legislación a las Secretarías Generales.
El Director General: nombramiento y funciones 1. El Director General del Servicio Jurídico será nombrado y separado libremente mediante decreto del Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería a la que se adscriba la Dirección General, de entre juristas de reconocida competencia.
Cuerpo de Letrados 1. Se crea el Cuerpo de Letrados de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, del Grupo A, con la consideración de Cuerpo de Administración Especial.
Organización 1. Por el hecho de su nombramiento y toma de posesión, los letrados adscritos a la Dirección General del Servicio Jurídico quedan habilitados para el ejercicio y desarrollo de todas las funciones reguladas en la presente Ley. 2. El Subdirector General del Servicio Jurídico será, en su caso, nombrado y cesado libremente por el Consejero del que dependa la Dirección General del Servicio Jurídico, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, de entre funcionarios de carrera a los que se exija para su ingreso el título de doctor o licenciado en Derecho. En el ejercicio de su cargo estará habilitado para ejercer todas las funciones previstas en la presente Ley como propias de los letrados de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, aunque no tuviera esta condición con anterioridad a su nombramiento.
Unidad de criterio 1. Corresponde a la Dirección General del Servicio Jurídico garantizar el principio de unidad de criterio en el ejercicio de las funciones de asistencia jurídica.
Comisión de Coordinación Jurídica 1. Con el fin de alcanzar la unidad de criterio prevista en el artículo anterior se crea la Comisión de Coordinación Jurídica, como órgano adscrito a la Dirección General del Servicio Jurídico y presidida por su Director.
CAPÍTULO IIIFUNCIÓN CONSULTIVA
Definición A los efectos de esta Ley, la función consultiva comprenderá la labor de asesoramiento en Derecho y se ejercerá mediante alguna de las siguientes actuaciones:
Contratos de asesoramiento externo 1. Con carácter previo a la preparación de contratos que tengan por objeto el asesoramiento jurídico externo, el órgano proponente lo comunicará a la Dirección General del Servicio Jurídico, que emitirá informe en el plazo de cinco días hábiles. 2. Se entenderá por asesoramiento jurídico externo el servicio de tal carácter prestado por empresas consultoras o abogados en ejercicio a favor del Gobierno, la Administración General de la Comunidad Autónoma y demás entidades a las que preste su asistencia la Dirección General del Servicio Jurídico.
Órganos que pueden solicitar informe Los informes y dictámenes se solicitarán a la Dirección General del Servicio Jurídico por el Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el Consejo de Gobierno, los Consejeros o los Secretarios Generales. Los demás órganos y entidades a las que preste asesoramiento la Dirección General del Servicio Jurídico solicitarán informe por conducto del Secretario General correspondiente.
Solicitud 1. La petición de informe concretará el extremo o extremos acerca de los cuales se solicita asesoramiento citando, en su caso, el precepto que exija su petición o emisión o justificando adecuadamente la conveniencia de reclamarlo.
Carácter de los informes 1. Los informes emitidos por la Dirección General del Servicio serán facultativos, salvo los supuestos previstos en el artículo 14 de esta Ley, y no tendrán carácter vinculante, salvo que una ley disponga lo contrario, pero los actos y resoluciones administrativas que se aparten de ellos habrán de ser motivados.
Informe preceptivo La Dirección General del Servicio Jurídico habrá de ser consultada preceptivamente en los siguientes supuestos:
g) Resolución o planteamiento del requerimiento previo regulado en la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa. h) Reclamaciones previas a la vía judicial civil o laboral cuando su cuantía supere los sesenta mil (60.000) euros o sean de cuantía indeterminada.
Informe no preceptivo 1. Con carácter facultativo podrá requerirse informe de la Dirección General del Servicio Jurídico cuando se estime necesario aclarar cualquier cuestión jurídica compleja, se considere que la cuestión afecta al funcionamiento general de la Administración o se prevea su continuación en vía contenciosa.
Representación y defensa en procedimientos no judiciales 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de esta Ley, corresponde en exclusiva a los letrados adscritos a la Dirección General del Servicio Jurídico la representación y defensa del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma en toda clase de recursos administrativos, económico-administrativos, reclamaciones y requerimientos no judiciales en que la Comunidad Autónoma sea recurrente.
2. La intervención en estos asuntos requerirá siempre la instancia previa del órgano administrativo competente, sin perjuicio de las demás autorizaciones que exija la legislación vigente. Artículo 17
Asistencia a órganos colegiados 1. Sin perjuicio de lo que prevean las disposiciones reguladoras de cada órgano colegiado, un letrado de la Dirección General del Servicio Jurídico formará parte de las comisiones interdepartamentales de la Administración autonómica, así como de las mesas de contratación.
Bastanteos 1. Corresponde al Servicio Jurídico bastantear los documentos justificativos de los poderes y facultades de quienes actúen en representación de otros ante la Administración autonómica, debiendo expresar concretamente su eficacia en relación con el fin para el que hayan sido presentados.
CAPÍTULO IVFUNCIÓN CONTENCIOSA
Ámbito de la función contenciosa 1. Las funciones de representación y defensa en juicio reguladas en la presente Ley se aplican a los procesos judiciales que se sustancien ante toda clase de juzgados y tribunales, incluidos el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Contraposición de intereses 1. En los supuestos en que, ante cualquier orden jurisdiccional litigasen entre sí u ostentasen intereses contrapuestos las Administraciones, organismos o entidades cuya representación legal o convencional corresponde a los letrados de la Dirección General del Servicio Jurídico se atenderá, en primer lugar, a lo que disponga la normativa especial o las cláusulas convencionales reguladoras de la asistencia jurídica.
Representación y defensa 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de la presente Ley, la representación y defensa en juicio del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria corresponde en exclusiva a los letrados integrados en la Dirección General del Servicio Jurídico. 2. La representación y defensa en juicio tendrá carácter institucional, no personal, por lo que podrán intervenir diferentes letrados en relación con un mismo asunto, sin necesidad de habilitación especial ni acto alguno de apoderamiento.
Letrados habilitados 1. A propuesta del Director General del Servicio Jurídico y oído el Secretario General de la Consejería donde preste sus servicios, el titular de la Consejería en la que se integre la Dirección General del Servicio Jurídico podrá habilitar a funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Grupo A, licenciados en Derecho, para que realicen las funciones de representación y defensa reguladas en la presente Ley. La habilitación podrá ser revocada en cualquier momento por el mismo Consejero.
Abogados y procuradores colegiados 1. Excepcionalmente podrán encomendarse las funciones de representación y defensa, para asuntos o grupos de asuntos determinados, a abogados y procuradores colegiados, cuando el titular de la Consejería a la que se adscriba la Dirección General del Servicio Jurídico lo decida, atendiendo a la naturaleza de la cuestión, previo informe del Director General del Servicio Jurídico.
2. Los abogados y procuradores designados ajustarán sus actuaciones a las normas previstas en esta Ley para los letrados. Artículo 24
Ejercicio de acciones 1. El ejercicio de acciones judiciales o la interposición de demandas o querellas ante cualquier órgano judicial requerirá autorización del Consejo de Gobierno. En caso de acreditada urgencia la decisión podrá ser adoptada por el titular de la Consejería a la que se adscriba la Dirección General del Servicio Jurídico, quien dará cuenta inmediatamente al Consejo de Gobierno, para que ratifique la decisión o acuerde el desistimiento en su caso.
Oposición a demandas La recepción del emplazamiento por parte de la Dirección General del Servicio Jurídico le autoriza a oponerse a toda clase de demandas y cumplir los trámites para cuya realización fuera emplazado, utilizando los medios jurídicos a su alcance en defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma.
Recursos contra resoluciones judiciales Frente a las sentencias y demás resoluciones judiciales que decidan definitivamente el pleito o causa y que fueren contrarias a la Administración, los letrados interpondrán los recursos que procedan, salvo que mediara autorización del Consejo de Gobierno, bien para no formular recurso, bien para desistir del ya interpuesto, por considerar que aquéllas son conformes a derecho, previa comunicación a la Consejería competente y propuesta motivada de la Dirección General del Servicio Jurídico.
Especialidades procesales 1. La Comunidad Autónoma gozará, respecto de las actuaciones judiciales en que sea parte, de los mismos privilegios que las leyes reconocen al Estado.
Colaboración de órganos 1. Todos los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de sus organismos y entidades y, en particular, los órganos interesados en los procesos, deberán prestar la colaboración precisa para la mejor defensa de los intereses en litigio.
Ejecución de sentencias 1. Corresponde la ejecución material de sentencias firmes, así como su ejecución provisional en los casos que legalmente proceda, al órgano que en el momento de la ejecución resulte competente por razón de la materia sobre la que el litigio haya versado.
2. Los letrados procurarán que los requerimientos necesarios para el cumplimiento de las sentencias se entiendan con los titulares de los órganos responsables de las mismas. 3. Cuando la complejidad del asunto lo requiera, el órgano al que corresponda ejecutar la sentencia podrá solicitar de la Dirección General del Servicio Jurídico un informe sobre las medidas de todo orden que la ejecución requiera.
Costas y gastos 1. Las costas y demás gastos que se generen se realizarán con cargo a los presupuestos de la Consejería, organismo o entidad a quien afecte la cuestión litigiosa en el momento de su ejecución, sin perjuicio de lo que al respecto puedan prever los correspondientes convenios de asistencia jurídica.
3. Cuando se causaren costas a favor de la Administración, se presentará por el letrado actuante la correspondiente minuta de honorarios cuidando de la satisfacción de las mismas por los obligados al pago. De no ser éstas satisfechas voluntariamente se enviará la documentación relativa a la Consejería competente en materia de hacienda para su exacción por la vía de apremio. Artículo 31
Defensa de autoridades y funcionarios 1. Los letrados podrán asumir la representación y defensa en juicio de las autoridades, funcionarios y empleados del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como de los de las entidades cuyo asesoramiento corresponda por vía legal o convencional a la Dirección General del Servicio Jurídico, en los procedimientos judiciales que se sigan con ocasión de actos u omisiones relacionados con el ejercicio de sus funciones.
4. Cuando en un mismo asunto pudiera asumirse la defensa de varias autoridades, funcionarios o empleados y se apreciase la existencia de intereses contrapuestos entre ellos, el titular de la Consejería a la que se adscriba la Dirección General del Servicio Jurídico decidirá lo procedente en orden a la asistencia, representación y defensa de los mismos. 5. El Gobierno o, en su caso, el titular de la Consejería a la que se adscriba la Dirección General del Servicio Jurídico, acordará que el Servicio Jurídico se aparte de la defensa cuando, previo informe del letrado encargado de ésta, considere que no concurren los requisitos previstos en el apartado 3 del presente artículo.
Modificación de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública de Cantabria Se modifica y se da una nueva redacción al apartado 1 del artículo 26 de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública, que queda redactado como sigue:
Integración en el Cuerpo de Letrados 1. Los funcionarios de carrera pertenecientes al Grupo A que a la entrada en vigor de la presente Ley ocupen los puestos de letrado adscritos a la Dirección General del Servicio Jurídico o tengan, en su caso, derecho a la reserva del puesto, cualquiera que sea la situación administrativa en que se encuentren, y los funcionarios pertenecientes al Cuerpo Facultativo Superior, especialidad licenciado en Derecho, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, o al Cuerpo Técnico Superior, especialidad Letrados del Gabinete Jurídico, pasarán a integrarse automáticamente en el Cuerpo de Letrados de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, siendo automáticamente declarados en situación de excedencia voluntaria en sus Cuerpos de origen, salvo que opten expresamente por no integrarse en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la presente Ley.
Puestos de trabajo del Cuerpo de Letrados Entretanto las relaciones de puestos de trabajo se modifiquen con el fin de prever, en su caso, los puestos de trabajo que pueden ser cubiertos por funcionarios perteneciente al Cuerpo de Letrados, se entenderá que éstos son todos aquellos en los que, a la entrada en vigor de la presente Ley, se exija la pertenencia al Cuerpo Facultativo Superior y la titulación de licenciado en Derecho.
Procedimientos en curso En los procedimientos en curso en los que, a la entrada en vigor de la presente Ley, no se haya solicitado informe a la Dirección General del Servicio Jurídico, éste será preceptivo únicamente en los supuestos previstos en esta norma.
Desarrollo normativo Se autoriza al Gobierno a aprobar las normas precisas para el desarrollo de esta Ley y para modificar, mediante decreto, las cuantías que fija el artículo 14 de la presente Ley.

References: artículo 14
 artículo 35
 Artículo 32
 artículo 17
 artículo 14
 Resolución 
 Artículo 17
 Artículo 24
 Artículo 31
 artículo 26
 artículo 14