Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-892-12.htm
Timestamp: 2019-06-26 13:48:01+00:00

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JUICIO ESTRICTO DE IGUALDAD-Aplicación/PRINCIPIO DE IGUALDAD-Criterios considerados como “categorías sospechosas”
En diversas ocasiones, esta corporación ha definido cuáles son los factores que hacen necesario el uso de esta clase de juicio: en primer lugar, si se limita el goce de un derecho constitucional a un determinado grupo de personas; segundo, si es utilizado un criterio prohibido o “sospechoso” como elemento de la diferenciación; tercero, si se trata de asuntos en los que la Constitución señala mandatos especiales de igualdad; y finalmente, cuando se trata de poblaciones que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. En lo que concierne al segundo factor mencionado, esta Corte ha precisado que hay criterios constitucionalmente neutros, y que pueden entonces ser ampliamente utilizados por las autoridades, pero existen categorías, que han sido denominadas “sospechosas”, por cuanto son potencialmente discriminatorias y por ende se encuentran en principio prohibidas. Y, según la jurisprudencia de esta Corporación, pueden ser consideradas sospechosas y potencialmente prohibidas aquellas diferenciaciones: (i) que se fundan en rasgos permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden prescindir por voluntad propia, a riesgo de perder su identidad; además (ii) esas características han estado sometidas, históricamente, a patrones de valoración cultural que tienden a menospreciarlas; (iii) esos puntos de vista no constituyen, per se, criterios con base en los cuales sea posible efectuar una distribución o reparto racionales y equitativos de bienes, derechos o cargas sociales. Finalmente, (iv) esta Corporación ha admitido también que los criterios indicados en el artículo 13 superior deben también ser considerados sospechosos, no sólo por cuanto se encuentran explícitamente señalados por el texto constitucional, sino también porque han estado históricamente asociados a prácticas discriminatorias.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1° (parcial) de la Ley 1280 de 2009 “Por la cual se modifica el numeral 10 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, y se establece la licencia de luto”.
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Juan Felipe Díez Castaño instauró acción pública de inconstitucionalidad contra la expresión “de consanguinidad” contenida en el artículo 1° de la Ley 1280 de 2009 “Por la cual se modifica el numeral 10 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, y se establece la licencia de luto, por considerar que vulnera los artículos 5, 13, y 25 de la Constitución, así como preceptos de la Declaración Universal de Derechos Humanos que consagran el derecho a la igualdad (Arts. 1° y 7°) y el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas (Art. 25).
“LEY 1280 DE 2009
1.2. Es cierto que el legislador tiene un amplio margen de configuración para regular asuntos laborales, sin embargo, en ejercicio de esa potestad no puede establecer regulaciones discriminatorias respecto de sujetos que materialmente están en una misma situación. Por lo tanto, “el hecho de que el legislador hubiese excluido al segundo grado civil, es decir, al hermano adoptado, al hermano hijo de los padres adoptantes, al abuelo adoptivo y al hermano de crianza, comporta el desconocimiento evidente de la igualdad, ya que el concepto de familia, en una sociedad fundada sobre el humanismo, no es un fenómeno meramente biológico, si no social, pues la familia no es la consanguínea sino, la que obra como tal, en la cual se desarrollan lazos de protección, amor, afecto, ayuda mutua y construcción conjunta de un proyecto de vida”.
1.3. El trato que la norma acusada establece, genera una discriminación por origen, expresamente prohibida por el artículo 13 de la Constitución Política, puesto que la muerte del hermano del trabajador, sea consanguíneo o adoptivo, genera “el mismo dolor material o sufrimiento, separándolos simplemente un mero vínculo formal y biológico, a saber: la consanguinidad que es superado en la práctica por las relaciones humanas, las cuales no se agotan en ese tipo de parentescos, sino en realidades más fuertes como el amor”.
2. El segmento normativo acusado vulnera así mismo el artículo 5° de la Carta, toda vez que uno de los derechos inalienables a que alude el precepto superior es la igualdad, preeminencia que es corroborada por los artículos 1° y 7° de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La norma acusada no honra esos preceptos superiores, por cuanto genera la exclusión de un beneficio de carácter no solamente patrimonial sino humanitario, como es la licencia por luto, a unos sujetos que solo se distinguen de los beneficiarios de la norma por un aspecto puramente formal, aunque materialmente se encuentren en el mismo plano. El tratamiento que la norma contempla respecto de los dos grupos comparados deja de ser un simple trato diferenciado, para convertirse en un tratamiento discriminatorio “entendido como la negación de los derechos por motivos de raza, ideología, política, religiosa, posición sexual, y origen familiar, conductas que son propias de los regímenes totalitarios y antidemocráticos del mundo”.
El demandante cita jurisprudencia del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y de esta Corporación, según la cual se reconoce “la denominada dimensión subjetiva de la familia, que no es otra cosa que reconocer que los lazos de afectividad, de amor, de solidaridad entre los individuos de la especie humana, no solamente pueden generarse en la familia sanguínea” (Fol. 8 demanda).
El principio de equidad en materia laboral, según el cual “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo” (Art. 23) establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, no solamente se circunscribe al ámbito del salario, sino también al mínimo de los derechos laborales, irrenunciables e intangibles que lo integran. Dentro de estas garantías se encuentra el derecho a la licencia remunerada por luto.
En lo que concierne al “hijo de crianza”, señala que se trata de una expresión que no cuenta con regulación legal, y no obstante algunos reconocimientos que se han hecho por vía jurisprudencial, estos han obedecido a casos concretos, en los que se ha demostrado a través de un proceso judicial la efectiva relación de afecto entre el llamado hijo de crianza y quien reclama el derecho. Sin embrago, no puede incluirse en una norma de carácter general una expresión que no está reconocida por el ordenamiento jurídico. Sostiene que en relación con esta última hipótesis se puede acudir a la figura de la grave calamidad doméstica.
Si bien el duelo es una situación emocional difícil de superar a la que se enfrentan las personas cuando pierden parientes cercanos e incluso amigos con los que se han construido sólidos lazos afectivos, es razonable que el legislador restrinja el campo de las personas cuyo fallecimiento genera la licencia por luto. Y finaliza señalando que siendo un tema “eminentemente subjetivo” puede el legislador presumir quiénes pueden causar un dolor significativo por su fallecimiento, e imponer al empleador la obligación de reconocer, en estos casos, la prestación a que se refiere la norma, la cual según la interviniente constituye “un derecho que hace parte del núcleo de derechos y garantías mínimas incluidas dentro del C.S.T., en los términos justos y lógicos del código civil y de la Ley 1280 de 2009”.
La organización interviniente apoya la solicitud de equiparación de las familias de crianza, con aquellas conformadas por lazos de sangre o legales, “de forma tal que cuando las relaciones sean realmente el producto de una voluntad responsable de conformar una familia, con sus correspondientes deberes de solidaridad, ayuda mutua, amor, respeto y demás, también puedan ser beneficiarios de la licencia remunerada por luto ante la muerte, de sus padres, madres, hijos/as, abuelos/as, y demás familiares cercanos de hecho”.
Juan Camilo Mariño Alcocer, representante legal suplente, de esta agremiación, propone un pronunciamiento inhibitorio, con fundamento en que la inconformidad del demandante no es propiamente en relación con el hecho de que el legislador haya establecido la licencia por el fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, sino con el hecho de que haya limitado esa licencia, en lo que respecta con el parentesco civil, sólo hasta el grado primero, y, que no lo haya previsto para el “hermano de crianza”.
En este sentido sostiene que, si la Corte, en gracia de discusión, llegare a declarar inexequible la expresión acusada, los efectos no serían los deseados por el demandante, toda vez que, de un lado subsistiría la expresión “primero civil”, incluida en la norma y que no fue objeto de impugnación, y de otro lado, no quedaría incluido “el hermano de crianza” para efectos de otorgar la licencia, toda vez que la norma nada dice al respecto, es decir, sobre este particular se presenta una omisión legislativa absoluta.
La regulación de una licencia laboral como consecuencia del fallecimiento de un familiar cercano es un aspecto que no deriva directamente de la Constitución, de tal suerte que el legislador goza de un poder amplio de configuración. “En el caso de la licencia por fallecimiento de un familiar no hay, en consecuencia, posibilidad de comparar el texto legal con un texto constitucional, de tal suerte que no cabe el control abstracto de constitucionalidad”.
(i) De una parte, se dirige contra una expresión que no está orientada a regular el parentesco civil, que es el que corresponde a las personas adoptadas, hipótesis en la cual se inscriben los casos de presunta inequidad que enuncia en su demanda. “Si se atendiera al actor y, en consecuencia, se declarara inexequible la expresión demandada, la limitación al parentesco civil seguiría vigente y, por ende, la situación que censura respecto de los parientes de la persona adoptada no sufriría cambio alguno”.
2.1. El demandante considera que la expresión “de consanguinidad” contenida en el artículo 1° de la Ley 1280 de 2009, introduce un trato discriminatorio en razón del origen familiar, prohibido por el artículo 13 de la Carta, respecto de los trabajadores que tiene parentesco civil, o familia de crianza. La discriminación se origina, a juicio del actor, en el reconocimiento de la licencia de luto en el grado segundo de parentesco, únicamente para los consanguíneos y no en relación con los adoptivos, ni con los hijos de crianza.
Y un tercer grupo de intervinientes (el Ministerio del Trabajo y la Andi), sostienen, con el Procurador General de la Nación, que la demanda es inepta toda vez que de la expresión demandada (“consanguinidad”), no se deriva el tratamiento diferenciado que califica el demandante como vulneratorio del principio de igualdad, de hecho, si se accediera a su exclusión del orden jurídico, la regulación diferenciada persistiría.
3.1. El Procurador General de la Nación, el Ministerio del Trabajo y la ANDI, solicitan un pronunciamiento inhibitorio, con fundamento en que el demandante dirige su demanda contra la expresión “consanguinidad”, de la cual no se deriva el trato presuntamente discriminatorio entre los trabajadores que tienen parentesco de consanguinidad y aquellos, cuyos vínculos familiares descansan en el parentesco civil, lo que redundaría, en la línea de su argumentación en una falta de pertinencia del cargo.
3.3. No obstante, también ha resaltado, con base en el principio pro actione que el examen de los requisitos adjetivos de la demanda de constitucionalidad no debe ser sometido a un escrutinio excesivamente riguroso y que debe preferirse una decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante la Corte[2]. Este principio tiene en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es de carácter público, es decir abierta a todos los ciudadanos, por lo que no exige acreditar la condición de abogado[3]; en tal medida, “el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo.”[4]
3.4. En el caso objeto de análisis observa la Corte que el demandante explícitamente dirige su demanda contra la expresión “consanguinidad”, contenida en el artículo 1° de la Ley 1280 de 2009. No obstante, en el desarrollo de su censura involucra otros segmentos normativos de la misma disposición que le dan sentido a la expresión acusada. El demandante hace referencia al trato diferenciado que la norma establece respecto de los trabajadores que tienen establecidas sus relaciones familiares en el marco del parentesco de consanguinidad, y los que pertenecen a una familia originada en la adopción, y que por ende organizan sus relaciones familiares en el ámbito del parentesco civil. Respecto del primero, la norma tiene una mayor cobertura en tanto que le reconoce la licencia de luto en eventos como el fallecimiento de su abuelo, de su nieto o de su hermano, en tanto que al que pertenece a una familia fundada en el parentesco civil, la misma prestación solo le será reconocida frente al fallecimiento de alguno de los adoptantes o del adoptivo.
De otra parte, observa la Corte que los reparos de discriminación que el demandante formula contra la expresión acusada, se extienden al hecho de que el legislador no hubiere incluido dentro de los allegados del trabajador cuyo fallecimiento da lugar a la licencia por luto, al “hermano de crianza”, habida cuenta de los lazos de amor, solidaridad y afecto que surgen en las relaciones fundadas en esta realidad social.
3.5. Sobre el primer aspecto de la impugnación, es decir aquel que se fundamenta en una comparación entre los familiares unidos por el parentesco de consanguinidad, y los que tienen vínculo de carácter civil, advierte la Sala que pese a que el demandante identifica claramente el contenido normativo objeto de censura y construye adecuadamente un cargo por quebrantamiento del principio de igualdad, se hace necesario aplicar la técnica excepcional de la integración normativa[5], toda vez que la expresión que señala el actor (consanguinidad), aisladamente no tiene un sentido sintáctico completo que recoja íntegramente la censura del demandante. La expresión acusada forma una unidad semántica inescindible con el segmento normativo “hasta el grado segundo de consanguinidad, (…) y primero civil”, que contiene los grados de parentesco a partir de los cuales el demandante construye los términos de comparación para deducir un trato diverso y además discriminatorio. Adicionalmente, la expresión acusada se encuentra íntimamente ligada a un segmento normativo que resulta de forzoso análisis para enfrentar un cargo por igualdad válidamente formulado.
De modo que en el evento bajo análisis se presentan dos de las hipótesis en las cuales, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación es posible acudir a la técnica de la integración normativa. En efecto, la expresión “consanguinidad” demandada, no presenta en el contexto de la norma, un sentido propio y autónomo que permita su análisis aislado, y además se encuentra estrechamente vinculada en su sentido, al segmento normativo “hasta el segundo grado de consanguinidad (…) y primero civil”, que prima facie presenta serias dudas de constitucionalidad que deberán ser disipadas, a través de este análisis.
En consecuencia la Corte se pronunciará de fondo sobre la afirmada vulneración de los artículos 13, 5° y 25 de la Constitución, derivada de la manera en que el legislador reguló la licencia de luto en lo que concierne al fallecimiento de familiares unidos al trabajador por parentesco de consanguinidad, ó civil. Por ende el juicio de constitucionalidad recaerá sobre las expresiones “hasta el segundo grado de consanguinidad (…) y primero civil” contenidas en el artículo 1° de la Ley 1280 de 2009.
3.8. En cambio, no encuentra la Corte que exista mérito para emitir un pronunciamiento de fondo sobre el cargo relativo a que el diseño de la norma acusada vulnera los mismos preceptos superiores, por haber excluido de su ámbito de aplicación a los denominados “hijos de crianza”. Sobre el particular, el actor parece equiparar la situación de estos con la de los familiares unidos por parentesco civil, lo cual afecta la certeza del planteamiento. Adicionalmente hace referencia a algunos pronunciamientos judiciales que han tenido en cuenta los lazos de afectividad, amor y solidaridad entre los individuos para el reconocimiento de perjuicios morales, argumentación que carece de la pertinencia necesaria para provocar un pronunciamiento de fondo sobre la no inclusión de “los hermanos de crianza” en el alcance de la norma.
En consecuencia, la Sala se inhibirá de emitir pronunciamiento sobre el aparte del cargo consistente en que la no inclusión de “los hermanos de crianza” de los trabajadores dentro del alcance de la norma, vulneraría los artículos 13, 5 y 25 de la Constitución.
“El presente proyecto pretende establecer el derecho que tiene todo trabajador de gozar de una licencia remunerada durante los días de luto, por muerte de un familiar cercano, entendiendo este dentro del primer grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil.
Esta iniciativa no genera erogación alguna a cargo del Estado, por el contrario, fomentará una equitativa protección de los derechos laborales, de salud y de seguridad en el trabajo: además de fomentar la unión familiar y la solidaridad humana necesarias en nuestra sociedad”.[12]
“En caso de fallecimiento de un familiar directo del trabajador entendido este dentro del primer grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil o compañero o compañera permanente, el trabajador tendrá derecho a una licencia remunerada por luto por un período de cinco días hábiles, este hecho deberá ser demostrado mediante documento expedido por autoridad competente de lo contrario los días de licencia no será remunerados”.[14] (Se destaca).
“Conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral”[15]. (Se destaca).
En este sentido, de acuerdo a los postulados contenidos en los artículos 13 y 42 de la Constitución, no es posible predicar efectos civiles disímiles para el parentesco consanguíneo y el parentesco civil. En efecto, el artículo 42 C.P. establece que “los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes”. Esta norma estipula la equiparación de derechos y deberes entre las distintas modalidades de hijos.
5.2. Por su parte, el artículo 13 superior enuncia algunos de los criterios de diferenciación que pueden considerarse arbitrarios, cuando dice que todas las personas "gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.” De este modo, dentro de las distinciones arbitrarias, el origen familiar como criterio para establecer un trato desigual, está expresamente prohibido por la Constitución. (Se destaca).
“La igualdad que propugna la Carta entre las uniones familiares surgidas de vínculos naturales y la conformada por vínculos jurídicos, abarca no sólo al núcleo familiar como tal, sino también a cada uno de los miembros que lo componen, puesto que estas disposiciones guardan íntima relación con el artículo 13 Superior, que prescribe: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua religión, opinión política o filosófica (..)" (Subraya la Corte).”[16]
5.5. Del mismo modo, en la sentencia C-742 de 1998[18], la Corte reiteró las reglas fijadas en la decisión mencionada con antelación, a propósito del estudio de constitucionalidad del artículo 537 del Código Civil, norma que establecía diferencias entre parientes naturales y legítimos para efectos de la asignación de curaduría del disipador. En criterio de la Corte, este tratamiento era injustificado, puesto que “la Constitución reconoce en un pie de igualdad a la familia constituida por vínculos jurídicos, esto es la que procede del matrimonio, como a la familia llamada natural, esto es, la constituida por fuera de él. Es este el único sentido en el cual puede entenderse el artículo 42 superior, cuando afirma que “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. Por ello las diferencias introducidas por la ley con fundamento en la diversa manera de conformar la familia, desconocen la Constitución. Siendo igualmente válido cualquier tipo de familia, las diferencias de trato resultan discriminatorias.”
5.6. En relación con el mismo particular, la sentencia C-310 de 2004[19], efectuó el estudio de constitucionalidad del artículo 248 del Código Civil, que confería un tratamiento distinto entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales para efectos del término de caducidad para impugnar la legitimación. A juicio de esta Corporación, una diferenciación de esta naturaleza desconocía el principio de igualdad entre los hijos. Así, “tratándose de un criterio de distinción constitucionalmente rechazado en forma expresa, el hecho de que el nacimiento se produzca dentro o fuera del matrimonio no puede implicar diferencias de trato jurídico de ninguna especie, y menos aun en una materia directamente implicada con del derecho fundamental al reconocimiento de la personalidad jurídica como lo es la definición del estado civil y la filiación. Por eso, los criterios de examen de constitucionalidad deben ser estrictos, y deben conducir a rechazar de plano tratamientos diferenciales como los que dispensa la norma parcialmente acusada. || Si bien es función del legislador establecer los términos de caducidad de las acciones, para lo cual goza de cierta discrecionalidad, ello no puede conducir a tratamientos dispares que no estén soportados en situaciones de hecho realmente distintas, o en criterios de diferenciación constitucionalmente válidos. En el caso presente, ni lo uno ni lo otro parece evidente a esta Corporación.”
Para la Corte, la norma acusada, si bien se limitaba a reproducir el artículo 33 de la Constitución, entraba en conflicto con el artículo 42 Superior, pues otorgaba al parentesco consanguíneo una condición más beneficiosa que a la filiación adoptiva, en lo relativo a las restricciones del deber de declarar. En términos de la sentencia, “a pesar de la expresa prohibición constitucional de establecer diferencias jurídicas con fundamento en el origen familiar de las personas, la misma Carta lo hace en el artículo 33 cuando determina un trato jurídico diverso para los parientes adoptivos y los biológicos, frente al deber de declarar en contra de sus familiares más próximos. Esta discriminación perjudica a los parientes adoptivos, respecto de quienes se dispensa un trato menos garantista en cuanto a la aplicación del principio de no incriminación de familiares.”
Se recordó en aquella oportunidad “que el constituyente quiso expresamente otorgar reconocimiento jurídico a la familia que proviene de la adopción, y ubicarla en un pie de igualdad respecto de la familia que se constituye a partir del matrimonio o de la unión libre entre compañeros permanentes, por lo cual rechazó las diferencias de trato fundadas en el origen familiar.”
5.8. En materia prestacional, siguiendo la misma línea argumentativa sobre la protección constitucional a las diversas formas de familia, y la prohibición de establecer tratamientos diferentes derivados de la filiación, la Corte ha reconocido los derechos que le asisten a las y a los compañeros permanentes. Así, en la sentencia C-081 de 1999[21], esta Corporación, declaró la constitucionalidad de la expresión “compañero o compañera permanente supérstite” contenida en los artículos 47 y 74 de la Ley 100 mediante la cual se garantizaba el derecho a la pensión de sobrevivientes, independientemente de que alguno de los miembros de la pareja goce de la condición de cónyuge o de compañera o compañero permanente.[22]
En diversas ocasiones[27], esta corporación ha definido cuáles son los factores que hacen necesario el uso de esta clase de juicio: en primer lugar, si se limita el goce de un derecho constitucional a un determinado grupo de personas; segundo, si es utilizado un criterio prohibido o “sospechoso” como elemento de la diferenciación; tercero, si se trata de asuntos en los que la Constitución señala mandatos especiales de igualdad; y finalmente, cuando se trata de poblaciones que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.
En lo que concierne al segundo factor mencionado, esta Corte ha precisado[28] que hay criterios constitucionalmente neutros, y que pueden entonces ser ampliamente utilizados por las autoridades, pero existen categorías, que han sido denominadas “sospechosas”, por cuanto son potencialmente discriminatorias y por ende se encuentran en principio prohibidas. Y, según la jurisprudencia de esta Corporación[29], pueden ser consideradas sospechosas y potencialmente prohibidas aquellas diferenciaciones: (i) que se fundan en rasgos permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden prescindir por voluntad propia, a riesgo de perder su identidad; además (ii) esas características han estado sometidas, históricamente, a patrones de valoración cultural que tienden a menospreciarlas; (iii) esos puntos de vista no constituyen, per se, criterios con base en los cuales sea posible efectuar una distribución o reparto racionales y equitativos de bienes, derechos o cargas sociales. Finalmente, (iv) esta Corporación ha admitido también que los criterios indicados en el artículo 13 superior deben también ser considerados sospechosos, no sólo por cuanto se encuentran explícitamente señalados por el texto constitucional, sino también porque han estado históricamente asociados a prácticas discriminatorias.
Con el propósito de identificar una finalidad, una explicación o una justificación implícita para el trato diferenciado que la norma establece entre el trabajador con filiación basada en la consanguinidad y aquel que posee parentesco civil, se escudriñaron los antecedentes legislativos de la Ley 1280 de 2009 y no aparece ninguna motivación para la modificación del proyecto originalmente radicado, en el cual se daba un trato paritario a las dos situaciones que aquí se contrastan. Tal como se explicó en detalle en el fundamento jurídico No. 4 la prestación (licencia de luto) fue propuesta para los trabajadores a quienes les falleciera un familiar en el primer grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil[31], y con ese alcance el proyecto de ley agotó su tránsito en la Cámara, y alcanzó el primer debate en Senado. Fue en la ponencia para Plenaria de Senado[32] que sin motivación alguna irrumpió un nuevo texto en el que, entre otras modificaciones se amplió el ámbito de aplicación de la norma a los parientes del trabajador “hasta el segundo grado de consanguinidad”, en tanto que se mantuvo el alcance original (primer grado) respecto de los trabajadores que poseen relaciones filiales que tiene como fuente la adopción, es decir vinculados por el parentesco civil.
Las modificaciones que históricamente se han producido sobre el régimen de la adopción han incidido sobre el vínculo del adoptado con la familia del adoptante. Según la concepción que originalmente recogía el Código Civil en su artículo 50, la adopción generaba un parentesco civil entre el adoptante, el adoptivo y el cónyuge del adoptante y no pasaba “de las respectivas personas”. Más tarde, la Ley 5ª de 1975 distinguió entre la adopción simple y la adopción plena y dado que en virtud de la primera el adoptivo continuaba “formando parte de su familia de sangre, conservando en ella sus derechos y obligaciones”, el parentesco se establecía “entre el adoptante, el adoptivo y los hijos de este”, mientras que, tratándose de la adopción plena, el adoptivo cesaba “de pertenecer a su familia de sangre” y, por lo tanto, establecía parentesco con el adoptante y con los parientes de sangre de éste.
El denominado Código del Menor (Decreto 2737 de 1989), eliminó la adopción simple en su artículo 103 y señaló que “el adoptivo deja de pertenecer a su familia y se extingue todo parentesco de consanguinidad, bajo reserva del impedimento matrimonial del ordinal 9º del artículo 140 del Código Civil” (Art. 98), al paso que, en el artículo 100, indicaba que “la adopción establece parentesco civil entre el adoptivo, el adoptante y los parientes consanguíneos o adoptivos de éste”. La Ley 1098 de 2006 dispuso como efecto de la adopción que “establece parentesco civil entre el adoptivo y el adoptante, que se extiende en todas las líneas y grados a los consanguíneos, adoptivos o afines de estos”. (Art. 64.2).
A la luz de la filosofía y la regulación actual de la institución de la adopción, resulta inadmisible un trato diferenciado para los miembros de familias originadas en este vínculo jurídico, frente a aquellas constituidas a partir de nexos de consanguinidad. De acuerdo con la normatividad vigente “La adopción establece parentesco civil entre el adoptivo y el adoptante, que se extiende en todas las líneas y grados a los consanguíneos, adoptivos o afines de estos”[33], por lo que no es posible estatuir diferencias entre el parentesco consanguíneo, y aquél que se adquiere en virtud de la adopción. No sobra recordar que la denominada adopción simple fue eliminada del orden jurídico colombiano mediante el artículo 103 del denominado Código del Menor[34]; en virtud de esta figura el adoptivo continuaba “formando parte de su familia de sangre, conservando en ella sus derechos y obligaciones”, y el parentesco se establecía “entre el adoptante, el adoptivo y los hijos de este”. De conformidad con la actual regulación el parentesco civil comporta una inserción plena del adoptado en la familia de los adoptantes, por lo que el vínculo filial se extiende en todas las líneas y grados a los consanguíneos y afines.
Como se dejó establecido en el fundamento jurídico No. 3 de esta sentencia, al delimitar el ámbito del pronunciamiento y efectuar la necesaria integración normativa, el objeto normativo sobre el cual recaerá el fallo es la expresión “hasta el grado segundo de consanguinidad (…) y primero civil”, contendida en el artículo 1° de la Ley 1280 de 2009.
En consecuencia la Corte declarará la exequibilidad de la expresión “hasta el grado segundo de consanguinidad (…) y primero civil”, contendida en el artículo 1° de la Ley 1280 de 2009, en el entendido que también incluye a los parientes del trabajador en el segundo grado civil.
Declarar la EXEQUIBILIDAD, de la expresión “hasta el grado segundo de consanguinidad (…) y primero civil”, contenida en el artículo 1° de la Ley 1280 de 2009, mediante la cual se adicionó un numeral al artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, en el entendido que también incluye a los parientes del trabajador en el segundo grado civil.
[5] De conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, la integración de la unidad normativa sólo procede de manera excepcional en tres eventos: (1) “cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada.” (2) “Cuando la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas.” Y (3) cuando “pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad.” En este evento, la integración normativa procede bajo la tercera hipótesis señalada en la mencionada sentencia. Sobre el tema de integración normativa ver también, entre muchas otras, las sentencias C-320 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); C-357 de 1999 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); C-539 de 1999 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-781 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas Hernández); C-227 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa); C-271 de 2003 (MP. Rodrigo Escobar Gil); C-409 de 2004 (MP. Alfredo Beltrán Sierra); C-538 de 2005 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); C- 925 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); C-536 de 2006 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto); C-941 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[6] La Corte ha señalado que cuando se atribuye a una norma la posible violación del principio de igualdad, no es suficiente una argumentación que se limite a afirmar que la disposición acusada establece un trato discriminatorio contrario al artículo 13 de la Carta. Para que el demandante estructure adecuadamente el cargo, salvo que se trate de alguno de los criterios sospechosos señalados expresamente por la norma (sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, entre otros) debe constatar que efectivamente dos o más grupos de personas están recibiendo un tratamiento diferenciado, ya sea porque la ley acusada da un trato diferente a situaciones que deben recibir el mismo trato o porque la ley cuestionada da el mismo trato a situaciones que deberían recibir un tratamiento diferenciado, e indicar las razones por las cuales se considera discriminatoria tal situación. Se requiere, en consecuencia, que en el caso concreto se establezca claramente (i) entre quiénes se está dando un trato diferenciado, (ii) en qué sentido o en virtud de qué actuación se da esa diferenciación, y (iii) con base en qué criterios. Al respecto la Corte se ha pronunciado en los siguientes términos: “Se debe señalar con claridad los grupos involucrados, el trato introducido por las normas demandadas que genera la vulneración del derecho a la igualdad y qué justifica dar un tratamiento distinto al contenido en las normas acusadas”,[6] toda vez que “la realización de la igualdad no le impone al legislador la obligación de otorgar a todos los sujetos el mismo tratamiento jurídico, ya que no todos se encuentran bajo situaciones fácticas similares ni gozan de las mismas condiciones o prerrogativas personales e institucionales.”( Sentencia C-913 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).También se pueden consultar, entre muchas otras, las siguientes sentencias: C-022 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz); C-1031 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil); C-176 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas Hernández); C-1115 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil); C-1086 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y Auto 132 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[11] Artículo 57 num. 6° C.S.T. “La calamidad doméstica no es definida por el Código Sustantivo el Trabajo, pero ha sido entendida como todo suceso familiar cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajado, en la cual eventualmente pueden verse amenazados derechos fundamentales de importancia significativa en la vida personal o familiar del mismo, o afectada su estabilidad emocional por grave dolor moral.' (C-930 de 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[13] El texto inicialmente presentado establecía: “En caso de fallecimiento de un familiar cercano al trabajador, entendido este dentro del primer grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, el trabajador tendrá derecho a disfrutar de una licencia por luto, por un período no inferior a cinco días hábiles remunerados”. (Gaceta del Congreso No. 373 de agosto 9 de 2007, Pág. 28.
[17] M.P. Jorge Arango Mejía. M.P. Jorge Arango Mejía. En esta decisión La Corte estudió varias normas del Código Civil que para diversos efectos, entre ellos la determinación de a quiénes se deben alimentos, la fijación de reglas para el ejercicio de la curaduría del interdicto, la determinación de los legitimarios y los asignatarios forzosos y las causales de indignidad sucesoral; estipulaban consecuencias jurídicas para los hijos legítimos, con exclusión de los descendientes por filiación distinta a la matrimonial.
[31] Gaceta del Congreso No. 373 de 2007, pág. 28.
[32] Gaceta del Congreso No.766, págs. 10 y 11.
[33] Ley 1098 de 2006, artículo 64 numeral 2°.
[34] Decreto 2737 de 1989.
[35] Esta técnica correctiva de contenidos normativos inconstitucionales ha sido usada por la Corte en diversas oportunidades en que se constata una omisión legislativa, o una regulación deficiente, al no haber previsto el legislador determinados aspectos, que eran necesarios para que la regulación se adecuara a la Constitución. La Corte ha entendido estas sentencias como “una modalidad de decisión por medio de la cual el juez constitucional en virtud del valor normativo de la Carta (Artículo 4° C.P.) proyecta los mandatos constitucionales en la legislación ordinaria, para de esta manera integrar aparentes vacíos normativos o hacer frente a las inevitables indeterminaciones del orden legal”. Al respecto se pueden consultar las sentencias C-109 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). Así mismo se ha utilizado esta técnica en las sentencias C-370 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrígo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández); C-228 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett); C-004 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett); C-454 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño); C-209 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); C-516 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño); y C- 782 de 2012, (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva), entre muchas otras.

References: artículo 13
 artículo 1
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 artículo 241
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 artículo 13
 artículo 50
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 artículo 1
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 Artículo 57
 artículo 64