Source: https://www.otrosi.net/administrativo/doctrina/2019-7179
Timestamp: 2019-05-20 00:57:41+00:00

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Criterio 1 de 1 de la resolución: 01172/2016/00/00
PRIMERO.- El día 18/02/2016 tuvo entrada en este Tribunal la presente reclamación, interpuesta en 12/01/2016 contra la providencia de apremio A28..., emitida por la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Madrid de la AEAT, respecto de la liquidación por el Impuesto sobre el Valor Añadido 09-2015, Modelo 303.
SEGUNDO.- El 20 de octubre de 2015 se presentó solicitud de aplazamiento/fraccionamiento por el reclamante respecto de la deuda Impuesto sobre el Valor Añadido 09-2015, Modelo 303.
TERCERO.- En el expediente administrativo consta que el 4 de diciembre de 2015 se emitió acuerdo de archivo por la Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT, en el que se indica: "En fecha 26-10-2015 se le notificó un requerimiento de datos y documentos a acompañar junto a su solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de pago. Al no haberse atendido este requerimiento en el plazo señalado en el mismo, le comunico que su solicitud ha sido archivada".
CUARTO.- El 18 de diciembre de 2015, la Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT, emitió providencia de apremio de la deuda indicando que el 20 de octubre de 2015 finalizó el plazo para pago en periodo voluntario. Dicho acto se notificó el 21 de diciembre de 2015.
QUINTO.- Contra dicho acto se interpuso, el 12 de enero de 2016, la presente reclamación económico administrativa en única instancia ante este Tribunal Económico Administrativo Central, alegando en síntesis que:
· No se le ha notificado la decisión de la Administración frente a la solicitud de aplazamiento/ fraccionamiento presentada. Ello genera indefensión, al haber procedido la Administración, a notificar la providencia de apremio sin que el supuesto archivo haya sido debidamente notificado.
· Recae la obligación de resolver de forma expresa sobre la Administración.
· En consecuencia la providencia de apremio es improcedente, por concurrir la causa prevista en el artículo 167.3 b) de la LGT.
TERCERO.- El artículo 167.3 de la LGT establece que, "Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:
CUARTO.- El reclamante solicita en sus alegaciones que le sea de aplicación lo establecido en los artículos 44 del Reglamento General de Recaudación aprobado por el RD 939/2005, y siguientes:
QUINTO.- Del expediente administrativo se extrae la conclusión de que la Administración no ha intentado comunicar el archivo acordado al reclamante, basándose en las consecuencias que la falta de su contestación en plazo anuda el artículo 46.6 de la LGT.
El archivo de la solicitud de aplazamiento/fraccionamiento, ha sido objeto de análisis por este Tribunal Económico Administrativo Central, en la resolución del recurso de alzada interpuesto por la Dirección del Departamento de Recaudación (núm. 459/2016):
En este sentido, el artículo 51.7 del antiguo RGR, en su redacción dada por el Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo, disponía: "Si la solicitud no reúne los requisitos o no se acompañan los documentos que se señalan en el presente artículo, el órgano competente para la tramitación del aplazamiento requerirá al solicitante para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, archivándose sin más trámite la misma
Con la actual normativa, no puede entenderse que la no contestación al requerimiento de subsanación en una solicitud de aplazamiento, suponga un desistimiento tácito de la misma, lo que reforzaría el criterio de este Tribunal Central en cuanto a la necesaria y obligatoria notificación al interesado de la comunicación de archivo de la solicitud de aplazamiento / fraccionamiento, al objeto de que, una vez conocidos los motivos, el interesado pueda, en su caso, recurrir el archivo de la solicitud en cuanto a las causas que lo motivaron.

References: artículo 167
 artículo 167
 artículo 46
 resolución 
 artículo 51
 Real Decreto