Source: http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/magistratura1.html
Timestamp: 2017-09-23 18:22:15+00:00

Document:
Equipo Nizkor - Resolución declarando inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura (fallo Rizzo).
RESOLUCIÓN N° ..../2013.-
Para resolver en la presente causa caratulada "Rizzo, Jorge Gabriel (Apoderado Lista 3 'Gente de Derecho' s/ Acción de Amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ley 26.855 - Medida Cautelar", Expte N° 3034/13, del registro de causas de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, Secretaría Electoral de la Capital Federal, de la cual
Que a fs. 1/36 se presenta Jorge Gabriel Rizzo, en su carácter de apoderado de la Lista 3 "Gente de Derecho", con el patrocinio letrado del Dr. Adriano Patricio Díaz Cisneros, presentan Acción de Amparo contra la Ley N° 26.855 "... a los efectos de detener el perjuicio actual, manifiestamente arbitrario, e inminente que dicha norma ocasiona a los legítimos intereses de participar con boleta propia, Lista 3, "GENTE DE DERECHO ", y de postular candidato, en las próximas elecciones de representantes del estamento de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación".-
La acción se dirige contra el Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional, con domicilio en Balcarce 50, Ciudad de Buenos Aires.-
Mas adelante expresan la requisitoria de "...inmediata y expedita tutela de los intereses afectados de "Gente de Derecho", y para ello la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 1°; 2°; 4°; 6, 18, y 30° de la Ley 26.855... ".
Finalmente solicitan, como medida cautelar, que se "...ordene al Estado nacional detener inmediatamente su escandaloso plan de organizar una elección de integrantes del CMN que resulta abiertamente enfrentada con la Constitución Nacional...", y en consecuencia, suspender la inminente elección hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.-
Así basan su interés actual de participar en la próxima elección de los representantes de abogados al Consejo de la Magistratura, pero la aplicación de la Ley 26.855 "...supone que 1) no podemos participar por resultar este comicio contrario a la Constitución nacional y a nuestras convicciones; 2) no podemos participar porque, asimismo, estamos proscriptos en razón de las exigencias impuestas que lo convierten en materialmente imposible... ".
Al desarrollar la legitimación activa, sostienen que la de la lista 3 "Gente de Derecho" surge del artículo 43 de la Constitución Nacional, que reconoce la acción de amparo a todos aquellos que sufran una violación de sus derechos constitucionales.-
A fs. 5, en otro punto de la presentación, se refiere a la Acción de Clase -punto VI- ya que pretenden que los efectos del fallo solicitado se extiendan a todas las agrupaciones de abogados (por considerar que están igualmente proscriptas) y también a los académicos y magistrados, por considerarlos perjudicados y para que el mecanismo de elección de sus representantes sea el que regía antes de la promulgación de la Ley 26.855.-
Más adelante puntualizan: "...si la única manera de darle tutela a nuestro derecho de postularnos a una elección de representantes en el CMN -derecho reconocido por el mismo art. 114 CN- es con una Acción de Clase, entonces debe caer toda regla restrictiva que sea obstáculo para esta pretensión so pena de negar la tutela judicial efectiva, y el carácter operativo que tiene la Constitución Nacional... ".
A fs. 8, sostienen que "La controversia (...) surge nítida: nosotros estamos interesados en que el Estado nacional organice una elección que nos permita participar, pero nuestra contraparte, todo lo contrario de ello, se encuentra en plena organización y difusión (...) de una elección que nos proscribe".-
Adviértase al respecto que la Lista 3 participa activamente en estas elecciones para elegir representantes de abogados, lo ha hecho siempre y pretende seguir haciéndolo. De modo tal que sus intereses son también derechos que, con el paso de los años, han sido reconocidos pacíficamente. hasta la promulgación de esta ley.
Aquí también hay controversia: requerimos a S.S. que le ordene al Estado nacional detener esta insólita elección, y volver a organizar una que no se aparte del art. 114 CN".-
Al respecto sostienen que "...o bien procede el amparo, o bien se atropellan los derechos de raigambre constitucional que aquí se han invocado" -
"l) Existe un acto de autoridad pública: el dictado de una Ley; la N° 26.855...
...2) Que en forma inminente amenaza: (...) se vincula con la existencia de circunstancias que ponen en real, efectivo e inminente peligro el pleno ejercicio de un derecho; cual es el de representar ante el CMN...
...3) Conculca con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta derechos fundamentales y garantías reconocidas por la CN y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional...
...4) En cuanto al recaudo: "medio judicial más idóneo", no es un acto muy complejo establecer que para la situación planteada, no existe un remedio judicial alternativo.
...5) La ostensible inconstitucionalidad de esta Ley, cuya declaración se persigue mediante esta acción de amparo... ".
En ese contexto, y en referencia a la ley 26.855, exponen que: "...so pretexto de una mayor representatividad "democrática" establece que quien represente "a los abogados de la matrícula federal" no sea electo por sus representados los abogados, sino por todos los habilitados a emitir sufragio en las PASO.
Con lo cual, quien aspire a "representar" al segmento de los abogados de la matrícula federal, deberá, obligatoriamente, ser afiliado o al menos haber acordado con un partido político su precandidatura; participar en las primarias "partidarias", etc., para finalmente no "representar" a los abogados (aunque lo sea), sino para "representar" al Partido Político que le permitió llegar a ese lugar"-
Por otro lado, a fs. 22 vta., sostienen que: "Párrafo aparte (...) debe dedicarse a la tristeza que produce imaginar a Jueces de la Nación que tienen vedado por el artículo 33 inc. d) de la Ley orgánica de los Partidos Políticos N° 23.298 ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos nacionales, negociando con los partidos políticos su inclusión en las respectivas boletas... ".
En otro punto de su presentación refiere que la afectación contra la constitución por la Ley 26.855 traería aparejada su arbitrariedad e ilegalidad"-
Por otra parte, advierten que la reglamentación del art. 114 CN realizada por la cuestionada norma, carece de razonabilidad "...por no perseguir el fin que requiere la conformación y funcionamiento del CMN".-
Agregan más adelante: "La afectación de la garantía de Igualdad ante los jueces también se produce cuando hay una posición de superioridad del Estado Nacional y éste litiga con el particular, en razón del quiebre del principio de la división de poderes."
Fundan la verosimilitud del derecho invocado en la "...descripción de los derechos y garantías amenazados por la Ley 26.855".-
En cuanto al peligro en la demora, estaría dado por la aplicación inmediata de la ley impugnada, ya que supone "...consentir las violaciones constitucionales mencionadas..." -
Finalmente, plantean la inconstitucionalidad de la ley 26.854. Alegando que: "Sin perjuicio de adelantar que el CPACF (...) se ha presentado impugnando la constitucionalidad de los artículos 2°, inciso 2, 4°, 5°, 9°, 10°, 13° incisos 1, 2, 3; 14°y 15° de la Ley 26.854, para el hipotético y poco probable supuesto que S.S. entienda aplicable sus disposiciones, se plantea la inconstitucionalidad de la norma y se solicita que a ala medida cautelar solicitada no le sean aplicables dichos artículos".-
A fs. 46/88 se agregan las copias certificadas remitidas a la fiscalía, y a continuación -fs. 90-, el dictamen que remite a lo expresado en los autos "Cabral Luis María (Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Civil y Mutual) c/Poder Ejecutivo Nacional s/Amparo Ley 26.855 -Medida Cautelar", Expte. N° 3033/13, acompañando a esos fines copia del aludido dictamen -agregado a fs. 91/92-.-
Que a fs. 105/170, en representación del Estado Nacional -Ministerio del Interior, se presenta Alejandro Patricio Amaro, con el patrocinio letrado de la Procuradora del Tesoro de la Nación, Dra. Angelina M. E. Abbona, designada por Decreto N° 21/2011, con el objeto de contestar en tiempo y forma el pedido de informe del art. 8° de la Ley 16.986, oportunamente requerido.-
Amplían luego sosteniendo que no resulta relevante la representación alegada, ya que la normativa dictada derogó todo norma que se contraponga a ella, con lo que "...ya no rige a los fines de oficialización (...) lo dispuesto en la Resolución CM135/2002...".
En cuanto al intento de una acción de clase, sostiene el demandado, que resulta errónea la invocación del precedente "Halabi", por no existir una identidad analógica entre la situación resuelta por la Corte en ese caso y las circunstancias fácticas y jurídicas traídas a debate.-
Además que no se configuran, en el caso de autos, los requisitos exigidos por el alto tribunal, que habilite el dictado de una sentencia erga omnes-
"En efecto, el accionante solo pretende canalizar su disconformidad con la conducta adoptada por uno de los Poderes del Estado -el Legislativo- a través de la vía judicial, más sin fundar cuál es el agravio constitucional que le causa, lo que evidencia la improcedencia de la pretensión (...) y la pretendida extensión erga omnes a personas ajenas a la causa de las que ni siquiera se puede presumir la afección a un interés simple" -
De todo lo expresado, concluyen que "...el accionante carece de un interés concreto, personal y directo afectado, que justifique su pretensión ante el órgano judicial, por lo cual carece de la legitimatio ad causam activa para iniciar la presente acción" -
Ampliando luego: "...además de haber incumplido las reglas precedentes, es evidente que la ausencia de legitimación procesal activa de los postulantes del amparo (...) determina que en autos no hay técnicamente "caso judicial", en los términos del art. 116 CN".-
Continua la contestación con la exposición de las "Razones que tornan improcedente el amparo intentado" (título X de la presentación), por cuanto sostienen: "...el régimen instaurado por la Ley N° 26.855 no infringe precepto ni principio constitucional alguno, al tiempo que es una razonable reglamentación del mandato constitucional previsto en el artículo 114 CN".-
...La Constitución Nacional encomendó al legislador el dictado de una ley que regule el funcionamiento, integración y forma de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura...
A idéntica conclusión se arriba luego de analizar las exposiciones habidas en el seno de la Convención Constituyente".-
En resumen, claras fueron las palabras empleadas en la redacción del artículo 114 de la Constitución Nacional e inequívoco el espíritu del Constituyente en cuanto a dejar librado a la valoración del Poder Legislativo el modo en que se haría operativo el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la forma de elección de sus miembros, no imponiendo más limitaciones que su integración periódica "de modo que se procure el equilibrio" entre los órganos políticos resultantes de la elección popular, los jueces de todas las instancias, los abogados de la matrícula federal y personas del ámbito académico y científico.
No hay entonces un vínculo entre la reforma y el "espíritu" del Constituyente que dicen vulnerado.
Por ese motivo, llevar la discusión a ese terreno y hablar de la "independencia" o "politización" en términos genéricos, es prescindir del contexto y la finalidad por la cual se dictó el artículo 114 de la Constitución Nacional, lo que como pauta hermenéutica es desechable.".-
Asimismo expresan que: "...la independencia, como finalidad tenida en miras por el Constituyente con la creación del Consejo de la Magistratura, opera en dos niveles: a) Hacia fuera y b) Hacia adentro...
...Concretamente, se persigue extender el proceso democratizador sobre el Poder Judicial de la Nación y el servicio de administración de justicia para lo cual se busca garantizar la efectiva y eficaz intervención de la comunidad en la toma de decisiones....
...En rigor, la reforma está atravesada transversalmentepor el objetivo de disponer como criterio rector del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, los principios que caracterizan la forma de gobierno representativa, republicana y federal que adopta nuestra Constitucional Nacional, para lo cual se acudió al sufragio universal y sistema de partidos políticos y a la modificación del número de integrantes.
Tratan luego acerca del sistema instrumentado para la modificación de la forma de elección del estamento de los jueces, abogados de la matrícula y académicos y científicos. Así, expresan: "... antes de la nueva ley regía un sistema de voto calificado.
...a partir de la nueva Ley: i) se adopta el sufragio universal como método eleccionario de los integrantes del Consejo de la Magistratura, ii) las postulaciones deben canalizarse por medio de los partidos políticos.".-
Al respecto, agrega: "De los artículos 1°, 33, 37, 38, 39, 40y 75 incs. 19 y 24 de la Constitución Nacional, se desprende el rol fundamental de la participación del pueblo mediante el sufragio universal en la integración de los órganos fundamentales para la democracia representativa, republicana y federal, como lo es el Consejo de la Magistratura.
No hay precepto ni principio constitucional alguno que excluya -expresa o tácitamente- al Consejo de la Magistratura de esta dinámica." -
Sobre el punto, finalmente sostienen, "...todos los ciudadanos deben tener el derecho de elegir a sus gobernantes, incluso a los Consejeros que se encargan de tomar decisiones políticas respecto del servicio de justicia. Y la idea de voto calificado, va en dirección contraria del voto universal, por lo cual, una mayor democratización del servicio de justicia reclamaba la modificación instrumentada por la Ley N° 26.855.".-
Refuerzan su argumentación sosteniendo que "La postulación a Consejeros por medio de partidos políticos es una legítima y razonable reglamentación del derecho electoral pasivo como derecho político." (Punto 3.2.3.).-
Y agregan: "...no caben dudas que la postulación a través de partidos políticos, además [de] ser una alternativa adecuada para lograr los fines que impulsaron la reforma -una mayor participación ciudadana-, es la que concilia con los preceptos constitucionales".-
.. .[L]a actividad de los representantes de los jueces dentro del Consejo es de corte netamente administrativo, totalmente ajena a lo jurisdiccional. En este sentido también se pronuncia la doctrina. Por lo tanto, al ejercer sus mandatos como Consejeros de la Magistratura no deben gozar de la garantía de independencia, del mismo modo que no es un requisito exigible para los restantes integrantes del Consejo de la Magistratura.".-
Sin embargo, para los presentantes ello "...no limita en modo alguno el derecho de postularse como candidato a Consejero, pues lo único que se exige con el nuevo régimen es vehiculizarla por medio de un partido político.
Al respecto, manifiestan que la noción de equilibrio contenida en el segundo párrafo del art. 114 CN, se "...refiere a la necesidad de que la representación de ninguno de los estamentos individualizados en la primera parte de la norma (legisladores, magistrados judiciales y abogados), se encuentre en condiciones matemáticas de imponer por sí sola su voluntad con prescindencia de los restantes sectores.".-
Realizan luego un análisis matemático de las composiciones -actual y previsto por la Ley cuestionada- del Consejo arriba a la conclusión de que ningún grupo puede alcanzar la mayoría absoluta en soledad. Siempre deberá contar con el voto coincidente de representantes de otro estamento, invitando al consenso.-
Sobre ese particular afirman que "[p]resumir que los consejeros jueces, abogados y académicos que resulten elegidos por la mayoría a través del sufragio universal, habrán de alinearse con aquellos representantes de origen político (legisladores y el designado por el PEN), resulta una mera posibilidad que convive con la alternativa contraria" -
Agregan más adelante: "[t]ampoco puede sostenerse que el mecanismo de elección que a partir de la vigencia de la Ley 26.855 tendrán aquellos consejeros elegidos por sufragio universal, alterará el equilibrio entre los estamentos de jueces, legisladores y abogados.
Por un lado, ocho de ellos ingresarán por la mayoría, mientras que cuatro lo harán por la minoría, proporción por demás razonable para el sistema de representación de mayoría y minoría" -
"El nuevo sistema de elección de los representantes del Consejo de la Magistratura desalienta que intereses sectoriales o corporativos -sean cuales fuesen- desplacen el interés de la sociedad de ver saciada su necesidad de acceder a una justicia independiente y eficiente, siendo quien mediante el sufragio universal tome intervención directa en la elección de quienes integrarán al Consejo de la Magistratura.
...el nuevo régimen de elección y composición del Consejo de la Magistratura: (i) no se opone a norma constitucional alguna, (ii) se alinea con la normativa constitucional, la posición de la CSJN y con los tratados internacionales y (iii) resulta razonable, habida cuenta que es un medio adecuado para lograr la finalidad tenida en miras por el Constituyente al crear el Consejo y la finalidad declarada por el legislador al tratar el proyecto".-
A fs. 201/216, se presenta la Asociación por los Derechos Civiles, invocando el carácter de 'Amigo del Tribunal', en los términos que allí constan.-
Que una vez iniciadas las presentes actuaciones, este Tribunal dispuso correr vista al Sr. Fiscal actuante en la instancia, a fin de que diera su opinión al respecto, siendo que el Agente Fiscal se excusó de intervenir por los fundamentos que esgrimiera en oportunidad de requerírsele dictamen en los autos caratulados "Cabral. Luis María (Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional Civil y Mutual) c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Amparo, Expte. N° 3033/13.-
Fue así que este Tribunal solicitó al Estado Nacional el informe previsto en el artículo 8 de la Ley 16.986, y resolvió no hacer lugar al pedido de excusación del Sr. Fiscal, y rechazó la excusación planteada por el Titular de la Fiscalía Federal N° 1.-
Sobre esta cuestión, tiene dicho el Superior, con arreglo a lo establecido en el artículo 6° de la Ley 19.108, y artículo 303 del C.P.C.C., que: "...el carácter restrictivo de la jurisdicción federal limita su conocimiento a las causas específicamente determinadas en las leyes que rigen su competencia o en las que concreta y expresamente atribuyen a sus normas la intervención y conocimiento del fuero federal de excepción...", Fallo C.N.E. 858/89 .Así las cosas, la competencia de este Tribunal, se encuentra acotada, en lo que se refiere a los partidos políticos, a aquellos que actúan en el marco de la Ley 23.298, desde su fundación y constitución, reconocimiento, vida interna, elección de sus autoridades, y en su caso, caducidad o extinción.-
Que el presentante, Dr. Jorge Gabriel Rizzo que actualmente preside el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, interpone la presente acción de amparo en su carácter de abogado de la matrícula federal como así también en el de apoderado de la Lista N° 3 de esa Institución, denominada "Gente de Derecho".-
En idéntico sentido se ha señalado reiteradamente que "...la inexistencia del derecho subjetivo a la legalidad determina que salvo hipótesis excepcionales- la reacción impugnatoria no pueda ser promovida por quien no se encuentra personal y directamente perjudicado. Este factor opera como límite negativo. No basta cualquier interés, concretamente, no alcanza el interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado... " (CCAFed., Sala III, in re: "Carrió Elisa y otros", sentencia del 27-03-07 y "Movimiento de Recuperación de Energía Nacional Orientadora", del 13-09-07, entre otros).-
Que por otra parte, es preciso señalar que además de incorporar expresamente al texto de la Ley Fundamental la acción de amparo como uno de los "nuevos derechos y garantías" (cf. artículo 43), con la reforma constitucional del año 1994 se amplió el espectro de sujetos legitimados para accionar, que tradicionalmente se hallaba circunscripto a aquellos que fuesen titulares de un derecho subjetivo individual (cf. artículo 5°, ley de facto 16.986 y artículo 321, inc. 2°, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).-
Así, el artículo 43 establece -en cuanto aquí interesa- en su segundo párrafo que "...Podrán interponer está acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de organización" -
En este sentido, el Alto Tribunal ha explicado que la mencionada reforma importó una "...modificación trascendente en relación a la acción de amparo, otorgándole una dinámica desprovista de aristas formales que obstaculicen el acceso a la jurisdicción cuando están en juego garantías constitucionales, y ampliando la legitimación activa de los pretensores potenciales en los casos de incidencia colectiva en general, legitimando en este aspecto a las asociaciones... " (cf. Fallos 326:2150, C.S.J.N.).-
En afín orden de ideas se ha expedido la Excma. Cámara Nacional Electoral en cuanto ha expuesto que "... las asociaciones juegan un rol preponderante en todo lo concerniente a la protección de los intereses colectivos, en tanto aseguran un mejor resguardo de dichos intereses (cf. LUFT, MARCELO ENRIQUE, "Asociaciones: legitimación procesal", La Ley Rev. D.F. y P. Septiembre 2010, pág. 241).-
Y agrega que "...se sostuvo que en tanto uno de los propósitos de la mencionada reforma constitucional 'consistió en alcanzar un grado más elevado en la tutela de los derechos humanos, [...] devenía inexorable el reconocimiento de la actuación de entidades intermedias en el marco del proceso judicial, como hito en una evolución hacia el perfeccionamiento de una tutela judicial efectiva' (CAPUTI, MARIA CLAUDIA, 'Legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios' en CASSAGNE, JUAN CARLOS -coord.-, Tratado de Derecho Procesal Administrativo, Tomo I, La Ley, Bs. As., 2007, pág. 333).-(Fallo CNE 4816/2012).-
Ahora bien, la Constitución Nacional prescribe que tales asociaciones deben estar "registradas conforme a la ley" (cf. artículo 43, segundo párrafo cit). No obstante, la Excma. Cámara del Fuero ha tenido ocasión de destacar al respecto que la circunstancia de que dicha norma no haya sido sancionada aún "...no puede condicionar el ejercicio del derecho que debe reglamentar de modo que importe, en los hechos, su negación. La génesis misma del amparo se relaciona con la operatividad de los derechos consagrados constitucionalmente..." (cf. Fallos CNE 2807/00, in re "Mignone"). De interpretarse lo contrario, se explicó allí, "...la norma contenida en el art. 43 de la Constitución Nacional quedaría convertida en letra muerta..." (cf. Fallos CNE cit.).-
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resaltado, con similar orientación, que la referida disposición constitucional "es claramente operativa y es obligación de los jueces darle eficacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular" (cf. Fallos 332:111, C.S.J.N.).-
El Superior en la materia también ha destacado en el Fallo CNE 4816/2012 ya citado que "...Del mismo modo lo ha entendido la doctrina constitucional, al sostener que mientras no se dicte la referida reglamentación, basta con que aquéllas existan con alguna formalidad asociativa de la que surjan sus fines para que su legitimación les sea reconocida judicialmente (cf. BIDART CAMPOS, GERMAN J., Manual de la Constitución Reformada, Tomo II, Ediar, Bs. As., 2001, página 383). En sentido afín, se ha expresado que en ausencia de una legislación específica, son los jueces quienes deben imponer algunos requisitos mínimos (cf. BIANCHI, ALBERTO B., Control de constitucionalidad, Tomo 2, Abaco R. Depalma, Bs. As., 1998, pág. 77).-
Que, lo expuesto no exime, por cierto, del cumplimiento del requisito de "caso", "causa" o "controversia" que habilite la intervención de la justicia (cf. artículo 116 de la Constitución Nacional y artículo 2° de la ley 27), pues tal como ha explicado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aun frente a cuestiones vinculadas con derechos de incidencia colectiva, la comprobación de la existencia de un "caso" es imprescindible (cf. Fallos 310: 2342; 311:2580; 326: 3007 y 332:111, entre muchos otros).-
Sin embargo, se ha advertido que, en tales supuestos, el "caso" tiene una configuración típica diferente, circunstancia que resulta esencial para decidir sobre la procedencia formal de tal tipo de pretensiones (cf. Fallos 332:111).-
Ello no importa, conforme lo expuesto por la Excma. Cámara Nacional Electoral, "...exigir un daño personal y directo, ni que la asociación sea titular de una relación jurídica sustancial para tener legitimación procesal, ya que el ordenamiento jurídico le reconoce esa legitimación no sólo cuando invoca su calidad de 'afectada', sino también, para actuar en defensa de los intereses comunes del sector, cuando el éxito de la pretensión reporta de algún modo, a aquellos en interés de quien se la formula, [...] beneficio [o] 'conveniencia [...] de carácter colectivo [...]', en el orden moral o material" (cf. JEANNERET DE PEREZ CORTES, MARIA, 'La legitimación del afectado, del Defensor del Pueblo y de las asociaciones. La reforma constitucional de 1994 y la jurisprudencia', LL 2003-B, 1333). Por lo tanto, desconocerles la posibilidad de accionar en defensa de tales intereses, 'equivaldría a negarles [...] su misma razón de ser' (Ibíd.)..." (Fallo cit.).-
Nos enseña la doctrina, desde una óptica más específica y en la práctica se ha aceptado, que los colegios profesionales en general (de Abogados, Médicos, etc.) poseen legitimación para asumir la defensa institucional de los intereses de sus colegiados, en especial en lo tocante a las incumbencias profesionales (Morello, Augusto "Legitimación procesal de los colegios profesionales, de las organizaciones de protección de los consumidores y de defensa de los intereses difusos" J.A. 1981-1, págs. 704 y sigs.).-
En tales condiciones, toda vez que la pretensión formulada en la presente causa encuadra entre los propósitos de la agrupación y que la acción también se promueve en defensa de un derecho de incidencia colectiva, "categoría en la que cabe incluir a los nuevos derechos incorporados [...] [en] 1994" (cf. Fallos 325:524, dictamen del Procurador General de la Nación), corresponde concluir que la agrupación Lista 3 "Gente De Derecho", también en tal carácter, se encuentra legitimada para plantear el amparo.-
Que el artículo 3º bis de la Ley 24.937 incorporado por el artículo 4º de la Ley 26.855 cuestionada, establece en su parte pertinente que "...Para elegir a los consejeros de la magistratura representantes del ámbito académico y científico, de los jueces y de los abogados de la matricula federal, las elecciones se realizarán en forma conjunta y simultánea con las elecciones nacionales en las cuales se elija presidente. La elección será por una lista de precandidatos postulados por agrupaciones políticas nacionales que postulen fórmulas de precandidatos presidenciales, mediante elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias...".
Además el artículo 18 de la norma discutida sustituye el artículo 33 de la Ley 24.937 y sus modificatorias, rezando en lo que aquí interesa que "...La oficialización de listas de candidatos a consejeros del Consejo de la Magistratura para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, y para las elecciones generales, podrá hacerse en esta oportunidad, por cualquier partido, confederación o alianza de orden nacional..." .-
En consecuencia, la norma atacada por la actora, establece regulaciones que la excluyen en cuanto a la postulación de candidatos para los cargos de consejeros del Consejo de la Magistratura en la categoría Abogados de la Matrícula Federal, conforme lo dispuesto por el artículo 114 de la Constitución Nacional, por lo que se considera demostrada en la demanda la existencia de un "caso judicial" y de un perjuicio "inminente" en los intereses de la actora.-
A efectos de analizar la procedencia de la Acción de Amparo intentada, habrán de confrontarse las disposiciones constitucionales y la normativa que aquí se cuestiona, a fin de verificar la existencia en la legislación atacada, de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que vulnere los derechos reconocidos en la Carta Magna, conforme exige el artículo Io de la Ley 16.986.-
Con el objeto de dilucidar si las normas cuestionadas se encuentran en colisión con la Constitución Nacional, y si existe un perjuicio real concreto y actual en su aplicación, habrá de tenerse en cuenta en primer término, que "la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la mas delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como
'ultima ratio' del orden jurídico (CSJN 303:248, 1708 y 1776; 304:849, 892 y 1069; 307:531 y 1656), y su ejercicio sólo se justifica frente a la comprobación de la existencia y realidad de un menoscabo sustancial a la garantía invocada por el recurrente (CSJN 303:397)... ", Fallo CNE. 1794/94..
Sr. PRESIDENTE.- El señor convencional Paixao le solicita una
Sr. PAIXAO.- Advierto dos preocupaciones en la exposición del señor Zaffaroni, una por la distribución de los diversos grupos aquí mencionados, más allá de que uno de ellos no parece resultar satisfactorio, y otra en orden a los nombramientos de los representantes del Consejo de la Magistratura. Mi pregunta apunta a este segundo punto porque donde dice "representantes de los jueces " no parece fácil interpretar que sea otra cosa que la persona elegida por los propios jueces. Me gustaría escuchar una reflexión sobre el tema por parte del convencional en uso de la palabra a los efectos de aclararlo porque me parece está implicada en el Consejo de representantes la elección de los jueces entre los jueces; y algo análogo respecto de los abogados, la elección de los abogados entre los abogados.
Sr. ZAFFARONI- Sí, correcto, en eso estamos de acuerdo, pero habría que establecerlo porque en cuanto a los representantes de los jueces podría decirse el día de mañana lo siguiente ". tres representantes de la Corte Suprema, tres de los camaristas, tres de la Primera Instancia... " y se recorportativiza la cosa sobre todos los representantes de todas las instancias.
Sr. ZAFFARONI- Mi observación atiende, señor Presidente, a subrayar que dado todos los antecedentes de que disponemos y dado lo delicado de la materia, entiendo, que tenemos que ser más cuidadosos en poner todas las características de precisión. Obviamente que entiendo que el espíritu que habla de representantes de los jueces tiene que ser horizontalizador, pero todos los antecedentes nos señala que se han desvirtuado por vía de interpretación ".
Ello así, por cuanto la nueva norma no solo impide a los académicos y científicos elegir entre sus pares a quienes los van a representar, sino que también elimina cualquier sustento cualitativo que pudiera haber en el proceso de selección respecto a la calidad o excelencia educativa y profesional del candidato, reemplazándolo por un requisito tan amplio y generalizado en su enunciación (amplia y reconocida trayectoria), que resulta por un lado de imposible control para la mayoría de los electores y por otra parte de valoración subjetiva.-Sobre esta cuestión, se ha expresado: "...Para aproximarnos al sentido del 'equilibrio' y superar la ambigüedad del texto constitucional debemos asimismo entender que el equilibrio no depende solamente del número de representantes de cada sector, sino además, de quién es el designante de ellos. Si a las personas del ámbito científico y académico las nombrara el congreso o el poder ejecutivo, el equilibrio quedaría perturbado, cosa que no ocurriría si la designación proviniera de las universidades o de las academias nacionales...", Germán Bidart Campos, Manual de la Constitución Reformada, Ed. Ediar, 1997.-
Como señala Humberto Quiroga Lavié, en su obra Constitución de la Nación Argentina Comentada, Ed. Zavalía, 1996, "...Si lo que busca la Constitución es el equilibrio en el funcionamiento del Consejo, no puede ser que ello se rompa a partir de una integración desigualitaria del sector científico y académico. Es cierto que todo esto quedará a criterio político del Congreso. Pero lo que no puede quedar a criterio político del Congreso es potenciar a uno de los tres primeros sectores en desmedro de los demás. Si la idea es potenciar al sector político sobre los jueces y los abogados, ello será inconstitucional. Si la idea es que los magistrados y los abogados formen un solo sector para confrontar con los políticos, ello también es contrario a la directiva de la Constitución..." .
Conteste con ello, el Estatuto del Juez Iberoamericano, expresa: "Los otros poderes del estado, y en general, todas las autoridades, instituciones y organismos nacionales o internacionales, así como los diferentes grupos y organizaciones sociales, económicos y políticos, deben respectar y hacer efectiva la independencia de la judicatura" -
Como sostiene la doctrina, "La más llamativa particularidad de la justicia española radica en la severa regla de incompatibilidad respecto de las normas jurídicas comprendidas en la Constitución. (...) La mayoría de los estados hace esfuerzos para asegurar el nombramiento de jueces frente a la influencia política partidaria. (Italia, España)", Fuente: Axel Tschentscher, Las Razones de la Producción del Derecho. Departamento de Publicaciones - Facultad de Derecho - UBA.-
"Por ello resulta necesario desvincular de los partidos políticos a los candidatos a jueces pues de lo contrario estos últimos perderían la ansiada imparcialidad e independencia respecto de aquellos a quienes deben limitar y controlar. El sistema de elecciones judiciales "no partidarias" se impone en los EEUU (...) estando prohibido el apoyo de los partidos políticos a candidatura judicial alguna.", Elección de los Jueces de la Corte Suprema por el voto directo del pueblo (Mediante Elecciones no partidarias), Ignacio Posse Molina, publicado en LA LEY tomo 2003-C-pág. 1376 de Argentina y en LA LEY-Revista Jurídica Paraguaya- de Agosto de 2003, año 26, N° 7, pág. 825-doctrina extranjera).-
De esta manera, los Magistrados, podrían encontrarse comprometidos con los intereses políticos que apoyaron su candidatura, situación que a efectos de ser evitada, ha sido contemplada en la Ley 23.298, Orgánica de los Partidos Políticos, que prevé en su artículo 24: "No pueden ser afiliados (...) d) Los magistrados del Poder Judicial nacional, provincial y tribunales de faltas municipales...".
La Comisión Internacional de Juristas, en su obra "Principios Internacionales sobre la Independencia y Responsabilidad de Jueces, Abogados y Fiscales, señaló: "La existencia de Tribunales independientes e imparciales constituye el núcleo central de un sistema judicial garante de los derechos humanos en plena conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. La constitución, las leyes y las políticas de un país deben asegurar que el sistema judicial sea verdaderamente independiente de los demás poderes del estado (...)".-
El comité de Derechos Humanos adoptó en repetidas ocasiones la opinión de que el derecho a un tribunal independiente e imparcial es un derecho absoluto que no admite excepciones (comité de Derechos Humanos, Dictamen del 28 de Octubre de 1992 -Comunicación 263/1987). (...).-
...La independencia institucional está relacionada con varios temas. En esta materia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha aclarado que ...el requisito de independencia ... requiere que los tribunales sean autónomos de otras ramas de gobierno, estén libres de influencias, amenazas o interferencias de cualquier origen o por cualquier razón ... El Comité de Derechos humanos ha examinado una serie de condiciones que se requieren para garantizar la independencia institucional. Por ejemplo, señaló que los atrasos en el pago de salarios y la falta de una adecuada seguridad de la permanencia en el cargo de los jueces, tienen un efecto adverso en la independencia del sistema judicial. El Comité ha considerado, que la falta de un mecanismo independiente encargado del nombramiento y la disciplina de los jueces, limita la independencia del poder judicial (Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos, Documento de la ONU CCPR/C/79/add.118, parr. 14.-
"El Consejo exige independencia, y no la tendría si se convirtiera en un organismo instrumentado política o partidariamente para subordinar el poder judicial a los poderes políticos", Germán Bidart Campos, op. Cit-
"cuando la Constitución y una ley del Congreso están en conflicto, la Constitución debe regir el caso a que ambas se refieren' (Fallos: 32:120). Tal atribución encontró fundamento en un principio fundacional del orden constitucional argentino que consiste en reconocer la supremacía de la Constitución Nacional (artículo 31), pues como expresaba Sánchez Viamonte 'no existe ningún argumento válido para que un juez deje de aplicar en primer término la Constitución Nacional' (Juicio de amparo, en Enciclopedia Jurídica Omeba, t. XVII, pág. 197, citado en Fallos: 321:3620). (C.S.J.N. R.401 XLIII. "Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios", 27 de noviembre de 2012).-
Fdo. María Servini de Cubría
Ante mí: Martin Rosendo Seguí
Se libró oficio a la CNR-

References: Resolución 

RESOLUCIÓN 
 artículo 43
 artículo 33
 Resolución 
 artículo 114
 artículo 114
 artículo 114
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 303
 artículo 43
 artículo 5
 artículo 321
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 116
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 18
 artículo 33
 artículo 114
 artículo 24