Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/agosto/190168-126-11816-2016-2016-X-000003.HTML
Timestamp: 2019-04-20 09:20:12+00:00

Document:
El 30 de diciembre de 2015, esta Sala Electoral dictó la decisión número 260 que declaró: (i) su competencia para conocer el recurso contencioso electoral conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, y subsidiariamente, solicitud de suspensión de efectos, interpuesto por la ciudadana NICIA MARINA MALDONADO MALDONADO, venezolana, titular del número de cédula de identidad V-10.606.581, asistida por las abogadas Ligia Carolina Gorriño Castellar y Mitzi Tuárez, inscritas en el Inpreabogado con los números 123.285 y 144.632 respectivamente, en su carácter de candidata a Diputada de la Asamblea Nacional por el estado Amazonas, postulada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y otras organizaciones contra “(…) el acto de votación de las Elecciones Parlamentarias celebradas el pasado 6 de diciembre de 2015, en el circuito electoral del Estado Amazonas, para el período constitucional 2016-2021, efectuadas por el Consejo Nacional Electoral (…)”; (ii) admitió el recurso interpuesto; (iii) procedente la solicitud de amparo cautelar, en consecuencia, ordenó de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena en el proceso electoral realizado el 6 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas para elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional; e (iv) inoficioso el pronunciamiento de la solicitud cautelar de suspensión de efectos.
En fecha 7 de enero de 2016, el ciudadano Alguacil de la Sala Electoral consignó copia de los oficios de notificación practicada el 4 de enero de 2016 al Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional y la ciudadana Fiscal General de la República; asimismo consignó original de boleta de notificación practicada en forma personal a la parte recurrente.
En esta misma fecha, se recibió diligencia de los ciudadanos Julio Haron Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, titulares de las cédulas de identidad números V-12.173.417, V-1.569.032 y V-13.325.572, respectivamente, en su alegado carácter de Diputados electos en el estado Amazonas, diligencia por la cual otorgaron poder apud-acta a los abogados Ramón José Medina y José Gregorio Torrealba, inscritos en el Inpreabogado con el número 11.614 y 71.763 respectivamente.
En la última fecha indicada, el ciudadano Leonardo Rodriguez, titular del número de cédula de identidad V-7.454.894, en su condición de Diputado electo en el estado Amazonas, asistido por el abogado Andrés Álvarez, inscrito en el Inpreabogado con el número 131.446, se dio por notificado del fallo número 260 dictado por esta Sala el 30 de diciembre de 2015, y señaló domicilio procesal.
El 13 de enero de 2016, los ciudadanos Julio Ygarza, Romel Guzamana, Nirma Guarulla, Rosa Petit, Javier Linares y Mauligmer Baloa, titulares del número de cédula de identidad V-12.173.417, V-13.325.572, V-1.569.032, V-8.947.877, V-15.512.592 y V-13.964.768 respectivamente, alegado carácter de “(…) diputados principales y suplentes electos a la Asamblea Nacional por el Estado Amazonas (…)”, asistidos por los abogados Ramón José Medina y José Gregorio Torrealba, presentaron escrito de oposición a la medida cautelar dictada por esta Sala el 30 de diciembre de 2015 (sic) (destacado del original).
El 13 de enero de 2016, los ciudadanos Pedro Cabare, Hernán García, Hilda Estrada, Alonzo Linares, José Díaz, Petra Pérez, Naida Unda, Pedro Mejías, Orfilia Fernández y Porfirio Jiménez, titulares del número de cédula de identidad V-8.949.231, V-10.924.511, V-12.173.837, V-12.341.385, V-12.451.917, V-12.628.799, V-13.058.004, V-13.325.039, V-13.714.631 y V-13.964.128 respectivamente, en su alegada condición de “(…) electores debidamente inscritos en el Registro Electoral para sufragar en la circunscripción correspondiente al Estado Amazonas (…)”, asistidos por los abogados Ramón José Medina y José Gregorio Torrealba, presentaron escrito por el cual solicitaron su admisión como parte en el proceso y formularon oposición a la medida cautelar dictada por esta Sala el 30 de diciembre de 2015 (sic).
En esta misma fecha, los ciudadanos Rosa Petit, Javier Linares y Mauligmer Baloa, en su alegado carácter de diputados, presentaron diligencia por la cual otorgaron poder apud-acta a los abogados Ramón José Medina y José Gregorio Torrealba, identificados.
El 18 de enero de 2016, se recibió de los ciudadanos Henry Ramos Allup, Enrique Octavio Márquez Pérez y José Simón Calzadilla, titulares de la cédulas de identidad números V-1.364.990, V-7.761.751 y V-6.196.129, en ese orden, actuando en su condición de “(…) Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente, respectivamente, de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (…) y ejerciendo el primero además la representación de la Asamblea Nacional (…)”, asistidos por el abogado Jesús María Casal, inscrito en el Inpreabogado con el número 31.328, escrito de oposición a la medida de amparo cautelar acordada por esta Sala en sentencia número 260 de fecha 30 de diciembre del año 2015, “(…) así como, por vía de consecuencia (…) oponernos a la declaratoria de desacato (…)”.
El 27 de enero de 2016, el abogado Ramón José Medina, identificado, presentó diligencia por la cual sustituyó poder en los abogados Ana Paula Diniz y Jaiber Núñez, inscritos en el Inpreabogado con el número 44.491 y 239.461 respectivamente.
El 11 de febrero de 2016, se recibió escrito del abogado Jesús María Casal Hernández “…actuando con el carácter de apoderado de la Asamblea Nacional…”, por el cual promovió pruebas en la oposición a la medida de amparo cautelar dictada en la presente causa.
El 15 de febrero de 2016, se designó ponente a la Magistrada INDIRA M. ALFONZO IZAGUIRRE, a los fines del pronunciamiento correspondiente.
Los ciudadanos Julio Ygarza, Romel Guzamana, Nirma Guarulla, Rosa Petit, Javier Linares y Mauligmer Baloa, actuando en su alegado carácter de “(…) diputados principales y suplentes electos a la Asamblea Nacional por el Estado Amazonas (…)” (destacado del original), se opusieron a la medida cautelar dictada el 30 de diciembre de 2015, con fundamento en lo siguiente:
Que “(…) somos Diputados Principales y Suplentes a la Asamblea Nacional legítimamente electos por la mayoría de los votantes del Estado Amazonas en el proceso comicial efectuado el pasado 6 de diciembre de 2015, proceso que culminó mediante los respectivos actos de proclamación de fecha 8 de diciembre de 2015, emanados de la Junta Electoral del Estado Amazonas y del Consejo Nacional Electoral en el cual se deja constancia de nuestra condición de Diputados electos en esa circunscripción electoral” (sic).
“1) Desde el 11 hasta el 21 de diciembre la Sala Electoral no dio despacho, tal como se reseñó en el portal web del Tribunal Supremo de Justicia y en las cuentas diarias de esa Sala durante tal período. Ello a diferencia del resto de las Salas del Máximo Tribunal, las cuales dieron Despacho hasta el 18 de diciembre de 2015 (…). Cabe acotar que luego del 5 de diciembre, la Sala solo dio despacho los días 8, 9 y 10 de diciembre.
8) Ahora bien (…) no fue sino hasta el 4 de enero de 2016 en horas de mediodía cuando pudo descargarse de dicha página web el texto de la referida decisión número 260/2015. Además de esa publicación digital, no se verificó notificación personal alguna (…). En nuestro caso específico, a pesar de ser partes interesadas en este proceso, en el que pretende impugnarse el proceso electoral en el que fuimos legítimamente electos y proclamados Diputados, no se nos notificó personalmente de esa sentencia (…)” (destacado del original).
Señalaron que “(…) siendo el Consejo Nacional Electoral y la Junta Electoral Regional los órganos autores de los actos y del procedimiento electoral demandados, eran ellos los destinatarios naturales de la medida, de modo que ante la oscuridad de la sentencia debieron precisar en qué aspectos o de qué modo se debía acatar”.
“(…) ADMITA nuestra condición de partes en este proceso (...) respetando nuestra condición de Diputados electos en pleno ejercicio de sus funciones y con todas las consecuencias constitucionales y legales inherentes a tal condición, especialmente nuestra inmunidad parlamentaria (…).
1. Declare PROCEDENTE la presente oposición a la medida cautelar y, en consecuencia NULA la sentencia número 260 de 30 de diciembre de 2015 y su ratificación en sentencia número 1 de 11 de enero de 2016 (...) o, en su defecto, REVOQUE dicha medida y su ratificación por ser improcedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 187 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 602 del Código de Procedimiento Civil (…)”.
Los ciudadanos Pedro Cabare, Hernán García, Hilda Estrada, Alonzo Linares, José Díaz, Petra Pérez, Naida Unda, Pedro Mejías, Orfilia Hernández y Porfirio Jiménez, actuando en su alegada condición de “(…) electores debidamente inscritos en el Registro Electoral para sufragar en la circunscripción correspondiente al Estado Amazonas (…)”, asistidos por los abogados Ramón José Medina y José Gregorio Torrealba, identificados, se opusieron al decreto cautelar de amparo, con fundamento en lo siguiente:
“1.- ADMITA nuestra condición de partes en este proceso (…).
2.- Declare CON LUGAR la presente oposición a la medida cautelar y, en consecuencia, NULA la sentencia número 260 de 30 de diciembre de 2015 y su ratificación número 1 de fecha 11 de enero de 2016 (...) o, en su defecto, REVOQUE dicha sentencia y su ratificación por ser improcedente (...)” (destacado del original).
Los ciudadanos Henry Ramos Allup, Enrique Octavio Márquez Pérez y José Simón Calzadilla, actuando en su condición de “(…) Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente, respectivamente, de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (…) y ejerciendo el primero además la representación de la Asamblea Nacional, según dispone el artículo 27, numeral 1, del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (…), asistidos en este acto por el abogado Jesús María Casal (…) inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 31.328 (…)”, expresaron lo siguiente:
Que en demostración de la alegada extralimitación “(…) la suspensión de los efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los Diputados electos ‘por voto uninominal, voto lista y representación indígena’ en el Estado Amazonas (…) no puede comprender al Diputado electo como representante indígena en la Región Sur, ya que (…) su proclamación proviene del Consejo Nacional Electoral, no de sus órganos subordinados (…)” (sic).
Reiteraron que la decisión cautelar “(…) no puede comprender al Diputado electo como representante indígena en la Región Sur, ya que (…) su proclamación proviene del Consejo Nacional Electoral, no de sus órganos subordinados (…)”.
“1. Admita la intervención en este proceso de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y de la misma Asamblea Nacional, por nosotros representada (…).
3. Revoque la declaratoria de desacato y las nuevas órdenes y proveimientos contenidos en la sentencia N° 1 de 11 de enero de 2016”.
3º Cuando el tercero tenga un interés jurídico actual en sostener las razones de alguna de las partes y pretenda ayudarla a vencer en el proceso (…).
(…) debe tomarse únicamente en consideración la correspondiente “intervención adhesiva”, la cual ya fue examinada por la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 26 de septiembre de 1991 (Caso Rómulo Villavicencio), distinguiendo entre las intervenciones de tercero que ostentan el carácter de partes y los terceros adhesivos simples, y en tal sentido expresó: “ser parte si se alega un derecho propio, de acuerdo con el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil, o será tercero adhesivo simple si alega un simple interés”. Por lo tanto, a tenor del propio artículo 381 citado, puede haber terceros intervinientes cuyo carácter en juicio sea de verdaderas partes (…).
En el caso de autos, se observa que el 13 de enero de 2016, los ciudadanos Julio Ygarza, Romel Guzamana, Nirma Guarulla, Rosa Petit, Javier Linares y Mauligmer Baloa, en su alegada condición de “(…) diputados principales y suplentes electos a la Asamblea Nacional por el Estado Amazonas (…)” solicitaron “(…) actuar en el presente proceso contencioso electoral en calidad de partes procesales (…)”, en virtud que el decreto de amparo cautelar “(…) pretende afectarnos de manera directa en nuestra esfera jurídica y en concreto (…) ejercer el cargo para el cual se nos eligió (…)” (sic) (destacado del original).
En fecha 13 de enero de 2016, los ciudadanos Pedro Cabare, Hernán García, Hilda Estrada, Alonzo Linares, José Díaz, Petra Pérez, Naida Unda, Pedro Mejías, Orfilia Hernández y Porfirio Jiménez, en su alegada condición de “(…) electores debidamente inscritos en el Registro Electoral para sufragar en la circunscripción correspondiente al Estado Amazonas (…)” solicitaron “(…) se nos tenga como parte en el presente juicio (…)”.
Ahora bien, los prenombrados solicitantes invocan su condición de electores inscritos en el registro electoral del estado Amazonas y manifiestan su interés en coadyuvar con la pretensión de los ciudadanos Julio Ygarza, Romel Guzamana, Nirma Guarulla, Rosa Petit, Javier Linares y Mauligmer Baloa, terceros verdadera parte en la causa; asimismo se observa que no realizan alegatos ni pedimentos adicionales o complementarios a los de aquellos.
En consecuencia, se admite la intervención en la causa de los ciudadanos Pedro Cabare, Hernán García, Hilda Estrada, Alonzo Linares, José Díaz, Petra Pérez, Naida Unda, Pedro Mejías, Orfilia Hernández y Porfirio Jiménez, identificados, en su condición de terceros adhesivos simples, conforme a lo previsto en el artículo 370, ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
Por último, esta Sala pasa a decidir la solicitud realizada el 18 de enero de 2016 por los ciudadanos Henry Ramos Allup, Enrique Márquez y José Simón Calzadilla, en su condición de “(…) Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente, respectivamente, de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (…) y ejerciendo el primero además la representación de la Asamblea Nacional, según dispone el artículo 27, numeral 1, del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (…) asistidos en este acto por el abogado Jesús María Casal (…)”, a los fines de su intervención en la causa.
En concordancia con lo expuesto, debe señalar la Sala que la representación en juicio de la República, por órgano de la Asamblea Nacional, no puede subsumirse en el artículo 27, numeral 1 del Reglamento Interior y de Debates, por tal motivo no se admite la solicitud formulada el 18 de enero de 2016, por los ciudadanos Henry Ramos Allup, Enrique Octavio Márquez Pérez y José Simón Calzadilla, asistidos por el abogado Jesús María Casal, para la intervención en el proceso de “(…) la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y de la misma Asamblea Nacional (…)”, y en consecuencia formular oposición contra el amparo cautelar dictado en la sentencia número 260 del 30 de diciembre de 2015 “(…) ratificada en sentencia N° 1 de 11 de enero de 2016 (…)”. Así se decide.
Corresponde a la Sala pronunciarse acerca de la tempestividad de la oposición realizada el 13 de enero de 2016, por los ciudadanos Julio Ygarza, Romel Guzamana, Nirma Guarulla, Rosa Petit, Javier Linares y Mauligmer Baloa, identificados, contra la sentencia número 260 del 30 de diciembre de 2015, que declaró procedente el amparo cautelar ejercido conjuntamente con el recurso contencioso electoral, y al respecto observa:
La Sala aprecia que en el escrito de oposición presentado por los ciudadanos Julio Ygarza, Romel Guzamana, Nirma Guarulla, Rosa Petit, Javier Linares y Mauligmer Baloa, identificados, actuando “(…) en nuestra condición de diputados principales y suplentes electos a la Asamblea Nacional por el Estado Amazonas (…)” (sic), se formulan alegatos contra la sentencia número 260 del 30 de diciembre de 2015, que declaró procedente el amparo cautelar solicitado conjuntamente con el recurso contencioso electoral, así como respecto de la decisión número 1 dictada por esta Sala el 11 de enero de 2016, que declaró el desacato del anterior fallo (destacado del original).
Observa la Sala que en la presente causa se impugnó el proceso electoral “(…) de las Elecciones Parlamentarias celebradas el pasado 6 de diciembre de 2015, en el circuito electoral del Estado Amazonas, para el período constitucional 2016-2021, efectuadas por el Consejo Nacional Electoral (sic) (…)”, y conjuntamente, se solicitó medida de amparo cautelar, por lo cual, la Sala acordó suspender provisionalmente los efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación dictados por el Consejo Nacional Electoral respecto de los candidatos electos por voto nominal, voto lista y representación indígena (Región Sur) en el proceso electoral realizado en el estado Amazonas para elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional.
“El derecho al sufragio y participación política se encuentra establecido en el artículo 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En desarrollo de ese derecho constitucional esta Sala Electoral, en sentencia Nº 3 del 29 de enero de 2007, expresó:
En los procesos electorales, la fase subsiguiente al acto de votación, y con la cual finaliza el proceso electoral, es la correspondiente a la Totalización, Adjudicación y Proclamación de los vencedores, siendo que la Proclamación no constituye solamente el pronunciamiento del órgano electoral competente sobre la determinación del resultado, sino que, necesariamente, debe incluir la investidura del elegido, cualquiera sea la modalidad de ésta: juramentación, entrega de credencial, posesión efectiva del cargo, etc. Así, no podrá considerarse finalizado el proceso electoral que no culmine en la efectiva toma de posesión del cargo por parte del candidato electo, lo cual, evidentemente, debe ser objeto de tutela por parte de esta Sala Electoral.”
(...) la sentencia número 59 del 26 de octubre de 2010, publicada el 9 de noviembre de 2010 dictada por la Sala Plena de este máximo tribunal, señala que “hay prerrogativa en tanto se ejerza la función” y “cuando no se desempeña el cargo no se goza de la prerrogativa procesal”, porque lo que priva es una concepción de la inmunidad como garantía del buen funcionamiento de la Asamblea Nacional (...).
Las normas recién transcritas vienen a formar parte del denominado estatuto parlamentario, entendido como el sistema normativo que dispone los deberes, derechos, prerrogativas e incompatibilidades que invisten a los miembros del Poder Legislativo. Específicamente, las anotadas disposiciones constitucionales consagran el régimen de inmunidad (lato sensu) que asiste a los representantes del pueblo en el seno de la Asamblea Nacional: (i) la inviolabilidad o irresponsabilidad y (ii) la inmunidad (stricto sensu), como garantías fundamentales de protección de las funciones legislativas y de control político y fiscal que acometen sus miembros. La primera de tales prerrogativas, la inviolabilidad o irresponsabilidad, impide que los diputados sean perseguidos –en cualquier tiempo- por la manifestación de opiniones en el ejercicio de su función parlamentaria. La segunda de ellas, la inmunidad en sentido estricto, consagra la imposibilidad de perseguir criminalmente a los miembros del Parlamento con ocasión de los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, sin que medie la autorización de la Cámara de la cual forman parte (allanamiento) y el antejuicio de mérito, a menos que hayan sido aprehendidos en flagrancia (…)”, (sobre este último supuesto, véase stc. nº 16 del 22 de abril de 2010, caso:Wilmer Azuaje) (subrayado del original).
Sin embargo, se observa que en fecha 7 de enero de 2016, los ciudadanos Julio Ygarza, Romel Guzamana y Nirma Guarulla, otorgaron poder apud acta a los abogados Ramón José Medina y José Gregorio Torrealba (folios 73 y 74 y vto. del expediente principal); asimismo, el ciudadano Miguel Leonardo Rodríguez, asistido de abogado, se dio por notificado de la decisión número 260 del 30 de diciembre de 2015 (folio 78 y vto. del expediente principal).
Adicional, los ciudadanos Julio Ygarza, Romel Guzamana, Nirma Guarulla Rosa Petit, Javier Linares y Mauligmer Baloa, se opusieron a la sentencia cautelar el 13 de enero de 2016 (folios 114 al 142 del expediente principal).
“(…) es claro que la Constitución acorde con las tendencias mundiales en las que las democracias propenden en la mayor protección de los derechos fundamentales, consagró el derecho a una justicia accesible, imparcial, oportuna, autónoma e independiente, que en modo alguno puede ser sacrificada por la omisión de formalidades no esenciales, sino por el contrario dejó establecido que el proceso debe ser un instrumento fundamental para su realización, lo cual pone de manifiesto que la República Bolivariana de Venezuela constituye un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), cuyo ordenamiento jurídico garantiza un debido proceso expedito, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 y 257 eiusdem), en el que la justicia no debe ser sacrificada por formas procesales, cuyo incumplimiento no impidan alcanzar la finalidad prevista en la ley (…)”.
“(…) cabe observar, que la legitimidad para la interposición de recursos contenciosos electorales está determinada por el interés del recurrente sobre el acto impugnado, lo que se deriva del grado de la vinculación material que exista entre el recurrente y el thema decidendum. De lo anterior, esta Sala entiende, entonces, que el interés exigido, implica una relación de causalidad entre la situación jurídica subjetiva de los recurrentes y el acto o actuación cuya nulidad pretenden, lo que se establece con base a su complejidad, pues para el contencioso administrativo general, esta relación es personal y directa, mientras que se le califica de simple en el caso del contencioso electoral.” (Negrillas de la Sala).
En este sentido, es relevante destacar la decisión número 7 del 1° de febrero de 2000, dictada por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, estableciendo que “(…) para el juez del amparo lo importante son los hechos que constituyen las violaciones de derechos y garantías constitucionales, antes que los pedimentos que realice el querellante (…) por lo que no resulta vinculante para el Juez Constitucional lo que pida el quejoso, sino la situación fáctica ocurrida en contravención a los derechos y garantías constitucionales y los efectos que ella produce, que el actor trata que cesen y dejen de perjudicarlo (…)”.
Asimismo que “(…) los diputados electos en el circuito electoral del Estado Amazonas carecen de legitimidad, siendo que además no representan la voluntad del pueblo del Estado Amazonas, por lo tanto al asumir los cargos el próximo 05 de enero de 2016 los candidatos elegidos por dicho Estado en la Asamblea Nacional, podría existir el riesgo que los mismos tomen decisiones sin tener la representatividad del pueblo amazonense. (…)”.
De la cita que antecede se desprende que la solicitud cautelar fundamentó la presunción de buen derecho en la violación de “(…) la libertad del elector en la expresión de sus preferencias políticas y la veracidad o fidelidad del escrutinio, ello a cambio de beneficios económicos por un voto a favor de los candidatos de oposición (…)”, lo cual apreció la Sala preliminarmente con base en la constatación de un hecho noticioso señalado por la recurrente y conocido de forma notoria por esta Sala, en virtud de su difusión pública y uniforme en medios de comunicación, de acuerdo a la doctrina establecida por este Máximo Tribunal de la República.
Por las consideraciones que anteceden, la Sala declara SIN LUGAR la oposición formulada el 13 de enero de 2016, por los ciudadanos Julio Ygarza, Romel Guzamana, Nirma Guarulla, Rosa Petit, Javier Linares y Mauligmer Baloa, identificados, contra la decisión número 260 dictada por la Sala Electoral el 30 de diciembre de 2015. Así se decide.
1. ADMITE la intervención como terceros verdadera parte, de los ciudadanos Julio Ygarza, Romel Guzamana, Nirma Guarulla, Rosa Petit, Javier Linares y Mauligmer Baloa, antes identificados, en el proceso del recurso contencioso electoral interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, por la ciudadana Nicia Marina Maldonado Maldonado, en su condición de candidata a Diputada de la Asamblea Nacional por el estado Amazonas, contra “(…) el acto de votación de las Elecciones Parlamentarias celebradas el pasado 6 de diciembre de 2015, en el circuito electoral del Estado Amazonas, para el período constitucional 2016-2021, efectuadas por el Consejo Nacional Electoral (…)”.
2. ADMITE la intervención como terceros adhesivos simples, a los ciudadanos Pedro Cábare, Hernán García, Hilda Estrada, Alonzo Linares, José Díaz, Petra Pérez, Naida Unda, Pedro Mejías, Orfilia Hernández y Porfirio Jiménez, antes identificados, en el proceso del recurso contencioso electoral interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, por la ciudadana Nicia Marina Maldonado Maldonado, en su condición de candidata a Diputada de la Asamblea Nacional por el estado Amazonas, contra “(…) el acto de votación de las Elecciones Parlamentarias celebradas el pasado 6 de diciembre de 2015, en el circuito electoral del Estado Amazonas, para el período constitucional 2016-2021, efectuadas por el Consejo Nacional Electoral (…)”.
3. NO ADMITE la intervención de los ciudadanos Henry Ramos Allup, Enrique Octavio Márquez Pérez y José Simón Calzadilla, asistidos por el abogado Jesús María Casal, identificados, para la intervención de “(…) la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y de la misma Asamblea Nacional (…)” en el proceso del recurso contencioso electoral interpuesto y, en consecuencia, inadmisible formular oposición contra el amparo cautelar dictado por la Sala Electoral en sentencia número 260 del 30 de diciembre de 2015 “(…) ratificada en sentencia N° 1 de 11 de enero de 2016 (…)”.
4. SIN LUGAR la oposición formulada por los ciudadanos Julio Ygarza, Romel Guzamana, Nirma Guarulla, Rosa Petit, Javier Linares y Mauligmer Baloa, antes identificados, y los terceros adhesivos simples, contra la decisión número 260 dictada por la Sala Electoral el 30 de diciembre de 2015.

References: artículo 27
 artículo 381
 artículo 381
 artículo 370
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 63