Source: https://fr.scribd.com/document/270603320/Las-Vicisitudes-de-La-Relacion-Procesal
Timestamp: 2019-04-19 01:08:42+00:00

Document:
Transféré par Charlie Beltran
LAS VICISITUDES DE LA RELACIÓN
Toda esta materia se la designa también con el nombre de crisis
procesales, porque se refiere a anormalidades que se presentan en el proceso, en
relación con los sujetos, el objeto o la actividad.
Comprendiendo todos los casos que tienen repercusión en cualquiera de
los elementos mencionados, se agrupan las categorías de situaciones en lo que
se llama transformación objetiva o subjetiva de la relación procesal; y la
suspensión o interrupción de ésta.
Cuando el proceso se transforma o modifica en orden a su objeto propio, a
la materia de un proceso, estamos en presencia de la transformación objetiva. Si
la transformación se refiere a los sujetos que en ella intervienen, la situación se
configura como una transformación subjetiva del proceso.
A) Transformación objetiva y subjetiva de la litis:
TRANSFORMACIÓN OBJETIVA DE LA LITIS: El primer caso que suele citarse es
el de ampliación, modificación o reducción de la demanda, en cuanto a lo que se
pide en ella. A esta hipótesis se refiere nuestro Código cuando establece que
podrá ampliarse o modificarse la demanda antes de que haya sido contestada (art.
110 CPCyM). Es precisamente este aspecto el que determina en nuestro Derecho,
uno de los efectos de la contestación de la demanda. Impide la transformación
objetiva de la litis.
Dentro de esta categoría de alteración del objeto procesal, incluye Guasp,
los incidentes, porque precisamente incidente no significa más que cuestión
anormal. En nuestra legislación, los incidentes pueden producir la suspensión del
proceso o no producirla, pero de cualquier manera deben tener relación inmediata
con el asunto principal.
En los casos de acumulación de autos, necesariamente tiene4 que
operarse una transformación objetiva de la litis, debido a la reunión de diferentes
objetos procesales que determina la acumulación de procesos.
Hay un caso singular señalado por De la Plaza, que consiste en una
mutación de la demanda por hechos sobrevenidos, o sea por circunstancias o
acaecimientos que ocurran después del inicio de la demanda.
Puede también incluirse dentro de esta categoría, la alteración que sufre el
proceso por la reconvención. En realidad a través de ésta se introduce una nueva
acción en el proceso que altera su contenido inicial. Se trata en efecto, de una
acumulación de acciones, la llamada sucesiva por inserción.
TRANSFORMACIÓN SUBJETIVA DE LA LITIS: Se llama así, porque se determina
afectando a los sujetos que intervienen en el proceso.
En primer lugar, se puede presentar, en relación al Juez, ya sea por razones
de jurisdicción o de competencia. En los casos en que se produzca el defecto de
jurisdicción o la falta de competencia, ocurrirá según el caso de que se trate, un
cambio, en el juez que conozca del asunto, con la consiguiente transformación
subjetiva del proceso. Naturalmente que, si se trata de cuestiones de hecho, como
por ejemplo, el cambio de domicilio del demandado, del valor de la cosa, etc.,
como criterios determinantes de la competencia, no se producirá ninguna
transformación de este tipo, en virtud del principio de Perpetuatio jurisdictionis.
También puede venir determinada, por la muerte del Juez, caso en el que
es necesaria su sustitución; o por algún otro impedimento calificado.
En la acumulación de procesos, se produce el mismo fenómeno, porque un
juez se ve privado de competencia, para que conozca el que está actuando en el
proceso más antiguo.
Puede darse asimismo otra hipótesis, menos común, que consiste en la
supresión de tribunales, en cuyo caso otros o nuevos tribunales conocerán de los
procesos ya iniciados, pero operándose de todas maneras una transformación de
tipo subjetivo que afecta al órgano jurisdiccional.
En segundo lugar debemos mencionar los casos relacionados con los
Puede darse por pérdida de la capacidad para ser parte. En estos casos, en
que se pierde la personalidad procesal del litigante afectado, debe tratarse
propiamente de la muerte de las personas naturales o de la extinción (disolución o
El caso más corriente es el de enajenación de la cosa litigiosa. En el primer caso debe ser debidamente integrada su capacidad. el problema consiste en l constitución de una parte legitimada para continuar el mismo proceso: los herederos. o bien. etc.liquidación) de las personas jurídicas colectivas. o con limitaciones. Debe continuarse el proceso entre las partes primitivamente constituidas o bien debe modificarse. pero sin perjuicio del derecho de aquel a cuyo favor se haya hecho la anotación. . si suponemos que se está ejercitando una acción reivindicatoria en relación a determinado bien ¿qué efectos se producen en el proceso?. por desaparecer determinada calidad: la de propietario. gravámenes o cargas. entre el primitivo actor y el nuevo legitimado. pueden venderse las cosas o derechos litigiosos. acreedor. arrendatario. como sucedería si resultara enajenado. En el segundo puede perfectamente tomar parte en el proceso. Puede suceder que quien actúe como parte en el proceso pierda su capacidad. de dichas circunstancias y así se haga constar en el contrato. para enderezarla contra el que enajenó la cosa. Ahora en cuanto a la capacidad procesal. En esta situación. detentador. Si se trata del fallecimiento del litigante. siempre que el vendedor instruya previamente al comprador. llega a la mayoría de edad. el problema se reduce a constituir nuevo representante. También el artículo 1163 del Código Civil establece que los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán enajenarse o gravarse. Uno de los casos más importantes es el de pérdida de la legitimación. porque entran al proceso partes distintas en sustitución de las anteriores. el problema debe ser considerado en su aspecto positivo o negativo. De conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1805 del Código Civil. En esta hipótesis se presenta el fenómeno procesal conocido con el nombre de sucesión procesal. Si esta calidad es adquirida por una nueva persona. el problema se plantea en términos de averiguar si el proceso continúa entre las partes originarias. En el caso de que ocurra la muerte del representante legal. Pero también puede ocurrir que adquiera la capacidad. como sucede cuando el menor de edad que está debidamente representado por su tutor o por quien ejerza la patria potestad.
Para evitarle este perjuicio se establece la vía en que. En el CPCyM. puede precaverse contra tal eventualidad. Concretamente el caso de muerte. por ausencia. por ejemplo en los sistemas en que se exige que determinados profesionales actúen en representación de las partes o que éstas tengan determinada dirección. También puede presentarse otra hipótesis.Los artículos 59 y 60 del CPCyM se regularon los problemas que pueden derivarse de la sucesión en el proceso. dentro de esta categoría. . Recuérdese que de conformidad con el artículo 61 inciso 8° del CPCyM. ya que en nuestro sistema sólo es necesaria con algunas excepciones. sustitución o impedimento del Letrado que actúe. Se dice que las de dominio se fundan en título que lo acredite. según que se trate de sucesión universal o a título particular. muerte. generalmente con independencia del otro proceso. Pudiera presentarse un problema similar en el caso de cambio en la dirección profesional. debe hacerlo por escrito o verbalmente. la primera solicitud que se presente a un tribunal debe llevar la firma y el sello del abogado colegiado que ejerce el patrocinio. mientras que las de preferencia se fundan en el mejor derecho para ser pagado. B) Tercerías  Excluyentes: Pertenecen al supuesto de intervención principal en que un tercero titular de una relación jurídica incompatible con la que se ventila en un proceso. no se exige la llamada capacidad de postulación en cuanto al procurador. según la naturaleza del proceso. pueda resultar afectado por la cosa juzgada. ante el mismo juez que conoce del asunto principal y en los términos prevenidos para entablar una demanda”. cesación o renuncia del procurador constituido o de revocación del poder. Hay dos clases de tercerías excluyentes: de dominio o de mejor derecho. la intervención de Letrado. que es considerada como una incidencia del juicio principal y deben resolverse conforme al procedimiento señalado para los mismos en LOJ. en el caso de pérdida de la postulación. El artículo 547 señala que “Todo aquel que intervenga en un proceso de conformidad con el artículo 56 (que se refierre a la intervención voluntaria) de este Código.
cuando se afectan por el embargo bienes del tercero. a diferencia de otros. Pero nada impide que se planteen en relación con otro tipo de procesos. si se trata de procesos de ejecución. 550) y es indudable que debe justificarse al plantear la tercería el interés propio y cierto que se tiene. común a todos los que litigan. Ahora bien. Esta situación se resuelve en el artículo 550. salvo las facultades del Juez para mejor fallar”. incisos 2 y 3). o se pretende ejecutar un crédito con respecto al cual tiene preferencia el del tercero. Nuestro Código. por ejemplo de cognición. Normalmente. aunque se halle su ejercicio pendiente de plazos y condición. párrafo tercero.El CPCyM reconoce las tercerías excluyentes de dominio y las de preferencia (art. según la norma general del artículo 548. para los casos de ejecución. el problema principal consiste en que se debe dar oportunidad al tercero y a las otras partes. Debe diferenciarse según se trate de tercerías que se hagan valer en un proceso de ejecución o en otro de distinta naturaleza. las tercerías excluyentes. que dice: “A los terceros que aleguen un derecho de dominio o de preferencia. de dominio y de preferencia. El Juez resolverá de plano la admisión o rechazo del tercero. cuando se discute la propiedad de un bien que el tercero afirma que le pertenece. permite esta forma de intervención en toda clase de asuntos. que limitan la tercería excluyente. para que puedan discutir el derecho del tercerista. Vg. Del artículo 552 se . una vez resuelta su admisión en el proceso. esta clase de tercerías se presentan en relación con procesos de ejecución. Si se trata de un proceso que no sea de ejecución. se tramitarán por el procedimiento de los incidentes (art 551. si tuviere elementos suficientes para hacerlo con la prueba que se acompañe”. No se concederá este término si el tercero comparece luego de verificada la vista del proceso o si estuviere pendiente de sentencia. se les concederá un término de prueba por diez días. que dice: “No se admitirá la intervención de terceros que no tengan un interés propio y cierto en su existencia.
Este planteamiento debe hacerse antes del remate. no hay posibilidad de suspenderlo. Estas posibilidades se desprenden de lo dispuesto en el inciso 3° del párrafo tercero del artículo 551 que dice: “Si la tercería fuere de preferencia. o bien. En cambio. si lo embargado es una cantidad en efectivo). y por alguna circunstancia el pago estuviere pendiente de hacerse. no podrá ordenarse el pago. que dice: “Si la tercería fuere de preferencia. aunque la tramitación es incidental. si ya se llevó a cabo el remate. mientras no se dicte la resolución que gradúa los créditos. no habría inconveniente de que la incidencia se plantee y el Juez la resuelva antes de ordenar el pago. También el párrafo segundo del artículo 552 que dice: “Si la tercería fuere de preferencia. para evitar la adjudicación del bien al ejecutante. Guasp separa esta figura de la que él conceptúa propiamente como tercería (la llamada intervención . pero éste se resolverá antes del remate o del pago en su caso”. Entretanto se decide la tercería. el Juez debe pronunciarse sobre el incidente o incidentes planteados. Pero. se tramitará como incidente.  Coadyuvante: La intervención adhesiva como intervención voluntaria es la que da origen a la figura del tercero coadyuvante. se depositará el precio de la venta en la Tesorería de Fondos de Justicia”. También el párrafo segundo del artículo 552. el cual se hará al acreedor que tenga mejor derecho. porque el párrafo primero de dicho artículo establece que en las tercerías de dominio. y como consecuencia.desprende claramente que las tercerías de dominio deben plantearse antes de que se lleve a cabo el remate. si la tercería es de preferencia. mientras no esté resuelto el incidente respectivo no podrá ordenarse el remate de los bienes. sí no hubiere adjudicación judicial al ejecutante. puede darse la posibilidad de que se presenten uno o más acreedores reclamando el derecho de preferencia. se tramitará como incidente. pero éste se resolverá antes del remate o del pago en su caso”. suspendiéndose los procedimientos desde entonces. antes del remate. si no hubiera remate (por ejemplo. De manera que. hasta que se decida la tercería.
ni alegar ni probar lo que estuviere prohibido al principal (549 CPCyM). no se puede hablar de litisconsorcio ni de tercería. el vendedor tiene interés en que su comprador no sea vencido en juicio por el demandante que alega frente a aquél la propiedad de la cosa vendida. Ahora. No puede suspender su curso. sostiene que como no es parte. no puede desistir o renunciar ni allanarse o transigir. .principal). La doctrina misma reconoce que el interés que tiene el tercero coadyuvante siempre está subordinado al del actor o del demandado en la relación fundamental. y sobre la que se ha promovido litigio. ni interponer recursos con independencia. pues en otro caso debería indemnizarle. el Notario está interesado en que prospere la escritura autorizada por él. Dice Prieto Castro que “existe tal interés cuando la cosa juzgada que se haya de producir en el proceso pendiente puede redundar en beneficio o perjuicio de tercero (por ejemplo. Como consecuencia de esta consideración doctrinaria y legal. En el CPCyM se establece que al tercero coadyuvante se le reputa una misma parte con aquel a quien ayuda. dice. debiendo tomar el proceso en el estado en que se halle. etc)”. sino más bien de adhesión procesal. como las partes no aparecen situadas en un mismo plano. interponer excepciones y medios de defensa. el legatario tiene interés en coadyuvar a la defensa del que sostiene la validez de la institución de heredero. Prieto Castro. en el supuesto que estamos analizando. se presentaba el problema de las facultades y limitaciones a que estaba sometida la intervención del tercero coadyuvante.: aportar pruebas. y b) En cuanto a los actos procesales. sino en distintos de respectiva supra y subordinación. puede realizar aquellos que tiendan efectivamente a favorecer a la parte con quien coadyuva y que el estado del procedimiento permita: Ej. sino un mero coadyuvante. tiene las siguientes facultades: a) En cuanto al objeto de la demanda. oponerse a las alegaciones del contrario.
se refiere propiamente a la relación procesal en sí. las tercerías se resolverán juntamente con el asunto principal. la que se pronunciará sobre la procedencia o improcedencia de la tercería. porque los casos que suelen citarse como de suspensión del procedimiento. la tercería deberá resolverse juntamente con lo principal. debiendo el Juez hacer las declaraciones que correspondan. en cambio los casos de interrupción se relacionan más que todo a situaciones que afectan a los que intervienen en el proceso. de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 551. que en ningún caso. si la tercería se plantea en un proceso de ejecución de conformidad con lo establecido en el inciso 1° del párrafo tercero del artículo 551. puesto que de otra manera ya no hay posibilidad de resolver la tercería juntamente con el asunto principal. Si se trata de procesos que no son de ejecución. se le considera como una misma parte para el ejercicio de los actos procesales que le competan a esa parte y con las limitaciones que la misma norma establece. sin embargo. Si la tercería se interpone fuera de ese momento procesal. C) Interrupción y suspensión de la relación procesal: Estas dos clases de crisis procesales se diferencian. Ahora. puede suspenderse el curso del proceso. Queda claro. Esta situación plantea algunos problemas prácticos. . porque debe tenerse en cuenta si se trata de vía de apremio o de juicio ejecutivo. asimismo. 549 CPCyM). en sentencia. o sea antes de la resolución definitiva de las excepciones o de la oposición que se haya manifestado.De manera que. aún cuando se reconoce que el tercero ayuda a una parte. De la Plaza entiende que la diferencia estriba en que en la interrupción generalmente se necesita de un acto de parte para que cese. para determinar el momento en que la tercería todavía es procedente. puesto que el tercero debe tomarlo en el estado que se encuentra (Art. ha precluido el derecho a interponerla por parte de quien la pretenda hacer valer.
puede ocurrir un retroceso. “Acumulación de acciones o pretensiones y de procesos” de la I. aún cuando no hubiera transcurrido el término para interponer la casación o ésta estuviera pendiente. daños y perjuicios. hay tres clases de anomalías. Señala que si se toma la actividad procesal como puro y estricto devenir. Y finalmente. La primera se da por razones que afectan a los actos procesales mismos. correspondiente al área procesal civil adjetiva privada.Guasp trata esta materia.2) Desistimiento: Según Juan Montero y Mauro Chacón 1 de los arts. a su vez. dentro de lo que llama crisis de la actividad. Manual de Derecho Procesal Civil Guatemalteco. Una que consiste en un avance o adelantamiento anormal del proceso.1) Acumulación de procesos: Este punto aparece desarrollado en el apartado de la literal C) del tema número 21. pp. Por otra parte indica Guasp. Volumen 2. sin hacer relación a los sujetos y objetos procesales. por razones que afectan directamente a los sujetos procesales. D. 342 CPCyM). dos desistimientos: 1 Mauro Chacón Corado. Parte del presente resumen. si los fallos de primera y segunda instancia son conformes en su parte resolutiva y se presta garantía suficiente para responder de la restitución. como sucede por ejemplo con la facultad que contempla el CPCyM. en cuanto a permitir la ejecución provisional de las sentencias de segunda instancia. D) Alternativas Comunes a todos los procesos: (Libro Quinto CPCyM) D. Juan Montero Aroca. señala aquella situación de paralización del proceso. 223-233. Dentro de esta última hipótesis de paralización del proceso podemos encuadrar los casos de suspensión e interrupción procesales. a saber: a) Desistimiento total: Se refiere al proceso o a un recurso que afecta la esencia del asunto. que puede dar origen a una quietud anormal del procedimiento. para el caso de que sea casada la sentencia recurrida (art. también anormal como cuando se produce la anulación de la actividad procesal. 581. La segunda. 582 y 583 se desprende que existen varias clases de desistimiento. . con lo que se está diciendo que existen.
Como en lo que sigue no vamos a ocuparnos de este desistimiento parcial. por lo que no debió de regularse entre los modos excepcionales de terminación del proceso. que se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. tanto el . pues la condición necesaria para desistir es que sea recurrente. por el actor o por el demandado. esto es. De un recurso que afecta a la esencia del proceso: Se trata de desistir de un recurso interpuesto contra una resolución. normalmente la sentencia. pues este desistimiento no acaba con el proceso. Desistimiento de un recurso que no afecta a la esencia del asunto: puede realizarlo cualquier parte que haya interpuesto ese recurso. Este desistimiento puede ser realizado por cualquiera de las partes. b) Desistimiento parcial: Atiende únicamente a un recurso. incidente o excepción sobre puntos que no dan fin al proceso (o a una prueba propuesta). y las partes han podido recurrir. c) de la LOJ cuando dice que son sentencias ejecutoriadas aquellas contra las que se ha interpuesto recurso y luego se produce su “abandono”. 2. A este desistimiento se refiere el art. No ha lugar aquí ni siquiera a plantearse si es posible o no un proceso posterior sobre el mismo asunto. por el que se le pone fin. 153. y deja firme la resolución recurrida y sin efecto la excepción o incidente (o la prueba pedida). sino sólo con una parte accidental del mismo. ii) El demandado: También pone fin al proceso e impide que vuelva a intentarse un proceso sobre el mismo asunto. Del proceso: Es el desistimiento que se produce en la primera instancia del proceso. conviene aclarar las cosas en este momento. Esto es lo que la doctrina llama renuncia del actor y veremos a continuación qué es realmente a lo que se renuncia. el desistir lleva a convertir la sentencia dictada en ejecutoriada. de modo que al desistir se produce la firmeza de la sentencia. esto es. Este desistimiento puede ser realizado por: i) El actor: Pone fin al proceso e impide renovar en el futuro el mismo proceso. Es lo que la doctrina llama allanamiento. suponiendo la renuncia al derecho respectivo. y debe hacerse distinguiendo: 1.1.
584 sí aplicable a este desistimiento. suponiendo que sea admisible. Este es un modo excepcional de terminación del proceso. no se explica porque ese mismo representante o defensor no puede desistir de ella. pero de modo poco razonable. De lo dicho hasta aquí tiene que haber quedado claro que el desistimiento llamado en el Código “parcial” no tiene nada que ver con el desistimiento verdadero. Desistimiento de incidente: Como en el caso anterior puede realizarlo cualquiera de las partes. tanto procesal (porque . diga que no quiere seguir con ese recurso. incapaz o ausente o del que defiende al Estado o municipio. cualquiera de ellas. y se trata de manifestar que no sigue manteniendo la excepción que afecta la forma o el fondo que opuso en su momento (previas. El desistimiento que merece el nombre de tal es aquél que produce terminación del proceso. 584. lo que supone que este desistimiento puede realizarlo cualquiera de las dos partes. pues si la oposición de la excepción depende de la voluntad del representante del menor. Dado que los incidentes no afectan al fondo del asunto art. luego. haya recurrido contra una resolución interlocutoria (las de desarrollo del proceso) y que. A este desistimiento no es al que se refiere el art. y el llamado desistimiento parcial no acaba con el proceso. 3. Estamos ante la posibilidad que una parte. Desistimiento de la excepción: Lógicamente puede realizarlo solo el demandado. mixtas y perentorias). 4. Desistimiento de prueba propuesta: Si la parte ofrece un medio de prueba la misma parte puede desistir de su práctica. 2. 584 tampoco se refiere a este desistimiento. y se trata simplemente de manifestar la voluntad de no querer seguir con ese recurso. y también se trata sólo de manifestar la voluntad de no querer seguir con el incidente. pues es el único que opone excepciones a la pretensión del actor.actor como el demandado. CONCEPCIÓN DOCTRINARIA: La doctrina distingue entre la renuncia que es un acto del demandante y que. El art. pues las dos pueden promover incidentes.
de modo que el tema de fondo quedará imprejuzgado. Por eso es por lo que la doctrina exige para que el desistimiento sea válido. Por otra parte. sea éste el actor o el demandado. la doctrina procesal llama desistimiento a una figura jurídica completamente distinta de la anterior. como materialmente (porque no es contraria al interés social. pues. de un abandono del proceso (no del derecho afirmado en el mismo). Desistimiento de un recurso: El llamado desistimiento de un recurso que afecte a la esencia del asunto afecta a la terminación del proceso y lo hace de un modo distinto del desistimiento de la instancia.  El desistimiento del recurso lleva a que la sentencia recurrida se convierta en ejecutoriada. que es el verdadero desistimiento. en la que se tiene los siguiente: 1. cuando es realizado por el demandante. .se cumplen los requisitos de forma que la ley prevé). existiendo la posibilidad de volver a interponer la misma pretensión entre las mismas partes. Se trata. y la palabra está usada con referencia a figuras que tienen otros nombres propios: renuncia y allanamiento. por otro lado. Todavía podría decirse que en otros ordenamientos se ha distinguido entre: Desistimiento del proceso o renuncia (impide otro proceso posterior). al orden público no perjudica a tercero y no está prohibida por la ley (art. Es obvio que en el CPCyM falta toda referencia a éste. de modo que pretende poner fin al proceso pero sin que en el mismo llegue a dictarse una resolución que se pronuncie sobre la pretensión. por un lado. Desistimiento de la primera instancia: Se produce cuando el actor manifiesta su voluntad de no continuar con el proceso iniciado por él. lleva a que el juez dicte una sentencia en la que desestimará la pretensión y absolverá al demandado. 2. Es el equivalente de lo que el CPCyM llama desistimiento total del proceso. y desistimiento de la instancia o del procedimiento (permite otro proceso posterior). pues:  Del recurso puede desistir el recurrente. 19 de la LOJ). que se oiga al demandado y que éste manifieste su conformidad.
producido el desistimiento del proceso se ha renunciado al derecho en que se fundaba la demanda. y si el desistimiento de la instancia ha de realizarlo el actor. el desistimiento puede llevarse a cabo sin el consentimiento del demandado. en cualquier estado del proceso.Si la renuncia procede del actor. el desistimiento del recurso puede hacerlo el recurrente y convierte a una sentencia anterior en ejecutoriada. 581 y 582 del CPCyM). y en consecuencia. y se aceptó solamente este último. . lo lógico sería que sean a cargo de la parte que desiste. En lo relacionado a la condena en costas. por un principio de justicia deben ser impuestas al actor. impidiendo que el juez dicte sentencia. dando lugar a una confusión que es muy difícil de explicar con claridad. implican que el juez debe dictar sentencia absolviendo al demandado. Toda esta mezcla. siendo indiferente que se haya contestado o no la demanda (arts. dicha situación no está regulada en el CPCyM. no puede plantearse ante otro tribunal. proviene de que el CPCyM no ha asumido las figuras de terminación excepcional del proceso que la doctrina tenía y tiene consolidadas. Sin embargo. desapareció la exigencia de la anuencia del demandado para que pudiera aprobarse el desistimiento. en cuanto al desistimiento que no implica la renuncia del derecho (desistimiento de la acción) y al desistimiento que sí implica tal renuncia (desistimiento del proceso). O sea que. por lo que actualmente puede desistirse de un proceso entablado sin que el desistente soporte la condena en costas. Dice Prieto Castro que en caso de renuncia a la acción y de desistimiento de la demanda o del recurso. De manera que. por lo que cabe un proceso posterior entre las mismas partes y con la misma pretensión. si el allanamiento lo hace el demandado. como no se aceptó la diferencia propuesta en el proyecto. Aguirre Godoy explica que en nuestro Código. como hasta ese momento se han producido gastos y molestias o cabe la posibilidad de que se produzcan. implican que el juez debe dictar sentencia estimando la pretensión del actor y condenando al demandado.
atendiendo el principio de impulso de oficio. En el proceso arbitral (debe estarse al Dcto. que es cosa distinta.3) Caducidad de la instancia: En este caso. EXCEPCIONES: La razón de ser de la caducidad impide que la misma se produzca en todos los casos. el proceso mismo debe concluir. por otro. 589 establezca las excepciones a la misma: 1. y de ahí que el art. 588 a 595 del CPCyM. Cuando el proceso se encuentre en estado de resolver sin que sea necesaria gestión de partes. Fundamento: La litispendencia tiene el efecto procesal. Esta no es realmente una excepción a la caducidad. y responde a la idea de que la litispendencia no puede prolongarse indefinidamente. cargas y obligaciones propias de esa condición. 3. de obligar al juez a realizar el proceso y a resolver y. el incumplimiento del deber del juez de resolver no abre el plazo para el inicio de su cómputo. En este contexto la caducidad se basa en la presunción de que el transcurso de un cierto tiempo. de sujetar a las partes a seguir el proceso. En los procesos de ejecución singular que se paralicen por ausencia o insuficiencia de bienes embargables al deudor (a contrario sensu debe entenderse que si existen bienes embargables que alcancen a cubrir la . debe entenderse como que han perdido esa voluntad de actuación del Derecho en el caso concreto. Sumando las dos razones se llega a la conclusión de que la ley ha de fijar unos plazos. lo que llevó a que fuera reglada en los arts. sin que las partes realicen los actos procesales. sino que se trata de una regla por la cual. transcurridos los cuales sin que en el proceso se realice actividad alguna. a lo que debe sumarse que el Estado no puede consentir la litispendencia indeterminada. asumiendo en él las expectativas.D. 67-95 del Congreso). 2. la caducidad supone la terminación de la instancia por la inactividad de las partes durante el lapso de tiempo fijado por la ley. A esta figura se llama caducidad de la instancia y es un modo excepcional de terminación del proceso. por un lado.
aunque el art. no es un servicio gratuito pues los litigantes en las gestiones que realizan ante los diferentes tribunales tienen que realizar una serie de gastos. que establece: La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley. La actual Constitución Política de Guatemala. Empero. D. Se encuentra regulada en los artículos 588 a 595 del CPCyM. acerca de si este servicio debe prestarlo el Estado de manera totalmente gratuita o si. por el contrario. 5. La exclusión de la caducidad en los procesos de ejecución es algo tradicional.4) Liquidación de costas y honorarios profesionales: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS: De acuerdo con el criterio del profesor colombiano Hernán Fabio López Blanco. En los procesos de ejecución colectiva. en el segundo párrafo del artículo 57. La justicia es gratuita e igual para todos. 6. no consagró los principios de obligatoriedad y gratuidad de la justicia. o porque el ejecutante está recibiendo pagos parciales por convenio judicial o extrajudicial. dice. . Mucho se ha discutido. En los procesos especiales de jurisdicción voluntaria. 589 lo ha complicado al distinguir entre los varios procesos de esta naturaleza en atención al título. aunque se trató de rescatar ésta última al incluirla en la Ley del Organismo Judicial. En los procesos para ejecutar una sentencia firme. a los cuales les corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. quienes acuden a solicitar la intervención del órgano jurisdiccional se ven compelidos a actuar ante el mismo deben incurrir en erogaciones. 7. Realmente la exclusión de la caducidad en estos casos se ha basado en que en el proceso de ejecución rige plenamente el impulso de parte y se trata de ejecutar un derecho existente. En los procesos de ejecución singular que se basen en una garantía real. 4. la administración de justicia constituye un servicio de orden público a cargo del Estado quien para prestarlo dispone de la rama jurisdiccional en sus diversas manifestaciones.reclamación sí puede darse la caducidad).
los cuales tendrían que promover por separado a través de un juicio declarativo. de la extensión que debe dársele y. de la distribución de la carga en general y en contemplación con algunas situaciones especiales. de ahí que en el caso de discusión sobre él. que de él quedan excluidos los gastos que no son consecuencia directa del proceso. principalmente. regulan los gastos procesales como carga que pesa sobre los litigantes. de que se haga valer dentro o fuera del proceso. por el hecho de impetrar la tutela de los Tribunales. al de gastos que es preciso hacer para obtener la declaración judicial de un derecho. sufriría el vencedor. y por otra. la tesis del principio o hecho objetivo del vencimiento en juicio. la parte condenada indemnizará a la otra de todos los gastos necesarios que hubiere hecho”. fuera de su concepción los daños y perjuicios que las partes sufran con motivo del juicio. debiendo anticiparlos cuando así lo establezca la ley. lo mismo la técnica que la legislación. el derecho tiene un valor absoluto. El artículo 572 del CPCyM. si vencemos.alguno de los cuales están previstos como legales. por una parte. haya de restituírsenos. en su integridad. EL PRINCIPIO OBJETIVO DEL VENCIMIENTO: En la doctrina ha fructificado con mayor facilidad. pues. y el que nos procura no puede aumentar o disminuir por el hecho accidental para esos efectos. aunque doctrinalmente puede defenderse el establecimiento de una justicia totalmente gratuita. lo que lleva a la conclusión de que si las costas no se impusieren al vencido. es equivalente. Por ello. prescribe: “Cada parte será directamente responsable de los gastos que se ocasionen por los actos que lleve a cabo y por los que pida. y. el concepto de costas según De la Plaza. En caso de condenación en costas. quedan por tanto. según explica De la Plaza. “en la necesidad puramente objetiva de reparar un perjuicio con abstracción de los móviles que guiaron a los litigantes y a los matices de su conducta. las costas dice Secchi. con lo cual se da a entender. por ser más sencilla. son . tesis que no ha prevalecido. una injustificada disminución patrimonial. ya que se basa. que. en general. para admitir la condena en costas. Normalmente las costas comprenden los gastos que el proceso ocasiona. con criterios variados sobre el fundamento jurídico de esa obligación. en obligar al pago a quien fue vencido en el proceso.
sufra daño por el tiempo y gastos requeridos. c) si el vencido hubiere negado . le concede facultades discrecionales al juzgador para que. 573 regula como norma general. Chiovenda explica con mayor claridad que el hecho objetivo de la derrota es lo que determina la condena en costas. no obstante. no debe volverse contra quien tiene la razón”. c) cuando el fallo acoja solamente parte de las peticiones fundamentales de la demanda o de la contrademnada. o admita defensas de importancia invocadas por el vencido. El CPCyM sigue el principio objetivo del vencimiento pero en forma atenuada.un factor más de la perturbación que la necesidad de acudir al proceso lleva consigo. para los efectos de la condena en costas. La necesidad de servirse del proceso para obtener la razón. b) cuando la demanda o contrademnada comprendan pretensiones exageradas. debe condenar a la parte vencida al reembolso de las costas a favor de la otra parte. sin éxito. b) cuando haya habido necesidad de promover ejecución contra el deudor para la satisfacción del crédito. es preciso que el vencido satisfaga al vencedor las costas que fueron necesarias para el ejercicio de la acción y para la defensa. el artículo 575 del CPCyM enumera los casos que le permiten al juez estimar cuándo no hay buena fe. “no es otro que el de haber sostenido. en los supuestos siguientes: a) que haya litigado con evidente buena fe. Teniendo en cuenta que la actividad del Estado para obrar la actuación de la ley requiere tiempo y gastos. 91 del Código Procesal Italiano). Su fundamento dice. para que el orden se restablezca. es necesario impedir que aquel que se encuentre en la necesidad de servirse del proceso para obtener la razón. que “El Juez en la sentencia que termina el proceso que ante él se tramita. A saber: a) cuando el proceso se hubiere seguido en rebeldía del demandado. una pretensión jurídica. También el artículo 574 del CPCyM. y d) cuando haya vencimiento recíproco o allanamiento. pueda eximir al vencido en el pago de las costas total o parcialmente. Podrá también eximirlo en aquellas costas que se hubieren causado en diligencias que el juez califique de ociosas o innecesarias. En cuanto a la buena fe. lo prescrito en el artículo 573. (Siguiendo la orientación del art. pues si bien en el art.
sino los viajes que hayan tenido que realizarse. publicaciones. El artículo 578 del Código regula como costas reembolsables: el valor del papel sellado y timbres fiscales (que desaparecieron como tales por la Ley del Timbre). no deben jugar en la imposición de costas. cuando no fueron pactados por las partes. certificaciones. como hemos apuntado. aspecto para el cual se muestran más cautelosos. la asistencia a debates y actuaciones. los honorarios del abogado director. por su condición subjetiva. pues no sólo se reputan costas cuantas han sido necesarias para la persecución normal y defensa de los derechos. y aun las causadas en el procedimiento de conciliación. el resarcimiento de los gastos que ha tenido que realizar el ejecutante para obtener la satisfacción de su pretensión ejecutiva. no deben exceder del interés bancario. edictos. expertos. De ahí que en la práctica los tribunales de instancia no expresen ningún inconveniente para imponer esta condena accesoria al vencido. procuradores. Al excluir de la buena fe a los procesos de ejecución la norma citada anteriormente. ante4 la negativa del ejecutado de cumplir voluntariamente con su obligación. del pago de las costas causadas con motivo de la ejecución. al momento de la liquidación. esos gastos deben determinarse para los efectos de su liquidación. resulta obvio indicar que en éstos no es posible liberar al obligado que ha incumplido. En consecuencia. es amplísimo. dice De la Plaza. las causadas por embargos. depositarios e interventores. o si lo fueron. d) si la parte hubiere aducido documentos falsos o testigos falsos o sobornados. y e) si no se rindiere ninguna prueba para justificar la demanda o las excepciones interpuestas. En donde no hay uniformidad es en lo referente al cobro porcentual de intereses. CONTENIDO DE LA CONDENA EN COSTAS: La condena en costas persigue. la indemnización a los testigos por el tiempo que hubieren invertido y los . inventarios. de los notarios. despachos.pretensiones evidentes de la demanda o contrademnada que el proceso indique que debió aceptarlas al contestar aquéllas. Según la doctrina la idea de la temeridad y la mala fe (dolo) y aun de la culpa. las inscripciones en los registros. El concepto de costas en el Derecho alemán. cuya imposición se justifica por consideraciones marcadamente objetivas.
e) En el auto que se apruebe la liquidación se expresará el monto a que asciende la misma. regularmente radica en los montos que fija el ejecutante y no porque haya sido abonada alguna cantidad. 580 del Código. intereses y los gastos ocasionados. que limita el recurso de apelación en el juicio ejecutivo. o comunicaciones. En el segundo párrafo establece. compra de sustancias u otros artículos que fueren necesarios para la averiguación de algún hecho. que haya causado ejecutoria. a menos que sean por motivo de viaje. En caso se impugnaren las costas de Segunda Instancia. en el que se incluirá capital. como el juez de primer grado es ajeno a las actuaciones que se produjeron en aquélla. d) En caso se presentaren objeciones por el obligado al pago. se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: a) Para promoverlas en el juicio ejecutivo. La inconformidad. ante el propio juez del proceso. debe estar firme la sentencia en la que se haya declarado la condena al pago de costas. cuando no guarda relación con el arancel. Esto significa que examinará el proyecto y si lo encuentra conforme a las constancias del proceso y la ley. que las diligencias judiciales no causarán gastos personales. Es por ello que el juzgador al hacer sus operaciones matemáticas. el cual es recurrible por apelación. tendrá que probar dentro del período de prueba del incidente las razones de su oposición. quien es el competente para su aprobación. conforme lo regula el art. es decir. de transporte. b) El ejecutante debe presentar un proyecto de liquidación ajustado al arancel respectivo. únicamente al . LIQUIDACIÓN DE COSTAS Y SU TRÁMITE: De acuerdo con el procedimiento para la liquidación de costas que contiene el art. lo aprobará. c) El juez en incidente corre audiencia por dos días a quien deba pagarlas y con su contestación o sin ella. pedirá informe por nota al Tribunal Superior para la confirmación de las costas causadas. o bien le hará las modificaciones que estime convenientes para su aprobación. pago de vehículos.gastos de viaje. resolverá lo procedente. tiene facultad para introducirle variaciones al proyecto de liquidación. 334 del CPCyM.
EL JUICIO EJECUTIVO CAMBIARIO. pp. Procuradores. La condena en costas. conforme se señaló. 1°). contenido en el Dto. Interventores y Depositarios. ya fuere para obtener. dice Alsina. para el caso que el embargo hubiere recaído sobre dinero en efectivo. o bien para el remate y/o adjudicación del o de los bienes embargados. Magna Terra Editores. . Mandatarios Judiciales. directamente del obligado su pago en metálico. f) La certificación de este auto constituye título ejecutivo suficiente para el cobro de las costas causadas. 2 Sin embargo. “crea una relación de crédito en virtud del cual. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES: Es común que en los proyectos de liquidación de costas se incluyan los honorarios por dirección y procuración. y en la práctica es el cliente quien corre con esos gastos. En el caso del juicio ejecutivo debe tenerse presente que. A falta de convenio. se determinan por las disposiciones del arancel (art. regula el procedimiento par establecer su monto y forma de cobro. 2 Mauro Chacón Corado. Guatemala. en consecuencia. que por lo regular la ejercen el mismo profesional. 225-233. la sentencia que se dicta se convierte en título ejecutorio. incluso los honorarios de su abogado”. previo requerimiento. para los casos de dificultad en obtener la cancelación de los honorarios por parte de la persona que contrató los servicios del profesional o de quien sea condenado en las costas. la sentencia y el auto que apruebe la liquidación. 111-96 del Congreso de la República. No. o con autorización judicial. el vencedor es acreedor del vencido por los gastos efectuados en la tramitación del juicio. están en libertad par contratar sus honorarios y las condiciones de pago con quienes soliciten sus servicios. el Arancel de Abogados. fijando los valores asignados a las actuaciones de estas personas. 2002. Expertos. quienes en principio. Árbitros. la determinación de las costas se proyecta hacia la vía de apremio.auto en qu8e se deniegue el trámite a la ejecución.
y la liquidación se encuentra de acuerdo con la ley. El procedimiento para la aprobación es sencillo. el artículo 26 del arancel. procuradores. a elección del profesional. Presentada la solicitud. podrá ejercitarla contra su cliente o contra el condenado al pago de dichas costas.PROCEDIMIENTO: De conformidad con el artículo 2 del Arancel. dentro del proceso los abogados. expertos. El abogado podrá incluir en el proyecto de liquidación de costas. tendrán acción directa para el cobro de sus honorarios de la persona o entidad que haya contratado sus servicios o de la parte condenada en costas. y si dentro de dicho plazo el o los obligados no presentaren constancia fehaciente de haber efectuado el pago. 24 dcto. éste podrá repetir contra el obligado. 111-96) Los honorarios incluidos en la condena de costas. Ambos obligados tienen la calidad de deudores solidarios. señala que los jueces que conozcan sobre reclamación lo liquidación del pago de los honorarios conforme a este arancel quedan facultados para decretar dentro de las diligencias. todas las medidas de Garantía previstas en el Código Procesal Civil y . Asimismo. los abogados tienen derecho de cobrar lo escrito en los memoriales que redactaren. a razón de cinco quetzales por cada hoja o fracción. el juez le dará su aprobación. Los honorarios los devengará el abogado. el juez dará audiencia en incidente por dos días comunes a las partes. las que correspondan a su actuación dentro de ese mismo incidente. mandatarios judiciales. podrá pedir la liquidación de sus honorarios ante juez competente de su domicilio. El auto que resuelva la liquidación será apelable y al estar firme constituirá título ejecutivo que podrá ejecutarse por la vía de apremio dentro de las mismas diligencias. generan acción ejecutiva. Para el efecto quien hubiere prestado los servicios establecidos por el arancel. Cuando el abogado opta por la acción contra su cliente. y si pagare el contratante de los servicios éste podrá repetir contra la parte condenada en costas. árbitros. Además de los honorarios que determina el arancel. a solicitud de parte. cualquiera fuera la naturaleza del asunto y aun cuando de conformidad con la ley no fuere necesario su auxilio profesional (caso del proceso laboral). interventores y depositarios. (art.
teniendo en cuenta el carácter resarcitorio de las costas.2”del numeral 19. Proceso Preventivo o cautelar. . en cuanto no contraríen al texto y los principios que contiene el arancel. Finalmente. D. desde que el profesional no sólo aplica en tales casos sus conocimientos técnicos. En doctrina se ha discutido mucho si los abogados que litigan en causa propia tienen derecho a cobrar honorarios.5) Medidas cautelares: Este punto ya fue desarrollado en el apartado “D. (artículo 28 del arancel).Mercantil. En ningún caso el reclamante estará obligado a prestar garantía por las medidas que se decreten y las mismas serán levantadas hasta que se obtenga el pago. se aplicarán supletoriamente las disposiciones del CPCyM y la LOJ. Alsina se pronuncia en contra de quienes niegan ese derecho y dice que “la solución no parece justa. sino que distrae su tiempo en perjuicio de sus intereses”. de la Primera Parte de la presente compilación correspondiente al temario del área procesal civil adjetiva privada.
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