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Timestamp: 2019-03-23 12:42:33+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/3174/2005, 04-05-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3174/2005 de 04 de Mayo de 2007
Núm. Resolución: 00/3174/2005
No se cumplen los requisitos previstos para las dotaciones de los gastos de explotaciones económicas de carácter temporal (artículos 13 del Real Decreto-Legislativo 4/2004 y 12 del Real Decreto 1777/2004). Una explotación económica tiene carácter temporal cuando tiene una duración o vigencia limitada en el tiempo pero cuyo término se conoce con carácter cierto o que, al menos, puede fijarse de modo muy aproximado, en función de una serie de factores o variables que tienen incidencia directa en su duración, de tal manera que no siendo exactamente la inicialmente prevista, la desviación se halle dentro de un margen razonable.
En la Villa de Madrid, a 4 de mayo de 2007, en la reclamación económico-administrativa que en única instancia pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesta por la Entidad ..., S.A. C.I.F. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ... y en su nombre y representación Don ..., con poder acreditado en el expediente, contra el Acuerdo del Jefe de la Oficina Nacional de Inspección, de fecha 5 de julio de 2005, por el que se denegó el Plan de dotaciones para la cobertura de los gastos de abandono de la Central de ... situada en ....
PRIMERO: Con fecha 13 de mayo de 2005, la entidad ..., S.A. presentó escrito, ante el Jefe de la Oficina Nacional de Inspección, solicitando la aprobación de un plan de dotaciones para la cobertura de los gastos de abandono de explotaciones económicas de carácter temporal referente a la Central de ... situada en el término municipal de ...
SEGUNDO: Previo informe de la Inspección, de 6 de junio de 2005, se notificó la puesta de manifiesto del expediente el 14 de junio de 2005; personada el 29 de junio de 2005 en la Oficina Nacional de Inspección la persona autorizada para el examen del expediente, entregándose fotocopia del Informe de la Inspección, no se formularon alegaciones. El Jefe de la Oficina Nacional de Inspección dictó Acuerdo en fecha 5 de julio de 2005, por el que se denegaba la solicitud formulada por la entidad interesada. Dicho acuerdo fue notificado a la entidad en fecha 15 de julio de 2005.
TERCERO: Contra el referido acuerdo, la entidad interesada interpuso reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, mediante escrito por correo de fecha 29 de julio de 2005, entrado en este Tribunal el 19 de septiembre siguiente.
CUARTO: Cumplido el trámite de puesta de manifiesto del expediente, la entidad interesada formuló, en fecha 31 de marzo de 2006, escrito de alegaciones en el que en síntesis manifestaba lo siguiente: 1º) Que, en contra de lo que se manifiesta en el acuerdo impugnado, entiende que el escrito en el que se solicita la aprobación del plan contiene todos los requisitos exigidos por la normativa. 2º) Que la Central en cuestión es una explotación económica de carácter temporal, pues esta expresión no aparece definida en el ordenamiento tributario y debe entenderse en el sentido de duración finita pero indeterminada en su fecha de término y no necesariamente breve, y que aspectos tales como el desarrollo normativo, la evolución tecnológica junto con criterios de carácter económico asociado a estas actividades hacen que la misma disponga de un período de operación comercial limitado en el tiempo (incumplimiento de normativas legales, obsolescencia tecnológica, etc.).
PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que son presupuesto para la admisión a trámite de la presente reclamación, en la que se plantea la cuestión relativa a si se han cumplido o no los requisitos exigidos por el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades para la aprobación del plan presentado.
SEGUNDO: El Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece en su artículo 13, relativo a la Provisión para riesgos y gastos, que: "1. No serán deducibles las dotaciones a provisiones para la cobertura de riesgos previsibles, pérdidas eventuales, gastos o deudas probables. 2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, serán deducibles: .......d) Las dotaciones para la cobertura .....y de los gastos de abandono de explotaciones económicas de carácter temporal, siempre que correspondan a un plan formulado por el sujeto pasivo y aceptado por la Administración tributaria". Añadiéndose en el último párrafo que "Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la resolución de los planes que se formulen".
Dicho precepto ha sido desarrollado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, cuyo artículo 12, referente a los Planes de gastos de abandono de explotaciones económicas de carácter temporal, dispone que: "1. Los sujetos pasivos podrán someter a la Administración tributaria un plan de dotaciones para la cobertura de los gastos de abandono de explotaciones económicas de carácter temporal. 2. La solicitud deberá contener los siguientes datos: a) Justificación del carácter temporal de la explotación económica. b) Importe estimado de los gastos de abandono y justificación del mismo. c) Criterio de imputación temporal del importe estimado de los gastos de abandono y justificación del mismo. d) Fecha de inicio de la explotación económica. 3. La solicitud se presentará dentro de los tres meses siguientes a la fecha de inicio de la explotación económica. El sujeto pasivo podrá desistir de la solicitud formulada. 4. La Administración tributaria podrá recabar del sujeto pasivo cuantos datos, informes, antecedentes y justificantes sean necesarios. El sujeto pasivo podrá, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, presentar las alegaciones y aportar los documentos y justificantes que estime pertinentes. 5. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto al sujeto pasivo, quien dispondrá de un plazo de 15 días para formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes. 6. La resolución que ponga fin al procedimiento podrá: a) Aprobar el plan de dotaciones formulado por el sujeto pasivo. b) Aprobar un plan alternativo de dotaciones formulado por el sujeto pasivo en el curso del procedimiento. c) Desestimar el plan de dotaciones formulado por el sujeto pasivo. El procedimiento deberá finalizar antes de tres meses contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los registros del órgano administrativo competente o desde la fecha de subsanación de la misma a requerimiento de dicho órgano. 7. Transcurrido el plazo a que hace referencia el apartado anterior, sin haberse producido una resolución expresa, se entenderá aprobado el plan de dotaciones formulado por el sujeto pasivo".
TERCERO: A fin de determinar si se reúnen o no los requisitos exigidos por la normativa citada en el fundamento anterior hemos de centrarnos en lo que al carácter temporal y a la estimación y justificación de los gastos se refiere, pues constituyen los aspectos debatidos.
Tanto la Ley al referirse a "gastos de abandono de explotaciones económicas de carácter temporal", como el Reglamento al exigir la justificación de tal carácter erigen a la temporalidad en requisito ineludible.
Ciertamente que la normativa no define qué se entiende por carácter temporal, como señala la interesada, pero también es cierto que la interpretación que la misma patrocina -que identifica carácter temporal con duración finita pero indeterminada en su término y no necesariamente breve- conduciría a dejar sin contenido la exigencia de tal requisito, pues toda actividad humana es por definición temporal aunque la fecha de terminación no se pueda prever; de tal modo que ello conllevaría que se podría solicitar un plan para cubrir los gastos de abandono de cualquier explotación económica, pues todas ellas cabrían en la definición de temporalidad que la interesada mantiene; ello supondría, a su vez, que se trataría de una característica que se daría siempre por principio en toda actividad económica; luego que la norma lo exigiera como requisito carecería de sentido.
Así, el único modo de dar sentido a la finalidad de la norma es interpretar que una explotación económica tiene carácter temporal cuando tiene una duración o vigencia limitada en el tiempo pero cuyo término se conoce con carácter cierto o, que al menos, puede fijarse de modo muy aproximado, en función de una serie de factores o variables que tienen incidencia directa en su duración, de tal manera que no siendo exactamente la inicialmente prevista, la desviación se halle dentro de un margen razonable. Sería, por ejemplo el caso de explotaciones petrolíferas, de gas o de otros recursos naturales, en las que se puede conocer, mediante adecuados estudios y prospecciones técnicas, la magnitud de los recursos a explotar y, consiguientemente, de modo bastante fiable su duración. Sería también el caso de explotaciones vinculadas a la celebración de algún evento (v.g. Olimpiadas, exposiciones universales, etc), que deberán cesar una vez finalizado aquellos; o el caso de explotaciones para cuyo desarrollo existe un límite temporal legal o administrativamente fijado.
CUARTO: Íntimamente vinculado con la determinación de la duración se halla la segunda cuestión inicialmente apuntada: el requisito de estimar y justificar el importe del gasto, pues qué duda cabe que la vigencia limitada y la determinación de la fecha de terminación de la explotación son necesarias para poder realizar con un cierto grado de objetividad el cálculo de los gastos de abandono, pues de otro modo los mismos se estarían calculando de manera arbitraria o aleatoria y sería extremadamente difícil justificar razonablemente tales gastos. Esto es precisamente lo que le sucede a la interesada, que en su escrito de solicitud estima (expositivo cuarto) los gastos de abandono "aproximadamente en 5 millones de euros en valores monetarios actuales, que se estiman se corresponden con un valor comprendido entre un mínimo de 11,850 millones de euros y un máximo de 23,082 millones de euros en valores monetarios de la fecha prevista de abandono, que se producirá previsiblemente, entre un intervalo que mediará entre un número de años mínimo de 23 y un número máximo de 40 años (...). La concreción del importe de dichos gastos dependerá, al margen del amplio plazo que resta hasta la finalización del período de vida útil de la instalación, de la evolución de la regulación legal de carácter medioambiental, de seguridad y de las decisiones que en su caso adopte la Administración Pública". En el expositivo segundo se estima que la vida útil oscilará entre 23 y 40 años.
De dicha manifestación se desprende, por una parte, que la entidad vincula la temporalidad con la vida útil, pues en realidad está basando sus estimaciones de costes, y no sólo la distribución anual, en la duración de ésta. Ahora bien, hay que objetar a este criterio, como bien apunta la Inspección, que el concepto de vida útil está vinculado al de amortización de la Central y no a su fecha de abandono o desmantelamiento; una vez alcanzados los 40 años de funcionamiento, podrá concluirse que dicha Central se encontrará totalmente amortizada pero nada impide que pueda continuar en funcionamiento, lo que dependerá de factores muy variables que a la fecha actual no se pueden evaluar, como por ejemplo, el grado de conservación, el estado de la técnica, el nivel de demanda de energía eléctrica, el precio del combustible, etc. De hecho, resalta la Inspección, ..., S.A. disponía de centrales ... totalmente amortizadas y que, no obstante, seguían en funcionamiento.
Por otra parte, en el escrito de solicitud no se contiene más mención a la estimación de gastos que la anteriormente trascrita, de modo que, como la Inspección igualmente concluye, no se han justificado los criterios seguidos para su cálculo; lo que confirma lo que líneas atrás se anticipaba respecto a la dificultad de justificar criterios razonables de estimación de costes cuando se mantiene una interpretación de "temporalidad" tan desmesurada como pretende la reclamante; sólo cuando la temporalidad se entiende en los términos más limitados que este Tribunal mantiene, tal como se explicita en el anterior fundamento de derecho, puede llevarse a cabo la justificación concreta de la estimación gastos. Prueba de ello es precisamente que la propia entidad, ante la carencia del dato de duración prevista de la explotación, ha de acudir a algún referente temporal y lo hace al de vida útil, que, reiteramos, no puede servir de forma automática de referente de duración temporal a los efectos aquí debatidos.
Por todo ello no puede sino concluirse que la entidad no cumple las exigencias delimitadas en la normativa para que se admita el plan de abandono propuesto y ha de confirmarse la denegación acordada por el Jefe de la Oficina Nacional de Inspección.
Este TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en SALA, en la presente Reclamación; ACUERDA: Desestimarla y confirmar el acuerdo impugnado.
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 1587/2006, 08-04-2011
Orden: Administrativo Fecha: 08/04/2011 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Martinez Mico, Juan Gonzalo Num. Recurso: 1587/2006
Sentencia Administrativo Nº 605/2005, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, 22-07-2005
Orden: Administrativo Fecha: 22/07/2005 Tribunal: Tsj Comunidad Valenciana Ponente: Lorente Almiñana, Juan Luis Num. Sentencia: 605/2005
Resolución de TEAC, 00/1826/2003, 08-04-2005
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 08/04/2005 Núm. Resolución: 00/1826/2003
Resolución de TEAC, 00/1037/2004, 08-11-2006
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 08/11/2006 Núm. Resolución: 00/1037/2004
Resolución Vinculante de DGT, V2180-11, 21-09-2011
Órgano: Sg De Impuestos Sobre Las Personas Jurídicas Fecha: 21/09/2011 Núm. Resolución: V2180-11

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