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BOE.es - Documento BOE-A-2014-2060
Documento BOE-A-2014-2060
«BOE» núm. 48, de 25 de febrero de 2014, páginas 71 a 78 (8 págs.)
BOE-A-2014-2060
a) Cuando estaba detenido en las dependencias de la Guardia Civil del puesto de Gran Tarajal (Fuerteventura), don Aníbal Rivero Navarro solicitó, sobre las 16:15 horas del día 19 de marzo del 2013, el inicio del procedimiento de habeas corpus. El motivo que ofreció a los agentes encargados de su custodia fue el siguiente: «Que no ha hecho nada para estar detenido».
b) Tras ser comunicada dicha solicitud al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Puerto del Rosario, por providencia de ese mismo día dicho órgano acordó lo siguiente: «Por recibido anterior comunicado de la Guardia Civil del Puesto del Gran Tarajal, por la que se participa que por D. Aníbal Rivero Navarro, detenido en sus dependencias, se ha solicitado la incoación del procedimiento de habeas corpus al considerar que su detención es ilegal, con carácter previo a su admisión dese traslado del mismo al Ministerio Fiscal y al letrado defensor don Jorge Lis Valcárcel, a fin de comparecer e instar lo que convenga.»
d) Por Auto de fecha 19 de marzo del 2013, el órgano judicial denegó la incoación del procedimiento de habeas corpus. Los motivos esgrimidos en apoyo de tal decisión aparecen reflejados en los fundamentos jurídicos primero y tercero de la calendada resolución, en los términos siguientes: «Examinada, en el caso de autos la solicitud formulada, resulta que el presente supuesto no puede encuadrarse en ninguno de los apartados del citado artículo 1 y, por ello, conforme establece el artículo 6 de la referida Ley, debe considerarse improcedente la petición efectuada. Ello es así porque el detenido se limita a indicar que no ha hecho nada. Sin embargo la figura del habeas corpus no está prevista para entrar a examinar el fondo del asunto, es decir la culpabilidad o inocencia del detenido. Máxime cuando no se dispone de los datos necesarios. Tal cuestión se determinará cuando se presente la persona del detenido acompañado del correspondiente atestado explicativo de los hechos.» (FJ 1).
«La nulidad de actuaciones requiere una infracción o vulneración que tenga como consecuencia un perjuicio para el que sufre la actuación cuya nulidad se pretende. Tal perjuicio ha de ser real y efectivo, es decir, no puramente formal sino material. No basta la simple infracción o vulneración por sí sola para fundamentar la nulidad de actuaciones, sino que el afectado debe por ello haber visto vulnerado sus derechos con perjuicio efectivo.
En tercer lugar estimar la solicitud del Ministerio Fiscal nos llevaría a la absurda situación de tener que dictar un auto de admisión, tomarle declaración al entonces detenido y decidir sobre su situación personal acordando, en su caso, si se estima la solicitud del detenido, su libertad. Y todo ello cuando lleva desde el 20-3-2013 preso preventivamente a petición de Rosario Sánchez, que es el mismo fiscal que ha planteado la nulidad.»
4. Por providencia de fecha 10 de octubre del 2013, la Sala Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, conforme a lo dispuesto en el art. 51 LOTC, resolvió requerir al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Puerto del Rosario, a fin de que, en plazo no superior a diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones, así como emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento para que pudieran comparecer, si así lo estimaban oportuno, en el presente recurso de amparo. También se acordó publicar la admisión del recurso en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo previsto en el art. 46.2 LOTC, al objeto de que pudieran personarse otros interesados, dentro del plazo de los diez días siguientes a la publicación.
6. El 7 de enero del 2014 tuvo entrada, en este Tribunal, el escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal. En síntesis, el Ministerio público reproduce las alegaciones contenidas en la demanda de amparo, haciendo especial hincapié en que el órgano judicial empleó una fórmula estereotipada para inadmitir a limine la solicitud de habeas corpus, que la decisión adoptada es abiertamente contraria a la doctrina constitucional imperante y que aquél incurrió en una manifiesta falta de acatamiento de la doctrina constitucional, toda vez que la decisión adoptada en el presente caso no constituye un incumplimiento aislado de la citada doctrina, sino que es fruto de una deliberada, reiterada, sistemática y persistente actuación del órgano judicial, lo cual implica, en palabras del Ministerio Fiscal, que «esta mala praxis contribuye a un fenómeno de banalización del derecho a la libertad personal, incompatible con la noción de Estado constitucional de Derecho». Por último, interesa que, ante la eventualidad del otorgamiento del amparo, este Tribunal se limite a declarar la nulidad de las resoluciones judiciales vulneradoras del derecho a la libertad personal, sin acordar la retroacción de las actuaciones al momento en que se produjo la vulneración.
Para el Ministerio Fiscal –que actúa como demandante– las decisiones adoptadas por el órgano judicial lesionaron el derecho a la libertad personal consagrado en art. 17.1 y 4 CE. Dichas decisiones conculcaron abiertamente la consolidada doctrina constitucional en la materia, puesto que el Juez instructor inadmitió a limine la solicitud de incoación del procedimiento, sin tener en cuenta que concurrían todos los requisitos que, conforme establece el artículo 4 de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus, justifican la admisión a trámite; esto es, se produjo la detención de una persona por la presunta comisión del hecho delictivo, constaba la identidad del detenido, el lugar de detención y la autoridad bajo cuya custodia se hallaba y, además, aquél explicitó el motivo por el que solicitaba la incoación del referido procedimiento. Dada la concurrencia de los requisitos formales y procesales, el órgano judicial debió haber acordado la admisión a trámite y, previa sustanciación del procedimiento, resolver sobre la estimación o desestimación del habeas corpus, conforme a lo preceptuado en el artículo 8 de la Ley Orgánica 6/1984.
2. La legitimación para recurrir en amparo que el art. 162.1 b) CE atribuye al Ministerio Fiscal y que, igualmente, aparece recogida en el art. 46.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se configura, según tuvimos ocasión de señalar en la STC 86/1985, de 10 de julio, FJ 1, «como un ius agendi reconocido a este órgano en mérito a su específica posición institucional, funcionalmente delimitada en el artículo 124.1 de la norma fundamental. Promoviendo el amparo constitucional, el Ministerio Fiscal defiende, ciertamente, derechos fundamentales, pero lo hace, y en esto reside la peculiar naturaleza de su acción, no porque ostente su titularidad, sino como portador del interés público en la integridad y efectividad de tales derechos». Como ya dijimos en la STC 211/1994, de 13 de julio, FJ 2 «el recurso de amparo no constituye una vía abierta a los poderes públicos para la defensa de sus actos y de las potestades en que éstos se basan, sino, justamente, un instrumento para la correcta limitación de tales potestades y para la eventual depuración de aquellos actos, en defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas de los particulares. Y es lógico que sea así porque, de lo contrario, se invertiría el significado y función del recurso de amparo como medio de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos para convertirse en instrumento de los poderes públicos frente a los particulares.»
3. La cuestión principal de este recurso consiste en determinar si el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Puerto del Rosario vulneró, al rechazar a limine la incoación del procedimiento de habeas corpus en su Auto de 19 de marzo del 2013, el derecho a la libertad personal del otrora detenido. Desde esa perspectiva, este Tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse, en reiteradas ocasiones, sobre el reconocimiento constitucional del procedimiento previsto en el art. 17.4 CE y en qué medida puede verse vulnerado este precepto por resoluciones judiciales de inadmisión a trámite. Según esta doctrina (recogida en las SSTC 95/2012, de 7 de mayo, FJ 4 y 88/2011, de 6 de junio, FJ 4), este procedimiento, aun siendo un proceso ágil, sencillo y de cognición limitada, no puede verse reducido en su calidad o intensidad, por lo que es necesario que el control judicial de las privaciones de libertad que se realicen a su amparo sea plenamente efectivo. De lo contrario la actividad judicial no sería un verdadero control, sino un mero expediente ritual o de carácter simbólico, lo cual, a su vez, implicaría un menoscabo en la eficacia de los derechos fundamentales y, en concreto, de la libertad (entre otras, SSTC 93/2006, de 27 de marzo, FJ 3 y 165/2007, de 2 de julio, FJ 4). Por ello, hemos afirmado que la esencia de este proceso consiste, precisamente, en que «el Juez compruebe personalmente la situación de la persona que pida el control judicial, siempre que se encuentre efectivamente detenida, es decir, ‘haber el cuerpo’ de quien se encuentre detenido para ofrecerle una oportunidad de hacerse oír, y ofrecer las alegaciones y pruebas» (STC 37/2008, de 25 de febrero, FJ 3).
De ahí que, aun cuando la Ley Orgánica 6/1984 permita realizar un juicio de admisibilidad previo acerca de la concurrencia de los requisitos para su tramitación, y contemple la posibilidad denegar la incoación del procedimiento, previo dictamen del Ministerio Fiscal, la legitimidad constitucional de tal resolución liminar debe reducirse a los supuestos en los cuales se incumplen los requisitos formales (tanto los presupuestos procesales como los elementos formales de la solicitud) a los que se refiere el art. 4 de la citada Ley Orgánica (SSTC 172/2008, de 18 de diciembre, FJ 3 y 173/2008, de 22 de diciembre, FJ 3, entre otras). Por ello, no es constitucionalmente asumible fundamentar la inadmisión de este procedimiento en la afirmación de que el recurrente no se encuentra ilícitamente privado de libertad, porque el contenido propio de la pretensión formulada en el habeas corpus es, precisamente, la de determinar la licitud o ilicitud de dicha privación [SSTC 35/2008, de 25 de febrero, FJ 2 b) y 147/2008, de 10 de noviembre, FJ 2 b)]. Asimismo, hemos afirmado que la mera referencia a que «no se dan ninguno de los supuestos del art. 1 de la Ley de habeas corpus», como causa de justificación de la inadmisión a trámite de la petición formulada, no permite conocer la razón determinante de la denegación, por lo que una resolución judicial en estos términos, genérica y estereotipada, no ofrece la motivación mínima que es constitucionalmente exigible (STC 86/1996, de 21 de mayo, FJ 9).
Por último, también hemos afirmado que, en supuestos como el presente, la perspectiva de examen que debe adoptarse es única y exclusivamente la de la libertad, puesto que, estando en juego este derecho fundamental, la eventual ausencia de una motivación suficiente y razonable de la decisión no supondría sólo un problema de falta de tutela judicial, propio del ámbito del art. 24.1 CE, sino prioritariamente una cuestión que afecta al derecho a la libertad personal, en cuanto que la suficiencia o razonabilidad de la resolución judicial relativa a la garantía constitucional del procedimiento de habeas corpus, prevista en el art. 17.4 CE, forma parte de la propia garantía (SSTC 61 /2003, de 24 de marzo, FJ 1; 94/2003, de 19 de mayo, FJ 2 y 122/2004, de 12 de julio, FJ 2). Por ello, como hemos razonado en la STC 288/2000, de 27 de noviembre (FJ 7), «si la propia decisión de inadmisión del procedimiento vulnera ya el art. 17.4 CE, resulta irrelevante si esa decisión ha sido adoptada cumpliendo o no el deber de motivación, que rige para mantener una situación de privación de libertad», por lo que resulta innecesario realizar cualquier otra consideración sobre la lesión a la tutela judicial efectiva, por falta de motivación.
Vistos los términos de la solicitud formulada por el entonces detenido, hemos de convenir que el solicitante no invocó, expresamente y con indicación del nomen iuris correspondiente, el apartado concreto del artículo 1 de la citada Ley Orgánica en que residenció la ilegalidad de la detención. Sin embargo, es inconcuso que, quien alega que «no ha hecho nada para estar detenido» pone de manifiesto que la privación de libertad practicada por los agentes policiales se realizó, a su juicio, al margen de los casos normativamente previstos. Tal aseveración es suficientemente ilustrativa acerca del motivo que propició la solicitud de habeas corpus: el contemplado en el apartado a) del artículo 1 de la Ley Orgánica 6/1984, que reputa ilegal la detención practicada por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales.
Por otra parte, es cierto que el procedimiento de habeas corpus no ha sido diseñado para resolver sobre la inocencia o culpabilidad del detenido, como tampoco tiene esa finalidad específica la fase procesal de puesta a disposición judicial del detenido (artículo 520.1 de la Ley de enjuiciamiento criminal: LECrim). Sin embargo, lo que sí constituye el objeto propio del procedimiento antes indicado, en el contexto de la cognición limitada a que anteriormente hemos hecho referencia, es el enjuiciamiento de la legalidad de la detención practicada –en el presente caso, por agentes policiales– para lo cual resulta imprescindible, una vez constatada la concurrencia de los requisitos formales, tramitar el procedimiento conforme a lo establecido en el art. 6 y siguientes de la citada Ley Orgánica, so riesgo, en caso contrario, de desnaturalizar la finalidad propia del referido procedimiento.
1.º Reconocer que se ha vulnerado el derecho a la libertad personal (art. 17.1 y 4 CE) de don Aníbal Rivero Navarro.
2.º Declarar la nulidad, sin retroacción de las actuaciones, de los Autos de fechas 19 de marzo y 16 de abril, ambos del 2013, dictados en el procedimiento de habeas corpus número 389-2013 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Puerto del Rosario.

References: artículo 1
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 124
 resolución 
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 artículo 1
 artículo 1