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BOE.es - Documento BOE-A-2017-2615
Documento BOE-A-2017-2615
«BOE» núm. 59, de 10 de marzo de 2017, páginas 17982 a 17991 (10 págs.)
BOE-A-2017-2615
a) El 5 de enero de 2012 el comisario jefe provincial de la comisaría de Castellón acordó la iniciación de un procedimiento de expulsión contra el demandante de amparo, de nacionalidad venezolana, en aplicación del art. 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEx), que dispone que «constituirá causa de expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados», tras resultar acreditado que había sido condenado a un año de prisión por atentado a agentes de la autoridad, conducta para la que la pena prevista en el Código penal (CP) era en aquella fecha de dos a cuatro años de prisión.
c) Por resolución de 2 de febrero de 2012 del Subdelegado del Gobierno en Castellón se acordó su expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada durante cinco años. La Administración dejó constancia en los antecedentes de la resolución que disponía de autorización de residencia permanente en España, haciendo igualmente referencia a diversos antecedentes policiales y reclamaciones judiciales, pero fundamentó el acuerdo de expulsión, con base en el art. 57.2 LOEx, en la indicada condena a un año de prisión por atentado a agentes de la autoridad, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Castellón. En cuanto a las alegaciones formuladas por el interesado, la Administración se limitaba a señalar que «no desvirtúan el contenido de la presente resolución».
El recurso fue desestimado por sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Castellón el 4 de octubre de 2012. Esta resolución, tras exponer los antecedentes del caso, declara lo siguiente: (i) que no resulta aplicable la excepción prevista en el art. 57.5 de la Ley Orgánica 4/2000 porque solo opera en el supuesto de que la expulsión se imponga como sanción por la comisión de una infracción administrativa, pero no así en casos como el que se resuelve en los que el extranjero ha sido condenado penalmente por una conducta dolosa constitutiva de un delito con pena privativa de libertad superior a un año prevista en el Código penal (art. 57.2 de la Ley Orgánica citada); (ii) que la expulsión, en aplicación del art. 57.2 LOEx, no es una alternativa a la multa, sino que se impone de forma imperativa y como única consecuencia legal posible; (iii) que no cabe extender la citada excepción del art. 57.5 LOEx al supuesto de hecho, dado que de excluirse la expulsión se haría lo propio con la multa, que no está contemplada como alternativa; (iv) que de descartarse la expulsión por la vía del art. 57.5 LOEx se ofrecería una solución jurídica contradictoria y contraria al espíritu de la norma «por cuanto que cabría aplicar y mantener la expulsión (por remisión al art. 54.a, apartado 1 de la Ley Orgánica 4/2000 y a la Ley Orgánica 1/1992) en el caso de encontrarnos ante un extranjero implicado en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, y sin embargo no cabría aplicar y mantener la expulsión cuando se ha condenado a un extranjero por un delito doloso como el de autos, como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, cuando los hechos que motivan dicha condena claramente integran una actividad contraria al orden público»; (v) que de aplicarse dicha excepción se haría de mejor condición al extranjero no comunitario que al extranjero ciudadano comunitario, toda vez que al primero no se le podría expulsar de concurrir alguna de las circunstancias del art. 57.5 LOEx, aunque estuviéramos en el supuesto del artículo 57.2, mientras que sí cabría hacerlo en aplicación del art. 16 del Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, al extranjero ciudadano comunitario que haya sido condenado penalmente por afectar al orden público y a la seguridad pública; (vi) señaladamente, que no es procedente la valoración del arraigo del recurrente cuando se aplica el art. 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000; (vii) que no se ha infringido el principio de proporcionalidad al haberse fijado el período de prohibición de entrada en cinco años, pues se acredita en el caso, con un criterio acorde con la posición mantenida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, en Sentencia de 4 de mayo de 2016, una voluntad deliberadamente rebelde a acatar las reglas establecidas en el ordenamiento español.
El 25 de marzo de 2014 tuvo entrada en el órgano judicial un escrito de la representación procesal del demandante de amparo que fue unido a las actuaciones y que adjuntaba los siguientes documentos, de fecha posterior a la interposición del recurso: (i) Sentencia de 26 de septiembre de 2013 del Juzgado de lo Penal núm. 2 de Castellón, por la que se absuelve al recurrente de la comisión de un posible delito de hurto en grado de tentativa por concurrir la eximente completa del art. 20.1 del Código penal, imponiéndosele la medida de seguridad de libertad vigilada con el contenido de someterse a tratamiento ambulatorio por tiempo de cinco meses; (ii) informe de derivación del hospital de día-salud mental de Vila-real, de fecha 28 de noviembre de 2013; (iii) informe de consulta de fecha 20 de enero de 2014 del Servicio de psiquiatría del CSM de Burriana (Castellón), en el que se hace constar que vive con sus padres y con un familiar y que está en tratamiento con revisiones periódicas inicialmente semanales y en la actualidad mensuales, encontrándose pendiente de acudir al hospital de día para tratamiento, habiéndose «amortiguado mucho sus síntomas más agudos y predomina una clínica residual o deficitaria con apatía, inhibición, hipoactividad y aparagmatismo», manteniendo «una buena alianza terapéutica con el equipo y está dispuesto a acudir al HdD».
El recurso fue desestimado por Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el 10 de febrero de 2015. El pronunciamiento judicial razona que es de aplicación la Directiva 2003/109/CE, según la cual los Estados de la Unión Europea pueden adoptar la decisión de expulsar del territorio a un extranjero no perteneciente a la Unión Europea provisto de permiso de residencia de larga duración, como así lo dispone en el art. 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, pero sólo cuando represente una amenaza actual, real y suficientemente grave contra el orden público del país, lo que exige que la Administración ofrezca una motivación reforzada de la decisión, de tal manera que la condena penal no conlleva de forma directa o automática la expulsión, debiendo considerarse para su adopción, antes bien, los vínculos económicos, afectivos, laborales, etc. En ese sentido, extracta parcialmente la STC 186/2013, de 4 de noviembre, que declara que los jueces ordinarios deben ponderar las circunstancias del caso concreto al interpretar y aplicar el art. 57.2 LOEx, verificando si la decisión de expulsión y el sacrificio que conlleva para la convivencia familiar es proporcional al fin que la medida persigue, que no es otro que asegurar el orden público y la seguridad ciudadana. Y, proyectando lo anterior al caso, razona que la resolución administrativa no tuvo en consideración el estado psíquico del recurrente, y que tampoco el Juez de instancia atendió al informe médico forense aportado, ni al escrito de la Fiscalía Provincial de Castellón en el procedimiento ya citado, que proponía la eximente completa del art. 20.1 CP y la tramitación de la incapacitación del recurrente. Pese a ello, sin embargo, declara después que «no se ha justificado en modo alguno que el actor se haya sometido [a] tratamiento y haya sido incapacitado, ni circunstancias de arraigo familiar puesto que no convive con su familia ni se relaciona con ella», por lo que, concluye «no procede revocar la Sentencia de instancia aunque por otros argumentos, ya que aún justificado que nos encontramos ante una persona con una patología mental grave de tipo psiquiátrico, próximo la esquizofrenia paranoide que debe ser objeto de incapacitación y tratamiento, resulta de acuerdo con el Informe médico Forense una situación en la que puede infringir todas las normas, no comprende el sentido de la pena, puede llevar a cabo futuras acciones, sin control racional constituyendo un efectivo y real peligro para la seguridad y orden público».
Es lo cierto, sin embargo, que la queja de la parte recurrente en cuanto alcanza a dicha Sentencia de apelación, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con fecha 10 de febrero de 2015, no se detiene en esa objeción relativa al objeto del recurso de apelación y los márgenes –en su opinión, excedidos– en el ejercicio de la jurisdicción por el órgano judicial con ocasión del mismo, sino que añade a ello, un reproche dirigido contra la motivación contenida en la propia sentencia dictada en ese grado jurisdiccional, por insuficiencia o incompleta valoración de aquellas circunstancias del sujeto, en una línea de queja, por tanto, equiparable en este punto a la que vino formulando en el proceso judicial desde su origen, y, antes de él, en el curso del procedimiento administrativo, toda vez que le censura de forma coincidente al Tribunal ad quem que no atendiera al conjunto de las circunstancias personales y de arraigo alegadas.
Como tenemos declarado, entre otras muchas, en la STC 172/2016, de 17 de octubre, FJ 2, corresponde únicamente a este Tribunal Constitucional apreciar en cada caso la existencia o inexistencia de esa «especial trascendencia constitucional», esto es, si el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo, atendiendo, conforme al art. 50.1 b) LOTC, a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.
4. En estos supuestos tiene establecido este Tribunal que «el carácter prioritario de la impugnación del acto administrativo, origen y fin del proceso judicial posterior, y la facilitación de una solución más temprana al amparo impetrado, aconsejan que examinemos primero las quejas referidas a aquel acto» (por todas, SSTC 113/2008, de 29 de septiembre, FJ 2, y 131/2016, de 18 de julio, FJ 4). Sin embargo, la coincidente denuncia por el defecto en la motivación, solo puede ser examinada en esta ocasión, según viene de verse en el fundamento jurídico segundo, en los términos que consignó en su pronunciamiento la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha 10 de febrero de 2015, una vez que hemos verificado que éstos, resultaran o no añadidos de modo conforme con los márgenes del ejercicio de la función jurisdiccional y el objeto del recurso de apelación, perviven y dotan de pretendido fundamento a la expulsión, al no haberse cuestionado el eventual exceso cometido por la Sentencia de apelación con el debido agotamiento de la vía judicial previa [art. 44.1 a) LOTC].
Este Tribunal ha recordado en las recientes SSTC 131/2016, de 18 de julio, FJ 6, y 201/2016, de 28 de noviembre, FJ 3, que «el deber de motivación en el ámbito administrativo con relevancia constitucional no sólo se produce en el supuesto de las sanciones administrativas», y que «frente a la regla general, conforme a la cual el deber de motivación de los actos administrativos es un mandato derivado de normas que se mueven en el ámbito de lo que venimos denominando legalidad ordinaria, en determinados supuestos excepcionales tal deber alcanza una dimensión constitucional que lo hace fiscalizable a través del recurso de amparo constitucional». También se ha reiterado en dichas resoluciones que esto ocurre precisamente cuando los actos administrativos limitan o restringen «el ejercicio de derechos fundamentales», pues en tal caso la actuación de la Administración «es tan grave que necesita encontrar una especial causalización y el hecho o el conjunto de hechos que lo justifican deben explicarse con el fin de que los destinatarios conozcan las razones por las cuales su derecho se sacrificó y los intereses a los que se sacrificó» (STC 131/2016, de 18 de junio, FJ 6). Específicamente, se ha destacado que la expulsión del extranjero con residencia de larga duración supone «una clara limitación a derechos fundamentales del actor que, como consecuencia de acordarse su expulsión del territorio nacional, se ha visto privado de su autorización de residencia, lo que implica la alteración de su propia condición de ciudadano y de la posibilidad del ejercicio de los derechos y libertades inherentes a la misma, aparte de las consecuencias que la medida tiene en su vida familiar» (STC 131/2016, de 18 de junio, FJ 6), lo que hace que sea extensible a dicha medida ese deber constitucional de motivación al margen de su eventual naturaleza jurídica sancionadora.
De acuerdo con la doctrina expuesta, la argumentación proporcionada por la resolución administrativa que se impugna, aún complementada con la contenida en las judiciales recurridas, no puede ser aceptada conforme a la cobertura que garantiza el art. 24.1 CE. En efecto, al estar en juego en esta tipología de supuestos una pluralidad de intereses constitucionales (en esta ocasión, vista la patología mental grave concurrente, sobre todo el de la protección de la salud –art. 43.1 CE–, y consiguientemente, de acuerdo con la conexión que realiza nuestra jurisprudencia, también el derecho fundamental a la integridad física –art. 15 CE–), era preciso ponderar todas las circunstancias relevantes en el caso enjuiciado y «tener en cuenta la gravedad de los hechos» (STC 46/2014, de 7 de abril, FJ 7, y 131/2016, de 18 de junio, FJ 6).
(i) De un lado, desde el prisma descrito de las exigencias de motivación en estos supuestos, las resoluciones dictadas por la Administración y el Juzgado de Instancia contienen, en realidad, una mera apariencia de motivación. El recurrente no sólo había puesto de manifiesto circunstancias personales y familiares determinantes de un singular arraigo en España, también había introducido en el acervo probatorio elementos indicativos de una situación de especial vulnerabilidad, motivada por su estado de salud, lo que le hacía enteramente dependiente. Sin embargo, ni ésta ni ninguna otra de las singularidades del asunto en orden a la situación personal del interesado fueron específicamente valoradas por las resoluciones reseñadas. Así, la resolución de 2 de febrero de 2012 del Subdelegado del Gobierno en Castellón fundamentó el acuerdo de expulsión, adoptado con base en el art. 57.2 de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (LOEx), exclusivamente en la condena a un año de prisión por atentado a agentes de la autoridad, impuesta por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Castellón, limitándose a decir en relación con las alegaciones formuladas por el interesado que «no desvirtúan el contenido de la presente resolución». Por su parte, la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Castellón, de 4 de octubre de 2012, declaró que no resulta aplicable a las decisiones amparadas en el art. 57.2 LOEx la excepción prevista en el art. 57.5 de dicha Ley Orgánica 4/2000, que a su juicio solo operaría en caso de que la expulsión se impusiera como sanción por la comisión de una infracción administrativa, pero no cuando el extranjero haya sido condenado penalmente por una conducta dolosa constitutiva de un delito con pena privativa de libertad superior a un año prevista en el Código penal (CP), añadiendo, por si quedara alguna duda, que no es procedente en esas situaciones la valoración del arraigo del interesado, como tampoco, según se deduce del texto de la resolución, las circunstancias restantes que aquí se traen a colación por la parte recurrente.
6. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana razona, aludiendo a jurisprudencia del Tribunal Supremo, que la expulsión impugnada no puede ser confundida con una pena, de la que la separan el fundamento y los fines que persigue el art. 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, que no contempla una sanción, sino que establece que la condena por conducta dolosa, constitutiva de delito sancionable con pena privativa de libertad superior a un año, «constituirá causa de expulsión». Esto así, y a tenor de lo que señalara la reciente STC 201/2016, de 28 de noviembre, FJ 4, la resolución administrativa recurrida, al no tener carácter sancionador, no puede vulnerar el art. 24 CE, sin que ello obste, en cambio, que sí lo hayan lesionado los órganos judiciales, puesto que, en su labor de fiscalización del acto administrativo recurrido, no llevaron a cabo la debida ponderación de las circunstancias que gravaban al recurrente.
2.º Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, anular la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 10 de febrero de 2015, así como la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Castellón, de 4 de octubre de 2012, dictada en el procedimiento abreviado núm. 193-2012.
3.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Castellón, para que dicho órgano judicial se pronuncie de forma respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Dada en Madrid, a treinta de enero de dos mil diecisiete.–Adela Asua Batarrita.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado.

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