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Timestamp: 2018-01-24 07:02:28+00:00

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proyectos de defensa de trabajadores by PODERES Inteligencia Política - issuu
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*4 As A M iv. VA N A C I O N A L
IIIPIII Oficio No. T. 6465-SNJ-12-756
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Quito, 28 de j u n i o d e
Tipo de documento F e c h o recepción Numeradón documento F e c h a ofldo Remitente
Señor Arquitecto Fernando Cordero Cueva PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL En su despacho
R a z ó n social
U2-Jul-2D12
13:0B
t.6465-snl-12-756
28-Jun-2G12 CORREA DELGADO RAFAEL PREBIDENTE CONSTITUCIONAL D É L A REPUBLIC
R e v i s o el s-stado de s u t r a m i t o e n :
De conformidad con el artículo 140 de la Constitución de la República y el Artículo 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento a usted, y, por su intermedio, a la Asamblea Nacional, con la calidad de urgente en materia económica, el proyecto de L E Y P A R A L A D E F E N S A D E L O S D E R E C H O S L A B O R A L E S así como la correspondiente exposición de motivos, para su conocimiento, discusión y aprobación. Con sentimientos de distinguida consideración y estima.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En el Ecuador se ha venido observando una alta conflictividad laboral, entre otras razones, debido a las condiciones precarias en que los trabajadores deben prestar sus servicios, lo que se ha ocasionado por diversos motivos, como la falta de remuneraciones justas, la falta de su pago oportuno, en especial, de los décimos sueldos y utilidades, así como también del incumplimiento de sus empleadores en el pago de las prestaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Un ejemplo es la obligación de los trabajadores domésticos de prestar sus servicios trece días continuos, sin el descanso de la jornada hebdomadaria ni el recargo que aplica al resto de trabajadores, lo que deberá suprimirse de la legislación laboral, por constituir una grave afectación a los derechos laborales. Tales excesos se han evidenciado aún más con dos casos de público conocimiento, estos son, los de Cervecería Nacional y Cemento Nacional, en los cuales, los trabajadores de dichas empresas, pretenden el pago de las utilidades que no les fueron pagadas por varios años. Estas circunstancias se han seguido produciendo, entre otras causas, por la inexistencia de mecanismos adecuados a favor del Estado, para evitar los abusos en contra de los trabajadores, que se encuentran en desventaja frente a sus empleadores incumplidos. Por otro lado, la aludida conflictividad también se ha venido advirtiendo por la falta de acceso a una seguridad social de calidad, entre otras razones, debido a un considerable incumplimiento de las obligaciones patronales con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se ha ido reduciendo, pero no evitado del todo. En este sentido, ante las acciones que pueda tomar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se presenta la dificultad de recaudar el dinero adeudado, en muchos casos, por una acción reprochable de los empleadores, como el ocultamiento de sus bienes, que puede realizarse con la constitución de compañías de papel, administradas por testaferros. Estos escenarios han ido marcando en estos últimos años, las consignas de los trabajadores que han salido a las calles para reclamar por sus derechos conculcados. En este contexto, resulta necesaria la reacción del Estado y sus entidades para evitar las diferentes situaciones que han perjudicando y siguen perjudicando a los trabajadores del país, ya sea en el sector público o privado. Ante lo cual, deben establecerse las medidas que el Estado podrá tomar para impedir los abusos de que son objeto los trabajadores. Así, deberá exigirse con mayor rigor el cumplimiento de las diferentes obligaciones laborales por parte de los empleadores; y, en este contexto, impedirse el ocultamiento de los bienes de los empleadores, a fin de hacer efectiva u responsabilidad para con los trabajadores.
Por consiguiente, y debido a la íntima relación que existe entre el ámbito tributario y laboral en este aspecto, la reforma se orienta al resguardo de las personas trabajadoras, con la verificación del ingreso real de los empleadores, para la determinación exacta del las utilidades de los trabajadores. También han sido perjudicados los trabajadores de los negocios de los juegos de azar que se encontraron obligados a cerrar por el mandato popular del 7 de mayo de 2 0 1 1 , en que se realizaron el referendo y la consulta popular. Desafortunadamente, los empleadores se han negado a cumplir con sus obligaciones laborales, con el empleo de algunas de las prácticas antes enunciadas, para evitar la ejecución de sus bienes. Por lo que, como una acción excepcional del Estado, deberá intervenir para cumplir con las obligaciones y perseguir el reembolso de lo pagado. De esta forma se estará resguardando el derecho de los trabajadores a recibir su justa remuneración oportunamente y a acceder a una seguridad social de calidad, que constituyen responsabilidades primordiales del Estado. Finalmente, la Ley previo la obligación de establecer guarderías, para todas aquellas empresas que cuentan con 50 trabajadores o más. Adicionalmente, estableció la posibilidad de que se reduzca la jornada de las madres durante nueve meses después del parto, en caso de que la empresa no cuente con guarderías. Sin embargo, las referidas disposiciones resultan injustas, pues, por una parte, se resguarda el derecho al acceso a guarderías, pero sin considerar el derecho a la lactancia, lo que sí se advierte para aquellas mujeres que laboren en empresas que no cuenten con las guarderías infantiles. \ Por lo que, tales derechos deben establecerse para todas las madres de manera concurrente y p \ \ s e g ú n las condiciones que fije la Ley.
Que según el Artículo 34 de la Constitución de la República, el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y un deber y responsabilidad primordial del Estado; Que, tal como disponen los números 1 y 3 del Artículo 37 de la Constitución de la República, el Estado garantizará a las personas adultas mayores, entre otros derechos, la atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas, y la jubilación universal; Que por mandato de los Artículos 367 y 368 de la Constitución de la República, el sistema de seguridad social es público y universal, no puede privatizarse y debe atender las necesidades contingentes de la población, para lo cual el Estado normará, regulará y controlará las actividades relacionadas con la seguridad social; Que de conformidad con el número 2 del Artículo 285 de la Constitución de la República, la política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo; Que conforme al Artículo 33 de la Constitución de la República el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía, ante lo cual, el Estado debe garantizar a las personas trabajadoras el respeto pleno, entre otras cosas, a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas; Que según lo dispuesto por el Artículo 104 del Código de Trabajo, para la determinación de las utilidades anuales de las respectivas empresas, se tomarán como base las declaraciones o liquidaciones que se hagan para el efecto del pago del impuesto a la renta; Que a pesar de que existe la atribución para imponer sanciones en caso de incumplimiento en el pago de las utilidades, como la prevista en el Artículo 107 del Código del Trabajo, y la facultad de considerar a las empresas vinculadas como una sola, según lo señalado en el Artículo 103 del mismo código, no se ha podido evitar el incumplimiento de la obligación antes referida por la existencia de testaferros; Que los empleadores también tienden a incumplir con sus obligaciones tributarias con lo que perjudican la determinación de las utilidades de los trabajadores; Que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no se encuentra en capacidad de recaudar los valores pendientes de pago, ya que hay casos en que los empleadores tienden a ocultar sus bienes e ingresos para incumplir con el pago de utilidades;
Que, como consecuencia de lo anterior, la declaración irreal de los empleadores impide el obro de lo que le corresponde a los trabajadores, por concepto de utilidades;
Que hay casos que ni aun cuando los trabajadores logran obtener resoluciones favorables de la justicia, pueden ejecutar adecuadamente tales decisiones, para recibir lo que se les adeuda; Que en este ámbito, por expresa delegación de la ley laboral, se hace necesaria la colaboración de la entidad recaudadora de tributos, para conocer la base sobre la cual los trabajadores podrán reclamar sus utilidades; Que es necesario establecer los mecanismos a través de los cuales el Estado pueda hacer efectiva la responsabilidad de los empleadores, que superen las medidas tomadas por ellos para evadir sus responsabilidades; Que el Artículo 178 del Código Tributario establece que la tercería excluyente suspende el procedimiento coactivo; Que debe impedirse la suspensión de la ejecución, cuando se trate de la evasión de las obligaciones patronales; Que el Artículo 269 del Código del Trabajo establece que los empleados domésticos tienen derecho a un día de descanso cada dos semanas de servicio; Que tal disposición es anacrónica, establece una desigualdad injustificada y viola los derechos de los trabajadores domésticos; Que el Artículo 155 del Código del Trabajo establece la obligación de contar con una guardería, para el caso de aquellas empresas que tengan 50 trabajadores o más; Que en este mismo artículo se prevé como excepción a lo antes mencionado, la posibilidad de que se reduzca la jornada de las madres trabajadoras a 6 horas diarias, durante los 9 meses posteriores al parto, cuando las empresas no cuenten con la guardería, lo que resguarda, solo en este caso, su derecho a la lactancia; Que esta excepción resulta injusta, pues las madres que laboran en lugares donde no cuentan con guardería, únicamente recibirían un beneficio especial durante 9 meses, en defensa de su derecho a la lactancia, pero sin considerar su derecho a acceder a las guarderías infantiles; Que, en el primer caso, en el cual las empresas cuentan con la infraestructura, las madres se benefician de las guardería infantiles, pero, en el caso contrario, se fija una jornada especial, que resguarda el derecho a la lactancia; Que, en este contexto, debe aclararse la disposición antes mencionada, a fin de que se establezcan con precisión, los derechos de lactancia y de acceso a la guardería infantil, para beneficio de todas las madres; Qjáe los dos derechos deben concederse de manera concurrente, según las condiciones que fije Ley;
Que el 7 de mayo de 2 0 1 1 , la ciudadanía se pronunció a favor de la prohibición de los negocios dedicados a juegos de azar; Que, ante tal situación, dichos negocios se encontraron obligados a concluir sus operaciones; Que los propietarios de dichos negocios no han cumplido con sus obligaciones laborales, lo que ha dejado a muchos trabajadores sin el pago de sus correspondientes liquidaciones de haberes e indemnizaciones laborales; Que es necesario, por esta única ocasión y de manera excepcional, que el Estado pague los valores que les corresponden a los trabajadores de dicho sector, en atención a la especial circunstancia que motivó el cierre de los negocios; Que el Estado deberá perseguir el reembolso de lo pagado ante el incumplimiento de los empleadores; y, En ejercicio de la atribución conferida por el número 6 del Artículo 120 de la Constitución de la República, expide la siguiente:
Artículo 1.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hará efectiva la responsabilidad de los empleadores que incurran en mora en el pago de las obligaciones que impidan la atención de los afiliados por parte del Instituto de Seguridad Social, a través de cualquiera de sus prestaciones. Artículo 2.- Las instituciones del Estado que por ley tienen jurisdicción coactiva, con el objeto de hacer efectivo el cobro de sus acreencias, podrán ejercer subsidiariamente su acción no sólo en contra del obligado principal, sino en contra de todos los obligados, incluyendo a sus herederos mayores de edad que no hubieren aceptado la herencia con beneficio de inventario. En el caso de personas jurídicas usadas para defraudar (abuso de la personalidad jurídica), se podrá llegar hasta el último nivel de propiedad, que recaerá siempre sobre personas naturales, quienes responderán con todo su patrimonio, sean o no residentes o domiciliados en el Ecuador.
Las medidas precautelares podrán disponerse en contra de los sujetos mencionados en el inciso anterior y sus bienes. Así mismo, podrán ordenarse respecto de bienes que estando a nombre de terceros son de público conocimiento de propiedad de los referidos sujetos, y siempre y cuando el obligado principal no cumpla con su obligación. Igual atribución tendrán las autoridades de trabajo o los jueces del trabajo para ejecutar las . ^ ^ ^ . e n t e n c i a s dictadas dentro de los conflictos colectivos o individuales de trabajo, en su orden.
Artículo 3 . - Añádase en el Artículo 178 del Código Tributario, un segundo inciso con el texto siguiente: "En el caso de que se trate del embargo de bienes, en uso de la atribución a que se refiere el Artículo 2 de la Ley para la Defensa de los Derechos Laborales, la tercería excluyente no suspenderá la ejecución, sino a partir de que el Tribunal Distrital de lo Fiscal así lo ordene, de existir indicios suficientes de la ilegitimidad del embargo. " Artículo 4.- En el Artículo 104 del Código del Trabajo, añádase el inciso siguiente: "En todos los procesos que siga el Servicio de Rentas Internas, que se hayan iniciado para la recaudación de tributos, se deberá notificar a las respectivas autoridades de trabajo, con la determinación de las utilidades.'" Artículo 5.- Sustituyase el tercer inciso del Artículo 155 del Código del Trabajo, por el siguiente: "Durante los nueve (9) meses posteriores al parto, la jornada de la madre lactante durará seis (6) horas, de conformidad con la necesidad de la beneficiaría." Artículo 6.- Derógase el Artículo 269 del Código del Trabajo. D I S P O S I C I Ó N T R A N S I T O R I A . - El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Relaciones Laborales, de manera excepcional, y por esta única ocasión, previo informe sumario, con liquidación y resolución efectuados por el respectivo Director Regional del Trabajo de la jurisdicción correspondiente, procederá al pago de las indemnizaciones a que se encuentran obligados los empleadores de los casinos y demás salas de juego, en favor de sus respectivos trabajadores, con ocasión de la culminación de sus actividades, en virtud de la disposición del mandato popular del 7 de mayo de 2 0 1 1 , por el que se prohibió los negocios dedicados a juegos de azar. Una vez realizado el pago a cada trabajador, el Ministerio de Relaciones Laborales se subrogará de pleno derecho en las obligaciones por pagar y deberá iniciar los juicios coactivos correspondientes, contra los ex empleadores y sus empresas y personas vinculadas, para recaudar los valores pagados a los trabajadores, teniendo para el efecto, las facultades naladas en el Artículo 2 de esta Ley.
proyectos de defensa de trabajadores
Proyecto de ley económico urgente de defensa de los trabajadores

References: artículo 140
 Artículo 59
 Artículo 34
 Artículo 37
 Artículo 285
 Artículo 33
 Artículo 104
 Artículo 107
 Artículo 103
 Artículo 178
 Artículo 269
 Artículo 155
 Artículo 120

Artículo 1
 Artículo 2

Artículo 3
 Artículo 178
 Artículo 2
 Artículo 4
 Artículo 104
 Artículo 5
 Artículo 155
 Artículo 6
 Artículo 269
 resolución 
 Artículo 2