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Timestamp: 2019-05-22 04:59:30+00:00

Document:
Sentencia nº 05 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 19 de Enero de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 663877381
Número de Expediente: 17-0086
El 19 de enero de 2017, fue recibido en esta Sala Constitucional, escrito contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada, por los ciudadanos J.H.R., DIKSON ORLANDO ESCALANTE, M.M., L.N.G., M.P., C.A.R., D. TORO, A.B., J.G., E.N.A., C.A., C.A.R.L., J.M.M.Y.J.J.H., de nacionalidad venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de la Cédulas de identidad Nos. 11.180.061, 9.245.067, 17.473.687, 13.545.101, 12.950.824, 11.441.652, 6.811.903, 14.148.359, 7.497.740, 11.031.261, 13.828.647, 6.516.071, 5.912.492 y 6.275.299, respectivamente, asistidos por la Procuradora General de Trabajadores, abogada D.A.S., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No 112.552, contra “las vías de hecho y omisiones constituida por un comportamiento de abstención de los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, violentando fundamentalmente los derechos o las garantías constitucionales previstas en los artículos 87, 89, 91 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y directamente las garantías constitucionales contenidas en los artículos 83 y 102 (eiusdem) y 2, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, igualmente contemplados en el marco normativo internacional en los artículos 6 y 12 del convenio CO95 del año 1949, el cual establece la Protección del Salario”.
El 19 de enero de 2017, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado L.F.D.B., quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Los accionantes plantearon la pretensión de amparo constitucional en los siguientes términos:
Que los “(…) los trabajadores y trabajadoras de la Asamblea Nacional, que [vienen] laborando para ese Organismo en larga data ocupando distintos puestos de trabajo como obreros, funcionarios de carrera, personal contratado, jubilados y pensionados; como contraprestación de nuestros servicios [han] venido percibiendo [su] salario de manera regular, continua y permanente a través de cuentas nómina del Banco de Venezuela, bajo la siguiente modalidad, obrero de forma semanal y los funcionarios de carrera, el personal contratado, jubilados y pensionados quincenalmente, sin embargo durante el transcurso del presente año 2.017, la máxima autoridad de la Asamblea Nacional (Junta Directiva), a través de vías de hecho u omisión no ha honrado [su] sagrado derecho del pago de salario, aun cuando [han] cumplido a cabalidad todos [sus] deberes previstos en las leyes que rigen la materia, [colocándolos] en una situación de flagrante vulneración, que no [les] permite a un número de cuatro mil (4.000) trabajadores, trabajadoras y a [su] entorno familiar vivir con dignidad y satisfacción por no cubrir nuestras necesidades básicas. (N. del original).
Que “[c]on esta omisión o abstención de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que de manera directa violenta garantías constitucionales como lo son el derecho a la educación de [sus] hijos e hijas, el derecho a la salud, todo esto en virtud de carecer oportunamente de [sus] legítimos recursos dinerarios para adquirir alimentos tanto para [ellos] como para [sus] familias; además, que muchos de los trabajadores y trabajadoras, así como miembros de su entorno familiar sufren de enfermedades crónicas que requieren la adquisición de medicamentos costosos”.
Que “(…) de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en sus Artículos (sic) 1, 2 y 5; solicita[n] de manera urgente que esa S. ordene el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida que afecta los derechos y garantías constitucionales laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la Asamblea Nacional”.
Que “(…) los trabajadores y trabajadoras anteriormente mencionados se les ha violado de manera flagrante e írritamente por parte de la máxima autoridad de la ASAMBLEA NACIONAL (Junta Directiva), ya que viola, infringe y desconoce derechos y garantías de rango constitucional, que afectan el derecho al salario y de su exigibilidad inmediata, de rango constitucional previsto en nuestra carta magna en sus artículos 87, 89, 91 y 93, siendo un derecho fundamental y esencial en la relación de trabajo como lo es el salario siendo este la retribución que recibe el empleado por prestar sus servicios y que no solo le permite su desarrollo y crecimiento personal, sino cubrir sus necesidades”.
Que “(…) al suspender el pago del salario de los mencionados trabajadores y trabajadoras, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, vulneró flagrantemente la garantía constitucional del debido proceso y derecho a la defensa, contenidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al patentizarse un despido masivo”.
Que “[l]as garantías constitucionales que se denuncian como vulneradas por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional son el debido proceso, derecho a la defensa, el derecho al trabajo, al salario, a la educación y la salud”.
Que “[v]istas las graves violaciones a principios y garantías constitucionales que atentan contra los derechos constitucionales de los aproximadamente cuatro mil (4.000) trabajadores y trabajadoras de la ASAMBLEA NACIONAL, solicit[an] jurando la urgencia del caso, medida cautelar de carácter especialísima y temporal a favor de los trabajadores y trabajadoras antes mencionados con el fin de salvaguardar los derechos infringidos como son el debido proceso, derecho a la defensa, el derecho al trabajo, al salario, a la educación y la salud, en razón de que el Estado Venezolano es democrático y social de Derecho y de justicia, con respecto al pago del salario adeuda a los trabajadores y trabajadoras, sea asumido por el Ejecutivo Nacional, toda vez que resulta conveniente para la protección constitucional, existiendo una grave violación, ello conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales”. (Mayúsculas del original).
Que invocan “(…) la aplicación del criterio vinculante de esa Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, asentado en sentencias de fecha 24 de marzo de 2000, caso Corporación L` Hotels, C.A.; de fecha 26 de enero de 2001, Expediente No 001748, sentencia No 45; de fecha 12 de marzo de 2001, Expediente No 01-0289, sentencia No 330, entre otras, que dispuso que el peticionante de medidas cautelares en los procedimientos de amparo constitucional no está obligado a demostrar la existencia del fumus boni iuris, ni del periculum in mora, dada la celeridad y brevedad que caracterizan el proceso, y que el hecho de acordar o no la medida cautelar solicitada depende del sano criterio del juez, de las máximas de experiencia y del examen detenido de los hechos planteados y del actas procesales”.
Que “(…) visto que la sentencia de la Sala Constitucional N° 2 del 11 de enero de 2017, declaró que: ‘5.- SE ORDENA a los Diputados que conformaron la Junta Directiva del lapso vencido asumir sus funciones directivas y secretariales de la Asamblea Nacional, para que de forma única y exclusiva den cumplimiento a las decisiones de este Máximo Tribunal, en los términos antes expuestos en el presente fallo. En consecuencia, se ordena efectuar las notificaciones correspondientes’, resulta claro que no es posible que la referida directiva o la írritamente constituida, pueda desarrollar efectivamente sus gestiones para el pago de los salarios de los trabajadores de la Asamblea Nacional, por lo que sólo el Ejecutivo Nacional podría garantizar hasta tanto finalice el desacato, el referido pago del salario de los trabajadores de la Asamblea y así se solicita sea declarado”.
Solicitaron “(…) que el presente escrito sea admitido y sustanciado conforme a la ley y valorado en la definitiva declarando con lugar el recurso y consecuencias restituyendo la situación jurídica infringida, con fundamento en lo previsto en los artículos 49, 83, 87, 89, 91, 93 y 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 2, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales igualmente contemplados en el marco normativo internacional en los artículos 6 y 12 del convenio CO95 del año 1949 el cual establece la Protección del Salario”.
Que “[e]l presunto agraviante en el presente caso es la JUNTA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA NACIONAL, en su sede oficial, para lo cual solicit[an] sea formalmente emplazada. Así mismo, solicit[an] conforme a lo previsto en la Ley sean libradas las notificaciones de rigor tanto a la Procuraduría General de la República como a la Fiscalía General de la República, para su participación en el proceso”.
En primer lugar, la Sala debe determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional, para lo cual observa, lo siguiente:
El artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispone que:
Artículo 8.- La Corte Suprema de Justicia conocerá, en única instancia y mediante aplicación de los lapsos y formalidades previstos en la Ley, en la sala de competencia afín con el derecho o garantía constitucionales violados o amenazados de violación, de las acciones de amparo contra los hechos, actos y omisiones emanados del Presidente de la República, de los Ministros, del Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales del país, del F. General de la República, del Procurador General de la República o del Contralor General de la República
En sentencia dictada el 20 de enero del 2000 (Caso: E.M.M. vs. El Ministro y el Vice-Ministro del Interior y Justicia), esta S. dictaminó, respecto a la competencia para conocer de amparos constitucionales, que:
...Corresponde a la Sala Constitucional, por su esencia, al ser la máxima protectora de la Constitución y además ser el garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, de acuerdo con el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el conocimiento directo, en única instancia, de las acciones de amparo a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, incoadas contra los altos funcionarios a que se refiere dicho artículo, así como contra los funcionarios que actúen por delegación de las atribuciones de los anteriores ...
El contenido del artículo citado establece un fuero especial a favor de los titulares de los órganos de mayor jerarquía del Poder Público Nacional, que faculta a esta Sala para conocer de las acciones de amparo intentadas en contra de ellos. En tal virtud, esta S. ha considerado que la enumeración realizada en el artículo transcrito es enunciativa y no taxativa, en tanto que existen órganos con rango similar -dada su naturaleza y atribuciones- a los cuales debe extenderse, necesariamente, la aplicación del fuero especial consagrado en el mismo.
Conocer en única instancia las demandas de amparo constitucional que sean interpuestas contra los altos funcionarios públicos o altas funcionarias públicas nacionales de rango constitucional
Tal es el caso de la Asamblea Nacional, la cual posee un rango similar al de los órganos y funcionarios mencionados en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en razón de que la misma goza de rango constitucional y tiene competencia nacional.
Así las cosas, visto que los accionantes señalan como agraviante a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, como órgano máximo del Poder Legislativo Nacional, esta Sala es competente para darle trámite a la pretensión objeto de estos autos. Así se decide.
. (Destacado del fallo original).
Ahora bien, la Sala, tomando en cuenta la anterior doctrina procede a verificar si, en el caso bajo estudio, lo alegado por los accionantes se refiere a la resolución de un punto de mero derecho y, a tal efecto, observa.
Conoce la Sala de la acción de amparo constitucional ejercida conjuntamente con medida cautelar innominada por los ciudadanos J.H.R., D.O.E., M.M., L.N.G., M.P., C.A.R., D.T., A.B., J.G., E.N.A., C.A., C.A.R.L., J.M.M. y J.J.H., en su condición de trabajadores de la Asamblea Nacional contra las presuntas vías de hecho y omisiones, que atribuyen a la Junta Directiva de dicho órgano legislativo. Al respecto, denuncian los accionantes que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional no ha efectuado el “pago de salario” de sus correspondientes al año 2017.
Ahora bien, a la par de los elementos de convicción cursantes en autos, en los cuales los accionantes consignaron copias de identificaciones como trabajadores de la Asamblea Nacional y copias de las consultas de movimientos de cuentas bancarias, se advierte que resulta un hecho notorio comunicacional que los trabajadores accionantes de la Asamblea Nacional no han recibido el pago de su salario correspondiente al año 2017, (Cfr. http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/17065;http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/16973 y http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/trabajadores-protestaron-para-exigir-pago-quincena_76374, consultadas el 19 de enero de 2017).
En relación al hecho notorio comunicacional, esta Sala Constitucional en sentencia Nº 98 del 15 de marzo de 2000 (caso: O.S.H., estableció que:
Planteado así la realidad de tal hecho y sus efectos, concatenado con la justicia responsable y sin formalismos inútiles que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla; aunado a que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, tal como lo establece el artículo 257 de la vigente Constitución, y que el Estado venezolano es de derecho y de justicia, como lo expresa el artículo 2 ejusdem, en aras a esa justicia expedita e idónea que señala el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de que el hecho comunicacional y su incorporación a los autos de oficio por el juez, no está prevenido expresamente en la ley, ante su realidad y el tratamiento que se viene dando en los fallos a otros hechos, incluso de menos difusión, esta S. considera que para desarrollar un proceso justo, idóneo y sin formalismos inútiles, el sentenciador puede dar como ciertos los hechos comunicacionales con los caracteres que luego se indican, y por ello puede fijar como cierto, los hechos que de una manera uniforme fueron objeto de difusión por los medios de comunicación, considerándolos una categoría de hechos notorios, de corta duración…
Conforme a ello, la Sala considera como un hecho cierto la falta de pago de los salarios de los trabajadores de la Asamblea Nacional correspondientes al año 2017. Al respecto, se advierte que el artículo 26 del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional, consagra: “La Junta Directiva de la Asamblea Nacional tendrá las siguientes funciones: (…) 7.- Dirigir la Asamblea Nacional. (…) 12.- Las demás que sean encomendadas por la Asamblea Nacional y este reglamento”. De igual forma, el artículo 27 dispone que “Son atribuciones del P. o Presidenta de la Asamblea Nacional: (…) 8.- Coordinar, conjuntamente con los Vicepresidentes, los servicios de secretaría, los servicios legislativos, los servicios de comunicación y participación ciudadana y los servicios administrativos, así como disponer lo relativo a la formulación, ejecución y control del presupuesto anual de la Asamblea Nacional. (…) 9.- Decidir todo lo relativo al personal, conforme al Estatuto correspondiente”. Por su parte el Estatuto Funcionarial de la Asamblea Nacional en su artículo 29 señala que “El Presidente de la Asamblea Nacional aprobará la política sobre remuneraciones del personal, contemplará la fijación de sueldos mínimos, intermedios y máximos, a través de un Tabulador de Sueldos, así como las condiciones y requisitos que fundamentarán el incremento de dichas remuneraciones”. Por ende, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y el Presidente, son los encargados de la dirección y administración del personal de dicho órgano legislativo, en el ámbito de sus competencias, recayendo bajo su responsabilidad el pago de los salarios y demás beneficios laborales.
Asimismo, se advierte que conforme al fallo N° 2 del 11 de enero de 2017, esta S. declaró la inconstitucionalidad y nulidad del acto parlamentario celebrado el 5 de enero de 2017, así como el acto celebrado el 9 de enero de 2017, por la Asamblea Nacional con ocasión del nombramiento de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y todos los actos parlamentarios subsecuentes que se generen por contrariar las órdenes de acatamiento a las decisiones de este Máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, en los siguientes términos:
7.- SE DEJA SIN EFECTO el nombramiento írrito de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional celebrado el 05 de enero de 2017, la cual quedó conformada de la siguiente manera: como P., el diputado J.A.B.; como Primer Vice-presidente, el diputado F.G.C. y como segunda Vice-presidenta, la diputada D.F.; como S., el ciudadano J.I.G. y como Sub-secretario, el ciudadano J.L.C..
10.- Cualquier actuación de la Asamblea Nacional y de cualquier órgano o individuo en contra de lo aquí decidido será nula y carente de toda validez y eficacia jurídica, sin menoscabo de la responsabilidad a que hubiere lugar
. (Subrayado agregado).
Como consecuencia del fallo parcialmente transcrito, resulta claro que a la presente fecha, la Junta Directiva se encuentra constituida por el diputado H.R.A., como Presidente de la Asamblea Nacional; el diputado E.M., Primer Vice-presidente y S.C., como Segundo Vice-presidente, cuyas actuaciones se encuentran sometidas al cumplimiento de lo establecido por esta Sala Constitucional, que ordenó a la Asamblea Nacional que “(…) antes de proceder a la Instalación del período de sesiones correspondiente al año 2017, para que la nueva Junta Directiva así como la Asamblea Nacional sustenten la legitimidad de sus actos en aras de otorgarle las condiciones coherentes, objetivas y constitucionales, necesarias para la continuidad de un segundo período anual de sesiones en situaciones normales y así restablecer el orden constitucional flagrantemente lesionado”, por lo que “5.- SE ORDENA a los Diputados que conformaron la Junta Directiva del lapso vencido asumir sus funciones directivas y secretariales de la Asamblea Nacional, para que de forma única y exclusiva den cumplimiento a las decisiones de este Máximo Tribunal, en los términos antes expuestos en el presente fallo. En consecuencia, se ordena efectuar las notificaciones correspondientes” (Cfr. Sentencia de esta Sala N° 2/2017).
Para ello, deben reiterarse los criterios vinculantes que respecto al derecho del trabajo como un hecho social ha desarrollado esta S.. En tal sentido, mediante sentencia N° 790/02, se expuso el alcance del “trabajo como hecho social” a la luz de su mención en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresando lo siguiente:
Observa esta S., que la Constitución de 1999 pretende reforzar las conquistas que -de forma progresiva- se han alcanzado en nuestro país, en el régimen jurídico del trabajo, tanto público como privado, dada la universalidad de los derechos fundamentales y su condición expansiva, que no excluye, sino por el contrario, integra, a grupos o comunidades en el disfrute de éstos, y que viene a sumarse al poco más de medio centenar de Convenios Internacionales del Trabajo, que se han suscrito; en especial, los relativos a la libertad del trabajo (Convenios números 29, de 1930 y 105, de 1957, sobre el trabajo forzoso u obligatorio), a la igualdad (Convenios número 100, sobre igualdad de remuneración, 1951 y número 111, sobre la discriminación-empleo y ocupación-, 1958) y a la libertad sindical (Convenios número 87, sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicación, 1948, y número 98, sobre el derecho de sindicación y protección colectiva, 1949), así como los demás Convenios que cubren una amplia gama de materias, que van desde el empleo, política social, administración del trabajo, relaciones profesionales, condiciones de trabajo, hasta la seguridad social. (Vid. E.M.Q. y F.I., Ob.cit, p.49).
Apunta esta S., que la intención manifiesta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), es la de consagrar una serie de principios y derechos (Artículos 87 al 97), que procuran resguardar un ámbito de seguridad para los trabajadores, indistintamente del régimen al cual estén sometidos, por cuanto no establece distinción alguna; incluso, en el caso del derecho a la negociación colectiva o del derecho a la huelga (Artículos 96 y 97), se niega expresamente la posibilidad de tratamientos diferenciales, al precisar, reforzando lo obvio, que todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público y del privado gozan de los mismos derechos.
De allí que, el derecho al trabajo haya sido considerado en nuestra Constitución como un hecho social, al ser el conductor a través del cual el Estado puede perfeccionarse y brindar una mayor satisfacción al conglomerado social, y la tutela protectiva al trabajador de cualquier clase, se convierte en uno de los pilares que sostiene el derecho social constitucional
(…) Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad…”.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que conforme el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el salario constituye uno de los elementos fundamentales para garantizarle al trabajador y a su familia, una subsistencia digna, lo cual se logra declarando su carácter inembargable y estableciendo la obligación para el patrono de pagarlo periódicamente en moneda de curso legal. De igual manera, insiste la S. en que un salario digno pagado oportunamente, constituye una eficaz protección del trabajo como hecho social fundamental para el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular basado en el esfuerzo conjunto, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz y la promoción de prosperidad moral y económica del pueblo.
Para ello, esta S. en orden a restablecer la situación jurídica infringida declara procedente in limine litis la acción de amparo interpuesta y de conformidad con el régimen aplicable al presente caso y las sentencias de esta Sala Nros. 808/16, 948/16 y 2/17; aunado a la actual situación de emergencia económica (cfr. el Decreto N° 2.667 del 13 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.074 del 13 de enero de 2017) y con fundamento en el artículo 236, numeral 11, que atribuye la al Presidente de la República la competencia para “administrar la Hacienda Pública Nacional”, el único órgano competente con capacidad para afrontar de forma efectiva el pago oportuno de los salarios de los trabajadores de la Asamblea Nacional, es el Ejecutivo Nacional por órgano de la Oficina Nacional de Presupuesto, mientras la Junta Directiva de la Asamblea Nacional se mantenga en desacato de las decisiones de esta Sala Nros. 808/16, 948/16 y 2/17. Así se decide.
- COMPETENTE para conocer de la presente acción de amparo constitucional.
- ADMITE la acción de amparo constitucional ejercida por los ciudadanos J.H.R., DIKSON ORLANDO ESCALANTE, M.M., L.N.G., M.P., C.A.R., D. TORO, A.B., J.G., E.N.A., C.A., C.A.R.L., J.M.M.Y.J.J.H., de nacionalidad venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de la Cédulas de identidad Nos. 11.180.061, 9.245.067, 17.473.687, 13.545.101, 12.950.824, 11.441.652, 6.811.903, 14.148.359, 7.497.740, 11.031.261, 13.828.647, 6.516.071, 5.912.492 y 6.275.299, respectivamente, asistidos por la Procuradora General de Trabajadores, abogada D.A.S., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No 112.552, contra “las vías de hecho y omisiones constituida por un comportamiento de abstención de los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, violentando fundamentalmente los derechos o las garantías constitucionales previstas en los artículos 87, 89, 91 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y directamente las garantías constitucionales contenidas en los artículos 83 y 102 (eiusdem) y 2, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, igualmente contemplados en el marco normativo internacional en los artículos 6 y 12 del convenio CO95 del año 1949, el cual establece la Protección del Salario”.
- PROCEDENTE IN LIMINE LITIS la presente acción de amparo constitucional interpuesta, con EFECTOS EXTENSIVOS a todos los funcionarios (activos y jubilados), empleados, obreros y contratados, de la nómina existente a la presente fecha.
- ORDENA al Ejecutivo Nacional por órgano de la Oficina Nacional de Presupuesto, el pago oportuno de los salarios de los trabajadores de la Asamblea Nacional, mientras la Junta Directiva de la Asamblea Nacional se mantenga en desacato de las decisiones de esta Sala Nros. 808/16, 948/16 y 2/17.
- ORDENA la publicación de la presente decisión en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo sumario deberá señalar: “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara procedente in limine litis la acción de amparo constitucional interpuesta, con efectos extensivos a todos los trabajadores de la Asamblea Nacional y ordena al Ejecutivo Nacional el pago oportuno de los salarios de los trabajadores de dicho órgano legislativo, mientras la Asamblea Nacional se mantenga en desacato de las decisiones de esta Sala Nros. 808/16, 948/16 y 2/17”.
- Se ORDENA notificar de la presente decisión a la Asamblea Nacional, Ministerio Público, C. General de la República y Procuraduría General de la República.
P., regístrese y remítase copia certificada de la presente sentencia a la Asamblea Nacional, Ministerio Público, C. General de la República y Procuraduría General de la República. C. lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de enero de dos mil diecisiete (2017). Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
Decisión nº S-No. de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo. Extensión Tucacas. de Falcon (Extensión Tucacas), de 28 de Febrero de 2008

References: artículo 49
 artículo 5
 artículo 8

Artículo 8
 artículo 335
 artículo 8
 artículo 8
 resolución 
 artículo 26
 artículo 257
 artículo 2
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 27
 artículo 29
 artículo 89
 artículo 91
 artículo 236

Decisión nº