Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:068:FULL&from=ET
Timestamp: 2019-12-09 17:17:44+00:00

Document:
Diario Oficial C 68/22 d
Asunto C-454/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Bélgica) — Proximus SA, anteriormente Belgacom SA/Comuna de Etterbeek (Procedimiento prejudicial — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/20/CE — Artículos 12 y 13 — Tasas administrativas — Cánones por derechos de instalación de recursos — Ámbito de aplicación — Ordenanza municipal — Tasa que grava las antenas de telefonía móvil)
Asunto C-517/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance de Namur — Bélgica) — Proximus SA, anteriormente Belgacom SA, que sustituyó a Belgacom Mobile SA en el procedimiento iniciado a instancia de ésta/Province de Namur (Procedimiento prejudicial — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Directiva 97/13/CE — Artículos 4 y 11 — Directiva 2002/20/CE — Artículo 6 — Condiciones que pueden asociarse a la autorización general y a los derechos de uso de radiofrecuencias y números, y obligaciones específicas — Artículo 13 — Cánones por derechos de instalación de recursos — Ámbito de aplicación — Ordenanza provincial — Tasa que grava las torres y/o unidades de transmisión y de recepción de la red de telefonía móvil)
Asuntos acumulados C-25/14 y C-26/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) — Union des syndicats de l’immobilier (UNIS)/Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) y otros (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL/Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire — CFDT y otros (C-26/14) (Procedimiento prejudicial — Artículo 56 TFUE — Libre prestación de servicios — Principios de igualdad de trato y no discriminación — Obligación de transparencia — Ámbito de aplicación de esa obligación — Convenios colectivos nacionales — Régimen de protección social complementario del régimen general — Designación de un organismo asegurador encargado de la gestión de ese régimen por los interlocutores sociales — Extensión de ese régimen a todos los trabajadores por cuenta ajena y los empresarios de la rama de actividad interesada por orden ministerial — Limitación de los efectos temporales de una resolución prejudicial del Tribunal de Justicia)
Asuntos acumulados C-132/14 a C-136/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de diciembre de 2015 — Parlamento Europeo/Consejo de la Unión Europea [Recurso de anulación — Reglamento (UE) no 1385/2013 — Directiva 2013/62/UE — Directiva 2013/64/UE — Base jurídica — Artículo 349 TFUE — Regiones ultraperiféricas de la Unión Europea — Modificación del estatuto de Mayotte respecto de la Unión Europea]
Asunto C-157/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d'État — Francia) — Neptune Distribution SNC/Ministre de l’Économie et des Finances [Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) no 1924/2006 — Directiva 2009/54/CE — Artículos 11, apartado 1, y 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Protección del consumidor — Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables — Aguas minerales naturales — Contenido en sodio o sal — Cálculo — Cloruro de sodio (sal de mesa) o cantidad total de sodio — Libertad de expresión y de información — Libertad de empresa]
Asunto C-180/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 23 de diciembre de 2015 — Comisión Europea/República Helénica (Incumplimiento de Estado — Directiva 2003/88/CE — Ordenación del tiempo de trabajo — Descanso diario — Descanso semanal — Duración máxima de trabajo semanal)
Asunto C-239/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal du travail de Liège — Bélgica) — Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d’action sociale de Huy (Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Directiva 2005/85/CE — Normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado — Artículo 39 — Derecho a la tutela judicial efectiva — Solicitudes múltiples de asilo — Efecto no suspensivo del recurso contra una decisión de la autoridad nacional competente de no seguir examinando una solicitud de asilo posterior — Protección social — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 19, apartado 2 — Artículo 47)
Asuntos acumulados C-250/14 y C-289/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 23 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d‘État — Francia) — Air France-KLM, anteriormente Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, anteriormente Brit Air (C-289/14)/Ministère des Finances et des Comptes publics (Impuesto sobre el valor añadido — Devengo y exigibilidad — Transporte aéreo — Billete comprado pero no utilizado — Realización de la prestación de transporte — Emisión del billete — Momento de pago del impuesto)
Asunto C-293/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 23 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — Gebhart Hiebler/Walter Schlagbauer (Procedimiento prejudicial — Directiva 2006/123/CE — Ámbito de aplicación ratione materiae — Actividades relacionadas con el ejercicio de la autoridad pública — Profesión de deshollinador — Misiones incluidas en la policía de incendios — Limitación territorial de la autorización para ejercer la profesión — Servicio de interés económico general — Necesidad — Proporcionalidad)
Asunto C-297/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 23 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Rüdiger Hobohm/Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien, S.L. [Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) no 44/2001 — Competencia judicial en materia de contratos celebrados por los consumidores — Artículos 15, apartado 1, letra c), y 16, apartado 1 — Concepto de actividad comercial o profesional dirigida al Estado miembro del domicilio del consumidor — Contrato de mandato celebrado para lograr la consecución del objetivo económico subyacente a un contrato previo de intermediación concluido en el marco de una actividad comercial o profesional dirigida al Estado miembro del domicilio del consumidor — Nexo estrecho]
Asunto C-300/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van beroep te Antwerpen — Bélgica) — Imtech Marine Belgium NV/Radio Hellenic SA [Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) no 805/2004 — Título ejecutivo europeo para créditos no impugnados — Requisitos para la certificación — Derechos del deudor — Revisión de la resolución]
Asunto C-330/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hungría) — Gergely Szemerey/Miniszterelnökséget vezető miniszter, subrogado en los derechos de la Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve [Procedimiento prejudicial — Política agrícola común — Medidas de ayuda al desarrollo rural — Ayudas agroambientales — Reglamento (CE) no 1122/2009 — Artículos 23 y 58 — Reglamento (CE) no 1698/2005 — Reglamento (CE) no 1975/2006 — Ayuda por el cultivo de una especie vegetal rara — Solicitud de pago — Contenido — Exigencia de certificado — Sanciones en caso de no presentación]
Asunto C-333/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 23 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Session (Scotland) — Reino Unido) — Scotch Whisky Association y otros/The Lord Advocate, The Advocate General of Scotland [Procedimiento prejudicial — Organización común de mercados de los productos agrarios — Reglamento (UE) no 1308/2013 — Libre circulación de mercancías — Artículo 34 TFUE — Restricciones cuantitativas — Medidas de efecto equivalente — Precio mínimo de las bebidas alcohólicas calculado sobre la base de la cantidad de alcohol en el producto — Justificación — Artículo 36 TFUE — Protección de la salud y la vida de las personas — Apreciación por el órgano jurisdiccional nacional]
Asunto C-342/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof — Alemania) — X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord (Procedimiento prejudicial — Reconocimiento de las cualificaciones profesionales — Directiva 2005/36/CE — Artículo 5 — Libre prestación de servicios — Directiva 2006/123/CE — Artículos 16 y 17, punto 6 — Artículo 56 TFUE — Sociedad de asesoría fiscal establecida en un Estado miembro y prestadora de servicios en otro Estado miembro — Normativa de un Estado miembro que exige el registro y el reconocimiento de las sociedades de asesoría fiscal)
Asunto C-371/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg — Alemania) — APEX GmbH Internationale Spedition/Hauptzollamt Hamburg-Stadt [Procedimiento prejudicial — Política comercial — Dumping — Encendedores de bolsillo no recargables, de gas y piedra — Reglamento (CE) no 1225/2009 — Artículo 11, apartado 2 — Expiración — Artículo 13 — Elusión — Reglamento de Ejecución (UE) no 260/2013 — Validez — Ampliación de un derecho antidumping a una fecha en la que el reglamento que lo estableció ya no estaba en vigor — Cambio en las características del comercio]
Asunto C-388/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Köln — Alemania) — Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin (Procedimiento prejudicial — Legislación tributaria — Impuesto sobre sociedades — Libertad de establecimiento — Establecimiento permanente no residente — Prevención de la doble imposición mediante la exención de los ingresos del establecimiento permanente no residente — Toma en consideración de las pérdidas registradas por tal establecimiento permanente — Reintegración de las pérdidas precedentemente deducidas en caso de enajenación del establecimiento no residente — Pérdidas definitivas)
Asunto C-402/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Dioikitiko Efeteio Athinon — Grecia) — Viamar — Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE/Elliniko Dimosio (Procedimiento prejudicial — Libre circulación de mercancías — Disposiciones fiscales — Tributos internos — Derechos de aduana de carácter fiscal — Exacciones de efecto equivalente — Trámites conexos al cruce de fronteras — Artículo 30 TFUE — Artículo 110 TFUE — Directiva 92/12/CEE — Artículo 3, apartado 3 — Directiva 2008/118/CE — Artículo 1, apartado 3 — Inexistencia de trasposición en Derecho nacional — Efecto directo — Cobro de un impuesto sobre los automóviles en el momento de su importación en el territorio de un Estado miembro — Impuesto ligado a la matriculación y a la eventual puesta en circulación del vehículo — Negativa a devolver el impuesto en el caso de que el vehículo no se matricule)
Asunto C-407/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba) María Auxiliadora Arjona Camacho/Securitas Seguridad España, S.A. (Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2006/54/CE — Igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación — Despido discriminatorio — Artículo 18 — Indemnización o reparación efectiva del perjuicio sufrido — Carácter disuasorio — Artículo 25 — Sanciones — Daños punitivos)
Asunto C-419/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hungría) — WebMindLicenses kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság [Procedimiento prejudicial — Impuesto sobre el valor añadido — Directiva 2006/112/CE — Artículos 2, 24, 43, 250 y 273 — Lugar de la prestación de servicios efectuada por vía electrónica — Fijación artificial de ese lugar mediante un montaje carente de realidad económica — Abuso de derecho — Reglamento (UE) no 904/2010 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 7, 8, 41, 47, 48, 51, apartado 1, y 52, apartados 1 y 3 — Derecho de defensa — Derecho a ser oído — Utilización por la administración tributaria de pruebas obtenidas en el marco de un procedimiento penal paralelo y no concluido, sin conocimiento del sujeto pasivo — Interceptaciones de telecomunicaciones e incautaciones de correos electrónicos]
Asunto C-595/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 23 de diciembre de 2015 — Parlamento Europeo/Consejo de la Unión Europea (Recurso de anulación — Sustitución durante la sustanciación del proceso de la decisión impugnada — Objeto del recurso — Cooperación policial y judicial en materia penal — Aplicación de medidas de control a una nueva sustancia psicotrópica — Marco jurídico aplicable desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa — Disposiciones transitorias — Consulta al Parlamento Europeo)
Asunto C-605/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein oikeus — Finlandia) — Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu/Pekka Komu, Jelena Komu [Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) no 44/2001 — Ámbito de aplicación — Competencias exclusivas — Artículo 22, punto 1 — Litigio en materia de derechos reales inmobiliarios — Concepto — Demanda de disolución de una copropiedad indivisa sobre bienes inmuebles mediante su venta]
Asunto C-58/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 23 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Alemania) — Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart [Procedimiento prejudicial — Agricultura — Inspecciones sanitarias — Controles oficiales de piensos y alimentos — Financiación de los controles — Gastos de inspección vinculados con las operaciones de sacrificio — Reglamento (CE) no 882/2004 — Directiva 85/73/CEE — Posibilidad de recaudar un importe para cubrir el coste efectivo de los gastos de inspección que sea mayor que los montantes de las tasas previstas por dicha Directiva]
Asunto C-580/14: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Berlin — Alemania) — Sandra Bitter, administradora concursal de Ziegelwerk Höxter GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Procedimiento prejudicial — Directiva 2003/87/CE — Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero — Multa por exceso de emisiones — Proporcionalidad)
Asunto C-352/15 P: Recurso de casación interpuesto el 12 de mayo de 2015 por Edward Guja contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 14 de abril de 2015 en el asunto T-823/14, Guja/Polonia
Asunto C-357/15: Recurso interpuesto el 10 de julio de 2015 — Comisión/Eslovenia
Asunto C-614/15: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Craiova (Rumanía) el 20 de noviembre de 2015 — Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj
Asunto C-631/15: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (España) el 27 de noviembre de 2015 — Carlos Álvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias
Asunto C-632/15: Petición de decisión prejudicial planteada por la Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumanía) el 30 de noviembre de 2015 — Costin Popescu/Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
Asunto C-642/15 P: Recurso de casación interpuesto el 2 de diciembre de 2015 por Toni Klement contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 24 de septiembre de 2015 en el asunto T-211/14, Toni Klement/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
Asunto C-668/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Vestre Landsret (Dinamarca) el 14 de diciembre de 2015 — Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, actuando en nombre de Ismar Huskic
Asunto C-687/15: Recurso interpuesto el 17 de diciembre de 2015 — Comisión Europea/Consejo de la Unión Europea
Asunto T-512/12: Sentencia del Tribunal General de 10 de diciembre de 2015 — Frente Polisario/Consejo (Relaciones exteriores — Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y Marruecos — Liberalización recíproca en materia de productos agrícolas, productos agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca — Aplicación del acuerdo al Sáhara occidental — Frente Polisario — Recurso de anulación — Capacidad de ejercitar la acción — Afectación directa e individual — Admisibilidad — Conformidad con el Derecho internacional — Obligación de motivación — Derecho de defensa)
Asunto T-379/14: Auto del Tribunal General de 17 de diciembre de 2015 — Universal Music/OAMI — Yello Strom (Yellow Lounge) (Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Retirada de la oposición — Sobreseimiento)
Asunto T-534/14: Auto del Tribunal General de 17 de diciembre de 2015 — Murnauer Markenvertrieb/OAMI — Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten) (Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Retirada de la oposición — Sobreseimiento)
Asunto T-850/14: Auto del Tribunal General de 18 de diciembre de 2015 — CompuGroup Medical/OAMI — Schatteiner (SAM) (Recurso de anulación — Marca comunitaria — Plazo para presentar el recurso — Inicio del cómputo — Notificación de la resolución de la Sala de Recurso sobre la cuenta electrónica ante la OAMI del representante de la demandante — Extemporaneidad — Inexistencia de fuerza mayor o de caso fortuito — Inadmisibilidad manifiesta)
Asunto T-357/15 P: Auto del Tribunal General de 17 de diciembre de 2015 — García Mínguez/Comisión [Recurso de casación — Función pública — Selección — Concurso interno de la Comisión abierto a los agentes temporales de la Institución — Inadmisión de un agente temporal de una agencia ejecutiva — Artículo 29, apartado 1, letra b), del Estatuto — Igualdad de trato — Recurso de casación manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno]
Asunto T-627/15: Recurso interpuesto el 11 de noviembre de 2015 — Frame/OAMI — Bianca-Moden (BIANCALUNA)
Asunto T-702/15: Recurso interpuesto el 3 de diciembre de 2015 — BikeWorld/Comisión
Asunto T-704/15: Recurso interpuesto el 28 de noviembre de 2015 — Micula y otros/Comisión
Asunto T-721/15: Recurso interpuesto el 9 de diciembre de 2015 — BASF/OAMI — Evonik Industries (DINCH)
Asunto T-724/15: Recurso interpuesto el 4 de diciembre de 2015 — Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft/Comisión
Asunto T-725/15: Recurso interpuesto el 11 de diciembre de 2015 — Chemtura Netherlands/EFSA
Asunto T-731/15: Recurso interpuesto el 12 de diciembre de 2015 — Klyuyev/Consejo
Asunto T-733/15: Recurso interpuesto el 16 de diciembre de 2015 — República Portuguesa/Comisión
Asunto T-734/15 P: Recurso de casación interpuesto el 17 de diciembre de 2015 por la Comisión Europea contra la sentencia dictada el 6 de octubre de 2015 por el Tribunal de la Función Pública en el asunto F-119/14, FE/Comisión
Asunto T-735/15: Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 2015 — The Art Company B & S/OAMI — Manifatture Daddato y Laurora (SHOP ART)
Asunto T-741/15: Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 2015 — British Aggregates y otros/Comisión
Asunto T-749/15: Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2015 — Nausicaa Anadyomène y Banque d’Escompte/BCE
Asunto T-751/15: Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2015 — Contact Software/Comisión
Asunto T-752/15: Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2015 — European Dynamics Luxembourg y Evropaïki Dynamiki/Comisión
Asunto T-758/15: Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2015 — EDF Toruń/Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)
Asunto T-761/15: Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 2015 — Sogepa/Comisión
Asunto T-764/15: Recurso interpuesto el 29 de diciembre de 2015 — Deutsche Lufthansa/Comisión
Asunto T-765/15: Recurso interpuesto el 30 de diciembre de 2015 — BelTechExport/Consejo
Asunto F-143/15: Recurso interpuesto el 19 de noviembre de 2015 — ZZ/Parlamento
Asunto F-146/15: Recurso interpuesto el 27 de noviembre de 2015 — ZZ/Parlamento
Asunto F-147/15: Recurso interpuesto el 17 de diciembre de 2015 — ZZ/Parlamento
Asunto F-149/15: Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2015 — ZZ/Comisión
Asunto F-108/15: Auto del Tribunal de la Función Pública de 12 de enero de 2016 — Vermoesen y Herkens/Comisión
DO C 59 de 15.2.2016
DO C 48 de 8.2.2016
DO C 38 de 1.2.2016
DO C 27 de 25.1.2016
DO C 16 de 18.1.2016
DO C 7 de 11.1.2016
DO C 429 de 21.12.2015
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Bélgica) — Proximus SA, anteriormente Belgacom SA/Comuna de Etterbeek
(Asunto C-454/13) (1)
((Procedimiento prejudicial - Redes y servicios de comunicaciones electrónicas - Directiva 2002/20/CE - Artículos 12 y 13 - Tasas administrativas - Cánones por derechos de instalación de recursos - Ámbito de aplicación - Ordenanza municipal - Tasa que grava las antenas de telefonía móvil))
Demandante: Proximus SA, anteriormente Belgacom SA
Demandada: Comuna de Etterbeek
Los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que una tasa como la controvertida en el litigio principal se aplique a toda persona física o jurídica que sea titular de un derecho real o de un derecho de explotación sobre una antena de telefonía móvil.
(1) DO C 313 de 26.10.2013.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance de Namur — Bélgica) — Proximus SA, anteriormente Belgacom SA, que sustituyó a Belgacom Mobile SA en el procedimiento iniciado a instancia de ésta/Province de Namur
(Asunto C-517/13) (1)
((Procedimiento prejudicial - Redes y servicios de comunicaciones electrónicas - Directiva 97/13/CE - Artículos 4 y 11 - Directiva 2002/20/CE - Artículo 6 - Condiciones que pueden asociarse a la autorización general y a los derechos de uso de radiofrecuencias y números, y obligaciones específicas - Artículo 13 - Cánones por derechos de instalación de recursos - Ámbito de aplicación - Ordenanza provincial - Tasa que grava las torres y/o unidades de transmisión y de recepción de la red de telefonía móvil))
Demandante: Proximus SA, anteriormente Belgacom SA, que sustituyó a Belgacom Mobile SA en el procedimiento iniciado a instancia de ésta
Demandada: Province de Namur
Los artículos 6 y 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que una tasa como la controvertida en el litigio principal se aplique a la persona física o jurídica que explota una torre y/o una unidad de transmisión y de recepción de la red de telefonía móvil.
(1) DO C 352 de 30.11.2013.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) — Union des syndicats de l’immobilier (UNIS)/Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) y otros (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL/Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire — CFDT y otros (C-26/14)
(Asuntos acumulados C-25/14 y C-26/14) (1)
((Procedimiento prejudicial - Artículo 56 TFUE - Libre prestación de servicios - Principios de igualdad de trato y no discriminación - Obligación de transparencia - Ámbito de aplicación de esa obligación - Convenios colectivos nacionales - Régimen de protección social complementario del régimen general - Designación de un organismo asegurador encargado de la gestión de ese régimen por los interlocutores sociales - Extensión de ese régimen a todos los trabajadores por cuenta ajena y los empresarios de la rama de actividad interesada por orden ministerial - Limitación de los efectos temporales de una resolución prejudicial del Tribunal de Justicia))
Demandantes: Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL (C-26/14)
Demandadas: Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) y otros (C-25/14), Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire — CFDT y otros (C-26/14)
La obligación de transparencia que deriva del artículo 56 TFUE se opone a la extensión por un Estado miembro a todos los empresarios y los trabajadores por cuenta ajena en una rama de actividad de un acuerdo colectivo concluido por las organizaciones representativas de empresarios y de trabajadores por cuenta ajena para una rama de actividad, que atribuye a un único operador económico, elegido por los interlocutores sociales, la gestión de un régimen de previsión complementaria obligatorio establecido a favor de los trabajadores por cuenta ajena, sin que la normativa nacional prevea una publicidad adecuada que permita a la autoridad pública competente tener plenamente en cuenta las informaciones presentadas, concernientes a la existencia de una oferta más ventajosa.
Los efectos de la presente sentencia no afectarán a los acuerdos colectivos por los que se designó a un organismo único para la gestión de un régimen de previsión complementaria, que fueron declarados obligatorios por una autoridad pública para todos los empresarios y los trabajadores por cuenta ajena de una rama de actividad antes de la fecha del pronunciamiento de la presente sentencia, sin perjuicio de los recursos jurisdiccionales interpuestos antes de esa fecha.
(1) DO C 85 de 22.3.2014.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de diciembre de 2015 — Parlamento Europeo/Consejo de la Unión Europea
(Asuntos acumulados C-132/14 a C-136/14) (1)
([Recurso de anulación - Reglamento (UE) no 1385/2013 - Directiva 2013/62/UE - Directiva 2013/64/UE - Base jurídica - Artículo 349 TFUE - Regiones ultraperiféricas de la Unión Europea - Modificación del estatuto de Mayotte respecto de la Unión Europea])
Demandantes: Parlamento Europeo (representantes: I. Liukkonen, L. Visaggio y J. Rodrigues, agentes), Comisión Europea (representantes: R. Lyal, W. Mölls, D. Bianchi y D. Martin, agentes)
Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: A. Westerhof Löfflerová, E. Karlsson, F. Florindo Gijón y J. Czuczai, agentes)
Partes coadyuvantes en apoyo de la parte demandada: Reino de España (representante: M. Sampol Pucurull, agente), República Francesa (representantes: G. de Bergues, F. Fize, D. Colas y N. Rouam, agentes), República Portuguesa (representantes: L. Inez Fernandes, B. Andrade Corre, M. Duartes y S. Marques, agentes)
Desestimar los recursos interpuestos en los asuntos C-132/14 a C-136/14.
Condenar al Parlamento Europeo a cargar con las costas del Consejo de la Unión Europea en los asuntos C-132/14 y C-136/14.
Condenar a la Comisión Europea a cargar con las costas del Consejo de la Unión Europea en los asuntos C-133/14 a C-135/14.
El Reino de España, la República Francesa y la República Portuguesa cargarán con sus propias costas.
(1) DO C 175 de 10.6.2014.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d'État — Francia) — Neptune Distribution SNC/Ministre de l’Économie et des Finances
(Asunto C-157/14) (1)
([Procedimiento prejudicial - Reglamento (CE) no 1924/2006 - Directiva 2009/54/CE - Artículos 11, apartado 1, y 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Protección del consumidor - Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables - Aguas minerales naturales - Contenido en sodio o sal - Cálculo - Cloruro de sodio (sal de mesa) o cantidad total de sodio - Libertad de expresión y de información - Libertad de empresa])
Demandante: Neptune Distribution SNC
Demandada: Ministre de l’Économie et des Finances
El artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, según su modificación por el Reglamento (CE) no 107/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, puesto en relación con el anexo del mismo Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que prohíbe utilizar la declaración «muy bajo contenido de sodio/sal» y cualquier otra declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, en lo que concierne a las aguas minerales naturales y las otras aguas.
El artículo 9, apartado 2, de la Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales, puesto en relación con el anexo III de la misma Directiva, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que los envases, las etiquetas y la publicidad de las aguas minerales naturales contengan declaraciones o menciones tendentes a hacer creer al consumidor que las aguas referidas tienen un bajo contenido de sodio o de sal o que están indicadas para dietas pobres en sodio, cuando el contenido total de sodio en todas las formas químicas presentes sea igual o superior a 20 mg/l.
El examen de la segunda cuestión no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez del artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2009/54, puesto en relación con el anexo III de ésta y con el anexo del Reglamento no 1924/2006.
(1) DO C 184, de 16.6.2014.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 23 de diciembre de 2015 — Comisión Europea/República Helénica
(Asunto C-180/14) (1)
((Incumplimiento de Estado - Directiva 2003/88/CE - Ordenación del tiempo de trabajo - Descanso diario - Descanso semanal - Duración máxima de trabajo semanal))
Demandante: Comisión Europea (representantes: M. Patakia y M. van Beck, agentes)
Demandada: República Helénica (representantes: A. Samoni-Rantou, N. Dafniou y S. Vodina, agentes)
La República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3, 5 y 6 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, al no haber asegurado un período mínimo de descanso diario ni un período de descanso compensatorio que debe hacerse efectivo inmediatamente después del tiempo adicional de trabajo que se supone que debe compensar.
(1) DO C 184 de 16.6.2014.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal du travail de Liège — Bélgica) — Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d’action sociale de Huy
(Asunto C-239/14) (1)
((Procedimiento prejudicial - Espacio de libertad, seguridad y justicia - Directiva 2005/85/CE - Normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado - Artículo 39 - Derecho a la tutela judicial efectiva - Solicitudes múltiples de asilo - Efecto no suspensivo del recurso contra una decisión de la autoridad nacional competente de no seguir examinando una solicitud de asilo posterior - Protección social - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículo 19, apartado 2 - Artículo 47))
Demandante: Abdoulaye Amadou Tall
Demandada: Centre public d’action sociale de Huy
En el que participa: Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)
El artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado, en relación con los artículos 19, apartado 2, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una legislación nacional que no confiere efecto suspensivo a un recurso interpuesto contra una decisión, como la controvertida en el litigio principal, de no seguir examinando una solicitud de asilo posterior.
(1) DO C 233 de 14.7.2014.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 23 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d‘État — Francia) — Air France-KLM, anteriormente Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, anteriormente Brit Air (C-289/14)/Ministère des Finances et des Comptes publics
(Asuntos acumulados C-250/14 y C-289/14) (1)
((Impuesto sobre el valor añadido - Devengo y exigibilidad - Transporte aéreo - Billete comprado pero no utilizado - Realización de la prestación de transporte - Emisión del billete - Momento de pago del impuesto))
Demandantes: Air France-KLM, anteriormente Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, anteriormente Brit Air (C-289/14)
Demandada: Ministère des Finances et des Comptes publics
Los artículos 2, punto 1, y 10, apartado 2, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en sus versiones modificadas por la Directiva 1999/59/CE del Consejo, de 17 de junio de 1999, y posteriormente por la Directiva 2001/115/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, deben interpretarse en el sentido de que la emisión de billetes por una compañía aérea está sujeta al impuesto sobre el valor añadido aun en caso de que los pasajeros no hayan utilizado los billetes emitidos y no puedan reclamar su reembolso.
Los artículos 2, punto 1, y 10, apartado 2, párrafos primero y segundo, de la Sexta Directiva, en sus versiones modificadas por la Directiva 1999/59 y posteriormente por la Directiva 2001/115, deben interpretarse en el sentido de que el impuesto sobre el valor añadido soportado por un pasajero cuando compró un billete de avión que no ha utilizado es exigible desde el momento del cobro del precio del billete, bien sea por la propia compañía aérea, bien por un tercero que actúe en nombre y por cuenta de ésta o bien por un tercero que actúe en nombre propio pero por cuenta de la compañía aérea.
Los artículos 2, punto 1, y 10, apartado 2, de la Sexta Directiva, en sus versiones modificadas por la Directiva 1999/59 y posteriormente por la Directiva 2001/115, deben interpretarse en el sentido de que, si un tercero comercializa los billetes de una compañía aérea por cuenta de ésta en el marco de un contrato de franquicia y abona a esta compañía, en concepto de billetes emitidos y caducados, una cantidad a tanto alzado calculada mediante la aplicación de un porcentaje sobre el volumen de negocios anual realizado con las correspondientes líneas aéreas, dicha cantidad está sujeta al impuesto por tratarse de la contraprestación de esos billetes.
DO C 261 de 11.8.2014.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 23 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — Gebhart Hiebler/Walter Schlagbauer
(Asunto C-293/14) (1)
((Procedimiento prejudicial - Directiva 2006/123/CE - Ámbito de aplicación ratione materiae - Actividades relacionadas con el ejercicio de la autoridad pública - Profesión de deshollinador - Misiones incluidas en la «policía de incendios» - Limitación territorial de la autorización para ejercer la profesión - Servicio de interés económico general - Necesidad - Proporcionalidad))
Recurrente: Gebhart Hiebler
Recurrida: Walter Schlagbauer
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, debe interpretarse en el sentido de que cubre el ejercicio de una profesión, como la de deshollinador controvertida en el litigio principal, en su conjunto, aun cuando esta profesión implica el desempeño no sólo de actividades económicas privadas, sino también de misiones incluidas en la «policía de incendios».
Los artículos 10, apartado 4, y 15, apartados 1, 2, letra a), y 3, de la Directiva 2006/123 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que limita la autorización para el ejercicio de la profesión de deshollinador, en su conjunto, a una zona geográfica determinada, de modo que esta normativa no persigue de manera coherente y sistemática el cumplimiento del objetivo de protección de la salud pública, lo que incumbe comprobar al tribunal remitente.
El artículo 15, apartado 4, de la Directiva 2006/123 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a tal normativa en el supuesto de que las misiones incluidas en la «policía de incendios» deban calificarse de misiones vinculadas a un servicio de interés económico general, siempre que la limitación territorial prevista sea necesaria y proporcionada al ejercicio de dichas misiones en condiciones económicamente viables. Corresponde al tribunal remitente proceder a tal apreciación.
(1) DO C 303, de 8.9.2014.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 23 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Rüdiger Hobohm/Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien, S.L.
(Asunto C-297/14) (1)
([Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil y mercantil - Reglamento (CE) no 44/2001 - Competencia judicial en materia de contratos celebrados por los consumidores - Artículos 15, apartado 1, letra c), y 16, apartado 1 - Concepto de actividad comercial o profesional «dirigida al» Estado miembro del domicilio del consumidor - Contrato de mandato celebrado para lograr la consecución del objetivo económico subyacente a un contrato previo de intermediación concluido en el marco de una actividad comercial o profesional «dirigida al» Estado miembro del domicilio del consumidor - Nexo estrecho])
Demandante: Rüdiger Hobohm
Demandadas: Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien, S.L.
El artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en la medida en que contempla los contratos celebrados en el marco de una actividad comercial o profesional «dirigida» por un profesional «al» Estado miembro del domicilio del consumidor, en relación con el artículo 16, apartado 1, de dicho Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que puede aplicarse a un contrato, celebrado entre un consumidor y un profesional, que no se halla comprendido como tal en el ámbito de la actividad comercial o profesional «dirigida» por ese profesional «al» Estado miembro del domicilio del consumidor, pero que presenta un nexo estrecho con un contrato celebrado anteriormente entre las mismas partes en el marco de dicha actividad. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si concurren los elementos constitutivos de ese nexo y, en particular, la identidad fáctica o jurídica de las partes de los dos contratos, la identidad del objetivo económico que ambos contratos, orientados al mismo objeto concreto, se proponen conseguir y la complementariedad del segundo contrato con respecto al primero, en la medida en que tiene por fin facilitar la satisfacción del objetivo económico subyacente a este último contrato.
(1) DO C 303 de 8.9.2014.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van beroep te Antwerpen — Bélgica) — Imtech Marine Belgium NV/Radio Hellenic SA
(Asunto C-300/14) (1)
([Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Reglamento (CE) no 805/2004 - Título ejecutivo europeo para créditos no impugnados - Requisitos para la certificación - Derechos del deudor - Revisión de la resolución])
Demandante: Imtech Marine Belgium NV
Demandada: Radio Hellenic SA
El artículo 19 del Reglamento (CE) no 805/2004 el Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, leído a la luz del artículo 288 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que no impone a los Estados miembros la obligación de establecer en su Derecho interno un procedimiento de revisión como el previsto en el referido artículo 19.
El artículo 19, apartado 1, del Reglamento no 805/2004 debe interpretarse en el sentido de que, para proceder a la certificación como título ejecutivo europeo de una resolución dictada en rebeldía, el juez que conoce de tal solicitud debe asegurarse de que su Derecho interno permite efectivamente y en todo caso llevar a cabo una revisión plena, tanto desde el punto de vista jurídico como fáctico, de tal resolución en los dos supuestos contemplados por la referida disposición y que permite prorrogar los plazos para interponer recurso contra una resolución relativa a un crédito no impugnado, no sólo en casos de fuerza mayor, sino también cuando concurren otras circunstancias extraordinarias, independientes de la voluntad del deudor, que le hayan impedido impugnar el crédito controvertido.
El artículo 6 del Reglamento no 805/2004 debe interpretarse en el sentido de que la certificación de una resolución como título ejecutivo europeo, que puede solicitarse en cualquier momento, debe quedar reservada al juez.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hungría) — Gergely Szemerey/Miniszterelnökséget vezető miniszter, subrogado en los derechos de la Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
(Asunto C-330/14) (1)
([Procedimiento prejudicial - Política agrícola común - Medidas de ayuda al desarrollo rural - Ayudas agroambientales - Reglamento (CE) no 1122/2009 - Artículos 23 y 58 - Reglamento (CE) no 1698/2005 - Reglamento (CE) no 1975/2006 - Ayuda por el cultivo de una especie vegetal rara - Solicitud de pago - Contenido - Exigencia de certificado - Sanciones en caso de no presentación])
Demandante: Gergely Szemerey
Demandada: Miniszterelnökséget vezető miniszter, subrogado en los derechos de la Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
El artículo 23 del Reglamento (CE) no 1122/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo en lo referido a la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control en los regímenes de ayuda directa a los agricultores establecidos por ese Reglamento, y normas de desarrollo del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en lo referido a la condicionalidad en el régimen de ayuda establecido para el sector vitivinícola, en relación con los Reglamentos (CE) no 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 473/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, y (CE) no 1975/2006 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento no 1698/2005 en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 484/2009 de la Comisión, de 9 de junio de 2009, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, exija que el solicitante de una ayuda agroambiental presente al organismo pagador, al mismo tiempo que su solicitud de ayuda, un certificado relativo a la especie vegetal rara que le da derecho al pago de esta ayuda, siempre que esa normativa haya permitido a los operadores afectados cumplir sus requisitos en condiciones razonables, lo que corresponde comprobar al tribunal remitente.
El artículo 58, párrafo tercero, del Reglamento no 1122/2009 debe interpretarse en el sentido de que la sanción prevista en esa disposición no es aplicable al solicitante de una ayuda agroambiental que no acompaña su solicitud de ayuda de un documento, como el certificado controvertido en el litigio principal, que le da derecho al pago de dicha ayuda. El artículo 23, apartado 1, párrafo tercero, de dicho Reglamento debe interpretarse en el sentido de que tal omisión conduce, en principio, a la inadmisibilidad de la solicitud de pago de la ayuda agroambiental.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 23 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Session (Scotland) — Reino Unido) — Scotch Whisky Association y otros/The Lord Advocate, The Advocate General of Scotland
(Asunto C-333/14) (1)
([Procedimiento prejudicial - Organización común de mercados de los productos agrarios - Reglamento (UE) no 1308/2013 - Libre circulación de mercancías - Artículo 34 TFUE - Restricciones cuantitativas - Medidas de efecto equivalente - Precio mínimo de las bebidas alcohólicas calculado sobre la base de la cantidad de alcohol en el producto - Justificación - Artículo 36 TFUE - Protección de la salud y la vida de las personas - Apreciación por el órgano jurisdiccional nacional])
Demandantes: Scotch Whisky Association, spiritsEUROPE, Comité de la Communauté économique européenne des Industries et du Commerce des Vins, Vins aromatisés, Vins mousseux, Vins de liqueur et autres Produits de la Vigne (CEEV)
Demandadas: The Lord Advocate, The Advocate General of Scotland
El Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) no 1234/2007, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una medida nacional, como la controvertida en el litigio principal, que fija un precio mínimo por unidad de alcohol para la venta al por menor de vinos, siempre que esta medida sea efectivamente adecuada para garantizar el objetivo de protección de la salud y la vida de las personas y que, teniendo en cuenta los objetivos de la política agraria común y del correcto funcionamiento de la organización común de los mercados agrícolas, no vaya más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo de protección de la salud y la vida de las personas.
Los artículos 34 TFUE y 36 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro, para perseguir el objetivo de protección de la salud y la vida de las personas a través del aumento del precio del consumo de alcohol, opte por una normativa, como la controvertida en el litigio principal, que fija un precio mínimo por unidad de alcohol para la venta al por menor de bebidas alcohólicas y descarta una medida que puede ser menos restrictiva del comercio y de la competencia en el interior de la Unión Europea, como un incremento de los impuestos especiales. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si éste es efectivamente el caso a la vista de un análisis circunstanciado de todos los elementos pertinentes del asunto en el que debe pronunciarse. El hecho de que esta última medida pueda aportar beneficios adicionales y de que responda de manera más amplia al objetivo de la lucha contra el consumo excesivo de alcohol no justifica que sea descartada.
El artículo 36 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, al examinar una normativa nacional con respecto a la justificación relativa a la protección de la salud y la vida de las personas, en el sentido de este artículo, un órgano jurisdiccional nacional debe examinar objetivamente si las pruebas presentadas por el Estado miembro interesado permiten razonablemente considerar que los medios elegidos son adecuados para realizar los objetivos perseguidos y si es posible alcanzar éstos mediante medidas menos restrictivas de la libre circulación de mercancías y de la organización común de mercados agrícolas.
El artículo 36 TFUE debe interpretarse en el sentido de que el control de proporcionalidad de una medida nacional, como la controvertida en el litigio principal, no se limita exclusivamente a la información, pruebas y demás documentos a disposición del legislador nacional en el momento de la adopción de tal medida. En circunstancias como las del litigio principal, el control de la conformidad de dicha medida con el Derecho de la Unión debe efectuarse sobre la base de la información, de las pruebas o de cualquier documento a disposición del órgano jurisdiccional nacional en la fecha en la que se pronuncia, en las condiciones previstas en su Derecho nacional.
(1) DO C 339 de 29.9.2014.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof — Alemania) — X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord
(Asunto C-342/14) (1)
((Procedimiento prejudicial - Reconocimiento de las cualificaciones profesionales - Directiva 2005/36/CE - Artículo 5 - Libre prestación de servicios - Directiva 2006/123/CE - Artículos 16 y 17, punto 6 - Artículo 56 TFUE - Sociedad de asesoría fiscal establecida en un Estado miembro y prestadora de servicios en otro Estado miembro - Normativa de un Estado miembro que exige el registro y el reconocimiento de las sociedades de asesoría fiscal))
Demandante: X-Steuerberatungsgesellschaft
Demandada: Finanzamt Hannover-Nord
El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una normativa de un Estado miembro, que define las condiciones de acceso a la actividad de asistencia profesional en materia fiscal, restrinja la libre prestación de servicios de una sociedad de asesoría fiscal, constituida conforme a la legislación de otro Estado miembro en el que esa sociedad está establecida, que elabora en ese último Estado miembro, en el que no está regulada la actividad de asesoría fiscal, una declaración fiscal para un destinatario en aquel primer Estado miembro y la envía a la administración tributaria de éste, sin que se reconozca en su justo valor y se considere debidamente la cualificación adquirida en otros Estados miembros por esa sociedad o por las personas físicas que prestan por cuenta de ella los servicios de asistencia profesional en materia fiscal.
(1) DO C 372, de 20.10.2014.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg — Alemania) — APEX GmbH Internationale Spedition/Hauptzollamt Hamburg-Stadt
(Asunto C-371/14) (1)
([Procedimiento prejudicial - Política comercial - Dumping - Encendedores de bolsillo no recargables, de gas y piedra - Reglamento (CE) no 1225/2009 - Artículo 11, apartado 2 - Expiración - Artículo 13 - Elusión - Reglamento de Ejecución (UE) no 260/2013 - Validez - Ampliación de un derecho antidumping a una fecha en la que el reglamento que lo estableció ya no estaba en vigor - Cambio en las características del comercio])
Demandante: APEX GmbH Internationale Spedition
Demandada: Hauptzollamt Hamburg-Stadt
El Reglamento de Ejecución (UE) no 260/2013 del Consejo, de 18 de marzo de 2013, que amplía el derecho antidumping definitivo impuesto por el Reglamento (CE) no 1458/2007 sobre las importaciones de encendedores de bolsillo no recargables, de gas y piedra, originarios de la República Popular China a las importaciones de encendedores de bolsillo no recargables, de gas y piedra, procedentes de la República Socialista de Vietnam, hayan sido o no declarados como originarios de la República Socialista de Vietnam, es inválido.
(1) DO C 372 de 20.10.2014.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Köln — Alemania) — Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin
(Asunto C-388/14) (1)
((Procedimiento prejudicial - Legislación tributaria - Impuesto sobre sociedades - Libertad de establecimiento - Establecimiento permanente no residente - Prevención de la doble imposición mediante la exención de los ingresos del establecimiento permanente no residente - Toma en consideración de las pérdidas registradas por tal establecimiento permanente - Reintegración de las pérdidas precedentemente deducidas en caso de enajenación del establecimiento no residente - Pérdidas definitivas))
Demandante: Timac Agro Deutschland GmbH
Demandada: Finanzamt Sankt Augustin
El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a un régimen fiscal de un Estado miembro, como el controvertido en el litigio principal, en virtud del cual, en el caso de que una sociedad residente transmita un establecimiento permanente situado en otro Estado miembro a una sociedad no residente perteneciente al mismo grupo que la primera sociedad, las pérdidas precedentemente deducidas correspondientes al establecimiento transmitido se reintegran al resultado imponible de la sociedad transmitente cuando, en virtud de un convenio para evitar la doble imposición, los ingresos de dicho establecimiento permanente están exentos de imposición en el Estado miembro en el que tiene su sede la sociedad de la que dependía el referido establecimiento.
El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a un régimen fiscal de un Estado miembro, como el controvertido en el litigio principal, que, en el caso de que una sociedad residente transmita un establecimiento permanente situado en otro Estado miembro a una sociedad no residente perteneciente al mismo grupo que la primera sociedad, excluye la posibilidad de que la sociedad residente compute las pérdidas del establecimiento transmitido en su base imponible cuando, en virtud de un convenio para evitar la doble imposición, la competencia exclusiva para gravar los resultados de dicho establecimiento corresponde al Estado miembro en el que está situado.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Dioikitiko Efeteio Athinon — Grecia) — Viamar — Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE/Elliniko Dimosio
(Asunto C-402/14) (1)
((Procedimiento prejudicial - Libre circulación de mercancías - Disposiciones fiscales - Tributos internos - Derechos de aduana de carácter fiscal - Exacciones de efecto equivalente - Trámites conexos al cruce de fronteras - Artículo 30 TFUE - Artículo 110 TFUE - Directiva 92/12/CEE - Artículo 3, apartado 3 - Directiva 2008/118/CE - Artículo 1, apartado 3 - Inexistencia de trasposición en Derecho nacional - Efecto directo - Cobro de un impuesto sobre los automóviles en el momento de su importación en el territorio de un Estado miembro - Impuesto ligado a la matriculación y a la eventual puesta en circulación del vehículo - Negativa a devolver el impuesto en el caso de que el vehículo no se matricule))
Demandante: Viamar — Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE
El artículo 1, apartado 3, de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE, debe interpretarse en el sentido de que cumple los requisitos para producir efecto directo y permitir que los particulares lo invoquen ante los tribunales nacionales en sus litigios contra un Estado miembro.
El artículo 30 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una práctica de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, con arreglo a la cual el impuesto de matriculación cobrado con motivo de la importación de automóviles procedentes de otros Estados miembros no se devuelve aunque dichos vehículos se hayan reexportado a otro Estado miembro sin haber sido matriculados nunca en el primer Estado miembro.
(1) DO C 380 de 27.10.2014.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba) María Auxiliadora Arjona Camacho/Securitas Seguridad España, S.A.
(Asunto C-407/14) (1)
((Procedimiento prejudicial - Política social - Directiva 2006/54/CE - Igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación - Despido discriminatorio - Artículo 18 - Indemnización o reparación efectiva del perjuicio sufrido - Carácter disuasorio - Artículo 25 - Sanciones - Daños punitivos))
Demandante: María Auxiliadora Arjona Camacho
Demandada: Securitas Seguridad España, S.A.
El artículo 18 de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, debe interpretarse en el sentido de que, para que el perjuicio sufrido como consecuencia de una discriminación por razón de sexo sea efectivamente indemnizado o reparado de manera disuasoria y proporcionada, este artículo obliga a los Estados miembros que eligen la forma pecuniaria a introducir en su ordenamiento jurídico interno, según los procedimientos que determinen, medidas que establezcan el pago a la persona que ha sufrido un perjuicio de una indemnización que cubra íntegramente dicho perjuicio.
(1) DO C 409, de 17.11.2014.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hungría) — WebMindLicenses kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság
(Asunto C-419/14) (1)
([Procedimiento prejudicial - Impuesto sobre el valor añadido - Directiva 2006/112/CE - Artículos 2, 24, 43, 250 y 273 - Lugar de la prestación de servicios efectuada por vía electrónica - Fijación artificial de ese lugar mediante un montaje carente de realidad económica - Abuso de derecho - Reglamento (UE) no 904/2010 - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículos 7, 8, 41, 47, 48, 51, apartado 1, y 52, apartados 1 y 3 - Derecho de defensa - Derecho a ser oído - Utilización por la administración tributaria de pruebas obtenidas en el marco de un procedimiento penal paralelo y no concluido, sin conocimiento del sujeto pasivo - Interceptaciones de telecomunicaciones e incautaciones de correos electrónicos])
Demandante: WebMindLicenses kft
El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que, para apreciar si en circunstancias como las del litigio principal, un contrato de licencia que tenía por objeto la transferencia de un know-how que permitía la explotación de un sitio web a través del que se prestaban servicios audiovisuales interactivos, celebrado con una sociedad establecida en un Estado miembro distinto de aquel en cuyo territorio está establecida la sociedad otorgante de la licencia, tenía su origen en un abuso de derecho destinado a beneficiarse de que el tipo del impuesto sobre el valor añadido aplicable a dichos servicios era más bajo en ese otro Estado miembro, el hecho de que el administrador y accionista único de esta última sociedad era el creador del know-how, de que esa misma persona ejercía una influencia o un control en el desarrollo y la explotación de dicho know-how y la prestación de servicios basados en éste, y de que la gestión de las operaciones financieras, el personal y los medios técnicos necesarios para la prestación de esos servicios era llevada a cabo por subcontratistas, así como las razones que puedan haber llevado a la sociedad otorgante de la licencia a transferir dicho know-how a una sociedad establecida en dicho otro Estado miembro en lugar de explotarlo ella misma, no se revelan decisivos en sí mismos.
El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que, en caso de constatación de una práctica abusiva que haya llevado a fijar el lugar de una prestación de servicios en un Estado miembro distinto a aquel en el que se habría fijado de no haber existido dicha práctica abusiva, el hecho de que el impuesto sobre el valor añadido se haya pagado en ese otro Estado miembro con arreglo a la legislación de éste no impide que se practique una liquidación complementaria de dicho impuesto en el Estado miembro del lugar en que se efectuó realmente esa prestación de servicios.
El Reglamento (UE) no 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que la administración tributaria de un Estado miembro que examine la exigibilidad del impuesto sobre el valor añadido con respecto a prestaciones que ya hayan sido gravadas con ese impuesto en otros Estados miembros está obligada a dirigir una solicitud de información a las administraciones tributarias de esos otros Estados miembros cuando dicha solicitud sea útil o incluso indispensable para determinar que el impuesto sobre el valor añadido es exigible en el primer Estado miembro.
El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, a efectos de la aplicación de los artículos 4 TUE, apartado 3, 325 TFUE, y 2, 250, apartado 1, y 273 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, la administración tributaria pueda utilizar, con el fin de determinar la existencia de una práctica abusiva en materia de impuesto sobre el valor añadido, pruebas obtenidas en el marco de un procedimiento penal paralelo aún no concluido, sin conocimiento del sujeto pasivo, por medio de, por ejemplo, interceptaciones de telecomunicaciones e incautaciones de correos electrónicos, siempre que la obtención de esas pruebas en el marco de dicho procedimiento penal y la utilización de éstas en el marco del procedimiento administrativo no vulneren los derechos garantizados por el Derecho de la Unión.
(1) DO C 439 de 8.12.2014.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 23 de diciembre de 2015 — Parlamento Europeo/Consejo de la Unión Europea
(Asunto C-595/14) (1)
((Recurso de anulación - Sustitución durante la sustanciación del proceso de la decisión impugnada - Objeto del recurso - Cooperación policial y judicial en materia penal - Aplicación de medidas de control a una nueva sustancia psicotrópica - Marco jurídico aplicable desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa - Disposiciones transitorias - Consulta al Parlamento Europeo))
Demandante: Parlamento Europeo (representantes: F. Drexler, A. Caiola y M. Pencheva, agentes)
Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: K. Pleśniak y K. Michoel, agentes)
Anular la Decisión de Ejecución 2014/688/UE del Consejo, de 25 de septiembre de 2014 , por la que se someten a medidas de control las sustancias 4-yodo-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxibencil)fenetilamina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[[1-(dimetilamino)ciclohexil]metil]benzamida (AH-7921), 3,4-metilendioxipirovalerona (MDPV) y 2-(3-metoxifenil)-2-(etilamino)ciclohexanona (metoxetamina).
Mantener en vigor los efectos de la Decisión de Ejecución 2014/688.
Condenar en costas al Consejo de la Unión Europea.
(1) DO C 138, de 27.4.2015.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein oikeus — Finlandia) — Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu/Pekka Komu, Jelena Komu
(Asunto C-605/14) (1)
([Procedimiento prejudicial - Reglamento (CE) no 44/2001 - Ámbito de aplicación - Competencias exclusivas - Artículo 22, punto 1 - Litigio en materia de derechos reales inmobiliarios - Concepto - Demanda de disolución de una copropiedad indivisa sobre bienes inmuebles mediante su venta])
Demandantes: Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu
Demandadas: Pekka Komu, Jelena Komu
El artículo 22, punto 1, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una acción de disolución de la copropiedad indivisa de un inmueble mediante su venta, encomendada a un fideicomisario, pertenece a la categoría de los litigios «en materia de derechos reales inmobiliarios» prevista en esa disposición.
(1) DO C 81 de 9.3.2015.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 23 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Alemania) — Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart
(Asunto C-58/15) (1)
([Procedimiento prejudicial - Agricultura - Inspecciones sanitarias - Controles oficiales de piensos y alimentos - Financiación de los controles - Gastos de inspección vinculados con las operaciones de sacrificio - Reglamento (CE) no 882/2004 - Directiva 85/73/CEE - Posibilidad de recaudar un importe para cubrir el coste efectivo de los gastos de inspección que sea mayor que los montantes de las tasas previstas por dicha Directiva])
Demandante: Firma Theodor Pfister
Demandada: Landkreis Main-Spessart
El artículo 27, apartado 3, párrafo primero, segunda frase, del Reglamento (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, en la redacción que le da el Reglamento (CE) no 1791/2006 del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, debe interpretarse en el sentido de que permite, en relación con el período de transición de 2007, recaudar tasas por los gastos ocasionados por las inspecciones y controles sanitarios aplicables a la carne para cubrir los gastos que soporta la autoridad competente a efectos de la Directiva 85/73/CEE del Consejo, de 29 de enero de 1985, relativa a la financiación de las inspecciones y controles veterinarios contemplados en las Directivas 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE y 91/496/CEE, en la redacción que le da la Directiva 97/79/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 1997.
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 17 de diciembre de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Berlin — Alemania) — Sandra Bitter, administradora concursal de Ziegelwerk Höxter GmbH/Bundesrepublik Deutschland
(Asunto C-580/14) (1)
((Procedimiento prejudicial - Directiva 2003/87/CE - Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero - Multa por exceso de emisiones - Proporcionalidad))
Demandante: Sandra Bitter, administradora concursal de Ziegelwerk Höxter GmbH
El análisis de la cuestión planteada no ha puesto de manifiesto ningún elemento que, a la luz del principio de proporcionalidad, pueda afectar a la validez del artículo 16, apartado 3, segunda frase, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, en la redacción que le dio la Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por el hecho de que en dicha frase se establezca una multa pecuniaria de 100 euros por cada tonelada equivalente de dióxido de carbono emitido por la que el titular no haya entregado derechos de emisión.
Recurso de casación interpuesto el 12 de mayo de 2015 por Edward Guja contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 14 de abril de 2015 en el asunto T-823/14, Guja/Polonia
(Asunto C-352/15 P)
Recurrente: Edward Guja (representante: M. Szczepara, adwokat)
Recurrida: República de Polonia
El Tribunal de Justicia (Sala Tercera), mediante auto de 17 de diciembre de 2015, ha desestimado el recurso de casación.
Recurso interpuesto el 10 de julio de 2015 — Comisión/Eslovenia
(Asunto C-357/15)
Demandante: Comisión Europea (representantes: E. Sanfrutots Cano, M. Heller y D. Kukovec)
Mediante auto de 29 de octubre de 2015, el Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto C-357/15 y condenar en costas a la República de Eslovenia.
Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Craiova (Rumanía) el 20 de noviembre de 2015 — Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj
(Asunto C-614/15)
Recurrente: Rodica Popescu
Recurrida: Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj
El hecho de que la actividad del personal del ámbito veterinario con tareas específicas de inspección esté estrechamente vinculada a que las instalaciones contempladas en el punto [5] continúen en funcionamiento ¿constituye un motivo suficiente para el encadenamiento de contratos de duración determinada, no obstante lo dispuesto por la normativa general adoptada para trasponer la Directiva 70/1999 (1)?
El mantenimiento en vigor de disposiciones especiales que permiten el encadenamiento, en un período como el anteriormente descrito, de contratos laborales de duración determinada en el ámbito de la inspección veterinaria ¿supone un incumplimiento de la obligación que incumbe al Estado en la transposición de la Directiva 70/1999?
(1) Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO L 175, p. 4).
Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (España) el 27 de noviembre de 2015 — Carlos Álvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias
(Asunto C-631/15)
Demandante: Carlos Álvarez Santirso
Demandada: Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias
¿La cláusula 4 del Acuerdo marco al que se remite la Directiva 1999/70/CE (1) del Consejo, de 28 de junio de 1999 sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa regional como la Ley del Principado de Asturias 6/2009 de 29 de diciembre de evaluación de la función pública docente y sus incentivos que en su art. 2 establece como requisito para poder ser incluido en el Plan de evaluación (y por ende percibir los incentivos económicos ligados a ello) el tener la condición de funcionario de carrera excluyendo por tanto a los funcionarios interinos?
(1) Del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada DO L 175, p. 43.
Petición de decisión prejudicial planteada por la Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumanía) el 30 de noviembre de 2015 — Costin Popescu/Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
(Asunto C-632/15)
Recurrente: Costin Popescu
Recurridos: Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră y Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
Si la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1) permite que el Estado Rumano imponga, en el caso de los conductores de ciclomotores que estuvieran en posesión de un documento oficial que les confería el derecho a conducir por la vía pública antes del 19 de enero de 2013, la obligatoriedad de un permiso de conducción basado en unas pruebas o exámenes similares a los de los demás vehículos de motor, para poder seguir conduciendo ciclomotores después del 19 de enero de 2013.
(1) Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción (Refundición) (DO L 403, p. 18).
Recurso de casación interpuesto el 2 de diciembre de 2015 por Toni Klement contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 24 de septiembre de 2015 en el asunto T-211/14, Toni Klement/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
(Asunto C-642/15 P)
Recurrente: Toni Klement (representante: J. Weiser, Rechtsanwalt)
Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
Que se anule la sentencia recurrida del Tribunal General de 24 de septiembre de 2015 en el asunto T-211/14.
El recurrente formula tres motivos en apoyo de su recurso de casación:
Según él, es un hecho indiscutido que la marca impugnada ha sido utilizada exclusivamente con el elemento denominativo adicional «Bullerjan». Invoca una desnaturalización de las pruebas a la hora de apreciar el carácter distintivo del elemento adicional «Bullerjan». Alega que el Tribunal General calificó el carácter distintivo del elemento adicional como (solo) normal. La suposición de que dicho elemento (sólo) tiene un carácter distintivo normal no encuentra apoyo alguno en las pruebas existentes, puesto que éstas no contienen ningún dato sobre el alcance, la duración y la intensidad del uso del elemento «Bullerjan», registrado por sí sólo como marca.
Como segundo motivo de casación, el recurrente alega que el Tribunal General lleva a cabo una fundamentación contradictoria del elevado carácter distintivo que atribuye a la marca impugnada. El Tribunal General en su fundamentación parte, por un lado, de la premisa de que la marca impugnada tiene una forma «poco habitual», pero, por otro lado, declara que otros fabricantes distribuyen hornos que presentan una forma muy similar. Otra contradicción reside en la conclusión del Tribunal General de que, por una parte, el elevado carácter distintivo de la marca impugnada es independiente de su eventual funcionalidad, mientras que, por otra parte, ese elevado carácter distintivo no se pone en duda por la forma muy similar de otros hornos, puesto que ésta podría obedecer al afán de obtener un determinado resultado técnico. Así pues, según el recurrente, la fundamentación del Tribunal es un doble aspecto contradictoria y, por lo tanto, jurídicamente errónea.
Como tercer motivo de casación, el recurrente alega una interpretación y una aplicación erróneas en múltiples aspectos del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca comunitaria (1). En primer lugar, al llevar a cabo el examen del carácter distintivo de la marca impugnada que el artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca comunitaria exige, el Tribunal General no se atuvo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales con la forma del producto. Contrariamente a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el Tribunal General no llevó a cabo la necesaria comparación de la marca impugnada con las formas de horno habituales en el sector. Además, el Tribunal General admitió que la eventual funcionalidad de la forma de la marca impugnada era irrelevante a efectos de apreciar su carácter distintivo. Al hacerlo, el Tribunal General vulneró el reconocido principio de la toma en consideración de todas las circunstancias relevantes del caso a la hora de apreciar el carácter distintivo. Por último, según el recurrente, el Tribunal General no se atuvo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al uso conservativo de los derechos del titular de una marca registrada que es parte de una marca compuesta. En este sentido, el Tribunal General consideró suficiente que la marca utilizada como parte de una marca compuesta siguiese siendo reconocida como una indicación de origen. Por lo tanto, el Tribunal General no tuvo en cuenta que, con arreglo al tenor literal inequívoco del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca comunitaria y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, siempre debe examinarse asimismo si el carácter distintivo de la marca impugnada se ve influido. Según el recurrente en casación, el Tribunal General omitió este examen.
(1) Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).
Petición de decisión prejudicial planteada por el Vestre Landsret (Dinamarca) el 14 de diciembre de 2015 — Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, actuando en nombre de Ismar Huskic
(Asunto C-668/15)
Recurrente: Jyske Finans A/S
Recurrida: Ligebehandlingsnævnet, actuando en nombre de Ismar Huskic
¿La prohibición de discriminación directa por motivos de origen étnico, establecida en el artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, (1) debe interpretarse en el sentido de que prohíbe una práctica como la controvertida en el presente asunto, en virtud de la cual personas no nacidas en los países nórdicos ni en un Estado miembro ni en Suiza ni en Liechtenstein reciben un trato menos favorable que las personas en una situación equivalente nacidas en los países nórdicos o en un Estado miembro o en Suiza o en Liechtenstein?
En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿dicha práctica supone una discriminación indirecta por motivos de origen étnico, en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/43/CE, salvo que pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y los medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios?
En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿puede justificarse en principio dicha práctica como un medio adecuado y necesario para garantizar la aplicación de las medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente establecidas en el artículo 13 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (2)?
(1) DO L 180, p. 22.
(2) DO L 309, p. 15.
Recurso interpuesto el 17 de diciembre de 2015 — Comisión Europea/Consejo de la Unión Europea
(Asunto C-687/15)
Demandante: Comisión Europea (representantes: F. Erlbacher, L. Nicolae, agentes)
Pretensiones de la parte demandante/s
Que se anulen las Conclusiones del Consejo sobre la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2015 (CMR-15) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) adoptadas el 26 de octubre de 2015 en la sesión no 3419 del Consejo en Luxemburgo.
Mediante el presente recurso, la Comisión solicita la anulación las Conclusiones del Consejo sobre la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2015 (CMR-15) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) adoptadas el 26 de octubre de 2015 en la sesión no 3419 del Consejo en Luxemburgo.
El recurso se basa en un motivo único, a saber, que al adoptar las Conclusiones sobre la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2015 (CMR-15) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en lugar de una decisión, según propuso la Comisión, el Consejo infringió el artículo 218 TFUE, apartado 9, aplicable para establecer la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión en la CMR-15.
A este respecto, la Comisión alega, en primer lugar, que el artículo 218 TFUE, apartado 9, se aplica a las posiciones que deben adoptarse en nombre de la Unión en una situación como la del presente asunto, en la que la Unión Europea tiene una determinada categoría en la organización internacional en cuestión, a saber, la categoría de miembro de sector, que, según el artículo 3, apartado 2, de la Constitución de la UIT, otorga a la Unión Europea determinados derechos de participación en actividades de la organización.
En segundo lugar, la Comisión alega que la revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones para la que la Comisión propuso el establecimiento de una posición que deba adoptarse conforme al artículo 218 TFUE, apartado 9, surte efectos jurídicos en el sentido de dicha disposición tanto conforme al marco jurídico internacional aplicable como conforme a la normativa pertinente de la Unión.
En tercer lugar, en cuanto a los demás requisitos para la aplicación del artículo 218 TFUE, apartado 9, la Comisión alega que éstos también se cumplen en el presente asunto, ya que los órganos de la UIT son organismos «[creados] por un acuerdo», y que los actos con respecto a los cuales la Comisión ha propuesto el establecimiento de una posición que deba adoptarse no son actos que «[completan] o [modifican] el marco institucional del acuerdo».
Sentencia del Tribunal General de 10 de diciembre de 2015 — Frente Polisario/Consejo
(Asunto T-512/12) (1)
((Relaciones exteriores - Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y Marruecos - Liberalización recíproca en materia de productos agrícolas, productos agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca - Aplicación del acuerdo al Sáhara occidental - Frente Polisario - Recurso de anulación - Capacidad de ejercitar la acción - Afectación directa e individual - Admisibilidad - Conformidad con el Derecho internacional - Obligación de motivación - Derecho de defensa))
Demandante: Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (Frente Polisario) (representantes: inicialmente C.-E. Hafiz y G. Devers, posteriormente G. Devers, abogados)
Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: S. Kyriakopoulou, A. Westerhof Löfflerová y N. Rouam, agentes)
Parte interviniente en apoyo de la parte demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta y D. Stefanov, posteriormente F. Castillo de la Torre y E. Paasivirta, agentes)
Anulación de la Decisión 2012/497/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2012, relativa a la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre medidas recíprocas de liberalización del comercio de productos agrícolas, productos agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca, sustitución de los Protocolos nos 1, 2 y 3 y los anexos de estos Protocolos, y modificación del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra (DO L 241, p. 2).
Anular la Decisión 2012/497/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2012, relativa a la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre medidas recíprocas de liberalización del comercio de productos agrícolas, productos agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca, sustitución de los Protocolos nos 1, 2 y 3 y los anexos de estos Protocolos, y modificación del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, en la medida en que dicha Decisión aprueba la aplicación del mencionado Acuerdo en el Sáhara occidental.
El Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas y con las del Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (Frente Polisario).
(1) DO C 55 de 23.2.2013.
Auto del Tribunal General de 17 de diciembre de 2015 — Universal Music/OAMI — Yello Strom (Yellow Lounge)
(Asunto T-379/14) (1)
((«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Retirada de la oposición - Sobreseimiento»))
Demandante: Universal Music GmbH (Berlín, Alemania) (representante: M. Viefhus, abogado)
Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: inicialmente G. Schneider, y posteriormente G. Schneider y D. Walicka, agentes)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: Yello Strom GmbH (Colonia, Alemania) (representante: K. Gründig-Schnelle, abogada)
Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 20 de marzo de 2014 (asunto R 274/2013-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Yello Strom GmbH y Universal Music GmbH.
Sobreseer el recurso.
Condenar a Universal Music GmbH y Yello Strom GmbH a cargar con sus propias costas y, a cada una de ellas, con la mitad de las costas de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).
(1) DO C 292, de 1.9.2014.
Auto del Tribunal General de 17 de diciembre de 2015 — Murnauer Markenvertrieb/OAMI — Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)
(Asunto T-534/14) (1)
Demandante: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Egelsbach, Alemania) (representantes: F. Traub y D. Horst, abogados)
Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: D. Walicka, agente)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: Bach Flower Remedies Ltd (Wimbledon, Reino Unido) (representantes: A. Renck y M. Petersen, abogados)
Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 5 de mayo de 2014 (asunto R 2041/2012-2) relativa a un procedimiento de oposición entre Murnauer Markenvertieb GmbH y Bach Flower Remedies Ltd.
Condenar a Murnauer Markenvertrieb GmbH y Bach Flower Remedies Ltd a cargar con sus propias costas y, cada una de ellas, con la mitad de las costas de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).
Auto del Tribunal General de 18 de diciembre de 2015 — CompuGroup Medical/OAMI — Schatteiner (SAM)
(Asunto T-850/14)
((«Recurso de anulación - Marca comunitaria - Plazo para presentar el recurso - Inicio del cómputo - Notificación de la resolución de la Sala de Recurso sobre la cuenta electrónica ante la OAMI del representante de la demandante - Extemporaneidad - Inexistencia de fuerza mayor o de caso fortuito - Inadmisibilidad manifiesta»))
Demandante: CompuGroup Medical AG (Coblenza, Alemania) (representante: B. Dix, abogado)
Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: H. Kunz, agente)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que interviene ante el Tribunal General: Simon Schatteiner (Viena, Austria) (representantes: F. Schulz y H. Pernez, abogados)
Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 23 de julio de 2014 (asunto R 818/2013-4) relativa a un procedimiento de oposición entre el Sr. Simon Schatteiner y CompuGroup Medical AG.
Condenar en costas a CompuGroup Medical AG.
Auto del Tribunal General de 17 de diciembre de 2015 — García Mínguez/Comisión
(Asunto T-357/15 P) (1)
([«Recurso de casación - Función pública - Selección - Concurso interno de la Comisión abierto a los agentes temporales de la Institución - Inadmisión de un agente temporal de una agencia ejecutiva - Artículo 29, apartado 1, letra b), del Estatuto - Igualdad de trato - Recurso de casación manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»])
Recurrentes: María Luisa García Mínguez (Bruselas, Bélgica) (representantes: L. Ortiz Blanco y Á. Givaja Sanz, abogados)
Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: inicialmente J. Currall, G. Gattinara y F. Simonetti, posteriormente G. Gattinara y F. Simonetti, agentes)
Recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda) de 28 de abril de 2015, García Mínguez/Comisión (F-72/14, RecFP, EU:F:2015:40), que pretende la anulación de dicho auto.
Condenar en costas a la Sra. María Luisa García Mínguez.
Recurso interpuesto el 11 de noviembre de 2015 — Frame/OAMI — Bianca-Moden (BIANCALUNA)
(Asunto T-627/15)
Demandante: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Italia) (representantes: M. Borguese, R. Giordano y E. Montelione, abogados)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Alemania)
Titular de la marca controvertida: Parte demandante
Marca controvertida: Marca comunitaria denominativa «BIANCALUNA» — Solicitud de registro no 11251808
Resolución impugnada: Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la OAMI de 7 de agosto de 2015 en el asunto R 2952/2014-5
Devuelva el asunto a la OAMI para que se analice debidamente el riesgo de confusión, teniendo en cuenta los resultados de la prueba de uso presentada por Bianca-Moden GmbH & Co. KG.
Condene a la OAMI a cargar con las costas de la primera instancia y del presente procedimiento.
Con carácter subsidiario, modifique la resolución impugnada de modo que se registren los siguientes productos de la clase 25: ropa interior, pijamas, camisetas, bragas.
Interpretación errónea del Reglamento no 207/2009 al elegir sólo un derecho anterior.
Interpretación errónea del Reglamento no 207/2009 al valorar el riesgo de confusión entre los signos en conflicto.
Recurso interpuesto el 3 de diciembre de 2015 — BikeWorld/Comisión
(Asunto T-702/15)
Demandante: BikeWorld GmbH (St. Ingbert, Alemania) (representante: J. Jovy, abogado)
Anule la Decisión de la Comisión de 1 de octubre de 2004 en la medida en que se refiere a ella.
Ordene la suspensión de la ejecución en lo que a ella le concierne hasta que se resuelva el presente recurso (art. 278 TFUE).
Mediante su recurso la demandante solicita la anulación parcial de la Decisión C(2014) 3634 final de la Comisión, de 1 de octubre de 2014, relativa a la ayuda estatal concedida por Alemania en favor de Nürburgring (SA.31550 [2012/C] [ex 2012/NN]).
En apoyo de su recurso la demandante invoca esencialmente los siguientes motivos:
La demandante ya no es idéntica a las partes del procedimiento que dio lugar a la adopción de la Decisión. Por consiguiente, carece de legitimación pasiva.
La demandante no fue parte en el procedimiento que dio lugar a la adopción de la Decisión controvertida. Por consiguiente se ha vulnerado su derecho a ser oída.
Los actuales accionistas de la demandante no tienen relación alguna con los accionistas/propietarios iniciales que había en la fecha de concesión de los préstamos.
Mediante la Decisión impugnada no es posible lograr el objetivo perseguido con la recuperación, a saber «evitar la concesión de ventajas competitivas a una única persona», puesto que la demandante no se halla en competencia con nadie ni lo está desde la última concesión del préstamo.
La demandante declara que está dispuesta a proceder a su liquidación y a su disolución si ello es necesario para evitar la insolvencia inminente que, según ella, será inevitable si la demandante ha de realizar algún pago en concepto de recuperación.
Recurso interpuesto el 28 de noviembre de 2015 — Micula y otros/Comisión
(Asunto T-704/15)
Demandantes: Viorel Micula (Oradea, Rumanía), European Drinks SA (Ștei, Rumanía), Rieni Drinks SA (Rieni, Rumanía), Transilvania General Import-Export SRL (Oradea) y West Leasing International SRL (Pantasesti, Rumanía) (representantes: J. Derenne, A. Dashwood y D. Vallindas, abogados)
Anule la Decisión (UE) no 2015/1470 de la Comisión, de 30 de marzo de 2015, relativa a la ayuda estatal SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) ejecutada por Rumanía — Laudo arbitral Micula/Rumanía, de 11 de diciembre de 2013 [notificada con el número C(2015) 2112] (DO L 232, p. 43).
Con carácter subsidiario, anule la Decisión impugnada en la medida en que:
califica a Viorel Micula de «empresa» y, por tanto, de parte en la supuesta sola unidad económica que constituye el beneficiario de la ayuda;
califica al beneficiario de la ayuda de sola unidad económica que comprende a Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandie Distilleries SA y Transilvania General Import-Export SRL;
resuelve, en su artículo 2, apartado 2, que Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandie Distilleries SA, Transilvania General Import—Export SRL y West Leasing SRL serán responsables de manera solidaria de la devolución de la ayuda estatal recibida por cada uno de ellos.
En apoyo de su recurso, las demandantes invocan ocho motivos.
Primer motivo, basado en la falta de competencia y en la desviación de poder. Al calificar erróneamente la ejecución del laudo arbitral del CIADI (en lo sucesivo, «laudo») de otorgamiento de ayuda de Estado, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, la Comisión ejerce retroactivamente —en relación con el periodo de preadhesión— competencias de las que sólo goza respecto de las ayudas de Estado otorgadas por Rumanía a partir de su adhesión a la Unión Europea. La Comisión manifiestamente no debe ejercer de ese modo sus competencias sobre ayudas de Estado. La adopción de una decisión con tal finalidad y efecto agrava la desviación de poder en relación con dichas competencias.
Segundo motivo, basado en una infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1
Primero, la Decisión no demuestra la existencia de ventaja económica alguna, pues califica la ejecución o aplicación del laudo de ayuda incompatible. En el presente caso concurren los requisitos del asunto Asteris (sentencia de 27 de septiembre de 1988, Asteris y otros, 106/87 a 120/87). Cualquier ventaja (quod non) precede a la adhesión de Rumanía a la Unión Europea, por lo que excede del ámbito de aplicación de las normas de la Unión sobre ayudas de Estado. Segundo, la Decisión no demuestra la existencia de selectividad. El Tratado bilateral de inversión Rumanía-Suecia («TIB» — base jurídica del laudo) establece un sistema de responsabilidad general que se aplica por igual a todos los inversores. Tercero, la Decisión no demuestra que la medida en cuestión sea imputable al Estado Rumano. Rumanía carece de margen de apreciación en la ejecución del laudo.
Tercer motivo, basado en la violación del artículo 351 TFUE y de los principios generales de Derecho. El artículo 351 TFUE protege las obligaciones asumidas por Rumanía a través de la ejecución del TIB celebrado con Suecia mientras éste era aún un acuerdo entre un Estado miembro (Suecia) y un tercer país (Rumanía), frente a cualquier posible efecto posadhesión de las normas de la Unión Europea sobre ayudas de Estado.
Cuarto motivo, basado en una violación del principio de la protección de la confianza legítima. Las autoridades de la Unión Europea incentivaron activamente la celebración de TIB, alimentando con ello una confianza legítima en que ningún esfuerzo para obligar al cumplimiento de tal TIB a través del arbitraje quedaría frustrado, por ejemplo, por las normas sobre ayudas de Estado.
Quinto motivo, invocado con carácter subsidiario, basado en que la ayuda de Estado debería considerarse ayuda compatible. La medida nacional en cuestión, de la que traen causa tanto el arbitraje como el laudo, nunca ha sido objeto de una declaración definitiva de incompatibilidad. En todo caso, habría sido compatible con las normas de la Unión sobre ayudas de Estado.
Sexto motivo, formulado con carácter subsidiario, basado en que la Decisión determina erróneamente los beneficiarios de la supuesta ayuda. La Decisión no demuestra que Viorel y Ioan Micula formen parte de la supuesta sola unidad económica, ni que haya en el presente caso una sola unidad económica.
Séptimo motivo, basado en errores en la devolución de la ayuda ordenada por la Decisión. Dado que la Decisión determina erróneamente los beneficiarios de la supuesta ayuda, ordena la devolución de la misma a particulares y a empresas que no son beneficiarios de la supuesta ayuda.
Octavo motivo, basado en la inobservancia de un requisito esencial del procedimiento (derecho a ser oído). La decisión de incoación del procedimiento de investigación formal en ningún punto menciona a las demandantes European Drinks, Rieni Drinks, West Leasing y Transilvania General Import-Export.
Recurso interpuesto el 9 de diciembre de 2015 — BASF/OAMI — Evonik Industries (DINCH)
(Asunto T-721/15)
Demandante: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Alemania) (representantes: A. Schulz y C. Onken, abogados)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Evonik Industries AG (Marl, Alemania)
Titular de la marca controvertida: La demandante
Marca controvertida: Marca comunitaria denominativa «DINCH» — Marca comunitaria no 2563856
Procedimiento ante la OAMI: Procedimiento de nulidad
Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 23 de septiembre de 2015 (asunto R 2080/2014-1)
Modifique la resolución impugnada de modo que se desestime el recurso interpuesto por la otra parte ante la Sala de Recurso.
Con carácter subsidiario: anule la resolución impugnada.
Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.
Infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009.
Recurso interpuesto el 4 de diciembre de 2015 — Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft/Comisión
(Asunto T-724/15)
Demandante: Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft e.V. (Múnich, Alemania) (representantes: C. Bittner y N. Thies, abogados)
Anule la Decisión impugnada en la medida en que:
declara, en el artículo 1, que en Alemania, en relación con las pruebas de calidad de la leche efectuadas en Baviera, se han concedido ayudas estatales en favor de las empresas del sector de la leche afectadas de Baviera en violación de lo dispuesto en el artículo 108 TFUE, apartado 3, y que dichas ayudas son incompatibles con el mercado interior desde el 1 de enero de 2007;
ordena, en los artículos 2 a 4, la recuperación de dichas ayudas, más intereses, de quienes se han beneficiado de ellas.
Condene a la parte demandada a cargar con las costas de la parte demandante.
Mediante el presente recurso, la parte demandante solicita la anulación parcial de la Decisión de la Comisión de 18 de septiembre de 2015 relativa a las ayudas estatales SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)] concedidas por Alemania a las pruebas de calidad de la leche en el marco de la Ley alemana sobre la leche y las materias grasas [notificada con el número C(2015) 6295].
En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca seis motivos, que, en esencia, son idénticos o similares a los motivos invocados en el asunto T-722/15, Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns/Comisión.
Recurso interpuesto el 11 de diciembre de 2015 — Chemtura Netherlands/EFSA
(Asunto T-725/15)
Demandante: Chemtura Netherlands (Ámsterdam, Países Bajos) (representantes: C. Mereu y K. Van Maldegem, abogados)
Demandada: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
Admita el recurso y lo declare fundado.
Anule la Decisión de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («EFSA») de 10 de diciembre de 2015 relativa a la publicación de determinadas partes de la conclusión de la EFSA sobre la revisión por pares relativa a la revisión de la aprobación de la sustancia activa diflubenzurón con respecto al metabolito PCA, para la que la demandante solicitó confidencialidad conforme al Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (DO 2009, L 309, p. 1).
Condene a la demandada al pago de todas las costas y gastos de este procedimiento.
Primer motivo, basado en la infracción del Reglamento no 1107/2009 y la violación del derecho fundamental a la protección del secreto comercial.
La demandante cuestiona la base jurídica sobre la que la demandada fundamentó su obligación de publicar sus conclusiones. Incluso aunque la publicación de las conclusiones de la EFSA adoptadas al amparo del artículo 21 del Reglamento no 1107/2009 fuera legítima, la demandada infringió el artículo 63 del Reglamento no 1107/2009 al publicar información confidencial.
Segundo motivo, basado en un error manifiesto de apreciación.
La demandante alega que la demandada fundamentó su Decisión en una comprensión inexacta de los hechos y de la ciencia relacionada, que provocó un error manifiesto de apreciación de sus solicitudes de confidencialidad.
Tercer motivo, basado en la violación de principios fundamentales del Derecho de la Unión, como el derecho de defensa y el principio de buena administración.
La demandante no tuvo oportunidad de presentar observaciones sobre los documentos en los que están fundamentadas las conclusiones de la EFSA.
Cuarto motivo, basado en el incumplimiento de las propias obligaciones de la EFSA.
La demandada no ha basado su apreciación en todas las pruebas científicas disponibles, aunque tiene la obligación de ofrecer un trabajo de la más alta calidad científica.
Quinto motivo, basado en la violación del principio de confianza legítima.
La demandante mantiene actualmente conversaciones con la Comisión y la correspondencia procedente de ésta última refleja que a la demandante se le daría la oportunidad de presentar observaciones sobre las conclusiones de la EFSA como parte del procedimiento de revisión de la Comisión. Las observaciones de la demandante deberían tenerse en cuenta antes de la publicación de la conclusión de la EFSA.
Recurso interpuesto el 12 de diciembre de 2015 — Klyuyev/Consejo
(Asunto T-731/15)
Demandante: Sergiy Klyuyev (Donetsk, Ucrania) (representantes: R. Gherson, Solicitor, B. Kennelly, Barrister, y T. Garner, Solicitor)
Anule la Decisión (PESC) 2015/1781 del Consejo, de 5 de octubre de 2015, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC, de 5 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania y el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1777 del Consejo, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 208/2014 de 5 de marzo de 2014, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, en la medida en que se aplica a la parte demandante.
Primer motivo, basado en que, según la parte demandante, el Consejo no identificó un fundamento jurídico adecuado. El artículo 29 TUE no era el fundamento jurídico adecuado para la Decisión impugnada puesto que la denuncia presentada contra la parte demandante no le identificaba como una persona que había violado la legislación o los derechos humanos en Ucrania (en el sentido de los artículos 21, apartado 2, y 23 del TUE). Habida cuenta de que la Decisión no era válida, el Consejo no podía basarse en el artículo 215 TFUE, apartado 2, para adoptar el Reglamento impugnado. En el momento en que se impusieron las medidas restrictivas, no se acusaba a la demandante en el marco de un procedimiento judicial de ejercer actividades que pudieran constituir una amenaza de violación de la legislación o de los Derechos humanos en Ucrania. De hecho, las medidas restrictivas corroboran la vulneración del Derecho por parte de las autoridades ucranias por lo que se refiere al trato que dispensaron a la parte demandante.
Segundo motivo, basado en que el Consejo incurrió en error manifiesto de apreciación al considerar que la parte demandante cumplía el criterio exigido para ser incluida en la lista. Las alegaciones presentadas al Consejo por el Fiscal General eran excesivamente genéricas y no se basaban en ninguna prueba (y menos aún en una prueba «precisa») de la existencia de un procedimiento judicial cualquiera contra la parte demandante. Ésta señaló los errores presentes en las observaciones antes de la adopción de las medidas restrictivas y el Consejo no obtuvo respuestas ni las pruebas necesarias por parte de las autoridades ucranias. El Consejo incurrió en error al aceptar tales alegaciones sin más, máxime si se tiene en cuenta la inexistencia de un procedimiento judicial en Ucrania que respetara los estándares europeos.
Tercer motivo, basado en que el Consejo vulneró el derecho de defensa de la parte demandante y su derecho a una tutela judicial efectiva. En un asunto en el que se repite una designación, el Consejo tiene una obligación reforzada de realizar las investigaciones procedentes ante las autoridades correspondientes y de facilitar esa información a la persona designada. En el presente caso, se incumplió la citada obligación.
Cuarto motivo, basado en que el Consejo no dio a la parte demandante una motivación suficiente para su inclusión en la lista. La motivación ofrecida era insuficientemente detallada y no tenía la suficiente precisión.
Quinto motivo, basado en que el Consejo vulneró gravemente los derechos fundamentales de propiedad y al honor. Las medidas restrictivas le fueron impuestas sin respetar las garantías adecuadas que permitieran a la parte demandante defender su punto de vista oportunamente ante el Consejo. Las medidas restrictivas no se limitan a una propiedad determinada de la que se considere que puede representar unos fondos públicos desviados ni tampoco se restringen al importe de los fondos presuntamente desviados.
Sexto motivo, basado en que, a juicio de la parte demandante, en la medida en que el Consejo considera acertadamente que los criterios para la designación pueden ampliarse a toda investigación no vinculada al procedimiento judicial, tales criterios son desproporcionados e ilegales.
Recurso interpuesto el 16 de diciembre de 2015 — República Portuguesa/Comisión
(Asunto T-733/15)
Demandante: República Portuguesa (representantes: L. Inez Fernandes y M. Figueiredo, agentes, asistidos por L. Silva Morais, abogado)
Anule la Decisión de la Comisión notificada por la Secretaría General de la Comisión en el escrito SG-Greffe (2015) D/11533, de 12 de octubre de 2015 (1).
La República Portuguesa sostiene que la solicitud de pago notificada por la Secretaría General de la Comisión Europea en el escrito SG-Greffe (2015) D/11533, de 12 de octubre de 2015, adolece de los siguientes vicios y, por lo tanto, debe ser anulada:
La justificación de la adopción del acto impugnado descansa en la usurpación de las facultades de la esfera jurisdiccional de la Unión Europea por parte de la Comisión, que incurre así en vicio de incompetencia.
El acto se basa en un desglose artificial de los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia recaída en el asunto C-76/13 y, por lo tanto, incurre en vicio de violación de los Tratados o de cualquier norma relativa a su aplicación.
El acto de la Comisión objeto del presente recurso de anulación vulnera la cosa juzgada, por lo que incurre, también por este motivo, en vicio de violación de los Tratados o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación.
El acto adolece de la misma ilegalidad por violar los principios de seguridad jurídica, de estabilidad de las relaciones jurídicas y de protección de la confianza legítima, consagrados por el Derecho de la Unión.
El acto vulnera el principio de prohibición de la doble sanción que impide obtener, mediante un nuevo acto jurídico individual, lo que no se ha conseguido anteriormente mediante resolución judicial, lo que se traduce en un vicio de violación de los Tratados o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación.
(1) Decisión del Director General de la Dirección General de Redes de Comunicaciones, Contenido y Tecnologías de la Comisión Europea por la que se exige a la República Portuguesa el pago de un importe de 580 000 euros por la aplicación, entre el 25 de junio y 21 de agosto de 2014, de la multa coercitiva impuesta por el Tribunal de Justicia en el asunto C-76/13.
Recurso de casación interpuesto el 17 de diciembre de 2015 por la Comisión Europea contra la sentencia dictada el 6 de octubre de 2015 por el Tribunal de la Función Pública en el asunto F-119/14, FE/Comisión
(Asunto T-734/15 P)
Recurrente: Comisión Europea (representantes: F. Simonetti y G. Gattinara, agentes)
Otra parte en el procedimiento: FE (Luxemburgo, Luxemburgo)
Anule la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 6 de octubre de 2015 en el asunto F-119/14, FE/Comisión.
Desestime el recurso interpuesto por FE en el asunto F-119/14 por infundado.
Decida que cada una de las partes cargarán con sus propias costas correspondientes a la presente instancia.
Condene a FE en costas en el procedimiento ante el Tribunal de la Función Pública.
En apoyo de su recurso, la parte recurrente invoca tres motivos.
Primer motivo, basado en varios errores de Derecho cometidos por el Tribunal de la Función Pública (TFP) y en una desnaturalización de los documentos del expediente en la interpretación y en la aplicación por el tribunal calificador del requisito de admisión relativo a la experiencia profesional mínima.
Segundo motivo, basado en un error de Derecho en la conclusión del TFP según la cual la AFPN incurrió en un error manifiesto de apreciación.
Tercer motivo, basado en un error de Derecho y en varios incumplimientos de la obligación de motivación en los que ha incurrido el TFP al condenar a la Comisión a abonar 10 000 euros a la demandante en primera instancia.
Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 2015 — The Art Company B & S/OAMI — Manifatture Daddato y Laurora (SHOP ART)
(Asunto T-735/15)
Demandante: The Art Company B & S, S.A. (Quel, La Rioja) (representantes: L. Sánchez Calderón y J. Villamor Muguerza, abogados)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Manifatture Daddato SpA (Barletta, Italia), Sabina Laurora (Trani, Italia)
Solicitante de la marca controvertida: Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso
Marca controvertida: Marca figurativa que incluye los elementos denominativos «SHOP ART» — Solicitud de registro no 12030921
Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 8 de octubre de 2015 en el asunto R 3050/2014-1
Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 2015 — British Aggregates y otros/Comisión
(Asunto T-741/15)
Demandantes: British Aggregates Association (Lanark, Reino Unido), Tinney Quarries Ltd (St. Johnston, Irlanda), MBC Quarries Ltd (Ballybofey, Irlanda), Mac Sand Ltd (Stranorlar, Irlanda) (representantes: L. Van den Hende, abogado, y A. White, Solicitor)
Anule la decisión de la Comisión de 4 de Agosto de 2014 publicada el Diario Oficial de Unión Europea el 25 de septiembre de 2015 sobre el régimen de ayuda SA.18859 (11/C) (ex 65/10 NN) del Reino Unido — Exoneración del impuesto sobre los áridos en Irlanda del Norte (ex N 2/04)
Condene a la Comisión al pago de las costas de las demandantes en este procedimiento.
Primer motivo, basado en que la Comisión incurrió en un error de Derecho al decidir que la infracción del artículo 110 TFUE, y, por tanto, la del artículo 107 TFUE, podía rectificarse retroactivamente y, de este modo, hacer compatible con el mercado interior la exoneración del impuesto sobre los áridos en Irlanda del Norte.
Segundo motivo, invocado con carácter subsidiario respecto del primer motivo, basado en que, la Comisión incurrió en un error de Derecho y en errores de apreciación al decidir que la medida correctiva con carácter retroactivo adoptada por el Reino Unido era compatible con el principio de efectividad y con el derecho a un recurso efectivo.
Tercer motivo, basado en que la Comisión incurrió en errores de apreciación al decidir que la exoneración del impuesto sobre los áridos en Irlanda del Norte era compatible con las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (1) (en lo sucesivo, «Directrices sobre ayudas en favor del medio ambiente de 2008») y, por tanto, con el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c). En particular, la Comisión incurrió en errores de apreciación al llegar a la conclusión de que se cumplía la tercera parte del criterio de necesidad de las Directrices sobre ayudas en favor del medio ambiente de 2008, es decir, al decidir si las canteras de Irlanda del Norte podían o no repercutir el impuesto sobre los áridos a los clientes sin provocar importantes reducciones de ventas.
Cuarto motivo, basado en que la Comisión no ha examinado de manera realmente diligente e imparcial la cuestión de si la medida correctiva con carácter retroactivo adoptada por el Reino Unido era compatible con el principio de efectividad y con el derecho a un recurso efectivo y la cuestión de si se cumplía la tercera parte del criterio de necesidad de las Directrices sobre ayudas en favor del medio ambiente de 2008.
Quinto motivo, basado en que la Comisión no ha motivado, conforme al artículo 296 TFUE, la compatibilidad de la medida correctiva con carácter retroactivo propuesta por el Reino Unido con el principio de efectividad y con el derecho a un recurso efectivo ni el cumplimiento de la tercera parte del criterio de necesidad de las Directrices sobre ayudas en favor del medio ambiente de 2008.
(1) Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (DO 2008 C 82, p. 1).
Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2015 — Nausicaa Anadyomène y Banque d’Escompte/BCE
(Asunto T-749/15)
Demandantes: Nausicaa Anadyomène SAS (París, Francia) y Banque d’Escompte (París, Francia) (representantes: S. Rodrigues y A. Tymen abogados)
Demandada: Banco Central Europeo (BCE)
Declare el recurso admisible y bien fundado.
Declare a la parte demandada responsable, en el sentido del artículo 340 TFUE, de las faltas cometidas con su política monetaria relativa a los títulos de deuda griegos.
Condene a la parte demandada a reparar el perjuicio sufrido, evaluado en 10 901 448,38 euros para la sociedad Nausicaa, sin perjuicio de nueva valoración, y en 239 058,84 euros para la Banque d’Escompte.
En cualquier caso, condene a la parte demandada a cargar con la totalidad de las costas.
Primer motivo, basado en infracciones suficientemente caracterizadas que, a su juicio, cometió el BCE. Dicho motivo se divide en tres partes:
Primera parte, relativa a la violación del principio de seguridad jurídica y del principio de respeto de la confianza legítima.
Segunda parte, relativa a la violación del principio de igualdad de trato y del principio de no discriminación y a la infracción de los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
Tercera parte, relativa a la violación del principio de buena administración, a la infracción del artículo 41 de la Carta y al incumplimiento de la obligación de diligencia.
Segundo motivo, basado en el perjuicio sufrido por las partes demandantes y en la relación de causalidad entre el comportamiento culposo del BCE y dicho perjuicio.
Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2015 — Contact Software/Comisión
(Asunto T-751/15)
Demandante: Contact Software GmbH (Bremen, Alemania) (representantes: J.-M. Schultze, S. Pautke y C. Ehlenz, abogados)
Anule la Decisión C(2015) 7006 final en el asunto AT.39846 — CONTACT/Dassault & PTC, de 9 de octubre de 2015.
Con el presente recurso la demandante solicita que se anule la Decisión C(2015) 7006 final en el asunto AT.39846 — CONTACT/Dassault & PTC, de 9 de octubre de 2015, mediante la que se desestimó la denuncia presentada por ella el 18 noviembre de 2010 por los motivos establecidos en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) No 773/2004 (1).
Primer motivo, basado en la definición incorrecta de los mercados de referencia.
La demandante aduce que la Comisión incurrió en errores de Derecho y en errores manifiestos de apreciación al aplicar e interpretar el artículo 102 TFUE, en la medida en que hizo caso omiso de las indicaciones y alegaciones formuladas por ella según las cuales debía realizarse una delimitación más restringida de los mercados relevantes, que comprendían, por un lado, los mercados propiamente dichos de programas de ordenador de «Computer Aided Design» (diseño asistido por ordenador, en lo sucesivo, «CAD») destinados a prestatarios concretos o, al menos de programas de ordenador de «High-End-CAD» destinados a fabricantes de automóviles y proveedores del sector automovilístico, y, por otro lado, un mercado relativo a la información sobre interfaces de CAD-Software de cada proveedor.
Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 102 TFUE
Mediante este motivo, la demandante aduce que la Comisión incurrió en error manifiesto al apreciar la posición dominante en el mercado de las empresas afectadas puesto que se basó fundamentalmente en la delimitación errónea del mercado antes mencionada.
Tercer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación.
En el marco del tercer motivo la demandante sostiene que la desestimación de su denuncia no ha sido motivada de manera suficiente.
Cuarto motivo, basado en el ejercicio incorrecto de la facultad discrecional.
Mediante el cuarto motivo la demandante aduce que la conclusión de la Comisión, según la cual, habida cuenta del interés comunitario no existen suficientes motivos para proseguir con la investigación relativa a una posible infracción del artículo 102 TFUE, adolece de error manifiesto.
(1) Reglamento (CE) no 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE (DO L 123, p. 18).
Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2015 — European Dynamics Luxembourg y Evropaïki Dynamiki/Comisión
(Asunto T-752/15)
Demandantes: European Dynamics Luxembourg SA (Luxemburgo, Luxemburgo) y Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atenas, Grecia) (representantes: M. Sfyri y Ch. Dede, abogados)
Anule la Decisión de la Comisión Europea, que se les notificó mediante escrito de 29 de octubre de 2015, DIGIT/R/3/SDP/PT 5107460 (2015), en virtud de la cual la Comisión Europea clasificó en sexto lugar la oferta de las demandantes para uno de los tres lotes distintos y, en particular, para el lote no 3, en el ámbito de la licitación con procedimiento abierto no DIGIT/R3/PO/2015/0008 — STIS IV, con la denominación «Support and consulting services for technical informatics staff IV (STIS IV)».
Condene a la Comisión a indemnizar el daño sufrido por las demandantes como consecuencia de la oportunidad que perdieron de ser clasificadas en primer lugar para el lote no 3 en el acuerdo marco STIS IV.
Condene a la Comisión a pagar todas las costas del procedimiento.
Según las partes demandantes, la Decisión impugnada debe ser anulada, debido a la insuficiencia de motivación: i) en cuanto a la apreciación de la oferta técnica de las demandantes; ii) en cuanto a los motivos por los que las ofertas económicas de las sociedades y de los consorcios adjudicatarios no fueron considerados anormalmente bajas, y por causa de la violación por parte de la Comisión de los documentos contractuales y del Derecho de la Unión por lo que se refiere a la existencia de errores manifiestos de apreciación.
Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 2015 — EDF Toruń/Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)
(Asunto T-758/15)
Demandante: EDF Toruń SA (Toruń, Polonia) (representante: K. Sienkiewicz, abogado)
Demandada: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)
Anule la Decisión no SME(2015) 4950 de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, de 3 de noviembre de 2015, y la factura no 10054011 inclusiva del impuesto sobre el valor añadido, de 3 de noviembre de 2015, mediante las cuales se cobró una tasa administrativa por haber proporcionado datos inexactos acerca del tamaño de la empresa en la notificación a la lista REACH.
Primer motivo, basado en la falta de efectos jurídicos de la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (2003/361/CE) y en la necesidad de aplicar a tales efectos las disposiciones nacionales.
Segundo motivo, basado en la infracción de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 340/2008 (1), puesto que la Agencia no está facultada para imponer sanciones pecuniarias a empresas que han efectuado una notificación a la lista REACH.
Tercer motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad por el cobro de una tasa administrativa extraordinariamente elevada en comparación con la carga de trabajo necesaria para determinar el valor correcto de la empresa.
Cuarto motivo, basado en la extralimitación de competencias por el hecho de haber cobrado una tasa con arreglo a la resolución no 14/2015 del Consejo de Administración de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, pese a que dicha resolución no tiene efectos jurídicos.
Quinto motivo, basado en la vulneración del principio de igualdad de trato, en la medida en que la cuantía de las tasas administrativas se calcula en función del tamaño de la empresa, cuando en realidad nada aboga por la legalidad de tal solución.
(1) Reglamento (CE) no 340/2008 de la Comisión, de 16 de abril de 2008, relativo a las tasas que deben abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos con arreglo al Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) (DO L 107, p. 6).
Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 2015 — Sogepa/Comisión
(Asunto T-761/15)
Demandante: Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) (Lieja, Bélgica) (representantes: A. Lepièce y H. Baeyens, abogadas)
Anule los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Decisión de la Comisión Europea de 31 de julio de 2014 relativa a la ayuda estatal no notificada SA.34791 (2013/C) (ex 2012/NN) — Bélgica — Ayuda de salvamento a Val Saint-Lambert en la medida en que ordena la recuperación de un importe de ayuda estatal correspondiente al doble de la ventaja económica efectivamente disfrutada por la sociedad Val Saint-Lambert.
En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca un único motivo basado en un error de Derecho que la Comisión supuestamente cometió en la calificación de la ventaja económica en la concesión del préstamo a Val Saint-Lambert SA y en la imposición de un doble reembolso de la ventaja económica para el beneficiario.
Recurso interpuesto el 29 de diciembre de 2015 — Deutsche Lufthansa/Comisión
(Asunto T-764/15)
Demandante: Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Alemania) (representante: A. Martin-Ehlers, abogado)
Anule la Decisión de la Comisión Europea, de 1 de octubre de 2014, en el asunto SA.32833 (2011/C) (ex 2011/NN) — Aeropuerto de Hahn.
En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca, en esencia, lo siguiente:
Irregularidad en el procedimiento, al no haber tenido lugar un nuevo encuentro con la demandante en 2014.
Presentación incompleta del asunto, pese a que la demandada conocía los hechos cuando adoptó la Decisión impugnada.
Errónea apreciación jurídica de las medidas a favor del aeropuerto interesado, en la medida en que determinadas medidas no fueron calificadas de ayudas de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, y otras fueron calificadas de ayudas de Estado compatibles con el mercado común.
Falta de consideración del hecho de que todas las ayudas indicadas en la Decisión impugnada en favor del aeropuerto interesado han beneficiado, en suma, a Ryanair, como principal usuario de dicho aeropuerto.
Recurso interpuesto el 30 de diciembre de 2015 — BelTechExport/Consejo
(Asunto T-765/15)
Demandante: BelTechExport ZAO (Minsk, Biolorusia) (representantes: J. Jerņeva y E. Koškins, abogados)
Anule el Reglamento (UE) 2015/1948 del Consejo, de 29 de octubre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas con respecto a Belarús (DO 2015 L 284, p. 62), en la medida en que extiende la aplicación de las medidas restrictivas, aunque suspendidas temporalmente, a la demandante.
Anule la Decisión (PESC) 2015/1957 del Consejo, de 29 de octubre de 2015, por la que se modifica la Decisión 2012/642/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Belarús (DO 2015 L 284, p. 149), en la medida en que extiende la aplicación de las medidas restrictivas, aunque suspendidas temporalmente, a la demandante
Condene al Consejo al pago de las costas de la demandante.
Primer motivo, basado en que los actos impugnados no ofrecen una motivación adecuada de la constante inclusión de la demandante en la lista de los anexos pertinentes y en que el Consejo ha infringido el artículo 296 TFUE, apartado 2, que exige que el Consejo motive sus actos.
Segundo motivo, basado en que los actos impugnados violan el derecho de defensa y el derecho a un juez imparcial consagrados en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») e infringen los artículos 6 y 13 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, «CEDH») en la medida en que se adoptaron sin dar oportunidad a la demandante de ejercer efectivamente su derecho de defensa, en particular su derecho a ser oída y el derecho a un procedimiento que le permita solicitar efectivamente su exclusión de la lista de personas a las que se aplican las medidas restrictivas.
Tercer motivo, basado en que los actos impugnados adolecen de errores manifiestos de apreciación en la medida en que se basan en la falsa suposición de que la demandante, como empresa importante en el sector bielorruso de la fabricación y exportación de armas, se beneficia del régimen de Lukashenko.
Cuarto motivo, basado en que los actos impugnados infringen el derecho fundamental a la propiedad del artículo 17 de la Carta y del artículo 1 del Protocolo no 1 del CEDH y en que esta infracción no se basa en pruebas concluyentes y es injustificada y desproporcionada.
Recurso interpuesto el 19 de noviembre de 2015 — ZZ/Parlamento
(Asunto F-143/15)
Demandante: ZZ (representante: A. Fombaron, abogada)
Anulación de la resolución que desestima la reclamación del demandante que tenía por objeto la anulación de la resolución de rescisión anticipada de su contrato en el Parlamento Europeo.
Que se anule la resolución desestimatoria, de fecha 19 de agosto de 2015, de la reclamación basada en el artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
Que se anule la resolución del Parlamento Europeo de fecha 25 de febrero de 2015.
Que se anule la resolución del Parlamento Europeo de fecha 2 de febrero de 2015.
Recurso interpuesto el 27 de noviembre de 2015 — ZZ/Parlamento
(Asunto F-146/15)
Demandante: ZZ (representantes: S. Orlandi y T. Martin, abogados)
Pretensión de anulación de la decisión del Parlamento por la que se desestima la solicitud de conversión en puntos de mérito de los informes de calificación del demandante realizados a partir de su promoción al grado AD 12.
Que se anule la decisión de la AFPN de 8 de abril de 2015 por la que se desestimó la solicitud de conversión de los informes de calificación del demandante realizados a partir de su promoción al grado AD 12 en puntos de mérito.
Recurso interpuesto el 17 de diciembre de 2015 — ZZ/Parlamento
(Asunto F-147/15)
Demandante: ZZ (representante: M. Casado García-Hirschfeld, abogada)
Anulación de la decisión por la que se resuelve el contrato de la demandante.
Que se anule la decisión recurrida de 24 de febrero de 2015.
Que se anule, en caso necesario, la decisión denegatoria de 9 de septiembre de 2015.
Que se condene en costas al Parlamento.
Recurso interpuesto el 21 de diciembre de 2015 — ZZ/Comisión
(Asunto F-149/15)
Demandante: ZZ (representante: L. Levi, abogada)
Anulación de la decisión por la que se impone al demandante la sanción de suspensión de la subida de escalón y que le obliga a reparar un perjuicio supuestamente sufrido por la Unión Europea, y pretensión de indemnización en compensación por el perjuicio moral y de reputación supuestamente sufrido.
Anule la decisión CMS 13-005 de la AFPN tripartita en tanto establece la suspensión de la subida de escalón por un período de 18 meses y la reparación de un perjuicio fijado mediante la decisión en 108 596,35 euros.
En la medida en que sea necesario, anule la decisión de desestimar la reclamación del demandante.
Con carácter subsidiario, reduzca la sanción financiera contenida en la decisión CMS 13-005.
Condene a la demandada a la reparación del perjuicio moral y de reputación del demandante evaluado en 20 000 euros.
Condene al pago de la totalidad de las costas a la demandada.
Auto del Tribunal de la Función Pública de 12 de enero de 2016 — Vermoesen y Herkens/Comisión
(Asunto F-108/15) (1)
El Presidente de la Sala Tercera ha resuelto archivar el asunto.
(1) DO C 320, de 28.9.2015, p. 54.

References: Artículo 6
 Artículo 13
 Artículo 56
 resolución 
 Artículo 349
 Artículo 39
 Artículo 19
 Artículo 47
 Artículo 34
 Artículo 36
 Artículo 5
 Artículo 56
 Artículo 11
 Artículo 13
 Artículo 30
 Artículo 110
 Artículo 3
 Artículo 1
 Artículo 18
 Artículo 25
 Artículo 22
 resolución 
 Artículo 29
 Artículo 6
 Artículo 13
 Artículo 56
 resolución 
 artículo 56
 Artículo 349
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 9
 Artículo 39
 Artículo 19
 Artículo 47
 artículo 39
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 19
 artículo 288
 artículo 19
 artículo 19
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 resolución 
 artículo 23
 artículo 58
 artículo 23
 Artículo 34
 Artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 Artículo 5
 Artículo 56
 artículo 56
 Artículo 11
 Artículo 13
 artículo 49
 artículo 49
 Artículo 30
 Artículo 110
 Artículo 3
 Artículo 1
 artículo 1
 artículo 30
 Artículo 18
 Artículo 25
 artículo 18
 Artículo 22
 artículo 22
 artículo 27
 artículo 16
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 218
 artículo 218
 artículo 3
 artículo 218
 artículo 218
 resolución 
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 Artículo 29

Resolución 
 Resolución 
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 artículo 2
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 351
 artículo 351

Resolución 
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 resolución 
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 108
 artículo 21
 artículo 63
 artículo 29
 artículo 215
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Resolución 
 Resolución 
 artículo 110
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 296
 artículo 340
 artículo 41
 artículo 7
 artículo 102
 artículo 102
 artículo 102
 resolución 
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 artículo 107
 artículo 296
 artículo 47
 artículo 17
 artículo 1
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 artículo 90
 resolución 
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