Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2012-00221-1530-13-de-marzo-16-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_0b674c223b0a497c9b151785482412f6&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-03-19 15:48:46+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2012-00221/1530-13 DE MARZO 16 DE 2017
SENTENCIA 2012-00221 DE 16 DE MARZO DE 2017
CONTENIDO:DIFERENCIACIÓN ENTRE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS MIEMBROS EJECUTIVOS DE LA POLICÍA NACIONAL SEGÚN EL CARGO DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO. CONFORME A LO ESTABLECIDO EL RÉGIMEN DE ASIGNACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS MIEMBROS DEL NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL SE ESTABLECIÓ MEDIANTE EL DECRETO 1091 DE 1195 Y EN ÉL SE CONTEMPLARON LAS SIGUIENTES: ASIGNACIÓN MENSUAL, PRIMA DE SERVICIO, PRIMA DE NAVIDAD, PRIMA DE CARABINERO, PRIMA DE NIVEL EJECUTIVO, PRIMA DE RETORNO A LA EXPERIENCIA, PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR, PRIMA DE INSTALACIÓN, PRIMA DE VACACIONES Y SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN. DE IGUAL FORMA, CON LA CREACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA JERÁRQUICA ASÍ COMO EL ESTABLECIMIENTO DE UN RÉGIMEN PROPIO SOBRE ASIGNACIONES SALARIALES, PRIMAS Y PRESTACIONES SOCIALES PARA ESTE, NO COMPORTABA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, MÁXIME CUANDO PARA INGRESAR AL NIVEL EJECUTIVO, DEBÍA MEDIAR SOLICITUD DEL INTERESADO, LO CUAL SE DEJABA A DISCRECIÓN DEL INTERESADO, EN POSTULARSE O NO.
TEMAS ESPECÍFICOS:MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL, DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL, PRESTACIONES SOCIALES DE LA POLICÍA NACIONAL, RÉGIMEN PENSIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL, REGÍMENES DE LA POLICÍA NACIONAL
Sentencia 2012-00221/1530
Bogotá, D.C., marzo dieciséis de dos mil diecisiete.
Rad. 25000 23 25 000 2012 00221 01 (1530-13).
Actor: Gonzalo José Sandoval García.
Se circunscribe a establecer si el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las primas, subsidios, bonificaciones y prestaciones que le fueron suspendidos con ocasión de su homologación en el nivel ejecutivo de la Policía Nacional.
Ahora bien, a través del artículo 35 de la Ley 62 de 1993(7), el legislador revistió de facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar las normas de carrera del personal de oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, entre otras; en ejercicio de tales facultades, se profirió el Decreto-Ley 041 de 1994(8), por el cual se creó el nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que en sus artículos 18 y 19 facultó a los suboficiales y agentes activos, respectivamente, para ingresar a la escala jerárquica del nivel ejecutivo, efecto para el cual impuso como requisito que el miembro de la institución que optara por ingresar a ella, debía realizar solicitud en tal sentido.
Más adelante, el Presidente de la República profirió el Decreto 1791 de 2000 “por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la Policía Nacional” y en él estableció las condiciones de ingreso de los suboficiales y agentes activos al nivel ejecutivo. Al estudiar la constitucionalidad de algunos artículos del decreto en cita, la Corte Constitucional en Sentencia C-691 de 2003(10) concluyó que la creación de la nueva estructura jerárquica así como el establecimiento de un régimen propio sobre asignaciones salariales, primas y prestacionales sociales para este, no comportaba vulneración de los derechos adquiridos, máxime cuando para ingresar al nivel ejecutivo, debía mediar solicitud de interesado, esto es, se dejaba a discreción del interesado, en postularse o no, de modo que el postulante era quien debía evaluar si la situación era favorable a sus intereses.
El señor Gonzalo José Sandoval García ingresó al servicio de la Policía Nacional, en calidad de agente alumno, el 7 de abril de 1986; fue incorporado como agente desde el 1º de noviembre de 1986(11); empezó a hacer parte del cuerpo de suboficiales de la institución, en el grado de cabo segundo, a partir del 4 de junio de 1993(12) e ingresó al nivel ejecutivo de la institución el 1º de junio de 1994, en virtud de la Resolución 06924 del 1º de julio de 1994(13).
El director general de la Policía Nacional reconoció al demandante, en su calidad de agente, un subsidio familiar correspondiente al 35%, según Resolución 0007 del 5 de enero de 1987(14), porcentaje que fue incrementado al 39%, según Resolución 2156 del 30 de marzo de 1988(15).
El mismo funcionario reconoció al actor, en su condición de intendente jefe del nivel ejecutivo de esa institución, una mención honorífica por séptima vez, mediante Resolución 04681 del 13 de diciembre de 2007(16).
De acuerdo con la certificación expedida por la tesorera de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional(17), en el mes de noviembre de 1996 el demandante percibía los siguientes conceptos:
Según Oficio 156586/ADSAL-GRUNO-6.6.6.2-22 del 26 de julio de 2011 emitido por la jefe del área de administración salarial de la Policía Nacional(18), antes de su homologación, al demandante se le liquidaba su remuneración así: como agente, con lo previsto en el título III del Decreto 1213 de 1990, Capítulo I; como suboficial, con lo consagrado en el Título IV del Decreto Ley 1212 de 1990, capítulo I; al producirse la homologación al nivel ejecutivo, se le aplicó el Decreto 1091 de 1995, Título I, Capítulo I, en lo relativo a las asignaciones, primas, subsidios, entre otros y el Capítulo II ibídem en materia de subsidio familiar. Además, sus cesantías se empezaron a liquidar con base en el artículo 50 del último decreto citado, según informó el jefe del grupo orientación e información(19).
De acuerdo con la certificación expedida por la tesorera de la dirección administrativa y financiera de la Policía Nacional(20), el demandante recibió en el mes de mayo de 2011, por concepto de sueldo, lo siguiente:
Los mismos conceptos se desprenden de las liquidaciones de nómina y certificaciones aportadas al expediente, correspondientes a los meses de diciembre de 2002(21); noviembre de 2005(22); noviembre y diciembre de 2006(23); junio, julio, noviembre y diciembre de 2009(24); mayo, junio, julio, noviembre y diciembre de 2010(25); enero(26), febrero, marzo, abril(27) y junio de 2011(28), en los que, además, se refleja el pago por concepto de subsidio familiar.
La jefe del área administración salarial de la Policía Nacional resolvió la solicitud radicada por el demandante el 18 de julio de 2011, mediante el Oficio 151238/ADSAL-GRUNO-6.6.6.2-22 del 21 de julio de 2011(29), en el que despachó desfavorable la pretensión encaminada al reconocimiento y pago de los emolumentos que se reconocían a favor de aquel antes de su homologación al nivel ejecutivo, comoquiera que la administración ha dado estricto cumplimiento a las normas relativas a los salarios y prestaciones sociales de los miembros del nivel ejecutivo de la institución.
Entre tanto, el jefe del área procedimientos de personal de la dirección de talento humano de la Policía Nacional emitió el oficio 154126/APROP-GRURE-6.6.4.4-22 del 25 de julio de 2011(30), en respuesta a la petición radicada por el demandante el 8 de junio de 2011, encaminada a la modificación de su hoja de servicios con fundamento en la reliquidación de las partidas y factores salariales, manifestó que era improcedente porque se aplicaron las normas que rigen sus prestaciones como miembro del nivel ejecutivo y de acuerdo con las partidas computables establecidas en el Decreto 4433 de 2004 para ese nivel. Además señaló que, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la hoja de servicios no es susceptible de recursos en vía gubernativa.
A los diez (10) años, el diez por ciento (19%) y por cada año que exceda de los diez (10), el uno por ciento (1%) más.
ART. 8º—Prima de retorno a la experiencia. El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, tendrá derecho a una prima mensual de retorno a la experiencia, que se liquidará de la siguiente forma: a. El uno por ciento (1%) del sueldo básico durante el primer año de servicio en el grado de intendente y el uno por ciento (1%) más por cada año que permanezca en el mismo grado, sin sobrepasar el siete por ciento (7%); b. Un medio por ciento (1/2%) más por el primer año en el grado de subcomisario y medio por ciento (1/2%) más por cada año que permanezca en el mismo grado sin sobrepasar el nueve punto cinco por ciento (9.5%); c. Un medio por ciento (1/2%) más por el primer año en el grado de comisario y medio por ciento (1/2%) más por cada año que permanezca en el mismo grado, sin sobrepasar el doce por ciento (12)(sic).
En la contestación de la demanda(31), se hizo el comparativo de los salarios y prestaciones sociales que el demandante recibía en su condición de cabo segundo, antes de la homologación, y el que empezó a percibir una vez ingresó al nivel ejecutivo de la Policía Nacional y en él se reflejó lo siguiente:
Adicionalmente, debe decirse que, en el cuadro aludido, la entidad no incluyó el subsidio familiar que el demandante empezó a percibir, aunque en un menor porcentaje, en su condición de miembro del nivel ejecutivo, pero que sí se reflejó en las diferentes certificaciones allegadas y mencionadas en el acápite de pruebas, lo que quiere decir que el ingreso total en calidad de subintendente fue mayor al que el actor percibía como suboficial de la Policía Nacional, lo que también se ve reflejado en las certificaciones de salario aportadas, que dan cuenta de la remuneración mensual percibida por él antes y después de su homologación en el nivel ejecutivo.
Con fundamento en lo anterior, es evidente que el régimen salarial y prestacional que empezó a regir al demandante, a partir de su ingreso al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, fue más favorable que el que tenía en su condición de cabo segundo de la institución.
Sobre el particular, las subsecciones A y B de la sección segunda de esta corporación han tenido la oportunidad de pronunciarse y han concluido, en reiteradas providencias(32), que el régimen salarial y prestacional de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, analizado en su integridad, resulta más favorable que el que cobijaba a los suboficiales y agentes de la institución, en particular, porque la asignación salarial les resultó favorable, por ende, no se puede entender que hubo vulneración a los derechos adquiridos o detrimento salarial, como el que alega el demandante. Así se discurrió en una de tantas sentencias:
Contrario a lo afirmado por el interesado, lo que se observa es que el ejecutivo no lesionó el mandato de no regresividad, pues de la comparación global entre el antiguo y nuevo régimen es evidente que el Decreto 1091 de 1995 le reporta nuevos beneficios que compensan los que le fueron suprimidos, tales como la prima de retorno a la experiencia (f. 26, cuaderno anexo) y la prima del nivel ejecutivo; y, tampoco se allegó prueba dentro del expediente por parte del actor tendiente a probar la desmejora de su situación salarial y prestacional, por el contrario, se advierte un aumento significativo en el salario básico.
Por último, como se dejó expuesto en el marco normativo y jurisprudencial, la Sala(33) ya se había pronunciado sobre el presunto desmejoramiento de la situación salarial y prestacional del personal activo que ingresó al nivel ejecutivo. En aquella oportunidad, sostuvo la Sala:
“El citado desmejoramiento, no obstante, no puede mirarse aisladamente o, dicho de otra forma, factor por factor, pues ello permitiría la posibilidad de crear, sin competencia para el efecto, un tercer régimen, compuesto por aquellos elementos más favorables de cada uno de los regímenes en estudio [en este caso, el de Agentes - Decreto 1213 de 1990, por un lado; y, el del nivel ejecutivo - Decreto 1091 de 1995, por el otro]. Por el contrario, y en virtud del principio de inescindibilidad [ampliamente delineado por la jurisprudencia. laboral contenciosa], la favorabilidad del nivel ejecutivo al que se acogió libremente el interesado debe observarse en su integridad, pues es posible que en la nueva normativa aplicable [la contenida en el Decreto 1091 de 1995] existan ventajas no estipuladas mientras ostentó la condición de agente y que, a su turno, se hayan eliminado otras, pese a lo cual, en su conjunto, su condición de integrante de nivel ejecutivo le haya permitido, incluso, mejorar sus condiciones salariales y prestacionales(34)”.
Además, en aplicación del principio de inescindibilidad, el demandante no se puede favorecer de las ventajas de uno y otro régimen, máxime cuando la decisión de acogerse, en este caso, al nivel ejecutivo de la Policía Nacional surgió en forma libre y espontánea, y ello conllevaba la aceptación y acogida de las normas que fijaban los salarios y prestaciones sociales para este régimen, el que debía ser aplicado en su integridad y no en forma parcializada, como se pretende en la demanda y en el recurso, según los cuales se buscó el reconocimiento y pago de las prestaciones y beneficios laborales que recibía cuando tenía la calidad de suboficial, pero liquidados con el salario básico que se reconocía como miembro del nivel ejecutivo.
Con los anteriores argumentos fuerza concluir que el demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones, auxilios, subsidios y demás emolumentos reclamados, lo que conlleva confirmar la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda.
1. Confirmar la sentencia proferida el 1º de noviembre de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en el proceso promovido por Gonzalo José Sandoval García contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones de esta providencia.
2. Reconocer al abogado Richard Oswaldo Vega Bello como apoderado judicial de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, en la forma y términos del poder visible en folio 362 del expediente.
(11) Según Resolución 5915 del 6 de octubre de 1986, que obra en los folios 39 a 41.
(12) Según Resolución 4094 del 1º de junio de 1993, que reposa en los folios 43 a 45.
(13) Según formato de hoja de servicios visible en el folio 2 y de acuerdo con la Resolución 06924 de 1º de julio de 1994, cuya copia obra en los folios 47 a 50.
(14) Folios 21 a 23.
(15) Folios 24 a 27.
(16) Folios 34 a 36.
(17) Folio 55.
(19) Folios 28 y 29.
(20) Folio 51.
(21) Folio 56.
(22) Folio 57.
(23) Folios 58 y 59.
(24) Folios 60 a 63.
(25) Folios 64 a 68.
(26) Folio 69.
(27) Folio 53.
(28) Folio 54.
(29) Folios 10 a 12.
(30) Folios 13 a 17.
(31) Folio 127.
(32) Ver, entre otras, las siguientes: Subsección B, Sentencia de 29 de febrero de 2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, rad. 25000-23-25-000-2011-00696-01 (0590-2015); Subsección A, Sentencia de 3 de marzo de 2016, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero; rad. 25000-23-42-000-2013-00067-01 (3546-13); Subsección A, Sentencia de 19 de mayo de 2016, M.P. Gabriel Valbuena Hernández, rad. 25000-23-25-000-2012-00108-01 (3396-14); Subsección A, Sentencia de 17 de noviembre de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 25000-23-42-000-2013-05603-01 (2296-14).
(33) Esta cita hace parte del texto trascrito: Sentencia de 31 de enero de 2013. NI. 0768-12.
(34) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 9 de febrero de 2015, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, rad. 17001-23-33-000-2012-00152-01 (2987-13).

References: artículo 35
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 50
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución