Source: http://apure.tsj.gob.ve/decisiones/2007/enero/442-31-2165-.html
Timestamp: 2017-02-23 16:10:54+00:00

Document:
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur ASUNTO: 2.165
DEMANDANTE:	LIGIA MARQUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.770.843, de este domicilio.
ABOGADO DEL DEMANDANTE: ISIL BOLIVAR, inpreabogado Nº 99.647.
DEMANDADO: ESTADO APURE.
APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDADO: ANALIESSE MONTENEGRO, apoderado judicial del ente demandado.
Antes de pronunciarse sobre el fondo del presente asunto, corresponde a este Tribunal establecer su competencia para conocer el presente COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES, observa que el mismo ha sido interpuesto contra EL ESTADO APURE, incoado por la ciudadana LIGIA MARQUEZ, por las lesiones a los derechos e intereses legítimos personales que le corresponde en sentido de la cancelación de las prestaciones sociales y demás beneficios, en razón de lo cual, este Tribunal resulta competente para conocer el presente COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES.
Que la relación laboral se inició en fecha 01 de octubre de 1.979 hasta el 17 de septiembre del 2.001.
Que presto sus servicios en diversas instituciones educativas dependientes de la Secretaría Regional de Educación de la Gobernación del Estado Apure, siendo una de ellas la Escuela Negro Afuera, ejerciendo funciones de Maestra de aula suplente, de manera ininterrumpidas en la referida escuela, hasta 15 de mayo de 1.980; desde el 16 de mayo de 1980 hasta el 30 de septiembre de 1984 en NER N° 2 del Estado Apure; desde 01 de octubre de 1984 hasta 31 de diciembre de 1.988 en la Escuela Básica “Alirio Goitia Araujo”; desde el 01 de octubre de 1988 hasta 17 de septiembre de 2.001, como supervisor en la oficina de supervisión Zona N° 3 Estado Apure.
Que en fecha 08 de noviembre de 2.001, mediante dictamen N° 119-01 la Procuraduría General del Estado Apure declaró procedente la solicitud de jubilación. Que en fecha 30 de marzo de 2.004, recibió un adelanto de prestaciones sociales, por un monto de CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y COHO MIL SEICIENTOS OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES CON DIECISEIS CÉNTIMOS (Bs. 14.578.685,16).
Que en fecha 11 de marzo de 2.005, agotó la vía administrativa. Finalmente solicito:
1.- Indemnización de antigüedad.
2.- Interés sobre prestaciones sociales.
3.- Bono de transferencia.
5.- Antigüedad años 1997.
6.- Antigüedad año 1998.
7.- Antigüedad año 1.999.
8.- Diferencia de bono vacacional.
9.- cesta ticket.
Para una solicitud total a cancelar de DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 12.731.689,37).
En fecha 15 de mayo de 2.006, el Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure admitió la presente demanda por Cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales incoada por la ciudadana LIGIA MARQUEZ en contra del ESTADO APURE, ordenando las notificaciones de Ley.
En fecha 13 de diciembre de2.006, la ciudadana ARMADA ARTEAGA HERNANDEZ actuando en su carácter de Procuradora General del Estado Apure otorgo PODER ESPECIAL APUD ACTA a los abogados JESUS DEL VALLE LISS, ALBERTO LUIS BOLÍVAR, KENNY JOSEFINA LARA, MARIA EUGENIA OLIVAR, ANALEISSE MONTENEGRO, YASMIN YEJAN, IRIS MENDEZ, ESPERANZA PALMA, JUAN PEREZ, ANGEL GUERRERO Y RAFAEL RAMOS, para que representen al Estado Apure en el presente juicio. En fecha 08 de enero de 2.007, la abogada KENNY J. LARA inpreabogado N° 117.654, actuando en su carácter de apoderada judicial del Estado Apure, presento escrito mediante el cual dio contestación a la demanda. Por auto de fecha 11 de enero de 2.007 el Tribunal fijo el quinto día de despacho siguiente para que se llevara a cabo la audiencia preliminar. En fecha 15 de enero de 2.007, siendo el día y hora fijado por este Tribunal para que se llevara a cabo la audiencia preliminar acto al que compareció la abogada ANALIESSE MONTENEGRO, actuando con el carácter de apoderado judicial del Estado Apure por lo que expuso: “solicito al Tribunal declare Inadmisible la presente demanda por cobro de prestaciones sociales incoada por la ciudadana LIGIA MARQUEZ, por cuanto le fueron canceladas las prestaciones sociales en su oportunidad, de igual forma alego que a la fecha en que interpuso la demanda ya había prosperado la caducidad, por lo que solicito al Tribual revise las condiciones de inadmisibilidad ya que la misma puede ser revisada en cualquier grado o estado de la causa”. El Tribunal declaro INADMISIBLE la presente demanda. - I -
Esta Juzgadora, como punto previo, considera imperativo remitirse al análisis de los alegatos y a la revisión de los recaudos consignados con la demanda, a los fines de precisar lo relativo a la caducidad de la acción como causal de inadmisibilidad alegada por la parte querellada en la audiencia definitiva y al respecto se observa: Debe señalarse que, en un primer momento se consideró, el lapso a los efectos del reclamo de las prestaciones sociales o de su diferencia, era de seis (06) meses previsto en el artículo 82 de la Ley de Carrera Administrativa y, posteriormente, el de tres (03) meses previsto en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública vigente, en ambos casos considerados lapsos de caducidad.
Sin embargo, más recientemente, la Corte mediante sentencia dictada en fecha 29 de marzo de 2006, caso: Fernando Rafael Vásquez vs. Alcaldía del Municipio Puerto Cabello del estado Carabobo, expediente N° AP42-R-2003-001173, modificó el criterio relativo a dicho lapso para reclamar el pago de prestaciones sociales o de su diferencia, sosteniendo lo siguiente: “…El artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo promulgada en 1990, vino a consolidar las orientaciones existentes en materia funcionarial, en el sentido de reconocerle a los funcionarios o empleados públicos nacionales, estadales o municipales, el goce de los beneficios acordados por dicha ley en todo lo no previsto en las normas sobre Carrera Administrativa Nacionales, Estadales o Municipales. Por su parte, el artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, consagra el derecho de los funcionarios o funcionarias públicos a gozar de los mismos beneficios contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, en lo atinente a la prestación de antigüedad y condiciones para su percepción. Como se observa, la integración de la Ley Orgánica del Trabajo a la materia funcionarial, en relación al derecho a la prestación de antigüedad, viene dada por remisión expresa del artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el cual -como quedó dicho- reconoce a los funcionarios públicos el goce del derecho a la prestación de antigüedad, en las mismas condiciones en cuanto a su percepción, que tienen los trabajadores amparados por la Ley Orgánica del Trabajo. En efecto, cuando se rompe el vínculo funcionarial con la Administración, emerge la obligación para la Administración de hacer efectivo el pago de las prestaciones sociales, derecho que se engloba dentro de los derechos sociales que tiene el funcionario público como recompensa al trabajo por los servicios prestados a la Administración. La obligación estriba en cancelar las prestaciones sociales, derecho irrenunciable, que por un lapso de caducidad no puede ni debe menoscabarse su cumplimiento por parte de la Administración, pues dicha obligación se encuentra vinculada a un derecho también sustentado en razones jurídicas, éticas, sociales y económicas.
Dicho pago se encuentra sujeto a la norma constitucional prevista en el artículo 92 de la Constitución y forma parte de un sistema integral de justicia social que no puede sufrir fisura por una interpretación rígida del artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Es así como se hace imprescindible una interpretación más flexible y en verdadera sintonía con nuestra Carta Magna, que prevé la obligación de proporcionar una ¨tutela judicial efectiva¨, la cual no sería posible con la exigencia de lapsos de caducidad que afecten derechos constitucionales de los trabajadores, funcionarios o empleados, sin distinción alguna. Con la motivación contenida en el fallo antes citado, se puso en evidencia la desigualdad existente entre los funcionarios públicos y los trabajadores regidos por la Ley Orgánica del Trabajo, respecto al acceso a la jurisdicción para el reclamo de sus prestaciones sociales, donde para los primeros, a pesar de ser un derecho que les corresponde a ambas categorías de trabajadores por igual, la Ley del Estatuto de la Función Pública establece un lapso de caducidad de tres (3) meses, mientras que para los segundos se prevé un lapso de prescripción de un (1) año. Esta situación genera no solo una diferencia injustificada en el ejercicio del derecho que tiene todo ciudadano, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, de acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, sino que además atenta contra el principio de igualdad contemplado en el artículo 21 ejusdem, según el cual se prohíbe cualquier tipo de discriminación que tenga por objeto menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. Es así como la Corte conforme al anterior criterio de la interpretación del artículo 92 constitucional, los funcionarios públicos no podían ver disminuido su derecho al cobro de las prestaciones sociales por aplicación estricta de los lapsos de caducidad previstos en la Ley. Ahora bien, en materia Contenciosos Administrativa prevalece el lapso de caducidad no así los de prescripción, es así como no existe regulación en las normas contencioso administrativas referidas a la prescripción. Así las cosas conforme lo prevé la disposición Transitoria Cuarta de la Constitución nuestro constituyente ha pretendido, en materia del derecho a prestaciones sociales de los trabajadores, lograr un trato igualitario que permita, conforme al régimen previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, que todos los trabajadores y trabajadoras puedan disfrutar del referido derecho sin ningún tipo de discriminación, tal como se desprende del contenido del Artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública que establece que los funcionarios y funcionarias públicos gozarán de los mismos beneficios contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, en lo atinente a la prestación de antigüedad y condiciones para su percepción. Por tal motivo debe dispensarse a los funcionarios públicos el mismo trato que, para el reclamo de las prestaciones sociales, la legislación laboral otorga a los trabajadores regidos por la Ley del Estatuto de la Función Pública. De manera que el lapso de tres (3) meses establecido en la Ley debe ceder ante el lapso mas favorable de un (1) año consagrado en el Artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, aplicable a los funcionarios públicos por mandato del artículo 8 ejusdem, el cual es aplicable por mandato constitucional como lo es el derecho a la no discriminación (Artículo 21) y el derecho al acceso a los órganos de justicia y a la tutela judicial efectiva (Artículo 26). Ahora bien, desde cuando ha de computarse dicho lapso, esta situación quedo aclarada mediante Sentencia de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo de fecha quince (15) de Mayo del año Dos Mil (2.000), según el cual el lapso de Caducidad para exigir el funcionario sus prestaciones sociales comienza desde la fecha en que le cancelaron parcialmente las mismas. Conforme a las consideraciones antes hechas, y contándose el lapso de caducidad, en la presente causa, a partir del último pago que por concepto de prestaciones sociales recibió la querellante, observa esta juzgadora que la ciudadana LIGIA MARQUEZ, termino su relación laboral en fecha 17 de septiembre de 2.001, tal como lo hace constar en su escrito libelar, posteriormente en fecha 30 de marzo de 2.004, recibió un adelanto de prestaciones sociales por un monto de CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES CON DIECISEIS CÉNTIMOS (Bs. 14.578.685,16), naciendo aquí un nuevo lapso para la reclamación de las diferencia de prestaciones sociales; se desprende del presente expediente que la querellante acudiendo al Tribunal para así solicitar el pago de su diferencia de prestaciones sociales en fecha 15 de marzo de 2006.
Siendo ello así, corresponde a esta Juzgadora determinar si la reclamación fue interpuesta en tiempo útil dentro de lo Previsto en los recursos contenciosos administrativos funcionariales y aplicando el lapso de extensión de un (01) año, cuando se refiere a reclamaciones de prestaciones sociales o en su efecto, la diferencia. Ahora bien, del computo del tiempo transcurrido entre la fecha de haber recibido el adelanto por concepto de prestaciones sociales y la fecha de prestación de la demanda, se evidencia que efectivamente había transcurrido así un lapso de un (01) año, once (11) meses y quince (15) días, permite concluir inexorablemente que se supera el lapso de un (1) año aplicable, conforme al razonamiento anteriormente expuesto, lo que pone de manifiesto una evidente caducidad de la pretensión, sin que pueda esgrimirse que la reclamación hecha directamente por el órgano competente configure interrupción del lapso en cuestión, en virtud de que como se dijo, se trata de un lapso de caducidad y no de prescripción, el cual corre fatalmente. Y así se decide.
Por todo lo anteriormente expuesto, esté Tribunal Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se declara INADMISIBLE el Cobro de Prestaciones Sociales interpuesto por la ciudadana LIGIA MARQUEZ, en contra EL ESTADO APURE, por haber operado la Caducidad. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas en razón del principio de igualdad constitucional de las partes. Publíquese, regístrese, cópiese y notifíquese al Procurador General del Estado Apure. Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho de este Juzgado Superior a los treinta y un (31) día del mes de enero de dos mil siete (2007). Años: 196° y 147°.-
La Jueza Superior Suplente Especial,
Dra. Margarita García de Rodríguez. La Secretaria Temporal,
Isabel Fuentes.
Exp. Nº 2.165.-
MGdR/if/aminta.-

References: artículo 82
 artículo 94
 artículo 8
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 92
 artículo 94
 artículo 26
 artículo 21
 artículo 92
 Artículo 28
 Artículo 61
 artículo 8