Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018s/se201831050.html
Timestamp: 2019-09-15 20:36:12+00:00

Document:
se201831050
Sentencia Nº 50
Expediente : 270/2016-CA
Demandante : Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia
Resolución Impugnada : AGIT-RJ 1029/2016 de 22/08/2016
Pronunciada dentro del proceso Contencioso Administrativo seguido por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1029/2016 de 22 de agosto, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).
VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 15 a 22, la respuesta presentada por el tercero interesado de fs. 53 a 55 vta., la respuesta negativa a la demanda, presentada por la entidad demandada de fs. 59-65 vta., la réplica de fs. 87-88, la dúplica de fs. 91-94 vta., el decreto de Autos de fs. 95, los antecedentes, tanto jurisdiccionales como administrativos, y;
Luis Carlos Paz Rojas, en mérito al Testimonio de Poder Nº 204/2016 de 28 de mayo, otorgado ante la Notaría Nº 14, a cargo de la abogada Elizabeth Grageda Méndez de Patiño, de la ciudad de Cochabamba, se apersonó a este Tribunal, en representación de la Gerente Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, Dirzey Rosario Vargas Amurrio, demandando la revocatoria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1029/2016 de 22 de agosto emitida por la AGIT, con los argumentos siguientes:
Aplicando el Procedimiento de “Fiscalización Aduanera Posterior” y el Manual para el Procesamiento de Contravenciones Aduaneras, se emitió la Orden de Fiscalización Nº 034/2013 de 06 de junio, contra el Operador UNILEVER ANDINA BOLIVIA, con NIT 1023225025, respecto de 35 DUIs, validadas por la Agencia Despachante de Aduana GLOBAL S.R.L., (ADA GLOBAL S.R.L.), encontrándose que ésta última efectuó una incorrecta aplicación de la Partida Arancelaría de 34 DUIs y un incorrecto llegado de datos en el rubro 31b en la DUI 2011/701/C-3345, actos que constituirían contravención aduanera, conforme prevé el art. 186 de la Ley Nº 1990, presumiéndose la aplicación de una sanción de Quinientos Unidades de Fomento a la Vivienda (500,00 UFV’s), por cada DUI fiscalizada.
Notificada que fue la ADA GLOBAL S.R.L., el 22 de noviembre de 2013, mediante Acta de Diligencia Nº 005/2013 de 14 noviembre, por la que se solicitó información, comunicando además los resultados de la fiscalización; ésta, mediante nota G.G./RSC/750/2013 de 06 de diciembre, ratificó la clasificación arancelaria en la subpartida “23507,90,40,00 de la NANDINA”, en atención a la 1ra. y 6ta. Regla de la Nomenclatura, inscritas en los Certificados de Origen emitidos por la Cámara de Comercio del Estado de Paraná.
Por ello mediante Informe Técnico AN-GNFGD-DFOFC-007/14, de 19 de febrero, se estableció que se presume la existencia de la Comisión de la Contravención Aduanera prevista en el art. 186 de la Ley General de Aduanas (LGA) y la Resolución de Directorio RD-01-017-09 de 24 de septiembre de 2009, que aprueba el Anexo de Clasificación de Contravenciones y Graduación de Sanciones; sugirió que en aplicación del punto F-2 de la RD-01-011-04 de 23 de marzo de 2004, que aprueba el Manual para el Procesamiento de Contravenciones Aduaneras, se remita el Acta de la Diligencia indicada y los antecedentes para el inicio del proceso sumario contravencional contra la aludida Agencia Despachante de Aduanas.
El 04 de abril de 2014, se emitió el Auto Inicial del Sumario Contravencional (AISC) AN-GRCGR-ULECR-Nº 003/2014, por la presunta contravención prevista en el art. 186-h) de la Ley Nº 1990, por haberse identificado una incorrecta aplicación de Partida Arancelaria en las DUIs, habiéndose notificado a ADA GLOBAL S.R.L., el 23 de mayo de 2014, quien presentó sus justificativos, mediante Carta s/n, de 10 de junio de 2014, que fueron evaluados en el Informe AN-GRCGR-UFICR-072/2014, desestimándolos.
Consiguientemente, se emitió la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR-Nº 020/2014 de 17 de diciembre, por la que se declaró PROBADA la comisión de la contravención aduanera, contenida en el art. 186 inc. h) de la LGA, por incorrecta apropiación de la subpartida arancelaria en 34 DUIs y el llenado incorrecto de datos en el rubro 31b de la DUI 21011/701/C-3345.
La ADA Global SRL, interpuso recurso de revocatoria ante la Autoridad de Impugnación Tributaria (ARIT), quien emitió la Resolución ARIT-CBA/0512/2015, que ANULÓ la Resolución Sancionatoria, hasta el inicio del Sumario Contravencional, porque bajo su apreciación, los actos administrativos ingresarían en una incongruencia respecto de la tipificación del hecho sancionable, vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa.
Una vez ejecutoriada la determinación de la AIT, se emitió un nuevo AISC AN-GRCGR-ULECR-Nº 035/2015 de 31 de agosto, contra la ADA Global SRL, por haber incurrido en contravención aduanera establecida en el art. 186 inc. h) de la LGA, por incumplir los arts. 45 inc. a) de la LGA y 58 del Decreto Supremo (DS) 25870, por haber efectuado una incorrecta aplicación de las partidas arancelarias respecto de 34 DUIs que identifica en su texto y llenado incorrectamente los datos en el Rubro 31b de la DUI 2011/701/C-3345, haciendo un total de 35 DUI’s, se determina una sanción de 500,00 UFV’s por cada DUI declarada.
Contra este AISC, la ADA Global SRL, mediante carta Nº GLO.104/2015 formuló sus descargos, solicitando la nulidad por incumplimiento del procedimiento previsto por el art. 169 del Código Tributario Boliviano (CTB), por no haber concluido un procedimiento de determinación tributaria, conforme exige el art. 21 inc. c) del DS Nº 27310 y que el término de prueba es menor al previsto por la norma, incurriendo en la nulidad del art. 35-I inc. c) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), que se aplicaría al caso por determinación del art. 74-I del CTB, además de haber alegado la nulidad por ausencia de fundamentación, porque la norma identificada de la Ley Nº 1990, no es clara, al no poseer el elemento constitutivo del tipo.
Mientras que respecto del fondo, la ADA Global SRL, solicitó la revocatoria de la Resolución Sancionatoria porque se efectuó una correcta clasificación de la subpartida arancelaria, efectuando un desglose de los productos importados, afirmando que el primero DYE ONLY DARTAGNAN, es una mezcla de tintes orgánicos sintéticos, reconocido como blanqueador y por consiguiente es un aditivo para preparaciones de lavado, pero no hacen el avivado fluorescente; mientras que respecto del producto SAVIANSE 12 TFB, afirma que para realizar la correcta clasificación se debe analizar y aplicar las Notas Explicativas de la Nomenclatura con relación a las preparaciones enzimáticas, concluyendo que éste se consideran una preparación enzimática, considerando la Nota Legal 3 (e) del Cap. 35 y la Nota Explicativa 34.02, concluyendo que por su presentación es un aditivo para la preparación de un producto de limpieza y no así un producto de uso directo para la limpieza.
En el Informe Técnico AN-GRCGR-UFICR-Nº 216/2015 de 21 de diciembre, se rechazó la solicitud de nulidad alegada y analizando los productos importados, concluyó que el primero debe clasificarse en la subpartida arancelaria 3402.90.99.00 y el segundo corresponde clasificar también, en la subpartida 3402.90.99.00 y que los descargos no hacen referencia a las observaciones respecto de los otros productos, concluyendo que se confirma la existencia de la comisión de contravención aduanera, por incorrecta apropiación de subpartida arancelaria de las primeras 34 DUIS y llenado incorrecto en el Rubro 31b de la última DUI, incurriendo en lo establecido en el art. 186 inc. h) de la LGA y RD-01-017-09 de 24 de septiembre que aprueba la actualización y modificación del anexo de la Clasificación de Convenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones, aprobado por RD-01-012-07 de 04 de octubre.
El 13 de enero de 2016, se elevó el Informe Legal AN-GRCGR-ULECR-Nº 015/2016, que determina que existen suficientes elementos concurrentes que subsumen la conducta de la ADA Global SRL a las normas acusadas de infringidas, por lo que concluyó y recomendó que al no haberse logrado desvirtuar la comisión de las contravenciones, sugirió se rechace la anulación y la revocatoria impetradas, declarando probada la contravención e imponer la sanción pertinente.
En mérito a estos informes, se emitió la Resolución Sancionatoria AN-CRCGR-ULECR-Nº 002/2016 de 13 de enero que resolvió: Primero, RECHAZAR la solicitud de nulidad o revocatoria del AISC, declarando PROBADA la comisión de la contravención subsumida en el art. 186 inc. h) de la Ley 1990, por haber incumplido el art. 45 incs. a), c) y f) de la Ley 1990 y 58 inc. b) del DS 25870, por incorrecta aplicación de la Partida Arancelaria de los 34 DUIs que identifica, y una más, por llenado incorrecto de datos en el rubro 31b de la DUI 2011/701/C-3345, siendo en total 35 DUIs; y Segundo, sancionar a la ADA Global SRL, con la multa de 17.500 UFV’s en aplicación de la RD-01-017-09.
Recurrida la Resolución Sancionatoria, la ARIT Cochabamba, emitió la Resolución ARIT-CBA/RA-0346/2016, por la que anuló la Resolución Sancionatoria impugnada, por ello es que la Aduana Nacional interpuso Recurso Jerárquico, habiéndose emitido la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1029/2016 de 22 de agosto, que confirmó la resolución de alzada, ratificando tal nulidad hasta el “supuesto” vicio más antiguo que sería el AISC AN-GRCGR-ULECR-Nº 35/2015.
Por ello para obtener “los insumos técnicos” del trabajo aduanero, se solicitó a la Gerencia de Normas, el informe sobre los puntos en los que la AGIT, basó su análisis para anular la Resolución Sancionatoria.
El informe AN-GNFGC-DFOFC-275/16, refiere que se solicitó un criterio de Clasificación Arancelaria, para las mercaderías importadas, que fue absuelta mediante Comunicación Interna AN-GNNGC-DNANC-CI-221/2016 de 29 de septiembre, que contiene un detalle de los productos y el criterio de su clasificación, concluyendo que ratifica la existencia de la comisión de la contravención aduanera, por parte de la ADA GLOBAL SRL, incluyendo un resumen en su texto.
En ese sentido, alega las siguientes consideraciones técnico-legales que sustentan la demanda contenciosa administrativa, para revocar las resoluciones emitidas por la AGIT y por la ARIT y se confirme le Resolución Sancionatoria:
1.- No es evidente que existiría una incoherencia entre lo determinado en el AISC y la Resolución Sancionatoria, porque el art. 45 de la Ley 1990, contiene una enunciación en incisos, (simplemente pedagógica), sobre las acciones que se deben efectuar por la ADA; por consiguiente, esta norma no incorpora elementos excluyentes, su ámbito sustancial es único y describe la función del sujeto pasivo; por ello el criterio positivista de la AGIT, que hace presumir que cada inciso tiene diferente naturaleza, no es sustentable, porque los descargos realizados fueron sobre el fondo del problema referido a la incorrecta apropiación arancelaria de las DUIs tramitadas para su comitente, es por eso, que estas resoluciones no dejan duda teleológica, conforme prescriben los arts. 4, 27, 28, 29, 30 y 32 de la Ley Nº 2341, al amparo de los arts. 115 y 117 de la CPE.
2.- La AGIT, observó que los antecedentes administrativos no informan sobre los elementos de hecho que generaron la convicción, respecto de la composición del producto y por cuyo motivo se sancionó la incorrecta clasificación arancelaria; pues la Aduana Nacional, cumplió en observar la errónea clasificación arancelaria de las mercancías importadas, cuyas DUIs, fueron tramitadas por la ADA Global S.R.L., por eso es que la sancionó, en aplicación de los arts. 22 y 24 del DS. Nº 25870, por incumplimiento de sus funciones.
Es incorrecto que la AGIT, afirme que no se hizo referencia a la norma que tipifica la conducta, ni a la norma que gradúe la sanción a aplicar, deslindando su función dirimidora, bajo el argumento que la Administración Aduanera, no generó convicción plena, no consideró que técnica y detalladamente, en aplicación de la RD 01-017-09, (Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduaciones de Sanciones), se impuso la sanción, por incorrecto llenado de datos sustanciales, de 500 UFVs, consignados en el Anexo 1.B, que se encuentra en la Resolución Sancionatoria.
3.- No es evidente, lo que afirma la AGIT, que consideró la existencia de falta de tipicidad en el procedimiento sancionador, pues el art. 186 de la Ley Nº 1990, contempla un conjunto de hechos como “contravenciones aduaneras”, detalladas en incisos de la a) a la g), incluyendo en su inciso h), la descripción de la comisión de una contravención aduanera, efectuada mediante una acción u omisión en una operación o gestión aduanera, que infrinjan o quebranten la Ley o sus disposiciones administrativas, pero que no constituyen delitos aduaneros.
Por ello es que en el caso presente, luego de un procedimiento administrado sancionatorio, frente a un hecho verificado, se inició el sumario a la ADA Global SRL, evidenciando su participación y subsunción a la conducta prevista en el art. 186 inc. h), por las contravenciones aduaneras sancionables con 500 UFVs, porque apropió incorrectamente la posición arancelara en 34 DUIs y llenó erróneamente el campo 31.b de una DUI.
Es decir, existe una conducta contraventora, existe un tipo legal definido, existe una entidad que controla y fiscaliza y tiene la obligación de hacer cumplir la ley y existe una sanción expresa. Por consiguiente, alega que este hecho debe ser reparado por la Autoridad Jurisdiccional.
4.- No es evidente que la Aduana Nacional no hubiese expuesto las razones para sancionar el llenado de datos en el rubro 31b, porque la factura comercial adjunta a la DUI 2011/701/C-3345 de 20/01/2011, no hace referencia a jabones líquidos, evidenciando ese incorrecto llegado en el rubro 31b.
Por eso es que concluye que la Resolución de Recurso Jerárquico, no cumple la finalidad de dictar justicia tributario aduanera, en materia de ejecución de normas y debilita el accionar administrativo de la Aduana, dejando en indefensión al Estado, pese a que la Aduana en el marco de los arts. 5 de la Ley Nº 2341, 22, 24 del DS Nº 25870, 66 y 100 de la Ley Nº 2491, tiene la misión de controlar y fiscalizar los actos de los sujetos pasivos y específicamente de los auxiliares de la función pública aduanera, pues los que se encontraren contarios a la ley, deben ser sancionados.
En el caso presente, se ha cumplido lo determinado por el art. 168 de la Ley Nº 2492, emitiendo el AISC, en el que se hizo constar los cargos atribuidos y al no haber sido desvirtuados, se emitió la Resolución Sancionatoria.
Considerando que la indefensión constituye una situación ideal o material que impide ejercer ciertos derechos; en el caso presente, en ninguna circunstancia se activó u omitió acto alguno de la administración aduanera que impida al auxiliar de la función pública aduanera, el ejercicio de su derecho a la defensa.
Los arts. 186 inc. h) y 283 de la Ley Nº 1990, determinan que cualquier acto que sea contrario a la ley, constituye una contravención aduanera; y conforme a las RD Nº 01-017-09 y 01012-07, la Aduana Nacional, tiene la obligación de resolver un asunto sometido a su conocimiento y tuición y sancionarlo.
En ningún momento la Aduana nacional, vulneró el debido proceso, pues el trámite y las resoluciones emitidas en el Sumario Contravencional, se ajustaron a las normas previstas por las Leyes Nº 1990, 2492 y sus respectivos Decretos Reglamentarios y otras, mientras que la Resolución de la AGIT ahora impugnada, constituye un acto violatorio de estas normas, al limitar la función de la Administración Aduanera y dejarla en indefensión frente a contravenciones aduaneras.
Con los fundamentos descritos alegó que demanda en la vía contenciosa administrativa la Revocatoria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1029/2016, por la incorrecta interpretación sobre la facultad sancionatoria de la Aduana Nacional, vulnerando el régimen contravencional e interpretar incorrectamente la aplicación de las indicadas RD, debiendo emitirse sentencia en la que se declare probada la demanda y se “revoque” tanto la indicada Resolución de Recurso Jerárquico, como la Resolución de Alzada, confirmando la Resolución Sancionatoria emitida por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional.
Apersonamiento y respuesta del tercero interesado:
La Agencia Despachante de Aduana GLOBAL S.R.L., por escrito de fs. 53 a 55 vta., se apersonó y previo análisis de los antecedentes de hecho y los actos administrativos emitidos, respondió negativamente a la demanda, argumentando que existe diferencias en la normativa aduanera aplicada que devienen en incongruencia del fundamento desarrollado en el AISC y la Resolución Sancionatoria, que los informes técnicos carecen de razonamiento técnico y o legal que demuestren la existencia de elementos que generen con convicción, la existencia de la existencia de una preparación enzimática y o enzimas puras que alega la ADA; que la normativa citada no tipifica de forma expresa el ilícito aduanero procesado y tampoco identifica la sanción impuesta; y respecto de incoherencia entre la factura y la DUI, afirman que no consta la existencia de una inspección, que acredite la veracidad del jabón líquido alegado, concluyendo que se declare improbada la demanda.
Admitida la demanda y corrida en traslado, por decreto de 08 de noviembre de 2016, cursante a fs. 25, por escrito de fs. 59 a 65 vta., se apersonó el demandado, Daney David Valdivia Coria, en representación de la AGIT y respondió negativamente la demanda argumentando:
1.- El punto de controversia del presente caso es establecer si el AISC, como acto administrativo que dio inicio a la sustanciación del proceso contravencional, contiene o no todos los requisitos formales, para que cumplan con la finalidad para la que fue emitido y que no ocasione indefensión al sujeto pasivo.
En el AISC, solo se estableció que: “...las enzimas deben clasificarse en la partida arancelaria 3402.90.99.00…”Es decir, que ni el AISC, ni en los antecedentes administrativos, se contemplan los elementos que generen convicción, como ser análisis merceológico de laboratorio o criterios de clasificación arancelaria del producto que lleven a concluir que la mercancía se constituye en una preparación enzimática para el lavado o prelavado y no como sostiene el sujeto pasivo en enzimas puras, aspecto que es imprescindible dilucidar a efectos de establecer la correcta clasificación arancelara y resolver el fondo de la controversia.
Respecto de la DUI, que en el AISC, como en la Resolución Administrativa (RA), se a observó el “incorrecto llenado de datos en el Rubro 31b”, no se expone la razón por la cual la Administración Aduanera (AA), arribó a esta conclusión, basada en hechos o documentos que cursan en su poder, no se establecieron los datos correctos que se debieron contemplarse en dicha casilla de la DUI, evidenciando una falta de fundamentación, conforme exige el art. 28 inc. e) de la Ley Nº 2341 (LPA), aspectos que consideran que impidieron al sujeto pasivo asumir defensa y desvirtuar los cargos referidos a dicha DUI.
Respecto de las otras 34 DUIs, en la que se verificó la incorrecta clasificación arancelara, no se hizo referencia a la norma que tipifica la conducta ni a la que gradúa la sanción a aplicar; pues la Resolución Sancionatoria, solo se limitó a indicar que se aplicaba la RD 01-017-09, que aprueba la actualización o modificación del anexo de clasificación de contravenciones aduaneras y graduación de sanciones aprobada mediante la RD Nº 01-012-07, que contempla varios tipos contravencionales y con diferentes graduaciones de sanción, por lo que no es posible establecer cuál de las conductas descritas en dicha norma, fue la infringida por el sujeto pasivo, así como la graduación que le corresponde; circunstancia que provocó indefensión al contribuyente, vulnerando el debido proceso.
Consiguientemente, consideran que no se incurrió en ningún criterio extremadamente positivista, sino que en aplicación del debido proceso, se estableció que existen vicios de nulidad en el AISC, porque no cumplió con los requisitos formales para su vigencia y que por eso puso en indefensión al administrado; siendo correcta la determinación de la AGIT.
Llama la atención que la AA pretenda que la AGIT, prescinda de la aplicación del art. 36 de la LPA, que establece que se determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión de los interesados; pues la fundamentación o motivación del acto, constituye un elemento fundamental de la garantía del debido proceso, reconocido en los arts. 115 y siguientes de la CPE, 68 del CTB, citando para este efecto las SSCC 0871/2010-R; 1365/2005-R y 2227/2010-R, que evidencian que el debido proceso involucra la garantía del derecho a la defensa.
2.- Respecto de los puntos dos y tres de la demanda, la AGIT, en la resolución impugnada, punto IV.3.1, se aludió a la obligación que se tiene para revisar y verificar la existencia o inexistencia de vicios de forma, antes de revisar y analizar aspectos de fondo planteados en el recurso jerárquico, por ello es que al evidenciarse vicios de nulidad en las actuaciones de la AA, no se emitió pronunciamiento sobre los argumentos de fondo, expuestos por la AA ahora demandante.
Las infracciones tributarias, deben regirse por los principios de tipicidad, legalidad y culpabilidad, la primera, se encuentra prevista en el art. 184 del CTB, que establece que para que exista contravención tributaria, debe existir la infracción material de la ley, porque de lo contrario no puede existir infracción ni sanción, haciendo anulables los actos de la Administración Tributaria, al imponer sanciones por conductas que no fueron previamente tipificadas.
En el caso presente en el AISC, y la Resolución Sancionatoria, se identificaron las conductas como “…presentación, tramitación y validación con incorrecta aplicación de Partida Arancelaria de las DUI, (…) llenado incorrecto de datos en el rubro 31b de la DUI 2011/701-C-3345 (…)”. Señalando como tipo, el previsto por el art. 186 inc. h) de la Ley 1990, con relación al art. 45 incisos a), c), f), de la misma Ley y 58 inc. b) del Reglamento de la LGA, DS Nº 25870, que establecen obligaciones de las agencias y agentes despachantes de aduana, evidenciando que se sancionó, utilizando cláusulas generales e indeterminadas en las que es imposible subsumir la conducta en el tipo, vulnerando el principio de tipicidad, pues si bien a Aduana Nacional estableció reglamentariamente los tipos contravencionales y la graduación de las sanciones en la RD Nº 01-005-06 de 30 de enero de 2006, y sus posteriores modificaciones, pero ésta no considero al calificar la conducta del sujeto pasivo para dar inicio al procedimiento sancionador, por lo que vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa de la ADA GLOBAL S.R.L.
Por ello es que al evidenciar que la Resolución Sancionatoria, incurrió en incongruencia aditiva al incluir como fundamentos del proceso sancionador conductas no establecidas en el AISC, no cumplió los requisitos del art. 99 de la ley Nº 2492, al no exponer los fundamentos técnicos, como el análisis merceológico de laboratorio o criterios de clasificación arancelara del producto que respalde las razones por los cuáles considera existía error en la clasificación arancelaria de 34 DUIs y por el llenado incorrecto del Rubro 31b de la DUI C-3345, al considerar cláusulas generales e indeterminadas, contrariando los principios de legalidad y tipicidad, vulnerando los derechos a la defensa y el debido proceso, previstos en los arts. 115-II de la CPE, 68 núm. 6; 99-II del CTB, 28 inc. 3) de la LPA y 19 del DS Nº 27370 (RCTB), motivo por el que se confirmó la resolución de la ARIT, aplicando los arts. 36-II de la LPA y 74 del CTB, citando para este efecto la SCP Nº 0498/2011-R de 25 de abril.
3.- Respecto del cuarto punto de la demanda, en la que se alude la existencia de la factura comercial adjunta a la DUI 2011/701/C-3345 de 20 de enero, la AA, no precisa cuál el agravio que hubiese ocasionado la AGIR, evidenciando falta de fundamentación en la demanda, conforme refirió la Sentencia Nº 510/2013 de 27 de noviembre emitida por la Sala Plena de éste Tribunal Supremo.
Cito, doctrina tributaria emitida sobre los aspectos alegados en la demanda, contenidos en la Resolución AGIT-RJ Nº 051/2016 y jurisprudencia emitida por este Tribunal, contenida en las Sentencias Nº 229/2014 de 15 de septiembre y 510/2013 de 27 de noviembre, por lo que concluyeron que se ratifica en la Resolución de Recurso jerárquico AGIT-RJ 102972016 de 22 de agosto.
En mérito a lo expuesto solicitó se declare improbada la demanda y se mantenga firme la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1029/2016 de 22 de agosto.
Réplica, dúplica:
Luego de la admisión a la contestación de la demanda, la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, por memorial de fs. 87-88, formulo la réplica, reiterando los argumentos de su demanda.
Por su parte, la AGIT, por memorial de fs. 91-94 presentó su dúplica, ratificando el escrito de contestación a la demanda, citando jurisprudencia constitucional y emitida por este Tribunal Supremo en su Sala Plena.
Antecedentes administrativos del proceso:
Por Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-CGCGR-ULECR-Nº 035/2015 de 31 de agosto, la Gerencia Regional de Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, determinó el Inicio de Sumario Contravencional, contra la Agencia despachante de Aduana GLOBAL S.R.L., representada por Carlos Hugo Alberto Flores, por haber incurrido en la contravención aduanera establecida en el art. 186 inc. h) de la LGA, al haber incumplido las funciones y obligaciones señaladas en el inciso a) del art. 45 de la misma LGA y art. 58 del DS Nº 25870 porque efectuó la incorrecta aplicación de partida arancelaria en las DUIs, 2011/701-C-1472, 2011/701-C-2032, 2011/301-C-39206, 2011/301-C-1336, 2011/301-C-11109, 2011/301-C-22371, 2011/301-C-31994, 2011/301-C-42406, 2011/301-C-34175, 2011/301-C-30467, 2011/301-C-1275, 2011/301-C-5157, 2011/301-C-8915, 2011/301-C-11935, 2011/301-C-14201, 2011/301-C-21974, 2011/301-C-26999, 2011/301-C-27003, 2011/301-C-35493, 2011/301-C-43997, 2011/301-C-57501, 2012/301-C-1017, 2012/301/C-6844, 2012/301/C-10486, 2012/301/C-14464, 2012/301/C-18077, 2012/301-C-22248, 2012/301-C-25579, 2012/301-C-29897, 2012/301-C-34196, 2012/301-C-37178, 2012/301-C-40789, 2012/301-C-45856, 2012/301-C-12949 y llenado incorrecto de datos en el rubro 31b de la DUI 2011/701/C-3345, que determina una sanción de 500,00 UFV’s, por cada DUI declarada. (fs. 988 a 985 del anexo 4, con foliación invertida).
Notificada la ADA GLOBAL S.R.L., presentó sus descargos mediante nota Cite GLO 104/2015 de 01 de diciembre, cursante de fs. 997 a 989 del mismo anexo 4).
Luego de los informes, de la Unidad de Fiscalización y de Unidad Legal (fs. 1010 a 998 y 1018 a 1011), la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, emitió la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR Nº 002/2016 de 13 de enero, resolvió rechazar la solicitud de nulidad y revocatoria del AISC, declarando PROBADA la comisión de contravención aduanera por parte de la ADA GLOBAL S.R.L., por encontrarse subsumida su conducta en el art. 1286 de la Ley Nº 1990, al haber incumplido sus funciones, previstas en el art. 45 incs. a), c) y f), de la misma Ley Nº 1990 y 58 inc. b) del DS Nº 25870, por la presentación, tramitación y validación con incorrecta aplicación de partida Arancelara de las DUIs 2011/701-C-1472, 2011/701-C-2032, 2011/301-C-39206, 2011/301-C-1336, 2011/301-C-11109, 2011/301-C-22371, 2011/301-C-31994, 2011/301-C-42406, 2011/301-C-34175, 2011/301-C-30467, 2011/301-C-1275, 2011/301-C-5157, 2011/301-C-8915, 2011/301-C-11935, 2011/301-C-14201, 2011/301-C-21974, 2011/301-C-26999, 2011/301-C-27003, 2011/301-C-35493, 2011/301-C-43997, 2011/301-C-57501, 2012/301-C-1017, 2012/301/C-6844, 2012/301/C-10486, 2012/301/C-14464, 2012/301/C-18077, 2012/301-C-22248, 2012/301-C-25579, 2012/301-C-29897, 2012/301-C-34196, 2012/301-C-37178, 2012/301-C-40789, 2012/301-C-45856, 2012/301-C-12949 y llenado incorrecto de datos en el rubro 31b de la DUI 2011/701/C-3345, sancionando a la ADA GLOBAL S.R.L., con la multa de 17.500 UFVs en aplicación de la RD 01-017-09. (fs. 1025 a 1019 del anexo 4).
Contra esta Resolución, la ADA GLOBAL S.R.L., interpuso Recurso de Alzada, ante la ARIT, (fs. 42- a 49 vta., del anexo 5; antecedentes remitidos por la AGIT), recurso que luego del trámite previsto por Ley, se resolvió mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 034672016 de 10 de junio cursante de fs. 87 a 100 vta., del mismo anexo, por la que se ANULÓ la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR Nº 002/2016 de 13 de enero, hasta el vicio más antiguo; es decir hasta el AISC AN-CGCGR-ULECR-Nº 035/2015 de 31 de agosto, disponiendo que se emita un nuevo acto en observancia del análisis técnico jurídico realizado y conforme a lo dispuesto en el art. 212-I inc. c) de la Ley Nº 2492.
Notificada la Administración Tributaria, interpuso Recursos Jerárquico, conforme consta el escrito de fs. 120 a 122 del mismo anexo, que fue resuelto por la AGIT, quien emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1029/2016 DE 22 DE AGOSTO, (fs. 140 a 149), por la que se CONFIRMÓ la resolución de alzada ARIT- CBA/RA 034672016 de 10 de junio, ratificando la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el AISC AN-CGCGR-ULECR-Nº 035/2015 de 31 de agosto, para que se emita un nuevo acto administrativo que se ajuste a derecho y sustente técnicamente las objeciones a la clasificación arancelaria de la mercancía y llenado de las DUI observadas, conforme a lo previsto en el art. 212-I inc. b) del CTB.
Decreto de autos para sentencia:
Estando cumplidas todas las formalidades, mediante decreto de 16 de mayo de 2017, cursante a fs. 95, se determinó, decreto de AUTOS para sentencia, consiguientemente se pasa a resolver el proceso de la siguiente manera:
Que, reconocida la competencia de esta Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa, del Tribunal Supremo de Justicia, en previsión de los arts. 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y lo dispuesto por la Ley Nº 620 art. 2-2, tomando en cuenta que el proceso Contencioso Administrativo es un juicio de puro derecho dirigido a verificar la correcta aplicación de la Ley en los actos y resoluciones de la administración, en el caso por la AGIT, corresponde ingresar a la resolución de la causa
De la revisión de la demanda, respuesta y antecedentes contenidos en el expediente, se advierte que la problemática traída a juicio de éste Tribunal se circunscribe verificar si la conducta tributaria de la ADA, se encuentra enmarcada a una contravención identificada en la normativa legal, o por el contrario establecer si la AGIT, al anular obrados hasta el AISC, por falta de motivación e identificación de la tipicidad, ha obrado adecuadamente, en resguardo de los derechos a la defensa y el debido proceso.
Análisis y fundamentos legales aplicables al caso:
Los procesos administrativos en los que se imponen sanciones a los contribuyentes forman parte de la potestad sancionadora del Estado y que por tanto, rigen para ellos, los principios constitucionales que sustentan el proceso penal en general, como son la legalidad, la tipicidad, la presunción de inocencia, la proporcionalidad, el procedimiento punitivo y especialmente la irretroactividad con relación a que cualquier sanción debe fundarse en norma anterior al hecho punible conforme instituye el art. 116-II de la CPE.
Por consiguiente la tipicidad es la adecuación del acto humano voluntario ejecutado por el sujeto a la figura descrita por ley como delito o contravención y constituye en una garantía procesal y penal porque únicamente si el supuesto del hecho se ajusta a la descripción, se dictará la resolución sancionatoria luego de haberse comprobado que la conducta del contribuyente fue antijurídica y culpable.
Es decir, en materia tributaria, en aplicación del 6-6 del CTB, en mérito al Principio de legalidad, sólo la ley puede tipificar los ilícitos y contravenciones tributarios y establecer las respectivas sanciones, norma que es concordante con el art. 148 de la misma Ley, cuando define y clasifica los ilícitos tributarios, determinando que son las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el indicado Código y demás disposiciones normativas tributarias.
Por consiguiente, solo se puede sancionar un delito o una contravención tributaria, cuando éste se encuentra expresamente sancionado en el aludido Código Tributario, la Ley de Aduanas o en las normas tributarias específicas, emitidas para este efecto, y lógicamente de acuerdo a lo establecido por el art. 149 del mismo CTB, la normativa aplicable al procedimiento para establecer y sancionar las contravenciones tributarias se rige sólo por las normas del indicado Código Tributario, disposiciones normativas tributarias entre las que se encuentra la Ley General de Aduanas y subsidiariamente por la Ley de Procedimientos Administrativos.
En aplicación de los arts. 165 bis del CTB y reiterado en el art. 186 de la LGA, comete contravención aduanera quien en el desarrollo de una operación o gestión aduanera incurra en actos u omisiones que infrinjan o quebranten la indicada Ley y disposiciones administrativas de índole aduanera que no constituyan delitos aduaneros, habiéndose establecido en esta norma, en aplicación del principio de legalidad, una lista de las contravenciones aduaneras específicas, incluyendo entre ellas la del inciso “h”, que establece:
“h) Los que contravengan a la presente Ley y sus reglamentos y que no constituyan delitos”.
Constituye una contravención todo acto que contravenga tanto el Código Tributario Boliviano, como la misma Ley General de Aduanas y sus reglamentos, empero no así normas inferiores como son las Resoluciones de Directorio, que pueden definir el importe de las sanciones a ser impuestas en UFV’s, conforme permite el art. 151, párrafo segundo, del CTB, referido a las Responsabilidad por Ilícitos Tributarios, cuando establece que de la comisión de contravenciones tributarias, surge la responsabilidad por el pago de la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas conforme a los procedimientos del presente Código.
Es decir, se encomienda a la Administración Tributaria, imponer las sanciones, conforme establecen los arts. 66 núm. 8 y 149-I del CTB; empero no así establecer ilícitos o contravenciones tributarias, porque serían contrarias indicado principio de legalidad.
Por otra parte, ciertamente, el art. 45 de la LGA, estable las funciones y atribuciones de los Despachantes de Aduana, que son:
“a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga.
b) Efectuar despachos aduaneros por cuenta de terceros, debiendo suscribir personalmente las declaraciones aduaneras incluyendo su número de licencia y matricula profesional emitida por la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana.
El Despachante de Aduana puede ejercer funciones a nivel nacional previa autorización del Directorio de la Aduana Nacional”.
Así también el Reglamento de la indicada Ley General de Aduanas en su art. 58, establece que son obligaciones de los Despachantes de Aduanas, las “(…) que señala la Ley, el presente reglamento y otras disposiciones legales aduaneras, especialmente con las siguientes:
a) Ocuparse en forma diligente de las actividades propias de sus funciones.
b) Elaborar, suscribir y presentar las declaraciones de mercancías en la forma, oportunidad y en los medios que señale la Aduana Nacional y las disposiciones legales aduaneras.
c) Llevar un libro de registro notariado y foliado, o listado impreso de registros informáticos notariado y foliado semestralmente, en los que se detallen cronológicamente los despachos aduaneros efectuados y los trámites inherentes a estos, debiendo conservarlos por el término de prescripción de los tributos aduaneros. El contenido de los libros de registro o listados impresos, será reglamentado por la Aduana Nacional.
d) Tener al momento de presentar las declaraciones de mercancías todos los documentos exigibles que amparen las mercancías cuyo despacho se solicita
e) Conservar en forma ordenada la documentación inherente a los despachos y operaciones aduaneras realizadas, hasta el término de la prescripción. Los 21 documentos originales de soporte presentados a la administración tributaria, podrán ser conservados por la Administración Aduanera en la forma, plazos y condiciones que determine su máxima autoridad normativa. f) Legalizar fotocopias de los documentos originales que conserva en archivo, conforme al inciso anterior.
g) Mantener vigentes las garantías que presente ante la Aduana Nacional, cumpliendo las reglas y montos establecidos en el Reglamento. h) Proporcionar a la Aduana Nacional información y documentación cuando ésta la solicite, sobre los despachos aduaneros en los que intervino.
i) Facilitar las tareas de inspección, fiscalización e investigación que realice la Aduana Nacional, sobre los documentos que cursan en su poder, relativos a despachos aduaneros y demás trámites relacionados con regímenes aduaneros en los que haya intervenido.
j) Comunicar a la Aduana Nacional, cualquier cambio en su situación que pueda dar lugar a la alteración de su responsabilidad como Despachante de Aduana o Agencia Despachante de Aduana.
k) Contar con la infraestructura y equipamiento necesario para garantizar la actualización tecnológica indispensable para la elaboración, transmisión electrónica y archivo documental de las declaraciones de mercancías y otros documentos e informaciones.”
Empero, todas estas atribuciones y obligaciones, según corresponda, en caso de ser incumplidas, pueden ser en algún momento establecerse como ilícitos o contravenciones aduaneras, siempre y cuando se encuentren previstas entre las normas que las instituyen como tales, conforme prevé el art. 160 del CTB, o tal vez, solo como incumplimientos a deberes formales, según corresponda, en aplicación del art. 162 del mismo Código, pero enmarcándose al aludido principio de legalidad.
Por consiguiente, las previsiones previstas por el art. 165 bis inciso h) del CTB, reiterado en el art. 186 de la LGA, referido a “h) Los que contravengan a la presente Ley y sus reglamentos y que no constituyan delitos”.
Implica que una contravención que se enmarque a este inciso, debe estar prevista de manera expresa en las Leyes del Código Tributario Boliviano, Ley General de Aduanas y/o sus reglamentos; es decir, estar identificada de manera precisa una acción u omisión que infrinjan o quebranten dichas normas, en las que debe estar previstas tanto el precepto que identifica la contravención, así como la sanción a ser impuesta, se supone que ésta última puede ser graduada, en mérito a la gravedad del hecho y que puede ser encomendada en su imposición a la Administración Tributaria, quien se encuentra prohibida de establecer ilícitos o contravenciones en mérito a normas administrativas emitidas por ella misma.
Análisis y resolución del caso concreto:
Conforme se hizo constar líneas arriba, comete contravención aduanera quien en el desarrollo de una operación o gestión aduanera incurra en actos u omisiones que infrinjan o quebranten la indicada Ley y disposiciones reglamentarias de índole tributaria o aduanera que no constituyan delitos tributarios o aduaneros, pero que se encuentre identificado como tal.
En el caso presente la Gerencia Regional de Cochabamba de la Aduana Nacional, cumpliendo lo determinado por la Resolución ARIT-CBA/O512/2015, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-CRCGFR-ULECR-Nº 035/2015 de 31 de agosto, cursante de fs. 988 a 995 del anexo 4, contra la ADA GLOBAL S.R.L., por haber identificado una incorrecta apropiación arancelaria declarada en 34 DUIs y el llenado incorrecto de datos en el Rubro 31b respecto de una última DUI, sustentando legalmente su determinación en los arts. 186 inc. h) y 45 inc. a) de la LGA y 58 incisos a) y b) de su DSR Nº 25870, atribuyendo que la sanción estaría prevista en el Anexo 1 de la RD-01-017-09 de 24 de septiembre.
Este proceso administrativo, concluyó con la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR Nº 002/2016 de 13 de enero, cursante a fs. 1025 a 1019 del mismo anexo 4, rechazando la solicitud de nulidad o revocatoria del aludido AISC, y declaró PROBADA la contravención aduanera por parte de la ADA GLOBAL S.RL., ratificando que su conducta se encuentra subsumida en el art. 186 inc. h) de la LGA, al haber incumplido sus funciones y atribuciones establecidas en el art. 45 incs. a), c), y f) de la LGA y 58 inc. b) del DS 25870, por la presentación, tramitación y validación con incorrecta aplicación de partida arancelaria de las DUIs, 2011/701-C-1472, 2011/701-C-2032, 2011/301-C-39206, 2011/301-C-1336, 2011/301-C-11109, 2011/301-C-22371, 2011/301-C-31994, 2011/301-C-42406, 2011/301-C-34175, 2011/301-C-30467, 2011/301-C-1275, 2011/301-C-5157, 2011/301-C-8915, 2011/301-C-11935, 2011/301-C-14201, 2011/301-C-21974, 2011/301-C-26999, 2011/301-C-27003, 2011/301-C-35493, 2011/301-C-43997, 2011/301-C-57501, 2012/301-C-1017, 2012/301/C-6844, 2012/301/C-10486, 2012/301/C-14464, 2012/301/C-18077, 2012/301-C-22248, 2012/301-C-25579, 2012/301-C-29897, 2012/301-C-34196, 2012/301-C-37178, 2012/301-C-40789, 2012/301-C-45856, 2012/301-C-12949 y llenado incorrecto de datos en el rubro 31b de la DUI 2011/701/C-3345, y por consiguiente determinó sancionarle con una multa equivalente a 17.500 UFVs, en aplicación de la RD 01-017-09.
Conforme se relacionó líneas arriba, esta Resolución Sancionatoria, fue impugnada vía recurso de alzada, por la ADA GLOBAL S.R.L., por el escrito de fs. 42 a 49 del anexo 5, trámite que concluyó con la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0346/2016, (fs. 87 a 100 del mismo anexo 5), por la que estableció que en el caso presente las normas que sustentan la resolución y que tipifican una conducta contravencional, no definen elementos constitutivos, por las conductas realizadas, para que se impongan una sanción, evidenciando la falta de la contravención, (la tipificación y la sanción que se atribuye), al ser la contravención alegada, genérica e indeterminada, al estar además prohibida la analogía, conforme prevé el art. 8-III del CTB y que en aplicación del art. 285 del DS Nº 25870, la Aduana Nacional, mediante Resolución de su Directorio, aprueba la clasificación de las contravenciones y la graduación en la aplicación de las sanciones previstas en la Ley y éste Reglamento, fundamentó que al no estar previstas como contravenciones, la incorrecta aplicación de la partida arancelaria, ni el llenado incorrecto de datos de una DUI, determinadas en el caso presente, se evidencia una ausencia de motivación y fundamentación, incumpliéndose en el AISC las previsiones del art. 168 del CTB, y sustentando su decisión en un norma genérica, además de haberse sustentado la Resolución Sancionatoria, en varios incisos del art. 45 de la LGT, que no constituyen calificaciones de contravencionales, evidenciando incertidumbre sobre la contravención denunciada y por ello al verse impedida de resolver el fondo del asunto, anuló la resolución recurrida, hasta el vicio más antiguo; es decir el AISC ANGRCGR-ULECR-Nº 035/2015.
Interpuesto el Recurso Jerárquico, conforme consta el escrito de fs. 120 a 122 del mismo anexo, éste fue resuelto por la AGIT, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1029/2016 DE 22 DE AGOSTO, (fs. 140 a 149), por la que CONFIRMÓ la resolución de alzada ARIT- CBA/RA 034672016 de 10 de junio, ratificando la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el AISC AN-CGCGR-ULECR-Nº 035/2015 de 31 de agosto, para que se emita un nuevo acto administrativo que se ajuste a derecho y sustente técnicamente las objeciones a la clasificación arancelaria de la mercancía y llenado de las DUI observadas, conforme a lo previsto en el art. 212-I inc. b) del CTB.
Por ello al haber sido impugnada esta determinación, mediante el presente proceso contencioso administrativo, ratificando los fundamentos legales aplicables al caso, expuestos en los puntos que preceden, dentro de la presente sentencia, se desglosan y resuelven todos los argumentos de la demanda indicada.
1.- En ese entendido se establece, de manera indubitable, que el AISC y la Resolución Sancionatoria, con incoherentes, pues lo correcto es que la calificación inicial de las contravenciones identificadas en el AISC, deben estar reflejadas en la Resolución Sancionatoria, pues de no ser así, se vulneraría el debido proceso y el derecho a la defensa del sujeto pasivo de la relación tributaria, porque éste no habría presentado los descargos y justificativos, respecto de aspectos no contenidos en el AISC vulnerando las previsiones de los arts. 115 y 117 de la CPE, pues se atribuyó a la ADA GLOBAL SRL, la presunta contravención, prevista en el art. 45 inc. a) de la LGA, referida a las funciones y atribuciones del Despachante de Aduana, consistente en observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga., mientras que en la Resolución Sancionatoria, se incluyeron los incisos c) y f) del mismo art. 45 de la LGA, que establecen como funciones y atribuciones de los Despachantes de Aduanas, dar fe ante la administración aduanera por la correcta declaración de cantidad, calidad y valor de las mercancías, objeto de importación, exportación o de otros regímenes aduaneros, amparados en documentos exigidos por disposiciones legales correspondientes, teniendo la Aduana Nacional la atribución de establecer la correcta declaración del despachante de aduana y la atribución de prestar asesoramiento en materia aduanera y otros temas vinculados a ésta, causas que ciertamente, al no estar incluidos en el AISC, no pudo la ADA, presentarse los descargos correspondientes, evidenciándose que sí existe duda para asumir defensa, vulnerando de esta manera las previsiones de los arts. 4, 27, 28, 29, 30 y 32 de la Ley Nº 2341, que regulan los principios generales de la actividad administrativa, los requisitos, elementos, contenido y motivación del acto administrativo y su validez y eficacia.
2 y 3.- La AGIT, cuando se refirió a la motivación y fundamentación del AISC, citó el Informe Técnico ANGNGCDFOFC-007/14, que alude las características de la composición del producto importado, sin embargo, aclaró que ni en el AISC ni en los antecedentes administrativos, se incluyeron elementos de hecho que generen convicción para concluir que la mercancía se constituye en una preparación enzimática para el lavado o prelavado y no como sostiene el sujeto pasivo, que son enzimas puras, aspecto que la AGIT, consideró imprescindible dilucidar para establecer la correcta clasificación arancelaria de la mercancía y resolver el fondo de la controversia, consiguientemente estos aspectos, al no haber sido cumplidos, evidencian que la Administración Aduanera incumplió sus funciones, pues a título de ejercer la misión y las metas y los objetivos, propuestos para la Aduana Nacional, previstos por los arts. 22 y 24 del DS. Nº 25870, no se puede pretender establecer aspectos o circunstancias fácticas y de fundamentación jurídica que no contienen las indicadas resoluciones, AISC y Resolución Sancionatoria.
La AGIT, con criterio acertado, estableció que en el caso presente se utilizó clausulas generales e indeterminada en las que es imposible subsumir la conducta a un tipo, pues, si bien, la Administración Aduanera identificó varias normas entre las que se encuentra una RD en la que se especifica la sanción a ser impuesta; empero no existe entre estas normas un precepto que identifique una contravención tributaria y por consiguiente, no es evidente que la AGIT, hubiese deslindado su función dirimidora, pretendiendo imponer una sanción, respecto de contravenciones tributarias aduaneras que no se encuentran específicamente previstas en las normas que rigen la materia.
Por otra parte, conforme se hizo constar líneas arriba, no existe en el caso presente un hecho verificado, pues el AISC, difieren en su normativa sancionatoria, respecto de la Resolución final emitida, quebrantando las previsiones del art. 168 del CTB, porque se atribuyó ciertos hechos (funciones y atribuciones), como contravenciones aduaneras, las que ciertamente pueden identificarse a la conclusión de un sumario contravencional, la existencia de incumplimiento a esas funciones o atribuciones; empero, no existe norma alguna que establezca que su incumplimiento acarrea la configuración de una contravención tributaria, por lo menos en el caso presente no se ha demostrado este hecho, pese a que se habría identificado -según la administración- esa conducta contraventora, empero no existe un tipo definido, siendo evidente que si existe la entidad que controla y fiscaliza, quien tiene la obligación de hacer cumplir la Ley, además de estar prevista una sanción, pero sin un precepto expreso, que permita su aplicación como contravención.
4.- Respecto a la diferencia entre el contenido de la DUI 2011/701/C-3345 de 20/01/2011 y la factura correspondiente en la que se alude a la mercancía de “jabones líquidos”, no existe fundamentación jurídica al respecto para emitir pronunciamiento por este tribunal, pues si bien puede existir esa diferencia, empero, estos hechos deben ser identificados como contravenciones tributarias para poder atribuir esa conducta a un sujeto pasivo e imponer la sanción que corresponda, aspecto que conforme se ha desarrollado en la presente sentencia no se ha acreditado.
Por consiguiente, se evidencia que la Resolución de Recurso Jerárquico, si cumplió su finalidad, pues no se puede admitir la imposición de sanciones a sujetos pasivos o contribuyentes, respecto de contravenciones que no se encuentran tipificadas en la normativa tributaria vigente, además que el hecho de no haberse fundamentado ni acreditado fehacientemente los hechos atribuidos, constituye justamente la falta del cumplimiento de los requisitos y elementos constitutivos del acto administrativo conforme establecen los arts. 27 al 30 de la Ley Nº 2341, y que su incumplimiento acarrea su nulidad o anulabilidad, conforme prevén los arts. 35 y siguientes de la misma Ley de Procedimiento Administrativo, evidenciándose que de ninguna manera se provocó indefensión al Estado, pues éste, mediante la Administración Aduanera, debe enmarcar sus actos a la legalidad, al sometimiento pleno a la ley, a la verdad material y otros previstos en el art. 4 de la Ley Nº 2341, aspecto que lógicamente contrarió el debido proceso de la ADA GLOBAL S.R.L., estando plenamente justificada la nulidad de obrados determinadas por la ARIT y por la AGIT.
Por lo razonado, se concluye que la demanda Contenciosa Administrativa formulada en el presente caso, impugnando la Resolución de AGIT-RJ 1029/2016 de 22 de agosto de 2016, deviene en infundada, al no haberse demostrado que contenga violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, o que ésta hubiere incurrido en error de hecho o error de derecho en la apreciación de las pruebas presentadas.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el arts. 778 y 780 del CPC, art. 2-2 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia en única instancia, a nombre de la Ley y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla declarando IMPROBADA la demanda Contenciosa Administrativa de fs. 15-24, presentada por Luis Carlos Paz Rojas, en representación de Dirzey Rosario Vargas Amurrio, Gerente Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, consiguientemente se mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1029/2016 de 22 de agosto de 2016 impugnada, emitida por la AGIT; conforme los fundamentos precedentemente expuestos.

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