Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-283-96.htm
Timestamp: 2017-11-18 19:13:49+00:00

Document:
C-283-96
Sentencia C-283/96
La presentación del proyecto de ley aprobatoria del Tratado hecha por el Gobierno, con la previa aprobación del Presidente de la República, convalida cualquier vicio de representación que pudiera afectar la constitucionalidad de la ley, para el caso de los tratados que requieren celebración previa o negociación. En el caso concreto, como al momento de su presentación, el Presidente de la República impartió su aprobación al texto del Tratado, cualquier otro vicio posible en aquella etapa queda subsanado.
Lo que corresponde a esta Corporación es la definición de la constitucionalidad de la ley y del instrumento aprobado, y por ello, en su juicio también milita la necesidad de la salvaguarda de las competencias judiciales de los restantes organismos de la jurisdicción nacional e internacional y de la supranacional o internacional, según sea del caso. A la Corte Constitucional en este tipo de control preventivo de la constitucionalidad de los principales instrumentos internacionales no se le encomiendan labores de control político o de las razones políticas de este tipo de disposiciones jurídicas, lo cual corresponde al ejecutivo o al legislador en su oportunidad. Así las cosas, en ejercicio de esta competencia, no puede pues la Corte, so pena de invadir las esferas de la competencia constitucional de los restantes órganos y poderes del Estado, condicionar el examen de constitucionalidad de una norma de la categoría de un Tratado Internacional por razones típicas de un juicio político o administrativo.
PROTOCOLO DE REFORMAS A LA CARTA DE LA OEA-Constitucionalidad
El nuevo órgano de la OEA trata de darle efectividad y eficacia a la promoción de la cooperación internacional entre los países del sector americano, con lo cual se cumple el mandato constitucional de promoción y orientación de las relaciones exteriores de Colombia hacia la integración de la comunidad interamericana. La mencionada promoción de la cooperación internacional se manifesta con el fin de lograr el desarrollo integral de los pueblos americanos y en particular, para contribuir a la eliminación de la pobreza crítica en los campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico, que prácticamente desarrolla toda la parte dogmática de la Constitución colombiana. En ese orden de ideas, esta Corte encuentra ajustado a la Carta el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos.
Referencia: Expediente L.A.T. 056
Revisión previa de la constitucionalidad de la Ley 215 de noviembre 7 de 1995, por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos -Protocolo de Managua-, suscrito en Managua el 10 de junio de 1993.
Santafé de Bogotá, D.C., junio veintisiete (27) de mil novecientos noventa y seis (1996)
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República dentro del término legal envió a esta Corporación copia del texto de la Ley 215 de noviembre siete (7) de 1995, "por medio de la cual se aprueba el protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos - Protocolo de Managua-, suscrito en Managua el 10 de junio de 1993".
El día dieciséis (16) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), se verificó el correspondiente reparto del asunto y el Magistrado Sustanciador ordenó la práctica de prueba documental, consistente en la solicitud del envío de copia del expediente legislativo correspondiente al trámite en el Congreso de la República de la Ley 215 de 7 de noviembre de 1995. Se ordenó en el mismo auto que una vez evacuadas las pruebas decretadas, se procediera a la fijación en lista y a practicar el traslado correspondiente al despacho del señor Procurador General de la Nación, para efectos de recibir el concepto fiscal.
Dentro del término de fijación en lista del asunto de la referencia, no se hizo presente en la Secretaría General de esta Corporación ningún representante de las entidades públicas a las que se les comunicó la iniciación del proceso para sostener la constitucionalidad de la Ley 215 de 1995, de conformidad con lo establecido en el inciso del artículo 11 del Decreto 2067 de 1991; como tampoco se hizo presente ningún ciudadano para impugnar o sostener la constitucionalidad de las disposiciones bajo examen de esta Corporación.
Una vez cumplidos los trámites indicados para esta clase de actuaciones procesales de control de constitucionalidad, procede la Corte Constitucional a pronunciar su decisión.
"LEY 215
"Noviembre 7 de 1995
"Por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos -Protocolo de Managua-", suscrito en Managua el 10 de junio de 1993.
Visto el texto del 'PROTOCOLO DE REFORMAS A LA CARTA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS -PROTOCOLO DE MANAGUA', SUSCRITO EN MANAGUA EL 10 DE JUNIO DE 1993.
"EN NOMBRE DE SUS PUEBLOS LOS ESTADOS AMERICANOS REPRESENTADOS EN EL DECIMONOVENO PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, REUNIDA EN MANAGUA, NICARAGUA, CONVIENEN EN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE
El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral celebrará, por los menos, una reunión cada año a nivel ministerial o su equivalente, y podrá convocar la celebración de reuniones al mismo nivel para los temas especializados o sectoriales que estime pertinentes, en áreas de su competencia. Se reunirá, además, cuando lo convoque la Asamblea General, la reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores o por propia iniciativa, o para los casos previstos en el Artículo 36 de la Carta.
Que la presente reproducción es fiel fotocopia tomada del texto certificado del "PROTOCOLO DE REFORMAS A LA CARTA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS -PROTOCOLO DE MANAGUA", suscrito en Managua el 10 de junio de 1993, que reposa en los archivos de la Oficina Jurídica de este Ministerio.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los veintidós (22) días del mes de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
ARTICULO PRIMERO: Apruébase el "PROTOCOLO DE REFORMAS A LA CARTA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS "PROTOCOLO DE MANAGUA", suscrito en Managua el 10 de junio de 1993.
ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Ley 7a. de 1944, "PROTOCOLO DE REFORMAS A LA CARTA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS "PROTOCOLO DE MANAGUA", suscrito en Managua el 10 de junio de 1993, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al País a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo Internacional respecto de la misma.
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA (E)
DADA EN SANTA FE DE BOGOTA D.C., A LOS 7 NOV. 1995
III. EL MINISTERIO PUBLICO
El señor Procurador General de la Nación rindió en término el concepto de su competencia y solicita " declarar la exequibilidad del Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de Estados Americanos- Protocolo de Managua- suscrito en Managua el 10 de junio de 1993, y su ley aprobatoria, la Ley 125 de 1995, desde el punto de vista material.."
- El señor Procurador General, en su concepto rendido en el asunto de la referencia, hizo el análisis tanto formal como material del contenido de la ley 125 de 1995, así:
- En relación con el examen formal, advierte el Ministerio Público, que al no haberse remitido documento alguno por parte del Congreso de la República, que certifique el quórum para la aprobación del proyecto de ley en primer debate en el seno de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado, le corresponde a la Corte Constitucional verificar tal requisito de orden formal. De igual forma, debe comprobar lo relacionado con la competencia de las autoridades nacionales que participaron en las etapas del perfeccionamiento del instrumento público internacional, a fin de determinar su compatibilidad o incompatibilidad con las preceptivas del Estatuto Superior.
- En relación con el análisis material del protocolo que se estudia, señala que éste es la realización de iniciativas surgidas desde hace varios años, en las que se consideraba la posibilidad de replantear el aspecto de la cooperación técnica entre los países miembros de la Organización de Estados Americanos, con el fin de ofrecer alternativas para conseguir el desarrollo integral de dichos países, lo que supone su crecimiento económico sostenido con equidad social. La iniciativa fue planteada en 1976 a través de la Resolución AG/RES 232 (VI-0-76), mediante la cual se tomó la decisión de reformar la Carta de la OEA para efectos de revisar lo concerniente a la Cooperación Interamericana para el Desarrollo; en el Decimonoveno período extraordinario de sesiones de la Asamblea General el 10 de junio de 1993, en Managua, se suscribe el Protocolo bajo examen, que diseña un nuevo modelo de cooperación al interior de la Organización, para que ésta sea más eficaz y funcional.
- Indica que el contenido del Protocolo de Managua incluye cuatro nuevas disposiciones a los capítulos XIII y XVII de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (artículos 94, 96, 97 y 122). Estas disposiciones consagran funciones del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, atinentes a la cooperación técnica para lograr dicho desarrollo en países miembros, aplicada en materias tales como el desarrollo económico y social e incluye el comercio, el turismo, la integración y el medio ambiente, el mejoramiento y la extensión de la educación a todos los niveles, de la promoción de la investigación científica y tecnológica, a través de la cooperación técnica, así como el apoyo a las actividades del área cultural, el fortalecimiento de la conciencia cívica de los pueblos como uno de los fundamentos del ejercicio efectivo de la democracia y la observancia de los derechos y deberes de la persona humana.
- En concepto del señor Procurador, de las disposiciones contenidas en el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, no se evidencia tacha alguna de índole constitucional que afecte su validez, y en particular con ellas no contraría la preceptiva de los artículos 9º, 150-16, 226 y 227 de la Carta, cuyo contenido reconoce la soberanía nacional, la autodeterminación de los Pueblos y promueve la internacionalización de las relaciones políticas económicas y sociales, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, y se identifica con los fines y principios del Estado Colombiano, consagrados en nuestro Estatuto Fundamental.
En su concepto, las reformas introducidas a la Carta de la OEA mediante el Protocolo en estudio, se dirigen a reorganizar operativamente los organismos de dicho sujeto de derecho internacional público, los cuales fueron diseñados para que de manera eficiente elaboren y ejecuten las políticas atinentes al desarrollo integral de los países miembros, en particular las referidas a la eliminación de la pobreza crítica.
- Concluye el Ministerio Público que la ley 125 de 1995, que se examina, no observa ningún vicio de inconstitucionalidad que afecte su validez, pues ella se limita a aprobar el contenido del protocolo y a disponer lo pertinente para la entrada en rigor del instrumento público internacional.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 241 numeral 10° de la Constitución Política, y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de su competencia, se observa que corresponde a esta Corporación el examen de la constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados y convenios internacionales después de su sanción presidencial, y antes del perfeccionamiento internacional del instrumento como en el asunto de la referencia.
Segunda. El examen de forma
A. De la Celebración del Tratado.
De conformidad con el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política, corresponde a esta Corporación el examen de la constitucionalidad de la ley 215 de noviembre 7 de 1995, tanto por el aspecto formal, como por lo que se relaciona con el contenido de la misma y con el texto del instrumento que se aprueba y que se ordena.
Trámite en el Congreso de la República
El proyecto de ley que culminó su trámite en el Congreso de la República y que fue sancionado como la ley 215 de noviembre 7 de 1995, cumplió con todos los requisitos que para dicho fin establece la Carta Política , en especial los previstos por los artículos 157 y 160 de la misma. Teniendo en cuenta que el contenido del proyecto de ley hace referencia a un tratado internacional, fue presentado a la secretaría del Senado de la República por Gobierno Nacional, a través de la señora Ministra de Relaciones Exteriores, Noemí Sanin de Rubio, el día 2 de agosto de 1994, publicado luego en la Gaceta del Congreso No. 109 de 1994 y distinguido con los números 17/94 en el Senado y 119/94 en la Cámara de Representantes.
- El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en la Comisión Segunda Constitucional del Senado, en primer debate, el día 9 de noviembre de 1994, según Acta No. 08 publicada en la Gaceta del Congreso No. 17 de marzo de 1995, previa ponencia presentada por el Senador Fuad Char Abdala, publicada en la Gaceta del Congreso No. 181 de octubre de 1994.
La aprobación en el segundo debate fue votada con el quórum legal, constitucional y reglamentario por la plenaria del Senado, como consta en el acta No 23 de la sesión ordinaria del día 30 de noviembre de 1994, publicada en la Gaceta del Congreso No. 231 de diciembre 5 del mismo año y por ello se le impartió en debida forma el debate en la plenaria de aquella Corporación.
- En la Cámara de Representantes el proyecto se identificó con el número 119 de 1994, y el primer debate se adelantó ante la Comisión Segunda Constitucional y fue aprobado por unanimidad el 14 de junio de 1995.
La plenaria de la cámara impartió la aprobación correspondiente en segundo debate el día 3 de octubre de 1995, como se advierte en el acta No 62 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No 344 de 23 de octubre del mismo año, con lo cual se dio fin al trámite legislativo en el Congreso de la República.
Es menester señalar que en este tipo de asuntos no resultaría extraño a las funciones de la Corte Constitucional el examen judicial del cumplimiento de los requisitos constitucionales en materia de representación del Jefe del Estado o de sus agentes, cuando ésta se ha verificado y se puede verificar por el tipo de instrumento de que se trata; sin embargo, la presentación del proyecto de ley aprobatoria del Tratado hecha por el Gobierno, con la previa aprobación del Presidente de la República, convalida cualquier vicio de representación que pudiera afectar la constitucionalidad de la ley, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación para el caso de los tratados que requieren celebración previa o negociación.
En el caso concreto, como al momento de su presentación, el Presidente de la República impartió su aprobación al texto del Tratado, cualquier otro vicio posible en aquella etapa queda subsanado y la Corte se abstiene de cuestionar los hechos correspondientes a dicho proceso.
B. El Examen Materia del Texto del Tratado
1. Antes de realizar el examen del contenido del texto del Instrumento internacional de la referencia, cabe reiterar algunas consideraciones de esta Corporación acerca de la naturaleza del control judicial de constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueban.
Esta modalidad de actuación del sistema de control judicial de la constitucionalidad de las leyes que se surte en Colombia, en los términos del artículo 241 num. 10o. de la Constitución Política, no sólo se trata del estudio y la definición judicial de la validez formal y sustancial de la totalidad del texto de la ley aprobatoria del respectivo instrumento internacional, así como el propio tratado, sino comporta un examen preventivo y definitivo ante la totalidad del texto de la Carta Política, pues el control constitucional al cual se refiere el numeral 10 del artículo 241 de la Carta esta orientado a preservar el vigor de la Constitución, así como la integridad y supremacía de la misma; de igual modo, algunas piezas normativas o sectores y partes del mismo ordenamiento internacional reclaman interpretaciones jurídicas presididas por juicios técnicos, especializados o por la aplicación de lenguajes técnicos y científicos, que no exigen ser agotados en esta sede judicial, correspondiendo a otros jueces, nacionales o internacionales, la definición del contenido de sus términos; por esto es que en este tipo de decisiones no abundan innecesarias reflexiones Obiter Dicta, ni se proponen consideraciones que se ubiquen más allá del contraste objetivo del Tratado con la Carta
De otra parte, este tipo de instrumentos jurídicos no requiere la suerte de la definición total, previa y absoluta de todos y cada uno de los términos empleados, y más bien reclaman ámbitos de relativa flexibilidad práctica, radicada en cabeza del ejecutivo y de sus agentes, de conformidad con la responsabilidad de la conducción de las relaciones internacionales y de jefe de Estado, que se atribuye al Presidente de la República.
De igual modo, lo que corresponde a esta Corporación es la definición de la constitucionalidad de la ley y del instrumento aprobado, y por ello, en su juicio también milita la necesidad de la salvaguarda de las competencias judiciales de los restantes organismos de la jurisdicción nacional e internacional y de la supranacional o internacional, según sea del caso.
Por último, a la Corte Constitucional en este tipo de control preventivo de la constitucionalidad de los principales instrumentos internacionales no se le encomiendan labores de control político o de las razones políticas de este tipo de disposiciones jurídicas, lo cual como se ha visto, corresponde al ejecutivo o al legislador en su oportunidad. Así las cosas, en ejercicio de esta competencia, no puede pues la Corte, so pena de invadir las esferas de la competencia constitucional de los restantes órganos y poderes del Estado, condicionar el examen de constitucionalidad de una norma de la categoría de un Tratado Internacional por razones típicas de un juicio político o administrativo.
2. A continuación la Corte Constitucional abordará el estudio de constitucionalidad del tratado de la referencia.
Desde el siglo pasado, específicamente a partir de 1889, se materializó la intención de los países de América en conformar un sistema interamericano que contribuyera a la cooperación entre las mencionadas naciones, a consolidar la paz y, en general, a facilitar el mejoramiento de las condiciones de vida del sector, en un ente denominado, desde 1948, como la Organización de los Estados Americanos -OEA-, el cual ha sido la más sólida expresión de continuidad jurídica en materia de organismos políticos panamericanos y ocupa un privilegiado lugar de alto prestigio, legitimidad y credibilidad política en el concierto universal de las naciones.
En la década del 70, los países integrantes de tal organización consideraron que era necesario realizar una serie de modificaciones en la estructura de funcionamiento de la OEA, pues se presentaban problemas de gestión, para lo cual se creó, en abril de 1973, la Comisión Especial para Estudiar el Sistema Interamericano, CEESI; tal comisión tuvo como tarea la elaboración de una propuesta de reforma a la organización tendiente a superar algunos de los problemas que surgieron en su entorno. Precisamente, parte de las recomendaciones planteadas por la CEESI, se cristalizaron en la confección del Protocolo que se esta estudiando en esta oportunidad.
De otra parte, este Protocolo tiene como principal objetivo implementar una serie de cambios estructurales consistentes en fusionar el Consejo Interamericano de Educación, Ciencia y Cultura, CIECC, y el Consejo Interamericano Económico y Social, CIES, en un solo órgano denominado el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, CIDI.
Tal modificación organizacional según lo advierte este mismo protocolo busca erradicar los siguientes problemas:
- La duplicidad de funciones entre el CIECC y el CIES.
- Los cambios en las condiciones políticas, económicas y sociales en el conjunto de países que hacen parte de la OEA; así mismo, el aumento de países miembros (en 10 años se pasó de 24 a 35 miembros).
- La imposición externa de modelos de desarrollo, sin participación directa de los particulares y del Estado que asume el respectivo modelo.
- El anquilosamiento estructural y administrativo en la OEA.
- La duplicidad de funciones entre la OEA y otros organismos regionales e internacionales más ágiles y eficaces que la primera.
- La disminución de recursos financieros unida a la irregularidad de los aportes de los Estados miembros
Ahora bien, el replanteamiento organizacional de la OEA se encuentra a todo lo largo del Protocolo de Managua; en efecto, el artículo 1º incorpora a la Carta de la OEA cuatro artículos, así: en el primero se determinan las funciones del CIDI, como de asesoría, formulación, planeación, promoción, coordinación de programas y proyectos en materia de cooperación para el desarrollo integral de los países miembros. También, el nuevo órgano se debe autocontrolar en cuanto a la gestión realizada.
Además, en el artículo 1º, también se prevé la designación de un Secretario Ejecutivo como agente ejecutor y coordinador de los proyectos aprobados por el CIDI.
De otra parte, el artículo 2º del protocolo sub-examine, a través de la modificación de disposiciones de la Carta de la OEA, establece principalmente la ubicación jerárquica del CIDI, su composición estructural y su frecuencia mínima de reunión; igualmente, en el mencionado artículo se señala la finalidad del nuevo órgano, la cual es la promoción de la cooperación entre los Estados Americanos con el propósito de lograr su desarrollo integral, y en particular, contribuir a la eliminación de la pobreza crítica en los campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico.
Los artículos 3º, 4º, 5º, determinan ciertas modificaciones formales de tipo normativo para implementar la reforma; por su parte, los artículos 6º, 7º, 8º y 9º son normas de procedimiento del propio tratado que aseguran su cumplimiento.
Como se aprecia a través de la exposición del articulado del tratado de la referencia, tal instrumento internacional se adecúa claramente al mandato expresado en el preámbulo y en los artículos 9º y 227 C.P., ya que en estas disposiciones se establece que la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe, además de promoverla. En efecto, el nuevo órgano de la OEA trata de darle efectividad y eficacia a la promoción de la cooperación internacional entre los países del sector americano, con lo cual se cumple el mandato constitucional de promoción y orientación de las relaciones exteriores de Colombia hacia la integración de la comunidad interamericana. La mencionada promoción de la cooperación internacional se manifesta con el fin de lograr el desarrollo integral de los pueblos americanos y en particular, para contribuir a la eliminación de la pobreza crítica en los campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico, que prácticamente desarrolla toda la parte dogmática de la Constitución colombiana.
En ese orden de ideas, esta Corte encuentra ajustado a la Carta el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos -Protocolo de Managua-, suscrito en Managua el 10 de junio de 1993 y la ley que lo aprueba.
Declarar exequible la Ley 215 de noviembre 7 de 1995, "por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos -Protocolo de Managua-, suscrito en Managua el 10 de junio de 1993” y el tratado mismo.

References: artículo 11
 Artículo 36
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2