Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-361-de-agosto-31-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_5a43c3bd31ba413482012c583cab58ff&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-22 19:36:26+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA T-361 DE AGOSTO 31 DE 2018
SENTENCIA T-361 DE 31 DE AGOSTO DE 2018
CONTENIDO:LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES NO DEBEN ENTENDERSE COMO SIMPLES FORMALISMOS RITUALES, SINO COMO MECANISMOS QUE GUARDAN UNA RELACIÓN ESTRECHA Y DIRECTA CON LAS NORMAS JURÍDICAS QUE CONSAGRAN LA JUSTICIA MATERIAL. AL RESPECTO SE HACE ÉNFASIS QUE EL DEBER PREVALENTE QUE DEBE CARACTERIZAR EL EJERCICIO JURISDICCIONAL ES EL DE REALIZAR EL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE LAS FORMALIDADES, PUES EL PROCEDIMIENTO CONSTITUYE UN MEDIO O MECANISMO PARA ALCANZARLO Y SU DESARROLLO NO PUEDE DESCONOCER FINES ESTATALES Y GARANTÍAS BÁSICAS DE LAS PARTES, QUE ESPERAN DEL OPERADOR JUDICIAL UNA DEBIDA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. POR OTRA PARTE, SE PRECISA QUE LOS PREACUERDOS DEBEN VERSAR SOBRE: I) LOS HECHOS IMPUTADOS, O ALGUNO RELACIONADO(II) LA ADECUACIÓN TÍPICA INCLUYENDO LAS CAUSALES DE AGRAVACIÓN Y ATENUACIÓN PUNITIVA(III) LAS CONSECUENCIAS DEL DELITO (ART. 351, INCISO 2°) LAS CUALES SON DE ORDEN PENAL Y CIVIL. POR LO TANTO, DENTRO DEL PREACUERDO ES POSIBLE QUE EL FISCAL PACTE LA ELIMINACIÓN DE AGRAVANTES PUNITIVOS E INCLUSO LA ELIMINACIÓN DE ALGÚN CARGO EN CONCRETO, EN ARAS DE DISMINUIR LA PENA, SIN QUE LE SEA VIABLE CREAR TIPOS PENALES, PUES SU OBRAR DEBE CORRESPONDER CON LA LEY PENAL PREEXISTENTE. ASÍ PUES, EN EL MARCO DE LA NEGOCIACIÓN AL FISCAL NO LE ES PERMITIDO REALIZAR UNA ADECUACIÓN PENAL QUE SE SIRVA DE LA CREACIÓN DE TIPOS PENALES, TODA VEZ QUE A LOS HECHOS MATERIA DE NEGOCIACIÓN SOLO LES PUEDE DAR UNA LA CALIFICACIÓN JURÍDICA QUE ATIENDA A LO EXPUESTO EN LA LEY PENAL PREEXISTENTE. POR CONSIGUIENTE, UNA VEZ PACTADO, EL PREACUERDO GENERA UNAS OBLIGACIONES PARA LOS JUECES DE CONOCIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO LO ACORDADO NO VULNERE DERECHOS FUNDAMENTALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHOS FUNDAMENTALES, DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PREACUERDO, DEFENSA TÉCNICA, JUSTICIA, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DERECHO A LA DEFENSA TÉCNICA
Sentencia T-361 de agosto 31 de 2018
Ref.: Expediente T-6.448.131
Bogotá, D.C., treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho.
En la revisión de la decisión judicial proferida el 27 de septiembre de 2017 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que, a su vez, confirmó la dictada el 2 de agosto de 2017 por la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta dentro del Expediente T-6.448.131.
El presente asunto fue escogido para revisión por la Sala de Selección Número Once de 2017 por medio de Auto del 14 de noviembre de la misma anualidad y repartido a la Sala Quinta de Revisión.
2.1. Fue capturado por el delito de tráfico y porte de estupefacientes, junto con otro grupo de personas, ante lo cual les imputaron cargos e impusieron unas medidas de aseguramiento intramural en el Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Cúcuta.
— EVENTO 8, ocurrido el 18 de octubre de 2012, con la incautación de 1.912 gramos de cocaína.” (…)
— “EVENTO 11, ocurrido el 8 de febrero de 2013, con la incautación de 3.824 gramos de cocaína.” (…)
— “EVENTO 14, ocurrido el 16 de abril de 2013, con la incautación de 4.514 gramos de cocaína.” (…)(1).
2.6. Por ende, acudió a la acción de tutela por considerarla procedente, ya que, a su juicio, con el obrar del juzgado demandado se está incurriendo en una “vía de hecho”(2), causada no solamente con la imposición de un agravante a una conducta penal simple y el desconocimiento de lo pactado en el preacuerdo celebrado con la Fiscalía que había sido aprobado por el juez competente, sino también con la falta de resolución de la solicitud de corrección de sentencia por medio de una providencia, de modo tal que se puedan presentar los recursos correspondientes.
El demandante pretende que, por medio de la acción de tutela, se le ampare su derecho fundamental al debido proceso y “los que pudieren resultar afectados con los hechos y omisiones del accionado”, para lo cual solicita se “disponga ordenar al accionado y en favor del accionante, lo pertinente”(3).
— Copia del acta de preacuerdo firmada por el Fiscal 5º Delegado Especializado de la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima —UNAIM— y los procesados, entre estos, el actor, documento dirigido al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Cúcuta-Reparto (fls. 9 al 19 cdno, 2).
— Copia de la sentencia dictada el 25 de julio de 2014, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta (fls. 20 al 27 cdno. 2).
— Copia del oficio remitido por el Fiscal 5º Especializado, el 26 de septiembre de 2014, al Juzgado Segundo Especializado de Cúcuta con la intención de que, entre otras cosas, se corrigiera la sentencia que condenó al accionante (fls. 29 al 39 cdno. 2).
— Respuesta emitida por la Juez Segunda Penal del Circuito Especializado de Cúcuta dirigida al Fiscal 5º Especializado, respecto del pedimento que este presentó en relación con la solicitud de corrección de sentencia (fls. 40 y 41 cdno. 2).
— Copia del oficio fechado el 27 de enero de 2015 en el que el Fiscal 5º Especializado le reitera la solicitud al juzgado demandado de corrección de sentencia por error aritmético (fls. 43 al 45 cdno. 2).
— Copia del oficio remitido el 20 de abril de 2015, por el Fiscal 5º Especializado al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta advirtiendo el error en la pena, señalado en la sentencia que dictó el juzgado acusado (fl. 46 cdno. 2).
5. Respuesta de la autoridad accionada y de la vinculada.
5.1. Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta.
5.2. Fiscal Quinto Especializado adscrito a la Dirección de Antinarcóticos.
El asunto le fue repartido, en primera instancia, a la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Cúcuta que, mediante providencia del 2 de agosto de 2017, denegó la medida de amparo pretendida por el señor XXXX, considerándola improcedente por la falta de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 27 de septiembre de 2017, confirmó el fallo de primera instancia por las siguientes razones.
No obstante, agregó la Sala que, aunque se hiciera una abstracción de ese requisito, en la sentencia cuestionada no se configura ninguna causal de procedibilidad de la tutela en contra de decisiones judiciales, pues se advierte que la situación con base en la cual fue solicitada la rectificación o aclaración no es un error aritmético o de transcripción, sino que implicaría la variación de la calificación jurídica, no solo consignada en el acta de preacuerdo, sino sostenida en la audiencia de legalización, como lo advirtió el juez de tutela de primera instancia.
III. Pruebas decretadas por la Corte.
Mediante auto del 21 de marzo de 2018, la Sala Quinta de Revisión decidió suspender los términos para fallar y solicitar unas pruebas necesarias para mejor proveer y, en consecuencia, dispuso:
“SOLICITAR al Fiscal Quinto Especializado adscrito a la Dirección Antinarcóticos de Cúcuta, que en el perentorio término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación del presente proveído, INFORME a este Tribunal, dentro del ámbito de sus competencias constitucionales y legales, lo siguiente:
1. Si ha adelantado otros procedimientos judiciales distintos a la solicitud de corrección aritmética a efectos de obtener la modificación de la sentencia condenatoria que profirió el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta, en el marco del proceso penal que dicho despacho adelantó en contra del señor J.A.S.G.. En caso afirmativo, indique cuáles y el resultado que obtuvo.
2. El estado actual de la solicitud de corrección aritmética de sentencia que presentó, el 27 de enero de 2015, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta, en lo que tiene que ver con el señor J.A.S.G..
3. Explique, aclare y amplíe las condiciones generales bajo las cuales la Fiscalía General de la Nación llegó al preacuerdo celebrado con el señor J.A.S.G., procesado por las conductas de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.
Del mismo modo, dentro del comentado plazo, remita copia completa del preacuerdo que la Fiscalía General pactó con el accionante y las otras personas que resultaron condenadas en la misma providencia judicial y anexe el material probatorio que considere pertinente para soportar el informe”.
Al respecto, el Fiscal 5º Especializado, adscrito a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, dio respuesta a los pedimentos transcritos indicando lo siguiente:
En relación con el numeral primero del auto de la Sala Quinta de Revisión, indicó que además de la solicitud de corrección aritmética adelantó otras actuaciones judiciales todas con resultados negativos.
Concretamente advirtió que la solicitud inicial de corrección aritmética del 16 de septiembre de 2014 fue resuelta negativamente cuatro meses después con Oficio 025 del 14 de enero de 2015. Sin embargo, el despacho acusado omitió pronunciarse mediante un auto interlocutorio en audiencia pública en aras de garantizar los principios orientadores del sistema penal acusatorio, a saber, los de oralidad, publicidad, contradicción y doble instancia.
Teniendo en cuenta lo anterior, elevó una segunda solicitud, en la que, además de reiterarle el medio procesal mediante el cual debía resolverla, le dio a conocer contraargumentos a su negativa y le insistió en que no debía limitarse a corregir el caso del señor XXXXX, a quien se le había impuesto una pena que excede los 5 años pactados por preacuerdo, sino también otros casos resueltos en la sentencia cuestionada, en tanto los responsables fueron condenados a menores penas de las pactadas. Todos estos requerimientos que fueron infructuosos.
Por último, señaló que, a propósito de su vinculación a la presente tutela, le solicitó a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta que declarara la prosperidad del amparo, lo que fue fallido, como quiera que los operadores judiciales de instancia negaron la pretensión, conforme se evidencia en el expediente bajo examen.
En relación con el punto dos del auto de pruebas, reiteró que no le han resuelto por el cauce legal sus solicitudes de corrección por error aritmético que en el caso del señor XXXX condujo el exceso en la pena, mientras que tratándose de otras personas se tradujo en defecto de la pena impuesta, pues fue menor a lo acordado.
Así las cosas, adujo que el señor XXXX aceptó su responsabilidad y se declaró culpable de 4 hechos con características de delitos, de los cuales tres (3) fueron en la modalidad de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, todos simples: inciso 1º (evento 11 y 14) e inciso 3º (evento 8) del artículo 376 de la Ley 599 de 2000 y, uno (1) en la modalidad de concierto para delinquir agravado por concertarse con fines de narcotráfico, lo cual constituye la modalidad de concurso triple homogéneo sucesivo y heterogéneo; hechos, modalidades y circunstancias por los cuales se aprobó el preacuerdo y se le condenó.
Evento Nº 8 ocurrido el 18 de octubre de 2012 relacionado con la incautación de 1.912 gramos de COCAÍNA. Comportamiento adecuado al inciso 3º(4) del artículo 376 del Código Penal por estar comprometida una cantidad de 1912 gramos, situación para la cual el legislador tiene prevista una pena de 96 meses a 144 meses de prisión y multa de 124 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Evento Nº 11 ocurrido el 8 de febrero de 2013 relacionado con la incautación de 3.824 gramos de COCAÍNA.
Evento Nº 14 ocurrido el 16 de abril de 2013 relacionado con la incautación de 4.514 gramos de COCAÍNA.
La imputación, por la cantidad de cocaína comprometida en estos EVENTOS Nº 11 y 14 es por la modalidad del inciso 1º del art. 376 del C.P., por estar comprometida una cantidad de cocaína superior de 2.000 gramos, cuya pena de prisión prevista, por el legislador, oscila entre 128 a 360 meses de prisión y multa de 1.334 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En concurso heterogéneo de delitos por su Autoría en el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR en la modalidad agravada, prevista en el inciso 2º del art. 340 de la Ley 599 de 2.000, en la modalidad de haberse concertado para la comisión de delitos de tráfico de estupefacientes, cuya pena oscila entre 8 y 18 años de prisión.”(5)
Teniendo en cuenta lo anterior, indicó que en el acápite del preacuerdo titulado “2º ASPECTO DEL PREACUERDO”, y específicamente en el subtítulo: “DOSIFICACIÓN PUNITIVA”, en cuanto al aumento de pena de prisión por el concurso homogéneo y heterogéneo de los delitos, a modo de colofón quedó pactado, que se partiría de la pena mínima más grave, estableciéndose para los delitos de TRÁFICO FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES, que sería de 256 meses de prisión “para los casos de haberse imputado la circunstancia agravante específica del art. 384, #3º, o sería de 128 meses de prisión cuando esta no fue imputada”. (Negrillas y subrayas del autor)(6).
Agregó el fiscal, que “en ese acápite se excepcionó del mínimo punitivo de 256 meses, con el cual se partiría la dosificación punitiva, tan sólo al señor XXXX, en virtud de no serle imputada la circunstancia específica de agravación punitiva (art. 384, num. 3º), en cuyo caso, por adecuarse su comportamiento en el inciso 1º del art. 376, se partió de la pena de 128 meses de prisión, omitiéndose por error (involuntariedad) de esa excepción anotar el nombre del señor J.A.S.G., quien de acuerdo a la imputación no le fue endilgada ninguna circunstancia agravante, pues conforme al acontecer criminoso resulta improcedente y su comportamiento más grave punitivamente en su extremo mínimo se adecúa en ese mismo inciso, por lo que aritméticamente debió partirse de una pena mínima de 128 meses de prisión.
Sobre ese total de 164 meses de prisión es que debió la Juez de conocimiento —aquí accionada— reducir el equivalente en meses, que resulte de restarle el CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%), que como porcentaje quedó pactado como único beneficio por la declaratoria de culpabilidad de J.A.S.G. y de los restantes postulados a ser sentenciados por vía de preacuerdo. Así quedó contemplado en el preacuerdo sometido a consideración y que fuera aprobado integralmente por la referida funcionaria, tal como consta en el acta oralizada en audiencia, bajo el título “EN CUANTO AL PORCENTAJE DE REBAJA.
Es decir, por error se cuantificó aritméticamente partiendo de 256 meses cuando no le fue imputado circunstancia de agravación punitiva —la del #al 3 del art. 384 del Código Penal—, (sic) y así se colige de las consideraciones del fallo a corregir, pues se relaciona a este justiciable en los eventos de narcotráfico en que participó, señalándose en cada uno de ellos la cantidad de sustancia comprometida, nunca superior a 5 kilos de cocaína ni a 2 kilos de heroína, ni adecuable a otra circunstancias (sic) de las previstas en el artículo 384 de la Ley 599 de 2000, pues en la parte resolutiva expresó que la pena era “…por los hechos ocurridos en las circunstancias de modo, tiempo y lugar ya reseñadas y con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva””(7).
A su modo de ver, con dicho obrar se vulneran no solo los derechos del actor al debido proceso y a la libertad, sino también los de la Fiscalía General de la Nación, afectaciones que son atribuibles a la autoridad judicial demandada en tanto que, por un lado, emitió la sentencia con el exabrupto aritmético que ella acepta, y, por el otro lado, omitió hacer uso del mecanismo procesal establecido legalmente, esto es “a través del proferimiento de un auto”(8).
En consecuencia, solicitó que se ordene al despacho judicial acusado que emita un auto en el que resuelva la solicitud de corrección de sentencia respecto de los cinco procesados que presentan inconsistencias, no solo en relación con los montos de las penas de prisión, sino también respecto de las multas, en aras de detener al vulneración al debido proceso y garantizar el postulado constitucional de legalidad de la pena, además de ser una muestra de “eficientismo de la administración de justicia”(9).
En consonancia con la norma superior, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991(10), establece lo siguiente:
En esta oportunidad, la acción de tutela fue presentada por XXXX, en calidad de defensor público, en virtud del poder que le confirió el señor J.A.S.G., razón por la que se encuentra legitimado para actuar en esta causa.
Esta Corte, teniendo en cuenta la gravedad del yerro advertido por el fiscal, en parte también por el mismo juzgado acusado y por el actor, evidencia una circunstancia que hace necesario que el análisis se encamine a estudiar la procedencia de la acción de tutela en contra de la providencia judicial que resolvió la situación del señor XXXX, cuyas condiciones particulares llevan a considerarlo sujeto de especial protección constitucional, a lo que se suma la clara posibilidad de no obtener una solución de fondo a su situación, a pesar de que se ordene proferir el auto que resuelva la solicitud de corrección aritmética.
En efecto, se debe aclarar que la enmienda aritmética atiende a falencias de contenido numérico, pues como lo expuso esta Corte en la Sentencia T-875 de 2000, al referirse a dicha figura, prevista en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil y hoy reiterada en el artículo 286 del Código General del Proceso: “(…) el error aritmético es aquel que surge de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. En consecuencia, su corrección debe contraerse a efectuar adecuadamente la operación aritmética erróneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la componen. En otras palabras, la facultad para corregir, en cualquier tiempo, los errores aritméticos cometidos en una providencia judicial (CPC. art. 310), no constituyen un expediente para que el juez pueda modificar otros aspectos —fácticos o jurídicos— que, finalmente, impliquen un cambio del contenido jurídico sustancial de la decisión”. Por lo tanto, aunque dicha norma prevea que atiende a omisiones, cambio de palabras o alteración de estas en la parte resolutiva o a variaciones que influyan en ella, todo ello debe estar supeditado a la demostración de la falencia aritmética.
Lo anterior es de gran importancia, pues al permitir otro tipo de ajustes que influyan en el contenido jurídico sustancial de la decisión, se pueden generar afectaciones al principio de cosa juzgada, luego, como no es tan palmaria la adecuación de lo ocurrido a la viabilidad de corregir la sentencia por yerro aritmético, esta Corte procederá a realizar el análisis de la tutela contra providencia judicial, pues la simple corrección podría producir una variación en la calificación de la conducta delictiva del señor XXXX que, a juicio de la juez, se acompasa con lo señalado en el preacuerdo y tendría incidencias en su pena y multa, así como capacidad para alterar un asunto resuelto, con riesgo de la cosa juzgada en materia penal, ya que, se repite, la modificación de aspectos considerados tangenciales podría incidir directamente en la parte motiva.
Adicionalmente, el análisis efectuado se limitará al caso expuesto en la tutela bajo examen, esto es, al reproche señalado por el señor XXXX, respecto de la sentencia que lo condenó, pues si bien el fiscal manifestó que su propio derecho al debido proceso se encuentra vulnerado por el desacato de la autoridad acusada a lo preacordado y que la corrección también debe involucrar a otras personas, lo cierto es que el legitimado por activa es el señor XXXX, pues fue quien acudió a la tutela, mientras que los otros procesados no son parte en este procedimiento.
Por lo tanto, el problema jurídico que en esta oportunidad le corresponde resolver a esta Sala de Revisión radica en determinar si la providencia dictada el 25 de julio de 2014, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta, vulneró los derechos fundamentales del actor, principalmente el debido proceso, en tanto al tasar la pena le impuso un agravante a uno de los delitos que cometió sin que las conductas que el procesado aceptó permitieran endilgarle ese calificativo. En ese sentido, se analizará si la sentencia proferida incurrió en un yerro, concretamente, causado por un defecto material o sustantivo, error inducido o violación directa a la Constitución.
5. Procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales.
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b. Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; f. Que no se trate de sentencias de tutela”(11).
(ii) El agotamiento de todos los medios de defensa judicial posibles se relaciona con el carácter subsidiario y excepcional de la acción de tutela, de conformidad con el cual la parte activa debe “desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos”(12). En todo caso, este criterio puede flexibilizarse ante la posible configuración de un perjuicio irremediable(13).
(iv) Con fundamento en la injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada se exige que únicamente las irregularidades violatorias de garantías fundamentales tengan la entidad suficiente para ser alegadas por vía de tutela. Aunado a ello, se excluyen las irregularidades no alegadas en el proceso o subsanadas a pesar de que pudieron haberse alegado(14).
(v) En lo atinente a la identificación razonable de los hechos que generan la vulneración de los derechos fundamentales la jurisprudencia ha destacado que en la acción de tutela se deben identificar clara y razonablemente las actuaciones u omisiones que configuran la vulneración alegada. Estos argumentos deben haberse planteado dentro del proceso judicial, de haber sido posible(15).
(vi) El requisito de acuerdo con el cual no debe tratarse de sentencias de tutela busca evitar que los procesos judiciales estén indefinidamente expuestos a un control posterior y con mayor razón si se tiene en cuenta que todas las sentencias de tutela son objeto de estudio para su eventual selección y revisión en esta Corte, trámite después del cual se tornan definitivas(16).
Junto a las anteriores causales, se ha exigido la demostración de alguno de los requisitos especiales de procedencia(17), los cuales también han sido explicados en las referidas sentencias y son: (i) el defecto orgánico; (ii) el defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido o por exceso de ritual manifiesto; (iii) el defecto fáctico; (iv) el defecto material o sustantivo; (v) el error inducido; (vi) la decisión sin motivación; (vii) el desconocimiento del precedente y (viii) la violación directa de la Constitución. Atendiendo a los elementos presentados en este caso, la Sala analizará brevemente el defecto material o sustantivo, el error inducido y la violación directa a la Constitución.
— El defecto material o sustantivo(18):
Esta corporación ha reconocido el respeto al principio de autonomía e independencia judicial, pero ha resaltado que la competencia ejercida por los jueces no es absoluta, puesto que tiene unos límites provenientes del orden jurídico preestablecido. Al respecto, en la Sentencia T-757 de 2009, se indicó que: “[P]or tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho”(19).
Adicionalmente, esta Corte ha manifestado que se incurre en un yerro de esta índole cuando las normas usadas para resolver el litigio no son interpretadas de conformidad con lo señalado en la Constitución Política, esto es, valiéndose del método de interpretación conforme, que impone que las normas sean entendidas de la manera que mejor se acompase con el Texto Superior, obligación derivada de lo señalado en el artículo 4º de la Carta(20) y que procura salvaguardar los derechos fundamentales en al caso concreto que es llevado a estrados.
— Error inducido:
El error inducido se genera cuando en una actuación ceñida al debido proceso, fueron valorados acertadamente los elementos probatorios y se brindaron todas las garantías necesarias, pero el juez, por causas ajenas a él y atribuibles a otros sujetos, es llevado a dictar un fallo en un sentido determinado que ocasiona la vulneración de derechos fundamentales(21).
Lo que se cuestiona con este defecto no es la actuación judicial, pues el funcionario judicial no obra arbitrariamente, sino la decisión proferida que resulta equivocada(22), por tener en cuenta una conducta, hecho o falla de otro ente estatal o de terceros(23), capaz de tergiversar el entendimiento del juez, influyéndolo de tal modo que el fallador encausa su determinación en un sentido que produce la afectación de una garantía fundamental(24).
— Violación directa de la Constitución:
La causal de violación directa de la Constitución habilita el cuestionamiento de las decisiones judiciales cuando en ellas se desconoce lo previsto en la Carta o se hace una interpretación irrazonable e inconciliable con el texto superior. Mediante este requisito se preserva el valor normativo que en nuestro Estado se le ha dado a la Carta Política, el cual impone que sus preceptos sean respetados y obedecidos por todas las autoridades(25).
En efecto, en el artículo 4º de la Constitución, el constituyente primario estableció que “La Constitución es norma de normas”, por lo que “En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”, siendo “deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”.
“(i) Deja de aplicar una disposición iusfundamental a un caso concreto, por ejemplo “(a) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, (b) cuando se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata(26) y (c) cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución(27)”.
(ii) Aplica la ley al margen de los dictados de la Carta Política, desconociendo que de conformidad con su artículo 4º “la Constitución es norma de normas”, por lo que en caso de incompatibilidad entre la ella y la ley u otra norma jurídica “se aplicarán las disposiciones constitucionales”(28)”.
6. La justicia material en nuestra Carta Política.
En lo que respecta a la administración estatal de justicia, nuestro sistema cuenta con una serie de principios que la orientan y entre los cuales se encuentran el contemplado en el artículo 228 Superior, de acuerdo con cuyas voces “La Administración de Justicia es función pública”, sus decisiones “son independientes” y “Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial” (Subrayas de la Sala).
Así las cosas, el artículo 228 Superior impone que el fin de la actividad jurisdiccional y de la actividad procesal sea la justicia material, entendida como la realización de las garantías consagradas en abstracto en el derecho objetivo(29). Por ende, los procedimientos son el medio para llegar a dicho fin y, en ese sentido, su ejecución debe conducir al cumplimiento de tal propósito, así como a evitar la consumación de arbitrariedades provenientes de una aplicación rígida del procedimiento o aislada de la finalidad que debe guiarlo.
“ART. 11.—Interpretación de las normas procesales. Al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias.
“ART. 12.—Vacíos y deficiencias del código. Cualquier vacío en las disposiciones del presente código se llenará con las normas que regulen casos análogos. A falta de estas, el juez determinará la forma de realizar los actos procesales con observancia de los principios constitucionales y los generales del derecho procesal, procurando hacer efectivo el derecho sustancial.
“ART. 42. Deberes del juez. Son deberes del juez:
6. Decidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, o aquella sea oscura o incompleta, para lo cual aplicará las leyes que regulen situaciones o materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional, la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales del derecho sustancial y procesal.” (Subrayas por fuera del texto original).
“ART. 10.—Actuación procesal. La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial” (Subrayas por fuera del texto original).
Teniendo en cuenta lo anterior y el precepto Superior contenido en el artículo 228, un juez no puede, so pretexto de la obediencia completa a la regulación procedimental existente en la materia que debe fallar, imponer sus lineamientos con sacrificio de la prevalencia de la justicia material, pues el inadecuado apego a la ritualidad supone una denegación de justicia(30), habida cuenta de que renuncia a la verdad jurídica objetiva probada en el asunto por el afán de hacer prevalecer lo formal.
Con posterioridad a la Carta Política de 1991 la aplicación del derecho procesal exige superar la idea que lo considera ajeno a los propósitos estatales y a la protección de las garantías y derechos fundamentales de los asociados. En sentido contrario a esa actitud, los procedimientos judiciales no deben entenderse como simples formalismos rituales, sino como mecanismos que guardan una relación estrecha y directa con las normas jurídicas que consagran los propósitos que con ellos se pretende materializar(31).
7. Indebida defensa técnica dentro de un proceso penal.
Dicho ejercicio demanda del profesional(32), ya sea de confianza o de oficio, la asistencia técnica necesaria para el adecuado desarrollo del derecho a la defensa del procesado y, en cumplimiento de tal deber, le corresponde asegurarse de que la causa imputada corresponda con la cometida, por cuanto en razón el tecnicismo penal es natural que muchos procesados desconozcan los elementos básicos que permiten contrastar la adecuación de su conducta al delito endilgado. Además, al defensor le corresponde solicitar las pruebas que estime favorables para su causa, controvertir y objetar las aportadas en contra del defendido, exponer sus argumentos y razones, interponer los recursos de ley y hacer todo aquello que se demande en el marco de la ley, en procura de evitar arbitrariedades en el juzgamiento o la imposición de una condena injusta(33).
Adicionalmente, dicho análisis debe enfocarse de cara al asunto específico, luego no es viable indicar de manera abstracta las falencias en la defensa judicial sino que su constatación debe contraerse al caso concreto. Al respecto, esta Corte, en la Sentencia T-654 de 1998 indicó: “(…) frente a una presunta vulneración del derecho fundamental a una defensa técnica, es necesario estudiar cada caso concreto para evaluar sus precisas consecuencias”.
(iii) que la falta de defensa material o técnica tuvo o puede tener un efecto definitivo y evidente sobre la decisión judicial de manera tal que pueda afirmarse que esta incurre en uno de los cuatro defectos anotados - sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental;
Adicionalmente esta Corte ha enfatizado en que los errores atribuibles a la naturaleza humana del juez o de sus auxiliares no pueden ser tolerados en un Estado democrático en el que dichos funcionarios deben estar sometidos al derecho para el ejercicio de su autoridad(34).
En efecto, al procesado no puede atribuírsele las repercusiones del yerro del funcionario judicial, luego no es viable que se deba resignar a asumirlas en detrimento de sus derechos. Así fue indicado, entre otras, en la Sentencia T-1295 de 2005, según la cual: “(…) en el caso de haberse producido un error por [por parte de un funcionario judicial], las consecuencias de este error no las puede acarrear la parte procesada”.
8. Los preacuerdos en el sistema penal acusatorio colombiano
Respecto del procesado un preacuerdo también reporta beneficios, pues además de conocer y aclarar su condición jurídica, le permite obtener una solución que le resulta más favorable, en la medida en que el preacuerdo se celebra para obtener un tratamiento más benigno y, por ello, su aplicación no puede generar un empeoramiento de su situación. Es crucial que en dicho proceso se cuente con la ayuda, asesoría y acompañamiento de un defensor judicial, ya que, según los términos del artículo 354 del Código de Procedimiento Penal, son inexistentes los acuerdos realizados sin la asistencia del defensor.
Con base en lo anterior, el imputado o acusado puede aceptar total o parcialmente los cargos, tal como fue establecido en el artículo 353 del Código de Procedimiento Penal, en el que se advierte que, en caso de un preacuerdo parcial, los beneficios de punibilidad sólo serán extensivos para efectos de lo aceptado, luego si el arreglo es parcial, no pueden hacerse extensivas las ventajas a otros aspectos que no hayan sido aceptados.
Como esta Corte indicó en la Sentencia T-794 de 2007, los preacuerdos deben versar sobre: “i) Los hechos imputados, o alguno relacionado; (ii) la adecuación típica incluyendo las causales de agravación y atenuación punitiva; (iii) las consecuencias del delito (art. 351, inc. 2°) las cuales son de orden penal y civil”. Por lo tanto, dentro del preacuerdo es posible que el fiscal pacte la eliminación de agravantes punitivos e incluso la eliminación de algún cargo en concreto, en aras de disminuir la pena, sin que le sea viable crear tipos penales, pues su obrar debe corresponder con la ley penal preexistente.
Así pues, en el marco de la negociación al fiscal no le es permitido realizar una adecuación penal que se sirva de la creación de tipos penales, toda vez que a los hechos materia de negociación solo les puede dar una la calificación jurídica que atienda a lo expuesto en la ley penal preexistente(35). Por consiguiente, una vez pactado, el preacuerdo genera unas obligaciones para los jueces de conocimiento, siempre y cuando lo acordado no vulnere derechos fundamentales.
De ese modo fue expuesto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia dictada el 23 de agosto de 2005, Radicado 21.954, oportunidad en la que manifestó que le corresponde al “juez de conocimiento dictar la sentencia teniendo como soporte dicho acuerdo, salvo que advierta la transgresión de garantías fundamentales” y, continuó indicando que los acuerdos o preacuerdos “obligan al juez de conocimiento” y es deber de este aprobarlos “en el momento procesal correspondiente, a menos que, como se ha dicho, se desconozcan garantías fundamentales”.
Conforme se indicó en los antecedentes, el señor XXXX manifestó una inconformidad con el juzgado demandado, por cuanto en la providencia judicial que definió su situación jurídica y la de otras personas con las que concertó para actuar, se le impuso un agravante al delito de tráfico de estupefacientes del que se declaró culpable luego de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, por virtud del cual se beneficiaba con una reducción del 45% de la pena si aceptaba su autoría en 3 eventos delictivos.
El legislador consagró que el agravante se impondría a quienes traficaran más de 5 kilos de cocaína (C.P., art. 384 num. 3°) y, en la parte general del preacuerdo celebrado con el fiscal(36), se indicó que el agravante sería impuesto a los eventos en los que el tráfico de dicha sustancia fuera igual o superior a los 5.000 gramos, lo que, según el actor, no le era aplicable, toda vez que en ninguno de los eventos aceptados se superó esa cantidad.
Dicha inconsistencia en el fallo judicial no fue alegada por el fiscal, ni por el apoderado del actor en el momento respectivo y, por ende, contra la providencia no fue interpuesto recurso alguno, por lo que quedó ejecutoriada. Tiempo después la esposa del señor XXXX notó un tratamiento diferenciado desfavorable para su cónyuge, pues aunque él había traficado menos cocaína y en menos ocasiones que las otras personas con las que concertó para la realización de la conducta delictiva, su condena era similar a quienes traficaron más gramos e incluso superior, por lo que expuso lo percibido al fiscal que llevó el asunto, quien, luego de realizar la verificación, se percató de una serie de irregularidades en la sentencia del 25 de julio de 2014 que resolvió, entre otros, el asunto del actor.
Para la Sala, desde una perspectiva constitucional la cuestión es relevante, toda vez que el recurrente alega la vulneración de sus derechos fundamentales con la adopción de una decisión judicial que le impuso un calificativo gravoso a un delito, sin que los hechos aceptados así lo hayan permitido inferir. Lo anterior fue corroborado por el fiscal que adelantó la investigación y puede implicar un tratamiento arbitrario, desproporcionado y desconocedor del principio de prevalencia de lo sustancial en la administración de justicia.
En lo que tiene que ver con la inmediatez, si bien en algunas oportunidades esta Corte ha manifestado que para atacar una providencia judicial en sede de tutela se cuenta con un periodo determinado, lo cierto es que también lo ha extendido en otras oportunidades, cuando no es posible establecer un término exacto, en armonía con lo cual por vía jurisprudencial se ha señalado que para su determinación se debe acudir a criterios como el de razonabilidad y proporcionalidad que deben ser valorados según las circunstancias que rodeen el caso concreto(37).
En el caso que ahora ocupa su atención, la Sala evidencia que este requisito se cumple, toda vez que el daño perdura a pesar del paso del tiempo, habida cuenta de que actualmente el demandante cumple una pena privativa de la libertad que, a su juicio, es superior a la que pactó en el preacuerdo con la Fiscalía, como también lo concluyó la Corte Suprema de Justicia al actuar como juez de tutela en segunda instancia. Adicionalmente, el daño también se mantiene en lo que tiene que ver con el hecho de que la autoridad cuestionada no se ha pronunciado mediante providencia judicial respecto de la solicitud de corrección de la sentencia.
En efecto, del contenido del reproche constitucional se extrae con claridad la mayor adecuación de lo señalado a los defectos destacados, luego, atendiendo al carácter informal del recurso de amparo y a la afectación palmaria de los derechos del actor, esta Sala analizará dichas causales de procedencia de la tutela, a fin de verificar si se configura alguna de ellas en la situación planteada.
En el fallo cuestionado no se materializó ninguno de los incentivos que condujeron al actor a llegar a un preacuerdo y pese a que el señor XXXX cumplió con su parte del arreglo y, por el contrario, lo único que obtuvo fue la imposición de un agravante en unos términos que la ley penal no permite, por cuanto ninguna de los eventos delictivos aceptados superó la cantidad de cocaína que el legislador determinó para calificar de esa manera la conducta.
Habiéndose establecido que el actor cumple actualmente una condena por un delito en el que no concurrieron circunstancias de agravación, que por un error que no le puede ser atribuido le fue impuesta una medida de reclusión mayor a la autorizada por la ley y reiterada en el acuerdo y que no tiene a su alcance otro mecanismo al que pueda acudir, procederá esta Corte a amparar su derecho fundamental al debido proceso y a revocar las decisiones que, en sede de tutela, declararon improcedente el recurso de amparo.
1. LEVANTAR la suspensión de términos dentro de este asunto.
2. REVOCAR la decisión judicial proferida el 27 de septiembre de 2017 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que, a su vez, confirmó la dictada el 2 de agosto de 2017 por la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y, en su lugar, AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del señor J.A.S.G.
3. DEJAR PARCIALMENTE SIN EFECTOS la sentencia judicial dictada el 25 de julio de 2014 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta, dentro del proceso penal radicado bajo el número 540016100000-2013-00121, concretamente, en lo que tiene que ver con la imposición de la conducta agravada al delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes del señor J.A.S.G., sin que lo anterior implique el desconocimiento de su autoría en dicho delito bajo la modalidad simple o el levantamiento de su culpabilidad y aceptación de autoría por la conducta sin agravante.
4. PREVENIR al Fiscal Quinto Especializado adscrito a la Dirección Antinarcóticos, o quien haga sus veces y al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta para que, en lo sucesivo, se abstengan de realizar las conductas que llevaron a la vulneración de las garantías procesales del demandante, y asuman diligentemente las labores de investigación y juzgamiento que tienen a su cargo.
1 Folios 11 y 12 del cuaderno 2 del expediente de tutela.
2 Folio 2 del cuaderno 2.
3 Folio 5 del cuaderno 2.
4 “Art. 376 Código Penal inc. 3º Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil(2.000) gramosde cocaína o de sustancia estupefacientes a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de droga sintética, quinientos (500) gramos de nitrato de amillo, quinientos (500) gramos de ketamina y GHB, la pena será de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de ciento veinticuatro (124) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
5 Folio 69 del cuaderno 1 del expediente de tutela.
6 Folio 69 y 70 del cuaderno 1 del expediente de tutela.
7 Folios 70 y 71 del cuaderno 1 del expediente de tutela.
8 Folio 72 del cuaderno 1 del expediente de tutela.
10 Decreto 2591 de 1991: “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
11 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-429 de 2011.
12 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-590 de 2005.
13 Al respecto, puede verse las sentencias: T-924 de 2014, T-559 de 2012, T-366 de 2009 y T-014 de 2008 de esta Corporación.
14 Corte Constitucional de Colombia. Sentencias C-590 de 2005, recopilada en la SU-636 de 2015. Además, ver también T-926 de 2014.
17 Corte Constitucional de Colombia. Sentencias C-590 de 2005, recopilada en la SU-636 de 2015.
18 En la Sentencia SU-515 de 2013 fueron sintetizados los supuestos que pueden configurar este tipo de yerros, a saber: “(i) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, ya que: (a) no es pertinente , (b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada , (c) es inexistente , (d) ha sido declarada contraria a la Constitución , (e) o a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, su aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio como, por ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador. || (ii) La interpretación de la norma al caso concreto no se encuentra dentro de un margen razonable o el funcionario judicial hace una aplicación inaceptable de la disposición, al adaptarla de forma contraevidente –interpretación contra legem– o de manera injustificada para los intereses legítimos de una de las partes; también, cuando se aplica una regla de manera manifiestamente errada, sacando la decisión del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable. || (iii) No se tienen en cuenta sentencias con efectos erga omnes. || (iv) La disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva o claramente contraria a la Constitución. || (v) Cuando un poder concedido al juez se utiliza para un fin no previsto en la disposición. || (vi) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso. || (vii) El servidor judicial da insuficiente sustentación de una actuación. || (viii) Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación. || (ix) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso”.
19 Lo cual fue reiterado en la Sentencia SU-659 de 2015 de esta Corporación.
20 El cual establece: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. (…)”.
21 Al respecto, pueden verse las sentencias T-590 de 2009 y T-031 de 2016 de esta corporación.
22 Ver, entre otras, las sentencias T-702 de 2005 y T-031 de 2016 de esta corporación.
23 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-863 de 2013.
24 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-844 de 2011.
25 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-555 de 2009.
26 En la Sentencia T-765 de 1998 (M.P. José Gregorio Hernández) se recordó que son derechos de aplicación inmediata los consagrados en el artículo 85 de la Carta.
27 Ver, entre otras, las sentencias T-199 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-590 de 2009 (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva) y T-809 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez).
28 Cfr. Sentencia T-522 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
29 Así lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia T-1306 de 2001.
30 Así fue indicado en la Sentencia T-401 de 2012 de la Corte Constitucional.
31 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-156 de 2017.
32 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-071 de 1995. En dicha oportunidad esta Corporación resaltó la trascendental importancia que tiene que en causas penales el procesado sea asistido por un abogado, por ser el profesional que tiene los conocimientos jurídicos necesarios para ejercer con eficacia el derecho a la defensa.
33 En torno al tema, véase lo señalado por esta Corte en el Auto 025 de 1994, en el que expuso parte de los deberes judiciales, con fundamento en lo que plantea Hernando Devis Echandía en el texto Tratado de Derecho Procesal Civil.
34 Así fue señalado, por ejemplo, en la Sentencia T-526 de 2000.
35 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1260 de 2005.
36 Visible a folio 20 del cuaderno 2 del expediente de tutela.
37 Así fue indicado, por ejemplo, en la Sentencia T-606 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes (e.).

References: resolución 
 artículo 376
 artículo 376
 artículo 384
 artículo 10
 artículo 310
 artículo 286
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 228
 artículo 228
 artículo 228
 artículo 354
 artículo 353
 artículo 86
 artículo 85