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Adolescencia | ADENICAT
Publicado el 25 junio, 2014 por ADENICAT Etiquetado como AdolescenciaDerechosDivorciosHijosInfanciaSeparaciones	comentariosNo hay comentarios en Separaciones, divorcios, hijos
Separaciones, divorcios, hijos
“Como facilitar a los hijos la adaptación a la nueva situación después de la separación de sus padres”
Aquí os dejamos el programa y la entrevista completa de radio Cunit “El Baúl de los Recuerdos”, donde en su apartado “La Ventana” Estelaoriente dirige: Hablamos de separaciones, divorcios y como afecta a los hijos. Con el presidente de Adenicat Luis Martinez , el investigador y presentador Fran Recio y la Psicologa Marisol Ramoneda y la Abogada Silvia Cuatrecasas con Estelaoriente.
http://youtu.be/qV7MROy0gt8
Publicado el 27 abril, 2014 por ADENICAT Etiquetado como AdolescenciaDerechos del NiñoInfanciaLeyes y NormasPoderes PúblicosprotecciónReforma de ley	comentariosNo hay comentarios en Anteproyectos de Ley Orgánica y de Ley de Protección a la Infancia
Luís Martínez Gavilán
El viernes pasado se dio luz verde para la reforma de la Ley de Protección Jurídica del Menor del año 1996, reforma que se contemplan en los dos anteproyectos de ley aprobados por el Consejo de Ministros.
Una buena noticia para las niñas y los niños, que como toda buena noticia, aunque llegue tarde, bienvenida sea.
Recordemos que ya hace 18 años que se implantó como una moderna Ley que anunciaba principios y espíritu contemplados en la Convención sobre los Derechos del niño.
Desde el propio Ministerio menciona como base de reforma en su discurso como “algunos problemas surgidos”, “falta de avance en la interpretación y/o aplicación”, “cambios sociales y familiares acontecidos”, y lo dictan como que durante este periodo, dichos factores aconsejaban estos cambios y que a partir de ahora todo quedará arreglado.
A la espera de conocer el texto completo definitivo de los anteproyectos por parte de ADENICAT, hablaremos aquí devarios puntos de interés.
Si bien y pese a que no dejan de ser anteproyectos, Adeni Cataluña queda expectante del trámite, aunque ciertos sectores involucrados en infancia, tanto gubernamentales, como ong’s ya lo presentan como Ley (no entrando a valorar aquí el motivo de esta actitud en el modo de anunciar este trámite), pero confiando en que el resultado colme expectativas y llene plenamente los vacíos en materia de Infancia y Adolescencia en cuanto a eficacia y eficiencia.
Punto 1. El Interés Superior del Niño.
Esté interés se incorpora (ahora) apoyado por las propuestas desde el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y reforzado con el derecho de los menores de edad a ser escuchados entendiendo que pueden mejorar muchas cosas.
Al parecer la definición de “el interés superior” dejará de ser algo indefinido para ser una decisión que se tomará basada en criterios formales y que deberá ser analizado en cada caso, para cada niño.
Esto viene a decir que los niños tienen derecho a ser oídos más y mejor y serán tenidos en cuenta en las decisiones que les afecten.
¿Esto no se estaba contemplando anteriormente?
Pues no y precisamente en Cataluña tenemos la fabulosa Ley del año 2010, a punto de cumplir cuatro años de vida, sobre los derechos y oportunidades de la infancia y adolescencia, que reúne artículos relativos a los derechos de los niños y concretamente a ser escuchados, pero que se contradicen entre ellos y son contrarios al Estado de Bienestar Social y Derecho actual, al menos en una primera lectura, pero abre debate jurídico en una segunda lectura:
Así por ejemplo en los siguientes artículos de la mencionada Ley nos encontramos:
Artículo 2.2. A los efectos de la presente ley y de las disposiciones que la desarrollan, se entiende por niño la persona menor de doce años y por adolescente la persona con una edad comprendida entre los doce años y la mayoría de edad establecida por la ley.
Artículo 3.2. Las administraciones públicas deben desarrollar sus actividades de modo que los niños y los adolescentes sean considerados y reconocidos como ciudadanos de pleno derecho, sin perjuicio de las limitaciones que derivan de la minoría de edad legal.
Artículo 5.1 habla del interés superior del niño o el adolescente y que debe ser el principio inspirador y fundamentado de las actuaciones públicas.
En el punto 4 del mismo dice que para determinar el interés superior del niño o el adolescente deben atenderse sus necesidades y sus derechos, y debe tenerse en cuenta su opinión, sus anhelos y aspiraciones, así como su individualidad dentro del marco familiar y social.
Pero en cambio en el Artículo 7 sobre el Derecho a ser escuchado dice:
1. Los niños y los adolescentes, de acuerdo con sus capacidades evolutivas y con las competencias alcanzadas, y en cualquier caso a partir de los doce años, deben ser escuchados tanto en el ámbito familiar, escolar y social como en los procedimientos administrativos o judiciales en los que se encuentren directamente implicados y que conduzcan a una decisión que afecte a su entorno personal, familiar, social o patrimonial.
2. Los niños y los adolescentes pueden manifestar su opinión por sí mismos o mediante la persona que designen.
Aquí se puede interpretar y así se ha podido contemplar en muchos litigios, que aquellos ciudadanos de pleno derecho, menores de 12 años, que se reconocen como niños por Ley, no se les tiene en cuenta su opinión, cuando ésta podría ser esencial para establecer y garantizar su bienestar y protección.
Incluso citando la Constitución Española, podríamos pasear por su articulación, entre ella, el Artículo 10 sobre Derechos de la persona
Aquí entra la Convención de los Derechos del Niño, vulnerada y obviada cada día.
Esta oportunidad dada a los niños se expresa en Cataluña como el hecho de hacer posible la apertura de nuevos caminos, de nuevas vías, de establecer medidas concretas para hacer posible el pleno ejercicio de los derechos reconocidos a los niños por Ley y en las convenciones internacionales.
Pero una vez más nos encontramos con procesos administrativos y judiciales donde los Poderes Públicos no contemplan estas oportunidades, no abren nuevos caminos, no establecen medidas concretas y como resultado no se cumplen con los Derechos reconocidos de los niños y adolescentes.
Debemos recordar que las niñas y los niños son la parte más vulnerables de nuestra sociedad y se sigue olvidando también, que son el futuro de ella.
De los muchos ámbitos que comprende la reforma, destacar una materia más:
Punto 2 El aumento de la protección de los niños víctimas de violencia,
Se contempla desde la obligación de los ciudadanos y las autoridades de denunciar los delitos contra los niños de los que se tenga conocimiento, pasando por el alejamiento de los agresores, y hasta la protección efectiva de los que son víctimas directa o indirectas de la violencia de género.
Ya desde la magnífica Ley 14/2010 de los derechos y oportunidades de la infancia y adolescencia de Cataluña se contemplan profundamente esta materia, pero desgraciadamente no se manifiesta al 100% en el día a día, en aquellos procedimientos públicos dónde una niña o un niño son víctimas de violencia, directa o indirectamente.
En Cataluña tenemos el completo Protocolo de actuación entre los Departamentos de Bienestar Social y Familia y el de Enseñanza en materia de Detección, Notificación, Derivación y Coordinación de Situaciones de Maltrato Infantil y Adolescente en el ámbito educativo, firmado en Barcelona el 4 de Junio de 2012, pero que tristemente seguimos encontrando profesionales de éstos ámbitos que no tan solo no lo han leído, si no que desconocen de su existencia.
Indudablemente ante este panorama, el Protocolo es del todo ineficaz y efectivo.
La no utilización de la prueba preconstituida en procesos judiciales, donde encontramos a los niños en los Juzgados en contacto directo con quienes han sido acusados/as de agresiones, la utilización de los puntos de encuentro como lugares de cumplimiento de sentencias.
Un cambio de legislación y/o solapamiento con la Ley de Violencia debería dar herramientas más eficaces a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen como misión y tareas encomendadas la atención a las víctimas, pero actualmente las buenas intenciones y el quehacer diario de nuestras y nuestros policías se encuentran con el ancho muro legislativo; ahí tenemos Unidades Policiales especializadas que se encargan de hacer seguimiento a la víctima pero una nula actuación y/o acción a controlar o realizar un seguimiento al agresor/a.
Quizás un nuevo protocolo de actuación por parte de estas unidades especializadas y utilización de modernos medios electrónicos para garantizar el control de los agresores/as, inclusive cuando están imputados o pesan ya órdenes de alejamiento contribuirían a aumentar y mejorar la efectividad policial y como resultado un aumento de calidad y eficacia en seguridad y protección de las víctimas.
Otro punto que trae la voluntad de reforma es la de aumentar y mejorar la coordinación y de establecer y definir las responsabilidades de las administraciones respecto a la infancia, en temas muy importantes como, la información compartida y en esta y otras materias también está interesada la Asociación para la Defensa de los Derechos de las niñas y los niños de Cataluña, en particular en la materia de los Puntos de Encuentro.
Las visitas establecidas por sentencia judicial se realizan en los Puntos de Encuentro, que llevan años funcionando en algunos casos gestionados por asociaciones privadas en las que los poderes públicos han delegado la coordinación y el seguimiento de estos contactos.
La función de los puntos de encuentro como centros públicos oficiales es de garantizar el derecho de visitas de los Niños y Las Niñas con los progenitores que de acuerdo al Art. 9 de la CDN no puede convertirse en una obligación e informar periódicamente al juzgado acerca de su desarrollo y evolución.
Ante la ausencia de legislación específica, el funcionamiento de estos centros esté siendo arbitrario, desigual y en muchos casos desastroso, tan es así que ya ha merecido estudios e informes contundentes para denunciar las situaciones que en este sentido se están produciendo.
Entre las deficiencias de su actuación destaca principalmente:
– el desconocimiento de la legislatura vigente y/o su incumplimiento,
-la falta de coordinación con los sectores de atención a la infancia, de Salud, Enseñanza y Asuntos Sociales,
-el escaso nivel de formación de las personas que trabajan en los Puntos de Encuentro, en ocasiones muy jóvenes, sin ninguna experiencia profesional y sin la necesaria madurez emocional para intervenir en un contexto sumamente delicado, todo lo cual puede contaminar sus intervenciones.
Se suma una permanente rotación del personal, que podría esconder situaciones de precariedad laboral y que impide al usuario tener un único interlocutor plenamente informado y responsabilizado de su caso.
Muchas veces, los puntos de encuentro no son lugares neutrales que dan cuenta de la situación de los Niños y Las Niñas y de sus manifestaciones, sino que se llega a someter a los Niños y Las Niñas a coacciones, amenazas y acosos semanales, cuando no malos tratos, para dar cumplimiento a los regímenes de visitas y crear o reestablecer los vínculos con el progenitor/a no custodio y/o que está inmerso/a cuando no condenado/a en procedimientos penales , destrozando psicológicamente a los Niños y Las Niñas, y dando lugar a los llamados Niños PDE por la cantidad de atención psicológica, psiquiátrica y pediátrica que necesitan.
Los informes que se emiten desde los puntos de encuentro son incomprensiblemente parciales y sesgados, pues anteponen sistemáticamente la ejecución de la sentencia judicial por encima del bienestar y los derechos del Niño sin contemplar que en realidad son una fase más del procedimiento.
Incurren además en irregularidades administrativas como remitir al juzgado informes que no van firmados por ningún profesional o no emitirlos en el plazo debido.
Su intervención puede prolongarse durante años, cuando inicialmente han sido concebidos como recursos temporales de breve duración.
O por el contrario se dictan sentencias estableciendo Puntos de Encuentro y pasan meses hasta que se inicia el servicio alegando como causa que están saturados.
No se entiende tampoco la inhibición judicial tras la promulgación de la sentencia, momento en que todas las competencias y la responsabilidad sobre el bienestar del Niño y la Niña quedan en manos de los puntos de encuentro, cuando éstos no deberían ser sino meros instrumentos al servicio de la justicia.
¿Realizan los juzgadores un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de sus propias sentencias?
¿Controlan que los informes han de prestar una particular atención a la situación, el estado de ánimo y las manifestaciones de los Niños y Las Niñas?
Todo parece indicar que no siempre, o no en la mayoría de los casos, pues sólo así se explica la interminable prolongación de los procedimientos y la vulneración sistemática del derecho del Niño y la Niña una vez más a ser escuchado que se comete en los puntos de encuentro.
Los puntos de encuentro pueden ser un recurso adecuado en situaciones de pequeñas desavenencias familiares, pero cuando los menores proceden de hogares violentos, cuando los vínculos emocionales se han destruido por completo o no han existido nunca, cualquier intervención está fuera de lugar.
En todo caso, parece sensato exigir que, si existen, su funcionamiento sea regulado de inmediato, que sea supervisado periódicamente por evaluadores independientes de reconocida solvencia que analicen tanto los protocolos de actuación como el éxito, el fracaso, el enfoque o la idoneidad de sus intervenciones, y que los resultados de esta evaluación se hagan públicos, así como que se practiquen sobre ellos auditorias anuales.
Sin perder el ánimo, depositemos confianza en este gran paso para los más pequeños y esperemos un grande y efectivo apoyo político, económico y social para garantizar y hacer real los Derechos de las niñas y los niños de España y en especial de Cataluña.
Asociación para la Defensa de los Derechos de las Niñas y Los Niños de Cataluña.
Nota de Prensa del Ministerio: AQUÍ
Publicado el 4 abril, 2014 por ADENICAT Etiquetado como AdolescenciaEstanciasInfanciaVisitas	comentariosNo hay comentarios en VISITAS Y ESTANCIAS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES.
VISITAS Y ESTANCIAS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Por Juan Pablo González del Pozo
Magistrado-Juez Titular del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 24, de Familia
En el marco de la política de protección integral de la familia y de los menores propugnada por el art. 39 CE, y para dar cumplimiento al compromiso asumido con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, se promulgó la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (en lo sucesivo LOPJM), de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta Ley, como señala su Exposición de Motivos, “marca el inicio de una nueva filosofía en relación con el menor, basada en un mayor reconocimiento del papel que éste desempeña en la sociedad y en la exigencia de un mayor protagonismo para el mismo”.
A consecuencia de las transformaciones sociales y culturales operadas en nuestra sociedad, se ha producido un cambio en el estatus social del niño y se ha dado un nuevo enfoque a la protección de los derechos de la infancia, que consiste “fundamentalmente en el reconocimiento pleno de la titularidad de derechos en los menores de edad y de una capacidad progresiva para ejercerlos”
Se introduce la idea de los menores de edad como sujetos de derechos y se gradúa su ejercicio directo por los mismos en función de su desarrollo evolutivo, a través del derecho a ser escuchados si tuvieren suficiente juicio en todas las cuestiones que les afectan; este derecho se ha ido trasladando a todo el ordenamiento jurídico, que, según dice la Exposición de Motivos de la LO 1/1996, refleja así “progresivamente una concepción de las personas menores de edad como sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad de modificar su propio medio personal y social; de participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los demás”.
“Artículo 9. Derecho a ser oído.
1. El menor tiene derecho a ser oído, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social. En los procedimientos judiciales, las comparecencias del menor se realizarán de forma adecuada a su situación y al desarrollo evolutivo de éste, cuidando de preservar su intimidad.
2. Se garantizará que el menor pueda ejercitar este derecho por sí mismo o a través de la persona que designe para que le represente, cuando tenga suficiente juicio. No obstante, cuando ello no sea posible o no convenga al interés del menor, podrá conocerse su opinión por medio de sus representantes legales, siempre que no sean parte interesada ni tengan intereses contrapuestos a los del menor, o a través de otras personas que por su profesión o relación de especial confianza con él puedan transmitirla objetivamente”.
“Si hubiera hijos menores o incapacitados, el Tribunal recabará informe del Ministerio Fiscal sobre los términos del convenio relativos a los hijos y oirá a los menores si tuvieran suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial o del propio menor”.
“4.ª Las pruebas que no puedan practicarse en el acto de la vista se practicarán dentro del plazo que el Tribunal señale, que no podrá exceder de treinta días. Durante este plazo, el Tribunal podrá acordar de oficio las pruebas que estime necesarias para comprobar la concurrencia de las circunstancias en cada caso exigidas por el Código Civil para decretar la nulidad, separación o divorcio, así como las que se refieran a hechos de los que dependan los pronunciamientos sobre medidas que afecten a los hijos menores o incapacitados, de acuerdo con la legislación civil aplicable. Si el procedimiento fuere contencioso y se estime necesario de oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial o del propio menor, se oirá a los hijos menores o incapacitados si tuviesen suficiente juicio y, en todo caso, a los mayores de doce años.
En las exploraciones de menores en los procedimientos civiles se garantizará por el Juez que el menor pueda ser oído en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses, sin interferencias de otras personas y, recabando excepcionalmente el auxilio de especialistas cuando ello sea necesario”.
6. En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el Juez deberá recabar informe del Ministerio Fiscal y oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, parte o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, valorar las alegaciones de las partes vertidas en la comparecencia de la prueba practicada en ella, y la relación que los padres mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de guarda”.
Así pues, partiendo de la normativa actual, ¿en qué casos es preceptivo oír a los menores de más de 12 años o de menos edad pero con suficiente juicio? El régimen de audiencia de los menores que parece desprenderse de la normativa transcrita es, como sostuve en otro lugar
Nota , que tanto en los procesos contenciosos como en los de mutuo acuerdo, el Juez debe oír a los hijos mayores de 12 años o menores de esa edad pero con suficiente juicio sólo cuando lo considere necesario, de oficio o a petición de parte, del Ministerio Fiscal o del propio menor, siempre que se den las tres circunstancias siguientes:
3.ª Que no se conozca ya la opinión de los menores a través de sus representantes legales, de peritos o testigos cualificados intervinientes en el proceso.
Al respecto, se ha de tener en cuenta la última doctrina del Tribunal Constitucional sobre audiencia de los menores, recogida en las SSTC 139/2008, de 26 de mayo (FJ 2) (SP/AUTRJ/182222), y 163/2009, de 29 de junio (FFJJ 4 y 5) (SP/SENT/467731). Esta última, haciendo una interpretación integrada de los arts. 9.2 de la Ley Orgánica 1/1996 y 92.2 y 6 del CC, señala:
“La audiencia al menor no se concibe ya con carácter esencial, siendo así que el conocimiento del parecer del menor puede sustanciarse a través de determinadas personas (art. 9.2 de la ley orgánica 1/1996) y sólo resultará obligado cuando se estime necesario de oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del equipo técnico judicial, o del propio menor (art. 92. 6 Cc)”.
Como vemos, la Ley pone especial énfasis en la necesidad de oír a los menores que tuvieren suficiente juicio, y, en todo caso, a los mayores de 12 años, antes de adoptar decisiones que les afecten en su esfera personal Nota . La Ley fija, de esta manera indirecta, en los 12 años la edad a partir de la cual se presume legalmente —iuris et de iure— que un menor tiene suficiente juicio para emitir una opinión fundada sobre los asuntos que le conciernen. Ese mandato legal supone reconocer un mayor valor o relevancia a la opinión del menor desde que éste llega a la adolescencia, es decir, a ese período comprendido entre el inicio de la pubertad y el completo desarrollo físico del organismo, que para los niños se inicia en torno a los 13 o 14 años y para las niñas un poco antes, en torno a los 11 o 12.
El reconocimiento de esa especial relevancia de la voluntad del menor adolescente puede verse materializado en algunos derechos civiles forales o especiales, como en la Ley aragonesa 2/2010, de 26 de mayo, de Igualdad en las Relaciones Familiares ante la Ruptura de Convivencia de los Padres Nota , (SP/LEG/6436), cuyo art. 6, referido a la guarda y custodia de los hijos, ordena al Juez, en su apdo. 2 c), establecer el régimen de custodia, compartida o individual de los mismos, teniendo en cuenta, entre otros factores, “la opinión de los hijos siempre que tengan suficiente juicio y, en todo caso, si son mayores de 12 años, con especial consideración a los mayores de 14 años”. También en el Libro II del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y familia, en la redacción dada al mismo por la recentísima Ley 25/2010, de 29 de julio, del Parlamento de Cataluña Nota (SP/LEG/6607) es perceptible esa tendencia a concretar en la ley los actos que los menores pueden realizar por sí mismos o aquellos en que debe consultárseles por tener suficiente juicio y capacidad natural para opinar sobre ellos. Así, por ejemplo, el art. 212-2 del nuevo Libro II del Código Civil de Cataluña reconoce a las personas mayores de 16 años y a las menores de esa edad que tengan madurez intelectual y emocional suficiente para comprender el alcance de la intervención en su salud el derecho a prestar por sí mismas el consentimiento informado.
Una segunda consideración a tener en cuenta es que la voluntad manifestada por el menor sólo se erige en un factor de decisiva importancia para la resolución de la controversia existente entre los progenitores sobre un asunto concerniente al menor, cuando es reflejo de una decisión madura, firme, autónoma y razonada, que responde a hechos, motivaciones o circunstancias objetivos y no a meros deseos caprichosos o a la influencia negativa de uno de los progenitores. En este sentido, dice la Circular de la Fiscalía General del Estado 3/1986, de 15 de diciembre, sobre Intervención del Ministerio Fiscal en los Procesos de Separación y Divorcio, en su apdo. II C), dedicado a las “Actuaciones del Ministerio Fiscal en la práctica”, que, para valorar ajustadamente las manifestaciones del menor, hay que tener en cuenta no sólo lo que literalmente diga, sino, también, y sobre todo, cómo lo dice, pues no debe olvidarse que en ocasiones sus declaraciones están mediatizadas. Esa orientación al Fiscal, en orden a la valoración de la exploración de los menores, conserva plena vigencia y es igualmente válida para el Juez. Yo sólo añadiría a esa recomendación la de valorar la motivación, el porqué de lo que dice, con objeto de determinar si sus manifestaciones, opiniones o deseos son inducidos o propios, fundados o gratuitos, razonados o caprichosos.
“(…) a tenor de las prescripciones contenidas en el artículo 94 del Código civil, no parece conveniente para el interés y beneficio de la menor establecer un concreto régimen de comunicaciones y estancias de dicha menor con su padre en cuanto, dada la edad de la menor, 14 años, el rechazo actual de la misma hacia la figura paterna y la mala relación paterno filial existente, objetivada con absoluta claridad en los hechos declarados probados en la sentencia dictada con fecha 6 de julio de 2009 en los autos de juicio de faltas n.º 85/2009, del juzgado de Instrucción n.º 7 de Torrejón de Ardoz, que ponen de manifiesto un comportamiento del padre hacia la menor totalmente inadecuado, el establecimiento de un concreto régimen de visitas sería contraproducente para la buena relación paterno filial en la medida en que sería percibido por la menor como una imposición de una relación que en este momento no desea, agravando la actitud de rechazo hacia la figura paterna, al margen de que, ante la negativa voluntaria de la menor a ir con su padre, resultaría de imposible ejecución forzosa el cumplimiento de cualquier régimen de visitas y estancias que se estableciera”.
“En el informe psicológico se señala que el menor Mario ha visitado a su padre con cierta regularidad hasta hace aproximadamente tres años y que Mario manifiesta no querer visitar más a su padre porque dice que su padre no le trata como a un hijo y aclara que no le llama y no se preocupa por él. Pone como ejemplo el hecho de que, cuando se rompió el codo y estuvo tres meses convaleciente, su padre nunca fue a verle. También refiere que, cuando iba a ver a su padre, éste profería graves y reiterados insultos en su presencia contra su madre y familia materna, lo que le producía gran sufrimiento. Según manifiesta, Mario propuso a su padre hace algún tiempo flexibilizar el régimen de visitas para poder realizar actividades con el grupo de amigos que se iba creando en G., y hacerlo compatible con el régimen de visitas, a lo que el padre se negó.
Las manifestaciones del menor ponen así de manifiesto desinterés paterno por el hijo, rigidez paterna en entender las necesidades de relación del menor con sus iguales y una actitud paterna ofensiva para la familia materna que, aparte de constituir un comportamiento del padre totalmente inadecuado, revelan una gran carencia de habilidades para manejar su relación con su hijo menor y establecer vínculos afectivos con el mismo. Estas motivaciones del menor constituyen causas objetivas suficientes para justificar la negativa del menor a cumplir el régimen de visitas establecido y aconsejan no fijar un régimen concreto y determinado, dejando al libre acuerdo del menor con su padre la forma, tiempo y lugar en que ambos comunicarán en lo sucesivo”.
No siempre, sin embargo, la decisión judicial hace “seguidismo” del deseo del menor, pues, debiendo primar su interés y beneficio por encima incluso de su propia voluntad, no se atiende a ésta cuando la negativa a las visitas se considera infundada y perjudicial para el menor. En este sentido, la Sentencia dictada por mí como titular del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 24 de Madrid, con fecha 19 de junio de 2009 (SP/SENT/522722), en los autos de modificación de medidas n.º 987/2008, desestima la demanda en que se pedía suspender el régimen de visitas de una menor de 13 años y medio y establecer que la menor pudiera visitar al padre en las fechas y horarios libremente pactados por ambos, y pernoctar en el domicilio paterno tan sólo cuando lo deseara, razonándolo de este modo:
“(…) del examen y valoración conjunta de la prueba practicada, en especial del informe pericial psicosocial emitido por el equipo psicosocial adscrito a este juzgado con fecha 25 de mayo de 2008, y de las manifestaciones realizadas por los peritos psicólogo y social en el acto de la ratificación, cabe deducir que no existen razones objetivas que justifiquen el que la menor no quiera ver a su padre. Concurren dos circunstancias que pueden explicar el porqué del rechazo que muestra la menor a su padre que son, según cabe inferir del informe expresado, de una parte, la excesiva e indebida implicación de la menor en el conflicto de sus progenitores, y de otra, la diferencia de estilos educativos de uno y otro progenitor y cierta carencia de habilidades paternas para relacionarse adecuadamente con la menor.
(…) No concurre, por tanto, alteración sustancial alguna de circunstancias que aconseje, en interés del menor, modificar el régimen de estancias de la menor con su padre en los términos interesados por la parte actora, pues «existe el riesgo de que la niña deje de ver a su padre si se le deja libertad para hacerlo», según manifestó el perito en el acto de la ratificación. Es necesario, además, que la menor deje de involucrarse en el conflicto de sus progenitores para no generar en ella un conflicto de lealtades. Por otra parte, se hace necesaria una inmediata mejora de las relaciones del padre con la menor, que, según dice el informe, «mantiene interiorizados sentimientos de resentimiento hacia al padre que le provocan una actitud de rechazo». El informe pericial psicosocial recomienda el mantenimiento del régimen de visitas establecido (…), no se aprecia una desvinculación y sí una relación a recuperar. La figura paterna mantiene y favorece el encuentro paterno filial, al que la madre no se opone, pues considera que el padre es fundamental para un crecimiento armónico”.
La Sentencia de la AP de Toledo, Sección 1.ª, 155/2000, de 17 de abril, rec. 39/2000, ponente Tasende Calvo (SP/SENT/519986), denegó el cambio de guarda de una hija de 12 años y su hermano pequeño, que ostentaba el padre, pese a la voluntad manifestada por los menores de querer vivir con su madre, argumentando (FJ 2.º):”(…) el juzgador debe tener en cuenta, como elemento relevante de su decisión, la propia voluntad de los hijos, los cuales habrán de ser oídos sobre este particular concerniente a su cuidado y educación, que les afecta de manera tan personal, «si tuvieran suficiente juicio y siempre a los mayores de doce años» (art. 92, párrafo segundo, CC).
El deber procesal de oír judicialmente a los hijos, antes de adoptar las medidas relativas a su cuidado y educación, permite considerar la voluntad manifestada de los menores como un criterio legal relevante de acomodación de tales medidas al principio general destinado a favorecer el interés preponderante de los hijos. Ahora bien, este interés puede, en determinados supuestos, no ser coincidente con su deseo así expresado, en cuyo caso no ha de seguirse necesariamente y de forma automática la solución conforme a dicha voluntad, sin perjuicio de reconocer la decisiva importancia que siempre ha de tener ésta, en cuanto representa un factor esencial para la propia estabilidad emocional o afectiva y para el desarrollo integral de la personalidad del menor afectado (…) el deseo de los hijos constituye una circunstancia esencial capaz de fundamentar una eventual modificación de la medida relativa a su guarda y custodia, dada la trascendencia que dicha voluntad tiene a la hora de apreciar las condiciones de convivencia más beneficiosas para el menor, desde la perspectiva de su desarrollo afectivo y protección integral (art. 39 CE), siempre que, naturalmente, ese deseo responda a una voluntad autónoma, firme y decidida, ajena a inducciones o influencias extrañas y a caprichos o inclinaciones pasajeros, que no se acomodan al verdadero interés legalmente tutelado, y que exprese una voluntad razonable y razonada en base a unas causas objetivas que sean susceptibles de valoración judicial con el auxilio, en su caso, de especialistas”.
“Porque para transferir la guarda y custodia de los hijos comunes de uno a otro cónyuge no basta con el expresivo deseo de los niños, que puede hallarse muy mediatizado por los deseos o intereses de sus progenitores, sino por aquél unido a circunstancias objetivas preferentes, que aquí ni siquiera se explicitan con seriedad. (…) cuando los hijos se manifiestan de forma divergente, el juzgador debe tener presente las recomendaciones del art. 92 CC: procurar no separar a los hermanos y dividir su custodia tan sólo cuando así convenga a los hijos”.
La Sentencia de la AP de Segovia, 239/1997, de 1 de octubre, rec. 121/1996, ponente Romera Martínez, señala en su FJ
3.º:
“(…) y si bien se ordena que «si los hijos tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos antes de adoptar decisiones que les afecten» (artículo 154 del mismo Código) ello no significa que el querer del hijo vincule al juzgador aunque éste, en buena lógica, deba valorar las causas que motiven su voluntad razonada de aquél (…)”.
“Por ello los tribunales deben tratar de indagar cuál es el verdadero interés del menor, aquello que le resultará más beneficioso no sólo a corto plazo, sino lo que es aun más importante, en el futuro y en esta búsqueda de lo beneficioso para el menor debe tomarse en consideración que aquello que el niño quiere no es, necesariamente, aquello que le conviene, ni tiene por qué coincidir lo adecuado con su opinión”.
“FJ 2.º (…) Lucía cuenta en la actualidad con 16 años de edad y está próxima a cumplir los 17. En tales edades, la opinión de la menor tiene unos matices muy distintos a las manifestaciones o deseos de niños que no alcanzaron la pubertad o infantes. A esa edad, próxima a la mayoría de edad, en plena adolescencia, y cuando están desarrollando su personalidad, la capacidad de imponer un régimen de guarda contra su voluntad está limitada. Es una pretensión imposible”.
“FJ 3.º (…) Cuando los hijos menores de edad tienen edades de 15, 16 o 17 años, realmente pronunciarse sobre un régimen de visitas a favor del progenitor no custodio carece de todo sentido práctico. A esas edades, el menor visitará a los familiares con los que no convive cuanto tenga por conveniente. Es más, sus apetencias personales suelen ser salir con sus amigos los fines de semana, no estar de paseo con su padre o su madre. Sus relaciones sociales se modifican profundamente. Los padres tienen tendencia a ver a sus hijos siempre como «pequeños» que deben ser objeto de protección, cualquiera que sea la edad que tengan, con olvido de que tienen su propia personalidad autónoma. Es por ello que, cuando en estos casos, se fija un régimen de visitas, es más por imposición legal formal que por dictar una medida efectiva reguladora de las relaciones paterno filiales. (…) Lucía visitará a su madre cuando tenga por conveniente y desee hacerlo: no puede imponérsele ya un régimen de visitas concreto y vinculante”.
En el ámbito de la ejecución por incumplimiento del régimen de visitas y estancias de menores adolescentes, cuando el progenitor no custodio solicita el despacho de ejecución instando que se requiera al custodio para que dé puntual cumplimiento al régimen de visitas, la oposición a la ejecutada suele basarse casi siempre en que la falta de cumplimiento se debe a la propia decisión del menor y no a la obstaculización del custodio. En estos casos, constatada la negativa del menor adolescente a dar cumplimiento al régimen de visitas y estancias, no se considera procedente la ejecución forzosa en cuanto, como dice el Auto del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 24 de Madrid, de 29 de septiembre de 2010 (SP/SENT/522720), dictado por mí, recaído en ejecución EFM 274-5/2000: “en el ámbito de las relaciones personales de los padres con los hijos, cuando éstos tienen un alto grado de madurez, por su proximidad a la mayor edad, como ocurre en este caso, parece preferible convencer que imponer, máxime cuando el empleo de medios coercitivos (como la intervención de la fuerza pública) para la entrega, además de no ser los más adecuados para la normalización de relaciones paterno filiales, se antojan como imposibles en su ejecución efectiva”.
Se dan casos en que el menor es objeto de una indebida inmersión e implicación por parte de ambos progenitores en el conflicto de los adultos y, como consecuencia de ello, es víctima, a veces, de un conflicto de lealtades de forma que su rechazo a ir con el no custodio obedece a motivaciones internas como el deseo de agradar al custodio y no contrariarlo mostrando alegría o júbilo ante la eventualidad de la visita del otro. Para el menor resulta enojoso verse obligado a explicar al custodio todas y cada una de las cosas que ha hecho con el no custodio durante las estancias, porque, si admite haberlo pasado bien y disfrutado con él, puede provocar el “enfado” indirecto del custodio, molesto porque su hijo se ha sentido más a gusto con el otro que con él mismo. Para evitar esos molestos interrogatorios al regreso de las visitas es mejor no ir con el no custodio. En otros casos, el menor elabora sus propias convicciones a partir de las experiencias vividas y desvaloriza y considera inadmisibles determinados comportamientos objetivos del no custodio, como no pagar la pensión alimenticia, haberse desentendido de la vida e incidencias del hijo durante un largo período de tiempo; haber incumplido el progenitor no custodio el régimen de visitas sin justificación, etc.
Finalmente, en supuestos excepcionales, el rechazo del menor hacia la figura del progenitor no custodio y la consiguiente negativa a tener relación alguna con él, cuando no está basado en causa objetiva alguna que lo justifique, puede haber sido inducido por el progenitor custodio mediante un proceso de manipulación o captación de la voluntad del menor dirigido a desfigurar y desacreditar la figura del no custodio sobre la base de hechos inciertos que terminan por crear en el menor aversión, rencor u odio hacia aquél. Ese proceso de manipulación del menor por parte del progenitor custodio para predisponerle frente al no custodio, normalmente, va acompañado de conductas objetivas del progenitor con quien el menor vive habitualmente tendentes a obstruir el normal desarrollo del régimen de visitas y/o procurar el distanciamiento emocional y afectivo del menor del otro progenitor. La existencia de estos procesos de manipulación de la voluntad del menor, ciertamente excepcionales, ha dado lugar a una agria polémica entre los partidarios y los detractores del denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP), creado en 1985 por Richard Gardner y calificado de acientífico al no estar reconocido por la Organización Mundial de la Salud en el CIE-10 ni por la Asociación Nacional Americana de Psiquiatría en el DSM-IV. En la conclusión n.º 24 aprobada en el Curso de Formación Continua de Jueces y Magistrados sobre Valoración del Daño corporal en las Víctimas de Violencia de Género celebrado en Madrid en septiembre de 2007: “El síndrome de alienación parental (SAP) no es una categoría diagnóstica clínica ni en Psicología ni en Medicina, por lo que debe entenderse como descripción de una situación caracterizada por una serie de síntomas y conductas que no se corresponden con una causa única”.
Desde el punto de vista del Juez, alegado el rechazo del menor a la figura del progenitor no custodio, éste ha de partir de la premisa de que tal rechazo, manifestado tras la ruptura familiar, puede tener su origen en multitud de causas, unas previas y otras posteriores a la ruptura. Como señala la conclusión n.º 25, alcanzada en el Curso de Formación Continua de Jueces y Magistrados sobre Valoración del Daño corporal en las Víctimas de Violencia de Género, celebrado en Madrid en septiembre de 2007: “La conducta de rechazo de los menores al padre tras una separación puede deberse a diferentes causas, alguna de ellas nacida tras la propia ruptura, mientras que otras pueden deberse a factores previos a la quiebra de las relaciones afectivas que abocan a la separación. Identificar todas estas circunstancias como SAP, es partir de una concepción estereotipada de base cultural en los roles de hombres y mujeres y conlleva cargar de intencionalidad y acción supuestas conductas de la madre para enfrentar a sus hijos e hijas al padre, que sólo se identifican por una sintomatología que, como hemos apuntado, habitualmente no se debe a estas conductas maternas”.
El último factor que debe tener en cuenta el Juez para decidir sobre la suspensión del régimen de estancias o su restablecimiento a través de un régimen progresivo, debe ser, necesariamente, el estado por el que atraviesan las relaciones parento-filiales entre el menor y el progenitor no custodio, para determinar si, en función del deterioro de dicha relación, es posible, desde una perspectiva psicológica, que el progenitor no custodio y el menor recuperen el vínculo afectivo y unas relaciones filiales normalizadas tras permanecer las mismas interrumpidas durante un tiempo. A tal fin, deberá comprobarse si existe un vínculo afectivo sólido entre ambos que pueda recuperarse o si el mismo se ha perdido; si se ha debilitado por una ausencia prolongada del progenitor o por motivos de otra índole, o si ha existido un largo período de interrupción de los contactos por causas ajenas a la voluntad del menor. Cuanto mayor haya sido el período de interrupción de las relaciones parento-filiales y mayor la edad del menor, más grande será la dificultad para lograr la reanudación y normalización de relaciones entre el menor y su progenitor, y más necesario será establecer que el eventual restablecimiento de los contactos sea tutelado y supervisado, pues el progenitor puede haberse convertido en un desconocido para el menor. Cuando la falta de contacto es prolongada y es imputable a la desidia del progenitor no custodio, si es el niño quien se niega a admitir un régimen de visitas normalizado, esa negativa habrá de considerarse fundada. El Auto de la AP Málaga, Sección 6.ª, 38/2006, de 16 de febrero, rec. 68/2006 (SP/AUTRJ/82250), ponente: Soledad Jurado Rodríguez, deniega al padre el despacho de ejecución interesado para comunicar con su hijo de diez años, al que no veía desde los tres, con base en que tal pretensión no consiste en mantener la relación con su hijo, sino en reiniciarla, y el modo en que se produce esa reanudación ha de supeditarse al interés del menor, pues, en otro caso “(…) quedaría el equilibrio emocional del niño a expensas de los vaivenes afectivos de su padre”.

References: Artículo 2

Artículo 3

Artículo 5
 Artículo 7
 Artículo 10
 resolución 
 artículo 94