Source: https://es.scribd.com/doc/164485796/Laudo-Arbitral
Timestamp: 2016-02-10 20:37:34+00:00

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COMPILACIÓN DE PONENCIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE
¿EL LAUDO PONE FIN AL PROCEDIMIENTO ARBITRAL?
Marianella Ledesma Narváez*
Sumario: 1. La naturaleza jurídica del arbitraje.— 2. Arbitraje y proceso de ejecución.— 3. El mensaje deformado: El poder de ejecución de la jurisdicción.— 4. Los laudos de condena con reserva o ilíquidos. 5. Tratamiento de la ejecución en la jurisdicción.— 6. Ideas finales.
Una vieja práctica que se ha generalizado en el arbitraje nacional es proclamar que el procedimiento arbitral culmina con la emisión del laudo.1 Se dice que luego de emitido el laudo, frente a la resistencia del condenado a cumplir con éste, debe buscarse su satisfacción en sede judicial a través del proceso de ejecución, pues el poder de la executio en dichos procesos es atributo exclusivo de la jurisdicción; confundiendo con dicho razonamiento el «proceso de ejecución en sede judicial» con el «poder de ejecución» propio de la jurisdicción. Frente a ello sostenemos en este trabajo que el procedimiento arbitral no termina con la emisión del laudo sino con la ejecución plena de éste, el mismo que puede materializarse en la propia sede arbitral, sin
* Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Juez Supernumerario en lo Civil de Lima, Profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Lima. 1 Este mensaje no es propio del arbitraje nacional sino que también lo advertimos de trabajos foráneos. Sostiene Santos, «La forma normal de acabarse la actividad arbitral corresponde al dictado del laudo resolutorio del conflicto». SANTOS BALANDRO, Rubén. Seis lecciones sobre el arbitraje privado. Montevideo: Asociación de escribanos del Uruguay, 2002, p. 123.
necesidad de recurrir al apoyo de la jurisdicción estatal. El actual diseño de la Ley General de Arbitraje permite que, en sede arbitral, se trabaje la ejecución del laudo, dejando la ejecución forzada como expresión de la executio del Estado para la jurisdicción.
1. LA NATURALEZA JURÍDICA DEL ARBITRAJE Una de las apasionantes discusiones que se plantea sobre la naturaleza jurídica del arbitraje está orientada a dilucidar el carácter contractual o jurisdiccional de éste. La función de administrar justicia no corresponde al Estado de manera absoluta y exclusiva, pues ella también puede ser desarrollada en un ámbito privado, a través del arbitraje, la conciliación, la mediación, la transacción, entre otros.2 En este último caso, cuando la composición de los litigios, sólo afectan a los propios protagonistas, éstos pueden disponer libremente de sus derechos en conflicto, pueden renunciarlos y transigirlos, razón por la cual pueden acordar que someterán su desacuerdo a un tercero, encomendado por ellos para solucionar su conflicto.
A pesar de ello, el Tribunal Constitucional en el caso Full Line S.A. con Hombrecitos de Color S.A. (Expediente n.° 835-2002-AA/TC-Lima) sostiene en el Fundamento 2 lo siguiente: «De acuerdo con los artículos 138 y 139, inciso 1) de la Constitución, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y es ejercida, exclusivamente, por el Poder Judicial, pues una de las características de un Estado de derecho es ofrecer jurisdicción a los particulares para la solución de los conflictos que surgen en las relaciones sociales». Sobre el particular consideramos que es falso lo que sostiene el Tribunal. De la simple lectura del artículo 138 de la Constitución, dicha función no se ejerce exclusivamente por el Poder Judicial. La exclusividad debe entenderse a la función jurisdiccional, pero no a la potestad de administrar justicia. Son dos conceptos totalmente distintos, al que no se le puede dotar de cualidades y poderes similares. La exclusividad expresa una de las características de la jurisdicción, que implica que los particulares no pueden ejercerla porque cada Estado la aplica con prescindencia y exclusión de otros Estados.
De esta manera, el arbitraje permanecería totalmente en el campo de la autonomía de la voluntad privada, como contrato o como suma de contratos donde los árbitros tienen la misión de dirimir la controversia; sin embargo, el arbitraje no es estrictamente contractual, pues en algún momento adquiere fisonomía jurisdiccional y se yergue como un verdadero equivalente o sustituto de las funciones de la jurisdicción. Carnelutti3 al referirse al equivalente jurisdiccional precisa que el arbitraje es un medio extraordinario de administrar justicia, un poder para ciertas personas de solucionar litigios. Importa una jurisdicción de excepción al lado de la ordinaria, un equivalente jurisdiccional; los árbitros son jueces transitorios nombrados por las partes para que en un caso específico ejerzan la jurisdicción. Precisa que no se trata de una derogación de jurisdicción; ello es imposible jurídicamente porque la jurisdicción es indisponible, inderogable por la voluntad particular. Lo que se consagra es una posible derogación de competencia, confiada a la autonomía de la voluntad privada. Los que asumen la posición contractual consideran que el arbitraje no surge sin el concierto de voluntades, que se va a expresar en el convenio arbitral; sin embargo, dicho pensamiento es cuestionado bajo la visión jurisdiccional del arbitraje, cuando ante la resistencia del obligado a acatar los laudos, se vuelve la mirada hacia la jurisdicción a fin de pedir su intervención, su auxilio, su apoyo, para realizar con plenitud su obra.4
CARNELUTTI, Francesco. Instituciones del proceso civil. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959, pp.109-114. 4 Una de las clásicas expresiones que se ha utilizado para justificar el carácter jurisdiccional del arbitraje, radica en la necesidad de la intervención de la jurisdicción, cuando el obligado se resiste a cumplir las prestaciones dispuestas en el laudo. Ante la resistencia es común recurrir a la jurisdicción para ingresar al proceso de ejecución del laudo arbitral. El inciso 3 del artículo 713 del Código Procesal Civil considera al laudo arbitral como un título de ejecución.
Esta necesidad de recurrir a la jurisdicción ha llevado a sostener, en otras opiniones, el carácter jurisdiccional del arbitraje, polarizando así las posiciones entre contrato y jurisdicción. Frente a dichas posiciones, el Tribunal Constitucional ha establecido como precedente vinculante que la jurisdicción arbitral no implica el ejercicio de un poder sujeto exclusivamente al Derecho privado, sino que forma parte esencial del orden público constitucional.5 «La jurisdicción arbitral, que se configura con la instalación de un Tribunal Arbitral en virtud de la expresión de la voluntad de los contratantes expresada en el convenio arbitral, no se agota con las cláusulas contractuales ni con lo establecido por la Ley General de Arbitraje, sino que se convierte en sede jurisdiccional constitucionalmente consagrada, con plenos derechos de autonomía y obligada a respetar los derechos fundamentales. Todo ello hace necesario que este Tribunal efectúe una lectura iuspublicista de esta jurisdicción, para comprender su carácter privado; ya que, de lo contrario, se podrían desdibujar sus contornos constitucionales». Lo enunciado por el Tribunal Constitucional lleva a apreciar al arbitraje, no sólo bajo la arista de la autonomía de la voluntad, sino bajo una óptica jurisdiccional justificada por el debido proceso como expresión de orden público constitucional. No negamos que el arbitraje y el proceso judicial se ubican bajo una estructura heterocompositiva en la solución de conflictos. Decimos ello porque se recurre a la intervención de un tercero para resolver las controversias, pero nótese que no se trata de un tercero cualquiera sino un tercero con poder de decisión. La terceridad se expresa en la figura del árbitro o del juez; sin embargo debemos precisar que en la conciliación y mediación también hay terceridad, pero se diferencia por referirse a un tercero sin poder de decisión. Las partes en la conciliación y mediación son las únicas
Ver precedente (Fundamento 11) de la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 28 de febrero del 2006. Caso Fernando Cantuarias Salaverry (Expediente n.° 6167-2005-PHC/TC-LIMA).
que tienen el poder de disposición, mas no el tercero conciliador o mediador. La fuente para ese poder de decisión genera diferencias entre arbitraje y jurisdicción. Mientras que en el arbitraje la fuente del poder es contractual, en atención a la autonomía privada de las partes; el proceso judicial, responde a la división de funciones preestablecidas en atención al pacto social de los individuos con el Estado, permitiendo el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado en la solución de los conflictos, en los que éste intervenga. Al margen de la estructura heterocompositiva, tanto del arbitraje como del proceso judicial, debemos apreciar que en ambos subyace una fuente de regulación por voluntad de las partes o por voluntad del Estado; sea una u otra fuente, el ámbito en el que van a desarrollar su labor, nos ubicarán en una escenario privado o público de actuación de la voluntad del individuo o de la actuación de la función jurisdiccional del Estado, ubicándose el arbitraje como expresión de la autonomía privada de voluntad de los individuos.
2. ARBITRAJE Y PROCESO DE EJECUCIÓN El proceso como instrumento de solución de conflictos, tiene tres funciones: conoce los hechos y declara el derecho; satisface esa declaración a través de la ejecución forzada, en caso de resistencia; y en tanto, sucede ello, para lograr eficacia sobre lo que se decida, asegura, conserva una situación de hecho para garantizar la eficacia de la futura decisión a satisfacer. Como dice Liebman,6 «La jurisdicción no agota sus cometidos con la cognición y con el juicio que de ella resulta. Además de constatar y declarar los derechos, hay que proveer a fin de que sean satisfechos;
LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de derecho procesal civil. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1980, p. 149.
además de formular la regla jurídica concreta que regula una determinada situación, es necesario proveer a actuarla, a traducirla en hechos reales, modificando la situación de hecho existente, en modo de hacerla que llegue a ser conforme a lo que debería ser». El proceso de cognición y proceso de ejecución son entre sí independientes; de un lado, el proceso de cognición puede, en efecto, no requerir la ejecución, ya sea porque el acto que lo concluye alcance por sí sólo plenamente el objeto prefijado (como sería en el caso de las sentencias declarativas y la constitutiva), ya sea porque después de recaída la sentencia de condena, el deudor cumpla voluntariamente su obligación. Para Guasp,7 mientras que en el proceso de cognición la pretensión procesal se satisface positivamente, es decir, se actúa declarando aquello que el pretendiente solicita, en el proceso de ejecución la pretensión procesal no es satisfecha positivamente, si el juez no realiza una conducta física, distinta del mero declarar, que provoca no un cambio ideal en la situación existente entre las partes, sino un cambio físico real o material, con relación al que anteriormente existía. Ahora bien, bajo las ideas expuestas, las partes pueden pactar en el convenio arbitral que los árbitros no sólo declaren el derecho en conflicto, sino que además ejecuten lo declarado, recurriendo —por cierto— a pedir apoyo a la jurisdicción para la realización del acto, que requiere la vis compulsiva, pues ello es un atributo de la jurisdicción. El poder de ejecución, que se relaciona con el de coerción, tiene su propio sentido, pues si bien implica el ejercicio por coacción y aun de la fuerza contra una persona, no persigue facilitar el proceso, sino imponer el cumplimiento de un mandato claro y expreso. Este poder es indispensable porque en nada serviría el proceso, si obedecer lo resuelto dependiera de la buena voluntad del obligado.
GUASP Jaime. Derecho procesal civil. Madrid: Institutos de Estudios Políticos, tomo 2, parte especial, 1968, tercera edición, p. 193.
En conclusión, un conflicto sometido a su discusión en sede arbitral no se agota con la declaración contenida en el laudo, sino que requiere ingresar al proceso de ejecución para lograr la satisfacción del derecho ya declarado. No es suficiente saber que se tiene el derecho sino se necesita el restablecimiento de ese derecho en conflicto. Para la satisfacción de dicho derecho hay que recurrir al proceso de ejecución, que puede ser realizado en sede judicial y arbitral. Si habiendo recurrido al proceso de ejecución, hay resistencia del obligado a cumplir con el mandato de ejecución, la materialización del acto resistido debe satisfacerse de manera compulsiva, a través de la fuerza, que sólo se ejercerá por el órgano jurisdiccional del Estado, esto es, la ejecución forzada a la que hace referencia el artículo 83 de la Ley General de Arbitraje. Esta misma lógica también se reproduce en los procesos cautelares, la misma que también debe ser extensiva para los procesos de ejecución. Dictada una medida cautelar en sede arbitral, los árbitros pedirán apoyo a la jurisdicción para que sea ella la que ejecute con la fuerza pública. Dice el artículo 81 de la Ley General de Arbitraje: «[…] para la ejecución de las medidas, los árbitros pueden solicitar el auxilio del Juez Especializado en lo Civil del lugar del arbitraje o donde sea necesario adoptar las medidas. El juez por el sólo mérito de la copia del convenio arbitral y de la resolución de los árbitros, sin más trámite procederá a ejecutar la medida sin admitir recursos ni oposición alguna».
3. EL MENSAJE DEFORMADO: EL PODER DE EJECUCIÓN DE LA JURISDICCIÓN Se sostiene que el procedimiento arbitral concluye cuando los árbitros emiten su laudo. Los tropiezos que concurren para su ejecución, ya no son de incumbencia de los árbitros, sino de la actividad jurisdiccional. La justificación: el árbitro carece de poder de ejecución; sólo tiene la facultad de conocer y juzgar, pero no puede ejecutar lo decidido, pues, el ius imperium exclusivamente lo tiene el Estado, del cual no puede despojarse por estar comprometidos intereses públicos.
La piedra angular en el procedimiento arbitral se sostiene en la existencia del convenio arbitral, en el que se puede «estipular sanciones para la parte que incumpla cualquier acto indispensable para la eficacia del mismo, establecer garantías para asegurar el cumplimiento del laudo arbitral, así como otorgar facultades especiales a los árbitros para la ejecución del laudo, en rebeldía de la parte obligada.8 (La cursiva es nuestra). Esto implica que no sólo la cognición del conflicto puede ser de conocimiento de los árbitros, sino que dicha delegación también puede ser extensiva —si las partes lo permiten— al proceso de ejecución. Lo expuesto líneas arriba, no pretende sostener que ante el incumplimiento de lo ordenado en el laudo, los árbitros expropien el ius imperium de la autoridad judicial para ejecutar ellos directamente el laudo. Es universalmente aceptado que los árbitros no gocen del ius imperium, pues ella es expresión de la jurisdicción que ejerce de manera exclusiva el Estado. La intervención de los árbitros llega hasta donde alcanza la voluntad de las partes; más allá de ella, escapa a la competencia de los árbitros y sólo es el juez, quien puede forzar a que se cumpla lo establecido en el laudo.9 El Estado mantiene el monopolio de la fuerza, que no debe confundirse con el concepto de administración de justicia. Éste abarca el proceso, la resolución y la posibilidad de la ejecución forzada. El árbitro carece de la potestad de ejecutar mediante la fuerza, porque sólo los jueces del Estado tienen, en principio, el poder de ejecución forzada, la coacción en sentido estricto.
Ver artículo 9 de la Ley General de Arbitraje. Los laudos pueden clasificarse en atención a su contenido, en laudos de condena, laudos declarativos y laudos constitutivos. Los de condena persiguen la realización de una prestación, esto es, que el demandado haga algo o deje de hacer; por ejemplo, que pague determinada suma de dinero. Los laudos declarativos son los que esclarecen una situación incierta; es decir, los laudos que interpretan una situación jurídica dudosa; los laudos constitutivos son los que crean, modifican o extinguen una relación jurídica, por citar un ejemplo, los que declaren la resolución de un contrato.
Por otro lado, universalmente se considera tanto a los procesos de cognición como los procesos de ejecución, los dos pilares sobre los que se construye la dinámica procesal; en el primer supuesto (procesos de cognición) nos encontramos con los conflictos que buscan definirse, que buscan se reparta los derechos en conflicto; en cambio los procesos de ejecución no buscan ninguna definición, pues las prestaciones ya han sido definidas anteladamente, sea a través de la sentencia de condena o por acuerdo de partes, de ahí que se considere que el «título es vital para la ejecución», pues, sin título no hay ejecución. El arbitro y las partes tienen la libertad de dictar sus propias reglas —a medida— para el procedimiento arbitral, según el ámbito del problema a resolver; de ahí que el arbitraje es catalogado como una justicia privada por las formas y modos en que los interesados deciden articularlo, desenvolverlo y respetarlo desde el principio hasta el fin. La base del arbitraje es el contrato, expresado en el convenio que las partes celebran cuando se someten a los árbitros. Así como acuerdan celebrar determinados negocios, pueden convenir en el modo de resolver los posibles diferendos y cómo ejecutarlos; todo ello, sustentado en un principio constitucional que autoriza el libre ejercicio de esa voluntad contractual.10 Bajo ese contexto, es posible que las partes puedan otorgar a los árbitros la facultad para ingresar a operar, no sólo en los procesos de cognición, sino también en los de ejecución. El camino está trazado, bajo una normatividad especial recogida en el artículo 9 y 83 de la Ley General de Arbitraje, por el que se «otorga facultades especiales a los árbitros para la ejecución del laudo, en rebeldía de la parte obligada». Esto implicaría que no sólo la cognición del conflicto puede ser de conocimiento de los árbitros, sino que dicha delegación también puede ser extensiva —si las partes lo permiten— al proceso de ejecución.
En ese sentido, léase lo regulado en el artículo 62 de la Constitución del Estado, que dice: «[…] los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la Ley».
Con esta posición reafirmamos la autonomía privada del arbitraje la misma que se extiende hasta el proceso de ejecución, conforme a la propia Ley General de Arbitraje. En ella se brinda un marco legal que ofrece una estructura arbitral basada en la autonomía de las partes y en la discrecionalidad de los árbitros y que les confiere la potestad de diseñar y controlar reglas del proceso acordes con las necesidades de cada conflicto en particular, con amplios márgenes de flexibilidad y garantizando la igualdad de las partes y el derecho de defensa. Cantuarias y Aramburú, Arrarte y Zolezzi, han trabajado bajo sus propias perspectivas el tema en comentario.11 Como dice Cantuarias,12 «Algunas personas han afirmado que todos los árbitros deberían gozar de las más amplias facultades para ejecutar sus fallos recurriendo incluso al apoyo de la fuerza pública, pero ello no sólo es desacertado, sino profundamente peligroso». Consideramos que no se trata de que los árbitros ejerzan el ius imperium, sobre ello no cabe discusión, sino que diluciden —en sede arbitral— las prestaciones de la ejecución, hasta su mínima expresión, de tal manera que la jurisdicción ingrese como apoyo a una de las etapas del proceso de ejecución dirigido por los árbitros, cual es la ejecución forzada. De ahí que resulten coherentes estas ideas que exponemos con la opinión de Chocrón,13cuando señala que las relaciones
Sobre este tema, también se han referido los autores CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando y Manuel Diego ARAMBURÚ IZAGA en la pagina 396 de su trabajo: El arbitraje en el Perú: Desarrollo actual y perspectivas futuras. Lima: Fundación M.J. Bustamante de La Fuente, 1993. En igual forma, por ARRARTE ARISNABARRETA, Ana María «Apuntes sobre la ejecución de laudos arbitrales y su eficacia a propósito de la intervención judicial». En Ius et Veritas, n.° 27, año XIII, Lima, 2003, p. 23, cuya lectura recomendamos. En esta línea de pensamiento también aparece el trabajo de ZOLEZZI IBÁRCENA, Lorenzo. «Luces y sombras del arbitraje en el Perú». En Homenaje a Max Arias-Schreiber. Lima: Academia Peruana de Derecho-Gaceta Jurídica, 2005, pp.181-198. Op. cit., p. 396. CHOCRÓN GIRADLES, Ana María. Los principios procesales en el arbitraje. Barcelona: Bosch, 2000, p. 210.
entre la jurisdicción y el arbitraje, son de carácter complementario, «se produce en aquellas parcelas en las que se requiere imperium o potestas de la que carecen los árbitros, a los cuales se les atribuye el poder de disposición de los derechos subjetivos privados en virtud de la autonomía de la voluntad; pero la coacción, la fuerza o imposición que implican determinadas actividades escapan a la auctoritas de los árbitros y es por ello que se produce la intervención de los Tribunales del Estado». Lo que se busca, no sólo es atribuir facultades a los árbitros para que intervengan en un proceso de cognición, sino que también puedan incursionar en el proceso de ejecución para materializar el derecho laudado, pero dejando claro que las facultades del ius imperium siempre lo ejercerán los jueces ordinarios. Como señala Zolezzi,14 cuando se piensa comparativamente en el proceso arbitral y en el proceso común, uno puede fácilmente preguntarse si los árbitros pueden realizar determinados actos procesales, en determinadas circunstancias, que requieren el ejercicio del poder de imperio del Estado y la respuesta es afirmativa, por la sencilla razón que en el sistema peruano, si bien existen determinados «candados» para impedir que un proceso arbitral se «judicialice», la Ley General de Arbitraje obliga al Juez a «prestarle» al proceso arbitral la coertio y la executio. Esta mecánica de intervención de la jurisdicción en la actividad arbitral la tenemos regulada para las medidas cautelares, acopio de pruebas e incluso designación de árbitros,15 con mayor razón, operaría el apoyo para la ejecución de un laudo que contiene derechos ciertos ya definidos. Una cosa es el proceso de ejecución, mecanismo en el cual se busca ejecutar los títulos y otra la executio, como facultad exclusiva de la jurisdicción. Debemos señalar en este extremo que los árbitros tienen una jurisdicción limitada, ya que poseen la notio, la vocatio y la iudi14 15
Op. cit., p. 189 Ver artículos 23, 40, 79 y 80 de la Ley General de Arbitraje.
tium, mientras que los jueces agregan a las anteriores la coertio y la executio; por ello, éstos pueden ser requeridos su intervención, aun desde la iniciación del arbitraje para las medidas cautelares y hasta su finalización, para la ejecución del laudo arbitral, como ya se ha señalado. La norma, en el artículo 83 de la Ley General de Arbitraje, se orienta a ampliar la cobertura de acción de los árbitros —con la aceptación de las partes— a una de las etapas del proceso de ejecución (la ejecución forzada), sin trastocar los poderes de la jurisdicción que gozan los jueces. Esto lo podríamos mostrar de la siguiente forma, si por ejemplo, se condena al pago de una prestación ilíquida, perfectamente en el proceso de ejecución, en sede arbitral, los propios árbitros que declararon el derecho en el laudo, tendrían que intervenir para definir la suma líquida, en ejecución, posiblemente recurriendo a diversos mecanismos como la intervención de peritos, si fuere el caso. Si a pesar de haberse requerido el pago (en sede arbitral) al obligado y persistiera la resistencia a cumplir la condena, los árbitros ingresarían a la «ejecución forzada» de lo laudado, requiriendo la intervención de la vis compulsiva del Estado, para la medida de ejecución que se dicte. Esto es, se recurre a la jurisdicción, no para pedir que se inicie la ejecución, sino para que éste intervenga ejerciendo una de sus facultades: la executio, para vencer la resistencia del rebelde, a realizar el mandato de ejecución. Igual lógica opera en la ejecución de la medida cautelar o en el acopio de las pruebas.16 Los árbitros dictan la medida cautelar y es la jurisdicción la que materializa ésta, a través de la ejecución de lo dictado. Igual criterio operaría para la «ejecución forzada» en el proceso de ejecución. Véase que el artículo 83 de la Ley General de Arbitraje hace
Véase en este extremo lo regulado en el artículo 40 de la Ley General de Arbitraje: «El tribunal arbitral, o cualquiera de las partes con la aprobación del tribunal arbitral, podrá pedir auxilio judicial para la actuación de pruebas. Es competente el juez de Paz Letrado o el Juez Especializado en lo civil del lugar del arbitraje o donde sea necesario ejecutar la resolución, a elección del interesado. El juez dará cumplimiento a la solicitud en un plazo que no excederá de 5 días, bajo responsabilidad […]».
especial referencia a una de las etapas del proceso de ejecución, cual es, la ejecución forzada, no al proceso de ejecución en sí.17 Como señala Griffith,18 el Poder Judicial debe limitarse a asistir a los árbitros en reconocer y ejecutar un laudo. En esa misma línea de pensamiento, Lorca,19 considera que «Normalmente será posible que la ejecución del laudo suponga apremiar mediante un embargo, pero no cabe duda que las modalidades de la ejecución dependerán en gran medida de su contenido. Así, si la obligación contenida en el laudo no es exactamente la de entregar dinero metálico, sino una obligación determinada de hacer o de no hacer o de entregar determinada cosa, el apremio para su ejecución se dirigirá fundamentalmente hacia la indemnización de daños y perjuicios. En consecuencia, se puede ya concluir que la ejecución del laudo dependerá, en gran medida, del tipo de conducta que se contenga en el mismo». Según Lohmann,20 cuando se permite que las partes o el reglamento a que éstas se hubieran sometido otorguen a los árbitros facultades ejecutivas especiales para hacer viable el cumplimiento del laudo en rebeldía de la parte obligada, la naturaleza de las facultades dependerá mucho de la naturaleza del conflicto como de la confianza de las partes en los árbitros; pero, es una posibilidad que la ley ha querido permitir.
Artículo 83.- «Ejecución del laudo.- El laudo arbitral consentido o ejecutoriado tiene valor equivalente al de una sentencia y es eficaz y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes. Si lo ordenado en el laudo no se cumple por la parte o partes a quienes corresponda hacerlo, el interesado podrá solicitar su ejecución forzosa ante el Juez Especializado en lo Civil del lugar de la sede del arbitraje que corresponda en la fecha de la solicitud, cuando no hubiera podido ser ejecutado por los propios árbitros o por la institución organizadora en rebeldía del obligado, con las facultades que aquéllos o a ésta se les hubiesen otorgado en el convenio. GRIFFITH DAWSON, Frank. «El rol del Poder Judicial en el proceso de arbitraje: ¿asistencia o intervención?». En Ius et Veritas, n.° 15, año VIII, p. 206. LORCA NAVARRETE, Antonio María y Joaquín SILGUERO ESTAGNAN. Derecho de arbitraje español, Manual teórico-práctico de jurisprudencia arbitral española. Madrid: Dykinson, 1994, p. 446. Citado por Cantuarias, Op. cit. p. 398.
No siempre será posible que ante una parte rebelde, el árbitro pueda conminar el cumplimiento y dirigir la ejecución forzosa del laudo. En tales casos, no queda más remedio que recurrir al Poder Judicial. El citado autor presenta algunos casos en los que la delegación de facultades a los árbitros podría operar en mejor forma, como la entrega de cartas fianzas para que en caso de incumplimiento, los árbitros o la institución, las ejecuten a favor de la parte vencedora para efecto de imputarlas a la deuda, o aquellos supuestos donde las partes, de conformidad con el artículo 1069 del Código Civil, hayan autorizado a los árbitros para que procedan a la venta de ciertos bienes prendados. También se podría otorgar poderes especiales para que suscriban documentos o instrumentos en rebeldía de alguna de las partes, como suscribir una escritura pública de compraventa ante la resistencia del condenado a realizarla; o para ejecutar privadamente una hipoteca.
4. LOS LAUDOS DE CONDENA CON RESERVA O ILÍQUIDOS El problema de la ejecución de laudos en sede judicial se torna más preocupante en los procesos de ejecución con títulos ilíquidos o con condena con reserva. Montero Aroca21 refiere que estas prestaciones operan cuando la ley admite que ésta sea ilíquida, dejando la liquidación para la fase de ejecución; otro supuesto es que no haya existido realmente una actividad declarativa previa, sino simplemente el presupuesto para condenar genéricamente a los daños sufridos; también permite prestaciones ilíquidas, cuando la obligación de hacer, no hacer o dar cosa específica o genérica se pueden transformar por ley en obligación pecuniaria. La condena con reserva es siempre una condena pecuniaria, que ordena el pago de dinero, pero es ilíquida porque el laudo no fija el importe concreto de esos daños. Ello es uno de los supuestos en que se
MONTERO AROCA, Juan. Derecho jurisdiccional. Proceso civil. Barcelona: Bosch, 1995, tomo II, p. 522.
plantea la necesidad de liquidar la condena, esto es, determinar exactamente qué cantidad de dinero debe ser entregada por el deudor, con citación de éste. Esto significa que si una sentencia contiene una condena con reserva, ésta puede ser inmediatamente ejecutada, porque se trata de una condena a prestación actual y en este sentido ejecutable de inmediato, sólo que, como tal condena es ilíquida, debe integrarse con ciertas actuaciones previas a la ejecución. Algunas opiniones consideran que, como le falta el requisito de la liquidez y para obtenerla habría que seguir un procedimiento de liquidación, la sentencia que contiene una condena con reserva no es directamente ejecutable; sin embargo, otras opiniones señalan, que, una cosa es que sea necesario determinar el importe de la condena con reserva en un incidente; y otra, muy diferente, que la ejecución no pueda comenzar mientras no se produzca la exigibilidad de la prestación debida y su falta de cumplimiento, como ocurre con la sentencia que contiene una condena de futuro. Véase el caso del laudo que condena al pago de una suma líquida y dispone, la compensación del saldo de la deuda existente mediante la devolución de mercadería, luego de computarse la depreciación de ella, al momento de la entrega; o el caso del que condena al pago de daños y perjuicios, fijándose las bases para dicha posterior liquidación; o la liquidación de frutos, rentas y utilidades, según las pautas preestablecidas en la condena. En igual sentido, constituye laudo ilíquido el siguiente fallo:
«Declara fundada en parte la demanda en los extremos relativos a la adquisición del grupo electrógeno, los gastos de combustible de petróleo para dicho grupo y la indemnización por los daños y perjuicios causados por la resolución del contrato de concesión y la devolución a la Municipalidad de Chorrillos del Mercado de Abastos, así como el reembolso de las mejoras introducidas por Lima Karcesa S.A. en el citado Mercado, debiendo estos dos últimos extremos ser determinado por peritos».22
Proceso de ejecución de laudo arbitral seguido por Lima Karcesa S.A. con Municipalidad de Chorrillos.
Otro caso de laudo ilíquido contiene el fallo que ordena se designe una empresa de reconocido prestigio internacional, por cuenta y costo de la demandada, encargándole la realización de un estudio de impacto ambiental para que establezca la zona de influencia del depósito, determine y aisle el impacto ambiental producido por dicho depósito y señale las acciones de remediación del mismo en lo referido a contaminación de suelos, agua, aire y salud poblacional que, razonablemente y según las circunstancias, deba cumplir la demandada, con el objeto de mitigar el daño producido hasta octubre del 2001.23 Como se aprecia, estamos ante un laudo con reserva de condena, que todavía no tiene las condiciones para la ejecución propia, como es la liquidez de la prestación, la misma que por la naturaleza de este tipo de laudos, se tendrá que determinar posteriormente con la intervención de peritos y bajo los criterios que los árbitros han preestablecido en el laudo; en tanto no se defina, no podrá ser considerado título de ejecución, pues, falta determinar la cantidad líquida a exigir; para lo cual, debe ingresar a una fase de preparación para determinar la prestación líquida del laudo; en tanto sucede ello, la pregunta que surge es: ¿Quién debe dirigir toda esta fase previa a la ejecución forzada?; si no se ha pactado la ejecución en sede arbitral será el juez ordinario; pero si se ha pactado, corresponderá a los propios árbitros los que dirijan esta fase previa a la ejecución, situación que sería bastante saludable a los fines del arbitraje, pues qué mejor que los propios árbitros que han definido el derecho en debate, sean los que continúen bajo la dirección de la ejecución. Razones de costos, tiempo, especialidad y confianza, hacen que la discusión deba mantenerse en sede arbitral y no derivarla a la jurisdicción ordinaria, donde el juez, no conocedor del tema en particular laudado, sea por lo técnico o particular del caso, tendrá que internalizar en su intelecto la materia definida y los términos de la ejecución en atención a esa definición, con la consecuente demora propia de la so23
Proceso de ejecución de laudo arbitral, promovido por Consorcio Minero S.A. contra la Empresa Minera del Centro del Perú S.A. —Centromin—, expediente n.° 171132-2007, 11° Juzgado Comercial de Lima.
brecarga procesal de los juzgados y con el riesgo del poco conocimiento que pudiera tener sobre la materia en ejecución. Sería interesante que se pacte la ejecución en sede arbitral, como lo permite el artículo 9 de la Ley General de Arbitraje, para evitar que el arbitraje termine judicializándose. En vez de que sean los propios árbitros los que dirijan la conversión del laudo en título líquido a través de la ejecución, se deja que sean los jueces ordinarios, no especializados en los temas ya definidos y conocidos por los propios árbitros, los que asuman la dirección del proceso de ejecución del laudo, cuando perfectamente los propios árbitros, conocedores del conflicto ya laudado, podrían asumir en mejor forma la dirección de dicha ejecución, dejando la vis compulsiva sólo para la jurisdicción, en caso de resistencia del obligado. Como señala Muñoz Sabaté,24 «Los árbitros no extralimitan sus funciones por el hecho de que una vez determinadas por ellos en el laudo las deudas y créditos de una sociedad que se disuelve y las cantidades que debe entregar o percibir cada socio, terminan resolviendo que procede que las partes, en el plazo de un mes a contar de la fecha del laudo, nombren o designen la persona o personas que se encarguen de toda la documentación social y de la liquidación y división del haber social con arreglo a todo lo dispuesto en dicho laudo. El quid de la cuestión estaba en la evidentísima imposibilidad práctica de poder cuidar de una liquidación definitiva y material de la sociedad dentro del plazo de emisión del laudo. Tal vez hubiese sido mejor que los árbitros hubiesen ya procedido al nombramiento de dicho liquidador para impedir nuevas contiendas entre los socios, pero la cuestión no es ésta sino la de destacar una vez más la habitualidad de estas programaciones arbitrales, con designación incluso de nuevos operadores, y que tal como la propia sentencia cuida de manifestar, habrán de desarrollarse en período de ejecución de laudo».
MUÑÓZ SABATÉ, Luis. Jurisprudencia arbitral comentada (sentencias del Tribunal Supremo, 1891-1991. Barcelona: Bosch, 1992, p. 562.
Frente al criterio expuesto por Muñoz Sabaté, véase la ejecutoria emitida por la 4ª Sala Civil de Lima, en los seguidos por la Municipalidad de San Isidro con el Consejo Directivo de la Asociación Vecinal para el Serenazgo de San Isidro, la misma que acoge precisamente el cuestionamiento materia del comentario, en los siguientes términos:
«Declara infundada la contradicción y dispone que el Consejo Directivo de la Asociación demandada proceda a la disolución y liquidación de la Asociación, conforme a lo establecido en sus Estatutos y en la Ley».25
Como se aprecia, las partes al someter el conflicto al arbitraje, jamás quisieron ingresar a la jurisdicción estatal; sin embargo, tendrán que hacerlo sin otra alternativa, por no estar contempladas en el convenio arbitral las facultades de ejecución de los árbitros, pues, se viene considerando que «el arbitraje culmina con el laudo», cuando éste debe culminar en el proceso de ejecución, si fuere el caso. La legislación especial permite dicha convención, a pesar de ello, seguimos manteniendo esta mala praxis generalizada en casi toda la actividad arbitral, con los consecuentes resultados de insatisfacción para el litigante beneficiado con el laudo y el cuestionamiento al sistema judicial, al que nunca quiso ingresar. A pesar de lo expuesto, resulta paradójica a nuestra realidad la opinión de Morello26 cuando afirma que «El arbitraje, como expresión de justicia privada encierra celeridad, tipicidad, confiabilidad (reserva o casi ninguna publicidad); desformalización o flexibilización durante su desarrollo; operadores (árbitros o amigables componedores) que se adaptan mejor a las necesidades y a la finalidad con que una controversia patrimonial interempresaria debe ser compuesta, sin el trauma o consecuencias axiológicamente negativas para la continuidad de las relaciones que ocasiona casi siempre el resultado de un largo y áspero proceso de conocimiento y una sentencia de condena».
Ejecutoria de fecha 18 de noviembre del 2002, emitida en el expediente n.° 20412002, por la 4ª Sala Civil de Lima. MORELLO, Augusto. Contrato y proceso. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1990, p. 206.
5. TRATAMIENTO DE LA EJECUCIÓN EN LA JURISDICCIÓN Uno de los cuestionamientos que se plantea en la ejecución arbitral está relacionado con la legislación aplicable. Tanto el Código Procesal Civil como la Ley General de Arbitraje regulan el procedimiento a seguir en los procesos de ejecución de laudos arbitrales.27 Nos ubicamos frente a la regulación de un hecho por dos normas diferentes de igual rango, pues, el Código Procesal Civil está regido por el Decreto Legislativo n.° 768 y la Ley General de Arbitraje, Ley n.° 26572. Frente a ello, para establecer la norma aplicable recurrimos al principio de especificidad, cuya regla dispone que un precepto de contenido especial, prima sobre el criterio general. Ello implica, según García Toma,28 que «cuando dos normas de similar jerarquía establecen disposiciones contradictorias o alternativas, pero una es aplicable a un aspecto más general de situación y la otra a un aspecto restringido, prima ésta en su campo específico». Esta disyuntiva legal, también ha sido de invocación para sustentar Casaciones como la que aparece ante la Sala Civil Transitoria, mediante la Casación n.° 1100-03-Lima, de fecha 10 de octubre de 2003.29
Ver artículos 713 del Código Procesal Civil y ss.; y artículos 83 al 87 de la Ley General de Arbitraje. GARCÍA TOMA, Víctor. La Ley en el Perú. Lima: Grijley, 1995, p. 22. Frente al contexto descrito, sostenemos que resulta de aplicación a la ejecución del laudo, la Ley General de Arbitraje, por el principio de especificidad. En ese sentido léase la Casación n.° 574-99-Lima, de fecha 10 de agosto de 1999, que dice: «De acuerdo con el artículo 8 de la Ley n.° 26572, se considera recibida toda notificación que haya sido entregada al destinatario o que haya sido enviada a su domicilio señalado o real, mediante cualquier medio que deje constancia fehaciente de la entrega, lo que en el presente caso se satisface con la certificación del secretario en los autos sobre arbitraje y el informe razonado antes referido; que la notificación mediante cedulón alude a que la esquela de notificación fue adherida a la puerta de la oficina señalada como domicilio, por no encontrarse quién la reciba y que el CPC recoge en el artículo 171, el que contiene una norma de preaviso, la que no es aplicable, por existir la norma específica en la Ley de Arbitraje citada en el considerando anterior».
Tomando como referencia dichas normas, podemos señalar algunas diferencias para la ejecución del laudo, tales como la determinación de la competencia. a) Señala el artículo 714 del Código Procesal Civil,30 que se aplican a la ejecución del laudo las reglas generales de la competencia, las mismas que están contenidas en el artículo 14 que dice: «Es competente el juez del domicilio del demandado»; otro supuesto es la competencia que fija la Ley General de Arbitraje. Señala el artículo 84 de la Ley General de Arbitraje: «Es competente el juez civil especializado en el lugar de la sede del arbitraje». Vemos, pues, que concurren dos criterios para fijar la competencia, según la ley que se aplique: El juez del domicilio del ejecutado o del lugar de la sede del arbitraje. Frente a ello consideramos aplicable este último, por la especificidad de la norma que la regula. Otro cuestionamiento se presenta en los argumentos para la contradicción. Señala el artículo 718 del Código Procesal Civil, que se puede formular sólo si se alega el cumplimiento de lo ordenado o la extinción de la obligación; en cambio el artículo 84 de la Ley General de Arbitraje recoge dos supuestos para la oposición, la pendencia de un recurso de apelación o anulación y razones basadas al cumplimiento del laudo; nótese que la extinción de la obligación, no está presente como argumento de oposición en la Ley General de Arbitraje. El recurso de apelación se encuentra restringido en la Ley General de Arbitraje. Véase lo regulado en el artículo 86 que dice: «Los autos en la etapa de ejecución no son susceptibles de medio impugnatorio alguno. Está prohibido al juez ejecutor, bajo responsabilidad, admitir apelaciones o articulaciones que entorpezcan la ejecución del laudo, siendo nula la resolución respectiva». La disyuntiva normativa provoca que en algunos espacios de ejecución se apliquen las normas del
Señala el artículo 718 del Código Procesal Civil: «Los títulos de ejecución judicial se ejecutan ante el juez de la demanda. Los demás se rigen por las reglas generales de la competencia».
Código Procesal Civil para la ejecución, y en otros la Ley General de Arbitraje. Véase por citar, la ejecución del laudo contenida en el expediente n.° 3064-99 ante el 49° Juzgado Civil de Lima, seguido por Nerida Harbauer Bahamonte con Sercosegur Sociedad de Responsabilidad Limitada, en el que el juez, al conceder la apelación, sobrepone ante la prohibición del artículo 86 de la Ley General de Arbitraje, el principio constitucional de la doble instancia, creando un trámite procedimental, de mutuo propio, ad-hoc, al preestablecido por la ley especial. Un aspecto que también genera preocupación es el control a las prestaciones materia de ejecución en sede judicial. Según el diseño de la Ley General de Arbitraje, el control sobre la validez formal del laudo se hará vía recursiva, a instancia de parte, a través del recurso de anulación; dejando la posibilidad de que el Juez superior revisor lo realice de oficio, conforme lo señala el inciso 7 del artículo 73 de la Ley General de Arbitraje, al declarar la nulidad del laudo, en materias inarbitrables; sin embargo, en caso de laudos, que jamás fueron sometidos a dicho control recursivo, pero que ingresan al proceso de ejecución en sede judicial, ¿estaría libre de cuestionamiento por el juez ejecutor? Al respecto, compartimos la opinión de Muñoz Sabate,31 cuando señala que «El juez ejecutor no puede entrar a discutir la validez y eficacia de un laudo. De lo contrario sería una manifiesta conculcación del sistema impugnativo. Sólo en contadísimas ocasiones, precisamente aquéllas en las que la falta de impugnación de laudo puede deberse a un fallo en los principios de bilateralidad y audiencia, pudiera el juez ejecutor por razones eminentemente constitucionales, denegar la ejecución. Así también en aquellos supuestos de flagrante afectación al orden público». La falta de homologación de los laudos, previa a la ejecución judicial, genera el dilema al juez ejecutor sobre su válida intervención al respecto; nos referimos al caso concreto de materias inarbitrables, que
(TS. 14 de abril de 1976) MUÑOZ SABATÉ, Luis. Jurisprudencia arbitral comentada (sentencias del Tribunal Supremo, 1891-1991). Barcelona: Bosch, 1992, p. 577.
jamás tuvieron la posibilidad del control por el juez superior revisor, pero que consentido el laudo por las partes, se pretende luego el apoyo forzado de la jurisdicción. En tales casos, el juez ordinario ¿podrá resistirse a no ejecutar un laudo que contiene una materia inarbitrable? Evidentemente que la respuesta será afirmativa. En tanto, el sistema procesal no contemple mecanismos de control previo a la ejecución, como serían los actos homologatorios o declarativos puros sobre la validez formal del laudo; sin entrar a calificar el contenido de éste, tendremos la posibilidad de que en el camino de la ejecución, ésta se pueda frustrar por un control –de oficio- post laudo, al momento de la ejecución, pero siempre que se trate de derechos indisponibles, o de materias inarbitrables, a que refiere el artículo 1 de la Ley General de Arbitraje, por más que las partes, de mutuo acuerdo, hayan consentido dicho laudo. El principio de autonomía privada de voluntad no es irrestricto, tiene límites, zonas infranqueables, donde la voluntad no puede transitar; por tanto, no se podría brindar tutela para la ejecución de un laudo que contiene prestaciones sobre temas inarbitrables.
6. IDEAS FINALES 6.1. La idea que el procedimiento arbitral culmina con el laudo, debe ser superada. Para considerar que éste termina con la satisfacción en sede arbitral del derecho contenido en el laudo, el árbitro tiene la posibilidad no sólo de declarar el derecho en conflicto, sino de ingresar a la ejecución del derecho definido en el propio laudo, para lo cual, requiere contar con las facultades especiales de ejecución en el convenio arbitral, tal como lo establece expresamente el artículo 9 de la Ley General de Arbitraje. Con tal praxis, podemos afianzar la idea de que el arbitraje es una forma alternativa de lograr la paz social, pues, es una institución alterna a la justicia estatal. En tal sentido, no se puede limitar al arbitraje sólo a un plano meramente declarativo de derechos, sino que también puede éste ingresar, en la propia sede arbitral, a la dirección del proceso de ejecución; y sólo cuando hay resistencia al mandato de ejecución,
pedir la intervención de la jurisdicción para la ejecución forzada de dicho mandato. Con esto queremos sostener que no se debe negar a las partes la posibilidad de la dirección en la ejecución del laudo, en sede arbitral, dejando sólo a la jurisdicción la posibilidad de la ejecución forzada. Dicho camino está regulado en la propia Ley General de Arbitraje y sólo cuando este camino se torne en inoperante para la satisfacción que se busca, nos permita recién, voltear la mirada hacia la jurisdicción para invocar la executio sobre el laudo arbitral, como se realiza en la actividad cautelar, pues no se debe confundir «proceso de ejecución», como instrumento de realización del derecho, con la executio, «poder de la jurisdicción» para satisfacer —por la fuerza— el Derecho declarado; esto último como expresión del monopolio del Estado de la función jurisdiccional. A pesar de que sostenga Rubio32 que se deba tener una ley favorable al desarrollo del arbitraje, que elimine las barreras de acceso al arbitraje, que garantice la ejecución del convenio arbitral como la ejecución del laudo, que reconozca la libre elección de los árbitros y que reduzca la intervención judicial en los procesos arbitrales, consideramos que ello no es necesario; el actual diseño de la propia Ley General de Arbitraje sí permite ingresar a la ejecución en sede arbitral, lo que se hace necesario es informar a las partes de esa posibilidad y que éstos estén convencidos que es la mejor alternativa para evitar someter todas las resultas del proceso de ejecución a la jurisdicción; en cambio, si coincidimos con Rubio, 33 cuando refiere que «La práctica arbitral está
RUBIO GUERRERO, Roger. «Ruido en la calle principal: las reglas de juego en el arbitraje y sus peligrosas distorsiones». En Thémis, Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, n.° 53, Lima, 2007, p. 10. Ibidem. Aún más, señala el autor, que «Los abogados de las partes deberían informarse y entrenarse en derecho arbitral para ofrecer a sus clientes una más eficiente defensa de su caso y los árbitros deberían ser más firmes y menos permisivos frente a tácticas dilatorias o procesales que perjudican una conducción eficiente del arbitraje». Op. cit. p. 13.
lejos todavía de los estándares arbitrales modernos; en líneas generales, no hay todavía un desarrollo máximo del potencial de la autonomía de la voluntad, no hay un ejercicio adecuado de la discrecionalidad de los árbitros y, en ocasiones, los jueces no terminan de entender su rol frente al arbitraje». 6.2. Si desarrollamos la idea que el procedimiento arbitral termina con el laudo, no sólo estaríamos limitando la afirmación del principio de autonomía privada de los particulares para su ejecución, sino permitiendo el cuestionamiento de la eficacia de la jurisdicción sobre el arbitraje; al no brindar tutela pronta al proceso de ejecución. Si bien algunas opiniones optimistas, como la de Arrarte,34 consideran que «una decisión arbitral es ejecutada coercitivamente, en el mejor de los casos, en el transcurso de unos seis a ocho meses»; algunos referentes empíricos que hemos ubicado para este trabajo, nos señalan que en promedio la ejecución del laudo arbitral en sede judicial, toma más de dos años en promedio. 35 Esta respuesta tardía que se aprecia en la ejecución de los laudos, responde a la falta de especialización en el conocimiento de los jueces estatales de las materias sometidas al arbitraje, la sobrecarga procesal propia de los juzgados, la marcada litigiosidad en los procedimientos judiciales, entre otros aspectos; de ahí que resulte un contrasentido,
ARRARTE ARISNABARRETA, Ana María. «De la interrelación a la interferencia del Poder Judicial en los procesos arbitrales: Límites de su actuación». En Thémis, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, n.° 23, Lima, 2007, p. 93. Para nuestro estudio, el proceso de ejecución promovido por Constructores Asociados S.A. con Tonny Romas, expediente n.° 13174-2004, 32° Juzgado Civil de Lima, tomó 434 días; Shell Perú S.A. RENTIK S.A. con Mario Francisco Granda Chianti, expediente n.° 8014-2000, 47° Juzgado Civil de Lima, tomó 1885 días; Harbauer Bahamonte Nerida Luzmila Sercosegur Sociedad de Responsabilidad Limitada, expediente n.° 3064-99, 45° Juzgado Civil de Lima, tomó 1498 días; Carlos Carlessi de Lara con Compañía Minera Casapalca S.A., expediente n.° 99322001, 38° Juzgado Civil de Lima, tomó 1467 días; Luis Agapito Meneses Marroquín con INVERMET, expediente n.° 25948-03, 33° Juzgado Civil de Lima, tomó 681 días. El promedio de tiempo, sólo en dichos casos, superan los tres años.
que las partes, habiendo pactado un convenio arbitral, para huir en buena cuenta de la actividad judicial y de todo lo que ello signifique, terminen sometidos a la actividad de los jueces en el proceso de ejecución. 6.3. No se debe perder de vista que las relaciones entre la jurisdicción y el arbitraje, son de carácter complementario, pues se produce en aquellas áreas o actos en las que se requiere el ius imperium del Estado, de la que carecen los árbitros, los cuales se les atribuye el poder de disposición de los derechos subjetivos privados, en virtud de la autonomía de la voluntad; pero la fuerza que requiere que determinadas actividades provenientes del mandato arbitral, como la ejecución de una medida cautelar o de un mandato de ejecución, necesariamente se realizan por el poder de ejecución que tienen los jueces de la jurisdicción. 6.4. Son muchas las voces que se alzan para sostener la desjudicialización del arbitraje; a pesar de ello se aprecia un doble mensaje en la actividad arbitral. Por un lado se cuestiona la judicialización de éste, sin embargo, no se hace nada por evitarlo, a pesar que existen las herramientas legales para ello. El arbitraje requiere de un mensaje renovado, de tal manera que los árbitros no sean concebidos como jueces privados hasta la emisión de laudo; todo lo contrario se debe brindar a las partes reglas que permitan brindar respuestas eficaces a la solución definitiva del conflicto, reduciendo la intervención judicial, a lo mínimo posible. La falta de información de los operadores sobre las reglas de juego del arbitraje y sobre sus propios roles en el procedimiento arbitral, vienen contribuyendo a esta judicialización, como expresión de la resistencia de la propia cultura legal arbitral a no alterar el paradigma de la ejecución del laudo en sede judicial. Lima, agosto del 2007
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