Source: http://civil.udg.es/normacivil/TSJC/95/STSJC19950601.htm
Timestamp: 2019-10-13 22:47:42+00:00

Document:
Sentència de 1 de juny de 1995
de 1 de juny de 1995, núm. 17/1995 (Sala Civil i Penal)
Barcelona, a uno de junio de mil novecientos noventa y cinco.
Visto por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la sección 14ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio declarativo de menor cuantía seguidos en el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Gavá, sobre reclamación de paternidad y rectificación de asiento registral, cuyo recurso fue interpuesto por D, X, representado por el Procurador D, Francisco Javier Manjarín Alberti y defendido por el Letrado D, Carlos Ribatalla Espasa, siendo parte recurrida D, Y, representado por el Procurador D. Miguel Pons de la Hija y defendido por el Letrado D. Francisco Caparrós Martínez.
Primero. - El 6 de octubre de 1990 se repartió al Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Gavá la demanda del expresado juicio declarativo de menor cuantía, mediante la cual el actor D. Y, representado por el Procurador Sr. Pons de la Hija, pretendía que se declarase que era hijo del demandado D. X, la procedencia de hacer constar tal filiación en el Registro Civil en el que constaba inscrito el nacimiento y se impusieran al demandado las costas procesales caso de oponerse a la demanda, poniendo a tales fines los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando que se dictara sentencia en los términos expuestos. Admitida la demanda, emplazado el demandado D. X, compareció en autos, debidamente representado, evacuando el trámite de contestación a la demanda oponiéndose a las pretensiones del actor, solicitando se dictara sentencia en estos términos con expresa imposición de costas al actor. Convocadas, las partes a la comparecencia establecida en el art. 691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la misma tuvo lugar sin avenencia. Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos las pruebas practicadas se convocó a las partes para ponerles de manifiesto las pruebas en secretaría, formulando las mismas escritos, respectivamente, con el resumen de dichas pruebas, quedando los autos en poder del Sr. Juez para dictar sentencia. El Sr. Juez de Primera Instancia núm. 2 de los de Gavá dictó sentencia el 29 de abril de 1.991, con el siguiente fallo: «VEREDICTE: DESESTIMO íntegrament la demanda interposada pel Procurador Sr. PONS DE LA HIJA, en nom i representació de Y, contra X., i declaro la improcedència de declarar la paternitat d'aquest respecte d'aquell i de fer cap rectificació registral al respecte, amb imposició de les costes a l'actora.».
Segundo. - Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia por la representación de la parte demandante y tramitado dicho recurso con arreglo a derecho, la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia el 21 de septiembre de 1.992, con la siguiente parte dispositiva: «FALLAMOS: Que ESTIMANDO el recurso interpuesto por el Procurador D. Miguel Pons de la Hija en representación de D. Y, con revocación de la Sentencia dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia nº 2 de Gavá en fecha 29 de abril de 1.991, debemos declarar y declaramos que D. Y es hijo de D. X, gozando del derecho a llevar su primer apellido y a la rectificación del asiento registral correspondiente en relación a este extremo y a la filiación paterna del mismo, apareciendo como padre D. X, quedando como válida la filiación materna; imponiéndosele las costas de la instancia al demandado, sin especial pronunciamiento en relación con las de la alzada.»
Tercero. - Por la representación del demandado-apelado D. X se preparó, mediante escrito presentado oportunamente, el recurso de casación y la referida Sección lo tuvo por presentado por providencia de 10 de octubre de 1992, remitiendo las actuaciones al Tribunal Supremo previo emplazamiento de las partes que comparecieron ante el mismo, y la Sala Primera de lo Civil tramitó y resolvió el recurso decretando la inadmisión de los motivos primero y segundo y por lo que respecta al tercer motivo dispuso remitir las actuaciones a esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con emplazamiento de las partes, para la resolución correspondiente.
Cuarto. - Comparecidas las partes ante esta Sala dentro del término del emplazamiento se dispuso comunicarlas al Ministerio Fiscal para que diera cumplimiento a lo previsto en el art. 1709 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el tercer motivo del recurso, que se basaba: Al amparo del número cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción, por su inaplicación del artículo 1 de la Ley 7/1991, de Filiaciones, de 27 de abril del derecho civil catalán, en relación con la disposición transitoria primera de dicha norma. Y habiendo evacuado el Ministerio Fiscal el trámite conferido, se pasaron las actuaciones al Magistrado Ponente para instrucción y sometimiento a deliberación de la Sala de la resolución procedente.
Quinto. - Admitido el recurso por dicho tercer y último motivo del mismo y evacuado el trámite de impugnación se señaló para la votación el día dieciocho de los corrientes en que tuvo lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. Don Jesús E. Corbal Fernández.
Primero.- El presente recurso de casación interpuesto por D. X se limita al examen del tercer y último motivo, pues los dos primeros fueron inadmitidos por Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 1994, que conoció de los mismos por hacer referencia a la vulneración de preceptos constitucionales. En dicho motivo tercero, por la vía del ordinal cuarto del art. 1692 LEC, se denuncia en el encabezamiento la infracción, por inaplicación, del art. 1 de la Ley,7/1991, de 27 de abril, de Filiaciones de Cataluña, en relación con su disposición transitoria tercera, que le reconoce carácter retroactivo. Se afirma en el resumen del motivo, que la sentencia de la Audiencia no tiene en cuenta la norma citada, con arreglo a la que «se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a la disolución o a la separación efectiva, sea legal o de hecho, de los cónyuges». Y se razona, en el desarrollo, que la resolución recurrida considera acreditado, sin motivación alguna, que el cónyuge de la madre del actor se hallaba en la cárcel al tiempo de la gestación de éste, dato que únicamente consta en las actuaciones por la mención genérica y sin concretar fechas que hace la mencionada madre del demandante, la cual añade (respuesta a la repregunta segunda) que «su marido salió de la cárcel y se fue a vivir con otra mujer que había conocido».
Segundo.- El motivo expuesto no puede ser acogido por las razones siguientes: En primer lugar incurre en el defecto de técnica casacional de mezclar cuestiones jurídicas con cuestiones fácticas, porque junto con la denuncia de infracción de precepto legal, alega error en la apreciación de la prueba, por tenerse por constatado un hecho (que D. Z2, a la sazón esposo de D. Z3, se hallaba en prisión al tiempo de la gestación y nacimiento del demandante D. Y), que, a juicio de la remitente, carece de base probatoria con la consistencia necesaria. En segundo lugar, el recurso trata de combatir una apreciación probatoria sin aducir, cual es preciso para que en casación se pueda examinar la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal a quo, ningún precepto jurídico que pueda servir de sustento al efecto, y por otra parte, debe tenerse en cuenta que en casación no cabe partir de datos fácticos distintos de los fijados en la Sentencia recurrida, sin obtener con carácter previo su modificación por la vía procesal adecuada, pues en otro caso se haría supuesto de la cuestión, que está vedado en el recurso extraordinario, so pena de convertirlo en una tercera instancia. En tercer lugar, en el art. 1 de la Ley de Filiaciones de Cataluña 7/91, de 27 de abril, se recoge un viejo principio del Derecho romano, -pater vero lis est, quem nuptiae demostrant (Digesto, libro 2, tft. 4, ley)-, acogido en el Derecho Canónico medieval (qui natus est de uxore alienius, praesumiturfilius iustu), y asumido en las modernas legislaciones. Tal principio no sienta una disposición legal incuestionable, lo que en técnica jurídica clásica supondría la consideración de presunción iuris et de iure, bien al contrario nos hallamos ante lo que en ese sistema tradicional se configura como una «presunción iuris tantum», que, según es consustancial a las de tal clase, produce el efecto procesal de invertir la carga de la prueba. En realidad, en técnica jurídica más correcta, se trata de un supuesto especial de distribución del onus probandi, o regla de asignación o atribución probatoria. Cierto que en algunas legislaciones, como el Código Civil español antes de la Reforma por la Ley 11/1.981, de 13 de mayo, se restringían las posibilidades probatorias encaminadas a desvirtuar la presunción (se afectaba más al objeto, que a los medios), pero siempre se le ha atribuido naturaleza iuris tantum, tanto bajo el actual art. 116, de igual redacción al inciso primero del apartado uno del artículo 1 de la Ley Catalana de Filiaciones, como bajo el derogado art. 108, párrafo primero, (Ss. 26 de junio de 1951, 19 de junio de 1958, 14 de junio de 1961, 7 de marzo de 1963, 16 de febrero de 1968, 16 de abril de 1969, 21 de abril de 1970, 18 de octubre de 1972, 9 de junio de 1973, 13 de octubre de 1975, 22 de mayo de 1981, 29 de mayo de 1984, 14 de octubre de 1985, 8 de julio de 1991, 30 de enero de 1993, 21 de octubre de 1994, y RR.DGR y N de 7 de enero de 1987, 9 de junio,19 de septiembre y 17 octubre de 1988, 10 de marzo y 13 y 14 de noviembre de 1989, 16 de marzo, 5 de junio, 30 de agosto y 19 de diciembre de 1990, 22 de mayo, 2 y 27 de agosto y 11 de octubre de 1991, 17 de junio y 18 de septiembre de 1993, y 5 de marzo y 26 de mayo de 1994). Por lo demás, la Ley de Filiaciones no establece ninguna limitación probatoria ni en cuanto al objeto de la prueba, ni en cuanto a los medios, por lo que aún en el caso de que se pudiera apreciar que el marido de la madre del actor no se hallaba privado de libertad al tiempo de la concepción del demandante, que como se ha dicho no es procesalmente (casacionalmente) posible, ello no seria suficiente para sentar un resultado distinto del de la resolución recurrida.
Y en cuarto lugar, extremando al máximo el discurso judicial casacional, lo que se hace en consideración a la naturaleza del litigio, impregnada de un claro matiz público por tratarse de un tema de filiación, cabe también decir que del examen de las actuaciones por este Tribunal se extrae la misma conclusión que la Sala de la Audiencia Provincial, pues si bien es verdad que determinadas circunstancias podrían dar pie a un razonable margen de duda sobre la paternidad, otras en cambio revelan, con un altísimo porcentaje de credibilidad, la realidad de la atribución de la misma. Las primeras hacen referencia a que la inscripción en el Registro Civil se efectuó varios años después (1951) de producirse el nacimiento (1946); la Sra. Z. era de estado casada, en la inscripción de nacimiento se hizo constar como nombre del padre, a efectos de identificación, el de Antonio, que coincidía con el nombre de la persona que convivía con dicha Sra. Z. al tiempo de la inscripción del nacimiento; y el tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta la presentación de la demanda, a pesar de que en Cataluña rigió un sistema de libertad de investigación de la paternidad. Como es de ver, ninguna de las consideraciones expuestas tiene un valor inequívoco, y varias de ellas incluso son muy explicables por las circunstancias históricas.
Por el contrario, otros datos permiten formar una total convicción sobre la certeza de la paternidad. En tal sentido se manifiesta la contundente prueba testifical, las fotografías adveradas por la misma, y la negativa del demandado, absolutamente injustificada e inexplicable, a la práctica de la prueba biológica. Este decisivo bagaje probatorio aparece corroborado por otros datos que, al menos ex abundantia, son también bastante significativos. Así los términos en que está redactada la contestación a la demanda, que no son los normales de haberse estado convencido de no ser el progenitor, y ello tanto en relación con la alegación de hallarse el demandado en la cárcel al tiempo de la generación, lo que resultó incierto, como en lo que se refiere a las fotografías, respecto de las que se afirma desconocer si corresponden al interesado, como, en definitiva, en cuanto al desasosiego, -grave perjuicio emocional- que, se afirma, le produjo el planteamiento del pleito, y que resulta inexplicable en quién pretende no tener la más mínima relación con los hechos. Y así también la circunstancia de que el actor haya sido inscrito en el Registro Civil como hijo «natural», lo que carecería de sentido de no ser extramatrimonial.
Tercero. - El no acogimiento del único motivo del recurso determina la condena en las costas causadas de conformidad con lo establecido en el art. 1.715, último párrafo, de la LEC.
Que desestimamos el recurso de casación entablado por la representación procesal de D. X contra la Sentencia dictada por la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 21 de septiembre de 1992, condenando a la parte recurrente al pago de las costas causadas en este recurso. Notifíquese y publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse, junto con testimonio de la misma, las actuaciones y Rollo recibido a la Sala de su procedencia.

References: resolución 
 artículo 1692
 artículo 1
 resolución 
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 artículo 1
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