Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/T-673-04.htm
Timestamp: 2017-11-19 21:15:11+00:00

Document:
T-673-04
Sentencia aprobada en Bogotá, en sesión del veintisiete (27) de mayo de dos mil cuatro (2004)
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia –Sala Penal-, pese a la inexistencia de antecedentes penales del actor en esta tutela, sin que medien tampoco circunstancias de agravación punitiva y sin que se encuentre establecido el grado de mayor eficacia en la contribución o ayuda para la comisión del delito, ni mucho menos porque así lo indique la personalidad del procesado, en lugar de disminuir la mitad al mínimo de la pena, le redujo solamente la sexta parte. De esta manera, como la sexta parte de doce meses son dos meses, al restarlos de doce meses que es el mínimo de la pena establecida para el peculado por uso, al cómplice se le impuso la pena de prisión de diez meses. Esa decisión resulta contraria a Derecho, pues lo que correspondía era en este caso particular y concreto y por lo ya dicho, la reducción de la mitad de esa pena, es decir que si la establecida para el delito en cuestión como mínimo es de doce meses, la mitad es de seis meses, pena inferior a la que resolvió imponer el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia –Sala Penal-al procesado. El juzgador para aplicar la pena que corresponda “dentro de los límites señalados por la ley”, se encuentra en el deber jurídico de motivar la decisión, es decir, ha de expresar la razón por la cual opta por determinar una pena en concreto, y desde luego en la labor de dosimetría que le es propia como juzgador puede señalar la pena con sujeción a la ley, linderos que en este caso son los trazados por el artículo 61 del Código Penal de 1980, que se consideró por el sentenciador aplicable en este caso, norma que debió hacerse actuar en armonía con lo dispuesto por los artículos 134 y 24 de ese Código.
Procedencia: Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Penal.
Bogotá, D. C., quince (15) de julio de dos mil cuatro (2004).
en el proceso de revisión de los fallos proferidos por la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal dentro de las acciones de tutela instauradas por el ciudadano Juan Carlos Claros Pinzón contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia –Sala Penal- por presunta vía de hecho en que este habría incurrido en la providencia proferida el 13 de marzo de 2002 en proceso adelantado contra el actor y contra la sentencia proferida el 4 de marzo de 2002 en ese proceso y por el mismo Tribunal.
Los expedientes llegaron a la Corte Constitucional, por remisión que de ellos se hizo por la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal-, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991 y fueron seleccionados para su eventual revisión por la Sala de Selección No. 4 de la Corte Constitucional.
1. El ciudadano Juan Carlos Claros Pinzón mediante memorial dirigido a la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal- interpuso acción de tutela contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia –Sala Penal- por cuanto según su afirmación se incurrió en una presunta vía de hecho en la sentencia proferida el 13 de marzo de 2002, en la cual se le condenó a la pena de diez meses de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término, como cómplice del delito de peculado por uso, razón por la cual considera que le ha sido violado su derecho al debido proceso que garantiza el artículo 29 de la Carta Política.
2.1. Según informe del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, Seccional Florencia, de 21 de septiembre de 2000 bienes de propiedad del Estado –Programa Plante- fueron utilizados para fines propios de campaña política electoral en la sede de esa índole establecida en Florencia por el ciudadano Juan Carlos Claros Pinzón.
“a) Juan Carlos Claros fue coordinador del Plante, lo que hizo que los lazos de amistad con los autores se consolidaran. Claros se retira del Plante para lanzarse a la Gobernación obteniendo el apoyo incondicional de sus exsubalternos quienes conscientemente sustraen los bienes y los trasladan a la sede política donde se le daba uso diferente al asignado.
Ante la ausencia de prueba, insiste el actor en que la condena que le fue impuesta es violatoria del debido proceso, pues “al haber resuelto el Tribunal de Florencia condenar a Juan Carlos Claros sin las suficientes pruebas y estimando que por la relación y amistad y superioridad jerárquica existente en el pasado entre los autores del delito de peculado y los cómplices se tomaron bienes estatales con fines de destinarlos indebidamente al uso de la campaña electoral, se quebrantó el derecho a la presunción de inocencia (C.P. 29)” .
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal- para decidir la acción de tutela T-859643.
Por conducto de apoderado, en escrito recibido en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal- el 24 de febrero de 2004, el ciudadano Juan Carlos Claros Pinzón interpuso acción de tutela contra la Sala Penal del Tribunal del Distrito Judicial de Florencia por haber incurrido en violación del derecho al debido proceso en la sentencia de segunda instancia dictada por ese Tribunal el 4 de marzo de 2002, en la cual se condenó como cómplice del delito de peculado por uso a ese ciudadano.
Señala que el Tribunal en la parte motiva del fallo para fundar esa decisión expresó que a la tasación punitiva en este caso se llega “atendiendo los parámetros del artículo 24 del anterior Código Penal, tras advertir igualmente que (al no concurrir) circunstancias de agravación del hecho, la ausencia de antecedentes y la personalidad” de los sindicados, se encuentra que “es viable imponer la pena principal disminuida en una sexta parte”, es decir la de “diez (10) meses de prisión y la interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo período, como cómplices del delito de peculado por uso”, tanto con respecto a Juan Carlos Claros Pinzón, como a Humberto López Bravo; y, por ello se partió del mínimo de un año de prisión previsto en el artículo 134 del Código Penal de 1980, “que se afirmó también se aplicaría por favorabilidad, siendo ese quantun el que se impuso en la parte resolutiva de la sentencia”.
Insiste a continuación en que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que permite extender el caso de la complicidad en estos delitos a los particulares que intervengan en su ejecución con el fin de conservar “la unidad del delito imputado” para que el actor no resulte condenado por peculado por ejemplo y el particular por hurto, no puede sin embargo ser interpretada de manera tal que se afecte el principio de legalidad de la pena. Para abundar en su razonamiento cita jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte en la que esta expresó que: “pero si se trata de un particular que interviene participando como cómplice de una de estas infracciones, su pena es la que corresponde a la naturaleza secundaria de su grado de participación (C.P. Art. 30, inc. 3º), a su vez disminuida en una cuarta parte tal cual lo prevé el inciso final de la misma disposición”.
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal- para decidir la acción de tutela T-877295.
En cuanto a la dosificación de la pena que le fue impuesta, no es cierto a juicio de la Corte Suprema de Justicia que se hubiere incurrido, como lo sostiene el actor, en una vía de hecho judicial por cuanto el Tribunal “acudió a criterios como la gravedad del hecho, así como también a la concurrencia de un mayor grado de eficacia en la contribución o ayuda para la realización del delito”, lo que llevó a “aplicar la pena que finalmente impuso, atendiendo en todo caso lo normado en el artículo 24 del C.P.” anterior al vigente, que consideró aplicable en virtud del principio de favorabilidad.
Como puede apreciarse de lo expuesto, en relación con la acción de tutela radicada bajo el número T-859643 el actor la impetró por considerar que se incurrió por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia –Sala Penal- en vía de hecho que implica violación de sus derechos al debido proceso a la defensa y a la presunción de inocencia, en el proceso penal en el cual se profirió sentencia el 13 de marzo de 2002 en la cual fue condenado como cómplice del delito de peculado por uso a la pena principal de diez meses de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término.
La Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal- - integrada por conjueces -, en la sentencia de 4 de febrero de 2004 manifestó inicialmente que en firme el auto de 11 de diciembre de 2003, mediante el cual se negó el recurso de reposición contra el auto de 19 de noviembre del mismo año que inadmitió el recurso de casación excepcional interpuesto por el ciudadano Juan Carlos Claros Pinzón contra la sentencia de 13 de marzo de 2002 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia –Sala Penal -, no existe entonces otro medio judicial de defensa, razón por la cual “resulta procedente que la Sala se ocupe del problema jurídico planteado” por el accionante en tutela.
Así, en lo que respecta a Juan Carlos Claros Pinzón, se le declaró responsable del delito de peculado de uso, en su condición de cómplice “para lo cual el Tribunal tuvo en cuenta hechos indicadores autónomos que respaldó, tal como ya se vio, en pruebas, como lo son, entre otras, que los bienes del Estado fueron encontrados en la sede de su campaña para la Gobernación. Igualmente, probó que el acusado había trabajado como Coordinador del Programa Plante de donde provenían los bienes a los cuales se les dio uso indebido. Institución de la cual se retiró principalmente para iniciar la campaña política. Valoró y criticó de manera racional las pruebas que pretendían favorecer a los implicados”, lo que significa, - prosigue la Corte Suprema de Justicia- que “no se puede decir que la sentencia no tiene soporte probatorio y es arbitraria”, razón por la cual, a su juicio, “no fueron vulnerados los derechos reclamados” y, “en consecuencia, no es procedente la tutela”.
3.1.Conforme a lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Política la acción de tutela es el mecanismo establecido en la Carta Política para que “toda persona” pueda reclamar ante los jueces, en cualquier momento y lugar en que se encuentre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Y, además, en aquellos casos que señale la ley será procedente contra particulares cuando estos se encuentran encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o cuando quien la interpone se halla en situación de indefensión o subordinación en relación con otro particular.
3.2. En esa dirección se ha venido expresando la Corte Constitucional en numerosas providencias, entre ellas la Sentencia T-100 de 1998, (magistrado ponente, doctor José Gregorio Hernández Galindo), en la cual se expresó:
“Sobre el particular debe aclararse que según lo ha dicho la Corte Constitucional (ver Sentencia C-543 del 1 de octubre de 1992) es posible que la acción de tutela pueda dirigirse contra actuaciones de hecho de las autoridades judiciales. De acuerdo con la jurisprudencia, la vía de hecho en cuanto ruptura del orden jurídico al que está obligado el juez, y puesto que admitirla como válida para la impartición de justicia significaría entronizar el imperio de la arbitrariedad sobre el Derecho, hace procedente la acción de tutela de modo extraordinario, en cuanto no se reconoce a la "providencia" dictada el carácter de tal.
“Pero, precisamente por implicar protuberante burla al sistema jurídico y abierta agresión contra los derechos fundamentales, el comportamiento o la decisión judicial que se denominan "vías de hecho" son excepcionales y deben ser establecidas plenamente para que permitan el pronunciamiento del juez constitucional, ya que, a la luz de la Sentencia en cita - que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional -, no cabe por regla general la acción de tutela contra providencias judiciales. Ese es el principio básico consagrado por la doctrina constitucional, que no impide el amparo contra las vías de hecho en que puedan incurrir los jueces, siempre que lo sean en verdad, es decir, que se trate de actuaciones evidentemente contrarias a Derecho, o de protuberantes e innegables fallas procesales, de gran magnitud y con clara incidencia en el desconocimiento de derechos fundamentales.
“Así, sólo las actuaciones judiciales que realmente contengan una decisión arbitraria, con evidente, directa e importante repercusión en el proceso, en perjuicio de los derechos fundamentales, pueden ser susceptibles de ataque en sede constitucional. No así las decisiones que estén sustentadas en un determinado criterio jurídico, que pueda ser admisible a la luz del ordenamiento, o interpretación de las normas aplicables, pues de lo contrario se estaría atentando contra el principio de la autonomía judicial. Debe tenerse en consideración que el juez, al aplicar la ley, ha de fijar el alcance de la misma, es decir, darle un sentido frente al caso. La tarea interpretativa es, por ello, elemento propio de la actividad judicial requerida siempre, a menos que la disposición tenga un único y exclusivo entendimiento, lo cual no solo es infrecuente sino extraordinario”.
3.3. Como puede observarse, el ciudadano Juan Carlos Claros Pinzón solicitó a la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal- la casación excepcional de la sentencia proferida el 13 de marzo de 2002 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia –Sala Penal -, mediante la cual se revocó el fallo absolutorio dictado el 16 de enero de ese año por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma ciudad y, en su lugar, se le condenó como cómplice del delito de peculado por uso, a la pena principal de diez meses de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo.
La Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal- mediante auto de 19 de diciembre de 2003 inadmitió la solicitud de casación excepcional a que se ha hecho referencia en el párrafo que antecede y, posteriormente, el 11 de diciembre de 2003 denegó el recurso de reposición interpuesto contra el auto mencionado.
Así las cosas, resulta evidente que la sentencia de 13 de marzo de 2002 dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia –Sala Penal- a que ya se hizo alusión no es de aquellas respecto de las cuales es procedente el recurso extraordinario de casación, pues este exige que el fallo contra el cual se interpone se hubiere dictado por delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuya máxima exceda de ocho años, según lo dispuesto por el artículo 205 del Código de Procedimiento Penal, y el delito de peculado por uso no alcanza ese mínimo legal de la pena prevista para el mismo ni en el artículo 398 del Código vigente (Ley 599 de 2000) en el que se señala una pena de prisión de uno a cuatro años, ni tampoco en el Código Penal de 1980 cuyo artículo 134 tenía establecida para ese delito la misma pena de prisión.
3.4. Así las cosas, es claro que ejecutoriado el auto que inadmitió la solicitud de casación excepcional respecto de la sentencia de 13 de marzo de 2002 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia –Sala Penal -, ya mencionada, podía el actor, conforme al artículo 86 de la Carta Política interponer contra ella acción de tutela como efectivamente lo hizo. En la primera oportunidad, por la supuesta vulneración del derecho al debido proceso por defecto fáctico; y en la segunda, por supuesto quebranto del derecho a la legalidad de la pena que considera vulnerado y consecuencialmente, también, para que se le proteja el derecho al debido proceso por esa razón. Resulta evidente, por lo expuesto, la carencia de otro medio judicial para impugnar esa providencia con el fin de obtener como lo persigue el actor la protección de los derechos fundamentales a los cuales se refieren, por separado, las acciones de tutela objeto de revisión.
4.1. Como puede observarse, la acción de tutela radicada bajo el número T-859643, en resumen fue formulada por cuanto considera el actor quebrantado el derecho al debido proceso por haberse incurrido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia –Sala Penal- en error constitutivo de una vía de hecho por graves defectos en la fijación de los hechos, es decir, por un error fáctico como consecuencia de una equivocada apreciación probatoria y de la falta de decretar algunas pruebas que por él fueron solicitadas durante la instrucción.
4.2. Conforme a la jurisprudencia sentada sobre el particular por la Corte Constitucional, debería demostrarse en este caso que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia –Sala Penal- incurrió en las falencias probatorias que se le atribuyen, y que son de tal gravedad que de no haberse incurrido en ellas otra sería la decisión. Es decir debe tratarse de un yerro determinante en relación con la resolución judicial que se adoptó, esto es de trascendencia tal que hubiere desconocido el derecho del procesado a que la decisión se funde en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.
4.3. Del análisis de la sentencia de 13 de marzo de 2002, se encuentra por la Corte que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia –Sala Penal- dio por demostrado con apoyo en diligencia practicada por la Fiscalía Octava Delegada con sede en esa ciudad que en la oficina de la sede política del ciudadano Juan Carlos Claros Pinzón, candidato a la Gobernación del Departamento del Caquetá fueron encontrados “una cartelera, un monitor KDS, serie 0296005719, impresora Epson 300, CPU Acermate 5200-C-64390, estabilizar y mouse “ de propiedad de las oficinas del Plan de Desarrollo Alternativo, - Plante -.
Fundó tal declaración el sentenciador en que se encuentra demostrado en el proceso que “Juan Carlos Claros Pinzón fue Coordinador del Plan de Desarrollo Alternativo –Plante -, lo que hizo que los lazos de amistad con Wilson Gaitán y Diana Barrios se consolidaran”; en el hecho demostrado de haberse retirado de ese cargo “para poder iniciar campaña proselitista, en aras de alcanzar la Gobernación del Caquetá, obteniendo el apoyo incondicional de sus dos subalternos quienes concientemente sustraen el aparato de computación junto a la impresora, estabilizador y una cartelera”,que fueron encontrados en la sede política de ese candidato.
De manera pues que, aún cuando es procedente en abstracto la acción de tutela contra providencias judiciales cuando el actor considera que existe vulneración del derecho al debido proceso, en este caso, la ejercida contra la sentencia de 13 de marzo de 2002 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia –Sala Penal -, no está llamada a prosperar.
5.3. En el caso que ahora ocupa la atención de la Corte, al actor se le condenó mediante sentencia de 13 de marzo de 2002 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia –Sala Penal -, como cómplice del delito de peculado por uso, por hechos acaecidos en el mes de septiembre del año 2000.
Primero.- REVOCAR la sentencia de 4 de febrero de 2004 proferida por la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal- que declaró “no procedente” la acción de tutela interpuesta por Juan Carlos Claros Pinzón contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia –Sala Penal -, radicada en la Corte Constitucional bajo el número T-859643; y, en su lugar, DENEGAR la pretensión del actor para que se tutele el derecho al debido proceso, por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo.- REVOCAR la sentencia de 10 de marzo de 2004 proferida por la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal- que decidió negar la tutela interpuesta por Juan Carlos Claros Pinzón contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia –Sala Penal -, radicada en la Corte Constitucional bajo el número T-877295; y, en su lugar, CONCEDER la tutela impetrada por el ciudadano mencionado, por violación del derecho al debido proceso en que se incurrió por infracción a la legalidad de la pena en la sentencia de 13 de marzo de 2002 proferida en relación con el actor por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia –Sala Penal -.
Tercero.- En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO el numeral 1º, literal b) de la parte resolutiva de la sentencia de 13 de marzo de 2002, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia –Sala Penal -, en cuanto en él se dispuso “condenar a Juan Carlos Claros Pinzón... a la pena principal de diez (10) meses de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por igual período”, como cómplice del delito de peculado por uso.
Cuarto.- ORDENAR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia –Sala Penal- que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a iniciar el trámite pertinente para que mediante nuevo fallo en relación con Juan Carlos Claros Pinzón, se determine la pena que a este corresponda como cómplice del delito de peculado por uso. La sentencia respectiva deberá ser dictada en el término máximo de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta sentencia de revisión.

References: artículo 61
 artículo 31
 artículo 29
 artículo 24
 artículo 134
 artículo 24
 artículo 86
 artículo 205
 artículo 398
 artículo 134
 artículo 86
 resolución