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Timestamp: 2019-03-24 09:41:24+00:00

Document:
as20151L543
AUTO SUPREMO Nº 543/2015-RRC-L
Cochabamba 143/2010
German Cossio Alanes
Difamación y otros
Por memorial presentado el 5 de octubre de 2010, cursante de fs. 181 a 184, German Cossio Alanes, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 15 de septiembre de 2010, cursante de fs. 170 a 173, pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por Víctor Hugo Rodríguez contra el recurrente, por los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 282, 283 y 287 del Código Penal (CP), respectivamente.
a) En mérito a la acusación particular presentada por Víctor Hugo Rodríguez (fs. 1 a 3), desarrollada la audiencia de juicio oral, el Juez Cuarto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito judicial de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 20 de abril de 2010 (fs. 140 a 143), por la que declaró al imputado German Cossio Alanes, autor del delito de Calumnia previsto y sancionado por el art. 283 del CP, condenándolo a la pena de un año y dos meses de reclusión a cumplir en la cárcel de San Sebastián varones de la ciudad de Cochabamba, más la multa de doscientos días a razón de Bs. 750.- (setecientos cincuenta bolivianos 00/100) por día, con costas y la reparación del daño civil a favor de la víctima, averiguables en ejecución de Sentencia; respeto a los delitos de Difamación e Injuria previstos por los arts. 282 y 287 del CP, lo absolvió de culpa y pena, concediéndole a su vez el beneficio del perdón judicial.
b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado German Cossio Alanes, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 151 a 153 vta.), resuelto por Auto de Vista de 15 de septiembre de 2010 (fs. 170 a 173), dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, por el que declaró improcedente el mismo y confirmó la Sentencia apelada, motivando el presente recurso de casación.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 378/2015-RA-L de 6 de julio (fs. 214 a 216), se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, sobre los cuales este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
1) Denuncia vulneración a la garantía constitucional del debido proceso por ausencia de fundamentación de la Sentencia, refiriendo que la misma con relación a la prueba de descargo signada como D-2, simplemente la enunció y no mencionó si le otorga o no valor alguno, al respecto el Tribunal de alzada señaló que dicha prueba fue valorada en el considerando III, lo que significa que la Sentencia no ha sido fundamentada, incurriendo así en el defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, constituyendo vulneración al debido proceso previsto en los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, XXVI de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, excluyéndose una prueba trascendental como es la resolución del Tribunal Disciplinario del Sindicato 21 de julio, concluyendo que en el hipotético caso, pero no consentido de haber cometido el delito, debió aplicarse el art. 286 del CP, referente a la excepción de verdad, porque su actuar no es reprochable penalmente.
2) Expresa también que existe contradicción e incongruencia en la Sentencia, por cuanto el juzgador refiriéndose a los testigos de descargo José Luis Rocha, Alfredo Sejas Jiménez, Oscar Otálora Soliz, Hernán Gilberto Paredes, Mario Rierson Barta Villalta y Leonardo Sola Choque, señaló que estos declararon que no escucharon nada y que es una persona honorable, razón por la cual, lo dejan a salvo de toda responsabilidad penal; sin embargo, al mismo tiempo afirmó que no se ha desvirtuado la acusación, constituyendo defecto de sentencia previstos en los incs. 5) y 8) del art. 370 del CPP, consistentes en fundamentación contradictoria de la Sentencia y contradicción entre la parte dispositiva y considerativa de la misma, sobre los cuales no se pronunció el Auto de Vista vulnerándose el debido proceso, puesto que tiene derecho a saber por qué se lo condenó; no obstante, el Tribunal de alzada se dedicó simplemente a transcribir Sentencias Constitucionales, cuando su obligación era observar los defectos absolutos de la resolución impugnada.
El recurrente solicita que, al haberse demostrado la vulneración de derechos y garantías constitucionales que se traducen en defectos absolutos no susceptibles de convalidación, se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, se disponga la nulidad de obrados y se ordene el juicio de reenvío.
Mediante Auto Supremo 378/2015-RA-L de 6 de julio, se admitió el recurso interpuesto por Germán Cossio Alanes, para el análisis de fondo los motivos primero y segundo vía flexibilización.
Una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Juez Cuarto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito judicial de Cochabamba, pronunció Sentencia condenatoria en contra del imputado Germán Cossio Alanes, con base a los siguientes argumentos vinculados al recurso de casación: i) En el considerando III romano punto 6 señala: La codificada como A-4, corresponde a la resolución del Tribunal Disciplinario del Sindicato de Transportes 21 de julio, de su lectura se tiene que en la relación de la asamblea ordinaria de 4 de abril de 2009, en cuanto a la compra de terrenos se puede apreciar sindicaciones entre el querellante como de los dueños de los terrenos objeto del compromiso; sin embargo, son situaciones que no son motivo de la acusación, aunque estos hayan sido los antecedentes, es menester establecer la conducta del encausado, de cuya lectura no se tiene ninguna sindicación que haya hecho este sindicado conforme se tiene referido en la querella; en el punto 7 del mismo considerando, relativo a la prueba documental de la defensa refiere, la codificada como D-2 corresponde a la resolución del Tribunal Disciplinario del Sindicato 21 de julio; y, ii) Por otra parte, en el considerando III de la Sentencia punto 5 señala que, las declaraciones testificales de descargo de José Luis Rocha, Alfredo Sejas Jiménez, Oscar Otálora Soliz, Hernán Gilberto Paredes, Mario Rierson Barta Villalta y Leonardo Sola Choque, se tiene que conocen a las partes que litigan, son miembros del sindicato; sin embargo, ninguno de ellos refiere que el sindicado haya afectado la honorabilidad y/o dignidad del querellante expresando que no han escuchado, más al contrario avalan la conducta de su presentante como honorable, al expresar que no han escuchado dejan a salvo al sindicado Germán Cossio de toda responsabilidad penal; sin embargo, no aportan en absoluto a desvirtuar la acusación, puesto que refieren simplemente que conocen a su presentante y no saben; asimismo, en el considerando IV de la Sentencia (Hechos probados y subsunción), menciona que, conforme la declaración de los testigos Carlos Almanza Corrales y Beltrán Cándido Álvarez Alvarado, el sindicado calificó al querellante de estafador y que estaba robando, subsumiéndose este hecho en el delito de Calumnia previsto en el art. 283 del CP.
II.2.De la apelación restringida.
Por memorial de fs. 151 a 153 vta., el imputado Germán Cossio Alanes, formuló recurso de apelación restringida contra la Sentencia argumentando los siguientes fundamentos los que tiene directa relación con el recurso de casación: Denunció defectos de Sentencia previstos en los incs. 1) y 6) del art. 370 del CPP, refiriendo que por la prueba aportada por ambas partes, su conducta no se adecua a los delitos acusados; sin embargo, el Juez efectuando una valoración defectuosa de la prueba manifestó que se probó el delito de Calumnia, debido a que los testigos de cargo Carlos Almanza Corrales y Beltrán Cándido Álvarez Alvarado, le sindicaron que él hubiese calumniado al querellante, sin tomar en cuenta las declaraciones de los demás testigos que de manera uniforme y conteste en tiempos y lugares manifestaron que su persona jamás calumnió a Víctor Hugo Rodríguez; resalta que las declaraciones de los testigos mencionados, no reúnen las condiciones de validez para determinar su culpabilidad porque sus respuestas fueron generales sin que hayan especificado que su persona calumnió al querellante; por otra parte, expresa que el Juez de Sentencia, tampoco valoró la prueba signada como A-4 y D-2, la misma que fue ofrecida por ambas partes consistente en una resolución del Tribunal Disciplinario del Sindicato 21 de julio que en su parte resolutiva sugirió que la Asamblea sancione a Víctor Hugo Rodríguez y Juan Fuentes Quinteros como autores del daño económico y moral ocasionado a la institución y que deben ser procesados en la justicia ordinaria por los delitos de Estafa, Abuso de Confianza con agravante, lo que demuestra el haber negociado sobre precio de un dólar por metro cuadrado en la compra de terrenos para la institución.
Radicada la causa en la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, resolvió el recurso de apelación restringida, mediante Auto de Vista de 15 de septiembre de 2010, con los siguientes fundamentos jurídicos que tienen directa relación con los motivos denunciados en el recurso de casación: Previa cita de la doctrina legal establecida por los Autos Supremos 104 de 20 de febrero de 2004, 196 de 3 de junio de 2005, 151 de 2 de febrero de 2007 y 111 de 31 de enero de 2007, refiere con relación a los testigos Carlos Almanza Corrales y Beltrán Cándido Álvarez Alvarado y los demás testigos de cargo y descargo, que el apelante realizó su propio análisis probatorio; sin embargo, conforme la doctrina legal señalada, el Tribunal de alzada se encuentra impedido de volver a valorar las declaraciones testificales producidas en el juicio ante el Juez de Sentencia; sino, debe revisar la logicidad de la Sentencia en cuanto atañe a la actividad probatoria y su relación con la vulneración de las reglas de la sana crítica; por lo que, la impugnación carece de mérito. En cuanto a la prueba signada como A-4 y D-2, advierte que consiste en una resolución del Tribunal Disciplinario del Sindicato 21 de julio, con lo que se demostraría la falsa acusación que hubiera efectuado en contra del querellante, porque los halló culpables de los delitos de Estafa y Abuso de Confianza, el Tribunal de alzada constató que el Juez a quo valoró la referida prueba, habiéndole asignado el valor correspondiente en el considerando III de la Sentencia.
III. VERIFICACIÓN DE LA VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA
Conforme el Auto Supremo de admisión, el recurso de casación formulado por el imputado Germán Cossío Alanes, se admitió vía flexibilización; en consecuencia, para resolver los motivos del recurso corresponde efectuar un análisis de los antecedentes procesales.
En cuanto al primer motivo, el recurrente denuncia la vulneración de la garantía constitucional del debido proceso por ausencia de fundamentación de la Sentencia, puesto que la prueba de descargo signada como D-2, simplemente fue enunciada y no se le asignó valor alguno; al respecto, refiere que el Tribunal de alzada señaló que dicha prueba fue valorada en el considerando III de la Sentencia, concluyendo que en el hipotético caso, pero no consentido, de haber cometido el delito, debió aplicarse el art. 286 del CP, referente a la excepción de verdad, porque su actuar no es reprochable penalmente.
Ahora bien, de una revisión de la Sentencia emitida en el caso de autos, se advierte que la acusación particular y la defensa ofrecieron la misma prueba, codificada en un caso como A-4 y en otro como D-2, prueba que corresponde a la Resolución del Tribunal Disciplinario del Sindicato 21 de julio, que como se tiene referido en el acápite II.1 de la presente Resolución, fue descrita y valorada por el Juzgador en el apartado III de la Sentencia, señalando que se puede apreciar sindicaciones entre el querellante como de los dueños de los terrenos; sin embargo, son situaciones que no son motivo de la acusación, constituyendo un antecedente, de cuya lectura no se tiene ninguna sindicación que haya hecho este sindicado conforme se tiene referido en la querella, concluyendo en la parte final puntualmente que “estas pruebas no tiene mayor relevancia acusatoria” (sic); es decir, se cumplió con el mandato de los arts. 173 y 359 del CPP; lo que significa que fue valorada de manera individual, tomándose en cuenta las reglas de la sana crítica como son la lógica, la psicología y la experiencia, de tal forma que, no era necesario que el Juez realice el mismo análisis dos veces de la misma prueba; en consecuencia, no es evidente la denuncia de vulneración de la garantía constitucional del debido proceso, menos que la resolución contenga el defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, falta de fundamentación con relación a la prueba codificada como A-4 y D-2 respectivamente; asimismo, el Tribunal de alzada razonó fundadamente en cuanto al agravio en cuestión, al expresar que dicha prueba fue tomada en cuenta en Sentencia y que efectivamente su labor a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida es el de verificar si los argumentos y conclusiones de la Sentencia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, esto es, que no contengan afirmaciones falsas, incoherentes o absurdas, lo que se podrá verificar, haciendo un análisis respecto de la valoración de la prueba, contrastando justamente con las señaladas leyes del pensamiento humano.
A lo dicho cabe agregar que, el Tribunal de alzada, no está facultado para revalorizar la prueba en atención a los principios de inmediación, oralidad, concentración, contradicción, que son los rectores del proceso penal, cuya facultad está reservada exclusivamente a los Jueces y Tribunales de Sentencia, de ahí porqué el Auto Supremo 014/2013-RRC de 6 de febrero, emitió el siguiente entendimiento: “La actuación y límites circunscritos a los Tribunales de alzada en la resolución del recurso de apelación restringida, en primer plano se hallan dispuestos por la competencia otorgada por el art. 51.2 del CPP; asumiendo un segundo plano en el marco sobre el cual aquel tipo de recurso debe ser resuelto; es así que, los arts. 407 y siguientes del CPP, predisponen a partir de la propia naturaleza jurídica de este recurso dos aspectos, una incorrecta interpretación o aplicación de la ley (error in iudicando) o bien que la decisión de presunto agravio haya sido emitida a través de un procedimiento que no reúna requisitos o condiciones de validez (error in procedendo); de ello se desprende que la labor de los tribunales de apelación debe necesariamente estar apartada de una nueva valoración de la prueba producida en juicio, debiendo limitar su ámbito de decisión a que la revisión de la sentencia de grado posea fundamentos suficientes (tanto descriptivos como intelectivos) sobre la valoración de la prueba, su coherencia, orden, idoneidad a los principios de la sana crítica, motivación eficaz, y que ofrezcan en consecuencia certidumbre sobre la decisión de condena o absolución según el caso”.
En cuanto a la aplicación del art. 286 del CP, referido a la excepción de verdad, se verifica que este aspecto no fue denunciado en el recurso de apelación restringida; en consecuencia, este Tribunal no puede ingresar al análisis de fondo, tomando en cuenta que el Auto de Vista ahora impugnado no se pronunció al respecto, habida cuenta que en el sistema procesal penal no se aplica el principio “per saltum”, por el que en otros sistemas penales, las partes pueden prescindir de una instancia procesal para realizar sus reclamos correspondientes.
En lo referente al segundo motivo, el recurrente denunció que existe contradicción e incongruencia en la sentencia, por cuanto los testigos de descargo José Luis Rocha, Alfredo Sejas Jiménez, Oscar Otálora Soliz, Hernán Gilberto Paredes, Mario Rierson Barta Villalta y Leonardo Sola Choque, declararon que no escucharon nada y que es una persona honorable, dejándolo a salvo de toda responsabilidad penal; sin embargo, al mismo tiempo afirmó que no se ha desvirtuado la acusación, constituyendo defecto de sentencia previsto en los incs. 5) y 8) del art 370 del CPP, sobre los cuales no se pronunció el Auto de Vista vulnerándose el debido proceso, puesto que tiene derecho a saber por qué se lo condenó.
En lo que corresponde a este motivo, la Sentencia como se explicó en el acápite II. 1 punto del presente fallo, valoró la prueba testifical de cargo y descargo, concluyendo que las declaraciones de José Luis Rocha, Alfredo Sejas Jiménez, Oscar Otálora Soliz, Hernán Gilberto Paredes, Mario Rierson Barta Villalta y Leonardo Sola Choque, simplemente avalan la conducta del imputado, no saben nada respecto al hecho atribuido; por lo que, no desvirtúan la acusación. En cambio, respecto a la declaración de los testigos Carlos Almanza Corrales y Beltrán Cándido Álvarez Alvarado, éstos manifestaron que el sindicado calificó al querellante de estafador y que estaba robando, razón por la cual, su conducta se subsume en el delito de Calumnia previsto en el art. 283 del CP.
Ahora bien, de una revisión del recurso de apelación restringida (fs. 151 a 153 vta.), el recurrente denunció defecto de Sentencia relativos a errónea aplicación de la ley sustantiva y valoración defectuosa de la prueba, incurso en los incs. 1) y 6) del art. 370 del CPP; sin embargo, en la carga argumentativa de los motivos, indistintamente arguye que la Sentencia de grado tomó en cuenta las declaraciones nada convincentes de los testigos de cargo Carlos Almanza Corrales y Beltrán Cándido Álvarez Alvarado y no así las seis declaraciones de los testigos de descargo quienes manifestaron que nunca escucharon expresiones calumniosas en contra del querellante, por lo que -en su criterio- la Sentencia incurrió en los defectos de Sentencia referidos supra.
El Tribunal de alzada, a tiempo de resolver los agravios impugnados y particularmente en cuanto a la defectuosa valoración de la prueba expresó que no puede ingresar a revisar las cuestiones de hecho, por ser una tarea exclusiva del juzgador; es decir, está impedido de revalorizar prueba, respaldando este criterio con abundante doctrina legal emitida por este Tribunal Supremo; es decir, el Tribunal de alzada con la facultad que le confiere el art. 398 del CPP, circunscribió su resolución a los puntos que fueron objeto de apelación restringida; no obstante, el recurrente en casación denunció contradicción e incongruencia de la Sentencia, afirmando que incurrió en los defectos previstos en los incs. 5) y 8) del art. 370 del CPP, consistente en fundamentación contradictoria de la Sentencia y contradicción entre la parte dispositiva y considerativa de la misma, pretendiendo que este Tribunal pueda revisar el Auto de Vista impugnado cuando estos defectos como se tiene señalado no fueron motivo del recurso de apelación restringida, lo que implica que el Tribunal de alzada al respecto no emitió pronunciamiento alguno, de ahí porqué este Tribunal Supremo no puede ingresar a la resolución del motivo, al no ser aplicable en el sistema procesal penal vigente el principio del per saltum; en consecuencia, este motivo también deviene en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Germán Cossio Alanes, cursante de fs. 181 a 184.

References: resolución 
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 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
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