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Timestamp: 2019-12-06 02:03:17+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 250, de 10/06/1997
Año 1997 VI Legislatura Núm. 250
celebrada el martes, 10 de junio de 1997
Comparecencia del señor Subsecretario de Defensa (Menéndez Menéndez), para informar sobre:
--Razones que justifican el ascenso a capitán del teniente de la Guardia Civil don Pedro Gómez Nieto, procesado en su día por el caso Lasa y Zabala. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 213/000209) (Página 71921 )
--Medidas que piensa adoptar su Departamento con relación al cumplimiento de la proposición no de ley sobre modificación de la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del régimen del personal militar profesional, en lo relativo a la escala auxiliar. A solicitud del Grupo Parlamentario anterior. (Número de expediente 213/000287) (Página 7194)
--Actitud de su Departamento frente a los numerosos hechos denunciados en relación con el trato que se da a la tropa al empleárseles en funciones distintas de las propias del servicio militar, así como de las situaciones en que se encuentran los mandos militares que se oponen a tales prácticas en los acuartelamientos. A solicitud del mismo Grupo Parlamentario. (Número de expediente 213/000288) (Página 7196)
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--Base legal por la que el Ministro ha declarado de interés para la defensa el puesto de Secretario General Técnico de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, así como las razones por las que debe quedar sometido a la disciplina militar, aunque esté bajo la dependencia del Consejero autonómico. A solicitud del mismo Grupo Parlamentario.
(Número de expediente 213/000301) (Página 7200)
--Del señor Paniagua Fuentes (Grupo Socialista), sobre causa de que el Archivo General Militar de Segovia se encuentre transitoriamente cerrado para los investigadores. (Número de expediente 181/000460) (Página 7206)
--Del mismo señor Diputado, sobre motivos por los que el Archivo General de la Marina, sito en el Viso del Marqués (Ciudad Real), se encuentre cerrado al público. (Número de expediente 181/000461) (Página 7206)
--Del señor Torres Gómez (Grupo Popular), sobre medidas a adoptar por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) para la atención a la tercera edad. (Número de expediente 181/000540) (Página 7208)
--Del mismo señor Diputado, sobre previsiones acerca de la continuación del concierto de asistencia sanitaria suscrito entre el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y las entidades de seguros de asistencia sanitaria. (Número de expediente 181/000541) (Página 7208)
--Del señor Ibáñez Haro (Grupo Popular), sobre resultados de la promoción profesional en la tropa y marinería profesional. (Número de expediente 181/000567) (Página 7209)
--Del mismo señor Diputado, sobre gestión de los recursos de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. (Número de expediente 181/000568) (Página 7211)
--Del señor Barros Martínez (Grupo Popular), sobre militares que, habiendo pasado a la situación de reserva a partir del 23 de enero de 1996, podrán permanecer en el uso de su vivienda hasta el 23 de enero del 2001. (Número de expediente 181/000569) (Página 7212)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE DEFENSA (MENENDEZ MENENDEZ) PARA INFORMAR SOBRE:
--RAZONES QUE JUSTIFICAN EL ASCENSO A CAPITAN DEL TENIENTE DE LA GUARDIA CIVIL DON PEDRO GOMEZ NIETO, PROCESADO EN SU DIA POR EL CASO LASA Y ZABALA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000209.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo al desarrollo de esta sesión de la Comisión cuyo orden del día, como saben, recoge la solicitud de cuatro comparecencias que, por acuerdo de la Mesa, serán celebradas por el Subsecretario de Defensa, y varias preguntas de distintos señores diputados, que también van a ser contestadas por el señor Subsecretario de Defensa, a quien agradecemos de nuevo su presencia aquí y le damos la bienvenida.
El primer punto del orden del día es la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para que explique las razones que justifican el ascenso a capitán del teniente de la Guardia Civil don Pedro Gómez Nieto, procesado en su día por el caso Lasa y Zabala.
El señor Subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Es para mí un placer comparecer de nuevo ante esta Comisión.
Como el señor Ministro tuvo oportunidad de contestar a una pregunta en el Pleno, el ascenso al empleo de capitán del teniente de la Guardia Civil Gómez Nieto se produce por imperativo legal de la normativa vigente en el momento en que se produce el ascenso, que requiere la efectividad en el empleo, con el tiempo que corresponde, la aptitud psicofísica y la existencia de vacante.
Decía el señor Ministro en su comparecencia del 19 de febrero pasado que el Gobierno estaba elaborando el reglamento
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que desarrollará la ley de la Guardia Civil en materia de ascensos, en donde se exige ya la calificación correspondiente en relación con la aptitud para el ascenso. Este reglamento ha sido enviado ya al Consejo de Estado. Estamos esperando que éste emita su dictamen y, a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta nueva normativa, se requerirá además la calificación correspondiente para la aptitud.
Recordarán además SS. SS., si acuden a las hemerotecas de la fecha en que se produjo el nombramiento, aproximadamente a finales de año, que fue el Ministerio de Defensa el que tuvo retenido el expediente para su detenido estudio y para tener la certeza de que no había, sino todo lo contrario, ningún inconveniente legal, sino más bien una obligación de que se produjera el ascenso.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que ha pedido la comparecencia, tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor Subsecretario, por sus palabras.
Efectivamente, la pregunta ya había sido contestada por el Ministro de Defensa, pero nos interesaba reiterarla dada la tremenda alarma social que había producido este hecho, que es doble, en primer lugar, por ese ascenso a capitán y, en segundo lugar, por la no confirmación de que esta persona haya sido cesada en el Cesid, en los servicios de inteligencia.
Esos dos datos, a nadie se le escapa, producen una tremenda alarma social dada las características de esta persona y el proceso en el que está inmerso, un proceso tremendo por detención ilegal, asesinato, tortura, etcétera. Efectivamente, la pregunta ya fue formulada y fue contestada por el Ministro, pero sí nos interesa, dado que se había adquirido este compromiso en sede parlamentaria sobre el reglamento, que se nos informe sobre la situación concreta. Usted nos dice hoy que el reglamento ya ha sido enviado al Consejo de Estado, lo que significa que pronto podremos disponer de él para enmendarlo, discutirlo y evitar en el futuro que se pueda dar la circunstancia de que cualquier agente --de la Guardia Civil en este caso-- inmerso en un proceso de estas características pueda ser ascendido de categoría, en este caso de teniente a capitán.
Con ese compromiso quedamos a la espera de que venga cuanto antes para poder discutirlo y que no se vuelva a producir un hecho tan lamentable como éste.
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Quiero reiterar que el decreto está en el Consejo de Estado y esperamos que pronto esté ya tramitado.
Por dar otro dato en esta dirección, también hemos estado en conversaciones con la Dirección General de la Guardia Civil para mejorar la coordinación en la tramitación de los expedientes entre la Guardia Civil y el Ministerio de Defensa --porque, como S. S. sabe, la Guardia Civil tiene una doble dependencia-- y hemos elaborado de común acuerdo una circular en lo que se refiere a la tramitación de las disposiciones de carácter general, y desde la Dirección General de Personal, a instancia mía, se ha dirigido también alguna instrucción a la Dirección General de la Guardia Civil para que los expedientes vengan completos, etcétera.
He de decirle que el estudio detenido que se hizo de este expediente demuestra precisamente que los mecanismos de control funcionan, sin establecer ningún prejuicio ni hacer ninguna afirmación ni negación sobre algunas de las cosas que S. S., al margen del hecho del expediente, ha manifestado.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir en el debate? Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Voy a intervenir brevemente, señor Presidente, para agradecer la comparecencia del señor Subsecretario y, en todo caso, para agradecer su oportunidad. En ese sentido, manifestamos nuestra gratitud al grupo autor de la iniciativa, por cuanto que permite acreditar hoy en sede parlamentaria el compromiso que en su momento el señor Ministro de Defensa sustanció ante el Pleno, en orden a la modificación de una serie de disposiciones que permitirían mejorar técnicamente, de manera mucho más adecuada, este régimen de ascensos.
En este sentido hoy, sin lugar a dudas, mostramos nuestra satisfacción al saber, a través del señor Subsecretario, que efectivamente el reglamento está ya en fase de dictamen por parte del Consejo de Estado y que, por tanto, va a desaparecer ese régimen transitorio previsto en la normativa vigente que permitió que durante dos años no se sometieran estos ascensos a la evaluación psicofísica; celebramos que a partir de este momento ese requisito vaya a ser incorporado a la norma a efectos fundamentalmente de medir mucho más certeramente la adecuación o no, en un momento dado, de un determinado ascenso.
El señor PRESIDENTE: La señora Lasagabaster, solicita intervenir.
Disculpe, pero no la había visto antes. Tiene la palabra.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: La que se tiene que disculpar soy yo por haber llegado cinco minutos tarde, pero realmente veo que en ese tiempo se han hecho bastantes cosas, y me estaba poniendo al día mi compañero el señor Meyer.
Efectivamente, el señor Ministro ha respondido, que yo conozca, en al menos dos ocasiones a esta cuestión; una, a raíz de una pregunta oral de una compañera, y otra, en concreto a la pregunta escrita que esta Diputada formulaba al Gobierno en relación al ascenso del señor Gómez Nieto. No voy a volver a entrar en la cuestión de si el reglamento
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va a estar preparado para evitar que solamente requisitos mas o menos automáticos permitan este tipo de situaciones, pero no quiero dejar pasar la ocasión de resaltar el tema de los cometidos que en este momento tiene el hoy ya capitán Pedro Gómez Nieto.
En la pregunta que formulé no solamente me preocupaba el conocer si el ascenso lo era de forma automática, sino si había habido oportunidad de valorar otra serie de circunstancias, porque el señor Gómez Nieto ha estado incurso --no sé en el futuro lo que pasará-- en una serie de circunstancias a tener en cuenta, especialmente en el cargo que este señor ocupa, y pedía que se determinara exactamente cuál era el cometido que estaba realizando en ese momento el señor Gómez Nieto. Quiero señalar que me sorprende --y me sorprendió en su momento-- la respuesta que recibí, que fue que, en la medida de que el señor Gómez Nieto estaba asignado al Cesid, su cometido era materia clasificada. Me parece correcto que pueda ser materia clasificada respecto a personas que estén destinados en el Cesid, pero realmente me vuelve a sorprender que, con las circunstancias que concurren y que han dado lugar a esta comparecencia y a otras muchas observaciones anteriormente, se nos diga que es materia clasificada y que no podemos saber qué cometidos está realizando en este momento el señor Gómez Nieto. Simplemente hago la observación, porque tanto la cuestión del ascenso como la segunda me parecen absolutamente relevantes en un tema que yo creo que tiene que ser vital, especialmente cuando se trata de personas que están destinadas a proteger la seguridad de los ciudadanos y a evitar la comisión de delitos.
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Reitero la respuesta que ya, como usted bien dice, emitió el señor Ministro. No puedo ni quiero añadir nada más, sin perjuicio de ofrecerle a S. S. la garantía de que este Gobierno y el Ministerio de Defensa en todo, en lo importante y en lo accesorio, procura siempre aplicar la ley. Puede tener S. S. la absoluta garantía de que así es. Por lo demás, ésa es la respuesta y, como S. S. sabe perfectamente, en aplicación de la legislación vigente yo no puedo decir nada más.
--MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR SU DEPARTAMENTO CON RELACION AL CUMPLIMIENTO DE LA PROPOSICION NO DE LEY SOBRE MODIFICACION DE LA LEY 17/1989, DE 19 DE JULIO, REGULADORA DEL REGIMEN DEL PERSONAL MILITAR PROFESIONAL, EN LO RELATIVO A LA ESCALA AUXILIAR. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000287.) El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, comparecencia para dar cuenta de las medidas que piensa adoptar su departamento con relación al cumplimiento de la proposición no de ley sobre modificación de la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del régimen del personal militar profesional, en lo relativo a la Escala Auxiliar.
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Esta proposición no de ley, que también cuenta con el apoyo del Grupo Parlamentario del Partido Popular, que es además históricamente el que primero tomó la iniciativa en defensa de este colectivo que, por diferentes circunstancias, se encuentra claramente relegado y al que hay que tratar de reponer en la situación que se merece, sin ningún lugar a dudas, va a ser cumplida en los términos en que fue planteada en su momento y aprobada por esta Cámara, como no puede ser de otra manera, y como además SS. SS. saben perfectamente, porque hemos tenido oportunidad de manifestárselo personalmente a diferentes miembros de su grupo.
Unicamente me gustaría resaltar una cuestión, que es la que hace referencia al momento cronológico en el que efectivamente se vaya a producir la novedad. Como S. S. comprenderá fácilmente, yo tengo ahora circunstancialmente, y es un honor para mí, la responsabilidad de la política de personal en el Ministerio de Defensa. Cada vez que se modifica la normativa en materia de personal se producen efectos de largo alcance desde el punto de vista cronológico y, en consecuencia, parece razonable que antes de hacer un retoque se hagan los estudios oportunos.
Nosotros estamos tratando de modificar un conjunto de aspectos en materia de política de personal que girarían en torno a diferentes preceptos de la Ley 17/1989, y nos gustaría hacer esta reforma con un carácter general, considerando todos los pros y los contras de las diferentes decisiones. En este contexto queremos incorporar la reforma que dará lugar al cumplimiento de la proposición no de ley. Es verdad que tenemos voluntad también, si es posible, si no produce mucha perturbación --y yo he sido el que personalmente he solicitado los estudios al Cuartel General del Ejército de Tierra que, como S. S. sabe, es el que tiene esta cuestión entre manos-- de anticiparlo en relación con la solución final, y en línea con lo que el Grupo Parlamentario Popular ha hecho ya --con la aprobación absoluta, desde luego, del Gobierno cuando lo ha recibido-- con algunos otros temas, como la clasificación de los alféreces en el grupo A mediante una proposición de ley que se ha presentado. Por tanto, se va a cumplir lo establecido en la proposición no de ley. Nos gustaría resolver este asunto en el contexto del estudio global de la política de personal del Ministerio de Defensa; en todo caso, por su naturaleza, por el tiempo que lleva pendiente, tenemos vocación de resolverlo lo antes posible y, si pudiera ser, plantearíamos una reforma digamos singular para la disposición transitoria de la Ley 17/1989, pero, repito, teniendo en cuenta antes el conjunto de los efectos
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que producirían las medidas en las plantillas, que a S. S. no se le ocultan.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que ha solicitado la comparecencia, tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor Subsecretario, nos hubiese gustado que hubiera dado una fecha más concreta para poner en marcha esta proposición no de ley, porque efectivamente estamos hablando de un colectivo importante de personas que ven cómo pasa el tiempo desde que se aprobó la proposición no de ley y todavía no se resuelve lo que usted mismo ha calificado como una situación injusta. Siguiendo los pasos que se están dando, nos consta que el Ministerio, una vez que se aprobó una proposición no de ley, se dirigió a las capitanías generales para saber su opinión y dieron el visto bueno. El Segundo Jefe del Estado Mayor planteó en una primera ficha once condicionantes que luego, en una segunda ficha, redujo a cinco, que son los siguientes: El primero es que sea a petición propia o por renuncia explícita del colectivo, que nos parece acertado. El segundo, que sea por escalafonamiento y por puntuación del curso, que también es correcto. El tercero, ascenso con ocasión de vacante según plantillas que se determinen, que yo creo que, según la decisión que se tome, se podrá resolver de forma correcta o no, porque en el tema de las plantillas se podría dar la siguiente paradoja, que al modificarle la Ley 17/1989 se reconozca el ascenso legalmente pero materialmente no llegue a producirse, o que se produzca tan lentamente que algunos de los afectados no lleguen a conseguirlo por haber alcanzado con anterioridad la edad de pase a la situación de reserva. Por tanto, convendría que hubiera una predisposición por parte del Ministerio de resolver y plantear este punto en la nueva ley de plantillas. Si no se hace así, vamos a tener un colectivo que ve cómo se aprueba en el Congreso una proposición no de ley y, sin embargo, por cuestiones técnicas o por cuestiones de idoneidad presupuestaria, no se lleva adelante.
Nos interesa también conocer, señor Subsecretario, cuándo tiene previsto el Ministerio presentar el proyecto de ley que sustituya a la Ley 17/1989, porque yo creo que cuando tengamos una orientación sobre la presentación de este proyecto de ley podremos resolver de forma integral los problemas relacionados con este colectivo y de otros que están pendientes también del escalafonamiento y la resolución de problemas de esta índole. Por tanto, hoy nos gustaría que usted nos diera una fecha y unos plazos más concretos para tener la certeza de que la proposición no de ley que aprobamos en el mes de diciembre se va a llevar a efecto en el mes equis o en el trimestre equis o en el año equis, y así poderlo transmitir al conjunto de personas implicadas en este problema, para que tengan la certeza de que lo que aquí hemos aprobado se llevará a efecto lo más rápidamente posible, superando, lógicamente, todas las dificultades que usted ha señalado.
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Señoría, no he dicho una fecha concreta y absoluta, con hora incluso, porque naturalmente si el Gobierno lo dice, lo cumple. En este momento esta cuestión está en trámite de estudio. Sabe S. S. que con algún otro miembro de su grupo parlamentario hemos señalado como plazo indiciario no más allá de un año, pero esperamos hacerlo mucho antes, si es posible y si podemos desgajar esta medida del conjunto de las medidas. No obstante, los condicionantes de los que usted habla, que en todo caso responden a informes técnicos --por lo que puedo deducir de su expresión, del Ejército de Tierra--, no son la decisión todavía del Ministerio de Defensa, que tendrá que tomarla, y naturalmente es nuestra responsabilidad, no la del Ejército de Tierra. Pero quiero decirle que hay una cosa en la propia proposición no de ley que hay que cumplir, porque la proposición, tal como se aprobó, acaba diciendo que hay que mantener los porcentajes entre oficiales, oficiales superiores y suboficiales superiores, que son justamente los porcentajes que establece la Ley de plantillas. Por tanto, la propia proposición no de ley nos obliga a cumplir con la Ley de plantillas de 1993, sin perjuicio de que haya que hacer las modificaciones pertinentes. En consecuencia, se va a producir el cumplimiento de la proposición no de ley. No me comprometo a una fecha en sentido estricto, pero creo que he sido bastante explícito.
Su señoría sabe perfectamente que el Ministerio de Defensa tiene ahora muchos proyectos importantes en marcha y que en materia de personal todo esto acaba influyendo; estamos acometiendo la profesionalización, la integración en la OTAN, la OFC, que estará en el nuevo ciclo de planeamiento para finales del año que viene, etcétera.
Por último, no hay que olvidar --no vayamos a producir agravios al revés-- los efectos que esto tiene. Su señoría conoce perfectamente, porque alguna vez también lo hemos comentado, que en estos momentos hay muchos alféreces en la escala media con unos derechos adquiridos --son aproximadamente 900, a mayo de 1997-- que, como consecuencia de esta medida que se va a adoptar en su caso siete años después --por mor de las circunstancias, no hago ningún juicio de valor en ningún sentido--, pueden ver recortadas también sus expectativas de carrera, por lo menos dilatadas en el tiempo, como consecuencia de esos ascensos que se van a producir. Es gente que tiene naturalmente una preparación, unos cursos, etcétera, que también merece en ese sentido un respeto. Por tanto, yo tranquilizaría a S. S. El Gobierno tiene voluntad política, en este caso clarísima, de cumplir con esa proposición de ley en sus términos, y sin saltarnos naturalmente las reglas generales en esta materia, y trataremos de hacerlo lo antes posible, con esa cronología que le he dado. Porque tampoco se trata de que vayamos a cambiar la Ley 17/1989 de arriba a abajo necesariamente; vamos a hacer algunos retoques producto de diferentes concepciones políticas, evidentemente, de las del Gobierno anterior, en algunos casos, y en otros, de la propia experiencia, del trabajo práctico con esa Ley de 1993, que tiene ya cinco o seis años, que nos va señalando que algunos temas puntuales podrían mejorarse.
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--ACTITUD DE SU DEPARTAMENTO FRENTE A LOS NUMEROSOS HECHOS DENUNCIADOS EN RELACION CON EL TRATO QUE SE DA A LA TROPA AL EMPLEARSELES EN FUNCIONES DISTINTAS DE LAS PROPIAS DEL SERVICIO MILITAR, ASI COMO DE LAS SITUACIONES EN QUE SE ENCUENTRAN LOS MANDOS MILITARES QUE SE OPONEN A TALES PRACTICAS EN LOS ACUARTELAMIENTOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 213/000288.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día, comparecencia también del Subsecretario de Defensa para dar cuenta de la actitud de su departamento frente a los numerosos hechos denunciados en relación con el trato que se da a la tropa al empleárseles en funciones distintas de las propias del Servicio Militar, así como de las situaciones en que se encuentran los mandos militares que se oponen a tales prácticas en los acuartelamientos.
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Me gustaría decir dos cosas. En primer lugar, sin perjuicio de la legitimidad en la formulación de la pregunta, no son numerosos los supuestos en que esto se produce. El Ministro ha tenido oportunidad de contestar por escrito a las diferentes preguntas parlamentarias, creo que a tres, presentadas a lo largo de esta legislatura. Si tenemos en cuenta que los cuadros de mando son 50.000 personas, debemos reconocer que realmente no son numerosos estos supuestos.
En segundo lugar, en las Fuerzas Armadas y en el Ministerio de Defensa, como no puede ser de otra manera y S. S. conoce perfectamente, se cumplen las normas en su conjunto y también éstas singularmente. No aburro a S.
S. con la exposición de en qué diferentes sitios del reglamento del Servicio Militar se hace esta afirmación.
Por último, aquellos oficiales que se oponen a estas prácticas se encuentran en la misma situación que todos los demás oficiales porque, obviamente, ninguno puede apoyar estas prácticas, ningún oficial apoya estas prácticas, ningún jefe y ningún general. Evidentemente, si alguno puntualmente lo hiciera, se encontraría con la aplicación de las disposiciones disciplinarias o, en su caso, jurisdiccionales, si fueran constitutivas de delito, según los casos y la diferente tipología de las situaciones correspondientes.
Por tanto, la actitud del Ministerio no puede ser otra que la de cumplir la ley y, además, es la actitud de las Fuerzas Armadas, si S. S.
distingue, que yo no lo hago, porque creo que todos somos lo mismo, Ministerio y Fuerzas Armadas.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante de la comparecencia, tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Yo creo que estamos ante un problema bastante grave, porque no se trata de cuantificar los casos en los que se produce el incumplimiento del artículo 27.1 de la nueva Ley del Servicio Militar.
Se trata de que cuando se produce da la sensación de que aquellos oficiales o jefes que se niegan a cumplir órdenes en relación con este cometido, que es ilegítimo e ilegal, son los oficiales y jefes que son castigados y no promocionados. Esta es la preocupación de fondo que motiva mi petición de comparecencia. Porque desgraciadamente se han producido hechos. Yo le voy a leer algunos titulares de medios de comunicación distintos sobre casos dispares. Titular: «Soldados de reemplazo ejercen de camareros en comuniones y saraos.» «En la Escuela de Transmisiones del Ejército se han celebrado cinco comuniones, una feria de Sevilla y barbacoas en las que los soldados ejercían de camareros.» Titular en otro medio de comunicación: «Mandos militares utilizan soldados de reemplazo como camareros en las comuniones de sus hijos.» «Soldados sirven como criados a los mandos militares de Melilla en sus casetas de playa.» «Mandos de la Armada emplean marineros de reemplazo como niñeros, albañiles y pintores.» Y podría seguir así con más casos.
El problema no es tanto que se incumpla la ley, que ya es grave, sino que cuando un jefe o un oficial recibe una orden de un superior para que estos soldados hagan este cometido ilegítimo e ilegal, inmediatamente son sancionados por no cumplir la orden. Y se entra en esa disquisición, que yo creo que no tiene ni pies ni cabeza, de si la orden es legítima o ilícita, y siendo una orden ilegal e ilegítima se debe no cumplir, pero si es ilegítima se recurre al argumento de la obediencia debida. Se entra en una disquisición tremenda que llega incluso al esperpento, en el caso del general que llegó a afirmar que preservar el Estado de Derecho no era una necesidad para las Fuerzas Armadas. Y pongo este ejemplo para fundamentar lo que estoy diciendo. El jefe de un acuartelamiento le pide a un teniente coronel que cambie de destino a unos soldados que habían sido hallados culpables de cometer graves novatadas para que no puedan ir contra los soldados que les acusaron; el juez encargado de velar por que efectivamente esto fuera así recibe una queja del oficial y, al final, el juez encargado de preservar el Estado de Derecho y preservar las leyes recibe una amonestación. Es una cosa impresionante. Pero le pongo otro ejemplo más. El comandante Romero, que era responsable de instrucción de reclutas W-9 en el Regimiento mixto de artillería número 94, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, se niega a que 23 soldados de reemplazo de su acuartelamiento hagan un servicio de camareros, y llevaban sólo 15 días en ese acuartelamiento. Al negarse a que esos 23 soldados de reemplazo hicieran servicios de hostelería, es reprendido, es arrestado, permanece arrestado 48 horas y se le abre un expediente disciplinario por falta grave. Es decir, son casos concretos. Habría que conseguir que los jefes y oficiales que se nieguen a cumplir una orden ilícita, ilegítima, ilegal y anticonstitucional no solamente no sean reprendidos, sino que sean promocionados, que sirvan de ejemplo para el resto de jefes y oficiales y no al contrario, como pasó con el juez del que hablaba antes, del caso del general que entendía que preservar el Estado de Derecho no era una necesidad, y al final quien es
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reprendido es el juez encargado de preservar el Estado de Derecho. Es un galimatías tal que yo creo que alguien tiene que poner orden, y la única instancia autorizada para poner orden es el Ministerio de Defensa, para que quede claro que ningún soldado puede ni debe hacer estos servicios que nada tienen que ver con el Servicio Militar, que incumplen la normativa, que incumplen la ley, y que cualquier jefe u oficial que reciba una orden en este sentido que tenga la tranquilidad --para lo que es necesario que se den instrucciones claras por parte del Ministerio-- de que al no cumplir esa orden no va a ser arrestado ni amonestado sino, en todo caso, felicitado y promocionado. Creo que es una instrucción que tiene que quedar clara por parte del Ministerio.
En cuanto a la aseveración de este general de que no es una necesidad para un militar o para las Fueras Armadas preservar el Estado de Derecho, yo creo que también merecería por parte del Ministerio --parece ser que ya lo hizo el Ministro en el Pleno del Congreso-- una respuesta inmediata. Yo creo que esto aportaría tranquilidad. Esta solicitud de comparecencia lo que quiere evitar es que dentro de unos meses volvamos a ver titulares de prensa en el sentido de que hay determinados acuartelamientos en los que se da este tipo de servicios, o que determinados jefes que se niegan a cumplir este tipo de órdenes son reprendidos, amonestados, arrestados, como en el caso del comandante Romero, porque no solamente no se le debía haber amonestado ni arrestado, sino que se le debía haber puesto de ejemplo para que determinadas órdenes, independientemente de quien las dé, no se cumplan y que, además, el que tiene que ser reprendido es el jefe u oficial que da ese tipo de órdenes.
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Señoría, creo que coincidimos en el fondo pero no en el énfasis ni quizá en la intención, y me gustaría matizar. Usted dice que yo cuantifico. No cuantifico, es la pregunta la que dice que son numerosos los casos y, en consecuencia, yo digo que no lo son porque estamos hablando de los que usted ha citado en la prensa, que he creído colegir que son más o menos a los que ha respondido el Ministro en las respuestas a las que antes hacía referencia, y que no son muchos cuantitativamente. Usted mismo ha dicho que son casos concretos, no es un problema generalizado.
En segundo lugar, el cumplimiento del ordenamiento jurídico en las Fuerzas Armadas no es motivo de recompensa porque lo hace todo el mundo, es algo absolutamente ordinario y general. Por tanto, difícilmente a quien cumpla con el ordenamiento constitucional se le puede premiar, porque es algo debido y que corresponde a todos.
En cuanto a los titulares de prensa, no los hace el Ministerio de Defensa. Con esto quiero decir --porque evidentemente es una boutade--, que podrá haber nuevas circunstancias, porque por mucho que uno aplique el ordenamiento represivo, siempre puede haber alguien que decida incumplir la norma. Esto no se lo puede garantizar absolutamente nadie.
El hecho de que una orden sea ilegítima o no no es accesorio, como usted dice, aunque yo no quisiera --estoy de acuerdo con S. S.-- entrar ahora en un aburrido debate jurídico sobre cuándo son ilegítimas o no. Lo cierto es que no lo es y que no se cumplen las órdenes ilegítimas.
Para terminar, me gustaría referirme al último ejemplo que usted ha citado, cuyo detalle sólo conozco por lo que he leído en la prensa y por alguna averiguación que he hecho desde el punto de vista interno en el Ministerio y que, como usted mismo ha reconocido, ha sido automáticamente sancionado. Quizá sea un exceso literario, desde luego injustificado e injustificable, pero al que no hay que dar más importancia.
Quiero decir, señorías, y lo digo de corazón y con respeto por supuesto para cualquier otra posición, que los hombres que están ahora en Albania y en Bosnia, participando en operaciones en defensa de la paz y de la democracia, no se merecen que se ponga en cuestión que creen en nuestra Constitución, que creen en la libertad, que creen en Europa, porque están arriesgando sus vidas --los hechos lo demuestran, ésta no es una hipótesis, señoría-- para que todo eso sea posible. El hecho de que circunstancialmente pueda haber algún incidente de los que ha citado, frente a los que se reacciona inmediatamente, no permite, a mi juicio, una descalificación general.
Terminaré, señoría, si me lo permite, contándole una anécdota personal que me pesa todavía en el alma. Cuando yo llegué al Ministerio me encontré a los pocos días con la necesidad de firmar una sanción de un mes de arresto a un músico militar que había incurrido en una infracción de la Ley de incompatibilidades. Creo recordar que daba unas clases de flauta. Le condenaron a un mes de arresto. Mi reacción, viniendo del mundo civil, fue pensar que eso era una barbaridad, que no era posible que la asesoría jurídica me ratificase que era un mes de arresto. Pero tuve que firmar porque en efecto era un mes de arresto. Con esto quiero decir que los militares en general, y los militares españoles en particular, tienen un estatuto personal muy duro y lo asumen voluntariamente en beneficio de la comunidad, y lo mínimo que merecen --yo creo que merecen mucho más-- es respeto. Por lo tanto, compartiendo su preocupación y asegurándole que es la preocupación del Gobierno, lo que no puedo compartir es que no quede claro o quede alguna duda sobre que nuestras Fuerzas Armadas cumplen con el ordenamiento constitucional y no constitucional.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor Subsecretario, yo creo que el tema del que estamos hablando nada tiene que ver con nuestra misión de paz en Bosnia.
Por otro lado, yo creo que lo que realmente
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debe de preocupar a nuestros militares en Bosnia es una declaración del general Agredano, Jefe de Estado Mayor de la parte de los Pirineos; yo creo que eso es lo que realmente debe de preocupar. Es decir, que un militar con esa graduación diga que entre los cometidos de las Fuerzas Armadas no está el preservar el Estado de Derecho, la verdad es que hace un flaco favor a nuestra misión de paz internacional. Esto a la contra de lo que usted ha planteado. No hace un buen servicio ni a nivel interno ni a nivel internacional. Porque ¿qué dirán los generales que estén en esa operación, qué comentarios harán sobre esa declaración? Vamos a hablar de lo que estamos hablando, de este tema. Porque, le vuelvo a reiterar, sean numerosos los casos o no, hace falta por parte del Ministerio contundencia a la hora de transmitir con energía que este tipo de servicios no se pueden hacer y que no sean molestados los oficiales que se nieguen a ello.
Antes le exponía el caso del comandante Romero. Este comandante se negó a que se hiciera ese servicio, cumple arresto de 48 horas y a las 48 horas se levanta la sanción; va a tomar un vino para celebrar el día de la patrona y los soldados que él se había negado a que hicieran ese servicio estaban sirviendo de camareros. Por tanto, habrá que constatar esa realidad y el Ministerio tendrá que dar determinadas orientaciones para que esto no se produzca.
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Yo creo que estamos diciendo lo mismo pero enfatizando aspectos distintos. Es eso de la botella medio llena o medio vacía, y en esta ocasión realmente ni siquiera medio llena, porque son casos muy puntuales.
Su señoría debe estar tranquila. En el Ministerio de Defensa se reacciona inmediatamente. Los datos que usted ha dado en el caso del comandante no los tengo ahora en la cabeza. Este tema sucedió antes de que yo entrara en el Ministerio y lo conozco más bien por noticias de prensa, pero creo recordar que al final no hubo ninguna sanción, a pesar de lo que S. S.
dice. En cualquier caso, el Ministerio, en contestación a alguno de estos incidentes que usted ha citado, con razón, no sólo toma las medidas disciplinarias y jurisdiccionales correspondientes, sino que las reitera muchas veces por vía de circular, para que no haya ninguna duda en la necesidad de extremar el cuidado en esta materia.
Por lo tanto, señoría, estamos diciendo lo mismo. Al final, la misión de los militares de las Fuerzas Armadas en su conjunto, estén en Bosnia, aquí o en Pernambuco --si S. S. me permite la expresión--, es la misma, el respeto que merecen todos es el mismo y ese elemento vocacional al que yo me he referido y de ablación voluntaria de los derechos en beneficio de la comunidad es el mismo. Por lo tanto, señoría, creo que decimos lo mismo, pero enfatizando aspectos distintos desde posiciones legítimamente discrepantes en ese aspecto.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Nosotros creemos, señor Subsecretario, que es oportuno que en la Comisión de Defensa se planteen debates como el que hoy propone el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Yo no creo que sea bueno que cuando se producen intervenciones por parte de los diversos grupos parlamentarios que contengan un punto de crítica a las Fuerzas Armadas apelemos a lo que es de sentido común, que es que en general siempre estamos hablando de excepciones. Evidentemente, si la situación que el señor Meyer estaba denunciando fuese generalizada, seguramente el Congreso y el Gobierno tomaría medidas de manera contundente y eficaz. Lo digo porque a veces parece que los grupos o diputados que mantienen estas posiciones van a deshonrar o manchar la buena imagen que tienen las Fuerzas Armadas, y no creo que sea la intención del señor Meyer ni es mi intención ahora cuando yo entre en el fondo de la materia. Al menos a mí personalmente me incomoda que la respuesta de los Subsecretarios sea en referencia al buen trabajo que hacen los profesionales de la defensa en Bosnia o en Albania. Es tan evidente que parece innecesario.
Evidentemente, el artículo 27.1 de la Ley del Servicio Militar supuso un avance en relación a una situación que existía, a una problemática que se había denunciado. Yo creo que es bueno que exista esa legislación y es bueno que hoy todos constatemos que seguramente el número de incidentes de estas características que se producen en relación a los que había hace cinco o seis años ha disminuido drásticamente, pero también es cierto que los medios de comunicación se hacen eco de este tipo de situaciones. Yo planteé una pregunta por escrito al Ministerio de Defensa sobre esta situación y la respuesta fue tan escueta que me quedé sin saber nada de nada de la materia. A mí me gustaría plantearle, aprovechando esta comparecencia, dos cuestiones muy concretas. En primer lugar, cuántas actuaciones o expedientes ha abierto el Ministerio en relación a estos supuestos, o sea, en cuántas ocasiones se ha producido este incumplimiento del artículo 27.1. Además, si esta información se pudiese ampliar desde el año 1991 hasta el momento, podríamos hablar de si hay muchos casos o pocos. En segundo lugar, qué medidas concretas se han articulado desde el Ministerio de Defensa para evitar que se produzcan estas situaciones. En la respuesta por escrito a esta pregunta se me dijo que se aplicaban los mecanismos previstos en la ley, pero sinceramente, era una respuesta tan amplia que me quedé igual. Me gustaría saber si para hacer cumplir el artículo 27.1 el Ministerio articula algún tipo de actuación administrativa concreta.
Creo que es bueno que el Parlamento discuta sobre estas cosas, porque se hace sin ninguna voluntad por parte de los grupos parlamentarios de introducir ningún tipo de dudas sobre la profesionalidad, que estoy seguro que tiene la inmensa mayoría de los militares profesionales de nuestras Fuerzas Armadas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sanjuán.
El señor SANJUAN DE LA ROCHA: Señor Subsecretario, intervengo para expresar la posición del Grupo Socialista en relación con este tema.
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señor Subsecretario en el hecho de que no son numerosos los casos de abusos que se producen en las Fuerzas Armadas, que son más bien puntuales y naturalmente corregibles, coincido también en la oportunidad de la petición de la comparecencia ante esta Comisión para analizar este tema, sencillamente para poner de manifiesto que todavía se producen casos de abusos concretos, pocos, pero abusos concretos de poder, de extralimitación de sus funciones también por parte de puntuales oficiales o jefes de las Fuerzas Armadas. Desde ese punto de vista quiero animar al Ministerio de Defensa para que siga de manera rigurosa todos estos hechos, para que la Ley del Servicio Militar en su artículo 27.1, al cual se ha aludido, tenga un riguroso cumplimiento, porque es verdad que siendo pocos los casos, sin embargo, el escándalo que producen cuando se transmiten a través de los medios de comunicación es muy importante y causa un evidente perjuicio al conjunto de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que hay que intentar evitar por todos los medios para que todos aquellos --que son la inmensa mayoría-- que están cumpliendo con su obligación, que están haciendo las cosas bien, no se vean afectados, desde un punto de vista colectivo, por esa minoría que no está actuando con el suficiente rigor ni con justeza. Sería absolutamente conveniente que en el Ministerio de Defensa, en este caso, se aplicara la jurisdicción disciplinaria desde el punto de vista de la rigurosidad, que de una vez se sentara la mano y que además esto se conociera, porque obviamente debemos terminar con todos estos pequeños abusos que se producen en determinados acuartelamientos, sobre todo en aquellos lugares --ocurre en Melilla o en Ceuta muchas veces-- donde las viejas costumbres no han cambiado suficientemente. Creo que durante todos estos años --y eso nadie lo podrá negar-- se ha hecho una labor importante en ese proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, de respeto a lo que significan los soldados de reemplazo, a los hombres que van a cumplir el servicio militar y a mujeres que voluntariamente lo hacen. Desde ese punto de vista sería muy importante seguir ahondando en el respeto hacia esas personas y, desde luego, en la rigurosidad del cumplimiento de las normas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor González Pérez.
El señor GONZALEZ PEREZ: Señor Presidente, he seguido muy atentamente la intervención de los distintos portavoces en esta petición de comparecencia por parte de Izquierda Unida con respecto a estos casos, mínimos --como ha quedado reconocido por parte de todos los portavoces--, de ciertos abusos, referentes al incumplimiento del artículo 27 de la ley. Después de escuchar estas intervenciones y de considerar que el colectivo militar en España es de 250.000 hombres, al hablar de casos puntuales y ver cómo se reflejan en la prensa --que efectivamente en nada benefician a las Fuerzas Armadas ni a los profesionales que componen las Fuerzas Armadas--, parece un poco triste pensar que todas aquellas intervenciones que se realizan por parte de las Fuerzas Armadas, de los soldados, oficiales, suboficiales, todas aquellas acciones beneficiosas para la sociedad española, para la defensa y en todo caso para el colectivo militar no se reflejaran en los medios de comunicación.
Disiento profundamente de algo que se ha dicho aquí, precisamente por ser Diputado por una de las circunscripciones que ha sido nombrada, ya que se ha hablado de Ceuta y de Melilla. Yo no comparto, en absoluto, que esas viejas tradiciones, entre comillas, de las que se está hablando se mantengan precisamente en estas circunscripciones. Todo lo contrario. Yo creo que si hay dos circunscripciones en las que la simbiosis sociedad civil-ejército se vea perfectamente reflejada, ésas son Ceuta y Melilla.
Voy a citar un caso que a lo mejor las señorías presentes en esta Comisión desconocen. En Ceuta, todos los jueves, a una hora determinada de la tarde, se hace el arriado de bandera en el que participa abiertamente todo el colectivo militar y la sociedad civil. Si existieran esas viejas costumbres, lógicamente no se participaría en ese acto de forma tan abierta por parte de la sociedad, en este caso ceutí y española, produciendo la simbiosis de la que hablaba.
Sinceramente creo que lo que hay que resaltar --y esto no quiere decir que no se haga una denuncia pública y en estas Cortes Generales de aquellos casos de abusos que puedan existir-- es la profesionalidad de las Fuerzas Armadas y más pensando que en un futuro va a haber una profesionalización definitiva del Ejército, en la que precisamente todos estos temas van a dejar de existir, al menos en lo que es el ámbito de los conscriptos que desaparecerán en su día y pasarán a ser fuerzas profesionales que asumirán la reglamentación pertinente en este caso y la defensa de los intereses de nuestro país a través de las Fuerzas Armadas.
Unicamente quería hacer esta apreciación con respecto, fundamentalmente, a esa manifestación que se ha hecho en relación con dos ciudades que, repito, tienen una importante simbiosis con la sociedad civil y donde no existen tales abusos.
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Nada más lejos de mi intención, señor Campuzano, que poner en cuestión no sólo la legitimidad y la oportunidad de la pregunta, sino la intención del señor Meyer, como él sabe perfectamente. Naturalmente que este debate puede ser oportuno en ese sentido. Lo único que he dicho --no creo haber dicho otra cosa-- es que cada uno tiene que enfatizar, y dije en mi caso además de corazón, aquello en lo que cree. Añadiría que en mi condición de Subsecretario de Defensa, en un colectivo que, a veces, por disciplina no puede tener una voz tan clara como otros en la sociedad, casi me siento obligado a enfatizar un poco más esa defensa de los hombres que trabajan conmigo todos los días en el ministerio.
Usted ha dicho que no podemos acudir siempre al sentido común, en el sentido de genérico, y me recordaba una oportuna cita de Ortega que dice que la democracia no ha venido al mundo a desnucar al sentido común. El sentido común es importante, como usted sabe --el seny, en definitiva,
en catalán--, y conviene que lo tengamos no sólo en este debate sino en todos, porque será bueno para todos, será bueno para España. Por tanto, si desde ese punto de vista ha habido un malentendido, lo lamento y pido disculpas porque desde luego no ha sido mi intención.
No puedo decirle numéricamente cuáles son las actuaciones desde el año 1990, en que se produjo algún incidente de este tipo, porque en este momento lo ignoro. Lo que sí le puedo decir es que las medidas concretas se adoptan y que la voluntad del Ministerio de Defensa --en este caso de los responsables transitorios del Ministerio de Defensa, de quienes estamos allí-- y de este Gobierno es que efectivamente se cumplan, y se cumplan con rigor. Creo que en algunos incidentes recientes, de otra índole y de mayor gravedad, hemos tenido oportunidad de demostrar ese rigor claramente. Por tanto, compartimos el planteamiento, señorías, y únicamente digo que a mí me parece muy importante enfatizar lo otro.
Estoy de acuerdo --y creo que el señor Sanjuán ha apuntado muy bien el tema en ese sentido-- en que muchas veces se ve deteriorada la imagen del colectivo justamente desde un punto de vista objetivo como consecuencia de estos incidentes, lo cual es un acicate más para tratar de que no se produzcan estos abusos de poder.
Me gustaría terminar diciendo que, como se ha apuntado desde el Grupo Parlamentario que apoya al Gobierno, la futura profesionalización de las Fuerzas Armadas zanjará definitivamente estas polémicas. Desde luego hay que decir, porque creo que lo merecen las dos ciudades, que si en algún sitio de España hay una simbiosis entre las Fuerzas Armadas y la sociedad --que creo que la hay en todas partes; muchas veces pienso que hay algo de artificio en esa pretendida separación entre Fuerzas Armadas y sociedad--, si en algún sitio eso se vive de forma singularizada, señoría, efectivamente es en Ceuta y Melilla, y a quienes están allí, más alejados físicamente, no de corazón, del territorio, no parece que haya que singularizarlos con un estigma porque creo que no son especialmente distintos del conjunto de la institución.
--BASE LEGAL POR LA QUE EL MINISTRO HA DECLARADO DE INTERES PARA LA DEFENSA EL PUESTO DE SECRETARIO GENERAL TECNICO DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ASI COMO LAS RAZONES POR LAS QUE DEBE QUEDAR SOMETIDO A LA DISCIPLINA MILITAR, AUNQUE ESTE BAJO LA DEPENDENCIA DEL CONSEJERO AUTONOMICO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000301.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día: Comparecencia, también solicitada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para explicar la base legal por la que el ministro ha declarado de interés para la defensa el puesto de Secretario General Técnico de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, así como las razones por las que debe quedar sometido a la disciplina militar, aunque esté bajo la dependencia del consejero autonómico.
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Señor Presidente, la Ley 17/1989 y el real decreto que regula las situaciones administrativas de los militares permiten que se declaren determinados puestos como de interés para la defensa y exigen que el ministro haga esta declaración, previa la tramitación del correspondiente expediente y teniendo en cuenta la planificación de la defensa. Esta es la base legal por la que se adopta el acuerdo y, a juicio del Ministerio de Defensa, la cuestión está muy clara, tanto desde el punto de vista global, de política general, como el señor ministro ha tenido oportunidad de exponer en otra contestación parlamentaria, como en este caso singular del puesto del que estamos hablando.
Desde el punto de vista general nos parece que --y éste es uno de los puntos que posiblemente habría que mejorar en la redacción de la Ley 17/1989, sin decir con ello que el precepto esté mal regulado-- una vez más, entre los hombres que componen las Fuerzas Armadas y el resto de los servidores públicos debe haber una igualdad de tratamiento. No parece muy razonable, en términos generales, que si un funcionario de la consejería de la que estamos hablando viene a prestar servicios de director general en el Ministerio de Defensa pase a servicios especiales y no sea así o haya algún tipo de problema en el caso inverso. Singularmente la directiva de defensa nacional, que el Presidente del Gobierno aprobó en diciembre pasado, establece tres ejes, como SS. SS. saben, en la política de defensa. En primer lugar, el incremento de la conciencia nacional de la necesidad de la defensa. En segundo lugar, la modernización, para lo cual, como SS. SS. saben, juega un papel muy importante la ordenada liquidación del patrimonio excedente de las Fuerzas Armadas. Y en tercer lugar, la profesionalización que, como SS. SS. saben, sobre todo el señor Meyer como miembro de la Comisión mixta Congreso-Senado que está estudiando el proceso de profesionalización, tienen los ejércitos profesionales entre una de sus cuatro áreas clásicas la de la reinserción laboral de los soldados que terminen el compromiso. Siendo ello así y ocupándose en la consejería de la Comunidad Autónoma de Madrid --que es donde más inmuebles tiene el Ministerio de Defensa, donde mayor número de hombres hay y donde se celebra un mayor número de convenios de formación-- tanto del patrimonio como del empleo, al Ministerio de Defensa no le cabe ninguna duda del interés objetivo que el puesto tiene en ese contexto de la profesionalización, y así se acordó en el expediente.
La segunda parte de su pregunta viene obligada por la ley, señorías.
Cuando se produce la declaración de un puesto de interés para la defensa, automáticamente quien pasa a la situación de servicios especiales ocupando ese puesto queda sujeto, porque la ley lo exige, a la disciplina
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militar, a diferencia de los casos en que se pasa a servicios especiales de manera automática, que la propia ley previene que entonces no queda sujeto a la disciplina militar. Por tanto, quien hace la petición de esa declaración del puesto, que suele ser en estos casos el responsable de la empresa, de la Administración pública, etcétera, tiene que saber, cuando hace la petición, que ese puesto va a estar ocupado por un hombre que si está en situación de servicios especiales está sujeto a disciplina militar. Por tanto, es una consecuencia legal obligada, señorías.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, antes de comenzar mi intervención quiero pedir disculpas por no haber podido estar presente en la primera parte de la comparecencia.
El objetivo de nuestra petición de explicación, señor Presidente, era conocer una serie de actuaciones por parte del Gobierno a nivel central, del Ministerio de Defensa, concretamente de la Subsecretaría de Defensa que es la que decide una situación de servicios especiales, en un determinado puesto. También quisiéramos conocer la actuación en el interregno en que una persona es nombrada para un puesto y con posterioridad solicita una calificación determinada, sabiendo que en la Administración tiene posibilidades funcionales de optar por servicios especiales en unos casos o por excedencia en otros casos distintos. La declaración de servicios especiales en este tema en concreto tiene unas ventajas. El 16 de enero de 1997 se nombra por el Gobierno regional a una persona para un determinado puesto. El día 22 de abril hay una resolución de la Subsecretaría de Defensa que dice que analizando la situación de servicios especiales de un teniente auditor, señor Peñarrubia Iza, se decide teniendo en cuenta la resolución que el 31 de marzo ha realizado el Ministro de Defensa al declarar esa plaza de interés para la defensa nacional. Si leemos, según nuestra ordenación, lo que se declara de interés para la defensa nacional veríamos que son objetivos de índole muy diferente. El interés de la defensa nacional queda determinado en la legislación vigente en la Ley 6/1980. El puesto en el que se ha optado por servicios especiales no es precisamente de interés para la defensa nacional. Puede ser de interés para una determinada persona que tendría unas ventajas al optar por ese puesto. Las ventajas por las que puede optar esa persona es que siguen contando sus trienios, sigue en situación de servicio activo y sigue en el escalafón para ascender. Sin embargo, todo esto no se produciría en las otras opciones, que serían las más normales. Pero es que hay un interregno y me gustaría conocer cuándo el ministro ha declarado --el día 31 de marzo-- y cuándo ha entrado la petición --parece ser que a mediados del mes de marzo--, y en muy poco tiempo se ha decidido entre lo solicitado por el ciudadano en cuestión y la actuación del ministro. Según nuestra legislación son necesarios una serie de informes que deben avalar la petición. Se ha producido una solicitud y nosotros creemos que debería de venir acompañada de un informe del JEME. Dice el artículo 28.2 que la solicitud de pase a servicios especiales para la prestación de servicios de interés de la defensa se dirigirá por el conducto reglamentario al Secretario de Estado para la Administración militar --que ya no está-- con informe del Jefe de Estado Mayor del ejército correspondiente. Dice que además debe reafirmarse por la administración de origen cuál es esa petición. Es verdad que hay una actuación de la comunidad autónoma manifestando las razones de por qué lo pide.
Aparte de lo expuesto anteriormente, nosotros creemos que lo que está en medio de la decisión es que si queremos traer a una persona para trabajar en un sitio determinado hay que garantizarle determinadas condiciones. En el artículo 26 del Real Decreto, con las circunstancias de los militares de carrera para pasar a una situación de servicios especiales, hay una serie de apartados, por ejemplo, cuándo son autorizados para realizar una misión. Yo le puedo decir que en el último año ha habido cinco resoluciones para declarar puestos de interés de la defensa nacional: la resolución 431 para la agencia Netma por el programa F-2000; otra resolución para el jefe de seguridad de la factoría naval de San Fernando; otra resolución para la Dirección General de la Marina Mercante; otra resolución para la Policía Foral de Navarra; otra resolución para el jefe del Servicio de Asuntos Atlánticos del Ministerio de Asuntos Exteriores. En suma, siempre hay una relación con la defensa nacional, siempre hay un interés, pero en este caso es la secretaría, un puesto administrativo de la Consejería de Economía y Hacienda.
Hasta ahora nos encontrábamos con que el discurso era vamos a profesionalizar la Administración; el discurso era vamos a añadir elementos de gestión privada en la Administración; el discurso era vamos a reducir los puestos de libre designación, vamos a reducir lo que podríamos llamar trato de favor. Esto es un calco de lo que debe ser una resolución tomada para favorecer a una persona determinada en un puesto determinado, porque si no no tiene razón la secuencia que le estoy diciendo. El día 16 de enero es nombrado por la comunidad. La subsecretaría actúa en función de una resolución del ministro el 31 de marzo que vence el día 11 de abril y se publica el 22 de abril; por tanto hay una evolución determinada. En realidad, estamos garantizando unos requisitos a una persona para un puesto determinado, cuando lo lógico es que debería haber optado por la excedencia voluntaria, por una solución diferente a la de servicios especiales. Aquí también surgen unas preguntas. Si esta persona se marchó en un momento determinado y obtuvo la excedencia voluntaria autorizada, cuándo se ha incorporado, cuándo ha dejado de actuar, cuándo ha cobrado su última nómina en la Administración general del Estado, cuál ha sido su última relación con nómina, con dedicación, con horario, quién ha decidido su excedencia, porque si es nombrado el 16 de enero se ha incorporado el 16 de enero. Sin embargo, aquí se han producido los hechos por una actuación bastante superior.
¿Quién ha decidido en la Administración del Estado ese abandono de puesto para dirigirse al otro y cuál es el argumento para decidir con posterioridad esta situación? Pero lo más importante es que la decisión de la Subsecretaría de Defensa se
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toma inclusive declarando efectos retroactivos. Ni el subsecretario ni el Ministerio de Defensa pueden saltarse el decreto que dice que debe hacerse en la fecha de la toma de la decisión, pero no con efectos retroactivos, y ustedes retrotraen los efectos al mes de enero. La decisión de la Subsecretaría es que pase a situación de servicios especiales puesto que ha sido declarado de interés para la defensa nacional con fecha anterior. ¿Cómo es posible que se pueda tomar una declaración producida el 31 de marzo con fecha anterior? Ustedes pueden argumentar que es una decisión meramente administrativa y burocrática que ha corrido su paso y se ha hecho cuando se ha podido hacer, aunque tenga un efecto determinado. Pero las normas están para cumplirlas y respetarlas en la medida de lo posible, y si no también. A mayor abundamiento, lo que debe primar es esa actuación.
A una pregunta del señor Moya en el Pleno de esta Cámara se ha contestado y justificado por el ministro que hay que favorecer la comunicación y coordinación entre las administraciones y que debe haber mejor presencia de militares dentro de la Administración civil o la relación de lo civil con lo militar. Me parece bien, pero aquí estamos hablando de un funcionario que empieza a tener relación con los servicios jurídicos de la Armada en el año 1993, que siete u ocho meses después pasa a la Drisde y de la Drisde viene aquí. La decisión de la Subsecretaría vulnera el decreto en su artículo 29.2, puesto que le ha dado a una situación tomada con posterioridad una anticipación en el tiempo. Pero sobre todo hay que precisar una cosa, si seguimos la ordenación de los decretos: cuáles son las necesidades del planeamiento de la defensa que deciden un nombramiento para ese puesto, y eso se puede generalizar, a Valencia, Murcia, Andalucía, o tiene que hacerse en función de que sea una persona determinada. La evolución de este caso no tiene relación con los usos que se habían hecho con anterioridad. Los cinco casos que he citado se han producido de diciembre de 1996 a finales de 1997, por tanto, no estoy hablando de lo que hicieron los anteriores gestores --me refiero a los anteriores gobiernos-- que cuando han utilizado esta vía lo han hecho para temas más o menos relacionados con la defensa, aunque no quiero hablar de la gestión anterior, me estoy refiriendo a ésta en concreto. Al ministro le han puesto a firmar un documento y ha decidido conscientemente porque ha firmado. Todos sabemos cómo suceden estas cosas, aunque no he sido ministro nunca, espero serlo pronto (Risas.), pero los que habéis sido ministros ya sabéis que lo hacéis con otra relación distinta.
Lo que intento decir es que me gustaría se precisaran, por lo que puede ser el precedente, el futuro y la evolución posterior, todos y cada uno de estos caminos y la utilización de las normas que tenemos en funcionamiento. El paso a una situación de servicios especiales se hace previa solicitud y con informe del Secretario de Estado de la Administración militar, a través del Jefe de Estado Mayor. No sé si se ha producido este caso, si hay un informe, si no lo hay, qué contenido tiene. Si en este caso concreto se ha decidido optar, debe ir en una calificación del organismo o entidad que es verdad que se ha producido puesto que la comunidad autónoma lo ha remitido para esa colaboración en función de que sea una persona, un determinado puesto y que la resolución que se dicte se acoja a la norma. Si no se han cumplido esas normas, me gustaría conocer de qué manera se puede corregir esta decisión para futuras actuaciones, porque ni en la forma ni en el fondo se han ajustado en este caso. ¿El trato de favor o la relación de favor se puede haber producido por una decisión de la Administración central? Puede no ser así, puede ser en función de quien le haya nombrado para el puesto a desempeñar en la comunidad autónoma. Si mientras tanto no se hubiese producido una declaración por parte de un determinado viceconsejero de la materia que es el que termina nombrando, si no se hubiese dicho que esto lo había arreglado en trato directo con un señor que se llama Argüelles y que puede tomar una decisión: No te preocupes que eso lo solucionamos llamando y haciéndolo. Si además de hacerse eso, se presupone, el señor Argüelles facilita que se pueda tramitar en el ministerio. Permítame que le diga que eso es bastante negativo para el funcionamiento. Una mancha no hace un traje manchado y una actuación irregular no hace un funcionamiento irregular, pero un camino equivocado puede tender a expandirse en su funcionamiento. Por eso quisiera conocer si ustedes van a intentar corregir ese proceder, si ustedes entienden que esto es excepcional, si ustedes entienden que esto es normal, si ustedes entienden que puede haber una solución. Yo sé que esto tiene un uso político partidario o una exigencia, pero el que promete un tipo de actuación tiene que rendir cuentas cuando esa actuación no se ajusta a lo que uno ha prometido, y usted ahora mismo está en el Ministerio de Defensa y mañana en otra responsabilidad en función del destino que el partido que le ha designado estime oportuno, pero no es el proceder que demandaríamos de las administraciones.
Por consiguiente, quisiera conocer mayor precisión, mayor detalle, si ha habido o no incompatibilidad en el interregno, es decir, si está nombrado el 16 de enero y tiene la situación de servicios especiales en un momento determinado, cómo ha evolucionado, cuándo ha comunicado o no la solicitud para devolver, si es que se ha producido un pago indebido; en suma, de qué manera garantizamos que la norma es igual para todos y no que el que tenga una ventanilla mejor se le facilite todo.
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Quiero tranquilizar al señor Ríos, ya que coincido con él en el fondo, en el sentido de que no hay en esta decisión --puede haber eventualmente una equivocación-- ningún afán de singularizar. Para el Ministerio de Defensa el nombramiento del 16 de enero, como usted bien conoce, es un hecho dado (ahora le explicaré el contenido del expediente porque le faltan algunos datos) y, desde luego, nada más lejos de la intención del Gobierno que tomar decisiones para beneficiar a nadie y mucho menos para incumplir la ley.
Ya he explicado cuál es la fundamentación en cuanto al fondo de que sea un puesto de interés o no para la defensa
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que se utilizó. Existe el informe del JEME, en este caso propuesto por la Dirección General de Personal y por mí, pues el JEME de los cuerpos comunes soy yo y las motivaciones técnicas con las que he argüido. Como soy también responsable del proceso de profesionalización, creo que en ese sentido el puesto tenía un claro interés para la defensa, lo mismo que desde el punto de vista de los bienes. He de recordarle que la Ley de la Gindef, del año 1984, ya cita que en materia de urbanismo hay que coordinarse bien con las comunidades autónomas que tienen las competencias y que afecta mucho a esas materias. Es legítimo que S. S.
comparta o no ese concepto de defensa, que es una decisión política del Gobierno en sentido amplio, pero ésa es la motivación. Este subsecretario que le habla, señoría, tuvo algunas de las dudas que usted plantea. Se recibió el 21 de enero la petición del interesado del pase a la situación de servicios especiales --yo lo supe bastante después--, se empezó a tramitar el expediente y, como usted conoce bien, ello requiere un tiempo. No recuerdo ahora exactamente la fecha, pero le dije a mi gabinete que solicitara un informe a la asesoría jurídica en una doble dirección: primero, si procedía o no la declaración, siendo la contestación que procedía, que estaba en la ley, pero que era una discrecionalidad técnica que había que fundar lógicamente, y así lo hice de acuerdo con mi criterio, que creo que es legítimo, se pueda compartir o no; y segundo, si podía tener o no --justamente lo que usted ha planteado-- efecto retroactivo la declaración, porque en definitiva cuando a mí me llegó no recuerdo qué fecha era pero ya estábamos muy avanzados en relación con la fecha inicial. La asesoría jurídica me contestó con la argumentación, que ahora no recuerdo de memoria, de que no sólo podía sino que casi debía tener efectos retroactivos, porque si no jamás podríamos tener una declaración de interés para la defensa puesto que hasta que no se produce el nombramiento difícilmente se puede pedir la situación. Se tomó la decisión por el señor ministro, que por cierto creo recordar que en la resolución sólo estimó parte de mi argumentación porque se refiere sobre todo a los inmuebles, y después yo dicté la declaración de la situación en servicios especiales, sin consideración --repito-- personal a nadie entre otras cosas, en este caso singular, porque no tengo el gusto de conocer personalmente al afectado.
Pero como ya es la segunda vez que se pregunta parlamentariamente, y desde luego el compromiso de este Gobierno es no sólo de diálogo sino de cumplimiento estricto de la ley, incluso de reconocimiento del error si se ha cometido, no lo dude S. S., yo volví a pedir, cuando estaba preparando mi intervención hoy aquí, a la vista de las aparentes dudas que existían y de que en el Senado también se ha planteado, según me han informado en el gabinete, una votación sobre si objetivamente o no es de interés para la defensa, volví a pedir a la asesoría que me ratificara el criterio anterior, y no contento con eso le sugerí al ministro --y así lo hemos hecho-- que para estar absolutamente seguros de si terminada jerárquicamente la vía de asesoramiento del ministerio, que es la asesoría jurídica general, solicitara dictamen vinculante al Consejo de Estado en tanto en cuanto eventualmente podría haber algún motivo de anulabilidad, porque no se me alcanza otro, de tal forma que cuando dictamine el Consejo de Estado, señoría, yo le mantendré puntualmente informado, bien en el sentido de que la actuación es considerada por el Consejo de Estado correcta y ajustada a derecho, bien en el sentido de que hay cualquier irregularidad, en cuyo caso se declarará la anulación que proceda, y eso tendrá también los efectos jurídicos que procedan. No lo dude S. S., no lo dude en absoluto.
He de decirle que la tramitación del procedimiento no está singularizada, es exactamente la misma que en casos anteriores, y que el informe más importante en definitiva es el del JEME en cada caso. A veces por la necesidad del puesto decide que le parece interesante y otras veces no.
En mi caso he de decir que lo único que vi fue que se trataba de un teniente jurídico que en principio estaba en la Drisde y que no me afectaba a la buena marcha del servicio. Desde luego estoy absolutamente convencido, señoría, de que la decisión es fundada, es decir, que es de indudable interés para la defensa porque, como S. S. ha dicho bien, el reglamento dice que el ministro al decidir tiene que tener en cuenta el planeamiento de la defensa, o sea, la directiva a la que hice referencia y todo lo que sigue. Podemos discrepar --repito-- pero a mi juicio --y ése sí es el informe del que me responsabilizo porque yo lo propuse-- desde el punto de vista de la profesionalización y de la necesaria búsqueda de salidas para los soldados profesionales que vayan a estar un tiempo limitado con las Fuerzas Armadas y haya que reinsertar laboralmente y desde el punto de vista de la gestión inmobiliaria del departamento es de interés para la defensa.
Por tanto, señoría, no puedo coincidir más con usted. Si ha habido alguna irregularidad no dude de que, a través del dictamen del Consejo de Estado, porque hay que elevarlo lógicamente al órgano de asesoramiento superior, se corregirá, y yo me comprometo personalmente, señoría, a venir aquí y por lo que compete a mis responsabilidades decirle que me he equivocado, pero deseche usted en el Ministerio de Defensa cualquier interés por la singularización. He declarado más de una vez en público que el problema de cualquier gestor de personal es el tratamiento igualitario, y no sólo el tratamiento desde un punto de vista objetivo sino desde la percepción subjetiva, que es difícil a veces en todo el mundo, de que es tratado igual. Por tanto, en absoluto es ésa la intención y ésta es la situación en este momento. Repito que esperamos que el Consejo de Estado nos informe y en función de lo que diga, señoría, procederemos, aunque como usted comprenderá creo que el expediente está correctamente tramitado.
Usted se ha referido también al tema de las nóminas. Sé que en algún momento determinado, porque fue a través de pagaduría, había un problema de nóminas. Y le diré más. Siguiendo instrucciones de la Subsecretaría, la Dirección General de Personal reclama, en un momento determinado, cuál es la situación de ese señor mientras se tramita el expediente, y el efecto retroactivo, amparado en principio en lo que me dice la asesoría jurídica con efecto 21 de enero, se debe a que es el 21 de enero cuando se produce la petición y la iniciación del expediente, ratificado después, porque se lo he pedido otra vez por si acaso a la
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asesoría jurídica, y --repito-- el Consejo de Estado nos dirá. Pero deseche desde luego, porque incluso me duele personalmente, cualquier duda de parcialidad o de pretensión de saltarnos la ley a la torera o de cosas semejantes. Nada de eso, señoría. (El señor Ríos Martínez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, como sabe perfectamente, no hay turno de réplica en este trámite. Ha tenido una larguísima intervención y creo que está agotado el tema por su parte, pero le doy dos minutos improrrogables si quiere intervenir en afán de la máxima objetividad. Dos minutos, por favor.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, solamente por la referencia de concreción y las invitaciones que nos ha hecho el señor Subsecretario.
La coordinación de urbanismo es una y la de las comunidades autónomas puede ser otra, pero aquí estamos hablando de la Secretaría de Economía y Empleo. Usted dice que la voluntad de buena relación se puede tener de mil maneras. Lo ha aplazado usted en función del informe que pueda venir del Consejo de Estado sobre legalidad o no legalidad, la anulación o no anulación, o corregir en función de lo que se pueda decir. Yo lo que le vengo a decir es lo que dice el actual real decreto en el artículo 29.2: que el efecto surtirá desde la fecha de nombramiento o desde la fecha de concesión. Malamente puede ser antes del 31 de marzo o decisión de 31 de marzo.
En cuanto a la opción de excedencia voluntaria, entienda usted que reglamentariamente podía haber optado por una situación de excedencia voluntaria. Además, si usted lee la letra e) del artículo 100 de este reglamento dice que cuando sean nombrados miembros del Gobierno, órganos de gobierno de comunidad o altos cargos de los mismos, ése es el trámite y no el de servicios especiales. Entienda usted que nosotros veamos, al margen de la voluntad de buena relación, de gestión de urbanismo, de gestión de buena realidad, al margen de todo eso veamos un estiramiento de la actuación en este caso concreto que hasta ahora no se había usado.
Es decir, los demás casos sí que han tenido relación, por lo menos los que yo he conocido, los que he podido estudiar del Boletín de Defensa, han salido siempre con un mínimo de relación, con un mínimo de actuación.
Este es el primer caso de esta consejería --que me imagino que hasta se puede ampliar mañana a la andaluza, pasado a la valenciana o a la catalana-- de economía, de política territorial, etcétera, puede ser un sitio al que pueda ir una persona de preparación militar.
Hay cosas que usted no ha respondido --espero que sea un razonamiento en la posibilidad de evolucionar-- la coincidencia de nómina, la reclamación. Me gustaría conocer la fecha de la reclamación de nómina, si es que ha habido esa reclamación, o la propuesta de devolución de las nóminas, por conocer la incompatibilidad que se haya producido de forma manifiesta o no se haya producido. Me gustaría también conocer en la medida de lo posible, si la evolución posterior se produjese con la decisión de corregir, si el procedimiento sería la retirada de servicios especiales y la invitación a optar por una de las dos posiciones; si no es así, el tiempo nos lo va a decir.
Cuando hemos hecho una precisión de trato es porque hemos entendido que es un caso singular el que se ha producido y porque la defensa de esta actuación nosotros creemos que se está haciendo en función de la persona que lo ha solicitado y no como un criterio general. Eso es lo que hemos entendido nosotros.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, vaya terminando.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, acabo de terminar en este momento.
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Señor Ríos, quiero confirmarle que no se ha producido estiramiento ninguno. Esa duda de la eficacia la tuve tan expresamente que se lo consulté a la asesoría jurídica. Hay un argumento que no recuerdo ahora de memoria de los que se utilizaron, pero que tenía sentido en el aspecto de que difícilmente se puede pedir la situación si no es después de que se produzca un nombramiento. En cualquier caso es la asesoría jurídica la que lo dice.
He pedido antes de venir aquí que me lo ratificara y aun así --repito-- hemos ido al Consejo de Estado para estar absolutamente seguros. Tiene mucho que ver, aunque sean cosas distintas, la gestión patrimonial --no vamos a entrar en eso--y el urbanismo y, por otra parte, la recolocación de los soldados profesionales. Usted puede discrepar o no, pero ésa es la argumentación. Efectivamente ha habido, como usted dice bien --lo que pasa es que no me acuerdo ahora de las fechas--, y por eso mi actuación también en la Dirección General de Personal, una duplicidad de percepciones en algún momento que se ha recuperado por el Ministerio de Defensa porque es lo que inmediatamente puse en marcha. De manera que no hay ningún tratamiento singular y no quisiera que quedara ni la más mínima duda en ese aspecto, entre otras cosas, porque soy responsable del personal del Ministerio de Defensa en su conjunto, y el tratamiento es exactamente igual para todos, admitiendo, incluso, que en mi percepción de que es de interés para la defensa de lo que estoy legítimamente convencido, sin ningún lugar a dudas, porque además por razones históricas el tratamiento que tienen ahí las comunidades autónomas es un poco singular. El Consejo de Estado lo dirá. ¿Qué efectos tiene? Pues si el Consejo de Estado dice que hay algún vicio en la tramitación, nulidad, etcétera, lógicamente se retrotraerán los efectos y se producirán los que sean, tendrá que volver a su situación, o a excedencia, no lo sé en este momento. No dude S. S. que se aplicará la ley. Nada más lejos de la intención de este Gobierno y de este subsecretario que la no aplicación de la ley, normalmente las críticas --entre comillas-- cariñosas que recibo es que insisto mucho en esto. Desde que he llegado he mandado seis circulares diciendo que se cumplan en todos los procedimientos las leyes, etcétera. Por tanto, no lo dude usted. Lo que pasa
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es que hay una distinta interpretación. La ley no es un chicle, señorías, estoy absolutamente de acuerdo con usted. No hay interpretaciones elásticas.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moya.
El señor MOYA MILANES: Con toda brevedad porque mi grupo y en concreto este portavoz, ya hizo una pregunta oral en el Pleno de hace dos o tres semanas en relación con este tema, al haber quedado un tanto sorprendidos por un nombramiento que la relación del puesto con la defensa nacional podía parecer a simple vista un tanto forzada, y para solicitar informaciones en ese sentido presentamos esa pregunta oral.
Hoy con mucho más tiempo que en aquella ocasión, porque era una pregunta oral de contestación muy rápida, el señor subsecretario ha abundado en las razones que pueden ser más o menos coincidentes o discrepantes con la opinión de los portavoces de esta Comisión, pero, en cualquier caso, han sido las razones que le han llevado a adoptar esa decisión.
El sentido que tenía nuestra pregunta en su momento era evitar cierta sensación que pudiera percibirse en la sociedad de que cualquier puesto de la Administración fuera susceptible de ser ocupado en estas condiciones. Queríamos simplemente pedir aclaraciones en ese sentido y que la relación con la defensa nacional tuviese una conexión más explícita.
Es posible que la base legal que usted mismo ha manifestado precise de algún tipo de retoque, de reconsideración, modificación o cambio que haga que este tipo de nombramiento se ajusten a una normativa un tanto más precisa de lo que pueda estar en este momento contemplada. Me ha parecido entender que el señor subsecretario ha apuntado la posibilidad de introducir alguna modificación en este sentido que sería bien recibida por nuestro grupo y hallaría la comprensión del mismo en este sentido.
También quiero decir que nos parece positivo el ánimo que ha expresado en su intervención de que si ha habido alguna incorrección en el tema, en cuanto al informe que ha pedido al Consejo de Estado, se tomarían las correcciones oportunas. En ese sentido también quiero agradecerle esa disposición de ánimo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Señorías, el tema que hoy nos ocupa ha sido debatido, como así se ha puesto de manifiesto por diferentes portavoces, tanto en la Asamblea de Madrid como en el Senado y hoy en el Congreso; no obstante, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha vuelto hoy a traerlo a la Cámara.
Quiero agradecer hoy al señor subsecretario su intervención; intervención que se ha basado fundamentalmente en las argumentaciones jurídicas del tema que nos ocupa. A la vista de las argumentaciones del señor subsecretario y también del expediente, de las distintas intervenciones que en la Asamblea de Madrid realizó el Consejero de Economía y Empleo y de las argumentaciones que se han hecho durante esta sesión, el Grupo Popular cree que el nombramiento realizado por la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid para el puesto de Secretario General Técnico de dicha Consejería, cumple todos los requisitos que exige la normativa vigente y por ello ha sido una designación, a nuestro juicio, ajustada a derecho.
Se ha realizado el dictamen del Director General de la Función Pública sobre el puesto a ocupar; se ha emitido el informe requerido al señor Ministro de Defensa así como los informes de la asesoría jurídica a que ha hecho alusión el señor subsecretario. La legislación que se ha aplicado en este caso y que ha sido nombrada es la Ley 17/1989, de 19 de julio, y el Real Decreto 1385/1990, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento general que desarrolla esta ley.
En esta legislación se establece claramente --y creo que esto lo ha entendido bastante bien el señor Ríos, portavoz de Izquierda Unida--, que los militares de carrera que prestan sus servicios en puestos orgánicos de la Presidencia del Gobierno o en los gabinetes de los ministros y de los secretarios de Estado pasarán a situaciones de servicios especiales, aunque dichos puestos no estén específicamente relacionados con la defensa.
No obstante, y asimismo, se sigue estableciendo en esta normativa que los militares de carrera que sean nombrados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, o altos cargos de los mismos deberán pasar a la situación de excedencia voluntaria o si el cargo es considerado de interés de la defensa, como es en este caso, deberán pasar a la situación de servicios especiales, tal como dispone el artículo 28.1 del Real Decreto 1385/1990. Por tanto, hemos de reiterar que, según se deduce, repito, la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid ha cumplido escrupulosamente todos los trámites requeridos para el nombramiento del puesto de Secretario General Técnico.
Asimismo, hay que recordar que la ley 28/1984, de 31 de julio, que también se ha mencionado aquí, establece en su preámbulo la necesaria colaboración del Ministerio de Defensa con los organismos autónomos y locales en la planificación urbanística. A estos efectos el artículo 2.2 de la citada ley señala la coordinación entre el Ministerio de Defensa y las comunidades autónomas con un criterio amplio de lo que significa la defensa.
En éste y en otros puntos existe, y está bien que así sea, una indudable vinculación entre el Ministerio de Defensa y las comunidades autónomas que en el caso de Madrid tiene una repercusión muy directa en la Consejería de Economía y Empleo, subrayo lo de empleo, puesto que en un futuro próximo, cuando nuestras Fuerzas Armadas estén profesionalizadas totalmente, habrá que llegar a acuerdos para los soldados profesionales con miras a su inserción laboral una vez que haya terminado su compromiso militar.
Dentro de la discrecionalidad que concede la ley esta resolución es coherente con la política de personal que viene llevando a cabo el Ministerio de Defensa y que está
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aplicándose básicamente respondiendo a dos criterios fundamentales: en primer lugar, a la igualdad de trato para todos los militares que pueden verse en situaciones similares, y, en segundo lugar, al interés para la defensa o puestos relacionados con la misma. Por tanto, creemos que, además, se pretende una equiparación a situaciones similares con los funcionarios civiles, en aplicación de la Ley 30/1984, de pasar a servicios especiales sin pérdida de los derechos en activo. Esta situación permite recuperar para la defensa al militar que ha prestado servicios en un organismo distinto de la defensa al finalizar el servicio para el que fue llamado por el organismo civil de que se trate.
Si me permite, señor Presidente, para terminar, quiero destacar y agradecer la intervención del señor subsecretario que, como decía al principio, se ha basado fundamentalmente en las argumentaciones jurídicas sobre el tema que nos ocupa. También quiero destacar, como ha hecho el señor subsecretario, que la forma de actuar de este Gobierno y de este Ministerio de Defensa son la claridad y la transparencia. Prueba de ello es que, además de las argumentaciones jurídicas que sustentan este nombramiento, el señor subsecretario nos ha anunciado que ha pedido, sin ser necesario para ello, una consulta o dictamen del Consejo de Estado para aclarar esta situación. En el caso que fuese por algún error cometido --creemos que no ha sido así-- se tomarían las decisiones adecuadas. Vuelvo a destacar de nuevo la claridad, la transparencia y el rigor con que este ministerio actúa.
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Quiero agradecer la intervención del Diputado, señor Moya, porque ha puesto de manifiesto otro aspecto importante, no sólo que no debe caber duda respecto a que no hay trato singularizado, sino que además sería un mal servicio a la defensa la equivocación de pensar que todos los puestos de la Administración son de interés para la defensa. Son de interés aquellos que lo son, en los que tiene que concurrir la fundamentación oportuna y en este caso obviamente nosotros creemos que concurre.
Comparto, lo manifesté antes y lo concreto ahora algo más porque he hecho alguna gestión dentro del ministerio, la necesidad de modificar algo ese precepto, sobre todo para evitar estas situaciones, porque si en vez de ser una potestad discrecional fuese una potestad absolutamente reglada y supiésemos puesto por puesto cuál es o cuál no es de interés para la defensa no nos encontraríamos con esta discusión y con la necesidad de pedir, a veces, informes jurídicos.
En relación con la intervención de la diputada, señora García-Alcañiz, no puedo estar más de acuerdo en el sentido de que desde el punto de vista político, el ministerio cree que no se puede seguir ahondando en diferencias que no estén justificadas del tratamiento de militares y civiles, en términos generales. Es bueno mantener una relación fluida con todas las instituciones. Es una preocupación de este subsecretario muy especial y muy coyuntural de este momento, que comprenderán SS. SS.
Estamos ante una transformación radical de nuestras Fuerzas Armadas. Si vamos al proyecto de profesionalización que el Gobierno ha planteado, hay que buscar todos los caminos posibles para la reinserción de los hombres y de las mujeres que van a formar parte de esas Fuerzas Armadas profesionales durante un tiempo, y luego van a salir de ellas. En consecuencia, cualquier conserjería de una comunidad autónoma que tocara los temas de patrimonio en cuanto a ingresos para modernización y, sobre todo, los de empleo, desde el punto de vista de la Subsecretaría, en principio, y salvo que se nos corrija por los órganos competentes, entendemos que es del máximo interés para la defensa nacional.
--DEL SEÑOR PANIAGUA FUENTES (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE CAUSA DE QUE EL ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA SE ENCUENTRE TRANSITORIAMENTE CERRADO PARA LOS INVESTIGADORES. (Número de expediente 181/000460.)
--DEL SEÑOR PANIAGUA FUENTES (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE MOTIVOS POR LOS QUE EL ARCHIVO GENERAL DE LA MARINA, SITO EN EL VISO DEL MARQUES (CIUDAD REAL), SE ENCUENTRE CERRADO AL PUBLICO. (Número de expediente 181/000461.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente bloque del orden del día que son las preguntas que va a contestar el señor Subsecretario. La primera de ellas es la número 5, que ha presentado el señor Paniagua Fuentes, del Grupo Socialista, que si está de acuerdo podemos agrupar con la número 6.
(Asentimiento.) La número 5 es sobre la causa de que el Archivo General Militar de Segovia se encuentre transitoriamente cerrado para los investigadores; y la número 6 es sobre los motivos por los que el Archivo General de la Marina, sito en el Viso del Marqués (Ciudad Real), se encuentra cerrado al público.
El señor PANIAGUA FUENTES: Como saben SS. SS., el Archivo General Militar de Segovia, que está situado en El Alcázar, constituye uno de los centros de documentación histórica más importantes, con más de 90.000 legajos.
Junto a este archivo está el Archivo Histórico Militar de Madrid, que probablemente reúne la información relativa al ejército más importante de Europa. En este sentido, mi pregunta es por qué pasado casi un siglo de su creación, por cuanto que se creó como consecuencia del Decreto de 22 de junio de 1898 (exactamente igual ocurre con el Archivo General de Marina, que está localizado en el Viso del Marqués, (Ciudad Real), aunque su creación es mucho más reciente, en 1948) precisamente en el primer caso, cuando muchos investigadores están haciendo sus
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trabajos en función de lo que ocurrió en la crisis de 1895-1898, causa de la guerra de Cuba y la separación de las colonias, y en ese sentido también investigaciones dentro de los fondos de la Armada, por qué en estos momentos no se encuentra abierto a estos investigadores, sobre todo en uno de los aspectos que es la sección relativa a la causa de ultramar.
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Sobre el primer aspecto, tengo una información contraria, que he contrastado para contestar a la pregunta, pero si S. S. tiene otra podemos comprobarla. El Ejército de Tierra me informa que en el caso de Segovia el archivo nunca ha estado cerrado a los investigadores. Tengo aquí los datos consolidados hasta 1996, porque nos falta el principio de 1997 de las investigaciones in situ. En 1996 fueron 483; consultas in situ, 463; consultas por correspondencia, 2.343; informes por correspondencia, 2.185 y movimiento total de legajos, 9.821. Puede haber algún error, no lo sé, pero creo que no ha estado cerrado nunca.
Es verdad, como S. S. señala, que sí lo ha estado el de Viso del Marqués, fundamentalmente porque no teníamos personal cualificado. En la oferta pública de empleo de este año, hemos solicitado dos plazas de archiveros facultativos que han sido convocadas, y no sé si la oposición está a punto de terminar o están haciendo ya el curso. Dentro de uno o dos meses, cuando estén disponibles, se reabrirá plenamente.
Coincido absolutamente con S. S., no sólo en la conveniencia coyuntural por la cercanía de 1998 de que todo esto se conserve, sino porque el patrimonio histórico de las Fuerzas Armadas es valiosísimo y a veces cuesta mucho mantener. Su pregunta me permite manifestar la necesidad de que se tenga conciencia de ese coste de mantenimiento y que por el valor patrimonial histórico que tiene, merece ese esfuerzo.
El señor PRESIDENTE: Señor Paniagua.
El señor PANIAGUA FUENTES: Es verdad que el Archivo de Segovia, como sabe el señor subsecretario, no nace como un archivo histórico, sino como un Archivo general de dependencias diferentes que durante el siglo XIX se van acumulando, y que su depósito en el Alcázar de Segovia se decide mediante este decreto, junto al otro archivo, el que fue el depósito de guerra, que después se transforma en Archivo Histórico Militar. Por tanto, hay varios subsistemas de archivos en estos momentos concretados en el Ministerio de Defensa. Uno corresponde a la Armada, donde había distintos archivos en Cartagena y en Cádiz; algunos de ellos se perdieron por incendios con documentación valiosísima, que después se concretó mucho más tarde que el Archivo Histórico de Segovia y el Archivo General en Viso del Marqués, en 1948, cuando una gran parte de esta documentación estaba en el antiguo Ministerio de Marina.
Había una concepción que proviene del siglo XIX, y es que aquellos que se consideraron subjetivamente como documentos valiosos, pasarían a lo que se llamó el depósito de guerra, transformado después, como le decía antes, en Archivo Histórico Militar. Esta concepción del documento positivista, que tenía que condicionar la historia del Ejército, por tanto la historia de todo lo que habían sido las guerras y las batallas, y que sirvió como elemento para las academias militares, no tenía nada que ver con el Archivo Militar de Segovia, que era la documentación que en los distintos departamentos de las capitanías generales se había ido generando desde 1810 hasta la actualidad. En el siglo XX se ha roto esa concepción de diferencia entre Archivo Histórico y Archivo General.
En los últimos tiempos los investigadores, no sólo de historia sino también sociólogos, han entrado en el Archivo Histórico Militar de Segovia y hay pruebas de importantes investigaciones en este sentido, pero el archivo tiene una concepción más de archivo general, y está dividido en varias secciones. Al principio eran cuatro secciones, después se amplió a diez secciones diferentes (entre ellas personal, causas) porque allí también están algunos archivos, y hay una ramificación en Avila. Se tiene una concepción diferente a lo que es un archivo histórico, cuando en realidad hoy no existe ninguna diferencia. A veces, por distintas consecuencias del mando, de la propia organización, hay secciones --me estoy refiriendo a ultramar-- que no se pueden consultar, porque la de ultramar está dividida. Una parte en el Archivo Histórico Nacional, que está aquí en Madrid, y otra parte, sobre todo la parte de construcciones navales, de material, está depositada en Segovia. Hay veces en que por razones del propio personal --usted mismo ha destacado el tema de los archiveros-- la diferencia existente, puesto que antes estaba adscrito al cuerpo de oficinas militares y no propiamente a un cuerpo de archiveros con cierta capacidad, ha ocasionado que los investigadores no puedan acceder a determinado material porque no se dispone, porque en ese momento está sin clasificar o porque no hay personal adecuado.
Dentro de un año vamos a entrar en una fecha conmemorativa. No quiere decir que eso sea relevante, pero hay investigaciones en curso en estos momentos en las universidades españolas y resulta problemático para estos investigadores, historiadores, sociólogos y politólogos que no puedan acceder. Gracias por su respuesta, señor subsecretario, y espero que a partir de ahora no haya ninguna dificultad para estos investigadores.
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): No cabe duda de que S. S. sabe mucho más de archivos que yo. En cualquier caso, si hubiera alguna dificultad, estoy absolutamente seguro de que el ejército, en este caso el Ejército de Tierra en Segovia, trataría de solucionarlo.
Me gustaría enfatizar, porque lo ha puesto de manifiesto, que estamos tratando de cambiar hacia una gestión mucho más profesionalizada dentro de los medios económicos y presupuestarios de que disponemos. (Rumores.)
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El señor PRESIDENTE: Señorías, dadas las condiciones acústicas de la sala se organizan diálogos fuera del debate y no hay quien entienda ni pueda prestar atención. Les ruego, por favor, silencio.
--DEL SEÑOR TORRES GOMEZ (GRUPO POPULAR), SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (ISFAS) PARA LA ATENCION A LA TERCERA EDAD. (Número de expediente 181/000540.)
--DEL SEÑOR TORRES GOMEZ (GRUPO POPULAR), SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LA CONTINUACION DEL CONCIERTO DE ASISTENCIA SANITARIA SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (ISFAS) Y LAS ENTIDADES DE SEGUROS DE ASISTENCIA SANITARIA. (Número de expediente 181/000541.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas números 7 y 8, que vamos a agrupar porque son del mismo tema, del Diputado señor Torres Gómez, del Grupo Popular. La primera de ellas es medidas a adoptar por el instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) para la atención a la tercera edad; y la segunda previsiones acerca de la continuación del concierto de asistencia sanitaria suscrito entre el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) y las entidades de seguros de asistencia sanitaria.
Señor De Torres.
El señor DE TORRES GOMEZ: El objeto de la primera pregunta, señor subsecretario, no era otro que poner de manifiesto algo que es palmario: el interés y recabar a la par la atención del Gobierno y en este caso del Ministerio de Defensa hacia ese sector de la población que por su especial necesidad requiere igualmente unas atenciones especiales.
La incorporación al mundo del trabajo de los miembros de la unidad familiar, muy especialmente de la mujer, los avances que se están haciendo en medicina geriátrica y otra serie de factores permiten en este caso una mayor expectativa de vida, que se refleja en un mayor porcentaje de población y a consecuencia del primer caso --abandono por parte de la mujer de la unidad familiar-- la falta de asistencia a las personas de este sector, que en algún modo tiene que suplir la sociedad o los organismos competentes del Estado.
El sector de la tercera edad no sólo está en el ámbito de defensa, sino en todos los ámbitos del Estado. Son personas, como decía antes, que por sus especiales circunstancias requieren una atención especial en internamientos, estancias en centros donde se les procure asistencia extrahospitalaria, en aquellos casos que se requiera en el propio domicilio para aquellas personas que estén en situación de aislamiento y, en definitiva, cualquier tipo de asistencia que precisen como teleasistencia para aquellos que tengan alguna afección de corazón, etcétera. En definitiva, solamente sería un agradecimiento a aquellas personas que han dedicado su vida al servicio del Estado y de las administraciones y que en este momento se encuentran en esta situación.
Como quiera que a toda esta problemática el Isfas no puede permanecer ajeno, pregunto las medidas que va a adoptar el Instituto Social de las Fuerzas Armadas para la atención a estas personas.
Por lo que respecta a la segunda pregunta, la gerencia del Instituto Social de las Fuerzas Armadas suscribió en el año 1986 un concierto en régimen de prórrogas anuales sucesivas con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General para que sus afiliados y demás beneficiarios del régimen especial de la Seguridad Social pudieran recibir asistencia sanitaria a través de la red sanitaria de Seguridad Social con las condiciones vigentes para el régimen general. Asimismo, existen conciertos con entidades que finalizaron el día 31 del mes de diciembre pasado. Los citados conciertos han venido existiendo desde que se creó el Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
El concierto de asistencia sanitaria del Isfas con las entidades de seguros concluyó el 31 de diciembre de 1996 y es el objeto de la pregunta, ¿tiene previsto el Isfas que se continúe con ese idéntico modelo asistencial?
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Señor Presidente, señoría, efectivamente representa una preocupación singularizada de este Gobierno, y creo que hay un amplio consenso social, la parte del llamado Estado del bienestar que corresponde a la también convencionalmente llamada tercera edad. En ese sentido el Gobierno --y también en este área específica del Instituto Social de las Fuerzas Armadas-- ha tratado de hacer un esfuerzo singularizado. Concretamente a través de una instrucción, la 24/97 del Director General del Isfas, hemos tratado de mejorar algunas prestaciones que les resumo brevemente, señorías. Las ayudas que en este momento se prestan son: ayuda económica para tratamientos termales, ayuda económica por extrema ancianidad, ayuda económica por asistencia a domicilio, por estancia en centro de día, por estancia en residencia asistida y por teleasistencia.
Las ayudas por tratamientos termales, extrema ancianidad y residencia asistida existían ya anteriormente, las otras han sido incorporadas por el nuevo Gobierno, si bien en éstas se ha ampliado el número de ayuda por asistencia a domicilio, porque en el año 1996 se prestaba en 54 municipios y hemos mejorado y ampliado a 136 en este momento. Aparecen como nuevas las prestaciones de ayuda económica por estancia en centro de día y el servicio de teleasistencia.
En lo que se refiere a los tratamientos termales, el Isfas facilita la asistencia que en determinados establecimientos se presta a los asegurados mayores de 65 años que tengan derecho a la asistencia social y a los servicios sociales de la acción protectora del régimen especial de seguridad social de las fuerzas armadas y la asignación económica consiste
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en la financiación del 25 por ciento del precio por alojamiento, manutención en régimen de pensión completa, tratamientos hidroterápicos que hayan ofertado los balnearios colaboradores para turnos de duración no superior a quince días.
La ayuda económica para extrema ancianidad, que cubre a aquellas personas mayores de 75 años, asciende aproximadamente a 66 millones de pesetas mensuales en el Isfas, unas 8.200 pesetas de coste medio beneficiario-mes según las circunstancias.
La asistencia domiciliaria, como S. S. conoce bien, viene a facilitar la atención en su propio domicilio de aquellos asegurados menores de 65 años que en razón de su menoscabo o situación sociofamiliar, como usted señoría ha dicho bien, pueden no estar en condiciones óptimas de movilidad y consiste en el abono de una parte de los servicios prestados por las empresas adjudicatarias de los conciertos que suscriba el Isfas.
Durante el presente ejercicio se ha ampliado el colectivo protegido, al haberse extendido a partir del 1.º de marzo de 1997 el servicio de asistencia a domicilio a muchas más localidades, como decía, de las que había en años anteriores.
Lo mismo en cuanto a las ayudas por estancia en centros de día y ayudas por internamiento en residencias asistidas y teleasistencia que básicamente suponen, en términos globales señoría, un coste y un incremento sobre la acción del presupuesto anterior de 2.200 millones de pesetas, que preocupan muy singularmente al ministerio, como algunas otras medidas que estamos estudiando dentro de las disponibilidades presupuestarias.
En el segundo aspecto, señoría, la idea es continuar con la prestación de la asistencia sanitaria en ese mismo régimen y se ha vuelto a celebrar un contrato con las entidades de seguro. Concretamente hay una resolución de 18 de diciembre del año 1996 del Instituto Social de las Fuerzas Armadas prorrogable en años sucesivos y en estos momentos en términos porcentuales del total del colectivo protegido el 7 por ciento opta por percibir asistencia sanitaria a través de la red de Seguridad Social, un 63 por ciento está justo dentro del concierto y un 30 por ciento está adscrito a la sanidad militar.
En cuanto al contenido del nuevo concierto, se han tratado de mejorar algunas prestaciones, concretamente la ampliación de la asistencia siquiátrica en los términos previstos en el Real Decreto 63/1995; anteriormente las entidades respondían en procesos agudos hasta un máximo de un mes y en la actualidad en los procesos agudos o crónicos agudizados no existe limitación temporal alguna.
Se han incluido la totalidad de las prótesis quirúrgicas fijas en el concierto, como la lente intraocular --las lentillas-- o los implantes en el aparato auditivo que anteriormente estaban excluidos y los medicamentos calificados como de uso hospitalario por las normas como el Prosereme-5, de la Dirección General de Farmacia, que en la mayoría de los casos eran medicamentos para el tratamiento de enfermedades de cierta entidad y alto coste que estaban excluidos y se han incluido.
De manera que, señoría, la idea es en años sucesivos de la misma forma o con las mejoras que podamos ir estableciendo mantener este esquema de funcionamiento y mejorar, eso sí, desde el punto de vista de las prestaciones del Isfas, el contenido de los conciertos.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea añadir algo más, señor De Torres? (Pausa.) Muchas gracias.
--DEL SEÑOR IBAÑEZ HARO (GRUPO POPULAR), SOBRE RESULTADOS DE LA PROMOCION PROFESIONAL EN LA TROPA Y MARINERIA PROFESIONAL. (Número de expediente 181/000567.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 9, del señor Ibáñez Haro, del Grupo Popular. Resultados sobre promoción profesional de la tropa y marinería profesional.
Señor Ibáñez.
El señor IBAÑEZ HARO: Señor Presidente, señorías, señor subsecretario, mi pregunta, tal como está enunciada, es conocer los resultados sobre un aspecto fundamental que el señor subsecretario ha enfatizado siempre en otras comparecencias: la promoción profesional de las tropas y marineros profesionales.
Actualmente, los jóvenes que optan a formar parte de las fuerzas profesionales acceden en un porcentaje del 50 por ciento con titulaciones de formación profesional de primer grado o graduado escolar; el 27 por ciento con titulaciones de formación profesional de segundo grado y bachillerato unificado polivalente; el 10,5 con COU y estudios universitarios y, por último, el 8,5, con certificado de escolaridad.
Esto nos hace ver que el nivel cultural es medio, puesto que predomina el graduado escolar y formación profesional de primer grado sobre el resto, aunque no obstante es significativa la proporción de aspirantes, más del 10 por ciento, que han aprobado COU o poseen diplomado o estudios superiores universitarios.
Durante el pasado mes de abril el Ministerio de Defensa ha ofertado 3.500 plazas de fuerzas profesionales de tropa y marinería, que son las primeras de las previstas para este año de 1997 y que en una segunda convocatoria totalizarán un montante de 7.000 personas, con lo que a final del año el número total de profesionales será de 38.000, una vez descontadas las bajas que se produzcan por finalización del compromiso.
Pues bien, tanto estos jóvenes de nuevo acceso, como los que actualmente constituyen las fuerzas profesionales, reciben una formación elemental previa en centros o unidades donde se incorporan, y luego una formación continua para poder desempeñar un oficio, de acuerdo con sus intereses personales y con las especialidades que hay en los distintos ejércitos y armadas, con posibilidades posteriores de hacer carrera en los ejércitos y, para los que no lo deseen, facilidades de acceder al mercado laboral, gracias a la realización de estudios y a la obtención de títulos complementarios de las especialidades militares.
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Por todo ello, señor subsecretario, formulo la pregunta enunciada: ¿Cuáles han sido los resultados sobre la promoción profesional de la tropa y marinería profesional?
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Señoría, la pregunta no puede ser más oportuna. Como usted mismo ha dicho, siempre he enfatizado no sólo para el futuro, en el proceso de profesionalización, sino ahora, la necesidad de dar formación y, en consecuencia, salida profesional a los soldados. Acabo de enfatizarlo cuando he dicho que el puesto de Secretario General Técnico de la Consejería de Madrid, que se ocupa del empleo, es importante desde el punto de vista de la defensa.
Voy a exponer los datos que tenemos de las diferentes actuaciones que en este momento se están llevando a cabo en el ministerio, muchas de ellas ya puestas en marcha por el Gobierno anterior, y que han sufrido una evolución estadística que voy a proporcionarle con los datos que tengo.
No cabe la menor duda, desde mi punto de vista --y aprovecho la ocasión para volver a enfatizarlo--, de que estos aspectos son de sustancial importancia en el futuro de Fuerzas Armadas profesionales.
En primer lugar, como S. S. sabe, existe (y me parece haber visto hoy mismo en el «Boletín Oficial del Estado de Defensa» la convocatoria de este año) la obligatoriedad de reservar el 50 por ciento de plazas para soldados profesionales en la convocatoria de cada año de la Guardia Civil. Como S. S. ha puesto de manifiesto, al irse incrementando cada año el número de profesionales, cada vez hay más aspirantes y están más cualificados.
En la primera convocatoria tras la publicación de la ley vigente en este momento, que se produjo en el año 1995, ingresaron 92 profesionales, que habían realizado la preparación de las pruebas por su cuenta. En el año 1996, se puso en marcha por el Ministerio de Defensa el primer curso de apoyo precisamente para la preparación de estas pruebas de acceso a la escala básica de cabos y guardias de la Guardia Civil destinados a la tropa y marinería profesional, que habían solicitado la participación de los mismos. El curso se desarrolló en dos modalidades, con profesorado o con tutor coordinador, en función del número de alumnos en la unidad correspondiente, porque lógicamente hay que combinar esto con la operatividad de las unidades, y en total se impartieron 17 cursos, 12 de ellos con profesorado completo y cinco con tutor coordinador, en distintas unidades, bases o acuartelamientos de los tres ejércitos, concretamente trece en Tierra, tres en Aire y uno en la Armada.
Inicialmente, con estos cursos se atendió a un total aproximadamente de 1.300 aspirantes, que fueron apoyados con la entrega de los textos adecuados, elaborados y editados por el Ministerio de Defensa, y con las clases correspondientes. Paralelamente, se enviaron textos a las oficinas de información al soldado y marinero en cada una de las unidades para que aquellos aspirantes que no tuvieran oportunidad de asistir a uno de los cursos pudieran al menos disponer de los libros para preparar las pruebas. Con este curso, se consiguió triplicar aproximadamente el número de aspirantes que aprobaron; concretamente en la convocatoria del año 1996 ingresaron 254, frente a los 92 del año anterior. Durante la realización de las pruebas fueron apoyados en cuanto a alojamiento, manutención y transporte, contando con la colaboración de la Guardia Civil y con los apoyos directos proporcionados por el Ministerio de Defensa.
Los resultados obtenidos han aconsejado continuar con esta práctica, si bien en la convocatoria de este año se hace una pequeña salvedad para que no queden plazas vacantes. Hemos redactado la convocatoria de conformidad con el Ministerio del Interior y la Guardia Civil, de tal manera que si quedan plazas vacantes porque no hubiera aspirantes que reunieran las condiciones, pueda cubrirlas de otra forma la propia Guardia Civil, en determinadas condiciones, para que no se produzca un vacío, vacío que en años sucesivos es casi imposible que se produzca; quizás ni siquiera este año, pero hemos puesto esa previsión en la medida que, repito, el incremento de profesionales que reúnen las condiciones para acceder es cada vez mayor.
Existe también un importante número de profesionales que ingresan en las escalas básicas de los diferentes ejércitos, concretamente en este momento aproximadamente una media de 500 soldados por año acceden a las escalas básicas, que está en la línea de lo que el Gobierno ha dicho de potenciar, en el proceso de profesionalización, la línea de promoción interna en los ejércitos.
En cuanto a cursos de otro tipo para la reinserción, pensando más bien en la vida civil y en la formación en general, el programa de formación profesional para tropa y marinería que existe en el ministerio se encuadra dentro del plan de calidad de vida, aprobado por la Secretaría de Estado de Administración Militar en julio de 1995, y trata de favorecer la mejora en la formación y, en consecuencia, la reinserción laboral, de los soldados profesionales. Este programa se viene desarrollando en todas las unidades desde el año 1988, en colaboración con el Ministerio de Educación y con las comunidades autónomas, que nos apoyan para muchos de los cursos, como acabo de decir al hablar de la Comunidad Autónoma de Madrid. Son cursos de carácter voluntario que han pasado a formar parte del tiempo libre del soldado y del marinero --me interesa destacarlo porque demuestra una voluntad de superación en los profesionales que merece la pena reseñar-- y que han solucionado, en algunos casos, la falta de titulación para acceder a las escalas básicas de las academias cuando no se tenía el nivel oportuno y, en otros casos, facilitan la salida fuera.
Por dar algunos datos, señoría, los resultados, desde 1988 a 1996, se pueden calificar de positivos. De 13.588 presentados a las pruebas de formación profesional 1, obtuvieron el título de técnico auxiliar en la especialidad correspondiente, 5.770 soldados y marineros, el 42,47 por ciento. Este porcentaje es muy significativo si tenemos en cuenta que en el Ministerio de Educación y en las consejerías de Educación, el porcentaje de aprobados del resto de los jóvenes es del 18 por ciento.
Durante 1996, se han realizado 146 cursos preparatorios de formación profesional 1 en 73 unidades de los tres ejércitos. Se presentaron a las pruebas 3.694 soldados y marineros y obtuvieron el título 1.367, lo que supone un
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porcentaje de titulados del 37,04 por ciento. El contenido de las pruebas se ajusta a los cuestionarios oficiales de formación profesional de primer grado y las materias a superar están agrupadas en tres áreas de conocimiento: formación común, ciencias aplicadas y conocimientos técnicos y prácticos. Las especialidades que más se piden son automoción, administrativo, auxiliar de clínica, electricidad, electrónica y mecánico de armas. La participación de los soldados y marineros profesionales en los cursos del pasado año estuvo en torno al 48 por ciento, lo que es también un aumento considerable en cuanto a la participación en los cursos, y durante el año 1997 ha aumentado el número de unidades donde se prestan estos cursos.
Por último, estarían los cursos de formación ocupacional, que son también muy significativos y en los que más colaboran en algunos casos las comunidades autónomas. El año pasado se iniciaron 170 cursos, con una participación de 3.400 alumnos en 76 unidades, sobre diferentes oficios, concretamente pintor de edificios, albañil, alicatador, operador de retroexcavadora, informática, operador de vídeo, conductor del carnet C-1, es decir, camiones, soldadura, fontanería, diferentes especialidades. Para el presente año, se han previsto 111 cursos y, al día de la fecha, se ha iniciado el 25 por ciento de los mismos.
Creo que con estas grandes cifras, señoría, queda expuesta la preocupación del ministerio por esta materia y lo que creo que son unos buenos resultados en cuanto a la eficacia.
--DEL SEÑOR IBAÑEZ HARO (GRUPO POPULAR), SOBRE GESTION DE LOS RECURSOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR. (Número de expediente 181/000568.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, también del señor Ibáñez Haro: Gestión de los recursos de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
El señor IBAÑEZ HARO: Señor subsecretario, al hilo de la pregunta anterior y de la respuesta que me ha dado, en el futuro modelo de Fuerzas Armadas se primarán aún más las expectativas de trabajo de las fuerzas profesionales, tanto por la viabilidad de permanecer en los ejércitos hasta la jubilación como por las posibilidades de acceder a empleos públicos e incluso a empresas privadas. A este propósito, como muy bien ha dicho usted, contribuye el llamado plan de calidad de vida de la tropa y marinería, tanto para los militares de empleo como para los de reemplazo, con lo que se pretende mejorar las condiciones de vida de los soldados y marineros proporcionándoles formación profesional y ocupacional. En este sentido viene trabajando durante el año 1996, los anteriores y el que discurre de 1997, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
Por ello, señor subsecretario, le pregunto: ¿Cuál ha sido la gestión de los recursos de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar? El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Señoría, en lo que se refiere a la gestión de formación, ya he respondido a la pregunta anterior. Me voy a referir a los otros aspectos.
Dentro de las limitaciones presupuestarias impuestas por nuestro gran objetivo político de la integración en la primera velocidad europea, con expresión también convencional, la Dirección General de Reclutamiento se ha centrado en algunos puntos. Me gustaría decir que, sobre todo, en la adquisición de mobiliario y de mejora de condiciones de vida en determinadas unidades y centros hay una primera cuestión que he intentado mantener al cien por cien y que quiero destacar, y es que todas las adquisiciones se produzcan por concurso, con lo cual no sólo se cumple estrictamente con la ley, sino que se garantiza la pluralidad de ofertas y se produce un ahorro.
Hay datos significativos, en lo que se refiere por lo menos a los créditos que dependen de la subsecretaría, de que esto es así, que convocando por concurso y haciendo las cosas como es debido se producen ahorros, lo que no quiere decir que eventualmente no pueda haber errores.
En concreto, y en primer lugar, se han gastado 477 millones este año en un aspecto muy importante, en este caso más para la tropa y marinería de reemplazo, que es el seguro de vida y accidentes de los soldados, para que, cuando concurren circunstancias como las que desgraciadamente se producen todos los días, quede garantizado no el consuelo humano, porque será difícil si hay una pérdida de vida o de calidad de vida importante, pero sí una cierta reparación económica.
Se ha puesto en servicio la residencia de alumnos de la Escuela Militar de Sanidad, en Madrid, que se ha dotado de mobiliario, etcétera, para 134 alumnos con amueblamiento, señalización y decoración interior, y se han preparado y adjudicado 14 contratos de adquisición para diferentes servicios de la Digeren y todos los de importe superior a dos millones de pesetas por concurso; muchos de ellos, los que no lo son, se trata de adquisiciones o suministros centralizados, es decir, el concurso lo ha hecho la Administración con carácter global y luego se compran en el servicio de suministros centralizados.
Los créditos para el año 1997 globalmente de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza se elevan a 1.595 millones de pesetas, y algo más para ser precisos, y representan una disminución del 10 por ciento en relación con el presupuesto del año anterior, en línea con el dato conocido por SS. SS. de que el órgano central, sobre todo, ha reducido significativamente sus créditos presupuestarios para poder potenciar los de los ejércitos.
Hemos hecho otra cosa que quiero destacar, y que SS. SS. conocen ya. No hemos podido, como en el debate presupuestario del año pasado se vio y por las razones que allí se alegaron, incrementar la retribución del soldado de reemplazo, pero sí hemos podido, manteniendo la identidad del crédito, mejorar algo ciertas gratificaciones en algunos destinos, como consecuencia de algunas alteraciones en la composición numérica del reemplazo y de la ubicación
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geográfica, del despliegue o de los destinos de las diferentes personas.
En cuanto hemos podido, a principios de este año, hemos mejorado algunas de las plazas en los lugares de mayor fatiga, que se diría en términos militares.
También se han mantenido las cantidades asignadas, como acabo de exponer, en materia de formación profesional, aumentándose el número de cursos. De 73 unidades militares en las que se impartieron estos cursos durante 1996, como decía antes, hemos pasado a 89 en la primera convocatoria del presente año, siendo el incremento de alumnos de 3.694 a 4.000 en 1997, es decir, unos 300 alumnos más.
A grandes rasgos, entre la pregunta anterior y la actual, creo que queda explicado cuál es la orientación del gasto en materia de reclutamiento y enseñanza.
--DEL SEÑOR BARROS MARTINEZ (GRUPO POPULAR), SOBRE MILITARES QUE, HABIENDO PASADO A LA SITUACION DE RESERVA A PARTIR DEL 23 DE ENERO DE 1996, PODRAN PERMANECER EN EL USO DE SU VIVIENDA HASTA EL 23 DE ENERO DEL 2001. (Número de expediente 181/000569.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 11, del señor Barros Martínez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre militares que, habiendo pasado a la situación de reserva a partir del 23 de enero de 1996, podrán permanecer en el uso de su vivienda hasta el 23 de enero del 2001.
Tiene la palabra el señor Barros.
El señor BARROS MARTINEZ: Ultimamente estamos leyendo no muchos, pero sí bastantes titulares en la prensa diaria sobre trámites de desalojo de viviendas militares y críticas sobre ocupaciones injustificadas. En los medios de comunicación se denuncia que muchos militares en activo se ven imposibilitados para acceder a las viviendas que les corresponden por culpa de quienes se niegan a abandonarlas sin causa justificada.
Por el señor Ministro no se ocultó que existe un grave problema con las viviendas militares y que el decreto aprobado en 1990 generó tensiones.
También resalta que es de destacar que de un colectivo de 35.000 personas sólo se han producido 12 desahucios. En otros casos en los que se ha prorrogado la situación se ha creado una comisión para que analice los casos singulares y se permita que personas con delicada situación económica no se vean obligadas a abandonar la casa militar que ocupan.
Recientemente, el señor Ministro de Defensa manifestó que el Gobierno quiere solucionar estos problemas de las viviendas militares, compatibilizando los criterios de legalidad con los de humanidad.
En vista de todo ello, queríamos saber, y de ahí la pregunta que había formulado, qué militares que, habiendo pasado a la situación de reserva a partir del 23 de enero de 1993, podrán permanecer en el uso de su vivienda hasta enero del 2001.
El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Gracias, señoría, por la oportunidad de la pregunta.
Nosotros habíamos solicitado, a la vista de los últimos acontecimientos, que en realidad es uno, el desahucio del capitán López en Sevilla, una comparecencia para explicar la política de viviendas. Y ya del conjunto de las respuestas a otras preguntas se deriva esta política. Me gustaría enfatizar en ese sentido que el Ministerio lo que ha hecho es modificar el decreto para conceder una prórroga que nos permita estudiar con el sosiego necesario cuál puede ser la solución y luego implementarla.
Para aquellos supuestos singularizados que no caben en ese régimen general está el artículo 34 del propio decreto del año 1990, que preveía la posibilidad de una prórroga en la utilización de la vivienda como consecuencia de razones humanitarias o excepcionales, al que hemos añadido simplemente, para objetivar el procedimiento, la creación de una comisión con participación de los cuarteles generales y del órgano central, de forma que haya un tratamiento uniforme, igualitario.
Al poco tiempo de tomar posesión de la subsecretaría, y creo que lo dije aquí en esta Cámara en respuesta a otras preguntas hace unos meses, declaré que ontológicamente el tema de las viviendas militares, globalmente, tiene muy difícil solución porque son problemas personales, a todos los que hay que atender con el mayor cariño humano posible, pero que han de tener una solución legal también.
En concreto, y en contestación precisa a lo que usted me pregunta, la gente que va a poder beneficiarse, al pasar a la reserva a partir del 23 de enero de 1996, de la prórroga hasta el año 2001, sin perjuicio de las medidas que se adopten en el ínterin para tratar de dar una solución global al problema de la vivienda militar que, como SS. SS. conocen perfectamente, no es fácil pero sí tiene voluntad de abordar este Gobierno, son aproximadamente 300 al año. Son unas 500 personas al año las que pasan a la reserva, de las que 300 están ocupando viviendas militares en este momento. La prórroga es de cinco años, desde 1996 hasta el 2001, y serían unas 18.000 familias aproximadamente.
La finalidad de esa prórroga no es otra, como ya he expuesto en otra ocasión, que la de permitir el estudio sosegado de la solución definitiva al problema, por un lado, y la de ampliar el plazo para las personas que se encuentran, por razones de edad, al final de su carrera en situaciones más difíciles desde el punto de vista económico, para que no se vean perjudicadas por una medida que se les venía encima con carácter inmediato.
Creo que con esto respondo a su pregunta.
Señorías, hemos agotado el orden del día y, por lo tanto, reiterando el agradecimiento al señor Subsecretario por su presencia en esta intensa sesión, levantamos la sesión.

References: resolución 
 artículo 27
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 artículo 27
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 real decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 28
 artículo 26
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 29
 resolución 
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 real decreto 
 artículo 29
 artículo 100
 Real Decreto 
 artículo 28
 Real Decreto 
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 34