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Timestamp: 2019-01-24 11:26:33+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA C-968 DE DICIEMBRE 1 DE 1999
SENTENCIA C-968 DE 01 DE DICIEMBRE DE 1999
CONTENIDO:INEXEQUIBILIDAD POR CONSECUENCIA. DECLARA INEXEQUIBLE, A PARTIR DE LA FECHA DE SU PROMULGACIÓN, EL DECRETO 1160 DE 1999, "POR EL CUAL SE ADICIONA EL DECRETO 1071 DEL 26 DE JUNIO DE 1999".
TEMAS ESPECÍFICOS:ADUANA, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POLICÍA FISCAL Y ADUANERA
Sentencia C-968 de diciembre 1º de 1999
Ref: Expediente Nº 2514
Acción pública de inconstitucionalidad contra el numeral 8º del artículo 4º del Decreto 1160 de 29 de junio de 1999.
Actor: Jesús Abraham Pineda Aristizábal
Santafé de Bogotá, D.C. diciembre primero (1º) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA
EXTRACTOS: «En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Jesús Abrahan Pineda Aristizábal, demandó el numeral 8º del artículo 4º del Decreto 1160 del 29 de junio de 1999, “Por el cual se adiciona el Decreto 1071 de 26 de junio de 1999”.
A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 43.623 de 29 junio de 1999 y se subraya lo demandado.
en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en el artículo 120 numeral 1º de la Ley 489 de 1999.
8. Capturar, sin perjuicio de las competencias de otras autoridades, a los presuntos responsables de delitos relacionados con la evasión fiscal, el contrabando, las infracciones cambiarias, la administración pública y el enriquecimiento ilícito, cuando a ello hubiere lugar, de conformidad con lo dispuesto en la ley”.
La Corte Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241-5 de la Carta Política, es competente para conocer de la demanda formulada en contra del numeral 8º del artículo 4º del Decreto 1160 del 29 de junio de 1999, por estar incluida dicha disposición en un decreto ley.
2. Inexequibilidad consecuencia del derecho acusado.
El decreto parcialmente acusado, como lo señalan lo intervinientes y la vista fiscal, fue expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso a través del artículo 120 de la Ley 489 de 1998, específicamente de su numeral primero. Dicho artículo fue declarado inconstitucional por esta corporación a través de la Sentencia C-702 de 1999, en cuyo texto se lee lo siguiente:
“Por ello la Corte Constitucional lo declara inexequible a partir de la fecha de promulgación de la Ley 489 de 1998, por cuanto la Corte encuentre que para el Congreso pueda desprenderse legítimamente de la facultad de legislar y conceder, para el efecto, facultades extraordinarias al ejecutivo, ha de hacerlo con estricto sometimiento a los requisitos esenciales que exige la Constitución Política en el artículo 157 y, por tanto, en este caso las facultades no fueron legítimamente concedidas nunca.
Así las cosas, desaparecida la norma que sirvió de fundamento para expedir el decreto acusado, resulta apenas obvio que aquel deba correr igual suerte, pues se produce el fenómeno de la inconstitucionalidad por consecuencia, es decir.
“...del decaimiento de los decretos posteriores a raíz de la desaparición sobreviniente de la norma que permitía al jefe de Estado asumir y ejercer las atribuciones extraordianrias previstas en el Constitución.
“Cuando tal situación se presenta, la Corte Constitucional no puede de entrar en el análisis de forma y fondo de cada uno de los derechos legislativos expedidos, pues, todos carecen de causa jurídica y son inconstitucionales por ello, independiente que las normas que consagran consideradas en sí mismas, pudieran o no avenirse a la Constitución.
Desde luego la declaración de inconstitucionalidad que en los expresados términos tiene lugar, no repercute en determinación alguna de la Corte sobre la materialidad de cada uno de los decretos legislativos que hubiera proferido, ya que aquélla proviene de la pérdida de sustento jurídico de la atribución presidencial legislativa más no de la oposición objetiva entre las normas adoptadas y la Constitución Política”(2).
Por lo dicho, la Corte procederá a retirar el Decreto 1160 de 1999 del ordenamiento positivo, aclarando que tal decisión, en consonancia con lo dispuesto en la citada Sentencia C-702 del presente año, produce efectos a partir de la fecha de promulgación del mismo, la cual tuvo lugar el 29 de junio de 1999, fecha en la cual fue publicado en el Diario Oficial 43.623.
Declarar INEXEQUIBLE el Decreto 1160 del 29 de junio de 1999, a partir de la fecha de su promulgación.
(2) Corte Constitucional, Sentencia C-488 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

References: artículo 4
 artículo 241
 artículo 4
 artículo 120
 artículo 241
 artículo 4
 artículo 120
 artículo 157