Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20151117S0045_SSN4990958.html
Timestamp: 2019-04-25 10:38:06+00:00

Document:
45ª Sesión Extraordinaria del 17 de noviembre de 2015
N.º 46 - TOMO 544 - 17 DE NOVIEMBRE DE 2015
45.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA
PRESIDEN EL SEÑOR RAÚL SENDIC Presidente y EL SEÑOR JAVIER GARCÍA Segundo vicepresidente
–	El señor senador García presenta un proyecto de ley por el que se busca garantizar a las personas con discapacidad visual el acceso a la información imprescindible sobre los medicamentos que les sean prescritos.
–	El señor senador Pedro Bordaberry solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:
•	con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a Antel, relacionado con la eventual constitución de un fideicomiso para financiar las obras del Antel Arena;
•	con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio a la Corporación Nacional para el Desarrollo, relacionado con la eventual constitución de un fideicomiso para financiar las obras del Antel Arena.
–	La señora senadora Carol Aviaga solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social y al Ministerio de Desarrollo Social, relacionado con los aportes económicos efectuados al Centro Dr. Jacobo Zibil.
–	El señor senador Luis Lacalle Pou solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado con los aportes efectuados por Uruguay al Banco del Sur, desde su constitución al día de la fecha.
–	El señor senador Rubén Martínez Huelmo solicita se curse un pedido de informes con destino a la Corte Electoral, relacionado con el acuerdo de acompañamiento de elecciones entre el Consejo Electoral de Venezuela y la Unasur.
6) Reiteración de pedido de informes
–	A solicitud del señor senador Larrañaga, el Senado resuelve hacer suyo y reiterar un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio a la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Secundaria, relacionado con los criterios de reforma de infraestructura en los centros educativos.
•	El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Agazzi, Montaner, Mujica, Lacalle Pou y Coutinho.
•	Quedan convocados los señores senadores Meléndez, Bianchi, Berterreche, Castaingdebat y Pesce.
9), 12) y 14) Instituto Nacional de Construcción de Ciudadanía Adolescente
• Proyecto de ley por el que se crea el Instituto Nacional de Construcción de Ciudadanía Adolescente como servicio descentralizado del Ministerio de Desarrollo Social.
•	Por moción del señor senador Michelini, el Senado resuelve considerar el proyecto de ley sustitutivo venido de la comisión.
• En virtud de los cambios introducidos en el proyecto de ley sustitutivo, pasa a denominarse Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.
10) y 15) Ataques terroristas perpetrados en las ciudades de París y Beirut
•	Por moción firmada por los cuatro partidos políticos con representación en el Senado, el Cuerpo resuelve declarar urgente y considerar, una vez finalizado el tratamiento del único punto que figura en el orden del día, una declaración sobre los atentados cometidos en París y Beirut.
•	Por moción de los cuatro partidos políticos con representación en el Senado, el Cuerpo resuelve aprobar un proyecto de declaración de repudio al terrorismo y solidaridad con Francia y Líbano, así como con todos los países cuyos compatriotas fueron alcanzados por estos atentados.
•	Por moción del señor senador Michelini, el Senado resuelve enviar el proyecto de declaración al Poder Ejecutivo –en especial a la Cancillería–, a la Cámara de Representantes y a las embajadas de Francia y Líbano.
•	Por moción del señor senador García, el Senado resuelve ponerse de pie y guardar un minuto de silencio.
11)	Sesión extraordinaria
•	Por moción de varios señores senadores, el Senado resuelve celebrarla el día 30 de noviembre a la hora 9 a fin de considerar el Presupuesto nacional, período 2015-2019.
«Montevideo, 13 de noviembre de 2015
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria el próximo martes 17 de noviembre, a las 13:00, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
– Discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se crea el Instituto Nacional de Construcción de Ciudadanía Adolescente, como servicio descentralizado del Ministerio de Desarrollo Social.
Carp. n.º 327/2015 – Rep. n.º 172/2015
ASISTEN: los señores senadores Alonso, Amorín, Aviaga, Ayala, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Camy, Carámbula, Castaingdebat, De León, Delgado, Heber, Larrañaga, Martínez Huelmo, Meléndez, Michelini, Mieres, Moreira, Mujica, Otheguy, Pardiñas, Passada, Payssé, Pesce, Pintado, Saravia, Topolansky y Tourné.
FALTAN: con licencia, los señores senadores Agazzi, Cardoso, Coutinho, Lacalle Pou, Montaner y Xavier.
(Ocupa la presidencia el señor senador Javier García).
(Son las 13:06).
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El Ministerio de Economía y Finanzas remite nota relacionada con un pedido de informes solicitado por el señor senador Pablo Mieres, con destino al Banco de la República Oriental del Uruguay, referente a la situación de la empresa Fripur S. A., informando que al amparo de lo dispuesto por el artículo 2.º de la Ley n.º 17673, de 21 de julio de 2003, esa secretaría de Estado hará uso de la prórroga de treinta días hábiles a los efectos de dar respuesta al mismo.
El Ministerio de Salud Pública remite respuesta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado a un pedido de informes solicitado por la señora senadora Martha Montaner, relacionado con la situación en las Colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi.
• por el que se aprueba el Protocolo de integración educativa para formación de recursos humanos a nivel de posgrado entre los Estados partes del Mercosur y la República de Bolivia, hecho en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2002;
• por el que se aprueba el Protocolo de integración educativa para la prosecución de estudios de posgrado entre los Estados partes del Mercosur y la República de Bolivia, hecho en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2002;
• por el que se aprueba el Protocolo de la ronda de San Pablo al acuerdo sobre el sistema global de preferencias comerciales entre países en desarrollo, suscrito por el Mercosur en Foz de Iguazú, República Federativa del Brasil, el 15 de diciembre de 2010;
•	por el que se aprueban el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de Bélgica para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión fiscal y su protocolo, suscritos en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 23 de agosto de 2013;
•	por el que se aprueba el Acuerdo de cooperación económica, científica y técnica entre la República Oriental del Uruguay y la República de Honduras, suscrito en la ciudad de Tegucigalpa M. D. C., República de Honduras, el 21 de marzo de 2013.
• por el que se establece el 19 de setiembre de cada año como el “Día Nacional de las Relaciones Públicas”.
Asimismo remite:
• copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por la señora representante Berta Sanseverino, referidas a las claves para el cumplimiento del derecho a la alimentación.
–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LAS COMISIONES DE POBLACIÓN, DESARROLLO E INCLUSIÓN Y DE SALUD PÚBLICA.
•	copia de una exposición escrita presentada por la señora representante Susana Andrade, relacionada con la religión y su rol en la sociedad.
–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LAS COMISIONES DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN Y DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
• copia de una exposición escrita presentada por la señora representante Patricia Vásquez Varela, relacionada con la conformación de la Comisión Honoraria de Reproducción Humana Asistida, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley n.º 19167, de 22 de noviembre de 2013.
•	copia de una exposición escrita presentada por el señor representante Jaime Trobo, relacionada con la posibilidad de instalar una oficina comercial de Taiwán en la ciudad de Montevideo;
•	copia de una exposición escrita presentada por el señor representante Silvio Ríos Ferreira relacionada con hechos ocurridos en aguas del río Cuareim en el límite entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil, en el que se vieron involucrados una lancha del Ejército brasileño y un bote a motor ocupado por un ciudadano uruguayo.
–OPORTUNAMENTE FUERON REMITIDAS A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.
El señor senador Jorge Larrañaga solicita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.º de la Ley n.º 17673, de 21 de julio de 2003, la reiteración de un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura y por su intermedio a la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Secundaria, a los efectos de que el Cuerpo lo haga suyo, relacionado con los criterios de reforma de infraestructura en los centros educativos.
La Junta Departamental de Durazno remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor edil Mario Monsón, relacionadas con la cuota para cooperativas de vivienda.
–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO.
La Junta Departamental de Paysandú remite copia de una declaración emitida por dicha corporación, referente a un planteo de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, filial Paysandú.
La Junta Departamental de Tacuarembó remite copia de una resolución relacionada con los artículos 443, 456 y 457 del Presupuesto nacional para el período 2015-2019.
–A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO INTEGRADA CON HACIENDA».
SEÑOR PRESIDENTE (Javier García).- Dese cuenta de un proyecto presentado.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Javier García presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se busca garantizar a las personas con discapacidad visual el acceso a la información imprescindible sobre los medicamentos que les sean prescriptos.
SEÑOR PRESIDENTE (Javier García).- Dese cuenta de dos pedidos de informes.
•	con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y por su intermedio a Antel, relacionado con la eventual constitución de un fideicomiso para financiar las obras del Antel Arena;
•	con destino al Ministerio de Economía y Finanzas y por su intermedio a la Corporación Nacional para el Desarrollo, relacionado con la eventual constitución de un fideicomiso para financiar las obras del Antel Arena.
«Montevideo, 10 de noviembre de 2015
En la prensa del día de hoy, se informa que el Poder Ejecutivo habría autorizado la constitución de un fideicomiso por USD 58 millones para financiar las obras del Antel Arena. Sin embargo, hasta el día de la fecha, no se han dado a publicidad las condiciones sobre las cuales se formaría el referido fideicomiso.
Por lo expuesto, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la república, solicito tenga a bien remitir el siguiente pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería con destino a Antel, a efectos de que se sirva informar:
1. Si efectivamente se ha autorizado a Antel la constitución de un fideicomiso financiero a efectos de financiar el Antel Arena.
2. En caso afirmativo se sirva detallar:
a) Partes que integran el fideicomiso (fiduciario, etc.).
b) Fundamentos económico-financieros del fideicomiso.
c)	Monto del fideicomiso, desembolsos, cómo se obtienen los recursos, cómo se financia el fideicomiso, costos, etc.
d) Si la obra en cuestión será financiada exclusivamente con el fideicomiso o si se prevén otros aportes. En caso afirmativo, se indique el monto de los aportes, a cargo de qué persona física o jurídica, pública o privada, estarán los referidos aportes.
3. Cuál es el monto total de la obra que se pretende financiar (Antel Arena) incluyendo todos los conceptos: obra civil, equipamiento, subcontratos, aportes a la seguridad social, impuestos, etc.
4. Qué controles se prevé realizar a efectos de verificar la adecuada inversión de los recursos otorgados por el fideicomiso.
5. Se remita copia del acto administrativo que aprobó la constitución del fideicomiso, así como de los diferentes contratos que permitirán su ejecución.
6. Se remita copia de los estudios financieros y de viabilidad, incluyendo estimación de ingresos y egresos e inversiones del proyecto.
7. Se remitan todos los informes técnicos vinculados al mismo.
Por lo expuesto, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la república, solicito tenga a bien remitir el siguiente pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas y por su intermedio a la Corporación Nacional para el Desarrollo, a efectos de que ambos se sirvan informar:
d) Si la obra en cuestión será financiada exclusivamente con el fideicomiso o si se prevén otros aportes. En caso afirmativo, se indique el monto de los aportes, a cargo de qué persona física o jurídica, pública o privada estarán los referidos aportes.
SEÑOR PRESIDENTE (Javier García).- Dese cuenta de otro pedido de informes.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La señora senadora Carol Aviaga, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y por su intermedio al Banco de Previsión Social, y al Ministerio de Desarrollo Social, relacionado con los aportes económicos efectuados al Centro Dr. Jacobo Zibil.
De conformidad con las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la república, solicito se curse el presente pedido al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por intermedio de este al Banco de Previsión Social (BPS) y conjuntamente al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), a efectos de obtener la siguiente información:
1) ¿Cuántos aportes económicos ha realizado al BPS el Centro Dr. Jacobo Zibil en los últimos 10 años y cuál es la naturaleza de los mismos?
2) ¿Cuántos aportes económicos ha realizado el Mides al Centro Dr. Jacobo Zibil en los últimos 10 años y cuál es la naturaleza de los mismos?
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Luis Lacalle Pou, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado con los aportes efectuados por Uruguay al Banco del Sur, desde su constitución al día de la fecha.
Al amparo de las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la república, solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El 9 de diciembre de 2007 fue firmado el acuerdo de fundación del Banco del Sur por parte de los presidentes de los países fundadores: Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Posteriormente, el 26 de setiembre de 2009, se firmó el Convenio Constitutivo del Banco del Sur, que luego debía ser ratificado en los respectivos parlamentos de los países firmantes. Hasta el momento solo Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela han ratificado el acuerdo para crear la nueva banca multinacional; no así Brasil y Paraguay.
Se estipuló que el Banco del Sur contaría con un capital inicial de USD 20.000 millones y los países firmantes suscribirían un capital de USD 7000 millones, de los cuales Argentina, Brasil y Venezuela aportarían USD 2000 millones cada uno; Ecuador y Uruguay aportarían USD 400 millones cada uno; Bolivia y Paraguay USD 100 millones cada uno.
Uruguay ratificó el convenio constitutivo el 23 de diciembre de 2011 por medio de la Ley n.º 18861 y posibilitó, con el depósito del instrumento de ratificación, el inicio formal de las actividades del banco, ya que bastaba con la aprobación de una mayoría simple de países y el 66,3 % del capital inicial para comenzar a funcionar.
1) Indique cuánto dinero ha aportado Uruguay desde la constitución del banco hasta la fecha. Detalle los montos discriminados por desembolso y por fechas.
2) Indique si Uruguay tiene previsto realizar nuevos aportes. En caso afirmativo, detalle los montos y las fechas previstas para realizar los desembolsos.
3) Indique si Uruguay ha realizado otros aportes no dinerarios. En caso afirmativo, detallar en qué consisten esos aportes.
4) Indique si Uruguay ha debido garantizar o debe garantizar parte del capital a suscribir. En caso afirmativo indique qué tipo de garantías se han constituido o se deberán constituir.
5) Indique quiénes son los directores propuestos por los diferentes países (incluido Uruguay) para integrar el directorio del banco.
6) Indique los montos efectivamente aportados por los restantes países firmantes discriminados por país, monto y fecha de desembolso.
7) Indique los montos que deberán aportar los restantes países firmantes discriminados por país, monto y fecha prevista de desembolso.
8) Indique si tiene conocimiento de los avances de Brasil y Paraguay para ratificar el convenio constitutivo.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Rubén Martínez Huelmo, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino a la Corte Electoral, relacionado con el acuerdo de acompañamiento de elecciones entre el Consejo Electoral de Venezuela y la Unasur.
Es conocido que a nivel internacional se ha tratado de devaluar la capacidad de la Unasur como observadora o acompañante electoral, tendencia que no compartimos.
El Consejo Electoral de la Unasur además de estar integrado por los organismos electorales de los países integrantes de la Unasur, se rige por los principios rectores del tratado constitutivo de la Unasur de irrestricto respeto a la soberanía, autodeterminación de los pueblos, solidaridad, cooperación, paz, democracia, participación ciudadana, transparencia, pluralismo, respeto a los derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes, y por los principios que inspiran el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de la Unasur sobre Compromiso con la Democracia.
En el caso de las próximas elecciones parlamentarias de Venezuela el próximo 6 de diciembre, Unasur y Venezuela han firmado un acuerdo electoral.
Nuestra Corte Electoral con su larga experiencia en monitorear los actos electorales de Uruguay y de América tendrá nuevamente una oportunidad en representación del Estado uruguayo de participar y cumplir con todos esos principios que ha suscrito Uruguay como parte de la Unasur, en pos de la unidad continental sudamericana y su democracia.
En consecuencia, por su intermedio, solicito a la Corte Electoral toda la información que me pueda remitir referida al acuerdo de acompañamiento de elecciones entre el Consejo Electoral de Venezuela y la Unasur.
Al mismo tiempo solicito que la Corte Electoral me remita a posteriori del acto electoral toda la información correspondiente del citado evento.
Recordando que el Uruguay ostenta la presidencia pro tempore de la Unasur es una enorme responsabilidad para nuestro Uruguay liderar el acompañamiento electoral el próximo 6 de diciembre en Venezuela, por lo cual es imprescindible contar con la información requerida.
SEÑOR PRESIDENTE (Javier García).- Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera el pedido de informes solicitado por el señor senador Larrañaga, del que se diera cuenta en los asuntos entrados.
SEÑOR PRESIDENTE (Javier García). - Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión extraordinaria del 10 de noviembre no se registraron inasistencias.
A la sesión vespertina de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del 3 de noviembre, faltaron con aviso los señores senadores De León y Montaner.
A la sesión vespertina del 10 de noviembre, faltó con aviso el señor senador Michelini.
A la sesión matutina del 11 de noviembre, faltaron con aviso los señores senadores De León, Moreira y Montaner.
A la sesión del 12 de noviembre, faltaron con aviso los señores senadores Agazzi, Alonso y Montaner.
A la sesión matutina del 16 de noviembre, faltaron con aviso los señores senadores Amorín, Camy, De León, Delgado y Montaner.
A la sesión vespertina del 16 de noviembre, faltó con aviso la señora senadora Montaner.
SEÑOR PRESIDENTE (Javier García).- Léase una solicitud de licencia.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 13 de noviembre de 2015
A través de la presente, solicito al cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º literal C de la ley n.º 17827, el 17 de noviembre de 2015.
SEÑOR PRESIDENTE (Javier García).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.
Se comunica que los señores Francisco Beltrame, Daniel Garín, Susana Pereyra, Andrés Berterreche, Sandra Lazo, Charles Carrera, Lucía Etcheverry, Gonzalo Mujica y Zulimar Ferreira han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Lauro Meléndez, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 17 de noviembre de 2015
De acuerdo con lo establecido en la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre 2004, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por los días 17 y 18 de noviembre de 2015, por motivos personales.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 16 de noviembre de 2015
Por medio de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia durante los días 23, 26 y 27 de noviembre de 2015, al amparo de la ley n.º 17827, artículo 1.º literal D, de 1.º de setiembre de 2004.
De acuerdo con lo establecido en la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia para el día 17 de noviembre de 2015, por motivos personales.
Por la presente vengo a solicitar a este Cuerpo licencia en el día de la fecha, por motivos personales, de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 17827, de 14 de setiembre de 2004.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo a usted muy atentamente,
Se comunica que los señores Gustavo Cersósimo y José Amy han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Viviana Pesce, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
9) Instituto Nacional de Construcción de Ciudadanía Adolescente
SEÑOR PRESIDENTE (Javier García).- El Senado ingresa a la consideración del único asunto que figura en el orden del día: «Proyecto de ley por el que se crea el Instituto Nacional de Construcción de Ciudadanía Adolescente, como servicio descentralizado del Ministerio de Desarrollo Social. (Carp. n.º 327/2015 - Rep. n.º 172/2015)».
SEÑOR PRESIDENTE (Javier García).- En discusión general.
SEÑORA TOURNÉ.- Señor presidente: el proyecto de ley que, en primera instancia, fue enviado por el Poder Ejecutivo recoge una iniciativa consensuada en la interpartidaria que tuvo que ver con los temas de seguridad, infancia y adolescencia.
Considero que es un proyecto muy importante, no solo porque da cumplimiento a ese acuerdo interpartidario, sino porque atiende un tema que ha sido debatido a lo largo y a lo ancho del país. Es la modalidad, la metodología, la institución que se hará cargo de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Todos estamos contestes en que este fue un tema de debate de campaña, a pesar de que existe consenso respecto de esta institución.
Quiero destacar, señor presidente, lo que fue el trabajo de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de esta cámara, que trató este proyecto en profundidad, e introdujo muchísimos cambios –en su momento los vamos a informar– que hablan de lo que fue el espíritu y la acción de ese grupo de trabajo en cuanto a buscar los acuerdos imprescindibles para mejorar lo que ha sido el tratamiento –con la disponibilidad del Estado– de estos niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Debo decir que, de parte de todos los partidos políticos, ha habido una muy buena disposición para buscar los consensos que finalmente se concretaron en el proyecto de ley que informaré a continuación.
Según una mirada personal y como representante del Frente Amplio, creo que la comisión ha mejorado en muchos aspectos la iniciativa enviada en su momento por el Poder Ejecutivo; diría que luego del trabajo de la comisión, la misma se presenta como más apegada a visiones contemporáneas del mejor tratamiento de estos problemas que tanto tiempo ocuparon –y a veces la siguen ocupando, con los acentos que cada uno quiera poner– la agenda política.
A lo largo del tiempo hemos afirmado que, cuando se hablaba del INAU a nivel de la opinión pública, se lo veía como la institución que solo se hacía cargo de los niños, niñas y adolescentes en infracción con la ley penal; sin embargo, si nos remontamos a la creación de su institucionalidad, es el organismo rector en políticas de infancia. Lo que sucede es que rara vez se ha hablado de las infinitas otras tareas que el INAU desarrolla con absoluto éxito y de cómo se encarga de muchos niños y niñas que han caído en desamparo por su vulnerabilidad social y económica. Poco se le reconoce al INAU esta tarea y se cargan mucho las tintas en lo que es la minoría de la población que trata, es decir, los muchachos y las chiquilinas que están en infracción con la ley penal.
Señor presidente: creo que el primer gran acuerdo fructífero que se refleja en este proyecto de ley es la creación de una institución, cuyo nombre original hemos cambiado porque no nos parecía muy pertinente para la sustancia, el cometido y el objetivo de la misma. En ese sentido, la comisión acordó llamarla Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y lo transforma, no en una parte del INAU, sino en un servicio descentralizado –es decir que transfiere poder, transfiere recursos, descentraliza poder– dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Reitero que esta institución no será parte del INAU, sino un servicio descentralizado que –tal como lo estipula el artículo 1.º del capítulo I del proyecto de ley– se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social.
Me parece muy importante destacar esto –que fue discutido bastante en el seno de la comisión–, porque la institución tiene una competencia bastante específica que desarrollar; por lo tanto, creemos que es sano que sea un servicio descentralizado que tenga, por supuesto, el personal y los recursos correspondientes. Luego hablaremos sobre cómo la propia iniciativa lo dota de ellos.
En definitiva, consideramos que esta es una definición política muy importante que, tal como hace un momento lo afirmé, recoge un consenso multipartidario alcanzado desde hace bastante tiempo y que, por suerte, logramos plasmar en el proyecto de ley.
El artículo 2.º también es muy importante, porque debíamos optar entre dos definiciones –que fueron muy discutidas en la comisión– que, a mi juicio, hacen al fondo de la iniciativa. ¿Qué hacer? ¿Una institución que le quite al INAU el peso de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, o una institución que se transforme en sí misma y que pase a tener un fuerte componente de inclusión social, de trabajo integral y que atienda el proceso psicosocial, educativo e integral de estos muchachos? Optamos por esa mirada: por crear, no una cárcel para niños, niñas y adolescentes, sino un instituto nacional. Recuerdo que este tema lo planteó con muchísima fuerza nuestro querido colega, el señor senador Cardoso –a quien aprovecho para desearle la más pronta recuperación; sabemos que es un luchador y que saldrá adelante– que, como hombre del interior, reclamó que la institución no estuviera centralizada en Montevideo. ¿Qué sucedía anteriormente con estos muchachos y estas chiquilinas? Si cometían un delito en el interior eran trasladados a Montevideo. De esa manera no solo perdían su libertad, sino también su arraigo local, sus vínculos.
–El señor senador Larrañaga después se enoja conmigo cuando hablo y me observa en el Senado, cual maestra.
SEÑOR LARRAÑAGA.- Le pido disculpas a la señora senadora Tourné.
SEÑORA TOURNÉ.- Disculpo al señor senador Larrañaga, quien sabe todo el cariño que le tengo.
Creo que este es un tema importante que hace a todos y debemos prestarle atención porque después seguramente hablaremos al respecto.
Como decía, resulta importante que se haya pautado y consensuado el objetivo que este instituto tendrá; por supuesto que aplicará las medidas que el juez dictamine, pero ese no fue el problema que enfrentamos en el debate político, sino cómo lo hará, con qué concepción. Precisamente, el artículo 2.º expresa: «El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente tendrá como objetivo esencial la inserción social y comunitaria de los adolescentes en conflicto con la ley penal mediante un proceso psicosocial, educativo e integral, que conlleve el reconocimiento de su condición de sujetos de derecho». Es decir, no se trata solamente de privar de libertad o de aplicar las medidas sustitutivas –que lamentablemente son cada vez menos y con problemas de control, aspecto al que también me referiré–, sino de darles a estos niños, niñas y adolescentes, que en general han carecido, en sus experiencias de vida, de contextos y encuadres firmes –más bien han sido dejados a la mano de Dios–, una ayuda permanente para poder levantar sus proyectos de vida.
Al revisar los argumentos que se manejaron en algunos capítulos para la creación del Iname, se advierte que se hablaba de sostener física y moralmente, con una visión tutelar, como el gran padre de familia que debía controlar. En cambio, en este caso se trata de brindar, a través de esta institución, el encuadre, el camino mediante el cual puedan de alguna manera reformular su proyecto de vida y reconocer el error. Si a través de la gestión pudiéramos incursionar en lo que se ha dado en llamar la justicia restaurativa, es decir, la posibilidad de reparar el daño en mediación y en diálogo, se garantizaría mucho más la posibilidad de que no continúen su trayectoria delictiva.
Hace aproximadamente una semana se publicaron dos artículos muy interesantes en el diario El Observador acerca, justamente, de los índices de «prisionización», tanto en adultos como en la infancia y la adolescencia. En ellos autoridades indiscutidas, que inclusive cuentan con el aval de este Cuerpo y de la Asamblea General –como el fiscal de Corte Jorge Díaz–, afirmaban que la privación de libertad para nada es garantía si no existen otros procesos que conlleven la atención integral de las personas, en este caso, de los niños, niñas y adolescentes; si no existe eso prácticamente se están garantizando el fracaso y la reincidencia. A su vez, en el mismo ejemplar del diario al que hacía mención, la psicóloga Fulco –que dirige el Sirpa– pone de manifiesto que muchos de los niños, niñas y adolescentes que deberían cumplir medidas alternativas a la reclusión no lo están haciendo porque no hay un control debido.
Entonces, de lo que se trata es de que el encuadre que esta institución va a brindar se mantenga luego de tomada la medida y que el cuerpo de personal técnico esté allí y ayude. Tengo aquí los datos de lo que han sido los éxitos en no reincidencia de aquellas personas que, habiendo delinquido, han tenido un apoyo sostenido por parte de los equipos técnicos para lograr su inclusión laboral. En esos casos la reincidencia baja a menos del 10 %; en cambio, cuando ese apoyo no se da y solo existe la reclusión, sube por encima del 50 %.
¿Cuál es el objetivo de esta institución? Queremos que efectivamente recoja lo previsto en el proyecto, es decir: que atienda el proceso psicosocial, educativo e integral de estos muchachos y chiquilinas para que realmente tengan la posibilidad de esgrimir otro proyecto de vida que inhiba lo que todos conocemos y nos preocupa, que es la reincidencia en materia delictiva.
En el período pasado se aumentaron las penas y actualmente tenemos aproximadamente 500 niñas, niños y adolescentes privados de libertad; si a esa cifra le sumamos aquellos que tienen medidas alternativas, llegamos a unos 800 muchachos. Más del 40 % de los que están privados de libertad son niñas, niños y adolescentes que han cometido rapiñas, que es el delito más frecuente; no es el homicidio ni el hurto, sino la rapiña, delito al que, en el Parlamento, se le impuso un mínimo de un año de pena obligatoria.
Mediante el trabajo de esta institución tenemos que garantizar la atención integral del muchacho o la chiquilina en lugar de limitarnos a que deje de gozar del derecho a la libertad, que es el único derecho que pierde. A veces cuesta mucho comprender que el único derecho que se pierde es el derecho a la libertad ambulatoria y ningún otro; todos los demás deben estar garantizados, y así lo dispone toda la materia legislativa nacional e internacional a la que nos apegamos. Sin embargo, tenemos problemas. Como país hemos sido observados varias veces por instituciones internacionales por el abuso de la reclusión, de la privación de libertad de niñas, niños y adolescentes.
Es cierto que este proceso de inserción es muy importante, sobre todo para niños, niñas y adolescentes que han crecido en un mundo adverso, hostil, privado de derechos y, sobre todo, exento de límites; este es un tema central que hasta profesionalmente, como docente y psicóloga social, me preocupa. El descaecimiento del límite en nuestras sociedades no permite la correcta construcción, el desarrollo de la personalidad de los niños, y no solo de los que delinquen. Ese es el motivo por el cual estamos viviendo las cosas que vivimos en la actualidad, por una gran irresponsabilidad del mundo adulto en su incapacidad para poner los límites necesarios. Voy a citar un ejemplo concreto: un niño o una niña que crece en un mundo en el que ningún adulto le dice lo que está bien y lo que está mal, en el que ningún adulto le reconoce lo que hace bien y lo premia, y le pone el límite en lo que hace mal, es un niño que crece convencido de que a nadie le importa su existencia. No es que estimulemos la libertad; eso no es libertad. Libertad es que el niño y la niña aprendan a determinar su vida, a elegir. Cuando dejamos de actuar como adultos responsables, encauzando el encuadre para que ese niño o niña se desarrolle y operando los límites, el mensaje que estamos dando es que no nos importa nada de su existencia; que para no tener problemas preferimos mirar para el otro lado. Por ser una docente que siempre trabajó en los barrios más pobres de Montevideo a veces tengo la sensación de que cuando los chiquilines dan problemas, la reacción es: «Sáquenmelos de la vista, por favor. No me quiero enterar». Y eso, como sociedad, es lo peor que podemos hacer. Nos tenemos que hacer cargo como mundo adulto, cosa que no siempre es agradable porque poner un límite no nos hace acreedores de todos los amores, sin embargo, es nuestra responsabilidad. Por eso concedo tanta importancia a los artículos 2.º y 3.º, que van delimitando los cometidos que el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente va a tener.
Fíjense lo que dice con respecto a lo que vengo de explicar del encuadre y la continencia que un instituto debe tener para que ese adolescente pueda desarrollar su proyecto de vida: propiciar un ambiente seguro en el que el respeto y la autoridad estén presentes de modo que los vínculos de confiabilidad puedan ser reparados. Esto pasa: no hay confianza en el mundo adulto, y hay mucho dolor en su vida.
En los capítulos I y II se define el objetivo, que es la inserción mediante un proceso integral, psicosocial y educativo, tratando de promover un ambiente donde los muchachos no queden aislados, porque muchas veces ha pasado que cuando estos niños, niñas y adolescentes pasan a estar privados de libertad, pierden todo vínculo con su comunidad, con lo poco que los ha contenido y lo poquito que tenían. Por eso hablamos de un servicio nacional que se encuentre en el mundo donde el niño vive, que se conecte con sus familiares, que busque que la comunidad se interese y no que se desvincule de este problema y que se arregle «don Estado». Es el nuevo discurso que debemos imprimir si de verdad queremos que estas situaciones dolorosas que viven cientos de niñas y niños uruguayos dejen de existir. Tenemos que ir al involucramiento. No es: «Me los saco de encima y los encierro», sino: «Me hago cargo, desde el nivel que puedo». La institución donde vayan a cumplir las medidas que proponga el Poder Judicial –porque de eso se trata– tiene que dar las garantías para que ese niño, niña o adolescente pueda esgrimir su proyecto de vida y tener contacto con su comunidad.
En visiones antiguas y tutelares se ponía todo –la salud, la alimentación– adentro de estas instituciones, y yo creo que tenemos que caminar hacia otras cosas: a que este niño o niña aprenda a vincularse con la comunidad, a ir al servicio de salud al que van otros, a educarse con otros. Lo que le falta es la oportunidad de socializarse porque, por distintas razones, ha sido excluido, y esa es la verdad.
Como les venía diciendo, el artículo 2.º y el capítulo II, en el que se desarrollan los cometidos del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente son la garantía fundamental de que le vamos a dar un norte, no tutelar ni antiguo, sino más abarcativo de lo que son las miradas actuales. Es claro, y lo quiero decir porque las leyes no hacen magia. Recuerdo haber leído un artículo escrito por el doctor Gonzalo Fernández sobre el Código Penal en el cual afirmaba, acertadamente, una verdad muy uruguaya. Él decía que los uruguayos tienen una excesiva vocación legiferante; creen que votan la ley y ya cambia la realidad, como si se tratara de una varita mágica. En mi opinión, la ley es una herramienta, un camino, pero los legisladores no debemos perder el control en lo que hace a la gestión que vendrá una vez aprobada la ley y creada la institución. Muchos de estos objetivos, cometidos y paradigmas que pueden estar implícitos en esta institución serán realidad siempre y cuando la gestión de la institución sea acorde con la ley; de lo contrario, será letra muerta, y volveremos a una práctica que no nos ha dado resultado.
También es importante –en este sentido hubo unanimidad en la comisión– incluir en el artículo 4.º lo que se había acordado a nivel interpartidario, que son los programas que contiene esta institución. Recuerdo que en aquel documento se acordó que la institución que tratara estos temas debería tener programas que pasaran por el ingreso, el diagnóstico y la derivación, y por la educación –la que se realizará a través del deporte, la recreación, enseñanza formal y no formal–, no con esa cabeza de meter todo dentro de la institución porque, si no, después ese muchacho sale a un mundo muy diferente al que le mostraron. Cuando trabajé, en lo que ahora es el Cinterfor, con los futuros educadores sociales, veíamos que los muchachos que tenían una larga trayectoria dentro de lo que hoy es el INAU, cuando tenían que salir a la vida, como habían pasado por una política tutelar fuerte donde todo –la salud, la alimentación y la educación– estaba dentro de la institución, no tenían las herramientas necesarias como para moverse en la sociedad. Esa es una de las razones por las cuales le pusimos la frase «inclusión social» al nombre del instituto, porque no queremos a estos muchachos dentro de una burbuja artificial; queremos que puedan incluirse en la sociedad y ser actores, protagonistas. Muchos de ellos, en la vieja concepción tutelar, cuando salían a la vida y a la realidad, no sabían para qué lado agarrar porque no tenían las herramientas; la institución no los había dotado de ellas.
Parte de los programas que se prevén en el proyecto son: el técnico-psicosocial; la inserción social y comunitaria; la seguridad y traslado, y la instrumentación, vigilancia y evaluación de medidas alternativas a la privación de libertad. Esto es muy importante porque se relaciona directamente con la reincidencia en el delito.
Tuve oportunidad de participar en una actividad llevada a cabo con representantes de distintos sindicatos –como, por ejemplo, la UNTMRA–, que había dado posibilidad a muchachos que estaban cumpliendo penas alternativas a la reclusión de tener experiencias laborales, de estar incluidos en un sistema de trabajo, de tener el encuadre de la disciplina horaria, del cumplimiento de la tarea, de la evaluación del trabajo. Eso logró cosas mucho más positivas que el tener a tres o cuatro muchachos en una celda pequeña, en un sistema ocioso, mirando el techo, tratando de tomar alguna pastilla para dormir más. Todo esto sucede. Hay que prepararlos para la vida; no hay que sacarlos de la cancha para no verlos. Y prepararlos para la vida significa tener estas experiencias laborales y educativas que les permitan encontrarse, en la medida en que vayan progresando, y darse cuenta de que es posible otra vida. Ahora bien, si los tenemos recluidos sin ninguna alternativa, nunca van a poder elaborar un plan alternativo de vida que los gratifique, porque van a transitar por lo que más conocen, que es la violencia: la violencia de la exclusión, la violencia física, la violencia de la hostilidad ambiente. Eso es lo que ellos conocen y con lo que se manejan con absoluta capacidad. Tienen que aprender otra manera, pero para eso hay que brindarles el contexto; si no, es absolutamente imposible que puedan hacerlo.
En lo personal, creo que estos dos capítulos, el 1.º y el 2.º, son sustantivos a lo que es el eje, la idea de para qué creamos esta institución descentralizada, con qué objetivos y cometidos.
Hay otro capítulo importante que hace a la parte administrativa, de conformación, de estructura del instituto, un instituto descentralizado que tendrá un directorio integrado por tres directores, como dice el articulado.	Algo que me parece importante –y que debatimos bastante en la comisión– es que, al proceder al nombramiento de los directores que van a dirigir esta institución, se cumpla a cabalidad con el artículo 187 de la Constitución de la república, no solo porque van a tener que contar con las mayorías que este artículo dispone, sino por algo que discutimos y nos interesó mucho y que el artículo 187 de la Constitución subraya a texto explícito: que ese cargo se otorgará «sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas […]». Este no es un detalle menor. Quien dirija esa institución tiene que tener antecedentes, un background, una formación técnica que le permita hacerse cargo y gestionar. Voy a lo que decía hace un rato: garantizar que la gestión de esta institución va a dar cuenta de los objetivos y cometidos que la ley así le impone. Es una materia muy delicada, muy específica. No podemos pensar en un personal o en directores que se encarguen simplemente de tener tranquilos y recluidos a una centena de muchachos y muchachas, sino que tienen que garantizar estos objetivos que acabamos de fundamentar y que para nosotros son esenciales; una institución que atienda a lo psicosocial, a lo educativo, que se involucre con la comunidad, que esté descentralizada, no solo del poder central, del Poder Ejecutivo, sino en el territorio, para que no desvincule del todo a los adolescentes.
SEÑORA PAYSSÉ.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone la oradora.
SEÑOR PRESIDENTE (Javier García).- Se va a votar la moción formulada.
SEÑORA TOURNÉ.- Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a los compañeros senadores.
Entonces, creo que en este capítulo que tiene que ver con la administración, con el organigrama, con la organización de la institución, es sustantivo que se garantice que se va a cumplir con la capacidad personal, funcional y técnica de quienes van a estar a la cabeza de dicha institución.
Este capítulo también trata de las atribuciones que va a tener ese Directorio, del régimen de sesiones, de la responsabilidad personal y solidaria de los directores ante las decisiones que se tomen; también de cómo se suplen las vacancias y de la remuneración que tendrán los directores, que será la misma que están cobrando quienes ahora integran el actual Sirpa.
Luego entramos en un capítulo que tiene que ver con la creación de un Consejo Honorario nacional y consultivo. Esta es una costumbre legislativa que tenemos, de poner un organismo al que no le otorgamos demasiados cometidos. Creo que, por suerte, nosotros avanzamos en atribuirle cometidos porque, de lo contrario, queda como un macroorganismo de pensadores que no se sabe muy bien qué van a pensar. De manera que me parece que, para dotarlo de realidad, es bueno que se le hayan puesto cometidos a este enorme conglomerado en el cual parece que tiene que estar representado casi todo el mundo. Hubo bastante discusión sobre la integración del Consejo Honorario y, por suerte, llegamos a un acuerdo entre todos para dotarlo de cometidos. Esta va a ser una institución que, si bien va a tener en cuenta la opinión de quienes están involucrados, de una manera o de otra va a tener un propósito concreto en la vida de estos adolescentes, cosa que me parece no poco importante.
Ese Consejo Honorario va a estar compuesto por un integrante del Directorio de la Institución de Inclusión Social Adolescente, que será quien lo presidirá; un representante de Anong, que es la asociación de organizaciones no gubernamentales, habida cuenta de que hay muchas de ellas que trabajan con estos muchachos; un representante del INAU; un representante por cada uno de los siguientes ministerios: de Salud Pública, de Trabajo y Seguridad Social y de Educación y Cultura; así como un representante de la Secretaría Nacional del Deporte, de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Asociación de Magistrados del Uruguay y de la Asociación de Fiscales del Uruguay. Como se puede ver, es un consejo amplio, que tendrá como cometidos: promover la coordinación y la integralidad de las políticas; proponer iniciativas que cooperen en la obtención de todas las mejoras que contribuyan al cumplimiento de los fines del servicio y emitir asesoramientos, recomendaciones y evaluaciones que, obviamente, se remitirán al Directorio del organismo.
Un capítulo muy importante, que llevó varios días de discusión, es el atinente a los recursos humanos, porque así como dijimos que el Directorio requiere que se cumpla con el artículo 187 de la Constitución en todo lo concerniente a su votación y nombramiento, pero sobre todo en cuanto a su capacidad y pericia técnica, lo propio pensamos de los funcionarios que van a estar a cargo. En ese sentido, en el primer inciso del artículo 14, que es el que refiere al personal, decimos que el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente tendrá el personal que establezca el Poder Ejecutivo. Esta norma se incorporó de manera de dotarlo de libertad para encontrar los mejores técnicos para que se hagan cargo de la gestión, porque –insisto– una de las preocupaciones no solo es el marco legal, sino que la gestión esté acorde con lo resuelto en el marco legal. La idea es que los técnicos que vayan a figurar en la plantilla del instituto tengan las capacidades, la formación, la vocación, el desempeño y la experiencia que se necesita en lo que considero que requiere una altísima especialización. Acá se ha probado de todo. Hemos tenido «brazos gordos» en el INAU como formadores o como quienes contenían a estos chicos, lo que no dio ningún resultado. Quienes integramos la comisión creemos que hay que apostar a la capacidad técnica y también pensamos que estos trabajadores no solo deben estar en el INAU, sino que pueden estar en otras áreas del Estado, y que el Poder Ejecutivo debe tener las manos libres para poder formar la mejor plantilla que garantice el desempeño acorde para que esta institución refleje los cometidos y objetivos que unánimemente planteamos que debe tener. Obviamente que el ingreso en cualquier categoría se regirá por las normas generales del Estatuto del Funcionario Público vigente, sin perjuicio de las reglas especiales que se dicten en atención a la índole de sus cometidos.
El artículo 15 refiere a la especialización y a los requisitos que se les pedirá a quienes van a integrar la plantilla o al personal que estará desempeñándose en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.
Por supuesto que para ello va a tenerse en cuenta todo lo que tiene que ver con el Estatuto del Funcionario Público. Pero me parece que hay cosas muy específicas como, por ejemplo, que para aspirar a ocupar cargos profesionales, técnicos, especializados, docentes, administrativos y auxiliares de servicio deberán acreditar las competencias específicas en cuanto a formación profesional y experiencia en el desempeño del cargo.
Insisto, si nosotros no incluimos estos aspectos, parece que no nos preocupamos por garantizar que los objetivos se cumplan. Por esa razón, me parece muy bien que la comisión haya incursionado en ser bastante más específica que el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo en cuanto a los requisitos para el personal.
También recuerdo uno de los acentos que puso nuestra colega, la señora senadora Alonso, y en lo que estoy totalmente de acuerdo: la evaluación periódica del desempeño del personal y de su atención integral. Me refiero a cuidar a los que cuidan porque es una tarea muy especializada, que requiere mucho desgaste y mucha atención. Entonces, es necesario que haya una evaluación integral del personal que trabaje allí y que se cuide de ellos, que se propenda a que tengan lo que necesiten para su propio cuidado y capacitación.
Por esa razón también, a través de este artículo, promovemos la formación y capacitación permanente del personal. Es muy fácil decir: «Hágase cargo de estos chiquilines». Pero debemos tener en cuenta que, en su mayoría, son muchachos que se mueven muy bien en la hostilidad y la violencia, que es lo que han recibido. Por eso, hay que estar muy bien capacitado para poder trabajar con ellos. Y no es en el marco de la violencia que se logran los mejores resultados; por el contrario, yo creo que se tiene que estar altamente capacitado. Es por ese motivo que insistimos en la necesidad de la evaluación anual ineludible, del cuidado de quienes cuidan y de la formación permanente. Démosles herramientas. Si queremos exigirles un buen desempeño a los trabajadores que se harán cargo de una institución por demás neurálgica, debemos darles las herramientas para que su desempeño sea el mejor.
Por supuesto que también se habla de que necesariamente deberán presentar certificado de antecedentes judiciales. Además, estos trabajadores se desempeñarán en régimen de dedicación total.
El capítulo que va desde el artículo 17 hasta el artículo 22 de este proyecto de ley refiere al patrimonio, los recursos y el presupuesto. En él se hace el traspaso, a lo que será esta nueva institución, de los recursos y el patrimonio que hasta el momento tiene el actual Sirpa.
El artículo 20 establece que mientras no se apruebe el primer presupuesto para el Inisa, continuará rigiendo el que haya sido asignado al Sirpa.
A su vez, el artículo 22 establece que el Inisa queda exonerado del pago de todo impuesto nacional.
Y a los efectos del tránsito que tiene que haber entre el actual Sirpa y, si se aprueba en ambas cámaras, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, en el proyecto de ley hay tres artículos, que son disposiciones transitorias, que refieren al pasaje de una institución a la otra y a la derogación imprescindible de normas para que esta institución quede en pie.
En definitiva, creo que la comisión trabajó con total amplitud y con una visión más cercana a las actuales apuestas de las instituciones que se dedican al tratamiento de estos muchachos y a darles oportunidades para que, fundamentalmente, puedan construir un proyecto de vida diferente al que pudieron construir en el medio en que se desempeñaban.
A su vez, instaría a que fuera la lógica de la justicia restaurativa la que guíe los pasos de quienes dirijan esta institución y de sus funcionarios, porque es la única manera de que esos adolescentes sean responsables y se hagan cargo del daño que han ocasionado y que la víctima se sienta reparada. No siempre se siente reparada con un monto de dinero, sino que a veces el diálogo es muy importante. Recuerdo una experiencia que se vivió en uno de los barrios más violentos de Bogotá, Colombia. Era un barrio muy pobre cuyo comisario había sido un niño infractor y logró encaminarse hasta llegar a ocupar ese cargo. En su distrito logró imponer una institución que tenía como base la justicia restaurativa, en donde la mediación y el diálogo –de así desearlo las partes; esto no se puede imponer– entre ofensores y víctimas daba resultados realmente muy significativos en cuanto a la construcción de otro modelo de vivir, para unos y para otros.
Insisto en que a través de este proyecto de ley –que será ley una vez que transcurra por ambas cámaras– estamos dando un paso interesante e importante. Al mismo tiempo, subrayo que mucho dependerá de cómo se gestione esta institución para que realmente cumpla con el objetivo y los cometidos con que se la está dotando.
Es cuanto quería expresar. Muchas gracias.
SEÑORA ALONSO.- Señor presidente: pido la palabra.
SEÑOR PRESIDENTE (Javier García).- Tiene la palabra la señora senadora.
SEÑORA ALONSO.- Señor presidente: quiero expresar que desde el Partido Nacional acompañaremos este proyecto de ley, por varias razones.
En primer lugar, quiero rescatar lo que decía la señora senadora Tourné en cuanto a la actitud de todos los partidos políticos que, más allá de las innegables diferencias, hacemos este esfuerzo para aprobar un instrumento que permita una mejor situación que hoy, lamentablemente, sigue siendo percibida como absolutamente deficitaria, cosa que preocupa a todos los uruguayos, sin distinción partidaria o ideológica alguna.
Además, entendemos –razón por la cual acompañamos este proyecto de ley– que esto forma parte de un proceso	–como bien lo señalaba la señora senadora que me precedió en el uso de la palabra– que fue concertado entre todos los partidos políticos en el período pasado. Desde el Partido Nacional insistimos para que el instituto se transformara definitivamente en un servicio descentralizado y fuimos exigentes en cuanto a esa característica para sacarlo de la órbita del INAU y que pudiera especializarse –eso es lo que pretendemos– en los adolescentes en conflicto con la ley.
Existía –como decíamos– el compromiso legal para que se hiciera esta transformación institucional y nosotros entendemos que es provechoso que pueda separarse del INAU. Pensamos así, entre otras cosas, en la carga de responsabilidad que tiene el sistema penal adolescente y lo que ello significa.
Señor presidente: quiero hacer mención a los antecedentes de lo que hoy estamos acompañando y votando. Tiene que ver con aquella Ley n.º 18771 que se votó en esta casa y que creó el Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, que fue producto de los acuerdos de aquella comisión bicameral de la Asamblea General –propuesta por el senador Larrañaga– que supuso esa transición hasta la creación de lo que hoy es este servicio descentralizado que esperamos se vote en poco rato.
Pero a pesar de que aquella ley a la que hacía referencia estableció el traspaso que tenía que realizarse y aclaraba que esto debía hacerse en el menor plazo posible, la gestión que encabezó Ruben Villaverde terminó el período pasado sin que este tema fuera ni siquiera mencionado. En aquel momento, la institución estuvo vapuleada –entre otras deficiencias de gestión– por las denuncias de torturas, de violaciones a los derechos humanos y malos tratos en los centros de detención de jóvenes, lo que terminó hace pocos meses con 26 procesados por el delito de tortura en nuestro país.
Después de los hechos ocurridos, se produjo la nueva integración de la Comisión Delegada, que asumió en los primeros días de mayo de este año bajo la presidencia de la exfuncionaria del Ministerio del Interior, Gabriela Fulco. Recordemos también aquel conocido enfrentamiento con el sindicato del INAU, con Joselo López a la cabeza. Mientras tanto, en la comisión analizábamos, como decía la senadora Tourné, con el mejor ánimo y el mejor espíritu –el mismo con el que venimos a votar en la tarde de hoy–, una propuesta que podía convertirse en una buena instancia para volver a evaluar el sistema de privación de libertad de los adolescentes, pero con una mirada más global sobre el asunto. Coincido con las percepciones de la señora senadora Tourné, pero me interesa poner el énfasis en las medidas socioeducativas y en la inserción de estos jóvenes en la sociedad, cosa que no ha sucedido en este último tiempo.
Definitivamente, este es un tema extremadamente complejo, y por eso a veces hasta resulta tedioso y no todos tienen ganas de escuchar. Es algo muy doloroso y, como nos duele a todos, de pronto es más fácil no escuchar. Sin embargo, ¡vaya si tenemos una larga deuda pendiente en lo que a este tema se refiere! Se trata de una cuestión que se viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo.
Históricamente ha habido problemas en el INAU, y no solamente durante la administración frenteamplista. Creo que debemos decir las cosas como son, no ser incoherentes y no mirar la realidad con un solo ojo, pensando que este es un problema que surgió el 1.º de marzo de 2005. No creo en miradas absolutistas, pero es evidente que todo esto se ha agudizado y deteriorado. Seguramente, muchas de las herramientas a que se hacía referencia hace apenas unos minutos han fracasado. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los programas que se han implementado han sido prácticamente los mismos; lo que cambió fueron los nombres y, en algunos casos, las estructuras.
Hacemos referencia a todo esto porque no queremos que esta iniciativa quede simplemente en un cambio de nombre o institucional; aspiramos a una transformación profunda. Eso es lo que anhelamos y lo que venimos a pedir, adelantando nuestro voto afirmativo, como corresponde, a este proyecto de ley.
Queremos hacer referencia también a lo que ha ido ocurriendo en estos últimos años en lo que tiene que ver con la minoridad infractora. Recordamos la creación de la División de Alta Contención, el Interj, el Semeji y, finalmente, el Sirpa. Lo cierto es que no hubo un cambio con respecto a este tema, sino una continuidad de errores y, en algunos casos, de horrores. Recuerdo desde el Interj, dirigido por el padre Mateo, quien renunció denunciando hechos de corrupción y falta de compromiso, hasta la administración de Ruben Villaverde –que culminó hace pocos meses–, cuyo período se caracterizó por las violaciones a los derechos humanos de estos menores, lo que fuera denunciado por distintos organismos internacionales, entre ellos, el relator de Naciones Unidas para el sistema carcelario y Amnistía Internacional, además de los informes de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Yo recordaba cuando con el padre Mateo todos creíamos que había una esperanza de que pudiese mejorarse la gestión de un tema en el que el Estado, desde hace mucho tiempo, le viene errando.
La situación de los menores infractores es una cuestión en la que, definitivamente, como hacíamos referencia hace unos minutos, falta mucho por resolver, así como también lo es la de los menores no infractores, que son la inmensa mayoría de los niños y adolescentes que están en el INAU y que cargan, lamentablemente, con un estigma injusto y deplorable, aun en el día de hoy.
Entonces, cuando hacemos el análisis de todo el proceso, vemos que al día de hoy todavía tenemos una institución que sigue estando enferma y respecto de la cual tenemos que hacer una revisión. Por eso traemos a colación al padre Mateo –todos recordamos que aquella etapa terminó con una renuncia en la que alegaba que no había podido cumplir con sus objetivos por falta de apoyo–, porque en el día de hoy, en que estamos votando un nuevo instrumento, confiamos en que no se trate simplemente de un cambio de nombre, sino de algo que alcance definitivamente una transformación mucho más profunda, que es lo que necesitamos todos. Si se tratara solo de un cambio de nombre y de un cambio de estructura –ahora como organismo descentralizado–, pero siguiéramos con las mismas deficiencias y resultados, poco habríamos colaborado en lo que hoy llamamos INCCA o Inisa, o como quiera que se termine llamando. Lo que importa no es lo que dice cada una de esas letras que conforman la denominación de esta nueva institución, sino lo que hacemos con los jóvenes para rehabilitarlos y darles una nueva oportunidad.
Quiero detenerme en un aspecto al que hacía referencia la señora senadora Tourné, que para nosotros es central por los tiempos que van a correr para esta nueva institución: el que tiene que ver con los funcionarios, con los educadores. Y en esto quiero ser muy clara. Si a los funcionarios –que son muchos y muy buenos– que se van a integrar a esta nueva institución –educadores, muchos de ellos– los transformamos simplemente en carceleros –como han sido en muchos casos hasta ahora– o simplemente en administradores de medicamentos que se suministran a los menores para mantenerlos dopados durante 22 horas, tal como expresan varios de los informes, seguiremos haciendo las cosas muy mal; si todos los funcionarios, buenos y malos, son lo mismo, sin incentivos, sin capacitación, sin formación, sin evaluación, seguiremos haciendo las cosas muy mal. Hay funcionarios que durante todos estos años han realizado la tarea de una manera admirable, pero también están aquellos que la han enlentecido; incluso, algunos la han llegado a bloquear, olvidándose de cuál es el objetivo final y cuál es la tarea que cumplen allí.
Reitero: si de lo único que se trata es de que todo siga igual, pero con otra estructura y otro nombre –no quiero pensar que pueda ser así; estamos dando este paso de acompañar y no solo de apoyar porque estamos convencidos de que así tiene que ser–, la discusión será una nueva pérdida de tiempo. Espero que ello no ocurra. El análisis que se desarrolló en la comisión, como muy bien decía la señora senadora Tourné, tuvo un gran nivel y hubo consenso para la gran mayoría de los artículos.
Creo que la solución no pasa solamente por las medidas que se puedan tomar dentro de la privación de libertad, sino por algo mucho más fructífero –que seguramente tendremos que analizar–: por la inversión del Estado en el acompañamiento de esos jóvenes por parte de los trabajadores sociales, psicólogos y docentes durante la etapa de mayor riesgo, que es cuando salen, que es cuando más necesitan la contención para que no vuelvan a reincidir; precisamente, la señora senadora Tourné se refirió a la tasa de reincidencia. No se trata solamente de aplicar medidas extensísimas –y en muchos casos durísimas– de privación de libertad.
Me parece que debemos tener una mirada sincera, constructiva y crítica hacia dentro de la institución. Sería injusto si pusiéramos a todos los funcionarios que vayan a ser parte de este nuevo instituto en una misma línea, pero sí debemos tener el norte claro: debemos poner el foco en el menor como centro de toda política de rehabilitación. Por supuesto que también es muy claro que el poder político y el sindical no deberían utilizar este espacio, este nuevo instituto, para obtener beneficios personales, porque lo que está en juego es mucho más importante: es la posibilidad de recuperación de muchos de estos adolescentes. Y ese es el primer objetivo que, muchas veces, la gran mayoría hemos olvidado.
Cuando se creó la ley de creación del Sirpa, la vimos con muy buenos ojos porque considerábamos que era un momento oportuno para plantear un tema nuevo. Insistimos en que en aquel momento la selección, la formación y la calificación de los trabajadores, de los cuadros existentes, era un tema clave, ya que son, nada más ni nada menos, los que trabajan y conviven con estos menores que –como muy bien se decía acá– nunca tuvieron una señal o una muestra de afecto y de cariño. Sin embargo, eso no ocurrió en el período pasado y así fue que tuvimos los problemas que relatábamos hace apenas unos minutos.
Por eso, señor presidente, insistimos en que vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley por la importancia que tiene y porque a nuestro entender reconoce lo que hoy sucede. Uno percibe que desde el ejercicio de la autoridad no se actúa con la firmeza debida –por supuesto, respetando lo que establece la ley, que es obligación del Poder Ejecutivo–, y sabemos –debemos admitirlo– que acá también tenemos problemas muy graves.
Voy a adelantar una opinión de carácter personal. El instituto que se va a crear podrá contar con muchos funcionarios, varios provenientes del INAU, pero habrá que hacer una muy buena selección, porque así como hay, repito, excelentes funcionarios que cumplen perfectamente con su tarea, lamentablemente siguen existiendo muchísimas irregularidades y graves problemas que han quedado en evidencia. Y este va a ser un tema clave para el funcionamiento y el manejo de esta nueva institución.
A propósito de lo que decía la señora senadora Tourné con respecto a esta ley –nos llenamos de leyes–, no puede ser una nueva instancia para lavar nuestra conciencia. No podemos pensar que aprobando la creación de esta nueva institución, ya está: se solucionaron los problemas de los menores en conflicto con la ley; no podemos pensar que ahora sí, definitivamente, después de esta nueva institución se mejora todo. ¡No es así! Además de eso, tenemos que fiscalizar, controlar y evaluar, pero no mirando de costado y con lupa a quienes son más o menos cercanos ideológica o políticamente; debemos ser firmes y comprometernos a que este instituto se ponga en funcionamiento a efectos de contar con centros cuyas condiciones edilicias sean modelo y no como las que hoy tenemos.
Por esta casa pasaron las autoridades del Sirpa diciéndonos que teníamos instituciones casi comparables a hoteles de cinco estrellas, y si bien se gastaron montos casi de hoteles de cinco estrellas, muchas de las instituciones todavía siguen en estado sanitario y edilicio deplorable. ¡Por algo las instituciones de derechos humanos han denunciado fuertemente las condiciones incluso de hacinamiento de estos menores!
Por supuesto que todos queremos una institución que tenga los mejores profesionales para tratar de lograr que muchos de estos menores puedan reinsertarse en la sociedad, pero también para tener la tranquilidad –no hay que tener temor en decirlo– de que quienes están allí y han sido privados de libertad con medidas de reclusión no se escapen a la tarde o al otro día para volver a delinquir. De lo contrario, señor presidente, una vez más habremos llegado tarde para atender una situación que nos desbordó definitivamente y a la que tendremos que hacer frente rápidamente con mucha eficiencia y mucho pragmatismo.
–En estos temas hay que tomar decisiones y, más allá de que esto es un proceso, el camino que hoy nuevamente empezamos a recorrer es una buena decisión. En lo personal, sigo creyendo en la naturaleza humana, brindando oportunidades, ofreciendo valores y aportando buenos ejemplos, sobre todo con las medidas que creemos centrales, como las socioeducativas, por medio de las cuales podemos rescatar y rehabilitar a muchísimos de estos jóvenes. No renuncio a ello, y por eso hoy estamos votando también la posibilidad de que así sea.
Recuerdo que en ocasión de votar la creación de este instituto, en junio de 2011, el señor senador Larrañaga manifestó: «Insistimos en la perspectiva humanista y responsable, que no es excluyente de la mano firme, pero sin olvidarse de brindar oportunidades siempre». Ese es el concepto que tenemos –y es lo que esperamos– de este nuevo instituto.
Señor presidente: ante la creación de una nueva institucionalidad y, de acuerdo con la voluntad que vemos en las nuevas autoridades del sistema, creemos que estamos ante un escenario que vuelve a posicionar estas discusiones sobre la mesa.
Vamos a acompañar este proyecto de ley y volvemos a hacer confianza en un tema en el que le va la vida no solo a muchísimos jóvenes, sino también a toda la sociedad, por lo que este problema representa para la seguridad –que tanto ha fracasado en nuestro país–, y para la convivencia ciudadana que tanto anhelamos.
Por lo tanto, exhortamos a llevar adelante ese compromiso al que hice referencia en el sentido de que, más allá de los cambios institucionales, de titulares, de siglas o de nombres, se proceda a un cambio de cabezas y a un compromiso con la tarea, lo cual es mucho más importante.
10) ATAQUES TERRORISTAS PERPETRADOS EN LAS CIUDADES DE PARÍS Y BEIRUT
SEÑOR PRESIDENTE.- Aprovecho para saludar a todos los integrantes del Cuerpo.
SEÑOR MICHELINI.- Hemos hecho llegar a la Mesa una declaración sobre los atentados en París y Beirut firmada por los cuatro partidos con representación parlamentaria en el Senado. Solicitamos que este punto se declare urgente y se discuta una vez finalizada la consideración del proyecto de ley que nos ocupa.
SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para otra cuestión de orden.
SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: se ha hecho llegar a la Mesa una moción para convocar al Senado para el 30 de noviembre a efectos de considerar el proyecto de ley de Presupuesto nacional.
SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la moción a que ha hecho referencia el señor senador Michelini.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que la cámara se reúna en sesión extraordinaria el día 30 de noviembre a la hora 9 a fin de considerar el siguiente orden del día: Presupuesto nacional período 2015-2019. Aprobación. Carpeta n.º 400/2015». (Firman la señora senadora Payssé y los señores senadores Delgado, Bordaberry, Mieres y Michelini).
12) INSTITUTO NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA ADOLESCENTE
SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la discusión general del proyecto de ley por el que se crea el Instituto Nacional de Construcción de Ciudadanía Adolescente, tiene la palabra el señor senador Bordaberry.
SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: hoy es un día agridulce. Por un lado estamos contentos de que finalmente se apruebe este proyecto de ley –propuesta que elevamos en el año 2010–, pero por otro reflexionamos acerca de los tiempos que insume la concreción de las iniciativas porque transcurrieron cuatro años para que finalmente se llegara a algo. Los tiempos del sistema político no parecen ser los que necesita el país, y esto –cuando finalmente estamos aprobando aquella propuesta– debería hacernos reflexionar.
En el año 2010 alertábamos al Parlamento y a la ciudanía sobre un problema que nos ponían de manifiesto, no solamente las estadísticas, sino también las noticias: el aumento de la participación de los menores en los delitos.
SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora senadora Payssé.
SEÑORA PAYSSÉ.- Había solicitado una interrupción a la señora senadora Alonso, quien seguramente se olvidó porque me consta que tenía voluntad de concedérmela. Por lo tanto, agradezco a ambos.
Pido disculpas al señor senador por interrumpirlo al comienzo de su exposición, pero justamente mi intervención tiene que ver con lo siguiente. Estoy de acuerdo con una cantidad de cuestiones que se están exponiendo en sala, pero uno de los motivos de mi intervención fueron los comentarios vinculados a que la modificación en el nombre no hace a la esencia de los cambios que realmente queremos, que la forma de nombrar las cosas no es lo que definitivamente modifica los rumbos o nuestros pensares. Sin embargo, en las intervenciones que me precedieron
–no en el caso de la señora senadora Tourné– en reiteradas ocasiones he escuchado hablar de minoridad infractora, de menores, de menores no infractores –que son los otros que están en el INAU–, del menor, de los menores. Entonces, me sentí obligada por lo menos a plantear que en este marco de reflexión colectiva también deberíamos nosotros –legisladoras y legisladores, senadoras y senadores– empezar a tratar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y no como menores, como minoridad infractora, o como menores del INAU que no son infractores, porque seguramente a nuestros hijos no los denominamos así. Me parece que, en tanto hay versión taquigráfica y estamos dejando sentadas nuestras posturas, es una buena práctica que empecemos a acostumbrarnos a tratarlos como personas. Esto por un lado, señor presidente.
Por otra parte, para terminar con mi intervención –agradezco al señor senador Bordaberry por haberme cedido estos minutos–, quiero decir que todos alertábamos sobre esta situación cuando creamos la Comisión Especial para el Análisis de la Legislación relativa a los Temas de Seguridad Pública y en Especial la de los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la Asamblea General –en ese momento no los llamábamos menores, sino adolescentes–, que oportunamente hizo un informe que tuvo una gran parte consensuada y otra con diferencias propias de las formas de procesar estos temas por los diferentes partidos políticos.
Creo que esta es una contribución para que vayamos quemando etapas en un tema que nos preocupa en todas sus dimensiones. Y una de las dimensiones en las cuales quería hacer énfasis es en que tenemos que empezar a tratar a nuestros niños, niñas y adolescentes como personas y no como menores, con cierto dejo –tal vez inconsciente– de discriminación, que no hace a la esencia de lo que procuramos.
SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: las palabras de la señora senadora me hicieron acordar a aquel pasaje de Romeo y Julieta en el cual Julieta se le queja a su aya porque la pelea entre Montescos y Capuletos no les permite llevar adelante su amor. Y Julieta dice, quejándose: «¿Qué hay en un nombre? Si una rosa dejara de llamarse rosa, seguiría oliendo a rosa». Y bueno, ¿qué hay en el nombre de un instituto? Si no le cambiamos el contenido, seguirá siendo el mismo instituto. En eso coincido con la señora senadora Payssé.
Debo decir que discrepo en este avance en el uso de «senadores y senadoras». Nosotros no decimos «menor y menora». La Real Academia está de mi lado. Y antes de que salte alguna «senadora» o «senadoro», voy a seguir adelante con el tema.
En el año 2010 alertábamos sobre lo que estaba viviendo la sociedad, y lo hacíamos en base a estadísticas y no solo a los titulares de los diarios y de los noticieros, que empezaban a dedicarle espacios a un dato que surgía de la realidad. Estaba aumentando la participación de los menores en los homicidios, que habían pasado de un 9 % a un 21 %. También había aumentado la participación de los menores en las rapiñas, llegando hasta un 50 % o 51 %; esto no quiere decir que fueran los únicos que los llevaban adelante, sino que participaban en hechos de rapiña con mayores. Ese era un problema que tenía que enfrentar la sociedad. Durante su primer gobierno, el Frente Amplio había enfrentado el problema de la minoridad delincuente de una forma –yo diría– ingenua. Todos recordamos aquel episodio que tuvo como protagonistas a la señora ministra de Desarrollo Social y al exsenador Lorier, que hoy no está acá con nosotros, pero a quien le tenemos tanta estima. En ese incidente se produjo un motín y, con esa ingenuidad en el enfrentamiento de estos problemas de la sociedad, fueron raudamente a solucionarlo, al grito de: «¡No me toquen a mis gurises!». Y entraron para que no les tocaran a sus gurises, quienes dijeron que simplemente querían ir a ver a sus familias. Dijeron: «Les ponemos una camioneta», y los funcionarios exclamaron que no lo hicieran y se negaron a manejarla. A todo esto, el exsenador Lorier dijo: «Yo la manejo, porque tienen derecho a ir a ver a sus familias». Ahora, cuando llegaron a la esquina, le pusieron un cuchillo en el cuello y le dijeron que doblara en la siguiente esquina, lo largaron y se escaparon.
Este es un tema muy triste porque, ¡qué cosa más triste en una sociedad que enfrentar la delincuencia, pero en especial la delincuencia de jóvenes! ¡Qué tema que nos golpea, y duramente, creo yo, el de tener jóvenes encerrados! ¡Y encerrados para trabajar con ellos, pero encerrados también para proteger a la sociedad porque a veces no atendemos todos los objetivos que una política debiera tener! A veces hablamos mucho de los gremios de la educación y de los docentes, pero no hablamos del alumno; a veces hablamos mucho del Fonasa y de los derechos de los funcionarios, pero no hablamos del usuario del sistema de salud. Y muchas veces hablamos de seguridad pensando, sí, en el derecho de los que delinquen –que lo tienen, porque este es un Estado de derecho–, pero nos olvidamos de atender la situación de la víctima o de la posible víctima, que tenemos que resguardar de la acción de quienes delinquen, sean mayores o menores.
Entonces, creo que el encierro es una pésima solución, pero no conozco otra para proteger a las víctimas, o a las posibles víctimas, que esa: que quien exhibe conductas peligrosas o gravísimas tiene que ser alejado, mientras trabajamos en su reeducación, de la posibilidad de seguir cometiendo esos delitos, de seguir delinquiendo o atentando contra los ciudadanos que trabajan, cumplen las normas y quieren –o queremos– vivir en paz.
Analizando las causas de todo esto tuvimos la oportunidad de leer estudios muy interesantes, realizados por los defensores de oficio y por los fiscales. En aquel entonces el defensor de oficio de adolescentes, Daniel Sayagués Laso, analizaba estadísticas elaboradas por él en base a datos del Poder Judicial, y decía que el descenso de las fugas y el aumento de las penas por la ley que estableció una pena mínima de 12 meses para menores que cometen delitos graves, había causado un descenso del 40 % en las rapiñas. Asimismo, analizaba los motivos –como también lo hizo en su estudio el economista Ignacio Munyo– que tenían los menores para delinquir; en aquel entonces había una suerte de creencia de que era por necesidad y se terminó concluyendo que por necesidad el 1 % delinquía; para satisfacer su necesidad de pasta base el 10 %, el restante 89 % porque había encontrado una forma de vida rápida y fácil. Las declaraciones que hacían eran realmente impresionantes.
Por eso en el 2010 anunciamos en el Parlamento que había que aprobar normas –y propusimos esta como una de ellas– sobre este tema: sacar al Sirpa de adentro del INAU; atender el problema enorme de que no se mantenían los antecedentes después de los 18 años; atender el problema de los mayores que utilizaban cada vez más menores para delinquir; y atender el problema de la edad de imputabilidad. No insistiremos con la baja de la edad de imputabilidad porque la gente votó, pero queremos hacer una advertencia, señor presidente: la gente también votó esto, porque cuando salimos a reunir firmas, en la papeleta se puso la siguiente disposición transitoria y especial B): «El Estado asegurará la existencia de un Servicio Descentralizado dedicado exclusivamente a la internación y rehabilitación de los delincuentes menores de 18 años, debiendo dotar al mismo de los recursos necesarios para su funcionamiento».
Quizás el tema que se nos plantea hoy es: ¿no estaremos votando algo que la ciudadanía rechazó el año pasado, porque al rechazar la papeleta no acompañó esta solución? Es un tema más profundo de lo que nos imaginamos. Yo me animaría a decir que, en realidad, la ciudadanía se pronunció sobre todo sobre la baja de la edad de imputabilidad, que fue el tema en el que lamentablemente se centró el debate. Nosotros insistimos públicamente en la campaña que se trataba de un paquete de soluciones que encaraba un problema que hoy tiene la sociedad uruguaya.
Cuando en el año 2010 hicimos esa propuesta y comenzamos a juntar firmas, desde el oficialismo se respondió rápidamente, un poco con la finalidad de vaciar de contenido la propuesta, lo cual fue bueno porque en el 2011 aprobamos la Ley n.° 18771, cuyo artículo 1.º, inciso segundo, establecía que si bien no se hacía lo que pedíamos, en el futuro y dentro del plazo más breve, se iba a crear un instituto como servicio descentralizado, y se decía que iba a ser antes de que terminara este período. Sin embargo, cumplir con ese inciso del artículo 1.º nos ha llevado solamente cuatro años. Durante este período seguimos muy de cerca lo que se hacía en el Sirpa, y nos parece muy importante dejar constancia acá de algo sobre lo cual en su momento conversamos con su exdirector, el señor Villaverde, hoy tan cuestionado. En el año 2012, él vino al Parlamento a entrevistarse conmigo, y creo que también con líderes de otros partidos. Él no ha hecho público lo que voy a decir, pero lo voy a hacer porque creo que en la política hay que ser franco y leal. Él vino enviado por el entonces presidente Mujica a decirnos que de acuerdo con lo que le permitía hacer el Tocaf, y ante la necesidad urgente de hacer obras por el hacinamiento que había, iba a hacer contrataciones directas y no iba a recurrir a las licitaciones porque ese procedimiento no le permitiría dar respuesta rápidamente. En ese momento, y luego de hacer las consultas correspondientes en la interna de nuestro partido, le dijimos al señor Villaverde que siguiera adelante con esa idea porque entendíamos que había motivos de urgencia suficientes como para encarar las obras por contratación directa y no mediante licitaciones. Había hacinamiento y la mayor eficiencia que se estaba dando evitando las fugas había generado superpoblación de menores.
Estoy dejando esta constancia porque sé que el señor Villaverde ha sido cuestionado por eso, y me consta que no fui el único dirigente político en ser consultado y que lo avaló. Por otra parte, es notorio que el señor Villaverde no pertenece a nuestras filas partidarias.
Pero el tema no quedó ahí; luego visité los centros que se estaban reformando, las colonias –era nuestra tarea hacerlo–, y vi que se habían hecho obras. Creo que aquella recolección de firmas y propuesta de reforma constitucional tuvieron un efecto positivo en el Uruguay porque, para empezar, el Gobierno tuvo que dedicar más recursos a la minoridad delincuente y, en segundo lugar, porque se puso el foco sobre un problema grave que teníamos. Durante las visitas se notaba que se estaba trabajando; con esto no quiero decir que avalo todo lo que se ha hecho porque, obviamente, no intervinimos en las contrataciones directas, pero sí en cuanto a la utilización de ese instrumento.
También he seguido de cerca, con algunas dudas, lo que está pasando en los últimos tiempos. El año pasado el entonces director del INAU –Javier Salsamendi– se opuso a sacar el Sirpa de la órbita del INAU, a cumplir con la ley, lo que nos pareció un error. Por suerte, vemos que hoy eso está cambiando. Pero también hoy hay errores, porque la actual directora y el actual ministro del Interior están planteando sacar del Sirpa –hoy esta institución– a quienes siendo menores delinquieron, están recluidos y tienen más de 18 años. Si se los saca, obviamente no se los debería enviar al sistema carcelario de los mayores. Pero en eso no han sido del todo claros ni el señor Bonomi ni la señora Fulco. Ella ha dicho que, quizás, una de las soluciones sea enviarlos al sistema penal mayor. Creo que eso sería, además, contrario al convenio de Pequín, porque para quien delinquió siendo menor tiene que haber una institución especializada en su reeducación, que es por lo que estamos luchando y hoy se está concretando. Habrá que estar atento al respecto, sobre lo que poco se dice en este proyecto de ley.
La senadora Montaner –que, lamentablemente, hoy no nos puede acompañar por motivos de fuerza mayor– trabajó activamente en este proyecto de ley y hace un par de días envió un correo que decía: «Mirá que estamos de acuerdo. Mirá que trabajé mucho e hice muchos aportes». Y yo le dije: «Quedate tranquila porque tan de acuerdo estamos, que era una de nuestras propuestas».
Voy a tomar unos minutos más, señor presidente, no para traer a colación la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad, pero sí las otras dos, que quizás puedan seguir este camino y podamos trabajar en ellas para mejorar la situación de los menores. En el actual proyecto de ley de presupuesto una norma establece el uso secreto de los registros de antecedentes criminales, y es algo que comparto mucho. El antecedente criminal no tiene que estar para estigmatizar a una persona que se puede haber recuperado, si el sistema cumplió realmente con los objetivos no tendríamos que cargarle esa estigmatización. El sistema de registro de antecedentes sirve para que, si esa persona vuelve a delinquir, el magistrado interviniente y las autoridades carcelarias que deben trabajar para su reeducación tengan en cuenta que no es la primera vez que rapiña, comete un homicidio o delinque; es para valorar su peligrosidad y las medidas profilácticas a trabajar con él.
Eso se establece, a propuesta del Poder Ejecutivo, en la ley de presupuesto, y comparto que debería tenerse en cuenta en lo que refiere a los antecedentes de los menores –es una de las propuestas–, porque cuando el Frente Amplio recibió aquellas cuatro propuestas, en el año 2010, trajo un híbrido –una mezcla de algo que parece una gran embarcación, pero es un bote– y dijo que los antecedentes se mantienen en algunas circunstancias: siempre que el juez lo establezca y establezca el período. En definitiva, si un muchacho cometió un homicidio a los 16 o 17 años, sería bueno que esos antecedentes no se borren, pero sí que se mantengan en secreto, porque si vuelve a cometer un homicidio a los 20, 21 o 22 años, es obvio que quien va a trabajar con él para tratar de reeducarlo y resocializarlo tiene que tener en cuenta que tuvo un antecedente tan grave. Quizás esa norma de la ley de presupuesto podría contemplar esto y entonces, de las cuatro propuestas que presentamos, estaríamos aprobando dos: la que estamos aprobando hoy y otra más.
Y hay otra más, que responde a un fenómeno que se dio a partir de aquella política ingenua del entonces ministro José Díaz, quien cuando llegó al gobierno entendió que la forma de enfrentar el hacinamiento carcelario era liberando presos, y hablaba del descongestionamiento del sistema carcelario. Cuando largó mil doscientos presos a la calle, obviamente, aceleró una situación de inseguridad que teníamos y la convirtió en lo que hoy estamos padeciendo todos. Entonces, muchos de esos mayores que salieron de prisión se valieron de las normas de inimputabilidad penal de los menores de 18 años, y los utilizaron para delinquir. Fue notorio aquel caso de la contadora cuyo marido intentó asesinarla utilizando los servicios de un menor. El mayor que utiliza a menores para cometer delitos, o les hace asumir conductas delictuales, debe ser penado con mucha mayor severidad. Ese es un punto sobre el cual tendríamos que trabajar.
Por eso, hacemos votos para que este cambio de nombre y este planteo de sacar la institución del INAU sean mucho más que eso. Hacemos votos para que se siga analizando esta propuesta que hicimos y se agreguen las otras dos, con amplitud, porque entendemos que este es un problema muy serio, que nos afecta duramente y del que no solo tenemos que acordarnos de tanto en tanto, cuando un menor comete un delito y sale en los noticieros o en la tapa de los diarios.
Por todos estos motivos, vamos a votar este proyecto de ley, que además creemos que es equilibrado, señor presidente, porque cuando el artículo 3.º habla de los cometidos principales del instituto, balancea la seguridad y la autoridad con las medidas que hay que tomar para ayudar al menor privado de libertad. Creo que ese artículo 3.º habla, al igual que el 4.º, de lo que hay que hablar: de propiciar un ambiente seguro, pero donde esté la autoridad; de promover vínculos y relaciones del adolescente privado de libertad con su familia o con personas cercanas; de articular y coordinar con otros organismos, y de ejecutar medidas socioeducativas, pero también medidas de seguridad. Es decir, no se trata de poner el foco solo en la seguridad ni únicamente en las medidas socioeducativas. Asumamos maduramente esto que está sucediendo y, obviamente, al establecer los programas tengamos en cuenta, como lo hace el artículo 4.º, la educación, la inserción social, pero también la seguridad y el traslado, así como la instrumentación, vigilancia y evaluación de medidas privativas de libertad.
Y otro motivo para votar este proyecto es la conformación del Directorio. Vemos que el oficialismo ha dejado de lado una suerte de conducta que tenía, en el sentido de proponer para la integración de estos organismos a los llamados representantes sociales: de los gremios y de los usuarios. Tener en este caso un representante de los usuarios del servicio no iba a ser posible, por motivos evidentes, pero, como estaban tan envalentonados con la presencia de los usuarios, por algún momento pensé que, de repente, organizaban entre ellos una elección y teníamos a uno sentado ahí. Por suerte, eso no ha sucedido, como tampoco se ha hecho lugar al corporativismo, y por eso vamos a votar este proyecto de ley.
SEÑOR MIERES.- Señor presidente: realmente, voy a ser muy breve.
Nosotros no integramos la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, pero tenemos un compañero que nos representa en el Directorio del INAU, por lo cual hemos estado al tanto de todo este proceso de discusión.
Nos parece que esto es el resultado de un acuerdo político entre todos los partidos, un acuerdo muy valioso que se produjo en el período de gobierno anterior y que se concreta ahora.
Además, creo que la comisión trabajó muy bien. Ha corregido sustancialmente elementos que venían en el proyecto de ley original; lo ha mejorado de manera notoria. Me parece que es muy bueno cuando las comisiones parlamentarias pueden incorporar valor.
A su vez, comparto sustancialmente el informe realizado por la señora senadora Tourné, miembro informante de este proyecto de ley. Nos parece que esto va en la dirección adecuada.
Además, consideramos que era imprescindible separar al INAU –que tiene a su cargo las políticas referidas a la niñez y a la adolescencia de un número muy importante de chicos– de lo que es el tratamiento específico relacionado con los niños, niñas y adolescentes que cometen infracciones o que están en conflicto con la ley.
Obviamente, esto es un paso y no dejo de manifestar preocupación sobre la gestión de quienes hoy están al frente de este organismo. A ninguno de nosotros se nos escapa que dos de los tres miembros del actual Directorio tuvieron que renunciar por desavenencias con su presidente. Eso nos llama la atención y nos preocupa enormemente.
Por tanto, estamos votando un muy buen instrumento, pero es muy importante que quienes tienen que desarrollarlo lo hagan de la manera correcta. Esperemos que eso sea así, pero no podemos dejar de señalar nuestra preocupación por las señales que han surgido en estos meses acerca de cómo se está manejando el actual Sirpa, que pronto será este nuevo servicio descentralizado.
Para culminar mi intervención, quiero señalar que este es un muy buen proyecto de ley, vamos a votarlo con mucha convicción y hacemos votos para que sea útil. Podemos quedarnos tranquilos en cuanto a que está claro que lo que votó la ciudadanía hace un año no tuvo nada que ver con esto.
Por la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia por motivos particulares, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.° 17827, de 14 de setiembre de 2012, por el día 18 de noviembre de 2015.
Se comunica que los señores Gustavo Cersósimo y José Amy han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Viviana Pesce, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
14)	INSTITUTO NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA ADOLESCENTE
SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: me comunican los integrantes de la comisión que tienen un proyecto aprobado, diferente del que vino del Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, voy a pedir que se vote considerar el proyecto de ley consensuado, que está a la derecha en un comparativo que acaba de ser repartido.
SEÑOR PRESIDENTE.- Se pone a consideración del Cuerpo dejar de lado la iniciativa del Poder Ejecutivo y considerar para la votación en particular el proyecto de ley aprobado por la comisión.
SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado, se vote por capítulos y se soliciten los desgloses pertinentes, si los hubiere.
–30 en 31. Afirmativa.
–29 en 31. Afirmativa.
15) ATAQUES TERRORISTAS PERPETRADOS EN LAS CIUDADES DE PARÍS Y BEIRUT
SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo con lo resuelto, pasamos a considerar la declaración propuesta relativa a los atentados terroristas recientemente cometidos en Francia y Líbano.
SEÑOR GARCÍA.- Señor presidente: el fin de semana, a partir de los ataques terroristas que sufrieron las ciudades de Beirut, capital de Líbano, y París, capital de Francia, desde el Partido Nacional tuvimos la iniciativa de proponer a los restantes partidos políticos la redacción y aprobación de una declaración, aprovechando que estaba convocado el Senado para el día de hoy, para así poder cumplir, como nación, con un mandato ético y moral en el que está inspirada la declaración que ahora está a consideración y a la que luego nos referiremos.
Sin duda, los episodios de los días jueves y viernes –pasaron menos de veinticuatro horas entre uno y otro– son la expresión de una forma de terrorismo global que ha impactado e impacta a toda persona de bien y a cualquier persona que tenga mínimas consideraciones acerca del respeto a los derechos de las personas y a los derechos humanos más elementales. Esto del Estado islámico no es la expresión de un grupo con concepciones ideológicas o religiosas. Sinceramente, creo que aquí no hay otra ideología que la muerte y el terror, que se escuda en conceptos religiosos pero que no hace más que ofender a aquellos que profesan el islam. Digo que los ofende, porque a partir de querer escudarse en esto, lo único que hacen es atentar contra todas las religiones, contra todas las ideas y contra todas las personas que entienden que la única forma de vivir en una sociedad es con un clima de tolerancia, de paz y de respeto a las ideas ajenas.
Además, son un grupo de fanáticos enfermos que han hecho algo dramático y trágico: aprovecharse de los medios de comunicación para transformar el terror, el asesinato y la muerte en un espectáculo. Han transformado el terror y la muerte en un espectáculo de exportación, y el asombro nos supera porque la verdad es que excede los límites de la comprensión de las personas de bien. No se puede entender que haya quienes dicen que defienden una idea y, para demostrarlo, degüellan personas frente a una cámara de televisión. Solamente una mente enferma puede hacer eso.
Como decía, son ataques dirigidos justamente a buscar atemorizar –ese es el objeto final del terrorismo–, en cualquier lugar del mundo, sin límites y sin fronteras, a quienes tengan una posición que se base en entender que su idea tiene un límite, que es la idea del que está enfrente, y que la única forma de poder entendernos los seres humanos es respetando las concepciones de nuestros diferentes, de las otras personas.
Hace algunos días se dijo en el Uruguay que esto era una experiencia ideológica. Esto no es una experiencia ideológica; esto es la expresión más miserable, bárbara y terrorífica, pretendidamente basada en una idea religiosa pero que, como decía, no hace más que ofender a aquellos que dice defender. Aquí no hay otra ideología que la muerte y el terror y no hay nada que pueda justificarlo.
En estas horas de tanto impacto en la opinión pública mundial –en la que nosotros estamos insertos–, se han escuchado en los medios de comunicación varios razonamientos acerca de las causas de los atentados. Cuando suceden estas cosas, lo primero que hay que hacer es repudiarlas. Cualquier intento de tratar de explicar el hecho de que una persona incalificable entre a un espectáculo y mate gente con una metralleta, termina siendo –aun sin quererlo, obviamente sin quererlo– una idea funcional a eso. Lo que corresponde, primero, es repudiar. Cuando un pueblo es atacado –y aquí han sido varios: si hablamos de territorio, en veinticuatro horas se atacó a dos pueblos, al francés y al libanés, pero no hay que olvidar que entre las personas asesinadas hay diferentes nacionalidades–, lo primero que hay que hacer es repudiar. Cualquier intento de querer explicar esta reacción termina siendo funcional a quienes ejecutan estas acciones terroristas. En primer lugar, lo que corresponde a las personas que compartimos una idea democrática, tolerante, de libertad y de paz, es repudiar estas acciones terroristas y estar al lado de quienes sufrieron el ataque cobarde.
En Uruguay, a pesar de nuestra lejanía geográfica –aunque hoy en el mundo ya no hay lejanías geográficas; todas se pueden cubrir en muy poco tiempo–, a pesar de estas distancias relativas, tampoco podemos considerar que estos son temas de los que más vale estar alejados y no meterse. Aquí, en el Río de la Plata, ya sufrimos un ataque terrorista; aquí, cruzando el Río de la Plata, ya sufrimos la muerte por los actos cobardes, terroristas e infames que se perpetraron contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, y luego contra la AMIA; aquí nomás. Así que querer constreñir, limitar esta acción terrorista a eventuales teatros geográficos de operaciones, es un error garrafal, porque todos somos eventualmente objeto de la infamia terrorista. Por lo tanto, todos debemos estar comprometidos en repudiar y combatir el terrorismo; cada país y cada cual en la medida de sus responsabilidades, pero nadie está ajeno a eso.
Por eso el pronunciamiento debe ser absolutamente inequívoco y general en repudio al terrorismo, que ahora tiene una expresión última en estos dos episodios, ocurridos en Beirut y en París; y en el caso de París, con un objeto simbólico muy particular: el atentado se perpetró en la cuna de la democracia moderna, en la cuna de lo que significaron los pilares de la democracia liberal moderna. Quiere decir que fue un atentado con un objetivo geográfico, territorial, pero también con un simbolismo político muy importante.
Además de la declaración que emita el Senado en la tarde de hoy –ya se expresó la Cancillería hace algunas horas–, tenemos que estar preparados, atentos, porque nuestros Estados tienen que saber tener mecanismos de alerta, de inteligencia porque, como vimos, el objetivo de los terroristas es perpetrar el acto en el momento en que nadie lo espera. Nuestro Estado tiene responsabilidades en este sentido, de maximizar la atención para tener la mayor información disponible y no tomar decisiones medio rápidas –no voy a entrar en temas internos–, como se hizo en el pasado reciente, que nos involucran y comprenden en este conflicto. Hay que valorar mucho las decisiones que toma Uruguay para que no se vea integrado, sin responsabilidad, en un conflicto o, mejor dicho, en una situación que puede complicarnos aún más.
Se está proponiendo una declaración que contiene algunos elementos de nuestra propuesta original y también otros que, ya lo adelantamos, no compartimos. Me refiero específicamente a uno, del que voy a dar cuenta, pero lo que valoramos es la posibilidad de que pueda haber una declaración del Senado de la República votada por unanimidad y expresar –esto es lo más importante para nosotros– el repudio más fuerte que el Senado pueda manifestar con respecto a los actos que se perpetraron, así como la solidaridad, que tiene que ser a mano abierta, con los pueblos de Francia y Líbano, en cuyos territorios se perpetraron estos actos terroristas, pero también con los pueblos que sufrieron víctimas porque estaban allí.
Repudio y solidaridad. Eso es lo más importante para nosotros; es lo que nos lleva a votar esta declaración aun a costa de algún término que allí figura, que no compartimos, porque de lo contrario pondríamos en riesgo lo que creo debería ser una expresión lo más amplia posible del sistema político uruguayo. Con total claridad digo que no comparto la relativización que se hace en el cuarto párrafo de la declaración, donde dice: «Asimismo manifestamos que las respuestas a estos actos –y aquí viene mi discrepancia– si correspondieren, deben ser en el marco del derecho internacional y las reglas que lo rigen». No tengo dudas de que corresponde responder a estos atentados. ¡Vaya si una sociedad entendiera que el delito, el terror, no merece que la comunidad internacional responda a ellos! No tengo duda alguna; es como si un país en su orden doméstico interno considerara que no corresponde perseguir el asesinato. ¡Claro que corresponde! Es obvio que si una persona asesina a otra en un país, corresponde perseguir ese delito. Y cuando hay atentados de estas características a nivel de la comunidad internacional, es obvio que, en el marco de lo que el derecho internacional establece, corresponde dar respuesta a ellos. ¡Y vaya si Uruguay va a participar en estas decisiones! A partir de enero nuestro país va a participar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por lo tanto, señor presidente, el Uruguay va a estar en la mesa de discusión donde se van a tomar decisiones, en estos casos y en otros que seguramente vayan a devenir en el correr de los dos años que vamos a estar sentados allí. Pero reitero: la relativización que se hace al establecer la expresión «si correspondiere» entre comas, no la comparto. Creo que corresponde dar respuesta a los actos terroristas, ¡siempre! Y las respuestas deben estar dadas dentro del marco del derecho internacional y mucho más lo debe establecer así –sin dubitaciones– un país como el nuestro, cuya gran fortaleza a nivel internacional no es, obviamente, su poderío económico, territorial o militar, ni de ningún tipo. Una sola fortaleza tiene nuestro país y es estar encadenado al derecho internacional, es estar soldado al derecho internacional que establece –obviamente– que estas cosas deben ser respondidas y deben serlo de la forma más importante y justa que se pueda dar.
Esto es lo que queríamos decir. Vamos a ponderar el repudio y la solidaridad, el repudio al terrorismo y la solidaridad para con los países, los pueblos y los gobiernos afectados. Creo que esa es una señal que va en la línea de la mejor tradición del Uruguay. Si el Senado así lo entiende, creo que se van a fortalecer esos pocos espacios que van quedando en lo que hace a una política exterior que nos identifica a todos los partidos por encima del Gobierno.
SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: cuando ocurrieron los atentados me comuniqué con el señor senador Agazzi para ver si en esta sesión podíamos hacer una declaración. Sé que varios señores senadores –el señor senador Pintado, la señora senadora Xavier y me parece que la señora senadora Moreira– se comunicaron con nuestro coordinador, el señor senador Agazzi, para ver si se podía hacer una moción. Supongo que el Partido Colorado, el Partido Independiente y todos estarán contestes en hacer una declaración frente a los atentados. Cuando vimos las imágenes de los atentados se nos erizó la piel y ahí, entre todos, empezamos a redactarla. No es de un partido, sino de todos, y eso es lo valioso. Seguramente habrá alguna palabra, algún aspecto, coma o punto con el que alguien pueda no sentirse representado ciento por ciento, pero tiene el valor de ser de todos. A tal punto fue el acuerdo, que resolvimos que no íbamos a hablar porque la declaración lo hacía por sí sola, y que yo iba a pedir la palabra, una vez que se aprobara, para solicitar que fuera enviada a las embajadas del Líbano y de Francia, al Poder Ejecutivo –sobre todo a la Cancillería– y a la propia Cámara de Representantes, sabiendo que podría haber alguna constancia por algún tema específico.
Señor presidente: no me voy a apartar de eso; la idea es que se lea la declaración, porque nos concierne a todos, y prevalezca el esfuerzo que todos hacemos para que los acuerdos se cumplan. Otros fueron más enfáticos que nosotros en decir que estaban de acuerdo con la declaración siempre que no generara debate. Así se nos expresó y se nos hizo esa constancia.
Por lo tanto, creo que debería leerse la declaración, votarse y después darle el trámite correspondiente. Desde ya adelanto que solicitaré que el proyecto de declaración se envíe a la Cancillería, al Poder Ejecutivo, a la Cámara de Representantes y a las embajadas de Francia y Líbano.
SEÑOR GARCÍA.- Señor presidente: formulo moción en el sentido de que, una vez votada la declaración, el Senado de la República se ponga de pie y guarde un minuto de silencio.
SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa propone que se lea y se vote el proyecto de declaración; luego que se someta a votación la propuesta del señor senador Michelini referida a su envío y, por último, que se considere la moción del señor senador García, en el sentido de realizar un minuto de silencio.
Léase el proyecto de declaración.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «El Senado de la República expresa su más profundo repudio al terrorismo que nuevamente se ha manifestado en los ataques perpetrados en las ciudades de París y Beirut.
Estos actos atentan contra elementales derechos humanos, contra la convivencia libre de los individuos y la vida democrática.
Ante estas circunstancias es imperativo dejar expresa constancia de nuestra solidaridad con Francia y Líbano, así como con todos los países cuyos compatriotas también fueron alcanzados por estos bárbaros atentados.
Asimismo manifestamos que las respuestas a estos actos, si correspondieren, deben ser en el marco del derecho internacional y las reglas que lo rigen.
El dolor de las víctimas inocentes siempre será el dolor de los que luchamos por la paz y la democracia». (Firman los señores senadores Delgado, Bordaberry, Mieres y Michelini).
La Mesa solicita al señor senador Michelini que reitere el trámite que desea dar a este proyecto de declaración.
SEÑOR MICHELINI.- Solicito que se envíe al Poder Ejecutivo –sobre todo, a la Cancillería–, a la Cámara de Representantes y a las embajadas de Francia y Líbano.
Corresponde votar la moción formulada por el señor senador García, en el sentido de realizar un minuto de silencio en homenaje a las víctimas.
(Así se hace, a las 15:24, presidiendo el señor Raúl Sendic y estando presentes los señores senadores Alonso, Ayala, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Carámbula, Castaingdebat, De León, García, Heber, Larrañaga, Martínez Huelmo, Meléndez, Michelini, Mieres, Moreira, Mujica, Otheguy, Pardiñas, Passada, Payssé, Pesce, Pintado, Saravia, Topolansky y Tourné).

References: artículo 2
 artículo 29
 artículo 3
 resolución 
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 53
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
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 artículo 4
 artículo 187
 artículo 187
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 artículo 14
 artículo 15
 artículo 17
 artículo 22
 artículo 20
 artículo 22
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
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 artículo 4
 artículo 1