Source: http://cidh.org/countryrep/ColombiaAUC2007sp/Colombiadesmovilizacion2007-2.sp.htm
Timestamp: 2018-01-21 04:26:38+00:00

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51. En primer término, el Decreto 3391 establece que el tiempo de privación de libertad cumplido en los establecimientos de reclusión, previo a que el magistrado de control de garantías decida la medida de aseguramiento, se imputará al cumplimiento de la pena alternativa que corresponda.[49] Se ha interpretado esta disposición en el sentido de que permitiría reestablecer la vigencia del artículo 31 de la Ley de Justicia y Paz cuya invalidez decretara la Corte Constitucional. Ello permitiría descontar de la pena el tiempo de permanencia de los desmovilizados en la zona de concentración.
Bajo estos presupuestos observa la Corte que el artículo 31 demandado asimila al cumplimiento de una pena, la circunstancia de estar ubicado en una zona de concentración, a pesar de que no haya habido ninguna medida del Estado que haya conducido a que las personas deban estar en dicho lugar. En ese sentido, no constituye pena en cuanto no comporta la imposición coercitiva de la restricción de derechos fundamentales. Generalmente, la permanencia en una zona de concentración por parte de miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, en proceso de desmovilización, obedece a una decisión voluntaria de esas personas, lo que concurre a excluir cualquier posibilidad de equiparar a cumplimiento de pena una situación de tal naturaleza, que prescinde y desplaza las intervenciones estatales que caracterizan el monopolio estatal de la potestad sancionadora.[51]
53. En segundo lugar, en cuanto a los establecimientos de reclusión designados para los beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz, la Corte Constitucional consideró que los términos establecidos en el inciso 2 del artículo 30 de dicha Ley encubrían una evidente sustracción del control de las autoridades penitenciarias respecto de los sitios de reclusión en los cuales se purgarían las penas establecidas. Resolvió, por lo tanto, que dichos establecimientos deben quedar sujetos integralmente a las normas sobre control penitenciario.[52] Al respecto, el Decreto 3391 establece que los desmovilizados “podrán” ser ubicados en los establecimientos de reclusión de justicia y paz administrados y definidos por el INPEC, sin establecer claramente las características de los sitios de reclusión. La CIDH observa que la incertidumbre sobre las características de los llamados “establecimientos de reclusión de justicia y paz” exige claridad sobre su sometimiento integral a la jurisdicción del INPEC en los términos de la decisión de la Corte Constitucional.
54. En tercer lugar, el Decreto establece que se entenderá como medida de reparación colectiva la entrega por parte de los desmovilizados de bienes destinados al desarrollo de proyectos productivos en zonas afectadas por la violencia, que beneficien a desplazados, campesinos y reinsertados que carezcan de medios económicos para su subsistencia, otorgándoles participación en la propiedad y medios de producción.[53] En marzo de 2006, el universo de desmovilizados involucrados en este tipo de proyectos era bajo, y no reflejaba una amplia aceptación por parte de las comunidades receptoras de los desmovilizados.[54]
56. En noviembre de 2006, la Fiscalía emitió los primeros edictos emplazatorios sobre las primeras audiencias de versión libre de los postulados a beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz, a fin de informar a las personas que se consideren con derecho a participar en los diferentes procesos, en carácter de víctimas de crímenes perpetrados por las AUC (en adelante “las víctimas”).
57. Los edictos establecen un plazo de 20 días, contados a partir de la fecha de publicación, para que las víctimas comparezcan en los respectivos procesos. Si las víctimas indeterminadas no comparecieren, el Ministerio Público designará un representante, hasta que se hagan presentes.[55] La Fiscalía fija los edictos en diarios de amplia circulación, oficinas de la Fiscalía y del CTI, y el portal de Internet de la misma entidad, en vista de su rol como medio legal para informar a las víctimas sobre los procesos. En sus observaciones, el Estado indica que por efecto de la emisión de 1.728 edictos publicados en periódicos de circulación nacional y difundidos por emisoras de difusión local, y su divulgación por entidades nacionales, departamentales y locales, se habría atendido a 12.354 víctimas hasta agosto de 2007.[56]
62. En la diligencia de versión libre y confesión establecida para el procedimiento especial de justicia y paz[59] el desmovilizado voluntariamente postula a los beneficios de la Ley y presenta su versión libre de los hechos. Se presume que, habiendo postulado a acceder a los beneficios de la Ley, el desmovilizado ha cometido conductas punibles cuya narración debe ser el objeto de esta diligencia. El fiscal delegado, entonces, debiera iniciar su gestión procesal interrogando al postulado sobre todos los hechos de los que pudiera tener conocimiento, a fin de establecer la verdad sobre lo sucedido. De ahí, que la diligencia toma las denominaciones de “versión y confesión”.
63. Las dos diligencias: la versión del procedimiento ordinario, y la versión libre del procedimiento especial de justicia y paz, difieren en el método, en el momento procesal, en el tipo de procedimiento y sobre todo en la actividad que debe desarrollar el Fiscal. Dada esta dicotomía, en diciembre de 2006 la Fiscalía estableció directrices para el procedimiento de recepción de versión libre en los asuntos de competencia de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz a fin de proceder con las primeras diligencias de versiones libres.[60] Las directrices versan sobre: (1) el procedimiento previo a la recepción de la versión libre y confesión; (2) la asignación de salas de versión libre; (3) la citación para la diligencia de versión libre; (4) el desarrollo de la diligencia de versión libre; (5) el acceso de las víctimas a las salas de versión libre; y (6) la pluralidad de representantes de las víctimas, limitando en caso de conflicto a dos representantes.
66. En diciembre de 2006 el listado de 2.695 postulados a beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz se dividían en 761 postulados con orden de captura, medida de aseguramiento o privados de la libertad, y 1.934 postulados libres y sin antecedentes, además de los veintitrés miembros representantes.[61] Ese mismo mes los primeros postulados a beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz rindieron su versión libre ante los fiscales delegados de la Unidad de Justicia y Paz, entre ellos el líder Salvatore Mancuso.
67. En enero de 2007 la Fiscalía General de la Nación advirtió no tener objeciones para que se transmitan por radio y televisión las versiones libres que rindan los postulados de la Ley de Justicia y Paz.[62] Así a partir de la iniciativa del Gobierno y la Fiscalía General de la Nación de transmitir las versiones libres de los desmovilizados, la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) reglamentó la transmisión de las audiencias de los integrantes de los grupos paramilitares desmovilizados a través del canal Señal Colombia Institucional.[63]
68. Al respecto, en febrero de 2007 la Fiscalía General de la Nación dictó la Resolución 0387[64] mediante la cual habilita a cada fiscal delegado a disponer la elaboración de un registro técnico de la versión libre para su publicidad, una vez que culmine esta diligencia y sus labores de verificación e investigación.[65] Asimismo, la Resolución establece que para garantizar a las víctimas su derecho de acceder a la justicia, la diligencia de versión se transmitirá en directo a la sala habilitada para ellas.[66] Además, la resolución establece la posibilidad de que el fiscal a cargo del caso decida sobre restricciones a la transmisión de la diligencia de versión libre cuando las manifestaciones del postulado puedan entrañar peligro para las víctimas u otras personas; el interés de la justicia o la investigación, o la recolección de elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida; la intimidad, honra y buen nombre de las personas; y la defensa y soberanía nacionales; asimismo cuando se trate de víctimas de violencia sexual o menores de edad.[67] La Resolución dispone además que los medios de comunicación que se hayan acreditado ante el fiscal del caso con cinco días de antelación a la fecha prevista para la versión, podrán acceder a la sala de víctimas en número no superior a dos delegados.[68]
70. La Ley de Justicia y Paz establece los requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva e individual a fin de que mediante el cumplimiento de dichos requisitos los postulantes a dicha normativa recibieran los beneficios en ella establecida. Para la desmovilización colectiva la Ley condicionó el otorgamiento de los beneficios al cumplimiento de los siguientes requisitos: (1) que el grupo armado organizado de que se trata se haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento de acuerdo con el Gobierno Nacional; (2) que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal; (3) que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) la totalidad de menores de edad reclutados; (4) que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita; (5) que el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito; (6) que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en su poder, en el entendido que deben informar en cada caso sobre la suerte de las personas desaparecidas.[69] La Corte Constitucional añadió al último requisito la necesidad de además informar sobre las personas desaparecidas, toda vez que ‘resulta inconstitucional que el Estado colombiano otorgue beneficios penales a personas que son responsables del delito de desaparición forzada, sin que exija, como condición para el otorgamiento del beneficio, además de que hayan decidido desmovilizarse en el marco de esta ley que los responsables del delito hubieran indicado, desde el momento en el que se define su elegibilidad, el paradero de las personas desaparecidas.[70]
71. Respecto de la desmovilización individual la Ley condicionó el acceso a los beneficios a que el postulado: (1) entregue información o colabore con el desmantelamiento del grupo al que pertenecía; (2) que haya suscrito un acta de compromiso con el Gobierno Nacional; (3) que se haya desmovilizado y dejado las armas en los términos establecidos por el Gobierno Nacional para tal efecto; (4) que cese toda actividad ilícita; (5) entregue los bienes producto de la actividad ilegal, para que se repare a la víctima; y (6) que su actividad no haya tenido como finalidad el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.[71] Asimismo, la Ley establece que solamente podrán acceder a los beneficios previstos en ella, las personas cuyos nombres e identidades sean presentados por el Gobierno Nacional ante la Fiscalía General de la Nación.[72]
72. La CIDH entiende que los beneficios no serán otorgados a los desmovilizados que no cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos por la Ley de Justicia y Paz. Durante la versión libre, los postulados deben declarar bajo gravedad de juramento su compromiso de cumplimiento con los requisitos de elegibilidad.[73] Sin embargo, la validez de la declaración realizada por los desmovilizados debe ser considerada de conformidad con la obligación que recae en las autoridades judiciales como en los demás organismos del Estado llamados a colaborar en la verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad.[74]
73. Los fiscales delegados están encargados de la toma de versiones libres, las diligencias de investigación en las zonas de influencia de cada uno de los bloques desmovilizados, las entrevistas a víctimas en dichas zonas. Al respecto, corresponde expresar preocupación en dos aspectos específicos. En primer término, el universo de los bloques investigados por la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía corresponde a 35. En consecuencia, cada fiscal delegado debe investigar un promedio de hechos correspondiente a dos o tres bloques. El número de fiscales designados para esta unidad de la fiscalía asciende a 22, repartidos de la siguiente forma: ocho en Bogotá, cinco en Barranquilla y nueve en Medellín. Cada Fiscal para todas las investigaciones adscritas a su cargo cuenta sólo con el apoyo de tres o cuatro investigadores del CTI y dos o tres asistentes judiciales.[75] En segundo término preocupa la falta de seguridad que enfrentan los fiscales delegados en el cumplimiento de sus funciones. Éstos deben dirigirse a zonas lejanas a fin de poder corroborar información, levantar información, a procesos judiciales, archivos, entre otros, sin que cuenten con los medios de transporte para realizar eficientemente estas tareas. Además, en estas zonas, según información recibida por la CIDH, operan bandas delincuenciales de todo tipo.
75. La CIDH entiende que, durante la versión libre, los desmovilizados deben declarar bajo gravedad de juramento su compromiso de cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Ley de Justicia y Paz.[76] En todo caso, esta declaración debe ser considerada a la luz de la obligación que recae sobre las autoridades judiciales y demás organismos del Estado de verificación en forma fehaciente el cumplimiento efectivo de estos requisitos de elegibilidad.[77] En ese sentido, según lo entiende la CIDH, el juramento del desmovilizado no releva en modo alguno a las autoridades de su rol de verificación activa de los requisitos para el acceso a los beneficios de morigeración de penas.
76. La CIDH reitera la necesidad de que la Fiscalía y el Tribunal de Justicia y Paz hagan cumplir de manera rigurosa los requisitos de elegibilidad establecidos en la Ley de Justicia y Paz que condicionan el acceso de los postulados a los beneficios de pena atenuada y su preservación, y eliminar cualquier sospecha sobre su vinculación con el narcotráfico antes de decidir si califican para acceder a los beneficios penales que establece la Ley[78]. Esto contribuirá al desarrollo de una investigación diligente y exhaustiva de los crímenes perpetrados.[79] Asimismo, las instituciones del Estado deben agotar los medios de investigación a fin de determinar el proceso histórico de conformación de los grupos armados al margen de la ley.
80. La normatividad interna colombiana y en especial los artículos 4 y siguientes de la Ley de Justicia y Paz, los artículos 11 y siguientes del Código Procesal Penal,[80] y los pronunciamientos de la Corte Constitucional,[81] confirman el derecho de las víctimas a participar activamente en los procesos judiciales. La participación activa de las víctimas conlleva una serie de derechos, entre otros, el ser reconocidas como parte procesal; presentar, solicitar y controvertir pruebas; acceder a la información procesal; y obtener una compensación integral con miras a alcanzar la verdad, la justicia y la reparación.
81. El Decreto 315 de 2007[82] reglamentó la intervención de las víctimas al disponer que tienen el derecho a acceder en forma personal y directa, o a través de su apoderado, a las diligencias de versión libre, formulación de imputación, formulación de cargos y demás etapas procesales que se realicen en el marco de la Ley 975 y se relacionen con los hechos que generaron el daño.[83] Pese esto, se ha constatado que las víctimas no escatiman esfuerzos para poder presenciar las versiones, a pesar de que carecen de recursos para solventar los gastos requeridos.
85. La CIDH además observa que el Decreto 315 establece que en los eventos que la víctima no contare con los servicios profesionales de un abogado particular, previa solicitud y comprobación sumaria de la necesidad, la Fiscalía General de la Nación solicitará a la Defensoría del Pueblo la asignación de un defensor público para que las represente[84]. La CIDH entiende dicha reglamentación como una medida para garantizar la participación de las víctimas, y espera que ello se refleje en su implementación. En sus observaciones el Estado informa que la Defensoría ha orientado y asesorado a 9.765 víctimas de la violencia y representado jurídicamente a 2.307 víctimas en el proceso penal de justicia y paz.[85]
87. La CIDH reitera que la participación de las víctimas con garantías de seguridad constituye un aspecto crucial del proceso judicial y de la protección del derecho a la verdad, la justicia y la reparación.[86] Aún existen muchas zonas del país donde la violencia derivada de bandas delincuenciales, miembros de las AUC que no se desmovilizaron, nuevos actores armados y el fortalecimiento de algunos ya existentes, causan temor a las víctimas y las limita de comparecer y reivindicar sus derechos.
90. Se suman al caso de las señoras Izquierdo y Vergara, la muerte en febrero de 2007 de la señora Carmen Cecilia Santana Romaña en el Municipio de Apartado, Departamento de Antioquia, ocurrida el 7 de febrero de 2007, quien lideraba e impulsaba la participación de las víctimas del conflicto, específicamente en el trabajo de recuperación de las tierras perdidas por los campesinos desplazados y en el acercamiento de las víctimas a los mecanismos de justicia previstos en la Ley de Justicia y Paz.[90]
92. A efectos del empleo del programa de protección para víctimas y testigos, la Fiscalía ha entendido que los potenciales usuarios son aquellas personas vinculadas formalmente a un proceso judicial.[91] En vista del contexto en el que se aplica la Ley de Justicia y Paz, este concepto debiera incluir no sólo a las víctimas formalmente vinculadas al proceso, sino también a aquellas personas que quieran acercarse al proceso con el objetivo de aportar información para el esclarecimiento de la verdad.[92]
96. En este sentido, vale advertir que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR- ha recomendado a las autoridades judiciales tener como criterios que permiten evaluar si se está garantizado o no la efectiva participación de las víctimas en el proceso de esclarecimiento judicial, los siguientes: i) acceso de la víctima o de sus familiares a las diferentes diligencias que se lleven a cabo; ii) acceso de la víctima al expediente o expedientes relativos a su caso; iii) acceso a la información relacionada con los hechos investigados; iv) posibilidad de ser efectivamente escuchados por la autoridad judicial; y v) posibilidad efectiva de aportar pruebas en relación con los hechos y con los daños sufridos.[93]
97. En cualquier caso, el tema es particularmente conflictivo, pues en el marco de los balances que pretende realizar la Ley de Justicia y Paz como instrumento de justicia transicional, las víctimas se ven obligadas a resignar una parte considerable de sus expectativas de justicia por la reducción sustancial de las penas por crímenes atroces, a cambio de alcanzar la paz, lograr la verdad y el acceso efectivo a una reparación. De allí que no resulte razonable que el Estado, que ha establecido el marco jurídico del proceso y garantiza su suerte, no asuma respecto de las reparaciones a las víctimas el mismo papel central que reconoce asumir para lograr los demás elementos de la ecuación: la aplicación de justicia penal, la verdad, las políticas de memoria y el desmonte efectivo de los grupos ilegales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “en casos de violaciones de derechos humanos el deber de reparar es propio del Estado, por lo que si bien las víctimas o sus familiares deben tener amplias oportunidades también en la búsqueda de una justa compensación en el derecho interno, este deber no puede descansar exclusivamente en su iniciativa procesal o en la aportación privada de elementos probatorios.[94]
99. La CIDH entiende que más allá de la vía judicial penal disponible, debería el Estado definir una política pública de reparación que apunte a resolver los daños causados por la violencia paramilitar, de acuerdo a sus recursos presupuestarios, y en base a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, disponiendo de vías administrativas, ágiles y de escaso costo, para el acceso a programas de reparaciones económicas. Esto sin perjuicio de las demás formas de reparación no material, reparaciones colectivas y de los programas y servicios sociales que pudieran establecerse para la población afectada durante el conflicto. En sus observaciones, el Estado informa que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación “viene trabajando en el diseño de una propuesta de un Programa Nacional de Reparaciones, que se caracterizaría por su integralidad, esto es, por incluir medidas de reparación individuales y colectivas así como medidas simbólicas y materiales.”[95]
102. Como parte del programa de reinserción, se han inaugurado los llamados proyectos productivos que involucran el trabajo de los desmovilizados. Cabe señalar que estos fueron diseñados por el Gobierno como parte del modelo de atención del Programa para la Reincorporación a la Vida Civil de los desmovilizados. Según información proporcionada por el Gobierno, los desmovilizados cuentan con la posibilidad de participar de los proyectos productivos una vez transcurridos entre 12 y 18 meses desde su desmovilización.[96] Durante el 2006 fueron consolidados una serie de proyectos productivos en las subregiones de Córdoba, Antioquia y Casanare.[97] En Córdoba, los proyectos productivos consisten en actividades en el área ganadera y del cultivo de la acacia, el caucho y el cacao, con la participación de desmovilizados, desplazados y pequeños productores.[98] En Casanare, los proyectos consisten en la explotación de maderas, productos agropecuarios y opal,[99] y cuentan con la sola participación de desmovilizados.[100] Por último, en Antioquia se desarrollan proyectos productivos en las áreas de ganadería intensiva, siembra y transformación de yuca, cacao, plátano y maderables, piscicultura y banano de rechazo, respecto de los cuales sólo los proyectos de siembra y transformación de yuca, y de cacao, plátano y maderables cuentan con la participación de desmovilizados, desplazados y pequeños productores, siendo los otros exclusivamente implementados por desmovilizados.[101] Para su implementación, los proyectos productivos requieren de evaluación gubernamental sobre su potencial de productividad.
103. Además, el programa de reinserción incluye actividades de educación integral destinadas a proporcionar formación académica y ocupacional a los desmovilizados. Sin embargo, en 2006 el total de los matriculados en educación y capacitación no superaba los seis mil desmovilizados.[102] Los problemas en torno a la reinserción a la vida civil de los miles de desmovilizados se han visto reflejados en la baja cobertura en educación, el alto porcentaje de deserción entre los que buscan acceder a la educación formal, y deserción de los programas que ofrecen una remuneración instantánea, tales como los de auxiliares cívicos o erradicadores manuales.[103] Los porcentajes de desmovilizados vinculados a fuentes laborales –4.402 de los aproximadamente 40 mil desmovilizados, en forma colectiva e individual— son bajos.[104]
104. Frente a dicho panorama, en septiembre de 2006 se procedió a la creación de la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, como medida para acelerar resultados en este proceso de reinserción.[105] La CIDH destaca la iniciativa y la importancia de que estos programas surtan efectos concretos que se traduzcan en la reinserción de los desmovilizados a la vida civil.
106. La CIDH nota que poca información se ha dado a conocer al público sobre aquellos desmovilizados que sin participar del proceso de reinserción se han rearmado o formado nuevas bandas persistiendo en el fenómeno de la violencia. Sobre este panorama la información hecha pública en el Sexto, Séptimo y Octavo informe del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos al Consejo Permanente de la Organización ha revelado la existencia de fenómenos de violencia posteriores a las desmovilizaciones que preocupaban a la MAPP[106], que obedecen a dinámicas diversas: 1) reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas;[107] 2) reductos que no se desmovilizaron;[108] 3) aparición de nuevos actores armados y/o fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas dejadas por grupos desmovilizados.[109]
107. El Gobierno colombiano habría reconocido esta situación y advertido que si los desmovilizados regresan a las armas quedarán por fuera de los beneficios de la Ley 975 de 2005.[110] Asimismo, la CIDH destaca que ha recibido información del Gobierno colombiano sobre la creación de un bloque de búsqueda contra la banda criminal Águilas Negras a fin de desmantelar las bandas criminales que han surgido en zonas del país.[111] La advertencia del Gobierno sobre la pérdida de beneficios como consecuencia del retorno a la ilegalidad es significativa. Sin embargo estas consecuencias sólo afectarán a aquellos desmovilizados que hayan postulado a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Estos constituyen solamente el 8.7% de los 31 mil desmovilizados de las AUC. A esto se suma el hecho de que existe incertidumbre sobre si todos los miembros de las AUC efectivamente se plegaron al proceso de desmovilización, y por lo tanto no se cuenta con información sobre un número importante de miembros de estas bandas. En sus observaciones el Estado enfatiza su postura de que no se trata de “grupos de autodefensas sino de bandas de criminales comunes” y agrega que “las autodefensas como expresión de un complejo fenómeno en la historia colombiana no encuentra eco en el actual Gobierno”.[112]

References: artículo 31
 artículo 31
 artículo 30
 Resolución 
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