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Denuncia contra la Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta Constitucional de la República y la señora Sandra Piszk, Ministra de Trabajo y Seguridad Social, por incumplim...View More14 de diciembre de 2011
Denuncia contra la Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta Constitucional de la República y la señora Sandra Piszk, Ministra de Trabajo y Seguridad Social, por incumplimiento de deberes
Denuncia que se presenta contra la Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República, para que se investigue si cometió el delito de incumplimiento de deberes, o cualquier otro delito de función pública. Presentada ante el Ministerio Público.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content"La unidad y solidaridad de los trabajadores es la fuente de la fuerza del movimiento sindical y la garantía de suvictoria."
SG-1393-2011 San José, 14 de diciembre del 2011 Licenciado Jorge Chavarría Guzmán Fiscal General de la República Ministerio Público
Presidenta de la República, para que se investigue si cometió el delito de incumplimiento de deberes, o cualquier otro delito de función pública.
Estimado señor: Quienes suscribimos, LUIS CHAVARRIA VEGA, vecino de Hatillo, con cédula de identidad N° 3-188-023, MARTHA ELENA RODRÍGUEZ GONZALEZ, con cédula N° 2-343-472, vecina de Ciudad Quesada, ambos casados, funcionarios públicos, en nuestro carácter de Secretario General y Secretaria General Adjunta, respectivamente, de la Junta Directiva de la UNION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA CAJA Y LA SEGURIDAD SOCIAL (UNDECA), organización social inscrita en el Registro del Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al tomo 08, folio 25, asiento 570, constituida desde 1954, según consta en personería que adjuntamos, comparecemos ocasión de los hechos que aquí se informan y a establecer la presente denuncia penal, con la finalidad que ese Ministerio investigue si con las consideraciones legales que correspondan, la Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta Constitucional de la República y la señora Sandra Piszk, Ministra de Trabajo y Seguridad Social, eventualmente, cometieron el delito de incumplimiento de deberes o cualquier otro de función pública, a consecuencia de cuya ilegal omisión la institución aseguradora
ha dejado de percibir una cuantiosa suma que supera los 300.000 millones de colones, lo cual se determinará con base en el mérito de las pruebas que se recaben.
Licenciado Jorge Chavarría Guzmán Fiscal General de la República Ministerio Público …/2/… Esta denuncia se interpone con fundamento en la legislación procesal penal y especial en materia de función pública, que nos faculta establecer esta clase de acciones en resguardo de la Hacienda Pública y la Seguridad Social. La interponemos también amparados en la legislación laboral que dispone que los sindicatos constituyen organizaciones sociales de interés público, que nos corresponde velar por la defensa y mejoramiento del sistema democrático (art. 332 C.T.). La Caja Costarricense de Seguro Social es una institución fundacional del Estado Democrático, que lamentablemente está atravesando una de las peores crisis de su historia, en gran medida por que sus que nos obliga a incoar esta acción. Asimismo, la jurisprudencia constitucional nos reconoce el rol de control político de la gestión pública que nos compete. HECHOS Y FUNDAMENTACION JURIDICA DE LA DENUNCIA recursos han sido confiscados por el Estado, que obstinadamente sus jerarcas se niega a cumplir sus obligaciones legales y constitucionales,
PRIMERO.- La Seguridad Social, que en esta época lamentablemente la tienen al borde del precipicio, consagrada en nuestra Constitución Política (artículos 73, 74 y 177), se integralidad, fundamenta en los reconocidos principios de universalidad, solidaridad, subsidiariedad y justicia social.
Licenciado Jorge Chavarría Guzmán Fiscal General de la República Ministerio Público …/3/… La universalidad y la integralidad reflejan una tendencia expansiva dirigida a cubrir a todas las personas –independientemente de su condición asalariada o no- y las distintas contingencias sociales y económicas a las que se expone. La solidaridad es un principio “ético-social”, inspirador de todo el sistema de seguridad social, derecho fundamental de la persona: “La solidaridad social es uno de los principios más importantes de nuestro sistema de salud y del sistema de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, inspirado en principios cristianos, pretende ayudar a quienes menos tienen a base de la contribución de todos, especialmente de los que más tienen. Pretende establecer una especie de mecanismo de equilibrio social que haga de nuestra sociedad un lugar más justo y estable, ese principio tiene efectos positivos sobre la sociedad en la materia que ahora interesa, especialmente en cuanto ayuda a los más necesitados, (...)” (Voto de Sala Constitucional 633-98). SEGUNDO.Una de las tantas disposiciones legales promulgadas –no por esto,
efectivamente cumplidas-, que responde a estos principios de universalización, solidaridad y subsidiariedad, específicamente en materia de pensiones y jubilaciones, está contemplada en el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador (LPT), N° 7983, promulgada en el año 2.000: “Artículo 78.- Recursos para el fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte
Licenciado Jorge Chavarría Guzmán Fiscal General de la República Ministerio Público …/4/… Establécese una contribución hasta el quince por ciento (15%) de las utilidades de las empresas públicas del Estado, con el propósito de fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, en cuanto a su financiamiento y para universalizar la cobertura de la CCSS a los sectores no asalariados en condiciones de pobreza. El monto de la contribución será establecido por el Poder Ejecutivo, según la recomendación que realizará la CCSS conforme a los estudios actuariales.” La disposición legal obliga a las empresas del Estado a contribuir con un aporte, hasta el 15% de sus utilidades, destinado a fortalecer el Régimen I.V.M. y universalizar la cobertura de los sectores no asalariados, en situación de pobreza La misma disposición legal le reservó al Poder Ejecutivo la determinación, definitiva, del monto de la contribución, con base en las recomendaciones actuariales que realice la Caja Costarricense de Seguro Social. Este mandato que se le encargó al Poder Ejecutivo, que le impone un deber, que ha sido indiscutiblemente inobservado por la actual Ministra de Trabajo y la Presidencia de la República. TERCERO.La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró que la
contribución contemplada en el artículo 78 LPT, a cargo de las empresas públicas del Estado, no resulta contraria a la Constitución Política (Ver Voto N° 2000-00643). CUARTO.- Esa misma Sala Constitucional, mediante el Voto 2006-002049, dictado desde el 17 de febrero de 2006 –hace más de 5 años-, le ordenó a la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, realizar los estudios actuariales y remitir la
Licenciado Jorge Chavarría Guzmán Fiscal General de la República Ministerio Público …/5/… recomendación pertinente al Ministerio de Trabajo y Presidente de la República, para que se estableciera, en definitiva, el porcentaje que corresponda, todo con fundamento en el artículo 78 LPT. La parte dispositiva de este Voto resolvió lo siguiente: “ Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Alberto Sáenz Pacheco, en su condición de Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quien en su lugar ejerza el cargo, que en el plazo de tres meses siguiente a la notificación de esta resolución, le remita al Presidente de la República y al Ministro de Trabajo y Seguridad Social los estudios actuariales y la recomendación que dispone el artículo 78 de la Ley N° 7983, Ley de Protección al Trabajador, bajo el apercibimiento que con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a Alberto Sáenz Pacheco, en su condición de Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quien en su lugar ejerza el cargo, en forma personal”
Licenciado Jorge Chavarría Guzmán Fiscal General de la República Ministerio Público …/5/…
QUINTO.- Con fundamento en ese primer voto de la Sala Constitucional, la Dirección Actuarial de la Caja Costarricense de Seguro Social, mediante el oficio DAPE-750-, fechado el 20 de diciembre de 2006, le presentó al Lic. José Alberto Acuña Ulate, en esa época, Gerente de la División de Pensiones, el correspondiente estudio actuarial y la respectiva propuesta para que se remitiera, de inmediato, al Ministro de Trabajo y Seguridad Social y Presidente de la República. (Se adjunta fotocopia de este oficio). La Dirección Actuarial de la CCSS, con fundamento en el respectivo estudio, recomendó que en el año 2002, se estableciera una contribución del 5%, en el 2003, un 7% y a partir del año 2004 y siguientes, el 15%, que es el porcentaje máximo que establece la Ley. Ese estudio se presentó a conocimiento del Poder Ejecutivo, pero se hicieron de la vista gorda y no se promulgó el correspondiente decreto a que los obliga la ley. SEXTO.- En razón que las autoridades de Gobierno, no obstante que la Caja les suministró la correspondiente recomendación actuarial, no cumplieron con la promulgación del decreto, fue necesario que posteriormente se presentaran otros recursos de amparo contra las mismas autoridades, siempre con la misma finalidad. Uno de ellos fue declarado con lugar, obligándose exactamente a las partes a los mismos requerimientos contenidos en la sentencia precedente de la Sala Constitucional, desde el año 2006 (Ver Voto 4261 de 05 de marzo de 2010).
Licenciado Jorge Chavarría Guzmán Fiscal General de la República Ministerio Público …/7/… El otro recurso que fue interpuesto por esta misma representación sindical, fue declarado parcialmente con lugar y se condenó solidariamente a la Caja y al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados. (Ver Voto 2010-014231 de las 9:03 horas, de 27 de agosto de 2010.) Tratándose de este último voto importa señalar que no fue que durante la tramitación del proceso de amparo que el Gobierno promulgó el decreto -que aun no lo ha hecho-, sino que el anterior Ministro de Trabajo, en la edición de la Gaceta de 05 de febrero de 2010, en la sección de EDICTOS, sometió a conocimiento de las empresas públicas ese proyecto de decreto (se adjunta). Ese proyecto nunca se llegó a convertir en Decreto y no se ha hecho ninguna publicación. SETIMO.- No obstante que ya sean han declarado con lugar varios recursos de amparo en esta particular materia, el Poder Ejecutivo sigue resistiendo, rehusando ilegalmente, opuesto contra viento y marea, la promulgación del correspondiente decreto, que determine, en definitiva -después once años-, el porcentaje a que están obligadas aportar las empresas públicas del Estado, para fortalecer y universalizar la cobertura del régimen de pensiones de las personas en condiciones de pobreza. OCTAVO.- TENEMOS QUE DESTACAR UN HECHO QUE ES FUNDAMENTAL Y SOLICITAMOS QUE EL MINISTERIO PUBLICO VALORE RIGUROSAMENTE Y DETERMINE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS QUE CORRESPONDAN PARA LOS EFECTOS DE ESTA DENUNCIA.
Licenciado Jorge Chavarría Guzmán Fiscal General de la República Ministerio Público …/8/… Hay que resaltar que en el expediente No. 09-011725-007, correspondiente al recurso de amparo que esta representación presentó contra la Presidenta de la Republica, la Ministra de Trabajo y otras autoridades, no obstante que ya se había de dictado sentencia de fondo en ese proceso, a instancia de la Sala Constitucional, se le requirió a la señora Sandra Piszk, actual Ministra de Trabajo, que certificará la aprobación y la publicación del decreto, de conformidad con el art. 78 de la Ley de Protección al Trabajador (folio 342). La respuesta de la Ministra de Trabajo se limitó a referir que mediante el oficio DMT-10172010, fechado 14 de setiembre de 2010 –que por cierto no adjuntó-, hizo un recuente de las acciones y recomendó que se fijará un 5% del monto imponible a las empresas públicas, de manera temporal, hasta que se conozcan los resultados del censo 2010. A continuación señala la Ministra. “Luego de esa propuesta, desconozco el trámite que Casa Presidencial ha seguido para tomar las decisiones del caso, dado que ese porcentaje a imponer es el único aspecto que falta definir, puesto que el resto de elemento del proyecto ya están dados.” (folio 345; lo destacado no es del original; se adjunta) Lo cierto es que según el dicho de la propia Ministra de Trabajo, desde hace más de un año, la Presidenta de la República –también recurrida en ese proceso de amparo- tiene, en alguna gaveta de su despacho, la propuesta que le presentó y después ignora, como si no fuera un asunto que por la razón de la materia le compete, el trámite que prosiguió Casa Presidencial.
Licenciado Jorge Chavarría Guzmán Fiscal General de la República Ministerio Público …/9/… La señora Ministra olímpicamente trata de salvar su responsabilidad, como si la promulgación del decreto de reglamentación del artículo 78 no fuera una competencia que le corresponde conjuntamente con la Presidenta de la República. NOVENO.- Desde el año 2000, fecha en que se promulgó la Ley de Protección al Trabajador, que es demasiado tiempo que inútilmente ha transcurrido, el Régimen de Invalidez y Muerte, que precisamente en estos días puso en la palestra la SUPEN, ha dejado de percibir una suma acumulada, astronómica, que supera los 300.000 millones de colones, que se ha dejado de percibir por la indolencia, omisión, resistencia ilegal y negativa injustificada de la señora Presidenta de la República y su Ministra de Trabajo y Seguridad Social; autoridades denunciadas, que ilegalmente han rehusado y omitido realizar un acto propio de su función y competencia, obligadas que están a reglamentar el artículo 78 LPT, cuyo mandato hasta ahora ha sido impunemente burlado. De nada valen en un régimen de derecho, pareciera, tantas sentencias de la Sala Constitucional, que hasta diez años después se haya publicado una consulta de un proyecto de decreto, que la señora Presidenta tenga en su despacho, desde hace más de un año, la recomendación de la Ministra de Trabajo, que nadie le pone el cascabel al gato y los jerarcas andan por sus fueros, sin Dios, ni ley. En definitiva, a estas alturas, el Poder Ejecutivo, en este caso constituida por la Presidenta de la República y la Ministra de Trabajo, no han promulgado el decreto reglamentario, que defina el monto de la contribución, evadiendo –impunemente- el cumplimiento de la LPT, que les impuso una obligación ineludible, dándose así lugar a una confiscación de recursos económicos (por omisión), en perjuicio de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Licenciado Jorge Chavarría Guzmán Fiscal General de la República Ministerio Público …/10/…
DECIMO.- Este incumplimiento de un mandato legal, en el ámbito de la seguridad social,
quebranta obligaciones esenciales de nuestro sistema democrático, conforme lo resuelto por la Sala Constitucional: “Cuando se habla de seguros sociales se trata de una institución de rango constitucional (artículo 73 de la Carta Política). Asimismo, en esa institución descansa una parte muy importante de la solidaridad nacional, como instrumento para alcanzar el más justo reparto de la riqueza (artículos 50 y 74 constitucionales). Es por lo anterior que el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los seguros sociales, tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones esenciales del sistema democrático del país y por ello fundamentales para la convivencia y el desarrollo económico y social. Son en consecuencia, obligaciones atinentes al orden público.” (Voto 033-96; lo subrayado no es del original) Esta evasión en el cumplimiento de la ley, constituye una afrenta al Estado Social de Derecho y a nuestro sistema democrático, que tiene el cometido superior de lograr el mayor bienestar de las personas, sin el cual tampoco se puede realizar la libertad y la dignidad del ser humano. PRUEBA DOCUMENTAL Aporto la siguiente: 1.- Copia de oficio DAPE-750 de la Dirección Actuarial de Caja Costarricense de Seguro Social, fechado el 20 de diciembre de 2006. 2.-. Fotocopia del edicto de consulta a las empresas públicas, publicado en la Gaceta Nª 25 de 05 de febrero de 2010.
Licenciado Jorge Chavarría Guzmán Fiscal General de la República Ministerio Público …/11/… 3.- Fotocopia de oficio, fechado el 16 de mayo de 2011, sin número, firmado por la Ministra de Trabajo (consta a folio 345 de expediente Nª 09-011725-0007-CO). 4.Personería jurídica de la UNION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA CAJA Y LA SEGURIDAD SOCIAL (UNDECA). PRETENSION DE ESTA DENUNCIA Con fundamento en los hechos expuestos, comparecemos a presentar esta denuncia, con el objeto que esa autoridad investigue si las jerarcas de Gobierno denunciadas, cometieron el delito de incumplimiento de deberes, previsto en el artículo 332 del Código Penal, o cualquier otro que corresponda de ese Código u otra ley especial, lo cual se determinará, en definitiva, con base en el mérito de las evidencias que resulten útiles y pertinentes. DILIGENCIAS UTILES Y PROBATORIAS QUE SE SOLICITAN Solicitamos que se ordene el secuestro de las piezas correspondientes a este asunto y realicen todas las demás diligencias útiles, que sean pertinentes, con el fin de que esa autoridad determine si efectivamente se cometió algún hecho delictivo y se le dé a esta denuncia el trámite de ley. Asimismo, solicito que se ordene el secuestro de toda la documentación que concierna a este asunto, cuya diligencia debe realizarse en el despacho de ambas funcionarias denunciadas.
Licenciado Jorge Chavarría Guzmán Fiscal General de la República Ministerio Público …/12/… NOTIFICACIONES: Las nuestras las recibiremos en la sede de la UNION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA CAJA Y SEGURIDAD (UNDECA), sita en calle 20 Norte, a la par de la sede de la Conferencia Episcopal de Costa Rica o en el siguiente Nº de fax: 22-21-11-38.
Marta E. Rodríguez González Secretaria General Adjunta
El artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador
(LPT) estableció –de manera
imperativa- una contribución hasta el 15% de las utilidades de las empresas públicas del Estado, con el propósito de fortalecer el financiamiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la C.C.S.S. y universalizar la cobertura de los sectores asalariados, en condiciones de pobreza. Asimismo, dispuso que el monto de la contribución la fijará el Poder Ejecutivo, de acuerdo con las recomendaciones y estudios actuariales que realice la C.C.S.S. II.- La Sala Constitucional de la Corte Suprema Justicia determinó que el artículo 78 LPT no presenta ningún problema de constitucionalidad (Voto N° 2000-00643). III.- La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, desde hace más de tres años, obligó a la Caja Costarricense de Seguro Social a realizar el estudio actuarial correspondiente, con la finalidad que se remitiera al Ministro de Trabajo y Seguridad Social y Presidente de la República, para que reglamentariamente se determinará el porcentaje o monto definitivo de contribución, a cargo de las empresas estatales. La sentencia del Tribunal Constitucional le fijó un plazo de tres meses a la Caja para que realizara el estudio correspondiente y remitiera la correspondiente propuesta al Gobierno de la República. Además el voto condenó al pago de los daños y perjuicios causados a la Caja. (Ver Voto 2006-002049, dictado el 17 de febrero de 2006). de trabajadores no
IV.- La Dirección Actuarial de la C.C.S.S. realizó el estudio correspondiente y recomendó los porcentajes de contribución, mediante oficio que dirigió al Lic. José Alberto Acuña Ulate, a esa fecha Gerente de la División de Pensiones, ahora Gerente de la División Administrativa. De acuerdo con ese estudio actuarial, solo en el período de 2002-2007, se le debieron transferir a la Caja Costarricense de Seguro Social la suma total de 179.641 millones de colones (Ver oficio DAPE-750, fechado el 20 de diciembre de 2006). V.- Que no obstante el holgado el tiempo que ha transcurrido desde que se promulgó la Ley de Protección al Trabajador (2000) y desde que la Sala Constitucional obligó a la Caja Costarricense de Seguro Social a remitir la correspondiente recomendación al Ministerio de Trabajo y Presidente de la República (2006), a la fecha, nueve años después, el Poder Ejecutivo todavía no ha determinado el porcentaje, en definitiva, que están obligadas a contribuir las empresas del Estado. VI.Que a raíz de esta inexcusable y grave omisión y/o negativa de las autoridades
administrativas y del Gobierno de la República a cumplir el deber que les impuso la Ley de Protección al Trabajador, la Caja Costarricense de Seguro Social ha dejado de percibir una suma cuantiosa que supera los 230.000 millones de colones, lo cual configura una confiscación de recursos económicos voluntad lamentablemente se ha burlado. CON FUNDAMENTO EN LO ANTERIOR, LA JUNTA DIRECTIVA DE UNDECA RESUELVE: que le fueron asignados por el legislador, cuya
1.- Deplorar que las autoridades superiores de la Caja Costarricense de Seguro Social, no obstante el holgado tiempo transcurrido, no se han preocupado por exigir al Gobierno de la República que determine el porcentaje a que están obligadas las empresas públicas para contribuir a fortalecer el financiamiento del régimen I.V.M. y universalizar la cobertura de los
sectores no asalariados, en situación de pobreza, que cada vez es más mayor. consentido y existido complacencia de las autoridades institucionales.
2.- Deplorar que el Poder Ejecutivo todavía –nueve años después- no haya promulgado la reglamentación definitiva que determine el porcentaje de contribución obligatoria, a cargo de las empresas del Estado. 3.- Que la Caja Costarricense de Seguro Social ha tenido un cuantioso daño patrimonial – como si el que sufrió a merced de las conspiraciones políticas, no hubiera sido suficiente-, privándosele, a consecuencia de estas injustificables omisiones, de sanos recursos económicos que le fueron concedidos con aquellos expresos propósitos. 4.- Que todas las autoridades concernidas de la Caja Costarricense de Seguro Social – Gerencia de Pensiones, Presidencia Ejecutiva, Junta Directiva-, Comisión de Vigilancia del Régimen I.VM., SUPEN, Ministerio de Trabajo y Gobierno de la República, deben rendir cuentas por sus actuaciones, omisiones y responder por ellas. 5.- Que la Caja Costarricense de Seguro Social debe ser resarcida, integralmente, por todos los daños y perjuicios que se le han causado. 6.- UNDECA asumirá todas las acciones legales que estén a nuestro alcance para que se le restituyan a la Caja Costarricense de Seguro Social los recursos económicos que le han sido confiscados y se determine por las autoridades competentes la responsabilidad de sus autores. 7.- La Caja Costarricense de Seguro Social es uno de los pilares de la democracia costarricense, que no puede seguir siendo presa de espurios intereses políticos. Nos hemos quedado con ganas que las autoridades institucionales hayan salido a defender los sagrados intereses de la Seguridad Social, que por el contrario, pareciera que más bien el mandato que tienen es defender los intereses del gobierno de turno.
Se les habrá olvidado el juramento constitucional que alguna vez rindieron: “- Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino.”
 Archivo Adjunto: Copias de cédulas autenticadas.
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