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Timestamp: 2019-10-15 16:43:39+00:00

Document:
﻿ LEY 830 DE 2003
LEY 830 DE 10 DE JULIO DE 2003
CONTENIDO:SE APRUEBA EL "CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS ILÍCITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA", HECHO EN ROMA, EL 10 DE MARZO DE 1988, Y EL "PROTOCOLO PARA LA REPRESIÓN DE ACTOS ILÍCITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LAS PLATAFORMAS FIJAS EMPLAZADAS EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL", HECHO EN ROMA, EL 10 DE MARZO DE 1988.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1222 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2003, PG.616
VIGENCIA:DECLARADA INEXEQUIBLE POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SENTENCIA C-120 DE 2004, MP. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
“Por medio de la cual se aprueban el “Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima”, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988) y el “Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental”, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988)”.
(Nota: Declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-120 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)
Vistos los textos del “Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima”, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988) y el “Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental”, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988), que a la letra dicen:
PROYECTO DE LEY NÚMERO 225 DE 2002 SENADO
Por medio de la cual se aprueban el “Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima”, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988) y el “Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental”, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988),
Visto los textos del “Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima”, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988) y el “Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental”, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988), que a la letra dicen:
“Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima
Reconociendo en particular que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, como se establece en la Declaración universal de derechos humanos y en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos.
Profundamente preocupados por la escalada mundial de los actos de terrorismo en todas sus formas, que ponen en peligro vidas humanas inocentes o causan su pérdida, comprometen las libertades fundamentales y atentan gravemente contra la dignidad del ser humano.
Considerando que los actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima comprometen la seguridad de las personas y de los bienes, afectan gravemente a la explotación de los servicios marítimos y socaban la confianza de los pueblos del mundo en la seguridad de la navegación marítima.
Considerando que la realización de tales actos preocupa gravemente a toda la comunidad internacional.
Convencidos de la necesidad urgente de fomentar la cooperación internacional entre los Estados con miras a elaborar y adoptar medidas eficaces y prácticas para la prevención de todos los actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima y para el enjuiciamiento y castigo de sus perpetradores.
Recordando la Resolución 40 de 1961 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 9 de diciembre de 1985, en la que, entre otras cosas, se “insta a todos los Estados, unilateralmente y en cooperación con otros Estados, y con los órganos competentes de las Naciones Unidas, a que contribuyan a la eliminación gradual de las causas subyacentes del terrorismo internacional y a que presten especial atención a todas las situaciones, incluidos el colonialismo y el racismo, así como aquellas en que haya violación masiva y patentes de los derechos humanos y las libertades fundamentales, o las de ocupación extranjera, que pueden dar origen al terrorismo internacional y poner en peligro la paz y la seguridad internacionales”.
Recordando así mismo que la Resolución 40 de 1961 “condena inequívocamente y califica de criminales todos los actos, métodos y prácticas de terrorismo, donde quiera y por quien quiera sean cometidas, incluidos los que ponen en peligro las relaciones de amistad entre los Estados y su seguridad”.
Recodando también que mediante la Resolución 40 de 1961 se invitó a la Organización Marítima Internacional a que estudiara “el problema del terrorismo a bordo de barcos o contra estos con miras a formular recomendaciones sobre la adopción de medidas apropiadas”.
Teniendo en cuenta la Resolución A...(14)(sic) de 20 de noviembre de 1985, de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional, que insta a que se elaboren medidas para prevenir los actos ilícitos que amenazan la seguridad del buque y la salvaguardia de su pasaje y tripulación.
Observando que los actos de la tripulación, que están sujetos a la disciplina normal de a bordo, quedan fuera del ámbito del presente convenio.
Afirmando la conveniencia de someter a revisión constante las reglas y normas relativas a la prevención y sanción de los actos ilícitos contra los buques y las personas a bordo de estos, de manera que tales reglas y normas puedan actualizarse cuando sea necesario y, en tal sentido, tomando nota con satisfacción de las medidas para prevenir los actos ilícitos contra los pasajeros y tripulantes a bordo de los buques, recomendadas por el comité de seguridad marítima de la Organización Marítima Internacional.
Afirmando además que las materias no reguladas por el presente convenio seguirán rigiéndose por las normas y principios de derecho internacional general.
Reconociendo la necesidad de que todos los Estados, al combatir los actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, se ajusten estrictamente a las normas y principios de derecho internacional general.
A los efectos del presente convenio, por “buque” se entenderá toda nave del tipo que sea, no sujeta de manera permanente al fondo marino, incluidos los vehículos de sustentación dinámica, sumergibles o cualquier otro artefacto flotante.
1. El presente convenio no se aplica:
1. Comete delito toda persona que ilícita e intencionadamente:
1. El presente convenio se aplicará si el buque está navegando, o su plan de navegación prevé navegar, hacia aguas situadas más allá del límite exterior del mar territorial de un solo Estado, o más allá de los límites laterales de su mar territorial con Estados adyacentes, a través de ellas o procedente de las mismas.
Cada Estado se obliga a establecer para los delitos enunciados en el artículo 3º penas adecuadas en las que se tenga en cuenta la naturaleza grave de dichos delitos.
1. Cada Estado parte tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 3º cuando el delito sea cometido:
1. Todo Estado parte en cuyo territorio se encuentre el delincuente o el presunto delincuente, si estima que las circunstancias lo justifican, procederá, de conformidad con su legislación, a la detención de éste o tomará otras medidas para asegurar su presencia durante el tiempo que sea necesario a fin de permitir la tramitación de un procedimiento penal o de extradición.
a) Ponerse sin demora en comunicación con el representante competente más próximo del Estado del que sea nacional o al que compete por otras razones establecer dicha comunicación o, si se trata de una persona apátrida, del Estado en cuyo territorio tenga su residencia habitual;
5. Cuando un Estado parte, en virtud del presente artículo, detenga a una persona, notificará inmediatamente tal detención y las circunstancias que la justifican a los Estados que hayan establecido jurisdicción de conformidad con el párrafo 1º del artículo 6º y, si lo considera conveniente, a todos los demás Estados interesados. El Estado que proceda a la investigación preliminar prevista en el párrafo 2º del presente artículo comunicará sin dilación los resultados de ésta a los Estados antes mencionados e indicará si se propone ejercer su jurisdicción.
1. El capitán de un buque de un Estado parte (el “Estado del pabellón”) podrá entregar a las autoridades de cualquier otro Estado parte (el “Estado receptor”) a cualquier persona respecto de la que tenga razones fundadas para creer que ha cometido alguno de los delitos enunciados en el artículo 3º.
2. El Estado del pabellón se asegurarán de que el capitán de un buque de su pabellón tenga, siempre que sea factible y a ser posible antes de entrar en el mar territorial del Estado receptor llevando a bordo a cualquier persona a la que el capitán se disponga a entregar, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1º, la obligación de comunicar a las autoridades del Estado receptor su propósito de entregar a esa persona y las razones para ello.
3. El Estado receptor aceptará la entrega, salvo cuando tenga razones para estimar que el convenio no es aplicable a los hechos que motivan la entrega, y procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º. Toda negativa de aceptar una entrega deberá ir acompañada de una exposición de las razones de tal negativa.
5. El Estado receptor que haya aceptado la entrega de una persona de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3º, podrá a se vez pedir al Estado del pabellón que acepte la entrega de esa persona. El Estado del pabellón examinará cualquier petición de esa índole y si la acepta procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º. Si el Estado del pabellón rechaza la petición, entregará al Estado receptor una exposición de sus razones para tal rechazo.
1. El Estado parte en cuyo territorio sea hallado el delincuente o presunto delincuente, en los casos a los que es aplicable el artículo 6º, si no procede a la extradición del mismo, someterá sin dilación el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, mediante el procedimiento judicial acorde con la legislación de dicho Estado, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido cometido en su territorio.
2. Toda persona encausada en relación con cualquiera de los delitos enunciados en el artículo 3º recibirá garantía de un trato justo en todas las fases del procedimiento, incluido el disfrute de todos los derechos y garantías estipulados para dicho procedimiento en la legislación del Estado del territorio en que se halla.
1. Los delitos enunciados en el artículo 3º se considerarán incluidos entre los delitos que dan lugar a la extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados partes. Los Estados partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí.
3. Los Estados partes que no subordinan la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos enunciados en el artículo 3º como casos de extradición entre ellos, con sujeción a las condiciones exigidas por la legislación del Estado requerido.
6. Al estudiar una solicitud de extradición de un presunto delincuente de conformidad con el presente convenio, el Estado requerido tendrá debidamente en cuenta si los derechos de esa persona, tal como se enuncian en el párrafo 3º del artículo 7º, pueden ser ejercidos en el Estado requirente.
1. Los Estados partes se prestarán todo el auxilio posible en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a los delitos enunciados en el artículo 3º, incluyendo el auxilio para la obtención de pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder.
1. Los Estados partes cooperarán en la prevención de los delitos enunciados en el artículo 3º, en particular:
b) Intercambiando información, de conformidad con su legislación interna y coordinando medidas administrativas y de otra índole adoptadas, según proceda, para impedir que se cometan los delitos enunciados en el artículo 3º.
2. Cuando, con motivo de haberse cometido un delito enunciado en el artículo 3º, se produzca retraso o interrupción en la travesía de un buque, todo Estado parte en cuyo territorio se encuentren el buque, los pasajeros o la tripulación estará obligado a hacer todo lo posible para evitar que el buque, sus pasajeros, sus tripulantes o su carga sean objeto de inmovilización o demora indebida.
Todo Estado parte que tenga razones para creer que se va a cometer uno de los delitos enunciados en el artículo 3º, suministrará lo antes posible, de acuerdo con su legislación interna, toda la información pertinente de que disponga a los Estados que, a su juicio, puedan establecer jurisdicción de conformidad con el artículo 7º.
1. Cada Estado parte comunicará lo antes posible al secretario general, actuando de conformidad con su legislación interna, cualquier información pertinente que tenga en su poder referente a:
3. El secretario general trasladará la información transmitida de conformidad con los párrafos 1º y 2º a todos los Estados partes, a todos los miembros de la Organización Marítima Internacional (en adelante llamada “la organización”), a los demás Estados interesados y a las organizaciones intergubernamentales de carácter internacional pertinente.
1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados partes con respecto a la interpretación o aplicación del presente convenio que no pueda ser resuelta mediante negociaciones dentro de un plan razonable se someterá a arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma de arbitraje, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el estatuto de la Corte.
1. El presente convenio estará abierto el 10 de marzo de 1988, en Roma, a la firma de los Estados participantes en la Conferencia internacional sobre la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, y desde el 14 de marzo de 1988 hasta el 9 de marzo de 1989, en la sede de la organización, a la firma de todos los Estados. Después de ese plazo, seguirá abierto a la adhesión.
1. El presente convenio entrará en vigor noventa días después de la fecha en que quince Estados lo hayan firmado sin reserva en cuanto a ratificación, aceptación o aprobación o hayan depositado el oportuno instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
Para un Estado que deposite un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión respecto del presente convenio, una vez satisfechas las condiciones para la entrada en vigor de éste, la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión surtirá efecto noventa días después de la fecha en que se haya efectuado tal depósito.
1. El presente convenio podrá ser denunciado por un Estado parte en cualquier momento posterior a la expiración de un plazo de un año a contar de la fecha en que el presente convenio haya entrado en vigor para dicho Estado.
3. La denuncia surtirá efecto transcurrido un año a partir de la recepción, por parte del secretario general, de instrumento de denuncia, o cualquier otro plazo más largo que pueda ser fijado en dicho instrumento.
2. El secretario general convocará una conferencia de los Estados partes en el presente convenio con objeto de revisarle o enmendarlo, a petición de un tercio de los Estados partes o de diez Estados partes, si esta cifra es mayor.
CERTIFIED TRUE COPY in the English, French and Spanish languages of the Convention for the Supression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, done at Rome on 10 march 1988, the original of which is deposited with the Secretary-General of the International Maritime Organization.
COPIE CERTIFIEE CONFORME en langues anglaise, espagnole et française du texte de la Convention pour la répression d''actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, fait à Rome le 10 mars 1988, dont l''original est déposé auprès du Secrétaire général de l''Organisation maritime internationale.
For the Secretary-General of the International Maritime Organization:
Pour le Secrétaire général de l''Organisation maritime internationale:
Londres, le 1º VI, 1988.
1. Las disposiciones de los artículos 5º y 7º de los artículos 10 a 16 del convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (en adelante llamado “el convenio”) se aplicarán también mutatis mutandis a los delitos enunciados en el artículo 2º del presente protocolo cuando tales delitos se cometen a bordo de plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental o en contra de estas.
2. En los casos en que el presente protocolo no sea aplicable de conformidad con el párrafo 1º, lo será no obstante cuando el delincuente o presunto delincuente sea hallado en el territorio de un Estado parte distinto del Estado en cuya aguas interiores o en cuyo mar territorial se encuentra emplazada la plataforma fija.
b) Induzca a cometer cualquiera de esos delitos, perpetrados por cualquier persona, o sea de otro modo cómplice de la persona que cometa tal delito; o
c) Amenace con cometer, formulando o no una condición, de conformidad con la legislación interna, con ánimo de obligar a una persona física o jurídica a ejecutar un acto o abstenerse de ejecutarlo, cualquiera de los delitos enunciados en los apartados b) y c) del párrafo 1º, si la amenaza puede poner en peligro la seguridad de la plataforma fija de que se trata.
1. Cada Estado parte tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 2º cuando el delito sea cometido:
1. El presente protocolo estará abierto a la firma de cualquier Estado que haya firmado el convenio, el 10 de marzo de 1988 en Roma y desde el 14 de marzo de 1988 hasta el 9 de marzo de 1989 en la sede de la organización después de ese plazo seguirá abierto a la adhesión..
1. El presente protocolo entrará en vigor noventa días después de la fecha en que tres Estados lo hayan firmado sin reserva en cuanto a ratificación, aceptación o aprobación o hayan depositado un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión en relación con éste. No obstante, el presente protocolo no entrará en vigor antes de la entrada en vigor del convenio.
2. Para un Estado que deposite un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión respecto del presente protocolo una vez satisfechas las condiciones para la entrada en vigor de éste, la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión surtirá efecto noventa días después de la fecha en que se haya efectuado tal depósito.
1. El presente protocolo podrá ser denunciado por un Estado parte en cualquier momento posterior a la expiración de un plazo de un año a contar de la fecha en que el presente protocolo haya entrado en vigor para dicho Estado.
1. La organización podrá convocar una conferencia con objeto de revisar o enmendar el presente protocolo.
CERTIFIED TRUE COPY in the English, French and Spanish languages of the Protocol for the Supression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, done at Rome on 10 march 1988, the original of which is deposited with the Secretary-General of the International Maritime Organization.
COPIE CERTIFIEE CONFORME en langues anglaise espagnole et française du texte du protocole pour la répression d''actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le pateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988, dont l''original est déposé auprès du Secrétaire général de l''Organisation maritime internationale.
For the Secretary-General of the International Marítime Organization:
Firma ilegible".
Londres, le 1º junio, 1988.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988) y el Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccionen los vínculos internacionales respecto de los mismos.
Exposición de motivos del proyecto de ley por medio del cual se aprueban el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988) y el Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988).
En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento de los artículos 150 numeral 16 y 189 numeral 2º de la Constitución Política de Colombia, presentamos a consideración del honorable Congreso de la República el proyecto de ley por medio de la cual se aprueban el “Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima”, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988) y el “Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental”, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988).
Estos tratados multilaterales representan dos de los instrumentos jurídicos más importantes que ha elaborado la comunidad internacional con el objetivo de tomar medidas para prevenir, reprimir y combatir el terrorismo, en este caso, aquel que afecta o pueda afectar la navegación marítima y otros usos productivos del medio marino. Constituyen, en tal carácter, un complemento natural a otros tratados existentes en materia de terrorismo, tales como los convenios de la OACI sobre seguridad de la aviación civil internacional de los cuales Colombia es Estado parte, o los más recientes convenios de alcance universal que se relacionan con aspectos puntuales del fenómeno del terrorismo, como la protección de materiales nucleares, los atentados cometidos con bombas o la financiación del terrorismo.
El antecedente más inmediato del convenio y del protocolo se encuentra en la Resolución 40 1961 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 9 de diciembre de 1985, en la cual dicho órgano invitaba a uno de los organismos especializados del sistema, la Organización Marítima Internacional, OMI, a que estudiara el problema del terrorismo a bordo de barcos o contra estos, con miras a la adopción de medidas apropiadas en el ámbito internacional. Luego de un rápido y exitoso proceso de negociaciones diplomáticas adelantadas en el seno de la OMI, se llegó a la adopción, el 10 de marzo de 1988, de los dos instrumentos referidos. Es bueno resaltar que el protocolo hace directamente aplicables muchas de las disposiciones sustantivas del convenio, en relación con los actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental.
Colombia participó en el proceso de negociaciones que condujo a la adopción de estos dos tratados y, aunque no los firmó, es su interés obtener la aprobación del Congreso para vincularnos a ellos mediante el mecanismo de la adhesión, previsto en los mismos instrumentos (art. 17 del Convenio y art. 5º del protocolo).
• El convenio tiene una estructura muy simple y sigue el modelo de los principales tratados existentes en materia de combate al terrorismo. Consta de un total de 22 artículos, 15 de los cuales son de carácter sustantivo.
En los artículos 1º a 4º se consagran las normas generales relativas a la definición del ámbito de aplicación material y espacial del tratado. En el artículo 1º se define técnicamente el término “buque”, el cual es de utilización frecuente a lo largo de las restantes cláusulas. Dicha definición, que es compatible con las normas generales de la OMI, es la siguiente:
“A los efectos del presente convenio, por “buque” se entenderá toda nave del tipo que sea, no sujeta de manera permanente al fondo marino, incluidos vehículos de sustentación dinámica, sumergibles o cualquier otro artefacto flotante”.
En el artículo 2º se consagra los tipos de buques a los cuales no se aplica el convenio que son, básicamente, los buques de guerra, los llamados “buques de Estado” y los buques que ya no navegan o han sido desarmados. Como complemento, en el numeral 2º de este artículo se consagra una cláusula de salvaguardia que busca dejar a salvo las normas del derecho internacional relativas a las inmunidades soberanas de que disfrutan los buques de guerra y los buques de Estado.
Por su parte, en el artículo 3º se definen cuáles son los actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima. Se señalan en el numeral 1º, un total de siete conductas que se cometen o pueden cometerse contra los buques y generan peligro para la navegación, las cuales se consideran delito cuando son cometidas ilícita e intencionadamente. En el numeral 2º, se complementa lo anterior con una norma que determina que también constituyen delitos la tentativa, la incitación, la complicidad y la amenaza de cometer los actos enumerados en el numeral 1º.
En el artículo 4º se consagra al ámbito de aplicación ratione loci del convenio, el cual fundamentalmente consiste en que sus cláusulas sustantivas se aplican si el buque está navegando fuera del mar territorial de un Estado parte o se dirige hacia aguas situadas más allá del mismo. En su numeral 2º, se añade que si el convenio no es aplicable en esas condiciones, lo será en el evento de que el presunto delincuente sea hallado en el territorio de un Estado diferente del Estado ribereño.
En un segundo grupo, los artículos 5º a 10, se contemplan las cláusulas relativas al castigo de los actos ilícitos descritos en el artículo 3º y al procesamiento de sus responsables por la jurisdicción interna de cada Estado, en los cuales se regulan aspectos que son comunes a todos los convenios internacionales sobre cuestiones penales, como son los de los criterios para que los Estados establezcan su jurisdicción con respecto a los delitos objeto del mismo (art. 6º); los procedimientos a emplear cuando el delincuente o presunto delincuente sea hallado en el territorio de un Estado parte (art. 7º); la entrega de la persona sospechosa de cometer uno de tales delitos por el capitán del Estado del pabellón al denominado “Estado receptor”, y viceversa, (art. 8º) y, la cláusula aut dedere aut judicare, disposición fundamental del moderno derecho penal internacional, según la cual el Estado parte en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente está obligado a extraditarlo al Estado que lo solicite o, si no lo extradita, a procesarlo con fines de enjuiciamiento (art. 10). Otra disposición importante se establece en el artículo 9º, según la cual la aplicación del convenio no afecta las normas del derecho internacional aplicables a la jurisdicción del Estado sobre buques diferentes de aquellos que enarbolen su pabellón, como puede ser el caso de aquellos que se encuentre en su mar territorial o en sus aguas interiores.
Los artículos 11 y 12 regulan con cierto detalle lo atinente a la cooperación entre los Estados para castigar los actos ilícitos cometidos contra la seguridad de la navegación marítima. El primero de ellos se refiere al procedimiento de extradición y el segundo, a la asistencia judicial mutua, lo cual incluye el auxilio para la obtención de pruebas. Estas normas se deben aplicar de conformidad con los tratados vigentes y, en defecto de estos, con la legislación interna de cada Estado.
Como complemento, los artículos 13 a 15 consagran otras medidas en materia de prevención de los actos terroristas ya mencionado, incluyendo un elaborado sistema de intercambio de información entre los Estados contratantes, parte del cual debe canalizarse por intermedio de la OMI y de su secretario general.
Finalmente, en los artículos 16 a 22 se consagran las denominadas “cláusulas finales” propias de los convenios internacionales multilaterales. Siguiendo la redacción usual en este tipo de disposiciones, se regula en ellas aspectos como la solución de controversias (art. 16); la firma y manifestación del consentimiento (art. 17); la entrada en vigor (art. 18); la denuncia (art. 19); la revisión (art. 20); las funciones del secretario general de la OMI en su calidad de depositario (art. 21) y los idiomas en los que el texto hace fe (art. 22).
Como ya se mencionó, el convenio está diseñado para aplicarse en relación con ciertos delitos cometidos a bordo de los buques o en contra de estos, cuando estén navegando en o hacia aguas sitiadas fuera del mar territorial de los Estados.
El protocolo, que fue negociado en forma paralela y adoptado simultáneamente con el convenio, busca regular una situación análoga, a saber la de los actos ilícitos que se cometan a bordo de plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental o en contra de éstas. En el numeral 3º del artículo 1º del protocolo se define la expresión “plataforma fija” de la siguiente manera:
“...es una isla artificial, instalación o estructura sujeta de manera permanente al fondo marino con fines de exploración o explotación de los recursos u otros fines de índole económica”.
El objetivo fundamental del protocolo es extenderle a dichos actos la aplicación de las cláusulas más importantes del convenio, las cuales se aplicarán mutatis mutandis a los mismos, según lo dispone el numeral 1º del artículo citado. Las cláusulas del convenio que se tornan aplicables a dichos actos son:
Artículo 5º (obligación de penalizar)
Artículo 7º (medidas para asegurar la detención del sospechoso)
Artículo 10 (cláusula aut dedere aut judicare)
Artículo 11 (extradición)
Artículo 12 (asistencia judicial mutua)
Artículo 13 (prevención)
Artículo 14 (intercambio de información)
Artículo 15 (suministro de información a través del secretario general)
Artículo 16 (solución de controversias)
Aparte de la remisión directa a dichas normas del convenio, efectuada por el numeral 1º del artículo 1º del protocolo, las únicas disposiciones sustantivas del mismo son los artículos 2º y 3º, los cuales se refieren, el primero, a la definición de los delitos cuya represión y castigo se busca asegurar por medio del protocolo y, el segundo, a los criterios para que los Estados partes establezcan su jurisdicción respecto de tales delitos. Estas normas corresponden, en esencia, a las disposiciones de los artículos 3º y 6º del convenio, cuyo contenido ya fue descrito.
El convenio y el protocolo que se someten en esta ocasión a la consideración del Congreso de la República constituyen valiosos instrumentos jurídicos internacionales adoptados por la comunidad internacional en el marco de la lucha contra el terrorismo, en la faceta de este odioso fenómeno que se refiere a la seguridad de la navegación marítima y de la explotación de los recursos de la plataforma continental.
Es apenas entendible que, luego de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, tanto la asamblea general como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hayan insistido con vehemencia en la necesidad de que todos los Estados se hagan parte de los diferentes tratados sobre terrorismo existentes, entre los cuales figuran los dos instrumentos incluidos en el presente proyecto de ley.
El Gobierno Nacional ha decidido someterlos en esta ocasión al órgano legislativo para su aprobación, como parte de las medidas que debe tomar el Estado colombiano para sumarse a la campaña mundial de combate frontal al fenómeno del terrorismo internacional, en el marco de la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El gobierno confía en que estos importantes instrumentos contarán con la aprobación de las honorables cámaras legislativas, de manera que en un futuro cercano nuestro país esté en capacidad de convertirse en parte en los mismos.
Es importante resaltar que el gobierno de Colombia entiende que ninguna de las disposiciones de este convenio afectan las obligaciones y facultades convencionales que tiene el Estado en virtud de las disposiciones señaladas en los tratados de derecho internacional humanitario, de los cuales Colombia es parte y, así lo pondrá en conocimiento del depositario.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno Nacional, a través de la viceministra de Relaciones Exteriores, encargada de las funciones del despacho del Ministro de Relaciones Exteriores, somete a consideración del honorable Congreso de la República el “Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima”, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988) y el “Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental”, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988).
ART. 1º—Apruébase el “Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima”, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988) y el “Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental”, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988).
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima”, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988) y el “Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental”, hecho en Roma, el diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988), que por el artículo primero de esta ley se aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccionen los vínculos internacionales respecto de los mismos.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 1

Artículo 5

Artículo 7

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 1