Source: http://valcap.es/html/Nuestro%20boletin/nr%2042/9.htm
Timestamp: 2017-11-19 06:37:24+00:00

Document:
Resoluciones de la DGT
TASADORES BAJO LA LUPA DE HACIENDA
El Ministerio de Economía y Hacienda quiere asegurarse de que las tasaciones que se realizan como garantía hipotecaria se ajustan lo más posible al valor real de los bienes inmuebles y no están sobrevaloradas, por lo que el cálculo del valor de tasación de toda vivienda deberá ir precedido, entre otros documentos, de información catastral descriptiva y gráfica de los inmuebles.
Así lo dispone el proyecto de orden ministerial en trámite que vendrá a modificar las actuales normas de valoración de bienes inmuebles establecidas en una orden previa de 2003. El 20 de abril finalizó el plazo de audiencia pública, por lo que el texto queda a la espera de la firma del ministro de Economía y Hacienda, para su posterior publicación en el B.O.E. o su tramitación como parte integrante de otra iniciativa legislativa.
El nuevo texto señala que en el listado de documentos necesarios ‘para una identificación completa del objeto de valoración' ha de incluirse ‘el documento con la información catastral descriptiva y gráfica del inmueble obtenido directamente a través de la Oficina Virtual del Catastro', que actualmente no es legalmente requerido.
MAS DE UN 66% DE LOS ALQUILERES NO SE DECLARAN
El informe elaborado por Gestha, en el que se analizan exclusivamente las provincias costeras de cada comunidad autónoma a partir del cruce de datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la declaración del IRPF, estima en 1.200 millones de euros anuales la rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de viviendas en provincias de costa.
Concretamente, ‘de las seis comunidades en las que más se defrauda en concepto de alquileres 'negros', cinco están bañadas por el mar', señala el informe a propósito de Cataluña, Andalucía, Islas Canarias, Valencia y Baleares, a las que se sumaría Madrid.
El informe de Gestha considera ‘prioritario' que la Agencia Tributaria centre sus esfuerzos a corto y medio plazo en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, ‘a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales'.
Los técnicos de Hacienda concretan la necesidad de delimitar aún más, en la Ley de Arrendamientos Urbanos, los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para arrendador y arrendatario, en especial en lo referente a las obligaciones de ambos sobre la conservación de la vivienda, el pago de la renta y de los gastos generales y de servicios individuales.
Otro frente implicaría modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil para reducir a quince días los cuatro meses de antelación que en la actualidad se necesitan para presentar una demanda de desahucio por impago de rentas, y para que los juicios rápidos sean ‘realmente rápidos'. En este sentido, insta a incrementar el número de juzgados para agilizar estos procesos.
Un tercer paquete de iniciativas pasaría por habilitar a los 8.000 técnicos el Ministerio de Hacienda para que asumieran las responsabilidades de la efectiva aplicación de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal.
Gestha estima que ‘con esta habilitación y un plan eficaz de lucha contra el fraude', la Agencia Tributaria podría reducir en 10 puntos porcentuales las bolsas de fraude y la economía sumergida en España, situándose en niveles de fraude similares a los países de la UE , y aflorando así cerca de 56.522 millones de euros.
En la actualidad, la bolsa de fraude en España, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social , supera el 23% del PIB (900.000 millones de euros en 2005), lo que supone un montante de 200.000 millones euros.
¿QUE RESPONSABILIDAD TIENE LA COMUNIDAD POR LOS ACTOS Y CONTRATOS OTORGADOS POR EL PRESIDENTE EN FUNCIÓN DE SU NOMBRAMIENTO COMO REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD ?
La responsabilidad de la comunidad frente a terceros por razón de los actos realizados y los contratos otorgados por el presidente como representante de la comunidad, que será contractual o extracontractual según sea su origen, y que se regula por lo dispuesto en los artículos 1101 y ss y el 1902 y ss del Código Civil, con la responsabilidad del presidente en el desempeño de sus funcione, frente a la comunidad.
Puede ser que el daño o perjuicio frente a terceros se produzca al ejecutar el presidente los acuerdos de la Junta , si el acuerdo fue adoptado por unanimidad y al ejecutar lo acordado por la junta resultase daño o perjuicio para tercero , será responsable la Junta de propietarios, y será la que habrá de reparar o indemnizar, pero si hubiera habido algún propietario que hubiese votado en contra de ese acuerdo, serán únicamente responsables los que hubieren aprobado el acuerdo, con lo cual serán estos los que deban resarcir o indemnizar.
Ahora bien, el tercero que se relaciona con la Comunidad , y contra ella reclama por incumplimiento de contrato o daño sufrido, como consecuencia de su relación con su representantes, acciona contra la comunidad representada por su presidente, e incluso puede hacerlo conjuntamente o subsidiariamente contra el Presidente, por si se estimase exceso en el desempeño de su cargo , que deja a salvo la responsabilidad de la comunidad.
Si la reclamación de terceros fuera estimada por el tribunal , la comunidad será obligada al cumplimiento especifico de la sentencia, y si esta fuese pecuniaria el tercero deberá proceder a su cobro de acuerdo con el articulo 22 de la LPH , ahora bien, si la comunidad no fuese condenada, pero si su presidente personalmente, este responderá extracontractualmente (Art. 1902 Código Civil) en los términos que indique y determine la sentencia.
al Boletín volver a
Valcap.es
Más información en Mecsl.es
La ley 8/2007, de 29 de mayo, de suelo y en concreto algunos de sus artículos están dando lugar a distintas interpretaciones, sobre todo en relación a su articulo 19 en ella la palabra “usuarios” nos está dando la pista de lo que pretende el legislador estatal, y el Art. 1 de la LS, descubre de nuevo, la finalidad principal de la ley. Art. 1º: “Esta Ley regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio estatal.”
Hay un aspecto práctico en esta Ley ya que la licencia de ocupación no se obtiene casi nunca antes de la formalización de las escrituras de venta, dado que los Ayuntamientos retrasan dicha licencia, como mínimo dos o tres meses, y caso de cualquier deficiencia, pueden pasar incluso años en la obtención de la misma. No es de recibo que por presiones del Promotor y necesidades del usuario, éste ocupe una vivienda (pese a la renuncia que éste pueda hacer a sus derechos), sin agua, sin luz, sin gas y etc…(dado que la contratación de tales servicios exigen la licencia de ocupación) y su única salida sea el utilizar los servicios de luz y agua de la obra, que desinteresadamente le concede la Promotora, existiendo Comunidades de Propietarios que después de años de entrega del edificio, sigan teniendo agua de obra, y no puedan realizar la contratación individual de las viviendas, pues entre el constructor y el promotor no existe acuerdo en la liquidación de la contrata.. Pero lo peor no es que no se tenga licencia de ocupación, sino que existiendo esta, por defectos en la instalación, las casas suministradores de luz, agua, gas, etc.. no realicen el suministro y se tenga que seguir con agua o luz de obra, si pudiésemos revisar todos los edificios del país nos encontraríamos que hay muchos en estas condiciones de precariedad.
La LS ha tratado de proteger al consumidor y adquirente de viviendas y ha añadido un requisito nuevo al acta fin de obra: que el edificio reúna todos los requisitos necesarios para que sea habitable, y el usuario tenga todos los documentos necesarios para el uso de la misma , exigiendo la licencia de ocupación.
SUBVENCIONES . Orden EHA/2261/2007, de 17 de julio, por la que se regula el empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la justificación de las subvenciones.
Podrán utilizarse medios EIT (electrónicos, informáticos y telemáticos) en la justificación de las subvenciones siempre que en las correspondientes bases reguladoras se haya establecido su admisibilidad, indicado la documentación que, en su caso, pueda ser cumplimentada y transmitida por estos medios y concretado qué medios EIT serán utilizables, que deberán ajustarse a las especificaciones detalladas en el artículo 3 de esta Orden.
PDF (2 págs. - 65 KB.)
*OPAS . Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores.
CONVENIO DE LA HAYA. Resolución de 19 de julio de 2007, de la Secretaría General Técnica, relativa a la adhesión de la República de Corea al Convenio suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961 (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 229, de 25 de septiembre de 1978).
PDF (1 págs. - 27 KB.)
DEMARCACIÓN NOTARIAL . Orden JUS/2384/2007, de 27 de julio, por la que se aclara la disposición adicional segunda del Real Decreto 173/2007, de 9 de febrero, sobre demarcación Notarial.
PDF (1 págs. - 32 KB.)
*DEMARCACIÓN REGISTRAL . Orden JUS/2385/2007, de 27 de julio, por la que se aclara el apartado 2 de la disposición final segunda y la disposición final tercera del Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero , por el que se modifica la demarcación de los Registros de la Propiedad , Mercantiles y de Bienes Muebles, en lo relativo a las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas.
PDF (2 págs. - 64 KB.)
NACIONALIDAD. Instrucción de 26 de Julio de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre tramitación de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia.
PDF (6 págs. - 134 KB.)
BLANQUEO DE CAPITALES . Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe de experto externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales.
PDF (6 págs. - 164 KB.)
PLURALIDAD DE NACIONALIDADES . Resolución de 9 de julio de 2007, de la Secretaría General Técnica, relativa al Acuerdo sobre la interpretación del párrafo 2 del artículo 12, de la Convención sobre la reducción de los casos de pluralidad de nacionalidades y sobre las obligaciones militares en caso de pluralidad de nacionalidades (N.º 43 del Consejo de Europa), adoptado en Estrasburgo el 2 de abril de 2007.
PDF (1 págs. - 26 KB.)
TRATADO DE ROMA . Instrumento de ratificación del Convenio relativo a la adhesión de la República Checa , de la República de Estonia, de la República de Chipre, de la República de Letonia, de la República de Lituania, de la República de Hungría, de la República de Malta, de la República de Polonia, de la República de Eslovenia y de la República Eslovaca al Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales , abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, así como a los Protocolos Primero y Segundo relativos a su interpretación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, hecho en Luxemburgo el 14 de abril de 2005.
PDF (3 págs. - 92 KB.)
SUBCONTRATACIÓN EN CONSTRUCCIÓN . Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
PDF (18 págs. - 1139 KB.)
SISTEMA GEODÉSICO. Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España.
PDF (4 págs. - 113 KB.)
REDUCCIÓN ARANCELARIA . Real Decreto 1131/2007, de 31 de agosto, por el que se fija la reducción de los derechos arancelarios de los notarios y de los registradores mercantiles contenida en la disposición transitoria tercera de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.
***REGLAMENTO DE GESTIÓN E INSPECCIÓN . Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
PDF (83 págs. - 388 KB.)
SERVIDUMBRE DE PASO: SU CANCELACIÓN REQUIERE EL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR DEL PREDIO DOMINANTE . R. 13 de Julio de 2007, DGRN. BOE de 3 de Agosto de 2007. Interesada—Registro Medio Cudeyo-Solares.
Hechos: Se solicita en escritura la cancelación de una servidumbre de paso por el titular del predio sirviente “por haber desaparecido la necesidad de paso que justificó su constitución”.
Se suspende la cancelación por falta del consentimiento del titular del predio dominante (art. 82 LH).
Se recurre alegando el art. 568 del CC pues la servidumbre se ha extinguido dado el planeamiento urbanístico existente.
Doctrina: La DGRN confirma la nota de calificación sobre la base del art. 82 de la LH y el art. 24 de la CE , diciendo que la única forma en que pudiera cancelarse sin dicho consentimiento sería que se hubiere pactado así en el título constitutivo de la servidumbre.
PDF (2 págs. - 94 KB)
ANDALUCÍA . LEY 5/2007, de 26 de junio, por la que se crea como entidad de derecho público el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico goza de personalidad jurídica propia, de plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines, de patrimonio propio, y sujetará su actividad al ordenamiento jurídico privado con las excepciones que se consignan en esta Ley.
El régimen jurídico patrimonial del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico se sujetará a lo establecido en la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su normativa de desarrollo y demás disposiciones que sean de aplicación.
PDF (4 págs. - 126 KB.)
ANDALUCÍA. LEY 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía.
Crea la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, como organismo autónomo de carácter administrativo, adscrita a la Consejería competente en materia de economía. Goza de personalidad jurídica pública diferenciada, plena capacidad jurídica y de obrar, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines. Dentro de ella, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía es el órgano de resolución y dictamen de la Agencia.
PDF (7 págs. - 215 KB.)
ANDALUCIA. LEY 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
PDF (52 págs. - 1673 KB.)
CATALUÑA . Ley 3/2007, de 4 de julio, de la obra pública.
PDF (16 págs. - 526 KB.)
CATALUÑA . Ley 4/2007, de 4 de julio, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2007.
PDF (23 págs. - 780 KB.)
CATALUÑA . Ley 5/2007, de 4 de julio, de medidas fiscales y financieras.
PDF (16 págs. - 518 KB.)
CATALUÑA. Ley 7/2007, de 17 de Julio, de la Agencia Tributaria de Cataluña
PDF (9 págs. - 239 KB.)
CONSULTAS EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS
V0453-07
ÓRGANO : SG de Impuestos sobre Renta de las Personas Físicas
FECHA SALIDA : 28/02/2007
NORMATIVA: Ley 35/2006, Arts. 8-3, 33-1, 34, 35, 88, DT 9 .-
DESCRIPCIÓN-HECHOS: La Comunidad de Propietarios del edificio donde radica la vivienda habitual de los consultantes acordó, por unanimidad, segregar la vivienda portería para su posterior venta. Los consultantes adquirieron la vivienda en el año 1994, aunque la antigüedad del edificio es superior a 40 años.
La venta se va a efectuar a lo largo del año 2007, y una vez realizada se efectuará el reparto del dinero obtenido entre los propietarios, si bien, se ingresará en una cuenta bancaria de la Comunidad de Propietarios y se destinará a sufragar los gastos correspondientes a las obras de rehabilitación y mejora del edificio, necesarias según la Inspección Técnica de Edificios.-
CUESTIÓN-PLANTEADA: Tributación de las cantidades a percibir por la venta. .-
CONTESTACIÓN-COMPLETA :
En cuanto las comunidades de propietarios reguladas en la Ley de Propiedad Horizontal constituyen comunidades de bienes, para analizar el tratamiento tributario de la renta obtenida por una comunidad de propietarios por la venta de un elemento común se hace preciso acudir en primer lugar al artículo 8.3 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), que establece que “no tendrán la condición de contribuyente las sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria. Las rentas correspondientes a las mismas se atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes, respectivamente, de acuerdo con lo establecido en la sección 2ª del Título X de esta Ley.”
Dentro de esta sección 2ª, que regula el régimen de atribución de rentas, el artículo 88 dispone que las rentas atribuidas tendrán la naturaleza derivada de la actividad o fuente de donde procedan, para cada uno de los socios, herederos, comuneros o partícipes.
El artículo 33.1 de la Ley del Impuesto define las ganancias y pérdidas patrimoniales como “las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta ley se califiquen como rendimientos.”
De acuerdo con esta configuración, la venta del inmueble dará lugar a una ganancia o pérdida patrimonial cuyo importe se calculará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34: por diferencia entre los valores de adquisición y transmisión, que para las transmisiones onerosas vienen definidos en el artículo 35.
Al tratarse de la venta de un elemento común, la portería del edificio, cada propietario deberá calcular los valores de adquisición y de transmisión que proporcionalmente les correspondan, en función de los coeficientes de participación en la comunidad de propietarios, anteriores y posteriores a la segregación.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, los valores de transmisión y de adquisición para los consultantes serán los siguientes:
a) El valor de transmisión será el resultante de aplicar su coeficiente de participación en la comunidad, anterior a la segregación, sobre el importe real por el que la enajenación se hubiera efectuado, una vez deducidos los gastos y tributos inherentes a la transmisión que hubieran sido satisfechos por los transmitentes. Por importe real del valor de enajenación se tomará el efectivamente satisfecho, siempre que no resulte inferior al normal de mercado, en cuyo caso prevalecerá éste.
b) El valor de adquisición será el resultado de aplicar el porcentaje que resulte de la diferencia entre los coeficientes de participación en la comunidad anterior y posterior a la segregación sobre la cantidad resultante de sumar el importe real satisfecho por la adquisición de la vivienda y los gastos y tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses, que hubieran sido satisfechos por los ellos. A esta cantidad se le añadirá el coste de las inversiones y mejoras que, en su caso, hubieran sido efectuadas en la portería con posterioridad a la adquisición de la vivienda. El valor de adquisición resultante se actualizará mediante la aplicación del coeficiente de actualización establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año de la transmisión para las adquisiciones de inmuebles efectuadas en el año 1994.
La disposición transitoria novena de la Ley del Impuesto establece un régimen transitorio para las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas que hubieran sido adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994.
Dicho régimen transitorio prevé una reducción sobre la parte de la ganancia patrimonial generada con anterioridad a 20 de enero de 2006, aplicando sobre el importe de las misma el coeficiente del 11,11 por 100 por cada año de permanencia del inmueble en el patrimonio del consultante que exceda de dos, contado desde su adquisición o realización de las inversiones y mejoras hasta el 31 de diciembre de 1996 y redondeado por exceso.
A estos efectos, la parte de la ganancia patrimonial generada con anterioridad a 20 de enero de 2006 vendrá determinada por la parte de la ganancia patrimonial que proporcionalmente corresponda al número de días transcurridos entre la fecha de adquisición y el 19 de enero de 2006, ambos inclusive, respecto del número total de días que hubiera permanecido en el patrimonio del contribuyente.
Por tanto, los consultantes podrán aplicar una reducción del 11,11 por 100 sobre la parte proporcional de la ganancia patrimonial generada antes del 20 de enero de 2006, calculada en la forma expuesta.
La ganancia patrimonial reducida se integrará en la base imponible del ahorro, en la forma prevista en el artículo 49 de la Ley del Impuesto, y tributará al 18 por 100.
Id Cendoj: 28079110012007100810
Nº de Recurso: 3335/2000
Nº de Resolución: 858/2007
División de comunidad sobre una edificación. Imposibilidad de transformar aquélla en propiedad horizontal.
En la Villa de Madrid, a trece de Julio de dos mil siete.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la resolución dictada en grado de apelación por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla de fecha 16, de mayo de 2.000, Rollo 9.000/98 (proveniente de los autos 119/98 del Juzgado nº 1 de Marchena), y al que le fue acumulado el Rollo 1.411/99 (proveniente de los Autos 71/97 del Juzgado nº 2 de mencionada ciudad), como consecuencia de los autos juicio declarativo de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Marchena, sobre división de cosa común; cuyo recurso ha sido interpuesto por Dª Cristina , representada por el Procurador D. Luis Fernando Granados Bravo; siendo parte recurrida Dª. Elisa , asimismo representada por el Procurador D. Julián del Olmo Pastor.
PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Marchena, fueron vistos los autos de juicio ordinario declarativo menor cuantía, instados por D. Jose Luis y Dª. Luisa , contra Dª. Cristina , sobre división de cosa común.
Por la parte actora se formuló demanda con arreglo a las prescripciones legales, alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando se dictase sentencia "declarando extinguido el condominio existente entre los actores y la demandada sobre la casa nº NUM000 de la CALLE 000 de la ciudad Arahal; declarando que la finca es esencialmente indivisible; acordando la venta en pública subasta de la finca con admisión de licitadores extraños, conforme al art. 1.062 del Código civil, repartiendo el precio por terceras partes iguales entre los comuneros, condenando a la demandada a estar y pasar por dicha declaración, con imposición de las costas a la parte demandada".
Admitida a trámite la demanda y emplazada la mencionada parte demandada, su representante legal la contestó oponiéndose a la misma, en base a los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando se dictase sentencia "por la que se declarase extinguido el condominio existente entre actores y demandada sobre la casa nº NUM000 y nº NUM000 de la CALLE 001 de la ciudad Arahal; se declare la divisibilidad de la finca en régimen de propiedad horizontal; que en ejecución de sentencia se proceda a efectuar la división de la finca sobre la base del proyecto de D. Rafael , adjudicándose cada uno de los tres lotes mediante sorteo y con las compensaciones en metálico que procedan; se condene a los actores a estar y pasar por estas declaraciones; y se condene a los actores al pago de las costas".- Por Providencia de fecha 23/5/97 se acordó dar traslado a la parte actora de la reconvención implícita formulada por la parte demandada, por término de 10 días, a fin de que contestara la misma, lo que así hizo.
Por la parte demandada se interesó la acumulación a estos autos de los que seguidos en el Juzgado nº 1 con el nº 119/98 , petición que fue rechazada, recurriendo la parte demandada en reposición la providencia de 29 de junio de 1.998, por la que se denegaba la acumulación. Resuelto el recurso, tal parte anunció recurso de apelación contra el Auto de fecha 4 de septiembre de 1.998 .
Por Auto de 13 de febrero de 1.998, el Juzgado accedió a la sustitución procesal de los actores por Dª. Elisa por transmisión a la misma de sus partes indivisas en la comunidad.
Auto de fecha 3 de noviembre de 1.998, dictado por el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Marchena, en autos 119/98 , con al siguiente parte dispositiva: "Que acogiendo la excepción de litispendencia alegada por la parte demandada en los presentes autos de menor cuantía seguidos ante este Juzgado a instancia de Dª. Cristina contra Dª. Elisa , debo acordar y acuerdo el sobreseimiento y archivo de las presentes actuaciones haciendo expresa condena en costas a la parte actora".
Por el Juzgado de 1ª Instancia de Marchena nº 2 (autos 71/97 ), se dictó Auto de fecha 8 de julio de 1.998 , con la siguiente parte dispositiva: En atención a lo expuesto, decido: Que desestimando el recurso de reposición interpuesto por la representación procesal de Dª. Cristina , debo confirmar y confirmo la providencia de fecha 7 de mayo de 1.998, la cual se mantiene en sus mismos términos; todo ello con expresa imposición de costas a la parte recurrente.
En los anteriormente mencionados autos se dictó Auto de fecha 4 de septiembre de 1.998 , con la siguiente parte dispositiva: En atención a lo expuesto, decido: Que desestimando el recurso de reposición formulado por la Procuradora D ª. María José Ortiz García en nombre y representación de Dª. Cristina , contra la providencia de fecha 29 de junio de 1.998, debo confirmar y confirmo la resolución recurrida, la cual se mantiene en todos sus términos; todo ello con imposición de costas a la parte recurrente.
SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de 1ª Instancia y contra Auto de 3 de noviembre de 1.998 (proveniente de los autos 119/98 del Juzgado nº 1 de Marchena) Rollo de Apelación 9.000/98 , y contra los Autos de fecha 8 de julio y 4 de septiembre de 1.998 , (proveniente de los Autos 71/97 del Juzgado nº 2 de mencionada ciudad), Rollo 1.411/99, ambos acumulados en la Audiencia ; por la representación de Dª. Cristina y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla con fecha 16, de mayo de 2.000 , dictó resolución con la siguiente parte dispositiva: "Que desestimamos los recurso de apelación interpuesto por la representación de Dª. Cristina , debemos confirmar y confirmamos íntegramente, las resoluciones objeto de este recurso con expresa imposición de costas de esta alzada a la parte apelante".
TERCERO.- El Procurador D. Procurador de los Tribunales D. Luis Fernando Granados Bravo, en nombre y representación de Dª Cristina , ha interpuesto recurso de casación contra la resolución dictada en grado de apelación por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla de fecha 16 de mayo de 2.000, con apoyo en los siguientes motivos: El primero, al amparo del art. 1.692.3º LEC, se subdivide en dos apartados: A) Por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. Acusa infracción del art. 513 LEC, 359 y 361 LEC y 11.3 LOPJ, por cuanto la sentencia ha omitido cualquier referencia a un documento aportado por la recurrente. También hay omisión del resultado de la prueba pericial practicada, solicitada por la recurrente, lo que determina una falta parcial de motivación de la sentencia, con infracción de los arts. 120.3 C .E. y 248.3 LOPJ.- Por infracción del art. 342 LEC y art. 24.1 C .E.- B ) Por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales habiéndose producido indefensión. Como tales señala; el que no se hubiese permitido a la recurrente la modificación de la súplica de su escrito de contestación a la demanda para adaptarla a la nueva situación creada, dentro ya del proceso en primera instancia, por la sustitución procesal de los actores por quien les compró sus partes indivisas; que no se le permitió la acumulación de la demanda que interpuso contra esta última; y que se aceptase en este último procedimiento una excepción de litispendencia cuando ya se había denegado la solicitud de acumulación de autos.- El motivo segundo, al amparo del art. 1.692.4º LEC [por error se dice en el recurso 1.693 ], acusa infracción de los arts. 401.1 y 3, 402, 404 y 406 C .c ., y art. 8.4 L .H . y art. 22, párrafo a) de la Ley del Suelo 6/1.998 .
CUARTO.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido para impugnación, el Procurador D. Julián del Olmo Pastor, en representación de la parte recurrida presentó escrito con oposición al mismo.
QUINTO.- No habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 3 de julio de 2.007, en que ha tenido lugar.
PRELIMINAR.- D. Jose Luis y Dª. Luisa demandaron por las reglas del juicio declarativo ordinario a su hermana Dª. Cristina , solicitando que se declarase: (i) extinguido el condominio existente entre actores y demandada sobre la casa nº NUM000 de la CALLE 000 de la ciudad de Arahal; (ii) que la finca es indivisible; (iii) que se proceda a la venta en pública subasta con admisión de licitadores extraños, conforme al art. 1.062 C .c ., repartiendo entre los comuneros el precio que se obtenga por iguales terceras partes.
La demandada Dª. Cristina solicitó su contestación a la demanda que se declarase divisible la finca, y que en ejecución de sentencia se procediese a su división, sobre la base del Proyecto del Perito D. Rafael , con adjudicación a cada comunero de uno de los tres lotes mediante sorteo y con las compensaciones en metálico que fueran procedentes, ordenándose realizar las correspondientes escrituras de obra nueva en construcción y de propiedad horizontal.
El Juzgado de Primera Instancia estimó íntegramente la demanda con imposición de costas a la demandada. Se basó en la importancia de las obras a realizar para la división horizontal del edificio; en el importe económico de las mismas, que supondría para la actora unos gastos excesivos, que incluso podría hacer antieconómica la adaptación; y que las Normas Subsidiarias de Urbanismo del Ayuntamiento representarían un importante obstáculo también al estar catalogada la finca en comunidad en grado 4 en el catálogo de elementos arquitectónico de interés histórico-artístico.
Apelada la sentencia, la Audiencia confirmó la sentencia apelada y otras resoluciones que también lo fueron.
Contra la resolución de la Audiencia ha interpuesto recurso de casación Dª. Cristina .
PRIMERO.- El motivo primero, al amparo del art. 1.692.3º LEC, se subdivide en dos apartados:
A) Por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. Acusa infracción del art. 513 LEC, 359 y
361 LEC y 11.3 LOPJ, por cuanto la sentencia ha omitido cualquier referencia a un documento aportado por la recurrente. También hay omisión del resultado de la prueba pericial practicada, solicitada por la recurrente, lo que determina una falta parcial de motivación de la sentencia, con infracción de los arts. 120.3 C .E. y 248.3 LOPJ.
Por último, acusa infracción del art. 342 LEC y art. 24.1 C .E . por cuanto no se dio traslado a la recurrente de aquel resultado de la prueba pericial para que la recurrente se pronunciase sobre su alcance e importancia, con lo que se ha producido indefensión.
El motivo se desestima porque el sistema de valoración conjunta de la prueba impide que la misma se fracture, y que haya de ser objeto de análisis y pronunciamiento cada parte. Además, el documento señalado por la recurrente carece absolutamente de trascendencia para la cuestión debatida, que reside en la declaración sobre la divisibilidad o indivisibilidad del objeto sobre el que recae una comunidad formada por la parte actora y demandada. El que nunca se hubiese efectuado una opción de compra sobre el inmueble por una determinada sociedad (que es a lo que se reduce aquel documento) en nada afecta la controversia. Además únicamente contiene la declaración de una persona jurídica de que nunca ha hecho una oferta de compra por el inmueble.
La falta de motivación parcial (dice la recurrente) de la sentencia no es atendible, pues "procede recordar que el Tribunal Constitucional ha establecido que la exigencia constitucional de motivación no impone ni una argumentación extensa, ni una respuesta pormenorizada, punto por punto, a cada una de las alegaciones de las partes, sino que la respuesta judicial esté argumentada en Derecho y que se anude con los extremos sometidos por las partes a debate (STC numero 101/92, de 25 de junio ), y que sólo una motivación que, por arbitraria, deviniese inexistente o extremadamente formal quebrantaría el artículo 24 de la Constitución (STC número 186/92, de 16 de noviembre ). Por otra parte, esta Sala no excluye una argumentación escueta y concisa (STS de 5 de noviembre de 1.992 ), y considera motivación suficiente que la lectura de la resolución permita comprender las reflexiones tenidas en cuenta por el Juzgador para llegar al resultado o solución contenido en la parte dispositiva (STS de 15 de febrero de 1.989 ), o se expresen las razones de hecho y de derecho que las fundamentan, es decir, el proceso lógico-jurídico que conduce a la decisión o fallo (SSTS 30 de abril de 1.991 y 7 de marzo de 1.992 )".
Por último, se desestima la alegada indefensión, pues no consta en autos que la recurrente hubiese pedido la subsanación de la falta la primera instancia donde se produjo, ni consta en la sentencia recurrida ninguna denuncia sobre el particular en la apelación.
B) Por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales habiéndose producido indefensión. Como tales señala; el que no se hubiese permitido a la recurrente la modificación de la súplica de su escrito de contestación a la demanda para adaptarla a la nueva situación creada, dentro ya del proceso en primera instancia, por la sustitución procesal de los actores por quien les compró sus partes indivisas; que no se le permitió la acumulación de la demanda que interpuso contra esta última; y que se aceptase en este último procedimiento una excepción de litispendencia cuando ya se había denegado la solicitud de acumulación de autos.
Sin negar que el procedimiento origen de este recurso se han producido infracciones procesales, lo que sí resalta de todo lo actuado es que no ha existido absolutamente ninguna indefensión que pueda dar motivo a la casación de la sentencia. En efecto, la falta de aquella adaptación fue suplida por la propia recurrente, que demandó en distinto procedimiento a la compradora de las partes indivisas de los actores, en cuya demanda ya se pidió lo que consideró conveniente para la nueva situación fáctica y jurídica. La negativa a acumular estos últimos autos a los primitivos, ni impidió la continuación de éstos, ni impidió a la recurrente seguir alegando lo procedente sin ningún obstáculo. Por último la estimación de la excepción de litispendencia se realizó de modo correcto por el Juzgado (sentencia de 19-IV-05 ), y no se explica en absoluto, como tampoco las acusaciones anteriores, en qué se ha producido indefensión a la recurrente, ya que como tal únicamente ha de considerarse la que origine un real y efectivo menos cabo del derecho de defensa de la parte procesal, un perjuicio de índole material que le impide defender sus derechos e intereses legítimos en la esfera del proceso jurisdiccional (STC 6/1.999, de 8 de febrero , y las que cita).
Por todo ello, todo el motivo primero se desestima.
SEGUNDO.- El motivo segundo, al amparo del art. 1.692.4º LEC [por error se dice en el recurso 1.693 ], acusa infracción de los arts. 401.1 y 3, 402, 404 y 406 C .c ., y art. 8.4 L .H . y art. 22, párrafo a) de la Ley del Suelo 6/1.998 .
Por lo que respecta a la presunta infracción de los preceptos de la legislación civil, el motivo se basa en que el edificio en comunidad es divisible, deduciendo de la prueba pericial sobre el valor del metro cuadrado en su situación que incluso es beneficiosa la división para los comuneros.
El motivo se desestima porque la consideración de si el edificio es o no susceptible de división parasalir de la situación de comunidad, mediante la creación de una propiedad horizontal como permite el párrafo 2º del art. 401 C .c ., es una cuestión de hecho de exclusiva apreciación de la Sala de instancia(sentencias entre otras, de 17-IV-86, 21-III-88, 10-V-90, 12-VII-93 ). Tal apreciación puede ver combatida en casación solamente cuando es irracional, arbitraria o incursa en un inequívoco error de hecho. Nada de ésto se hace aquí, sino que al hilo de la prueba pericial se sostiene que la adaptación del edificio a la propiedad horizontal no seria antieconómica. Es decir, lo que pretende la recurrente es que prevalezca su criterio sobre el objetivo de la Audiencia , obtenido tras una valoración de todo el material probatorio.
El motivo también combate la imposición de costas a la recurrente como parte demandada, alegando infracción del art. 523 LEC . Lo fundamenta básicamente su ausencia de temeridad y mala fe.
También ha de desestimarse este submotivo, porque la imposición de costas se ha realizado con estricto ajuste a lo ordenado por la ley, sin que en la instancia se hayan apreciado motivos excepcionales para no aplicación del criterio del vencimiento objeto. Por tanto, el fallo sobre costas de la sentencia recurrida no infringe ningún precepto, y no es infracción el que el juzgador no haya hecho uso de la potestad (que no obligación) de apreciar aquellas circunstancias.
Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por Dª Cristina contra la resolución dictada en grado de apelación por la Sección Sexta de la Audiencia Provincialde Sevilla de fecha 16 de mayo de 2.000 . Con condena en costas ocasionadas en este recurso a la recurrente. Con pérdida del depósito constituido. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia con devolución de los autos y rollo que remitió.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Xavier O'Callaghan Muñoz.-Antonio Salas Carceller.- Antonio Gullón Ballesteros.- Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Antonio Gullón Ballesteros, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el díade hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL
Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 18 de Abril de 2007. La titularidad de una parcela a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles no puede revisarse en vía económica-administrativa, ya que la disputa sobre titularidades dominicales pertenece al campo del Derecho Civil y la decisión última corresponde o la jurisdicción civil.
¿SABIAS QUE LA FIJACIÓN DE NUEVAS CUOTAS EN LA PROPIEDAD HORIZONTAL
REQUIERE PARA INSCRIBIRSE EL CONSENTIMIENTO INDIVIDUALIZADO
EN ESCRITURA PUBLICA DE TODOS LOS PROPIETARIOS?
LA FIJACIÓN DE NUEVAS CUOTAS EN LA PROPIEDAD HORIZONTAL REQUIERE ACUERDO INDIVIDUAL DE LOS PROPIETARIOS. R. 19 de abril de 2007, DGRN. BOE de 1 de junio de 2007. Comunidad de Propietarios – Registro de Jávea.
Se plantea si, para la modificación de las cuotas de participación en la comunidad que se establecieron en el título constitutivo del régimen de propiedad horizontal, basta la ejecución del acuerdo unánime de la Junta de Propietarios por el presidente, o es necesario que conste en documento público el consentimiento individualizado de todos los propietarios, como sostiene el Registrador.
La Dirección parte de la distinción entre acuerdos que tienen el carácter de actos colectivos, que no se imputan a cada propietario singularmente sino a la junta como órgano comunitario y aquellos otros actos que, por afectar al contenido esencial del derecho de dominio, requieren el consentimiento individualizado de los propietarios correspondientes, el cual habría de constar mediante documento público para su acceso al Registro; y a continuación repasa diferentes casos en los que ha considerado actos de Junta , que requieren la unanimidad de los propietarios en los términos previstos por el art. 17.1 LPH y que, por tanto, no requieren la prestación del consentimiento individualizado de los titulares registrales, como son: la desafectación y venta de determinados elementos comunes (RR. de 04.03.2004, 23.03.2005 y 30.11.2006); la vinculación ob rem de los trasteros a las viviendas, como anejos (R. de 31.03.2005) o determinada modificación de los estatutos (R. 05.07.2005). Y casos que requieren consentimiento individualizado en escritura pública de los propietarios, titulares registrales y de sus cónyuges, como son: la determinación de la superficie y demás elementos identificadores del trastero que corresponde a cada uno de los pisos (R. 12.12.2002) o la conversión de un elemento privativo en común (R. 23.06.2001).
En el caso planteado , para decidir si este acto concreto entra o no en ese ámbito de competencias de la Junta de Propietarios como acto colectivo de la misma, hay que tener en cuenta lo que la cuota de participación representa en el régimen de propiedad horizontal, y aunque dicha cuota puede tener diversas aplicaciones, tales como señalar la proporción en la propiedad total del edificio o en la distribución de gastos y cargas, y ni en la LH ni en la LPH se hace referencia a la existencia de una cuota que fije la participación de cualquier propietario en los elementos comunes, es precisamente la proporción del interés de los propietarios en estos elementos la que reviste mayor importancia, pues determinará su participación en los nuevos locales en caso de elevación del edificio, o en el solar si aquél se destruye, y si se extinguiese el régimen de propiedad horizontal, esa cuota de participación en relación con el total valor del inmueble se traduciría en una cuota de liquidación en consonancia con la de participación fijada (R. 5.5.1970). De ahí que las modificaciones de la misma, y salvo en casos como la desafectación de elementos comunes y subsiguiente venta de los mismos, que implican reajuste proporcional de las demás cuotas (RR de. 05.05.1970 y 15.06.1973) o la creación de nuevos pisos o locales, siempre que de ello tampoco resulte alterado el contenido esencial del derecho de cada propietario , en tanto en cuanto afectan al contenido esencial del derecho de dominio, habrán de realizarse con el consentimiento individual y singular de todos los propietarios afectados en escritura pública . (MN)
PDF (3 págs. - 122 KB.)
Resolución-Circular DGRN de 26-7-2007
resolviendo consulta de la Asociación de Promotores Constructores de España sobre el articulo 19 de la Ley 8/2007, de 27 de mayo, de Suelo
En virtud de escrito de fecha 30 de Mayo de 2007, Don Manuel Martí Ferré, Secretario General de la Asociación de Promotores Constructores de España, consulta a este Centro Directivo sobre los requisitos que a partir de la entrada en vigor de la recientemente aprobada Ley 8/2007, de 28 de Mayo, de Suelo, van a exigir Notarios y Registradores de la Propiedad a la hora de autorizar e inscribir, respectivamente, las declaraciones de obra nueva, tanto en construcción, como -en especial- en las terminadas.
Piden también aclaración sobre si los artículos 45 y siguientes del Real Decreto 1093/1997, de 4 de Julio, aprobando las normas complementarias al Reglamento Hipotecario sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, siguen vigentes, o si se entienden modificados.
Vistos el artículo el artículo 313 del Reglamento Notarial; los artículos 260 y 273 de la Ley Hipotecaria ; la nueva Ley 8/2007, de 28 de Mayo, de suelo (BOE 29 de Mayo); la Ley 38/1999, ce 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación ; y los artículos 45 y siguientes del Real Decreto 1093/1997, de 4 de Julio, aprobando las normas complementarias al Reglamento Hipotecario sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística; así como el art 4. 1 e) del Real Decreto 1475/2004, de 18 de Junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia.
Esta Dirección General acuerda resolver la consulta en los siguientes términos:
1°.- La entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de Mayo, de Suelo, no afecta a la vigencia de los artículos 45 y siguientes del Real Decreto 1093/1997, de 4 de Julio, aprobando las normas complementarias al Reglamento Hipotecario sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, ya que la citada Ley no los deroga expresa ni tácitamente, ni es incompatible con ellos, como tampoco lo fue la Ley 6/1998.
2°.- El artículo 19 de la nueva Ley 8/2007, regulador de los requisitos que notarios y registradores tienen que exigir al autorizar o inscribir declaraciones de obra nueva en construcción o terminadas, sigue manteniendo el mismo criterio de necesaria intervención de notarios y registradores en el control preventivo de las licencias administrativas que conlleva la edificación, en términos similares -aunque no idénticos- al artículo 22 de la Ley 6/1998, de 13 de Abril.
3°.- En concreto, los Notarios deben seguir testimoniando en la escritura y los Registradores seguir exigiendo para la inscripción, en los términos exigidos en los Artículos 45 y siguientes del Real Decreto 1093/1997, de 4 de Julio, la licencia administrativa o en su caso la autorización específica exigida para la edificación por la legislación territorial o urbanística, sea de forma expresa o por silencio administrativo. Tampoco existen cambios respecto del certificado del técnico competente acreditativo de que la descripción de la obra -en las obras nuevas en construcción- se ajusta al proyecto que haya sido objeto de esa licencia; o -en las obras nuevas construidas- de que ha finalizado conforme a la descripción del proyecto para el que se obtuvo licencia, que igualmente debe ser testimoniado en las escrituras públicas y acreditado al Registrador.
4°.- Tan sólo podemos señalar dos modificaciones que se han producido en el régimen contemplado en el del Real Decreto 1093/1997, de 4 de Julio, aprobando las normas complementarias al Reglamento Hipotecario sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística: una derivada de la Ley 4/1999, de 13 de Enero, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y otra derivada de la nueva Ley 8/2007, de 28 de Mayo, de Suelo.
5°.- En efecto, en cuanto al silencio administrativo, el artículo 43 de la Ley 30/1992 tras la reforma por Ley 4/199 prevé ahora como regla general el silencio positivo, exceptuándose sólo cuando una norma con rango de Ley o norma comunitaria europea establezca lo contrario. Se exceptúan de la regla general de silencio positivo lógicamente los procedimientos de ejercicio del derecho de petición, los de revisión de actos administrativos y disposiciones generales, los iniciados de oficio, y los procedimientos de los que pudiera derivarse para los solicitantes o terceros la adquisición de facultades sobre el dominio o servicio público.
En consecuencia se suprime la certificación de actos presuntos que, como es sabido, permitía a la Administración , una vez finalizados los plazos para resolver y antes de expedir la certificación o que transcurriera el plazo para expedirla, dictar un acto administrativo expreso aun cuando resultara contrario a los efectos del silencio ya producido. Y por eso la dicción del artículo 48.2 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de Julio, hoy en día debe interpretarse a la luz del nuevo precepto. En consecuencia, el silencio administrativo positivo producirá un verdadero acto administrativo eficaz, que la Administración pública sólo podrá revisar de acuerdo con los procedimientos de revisión establecidos en la Ley.
La posibilidad de acreditarse ante el Notario y ante el Registrador la concesión de licencias de segregación y obra nueva por silencio administrativo positivo, una vez que se acredite que ha transcurrido el plazo de tres meses para que la administración resuelva sobre la solicitud del interesado, ha sido sostenida por esta Dirección General reiteradamente, admitiendo incluso como forma de acreditación no sólo la certificación del silencio positivo por la propia Administración, sino también la resolución administrativa expresa -aunque fuera denegatoria- producida fuera de plazo (Resoluciones de 27, 28 y 31 de mayo, 7, 9 y 10 de septiembre de 2002 y 17 de junio de 2004, 5 de Octubre de 2005).
6°.- Respecto de la nueva Ley 8/2007, la única novedad reseñable respecto del régimen del Real Decreto 1093/1997, es que se exige en la declaración de obras nuevas terminadas (lógicamente también en las actas de finalización de obras) que se acredite documentalmente el cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legislación reguladora de la edificación para la entrega de ésta a sus usuarios.
Esto significa que no se autorizarán por los Notarios ni se inscribirán por los Registradores de la Propiedad escrituras públicas de declaración de obra nueva terminada o actas de finalización de obra de edificaciones sujetas a la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación (en lo sucesivo LOE) sin que se les acrediten tanto el seguro decenal regulado en el artículo 19 de la citada Ley, como los demás requisitos documentales exigidos por esa ley para la entrega al usuario. Tal documentación no es otra que el Libro Edificio a que se refiere el artículo 7 de la LOE. En él se integraran el proyecto, la identificación de los agentes intervinientes, licencias, y demás requisitos exigidos por el citado artículo 7 de la ley 38/1999 y en su caso los demás requisitos exigidos por la legislación autonómica como integrantes del mismo.
7°.- A los efectos del párrafo tercero del artículo 7 de la LOE , el promotor deberá depositar ante cualquier notario un ejemplar del Libro del Edificio, acompañado de la certificación del arquitecto director de la obra, acreditativo de que ése es el Libro correspondiente a la misma y que le ha sido entregado tal Libro al promotor. Dicho depósito deberá ser objeto de la correspondiente acta de depósito (artículo 216 y ss. del Reglamento Notarial).
8º.- El Notario deberá hacer constar en la correspondiente escritura, la existencia del Libro del Edificio y su disponibilidad para cumplir con su obligación de entregar un ejemplar del mismo a cada uno de los usuarios del edificio, de conformidad con lo dispuesto en el indicado párrafo tercero del artículo 7 de la LOE.
Madrid a 26 de julio de 2007
Obligación de todos, trabajo de nadie
En la Edad Media , el sistema de cuarto de baño en las casas de familias españolas no era tan común como ahora; de hecho, para satisfacer las primeras necesidades fisiológicas, las familias utilizaban lo que comúnmente se conoce por la bacinilla, o también escupidera.
Era algo cotidiano que por la mañana las señoras de la casa recogiesen los recipientes y vaciasen su contenido simplemente arrojándolo por la ventana a la calle, pues solo contenía liquido, pero eso si, ponían gran empeño en prevenir a los posibles transeúntes del peligro eminente, y a la vez que tiraban el orín gritaban "¡AGUA VA...!", costumbre que ha desaparecido pero que se ha trasladado de alguna forma a las Comunidades de Propietarios.
Los propietarios de los pisos bajos que tienen patios, o en las nuevas urbanizaciones que tienen jardín, se quejan continuamente, de que los vecinos de los pisos altos se deshacen de la basura de la forma más rápida posible; esto es, por la ventana.
Ocurre en algunas zonas de la ciudad, donde los propietarios, cansados tras una dura jornada laboral, prefieren arrojar los desperdicios de la comida por la ventana antes que bajar las escaleras hasta el contenedor. .
Como, habitualmente, no existe la certeza de quién es el causante de tanto desatino, no queda otra que llenar los buzones con circulares pidiendo un poco de sentido común, educación y cumplimiento de las normas, más simples, de convivencia. En la mayoría de los casos no se soluciona, pero eso si, las comunidades se llenan de circulares, pidiendo un poco de educación y el cumplimiento de la mas elemental norma de convivencia: NO ARROJAR DESPERDICIOS POR LA VENTANA.
Los patios van acumulando desperdicios que van desde la clásica bolsa de basura, hasta las pintorescas latas de conserva, judías, ropa, verdura, mondas de fruta, colillas de cigarrillos, etc., ¡en fin¡, que el patio se ha convertido en el contenedor de la basura de algunos, mal llamados, vecinos.
Aunque al final la vecina, sufridora, harta de soportar tanta suciedad en su patio, pone unas micro cámaras apuntando a las ventanas de sus convecinos hasta que consigue averiguar quien es el mas incívico de ellos. En ese momento se pasa de los antiguos gritos del "¡AGUA VA....!, a los insultos más soeces; ya se ha armado la guerra en la Comunidad., la vecina del bajo contraataca con todas sus fuerzas, llegando incluso a recoger los desperdicios con un recogedor, subir a la puerta de la casa del vecino, tocar el timbre, y dejar la basura en el felpudo del magnifico, limpio y pulcro vecino
Pero, el colmo de los colmos llega cuando en el edificio vive una persona o varias con el síndrome de Diógenes, en ese momento, ya no se ve solo la suciedad del patio que sufre la vecina del bajo, si no que toda la Comunidad de Propietarios vive encima de un estercolero, con lo que esto lleva aparejado: ratas, moscas, mosquito, cucarachas, etc....
" Nunca es largo el camino que
conduce a la casa de un amigo "

References: artículo 3
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 12
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 35
 artículo 88
 artículo 33
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 49
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 313
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 19
 artículo 22
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 43
 artículo 48
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 19
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7