Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2015/se201500307.html
Timestamp: 2019-03-20 23:33:54+00:00

Document:
se201500307
SENTENCIA: 307/2015.
EXPEDIENTE Nº: 88/2009.
PARTES: Servicio Eléctrico Potosí S.A. (SEPSA) contra la Superintendencia Tributaria General.
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por Servicios Eléctricos Potosí S.A. contra la Superintendencia General SIRESE, actualmente Ministerio de Hidrocarburos y Energía.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 41 a 45, impugnando la Resolución Administrativa Nº 1976 de 24 de diciembre de 2008; contestación a la demanda de fs. 102 a 106; la réplica de fs. 110 a 111; dúplica de fs. 114 a 117 y los anexos que contienen los antecedentes administrativos.
CONSIDERANDO I: Que Servicios Eléctricos Potosí S.A. en el plazo previsto en el art. 780 del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contencioso administrativa, expresando como antecedentes, que fueron notificados por la Superintendencia de Electricidad con Auto Nº 6975 de 19 de marzo de 2008, el 25 de marzo de 2008; mediante el referido Auto, se formulan cargos por infracción a los inc. j) y d) del art. 22 del Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS); ante ello se presentó descargos en fechas 7, 8 y 17 de abril de 2008, por lo que se dispuso el término de prueba, en el cual ejercieron su derecho; cerrado el mismo, mediante Resolución SSDE Nº 209/2008 de 2 de julio de 2008, la Superintendencia de Electricidad dispone sancionar con el 1.0 % de las ventas de electricidad sin impuestos indirectos, del último mes anterior a la comisión de la infracción, no conforme con la expresada Resolución, SEPSA interpone Recurso de Revocatoria el 11 de agosto de 2008, dando origen a la Resolución Nº SSDE Nº 244/2008 de 7 de agosto de 2008, por el cual se desestima el Recurso de Revocatoria, lo que motivó que SEPSA presentara Recurso Jerárquico el 25 de agosto de 2008, emitiendo la Superintendencia General, Resolución Administrativa Nº 1976 de 24 de diciembre de 2009, que confirma la Resolución SSDE Nº 265/2008 de 22 de agosto de 2008, y la Resolución SSDE Nº 244/2008 de 7 de agosto de 2008.
Respecto a los fundamentos de la Resolución Administrativa Nº 1976 de 24 de diciembre de 2008, impugnada por SEPSA, expresa que en la referida resolución no se refutó jurídicamente el art. 21. III de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que se habría demostrado la pertinencia del plazo de 5 días adicionales por la distancia. Otro fundamento de la resolución impugnada es que los recursos planteados fuera del término establecido, deben ser desestimados, citando los arts. 21 y 64 de la Ley de Procedimiento Administrativo, puesto que SEPSA fue notificada el 8 de julio de 2008 con la Resolución Nº 209/2008, y el plazo para interponer recurso de Revocatoria vencía el 23 de julio de 2008, y el sello de recepción del mismo es de 29 de julio, es decir fuera del plazo previsto, omitiendo con dichos argumentos lo expresado en el art. 21. III de la Ley de Procedimiento Administrativo, cosa distinta fuese si el recurso se habría interpuesto fuera de los 10 días y fuera del plazo de la distancia.
Manifiesta que la Superintendencia General tampoco realiza análisis de los argumentos expresados en el Recurso, respecto a la informalidad el Proceso Administrativo, puesto que los procesos administrativos son distintos a los procesos judiciales, limitándose a hacer mención al art. 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo.
Expresa el demandante, que la Ley de Procedimiento Administrativo tiene primacía frente al Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Sectorial – SIRESE, correspondiendo en consecuencia aplicar preferentemente el art. 21. III de la Ley Nº 2341, por ende, los que no tienen domicilio en la Sede de la Superintendencia de Electricidad, disponen de 5 días adicionales para la interposición de cualquier recurso.
Señala que respecto del principio de Informalismo, el Autor José Roberto Dromi, en su libro Derecho Administrativo, refiere que se trata de la excusación a favor del interesado, y que las exigencias formales no esenciales, por ende se pueden cumplir posteriormente, obligando a dar una interpretación benigna de las formalidades contenidas en el procedimiento, por tanto en aplicación a dicho principio y con base a la regla jurídica in dubio pro actione, el Recurso de Revocatoria contra la Resolución SSDE Nº 209/2008 de 2 de julio de 2008, fue interpuesto dentro del plazo.
Concluye su demanda solicitando se declare probada la demanda, y se revoque la Resolución Administrativa impugnada.
CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de 13 de abril de 2009 y corrida en traslado a la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial SIRESE, su representante legal Carlos Crispin Quispe Lima, por memorial de fs. 102 a 106, responde negativamente, expresando que en relación a la primacía de la Ley de Procedimiento Administrativo frente al Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Sectorial SIRESE, no niega la primacía de la ley frente a su reglamento, cuya aplicación esta íntimamente ligada a la aplicación de la ley, empero la interpretación efectuada por SEPSA respecto del alcance del art. 21 de la Ley Nº 2341, es errónea, puesto que la Resolución Administrativa Nº 1976 analiza la aplicación del art. 21. III de la Ley Nº 2341; por otra parte expresa que se debe tomar en cuenta lo expresado en el art. 26 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el SIRESE; continua expresando que el plazo de la distancia, no busca otra cosa que beneficiar a los alejados de sus domicilios, en tanto no puedan hacer recepciones de los actuados en sus domicilios, por lo cual los arts. 11 y 12 del DS Nº 24504 de 27 de febrero de 1997, reglamentario de la Ley Nº 1600, que establece que cada Superintendencia Sectorial puede establecer oficinas regionales.
Sostiene respecto al actuar de SEPSA, que se debe tener presente que en su primer memorial de respuesta a los cargos formulados de 8 de abril de 2008, señala domicilio en calle Colon Nº 150 Edificio Litoral de la ciudad de La Paz, por lo cual la Superintendencia procedió a notificar todos los actuados en el referido domicilio; otro aspecto a considerar es que la Superintendencia de Electricidad cuenta con una sede regional en el municipio de Potosí, en consecuencia a todo ello, se estableció que SEPSA fijó como domicilio la ciudad de La Paz, por lo que no correspondía dar el plazo de distancia; por otro lado, también contaba con la posibilidad de presentar su recurso en la oficina regional de la ex Superintendencia General existente en el municipio de Potosí, por lo que conforme se evidencia, la notificación a SEPSA con la resolución SSDE Nº 209/2008 de 2 de julio de 2008 fue realizada el 8 de julio de 2008, venciendo el plazo de diez días para el recurso de revocatoria, el 23 de julio de 2008, habiendo sido recepcionado el recurso el 29 de julio de 2008, dejando claro que el domicilio de SEPSA es en la ciudad de La Paz.
Con relación al principio de informalidad del procedimiento administrativo, no puede ser aplicado por negligencia de SEPSA, y pretender ser subsanado mediante el mismo, puesto que dicho principio de informalismo en la Administración Pública, tiene la responsabilidad de encauzar las peticiones del administrado, solicitudes como la errónea calificación de los recursos, citando este solo a manera de ilustración.
Concluye la respuesta a la demanda, solicitando se declare improbada y sea con costas.
CONSIDERANDO III: Que de la relación precedente se extrae que la controversia en la aplicación del art. 21. III de la Ley de Procedimiento Administrativo por parte de la Superintendencia General SIRESE.
Identificada la problemática, y teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución de la controversia en única instancia, es de exclusiva competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, por mandato del art. 6 de la Ley Nº 620 de Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativos, en concordancia con los arts. 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias acreditadas o no, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales, con relación a los hechos sucedidos en la fase administrativa, y realizar el control judicial de legalidad, para lo cual se deben realizar algunas puntualizaciones:
1.- El domicilio es aquel atributo de la personalidad que individualiza a la persona desde el punto de vista territorial, expresando la relación de derecho que obligatoriamente liga a dicha persona con el lugar preciso del territorio, en que ella debe y puede ser habida para sus relaciones jurídicas; así, en materia procesal se entiende al domicilio procesal, como el lugar donde se practicarán válidamente las actuaciones dentro de un proceso, ya sea éste administrativo o judicial, en caso de tratarse de procesos judiciales éste domicilio se halla normalmente en juzgados o tribunales, en caso de procedimientos administrativos éste se encuentra en el lugar que hubiere sido fijado por el administrado en su primera actuación, dentro del Municipio donde se halla el órgano administrativo y en su defecto en sede administrativa, entendiéndose así las oficinas de la administración; la importancia del domicilio procesal radica en la necesidad de cumplimiento de los principios administrativos de economía, simplicidad, celeridad, sometimiento pleno a la ley, buena fe y de eficacia.
2.- La interpretación de las normas debe ser sistemática, siguiendo los principios de supremacía constitucional y de jerarquía normativa. En ese sentido, el art. 21. III de la LPA, señala expresamente que se tomará en cuenta el término de la distancia a favor de "...personas que tengan su domicilio en un Municipio distinto al de la Sede de la Entidad Pública..." (las negrillas son nuestras); a continuación el art. 33 del mismo cuerpo legal establece que las notificaciones se realizarán en el lugar que el administrado haya "...señalado expresamente como domicilio a este efecto..." (las negrillas son nuestras); y que a falta de señalamiento de domicilio, las notificaciones se practicarán válidamente por secretaria; finalmente en este mismo sentido dispone el art. 26 del RLPA, para el Sistema de Regulación Sectorial, SIRESE, que expresa claramente que los administrados"...fijarán domicilio procesal en la primera actuación en la que intervengan...". (las negrillas son nuestras); este domicilio deberá estar ubicado dentro del radio urbano del municipio donde tenga su asiento la Superintendencia u oficina regional, por lo que si no se hubiera fijado el domicilio en el escrito y no constare el mismo en registro, se realizarán las actuaciones válidamente en secretaría.
3.- En cuanto al plazo para recurrir de revocatoria, éste se halla regulado por el art. 64 de la LPA, que señala: "El recurso de revocatoria deberá ser interpuesto por el interesado ante la autoridad administrativa que pronunció la resolución impugnada, dentro del plazo de diez (10) días siguientes a su notificación."; norma concordante con lo establecido por el art. 89 del DS Nº 27172 que dispone: "I. El Superintendente Sectorial resolverá el recurso de revocatoria en un plazo de treinta (30) días, prorrogables por otros treinta (30) días en caso de apertura de un término de prueba. Si el término de prueba es abierto de oficio, el auto de apertura deberá fundamentarse en las razones que lo justifican.", estableciendo así el plazo en que deberá ser presentado el recurso de revocatoria.
4.- Respecto al principio de Informalismo, Juan Carlos Cassagne, en su libro Derecho Administrativo Tomo II pg. 53, refiere: “…el principio de informalismo a favor del administrado, excusando a los interesados de la inobservancia “de exigencias formales no esenciales y que pueden cumplirse posteriormente”. (las negrillas son nuestras) “Además, adviértase que la excusación lo es solo respecto de las “formas no esenciales”, concepto que integra tanto las irregularidades intrascendentes como las nulidades relativas.
Ahora bien de la revisión de los antecedentes, se evidencia que por Auto Nº 6975 de 19 de marzo de 2008 (fojas 22 Anexo), la Superintendencia formuló cargos a SEPSA, por lo cual SEPSA mediante memorial recibido el 8 de abril de 2008, responde a los cargos formulados y en el Otrosí 3 señala: “Domicilio.- Como domicilio procesal, señalo a las oficinas de la Cámara Boliviana de Electricidad. Ubicada en calle Colon Nº 150. Edificio Litorial. Piso 7º. La Paz – Bolivia.”; la referida respuesta, viene a ser la primera actuación dentro del procedimiento, conforme señala el art. 26 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo para el SIRESE, asimismo, el ahora demandante, señaló el mismo domicilio posteriormente en los memoriales recibidos en fechas 9 de abril de 2008, 18 de abril de 2008 y 20 de mayo de 2008, los cuales fueron ratificados en los respectivos decretos.
Que después del término probatorio mediante RA 209/2008 de 2 julio de 2008, se declaran probadas las infracciones cometidas por SEPSA y se sanciona con el 1% del valor de ventas de electricidad (fojas 230 a 242 de anexo), resolución que es notificada el 8 de julio de 2008, conforme la papeleta de notificación de fojas 243 (anexo), por lo que SEPSA presenta Recurso de Revocatoria recibido el 29 de julio de 2008, fuera del término establecido en el art. 64 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Con lo referido, se tiene que al haber señalado la entidad demandante domicilio procesal en su primera actuación, en las oficinas de la Cámara Boliviana de Electricidad, situado en la calle Colón Nº 150 de la ciudad de La Paz, no puede invocar a su favor la consideración del plazo de la distancia, como solicita y tampoco la aplicación del art. 21. III de la LPA, toda vez que dicha normativa expresamente señala que se tomará en cuenta el término de la distancia a favor de las personas que tengan su domicilio en un Municipio distinto al de la sede de la Entidad Pública, lo cual no ocurrió en el presente caso, porque el domicilio procesal que señaló el demandante se encuentra en el mismo Municipio donde está la entidad pública (ciudad de La Paz); por lo que al haberse realizado la notificación el 8 de julio de 2008 con la Resolución SSDE Nº 209/2008, de acuerdo a lo establecido por el art. 33 de la LPA, el plazo para interponer el recurso de revocatoria, empezó a correr al día siguiente hábil, y siendo la presentación del recurso el 29 de julio de 2008, fue correcta la valoración de haberse presentado extemporáneamente, ya que como se dijo anteriormente, solo se tenía el plazo de 10 días administrativos, sin el plazo de 5 días de la distancia.
Finalmente, la interpretación que hace la demandante en relación con la aplicación del principio de informalidad, sobre la base de la regla jurídica in dubio pro actione, como la interpretación flexible y más favorable en en cuanto beneficie al administrado, no es correcta, por cuanto los plazos procesales no son discutibles ni de aplicación discrecional u optativa, más al contrario, son de cumplimiento obligatorio y fatales en su cómputo, más aún si se considera que la comprensión de la frase latina referida, tiene aplicación primero, en cuanto exista duda; y segundo, su aplicación está relacionada con el derecho de acción, más allá de las dificultades de orden formal, v. gr. un error en el caratulado de la carpeta o expediente, por el que se condicione la presentación de un trámite, siendo que en la especie no existe duda acerca del domicilio del demandante, y menos aún del plazo vencido para la interposición del recurso de revocatoria.
Que este Tribunal concluye que con la presentación extemporánea del Recurso Jerárquico que conllevó su rechazo, no se permitió a la máxima autoridad administrativa analizar el fondo de la impugnación, quedando firmes las Resoluciones inferiores de la Superintendencia Sectorial, aspecto que libera al Tribunal Supremo de Justicia de pronunciarse sobre este tema, no habiendo demostrado el demandante cuestiones adversas que se sostienen en el fundamento del rechazo del Recurso Jerárquico.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, en relación con el 780 del Código de Procedimiento Civil y 94 del DS Nº 27172, falla en única instancia, declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 41 a 45 interpuesta por Servicios Eléctricos Potosí S.A., en consecuencia mantiene subsistente y con total validez la Resolución Administrativa Nº 1976 de 24 de diciembre de 2008, dictada por el Superintendente General del Sistema de Regulación Sectorial, SIRESE, ahora Dirección General de Control y Fiscalización, dependiente del Ministerio de Hidrocarburos y Energía.

References: Resolución 
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in dubio
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