Source: https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-regimen-departamental-42856544
Timestamp: 2020-01-28 03:21:28+00:00

Document:
Código de Régimen Departamental(Decreto 1222 de 1986) - Estatal - Códigos - Legislación - VLEX 42856544
TÍTULO I. Del departamento como entidad territorial y sus funciones - arts. 2 a 7
TÍTULO II. De las condiciones para su creación, deslinde y amojonamiento - arts. 8 a 15
TÍTULO III. De la planeación departamental y coordinación de funciones nacionales - arts. 16 a 25
TÍTULO IV. De las asambleas
CAPÍTULO I. De su organización y funcionamiento - arts. 26 a 41
CAPÍTULO II. De los diputados - arts. 42 a 59
CAPÍTULO III. De las atribuciones y prohibiciones generales de las asambleas - arts. 60 a 71
CAPÍTULO IV. De las ordenanzas - arts. 72 a 88
TÍTULO V. De los gobernadores y sus funciones - arts. 89 a 102
TÍTULO VI. De los bienes y rentas departamentales
CAPÍTULO I. De los bienes - arts. 103 a 108
CAPÍTULO II. De las rentas - arts. 109 a 210
TÍTULO VII. De los contratos - arts. 211 a 230
TÍTULO VIII.D. el personal - arts. 231 a 243
TÍTULO IX. Del control fiscal - arts. 244 a 251
TÍTULO X. De las entidades descentralizadas
CAPÍTULO I. De las definiciones, clasificación y creación - arts. 252 a 262
CAPÍTULO II. De las funciones y tutela gubernamental - arts. 263 a 275
CAPÍTULO III. De la direccion y estructura - arts. 276 a 287
CAPÍTULO IV. De las inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades - arts. 288 a 303
CAPÍTULO V. Del régimen de personal y de los actos y contratos - arts. 304 a 315
CAPÍTULO VI. De los bienes y del control fiscal - arts. 316 a 320
CAPÍTULO VII. De otras disposiciones - arts. 321 a 326
TÍTULO XI. De los convenios interdepartamentales - arts. 327 a 329
TÍTULO XII. De las disposiciones varias - arts. 330 a 340
Norma citada en: 944 sentencias, 50 artículos doctrinales, 14 disposiciones normativas, 8 noticias
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 3a. de 1986 y oída la Comisión Asesora a que ella se refiere,
El Código de Régimen Departamental comprende los siguientes títulos: El Departamento como entidad territorial y sus funciones; Condiciones para su creación, deslinde y amojonamiento; Planeación departamental y coordinación de funciones nacionales; Asambleas; Gobernadores y sus funciones; Bienes y rentas departamentales; Contratos; Personal; Control fiscal; Entidades descentralizadas; convenios interdepartamentales y disposiciones varias.
TÍTULO I Del departamento como entidad territorial y sus funciones Artículos 2 a 7
Son entidades territoriales de la República los Departamentos, las Intendencias, las Comisarías y los Municipios o Distritos Municipales, en que se dividen aquéllos y éstas. (Artículo 5o., inciso 1o., de la Constitución Política).
La Nación, los Departamentos y los Municipios son personas jurídicas.
Fuera de la división general del territorio habrá otras dentro de los límites de cada Departamento, para arreglar el servicio público.
Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones:
Los Departamentos tendrán independencia para la administración de los asuntos seccionales, con las limitaciones que establece la Constitución, y ejercerán sobre los Municipios la tutela administrativa necesaria para planificar y coordinar el desarrollo regional y local y la prestación de servicios, en los términos que las leyes señalen. (Artículo 182, inciso 1o, de la Constitución Política)
Artículo citado en: 9 sentencias, un artículo doctrinal, una noticia
TÍTULO II De las condiciones para su creación, deslinde y amojonamiento Artículos 8 a 15
La ley podrá decretar la formación de nuevos Departamentos, desmembrando o no las entidades existentes siempre que se llenen estas condiciones.
Artículo derogado por el artículo 14 de la Ley 1447 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.095 de 9 de junio de 2011.
Artículo modificado por el artículo 29 de la Ley 962 de 2005, publicada en el Diario Oficial No. 45.963 de 08 de julio de 2005
Artículo modificado por el Artículo 57 del Decreto 266 de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 43.906 del 22 de febrero de 2000.
Artículo modificado por el artículo 113 del Decreto 1122 de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 43.622 del 29 de junio de 1999.
Este texto corresponde al Artículo 1 de la Ley 62 de 1939
Corte Constitucional: - El Decreto 266 fue 1999 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1316-2000 del 26 de septiembre de 2000, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria. A partir de su promulgación.
Artículo modificado por el artículo 58 del Decreto 266 de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 43.906 del 22 de febrero de 2000.
Artículo modificado por el artículo 114 del Decreto 1122 de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 43.622 del 29 de junio de 1999.
Artículo modificado por el artículo 30 de la Ley 962 de 2005, publicada en el Diario Oficial No. 45.963 de 08 de julio de 2005
Artículo modificado por el artículo 59 del Decreto 266 de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 43.906 del 22 de febrero de 2000.
Artículo modificado por el artículo 115 del Decreto 1122 de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 43.622 del 29 de junio de 1999.
Los propietarios están en la obligación de dar libre entrada a sus fincas a los ingenieros del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" y en general a los funcionarios encargados del establecimiento y conservación del catastro nacional, debidamente autorizados. Deben también conservar bajo su responsabilidad, los puntos fijos, señales u otras referencias indispensables a las operaciones topográficas y catastrales, localizadas en sus propiedades.
Cuando sobre los nombres de los principales detalles topográficos no haya acuerdo, las entidades competentes darán la solución definitiva al ratificar los límites.
TÍTULO III De la planeación departamental y coordinación de funciones nacionales Artículos 16 a 25
Los Senadores y los Representantes tendrán voz en los organismos departamentales de planeación que organice la ley. (Artículo 186 de la Constitución Política).
La vinculación y armonización entre la planeación nacional y la planeación regional, distrital, metropolitana o municipal utilizará, entre otros, los siguientes medios:
Las oficinas departamentales, municipales, distritales o metropolitanas de planeación;
Los Consejos Departamentales de Planeación;
Los programas de descentralización económica y administrativa;
Los programas de inversión de las Corporaciones Autónomas Regionales, y
Los proyectos específicos de inversión económica y social que promuevan la descentralización.
Los Consejos Departamentales de Planeación tendrán como finalidad primordial asegurar la participación y el desarrollo regional dentro del contexto del plan nacional y promover las políticas de descentralización.
Los Consejos Departamentales de Planeación estarán integrados por:
El Gobernador del Departamento quien lo presidirá;
Tres diputados elegidos por la Asamblea Departamental para períodos de dos años;
El Alcalde de la ciudad capital o del área metropolitana;
El jefe de la Oficina de Planeación del Departamento;
El director de la Corporación Autónoma Regional que ejerza actividades en el Departamento;
Los directores o gerentes de las dependencias regionales de las entidades nacionales a los cuales extienda invitación oficial al Gobernador, y
Dos representantes de las fuerzas económicas y sociales del Departamento, designados por el Gobernador de ternas que solicite a las agremiaciones de mayor importancia y significación regional.
Son funciones específicas de los Consejos Departamentales de Planeación, las siguientes:
Adelantar permanente labor de coordinación entre los distintos organismos y oficinas de planeación y con las entidades de carácter nacional que operen en la zona;
Procurar la coordinación en la torna de decisiones de carácter regional por parte de las entidades nacionales, según lo determine el Gobierno Nacional;
Coordinar, a nivel regional, la acción gubernamental con la de las fuerzas económicas y sociales;
Promover y analizar planes y proyectos de desarrollo regional y presentarlos a consideración de los organismos nacionales de planeación, si fuere el caso;
Evaluar las iniciativas locales antes de que sean presentadas formalmente a los organismos nacionales de planeación y hacer conocer sus conceptos sobre los proyectos que estos últimos organismos consideren con la intención de incorporarlos en el Plan Nacional;
Contribuir a la configuración de los planes nacionales de desarrollo;
Realizar audiencias, cuyos detalles se registrarán en actas, para conocer la opinión de las fuerzas económicas y sociales sobre los problemas, objetivos y prioridades locales o nacionales pero con efecto en la respectiva región;
Enviar información periódica al Departamento Nacional de Planeación y a la Comisión permanente del Plan sobre la ejecución del Plan Nacional en el área respectiva y hacerles conocer programas y opiniones que consideren útiles, inclusive aquellos que faciliten y aceleren la descentralización, e
Los Gobernadores promoverán y coordinarán la ejecución de los planes y programas que hayan de cumplirse en los Departamentos por las oficinas o dependencias de la Administración Nacional.
Para el cumplimiento de las funciones previstas en el artículo anterior, el Gobierno Nacional creará comités presididos por el respectivo Gobernador e integrados por los jefes o directores de las oficinas seccionales de los Ministerios y de los organismos adscritos o vinculados a cada uno de éstos.
Corresponde a los comités que se creen conforme al artículo anterior:
Reunir y analizar la información básica del respectivo sector administrativo elaborar los diagnósticos correspondientes;
Colaborar con el correspondiente Ministerio en el impulso, coordinación y evaluación de las políticas y programas de su competencia;
Informar sobre los avances logrados en la ejecución de los programas, hacer recomendaciones para los ajustes periódicos que se requieran y sugerir las medidas aconsejables para lograr la debida ejecución de los mismos;
Recomendar fórmulas y mecanismos que coordinen e integren la prestación de los servicios que se hallen a cargo de la Nación, de los Departamentos y de los Municipios o de sus entidades;
Determinar las funciones y servicios cuya atención o prestación puedan, a su juicio, delegarse por parte de la Administración Nacional en los Departamentos y Municipios;
Estudiar los demás asuntos administrativos que consideren de importancia o que se les hayan señalado en el acto de su creación.
En los decretos que organicen los comités aquí previstos se determinará la oficina o entidad departamental encargada de prestar los servicios de secretaria técnica y administrativa necesarios para su normal funcionamiento.
ARTÍCULO 25 A las deliberaciones de los comités puede ser invitados funcionarios de reparticiones administrativas distintas de las que hagan parte de los mismos.
TÍTULO IV De las asambleas Artículos 26 a 88
CAPÍTULO I De su organización y funcionamiento Artículos 26 a 41
En cada Departamento habrá una corporación administrativa de elección popular, que se denominará Asamblea Departamental, integrada por no menos de quince ni más de treinta miembros, según lo determine la ley, atendida la población respectiva. El número de suplentes será igual al de los principales y reemplazarán a éstos en caso de falta absoluta o temporal, según el orden de colocación en la respectiva lista electoral. (Artículo 185, inciso 1o. de la Constitución Política).
Corte Constitucional - Artículo declarado EXEQUIBLE, salvo “integrada por no menos de quince ni más de treinta miembros, según lo determine la ley, atendida la población respectiva. El número de suplentes será igual al de los principales y reemplazarán a éstos en caso de falta absoluta o temporal, según el orden de colocación en la respectiva lista electoral.” que se declara INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-571-04 de 8 de junio de 2004, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil. La declaratoria de INEXEQUIBILIDAD surte efectos a partir de la expedición de la Constitución de 1991.
Para determinar el número de Diputados de que se componen las Asambleas Departamentales, dentro de los límites señalados por el artículo 185 de la Constitución, se aplicarán las reglas siguientes: Los Departamentos que no lleguen actualmente a 300.000 habitantes, tendrán Asambleas de 15 Diputados y aquellos que pasen de dicha población, elegirán uno más por cada 150.000 habitantes adicionales o fracción no inferior a los 75.000 hasta completar el máximo de 30.
Las Asambleas se reunirán ordinariamente cada año en la capital del Departamento, por un término de dos (2) meses. Los Gobernadores podrán convocarlas a sesiones extraordinarias para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que ellos les sometan.
Las Asambleas Departamentales se reunirán ordinariamente en la capital del Departamento y en el recinto señalado oficialmente para tal efecto, del 1o. de octubre al 30 de noviembre de cada año.
Corte Constitucional - Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-571-04 de 8 de junio de 2004, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil. La declaratoria de INEXEQUIBILIDAD surte efectos a partir de la expedición de la Constitución de 1991.
En el Congreso Pleno, en las Cámaras y en las comisiones permanentes de éstas, las decisiones se tomarán por la mitad más uno de los votos de los asistentes, a no ser que la Constitución exija expresamente una mayoría especial.
Las Asambleas expedirán el respectivo reglamento para su organización y funcionamiento.
Los actos que dicten las Asambleas Departamentales para arreglar el curso de sus trabajos y que se denominan reglamentos, sufrirán sólo dos debates: el primero general, y el segundo en los términos indicados por la ley para el segundo debate de los proyectos de ordenanza, y no necesitarán de la sanción ejecutiva.
Artículo citado en: 5 sentencias, 2 noticias
Las sesiones de las Asambleas serán públicas con las limitaciones a que haya lugar conforme al reglamento.
Las Asambleas deberán integrar comisiones encargadas de dar informes para segundo y tercer debate a los proyectos de ordenanza, según los asuntos o negocios de que dichas comisiones conozcan y el contenido del proyecto.
Además de las Comisiones Permanentes, las Asambleas con el objeto de fomentar la participación de la mujer en el ejercicio de la labor normativa y de controlpolítico, las Asambleas Departamentales crearán la Comisión para la Equidad de la Mujer, la cual tendrá como funciones además de las que la Asamblea delegue, dictar su propio reglamento, ejercer control político, así como el seguimiento a las iniciativas relacionadas con los temas de género, promover la participación de las mujeres en los cargos de elección popular y de designación, ser interlocutoras de las organizaciones y grupos de mujeres, al igual que fomentar y desarrollar estrategias de comunicación sobre temas relacionadas con los derechos de las mujeres y las políticas públicas existentes. De igual manera esta Comisión podrá hacer seguimiento a los procesos de verdad, justicia y reparación para los delitos cometidos contra las mujeres durante el conflicto armado interno en su departamento.
Para la conformación se tendrá en cuenta a todas las mujeres cabildantes de la Corporación respectiva de igualforma la participación voluntaria y optativa de los hombres diputados.
Artículo modificado por el artículo 3 del Ley 1981 de 2019, por medio de la cual se modifica la Ley 136 de 1994, el Decreto Ley 1421 de 1993 y el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se dictan normas para crear la Comisión para la Equidad de la Mujer en los Concejos y Asambleas y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial de Colombia el 26 de Julio de 2019.
El presidente de la Asamblea llamará a los diputados suplentes en los casos de faltas absolutas o temporales de los principales, atendiendo el orden de colocación de sus nombres en la correspondiente lista electoral.
Las Asambleas Departamentales examinarán y decidirán, dentro de los seis (6) días siguientes a su presentación, si están en forma legal las credenciales que cada Diputado debe presentar al tomar posesión del puesto.
Los presidentes de las Asambleas Departamentales se posesionarán ante ellas, y cada uno de sus miembro así como el secretario y subalternos, ante el presidente.
CAPÍTULO II De los diputados Artículos 42 a 59
Todos los ciudadanos eligen directamente Presidente de la República, Senadores, Representantes, Diputados, Consejeros Intendenciales y Comisariales, Alcaldes y Concejales Municipales y del Distrito Especial (Artículo 171 de la Constitución Política)
Corte Constitucional - Artículo declarado EXEQUIBLE, salvo “Consejeros Intendenciales y Comisariales “que se declara INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-571-04 de 8 de junio de 2004, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil. La declaratoria de INEXEQUIBILIDAD surte efectos a partir de la expedición de la Constitución de 1991.
Para la elección de Diputados, cada Departamento formará un círculo único. (Artículo 175 de la Constitución Política).
Los Diputados a las Asambleas Departamentales serán elegidos para períodos de dos años y son reelegibles indefinidamente.
Para ser Diputado se requieren las mismas calidades que para ser Representante. (Artículo 185, parte final del inciso 1o. de la Constitución Política).
El Presidente de la República, los Ministros y Viceministros del Despacho, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, los Jefes de Departamentos Administrativos y el Registrador Nacional del Estado Civil, no podrán ser elegidos miembros del Congreso, sino un año después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones.
Tampoco podrán ser elegidos miembros del Congreso o Diputados los Gobernadores, los Alcaldes de capitales de Departamento o de ciudades con más de trescientos mil habitantes, los Contralores Departamentales y los Secretarios de Gobernación, sino un año después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones; ni tampoco cualquier otro funcionario que seis meses antes de la elección haya ejercido jurisdicción o autoridad civil, política o militar, en la circunscripción electoral respectiva. (Artículo 108, incisos 1o. y 2o., de la Constitución Política).
Nadie podrá ser elegido simultáneamente Alcalde y Congresista, Diputado, Consejero Intendencial o Comisarial, o Concejal. Tampoco podrán ser elegidos Alcaldes los Congresistas durante la primera mitad de su período constitucional. La infracción de este precepto vicia de nulidad ambas elecciones. (Artículo 201, inciso 2o., de la Constitución Política).
Las incompatibilidades establecidas por la Constitución y las leyes para los Senadores, Representantes y Diputados tendrán vigencia durante el período constitucional respectivo; en caso de renuncia, las incompatibilidades se mantendrán por un año después de su aceptación, si faltare un lapso mayor para el vencimiento del período. (Artículo 112 de la Constitución Política).
Los Diputados, principales y suplentes, no podrán ser nombrados empleados oficiales del respectivo Departamento, a menos que fuere en los cargos de Gobernador, Secretario de Gobernación, Alcalde o Gerente de entidad descentralizada.
Al ocupar un Diputado el cargo de Alcalde, por designación o nombramiento, se producirá pérdida automática de su investidura popular, a partir de la fecha de posesión.
Artículo subrogado por el artículo 7 de la Ley 53 de 1990, publicada en el Diario Oficial No. 39.615 del 31 de diciembre de 1990.
Los diputados no podrán:
Aceptar o desempeñar cargo como empleado oficial; ni vincularse como contratista con el respectivo departamento.
Intervenir en la gestión de negocios o ser apoderado ante entidades del respectivo departamento o ante las personas que administren tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones de que trata el artículo siguiente.
Ser miembro de juntas o consejos directivos del sector central o descentralizado de cualquier nivel del respectivo departamento, o de instituciones que administren tributos, tasas o contribuciones procedentes del mismo.
Celebrar contratos o realizar gestiones con quienes administren, manejen, o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo departamento, o sean contratistas del mismo, o reciban donaciones de éste.
Ser representante legal, miembro de juntas o consejos directivos, auditor o revisor fiscal, empleado o contratista de empresas que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento.
PARÁGRAFO. El funcionario público departamental que nombre a un diputado para un empleo o cargo público o celebre con él un contrato o acepte que actúe como gestor en nombre propio o de terceros, en contravención a lo dispuesto en el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta.
Artículo subrogado por el artículo 34 de la Ley 617 de 2000, publicada en el Diario Oficial No 44.188, de 9 de octubre de 2000. Esta nota se sustenta en lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-329-01.
Corte Constitucional - Mediante Sentencia C-329-01 de 28 de marzo de 2001, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil, la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por estar la norma derogada y no estar produciendo efectos.
Los Senadores y Representantes principales, desde el momento de su elección y hasta cuando pierdan su investidura por vencimiento del período para el cual fueron elegidos, así como los suplentes que hubieren ejercido el cargo durante el tiempo de dicho ejercicio, no podrán:
Celebrar por sí mismo o por interpuesta persona contratos de ninguna clase con la Administración Pública ni con los institutos o empresas oficiales ni con aquellas en las cuales la Nación, los Departamentos, las Intendencias, las Comisarías o los Municipios tengan capital superior al cincuenta por ciento (50%).
Intervenir en cualquier forma, fuera del ejercicio de sus funciones, en la celebración de contratos con la Administración Pública.
Intervenir en nombre propio o ajeno, en procesos asuntos, fuera del ejercicio de sus funciones, donde tenga interés la Nación, los Departamentos, las Intendencias, las Comisarías o los Municipios y las entidades oficiales o semioficiales.
Ser apoderados o gestores ante entidades o autoridades administrativas en sus distintos niveles.
Las prohibiciones anteriores comprenden a los Diputados, Consejeros Intendenciales y Comisariales en relación con el respectivo Departamento, Intendencia o Comisaría y los Municipios que los integran, y a los Concejales en relación con el respectivo Municipio, desde el momento de su elección y hasta cuando pierdan su investidura.
“Senadores, Representantes,” declarado INEXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No. 127 del 7 de diciembre de 1988, Magistrado Ponente, Dr. Hernando Gómez Otálora.
En las diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales en las cuales, conforme a la ley, ellos mismos, su cónyuge, sus padres o sus hijos, tengan interés.
Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y multas que graven a las mismas personas.
Usar los bienes o servicios y celebrar los contratos que las entidades oficiales, los institutos descentralizados y las sociedades de economía mixta ofrezcan al público bajo condiciones comunes a todos los que lo soliciten.
Ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la Rama Jurisdiccional del Poder Público y ante lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, los Congresistas principales o los suplentes durante el ejercicio de su cargo no podrán ser apoderados y defensores ni peritos en los procesos de toda clase que afecten intereses fiscales o económicos de la Nación, los Departamentos, las Intendencias, las Comisarías o los Municipios, los institutos descentralizados y las empresas de economía mixta en las cuales las mismas entidades tengan más del cincuenta por ciento (50%) del capital.
En los juicios de sucesión y en las insinuaciones de donación, la prohibición anterior solo se refiere a los incidentes que se susciten dentro de ellos por la fijación de los impuestos respectivos.
Actuar como apoderado de los Municipios o de los institutos o empresas dependientes de éstos en asuntos judiciales o administrativos, siempre y cuando que la gestión no sea remunerada.
Celebrar contratos de prestación de servicios docentes con las entidades oficiales de educación.
Literal adicionado por el artículo 1o. de la Ley 92 de 1989, "por la cual se dispone una excepción a las incompatibilidades legales", publicada en el Diario Oficial No. 39.124 del 29 de diciembre de 1989.
Las actuaciones que se realicen contraviniendo lo dispuesto en los artículos anteriores y las decisiones de autoridades generadas en esas actuaciones, serán nulas. Cualquier persona o Ministerio Público podrá pedir la declaratoria de esa nulidad ante la autoridad competente.
Los contratos que se celebren contraviniendo las disposiciones anteriores carecerán de validez, y no podrán generar pagos. Si éstos se hubieren efectuado, el contratista estará obligado a reintegrar su valor e indemnizar los perjuicios que hubiere causado.
Los funcionarios públicos que permitieron la intervención de las personas afectadas por las mismas incompatibilidades, incurrirán en mala conducta, que se sancionará con la destitución.
La ley podrá limitar las apropiaciones departamentales destinadas a asignaciones de los Diputados, gastos de funcionamiento de las asambleas y de las contralorías departamentales. (Artículo 190, inciso 1o. de la Constitución Política).
La asignación diaria de los Diputados a las Asambleas Departamentales, por dietas, viáticos, gastos de representación y cualquier otro concepto, en conjunto o separadamente, no podrá exceder de la suma total que por razón de dietas y gastos de representación perciban diariamente los miembros del Congreso.
Las anteriores asignaciones solo se percibirán durante las sesiones ordinarias o extraordinarias de la corporación, según el caso.
Los miembros del Congreso y de las Asambleas Departamentales gozarán de las mismas prestaciones e indemnizaciones sociales consagradas para los servidores públicos en la Ley 6a. de 1945 y demás disposiciones que la adicionen o reformen.
“del Congreso y “ declarado INEXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No. 127 del 7 de diciembre de 1988, Magistrado Ponente, Dr. Hernando Gómez Otálora.
PARÁGRAFO 1o. Los Senadores, Representantes y Diputados principales que, antes de la fecha en que deban posesionarse de sus cargos, adquieran una enfermedad o sufran una lesión que los incapacite de modo temporal o permanente para desempeñarlos, tendrán derecho a las mismas prestaciones consagradas para los miembros del Congreso y Diputados en ejercicio.
“Senadores, Representantes y “declarado INEXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No. 127 del 7 de diciembre de 1988, Magistrado Ponente, Dr. Hernando Gómez Otálora.
PARÁGRAFO 2o. Las prestaciones por muerte se causarán también cuando el Senador, el Representante o el Diputado principales fallecieren o hubieren fallecido después de la elección, pero antes de la fecha en que debieran haberse posesionado del cargo.
“el Senador, el Representante o “ declarado INEXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No. 127 del 7 de diciembre de 1988, Magistrado Ponente, Dr. Hernando Gómez Otálora.
Las prestaciones sociales de los Diputados continuarán rigiéndose por las disposiciones que regulan la materia.
Las dietas y gastos de representación se gravarán para efectos fiscales, en la misma forma en que se graven las de los miembros del Congreso Nacional.
Corte Constitucional: - Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-959-99 del 1 de diciembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz.
CAPÍTULO III De las atribuciones y prohibiciones generales de las asambleas Artículos 60 a 71
Autorizar al Gobernador para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes departamentales y ejercer, pro témpore, precisas funciones de las que corresponden a las Asambleas, y
Las demás funciones que les señalen la Constitución y las leyes.
7a. Conferir atribuciones especiales a las Asambleas Departamentales. (Artículo 76, atribución 7a., de la Constitución Política).
Establecer y organizar los impuestos que se necesiten para atender a los gastos de la administración pública, con arreglo al sistema tributario nacional, pero sin gravar artículos que sean materia de impuestos de la Nación, a menos que para hacerlo se les dé facultad expresa por la ley.
Dirigir y fomentar, por medio de ordenanzas y con los recursos propios del Departamento, las industrias establecidas y la introducción de otras nuevas, la importación de capitales extranjeros y la colonización de tierras pertenecientes al Departamento;
Ordenar y fomentar la construcción de vías férreas, la explotación de bosques de propiedad del Departamento y la canalización de los ríos;
Administrar los bienes del Departamento y fiscalizar las rentas y gastos de los Distritos, de acuerdo con la Constitución y las leyes;
El arreglo, fomento y administración de las obras y establecimientos públicos que interesen al Departamento;
Aclarar las líneas dudosas limítrofes de los Municipios dentro de los respectivos Departamentos;
Reglamentar el repartimiento o la enajenación o destino de los terrenos baldíos cedidos al Departamento, de conformidad con las leyes sobre la materia;
Arreglar la división territorial del Departamento para los efectos fiscales;
Arreglar la deuda pública a cargo del Departamento y disponer la manera de amortizarla, procurando en todo lo posible el cumplimiento de las obligaciones contraídas, o bien promoviendo con los respectivos interesados la modificación de las obligaciones, de la manera más equitativa y razonable que sea posible;
Arreglar todo lo relativo a la organización, recaudación, manejo e inversión de las rentas del Departamento; a la formación y revisión de cuentas de los responsables y la represión y castigo del fraude;
Fijar la cuantía y naturaleza de las cauciones que deben otorgar los empleados recaudadores y pagadores y hacienda departamental;
Proveer lo necesario para la ejecución de los trabajos que interesen conjuntamente a varios Municipios, y
Reglamentar y gravar los juegos permitidos.
Corte Constitucional: - Fallo anterior reiterado mediante Sentencia C-079-97 del 20 de febrero de 1996.
Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-528-96 del 10 de octubre de 1996.
Corresponde a las Asambleas Departamentales dar nombre a los Municipios del respectivo Departamento.
Corte Constitucional: - Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia No. C-263-94 del 2 de junio de 1994, Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
Las Asambleas Departamentales, en ejercicio de la atribución que se les confiere por el artículo anterior, no podrán introducir variaciones en los nombres antiguos, indígenas o históricos.
La disposición de este artículo no impide que a los nombres indígenas o históricos se puedan anteponer o añadir otros por razón de distinción u otra respetable de conveniencia pública.
Las Asambleas no podrán dar a los Municipios de un Departamento nombres de otros Municipios pertenecientes a otro Departamento de la República.
Podrán las Asambleas Departamentales eliminar aquellos Distritos de menos de tres mil habitantes y cuyo presupuesto de rentas haya sido en los dos años inmediatamente anteriores inferior a la mitad del valor de los gastos forzosos del Municipio.
En este caso será oído el concepto del Gobernador antes de expedirse la respectiva ordenanza, en la cual se expresará claramente a que Distrito o Distritos limítrofes se agrega el territorio del Distrito que se elimina.
Las Asambleas Departamentales podrán trasladar las cabeceras de los Municipios a otros lugares dentro de los respectivos territorios, siempre que se llenen los siguientes requisitos:
Solicitud hecha por más de 500 ciudadanos del respectivo Municipio, debidamente razonada;
Que el lugar que aspire a la cabecera distrital esté constituido en su parte urbana por más de 200 familias, y que en él resida habitualmente un número de ciudadanos aptos para el desempeño de los destinos públicos municipales;
Que haya, además, en tal lugar locales adecuados para escuelas, casa municipal y cárcel, o que éstos puedan fácilmente adquirirse;
Que los vecinos interesados en el traslado presenten un certificado del respectivo Municipio sobre su vecindad;
Que el respectivo Gobernador conceptúe favorablemente, previo un detenido estudio de las condiciones del lugar que aspire a ser erigido cabecera municipal y del otro donde ésta exista;
Que oiga previamente, al respectivo Concejo Municipal sobre la conveniencia de realizar el traslado de la cabecera del Municipio al lugar que indiquen los solicitantes. Este concepto no es obligatorio.
La ordenanza que se expida sin los requisitos estatuidos en el artículo anterior, es nula.
Cuando dos o más Municipios de un mismo Departamento mantengan disputa territorial por no existir entre ellos límites definidos, de acuerdo con las disposiciones que regulan la materia, las Asambleas Departamentales al hacer la delimitación tendrán en cuenta la opinión de los ciudadanos vecinos o regiones en disputa, la cual se expresará por medio de peticiones razonadas y suscritas por no menos de doscientos de ellos. Si en la mencionada región o regiones algunos de los Municipios interesados hubiere fomentado el desarrollo de algún núcleo importante de población, este Municipio conservará la jurisdicción del territorio en que se encuentre el caserío o población nueva. Son nulas las ordenanzas que se dicten en contravención a este artículo.
Dirigir exitaciones a corporaciones y funcionarios públicos, sin perjuicio de la atribución contenida en el artículo 62 numeral 11;
Decretar a favor de alguna persona natural o jurídica gracias o pensiones;
Imponer gravámenes sobre objetos o industrias gravados por la ley, y
Nombrar a ninguno de sus miembros para empleos remunerados cuya provisión les incumba, ni incluirlos en las ternas que deban elegir para que otra autoridad haga el nombramiento respectivo.
CAPÍTULO IV De las ordenanzas Artículos 72 a 88
Los actos de las Asambleas Departamentales destinados a dictar disposiciones para el arreglo de alguno de los asuntos que son de su incumbencia se denominarán ordenanzas; los que tengan por objeto la ejecución de un hecho especial, como un nombramiento, o la decisión de un punto determinado, que no imponen obligaciones ni crean derechos a los asociados, se denominarán en general resoluciones.
Tienen derecho de proponer proyectos los Diputados de las Asambleas y el Gobernador, por conducto de sus secretarios.
Las ordenanzas a que se refieren los artículos 60, ordinales 2o., 5o., 6o. y 7o., 228, 231, 261 y 262 sólo podrán se dictadas o reformadas a iniciativa del Gobernador. Las Asambleas conservan el derecho de introducir en estos proyectos y respecto de las materias específicas sobre que versen, las modificaciones que acuerden.
Todo proyecto de ordenanza debe referirse a una misma materia, y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionan con el mismo. El presidente de la Asamblea rechazará las iniciativas que no se ajusten a este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma Asamblea.
Para que un proyecto sea ordenanza debe aprobarse en tres (3) debates, celebrados en tres (3) días distintos.
Los proyectos que no recibieren aprobación por lo menos en dos debates, deberán ser archivados al término de las correspondientes sesiones ordinarias o extraordinarias.
Aprobado un proyecto de ordenanza por la Asamblea pasará al Gobernador para su sanción, y si éste no lo objetare por motivos de inconveniencia, ilegalidades o inconstitucionalidad, dispondrá que se promulgue como ordenanza. Si lo objetare, lo devolverá a la Asamblea.
El Gobernador dispondrá del término de cuatro (4) días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de veinte (20) artículos, de seis (6) días cuando el proyecto contenga de veintiuno (21) a cincuenta (50) artículos; y hasta de diez (10) días cuando los artículos sean más de cincuenta (50).
Si el Gobernador, una vez transcurridos los términos indicados, no hubiere devuelto el proyecto con objeciones deberá sancionarlo y promulgarlo. Si la Asamblea se pusiera en receso dentro de dichos términos, el Gobernador tendrá el deber de publicar el proyecto sancionado u objetado, dentro de aquellos plazos. En el nuevo período de sesiones la Asamblea decidirá sobre las objeciones.
El Gobernador deberá sancionar, sin poder presentar nuevas objeciones por inconveniencia el proyecto que reconsiderado fuere aprobado por la mitad más de uno de los miembros de la Asamblea.
Si las objeciones fueren por ilegalidad o inconstitucionalidad y la Asamblea insistiera, el proyecto pasará al Tribunal Administrativo del Departamento para que decida definitivamente sobre su exequibilidad, con observancia del siguiente trámite:
Dentro de los tres (3) días siguientes al del reparto, el Magistrado sustanciador ordenará que el negocio se fije en la lista por el termino de diez (10) días durante los cuales el fiscal de la corporación y cualquier otra autoridad o persona podrán intervenir para defender o impugnar la constitucional o legalidad de la ordenanza y solicitar la práctica de pruebas.
Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento de fijación en lista se practicarán las pruebas que hubieren sido decretadas.
Practicadas las pruebas pasará el asunto al despacho para fallo, para lo cual el Magistrado tendrá un término de cinco (5) días para la elaboración de la ponencia y el Tribunal otros cinco (5) para tomar la decisión.
“en relación con los preceptos constitucionales y las normas legales confrontadas “ declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No. 029 del 11 de marzo de 1991, Magistrado Ponente, Dr. Simón Rodríguez Rodríguez.
Sancionada la ordenanza, se publicará en el periódico oficial del Departamento; uno de los ejemplares autógrafos se archivará en la Gobernación y otro se devolverá a la Asamblea.
Las ordenanzas rigen en todo el territorio del Departamento, treinta (30) días después de su publicación en el periódico oficial. Sin embargo, las asambleas pueden reglamentar este punto como a bien lo tengan; pero en todo caso ninguna ordenanza podrá ser obligatoria antes de su promulgación.
Las ordenanzas de las Asambleas y los acuerdos de los Concejos Municipales son obligatorios mientras no sean anulados por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. (Artículo 192 de la Constitución Política).
Las ordenanzas u otros actos de las Asambleas Departamentales anulados definitivamente por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, en el concepto de ser contrarios a la Constitución o a las leyes, o lesivos de derechos civiles, no podrán ser reproducidos por aquellas corporaciones si conservan la esencia de las mismas disposiciones anuladas, a menos que una disposición legal, posterior a la sentencia, autorice expresamente a las Asambleas para ocuparse de tales asuntos.
PARAGRAFO. Las ordenanzas y demás actos que se expidan en contravención de esta disposición son nulos. Los Gobernadores objetarán los proyectos de ordenanza que se encuentren en este caso, y estas objeciones sólo podrán ser declaradas infundadas por la mayoría absoluta de los votos de los Diputados.
Si el Gobernador no cumpliere el deber de objetar los proyectos, de ordenanza, o si las objeciones fueren declaradas infundadas por la Asamblea, el acto es acusable por cualquiera de las autoridades o de las personas que puedan hacerlo.
Para todo lo relativo a la nulidad de las ordenanzas se estará a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo (Decreto-ley 01 de 1984).
TÍTULO V De los gobernadores y sus funciones Artículos 89 a 102
En cada uno de los Departamentos habrá un Gobernador, que será al mismo tiempo agente del Gobierno y Jefe de la administración seccional.
Corresponde al Presidente de la República como Jefe del Estado y suprema autoridad administrativa:
4o. Nombrar y separar libremente los Gobernadores. (Artículo 120, ordinal 4o., de la Constitución Política).
El Presidente de la República no puede conferir empleo a los Senadores y Representantes principales durante el período de las funciones de éstos ni a los suplentes cuando estén ejerciendo el cargo, con excepción de los Ministros y Viceministros del Despacho, Jefe de Departamento Administrativo, Gobernador, Alcalde de Bogotá, Agente Diplomático y Jefe Militar en tiempo de guerra. La aceptación de cualquiera de aquellos empleos por un miembro del Congreso, produce vacante transitoria por el tiempo en que desempeñe el cargo. (Artículo 109 de la Constitución Política).
La residencia habitual del Gobernador será la capital del Departamento, pero puede ausentarse de ella en ejercicio de sus funciones y con permiso o por orden del Gobierno, por razones de buen servicio público. Cuando se ausente dejará encargado del despacho para asuntos urgentes a uno de sus secretarios.
Artículo modificado por el Artículo 6 del Decreto 169 de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 43.890 del 11 de febrero de 2000.
El Decreto 169 de 2000 fue declarado INEXEQUIBLE -a partir de su promulgación- por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1318-00 del 26 de septiembre de 2000, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández.
Artículo modificado por el Artículo 112 del Decreto 1122 de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 43.622 del 29 de junio de 1999.
Corte Constitucional: - El Decreto 169 de 2000 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1318-00 del 26 de septiembre de 2000, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández. A partir de su promulgación.
Son atribuciones del Gobernador:
Las demás que la Constitución y las leyes establezcan. (Artículo 194 de la Constitución Política).
Son atribuciones de los Gobernadores, las siguientes:
Castigar con multas o con arrestos hasta de un mes, a los que le falten al respeto debido, en ejercicio de sus funciones o por razón de ellas;
Suspender, por graves motivos, y sujeto a responsabilidad ulterior, a cualquier empleado nacional del orden administrativo que no sea nombrado por él, cuando la urgencia sea tal que no pueda aguardar la resolución del Gobierno, y consultar con éste inmediatamente las resoluciones de esta clase que dicte;
Revocar los actos de sus subalternos que sean contrarios a las leyes u órdenes superiores, a menos que dichos actos tengan carácter de definitivos, o corresponda su revisión a otra autoridad;
Nombrar y remover los Alcaldes Municipales, el secretario o secretarios y subalternos de la Gobernación;
Fomentar en lo posible las vías de comunicación.
Perseguir activamente a los reos prófugos que existan en el Departamento, y ponerlos a disposición del juez competente;
Pedir informes a los jueces y demás empleados sobre determinados asuntos, que no sean reservados, cuando los necesite para el mejor desempeño de sus fusiones;
Cuidar de que las rentas sean recaudadas con acuciosidad y esmero, y que se les dé el destino señalado en las leyes;
Cuidar de la buena marcha de los establecimientos públicos que existan en el Departamento, tales como colegios, escuelas, hospitales, asilos, cárceles, etc.
Cumplir con especial esmero los deberes que le correspondan, para que las elecciones se verifiquen con regularidad y orden, y
Los notarios serán nombrados para períodos de cinco (5) años, así: los de primera categoría por el Gobierno Nacional, los demás, por los Gobernadores, Intendentes y Comisarios respectivos.
El Gobernador podrá requerir el auxilio de la fuerza armada, y el Jefe Militar obedecerá sus instrucciones, salvo las disposiciones especiales que dicte el Gobierno. (Artículo 195 de la Constitución Política).
La primera elección de Alcaldes tendrá lugar el segundo domingo de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988). (Parágrafo transitorio del Artículo 201 de la Constitución Política).
Cuando un servicio público departamental en funcionamiento carezca de disposiciones que regulen su administración, corresponde a los Gobernadores asegurar la continuidad en la marcha del servicio hasta cuando el estatuto respectivo sea dictado.
El Gobernador presentará a la Asamblea, al principiar las sesiones, un informe sobre los distintos ramos de la administración que está a su cargo y las reformas que en ella convenga introducir.
El presente Código no comprende las funciones que le corresponden al Gobernador como agente del Gobierno Nacional o delegatario del Presidente de la República.
TÍTULO VI De los bienes y rentas departamentales Artículos 103 a 210
CAPÍTULO I De los bienes Artículos 103 a 108
Los bienes y rentas de las entidades territoriales son de su propiedad exclusiva; gozan de las mismas garantías que la propiedad y rentas de los particulares y no podrán ser ocupados sino en los mismos términos en que lo sea la propiedad privada. El Gobierno Nacional no podrá conceder exenciones respecto de derechos o impuestos de tales entidades. (Artículo 183 de la Constitución Política).
Los bienes, derechos, valores y acciones que por leyes o por decretos del Gobierno Nacional, o por cualquiera otro título, pertenecieron a los extinguidos Estados Soberanos, continuarán siendo propiedad de los respectivos Departamentos. Exceptúanse los inmuebles que se especifican en el artículo 202 de la Constitución. (Artículo 184 la Constitución Política).
En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 6o., 187 ordinal 7o., 197 y 199 de la Constitución Nacional, las entidades territoriales de la República deberán seguir, en la preparación, presentación, trámite y manejo de sus presupuestos, normas y principios análogos a los consignados en el Decreto 294 de 1973, conforme a la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
Las Asambleas Departamentales dictarán reglas análogas a las contenidas en la Ley 94 de 1928 para efectos de la condonación de las deudas declaradas en favor de los fiscos departamentales y municipales.
Toda iniciativa en materia de gastos de condonación de deudas, de remisión de obligaciones a favor del Departamento o de reconocimiento de obligaciones del Departamento para con otras personas naturales o jurídicas, que se presente a las Asambleas Departamentales, deberá figurar en un proyecto de ordenanza con exposición de motivos, ser estudiada por una comisión de la Asamblea y sufrir los tres debates reglamentarios para convertirse en ordenanza.
Del total de los recursos destinados por la Ley 12 de 1986 a los Fondos Educativos Regionales, FER, no menos del 70% se destinará a atender los costos de los servicios personales de los empleados docentes y administrativos de dichos Fondos y el porcentaje restante de acuerdo a la distribución que establezca anualmente el Ministerio de Educación Nacional.
Las plantas de personal docente y administrativo de los Fondos Educativos Regionales, FER, previo certificado de disponibilidad presupuestal, deberán ser aprobadas mediante decreto del Gobierno Nacional que deberán llevar las firmas de los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Educación Nacional y del Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil. Cualquier nombramiento de personal docente o administrativo en los Fondos Educativos Regionales, FER, por fuera de las plantas de Personal, será de cargo del presupuesto de la entidad territorial respectiva y la Nación no asumirá los costos presentes o futuros que ello pueda representar.
CAPÍTULO II De las rentas Artículos 109 a 210
En tiempo de paz solamente el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales podrán imponer contribuciones. (Artículo 43 de la Constitución Política).
Las Asambleas Departamentales, para cubrir los gastos de administración que les correspondan, podrán establecer contribuciones con las condiciones y dentro de los límites que fije la ley. (Artículo 191 de la Constitución Política).
Impuesto de Timbre Sobre los Vehículos Automotores.
ARTÍCULO 111 Fíjanse las siguientes tarifas anuales del impuesto de timbre nacional establecido por el numeral 2o., del artículo 14 de la Ley 2a., de 1976 y regulado por el numeral 2o., del artículo 1o., del Decreto 3674 de 1981:
Vehículos automotores de servicio particular, incluídas las motocicletas con motor de más de 185 cc. de cilindrada:
Hasta $350.000 de valor comercial: ocho por mil;
Entre $350.001 y $700.000 del valor comercial: doce por mil;
Entre $700.001 y $1.200.000 del valor comercial: dieciseis por mil;
Entre $1.200.001 y $2.000.000 de valor comercial: veinte por mil;
$2.000.001 o más del valor comercial: veinticinco por mil.
Vehículos de carga de dos y media toneladas o más:
Hasta $350.000, del valor comercial: ocho por mil;
Entre $350.001 y $700.000 de valor comercial: doce por mil;
$700.001 o más del valor comercial: dieciséis por mil.
Quedan exentos del impuesto previsto en el artículo anterior:
Los vehículos clasificados dentro del servicio público de transporte;
Los vehículos de propiedad de entidades de derecho público;
Los buses destinados exclusivamente al transporte de estudiantes;
Las bicicletas, motonetas y las motocicletas con motor hasta de 185 cc. de cilindrada;
Los tractores, trilladoras y demás maquinaria agrícola, y
Los tractores sobre oruga, cargadores, mototraíllas compactadoras, motoniveladoras y maquinaria similar de construcción de vías públicas.
ARTÍCULO 113 Cédese el impuesto de timbre nacional de que trata el artículo 111 a los Departamentos, Intendencias, Comisarías y al Distrito Especial de Bogotá; en consecuencia, dicho impuesto será recaudado por las referidas entidades territoriales
Para la determinación del valor comercial de los vehículos automotores, el Instituto Nacional del Transporte, INTRA, establecerá anualmente una tabla con los valores correspondientes. Para vehículos no contemplados en esta tabla, el propietario deberá solicitar el valor comercial al INTRA.
Cuando el vehículo entre en circulación por primera vez, conforme a las regulaciones vigentes, pagará por el impuesto, de que trata el artículo 111 una suma proporcional al número de meses o fracción que reste del año.
El impuesto de timbre nacional sobre vehículos tendrá límite mínimo anual de ochocientos pesos ($800).
Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-275-96, ".... únicamente en cuanto no violó el derecho de propiedad ni quebrantó el inciso 1o. del artículo 317 de la Constitución Nacional"
Los recaudos que los Departamentos, Intendencias, Comisarías y el Distrito Especial de Bogotá, obtengan por el impuesto previsto en el artículo 111 deberán destinarse por lo menos en un ochenta por ciento (80%) a gastos de inversión y/o servicios de la deuda contratada para inversión.
El revisado de que trata el Decreto 1344 de 1970 se realizará anualmente y su comprobante no podrá ser expedido sin la cancelación previa del impuesto de timbre sobre vehículos automotores.
Los valores absolutos a que se refieren los artículos anteriores se reajustarán anualmente en el porcentaje señalado por el Gobierno Nacional en el año inmediatamente anterior para el impuesto sobre la renta y complementarios.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 14 de 1983, están derogados el numeral 28 del artículo 26 de la Ley 2a. de 1976 y todas aquellas disposiciones contrarias a lo ordenado en los artículos anteriores.
Artículo derogado por la Ley 1816 de 2016, por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones, publicada en el Diario Oficial de Colombia el 19 de Diciembre de 2016.
Artículo citado en: 26 sentencias, una disposición normativa, una noticia
Artículo citado en: 13 sentencias, un artículo doctrinal, una disposición normativa
El impuesto de consumo que en el presente Código se regula es nacional, pero su producto, de acuerdo con la Ley 14 de 1983, está cedido a los Departamentos, Intendencias y Comisarías.
El impuesto de consumo de licores, vinos, vinos espumosos o espumantes, aperitivos y similares, se determina sobre el precio promedio nacional al de tal en expendio oficial o en defecto de éste, del primer distribuidor autorizado, de la botella de 750 mililitros de aguardiente anisado nacional, según lo determine semestralmente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.
1o. El 35% para licores nacionales y extranjeros.
2o. El 10% para vinos, vinos espumosos o espumantes y aperitivos y similares extranjeros.
3o. El 5% para vinos, vinos espumosos o espumantes, aperitivos y similares nacionales.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 123 los Departamentos, Intendencias y Comisarías no podrán establecer gravámenes adicionales sobre la fabricación, introducción, distribución, venta y consumo de licores, vinos, vinos espumosos o espumantes, aperitivos y similares, nacionales y extranjeros, bodegajes obligatorios, gastos de administración o cualquier otro gravamen distinto al único de consumo que determina este Decreto.
El control sanitario de los productos a se refiere este Código se ejercerá por el Ministerio de Salud, de conformidad con las leyes vigentes y con los reglamentos que expida el Gobierno para garantizar la salubridad pública.
A partir de la vigencia de la Ley 14 de 1983 están derogadas las Leyes 88 de 1923, 34 de 1925, 88 de 1928, 47 de 1930 y los Decretos 2956 de 1955 y 131 de 1958 y todas las demás normas contrarias a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco.
El consumo de cigarrillos de fabricación nacional, contengan o no insumos importados, causará en favor de los Departamentos, Intendencias y Comisarías, un impuesto equivalente al cien por ciento (100%) sobre el precio de distribución, el cual se establecerá conforme a lo dispuesto en el Decreto extraordinario 214 de 1969.
PARÁGRAFO. El Departamento de Cundinamarca y el Distrito Especial de Bogotá, continuarán distribuyendo el producto de este impuesto según lo establecido en el artículo 3o., del Decreto 3258 de 1968.
El consumo de cigarrillos de producción extranjera causará el impuesto del cien por ciento (100%) sobre el valor CIF vigente en el último día de cada trimestre. Ese valor será certificado por el Incomex dentro de los diez (10) primeros días del siguiente trimestre para cada una de las marcas de cigarrillos y regirá para la liquidación de los impuestos durante dicho lapso. Así mismo, fijará el Gobierno Nacional, para el mismo período, el tipo de cambio aplicable para estos efectos.
Los impuestos aquí contemplados se cancelarán para cada cajetilla de veinte (20) cigarrillos o proporcionalmente a su contenido.
Los Departamentos, Intendencias, Comisarías y Distrito Especial de Bogotá no podrán establecer gravámenes adicionales sobre la fabricación, introducción, distribución, venta y consumo de cigarrillos, nacionales y extranjeros, bodegajes obligatorios, gastos de administración, o cualquier otro gravamen, distinto al único de consumo que determina este código.
Para los cigarrillos provenientes de países con los cuales exista un régimen de comercio de igualdad de tratamiento con productos nacionales, se aplicará la base establecida en el artículo 135.
En los casos previstos en los artículos anteriores, el monto del impuesto no podrá ser inferior al que en la fecha de vigencia de la Ley 14 de 1983 percibían las entidades territoriales de la República.
Sobre el precio establecido en el artículo 136, los cigarrillos de producción extranjera pagarán un impuesto adicional del diez por ciento (10%) que se regulará conforme a lo dispuesto en la Ley 30 de 1971.
El sistema de pago de los impuestos al consumo de cigarrillos será reglamentado por el Gobierno y mientras dicha reglamentación entra en vigencia, los pagos se efectuarán de acuerdo con el sistema normativo actualmente operante en las entidades territoriales de la República.
Los cigarrillos de que trata el presente Código están sujetos, según el caso, a los impuestos de importación y cuotas de fomento, impuesto a las ventas o al valor agregado y al gravamen establecido por la Ley 30 de 1971.
De acuerdo con el artículo 83 de la Ley 14 de 1983, están derogados los impuestos establecidos en el artículo 2o. del Decreto 1626 de 1951, el artículo 7o. de la Ley 4a. de 1963, la letra a) del artículo 6o. de la Ley 49 de 1967, la Ley 36 de 1969, y las demás normas contrarias a los artículos anteriores.
El impuesto sobre consumo de tabaco continuará haciéndose efectivo por los Departamentos, Intendencias y Comisarías exclusivamente sobre el tabaco elaborado y con aplicación de las siguientes tarifas:
Cigarros de fabricación nacional, cualquiera que sea su empaque, contenido, clase, peso o presentación, 100% ad valórem, o sea el precio de venta;
Picadura, rapé o chinú de fabricación nacional, cualquiera que sea su empaque, contenido, clase, peso o presentación, 40% ad valórem, o sea el precio de venta.
PARÁGRAFO. Los Departamentos que en la fecha de vigencia del Decreto legislativo 1626 de 1951, tenían tarifas superiores a las fijadas están autorizados para mantener tales tarifas o para ajustarlas a las señaladas en este artículo.
Para los efectos del artículo anterior se entiende por precio de venta el que se cobra sin incluir el impuesto de que trata este Decreto, sobre los productores, sus sucursales o agencias, o compañías subsidiarias, filiales o distribuidoras, así sean éstas jurídicamente independientes de las casas principales, por el artículo, empacado o no, a los vendedores al detal o directamente a los consumidores en el lugar de producción.
Los Gobernadores, Intendentes, Comisarios y el Alcalde del Distrito Especial de Bogotá, podrán decomisar a través de las autoridades de policía, de los resguardos de aduanas, o de los funcionarios de las Secretarías de Hacienda competentes, las cajetillas, cajas y cartones de cigarrillos de producción extranjera que se encuentren a la venta en sus respectivas jurisdicciones sin que exhiban las estampillas que acrediten el pago de los impuestos de aduana y de consumo departamental que gravan a dichas mercancías, según lo dispuesto en el arancel de aduanas y en las leyes vigentes.
El impuesto de consumo a la gasolina - motor en favor de los Departamentos y del Distrito Especial de Bogotá, será del 2 por mil (2º/oo) para los años de 1986 y siguientes, y se liquidará sobre el precio de venta del galón al público.
Los distribuidores al por mayor serán responsables del pago del impuesto a que se refiere el artículo anterior y estarán obligados a retenerlo en la fuente y a consignarlo dentro de los treinta (30) días siguientes al mes en que se haya distribuido, a orden de las entidades beneficiarias.
El subsidio a la gasolina-motor en favor de los Departamentos, Intendencias y Comisarías y del Distrito Especial de Bogotá sobre el precio de venta del galón será del 1.8 por mil.
Los recaudos provenientes del impuesto de consumo y subsidio a la gasolina - motor sólo podrán ser invertidos en construcción de vías, mejoramiento y conservación de las mismas y en planes de electrificación rural.
Impuesto sobre el consumo de cervezas.
Artículo derogado por el artículo 285 de la Ley 223 de 1995, publicada en el Diario Oficial No. 42.160 del 22 de diciembre de 1995
Artículo subrogado por el artículo 44 de la Ley 10 de 1990, publicada en el Diario Oficial del mes de enero de 1990
Parágrafo adicionado por el artículo 45 de la Ley 10 de 1990, publicada en el Diario Oficial del mes de enero de 1990
El parágrafo 2o., numeral 4o. del artículo 24 de la Ley 105 de 1993, publicada en el Diario Oficial No. 41.158 del 30 de diciembre de 1993, establece que los recursos de que trata este artículo serán recursos del Fondo de Cofinanciación de Vías
Artículo subrogado por el artículo 46 de la Ley 10 de 1990, publicada en el Diario Oficial del mes de enero de 1990
Artículo subrogado por el artículo 47 de la Ley 10 de 1990, publicada en el Diario Oficial del mes de enero de 1990
lmpuesto de degüello de ganado mayor.
Los Departamentos pueden fijar libremente la cuota del impuesto sobre degüello de ganado mayor.
Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-080-96 del 29 de febrero de 1996.
Las rentas sobre degüello no podrán darse en arrendamiento.
Impuesto sobre los premios de loterías.
Es propiedad exclusiva de los Departamentos, Intendencias y Comisarías el impuesto del dos por ciento (2%) sobre los premios de loterías, establecido por el artículo 2o. de la Ley 143 de 1938, y demás disposiciones concordantes y complementarias, en las condiciones señaladas en los artículos 2o. y 3o. de la Ley 1a. de 1961.
Impuesto sobre la venta de loterías.
Es libre, en todo el territorio de la República, la circulación y venta de loterías departamentales. En consecuencia, en ningún Departamento o Municipio se podrá impedir ni estorbar la circulación y venta de billetes de loterías de otros Departamentos.
Facúltase a las Asambleas Departamentales para gravar hasta con un diez por ciento (10%) del valor nominal de cada billete, destino exclusivo a la asistencia pública, la venta de billetes de loterías de otros Departamentos.
Facúltase a los Departamentos para que prohiban en su territorio la circulación y venta de Loterías extranjeras, o para permitirlas mediante el pago del diez por ciento (10%) del valor nominal de cada billete, con destino exclusivo a la asistencia pública.
lmpuesto de registro y anotación.
Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-275-96 del 20 de junio de 1996, "... pero solo en cuanto no violó el derecho de propiedad ni quebrantó el inciso 1o. del artículo 317 de la Constitución Nacional".
Impuesto de Previsión Social.
Toda nómina o cuenta que paguen por cualquier concepto la Nación, Departamentos, Intendencias, Comisarías, Distrito Especial de Bogotá, Municipios, Corregimientos, Inspecciones de Policía e Institutos Descentralizados, causará un impuesto del cinco por mil si se trata de nóminas de personal y del diez por mil en los demás casos, con destino a las Cajas de Previsión respectivas, o, en su defecto, para la entidad pagadora.
El Artículo 5o. de la Ley 33 de 1985, "por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público", publicada en el Diario Oficial No. 36.856 de 13 de febrero de 1985, fue derogado por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993, publicada en el Diario Oficial No. 41.148, de 23 de diciembre de 1993.
En caso de incumplimiento de la obligación establecida en el artículo anterior, las Cajas de Previsión podrán determinar la cuantía de la obligación mediante providencia administrativa que, en firme, presta mérito ejecutivo. Las obligaciones que surjan de estas providencias se harán efectivas ante la jurisdicción coactiva, y de ello se deberá dar noticia a la Procuraduría General de la Nación para los fines disciplinarios pertinentes.
Impuesto Sobre Eventos Hípicos, Deportivos y Similares.
Autorízase a las Asambleas para ordenar la emisión de estampillas "Prodesarrollo Departamental", cuyo producido se destinará a la construcción de infraestructura educativa, sanitaria y deportiva.
Las ordenanzas que dispongan cada emisión determinarán su monto, que no podrá ser superior a la cuarta parte del correspondiente presupuesto departamental; la tarifa que no podrá exceder el dos por ciento (2%) del valor del documento o instrumento gravado; las exenciones a que hubiere lugar; las características de las estampillas; y todo lo demás que se considere necesario para garantizar su recaudo y adecuada inversión.
Autorízase a las Asambleas Departamentales por el término de 20 años para disponer la emisión de la estampilla Pro-Electrificación Rural, como recurso, para contribuir a la financiación de esta obra en todo el país. Los veinte (20) años a que se refiere este artículo se contarán a partir de la vigencia de la Ley 23 de 1986.
El valor anual de la emisión de la estampilla cuya creación se autoriza en el artículo anterior, será hasta del diez por ciento (10%) del presupuesto departamental y de acuerdo a la necesidad de cada región, el monto total autorizado por las Asambleas Departamentales, es hasta de $20.000.000.000,oo (veinte mil millones de pesos) moneda corriente.
Las Asambleas Departamentales quedan autorizadas para determinar el empleo, tarifas discriminatorias y demás asuntos inherentes al uso obligatorio de la estampilla Pro - Electrificación Rural.
La totalidad del producido de la estampilla a que se refiere el artículo 171 se destinará a la financiación exclusiva de electrificación rural, entendiéndose por ello la instalación, mantenimiento, mejoras y ampliación del servicio.
La obligación de adherir y anular las estampillas a que se refieren los artículos anteriores queda a cargo de los funcionarios Departamentales que intervengan en el acto.
Contribución de valorización.
El impuesto de valorización, establecido por el artículo 3o., de la Ley 25 de 1921 como una "contribución sobre las propiedades raíces, que se beneficien con la ejecución de obras de interés público local", se hace extensivo a todas las obras de interés público que ejecuten la Nación, los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios o cualquiera otra entidad de derecho público y que beneficien a la propiedad inmueble, y en adelante se denominará exclusivamente contribución de valorización.
El establecimiento, la distribución y el recaudo de la contribución de valorización se hara por la respectiva entidad nacional, departamental o municipal que ejecuten las obras, y el ingreso se invertirá en la construcción de las mismas obras o en la ejecución de otras obras de interés público que se proyecten por la entidad correspondiente.
Artículo reproducido el artículo 235 del Decreto 1333 de 1986, publicado en el Diario Oficial No. 37.466 del 14 de mayo de 1986
Para liquidar la contribución de valorización se tendrá como base impositiva el costo de la respectiva obra, dentro de los límites del beneficio que ella produzca a los inmuebles que han de ser gravados, entendiéndose por costo todas las inversiones que la obra requiera, adicionadas con un porcentaje prudencial para imprevistos y hasta un treinta por ciento (30%) más, destinado a gastos de distribución y recaudación de las contribuciones.
Artículo reproducido el artículo 236 del Decreto 1333 de 1986, publicado en el Diario Oficial No. 37.466 del 14 de mayo de 1986, salvo el sujeto "departamentos" al comienzo del inciso 2o., que en el Decreto 1333 de 1986 se refiere a los "municipios".
Con excepción de los inmuebles contemplados en el Concordato con la Santa Sede, y de los bienes de uso público que define el artículo 674 del Código Civil, los demás predios de propiedad pública o particular podrán ser gravados con la contribución de valorización. Están suprimidas todas las exenciones consagradas en normas anteriores al Decreto 1604 de 1966.
Artículo reproducido el artículo 237 del Decreto 1333 de 1986, publicado en el Diario Oficial No. 37.466 del 14 de mayo de 1986, salvo la palabra "celebrado" a continuación de la palabra "Concordato".
Las contribuciones nacionales de valorización en mora de pago se recargarán con interés del uno y medio por ciento (1 1/2 %) mensual durante el primer año y del dos por ciento (2%) mensual de ahí en adelante.
Artículo reproducido el artículo 238 del Decreto 1333 de 1986, publicado en el Diario Oficial No. 37.466 del 14 de mayo de 1986
La contribución de valorización constituye gravamen real sobre la propiedad inmueble. En consecuencia, una vez liquidada, deberá ser inscrita, en el libro que para tal efecto abrirán los Registradores de Instrumentos Públicos y Privados, el cual se denominará "Libro de anotación de contribuciones de valorización". La entidad pública que distribuye una contribución de valorización procederá a comunicarla al Registrador o a los Registradores de Instrumentos Públicos de los lugares de ubicación de los inmuebles gravados, identificados éstos con los datos que consten en el proceso administrativo de liquidación.
Artículo reproducido el artículo 239 del Decreto 1333 de 1986, publicado en el Diario Oficial No. 37.466 del 14 de mayo de 1986
Los Registradores de Instrumentos Públicos no podrán registrar escritura pública alguna, ni participaciones y adjudicaciones en juicios de sucesión o divisorios, ni diligencias de remate, sobre inmuebles afectados por el gravamen fiscal de valorización a que se refiere el artículo anterior, hasta tanto la entidad pública que distribuyó la contribución le solicite la cancelación del registro de dicho gravamen, por haberse pagado totalmente la contribución o autorice la inscripción de las escrituras o actos a que se refiere el presente artículo por estar a paz y salvo el inmueble en cuanto a las cuotas periódicas exigibles. En este último caso, se dejará constancia de la respectiva comunicación, y así se asentará en el registro, sobre las cuotas que aún queden pendientes de pago.
Artículo reproducido el artículo 240 del Decreto 1333 de 1986, publicado en el Diario Oficial No. 37.466 del 14 de mayo de 1986
Para el cobro por jurisdicción coactiva de las contribuciones de valorización nacionales, departamentales, municipales y del Distrito Especial de Bogotá, se seguirá el procedimiento especial fijado por el Decreto - ley 01 de 1984 artículo 252, y prestará mérito ejecutivo la certificación sobre existencia de la deuda fiscal exigible, que expida el jefe de la oficina a cuyo cargo está la liquidación de estas contribuciones o el reconocimiento hecho por el correspondiente funcionario recaudador.
Artículo reproducido el artículo 241 del Decreto 1333 de 1986, publicado en el Diario Oficial No. 37.466 del 14 de mayo de 1986
Los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá y los municipios establecerán los recursos administrativos sobre las contribuciones de valorización, en la vía gubernativa y señalarán el procedimiento para su ejercicio.
Artículo reproducido el artículo 242 del Decreto 1333 de 1986, publicado en el Diario Oficial No. 37.466 del 14 de mayo de 1986
Situado fiscal.
Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, determinará los servicios a cargo de la Nación y de las entidades territoriales, teniendo en cuenta la naturaleza, importancia y costos de los mismos y señalará el porcentaje de los ingresos ordinarios de la Nación que deba ser distribuido entre los Departamentos, las Intendencias y Comisarías y el Distrito Especial de Bogotá, para la atención de sus servicios y los de sus respectivos Municipios, conforme a los planes y programas que se establezcan.
El treinta por ciento (30%) de esta asignación se distribuirá por partes iguales entre los Departamentos, Intendencias y Comisarías y el Distrito Especial de Bogotá, y el resto proporcionalmente a su población (Artículo 182, incisos 2o. y 3o., de la Constitución Política).
En la ley de presupuesto se apropiará el porcentaje de los ingresos ordinarios de la Nación que debe ser distribuido entre los Departamentos, Intendencias y Comisarías y el Distrito Especial de Bogotá en la forma que este Decreto determina. El valor total de esa apropiación se denomina "Situado Fiscal".
PARÁGRAFO. Esta participación será pagada por la Nación a las entidades beneficiadas normal y periódicamente dentro de cada vigencia, en la forma que adelante se indica.
Para efectos del presente Decreto se entiende por "Ingresos ordinarios" de la Nación y de las entidades territoriales aquellos ingresos corrientes no destinados por norma legal alguna a fines u objetos específicos.
El treinta por ciento (30%) del Situado Fiscal se dividirá por partes iguales entre las entidades territoriales mencionadas en el artículo 186. Esta porción del Situado Fiscal se denominara "Situado Fiscal Territorial".
El setenta por ciento (70%) del Situado Fiscal se distribuirá entre las entidades territoriales a las que se refiere el artículo 186, en proporción directa a la población de cada una de ellas. Esta parte del situado Fiscal se denomina "Situado Fiscal de Población".
Los Departamentos, las Intendencias, las Comisarías y el Distrito Especial de Bogotá, invertirán la totalidad del Situado Fiscal en los gastos de funcionamiento de la enseñanza primaria y en aquellos gastos de salud pública que no correspondan a campañas sanitarias nacionales, y que no hayan de ser dirigidos y administrados por la Nación. Estos recursos serán administrados por los Fondos Educativos regionales y por los servicios seccionales de salud de todas las entidades Territoriales, y el Servicio Distrital de Salud de Bogotá, con sujeción a los planes nacionales que establezcan los respectivos Ministerios. El setenta y cuatro por ciento (74%) del Situado Fiscal se dedicará al pago de gastos funcionamiento de la educación primaria, y el veintiséis por ciento (26%) a salud, salvo decisión distinta del Gobierno Nacional anualmente.
PARÁGRAFO. Cuando el Situado Fiscal alcance el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos ordinarios de la Nación, serán de cargo de los Departamentos, de las Intendencias y Comisarías y del Distrito Especial de Bogotá, todos los gastos de funcionamiento que demande la enseñanza primaria y los de salud pública que no correspondan a campañas sanitarias nacionales y que la Nación no administre dirija, para lo cual harán la apropiación correspondiente, de acuerdo con lo dicho en el inciso anterior.
Las entidades territoriales a que se refiere el artículo 186 deberán apropiar para gastos de funcionamiento de educación primaria y de salud, además del Situado Fiscal, el porcentaje de sus ingresos ordinarios que en 1972 destinaron a los mismos fines.
Si el monto del Situado Fiscal y de los recursos previstos en el artículo anterior, llegare a ser superior al valor de los gastos de funcionamiento de la educación primaria y de salud, como se establece en el artículo 190 el excedente, certificado por el Ministerio de Hacienda, deberá apropiarse para atender gastos de inversión de las entidades beneficiadas y de sus Municipios, de acuerdo a los planes y programas legalmente adoptados por ellas.
Solamente los Departamentos podrán establecer una lotería con premios en dinero, y con el único fin de destinar su producto a la asistencia pública.
Señálase el cincuenta y cuatro por ciento (54%) del valor de los billetes que componen cada sorteo, como el mínimo que podrá destinarse al pago de premios.
Señálase el veinticinco por ciento (25%) del mismo valor, como el mínimo de participación que en cada sorteo debe corresponder al respectivo Departamento, cuando éste haya celebrado su contrato de que trata el artículo anterior.
Artículo subrogado por el artículo 8 de la Ley 53 de 1990, publicada en el Diario Oficial No. 39.615 del 31 de diciembre de 1990
Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 1736 de 1986, publicado en el Diario Oficial No. 37.496. Declarado NULO.
El artículo 1 del Decreto 1736 de 1986 fue declarado NULO por el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante Sentencia de 12 de febrero de 1988, Expediente No. 431, Consejero Ponente Dr. Guillermo Benavides Melo.
Las Asambleas Departamentales podrán limitar el valor de cada sorteo de las loterías oficiales.
Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-338-97 del 17 de julio de 1997.
En caso de que en los billetes que no se hayan dado a la venta se encuentren los premios, la lotería destinará el setenta por ciento (70%) de esos premios a la Beneficencia.
Los contratos que celebren los Departamentos, relacionados con las loterías a que se refieren los artículos anteriores, no podrán exceder del término de cuatro años.
Ninguna rifa establecida o que se establezca en el país puede lanzar a la circulación, ni tener ni vender billetes fraccionados, ni repartir ningún premio en dinero en cualquier cantidad que sea, ni podrá ser de carácter permanente.
Juegos de apuestas permanentes.
Autorizase a las loterías establecidas por la Ley 64 de 1923, a las Loterías de Bogotá y Manizales o a las beneficencias que las administren, para utilizar los resultados de los premios mayores de los sorteos de todas ellas en juegos de apuestas permanentes con premios en dinero. Estos juegos podrán ser realizados por las mismas entidades o mediante contrato de concesión con particulares.
Las entidades de que trata el artículo anterior, sólo podrán autorizar dicho juego dentro del territorio respectivo al cual pertenecen y podrán utilizar los resultados de los sorteos ordinarios de otras loterías. La lotería o beneficencia trasladará al Servicio Seccional de Salud correspondiente, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, los ingresos a que se refiere el artículo anterior.
Parágrafo modificado por el artículo 2 del Decreto 1736 de 1986, publicado en el Diario Oficial No. 37.496. Declarado NULO
Parágrafo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No. 043 del 28 de abril de 1988, Magistrado Ponente, Dr. Hernando Gómez Otálora.
El artículo 2 del Decreto 1736 de 1986 fue declarado NULO por el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante Sentencia de 12 de febrero de 1988, Expediente No. 431, Consejero Ponente Dr. Guillermo Benavides Melo.
Cuando las entidades de que trata el artículo 199 otorguen concesión a terceros, los contratos administrativos del caso se celebrarán y ejecutarán de conformidad con el régimen previsto en los respectivos Códigos Fiscales y Estatutos Orgánicos.
El Gobierno Nacional fijará anualmente el valor de la regalía que deba pagar el concesionario. Las entidades o autoridades competentes establecerán el límite máximo de la apuesta y los incentivos a otorgar.
Artículo subrogado por el artículo 9 de la Ley 53 de 1990, publicada en el Diario Oficial No. 39.615 del 31 de diciembre de 1990
Artículo modificado por el artículo 3 del Decreto 1736 de 1986, publicado en el Diario Oficial No. 37.496. Declarado NULO.
El Artículo 201 del Decreto 1222 de 1986, publicado en el Diario Oficial No. 37.498 de 6 de junio de 1986, modificado por el Decreto 1736 de 1986, fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia No. 043 del 28 de abril de 1988, Magistrado Ponente Dr. Hernando Gómez Otálora.
El artículo 3 del Decreto 1736 de 1986 fue declarado NULO por el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante Sentencia de 12 de febrero de 1988, Expediente No. 431, Consejero Ponente Dr. Guillermo Benavides Melo.
El Gobierno reglamentará el juego de apuestas permanentes con premios en dinero al cual se refiere este Código. Dicho reglamento será el mismo para los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá y los Territorios Nacionales.
Queda prohibido a los Departamentos, las Intendencias, a las Comisarías, al Distrito Especial de Bogotá y a los Municipios, establecer impuestos directos o indirectos sobre los juegos de apuestas permanentes de que trata el presente Decreto.
Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-521-97 del 15 de octubre de 1997, "en el entendido de que se refieren a las entidades territoriales que hoy contempla el artículo 286 de la Constitución".
Los servicios seccionales de salud quedan obligados a invertir un treinta por ciento (30%) como mínimo de los ingresos obtenidos por lo dispuesto en los artículos anteriores en programas de acueductos y alcantarillados en la comprensión municipal de las poblaciones que tengan menos de cien mil habitantes.
Prohibiciones y normas varias.
En caso de mora en el pago de los impuestos de timbre sobre vehículos automotores, consumo de licores y de cigarrillos y a la gasolina, se aplicarán las sanciones que para el mismo efecto están establecidas respecto del impuesto de renta y complementarios.
Los impuestos nacionales cedidos a las entidades territoriales por la Ley 14 de 1983 adquirirán el carácter de rentas de su propiedad exclusiva a medida que las Asambleas, Consejos Intendenciales y Comisariales y el Concejo Distrital de Bogotá, en lo de su competencia, los vayan adoptando dentro de los términos, límites y condiciones establecidos por la misma ley.
Los Departamentos no podrán establecer con ningún nombre, gravámenes sobre los artículos de cualquier género que transiten por su territorio, procedentes de otro Departamento o encaminados a él, y que por condiciones topográficas especiales necesiten atravesar el territorio de un Departamento distinto.
Queda prohibido cualquier impuesto departamental establecido o que se establezca sobre el consumo del café.
El uso y goce de las aguas nacionales no puede gravarse con impuestos por parte de los Departamentos. Los gravámenes de esta naturaleza no obligan a los beneficiarios de tales aguas.
Para los efectos de liquidación y control de impuestos nacionales, departamentales, o municipales, podrán intercambiar información sobre los datos de los contribuyentes, el Ministerio de Hacienda y las Secretarías de Hacienda Departamentales y Municipales.
TÍTULO VII De los contratos Artículos 211 a 230
En desarrollo de la autonomía de los Departamentos y Municipios, las normas fiscales podrán disponer sobre formación y adjudicación de los contratos que celebren y cláusulas de los mismos conforme a sus intereses y a las necesidades del servicio; pero las normas sobre tipos de contratos, clasificación, efectos, responsabilidad y terminación están reservadas a la ley, así como las de inhabilidades e incompatibilidades.
Las normas del Decreto - ley 222 de 1983 sobre tipos de contratos, su clasificación, efectos, responsabilidades y terminación y los principios del mismo estatuto sobre terminación, modificación e interpretación unilaterales se aplican también en los Departamentos.
El Artículo 263 del Código Contencioso Administrativo fue derogado por el artículo 81 de la Ley 80 de 1993, "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública", publicada en el Diario Oficial No. 41.094 del 28 de octubre de 1993.
Los contratos de crédito interno no requerirán para su validez la autorización previa o la aprobación posterior de autoridades nacionales
Son créditos internos los pactados en moneda nacional o extranjera que se reciban y paguen en pesos colombianos, sin que se afecte la balanza de pagos.
Las Asambleas Departamentales autorizarán el cupo de endeudamiento que estimen conveniente, de acuerdo con la solicitud formulada por el Gobernador y los planes y programas de desarrollo que éste presente. Dentro del cupo de endeudamiento señalado por la Asamblea Departamental, corresponde al Gobernador del Departamento la celebración de los correspondientes contratos de empréstito.
El Gobernador acompañará a la solicitud de endeudamiento los siguientes documentos: plan o programa de inversiones, en el cual se demuestre la conveniencia y utilidad de las obras que se van a financiar y su sujeción a los planes y programas departamentales, así como la disponibilidad de recursos para atender oportuna y suficientemente el servicio de la deuda.
Las operaciones de crédito público interno que se proyecten celebrar con cargo al cupo de endeudamiento fijado por la Asamblea, serán solicitadas por el jefe del Departamento Administrativo o Secretaría que vaya a ejecutar el respectivo proyecto y autorizadas mediante decreto del Gobernador, en el cual se establecerá la destinación del producto del empréstito, sus condiciones financieras, la entidad ejecutora y las garantías que se otorgarán.
Las operaciones de crédito público interno que proyecten celebrar los organismos descentralizados departamentales serán aprobadas mediante resolución del Gobernador en la cual se establecerá la destinación del producto del empréstito, sus condiciones financieras y las garantías que se otorgarán.
La solicitud de aprobación, que debe ser presentada por el representante legal del organismo, estará acompañada de los siguientes documentos:
Estudio económico que demuestre la utilidad de las obras o inversiones que se van a financiar y su sujeción a los planes y programas que esté adelantando la administración departamental, junto con la proyección del servicio de la deuda que se va a contraer.
Copia autenticada de la autorización de la junta o consejo directivo de la entidad para contratar el préstamo y otorgar garantías.
Concepto favorable de la oficina de planeación departamental sobre la conveniencia técnica y económica del proyecto.
Relación y estado de la deuda pública y valor de su servicio anual certificado por el revisor o auditor fiscal de la entidad.
Presupuesto de rentas y gastos de las vigencia en curso y sus adiciones y modificaciones legalmente autorizadas, junto con los balances de los dos últimos años.
Minuta del contrato con la manifestación expresa del prestamista de que la acepta.
Una vez recibidos los documentos mencionados en el artículo anterior, el gobernador del departamento expedirá la resolución por medio de la cual apruebe o niegue la respectiva solicitud.
Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No. 093 del 12 de julio de 1990, Magistrado Ponente, Dr. Fabio Morón Díaz.
Los empréstitos de que tratan los artículos anteriores no podrán contar con garantía de la Nación, ni el Gobierno podrá incorporar en el proyecto de presupuesto nacional partida alguna destinada a financiar mediante aportes o préstamos el servicio de dicha deuda.
Las Asambleas Departamentales y las juntas o concejos directivos de los organismos descentralizados no podrán aprobar los presupuestos de tales entidades si en ellos no se hubieran incluido las partidas necesarias para atender oportuna y totalmente el pago del servicio de toda la deuda que resulte exigible en la vigencia respectiva, por concepto de los empréstitos contratados.
Los departamentos y sus entidades descentralizadas no podrán celebrar ninguna operación de crédito interno cuando el servicio total de la deuda pública respectiva represente en la correspondiente vigencia fiscal una suma superior al treinta por ciento (30%) de sus rentas ordinarias incluyendo el nuevo empréstito.
Para los efectos de este artículo, no se consideran rentas ordinarias las provenientes del situado fiscal ni las transferencias para educación y prestaciones sociales a que se refiere la ley 43 de 1975.
Las disposiciones de los artículos anteriores no rigen respecto de los empréstitos internos de tesorería destinados a mantener la regularidad de los pagos y que cubran con recursos ordinarios en el curso de una vigencia fiscal, siempre que la cuantía de tales empréstitos no alcance en su conjunto a más del diez por ciento (10%) de los ingresos ordinarios de la entidad prestataria. Tampoco son aplicables a las operaciones a que se refiere el artículo 16 del Decreto 294 de 1973 y normas reglamentarias.
PARÁGRAFO. Los valores absolutos que este artículo expresa en moneda nacional se reajustarán cada dos años, a partir del primero de enero de 1986, en un porcentaje igual a la variación que para el período bienal que termine el 31 de octubre anterior registre el índice de precios al consumidor, nivel de ingresos medios (empleados), que elabore el Departamento Nacional de Estadística, aproximando el resultado a la decena de miles superior. El Gobierno Nacional publicará un decreto con los valores absolutos resultantes, de acuerdo con la certificación que expida el Departamento Nacional de Estadística al terminar el mes de octubre respectivo. Si el gobierno no expidiere el decreto, el aumento será de un veinte por ciento (20%).
Los contratos de crédito externo que proyecten celebrar los Departamentos y sus entidades descentralizadas se regirán por el Decreto 1050 de 1955 y las disposiciones que lo adicionen o reformen.
Autorizase a las Asambleas Departamentales para que, a iniciativa del Gobernador, puedan disponer la ejecución y conservación de obras públicas en el ramo de vías de comunicación en sus correspondientes Departamentos, mediante el sistema de concesión de obras públicas.
ARTÍCULO 229 A fin de que la remuneración del concesionario sea efectiva, quedan autorizadas las Asambleas Departamentales para establecer las tarifas que hayan de pagar los usuarios del servicio a que la obra concedida se destina, en la cuantía que las mismas Asambleas determinen teniendo en cuenta el costo de la obra y el plazo de explotación exclusiva del concesionario, y para confiar a éste su recaudo.
Las tarifas que se autoricen por las Asambleas quedan sujetas a la aprobación del Ministerio de Obras Pública y transporte.
La adjudicación de los contratos a que se refieren los dos artículos anteriores se hará mediante licitación pública y en ellas se deberá pactar la cláusula de caducidad.
TÍTULO VIII.D el personal Artículos 231 a 243
Le Corresponde a las Asambleas, a iniciativa del Gobernador, adoptar la nomenclatura y clasificación y fijar las escalas de remuneración de las distintas categorías de empleos de la administración departamental.
Artículo modificado por el Decreto 1569 de 1998, según lo establece el artículo 37, publicado en el Diario Oficial No. 43.358, del 10 de agosto de 1998. "Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de las entidades territoriales que deben regularse por las disposiciones de la Ley 443 de 1998 y se dictan otras disposiciones".
La determinación de las plantas de personal, o sea la creación, supresión y fusión de cargos en la administración departamental corresponde a los gobernadores. Esta función se cumplirá con sujeción estricta a las normas que expidan las asambleas sobre nomenclatura, clasificación y remuneración de empleos, y sin que se puedan crear a cargo del tesoro departamental obligaciones que supere el monto fijado en el presupuesto inicialmente aprobado para el pago de servicios personales.
Artículo modificado por el Decreto 1569 de 1998, según lo establece el artículo 37, publicado en el Diario Oficial No. 43.358, del 10 de agosto de 1998. "Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de las entidades territoriales que deben regularse por las disposiciones de la Ley 443 de 1998 y se dictan otras disposiciones",
Los servidores Departamentales son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales.
En los estatutos de los establecimientos públicos departamentales se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.
Corte Constitucional - “En los estatutos de los establecimientos públicos departamentales se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.“ corresponde al texto del artículo 13 de la Ley 3 de 1986 el cual fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-283-02 de 16 de octubre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.
Quienes presten sus servicios en las empresas industriales y comerciales y en las sociedades de economía mixta departamentales son trabajadores oficiales. No obstante, los estatutos de dichas empresas precisarán que actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos.
Corte Constitucional - “Quienes presten sus servicios en las empresas industriales y comerciales y en las sociedades de economía mixta departamentales son trabajadores oficiales“ declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-283-02 de 23 de abril de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.
“No obstante, los estatutos de dichas empresas precisarán que actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos.“ la Corte se declaró INHIBIDA de fallar.
El régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales de los Departamentos es el que establece la ley.
Los Departamentos repetirán contra las personas que hubieren efectuado elecciones, nombramientos o remociones ilegales de funcionarios, el valor de las indemnizaciones que hubieren pagado por esta causa. Las violaciones de la ley, para estos efectos deben haber sido manifiestas y ostensibles conforme a las respectiva decisión de la autoridad judicial.
El Presidente de la República, los Gobernadores, los Alcaldes y, en general, todos los funcionarios que tengan facultad de nombrar y remover empleados administrativos, no podrán ejercerla sino dentro de las normas que expida el Congreso, para establecer y regular las condiciones de acceso al servicio público, de ascensos por mérito y antigüedad, y de jubilación, retiro o despido. (Artículo 5o. del plebiscito de 1o. de diciembre de 1957).
ARTÍCULO 237 A los empleados o funcionarios públicos de la Carrera Administrativa les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho de sufragio
El quebrantamiento de esta prohibición constituye causal de mala conducta. (Artículo 6o. del Plebiscito de 1o. de diciembre de 1957).
El funcionario o empleado público que forme parte de comités, juntas o directorios políticos, o intervenga en debates o actividades de este carácter, será sancionado disciplinariamente con la pérdida del empleo aunque pertenezca a una carrera de servicio y sin perjuicio de la sanción prevista en el artículo 158 del Código Penal.
En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo o cargo público de la Carrera Administrativa, o su destitución o promoción. (Artículo 7o. del Plebiscito del 1o. de diciembre de 1957).
Ningún ex empleado de entidades oficiales o semioficiales de todo orden podrá intervenir, por ningún motivo y en ningún tiempo, en negocios que hayan sido conocidos o adelantados por él durante el desempeño de sus funciones y por razón de su cargo.
La contravención a lo dispuesto en el artículo anterior producirá la nulidad de las actuaciones respectivas, la cual será declarada a petición de cualquier interesado o del Ministerio Público.
ARTÍCULO 242 A los empleados departamentales se les pueden imponer deberes por las leyes, por las ordenanzas, por los reglamentos que dicte el Gobernador y las órdenes de los superiores.
El Procurador General de la Nación, mediante concepto fundado en pruebas, pedirá la remoción de todo empleado nacional, departamental o municipal que apareciere como inepto, desidioso o afectado por otra causa que lo imposibilite para que el debido desempeño de cargo. La petición la hará a la autoridad de quien dependa el nombramiento y ésta deberá prestar atención a la solicitud del procurador.
TÍTULO IX Del control fiscal Artículos 244 a 251
La ley podrá limitar las apropiaciones departamentales destinadas a asignaciones de los Diputados, gastos de funcionamiento de las Asambleas y de las Contralorías Departamentales.
Inciso 3o. derogado por el Artículo 16 de la Ley 330 de 1996, publicada en el Diario Oficial No. 42.938 del 12 de diciembre de 1996.
Artículo derogado por el artículo 16 de la Ley 330 de 1996, publicada en el Diario Oficial No. 42.938 del 12 de diciembre de 1996.
Corte Constitucional: - Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-143-93 del 20 de abril de 1993.
Las Contralorías sólo ejercerán como funciones administrativas las inherentes a su propia organización. Por tanto, no podrán intervenir en la formación y elaboración de los actos que corresponda expedir a otras autoridades departamentales.
Si dos o más personas alegan haber sido designadas Contralores para un mismo período, deberán presentar ante el Gobernador en un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la elección, las pruebas, documentos y razones en que fundan su pretensión.
Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-143-93 del 20 de abril de 1993.
Los Contralores que ejerzan el cargo en propiedad sólo podrán ser removidos antes del vencimiento de su período por sentencia judicial o decisión de la Procuraduría General de la Nación.
Los Contralores y Auditores Departamentales no podrán nombrar para ningún cargo, en las oficinas bajo su dirección, a los Diputados que hubieran intervenido en su elección, ni a los parientes de los mismos Diputados dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad. Es nulo todo nombramiento que se haga en contravención de esta disposición.
TÍTULO X De las entidades descentralizadas Artículos 252 a 326
CAPÍTULO I De las definiciones, clasificación y creación Artículos 252 a 262
Son entidades descentralizadas del orden departamental los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta.
Artículo citado en: 10 sentencias, 2 noticias
Los establecimientos públicos son organismos creados por las Asambleas Departamentales, encargados principalmente de atender funciones administrativas, conforme a las reglas del derecho público. También pueden ser creados por los Gobernadores cuando para ellos estuvieron precisa y debidamente autorizados por las Asambleas.
Los fondos son un sistema de manejo de cuentas de parte de los bienes o recursos de un organismo, para el cumplimiento de los objetivos contemplados en el acto de su creación, y cuya administración se hace en los términos en éste señalados.
Cuando a dichas características se quiera sumar la personalidad jurídica, los fondos, lleven o no la mención concreta de rotatorios, son establecimientos públicos, que se regirán por las normas del presente estatuto aplicables a esta clase de entidades.
Las empresas industriales y comerciales son organismos creados por las Asambleas que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial, conforme a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones derivadas de la ley, y que reúnen las siguientes características:
Autonomía, y
Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de impuestos, tasas o contribuciones de destinación especial.
Las Empresas también podrán ser creadas por los Gobernadores cuando para ello estuvieron precisamente autorizados por las Asambleas.
Las sociedades de economía mixta son organismos constituidos bajo la forma de sociedades comerciales, con aportes de los Departamentos y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que se deriven de la ley o de la atribución que se les haga de funciones administrativas. Los aportes de los Departamentos no podrán ser inferiores al cincuenta y uno por ciento (51%) del capital de la sociedad.
Corte Constitucional: - “Los aportes de los Departamentos no podrán ser inferiores al cincuenta y uno por ciento (51%) del capital de la sociedad.“ declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-953-99 del 1 de diciembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.
El grado de tutela, y, en general, las condiciones de la participación de los Departamentos en esta clase de sociedades se determinan en los actos que autoricen su creación y en el respectivo contrato social.
Las sociedades en las que los Departamentos tengan participación inferior al cincuenta y uno por ciento (51%) de su capital social, se someterán a las reglas que prevean los actos que autoricen su creación o la participación departamental y el respectivo contrato especial, en todo lo atinente a su régimen jurídico y administrativo.
La creación de sociedades de economía mixta y de sociedades en las que los Departamentos tengan menos del cincuenta y uno (51%) por ciento de su capital social, así como la participación de los Departamentos en sociedades ya constituidas, deberán ser autorizadas por las Asambleas. Estas también podrán investir de precisas facultades a los Gobernadores para que ellos dispongan sobre su creación y organización.
Las personas jurídicas en las cuales participen los Departamentos y los Municipios, o sus entidades descentralizadas, asociados entre ellos o con particulares, cuando para tal efecto estuvieren debidamente autorizados, se sujetarán a las normas contempladas en los Decretos-leyes 3130 de 1968, artículo 4o. y 130 de 1976, artículos 1o. a 5o.
Los Decretos 3130 de 1968 y 130 de 1976 fueron derogados expresamente por el Artículo 121 de la Ley 489 de 1998, "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 43.464 de 30 de diciembre de 1998.
ARTÍCULO 260 A las reglas señaladas en el artículo anterior se sujetarán los convenios que, conforme a lo dispuesto en los artículos 2o. a 4o., de la Ley 3a. de 1986, celebren dos o más Departamentos entre sí o entidades descentralizadas suyas.
Corresponde a las Asambleas, a iniciativa de los Gobernadores, crear, transformar, fusionar, suprimir, o modificar, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales y sociedades de economía mixta.
ARTÍCULO 262 Sólo a iniciativa de los Gobernadores podrán las Asambleas autorizar, pro tempore y de manera precisa, la creación, transformación, supresión, fusión o modificación, de entidades descentralizadas
Los respectivos proyectos deberán acompañarse de los estudios a que se refiere el inciso final del artículo anterior.
CAPÍTULO II De las funciones y tutela gubernamental Artículos 263 a 275
Las entidades descentralizadas se someten a las normas del presente estatuto y a las disposiciones que, dentro de sus respectivas competencias expidan las Asambleas y demás autoridades secciónales, en lo atinente a su definición y naturaleza jurídica, características, organización funcionamiento, régimen de sus actos, inhabilidades, incompatibilidades responsabilidades de sus juntas directivas, de los miembros de éstas y de sus representantes legales. Las sociedades de economía mixta se sujetan, además, a las cláusulas del respectivo contrato social.
La autonomía de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales se ejercerá conforme a los actos que los rigen, y la tutela gubernamental a que están sometidos tiene por objeto el control de sus actividades la coordinación de éstas con la política y programas de la administración Departamental.
Las Secretarías y departamentos administrativos a los cuales se hallen adscritos los establecimientos públicos, y vinculadas las empresas industriales y comerciales, departamentales, serán los organismos encargados de ejercer la tutela gubernamental.
Conforme a las disposiciones que regulan el funcionamiento del sector gubernamental dentro del cual operan, los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales, participarán en la formulación y elaboración de los programas sectoriales y ejecutarán los que a ellos corresponda.
Los representantes del Gobierno Departamental en los órganos directivos de las sociedades de economía mixta, estarán encargados de velar porque las actividades de éstas se ajusten a la política y programas de la Administración Departamental.
Los establecimientos públicos, con el voto favorable del Gobernador o del representante de éste, podrán delegar en los Municipios o entidades municipales el cumplimiento de algunas de sus funciones.
La entidad delegataria se someterá a los requisitos y formalidades, prescritos para el ejercicio de las funciones delegadas.
La delegación de funciones a que se refiere el artículo anterior podrá acompañarse de la celebración de convenios o contratos en los que se fijen los derechos y obligaciones de las entidades delegante y delegataria.
Los representantes legales de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales, presentarán a la secretaría o Departamento administrativo al cual se hallen adscritas o vinculadas las correspondientes entidades los proyectos de presupuesto y los planes de inversión de éstas, por lo menos quince (15) días antes de que la respectiva junta o consejo directivo deba comenzar su estudio.
En los estatutos de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales se determinarán los actos que por su importancia o cuantía requieren para su validez el voto favorable del Gobernador o de su delegado.
En los estatutos de las sociedades de economía mixta que gocen de ventajas financieras o fiscales, o tengan a su cargo el ejercicio de una función administrativa, se señalarán los actos que requieran para su validez el voto favorable de los representantes del Gobierno Departamental.
PARÁGRAFO. Esta disposición no se aplica a las sociedades o asociaciones en que participen entidades extranjeras o internacionales de carácter público.
La representación de las acciones que posea el Departamento en una sociedad de economía mixta corresponde al Gobernador o al Secretario o Jefe de Departamento Administrativo a cuyo despacho se halle vinculada la sociedad, quien actuará como delegatario de aquél.
Para la obtención de recursos especiales del Gobierno Departamental, las entidades descentralizadas deberán presentar certificación del organismo al cual se hallen adscritas o vinculadas de que sus programas están ceñidos a los planes sectoriales de desarrollo.
El control de tutela y la participación de los representantes de las entidades departamentales en los órganos de dirección de las entidades descentralizadas indirectas se determinarán en los actos de creación o en el respectivo contrato social.
CAPÍTULO III De la direccion y estructura Artículos 276 a 287
La dirección y administración de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales, estarán a cargo de una junta o consejo directivo, de un gerente o director, quien será su representante legal, y de los demás funcionarios que determinen los actos pertinentes de la junta o consejo.
Todos los miembros de las juntas o consejos directivos de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales, deberán obrar en los mismos consultando la política de la administración departamental en el respectivo sector y el interés del organismo ante el cual actúan.
Los miembros de las juntas o consejos directivos aunque ejercen funciones públicas, no adquieren por ese solo hecho la calidad de funcionarios públicos.
Los actos de creación de las entidades o los estatutos indicarán los funcionarios que deben hacer parte de las juntas o consejos y dispondrán que si dichos empleados pueden delegar su representación, lo hagan designando siempre a otro funcionario de la Administración Departamental;
La presidencia de la junta o consejo directivo corresponde al Gobernador o a su delegado. En caso de empate en la junta o consejo directivo desistirá el voto del Gobernador o su delegado.
Los representantes de las Asambleas en las juntas directivas a que se refiere el artículo anterior no podrán ser más de la mitad del total de miembros de la respectiva junta o consejo. Dichos representantes podrán ser Diputados principales o suplentes o personas ajenas a las Asambleas. Su periodo no ser mayor del que corresponde a la corporación que los eligió.
En los establecimientos, públicos y en las empresas industriales y comerciales, los honorarios que se paguen a los miembros de los consejos o juntas directivas y de los comités o comisiones de los mismos serán fijados por decreto del Gobernador, el cual señalará siempre el máximo de lo que cada miembro puede percibir mensualmente.
PARÁGRAFO. Los empleados públicos no podrán percibir remuneración por su asistencia a las juntas o consejos directivos de que formen parte en virtud del mandato legal o por delegación.
Son funciones de las juntas o consejos directivos:
Formular la política general del organismo y los planes y programas que deben incorporarse a los planes generales de desarrollo del Departamento.
Adoptar los estatutos de la entidad y cualquier reforma que a ellos se introduzca y someterlos a la aprobación del Gobierno Departamental.
Determinar la organización interna de la entidad mediante la creación de las dependencias o unidades administrativas a que hubiere lugar y el señalamiento de sus funciones.
Aprobar el presupuesto anual del respectivo organismo.
Controlar el funcionamiento general de la organización y verificar su conformidad con la política adoptada, y
Las demás que les señalen los actos de creación o sus respectivos estatutos.
Los representantes de las Asambleas y del Gobierno Departamental en las juntas o consejos directivos de los organismos a que se refiere el presente título, deberán rendir a la corporación o autoridad que los haya designado los informes de carácter general o particular que se les soliciten sobre las actividades y situación de la entidad ante la cual actúan.
Son funciones de los gerentes o directores de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales, las señaladas en los actos que los creen y reformen y en los estatutos respectivos. En particular les corresponde:
Dirigir, coordinar, vigilar y controlar el personal de la organización y la ejecución de las funciones o programas de ésta y suscribir, como su representante legal, los actos y contratos, que para tales fines deban expedirse o celebrarse.
Rendir informes a la correspondiente secretaría o departamento administrativo, en la forma que éstos lo determinen, sobre el estado de la ejecución de los programas que corresponden al organismo y al Gobernador los informes generales y periódicos, o particulares que se les soliciten, sobre las actividades desarrolladas, la situación general de la entidad y las medidas adoptadas que puedan afectar el curso de la política de la Administración Departamental, y
Ejecutar las decisiones de la junta directiva y cumplir todas aquellas funciones que se relacionen con la organización y funcionamiento de la entidad y que no se hallen expresamente atribuidas a otra autoridad.
Los actos de creación de los establecimientos públicos y de las empresas industriales o comerciales señalarán requisitos y calidades que deben reunir sus gerentes o directores.
Los gerentes o directores de los establecimientos públicos, de las empresas industriales o comerciales y de las sociedades de economía mixta son agentes del Gobernador, de su libre nombramiento y remoción.
Con las formalidades y en los casos previstos por los estatutos, las juntas o consejos directivos podrán delegar en los representantes legales de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales el cumplimiento de ciertas funciones o la celebración de determinados actos. Igualmente, señalarán las funciones o actos que dichos representantes legales pueden delegar en otros servidores del respectivo organismo.
CAPÍTULO IV De las inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades Artículos 288 a 303
Además de los que les señalen otras normas, son deberes de los miembros, de las juntas o consejos y de los gerentes o directores:
Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y los estatutos de la entidad;
Desempeñar sus funciones con eficiencia e imparcialidad, y
Guardar en reserva los asuntos de carácter industrial o comercial que conozcan en razón de sus funciones y que por su naturaleza no deban divulgarse.
Además de los impedimentos e inhabilidades que consagren las disposiciones vigentes, no podrán ser elegidos miembros de juntas o consejos directivos, ni gerentes, ni directores quienes:
Se hallen en interdicción judicial;
Se encuentren suspendido en el ejercicio de su profesión o lo hubieren sido por falta grave o se hallen excluidos de ella;
Como empleados públicos de cualquier orden hubieren sido suspendidos por dos veces o destituidos;
Durante el año anterior a la fecha de su nombramiento hubieren ejercido el control fiscal en la respectiva entidad.
No podrán ser miembros de las juntas a que se refiere el presente Decreto quienes sean funcionarios o empleados de la Contraloría Departamental. Sin embargo, en ejercicio de sus funciones de vigilancia fiscal, podrán concurrir a sus sesiones con derecho a voz pero no a voto, cuando así lo dispongan los estatutos u otras normas especiales.
Los particulares y diputados principales y suplentes no podrán ser miembros de más de dos (2) juntas o concejos directivos de entidades descentralizadas.
Los miembros de las juntas o consejos directivos no podrán ser entre sí ni tener con sus electores o con el gerente o director de la respectiva en dad parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Habrá lugar a modificar la última elección o designación que se hubiere hecho, si con ella se violó la regla aquí establecida.
Además de las prohibiciones contenidas en otras normas, los miembros de las juntas y los gerentes o directores no podrán:
Aceptar, sin permiso del Gobierno Departamental, cargos, mercedes, invitaciones o cualquier otra clase de beneficios provenientes de entidades o gobiernos extranjeros;
Solicitar o recibir, directamente o por interpuesta persona, gratificaciones, dádivas o recompensas como retribución por actos inherentes a su cargo, y
Solicitar o aceptar comisiones en dinero o en especie por concepto de adquisición de bienes y servicios para el organismo.
Los miembros de las juntas o consejos, durante el ejercicio de sus funciones y dentro del año siguiente a su retiro, y los gerentes o directores, dentro del período últimamente señalado, no podrán prestar sus servicios profesionales a la entidad en la cual actúan o actuaron.
Estas mismas personas tampoco podrán ejercer la profesión de abogado contra las respectivas entidades, dentro del período señalado en el inciso anterior, a menos que se trate le la defensa de sus propios intereses o de los de su cónyuge o hijos menores.
Las juntas o consejos directivos y los gerentes o directores no podrán designar como empleados de la respectiva entidad a los cónyuges de éstos, de sus electores o de los miembros de aquéllas ni a quienes tengan parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con dichos gerentes, cónyuges, electores o miembros.
Los miembros de las juntas o consejos directivos y los gerentes o directores no podrán, en relación con la entidad a la que prestan sus servicios y con las que hagan parte del sector administrativo al cual pertenece aquella:
Celebrar por sí o por interpuesta persona contrato alguno, y
Gestionar negocios propios o ajenos, salvo cuando contra ellos se entablen acciones por dichas entidades o se trate de reclamos por el cobro de impuestos o tasas que se hagan a los mismos, a su cónyuge o a sus hijos menores, o del cobro de prestaciones y salarios propios.
Tampoco podrán las mismas personas intervenir, por ningún motivo en ningún tiempo, en negocios que hubieren conocido o adelantado durante el desempeño de sus funciones.
Quienes como funcionarios o miembros de las juntas o consejos directivos de los organismos a que se refiere este Decreto admitieren la intervención de cualquier persona afectada por las prohibiciones e incompatibilidades que en él se consagran, incurrirán en mala conducta y deberán ser sancionados de acuerdo con la ley.
Por cuanto ejercen funciones. públicas y se hallan encargados de la prestación de un servicio público y del manejo de fondos o rentas oficiales, a los miembros de las juntas o consejos que no tienen por este hecho la calidad de empleados públicos, les son aplicables las disposiciones del Título III del Código Penal sobre "Delitos contra la Administración Pública". A quienes tengan la calidad de funcionarios o empleados públicos, se aplicarán las disposiciones penales previstas para éstos.
Los gerentes o directores que, en ejercicio de sus funciones, celebren contratos con personas que se hallen inhabitadas para ello por la Constitución o la ley, serán sancionados con la destitución.
Sin perjuicio de las demás sanciones que prevean las disposiciones vigentes, serán destituidos los miembros de las juntas directivas y los gerentes o directores que, con ocasión del ejercicio de sus funciones, ilícitamente reciban o hagan dar o prometer dinero u otra utilidad, para sí o para un tercero; den a conocer documentos o noticias que deben mantener en secreto; o que valiéndose de su cargo, ejecuten funciones públicas distintas de las que legalmente les corresponden.
La sanción de destitución prevista en el artículo anterior, será aplicada por la autoridad que hizo la designación o el nombramiento, o por la Procuraduría General de la Nación, una vez establecidos los hechos que den lugar a la misma. Directamente o mediante un funcionario de su dependencia, la autoridad nominadora hará las averiguaciones pertinentes o adelantará la investigación a que hubiere lugar.
Cuando conforme al presente Código fuere destituido un miembro de una junta o consejo que fuere funcionario público y asistiera a la misma por mandato legal o por delegación, dicha sanción implica también la pérdida del empleo o cargo que desempeña.
Las inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades establecidas en este título se consagran sin perjuicio de las previstas en otras disposiciones para las mismas personas o funcionarios.
Igualmente, las sanciones previstas en el presente título se aplicaran sin perjuicio de las demás establecidas en otras disposiciones para los mismos hechos.
CAPÍTULO V Del régimen de personal y de los actos y contratos Artículos 304 a 315
Las personas que presten sus servicios en los establecimientos públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. En los estatutos de los establecimientos se precisará que actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.
Corte Constitucional - “Quienes presten sus servicios en las empresas industriales y comerciales y en las sociedades de economía mixta son trabajadores oficiales.” declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-283-02 de 23 de abril de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.
Sobre “No obstante, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos.“ la Corte se declaró INHIBIDA de fallar por ineptitud de la demanda.
Mediante Sentencia C-537-96 de 16 de octubre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-536-96.
“En los estatutos de los establecimientos se precisará que actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.“ declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-536-96 del 16 de octubre de 1993.
Con aprobación del Gobierno Departamental, las juntas directivas de los establecimientos públicos y de las empresas industriales determinarán las plantas de personal con sujeción a las normas que expidan las Asambleas sobre nomenclatura, clasificación y remuneración de los empleos.
En las entidades descentralizadas, el régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales será el ordenado por la ley.
Salvo las excepciones que establezca la ley, los actos que realicen los establecimientos públicos para el cumplimiento de sus funciones son administrativos y estarán sujetos a las normas de procedimiento prescritas en el Decreto-ley 01 de 1984.
Los actos y hechos que las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta realicen para el desarrollo de sus actividades industriales y comerciales están sujetos a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas de competencia sobre la materia. Los que realicen para el cumplimiento de las funciones administrativas que les haya confiado el acto creador o sus estatutos, son actos administrativos.
Los contratos de los establecimientos públicos, quedan sujetos en cuanto a su clasificación, definición, inhabilidades e incompatibilidades, cláusulas obligatorias, principios sobre interpretación, modificación y terminación unilaterales, efectos, responsabilidad de los funcionarios y contratistas, a las disposiciones de la Ley 19 de 1982 y del Decreto 222 de 1983 y a las que las adicionen o reformen.
En lo atinente a los requisitos para su formación, adjudicación, cláusulas no obligatorias y celebración, estarán sometidos a las normas fiscales de las Asambleas y a las que, dentro de la órbita de su competencia, expidan los órganos directivos de las respectivas entidades.
La Ley 19 de 1982 a que hace referencia este artículo fue derogada expresamente por el artículo 81 de la Ley 80 de 1993.
El Decreto ley 222 de 1983 fue derogado en su totalidad, con excepción de los artículo 108, 109, 110, 111 y 113.
Los contratos de obras públicas, consultoría y prestación de servicios que celebren las empresas industriales y comerciales se rigen por las disposiciones del artículo anterior. Sus demás contratos se someten a los principios y reglas del derecho privado.
Los contratos de las sociedades de economía mixta en las que los Departamentos posean el noventa por ciento (90%) o más de su capital social, se rigen por las normas aplicables a los contratos de las empresas industriales y comerciales.
Los contratos de empréstito que celebren los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales se someten a los requisitos y formalidades señalados en el Título VII de este Código.
La vigilancia fiscal de la Contraloría sobre la celebración de los contratos se limita al ejercicio del control posterior. Se entiende por tal la revisión a posteriori de los actos, procedimientos y operaciones, una vez realizados íntegramente, para la celebración del contrato respectivo con el fin de verificar si el trámite se cumplió de acuerdo con las leyes y disposiciones vigentes. En consecuencia, la Contraloría no podrá intervenir durante el cumplimiento de los actos puramente administrativos como son la elaboración de los pliegos de condiciones, el estudio de las propuestas y la adjudicación, perfeccionamiento y liquidación de los contratos.
La revisión de los contratos de las entidades descentralizadas por los tribunales de lo contencioso administrativo se hará conforme a lo que dispone el artículo 263 del Código Contencioso Administrativo (Decreto-ley 01 de 1984).
En el boletín o gaceta oficial del Departamento, se publicará la parte pertinente de las actas de las juntas o consejos cuando se adjudiquen contratos de los establecimientos públicos y de las empresas industriales o comerciales.
El artículo 263 del Código Contencioso Administrativo fue derogado expresamente por el artículo 81 de la Ley 80 de 1993. La Ley 19 de 1982 a que hace referencia este artículo fue derogada expresamente por el artículo 81 de la Ley 80 de 1993.
CAPÍTULO VI De los bienes y del control fiscal Artículos 316 a 320
Los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales se ceñirán, en el cumplimiento de sus funciones, al acto que las creó y a sus estatutos; y no podrán desarrollar actividades o ejecutar actos distintos de los allí previstos, ni destinar cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en el acto que los crea o en sus estatutos.
El manejo de los bienes y recursos de los establecimientos públicos y de las empresas industriales y comerciales se hará conforme a sus presupuestos. Para la elaboración, aprobación y ejecución de estos presupuestos se seguirán los principios del Decreto 294 de 1973 y las normas que en desarrollo de éste expida el Gobierno Nacional.
No son embargables por ninguna autoridad los recursos que reciban las entidades descentralizadas a título de transferencia de la Nación o del respectivo Departamento o como producto de los contratos de empréstito interno o externo que celebren. De sus recursos propios u ordinarios sólo es embargable hasta la tercera parte del valor total de los mismos.
Corte Constitucional: - Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-263-94 del 2 de junio de 1994, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo, "con las precisiones y consideraciones que aparecen en la parte motiva de esta providencia.".
La vigilancia de la gestión fiscal en los establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales corresponde a la Contraloría Departamental, la cual expedirá para su ejercicio reglamentos acordes con las funciones y actividades que desarrollan dichos organismos, a fin de que éstos puedan cumplir con eficiencia sus tareas.
En las sociedades de economía mixta el régimen de vigilancia fiscal es el indicado en el artículo anterior.
En las sociedades en las que el Departamento o sus entidades descentralizadas posean menos del cincuenta y uno por ciento (51%) del capital, el control fiscal será ejercido por revisores fiscales elegidos por la asamblea de accionistas de las listas pasadas por el Contralor. Los revisores cumplirán sus funciones conforme a lo previsto en el Código de Comercio en relación con las sociedades anónimas, sin perjuicio de que el Contralor practique inspecciones en ellas y exija informes al correspondiente revisor fiscal.
CAPÍTULO VII De otras disposiciones Artículos 321 a 326
En las materias no reguladas por el presente Estatuto se aplicarán, en cuanto fueren pertinentes las disposiciones contenidas en la Ley para la organización y el funcionamiento de las entidades descentralizadas nacionales.
Las asociaciones de municipios se continuarán rigiendo por las disposiciones pertinentes del Código de Régimen Municipal.
Las organizaciones cooperativas creadas por los Departamentos, Municipios y sus entidades descentralizadas, podrán acogerse al régimen previsto para las personas jurídicas a que se refiere el artículo 259 de este Código.
Para los efectos del presente Decreto el Gobierno Departamental está constituido por el Gobernador y el secretario o jefe del Departamento Administrativo al cual se halle adscrita o vinculada la respectiva entidad y por sector administrativo al conjunto de organismos que integran la respectiva secretaría o departamento administrativo y las entidades que le están adscritas o vinculadas.
Las funciones de tutela previstas en este Decreto sobre entidades descentralizadas como las loterías y beneficencias, se ejercerán sin perjuicio de las atribuciones de vigilancia y control que conforme a la ley corresponde a las autoridades nacionales.
Antes del 31 de diciembre de 1986, las Asambleas, los Gobernadores y las juntas o consejos directivos, conforme a sus respectivas competencias, procederán a reformar los estatutos de las entidades descentralizadas, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del presente Decreto.
Artículo modificado por el artículo 11 de la Ley 53 de 1990, publicada en el Diario Oficial No. 39.615 del 31 de diciembre de 1990, ampliando el plazo establecido.
TÍTULO XI De los convenios interdepartamentales Artículos 327 a 329
Mediante la celebración de convenios, los Departamentos podrán asociarse entre sí para el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo y para la ejecución de obras o proyectos de desarrollo regional.
La Nación apropiará con destino a las formas asociativas de que habla el artículo anterior, partidas por sumas iguales a las que efectivamente se hayan invertido para la ejecución de obras o de proyectos de desarrollo regional. Tales inversiones deben haberse realizado con cargo a los ingresos ordinarios y corrientes a que se refiera el respectivo convenio.
Los convenios que, con autorización de la Asamblea, celebren los Departamentos en desarrollo del artículo 327, no estarán sujetos a formalidades o requisitos distintos de los que la ley exige para la contratación entre particulares, ni requerirán de la revisión que ordena el Código Contencioso Administrativo. Sin embargo, en ellos se pactará la sujeción de los pagos a las apropiaciones y disponibilidad presupuestales y serán registrados en la correspondiente oficina presupuestal.
TÍTULO XII De las disposiciones varias Artículos 330 a 340
En cada uno de los Departamentos se editará un Boletín o Gaceta Oficial que incluirá los siguientes documentos:
Las Ordenanzas de la Asamblea Departamental.
Los actos que expidan la Asamblea Departamental y la Mesa Directiva de ésta para la ejecución de su presupuesto y el manejo del personal a su servicio.
Los Decretos del Gobernador.
Las Resoluciones que firmen el Gobernador u otro funcionario por delegación suya.
Los contratos en que sean parte el Departamento o sus entidades descentralizadas cuando las respectivas normas fiscales así lo ordenen.
Los actos de la Gobernación, de las Secretarías del Despacho y de las juntas directivas y gerentes de las entidades descentralizadas que creen situaciones jurídicas impersonales u objetivas o que tengan alcance e interés generales.
Los actos de naturaleza similar a la señalada en el literal anterior que expidan otras autoridades departamentales por delegación que hayan recibido o por autorización legal u ordenanzal; y
Los demás que conforme a la ley, o las ordenanzas o a sus respectivos reglamentos, deban publicarse.
De acuerdo con el número de documentos que se deban publicar, la respectiva Asamblea podrá autorizar que a más del Boletín o Gaceta Departamental se editen otra u otras publicaciones para la divulgación de los documentos correspondientes a los distintos sectores administrativos.
En este caso se observarán, en cuanto fueren pertinentes, las normas de los artículos 3o. y 4o. de la Ley 57 de 1985.
Lo dispuesto en los artículos anteriores no obsta para que las Asambleas Departamentales editen anualmente un volumen que contengan los actos expedidos por ellas y los demás documentos que las mismas corporaciones crean conveniente divulgar.
Los actos a que se refieren los literales a), c), f) y g) del artículo 330 sólo regirán después de la fecha de su publicación.
Corte Constitucional: - El Artículo 8 de la Ley 57 de 1985 fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-957-99 del 1o. de diciembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, " ... en relación con el cargo formulado".
La dirección de los Boletines o Gacetas Departamentales corresponderá a la dependencia u oficina que señale el Gobernador.
Además de las que les señalen la ley y las ordenanzas que las creen, las inspecciones departamentales de policía cumplirán las atribuciones a que se refieren los literales b) y c) del artículo 9o., de la Ley 11 de 1986. Estas inspecciones dependerán funcionalmente del respectivo Alcalde Municipal.
Según la categoría del municipio de que se trate y el carácter urbano o rural de la correspondiente inspección, la ordenanza o el acuerdo respectivos según el caso, deberán exigir calidades y requisitos especiales para desempeñar el cargo de inspector de policía.
En los asuntos departamentales y municipales, se aplicarán las disposiciones sobre procedimientos administrativos de la Parte Primera del Decreto-ley 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), salvo cuando las ordenanzas o los acuerdos establezcan, reglas especiales en asuntos que sean de competencia de las Asambleas y Concejos.
Continuarán haciendo parte de los estatutos legales correspondientes, las normas que esta codificación tomó de leyes que no se refieren exclusivamente a las materias tratadas en el presente Decreto.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 35, literal, b), de la Ley 3a. de 1986, están derogadas las normas de carácter legal sobre organización y funcionamiento de la administración departamental no codificadas en este Estatuto.
La Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No. 040 del 21 de marzo de 1991, dispuso estarse a lo resuelto en Sentencia No. 102 de 1986, por la cual se declaró EXEQUIBLE. Magistrado Ponente, Dr. Pedro Escobar Trujillo.
Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No. 102 del 13 de noviembre de 1986, Magistrado Ponente, Dr. Hernando Gómez Otálora.
Dado en Bogotá, D. E., a 18 de abril de 1986
Resolución fep 180 de 2018, por la cual Fedepalma, como Entidad Administradora del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, informa el valor de las Cesiones y Compensaciones de estabilización del mes de febrero de 2018
Auto de 2016, por el cual se inicia Actuación Administrativa tendiente establecer la real situación jurídica del folio de Matrícula Inmobiliaria 50S-40047700. Expediente número AA- 319 de 2015

References: artículo 14
 artículo 29
 Artículo 57
 artículo 113
 Artículo 1
 artículo 58
 artículo 114
 artículo 30
 artículo 59
 artículo 115

ARTÍCULO 25
 artículo 185
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 34
 artículo 1
 artículo 62
 Artículo 6
 Artículo 112
 resolución 
 Artículo 201
 artículo 202

ARTÍCULO 111
 artículo 14
 artículo 1

ARTÍCULO 113
 artículo 111
 artículo 111
 artículo 317
 artículo 111
 artículo 60
 artículo 26
 artículo 123
 artículo 3
 artículo 135
 artículo 136
 artículo 83
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 285
 artículo 44
 artículo 45
 artículo 24
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 2
 artículo 317
 Artículo 5
 artículo 289
 artículo 171
 artículo 3
 artículo 235
 artículo 236
 artículo 674
 artículo 237
 artículo 238
 artículo 239
 artículo 240
 artículo 252
 artículo 241
 artículo 242
 artículo 186
 artículo 186
 artículo 186
 artículo 190
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 199
 artículo 9
 artículo 3
 Artículo 201
 artículo 3
 artículo 286
 Artículo 263
 artículo 81
 resolución 
 resolución 
 artículo 16

ARTÍCULO 229
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 13

ARTÍCULO 237
 artículo 158

ARTÍCULO 242
 Artículo 16
 artículo 16
 artículo 4
 Artículo 121
 artículo 189

ARTÍCULO 260

ARTÍCULO 262
 artículo 81
 artículo 108
 artículo 263
 artículo 263
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 259
 artículo 11
 artículo 327
 artículo 330
 Artículo 8
 artículo 9
 artículo 35

Resolución