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Timestamp: 2018-04-20 18:31:31+00:00

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Aspectos Jurídicos de la PRL: Recargo de prestaciones PRL
Recargo de prestaciones PRL
El artículo 123 texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio), anterior a la LPRL, establece que cuando ocurra un accidente de trabajo o enfermedad profesional, que tenga como causa la falta de medidas de seguridad, se aplicará una sanción al empresario (que paralelamente beneficia al trabajador) cuya cuantificación dependerá de la gravedad de los hechos y de la entidad de las lesiones padecidas por el empleado.
Esta discutida figura, que no existe en los ordenamientos jurídicos de países vecinos, se ha mantenido a pesar de la exigencia de responsabilidades empresariales a través de las sanciones administrativas, del resarcimiento de los daños causados y de la responsabilidad penal.
1. Tiene como punto de partida el acontecimiento de un accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Este hecho lo diferencia de la responsabilidad administrativa, donde se puede sancionar por el mero incumplimiento de medidas preventivas, incluso sin que se haya producido un daño.
2. Su cuantificación consiste en un incremento entre el 30 y el 50% de las prestaciones que el trabajador haya recibido (incluyendo incapacidad temporal e incapacidad permanente en el grado que se haya determinado).
-incapacidad Permanente Parcial: 28.800 euros.
-Incapacidad Permanente Total: 143.665 euros.
-Incapacidad Permanente Absoluta: 261.210 euros.
Sobre estas cantidades, el importe del recargo correspondería al 30, 40 o 50
3. El pago se efectúa de una sola vez, capitalizándose en función de los criterios de Tesorería General de la Seguridad Social.
4. El recargo de prestaciones no es asegurable. El empresario no podrá cubrir el pago mediante póliza de responsabilidad civil.
5. El recargo suele imponerse al empleador del accidentado, pero cabe su imposición por de accidentes padecidos por trabajadores de una empresa subcontratada (condena solidaria).
El recargo de prestaciones puede partir de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, quién además de una Acta de Infracción, propondrá la imposición del recargo a la Delegación Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social; o del propio trabajador accidentado, que reclamará para conseguir un incremento de las prestaciones que vaya a percibir.
La propuesta de recargo valorará si procede imponerlo en un 30, 40 o 50% en función de la gravedad del incumplimiento de las obligaciones preventivas empresariales.
El procedimiento de oposición sería: propuesta de recargo >> reclamación previa (equivalente a un escrito de alegaciones) >> resolución administrativa >> recurso de alzada >> resolución administrativa >> demanda ante la Jurisdicción Social.
Debe considerarse la presunción del artículo 96.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social:
En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad.
No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira.
Por lo tanto, la carga de la prueba recaerá sobre el empresario o deudor de seguridad, quién deberá demostrar que el suceso dañoso no se produjo por ausencia de medidas preventivas.
La imprudencia del trabajador podrá minorar la responsabilidad, pero tan solo actuarán como eximentes la imprudencia temeraria no previsible, la fuerza mayor o caso fortuito, o la culpa exclusiva no evitable de un tercero.
Para no perjudicar la oposición al recargo, será importante que si el empresario hubiera recibido una Acta de Infracción paralela, proceda a recurrir ambos procedimientos, mostrando su no conformidad con los hechos imputados.
Acoso laboral Ayto. Errenteria 13 de septiembre de 2013, 21:17
Enhorabuena por sus magníficos artículos, Sr. Andreu. Lanzamos una pregunta al aire: ¿Porqué en los casos de acoso laboral con repetidas infracciones en PRL que ocurren en las Administraciones Públicas, la fiscalía no toma la iniciativa para depurar responsabilidades concretas y personales? No es justo que los ciudadanos sean los que paguen con sus impuestos las infracciones en PRL de los ayuntamientos, como por ejemplo ocurre en el Ayto. de Errenteria.
Existe un blog al respecto por si es de su interés con el título:ACOSO LABORAL AYUNTAMIENTO ERRENTERIA del que destacamos dos entradas:
http://txiki08.blogspot.com.es/2013/02/sentencia-1462011-contra-ayto.html
http://txiki08.blogspot.com.es/2013/03/sentencia-1672012-de-responsabilidad.html
Alejandro Somolinos Picón 11 de febrero de 2014, 13:04
Sr. Andreu, podría indicarme los plazos que hay entre cada una de las fases que describe en su artículo? es decir qué plazos hay entre la propuesta de recargo, la reclamación previa, la resolución administrativa, el recurso de alzada, la resolución administrativa y la demanda ante la Jurisdicción Social?

References: artículo 123
 resolución 
 resolución 
 artículo 96
 resolución 
 resolución