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Timestamp: 2018-02-19 02:16:14+00:00

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La Acción o Recurso de Amparo hasta el 2006 – Parte IV (Documento Histórico) | Artículos de Derecho
En argentina existió primero el proceso de hábeas corpus, que protege la libertad corporal y física ante la detención arbitraria y no legal. Este proceso no era aplicable a la protección de ningún otro derecho, por lo que existía un vació constitucional, y en consecuencia se dieron inicios del amparo a través de dos jurisprudencias (caso de “Siri” de fecha 27 de Diciembre del 1956 y “Kot” de fecha 25 de octubre 1958)[1].
El caso del Señor Ángel Siri, conocido como el caso Siri se trató de que este señor fue detenido por las autoridades y esto hizo que clausurara su empresa (era propietario del diario Mercedes) y por ello interpuso un recurso de amparo a favor de la libertad de imprenta y de trabajo.
Este recurso fue rechazado puesto que no era un recurso de hábeas corpus, puesto que ese sólo protegía la libertad física y corporal de los individuos, por lo que a la hora de apelar, la corte, quien fallo a favor del recurrente, hizo salvedad de que éste no invocó un hábeas corpus, sino que elevó un recurso sobre su garantía de libertad de imprenta y trabajo, por lo que fue aquí donde se mostró la necesidad de un recurso que protegiera los demás derechos que no protegía el hábeas corpus. [2]
El caso Kot, proveniente de Samuel Kot, el cual se trató de un conflicto laboral en una fábrica donde se presentaron huelgas y problemas entre empleadores y trabajadores, por lo que se elevó un hábeas corpus por los supuestos delitos realizados hacia la fábrica y el tribunal falló en contra, exponiendo que el hábeas corpus no era la materia de competencia para ese tipo de demanda, por lo que, luego al apelar en la Corte, esta especifica que debe regirse por la materia por lo que abrió camino definitivo al amparo y en donde en esa sentencia el dispositivo contempla la restitución de la fábrica a sus propietarios, libre de ocupantes.
Según José Luis Lazarini en su obra: “EL juicio de amparo” estas sentencias proceden para salvaguardar los derechos constitucionales, exceptuando la libertad física, protegida por el hábeas corpus.
Más tarde fue promulgada la Ley Nacional de Amparo No. 16986 del 18 de octubre de 1966, que ofrece protección contra todo acto u omisión de autoridad pública ilegal que viole los derechos o garantías respaldados por la constitución nacional y solamente procederá cuando no existan otros recursos. Luego el 23 de diciembre de 1965 fue promulgada la ley 7166 solo para Buenos Aires.[3]
Se presenta una persona jurídica o moral ante el Tribunal de Primera Instancia donde haya ocurrido la violación del derecho que se alega y se hace depósito de un escrito y firmado por el que reclama su derecho o derechos el cual contendrá las calidades, hechos y derechos violados por el cual se interpone el amparo.
Luego el Juez estudia la petición y si ésta no procede o es inadmisible la rechaza y ordena el archivo del expediente. En caso de que sea procedente entonces inicia la etapa del juicio de amparo, donde el Juez ordenará al requerido un informe en donde debe sustanciar el caso y éste podrá a la vez hacer depósito de pruebas.
El Juez luego de haber vencido el plazo otorgado para el depósito del informe fallará mediante sentencia luego de cuarenta y ocho (48) horas, rechazando o acogiendo el amparo, y en caso de este último el Juez en su decisión deberá contener según el artículo 12 de la Ley de Amparo:
La referencia de la autoridad por la cual se permite el amparo.
La especificación del comportamiento a cumplir.
El plazo para cumplir el comportamiento.
Estas sentencias son apelables si son definitivas o si declaran la inadmisibilidad entre otras.[4]
La primera Constitución brasileña fue en el 1891, luego fueron promulgadas otras Constituciones en 1934, 1946, 1967 y 20 de septiembre de 1988.
Esta última constitución así como las anteriores protegen los derechos que conocemos como los fundamentales, de todos los residentes en la nación.[5]
Lo que conocemos como acción de amparo en la mayoría de los países, es conocido en Brasil como el “Mandado de Segurança” o “Mandado de Seguridad”; el cual protege cualquier derecho que no sea de atribución al habeas corpus.
En brasil se exige que para que sea de competencia el mandado de seguridad debe ser un derecho individual, liquido, cierto y que no procesa si la violación fue por un particular.[6]
El Mandado de Seguridad está fundamentado en el artículo 5, 108, 109 Y 121 de la Constitución Brasileña que versa de la siguiente manera:
“Artículo 5.- Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza garantizando a los brasileños y a los extranjeros residentes en el país la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad en los términos siguientes:…
LXVIII.- Se concederá el “Habeas-Corpus” siempre que alguien sufriera o se hallara amenazado de sufrir violencia o coacción en su libertad de movimiento, por ilegalidad o abuso de poder;
LXIX.- Se concederá el mandato de seguridad para proteger el derecho líquido y cierto, no amparado por “Habeas-Corpus” o “Habeas-Data”, cuando el responsable por la ilegalidad o abuso de poder fuera autoridad publica o agente de personas en el ejercicio de atribuciones del Poder Público;
LX.- El mandato de seguridad colectivo puede ser solicitado por:
a) Partido político con representación en el Congreso Nacional;
b) Organización sindical, entidad de clase o asociación legalmente constituida y en funcionamiento por lo menos de
un año, en defensa de los intereses de sus miembros o asociados;…
Artículo 108.- Compete a los Tribunales Regionales Federales:
I.- Procesar y juzgar, originalmente:…
c) Los mandatos de seguridad y los Habeas-Data contra el acto del propio tribunal o del juez federal;…
Artículo 109.- A los Jueces Federales compete procesar y juzgar:
VIII.- Los mandatos de seguridad y los Habeas-Data contra el acto de autoridad federal, exceptuados los casos de competencia de los tribunales federales;…
Artículo 121.- La ley complementaria dispondrá sobre la
organización y competencia de los Tribunales, de los jueces de
derecho y de las juntas electorales…
3o. Son inapelables las decisiones del Tribunal Superior
Electoral, salvo las que contrariasen esta Constitución y
las denegatorias de Habeas-Corpus o mandato de seguridad.
4o. De las decisiones de los Tribunales Regionales Electorales
solo podrá haber recurso cuando:…
5º. Denieguen Habeas-Corpus, mandato de seguridad,
Habeas-Data o mandato constitucional.”
Básicamente el Mandato de Seguridad protege las resoluciones y los actos administrativos de las autoridades de la Nación.
Extraído de la idea de los profesores Don Jaime Navarrete y Don Eduardo Soto Kloss, eN 1972, fue llevado por ante el Congreso Nacional un proyecto donde se presentaba el amparo.[7]
Más tarde en 1976 fue promulgada la ley 1552 donde se exponía dicha acción, que consiste para ellos, en un recurso de protección que conlleva un procedimiento sencillo contra los actos de la autoridades que afecten los derechos fundamentales al cual toda persona tiene acceso.[8]
La Constitución Chilena establece en su artículo 103 que los Tribunales Federales son los competentes para conoce del juicio de amparo.
Existen dos tipos de procedimientos de amparo en los tribunales:
1ero. El amparo indirecto o bi instancial.
2do. El amparo directo o uni instancial.
Este se da en la Suprema Corte, en pleno, mediante recurso de revisión. Este conoce las sentencias pronunciadas en las audiencias constitucionales que son emanadas de los Jueces del Distrito, tales como la de competencia exclusiva, que trata sobre que el acto que se reclama es una ley federal.
Este tipo de amparo contiene la facultad de atracción, que quiere decir que no existe su especificación expresamente, pero le pertenece a circunstancias que se consideren especiales el cual es conocido por una de las salas de la Suprema Corte.
Ahora bien si da a lugar una sentencia de revisión contra la de un Tribunal de Distrito que no trató sobre materia de leyes federales ni tratados internacionales o equivalentes, tienen competencia los Tribunales de colegiados De Circuitos.[9]
El Amparo directo o uni instancial
Este tipo de amparo consiste en que la Suprema Corte de Justicia en pleno, mediante revisión, conozca los fallos de los Tribunales Colegiados de Circuito directamente sobre sentencias de inconstitucionalidad en materia internacional o sobre reglamentos del Presidente de la República o de los Gobernadores de Estado.
Tiene como característica este amparo la facultad de atracción si lo amerita, ya sea por que este revestido de mucho interés, como una sentencia o resolución de un Tribunal, y en este caso tiene competencia una de las salas de la Suprema Corte.
Para los casos que no conozcan de leyes o reglamentos federales o tratados internacionales o demás emanados por los Tribunales de Distrito, los Tribunales Colegiados fungen como Supremas Cortes hasta que termine el proceso de amparo.
Debe hacerse la salvedad de que puede interponerse de un recurso de amparo ante los Tribunales del Distrito por medio de amparo indirecto contra cualquier acto emanado por una autoridad y que no sea una sentencia definitiva.[10]
La Constitución en Costa Rica señala en su artículo 48 que: “Toda persona tiene derecho… al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la República.”
En Costa Rica, la Ley de Jurisdicción Constitucional del 11 de octubre de 1989 dispone, en su artículo 35 que: “el recurso de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la violación, amenaza, perturbación o restricción, y hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto del perjudicado. Sin embargo, cuando se trate de derechos puramente patrimoniales u otros cuya violación pueda ser válidamente consentida, el recurso deberá interponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el perjudicado tuvo noticia fehaciente de la violación y estuvo en posibilidad legal de interponer el recurso”.
Estos derechos consagrados que son protegidos en el artículo 48 son los comunes y basados en las convenciones anteriormente estudiadas.
Como observamos en la Constitución de este país, es conocido como un recurso y no como una acción como es el caso de República Dominicana y no se necesita pasar por ningún recurso administrativo.
Sala Constitucional define el Recurso de Amparo como: “Es el recurso mediante el que cualquier persona puede acudir a la Sala Constitucional, si considera que un acto u omisión viola o amenaza los derechos (no protegidos por el recurso de hábeas corpus) que en su favor estipulan la Constitución Política o los Tratados Internacionales aprobados por Costa Rica. Se encuentran regulado en los artículos 29 a 72 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional… procede contra toda acción, omisión, acuerdo o resolución no fundada en un acto administrativo eficaz de los servidores y órganos públicos, que viole o amenace violar los derechos y libertades fundamentales. No procede el amparo contra las leyes, decretos y reglamentos salvo que se impugnen junto con actos de aplicación individual, o cuando se trate de normas que resulten obligatorias por su sola promulgación. Tampoco procede contra las resoluciones y actuaciones del Poder Judicial; los actos que realicen las autoridades administrativas cumpliendo órdenes judiciales; o los actos y disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral.”[11]
Se le reconoce a cualquier persona que tenga interés en ejecutar este recurso en interponerlo. Y para apoderar al Tribunal existe una facilidad, es decir, puede ir otra persona que no haya sido la afectada; puede ser por medio de cualquier escrito a mano o a maquina, por fax o telegrama.
En principio tiene una prescripción de 2 meses luego de que haya finalizado sus resultados.
Para interponer un recurso de amparo en Costa Rica debe dirigirse el interesado a la Sala Constitucional y esta a su vez luego de que se exprese por medio escrito el recurso, le notifica a la contraparte que se ha admitido un recurso de amparo en su contra y que debe contestar en un plazo determinado en el cual inicia la misma resolución. Luego la persona notificada se dirige a la Oficina Jurídica donde le indicarán como proceder.
En la Oficina Jurídica el recurrido tomará copia del expediente del recurso y luego la contraparte redactará un informe con sus calidades y los hechos ocurridos en torno a la interposición del recurso, así como también cualquier otra información adicional que considere necesaria, el cual deberá remitir a dicha Oficina.
La Oficina se encargará de examinarlo y coordinará con la contraparte para que se haga revisión del informe, para que más tarde la Oficina lo deposite en la Sala Constitucional y las partes deberán solamente esperar a que esta conozca, falle y notifique la sentencia que no será susceptible de ningún recurso.[12]
[2] José Luis Lazarin. EL juicio de amparo. Págs. 69
[3] José Luis Lazarin. EL juicio de amparo. Págs. 69
[4] Ley 16.896 sobre el Amparo Argentino General, del 18 de octubre del 1966.
[5] Padillas, Enrique. El Recurso de Protección ante el Derecho Comparado. Pág. 67.
[6] Padillas, Enrique. El Recurso de Protección ante el Derecho Comparado. Pág. 68.
[7] Eduardo Soto Kloss, El recurso de protección. Orígenes, doctrina, jurisprudencia. Editorial Juridico de Chile, 1982, Santiago. Pág. 23.
[8] Padillas, Enrique. El Recurso de Protección ante el Derecho Comparado. Pág. 73.
[9] Arellano García, Carlos. El Juicio de Amparo. Pág. 704.
[10] Arellano García, Carlos. El Juicio de Amparo. Pág. 765.
[11] Ídem. Pág. 2.
[12] Vega Robert, Rolando, Director de la Oficina Jurídica. ¿Que es el Amparo?- Marzo 2002. Pág. 3.
Esta es una disertación realizada antes del 2007 y quiero compartirla con ustedes. Muchas de estas legislaciones se han modificado, por lo que estas informaciones sirven de datos históricos ya que no se encuentran actualizadas. País: República Dominicana. (Tesis presentada a fines académicos).
Tags: el amparo, república de argentina
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References: artículo 12
 artículo 5

Artículo 108

Artículo 109

Artículo 121
 artículo 103
 resolución 
 artículo 48
 artículo 35
 artículo 48
 resolución