Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2014/se201400183.html
Timestamp: 2019-03-21 19:59:26+00:00

Document:
as201400183
SENTENCIA: 183/2014.
EXPEDIENTE: 98/2007.
PARTES: Empresa Soluciones Estratégicas S.A. contra Sistema General del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE).
Pronunciada en el proceso contencioso, interpuesto por la Empresa Soluciones Estratégicas S.A. (SESA), contra la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE).
VISTOS: La demanda contenciosa de fs. 712 a 729, interpuesta contra la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial (SG-SIRESE); respuesta de fs. 779 a 798 y demás antecedentes.
CONSIDERANDO I: Que el representante legal de la empresa Soluciones Estratégicas S.A. (SESA) en la demanda describe los siguientes antecedentes:
El 15 de junio de 1999 (fs. 1 a 4) la Superintendencia General y las cinco Superintendencias Sectoriales (de Aguas, Electricidad, Hidrocarburos, Telecomunicaciones y Transporte) acordaron de manera conjunta, adquirir e implementar un sistema integrado de gestión administrativa, que incluya los ocho sistemas de administración definidos por la Ley N° 1178 y que además permita determinar el costo de las actividades regulatorias definidas en la Ley SIRESE (N° 1600) y otras disposiciones legales. En el mismo acuerdo se asumió que quien suscribiría a nombre de todas las entidades públicas el referido contrato sería la Superintendencia General del SIRESE (cláusula tercera de dicho acuerdo).
A través de la Resolución Administrativa N° 21/99 de 28 de septiembre de 1999 (fs. 5) la Superintendencia General SIRESE, autorizó a la D.A.F. el inicio del proceso de licitación pública, para la adquisición de un Sistema de Gestión Administrativa.
Luego de cumplidas las formalidades previstas en el ordenamiento jurídico vigente en ese momento, teniendo presente el pliego de condiciones (fs. 6 a 100) y demás situaciones, la Superintendencia General SIRESE a través de la Resolución N° 01/2000 de 10 de enero de 2000 (fs. 101) dispuso “Adjudicar la Licitación Pública N° SG/02/99 referida a la adquisición de un Sistema Integrado de Gestión Administrativa para el SIRESE, destinado a la integración de los Sistemas SAYCO, a favor de la propuesta presentada por el proponente Soluciones Estratégicas S.A., por haber obtenido el primer lugar en la evaluación, conforme a la recomendación de la Comisión Calificadora y los antecedentes del proceso de contratación” (textual).
Con este antecedente la Superintendencia General SIRESE a través de la R.A. Interna N° 24/2000 de 17 de abril de 2000 (fs. 102) “Autorizó la suscripción del contrato para la adquisición de un Sistema Integrado de Gestión Administrativa, con el adjudicatario SESA, por la suma de 187.000 $us., que será pagada en la forma y las condiciones establecidas en el contrato, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública N° SGA02/99” (las negrillas son nuestras).
El 24 de abril de 2000, se firmó el contrato entre la S.G.-SIRESE y SESA (fs. 104 a 113) y conforme la propia parte actora precisó en su demanda contenciosa: “En el numeral 13.1 de la cláusula décimo tercera del contrato, (se indicó) que la recepción provisional del Sistema Integrado (SIGAS) se debía efectuar en el plazo máximo de ciento ochenta días calendario, computables a partir de la fecha de inicio de actividades (compatibles según contrato a partir de la firma del Acta de Entrega de Documentación e Infraestructura de 15 de mayo de 2000 -ver acta de fs. 120 a 123-, mediante la cual SESA recibió todos los documentos y equipos necesarios para el inicio de actividades destinadas a cumplir con el objeto del contrato). Asimismo, de acuerdo con el numeral 13.2 del Contrato, la recepción definitiva debía realizarse en el plazo máximo de sesenta días, calendario, computables a partir de la fecha de recepción provisional. Por tanto la fecha de entrega definitiva del SIGAS vencía inexorablemente el 2 de enero de 2001.
La entidad actora admite que los plazos previstos en el contrato antes descrito no se llegaron a cumplir y fue a través de la R.A.N° 36/2001 de 4 de mayo de 2001 (fs. 158 a 159) que la Superintendencia General del SIRESE Autorizó la suscripción de una enmienda al contrato de adquisición del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del SIRESE (SIGAS).
La enmienda al contrato primigenio se firmó el 25 de junio de 2001 (fs. 160 a 164), acordándose la reasignación de personal, nuevos cronogramas de pago, nuevos plazos, nuevos mecanismos de entrega y recepción provisional y definitiva del producto, un sistema adicional de control de calidad del producto desarrollado y condiciones especiales para la resolución del contrato y la propia enmienda.
El 4 de febrero de 2002, SESA entregó oficialmente a la SG-SIRESE, un disco compacto conteniendo los primeros dos sub módulos del SIGAS, sin embargo de ello, de manera arbitraria e intempestiva por nota SG- 280/2002 de 2 de abril SG-SIRESE, notificó a SESA con la resolución del Contrato y su respectiva enmienda sin ninguna causal válida y sin sujetarse al procedimiento convenido contractualmente. (Sostiene la entidad actora).
Luego de sostener que las causales por las cuales la SG-SIRESE decidió resolver el contrato, eran inconsistentes, SESA, alega que el procedimiento asumido por la entidad contratante, para resolver el contrato, no corresponde a lo previsto en el contrato de enmienda, por lo que transcribe la cláusula séptima numerales 1 y 2 del contrato principal y cláusulas novena, numerales 1 y 2.
SESA argumenta que en los 161 días hábiles de supuesto retraso, nunca se aplicó ni notificó multa alguna a SESA, en aplicación a la cláusula 9.7 del contrato principal y de la enmienda, tampoco en estos 161 días de supuesto retraso se indicó cuáles eran las causas atribuibles al proveedor (SESA). Con estos antecedentes, SESA no tuvo oportunidad de presentar descargos. Advertido SG-SIRESE de un supuesto retraso, debía suspender la ejecución del contrato y otorgar el plazo acordado a SESA para subsanar los mismos, situaciones estas que se omitieron, provocando que SESA sufra una inhabilitación permanente para futuras licitaciones y se ocasione su quiebra.
La parte actora, sostiene que lo correcto era que la SG-SIRESE, aplique lo dispuesto en el art. 570 del C.C., toda vez que este tipo de resoluciones por requerimiento no se opera de pleno derecho, exige al deudor notificar (vía carta notariada) y otorgar un plazo, no siendo admisible aplicar el art. 569 del sustantivo civil.
Concluyendo la entidad actora en que la SG-SIRESE, no cumplió lo acordado en la metodología y ocasionó los riesgos y el retraso del proyecto, no obstante, pese a esto “SESA decidió terminar el Proyecto (aunque el mismo hacía tiempo atrás que ya no era rentable)”, admitiendo SESA que las razones por las que concluyó el proyecto se deben a su vocación de servicio y alta responsabilidad como empresa, la posibilidad de vender el sistema desarrollado a otras empresas, que el negocio de la consultora y desarrollo del sistema es altamente referencial.
Con estos criterios SESA invirtió más allá de lo que se habría presupuestado para el proyecto y que a la fecha en la que la SG-SIRESE comunicó con su decisión unilateral de resolver el contrato, existía un avance del 90 %, aspecto que —indica la parte actora- era de conocimiento de SG-SIRESE, según informe de Estado de Avance, entregado el 6 de diciembre de 2001.
Seguidamente en su demanda, SESA, comunica a este Tribunal que lo confuso del pliego de condiciones, cambios constantes en la definición de funciones, insuficiente asignación de recursos, deficiente gerenciamiento de la SG-SIRESE sobre el proyecto, escasa e inexistente definición de instrumentos de seguimiento a control, estarían relacionados al incumplimiento del contrato por parte de la SG-SIRESE.
En otro acápite de su demanda, SESA, describe determinados hechos que denotaría que esta empresa sí cumplió y ejecutó por su parte el contrato, describiendo así su propuesta técnica y económica, desarrollo en la ejecución del proyecto bajo estándares de implementación de aplicaciones, organización del proyecto, problemas confrontados en el desarrollo del proyecto, condiciones sobre la funcionalidad de los subsistemas, falta de especificaciones en el desarrollo del proyecto, contexto de la normativa de gestión administrativa y financiera.
A criterio de SESA, el presunto incumplimiento del contrato por parte de SG-SIRESE y por ende cumplimiento de SESA, provocó a esta última los siguientes daños y perjuicios: $us. 57.600, por concepto de dos boletas, $us. 17.971, correspondiente a un interés mensual, por los 24 meses transcurridos de abril de 2000 a abril de 2002, $us. 302.585, que sería la inversión que SESA puso para elaborar el proyecto, el cual se incrementó, en relación al monto original. SESA asume que a consecuencia directa de la resolución unilateral del contrato, se provocó el cierre de operaciones de la empresa, que facturaba más de un millón de dólares anuales, en los periodos inmediatamente anteriores a la resolución. Concluyendo SESA en que se produjo daños económicos de $us.367.000 por concepto de gastos incurridos en el proyecto, que no fueron cubiertos y $us.1.347,026, que SESA perdió, en virtud de su cierre.
SESA fundamenta su demanda contenciosa en los arts. 291,292, 293, 295, 303, 310, 339, 340, 344, 347, 568, 984 y sgtes. del Código Civil, siendo su pretensión la siguiente: “Demandamos la resolución por incumplimiento de contrato atribuible a la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial, más el pago de daños y perjuicios de conformidad con el art. 568 del C.C. "(fs. 712)
Luego del escrito de subsanación de fs. 739, por decreto de 22 de junio de 2007 de fs. 740 se admite la demanda contenciosa, en virtud del art. 775 del C.P.C. siendo legalmente citada la entidad demandada el 18 de octubre de 2007 (ver fs. 775) contestando en forma negativa a través del escrito de fs. 779 a 798, con los siguientes argumentos:
La SG-SIRESE, comunicó a SESA que la entrega de los primeros dos módulos tuvo un retraso de 161 días hábiles, pero corresponde señalar que dicho plazo de retraso es general, vale decir, en el mismo se incluyen algunos días atribuibles a la SG-SIRESE, por tanto corresponde descontar algunos días no atribuibles a la empresa, en cumplimiento de lo acordado en la cláusula décimo tercera numeral 13.5 del contrato, modificado por la cláusula séptima de la enmienda, por lo que el total efectivo de días de atraso en la entrega atribuibles enteramente a SESA fue de 139 días y medio, hábiles.
Ratifica que el motivo de la resolución del contrato fue “el retraso en la entrega de productos atribuibles a SESA, para lo cual la SG-SIRESE aplicó lo acordado por las partes en la cláusula novena, numeral 9,7 modificado por la cláusula cuarta de la enmienda... ” (Textual).
Señala que independientemente que “los dos primeros módulos que fueron entregados con un retraso superabundante respecto de la fecha prevista de entrega, (lo cual constituiría la causa de resolución del contrato), al momento de realizar los ciclos de prueba de los módulos entregados extemporáneamente, se verificó la presencia de 200 errores de los cuales mi 66% era de naturaleza invalidante, es decir, no permitía que el programa pueda ser probado en su integridad. " (Textual).
Consiguientemente, se asume que los referidos errores, son situaciones ajenas a la causa principal de la resolución.
La SG-SIRESE señala que extraña que SESA señale que el documento a través del cual se notificó la decisión de resolver el contrato sea “una simple nota”, cuando dicha empresa suscribió conjuntamente con la SG-SIRESE el contrato de manera voluntaria, acordando que la resolución contractual operaría mediante comunicación por escrito entre las partes, no requiriendo intervención judicial.
En cuanto hace a que la resolución del contrato sería unilateral, arbitraria, intempestiva y fuera del marco contractual, careciendo de fundamento y siendo insostenible, la SG-SIRESE, contesta, indicando que dicha decisión es completamente legal, “porque la cláusula novena, numeral 9.7 (modificada por la cláusula cuarta de la enmienda “Provisión de componentes y sanciones por demora en la provisión del producto”) del contrato suscrito de manera voluntaria entre las partes así lo dispone.
Referente a que en los supuestos 161 días hábiles de retraso de entrega de los primeros dos módulos del producto, según el plazo establecido en el Anexo B de la enmienda, la SG-SIRESE nunca aplicó ni notificó ninguna multa a SESA; responde la SG-SIRESE que el retraso efectivo que debe atribuirse a SESA es de 133 días y medio hábiles, que en promedio representan un retraso mayor a seis meses y medio. En relación a las multas impuestas de manera diaria (en días hábiles) cubrieron la sumatoria del 10% del valor del monto del contrato requerida para constituirse en causal válida y suficiente de resolución. Para ello basta señalar que el monto del contrato a favor de SESA ascendía a $us.180.000, siendo el 10% $us.18.000, los cuales serían cubiertos una vez transcurridos cuarenta y cinco días hábiles para la entrega de los primeros dos sub módulos, si se multiplica 45 días de retraso por los $us.400 se llega a cubrir lo requerido, cumpliéndose los 45 días hábiles el día jueves 4 de octubre de 2001. Siendo que SESA presentó los dos primeros sub módulos requeridos por el contrato y la enmienda en fecha 4 de febrero de 2002, los cuarenta y cinco días requeridos se cumplieron ochenta y cuatro días hábiles previos a esa techa de entrega, por tanto el argumento de SESA sobre este particular, se desvirtúa.
Con relación a los supuestos 161 días de retraso y el hecho que la SG- SIRESE, nunca indicó a SESA cuáles eran las causas atribuibles para aplicar las multas, como exige la cláusula novena, numeral 9.7 del contrato, la entidad demandada, responde que en ninguna parte de dicho numeral se exige que la SG-SIRESE, deba comunicar a SESA las causales para imponer las multas. Referente a que las Boletas Bancarias, fueron ejecutadas sin oportunidad de reclamo, SG-SIRESE responde que ante el incumplimiento contractual por parte de SESA, no existe argumento legal que obligue a que se deba comunicar o pedir permiso a la parte afectada para ejecutar las boletas.
Respecto a que SG-SIRESE debía suspender la ejecución del contrato y no resolver el mismo, conforme lo establece la cláusula séptima y novena del contrato y la enmienda respectivamente, responde que esta situación es facultativa a la entidad contratante, por cuanto existe la palabra “...PODRÁ...”
Referente a que SESA habría sufrido la inhabilitación a causa de esta resolución, para futuras licitaciones, ocasionándole además la quiebra, responde que ello no es evidente toda vez que a través de su representante legal, SESA dentro la presente causa, presentó a este tribunal su Registro de comercio, mismo que está plenamente vigente, no existiendo ninguna anotación o acción de quiebra sobre la misma.
j) En relación a que se debía aplicar lo previsto en el art. 570 del C.C. y no el art. 569 del mismo cuerpo legal, responde que el contrato principal y la enmienda fueron emitidos en virtud de la Resolución Suprema N° 216145 de 3 de agosto de 1995, siendo este un fundamento legal bastante y suficiente, aclarando que la resolución por incumplimiento del referido contrato está fundamentado en el art. 79 de las Normas Básicas de la SABS, aprobado mediante Resolución Suprema 216145, no siendo aplicable al caso concreto el art. 570 del C.C.
k) Respecto a que SESA decidió concluir el proyecto SIGAS por su vocación de servicio y alta responsabilidad porque existía la oportunidad de negocio de poder vender el sistema desarrollado a otras instituciones con similares requerimientos, responde que la referida vocación de servicio y alta responsabilidad que refiere SESA, no fueron demostrados en el proyecto SEGAS y respecto a la oportunidad de vender el sistema desarrollado a otras instituciones, recuerda la parte demandada que ello no era posible en virtud de lo previsto en la cláusula novena, numeral 9.8 del contrato.
En cuanto a que la SG-SIRESE no habría brindado a SESA las condiciones óptimas para desarrollar su trabajo en cuanto hace a recursos logísticos y humanos, responde que ello no es evidente y que en virtud de la documentación cursante en obrados se acredita que la ahora entidad demandada si cumplió con sus obligaciones.
Con estos argumentos la SG-SIRESE, pide que este Tribunal declare improbada la demanda contenciosa, interpuesta por SESA.
En la misma contestación, la entidad demandada al amparo del art. 342 del C.P.C. interpone dos excepciones perentorias, en los siguientes términos:
EXCEPCIÓN PERENTORIA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO.
La SG-SIRESE, manifiesta que al amparo del art. 569 del C.C., las partes podrán convenir expresamente que el contrato quedará resuelto si una determinada obligación no se cumple en la forma y de la manera establecida.
En este caso, el contrato se resuelve de pleno derecho sin necesidad de intervención judicial.
Concordante con este precepto legal, en la cláusula novena, numeral 9.7 del contrato, modificado por la cláusula cuarta de la enmienda, se acordó una situación similar a la antes descrita, vale decir que SG-SIRESE lo único que hizo fue activar dicha cláusula, correspondiendo en consecuencia interponer la presente excepción de terminación de contrato, la que pide sea declarada probada en sentencia.
EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN. La doctrina jurídica establece de manera uniforme que la prescripción liberatoria constituye un modo por el cual se extingue un derecho mediante el transcurso del tiempo, como efecto de su falta de ejercicio, cuyo presupuesto es la inactividad del titular del derecho durante cierto lapso de tiempo fijado por ley, generando como consecuencia la extinción del ejercicio de la acción legal.
Seguidamente indica, el art. 1507 del C.C., dispone que los derechos patrimoniales se extinguen por la prescripción en el plazo de cinco años a menos que la ley disponga en contrario, concordado con el art. 1492 del mismo cuerpo legal. El art. 1493 del C.C., establece que la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde el día en que su titular ha dejado de ejercerlo. En el caso particular, el plazo de prescripción empezó a correr a partir del 2 de abril de 2002, fecha en la que SESA fue notificada con la nota de resolución del contrato remitida por la SG-SIRESE.
La presente demanda contenciosa fue interpuesta el 12 de marzo de 2007 y se citó a la SG-SIRESE con la misma el 18 de octubre de 2007, habiendo prescrito la acción de SESA de requerir cualquier daño civil a la entidad demandada, toda vez que el plazo de los cinco años se hizo efectivo el 2 de abril de 2007. Con estos argumentos, pide se declare probada esta excepción, en cuanto hace al pago de daños y perjuicios.
CONSIDERANDO II. Luego de interpuesto el escrito de contestación, a través del decreto de 13 de diciembre de 2007, de fs. 800, se califica el proceso como ordinario de puro derecho y se corre traslado a la parte actora para la réplica, trasladándose las dos excepciones perentorias.
SESA es legalmente notificado con dicha resolución el 13 de diciembre de 2007 (fs. 801) y a través del memorial de fs. 802 a 815, presenta su réplica, ratificándose en su pretensión de demandar el incumplimiento de contrato, atribuible a la SG-SIRESE, reitera que el procedimiento para la resolución activado por la entidad contratante fue erróneo.
En este mismo memorial a través del otrosí primero, en vía incidental, manifiesta: “...pido a su Tribunal tenga a bien dejar sin efecto la providencia de fecha 13 de diciembre de 2007, de conformidad con lo que sigue: ... de los antecedentes del expediente, existen hechos controvertidos que demostrarse, que en definitiva deben ser efectuados en un proceso contradictorio, más no en un proceso ordinario de puro derecho cuya tramitación se caracteriza cuando el demandado confiesa clara y positivamente a la demanda. Este requisito no se cumple en la especie, por lo que corresponde dar la aplicación del art. 370, 371 del CPC, proceder en contrario, significaría incurrir en violación a los principios constitucionales del debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica”.
Con estos antecedentes, la entidad actora, pide que se deje sin efecto la providencia de 13 de diciembre de 2007 y se califique el proceso como ordinario de hecho, por existir hechos controvertidos que probar.
Como epílogo de su réplica, contesta a la excepción perentoria de terminación de contrato, señalando que la SG-SIRESE no puede sustraerse al pago de lo demandado por imperio de los arts. 291, 292, 293, 295, 303, 310, 339, 340, 344, 347 y 568 del C.C., habiéndose demostrado por la documentación cursante en obrados que SESA fue la parte que cumplió y que la interrupción del objeto del mismo, es entera responsabilidad de los funcionarios de la SG- SIRESE, pidiendo se declare improbada esta excepción.
En relación a la excepción perentoria de prescripción, responde que la SG- SIRESE no hizo conocer a este tribunal que previo a la acción legal, se ingresó a un procedimiento de conciliación de acuerdo a la cláusula de solución de controversias prevista en el contrato ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bolivia de la ciudad de La Paz y luego de todo un procedimiento, fijándose incluso puntos de conciliación este procedimiento no tuvo una solución, hecho que habría interrumpido cualquier prescripción extintiva o liberatoria. Con este argumento pide que la excepción de prescripción se la declare improbada.
Si bien cursa de fs. 802 a 814, el referido memorial de réplica, correspondiente a SESA, que fue presentado a este Tribunal el 24 de diciembre de 2007 a fs. 817, la entonces Corte Suprema de Justicia a través del decreto de 21 de enero de 2008 manifestó: "Evidenciándose de obrados que la Empresa Soluciones Estratégicas S.A. no ha respondido al traslado corrido en la providencia de fojas 800 dentro del plazo establecido por Ley y haciendo notar que el receso de fin de año dictado por este Tribunal Supremo estaba comprendido del 24 de diciembre de 2007 al 1 de enero de 2008 en consecuencia, teniéndose por renunciado el derecho a la réplica se decreta autos para sentencia ” (Las negrillas son nuestras). Con esta resolución el representante legal de la empresa SESA fue notificado el 22 de enero de 2008 (fs. 818).
Por escrito de fs. 829, presentado a Secretaria de Sala Plena el 29 de febrero de 2012, se comunica a este Tribunal que el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, reemplazaría a la Superintendencia General SIRESE, conforme lo previsto por el DS N° 0071, escrito que fue providenciado a través de la resolución de 8 de marzo de 2012 de fs. 831.
Finalmente, luego de cumplidas todas las formalidades procesales, la causa ingresa a despacho para emitir resolución definitiva.
CONSIDERANDO III: En mérito a todos los antecedentes descritos y con la única finalidad de resolver la presente demanda contenciosa, este Tribunal Supremo de Justicia constituido para el caso presente en Sala Plena, considera necesario precisar los siguientes aspectos:
La actual Constitución Política del Estado a través del art. 108 impone a los bolivianos y las bolivianas, el deber de “Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, precepto constitucional que hace referencia al principio de legalidad previsto en el art. 180. I, en cuanto hace a la Jurisdicción Ordinaria, consiguientemente, toda autoridad jurisdiccional que deba emitir una resolución definitiva dentro un caso concreto, imperativamente debe dar cumplimiento a dicho principio -que es parte del debido proceso-, mismo que fue definido por la Ley N° 025 a través del art. 30 núm. 6 en los siguientes términos: “LEGALIDAD. Con sujeción a la Constitución Política del Estado, constituye el hecho de que el administrador de justicia, esté sometido a la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las partes”.
La ley de Transición N° 212, de 23 de diciembre de 2011 a través de su art. 10. I, también refiere que: “La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo,… hasta que sean reguladas por Ley corno Jurisdicción Especializada”.(Las negrillas son nuestras).
Lo trascrito, tiene plena concordancia con el art. 775 del Código Procesal Civil, que dispone: “En todos los casos en que existiere contención emergente de los contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo, conforme a las previsiones pertinentes de la Constitución Política del listado, se presentará la demanda ante la Corte Suprema de Justicia con los requisitos señalados en el artículo 327.” (Textual) y la Disposición Final Tercera de la Ley N° 439 (Nuevo Código Procesal Civil).
De lo transcrito y en estricto apego al principio de legalidad, se asume que Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, sí tiene competencia para resolver las “demandas contenciosas”, emergentes de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo, mientras no se promulgue una Ley especial que disponga lo contrario, siendo indiferente si estas demandas fueron interpuestas antes de la fecha de extinción de la denominada Corte Suprema de Justicia o a partir del 3 de enero de 2012, que es el inicio de actividades del Tribunal Supremo de justicia.
DETERMINAR SI LA PRESENTE CAUSA, CUMPLE LOS REQUISITOS, PARA SER RESUELTA DENTRO UN PROCESO CONTENCIOSO. Luego de realizado el denominado control de demanda (que no es sino una revisión formal de los antecedentes de la demanda), actuado procesal previo a su admisión, se advirtió que la pretensión de la parte actora, se origina en el alcance y validez del Contrato suscrito entre la SG-SIRESE y la empresa SESA en fecha 24 de abril de 2000 (fs. 104 a 113) y su respectiva enmienda, suscrito entre las mismas entidades el 25 de junio de 2001 (fs. 160 a 164)
Teniendo presente lo manifestado, y asumiendo que un contrato administrativo tiene elementos comunes al contrato de derecho privado pero con variantes que dependen de su contenido, de su fin, de los distintos intereses que afecta y de su régimen jurídico propio, a continuación desarrollaremos, las características que permiten diferenciar un contrato privado de un contrato administrativo.
-Formalismo. En los contratos administrativos se supedita su validez y eficacia al cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones vigentes en cuanto a la forma y procedimientos de contratación, a diferencia de los contratos privados, donde se impone la voluntad entre partes, salvo disposición en contrario.
-Desigualdad jurídica. En un contrato administrativo, desaparece el principio de igualdad entre las partes, que es uno de los elementos básicos de los contratos civiles. La Administración aparece en una situación de superioridad jurídica respecto del contratista.
Cuando una de las partes contratantes es la Administración, se imponen ciertas prerrogativas y condiciones que subordinan jurídicamente al contratista. El principio de la inalterabilidad de los contratos no puede ser mantenido, sino que cede ante el ius variandi que tiene la Administración a introducir modificaciones en ellos, que son obligatorias, dentro de los límites de la razonabilidad, para el contratista.
Esta subordinación o desigualdad jurídica del contratista respecto de la Administración Pública, con quien celebra un contrato, tiene su origen en la desigualdad de propósitos perseguidos por las partes en el contrato, pues al fin económico privado se opone y antepone un fin público o necesidad pública colectiva que puede afectar su ejecución, características que tiene plena pertinencia con un Estado Social, que es parte de lo que se ha venido a denominar Estado Plurinacional.
Compulsando estas características con el contrato de fs. 104 a 113 y su enmienda de fs. 160 a 164, se asume que estos documentos si tienen la calidad de contratos administrativos, consiguientemente las controversias emergentes de este tipos de contratos no pueden ser resueltas en la vía civil, como ocurre con los contratos privados, sino imperativamente deben ser solucionadas a través de un proceso contencioso, conclusión a la que se arriba en virtud del siguiente criterio:
“En nuestro país, hasta no hace mucho, la resolución de la contención emergente de un contrato administrativo estuvo a cargo de los tribunales ordinarios en materia civil, suponemos de una lectura errónea del marco legal y constitucional, asumiendo una equivalencia del contrato civil con el contrato administrativo, que sustancialmente no era posible. La relación jurídica entre el Estado y los particulares debió ser siempre especializada y no ordinaria”, conforme se advierte de lo previsto en el art. 775 del Cód. Civ., donde se regula y define la competencia de la autoridad, para resolver las controversias que surjan de los contratos, que realiza el Estado en su rol de administrador de la cosa pública, a través del proceso contencioso. Siendo idéntica la naturaleza del art. 10. I de la Ley Nº 212, hasta que no se emita una Ley especial que disponga lo contrario.
De todo lo manifestado, se concluye que la controversia emergente del referido contrato administrativo y su respectiva enmienda que cursa en obrados, se la debe resolver a través del presente proceso contencioso, situación que no deviene de un criterio procesal, sino de la naturaleza del contrato en cuestión, que es administrativo, cuyo objeto no es posible explicarlo desde el derecho privado, toda vez que el mismo está vinculado a un interés público, criterio que tiene plena correspondencia con la SCP N° 0060/2014 de fecha 3 de enero de 2014, respecto a los conflictos emergentes de los contratos administrativos que refirió: "...se tiene que los tres contratos suscritos entre UAGRM y la empresa Constructora Aguarague, contemplaron entre una de sus cláusulas el marco legal que regirá dicha relación contractual, cuya base se tiene en el texto constitucional, además en la Ley de Administración y Control Gubernamentales, debido a que por la naturaleza administrativa de los mismos genera el sometimiento a las cláusulas de los contratos, en tal entendimiento los conflictos suscitados en los contratos administrativos deben ser impugnados ante la instancia respectiva, conforme a lo previsto por el art. 775 del CPC. ”; resolución Constitucional que por disposición expresa del art. 203 de la Constitución Política del Estado y art 15. II del Procesal Constitucional tiene carácter vinculante y es de cumplimiento obligatorio. Consiguientemente si correspondía admitir la presente demanda, por este Tribunal.
PRECISAR CUAL EL OBJETO DE LA LITIS, CONTENIDA EN LA DEMANDA Y LOS MECANISMOS DE DEFENSA ASUMIDOS POR LA PARTE CONTRARIA. Asumiendo que el proceso contencioso “es el juicio que se sigue ante los tribunales judiciales, sobre pretensiones fundadas en preceptos de derecho administrativo, que tengan relación directa con el contenido y alcance de un contrato administrativo que se litigan entre particulares y la administración pública, por los actos ilegales de esta que presuntamente lesionan sus derechos”, se asume que el proceso contencioso se activa a instancia de la parte afectada, ante un tribunal competente, pretendiendo se resuelva una controversia emergente del contrato administrativo, siendo el tribunal competente para resolver este tipo de procesos (en virtud al principio de legalidad), la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, entidad que al ser parte de la Jurisdicción Ordinaria, esta compelido aplicar los principios procesales contenidos en el art. 180. I de la CPE, como ser el de la congruencia que es parte del debido proceso y asumiendo lo previsto por el art. 190 del Cód. Procesal Civil que establece: “La sentencia pondrá fin al litigio.... contendrá decisiones expresas, positivas y precisas; recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad por las pruebas del proceso, en ella se absolverá o condenará al demandado” (textual).
Conforme lo explicado previo a motivar y fundamentar nuestra decisión, sobre el caso concreto, manifestar que las pretensiones planteadas por la parte actora radica en demandar la resolución por incumplimiento del contrato —administrativo y su respectiva enmienda- atribuible a la Superintendencia General del SÍRESE más el pago de daños y perjuicios, de conformidad al art. 568 del C. C.” entendiendo que existe una demanda principal referida a la Resolución de Contrato Administrativo y otra accesoria, que es dependiente de la primera, como es el pago de daños y perjuicios.
Luego de analizada la pretensión principal, referida a la “resolución del contrato de data 24 de abril de 2000 cursante de fs. 104 a 113 y su respectiva enmienda, de 25 de junio de 2001 que está de fs. 160 a 164, por incumplimiento atribuible a la S.G.-SIRESE”, precisar que según Francisco Messineo “La resolución del contrato presupone un negocio perfecto y además un evento sobrevenido o un hecho nuevo o un comportamiento de la contraparte, posterior a la formación del contrato que altera la relación entre las partes o perturba el normal desarrollo del contrato en ejecución”.
Dentro el derecho privado (materia civil), cuando se demanda la resolución de un contrato, necesariamente la parte actora debe demostrar previamente que él o ella cumplió con lo que se llegó a acordar, admitiendo de esta manera la bilateralidad de la relación jurídica. Este entendimiento no es aplicable dentro una demanda contenciosa, toda vez que la esencia del contrato en cuestión no es privada, sino de orden administrativo —conforme se explicó anteriormente-, por consiguiente si bien SESA firmó el contrato principal de fs. 104 a 113 y su respectiva enmienda de fs. 160 a 164 en condición de PROVEEDOR, siendo el estatus contractual de la SG-SIRESE en ambos documentos el de CONTRATANTE, de una revisión minuciosa del contenido de ambos instrumentos legales, se advierte que no existe una cláusula expresa que permita la aplicación de las disposiciones jurídicas contenidas en el Código Civil, para resolver este tipo de controversias emergentes de dichos contratos administrativos, vale decir que no es pertinente —por la naturaleza del contrato- que la parte actora haya fundamentado su demanda principal de resolución de contrato, por incumplimiento de la parte contratante, en el art. 568 del Código Civil, no obstante de ello y aplicando el principio de accesibilidad y verdad material previstos en la Constitución Política del Estado, este tribunal considera necesario analizar el alcance y pertinencia de lo acordado en ambos instrumentos contractuales, al caso concreto.
En tal sentido, es imperativo señalar que de fs. 187 a 188 del expediente cursa el oficio SG-280/2002 por el que la SG-SIRESE comunica a SESA su decisión de resolver el contrato administrativo y su respectiva enmienda antes descrita, decisión que fue de pleno conocimiento de SESA, según se advierte de su escrito de demanda cuando a fs. 715 vta., expresa: “Mediante nota SG-280-2002 de fecha 2 de abril de 2002, la Superintendencia
General del SIRESE notificó a SESA en forma pura y simple la resolución del Contrato y su respectiva enmienda” (Textual). La demanda contenciosa fue presentada a este Tribunal el 12 de marzo de 2007, siendo admitida el 22 de junio de 2007 (fs. 740), lo que demuestra que cuando SESA activó la presente demanda contenciosa, demandando la resolución del contrato administrativo y su enmienda por incumplimiento atribuible a SG-SIRESE, ambos instrumentos contractuales, YA ESTABAN RESUELTOS EN VIRTUD A LA DECISIÓN ASUMIDA POR EL CONTRATANTE Y QUE FUE DEBIDAMENTE NOTIFICADA A SESA, situación está que en reiteradas veces admite SESA mediante su representante legal, a tiempo de exponer sus argumentos fácticos en su demanda, y similar situación ocurre con el escrito de contestación, presentado por la SG-SIRESE (fs. 779 a 798), consiguientemente se entiende que dicha decisión de resolución unilateral se llegó a ejecutar, muchos años antes de interpuesta la demanda contenciosa.
A consecuencia de esa prueba documental, que hacen a la verdad material, corresponde precisar que a tiempo de interponer la demanda contenciosa, el objeto de la Litis -que es el contrato administrativo y su respectiva enmienda- jurídicamente eran inexistentes, en virtud de una decisión extrajudicial.
Dada la naturaleza procesal del instituto de la “resolución contractual”, este tribunal asume que no es viable, (independientemente que sea contrato de naturaleza privada o contrato administrativo) interponer una demanda de resolución de contrato, cuando a tiempo de activar este mecanismo judicial, el referido contrato, es jurídicamente inexistente.
Compulsando lo manifestado, con los datos del expediente, se advierte que el contrato administrativo principal y su respectiva enmienda, si bien se constituyeron conforme a la normativa legal vigente en su momento, los mismos producto de una decisión extra judicial, ya ejecutada en la gestión 2002, dejaron de tener eficacia jurídica, consiguientemente para la gestión 2007, que es cuando se interpone la presente demanda contenciosa, se asume que la pretensión expuesta por la entidad actora, carece de objeto procesal. No tener presente este elemento central, implicaría incurrir en error procesal por parte de este Tribunal, toda vez que la decisión asumida en estricto apego al principio de congruencia y ante la probabilidad de que dicho fallo sea a favor de la parte actora, la misma sería atípica e inejecutable, ya que no se podría resolver un contrato, que en esencia ya fue resuelto, más aún si se tiene presente los efectos retroactivos de la decisión que pudiera asumir este tribunal.
Si bien el memorial de demanda hace referencia a que la SG-SIRESE habría presuntamente decidido en la gestión 2002 arbitraria e intempestivamente resolver el referido contrato administrativo y su enmienda, no pide a través de este proceso contencioso la nulidad o ineficacia jurídica de dicha decisión administrativa de resolución del contrato administrativo, consiguientemente en virtud al principio de congruencia que es parte del debido proceso, no es viable que este Tribunal se deba pronunciar sobre este aspecto.
Sin embargo de ello, de una lectura precisa de los argumentos de contestación, expuestos por el representante de la SG-SIRESE de fs. 779 a 798, se acredita que la SG-SIRESE se rigió única y exclusivamente a los términos acordados tanto en el contrato administrativo primigenio y su respectiva enmienda, para comunicar a SESA, la decisión de resolver su relación contractual.
CON RELACIÓN A LAS DOS EXCEPCIONES PERENTORIAS EXPUESTAS POR LA ENTIDAD DEMANDADA A TRAVÉS DE SU MEMORIAL DE FS. 779 A 7.98, MANIFESTAR: En lo referente a la excepción de Terminación de Contrato, activada dentro la presente demanda contenciosa en previsión al art. 342 del CPC, precisar que independientemente la cita textual que hace la SG-SIRESE a través de su representante legal, del art. 569 del CC, a tiempo de fundamentar esta excepción, aclara que a criterio de este tribunal, la normativa sustantiva civil, no es directamente aplicable a los contratos administrativos, lo que no significa que los institutos legales contenidos en dicho cuerpo legal, no puedan ser aplicados o previstos en los contratos administrativos, sino que la regulación de estos institutos —como ser la resolución de contrato- deben estar acorde a la naturaleza y características de un contrato administrativo.
Consiguientemente, de la documentación cursante en obrados, de manera indubitable advierte que cuando se admitió la presente demanda contenciosa el 22 de junio de 2007, el referido contrato administrativo y su enmienda, fue extrajudicialmente resuelto, vale decir que la pretensión judicial, activada por SESA a través de este juicio contencioso, carece de objeto procesal, siendo en consecuencia correcto dar por favorable la excepción de terminación de contrato.
Con relación a la excepción de prescripción quinquenal, interpuesta contra la demanda accesoria del pago de daños y perjuicios, interpuesta por SESA, siendo coherentes con lo antes explicado, teniendo presente que la demanda principal hace referencia a la resolución por incumplimiento del contrato administrativo y su enmienda, atribuible a la SG-SIRESE, ello implica que el pago de daños y perjuicios que presuntamente debiera pagar la parte demandada a favor de SESA dependía de la viabilidad o no de la demanda principal, en tal sentido al haberse explicado de manera motivada y fundamentada, en los párrafos anteriores de la presente resolución, que la demanda principal es inviable, por lógica jurídica la accesoria también, consiguientemente, no corresponde pronunciarse sobre los argumentos que sostenían la excepción perentoria de prescripción, debido a su impertinencia procesal, misma que emerge de la valoración holística que se hace de todos los antecedentes en esta etapa procesal.
Finalmente, teniendo presente el carácter de director del proceso que tiene este tribunal y emergente de la revisión minuciosa de los datos del expediente, se evidencia que a través de la resolución de fs. 800, se calificó el presente proceso contencioso como ordinario de puro derecho, decisión que data del 13 de diciembre de 2007, con la que se notificó a la entidad actora a través de su representante en Secretaría de Sala (fs. 801), diligencia que cumple con los fines propios de la diligencia, toda vez que es precisamente SESA quien a través del otrosí séptimo de su memorial de demanda, señala “domicilio procesal la secretaria de este tribunal”.
SESA, por memorial de fs. 802 a 815, teniendo conocimiento de la resolución de 13 de diciembre de 2007, presentó réplica y a través de su otrosí primero, en vía incidental, pide se deje sin efecto lo asumido en la referida resolución de 13 de diciembre de 2007.
El referido memorial y el sui generis incidente, (según se evidencia) fue presentado en Secretaría el 24 de diciembre de 2007 a hrs. 10:40 y a fs. 817 de este expediente, cursa resolución judicial que dispone: “Evidenciando de obrados que la Empresa Soluciones Estratégicas S.A. no ha respondido al traslado corrido en la providencia de fs. 800 dentro del plazo establecido por Ley y haciendo notar que el receso de fin de año dictado por este Tribunal Supremo estaba comprendido del 24 de diciembre de 2007 al 1 de enero de 2008 en consecuencia, teniéndose por renunciado el derecho a la réplica, se decreta Autos para sentencia” (textual).
De lo transcrito se asume que la autoridad judicial que emitió el referido decreto de autos para sentencia, asumió el criterio de tener por no presentado el memorial de fs. 802 a 815, dentro el cual estaba planteado el incidente descrito líneas arriba, decisión que cursa a fs. 817.
SESA es legalmente notificado con dicha decisión, en su domicilio procesal (fs. 818), el 22 de enero de 2008, no existiendo a partir de dicha foja ningún actuado procesal que evidencie desacuerdo por parte de SESA y en relación a la determinación asumida a través de la resolución de fs. 817, habiéndose activado el principio de convalidación, lo que daría viabilidad al de preclusión en cuanto hace a que este tribunal se pueda pronunciar sobre determinados actos procesales, que —reiteramos- no fueron observados por las partes, en pleno ejercicio del principio de disposición material.
En mérito a los argumentos expuestos, el cotejo minucioso de toda la documentación que hace al expediente y su correspondiente anexo, compulsado con el escrito de demanda contencioso y siendo rigurosos con el principio de congruencia, se advierte que la parte actora no viabilizó procesalmente y tampoco acreditó el contenido de su demanda y lo expuesto en el memorial de contestación.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la competencia, prevista en el art. 10. I de la Ley N° 212 de 23 de
diciembre de 2011, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contenciosa de fs. 712 a 729 interpuesta por la empresa Soluciones Estratégicas S.A., (SESA) a través de su representante; y probada la excepción perentoria de terminación de contrato, e improbada la excepción de prescripción de daños y perjuicios, ambas contenidas en el memorial de fs. 779 a 798, sin costas.
No suscriben los magistrados Antonio Guido Campero Segovia, Pastor Segundo Mamani Villca y Maritza Suntura Juaniquina por emitir votos disidentes.

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 artículo 327
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sui generis
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