Source: https://fr.scribd.com/document/420830528/Aprueban-la-Politica-Nacional-de-Inclusion-Financiera-y-modifican-el-Decreto-Supremo-N-029-2014-EF-que-crea-la-Comision-Multisectorial-de-Inclusion-F
Timestamp: 2020-05-30 11:20:59+00:00

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Aprueban la Política Nacional de Inclusión Financiera y modifican el Decreto Supremo N° 029-2014-EF que crea la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera | Inclusión financiera | Sistema financiero
MEF hará el seguimiento
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FINANZAS PRIVADAS I UNIDAD Rol de Importancia en Sistema Finciero Peruano (1)
problematicas en el sector financiero
Lopez Rodriguez Roger Impacto Financieros (2)
Aprueban la Política Nacional de Inclusión Financiera y modiﬁcan el Decreto Supremo Nº 029-2014-EF, que crea la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera
Lunes 5 de agosto de 2019 /
APRUEBAN LA POLÍTICA NACIONAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA Y MODIFICAN EL DECRETO SUPREMO N o 029-2014-EF, QUE CREA LA COMISIÓN MULTISECTORIAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA
Que, los artículos 59, 61, 65 y 87 de la Constitución Política del Perú disponen que el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria; facilita y vigila la libre competencia; deﬁende el interés de los consumidores y usuarios; así como fomenta y garantiza el ahorro;
Que, el artículo 4 de la Ley N o 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dispone como competencias exclusivas del Poder Ejecutivo, diseñar y supervisar políticas nacionales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno; a su vez, el literal a) del numeral 23.1 del artículo 23 de la citada Ley, prescribe como funciones generales de los Ministerios: formular, planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno;
Que, mediante el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 183, Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, corresponde a este Ministerio armonizar la actividad económica nacional, dentro de la cual se encuentran los servicios ﬁnancieros;
Que, mediante el Decreto Supremo N o 029-2014-EF, se creó la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente, denominada “Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera”, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, con el objeto de proponer el diseño y realizar el seguimiento de la implementación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, la cual fue aprobada mediante el Decreto Supremo N o 191-2015-EF, así como la emisión de informes técnicos respecto de sus avances y resultados;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM, se aprobó el Reglamento que regula las Políticas Nacionales, el mismo que tiene como ﬁnalidad desarrollar la rectoría de las políticas nacionales en todo el territorio, para que sean implementadas por las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, en beneﬁcio de los ciudadanos;
Que, resulta pertinente aprobar la Política Nacional de Inclusión Financiera para contribuir con el desarrollo económico descentralizado e inclusivo, con la participación de los sectores público y privado, y en el marco de la preservación de la estabilidad ﬁnanciera, y de acuerdo al marco legal aplicable;
2.1 La PNIF es de cumplimiento obligatorio por todas las entidades de los diferentes Poderes del Estado y los
diferentes niveles de gobierno, conforme a su autonomía y competencias.
3.1 El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera realiza el
seguimiento de la PNIF.
3.2 El Ministerio de Economía y Finanzas, realiza el seguimiento de la PNIF con información provista por los
ministerios intervinientes, siendo este Ministerio el órgano responsable de remitir los reportes de seguimiento y evaluación ante el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
3.3 Las entidades del Estado que se encuentran bajo el ámbito de la presente norma, brindan información a la
Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera, a ﬁn de realizar el seguimiento y evaluación de la implementación de la PNIF.
El Peruano / Lunes 5 de agosto de 2019
Artículo 4. Implementación y ejecución de la Política Nacional de Inclusión Financiera Las entidades del Estado responsables de los Objetivos Prioritarios, lineamientos y proveedores de los servicios de la PNIF, están a cargo de la implementación y ejecución de la misma, conforme a su autonomía y competencias. Para tal efecto, dichas entidades coordinan con el Ministerio de Economía y Finanzas la implementación de los servicios identiﬁcados y otras intervenciones que contribuyen al cumplimiento de los objetivos prioritarios de la PNIF.
Artículo 5. Financiamiento Las acciones previstas en el marco de la implementación de la PNIF, se ﬁnancian con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, conforme a las leyes de la materia, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Artículo 6. Publicación El presente Decreto Supremo y su Anexo es publicado en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), en el Portal Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros (www.gob.pe/pcm), en el Portal Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), el Portal Institucional del Ministerio de Educación (www.gob.pe/minedu), el Portal Institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/midis), el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc), el Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.gob. pe/produce) y el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego (www.gob.pe/minagri), el mismo día de su publicación en el Diario Oﬁcial “El Peruano”.
Única. Elaboración del Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional de Inclusión Financiera De acuerdo a lo establecido en el numeral 11.2 del artículo 11 del Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, la PNIF se implementa a través de un Plan Estratégico Multisectorial. El Ministerio de Economía y Finanzas en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días calendario, contados desde el día siguiente de la vigencia del presente decreto supremo, aprueba el Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional de Inclusión Financiera mediante decreto supremo, para cuya formulación se debe contar con la participación de los demás Ministerios, conforme a sus funciones y competencias.
Única. Modiﬁcación de los artículos 2, 3, 4, 5, 7 y Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 029-2014-EF, Decreto Supremo que crea la “Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera” Modifícanse los artículos 2, 3, 4, 5, 7 y la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 029-2014-EF, Decreto Supremo que crea la “Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera”, en los siguientes términos:
“Artículo 2. Objeto La Comisión tiene como objeto realizar el seguimiento de la implementación de la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF).”
3.1 La Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera está integrada por las siguientes entidades, respetando sus
respectivas competencias y autonomías, a través de un/a representante titular y un/a alterno/a:
El Ministerio de Economía y Finanzas, quien lo preside
La Superintendencia de Mercado de Valores
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, la Superintendencia
de Mercado de Valores y el Banco de la Nación apoyan a los Ministerios citados en el numeral anterior, en la implementación de la Política Nacional de Inclusión Financiera, conforme a su autonomía y competencias.
3.3 Los representantes titulares, en el caso de los Ministerios, deben tener rango de viceministro, mientras que, en
el caso de las demás instituciones, es designado por el titular de la entidad. Los representantes alternos, en el caso de los Ministerios y las demás instituciones, deben tener como mínimo rango de director general o su equivalente.
3.4 La Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera puede invitar a sus sesiones a otras entidades públicas o
privadas, a ﬁn de aportar e ilustrar sobre temas especíﬁcos que sean motivo de agenda. Dicha participación es con derecho a voz pero sin voto.”
Elaborar informes de seguimiento, y monitoreo respecto al avance y resultados de la PNIF.
Coordinar las acciones que sean necesarias para la implementación de la PNIF.
Elaborar propuestas, en el marco del objeto de la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera, que sean necesarias para mejorar la inclusión ﬁnanciera, en coordinación con los sectores competentes.
Articular acciones conjuntas entre el sector público y privado en materia de inclusión ﬁnanciera, así como entre los diferentes niveles de gobierno, para el cumplimiento de los objetivos prioritarios de la PNIF.
Organizar grupos técnicos de trabajo por temas especíﬁcos.
Proponer la modiﬁcación y/o actualización de la PNIF, con el ﬁn de garantizar que se logren los efectos deseados.
Otras funciones establecidas en su Reglamento Interno.
Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera puede requerir a
cualquier entidad del sector público la documentación e información relacionada con la inclusión ﬁnanciera. Las entidades del sector público deben entregar a la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera la información que les sea requerida por esta, salvo las excepciones de Ley.”
5.1 La Presidencia de la Comisión está a cargo del MEF, quien tiene voto dirimente y representa a la Comisión en
los actos públicos en los que participe.
5.2 La Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera cuenta con una Secretaría Técnica, a cargo de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a través de la Superintendencia Adjunta de Conducta de Mercado e Inclusión Financiera o la que haga sus veces.
2. Apoyar en el monitoreo de la implementación de las acciones multisectoriales y avances en materia de inclusión ﬁnanciera.
7.2 El funcionamiento de la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera no irroga gastos adicionales al
presupuesto institucional de sus instituciones integrantes. Cada institución asume los gastos que pudieran generar el ejercicio de las funciones de sus representantes, o el cumplimiento de las acciones encargadas.”
Única. Derogación del Decreto Supremo Nº 191-2015-EF Derógase el Decreto Supremo Nº 191-2015-EF, Modiﬁcan Decreto Supremo N o 029-2014-EF, que crea la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera y aprueba la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera.
FABIOLA MARTHA MUÑOZ DODERO Ministra de Agricultura y Riego
ROCÍO INGRED BARRIOS ALVARADO Ministra de la Producción
2.3. Conceptos claves
2.4. Problema público
2.4.1. Enunciado del problema público
2.4.2. Modelo del problema público
2.4.3. Situación actual del problema público
3. SITUACIÓN FUTURA Y POLÍTICAS RELACIONADAS
3.1.1. Situación futura deseada
3.1.2. Alternativas de solución seleccionadas
3.2.1. Alineamiento a nivel vertical
3.2.2. Alineamiento a nivel horizontal
4. OBJETIVOS PRIORITARIOS Y LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
4.1. OP N o 1: Generar una mayor conﬁanza de todos los segmentos de la población en el sistema ﬁnanciero
4.2. OP N o 2: Contar con una oferta de servicios ﬁnancieros suﬁciente y adecuada a las necesidades de la población
4.3. OP N o 3: Mitigar las fricciones en el funcionamiento del mercado
4.4. OP N o 4: Desarrollar infraestructura de telecomunicaciones y plataformas digitales para incrementar la cobertura de servicios ﬁnancieros
4.5. OP N o 5: Fortalecer los mecanismos de articulación de esfuerzos institucionales
5. PROVISIÓN DE SERVICIOS Y ESTÁNDARES
5.1. Identiﬁcación de servicios
5.2. Estándares de cumplimiento
5.3. Provisión de servicios
6.3. Reportes de cumplimiento
7. ACRÓNIMOS
En los últimos años la economía peruana ha mostrado un buen desempeño, principalmente como consecuencia de
la estabilidad macroeconómica alcanzada por el país, el entorno favorable de los precios de las materias primas y las
políticas públicas orientadas a fomentar la inversión privada. De este modo, entre el 2008 y 2018, el Producto Bruto Interno (PBI) creció a una tasa promedio anual de 4.82%, la inversión privada creció a una tasa promedio anual de 6.57% y la tasa de inﬂación creció a un ritmo promedio anual de 2.88% (BCRP). Asimismo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la Población Económicamente Activa (PEA) alcanza al 74.7% de la población en edad de trabajar para el 2017, este indicador es ascendente desde 2014 (73.6%). De igual manera, los ingresos promedio mensuales ascienden a S/ 1 377 en 2017 y crecieron a un ritmo de 3.6% promedio anual en los últimos 5 años.
En este contexto, el sistema ﬁnanciero peruano ha registrado un crecimiento sostenido; así, entre el 2008 y 2018, los créditos y depósitos como porcentaje del PBI pasaron de 24.0% y 29.0% a 40.6% y 38.6%, respectivamente (SBS, 2018). Además, el sistema ﬁnanciero ha mostrado solvencia y un buen perﬁl de estabilidad ﬁnanciera, evidenciado por su adecuada capitalización, liquidez y resistencia frente a escenarios de estrés severos, de acuerdo a las recientes evaluaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial 1 . Sin duda, la situación macroeconómica estable y el enfoque holístico en la supervisión y regulación ﬁnanciera 2 contribuyeron signiﬁcativamente a la estabilidad del sistema ﬁnanciero.
La estabilidad es un atributo esencial de un sistema ﬁnanciero desarrollado, en tanto hace posible que este cumpla con sus funciones, de facilitar la acumulación de fondos para la inversión, asignar eﬁcientemente recursos y riesgos y reducir los costos de transacción. Para lograr que el sistema ﬁnanciero contribuya al desarrollo económico del país, es necesario además que el sistema sea inclusivo; esto es, que toda la población, individuos y empresas, accedan y usen los servicios ﬁnancieros, a ﬁn de permitir la creación y ampliación de sus oportunidades de ahorro, consumo e inversión, generando beneﬁcios para el crecimiento económico y el bienestar general del país.
Sin embargo, la inclusión ﬁnanciera en el Perú es aún insuﬁciente y baja en relación a niveles internacionales, lo cual constituye un problema público, en tanto restringe la contribución del sistema ﬁnanciero al crecimiento económico, a
la productividad y competitividad y a la reducción de la pobreza y las desigualdades. Es innegable que se han logrado
avances importantes en los últimos años; por ejemplo, entre el 2015 y 2018, la proporción de adultos con al menos una cuenta en el sistema ﬁnanciero se incrementó de 29% a 38% (ENAHO 2015 y 2018) y la correspondiente a créditos pasó de 30% a 33% entre el 2013 y 2018 (SBS, 2018). No obstante, estas cifras revelan que un gran porcentaje de la población, concentrada principalmente en los segmentos más vulnerables, no tiene participación en el sistema ﬁnanciero.
Las políticas de inclusión ﬁnanciera, siendo consideradas herramientas promotoras de la inclusión social y el desarrollo económico, han venido cobrando relevancia a nivel mundial. Así, diversos organismos internacionales, como el Banco Mundial, el FMI, la Alliance for Financial Inclusion (AFI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Grupo de los 20 (G-20), entre otros; vienen promoviendo la adopción de políticas públicas coordinadas, que incentiven la inclusión ﬁnanciera. La necesidad de las políticas públicas coordinadas responde al hecho que muchos de los factores que inﬂuyen en la inclusión ﬁnanciera involucran la participación simultánea de diferentes sectores, por lo cual la solución a la baja inclusión ﬁnanciera debe ser abordada de manera integral, en el marco de una política nacional de Estado, articulada con el conjunto de políticas de este.
Entre los factores que limitan la inclusión ﬁnanciera están la pobreza y la informalidad, grandes problemas estructurales del país, cuya relación con la inclusión ﬁnanciera parece ser más bien bidireccional; si bien estos factores limitan la inclusión ﬁnanciera, la mejora de esta última contribuye a la reducción de dichos problemas. Respecto a la informalidad,
la tasa de informalidad laboral estimada al cierre del 2017 fue de 72.5% (INEI, 2018), elevada en términos absolutos y en
comparación con niveles internacionales. Por otro lado, si bien la pobreza en el Perú ha venido disminuyendo de manera
importante en los últimos años, al cierre del 2018, el 20.5% de la población se encontraba en situación de pobreza y el 2.8% en situación de pobreza extrema (INEI, 2019). La informalidad y la pobreza están asociadas, entre otros aspectos,
a reducidos niveles de ingreso y productividad, a una preferencia por el uso de efectivo y a escasa información, todo lo cual limita el acceso a los servicios ﬁnancieros.
De manera más concreta, a partir de la información disponible, ha sido posible identiﬁcar las siguientes causas del rezago del Perú en inclusión ﬁnanciera, las cuales serán abordadas en la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF):
• La demanda de servicios ﬁnancieros es limitada, debido a que las competencias y capacidades ﬁnancieras de la población también lo son y a que no existen suﬁcientes mecanismos de promoción para el acceso y uso de servicios ﬁnancieros, con especial atención en la población con menor acceso.
• La oferta de servicios ﬁnancieros es limitada e inadecuada, puesto que los canales de atención del sistema ﬁnanciero no logran llegar a toda la población y los servicios ﬁnancieros existentes son todavía complejos e inadecuados.
• Existen fricciones en el funcionamiento del mercado ﬁnanciero, ocasionadas por los elevados costos de información, la limitada transparencia e inadecuadas conductas en el mercado, el marco normativo rezagado frente a un entorno cambiante y las restricciones a la competencia.
1 Evaluación realizada por el FMI y el Banco Mundial, en el marco del Financial Sector Assessment Program (FSAP). http://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/
BOLETIN-SEMANAL/2018/B_S_29_2018.pdf
2 Dicho enfoque se orienta a mantener la solvencia de las entidades ﬁnancieras de manera individual y también busca prevenir y mitigar los riesgos que enfrenta el sistema ﬁnanciero en su conjunto y en su interrelación con el sector real. En SBS (2019). Informe de Estabilidad del Sistema Financiero. Mayo 2019.
http://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/pub_InformeEstabilidad/IESF.pdf
• La infraestructura de telecomunicaciones y la infraestructura digital son insuﬁcientes, lo cual restringe la expansión de la cobertura de servicios ﬁnancieros.
• Los mecanismos de articulación continua de esfuerzos institucionales son débiles, tanto entre las instituciones públicas y los diferentes niveles de gobierno como entre los actores públicos y privados.
De este modo, teniendo en cuenta el contexto país, el problema público de inclusión ﬁnanciera identiﬁcado y las causas que limitan dicha inclusión ﬁnanciera en el Perú, la visión de la PNIF es:
“Mejorar el bienestar económico de la población a través de los beneﬁcios que genera su inclusión en un sistema ﬁnanciero formal, considerando los enfoques intercultural, territorial y de género.”
Es importante destacar que la PNIF busca obtener logros en las tres dimensiones que comprende la inclusión ﬁnanciera, acceso, uso y calidad, donde:
• Acceso: Implica poner al alcance de la población los puntos de atención del sistema ﬁnanciero, incrementando la cobertura geográﬁca hasta llegar a la población actualmente insatisfecha o desatendida para ofrecer una gama de servicios de calidad.
• Uso: Entendido como el uso continuo y frecuente de los servicios ﬁnancieros, lo cual puede ser logrado implementando mecanismos que generen conﬁanza y ampliando la gama de servicios con orientación al consumidor.
• Calidad: Lograda con servicios ﬁnancieros adecuados a las necesidades de la población, ofrecidos en un contexto de transparencia y debido respeto a los derechos de la población.
El diseño de la PNIF ha incluido la identiﬁcación de objetivos prioritarios para coadyuvar a remediar el problema de inclusión ﬁnanciera. Al respecto, son cinco los objetivos prioritarios, los que a su vez contienen lineamientos para la consecución de dichos objetivos:
• Objetivo Prioritario 1 (OP1): Generar una mayor conﬁanza de todos los segmentos de la población en el sistema ﬁnanciero. Lo cual supone mejorar las competencias y capacidades ﬁnancieras de todos los segmentos de la población; generar estrategias comunicacionales dirigidas a todos los segmentos de la población, con pertinencia lingüística, enfoque de género e intercultural, perspectiva de discapacidad, por grupo etario, entre otros; implementar mecanismos que fomenten el acceso y uso de servicios ﬁnancieros formales, con especial atención en la población con menor acceso.
• Objetivo Prioritario 2 (OP2): Contar con una oferta de servicios ﬁnancieros suﬁciente y adecuada a las necesidades de la población. Para ello se requiere incrementar la cobertura de canales convenientes y accesibles; fomentar el desarrollo de canales innovadores, asequibles, convenientes y accesibles; fomentar la oferta de servicios simples, innovadores, seguros, eﬁcientes y adecuados.
• Objetivo Prioritario 3 (OP3): Mitigar las fricciones en el funcionamiento del mercado. Lo cual requiere promover la reducción de los costos de información, fortaleciendo las centrales de riesgo y fomentando el uso de fuentes y servicios alternativos de análisis de información; fortalecer los sistemas de protección de la población y la adecuada gestión de conducta de mercado de los proveedores de servicios ﬁnancieros; fomentar un marco normativo adecuado a la evolución de las tendencias de innovación en el ámbito ﬁnanciero, preservando la estabilidad del sistema ﬁnanciero; y promover que los servicios ﬁnancieros se desarrollen en un contexto de libre competencia.
• Objetivo Prioritario 4 (OP4): Desarrollar infraestructura de telecomunicaciones y plataformas digitales para incrementar la cobertura de servicios ﬁnancieros. Lo cual se sustenta en desarrollar infraestructura de telecomunicaciones para facilitar que los servicios ﬁnancieros se encuentren al alcance de todos los segmentos de la población, así como en desarrollar plataformas digitales a ﬁn de favorecer la colaboración, interoperabilidad, autenticación, seguridad digital y el uso optimizado de las tecnologías digitales.
• Objetivo Prioritario 5 (OP5): Fortalecer los mecanismos de articulación de esfuerzos institucionales. Para ello se requiere generar mecanismos (arreglos institucionales) sostenibles de articulación entre las instituciones, establecer el adecuado rol de las instituciones ﬁnancieras públicas en las políticas de gobierno para la inclusión ﬁnanciera, precisar las funciones de los actores para una mejor eﬁciencia de la gestión pública y desarrollar instrumentos de gestión y mecanismos para la articulación entre las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil.
Un factor clave para la implementación de los objetivos prioritarios, así como para el logro de las metas establecidas en la PNIF, es la coordinación articulada y participación activa de las autoridades involucradas y responsables de promover la inclusión ﬁnanciera de la población. En ese sentido, son los esfuerzos del sector público y privado los que deben orientarse al logro de los objetivos trazados, preservando la estabilidad ﬁnanciera en el Perú. Es así que la PNIF, se constituye como instrumento de Política de Estado con un horizonte que va desde su entrada en vigencia hasta el 2030.
Cabe resaltar que la PNIF se construye sobre la base de diversos ejes de la Política General de Gobierno al 2021, publicada mediante Decreto Supremo N° 056-2018-PCM en mayo de 2018. Asimismo, la PNIF es consistente con las Políticas de Estado, por lo cual es importante su implementación de manera sostenible, toda vez que se desarrolla en el marco del Acuerdo Nacional.
La PNIF está estructurada en seis secciones tomando como base la metodología establecida en la Guía de Políticas Nacionales del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Así, en la primera sección se presenta la introducción, en la segunda sección se presentan los antecedentes, en particular se desarrolla la base legal, la metodología, los conceptos claves y el problema público. En la tercera sección se presenta la situación futura y el alineamiento con las políticas relacionadas que se tomaron en cuenta para el diseño de la PNIF. La cuarta sección presenta los objetivos prioritarios y lineamientos de política, para lo cual se describe el contexto que propicia que se
contemplen dichos objetivos y lineamientos. La quinta sección presenta la provisión de servicios y los estándares de cumplimiento vinculados a los lineamientos de política establecidos en la sección anterior. Por último, la sexta sección describe los procedimientos para realizar el seguimiento y la evaluación de la PNIF.
Las principales normas y documentos considerados como marco para la elaboración de la PNIF, son las comentadas a continuación.
Constitución Política del Perú, promulgada el 29 de diciembre de 1993, establece en sus artículos 59, 61, 65, 87 los siguientes principios generales con respecto al régimen económico:
• El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.
• El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios.
• El Estado deﬁende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.
• El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía.
En cuanto a la inclusión ﬁnanciera, en términos que toda la población tenga acceso al sistema ﬁnanciero, el mandato constitucional se encuentra plasmado en el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, el cual establece el derecho de toda persona a la igualdad ante la Ley, disponiendo que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158, promulgada el 18 de diciembre de 2007, establece en su artículo 4, las siguientes competencias del Poder Ejecutivo:
• El diseño y supervisión de políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno. Las políticas nacionales deﬁnen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. Las políticas nacionales conforman la política general de gobierno.
• Las políticas nacionales y sectoriales consideran los intereses generales del Estado y la diversidad de las realidades regionales y locales, concordando con el carácter unitario y descentralizado del gobierno de la República. Para su formulación el Poder Ejecutivo establece mecanismos de coordinación con los gobiernos regionales, gobiernos locales y otras entidades, según requiera o corresponda a la naturaleza de cada política. El cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales del Estado es de responsabilidad de las autoridades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Las políticas nacionales y sectoriales se aprueban por decreto supremo, con el voto del Consejo de Ministros.
Programa País Perú-OCDE, elaborado en diciembre de 2014, con el objetivo de mejorar las políticas públicas y apoyar el proceso de reformas del Perú a través de cinco áreas prioritarias: barreras al crecimiento, gobernanza pública, anticorrupción e integridad en el sector público, capital humano y medio ambiente. En el marco de este Programa se realizó el Estudio Multidimensional del Perú Volumen 2. Análisis Detallado y Recomendaciones, en el cual se presenta tres áreas fundamentales para un desarrollo sostenible e inclusivo en el país: i) mejora de la conectividad en transporte, ii) fomento de la productividad y la diversiﬁcación económica y iii) promoción del empleo formal. En materia de fomento de la productividad y la diversiﬁcación económica se propone lo siguiente: desarrollo de nuevas industrias competitivas, estrategias de innovación, mejora del marco institucional estratégico para el desarrollo productivo del Perú.
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada el 25 de septiembre de 2015 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta Agenda contiene diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que 193 países, incluido el Perú, se comprometieron a cumplir en la Cumbre de Desarrollo Sostenible realizada como parte de la Septuagésima Asamblea General de la ONU en Nueva York. Entre estos ODS, resaltan las medidas relacionadas con la eliminación de la pobreza, la educación de calidad, la igualdad de género, el trabajo decente y el crecimiento económico, la industria, la innovación e infraestructura y la reducción de las desigualdades.
Acuerdo Nacional, con fecha 5 de marzo de 2002 se suscribió el compromiso entre las fuerzas políticas presentes en el Congreso, la sociedad civil, instituciones religiosas y el Gobierno, a ﬁn de entablar un diálogo para lograr un Acuerdo Nacional que a través de la formulación de políticas de Estado sirva de base para la transición y consolidación, de la democracia, la aﬁrmación de la identidad nacional y el diseño de una visión compartida del país a futuro. Sobre el particular, las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional se encuentran relacionadas a objetivos de Equidad y Justicia Social, Competitividad del País y Estado Eﬁciente, Transparente y Descentralizado, con lo cual se disponen los siguientes objetivos:
• Décimo - Reducción de la pobreza.
• Décimo segundo - Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y el deporte.
• Décimo séptimo - Aﬁrmación de la economía social de mercado.
• Décimo octavo - Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica.
• Trigésimo quinto - Sociedad de la información y sociedad del conocimiento.
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, denominado “Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021”, publicado el 23 de junio de 2011, mediante Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, el cual establece seis ejes estratégicos.
El Eje estratégico 1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas y el Objetivo Nacional: Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, contiene el objetivo especíﬁco 4: Reducción de las inequidades
y de la pobreza y la pobreza extrema, con el que se espera fortalecer las capacidades para lograr un mayor acceso al crédito y promover la educación.
De forma similar, en el Eje estratégico 2: Oportunidades y acceso a los servicios y el Objetivo Nacional: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos, se contiene al objetivo especíﬁco 6: Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad, el cual busca articular la educación con una oferta que permita mejorar la competitividad del país. Por otro lado, el objetivo nacional antes mencionado, contiene el objetivo especíﬁco 7: Beneﬁciarios de programas sociales convertidos en agentes productivos de bienes y servicios con base en la demanda de los mercados interno y externo, el cual se enfoca en el fomento de la migración de la población usuaria de los programas sociales hacia el desarrollo productivo y económico por medio del uso de tecnologías.
En el Eje estratégico 4: Economía, competitividad y empleo y el Objetivo Nacional: Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad, contiene el objetivo especíﬁco 5: Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva y el objetivo especíﬁco 7 del citado Objetivo Nacional: Mercados ﬁnancieros transparentes y eﬁcientes, con instituciones sólidas que facilitan el ﬁnanciamiento y la inversión, los cuales tienen como enfoque crear incentivos crediticios.
Política General de Gobierno al 2021, aprobada mediante Decreto Supremo N o 056-2018-PCM, la cual se desarrolla sobre cinco ejes, que se encuentran interrelacionados y que guardan consistencia con el marco de políticas y planes del país, estos ejes comprenden dieciocho lineamientos prioritarios. En el Eje 3, se busca el crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, a través de un lineamiento puntual, reducir la pobreza y pobreza extrema, tanto a nivel rural como urbano. Ello se concretiza a través entre otras medidas a través del fomento para que las mujeres jefas de hogar de familias rurales pobres vinculadas a los programas sociales, conozcan y utilicen mecanismos ﬁnancieros de ahorro y crédito.
Asimismo, el Eje 4, Desarrollo social y bienestar de la población, de la Política General de Gobierno al 2021 tiene como lineamiento especíﬁco, promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres. En particular, la mujer se acerca a lograr paridad en sus derechos como ser humano con medidas como el derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito ﬁnanciero, en otras palabras, a ser parte del sistema ﬁnanciero, lo cual se sugiere en tratados de los que forma parte el Perú.
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N o 26702, publicada el 9 de diciembre de 1996, tiene como objeto principal propender al funcionamiento de un sistema ﬁnanciero y un sistema de seguros competitivos, sólidos y conﬁables, que contribuyan al desarrollo nacional.
Decreto Ley N o 26126, que aprueba el Texto Único Concordante de la Ley Orgánica de la Comisión Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), publicado el 30 de diciembre de 1992, tiene por ﬁnalidad velar por la protección de los inversionistas del mercado de valores, de productos y sistema de fondos colectivos; la eﬁciencia y transparencia de los mercados bajo su supervisión; la correcta formación de precios y la difusión de toda la información necesaria para tales propósitos, a través de la regulación, supervisión y promoción.
Ley N o 28587, Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en Materia de Servicios Financieros, publicado el 19 de julio de 2007, completa las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor con relación a los servicios prestados a los usuarios por las empresas de operaciones múltiples del sistema ﬁnanciero sujetas a la regulación especíﬁca de la SBS.
Ley N o 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, publicado el 02 de setiembre del 2010, el cual tiene por ﬁnalidad que los consumidores accedan a productos y servicios idóneos y que gocen de los derechos y mecanismos efectivos para su protección, reduciendo la asimetría informativa, corrigiendo, previniendo o eliminando las conductas y prácticas que afecten sus legítimos intereses.
Decreto Supremo N o 029-2014-EF, Decreto Supremo que crea la “Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera”, publicado el 15 de febrero de 2014, con el objeto de desarrollar e implementar la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) para promover el acceso y uso de servicios ﬁnancieros de calidad por parte de todos los segmentos de la población a través de la coordinación, concertación y participación de los sectores público y privado. Con esta
normativa se creó la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (CMIF), conformada por: el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el Banco de la Nación.
Decreto Supremo N o 051-2015-EF, Modiﬁcan el Decreto Supremo que crea la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera, publicado el 18 de marzo de 2015, con el objeto de incorporar al Ministerio de Educación (MINEDU) como integrante de la Comisión, a ﬁn de que en su calidad de órgano rector de las políticas educativas nacionales, participe directamente en actividades de educación ﬁnanciera y contribuya a una eﬁcaz coordinación entre las instituciones integrantes de la CMIF.
Decreto Supremo N o 191-2015, Modiﬁcan Decreto Supremo N° 029-2014-EF, que crea la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera y Aprueba la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, publicado el 22 de julio de 2015, con el objeto de aprobar la ENIF para promover la inclusión ﬁnanciera como Política de Estado a través de siete líneas de acción: pagos, ahorro, ﬁnanciamiento, seguros, protección al consumidor, grupos vulnerables y educación ﬁnanciera. Como se ha comentado la ENIF merece mención especial, ya que sirvió de base para la formulación de la PNIF, luego
de cuatro años de su implementación; por lo cual es de suma importancia tomar en cuenta el objetivo de esta estrategia:
“Promover el acceso y uso responsable de servicios ﬁnancieros integrales, que sean conﬁables, eﬁcientes, innovadores y adecuados a las necesidades de los diversos segmentos de la población”.
Decreto Supremo N o 029-2018/PCM, Aprueba Reglamento que regula las Políticas Nacionales, publicado el 20 de marzo de 2018, con el objeto de aprobar el Reglamento que regula las Políticas Nacionales, el cual tiene como ﬁnalidad desarrollar la rectoría de las políticas nacionales en todo el territorio, a ﬁn que sean implementadas por las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, en beneﬁcio de la ciudadanía. Las Políticas Nacionales tienen como ámbito de aplicación al Poder Ejecutivo y al resto de entidades del Estado, siempre y cuando las políticas nacionales las incluyan en el marco de su implementación y evaluación.
Las políticas nacionales multisectoriales corresponden al subconjunto de políticas nacionales que buscan atender un problema que requiere para su atención integral la intervención articulada de más de un sector; este tipo de políticas es propuesta y sustentada en forma coordinada por cada uno de los Ministerios intervinientes. Las políticas nacionales multisectoriales, previa opinión técnica de CEPLAN, se aprueban por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y el refrendo de los sectores competentes.
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N o 047-2018/CEPLAN/PCD, publicada el 19 de septiembre de 2018, mediante la cual CEPLAN aprobó la Guía de Políticas Nacionales que establece la metodología para el diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas nacionales, en cumplimiento de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N o 029-2018/PCM.
Marco normativo adicional sobre transversalidad de los enfoques de interculturalidad y de género En general, respecto a la consideración de aspectos de enfoques de interculturalidad y género para la elaboración de la PNIF, es pertinente mencionar que ellos deben ser tomados en cuenta en toda política estatal, en la medida que deviene
en el cumplimiento de un mandato constitucional. En efecto, respecto al enfoque intercultural, el inciso 19 del artículo
2 de la Constitución Política del Perú contempla que el individuo tiene derecho a su identidad étnica y cultural, siendo
deber del Estado, reconocer y proteger la pluralidad étnica y cultural de la Nación. En cuanto al enfoque de género, el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, disponiendo que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.
Ahora, en específico, respecto al enfoque intercultural, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que forma parte de la legislación nacional, al haber sido aprobado mediante Resolución Legislativa N o 26253, de 26 de noviembre de 1993, es el antecedente normativo internacional de la materia y tiene vinculación directa con la PNIF, en términos que el artículo 23 del Convenio 169 señala que a petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo. Igualmente, el artículo 2 del Convenio 169 prescribe que los gobiernos deben asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Esta acción ha de incluir medidas que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones. En ese orden de ideas, la transversalidad del enfoque intercultural está presente en la PNIF.
En lo que concierne al enfoque de género, dos de los principales antecedentes a ser citados son la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada mediante Resolución Legislativa del Congreso el 1 de junio de 1982 que establece en su artículo 13 que los Estados Partes deben adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a ﬁn de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular: el derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito ﬁnanciero.
Por su parte, la Ley N o 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, establece en su artículos 1 y
3 que se debe establecer el marco normativo, institucional y de políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, considerando entre otros principios, el reconocimiento de la equidad de género, desterrando prácticas, concepciones y lenguajes que justiﬁquen la superioridad de alguno de los sexos, así como todo tipo de discriminación y exclusión sexual o social. Esta Ley señala en sus artículos
4 y 6 como rol del Estado: Promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, adoptando todas
las medidas necesarias que permitan remover los obstáculos que impiden el ejercicio pleno de este derecho con el ﬁn de erradicar toda forma de discriminación. Bajo este mandato cada gobierno (sea el ámbito nacional, regional y local) está obligado a adoptar políticas, planes y programas integrando los principios que señala la ley de manera transversal.
Especíﬁcamente, la PNIF contempla, propone como una de sus alternativas de sus nuevas intervenciones, el fomento de estrategias de comunicación sobre los beneﬁcios y riesgos del uso de servicios ﬁnancieros formales, tomando en cuenta la pertinencia lingüística, enfoque de género e intercultural, grupo etario, entre otros. En ese sentido, queda claro que los enfoques mencionados son parte de la PNIF y serán desarrollados en extenso en el Plan Nacional de Inclusión Financiera, a ser formulado y aprobado tras la aprobación de la PNIF.
Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP, que aprueba la Política Nacional de Igualdad de Género cuyo ámbito de aplicación es todas las entidades de la Administración Pública así establece como objetivo prioritario atacar los factores causales como los efectos de la discriminación estructural contra las mujeres. La Política Nacional de Igualdad de Género plantea un abordaje desde un enfoque multisectorial y de género para hacer frente a la desigualdad entre mujeres y hombres que se convierte en un obstáculo para el desarrollo sostenible, toda vez que esta discriminación se constituye en un problema central en el país.
En el Decreto Supremo N o 056-2018-PCM, que aprueba la Política General de Gobierno al 2021, en el Lineamiento 4.6 se busca promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.
Finalmente, y no por ello menos importante, la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad, aprobada mediante Resolución Legislativa N o 29127, incorpora en el inciso 5 de su artículo 12, “igual reconocimiento como persona ante la ley”, que los Estados Partes tomen las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito ﬁnanciero. En ese sentido, la PNIF prevé fomentar estrategias de comunicación sobre los beneﬁcios y riesgos del uso de servicios ﬁnancieros formales, tomando en consideración la perspectiva de discapacidad.
Durante el diseño y formulación de la PNIF se han realizado las siguientes actividades:
Tabla N o 1: Actividades de diseño y formulación de la PNIF
información estadística, estudios
la ENIF
Análisis sobre los avances.
expertas, identiﬁcación de las tendencias y escenarios vinculantes.
Identiﬁcación de las principales
causas y efectos del problema público.
enunciación y
Juicios de personas expertas
Veriﬁcar la
Opinión informada de personas con trayectoria en la temática,
Validación del modelo conceptual e identiﬁcación de
Validación de las variables vinculadas al modelo del problema público (causas y efectos).
Coordinaciones de trabajo con:
Aportes a la deﬁnición
propuesta de problema público
• Equipo técnico y miembros de la CMIF.
• Especialistas del sector público y privado.
Determinar la probabilidad de ocurrencia y potencial impacto de cada tendencia en el problema público.
Revisión y análisis de datos históricos, incluyendo la revisión de fuentes cualitativas y cuantitativas.
Identiﬁcación y selección de las variables relevantes.
Determinación de la situación futura deseada
Narraciones plausibles que describan la situación futura deseada a partir de la situación presente y diversos contextos futuros de escala global que podrían afectar el desarrollo nacional.
Identiﬁcación de oportunidades
riesgos en cada escenario
Análisis de escenarios contextuales
contextual, que afectarían (de manera positiva o negativa) el comportamiento futuro de la situación deseada.
• Opinión informada de
Identiﬁcar alternativas
personas con trayectoria en la temática.
• Recomendaciones de organizaciones internacionales.
Etapa 2: Formulación
Reuniones entre el equipo
técnico y miembros de la CMIF.
Propuestas de objetivos prioritarios e indicadores a ser validados.
indicadores de la PNIF.
Opinión informada de personas
con trayectoria en la temática,
Aportes a los objetivos
prioritarios e indicadores.
Revisión y validación de la propuesta de objetivos prioritarios e indicadores.
Taller con especialistas del sector público y privado.
• Objetivos Prioritarios validados.
• Indicadores revisados y validados.
Elaboración de propuestas de lineamientos de la PNIF.
Reuniones con el equipo técnico
Propuesta de lineamientos a
miembros de la CMIF.
Revisión y validación de la propuesta de lineamientos.
• Aportes de lineamientos.
• Lineamientos validados.
• Aportes de servicios y estándares.
Reuniones con especialistas del
• Servicios y estándares validados.
Identiﬁcación de los servicios y estándares de cumplimiento
Revisión y sistematización de las propuestas de servicios para su validación.
Identiﬁcación de las políticas relacionadas
Establecer el alineamiento de la PNIF con las
Revisión de políticas y planes publicados en portales web oﬁciales (Diario oﬁcial El Peruano, Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ,
portal del Acuerdo Nacional, portal de CEPLAN).
• Anexo A-1 de la Guía de Políticas Nacionales de CEPLAN: Fichas de alineamiento de nivel vertical.
con otras políticas nacionales.
• Anexo A-2 de la Guía de Políticas Nacionales de CEPLAN: Ficha de alineamiento de nivel horizontal.
Inclusión Financiera: Acceso y uso de servicios ﬁnancieros de calidad por parte de la población 3 . Donde:
Acceso: Posibilidad de utilizar los servicios ﬁnancieros, lo cual supone poner al alcance de la población la infraestructura y los puntos de atención del sistema ﬁnanciero, así como una gama de servicios ﬁnancieros de calidad.
Uso: Frecuencia y continuidad del uso de los servicios ﬁnancieros, lo cual depende de la existencia de una oferta de servicios que añadan valor al consumidor y de la conﬁanza de este en el sistema y los servicios ﬁnancieros.
Calidad: Característica de los servicios ﬁnancieros adecuados a las necesidades de la población, que incluyen atributos como conveniencia, asequibilidad y seguridad, y que son ofrecidos en un marco de protección al consumidor.
Capacidades ﬁnancieras: Proceso que afecta los conocimientos, las actitudes y los comportamientos de las personas. Según el Currículo Nacional de la Educación Básica:
“Conocimiento”: Teorías, conceptos y procedimientos legados por la humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están insertos.
“Actitudes”: Disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a una situación especíﬁca. Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va conﬁgurando a lo largo de la vida a través de las experiencias y educación recibida.
Competencias ﬁnancieras: El saber actuar de una persona, en diferentes contextos en relación con sus ﬁnanzas
personales, de manera que su accionar sea ético y provechoso para ella misma. Por ejemplo, la persona desarrolla las siguientes capacidades: administra correctamente sus ﬁnanzas cotidianas, desarrolla un plan ﬁnanciero que
en cuenta su situación, aprovecha las oportunidades y reconoce los riesgos de los servicios ﬁnancieros y
afronta las diﬁcultades ﬁnancieras que se le presenten.
Conducta de mercado: Prácticas de las empresas en su relación con los consumidores, respecto de la oferta de servicios ﬁnancieros, la transparencia de información y la gestión de reclamos (Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos aprobada por Resolución SBS Nº 272-2017 publicada el 23 de enero de 2017).
Educación ﬁnanciera: Proceso del desarrollo de conocimiento, de habilidades y de actitudes en las personas de manera que contribuyan a su bienestar ﬁnanciero (PLANEF, 2018). En este contexto:
Deﬁnición establecida mediante el documento “Lineamientos de la ENIF para el Perú” enviado a la Presidencia del G20.
“Conocimiento”: Entender cómo funcionan los servicios ﬁnancieros, comprender los conceptos asociados a estos, reconocer los roles de los proveedores de servicios y de la población en el sistema ﬁnanciero, así como conocer los derechos y las responsabilidades que las personas poseen e identiﬁcar dónde obtener información.
“Habilidades”: Ser capaz de aplicar el conocimiento y administrar sus propias ﬁnanzas.
“Actitudes”: Tener la motivación y las percepciones adecuadas para planiﬁcar el futuro, mediante el ejercicio del autocontrol y la toma de decisiones proactivas, así como la conﬁanza en uno mismo para tomar decisiones ﬁnancieras informadas y relacionarse con el sistema ﬁnanciero.
“Bienestar ﬁnanciero”: Generar bienestar asociado a calidad de vida, a una vida con satisfacción de necesidades relacionadas al acceso y al uso de servicios ﬁnancieros de calidad.
Enfoque de género: Es una forma de mirar la realidad identiﬁcando los roles y tareas que realizan los hombres y las mujeres en una sociedad, así como las asimetrías, relaciones de poder e inequidades que se produce entre ellos. Permite conocer y explicar las causas que producen esas asimetrías y desigualdades, y formular medidas (políticas, mecanismos, acciones aﬁrmativas, normas, etc), que contribuyan a superar las brechas de género (MIMP, 2017a, p.6).
Población: Considera a las personas naturales mayores de 18 años y personas jurídicas (MIPYME) 4 . En función al desarrollo de la normativa, las personas naturales podrán incluir también a los menores de edad de 16 años a más.
Protección al consumidor: Marco regulatorio y ecosistema que garantiza que la población acceda y use los servicios ﬁnancieros formales ofrecidos por el sistema ﬁnanciero, de forma oportuna, transparente, conﬁable, leal, fácilmente accesible con trato justo e igualitario, con adecuada asesoría, con mecanismos efectivos para la atención de quejas y de reclamos y denuncias, y la adecuada protección de datos personales.
Servicio ﬁnanciero: Cualquier servicio de naturaleza ﬁnanciera brindado por el sistema ﬁnanciero. Para efectos de la PNIF, el sistema ﬁnanciero comprende a las empresas ﬁnancieras supervisadas por la SBS o por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
La inclusión ﬁnanciera, entendida como el acceso y uso de servicios ﬁnancieros de calidad por parte de la población, puede derivar en importantes beneﬁcios para el crecimiento económico y el bienestar general del país 5 , además de contribuir a reducir la pobreza e igualar las oportunidades.
Un adecuado acceso a servicios ﬁnancieros permite que la población prospere, amplíe sus oportunidades de consumo e
inversión y mejore sus niveles de vida. Los individuos y empresas incluidos en el sistema ﬁnanciero, pueden administrar más fácilmente sus ﬁnanzas, su consumo y ahorro, iniciar o potenciar sus actividades productivas, gestionar sus riesgos
y protegerse frente a eventos adversos. De este modo, la población incluida contribuye al crecimiento económico y a
mejorar la competitividad y productividad del país; asimismo, aporta a la reducción de la pobreza y de las desigualdades
y, trascendiendo lo económico, a su propio empoderamiento. Además, una mayor inclusión ﬁnanciera contribuye a la
estabilidad del sistema ﬁnanciero, puesto que la mayor participación de la población ayuda a la diversiﬁcación de clientes, favoreciendo la estabilidad de las fuentes de fondeo y la calidad del portafolio de créditos.
A pesar de los múltiples beneﬁcios que conlleva la inclusión ﬁnanciera para los individuos, las empresas, el propio
sistema ﬁnanciero y la economía en su conjunto; las cifras ponen en evidencia la existencia de un problema público. Si bien se han logrado avances, en el Perú todavía existen bajos niveles de acceso y uso de servicios ﬁnancieros de calidad
por parte de la población, en relación a otros países de la región. Así, la proporción de personas mayores de quince años con al menos una cuenta en el sistema ﬁnanciero se incrementó de 20% en el 2011 a 43% en el 2017 (Global Findex 2011 y 2017), todavía por debajo del promedio registrado en América Latina (55%) en el 2017. Asimismo, el porcentaje de adultos con un crédito del sistema ﬁnanciero pasó de 26% al 33% entre el 2011 y 2018. A pesar que en promedio se incrementó el porcentaje de personas que al menos tienen una cuenta en el sistema ﬁnanciero, cuando se desagrega por sexo se observa que la brecha entre mujeres y hombres se incrementa desde el año 2011 al 2017 (la brecha pasa de 6%
a 17%. Igualmente, entre el 2014 al 2017, cuando se trata de préstamos y ahorro se presenta un incremento de la brecha entre mujeres y hombres (la brecha pasa de 4% a 6% en préstamos y de 6% a 14% en ahorros).
Por otra parte, el uso de los instrumentos de pagos digitales para la realización de transacciones es reducido. En el 2017, 34% de la población hizo o recibió alguna pago a través de medios digitales, mientras que en América Latina dicho porcentaje alcazaba 46% (Global Findex, 2017). En cuanto a los servicios de seguros y fondos previsionales la agenda
4 Según se contempla en la evidencia internacional en países como Chile, México y Colombia consideran como población objetivo de sus políticas y estrategias de inclusión y educación ﬁnanciera, a las personas naturales y jurídicas (con énfasis en las MIPYME). Para mayor detalle revisar el Anexo N o 1. Por otro lado, se precisa que estos segmentos de la población pueden ser como ejemplo los siguientes:
• La población de diversos estratos económicos e ingresos (en condición de pobreza, en situación de caer en pobreza o población fuera de la pobreza).
• La población residente en el ámbito rural y en el ámbito urbano.
• La población femenina y masculina.
• La población menor de edad, la población joven, la población adulta mayor.
• La población de diversas culturas e idiomas.
• La población empresarial (MIPYME).
5 Existe amplia literatura sobre la relación entre el desarrollo ﬁnanciero y el crecimiento económico, entre ellos Levine (1997), Beck, Demirguc-Kunt y Levine
(2007), King y Levine (1993); Klapper, Laeven y Rajan (2006) y Demirguc-Kunt y Levine (2009).
pendiente es aún mayor. La información periódica que permite medir el grado de inclusión en seguros es deﬁciente; sin embargo, los resultados de la Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura Financiera en el Perú - 2016 (ENDSF, 2016), (SBS, 2017) evidenciaron que solo el 18% de los adultos en el país cuenta con algún seguro privado. Por su parte, el porcentaje de cotizantes de los sistemas de pensiones privado y público (SPP, SNP) bordea apenas el 27% de la Población Económicamente Activa (SBS, 2018).
En suma, desde cualquier óptica, las cifras revelan un gran porcentaje de la población sin participación en el sistema ﬁnanciero, siendo el problema más serio tratándose de poblaciones que habitan en zonas rurales y remotas. Cabe señalar que, estas son predominantemente de sectores como el agrario, comercio, entre otros, donde se concentra un alto porcentaje de familias dedicadas a este tipo de actividades.
Por lo tanto, la constatación de que existe una “Población con bajo nivel de acceso y uso de servicios ﬁnancieros de calidad” constituye un problema público; pues esta situación limita el desarrollo económico y ﬁnanciero del país, en detrimento del bienestar de la población.
El problema público descrito y las causas que lo originan, se puede representar a través del siguiente modelo:
Tabla N o 2: Problema público y sus causas
Población con bajo nivel de acceso y uso de servicios ﬁnancieros de calidad
Limitadas competencias y capacidades ﬁnancieras
Limitada demanda de servicios ﬁnancieros
Insuﬁcientes mecanismos de promoción para el acceso y uso de servicios ﬁnancieros
Limitada e inadecuada oferta de servicios ﬁnancieros
Insuﬁciente alcance y desarrollo de los canales de atención del sistema ﬁnanciero
Complejos e inadecuados servicios ﬁnancieros
Fricciones en el funcionamiento del mercado
Elevados costos de información
Limitada transparencia e inadecuadas conductas en el mercado
Marco normativo rezagado frente a un entorno cambiante
Insuﬁciente infraestructura que restringe la cobertura de servicios ﬁnancieros
Insuﬁciente infraestructura de telecomunicaciones
Insuﬁciente infraestructura digital
Débiles mecanismos de articulación de esfuerzos institucionales
Débiles mecanismos de articulación continua entre las instituciones públicas y los diferentes niveles de gobierno
Débiles mecanismos de articulación continua entre actores públicos y privados
Gráﬁco N o 1: Modelo del problema público
El problema público es resultado de dinámicas sociales, económicas y políticas que conducen al bajo nivel de acceso
y uso de servicios ﬁnancieros de calidad. Esta condición a la vez, restringe el desarrollo económico y la estabilidad ﬁnanciera, restringe la competitividad y productividad, y no contribuye a la reducción de la pobreza y desigualdad.
Tabla N o 3: Efectos del problema público
Restringe el desarrollo económico y la estabilidad ﬁnanciera
• El bajo nivel de acceso y uso de servicios ﬁnancieros formales no permite la transición de una economía informal hacia una economía productiva del tejido empresarial como tampoco permite la transición de una población con limitada competencia y capacidad ﬁnanciera hacia una población que toma decisiones ﬁnancieras adecuadas, lo cual limita su desarrollo económico.
• La menor participación de la población en el sistema ﬁnanciero formal restringe la
estabilidad ﬁnanciera, toda vez que no favorece a la estabilidad de fuentes de fondeo
a mejorar la calidad de portafolios de crédito.
• El adecuado funcionamiento del sistema ﬁnanciero es uno de los soportes de la competitividad, ya que la puesta en marcha de proyectos de inversión y el mayor consumo están relacionados a las fuentes de acceso y uso de ﬁnanciamiento de la
Población con bajo nivel de acceso y uso de servicios
población. Ello sumado a la limitada e inadecuada oferta de servicios ﬁnancieros, restringe la capacidad para generar eﬁciencias y por ende restringe la competitividad.
• Las fricciones en el funcionamiento en los mercados del sistema ﬁnanciero, no permite reducir los costos de información y adoptar nuevas tecnologías, con lo cual se pierden oportunidades para hacer más productiva a la población.
ﬁnancieros de calidad
• La limitada demanda de servicios ﬁnancieros, la limitada e inadecuada oferta de servicios ﬁnancieros como la insuﬁciente infraestructura de telecomunicaciones
digital, no favorece a desarrollar mayor cobertura de servicios ﬁnancieros, en
No contribuye a
especial para llegar a la población con menor acceso; lo cual no contribuye a generar oportunidades para reducir la pobreza puesto que se continuaría con una
la reducción de la pobreza y desigualdad
población que no ahorra, no cuenta con ﬁnanciamiento productivo, no accede y usa instrumentos como seguros o ahorro previsional para cubrirse de riesgos y reducir la vulnerabilidad.
• La oferta de servicios ﬁnancieros insuﬁcientes y no adecuadas a las necesidades de la población con pertinencia lingüística, enfoque de género e intercultural, grupos etarios, no contribuye a incrementar la participación de la población en el sistema ﬁnanciero de manera igualitaria, por lo cual persistirían las brechas existentes en el acceso y uso de población, en especial la más vulnerable como las microempresas, las mujeres, la población joven y la adulta mayor, entre otros.
pesar de los avances logrados a la fecha, los niveles de acceso y uso de servicios ﬁnancieros son aún bajos respecto
promedio de la región, observándose importantes brechas, especialmente en los segmentos más vulnerables. Así,
juzgar por la insuﬁciente cobertura de la red de atención del sistema ﬁnanciero, el acceso a los servicios ﬁnancieros
continúa siendo limitado, sobre todo en las zonas más remotas, con mayores niveles de pobreza y menor densidad poblacional. A ﬁnes de 2018 el 19% de los distritos a nivel nacional, no tiene acceso a los servicios ﬁnancieros; mientras que en 52% de ellos al contar con solo un tipo de punto de atención, el acceso es insuﬁciente.
Del mismo modo, el uso de los servicios ﬁnancieros es aún reducido, tal como lo evidencia la tenencia de servicios ﬁnancieros, como cuentas, créditos, seguros y pensiones. A ﬁnales del 2018, el 38% de la población adulta tenía alguna cuenta en el sistema ﬁnanciero (ENAHO 2018), mientras que el 33% contaba con al menos un crédito (SBS, 2018). En cuanto a los servicios de seguros y fondos previsionales, la agenda pendiente es aún mayor. De acuerdo a información de la ENDSF 2016, solo el 18% de los adultos en el país cuenta con algún seguro privado, mientras que el porcentaje de cotizantes de los sistemas público y privado, bordea apenas el 27% de la PEA.
A partir de una revisión de literatura existente y de las fuentes de información disponibles, se han identiﬁcado como
causas directas del problema público 6 : La limitada demanda de servicios ﬁnancieros, la limitada e inadecuada oferta de servicios ﬁnancieros, las fricciones en el funcionamiento del mercado, la insuﬁciente infraestructura que restringe la cobertura de servicios ﬁnancieros y los débiles mecanismos de articulación de esfuerzos institucionales.
A. Limitada demanda de servicios ﬁnancieros
Esta causa directa se encuentra a la vez compuesta por las siguientes causas indirectas: Limitadas competencias y capacidades ﬁnancieras e insuﬁcientes mecanismos de promoción para el acceso y uso de servicios ﬁnancieros.
6 Al respecto, existe amplia literatura que abordan los factores que determinan el acceso y uso de los servicios ﬁnancieros, entre ella ﬁguran: Sotomayor, N., J. Talledo y S. Wong (2018); Al-Hussainy, E., Beck, T., Demirgüç-Kunt, A. y Zia, B. (2008); Beck, T., et al. (2008); Cámara, N., Peña, X. y Tuesta, D. (2013); Alfageme, A. y Ramírez-Rondán, N. (2016). Con relación a las fuentes de información disponibles destacan la Encuesta Nacional de Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura Financiera en el Perú - 2016 (ENDSF, 2016), la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y la Encuesta Nacional de Estrategias de Ahorro a Largo Plazo
i. Limitadas competencias y capacidades ﬁnancieras
La literatura internacional (Atkinson y Messy, 2013) destaca la relación positiva existente entre educación ﬁnanciera e inclusión ﬁnanciera. En tal sentido, la educación ﬁnanciera es considerada una herramienta que permite a las personas entender conceptos ﬁnancieros, riesgos y oportunidades asociados a los productos y servicios ﬁnancieros, así como tomar decisiones ﬁnancieras informadas a partir de conocimientos propios y fuentes de información ﬁdedignas (OECD,
La evidencia muestra que los niveles de educación ﬁnanciera en el Perú aún son bajos. Por un lado, la prueba Programa
Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) 2015, dirigida a estudiantes de quince años, evidenció que casi
la mitad de los estudiantes está por debajo del mínimo esperado, no siendo capaces de identiﬁcar productos y términos
ﬁnancieros comunes, ni de interpretar información relacionada con conceptos ﬁnancieros básicos (OECD, 2017). Estas cifras reﬂejan el gran desafío que tenemos como país en el desarrollo de la competencia ﬁnanciera de la población, la cual debe iniciarse desde la niñez, más aun tomando en consideración que esta competencia ha sido reconocida como una habilidad esencial para afrontar los desafíos de la vida adulta.
Por otro lado, la Encuesta Nacional de Medición de las Capacidades Financieras 2014, evidenció que un gran número de peruanos carecen de conocimientos, comportamiento y actitudes para administrar sus ﬁnanzas de manera adecuada. Así, a nivel nacional, el índice promedio de educación ﬁnanciera es de 12.86, por debajo del valor mínimo esperado establecido por la CAF, siendo superado por solo el 43% de la población.
Dado estos bajos niveles de educación ﬁnanciera, en los últimos años se han venido desarrollando diversas iniciativas
a nivel nacional. A partir de los resultados del ejercicio de mapeo de iniciativas de educación ﬁnanciera en el Perú (SBS,
2016), se identiﬁcaron las principales características de los programa de educación ﬁnanciera impartidos en el país (Chong y Núñez, 2018). Con relación a los públicos atendidos, la mayoría de las iniciativas se concentraron en la costa, principalmente en Lima y Callao, y sierra, destacando por el contrario la baja cobertura en la selva del país. Además, la población microempresaria, la población escolar y la población usuaria de programas sociales son los públicos con mayor número de capacitaciones en educación ﬁnanciera. Sin disminuir la relevancia de atender a estos públicos, haría falta una aproximación especial a la población joven, quienes constituyen un segmento al que hay que tomar especial atención debido a que tendrían una alta probabilidad de temprana exclusión ﬁnanciera.
Cabe señalar que, si bien el canal de intervención más utilizado es el presencial (77%), la literatura empírica muestra el potencial del uso de canales a distancia (Berg y Zia, 2013; Ramos y Boyd, 2018) y el uso de herramientas no tradicionales, que mejoren el acceso a la educación ﬁnanciera y que refuercen los aprendizajes clave impartidos, con metodologías pertinentes al público objetivo, que recojan aprendizajes de la economía conductual, sean interactivas y/o se basen en edutainment 7 .
Aun cuando las cifras de educación ﬁnanciera indican que existe una agenda pendiente en este tema, destacan los esfuerzos y avances que se han venido realizando en los últimos años. Así, en materia de educación ﬁnanciera para estudiantes de Educación Básica, el Perú fue el primer país de América Latina en incorporar la educación ﬁnanciera en la Educación Secundaria a través del Diseño Curricular Nacional aprobado por Resolución Ministerial N o 0440-2008- ED. Posteriormente, el MINEDU aprobó el nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) por Resolución Ministerial N o 281-2016-MINEDU en el cual se replanteó la enseñanza de la educación ﬁnanciera bajo un enfoque de desarrollo de competencias, incorporando la competencia “Gestiona responsablemente los recursos económicos” como parte de las treinta y un competencias del Currículo Nacional de Educación Básica Regular. Gracias a ello, se logró que el currículo actual establezca claramente un proceso gradual y progresivo de los aprendizajes relacionados con la competencia económica. Los que se complementan con la Competencia “Gestiona proyectos de emprendimiento económico y social”, así como los aprendizajes base de Matemática y Comprensión lectora.
Asimismo, si bien existe una competencia especíﬁca denominada “Gestiona responsablemente los recursos económicos”, desde el enfoque por competencias y perﬁl de integralidad de los aprendizajes la construcción de la agencia económica y de la ciudadanía económica la población estudiantil implican además la movilización de otras competencias y aprendizajes. Entre ellos es necesario el logró básico de los aprendizajes de matemática y compresión lectora para la adecuada interacción con los productos ﬁnancieros y el desarrollo de la competencia “Gestiona Proyectos de Emprendimiento Económico y Social”.
Para implementar con éxito dicha competencia, distintos actores (como la SBS, las Organizaciones No Gubernamentales
- ONG e instituciones ﬁnancieras) y nuevas alianzas público-privadas, en coordinación con el MINEDU, han venido
desarrollando programas de educación ﬁnanciera dirigidos a docentes. Estos programas han buscado no solo capacitarlos en educación ﬁnanciera, sino también enseñarles cómo impartirla de manera eﬁcaz a sus estudiantes. Cabe señalar que, algunas de estas iniciativas han desarrollado propuestas de materiales educativos de primaria y secundaria, los cuales se encuentran alineados con los aprendizajes esperados establecidos en el CNEB.
En el caso de la población fuera del ámbito de la educación básica, esta se encuentra físicamente dispersa y presenta características y necesidades distintas. Para el público de Educación Superior, se desarrolló la iniciativa #pormicuenta para los beneﬁciarios de Beca18, y también se gestaron otros esfuerzos entre los que destacan el curso virtual de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el Centro de Estudios Financieros (CEFI) de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) y la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), e iniciativas de incorporar educación ﬁnanciera en cursos de educación superior. Además, en relación a las poblaciones vulnerables resaltan los programas implementados por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) para la población usuaria de Haku Wiñay/Noa Jayatai, por el MIDIS con el Banco de la Nación para la población usuaria de JUNTOS y por el MIDIS con la SBS para las mujeres líderes de comedores populares.
7 Combinación de las palabras inglesas education y entertainment, para referirse a todo aquel contenido educativo combinado con elementos lúdicos para entretener.
En materia de campañas de sensibilización para la familia, desde el 2016 se desarrolla anualmente la Semana Mundial del Ahorro, a partir de la cual se realizan actividades diversas por parte de actores públicos y privados, desde sus respectivos ámbitos en todo el país.
Un avance a destacar es la incorporación de las evaluaciones de impacto en las iniciativas. Es así que se realizaron evaluaciones de impacto a programas de capacitación de docentes de secundaria mostrando efectos positivos
y signiﬁcativos en los conocimientos y actitudes de sus estudiantes. Asimismo, se hallaron impactos positivos en la
población estudiantil de Beca18 que participaron en el programa #pormicuenta. De igual manera, en materia de población vulnerable, se encontraron impactos positivos en mujeres participantes del programa de transferencias condicionadas JUNTOS a través de una Miniserie que transmitían en sus reuniones empleando edutainment con personajes cercanos
En el entorno digital, la educación ﬁnanciera se vuelve particularmente necesaria por la creciente diversidad de nuevos productos y servicios que surgen en el mercado así como la complejidad de los mismos. El desarrollo de la educación ﬁnanciera y digital es fundamental, debiendo empezar desde la edad temprana. Es así que la competencia “Gestiona responsablemente los recursos económicos” y la competencia “Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)” son esenciales y deberán ser promovidas en forma vinculada, simultánea y sostenida durante la experiencia educativa (CNEB, 2016). De acuerdo con ello, el MINEDU ha conformado un grupo de trabajo denominado “Grupo Técnico para el desarrollo de la Educación Digital” (Resolución Ministerial N o 188-2019-MINEDU). Asimismo, tratándose de programas orientados a la población joven y adulta, se buscará incorporar la educación ﬁnanciera digital, a ﬁn de empoderar y generar conﬁanza en dicha población para desenvolverse en entornos digitales.
Los esfuerzos locales por mejorar la educación ﬁnanciera se encuentran fragmentados entre varias instituciones, siendo necesario su articulación de manera que se minimice la duplicidad de esfuerzos e ineﬁcacia en la provisión de recursos (Banco Mundial, 2016). En este contexto y atendiendo esta problemática y la necesidad de liderazgo, se desarrolló el Plan Nacional de Educación Financiera (PLANEF), adscrito a la ENIF, como un instrumento de política pública que establece lineamientos y acciones por públicos objetivo, que permiten a su vez articular y reforzar las iniciativas de educación ﬁnanciera que se vienen desarrollando en el país. Asimismo, deﬁne a la educación ﬁnanciera como el proceso del desarrollo de conocimiento, las habilidades y las actitudes en las personas de manera que contribuyan a su bienestar ﬁnanciero, e incorpora catorce principios directivos 8 para el desarrollo de iniciativas de educación ﬁnanciera. Dicho plan describe una serie de acciones coordinadas y priorizadas destinadas a mejorar la implementación efectiva de la educación ﬁnanciera en el Perú. En este sentido, resulta ser un insumo signiﬁcativo dentro de la PNIF y su posterior plan de implementación.
ii. Insuﬁcientes mecanismos de promoción para el acceso y uso del sistema ﬁnanciero, con especial atención en la población con menor acceso
Los resultados recogidos de la literatura evidencian que a pesar de los esfuerzos realizados para la generación de capacidades ﬁnancieras en la población usuaria de los programas sociales, estas no se han traducido en un uso efectivo del sistema ﬁnanciero. Por ejemplo, en el caso del programa JUNTOS, el cual transﬁere recursos a través de cuentas de depósito del sistema ﬁnanciero creadas por el mismo programa para la población usuaria por el propio programa, la interacción de las usuarias con el sistema ﬁnanciero aún se limita únicamente al retiro de la transferencia y no a realizar otro tipo de operaciones como depósitos o transacciones. Según información provista por el Banco de la Nación, se constata que las usuarias solo hacen uso de su tarjeta de débito el día de pago del beneﬁcio, siendo el promedio de transacciones realizadas de 1.2 veces cada dos meses. No obstante, se han observado resultados positivos respecto a la utilización de canales alternativos por parte de las usuarias, debido a que la ampliación de la red de cajeros corresponsales estuvo acompañada de programas de educación ﬁnanciera. Al 2018, el 61.3% de las transacciones realizadas por las usuarias se efectuaron a través de estos agentes corresponsales.
Por otro lado, las evaluaciones realizadas al programa Haku Wiñay dan cuenta del poco efecto de las intervenciones de educación ﬁnanciera en el uso del sistema ﬁnanciero. Según Escobal (2016), como producto de la intervención, se reconoce un cambio modesto de 0.6 peldaños en el nivel de conﬁanza (en una escalera de diez peldaños). Asimismo, Diez y Correa (2016), identiﬁcan entre las barreras más importantes para la implementación del programa, a aquellas relacionadas al idioma, estilo expositivo de capacitación (poco comprensible) y contenidos sin enfoque intercultural para contextos indígenas amazónicos.
La literatura relacionada a la teoría de cambio de comportamiento (De Vega et al., 1984) señala que, a ﬁn de generar cambios de comportamiento en los individuos, es necesario que se den cambios en sus propios entornos. Aldana (2013), señala por ejemplo que “para que una mujer empiece a ahorrar, es necesario que su familia y su pareja estén de acuerdo, apoyen y participen activamente en esta decisión. Es necesario que existan también normas sociales que respalden este comportamiento. Estas normas sociales aparecen, por ejemplo, en los comentarios entre las amistades y en lo que se dice en los medios de comunicación”. En tal sentido, se muestra la necesidad de reﬂexionar acerca de la mejor manera de incorporar, a través de actividades dirigidas a los otros miembros de la familia, el uso de medios de comunicación
locales y de espacios públicos en las intervenciones al entorno social del individuo, los cuales pueden servir de refuerzo
los nuevos comportamientos que se están proponiendo.
El PLANEF (2017) establece catorce principios directivos acerca de la implementación consistente y efectiva de los programas de educación ﬁnanciera. Los principios directivos están agrupados dentro de las cuatro etapas del desarrollo de los programas: deﬁnición del objetivo del programa (centrarse en las personas, centrarse en la generación de competencias, ser objetivo, con clara distinción entre educación ﬁnanciera y prácticas comerciales), diseño del programa (utilizar metodologías adecuadas, aprovechar canales y tecnología, basarse en evidencia y mejores prácticas, aprovechar los momentos claves de aprendizaje), ejecución del programa (optimizar el costo y efectividad de los programas, trabajar articuladamente con otros, emplear personal competente en educación ﬁnanciera) y agenda de aprendizaje (pilotear y evaluar antes de escalar, monitorear todos los programas, evaluar los programas, proponer e implementar mejoras).
Cabe mencionar que, en el mismo estudio, recogiendo los resultados de Rogers (2013), destaca la importancia de la comunicación interpersonal y el papel de las redes sociales. Aﬁrma que se necesita conjugar grupos con características comunes para la difusión efectiva de una nueva idea/innovación, gracias a lo cual habrá identiﬁcación y la comunicación será más ﬂuida. Así, ver que otras personas están poniendo en práctica nuevas propuestas, brinda la conﬁanza necesaria para actuar de forma similar.
Dentro de las iniciativas públicas, Feijoo (2016) reconoce que los mecanismos de incentivos monetarios al ahorro por
parte del proyecto Sierra Sur y Norte, han simpliﬁcado procesos que permitieron una mayor comprensión e interiorización de los conceptos y las prácticas por parte de las beneﬁciarias. Además, muestran resultados que han generado vínculos de identidad y de solidaridad, en la medida en que los ahorros son usados principalmente para pagos de salud, estudios
y emergencias, y no solo para beneﬁcio directo de la misma ahorrista sino también para otros miembros de la comunidad.
Pero también reconoce que “la mayoría de los programas promovidos por el sector público siguieron la experiencia del Proyecto Corredor en lo que respecta a la aplicación de una metodología vertical de transmisión de la información, donde los facilitadores del programa capacitaban directamente a las beneﬁciarias”. Se identiﬁcó que esta metodología generaba cierta desconﬁanza pues, a pesar de tener facilitadores locales que hablaran el idioma de las usuarias, aún persiste una brecha cultural entre facilitadores y beneﬁciarias.
En este sentido, se resalta la necesidad de mejorar e implementar estrategias comunicacionales de promoción para el acceso y uso del sistema ﬁnanciero con enfoque intercultural. Dichas estrategias deben tomar en cuenta la participación del entorno cercano (familiar y cotidiano), entre otros. Adicionalmente, se hace evidente la necesidad de desarrollar e incorporar incentivos que contribuyan a la generación de conﬁanza, la cual, a su vez, generará que la población vulnerable participe espontánea y responsablemente en el sistema ﬁnanciero, con los consiguientes beneﬁcios.
B. Limitada e inadecuada oferta de servicios ﬁnancieros
Esta causa directa se encuentra a la vez compuesta por las siguientes causas indirectas: Insuﬁciente alcance y desarrollo de los canales ﬁnancieros y complejos e inadecuados servicios ﬁnancieros.
i. Insuﬁciente alcance y desarrollo de los canales ﬁnancieros
La notable expansión de la red de atención del sistema ﬁnanciero registrada en los últimos años, sumada a la mayor incidencia de compartición de los puntos de atención 9 , ha redundado en una importante mejora en términos de acceso
a los servicios ﬁnancieros a nivel nacional. Entre ﬁnes de 2015 y ﬁnes de 2018, el acceso de la población a los servicios ﬁnancieros, aproximado por la disponibilidad de puntos de atención 10 por cada 100 000 adultos, pasó de 605 a 917, incremento que se debió principalmente a la expansión del número de cajeros corresponsales (SBS, 2018).
Gráﬁco N o 2: Número de oﬁcinas, ATMs, cajeros corresponsales y EOBs
Aun cuando la expansión de los cajeros corresponsales no ha obedecido necesariamente a incentivos por atender a poblaciones de menores ingresos, sino más bien a la implementación de un modelo de negocio que prioriza la reducción de los costos operativos a través del uso de canales alternativos, es evidente la contribución de estos en el proceso de inclusión ﬁnanciera, sobre todo en aquellas zonas donde llegar a través de canales tradicionales podría resultar muy costoso.
Cabe notar, entre las acciones implementadas en el marco de la ENIF, las cuales buscan facilitar la expansión de la red de cajeros corresponsales, se encuentra la simpliﬁcación del procedimiento de otorgamiento de licencia de funcionamiento expedida por las municipalidades a los establecimientos (Decreto Legislativo N o 1271 11 ). De esta manera,
9 Se estima que a diciembre de 2018 cada punto de atención es compartido por 3 entidades ﬁnancieras.
10 La disponibilidad de puntos de atención: Suma de oﬁcinas, ATMs, cajeros corresponsales y establecimientos de operaciones básicas (EOBs) que cada entidad pone a disposición de la población usuaria del sistema ﬁnanciero.
11 A través de este decreto se modiﬁcó la Ley de Licencia de Funcionamiento (Ley N o 28976), con lo cual se permitió el otorgamiento de licencias que incluyan más de un giro, aﬁnes o complementarios, incorporando dentro de los giros existentes las actividades de cajero corresponsal y otras orientadas a promover la inclusión ﬁnanciera, deﬁnidas por la SBS (Resolución SBS N o 885-2018). Estas incluyen: i) las actividades de cajero corresponsal, ii) las actividades de los agentes regulados en el Reglamento de Empresas de Transferencia de Fondos, iii) la comercialización de seguros a través de comercializadores, y iv) los cajeros automáticos.
los establecimientos pueden operar cajeros corresponsales sin necesidad de solicitar una modiﬁcación, ampliación o nueva licencia de funcionamiento.
A pesar del importante incremento del número de puntos de atención registrado en los últimos años, aún existen amplias
brechas en la cobertura geográﬁca de la red de atención del sistema ﬁnanciero. Si bien la presencia del sistema ﬁnanciero en los distritos a nivel nacional aumentó considerablemente respecto al 2015, la disparidad en el acceso a los servicios ﬁnancieros se hace evidente en los distritos más alejados y pobres del país, donde la presencia del sistema ﬁnanciero es todavía escasa o inexistente. Al 2018, el 18% de los distritos a nivel nacional (donde reside el 2% de la población adulta) no tiene acceso a los servicios ﬁnancieros, mientras que en 52% de ellos el acceso es insuﬁciente, al contar con un solo tipo de punto de atención (SBS, 2018).
La red de atención del sistema ﬁnanciero se concentra en las zonas más pobladas y con mayor dinamismo económico, permaneciendo menos atendido el ámbito rural, de difícil acceso y con altos índices de pobreza, menos atendidas. En efecto, las zonas con mayor densidad poblacional y menores niveles de pobreza concentran un mayor y mejor acceso en términos de número de puntos y diversidad de canales de atención. Así por ejemplo, mientras que el 100% de los distritos de la provincia de Lima tiene acceso al sistema ﬁnanciero, a través de oﬁcinas, ATMs y cajeros corresponsales; este porcentaje se reduce a la mitad en los distritos de los departamentos de Loreto y Amazonas, donde la presencia del sistema ﬁnanciero es aún limitada.
Gráﬁco N o 3: Número de puntos de atención por departamento según grupos de pobreza (diciembre de 2018)
Cabe destacar que gran parte de la cobertura en las zonas más alejadas y menos pobladas del país corresponde
a las agencias denominadas como Única Oferta Bancaria (UOB) del Banco de la Nación, a través de las cuales se
complementa el acceso a los servicios ﬁnancieros en aquellas zonas donde no existe presencia del sistema ﬁnanciero privado. Estas agencias contabilizaron un total de 372 a nivel nacional (58% del total de oﬁcinas del Banco de la Nación), dando la oportunidad a las entidades ﬁnancieras privadas de acceder a potenciales mercados mediante convenios de Oﬁcina Compartida, facilitando así la generación de una masa crítica de clientes que posteriormente justiﬁque la presencia de una oﬁcina propia en la localidad. Al 2018, el Banco de la Nación compartió 165 oﬁcinas con las entidades ﬁnancieras privadas.
El limitado alcance de los puntos de atención constituye una de las principales barreras para la inclusión ﬁnanciera, especialmente en el ámbito rural, donde el tiempo y costo de traslado hacia los puntos de atención más cercanos diﬁculta y encarece el acceso y uso de los servicios ﬁnancieros. Según los resultados de la ENDSF 2016, un poblador rural tarda en promedio dos horas para trasladarse al punto de atención más cercano, incurriendo en elevados costos de tiempo y gastos de transporte, convirtiéndose en un factor limitante para el acceso y uso de los servicios ﬁnancieros. Tal como lo revela la encuesta, la lejanía de los puntos de atención es considerada por la población del ámbito rural como una de las principales razones para no tener una cuenta de ahorro en el sistema ﬁnanciero (15% de la población sin cuenta, menciona la distancia como principal motivo), además de ser un factor clave al momento de decidir dónde ahorrar.
En este sentido, uno de los principales desafíos consiste en continuar con la expansión geográﬁca de los puntos de atención y descentralizar la red de atención del sistema ﬁnanciero, ampliando la cobertura hacia las zonas rurales, remotas y con menor densidad poblacional, a través de canales innovadores y accesibles. En este proceso resulta clave el uso de nuevas tecnologías que permitan superar las barreras de costo y acceso geográﬁco, garantizando eﬁciencia, seguridad y transparencia.
En esta línea, en el 2013 se emitió la Ley de Dinero Electrónico (Ley N o 29985), con el propósito de beneﬁciar principalmente al ámbito rural o zonas alejadas donde el sistema ﬁnanciero no llega, facilitando la realización de pagos y de transferencias de manera segura y a bajo costo. A partir de ello, se han venido desarrollando una serie de innovaciones en el ámbito de los servicios de pago.
Uno de los principales desarrollos ha sido la billetera de dinero electrónico BIM, cuyo soporte tecnológico es el teléfono celular y permite cargar dinero en la cuenta, realizar transacciones diversas (enviar y recibir dinero, pagar servicios, recargas de celulares). Las operaciones son gestionadas a través de una plataforma común, multiemisor e interoperable, donde se procesan todas las transacciones con dinero electrónico. Entre sus principales retos está ampliar su uso como instrumento de pago de las operaciones del gobierno, para lo cual se requiere adecuar las normas que regulan los pagos gubernamentales.
Al mismo tiempo, algunos bancos han implementado sus propias billeteras electrónicas para facilitar el comercio electrónico entre sus clientes. Sin embargo, estas billeteras, al no ser interoperables no permiten transacciones entre clientes de diferentes entidades. La falta de interoperabilidad limita el desarrollo del sistema de pagos, generando pérdidas de eﬁciencia y menor conveniencia para la población usuaria del sistema ﬁnanciero. En el ámbito de las tarjetas de crédito y débito, han surgido iniciativas como el desarrollo del POS móvil interoperable para que los comercios de menor tamaño reciban pagos con tarjetas de todas las marcas, así como el diseño del esquema de pagos utilizando el código QR (quick response). Sin embargo el alcance es aún limitado.
ii. Complejos e inadecuados servicios ﬁnancieros
La razón de los bajos niveles de inclusión ﬁnanciera no solamente radica en el insuﬁciente alcance de los servicios ﬁnancieros, sino también en la falta de adecuación de estos a las necesidades reales de la demanda. En este sentido, es preciso fomentar el desarrollo de servicios ﬁnancieros que sean próximos a la población, a través de un mayor y mejor acceso, que además, estén enfocados en satisfacer las necesidades de los distintos segmentos de la población. De esta manera será posible fomentar el uso efectivo y eﬁciente de los mismos.
Al respecto, los datos de la ENDSF 2016 revelan un escenario poco alentador, en el que predomina la baja tenencia de servicios ﬁnancieros (pagos, cuentas de depósito, créditos, seguros o fondos previsionales) y la clara preferencia por instrumentos informales y mecanismos alternativos de ahorro, ﬁnanciamiento y aseguramiento, sobre todo entre la población más vulnerable.
Los resultados de la ENDSF 2016 también revelan que los bajos niveles de tenencia y uso de los servicios ﬁnancieros se deben principalmente a que la población no encuentra valor en ellos, no los necesita, los encuentra costosos o desconoce sus atributos y beneﬁcios. Ello pone en evidencia la ausencia de propuestas de valor en la oferta de servicios ﬁnancieros que tomen en cuenta las necesidades y expectativas de la población. En este sentido, resulta fundamental promover una oferta innovadora de servicios ﬁnancieros (pagos digitales, ahorro, ahorro a largo plazo, ﬁnanciamiento, seguros), diseñados y operados bajo un enfoque de demanda, que incorporen atributos como la simplicidad, ﬂexibilidad, oportunidad y accesibilidad en costos, de manera que resulten atractivos a todos los segmentos de la población.
De acuerdo con la ENDSF 2016, alrededor del 66% de la población entre dieciocho y setenta años ahorra, sea de forma voluntaria u obligatoria dentro y/o fuera del sistema ﬁnanciero 12 . El porcentaje que ahorra de forma voluntaria alcanza el 60%, aunque apenas el 32% de ellos lo hace en instituciones ﬁnancieras. La incidencia del ahorro fuera del sistema ﬁnanciero se incrementa considerablemente en el ámbito rural (92% de la población que ahorra), aunque no deja de ser importante el porcentaje que se registra en el ámbito urbano (59% de la población que ahorra), constituyendo parte de la demanda potencial que las empresas del sistema ﬁnanciero deberían atraer, sobre todo en las zonas rurales, donde el mercado no atendido es más amplio (apenas el 8% de la población que ahorra, lo hace en el sistema ﬁnanciero).
Cabe notar que, gran parte del ahorro es destinado a cubrir emergencias y gastos inesperados (52% de la población que ahorra), lo cual es consistente con los elevados niveles de informalidad laboral que enfrenta la población y la incertidumbre de los ingresos que ella genera. Para ello, la mayoría de la población preﬁere ahorrar en casa (“bajo el colchón”) o por cuenta propia (90% de aquellos que ahorran fuera del sistema ﬁnanciero), a pesar del escaso retorno y los altos riesgos que ello implica.
Al respecto, a pesar de que las instituciones ﬁnancieras son percibidas como la opción más segura y rentable frente a
otras formas de ahorro, los menores costos (en tiempo y gastos) y la mayor ﬂexibilidad para disponer del dinero asociadas
a estas últimas, son atributos altamente valorados por la mayoría de la población y serían claves al momento de decidir dónde ahorrar, especialmente en el ámbito rural. Consecuentemente, se requiere no solo impulsar la innovación en la
provisión de servicios de ahorro, que permita reducir los costos de acceso y de uso, sino también fomentar el diseño de productos de ahorro que sean atractivos, asequibles y accesibles, a ﬁn de promover la transición de la población hacia
el ahorro formal.
12 Considera los aportes a algún sistema de pensiones y/o las cuentas por Compensación de Tiempo de Servicios (CTS). La incidencia de ahorro obligatorio es mayor en el área urbana (25%) respecto del área rural (4%).
Tenencia de cuentas
Si bien los datos del Global Findex 2017 denotan una importante mejora en la tenencia de cuentas respecto del 2011, los niveles alcanzados aún son insuﬁcientes, ubicando al Perú a la zaga de los demás países de la región. Según la encuesta desarrollada por el Banco Mundial, el 43% de la población mayor a quince años declara tener una cuenta en alguna institución ﬁnanciera, porcentaje que se ubica por debajo del promedio regional de 55%.
Por otro lado, las desigualdades persisten al interior del país, observándose aún importantes brechas por cubrir según ámbito de residencia y género. Los resultados de la ENDSF 2016 muestran una reducida tenencia de cuentas de la población adulta entre dieciocho y setenta años en el ámbito rural en comparación al ámbito urbano (24% versus 46%), así como brechas desventajosas para las mujeres en relación a los hombres (36% versus 46%).
Gráﬁco N o 4: Población con cuenta de ahorros en el sistema ﬁnanciero (%)
Fuente: ENDSF, 2016
Las brechas de género se hacen más evidentes en las zonas urbanas, sobre todo en Lima y Callao y las grandes ciudades. Por el contrario, se observa una brecha favorable para las mujeres en el área rural, donde la tenencia de cuentas está asociada principalmente a los programas de transferencias del gobierno. En general, las mujeres conforman uno de los grupos con mayores desventajas, no solo en el ámbito ﬁnanciero, lo cual estaría condicionando su acceso a los servicios ﬁnancieros. En efecto, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de encontrarse en situación de desempleo, así como menos oportunidades de pertenecer a la fuerza laboral, y de hacerlo, suelen estar conﬁnadas a empleos de peor calidad, con condiciones precarias, inestables, mal remuneradas y sin beneﬁcios sociales 13 .
En cuanto a la percepción de la población respecto a los factores que limitan la tenencia de cuentas en el sistema ﬁnanciero, los resultados de la ENDSF 2016 indican que la ausencia de valor es una de las principales razones para no tenerla. El 19% de la población que no tiene cuenta reﬁere que no encuentra ventaja en tener una, mientras que el 17% señala que no se gana mucho y que cobran comisiones, como principal motivo. A ello se suma el desconocimiento, factor que, junto a la lejanía de los puntos de atención, cobra relevancia como limitante para la tenencia de cuentas en el ámbito rural. Entre los atributos más valorados por la población destacan los bajos costos, la ausencia de límites en el número de retiros sin costo y la ausencia de monto mínimo de apertura.
En esta línea, en el 2011 se crearon las cuentas básicas 14 con el propósito de promover servicios de ahorro accesibles y de bajo costo para todos los segmentos de la población, en especial a los de más bajos ingresos. Estas son cuentas de ahorro especiales, con características y exigencias particulares. Sin embargo, han mostrado un desarrollo muy limitado. Es por ello que, a ﬁn de facilitar su operatividad y promover un mayor uso de las mismas, en el 2018 se aprobó un nuevo reglamento (Resolución SBS N° 2891-2018), haciendo explícito su uso a través de canales digitales, entre otros ajustes.
A ﬁnes del 2018, tan solo tres entidades ﬁnancieras registraban cuentas básicas con un total de 2 485 depositantes. La
diﬁcultad de estas instituciones para generar propuestas rentables, debido al reducido volumen de cuentas, los bajos saldos promedio asociados y los altos costos que implica llevar el producto a la población objetivo, ha sido la principal limitante para el desarrollo de estas cuentas. Es en este contexto que, la participación del Banco de la Nación, en su rol subsidiario y dada su amplia cobertura sobre todo en las zonas más pobres y remotas del país, se torna crucial para la promoción y la expansión de las cuentas básicas a nivel nacional.
El diseño de servicios de ahorro que resulten atractivos y generen valor para la población, y al mismo tiempo, aseguren
la rentabilidad necesaria para asegurar su sostenibilidad, constituye un reto importante para el sistema ﬁnanciero. Más
aun, considerando que los hábitos de ahorro y las necesidades ﬁnancieras diﬁeren entre la población, dependiendo de su ámbito de residencia, género y grupo etario. En este proceso, el uso de la tecnología se convierte en un importante aliado para facilitar la apertura de cuentas 15 y reducir los costos de uso de estas.
• Ahorro previsional
El ahorro a largo plazo es un elemento crucial para el desarrollo y bienestar general del país, en la medida que permite
a los individuos mantener un poder adquisitivo estable durante las diferentes etapas de su vida, incluso en la etapa de
13 Según datos del INEI (2018), al 2017, el 76.1% de las mujeres que trabajan lo hacían en el sector informal, principalmente por cuenta propia o como trabajadoras familiares no remuneradas. Además, ganan en promedio 29.3% menos que sus pares masculinos.
14 Mediante Resolución SBS N o 2108-2011, la SBS creó las cuentas básicas bajo un régimen simpliﬁcado de debida diligencia de conocimiento del cliente.
15 Algunas entidades bancarias ya ofrecen la posibilidad de abrir las cuentas a través de internet. Además, el Banco de la Nación implementará una plataforma virtual que permitirá la generación de cuentas de ahorro UOB, a través de su página web.
la vejez, en la que ya no tendrán ingresos laborales (Hoyo et al., 2014). Este permitirá a los individuos redistribuir sus
ingresos en el tiempo, mantener un nivel de vida similar al que tenían durante la vida laboral y cubrir gastos de salud
e imprevistos, evitando caer en una situación de pobreza durante la vejez (Centro para la Inclusión Financiera, 2015; Oliveri, 2016), lo cual cobra especial relevancia considerando las tendencias demográﬁcas que apuntan a un mayor envejecimiento poblacional y a una mayor esperanza de vida.
En este contexto, existe una preocupación creciente sobre los bajos niveles de ahorro destinados al retiro y la falta de
acciones que las personas toman para afrontar los gastos durante la vejez. En efecto, las cifras reﬂejan la poca cobertura del sistema previsional en los adultos mayores, mostrando que poco más de la mitad (51%) no se encuentran protegidos
y quedan en situación de alta vulnerabilidad (INEI, 2017). Respecto de aquellos que se beneﬁcian de una cobertura, el
18% es pensionista de un sistema de pensiones contributivo (público y/o privado), el 19% tiene la condición de aﬁliado
a algún sistema de pensiones y el 12% percibe una pensión no contributiva focalizada en población de extrema pobreza (Pensión 65).
Gráﬁco N o 5: Situación de cobertura o protección de la población de sesenta años a más (2017)
*Incluye pensionistas del SNP, Cédula Viva, Caja de Pensiones del Pescador, Caja de Pensiones Militar Policial, etc. Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares 2017
Cabe notar que la baja cobertura previsional responde principalmente a las características propias de un sistema previsional contributivo, en el cual el ahorro es obligatorio solo para las personas trabajadoras con relación de dependencia laboral, en un mercado laboral mayormente informal (alrededor del 73% de la fuerza laboral).
Aun cuando el ahorro para la vejez es reconocido por la mayoría de la población como muy importante, la Encuesta Nacional de Estrategias de Ahorro a Largo Plazo 2017 reveló que solo tres de cada diez personas en Perú toma alguna acción concreta para cubrir sus gastos en la vejez. Las estrategias utilizadas para ello son diversas, y se dan no solo a través del sistema previsional.
Gráﬁco N° 6: Distribución de las principales estrategias de ahorro a largo plazo
Fuente: Encuesta Nacional de Estrategias de Ahorro a Largo Plazo 2017
Es importante tomar en consideración la importante brecha de género evidenciada en relación con la preparación para la vejez. Para el caso de los hombres, el 37% viene preparándose para el largo plazo. En el caso de las mujeres, solo 20%.
Un resultado interesante del estudio, es que aun cuando las restricciones monetarias son mencionadas como barreras para el ahorro previsional, existen otras posibles explicaciones relacionadas con las preferencias, las motivaciones y las
prioridades de las personas, las cuales se modiﬁcan en las distintas etapas de la vida, impactando en sus decisiones de ahorro a largo plazo.
Ello muestra la necesidad de desarrollar servicios versátiles que puedan resultar atractivos para aquellos que aún no se encuentran preparándose para la vejez, e incluso servicios que permitan diversiﬁcar y complementar las estrategias de aquellos que ya empezaron su preparación. Por ejemplo, la Encuesta de Estrategias de Ahorro a Largo Plazo 2017, evidenció entre la población más joven que si bien preﬁeren el ahorro previsional fuera del sistema ﬁnanciero, también preﬁeren el ahorro previsional en una institución ﬁnanciera más que los otros grupos de edad, lo que supone una oportunidad para redireccionar dichos ahorros. Esta situación diﬁere de los grupos de mayor edad, quienes más bien buscan realizar una inversión en algún negocio que les asegure una vejez digna. En este sentido, el reto a afrontar es diseñar servicios de largo plazo que generen valor en la juventud. Esto es especialmente importante para los independientes que, en su mayoría, no aportan a ningún sistema de pensiones.
Finalmente, cabe resaltar que se vienen desarrollando medidas para incrementar el ahorro de la población trabajadora mediante un mayor incentivo del ahorro voluntario con propuestas de ahorro a través de programas pilotos como “Aliado Comercial”, dirigido principalmente a la población trabajadora independiente. Es así que, mediante Resolución SBS N o 10-2019, se estableció que Aliado Comercial es una entidad distinta a una AFP que, en representación de esta última, se encuentra facultada a recolectar los recursos de la población aﬁliada, generados sobre la base de descuentos por efecto de consumo de bienes y/o servicios que provea el Aliado Comercial, los cuales se traducirán en aportes voluntarios sin ﬁn previsional. Se espera con ello ir incrementando progresivamente el ahorro previsional.
El acceso a servicios ﬁnancieros inﬂuye en el crecimiento económico a través de diversos canales, uno de los cuales es el ﬁnanciamiento. Este hace posible la realización de mayores inversiones, asignando los recursos hacia el uso más productivo. Así, habiendo acceso a servicios de ﬁnanciamiento, aún la población emprendedora carente de capital para llevar a cabo sus proyectos rentables, contribuye a una mayor competencia en los mercados (Rajan y Zingales, 2003). Además, el acceso a ﬁnanciamiento permite costear la compra de bienes y servicios u obtener recursos para enfrentar situaciones adversas. Los servicios de ﬁnanciamiento pueden provenir de intermediarios ﬁnancieros o de mercados de capitales; sin embargo, lo importante para lograr un positivo impacto en la economía es que estos se brinden de manera eﬁciente en un marco institucional adecuado y en un entorno competitivo (Claessens, 2006) .
El acceso a ﬁnanciamiento en el mercado peruano ha mostrado importantes avances. Durante los últimos cinco años se incorporaron cerca de 1.2 millones de deudores al sistema ﬁnanciero, alcanzando a diciembre de 2018 un total de 6.9 millones de personas naturales con crédito. Como resultado, el porcentaje de población adulta con crédito pasó de 30% en diciembre de 2013 a 33% en diciembre de 2018. Una tendencia similar se observó en el ﬁnanciamiento empresarial, favorecido en gran medida por un marco regulatorio que, reconociendo las características propias de las micro y pequeñas empresas (MYPE), establece criterios simples para su evaluación y clasiﬁcación 16 . Así, entre ﬁnes de 2013 y ﬁnes de 2018, se incorporaron al sistema ﬁnanciero más de 627 mil micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) 17 , alcanzando al cierre del 2018 aproximadamente 2.7 millones de deudores MIPYME 18 .
No obstante, al igual que el resto de economías en desarrollo, la coexistencia de fuentes formales e informales es una de las principales características del mercado de crédito peruano. Tal como lo revela la ENDSF 2016 el uso de fuentes informales de ﬁnanciamiento, sea como complemento o sustituto del crédito formal, es aún frecuente entre la población, sobre todo aquella que enfrenta mayores restricciones para acceder al crédito formal. Según los datos de la encuesta más de la mitad de aquellos que solicitaron un crédito durante el 2014, lo hizo fuera del sistema ﬁnanciero, siendo la principal fuente los familiares y amigos, así como los comercios y proveedores de mercadería o insumos y prestamistas. El uso de estas fuentes de ﬁnanciamiento predomina en el ámbito rural, donde cerca del 60% de la población señaló haber solicitado un crédito fuera del sistema ﬁnanciero.
Existen diversos factores que podrían estar restringiendo el acceso al crédito formal, y que estarían asociados a características propias de la demanda, a aspectos de la oferta, entre otros factores institucionales, tales como la ausencia de un marco legal o de centrales de información adecuados.
Al respecto, la evidencia revela que los factores que estarían limitando el acceso al ﬁnanciamiento formal por el lado de la demanda se encuentran asociados principalmente a la falta de ingresos, la ausencia de garantías y los bajos niveles de educación ﬁnanciera; mientras que, por el lado de la oferta, estos están relacionados principalmente a servicios inadecuados a la demanda y limitada cobertura.
De acuerdo con los resultados de la ENDSF 2016, el 45% de la población que no solicitó un crédito al sistema ﬁnanciero no lo hizo porque no lo necesita. A juzgar por el elevado uso de fuentes informales de crédito, esta falta de necesidad de ﬁnanciamiento formal podría ser más bien el resultado de la ausencia de servicios ﬁnancieros que se ajusten a sus necesidades y expectativas o del desconocimiento de los servicios que existen en el mercado. Por otro lado, uno de cada
16 Reglamento para la Evaluación y Clasiﬁcación del Deudor y la Exigencia de Provisiones (Resolución SBS N° 11356-2018).
17 La Resolución SBS N° 11356-2008 establece las siguientes deﬁniciones:
• Créditos a medianas empresas: otorgados a personas jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema ﬁnanciero es superior a los S/ 300 mil en los últimos seis meses y no cumplen con las características para ser clasiﬁcados como corporativos o grandes empresas.
• Créditos a pequeñas empresas: destinados a ﬁnanciar actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en SF (sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) es superior a S/ 20 mil pero no mayor a S/ 300 mil en los últimos seis meses.
• Créditos a microempresas: destinados a ﬁnanciar actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento en SF (sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) es no mayor a S/ 20 mil en los últimos seis meses.
18 SBS. Carpeta de Información del Sistema Financiero a enero 2019.
cuatro no solicitó un crédito porque pensaba que no se lo darían, sea por tener pocos ingresos, no contar con garantías, por su apariencia o por el solo hecho de ser mujer. Esta percepción es aún más frecuente en las zonas rurales, donde cerca del 32% de la población se inhibe de solicitar un préstamo porque piensa que no se lo darán.
De igual modo, los elevados costos es otra de las barreras más frecuentes para no solicitar un crédito en el sistema ﬁnanciero, mientras que en el área rural cobra relevancia la lejanía de los puntos de atención. En esta línea, la ENDSF 2016 revela que el costo de los préstamos es uno de los criterios que prevalece al momento de decidir donde solicitar ﬁnanciamiento. Sin embargo, considerando que las tasas cobradas por prestamistas informales podrían superar ampliamente las del crédito formal, el hecho de que las cuotas sean asequibles y el préstamo sea otorgado en el momento oportuno, se convierten en factores determinantes en la decisión de solicitar un préstamo fuera del sistema ﬁnanciero. A ello se suma el hecho de que el ﬁnanciamiento informal está asociado frecuentemente a un alto componente de conﬁanza, originando una relación muy personal entre las partes (Alvarado et al., 2001).
Estos resultados ponen en evidencia la necesidad de profundizar en el conocimiento de la demanda y sus necesidades ﬁnancieras, y los mecanismos de ﬁnanciamiento más usados por la población, a ﬁn de diseñar servicios que sean atractivos y generen valor para la población. El aprovechamiento de las tecnologías y los canales propios de las fuentes informales, representa una oportunidad para la penetración del sistema ﬁnanciero, sobre todo en el ámbito rural, donde los principales proveedores de ﬁnanciamiento (bodegas y proveedores de insumos), podrían ser vistos como aliados para extender el alcance del sistema ﬁnanciero.
Financiamiento a la MIPYME
Las MIPYME juegan un papel muy importante en el crecimiento económico y desarrollo del país debido fundamentalmente
a su gran capacidad de generación de empleo, su rol como generadoras de riqueza y su contribución a la disminución
de la pobreza. En el Perú, el 99.5% del tejido empresarial formal está conformado por las MIPYME, de estas el 97% son
microempresas 19 , las cuales emplearon alrededor del 60% de la PEA ocupada al 2017 (PRODUCE, 2018).
No obstante, las MIPYME contribuyen comparativamente menos al PBI que al empleo (alrededor del 30% del valor agregado al 2016 (PRODUCE, 2018)), lo cual revela un problema de baja productividad, particularmente crítico en las microempresas (Perez, 2016). Estos bajos niveles de productividad estarían asociados a la incapacidad para aprovechar las economías de escala, la baja caliﬁcación del empresario, poca especialización de la mano de obra, escasez de activos ﬁjos, diﬁcultades para acceder a ﬁnanciamiento e informalidad en los contratos (OMC, 2016).
Por ejemplo, según los resultados del IV Censo Nacional Agropecuario denominado (CENAGRO) solo el 9.1% del total
de productores agrarios del país gestionaron un servicio de crédito (10.4% hombres y 6.4% de mujeres). En tanto que
la distribución a nivel regional indica que el mayor porcentaje de productores que gestionaron un crédito se ubicó en la
costa (20.7%), seguido por la selva (11.8%) y la sierra (5.5%).
En este sentido, si bien el crédito es una condición necesaria para la actividad de las MIPYME, no es suﬁciente para lograr
la viabilidad de las mismas, sobre todo en el caso de las MYPE. Solo si los proyectos son técnica y económicamente
viables, estas empresas generarán suﬁcientes retornos para continuar operando y poder cumplir con sus obligaciones (León et al., 2016). En este sentido, se requieren de políticas orientadas a fortalecer la actividad empresarial y a mejorar las condiciones de ﬁnanciamiento de estas empresas.
Al cierre del 2018, el total de créditos otorgados a las MIPYME por el sistema ﬁnanciero sumó S/ 84 616 millones, luego de
haber crecido en promedio a una tasa anual de 6% en los últimos cinco años 20 . Este monto se concentra principalmente en las medianas empresas, en tanto que menos de la mitad está dirigido a las MYPE. Los créditos otorgados a estas últimas apenas representan el 12% del total de créditos, muy por debajo de su contribución al valor agregado nacional (25%) lo cual pondría en evidencia la existencia de una brecha aun por cubrir.
Al respecto, se han venido desplegando diversos esfuerzos a ﬁn de promover el acceso a ﬁnanciamiento de las MIPYME,
través tanto del mercado ﬁnanciero como del mercado de capitales. Con relación a este último, en el 2013, la SMV creó
Mercado Alternativo de Valores (MAV) con el objetivo de promover que empresas no corporativas, cuyos ingresos sean
menores a S/ 350 millones (promedio de los últimos cinco años), accedan al ﬁnanciamiento a través del mercado bursátil, con menores requisitos y costos, en comparación al régimen general de oferta púbica 21 .
De esta forma, dichas empresas pueden captar recursos ﬁnancieros mediante la emisión de acciones, bonos o instrumentos de corto plazo. En este sentido, las empresas no corporativas y en especial las medianas empresas, son consideradas como potenciales participantes del MAV, con la posibilidad de acceder a tasas de interés competitivas respecto al sistema ﬁnanciero tradicional (8% en soles y 4.5% en dólares en promedio). Desde su creación hasta el cierre del 2018, dieciséis empresas no corporativas 22 han accedido al mercado de valores a través del MAV y han colocado US$ 87 millones en ese periodo.
19 Además, se estima que el 48.4% del total de microempresas (formales e informales) no están inscritas en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
20 SBS. Carpeta de Información del Sistema Financiero. http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=14#
21 Los requerimiento legales, societarios, de gestión e información para acceder al mercado de valores podrían ser restrictivos para las pequeñas y medianas empresas, en la medida que exige la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo y la revelación de información, tales como hechos de importancia, información ﬁnanciera, revelación de adopción de prácticas de gobierno corporativo, entre otros.
22 Agrícola y Ganadera Chavín de Huantar S.A.; A.Jaime Rojas Representaciones Generales S.A.; BPO Consulting S.A.C.; Camposur INC S.A.C.; Ciudaris Consultores Inmobiliarios S.A.; Eco-Acuicola S.A.C.; EDPYME Inversiones La Cruz S.A.; Electrovía S.A.C.; Gerens Escuela de Gestión y Economía S.A.; Globokas Perú S.A.; Lari Contratistas S.A.C.; Medrock Corporation S.A.C.; Representaciones Quimica Europea S.A.C.; Viaconsumo S.A.C.; Tekton Corp. S.A.C.; Triton Trading S.A.; de sectores económicos como el industrial, salud, telecomunicaciones, inmobiliaria, microﬁnanzas, educación, inmobiliaria, consumo masivo.
Del mismo modo, se ha venido impulsando el ﬁnanciamiento alternativo a través de las facturas negociables. Este es un título valor transferible que, a través de su negociación permite el acceso de la MIPYME a capital de trabajo líquido, además de mejorar el perﬁl de riesgo de la empresa y reducir los costos de ﬁnanciamiento. Al respecto, desde la promulgación de la Ley que promueve el ﬁnanciamiento a través de la factura comercial (Ley N° 29623) en el 2010, se han realizado mejoras al marco normativo 23 , gran parte de las cuales se han dado en el marco de la ENIF.
Ello ha permitido mejorar las condiciones del uso de las facturas negociables como mecanismo de ﬁnanciamiento. El número de facturas registradas acumuladas durante el 2018 (338 950) duplicó el número alcanzado en el 2017 (152 869), siendo el monto acumulado negociado equivalente al 2.9% del PBI del 2018. A pesar de este crecimiento, una de las principales limitantes para su expansión es el desconocimiento de los potenciales beneﬁcios del instrumento por parte de las empresas, por lo que resulta fundamental continuar con las campañas de capacitación y promoción. De igual modo, será crucial la obligatoriedad del uso de la factura electrónica para masiﬁcar el ﬁnanciamiento a través de este mecanismo.
Por otro lado, a ﬁn de facilitar la constitución e inscripción de garantías, en el 2018 se promovió un nuevo régimen de
garantías mobiliarias y un nuevo sistema informativo para el registro de las mismas (SIGM) 24 . Con ello, se espera reducir los costos de constitución y ejecución de garantías y facilitar el acceso de las MIPYME a ﬁnanciamiento, al diversiﬁcar los bienes muebles que pueden otorgarse en garantía y habilitar una plataforma electrónica única administrada por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) y diseñada para inscribir y publicitar las garantías mobiliarias, así como sus modiﬁcación, ejecución o cancelación, bajo un pago único por aviso. Además, la inscripción de
garantía en el sistema otorga prelación y derechos frente a terceros.
estas iniciativas se suman los fondos y programas públicos, que, en su propósito de promover el desarrollo productivo
empresarial, buscan facilitar el acceso a ﬁnanciamiento de las MIPYME, a través de la canalización de fondos y
otorgamiento de garantías. El más reciente es el Fondo CRECER 25 , creado en el 2018, para ofrecer instrumentos de
cobertura, crédito e inversión, tales como garantías en respaldo de los créditos otorgados por instituciones ﬁnancieras, reaﬁanzamiento de operaciones realizadas por empresas aﬁanzadoras y de garantías, préstamos canalizados a través de instituciones ﬁnancieras e inversión en patrimonios autónomos. Asimismo, destacan el Fondo del Programa Especial de Apoyo Financiero a las Micro y Pequeña Empresa (PROMYPE) 26 , el cual es canalizado a través del Banco de la Nación a las entidades especializadas en el segmento MYPE, y el Fondo Agroperú 27 , destinado a otorgar ﬁnanciamiento
y cobertura a los pequeños agricultores.
Por último, la irrupción de las empresas de Fintech 28 en el mercado ﬁnanciero ha propiciado un nuevo escenario para el ﬁnanciamiento empresarial, convirtiéndose en una fuente alternativa de ﬁnanciación para las MIPYME. Aunque incipiente,
el desarrollo de las Fintech en el país reviste un gran potencial. Además de otros servicios ﬁnancieros, las Fintech ofrecen
ﬁnanciamiento sea con recursos propios, actuando como intermediario (P2P), o a través de ﬁnanciamiento participativo ﬁnanciero (crowdfunding) 29 , con el cual las personas o empresas pueden acceder a fondos provistos por una pluralidad de pequeños inversionistas. A la par de los potenciales beneﬁcios, el desarrollo de las Fintech implica potenciales riesgos para el mercado ﬁnanciero (fraude, seguridad de la información, lavado de activos). A la fecha no existe una regulación especíﬁca para las Fintech; sin embargo, la SMV, el BCRP y la SBS, en coordinación con el MEF, han elaborado un proyecto de Ley para normar el ﬁnanciamiento participativo ﬁnanciero, delegando a la SMV su regulación y supervisión.
Los seguros tienen múltiples beneﬁcios directos e indirectos para los individuos, sus familias, las empresas y el país en
general. Al permitir gestionar el riesgo, los seguros permiten a personas y empresas tomar riesgos e innovar, estabilizar el consumo ante shocks idiosincráticos o shocks agregados (desastres naturales o crisis ﬁnancieras) y favorece la inversión
a largo plazo, lo cual beneﬁcia a la sociedad en conjunto (Kessler et al., 2016).
El mercado asegurador peruano ha mostrado un crecimiento sostenido durante los últimos años. Al cierre del 2018, se registró un total de 40.8 millones de pólizas emitidas por 20 empresas de seguros, cifra que superó las 38.9 millones de pólizas registradas en el 2017. En tanto, las primas de seguros crecieron en 22%, sumando S/ 12 869 millones a
diciembre 2018. No obstante, el índice de penetración (primas/PBI) alcanzó 1.6%, situándose aún lejos del promedio de
la región 30 .
23 En marzo de 2015, se promulgó la Ley N° 30308, que modiﬁca varias normas para promover el ﬁnanciamiento a través del factoring y factura negociable. En julio de 2015, se promulgó el reglamento de la Ley N°29623. En diciembre 2015, la SMV modiﬁcó el reglamento de instituciones de compensación y liquidación de valores con el objetivo de reducir el costo y facilitar el acceso de las empresas de factoring a los servicios de desmaterialización y registro de títulos en el marco de su giro de negocio. Posteriormente, a ﬁnes del 2016, mediante Ley N° 30532, Ley que promueve el desarrollo de Mercado de Capitales, se introdujo adecuaciones al tratamiento tributario en las transferencias de facturas negociables. Además, mediante DL N° 1282, se modiﬁcó la Ley N° 29623, a ﬁn de facilitar el cobro de la factura en la fecha establecida, así como su transferencia y negociación; disuadir a través de sanciones, las prácticas que busquen restringir o limitar la transferencia de facturas; y regular un registro de infractores.
24 En setiembre de 2018 se emite el Decreto Legislativo N o 1400.
25 Creado mediante Decreto Legislativo N° 1399, a partir de la consolidación de recursos del Fondo Mipyme, el Fondo de Respaldo para la Pequeña y Mediana Empresa (Sepymex), el Fondo de Garantía Empresarial (Fogem) y el Fondo para el Fortalecimiento Productivo de las MYPE (Forpro).
26 Respaldado en los Decretos Supremos N° 047-2006-EF, N° 134-2006-EF, N° 099-2012-EF y la Ley N° 30230.
27 Decreto de Urgencia N° 027-2009.
28 De acuerdo a información de la Asociación Fintech Perú, actualmente existen 100 Fintech en el país: 20 ofrecen servicios de medios de pago y transferencias, 20 están orientadas a ﬁnanciamiento y 19 realizan operaciones con divisas (compra / venta de dólares). Además de Fintech que operan con soluciones ﬁnancieras para empresas y asesorías, ﬁnanciamiento participativo, entre otras actividades.
29 El 26% de las empresas Fintech asociadas a la Asociación Fintech Perú ofrece ﬁnanciamiento propios o actuando como intermediario, o ﬁnanciamiento participativo.
30 Según las estadísticas de la OECD, los índices de penetración de algunos países de la región son los siguientes: Chile (4.6%), México (2.3%), Brasil (3.2%) y Colombia (2.8%).
La falta de información periódica sobre seguros no permite la generación de indicadores conﬁables de inclusión ﬁnanciera para este servicio. Sin embargo, los resultados de la ENDSF 2016 revelan amplias brechas en la tenencia de seguros privados. Así, solo el 18% de los adultos en el país contaría con algún seguro privado, cifra que corresponde principalmente al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), seguros de salud y vehicular. Dicho porcentaje se reduce considerablemente para el ámbito rural (6%), donde la población es aún más vulnerable a posibles contingencias.
Entre las razones para no tener un seguro privado 31 destacan la percepción de que no es necesario (31%), los costos elevados (25%), la falta de conocimientos sobre cómo funcionan o dónde adquirir uno (22%) y la desconﬁanza en las empresas aseguradoras (12%). El desconocimiento cobra aún más relevancia en el ámbito rural, donde 44% de la población señala la falta de conocimiento del producto como la principal razón para no tener un seguro.
Algo interesante a notar es que aun cuando las personas declaran que no es necesario contar con un seguro, la
motivación principal para adquirir otros productos ﬁnancieros es resultado de la necesidad de cubrir imprevistos 32 . Ello no solo pone en evidencia los elevados niveles de desconocimiento de la población respecto a los seguros, sino también la falta de difusión de la importancia y beneﬁcios de los mismos, así como la ausencia de productos simples, que respondan
las expectativas de los diferentes segmentos de la población. Al respecto, la ENDSF 2016 reveló que, además de
ﬂexibilidad en el pago de las primas y rapidez en la indemnización, la claridad en la explicación de los seguros y el
requerimiento de menos trámites son las características más valoradas en un seguro, especialmente entre la población de más bajos ingresos.
En vista de la necesidad de simpliﬁcar los productos de seguros, tal que sean accesibles para las personas de bajos ingresos, en el 2016 se emitió el Reglamento de Pólizas de Microseguros (Resolución SBS N° 2829-2016). En este reglamento, se precisó la deﬁnición del microseguro 33 para facilitar su diseño e identiﬁcación, simpliﬁcando la revisión y registro de los nuevos servicios de microseguros en la SBS 34 .
Posteriormente, en el 2017 se aprobó el Reglamento de Comercialización de Productos de Seguros (Resolución SBS N° 1121-2017), incorporando modiﬁcaciones y precisiones referidas a las modalidades de comercialización de los servicios de seguros para una mejor gestión por parte de las empresas aseguradoras, y estableciendo disposiciones referentes al uso de sistemas a distancia (telefonía, internet u otros análogos) en el caso de los seguros masivos.
Asimismo, cabe destacar las mejoras que se han venido dando a través de las diversas coberturas frente a los fenómenos de la naturaleza, relevantes para el ámbito rural. Si bien la frecuencia de este tipo de eventos es baja, pueden tener un gran impacto económico, como ocurrió con el Fenómeno del Niño Costero (FEN) que enfrentó nuestro país en el 2017. En el caso particular del sector agrícola, el seguro agrícola catastróﬁco, ﬁnanciado por el Estado para proteger a los productores más vulnerables, registra un desarrollo importante desde su implementación en la campaña 2009 – 2010, pues ha logrado mejoras signiﬁcativas en sus condiciones. Para la campaña 2018 – 2019 se ha brindado cobertura a más de 659 mil hectáreas agrícolas con una suma asegurada de S/ 428 millones que alcanzan en su cobertura cerca de 250 mil productores ubicados en ocho regiones del país.
En relación al seguro agrícola comercial, que se ofrece a través de entidades ﬁnancieras para pequeños y medianos productores, tras los efectos del FEN del 2017 registró una siniestralidad mayor al 100% lo cual afectó su desarrollo. En este sentido, es necesario implementar iniciativas que favorezcan su difusión como instrumento para la protección de productores con acceso al crédito agrícola en el sistema ﬁnanciero 35 . Del mismo modo, es necesario continuar implementando incentivos que fomenten la contratación de los seguros agrícolas, así como mecanismos que mejoran los procesos de atención y pago de siniestros.
En este sentido, el principal reto consiste en continuar impulsando el desarrollo de una mayor oferta que permita contar con productos adecuados para cubrir las necesidades de los diferentes segmentos de la población, incorporando coberturas para riesgos patrimoniales, catastróﬁcos y agrícolas, entre otros. Asimismo, es necesario mejorar los niveles de conocimiento y conﬁanza del público hacia los productos de microseguros y otros tipos de seguros, para lo cual, se debe continuar apoyando iniciativas y esfuerzos destinados a la educación en seguros, contribuyendo de esta manera a que las personas vean en los servicios de seguros un mecanismo eﬁcaz de protección para gestionar los riesgos a los que se encuentran expuestos.
Finalmente, es necesario resaltar la importancia de la recolección de información tanto de oferta como de demanda, con relación al mercado asegurador. Esto con el objetivo de profundizar el conocimiento del sector y formular acciones de política e iniciativas para potenciar su desarrollo. Para ello y a ﬁn de contribuir a una mejor supervisión, una mayor transparencia y a la formulación de políticas, la SBS viene desarrollando de manera gradual la implementación de
31 Se consideró a aquellas personas que conocían algún tipo de seguro privado.
32 De acuerdo con la ENDSF 2016, el 52% de la población que guardó dinero, así como el 34% de la población que solicitó un préstamo lo hizo para cubrir gastos inesperados o emergencias.
33 Se deﬁne al microseguro como aquel seguro al que pueden tener acceso las personas de bajos ingresos y/o microempresarios para cubrir riesgos personales y/o patrimoniales, mediante servicios diseñados para responder a sus necesidades de protección, a través de comercializadores dirigidos a este público objetivo; y, con una prima mensual no mayor al 2% de la remuneración mínima vital.
34 Asimismo, se actualizaron las disposiciones referidas a la comercialización, que contempla el uso de sistemas de comercialización a distancia, los cajeros corresponsales de las empresas del sistema ﬁnanciero y de las Empresas Emisoras de Dinero Electrónico (EEDE); así como, la utilización del comprobante de pago como prueba del contrato.
35 Al respecto, se han venido realizando mesas de trabajo con la participación de representantes del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), MEF, SBS, y APESEG para elaborar una propuesta técnica de aseguramiento que se ofrecería a través de las entidades ﬁnancieras, cooperativas y otras. Con este proyecto, se espera alcanzar un mínimo de 30 mil HA., beneﬁciando a 7 500 pequeños y medianos productores agrícolas. En concordancia con el Eje de Política 5: Financiamiento y Seguro Agrario, de la Política Nacional Agraria, que busca fortalecer y expandir los mercados de crédito y aseguramiento agrario para pequeños y medianos agricultores a nivel nacional para impulsar el desarrollo de un seguro agrícola comercial mediante un fondo de S/ 15 millones que sería utilizado para el coﬁnanciamiento de las primas del seguro a ﬁn de hacer accesible dicho seguro para los productores agrícolas.
una Central de Información de Seguros, que permitirá obtener información de riesgos expuestos y siniestros sobre determinados servicios de seguros.
C. Fricciones en el funcionamiento del mercado
Esta causa directa se encuentra a la vez compuesta por las siguientes causas indirectas: Elevados costos de información, limitada transparencia e inadecuadas conductas en el mercado, marco normativo rezagado frente a un entorno cambiante
y restricciones a la competencia.
i. Elevados costos de información
El rol del sistema ﬁnanciero consiste en movilizar los fondos de la población ahorrista y asignarlos a los inversionistas según ciertos criterios de eﬁciencia. Las entidades ﬁnancieras y los inversionistas en el mercado de capitales deben ser capaces de poder identiﬁcar los proyectos de inversión que generen mayor rentabilidad. Es por ello, que el funcionamiento adecuado de un sistema ﬁnanciero requiere de la generación y trasmisión de ﬂujos de información conﬁables sobre los potenciales demandantes de ﬁnanciamiento y de sus proyectos. Sin embargo, en el Perú existen serios problemas de asimetría de la información, debido en gran parte a la informalidad y al poco desarrollo en la explotación de fuentes
y servicios alternativos de análisis de información, que complementen a las centrales de riesgo, en tanto estas solo capturan información de deudores del sistema ﬁnanciero.
Es así que, en el caso de los créditos, la asimetría de información entre prestamistas y prestatarios dan lugar a una mayor exigencia en la documentación y otros requisitos que permitan asignar un nivel de riesgo a cada uno de los clientes. El proceso de otorgamiento de crédito incluye una evaluación de la capacidad de pago del cliente por parte de las instituciones ﬁnancieras, quienes en estos casos, además podrían requerir garantías colaterales. Los clientes potenciales deben poner a disposición diversos documentos y evidencias que acrediten su identidad, historial crediticio, situación laboral, estabilidad, regularidad de los ingresos y posesión de activos que puedan ser ofrecidos en garantía, entre otros.
No obstante, y de modo más general, es posible que los potenciales clientes no puedan cumplir con los diversos requerimientos asociados al acceso de servicios ﬁnancieros, o que cumplirlos les acarree elevados costos. Por ello, dichos costos constituyen una barrera para la inclusión ﬁnanciera. En este sentido, la encuesta Global Findex 2017 muestra este aspecto como una de las razones por las cuales las personas no tienen una cuenta. Así, por ejemplo, los resultados revelan que en Perú aproximadamente 20% de la población adulta sin una cuenta en una institución ﬁnanciera declararon que carecen de la documentación necesaria para poder abrir una cuenta.
Por su parte, las MIPYME tienen muchas diﬁcultades para poder cumplir con los requerimientos que exigen las instituciones ﬁnancieras, en particular la banca comercial, para acceder al ﬁnanciamiento. Las MIPYME muestran falencias técnicas
y diﬁcultades económicas asociadas a la presentación de los requisitos exigidos para acceder a un crédito en el sistema
ﬁnanciero y más aún para su participación en el mercado de capitales (proyecto a ﬁnanciar, registros de ventas, balances contables, evidencia de garantías, entre otros). En particular, los requerimientos de garantía son considerados como una importante restricción en el acceso y costo de ﬁnanciamiento del sector.
La exigencia de demasiados requisitos y trámites puede llevar a las personas y empresas a auto excluirse y no llegar a solicitar el crédito en una entidad ﬁnanciera por miedo a ser rechazados o porque los costos en que incurrirían para obtener dichos requisitos son demasiado altos. Ello puede decantar en una demanda satisfecha por los prestamistas informales, quienes estarían en mejor posición para brindar créditos a un menor costo, en términos de requisitos, y condiciones más convenientes y hasta percibidas como más transparentes (Guirkinger y Boucher,
Por las razones expuestas, es importante analizar de manera más exhaustiva las restricciones que enfrentan tanto los individuos como las MIPYME en relación a los requisitos exigidos en el mercado ﬁnanciero y el mercado de capitales para el acceso a ﬁnanciamiento, ello sin dejar de tomar en cuenta los riesgos asociados a la falta de debida diligencia. Asimismo, es de suma importancia fortalecer las centrales de riesgo crediticio y explorar fuentes y mecanismos alternativos de información que reduzcan las asimetrías de información existentes en el mercado.
ii. Limitada transparencia e inadecuadas conductas en el mercado
La falta de conﬁanza en las entidades del sistema ﬁnanciero es una barrera importante para la inclusión ﬁnanciera. Según los datos de Global Findex 2017, casi el 20% de la población adulta en el Perú menciona la falta de conﬁanza como un obstáculo para tener una cuenta. A su vez, la ausencia de conﬁanza en el sistema ﬁnanciero responde a diversos factores. Así, la desconﬁanza cobra importancia como barrera a la inclusión ﬁnanciera en los países de la
región afectados por recurrentes crisis ﬁnancieras y económicas, que en parte explican la convivencia de los productos
y servicios en los mercados ﬁnancieros formales e informales (CAF, CEMLA; 2018).
Además, la complejidad de los servicios ﬁnancieros, así como la poca transparencia y claridad de la información brindada, podrían acentuar la desconﬁanza de la población usuaria y potencialmente usuaria de los servicios ﬁnancieros. Asimismo, las prácticas de negocio que no involucren un diseño apropiado para sus servicios, la adopción de mecanismos de comercialización que induzcan a error sobre las características previamente establecidas, el incumplimiento de las condiciones pactadas, y la falta de requerimientos razonables y consistentes con la naturaleza de servicios, son otras de las razones que afectan la conﬁanza en la población usuaria de servicios ﬁnancieros.
En esta línea, la existencia de un marco sólido de protección al consumidor ﬁnanciero es fundamental para aumentar el acceso y uso de los servicios ﬁnancieros de manera sostenible, por ello es fundamental incorporar dentro de la cultura organizacional y estrategia de negocio de las empresas adecuadas prácticas de negocio (Banco Mundial, 2017).
Es así que dentro de los avances que se han realizado destaca el fortalecimiento del marco regulatorio sobre la protección de la población usuaria de los servicios ﬁnancieros. En este sentido, se emitió en el 2018 un ajuste estructural en la regulación incorporando la exigencia a las empresas supervisadas de contar con una adecuada conducta de mercado como elemento fundamental de su cultura organizacional y estrategia de negocio. Asimismo, se cuenta con un enfoque basado en principios y reglas mínimas que reemplaza el tradicional enfoque de cumplimiento normativo, el cual no solo tiene como énfasis promover la transparencia de información y la adecuada gestión de reclamos, sino que refuerza la
protección al consumidor desde un enfoque de gestión e involucramiento directo de las entidades en una adecuada conducta de mercado.
Adicionalmente, es importante mencionar que los gremios también vienen desarrollando iniciativas de autorregulación, como es el caso de los sistemas ﬁnanciero y de seguros con su adhesión a códigos de buenas prácticas gremiales, que han permitido que las empresas asuman un compromiso con sus clientes, incorporando en sus políticas y procedimientos
una oferta adecuada de servicios, en línea con los principios de conducta de mercado. Entre ellos destacan los códigos de conducta elaborados por ASBANC, APESEG, la Asociación de Instituciones de Microﬁnanzas del Perú (ASOMIF)
y la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC). Asimismo, se han desarrollado y/o
fortalecido iniciativas gremiales como Aló Banco, Aló Seguros y las Defensorías del Cliente Financiero y Asegurado, que pretenden mejorar la relación entre clientes y entidades prestadoras de servicios ﬁnancieros.
Sin embargo, es necesario evaluar el comportamiento de los proveedores de servicios ﬁnancieros y de la población usuaria en el entorno de los nuevos desarrollos tecnológicos, que vienen transformando los modelos de negocio tradicionales. Si bien estos incentivan a una mayor competencia entre proveedores, en beneﬁcio de la población usuaria, también podrían inﬂuir negativamente en el comportamiento de éstos, exacerbando los sesgos cognitivos y promoviendo decisiones de compra impulsivas. Además, dichos desarrollos podrían propiciar el uso de prácticas comerciales incorrectas, tales como ventas agresivas y/o atadas, un bajo nivel de revelación de información o límites de tiempo para tomar decisiones en el entorno digital, así como la venta de servicios en segmentos de población para los cuales no fueron diseñados (generando incluso problemas de sobreendeudamiento). Estas prácticas afectan sin duda la conﬁanza de la población usuaria.
Por otro lado, el Estado podría jugar un rol importante en mejorar la conﬁanza de la población brindando información especializada. En este sentido se deben implementar estrategias que permitan un mayor acercamiento del Estado a
la ciudadanía que, partiendo de un enfoque centrado en la población usuaria, busque empatizar con su problemática,
cubrir sus necesidades y expectativas, y brindar una propuesta de valor que les permita tomar decisiones ﬁnancieras responsables. Se deben realizar esfuerzos a ﬁn de ampliar la cobertura, diversiﬁcar los canales de orientación y diseñar e implementar nuevos servicios que permitan cubrir las necesidades de los distintos grupos de la población, considerando sus preferencias en el acceso y uso de herramientas, incluyendo aquellas relacionadas al nuevo entorno digital.
En esta línea las alianzas estratégicas permiten tener un mayor alcance y difusión sobre las actuaciones que realiza el sector público para la generación de conﬁanza. Así por ejemplo la alianza estratégica entre la SBS y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), ha permitido a la SBS ampliar los puntos de atención al público en catorce regiones del país.
Por otro lado, considerando las tendencias y el incremento en el uso de internet, teléfonos móviles y redes sociales, es
necesario diversiﬁcar los canales de orientación, brindando la posibilidad a la ciudadanía de acceder, desde dispositivos móviles o internet (chat, correo electrónico, página web, redes sociales) a orientación ﬁnanciera especializada o acceso
a herramientas que empoderen a la población usuaria.
Si bien el fortalecimiento del marco regulatorio sobre la protección de la población usuaria de los servicios ﬁnancieros así como el acercamiento del Estado a un mayor porcentaje de la ciudadanía, han contribuido con la disminución de los niveles de desconﬁanza respecto a los servicios ﬁnancieros y empoderado a la población en la toma de decisiones ﬁnancieras responsables, la limitada conﬁanza aún persiste como una barrera importante para lograr una inclusión ﬁnanciera responsable y sostenible.
iii. Marco normativo rezagado frente a un entorno cambiante
El entorno regulatorio es esencial para garantizar un sistema ﬁnanciero inclusivo que apoye el desarrollo de diversos
proveedores de servicios ﬁnancieros y nuevos canales para satisfacer las necesidades ﬁnancieras de diferentes clientes,
al mismo tiempo que garantiza la estabilidad ﬁnanciera y la protección del consumidor (Alexandre, Mas y Radcliffe 2010).
Un estudio reciente del Banco Mundial (Chen y Divanbeigi, 2019) muestra que en países donde la calidad regulatoria está dentro del cuartil superior, las personas son 12.4% más propensas a tener una cuenta en una institución ﬁnanciera con respecto al cuartil inferior de países.
Bajo dicho entendimiento, Perú ha venido desarrollando esfuerzos para desarrollar un marco regulatorio adecuado, siendo considerado como uno de los países con el mejor entorno para la inclusión ﬁnanciera, destacando el diseño de un marco regulatorio que facilita la inclusión ﬁnanciera responsable, generando un ambiente favorable para la competencia e innovación, y que además protege a los consumidores (Microscopio, 2018). Así, el marco regulatorio ha facilitado el desarrollo de una diversidad de proveedores de servicios ﬁnancieros, incluyendo a las entidades microﬁnancieras, los cuales están sujetos a un esquema de supervisión proporcional al riesgo, que contribuye al fortalecimiento de las entidades del sistema ﬁnanciero, induciéndolas a lograr adecuados niveles de rentabilidad y solvencia.
Asimismo, el marco de regulación favorece la innovación en servicios (dinero electrónico, cuentas básicas, microseguros)
y canales de atención (cajeros corresponsales, oﬁcinas compartidas, oﬁcinas móviles, entre otros). A ello se suma un marco de regulación y supervisión de conducta de mercado el cual ha establecido como pilares fundamentales: La adecuada gestión de reclamos, la transparencia de información y las prácticas de negocios.
No obstante, el acelerado desarrollo tecnológico viene transformando los modelos de negocio tradicionales e incrementando la oferta de servicios innovadores (dentro y fuera del perímetro regulatorio) así como la entrada de nuevos competidores; incentivando de esta manera a una mayor competencia. Este contexto viene demostrando el gran potencial que tiene la tecnología para acortar la brecha de inclusión ﬁnanciera a través de las diversas innovaciones impactando en sus tres dimensiones de acceso, uso y calidad.
Sin embargo, debido a que la innovación ﬁnanciera puede tener efectos adversos, sobre todo relacionados a la ciberseguridad, esta debe ser monitoreada, orientada y, si lo amerita, regulada. De ser así, las nuevas regulaciones
deben implementarse logrando un adecuado balance entre su principal objetivo, la promoción de la estabilidad ﬁnanciera
y la necesaria innovación de servicios ﬁnancieros para apoyar la inclusión ﬁnanciera (ASBA, 2012).
En la misma línea, los riesgos asociados al entorno digital cambiante, exigen un adecuado balance en la regulación entre favorecer la innovación y velar por la protección del consumidor ﬁnanciero, imponiendo para ello principios y reglas que fomenten la transparencia y revelación de información de los servicios ofertados, prácticas comerciales apropiadas por parte de los proveedores, así como mecanismos idóneos de resolución de reclamos.
Por su lado, la literatura revela sinergias entre la inclusión ﬁnanciera y la integridad ﬁnanciera, por lo que la aplicación de medidas que permitan que una mayor cantidad de la ciudadanía utilice los servicios ﬁnancieros formales aumentará el alcance y la eﬁcacia de los regímenes de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT), (CGAP, 2014). En este sentido, es importante seguir profundizando en la regulación el uso del concepto de proporcionalidad, de forma tal que los requerimientos exigibles a una actividad se determinen en función de los riesgos asociados a la misma, teniendo en cuenta, entre otros, las características del cliente así como el tamaño y complejidad de las operaciones.
Si bien es deseable dotar de estabilidad al marco normativo, es importante también que este evolucione con el tiempo, conforme se aprende de la experiencia y se van desarrollando y ampliando los negocios en torno a la inclusión ﬁnanciera (BIS, 2016). Además, es necesario abordar nuevos riesgos de naturaleza variable entre los que se encuentran los riesgos asociados a la ciberseguridad y a la protección de datos personales.
En este sentido, la adecuación del marco normativo sigue siendo una tarea pendiente frente al entorno cambiante, perﬁlado por las tendencias socioeconómicas y tecnológicas, así como los nuevos estándares internacionales desarrollados en este contexto. El objetivo último sigue siendo preservar la estabilidad ﬁnanciera, y al mismo tiempo incentivar la inclusión ﬁnanciera. Asimismo, se destaca la necesidad de mantener el balance con los objetivos de protección al consumidor e integridad del sistema ﬁnanciero.
iv. Restricciones a la competencia
Un entorno de libre competencia es aquel en el cual participan oferentes y demandantes, sin que ninguno de ellos pueda imponer condiciones de manera unilateral. Dicho contexto, con regulación apropiada, favorece la disminución de precios, incrementa la eﬁciencia entre los ofertantes, fomenta la innovación en los mercados, y garantiza una mayor calidad de los servicios ofrecidos, entre otros posibles efectos (CEMLA, 2016). Es por ello que los estados regulan las prácticas competitivas, con la ﬁnalidad de garantizar un mercado sin restricciones.
En el Perú, el Estado promueve la libre competencia y sanciona aquellas prácticas que la restrinjan. El mercado ﬁnanciero no es ajeno a la existencia de prácticas y restricciones que podrían afectar la competencia. La naturaleza de los servicios ﬁnancieros y estructuras concentradas pueden dar pie a barreras a la entrada de nuevos agentes en el mercado y al desarrollo de una red de atención más eﬁciente del sistema ﬁnanciero, limitando con ello, entre otros, la innovación y los beneﬁcios de la competencia, lo cual restringe el progreso en inclusión ﬁnanciera del país.
Como parte de las iniciativas que vienen realizándose para eliminar algunas prácticas o restricciones que podrían estar afectando la competencia en el sistema ﬁnanciero, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia de INDECOPI, se
encuentra realizando un estudio de mercado que tiene por objetivo analizar las condiciones de competencia existentes en los sistemas de tarjetas de pago. El estudio de mercado se centrará en evaluar cómo la presencia de adquirentes únicos
y las relaciones verticales impactan en las condiciones de competencia en los sistemas de tarjetas y por consiguiente en el beneﬁcio de la población consumidora.
En paralelo, se vienen desarrollando nuevos servicios alternativos más económicos, aún con un alcance limitado. Estos atienden a los pequeños comercios con servicios interoperables que aceptan todas tarjetas de débito y de crédito potenciando así las ventas por el uso de un único POS.
Ahora bien, debe precisarse que en el Perú la sola posición de dominio en el mercado no es sancionable sino únicamente aquellos actos ilegales que se efectúen aprovechando dicha posición y que generan perjuicios al interés económico (la exclusión de competidores en el mercado). En este sentido, no toda actuación de quien tiene una posición de dominio es necesariamente susceptible de causar un perjuicio en el mercado. Por el contario, existen supuestos en los que actuaciones que típicamente podrían ser consideradas como abusivas poseen una justiﬁcación económica y
comercial, e inclusive pueden llegar a generar efectos pro competitivos. Ello conlleva que no sea imposible considerar
a este tipo de prácticas per se ilegales, sino que por el contario se debe de analizar caso por caso a ﬁn de determinar su legalidad.
D. Insuﬁciente infraestructura que restringe la cobertura de servicios ﬁnancieros
Esta causa directa se encuentra a la vez compuesta por las siguientes causas indirectas: Insuﬁciente infraestructura de telecomunicaciones e insuﬁciente infraestructura digital.
i. Insuﬁciente infraestructura de telecomunicaciones
La ausencia de una infraestructura adecuada constituye un obstáculo importante para la implementación eﬁcaz de
políticas de desarrollo y la obtención de un mayor crecimiento económico (CEPAL, 2014). A su vez, la infraestructura es
el soporte para el desarrollo de otras actividades económicas, como aquellas relacionadas al sector ﬁnanciero las cuales
necesitan de su buen funcionamiento para lograr la expansión y llegar a proveer servicios ﬁnancieros en distintos lugares del Perú.
En el Perú, si bien han habido avances, la falta de infraestructura física y el déﬁcit en la calidad aún persisten (AFIN, 2015). Esta falta de infraestructura repercute fuertemente en la brecha de accesibilidad a los servicios ﬁnancieros impidiendo la expansión física de puntos de acceso de los mercados del sistema ﬁnanciero especialmente en áreas alejadas que resultan encontrarse desatendidas. Es así que se observa una notoria menor cobertura de los puntos de atención en zonas rurales y poblaciones urbanas pequeñas, en donde por ejemplo solo el 24% de la población adulta del ámbito rural tiene acceso a servicios ﬁnancieros frente a 47% en las grandes ciudades. Asimismo, el tiempo promedio empleado por un poblador rural para acceder a la oﬁcina o punto más cercano a su vivienda o centro laboral es más de cinco veces el tiempo empleado en el ámbito urbano. Mientras que el poblador rural demora en promedio cerca de dos horas para acceder a la oﬁcina o punto de atención más cercano, a un habitante del ámbito urbano le toma en promedio apenas veinte minutos.
Por su lado, la inclusión ﬁnanciera digital puede representar un cambio en las reglas del juego permitiendo llegar a bajo costo y de manera segura a personas de bajos ingresos desatendidas y subatendidas que se encuentran en zonas remotas. En algunos mercados, las nuevas modalidades de servicios ﬁnancieros digitales se vienen adoptando con gran rapidez. Es el caso de los servicios ﬁnancieros digitales innovadores a través de teléfonos celulares haciendo posible que la población pueda acceder más fácilmente a una variedad de servicios, desde la banca tradicional hasta alternativas innovadoras a través de plataformas digitales.
En el Perú, existe un signiﬁcativo acceso a telefonía móvil. A diciembre 2018, existen 42 millones de líneas móviles y en 91.3% de los hogares del país existe al menos un miembro con teléfono celular. No obstante, aún existen disparidades entre las regiones. De cada 100 hogares de Lima Metropolitana en 95 existe al menos una persona que tiene celular mientras que en el ámbito rural es 81 de cada 100.
Si bien existe una gran penetración de la telefonía móvil, no es el caso del acceso a internet. Según el Microscopio Global 2018, la falta de conectividad en algunas zonas así como la calidad de la misma constituye una de las barreras que impide el desarrollo de la inclusión ﬁnanciera digital. De acuerdo al INEI (2019), el 56.6% de la población del país accede a Internet. Sin embargo, existen grandes disparidades por área de residencia, en Lima Metropolitana la población usuaria de Internet signiﬁcó el 77.7%, en el resto del ámbito urbano el 59.1% y en el ámbito rural el 19.7%. Ello representa una seria diﬁcultad para la consolidación de la digitalización de pagos en el Perú, dado que impide que se efectúen transacciones ﬁnancieras bajo esta modalidad, en un número considerable de localidades (principalmente el ámbito rural de la sierra y la selva).
Los Tambos, infraestructura del MIDIS ubicada en zonas dispersas de la sierra y amazonia del país buscan reducir la brecha en la prestación de servicios públicos, uno de ellos es el acceso al uso de internet. Actualmente el programa PAIS del MIDIS cuenta con 435 tambos instalados en 19 regiones, constituyendo una oportunidad para el acceso público a internet y contribuir al cierre de la brecha digital para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Garantizar la existencia de la infraestructura física apropiada y de calidad a lo largo del territorio es indispensable para fomentar la inclusión ﬁnanciera desde la banca móvil, la digitalización de los pagos hasta el desarrollo e implementación de nuevas innovaciones como las ﬁntech que permitan un mayor acceso y uso por parte de la población.
ii. Insuﬁciente infraestructura digital
Es necesario desarrollar la infraestructura digital que permita crear y adoptar servicios ﬁnancieros digitales, promoviendo
el desarrollo de infraestructura que los soporten y hagan sostenibles, como sistemas de identiﬁcación digital seguros y
La amplia y creciente implementación de nuevas tecnologías de la información viene repercutiendo en los innumerables servicios que se ofrecen a través de diferentes dispositivos. Este escenario conlleva a cambios fundamentales resaltando la necesidad de desarrollar infraestructuras y tecnologías disponibles que sostengan nuevos modelos de negocio basados en servicios ﬁnancieros digitales conforme vaya evolucionando el mercado.
Dentro de las iniciativas que se hacen indispensables se encuentra el desarrollo e implementación de mecanismos de identidad digital, lo cual permitirá facilitar el acceso a los servicios ﬁnancieros. La identidad digital se deﬁne como un sistema o marco donde la identiﬁcación, autenticación y autorización se llevan a cabo de forma digital.
La identidad digital conlleva a diversos beneﬁcios tanto para las instituciones ﬁnancieras como para la población. Es considerada como un componente que permite impulsar la inclusión ﬁnanciera a través del acceso de nuevos clientes a
servicios ﬁnancieros dado que permite conocer mejor al cliente analizando fuentes de datos alternas a las tradicionales
y establecer perﬁles de riesgo crediticio con mayor información disponible. Asimismo permite que la autenticación sea
menos costosa para la población puesto que se realiza de manera automática, disminuyendo el tiempo del trámite al no acudir a una oﬁcina para realizarla. Permite también evitar fraudes tras conocer la identidad de la persona con mayor precisión.
E. Débiles mecanismos de articulación de esfuerzos institucionales
Esta causa directa a su vez se encuentra compuesta por las siguientes causas indirectas: Débiles mecanismos de articulación continua entre las instituciones públicas y los diferentes niveles de gobierno y débiles mecanismos de articulación continua entre actores públicos y privados
i. Débiles mecanismos de articulación continua entre las instituciones públicas y los diferentes niveles de gobierno
La articulación y coordinación busca vincular entre sí a diversas entidades y agentes públicos con el ﬁn de establecer
sinergias y complementariedades de los recursos y capacidades, articular objetivos y acciones en espacios intersectoriales
e intergubernamentales (PNMG, 2013). No obstante, pese a la importancia que se le atribuye a la coordinación en el
gobierno central y entre niveles de gobierno, esta enfrenta cuellos de botella institucionales y carece de un enfoque claro, limitando de esta manera la capacidad del Estado para alcanzar sus objetivos estratégicos con eﬁcacia (OECD, 2016).
El Perú es un Estado con un complejo sistema de gestión intergubernamental, que responde a diferentes autoridades
electas en el nivel nacional, regional, provincial y distrital. A ello se suma un proceso de descentralización incompleto que
a pesar de estar realizando esfuerzos para mejorar la coordinación y complementariedad de los tres niveles de gobierno
a través de múltiples materias de competencia compartida, aún no cuenta con la capacidad de gestión suﬁciente de
los gobiernos regionales y locales (Contraloría de la República, 2014). Ello presenta grandes desafíos para el diseño, coordinación y evaluación de políticas públicas. Asimismo, resulta indispensable para asegurar la sostenibilidad de proyectos e intervenciones de inclusión ﬁnanciera, fortalecer y generar competencias y habilidades entre todos los actores del proyecto (Feijoo, 2016).
En la misma línea, la Contraloría de la República, en un estudio sobre el proceso de descentralización, indica que la limitada la capacidad de gestión de los gobiernos regionales y locales, se debe principalmente a que la transferencia de funciones no se ha dado de forma ordenada ni vinculada al acceso a mayores recursos para implementar las nuevas
funciones, resaltando la necesidad de contar con mecanismos que permitan una mayor articulación y coordinación entre las instituciones del mismo nivel de gobierno, así como entre instituciones de diferentes niveles de gobierno (Contraloría de la República, 2014) .
La débil articulación se visibiliza en diferentes niveles de coordinación y comunicación. Por un lado, encontramos que
falta de coordinación y comunicación entre los burócratas de la calle, conlleva a la difusión de mensajes contrarios
simplemente diferentes sobre las prioridades y objetivos de gobierno. En este sentido, se ha recogido evidencia
relacionada con problemas de comunicación respecto a los objetivos o ﬁnalidad de la inclusión ﬁnanciera, entre la convivencia del programa Haku Wiñay y el programa JUNTOS, donde, según Diez y Correa (2016), los esfuerzos de inclusión ﬁnanciera se ven mermados por la difusión de mensajes cruzados entre los gestores de los programas sociales, por un lado motivando a la población usuaria de dichos programas al ahorro y uso de sus cuentas bancarias y por otro
sugiriendo que las transferencias se retiren íntegramente el día de pago. Es decir, la falta de articulación entre programas
instituciones públicas a nivel local, genera la implementación de intervenciones y actividades contrarias, desconectadas
que no se alinean a los objetivos nacionales de inclusión ﬁnanciera.
Por otro lado, se identiﬁca una limitada articulación entre las entidades de nivel nacional que se encargan de normar y regular los servicios ﬁnancieros, por lo que se requiere continuar realizando esfuerzos que permitan fortalecer el marco regulatorio de protección al consumidor, de modo que se logre una clara división de las responsabilidades, respecto a las acciones de ﬁscalización y supervisión, logrando con ello que el Estado cuente con entidades especializadas en el ejercicio de sus funciones.
Estas diﬁcultades de articulación y de trabajo multisectorial, así como la débil gestión de las instituciones públicas, limitan las posibilidades del avance progresivo y el posicionamiento de la inclusión ﬁnanciera como una oportunidad de desarrollo (Trivelli y Caballero, 2016). Para contrarrestar estas deﬁciencias es clave generar mecanismos efectivos de coordinación y cooperación sobre la base de dos ejes: vertical: entre entidades de distintos niveles de gobierno; y horizontal: entre entidades de un mismo nivel de gobierno (PCM, 2016). En este sentido, es de suma importancia generar espacios de coordinación que permitan reforzar una visión estratégica, objetivos y prioridades políticas para adoptar compromisos y asumir responsabilidades compartidas.
Si bien existen débiles mecanismos de articulación, es necesario precisar que se deben aprovechar los mecanismos de
alto nivel ya existentes en la Administración Pública. Por ejemplo la CMIF, el despliegue del gobierno digital, la innovación
y la economía digital en el país (mediante el Decreto Supremo N° 118-2018-PCM, se crea un esquema de gobernanza
para el despliegue del Gobierno Digital); entre otros, para lo cual trabaja de manera articulada y coordinada con los sectores competentes.
ii. Débiles mecanismos de la articulación continua entre actores públicos y privados
Las barreras que restringen la inclusión ﬁnanciera son de diversa naturaleza y la población que se busca incluir es heterogénea en términos culturales, sociales y económicos. Por ello, el objetivo de alcanzar una mayor inclusión ﬁnanciera requiere de la concurrencia de diversos actores provenientes del sector público, privado y de la sociedad civil, cada uno de los cuales ha venido desarrollando diversos esfuerzos.
Por un lado, los hacedores de políticas han incorporado la inclusión ﬁnanciera como parte de sus agendas y realizado acciones en el marco de sus funciones. Asimismo, el sector privado ha desplegado iniciativas para incrementar el acceso y uso de los servicios ﬁnancieros. Por su parte, la sociedad civil ha impulsado iniciativas y proyectos de desarrollo local, especialmente en territorios con poca presencia estatal y con altos índices de pobreza y vulnerabilidad (Feijoo, 2016).
Sin embargo, a ﬁn de incrementar la eﬁciencia de las intervenciones en favor de la inclusión ﬁnanciera se requiere alianzas y articulaciones entre las diversas instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, evitando esfuerzos locales fragmentados y minimizando la duplicidad de esfuerzos e ineﬁcacia en la provisión de recursos (Banco Mundial, 2016). Con este propósito se diseñó e implementó la ENIF, esfuerzo que requiere continuidad.
Además, tratándose de los segmentos de la población más excluidos, se requieren esfuerzos e intervenciones sostenidas
y complejas, que implican incluso articulaciones con sectores fuera del ámbito de las estrategias nacionales de inclusión Financiera (Caballero y Trivelli, 2018).
No obstante, en la actualidad todavía existen reducidos espacios y mecanismos de coordinación entre estos tres actores, público, privado y sociedad civil, que permitan desarrollar acciones conjuntas, sostenibles en el tiempo y que tengan una mayor repercusión en la inclusión ﬁnanciera, especialmente de la población en situación de pobreza o vulnerabilidad. Por ello, es fundamental que se construyan espacios de coordinación entre dichos actores, de manera que se pueda identiﬁcar conjuntamente las necesidades que no están siendo cubiertas de manera adecuada, así como las oportunidades que permitan una mayor inclusión ﬁnanciera. Ello buscando una actuación coherente y eﬁcaz entre los diferentes actores.
3.1. Situación futura
La situación futura deseada en el marco de la PNIF se enuncia tomando en cuenta las tendencias y los escenarios
contextuales futuros que permitan garantizar la inclusión ﬁnanciera de la población de manera sostenible al 2030, con el ﬁn último de incrementar el bienestar económico la población de manera sostenible, en el marco de la preservación de
la estabilidad ﬁnanciera.
En este contexto, la situación futura deseada en el marco de la PNIF puede enunciarse de la siguiente manera:
Al 2030, la población tendrá mayores capacidades y competencias ﬁnancieras y mayores niveles de acceso y uso de
servicios ﬁnancieros de calidad, lo cual se reﬂejará en los siguientes indicadores: i) el incremento a 75% de la participación
de la población adulta con alguna cuenta en el sistema ﬁnanciero, ii) el incremento a 43% de la participación de la población adulta con algún crédito con baja probabilidad de incumplimiento, iii) el incremento a 100% de la cobertura del sistema ﬁnanciero, iv) el incremento a 52% de los centros poblados con cobertura del servicio de internet.
Por otro lado, con la PNIF se podrá entre otros aspectos:
Incrementar la participación de nuevos deudores de la MYPE 36 en los últimos cinco años.
Incrementar las transacciones de la población usuaria de programas sociales en el sistema ﬁnanciero, en exceso
los requeridos para el retiro de las transferencias monetarias.
Incrementar la cobertura del sistema ﬁnanciero privado.
Reducir la incidencia de reclamos presentados por los consumidores del sistema ﬁnanciero.
Reducir la incidencia de denuncias y/o reclamos recibidos por las empresas del sistema ﬁnanciero, admitidos en
Incrementar la participación de gobiernos locales que implementan acciones concretas, actividades o convenios para promover la inclusión ﬁnanciera.
Bajo el marco de la situación futura deseada, se proponen las siguientes alternativas de solución para abordar el problema público e incrementar los niveles de acceso y uso de servicios de calidad, modiﬁcar y mejorar las intervenciones existentes, así como impulsar nuevas intervenciones, tales como:
A. Modiﬁcar y mejorar las intervenciones existentes
Alternativa 1. Fomentar la generación de competencias y capacidades ﬁnancieras para los diversos segmentos de la población. Alternativa 2. Desarrollar y fomentar el despliegue de cobertura de servicios ﬁnancieros convenientes y accesibles. Alternativa 3. Fomentar el diseño, la implementación y el despliegue de servicios ﬁnancieros digitales. Alternativa 4. Fortalecer los sistemas de protección de la población de servicios ﬁnancieros. Alternativa 5. Fortalecer el marco normativo para el desarrollo, regulación y promoción del acceso y uso de servicios ﬁnancieros.
B. Proponer nuevas intervenciones
Alternativa 1. Fomentar la innovación tecnológica y TICs para acercar los servicios ﬁnancieros a la población Alternativa 2. Fomentar estrategias de comunicación sobre los beneﬁcios y riesgos del uso de servicios ﬁnancieros formales, a través de la pertinencia lingüística, enfoque de género e intercultural, perspectiva de discapacidad, grupo etario, entre otros. Alternativa 3. Fomentar el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones y plataformas digitales. Alternativa 4. Desarrollar mecanismos de articulación intersectorial e intergubernamental.
Para mayor detalle sobre la determinación de la situación futura deseada y las alternativas de solución, se sugiere revisar el Anexo N o 2.
La PNIF se encuentra alineada con las políticas públicas que constituyen el marco de gobernabilidad y desarrollo en el país. En ese sentido, la PNIF se alinea verticalmente con las Políticas de Estado concertadas en el Acuerdo Nacional y al Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021. Para mayor detalle, revisar el Anexo N o 3.
3.2.2. Alineación a nivel horizontal
Asimismo, la PNIF se alinea de forma horizontal con las siguientes políticas, planes, proyectos y estrategias: Política de Seguridad y Defensa Nacional, Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Política Nacional de Competitividad y Productividad, Plan Estratégico Nacional Exportador 2025- PENX 2025, Plan Nacional del Ambiente, Política Nacional Agraria, Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor, Política de Atención Educativa para la Población de Ámbitos Rurales, Proyecto Educativo Nacional al 2021: La Educación que queremos para el Perú, Estrategia Nacional de Tecnologías Digitales en la Educación Básica, Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad y la Política Nacional de Igualdad de Género. Para mayor detalle, revisar el Anexo N o 4.
En concordancia con el problema público, considerando el diagnóstico y la situación futura deseada, se plantea para la implementación de la PNIF un horizonte temporal de once años hasta 2030 y se involucra a los sectores público, privado y a la sociedad civil. La PNIF busca promover y facilitar el proceso de inclusión ﬁnanciera mediante la ejecución
36 MIPYME según clasiﬁcación dispuesta en la Resolución SBS N o 11356-2008, que aprueba el nuevo Reglamento para la Evaluación y Clasiﬁcación del Deudor y la exigencia de provisiones.
de acciones coordinadas que permitan un mayor acceso y uso responsable de servicios ﬁnancieros de calidad. En este sentido, se busca que los servicios ﬁnancieros sean ofrecidos de manera eﬁciente, y resulten conﬁables, innovadores, accesibles, asequibles y adecuados a las necesidades de todos los segmentos de la población, con el ﬁn de contribuir al desarrollo y estabilidad económica y, por otro lado, impactar positivamente en la competitividad, la productividad, la reducción de la pobreza y desigualdad.
En este marco, la PNIF se implementará a través de cinco objetivos prioritarios y dieciséis lineamientos de política:
Tabla N o 4: Matriz de objetivos prioritarios y lineamientos de política
Indicadores 37
1. Incrementar la participación de población adulta con alguna cuenta en el sistema ﬁnanciero a 75%
L1.1: Mejorar las competencias
capacidades ﬁnancieras de
1. % de población adulta con alguna cuenta en el sistema ﬁnanciero
2. Incrementar la participación de población adulta con
L1:2: Generar estrategias
comunicacionales dirigidas
2. % de población adulta con algún crédito del sistema ﬁnanciero con clasiﬁcación Normal o CPP 39
algún crédito del sistema ﬁnanciero que mantiene baja probabilidad de incumplimiento a 43%
OP1: Generar una mayor conﬁanza de todos los segmentos de la población en el sistema ﬁnanciero
población (con pertinencia lingüística, enfoque de género
intercultural, perspectiva de
discapacidad, por grupo etario,
MEF / MIDIS
3. % de nuevos deudores MYPE 40 en los últimos cinco años
3. Incrementar la participación de nuevos deudores MYPE en los últimos cinco años
L1.3: Implementar mecanismos que fomenten el acceso y
4. Número promedio de transacciones por usuario de programas sociales, en exceso a los requeridos para el retiro de las transferencias monetarias
4. Incrementar las transacciones de la población usuaria de programas sociales en el sistema ﬁnanciero, en exceso a los requeridos para el retiro de las transferencias monetarias
uso de servicios ﬁnancieros formales, con especial atención en la población con menor
L2.1: Incrementar la cobertura de canales convenientes y
OP2: Contar con una oferta de servicios ﬁnancieros suﬁciente y adecuada a las necesidades de la población
1. % de distritos con presencia del sistema ﬁnanciero
1. Incrementar la cobertura del sistema ﬁnanciero a 100%
L2.2: Fomentar el desarrollo de canales innovadores, asequibles, convenientes y
2. % de distritos con presencia del sistema ﬁnanciero privado
2. Incrementar la cobertura del sistema ﬁnanciero privado
L2.3: Fomentar la oferta de servicios simples, innovadores, seguros, eﬁcientes y
37 Ver mayor detalle de los indicadores en el Anexo N o 5.
38 Con apoyo de la CMIF, siendo cada organismo responsable de participar y actuar en el ámbito de sus competencias y facultades.
39 De acuerdo a la Resolución SBS N° 11356-2008, los deudores en categoría Normal son aquellos que vienen cumpliendo con el pago de sus créditos de acuerdo
a lo convenido o con un atraso de hasta ocho días calendario, en el caso de créditos a la microempresa, pequeña empresa y consumo; y con un atraso de hasta
treinta días calendario, en el caso de créditos hipotecarios. Por otro lado, los deudores en categoría con Problemas Potenciales son aquellos que registran atraso en el pago de sus créditos de nueve a treinta días calendario, en el caso de créditos a la microempresa, pequeña empresa y consumo; y con un atraso de treinta y uno a sesenta días calendario, en el caso de créditos hipotecarios.
40 MIPYME según clasiﬁcación dispuesta en la Resolución SBS N o 11356-2008, que aprueba el nuevo Reglamento para la Evaluación y Clasiﬁcación del Deudor
41 Con apoyo de la CMIF, siendo cada organismo responsable de participar y actuar en el ámbito de sus competencias y facultades.
1. % de reclamos presentados por los consumidores del sistema ﬁnanciero del total de operaciones
1. Reducir la incidencia de reclamos presentados por los consumidores del sistema ﬁnanciero
L3.1: Promover la reducción de los costos de información, fortaleciendo las centrales de riesgo y fomentando el uso de fuentes y servicios alternativos de análisis de información
2. Reducir la incidencia de
L3.2: Fortalecer los sistemas de protección de la población
denuncias y/o reclamos recibidos por las empresas del sistema ﬁnanciero admitidos en la vía administrativa
la adecuada gestión de
OP3: Mitigar las fricciones en el funcionamiento del mercado
2. % de reclamos y/o denuncias recibidas del
total de reclamos en el sistema ﬁnanciero
conducta de mercado de los proveedores de servicios
3. % de reclamos presentados por los consumidores del sistema de seguros del total de pólizas
3. Reducir la incidencia de reclamos presentados por los consumidores del sistema de seguros
L3.3: Fomentar un marco normativo adecuado a la evolución de las tendencias de innovación en el ámbito ﬁnanciero, preservando
4. % de reclamos y/o denuncias recibidas del total de reclamos en el sistema de seguros
4. Reducir la incidencia de denuncias y/o reclamos recibidos por las empresas del sistema de seguros
L3.4: Promover que los servicios ﬁnancieros se desarrollen en un contexto de libre competencia
OP4: Desarrollar infraestructura de telecomunicaciones y plataformas digitales para incrementar la cobertura y el uso de servicios ﬁnancieros
L4.1: Desarrollar infraestructura de telecomunicaciones para facilitar que los servicios ﬁnancieros se encuentren
1. % de centros poblados con cobertura del servicio de acceso de internet
1. Incrementar los centros poblados con cobertura del servicio de internet a 52%
L4.2: Desarrollar plataformas digitales a ﬁn de favorecer la colaboración, interoperabilidad, autentiﬁcación, seguridad digital y el uso optimizado de las tecnologías digitales
MTC 44 / PCM
L5.1: Generar mecanismos (arreglos institucionales) sostenibles de articulación entre las instituciones
L5.2: Establecer el adecuado rol de las instituciones
OP5: Fortalecer
1. % de gobiernos locales que implementan acciones concretas, actividades o convenios para promover la inclusión ﬁnanciera
1. Incrementar la participación de gobiernos locales que implementan acciones concretas, actividades o
ﬁnancieras en las políticas públicas para la inclusión
MIDIS / MEF
L5.3: Precisar las funciones de los actores para una mejor eﬁciencia de la gestión pública
L5.4: Desarrollar instrumentos de gestión y mecanismos para la articulación entre las instituciones públicas, privadas
convenios para promover la inclusión ﬁnanciera
42 Con apoyo de la CMIF, siendo cada organismo responsable de participar y actuar en el ámbito de sus competencias y facultades.
43 Con apoyo de la CMIF, siendo cada organismo responsable de participar y actuar en el ámbito de sus competencias y facultades.
44 Siendo responsable especíﬁcamente del lineamiento desarrollar infraestructura de telecomunicaciones para facilitar que los servicios ﬁnancieros se encuentren al alcance de todos los segmentos de la población
45 Con apoyo de la CMIF, siendo cada organismo responsable de participar y actuar en el ámbito de sus competencias y facultades.

References: artículo 4
 artículo 23
 artículo 5

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6
 artículo 11
 artículo 2
 artículo 4

Resolución 
 artículo
2
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 23
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 13
 Resolución 
 artículo 12
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
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