Source: https://www.pptoficial.org.ve/rpp/18-sentencia-n-87-del-06-de-junio-de-2012
Timestamp: 2020-05-26 13:23:52+00:00

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PPT (Patria Para Todos) PPTOFICIAL - Sentencia N°87 del 06 de junio de 2012
A contnuación se transcribe textualmente la Sentencia N° 87 del 06 de junio de 2012, en relación a la denuncia interpuesta por Rafael Uzcátegui sobre las irregularidades que se efectuaron el 15 de octubre de 2011, cuando un pequeño grupo de militantes del PPT designo de manera irregular a Simón Calzadilla como Secretario Nacional:
El 17 de noviembre de 2011, se acordó solicitar a la Dirección Nacional de la organización con fines políticos Patria Para Todos, los antecedentes administrativos del caso, el informe sobre los aspectos de hecho y de derecho relacionados con el recurso contenido en el expediente número AA70-E-2011-000095 y se designó ponente al Magistrado Fernando Ramón Vegas Torrealba, a los fines de que se pronunciara respecto a la admisión del recurso y a la solicitud de amparo cautelar.
Mediante diligencia de fecha 24 de noviembre de 2011, los abogados José Sabino Zamora Zamora y Karla Sofía Marquina García, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la organización con fines políticos Patria Para Todos, según poder apud acta que les otorgó el ciudadano José Simón Calzadilla, quien señaló actuar como Secretario General de esa organización, presentaron escrito donde esgrimieron las “…razones de hecho y de derecho que afrontamos como amparo para nuestra defensa…”.
Mediante diligencia de fecha 06 de diciembre de 2011, el abogado José Sabino Zamora Zamora, consignó escrito de oposición a las medidas cautelares dictadas en el expediente identificado con el N° AA70-E-2011-000089, mediante sentencia número 137 de fecha 24 de noviembre de 2011.
Por auto de fecha 07 de diciembre de 2011, el Juzgado de Sustanciación ordenó librar el cartel de emplazamiento a los terceros interesados, en el expediente identificado con el N° AA70-E-2011-000095, a fin de su publicación en el Diario “Últimas Noticias”.
Igualmente, en esa misma fecha 12 de diciembre de 2011, se acordó abrir cuaderno separado identificado con el número AA70-X-2011-000013, a los fines de tramitar la oposición a la medida cautelar, decidida mediante sentencia número 9 de fecha 06 de febrero de 2012, en la que esta Sala declaró Sin Lugar la oposición formulada por los abogados José Sabino Zamora Zamora y Karla Sofía Marquina García, a la medida cautelar acordada por esta Sala en el expediente identificado con el N° AA70-E-2011-000095, mediante sentencia número 149, del 01 de diciembre de 2011.
Mediante diligencia de fecha 12 de diciembre de 2011, los ciudadanos Luis Alejandro Tellería Dorante y José Manuel López, parte recurrente en el expediente identificado con el número AA70-E-2011-000089, luego de exponer que “nos impidieron la entrada a la Sede del Partido para ejercer y cumplir nuestras funciones tal como lo acordó la Medida Cautelar”, solicitaron a la Sala “le envié un Oficio a la Fuerza Pública ya sea la Guardia Nacional, Policía de Caracas o cualquier otra institución policial que considere necesaria para hacer cumplir la Medida Cautelar acordada”. Solicitud esta que fue declarada improcedente por la Sala, mediante sentencia número 02 de fecha 18 de enero de 2012.
En la misma sentencia número 02 del 18 de enero de 2012, la Sala ordenó “a los ciudadanos LUIS ALEJANDRO TELLERÍA, SIMÓN CALZADILLA y RAFAEL UZCÁTEGUI, identificados en autos, o en su lugar a los ciudadanos Iliana (sic) Medina, José Manuel López Vera y José Rafael Hernández, titulares de las cédulas de identidad números 4.376.240, 13.618.656 y 4.696.945, respectivamente, suplentes formalmente designados para que de manera cívica y ejemplarizante celebren una reunión a las 10:00 am., del tercer (3°) día hábil siguiente a la publicación del presente fallo, en la sede natural del partido político Patria Para Todos…”, a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el fallo número 137 del 24 de noviembre de 2011.
Por auto de fecha 19 de enero de 2012, se abrió el lapso de cinco (5) días de despacho para la promoción de las pruebas en el expediente Nº AA70-E-2011-000089.
Mediante escrito presentado en fecha 19 de enero de 2012, los ciudadanos Rafael Uzcátegui, Ilenia Medina y Eduardo Oviedo, actuando con el carácter de “…miembros directivos legítimos del partido político Patria Para Todos y parte recurrente…”, asistidos por el abogado Marcos Brito, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 86.113, solicitaron la acumulación de los recursos que rielan en los expedientes AA70-E-2011-000095 y AA70-E-2011-000089 que cursan en esta misma Sala.
Mediante sentencia número 5, de fecha 25 de enero de 2012, esta Sala acordó acumular las causas contenidas en los expedientes AA70-E-2011-000089 y AA70-E-2011-000095, de conformidad con lo previsto en los artículos 51 y 81 del Código de Procedimiento Civil.
El 06 de marzo de 2012, comparecieron los apoderados judiciales del Consejo Nacional Electoral, y consignaron mediante escrito, el respectivo expediente de la organización con fines políticos Patria Para Todos (PPT) e informaron sobre las personas que conformaban el Equipo Nacional de Dirección y el Secretariado de dicha organización política al 14 de octubre de 2011.
Mediante auto de fecha 07 de marzo de 2012, vencido el lapso de evacuación de pruebas, se designó ponente al Magistrado Fernando Ramón Vegas Torrealba a los fines de emitir el fallo correspondiente, y se fijó el día 13 de marzo de 2012 para la presentación de los informes orales, fecha en la cual se difirió la celebración del acto para el día 15 del mismo mes y año.
En la fecha fijada, se realizó el acto de informes orales, en cuya oportunidad los ciudadanos Rafael Uzcátegui, Ilenia Medina y José Simón Calzadilla presentaron escritos de conclusiones.
El día 19 de de marzo de 2012 los ciudadanos Rafael Uzcátegui e Ilenia Medina, presentaron escrito ratificando sus alegatos sobre el caso.
Denunciaron “…la falta de formalidad y legitimidad en la Convocatoria a la Asamblea Nacional y principalmente a las elecciones de las nuevas autoridades del Partido Patria Para Todos (PPT), celebradas los días sábado y domingo 15 y 16 de octubre de 2011, en el Hotel Ávila, de esta ciudad de Caracas…”.
Indicaron que “…el Secretario General Nacional del PPT, es Luis Tellería, uno de los accionantes de este recurso contencioso electoral con medidas cautelares, y es evidente que esa convocatoria de Asamblea Nacional de Delegados, no fue hecha ni por él, ni por ninguno de los miembros de la Dirección General del PPT”.
Expresaron que “…en cuanto a los hechos en la Asamblea Nacional Extraordinaria de PPT, iniciada en fecha 15 de octubre de 2011 y dada por terminada por el Secretario General José Albornoz en fecha 21 de octubre de 2011, es menester denunciar lo siguiente: Respecto a la renuncia del Secretario General (…) se planteó a las bases del partido, en la convocatoria a la Asamblea Nacional, la posibilidad de aceptar la renuncia del referido secretario general o por el contrario ratificarlo en el cargo (según consta en los términos de la convocatoria)”.
Aseveraron que en la respectiva Asamblea “…en vista de que no hubo acuerdo (en los términos del acta de la asamblea), respecto a aceptar o no la renuncia del Secretario General José Albornoz, se procedió a la elección de un nuevo Secretario General mediante votaciones, produciéndose postulaciones sobrevenidas, las cuales nunca fueron conocidas por las bases del partido en vista que la ‘elección’ no había sido objeto de la convocatoria y en consecuencia, no había sido considerada por las bases, todo lo cual consta de la propia Acta consignada el 21 de octubre de 2011; por lo que, se violentó con ello el derecho a la participación de los afiliados de PPT en la escogencia de sus directivos, tanto a su derecho a elegir como a ser elegidos (artículo 67 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), así como el derecho a participar en las mismas condiciones que todos los miembros al carecer de información (artículo 7 del Estatuto)…”.
Solicitaron sea declarada la inadmisibilidad del recurso, invocando que “el Secretario Nacional del Partido Patria Para Todos se le vencía el período de ejercicio de funciones en fecha 10 de abril de 2012, e invocan la‘consideración’ de la renuncia del Secretario Nacional José Venancio Albornoz como un simple hecho trivial, cuando en realidad es supremamente vital, pues una renuncia es un acto indefectiblemente personal donde la aceptación o no de la concurrencia es absolutamente innecesaria. Esto demuestra la necesidad urgente de una nueva elección. Los actores no aclaran los hechos que supuestamente vician de nulidad del acta, no mencionan causales de nulidad específica en la actuación de las autoridades del Partido y sólo concatena artículos de los Estatutos que le convienen y definen el espíritu social-popular del mismo. Antes bien es menester, invocar lo pautado en su articulado 11, 12 y 13 para determinar las atribuciones de la Asamblea Nacional y de cómo se avalan sus decisiones”. (Sic).
Ello es así, porque las legislaciones en nuestro país han consagrado un sistema de legitimación amplia para la interposición de recursos en materia electoral. Por lo que la legitimación para proponer un recurso contencioso electoral, está supeditada únicamente a que quien lo intenta pueda esgrimir un interés legítimo, entendido éste como aquél que goza de tutela legal en virtud del beneficio de cualquier índole (material o moral) que se obtendrá con la satisfacción de la pretensión.
En el presente caso, la parte recurrida denuncia que los ciudadanos Luis Alejandro Tellería Dorante, José Manuel López y Ramón Humberto Urbina, no tienen legitimidad para recurrir, alegando que los citados ciudadanos no forman parte de la organización política Patria Para Todos (PPT).
Al respecto, observa la Sala que la parte recurrida con el objeto de demostrar su alegato de falta de legitimidad para recurrir de los ciudadanos Luis Alejandro Tellería Dorante y Ramón Humberto Urbina, promovió la prueba testimonial, señalando que: “…promovió 45 testigos de los cuales pudieron asistir 10 todos militantes de la Organización Política Patria Para Todos, quienes y es esencial que esta Sala Electoral lo evalúe así, declararon que Luis Alejandro Tellería Dorante no pertenece a las filas del partido; ninguno de los testigos en cuestión reconoce como legal la espuria asamblea convocada por éste. Por el contrario, todos afirman, sin excepción, que este mismo ciudadano fundó un movimiento que denominó PPT-Maneiro, usurpando así el nombre de nuestro partido…”.
Asimismo, los abogados del ciudadano José Simón Calzadilla, manifestaron que “…se demostró a través de la prueba testimonial que los actores -Uzcátegui y otros- participaron y convalidaron la asamblea, con excepción de Humberto Urbina quien no fue delegado ni es militante del PPT, al igual que Luis Alejandro Tellería y José Manuel López.”
Así la Sala observa, que el alegato de falta de cualidad de los ciudadanos Luis Alejandro Tellería Dorante, José Manuel López y Ramón Humberto Urbina, invocado por la parte recurrida se basa en que los citados ciudadanos no son militantes de la organización política Patria Para Todos (PPT), y que la prueba de tal alegato lo constituye los testigos que afirman que éstos ciudadanos no militan dentro de la organización política.
Ahora bien, esta Sala para decidir, considera necesario precisar que aún cuando la testimonial no es el medio probatorio idóneo para demostrar el carácter de militante de una Organización Política, se aprecia del argumento antes transcrito que se pretende probar con la declaración de testigos que los ciudadanos recurrentes Luis Alejandro Tellería Dorante, Ramón Humberto Urbina y José Manuel López, no son militantes de la organización con fines políticos Patria Para Todos, y que consecuentemente no tienen legitimidad para impugnar la asamblea celebrada el día 15 de octubre de 2011.
1.- Andrea Tavares, titular de la cédula de identidad número 10.789.983: “…soy fundadora militante y dirigente del partido de cuadros Patria Para Todos, actualmente miembro del secretariado Nacional…”(folio 1.196).
6.- Janett Luna, titular de la cédula de identidad número 4.034.609:“…soy secretaria de organización del partido patria para todos (PPT) en el estado Bolívar…” (folios 1.231 y 1.232).
Aunado a lo anterior, se observa que en sentencia número 137 de fecha 24 de noviembre de 2011, dictada en el expediente 2011-000089, cursante a los folios 416 al 442 de la primera pieza del expediente, al analizar el alegato de la falta de legitimidad para recurrir del ciudadano Luis Alejandro Tellería Dorante, denunciado por los abogados José Sabino Zamora Zamora y Karla Sofía Marquina García, esta Sala Electoral se pronunció en los siguientes términos:
“…De lo anterior se desprende que los prenombrados abogados por una parte denuncian que desde el día 27 de febrero de 2010, el recurrente no forma parte del partido político Patria Para Todos, mas sin embargo participó en una asamblea de ese partido celebrada el día 10 de abril de 2010, lo que se traduce para esta Sala en una franca contradicción, razón por la cual desestima el argumento bajo análisis y así se decide…”.
Véase, entonces, que a juicio de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, las organizaciones con fines políticos han de tener, necesariamente, un carácter democrático, y su actividad, en todo momento, debe garantizar, preservar y desarrollar los principios democráticos contenidos en la Constitución, desechando cualquier conducta o práctica que distorsione el carácter democrático exigido por ella, debiendo abstenerse de cualquier método que vulnere las formas establecidas para acceder, ejercer y participar en el sistema político venezolano.
En igual sentido, el artículo 5 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, prevé que las organizaciones políticas garantizarán en sus estatutos los métodos democráticos en su orientación y acción política, así como la apertura de afiliación sin discriminación de raza, sexo, credo, o condición social; y asegurarán a sus afiliados la participación directa o representativa en el gobierno del partido y en la fiscalización de su actuación.
A este respecto, la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia número 1003 del 11 de agosto 2000, precisó:
“Los partidos políticos son asociaciones con fines políticos, es decir que se originan en la voluntad de aquellos que convienen ‘en asociarse para participar, por medios lícitos, en la vida política del país, de acuerdo con programas y estatutos libremente acordados por ellos’, tal como lo define la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. La participación de los ciudadanos en la vida política de la República, es materia que interesa a todo el ordenamiento jurídico e impregna el orden constitucional. La constitución de un partido político está sujeta a limitaciones y requisitos establecidos por la misma Constitución de la República y por las leyes, y su cumplimiento o incumplimiento incidirá en el reconocimiento estatal de la existencia de cada partido, mediante su inscripción como tal en los registros establecidos al efecto, o su no inscripción o la cancelación de su inscripción.
Es así como la Ley de Partidos Políticos referida supra, establece una serie de requisitos y procedimientos para la inscripción de un partido político, controlados por el entonces Consejo Supremo Electoral, desde la solicitud de inscripción, y posteriormente, la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, de aplicación preferente a la antes citada ley, creó en sustitución del Consejo Supremo Electoral, al Consejo Nacional Electoral hoy de rango constitucional al cual define como el órgano superior de la administración electoral, con jurisdicción en todo el territorio nacional y competencia administrativa para dirigir, organizar y supervisar los procesos electorales contemplados en dicha ley, con plena autonomía atribuyéndole, además, competencia para conocer de los recursos previstos en la misma pero con la limitación de que su participación en los procesos internos de los partidos y organizaciones políticas, de selección de sus directivos y representantes, está restringida a prestar apoyo técnico y logístico y a colaborar, cuando tales organizaciones así lo soliciten(…)”.
De las normas y jurisprudencias citadas, resulta claro que las organizaciones con fines políticos deben establecer en sus estatutos losmétodos democráticos que definan no solo su orientación y acción política, sino también la selección de sus organismos de dirección. (Resaltado de la Sala).
“…esta Sala Electoral entiende que el término ‘organizar’ las elecciones de las asociaciones con fines políticos en el marco de la competencia constitucional y legalmente atribuida al Consejo Nacional Electoral, se contrae al suministro de apoyo técnico y logístico para la realización de tales procesos, siempre que medie una solicitud motivada de los entes respectivos ante esa instancia. En tal sentido, véanse al respecto las consideraciones expuestas en la sentencia número 1003 dictada por la Sala Constitucional en fecha 11 de agosto de 2000…”.
Así pues, no existe duda que el Consejo Nacional Electoral tiene competencia para participar en el proceso de elección de autoridades de las organizaciones con fines políticos, siempre que se solicite su intervención.
SEGUNDO: Se violentaron todos y cada uno de los literales del Artículo 11 de los Estatutos del partido, al nombrar secretario General Nacional al ciudadano Simón Calzadilla, y al equipo Nacional de Dirección quienes son personas ajenas a nuestra organización política; igualmente, cambiaron la línea política al presentar la candidatura presidencialHenrique Capriles Radonski.
TERCERO: No se cumplió con lo establecido en el Artículo 12 de los Estatutos, que dice: “Para la validez de las decisiones de la Asamblea Nacional será necesaria la asistencia de al menos sesenta (60%) de los miembros.”; de conformidad con el listado de Delegados que reposan en el CNE, ninguna de estas personas asistieron a dicha Asamblea; los asistentes a ese evento son personas ajenas al PPT, como bien lo ha denunciado el ciudadano Rafael Uzcátegui, que la mayoría de los asistentes fueron llevados por los gobernadoresHenry Falcón y Liborio Garulla.
QUINTO: Se violentaron flagrantemente los Artículos 32, 33 y 34 de los Estatutos del Partido, ya que en su Artículo 32, establece que le corresponde al Secretario de Organización, conducir y ordenar las reglas del proceso para la escogencia de candidatos que representen al PPT; esta norma fue violentada porque dicha Asamblea Nacional fue conducida y coordinada por una figura que NO EXISTE en los estatutos, como fue la Comisión Electoral, la cual fue presidida por el ciudadano José Luis Pírela, tal como públicamente y comunicacionalmente fue conocido, todo ello, hace Nulo todo ese proceso Electoral…”(sic)(Negritas del original).
“De tal manera que, una vez convocada la Asamblea Nacional Extraordinaria y llegado el día fijado para la verificación de la misma, se dio inicio al acto a realizarse el debido establecimiento del quórum reglamentario, lo cual constituye un primer vicio de la Asamblea que la afecta de nulidad, dado que los presentes desconocían cuál era el número de asistentes esperado y en consecuencia, cuál era el número de votos que determinaban la validez de las decisiones, a tenor de lo previsto en el artículo 12 de los Estatutos (circunstancia que no consta del ‘Acta de la Asamblea Extraordinaria’ Que fuera consignada por ante el Consejo Nacional Electoral en fecha 21 de octubre de 2011.
Se dio inicio así a la Asamblea de cuya nulidad se trata, con la lectura del orden del día, de conformidad con la Convocatoria prefijada; sin embargo, en el desenvolvimiento de la misma se violentaron no sólo lo que fue la agenda previamente pautada, desconociéndose las decisiones generadas a la luz de la discusión y por consenso, sino además, se incluyeron puntos en la agenda desconocidos hasta ese momento por los miembros de Patria Para Todos, obligando a la toma de decisiones que no estaban previstas y generándose en los presentes una confusión tal que obligó a suspender la misma (…) suponía la concreción de la violación de los derechos de las bases que nunca tuvieron conocimiento de las materias que serían objeto de decisión por la Asamblea (…)
Asimismo, observa la Sala que los recurrentes del expediente 2011-000089 señalan que “…tampoco se les anunció o notificó previamente a los delegados, los puntos y los temas a tratar en dicha Asamblea Nacional, violentando de esa manera una vez más las garantías y los derechos de los participantes….”. Igualmente, los recurrentes del expediente 2011-000095, manifiestan que en la Asamblea impugnada “se violentaron no sólo lo que fue la agenda previamente pautada, desconociéndose las decisiones generadas a la luz de la discusión y por consenso, sino además se incluyeron puntos en la agenda desconocidos hasta ese momento por los miembros de Patria Para Todos, obligando a la toma de decisiones que no estaban previstas y generándose en los presentes una confusión tal que obligó a suspender la misma; quedando pendientes la solución de las irregularidades que ya fueron referidas, dado que cerrar la Asamblea Nacional Extraordinaria de PPT del 15 de octubre de 2011, en los términos desarrollados hasta ese momento, suponía la concreción de la violación de los derechos de las bases que nunca tuvieron conocimiento de las materias que serían objeto de decisión…”.
A los fundamentos de ambos recursos se opuso el ciudadano José Simón Calzadilla, defendiendo la validez de la asamblea celebrada el día 15 de octubre de 2011, señalando que “la convocatoria fue pertinente, legal y absoluta; además de la asistencia masiva que se mostró en el acto celebrado en el Hotel Ávila…”, y que “…todos los documentos que conforman nuestro expediente reposan oficialmente en el Consejo Nacional Electoral del cual no hemos recibido quejas ni reclamos, por lo que esperamos que a petición formal de esta Sala se haga llegar a este organismo la solicitud de presentación del referido expediente para obtener mayor respaldo legal…”.
Ahora bien, esta Sala a fin de decidir considera necesario precisar que en materia electoral constituyen vicios de nulidad absoluta aquellos supuestos legales que acarrean la nulidad de la elección, es decir, los previstos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (artículo 215), así como también los previstos en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (artículo 19).
Dentro de estos vicios de nulidad absoluta se habla de “ausencia de convocatoria previa”. De allí, que esta Sala considera que cuando la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece en el numeral 1° del artículo 215 de la citada Ley, que la elección será nula cuando se realice sin la convocatoria a elecciones, lo hace atendiendo al propósito y razón de la Ley electoral que establece como uno de los principios del proceso electoral, la participación. Así, la convocatoria a elecciones es necesaria en todo proceso electoral para su realización, ya que ella va dirigida a la publicidad del acto, para lograr la mayor participación en el mismo.
De las actas que conforman la presente causa, esta Sala observa que cursa a los folios 30 al 32 de la primera pieza del expediente anexo distinguido con la letra “A”, contentivo de copia del acta de asamblea celebrada el 27 de septiembre de 2011, en la cual señala que la misma se realizó “previa convocatoria por escrito a todos los delegados regionales”.Sin embargo, de la revisión del expediente administrativo remitido por el Consejo Nacional Electoral, se evidencia que en autos no consta convocatoria alguna para la celebración de la citada asamblea.
Asimismo, observa la Sala que en la referida Asamblea se procedió a la elección del nuevo Secretariado Nacional del Partido, por tal razón no existe duda para esta Sala que ha debido cumplirse con la convocatoria para la realización del acto electoral, por lo que su incumplimiento acarrea la nulidad de la elección allí realizada, en atención a lo previsto en la Ley Electoral. Así se decide.
“Me dirijo a usted para informarle, en su condición de (…), que he convocado una Asamblea Nacional Extraordinaria a celebrarse el día 15 de octubre de 2011, en el Hotel Ávila, San Bernardino, Caracas, con sujeción a lo establecido en el encabezamiento del artículo 10 de los Estatutos del Partido. Igualmente le informo que de conformidad con el literal B del mismo artículo 10, en concordancia con el artículo 16 de nuestros estatutos, (…) En la pre señalada Asamblea Nacional Extraordinaria se propondrá la siguiente agenda: 1.- Inicio del debate sobre lo programático; 2.-La política electoral; 3.- Lo organizativo (incluido la ratificación, y ampliación del Equipo Nacional de Dirección y el Secretariado así como considerar la renuncia y sustitución del Secretario General.”(Negritas del Original).
Esta Sala desestima el argumento esgrimido por la parte recurrida en el sentido de que “…se demostró a través de la prueba testimonial que los actores -Uzcátegui y otros- participaron convalidando la asamblea…”, toda vez que la asamblea celebrada el 15 de octubre de 2011, tal como se señaló anteriormente está viciada de nulidad absoluta dada la ilegalidad de su convocatoria, porque la misma no incluyó mención alguna de las elecciones que presuntamente se celebraron allí, lo que no resulta validable por el hecho de que quien recurra su nulidad haya participado en ella. Así se declara.
Aunado a esto observa la Sala, que la Asamblea del 15 de octubre de 2011, tal como lo denunciaron los recurrentes, vulneró el debido proceso, ya que no consta en el acta de dicha asamblea que cursa a los folios 302 al 306 de la pieza 1-A del expediente, el cumplimiento de los pasos previstos en los artículos 31, 32 y 33 de los estatutos de la organización con fines políticos Patria Para Todos, para la elección de los candidatos a cargos de elección popular, asimismo, no se menciona en la respectiva acta el cumplimiento del quórum reglamentario previsto en el artículo 12 ejusdem, solo alude a la asistencia de trescientos cinco (305) delegados, cuyas firmas en respaldo de la referida acta no aparecen acompañando la misma, por tanto esta Sala declara nula dicha asamblea y así se decide.
Vistos los argumentos anteriores, esta Sala debe declarar la nulidad de las dos (2) Asambleas realizadas por militantes de la organización con fines políticos Patria Para Todos (PPT), en fechas 27 de septiembre de 2011 y 15 de octubre de 2011. Así se declara.
Por otra parte se aprecia que conforme a lo previsto en el artículo 14 de los Estatutos de la organización política Patria Para Todos “…Los miembros del equipo Nacional de Dirección durarán dos años en sus funciones…”, y es el caso que el día 10 de abril de 2010 se celebró una Asamblea Nacional donde fueron electos los miembros del referido equipo Nacional de Dirección, de manera que debían esperar al vencimiento de ese período de mandato (2 años) para celebrar nuevas elecciones por lo que éstas se reputan válidas al no constar en autos que hayan sido anuladas. Por tal razón, los dirigentes partidistas electos en la Asamblea Ordinaria celebrada el 10 de abril de 2010, que no hayan renunciado o abandonado sus cargos deben continuar ejerciendo sus funciones hasta tanto se celebre un nuevo proceso electoral, y así se declara.

References: artículo 5
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 32
 artículo 12
 artículo 19
 artículo 215
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 16
 artículo 12
 artículo 14