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Timestamp: 2019-04-26 12:11:45+00:00

Document:
jurídico | AICA
Aprobada la modificación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
El pasado 8 de noviembre, en vigor desde el día 10, el ejecutivo ha aprobado el Real Decreto Ley 17/2018 por el que, recogiendo el nuevo criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo, se modifica el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
El Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (RCL 1995, 1816) , aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, disponía en el número 2 de su artículo 68 que el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de documentos notariales, era el prestatario, cuando se tratase de escrituras de constitución de préstamo con garantía.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en sus Sentencias 1505/2018, de 16 de octubre (RJ 2018, 4082) , 1523/2018, de 22 de octubre (PROV 2018, 283469) , y 1531/2018, de 23 de octubre (PROV 2018, 285131) , ha anulado el número 2 del artículo 68 del citado reglamento. Los efectos anulatorios de esta sentencia han provocado una situación de incertidumbre, que ha dado lugar a una reducción sustancial de actos de formalización de préstamos con garantía hipotecaria.
Esta sucesión de acontecimientos ha generado una situación de inseguridad jurídica, que pretende resolver este Real Decreto Ley modificando un aspecto parcial de la regulación del tributo únicamente en una de sus modalidades , la relativa a documentos notariales, y sólo los correspondientes a préstamos con garantía hipotecaria.
En concreto, se modifican los artículos 29 y 45 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. Se modifica el artículo 29 para determinar que el sujeto pasivo, cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, será el prestamista. También se modifica el artículo 45 para que aquellos supuestos en los que el prestatario venga gozando de una exención subjetiva sigan quedando exceptuados de gravamen sin que se vean afectados por la reforma del artículo 29.
La modificación normativa se aplicará a aquellos hechos imponibles que se devenguen en adelante, es decir, a las escrituras públicas que se formalicen a partir del 10 de noviembre de 2018.
El Tribunal Supremo aclara, es el banco y no el cliente el obligado al pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados
Con fecha 16 de octubre de 2018, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado Sentencia por la que, modificando su jurisprudencia anterior, sienta el criterio de que, en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria, el obligado al pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados es la entidad prestamista y no el cliente que recibe el préstamo.
En el caso debatido, la Oficina Técnica de la Inspección de los Tributos de la Comunidad de Madrid practicó liquidación a la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas al considerarla sujeto pasivo del impuesto sobre actos jurídicos documentados en relación con una escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria de varias viviendas, al entender que aquella condición (sujeto pasivo) derivaba de su posición (prestatario) en el negocio jurídico documentado en la escritura.
La recurrente, Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas alegó en su recurso, que el sujeto pasivo del impuesto debe ser el prestamista como solicitante de la escritura de préstamo hipotecario e interesado en la elevación a público de lo pactado y si posterior inscripción registral.
El Tribunal acoge los argumentos de la recurrente y considera que el beneficiario de la escritura notarial no es otro que el acreedor hipotecario, (el banco), pues él (y solo él) está legitimado para ejercitar las acciones (privilegiadas) que el ordenamiento ofrece a los titulares de los derechos inscritos. Solo a él le interesa la inscripción de la hipoteca por lo que ha de considerársele sujeto pasivo del Impuesto.
Asimismo, la sentencia anula por contrario a derecho, el artículo 68.2 del Reglamento del Impuesto, Real Decreto 828/1995, que imponía el pago de tributo al prestatario.
Jornada jurídica – Los sistemas de cumplimiento normativo
Compliance Penal para la supervivencia de las empresas
AICA celebra una jornada sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
El objetivo ha sido analizar la reforma del Código Penal y Circular de la Fiscalía General del Estado, y los requisitos para elaborar un programa de Compliance en las empresas
Desde que el pasado mes de julio entrara en vigor la reforma del nuevo código penal las empresas se enfrentan a una nueva realidad respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La Asociación de Empresarios de Alcobendas – AICA ha querido abordar el tema con una jornada celebrada esta mañana en su sede con el objetivo de esclarecer las dudas de los empresarios respecto a este tema, y mostrar los requisitos necesarios para elaborar un programa de compliance penal.
La jornada iba dirigida a diferentes perfiles como empresarios, directores financieros, o directores de asesoría jurídica, para poder tratar como temas principales los criterios de responsabilidad de la persona jurídica, los programas de Compliance, y el Compliance Penal en la empresa de reducida dimensión.
Javier Forero, consultor jurídico de AICA, ha tratado de concienciar a los más de 20 asistentes acerca de las modificaciones habidas en el ámbito de la responsabilidad penal de las empresas, en concreto la importancia de la implantación en sus estructuras de los modelos de prevención penal, y la difusión de los mismos a las personas relacionadas con su estructura: empleados, proveedores, clientes, etc.
La reforma del código penal ha incluido como novedad penas para las sociedades que van desde multas económicas cuantiosas, disolución de las sociedades, paralización de sus actividades, etc. Por eso es de vital importancia que las empresas consideren la implantación de un plan de compliance, destinado a identificar riesgos para prevenir la comisión de delitos, analizando actividad, el volumen de negocio, y riesgos asociados al tráfico mercantil, entre otros aspectos. Es muy recomendable que todas las empresas en mayor o menor medida dispongan de este plan de prevención, que supondrá la incorporación de las mismas a una cultura de cumplimiento normativa.
AICA cuenta con un Departamento Jurídico que posee los recursos y los profesionales necesarios a disposición de las empresas que necesiten alguna aclaración.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 68
 artículo 68
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 29
 artículo 45
 artículo 29
 artículo 68
 Real Decreto