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Timestamp: 2019-01-20 05:24:31+00:00

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﻿ LEY 16 DE 1972
LEY 16 DE 30 DE DICIEMBRE DE 1972
CONTENIDO:SE APRUEBA LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, "PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA", FIRMADO EN SAN JOSÉ, COSTA RICA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 1969.
DIARIO OFICIAL N°:33780 SIN FECHA
“Por medio de la cual se aprueba la convención americana sobre derechos humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, firmado en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969”.
Visto el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra dice:
Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tiene como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;
Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito como regional;
Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la materia, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y
Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales, y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia,
ART. 1º—Obligación de respetar los derechos.
1. Los Estados Partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
ART. 2º—Deber de adaptar disposiciones de derecho interno.
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1º no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o derechos de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
ART. 3º—Derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica.
1. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.
ART. 4º—Derecho a la vida.
1 Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
2. En los países que no han abolido la pena de muerte, esta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente, y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se le aplique actualmente.
5. No se impondrá la pena de muerte a persona que, en el momento de la comisión del delito, tuviere menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.
6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante la autoridad competente.
ART. 5º—Derecho a la integridad personal.
3. La pena no puede trascender de la persona delincuente.
6. Las personas (sic) privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.
ART. 6º—Prohibición de la esclavitud y servidumbre.
1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto estas como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas.
2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en garantías el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido.
a) los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución normal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, componías o personas jurídicas de carácter privado;
b) el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquel;
c) el servicio impuesto en caso de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la comunidad, y
d) el trabajo o servicio que “forme parte de las obligaciones cívicas normales”.
ART. 7º—Derecho a la libertad personal.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención, y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que este decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención, y ordene su libertad si el arresto o la detención fueron ilegales. En los Estados Partes, cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente, a fin de que este decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por si o por otra persona.
ART. 8º—Garantías judiciales.
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral o de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, a las siguientes garantías mínimas:
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección, y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
e) derecho irrenunciable de ser asistido, por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por si mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
g) derecho a no ser obligado a declarar contra si mismo ni a declararse culpable, y
h) derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior;
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos, según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.
ART. 10.—Derechos de indemnización.
Toda persona tiene derecho a ser indemnizada, conforme a la ley, en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.
ART. 11.—Protección de la honra y de la dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de ingerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
ART. 12.—Libertad de conciencia y de religión.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como a la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.
2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias.
3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley, y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos o libertades de los demás.
ART. 13.—Libertad de pensamiento y expresión.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitaciones a la violencia, o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
ART. 14.—Derechos de rectificación o respuesta.
1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio o a través de medios de difusión legalmente reglamentados, y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.
2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirá de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.
3. Para efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.
ART. 15.—Derecho de reunión.
ART. 16.—Libertad de asociación.
ART. 17.—Protección a la familia.
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.
4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio, y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.
5. La ley debe reconocer iguales derechos, tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.
ART. 18.—Derecho al nombre.
Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres, o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para dos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.
ART. 20.—Derecho a la nacionalidad.
2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, si no tiene derecho a otra.
ART. 21.—Derecho a la propiedad privada.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social en los casos y según las formas establecidas por la ley.
ART. 22.—Derecho de circulación y residencia.
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo, y, residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido, sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud pública, o los derechos y libertades de los demás.
4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1º puede así mismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público.
7 Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos, y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales.
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual, y por voto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente, en proceso penal.
ART. 24.—Igualdad ante la ley.
ART. 25.—Protección judicial.
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado el recurso.
ART. 26.—Desarrollo progresivo.
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales, y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformados por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
ART. 27.—Suspensión de garantías.
2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3º (Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica); 4º (Derecho a la vida); 5º (Derecho a la integridad personal); 6º (Prohibiciones de la esclavitud y servidumbre); 9º (Principio de legalidad y retroactividad); 12 (Libertad de conciencia y de religión); 17 (Protección a la familia); 18 (Derechos del niño); 20 (Derecho a la nacionalidad), y 23 (Derechos políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
ART. 28.—Cláusula federal.
1. Cuando se trata de un Estado Parte constituido como Estado Federal, el Gobierno Nacional de dicho Estado Parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial.
2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades competentes de la federación, el Gobierno Nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a la Constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención.
ART. 29.—Normas de interpretación.
a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención, o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes, o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de dichos Estados;
ART. 30.—Alcance de las restricciones.
Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicables sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.
ART. 31.—Reconocimiento de otros derechos.
ART. 32.—Correlación entre deberes y derechos.
ART. 33.—Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención:
Sección 1.—Organización.
ART. 34.—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de siete miembros, que deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos.
ART. 35.—La Comisión representa a todos los miembros que integran la Organización de los Estados Americanos.
ART. 36.—1. Los miembros de la comisión serán elegidos a título personal por la asamblea general de la organización de una lista de candidatos propuesta por los Gobiernos de los Estados Miembros.
2. Cada uno de dichos Gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los proponga o de cualquier otro Estado Miembro de la Organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una terna, por lo menos de (sic) los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del proponente.
ART. 37.—1. Los miembros de la comisión serán elegidos por cuatro años, y sólo podrán ser reelegidos una vez, por el mandato de tres de los miembros designados en la primera elección expirará al cabo de dos años. Inmediatamente después de dicha elección se determinarán por sorteo en la asamblea general los nombres de estos tres miembros.
ART. 38.—Las vacantes que ocurrieren en la comisión, que no se deban a expiración normal del mandato, se llenarán por el consejo permanente de la organización, de acuerdo con lo que disponga el Estatuto de la comisión.
ART. 39.—La comisión preparará su estatuto, lo someterá a la aprobación de la asamblea general, y dictará su propio reglamento.
ART. 40.—Los servicios de secretaría de la comisión deben ser desempeñados por la unidad funcional especializada que forma parte de la secretaría general de la organización, y debe disponer de los recursos necesarios para cumplir las tareas que le sean encomendadas por la comisión.
Sección 2.—Funciones.
ART. 41.—La comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones
b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los Gobiernos de los Estados Miembros para que adopten medidas progresivas a favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos;
e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, le formulen los Estados Miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos, y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten;
ART. 42.—Los Estados Partes deben remitir a la comisión copia de los informes y estudios que en sus respectivos campos someten anualmente a las comisiones ejecutivas del Consejo Interamericano Económico y Social y del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que aquella vele porque se promuevan los derechos derivados de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.
ART. 43.—Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la comisión las informaciones que ésta les solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Convención.
Sección 3.—Competencia.
ART. 44.—Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la organización, puede presentar a la comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta convención por un Estado Parte.
ART. 45.—1. Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta convención.
2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden admitir y examinar si son presentadas por un Estado Parte que haya hecho una declaración, por la cual reconozca la referida competencia de la comisión. La comisión no admitirá ninguna comunicación contra un Estado Parte que no haya hecho tal declaración.
ART. 46.—1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la comisión, se requerirá:
a) que hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos;
d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o del representante legal de la entidad que somete la petición.
ART. 47.—La comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los artículos 44 ó 45, cuando:
c) resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente infundada la petición o comunicación, o sea evidente su total improcedencia, y
Sección 4.— Procedimiento.
ART. 48.—1. La comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta convención, procederá en los siguientes términos:
a) si reconocen la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informaciones al Gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada, transcribiendo las partes pertinentes de la petición o comunicación.
d) si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la comisión realizará, con conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en la petición o comunicación. Si fuere necesario y conveniente, la comisión realizará una investigación, para cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los Estados interesados le proporcionarán, todas las facilidades necesarias;
e) podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente, y recibirá, si así se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados;
ART. 49.—Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones del inciso 1.f) del artículo 48, la comisión redactará un informe que será transmitido al peticionario y a los Estados Partes en esta convención y comunicado después, para su publicación, al secretario general de la organización de los Estados Americanos. Este informe contendrá una breve exposición de los hechos de la solución lograda. Si cualquiera de las partes en el caso lo solicitan, se les suministrará la más amplia información posible.
ART. 50.—1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el estatuto de la comisión, esta redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones.
Si el informe no representa, en todo o en parte, la opinión unánime de los miembros de la comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión por separado.
También se agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud del inciso 1.e) del artículo 48.
ART. 51.—1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la comisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración.
ART. 52.—1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados Miembros de la Organización, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos.
ART. 53.—1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos de los Estados Partes en la convención, en la Asamblea General de la Organización, de una lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados.
ART. 54.—1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y sólo podrán ser reelegidos una vez. El mandato de tres de los jueces designados en la primera elección expirará al cabo de tres años. Inmediatamente después de dicha elección, se determinarán por sorteo en la asamblea general los nombres de estos tres jueces.
2. El juez elegido para reemplazar a otro, cuyo mandato no ha expirado, completará el período de este.
ART. 55.—1. El juez que sea nacional de algunos de los Estados Partes en el caso sometido a la Corte, conservará su derecho a conocer del mismo.
3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad de los Estados Partes, cada uno de estos podrá designar un juez ad hoc.
ART. 56.—El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces.
ART. 57.—La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte.
ART. 58.—1. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea General de la Organización, los Estados Partes en la convención, pero podrá celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado Miembro de la Organización de los Estados Americanos en que lo considere conveniente por mayoría de sus miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo. Los Estados Partes en la convención pueden, en la asamblea general por dos tercios de sus votos, cambiar la sede de la Corte.
2. El secretario residirá en la sede de la Corte, y deberá asistir a las reuniones que ella celebre fuera de la misma.
ART. 59.—La secretaría de la Corte será establecida por esta y funcionará bajo la dirección del secretario de la Corte, de acuerdo con las normas administrativas de la Secretaría General de la Organización en todo lo que no sea incompatible con la independencia de la Corte. Sus funcionarios serán nombrados por el secretario general de la organización, en consulta con el secretario de la Corte.
ART. 60.—La Corte preparará su estatuto y lo someterá a la aprobación de la asamblea general, y dictará su reglamento.
Sección 2.—Competencia y funciones.
ART. 61.—1. Sólo los Estados Partes y la comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.
ART. 62.—1. Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta convención.
ART. 63.—1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos de esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
2. En caso de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la comisión.
ART. 64.—1. Los Estados Miembros de la organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos. Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.
ART. 65.—La Corte someterá a la consideración de la asamblea general de la organización, en cada periodo ordinario de sesiones, un informe sobre su labor en el año anterior. De manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos.
Sección 3.—Procedimiento.
ART. 66.—1. El fallo de la Corte será motivado.
2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de estos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual.
ART. 67.—El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.
ART. 68.—1. Los Estados Partes en la convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.
ART. 69.—El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a los Estados Partes en la convención.
ART. 70.—1. Los jueces de la Corte y los miembros de la comisión gozan, desde el momento de su elección y mientras dure su mandato, de las inmunidades reconocidas a los agentes diplomáticos por el derecho internacional. Durante el ejercicio de sus cargos gozan, además, de los privilegios diplomáticos necesarios para el desempeño de sus funciones.
ART. 71.—Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembro de la comisión con otras actividades que pudieran afectar su independencia o imparcialidad, conforme a lo que se determine en los respectivos estatutos.
ART. 72.—Los jueces de la Corte y los miembros de la comisión percibirán emolumentos y gastos de viaje en la forma y condiciones que determinen sus estatutos, teniendo en cuenta la importancia e independencia de sus funciones. Tales emolumentos y gastos de viaje serán fijados en el programa-presupuesto de la Organización de los Estados Americanos, el que debe incluir, además, los gastos de la Corte y de su secretaría.
A estos efectos, la Corte elaborará su propio proyecto de presupuesto y lo someterá a la aprobación de la asamblea general, por conducto de la secretaría general. Esta última no podrá introducirle modificaciones.
ART. 73.—Solamente a solicitud de la comisión o de la Corte, según el caso, corresponde a la asamblea general de la organización resolver sobre las sanciones aplicables a los miembros de la comisión o jueces de la Corte que hubiesen incurrido en las causales previstas en los respectivos estatutos. Para dictar una resolución se requerirá una mayoría de los dos tercios de los votos de los Estados Miembros de la organización en el caso de los miembros de la comisión y, además, de los dos tercios de los Estados Partes en la convención, si se tratare de jueces de la Corte.
ART. 74.—1. Esta convención queda abierta a la firma y a la ratificación o adhesión de todo Estado Miembro de la Organización de los Estados Americanos.
2. La ratificación de esta convención o la adhesión a la misma se efectuará mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Tan pronto como once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión, la convención entrará en vigor. Respecto a todo otro Estado que la ratifique o adhiera a ella ulteriormente, la convención entrará en vigor en la fecha del depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión.
ART. 75.—Esta convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969.
ART. 76.—1. Cualquier Estado Parte directamente y la comisión o la Corte, por conducto del Secretario General, pueden someter a la asamblea general, para lo que estime conveniente, una propuesta de enmienda a esta convención.
ART. 77.—1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier Estado Parte y la comisión podrán someter a la consideración de los Estados Partes reunidos con ocasión de la asamblea general, proyectos de protocolos adicionales a esta convención, con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades.
ART. 78.—1. Los Estados Partes podrán denunciar esta convención después de la expiración de un plazo de cinco años, a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma, y mediante un preaviso de un año, notificando al secretario general de la organización, quien debe informar a las otras partes.
2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado Parte interesado de las obligaciones contenidas en esta convención, en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto.
Sección 1.—Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
ART. 79.—Al entrar en vigor esta convención, el secretario general pedirá por escrito a cada Estado Miembro de la Organización que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El secretario general preparará una lista por orden alfabético de los candidatos presentados, y la comunicará a los Estados Miembros de la organización, al menos treinta días antes de la próxima asamblea general.
ART. 80.—La elección de miembros de la comisión se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que se refiere el artículo 79, por votación secreta de la asamblea general, y se declararán elegidos los candidatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Miembros. Si para elegir a todos los miembros de la comisión resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminará sucesivamente, en la forma que determine la asamblea general, a los candidatos que reciban menor número de votos.
Sección 2.—Corte Interamericana de Derechos Humanos.
ART. 81.—Al entrar en vigor esta convención, el secretario general pedirá por escrito, a cada Estado Parte que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El secretario general preparará una lista por orden alfabético de los candidatos presentados, y la comunicará a los Estados Partes por lo menos treinta días antes de la próxima asamblea general.
ART. 82.—La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que se refiere el artículo 81, por votación secreta de los Estados Partes en la asamblea general y se declararán elegidos los candidatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes. Si para elegir a todos los jueces de la Corte resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminarán sucesivamente, en la forma que determinen los Estados Partes, a los candidatos que reciban menor número de votos.
La delegación del Ecuador tiene el honor de suscribir la Convención Americana de Derechos Humanos. No creo necesario puntualizar reserva alguna, dejando a salvo, tan, sólo la facultad general contenida en la misma convención, que deja a los Gobiernos la libertad de ratificarla.
El artículo 80, numeral 2º, de la Constitución de la República Oriental del Uruguay establece que la ciudadanía se suspende “por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaria”. Esta limitación al ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 23 de la convención no está contemplada entre las circunstancias que al respecto prevé el parágrafo 2º de dicho artículo 23 por lo que la Delegación del Uruguay formula la reserva pertinente.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos poderes fueron hallados de buena y debida forma, firman esta convención, que se llamará “Pacto de San José de Costa Rica”, en la ciudad de San José, Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.
Alfredo Vázquez Carrizosa.
Es fiel copia tomada del original, que reposa en los archivos de la División de Asuntos Jurídicos.
Jefe de la División de Asuntos Jurídicos,
Dada en Bogotá, D.E., a los veinticinco días del mes de octubre de mil novecientos setenta y dos.
República de Colombia - Gobierno Nacional. Bogotá, D.E., 30 de diciembre de 1972.

References: artículo 1
 resolución 
 artículo 44
 artículo 48
 artículo 48
 resolución 
 artículo 31
 artículo 79
 artículo 81
 artículo 80
 artículo 23
 artículo 23