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Timestamp: 2018-05-24 06:23:51+00:00

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06. Sociedades Archivos - Asesoria Coma & Roig
On diciembre 28, 2016 diciembre 28, 2016 By santiagoroig	Posted in 06. Sociedades, Uncategorizedcomment
On diciembre 19, 2016 By santiagoroig	Posted in 01. IVA, 06. Sociedadescomment
Operaciones vinculadas: Sentencia del Tribunal Supremo 02/04/2014
On agosto 28, 2014 febrero 23, 2016 By santiagoroig	Posted in 06. Sociedades, 1. Fiscal - Impuestoscomment
Una vinculación negativa
Dice la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en respuesta al Recurso Contencioso Administrativo presentado por el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de España contra el Real Decreto 1793/2008 de 3 de Noviembre por entender que el Capítulo V,
que trata sobre la determinación del valor normal de mercado y las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas y con personas o entidades residentes en paraísos fiscales, era contrario al ordenamiento jurídico y que los grandes apartados de la demanda son:
1) El ajuste secundario.
2) La documentación exigible.
3) El procedimiento de determinación del valor de mercado.
4) Las sanciones establecidas.
5) Ilegalidad del artículo 21 bis apartados 2 y 3 del Reglamento.
A continuación ofrezco un resumen de las respuestas que esta Sentencia da a las cuestiones planteadas en la demanda:
La norma que establece el deber de los administrados de fijar, en las operaciones vinculadas que lleven a cabo, el valor de mercado tiene el rango formal de ley desarrollada por un precepto reglamentario.
Las quejas acerca del desplazamiento a los administrados del deber de fijar el valor de mercado que en la legislación anterior correspondía a la Administración, carecen de relevancia jurídica en lo atinente a la legalidad de las normas impugnadas.
Superada esta dificultad, la Sentencia pone de manifiesto el artículo 16 del TR de la LIS que trata sobre el ajuste secundario:
1º) “Las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas se valorarán por su valor normal de mercado. Se entenderá por valor normal de mercado aquel que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones de libre competencia.
2º) La Administración tributaria podrá comprobar que las operaciones realizadas por personas o entidades vinculadas se han valorado por su valor normal de mercado y efectuará, en su caso, las correcciones valorativas que procedan respecto de las operaciones sujetas a este impuesto, al impuesto sobre la renta de las personas físicas o al impuesto sobre la renta de no residentes que no hubieran sido valoradas por su valor normal de mercado, con la documentación aportada por el sujeto pasivo y los datos e información de que disponga. La Administración Tributaria quedará vinculada por dicho valor en relación con el resto de personas o entidades vinculadas.
La valoración administrativa no determinará la tributación por este impuesto ni, en su caso, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes de una renta superior a la efectivamente derivada de la operación para el conjunto de las personas o entidades que la hubieran realizado. Para efectuar la comparación se tendrá en cuenta aquella parte de la renta que no se integre en la base imponible por resultar de aplicación algún método de estimación objetiva.”
Es importante subrayar que este precepto, en el párrafo segundo del apartado segundo, afirma que la valoración administrativa no determinará una renta superior a la efectivamente derivada de la operación para el conjunto de las personas que la hubiere realizado.
El apartado primero del artículo 16.8 consagra el mismo principio al afirmar. “en aquellas operaciones en las cuales el valor convenido sea distinto del valor normal de mercado, la diferencia entre ambos valores tendrá para las personas o entidades vinculadas el tratamiento fiscal que corresponde a la naturaleza de las rentas puestas de manifiesto como consecuencia de la existencia de dicha diferencia.”
Los problemas se suscitan por el contenido del párrafo segundo de este apartado cuando establece:
“En particular, en los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación socios o partícipes-entidad, la diferencia tendrá, en la proporción que corresponda al porcentaje de participación en la entidad, la consideración de participación en beneficios de entidades si dicha diferencia fuese a favor del socio o partícipe, o, con carácter general, de aportaciones del socio o partícipe a los fondos propios si la diferencia fuera a favor de la entidad.”
El artículo 16.8 primero no es una excepción a la regla que el artículo 16.1 contiene. Regla que consiste en que la base de gravamen de las operaciones vinculadas es la “renta derivada de la operación para las personas que la realizaron”.
Se trata, mediante él. de corregir las desviaciones que en la fijación del valor de mercado puedan producirse, correcciones que habrán de tener, si es posible, una doble dirección: unilateral, primero, y bilateral, después.
Cuando se aprecie que estas desviaciones implican una transferencia de rentas cualitativamente distinta de la contablemente expresada, y se den las circunstancias mencionadas en el apartado segundo del artículo 16.8 de la LIS tendrán lugar las presunciones que en el mencionado precepto se proclaman, presunciones que por la naturaleza de las cosas y por el principio antes enunciado, tendrán naturaleza de una presunción “iuris tantum”, pues el principio general que rige todo texto legal es el de gravar las rentas derivadas de la operación para las personas que las realizaron.
No estamos ante una norma antielusiva, sino ante una norma que determina la cuantía de la base. El ajuste secundario es una norma que opera en aquellos supuestos en que la transferencia real de rentas es distinta de la que aparentemente ha sido efectuada. Además, la prueba sobre la existencia de transferencia de rentas en modo distinto al que se ha reflejado contablemente, corresponde a la Administración.
SOBRE LA OBLIGACIÓN DE DOCUMENTAR LAS OPERACIONES DE LAS SOCIEDADES VINCULADAS
El Real Decreto Ley 6/2010 de 9 de Abril y Real Decreto 897/2010 de 9 de Julio, dictados estando en trámite este recurso, han modificado tanto subjetiva como objetivamente el ámbito de la obligación de documentación cuyo alcance ahora se cuestiona.
La demandante considera de aplicación el principio de Reserva de Ley para el desarrollo que se hace de las obligaciones de documentación por vía reglamentario y que al menos debió dar las Ley las pautas para la creación de dichas obligaciones, considerando que del incumplimiento de las mismas se derivan sanciones.
A la vista del contenido de la sentencia del tribunal Constitucional que dice: “la fijación de la documentación que deben mantener las empresas vinculadas ha de ser objeto de colaboración reglamentaria”, y referida en este punto a la incidencia en materia sancionadora, aspecto en que las prevenciones deben extremarse, no es dudoso que al señalar la Ley el ámbito subjetivo de las personas obligadas a mantener a disposición de la Administración la documentación requerida y los elementos objetivos que determinan cuando una operación es vinculada, pocas dudas pueden sostenerse sobre la legalidad reglamentaria en relación con el alcance de la obligación de documentación de las operaciones vinculadas..
OTROS REPROCHES SOBRE LA OBLIGACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
A) Imposible cumplimiento de la determinación del valor de mercado.
La opción efectuada proviene del legislador y además el valor de mercado se contempla en otros textos legales.
B) Inseguridad jurídica en la determinación de la documentación. Incidencia en el artículo 25 de la Constitución.
Entiende el demandante que las expresiones generales y relevantes que se utilizan son excesivamente ambiguas. No puede n aceptarse ninguno de los reproches formulados si se tiene presente que los vocablos tachados son una concreción , determinación y adjetivación de los términos descripción e información, lo que excluye la ambigüedad que se afirma.
C) Quiebra del principio de proporcionalidad y de minoración de costes en la determinación de las obligaciones de documentación.
Podrá parecer gravoso el cambio legislativo introducido en la obligación de documentación de las operaciones vinculadas, pero se ha llevado a cabo por quien está autorizado legalmente para ello según el sistema de fuentes establecido en nuestro ordenamiento jurídico.
D)Análisis de comparabilidad. Imposibilidad material de efectuarlo en los términos previstos reglamentariamente.
Las especificaciones del Reglamento a efectos de precisar lo que son operaciones comparables no merecen reproche.
E) Arbitrariedad, desigualdad e injerencia en la sociedades profesionales.
Tampoco parece aceptable la crítica que se efectúa a la documentación que no se exige a las sociedades profesionales y sí a otras entidades.
La afirmación referente a que con el método propuesto el legislador pretende imponer un determinado régimen de distribución de beneficios a las sociedades profesionales no es asumible pues el régimen documental establecido en favor de estas entidades es facultativo y pueden declinar el régimen especial.
REPROCHES SOBRE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA
Por el hecho de exigir el nombramiento de un perito común y de un recurso común a todos los interesados. El proyecto reglamentario preveía en este punto el archivo de las actuaciones y no tener por presentados los correspondientes recursos. El Consejo de Estado concluyó que no puede el reglamento proyectado limitar la posibilidad de recurso en vía administrativa de la liquidación provisional, facultad consagrada como tal en la Ley General Tributaria: artículo 213.1 posibilidad de revisión de los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición de sanciones tributarias, y como objeto de recurso de reposición: artículo 222.1 y de reclamación económica administrativa: artículos 226 y 227.2.a, precepto este último que señala de forma expresa como reclamables las liquidaciones provisionales y definitivas. Por ello deberían eliminarse en el artículo 21, apartado 2, párrafo segundo y apartado 3, párrafo terce4ro, las referencias al archivo de actuaciones y a la consecuencia de no tener por presentados los correspondientes recursos en el caso de que no se unifique la vía procedimental escogida por las entidades afectadas.
En este punto, por tanto, el recurso deberá ser aceptado.
Sobre los medios de comprobación del valor
Ninguna censura merece que el Reglamento introduzca como uno de los medios de fijar el valor de mercado el de la comprobación del valor, pues dicho medio es complementario o sustitutivo de los métodos de valoración previstos en el artículo 16.4 de la LIS.
Limitación reglamentaria a la tasación pericial contradictoria
El Reglamento abre la posibilidad de acuerdo con la Ley, de instar la tasación pericial contradictoria por parte del obligado tributario disconforme con la liquidación provisional que practique la Administración como consecuencia de la corrección valorativa, pero lo limita a los casos en que haya sido necesario comprobar el valor de los bienes o derechos por alguno de los medios estyablecidos en el artículo 57.1 de la LGT.
Si en el punto analizado el Reglamento es más restrictivo que la Ley, éste deberá interpretarse de acuerdo con la norma de mayor rango.
Inaplicación del procedimiento establecido en el artículo 21 del Reglamento acerca de los medios de oposición y defensa a las correcciones valorativas efectuadas por la Administración, a los no residentes.
La condición de no residente puede justificar este diferente tratamiento, así como la aplicación de un Convenio o de un Tratado que resulte de invocación por los establecimientos permanentes.
SOBRE LA INFRACCIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE RIGEN EL DERECHO SANCIONADOR
El Tribunal Constitucional ha resuelto el conjunto de problemas que dentro de este apartado planteaba la entidad recurrente, rechazando todas sus demandas. Por otra parte admite la colaboración reglamentaria prácticamente sin límites.
SOBRE EL AJUSTE SECUNDARIO EN EL ARTÍCULO 21 BIS DEL REGLAMENTO
El ARTÍCULO 16.8 de la LIS, redactado por Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, establece:
El artículo 21.Bis. 2 del Reglamento, según la redacción dada por el Real Decreto 1777/2004 de 30 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, es del siguiente tenor:
. Párrafo 2.º de la letra a) del número 2 del artículo 21 bis anulado por Sentencia TS (Sala 3.ª, Sección 2.ª, Rec. 8/2009) de 27 mayo 2014 («B.O.E. 30 julio). TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S, 27 May. 2014 (Rec. 8/2009) Ir a Norma Sentencia TS (Sala 3.ª) 27 May. 2014 (anula diversos preceptos del RD 1777/2004 de 30 Jul., por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de Sociedades)
Párrafo 2.º de la letra b) del número 2 del artículo 21 bis anulado por Sentencia TS (Sala 3.ª, Sección 2.ª, Rec. 8/2009) de 27 mayo 2014 («B.O.E. 30 julio). <!–
–>TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S, 27 May. 2014 (Rec. 8/2009) Sentencia TS (Sala 3.ª) 27 May. 2014 (anula diversos preceptos del RD 1777/2004 de 30 Jul., por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de Sociedades)
Andorra: régimen fiscal
On mayo 2, 2014 By santiagoroig	Posted in 04. IRPF, 06. Sociedades2 Comments
Existe el ius soli en derecho internacional, para determinar que una persona es nacional de un país por su nacimiento, existe también el ius sanguinis, derecho por el cual uno puede ser nacional de un país por su sangre, por ser hijo de otro nacional. Y cada Estado puede atribuir la nacionalidad a un extranjero de cumplir alguna condición, como las aportaciones realizadas, el residir un número de años, casarse con un nacional…
Existe pues una opción para cambiar la nacionalidad.
En este tercer derecho entra con fuerza la tributación y nos preguntamos, ante la reciente cuestión de un posible fraude fiscal de Montserrat Caballé, que tributó en Andorra, país en que se pagan menos impuestos, si una persona puede elegir libremente el estado en que quiere residir con el objetivo de tener una menor tributación.
Si comparamos la tributación andorrana con la española es para pensárselo. Pero, atención, es preciso residir efectivamente en este país y volvemos al punto de partida: si bien no se determina únicamente por haber nacido en un país o ser hijo de un nacional del mismo , la residencia se tiene además por otras circunstancias:
1.- Permanecer en el país más de 183 días durante el año.
2.- Que el país constitutuya el principal lugar de obtención de ingresos.
3.- Que en él resida igualmente el cónyuge, los descendientes y se tenga en él la vivienda habitual.
Que el papel aguanta mucho, pero no hay una libertad de elección sin cumplir una serie de condiciones, como en la democracia que se nos aparece como la fórmula que nos atribuye las más grandes posibilidades de elección.
Pero las naciones ponen sus límites. La residencia no es elegible sin pagar un precio.
Bueno veamos un país atractivo por su baja tributación.
Es una asociación voluntaria de personas físicas o jurídicas que, a través de un contrato mercantil, aportan capital para colaborar en la explotación de una actividad empresarial o profesional.
La sociedad puede adoptar la forma de sociedad anónima o de sociedad de responsabilidad limitada. Cualquiera de ellas puede estar constituida por un único socio.
El capital social mínimo de la sociedad de responsabilidad limitada es de 3.000 euros y el de la sociedad anónima es de 60.000
Los socios responden únicamente de las deudas que tenga la empresa dentro del límite del valor de sus aportaciones en la sociedad y no responden con su patrimonio individual, siempre y cuando la sociedad esté inscrita en el Registro de Sociedades ya que, en caso contrario, los socios responderán también con su patrimonio personal.
Las sociedades andorranas deben tener el domicilio social dentro del territorio del Principado de Andorra.
La Junta General de Socios es el órgano soberano de la sociedad y toma sus acuerdos sobre los asuntos más sociales de la vida social: modificación de estatutos, aprobación de las cuentas anuales, aplicación del resultado del ejercicio, nombramiento y revocación de los administradores, transformación, fusión, escisión, extinción de la sociedad, etc. Los acuerdos se toman por mayoría de capital social.
La Junta General nombra y establece el sistema de administración ordinario de la sociedad:
-Administradores conjuntos: actuación mancomunada.
-Administradores solidarios: actuación individual.
-Consejo de Administración: actuación colegiada.
En la sociedad unipersonal las competencias de la Junta General son asumidas por el socio único.
-Solicitud de reserva de denominación social al Gobierno, certificación que tiene una caducidad de 12 meses a partir de su expedición y que produce, durante su vigencia, la reserva de denominación a favor de los futuros otorgantes de la escritura.
-Solicitud al Gobierno de autorización de inversión extranjera para inversiones extranjeras con una participación superior al 10 % del capital social.
-Escritura pública que se otorga ante un notario andorrano.
-Para la inscripción de una sociedad limitada se ha de pagar 957,77 euros y una tasa anual de 801,70 (si no tiene autorización de actividad comercial. En el caso de una sociedad anónima se ha de pagar 1.394,76 euros y una tasa anual de 881,30, si no se tiene autorización para una actividad comercial.
-La inscripción en el Registro es obligatoria y la sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción.
Las sociedades que ejercen una actividad comercial, industrial o de servicios deben inscribirse en el Registro de Comercio o Industria.
Es una persona física mayor de edad, con libre disposición de sus bienes, que ejerce en nombre propio una actividad empresarial de forma habitual.
Los derechos económicos de las personas físicas extranjeras que quieran llevar a cabo una actividad económica en el Principado de Andorra se adquieren con la obtención de la residencia en el Principado.
El empresario individual responde con todos sus bienes presentes y futuros de las deudas de la empresa. En caso de matrimonio, los bienes del cónyuge pueden quedar afectos según cual sea el régimen económico matrimonial existente.
II. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE SERVICIOS.
1. Reserva al Comú del nombre comercial.
2. Autorización comunal: toda persona física que quiera ejercer una actividad comercial , industrial o de servicios, necesita una autorización de la corporación local donde vaya a establecerse.
También percusan de autorización comunal: el cierre, la modificación de la actividad económica autorizada, el cambio del titular de establecimiento y el cambio de nombre del mismo.
3. Autorización gubernamental: el Comú que corresponda tramita la solicitud ante el Registro de Comercio e Industria.
Para obtener la autorización gubernamental, los titulares que la soliciten deben informarse previamente, ante los respectivos departamentos del Gobierno, de los requisitos en materia sanitaria, medioambiental, de accesibilidad que sus establecimientos deban cumplir, al efecto de asegurarse de que la autorización gubernamental les será concedida.
El coste de cada alta en el Registro de Comercio e Industria es de 201,53 euros.
1.Tasa sobre el registro de actividades económicas
El hecho generador de esta tasa lo constituye la inscripción y permanencia en el Registro de titulares de actividades económicas, integrado por el Registro de sociedades y por el Registro de comercio e industria y el Registro de profesiones liberales.
El empresario individual o sociedad mercantil que ejerce una actividad comercial debe inscribirse en el Registro de comercio e industria y satisfacer una cuota anual por cada registro de comercio autorizado de 201,80 euros.
Si se trata de sociedades patrimoniales y de otras que no desarrollen ninguna actividad en el Principado, no necesitan inscribirse en el Registro de comercio e industria y han de pagar una cuota anual correspondiente al Registro de sociedades de 881,30 euros si son sociedades anónimas 0 801,7 si son sociedades limitadas.
Las sociedades mercantiles deben abonar una tasa en el momento de inscribir la sociedad en el registro de sociedades mercantiles de 957,77 euros por las sociedades limitadas y de 1.394,76 euros por las sociedades anónimas.
Los sujetos pasivos inscritos en el Registro de profesionales, titulados, colegios y asociaciones profesionales deben abonar una cuota de 401,70 euros por cada profesión titulada autorizada.
2. Impuesto General Indirecto (IGI)
Es un tributo de naturaleza indirecta que grava el consumo mediante la tributación de las entregas de bienes y las prestaciones de servicios realizadas por empresarios y profesionales así como las importaciones de bienes.
El tipo de gravamen es de un 4,5%. Se aplica un tipo de gravamen super reducido del 0 % o reducido del 1% para determinadas operaciones previstas en la Ley y un tipo incrementado del 9,5 % para las operaciones prestadas por servicios bancarios y financieros.
El tipo de gravamen es del 10 %.
Se aplica una imposición reducida para las sociedades que realicen explotación internacional de intangibles, las que interrvengan en el comercio internacional y aquellas que lleven a cabo la gestión e inversión financiera intragrupo.
Se elimina la doble imposición interna e internacional sobre la participación en beneficios de otras entidades y se establecen deducciones por doble imposición, por creación de puestos de trabajo y por inversión.
En el primer año de aplicación del impuesto los obligados tributarios disfrutarán de una reducción del 50 % en la cuota de liquidación.
Para aquellos obligados tributarios que se constituyan como nuevos empresarios de una actividad empresarial o profesional también nueva y cuyos ingresos sean inferiores a 100.000 euros, el tipo de gravamen aplicable durante los tres primeros años es del 5 % por la base de tributación entre 0 y 50.000 euros y del 10 % para el resto.
4. Impuesto sobre la renta de actividades económicas
Los obligados tributarios de este impuesto son las personas físicas que tengan su residencia fiscal en Andorra y lleven a cabo una actividad económica: la actividad de arrendamiento de bienes tiene la consideración de actividad económica únicamente cuando las rentas brutas de los alquileres superen la cifra de 40.000 euros para la totalidad de inmuebles que alquile. La actividad de compraventa, tiene la consideración de actividad económica, únicamente a partir del momento en que se realicen más de 5 transmisiones de bienes inmuebles en el periodo impositivo.
La base de tributación se reduce con un mínimo exento de 40.000 euros.
El primer año de aplicación existe una reducción del 50%.
Esta bonificación fiscal no podrá aplicarse a aquellos obligados tributarios que realicen o hayan realizado algún tipo de actividad a través de una sociedad.
Responden solidariamente de la deuda tributaria: el pagador de los rendimientos a favor de los obligados tributarios que operen sin establecimiento permanente o el depositario, el mandatario o el gestor de los bienes o los derechos de los obligados tributarios que operen sin mediación de establecimiento permanente.
Los no residentes fiscales tienen la obligación de nombrar a una persona física o jurídica con residencia en Andorra con el objeto de que les represente ante el ministerio encargado de las finanzas cuando obtengan rentas mediante establecimiento permanente.
Las rentas obtenidas por los no residentes mediante un establecimiento permanente, el tipo de gravamen es del 10 %. El mismo tipo se aplica cuando actúan sin establecimiento permanente. El tipo es del 1,5 % cuando obtengan rendimientos derivados de operaciones de reaseguro y del 5 % cuando se trate de rentas satisfechas en concepto de canon.
Quedan exentas del impuesto entre otras, las rentas del trabajo, las rentas de capital mobiliario, las ganancias procedentes de acciones o participaciones de sociedades andorranas, siempre y cuando la participación no supere el 25 % del capital y los derivados de la transmisión de acciones o participaciones en organismos de inversión colectiva.
6.- Otros Impuestos
Impuesto de radicación de actividades comerciales, empresariales y profesionales.
Tasa por derechos de radicación.
Tasas por prestación de servicios en concepto de iluminación pública, higiene pública, etc.
IV. RÉGIMEN SOCIAL Y PERMISO DE TRABAJO
La afiliación a la Caixa Andorrana de la seguridad social es obligatoria para todos los trabajadores asalariados, asimilados, y para todos los trabajadores que realicen una actividad por cuenta propia.
La cotización para trabajadores asalariados y asimilados oscila del 5,5 % al 10,5% para el asalariado y del 14,5% para el empresario. para aquellas personas que trabajan por cuenta propia la cuota oscila entre el 20 y el 25 % del salario mensual medio cotizado por el conjunto de asalariados en el CASS del año inmediatamente anterior..
Cualquier persona extranjera que trabaje en el Principado deberá disponer de un permiso de trabajo. Una vez haya sido contratada por una empresa nacional, ésta debe tramitar el correspondiente permiso en el Ministerio del Interior. La concesión de permisos por el Ministerio del Interior estará condicionada a cupos o cuotas de entrada.
MODELO 720: VUELVE
On marzo 14, 2014 By santiagoroig	Posted in 04. IRPF, 06. Sociedades, 10. Procedimientos, 12. Impuesto sobre el Patrimoniocomment
En primer lugar, cabe recordar que con la Ley 7/2012 se incluyó una nueva obligación de información sobre los bienes y derechos que los contribuyentes tienen en el extranjero, regulado en la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General tributaria, en los artículos 42 bis, 42 ter y 54 bis del reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos aprobado por el Real decreto 1065/2007, de 27 de Julio y en la Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo de la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero (BOE 31/01/2013).
Esta nueva declaración contemplaba tres conjuntos de bienes, por los que se tenía la obligación de presentar dicho modelo, siempre que el valor total de cada bloque superase el importe de los 50.000 euros. Los grupos fueron los siguientes:
– Cuentas bancarias de cualquier tipología
– Valores, derechos, acciones y participaciones en IIC, seguros y rentas.
– Bienes inmuebles o derechos sobre ellos
En relación con el ejercicio fiscal 2013 y siguientes, y una vez presentada la primera declaración, las siguientes presentaciones en los años sucesivos solo serán obligatorias cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
– Cuando existan bienes que nunca fueron declarados, y supere los 50.000 euros, en los saldos o valores a 31/12.
– Cuando la valoración conjunta por cada grupo de bienes hubiera experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto al valor que determinó la presentación de la última declaración.
– En todo caso deberá presentarse declaración cuando a lo largo del ejercicio se hubiera dejado de tener la titularidad de cualquiera de los bienes.
Ejemplo: Supongamos que tenemos una cartera de valores, la cual ya fue declarada en el ejercicio 2012. Y que durante el ejercicio 2013 ha realizado múltiples compra-ventas ¿Que hemos de declarar?
Cartera de valores que no supera en 20.000 euros el valor de la presentación realizada en el ejercicio 2012.
En este caso solo se deberá declarar la cancelación de aquellos valores que fueron declarados en el ejercicio anterior y de los cuales el contribuyente ha perdido la titularidad a lo largo del ejercicio 2013.
– Cartera de valores que si supera en 20.000 euros el valor de la presentación realizada en el ejercicio 2012.
En este caso se declarará los valores el contribuyente que posea a 31 de diciembre de 2013 y la cancelación de todos los valores que fueron declarados en 2012 y que han sido vendidos durante el ejercicio 2013.
– Cartera de valores que reinvierten el importe integro de sus compra-ventas en otros valores (faq’s 56 aeat)
Cuando el importe obtenido se hubiera destinado íntegramente a la adquisición de otros valores o derechos solo deberá declararse los saldos a 31 de diciembre de dichos valores, sin necesidad de declarar la pérdida de titularidad de los bienes declarados en el ejercicio anterior.
Nota: todos los bloques siguen el mismo criterio, a excepción de los valores que permite la posibilidad de declarar los bienes a 31 de diciembre de 2013, siempre que el importe obtenido por la venta de dichos bienes se hubieran reinvertido íntegramente.
Ada García Vázquez
¿Cuándo es deducible la retribución de los administradores en el impuesto de sociedades?
On febrero 4, 2014 By comaroig1	Posted in 06. Sociedadescomment
Los administradores cumplen un papel esencial en las personas jurídicas ya que son quienes gestionan y representan la sociedad ante terceros. Sin embargo aunque el cargo de administrador es casi siempre retribuido, la legislación presume que se realiza de manera gratuita a no ser que la remuneración se incluya en los estatutos sociales. A pesar de que este requisito parece un mero formalismo sin efectos prácticos es un requisito indispensable si la sociedad quiere deducirse la retribución del administrador en el impuesto de sociedades. La jurisprudencia además ha concretado este requisito introduciendo formalidades extras que se han de cumplir.
En principio para poder deducirse la retribución en el impuesto de sociedades se debe de regular en los estatutos sociales. Pero además la cuantía debe poder determinarse mediante un criterio objetivo para que se pueda conocer facilmente cual va a ser la retribución. Incluso no es posible incorporar varios métodos de determinación en los estatutos sociales para que posteriormente la junta general elija cual debe utilizarse. Si se quiere modificar el método de retribución entonces deben de modificarse los estatutos sociales.
Puesto que estos requisitos tienen el fin de proteger a los socios minoritarios y a la propia sociedad de salarios abusivos, en el caso de que la sociedad tenga un solo socio puede defenderse que existe pleno conocimiento del socio de la retribución que el administrador cobra y por tanto no son necesarios los requisitos garantistas antes expuestos. Sin embargo para estar seguros que se va a poder deducir el salario en el impuesto de sociedades es preferible que siempre se incluya en estatutos de la manera indicada.
Además para evitar la elusión de esta norma todas las relaciones que el administrador tenga con la sociedad tendrán los mismos efectos que el cargo del administrador. Por ejemplo si el cargo de administrador se retribuye pero no está incluido en estatutos y el administrador también tiene un cargo como ejecutivo en la sociedad, entonces las remuneraciones de ambos contratos no podrán deducirse en el impuesto de sociedades. Existe la duda de que este principio de vinculación también tenga efectos sobre empleos que no impliquen gestión. Si el administrador también realiza tareas propias de la actividad de la sociedad como un trabajador más, independientemente de su cargo como administrador, entonces no existiría objetivo de elusión al contrario de lo que si puede suceder con cargos de alta dirección. En este último caso no es claro el criterio de la Administración. Por lo tanto en cualquier caso es preferible cumplir con los requisitos de la Administración antes mencionados para poder justificar siempre que la remuneración al administrador es deducible.

References: Real Decreto 
 artículo 21
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 25
 artículo 213
 artículo 222
 artículo 21
 artículo 16
 artículo 57
 artículo 21
 ARTÍCULO 21
 ARTÍCULO 16
 Real Decreto 
 artículo 21
 Real Decreto 
 artículo 21
 artículo 21
 Real decreto