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Timestamp: 2019-08-23 14:40:10+00:00

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1. Desaparición forzada: violación de múltiples derechos humanos
En el Caso Velásquez Rodríguez, en la República de Honduras, a principios de la década de los ochenta, se presentó una práctica sistemática de desapariciones forzadas, cumplida o tolerada por autoridades estatales. Tanto las autoridades militares y de policía como el Gobierno y el Poder Judicial se negaban o eran incapaces de prevenir, investigar y sancionar los hechos. En el marco de esta práctica sistemática, el estudiante Manfredo Velásquez desapareció luego de ser secuestrado por personas vinculadas con las Fuerzas Armadas o bajo su dirección y hoy, casi siete años después, continúa desaparecido, por lo que se puede suponer razonablemente que ha muerto. En este caso se produjeron las mismas negativas de sus captores y de las autoridades de las Fuerzas Armadas, las mismas omisiones de éstas y del Gobierno en investigar y dar cuenta de su paradero, y la misma ineficacia de los tribunales de justicia ante los cuales se interpusieron tres recursos de exhibición personal y dos denuncias penales. nota 1
De acuerdo con la Corte, en América Latina las desapariciones se han convertido durante los últimos años, en una práctica sistemática utilizada como técnica destinada a producir no sólo la desaparición misma, momentánea o permanente, de determinadas personas, sino también un estado generalizado de angustia, inseguridad y temor. El fenómeno de las desapariciones constituye una forma compleja de violación de los derechos humanos que debe ser comprendida y encarada de una manera integral. Aunque no existe ningún texto convencional vigente, aplicable a los Estados Partes en la Convención, que emplee esta calificación, la doctrina y la práctica internacionales han calificado las desapariciones como un delito contra la humanidad. El Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad y toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico, pero por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana.
La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención, que los Estados están obligados a respetar y garantizar. El secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca, además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto, que infringe el artículo 7 de la Convención que reconoce el derecho a la libertad personal. Además, el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima representan formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad psíquica y moral de la persona, y del derecho de todo detenido al respeto a la dignidad inherente al ser humano. Lo anterior constituye una violación del artículo 5 de la Convención que reconoce el derecho a la integridad personal. Las investigaciones donde ha existido la práctica de desapariciones y los testimonios de las víctimas que han recuperado su libertad demuestran que ella incluye el trato despiadado a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de vejámenes, torturas y demás tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, en violación también al derecho de la integridad física reconocido en el artículo 5 de la Convención. La práctica de desapariciones ha implicado con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Convención. La práctica de desapariciones, además de violar numerosas disposiciones de la Convención, significa una ruptura radical de este tratado, pues implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la Convención. La existencia de esa práctica, además, supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado de modo que se garanticen los derechos reconocidos en la Convención. nota 2
Posteriormente, en el Caso Bámaca Velásquez la Corte reiteró su jurisprudencia sobre la desaparición forzada o involuntaria al señalar que constituye una violación múltiple y continuada de varios derechos de la Convención, pues no sólo produce una privación arbitraria de la libertad, sino que pone en peligro la integridad personal, la seguridad y la propia vida del detenido. Además, coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otros delitos conexos. Al llevar a cabo o tolerar acciones dirigidas a realizar desapariciones forzadas o involuntarias, al no investigarlas de manera adecuada y al no sancionar, en su caso, a los responsables, el Estado viola el deber de respetar los derechos reconocidos por la Convención y de garantizar su libre y pleno ejercicio, tanto de la víctima como de sus familiares, para conocer el paradero de aquélla. En razón de las características del fenómeno y las dificultades probatorias que conlleva, la Corte ha establecido que si se ha demostrado la existencia de una práctica impulsada o tolerada por el Estado de desaparición forzada de personas, y que, ya sea por prueba circunstancial o indirecta, o ambas, o por inferencias lógicas pertinentes, el caso de una persona puede vincularse a dicha práctica, entonces esta desaparición específica se considera demostrada. La Corte considera probado que cuando ocurrieron los hechos, existía en Guatemala una práctica sistemática por parte del Ejército, por la cual capturaba guerrilleros, los retenía clandestinamente sin dar noticia a autoridad judicial competente, independiente e imparcial, los torturaba física y psicológicamente para la obtención de información y, eventualmente, incluso les causaba la muerte. Considera demostrado que la desaparición de Efraín Bámaca Velásquez está vinculada con dicha práctica y que, pese a los diferentes recursos internos utilizados con el fin de aclarar los hechos, éstos no fueron eficaces para enjuiciar y sancionar a los responsables de éstos. nota 3
En el Caso 19 Comerciantes, la jurisprudencia anterior es reiterada. Según los hechos de este caso, en el marco de la lucha contra los grupos guerrilleros, el Estado Colombiano impulsó la creación de los llamados ?grupos de autodefensa? entre la población civil, cuyos fines principales eran auxiliar a la Fuerza Pública en operaciones antisubversivas y defenderse de los grupos guerrilleros. A partir de 1985, se hace notorio que muchos ?grupos de autodefensa? cambiaron sus objetivos y se convirtieron en grupos de delincuencia, comúnmente llamados ?paramilitares? nota 4. Las normas por medio de las cuales se crearon estos grupos seguían vigentes en 1987, época en la cual sucedieron los hechos y para la cual ya era más que evidente el degeneramiento de estos grupos. Para ese entonces, 19 comerciantes son desaparecidos, asesinados y descuartizados en manos de grupos ?paramilitares? por rehusarse al pago de un ?impuesto? solicitado por los delincuentes para poder comercializar las mercancías y por presuntos vínculos con grupos subversivos en la venta de armas.
Lo anterior ocurre con la ayuda de las fuerzas militares quienes sabían de la presencia de ?paramilitares? en la carretera por la que circulaban los comerciantes y quienes además sabían y estaban de acuerdo con el plan de los paramilitares para el asesinato de los comerciantes. nota 5
Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 4 .
Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 4 . Reiteración total en el Caso Godinez Cruz Vs. Honduras. Sentencia Serie C. No. 5 .
Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 70 .
Cfr. audiencia pública Celebrada en la sede de la Corte el 21 y 22 de abril de 2004, respuesta del Estado ante una pregunta del Tribunal; Decreto 0180 de 27 de enero de 1988; Decreto 0815 de 19 de abril de 1989; Decreto 1194 de 8 de junio de 1989 (prueba para mejor resolver presentada por el Estado el 26 de mayo de 2004, la cual fue solicitada por la Corte mediante Resolución de 22 de abril de 2004, tomo II, folios 3557 a 3572); sentencia emitida por el Tribunal Superior Militar el 17 de marzo de 1998 (expediente de prueba presentada por el Estado el 18 de abril de 2002, la cual fue solicitada siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte -párrafo 68 de la demanda-, tomo II, anexo 9, folios 1496 a 1498); e informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias sobre la visita a Colombia realizada del 11 al 20 de octubre de 1989, E-CN.4-1990-22-Add.1 (expediente de anexos de la demanda, tomo II, anexo B9, folios 965, 968, 978, 991, 992 y 994).
Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 109 .
1.1. Incumplimiento de disposiciones de la convención interamericana sobre desaparición forzada de personas, por demora en tipificación del delito de desaparición forzada, por omitir elementos establecidos en la normativa internacional y la inclusión de modalidades que disminuyan el sentido y eficacia: riesgo de impunidad
En el Caso Heliodoro Portugal, el señor Heliodoro Portugal fue detenido el 14 de mayo de 1970, dentro de un café, por dos personas vestidas de civil, quienes lo introdujeron con uso de la fuerza, dentro de un vehículo en que se lo llevaron. La víctima quien al momento de la privación de la libertad tenía 36 años, de ocupación tipógrafo, vivía con su compañera permanente, con quien tuvo dos hijos, había sido dirigente estudiantil y simpatizante y promotor del "Movimiento de Unidad Revolucionaria" liderado por el señor Floyd Britton, opositor al régimen militar de Panamá.
La búsqueda sobre su paradero realizada por su compañera permanente, su hija, quien presentó denuncia sobre la desaparición de su padre ante el Comité Nacional de Derechos Humanos de Panamá, y otros familiares fue infructuosa. Tanto los familiares como una Comisión de la Verdad, que se conformó una vez el Estado panameño había retornado a la democracia, tuvieron noticias, por medio de un testigo, que al señor Portugal lo habían encerrado en una casa, centro clandestino de interrogatorio, en donde se le preguntaba por el señor Floyd Britton. Después señaló el testigo fueron vendados y trasladados al cuartel de Tocumen y no supo más de la víctima desde cuando el testigo fue llevado a la Cárcel de La Chorrera.
En mayo de 1990, restablecida la democracia, el Estado panameño aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese mismo mes y año, la hija de la víctima presentó una denuncia, por la detención y desaparición de su padre, ante la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, ocurrida en 1970, señalando que dadas la situación política del país no era posible en esa época, presentar denuncia ante el Ministerio Público.
Como resultado de una orden del Ministerio Público, en septiembre de 1999, para buscar los restos de un sacerdote ?supuestamente también desaparecido 20 años atrás-, en las excavaciones realizadas en un antiguo cuartel en Tocuman, se encontró los restos de una persona, que fueron sometidos a pruebas de ADN, dando resultado negativo para identificar a quien inicialmente se estaba buscando. La misma prueba se practicó a familiares de personas desparecidas durante el régimen militar panameño, incluyendo a los de la víctima de este caso, determinándose, por parte del laboratorio, el 22 de agosto de 2000, que los restos correspondían al señor Heliodoro Portugal. El examen médico legal efectuado en septiembre de 1990, estableció, de los restos óseos encontrados, la existencia de señales de tortura y de lesiones físicas de tal magnitud que le pudieron haber causado la muerte.
Frente a esta prueba y resultado de iniciativa particular, el Estado ordena una prueba oficial y en septiembre de 2001, comunica que los restos que fueron identificados y entregados a la familia Portugal no correspondían al señor Heliodoro Portugal. Para resolver esta contradicción en los dictámenes, se consultó la opinión experta de una antropóloga forense, quien en octubre de 2001 determinó que el primer examen no mostraba ninguna evidencia de contaminación, mientras que el segundo sí, por lo que se determinó que el cuerpo que fue encontrado pertenecía a Heliodoro Portugal.
La privación de la libertad y la posterior desaparición de la víctima tiene como marco, la situación de Panamá, que sufre un golpe de estado en octubre de 1968, por parte de miembros de la Guardia Nacional, suspendiendo las garantías individuales, disolviendo la Asamblea Nacional y nombrando una Junta de Gobierno, compuestas por militares.
En ese periodo, entre octubre de 1968 y diciembre de 1989, cuando se produjo la invasión estadounidense, estuvieron en el gobierno presidentes militares y civiles. A partir y como consecuencia del golpe de Estado se suspendieron ciertos artículos constitucionales, hubo censura de medios de comunicación, control del orden público en las calles, limitación de movimientos, toque de queda y prohibición de reuniones, supresión de los partidos políticos y se efectuaron arrestos y detenciones.
La Comisión de la Verdad documento muchos casos de desaparición forzada y de asesinatos a manos de agentes estatales. Quedo establecido la practica de desapariciones forzadas de personas, torturas y ejecuciones extrajudiciales. El mayor número de muerte y desapariciones corresponde a los tres años de la dictadura militar, dentro de la época de los hechos cuya víctima fue Heliodoro Portugal
Autoridades panameñas, Corte Suprema de Justicia y una Procuradora en audiencia pública ante la Corte Interamericana, reconocieron que para el periodo y fecha de la desaparición de la víctima, imperaba en Panamá un régimen que impedía un acceso libre a la justicia.
El Estado de Panamá ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el 28 de febrero de 1996.
El Estado tipificó el delito de desaparición forzada en el artículo 150 del Código Penal de 2007, el cual establece lo siguiente: El servidor público que, con abuso de sus funciones o en infracción de las formalidades legales, prive de cualquier forma a una persona o más personas de su libertad corporal, o conociendo su paradero niegue proporcionar esta información cuando así se le requiere, será sancionado con prisión de tres a cinco años.
Igual sanción se aplicará a los particulares que actúen con autorización o apoyo de los servidores públicos.
Si la desaparición forzada es por más de un año, la pena será de diez a quince años de prisión.
La Corte encontró que el Estado incumplió con la obligación convencional de tipificar el delito de desaparición forzada de personas, de acuerdo con los artículos II y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, porque el ordenamiento penal panameño, en relación con el delito de desaparición forzada de personas:
1- Demoró en la tipificación del delito más de diez años desde la ratificación de dicha Convención, lo que sobrepasó el tiempo razonable para hacerlo;
2- Establece como uno de los elementos del tipo la privación ilegal de la libertad, excluyendo otras formas de privación de la libertad, lo que constituye una tipificación menos comprensiva frente a lo estipulado por los artículos II y III de la Convención;
3- Establece para la conformación del delito dos supuestos separados, contrario a lo establecido en las disposiciones de la Convención: por un lado, la privación de la libertad personal de manera ilegal o la negativa a proporcionar información sobre el paradero de la persona privada ilegalmente de su libertad, por otro. La Convención establece sobre el particular que concurra la privación de la libertad, cualquiera fuere sus forma, y la negativa de dar información sobre el particular.
4- No incluye el elemento convencional relativo a la negativa de reconocer la privación de la libertad;
5- No contempla expresamente la imprescriptibilidad de la acción penal en el delito de desaparición forzada.
La Corte señaló "que la sustracción de elementos que se consideran irreductibles en la fórmula persecutoria establecida a nivel internacional" y "la introducción de modalidades que le resten sentido o eficacia, pueden llevar a la impunidad de conductas que los Estados están obligados a prevenir, erradicar y sancionar, de acuerdo con el Derecho Internacional". nota 1
En el Caso Ticona Estrada y otros, la Corte Interamericana frente a la demora del Estado en tipificar el delito de desaparición forzada, entre el 5 de junio de 1999, cuando entra en vigencia la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (CIDFP) y la tipificación de tal conducta, en enero de 2006, encontró incumplida las obligaciones de los artículos I d) y III de la citada Convención Interamericana, no obstante que dicha conducta hacia parte de la legislación interna cuando comenzó a conocer del caso la Corte Interamericana y que se encuentre subsanado el incumplimiento en relación con el artículo 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Tales obligaciones hacen relación con el deber del Estado de "tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención" ? artículo I d)- y la de comprometerse a "adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima.? nota 2
Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Serie C. No. 186
Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Sentencia Serie C. No. 191
1.2. La obligación estatal contenida en la convención interamericana sobre desaparición forzada de personas según la cual las personas privadas de la libertad deben mantenerse en lugares de detención oficialmente reconocidos y ser presentada sin demora, de conformidad con la legislación interna ante la autoridad judicial competente, no constituye elemento de la conducta de desaparición forzada de personas ni comparte con esta la característica de ser una violación continuada
En el Caso Ticona Estrada y otros, el Estado Boliviano reconoció que el 22 de julio de 1980 una patrulla militar detuvo en las horas de la noche a Renato y Hugo Ticona Estrada cuando se dirigían a visitar a su abuelo enfermo.
Los hermanos fueron despojados de sus pertenencias, golpeados y torturados, por parte de agentes del Estado. Al momento de su detención no fueron informados de los cargos en su contra ni puestos a disposición de autoridad judicial competente.
Después de que les propinaran durante varias horas fuertes maltratos, fueron trasladados a una guarnición y remitidos a las oficinas del Servicio Especial de Seguridad (SES), también conocida como Dirección de Orden Público (en adelante "DOP"), y los entregaron al jefe de la institución.
Desde este momento ni su hermano Hugo Ticona ni otro familiar tuvieron conocimiento del paradero de Renato Ticona. Varios detenidos del DOP fueron testigos de la privación de la libertad de los hermanos Ticona Estrada en ese establecimiento y en el 2004 Luis García Meza reconoció, en entrevista radial, que "personal bajo su mando fue el responsable de la detención de los hermanos Ticona y posterior desaparición de Renato Ticona."
Los padres al saber sobre la detención de sus hijos, acudieron a diversas autoridades e instituciones estatales, en busca de sus paraderos sin obtener respuesta alguna.
Por información de una asistente social, supieron que Hugo Ticona estaba malherido y que había sido trasladado por agentes estatales a una clínica en estado físico deplorable, producido por la tortura sufrida. Estuvo incomunicado por dos semanas en un hospital militar y nuevamente trasladado a las instalaciones del DOP de la Paz. Sus padres lo vieron en septiembre de 1980, lo trasladaron a un cuartel y fue liberado en noviembre del 1980.
Renato Ticona, a más de 28 años de ocurridos los hechos, sigue desaparecido, "sin que se tenga conocimiento de su paradero o de la ubicación de sus restos."
En este contexto, la Corte estableció que no hubo incumplimiento del artículo XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (CIDFP) relativo a la obligación estatal según la cual las personas privadas de la libertad deben mantenerse en lugares de detención oficialmente reconocidos y ser presentada sin demora, de conformidad con la legislación interna ante la autoridad judicial competente y la obligación de llevar registros oficiales actualizados sobre sus detenidos y, ser puesto a disposición de los "familiares, jueces, abogados, cualquier persona con interés legítimo y otras autoridades."
Debido a que la anterior obligación es una garantía de respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en esas circunstancias; que no constituye elemento de la desaparición forzada de personas, la Corte "no comparte la característica de ser una violación continuada", y en esa medida, tal obligación sólo es válida desde el 5 de julio de 1999, momento en el cual entró en vigencia la citada Convención. nota 1

References: artículo 7
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 150
 artículo 2