Source: http://www.cidh.org/Terrorism/Span/d.htm
Timestamp: 2019-05-22 00:46:14+00:00

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3. El derecho a la vida y el terrorismo
106. Como se ha sugerido, las protecciones del derecho a la vida establecidas por el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario son particularmente relevantes para dos tipos de iniciativas antiterroristas que pueden emprenderse en tiempos de paz, en estados de emergencia y en conflictos armados. Estas iniciativas son, el uso de la fuerza letal durante operativos antiterroristas por parte de agentes del Estado y la aplicación de la pena de muerte a condenados de delitos relacionados con el terrorismo.
107. En el curso de las operaciones antiterroristas, los agentes del Estado podrían recurrir al uso de la fuerza letal contra sospechosos terroristas. En efecto, el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar la seguridad de todos y esto, en algunas circunstancias, puede requerir el uso de fuerza letal.[300] Sin embargo, como lo ha recalcado la Corte Interamericana en el contexto del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, “independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de quienes cometen ciertos delitos, el poder del Estado no es ilimitado, ni puede el Estado recurrir a cualquier medio para alcanzar sus fines. El Estado está sometido a la ley y a la moral. El irrespeto por la dignidad humana no puede servir de base para ninguna acción del Estado”.[301]
108. La Comisión ha especificado que “la Convención Americana, así como otros instrumentos universales y regionales de derechos humanos, y los Convenios de Ginebra de 1949, comparten un núcleo común de derechos no derogables y un propósito común de proteger la vida y la dignidad humana. Estos tratados de derechos humanos se aplican en tiempos de paz, y durante situaciones de conflicto armado (...) Tanto el artículo 3 común como el artículo 4 de la Convención Americana protegen el derecho a la vida y por tanto prohiben, entre otras cosas, las ejecuciones sumarias en cualquier circunstancia”.[302] En consecuencia, tanto el derecho internacional en materia de derechos humanos como el derecho internacional humanitario protegen la vida de los civiles, los combatientes hors de combat y, en cierta medida, la vida de los combatientes que participan en las hostilidades.
109. Como se ha indicado en las secciones anteriores, una de las distinciones principales entre el derecho internacional de los derechos humanos aplicable en tiempos de paz y el derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados es el hecho de que éste no prohibe disparar contra combatientes enemigos o darles muerte cuando estos no han depuesto sus armas o no han quedado fuera de combate, de modo tal que la muerte de un combatiente en estas circunstancias no constituye una violación del derecho a la vida. Pese a esta distinción fundamental, también puede considerarse que el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario tienen principios fundamentales similares aplicables a las situaciones en que el Estado utiliza la fuerza letal para proteger su seguridad o la de sus ciudadanos tanto en tiempo de paz como en situaciones de conflicto armado.[303]
110. Además, si bien hay una norma de proporcionalidad aplicable en tiempos de paz y durante situaciones de conflicto armado, la misma tiene distinto significado y consecuencias en cada contexto. Por lo tanto, en tiempos de paz, el principio de proporcionalidad establece que el uso de la fuerza debe ser proporcionado a las necesidades de la situación.[304] En el derecho internacional humanitario, por su parte, el principio de proporcionalidad prohíbe “los ataques, cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista”.[305] El concepto de proporcionalidad es inherente a los principios complementarios del derecho consuetudinario de necesidad y humanidad, que informan el derecho que rige la conducta de todos los conflictos armados. El principio de necesidad justifica sólo las medidas de violencia militar no prohibidas por el derecho internacional, que son relevantes y proporcionadas para garantizar el pronto sometimiento del enemigo con el menor gasto posible de recursos humanos y económicos. El principio de humanidad complementa y limita intrínsecamente el principio de necesidad, al prohibir las medidas de violencia que no son necesarias (es decir, relevantes y proporcionadas) para el logro de una ventaja militar definitiva. De modo que el principio de humanidad conlleva la prohibición específica de un sufrimiento innecesario, el requisito de la proporcionalidad y confirma la inmunidad básica de las poblaciones civiles y que los civiles sean objeto de ataques durante los conflictos armados.[306] En consecuencia, estos principios del derecho consuetudinario prohiben los ataques desproporcionados y de otro tipo, y exigen que la parte que lanza un ataque contra un objetivo militar legítimo debe siempre tratar de evitar o reducir al mínimo las bajas civiles y el daño a objetos civiles previsibles.[307] Aunque este principio busca minimizar el daño inflingido a los civiles, no se aplica, sin embargo, para limitar el daño inflingido a combatientes u objetivos militares.[308] Mientras debe reconocerse el carácter distinto del principio de proporcionalidad aplicable conforme al derecho internacional humanitario, puede, no obstante, decirse que el daño o lesión excesivo previsible a ciertas personas u objetos está prohibido tanto en tiempos de paz como en un conflicto armado.
111. Además, de acuerdo con el principio de distinción aplicable durante los conflictos armados[309] y el principio equivalente aplicable en tiempos de paz,[310] los agentes del Estado, cuando utilizan la fuerza, sólo pueden tener como objetivo ciertas personas y objetos. En consecuencia, en situaciones de conflicto armado, las partes en el conflicto deben distinguir entre los objetivos militares y los civiles y objetos civiles, y lanzar ataques sólo contra aquellos.[311] Análogamente, en situaciones de paz, los agentes del Estado deben distinguir entre las personas que, por sus acciones, constituyen una amenaza inminente de muerte o lesión grave, o amenazan cometer un delito particularmente grave que implica una grave amenaza para la vida, y aquellas personas que no presentan esa amenaza, y usar la fuerza sólo contra las primeras.[312]
112. Cuando se procura determinar si se ha violado el derecho a la vida protegido en los instrumentos interamericanos de derechos humanos específicamente en el contexto de conflictos armados, también es necesario hacer referencia a las normas correspondientes del derecho internacional humanitario que establecen disposiciones específicas, con base en las cuales se puede determinar si una privación de la vida que se produce durante un conflicto armado fue arbitraria y, por tanto, ilegítima. Dichos estándares son utilizados para distinguir entre civiles y combatientes.[313]
113. En su empeño por eliminar el terrorismo, los Estados con frecuencia han recurrido a la imposición de la pena de muerte como castigo por los delitos relacionados con el terrorismo, lo cual también tiene implicaciones para el derecho a la vida. Independientemente de que esta medida sea impuesta durante tiempo de paz o en situaciones de conflicto armado, hay ciertas restricciones que se aplican en todo momento como protecciones fundamentales y no derogables bajo el derecho internacional de los derechos humanos y/o el derecho internacional humanitario.
114. Primero, ciertas condiciones limitan la capacidad del Estado de someter los delitos relacionados con el terrorismo a la pena capital. Los Estados Partes de la Convención Americana que han abolido la pena de muerte por tales delitos no pueden reimplantarla[314] y los Estados que crean nuevos delitos de terrorismo y que han ratificado la Convención no pueden castigar esos delitos con la pena capital.[315]
115. Segundo, en los casos en que un Estado legítimamente somete los delitos relacionados con el terrorismo a la pena capital, también hay ciertas condiciones que limitan la manera en que se puede aplicar la pena. En particular, sólo puede ser pronunciada una sentencia de muerte de acuerdo con una decisión definitiva a cargo de un tribunal competente y de acuerdo con una ley que establezca ese castigo y que haya sido promulgada con anterioridad a la comisión del delito.[316] Sólo se puede imponer la pena de muerte para los delitos más graves y no puede aplicarse con base en normas de pena obligatoria.[317] Nunca puede aplicarse por delitos políticos o delitos comunes conexos.[318] A este respecto, corresponde señalar que ciertos instrumentos internacionales de antiterrorismo explícitamente estipulan que los delitos de terrorismo definidos en dichos instrumentos no deben considerarse delitos políticos o delitos comunes afines para los efectos de la extradición o la cooperación jurídica mutua.[319]
116. Otras condiciones limitan también la manera en que se puede aplicar la pena de muerte. Específicamente, ciertas características del delincuente, incluida su edad, pueden ser un impedimento absoluto para la aplicación de la pena.[320] Los condenados a muerte tienen derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia.[321] Como se ha sugerido, pueden aplicarse otros requisitos procesales como la notificación a las Potencias protectoras, en base a la lex specialis del derecho internacional humanitario que rige los conflictos armados internacionales.
117. Además, en todo momento, inclusive durante los conflictos armados, la imposición de dicha pena está sujeta a requisitos procesales estrictos y a un riguroso control de las garantías judiciales mínimas de carácter fundamental. En la medida en que estos requisitos protegen el derecho no derogable a la vida y constituyen condiciones previas necesarias para garantizar que la imposición de la pena capital no sea una privación arbitraria de la vida, esas garantías fundamentales son de por sí no derogables de acuerdo con el derecho de los derechos humanos y el derecho humanitario.[322] Estos requisitos incluyen en particular garantías dispuestas por los principios del nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, y non-bis-in-idem, así como la presunción de inocencia, el derecho a no ser condenado por un delito excepto con base en la responsabilidad penal individual y el derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial conforme a las normas internacionales aplicables[323] y establecido previamente por la ley. También incluyen las siguientes garantías procesales a los acusados de delitos que conllevan la pena capital:
el derecho a la notificación detallada y previa de los cargos que se le imputan;
el derecho a disponer de tiempo y medios suficientes para preparar su defensa, lo que necesariamente incluye el derecho a ser asistido por un abogado de su elección o, en el caso de inculpados indigentes, el derecho a la asistencia de un abogado gratuito, cuando ello sea necesario para un juicio justo
el derecho a no ser obligado a prestar testimonio contra sí mismo o a declararse culpable;
el derecho a interrogar a los testigos que se presenten en su contra;
el derecho a obtener la comparecencia e interrogar a los testigos en su nombre en las mismas condiciones que los testigos de cargo;
el derecho al asesoramiento, tras la convicción, acerca de los recursos judiciales o de otra índole y de los plazos para su interposición, incluido el derecho a la apelación ante un tribunal superior.[324]
[300] Caso Neira Alegría, nota 6, supra. Véase también, Informe de la CIDH sobre Colombia (1999), nota 110 supra, página 73, párr. 8.
[301] Caso Neira Alegría, nota 6, supra, párr. 75, refiriéndose al Caso Velásquez Rodríguez, nota 249, supra, párr. 154 y Caso Godínez Cruz, nota 249, supra, párr. 162.
[302] Caso Abella, nota 73 supra, párrs. 158 y 161 (se omitieron notas al pie). Véase también, Informe de la CIDH sobre Colombia (1999), nota 110 supra, pág. 75, párr. 12. Véase también Caso Coard y otros, nota 73 supra, párr. 39.
[303] Véase Meron, The Humanization of Humanitarian Law, nota 189 supra, pág. 272, haciendo referencia a Corte Europea de Derechos Humanos, Ergi c. Turquía, 28 de julio de 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-IV N° 81, párrs. 79, 81, 86, Corte Europea de Derechos Humanos, McCann c. Reino Unido, 27 de septiembre de 1995, Ser. A. 324, párrs. 194, 200, 213 (1995); Caso Hildegard María Feldman, nota 140 supra, 57 y Caso Neira Alegría, nota 6 supra, párrs. 74-76.
[304] Véase supra, Sección I(A), párr. 92.
[305] Artículo 51(5)(b) Protocolo Adicional I, nota 68 supra.
[306] Folleto Nº 110-31 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, International Law-The Conduct of Armed Conflict and Air Operations 1-6, párr.1-3 (a)(2) (1976).
[307] Véase, supra, Sección II(C), párr. 65.
[308] Sin embargo, debe recordarse que, de acuerdo con los principios de humanidad y necesidad, los medios y métodos de guerra empleados durante ataques a combatientes no deben causar un sufrimiento innecesario, ver supra párr. 65 y párr. 100.
[309] Véase, supra, Sección II(C), párr. 66.
[310] Véase, supra, Sección III(A), párr.87.
[311] Véase, supra, Sección II(C), párr. 66.
[312] Véase, supra, Sección III(A), párr. 90.
[313] Informe de la CIDH sobre Colombia (1999), nota 110 supra, pág. 75, Capítulo IV, párr. 12.
[314] Convención Americana sobre Derechos Humanos, nota 61 supra, artículo 4 (3).
[315] Convención Americana sobre Derechos Humanos, nota 61 supra, artículo 4 (2).
[316] Véase la Sección III(D), infra.
[317] Véase Corte IDH, Caso Constantine y Benjamín y otros, nota 272 supra, párrafos 85-118; Caso Michael Edwards y otros, nota 102 supra, párrs. 124-154, 164-165 y 175. Véase también Caso Desmond McKenzie, nota 272 supra, párrs. 194-200.
[318] Véase Convención Americana sobre Derechos Humanos, nota 61 supra, artículo 4(4).
[319] Véase, por ejemplo, Convención Interamericana contra el Terrorismo, nota 8 supra, artículo 11.
[320] Véase, por ejemplo, Convención Americana sobre Derechos Humanos, nota 61 supra, artículo 4(5) que prohiben la ejecución de mujeres grávidas o de personas que en momentos de cometer el delito tuvieran menos de 18 o más de 70 años de edad. Véase también Opinión Consultiva OC-3/83, nota 245 supra, párrs. 53 y siguientes. Véase también Cuarto Convenio de Ginebra, nota 36 supra, artículo 68; Protocolo Adicional I, nota 68 supra, artículos 76, 77; Protocolo Adicional II, nota 36 supra, artículo 6.
[321] Convención Americana sobre Derechos Humanos, nota 61 supra, artículo 4(6). CIDH, Informe de la CIDH sobre Chile (1985), nota 114 supra, pág. 50, párr. 22. Los procedimientos para formular dichas solicitudes deben cumplir con la norma de imparcialidad procesal; véase Caso Desmond McKenzie, nota 272 supra, párrs. 228-232. Ver también el Cuatro Convenio de Ginebra, nota 36 supra, artículo 75.
[322] Véase la Sección III(D) infra, parrs. 247, 248, 259.
[323] Con respecto a las distinciones en las normas sobre imparcialidad e independencia aplicables a civiles y miembros de las fuerzas armadas, véase infra, Sección III(D), párr. 256.
[324] Véase supra, Sección III(A), párrs. 94 y siguientes y parrs. 104 y siguientes.

References: artículo 3
 artículo 4
 Artículo 51
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 11
 artículo 4
 artículo 68
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 75