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Timestamp: 2019-10-18 22:22:23+00:00

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﻿ Sentencia C-621 de agosto 9 de 2012
SENTENCIA C-621 DE 09 DE AGOSTO DE 2012
CONTENIDO:METROLOGÍA LEGAL. DESARROLLO NORMATIVO EN COLOMBIA. DECLARAR EXEQUIBLE LA“CONVENCIÓN PARA CONSTITUIR UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE METROLOGÍA LEGAL”, ”, FIRMADA EN PARÍS, EL 12 DE OCTUBRE DE 1955, MODIFICADA EN 1968 POR ENMIENDA DEL ARTÍCULO XIII CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO XXXIX. Y LA LEY 1514 DE 2012 POR MEDIO DE LA CUAL SE APROBÓ LA CONVENCIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONVENIO INTERNACIONAL, METROLOGÍA LEGAL
Sentencia C-621 de agosto 9 de 2012
Ref.: expediente LAT-382
Revisión de constitucionalidad de la “Convención para constituir una Organización Internacional de Metrología Legal”, y de la Ley 1514 del 6 de febrero de 2012, por medio de la cual fue aprobada.
Bogotá, D.C., nueve de agosto de dos mil doce.
EXTRACTOS: «II. Texto de la norma
La ley objeto de análisis, cuya publicación se efectuó en el Diario Oficial 48.335 del 6 de febrero de 2012, es la siguiente:
“Ley 1514 de 2012
Diario Oficial 48.335 de 6 de febrero de 2012
por medio de la cual se aprueba la “Convención para Constituir una Organización Internacional de Metrología Legal”, firmada en París, el 12 de octubre de 1955, modificada en 1968 por enmienda del artículo XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX.
Visto el texto de la “Convención para Constituir una Organización Internacional de Metrología Legal” firmada en París, el 12 de octubre de 1955, modificada en 1968 por enmienda del artículo XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX, que a la letra dice:
Organisation Internationale de Métrologie Légale International Organization of Legal Metrology Convención para constituir una Organización Internacional de Metrología Legal
Firmada en París, el 12 de octubre 1955
Modificada en 1968 por enmienda del artículo XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX)
Los Estados que participan en la presente convención, deseosos de resolver en el terreno internacional los problemas técnicos y administrativos concernientes al empleo de los instrumentos de medida y conscientes de la importancia de una coordinación de sus esfuerzos para lograrlo, acordarán crear una Organización Internacional de Metrología Legal definida como sigue:
Se constituirá una Organización Internacional de Metrología Legal. Esta Organización tendrá por objeto:
1. Formar un centro de documentación y de información:
— Por una parte, sobre los diferentes servicios nacionales que se encargarán de la verificación y del control de los instrumentos de medida sujetos, o susceptibles de estar sujetos a una reglamentación legal;
— Por otra parte, sobre los citados instrumentos de medida considerados desde el punto de vista de su concepción, construcción y utilización;
2. Traducir y editar los textos de las prescripciones legales referentes a los instrumentos de medida y su utilización vigente en los diferentes Estados, con todos los comentarios basados sobre el derecho constitucional y el derecho administrativo de estos Estados, necesarios para la completa comprensión de estas prescripciones;
3. Determinar los principios generales de la metrología legal;
4. Estudiar, con miras a una unificación de métodos y reglamentos, los problemas de carácter legislativo y reglamentario de metrología legal, cuya solución será de interés internacional;
5. Establecer un proyecto de ley y de reglamentos tipo sobre los instrumentos de medida y su utilización;
6. Elaborar un proyecto de organización material de un servicio piloto de verificación y control de instrumentos de medida;
7. Fijar las características y las cualidades necesarias y suficientes a las cuales deben responder los instrumentos de medida para que sean aprobados por los Estados miembros y para que su empleo pueda ser recomendado en el terreno internacional;
8. Favorecer las relaciones entre los servicios de pesas y medidas u otros servicios encargados de la metrología legal de cada uno de los Estados miembros de la organización.
Serán miembros de la organización los Estados participantes en la presente convención.
La organización comprenderá:
— una Conferencia Internacional de Metrología Legal,
— un Comité Internacional de Metrología Legal,
— una Oficina Internacional de Metrología Legal, que se describirán a continuación.
Conferencia Internacional de Metrología Legal
La conferencia tendrá por objeto:
1. Estudiar los asuntos concernientes a los fines de la organización y tomar todas las decisiones correspondientes;
2. Garantizar la constitución de los organismos directores llamados a realizar los trabajos de la organización.
3. Estudiar y sancionar los informes emitidos como conclusión de sus trabajos por los diversos organismos de metrología legal creados de acuerdo con la presente convención.
Todos los asuntos referentes a la legislación y la administración propias de un Estado particular estarán excluidos de la jurisdicción de la conferencia, salvo petición expresa de este Estado.
Los Estados que participaren en la presente convención formarán parte de la conferencia a título de miembros, y estarán representados en la forma prevista en el artículo VII, y estarán sometidos a las obligaciones definidas por la convención.
Independientemente de los miembros, podrán formar parte de la conferencia, en calidad de enviados especiales:
1. Los Estados o territorios que no pudieren o no desearen en ese momento hacer parte de la convención;
2. Las uniones internacionales que persiguen una actividad conexa a la de la organización.
Los “Enviados especiales” no estarán representados en la conferencia, pero podrán delegar en observadores que tendrán simplemente voz consultativa. No tendrán que pagar las cuotas de los Estados miembros, pero deberán correr con los gastos de prestación de servicios que solicitaren y cancelar la suscripción a las publicaciones de la organización.
Los Estados miembros se comprometerán a proporcionara la conferencia toda la documentación que estuviere en su poder y que, a su manera de ver, pudiere permitir a la organización realizar las tareas que le incumbieren.
Los Estados miembros delegarán, para las reuniones de la conferencia, a representantes oficiales, con un máximo de tres. De ser posible, uno de ellos deberá ser, en su país, un funcionario en activo del servicio de pesas y medidas, o de otro servicio que se encargare de metrología legal.
Uno solo de ellos tendrá derecho de voto.
Estos delegados no tendrán que gozar de “plenos poderes” salvo, a petición del comité, en casos excepcionales y para asuntos bien determinados.
Cada Estado correrá con los gastos relativos a su representación en el seno de la conferencia.
Los miembros del comité que no hubieren sido designados por su gobierno, tendrán derecho de tomar parte en las reuniones con voz consultativa.
La conferencia decidirá sobre las recomendaciones procedentes para una acción común de los Estados miembros en los campos mencionados en el artículo I.
Las decisiones de la conferencia sólo podrán ser aplicables si el número de Estados miembros presentes fuere por lo menos igual a los dos tercios del número total de Estados miembros y si ellas hubieren obtenido como mínimo las cuatro quintas partes de los votos efectivos. El número de votos efectivos deberá ser por lo menos igual a los cuatro quintos del número de Estados miembros presentes.
No se considerarán como votos efectivos, las abstenciones y los votos en blanco o nulos.
Las decisiones serán comunicadas inmediatamente a los Estados miembros para su información, estudio y recomendación.
Estos adquirirán el compromiso moral de poner en aplicación estas decisiones en la medida de lo posible.
Sin embargo, para todo voto concerniente a la organización, gestión, administración, y reglamento interior de la conferencia, del comité, de la oficina y todo asunto análogo, la mayoría absoluta será suficiente para hacer inmediatamente ejecutoria la decisión considerada, si el número mínimo de los miembros y el de los votos efectivos fueren los anteriormente mencionados. El voto del Estado miembro cuyo delegado ocupará la presidencia es decisivo en caso de empate.
La conferencia elegirá en su seno, para el tiempo que dure cada una de sus sesiones, un presidente y dos vicepresidentes, y como asistente, a título de secretario, el director de la oficina.
La conferencia se reunirá por lo menos cada seis años por convocatoria del presidente del comité o, en caso de impedimento, por la del director de la oficina, si este fuere interpelado por una petición procedente por lo menos de la mitad de los miembros del comité.
La conferencia fijará, al final de sus trabajos, el lugar y la fecha de su próxima reunión, o bien delegará al comité para tales efectos.
La lengua oficial de la organización será el francés.
Sin embargo, la conferencia podrá prever el empleo de uno o varios idiomas para los trabajos y los debates.
Comité internacional de metrología legal
Las tareas previstas en el artículo I serán emprendidas y proseguidas por un comité internacional de metrología legal, órgano de trabajo de la conferencia.
El comité estará compuesto por un representante de cada uno de los Estados miembros de la organización.
Estos representantes serán designados por el gobierno de su país. Deberán ser funcionarios activos del servicio que se encarga de los instrumentos de medidas o tener funciones oficiales activas en el campo de la metrología legal.
Cesarán de ser miembros del comité en el momento en que no respondan a las condiciones fijadas en el presente artículo, en cuyo caso los gobiernos interesados deberán designar a sus sustitutos.
Los representantes deberán aportar al comité su experiencia, consejos y trabajos, pero no comprometerán a su gobierno ni a su administración.
Los miembros del comité formarán participarán por derecho en las reuniones de la conferencia, con voz consultativa. Podrá tratarse de uno de los delegados de su gobierno en la conferencia.
El presidente podrá invitar a las reuniones del comité, con voz consultiva, a toda persona cuya participación le pareciere útil.
Las personas físicas que se hubieren destacado en la ciencia o en la industria de la metrología o los antiguos miembros del comité podrán, por decisión del comité, recibir el título de miembro de honor. Podrán asistir a las reuniones con voz consultativa.
El comité elegirá en su seno a un presidente, un primer y segundo vicepresidentes que serán elegidos por un período de seis años y que serán reelegibles. Sin embargo, si su mandato caducara en el intervalo que separa dos sesiones del comité, será automáticamente prorrogado hasta la segunda de estas sesiones.
El director de la oficina será su asistente a título de secretario.
El comité podrá delegar algunas de sus funciones en su presidente. El presidente cumplirá las tareas que le fueren delegadas por el comité y reemplazará a este para la toma de decisiones urgentes.
Llevará estas decisiones a conocimiento de los miembros del comité y dará cuenta de ellas en el menor plazo.
Cuando asuntos de interés común al comité y a organizaciones conexas pudieren ser estudiadas, el presidente representará al comité ante dichas organizaciones.
En caso de ausencia, impedimento, cesación del mandato, dimisión o fallecimiento del presidente, la interinidad será asumida por el primer vicepresidente.
El comité se reunirá por lo menos cada dos años por convocatoria de su presidente o, en caso de impedimento, por la del director de la oficina, si este hubiere sido objeto de una petición procedente, por lo menos, de la mitad de los miembros del comité.
Salvo motivo particular, las sesiones normales tendrán lugar en el país en donde la oficina tuviere su sede.
Sin embargo, podrán celebrarse reuniones de información en el territorio de los diversos Estados miembros.
Los miembros del comité que no pudieren asistir a una reunión, podrán delegar su voto a uno de sus colegas, que será entonces su representante. En este caso, un mismo miembro no podrá acumular con el suyo más de otros dos votos.
Las decisiones sólo serán válidas si el número de los presentes y de los representados será, como mínimo, igual a los tres cuartos del número de las personalidades designadas como miembros del comité y si el proyecto hubiere logrado por lo menos los cuatro quintos de los votos efectivos.
El número de los votos efectivos deberá ser, como mínimo, igual a los cuatro quintos del número de los presentes y representados en la sesión.
No serán considerados votos efectivos las abstenciones y los votos en blanco o nulos.
En el intervalo de las sesiones y para ciertos casos especiales, el comité podrá deliberar por correspondencia.
Las resoluciones tomadas en esta forma sólo serán válidas si todos los miembros del comité hubieren sido requeridos para dar su parecer y si las resoluciones hubieren sido aprobadas por unanimidad de los votos efectivos a condición de que el número de votos efectivos fuere como mínimo igual a los dos tercios del número de los miembros designados.
No serán considerados votos efectivos las abstenciones y los votos en blanco o nulos. La falta de respuesta en los plazos fijados por el presidente será considerada como una abstención.
El comité confiará los estudios especiales, las investigaciones experimentales y los trabajos de laboratorio, a los Servicios competentes de los Estados miembros, tras de haber obtenido previamente su consentimiento formal. Si estas tareas requirieren ciertos gastos, el acuerdo especificará en qué proporción estos gastos estarán a cargo de la organización.
El director de la oficina coordinará y reunirá el conjunto de los trabajos. El comité podrá confiar ciertas tareas, de modo permanente o temporal, a grupos de trabajo o expertos técnicos o jurídicos que trabajaren según modalidades fijadas por este. Si estas tareas requirieren algunas remuneraciones o indemnizaciones el comité fijará las cuantías.
El director de la oficina asumirá el secretariado de estos grupos de trabajo o de estos grupos de expertos.
Oficina internacional de metrología legal
El funcionamiento de la conferencia y del comité será asumido por la oficina internacional de metrología legal, bajo la dirección y el control del comité.
La oficina estará encargada de preparar las reuniones de la conferencia y del comité, de establecer la unión entre los diferentes miembros de estos organismos y de mantener las relaciones con los Estados miembros o con los “Enviados especiales” y sus servicios interesados.
Estará encargado igualmente de la ejecución de los estudios y de los trabajos definidos en el artículo primero así como del establecimiento de las actas de reuniones y de la edición de un boletín que será enviado gratuitamente a los Estados miembros.
Constituirá el centro de documentación e información previsto en el artículo primero. El comité y la oficina asumirán la ejecución de las decisiones de la conferencia.
La oficina no realizará investigaciones experimentales, ni trabajos de laboratorio. Podrá, no obstante, disponer de salas de demostración convenientemente equipadas para estudiar la forma de construcción y de funcionamiento de ciertos aparatos.
La oficina tendrá su sede administrativa en Francia.
El personal de la oficina comprenderá un director y colaboradores nombrados por el comité, así como empleados o agentes a título permanente o temporal contratados por el director.
El personal de la oficina y, si a ello hubiere lugar, los expertos citados en el artículo XVIII, serán retribuidos. Percibirán sueldos o indemnizaciones cuya cuantía será fijada por el comité.
Los estatutos del director, de los colaboradores y de los empleados o agentes serán determinados por el comité, principalmente en lo referente a las condiciones de contratación, trabajo, disciplina y jubilación.
El nombramiento, despido, o la revocación de los agentes y de los empleados de la oficina, serán dictados por el director, salvo en lo referente a los colaboradores designados por el comité, los cuales sólo podrán ser objeto de las mismas medidas por decisión del comité.
El director asumirá el funcionamiento de la oficina bajo el control y las directrices del comité ante el cual será responsable y al cual deberá presentar, en cada sesión ordinaria, un informe de su gestión.
El director percibirá los ingresos, preparará el presupuesto, acordará y ordenará todos los gastos de personal y de material, y administrará los fondos de tesorería.
El director será, por derecho, secretario de la conferencia y del comité.
Los gobiernos de los Estados miembros declararán a la oficina como un establecimiento de utilidad pública, dotada de personería jurídica y que, de una manera general, disfrutará de los privilegios y facilidades comúnmente concedidos a las instituciones intergubernamentales por la legislación vigente en cada uno de los Estados miembros.
Por un período económico igual al intervalo de sus sesiones, la convención decidirá:
— El importe global de los créditos necesarios para cubrir los gastos de funcionamiento de la organización.
— El importe anual de los créditos en reserva para afrontar los gastos extraordinarios obligatorios y asegurar la ejecución del presupuesto en caso de insuficiencia de ingresos.
Los créditos serán cifrados en francos-oro. La paridad entre el franco- oro y el franco francés, será la fijada por el Banco de Francia.
Durante el período financiero, el comité podrá recurrir a los Estados miembros si juzgare necesario un aumento de los créditos para hacer frente a las tareas de la organización o a una variación de las condiciones económicas.
Si al finalizar el período financiero, la conferencia no se hubiere reunido o no hubiere podido deliberar válidamente, el período financiero será prorrogado hasta la sesión válida siguiente. Los créditos primitivamente acordados serán aumentados proporcionalmente al tiempo de duración de esta prórroga.
Durante el período financiero, el comité fijará, dentro del límite de los créditos acordados, la cuantía de los gastos de funcionamiento relativos a ejercicios presupuestarios de duración igual al intervalo de sus sesiones. El comité controlará la inversión de los fondos disponibles.
Si al finalizar el ejercicio presupuestario, el comité no se hubiere reunido o no hubiere podido deliberar válidamente, el presidente y el director de la oficina decidirán sobre la prórroga, hasta la próxima sesión válida, de todo o parte del presupuesto del ejercicio vencido.
El director de la oficina estará autorizado para acordar y regular por sí mismo los gastos de funcionamiento de la organización. No podrá:
— Ordenar gastos extraordinarios.
— Tomar de los créditos de reserva los fondos necesarios para asegurar la ejecución del presupuesto en caso de insuficiencia de ingresos, a menos que hubiere obtenido la autorización del presidente del comité.
Los excedentes presupuestarios serán utilizables durante todo el período financiero.
La gestión presupuestaria del director deberá ser sometida al comité, que hará una verificación en cada una de sus sesiones.
Al final del período financiero, el comité someterá al control de la
conferencia, un balance de gestión.
La conferencia fijará el destino que de los excedentes presupuestarios. El importe de estos excedentes podrá ser deducido de las contribuciones de los Estados miembros o ser añadido a los créditos en reserva.
Los gastos de la organización deberán ser cubiertos:
1. Por una contribución anual de los Estados miembros. El total de las partes contributivas para un período financiero estará determinado por la cuantía de los créditos acordados por la conferencia, teniendo en cuenta una evaluación de los ingresos de los apartados segundo y quinto siguientes. Con miras a la determinación de las partes respectivas, los Estados miembros se repartirán en cuatro clases según la población total de la metrópoli y los territorios que ellos han declarado representar:
Clase 1. — Población inferior o igual a 10 millones de habitantes;
Clase 2. — Población comprendida entre 10 millones exclusive y 40 millones inclusive;
Clase 3. — Población comprendida entre 40 millones exclusive y 100 millones inclusive;
Clase 4. — Población superior a 100 millones.
La cifra de población será redondeada al número entero de millones inferior.
Cuando en un Estado el grado de utilización de los instrumentos de medida fuere claramente inferior al promedio, este Estado podrá solicitar ser incluido en una clase inferior a la que le corresponde por su población.
Según las clases, las partes serán proporcionales a 1, 2, 4, y 8.
La parte contributiva de un Estado miembro se dividirá en partes iguales entre todas las anualidades del período financiero para determinar su contribución anual. Con objeto de constituir desde el principio un volante de seguridad destinado a amortizar las fluctuaciones en la obtención de ingresos, los Estados miembros concederán anticipos sobre sus futuras cuotas anuales. La cuantía de estos anticipos y su duración serán fijadas por la conferencia.
Si al término del período financiero, la conferencia no se hubiere reunido o no hubiere podido deliberar válidamente, las contribuciones anuales serán prorrogadas por el mismo importe hasta una sesión válida de la conferencia;
2. Por el producto de la venta de las publicaciones y el producto de los servicios prestados a los “Enviados especiales”.
3. Por las rentas de la inversión de las sumas que constituyen los fondos de tesorería.
4. Por las cuotas para el período financiero en curso y los derechos de entrada de los nuevos Estados miembros —por las cuotas retroactivas y los derechos de entrada de los Estados miembros reintegrados— por las cuotas atrasadas de los Estados miembros que reanudaren sus aportes luego de haberlas interrumpido;
5. Por subvenciones, suscripciones, donaciones o legados e ingresos diversos.
Para autorizar trabajos especiales, se podrán otorgar auxilios extraordinarios por parte de algunos Estados miembros. Estos no estarán comprendidos en el presupuesto general y serán objeto de cuentas particulares.
Las contribuciones anuales serán establecidas en francos-oro. Serán pagadas en francos franceses o en cualquier divisa convertible. La paridad entre el franco-oro y el franco francés, será la indicada por el Banco de Francia, tomándose en cuenta el cambio aplicable el día del pago.
Serán canceladas a principios de año al director de la oficina.
El comité establecerá un reglamento financiero basado en las prescripciones generales de los artículos XXIV a XXVI anteriores.
Un Estado que se hiciere miembro de la organización en el curso de uno de los períodos previstos en el artículo XXXVI, estará comprometido hasta la expiración de este y estará sometido, desde su adhesión, a las mismas obligaciones que los miembros ya existentes.
Un nuevo Estado miembro se hará copropietario de los bienes de la organización y deberá abonar, por ende, un derecho de entrada fijado por la Conferencia.
Su cotización anual será calculada como si adhiriese el 1º de enero del año siguiente según la del depósito de los instrumentos de adhesión o ratificación. Su pago correspondiente al año en curso será de tantas doceavas partes de su cotización, como de meses que falten por cancelar. Este pago no cambiará las cotizaciones previstas para el año en curso para los otros miembros.
ARTÍCULO XXIX
Todo Estado miembro que no hubiere hecho efectivas sus cotizaciones durante tres años consecutivos, será considerado inmediatamente dimisionario y será borrado de la lista de los Estados miembros.
Sin embargo, la situación de ciertos Estados miembros que se encontraren en un período de dificultad financiera y no pudieren momentáneamente hacer frente a sus obligaciones, será examinada por la conferencia que podrá, en ciertos casos, concederles plazos o reducciones.
La insuficiencia de ingresos resultante de la baja de un Estado miembro estará compensada por una toma de los créditos de reserva constituidos, tal como se indica en el artículo XXIV.
Los Estados miembros voluntariamente dimisionarios y los Estados miembros dimisionarios de oficio, perderán todo derecho de copropiedad sobre la totalidad de los bienes de la organización.
ARTÍCULO XXX
Un Estado miembro voluntariamente dimisionario podrá reintegrarse por simple solicitud. Será entonces considerado un nuevo Estado miembro, pero el derecho de entrada solo será exigible si su dimisión datare de más de cinco años.
Un Estado miembro dimisionario de oficio podrá reintegrarse por simple solicitud, a reserva de la normalización de sus cotizaciones impagadas en el momento en que fuere admitida su baja. Estas cotizaciones retroactivas serán calculadas sobre la base de las cotizaciones de los años anteriores a su reingreso. Será considerado un nuevo Estado miembro, pero el derecho de entrada será calculado teniendo en cuenta, en las proporciones fijadas por la conferencia, sus cotizaciones anteriores.
ARTÍCULO XXXI
En caso de disolución de la organización, el activo será, a reserva de todo acuerdo que pudiere existir entre los Estados miembros que estuvieren en regla en sus cotizaciones a la fecha de la disolución y bajo reserva de los derechos contractuales o adquiridos del personal en actividad de servicio o en retiro, repartido entre los Estados proporcionalmente al total de sus cotizaciones anteriores.
ARTÍCULO XXXII
La presente convención quedará abierta para la firma hasta el 31 de diciembre de 1955 en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Francesa.
Esta será ratificada.
Los instrumentos de ratificación serán depositados en el Gobierno de la República Francesa, que notificará la fecha de este depósito a cada uno de los Estados signatarios.
ARTÍCULO XXXIII
Los Estados que no hubieren firmado la Convención, podrán adherirse a la expiración del plazo previsto por el artículo XXXII.
Los instrumentos de adhesión serán depositados en el Gobierno de la República Francesa que notificará la fecha de este depósito a todos los gobiernos signatarios y adheridos.
ARTÍCULO XXXIV
La presente convención entrará en vigor treinta días después del depósito del decimosexto instrumento de ratificación o adhesión.
Esta entrará en vigor, para cada Estado que la ratificare o se adhiriera después de esta fecha, treinta días después del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión.
El Gobierno de la República Francesa notificará a cada una de las partes contratantes la fecha de entrada en vigor de la convención.
ARTÍCULO XXXV
Todo Estado podrá, en el momento de la firma, de la ratificación o en cualquier otro momento, declarar, por notificación dirigida al Gobierno de la República Francesa, que la presente convención es aplicable a todo o parte de los territorios que representa en el terreno internacional.
La presente convención se aplicará al territorio o a los territorios designados en la notificación después de los treinta días siguientes a la fecha en la que el Gobierno de la República francesa hubiere recibido la notificación.
El Gobierno de la República francesa transmitirá esta notificación a los otros gobiernos.
ARTÍCULO XXXVI
La presente convención se acordará por un período de doce años a partir de su primera entrada en vigor.
Queda, por lo tanto, en vigor para un período de seis años y así sucesivamente entre las partes contratantes que no la hubieren denunciado, por lo menos seis meses antes de la expiración del término.
La denuncia se hará por notificación escrita dirigida al Gobierno de la República Francesa que avisará de ello a las Partes contratantes.
ARTÍCULO XXXVII
La organización podrá ser disuelta por decisión de la conferencia, siempre que los delegados estén, en el momento del voto, provistos de “plenos poderes” para tal efecto.
ARTÍCULO XXXVIII
Si el número de participantes en la presente convención fuere inferior a dieciséis, la conferencia podrá consultar a los Estados miembros sobre el hecho de saber si ha lugar a considerar la convención como caducada.
ARTÍCULO XXXIX
La conferencia podrá recomendar a las Partes contratantes algunas enmiendas a la presente convención.
Toda Parte contratante que aceptare una enmienda notificará por escrito su aceptación al Gobierno de la República Francesa, que avisará a las otras Partes contratantes el recibo de la notificación de aceptación.
Una enmienda entrará en vigor tres meses después de que las notificaciones de aceptación de todas las Partes contratantes hubieren sido recibidas por el Gobierno de la República Francesa. Cuando una enmienda hubiere sido así aceptada por todas las Partes contratantes, el Gobierno de la República Francesa lo avisará a todas las otras Partes contratantes así como a los gobiernos signatarios dándoles a conocer la fecha de su entrada en vigor.
Después de la entrada en vigor de una enmienda, ningún gobierno podrá ratificar la presente convención o adherirse a ella sin aceptar igualmente esta enmienda.
ARTÍCULO XL
La presente convención será redactada en lengua francesa, en un solo original que quedará depositado en los archivos del Gobierno de la República Francesa, que entregará copias autenticadas a todos los gobiernos signatarios y adheridos.
Se firma en París el 12 de octubre de 1955.
Modificada en enero 1968 por enmienda del artículo XIII.
Rama Ejecutiva del poder público Presidencia de la República
Bogotá, D.C., 12 de marzo de 2009.
Autorizado. Sométase a consideración del honorable Congreso de la
República para los efectos constitucionales.
ART. 1º—Apruébesela “Convención para constituir una Organización Internacional de Metrología Legal” firmada en París, el 12 de octubre de 1955, modificada en 1968 por enmienda del artículo XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, la “Convención para constituir una Organización Internacional de Metrología Legal”, firmada en París, el 12 de octubre de 1955, modificada en 1968 por enmienda del artículo XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. Dada en Bogotá, D. C., a
Presentado al honorable Congreso de la República por el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo.
ART. 1º—Apruébese la “Convención para constituir una Organización Internacional de Metrología Legal” firmada en París, el 12 de octubre de 1955, modificada en 1968 por enmienda del artículo XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX.
ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. El presidente del honorable Senado de la República,
República de Colombia - Gobierno Nacional. Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 6 de febrero de 2012.
Sergio Díaz-Granados Guida”.
V. Consideraciones de la Corte Constitucional y fundamentos de la decisión
1. Naturaleza del control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 241-10 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para revisar este instrumento internacional y su ley aprobatoria. El control de constitucionalidad que realiza esta corporación es completo, automático, y versa tanto sobre el contenido material del acuerdo bajo estudio y de su ley aprobatoria, como sobre la concordancia entre su trámite legislativo y las normas constitucionales.
En relación con el aspecto formal corresponde a la Corte examinar dos aspectos: de una parte, la validez de la representación del Estado colombiano durante el proceso de negociación, celebración y suscripción del tratado, y de otra, la observancia de las reglas del trámite legislativo que precedieron a la aprobación de la ley objeto de análisis.
Al respecto, esta corporación tiene en cuenta que la Constitución Política no dispone de un procedimiento legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de un tratado internacional. Por este motivo, este tipo de instrumentos debe seguir, en términos generales, el mismo trámite que una ley ordinaria. Desde esta perspectiva se requiere, en razón del trámite ordinario: (i) la publicación oficial del proyecto de ley; (ii) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional correspondiente del Senado de la República (C.P., art. 154); (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las cámaras (C.P., art. 157); (iv) que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (C.P., art. 160); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; (vi) la votación nominal y pública en cada una de las células legislativas, salvo cuando se trata de votación unánime, y (vii) la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes (C.P., art. 241-10).
Sin embargo, lo anterior no obsta para que se cumplan las siguientes previsiones constitucionales (i) iniciación del debate en el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (C.P., art. 154); y (ii) remisión de la ley aprobada a la Corte Constitucional, por parte del gobierno, para efectos de su revisión definitiva (C.P., art. 241-10).
Por último, frente los aspectos de fondo, la labor de la Corte consiste en confrontar las disposiciones del instrumento internacional sujeto a análisis y las de su ley aprobatoria con los preceptos constitucionales, a fin de determinar si se ajustan o no a la Carta Política.
De acuerdo con este marco de análisis, la Sala asume a continuación el estudio del tratado.
2. La revisión del aspecto formal.
2.1. Representación del Estado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante comunicación del 6 de marzo de 2012(1), firmada por la coordinadora del grupo interno de trabajo de tratados de la dirección de asuntos jurídicos internacionales, informó a esta corporación que una vez revisado el archivo de esa entidad y el portal de la sección de tratados del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Francesa, depositario de la Convención para constituir una Organización Internacional de Metrología Legal, “se constató que la República de Colombia no suscribió la precitada Convención, por lo que sólo le es posible adherirse a la misma, de conformidad con lo previsto en sus artículos XXXII y XXXIII (...). Como corolario de lo anterior, no fue necesaria la expedición de plenos poderes (...)”. Agregó que “es preciso señalar que el entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez impartió la respetiva aprobación ejecutiva con el fin de someter la convención en comento a consideración del Congreso, el día 12 de marzo de 2009”.
Pues bien, de conformidad con los artículos XXXII y XXXIII de la “Convención para constituir una Organización Internacional de Metrología Legal, firmada en París, el 12 de octubre de 1955, modificada en 1968 por la enmienda XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX”, la misma quedó abierta para su firma hasta el 31 de diciembre de 1955 en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Francesa, fecha hasta la cual podía ser ratificada. Una vez pasada tal fecha, los Estados que no la hubiesen firmado pueden adherirse a ella depositando los instrumentos correspondientes ante el Gobierno de la República Francesa. Quiere ello decir que en el presente caso, la República de Colombia ya no puede suscribir esa convención, sino que únicamente procede la manifestación de su consentimiento para obligarse en virtud de la adhesión.
Precisamente, siguiendo los artículos 15(2) y 16(3) de la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” del año 1969, en el caso de las adhesiones a instrumentos internacionales no se requiere la expedición de plenos poderes, sino que basta que el tratado disponga que un Estado pueda manifestar su consentimiento para obligarse con la adhesión, caso en el cual la misma se concreta con su depósito en poder del depositario, es decir, cuando la República de Colombia deposite el documento de adhesión ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Francesa.
Ahora, lo que adquiere relevancia para el caso es que el 12 de marzo de 2009, el entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, dio autorización para que la convención bajo estudio fuera sometida a consideración del Congreso de la República, para que una vez se surta el trámite de aprobación interna, se proceda a expedir el instrumento de adhesión y se cumpla con el correspondiente depósito en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Francesa. De conformidad con el artículo XXXIV de la precitada convención, la misma entra en vigor para el Estado que se adhiere, 30 días después de su depósito.
Por consiguiente, en el caso del instrumento internacional que se revisa, la autorización administrativa por parte el Presidente de la República corresponde al inicio del trámite interno, para que una vez el mismo finalice, decida conforme a las facultades que le otorga la Carta para dirigir las relaciones internacionales (art. 189-2 superior), si efectivamente se adhiere a la Convención manifestando su pleno consentimiento para obligar al Estado.
2.2. Examen del trámite de la Ley 1514 de 2012 ante el Congreso de la República.
Con fundamento en los antecedentes legislativos, las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de la República y las certificaciones remitidas a la Corte Constitucional por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, esta Corporación estableció que el proyecto de ley radicado bajo los números 63 de 2010 Senado y 262 de 2011 Cámara, que finalizó con la expedición de la Ley 1514 de 2012 “por medio de la cual se aprueba la ‘Convención para constituir una Organización Internacional de Metrología Legal’, firmada en París, el 12 de octubre de 1955, modificada en 1968 por enmienda del Artículo XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX”, surtió el siguiente trámite:
2.2.1. Trámite en el Senado de la República.
2.2.1.1. El proyecto de ley correspondiente a la aprobación de la “Convención para constituir una Organización de Metrología Legal”, firmada en París, el 12 de octubre de 1955, modificada en 1968 por enmienda del artículo XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX, fue presentado al Senado de la República el 3 de agosto de 2010, por el Ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez Merizalde, y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata Páez. El texto del proyecto de ley y la respectiva exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso 483 del 3 de agosto de 2010(4). Entonces, tanto el inicio del trámite legislativo en el Senado de la República como la presentación del proyecto de ley por parte del Gobierno Nacional, satisfacen los requisitos constitucionales para iniciar el trámite de una ley aprobatoria de tratado.
2.2.1.2. La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada por el senador Édgar Espíndola Niño y fue publicada en la Gaceta del Congreso 703 del 28 de septiembre de 2010(5).
2.2.1.3. El proyecto de Ley 63 de 2010 fue anunciado por el Secretario de la Comisión Segunda del Senado, en cinco oportunidades así:
La primera, el 29 de septiembre de 2010, según consta en el Acta 12 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 170 del 8 de abril de 2011, en los siguientes términos:
“El señor presidente Guillermo García Realpe solicita al señor Secretario:
Sírvase anunciar proyectos de ley, incluyendo en el estado que está, el que fue objeto de ponencia del senador Carlos Barriga, el tema del tratado con la República Popular China, en el estado en que está.
El señor secretario Diego Alejandro González González:
Realiza el anuncio, discusión y votación de proyectos de ley, para el próximo miércoles 6 de octubre.
— Proyecto de Ley 63 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba la Convención para constituir una Organización Internacional de Metrología Legal, firmada en París, el 12 de octubre de 1955, modificada en 1968 por enmienda del artículo XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX.
Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo.
Ponente: honorable Senador Édgar Espíndola Niño.
Publicaciones: Texto del proyecto de ley, Gaceta del Congreso 483 de 2010.
Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso 703 de 2010.
El señor presidente Guillermo García Realpe:
Muchas gracias señores senadores y senadoras, entonces mañana a las 7 de la mañana en CATAN.
Se levanta la sesión”(6).
La segunda, el 13 de octubre de 2010, según consta en el Acta 14(7) de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 171 del 8 de abril de 2011, en los siguientes términos:
“El señor presidente, senador Guillermo García Realpe, informa:
No habiendo quórum para decidir, se posterga el punto relacionado con la lectura y aprobación de actas. Por lo tanto, señor secretario, sírvase dar curso al numeral 3º del orden del día; anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la siguiente sesión. En la siguiente sesión de análisis de proyectos es para el día miércoles, anunciemos para la próxima sesión; vamos a confirmar lo del debate, si no se hace estudio de proyectos los martes.
El señor Secretario procede con el anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión de la Comisión Segunda del Senado:
3. Proyecto de Ley 63 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba la Convención para Constituir una Organización Internacional de Metrología Legal, firmada en París, el 12 de octubre de 1955, modificada en 1968 por enmienda del artículo XIII, conforme a las disposiciones del artículo XXXIX.
Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo. Ponente: honorable Senador Édgar Espíndola Niño.
Publicaciones: Texto del proyecto de ley: Gaceta de Congreso 483 de 2010.
Se levanta la sesión”(8).
La tercera, el 19 de octubre de 2010, según consta en el Acta 15 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 171 del 8 de abril de 2011, en los siguientes términos:
“El señor secretario Diego Alejandro González González, da el anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión:
3. Proyecto de Ley 63 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba la Convención para Constituir una Organización Internacional de Metrología Legal, firmada en París, el 12 de octubre de 1955, modificada en 1968 por enmienda del artículo XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX.
Ponente: honorable senador Edgar Espíndola Niño.
Publicaciones: Texto del proyecto de ley: Gaceta del Congreso 483 de 2010.
Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso: 703 de 2010.
Están anunciados los proyectos de ley señor presidente, para la discusión y votación en la próxima sesión.
El señor presidente de la comisión, senador Guillermo García Realpe, informa que se levanta la sesión, se convoca para el día de mañana a las 10:00 a.m., de no haber sesión de la comisión por efectos de la plenaria, continuamos la próxima sesión con el debate y la discusión de proyectos el día siguiente del debate. El debate se confirmará con la disponibilidad de la televisión institucional. Gracias por su asistencia.
Se levanta la sesión”(9).
La cuarta, el 26 de octubre de 2010, según consta en el Acta 16 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 171 del 8 de abril de 2011, en los siguientes términos:
“El señor presidente, senador Guillermo García Realpe, manifiesta:
(...) Anuncie proyectos para la próxima sesión para sesionar el día de mañana.
El señor secretario procede con el anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión de comisión:
2. Proyecto de Ley 63 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba la “Convención para constituir una Organización Internacional de Metrología Legal”, firmada en París, el 12 de octubre de 1955, modificada en 1968 por enmienda del artículo XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX.
Texto del proyecto de ley: Gaceta 483 de 2010.
Ponencia primer debate: Gaceta 703 de 2010.
El señor presidente, Guillermo García Realpe:
Levanta la sesión y convoca para el día de mañana miércoles a las 10:00 a. m. para tramitar proyectos de ley (...)”(10).
Y la quinta, el 27 de octubre de 2010, según consta en el Acta 17 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 172 del 8 de abril de 2011, en los siguientes términos:
“El señor presidente Guillermo García Realpe, manifiesta:
Déjenme anunciar por favor los proyectos para la próxima sesión, seguimos interviniendo. Señor secretario sírvase anunciar los proyectos para la próxima sesión del próximo día martes 10:00 a.m.
El señor secretario Diego Alejandro González González, realiza el anuncio de discusión y votación de proyectos de ley, para la próxima sesión de la comisión:
Se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes a las 10:00 a.m. Muchas gracias.
Se levanta la sesión”(11).
2.2.1.4. De acuerdo con la certificación suscrita por el secretario de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República(12), el proyecto de ley fue aprobado en primer debate el 2 de noviembre de 2010, según consta en el Acta 18 de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso 172 de 2011(13), con un quórum deliberatorio y decisorio integrado por 8 de los 13 senadores que conforman esa comisión, quienes votaron de forma pública y nominal. En dicha gaceta, sobre el tema se refiere lo siguiente:
El presidente, senador Guillermo García Realpe, solicita al secretario se sirva leer el articulado del proyecto de ley.
El secretario da lectura al articulado del proyecto de ley:
Texto propuesto para primer debate al Proyecto de Ley 63 de 2010 Senado
por medio de la cual se aprueba la “Convención para constituir una Organización Internacional de Metrología Legal”, firmada en París, el 12 de octubre de 1955, modificada en 1968 por enmienda del artículo XIII, conforme a las disposiciones del artículo XXXIX.
ART. 1º—Apruébese la “Convención para constituir una Organización Internacional de Metrología Legal”, firmada en París, el 12 de octubre de 1955, modificada en 1968 por enmienda del artículo XIII, conforme a las disposiciones del artículo XXXIX.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, la “Convención para constituir una Organización Internacional de Metrología Legal”, firmada en París, el 12 de octubre de 1955, modificada en 1968 por enmienda del artículo XIII, conforme a las disposiciones del artículo XXXIX.
Que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
Firma: honorable senador Édgar Espíndola Niño.
Está leído el articulado del proyecto de ley, señor presidente.
El señor presidente, senador Guillermo García, solicita a la secretaría llamar a lista a los honorables senadores para la votación y aprobación del articulado del respectivo proyecto, en bloque, con el título y el tránsito para el segundo debate.
El secretario, doctor Diego González González, procede con el llamado a lista de los honorables senadores, para la respectiva votación:
Avirama Avirama Marcos Aníbal Vota Sí
Barriga Peñaranda Carlos Emiro Vota Sí
Benedetti Villaneda Armando
Chavarro Cuéllar Carlos Ramiro
Espíndola Niño Édgar Vota Sí
García Realpe Guillermo Vota Sí
Gómez Román Édgar Alfonso
Lozano Ramírez Juan Francisco Vota Sí
Motoa Solarte Carlos Fernando Vota Sí
Paredes Aguirre Miryam Alicia Vota Sí
Romero Galeano Camilo Vota Sí
Virgüez Piraquive Manuel Antonio
Para informarle al señor presidente, que han contestado afirmativamente ocho (8) honorables senadores. En consecuencia, ha sido aprobado en bloque el Proyecto de Ley 63 de 2010.
El señor presidente designa como ponente para el segundo debate en la plenaria del Senado al senador Édgar Espíndola, en razón a su conocimiento y manejo del tema”(14).
2.2.1.5. La ponencia para segundo debate fue presentada por el senador Edgar Espíndola Niño, y publicada en la Gaceta del Congreso 262 del 13 de mayo de 2011(15).
2.2.1.6. Según certificación expedida el 5 de marzo de 2012 por el secretario general del Senado de la República(16) Emilio Otero Dajud, el proyecto de ley fue anunciado para su discusión y aprobación en segundo debate en la sesión del 24 de mayo de 2011, según consta en el Acta de Plenaria 56 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 469 del 30 de junio de 2011. En el texto de la referida acta el anuncio se realizó de la siguiente forma:
“Por instrucciones de la presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo 1 de 2003, por secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
(...) Los proyectos para la próxima sesión son los siguientes:
Proyectos en segundo debate: (...)
Proyecto de Ley 63 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba la “Convención para constituir una Organización Internacional de Metrología Legal”, firmada en París, el 12 de octubre de 1955, modificada en 1968 por enmienda del artículo XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX.
(...) Todos estos proyectos están debidamente publicados en la Gaceta del Congreso, señor presidente, están leídos y anunciados los proyectos para la próxima sesión.
Siendo las 8:00 p. m., la presidencia levanta la sesión y convoca para el día martes 31 de mayo de 2011, a las 3:00 p. m.”(17).
2.2.1.7. Según la certificación referida en el numeral anterior, el proyecto de ley fue considerado en segundo debate el 31 de mayo de 2011 con un quórum deliberatorio y decisorio de 98 senadores del total que conforman la plenaria (4 senadores tenían excusa) y aprobado por todos los asistentes como consta en el Acta 57 de la misma fecha publicada en la Gaceta del Congreso 470 del 30 de junio de 2011(18).
2.2.1.8. De acuerdo con la certificación expedida el 5 de marzo de 2012 por el secretario general del Senado de la República(19) Emilio Otero Dajud, el texto definitivo del Proyecto de Ley 63 de 2010 Senado, aprobado en la plenaria del 31 de mayo de 2011, fue publicado en la Gaceta del Congreso 425 del 14 de junio de 2011(20). Concretamente, en el texto de dicha Gaceta del Congreso se indicó lo siguiente:
“Texto aprobado en sesión plenaria al Proyecto de Ley 63 de 2010 Senado.
ART. 1º—Apruébese la “Convención para constituir una Organización Internacional de Metrología Legal”, firmada en París el 12 de octubre de 1955, modificada en 1968 por enmienda del artículo XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, la “Convención para constituir una Organización Internacional de Metrología Legal”, firmada en París el 12 de octubre de 1955, modificada en 1968 por enmienda del artículo XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en sesión Plenaria del Senado de la República el 31 de mayo de 2011, al Proyecto de Ley 63 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba la “Convención para constituir una Organización Internacional de Metrología Legal”, firmada en París, el 12 de octubre de 1955, modificada en 1968 por enmienda del artículo XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX, y de esta manera continúe su trámite legal y reglamentario en la honorable Cámara de Representantes.
Édgar Espíndola Niño,
El presente texto fue aprobado en plenaria de Senado el 31 de mayo de 2011 sin modificaciones.
Emilio Otero Dajud”.
2.2.2 Trámite en la Cámara de Representantes.
2.2.2.1. Radicado el proyecto de ley en la Cámara de Representantes con el número 262 de 2011, se le repartió a la Comisión Segunda Constitucional Permanente, siendo designado como ponente el Representante a la Cámara, Carlos Eduardo León Celis. El informe de ponenciafuepublicado en la Gaceta del Congreso 762 del 10 de octubre de 2011(21).
2.2.2.2. De acuerdo con la certificación allegada a esta corporación, el 21 de marzo de 2012(22), por la secretaría de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el proyecto fue anunciado en sesión del 18 de octubre de 2011, según el Acta 10 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 1011 del 23 de diciembre de 2011. Según el texto de la referida acta, el anuncio se realizó de la siguiente forma:
“Cuarto. Anuncio de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto legislativo 1 de 2003, proyectos que serán debatidos y votados en la próxima sesión de comisión donde haya aprobación de proyectos de ley.
Primero. Proyecto de Ley 262 de 2011 Cámara-63 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba la Convención para Constituir una Organización Internacional de Meteorología(sic) Legal, firmado en París el 12 de octubre de 1995, modificada en 1968 por enmienda del artículo 13, conforme a las disposiciones del artículo 39.
Autor: Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Jaime Bermúdez Merizalde.
Ponencia primer debate Cámara: Gaceta del Congreso 762 de 2011.
(...) Hace uso de la palabra el presidente de la Comisión Segunda, doctor Juan Carlos Sánchez Franco:
Agotado el orden del día y citamos para el día miércoles 3 de noviembre a las 10:00 de la mañana.
Pero hay un debate el 2 de noviembre del doctor Iván Cepeda. Entonces se cita para el 3 de noviembre.
Se levanta la sesión a las 10:31 a. m.”(23).
2.2.2.3. El 16 de noviembre de 2011, se llevó a cabo la siguiente sesión para debatir y aprobar proyectos de ley en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, según Acta 11 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 100 del 23 de marzo de 2012(24). En efecto, en la misma certificación a la que se hizo referencia en el numeral anterior, la secretaria de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes hizo constar que, de acuerdo con el Acta 11 del 16 de noviembre de 2011, al proyecto de ley bajo estudio:
“(...) Se le dio primer debate y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria de acuerdo a la Ley 1431 de 2011, (...) en los siguientes términos con la presencia de 14 honorables representantes:
Leída la proposición con que termina el informe de ponencia y escuchadas las explicaciones del ponente, Carlos Eduardo León Celis, se sometió a consideración y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria.
Sometido a consideración, el articulado del proyecto, publicado en la gaceta 762 de 2011, se aprobó por unanimidad en votación ordinaria.
Leído el título del proyecto, sometido a consideración se aprobó por unanimidad en votación ordinaria.
Preguntada la comisión si quiere que el proyecto sea ley de la República, se aprobó por unanimidad en votación ordinaria”(25).
Ahora bien, importa señalar que de acuerdo con la referida acta, antes de entrar a considerar los proyectos de ley que serían discutidos y votados el 16 de noviembre de 2011, la secretaría general de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes precisó lo siguiente:
“Cuarto. Discusión y aprobación de proyectos de ley en primer debate, anunciados en sesión del día martes 18 de octubre como consta, perdón la redundancia, en la constancia de anuncios secretariales del mes de octubre”(26).
2.2.2.4. Para segundo debate la ponencia fue presentada por el representante Carlos Eduardo León Celis, y fue publicada en la Gaceta del Congreso 942 del 6 de diciembre de 2011(27).
2.2.2.5. El anuncio del Proyecto de Ley 262 de 2011 Cámara, se realizó en la sesión del 13 de diciembre de 2010, según consta en el Acta 107 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 62 de 12 de marzo de 2012, en los siguientes términos:
“Anunciamos los proyectos
Proyectos para segundo debate
Proyecto de Ley 262 de 2011 Cámara-63 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba la Convención para constituir una Organización Internacional de Meteorología(sic) Legal, firmada en París el 12 de octubre de 1995, modificada en 1968 por enmienda del artículo 13, conforme a las disposiciones del artículo 39.
Señor presidente, se han anunciado los proyectos para la sesión plenaria del día miércoles 14 de diciembre del 2011 o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos, de acuerdo al Acto Legislativo 1 de julio 3 del 2003, en su artículo 8º.
Dirección de la sesión por la presidencia doctor Simón Gaviria Muñoz:
Se anuncia que se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 9:00 de la mañana”(28).
2.2.2.6. Según certificación expedida por el secretario general de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley fue considerado y aprobado por unanimidad en votación ordinaria el 14 de diciembre de 2011 con asistencia de 92 representantes del total que conforman la plenaria(29), como lo acredita el Acta 108 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 94 del 14 de diciembre de 2011(30).
2.2.3 Cumplimiento de los límites temporales para tramitar el proyecto de ley.
La Corte ha precisado que la expresión del artículo 162 de la Constitución según la cual “Ningún proyecto podrá ser considerado en más de dos legislaturas”, debe entenderse en el sentido de que el Congreso cuenta con cuatro períodos de sesiones ordinarias para llevar a cabo los debates requeridos para la formación de la ley(31).
En este caso se observa que, luego de radicado el proyecto de ley el 3 de agosto de 2010, se surtió el primer debate en el Senado el 2 de noviembre de 2010, y el último debate en plenaria de Cámara se llevó a cabo el 14 de diciembre de 2011. Esto, permite afirmar que el proyecto inició y finalizó su trámite sin exceder dos legislaturas, comprendidas entre el 20 de julio de 2010 y el 20 de junio de 2011, y el 20 de julio de 2011 y el 20 de junio de 2012. Por lo tanto, se cumplió a cabalidad con el mencionado requisito constitucional pues el Proyecto de Ley 63 de 2010 Senado, 262 de 2011 Cámara fue aprobado en dos legislaturas.
2.2.4 Cumplimiento de los requisitos derivados del artículo 160 de la Constitución.
De acuerdo con el primer inciso del artículo 160 de la Constitución, entre el primer y segundo debate deben transcurrir por lo menos ocho días, y entre la aprobación del proyecto en una Cámara y la iniciación del debate en la otra, debe mediar un término no inferior a 15 días.
En el presente caso se tiene que el primer debate en el Senado tuvo lugar el 2 de noviembre de 2010 y la aprobación en plenaria se llevó a cabo el 31 de mayo de 2011, es decir, que transcurrieron más de cinco meses entre los debates realizados por el Senado de la República. Igualmente, entre el tercer y cuarto debate en la Cámara de Representantes mediaron más de ocho días, puesto que el primero de ellos se celebró el 16 de noviembre de 2011, y la plenaria se llevó a cabo el 14 de diciembre de 2011. Además, entre la aprobación del proyecto en el Senado, realizada el 31 de mayo de 2011, y la iniciación del debate en la Cámara de Representantes, efectuada el 18 de octubre de 2011, corrió un lapso superior a quince días.
En cuanto al inciso final del artículo 160 de la Constitución Política, es preciso revisar la cadena de anuncios con el propósito de verificar que el proyecto de ley haya sido anunciado en una sesión distinta a aquella en la cual se votó. Para tal efecto, diseñamos el siguiente cuadro:
En Senado El anuncio para el primer debate se produjo los días 29/09/10, 13/10/10, 19/10/10, 26/10/10 y 27/10/10, y la aprobación se llevó a cabo el 02/11/10; ver supra 2.2.1.3.
El anuncio para el segundo debate se produjo el 24/05/11 y la aprobación se llevó a cabo el 31/05/11; ver supra 2.2.1.6.
En Cámara El anuncio para el primer debate se produjo el 18/10/2011 y la aprobación se llevó a cabo el 16/11/11; ver supra 2.2.2.2.
El anuncio para el segundo debate se produjo el 13/12/11 y la aprobación se llevó a cabo el 14/12/11; ver supra 2.2.2.5
2.2.5. Descrito de manera detallada el trámite surtido en el Congreso de la República, esta corporación considera necesario pronunciarse sobre el reproche de constitucionalidad hecho por la Procuraduría General de la Nación a la ley bajo examen, en relación con el cumplimiento en este caso de la obligación del anuncio previo, consignada en el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, que adicionó el artículo 160 de la Constitución Política.
Los reproches de la vista fiscal se centran en que (i) la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes anunció para primer debate el Proyecto de Ley 262 de 2011 en sesión del 18 de octubre de ese mismo año, bajo la frase de que el mismo sería votado “en la próxima sesión de comisión donde haya aprobación de proyectos de ley”, convocatoria que en su sentir no precisa cuál sería la sesión, ni brinda un parámetro objetivo o razonable para determinarla; (ii) que la discusión y votación del proyecto de ley 262 de 2011 Cámara, tuvo lugar hasta el 16 de noviembre de 2011, es decir, casi un mes después de haber sido anunciado; y, (iii) que esa imprecisión en el anuncio configura un vicio subsanable del trámite legislativo, por lo cual solicita la devolución de la Ley 1514 de 2012 al Congreso de la República.
Pues bien, para el análisis de los argumentos expuestos por la Procuraduría General de la Nación, conviene indicar que el artículo 8º de la Acto Legislativo 1 de 2003 instituye que “ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de la cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”.
Según establece la jurisprudencia constitucional, y lo recordó recientemente la Sala Plena de esta corporación en la Sentencia C-051 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), este precepto tiene como objetivo y finalidad, “permitir que los congresistas sean advertidos con antelación acerca de las iniciativas que serán sometidas a votación. Es por ello que se acredita este requisito del trámite legislativo cuando la fecha para la que se efectúa el anuncio de votación es determinada o determinable. De lo que se trata es que el proyecto de ley no sea aprobado en una sesión sorpresiva, que no fuese anunciada con antelación y mediana precisión a los miembros de la instancia legislativa correspondiente”. Y es que, el objetivo del anuncio ha sido descrito por este tribunal, a partir de la relación estrecha con la eficacia del principio democrático. En ese sentido, con el anuncio se busca que los congresistas sean informados con la debida anticipación sobre qué iniciativas legislativas se someterán a su consideración, evitándose con ello que sean sorprendidos con una votación no anunciada e intempestiva, para la cual no estaban preparados. A esto es lo que la Corte ha denominado “un mecanismo de racionalidad en el trámite legislativo”(32), habida cuenta que se requiere de un proceso de racionalidad mínima en el trabajo legislativo y de transparencia para que el resultado de creación de una ley refleje un debate serio y preparado por parte de los congresistas.
Ahora bien, el requisito del anuncio lleva implícito unos presupuestos básicos que deben ser tenidos en cuenta por el Congreso de la República y luego verificados por el órgano de control constitucional. Tales presupuestos fueron recientemente resumidos por la Sala Plena en la Sentencia C-199 de 2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), de la siguiente forma: “(i) que se anuncie la votación del proyecto en cada uno de los debates reglamentarios; (ii) que el anuncio lo haga la presidencia de la Cámara o de la respectiva comisión en una sesión diferente y previa a aquella en la cual debe realizarse la votación del proyecto; (iii) que la fecha de la votación sea cierta, determinada o, en su defecto, determinable; y (iv) que el proyecto no sea votado en sesión distinta a la anunciada previamente”(33).
En torno a los citados presupuestos, la jurisprudencia constitucional ha fijado unas reglas objetivas de valoración, dirigidas a que la aplicación y el juzgamiento del requisito del anuncio, sean el resultado de un proceso lógico y racional que permita interpretar el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003 y los objetivos que con él se buscan. Tales reglas se resumen así:
— “El anuncio no tiene que hacerse a través de una determinada fórmula sacramental o de cierta expresión lingüística, en razón a que la Constitución no prevé el uso de una locución específica para cumplir el mandato constitucional.
— Es posible considerar cumplido el requisito de anuncio, cuando del contexto de los debates surgen elementos de juicio que permiten deducir que la intención de las mesas directivas ha sido la de anunciar la votación de ciertos proyectos para una sesión posterior.
— El anuncio debe permitir determinar la sesión futura en la cual va a tener lugar la votación del proyecto de ley en trámite, de manera que sólo la imposibilidad para establecer la sesión en que habría de tener ocurrencia dicho procedimiento, hacen de aquél un anuncio no determinado ni determinable, y, en consecuencia, contrario al requisito previsto en el artículo 160 de la Carta. Para definir lo que debe entenderse por la expresión “determinable”, la corporación ha señalado que expresiones como: “para la siguiente sesión” o “en la próxima sesión”, permiten entender que sí fue definida la fecha y la sesión en la cual el proyecto de ley debe ser votado, con lo cual se considera cumplido el requisito del aviso.
— En los casos en que la votación de un proyecto se aplaza indefinidamente, de forma tal que no tiene lugar en la sesión inicial para la cual fue anunciada, las mesas directivas deben continuar con la cadena de anuncios, es decir, están obligadas a reiterar el anuncio de votación en cada una de las sesiones que antecedan a aquella en que efectivamente se lleve a cabo la votación del proyecto”(34).
En cuanto a estas reglas objetivas de valoración del anuncio previo a la votación, resulta importante destacar lo decidido por esta Corporación en las sentencias C-011 de 2010, C-305 de 2010, C-051 de 2012 y C-199 de 2012. El común denominador de tales sentencias es que este tribunal avaló los anuncios realizados para un día determinado o determinable aun cuando en dicha fecha no se hubiere celebrado la sesión, siempre que fuera verificable, mediante el consecutivo de actas, que en la siguiente reunión de la plenaria o de la comisión se continúo la cadena de anuncios o se votó el proyecto anunciado.
En la primera de las sentencias antedichas, esto es, la C-011 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), este tribunal estudió la constitucionalidad de la Ley 1278 de 5 de enero de 2009(35), y concluyó mayoritariamente que era admisible desde el punto de vista constitucional el anuncio realizado tanto por la Comisión Segunda del Senado de la República como por la plenaria de esa célula legislativa, estableciendo un día determinado, sin que en esa fecha hubiere tenido lugar la sesión correspondiente, situación que en sí misma no rompía la cadena de anuncios. Lo anterior por cuando se utilizó la formula de la “próxima sesión”, lo que permitía verificar, mediante el consecutivo de actas, que efectivamente en la siguiente sesión de la comisión o la plenaria, el proyecto de ley había sido considerado.
En concreto, la sentencia aludida advirtió: “Así las cosas, encuentra la Sala Plena que en el trámite legislativo en el Senado (a) el anuncio lo hicieron tanto el secretario de la comisión como de la plenaria, por instrucciones de las respectivas presidencias; (b) en ambos casos se señaló expresamente para qué asunto estaban siendo convocados los congresistas. Además, según ha señalado esta Corporación, (c) el anuncio para la votación de un proyecto de ley, debe hacerse para una sesión posterior a aquella en la que se hace el anuncio, siempre y cuando se convoque para (...) una fecha futura prefijada y determinada, o por lo menos, determinable”. En el caso bajo estudio, la Comisión Segunda del Senado señaló las fechas en las cuales tendría lugar la votación del Proyecto de Ley 145 de 2007 Senado, por lo cual, tanto para los miembros de la Comisión Segunda del Senado, como para los integrantes de la plenaria, siempre fue claro cuándo sería discutido y votado el proyecto, porque a pesar de que en algunas sesiones se convocó para una fecha determinada, también se mantuvo la fórmula de la “próxima sesión” en cada uno de los anuncios, de tal manera que los senadores siempre tuvieron certeza suficiente acerca del momento en que se llevarían a cabo las discusiones y las votaciones del proyecto, que en últimas es lo que se protege con la exigencia del anuncio. En ese orden de ideas, (d) no se rompió la cadena de anuncios, desde la fecha del primer anuncio hasta la fecha en que fue discutido y aprobado el proyecto de ley”.
En la segunda sentencia en mención, es decir la C-305 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), la Corte revisó la constitucionalidad de la Ley 1347 del 31 de julio de 2009(36) y se pronunció específicamente frente a un vicio en la cadena de anuncios que detectó la vista fiscal, quien adujo que el proyecto de ley fue anunciado el 30 de septiembre de 2008 para ser debatido y votado en la sesión que se llevaría a cabo el 1º de octubre de 2008 por la Comisión Segunda del Senado, sin embargo en esa fecha la comisión no se reunió sino que la siguiente sesión se llevó a cabo el 7 de octubre de 2008. En esta última sesión, el mismo proyecto de ley fue anunciado “para mañana”, pero el 8 de octubre de esa anualidad la Comisión Segunda del Senado tampoco se reunió, sino que lo hizo hasta el 14 de octubre de 2008, fecha en la cual el proyecto de ley fue nuevamente anunciado para ser discutido y aprobado en sesión futura.
Sobre el punto, por unanimidad esta corporación sostuvo que “en tanto, no existe una fórmula sacramental para cumplir con lo ordenado por el inciso final del artículo 160 de la Constitución Política, el empleo de los términos “anunciar” y “anuncios”, así como el contexto en que aparecen inscritos los términos permite inferir que se trata de dar a conocer en sesión previa, a los parlamentarios, los proyectos que serán discutidos y eventualmente aprobados en la siguiente sesión. Si bien la convocatoria se hace expresamente, en dos oportunidades, para “mañana”, lo cierto es que del consecutivo de actas se puede deducir que entre la sesión celebrada el 30 de septiembre de 2008 y la llevada a cabo el 7 de octubre de 2008, la Comisión Primera (sic) del Senado no sesionó. De ahí que cobre relevancia la expresión utilizada por el secretario, en el sentido de que: “están hechos los anuncios de los proyectos de ley, en forma reglamentaria, para la próxima sesión de la Comisión Segunda del Senado” (negrillas fuera del texto original)”. En idéntico sentido se pronunció el tribunal frente al anuncio hecho el 7 de octubre de 2008 para la sesión del 8 de octubre del mismo año, la cual no se realizó.
Y después concluyó que “(...) el hecho de señalar una fecha determinada para la realización de una sesión parlamentaria sin que está tenga lugar en ese día, no rompe la cadena de anuncios siempre que, como en este caso, se pueda verificar, de una parte, que se utilizaron expresiones relacionadas con la “próxima sesión”, y de otra, que no se celebró ninguna sesión entre la que realizó el anuncio y la que retomó el asunto con un nuevo anuncio o con el debate del proyecto”. De esta forma indicó que el trámite de ese proyecto de ley cumplió con las exigencias del artículo 160 de la Constitución.
En la tercera sentencia en cita, esto es, la C-051 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), este tribunal estudió la constitucionalidad de la Ley 1457 del 29 de junio de 2011(37), y concluyó que no se presentó ningún vicio en el trámite legislativo del proyecto de ley porque el anuncio surtido el 5 de abril de 2011 en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, se hizo a partir de dos criterios: (i) para una fecha determinada, a través de la expresión “... el próximo martes de la semana entrante...” lo que correspondía al 12 de abril de 2011; y, (ii) para una fecha determinable, mediante la fórmula de que el anuncio era efectuado “para la próxima sesión que haya aprobación de proyectos de ley”.
Concretamente, señaló la Corte por unanimidad que “(...) la aprobación de la iniciativa en tercer debate tuvo lugar el 26 de abril de 2011, fecha que si bien no corresponde a la determinada en la sesión en que se hizo el anuncio, se trata de la siguiente reunión de la Comisión Segunda de la Cámara, como lo demuestra el consecutivo de las actas, lo cual sirve de prueba para acreditar que se estaba ante la “siguiente sesión” a la que se hizo referencia en la reunión del 5 de abril de 2011. Ha indicado la jurisprudencia constitucional que la función del anuncio previo de que trata el artículo 160 Constitución Política no es el cumplimiento de una simple ritualidad, sino que está dirigida, entre otros objetivos, a permitir que los congresistas sean advertidos con antelación acerca de las iniciativas que serán sometidas a votación. Es por ello que se acredita este requisito del trámite legislativo cuando la fecha para la que se efectúa el anuncio de votación es determinada o determinable”
Más adelante, la misma sentencia indicó que “(...) no existe duda que la votación del proyecto de ley tuvo lugar en la “siguiente sesión” a aquella en que se realizó el anuncio. De esta manera, los congresistas conocían con suficiente precisión la sesión en que se llevaría a cabo la votación, al margen de la falta de concordancia con la fecha determinada del 12 de abril de 2011, en la cual, debe advertirse, no se efectuó sesión alguna de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes”. En consecuencia, la Sala Plena concluyó que el requisito de anuncio previo estaba acreditado suficientemente en cada una de las etapas del procedimiento legislativo que dio lugar a la Ley 1457 de 2011.
Y en la última sentencia referida, es decir la C-199 de 2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), la Corte revisó la constitucionalidad de la Ley 1462 de 2011(38) y encontró cumplido el requisito del anuncio en los términos que establece el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, para lo cual adujo que en el tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, si bien el anuncio se realizó el 3 de mayo de 2011 empleando las expresiones “Anuncios de proyectos de ley para discusión y aprobación”, no lo es menos que como el proyecto de ley se debatió y votó en la siguiente sesión del 4 de mayo de 2011, “(...) la fecha de la votación resulta claramente determinable al haberse utilizado la expresión ‘para la próxima sesión que haya discusión de proyectos de ley”. En ese sentido, la Sala Plena de esta corporación avaló el uso de dicha expresión como un anuncio con fecha determinable a partir de la siguiente sesión en la cual se discutan proyectos de ley, previo conocimiento de los congresistas para que no sean sorprendidos con la discusión y aprobación de un proyecto de ley. Agregó que un criterio para tener en cuenta si la fecha en verdad es determinable, es el consecutivo de actas de la correspondiente célula legislativa.
A la luz del anterior recuento jurisprudencial sobre el anuncio previo para un día determinado o determinable, la Sala sostiene, a título de síntesis, que (i) el objeto del anuncio es que los congresistas sean informados con la debida antelación sobre qué proyectos de ley serán sometidos a su consideración, para que cuenten con tiempo para adelantar el proceso de racionalidad mínima del trabajo legislativo y no sean sorprendidos con una votación intempestiva para la cual no estaban preparados; (ii) a partir de la lectura del artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, la Corte ha definido cuatro presupuestos básicos que deben ser tenidos en cuenta al momento de efectuar el anuncio, los cuales también son objeto de verificación por parte del órgano de control constitucional. Entre ellos, cabe destacar que el anuncio debe contener una fecha determinada o determinable en la cual se realizará la discusión y la votación del proyecto de ley; (iii) la regla objetiva de valoración para establecer si la fecha del anuncio es determinable, admite el uso de expresiones como “para la siguiente sesión” o “en la próxima sesión”, las cuales en efecto permiten entender que sí fue definida la fecha y la sesión en la cual el proyecto de ley debe ser votado, con lo cual se satisface el requisito del anuncio ante la inexistencia de una fórmula sacramental para su cumplimiento; (iv) la jurisprudencia constitucional ha avalado los anuncios realizados para un día determinado o determinable aun cuando en dicha fecha no se hubiere celebrado la sesión, siempre que sea verificable por ejemplo mediante el consecutivo de actas, que en la siguiente reunión de la correspondiente célula legislativo se continúo con la cadena de anuncios o se votó el proyecto anunciado previamente; y, (v) esta corporación ha permitido el empleo de la frase “para la próxima sesión que haya aprobación de proyectos de ley” como una fecha determinable del anuncio, siempre que en la siguiente sesión que se discutan proyectos de ley los congresistas manifiesten su conocimiento del mismo para efectuar la discusión y la votación sin que sean sorprendidos. Para ello, es necesario valorar las actas de sesión.
Aterrizando las anteriores premisas al caso objeto de estudio, y concretamente a los argumentos expuestos por la vista fiscal, la Sala Plena observa que el anuncio surtido en la sesión del 18 de octubre de 2011 en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, se ajusta a los preceptos constitucionales porque se realizó a partir de dos criterios: (i) para una fecha determinada, ya que el presidente de dicha comisión indicó que “(...) citamos para el día miércoles 3 de noviembre a las 10 a.m.”, fecha cierta que también fue recordada al final de esa sesión por la secretaria general de la Comisión Segunda de la Cámara; y, (ii) para una fecha determinable, mediante el empleo de la frase “proyectos de ley que serán debatidos y votados en la próxima sesión de comisión donde haya aprobación de proyectos de ley”. Lo anterior quedó registrado en el Acta 10 del 18 de octubre de 2011 correspondiente a la Comisión Segunda de la Cámara, la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso 1011 del 23 de diciembre de 2011.
Ahora bien, la Sala Plena pudo verificar que el 3 de noviembre de 2011, la Comisión Segunda de la Cámara no sesionó y que la siguiente reunión la hicieron hasta el 16 de noviembre de 2011, fecha en la cual se discutió y aprobó sin objeción alguna por parte de los parlamentario integrantes de dicha comisión, el Proyecto de Ley 262 de 2011 Cámara, que después dio origen a la Ley 1514 de 2012. Esta sesión quedó registrada en el Acta 11 de 2011, la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso 100 del 23 de marzo de 2012.
Entonces, si bien la fecha de aprobación de la iniciativa en tercer debate no corresponde a la determinada en la sesión en que se hizo el anuncio, si permite inferir a partir del consecutivo de actas, que corresponde a la siguiente sesión de discusión y votación de proyectos de ley conforme se anunció previamente en la reunión del 18 de octubre de 2011. Es más, en el Acta 11 del 16 de noviembre de 2011, se observa que antes de entrar a considerar los proyectos de ley que serían discutidos y votados en esa oportunidad, la secretaría general de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes precisó que correspondían a los proyectos de ley que fueron anunciados en la sesión del 18 de octubre de 2011, como se había informado a los representantes a través de los avisos secretariales (parámetro objetivo y razonable), situación que no mereció reparo alguno por parte de los parlamentarios integrantes de esa comisión, con lo cual se demuestra que conocían de antemano que el Proyecto de Ley 262 de 2011 iba a ser trabajado y que no fueron sorprendidos con una votación intempestiva, razones suficientes para ver cumplido el objetivo central del anuncio previo. Nótese que una fórmula de decisión similar fue utilizada por la Corte en la Sentencia C-051 de 2012, la cual contó con el apoyo del pleno de esta corporación.
En consecuencia, la Sala considera que el requisito del anuncio previo surtido en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, está acreditado suficientemente en el proceso legislativo que dio lugar a la Ley 1514 de 2012 y, por ende, no son de recibo los argumentos expuestos por la Procuraduría General de la Nación para solicitar la devolución del expediente al Congreso de la República.
2.2.6. Otro punto del trámite legislativo de la Ley 1514 de 2012 que merece especial pronunciamiento por parte de la Sala Plena, es el relativo a la aprobación del proyecto de ley en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes y en la plenaria de esa misma corporación, “por unanimidad en votación ordinaria”.
De acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Política, modificado por el artículo 5º del Acto Legislativo 1 de 2009, por regla general el voto de los congresistas debe ser nominal y público, excepto en los casos que determine la ley. Esta regla general, como lo ha explicado la Corte, “se justifica en el propósito del Constituyente derivado de 2009 de fortalecer el sistema de partidos e imponer mayores niveles de razonabilidad y transparencia al trabajo legislativo”(39).
Ahora bien, mediante la expedición de la Ley 1431 de 2011, el legislativo procedió a regular las excepciones a la antedicha regla general. Es así que el artículo 1º de esa ley, que modifica el artículo 129 del reglamento del Congreso (L. 5ª/92), en su numeral 16 contempla taxativamente que en el trámite de un proyecto de ley no se requiere votación nominal y pública cuando existe unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros. Quiere ello decir que, en el trámite legislativo de un proyecto de ley, si al momento de llevarse a cabo la votación del mismo en determinada célula legislativa, existe acuerdo entre todos los parlamentarios presentes para aprobar o hundir el proyecto sometido a su consideración, es viable optar por el método de votación ordinaria por unanimidad(40).
De la transcripción de los debates y las votaciones surtidas en la Comisión Segunda y en la plenaria de la Cámara de Representantes (Actas 11 del 16 de noviembre de 2011 y 108 del 14 de diciembre de 2011, respectivamente), la Sala pudo constatar que en el trámite del proyecto de ley, éste fue aprobado por unanimidad, lo que permite la configuración de la hipótesis prevista en el numeral 16 del artículo 1º de la Ley 1431 de 2011, es decir que las votaciones en estos casos no tienen que ser nominales y públicas, teniendo en cuenta que: (i) al ponerse en consideración de los miembros de la comisión y de la plenaria los informes de ponencia y abrirse la discusión, no se presentó ninguna oposición; (ii) el articulado del proyecto de ley fue aprobado en bloque; (iii) ninguno de los miembros presentes solicitó que se efectuase votación nominal y pública; y por lo anterior, (iv) no se desconocieron los derechos de las minorías.
Habiéndose constatado lo anterior, la Corte observa que el trámite del proyecto de ley cumplió con las exigencias constitucionales y legales en materia de votaciones para su aprobación.
2.3. Sanción presidencial y remisión a la Corte Constitucional.
El 6 de febrero de 2012, el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del instrumento internacional objeto de examen, convirtiéndose en la Ley 1514 de 2012. Esta ley fue remitida para su estudio a la Corte Constitucional el 7 de febrero de 2012, a través de oficio suscrito por la secretaria jurídica de la presidencia(41) y recibido en esta corporación el 8 de febrero de 2011; esto es, dentro del término de seis días dispuesto por el artículo 241-10 de la Constitución.
Una vez descrito el procedimiento que surtió el proyecto de ley, la Corte concluye que la norma de la referencia es exequible desde su aspecto formal, pues resultan acreditados los requisitos propios del trámite de las leyes ordinarias. Así, superada esta primera etapa del estudio de constitucionalidad, la Corte procederá a realizar el análisis de fondo del instrumento internacional.
3. Análisis sustancial de constitucionalidad de la Ley 1514 de 2012.
Mediante la Ley 1514 de 2012 se aprueba la “Convención para constituir una Organización Internacional de Meteorología(sic) Legal”, firmada en París el 12 de octubre de 1995, modificada en 1968 por enmienda del artículo 13, conforme a las disposiciones del artículo 39”. En términos generales, la finalidad de este instrumento internacional es la creación de una organización internacional encargada de recoger estándares internacionales de control metrológico a nivel legislativo, administrativo y técnico, en procura de solidificar las pautas de calidad comercial y de proteger la vida y la salud de los destinatarios finales de los productos, así como el medio ambiente, facilitando además el comercio internacional. Tales estándares deben ser adoptados por los países que detentan la condición de Estados miembros, razón por la cual por medio de la ley aprobatoria de la convención, Colombia pretende adherirse para hacer parte de la Organización Internacional de Metrología Legal.
3.1. Composición y estructura normativa de la “Convención para constituir una Organización Internacional de Meteorología(sic) Legal”, firmada en París el 12 de octubre de 1995, modificada en 1968 por enmienda del artículo 13, conforme a las disposiciones del artículo 39.
El instrumento internacional objeto de examen está compuesto por un preámbulo y cuarenta (XL) artículos, cuyas disposiciones normativas están distribuidas de la siguiente manera:
El preámbulo describe el deseo de los Estados que participan en la convención, de resolver en el plano internacional los problemas técnicos y administrativos relacionados con el empleo de los instrumentos de medidas, y establece como consciencia colectiva la importancia de una coordinación de esfuerzos tendientes a superar tales problemas. Así, revela como solución acordada, la creación de una Organización Internacional de Metrología Legal.
El artículo I dispone la creación de una Organización Internacional de Metrología Legal, la cual tiene por objeto “formar un centro de documentación y de información” sobre los diferentes servicios nacionales que se encargan de supervisar los instrumentos de medida y sobre la concepción, construcción y utilización de tales instrumentos. Además, “traducir y editar los textos de prescripciones legales referentes a los instrumentos de medida” para facilitar la comprensión de su vigencia y funcionamiento en los Estados, y establecer los principios generales de la metrología legal con el fin unificar los métodos y reglamentos legislativos sobre la materia. Igualmente, dicha organización pretende establecer un proyecto de ley o reglamento tipo sobre los instrumentos de medida, sus características y utilización, para que sirvan de parámetro en cada uno de los Estados miembros de la misma.
El artículo II y III señalan que los Estados participantes en esta convención son los miembros de la Organización Internacional de Metrología Legal, la cual se encuentra conformada por (i) una Conferencia internacional de metrología legal; (ii) un Comité internacional de metrología legal; y, (iii) una Oficina Internacional de Metrología Legal.
Los artículos IV al XI se refieren a la Conferencia Internacional de Metrología Legal. Concretamente, el artículo IV señala como objeto de la misma “estudiar los asuntos concernientes a los fines de la organización”, “garantizar la constitución de los organismos directores llamados a realizar los trabajos de la organización” y “estudiar y sancionar los informes emitidos como conclusión de sus trabajos por los diversos organismos de metrología legal” creados por la convención. El artículo V indica quienes forman parte de la conferencia, para lo cual precisa que son miembros de la misma los Estados que participan en la convención y aquellos que tengan la calidad de “enviados especiales”, es decir, los Estados o territorios que no pueden o no deseen hacer parte de la convención y las uniones internacionales que persiguen fines similares a la metrología legal. De acuerdo con el artículo VI, los Estados miembros adquieren el compromiso de suministrar a la conferencia toda la documentación que estuviere en su poder y que, a su manera de ver, pudiere permitir a la organización realizar las tareas que le incumben. Es bueno advertir que el Estado colombiano contaría con la potestad discrecional para determinar qué información envía a la OIML.
Por su parte, el artículo VII hace referencia a que cada Estado miembro debe delegar para las sesiones de la conferencia, un máximo de tres representantes oficiales, de los cuales por lo menos uno debe ser funcionario activo del servicio de pesas y medidas o de la entidad equivalente que se encargue de la metrología legal en el país; sin embargo, aclara que solo uno de ellos tendrá derecho de voto y que por regla general los delegados no tienen la necesidad de gozar de plenos poderes, salvo en aquellos casos determinados que el comité indique.
El artículo VIII señala que la Conferencia Internacional de Metrología Legal es la encargada de decidir sobre “las recomendaciones procedentes para una acción común de los Estados miembros en los campos mencionados en el artículo I”. También indica que las decisiones de la conferencia sólo podrán ser aplicadas si el número de Estados miembros presentes representan por lo menos 2/3 del número total de miembros, y si tales decisiones obtuvieron como mínimo 4/5 partes de los votos de los miembros presentes. Una vez la recomendación es emitida por la conferencia, la misma es comunicada al Estado miembro, el cual tiene un “compromiso moral” de hacerla cumplir en su país. La parte final de este artículo dispone que cuando la votación verse sobre la organización, gestión, administración y reglamento interno de alguna de las entidades que crea esta convención, la mayoría absoluta es suficiente para hacer inmediatamente ejecutoria la decisión.
Los artículos IX a XI hacen referencia a que la conferencia elegirá para cada sesión un presidente y dos vicepresidentes, así como un secretario que de preferencia será el director de la Oficina Internacional de Metrología Legal. La conferencia se reunirá por lo menos cada 6 años previa convocatoria y al final de sus trabajos fijará el lugar y fecha de la próxima reunión, o podrá delegar esa decisión en el Comité Internacional de Metrología Legal. También determina que el lenguaje oficial de la organización es el francés, pero que la conferencia puede emplear uno o varios idiomas para los trabajos y debates.
Los artículos XII al XVIII describen y se relacionan con el Comité Internacional de Metrología Legal. El artículo XII se refiere a las tareas del comité como órgano de trabajo de la conferencia. A su vez, el artículo XIII señala que el comité está compuesto por un representante designado por cada uno de los Estados miembros de la organización, el cual debe cumplir con la calidad de ser un funcionario activo del servicio que se encarga en el país de los instrumentos de medidas o de la metrología legal. Estos representantes participan en la conferencia y allí tienen voz consultiva, sin que ello comprometa a sus gobiernos. Ese mismo artículo también refiere a la posibilidad que tiene el presidente para invitar a las reuniones del comité, a toda persona que considere útil, la cual contará con voz consultiva. Por su parte, el artículo XIV señala que las personas reconocidas en el campo de la metrología legal y los ex miembros del comité, podrán recibir un título como miembros de honor que les habilita la voz consultiva ante la organización.
El artículo XV dispone que el comité elegirá a un presidente y a dos vicepresidentes para un período de 6 años y habilita el que puedan ser reelegidos. Así mismo, señala que el director de la Oficina Internacional de Metrología Legal será el secretario del comité y establece las funciones del presidente del comité.
Los artículos XVI y XVII se refieren a las reuniones del comité cada dos años previa convocatoria realizada por su presidente, a la sede de las reuniones ordinarias será el país donde funcione la Oficina Internacional de Metrología Legal, a las reuniones de información las cuales pueden celebrarse en el territorio de cualquiera de los Estados miembros, y a la posibilidad de los miembros del comité de delegar su voto a un colega cuando no puedan asistir a una reunión. También establecen que las decisiones del comité sólo serán válidas si cuentan con el apoyo mínimo de las 3/4 de las personalidades designas en el comité y si el proyecto hubiere logrado por lo menos los 4/5 de los votos efectivos.
El artículo XVIII señala que el comité puede confiar los estudios especiales, las investigaciones experimentales y los trabajos de laboratorio, a los servicios de metrología legal de los Estados miembros, caso en el cual, si se requieren gastos, en el acuerdo establecerá en qué proporción los asume. La función de coordinación y agrupación de los diferentes trabajos, la asigna al director de la Oficina Internacional de Metrología Legal.
Los artículos XIX a XXII indican que el funcionamiento de la conferencia y del comité será asumido por la Oficina Internacional de Metrología Legal, la cual tienen dentro de sus funciones constituir el centro de documentación e información al cual hace referencia el artículo I de la convención y la de asumir la ejecución de las decisiones de la conferencia de la mano con el comité. También establecen la sede administrativa de la oficina en Francia y la estructura, contratación y forma de remuneración del personal de la misma. Precisan que el director de la oficina se encuentra bajo las directrices del comité ante el cual es responsable, por lo cual debe rendir en cada sesión ordinaria de éste, un informe de gestión sobre su labor. Por su parte, el artículo XXIII dispone que los Estados miembros declararan a la oficina como “un establecimiento de utilidad pública, dotada de personería jurídica y que, de una manera general, disfrutará de los privilegios y facilidades comúnmente concedidos a las Instituciones intergubernamentales por la legislación vigente en cada uno de los Estados miembros”.
De otro lado, los artículos XXIV al XXXI consagran las disposiciones financieras de la convención. Puntualmente, el artículo XXIV establece que el período económico de la organización, es igual al intervalo de sus sesiones, y que por ende ésta decidirá sobre “el importe global de los créditos necesarios para cubrir los gastos de funcionamiento de la organización” y sobre “el importe anual de los créditos de reserva para afrontar los gastos extraordinarios obligatorios y asegurar la ejecución del presupuesto en caso de insuficiencia de ingresos”. Igualmente, dispone que durante el período financiero, en caso de un aumento de los créditos o de una variación económica, el comité podrá recurrir a los Estados miembros para obtener financiación en procura de cumplir con las tareas asignadas. Por su parte, el artículo XXV señala que el director de la oficina goza de autorización para acordar o regular los gastos de funcionamiento de la organización, pero establece dos limitaciones frente a la disposición presupuestal. El mismo artículo también regula el procedimiento que se deben seguir con los excedentes presupuestales del período financiero. El artículo XXVI indica que los gastos de la organización deben ser cubiertos por una contribución anual de los Estados miembros de acuerdo con su población total, por el producto de la venta de publicaciones y servicios prestados a los enviados especiales, por las rentas de la inversión de las sumas que componen los fondos de tesorería, por las cuotas atrasadas o de los Estados miembros nuevos, y por donaciones, entre otras. También indica el procedimiento para fijar las contribuciones anuales y la forma de su pago ante el director de la oficina. Los artículos XXVII y XXVIII se refieren a la obligación del comité de establecer el reglamento financiero de la organización y a que los nuevos Estados miembros asumen las mismas obligaciones financieras que los ya participantes, al punto que desde su adhesión se consideran copropietarios de los bienes de la organización.
El artículo XXIX instituye como sanción a los Estados miembros que incurran en mora de pagar sus cotizaciones anuales durante tres años consecutivos, el ser retirados y borrados de la lista de los Estados miembros de la organización; sin embargo, si el Estado moroso se encuentra en una crisis económica, se fija un procedimiento para que su caso sea analizado por la conferencia con miras a concederle un plazo.
Los artículos XXX y XXXI se refieren a la posibilidad de reintegro de los Estados miembros que se hayan retirado voluntariamente o de oficio ante el no pago de sus contribuciones anuales, y describen la situación de distribución del activo entre los Estados proporcionalmente a sus cotizaciones en caso de disolución de la organización.
Finalmente, los artículos XXXII al XL señalan las disposiciones generales que rigen la convención. Así, los artículos XXXII y XXXIII regulan los temas de ratificaciones y adhesiones a la presente convención. El artículo XXXIV define las condiciones de entrada en vigor de la misma, señalando que para aquellos Estados que se adhieran, la convención producirá efectos 30 días después del depósito del correspondiente instrumento de adhesión. El artículo XXXV indica que todo Estado, al momento de firmar, ratificar o adherirse a la convención, debe declarar si es aplicable a todo o parte del territorio que representa. El artículo XXXVI instituye que la convención tiene una vigencia de 12 años a partir de su primera entrada en vigor, y después de 6 años sucesivos salvo que un Estado la denuncie por lo menos 6 meses antes de la expiración del término. Este artículo también regula el procedimiento para que se surta la denuncia de la convención.
El artículo XXXVII indica que la organización podrá ser disuelta por la decisión de los representantes de la conferencia, siempre que éstos reporten plenos poderes para asumir tal decisión. Por su parte, el artículo XXXVIII indica que si el número de participantes en la convención fuese menos de 16 miembros, la conferencia podrá consultar a los Estados la posibilidad de declararla caduca. El artículo XXXIX establece la posibilidad y el procedimiento para hacer enmiendas a la convención, y el artículo XL señala que el original de la convención fue redactado en francés y que se encuentra depositado en los archivos del Gobierno de la República de Francia.
Revisado el articulado de la convención bajo estudio, la Corte seguidamente realizará un breve contexto sobre la metrología legal y la normatividad que rige la materia en nuestro país, para luego confrontar los fines principales de aquella con la Constitución Política de 1991.
3.2. Breve contexto sobre la metrología legal, su desarrollo normativo en Colombia y los beneficios que reporta para el país.
3.2.1. En línea de principio, para abordar el tema, se debe partir por afirmar que la metrología es la ciencia y técnica que tiene por objeto el estudio de los sistemas de pesos y medidas, y la determinación de todos los aspectos teóricos y prácticos referidos a la medición de todas las magnitudes físicas. Esta ciencia es un elemento indispensable para avanzar hacia la producción de bienes de alto valor agregado y para garantizar que el aparato productivo de cualquier país esté en capacidad de realizar procesos que cumplan con parámetros precisos que aseguren el máximo de calidad(42).
El tema de la metrología se desarrolla principalmente en tres áreas, a saber: la metrología científica, la industrial y la legal. Por ser ésta última la que ocupa en esta oportunidad la atención de la Sala, profundizaremos en ella. Así, siguiendo de cerca las definiciones trazadas por la Organización Internacional de Metrología Legal(43) y por la Superintendencia de Industria y Comercio de nuestro país(44), se entiende por metrología legal toda aquella actividad para la que se prescriben requisitos legales, técnicos y administrativos sobre mediciones, unidades de medida, instrumentos y métodos de medida, con el fin de asegurar la garantía pública desde el punto de vista de la seguridad, la salud, la economía, el medio ambiente y de la exactitud conveniente de las mediciones.
Precisamente, la metrología legal comprende aspectos tales como(45): (i) la uniformidad de medidas y unidades, para facilitar el comercio y garantizar el control de las autoridades; (ii) la garantía del intercambio justo de mercancías, con parámetros de medición iguales; (iii) las verificaciones de patrones propios de esta área; (iv) el aseguramiento de la calidad en la medición en el momento de la ocurrencia de una transacción comercial; y, (v) garantizar la confiabilidad de las mediciones en las relaciones de consumo y en la toma de decisiones oficiales aplicables. Así mismo, aquella área de la metrología resulta importante porque el Estado necesita contar con los instrumentos necesarios para hacer efectivos y proteger los derechos de los consumidores, porque es fundamental en el mejoramiento de la calidad, productividad, competitividad y estandarización de los procesos y productos, y porque al contar con un control metrológico ajustado a las pautas internacionales, se facilita el trabajo de las autoridades de control de productos en nuestro país, tornándolo creíble y confiable en el exterior.
3.2.2. En materia de metrología legal el máximo foro internacional es la Organización Internacional de Metrología Legal “OIML”, que es una organización intergubernamental instituida por la convención bajo estudio y constituida por los Estados miembros y por los miembros observadores, desde el año 1955. El objeto central de la misma es promover la armonización mundial de los procedimientos de metrología legal, desarrollando una estructura técnica que proporcione a los miembros directrices metrológicas para elaborar requisitos nacionales y regionales relacionados con la fabricación y el uso de instrumentos de medida.
A través de tal convención se regula la estructura orgánica de la OIML y su operatividad en el campo de la metrología legal, siendo éste un punto importante para Colombia porque a partir de las recomendaciones y la adopción de los más estrictos estándares trazados por la OIML en materia de control de mediciones, puede normalizar las pautas de los productos nacionales con el fin de obtener beneficios en el comercio en general y en las relaciones de consumo. Dos de los sistemas desarrollados por la organización son, de un lado, el sistema básico de certificación OIML para instrumentos de medida que se creó en el año 1991, y del otro, el Acuerdo de aceptación mutual (MAA) relacionado con las evaluaciones de modelo OIML y que busca incrementar la confianza mutua entre los Estados miembros frente a los procesos, la aprobación de modelo y las mediciones de los productos.
3.2.3. En Colombia, el subsistema nacional de la calidad(46) está compuesto, entre otras, por la actividad de la metrología, que desarrolla la uniformidad de las medidas y la credibilidad en la exactitud de las mismas. De ahí surge la importancia para nuestro país de participar en foros internacionales como el de la OIML, para que adquiera una estandarización y un reconocimiento internacional en la materia.
Precisamente, en procura de solidificar dicho subsistema, con la expedición del Decreto 4886 de 2011(47), en sus artículos 1-47 y 1-55, se le otorgó a la Superintendencia de Industria y Comercio las funciones de organizar e instruir la forma cómo funcionará la metrología legal en Colombia, y de expedir la reglamentación para la operación de la metrología legal(48). Así mismo, el artículo 2-4 del mismo decreto, creó dentro de la estructura orgánica de dicha superintendencia, un despacho delegado para el control y la verificación de reglamentos técnicos y metrología legal, el cual además de tener en cuenta los parámetros reglamentados por el Estado para proteger al consumidor, debe apropiar como suyos los estándares internacionales fijados por los foros que desarrollan disposiciones jurídicas, técnicas y administrativas en materia de metrología legal.
Por consiguiente, la adhesión de Colombia a la convención que se analiza, permite que tales disposiciones recogidas en recomendaciones de la OIML, sean parte de nuestro sistema de calidad, otorgando al país un reconocimiento internacional de sus instrumentos de medición y de los resultados producidos, lo que ubica a Colombia en un nivel de competencia técnica que resulta acorde con los artículos 6-3 y 9º de la Ley 170 de 1994(49), en virtud de los cuales, como un claro lineamiento de la Organización Mundial del Comercio, se adquirió el compromiso que institucionalizar los sistemas internacionales de evaluación de la conformidad y de calidad confiable, para superar los obstáculos técnicos al comercio.
Adicionalmente, ceñirse a los estándares internacionales en materia de metrología legal reporta como importancia que (i) los productos sean examinados para garantizar que cumplan los reglamentos de seguridad de protección contra características peligrosas; (ii) a los productos se les haga una medición cuantitativa para brindarle seguridad y confianza al consumidor; y, (iii) se fomenta la normalización de los productos y de sus características en el plano internacional a través de las recomendaciones de la OIML, lo cual garantizar la adopción de los más estrictos y actuales estándares de calidad en beneficio de los productores y consumidores.
3.3. La Convención sobre metrología legal y sus fines constitucionalmente admisibles al confrontarlos con el texto de la Carta Política.
3.3.1. Teniendo claridad sobre los aspectos centrales de la metrología legal y los beneficios que reporta para nuestro país el adoptar los estándares internacionales sobre la materia, la Sala Plena considera que la adhesión por parte de Colombia a la convención objeto de estudio desarrolla el artículo 150-13 de la Constitución Política, el cual impone al Congreso de la República el deber de legislar con el fin de “arreglar el sistema de pesas y medidas”, quiere ello decir que con la aprobación de la convención nuestro país se apropia del sistema internacional de medición legal que lo convierte en abanderado en la región, abriéndole las puertas para la comercialización de productos con alto nivel de calidad y para que las medidas gocen de aceptación internacional.
A la par, tal adhesión resulta acorde con los artículos 9º, 150-16, 226 y 227 de la Constitución Política, en la medida que es una manifestación de la soberanía nacional, de la autodeterminación de los pueblos, y de la internacionalización de las relaciones económicas y comerciales con las demás naciones, que se ajusta a los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
Igualmente, desarrolla dos de los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 2º de la Carta, cuales son, servir a la comunidad y promover la prosperidad general, habida cuenta que a través de la membrecía y de la adopción de los estándares internacionales fijados por la Organización Internacional de Metrología Legal, se establecen pautas definidas que benefician a los productores y consumidores dentro de las relaciones propias del comercio internacional y del consumo nacional.
3.3.2. Así mismo, la Sala estima que la convención se armoniza con lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política, ya que a través de la Ley 1514 de 2012, el Legislador busca regular mediante la metrología legal, el control de la calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Y es que esos dos puntos resultan neurálgicos si se tiene en cuenta que dentro del catálogo de derechos que les asisten a los consumidores y usuarios(50), los cuales se tornan en derechos colectivos de raigambre constitucional, están, entre otros, los siguientes:
(i) el derecho a recibir productos de calidad, lo que de suyo impone la responsabilidad de quienes en la producción y comercialización de bienes y servicios, atenten contra el “adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios”, lo que en palabras de esta corporación, no se limita a una dimensión cuantitativa y temporal, sino que también comprende un mínimo de requerimientos de calidad aplicables a los elementos que componen la oferta(51). Precisamente, esa calidad es la que se pretende controlar fijando estándares internacionales de metrología legal, ya que existiría un parámetro claro de evaluación para las autoridades y para las partes que componen la relación de consumo.
(ii) el derecho a la seguridad e indemnidad, que consiste en que los productos no causen daño en condiciones normales de uso y a la protección contra las consecuencias nocivas para la salud, la vida o la integridad de los consumidores. Frente a éste derecho, la metrología legal resulta importante para establecer reglas de seguridad y de protección que propendan por la brindar garantías del producto al consumidor; y,
(iii) el derecho a recibir información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos. Este derecho establece las condiciones y elementos sobre los cuales debe recaer la información que los productores y proveedores deben suministrar al consumidor, lineamientos que resultan acordes con las directrices internacionales sobre metrología legal pues se propende por brindar información precisa y de calidad al destinatario del producto o servicio. Precisamente, los artículos 24 y 68 del nuevo estatuto del consumidor (L. 1480/2011) indican que como mínimo el productor debe señalar la cantidad, peso o volumen del producto, en el evento de ser aplicable, para lo cual debe utilizar las unidades correspondientes al sistema internacional de unidades o medidas(52), sistema que incluye las recomendaciones adoptadas por la Organización Internacional de Metrología Legal, a la cual se refiere la Convención sub examine.
Sumado a los derechos antedichos, la jurisprudencia constitucional(53) ha reconocido que debido a las desigualdades fácticas inmanente al mercado y al consumo, existen grandes asimetrías de información entre los sujetos que concurren al intercambio de bienes y servicios (de un lado consumidores y del otro los fabricantes y comercializadores), situación que fue prevista por el constituyente, quien consagró en el artículo 78 de la Carta Política, herramientas definidas y destinadas a proteger a los consumidores de las consecuencias del desequilibrio sustancial evidenciado(54). Así, delegó en el Congreso de la República la responsabilidad de regular el control de la calidad de bienes y servicios para establecer un régimen de protección a los consumidores, deber que se satisface con la implantación de estándares de calidad fuerte y metrología legal a través de la Ley 1514 de 2012 que propende por proteger efectivamente a los consumidores en Colombia.
3.3.3. Por consiguiente, teniendo en cuenta que el propósito estructural de las normas estudiadas, es implementar y acoger el sistema internacional de medidas con las respectivas recomendaciones y lineamientos trazados por la Organización Internacional de Metrología Legal, con miras a facilitar el comercio exterior mediante mediciones de credibilidad, y a brindar pautas de calidad y de información en los productos y bienes ofrecidos a los consumidores, es preciso concluir que los artículos de la Convención se ajustan a las normas constitucionales. De hecho, están orientadas a proteger los derechos colectivos de los consumidores y a fomentar las relaciones económicas y comerciales con otros países, como quedó explicado en párrafos precedentes.
3.4. Consideraciones finales.
En relación con el aspecto formal la Corte concluyó, de una parte, que el gobierno colombiano dio autorización para someter a estudio del Congreso de la República la convención bajo análisis, para que una vez surta el trámite de aprobación interna, se proceda a expedir el documento de adhesión contentivo del consentimiento obligante y al depósito del mismo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Francesa, y de otra, que se observaron las reglas propias del trámite legislativo que precedieron la aprobación de la ley objeto de análisis.
Asimismo, revisado el contenido de las disposiciones de la “Convención para constituir una Organización Internacional de Metrología Legal”, firmada en París, el 12 de octubre de 1955, modificada en 1968 por la enmienda XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX, la Corte encuentra que se adecuan a los postulados constitucionales en materia de regulación del sistema de pesas y medidas y de derechos colectivos de los consumidores, así como a las relaciones internacionales en materia económica y comercial.
En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad de la “Convención para constituir una Organización Internacional de Metrología Legal”, firmada en París, el 12 de octubre de 1955, modificada en 1968 por la enmienda XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX, y de su ley aprobatoria.
1. Declarar EXEQUIBLE la “Convención para constituir una Organización Internacional de Metrología Legal”, firmada en París, el 12 de octubre de 1955, modificada en 1968 por la enmienda XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX.
2. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1514 de 2012, por medio de la cual se aprobó la “Convención para constituir una Organización Internacional de Metrología Legal”, firmada en París, el 12 de octubre de 1955, modificada en 1968 por la enmienda XIII conforme a las disposiciones del artículo XXXIX.
(1) Cfr. Folio 53 del cuaderno principal.
(2) “15. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la adhesión.
El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestara mediante la adhesión:
a) cuando el tratado disponga que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión:
c) cuando todas las partes hayan consentido ulteriormente que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión”.
(3) “16. Canje o deposito de los instrumentos de ratificación aceptación aprobación o adhesión.
Salvo que el tratado disponga otra cosa los instrumentos de ratificación,aceptación, aprobación o adhesión harán constar el consentimiento de un Estado enobligarse por un tratado al efectuarse:
c) su notificación a los Estados contratantes o al depositario si así se ha convenido”.
(4) Cfr. Folios 1 a 12 del cuaderno de pruebas 1.
(5) Cfr. Folios 13 a 18 del cuaderno de pruebas 1.
(6) Cfr. Páginas 23 y 24 de la Gaceta del Congreso 170 del 8 de abril de 2011.
(7) Se debe precisar que el Acta 13 del 30 de septiembre de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso 170 del 8 de abril de 2011, corresponde a una reunión especial que tuvo la Comisión Segunda del Senado en la ciudad de Ipiales-Nariño, en la cual se debatió el desarrollo vial de la región. En esa oportunidad no hubo lugar a debatir y votar proyectos de ley porque en sesión del 29 de septiembre de 2010, el anuncio de proyectos se hizo para la sesión del 6 de octubre de 2010. Sin embargo, ese día la Comisión no se reunió y lo hizo solo hasta el 13 de octubre de 2010.
(8) Cfr. Página 2 de la Gaceta del Congreso 171 del 8 de abril de 2011.
(9) Cfr. Páginas 37 y 38 de la Gaceta del Congreso 171 del 8 de abril de 2011.
(10) Cfr. Páginas 57, 58 y 60 de la Gaceta del Congreso 171 del 8 de abril de 2011.
(11) Cfr. Páginas 10 y 11 de la Gaceta del Congreso 172 del 8 de abril de 2011.
(12) Cfr. Folios 28 a 30 del cuaderno principal.
(13) Cfr. Folios 20 a 26 del cuaderno principal.
(14) Cfr. Página 26 de la Gaceta del Congreso 172 del 8 de abril de 2011.
(15) Cfr. Folios 25 a 31 del cuaderno de pruebas 1.
(16) Cfr. Folios 1 a 2 del cuaderno de pruebas 1.
(17) Cfr. Folios 51 y 132 del cuaderno de pruebas 1.
(18) Cfr. Folios 144 y 145 del cuaderno de pruebas 1.
(19) Cfr. Folios 1 a 2 del cuaderno de pruebas 1.
(20) Cfr. Folio 183 del cuaderno de pruebas 1.
(21) Cfr. Folios 33 a 36 del cuaderno de pruebas 3.
(22) Cfr. Anverso folio 32 del cuaderno de pruebas 3.
(23) Cfr. Folio 31 a 32 del cuaderno de pruebas 3.
(24) Cfr. Folio 89 y 90 del cuaderno principal.
(25) Cfr. Folios 1 y 2 del cuaderno de pruebas 3.
(26) Cfr. Página 6 de la Gaceta del Congreso 100 del 23 de marzo de 2012.
(27) Cfr. Folios 50 a 53 del cuaderno de pruebas 2.
(28) Páginas 149 a 151 de la Gaceta del Congreso 62 del 12 de marzo de 2012.
(29) Cfr. Folio 2 del cuaderno de pruebas 2.
(30) Páginas 96 a 98 de la Gaceta del Congreso 94 del 22 de marzo de 2012.
(31) Cfr. entre otras, C-086/04.
(32) Sentencias C-011 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), C-305 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), C-490 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), C-052 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y C-199 de 2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
(33) Sobre el mismo punto, se pueden consultar las sentencias C-011 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), C-305 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), C-377 de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chalbuj), C-379 de 2010 (M.P. Mauricio González Cuervo) y C-982 de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa), entre otras.
(34) Sentencia C-199 de 2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). También hacen referencia a tales reglas objetivas de valoración, las sentencias C-533 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y C-305 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) bajo el nombre de “alcances de los requisitos del anuncio”.
(35) “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú, modificatorio del Convenio bolivariano de extradición firmado el 18 de julio de 1911’, firmado en la ciudad de Lima, Perú, a los veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004).”
(36) Contentiva del “Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura (Unesco) relativo al establecimiento del Centro regional sobre la Gestión del Agua en las Zonas Urbanas para América Latina y el Caribe, bajo los auspicios de la Unesco”.
(37) Contentiva del “Protocolo modificatorio al “Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela, firmado en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el trece de junio de mil novecientos noventa y cuatro”, firmado simultáneamente en Bogotá D.C. y Ciudad de México el once (11) de junio de dos mil diez”.
(38) “Por la cual se aprueba el ‘Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Popular de China’, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008”.
(39) Auto 032 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). En esa oportunidad la Corte encontró un vicio de procedimiento subsanable en el trámite legislativo aplicado a la aprobación del informe de objeciones gubernamentales por razones de inconstitucionalidad presentadas contra el Proyecto de Ley 90/09 Senado-259/09 Cámara “por el cual se rinde homenaje a la memoria, vida y obra del intelectual, librepensador y escritor antioqueño Manuel Mejía Vallejo y se decretan disposiciones y efectos en su honor”. Concretamente, este tribunal señaló que la plenaria de la Cámara de Representantes al aprobar el informe de objeciones gubernamentales por unanimidad, desconoció la regla general de raigambre constitucional, que establece la obligación para los congresistas de votar nominal y públicamente. Precisó que si bien a través del artículo 1º numeral 16 de la Ley 1431 de 2011, se estableció taxativamente una excepción a dicha regla general, permitiendo la votación por unanimidad durante el trámite de un proyecto de ley, la excepción no es aplicable al trámite de las objeciones gubernamentales por cuanto la norma no lo contempla. Quiero ello decir que aquellas actuaciones del Congreso que no se hallen descritas en el listado taxativo, se entienden subsumidas por la regla general. // En ese mismo sentido se ha pronunciado esta corporación en los Autos 031/12 (M.P. María Victoria Calle Correa) 086/12 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez) y 089/12 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
(40) Este método ha sido avalado para estos casos por la Corte en las sentencias C-169 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa) fundamento jurídico 3.3.3.4 y C-295 de 2012 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez) fundamento jurídico 6.4 literal c).
(41) Cfr. Folio 1 del cuaderno principal.
(42) Esta definición se construye a partir de la exposición de motivos del proyecto de ley que dio origen a la Ley 1514 de 2012, y de la información que reposa en las páginas web de la OIML, de la Superintendencia de Industria y Comercio, y de la Enciclopedia virtual Wikipedia.
(43) Al respecto, se puede consultar la página web http://www.oiml.org/about/presentation.html?langue=es
(44) En http://www.sic.gov.co/es/web/guest/metrologia-legal1
(45) Tales aspectos son extraídos de la exposición de motivos del proyecto de ley que dio origen a la Ley 1514 de 2012, y del documento que sobre metrología legal publicó la Superintendencia de Industria y Comercio en la página web http://www.sic.gov.co/es/web/guest/enlaces3
(46) Al cual hacen referencia el documento Conpes 3446 y la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
(47) “Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”.
(48) Resulta pertinente advertir que mediante Decreto 4175 de 2011 expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se escindieron de la funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, las de regular y manejar la metrología científica e industrial, áreas para las cuales se creó el Instituto Nacional de Metrología que entró en funcionamiento el 1º de enero de 2012.
(49) “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que se establece la “Organización Mundial de Comercio (OMC)”, suscrito en Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994, sus acuerdos multilaterales anexos y el acuerdo plurilateral anexo sobre la carne de bovino”.
(50) Artículo 3º de la Ley 1480 de 2011, “por medio de la cual se expide el estatuto del consumidor y se dictan otras disposiciones”.
(51) Sentencia C-1141 de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
(52) También el artículo 32 de la Decisión Andina 376 de 1995, establece una obligación para los Países miembros, entre ellos Colombia, de adoptar el Sistema Internacional de Unidades como Sistema Oficial de Unidades de Medida en la Subregión Andina.
(53) Sentencia C-1141 de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-973 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), C-749 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y C-432 de 2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
(54) Esta Corporación ha decantado que el derecho colectivo de los consumidores va mucho más allá de la obtención de bienes y servicios que reúnan unos requisitos mínimo de calidad y de aptitud para satisfacer sus necesidades, ya que incluye una garantía de “carácter poliédrico” que se nutre de un contenido sustancial (calidad de bienes y servicios e información), de un contenido procesal (exigibilidad judicial de garantías, indemnizaciones de perjuicios, acciones de clase, entre otras), y de un contenido participativo (frente a la administración pública y a los órganos reguladores. Al respecto se pronunció en las sentencias C-1141 de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-749 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y C-432 de 2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 241
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 182
 artículo 8
 artículo 13
 artículo 39
 artículo 13
 artículo 39
 artículo 8
 artículo 162
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 133
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 129
 artículo 1
 artículo 241
 artículo 13
 artículo 39
 artículo 13
 artículo 39
 artículo 2
 artículo 150
 artículo 2
 artículo 78
 artículo 78
 artículo 1
 Artículo 3
 artículo 32