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Palabras clave: Derechos de los privados de libertad, hacinamiento, política penitenciaria, Gendarmería, Sename, Defensoría Penal. - PDF
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Héctor Maldonado Redondo
1 Sistema penitenciario y derechos humanos SÍNTESIS En esta edición se expone la situación del ámbito penitenciario durante el período, profundizando en los hechos más relevantes que se han suscitado luego de que la autoridad reconociera la profunda crisis del sistema carcelario chileno. En primer lugar se plantea el desafío que enfrenta el nuevo Gobierno respecto del sistema penitenciario, así como su enfoque frente a este tema. Luego se describen los hechos que condujeron a la crisis del sistema, las fallas estructurales que evidenció el terremoto de febrero de 2010 en la zona centro -sur de nuestro país, y la situación vivida por internos del recinto penal de Villarrica, quienes fueron sometidos a tratos degradantes por parte de funcionarios de Gendarmería. Luego se analizan las instancias que permitirán realizar cambios profundos al sistema carcelario chileno, tales como el Consejo para la Reforma Penitenciaria, la adopción y puesta en práctica del Protocolo Facultativo contra la Tortura, la reforma y modernización de Gendarmería de Chile y el Servicio Nacional de Menores, el plan piloto de defensa intrapenitenciaria de la Defensoría Penal Pública y la puesta en marcha de un sistema de control judicial de la fase de ejecución penal. Palabras clave: Derechos de los privados de libertad, hacinamiento, política penitenciaria, Gendarmería, Sename, Defensoría Penal. 1. GOBIERNO ACTUAL Y SISTEMA CARCELARIO. CONTINUIDAD EN EL RES- PETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Una de las preguntas clave de este capítulo es cómo enfrentará el nuevo Gobierno los avances esperados en materia penitenciaria en nuestro país, para dar fiel cumplimiento a las exigencias impuestas por la normativa nacional e internacional. 1092 El actual Gobierno recibió un sistema penitenciario en crisis. Si bien se han tomado medidas para mejorar su estructura, el hacinamiento, la falta de condiciones mínimas de higiene dentro de los penales, los malos tratos de gendarmes a internos y el secretismo respecto de lo que sucede en los recintos penales son factores que agudizan y perpetúan la vulneración alevosa de los principios y derechos básicos contenidos en la normativa internacional de los derechos humanos. Uno de los desafíos para la nueva administración es asegurar el cumplimiento de la obligación de garantizar los derechos en la dimensión carcelaria. En 2009 se materializaron medidas fundamentales para nuestro país, como la incorporación de Chile como Estado Parte al Protocolo Facultativo contra la Tortura. Lamentable es el recuerdo de lo sucedido con los informes evacuados por la Comisión de la Cámara de Diputados encargada de revisar la situación general del sistema penitenciario nacional. Habiéndose generado consenso respecto de la gravedad del problema (en 1991 la Cámara de Diputados creó una comisión destinada a estudiar la situación del sistema penitenciario), finalmente no se tomaron las iniciativas necesarias para producir el cambio sustantivo que se necesitaba. Tal grado de indiferencia y displicencia no debe perdurar; es necesario abordar el problema y generar mayor estabilidad y solidez al sistema penitenciario, sea porque se adopta una visión de los derechos de las personas privadas de libertad, sea porque las malas condiciones del sistema atentan en contra del objetivo de lograr mayor seguridad interior, una de las principales preocupaciones de autoridades y líderes de opinión. 2. HITOS DEL OCASO DEL SISTEMA CARCELARIO En los primeros años de democracia, el conflicto penitenciario se planteó en el debate público a consecuencia de una serie de fugas y motines en distintos recintos penales, pero estos hechos se consideraron desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y del temor al delito. Producto de estos acontecimientos, en 1991 la Cámara Baja creó la comisión citada. 1 Ante el nulo cumplimiento de los fines rehabilitadores de la prisión, el alza sostenida de reclusos que hizo colapsar el sistema penitenciario y la carencia de recursos, la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos comenzaron a instalar en el debate público la idea de la displicencia de las autoridades, que estaba incidiendo directamente en el respeto de los derechos fundamentales de los internos. Los gobiernos 1 Universidad Diego Portales, Escuela de Derecho, Acerca de la cárcel, Cuaderno de análisis jurídico 24, pp. 65 y ss. 1103 respectivos negaron los hechos denunciados, aduciendo que se trataba de situaciones aisladas y no de un incumplimiento sistemático de las obligaciones del Estado en materia carcelaria. 2 En el intertanto, los esfuerzos que sí se materializaron carecieron de la fuerza suficiente para lograr un cambio en las condiciones de vulneración en que vivían los internos. La Ley , promulgada en 1997, no tuvo otra finalidad que dotar de una asignación monetaria por turno a los funcionarios de Gendarmería de Chile. La Ley amplió de manera insuficiente la dotación de sus funcionarios, mientras rebajaba los sueldos a los más jóvenes. El Reglamento Penitenciario, creado en 1998, constituyó un intento más por regular la situación intramuros, pero ni los malos tratos, ni los vejámenes, ni el hacinamiento, ni la falta de infraestructura se solucionaron gracias a estas normas. La autoridad solo empezó a reconocer la magnitud del problema, y poco a poco, gracias a una serie de informes elaborados por la Cámara de Diputados, la Contraloría General de la República, la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, la Relatoría de los Privados de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Gendarmería de Chile. Todos ellos confirmaron una realidad documentada durante años por el Centro de Derechos Humanos de la UDP: la sistemática vulneración de los derechos humanos en los recintos penitenciarios del país, la responsabilidad política de determinadas autoridades gubernamentales y el despilfarro de fondos públicos en materia carcelaria. En junio de 2009, la fiscal judicial Mónica Maldonado expuso ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado: a) las deplorables condiciones de vida que se aprecian en los establecimientos penitenciarios del país, además de la falta de una política penitenciaria que permita la reinserción social de los internos; b) la sobrepoblación y horarios de encierro, y que la condición de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios no concesionados del país es generalizada. Tal situación se ve agravada porque los internos permanecen encerrados en sus celdas por aproximadamente quince horas diarias, en celdas abarrotadas, sin servicios higiénicos y sin la adecuada ventilación y luz; y c) que los castigos de internación en celda solitaria y las condiciones en que se cumplen estas sanciones, independientemente de las mejoras realizadas a lo largo del país en este ámbito, siguen constituyendo tratos crueles y que es indigno someter a los reclusos a encierro hasta por diez días en celdas vacías de cualquier mueble ( ), que habitualmente no cuentan con luz natural ni eléctrica ( ), muchas veces sin servicios higiénicos y sometidos a la buena voluntad de los gendarmes para ser sacados a hacer sus necesidades 2 Informe 2009, pp4 biológicas ( ), y que muchas veces son encerrados entre cuatro y seis internos en una misma celda. 3 En 2008, la Relatoría de la CIDH había señalado como aspectos preocupantes: a) un excesivo e innecesario uso de la fuerza, una práctica sistemática de malos tratos físicos por parte del personal de Gendarmería y el uso de medidas de aislamiento en condiciones infrahumanas; b) graves deficiencias y limitaciones en los programas de readaptación social; y c) un alto nivel de hacinamiento, condiciones de insalubridad extrema que incluyen servicios básicos precarios, así como pésima infraestructura. 4 Estas precarias condiciones siguen vigentes, como también ciertos vicios y malas prácticas ya asimilados por algunos funcionarios de Gendarmería. Ello se hizo patente tras el terremoto del 27 de febrero de 2010, así como en los tratos denigrantes que gendarmes infligieron a un grupo de reclusos del penal de Villarrica, denunciados en mayo. 2.1 Terremoto en Chile y situación carcelaria La tragedia del pasado 27 de febrero afectó seriamente la infraestructura de los recintos penales de la Séptima y la Octava Regiones. El grado de destrucción de muchos de ellos dio lugar a amotinamientos y fugas que dejaron un saldo de once internos muertos y ocho heridos. Las pérdidas materiales superan varias veces el presupuesto anual de Gendarmería en el área de infraestructura. A los problemas ya existentes de hacinamiento y condiciones mínimas de habitabilidad se sumaron entonces los aportados por el terremoto. Para sopesar la magnitud del problema se recomienda consultar las cifras generales Infraestructura carcelaria Según Gendarmería, tras el terremoto se determinó el cierre de ocho unidades penales en atención a su grado de destrucción, que ponía en riesgo la integridad física de los internos y de los funcionarios. 6 Además, cuatro cárceles se encuentran funcionando parcialmente. 7 3 Informe elaborado por la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema a propósito de la invitación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado de la República, a la sesión a celebrarse el día 1 de junio de 2009 para considerar los diversos problemas que afectan al funcionamiento del sistema carcelario en nuestro país. 4 CIDH, Relatoría de las personas privadas de libertad concluye su visita a Chile, Santiago, 28 de agosto de 2008, comunicado de prensa 39/08. 5 Gendarmería de Chile, Informe de diagnóstico del estado de infraestructura de unidades penales, y Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, Oficio 81 del 20 de mayo de Cárcel de Buin en la Región Metropolitana; cárceles de Molina, Constitución, Parral, Chanco y San Javier en la Región del Maule, y cárcel de Chillán y Los Ángeles en la Región del Biobío. Ver Balance de situación penitenciaria post terremoto, 5 de marzo de 2010, 7 Cárcel de Talca en la Región del Maule y centros penitenciarios de Constitución, Coronel y Arauco en la Región del Biobío. 1125 Los mayores daños se materializan en la caída de muros perimetrales y averías estructurales producto del movimiento telúrico, a los cuales se suman los producidos por los internos, quienes provocaron incendios para fugarse aprovechando el caos suscitado por la emergencia Pérdidas materiales y recursos para la reconstrucción De acuerdo a información de Gendarmería, las pérdidas materiales fueron avaluadas en aproximadamente $26 mil millones de pesos, monto que debe destinarse íntegramente a la reconstrucción y reparación de los recintos afectados por el terremoto y los incendios intencionales. 8 El problema es que el presupuesto anual de Gendarmería para este ítem es infinitamente más bajo que eso. El director nacional de Gendarmería del Gobierno saliente, Alejandro Jiménez, dijo que la institución solo cuenta con $250 millones de pesos, con los que se repararán los muros perimetrales, y otros $1.200 millones destinados al resto de las reparaciones: Nosotros teníamos nuestro presupuesto para reparación, que obviamente es inferior, y el señor ministro [Carlos Maldonado] nos planteó que el tema va a ser discutido en el actual Gobierno y en el próximo para comenzar con las reparaciones de las unidades penales. 9 Según Gendarmería, los recursos necesarios para satisfacer necesidades urgentes de los recintos dañados ascienden a $ , cifra de la que no disponen. 10 En cuanto al tiempo máximo de entrega de las obras de reparación impuesto por el Gobierno, Cecilia Zuleta, jefa del departamento de infraestructura de Gendarmería, dijo a la prensa que se había dado un plazo de seis meses para la reconstrucción de las cárceles deterioradas. 11 Sin embargo, el plazo no solo no se ha cumplido sino que no se ha hecho ninguna reparación, es decir, la situación es la misma que a comienzos de marzo. La situación es grave pues los internos siguen reubicados en otros recintos, con los problemas de traslado, hacinamiento y convivencia que ello acarrea. Y, lo que es peor, se ha comenzado un silente cierre de recintos penitenciarios, lo que deriva en una compresión de la población penal en la zona centro-sur del país. Dice un oficial de Gendarmería que pidió reserva de su nombre: No ha habido ninguna reparación de los recintos penales. Ninguna. No es prioridad de los recursos estatales. De hecho, lo que 8 Gendarmería de Chile, Informe de diagnóstico del estado de infraestructura de unidades penales. 9 Emol, Gendarmería necesitará $26 mil millones para reparar cárceles afectadas por sismo, 5 de marzo de Gendarmería de Chile, Informe de diagnóstico del estado de infraestructura de unidades penales. 11 La Nación, En seis meses repararán cárceles que resultaron dañadas con el sismo, 26 de marzo de6 se dice es muy distinto a lo que uno percibe. El cierre de unidades penales en la Séptima Región ya ha sido decretado, eso significa comprimir más unidades penales, como por ejemplo la de Talca y Curicó. Curicó está cobijando internos de otros penales, en su gran mayoría de unidades que se van a cerrar. Estas condiciones afectan a los internos y al personal Traslado de internos Gendarmería de Chile determinó el traslado de internos desde los penales que fueron cerrados por razones de seguridad, hacia unidades de las mismas regiones o bien de O Higgins, Los Ríos y Los Lagos. De ellos, fueron trasladados al nuevo complejo penitenciario El Manzano II, ubicado en Concepción. 13 Los quinientos restantes fueron distribuidos en los penales de San Carlos, Mulchén, Yumbel, Angol y Bulnes. 14 En la Región Metropolitana, el penal de Colina I recibió a los internos del penal de Buin, destruido por el terremoto. Estos traslados a recintos al borde de su capacidad, o ya colapsados, acarrean nuevos problemas. Por ejemplo, la cárcel de Angol superó su capacidad respecto del promedio nacional en un 130% debido al traslado de reos desde Los Ángeles. Asimismo, la población del penal de Curicó supera los 730 internos, cuando su capacidad es de Además, los desplazados se alejan de los tribunales y de sus familias. Refiriéndose al recinto penal de Chillán, Carlos Astorga, presidente del Colegio de Abogados de Ñuble, señaló que Chillán necesita de un nuevo penal, pues no es sustentable en el tiempo que las personas estén en Concepción y sean juzgadas acá y además tengan familiares en esta zona, quienes deben trasladarse para poder visitarlos. 16 También la defensa de los internos se ve obstaculizada, pues el contacto entre defensor e imputado es más complejo. Los traslados agravan las condiciones de hacinamiento, problemas sanitarios y mala convivencia. 17 Refiriéndose a los internos evacuados desde el recinto penitenciario de Chillán al de Concepción, Carlos Astorga denunció que [l]os reos de Chillán están en muy malas condiciones, 12 Entrevista personal, 27 de julio de Balance de la situación penitenciaria post terremoto, 5 de marzo de 2010, 14 Gendarmería de Chile, Informe de diagnóstico del estado de infraestructura de unidades penales, p Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, Oficio 81, p La Discusión, A un mes del terremoto, cárcel y mall son las deudas en la urgente reconstrucción, 26 de marzo de Radio Bío-Bío, A tres semanas del terremoto Gendarmería de la cárcel de Temuco da a conocer información acerca de intento de fuga, 20 de marzo de7 están hacinados, han recibido malos tratos por parte de la población penal de Concepción y de los gendarmes, que los ven como advenedizos Muertes y malos tratos tras el terremoto Según cifras oficiales, doce internos murieron durante la madrugada del 27 de febrero. 19 De ellos, siete fueron abatidos por personal de Gendarmería en su intento por impedir la fuga de la población penal: uno en Talca, tres en Chillán y tres en Coronel. Otros cuatro murieron aplastados por escombros en el centro penal de Molina. En Talca, un convicto murió calcinado en un incendio. El comportamiento de Gendarmería durante y después del terremoto fue objeto de críticas, que aludieron a la falta de preparación de los funcionarios ante la emergencia, puesto que habrían contribuido al caos comportándose con extrema violencia. La presidenta de la Asociación de Familiares de Reos, Cecilia González, declaró a la prensa: Se expresó un pánico generalizado entre ellos, al igual que en el resto de la población, e incendiaron el patio [los internos] porque corría peligro su vida. Todo esto es lamentable. Nunca se les había enseñado a manejar una situación como esta. Hay muchos chicos que están lastimados con perdigones en las caras, y eso no es culpa del terremoto. 20 Ante esta situación, el entonces director nacional de Gendarmería respondió: Hemos informado constantemente a los medios de comunicación. Se publicaron las listas del traslado. Ha habido una gran cantidad de datos y, probablemente, los que no correspondían quedaron en segundo plano. 21 Desafortunadas declaraciones, pues Alejandro Jiménez centra su análisis en los traslados por efecto del terremoto, pero pasa por alto las vulneraciones a la vida y la integridad física y psíquica de los reclusos. Aunque una decena de reclusos murió y otro tanto resultó herido, por derrumbes, incendios, o por la conducta de los gendarmes, las autoridades consideraron que el actuar de los funcionarios era comprensible 18 La Discusión, A un mes del terremoto, cárcel y mall son las deudas en la urgente reconstrucción. 19 Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, Oficio 8 del 20 de mayo de Radio Universidad de Chile, Denuncian falta de información sobre reos que murieron durante el terremoto, 10 de marzo de Id. 1158 dado el imprevisto, 22 y en consecuencia ningún sumario administrativo responsabilizó a funcionarios. Comenta un oficial de Gendarmería: Los sumarios e incluso la misma autoridad destacaron en no pocos casos la valentía y el arrojo del personal por cumplir su misión institucional. De hecho, la cantidad de vidas que se salvaron fueron muchas gracias a la entrega del personal. En Chillán, si no hubiera intervenido Gendarmería con arrojo e inteligencia, se habrían lamentado más muertes. Se trabajó con mucho profesionalismo y eso fue lo que se señaló en los sumarios administrativos. 23 Por otra parte, los internos trasladados han sido víctimas de malos tratos. En el informe del 20 de mayo de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema consta la interposición de un recurso de amparo en favor de los internos del módulo 107 del penal de Valparaíso, en atención a los constantes malos tratos infligidos a la población penal masculina. Este recurso de amparo fue acogido 24 y se adoptaron medidas para corregir las anomalías: se instruyó un sumario administrativo, se otorgó apoyo psicológico a los internos que lo requirieron y se mejoraron las condiciones de habitabilidad de las celdas Malos tratos en cárcel de Villarrica El 10 de mayo de 2010, diez reclusos de la cárcel de Villarrica sufrieron maltratos durante un allanamiento. Gendarmes los llevaron desnudos al patio del recinto, donde los golpearon y sometieron a una sesión de ejercicios. Luego, los trasladaron a sus celdas y los mojaron con agua fría para evitar que les quedaran marcas de golpes. 26 El Ministerio Público inició una investigación a cargo de la fiscal Paola Varela. Este tipo de prácticas ha sido denunciado en Informes anteriores, 27 pero, como se ve, los reclusos siguen siendo sometidos a castigos innecesarios y abusivos. 22 El presidente de la Agrupación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Pedro Hernández, explicó a la prensa: Tenemos por ley la facultad de hacer uso del armamento cuando hay una situación como ésta. Esa es la única forma de enfrentarla. Pero existen protocolos. Primero se tiene que advertir y si la persona no recapacita se procede. Después se aplica un sumario administrativo para dilucidar todos los hechos. Radio Universidad de Chile, Denuncian falta de información sobre reos que murieron durante el terremoto. 23 Entrevista personal, 27 de julio de Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, Recurso de Amparo, Rol Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, Oficio 81 del 20 de mayo de Diario Austral, Impacto por imágenes de maltratos a reos en cárcel de Villarrica, 27 de mayo de Informe 2003, pp , e Informe 2005, pp9 El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Pedro Hernández, anunció que los gendarmes de las distintas unidades carcelarias del país se autodenunciarían en las fiscalías para dejar en evidencia que la práctica de desnudar a los reos para su revisión corporal es rutinaria, conocida y aceptada por las autoridades superiores. Además, manifestó que tales prácticas existen debido a la carencia de recursos económicos, tecnológicos y de dependencias adecuadas. 28 Así, se confirma que las prácticas crueles, inhumanas y degradantes siguen siendo una realidad en los establecimientos penitenciarios. Lo peor de esta situación es que las cúpulas de Gendarmería apoyan estas prácticas con el argumento de la falta de recursos e infraestructura, una manera de pensar que perpetúa la vulneración de los derechos fundamentales de los reclusos. 3. CONSEJO PARA LA REFORMA PENITENCIARIA El inicio de las instancias de reforma sustantiva de nuestro sistema carcelario se materializó en el informe preparado por el Consejo para la Reforma Penitenciaria, que constituye un llamado al nuevo Gobierno para que dirija su mirada hacia el tema. El informe propone los pasos que la nueva administración debe seguir para dar fiel y cabal cumplimiento a la normativa internacional sobre derechos humanos. En el Informe 2009 se incluyó como recomendación implementar y hacer un seguimiento a las propuestas del Consejo para la Reforma Penitenciaria, que se trabajaban en el Ministerio de Justicia. Un año después, es posible analizar el trabajo de este organismo y detallar las principales recomendaciones para una nueva política penitenciaria. 29 La génesis del Consejo para la Reforma Penitenciaria se halla en la Comisión Intersectorial creada por el Ejecutivo en 2008, cuyo objetivo era tomar la iniciativa en respuesta a la profunda crisis del sistema penitenciario. Esta mesa de trabajo centró sus esfuerzos en generar propuestas de rehabilitación que se materializaran mientras los internos cumplen condena y también en la etapa post penitenciaria. 30 En junio de 2009 se creó el Consejo para la Reforma Penitenciaria, que estuvo conformado prácticamente por los mismos integrantes de la mesa intersectorial, pero no la tomó como antecedente. Se quiso que los miembros de este Consejo representaran diversos sectores de la sociedad, 28 El Mercurio, Gendarmes amenazan con autodenunciar las prácticas contra reos, 8 de junio de Informe final del Consejo para la Reforma Penitenciaria, marzo de 2010, 30 La Comisión Intersectorial estuvo integrada por instituciones públicas y privadas, entre ellas los Ministerios de Justicia, de Planificación, de Educación, de Salud, Gendarmería de Chile y Flacso. 11710 para que los antecedentes y opiniones recopilados cubrieran un espectro lo más amplio posible. 31 El Consejo para la Reforma Penitenciaria entregó su informe final en marzo de En la introducción consta que: El Consejo se enfocó en tratar no solo los problemas de la cárcel, sino de todo el sistema penitenciario, entendiendo que éste contempla tres regímenes o modelos de sanción: el sistema cerrado, el sistema abierto y el semiabierto. Sin embargo, independiente del tipo de sistema en que se encuentren los penados, en todos ellos es obligación del Estado realizar intervenciones destinadas a la reinserción de los mismos, las cuales deberían implicar oportunidades de educación, trabajo, desarrollo cultural, actividades religiosas y contacto intensivo con la familia. La forma en que los condenados cumplen su pena (privados de libertad, en un régimen de libertad progresiva o cumpliendo su pena en libertad) no es obstáculo para que el Estado se exima de su obligación con el ciudadano condenado, a saber, entregarle los medios y herramientas para continuar su vida cumpliendo con la ley. 32 La intervención que el Consejo recomienda en su informe es integral en lo que respecta a los individuos que el nuevo sistema acogería, y al carácter intersectorial y multidisciplinario de las reformas que se pretenden aplicar. El Consejo identifica las debilidades del sistema penitenciario, que aquí se analizan brevemente pues la sociedad ya ha tomado conocimiento de ellas. 33 Sobrepoblación y hacinamiento: entre 1998 y 2009 se pasó de internos a , lo que representa un crecimiento del 75%. 34 Finalmente, los establecimientos con mayor densidad son los complejos penitenciarios (196%), mientras que los centros de educación y trabajo subutilizan su capacidad (59%). Insuficiente inversión en infraestructura: si bien en el último tiempo se han construido nuevas cárceles, el resultado de no haberlo hecho durante las décadas anteriores, sumado al uso intensivo de la prisión, 31 Además de las instituciones citadas, a las reuniones del Consejo se unieron, entre otras, la Fundación Paz Ciudadana, el Centro de Estudios de Justicia para las Américas y el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. 32 Consejo para la Reforma Penitenciaria, Recomendaciones para una nueva política penitenciaria, Santiago, marzo de 2010, p Id., pp Según un estudio de Fundación Paz Ciudadana, en marzo de 2010 existían reclusos en los penales nacionales. El problema es que el sistema está concebido para reclusos. En los últimos tres años, la sobrepoblación en los recintos aumentó del 45,2% al 60,6%. 11811 es que las plazas actuales son insuficientes y de mala calidad. El crecimiento de la población penal y la mejora de la infraestructura carcelaria no han avanzado a la par. 35 Las medidas alternativas no han sido efectivas: 36 uno de los problemas de los mecanismos alternativos a la privación de libertad es que nunca se ha aprobado un plan de financiamiento que asegure su efectividad. La escasa supervisión con que cuentan, junto a su magro contenido programático, les han creado un halo de descrédito y se las percibe como perdonazos. Se suma como factor de descrédito el escaso control jurisdiccional de los jueces de garantía respecto de su cumplimiento. Por último, la Ley , en su artículo 28, otorga al juez la posibilidad de dar por cumplida la medida alternativa impuesta aun cuando el penado no se haya presentado jamás, norma que avala una situación flagrante de impunidad. Estructura organizacional enfocada en la seguridad: el énfasis en este aspecto relega el de la reinserción social, lo que se manifiesta en escasa dotación dedicada a la materia, además de en un perfil profesional poco adecuado e insuficiente capacitación. 37 Carencia de oferta de reinserción: la oferta programática de reinserción es extremadamente débil, tanto en las características específicas de los programas como en los recursos y cobertura disponibles para el normal desarrollo de estos planes. Ello se debe al exiguo presupuesto destinado a esta área y, por consiguiente, hay poca capacitación y especialización del personal a cargo de los programas de reinserción y rehabilitación. Aumento de presupuesto sin resultados demostrables: en 2009, el monto para los programas de reinserción social de Gendarmería ascendió a casi cinco mil millones de pesos (4.898 millones), en tanto que el presupuesto para el personal que desarrolla labores de reinserción, para los centros de reinserción social y para las comunidades terapéuticas fue de aproximadamente 21 mil millones de pesos. Confrontada con 35 El programa de concesiones considera un total de diez nuevos recintos penitenciarios. Para 2013, el plan de infraestructura penitenciaria contempla seis nuevas unidades y la ampliación de ocho. A ello se suman los cuatro recintos del programa de concesiones que restan por construir, lo que da un total de dieciséis nuevos establecimientos. En el largo plazo, si la población penal aumenta en la misma tasa que lo hizo en la última década ( internos más entre ), para 2013 habrá nuevamente un déficit de dos mil plazas. 36 Desde 2005, la tasa de población en el medio libre aumentó de 170 personas condenadas por cada 100 mil habitantes a 310 en abril de La medida más utilizada por el sistema, la remisión condicional de la pena, ostenta el primer lugar, con el 69%, seguida de la libertad vigilada con el 21% y, más atrás, de la reclusión nocturna, con el 9%. Esta última es la medida alternativa que más ha aumentado entre (157%), lo que ha incrementado el hacinamiento en los pocos recintos destinados para este efecto y en los establecimientos cerrados, que vienen a suplir la insuficiencia del sistema. El número promedio de personas por delegado de libertad vigilada es de 57, cuando, conforme las normas técnicas, el límite es de Solo el 21% de los funcionarios de Gendarmería se dedica a labores de rehabilitación. 11912 el presupuesto total de Gendarmería para 2009 ($190 mil millones), la suma indica que solamente el 13,67% se destina a actividades de reinserción. Otras debilidades del sistema penitenciario incluyen la falta de perspectiva intersectorial en la gestión del sistema, la creencia de que la eliminación de antecedentes implica reinserción social, el alza del enfoque territorial localizado en los programas post penitenciarios y el aumento de penas privativas de libertad, con el impacto en la sobrepoblación de los recintos que ello supone. En respuesta a esta situación, el Consejo para la Reforma Penitenciaria elaboró las siguientes recomendaciones destinadas a producir mejoras profundas: - Instalar una política de reinserción que abarque todos los subsistemas (abierto, cerrado y post penitenciario) y que a la vez sea integral. Se recomienda que esta labor esté bajo la supervisión de una Subsecretaría y de un ente jurisdiccional que siga su cumplimiento. - Modificar la estructura institucional, encargando a Gendarmería la labor de custodia y seguridad de los internos y de los recintos penales. La labor de reinserción deberá estar a cargo de una institución especializada que velará por el cumplimiento y planificación de los mecanismos de progresividad de la pena, del cumplimiento del régimen de libertad condicional, de acompañar el proceso de reinserción, 38 etc. - Fortalecer un sistema alternativo a la privación de libertad, para lo cual se requiere aumentar las plazas en los recintos destinados a reclusión nocturna, ampliar la cobertura nacional y características de los CRS (centro de reinserción social), y aumentar la calidad y cantidad de los delegados de libertad vigilada. - Favorecer la reinserción social durante la reclusión, potenciando el trabajo al interior de los recintos penitenciarios; para ello deben aumentar los espacios físicos, recursos y alianzas estratégicas con el sector privado. También es necesario crear grupos especializados para preparar la fase de egreso y para estimular los mecanismos de progresividad de la pena, entre otras medidas. - Fortalecer la reinserción social post penitenciaria, para lo que se recomienda regular legalmente mecanismos diferenciados y más flexibles para la omisión y eliminación de antecedentes, 38 Entre los ámbitos de competencia de este nuevo servicio se encuentran la supervisión de las medidas alternativas de la Ley , las actividades de reinserción intramuros y la intervención post penitenciaria, además de asumir el control y cumplimiento de las medidas cautelares personales distintas de la prisión preventiva y las salidas alternativas. 12013 que consideren criterios como la lesividad del delito y las actividades en las que el sujeto desee emplearse. Es importante también ampliar la entrega de subsidios de contratación y realizar intervenciones locales en sectores donde se produce un continuo flujo de personas que entran y salen de los recintos penitenciarios. - Establecer una política criminal limitativa de la privación de libertad, reservándola para los casos más graves dentro de un amplio catálogo de penas. - Fomentar los controles externos de la ejecución penal, legislando para crear una figura externa que tenga la facultad de fiscalizar el cumplimiento de las propuestas aquí formuladas y velar por los derechos de los internos respecto de la ejecución de condenas y sobre todo en temas sensibles, como el acceso a los beneficios intrapenitenciarios y la posibilidad de obtener la libertad condicional, entre otros. - Continuar las intervenciones del sistema penal adolescente cuando éstos pasen al sistema de adultos, para que el objetivo de la reinserción social no se vea truncado por el cambio entre uno y otro sistema. Para reestructurar el sistema penitenciario chileno resulta fundamental seguir estas recomendaciones del Consejo para la Reforma Penitenciaria, algunas de las cuales son vitales para superar la crisis que afecta al sector. El énfasis puesto en la reinserción social, en la especialización de organismos de seguridad y control por una parte, y rehabilitación por otra, en la discusión de una estructura judicial de control de la fase de ejecución, entre otras medidas, contribuye a que Chile cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos de los reclusos. 3.1 Capacitación en derechos humanos, vital para la reforma Sin perjuicio de las medidas señaladas, parece esencial renovar la estructura de enseñanza y capacitación de los funcionarios de Gendarmería, agregando obligatoriamente el estudio de materias relativas al respeto de los derechos humanos de los internos. A nuestro juicio, aunque se mejore la infraestructura, la reinserción social y los demás ítemes propuestos, los cambios serán insustanciales si no se capacita a los funcionarios que tratan día a día con los reclusos. Los gendarmes deben conocer los derechos y garantías que asisten a los internos, lo que no interfiere con sus obligaciones de control y seguridad. En ediciones anteriores de este Informe se identificaron casos en que los internos vieron vulnerados sus derechos básicos, como la integridad física y mental, el derecho a recibir visitas, etc. Se determinaron también 12114 las causas, entre ellas que los gendarmes no estaban capacitados para tratar con personas en situación de vulnerabilidad, y que necesitaban imponer respeto y disciplina a la población penal. 39 Estos malos tratos podrían evitarse si se modificara la preparación de los gendarmes La política penitenciaria del nuevo Gobierno En materia de seguridad ciudadana y reforma penitenciaria, en el programa de gobierno de Sebastián Piñera destaca en primer lugar la reforma a Gendarmería de Chile, para la cual se planea concentrar su labor en el control de la seguridad en los recintos penitenciarios, mientras que la rehabilitación y resocialización pasaría a una nueva Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación, dependiente del Ministerio del Interior. 40 La segunda modificación institucional se refiere a la reformulación íntegra del Servicio Nacional de Menores (Sename), que cedería su lugar a un nuevo ente, el Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. El área de la responsabilidad penal juvenil se traspasaría a un departamento especializado y dependiente de la Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación, que pasaría a llamarse Servicio de Persecución Penal y Rehabilitación. La nueva administración apuesta por un plan de rehabilitación mediante el programa Vida Nueva, que contempla la construcción de diez centros de diagnóstico y rehabilitación de niños y adolescentes que hayan tenido su primer contacto con el delito, que hayan entrado al mundo de las drogas o desertado del colegio o escuela. Así pretenden generar instancias de resocialización desde la adolescencia, es decir, apuntan a detener el problema desde el primer contacto del sujeto con el delito. En el programa de gobierno se asegura que se creará un estatuto laboral especial para promover el trabajo remunerado entre los condenados y para flexibilizar la educación penitenciaria, que hoy en día se rige por las mismas normas que la educación impartida en el medio libre. Otras medidas son la implementación de un sistema integrado de vigilancia a distancia mediante brazaletes para ciertos condenados, la creación de un sistema de verificación de cumplimiento efectivo de penas y la construcción de nuevas cárceles concesionadas. Algunas de ellas coinciden con las recomendaciones del Consejo de Reforma Penitenciaria. Sin embargo, es muy pronto aún para observar los resultados y solo se puede comentar de manera general lo que el nuevo Gobierno prometió cumplir durante su período. 39 Informe 2005, pp. 57 y sección Justicia más cerca de la gente del programa de Gobierno. 12215 Los planes de rehabilitación y resocialización pueden constituir medidas efectivas para reducir la población penal del país, lo que conviene no solo al sistema penitenciario sino a toda la sociedad. Mientras más intervención haya, menor será la probabilidad de que el individuo delinca y que, por ende, termine cumpliendo condena en un régimen cerrado. La idea es beneficiar no solo al que ya ha delinquido y cumple condena, sino también a quien no ha pasado por la estructura penal. En cuanto al estatuto laboral de los reos, que completa la recomendación del Consejo para la Reforma Penitenciaria de favorecer la reinserción social intramuros, el Ministerio de Justicia lo tiene en estudio. 41 La reinserción de los condenados privados de libertad queda a cargo de una nueva Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación, y no ya de Gendarmería, aunque al cierre de este Informe dicha Subsecretaría aún no existe. Esta reforma estructural que separa la custodia de la rehabilitación podría incidir en un mejor funcionamiento del sistema penitenciario. Históricamente, Gendarmería no ha cumplido con el papel rehabilitador que la sociedad y las autoridades le asignaron, por lo que es hora de que esta labor quede en manos de un ente autónomo que tenga la preparación y especialización suficientes para cumplir con el objetivo de la reinserción social. 4. ASPECTOS NO CONTEMPLADOS Hasta ahora, el Gobierno no ha mencionado algunos aspectos fundamentales para el equilibrio de las políticas penitenciarias futuras. Es necesario racionalizar la aplicación de la privación de libertad, ya que, como se ha demostrado, no hacerlo acarrea conflictos como el hacinamiento. Contar con un modelo de penas diversas, en que la privación de libertad sea una medida de última ratio, implica que las medidas alternativas a la cárcel constituyan una verdadera sanción y que sean percibidas como legítimas por la comunidad. El programa de Gobierno no toca este punto. Tampoco se ha manifestado una posición oficial respecto de la creación de controles externos en la fase de ejecución penal. Como se verá más adelante, los proyectos iniciados para crear esta instancia de control jurisdiccional se encuentran en suspenso. 41 Ministerio de Justicia, Estatuto laboral penitenciario: Internos podrán trabajar y recibir un sueldo, 31 de mayo de 2010, comunicado. 12316 5. PROTOCOLO FACULTATIVO CONTRA LA TORTURA El Informe 2009 recomendó determinar la institución que se haría a cargo de la prevención de la tortura, y sugirió diseñar una comisión nacional similar a la que trata materias de adolescentes infractores. 42 El Protocolo Facultativo Contra la Tortura, ratificado por nuestro país en febrero de 2009, implica institucionalizar una lógica de transparencia y de control independiente de la labor penitenciaria, además de contar con una institución encargada supervisar los recintos penales y de elaborar políticas de prevención que informen a las autoridades de los problemas y soluciones que se detecten. Su lógica deriva de la opacidad acerca de lo que ocurre dentro de las cárceles, y tiene en cuenta que generalmente los funcionarios penitenciarios son objeto de fiscalizaciones más bien laxas en comparación con las de otros aparatos del mundo público y privado. Patricio Véjar, activista en derechos humanos, miembro de la comunidad ecuménica Martin Luther King y del Observatorio de la Escuela de las Américas, que ha participado en la discusión respecto del órgano nacional encargado de realizar las visitas de supervisión, señala: Viendo que no disminuía la tortura en los presos a pesar de los informes, se empezó a buscar un mecanismo que la eliminara o minimizara. Para ello, el mejor sistema que se encontró fue la visita preventiva no vinculante a la víctima, es decir, se visita pero no con el fin de denunciar; la idea básica es que no haya lugares escondidos dentro de las cárceles, que no haya lugares en los cuales no se vea dónde están los presos. 43 Institucionalizar un sistema de visitas periódicas y no anunciadas de personas ajenas al mundo penitenciario es un avance en la lucha por el respeto a los derechos de los internos y de los ciudadanos en los centros de detención. Por eso es tan importante que nuestro país aparezca como signatario del Protocolo Facultativo contra la Tortura. Sin embargo, desde que Chile adoptó el Protocolo las noticias no han sido alentadoras, principalmente por indeterminación del organismo que hará las veces de ente supervisor de las condiciones carcelarias, llamado Mecanismo Nacional de Prevención (MNP). El Protocolo señala expresamente en su artículo 3: 42 Informe 2009, p Entrevista personal, 6 de abril de17 Cada Estado Parte establecerá, designará o mantendrá, a nivel nacional, uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Tras la aprobación del Protocolo y su inclusión en nuestro ordenamiento, el Estado estimó que el órgano ideal para cumplir con el mandato de este instrumento internacional era el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esta decisión implicaba otorgarle la calidad de Mecanismo Nacional de Prevención, lo que se manifestó en un oficio enviado por el Gobierno al secretario del Subcomité para la Prevención de la Tortura, donde también se explica que, como el organismo comenzaría sus funciones en febrero de 2010, la información respecto de su funcionamiento interno se enviaría una vez que la dirección superior del Instituto constituyera el MNP. 44 Pero, tras una serie de discusiones y análisis respecto de la idoneidad de este organismo, la idea fue desechada. Comenta Patricio Véjar: A la persona que encabezaba el Subcomité para la Prevención de la Tortura se le dijo que no sería posible porque, uno, el Instituto no tenía la independencia que requería, y dos, porque su estructura no contemplaba la participación de la sociedad civil, como también lo requería el Protocolo. Por estas razones, la situación actual del MNP es incierta. El Estado no ha cumplido con la obligación establecida en el artículo 17 del Protocolo Facultativo, el cual establece un plazo máximo de un año para que cada uno de los Estados Parte mantenga, designe o cree uno o varios mecanismos nacionales de prevención independientes. 45 Hasta la fecha, la supervisión de los condenados e imputados dentro de los recintos penales la siguen realizando la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema y en menor medida los jueces de garantía; en el área de responsabilidad penal adolescente, lo hacen las comisiones interinstitucionales. Puesto que éstos son los sistemas de monitoreo con que se cuenta hoy, cabe revisar su desarrollo y experiencia, si lo que se quiere es diseñar el mejor organismo posible de prevención contra la tortura. Las visitas de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema se realizan en los recintos penitenciarios y correccionales donde aún están recluidos condenados por orden de los tribunales del crimen (anterior a la Reforma Procesal Penal) y en los establecimientos especiales y carcelarios 44 Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficio 465 dirigido al Subcomité para la Prevención de la Tortura, 28 de diciembre de El artículo 17 del Protocolo Facultativo contra la Tortura señala: Cada Estado Parte mantendrá, designará o creará, a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Protocolo, o de su ratificación o adhesión, uno o varios mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional. Los mecanismos establecidos por entidades descentralizadas podrán ser designados como mecanismos nacionales de prevención a los efectos del presente Protocolo si se ajustan a sus disposiciones. 12518 en que se encuentran enajenados mentales según el antiguo sistema. 46 Estas visitas se extienden a todo el país y comprenden la elaboración de informes que los fiscales judiciales deben enviar al Ministerio de Justicia y dar a conocer a la opinión pública. El juez de garantía debe visitar los recintos el último día hábil de cada semana para supervisar que los internos no sufran tratos indebidos, impedimentos en el ejercicio de su derecho a defensa o prolongación indebida de la tramitación de su proceso. 47 Esta función se complementa con el envío de informes a la respectiva Corte de Apelaciones, informes cuyo impacto es escaso, sin embargo, atendidos su casi nula difusión y el desconocimiento de las medidas que pudiera adoptar la Corte de Apelaciones ante la vulneración de derechos en los recintos. En materia de adolescentes, las comisiones interinstitucionales visitan los centros privativos de libertad administrados por el Sename y las secciones juveniles de los recintos penitenciarios administrados por Gendarmería de Chile. 48 Del ejercicio de sus funciones se desprenden aspectos positivos, como la participación de distintos órganos de la sociedad civil y de la comunidad académica y la elaboración de informes con propuestas de mejora de las condiciones de los adolescentes recluidos; pero el acceso a estos informes es muy limitado, por lo que es prácticamente imposible realizar un seguimiento de sus propuestas. 5.1 El estado del problema Chile aún no satisface las exigencias del Protocolo que ha adoptado, en tanto no ha definido qué órgano se encargará de ejercer el control y supervisión de la actividad de los recintos penitenciarios. Antes del cambio de gobierno esta discusión no estaba zanjada pero el Instituto de Derechos Humanos era la opción con más apoyo, sin perjuicio de algunas opiniones en contra provenientes del mundo civil. La nueva administración tampoco ha dado con la solución. Al cierre de este Informe, el tema se encontraba en etapa de coordinación interministerial. Aparentemente, las nuevas autoridades no consideran que el Instituto de Derechos Humanos sea una opción cierta. Según Claudio Oliva, coordinador de la división de estudios de la Secretaría General de la Presidencia: En cuanto al organismo que ejerza el control, hemos pensado en materializarlo en el Instituto de Derechos Humanos. Sin 46 Las visitas se enmarcaban dentro de la facultad otorgada a los fiscales judiciales de la Corte Suprema por el artículo 353 del Código Orgánico de Tribunales. Esta norma está derogada, pero la Fiscalía Judicial ha interpretado que se mantiene vigente en lo que respecta a los internos condenados por orden de los antiguos tribunales del crimen. 47 El deber de los jueces de garantía lo impone el Código Orgánico de Tribunales en el artículo Estas comisiones tienen asidero normativo en los artículos 91, 92 y 159 del reglamento de la Ley19 embargo, no es la única opción que barajamos. Hemos pensado también en otros organismos, como la Cruz Roja, por ejemplo. 49 En la sociedad civil la discusión ha sido ardua y las propuestas han provenido de todos los sectores. La que suscribimos es de Álvaro Castro Morales, docente de la Universidad Diego Portales, quien plantea que la mejor forma de estructurar el control externo de los recintos penitenciarios es replicar, para el sistema de adultos, el modelo de las comisiones interinstitucionales creadas con objeto de la ley de responsabilidad penal adolescente. Para el autor parece razonable aprovechar esta experiencia y encaminar la discusión hacia la creación de un órgano especializado, que podría denominarse Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y de Supervisión de Condiciones de Detención y Carcelarias, con características similares a las de la justicia penal de adolescentes, pero creada por ley REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE GENDARMERÍA DE CHILE Y DEL SERVI- CIO NACIONAL DE MENORES Para mejorar las condiciones de los internos, y dar así un mayor grado de cumplimiento a los tratados internacionales que aluden a los derechos humanos de los reclusos, es fundamental elevar los estándares de profesionalización de Gendarmería de Chile y del Servicio Nacional de Menores. En 2009 y en lo que llevamos de 2010 una serie de modificaciones legales ha tendido a reformar más o menos profundamente el sistema penitenciario tanto de adultos como de adolescentes. A continuación se revisarán brevemente los cambios que se hicieron y que se espera hacer en este ámbito. 6.1 Gendarmería de Chile: modificaciones legales a la institución El 20 de marzo de 2010 se promulgó la Ley sobre modernización de Gendarmería de Chile, aumento de personal y readecuación de las normas de carrera funcionaria. 51 La nueva normativa apunta a mejorar las condiciones de esta institución con el objeto de aumentar el estándar de trabajo y cumplimiento de sus funciones. 49 Entrevista personal, 28 de julio de Álvaro Castro Morales, Protocolo Facultativo contra la Tortura de Naciones Unidas: Diversas opiniones en Chile para el mecanismo nacional de protección contra la Tortura, ponencia en el seminario nacional El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura en Chile y su implementación efectiva, 7 de agosto de 2009, p Este cuerpo normativo modifica, por una parte, el Decreto Ley de 1979, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile y, por otra, el Decreto con Fuerza de Ley de 1980, que consigna el estatuto del personal de Gendarmería de Chile. 12720 Dentro de las labores de Gendarmería se incluyó la contribución a la reinserción social de las personas privadas de libertad y, más importante, se le impuso como deber ejecutar acciones tendientes a eliminar la peligrosidad del interno y a su reintegración a la comunidad. 52 La importancia de esta nueva disposición radica en que se está reconociendo por vía legal que es función de Gendarmería velar por la rehabilitación del privado de libertad. Con ello se refuerzan derechos del recluso, como el derecho a la resocialización y a recibir un trato digno y humanitario. El mejoramiento de las condiciones de la institución incluye la sustitución total del artículo 8 de la ley orgánica de Gendarmería. Este artículo, que consigna las funciones de la Subdirección Técnica de la institución, sufre una positiva transformación en comparación con el antiguo precepto. Actualmente se explicita que su función es desarrollar los programas y proyectos institucionales tendientes a la reinserción social de las personas atendidas en los distintos sistemas, velando por el perfeccionamiento permanente del régimen penitenciario. 53 Esta norma se relaciona directamente con el artículo 3, letra f) antes señalado, pues mediante la labor de esta Subdirección Técnica se cumple con el deber de generar acciones positivas de reinserción de los reclusos, y de mejorar el sistema penitenciario. También se desprende que tales labores de resocialización se hacen extensivas por mandato legal a toda persona que se encuentre relacionada con el sistema penitenciario. Cabe preguntarse si Gendarmería de Chile está preparada para cumplir con estas nuevas exigencias legales. A su favor juega el contacto constante que establece con la población penal, lo que le proporciona 52 Artículo 3 de la ley orgánica de Gendarmería: f) Contribuir a la reinserción social de las personas privadas de libertad, mediante la ejecución de acciones tendientes a eliminar su peligrosidad y lograr su reintegración al grupo social. 53 Nuevo artículo 8 de la ley orgánica de Gendarmería: La Subdirección Técnica estará encargada de desarrollar los programas y proyectos institucionales tendientes a la reinserción social de las personas atendidas en los distintos sistemas, velando por el mejoramiento permanente del régimen penitenciario. Esta Subdirección tendrá las siguientes funciones: a) Desarrollar y gestionar las actividades de educación, trabajo, deportes, recreación, asistencia social, psicológica, sanitaria, religiosa y demás conducentes a la reinserción social de las personas atendidas en el sistema cerrado de los establecimientos penales con administración directa. b) Supervisar técnicamente los servicios que se prestan en los establecimientos concesionados. c) Ejercer el control y gestionar los programas de atención y asistencia de los condenados que gocen de medidas alternativas a la reclusión. d) Gestionar los planes y programas de asistencia de las personas que habiendo cumplido sus condenas, requieran de apoyo para su reinserción social. e) Diseñar, supervisar y controlar técnicamente los programas y proyectos que se adjudiquen para el apoyo de la reinserción social en los diferentes sistemas. f) Generar y mantener bases de datos estadísticos de la población privada de libertad y sujeta a una de las medidas establecidas en la Ley , relativas a sus características socioeconómicas, el quebrantamiento de la pena, la reincidencia luego del cumplimiento de la condena, y todas aquellas que establezcan otras leyes y reglamentos. La Jefatura de esta Subdirección será asumida por el subdirector técnico, quien será designado por el director nacional, de conformidad con lo dispuesto en el Título VI de la Ley Mostrar más
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 artículo 8
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 Artículo 3
 artículo 8
in fine
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
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 ARTÍCULO 1
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 Artículo 28
 Artículo 1
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