Source: http://psicolog.org/informe-anual-2013-captulo-ii-d-estado-de-cumplimiento-de-las-v2.html?page=11
Timestamp: 2019-05-22 02:30:59+00:00

Document:
Caso 12.475, Informe sobre solución amistosa No. 97/05, Alfredo Díaz Bustos (Bolivia)
En el Informe No. 66/12 de fecha 29 de marzo de 2012, la CIDH concluyó que el estado de Argentina no investigó debidamente la denuncia de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes que hizo el señor Godoy, en violación de los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 en relación con el artículo 5.1 de la Convención Americana. Asimismo, concluyó que la confesión que el señor Godoy hizo bajo alegatos de haber sido obtenida bajo tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, fue utilizada por los tribunales de justicia en su proceso penal, en violación del artículo 8.3 de la Convención. En adición, la CIDH concluyó que el señor Godoy no tuvo acceso a un recurso judicial que hiciera una revisión de los elementos de hecho, de derecho y valoración y recepción de la prueba que ponderó el tribunal de única instancia, en violación de lo dispuesto por el artículo 8.2.h) y artículo 2 de la Convención, todos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. Asimismo, concluyó iura novit curiae, que el Estado violó los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en perjuicio de Rubén Luis Godoy.
1. Disponer las medidas necesarias para que el recurso interpuesto por la defensa de Rubén Luis Godoy con el fin de obtener una revisión amplia de la sentencia condenatoria, se resuelva en cumplimiento del artículo 8.2.h) de la Convención Americana, con exclusión de cualquier prueba obtenida bajo coacción, en los términos del artículo 8.3 de dicho instrumento. La CIDH dará seguimiento al trámite y resultados del recurso de revisión.
2. Completar la investigación penal dirigida a esclarecer la denuncia de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes hecha por Rubén Luis Godoy, a la mayor brevedad y de manera efectiva e imparcial. La CIDH dará seguimiento al trámite y resultados de dicha investigación.
Mediante comunicación de fecha 11 de octubre de 2013, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de las recomendaciones pendientes de cumplimiento.
Mediante comunicación de fecha 19 de noviembre de 2013, la peticionaria informó que el día 24 de Septiembre de 2013, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, resolvió: "Tener por prescripta la acción penal y sobreseer” al señor Godoy. Asimismo, informó en relación a la causa en la cual el señor Godoy interviene como parte querellante y que investiga los apremios ilegales por él denunciados (Causa N° 343/1992 ante el Juzgado en lo Penal de Instrucción N° 3 de Rosario), se han realizado medidas de investigación solicitadas tanto por la Fiscalía General N° 8 como por parte de la Defensoría General de Cámaras, en su carácter de representante de la víctima.
La Comisión toma nota con satisfacción de los avances registrados en el cumplimiento de sus recomendaciones en este caso; en particular por la declaratoria de sobreseimiento del señor Rubén Luis Godoy. Al mismo tiempo observa que la segunda recomendación, referida a la investigación penal dirigida a esclarecer la denuncia por hechos de tortura continúa en trámite, por lo que concluye que se encuentra parcialmente cumplida. En consecuencia, la CIDH la seguirá supervisándola.
En el Informe No. 78/07 del 15 de octubre de 2007, la Comisión concluyó que el Estado de Bahamas era responsable de la violación de los artículos I, XXV y XXVI de la Declaración Americana al haber impuesto al señor Goodman a una sentencia de pena capital con carácter obligatorio. Con base en sus conclusiones, la CIDH recomendó que el Estado:
En el Informe No. 79/07 del 15 de octubre de 2007, la Comisión concluyó que al autorizar e imponer una sentencia de castigo corporal judicial al señor Pinder, el Estado de Bahamas es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos I, XXV, y XXVI de la Declaración Americana en perjuicio del señor Pinder. Con base en sus conclusiones, la CIDH recomendó al Estado:
El 16 de enero de 2013, los peticionarios en este caso reiteraron su solicitud de que se llevara a cabo una reunión de trabajo durante el 147º período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana. Basaron su solicitud en el reciente aumento de las violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas mayas, debido a que el Estado permite el desarrollo petrolero y la tala ilegal en territorios mayas sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos mayas en relación con el uso de las tierras de su propiedad. La Comisión convocó a una reunión de trabajo con ambas partes para el 13 de marzo de 2013. El Estado notificó a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH el 12 de marzo de 2013 que no podría participar en esta reunión de trabajo, pues le sería imposible presentar la información que se requeriría para ello. Por lo tanto, la Secretaría Ejecutiva canceló la reunión. Como seguimiento, la Secretaría Ejecutiva envió una carta al Estado el 21 de marzo de 2013, en la que solicitó sus observaciones sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe 40/04 dentro de un plazo de un mes. La Comisión no recibió respuesta del Estado a esta comunicación.
El 15 de marzo de 2013, la Comisión recibió una comunicación de los peticionarios en la que expresaron su preocupación por la cancelación de la participación del Estado en la reunión de trabajo. En su comunicación subrayaron que se trataba de la segunda vez que Belice cancelaba su participación en una reunión de esta naturaleza, poco tiempo antes de su realización. También informaron que el pueblo maya de Toledo y las organizaciones que lo representan, como la Alianza de Líderes Mayas, trabajan con presupuestos muy limitados. Por lo tanto, sienten que la actitud del Estado frente a los esfuerzos y recursos necesarios para enviar a un representante al extranjero representa una falta de respeto hacia su pueblo y hacia las importantes funciones de la Comisión. El incumplimiento por parte de Belice de las recomendaciones de la Comisión en el presente caso y su omisión de presentar informes nacionales a otras instituciones internacionales de derechos humanos da la impresión ante la comunidad internacional de que Belice no está comprometida con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Anteriormente, el 13 de marzo de 2013, los peticionarios entregaron a la Comisión un informe en que se destaca el incumplimiento por el Estado de Belice de las recomendaciones incluidas en el Informe 40/04. Los peticionarios subrayan en dicho documento la violación continua de los derechos de los pueblos mayas por el Estado de Belice; afirman que dicho problema se intensificó recientemente cuando Belice permitió a una corporación transnacional estadounidense, U.S. Capital Energy Ltd. (U.S. Capital), proceder con sus planes para iniciar perforaciones petroleras exploratorias en tierras tradicionales mayas sin haber obtenido su consentimiento libre, previo e informado. Consideran que estas acciones ignoran por completo las recomendaciones de la Comisión y las obligaciones de Belice de acuerdo con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Alegan que Belice también está infringiendo su jurisdicción interna, concretamente dos mandatos judiciales emitidos por la Corte Suprema de Belice en Re Maya Land Rights, que prohíbe la interferencia en territorios mayas, y las disposiciones de la Ley Petrolera, que requiere que las empresas petroleras obtengan el consentimiento de los propietarios y ocupantes legítimos de las tierras antes de ingresar en ellas para actividades de exploración y extracción. También resaltan que numerosos organismos internacionales, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico de la ONU y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, han expresado su inquietud por la falta de demarcación y protección por parte de Belice de tierras habitadas por poblaciones mayas y por su interferencia con estas tierras,.
Los peticionarios también informan que el gobierno ha estado construyendo una carretera pavimentada que atraviesa muchos pueblos mayas, sin consulta ni consentimiento. Esta carretera llegará hasta la frontera entre Belice y Guatemala y aumentará significativamente el tránsito a través de tierras pobladas. Afirman que las experiencias en Belice y en varios otros países han demostrado que las mejoras viales generan una mayor demanda de tierras a los lados de las carreteras por terceros. Sin una confirmación oficial de los derechos tradicionales de las poblaciones, la construcción de esta carretera plantea un mayor riesgo de que dichas poblaciones pierdan el control de sus tierras ante quienes se establezcan en ellas.
Con base en estas consideraciones, los peticionarios insisten ante la Comisión Interamericana en la importancia de un diálogo continuo con los líderes y representantes mayas para ayudarle al gobierno a crear un marco adecuado para la implementación de las recomendaciones. En este sentido, los peticionarios le solicitan a la Comisión que condene públicamente las recientes acciones del Estado de Belice a través de la emisión de un Comunicado de Prensa o por otro medio que considere adecuado, para vigilar meticulosamente los esfuerzos del Estado para cumplir con sus obligaciones internas e internacionales de derechos humanos, suministrarle al gobierno la experiencia y asistencia técnica necesarias y enviar una delegación de la Comisión a Belice para que participe en una conferencia de trabajo con las comunidades mayas.
El 7 de octubre de 2013, la Comisión solicitó a ambas partes información actualizada sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión contenidas en el Informe No. 40/04. Desde entonces, la Comisión Interamericana no ha recibido información alguna de las partes dentro del plazo establecido.
El 27 de octubre de 2005, mediante Informe No. 97/05, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso de Alfredo Díaz Bustos. En resumen, el peticionario alegaba que el señor Alfredo Díaz Bustos era un Testigo de Jehová a quien el Estado le había violado el derecho a la objeción de conciencia para la prestación del servicio militar, afectando directamente su libertad de conciencia y religión. Adicionalmente, el peticionario señaló que el señor Díaz Bustos sufrió discriminación por su condición de Testigo de Jehová dado que la propia Ley del Servicio Nacional de Defensa boliviano establece la desigualdad entre católicos y fieles de otras confesiones religiosas, siendo que para los primeros la exención del servicio militar era posible, no siendo así para los demás. El peticionario también alegó que el Estado boliviano había violado el derecho a la protección judicial de la presunta víctima ya que mediante sentencia definitiva del Tribunal Constitucional, se estableció que los asuntos sobre el derecho a la objeción de conciencia con relación al servicio militar obligatorio no pueden ser sometidos al órgano jurisdiccional.
Mediante el acuerdo de solución amistosa, el Estado se comprometió a:
Tras estudiar la información que consta en el expediente, la Comisión había concluido en sus Informe Anuales correspondientes a los años 2006 y 2007, que los puntos 1, 2 y 3 del acuerdo se encontraban cumplidos, mientras que aún quedaba pendiente el cumplimiento de los puntos 4 y 5.
Al respecto, el 17 de diciembre de 2007 el peticionario presentó una breve comunicación en la cual informó que la nueva Constitución boliviana no contemplaba en su catálogo de derechos el de “objeción de conciencia” y que en consecuencia, el Estado seguía incumpliendo los puntos (d) y (e) del acuerdo transaccional. Posteriormente, el 4 de junio de 2008, se recibió comunicación del peticionario, mediante la cual informó que el Proyecto de Ley del Servicio Militar Obligatorio estaba siendo debatido en el Congreso Nacional, y le solicitó a la Comisión que requiriera al Estado boliviano para que incorporara el derecho a la objeción de conciencia en el mencionado texto.
El 3 de noviembre de 2008, la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre el estado de cumplimiento del acuerdo. El 13 de enero de 2009 el peticionario remitió un documento informando que en la Constitución Política aprobada mediante referéndum el 25 de enero de 2009, no se incluyó el tema de objeción de conciencia.
El 21 de enero de 2009 se recibió comunicación por parte del Estado, informando que aunque el tema no se encuentra incluido en la Constitución Política, el Proyecto de Ley sobre el Servicio Militar obligatorio se encuentra actualmente en discusión parlamentaria, en la cual se espera ampliar el debate con la participación de los sectores involucrados. El Estado también indicó que el 2 de mayo de 2008 ratificó la Convención Iberoamericana sobre los Derechos de los Jóvenes, cuyo artículo 12 establece: “1. Los jóvenes tienen derecho a formular objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio. 2. Los Estados Parte se comprometen a promover medidas legislativas pertinentes para garantizar el ejercicio de este derecho y avanzar en la eliminación progresiva del servicio militar obligatorio”. Agregó que esta ratificación implica una incorporación de la objeción de conciencia al derecho interno y anunció la presentación de un informe posterior al respecto.
El 6 de enero de 2011 la Comisión solicitó información actualizada a ambas partes sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado boliviano en virtud del acuerdo de solución amistosa. El 26 de enero de 2011 el Estado solicitó una prórroga para la presentación de información. El 4 de febrero de 2011 la CIDH informó que no sería posible otorgar la prórroga, debido a los plazos para la deliberación y aprobación del Informe Anual de 2010, y comunicó al Estado boliviano que sus observaciones posteriores serían consideradas en el marco del seguimiento al Informe Nº 97/05.
Mediante comunicación recibida el 2 de febrero de 2011 el peticionario reiteró que a pesar de que el 7 de febrero de 2009 fue sancionada una nueva Constitución Política en Bolivia, la objeción de conciencia no fue incluida en sus catálogos de derechos. Afirmó que dicha garantía no ha sido incorporada en disposiciones legales y que tampoco se encuentra mencionada en el Proyecto de Ley del Servicio Militar Obligatorio, elaborado por el Ministerio de Defensa y pendiente de aprobación en el Congreso.
El peticionario agregó que si bien es cierto que el 2 de mayo de 2008 fue ratificada la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes en Bolivia, la Ley No. 3845, la cual regula dicha ratificación, introdujo una reserva al artículo 12 de la mencionada Convención, el cual establece precisamente la protección a la objeción de conciencia, por lo cual subsistiría un incumplimiento del acuerdo de solución amistosa.
Durante el año 2011, la CIDH recibió información de las partes sobre el estado de cumplimiento de los puntos d) y e) pendientes de cumplimiento respecto del Informe No. 97/05. En este sentido, el Estado informó en comunicaciones de 18 de febrero, 12 de abril y 20 de mayo de 2011, que el proyecto de Ley de Servicio Militar presentado por el Poder Ejecutivo el 16 de enero de 2008 ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, estando pendiente su discusión en la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Adicionalmente, el Estado informó que el Ministerio de Defensa, mediante Resolución Ministerial Nº 1062 de 28 de diciembre de 2010, dispuso otorgar la Libreta de Oficial de Reserva al personal que presta el Servicio de Extensión e Integración Social en el marco del Servicio Militar de Compensación, lo cual constituye un avance importante en la modernización de la Institución Armada, al brindar la oportunidad a los jóvenes para que sirvan a la patria de acuerdo a sus aptitudes, formación académica y en el respeto a las creencias que profesan. El Estado señaló que como consecuencia de lo anterior, ha cumplido con los compromisos asumidos el Informe No. 97/05.
Mediante comunicación de 6 de junio de 2011, el peticionario informó que el proyecto de Ley de Servicio Militar Obligatorio Nº 17/08 de 16 de enero de 2008, no incluye de forma específica la objeción de conciencia, por lo que se realizaron gestiones ante el Ministerio de Defensa y ante la Cámara de Diputados sin obtenerse ningún compromiso al respecto. Señaló que este proyecto de ley no tiene movimiento dentro del procedimiento legislativo por lo que existe el temor que sea aprobado de forma intempestiva y, sin lugar a observaciones por parte de la Defensoría del Pueblo. Adicionalmente, el peticionario informó que como consecuencia de la aprobación del texto constitucional, el Ministerio de Defensa elaboró en el año 2009 una serie de anteproyectos, entre los que se encuentra el referido a Seguridad y Defensa Integral del Estado Plurinacional, donde se omite la objeción de conciencia en su artículo 61 al prescribir el Servicio Militar Obligatorio. En consecuencia, el peticionario considera que el Estado boliviano no ha cumplido a la fecha con los compromisos d) y e) del Informe de Solución Amistosa Nº 97/05.
El 16 de noviembre de 2012, la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado boliviano en virtud del acuerdo de solución amistosa. El peticionario no presentó información en el plazo fijado. Mediante comunicación recibida el 14 de diciembre de 2012, el Estado solicitó a la CIDH la concesión de una prórroga, la cual fue concedida por la Comisión en comunicación de 17 de diciembre de 2012 por 15 días.
El Estado, mediante comunicación recibida el 31 de diciembre de 2012, informó que durante los años 2011 y 2012 ingresaron en la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de Ley referente al Servicio Militar Obligatorio para postulantes a cadetes Policiales y Militares, y el proyecto de Ley sobre Servicio Militar Obligatorio, respectivamente, por lo que el tema de la objeción de conciencia sigue siendo objeto de un profundo análisis. Señaló que en el proyecto de Ley sobre Servicio Militar Obligatorio se propone la inclusión del servicio militar sustitutivo por razones de objeción de conciencia. El Estado informó que si bien el artículo 249 de la Constitución Política del Estado establece que” todo boliviano está obligado a prestar su Servicio Militar”, esta disposición constitucional se implementa a través de distintas modalidades que regulan este servicio, de las cuales algunas excluyen el adiestramiento militar y uso de armas. En este sentido, el Estado indicó que a través de la Ley de Aeronáutica Civil de Bolivia (Ley Nº 2902 de 2004) y de la Resolución Ministerial Nº 1152 de 25 de agosto de 2000, se contempla el otorgamiento de la libreta de servicio militar a jóvenes voluntarios de los grupos de búsqueda y salvamento de la Fuerza Aérea boliviana que cumplan con los requisitos establecidos, y que realicen este servicio durante un día por semana durante dos años, y a los que presten el servicio sin ningún costo alguno para el beneficiario. En definitiva, el Estado señaló que en la práctica existe un servicio alternativo al servicio militar obligatorio.
En comunicación recibida el 5 de febrero de 2013, el peticionario informó que no ha habido mayor avance respecto de lo informado en el año 2011, y que en consecuencia, el Estado no ha dado cumplimiento hasta la fecha a los compromisos asumidos en los literales d) y e) del Informe de Solución Amistosa Nº 97/05.
El 7 de octubre de 2013, la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado boliviano en virtud del acuerdo de solución amistosa. El Estado, mediante comunicación recibida el 6 de noviembre de 2013, informó que con base en la Constitución Política del Estado de 2009, la cual incorpora los principios y derechos establecidos en los instrumentos internacionales y regionales de derechos, y en el principio de reserva legal, no existe limitación alguna para reglamentar el derecho a la objeción de conciencia a través de la ley. Señaló que tal y como informó a la CIDH el 31 de diciembre de 2012, se encuentran en la Asamblea Legislativa Plurinacional dos proyectos de ley a fin de adecuar la legislación militar a la Constitución Política de 2009: PL 00/2011 “Declárese de Prioridad Nacional el Servicio Militar Obligatorio para Postulantes a Cadetes Policiales y Militares en Territorio Nacional”, y PL 345/12 “Proyecto de Ley del Servicio Militar Obligatorio”. Igualmente, el Estado reiteró en relación al Servicio Militar Alternativo SAR (Search and Rescue), que éste tiene un profundo carácter social, ya que consiste en la búsqueda, asistencia y salvamento aéreo, así como en el auxilio en accidentes de carretera y desastres naturales, entre otros, por lo que muestra que existe en la normativa militar un servicio alternativo al servicio militar obligatorio.
Por su parte el peticionario informó mediante comunicación recibida el 7 de noviembre de 2013 que el Estado no ha dado cumplimiento a la fecha de los compromisos d) y e) del Informe de Solución Amistosa No. 97/05.

References: artículo 5
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 12
 artículo 12
 Resolución 
 artículo 61
 artículo 249
 Resolución