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Timestamp: 2019-04-25 22:39:42+00:00

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Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Miquel Benito López el febrero 20, 2019 a las 2:07pm
hola, yo no he acabado de entender ese informe.
¿Desde las otras administraciones que no somos la Estatal como le voy a decir al contratista de servicios que esta obligado a continuar el contrato cuando para las concesiones se ha previsto el supuesto del art. 290.6 de la LCSP y su equivalente para concesiones de obras públicas? y eso logicamente para contratos de la lcsp, para los otros ya ni te cuento.
Yo creo que se puede argumentar lo siguiente; y de una forma más científica que no un salto generalizado forzando una inexistencia de responsabilidad patrimonial como indica el informe de la abogacia del Estado, y estamos preaparando una instrucción en el sentido de:
El Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el cual se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2019 (SMI 2019) ha fijado su importe en la cantidad de 900 Euros. Esta cuantía, aplicable desde el 1 de enero de 2019, representa un incremento del 22,3% respecto del salario mínimo fijado anteriormente, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.
Este incremento solo afecta al salario mínimo interprofesional y no tiene repercusión en otros conceptos salariales, o en otras cuantías salariales superiores que hayan tomado como referencia el SMI para su cálculo.
Consecuentemente, la aplicación del aumento del SMI 2019 puede comportar el encarecimiento de los gastos de producción o de prestación de bienes y servicios que actualmente el Ayuntamiento tiene contratados.
Se considera que esta decisión adoptada por otra Administración y que afecta a los contratos de este Ayuntamiento corresponde jurídicamente con el que se denomina factum principis.
Esta instrucción tiene por objeto indicar cuál es el porcentaje de variación para considerar roto este equilibrio económico de los contratos y qué tratamiento jurídico corresponde a cada supuesto concreto, siempre y cuando se trate de un desequilibrio financiero suficientemente importante y significativo que no puede ser subsumido en la estipulación general del riesgo y ventura implícito en todo contrato.
El ámbito de aplicación de esta Instrucción alcanza toda la organización municipal, incluyendo sus entidades vinculadas o dependientes.
1. Requisito de porcentaje mínimo de incremento del coste del contrato para considerar roto su equilibrio económico.
Para todos aquellos contratos todavía vigentes y adjudicados con la normativa anterior a la Ley 9/2017 este encarecimiento tendría que representar como mínimo una variación del 2,5% de su precio de acuerdo con los criterios fijados por STS 06/05/2008, 04/06/2008 y 14/04/2010 y Dictámenes Consejo Sido 5/11/1987, 14/05/1987 y 13/03/2003.
En cuanto a los contratos adjudicados de acuerdo con la Ley 9/2017, su art. 270.4 ha contemplado el desequilibrio en concesiones provocado por otra administración, fijando una variación del 5% del importe neto de la cifra de negocios, pero excluyendo la posibilidad de reequilibrar. No obstante, para los contratos que no son concesiones continúa siendo de aplicación la cláusula sic rebus stantibus, pero el porcentaje aplicable por analogía tendría que ser también el 5% establecido al arte. 270.4, por este motivo se aplicará este mismo porcentaje para todo el resto de contratos que no son concesiones pero adjudicados bajo la vigencia de esta norma.
En el supuesto de que el encarecimiento derivado de la actualización al nuevo SMI no suponga como mínimo un encarecimiento del 5% o 2,5% según normativa aplicable al contrato concreto, se considerará que no corresponde aplicar ningún incremento del precio del contrato.
2. Procedimiento de restablecimiento del equilibrio de cualquier contrato
2.1 Solo•licitud del contratista aportando todos los documentos y datos que acrediten la totalidad del desglose de los gastos del contratista en el momento que el contrato fue adjudicado y en el momento actual de acuerdo con el incremento derivado del nuevo salario mínimo aprobado.
La documentación aportada tiene que permitir visualizar claramente el desglose de cada una de los gastos directos e indirectos del contrato, así como su porcentaje respecto del total de gastos, como también el beneficio industrial en el momento que fue adjudicado el contrato y su variación al momento actual.
2.2 Los documentos probatorios de gastos directos e indirectos que el contratista tiene que acompañar a la solicitud pueden ser los siguientes:
a. La relación total del personal adscrito a la ejecución del contrato desagregada por género y categoría profesional con indicación para cada trabajador/a de el número de horas de jornada dedicados al contrato y convenio aplicable.
b. Nóminas y cuotas de la Seguridad Social, copia de los contratos laborales de este personal, facturas de aprovisionamiento, declaraciones tributarias y cualquier documento contable o auditorías que contemplen gastos directos o indirectas imputables al contrato, así como también declaraciones tributarias, declaraciones IVA, impuesto sobre sociedades del último ejercicio y cuentas anuales presentadas al registro mercantil.
c. Para dar cumplimiento a la normativa de protección de datos de carácter personal, los contratistas eliminarán u ocultarán los datos que permitan la identificación concreta del trabajador/a, y mostrarán nomes los tres últimos dígitos y letra del DNI de cada trabajador/a, de tal forma que sin conocer la identidad de aquel trabajador/a permitirá la comprobación y verificación del personal afectado.
2.3 Solo se admiten como incremento del precio del contrato las variaciones del salario mínimo interprofesional del personal vinculado a su ejecución. En ningún caso se admitirán otros incrementos aunque estén vinculadas a gastos del contrato.
2.4 El importe que resulte como incremento de precio se tendrá que informar jurídicamente y fiscalizar para aprobar resolución administrativa por el órgano de contratación competente, la cual contemplará el incremento de Autorización y Disposición del importe del contrato en la cuantía determinada para permitir el reconocimiento de la obligación de cada factura. Hará falta la correspondiente formalización de este incremento mediante una adenda al contrato.
2.5 En los contratos de concesión de servicios o de obra pública el procedimiento es el mismo. No obstante, el importe que resulte como incremento tendrá el tratamiento jurídico que se corresponda con la normativa vigente en el momento de la aprobación de la licitación del contrato, ya sea incremento de subvención, tarifas o cualquier otro cláusula con contenido económico que permita su régimen jurídico.
2.6 La posibilidad de exigir el reequilibrio es facultativa para el contratista pero obligatoria para el Ayuntamiento en caso de que este le resulte favorable. En este sentido, hay que considerar que el concepto de equilibrio no responde en un momento puntual, sino que afecta a toda la vigencia del contrato. Por lo tanto, a pesar de que este incremento del SMI pueda tener un efecto de encarecimiento en los contratos en vigor hace falta también observar qué otras circunstancias también imprevisibles o por decisión de la Administración, han podido favorecer la economía del contrato a favor del contratista en más de un 5% o 2,5% según normativa aplicable al contrato y desde el momento de su adjudicación, hecho que permitiría su compensación con el incremento del SMI, y en consecuencia no comportaría ninguna aprobación de incremento a favor del contratista.
3.1. Contratos sin riesgo operacional (servicios, gestión interesada, suministros, obra):
Por aplicación supletoria del derecho civil de acuerdo con el que prevé el arte. 25 de la LCSP y el arte. 19 del ya derogado TRLCSP, y la consideración implícita en todos los contratos de la cláusula rebus sic stantibus reconocida como un principio informador del derecho contractual europeo por el Tribunal Supremo por sentencias de 15 y 16 de enero de 2013, solo se puede articular el restablecimiento del equilibrio mediante una resolución administrativa que apruebe y disponga el gasto por el importe que resulte a favor del contratista.
3.2. Contratos con riesgo operacional (concesiones de gestión de servicios públicos o concesión obra pública):
En el caso de contratos de concesión de servicios públicos así como los de concesión de obra pública vigentes hay que tener en consideración que están sujetas a un régimen jurídico concreto según el momento de aprobación y publicación de la respectiva licitación, y por tanto plantean diferentes escenarios y formas de tratar este reequilibrio del contrato.
Para contratos adjudicados bajo la vigencia de la Ley 9/2017 LCSP hay que tener presente que esta norma prohíbe el reequilibrio fuera de los casos del arte. 270. 2, apartado a) y b) y ha incorporado un supuesto concreto a su arte. 270.4 que evita la aplicación supletoria de la cláusula rebus sic stantibus o de reequilibrio del contrato cuando la rotura del equilibrio ha sido provocado por la aprobación de una disposición de carácter general aprobada por otra Administración y fija el porcentaje de variación en un mínimo del 5%. En estos casos no procede reequilibrar, el contratista solo puede asumir los gastos o instar la resolución unilateral del contrato sin ninguna indemnización.
Para el resto de contratos de concesiones adjudicados de acuerdo con la normativa anterior a la Ley 9/2017, los mecanismos de restablecimiento del equilibrio son los siguientes:
a) Concesión de Obra Pública:
a.1) Contratos de concesión de obra pública adjudicados con la Ley 13/1995: la manera de restablecer este incremento de precio y por tanto el equilibrio pasará exclusivamente por aumento de tarifas o aumento de subvención pública a la explotación.
a.2) Contratos de concesión de obra pública adjudicados con el Real decreto legislativo 2/2000 y hasta la modificación por la ley 13/2003: se mantiene la misma situación anterior y solo se puede acordar aumento de tarifas o aumento de subvención pública a la explotación.
a.3) Contratos de concesión de obra pública adjudicados con la Ley 13/2003: se añade la posibilidad de modificar cualquier cláusula de contenido económico del contrato además del incremento de tarifas o incremento de subvenciones, e incluso la posibilidad de ampliar el plazo dentro de los límites legales establecidos como duración máxima en el artículo 263 del RD 2/2000.
a.4) Contratos de concesión de obra pública adjudicados con la Ley 30/2007 o Real decreto legislativo 3/2011: se mantendrá la variedad de posibilidades de restablecimiento del equilibrio del contrato mediante modificación de cualquier cláusula de contenido económico, pero se limita la ampliación del plazo de vigencia del contrato a un máximo del 15% de su duración inicial y en todo caso sin superar el límite legal máximo de duración.
b) Contratos de gestión de servicios públicos mediante concesión:
b.1) Contratos de gestión de servicios públicos adjudicados con la Ley 13/1995 o Real decreto legislativo 2/2000: solo se permite el incremento de tarifas o de subvención como opciones para restablecer el reequilibrio de estos contratos adjudicados bajo la vigencia de estas normas.
b.2) Contratos de gestión de servicios públicos adjudicados con la Ley 30/2007 y Real decreto legislativo 3/2011: se establece la posibilidad de reequilibrar mediante la modificación de cualquier cláusula de contenido económico del contrato, incluso la prórroga del 10%.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para José Manuel Martínez Fernández el febrero 20, 2019 a las 6:12pm
Perdona, no tengo a manos esas sentencias que dices que han fijado un porcentaje de desequilibrio a partir del cual hay que compensar al contratista? Todo los que leído de desequilibrio económico habla de que éste ha de ser, como dice la Ley, sustancial, subversivo, para el consejo de Estado y los Tribunales, desmesurado.,. que incurra en pérdidas ¿a qué se refieren exactamente con ese porcentaje al que aludes del 2,5%?
Consultores y abogadosPermalink Responder para María Isabel Domínguez LLerena el febrero 22, 2019 a las 11:54am
Buenos días, José Manuel. Yo tampoco he localizado esa opinión concreta del Consejo de Estado. Sí tengo a mano dos de las sentencias que cita Miguel Benito. Las adjunto. Un saludo.
S TS 4_6_2008....doc, 89 KB
S TS 6_5_2008....doc, 87 KB
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Miquel Benito López el febrero 22, 2019 a las 11:08am
ese 2.5% fue establecido por dictamen del consejo de Estado ante la ausencia normativa de porcentaje.
Se refiere a un encarecimiento del contrato del 2,5% del precio del contrato.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para José Manuel Martínez Fernández el febrero 27, 2019 a las 2:20pm
Ese porcentaje del 2,5% está en una disposición de 1964 derogada sobre revisión de precios, al igual que el porcentaje del 20% que aparecía en el RCCL de 1953.
Los Tribunales y el CdeE exigen que la ruptura del equilibrio sea desproporcionada, sustancial, que la empresa entre en pérdidas continuadas y no una mera reducción de beneficios, como sucedía en el caso de las sentencias de 2008, que desestiman precisamente la reclamación por desequilibrio económico, que era además, en un caso, superior al 2,5%.
Dice la STS4 de junio de 2008, en su fj 4:
En el momento actual no hay disposición legal alguna que establezca umbrales fijos para la entrada en juego del
principio del riesgo imprevisible como superador del riesgo y ventura como si fijaba el Decreto Ley 2/1964, de 4 de febrero al cifrarlo en el 2,5 % del contrato, supuestos analizados en las sentencias esgrimidas.
Y por ello la Sala de instancia tampoco lesionó la jurisprudencia invocada en lo que se refiere al límite cuantitativo del riesgo imprevisible. Considera que las cifras de incremento, 2,57 % en presupuesto inicial, o 3,14 % en el adicional con revisión de precios, se encuentran dentro de los márgenes razonables con relación al beneficio industrial, conclusión que no contradice la jurisprudencia invocada. Es cierto que en tal supuesto el beneficio del contratista es menor del esperado mas ello encaja en la doctrina del riesgo y ventura sin alterar frontalmente el equilibrio económico financiero que haría entrar en juego la doctrina del riesgo imprevisible.
He escrito un artículo al respecto que podéis leer en este enlace
http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.487/relca...
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Miquel Benito López el febrero 27, 2019 a las 2:54pm
Muchas gracias por este sano debate.
Si el porcentaje debe ser superior al 2,5% o otro diferente estoy de acuerdo, pero ya es otro debate, ya que en síntesis se trataria de siguiendo el esquema que explique fijar una variación de porcentaje a partir del cual reconocemos esa rubtura de la economia del contrato y según el caso y tipologia de contratos , tambien si hay margen dentro del negocio no tanto para asumir ese incremento sinó si el contratista tiene como bien dices tiene margen de decisión de gestión para poder recuperar o mitigar ese encarecimiento presumiendole su diligencia empresarial.
A todo esto, yo creo que estamos pasando por alto un tema muy importante. La diferencia entre riesgo y ventura, y riesgo operacional.
En los contratos sin riesgo operacional los contratistas no tienen margen o tienen un margen mucho más reducido de gestión de sus medios, por ello y en justa compensación no tienen por que soportar el riesgo operacional, y en justa medida solo estan expuestos al riesgo y ventura. A nadie se le escapa que en un contrato de servicio de gestión en la modalidad de concesión el contratista tiene un mayor margen de maniobra para decidir el modo de gestión más ajustado precisamente para afrontar con más margen de decisión los riesgos operacionales que le han sido impuestos, mientras que en contratos de servicios y sobretodo con mano de obra intensiva ese margen es prácticamente nulo. Decir que ambos contratistas tienen a priori una misma situación de control sobre su negocio, tanto los contratistas con riesgo operacional y a los que no tienen ese riesgo no me parece jurídicamente lógico ni justo, atendiendo tambien a que són negocios jurídicamente distintos y con un régimen propio cada uno.
Por tanto, si los contratistas que no tienen riesgo operacional tienen el derecho de recuperar su inversión y no su benefició industrial como és lógico por interpretación a contrario de lo que dice el art. 14 y 15 de la LCSP para las concesiones, ¿como le vamos a decir que no le compensamos ese incremento y que además por interés público está obligado a quedarse hasta nueva licitación y por el mismo precio de adjudicación?
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para José Manuel Martínez Fernández el febrero 27, 2019 a las 3:03pm
Pero es que precisamente, ese es su riesgo y ventura.. ya pasó con la devaluación de la peseta, los cambios tributarios o las fluctuaciones del precio de los derivados del petróleo... En todo caso, en un contrato de servicios no hay inversiones que amortizar, generalmente, los gastos de prestación, como la subida o bajada d energía electica o los costes laborales son riesgos para los contratistas....
Empresas, licitadores y contratistas.Permalink Responder para FFCT el febrero 28, 2019 a las 9:13am
Buenos días. Gracias a todos/as por vuestras aportaciones. Parece, pués, que está muy complicado cambiar las condiciones de un contrato regido por la anterior Ley de Contratos que entra en pérdidas y, por tanto, que hay que seguir cumpliéndolo o intentar una dificil resolución del mismo de mutuo acuerdo, ya que los escasos margenes económicos que deja la primacía de los criterios económicos, las obligaciones a cumplir de los Pliegos y el marco laboral hacen muy dificil que se puedan reducir costes.
En relación con uno de los contratos de mi empresa que entra en pérdidas, la entidad local contratante nos comenta que asimila lo del salario mínimo al supuesto indicado en la Recomendación de la Junta Consultiva del Estado de 10 de diciembre.
No se, al final, que ha pasado con la contrata de control de accesos que mencionaba Enrique Muñoz o con la contrata de limpieza que mencionaba Pilar Soldevilla. También sería interesante tener noticias de las actuaciones en este ámbito que esten llevando a cabo grandes empresas como Ferrovial, Eulen o similar. A ver si alguien puede aportar información a este respecto.
Lo más gracioso de todo es que todavía siguen viéndose muchos estudios de costes realizados para promover licitaciones donde solo se tiene en cuenta los costes laborales actuales y no se hace ningún tipo de previsión sobre incremento desos costes a lo largo de la duración del contrato o de las prórrogas.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Charo Delgado Fernández el febrero 28, 2019 a las 9:36am
Si los costes no son adecuados para todo el periodo de ejecución del contrato, el pliego que los contiene se puede recurrir. La revisión de precios es complicada, pero no lo es tener en cuenta las modificaciones salariales a la hora de establecer los costes.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para Miquel Benito López el marzo 22, 2019 a las 1:28pm
Adjunto un artículo de la revista Cunal de Gómez-Acebo &Pombo Abogados de 2015 por si aporta más luz al tema.
En todo caso entiendo que hay margen intermedio entre una opción tan tajante como la de la abogacía del Estado que niega de plano cualquier intento de requilibrio, como lo contrario y que todo cabe en ese campo de orégano, no todos los contratos tienen la misma estructura de gastos ni márgenes de operatividad, por lo que hay que ir caso a caso.
En cuanto a la posibilidad de instar la resolución por mutuo acuerdo y obligando al contratista a seguir prestando el servicio pero con precios ajustados a ese encarecimiento. Todo en base al art. 212.4 en relación al art. 213.6 y a la letra g del 211.1 tampoco lo veo muy ajustado por lo siguiente que resumidamente expongo.
Algunas de las causas de resolución que contempla el art. 211 son automáticas y otras no, y lo que es más importante quien puede instar la resolución de un contrato es la parte que no incumple tal y como dice el art. 212.2 in fine. Y hay que recordar que la potestad administrativa de resolver un contrato tiene su fundamento en la consecución de un interés público como siempre. La facultad además en el caso del contratista para invocar una resolución implica que el contratista haya cumplido con sus obligaciones y eso lo enlazaré más adelante con el riesgo y ventura y la obligación de seguir prestando el servicio contra viento y marea.
Hay que recordar que la aplicación de la resolución por mutuo acuerdo del art. 212.4 solo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.
Si llevamos a la máxima la teoría del riesgo y ventura no podemos decir que el aumento del salario mínimo no es una causa que pueda originar un incumplimiento imputable al contratista. La teoría del riesgo y ventura significa que el contratista asume la obligación de prestar el servicio y que no se excuse con causas de tercero, por tanto, tampoco cabe que si aceptamos riesgo y ventura para todo digamos que no le es imputable como causa de resolución un aumento salarial. Si justamente es al revés, el contratista está cumpliendo y quizás quiere seguir cumpliendo pero tiene un encarecimiento que nadie, ha podido prever, y no quiere ni debe ganar más dinero, quiere seguir ganando lo mismo que cuando se le adjudicó el contrato, ni más ni menos.
Ya no entro en el tema que daría para mucho del principio de confianza legítima frente a cambios normativos repentinos y según el TS “actos o signos externos lo suficientemente concluyentes como para generar una razonable convicción en el ciudadano”,
En cuanto a la palabra “solo” que contempla el art. 212.4, no hay excepción, solamente cuando coincide la voluntad del contratista (y no se trate de un incumplimiento) y el interés público se puede resolver el contrato de mutuo acuerdo. Para resolver el contrato significa que es necesario justificar que a la administración no le interesa mantener el contrato y alcanzar el objetivo o finalidad del contrato. Es decir que la administración ha perdido la necesidad de mantener ese contrato, no tiene ningún interés en que se sigua prestando el servicio y mejor destinar el dinero comprometido a otra necesidad pública justificada (ya sea porque no hay usuarios, o por cualquier otro motivo o prioridad que interesa a la administración y que no es arbitrario o caprichoso), por tanto tampoco se va a volver a necesitar licitar por falta de justificación necesidad, si justamente por eso lo ha resuelto. Da la casualidad que el interés público para el caso concreto del salario mínimo no tiene nada que ver con los motivos o necesidades que tiene el servicio contratado por la administración, es decir, la administración no ha perdido el interés en que se preste el contrato, más bien es al revés. A la administración le sigue interesando ese contrato motivo por el que seguramente si se resuelve se va a volver a licitar en breve.
Por tanto, en mi humilde opinión no podemos argumentar jurídicamente que el contrato se ejecuta a riesgo y ventura por encima de todo y que por la subida del Salario mínimo (que no le es imputable al contratista) es imposible ejecutar la prestación inicialmente pactada, y por tanto es de interés público resolver el contrato por falta de necesidad de mantenerlo pero que en breve lo volvemos a licitar. Es como un poco extraño jurídicamente si lo hacemos aplicando una lógica secuencial y encima ir al art. 213.6 para allí pactar lo que mejor convenga a las partes, que mucho me temo que va a ser lo justo y necesario de pagar el encarecimiento de ese salario mínimo, ni que sea hasta la fecha que se le va a obligar al contratista a seguir prestando el servicio hasta la nueva licitación con el nuevo precio que por supuesto incluirá el aumento del salario mínimo. Por cierto la nueva licitación puede ser de dos meses o puede ser todo un año, depende lo complejo que sea el contrato.
Total en resumen parece como que hay que forzar un poco el riego y ventura, el interes público, el mutuo acuerdo para una ficción que todo y resolviendo el contrato tendrá los mismos efectos para no aplicar el rebus sic stantibus que precisamente se aplica para estos casos concretos y sin tanto exceso a mi entender interpretativo ni que sea por ser más prágmaticos como al final del artículo que adjunto parece ser el resumen de esta lio.
Revista_estudios_locales_cunal_180_nueva_configuracion.pdf, 895 KB
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para NIEVES SERRA PEREZ el marzo 28, 2019 a las 10:56am
Disculpad, pero yo ya tengo dos empresas que me solicitan el incremento oresciden, una de ellas el contrato de socorrismo que se adjudcó con la anterior ley, y fijaros si renuncia al contrato para semana santa y verano...sería imposible licitar un contrato SARA aestas alturas del año.
Al final no me queda muy claro con todas las intervenciones qué debería hacer.
Empleados del Sector PúblicoPermalink Responder para José Manuel Martínez Fernández el marzo 28, 2019 a las 1:52pm
En este artículo cuyo enlace adjunto puede ver resumida la opinión de la abogacía del Estado y la mía sobre el tema, opinión que he desarrollado más en un artículo publicado en la Revista de Estudios Locales CUNAL, nº 218, marzo de 2019, pero este no te lo puedo enviar porque es una publicación para suscriptores...
Espero que te sea de alguna utilidad

References: Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real decreto 
 artículo 263
 Real decreto 
 Real decreto 
 Real decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in fine
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución