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Timestamp: 2020-02-24 10:04:43+00:00

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POSTA PORTENIA: 1121* Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así
1121* Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así
Número 1121 | FEBRERO 26 de 2013 | Año IX
Me cansé. La CNN no es el adalid de la libertad de prensa y opera ideológicamente mucho más que como lo puede hacer Telesur. Claro, como una de las claves para aquellos que quieren seguir imponiéndonos su dominio económico y dejarnos claro que 'un poquito de respiro a los pobres hay que darle, pero no te metas a fondo con quién detenta el dinero y por lo tanto el poder´, son los medios de comunicación, es fácil ver cómo se solidarizan los defensores de la libertad de empresa, perdón debí escribir de la libertad de prensa en el mundo.
Es uno, solito con su alma el que decide cómo analizar lo que le dicen a CNN y Telesur
Por supuesto que parte de los estudiantes en las movilizaciones reclamando mayor seguridad o protestando por la falta de productos en los supermercados, o aquellos que se sumaron después de la primera protesta a pedir por la libertad de los que fueron presos en los disturbios o exigiendo no más muertos están reclamando justamente.
¿Cómo y quiénes los usan en sus justos reclamos?
¿No habrá que pensarlo?
Escribía mi amigo Leandro Grille (que podrán criticarle muchas cosas, o decir, claro, es dirigente de izquierda, pero no podrán negarle que del tema universitario sabe un poco el chiquilín para aquellos que se tomen el trabajo de googlear su militancia y dirigencia): "En Venezuela hay un montón de universidades, públicas y privadas. Cuando asumió Chávez, en 1999, en Venezuela había 643 mil estudiantes universitarios.
En la actualidad el número alcanza casi 2 millones 620 mil estudiantes, es decir más de cuatro veces la cantidad de estudiantes que había al inicio de la Revolución Bolivariana, lo que transforma a Venezuela en el país con mayor crecimiento de matrícula universitaria en todo el mundo y por lejos. Durante los 15 años que lleva el chavismo en el gobierno, el estado venezolano creó 15 Universidades, al ritmo de una por año, duplicando la ca ntidad de institutos de educación superior públicos que habían creado a la lo largo de toda la historia de ese país, desde la fundación de la UCV en 1721".
Desde lo personal, no me gustan las decisiones cuasi marciales del presidente electo democráticamente Nicolás Maduro. Desconfío de tanto militar reconvertido en su gabinete de gobierno. Abro los ganchos a los análisis de estudiosos de izquierda que señalan que Maduro debe tomar el toro por las astas ya y definir medidas económicas urgentes que le permitan controlar la impresionante inflación y el mercado de monedas que hace del dólar en paralelo una enorme piedra en el camino.
No me como los mocos, con Chávez y con Maduro, Venezuela ha sido uno de los mayores proveedores de petróleo a los Estados Unidos.
posta - postaporteñ@ 1121 - 2014-02-26
Por otro lado Aldo Gili en PP 1119 (“Cosa succede...?”) puede ser un ejemplo del otro lado, del bando “criticón” que de cualquier manera dice "Apoyo al gobierno de Maduro a pesar del mismo caballero...Hay que defender a Venezuela, y a pesar mío, a Maduro".
Más allá de estas coincidencias elementales, creo que las cosas merecen una consideración más profunda.
Lo que a mí en verdad me parece es que discutimos demasiado poco.
No cuento las peleas e insultos, que no son discusiones. Las cosas que pasan son muchas y las ideas que rescatamos del naufragio muy poquitas.
Aparecen y aparecen y pasan volando muchos temas a abordar, opiniones diferentes, y por más que hagamos, las cosas van quedando dichas a medias. Después, cuando los hechos nos caminan por arriba, ahí nos acordamos
"... la respuesta de Nicolás Maduro es demasiado tolerante. Debemos recordar que hay dos ejemplos en el tratamiento con oposiciones violentas. El caso de Allende en Chile, que toleró la oposición violenta hasta que dieron el golpe de Estado; y la otra es la respuesta de Fidel Castro en Cuba frente a los ataques violentos, que terminó quebrando la espalda al terrorismo y consolidó la revolución. ... o se rompe la cabeza de esta oposición para permitir la democracia o peligra que pase en Venezuela lo que pasó en Chile y otros países democráticos, que toleraron demasiado"
Respeto mucho al amigo Petras a quien todos debemos una gran ayuda intelectual, y estas expresiones suyas pueden ser solamente “bandazos” dichos al descuido. Pero no las puedo dejar pasar
No podemos tomar la política como cosa policial.
Lo que pasa en Venezuela hoy no va resolverse con métodos represivos, ni rompiendo ninguna cabeza. Si alguien quiere proponerle esa receta a Venezuela me gustaría que al mismo tiempo me explique Ucrania.
Por último lo de Allende no solo es muy injusto, es ver las cosas al revés.
Pero esto lo quiero tratar en detalle más adelante
- postaporteñ@ 1121 - 2014-02-26
1. El FMI afirma que la explotación minera tendrá una duración de 27 años, muy por encima de los 12 años que ha propuesto la empresa Aratirí a la DINAMA y de los 20 años declarados por integrantes del gobierno uruguayo en sus presentaciones ante el Parlamento.
MUL - postaporteñ@ 1121 - 2014-02-26
Preguntas más Frecuentes para los Recolectores de Firmas
. ¿Quiénes impulsan este plebiscito? ¿Hay partidos políticos detrás?
El Movimiento Uruguay Libre es una organización social autónoma e independiente de cualquier partido político y agrupamiento ideológico o religioso y de cualquier institución gubernamental o no gubernamental, sea local, departamental, nacional o internacional
Uruguay Libre lo integran personas de todos los partidos políticos o grupos ideológicos, incluso legisladores, ediles, etc., que lo hacen a título individual, como ciudadanos, no como delegados o representantes de sus sectores o partidos políticos
Por otra parte, es una organización horizontal, en la que no se decide por mayorías y minorías, sino por el consenso de los participantes en los debates
Por la Constitución de la República, los plebiscitos se votan en forma simultánea con una elección nacional y las firmas requeridas para promover un plebiscito (aproximadamente 280.000) deben presentarse, como mínimo, seis meses antes de la fecha de los comicios. Somos los recolectores de firmas los que decidimos en qué elección nacional queremos que se vote el plebiscito
El próximo mes de abril es el plazo para entregar las firmas si queremos que el plebiscito se haga este año, pero nosotros NUNCA dijimos que ese es nuestro único plazo. Podemos presentar las firmas después de ese plazo y, en este caso, el plebiscito se podría votar junto con las elecciones municipales de mayo de 2015 o las elecciones legislativas y presidenciales de 2019
Reiteramos que no hay ningún plazo legal para la presentación de las firmas más allá de que sea seis meses antes de la siguiente elección. Si no tenemos firmas suficientes en abril, seguiremos recolectando firmas después de esa fecha y el plebiscito se hará en una elección posterior
Si se vota en blanco para la elección nacional y se pone en el sobre la papeleta del plebiscito, el voto por el plebiscito será contabilizado. El plebiscito es simultáneo con una elección nacional (presidencial y legislativa o municipal) pero los escrutinios son independientes
La minera tendrá firmado un contrato con el gobierno uruguayo y probablemente le hará un juicio al Estado por daños y perjuicios, lucro cesante, etc. Si el contrato firmado permite plantear el litigio fuera de la justicia uruguaya, es sabido que los tribunales internacionales de comercio tienden a favorecer a las empresas trasnacionales en desmedro de los países y sus pueblos
Si la minera inicia un juicio por la cancelación del contrato, el Estado uruguayo se deberá defender de la mejor manera posible. No existe otra manera de expulsar a la minera si ya se ha instalado, pero los costos de este probable juicio estarán ampliamente justificados por los daños y perjuicios evitados al país y su gente, tanto económicos, como sociales y ambientales
Además, no todo es favorable a las mineras, especialmente cuando es creciente el rechazo de la opinión pública a estos proyectos. Los contratos lesivos y los funcionarios que los firman pueden ser denunciados civil y penalmente. Las deudas contraídas sin licencia social notoria pueden ser calificadas de deuda ilegitima por el derecho internacional y desconocidas por los estados
Si los votos contra la megaminería no ganan el plebiscito pero son significativos y las diferencias son pocas, no se podrá desconocer que constituyen una parte importante de la población y que no hay una licencia social plena para validar estos proyectos. En este contexto, podrán proseguir las acciones de información y denuncia contra la megaminería, más allá de que habrá que acatar su resultado, mientras otra ley u otro plebiscito no cambien la situación
Partidos políticos o sectores de los mismos pueden proclamar su apoyo al plebiscito y recolectar firmas en las papeletas como parte de su campaña electoral. La cuestión de si el apoyo de los políticos al plebiscito es "oportunista" o "sincero" no es discutida por Uruguay Libre
Nuestro objetivo es llegar a las 280.000 firmas requeridas para realizar el plebiscito y aceptamos papeletas firmadas vengan de donde vengan, porque son la expresión de ciudadanos que han aceptado nuestra propuesta. Uruguay Libre no participa en actividades político partidarias y se limita a recibir las papeletas firmadas para sumarlas a las demás
Algunas personas consideran que no es el mejor momento para realizar esta campaña, otras aseguran que está destinada al fracaso y nos atribuyen la intención de favorecer al gobierno impulsando una acción que fracasará. También dicen que es una medida inconsulta
Durante dos meses, consultamos a los más variados grupos sociales. Tomamos la decisión de lanzar la campaña porque recibimos un apoyo suficiente y porque había llegado el momento político adecuado. Las acciones tienen su momento, no se pueden discutir eternamente
Si para lanzar una acción hubiera que asegurar que será victoriosa, no se haría ninguna acción. Pero no somos tontos, la presentación de las firmas está en nuestras manos y lo haremos en el momento más apropiado para alcanzar los objetivos que se ha propuesto Uruguay Libre
Agregar un texto específico sobre la minería metalífera al artículo 47 como el que proponemos es una manera de reforzar y hacer más difícil de eludir esa norma. Al mismo tiempo, a través de la movilización por el plebiscito la población toma mayor conciencia para hacerla cumplir
Esta actividad emplea muchas máquinas, químicos y energía y poca mano de obra. En países de tradición minera y con grandes yacimientos metalíferos, como Chile, Perú y Bolivia, la minería no ocupa directamente más del 1,4 por ciento de la fuerza laboral del país. Aratirí promete emplear 1.100 uruguayos y 400 extranjeros durante 12 años, que al cerrar la mina quedarán desocupados. Pero esa zona no está vacía, los empleos perdidos son mayores que los generados
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la zona de Aratirí está ocupada por 3.573 personas dedicadas a la actividad agropecuaria que serán directamente afectadas. Fuera de la obra inicial de dos o tres años, el aporte en fuentes de trabajo de Aratirí será entonces negativo
Y no se contabilizan los empleos perdidos en el turismo y la pérdida del valor inmobiliario en la costa de Rocha por los impactos de la interacción del muelle con las tormentas, la descarga de aguas contaminadas en el océano y los grandes barcos mineraleros de transporte
Para convocar a un referéndum para derogar una ley se requiere el 25% del padrón electoral, unas 600.000 firmas, y dentro del año de promulgada la ley. Es un esfuerzo de recolección de firmas mucho mayor que el plebiscito y tiene un plazo tope. Si no se llega en ese plazo se pierde completamente lo hecho. Pero supongamos que se llegara a esas firmas y que se derogara la Ley de Minería de Gran Porte. Sin embargo, por el Código de Minería vigente igual se podría firmar el contrato con una minera como Aratirí y permitirle la explotación del hierro
La herramienta del plebiscito es más accesible, requiere el 10% del padrón electoral, y puede ser utilizada en el momento que se considere conveniente pues la presentación de las firmas no tiene un plazo tope. Además, la enmienda constitucional prima sobre todas las leyes, tanto la Ley de Minería de Gran Porte como el Código de Minería. Es una solución definitiva
La tierra y el agua se contaminan por el drenaje ácido de las rocas del subsuelo, cuyos elementos químicos y metales son expuestos a la intemperie por la excavación de los cráteres, las pilas de estériles y los embalses artificiales, y se combinan con el agua, el aire y la luz del sol produciendo ácidos y sales metálicas.
A lo anterior hay que agregar los elementos químicos del proceso de separación de los metales (ya sea el hierro o el oro) y las emisiones de gases de los explosivos que producen óxidos nitrosos y generan lluvia ácida. Las explosiones generan también una gran cantidad de partículas finas nocivas que quedan suspendidas en el aire y luego son arrastradas por las lluvias hacia los cauces de ríos y arroyos. Estos elementos se infiltran en el suelo y se mezclan con los cursos de agua de la zona llegando a grandes distancias del lugar
Queda definitivamente contaminada, al igual que el agua bombeada hacia afuera de los cráteres y la depositada en el embalse de relaves y en la reserva de agua bruta
Para calcular el consumo de agua, Aratirí sólo reconoce como pérdidas del proceso el agua que se va con el hierro en el barco y la descarga de aguas contaminadas en el océano. No incluye la evaporación extraordinaria provocada por el embalse de relaves, la reserva de agua bruta y las lagunas artificiales de sedimentación, ni las alteraciones de los caudales y la contaminación de las aguas superficiales, las napas freáticas y las aguas subterráneas de la zona minera
En la terminal portuaria se separa el hierro del agua para embarcarlo, pero no hay depuración. Según la propuesta de Aratirí, esta agua será devuelta al distrito minero para ser reutilizada en el proceso o descargada en el océano a través de un emisario submarino
No manejamos las intenciones ocultas del gobierno. Solo analizamos lo que está a la vista del público porque es lo que recibimos todos los ciudadanos. Y para esto no solo tenemos nuestra experiencia sino también lo que ocurre con estos proyectos en otros países
El proyecto de Aratirí no propone aprovechar el hierro, sino extraerlo a un ritmo frenético, llevarlo lo más rápido posible a la costa y venderlo fuera del país. Si quisiéramos aprovechar ese hierro tendríamos que analizar cuál sería la mejor manera de extraerlo y de utilizarlo en un proceso productivo dentro del país. Para esto debería haber una fuente disponible de carbón, que podría ser de leña
No se afecta la explotación tradicional de materiales de construcción, que lleva más de 100 años en el país y puede mantenerse muchos más en el futuro
17. ¿Esta reforma también incluye al 'Fracking'?
No lo incluye. Para llegar a incluir el 'Fracking' o la explotación de hidrocarburos (gas y petróleo) no convencionales hace falta informar mucho más a la población
Dicen que con esta ley, la N° 19.126, van a cobrarle más impuestos a la actividad minera pero la misma ley incluye diseminados por todo el texto la manera de evadirlos. Por la ley, el impuesto a las ganancias (IRAE) se aplica sobre la renta efectiva y no la renta presunta, lo que posibilita el traslado de costos para no declarar ganancias. Así, por el Artículo 42 de esta ley no se consideran actividades mineras el uso de terminales especializadas al interior de un puerto, lo que permite trasladar costos hacia la terminal portuaria que es propiedad de la misma empresa
El Artículo 40 de la misma ley permite que los costos de prospección, exploración y los estudios de impacto ambiental anteriores a la firma del contrato puedan ser considerados pérdidas en los balances económicos de la empresa. La ley dispone asimismo que el Canon se descuente del Adicional del IRAE, lo que equivale a ceder a la empresa el 100% del valor del mineral
Si el aporte de impuestos fuera realmente de USD 450 millones, como ha dicho recientemente el ministro Kreimerman, al descontar la inversión que, según la minera, será de más de USD 3.000 millones, en los primeros 8 (ocho) años Aratirí no pagará un solo peso de impuestos
A lo anterior debemos agregar los impuestos que no le cobrarán a Aratirí: Impuesto al Patrimonio, IVA, IMESI y los aranceles de importación y exportación, así como la energía eléctrica provista por la UTE con el proyecto de la regasificadora. Esta inversión la pagaremos todos los uruguayos para venderle energía subsidiada a Aratirí por un tercio de la tarifa residencial
Desde el Movimiento Uruguay Libre (donde el MOVUS ha sido un integrante más) apoyamos las acciones del fiscal Viana ante la Justicia, así como todas las movilizaciones masivas, marchas, recolección de firmas en los departamentos, etc., que defienden el derecho de los uruguayos a un ambiente sano y los intereses del país frente a los intentos de hipotecar la soberanía nacional
POR QUÉ NOS OPONEMOS A LA INICIATIVA DE
por Alianza Pachamama Uruguay
Según un documento emitido recientemente por el movimiento Uruguay Libre, promotor del plebiscito nacional contra la megaminería, titulado Preguntas Frecuentes, cuando les preguntan por qué hay gente que se opone a la iniciativa, no responden que “se trata de promineros que temen se les caigan sus proyectos”, sino que responden:
“Algunas personas consideran que no es el mejor momento para realizar esta campaña, otras aseguran que está destinada al fracaso y nos atribuyen la intención de favorecer al gobierno impulsando una acción que fracasará. También dicen que es una medida inconsulta.”
Es cierto que pensamos que se eligió un mal momento para plantear la propuesta. Es cierto que consideramos que entre los impulsores puede haber quienes desean laudar el tema favoreciendo a los proyectos megamineros; aunque pensamos que en general priman las buenas intenciones entre quienes se han sumado a esta apresurada campaña, ya se observa en los medios cómo la empiezan a ver con simpatía integrantes del gobierno y altos funcionarios de la minera.
Es cierto que fue una medida lanzada sin consultar al grueso de los colectivos de lucha en defensa de la tierra, pero como razones para explicar los verdaderos motivos de nuestra posición, resultan excesivamente escasas.
Las razones que motivan la oposición a la iniciativa por parte de Asamblea Pachamama, muchas de ellas esgrimidas por la inmensa mayoría de los colectivos nucleados en la Asamblea Nacional Permanente –organizadora, entre otras muchas movilizaciones, de las grandes marchas nacionales en Montevideo-, son las siguientes:
1- Este plebiscito da una clara oportunidad al gobierno y las mineras de ver legitimada una actividad económica que de otro modo jamás obtendría la licencia social. Esto sucederá si se pierde un plebiscito o por el simple hecho de no alcanzarse las firmas. Los mismos promotores de la iniciativa afirman que si se pierde, el gobierno y la minera sabrán que “no hay una licencia social plena para validar estos proyectos.”
O sea, TENDRÁN SU LICENCIA SOCIAL, aunque no “plena”. De paso, a los defensores de la megaminería les servirá para poner cifras definitivas a la cantidad de “desconformes” y catalogarán como “conformes” a la mayoría restante.
2- No cuenta con el apoyo de la amplia mayoría de los colectivos de lucha en defensa de la tierra y el agua, nucleados en la ANP (Asamblea Nacional en Defensa de la Tierra, el Agua y los Bienes Naturales). Este argumento, a nuestro juicio, debió ser suficiente para que la iniciativa no fuera lanzada. No es cierto que los promotores del plebiscito consultaron durante dos meses a los colectivos de lucha social.
La mayoría nos enteramos dos días antes de la marcha del 18 de octubre de 2013, durante una coordinación de la Asamblea Nacional, cuando un compañero proplebiscito –bien intencionado- expresó su intención de juntar firmas durante la movilización. Al momento de esa “consulta”, ya habían impreso 250.000 papeletas.
3- Implica desconocer el plebiscito de 2004 que modificó el artículo 47 de la constitución de tal modo, que el solo acatamiento del mismo alcanza para prohibir actividades como las fumigaciones abusivas, la megaminería, los monocultivos de eucaliptos y el Fracking. Nuevamente, permitimos que el poder político nos empuje a laudar sobre un tema ya laudado -la protección del agua y los bienes naturales en este caso- dando la chance a rectificar la norma a su conveniencia ya que a la hora de plebiscitar la Asamblea General puede presentar una propuesta alternativa a la planteada.
Nos preguntamos, si es verdaderamente necesario un plebiscito para prohibir la minería a gran escala, ¿será necesario también un plebiscito nacional para prohibir el Fracking, otro para las fumigaciones, otro para los monocultivos y otro para los feedlots?
¿No será que debe alcanzar con exigir, con la energía que sea necesaria, que se cumpla la voluntad popular categórica y suficientemente expresada?
4- Al pretender introducir la modificación a una norma superior, indirectamente está validando la ley de megaminería y, de ese modo, desconociendo los recursos de inconstitucionalidad de la misma que se están presentando ante la justicia.
De la misma forma, se está dando validez a la ley de megaminería cuando se rechaza el contrato de inversión por no ceñirse a algunos artículos de la misma (pago de garantía, contar con autorizaciones ambientales, etc.).
Nosotros insistimos en que proyectos como el de Aratirí son inadmisibles aunque cumplan con todas las leyes y cuenten con todos los permisos oficiales.
5- La iniciativa cuenta sólo con el apoyo de algunos sindicatos aislados, de sectores políticos oportunistas de los partidos minoritarios y de algún estratega prominero representante del gobierno, vinculado a Aratirí u otra minera, o dirigente sindical que ya hizo cuentas sobre la conveniencia de que esta instancia se concrete.
6- No cuenta con recursos económicos para una imprescindible campaña de medios, aunque, habiendo grandes intereses político-partidarios y económicos de por medio, siempre es posible que ese dinero caiga de algún lado.
7- Inmerso en la agenda del circo mediático-electoral, se relega y diluye un problema en el que nos va el futuro. Los medios estarán ocupados con las actividades de los candidatos, los ataques cruzados entre ellos, los debates carentes de ideas y el plebiscito por la baja de la edad de imputabilidad, donde los partidos tradicionales han invertido dinero en una campaña que no querrán descuidar.
En ese sentido, el momento elegido nos pareció el peor. Es justo decir que hasta nosotros mirábamos con simpatía una campaña nacional de firmas que implicara presión hacia el gobierno y la minera hace dos años y medio, lejos del período electoral y sin someter a un análisis profundo los riesgos de un plebiscito de estas características.
8- Asumido por sus promotores, existen pocas chances de alcanzar las firmas antes de mayo de 2014. A principios de enero, luego de más de un mes de campaña, la comisión pro plebiscito declaró que había obtenido 10.000 firmas, a mediados de febrero hablan de 30.000, mientras se proponen juntar 280.000.
Si la campaña se extendiera hasta 2019, entonces ya no se puede hablar de que sea un mecanismo para detener el comienzo de la actividad de Aratirí ni para echarla, de acuerdo a argumentos que exponemos más adelante.
9- Deslegitima la movilización popular callejera de resistencia en la que sí creemos, ya que si hay plebiscito, el poder político y quienes aún creen ciegamente en él y en el sistema que nos domina, dirán: "SI VA A DECIDIR EN LAS URNAS, ¿PARA QUÉ PROTESTAN?".
Los plebiscitos son excelentes placebos para todos aquellos, conformes o desconformes, cuyo compromiso cívico no excede la colocación de un sobre dentro de una urna.
Está comprobado que estampar la firma aumenta la dificultad de estos ciudadanos para levantar el culo del sillón para salir a defender sus derechos con la energía que amerita la gravedad del atropello.
10- Un plebiscito excluye de la instancia de decisión a quienes desean expresar rechazo al sistema político partidario mediante el voto anulado o prefieren pagar una multa para no participar de este circo por considerar que sólo sirve para perpetuar el sistema al que estamos sometidos.
Los promotores del plebiscito afirman, y no tenemos por qué dudar de sus intenciones, que si no se llega a las firmas en mayo de 2014 se seguirá con la campaña para lograr el objetivo en 2019.
Así, con mayores posibilidades de obtener las firmas, planteemos la posibilidad de que el plebiscito podría concretarse y hasta ganarse en 2019. Ante esta optimista hipótesis, planteamos:
1- Los promotores de la iniciativa pueden tener la certeza de que el gobierno entrante –tanto en 2015 como en 2020-, no echará a Aratirí o a la minera que finalmente se encargue de ejecutar el proyecto, luego de la firma del Contrato de Inversión que nos compromete ante organismos internacionales como el CIADI. Para el nuevo gobierno será muy fácil seguir adelante con ese proyecto minero declarándose atado a las decisiones irresponsables del gobierno anterior. ¿Alguien tiene duda de que lo harán de ese modo, justificando a toda costa el desconocimiento de un resultado plebiscitario?
En tal caso, ¿saldríamos masivamente a la calle a exigir que se cumpla lo resuelto en las urnas?
¿ACASO LO HEMOS HECHO PARA QUE SE RESPETE LO DECIDIDO A TRAVÉS DEL PLEBISCITO DEL AGUA? Si no somos capaces de hacer respetar aquella instancia plebiscitaria y otras que han sido avasalladas en las últimas décadas, en vano seguiremos introduciendo inconsistentes papeletas en las urnas. Así no haremos más que perpetuar el sistema perverso y manipulador que nos domina.
2- Si la urgencia por lanzar esta campaña es frenar a Aratirí y es cierto que esta campaña culmine en 2019, sería tarde para arreglar el daño provocado por la empresa minera para ese entonces, luego de construidos el puerto –que tiene como único “cliente” seguro a Aratirí-, el mineroducto, la planta de procesamiento, la regasificadora, el embalse de relaves, luego de haber desviado y ensuciado ríos y napas freáticas, luego de detonadas más de 150.000 toneladas de explosivos, luego de abiertas las minas con sus escombreras, luego de haber desplazado productores, flora y fauna en el área de incidencia del distrito minero
3- Cuando mencionamos a los promotores del plebiscito el juicio al cual nos enfrentaríamos ante el CIADI, en el utópico caso de que un gobierno –que será servil al capital de acuerdo a los candidatos que aparecen con posibilidades de acceder al poder en próximas y subsiguientes elecciones- decidiera echar a la minera, éstos afirman:
“Los costos de este probable juicio estarán ampliamente justificados por los daños y perjuicios evitados al país y su gente, tanto económicos, como sociales y ambientales.”
La pregunta sería, ¿cómo pagaremos el monto por daños, perjuicios y lucro cesante por el que nos demandaría la empresa minera ante el CIADI, valores que superarían los 10.000 millones de dólares?
¿Qué gobierno, electo en la misma instancia en que se votara el plebiscito, estaría de acuerdo con comprometer su gestión y la economía del país para cumplir con ese “compromiso”?
Hasta aquí nuestros argumentos. Este tema se volverá a discutir en la próxima Asamblea Nacional que se desarrollará en Treinta y Tres el 16 de marzo. El material aquí expuesto pretende servir de insumo para esa discusión.
Pedimos tolerancia a quienes no comparten estas reflexiones –en general la hemos encontrado, salvo en un grupo muy reducido de personas que merodean las redes sociales a la caza de opositores a esta iniciativa-. Al exponer nuestros argumentos, nos mueve la convicción de que la iniciativa es inconveniente. No nos interesa confrontar ni fastidiar a quienes piensan distinto
A quien le sirve la división?
“Algunas Organizaciones No Gubernamentales sirven para infiltrarse en los movimientos sociales de lucha, desestructurar las bases y cumplir una función política. Si lo analizamos a fondo vemos que los países que introducen estas ONG son los mismos que insertan los monopolios en América Latina”
Estas palabras, expresadas por Azequiel Blanco del colectivo de jóvenes comunistas de España, reflejan una lamentable actualidad en nuestro continente y en nuestro país.
En Uruguay, una ONG yanki viene trabajando activamente en procura de quebrar la unión de los distintos colectivos antiminería
Alianza Pachamama, es una ONG fundada en EEUU, y cuyos fundadores son un consultor de empresas del sector financiero y un ex agente de la CIA.
Desde hace meses ha apuntado toda su artillería a tirar abajo una de las herramientas más importantes y definitivas que tiene un país para intentar salvaguardar sus recursos naturales:
el incorporar en la Constitución artículos que la protejan.
Evidentemente los argumentos serios brillan por su ausencia: más bien se trata de ataques sin ton ni son y poco disimulados, hacia las personas y los grupos que apoyan la iniciativa del Plebiscito. Recordemos que entre quienes la promueven, se encuentran personas como Víctor Bachetta, Carlos Anido, Ignacio Stolkin, o Eduardo Gudynas, así como movimientos como MOVUS, OCC, Indignados de la Costa, Uruguay Consciente ,etc., etc.
El arma a utilizar, no podía ser otra que la mentira, la manipulación, el insulto y la censura en su página hacia las voces contrarias.
Pero este ataque soterrado de las fuerzas del imperio no debería preocuparnos demasiado, al fin de cuentas se trata de una sola persona, bien paga eso sí, con un pequeño puñado de seguidores.
Lo que sí preocupa, es que esa ONG yanki pueda llevar de la nariz a una toda una organización como la ANP, ya que ésta sí está formada por muchos grupos que honestamente han demostrado su compromiso con la defensa de nuestros bienes naturales.
Lo que muchos se preguntan es que pasara en su próxima Asamblea: validara la ANP el intento de cambiar la lucha antiminera por la lucha antiplebiscito?
Dejará la ANP que desde sus filas se siga manoseando a personas y grupos que están desde hace años en primera línea de la lucha? Permitirá el quiebre definitivo del movimiento antiminero?
A nadie de los integrantes de a pie de la ANP le rechina que en la última manifestación convocada, se hablara casi más de la campaña antiplebiscito que de la campaña en contra de ARATIRÍ?
Permiten que sus voceros digan que la ANP no está de acuerdo, cuando en realidad no ha tomado posición?
De verdad les parece bien que se haya patoteado en plena plaza a algunas personas que estaban recogiendo firmas, diciendo que esta era “su” manifestación???
Esperemos por el bien de todos, que la Asamblea tome una postura de unidad en la lucha, que no quiere decir necesariamente que se unan al Plebiscito, sino que de manera clara y contundente cesen los ataques indiscriminados y difamatorios hacia sus promotores, y que acepte que es una herramienta más que busca el mismo fin.
En sus manos está el seguir siendo una agrupación con un enorme respeto bien ganado, o seguirle el juego a aquellos que quieren vernos divididos, y dilapidar el esfuerzo y el prestigio ganado hasta ahora.
@PostaPortenia - postaporteñ@ 1121 - 2014-02-26
Durante el año 2013 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales varias leyes aprobadas por el Parlamento. Lo hizo actuando en el marco del Estado de derecho que caracteriza a la sociedad uruguaya. El hecho ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación. Ha dado lugar a numerosas columnas de opinión de talante opositor, en un año pautado por la realización de elecciones generales y de campañas con tales propósitos
Aunque en ningún momento lo fue, con aviesas intenciones, se ha señalado que la SCJ declaró inconstitucional la ley “interpretativa” de la Caducidad y se ha insistido en forma machacona e insidiosa en calificarla de ese modo. La ley 18 831 de octubre de 2011 no fue una norma interpretativa de la Ley de Impunidad. Lo ha señalado incluso el exintegrante de dicho cuerpo, el Dr. Leslie van Rompaey, en entrevista concedida a “Búsqueda”. Esencialmente, la ley 18 831, en su artículo 1, restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado, barriendo con los obstáculos legales para el accionar de la justicia que había impuesto la Ley de Caducidad aprobada, ante la presión de los mandos militares y el peligro de desacato, en diciembre de 1986
Dando cumplimiento a la sentencia de la Corte interamericana de DDHH (CIDH) en el caso Gelman vs Uruguay, que declaró la nulidad fáctica de la misma por contravenir resoluciones y compromisos asumidos internacionalmente por Uruguay, con la Ley 18 831, el Parlamento procedió a restablecer la pretensión punitiva del Estado para que la justicia pudiera desempeñar sus cometidos específicos en el marco de las disposiciones constitucionales vigentes
Desde diciembre de 1986 a octubre de 2011, en Uruguay, el Poder Judicial no fue un poder independiente en lo referido al “pasado reciente”. Estuvo condicionado y supeditado a las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo. Durante el período de vigencia de la Ley de Caducidad, promovida por el Dr. Julio María Sanguinetti, no existió plenamente la separación de poderes de acuerdo a las disposiciones constitucionales.
En los hechos prevaleció lo político sobre lo jurídico. Así lo señaló la propia SCJ en su pronunciamiento Nº 365 de 22 de octubre de 2009 en el caso Nibia Sabalsagaray, lo cual posibilitó el enjuiciamiento y la condena posterior del Gral. Julio Dalmao
Desde el momento en que la SCJ ratificó la constitucionalidad del artículo 1 de la Ley 18 831, el Estado uruguayo no defiende más la impunidad para los criminales, civiles y militares, de la dictadura.
No existe ningún obstáculo legal para que los magistrados de todo el país puedan instruir y procesar las denuncias que las víctimas o sus familiares han presentado. Pueden investigar, incluso, todas las denuncias que en su momento fueron archivadas al amparo de la Ley de Caducidad
De acuerdo a lo dispuesto por la sentencia 365 de la SCJ de 22 de octubre de 2009, el tiempo en que estuvo vigente la Ley de Caducidad no puede ni debe, jurídicamente hablando, computarse a los efectos del cálculo prescripcional de los delitos. No existió en dicho tiempo un poder judicial independiente y las víctimas, al igual que lo que sucedió durante la dictadura, no pudieron ejercer sus legítimos derechos
Con la mirada puesta en el futuro del país, afirmar y profundizar hasta sus últimas consecuencias la transición democrática iniciada en marzo de 1985, es una necesidad imperiosa de carácter estratégico, para que los hechos no vuelvan a ocurrir.
Para los expresos políticos, la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, aprobados por la Asamblea General, es el estándar de calidad para evaluar el proceso vivido hasta el momento y definir los desafíos por delante para que la libertad y la democracia tengan bases sólidas y sustentables
Tanto en Argentina como en Chile, hace años ya, las fuerzas armadas han asumido ante la ciudadanía su responsabilidad por los crímenes cometidos. La Suprema Corte de Chile ha pedido públicas disculpas por sus omisiones durante la dictadura de Pinochet. En la actualidad, en Mendoza, Argentina, se enjuicia públicamente a quienes desde el poder judicial participaron de la represión.
A 29 años del retorno a la institucionalidad democrática en Uruguay, solamente un pequeño y reducido grupo de golpistas y represores activos han sido enjuiciados y juzgados. Protagonistas emblemáticos y públicamente conocidos del terrorismo de Estado, dentro y fuera de fronteras, nunca han pisado una sede judicial en el país hasta el momento.
Este hecho no es una señal de fortaleza, precisamente, del Estado de derecho ni de la plena vigencia de las disposiciones constitucionales. Mucho menos de las normas de DDHH que son el pilar básico de una convivencia pacífica, civilizada, enriquecedora y gratificante
A instancias de las organizaciones de DDHH, en el ámbito del Ministerio del Interior se ha creado una Unidad de Investigación Especial al servicio del poder judicial para colaborar en la investigación de las causas vinculadas a la dictadura. Los magistrados tienen las manos libres para actuar, para investigar, esclarecer y sancionar. Para afirmar la justicia y la democracia
Opinando Nº 4 – Año 3 – 25 de febrero de 2014
Embrollo Político de un
Rebelión- 25-02-2014
Cuando se ha apostado por el teatro político, por las grandes escenificaciones, la publicidad y la propaganda, cuando la ceremonialidad del poder se impone, pretendiendo sustituir a la "realidad", considerándola a partir de sus procesos inherentes, de su efectividad histórica, es muy difícil, diríamos imposible, tener una lectura apropiada de una coyuntura crítica.
Los gobiernos progresistas han optado por la ilusión de la ideología y la verdad institucional. Con esto se han dejado encandilar por su propia atmosfera artificial, construida por la compulsiva acción de los medios de comunicación oficiales.
Están separados de los eventos y sucesos, están distanciados de los hechos, por el clima artificial de los espacios burocráticos. Lo peor es que ciertos grupos de poder oficiales aprovechan la ocasión para efectuar lo que los gobernantes casi siempre hicieron, conmutar el monopolio político por riqueza, mediante la desviación de fondos, empleando prácticas paralelas.
En esta atmósfera de encandilamiento, al considerarse los portadores de los cambios, que llegaron en los primeros periodos, que fueron mermando, en la medida que pasaba el tiempo, en la medida que los siguientes periodos adquieren el semblante de la gobernabilidad, consideran que tienen todo el derecho de optar por la represión para defender la "revolución".
Este es el peor recurso de defensa, es precisamente cuando, se manifiesta el síntoma de la inflexión del proceso, el momento del declive y la decadencia.
Un gobierno "revolucionario" no puede optar por la represión, como todos los gobiernos conservadores y autoritarios de la burguesía y las oligarquías
Teóricamente un gobierno "revolucionario" profundiza la democracia; no la destruye. Al hacerlo, no sólo se parece a los gobiernos conservadores y neoliberales derribados, sino que manifiesta claramente que el gobierno progresista está ya tomado por el poder.
Que ha optado por el poder, renunciando a los caminos de la emancipación.
Respecto a lo que ocurre en Venezuela, también en otros países de Sud América, que viven la experiencia de los gobiernos progresistas, los oficialistas, los apologistas, los voceros, incluso intelectuales de "izquierda", han usado el argumento de la conspiración del imperialismo
No se dan cuenta que una "realidad" social y política no se explica por factores externos, aunque los haya y no se pueda dudar sobre esto. Para que pueda prosperar una intervención foránea tiene que pasar algo internamente; no sólo contar con apoyo de sectores sociales reacios al cambio, sino que tiene que darse una suerte de crisis en el propio proceso político, achampañado por el desaliento y el desencanto de sectores populares, a pesar de que sean conscientes que tienen que defender lo conquistado.
Este es el tema. Sobre esta situación no sólo se enceguecen los gobernantes sino también los que se dicen defensores de la "revolución"
Esta clase de defensores son, en los hechos, los sepultureros del proceso, pues ocultan sus errores, sus contradicciones, sus vulnerabilidades, que pueden enmendarse contando con la crítica, la autocrítica, la participación popular, la búsqueda de consensos. Empero, esta alternativa democrática, en el sentido participativo, está cerrada, por dogmáticos y celosos gobernantes, dirigentes y voceros, acompañados por inescrupulosos oportunistas y otros violentos, dispuestos a descargar sus frustraciones recónditas en la gente que protesta
A estas alturas de las historias políticas de las revoluciones, de la experiencia sobre sus desenlaces, ya se debería haber asumido que la represión, el autoritarismo, que van adquiriendo cada vez más el rostro del despotismo, no es de ninguna manera una salida a la crisis política. Sin embargo, como una condena, se repite el formato, como en una tragedia, convertida después en drama ordinario.
Algo así como la crónica de una muerte anunciada. La paradoja se da, como en otros terrenos, otros escenarios, de la llamada "realidad" histórica. Los defensores de un proceso político de cambio no se encuentran en el gobierno, no son sus voceros, menos sus apologistas y aduladores; estos son los enemigos encubiertos del proceso, aunque no lo crean ni sean conscientes de esto.
La mejor defensa del proceso político está en el ejercicio de la crítica, la mejor defensa material del proceso se encuentra en un pueblo libre, que puede ejercer la deliberación, que puede efectuar la participación, que se forma en la experiencia política.
Formación y experiencia que no puede lograrse sino en la discusión de ideas e interpretaciones, de experiencias y de búsquedas
Pretender usurpar estos derechos, estas libertades, por parte de un grupo de jerarcas, que consideran que tienen la verdad, que no es otra cosa que una construcción institucional, es lo más grotesco que le puede ocurrir a una "revolución"
Es triste observar que la historia se repite, una y otra vez, que una estructura de poder, restauradora de la institucionalidad estatal, se apodera de la representación de la "revolución", del proceso de cambio, y considera que tiene todo el derecho de usar la violencia contra los que consideran que conspiran contra la "revolución" y el proceso.
Teniendo una idea peregrina de estos acontecimientos. Los enemigos internos no son solo las expresiones tradicionales de la "derecha" fosilizada, sino también pueden ser los antiguos aliados, lo anteriores compañeros, sectores del pueblo, que supuestamente se perdieron, se desorientaron. Incapaces de verse como parte del problema, como parte preponderante del problema, los funcionarios se apartan de la historia y sus contingencias, y se consideran los salvadores de la "revolución" y de la patria.
Este delirio no es nuevo, es más bien muy antiguo.
Forma parte de las características de los gobernantes, independientemente de sus ideologías
Toda "revolución", todo proceso va vivir sus contradicciones. No puede ser de otra manera. No puede apartarse de la historia y sus avatares. Lo que importa es afrontar las contradicciones; no hay otra manera que haciéndolas visibles.
Tratándolas abiertamente, ventilándolas democráticamente, participativamente, buscando una clarificación colectiva, buscando consensos sociales para la resolución de las contradicciones por el camino de las emancipaciones.
Lo extraño, incluso lo inaudito, es que es esto precisamente es lo que no se hace, lo que no ocurre. Se prefiere emplear el garrote.
Parece que es el lenguaje aprendido de los amos. Se opta por ser amo, en vez de destruir esta figura patriarcal y despiadada
Es cuando se devela una cruda verdad: los llamados o investidos "revolucionarios" son también conservadores, tienen el poder cristalizado en sus huesos. Lo sacan a relucir cuando se sienten vulnerables y cuestionados. Es cuando la "revolución" se convierte en su contrario, en una contra-revolución que nace de sus propias entrañas
Ciertamente nadie puede quedar pasivo ante los devaneos y dilemas de un proceso político, sobre todo si tiene pretensiones de cambio. No se puede quedar pasmado ante la recurrencia de la trama.
Es indispensable encontrar el desplazamiento, el punto, la línea de ruptura, cuando se sale de la misma trama; en contraste, en vez de esto, de la repetición de la condena, se inventa otros tejidos, otros entramados.
Esto sólo se lo puede hacer si se libera la potencia social de las capturas institucionales del poder. Las grandes mayorías, que no dejan de ser populares, tienen que encontrar el camino de la invención política. La mejor manera de hacerlo es distanciarse del discurso oficial, del discurso apologético de los intelectuales sin crítica, del discurso propagandístico de los voceros. La palabra plebeya, directa, ruda, desnuda, mostrando la evidencia de los problemas, es la que tiene que hacerse campo, expandirse en los escenarios de debate.
Ningún funcionario tiene que pensar por el pueblo, por el proletariado nómada, por las mujeres, las mayorías y minorías políticas, sociales y culturales
El célebre Nicolás Maquiavelo decía que la mejor defensa de la nación es el pueblo en armas.
Esto no ha dejado de ser cierto; sin embargo, tendríamos que añadirle también que debe contar, así mismo, con las armas de la crítica. Esto es posible, se hace efectivo, con la profundización de la democracia; de ninguna manera, por su anulación
Venezuela es protagonista de múltiples movilizaciones y confrontaciones políticas. El telón de fondo es una crisis económica y social de enorme magnitud. Las maniobras de la derecha buscan explotar en beneficio propio una realidad marcada por una inflación del 50% y la escasez de productos de primera necesidad. Rechazamos el ajuste que está ejecutando el gobierno de Maduro sobre los trabajadores, que devalúa los salarios mientras garantiza el pago en masa de la deuda externa venezolana.
En paralelo, el gobierno avanza en una regimentación cada vez más profunda, llegando incluso a la utilización de grupos para-policiales.
En los sindicatos, se busca cercenar el derecho a la libre organización de los trabajadores para discutir sus convenios colectivos de trabajo.
Mientras Capriles ensaya una suerte de acercamiento al gobierno, sectores de la MUD –encabezados por el ultraderechista Leopoldo López-, buscan darle una salida por derecha y desestabilizadora a la situación actual.
Como estudiantes latinoamericanos, es nuestro deber denunciar el papel de los dirigentes universitarios que actúan como mascarón de proa de la derecha pro-imperialista, cuyo programa es opuesto a los intereses de los trabajadores y el pueblo.
Rechazamos el intento de la derecha de montarse sobre el descontento popular para mayor beneficio de los empresarios y el imperialismo yanqui.
La Federación Universitaria de Buenos Aires reafirma su independencia política tanto de los sectores de la derecha venezolana como del gobierno chavista. Nos solidarizamos con los trabajadores, el campesinado pobre, y los sectores oprimidos que son los únicos que pueden darle una salida progresiva y de fondo a la crisis que atraviesa el país.
Junta Ejecutiva de la FUBA, 24/02/14

References: artículo 47
 Artículo 42
 Artículo 40
 artículo 47
 artículo 1
 artículo 1
 Resolución 
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