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Timestamp: 2018-04-21 23:18:08+00:00

Document:
ORDENANZA N.º 2896-CM-17 ------ Volver a boletin
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: MARCO REGULATORIO ESTABLECIMIENTOS NIVEL INICIAL no Incluidos eN Enseñanza Oficial. ABROGA ORDENANZA 596-CM-96
Ley nacional 23849: Aprobación de la Convención de los Derechos del Niño.
Ley nacional 2606: Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Ley 26150: Ley de educación integral
Ley nacional 26206: Educación Nacional. Capítulo II Educación inicial.
Ley nacional 27064: Ley nacional. Regulación y supervisión de instituciones de educación no incluidas en la enseñanza oficial.
Ley nacional 26378: Aprobación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobado mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Ley nacional 22431: Institución del sistema de protección integral de las personas discapacitadas.
Ley nacional 25689: Sistema de protección integral de los discapacitados.
Ley nacional 26233: Centros de desarrollo infantil.
Ley Provincia de Río Negro 3097: Protección integral y promoción de los derechos del niño y del adolescente.
Ley Provincia de Río Negro D 4109: Protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Ley Provincia de Río Negro F 4819: Ley Orgánica de Educación de Río Negro Capítulo 1, Educación inicial.
Ley Provincia de Río Negro F 2514: Normas para la construcción de edificios escolares en la Provincia de Río Negro.
Ley Provincia de Río Negro 2822: Establecimientos educacionales.
Ley Provincia de Río Negro D 2055: Régimen de promoción integral de las personas con discapacidad. Creación Consejo Provincial de Personas con Discapacidad.
Ley D 4448: Condenados por delitos tipificados contra la integridad sexual, inhabilidad para el cuidado de niñas, niños y adolescentes.
Ley D 3443: Programas o servicios de atención a niños, niñas y adolescentes. Organismos de atención. Registro de organizaciones comunitarias y organismos no gubernamentales. Fiscalización.
Ordenanza 596-CM-96: Reglamento de funcionamiento de jardines de infantes y jardines maternales particulares.
Ordenanza 774-CM-97: Adhiere a la ley provincial 3097, ley de protección integral y promoción de los derechos del niño y del adolescente.
Ordenanza 1884-CM-08: Crear Consejo Municipal Protección Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Ordenanza 2335-CM-12: Eliminación de barreras físicas, urbanas y arquitectónicas.
Ordenanza 2750-CM-16.
Resolución 1713/9 sus modificatorias del Consejo Provincial de Educación.
Resolución 518/13.
La educación en la primera infancia forma parte de uno de los derechos fundamentales del ser humano, que se garantiza universalmente en los instrumentos del derecho internacional en materia de derechos humanos, desde su carácter de indivisibilidad con los demás derechos.
En este sentido, la educación desde el nacimiento, entre familias, instituciones en comunidad y Estado, desarrollada desde una perspectiva de derechos humanos, no solamente tiene la posibilidad de construir mejores condiciones económicas, sociales, ciudadanas, sino que además promueve la paz dentro de la comunidad, propiciando la visibilidad pública de los vínculos inter generacionales, hacia la promoción de la igualdad y la justicia.
Todos los niños y niñas y sus familias, tienen derecho a contar con un establecimiento educativo y de cuidados integrales desde el nacimiento, con calidad de atención y garantía por parte del Estado, consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella.
La atención, educación y cuidado integral de los primeros años y sobre todo de los dos primeros años de vida, deviene en una tarea de prevención, anticipación y fortalecimiento de infancia y juventud.
En la actualidad, sabemos que las instituciones que albergan niñas y niños desde los 45 días, ya no son sólo una necesidad de las familias trabajadoras, sino derechos de las niñas y niños desde el nacimiento y de sus familias a ser acompañadas y fortalecidas en la crianza y educación de sus hijas/os. Derecho contemplado tanto en la Convención de los Derechos del Niño, como en las leyes de protección integral de niñas, niños y adolescentes nacional y provincial, siendo responsabilidad del Estado garantizar que se cumplan.
La Convención sobre los Derechos del Niño (ley 23849) y la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños y Adolescentes (ley 26061) establecen el derecho de todo niño a un nivel adecuado de vida que deberá ser garantizado por los padres o encargados, y reforzado por el Estado.
La Ley de Educación Nacional (26206), establece la responsabilidad del Estado de garantizar condiciones educativas adecuadas que permitan la igualdad de oportunidades en el acceso, los resultados educativos e inclusión educativa, a través de políticas de provisión de recursos (económicos, materiales, culturales, pedagógicos y tecnológicos) a alumnos, familias y escuelas en situación económica desfavorable, independientemente de la situación social.
La Ley de Educación Nacional, asimismo, establece la obligación del Estado de impulsar políticas de promoción de la igualdad educativa con el objetivo de erradicar todas las formas de discriminación (socioeconómica, cultural, geográfica, étnica, de género o de cualquier otro tipo) que puedan afectar el derecho a la educación.
En idéntico sentido a nivel provincial contamos con la ley 4109 de protección integral de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes de la Provincia de Río Negro. La cual establece que en aplicación del interés superior de la niña y el niño cuando exista conflicto entre derechos e intereses de éstos frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. Idéntica tónica presenta la ley provincial de educación.
Al mismo tiempo, establece que el Estado rionegrino promueve las acciones destinadas a la protección de los mismos y entre los ejes que sustentan las políticas de protección se encuentra el carácter interdisciplinario e intersectorial en la elaboración, desarrollo, monitoreo, articulación y evaluación de los programas específicos de las distintas áreas de salud, educación, vivienda, etc.
La educación es un derecho de la primera infancia y debe promover su desarrollo integral. Implica un proceso continuo y permanente que posibilita a los niños y niñas potenciar sus capacidades. La misma debe ser inclusiva, equitativa y solidaria y tener como pilar la educación inicial, el juego que les posibilita descubrir las posibilidades de su cuerpo y del mundo, apropiarse del entorno cultural social y resolver conflictos, entre otros.
La atención integral, cuidado y educación de la primera infancia es esencial para el desarrollo de las personas, reducir desigualdades y promover la inclusión.
Teniendo en cuenta lo que viene ocurriendo en el mundo, en Latinoamérica y particularmente en nuestro país con relación a la educación, desde una perspectiva de derechos, la Campaña Mundial por la Educación (CME) nos hace un llamado para la transformación. Sus miembros se han manifestado en dar su apoyo firme para dar prioridad a la atención y educación en la primera infancia. Durante el mes de abril de 2012, miembros de la CME en más de 80 países han adoptado medidas para exigir el reconocimiento de los “derechos desde el principio”.
El reconocimiento pleno de estos derechos tendrá diversas implicancias:
a) Todos los niños y niñas deben tener oportunidad para el acceso a atención, cuidado y educación en la primera infancia en instituciones de crianza y educación adecuadas.
b) Los gobiernos deben garantizar servicios integrales e integrados para niñas y niños pequeños –incluyendo atención, salud y educación– que sean regularmente monitoreados para garantizar su calidad.
c) Los currículos y abordajes deben atender las necesidades individuales, de educación, desarrollo, salud y nutrición de niñas y niños pequeños.
d) Los docentes y demás personal deben ser capacitados, cualificados, apoyados y valorizados como profesionales.
e) Un aumento significativo de financiamiento público es necesario para proporcionar estos servicios.
f) La planeación y las políticas públicas para la atención y la educación en la primera infancia deben ser fortalecidas y mejor coordinadas, con adecuada supervisión de los servicios prestados por el sector privado, las ONG, otras iniciativas comunitarias, etc.
Es imprescindible si hablamos de integralidad, como concepto político desde el enfoque de derechos, poner en el debate la construcción de políticas públicas que tiendan a abarcar los desafíos específicos, articulando esfuerzos provenientes de las más diversas áreas de gobierno, local, provincial y nacional, con reconocimiento de la creciente complejidad que subyace a cada uno de los retos que la sociedad enfrenta actualmente.
El Informe de la Comisión de Primera Infancia del año 2013, del Consejo de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Bariloche: “Estado de situación de primera infancia en Bariloche: niñas y niños desde el nacimiento a 4 años”, revela que, en relación al derecho a la educación desde el nacimiento y fortalecimiento de las familias en el acompañamiento en la crianza, cuidado y atención de niños y niñas entre 45 días y 3 años, Bariloche, es la localidad de Río Negro, que cuenta con la menor cantidad de instituciones estatales públicas y gratuitas de educación y cuidado para niñas, niños pequeños y sus familias (en relación a su población) y, a su vez, es la localidad que cuenta, con la mayor cantidad de instituciones privadas con habilitación comercial municipal, de educación y cuidado para niñas, niños en los primeros años de vida, sin supervisión pedagógica, ni regulación estatal.
Sólo una cuarta parte de la población de esas edades accede a instituciones de educación y cuidado; de ese porcentaje, la mayoría, casi un 65% asiste a instituciones privadas que cuentan sólo con habilitación comercial. La gran mayoría no accede a ninguna posibilidad, ya sea por no contar con medios económicos para costear una institución privada, como por no tener en su barrio o cercano a su hogar una institución pública gratuita, o, por no contar con vacantes para sus hijos en las que existen. Evidentemente esto genera desigualdad y exclusión social desde la primera infancia. La situación es compleja y merece una mirada desde el enfoque integral de derechos desde el nacimiento.
En ese sentido, desde 2010, la Comisión de Primera Infancia, viene realizando acciones tendientes al análisis de situación, así como, generando espacios de participación para el tratamiento de esta problemática. Así, en 2012, desde el Consejo Local de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se llevaron a cabo las Primeras Jornadas Patagónicas de primera infancia. Hacia políticas de protección integral, siendo también el presente proyecto la concreción del trabajo que desde dicha comisión se viene realizando desde hace ya largos años.
La educación inicial en sentido integral es mucho más que el mero cuidado; es un derecho de todos los niños y niñas que los habilita al ejercicio de otros derechos fundamentales. En este sentido, debemos superar aquel viejo debate sobre cuidar o educar, el cual no sólo no se reduce a una cuestión de semántica o sintáctica, sino de contenido, de derechos en juego. Los niños y niñas son sujetos de derecho y como tales titulares del derecho a la educación y el Estado debe enmarcar sus acciones en un paradigma de protección integral, lo que obviamente se contrapone a visiones dogmáticas y autoritarias de mero cuidado que cosifica a nuestros niños y niñas y que como tal debe ser rechazada en todas sus formas.
La obligación de garantizar las condiciones para acceder y ejercer el derecho a la educación de todos los niños y niñas, determina la necesidad de políticas públicas dirigidas a aumentar el acceso y la atención integral educativa de la primera infancia; fortalezcan los procesos pedagógicos, institucionales y socioeducativos.
Educar a la primera infancia requiere de un conjunto de condiciones, tanto en lo que a la estructura e infraestructura refiere como a la calidad de quienes cumplen con dicha esencial función y su formación permanente.
La educación sin control del Estado o deficiente, con legislación obsoleta reproduce matrices de profunda desigualdad y empobrecimiento de la calidad educativa de los más pequeños, donde los principios de igualdad e inclusión educativas sólo son lindas frases.
Los establecimientos destinados a los más pequeños, deben reunir condiciones mínimas: estar a cargo de personal especializado, en espacios físicos y edilicios adecuados, con propuestas de calidad en tanto una educación integral, acorde y que potencie sus máximas posibilidades de aprendizaje, regulados y supervisados por el Estado.
Teniendo en consideración este diagnóstico inicial, es indispensable avanzar sobre una normativa local que establezca un marco regulatorio para estos establecimientos educativos que brindan atención integral a la primera infancia no incluidos en la enseñanza oficial, pues la educación no se reduce únicamente a la escolarización formal y oficial, sino que abarca una multiplicidad de instancias abiertas, no formales. Todo, en articulación directa con el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Río Negro a fin de garantizar la supervisión pedagógica de los mismos.
Un primer paso para garantizar el derecho a la educación desde una perspectiva de derechos es la existencia de establecimientos educativos en condiciones adecuadas para desarrollar las prácticas de enseñanza y aprendizaje, sobre la base de condiciones dignas y seguras de infraestructura y equipamiento, acordes con las necesidades pedagógicas.
Es medular entender que para garantizar el acceso a la educación es fundamental el principio de no discriminación en todas las instituciones educativas, ya sean de gestión estatal o privada o pública de gestión social. Lo que implica que el Estado debe velar por garantizar que todos tengan igualdad de oportunidades en lo que hace a las condiciones adecuadas para desarrollar las prácticas de enseñanza y aprendizaje y así eliminar las barreras y restricciones al acceso a la educación de calidad de los sectores más desfavorecidos de la población.
Sin perjuicio de lo cual es preciso entender que no basta con la sola declamación, sino que a fin de garantizar condiciones adecuadas de estructura e infraestructura y recurso humano deben realizarse supervisiones continuas para controlar el pleno cumplimiento. Esto va de la mano de la formalización de mecanismos a fin de realizar denuncias de condiciones indebidas de infraestructura y equipamiento.
El segundo paso o esquema de abordaje se centra en los proyectos educativos y de desarrollo y protección integral, pues los mismas determinan en última instancia la concreción del derecho a la educación inicial de calidad. En este sentido, si bien los establecimientos educacionales no incluidos en la enseñanza oficial tienen sus espacios de definición institucional en cuanto a los contenidos curriculares, deben garantizar contenidos mínimos que respeten y promuevan derechos humanos, respeto por la diversidad y contextualización de los saberes acordes a las realidades sociales, culturales y productivas.
El tercer eslabón de la cadena y que tiene su punto central en la calidad educativa y procesos de enseñanza, está determinado por la formación y capacitación del personal a cargo de los niños y niñas. La concreción del derecho a la educación de la primera infancia está estrechamente vinculado con que se garantice el derecho a una educación con personal idóneo docente, bien preparado y formado. Pues los aprendizajes deben ser adecuados, actualizados y significativos para que se cumpla plenamente el derecho a la educación desde una perspectiva de derecho y el Estado como garante de este derecho, debe generar las condiciones necesarias para su cumplimiento.
Por todo ello, deviene necesario, contar con una rigurosa legislación en lo que se refiere a controles y supervisión de este tipo de establecimientos de educación inicial no oficial, tanto en lo referido a la cuestión de edilicia como en lo referido a la protección integral de derechos.
En este sentido, entendemos que todo establecimiento no incluido en la enseñanza oficial que brinde atención, cuidados y educación a la primera infancia (de 45 días a cinco años) debe estar habilitado por el Estado municipal y supervisado efectivamente por la autoridad educativa provincial.
Este abordaje integral que se pretende es un mero reflejo de las normas vigentes existentes que imponen resignificaciones de la vida institucional educativa, la revisión y control de sus prácticas, la remoción de los obstáculos que limiten la igualdad o atenten contra la concreción efectiva de la inclusión; en última instancia que los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestra primera infancia transciendan del mero cuidado para convertirse en educación integral.
La necesidad de la sanción de la presente ordenanza radica en la importancia de establecer un marco regulatorio en el cual la intervención del Estado municipal, mediante la creación del Registro Público Municipal de Establecimientos no Incluidos en la Enseñanza Oficial, pueda brindar las herramientas útiles y necesarias a los fines de concretar una mirada en materia de protección integral de derechos de la primera infancia en estos espacios educativos, que es un paso fundamental para proteger los derechos de la primera infancia y producir un salto cualitativo en la educación infantil.
AUTORES: Concejales Ana Marks, Daniel Natapof, Ramón Chiocconi (FPV)
INICIATIVA: Consejo Municipal para la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Comisión de Primera Infancia.
COLABORADORES: Integrantes Comisión de Primera Infancia: Silvia Rebagliati, María Laura Carrizo y Dolores Cassiani (MOPI), Andres Luetto (Dirección de Instituciones. MSCB), Viviana Rancaño y Patricia Lande (Unter. CTA), Pablo Fernández y Luciano Masini (SENAF), Patricia Piñero y Natalia Degreef (Programa Nacional Primeros Años), Beatriz Rodríguez (Madres Cuidadoras), Gloria Llorente (Unter. CTA), Zoe Piacenza y Julieta Blanco.
El proyecto original N.º 292/16, con las modificaciones introducidas, fue aprobado en la sesión del día 19 de octubre de 2017, según consta en el Acta N.º 1081/17. Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el Art. 38 de la Carta Orgánica Municipal,
Objeto. Se establece el marco regulatorio de las condiciones de funcionamiento, habilitación comercial municipal y protección integral de derechos de la primera infancia en los establecimientos de nivel inicial no incluidos en la enseñanza oficial en todo el ejido de San Carlos de Bariloche.
Definición. Se entiende por establecimientos de nivel inicial no incluidos en la enseñanza oficial, aquellos establecimientos educativos que brindan cuidado, atención y enseñanza integral y sistemática a la primera infancia, desde los cuarenta y cinco (45) días, hasta los cuatro (4) años inclusive, regidos por la ley nacional 27064 y no autorizados por la autoridad de aplicación de la ley provincial de educación 4819, sean sus vacantes abiertas al público en general o cerradas a un determinado sector o institución.
Protección integral. Los establecimientos regulados por la presente deben garantizar la protección integral de derechos de las niñas y niños que concurran a los mismos.
Acuerdos. El Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar las acciones y convenios necesarios, tendientes a que el Consejo Provincial de Educación, como autoridad de aplicación de la ley provincial 4819 lleve a cabo la supervisión pedagógica de los establecimientos regulados en la presente y la equiparación o reconocimiento de las prestaciones efectuadas por trabajadores y trabajadoras en los mismos.
Capacitación. El Departamento Ejecutivo Municipal podrá dar participación o generar acuerdos con otras áreas del Estado municipal, provincial y nacional, para la capacitación y formación del personal de los establecimientos regulados en la presente y el personal Municipal involucrado, con miras a garantizar una protección integral de derechos de la primera infancia y cumplimiento de los objetivos establecidos en esta ordenanza.
Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente es la Dirección de Inspección General, dependiente de Jefatura de Gabinete, o el área que a futuro la reemplace.
Le compete otorgar las correspondientes habilitaciones comerciales a los establecimientos que se regulan en la presente y sus renovaciones, siempre con previa y obligatoria intervención de la Dirección de Instituciones dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo, o el área que a futuro la reemplace.
Funciones y atribuciones de la Dirección de Instituciones. La Dirección de Instituciones tiene las siguientes funciones y atribuciones:
a) Promover acciones para que la fiscalización sobre las condiciones que hacen a la protección integral de derechos de la primera infancia en los establecimientos regulados en la presente, se efectúe en forma coordinada y articulada con la Dirección de Inspección General y el Consejo Escolar de Zona Andina.
b) Realizar informes de desarrollo integral conforme los artículo 602 y 603 de la ordenanza 126-I-79; y 14 de la presente, como previos y obligatorios al otorgamiento o renovación de una habilitación comercial municipal.
c) Realizar Informes de Seguimiento de Desarrollo Integral de Establecimientos, en forma anual y cuando los estime pertinente, conforme el artículo 15 de la presente.
d) Realizar seguimientos periódicos sobre los aspectos incluidos en el Informe de Desarrollo Integral en los establecimientos regulados en la presente.
e) Prestar la colaboración necesaria y realizar los informes que solicite la autoridad de aplicación de la presente.
f) Actuar en forma coordinada con el Consejo Provincial de Educación y prestarle la colaboración que sea necesaria para la supervisión pedagógica.
g) Crear y actualizar el Registro Público Municipal de Establecimientos de nivel inicial no incluidos en la enseñanza
h) Crear y coordinar el mecanismo de denuncias que se establece en la presente.
Obligaciones. Los establecimientos regulados en la presente deben garantizar los objetivos para el nivel inicial, constituido como una unidad pedagógica, establecidos en el título II capítulo II de la ley 26206, y las actividades de cuidado, atención y educación deben desarrollarse en forma sistemática y desde una perspectiva de derechos, dirigidas a acompañar, guiar, estimular y atender de modo integral al niño y niña.
Legajo. La Administración de los establecimientos incluidos en la presente deben confeccionar un legajo de cada niño o niña donde consten:
a) Datos personales y familiares;
b) fotocopia del Documento de Identidad;
c) certificado médico que avale su estado de salud;
d) libreta médica donde se especifique peso, talla, actualizada anualmente o control médico anual;
e) certificados de vacunas actualizado;
f) registro de personas responsables del retiro de los niños;
g) Reglamento interno firmado por los padres o representantes legales. En el Reglamento interno se debe incluir el régimen de salidas de los niños del establecimiento.
Salidas. Para el caso que se realicen salidas de los niños y niñas fuera del establecimiento, y los mismos deban ser trasladados en vehículos, deben ser movilizados en transportes de pasajeros habilitados por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche o la Provincia de Río Negro y estar afectados al uso exclusivo del grupo a trasladar, salvo que responda a cuestiones de planificación pedagógica. En este último caso no podrá imponerse multa de ningún tipo.
Director. Los establecimientos de nivel inicial no incluidos en la enseñanza oficial deben estar siempre a cargo de un Director con título de profesor de nivel inicial oficialmente reconocido y contar con certificado apto psicofísico.
Enseñanza en sala. La enseñanza en sala en los establecimientos regulados en la presente deben estar a cargo de personal docente con títulos oficialmente reconocidos y contar con certificado apto psicofísico.
Capacitación personal. Los establecimientos de nivel inicial no incluidos en la enseñanza oficial deben garantizar a su personal espacios de formación y capacitación.
Informe de Desarrollo integral:
No podrá otorgarse ni renovarse ninguna habilitación Comercial Municipal de ningún establecimiento regulado en el capítulo XLVI ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL INICIAL NO INCLUIDOS EN LA ENSEÑANZA OFICIAL sin contar previamente con el informe favorable de Desarrollo Integral de conformidad con los arts. 602 y 603 de la ordenanza 126-I-79.
Una vez iniciado el trámite de habilitación o renovación por parte del titular del establecimiento, la Dirección de Inspección General requerirá a la Dirección de Instituciones la confección de dicho informe, el cual deberá elaborarse en el plazo de 15 días hábiles y mínimamente deberá evaluar los siguientes aspectos:
a) Organización de la estructura del nivel inicial, indicando capacidad máxima de niños y niñas por sala (con detalle de cantidad, tipo y horarios de las salas).
b) Acceso y educación inclusiva.
c) Cantidad de personal detallando tipo de función.
d) Proyecto educativo institucional.
e) Plan, programas y procesos de capacitación y formación del personal.
Informe de Seguimiento de Desarrollo Integral. La Dirección de Instituciones en forma anual deberá realizar un informe de Seguimiento de Desarrollo Integral de los establecimientos regulados por la presente que se encuentren habilitados y cuando lo estime conveniente.
El mismo deberá evaluar el cumplimiento, adecuación o incumplimiento de los aspectos incluidos en el informe de Desarrollo Integral. En el plazo de 3 días de confeccionado deberá remitirse a la Dirección de Inspección General y al Consejo Escolar Zona Andina a fin de que tomen conocimiento de lo informado en el mismo y en su caso tomen las medidas que estimen pertinente. En caso de urgencia deberá remitirse en el plazo más breve posible, incluso por vía electrónica con constancia de recepción.
Información necesaria. A fin de la confección de los informes a su cargo la Dirección de Instituciones puede solicitar la documentación e información que estime pertinente.
Registro Público Municipal. Se crea el Registro Público Municipal de Establecimientos de nivel inicial no incluidos en la enseñanza oficial en el ejido de San Carlos de Bariloche, a cargo de la Dirección de Instituciones.
Art.18º)
Confección: Una vez otorgada la habilitación comercial municipal por la Dirección de Inspección General y dentro de los 5 días subsiguientes, la misma debe remitir a la Dirección de Instituciones la información necesaria a fin de la confección y actualización del Registro, como así todo cambio que se produzca en un establecimiento ya habilitado. Es obligación de la Dirección de Instituciones mantener actualizado el registro.
Los establecimientos regidos por la presente deberán exponer en lugar visible el número de registro.
Datos. Constarán en el Registro Público Municipal de Establecimientos de nivel inicial no incluidos en la enseñanza oficial los siguientes datos, sin perjuicio de aquellos que amplíe la Dirección de Instituciones:
a) Nombre del establecimiento y en caso de corresponder nombre de fantasía.
c) Datos personales de los titulares y carácter de la gestión o tipo de organización
d) Datos personales y profesionales del personal a cargo del establecimiento y de la enseñanza.
e) Cantidad y tipo de salas. Capacidad máxima de niños y niñas por sala.
f) Descripción y características edilicias del inmueble. Señalando accesibilidad.
g) Informes de Desarrollo integral.
h) Informes de Seguimiento de Desarrollo integral.
i) Constancia actas de inspección.
j) Supervisor a cargo y datos de contacto.
Denuncias. La Dirección de Instituciones en el plazo de 3 meses de promulgada la presente, dará a publicidad un mecanismo de recepción de denuncias por incumplimiento a la presente, a la normativa provincial y nacional vigente en la materia.
Frente a la recepción de una denuncia deberá poner en conocimiento de forma inmediata al Consejo Provincial de Educación, al supervisor a cargo, al Consejo Escolar Zona Andina y demás organismos que corresponda de la forma que estime más conveniente y expedita.
Notificación. La autoridad de aplicación notificará en el plazo de 10 días mediante nota al Consejo Escolar Zona Andina con copia del Proyecto Educativo Institucional la habilitación de un nuevo establecimiento, la renovación o alguna modificación.
Cursos obligatorios. El área de Protección Civil de la Municipalidad dictará cursos sobre manejo de personas en emergencia, manejo de extintores y simulacros de evacuación del establecimiento. Estos cursos serán obligatorios para todo el personal. El Municipio otorgará los correspondientes certificados. Asimismo podrán dictar los cursos profesionales de la materia.
Se modifica el artículo 6, capítulo II, derechos por habilitación de comercios e industrias, del anexo I de la ordenanza Tarifaria 2375-CM-12, el que quedará redactado en su parte pertinente de la siguiente manera:
“80 EDUCACIÓN
801000 establecimientos de nivel inicial no incluidos en la enseñanza oficial.
802000 Enseñanza primaria.
803000 Enseñanza secundaria.
804000 Enseñanza superior.
805000 Enseñanza de adultos y otros tipos de enseñanza mediante academias.”
Se incorpora a la ordenanza 126-I-79, el capítulo XLVI ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL INICIAL NO INCLUIDOS EN LA ENSEÑANZA OFICIAL, que quedará redactado de la siguiente manera:
“Capítulo XLVI ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL INICIAL NO INCLUIDOS EN LA ENSEÑANZA OFICIAL
Artículo 601) A los fines de obtener la habilitación comercial municipal, todos los establecimientos incluidos en el presente capítulo deben cumplir con los siguientes requisitos.
a) Requisitos formales:
1.- Nota del interesado responsable solicitando la habilitación comercial en la cual deben constar:
i.- Datos personales del interesado.
ii.- Datos personales del director de la institución si no fuere la misma persona.
iii.- Domicilio real y legal.
iv.- Las personas jurídicas, deberán acompañar testimonio del instrumento constitutivo debidamente inscripto y la designación de autoridades.
v.- Indicar nombre de fantasía.
vi.- Indicar estructura de la organización con detalle de cantidad, tipo y horarios de las salas, señalando cantidad máxima de niños y niñas por sala.
vii.- Constancia de Inscripción en AFIP e Ingresos Brutos.
viii.- Proyecto educativo institucional.
ix.- Propuestas y recursos para aportar a la inclusión y diversidad.
x.- Plan, programas y procesos de capacitación y formación del personal.
xi.- Acceso y accesibilidad.
2.- Aquellos que ofrezcan servicio de comedor, datos personales y profesionales del Nutricionista a cargo.
b) Requisitos edilicios y de infraestructura:
i.- Acreditar legitima posesión, tenencia o propiedad del inmueble a habilitar con su respectiva documental.
ii.- Descripción y características del inmueble con planos con la correspondiente aprobación municipal y final de obra con el destino pretendido. El inmueble debe contar con la disponibilidad espacial y adaptabilidad edilicia para uso escolar necesaria para el desarrollo de todas sus actividades curriculares en un entorno educativo inclusivo.
iii.- Contar con ingresos autónomos y accesibles y ser independiente de otros establecimientos destinados a la explotación comercial.
iv.- Cumplimentar un plan de accesibilidad que tenga presente los aspectos arquitectónicos y entornos que garanticen servicios con diseño universal.
v.- Cerco perimetral y portón de acceso al predio de por lo menos 1,20 m. de altura.
vi.- El área de cocina totalmente separada de las demás áreas, con los equipamientos, mobiliario necesarios y heladera.
vii.- Los sanitarios estarán separados y diferenciados con sus carteles respectivos, los que sean para los niños y los que utilicen el personal, padres y personas autorizadas a concurrir al establecimiento. Las instalaciones sanitarias adaptadas a su estatura y diseño universal.
viii.- Disponer de cambiadores suficientes y adecuados a las edades de los niños y niñas.
ix.- Espacio al aire libre, destinado al recreo y juegos didácticos y funcionales en atención a la edad y capacidad psicofísica de los niños y niñas.
c) Requisitos organizativos y del personal:
i.- Listado de personal con datos personales y profesionales con indicación de función.
ii.- Director a cargo del establecimiento con título de profesor de nivel inicial.
iii.- Personal a cargo de la sala con título docente oficialmente reconocido.
iv.- Personal auxiliar que acredite idoneidad.
v.- Contar con certificado vigente del curso de manipulación de alimentos el personal a cargo del área.
En el caso de personal docente acompañar títulos oficialmente reconocidos, capacitaciones y matrículas vigentes si correspondiere.
d) Requisitos de seguridad:
i.- Seguro de responsabilidad civil.
ii.- Contrato con empresa de servicios de emergencias médicas.
iii.- Informe antisiniestral, roles del siniestro y plan de evacuación realizado por un profesional de la materia.
iv.- Deberán contar con botiquín de primeros auxilios.
v.- Elementos de seguridad en los juegos infantiles exteriores.
vi.- Las salidas de emergencia deberán estar correcta y visiblemente señalizadas.
vii.- El portón de ingreso al predio deberá tener un cerrojo de seguridad que no permita el acceso directo sin la anunciación previa.
viii.- En caso de que el edificio cuente con rejas de seguridad deben permitir su abertura desde el interior para caso de emergencia.
ix.- El mobiliario e instrumentos y equipos deberán estar diseñados y construidos de manera que no constituyan una situación de riesgo y peligro para los niños y niñas.
x.- Presentar certificados vigentes de cursos acreditados de primeros auxilios del personal.
e) Requisitos de higiene:
i.- Instalaciones en debidas condiciones de higiene.
ii.- Los cambiadores deben garantizar el cuidado desde la higiene y seguridad.
iii.- El mobiliario e instrumentos y equipos deberán mantenerse en debidas condiciones de higiene y mantenimiento.
f) Requisitos de alimentación:
i.- Fomentar los principios de la alimentación saludable.
ii.- Fomentar y apoyar la lactancia materna, disponiendo de espacios adecuados a tal efecto.
iii.- Considerar dietas específicas para niños y niñas celíacos, diabéticos, hipertensos, alérgicos u otra patología.
iv.- Mantener una buena higiene y manipular los alimentos adecuadamente.
v.- asentar el menú en forma trimestral avalado por nutricionista en caso de ofrecer servicio de comedor.
Artículo 602) Previo a otorgar la habilitación deberá requerirse a la Dirección de Instituciones el Informe de Desarrollo Integral de conformidad a los artículos 14 y 15 de la ordenanza 2896-CM-17. En caso de existir observaciones, estas podrán ser subsanadas, en cuyo caso se dará nueva vista a la Dirección de Instituciones a fin de que realice una ampliación del informe.
Artículo 603) Una vez cumplido el total de los requisitos exigidos en el presente capítulo y con el informe de Desarrollo Integral favorable se otorgará la habilitación por el término de tres años, pudiendo renovar la misma por otro período igual; a tales fines deberá requerirse nuevo informe de desarrollo integral en el cual deberán constar los antecedentes registrados del establecimiento”.
Art. 25º)
Se incorpora el artículo 40 quinquies, del Capítulo II, del Título I del anexo II, Infracciones de la Ordenanza 2375-CM-12, De la Actividad Comercial, el cual queda redactado de la siguiente manera:
“Art. 40 quinquies .- Las infracciones a la ordenanza 2896-CM-17 “MARCO REGULATORIO ESTABLECIMIENTOS NIVEL INICIAL NO INCLUIDOS EN LA ENSEÑANZA OFICIAL. ABROGA ORDENANZA 596-CM-96” se califican en leves, graves y muy graves.
a) Se consideran faltas leves sancionadas con multa de $500 a $5.000:
i.- No garantizar el derecho a la lactancia materna en un lugar adeucuado.
ii.- Incumplimiento a los requisitos que hacen a la alimentación establecidos en el art. 601 de la ordenanza 126-I-79 o el que en el futuro la reemplace.
iii.- Falta de exhibición de cartel donde conste el número de Registro Público Municipal de Establecimientos de nivel inicial no incluidos en la enseñanza oficial.
iv.- Incumplimiento a los requisitos formales establecidos en el art. 601 de la ordenanza 126-I-79 o el que en el futuro la reemplace.
b) Se consideran faltas graves con multas de entre $7.000 y $12.000:
i.- La reiteración de una o más faltas leves.
ii.- Incumplimiento a los requisitos que hacen a la higiene establecidos en el art. 601 de la ordenanza 126-I-79 o el que en el futuro la reemplace.
iii.- Incumplimiento a los requisitos que hacen a lo edilicio y de infraestructura establecidos en el art. 601 de la ordenanza 126-I-79 o el que en el futuro la reemplace.
iv.- Incumplimiento a los requisitos que hacen a la organización y al personal establecidos en el art. 601 de la ordenanza 126-I-79 o el que en el futuro la reemplace.
v.- No llevar o llevarlos de manera deficiente los legajos de las niñas y niños.
vi.- No contar con reglamento interno.
vii.- Trasladar niños y niñas fuera del establecimiento en vehículos no habilitados o sin afectación exclusiva a excepción de aquellos traslados que cuenten con justificación pedagógica.
viii.- No contar con certificados apto psicofísico del personal docente.
ix.- Mayor cantidad de niños por sala.
x.- Personal abocado a tareas diferentes a las informadas.
c) Se consideran faltas muy graves, con multas de entre $15.000 y $50.000 hasta clausura definitiva:
i.- ausencia de habilitación comercial.
ii.- La reiteración de una o más faltas graves.
iii.- Inexistencia de director docente con título.
iv.- Incumplimiento a los requisitos que hacen a la seguridad establecidos en el art. 601 de la ordenanza 126-I-79 o el que en el futuro la reemplace.
v.- No cumplir con el plan de accesibilidad establecido en el art. 601 b iv de la ordenanza 126-I-79 o el que en el futuro lo reemplace.
vi.- Incumplimiento de los parámetros establecidos en el Proyecto educativo institucional.
Art. 26º)
Se establece el plazo de 90 días desde la promulgación para la reglamentación de la presente por parte del Departamento Ejecutivo, debiendo prever expresamente el mínimo de metros cuadrados por niño/a, el máximo de niño/a por sala y la cantidad mínima de docentes y auxiliares según el número de niños/as en sala y según las edades.
Art. 27º)
Todos los establecimientos que se habiliten a partir de la promulgación de la presente ordenanza deberán adecuarse en un todo a las normas por esta establecida.
Art. 28º)
A efectos del cumplimiento de las funciones y atribuciones otorgadas en la presente a la Dirección de Instituciones, en el plazo de 30 días a partir de la promulgación de la presente, deberá realizar un plan de acción en el cual debe prever tanto la difusión como el acompañamiento e intervención en los establecimientos regulados en la presente en funcionamiento, a los fines de la adecuación a la presente normativa.
Art. 29°)
Los establecimientos regulados en la presente que cuenten con Habilitación Comercial o que estén en funcionamiento, a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ordenanza, tendrán un plazo de 180 días para adecuarse a las disposiciones en vigencia.
En el supuesto de imposible cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos, deberán acompañar un proyecto de adecuación dentro del plazo fijado, indicando plazos y avances estimados, el cual estará sujeto a la aprobación de la Dirección de Instituciones. La Dirección de Instituciones en coordinación con Inspección General será la encargada de recepcionar y dar seguimiento al cumplimiento de estos proyectos de adecuación.
Art. 30º)
A los fines de la adecuación a lo establecido en el artículo 12 de la presente, los establecimientos regulados en la presente que cuenten con Habilitación Comercial vigente, o se les haya otorgado un plazo para el cumplimiento de determinadas exigencias y cuenten con personal contratado a cargo de sala pero no con título docente deberán dar aviso a la Dirección de Instituciones quien arbitrará los medios necesarios a fin del acompañamiento en el proceso de adecuación, dando vista al Consejo Escolar Zona Andina y a Inspección General, el cual deberá priorizar la protección integral de los niños y niñas, el perfeccionamiento del personal y mantener las fuentes de trabajo.
El personal que sea contratado en dichos establecimientos a partir de la promulgación de la presente deberá adecuarse en un todo a las normas establecidas en la presente.
Art. 31º)
Se abrogan las ordenanzas 596-CM-96 y 1655-CM-06.
Art. 32º)
Se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa del Concejo Municipal realizar las actualizaciones de las ordenanzas 126-I-79 y 2375-CM-12.
Art. 33º)
Resolución 377-PCM-17
RESOLUCION Nº 00006642-I-2017
que fue recepcionada con fecha 27/10/2017 en el Departamento Ejecutivo, la Ordenanza Nº 2896-CM-17;
PROMULGAR: la Ordenanza Nº 2896-CM-17, sancionada por el Concejo Municipal con fecha 19 de Octubre de 2017 , y cúmplase de conformidad.
La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social Deportivo y Cultural y Jefe de Gabinete.

References: resolución 

Resolución 

Resolución 
 artículo 14
 artículo 602
 artículo 15
 artículo 6

Artículo 601

Artículo 602

Artículo 603
 artículo 40
 artículo 12

Resolución 
 Resolución