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Timestamp: 2017-02-24 18:37:13+00:00

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Respuesta Ssp Caso Reos Mazatlan
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SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS OFICIO NO. SSP/SPPC/DGDH/5304/2010 ASUNTO: RECOMENDACIÓN 62/2010.
México, D. F. a 9 de noviembre de 2010.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PRESENTE
Atento a la Recomendación 62/2010 emitida por ese H. Organismo Nacional protector de los Derechos Humanos a esta Dependencia del Ejecutivo Federal, derivada del expediente CNDH/3/2010/3227/Q, respecto a los acontecimientos en el Centro de Ejecución de Consecuencias Jurídicas del Delito en Mazatlán, perteneciente al Sistema Penitenciario del Gobierno de Sinaloa; con fundamento en los artículos 136 y 137 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 3° fracciones XV y XXIX inciso c), y 25 fracciones X y XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, se exponen las siguientes consideraciones: Primero.- Del contenido de la Recomendación y de los hechos violentos del día 14 de junio de 2010 que provocaron que varios internos y personal de custodia resultaran lesionados, y donde otros internos desafortunadamente perdieron la vida, se desprende que ningún servidor público de esta Secretaría de Seguridad Pública o de sus Órganos Administrativos Desconcentrados, tuvo participación en los hechos que motivaron la Recomendación. En efecto, como se desprende de las evidencias señaladas en el capítulo correspondiente de la propia Recomendación, la comisión de las lesiones y decesos ocurridos en el interior de dicho Centro Penitenciario no fue resultado de acción directa o indirecta de servidor público alguno de esta Dependencia. Segundo.- De conformidad con el artículo 34 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esa H. Institución, debió hacer del conocimiento a esta Dependencia del Ejecutivo Federal, en carácter de autoridad presuntamente responsable, los hechos motivo de la inconformidad, para estar en la posibilidad de rendir los informes debidamente fundados y motivados sobre los actos, omisiones o resoluciones que se le atribuyeren.
Por lo anterior, esta Dependencia no tuvo la posibilidad de hacer valer las consideraciones de hecho y de derecho correspondiente, y más aún los servidores públicos señalados como presuntamente responsables en el texto de la Recomendación, no tuvieron, en ningún momento la oportunidad de ser oídos, de exponer sus argumentaciones, o de hacer valer lo que a su derecho conviniera. Tercero.- Del texto íntegro de la Recomendación, no se acredita en ninguna de sus partes, relación causal, directa o indirecta, entre las circunstancias abajo señaladas y las respuestas a las solicitudes de traslado otorgadas por a A1 y A3 a A2:  Existencia en el interior del Centro, de armas de fuego y armas blancas;  Consumo de drogas entre los internos, tales como cocaína, marihuana y/o anfetaminas;  Desatención de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y aceptadas por las autoridades del propio Centro Penitenciario;  “Autogobierno del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán” al que se refiere la Recomendación General 18/2010, en su página 57 numeral 89, consistente en permitir que los internos realicen funciones exclusivas de la autoridad o del personal de seguridad, tales como manejo de llaves, organización de actividades, limpieza y vigilancia de dormitorios, entre otras (página 53) El contenido de los puntos anteriores son situaciones que no deben existir en ningún centro de reclusión, y fueron las condiciones que propiciaron y posibilitaron los hechos violentos del día 14 de junio, tal como lo reconocen las autoridades del propio Centro, según consta en la página 15 apartado M del capítulo de evidencias de la Recomendación 62/2010. Lo anterior con independencia de que los grupos de internos que se enfrentaron, involucraron no solo a los internos que se pretendía trasladar sino a la mayoría de la población interna en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán.
Cuarto.- De conformidad con el Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2010, celebrado entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Sinaloa y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2010, y atento a lo dispuesto en su cláusula Décima Sexta, el Estado de Sinaloa se comprometió a adquirir la tecnología para garantizar la seguridad al interior de los centros de readaptación social, para promover la clasificación y separación de los internos en atención a su Perfil Criminológico y Peligrosidad. Asimismo la incorporación de medidas alternativas de alta tecnología tales como la vigilancia electrónica entre otras.
Por lo anterior cualquier deficiencia de las condiciones de seguridad del Centro del lugar de los hechos, debió solventarse oportunamente, inclusive mediante la utilización del Fondo Federal arriba señalado.
Quinto.- Aunado a lo expuesto, es menester señalar que las solicitudes de traslado realizadas por A2 a A1 y A3, no cumplieron con los requisitos que previenen diversos ordenamientos tales como el artículo 12 fracción XVIII del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS); artículo 26 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y artículo 5º del Manual de Tratamiento de los Internos en Centros Federales de Readaptación Social. En efecto, de conformidad con el artículo 12 fracción XVIII del Reglamento del OADPRS, la petición debió solicitar la emisión de la opinión correspondiente, la cual, para su autorización, debió acompañar los Perfiles Clínicos Criminológicos efectuados en el Centro Local para su valoración, ponderar la Capacidad de Internamiento del Centro Federal así como atender los términos del Convenio de Coordinación suscrito entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Sinaloa. Las respuestas de A1 y A3 cumplieron puntualmente con lo señalado en dicho precepto, pues al no contar la solicitud con el Perfil arriba señalado, resolvió únicamente con base en la Capacidad de Internamiento disponible en el CEFERESO número 2 que a la fecha de las respuestas se encontraba a su límite de posibilidades, por lo que aceptar dicha petición hubiese implicado transgredir ésta y otras disposiciones con las consecuentes responsabilidades penales y administrativas. Aunado a lo anterior, cabe señalar que las cuatro Recomendaciones Generales en materia penitenciaria emitidas por esa H. Comisión Nacional señalan la necesidad de garantizar y cumplir con los estándares de estancia digna y segura en reclusión, en particular atender aquellos que se refieren a insuficiencias diversas generadas por sobrepoblación, por lo que también se estaría desacatando dichas Recomendaciones. De igual manera, atento a lo dispuesto por el artículo 26, A) relativo a los requisitos de ingreso en Seguridad Máxima, del Reglamento de los Centros Federales, la solicitud de A2 debió exponer y/o en su caso, motivar las características de Alta Peligrosidad del Perfil Criminológico o que por su entorno personal los internos a reubicarse pusieran en riesgo la seguridad del establecimiento penitenciario. A mayor abundamiento el artículo 5º del Manual de Tratamiento de los Internos en Centros Federales de Readaptación Social también requiere para el ingreso de los internos a un Centro de Seguridad Máxima la observancia del Perfil Clínico Criminológico de Alta Peligrosidad, que como ya se dijo, no se adjuntaron.
Es importante destacar la Resolución del 5 de enero de 2010 emitida por el Juzgado Noveno de Distrito (citada a foja 9 de la Recomendación que se atiende) en la que dicha autoridad jurisdiccional determinó que no era procedente la petición de traslado de los internos, toda vez que no se acreditó que se tratara de internos considerados de alta peligrosidad por no haberse aportado a dicho juzgado el Perfil Clínico Criminológico correspondiente Por lo anteriormente expuesto: Esta Secretaría de Seguridad Pública en cumplimiento a lo dispuesto Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 41 del Reglamento Interior de esta Dependencia, colabora permanente con el Órgano Interno de Control respecto a los procedimientos que instaura sobre hechos que pueden ser constitutivos de responsabilidad administrativa y atenderá todo requerimiento que formulé el Órgano de control antes señalado. Finalmente y atento al principio de legalidad así como a los ordenamientos jurídicos señalados en el cuerpo de este ocurso y demás aplicables a la materia, esta Secretaría de Seguridad Pública resolverá cada solicitud de traslado conforme a lo que en derecho proceda. Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi distinguida consideración.
ATENTAMENTE EL DIRECTOR GENERAL
“2010, AÑO DE LA PATRIA. BICENTENARIO DEL INICIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCIÓN.”
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS OFICIO NO. SSP/SPPC/DGDH/6005/2010
ASUNTO: ALCANCE A LA RESPUESTA A RECOMENDACIÓN 62/2010.
México, D. F. a 30 de noviembre de 2010.
En alcance a mi similar SSP/SPPC/DGDH/5304/2010 relacionada con la Recomendación 62/2010 emitida por ese H. Organismo Nacional protector de los Derechos Humanos a esta Dependencia del Ejecutivo Federal, derivada del expediente CNDH/3/2010/3227/Q, respecto a los acontecimientos en el Centro de Ejecución de Consecuencias Jurídicas del Delito en Mazatlán, perteneciente al Sistema Penitenciario del Gobierno de Sinaloa; con fundamento en los artículos 136 y 137 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 3° fracciones XV y XXIX inciso c), y 25 fracciones X y XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, se exponen las siguientes consideraciones:
Primero.- Del contenido de la Recomendación y de los hechos violentos del día 14 de junio de 2010 que provocaron que varios internos y personal de custodia resultaran lesionados, y donde otros internos desafortunadamente perdieron la vida, se desprende que ningún servidor público de esta Secretaría de Seguridad Pública o de sus Órganos Administrativos Desconcentrados, tuvo participación en los hechos que motivaron la Recomendación.
En efecto, como se desprende de las evidencias señaladas en el capítulo correspondiente de la propia Recomendación, la comisión de las lesiones y decesos ocurridos en el interior de dicho Centro Penitenciario no fue resultado de acción directa o indirecta de servidor público alguno de esta Dependencia.
Segundo.- De conformidad con el artículo 34 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esa H. Institución, debió hacer del conocimiento a esta Dependencia del Ejecutivo Federal, en carácter de autoridad presuntamente responsable, los hechos motivo de la inconformidad, para estar en la posibilidad de rendir los informes debidamente fundados y motivados sobre los actos, omisiones o resoluciones que se le atribuyeren.
Por lo anterior, esta Dependencia no tuvo la posibilidad de hacer valer las consideraciones de hecho y de derecho correspondientes, y más aún los servidores públicos señalados como presuntamente responsables en el texto de la Recomendación, no tuvieron, en ningún momento la oportunidad de ser oídos, de exponer sus argumentaciones, o de hacer valer lo que a su derecho conviniera.
Tercero.- Del texto íntegro de la Recomendación, no se acredita en ninguna de sus partes, relación causal, directa o indirecta, entre las circunstancias abajo señaladas y las respuestas a las solicitudes de traslado otorgadas por a A1 y A3 a A2:  Existencia en el interior del Centro, de armas de fuego y armas blancas;  Consumo de drogas entre los internos, tales como cocaína, marihuana y/o anfetaminas;  Desatención de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y aceptadas por las autoridades del propio Centro Penitenciario;  “Autogobierno del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán” al que se refiere la Recomendación General 18/2010, en su página 57 numeral 89, consistente en permitir que los internos realicen funciones exclusivas de la autoridad o del personal de seguridad, tales como manejo de llaves, organización de actividades, limpieza y vigilancia de dormitorios, entre otras (página 53)
El contenido de los puntos anteriores son situaciones que no deben existir en ningún centro de reclusión, y fueron las condiciones que propiciaron y posibilitaron los hechos violentos del día 14 de junio, tal como lo reconocen las autoridades del propio Centro, según consta en la página 15 apartado M del capítulo de evidencias de la Recomendación 62/2010.
Lo anterior con independencia de que los grupos de internos que se enfrentaron, involucraron no solo a los internos que se pretendía trasladar sino a la mayoría de la población interna en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán.
Quinto.- Aunado a lo expuesto, es menester señalar que las solicitudes de traslado realizadas por A2 a A1 y A3, no cumplieron con los requisitos que previenen diversos ordenamientos tales como el artículo 12 fracción XVIII del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS); artículo 26 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y artículo 5º del Manual de Tratamiento de los Internos en Centros Federales de Readaptación Social.
En efecto, de conformidad con el artículo 12 fracción XVIII del Reglamento del OADPRS, la petición debió solicitar la emisión de la opinión correspondiente, la cual, para su autorización, debió acompañar los Perfiles Clínicos Criminológicos efectuados en el Centro Local para su valoración, ponderar la Capacidad de Internamiento del Centro Federal así como atender los términos del Convenio de Coordinación suscrito entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Sinaloa.
Las respuestas de A1 y A3 cumplieron puntualmente con lo señalado en dicho precepto, pues al no contar la solicitud con el Perfil arriba señalado, resolvió únicamente con base en la Capacidad de Internamiento disponible en el CEFERESO número 2 que a la fecha de las respuestas se encontraba a su límite de posibilidades, por lo que aceptar dicha petición hubiese implicado transgredir ésta y otras disposiciones con las consecuentes responsabilidades penales y administrativas.
Aunado a lo anterior, cabe señalar que las cuatro Recomendaciones Generales en materia penitenciaria emitidas por esa H. Comisión Nacional señalan la necesidad de garantizar y cumplir con los estándares de estancia digna y segura en reclusión, en particular atender aquellos que se refieren a insuficiencias diversas generadas por sobrepoblación, por lo que también se estaría desacatando dichas Recomendaciones.
De igual manera, atento a lo dispuesto por el artículo 26, A) relativo a los requisitos de ingreso en Seguridad Máxima, del Reglamento de los Centros Federales, la solicitud de A2 debió exponer y/o en su caso, motivar las características de Alta Peligrosidad del Perfil Criminológico o que por su entorno personal los internos a reubicarse pusieran en riesgo la seguridad del establecimiento penitenciario.
A mayor abundamiento el artículo 5º del Manual de Tratamiento de los Internos en Centros Federales de Readaptación Social también requiere para el ingreso de los internos a un Centro de Seguridad Máxima la observancia del Perfil Clínico Criminológico de Alta Peligrosidad, que como ya se dijo, no se adjuntaron.
Es importante destacar la Resolución del 5 de enero de 2010 emitida por el Juzgado Noveno de Distrito (citada a foja 9 de la Recomendación que se atiende) en la que dicha autoridad jurisdiccional determinó que no era procedente la petición de traslado de los internos, toda vez que no se acreditó que se tratara de internos considerados de alta peligrosidad por no haberse aportado a dicho juzgado el Perfil Clínico Criminológico correspondiente
Por lo anteriormente expuesto, esta Dependencia Federal no acepta la recomendación en comento.
No obstante lo anterior, es menester señalar que en cumplimiento a lo dispuesto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 41 del Reglamento Interior de esta Dependencia, colabora permanente con el Órgano Interno de Control respecto a los procedimientos
que instaura sobre hechos que pueden ser constitutivos de responsabilidad administrativa y atenderá todo requerimiento que formule el Órgano de Control antes señalado.
Finalmente y atento al principio de legalidad así como a los ordenamientos jurídicos señalados en el cuerpo de este ocurso y demás aplicables a la materia, esta Secretaría de Seguridad Pública resolverá cada solicitud de traslado conforme a lo que en derecho proceda.
Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi distinguida consideración.
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