Source: http://nacionaldehuanuni.com/index.php/articulos-de-opinion/384-lo-que-calla-el-mensaje-presidencial-del-6-de-agosto-de-2013
Timestamp: 2017-03-23 06:07:12+00:00

Document:
61 Años de la Nacionalización de las Minas de 1952 - Miércoles, 30 Octubre 2013 17:59	ESBAPOL Huanuni Inicio la gestión académica 2013 - Sábado, 02 Marzo 2013 01:08	Fallece un conscripto en la mina Huanuni - Lunes, 09 Diciembre 2013 07:48	La minería atraviesa una caída de cotizaciones hace ya dos años - Domingo, 02 Junio 2013 21:50	Trabajadores de Huanuni adelantan las Elecciones Sindicales - Domingo, 22 Septiembre 2013 15:13	$ 138.Millones Costara el proyecto Planta de Distribución de Gas para Huanuni y Llallagua - Sábado, 02 Febrero 2013 12:01	1.200 familias de Huanuni se benefician con el gas Domiciliario - Lunes, 03 Febrero 2014 01:02	11 de Octubre Elecciones del S.M.T.M.H. 2013 - Jueves, 03 Octubre 2013 17:58	Lo que calla el mensaje presidencial del 6 de agosto de 2013
Fecha de Publicación	Escrito por Semanario Aquí	Categoría: Opinión	Visitas: 2002	Aquí
La Paz (Bolivia), nueva etapa, 10 de agosto de 2013 Año III No. 128
¿La industrialización del litio en Bolivia?: ¿Cuál? ¿Cuándo?
Servicio Informativo "Alai-amlatina" Cumbre Antiimperialista:
Los 30 días que indignaron al mundo
La Policía, ¿quinto poder del Estado?
Por Oscar Lanza V. (MD,MPH)*
EXPLICACIÓN Autoridades anuncian que la destrucción de bosques es necesaria para buscar el desarrollo regional y, principalmente, para construir hidroeléctricas. Medioambientalistas están en alerta.
Claudia Soruco / Cobija, Pando - 28/07/2013
Bastan los secretos en la legislación boliviana
Carta del semanario Aquí a la Comisión de Constitución de Diputados, Asamblea Legislativa Plurinacional
No puede haber paz duradera sin desarrollo
y sin combatir la pobreza, el hambre y la desigualdad
Declaración de Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, en nombre de la Presidencia Pro témpore de la CELAC, en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, 6 de agosto de 2013
Entre Fidel y Raúl Castro hay plena continuidad, asegura el entrevistado. Entrevista a los comandantes del Secretariado de las FARC en La Habana
Se necesita construir un movimiento de masas fuerte que imponga los cambios, pues el establecimiento no regala. Esa es una tarea de nosotros, los militantes de izquierda y los demócratas. La sabiduría está en armar un bloque de poder que aglutine a todos los que estamos por una nueva Colombia...
Revista_energia_represas_y_salud PDF (Editada quizá en 2009)
Como consecuencia de construcción de megarepresas en el río Madera, el mayor problema a enfrentar será la inundación de tierras en la Amazonia boliviana, particularmente de los departamentos de Beni y Pando, cuyas tierras de cultivo estacional serían afectados, lo mismo que sus bosques de castaña, sus tierras de pastoreo, la muerte de muchísimas especies de peces y biodiversidad vegetal y animal, la destrucción del área protegida Bruno Racua, la deposición de mayores cantidades de mercurio, el aumento de malaria y otras epidemias propias de lugares tropicales y anegados. Todo esto, sin duda, va a provocar la expulsión de campesinos e indígenas a ciudades cercanas en calidad de migrantes y desocupados que se enfrentarían ante procesos de la llamada interculturalidad negativa, o la llamada etnofagia cultural, en la que dejarían de ser indígenas para ser “mestizos” y “mendigos” en ciudades fronterizas de Bolivia y Brasil.
Superintendente General-SIRENARE
—Sobre el Censo 2012 el Presidente afirmó que él nunca manipuló cifras. Y nosotros afirmamos, apoyados en gente que trabajó en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que en éste antes se manipuló datos y ahora también lo hace por instrucciones de gobernantes y/o del Presidente. Crece el descrédito de las cifras del Censo, incluso entre gente que apoya a los gobernantes, sólo que tienen que callar también sus dudas. Se muerden la lengua para no hablar. Es que si hablan acabarían cuando menos en el sitio en el que están los “librepensantes” (lindo lugar al fin si es un puesto para seguir la lucha).
Han sido saneadas 56.8 millones de hectáreas en 8 años, en los dos mandatos de Morales, desde 2006 a 2013. Antes cada hectárea fue saneada con 10 dólares, en tanto que en este último tiempo sólo se gastó Sus.- 1.77 por cada hectárea de tierra saneada. Qué no dijo el Presidente sobre la tierra y el territorio. Que los indígenas son propietarios colectivos del territorio, que el TIPNIS es reserva natural y territorio de los originarios, por ello, con un decreto supremo firmado por el actual primer mandatario, es a la vez una Tierra Comunitaria de Origen (TCO).
Son más las omisiones del mensaje presidencial, que consideramos un “regalo” desafecto en el día de la patria. Nos ocuparemos de ellas en otras notas de este semanario. En ésta añadimos que lo que calla Juan Evo Morales Ayma sabe a mentira, para decirlo con el verbo de Espinal. Y el referido silencio del Presidente es un discurso electoral anticipado el que, le da buenos resultados políticos. ¿Hasta cuándo? Es una pregunta oportuna. De sábado a sábado (260)
Alfredo Ovando Candia (omitido en el discurso de Morales), luego de un pasado de compromiso político con la derecha militar (incluidos los fascistas y neofascistas), encabezó la segunda nacionalización del petróleo y del gas natural; asimismo, firmó el decreto supremo que dispuso el funcionamiento de los hornos de función de minerales de estaño en Vinto (Oruro). Nacionalista revolucionario se dijo por él, como para que olvidemos ese pasado, por ejemplo, en el que Ovando se comprometió con el asesinato del Che (1967) y de los guerrilleros de Teoponte (1970).
Es un grave error, teórico y político, definir como socialistas a los militares porque distribuyen bonos y rentas; así como es otra lisura que a los uniformados se los vea como antiimperialistas porque se supone que ellos, ahora, no están detrás de la Embajada yanqui sino al servicio del pueblo. En otro momento de su discurso, el Presidente de Bolivia convocó a las FF.AA. del país a liberarse del imperialismo, lo que es más realista. Citamos: “Estamos convencidos, hermanos generales, coroneles y oficiales, que es importante liberarnos de los militares de Estados Unidos, del imperio norteamericano. Sólo usan a algún sector social, a cierta clase política, a instituciones como las Fuerzas Armadas o a la Policía, para sus intereses, para interés del imperio, nunca para el interés del pueblo boliviano”. Este mensaje sí se aproxima a lo que sucede en los cuarteles. Mensaje que, sin embargo, advertimos que entra en contradicción con las palabras dulzonas del Presidente respecto de las fuerzas de compulsión del Estado, es decir, de las que son fuerzas represivas ante todo.
Para nosotros, mientras en Bolivia no tengamos al pueblo en armas, en los cuarteles y más allá de éstos, no existirán fuerzas armadas nacionalistas, antiimperialistas y socialistas. Incluso dudamos, con fundamento, de que las actuales FF.AA. vivan una reforma que convenza de que, en cuerpo y alma, devengan en pro nacionalistas, pro antiimperialistas y pro socialistas. En esta materia, como en otras, las definiciones del presidente Morales sobre las Fuerzas Armadas bolivianas son desmentidas por la realidad.
28/07/2013 15:33 HIDROCARBUROSBOLIVIA.COM Juan Carlos Zuleta Calderón*
Hace unos meses, en una conferencia sobre litio que ofrecí a estudiantes de postgrado en el CIDES de la UMSA, un conocido “cientista social” se preguntó si —al final— algo de lo que estaba haciendo el proyecto piloto en Uyuni habría de tener algún sentido, añadiendo que quizás no debíamos ser tan duros y que tal vez algo podría resultar bien después de todo… Como la observación fue lanzada más como un comentario para “la reflexión de la sala” que como una pregunta al conferencista, mi reacción fue el silencio pues pensé que semejante “relativización” de las cosas no daba lugar al menor esfuerzo mental de mi parte en ese momento.
Si bien los anteriores conceptos explican el criterio indulgente y tolerante con que se sigue actuando —al parecer, no sólo a nivel de las más altas esferas de gobierno, sino también al de diferentes círculos de opinión— con respecto al proyecto piloto de litio, conviene hacer notar a la ciudadanía que con este emprendimiento estaban en juego muchas cosas.
En primer lugar, se encontraba el rol que Bolivia podía haber jugado como poseedor de los mayores recursos identificados de litio y otros recursos evaporíticos en salmueras, lo que hubiera convertido a nuestro país en el verdadero centro energético de la tierra. Tal como pronostiqué, la demora en la introducción de Bolivia en el mercado mundial del litio habría conducido a una cada vez mayor producción de litio mineralizado primero en forma de concentrados de óxido de litio y ahora en términos de carbonato de litio grado batería.
Si bien, en efecto, la creciente demanda de vehículos eléctricos de diversos tipos habría incentivado el establecimiento de nuevas operaciones mineras en tales yacimientos no sólo en Australia sino también en Canadá, por tratarse de minerales de extracción más dificultosa su explotación habría derivado en una presión hacia el alza de precios. Esta influencia estaría siendo aminorada de alguna manera por la puesta en marcha de varios proyectos de explotación y procesamiento de litio en salmueras en la Puna argentina, aunque está claro que estos yacimientos, por una parte, no se comparan con los bolivianos y, por otra, sus cuantiosos requerimientos de agua podrían hacerlos insostenibles.
En segundo lugar, se hallaba la posibilidad de que el litio sea el factor clave de un nuevo paradigma tecno-económico garantizando la transición total de la industria automotriz global hacia la propulsión eléctrica. Como anticipé en diferentes entrevistas y artículos a lo largo de los últimos 3-4 años, la indecisión de Bolivia habría dirigido el mercado hacia otras opciones. Así, por primera vez en la historia del desarrollo energético del mundo, el hidrógeno aparecería hoy como el principal rival del metal más liviano de la tierra.
Esta contingencia viene acompañada de dos hechos concretos y reales: la decisión de la cuarta o quinta fábrica de automóviles del mundo (Hyundai) de introducir en recientes meses los primeros vehículos eléctricos activados por pilas de combustible basadas en hidrógeno, además del anuncio de al menos dos potencias automotrices más (General Motors y Toyota) de seguir los pasos del conglomerado surcoreano hasta 2015, y la constatación de la reducción del costo de manufactura de tales tecnologías energéticas como resultado del desarrollo tecnológico y la sustitución dramática de materiales más bien caros (platino). Todo esto refuerza mi argumentación de que podrán haber vehículos eléctricos circulando en las calles y carreteras del orbe (como que ya habrían alrededor de 300.000 de ellos transitando en diferentes partes del planeta), pero que para que se inicie y consolide la era del vehículo eléctrico con baterías de litio se necesitaba a Bolivia. En estas circunstancias, se espera que en los próximos años coexistan varias tecnologías energéticas excluyendo toda probabilidad de que el litio se convierta en el mineral energético predominante.
Como en un baño de patriotismo tardío, los responsables de la industrialización del litio decidieron “a la hora nona” exigir el no cobro de la patente en este proyecto, algo nunca aceptado por los socios surcoreanos, se habría generado un impasse hasta ahora irresuelto entre Corea del Sur y Bolivia que paralizó el único intento serio de industrialización del litio en nuestro país.
Luego vendría un pésimo “Plan B” de la mano de un proyecto piloto de baterías comprado “llave en mano” a una empresa china más conocida como fabricante de componentes de baterías de iones de litio que como productora de tales sistemas avanzados de almacenamiento energético que no tiene la menor probabilidad de éxito en vista de que, por un lado, el país aún no cuenta con una provisión segura de carbonato de litio grado batería de calidad competitiva y, por otro, todo parece indicar que la mencionada planta piloto de baterías no corresponde a ninguna tecnología de punta ni mucho menos. Mientras los equipos chinos esperan por su instalación a efectivizarse en varios meses más —ya que ni siquiera se tuvo el cuidado de planificar bien las cosas en cuanto a la construcción oportuna de la infraestructura necesaria—, el pueblo boliviano se mantiene impávido ante tal cantidad de desaciertos y acciones improvisadas. En este panorama desolador, debemos preguntarnos: ¿La industrialización del litio en Bolivia?: ¿Cuál? ¿Cuándo? *Analista de la economía del litio.
ALAI AMLATINA, 06/08/2013.- El 2 de agosto se cerró un capítulo político trascendental para la historia de los pueblos que luchan por un mundo basado en valores de solidaridad, justicia e integración. Cochabamba, en el corazón de Bolivia, fue el escenario de una inédita Cumbre de corte antiimperialista y anticolonial que reunió, en solidaridad con el presidente Evo Morales Ayma, a 1.200 representantes de un centenar de organizaciones sociales y políticas de 18 países de América Latina y Europa. Exactamente un mes antes el mandatario boliviano había sido secuestrado en pleno vuelo por “sirvientes” de la Casa Blanca.
El periodista y activista estadounidense John Reed escribió una obra ineludible para entender uno de los acontecimientos más trascendentes de las historia de la humanidad. Publicado en 1919 los “Diez días que estremecieron el mundo”, narra las tempestades e historias que llevaron al triunfo de la Revolución Bolchevique de octubre de 1917, en Rusia. Casi cien años después, parafraseando el título de ese libro, asistimos a los “30 días que indignaron al mundo”. Entre el 2 de julio y el de 2 agosto el mundo fue testigo de una de las más obscenas maniobras del imperialismo y la contundente respuesta de las naciones latinoamericanas, a través de sus pueblos y gobiernos.
Dijo el vicepresidente Alvaro García Linera en la inauguración del evento: “Los imperialistas, los colonialistas y los capitalistas no nos han hecho retroceder. Evo sigue de pie, Bolivia sigue junto a Evo porque un ataque a Evo es una ataque a toda América latina”.
Más de cien resoluciones fueron aprobadas por el pleno de la Cumbre. Pero el hito más grande de este encuentro fue el haber abordado en unidad plena la solidaridad y apoyo ante el ataque que sufrió el presidente de Bolivia por parte de cuatro países europeos y Estados Unidos. Cabe resaltar que en tiempo neoliberales un acto así no hubiese conllevado a ninguna respuesta conjunta. En tiempos neoliberales el mundo se regía entre amos y esclavos. Es por eso que la frase de Rafael Correa: “Vivimos un cambio de época” es más pertinente que nunca.
*Mariano Vázquez es periodista argentino.
A estas alturas empieza a ser necesaria una explicación sobre el poder que parece ostentar la Policía Nacional. Ya era bastante grande nuestro desconcierto con el caso Chaparina, donde según informes oficiales la Policía “rompe la cadena de mando” y reprime brutalmente la Octava Marcha Indígena, sin que al cabo de casi dos años nadie haya intentado averiguar quiénes fueron los mandos responsables de tamaña ruptura, ni menos todavía castigar a los culpables (peor aún, nadie se inmuta ante la reciente revelación de que la Policía había incrustado agentes disfrazadas de indígenas para que agredieran al Canciller Choquehuanca con el fin de provocar/justificar dicha represión).
Y ahora, antes de obtener una explicación de ese desmedido poder policial, nos encontramos con otro caso que, aunque parezca demasiado local, tiene la misma importancia nacional/estatal que el anterior. Sucede que en el municipio cochabambino de Tiquipaya la semana pasada se produjo un fuerte paro cívico en protesta contra una empresa privada (Toyosa-CONSARQ) que había intervenido con personal y maquinaria una tierra (ubicada en la comunidad campesina de Collpapampa-La Floresta) de la que hasta ese momento no había presentado ningún título de propiedad, había cortado el camino lateral (de uso público), había expulsado de ella a vendedoras dominicales, había excavado cimientos para construir un cerco perimetral, y todo con el apoyo de más de un centenar de policías de la UTOP.
¿Cómo se explica? El alcalde constitucional de Tiquipaya, quien tiene toda la facultad para autorizar o desautorizar cualquier construcción, ordenó la clausura de la obra perimetral y la paralización de cualquier tipo de obra, y comunicó tal decisión a la empresa y a los efectivos de la UTOP, pero la empresa siguió adelante y plantó un cerco de malla olímpica, siempre con el apoyo de la Policía.
Cierto que CONSARQ había pedido en su momento el “desapoderamiento” de esas tierras, pero justo entonces quedó claro que seis hectáreas de las mismas (que en total suman 47) tenían otros dos dueños. Además, cerca de cuatro hectáreas (de esas seis) contaban con una certificación de Derechos Reales que las declaraba propiedad fiscal (es ahí que las comunidades de Tiquipaya empiezan a darles uso, en forma de feria dominical y de cancha de fútbol). Extrañamente el antiguo Tribunal Agrario anuló de repente dicha certificación, pero sin que a continuación Derechos Reales especifique de quién pasaban entonces a ser propiedad, y en todo caso (según certificación del INRA) en ningún momento habían sido propiedad de la empresa que ahora las está cercando; pese a lo cual la Policía Nacional toma partido por la empresa, en contra de la comunidad, de la Alcaldía y del INRA'
Pese a que el INRA ha informado oficialmente que todo el terreno es de uso agrícola (y originalmente de una dotación de Reforma Agraria) se sabe que la empresa CONSARQ -¿será la misma que está urbanizando el llamado Arco de Obrajes en La Paz?- tiene previsto urbanizarla íntegramente, por supuesto, sin entregar el 50% a la Alcaldía “por cambio de uso de suelo”, tal como está reglamentado y como el alcalde de Tiquipaya viene informando.
A pesar de todo, la Policía Nacional no se mueve del terreno, sin que nadie sepa quién le ha dado una orden en ese sentido.
¿Será que alguien nos pueda explicar desde cuándo la Policía está por encima de todos los demás poderes del Estado, hasta el extremo de que nadie la pone en su lugar cuando comete excesos, ya sean represivos, de desacato a la autoridad y la ley? Por favor, que estamos en un estado de derecho'
Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano para el Cambio (CUECA) de Cochabamba.
Durante la 23ª reunión del Consejo, celebrada en Ginebra el 27 mayo al 14 junio 2013 fue sometida la resolución patrocinada por los países en desarrollo como parte del seguimiento al informe del Relator Especial de la ONU sobre el derecho que asiste a todas las personas para el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. De los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos, 31 votaron a favor de la resolución, mientras 16 se abstuvieron de votar.
Discrepancias en cuanto a las negociaciones informales llevaron a los EE.UU., la UE, Japón, República de Corea, Suiza y Kazajstán a la abstención de voto. La abstención de la UE fue interpretada por algunos delegados de los países en vías de desarrollo, como una "puñalada por la espalda", porque la UE propuso una serie de enmiendas en negociaciones informales y se alcanzó un consenso sobre varios puntos planteados por la UE. Sin embargo, la UE decidió que retroceder desde el consenso alcanzado y se sumó a la decisión de EE.UU. de abstención de voto, quizá movidos por el sometimiento evidente de la UE a presiones de los Estados Unidos. La UE, además de sugerir más de 25 enmiendas al texto en la primera versión de la resolución planteó, además, tres comentarios generales que indirectamente cuestionaron la idea misma de la resolución. A pesar de las propuestas de enmienda de la UE, éstas se limitaban al lenguaje de redacción sin afectar la sustancia misma de la resolución, aunque dirigidas a buscar diluir su contenido.
De todas formas esta resolución es un paso adelante promoviendo el acceso a los medicamentos en el marco del derecho a la salud y de la atención en salud. Es la primera vez que una resolución general de este órgano se refiere a los determinantes del acceso a los medicamentos en el marco de Derechos Humanos, articulada en un lenguaje más fuerte que la anterior Resolución (17/14) del año 2011, que "alentaba a los Estados" enumerando 11 medidas, mientras que esta resolución resulta más fuerte, al "instar" a los Estados miembros a cumplirla, reconociendo el acceso a los medicamentos como un elemento fundamental en el ejercicio del Derecho a la Salud. Así el ámbito de aplicación de la resoluciónno se limita ahora a los medicamentos esenciales y cubre todos los medicamentos.
La resolución se refiere claramente a la cuestión de los precios de los medicamentos e insta a los Estados en la regulación de los precios llamando a "adoptar medidas de regulación con el fin de facilitar el acceso de la población, y en particular a las personas en situación de vulnerabilidad, para hacer los medicamentos asequibles", tema altamente importante en el contexto de los países en vías de desarrollo, donde el gasto bolsillo en medicamentos afecta significativamente la economía familiar y donde los seguros públicos de salud cubren tan solo muy parcialmente a sus ciudadanos. Así mismo la resolución establece claramente el vínculo entre la producción local y el eerecho a la atención en salud. La resolución hace mención a la importancia de la investigación y desarrollo (I+D) y la necesidad de un nuevo modelo basado en la desvinculación del costo en el precio final de los medicamentos, buscando la cobertura universal.
Si bien es cierto que hay deficiencias en la resolución, como ser un lenguaje poco claro en algunas partes de la misma y que debería enfatizar garantizar el acceso sólo a medicamentos que sean asequibles, seguros, eficaces y de calidad, además de permitir el uso de flexibilidades de los ADPICs (TRIPs) en cuanto a protección de la propiedad intelectual indicando su actual texto que este es un tema importante para el “desarrollo de nuevos medicamentos”, afirmación que resulta muy controversial, pues no hay evidencia suficiente para demostrar que las regulaciones de PI actuales en la protección de patentes, es una necesidad verdadera para el desarrollo de nuevos medicamentos necesarios que respondan a las necesidades sentidas de salud de los países en vías de desarrollo (PVD). La resolución en criterio de algunos, podría no ser aplicable en contextos cuando los medicamentos no son asequibles, situación que afecta el derecho a la salud en los PVD. Si bien la resolución insta a los Estados y a organizaciones internacionales para promover I+D innovadores para hacer frente a las necesidades de salud de los PVD, mucho depende de la voluntad política que los Estados muestren sobre el tema. La resolución no hace clara mención a la necesidad de poner freno a la promoción no ética de medicamentos, aunque si lo hace en cuanto a la transparencia de datos de ensayos clínicos, recomendando "garantizar la transparencia de datos relacionados con la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, incluida la publicación obligatoria de los datos adversos”. Pese a estas circunstancias, la resolución se constituye en un paso adelante para ele jercicio del derecho a la salud.
Fuentes de consulta adicional: http://donttradeourlivesaway.wordpress.com/2013/07/16/
un-human-right-councils-resolution-on-access-to-medicines – Red del Tercer Mundo15 Jul 2013 - (KM Gopakumar) – www.twn.my http://www.onsb.com.co/index.php/onsb/vision/79-observatorio/94-aprueban
JUSTICIA, SALUD & DESARROLLO-IBFAN (Bolivia)
Movimiento por la Salud de los Pueblos-PHM-IBFAN (Bolivia)
*Fundador AIS-CODEDCO-IBFAN-FUNAVI (Bolivia)
Evo Morales: ‘Por primera vez, Bolivia es una referencia internacional’*
*Tomado del diario paceño La Razón del 6 de agosto de 2013.
Por eso, agregó, se está solicitando y coordinando con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) que “cada territorio comunal realice su plan de intervención y en ese plan se especifique la cantidad que se quiere deforestar y para qué”. “Aquello se realizará y será financiado por la Gobernación y todo ese proyecto nos llevará alrededor de dos años” .
La autoridad departamental informó que actualmente existe la autorización para realizar chaqueos en superficies limitadas por parte de los comunarios, pero “aún no hay un plan de deforestación como tal”. El departamento de Pando, ubicado al noroeste del país, forma parte de la Amazonia boliviana y ocupa un territorio de 63.827 kilómetros cuadrados, cubierto en más del 90% de bosque húmedo tropical, caracterizado por su diversidad de flora y fauna, con especies predominantes de goma, palmito y castaña.
Deforestación “planificada” Si bien cada año se registran problemas medioambientales provocados por los chaqueos, campos de pastoreo y tala indiscriminada de árboles, Moura establece que el nivel de deforestación en el departamento “apenas” representa el 2% de toda su superficie. Herbert Salvatierra, diputado de Convergencia Nacional (CN) por Pando, dijo conocer el planteamiento de deforestación planificada, pero sostuvo que si bien se requieren con urgencia hidroeléctricas, “se debe hacer un análisis muy profundo para llevar adelante esos proyectos, por el impacto ambiental que representarían a nivel departamental”.
Según el asambleísta es imprescindible socializar este planteamiento con todos los sectores. “Porque va a ser una decisión que afectará sin duda a todo el departamento. Hablamos de campesinos e indígenas que sufrirán directamente el impacto de la construcción, por ejemplo, de esas hidroeléctricas”.
Alerta ambiental El presidente del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), Jhonny Cárdenas, anticipó que el proyecto de deforestación que las autoridades del departamento de Pando perfilan será negativo porque los impactos sobre las comunidades campesinas e indígenas serán mayores.
Cárdenas agregó que la implementación de proyectos eléctricos “puede causar daños gravísimos en la Amazonia; por lo tanto, se deben realizar proyectos pequeños que no tengan un impacto negativo”. El desarrollo de la región, aseguró, debe darse con planes que no tengan “impactos muy fuertes sobre el ambiente”.
De Página Siete del 29 de julio de 2013.
Periódico Digital PIEB • 29-06-2013 Contradicciones y vacíos legales en las normas aprobadas a partir de la Constitución Política del Estado (CPE) referidas a la introducción, liberación, producción y comercialización de semillas transgénicas (genéticamente modificadas) en territorio boliviano, provocaron la introducción al país de semillas transgénicas de arroz y caña de azúcar, al margen de las de soya que ya contaban con autorización, advierte el investigador en Seguridad Alimentaria, Manuel Morales. El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) confirma esta situación.
Según el investigador, a la par del fenómeno del arroz, los Centros de Investigación e Innovación Tecnológica financiados por la Gobernación de Santa Cruz, trabajan en la adaptación de la caña de azúcar proveniente de Brasil y Argentina —probablemente con modificaciones genéticas— para que produzca más sacarosa, aguante eventos climáticos extremos y tenga características mejoradas.
La autoridad respondió “Sí, nosotros sabemos que hay introducción de muchos productos transgénicos; por ejemplo, el algodón usa muchísimas semillas transgénicas por la resistencia que tiene a las plagas y enfermedades. Sin embargo es la tendencia que se está dando sobre todo en Santa Cruz, pero lo que certificamos nosotros (INIAF) es solo semillas convencionales”.
“Entuerto” jurídico Basado en un análisis normativo de la legislación correspondiente a los transgénicos, Manuel Morales advirtió que de aprobar el Gobierno el ingreso de semillas transgénicas de maíz, violaría la Ley 144 de la Revolución Comunitaria y Productiva que en su artículo 15, inciso II señala: “No se introducirá en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas o especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad”, debido a que el país es centro de origen de esta especie.
1.Exigir al Ministerio de Educación la implementación de procesos profesionales de capacitación a los docentes del país, para implementar la Educación para la Armonía y Equilibrio con la Madre Tierra.
2.Demandar, a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, el cumplimiento de políticas y acciones claras para la protección y conservación de los recursos naturales y medio ambiente.
3.Proponer a las asambleas legislativas departamentales priorizar los temas ambientales en los estatutos autonómicos y a los municipios en las cartas orgánicas.
4.Solicitar al gobierno nacional un informe público sobre la gestión de áreas protegidas y los trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos y también concesiones mineras autorizadas en los últimos años.
5.Exigir al gobierno nacional hacer pública la información (auditorías y procesos ambientales) sobre el impacto socioambiental generado por actividades hidrocarburíferas y mineras.
6.Demandar a las diferentes instancias públicas y privadas (gobierno central, gobernaciones, alcaldías, universidades e institutos especializados) promover investigaciones sobre los daños en la salud y el medio ambiente por el uso de transgénicos y agrotóxicos.
7.Sugerir a todos los gobiernos municipales la implementación de unidades de gestión de riesgo (cambio climático y desastres naturales).
8.Exigir al gobierno nacional y a las empresas prestadoras de servicios públicos, políticas públicas para garantizar la disponibilidad y el uso sostenible del agua, basadas en la planificación, que consideren el crecimiento poblacional e incorporen presupuesto proporcional a las necesidades estructurales del país.
9.Instar a los propietarios y directores de medios de comunicación crear espacios gratuitos para la difusión de noticias sobre problemáticas socioambientales.
10.Convocar a los periodistas y comunicadores sociales de todo el país a realizar la difusión de problemáticas socioambientales a través de redes sociales (facebook, twitter, blog y páginas web); además de realizar campañas a favor del medioambiente.
La Paz, 7 de agosto de 2013
Comisión de Constitución de Diputados, Asamblea Legislativa Plurinacional
Ref.: No más prohibiciones al derecho a informar desde el Estado, bastan las que existen Ante la posibilidad entregada por ustedes para opinar sobre el Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (PLTAIP) y por derecho para sugerir cambios al mismo, los miembros de la redacción del semanario virtual Aquí (www.semanarioaquí.com), les manifestamos lo que sigue:
Transcurren más de 10 años que se debate e intenta aprobar aquel proyecto de ley, varias de cuyas normas se encuentran en dos decretos supremos, uno de los que fue abrogado y el segundo que derogaría la ley que se proponen aprobar en ese organismo legislativo.
Consideramos oportuno recordar que una ley de ese contenido fue propuesta para que organismos, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, transparenten la información que procesaban y de la que nuestros países y pueblos se enteraban cuando los “paquetes económicos” que esos organismos nos imponían entraban en vigencia y/o sentíamos sus efectos, los resistíamos y muy pocas veces conseguíamos frenar.
Tomamos en cuenta esa inspiración y sobre todo un documento que circuló en los países del llamado Tercer Mundo en el que se sugirieron bases legales en las que se apoyaron, por ejemplo, estados mexicanos en los que se aprobó una ley de esa forma y contenido y que esos pueblos definen como “Ley Mordaza”. Esos antecedentes conoce la actual ministra de Transparencia, Nardy Suxo, porque la Fundación Carter, de la que ella fue funcionaria en nuestro país, financió al menos en parte el estudio, difusión y búsqueda de apoyo a un proyecto de ley de transparencia de acceso a la información pública del que existen varias versiones.
Respecto del actual Proyecto en estudio, les remitimos nuestros comentarios resumimos:
— Compartimos el criterio de organizaciones sindicales, profesionales, investigadores, trabajadores y otros que afirman, con razón, que en el Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, PLTAIP (acepten esta sigla provisional), contiene normas que se contraponen a la Constitución Política del Estado (CPE) vigente y sólo por eso deben ser suprimidas. La CPE establece cuatro derechos individuales y colectivos: a informar con veracidad, dispone la Ley Fundamental; a comunicar (facilitarla, agregamos), a opinar con responsabilidad, manda la CPE y a interpretar o analizar (con ética, añadimos).
La futura ley que se busca no debe violar la Ley Suprema de los bolivianos. Si así fuera les recordamos que esa realidad, que ustedes están a tiempo de evitar, daría lugar a demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, lo que les pedimos nos ahorren a los bolivianos. Una ley sin las prohibiciones anticonstitucionales y antilegales (valga la redundancia) evitaría, además, lo que periodistas adelantaron que harían en el ejercicio de su oficio: si se cierran las fuentes oficiales —afirman—, buscaremos otras fuentes informativas; investigaremos, esto es reconocer y descubrir, en una búsqueda cotidiana.
—El PLTAIP autoriza rarísimas labores “legislativas” o “normativas” a las FF.AA. Policía Boliviana y otras para que ellas dispongan qué otras informaciones serían reservadas, secretas o clasificadas. Les recordamos que la ALP no tiene facultad alguna para delegar labores que le son propias e intransferibles si cabe el término y menos aún extender atribuciones suyas mediante otra ley. Esa norma que extiende competencias inconstitucionales a organismos encargados de la seguridad interior y exterior del Estado deben ser suprimidas. Más aún, gobernantes responsables, para decir lo menos, jamás deben redactar ni consentir un proyecto de ley como el que nos ocupa y preocupa.
—Incluso los decretos a los que hacemos referencia (de transparencia y acceso a la información pública), aunque no de manera perfecta, establecían y establecen que la información pública, debe ser entregada a las y los ciudadanos, sin considerar el soporte en el que se encuentre, es decir, tiene que ser proporcionada la escrita, la que está en imágenes en movimiento y fotografías, audios y/o grabaciones, cartografías, planos, manuscritos, páginas web, flash y los que existieran.
—Las doce prohibiciones del artículo 42 del PLTAIP, si se aprobaran, impedirían la transparencia y el acceso a la información pública. Son una demasía. Son una demasía porque los legisladores, mucho más que los ciudadanos, están obligados a conocer que en Bolivia son suficientes, creemos, los secretos y/o informaciones reservadas o clasificadas. Hay secretos militares que impiden, por ejemplo, encontrar los restos de los entonces diputados Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal; los secretos policiales dificultan que se establezca, procese y sancione a los que torturan hasta la muerte a presuntos delincuentes; son secretos bancarios, autorizados por ley, los que respaldan el silencio necesario sobre ciertas operaciones bursátiles; los secretos industriales, también lícitos, preservan derechos de empresas con licencia para funcionar; hasta ahora no se sabe con precisión el destino de los gastos reservados ordenados por distintos gobiernos y por dictadores; trabajan, autorizados como el que más, agentes encubiertos… Y este es un inventario inconcluso.
—El PLTAIP, además, debe estar en concordancia plena con la Convención Americana de Derechos Humanos, firmada en San José (Costa Rica), que es Ley de Bolivia, la que garantiza la libertad de pensamiento y de expresión, es decir, apoyados en esas normas quienes vivimos aquí podemos “…buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras…”
Citamos, asimismo, el punto 2 del artículo 13 de la Convención de San José: “2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
Nosotros creemos que el PLTAIP sólo debe contener o mantener las prohibiciones a informar de acuerdo a los incisos citados que son normas que debemos aplicar.
La posible ley de transparencia y accedo a la información pública (y su reglamento futuro) no deben conceder licencias a nadie para la censura, la autocensura, para difundir medias verdades, para manipular y/o “matar a la verdad” o intentarlo.
En este contexto no debemos olvidar el deseo expresado por el vicepresidente García Linera de que “controlarían” a las redes sociales, mediante el ejercicio del poder. En esa línea, el actual director de Proyectos del Ministerio de Comunicación (en ese momento funcionario del Ministerio de Culturas), Idón Chivi, dijo que controlarían las publicaciones virtuales más importantes, suponemos que de origen boliviano. Esa declaración del abogado Chivi registraron medios de difusión inmediatamente después de que se aprobó el Reglamento de la Ley antirracista.
Este mismo servidor o funcionario público (Idón Chivi), en Cochabamba, en la Cumbre Antiimperialista, según el diario gubernamental Cambio del 2 de este mes, sobre los medios de difusión y acerca de la libertad de expresión, dijo:
“Hemos logrado quebrar el espíritu monopólico de los medios”.
Más del mismo Director de Proyectos del Ministerio de Comunicación: “La Unesco se ha entrometido en el control de la libertad de expresión. Una tarea nuestra, es la descolonización de la comunicación, es quitarle esa tarea a la Unesco, es quitarle la potestad que tiene para decir qué es libertad de expresión y qué no, porque eso también depende del control imperial”, expresó.
El viceministro de Gestión Comunicacional, de acuerdo al diario Página Siete, nos informó de que las normas del PLTAIP ya se aplican en los medios del gobierno y/o del Estado. Citamos:
“Por su parte, el viceministro de Gestión Comunicacional, Sebastián Michel, sostuvo que ‘los medios de comunicación del Estado ya acatan lo que indica (el proyecto) de ley de acceso a la información’”.
Los miembros de la redacción del semanario Aquí tenemos en cuenta lo que dicen y lo que hacen los gobernantes, por ejemplo, sobre el proyecto de ley en cuestión y lo que hacen incluso antes de que éste sea sancionado como ley boliviana.
Como consecuencia de lo que afirmamos en esta carta les reiteramos, señores diputados, nuestra solicitud para que el PLTAIP se redacte y apruebe sin contradecir la CPE, las convenciones, leyes y otras normas bolivianas.
Y entre las prohibiciones a informar que disponga esa ley, afirmamos, que sólo deben recogerse las que están en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José, la que es Ley de nuestro país (No. 1430) desde el 11 de febrero de 1993.
Les saludamos:
Por la redacción del semanario virtual Aquí
Expresaron su convicción "de que la unidad e integración política, económica, social y cultural de América Latina y el Caribe constituye (…) una necesidad para enfrentar con éxito los desafíos que se nos presentan como región" y decidieron "promover y proyectar una voz concertada de América Latina y el Caribe en la discusión de los grandes temas y en el posicionamiento de la región ante acontecimientos relevantes en reuniones y conferencias internacionales de alcance global, así como en la interlocución con otras regiones y países".
Asimismo, reiteraron "que la CELAC es un importante mecanismo para promover los intereses de países en desarrollo en los organismos multilaterales, para reforzar nuestra capacidad de reaccionar de manera coordinada a los desafíos de un mundo en proceso de profunda transformación económica y política" así como "nuestro compromiso de fortalecer la CELAC para promover y proyectar los intereses y las preocupaciones de América Latina y el Caribe sobre los principales temas de la agenda internacional" y de "acercar posiciones y coordinarnos, cuando sea posible, en reuniones y conferencias internacionales de alcance global. En ese sentido, destacamos la labor que han desarrollado los Representantes Permanentes de los Estados miembros de CELAC ante la Organización de las Naciones Unidas, que han acordado un mecanismo interno de participación conjunta en los debates de las distintas comisiones en las que se ha presentado la posición consensuada de CELAC. Por lo anterior, nos comprometemos a afianzar la labor de concertación en las sedes de las Naciones Unidas, incluso el fomento de iniciativas conjuntas en asuntos de interés para la región".
En la Primera Cumbre de la CELAC "… renovamos el compromiso de nuestros países con el multilateralismo y con una reforma integral del sistema de Naciones Unidas y con la democratización de las instancias decisorias internacionales, en particular el Consejo de Seguridad".
Entre Fidel y Raúl Castro hay plena continuidad, asegura el entrevistado. Sobre Yoani Sánchez
—Esta situación es más propicia para Cuba. Fuimos expulsados de la OEA, pero ahora tenemos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), sin la presencia del imperio (Estados Unidos), algo que antes era inconcebible. Y Cuba ocupa nada menos que la presidencia pro témpore. —¿Cuál es el papel que ha jugado Chávez en este proceso?
—América Latina, en términos geopolíticos, siempre se consideró el traspatio de Estados Unidos. Jamás, desde el imperio, va a haber una política de tolerancia hacia una América Latina que se une de manera soberana. No se van a conformar con que estemos fuera de su control, tienen mucho poder, pese a que es un Titanic que está haciendo agua. En términos de comunicación y cultura tiene un enorme poder, manipula gran parte de la opinión pública. Son capaces de satanizar a un líder o de omitir golpes de Estado como en Honduras, sacando a Zelaya de manera brutal, y después a Lugo. De todos modos, es un momento esperanzador. Lo más interesante de lo que está pasando en el mundo de hoy, en medio de la crisis económica, ética y cultural.
Compañero-a, Usted es parte del ejercito defensor de la verdad contra el terrorismo mediático de los aparatos masivos de desinformación, sos un-a combatiente de esta batalla de ideas, tu acción forja conciencias, reenvía, difunde, propaga toda la informacion que consideres de interés.
"Lo principal en el oportunismo es la idea de la colaboración entre las clases"
Cmdte Carlos Fonseca:
"—excepción hecha de la clase trabajadora—, la mayor parte de las clases sociales han rehuido la lucha y nos han negado hasta el derecho que tenemos de defendernos"
Augusto C. Sandino (1930)
Miércoles, 31 de julio de 2013 14:57
RG: Y lo desea para blindarse, porque tiene temor de ser enviado a Miami por narcotráfico; o a la Corte PenalInternacional de La haya por crímenes de Lesa Humanidad. A él le conviene que las negociaciones fracasen para presentarse ante el país como la solución. Aunque el “problema” de la guerrilla no lo resolvió en ocho años de gobierno.
PC: Mire, las condiciones políticas en América Latina han cambiado. ¿Quién se iba a imaginar lo que pasó en Venezuela y Bolivia con la llegada de Chávez y Evo? ¿Quién iba a imaginar que llegarían otros gobiernos enAmérica Latina para exigirle a Estados Unidos el respeto a la soberanía? Existen cosas impredecibles, como fue el fin de la Unión Soviética.
Hernando Calvo Ospina* para La Pluma
Fuente: Hernando Calvo Ospina, 30 de junio de 2013
NACIONES UNIDAS.— La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) aseguró el martes en la ONU que "no puede haber paz duradera sin desarrollo y sin combatir la pobreza, el hambre y la de-sigualdad", reportó PL.
El también miembro del Buró Político del Partido destacó que la Comunidad se ha dotado de "instituciones que nos permiten fomentar la unidad en la diversidad, integrarnos y cooperar, discutir, por nosotros mismos, los asuntos que nos son propios".
El Ministro intervino este martes en un debate abierto del Consejo de Seguridad presidido por la mandataria argentina, Cristina Fernández, sobre la cooperación entre las organizaciones regionales para el mantenimiento de la paz y la seguridad, en el cual le rindió tributo al líder bolivariano Hugo Chávez, "uno de los fundadores y de los principales articuladores de la construcción de la CELAC".
Revista_energia_represas_y_salud PDF
(Editada quizá en 2009)

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 artículo 42
 artículo 13