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Timestamp: 2020-05-27 23:04:14+00:00

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LA EJECUCION DE SANCIONES EN EL NUEVO SISTEMA
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La Cárcel como tortura y las torturas en las cárceles
Trabajo Externo DDHH
Asesino Del Cilindro 18.08.214(1)
LITERATURA INFORME #1
DSOJ - Trabajos de fin de Maestría en Derechos Humanos y Paz
Ejecución de sanciones penales en el sistema acusatorio. Un modelo para el sistema penitenciario jalisciense
González-Lobo, Ana K.
González-Lobo, A. K. (2016). Ejecución de sanciones penales en el sistema acusatorio. Un modelo para el sistema penitenciario jalisciense. Trabajo de obtención de grado, Maestría en Derechos Humanos y Paz. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO.
Enlace directo al documento: http://hdl.handle.net/11117/3682
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de nivel superior según Acuerdo Secretarial 15018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976.
Departamento de estudios sociopolíticos y jurídicos MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS Y PAZ
EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES EN EL SISTEMA ACUSATORIO.
UN MODELO PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO JALISCIENSE.
Tesina para obtener título de
MAESTRA EN DERECHOS HUMANOS Y PAZ
Presenta: Ana Karla González Lobo
Tutor: Francisco Macías Medina
Cotutor: Bernardo Moreno Orozco y Loza
Tlaquepaque, Jalisco, abril de 2016.
Revisión de la literatura o marco teórico
Análisis empírico de los
Análisis a la luz de la Reforma Constitucional de 2011 y de las Fuentes del Derecho
Propuesta para otorgar beneficios de libertad anticipada en el fuero común de acuerdo a las
Requisitos para acceder a los beneficios prelibertad, libertad condicional y reducción
condiciones que atraviesa el Sistema Penitenciario
parcial de la pena
Elementos Probatorios a valorar
Ejecución de Sanciones Penales en el Sistema Acusatorio. Un modelo para el Sistema Penitenciario Jalisciense.
El sistema penitenciario atraviesa una crisis de sustentabilidad que genera un riesgo latente para la sociedad, principalmente porque la mayoría de las prisiones se ven afectadas por la sobrepoblación, un fenómeno que impide al Estado garantizar el objetivo primordial de este sistema: la reinserción social de las personas privadas de la libertad, originando de esta forma que “Las cárceles mexicanas en su condición actual son espacios propicios al contagio criminógeno. No solo por el hacinamiento que muchas registran, sino también por la convivencia entre internos de distinta peligrosidad […], no reinsertan ni rehabilitan […]” (Jaime Teviño, 2013, pág. 2), por lo tanto contribuye en los altos índices de delincuencia y de inseguridad. Cabe destacar que el hacinamiento en las prisiones es consecuencia evidentemente de la sobrepoblación penitenciaria, y este a su vez es un indicador que revela el uso que se hace de la prisión en un país, lo cual resulta alarmante para el Estado Mexicano, bajo el principio que fue articulado por el expresidente de la República de Sudáfrica, Nelson Mandela “Nadie conoce cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles”. (Coyle, 2002, pág. 15)
La crisis de un sistema penitenciario es una preocupación humanitaria muy seria, y es que la sobrepoblación y el hacinamiento son fenómenos que obligan a decenas de miles de personas a vivir largos periodos en alojamientos congestionados (Daccord, 2013), generando de esta manera costos muy elevados para las personas privadas de la libertad, para sus familias, para el Estado y para la Sociedad, que no son solo económicos sino también sociales (Zepeda Lecuona, 2010). En Chile por ejemplo, el gobierno llevó a cabo un estudio sobre las consecuencias de la prisión, en donde se concluye que para la familia de un interno representa un impacto negativo en la estructura emocional y conductual, trauma de separación, incertidumbre, privaciones económicas y estigmatización de sus integrantes.
(León Ferrer, 2014). Por otra parte la víctima no tiene ninguna garantía de reparación o restauración del menoscabo sufrido, por lo tanto también le genera costos económicos y según el tipo de delito también le genera costos sociales.
Esta problemática se ha agudizado cuando menos en las tres últimas décadas en el sistema penitenciario mexicano según lo señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos (González Pérez, 2015) en su último informe acerca la situación de las prisiones en México. De acuerdo a los datos reportados en el Cuaderno Mensual de Estadística Penitenciaria, la sobrepoblación en el sistema penitenciario mexicano tuvo una evolución del 3.8% de 1977 a 1987, y un incremento a ritmos de entre 11% y 16% de 1987 a 1990; en este último año la sobrepoblación existente fue del 52.2%, que significaba que se contaba con una capacidad instalada de 61,173 camas y había una población penitenciaria de 93,119 personas, es decir 31,946 de ellos no tenían una cama para dormir, y aparentemente en 1994 hubo una disminución considerable de la población penitenciaria que en ese momento abatió el problema, porque se logró llegar a un 97.6% de ocupación penitenciaria (González Pérez,
Un logro al cual se llega, bajo el argumento de haber implementado diversos programas integrales aplicados a través de un órgano como el Consejo Técnico Interdisciplinario 1 que se constituye al interior de cada prisión, y por la construcción de diferentes establecimientos penitenciarios en el país, unas políticas que inician a partir de 1990, dando el resultado esperado en 1994. Sin embargo esto fue un resultado pasajero, ya que en 1995 la población penitenciaria aumenta un ligero 2.4%, dos años después un 14.5% y en 1999 ya había llegado al 31.2%; y es que el construir más espacios no representa una solución real para abatir el
1 El artículo 80 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Jalisco, define que el Consejo Técnico es un órgano colegiado con atribuciones resolutivas y consultivas para la aplicación individual del sistema progresivo técnico, es decir, de accionar los medios para lograr la reinserción social al interior de los centros penitenciarios, así mismo ejerce funciones de asesoría, evaluación y supervisión en auxilio del Inspector General (Director de un Centro Penitenciario), en los asuntos que son de su competencia de conformidad con las leyes y
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/LeyesEstatales.cfm.
fenómeno. Tal es el caso que en los últimos 10 años se han incrementado 100,000 espacios, y la sobrepoblación penitenciaria no ha disminuido del 23% (González Pérez, 2015).
Desafortunadamente cuando una sociedad es golpeada por la delincuencia, la respuesta de los Estados ha sido por mucho tiempo el incremento de las penas de prisión, llevando así al uso desmedido de la misma lo cual afecta al sistema penitenciario en Latinoamérica y en varias prisiones del mundo. Por ejemplo, en una base de datos del año 2010 con cifras comparativas internacionales en porcentajes respecto a la ocupación penitenciaria, se buscó representar esta problemática en 151 países, en donde los países africanos registran los valores más altos, y los latinoamericanos figuraban a partir del lugar número 16, situando a México en el número 58° (Zepeda Lecuona, 2013).
Ahora bien, se estima que en Mayo de 2011 las instituciones penitenciarias en todo el mundo contenían a más de 101.1 millones de personas, incluyendo personas sentenciadas y personas en prisión preventiva, esto significa que en ese momento por cada 100,000 habitantes 146 personas se encontraban en prisión, y bajo esta variable se determina que las poblaciones en las prisiones crecieron a nivel mundial entre los años 2008 y 2011. Así, la crisis penitenciaria que México presenta desde hace varios años ha desencadenado varias problemáticas como la sobrepoblación que obliga a decenas de miles de personas a vivir largos periodos en alojamientos congestionados, sin espacio suficiente para moverse, sentarse o dormir, comprometiendo así la capacidad de la administración para cubrir las necesidades básicas de los internos de las prisiones, ocasionando así que la situación que de por sí vive la persona al encontrarse privado de su libertad se torne peor, y es que de forma directa e inmediata impacta su dignidad humana, menoscaba su salud física y mental, limitando sus posibilidades incluso de llevar una vida digna en extramuros (Atabay, 2013).
Cabe destacar que de acuerdo a estos argumentos, y en tanto no se tomen medidas que combatan efectivamente la sobrepoblación en las prisiones no solo a corto plazo, sino a través de una política pública que imponga objetivos de larga duración, el fenómeno ira en aumento,
pues el “El hecho de aumentar en una celda una cama o una litera, no significa el aumento de su capacidad operacional, puesto que ésta se comprende desde la capacidad instalada de diseño, la cual se rebasa por estas adecuaciones y pierde su razón de origen […].” (González Pérez, 2015, pág. 7). La sobrepoblación y el hacinamiento ocasionan innumerables violaciones a los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de la libertad, a quienes solo se les debería limitar la libertad como sanción y no todas las demás restricciones a las que se les sujeta, según así se establece en las Reglas Mínimas de las naciones Unidas (Naciones Unidas, 2016, art. 60).
En ese sentido las condiciones de las cárceles y el trato que se debe dar a las personas privadas de su libertad es una preocupación de talla internacional, actualmente se exige que se dé un uso moderado de la prisión, en sistemas de justicia penal eficaces y con un alto respeto a los derechos humanos en todas las etapas de este proceso. Al respecto, el Estado Mexicano pretendió atender la situación en las prisiones a partir de las reformas constitucionales de 2008 y 2011, en materia de Justicia Penal y en materia de Derechos Humanos, respectivamente 2 .
Ambas reformas establecen cambios importantes a todo el Sistema de Justicia Penal y al Sistema Penitenciario Mexicano. De entrada, la primera limita las facultades de las autoridades de las prisiones, que en este contexto representan al Poder Ejecutivo, a la sola administración de las prisiones, y otorga al Poder Judicial la facultad de vigilar todo lo relativo al control de la legalidad de las penas de prisión (Congreso de la Unión, 2016, art. 21) a través de la figura de un Juez Ejecutor quien vigilará y controlará la ejecución de la pena en aras de que la totalidad de las facetas que componen el procedimiento penal queden bajo el control jurisdiccional. Por su parte, la segunda de las reformas, plantea cinco ejes o bases para lograr
2 Ver DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06/2008, y DECRETO por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF 10-06-2011) consultada en
la reinserción de un sentenciado: el respeto a los derechos humanos, el trabajo y la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte (Diario Oficial de la Federación, 2016, art. 18), pero además coloca en el centro de la actuación del Estado Mexicano la protección y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por éste.
Ahora bien, la reforma en materia de justicia penal estableció en el artículo quinto transitorio que la figura del Juez Ejecutor se refiere entraría en vigor cuando la legislación secundaria así lo dispusiera, sin que el plazo pudiera exceder de tres años, es decir para el mes de Junio de 2011, mientras que la reforma de derechos humanos estaría vigente a partir del día siguiente de su publicación, es decir, a partir de junio de 2011. No obstante lo anterior, en el Estado de Jalisco la figura de Juez Ejecutor no fue establecida sino hasta octubre de 2014, nombrando únicamente a tres jueces (Pérez & Pérez, 2014), y por otra parte tampoco fue armonizada la ley secundaria a los principios planteados por la reforma de derechos humanos, por el contrario, es un ordenamiento que tiende a restringir el derecho humano que la reforma ampliamente protege dentro de la constitución.
Lo anterior muestra que el Poder Legislativo en el Estado de Jalisco no tuvo la capacidad de elaborar y reformas instrumentos normativos congruentes con la Carta Magna, sin embargo el mal desempeño del Poder Judicial del Estado en este tema, no podría ser justificado por las fallas del Legislativo, en primer lugar, porque la norma tiene una jerarquía, y en ese sentido una ley secundaria no tendría por qué estar por encima de la Carta Magna, mucho menos algún otro instrumento que ni siquiera se trate de una norma, tal es el caso de los acuerdos o circulares que las instituciones frecuentemente expiden dándoles prioridad a estas, y olvidando que el Estado de Derecho debe responder a las personas y no a las instituciones, ya que estas finalmente solo son los instrumentos a través de los cuales un gobierno ejerce sus decisiones y acciones (Aguilar, 2010).
En segundo lugar, porque es fundamental que quede claro que la reforma constitucional de 2011, al colocar en el centro de la actuación del Estado Mexicano la protección y garantía de los derechos humanos y los tratados internacionales ratificados por éste, impacta de manera sustantiva la labor de todas las autoridades en el país, las cuales deben hacer efectiva la aplicación de la totalidad de las obligaciones reconocidas constitucionalmente, lo que implica en particular para las y los operadores de justicia, un replanteamiento de estructuras y categorías de pensamiento así como el desarrollo de una profunda reflexión sobre el papel de la impartición de justicia en este nuevo paradigma que supone la incorporación de una perspectiva de derechos humanos (Rodríguez Manzo, 2014).
Es por tales causas que el presente estudio tiene el objetivo de exponer los principios y los fundamentos que deben observarse por los jueces en la etapa de ejecución de sentencias, en aras de que hagan efectivos los derechos humanos de las personas y finalmente que se cumpla el objetivo de salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos, desviaciones y cumplimiento de los preceptos que en el régimen penitenciario puedan producirse (Diario Oficial de la Federación, 2016).
En la lógica de los argumentos antes planteados, este trabajo de investigación tiene un carácter un tanto complejo, de ahí que la metodología tuviera tanto el enfoque cuantitativo como cualitativo, rescatando del primer método la tendencia que este tiene de generalizar y predecir los acontecimientos sociales, y el segundo, la finalidad indagar y obtener la perspectiva de los actores, a través de la entrevista, para reconstruir la realidad, tratar de definir problemas y elaborar explicaciones y soluciones a estos problemas.
Así mismo se hace uso del método comparado con la finalidad de abordar lo que las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos refieren para el trato de las personas privadas de su libertad, particularmente las que se encuentran sentenciadas y las medidas de excarcelación anticipada así como su reintegración a la sociedad, lo que permite establecer un proceso de diferenciación, lo que es sustancial en esta investigación porque este método
puede ser concebido como una operación cognitiva básica que permite trazar distinciones entre los fenómenos que nos rodean (Rodríguez Zoya, 2010) y de esta manera encontrar mejores procedimientos para ejecutar las penas que diversos instrumentos internacionales ya han advertido.
En torno a este tema se han hecho diversos estudios como el de Luis Rivera Montes de Oca, quien en el año 2003 pública su obra “Juez de Ejecución de Penas, la reforma penitenciaria del siglo XXI”, en la cual claramente expone la crisis por la que atraviesa el sistema penitenciario de esa época, su evolución a lo largo de la historia y la necesidad de depositar la ejecución de las penas en manos del poder judicial (Rivera Montes de Oca, 2003). En ese mismo contexto el Maestro Miguel Sarre Iguiniz, profesor-investigador en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), realiza varias publicaciones relativas al tema del debido proceso y ejecución de penas tales como: “Debido proceso y ejecución penal. Reforma constitucional 2008” (2011) “El estado readaptador” (1998), “Los derechos humanos en las cárceles mexicanas” (1995), “Diez Mitos que agravan la situación de los Derechos Humanos en las cárceles mexicanas” (1995), y es de destacarse sus aportaciones y colaboración para desarrollar el proyecto de la “Ley Nacional de Ejecución Penal” (Senado de la República, 2016) que actualmente se encuentra en la Comisión de Justicia del Senado de la República.
Por otra parte, y no menos importantes, son las diversas publicaciones del Doctor Guillermo Zepeda, de entre las cuales se destacan las tituladas como: “¿Cuánto cuesta la prisión sin condena?” (2010), “Situación y Desafíos del Sistema Penitenciario Mexicano” (2013) y “La Cárcel en México ¿Para qué?” (2012), investigaciones en las que enfatiza el uso excesivo de la prisión en las etapas previas a la sentencia, los costos de la prisión preventiva y las violaciones que se hacen a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
En los estudios e investigaciones relativas al sistema penitenciario y a la ejecución de las penas son relevantes cinco conceptos: sistema penitenciario, pena, ejecución de pena, reinserción social y sobrepoblación.
Es el término con el cual se alude a las instituciones encargadas del cumplimiento de las penas previstas en sentencias judiciales. Estas instituciones penitenciarias, carcelarias o prisiones “son instrumentos que el Estado tiene a su disposición para sancionar a quien viola la ley” (Jaime Teviño, 2013, pág. 12), inicialmente eran consideradas como la imposición de un castigo, sin embargo Jeremy Benthan (1780) refirió que la cárcel tenía por lo menos tres funciones: incapacitar, es decir, quitarle a una persona la posibilidad de cometer más delitos (la cual en el sexenio de Felipe Calderón fue una política que prevaleció a nivel nacional); rehabilitar, que se centra en eliminar en la persona el deseo de delinquir; y por último disuadir, que tiene la finalidad de causar temor para evitar que se viole la ley (Jaime Teviño,
En ese sentido, las Naciones Unidas han intentado promover el trato humanitario de los reclusos frente al abuso del poder y la violación a Derechos Humanos por parte del Estado, al tratarse de un grupo vulnerable, y por lo tanto, estas personas podrían disponer de una esfera amplia de derechos y de garantías en distintos instrumentos internacionales de entre los cuales destaca el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), que en su artículo 10, apartado 3, refiere textualmente:
“El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados […]” (Naciones Unidas, 2015).
Así, las constituciones de prácticamente todos los países del mundo expresan que el objetivo que se pretende alcanzar con la pena privativa de libertad es la reinserción.
Rosalinda Salinas Duran refiere que el sistema penitenciario también debe buscar “una justicia restaurativa encauzada a reparar el daño a las víctimas y a cimentar un proyecto de vida lícito, útil y posible para las personas reclusas, más que a confinar” (Salinas Duran, 2013, pág. 13) y que “la cárcel no puede ser considerada una política de uso común, si a lo que el Estado aspira es al bien común” (Salinas Duran, 2013, pág. 13). En ese orden de ideas explica, como es lógico pensar, que a toda conducta antijurídica debe corresponder una sanción. Pero esta parte no es la cuestionable. Lo preocupante es que a la mayoría de las sanciones consisten en penas privativas de libertad, con las cuales se inhibe la participación en el progreso social, económico, tecnológico y laboral de un país, provocando que un sector sea marginado y segregado de la sociedad. Por lo tanto, de acuerdo al concepto de sistema penitenciario, es claro que las cárceles mexicanas no cumplen con el objetivo principal, y sí llegan a ser centros de contaminación, muy lejos de ser sistemas de bienestar general (Salinas Duran, 2013).
Guillermo Zepeda define textualmente que “La pena (la sanción) es una institución fundamental y le da el nombre al Sistema Penal. En el ámbito de la competencia penal los derechos de las víctimas deben ser salvaguardados y la libertad y tranquilidad de las personas acusadas está en juego. Por ello, en un Estado de derecho el Sistema Penal es un delicado sistema de pesos y contrapesos. El Derecho Público es cuidadoso en regular la forma en que se define lo que es el delito y la sanción que les corresponde, la forma en que se imponen las sanciones y las condiciones en que debe darse la ejecución de las mismas” (Zepeda Lecuona, 2013, pág. 2).
Le reforma constitucional de 2008 establece como ejecución de pena, la aplicación de las sanciones a las que se hizo merecedor el inculpado, el computo de las mismas, la vigilancia de su estricto cumplimiento, los beneficios de libertad anticipada y en general todo lo concerniente a la ejecución de las sanciones penales facultades que deben ser competencia exclusiva del Poder Judicial, y no del Poder Ejecutivo (Diario Oficial de la Federación, 2016). De esta manera, el marco normativo de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad otorga al Tribunal de Ejecución la facultad de supervisar todo lo concerniente a la pena (Congreso del Estado de Jalisco, 2015, arts. 11 y 12). La ejecución penal protege además derechos de distinto tipo para los propios internos y pretende asegurar condiciones de vida digna previstas en la legislación nacional e internacional, fundamentales en la ejecución de la pena privativa de libertad.
Miguel Sarre Iguiniz explica que “la reinserción social ha de ser despojada de su pretensión curativa para asumirla sencillamente como un conjunto de derechos y de criterios de justicia penitenciaria, cuyo contenido se definirá en la manera como se instrumenta cada tipo de sanción penal. Tratándose de la pena de prisión, la reinserción social se desplaza así del sujeto infractor a las condiciones de cumplimiento de una sanción específica; el tratamiento pierde su sentido de medio terapéutico de control social, propio del modelo que concibe al infractor como un enfermo disfuncional, para convertirse en servicio, cuando la naturaleza de la pena lo requiere […]El reto es pasar del tratamiento correctivo al tratamiento o trato digno, con el derecho a estancias decorosas, respeto a la integridad personal, servicios educativos, oportunidades de empleo, acceso a atención médica y posibilidad de actividades culturales y deportivas, entre otros servicios […]” (Sarre Iguiniz, 2011, pág. 253).
En último informe de la Comisión Nacional de Derechos humanos, respecto la sobrepoblación en las prisiones, se define que la sobrepoblación en términos de Nasif Nalhe quien citaba que esta era “la condición en que la densidad de la población se amplía a un límite que provoca un empeoramiento del entorno, una disminución en la calidad de vida, o su desplome motivado por la escasez de recursos disponibles renovables y no renovables que ponen en peligro la supervivencia del grupo y en su caso del entorno” (González Pérez, 2015, pág. 9), mientras Elías Carranza, Director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), refiere que es el “exceso de personas privadas de la libertad sobre la capacidad de alojamiento oficialmente previsto” (Carranza, 2011, pág. 11).
Las investigaciones realizadas en torno a estos temas generalmente parten de métodos cuantitativos, pues estos suelen ser necesarios e indispensables cuando se trata de estudiar temas de seguridad o de justicia, más aún si se trata de medir y observar el aumento o disminución de una población penitenciaria, que no solo pueden reportar la capacidad rebasada de una prisión, sino además el éxito o fracaso de una política. Investigadores como el Dr. Guillermo Zepeda y el Dr. Miguel Sarre Iguiniz muestran constantemente en sus diversas publicaciones, cifras estadísticas que indican la tendencia delictiva en el país y refieren los costos que la prisión genera. Con estas estadísticas construyen índices e indicadores que dimensionan la magnitud de los delitos, así como las acciones y estrategias en materia de seguridad.
Así, con esta metodología, Guillermo Zepeda ha demostrado en la mayoría de sus investigaciones el uso desmedido que se ha hecho de la prisión y los costos que esta genera, pero también el aumento de la incidencia delictiva, de la población penitenciaria, centrándose principalmente en la prisión preventiva (¿Cuánto cuesta la prisión sin condena? Costos económicos y sociales de la prisión preventiva en México, 2010). Por su parte, Miguel Sarre Iguiniz se ha destacado por demostrar lo poco efectivo que es el sistema penitenciario para reinsertar a una persona a la sociedad y la necesidad de que los Jueces de ejecución
hagan uso de medidas alternativas a la pena privativa de libertad (Debido proceso y ejecución penal. Reforma constitucional 2008, 2011). Sarre se caracteriza por su participación en la redacción del proyecto de la Ley Nacional de Ejecución de Penas que todavía se encuentra en discusión en el poder legislativo, pero que gracias a ella, esta ley podría significar una mejora en los procedimientos tanto para el Poder Judicial como para las autoridades administrativas de las prisiones (Senado de la República, 2016).
Sin embargo, a pesar de estos avances, se puede observar que en las distintas investigaciones sobre el sistema penitenciario mexicano poco se han estudiado las capacidades que tienen las autoridades judiciales y penitenciarias, si estas son las adecuadas para trabajar en este tema, si han evolucionado a partir de las reformas constitucionales vigentes, y si se aplican de forma adecuada los procedimientos en ella señalados, una situación de gran importancia porque finalmente son las autoridades las encargadas de aplicar las políticas públicas y los instrumentos legales, pero si estas no los llevan a cabo y no existe un órgano que se encargue de supervisar esta labor, de poco servirán que se implementen los mecanismos para abatir la crisis que atraviesa el sistema penitenciario en México.
Lo dispuesto en las dos reformas constitucionales señaladas anteriormente representa los avances más importantes que hasta el momento se han dado en México en materia de justicia penal y del sistema penitenciario. Por lo tanto, atender íntegramente lo que en ellas se estipula podría disminuir la crisis por la que atraviesa el sistema penitenciario, pero en el caso concreto de Jalisco dichos cambios no se ven reflejados en un cambio significativo, y entonces surge la incógnita: ¿Cuáles son las causas que están impidiendo que se cumplan los principios y fundamentos adoptados por las reformas constitucionales de 2008 y 2011 en lo que respecta a la ejecución de las sentencias en el sistema penitenciario jalisciense?
Si la población penitenciaria en Jalisco, particularmente en el Centro de Reinserción Social, ha aumentado en los últimos años significa que el Poder Judicial del Estado está haciendo un uso excesivo de la prisión y no está sustituyendo la pena privativa de libertad por otro tipo de medidas de seguridad. Ahora bien si dentro del marco legal se han incorporado herramientas en materia de derechos humanos para las personas privadas de su libertad también existe un problema en la forma de operar de los funcionarios que imparten justicia en el Estado de Jalisco.
Para comprobar lo anterior hay que señalar que el sistema penitenciario, se mide generalmente por el comportamiento de la población penitenciaria, es decir, la sobrepoblación, lo cual lo hace un fenómeno que no es tan sencillo de investigar y que a su vez lleva a consecuencias graves como el hacinamiento, la falta de protección a los derechos humanos y la ausencia de buenas prácticas penitenciarias; en ese sentido es fundamental describir contextos o situaciones de forma individual, pero también exige un análisis que permita “conocer la relación o el grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto particular” (Hernández Sampieri, 2014, pág. 93), por lo cual el estudio correlacional puede ser muy útil para esta investigación, ya que este caso en particular se requiere conocer cómo se comporta la sobrepoblación de un centro penitenciario en relación con la cantidad de personas que ingresan y egresan a este, y cuáles son las causas principales de estas dos variantes.
Es importante mencionar esto porque las causas de sobrepoblación penitenciaria están confinadas a la responsabilidad estatal, a las políticas de bienestar social, a los accesos de servicios básicos como salud, educación y trabajo digno, y a la justicia penal, lo que lleva a
esta investigación también a un alcance de carácter explicativo, y en definitiva otorga un valor de mayor entendimiento en la falta de aplicación de las reformas constitucionales al tema de la ejecución de las penas privativas de libertad (Hernández Sampieri, 2014).
De los anteriores argumentos se parte para establecer la necesidad de elegir un enfoque mixto para esta investigación, y es que este enfoque ofrece varias ventajas al permitir que se alcancen perspectivas más amplias y profundas sobre la ejecución de las sentencias, y entonces producir datos más ricos y variados que pueden ser explorados y explotados de mejores formas, por las distintas observaciones que sobre este tema se hagan (Hernández Sampieri, 2014); en este caso en concreto el método cuantitativo es importante por la tendencia que este tiene de generalizar y predecir los acontecimientos sociales, y el cualitativo es útil por el carácter que este tiene de indagar y obtener la perspectiva de los actores a través de la entrevista, con el objetivo fundamental de reconstruir la realidad, tratar de definir problemas y elaborar explicaciones y soluciones a estos problemas (Vela Peon,
En ese orden de ideas, la parte cuantitativa de esta investigación analiza como variable dependiente la población en los centros penitenciarios del estado de Jalisco. Esta variable dependiente se mide de acuerdo a la capacidad que cada centro penitenciario tiene de alojamiento, sin embargo, estos espacios no son los que miden la eficiencia de las autoridades penitenciarias y judiciales, la variación está sujeta al número de personas que ingresan y al número de personas que egresan, de tal forma que si se construyen más centros penitenciarios se crean más espacios y por ende se despresurizan otros, pero es una solución temporal; si por el contrario se hiciera uso de las medidas alternativas a la prisión que se señalan en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de la legislación actual, y se utilizará la prisión como el último recurso, las condiciones en los centros penitenciarios serían distintas (Van Zyl Smit, 2010).
Por lo anterior se investigó cuál es la capacidad planeada para los centros penitenciarios en el Estado de Jalisco y cuál es la población que alberga cada una de estas prisiones, información estadística que se actualiza anualmente en bases como las del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSS) y del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación (OADPRS).
En ese orden de ideas, es necesario establecer que el sistema penitenciario jalisciense se representa a través de la Fiscalía de Reinserción Social, dependiente de la Fiscalía General del Estado, por lo tanto es la encargada de organizar, dirigir, vigilar, controlar y administrar los establecimientos destinados a la prisión preventiva o a la reinserción social, según así lo establece el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco (Congreso del Estado de Jalisco, 2015). Sin embargo en este contexto lo que nos interesa investigar es la población sentenciada, de la cual se encargaría de vigilar el juez ejecutor.
En Jalisco, la mayor parte de la población sentenciada se concentra en el Centro de Reinserción Social, esto no significa que sea el único centro penitenciario que alberga personas sentenciadas, pero si es el Centro que cuenta con el mayor porcentaje de la población sentenciada por delitos del fuero común en la entidad, por lo tanto la investigación se centra en este caso 3 . Esto es así porque se parte de la premisa de que en este lugar se refleja de forma más contundente el buen o mal desempeño de la autoridad judicial ejecutora, y que en Jalisco es realizada por tres Juzgados Especializados en Ejecución de Penas para el Primer Partido Judicial (Pérez & Pérez, 2014) y los Jueces de Origen para el resto de los partidos judiciales. Así pues, las unidades de observación de esta investigación versan principalmente en este centro penitenciario y en los Juzgados Especializados en Ejecución de Penas del Primer Partido Judicial.
3 El artículo 1 del Reglamento del Centro de Readaptación Social del Estado de Jalisco, expedido el 30 de Julio de 1981 y todavía vigente, refiere que este centro es el encargado de albergar a todos los sentenciados de la propia entidad, consultado el 5 de marzo de 2016 en http://www.congresojal.gob.mx/?q=biblioteca-virtual.
En razón de lo anterior, la variable crucial de este trabajo es conocer el número de personas que egresan de las prisiones jaliscienses, principalmente cuantas de estas personas egresan por beneficios de libertad, y exponer particularmente el número de beneficios de libertad anticipada que los tres Jueces de Ejecución concedieron propiamente en el Centro de Reinserción Social, demostrando así la funcionalidad del Poder Judicial y el uso de la prisión que esta autoridad hace. Información obtenida de la página de transparencia de la Fiscalía General (Infomex Jalisco, 2016) y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco (Dirección de Transparencia del Poder Judicial en el Estado de Jalisco, 2016), consistente en la información relativa al desempeño del Poder Judicial en el Estado y su impacto al caso concreto del Centro de Reinserción Social de la misma entidad.
Esto es importante, porque las causas principales de las altas tasas de población penitenciaria y hacinamiento responden a las políticas públicas en materia de justicia penal y si estas son verdaderamente integrales, además de que nos indica la capacidad de las autoridades y de los legisladores de adecuar la legislación secundaria al marco de los derechos humanos y de los tratados internacionales de los derechos humanos en los cuales el Estado Mexicano es parte.
De esta manera el proceso cuantitativo apoya la hipótesis aquí planteada, y es que los datos que aquí se muestran en periodos anuales, nos dicen que en los últimos dos años el número de egresos disminuye con relación a periodos anteriores, además de exponer de forma clara que los beneficios de libertad anticipada es la variable que más se redujo, definiendo así el papel del Poder Judicial del Estado, a través del Juez Ejecutor.
Por otra parte y en lo que respecta a la investigación cualitativa de este trabajo, es importante señalar que este método se ha destacado en los estudios de las ciencias sociales, porque pueden ser la representación de una voz general de un problema o hecho que se requiere analizar, en muchas ocasiones a través de este estudio de caso se puede resolver, o puede servir de soporte para resolver otra situación (Galeano, 2004), así pues con este método se
pretende explicar cuáles son los fundamentos y argumentos que los Jueces están utilizando para resolver los incidentes de beneficios de libertad anticipada, particularmente, que tanto observan lo que señala la reforma constitucional de 2011, esto a través de casos que se ubicaron en algún momento en el Centro de Reinserción Social, y que pueden ser consultados en el Archivo del Poder Judicial del Estado de Jalisco o en los propios Juzgados de Ejecución del Primer Partido Judicial.
Ahora bien, para llevar a cabo el análisis de esta información la primera fase fue el descubrimiento, es decir, identificar temas, desarrollar conceptos y proposiciones; la segunda, la codificación de los datos, y por último, la comprensión en el contexto en que fueron recogidos. Hay que aclarar que no existen fórmulas concretas o rígidas para identificar temas y desarrollar los conceptos, pero si algunos pasos que ayudaron como: leer repetidamente los datos; seguir pistas de temas, intuiciones, interpretaciones e ideas; buscar temas emergentes; elaborar tipologías; desarrollar conceptos y proposiciones teóricas; leer material bibliográfico, y desarrollar una guía de la historia (Taylor & Bodgan, 1987).
En la investigación cualitativa, la codificación es un modo sistemático de desarrollar y refinar las interpretaciones de los datos, incluye la reunión y análisis de todos los datos que se refieren a temas, ideas, conceptos, interpretaciones y proposiciones. En esta investigación se clasificó la información en los jueces que hacen efectivos los principios de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, y los que no, quienes están haciendo una revictimización y quienes están valorando de acuerdo a los cinco ejes plateados para la reinserción, y finalmente quienes están excluyendo a partir de tipos de delitos y reincidencias, y los que no están haciendo uso de esta distinción (Taylor & Bodgan, 1987).
Este orden permitió visualizar la forma como se estructura un todo, lo cual refina el análisis, porque verifica los resultados más relevantes como: la búsqueda de explicaciones en rivalidad; el análisis de casos negativos; y finalmente la interpretación del conjunto de datos (González, 1998).
Finalmente lo que se trata de demostrar con todo lo anterior es que ni las prácticas actuales ni la legislación secundaria cumplen con lo que marcan las reformas constitucionales, en particular la de derechos humanos, propiciando así que la población penitenciaria no disminuya, lo que conlleva a grandes carencias en la aplicación de medidas de seguridad, violencia entre los reclusos, escases de servicios básicos como: alimentación, condiciones de higiene y de salud, la ausencia de medidas efectivas para la protección de personas privadas de su libertad en alguna situación de vulnerabilidad, y pocas oportunidades de ofrecer programas educativos y laborales de forma integral; acarreando así múltiples consecuencias para internos, para sus familias y para la sociedad en su conjunto, y además estas circunstancias obstaculizan el normal desempeño de las funciones esenciales en los centros penitenciarios y de las autoridades que con estos se relacionan.
Implicaciones de política pública.
En ese orden de ideas, el objetivo principal de estudiar la ejecución de las penas en el sistema penitenciario Jalisciense es analizar y perfeccionar la racionalidad de los procesos de ejecución de penas en la reinserción social, a la luz de lo que marcan los derechos humanos y del derecho internacional de los derechos humanos, entendiéndose por racionalidad “la serie de atributos que se espera que toda política pública tenga como son: eficiencia, eficacia, economía, productividad y oportunidad” (Hernández Valencia, 2010), de tal manera que el actuar de los Jueces de Ejecución debe estar guiado por estos principios.
Implicaciones teóricas.
Esto conlleva a que la perspectiva del sistema penitenciario en México cambie, por lo menos en el sentido de que este no sea visto como una institución que únicamente castiga, sino que se pueda visibilizar como una institución que pueda ofrecer la reinserción de una persona a partir de servicios que incentiven en esta el deseo de que no vuelva a delinquir, pero para
que esto suceda, el primer paso es que se haga un uso racional de la prisión, no solo en lo que respecta a la prisión preventiva, sino a la sustitución de la pena privativa de libertad por otro tipo de medidas, transitando así al nuevo sistema que además ha dejado claro que el uso de la prisión no es la respuesta para la disminución de la delincuencia y la inseguridad.
Análisis empírico de los datos.
La reforma constitucional en materia de justicia penal entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 19 de junio del año 2008, sin embargo el sistema procesal penal acusatorio entraría cuando la legislación secundaria así lo estableciera sin que el plazo excedería de 08 años, y para el nuevo sistema de reinserción social en lo que respecta al régimen de ejecución de penas, el plazo no podía exceder de 03 años. Ahora, qué hace Jalisco para dar cumplimiento a estos plazos, el 16 de junio de 2011 mediante el decreto número 23543/LIX/11 adiciona el artículo cuarto transitorio al decreto 20140 que contiene la Ley de Ejecución de Penas del Estado de Jalisco, para establecer que el Consejo de Evaluación y Seguimiento 4 , órgano encargado de la ejecución de las sanciones penales en esa época, continuara ejerciendo sus facultades en asuntos cuyas sentencias hubieran causado ejecutoria antes del 18 de Junio de 2011 y hasta su conclusión (Gobierno del Estado de Jalisco, 2016). Un año después de esta reforma no existía un Juez Ejecutor de Penas en Jalisco, así que se reforma de nueva cuenta la ley local en su artículo cuarto transitorio mediante el decreto número 24019/LIX/12, y se determina que el Consejo de Evaluación y Seguimiento ejerciera las facultades que hasta ese momento tenía hasta en tanto se expida la nueva ley en materia de ejecución de penas (Gobierno del Estado de Jalisco, 2016).
Las consecuencias de estas acciones son muy relevantes, en un primer momento hay que señalar que durante un año las personas sentenciadas en la entidad cuyas resoluciones causaran ejecutoria después del 19 de junio de 2011 no fueron valoradas para un beneficio de libertad anticipada, no obstante que muchas de las personas privadas de su libertad
4 El Consejo de Evaluación y Seguimiento se integrará con un representante de: la Dirección General de Prevención y Readaptación Social; la Dirección General del Sistema Postpenitenciario y Atención a Liberados; de la Dirección Jurídica de la Secretaría; la Dirección General de Estadística y Política Criminal; y un representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco. Artículo 5. Ley de Ejecución de Penas del Estado de Jalisco, consultada el 25 de Marzo de 2016, en http://info.jalisco.gob.mx/gobierno/documentos/3905
hubieran estado recluidos el tiempo suficiente para solicitar un beneficio una vez que su sentencia quedara firme, algo que impacta en lo particular a la población sentenciada y que se demuestra al analizar el caso particular del Centro de Reinserción Social del Estado de Jalisco, en donde los beneficios de libertad anticipada por año oscilaban entre 550 y 600, y al término del año 2012 disminuyen el 64% con relación al año anterior (Infomex Jalisco, 2016).
Por tales causas el 15 de octubre de 2012 se expide la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Jalisco que entraría en vigor a partir del 1° de julio de 2013, lo que no sucedió porque seguían sin nombrarse a los jueces ejecutores de penas, por lo tanto dicho ordenamiento es reformado mediante el decreto 24426/LX/13 el 04 de julio de 2013, para que entrara en vigencia el 1° de enero de 2014 (Gobierno del Estado de Jalisco, 2016). Esto significaba que el Consejo de Evaluación y Seguimiento seguiría en funciones, pues la Ley secundaria anterior estaría vigente hasta en tanto no entrara la nueva, pero este proceso de discusión que ocasionaba falta de decisiones oportunas, conllevan a que en el año 2013 los beneficios de libertad anticipada otorgados en el Centro de Reinserción social disminuyeran hasta un 90%.
Fuente: elaboración propia de las Estadísticas de la Fiscalía General del Estado de Jalisco (Infomex Jalisco,
No obstante lo anterior, llegada la fecha de vigencia de la ley, Jalisco seguía sin contar con un tribunal de ejecución, como este ordenamiento legal, así lo disponía, de tal manera que desde esa fecha no existía un órgano formal encargado de la etapa de ejecución de penas, y digo formal porque finalmente la Carta Magna si reconocía al Poder Judicial como encargado de esta etapa desde el 19 de junio de 2011. Por lo tanto para subsanar esta situación, el 3 de Marzo del año 2014, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco emite la Circular 1/2014, en una sesión extraordinaria, que facultaba a los Jueces de Origen de las causas penales para conocer sobre los beneficios de libertad anticipada, y todo lo demás inherente a la ejecución de sentencias (Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco,
La disminución de los beneficios preliberacionales, contribuyó al aumento de la población penitenciaria, por lo tanto el 16 de Octubre del mismo año se nombran a tres Jueces de Ejecución para el Estado de Jalisco, únicamente para el primer partido judicial, por lo que el resto tendría que seguir bajo el arbitrio de los jueces de origen, esto aunado al sin número de carencias en los que los tres juzgados son instalados, entre ellas: no contar con una infraestructura, recursos humanos y materiales adecuados, encima de la poca experticia en el tema que denota el personal judicial que haría frente a toda esta problemática (Pérez & Pérez, 2014).
Lo anterior se puede mostrar con la efectividad que los Juzgados tienen el resto del año 2014, el cual cierra con solo dos beneficios concedidos, es decir, el 99% de las 843 solicitudes que se presentaron y fueron rechazadas 22 solicitudes. En el año 2015 se reciben 1992 solicitudes y se resuelven 523, el 26% siendo favorables solo el 11% de las solicitudes para beneficio.
Estadísticas Generales en Materia de Ejecución
Beneficios rechazados
Fuente: Elaboración propia de las Estadísticas Judiciales del Estado de Jalisco (Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, 2016).
Esto nos indica que de las 2835 solicitudes de beneficios de libertad anticipada que se presentaron en la oficialía de partes del Primer Partido Judicial en Materia Penal, solo el 19% se resuelven y lo que es peor solo se concedieron el 8% de los beneficios solicitados. ¿Qué impactos tiene? El primero que Jalisco a partir del año 2014 se coloque en la tercera entidad
a nivel nacional con mayor número de población reclusa, reportando 17549 personas
privadas de su libertad al cierre del año 2015 (Comisión Nacional de Seguridad, 2016), 1455 personas más que las reportadas al cierre del año 2011 (INEGI, 2015).
El segundo que la sobrepoblación y hacinamiento, sigan siendo un problema en las prisiones,
como sucede en el caso concreto del Centro de Reinserción Social, que tiene una capacidad
para 2087 personas, y que al cierre del año 2015 albergaba a 4391 personas más, que representa el 210% de su capacidad (Comisión Nacional de Seguridad, 2016), una situación que trae como consecuencia el tercer punto que nos lleva al argumento de que el Poder Judicial del Estado de Jalisco no está cumpliendo con las disposiciones de la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
Lo anterior se corrobora al analizar el número de personas que egresaban del Centro de Reinserción anualmente pues en la siguiente figura se aprecia como en el año 2013 el número se reduce hasta un 68% con respecto al año anterior, un 80% en relación con el año 2008 y un 85% con respecto al año 2010 que muestra las cifras más altas.
EGRESOS CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL
Ahora bien, en la figura 2 se aprecia una diferencia muy marcada entre el juzgado segundo en materia de ejecución y los otros dos juzgados, aunque el número de resoluciones es similar, la diferencia existe en el número de beneficios que se han concedido, que si de por sí solo representan el 8%, es alarmante que más de la mitad de ese porcentaje corresponda al porcentaje de efectividad del Juzgado Segundo en Materia de Ejecución, y el resto corresponda a los otros dos Juzgados, mientras el 11% de los beneficios rechazados el 10% fue resuelto en los Juzgados Primero y Tercero en Materia de Ejecución, y solo el 1% por el Juzgado Segundo.
INCIDENTES DE BENEFICIOS RESUELTOS
Por otra parte hay que señalar también el número de casos que están resolviendo, de la gráfica siguiente se aprecia que de las novecientos solicitudes que han recibido aproximadamente en el transcurso de año y medio, solo resolvieron aproximadamente el 20%, o ni siquiera eso, como en el caso del juzgado segundo que no llego ni a 200 resoluciones en menos de dos años.
Esto llama la atención porque la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad establece plazos en el procedimiento, de tal forma que en un término de 24 horas los jueces deberán pronunciarse respecto de una solicitud es aceptada o desechada, y de acuerdo a la información que el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco emitió, refiere que desde que los juzgados en materia de ejecución de penas se encuentran legalmente constituidos, no hay ninguna solicitud desechada (Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, 2016). Admitida la solicitud se tienen 30 días hábiles para que el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro en el que se encuentre el sentenciado, remita estudios de personalidad, un plazo que se puede duplicar por causa justificada, es decir 60 días, recibidos los estudios de personalidad se da vista al ministerio público al sentenciado y al defensor para que se impongan respecto del contenido de los mismos y finalmente se abre la audiencia entre las
partes y el Juez resuelve el incidente de libertad (Congreso del Estado de Jalisco, 2015, art. 174). Ha pasado un año y medio desde que fueron nombrados y el número de solicitudes va en aumento y ellos en definitiva no pueden resolver ni la mitad de los incidentes.
Encima de lo anterior, de los beneficios otorgados por los tres juzgados de ejecución únicamente el 42% eran para el Centro de Reinserción Social, lo que representa para este centro el 29% de los beneficios concedidos desde que la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Jalisco entró en vigencia, y que además significa que incluso los Jueces de Origen de las causas penales han resuelto un mayor número de beneficios favorables para este centro, en el transcurso de dos años. Así mismo, agrava la situación que estas cifras son solo el 24% de los beneficios que usualmente el Consejo de Evaluación y Seguimiento concedía a este centro penitenciario.
BENEFICIOS OTORGADOS AL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL
Beneficios concedidos por los Jueces de Ejecución
Beneficios concedidos por los Jueces de Origen
Por si fuera poco el Centro de Reinserción Social ha reportado que los jueces en materia de
ejecución no otorgaron ningún beneficio para alguno de los internos en este centro durante
el año 2014, claro que este fue un periodo breve en razón de fueron nombrados a partir del
mes de octubre, lo que implicaba únicamente dos meses y medio, sin embargo en el año 2015
los Jueces de origen que no correspondían al primer partido judicial y que consecuentemente
continuaron resolviendo los incidentes de libertad concedieron el 52% más de beneficios
preliberacionales que los Jueces en Materia de Ejecución, que si bien es cierto que estos
Jueces son más que los de Ejecución, cabe mencionar que los de origen además de resolver
todo lo concerniente a la pena de prisión, también deben resolver los procesos penales, y si
se trata de Juzgados Mixtos las causas que conciernen a otras materias distintas a la penal
(Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, 2016).
BENEFICIOS POR JUECES DE ORIGEN Y JUECES DE EJECUCIÓN
JUEZ ORIGEN
Estos resultados son preocupantes porque muestran la falta de productividad, eficiencia y
debida diligencia de los juzgados, en particular de los jueces en materia de ejecución del
primer partido judicial. Así mismo, expone que las decisiones tomadas por el Estado de
Jalisco carecen de toda racionalidad, destacándose solo respuestas para “salir del paso”
(Lindblom, 2007, pág. 224) y no para buscar el bienestar general, lo que no debería hacerse
en un problema social de alta complejidad como este, cuya solución requiere de una
exploración lo más completa posible, es decir, conocer sus componentes y causas
determinantes, porque si solo se conoce el problema tal como ha sido definido por la política
en curso y los resultados de las modificaciones incrementales, la cuestión social se puede
agravar y extender, como aquí se ha demostrado (Etzioni, 2012).
Es importante mencionar que con el análisis anterior no se pretende establecer que la
ejecución de las penas debe formar parte del Poder Ejecutivo, a través de los Consejos de
Evaluación y Seguimiento, en este aspecto la reforma constitucional en materia de justicia
penal es muy clara al referir que la judicialización de la etapa de ejecución es con el objeto de
evitar la victimización por parte de las autoridades administrativas (Diario Oficial de la
Federación, 2016), quienes además actuaban sin una legitimidad confiable, sus
procedimientos se destacaban por ser oscuros y parecían más ocurrencias de funcionarios en turno que acciones diligentes, sin un acceso real a la justicia para las personas privadas de la libertad, lo que provocaba un derecho penal subterráneo o extrajudicial (Sarre Iguiniz,
Lo que se quiere señalar en esta investigación es que el Juez Ejecutor es la figura que el constituyente encontró para combatir uno de los factores que indicen en el incremento de la población penitenciaria, “medidas administrativas que prolongan la estancia prolongada en prisión” (Olea Valencia, 2011, pág. 363), siendo las otras dos el incremento de los índices delictivos, que en gran medida son consecuencia de la desigualdad social, y el endurecimiento de las penas de prisión que son producto de las decisiones de los legisladores. En ese sentido el desafío para este modelo consistía en elaborar una política articulada y consistente que enfrente la criminalidad desde un marco de respeto a la legalidad y a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, dirimiendo de esta manera las controversias entre los internos y las autoridades penitenciarias (Olea Valencia, 2011).
Del análisis cuantitativo realizado llama la atención evidentemente el número de solicitudes que han sido resueltas, y naturalmente el número de beneficios rechazados por los jueces primero y tercero de ejecución de penas, por lo tanto a partir de esta información este estudio cualitativo se centra en la forma cómo se sustentan las negativas de los beneficios de libertad anticipada.
En un primer momento hay que establecer que el instrumento legal considerado por los jueces en materia de ejecución es únicamente la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Jalisco, una ley secundaria que limita los beneficios de libertad anticipada a seis: la conmutación, la suspensión condicional de la pena, la prelibertad, la libertad condicional, la libertad con reducción parcial de la pena y la libertad con reducción
total de la pena (Congreso del Estado de Jalisco, 2015, art. 141), y solo el Juzgado Segundo ha ampliado su marco normativo al derecho internacional de los derechos humanos, en algunas de sus resoluciones (Resolución de libertad anticipada en su modalidad de reducción parcial de la pena, 2016).
De estas opciones sólo dos pueden ser una alternativa inmediata, dicho de otro modo, que la persona se puede acoger a estas una vez que su sentencia causa ejecutoria, y son la conmutación y la suspensión condicional de la pena, cuando las Reglas de Tokio enumeran 13: sanciones verbales, como la amonestación, le reprensión, y la advertencia; la libertad condicional, penas privativas de derechos o inhabilitaciones; sanciones económicas y penas en dinero, como multas y multas sobre los ingresos calculados en días; incautación o confiscación; mandamiento de restitución a la víctima o de indemnización; suspensión de la sentencia o condena diferida; régimen de prueba y vigilancia judicial; imposición de servicios a la comunidad; obligación de acudir regularmente a un centro determinado; arresto domiciliario; cualquier otro tipo de régimen que no entrañe reclusión, y alguna combinación de las sanciones precedentes (Naciones Unidas, 2016, art. 8.2).
Los tres beneficios siguientes son del tipo de excarcelaciones anticipadas: prelibertad, libertad condicional y reducción parcial de la pena, que se otorgan después de cumplir con los porcentajes del 25, 50 y 75 por ciento de las penas privativas de libertad 5 , estas medidas son muy importantes porque se trata de reducir el tiempo en prisión, de ahí que las Reglas de Tokio considere: los permisos y centros de transición; liberación con fines laborales o educativos; distintas formas de libertad condicional, como las que el estado de Jalisco contempla; la remisión, y el indulto (Naciones Unidas, 2016, art. 9.2).
Aunado el tiempo que se debe estar en prisión para obtener alguno de estas tres medidas sustitutivas de excarcelamiento, la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del
5 Los Artículos 149, 150, 151, 152, 153, 154 y 155 establecen las condiciones para obtener alguno de los beneficios de libertad anticipada. Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Jalisco. consultada el 26 de Marzo de 2016, en http://info.jalisco.gob.mx/gobierno/documentos/3905.
Estado de Jalisco impone en el artículo 173 (Congreso del Estado de Jalisco, 2016) que todas las personas sentenciadas sean valoradas mediante estudios de personalidad integral que consisten en lo siguiente:
I. Un estudio médico que contenga: antecedentes hereditarios, personales no patológicos y de consumo de tóxicos, así como el estado actual de los mismos; sus padecimientos actuales; una determinación de los factores biológicos que favorecieron a la comisión del delito, y valoración que precise si el sentenciado ha superado tales factores y si ello favorece a la reinserción social del mismo, y solo en caso de ser necesario estudios psiquiátricos.
II. Un estudio de Trabajo Social que comprenderá: un análisis del entorno social del sentenciado; antecedentes delictivos, familiares, escolares, culturales, sociales, laborales, información relativa a adicciones, así como problemas de adaptación al medio familiar o social; información relativa a la vida en el centro penitenciario; determinación de los factores sociales que favorecieron a la comisión del delito; valoración social del sentenciado y el pronóstico del mismo frente a tales factores para su reinserción social; un análisis de los fiadores moral y laboral que determine la viabilidad de los mismos; y una valoración victimológica, considerando la dinámica del delito para la reinserción social.
III. Una valoración psicológica en el que se deberá advertir: estudio y diagnóstico de ingreso; el tratamiento aplicado; y los resultados del tratamiento aplicado en el cual se precisará si se han superado los factores psicológicos que favorecieron la comisión del delito y si ello favorece la reinserción social del mismo.
IV. Un estudio y valoración educacional que comprenderá: los elementos relativos a la situación educacional y cultural del sentenciado antes de su ingreso; el desarrollo de las actividades académicas y pedagógicas del sentenciado durante su reclusión; el registro
de la participación de actividades artísticas y recreativas del sentenciado durante su reclusión; y los resultados del desarrollo educacional y cultural del sentenciado, precisando si ello favorece la reinserción social del mismo.
V. Un estudio deportivo que contenga: datos relativos a la situación de práctica deportiva del sentenciado durante su reclusión; una valoración en la que se precise si tales acciones han favorecido la salud física y mental del mismo; y un pronóstico de reinserción social.
VI. Un estudio laboral y de capacitación para el trabajo en el que se consignarán: la información laboral del sentenciado antes de ingresar a prisión; el desarrollo laboral y de capacitación para el trabajo en prisión; estudios vocacionales y de aptitud; y una valoración que determine si la evolución laboral y capacitación en el trabajo que se otorgó al sentenciado favorecen la reinserción social.
VII. Un estudio de conducta y disciplina que explique: el comportamiento del sentenciado durante la reclusión; las sanciones correctivas que se hubieren impuesto; los estímulos otorgados; y una valoración que precise si su conducta en prisión favorece la reinserción social.
VIII. Un estudio criminológico que debe contener: historia clínica criminológica inicial, a fin de que se conozcan los factores predisponentes, preparantes y desencadenantes que intervinieron para la comisión del delito; estudios criminológicos efectuados durante prisión, con la finalidad de conocer el riesgo social e institucional actual; una valoración que determine si el desarrollo institucional en el sistema de acciones técnico penitenciarias favorece a la reinserción social del mismo; y un pronóstico de reincidencia.
Asimismo estos estudios deberán ser acompañados de una opinión fundada del Consejo Técnico Interdisciplinario del centro penitenciario en el cual se encuentre el sentenciado que está siendo evaluado para un beneficio preliberacional, así como sugerencias y medidas especiales que en el caso particular se deben adoptar (Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Jalisco, 2015).
Estos estudios de personalidad se llevan a cabo cada que un Juez en Materia de Ejecución valore un beneficio de libertad anticipada, sin embargo según este ordenamiento deben hacerse al ingreso de una persona a un centro de reclusión y en periodos de evaluación longitudinales y transversales (Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Jalisco, 2015).
Este esquema de valoración no representa ninguna evolución para el sistema penitenciario, ni para la ejecución de las sentencias, por el contrario sigue atendiendo al concepto de readaptación del constituyente anterior, partiendo de la premisa que ni siquiera desvincula el término de tratamiento en la redacción de la norma, además que todos los puntos atienden a las mismas acciones técnicas que establecía el artículo 54 de la Ley de Ejecución de Penas del Estado de Jalisco (Congreso del Estado de Jalisco, 2016), actualmente abrogada, cuando de lo que se trataba era dejar atrás el trato de los sentenciados como enfermos y la valoración moralizadora que el Estado ejercía, para establecer nuevas estrategias que incluyan el respeto a los derechos humanos, y a partir de los cinco ejes que el artículo 18 Constitucional menciona (Congreso de la Union, 2016).
Ahora bien, esto es preocupante si los jueces en materia de ejecución de penas únicamente atendieran a esta ley secundaria, pero si resuelven de acuerdo a los principios y disposiciones que las reformas constitucionales plantean, entonces el paradigma sería distinto, sin embargo los datos cuantitativos muestran que hay un problema en las formas de resolver los incidentes particularmente con los tres jueces especializados en materia de ejecución.
Lo anterior se corrobora al analizar en concreto las negativas de beneficios de libertad anticipada que los jueces están motivando en: antecedentes penales; antecedentes en el consumo de sustancias tóxicas; factores psicológicos; factores criminógenos; problemas de víctima; peligrosidad social de acuerdo al dictamen que emite el criminólogo del centro penitenciario en donde se encuentra el sentenciado; o la formalidad de una oferta de trabajo extramuros demostrada con la legalidad del giro 6 ; esto en aquellos casos en los cuales los estudios de personalidad que emiten los centros penitenciarios como los analizados en el Centro de Reinserción Social señalen que la persona no cumple con los requisitos que la ley de ejecución exige.
Pero es mucho más preocupante que cuando estos estudios de personalidad argumentan que la persona cumple con los requisitos que la ley secundaria exige y que son mayores a los requeridos a nivel constitucional, aun así los jueces niegan los beneficios de libertad anticipada sustentados en lo siguiente: problema de víctima grave, estímulos criminológicos que pudieran llegar a desbordarse y entonces representar un problema para la sociedad y para la víctima en particular, y argumentos moralistas sustentados en obras como el Tratado de las virtudes y de los premios del filósofo italiano Jacinto Dragoneti (1783-1818) 7 con frases textuales como:
“[…] No es la virtud otra cosa que un generoso conato independiente de toda ley que nos conduce a procurar el bien de los demás hombres. Ella tiene por objeto dos extremos: de una parte el sacrificio que hace el hombre virtuoso, y de otra la utilidad que resulta al público. El que dirige sus operaciones, según la intención de las leyes, por más dignas que sean, no merece otro premio que el que da de sí el contrato social,
6 Juez Primero en Ejecución de Penas del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, Expediente 119/2014, Resolución de solicitud de Libertad Condicional, de 08 de enero de 2016, Considerando II; y Expediente 233/2015, Resolución de solicitud de Libertad Condicional, de 03 de septiembre de 2015, Considerando II. Juez Tercero en Ejecución de Penas del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, Expediente 81/2014, Incidente de beneficio de libertad anticipada en su modalidad de Libertad Condicional, de 04 de junio de 2015, Considerando IV y V. 7 Juez Segundo en Ejecución de Penas del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, Expediente 227/2014, Procedimiento de libertad anticipada en modalidad de libertad condicional, de 09 de diciembre de 2015, Considerando IV, punto 3.
los que por el contrario se emplean en el bien de la humanidad, obrando más allá de lo que las leyes prescriben, son los únicos que son dignos de una particular recompensa pues contribuyendo más que los otros en beneficio de la sociedad, es muy justo que recojan un mayor fruto […]” (Bonesana, 1993) .
El anterior sustento no solo carece de toda objetividad y legalidad, sino además hay una clara falta de racionalidad al resolver la concesión de un beneficio a partir de un argumento de hace tres siglos, en un sistema que está tratando de empatar sus nociones a las del derecho internacional de los derechos humanos, dignificando a la persona, pero sobre todo que no analiza a profundidad el contexto en el que la persona que se encuentra privada de su libertad y las estrategias que se han facilitado para su reinserción (Amparo en revisión, 2016), por lo tanto niega de forma arbitraria la libertad anticipada, pues los argumentos que lo sujetan a prisión en esta etapa de ejecución son mínimos, pues únicamente está sustentado en el problema de víctima, que ya fue cosa juzgada, y en una opinión criminológica que emite el juzgador motivado por un razonamiento moralista, desechando el resto de los estudios que mostraban que la persona tenía desarrollo de acuerdo a los estándares constitucionales:
salud, trabajo, capacitación en el trabajo, educación y deporte (Congreso de la Union, 2016).
Por otra parte, en lo que toca al problema de víctima que este señala, es de destacar que este supone más una responsabilidad del Estado que del sentenciado, ¿por qué? La Ley General de Víctimas tiene como objetivo una reparación integral que comprende medida de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, lo que obliga a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno que velen por la protección de las víctimas y proporcionen ayuda o asistencia (Ley General de Víctimas, 2016), generalmente una víctima difícilmente expresaría su aprobación para que una persona que le ocasionó un daño o menoscabo obtenga su libertad anticipada, por lo que ante esto existen medidas preventivas para garantizar la no repetición y que la persona que cumplió con las exigencias constitucionales obtenga un beneficio de libertad anticipada, de tal manera que no se tendrían porque violar los derechos de la víctima ni los del sentenciado, lo que además en
ningún momento transgrede las disposiciones de la misma Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Jalisco (Congreso del Estado de Jalisco, 2015, arts. 27- 34), y es que hay que tener en cuenta, aunque no es el tema a discutir en este trabajo, que en algún momento con o sin beneficio la persona tendrá que salir de prisión, pero si lo hace cumpliendo la totalidad de la sentencia impuesta, entonces es muy probable que salga resentido con todo el sistema de justicia penal y sin una reintegración social, pues en este tipo de liberación, ni la autoridad judicial ni la administrativa procuran como en un beneficio preliberacional, que la persona tenga asistencia para conseguir un empleo y una vivienda (Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, 2016).
Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la ejecutoria 1003/2015 que para justificar la pena no es posible aludir a una especie de función moralizadora por parte del Estado, sino que se deben valorar los resultados de las estrategias que faciliten la reintegración a la sociedad. Así mismo establece que la reforma de 2011 al artículo 18 atendía a la poca efectividad del sistema de readaptación social y al hecho de que muchos centros penitenciarios son factores que aumentan la criminalidad entre la población por las mismas normas que organizan los sistemas y por la forma sistemática en que se violan los derechos humanos (Amparo en revisión, 2016).
En este sentido la última reforma no acepta la idea de que al sentenciado se le considere un desadaptado o enfermo y mucho menos un degenerado, sino que trata de constituir un rompimiento que las categorías morales y psicológicas que anteriormente se contemplaban y que la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Jalisco continúa aludiendo. De tal manera que a partir de las valoraciones de trabajo social, psicológicas y criminológicas que se exigen y en la forma que se exigen, se plantea la idea de que si la persona no sana entonces no puede obtener uno de los beneficios preliberacionales (Amparo en revisión, 2016).
La Primera Sala añade que contemplar las técnicas criminológicas para alcanzar objetivos de reinserción social, parten de la premisa de que el sentenciado es un sujeto mental o psicológicamente desviado que requiere tratamiento (Amparo en revisión, 2016). Y es que basta analizar lo que la legislación en Jalisco exige de la persona al requerir de ella una historia clínica criminológica y un pronóstico de reincidencia basado en los factores que intervinieron en el delito y en su desarrollo al interior de la prisión, para discernir que no hace ningún sentido con el nuevo paradigma contenido en ambas reformas constitucionales.
La Corte IDH ha tenido algunos pronunciamientos sobre este tema, por ejemplo en el Caso Lori Berenson Mejía, la Corte refiere que las condiciones en las cuales se encontraban las personas privadas de su libertad impedía el cumplimiento de los objetivos de la pena (Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, 2004). En ese sentido los jueces en materia de ejecución de penas deben poner una atención muy especial en particular cuando van a evaluar el desarrollo de una persona privada de su libertad en centros que están rebasados de su capacidad de instalación, como es el caso del Centro de Reinserción Social y del Reclusorio Preventivo.
Aparte de los argumentos antes señalados, la Ley de Ejecución de Penas actual señala en cada una de las medidas de libertad anticipada, una condición que se determina por las reincidencias delictivas, las cuales son muy restrictivas, en el sentido de que en algunos casos no se permite ninguna reincidencia y, en otros, únicamente una. Al respecto las Reglas Mínimas de Tokio citan que en este punto se debe actuar con flexibilidad (Naciones Unidas, 2016, art. 2), pero novedoso resulta para este contexto el caso de B. Schroer contra el Estado Alemán, llevado a la Corte Europea de Derechos Humanos, denominado “Asunto M. contra Alemania” (2009), pues en este caso el demandante había sido condenado por lo menos en siete ocasiones, y pasaba solo un par de semanas fuera de prisión, varios de los delitos incluso fueron cometidos dentro del mismo penal, por lo que su vida en prisión se prolonga, pero el punto central no es su tiempo en prisión, sino que su dignidad humana es violada porque no se logra su reinserción y no puede llevar una vida responsable fuera de la misma. Esta
sentencia dicta que es responsabilidad del Estado el proporcionar programas y tratamientos
a los reclusos para que estos tengan las posibilidades reales de recuperar su libertad y de procurar que no vuelvan a delinquir 8 .
Estos argumentos se apoyan con lo señalado en las Reglas mínimas de Naciones Unidas para
el tratamiento de los reclusos, en sus artículos 58, 59, 60, 61, 65 y 66, (Naciones Unidas, 2016)
de los cuales se deduce como la reinserción de una persona, no es sola responsabilidad de esta sino del Estado, la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI, explica la necesidad de contar con programas adecuados de prevención y readaptación como parte fundamental de una estrategia eficaz de control de delitos, programas que deben tomar en cuenta los factores sociales y económicos que cada persona tiene y que las pueden hacer más o menos propensas a incurrir en la comisión de un delito (Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia, 2016). Así la resolución apunta a un verdadero cambio de paradigma en donde se debe racionalizar el uso de la prisión al punto de que incluso se considere que tanta responsabilidad Estatal existe cuando las personas reinciden en conductas delictivas, que no es el tema de este trabajo de investigación pero que se menciona con el fin de establecer que un ordenamiento legal y un Juzgador no puede negar un beneficio sin investigar el contexto en el que esta persona se ha desarrollado y las oportunidades reales que ha tenido de llevar una vida digna, porque si continua en prisión finalmente no tendrá ninguna, y una persona que es condenada a llevar una vida en prisión por tiempos bastante prolongados, se le mata todo esperanza de vivir.
A pesar de todo lo anterior, la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado,
tiene un punto de partida muy interesante, en su artículo 1° expone que los conceptos emanados por esta deberán de interpretarse de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, aunque esta misma norma es limitante y tiene una antinomia al referir que en lo no señalado se estará a lo más favorable
8 Consejo de Europa/Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Asunto M. c. ALEMANIA. Demanda número 19359/04. Sentencia Estrasburgo, 17 Diciembre 2009. Sección Quinta. Párr. 129.
para el interno y su familia, si la constitución o el tratado internacional son más favorables se tendría que estar a lo dispuesto por este y no por lo de la ley secundaria, aún que lo previera (Congreso del Estado de Jalisco, 2015). Pero el punto que se quiere tomar es que de alguna forma también esta ley da herramientas a los jueces para ampliar su marco normativo, sin embargo con todos los datos que se han analizado se puede inferir que los jueces en materia de ejecución no lo hacen.
Análisis a la luz de la Reforma Constitucional de 2011 y de las Fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Ya ha quedado establecido claramente que la reforma constitucional de 2008 faculta al poder judicial de la ejecución de las penas, obligándolo a que se involucren en la legalidad de las sanciones impuestas, sin embargo dicha tarea requiere de varias herramientas y tal vez es en ese punto en donde la reforma en materia de justicia penal no profundizo, pero la reforma en materia de derechos humanos que entró en vigor en junio de 2011 si lo hace ampliamente al colocar en el centro de la actuación del Estado Mexicano la protección y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por éste.
Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma es el reconocimiento que en especial tienen los operadores de justicia de desarrollar acciones desde el nuevo paradigma que supone la incorporación de una perspectiva de derechos humanos, lo que implica un replanteamiento de estructuras y categorías de pensamiento y el desarrollo de profundas reflexiones sobre la correcta impartición de la justicia (Color Vargas, 2013), elementos que desafortunadamente no se ven en las resoluciones que emiten los jueces en materia de ejecución del estado de Jalisco.
Tales herramientas quedan establecidas principalmente en el artículo 1° constitucional, eje central de la reforma pues contiene una serie de mandatos específicos dirigidos a todas las
autoridades en el país, que deben entenderse en vinculación con normas nacionales e internacionales, particularmente en los párrafos primero, segundo y tercero, que a la letra dicen:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” (Congreso de la Union, 2016)
Los dos primeros párrafos hacen referencia a que el orden jurídico interno e internacional deberán de ejercer una influencia recíproca y complementaria en los casos de derechos humanos y no están ajenos el uno al otro, por lo tanto se incorporan al derecho interno los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, entre los que se encuentran los tratados, pactos, protocolos, convenios o declaraciones que surgen en los organismos internacionales; la jurisprudencia que producen los órganos jurisdiccionales a escala internacional; y, finalmente, la doctrina que generan las instancias académicas y los órganos especializados
de los sistemas internacionales de derechos humanos (Hernández Barron, 2013), lo que significa una amplia gama de instrumentos en los que jueces de ejecución se pueden apoyar para realizar valoraciones profundas y objetivas en cada caso que resuelvan.
En el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, por ejemplo se destacan: la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, siempre y cuando el Estado Mexicano sea parte de ellos, siendo los más relevantes para este estudio: el pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales universalmente reconocidos (Color Vargas, 2013), la Declaración y Programa de acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, el Código de conducta para funcionarios de hacer cumplir la ley, la Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad o Reglas Tokio, entre otros que contempla la recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal (UNODC, 2007).
El Sistema Regional, es decir, el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, por su parte, se encuentra constituido por 35 países que han ratificado la Carta de Organización de los Estados Americanos (OEA), entre estos México, y se integra por instrumentos como la Carta de la OEA, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en 1948, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto San José, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, etcétera.
Este sistema regional se forma por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la primera, entre sus diversas funciones, emite informes específicos y recomendaciones a partir de investigaciones, visitas o peticiones individuales, mientras la segunda se caracteriza por su competencia contenciosa, de tal forma que las fuentes de derecho que de ella emanan pueden ser obligatorias o vinculantes para el Estado Mexicano (Color Vargas, 2013).
La notabilidad de las disposiciones constitucionales de que conforman la reforma en derechos humanos representan un replanteamiento profundo de la forma de hacer y entender el derecho en México, que implica una tarea difícil para las autoridades en los distintos ámbitos de sus competencias, pero particularmente para los jueces mexicanos quienes por años estuvieron acostumbrados a resolver atendiendo a soluciones positivistas, y ahora deben asumir como propia la tarea de controlar los contenidos jurídicos y buscar un equilibrio normativo tendiente a la mejor protección posible de la persona (Silva Meza,
En ese sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce esta dificultad al señalar que no debe sorprender que los Jueces Mexicanos estén inmersos en el proceso de asimilar que la universalización de los derechos tiene por corolario la internacionalización de los sistemas y los comportamientos judiciales, y que los procedimientos han cedido al imperio de los derechos humanos (Silva Meza, 2014). Así pues se propone que los aspectos más relevantes de la reforma sean comprendidos en el siguiente orden: Principio Pro Persona, Bloque de Constitucionalidad en México, Interpretación Conforme, Control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad, principios y obligaciones de los derechos humanos, deberes específicos de prevención, investigación y sanción, y finalmente teoría de las reparaciones a la luz de los derechos humanos (Cervantes Alcayde, Cano, & Color Vargas,
En ese orden de ideas, los Jueces de Ejecución de Penas en Jalisco tendrían que resolver bajo uno de los conceptos más relevantes que la reforma constitucional establece para la protección de los derechos humanos, el principio pro persona, un concepto complejo que se ha ido formando con base en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y el cual la Corte Interamericana ha definido como “Un criterio fundamental que impone la naturaleza misma de los derechos humanos, la cual obliga a interpretar extensivamente las normas que consagran o amplían y restrictivamente las que lo limitan o restringen. De esta forma, el principio pro persona conduce a la conclusión de que la exigibilidad inmediata e incondicional de los derechos humanos es la regla y su condicionamiento la excepción.” (Medellín Urquiaga, 2013, pág. 17), es decir, que el principio tiene dos vertientes, una que otorga la interpretación más amplía para hacer valer un derecho y otro que limita en estricto derecho a la norma para favorecer a la persona, esto naturalmente según el caso de estudio.
Esta incorporación de instrumentos al derecho interno es muy importante, porque los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas, sin que se haga distinción alguna, buscan la vida humana digna, entendiendo a la dignidad como un valor supremo inherente a nuestra especie, y las principales fuentes de los derechos humanos son precisamente los instrumentos internacionales, su aplicación, el deber de proteger y respectar estos derechos, son facultades de los Estados, quienes deben adoptar las medidas necesarias para hacerlos efectivos.
Ahora bien, la reforma constitucional de 2011 al incorporar los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el ordenamiento jurídico le otorga una jerarquía constitucional, y aunque no aparezcan expresamente en la Carta Magna si son materialmente constitucionales, de tal manera que todo este conjunto de normas, denominado bloque de constitucionalidad implica admitir que los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales son parte de orden jurídico constitucional (Rodríguez Manzo, 2014). Ahora bien, atendiendo a lo que la misma Ley de Ejecución de Penas cita en el artículo 1°, es claro que el ordenamiento sí reconoce el bloque de constitucionalidad, por lo tanto no tendría por
qué ser desconocido para los jueces en materia de ejecución en Jalisco, lo que apunta a que solo quedaría hacer un uso adecuado de estos instrumentos.
Retomando lo que la reforma constitucional en materia de derechos humanos señala, para que lo anterior sea posible introduce formalmente al segundo párrafo del artículo primero constitucional antes invocado, lo que se conoce como interpretación conforme, la técnica interpretativa que consiste en identificar contenidos normativos plausibles que otorguen en favor de las personas y en un caso concreto, la protección más amplia o más restringida de un derecho (Rodríguez, Puppo, Gama, & Cerdio, 2013).
Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la finalidad de este principio y de la integración de un bloque de constitucionalidad en los distintos ordenamientos jurídicos, es permitir determinar una norma prevalente en caso de antinomias, así mismo ha referido que el principio de interpretación conforme es una técnica de análisis que debe realizar de conformidad a lo que establece el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
“[…] a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d) excluir o limitar el efecto que pueda producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos de la misma naturaleza.” (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014, pág. 706).
Con el objetivo de que estos principios pudieran aplicarse la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció al resolver el caso Radilla Pacheco, que el Poder Judicial en México debía ejercer un control de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, esto en los distintos ámbitos de competencia y de las regulaciones procesales, (Caso Radilla Pacheco vs. México (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), 2009). Lo que obliga a los Jueces Mexicanos dejar de aplicar normas inferiores y den preferencia a los contenidos Constitucionales y de tratados internacionales, es decir, que se aplique un control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad, según cada caso y siempre que la norma sea más favorable a la persona y que se trate de una cuestión de derechos humanos. Ahora bien, esto más allá de ser otra herramienta de auxilio para los jueces en México, es un instrumento que tiene como objetivo ajustar sus actos a las disposiciones de la Constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos (Ferrer Mac-Gregor, 2013).
Estos principios son un conjunto mínimo de estándares que los sistemas normativos deben generar para que se integre una amplia cobertura de derechos humanos a favor de las personas, y además lograr una armonización entre el derecho nacional y el internacional que permita alcanzar una mayor eficacia y protección de valores, principios y normas en materia de derechos humanos.
Parece claro y sencillo aplicar los principios, normas y obligaciones que la reforma constitucional en materia de derechos humanos exige a los jueces mexicanos, y a las demás autoridades en los respectivos ámbitos de sus competencias, pero no lo es, para el ejercicio y cumplimiento de cualquier derecho se deben prever elementos mínimos y no máximos que permitan que los derechos puedan expandirse, así por lo menos deben existir cuatro elementos institucionales: disponibilidad, que implica la materialización del derecho a través de servicios, instalaciones, u otros; accesibilidad, la cual debe asegurar que estos medios estén disponibles para todas las personas sin distinción alguna; aceptabilidad, que conlleva
a que la implementación sea más flexible; y calidad, que asegurara que los medios y contenidos cumplan su función (Vazquez & Serrano, 2013).
Estos elementos nos remiten a las obligaciones generales que tienen todas las autoridades en
el país de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, por medio de los
principios de progresividad, prohibición de regresión y máximo uso de recursos disponibles, así como de deberes de verdad, justicia y reparación (Vazquez & Serrano, 2013). Es importante considerar que las obligaciones en materia de derechos humanos están a cargo del Estado, y que debido a los distintos casos que se han resuelto en la Corte IDH contra el Estado Mexicano este ha tenido que incorporar al ordenamiento jurídico interno las obligaciones que en materia de derechos humanos todas las autoridades del país tienen, las cuales están directamente relacionadas con los deberes específicos de prevenir, investigar, sancionar y reparar toda violación de los derechos humanos que estén reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano (Ortega Soriano, 2013).
Si de las obligaciones generales se parte para conceptualizar los deberes específicos de las
autoridades, pues vale la pena precisar a qué se refieren estas obligaciones, particularmente porque los derechos humanos se han tratado como exigencias más que como la obligación y responsabilidad estatal. En ese sentido cuando el constituyente se refiere a la obligación de respeto, impone al Estado el deber de no obstaculizar o impedir el disfrute de un derecho humano, de tal manera que esto implica que las autoridades se abstengan de transgredir directamente los derechos humanos, como los jueces de ejecución lo han hecho al no resolver bajo estos principios y obligaciones; la protección conlleva a que el Estado asegure que las
personas que están bajo su jurisdicción no sufran violaciones por parte de terceros e incluso por las mismas autoridades; la garantía requiere la adopción de medidas de amplio alcance
e impone al Estado el deber de crear condiciones que hagan efectivos el disfrute de los
derechos humanos; y por último, la promoción representa que se adopten medidas que generen conciencia acerca de la importancia de los derechos humanos y su materialización,
que conllevan a la construcción y fortalecimiento de la cultura y la conciencia pública (Ortega Soriano, 2013).
Hay que insistir que incluso los estándares internacionales tendrían que valorarse y exigirse partiendo del contexto en el cual la persona privada de su libertad se desarrolla en cada caso concreto, es decir, ha quedado claro y demostrado que la sobrepoblación penitenciaria en Jalisco rebasa la capacidad de los centros penitenciarios, por lo tanto cuáles son las posibilidades reales de que una persona recluida en un centro penitenciario como el Centro de Reinserción Social con una sobrepoblación del 210% (Infomex Jalisco, 2016) tenga para desarrollar los cinco estándares de reinserción social.
Al respecto y aunque no es el tema central de estudio, considero que es importante describir un panorama general del sistema penitenciario en Jalisco, pues este no solo tiene problemas de sobrepoblación y hacinamiento, hay una ausencia de reglamentos para los centros penitenciarios, el mismo sistema, que se representa a través de la Fiscalía de Reinserción Social, no cuenta con un reglamento que responda a las exigencias actuales, y los que puedan existir tienen aproximadamente 35 años sin ninguna actualización, en ese sentido no hay una herramienta legal que indique una organización uniforme, ni actuaciones procedimentales paralelas entre los reclusorios, no existe ni siquiera una congruencia en la denominación de los centros penitenciarios en los pocos marcos normativos que se han aprobado después de las reformas constitucionales, por ejemplo, mientras que la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Jalisco señala que el Sistema Penitenciario del Estado de Jalisco se integrará por los centros penitenciarios denominados: Centro de Prisión Preventiva, Centro de Reinserción Social, Centro Preventivo y de Reinserción Femenil, Centros Integrales de Justicia Regional, Instituciones abiertas de Seguridad Mínima, Hospital Penitenciario, Hospital Psiquiátrico Penitenciario y los demás que resulten (Congreso del Estado de Jalisco, 2015, art. 38); el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco establece que la Fiscalía de Reinserción Social tendrá cuando menos las unidades de: Secretaría particular, Comisaría de Prisión Preventiva, Comisaría de
Sentenciados, Comisaría de Seguridad Penitenciaria, Comisaría de Atención a Preliberados y Liberados, Comisaría de Justicia para Adolescentes, Comisaría de Reinserción Femenil, Comisaría del Reclusorio Metropolitano y las demás que resulten (Congreso del Estado de Jalisco, 2015, art. 45).
Encima de la incongruencia entre las denominaciones de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General señalan, llama la atención que el estado no cuenta con un hospital penitenciario y mucho menos con un hospital psiquiátrico penitenciario, como el primer ordenamiento así lo expresa; y la segunda de las estructuras citadas no responden a un sistema penitenciario organizado sobre la base de los derechos humanos, y esto se sustenta precisamente en el derecho internacional de los derechos humanos que señala que las estructuras y funciones de las prisiones tendrían que tener una clara separación organizativa entre la policía y el servicio penitenciario, porque la policía finalmente tiene la función de investigar los delitos y llevar a cabo las detenciones, particularmente en el nuevo sistema de justicia penal, pues una vez que una persona ha sido detenida esta debe ser presentada a la mayor brevedad posible ante la autoridad judicial, y si esta autoridad así lo determina, entonces quedar bajo la custodia del servicio penitenciario en prisión preventiva; en caso de que la persona sea sentenciada entonces el estado debe proporcionarle todos los servicios necesarios para que esta alcance su reinserción social (Coyle, 2002).
Por lo tanto el Gobierno del Estado de Jalisco y sus legisladores en este nuevo paradigma tenían que garantizar la separación de los poderes de la policía, del sistema judicial y del sistema penitenciario (Coyle, 2002), pero en lugar de esto se unifican las dependencias en materia de seguridad y el sistema penitenciario en la denominada Fiscalía General del Estado de Jalisco, en los siguientes términos: “Desarrollar las políticas de prevención social del delito, de seguridad pública, de procuración de justicia y de reinserción social a cargo del Poder Ejecutivo” (Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 2016, art. 30, fracción IV).
Al respecto las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos señalan que:
“Para lograr dichos fines será necesario que los miembros del personal trabajen exclusivamente como funcionarios penitenciarios profesionales, tener la condición de empleados públicos y por tanto la seguridad de que la estabilidad en su empleo dependerá únicamente de su buena conducta, de la eficacia de su trabajo y de su aptitud física. […]” (Naciones Unidas, 2016, art. 46.3).
Esto es relevante porque en el caso de la prisión preventiva se evita que las personas sean sometidas a coacciones, lo que se puede extender en los casos de aquellas que están sentenciadas, y porque finalmente el sistema penitenciario debe proporcionar a las personas privadas de su libertad de los medios suficientes para tener un lugar donde vivir, oportunidades de empleo y una estructura social adecuada, de ahí la necesidad de que sea en todo momento una organización disciplinada y jerárquica, que actué en concordancia con el resto de los centros estatales que conforman el sistema penitenciario jalisciense, que tenga una política clara que fomente el que las personas adecuadas soliciten empleo en sus filas rechazando contratar a toda persona con actitudes que no sean compatibles a estas políticas, y por último, que sea visibilizado como un centro de servicios para que funcione correctamente (Coyle, 2002). Esto se sustenta con el mismo ordinal 46 de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos:
“1) La administración penitenciaria escogerá cuidadosamente el personal de todos los grados, puesto que de la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad profesional de este personal dependerá la buena dirección de los establecimientos penitenciarios. 2) La administración penitenciaria se esforzará constantemente por despertar y mantener, en el espíritu del personal y en la opinión pública, la convicción de que la función penitenciaria constituye un servicio social de gran importancia y, al
efecto, utilizará todos los medios apropiados para ilustrar al público.” (Naciones Unidas, 2016, arts. 46.1 y 46.2).
Y con la regla 49 del mismo ordenamiento que cita que:
“1) En lo posible se deberá añadir al personal un número suficiente de especialistas, tales como psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, maestros e instructores técnicos. 2) Los servicios de los trabajadores sociales, de maestros e instructores técnicos deberán ser mantenidos permanentemente, sin que ello excluya los servicios de auxiliares a tiempo limitado o voluntarios.” (Naciones Unidas, 2016, arts. 49.1 y
49.2).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe sobre los derechos humanos en México refiere que el contrato de prestación de servicios es el futuro del sistema penitenciario en México, y que con la participación de organizaciones de la sociedad civil se disminuiría la carga financiera del Estado, sin embargo la CIDH fue informada en su visita del amplio proceso de importación de un modelo carcelario de Estados Unidos, que el Estado Mexicano ha iniciado a través de la American Correctional Association (“ACA” por sus siglas en ingles), a lo que la Comisión manifiesta su preocupación de que el sistema penitenciario sea planteado y ejecutado a partir de estructuras de máxima seguridad estadounidenses que son incompatibles con los derechos humanos y que han implicado en la práctica excesivas de restricciones de visitas por parte de familiares y defensores, limitado acceso al aire libre y actividades de recreación, revisiones físicas excesivas, incluso en partes íntimas del cuerpo de visitantes (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015), lo que encima es inconstitucional en el Estado Mexicano, en el sentido de que las visitas y las actividades físicas son parte de los ejes de reinserción social, mientras el defensor es parte fundamental en el debido proceso (Congreso de la Unión, 2016, arts. 14, 18 y 21).
La razón de explicar lo anterior es para sostener que bajo estas condiciones no es posible exigir el cumplimiento de los requisitos que plantea la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, ni siquiera los señalados constitucionalmente, pues cómo se garantiza la capacitación en el trabajo, el trabajo, la educación, la salud y el deporte de 6478 internos que alberga el Centro de Reinserción Social (Comisión Nacional de Seguridad, 2016) y las demás personas que se encuentren internas en los distintos reclusorios del estado de Jalisco.
Los Jueces especializados en ejecución de sentencias y todos aquellos que estén resolviendo esta materia, deben considerar las circunstancias de cada país y los retos específicos que confronta cada sistema penitenciario, para hacer una minuciosa evaluación de las oportunidades reales que cada persona privada de su libertad tiene de desarrollarse en prisión, y entonces de conformidad al artículo 12 fracción VII de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Jalisco, visitar los centros de reclusión y constatar el respeto de los derechos fundamentales de los internos, lo que conlleva a que estos exijan a las autoridades penitenciarias el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, y valorar mejor el desarrollo de la persona privada de su libertad (Congreso del Estado de Jalisco, 2015).
El ideal sería que las personas privadas de su libertad tengan el pleno goce y ejercicio de sus derechos al interior de los centros, y no tener que entrar en el conflicto de valorar qué es mejor, que la persona privada de su libertad permanezca en centros de reclusión con las características ya señaladas y que todavía no cumplen con el objetivo de ejercer una función de servicios, u obtener un beneficio de libertad condicionada y vigilada que fomente actividades extramuros.
Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en distintos casos la obligación de los Estados de garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad, particularmente porque estás se encuentran sujetas a una condición de vulnerabilidad, y finalmente son individuos que tienen limitados el goce del derecho de
libertad, por lo que debido a esto son susceptibles de sufrir otras limitaciones. Por ende se trata de un contexto particular en el cual los jueces mexicanos deben poner especial atención, y proteger no solo su derecho a la vida y a la integridad personal, sino también sus garantías judiciales. Esto es muy importante porque coloca al Estado en una posición especial, y es que las personas privadas de la libertad están directamente bajo su custodia y por lo tanto existe una responsabilidad inmediata de éste (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014).
Propuesta para otorgar beneficios de libertad anticipada en el fuero común de acuerdo a las condiciones que atraviesa el Sistema Penitenciario Estatal.
De acuerdo al análisis realizado en esta investigación, el modelo de ejecución de penas estatal carece de los principios y elementos apegados a los derechos humanos, lo que significa que los jueces en materia de ejecución de sentencias no están aplicando los principios ni obligaciones que la constitución impone a todas las autoridades en los distintos ámbitos, y que particularmente exige de aquellas que tienen como objetivo la impartición de justicia (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014). Tampoco se está logrando el objetivo de reinserción social que tiene el sistema penitenciario y que se advierte en el artículo 18 Constitucional (Congreso de la Union, 2016) y en el 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Organización de los Estados Americanos, 2016).
Los deberes específicos exigen a los jueces a realizar conductas concretas para atender una situación particular en la que se presenten posibles violaciones y violaciones a los derechos humanos. Estas obligaciones generales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, a través del cumplimiento de los deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, implican la materialización real de los derechos (Ortega Soriano, 2013).
Así el Juez de ejecución en Jalisco debe atender a la supremacía constitucional y a la regla de interpretación, cuando la ley secundaria sea más restrictiva y adopte criterios de valoración del ordenamiento anterior, es decir, de la Ley de Ejecución de Penas del estado de Jalisco (Gobierno del Estado de Jalisco, 2016), en lugar de que el legislador transitara el marco normativo al nuevo sistema de justicia penal, claramente asentado en las reformas constitucionales.
La reforma constitucional de 2008, incluye la figura del Juez Ejecutor, para evitar las innumerables violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad,
y el disfrute y goce de los mismos, en ese sentido la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Jalisco tiene un gran acierto al facultar a los jueces en materia de ejecución a: supervisar la ejecución de toda pena o medida de seguridad; verificar que sea realizada la clasificación adecuada del sentenciado; mantener, sustituir, modificar o revocar la pena, las medidas de seguridad y las condiciones de su cumplimiento; resolver sobre el otorgamiento o negación de cualquier beneficio relacionado con las penas y medidas de seguridad; supervisar la ejecución de las condicionantes impuestas y programas de reinserción social de preliberados; ordenar la cesación de la pena o medida de seguridad; visitar los centros de reclusión con el fin de constatar el respeto de los derechos fundamentales y penitenciario de los internos, y proponer las medidas correctivas que estime pertinentes; entre otras que le asignen otros ordenamientos y esta misma ley (Congreso del Estado de Jalisco, 2015, art. 12).
En atención al planteamiento anterior que el ordenamiento local hace, se solicitó la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco estadísticas de desempeño general de acuerdo a las facultades impuestas por la Constitución y la ley secundaria, entre ellas el número de visitas que hacen a los centros penitenciarios, respondiendo en lo que respecta al último de los cuestionamientos que no se generaba información al respecto. Por lo tanto a partir de ese argumento, se denota como los tres jueces de ejecución en Jalisco, se centran en la fracción IV del artículo 12 de la Ley antes invocada, el otorgamiento de los beneficios preliberacionales, lo que se corrobora en el análisis cuantitativo de este trabajo de investigación, pues en los años 2014 y 2015 los juzgados recibieron 2835 solicitudes para beneficios de libertad anticipada, de los cuales revolvieron 547, y en esos dos años dieron por compurgadas únicamente 21 penas de prisión (Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, 2016), lo que no solo indica poca efectividad en la valoración de los beneficios sino también en el pronunciamiento del cumplimiento de una pena.
Esto es preocupante en el sentido de que las personas privadas de su libertad continúan al arbitrio de las autoridades administrativas, lo que significa la violación de los derechos humanos, la visita de los jueces en materia de ejecución representa no solo el cumplimiento de las reformas de 2008 y 2011, es también una obligación de hacer para que se proteja, garantice y respete a la personas privadas de su libertad, el pleno goce y ejercicio de los derechos en materia de trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte, si esto no se lleva a cabo, que otra manera existe de conocer si la autoridad penitenciaria efectivamente está cumpliendo con sus obligaciones (Diario Oficial de la Federación, 2016).
Si nos remitimos nuevamente a la situación del Centro de Reinserción Social, se plantea el cuestionamiento de si es posible que estos derechos sean alcanzados por todos los internos que el centro alberga, al estar a un 210% de su capacidad (Infomex Jalisco, 2016), y si estos cumplen con elementos institucionales mínimos de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad. En ese tenor se reitera la necesidad de que el Juez de Ejecución cumpla con sus facultades y exija a las autoridades administrativas el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, pues lo que las reformas plantean es de pensar los derechos desde las obligaciones que el Estado Mexicano tiene, porque así es más fácil observar a los derechos en acción (Vazquez & Serrano, 2013).
En ese orden de ideas el planteamiento para la valoración de los beneficios de libertad anticipada es más complejo que valorar únicamente estudios emitidos por la autoridad administrativa, pues atendiendo a la fracciones I, II y VII, del artículo 12 de la Ley en materia de ejecución en Jalisco (Congreso del Estado de Jalisco, 2015), los jueces deben constatar y supervisar el goce de los derechos de las personas privadas de libertad, particularmente aquellas que son necesarias para su reinserción social. Así cuando se trate de valorar la concesión de un beneficio de libertad anticipada, atenderá al cumplimiento los medios constitucionales necesarios para hacer efectiva la reinserción y a sabiendas de que la autoridad administrativa cumple con sus obligaciones.
Esto tendría que hacerse partiendo de los principios que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado
de Jalisco señalan, es decir, que se atiendan a: el principio pro persona; el bloque de
constitucionalidad; la interpretación conforme; el control difuso de constitucionalidad y
convencionalidad; las obligaciones y principios generales de los derechos humanos; y de los
deberes específicos de prevención, investigación y sanción (Vazquez & Serrano, 2013), como
se sugiere en el siguiente esquema de valoración de beneficios preliberacionales que se
fundamenta en los artículos 1 y 18 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 149, 151, 153 y 173 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad del Estado de Jalisco, y se compone requisitos de concesión que establece el
ordenamiento local valorados a la luz de la reforma constitucional de derechos humanos, de
elementos probatorios de rango constitucional, en términos del artículo 268 del Código de
Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, y de los argumentos señalados por jueces
en Jalisco al resolver la concesión de algunos beneficios de libertad anticipada 9 :
Requisitos para acceder a los beneficios prelibertad, libertad condicional y reducción parcial de la pena.
El primero de los requisitos es el cumplimiento de la cuarta parte, la mitad o tres cuartas
partes de la pena impuesta, que tienen como finalidad esencial la reinserción social de la
persona, ya definida en el marco teórico de esta investigación (Zepeda Lecuona, 2013), y que
significa una separación que la autoridad ya determinó es necesaria para que a partir de
formas asistenciales una persona pueda ser capaz de proveer sus necesidades respetando la
ley (Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, 2016, art. 58).
9 Juez Penal del Décimo Octavo Partido Judicial del Estado de Jalisco, Expediente 354/2008-B, Incidente de Beneficio de Libertad Anticipada en su modalidad de condicional, de 19 de octubre de 2015, Considerando II. Juez Segundo en Ejecución de Penas del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, Expediente 208/2015, Procedimiento de libertad anticipada en modalidad de reducción parcial de la pena, de 29 de febrero de 2016, Considerando IV. Y Juez Tercero en Ejecución de Penas del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, Expediente 362/2015, Incidente de beneficio de libertad anticipada en modalidad de condicional, de 24 de febrero de 2016, Considerando IV y V.
El segundo y tercero de los requisitos consisten en haber observado buena conducta durante su internamiento, y la existencia de indicadores de reinserción social, ambos son puntos que valorados a partir de la interpretación conforme, transitan al Juez a analizarlos a través del artículo 1 Constitucional, que impone a las autoridades judiciales a que también piensen los derechos humanos a partir de las obligaciones y no de los derechos, pues su identificación esencial supone el establecimiento de elementos mínimos que el Estado debe proveer a cualquier persona de forma inmediata y sin que medien contraargumentaciones fácticas de imposibilidad provenientes de escasez de recursos o elementos semejantes (Vazquez & Serrano, 2013). Es importante mencionar que el estudio de conducta es una exigencia importante pues ayuda a que se conserve la seguridad y la organización de la vida en común al interior de los centros penitenciarios (Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, 2016, art. 27).
Ahora bien, la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad establece tres requisitos más, que en el contexto de los derechos humanos, deberían ser analizados a partir del principio de interpretación conforme, dos de estos requisitos consisten en el ofrecimiento del sentenciado de dedicarse a un oficio, arte, industria, profesión o modo honesto de vivir, y que alguna persona de solvencia moral apoye a vigilar el cumplimiento de las condicionantes, estos requerimientos son importantes pues hacen efectiva la reintegración social de la persona y fortalece el objetivo de disminuir la reincidencia (Reglas Tokio, 2016, art. 10), sin embargo las obligaciones generar un empleo y una vivienda para la persona que va a salir, son obligaciones de los Estados, si la persona privada de su libertad cuenta con el apoyo para el cumplimiento de estos requerimientos, es porque el Estado se tienen que hacer de los medios necesarios para cumplir con sus obligaciones y usar el máximo de recursos disponibles, lo que implica que colabore con la organizaciones no gubernamentales así como con la sociedad civil.
Por lo anterior, el Estado Mexicano a través de las distintas autoridades que lo representan debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, que significan:
obligaciones generales de respetar, proteger, garantizar y promover; principios de aplicación de progresividad, prohibición de regresión, máximo uso de recursos disponibles y contenidos esenciales; elementos institucionales de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad; y deberes específicos de prevención, investigación y sanción (Vazquez & Serrano, 2013). Por ende, si una persona privada de su libertad cumple con todos los requisitos para un beneficio de libertad anticipada en los términos constitucionales (Amparo en revisión, 2016), un juez no debe negar su concesión por dos requisitos que son una obligación del Estado Mexicano y no una obligación del sentenciado, quien al encontrarse privado de su libertad tiene limitaciones que dificultan el cumplimiento de estas dos exigencias en los términos que la ley secundaria señala.
Finalmente, se requieren los antecedentes delictivos y reincidencias, que son importantes para la imposición de medidas preventivas, pero sujetándose en todo momento a los principios de no discriminación, temporalidad y proporcionalidad, y esto se debe a que los antecedentes penales deben ser analizados partiendo de las mismas responsabilidades que tiene el Estado Mexicano, en los términos del párrafo anterior y del caso de B. Schroer contra el Estado Alemán, llevado a la Corte Europea de Derechos Humanos, denominado “Asunto M. contra Alemania” descrito en la parte cualitativa de esta investigación, pues esta valoración debe sujetarse al Código de Procedimientos Penales en el Estado, que establece claramente las temporalidades para la prescripción de los delitos y los principios para la cosa juzgada, consecuentemente no existe una congruencia en impedir el goce de un derecho únicamente por cosas que ya fueron juzgadas y en casos en los que no existió un inserción adecuada de la persona en sociedad.
Elementos Probatorios a valorar.
En lo que respecta al análisis de los elementos probatorios, empiezo con señalar uno que es ineludible, un documento que identifique a la persona privada de su libertad que solicita un beneficio preliberacional, el cual le da el pleno reconocimiento a la personalidad jurídica y el acceso a la justicia, previstos en la Constitución Política (Congreso de la Union, 2016, art. 29),
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas, 2016, art. 17), así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Organización de los Estados Americanos, 2016, art. 3), y que acertadamente la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad requiere en el artículo 173, fracción I.
El segundo punto es analizar los elementos probatorios que nos otorgan indicadores de reinserción social, es decir, los estudios en materia laboral y de capacitación en el trabajo, en de educación, y en deporte, a los cuales se les acompañará un estudio médico para que sea valorado el estado de salud de la persona privada de su libertad que solicita un beneficio, así como las medidas preventivas que al caso concreto deberá establecer para cumplir con el deber de prevención que la constitución señala, particularmente en contextos de riegos; ahora bien, este estudio, tiene una doble funcionalidad, pues también permite a la autoridad judicial analizar los servicios médicos al interior de los centros penitenciarios, y en ese sentido imponerle a la autoridad administrativa las obligaciones a las cuales se encuentra sujeta en materia de salud tanto a nivel constitucional (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2016, arts. 4 y 18) como internacional en instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas, 2016), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Naciones Unidas, 2016) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Naciones Unidas, 2016).
Estos elementos son relevantes pues son los medios que la constitución cita son la base del sistema penitenciario para lograr la reinserción social de una persona y procurar que esta no vuelva a delinquir; derechos de las personas privadas de su libertad para su integridad personal que cita la Convención Americana en los ordinales 5.1 y 5.6; o bien, mejoras en las condiciones de existencia de las personas a las cuales se refiere el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 11. El goce y ejercicio de estos derechos implican que se reduzcan las diferencias que pueden existir entre la vida en prisión y la vida libre (Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, 2016, art. 60).
Ya para finalizar y de acuerdo a los principios de control de convencionalidad, interpretación
conforme y pro persona, se analiza la valoración de los estudios de trabajo social, psicología
y criminología; pues retomando el amparo 1003/2015 que resuelve la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los estudios de personalidad que plantea el artículo 173 fracciones III, IV y IX, de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado
de Jalisco, aluden a una función moralizadora del Estado que es violatoria de derechos humanos. Así mismo cabe destacar que el estudio de trabajo social exige la valoración victimológica, lo que no solo viola el principio de cosa juzgada, sino que viola también los derechos de las víctimas previstos en la Ley General de Víctimas.
Bajo los argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Jueces en materia de Ejecución deben valorar los resultados de una serie de estrategias que faciliten la
reintegración del individuo en sociedad, apoyándose en ello en el respeto de los derechos humanos dentro del presidio del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud
y el deporte, como textualmente lo refiere el texto constitucional, pues esto constituye un
rompimiento con las categorías morales y psicológicas que anteriormente contemplaba la Constitución, lo que exige evitar una calificación mera de la persona del sentenciado a partir
de términos como el de regeneración y readaptación, lo que es delicado, pues estas valoraciones de forma discrecional no deben condicionar la obtención de beneficios preliberacionales, porque la reinserción social no puede depender de un cambio psicológico
o de forma de pensar y de sentir de la persona privada de su libertad, ya que esto implicaría un retroceso al concepto de readaptación social, abandonando expresamente el Poder Reformador del año 2011 (Amparo en revisión, 2016).
Por lo argumentado, la propuesta para la valoración de beneficios preliberacionales en síntesis responde a los siguientes esquemas:
REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE PRELIBERTAD, LIBERTAD CONDICIONAL Y REDUCCIÓN PARCIAL DE LA PENA
Ley Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Jalisco
El cumplimiento del 25, 50 o 75 por ciento de la pena impuesta. (Congreso del Estado de Jalisco, 2015, arts. 149, 151, 153)
Haber observado durante
su internamiento buena conducta. (Congreso del Estado de Jalisco, 2015, arts. 149 fracción I, 151 fracción I, 153)
La existencia de indicadores de reinserción social (Congreso del Estado de Jalisco, 2015, arts. 149 fracción II, 151 fracción II, 153)
La finalidad esencial es la reinserción social de la persona para procurar que no vuelva
a delinquir (Diario
que los derechos humanos de este y
ordenamientos se piensan a partir de las obligaciones y no de los derechos, pues la identificación del contenido esencial de
un derecho supone el
elementos mínimos que el Estado debe proveer a cualquier persona de forma inmediata y sin
imposibilidad provenientes de escasez de recursos o elementos semejantes (Vazquez & Serrano,
Es la separación necesaria de una persona de la sociedad para que a través de formas asistenciales esta sea capaz de
necesidades respetando la ley (Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, 2016, art. 58)
Mantener la seguridad y la organización de la vida en común. (Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, 2016, art. 27)
Los indicadores muestran si la persona ha aprovechado el periodo de privación de libertad, para que esta no solo quiera respetar la ley y sus
proveer necesidades, sino que sea capaz de hacerlo (Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, 2016, arts.
Tiempo necesario para que la persona desarrolle las acciones previstas a nivel constitucional, atendiendo a los elementos mínimos y no máximos de cada derecho
Valoración del Estudio de conducta y disciplina que emite el centro penitenciario (Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Jalisco, 2015, 173, fracción VIII)
Valoración de los indicadores de rango constitucional atendiendo a los elementos mínimos y no máximos de cada derecho (Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Jalisco, 2015, 173, fracciones II, V, VI y VII)
Analizar a partir del principio de interpretación conforme:
El ofrecimiento del sentenciado de dedicarse a un oficio, arte, industria, profesión o cualquier otro modo de vivir (Congreso del Estado de Jalisco, 2015, arts. 149 fracción III, 151 fracción III, 153)
trabajo social (Ley
El objetivo de la imposición de medidas posteriores a la sentencia y su supervisión, es
y Medidas de Seguridad del Estado de Jalisco, 2015, art. 173 fracción III, inciso f), que representa
reintegración social de la
generales, principios de aplicación, elementos institucionales y
reincidencia y ayudar a la persona en su reinserción social, reduciendo en mínimo la probabilidad de que vuelva a delinquir (Reglas Tokio, 2016, art. 10)
Que alguna persona de solvencia moral apoye la Dirección del Sistema Post- Penitenciario a vigilar el cumplimiento de las condicionantes
Federación, 2016)
deberes a las autoridades, pues
estas deben encaminar
conjunto de tareas,
actividades y actuaciones encaminadas a la realización de estos derechos (Vazquez &
Serrano, 2013)
No está previsto a nivel constitucional (Congreso de la Union, 2016, art. 18), sin embargo su valoración debe sujetarse a los principios de no discrimnación, y de compatibilidad, concordancia y complementariedad y non bis in idem (Diario
reincidencias (Congreso del Estado de Jalisco, 2015, arts. 149, fracción I, 152, 154 y 173, fracción III, inciso b)
Debe ser valorado sin que se viole el libre y pleno ejercicio de los
y medidas preventivas, en los términos del artículo 12 fracción III,
discriminación alguna, para establecer
discriminación, temporalidad proporcionalidad (Diario Oficial de la Federación, 2016)
Reforma Constitucional 2011 en materia de Derechos Humanos
Identificación fotográfica, dactiloscopia y antropométrica:
Ficha de Identificación (Congreso del Estado de Jalisco, 2015, art. 173, fracción I)
Reconocimiento a la personalidad jurídica (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2016, art.
Reconocimiento a la personalidad jurídica (Convención Americana sobre Derecho Humanos, 2016, art. 3)
Identificación personal que conlleva al acceso a la justicia de la persona privada de su libertad de la cual se trata
Indicadores de reinserción social:
Estudio laboral y de capacitación para el trabajo (Congreso del Estado de Jalisco,
Derechos de la persona privada de su libertad
personal, desarrollo
2015, art. 173, fracción
organizadas bajo el respeto de los derechos humanos que se implementan para el nuevo concepto de reinserción social, el cual brinda mayores probabilidades de lograr una verdadera inserción social de la persona y hacer
su reintegración social (Amparo en revisión,
reintegración social (Convención
Medios que la constitución señala son la base del sistema penitenciario para lograr la reinserción del sentenciado y procurar que no vuelva a delinquir, que deberán organizarse partiendo del respeto a los derechos humanos. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2016, art.
2016, arts. 5.1, 5.6 y
Estudio y valoración educacional y cultural (Congreso del Estado de Jalisco, 2015, art. 173, fracción V)
Políticos, 2016, art. 11),
pueden existir entre la
vida en prisión y
Estudio Deportivo (Congreso del Estado de Jalisco, 2015, art. 173, fracción VI)
mínimas para el tratamiento de los reclusos, 2016, art. 60)
Protección a la vida y a la integridad personal (Convención
Obligación en materia de derechos humanos, que orienta para
de Jalisco, 2015, art. 173, fracción II)
Americana sobre Derecho Humanos, 2016, arts. 4 y 5)
(Vazquez
Estudio de trabajo social, (Congreso del
Estado de Jalisco, 2015, art. 173, fracción
No está previsto a nivel constitucional (Constitución Política de los Estados Unidos
No deben ser objeto de valoración para la
Se trata de no aludir a función
una moralizadora del Estado, sino valorar
Estudio de valoración psicológica (Congreso
del Estado de Jalisco, 2015, art. 173, fracción
Mexicanos, 2016, art. 18) y no satisface el
reinserción social pues no es factible ver a una
beneficios de libertad anticipada, pues viola
el libre y pleno ejercicio de los
únicamente los resultados de una serie
reintegración de una persona a la sociedad a
persona como un sujeto de patologías
o psicológicas (Amparo en revisión, 2016)
(Convención Americana sobre Derecho Humanos,
partir de los derechos humanos y los medios
Estudio criminológico (Congreso del Estado de Jalisco, 2015, art. 173, fracción IX)
Es claro que los jueces en materia de ejecución tienen una gran responsabilidad, y es que debe quedar muy claro que el sentido de la pena en el derecho penal, anteriormente descrito en esta investigación, es la reinserción social de un sentenciado, lo que es difícil de garantizar en las condiciones en las cuales se encuentra el sistema penitenciario jalisciense.
Finalmente no es responsabilidad total de las autoridades judiciales y penitenciarias, hay también una gran responsabilidad legislativa, que denota la falta de capacidad que tienen los legisladores para armonizar los ordenamientos legales secundarios con la constitución y los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano es parte, y así transitar a Jalisco al nuevo orden mundial que tanto se le ha exigido a México y que significa una evolución y mejoras a todo el sistema de justicia penal.
En la investigación se ha demostrado como el comportamiento de la población penitenciaria en Jalisco se ve afectada por la función jurisdiccional y la falta de aplicación de las herramientas incorporadas en la constitución con las dos reformas constitucionales, y es que el nuevo sistema de justicia penal tiene entre sus distintos objetivos despresurizar los centros penitenciarios a partir de varias acciones, entre ellas un uso más moderado de la prisión preventiva, una sustitución de sanciones privativas de libertad por sanciones no privativas, que no fueron tema en esta investigación, pero que en este momento menciono para poder argumentar que cuando esta política se aplique en todo el territorio Jalisciense y que esta además sea eficaz y por lo tanto cumpla con estos objetivos, se podría dar una disminución considerable de la población penitenciaria, y consecuentemente que las actividades al interior de las prisiones puedan ser más accesibles para las personas a las cuales se les impuso una pena privativa de libertad, que entonces y solo entonces si tenga como finalidad la reinserción social, lo que implica que el Juez en materia de ejecución de penas realice sus evaluaciones en un contexto más garantista y protector de los derechos humanos, pero en estos momentos de crisis difícilmente puede determinar que una persona cumpla con los cinco ejes que marca el artículo 18 constitucional y mucho menos con los que señala la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Jalisco.
La estrategia de las prisiones es clara en el ámbito internacional, pues esta debe ser desarrollada por un equipo multidisciplinario y debe cubrir el propósito del sistema penitenciario que es la reinserción social, servicios e instalaciones apropiadas para cubrir las necesidades básicas de una persona y en cada pabellón y celda de alojamiento, políticas operativas fundamentales que incluyen la seguridad y supervisión, clasificación de personas privadas de la libertad, una gama de programas y actividades para los internos, tamaños apropiados para dormitorios grupales y celdas individuales, una estructura administrativa y organizacional que considere al personal suficiente en las distintas áreas de custodia, salud, programas, talleres, mantenimiento, y demás funciones administrativas que los centros
penitenciarios requieren para el buen funcionamiento y brindar a la persona privada de su libertad la oportunidad de reinsertarse en sociedad por lo menos con los ejes que la constitución señala.
Corolario de lo anterior es evidente que las políticas y el desarrollo de las estrategias de cada país deben basarse en las circunstancias y retos que se confronten en cada contexto. Los puntos que se deben tratar para mejorar las condiciones de un sistema penitenciario son varias y deben cubrir: un revisión de la legislación penal, el funcionamiento del sistema judicial, el uso de la detención preventiva, la implementación de la legislación, políticas y tendencias de las sentencias, la implementación de medidas y sanciones no privativas de libertad, los niveles de hacinamiento en las prisiones, los perfiles de los reclusos, las tendencias de las tasas de encarcelamiento, los servicios que se ofrecen en la comunidad para las medidas y sanciones no privativas de libertad, la cooperación entre los servicios de la comunidad y las autoridades judiciales, el acceso a la asistencia jurídica, por mencionar algunos (Daccord, 2013).
Para llevar a cabo estas acciones y asegurar su eficacia y sostenibilidad, se pueden clasificar para su desarrollo en estrategias a corto plazo, de corto a mediano plazo, de mediano a largo plazo, y de largo plazo, y lo relevante en este proceso es que entre las estrategias a corto plazo se encuentra la liberación de personas privadas de su libertad particularmente en centros penitenciarios con sobrepoblación y hacinamiento, principalmente para evitar crisis sanitarias y condiciones que vulneran la dignidad humana. Estas liberaciones consisten en todas las medidas que las Reglas de Tokio y la misma Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad establecen, las penas alternativas, y liberaciones por razones humanitarias (Daccord, 2013) como puede ser el caso de otorgar beneficios de libertad anticipada a los enfermos de gravedad, personas de la tercera edad o con alguna discapacidad, pero también en este contexto podrían considerarse a la persona privada de su libertad que sea el único sustento de un menor de edad, con el objetivo fundamental de salvaguardar el interés superior del niño (Organización de los Estados Americanos, 2016, art. 19), atendiendo de
preliberacionales.
En ese orden de ideas el Gobierno del Estado de Jalisco, los legisladores, las autoridades penitenciarias y judiciales, tienen una gran obligación en materia de sistema penitenciario, pues la institución finalmente cuenta con un sin número de carencias, por lo tanto seguirá siendo materia de investigación, como el estudio de los servicios que se brindan al interior de los reclusorios, cuál es la situación económica y social de la mayor parte de la población penitenciaria, cómo ha sido y es su acceso a la justicia, ente otros temas ya señalados, pero finalmente todas las estrategias y policías deben partir por lo menos de los principios de:
satisfacción de niveles mínimos esenciales, máximo uso de recursos disponibles, remedio efectivo, progresividad, participación e inclusión, transversalidad e integralidad, y transparencia y rendición de cuentas (Pérez Arce, S/A), así hasta alcanzar un modelo penitenciario con condiciones que respeten los derechos fundamentales (Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, 2004).
Naturalmente son muchas las políticas y estrategias que se requieren para mejorar el sistema penitenciario, de ahí que unas pueden ser desarrolladas en tiempos más cortos que otras, de tal manera que una vez que se llegue al punto de tener reformas en los marcos legislativos, mejoras en los procesos penales y en los servicios al interior de las prisiones, se coloque en la agenda que la estrategia fundamental para este y otros problemas es disminuir la desigualdad social y mejorar los sistemas educativos, de salud, trabajo digno, y todos aquellos derechos que nos conducen a la vida digna.
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Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Circular 01/2014.
Información emitida por la Dirección de Transparencia del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco
Información emitida por la Dirección de Transparencia de la Fiscalía General.
Nombre de la candidata a maestra:
Ana Karla González Lobo
Abogada, egresada de la Universidad de Guadalajara, generación 1999 – 2004.
Actuario del Ministerio Público Procuraduría General de Justicia en el Estado de Jalisco De 2001 a 2002
Actuario Especializado del Ministerio Público Procuraduría General de Justicia en el Estado de Jalisco De 2002 a 2003
Auxiliar Administrativo Preventel Denuncia Anónima, Secretaría de Seguridad Pública Prevención y Readaptación Social del estado de Jalisco De 2004 a 2005
Abogado Especializado Centro de Readaptación Social, Secretaría de Seguridad Pública Prevención y Readaptación Social del estado de Jalisco De 2005 a 2014
Abogado Especializado Coordinación de Asesores, Fiscalía de Reinserción Social del Estado de Jalisco. De 2014 a 2015
Abogado Especializado Reclusorio Metropolitano, Fiscalía de Reinserción Social del Estado de Jalisco. De 2015 a 2016
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