Source: https://www.scribd.com/doc/53739119/Multa-30-000-euros-a-empresa-por-uso-de-spray
Timestamp: 2016-07-24 01:50:03+00:00

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Multa 30.000 euros a empresa por uso de spray
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SENTENCIA EN APELACION Madrid, a nueve de marzo de dos mil once. Visto por la Sala constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen el Recurso de Apelación interpuesto por la entidad VIGOR SEGURIDAD, S. Lrepresentada por la Procuradora Dª Myriam del Valle Lavesque, contra la sentencia de fecha 28 de julio de 2010, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 10, habiendo sido parte, además, la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON FERNANDO F. BENITO MORENO.
PRIMERO.- Deducido recurso de apelación por el recurrente, formulando las alegaciones de hecho y de derecho que estimó oportunas, se tuvo por interpuesto por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo y se dio traslado del mismo a las demás partes para que pudieran formalizar su oposición. SEGUNDO.- El Abogado del Estado dedujo el correspondiente escrito oponiéndose e impugnando el recurso de apelación, solicitando la desestimación del mismo. TERCERO.- Elevadas las presentes actuaciones a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, previo emplazamiento de las partes, y su personación, se señaló para que tenga lugar la votación y fallo del mismo la audiencia del día 8 de marzo de 2011. VISTOS los preceptos que se citan por las partes y los de general aplicación.
PRIMERO.- El presente recurso de apelación se formula contra la sentencia de fecha sentencia de fecha contra la sentencia de fecha 28 de julio de 2010, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 10, en el recurso de procedimiento ordinario nº 72/2009 , por la que se desestimó el recurso contencioso-administrativo formulado contra la resolución del Secretario de Estado de Seguridad, de 20 de julio de 2009, imponiéndole la multa de 30.050,61 euros, por la comisión de una infracción muy grave del 22.1.e) de la citada Ley, en relación con el art. 4 de la citada Ley y artículo 148.5 .a) en relación con el art. 26.1 ambos del Reglamento de Seguridad Privada . Se imputaba a la entidad actora, que en la prestación de servicios de seguridad, el vigilante de seguridad portaba un spray de la marca SAS ESPECIAL POLICE.
SEGUNDO.- En el escrito de apelación se vierten idénticos argumentos a los ya expuestos en la instancia y que ya fueron debidamente respondidos en la resolución impugnada, sin que ninguno de ellos merezca desmontar siquiera ligeramente los fundamentos articulados en la acertada y razonada sentencia del Juez a quo TERCERO.- La prestación de servicios de seguridad, permitida a instancias o agentes privados, al afectar a derechos y a bienes jurídicos fundamentales, como la propiedad, la libertad, la integridad corporal etc. y que constituye una actividad esencial a la existencia misma del Estado moderno ejercida en régimen de monopolio por el poder público, se hace necesario una fuerte intervención administrativa que controle el ejercicio de esa actividad por los particulares. En primer lugar, como determina el arto. 1.2 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada , "únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada, que estará integrado por los vigilantes de seguridad, los jefes de seguridad y los escoltas privados, que trabajen en aquellas, los guardas particulares del campo y los detectives privados". El art. 7.1 de la Ley 23/1992 , por su parte, establece que "Para la prestación privada de servicios o actividades de seguridad, las empresas de seguridad habrán de obtener la oportuna autorización administrativa mediante su inscripción en un registro que se llevará en el Ministerio del interior". El art. 22.1.e) de la misma Ley tipifica como infracción muy grave "El incumplimiento de las previsiones normativas sobre adquisición y uso de armas... ". El art. 4.1 de la propia Ley establece que "solamente se podrán utilizar las medidas reglamentarias y los medios materiales técnicos homologados, de manera que se garantice su eficacia y se evite que produzcan daños o molestias a terceros" El art. 26.1 del Reglamento de Seguridad Privada establece que "las armas reglamentarias que han de portar y utilizar los vigilantes de seguridad, escoltas privados y guardas particulares del campo, en el ejercicio de sus funciones, se adquirirán por las empresas y serán de su propiedad". El art. 148.5.a) del Reglamento de Seguridad Privada , igualmente tipifica como muy grave, "Poseer armas que no sean las reglamentariamente establecidas para el servicio". Por su parte, el art. 5.1 del reglamento de Armas , aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero , dispone que "queda prohibida la publicidad, compraventa, y uso, salvo por funcionarios especialmente habilitados, y de acuerdo con lo que dispongan las respectivas normas reglamentarias de: Los sprays de defensa personal y todas aquellas armas que despidan gases o aerosoles, así como cualquier dispositivo que comprenda mecanismos capaces de proyectar sustancialmente estupefacientes, tóxicas o corrosivas". QUINTO.- Está suficientemente acreditado que el día 21 de abril de 2008, Policías pertenecientes al Grupo Operativo de Seguridad Privada de la Comisaría Local de Maspalomas, inspeccionaron el servicio de seguridad dispuesto en la Urbanización Bahía Feliz, sito en Bahía Feliz, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, (Acta de Inspección: Folio 3 del expediente), en el que prestaba servicio el vigilante de la empresa de seguridad, VISOR SEGURIDAD, D. Juan . Dicho vigilante portaba como medios de defensa un spray de la marca "SAS" ESPECIAL POLlCE. Los policías actuantes se ratificaron de la denuncia formulada, en fecha de 23 de mayo de 2008 (Folio 8). Hechos que además son reconocidos por la actora que no discute. Si bien, con el matiz del desconocimiento que su empleado portara un spray y que el mismo no era de su propiedad, sino que lo había adquirido el propio vigilante, y que estaba vacío, tal y como este ha declarado. Circunstancias, que aún admitiéndolas como ciertas, no pueden servir para enervar la falta de culpabilidad del sujeto infractor, porque el sujeto responsable en la prestación de esta modalidad de servicios, a los efectos de la Ley de Seguridad Privada, no es la persona del vigilante, sino la empresa misma, que es la prestataria del servicio y a la que se encomienda la propia Ley una especie de delegación del Estado en el monopolio del uso de la fuerza. De ahí dimana la exigencia recíproca de una serie de
obligaciones, y en lo que aquí interesa, que los medios de defensa sea un material debidamente homologado. El hecho de portar un spray por el vigilante privado contratado por la entidad recurrente, que es un material prohibido, conforme art. 5.1 del reglamento de Armas , como hemos visto, sea propiedad o no de la empresa, o se porte con o sin su conocimiento, o esté lleno o vacío, constituye una conducta sancionable para dicha empresa, sin perjuicio, que también lo pueda ser para el propio trabajador. Y los es, porque el cumplimento de tales obligaciones se imponen a las empresas de seguridad, que son las directamente destinatarias de las mismas, y su vulneración es a ellas imputable. En definitiva, no puede acogerse la causa de justificación que invoca la actora, y el incumplimiento normativo al portar un medio de defensa prohibido, como es un spray, es constitutiva de infracción muy grave, tipificada en el art. 22.1.e) de la citada Ley , en relación con el art. 4 de la citada Ley y artículo 148.5 .a) en relación con el art. 26.1 ambos del Reglamento de Seguridad Privada . para la que se prevé una multa entre 30.060 euros y 601.000 euros. La conducta de la entidad apelante se incardina en dicho precepto legal como infracción muy grave imponiéndose la sanción en su grado mínimo, por lo que estimamos ponderada y proporcionada, sin que tampoco se haya vulnerado el principio de proporcionalidad. En consecuencia, en virtud de lo expuesto, procede desestimar el recurso de apelación. SEXTO.- De conformidad con el articulo 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, procede imponer las costas causadas en esta apelación a la parte apelante.
Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la entidad VIGOR SEGURIDAD, S. L representada por la Procuradora Dª Myriam del Valle Lavesque, contra la sentencia de fecha 28 de julio de 2010 , dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 10, que se confirma; Con expresa imposición de costas a dicho apelante y pérdida del deposito judicial constituido. Así por esta nuestra sentencia, que es firme, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia, en la forma acostumbrada, de todo lo cual yo, la Secretaria Judicial, doy fe.
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References: resolución 
 artículo 148
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 148
 artículo 45