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Timestamp: 2017-04-26 18:36:01+00:00

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ScribdBrowseInterestsPolitics & Current AffairsCareer & MoneyPersonal GrowthFictionHealth & FitnessLifestyleEntertainmentBiographies & HistoryScience & TechBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinLibre ConvivenciaUploaded by http://www.animalpolitico.com5.0 (1)DownloadEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentCC. DIPUTADOS DEL PLENO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO P R E S E N T E S.Los suscritos diputados EDGAR ENRIQUE VELÁZQUEZ GONZÁLEZ, CELIA FAUSTO LIZAOLA, RICARDO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, JOSÉ TRINIDAD PADILLA LÓPEZ, MIGUEL HERNÁNDEZ ANAYA, FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNÁNDEZ, IDOLINA COSIO GAONA, MARTÍN LÓPEZ CEDILLO, HÉCTOR PIZANO RAMOS, BERTHA YOLANDA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, J. JESUS PALOS VACA, diputados integrantes de esta LX Legislatura, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales que nos son conferidas en los términos dispuestos por los artículos 28 fracción I y 35 fracción I de la Constitución Política y 21 párrafo 1 fracción XI, 22 párrafo 1 fracción I, 145, 147 párrafo 1 fracción I, 148 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos vigentes en el Estado de Jalisco, sometemos a la elevada consideración del pleno de este Honorable Congreso, la presente Iniciativa de ley que expide la Ley de Libre Convivencia para el Estado de Jalisco y reforma los artículos 23 y 30 y adiciona un capítulo a la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I. Es facultad del Congreso del Estado de Jalisco en términos de los dispuesto por el artículo 35 fracción I de la Constitución Política del Estado, legislar en todas las ramas del orden interior del Estado, expedir leyes y ejecutar actos sobre materias que le son propias, salvo aquellas concedidas al Congreso de la Unión conforme al Pacto Federal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fecha 16 de noviembre de 2006 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto de ley de Sociedad de Convivencia del Distrito Federal. Con fecha 10 de Junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional que modificó la denominación del Capítulo I del Título Primero antes conocido como “de las garantías
individuales” por el de “los derechos humanos y sus garantías” y reformó diversos artículos en materia de protección a los derechos humanos. De entre ellos resalta la reforma efectuada al artículo 1º en su quinto párrafo para establecer la prohibición de toda discriminación propiciada por las preferencias sexuales.
“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
De la lectura efectuada al artículo transcrito, se infiere en primer término que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la propia constitución y los instrumentos internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte sin que exista excepción a la regla motivada por particularidad o atributo de la personalidad alguna.
En segundo término, la interpretación de los derechos humanos se efectuará favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de modo tal que es obligación constitucional de las autoridades el extender la aplicación de derechos que habrán de equilibrar las desigualdades sociales. En tercer término, es obligación de las autoridades promover, garantizar y proteger los derechos humanos de forma tal que dichas obligaciones deben acatarse mediante acciones concretas que impidan la desatención de derechos fundamentales. En este orden de ideas, los derechos humanos no pueden ser interpretados como meros postulados o límites estáticos sino como un complejo entramado de interacciones, que de manera progresiva extienden su función protectora. De la lectura ordenada y funcional de este artículo , se infiere que nuestra Carta Magna prohíbe expresamente toda discriminación que derive en menoscabo de derechos y libertades, y en virtud de que el propio Código Civil del Estado hasta el momento no reconoce ningún derecho para las uniones civiles de personas del mismo sexo o de personas de distintos sexos que persiguen fines distintos a los contemplados en el propio código para el matrimonio, es que resulta imperativo legislar en pro de la protección de los derechos de convivencia de las personas que habitando un hogar en común no han celebrado matrimonio. IV. Nuestro país ha suscrito diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, mismos que analizaremos a continuación: a) DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. Los artículos 1°, 2°, 7° 16, 22 y 25 de la declaración, enuncian lo que a continuación se transcribe:
Artículo 1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2 Página 3 de 25
1. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 2. (...) Artículo 7 Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 16 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Artículo 22 Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Artículo 25 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Estos artículos de vital importancia enuncian el derecho inalienable de todo individuo a contar con los mismos derechos concedidos a todo ser
humano sin importar condición alguna. De este modo, las preferencias sexuales no constituyen condicionante para acceder a la protección de los derechos civiles que los Estados reconozcan. De la misma manera se advierte que los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a fundar una familia sin que se desprenda de forma alguna que estas prerrogativas sean propias y originarias de personas heterosexuales tal y como lo ha resuelto la corte en la acción de inconstitucionalidad número 2/2010 interpuesta por el Procurador General de la República con motivo de la aprobación del proyecto de decreto que autorizó la celebración del matrimonio entre personas del mismo sexo. En este orden de ideas merece especial atención el derecho a la seguridad social para sí y para la familia pues si bien nos encontramos con que el mismo se encuentra plenamente satisfecho por las distintas leyes en materia de seguridad social, dichos beneficios son otorgados a individuos que de forma tradicional fundan su familia en la institución del matrimonio, excluyendo así a quienes contando con los mismos derechos y encontrándose en los mismos supuestos jurídicos, optan por distintas preferencias. b) PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Los artículos 3° y 26 del pacto internacional señalan lo siguiente:
Artículo 3 Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto. Artículo 26 Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Estos dispositivos prevén plenamente la igualdad de derechos civiles entre los cuales sin lugar a duda se encuentra el matrimonio, pues dicha institución resguarda en primer término los derechos que nacen entre los
contrayentes tales como alimentos, derechos de tutela y sucesorios y en segundo término los derechos respecto a terceros. Así pues, el marco jurídico vigente en la entidad atiende plenamente los derechos de las parejas heterosexuales sin que exista atención alguna a los derechos de las personas que por cualquier causa no acceden a la institución matrimonio. c) DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE. Aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia, 1948. Los artículos II, VI y XVIII de la declaración indican lo siguiente:
Artículo II. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. Artículo VI. Toda persona tiene derecho a constituír familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella. Artículo XVII. Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales.
Declaraciones ambas que refuerzan lo ya dispuesto por el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. d) CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. “Pacto de San José de Costa Rica”, Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969 Adoptada en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Entrada en Vigor: 18 de julio de 1978, conforme al Artículo 74.2 de la Convención. Depositario: Secretaría General OEA (Instrumento Original y Ratificaciones). Serie sobre Tratados OEA Nº 36 – Registro ONU 27/08/1979 Nº 17955.
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno Página 6 de 25
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Artículo 17. Protección a la Familia 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención. 3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. 4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. 5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo. Artículo 24. Igualdad ante la Ley Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
Dispositivos que replican y robustecen los principios contenidos en la Declaración Universal.
e) PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. ("PROTOCOLO DE SAN SALVADOR") Aprobada en la fecha: 17 de noviembre de 1988. Lugar: San Salvador, El Salvador. Por: El decimo octavo periodo ordinario de sesiones de la
Asamblea General. Entrada en vigor general: 16 de noviembre de 1999. Aprobación del Senado: 12 de diciembre de 1995. Vinculación y entrada en vigor para México: 16 de Abril de 1996. Ratificación. Publicación en el Diario Oficial de la Federación: 1 / IX / 1998.
Artículo 3. Obligación de no Discriminación. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Artículo 4. No Admisión de Restricciones. No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de convenciones internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado. Artículo 15. Derecho a la Constitución y Protección de la Familia 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado, quien deberá velar por el mejoramiento de su situación moral y material. 2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación interna. 3. Los Estados partes mediante el presente Protocolo se comprometen a brindar adecuada protección al grupo familiar y en especial a: a. conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso razonable después del parto; b. garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la época de lactancia como durante la edad escolar; c. adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; d. ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la creación de un ambiente estable y positivo en el cual los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad.
Tal y como lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho a constituir una familia debe ser siempre y en todo momento reconocido para todo individuo sin que pueda siquiera alegarse en su caso, la existencia de una configuración específica reconocida para la familia, el derecho natural o la imposibilidad biológica para procrear invocando la reproducción como fin mismo de la unión sexual.
f) PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA. Sobre la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género.
A LOS PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todos los derechos humanos son universales, complementarios, indivisibles e interdependientes. La orientación sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad y humanidad de cada persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso. PRINCIPIO 1. El derecho al disfrute universal de los derechos humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los seres humanos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género tienen derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos. Los Estados: A. Consagrarán los principios de la universalidad, complementariedad, interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos en sus constituciones nacionales o en cualquier otra legislación relevante y garantizarán la realización práctica del disfrute universal de todos los derechos humanos; PRINCIPIO 2. Los derechos a la igualdad y a la no discriminación. Todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Todas las personas tienen derecho a ser iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley, ya sea que el disfrute de otro derecho humano también esté afectado o no. La ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación. La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género incluye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la orientación sexual o la identidad de género que tenga por objeto o por resultado la anulación o el menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género puede verse y por lo común se ve agravada por la discriminación basada en otras causales, incluyendo el género, raza, edad, religión, discapacidad, estado de salud y posición económica. Los Estados: A. Si aún no lo hubiesen hecho, consagrarán en sus constituciones nacionales o en cualquier otra legislación relevante, los principios de la igualdad y de la no discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, Página 9 de 25
inclusive por medio de enmienda e interpretación, y velarán por la efectiva realización de estos principios; B. Derogarán todas las disposiciones penales y de otra índole jurídica que prohíban o de hecho sean empleadas para prohibir la actividad sexual que llevan a cabo de forma consensuada personas del mismo sexo que sean mayores de la edad a partir de la cual se considera válido el consentimiento, y velarán por que se aplique la misma edad de consentimiento para la actividad sexual entre personas del mismo sexo como y de sexos diferentes; C. Adoptarán todas las medidas legislativas y de otra índole que resulten apropiadas para prohibir y eliminar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en las esferas pública y privada; D. Adoptarán todas las medidas apropiadas a fin de garantizar el desarrollo adecuado de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, según sean necesarias para garantizarles a estos grupos o personas el goce o ejercicio de los derechos humanos en igualdad de condiciones. Dichas medidas no serán consideradas discriminatorias; E. En todas sus respuestas a la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, tendrán en cuenta la manera en que esa discriminación puede combinarse con otras formas de discriminación; F. Adoptarán todas las medidas apropiadas, incluyendo programas de educación y capacitación, para alcanzar la eliminación de actitudes y prácticas prejuiciosas o discriminatorias basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual, identidad de género o expresión de género. PRINCIPIO 24. El derecho a formar una familia. Toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su orientación sexual o identidad de género. Existen diversas configuraciones de familias. Ninguna familia puede ser sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes. Los Estados: A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar el derecho a formar una familia, incluso a través del acceso a adopción o a reproducción asistida (incluyendo la inseminación por donante), sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género; B. Velarán por que las leyes y políticas reconozcan la diversidad de formas de familias, incluidas aquellas que no son definidas por descendencia o matrimonio, y adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole necesarias para asegurar que ninguna familia sea sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes, incluso en lo que respecta al bienestar social y otros beneficios relacionados con la familia, al empleo y a la inmigración; Página 10 de 25
C. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de garantizar que en todas las medidas o decisiones concernientes a niñas/os que sean tomadas por las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial sea el interés superior del niño/a o y que la orientación sexual o identidad de género del niño/a o la de cualquier miembro de la familia u otra persona no sea considerada incompatible con ese interés superior; D. En todas las medidas o decisiones concernientes a niñas y niños, velarán por que un niño o niña que esté en condiciones de formarse un juicio propio pueda ejercer el derecho de expresar sus opiniones con libertad y que estas sean debidamente tenidas en cuenta en función de la edad y madurez del niño o la niña; E. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar que en aquellos Estados que reconocen los matrimonios o las sociedades de convivencia registradas entre personas de un mismo sexo, cualquier derecho, privilegio, obligación o beneficio que se otorga a personas de sexo diferente que están casadas o en unión registrada esté disponible en igualdad de condiciones para personas del mismo sexo casadas o en sociedad de convivencia registrada; F. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de garantizar que cualquier obligación, derecho, privilegio o beneficio que se otorga a parejas de sexo diferente no casadas esté disponible en igualdad de condiciones para parejas del mismo sexo no casadas; G. Asegurarán que el matrimonio y otras sociedades de convivencia reconocidas por la ley se contraigan únicamente mediante el libre y pleno consentimiento de los futuros cónyuges o parejas.
Finalmente en el entendido de que la orientación e identidad sexuales son esenciales para la dignidad y humanidad de la persona, resulta imperativo el reconocimiento de la pluralidad de las uniones personales afectivas existentes mediante declaración oficial. Dicha declaración deberá aparejar el otorgamiento de derechos entre las personas interesadas y hacia terceros pues no basta el reconocimiento que en los hechos las distintas autoridades presencien. V. Como ya se enuncio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 2/2010 con motivo de la aprobación del proyecto de decreto que autorizó la celebración del matrimonio entre personas del mismo sexo. Dicha resolución despejó toda duda respecto a la constitucionalidad del reconocimiento y otorgamiento de derechos de
otras formas de convivencia. Entre los considerandos de la resolución destacan los siguientes:
“234. … lo que se consagra constitucionalmente es la protección de la familia -su organización y desarrollo-, dejando al legislador ordinario garantizarlo de manera tal que, precisamente, conlleve su promoción y protección por el Estado, sin que tal protección constitucional, empero, se refiera o limite a un tipo de familia, como sería la nuclear (padre, madre e hijos) y que, de ahí, se pueda desprender que la familia se constituya exclusivamente a través del matrimonio entre un hombre y una mujer y, mucho menos, que sea éste un requisito para que “proceda” la protección constitucional a la familia, como esgrime el accionante. 235. Por consiguiente, si partimos de que la Constitución no protege exclusivamente a la familia que surge o se constituye mediante aquella institución, debido a que la protección es a la familia, entonces, dentro de un Estado democrático de derecho, en el que el respeto a la pluralidad es parte de su esencia, lo que debe entenderse protegido constitucionalmente es la familia como realidad social y, por ende, tal protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones en cuanto realidad existente, alcanzando a dar cobertura a aquellas familias que se constituyan con el matrimonio; con uniones de hecho; con un padre o una madre e hijos (familia monoparental), o bien, por cualquier otra forma que denote un vínculo similar… 237. De todo lo anterior, tenemos que, en modo alguno, el artículo 4° de la Constitución alude a la institución civil del matrimonio, menos aún definiéndola, por lo que deja esa atribución normativa al legislador ordinario; tampoco se desprende del mismo, que la Constitución proteja sólo un único modelo de familia -“ideal”- que, exclusivamente, tenga su origen en el matrimonio entre un hombre y una mujer, como lo afirma el Procurador, ya que lo que mandata, como se ha precisado, es la protección a la familia como tal, al ser indudablemente la base primaria de la sociedad, sea cual sea la forma en que se constituya, y esa protección es la que debe garantizar el legislador ordinario. 238. Por consiguiente, si conforme al artículo 4° constitucional, el legislador ordinario, a lo que está obligado, es a proteger la organización y el desarrollo de la familia -en sus múltiples organizaciones y/o manifestaciones-, sin encontrarse sujeto a una concepción predeterminada de la figura del matrimonio, es indudable, entonces, que, en el ejercicio de esa labor, no puede dejar de lado que la familia, antes que ser un concepto jurídico, es un concepto sociológico, Página 12 de 25
pues, como lo refieren las opiniones técnicas que, en apoyo de esta Corte, elaboraron diversas facultades o escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México y los datos aportados en dichas opiniones, la familia, lejos de ser una creación jurídica, nace o se origina con las relaciones humanas, correspondiendo más bien a un diseño social que, por ende, se presenta de forma distinta en cada cultura; así, los cambios y transformaciones sociales que se van dando a lo largo del tiempo, de manera necesaria, impactan sustancialmente en la estructura organizativa de la familia en cada época (datos que, además, se corroboran, en gran parte, con las estadísticas elaboradas en esa materia por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 240. El legislador ordinario, al regular la organización y el desarrollo de la familia, se encuentra compelido a atender a esa realidad social, pero no sólo eso, sino que también esa realidad social debe guiar la interpretación constitucional y legal que realiza esta Corte, como Tribunal Constitucional, a fin de que la Constitución sea un documento vivo, por lo que no sería sostenible interpretar que, aun cuando, como ya vimos, el texto constitucional no alude a un modelo de familia “ideal”, ni al matrimonio entre un hombre y una mujer como su presupuesto, como alega el Procurador General de la República, el legislador sí esté obligado a protegerlo, por sobre otros tipos de organización familiar, excluyendo a los demás. 241. En ese sentido, si bien, históricamente, el matrimonio, como institución civil, ha sido tradicionalmente reconocido como el celebrado entre un hombre y una mujer, así como la base primaria de la familia y, como tal, ha sido objeto de una especial protección jurídica, interviniendo el Estado en su celebración y registro a través de la fe pública del funcionario competente para ello, de todo lo cual deriva el reconocimiento y protección de los diversos efectos de dicho vínculo (derechos y obligaciones para los contrayentes y, en su caso, hacia sus hijos, así como frente a terceros); también es cierto que el referido estatus jurídico especial del matrimonio no ha impedido que, dada la dinámica de la sociedad, el legislador ordinario haya reconocido otro tipo de uniones, como ha ocurrido, por ejemplo, al regular en el Código Civil, el concubinato, concebido como la unión de dos personas de la que, con el transcurso de determinado tiempo de vida en común, surgen recíprocamente entre ellos derechos y obligaciones y, en su caso, hacia sus descendientes, o bien, más recientemente, en el caso del Distrito Federal, a través de la Ley de Sociedades de Convivencia, mediante la cual se reconocen también los derechos y obligaciones que surgen de determinado tipo de uniones de hecho, equiparándolas, en cierta medida, al concubinato; sin embargo, ambas figuras, no obstante dicha protección legal, evidentemente, no alcanzan la especial situación que Página 13 de 25
guarda el matrimonio, en cuanto éste, para su celebración, ha dispuesto determinados requisitos, revestido ciertas solemnidades y conferido determinados derechos y obligaciones. 260. El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución y que éstas no podrán restringirse, ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que la misma establece, así como que: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 263. Al respecto, en el amparo directo civil 6/2008 1, esta Corte señaló que, de la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el sistema jurídico mexicano, deriva, entre otros, el libre desarrollo de la personalidad, es decir, el derecho de todo individuo a elegir, en forma libre y autónoma, cómo vivir su vida, lo que comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; la de procrear hijos y decidir cuántos, o bien, decidir no tenerlos; la de escoger su apariencia personal; así como su libre opción sexual. 264. Igualmente, al resolver aquel amparo directo, esta Suprema Corte reconoció que es un hecho indiscutible que la naturaleza humana es sumamente compleja, lo cual, en la especie, se representa con uno de los aspectos que la conforman, que es la preferencia sexual de cada individuo, la que indudablemente orienta también su proyección de vida, sobre todo, en este caso, la que desee o no tener en común con otra persona, ya sea de diferente o de su mismo sexo. Es, por tanto, la orientación sexual de una persona, como parte de su identidad personal, un elemento relevante en el proyecto de vida que tenga y que, como cualquier persona, incluye el deseo de tener una vida en común con otra persona de igual o distinto sexo o no y que, en modo alguno, deberá limitarlo en la búsqueda y logro de su felicidad. En este punto,
“DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE.” (Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009. Tesis P. LXVI/2009. Página 7) y “DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA.” (Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009. Tesis P. LXVII/2009. Página 7). Página 14 de 25
destaca también que la Corte señaló en el citado precedente que, dentro de los derechos fundamentales, se encuentra el derecho a la identidad personal y sexual, entendiéndose por el primero, el derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás, de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo, lo que implica, además, la identidad sexual, que lo proyecta frente a sí y socialmente desde su perspectiva sexual, así como su preferencia u orientación sexual y que, por tanto, se inscribe dentro de la autodeterminación de las personas e incide en el libre desarrollo de las mismas, al ser un elemento que innegablemente determinará sus relaciones afectivas y/o sexuales con personas de diferente o de su mismo sexo y, de ahí, su elección de con quién formar una vida común y tener hijos, si es que desea hacerlo. 267. Al respecto, se advierte, de la experiencia en derecho comparado que, en diversos países, vía legislación o jurisprudencia, se ha evolucionado paulatinamente en el reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales y la protección jurídica de sus uniones, justificándose dichos referentes en la eliminación de la discriminación que históricamente han sufrido. 268. Una de las formas que ha sido utilizada para lograr ese fin es a través de la aprobación, en diversos países y en el propio Distrito Federal, de leyes que regulan las llamadas “sociedades de convivencia” o “pactos de solidaridad”, para reconocer las uniones de hecho de personas homosexuales, aunque también en algunas de esas legislaciones, como la del Distrito Federal, no se limitaron a ese tipo de relaciones, comprendiendo ahora, además, las uniones de hecho entre personas heterosexuales, que no sean un matrimonio o un concubinato; sin embargo, tales legislaciones se equiparan, en lo general, al concubinato y no al matrimonio, por lo que no alcanzan a tener el mismo reconocimiento y protección jurídica de los derechos y obligaciones que surgen de las mismas. 269. De lo manifestado se sigue que si uno de los aspectos que conduce la forma en que un individuo proyectará su vida y sus relaciones, es su orientación sexual, es un hecho que, en pleno respeto a la dignidad humana, es exigible el reconocimiento por parte del Estado no sólo de la orientación sexual de un individuo hacia personas de su mismo sexo, sino también de sus uniones, bajo las modalidades que, en un momento dado, se decida adoptar (sociedades de convivencia, pactos de solidaridad, concubinatos y el matrimonio).”
Confirmamos que La Suprema Corte resolvió que existe igualdad entre hombre y mujeres, que como seres humanos gozamos el derecho fundamental de elegir, en forma libre y autónoma, cómo vivir la vida, lo que comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; la de procrear hijos y decidir cuántos, o bien, decidir no tenerlos; la de escoger su apariencia personal; así como adopción de identidad y preferencias sexuales. El Estado tiene se encuentra obligado a proteger el libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y a mitigar toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. V. Según información de Censo de Población y Vivienda 2010, el 43.9 por ciento de la población de 15 años y más está casada y 15.6 por ciento está en unión libre, en conjunto, seis de cada diez se encuentra unida. Estas cifras reflejan que del total de personas mayores de 15 años que se encuentran viviendo en pareja, poco más del 35 por ciento viven en unión diversa a la del matrimonio. De igual forma, se advierte un aumento paulatino de las uniones consensuales, pues en la población joven entre 1990 y 2010 su proporción pasó de 7.8 a 17.4 por ciento. De las casi 26 millones de familias que hay en México (25 millones 693 mil 584) casi 1 por ciento están conformadas por parejas del mismo sexo (229 mil 473), de las cuales más de 172 mil son de parejas homosexuales con hijos. Estas cifras nos permiten observar que el número de parejas que optan por una unión civil diversa a la del matrimonio se encuentra en constante incremento. Las consecuencias jurídicas que acarrea consigo esta dinámica social son perjudiciales, pues no existen derechos que protejan los intereses de los involucrados toda vez que la única institución que garantiza plenamente los derechos alimentarios, de tutela y sucesorios encuentran exclusiva cabida en la institución del matrimonio. Esta realidad no puede ni debe continuar así, consideremos que la labor del legislador es precisamente la de velar por el respeto irrestricto de los derechos de todos los ciudadanos sin atender la causa por la que no han
accedido al matrimonio. Negar el reconocimiento de dichos derechos implica discriminación institucional por omisión. VI. Los diputados autores integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática proponemos a esta Honorable Asamblea lo que a continuación se enlista: PRIMERO: Reconocer jurídicamente la libre convivencia como un acto jurídico bilateral que se constituye, cuando dos personas físicas de diferente o mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua. SEGUNDO: Facultar al Oficial del Registro Civil para que dé fe y registre la libre convivencia efectuada ante él. TERCERO: Otorgar derechos a alimentos, sucesorios y de tutela a favor de los convivientes. CUARTO: Normar la celebración de la libre convivencia así como la expedición del documento que lo acredite. En mérito de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, los diputados autores sometemos a la elevada consideración del Honorable Congreso del Estado de Jalisco la siguiente: INICIATIVA DE LEY QUE EXPIDE LA LEY DE LIBRE CONVIVENCIA PARA EL ESTADO DE JALISCO, REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO. ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley de Libre Convivencia para el Estado de Jalisco, para quedar como a la letra dice: LEY DE LIBRE CONVIVENCIA PARA EL ESTADO DE JALISCO Capítulo I Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público e interés social, y tienen por objeto establecer las bases y regular la libre convivencia. Artículo 2º.- Para los efectos de la presente ley, serán de aplicación supletoria los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles y la Ley del Registro Civil, legislaciones todas del Estado de Jalisco. Artículo 3º.- La libre convivencia es un acto jurídico bilateral que se constituye, cuando dos personas físicas de diferente o mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua. Artículo 4º.- No podrán constituir libre convivencia, las personas unidas en matrimonio, concubinato y aquéllas que mantengan vigente otra libre convivencia. Artículo 5º.- Para los efectos de los demás ordenamientos jurídicos vigentes en la entidad, la libre convivencia se regirá, en lo que fuere aplicable, en los términos del concubinato y las relaciones jurídicas que se derivan de este último, se producirán entre los convivientes. Artículo 6º. Será competente para conocer todas las cuestiones relativas a la libre convivencia el juez de primera instancia especializado en materia familiar o mixto del último domicilio en que se encontraba el hogar común. Capítulo II Del Registro de la Libre convivencia Artículo 7º.- La libre convivencia deberá celebrarse ante el oficial del Registro Civil del lugar, en los términos que la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco señale. Artículo 8º.- Durante la vigencia de la libre convivencia se pueden hacer, de común acuerdo, las modificaciones y adiciones que así consideren las o los convivientes respecto a cómo regular la libre convivencia y las relaciones patrimoniales, mismas que se presentarán por escrito y serán ratificadas y registradas sólo por las o los convivientes, ante el oficial del Registro Civil. La relación económica patrimonial entre los convivientes se regirá por el de separación de bienes previsto por el Código Civil del Estado de Jalisco. Cuando
así lo acuerden los celebrantes podrán acogerse al régimen de sociedad legal o conyugal. En caso de celebrarse convenio bajo las reglas de la sociedad legal o conyugal, el régimen patrimonial se extinguirá bajo las reglas previstas por el Código Civil del Estado de Jalisco. Capítulo III De los Derechos de los Convivientes Artículo 9º.- En virtud de la libre convivencia se generará el deber recíproco de proporcionarse alimentos, a partir de la suscripción de ésta, aplicándose al efecto lo relativo a las reglas de alimentos. Artículo 10.- Entre los convivientes se generarán derechos sucesorios, los cuales estarán vigentes a partir del registro de la libre convivencia, aplicándose al efecto lo relativo a la sucesión legítima entre concubinos. Artículo 11.- Cuando uno de las o los convivientes sea declarado en estado de interdicción, en términos de lo previsto por el Código Civil para el Estado de Jalisco, la o el otro conviviente será llamado a desempeñar la tutela, siempre que hayan vivido juntas o juntos por un período inmediato anterior a dos años a partir de que la libre convivencia se haya constituido, aplicándose al efecto las reglas en materia de tutela legítima del mayor incapacitado del capítulo IV del Título Octavo del libro segundo del Código Civil del Estado de Jalisco. Artículo 12.- Los convivientes se encuentran legitimados para reclamar las prestaciones que, bajo las modalidades de pensiones, prestaciones sociales u otros análogos, contemplen las leyes. Artículo 13.- Se tendrá por no puesta toda disposición pactada en la libre convivencia que perjudique derechos de terceros. El tercero que sea acreedor alimentario tendrá derecho a recibir la pensión alimenticia que en derecho le corresponda, subsistiendo la libre convivencia en todo lo que no contravenga ese derecho. Artículo 14.- Todo conviviente que actúe de buena fe, deberá ser resarcido de los daños y perjuicios que se le ocasionen. Artículo 15.- Las relaciones patrimoniales que surjan entre las o los convivientes, se regirán en los términos que para el acto señalen las leyes correspondientes.
Artículo 16.- En caso de que alguno de las o los convivientes de la libre convivencia haya actuado dolosamente al momento de suscribirla, perderá los derechos generados y deberá cubrir los daños y perjuicios que ocasione. Capítulo IV De la terminación de la Libre convivencia Artículo 17.- La libre convivencia termina: I. Por la voluntad de ambos o de cualquiera de las o los convivientes. II. Por el abandono del hogar común de uno de las o los convivientes por más de tres meses, sin que haya causa justificada. III. Porque alguno de las o los convivientes contraiga matrimonio o establezca una relación de concubinato. IV. Porque alguno de las o los convivientes haya actuado dolosamente al suscribir la libre convivencia. V. Por la defunción de alguno de las o los convivientes. Artículo 18.- En el caso de terminación de la libre convivencia, el conviviente que carezca de ingresos y bienes suficientes para su sostenimiento, tendrá derecho a una pensión alimenticia por el tiempo al que haya durado la libre convivencia, siempre que no viva en concubinato, contraiga matrimonio o suscriba otra libre convivencia. Este derecho podrá ejercitarse sólo durante el año siguiente a la terminación de dicha convivencia. Artículo 19.- Si al término de la libre convivencia el hogar común se encontraba ubicado en un inmueble cuyo titular de los derechos sea uno solo de las o los convivientes, el otro deberá desocuparlo en un término no mayor a tres meses. Dicho término no aplicará en el caso de que medien situaciones que pongan en riesgo la integridad física o mental del titular. En este caso, la desocupación deberá realizarse de manera inmediata. Artículo 20.- En caso de terminación de una libre convivencia, cualquiera de sus convivientes deberá dar aviso por escrito de este hecho al oficial del registro civil, mismo que deberá notificar de esto al otro conviviente en un plazo no mayor de 20 días hábiles, excepto cuando la terminación se dé por la muerte de alguno de las o los convivientes en cuyo caso deberá exhibirse el acta de defunción correspondiente. En caso de que la terminación de la libre convivencia sea por el abandono de uno de las o los convivientes, la autoridad procederá a notificar por estrados.
Artículo 21.- En caso de que exista controversia respecto a la patria potestad de los hijos menores, se estará a lo dispuesto por el Título Octavo del Libro Segundo del Código Civil del Estado de Jalisco. CAPÍTULO V De la Liquidación de los Bienes Adquiridos en la Libre Convivencia Artículo 22.- La liquidación de los bienes adquiridos durante la vigencia de la Libre Convivencia se tramitará ante el juez competente independientemente de que se haya o no expedido el acta de disolución de libre convivencia por el Oficial del Registro Civil. Artículo 23.- Cuando los convivientes soliciten de común acuerdo la liquidación de la sociedad, el juez competente revisará los términos acordados y emitirá la sentencia correspondiente aprobándola. Artículo 24.- Cuando exista controversia respecto a la liquidación de la sociedad, se estará a lo dispuesto por la Sección Tercera del Capítulo Cuarto del Título Cuarto del Libro Segundo del Código Civil del Estado de Jalisco. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 23 y 30 y se adiciona un capítulo de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco para quedar como a la letra dice: Artículo 23.- Estará a cargo de los oficiales del Registro Civil, hacer constar los hechos y actos del estado civil y extender las actas relativas a: I. a II. … III. Libre convivencia; IV. Defunción, declaración de ausencia y presunción de muerte; V. Tutela y tutela voluntaria; VI. Emancipación; VII. Pérdida o limitación de la capacidad legal para administrar bienes y el levantamiento de esta restricción; e VIII. Inscripciones generales y sentencias. Artículo 30.- Las actas del estado civil se levantarán en formatos con características especiales que serán expedidos por la Dirección General del Registro Civil, a los que se les denomina formas del registro civil, cuyas estructuras y contenido estarán determinados por las disposiciones legales
relativas; su elaboración será, salvo lo previsto en el artículo 32 de esta ley, por quintuplicado en las actas de nacimiento, libre convivencia, divorcio, defunción; y por cuadruplicado en los demás casos, se levantarán en forma computarizada o mecanografiada, debiendo contener la clave única del registro de población. … CAPÍTULO XII BIS De las actas de libre convivencia Artículo 100 bis.- Las personas que pretendan celebrar libre convivencia, presentarán una solicitud al oficial del Registro Civil del domicilio de cualesquiera de ellos, que exprese: I. Los nombres, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, ocupación y domicilio; II. Que no tienen impedimento legal para celebrar libre convivencia en los términos dispuestos por la Ley de Libre Convivencia del Estado de Jalisco; III. Que es su voluntad celebrar libre convivencia; y Este escrito deberá ser firmado por los solicitantes y si alguno no puede o no supiere escribir, lo hará otra persona conocida, mayor de edad y vecina del lugar a su ruego, debiendo estampar el interesado su huella digital ante la presencia de cuatro testigos, quienes también deberán firmar. Artículo 100 ter.- A la solicitud a que se refiere el artículo anterior se acompañará: I. Copia certificada del acta de nacimiento de los celebrantes; II. Copia simple de identificación oficial de los celebrantes; y III. En su caso, copia certificada del acta de defunción del cónyuge fallecido, si alguno de los celebrantes es viudo o el acta de divorcio o copia certificada de la sentencia por ineficacia, invalidez o ilicitud del matrimonio que haya causado ejecutoria; en caso de que alguno de los celebrantes hubiere sido casado anteriormente. Artículo 100 quáter.- La relación económica patrimonial entre los convivientes se regirá por el de separación de bienes previsto por el Código Civil del Estado de Jalisco. Cuando así lo acuerden los celebrantes podrán acogerse al régimen de sociedad legal o conyugal.
En caso de celebrarse convenio bajo las reglas de la sociedad legal o conyugal, el régimen patrimonial se extinguirá bajo las reglas previstas por el Código Civil del Estado de Jalisco. Artículo 100 quinquies.- El oficial del Registro Civil levantará el acta de libre convivencia en la cual se hará constar: I. Los nombres, apellido o apellidos, nacionalidad, ocupación, domicilio, lugar y fecha de nacimiento de los convivientes; II. La manifestación expresa de los convivientes de unirse en libre convivencia; III. La manifestación de los convivientes del régimen patrimonial al cual se acogerán; IV. Los nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los testigos; V. Que se cumplieron las formalidades exigidas por el artículo anterior; y VI. Señalamiento expreso de haberse cumplido oportunamente cada uno de los requisitos establecidos en esta ley. El acta será firmada por el Oficial del Registro Civil, los convivientes, los testigos y las demás personas que hubiesen intervenido, si supieren y pudiesen hacerlo. Se imprimirán las huellas digitales de los contrayentes en la misma acta. Artículo 100 sexies.- Solamente podrá celebrarse libre convivencia si de manera simultánea a la presentación de la solicitud, si se reúnen los requisitos que exige la ley. CAPÍTULO XII TER DE LAS ACTAS DE DISOLUCIÓN DE LIBRE CONVIVENCIA Artículo 100 septies- Transcurrido el término previsto por el artículo 20 de la Ley de Libre Convivencia para el Estado de Jalisco, el Oficial del Registro Civil expedirá el acta de disolución de libre convivencia y efectuará las anotaciones correspondientes, debiendo remitir en copia certificada al Archivo General del Registro Civil y al oficial del Registro Civil del lugar donde se celebró la libre convivencia. Artículo 100 octies.- Las actas de disolución de libre convivencia expresarán el nombre, apellidos, edad, domicilio y nacionalidad de los convivientes, su clave única de registro de Población, si las tuvieren, los datos de ubicación de las actas de nacimiento y libre convivencia de los mismos.
Artículo 100 nonies.- Extendida el acta de disolución de libre convivencia se anotará en las actas de nacimiento y libre convivencia de los convivientes; la copia del aviso y se archivará con el mismo número del acta de disolución en el apéndice correspondiente. … ARTÍCULOS TRANSITORIOS PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir de los 90 días naturales de su publicación en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”. SEGUNDO.- El titular del Poder Ejecutivo deberá en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la publicación del presente decreto, modificar las disposiciones reglamentarias correspondientes. TERCERO.- El pago de derechos correspondientes por la celebración de la libre convivencia se sujetará a la tarifa vigente dispuesta para el matrimonio durante el resto del presente ejercicio fiscal.
Atentamente Recinto Oficial del Poder Legislativo Guadalajara., Jalisco, abril de 2013.
EDGAR ENRIQUE VELÁZQUEZ GONZÁLEZ Diputado
CELIA FAUSTO LIZAOLA Diputada
JOSÉ TRINIDAD PADILLA LÓPEZ Diputado
MIGUEL HERNÁNDEZ ANAYA Diputado
FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA Diputada
IDOLINA COSIO GAONA Diputada
MARTÍN LÓPEZ CEDILLO Diputado
HÉCTOR PIZANO RAMOS Diputado
BERTHA YOLANDA RODRÍGUEZ RAMÍREZ Diputada
J. JESUS PALOS Diputado
ESTA HOJA PERTENECE A LA INICIATIVA DE LEY QUE EXPIDE LA LEY DE LIBRE CONVIVENCIA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y REFORMA LOS ARTÍCULOS 23 Y 30 Y ADICIONA UN CAPÍTULO A LA LEY DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO
RICARDO RODRIGUEZ JÍMENEZ Diputado

References: artículo 35
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