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Timestamp: 2019-09-21 11:39:50+00:00

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Fragmento de la sesión del martes 19 de agosto de 2003 Maíz transgénico.
42a. S.E. - 19.8.03 Pág.
Fragmento de la sesión del martes 19 de agosto de 2003
7.- Maíz transgénico. (Llamado a Sala al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca).
——Se entra al orden del día con la consideración del asunto motivo de la convocatoria: "Maíz transgénico. (Llamado a Sala al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca)".
SEÑOR MINISTRO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.- Pido la palabra.
SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Ministro.
SEÑOR MINISTRO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.- Señor Presidente: quisiera solicitar el ingreso a Sala de tres asesores: los ingenieros agrónomos Fabián Capdeville, Ana Peralta y Cristina Vaz.
SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- En discusión lo solicitado por el señor Ministro.
SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra el señor Diputado.
SEÑOR TROBO.- Señor Presidente: en una interpelación anterior hice el mismo planteo que reiteraré en esta oportunidad. Voy a solicitar que se exprese el criterio de la Mesa acerca de la presencia en Sala de funcionarios no políticos de la Secretaría de Estado que ha sido objeto de la convocatoria.
A nuestro juicio, la interpelación es una instancia de análisis de responsabilidad política o de respuestas políticas sobre la gestión de una Secretaría de Estado. Históricamente, en la Cámara de Representantes salvo en contadas excepciones, en los últimos tiempos no se admitía el ingreso de otros funcionarios que no fueran los funcionarios políticos. Esta no es una referencia exclusiva a estas circunstancias. Yo creo que el ar­tículo de la Constitución que establece la garantía que tiene la minoría de convocar a un Secretario de Estado para conocer información, determina una instancia eminentemente política.
El Reglamento prevé otras instancias para la presencia de los asesores, quienes pueden concurrir a las Comisiones parlamentarias; inclusive, en caso de un llamado a Comisión General, una mayoría especial podría permitir el ingreso de técnicos asistentes de los Secretarios de Estado. Pero en este caso el Reglamento no menciona esa posibilidad, si bien determina claramente cuándo un Ministro puede ser acompañado por miembros de los Directorios de los entes autónomos o servicios descentralizados.
Por esa razón, no vamos a acompañar la solicitud del señor Ministro, por entender que no procede de acuerdo con lo que es el uso parlamentario y con lo que establece el Reglamento de la Cámara de Representantes.
SEÑOR LEGNANI.- Pido la palabra.
SEÑOR LEGNANI.- Señor Presidente: consideramos que desde el punto de vista reglamentario es exacto el criterio expuesto. En ese sentido, en la reunión de coordinadores de bancada con el señor Presidente acordamos que, si bien los asesores pueden permanecer a la orden e inclusive ingresar a Sala , el convocado para hacer uso de la palabra es el señor Ministro, que es quien va a dar las respuestas de carácter político.
Quiere decir que el señor Ministro será el único representante de la Cartera que se expresará en Sala.
SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- La Mesa interpreta que la Cámara es soberana para resolver en este tema. Por eso, la Presidencia ha puesto a su consideración si el pedido del señor Ministro para ser acompañado por tres integrantes de su "staff" es aceptado o no.
Se va a votar si se accede a lo solicitado por el señor Ministro.
——Treinta y ocho en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.
Pueden ingresar a Sala los señores asesores.
SEÑOR VENER CARBONI.- Pido la palabra para fundar el voto.
SEÑOR VENER CARBONI.- Señor Presidente: evidentemente, en el tema que nos convoca, no se trata de victorias o de derrotas políticas, sino de analizar en profundidad todo lo referente al asunto que ha determinado la presencia del señor Ministro en Sala. Es decir: cuanto más abundante y de mayor calidad sea la información que recibamos, estaremos en mejores condiciones de evaluar el tema. Ese es, seguramente, el espíritu con el cual los señores legisladores han votado en forma afirmativa el pedido realizado por el señor Ministro Aguirrezabala.
SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: hemos votado favorablemente porque, si no me equivoco, hay especialistas en la materia y, si tampoco me equivoco, esta es la primera vez que se trata este asunto en el pleno con presencia del señor Ministro. Recuerdo que hace pocos días lo abordamos cuando discutimos y votamos una minuta de comunicación, pero reitero es la primera vez que lo hacemos contando con la presencia del señor Ministro. Y si el señor Ministro solicita ser acompañado para contar con un mejor asesoramiento solamente en ese carácter , entendemos que debemos acceder a ello, haciendo previamente una aclaración: el criterio planteado por el señor Diputado Trobo se ajusta al Reglamento y, como la decisión frente a cualquier otra situación que se dé en el futuro también deberá remitirse al pleno de la Cámara, nos reservamos el derecho de resolver entonces, favorablemente o no, según las circunstancias políticas.
SEÑOR ÁLVAREZ.- Pido la palabra para fundar el voto.
SEÑOR ÁLVAREZ.- Señor Presidente: nosotros votamos negativamente, pero queremos aclarar que esto no implica una descortesía hacia el señor Ministro. Simplemente, la Cámara tiene su Reglamento para funcionar y ha trabajado en función de él. Ya es una vieja costumbre en la Cámara de Representantes que los señores Ministros concurran acompañados por el señor Subsecretario y, en los casos en que se trate de temas inherentes a los entes autónomos, por los Directores de esos organismos; pero no por los asesores. Tradicionalmente, cuando los señores Ministros concurren a una interpelación, pueden venir con dos, tres, diez, quince, veinte, treinta o cuarenta asesores, y la Presidencia de la Cámara les brinda una Sala para que puedan seguir la interpelación y hacer llegar al señor Ministro sus puntos de vista sobre los temas que se están planteando.
A mí no me parecería correcto que los señores asesores hiciesen uso de la palabra dentro de la Cámara; y si no van a hacer uso de la palabra, la función de asesorar al señor Ministro la pueden cumplir perfectamente fuera de Sala, como se hizo toda la vida en la Cámara de Representantes.
Por lo tanto, voy a solicitar la rectificación de la votación, reiterando que esto no es una descortesía hacia el señor Ministro, sino una jerarquización del funcionamiento de la Cámara de Representantes.
SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a rectificar la votación. Se inclinarán por la afirmativa quienes deseen que permanezcan los asesores junto al señor Ministro.
SEÑORA CASTRO.- Pido la palabra para una aclaración.
SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Tiene la palabra la señora Diputada.
SEÑORA CASTRO.- Señor Presidente: solicito que la Mesa aclare al plenario me parece que no está claro si lo que se está sometiendo a votación es si hay o no rectificación, o nuestra anuencia o no a que los señores asesores permanezcan en Sala.
SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- La rectificación solicitada significa votar nuevamente lo que se votó anteriormente, o sea, si se autoriza el ingreso a Sala de los asesores del señor Ministro.
Se va a rectificar la votación.
——Treinta y dos en sesenta y ocho: NEGATIVA.
SEÑORA RONDÁN.- Pido la palabra para fundar el voto.
SEÑORA RONDÁN.- Señor Presidente: yo no dudo de que legisladores tan avezados tengan razón respecto al Reglamento soy incapaz de discutirlo , pero lo que sí digo es que hacer levantar ahora a los señores asesores es una falta de delicadeza que no creí nunca que esta Cámara fuera a tener. Nadie dijo que estas señoras y estos señores fueran a hacer uso de la palabra. El señor Ministro no necesita de eso. Pero me parece una grosería hacer levantar a estas personas.
SEÑOR HEBER FÜLLGRAFF.- Pido la palabra para fundar el voto.
SEÑOR HEBER FÜLLGRAFF.- Señor Presidente: la verdad es que estamos en una situación bastante incómoda, porque se tocan problemas personales. Con una interpelación por delante, estamos metidos en un tema menor.
Yo recuerdo larguísimas interpelaciones a Ministros de Economía y Finanzas en las que los titulares de la Cartera llegaban con sus asesores y sucedía lo que expresaba el señor Diputado Álvarez: en Salas del ambulatorio se formaban despachos y desde allí iban y venían los papeles. Siempre ha sido así. De todos modos, la Cámara es soberana y puede cambiar su modo de interpretar el Reglamento o de actuar. Pero ahora se ha dado el caso que expresa la señora Diputada Rondán: por apresuramiento, antes de que quedara liquidado el tema, los señores asesores han ingresado al plenario. A nosotros nos parece que estamos en una situación bastante delicada frente a los asesores del señor Ministro. Creo, señor Presidente, que podemos zanjar esta diferencia tratando de encontrar una solución que no implique una situación desagradable, violenta. La Cámara podría hacer una nueva rectificación, por esta única vez, y seguir para adelante, empezando a considerar el tema.
SEÑOR VENER CARBONI.- Señor Presidente: hace un tiempo, por pretender cambiar una norma que tenía cuatro meses de aprobada, recibí algunos calificativos, que por lo menos pudieron considerarse interesantes. Hoy, una resolución se cambia en un minuto o un minuto y medio.
No fue apresurado hacer ingresar a Sala a los asesores. Nadie pensaba en lo vertiginoso que sería el cambio de opinión luego de haber dado el consentimiento para el ingreso, sobre la base de un espíritu amplio que desapareció y en el entendido de que resultaba conveniente contar con la mayor información que se pudiera dar al plenario, a partir de todos los sectores tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo , para que pudiéramos hacernos una mejor composición de lugar. Ese espíritu, que se manifestó en principio, fue rápidamente violentado, y aunque parece que los espíritus no mueren, acá varios fenecieron.
SEÑOR AMORÍN BATLLE.- Pido la palabra para fundar el voto.
SEÑOR AMORÍN BATLLE.- Señor Presidente: quiero dejar una constancia, para que la Cámara sepa que en la reunión de coordinación que mantuvimos hace pocos minutos, todos los representantes de todas las bancadas estuvieron de acuerdo con que ingresaran a Sala los asesores del señor Ministro, pero que solo este o el señor Subsecretario hicieran uso de la palabra.
SEÑOR HEBER FÜLLGRAFF.- ¡Que se rectifique la votación!
SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a rectificar la votación.
——Treinta y siete en setenta y cuatro: EMPATE.
Se reabre la discusión.
VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Que se rectifique la votación!
SEÑOR PRESIDENTE (Chápper).- Se va a rectificar por última vez la votación.
——Cuarenta y nueve en setenta y ocho: AFIRMATIVA.
En consecuencia, pueden ingresar a Sala los señores asesores.
Tiene la palabra el miembro interpelante, señor Diputado Guarino.
SEÑOR GUARINO.- Señor Presidente: esta interpelación es una etapa más en el tratamiento de la autorización para la introducción del evento genético llamado MON 810 en el genoma del maíz destinado a la producción del grano de dicha especie.
La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara comenzó a analizar este tema tan complejo el 17 de junio y, en primer término, recibió al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca que entonces era el ingeniero agrónomo Gonzalo González , acompañado de diez asesores, quienes explicaron los distintos puntos de vista de la Cartera. Tres días después, el 20 de junio, se firmó la resolución que tomó estado público el 1° de julio en una publicación del Diario Oficial, casi coincidiendo con la renuncia del ingeniero agrónomo Gonzalo González. Al lado de la firma del señor Ministro también aparecía la del señor Ministro de Economía y Finanzas, doctor Alejandro Atchugarry. Frente a esta situación, planteamos la conveniencia de considerar tan importante temática en el plenario de la Cámara y se resolvió solicitar al Poder Ejecutivo que postergara la aplicación de la resolución del 20 de junio, publicada el 1° de julio y que no tiene número. Esto tuvo lugar en esta Cámara el día 16 de julio.
Posteriormente, el señor Ministro hoy interpelado también compareció en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, acompañado de un importante número de asesores, y manifestó su postura favorable a autorizar la liberación de los cultivares del MON 810. En ninguna ocasión se respondió a la solicitud concreta de la Cámara del 16 de julio de 2003. Por este motivo, y tomando como negativa la respuesta no dada con relación a lo resuelto por la Cámara de Diputados, planteamos la necesidad de interpelar al señor Ministro Martín Aguirrezabala en lo que tiene que ver con la autorización firmada por su antecesor, el ingeniero agrónomo Gonzalo González, en vías de implementación en estos momentos.
En esta sesión, entonces, interpelaremos al señor Ministro. Se plantearán las distintas ópticas sobre este asunto y veremos qué resuelve la Cámara al respecto.
Queremos aclarar que no pretendemos la censura del señor Ministro también lo hemos dicho públicamente , sino, nada más y nada menos, que se deje en suspenso la resolución que habilita el cultivo de este maíz transformado genéticamente.
El país se debe un debate sobre este tema; este Parlamento también se debe un debate sobre el punto. Esa discusión es necesaria para definir políticas de Estado; hay que analizar cómo se desarrollan estas nuevas tecnologías a nivel nacional, en el marco de nuestro sistema de producción, particularmente el agropecuario.
Este tema ya fue encarado en forma tenue en el Parlamento, en ocasión de discutirse la Ley N° 17.283, llamada ley general de protección del medio ambiente. Es un tema que mucho tiene que ver con el futuro de nuestro país y no debería teñirse de aspectos político-partidarios, ni ser un asunto en el que el Poder Ejecutivo de turno crea tener las atribuciones para hacer definiciones por sí solo, ya que cualesquiera que sean estas, afectarán a varias generaciones de uruguayos.
La referida ley general de protección del medio ambiente es muy rica desde el punto de vista conceptual; posiciona a Uruguay como un país con un marco legal avanzado para el tratamiento de los temas ambientales. En el ar­tículo 6° "Principios de política ambiental" , del Capítulo II, "Disposiciones generales", hay dos conceptos que me interesa resaltar, porque se relacionan con el tema que estamos considerando. En el apartado A) se establece: "La distinción de la República en el contexto de las naciones como 'País Natural', desde una perspectiva económica, cultural y social del desarrollo sostenible". En el apartado B) se determina: "La prevención y previsión son criterios prioritarios frente a cualquier otro en la gestión ambiental y, cuando hubiere peligro de daño grave o irreversible, no podrá alegarse la falta de certeza técnica o científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas".
En el ar­tículo 22 se establecen las normas que nos obligan al mantenimiento de la diversidad biológica.
El ar­tículo 23 refiere a la biodiversidad y establece las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente como custodia de todo lo relacionado con la creación, manipulación, utilización o liberación de organismos genéticamente modificados.
Esta ley la votamos nosotros en esta Legislatura.
Han existido otras incursiones parlamentarias respecto al mismo tema. El señor Diputado Sande, del Partido Colorado, en la sesión del 2 de agosto del año 2000 realizó una exposición durante la media hora previa en la que claramente alertaba sobre los riesgos que los organismos genéticamente modificados representan para la salud y el ambiente. También manifestaba su preocupación por salvaguardar el contenido de país natural.
Posteriormente, el 1° de marzo de 2001, los quince Diputados de la bancada de la Lista 15 presentaron un importante proyecto de ley que determina las normas para el etiquetado y la comercialización de los productos alimenticios destinados al consumo humano y animal que contengan ingredientes genéticamente modificados. Esto se aplicaría tanto para la producción nacional como para los alimentos importados; en los dos casos deberían especificar esa condición en sus envases.
Este proyecto de ley, cuyo envío a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca hace muy pocos días fue votado por la Cámara, está actualmente a estudio de dicha Comisión. Fue presentado reitero, y lo resalto por la totalidad de los señores Diputados de la Lista 15, con una importante fundamentación de motivos que abre valoraciones sobre los transgénicos.
Este aspecto tiene mucho que ver con el tema que hoy tratamos.
Diría que se trata de una norma ambiciosa; inclusive, en la Unión Europea se acaban de definir aspectos similares, en especial en lo relacionado con los alimentos para animales, los cuales, antes del 2 de julio de 2003, no eran obligatoriamente etiquetados. Como expresé, seguramente trataremos este proyecto en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes.
También han incursionado en este tema otros señores Diputados: el señor Diputado Legnani ha manifestado reiteradamente inquietud y preocupación por el punto, y el señor Diputado Arrarte Fernández, ingeniero agrónomo, planteó este asunto específico del maíz en la Cámara y en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Es un tema típico en cuanto a que requiere la más amplia participación política y de la sociedad civil.
En el mundo se ha producido una concentración de la investigación científica en manos privadas, lo que significa un verdadero problema para los intereses generales de la humanidad. En los últimos años se han registrado importantes avances en el campo biotecnológico y, entre ellos, los vinculados a la producción de alimentos, que se han concentrado en muy pocos países y en muy pocas empresas. Una de ellas, la Monsanto, controla aproximadamente el 90% de la producción de transgénicos en el mundo. La producción de cultivos genéticamente modificados es bueno tener claro este aspecto se concentra en cuatro países: Estados Unidos, Argentina, Canadá y China. Estos países concentran más del 95% del comercio mundial de estos organismos cifras más, cifras menos , entre los cuales predomina notoriamente Estados Unidos, desde donde sale la mayor parte de las innovaciones en este aspecto.
El vértigo con el que se desarrollan estas nuevas tecnologías y se liberan al ambiente es directamente proporcional a la incertidumbre que ellas generan desde el punto de vista de su impacto en la salud humana y animal, en el ambiente y en los procesos comerciales. Los consumidores, en particular los del mundo desarrollado, sobre todo los de la Unión Europea aunque también los de Estados Unidos y Japón , observan estos procesos cada vez con mayor incertidumbre. La seguridad alimentaria pasó a tener un peso fundamental en la preocupación de los consumidores, particularmente después de la crisis de la vaca loca, de la fiebre aftosa en Europa y del problema de las dioxinas en Bélgica. Jorge Riechmann, en su libro "Cultivos y Alimentos Transgénicos", expresa: "A lo largo de 1996, el caso de las 'vacas locas' evidenció dramáticamente el tipo de problemas que genera el modelo agropecuario dominante, sometido a intensas presiones productivistas que con frecuencia llevan a desdeñar los riesgos para la salud pública. Aunque en este caso no intervienen técnicas de manipulación genética, sí se ha puesto palmariamente de manifiesto el fracaso de las estructuras de evaluación de riesgos de las industrias agropecuarias y de las instancias públicas que las controlan".
Es notoria la desconfianza que existe, sobre todo en Europa, en las agencias estatales encargadas de controlar y fiscalizar todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria.
Estos elementos parecen indicarnos que la prudencia y la profundidad de análisis son fundamentales a la hora de definir políticas nacionales al respecto.
Recientemente participamos en una jornada de trabajo convocada por el Centro Latinoamericano de Ecología Social CLAES , en la que se presentaron dos modelos utilizados para la toma de decisiones sobre la incorporación de organismos genéticamente modificados, que están en pleno proceso de desarrollo. Es el caso del Reino Unido y de Nueva Zelandia. La presentación fue realizada por los investigadores de dicho Centro, señores Eduardo Gudynas y Gerardo Evia. Quiero hacer referencia a ello porque creo que es importante considerar algunos aspectos, sobre todo para evaluar qué es lo que estamos haciendo en nuestro país, y de alguna manera tener referencias o poder contrastar la información.
En el Reino Unido país que hoy tiene una moratoria sobre estos temas , el proceso de toma de decisiones tiene procedimientos tradicionales por llamarlos de algún modo , similares a los de otros países; pero por otro lado ahora se inició un nuevo proceso. Entre los primeros, es decir, los tradicionales procedimientos de evaluación, tienen al Departamento de Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales DEFRA , que es la agencia responsable del control y del manejo de la liberación de los organismos genéticamente modificados; además, está encargada de la bioseguridad y de las relaciones internacionales, incluyendo la Unión Europea y los tratados ambientales internacionales. En paralelo, existe una iniciativa de evaluación de importancia a cargo de la Agencia de Estándares de los Alimentos, la FSA.
A raíz de la complejidad del tema, el Gobierno del Reino Unido ha instrumentado un nuevo mecanismo. El proceso es llamado "de tres senderos", y transcurre en tres niveles: el debate público, la revisión de la información científica actual y un estudio económico de la relación costo beneficio.
Diversos documentos del Gobierno sostienen que los organismos genéticamente modificados no son fines en sí mismos, sino que su uso debe ser contrastado con las políticas nacionales en áreas clave; entre ellas, se indican especialmente las políticas en agricultura y ambiente, rural, ciencia, innovación y competitividad, seguridad, calidad de los alimentos y desarrollo internacional. Este aspecto es importante en el contexto de nuestros países latinoamericanos, ya que en muchos casos no es evidente la preexistencia de políticas nacionales en algunas de estas áreas como para contrastar y evaluar el impacto de estos transgénicos.
En cuanto al debate público, refiere a la organización a nivel de toda la comunidad, de toda la sociedad y en todo el país de un amplio debate al cual pueden acceder ciudadanos de cualquier punto; es concretado por un Consejo Coordinador Independiente, que debe encontrar las vías formales e informales para canalizar esa discusión y sacar las conclusiones.
La línea científica, es decir, el sendero científico para un análisis de este tema, parte de las preguntas que emergen del debate público y busca generar respuestas a esas interrogantes. El comité está formado por científicos e investigadores de diferentes Universidades, industrias y organizaciones ambientalistas. Este comité ya ha producido un informe, que destaca: "La evidencia y los estudios son todavía limitados.- Aceptan las posturas de las personas que rechazan los OGM como forma de mejorar la estrategia". Creo que este punto es muy importante, sobre todo en lo relativo al tratamiento que tiene en nuestro país, donde a veces parece haber resistencia a incorporar ideas o formas de opinión diferentes a las oficiales. Expresa este informe preliminar: "Los riesgos para la salud humana son bajos, pero a pesar de ello el reporte es muy cauteloso, ya que riesgo bajo no significa inexistente.- Los OGM pueden tener impactos ambientales adversos y solo se pueden autorizar por evaluación de riesgo caso por caso". Es necesaria una evaluación nacional. En forma paralela, el Gobierno encomendó un estudio de campo a gran escala, que está en marcha y en desarrollo.
En cuanto a la línea económica aspecto no menor, sobre todo respecto a lo que veremos más adelante en el análisis que haremos con relación a nuestro país , en el Reino Unido se formó una unidad estratégica, que depende directamente del Primer Ministro. Tiene por objetivo analizar los temas estratégicos transectoriales asociados a la innovación. Tiene una mirada prospectiva; piensa el país a diez y quince años para adelante. Su integración es multidisciplinaria; ninguno de los integrantes del equipo trabajó para organizaciones con intereses financieros en cultivos o en alimentos derivados de organismos genéticamente modificados, y tampoco estuvieron asociados a campañas sobre estos organismos. Según el Gobierno, debe aparecer un análisis balanceado y abarcador de los costos y beneficios de un posible cultivo comercial.
Otro aspecto importante de la estrategia de análisis de este tema en el Reino Unido, que tampoco es menor, es la transparencia. Los resultados de las tres líneas de trabajo a que hacíamos referencia son publicados por Internet y los participantes deben declarar siempre sus intereses o el de las instituciones a las que están asociados. Los investigadores que trabajen en proyectos financiados por empresas con intereses vinculados a organismos genéticamente modificados deben declararlo, y una Comisión resuelve si deben participar o no en las evaluaciones.
Creo que esto también es importante para tener transparencia en los mecanismos de evaluación.
El que se aplica en Nueva Zelandia es el otro modelo analizado, que creo de interés comentar acá. No hablo de dos países cualesquiera, sino que han sido referencia de nuestro sistema productivo, particularmente del agropecuario, y creo que es bueno que veamos cómo hacen el análisis.
En el año 2000, el Gobierno de ese país crea la Comisión Real de Modificación Genética, integrada por un destacado jurista, un Obispo de la Iglesia Anglicana, un experto en bioquímica y un médico de reconocido prestigio nacional. Nótese qué composición más amplia, más variada, más heterogénea y más abarcativa. Posee un marco regulatorio ya existente, fuerte y robusto, en el sector de la biotecnología, sector que han determinado como estratégico.
Los agricultores han indicado a esta Comisión, en sus primeros avances, que los transgénicos más ampliamente difundidos en el mundo son para producción de "commodities" y que no se adaptan a su interés. Ello significa que, probablemente, pasarán varios años antes de que sean liberados con fines comerciales. Se plantean la posibilidad de coexistencia, y para ello se requieren tres elementos esenciales. En primer lugar, se requiere un sistema regulatorio sólido que proteja el ambiente y la seguridad de la población; en segundo término, que se efectúe un análisis caso por caso, y en tercer lugar, que haya un enfoque de toda la cadena de producción para atender cualquier preocupación de los diversos sectores.
Voy a hacer referencia al marco regulatorio en Nueva Zelandia. Ya existen dos cuerpos regulatorios en esta área: la Autoridad Ambiental de Manejo de Riesgo ERMA , que regula cualquier introducción de nuevos organismos, incluyendo los genéticamente modificados, y Estándares Alimentarios de Australia y Nueva Zelandia, que regula la seguridad y etiquetado de los alimentos modificados. Un alimento que es a la vez un organismo vivo, requiere la aprobación de ambas divisiones.
Todo el trabajo de la Comisión Real de Modificación Genética tiende a despejar al máximo las dudas antes de levantar la moratoria hoy existente. Nótese que tienen el marco regulatorio, los organismos con especificidad para actuar en ese marco regulatorio y, además, esta Comisión Real de Modificación Genética para estudiar los casos.
Se valora altamente a nivel de esta Comisión el concepto de la oportunidad, ya que un organismo genéticamente modificado puede pasar los diferentes análisis de riesgo, pero, si no aporta a la estrategia del país, no será liberado. Apuestan a tener en funcionamiento un sistema operatorio que, con los principios ya señalados, permita la efectiva coexistencia antes que cualquier organismo sea introducido, a diferencia de muchos de nuestros países, en los que los productos genéticamente modificados son liberados y después se generan las normas.
La coexistencia me refiero a la coexistencia de distintos sistemas de producción, donde podrán estar los transgénicos y los tradicionales, y donde deberán estar los orgánicos implica la previa definición de responsabilidades claramente establecidas para cada uno de los actores. El Estado asume su responsabilidad de establecer un marco mínimo para regular los conflictos entre particulares. El marco de toma de decisiones establece claramente, además, que si los beneficios no son superiores a los riesgos no deberán aprobarse las solicitudes.
Aparte de estos dos casos emblemáticos, debemos conocer la gran preocupación de los Gobiernos de la Unión Europea y el conjunto de normas aprobadas para dar garantías a los consumidores que, en definitiva, son los que mandan. Existe el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la trazabilidad y el etiquetado de organismos genéticamente modificados y de los alimentos y piensos producidos a partir de estos.
El 2 de julio pasado se reafirmaron rigurosas condiciones que obligan a etiquetar todo alimento y derivado que contenga más del 0,9% de organismos genéticamente modificados, con el objetivo de dar la máxima tranquilidad y libertad de elección al consumidor. Ya se ha establecido el marco legislativo europeo para estos organismos genéticamente modificados.
El Consejo de Ministros ha adoptado formalmente dos propuestas de la Comisión Europea relativas a los organismos genéticamente modificados, mediante las cuales se instaura un sistema comunitario claro de trazabilidad y etiquetado y se regula la comercialización y el etiquetado de los alimentos y los piensos obtenidos de estos alimentos, es decir, los alimentos destinados al consumo de los animales.
Esta nueva legislación consolidará un enfoque fiable y seguro respecto a los organismos genéticamente modificados y los alimentos y piensos modificados genéticamente. Asimismo, permitirá que se efectúe la trazabilidad a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la explotación agrícola hasta el consumidor, y se informe al consumidor por medio del etiquetado acerca de todos los alimentos y de todos los piensos compuestos u obtenidos a partir de estos organismos o los que los contienen.
Al respecto, Estados Unidos ha protestado fuertemente; considera que esta medida es una discriminación, puesto que notoriamente el consumidor ha demostrado que, pudiendo elegir, espontáneamente elige lo natural y orgánico.
Es cierto que no hay una exigencia directa para el etiquetado de carnes o lácteos provenientes de animales alimentados con transgénicos, pero también es cierto que en la última reunión del Parlamento Europeo, de 2 de junio de 2003, existió una fuerte demanda de los consumidores y de organizaciones ambientalistas para que se obligue también al etiquetado de dichos productos, como ya lo exigen las normas sobre la carne orgánica.
Greenpeace lamentó que no se haya hecho extensivo a productos derivados de animales alimentados con transgénicos, tales como huevos, leche y carne, y urgió a los productores a que lo informen voluntariamente, ya que ellos sí sabrán qué materia prima adquieren.
El 23 de julio pasado, la Comisión de la Unión Europea aprobó las recomendaciones para elaborar las estrategias y mejores prácticas nacionales, con el fin de garantizar la coexistencia de los cultivos modificados genéticamente con la agricultura convencional y la ecológica. Se trata de la misma coexistencia a que hacíamos referencia antes, cuando hablábamos de Nueva Zelandia. Es un amplio documento, con recomendaciones generales y específicas a grado de detalle me veo tentado a leer algunas, pero no lo haré para no ser muy extenso , de las normas que tienen que existir para que se puedan liberar organismos y se contemple esa coexistencia con las garantías suficientes para el modelo productivo que pretenden desarrollar los países de la Unión Europea. Sobre la base de que toda la producción de alimentos tendrá una rigurosa trazabilidad y etiquetado, se recomiendan normas severas para la coexistencia que aseguren la segregación de la producción y manejo de los productos, sin riesgo de contaminación.
En este marco que hemos venido definiendo es que queremos analizar cómo se ha procesado esta liberación del MON 810 en nuestro país.
Tal como se comentó ampliamente en el debate anterior, a través del Decreto N° 249/000 se crea la Comisión de Evaluación de Riesgo de Vegetales Genéticamente Modificados. Es en ese marco que se aprueba el evento MON 810.
Debemos destacar que posteriormente a ese decreto, esta Legislatura aprobó la Ley N° 17.283, que, a nuestro criterio, define la doctrina nacional sobre medio ambiente y otorga potestades de decisión al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente sobre los organismos genéticamente modificados, por lo que la legalidad de la resolución adoptada el 20 de junio de este año habilitando el MON 810, basada en un decreto, también está cuestionada. Del tercer inciso del ar­tículo 23 de la Ley N° 17.283 al que hicimos referencia anteriormente se desprende que la autoridad competente para otorgar la autorización a fin de introducir estos organismos, al menos desde la vigencia de mencionada ley, es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y la autorización fue otorgada por otros dos Ministerios, por lo que se desconoció expresamente el mandato de la ley.
Al respecto, tenemos la opinión de un destacado constitucionalista que creemos que es contundente, por lo que nos vamos a permitir leerla en Sala. Como han dicho algunos colegas recuerdo especialmente al compañero Diputado Díaz Maynard , lo de la ley no es lo de menos, sino que es lo de más. Creo que también en este caso, aunque no tenga una relación directa con los aspectos técnicos, de estrategia comercial y de estrategia de país, es muy importante respetar la ley y realizar los procedimientos de acuerdo con ella. Entonces, voy a leer la opinión, especialmente elaborada para el análisis de este caso, del doctor José Aníbal Cagnoni, catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo. Quienes están en el mundo de las leyes conocen muy bien la valía de su opinión. Me voy a permitir leerla creo que merece ser leída en su totalidad , aunque pueda resultar un poco tediosa por el lenguaje jurídico, porque, como decía, esto no es lo de menos y puede ser lo de más.
Establece lo siguiente: "I En el plebiscito del 8 de diciembre de 1996 el Cuerpo Electoral sancionó reformas a la Constitución, incorporando, entre otras, la disposición del ar­tículo 47: 'La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores'. El ar­tículo 36 consagra un derecho individual: 'Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes'.- II La Ley N° 17.283 de 28 de noviembre de 2000 desarrolla (reglamenta) la disposición constitucional y consagra: 1 El derecho de protección en el goce de un ambiente sano y equilibrado para todos los habitantes ar­tículo 2° ; 2 Consecuentemente, el deber de abstención también para todos de depredar, destruir, o contaminar gravemente el medio ambiente ar­tículo 3° ; 3 Como 'principio' de la 'política nacional ambiental' el de distinguir al Estado Uruguayo frente a todas las demás naciones de la Tierra como 'País Natural'; ar­tículo 6° A; 4 El criterio 'prioritario' de la prevención 'frente a cualquier otro (criterio) en la gestión ambiental' no pudiendo argumentarse la falta de certeza técnica o científica absoluta para no adoptar medidas de prevención cuando exista peligro de daño irreversible ar­tículo 6° B; III ¿Qué se desprende de la disposición del ar­tículo 47 de la Constitución de la República y de las disposiciones reglamentarias de la Ley que vienen a citarse?.- Para todas las autoridades del Estado" lo subraya "sin excepción, que al deber resolver autorizaciones como la del 20 de junio de 2003 (Resolución s/n, Diario Oficial del 1° de julio siguiente) tiene el deber jurídico de: a preferir medidas que favorezcan el interés general (ar­tículo 47 de la Constitución) frente a un interés individual (ar­tículo 36 de la Carta); b adoptar medidas que tiendan a mantener y acrecentar las condiciones de 'País Natural' ante actos de las personas o sus hechos tendientes a modificaciones de la naturaleza; c actuar con el criterio prioritario de prevención frente a cualquier otro criterio (por ejemplo de interés productivo, económico, fiscal, etcétera) de manera tal que aun sin la certeza técnica o científica absolutas de la posible irreversibilidad de un daño grave, no puede evadirse la prioridad de la prevención.- IV Lo referido precedentemente es aplicable a cualquier autoridad del Estado en el caso de la Resolución, los Ministerios actuantes que debe reconducir su deliberación, antes de resolver sobre tema que pueda afectar al medio ambiente a los principios que la Ley citada desarrolla en consonancia con el ar­tículo 47 de la Constitución de la República.- V A lo dicho, se agrega" lo subraya "que más allá del asesoramiento de la Comisión de Evaluación de Riesgo creada por un decreto anterior a la Ley en el tiempo agosto de 2000 e inferior en jerarquía normativa (el Considerando II de la Resolución o motivo del acto alude a 'la información aportada por el interesado y la evaluación de los posibles riesgos identificados'), la ausencia en la Resolución de la voluntad jurídica del Ministerio competente en materia de medio ambiente". Es decir, la ausencia del Ministerio en la firma de dicha resolución. Y continúa: "En efecto, el ar­tículo 8° de la Ley atribuye al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 'la coordinación exclusiva de la gestión ambiental integrada del Estado'. [...] Adviértase dos calificativos contundentes: La coordinación, a cargo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se define como 'exclusiva', es decir, que solo a ese Ministerio compete; y para otra forma de actuación habrá que reformar la Ley.- La gestión ambiental del Estado es adjetivada como 'integrada', de manera que no puede fragmentarse (sino por Ley).- Y la coordinación, como actividad jurídica, es, precisamente, la que se dirige a, tiene como finalidad, armonizar la actuación de dos o más órganos del Estado, en materia compartida, para evitar contradicciones en vista de intereses que deben ser tomadas en consideración, en el caso. VI Repárese que carece de valor lógico-jurídico una posible objeción en cuanto a que en la Comisión de Evaluación de Riesgo, creada por el decreto de agosto de 2000, actúa un delegado del MVOTMA, y que se presume, haya contribuido al asesoramiento que menciona la Resolución s/n, de autorización a la importación pedida por el interesado.- Porque la Ley de noviembre de 2000, exige la voluntad expresa del Ministerio, la voluntad manifestada jurídicamente por el titular del órgano: el Ministerio, el órgano actuando por el soporte humano que es el Ministro tiene potestad el poder-deber de expresarse como coordinador exclusivo de la gestión ambiental integrada del Estado.- VII Que la prevención, específicamente, es competencia del MVOTMA resulta indudablemente de la letra clara de la Ley.- La prevención es de interés general, ar­tículo 1° D. Es principio, entre otros, de política nacional ambiental, ar­tículo 6° B. Es competencia específica del MVOTMA: ar­tículo 23 de la Ley.- Por tanto, al ejercer su competencia de coordinación debe expresar el MVOTMA, su voluntad de prevención.- VIII Y como esa voluntad no aparece en la Resolución, va de suyo que esta no puede tener efectos jurídicos desde que hay incompetencia orgánica por ausencia de la voluntad de uno de los órganos que debió actuar.- La Resolución, pese a la invocación formal en el texto del Atento, se dictó desconociendo a la Ley," subraya "desconociendo" "particularmente en su disposición contundente, como es la del ar­tículo 8°.- La Resolución, violatoria de la Ley, es nula. Y, de manera oblicua pero terminante, al desconocer el precepto legal reglamentario, desconoce la protección que la Constitución quiere para el medio ambiente, ar­tículo 47 de la Carta.- 18 de agosto de 2003.- Dr. José Aníbal Cagnoni Catedrático Derecho Constitucional Catedrático Derecho Administrativo".
Creo que, a pesar de lo extenso, era importante manejar la opinión de este distinguido catedrático, pero debo decir que hay otros dos recursos planteados: uno administrativo, interpuesto en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca el 23 de julio de 2003, y otro, de amparo, presentado ante la Justicia, que se encuentra en trámite.
No obstante lo anterior, queremos analizar los aspectos tomados en cuenta por la CERV para asesorar a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas y que dan sustento a la Resolución S/N del 20 de junio de 2003. Acá hay aspectos que tienen que ver con el Decreto N° 249 del año 2000 y si lo analizamos a la luz de las pautas y criterios utilizados en otros países en especial los dos ejemplos mencionados anteriormente y los de la propia Unión Europea advertiremos lo estrecho del procedimiento de evaluación que tenemos en nuestro país.
La CERV Comisión de Evaluación de Riesgo de Vegetales Genéticamente Modificados está constituida por un grupo de técnicos prácticamente representantes del Poder Ejecutivo. Directivos de las gremiales de productores que tienen representación en el INIA y en el INASE porque tienen un representante en esos organismos han manifestado públicamente e inclusive en Comisiones de la Cámara, que la designación del técnico delegado de esas instituciones no fue discutida en sus Consejos Directivos ni se les ha pedido opinión a la hora de efectuar las designaciones. Tampoco han sido evaluadas en sus Juntas Directivas las opiniones de dichos técnicos, más allá de que la independencia técnica es una de las características que deben tener. Concretamente, el Instituto Nacional de Semillas manifestó en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, el 12 de agosto de este año, que institucionalmente nunca había adoptado una posición.
Otro aspecto que ofrece reparos es que integrantes técnicos de la Comisión de Evaluación de Riesgo, en varios ar­tículos y entrevistas, demuestran ser defensores de esta tecnología, muchas veces utilizando líneas argumentales similares a las de empresas biotecnológicas. La Comisión de Evaluación de Riesgo se basó en los aportes técnicos realizados por el interesado, la empresa Monsanto, sin que existieran estudios de impacto ambiental y sobre la salud a nivel nacional. No se difundió suficientemente la información que dio la empresa Monsanto. Hubo dificultades en acceder a dichos materiales por parte del público, con la dificultad adicional de que estaban en inglés.
Tengo por acá los avisos que los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas publicaron para dar cumplimiento a una de las normas del decreto, que era dar vista pública de los documentos; cuando aparecieron, ocupaban voluminosas cajas y estaban en inglés, tal como los aportó la empresa, que no los tradujo. El aviso para que se diera la vista pública y la posterior convocatoria a la audiencia pública, fue publicado en "Últimas Noticias" el 28 de agosto de 2000 lo tengo en mi poder y en "El País", en un espacio de tres centímetros por tres centímetros, con una letra minúscula. Inclusive, en el caso del diario "El País" figura al lado de una publicación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre un tema común y corriente, ¡pero que es cuatro veces más grande que el aviso que da estado público a algo que puede estar afectando todo el futuro de nuestro país! Creo que hubo una clara intencionalidad de que esto tomara estado público, pero bien poquito.
(Ocupa la Presidencia el señor Representante Scavarelli)
——No hay estudios sobre las plagas del maíz en el Uruguay ni de cómo actuaría este evento sobre ellas; simplemente se extrapoló información de Argentina. No existió la voluntad política de destinar recursos a dichas evaluaciones, es decir, a las evaluaciones agronómicas sobre el tema del comportamiento frente a las plagas de estos cultivares que estaban siendo evaluados. En ese sentido, son claras las expresiones del ingeniero Estramil, vertidas en la sesión del 12 de agosto hace poquitos días de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca en representación de la Facultad de Agronomía. Dice el ingeniero Estramil: "La Facultad de Agronomía viene procesando la discusión de este tema. Inclusive, hace un año y medio, a raíz de una invitación del anterior Ministro y del actual Ministro, personalmente participé en representación de la Facultad en una reunión de alto nivel en el Ministerio, con las cinco Direcciones, a la que también estaba invitado el ingeniero Paolino en representación de INIA Las Brujas. En esa oportunidad discutimos todos estos aspectos y planteamos la necesidad de obtener algún recurso rápidamente, porque daba la impresión de que el sistema de evaluación oficial o el INIA no lo iba a hacer, y de que la empresa tampoco iba a hacer ensayos. Nos daba la impresión de que con US$ 10.000 o US$ 15.000 en dos o tres años se podía diseñar un ensayo, pero lamentablemente no hemos tenido recursos para hacer estos ensayos". Por lo tanto, también nos quedamos sin estos ensayos y hubo que sacar la resolución sin ellos.
En la Comisión de Evaluación de Riesgo no se contemplaron los requisitos imprescindibles propuestos por la DINAMA; al menos, así nos lo trasmitió el Director Nacional de Medio Ambiente en su comparecencia en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Acá tenemos un documento, que es un memorándum que el Director Nacional de Medio Ambiente, doctor Aramis Latchinian, eleva al señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en el que hace una serie de planteamientos sobre el proceso que había tenido la liberación de este evento. No lo voy a leer todo porque ya nos hemos extendido durante un buen rato, pero sí dos o tres conceptos que nos introducen en el tema.
Dice el doctor Aramis Latchinian: "Si bien existen argumentos suficientes para establecer que el estudio de la introducción y liberación de organismos genéticamente modificados se debe realizar 'caso a caso', es imprescindible que ese estudio se realice en el marco de una estrategia nacional. [...] De esto parece desprenderse que nuestra estrategia se delineará en torno a la producción de alta calidad más que de grandes volúmenes, y aspirar así a mercados especialmente exigentes".
Después de varios considerandos expresa: "Respecto a los OGM no solo existe temor sino que también existen dudas razonables respecto a su inocuidad ambiental, por parte de científicos de primera línea en distintos países". Y concluye solicitando al Ministerio que se tengan en cuenta varios aspectos que ni la Comisión de Evaluación de Riesgo de Vegetales Genéticamente Modificados ni los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas consideraron cuando aprobaron la Resolución S/N de 20 de junio, que han sido conocidos y que creo que es importante mencionar porque hacen mucho a cómo se va a seguir adelante con esto, si continuara en pie.
La Dirección Nacional de Medio Ambiente hace una sugerencia que bueno es decirlo después terminó en una resolución específica del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, firmada por el señor Ministro, que está en nuestro poder. Concretamente, me refiero a la Resolución ministerial N° 236 A/2003, en la que, después de mencionar en los considerandos las obligaciones que le encomienda la Ley N° 17.283 que ya citamos y cuyo alcance quedó claro a través de la opinión del doctor Cagnoni , asume algunas competencias y establece condiciones que no están en el decreto. Por ejemplo, se indica la condición de que haya aviso público, es decir, la necesidad de que todos los que importen o vayan a sembrar tengan que hacer un aviso público en un diario de difusión nacional.
También se establece la obligación de que existan cultivos refugio, es decir, áreas vinculadas al cultivo transgénico sembrado con MON 810, junto con otras variedades no transgénicas, de forma tal que sirvan de refugio para retrasar, al menos, el surgimiento de una posible resistencia al insecticida Bt, indicando un área de 10%. Creo que esta es una de las pocas cosas que considera la resolución de 20 de junio.
Establece zonas de amortiguación de las que nada se dice en la mencionada resolución del 20 de junio de 2003 , indicando que no se podrá cultivar el evento de transformación MON 810 a menos de 250 metros de los límites del predio en explotación con los predios linderos, así como a igual distancia de cualquier tipo de caminería de uso público. También se detallan algunos aspectos más de los que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente llama zonas de amortiguación.
Establece una cuarta condición, relativa a la declaración jurada de todos los productores que siembren este cultivo; es decir que, en un plazo de quince días, una vez sembrado, ante la DINAMA deben declarar la ubicación de su predio y la caracterización que permita su rápida ubicación. También establece plazos. Creo que esto es algo muy importante, y un detalle que tampoco se tuvo en cuenta por parte de la Comisión de Evaluación de Riesgo de Vegetales Genéticamente Modificados ni por la resolución de 20 de junio de 2003, que expresa que las condiciones establecidas en dicha resolución se mantendrán vigentes por el plazo de dos años, renovable automáticamente por períodos iguales, salvo que hubiera variaciones en este tema.
Esto es importante porque, en base a estos conceptos de la DINAMA y a los expresados en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca cuando sus autoridades concurrieron, queda claro que la resolución adoptada por los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas no contempla una visión ambientalista y sí una puramente comercial, sectorial, que claramente fue apresurada. Este fue el término utilizado por el Director Nacional de Medio Ambiente.
Es bueno aquí analizar algunos aspectos de la Resolución S/N de 20 de junio, que dejan muchas dudas y que claramente coliden con la resolución que con posterioridad aprobó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente el 28 de agosto. Como recién manifesté, esa resolución, que tiene la firma del Ministro, arquitecto Irureta, según trascendidos de prensa habría sido vetada por el Poder Ejecutivo. No sabemos si esto es así porque no ha sido publicada ni la hemos podido encontrar en la página web de la Presidencia de la República.
Con respecto a las contradicciones que existen entre los criterios manejados en la resolución de 20 de junio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y los de la DINAMA, quiero resaltar algunos aspectos.
En primer lugar, la sola existencia de la resolución de la DINAMA evidencia que desde el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente hay un claro cuestionamiento a la resolución adoptada por los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas, que reivindica la potestad de dicho Ministerio sobre el tema y que establece importantes condiciones para que se pueda sembrar el maíz transgénico. Hace un momento hablábamos sobre ellas.
En segundo término, muestra una clara divergencia entre dos Ministerios. Frente a la magnitud de esas divergencias, parece evidente que la resolución de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas autorizando la liberación del elemento MON 810 es, por lo menos, un acto apresurado.
En tercer lugar, la Resolución S/N de 20 de junio determina una serie de requisitos para que pueda ser producido o importado el maíz MON 810. Entre los requisitos, no se contemplan medidas precautorias a efectos de que puedan coexistir diferentes sistemas productivos de maíz; no se establece qué pasará con los productores de maíz convencional u orgánico; no se establecen criterios para definir quién pagará los costos en caso de que una chacra que produzca maíz-Bt es decir, con transformación genética contamine a una de un productor vecino, que no sembró maíz modificado; no se establecen criterios para una buena información entre los productores; nada se dice respecto a cómo solucionar litigios entre productores vecinos; no se prevén precauciones para el manejo segregado de estos maíces en la cadena de transporte, almacenamiento y procesamiento.
Esto implica que en Uruguay, a partir de esta liberación, todo lo que contenga maíz quedará bajo sospecha de ser transgénico o contaminado con transgénico. No se previó antes ni se prevé en la resolución ningún tipo de normas para la coexistencia.
Recuerden el voluminoso documento de la Unión Europea, al que no quise dar lectura, pero del que disponemos; sé que el señor Ministro también dispone de él porque se encuentra en Internet. Antes de establecer la coexistencia de distintos cultivos, este documento determina una cantidad de requisitos, otorgando un período de dos años a los Estados miembros para que vayan asumiendo esto. Entonces, bueno es recordar estas recomendaciones.
La única previsión que adopta la resolución del 20 de junio, por la que se autoriza la liberación de este maíz, en cuanto a prácticas agronómicas, es asignar a la Comisión de Evaluación de Riesgo de Vegetales Genéticamente Modificados la función de supervisar un programa de manejo de resistencia específica para Lepidópteros, que implementará la Cámara Uruguaya de Semillas privada y que fiscalizará el INASE. Esto se refiere a los cultivos refugio, como decía hace un instante.
Es bueno observarlo: parecen no tener claro los roles. En primer lugar, el Decreto N° 249, de 2000, solo asigna potestades de asesoramiento a la CERV y, por lo tanto, no está facultada para cumplir labores de supervisión.
En segundo término, la Cámara Uruguaya de Semillas es una agremiación privada que voluntariamente desarrollará un programa, pero no tiene por qué atenerse a responsabilidades legales de ningún tipo.
En cuanto al INASE, como contralor, como fiscalizador de ese programa, si se generaliza el cultivo transgénico de maíz, tenemos dudas de que esas funciones pueda realizarlas en forma eficaz, debido a la escasez de recursos materiales y al poco personal técnico de campo con que cuenta.
Si estas observaciones a la resolución de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas son preocupantes y evidencian improvisación, graves son las contradicciones en las que entran con la cuestionada resolución del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, antes mencionada. En ella se establecen condiciones muy concretas tendientes a mitigar como se habrá advertido cuando las leí las ausencias y vacíos dejados por los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas. Ya mencioné las condiciones y no las voy a desarrollar.
Como advertiremos, esta resolución del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente establece algunas condiciones básicas aunque de dudoso aval técnico, pero al menos demuestra voluntad de velar por que se mitiguen los impactos ambientales que este evento puede generar. No sabemos si estas condiciones, finalmente, están vigentes o fueron vetadas. La verdad, no lo sabemos. Hemos leído en algunos semanarios que normalmente están bien informados, cuestionamientos en cuanto a que estén vigentes.
De cualquier manera, esto muestra el grado de contradicción dentro del Poder Ejecutivo y, sobre todo, la improvisación en un tema tan trascendente. Estas marchas y contramarchas en temas de liberación y regulación de un organismo genéticamente modificado en el seno del Poder Ejecutivo no contribuyen para nada a la imagen de un país serio que quiere mostrarse al mundo como país natural. Más bien, dejan una pobre imagen de república bananera. Demuestran también la necesidad de un amplio debate entre los involucrados para definir esta y otras cosas.
Creo que queda claro que hubiera sido más razonable que mientras no se tuviera una estrategia definida, no se autorizaran nuevos eventos transgénicos. Basta ver que en este caso no se sabe bien quién tendrá la competencia de supervisión y fiscalización. Tenemos a la CERV por un lado que no está fundamentada en el decreto y, por otro lado, está la DINAMA y el INASE. Podríamos seguir analizando este tipo de contradicciones.
Otro aspecto tiene que ver con la publicidad y la transparencia. Mencionamos lo minúsculo del anuncio, de letra casi invisible, que decía que los interesados podían tener a la vista los documentos. Pero también sabemos que la audiencia pública, que es un requisito que marca el decreto, no se cumplió, o al menos no se culminó y quedó frustrada frente a conocidos problemas de orden. Tampoco se reiteró dicha audiencia antes de la aprobación de la resolución final. En los primeros días después de levantarse la audiencia, los propios representantes oficiales decían que esta se había interrumpido; la delegada de la Dirección de Medio Ambiente nos dijo en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca que no tenía claro si la audiencia se podía dar por realizada o no, porque, en realidad, no se llegó siquiera a exponer y simplemente se recogieron preguntas de algunas personas. Esto es lo que nos informan, ya que nosotros, naturalmente, no estuvimos allí. Sin embargo, supimos que hubo gente que pudo acercar por escrito sus interrogantes, pese a no poder ir a la presentación. En ese caso, también se nos informa que no hubo una respuesta a las preguntas formuladas.
No me canso de reiterar la importancia del debate público y de los caminos de discusión abiertos en esos dos países que a veces sirven de referencia que hoy también podemos ver en Brasil , cuando observamos la estrechez del debate público que existió sobre este tema. Tampoco se alentó el debate, ni siquiera entre los grupos de interesados directos, y se desconoció, expresamente, el dictamen de la Facultad de Agronomía no lo vamos a leer porque ya es bastante conocido y se ha hablado mucho del tema ; no es algo menor que nuestra principal casa de formación agronómica haya elaborado un informe que, además, es resultado del trabajo de una Comisión Técnica Interdepartamental instalada por el señor Decano de la Facultad de Agronomía, para dar continuidad a la Resolución N° 1.015 del Consejo de Facultad, de fecha 4 de octubre de 2001. Allí se hacen varias consideraciones, de las cuales solo voy a leer una porque creo que, técnicamente, es importante. Dice lo siguiente: "¿Es efectivo el evento MON 810 maíz-Bt para una estrategia de manejo de plagas del cultivo del maíz en el Uruguay?". Luego aclara la resolución: "1.1. MON 810 fue desarrollado para combatir [...]" al barrenador europeo del tallo "(Ostrinia nubilalis), especie plaga que no está presente en Uruguay.- 1.2. El informe de la CERV señala la efectividad de MON 810 sobre otro conjunto de especies plaga. El 'barrenador del tallo del maíz' (Diatraea saccharalis) no es la especie plaga de mayor importancia en el país. Sí lo es la 'lagarta del cogollo' [...] Sin embargo: no existe información experimental local en condiciones de cultivo para evaluar la efectividad del MON 810". A continuación, se desarrolla el punto de vista entomológico y se hace un cuestionamiento a los supuestos beneficios que esto podría traer. Finalmente, el informe concluye señalando que no están dadas las condiciones para que se produzca la liberación de este evento y que faltan elementos de juicio al respecto.

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