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Timestamp: 2020-07-14 03:44:47+00:00

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﻿ Sentencia 2009-00089 de mayo 30 de 2013
AUTO 2009-00089 DE 30 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:PROCESO EJECUTIVO. EN LOS PROCESOS EJECUTIVOS QUE SE INICIAN CON BASE EN SENTENCIAS, EL TÍTULO EJECUTIVO ES COMPLEJO Y ESTÁ CONFORMADO POR EL FALLO Y EL ACTO QUE EXPIDE LA ADMINISTRACIÓN PARA CUMPLIRLO. SIN EMBARGO, EL TÍTULO EJECUTIVO ES SIMPLE Y SE INTEGRA SOLO POR LA PROVIDENCIA, CUANDO LA ENTIDAD NO PROFIRIÓ EL ACTO PARA ACATARLA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DIAN, PROCESO EJECUTIVO, MANDAMIENTO DE PAGO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:499 DE JULIO DE 2013, PG.1214
Sentencia 2009-00089 de mayo 30 de 2013
Ref.: Expediente 250002326000-2009-00089-01
Asunto: apelación auto que negó mandamiento de pago
Como la DIAN se adhirió al recurso de apelación presentado por Davivienda S.A., la Sala resolverá sin limitaciones, conforme con el artículo 357(6) del Código de Procedimiento Civil, aplicable a esta jurisdicción por remisión expresa del artículo 267 del Decreto 1 de 1984. Para resolver, la Sala hará unas breves consideraciones del proceso ejecutivo y, seguidamente, examinará el caso concreto.
1. Generalidades del proceso ejecutivo.
El proceso ejecutivo es el medio judicial para hacer efectivas, por la vía coercitiva, las obligaciones incumplidas por el deudor. Es decir, es el medio para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada(7).
Conforme con el artículo 488(8) del Código de Procedimiento Civil, el título ejecutivo es aquel documento que proviene del deudor o de su causante; el que se origine en una sentencia condenatoria proferida por un juez, o cualquier otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva(9).
La obligación de dar trasmite al acreedor el dominio u otro derecho real. La obligación de hacer, por su parte, impone al deudor el deber de realizar un hecho positivo, pero no implica la trasmisión de ningún derecho real. La obligación de no hacer, en cambio, prohíbe al deudor ejecutar ciertos actos que, sin existir tal prohibición, podría hacerlos libremente(10).
En materia de lo contencioso administrativo, el proceso ejecutivo sirve para pedir el cumplimiento forzado de las obligaciones a cargo de las entidades públicas que consten, por ejemplo, en los actos administrativos ejecutoriados o en las providencias judiciales(11).
En cuanto a los procesos ejecutivos iniciados con base en providencias judiciales, es importante traer a colación, por lo pertinente, el auto de la Sección Tercera de esta corporación del 27 de mayo de 1998, que dijo(12):
En otras palabras: el juez tiene plena facultad para examinar no solo los requisitos formales, sino las exigencias que están relacionadas con las condiciones de certeza, exigibilidad, claridad y legalidad del título ejecutivo (requisitos sustanciales). El ejercicio de esa facultad cobra mayor importancia cuando se trata de un título ejecutivo complejo, por cuanto el juez debe revisar cada uno de los documentos que lo conforman para determinar si la parte ejecutada incumplió la obligación.
En primer término, la Sala estima pertinente transcribir los apartes de la sentencia que, según la parte demandante, sirve de título ejecutivo:
1. Bancafé manifestó a la unidad administrativa especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, su decisión de acogerse al régimen especial de estabilidad tributaria regulado en el artículo 240-1 del estatuto tributario, mediante Oficio DCG.CI 0675 del 20 de octubre de 2000, (fl. 38, Exp. 12310).
1. La subdirección de fiscalización tributaria, mediante Oficio 02610 de noviembre 30 de 2000, en respuesta a la anterior solicitud, informó a la sociedad que se había firmado por parte de la unidad administrativa especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, el contrato de estabilidad tributaria y en consecuencia debía acercarse a firmar el respectivo contrato (fl. 40). Dicho contrato estipulaba un término de duración de un (1) año, por lo cual la sociedad presentó el derecho de petición DCG-0796 (fl. 47), radicado el 15 de diciembre de 2000 bajo el número 112793, solicitando que, con sujeción al artículo 240-1 del estatuto tributario, se modifique el contrato de manera que en él se estipule una duración de diez (10) años, y se firme a mas (sic) tardar el 20 de diciembre siguiente, advirtiendo que si ello no era posible el banco entendería que para todos los efectos legales habría operado el silencio administrativo positivo previsto en la misma norma citada.
2. La anterior petición fue negada por el director general con Oficio 123782 de diciembre 22 de 2000 (fl. 53), sobre la base de que está dentro de las facultades de la unidad administrativa especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, definir el término por el cual se otorga la estabilidad, ateniéndose exclusivamente al límite que señala la norma y que en ese caso no opera el silencio administrativo positivo en los términos planteados por el contribuyente.
De manera que, efectivamente, por la inobservancia de la unidad administrativa especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, al precepto legal que lo obligaba a suscribir el contrato de estabilidad tributaria dentro del plazo de dos (2) meses previsto por la ley, se operó a favor de Bancafé el silencio administrativo; en cumplimiento del artículo 41 del Código Contencioso Administrativo, dicha entidad bancaria comunicó el hecho a la unidad administrativa especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, con Oficio 115981 de diciembre 28 del mismo año (fl. 56), y protocolizó mediante escritura pública 5685 de diciembre 27 de 2000 de la Notaría Treinta y Una del Círculo de Bogotá (fl. 55).
Y en la parte resolutiva, después de declarar la nulidad de la Resolución 1376 de 2001, dispuso:
Como consecuencia de la nulidad decretada, a título de restablecimiento del derecho, se declara que el Banco Cafetero S.A. - Bancafe, (sic)
b) Es titular de los derechos reconocidos por la citada norma legal y de la obligación derivada de la misma, consistente en adicionar en dos puntos porcentuales la tarifa general del impuesto sobre la renta y complementarios durante la vigencia del régimen especial.
Para la Sala, de los apartes trascritos no puede derivarse una condena en contra de la DIAN a devolver los impuestos “indebidamente pagados”. A lo sumo, lo que se deriva de la sentencia es la obligación de la DIAN de respetar los beneficios del régimen de estabilidad tributaria que amparaba a Davivienda S.A. en el periodo 2000 a 2009, lo que implica la solución favorable de las peticiones de devolución hechas por el contribuyente.
Ahora bien, la controversia que aquí propone la parte demandante no es porque la DIAN haya desconocido los beneficios de dicho régimen, sino por el presunto incumplimiento de reconocer y pagar los intereses sobre los impuestos indebidamente pagados.
El restablecimiento del derecho que decretó la Sala Transitoria de Decisión 4D de esta corporación consistía en que Davivienda S.A. quedaba amparada por los beneficios del régimen de estabilidad tributaria. Por ende, el literal c) de la sentencia en cuestión, se insiste, no obligaba a la DIAN a devolver los impuestos pagados indebidamente, como lo alegó el demandante, sino que le otorgaba el derecho a solicitar la devolución. Esto es, le permitía iniciar el procedimiento previsto para la devolución por pago de lo no debido.
De hecho, según lo aceptan las partes, el procedimiento para la devolución culminó con la expedición de las resoluciones 608/392, 608/393, 608/394, 608/395, 608/396, 608/397, 608/399, todas del 21 de abril de 2006, 13629 del 15 de noviembre de 2006 y 09036 del 23 de septiembre de 2008, que, en concreto, ordenaron la devolución de las sumas indebidamente pagadas (con la respectiva indexación), pero negaron el reconocimiento de intereses.
Cabe precisar que la devolución de los impuestos pagados indebidamente se rige por el artículo 850 del estatuto tributario(13), que prevé la devolución de saldos a favor. Dicho procedimiento, a su vez, está reglamentado por el Decreto 1000 de 1997 (que señala requisitos generales y especiales para la devolución y/o compensación de impuestos) y culmina con la expedición de actos administrativos de contenido particular y concreto, que son susceptibles de control ante la propia administración y ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tal como ocurrió en este caso.
Si la parte demandante estaba inconforme con las resoluciones mencionadas porque no le reconocieron los intereses que reclamó, lo que ha debido hacer es agotar la vía gubernativa y acudir ante el juez administrativo, pero no debió ejercer la acción ejecutiva, con el argumento de que existía una obligación impuesta por el juez e incumplida por parte de la DIAN(14). Como se vio, el proceso ejecutivo supone la existencia de un título en el que conste una obligación clara, expresa y exigible. En este caso, tales requisitos no se cumplen.
Todo lo anterior permite concluir que no existe título ejecutivo que respalde la pretensión de Davivienda S.A. y, en consecuencia, se confirmará el auto apelado.
Confírmase el auto apelado, pero por las razones expuestas.
(6) “ART. 357.—Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones...” se resalta.
(7) Sobre el tema, ver: Ospina, Fernández, Guillermo. Régimen General de las Obligaciones. Editorial Temis 2005. Pág. 49.
(8) “ART. 488.—Títulos ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso-administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.
(9) En la obra Curso de Derecho Procesal Civil, el profesor Hernando Morales Molina al referirse a las clases de títulos ejecutivos dice: “Entre nosotros existen dos clases de títulos ejecutivos, a saber: los provenientes de resoluciones judiciales que deben cumplirse (títulos judiciales), y los contenidos en actos o contratos provenientes del deudor o de su causante (títulos contractuales o privados). Los primeros pueden ser sentencias o autos proferidos por autoridad judicial, y los segundos, actos jurídicos preconstituidos o confesión del deudor, judicial o extrajudicial, que conste por escrito”.
(10) En cuanto a la eficacia de la acción ejecutiva, el profesor Guillermo Ospina Fernández dice: “El ideal jurídico en punto del cumplimiento de las obligaciones, sería el de que el acreedor siempre pudiera obtener estricta y cabal satisfacción de su derecho, bien fuera porque el deudor se allanara voluntariamente a ejecutar la prestación debida, bien porque, en caso contrario, el acreedor o el Estado tuviera poder real suficiente para llegar al propio resultado, venciendo la renuente voluntad de aquel: que si la obligación fuera de dar, el acreedor adquiera de todas maneras el derecho real correspondiente; que si la obligación fuera de hacer, el deudor ejecutara a cabalidad el hecho debido y que si la obligación fuera de no hacer, el acto violatorio pudiera ser evitado o sus efectos totalmente destruidos” op. cit.
(11) Así, por ejemplo, el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, que empezó a regir el 2 de julio de 2012, señala que son títulos ejecutivos los siguientes:
(12) M.P. Germán Rodríguez Villamizar, demandante sociedad Hecol Ltda., demandado Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
(13) “ART. 850.—Devolución de saldos a favor. Los contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias podrán solicitar su devolución.
(14) En un asunto similar al aquí estudiado, esta Sección decidió, en segunda instancia, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que se promovió el contribuyente contra los actos administrativos en los que la DIAN se negó a reconocerle los intereses moratorios que reclamaba, con fundamento en una providencia judicial que lo declaró beneficiario del régimen de estabilidad tributaria y le ordenó a la administración la devolución de los impuestos pagados indebidamente. Sentencia del 9 de de julio de 2009, Radicado 25000232700020040199301 (15923), M.P. Héctor Romero Díaz.

References: artículo 357
 artículo 267
 artículo 488
 artículo 240
 artículo 240
 artículo 41
 Resolución 
 artículo 850
 artículo 297