Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as201810412.html
Timestamp: 2019-11-19 08:40:04+00:00

Document:
as201810412
AUTO SUPREMO Nº 412/2018-RRC
Por Sentencia 01/2017 de 12 de enero (fs. 464 a 467), el Tribunal Primero de Sentencia de Montero del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Leoncio Vargas Bejarano, autor de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de tres años y seis meses de reclusión.
b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Leoncio Vargas Bejarano (fs. 493 a 499), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 54 de 2 de agosto de 2017, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.
Del memorial de recurso de casación y Auto Supremo 113/2018-RA de 12 de marzo, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
La parte recurrente denuncia que el Auto de Vista, luego de realizar una escueta y no fundamentada resolución, justifica con razonamientos no aplicables a los hechos demostrados en juicio referentes a la imposición de la pena y sin advertir que la Sentencia no contaba con la debida fundamentación referida a la fijación de la pena, omitiendo la consideración de la doctrina legal aplicable, incurriendo en defectos absolutos, previstos en el art. 169 inc. 3) del CPP, respecto al quantum de la pena prevista en el art. 335 del CP con relación a los arts. 37, 38 y 40 del CPP; toda vez, que la legislación penal propugna la reinserción social y el deber jurídico contenido en el art. 22 de la Constitución Política del Estado (CPE) y a las atenuantes y agravantes previstas por el legislador ha momento de la imposición de una pena, no fueron ponderadas cabalmente, que no se habría fundamentado en derecho los motivos para la determinación de la pena y se hubiese demostrado en juicio que es una persona honesta, sin antecedentes, con familia, sin procesos pendientes y siendo el primer delito que hubiese cometido.
Finalmente, la parte recurrente, refiere que se violó el principio de continuidad y concentración establecidas en el art. 334 del CPP, argumenta que los principios de concentración y continuidad deben ser entendidos como mandato de desarrollar los procesos en orden cronológico, de manera ininterrumpida hasta su conclusión. Hecho que fue denunciado a momento de plantear el recurso de apelación; empero, el Tribunal de apelación le restó importancia y en tres reglones minimiza esa observación, sin la más mínima revisión o lectura de la sentencia, donde refiere que estas afirmaciones no son ciertas ni evidentes; toda vez, que se constata que las suspensiones de audiencia en su gran mayoría fueron por falta de notificación a las partes o por inasistencia del fiscal o el imputado o querellante; sin embargo, no consta que el acusado haya solicitado abandono de la querella y que pueda merecer la resolución de dicho Tribunal.
Mediante Auto Supremo 113/2018-RA de 12 de marzo, este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por el recurrente, para el análisis de fondo de los motivos identificados precedentemente.
II.1. De la celebración del juicio oral, público y contradictorio.
Del acta de juicio, que cursa a fs. 440 a 463 vta., se establece que el juicio inició el 02 de febrero del 2016, fecha en la que estaban presentes tanto el acusador público, particular y el acusado, iniciando el mismo con la lectura de la acusación pública hasta concluir con la lectura de la parte resolutiva de la Sentencia.
Por Sentencia 01/2017 de 12 de enero, el Tribunal Primero de Sentencia de Montero del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Leoncio Vargas Bejarano, autor de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de tres años y seis meses de reclusión, la cual fue determinada bajo el siguiente fundamento jurídico.
“(…) por lo que en el presente caso el Tribunal en pleno, ha establecido que el imputado LEONCIO VARGAS BEJARANO, es autor de la comisión del delito de ESTAFA, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal y conforme lo estable el art. 365 del Código de Procedimiento Penal, determina dictar sentencia condenatoria en contra del imputad LEONCIO VARGAS BEJARANO.
PERSONALIDAD DEL IMPUTADO LEONCIO VARGAS BEJARANO: De lo examinado y analizado en el juicio, se establece que el imputado es una persona adulta, que tiene 54 años, estudió hasta 3ro Medio, es de ocupación comerciante de ganado y leche, casado, con domicilio en Warnes calle Obispo Santiestevan esquina Ñuflo de Chávez, no tiene antecedentes penales, tal se desprende por el certificado del Rejap presentado como prueba de descargo, éstos hechos han sido de conocimiento del Tribunal, por el mismo imputado en la audiencia de juicio.
DETERMINACIÓN DE LA PENA: Del análisis y valoración de la prueba de cargo producida e incorporada legalmente al juicio oral, la misma que ha generado en el Tribunal la convicción más allá de toda duda razonable, sobre la culpabilidad del imputado LEONCIO VARGAS BEJARANO, en el delito de ESTAFA, por lo que atentos a la personalidad del imputado y a las circunstancias en que se cometió el delito, el grado de instrucción del imputado, su entorno familiar, su edad, que no tiene antecedentes penales, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los artículos 37 y 38 del Código Penal, el Tribunal considera que le corresponde la pena de reclusión de tres años y seis meses a cumplir en el Centro de Readaptación Productivo de Montero.” (sic).
II.3. Del recurso de apelación restringida.
Bajo el acápite “DE LA FIJACIÓN DE LA PENA”, mencionó que fue ilegalmente condenado a la pena privativa de libertad de 3 años y 6 meses, negándole la posibilidad de acceder a la suspensión condicional de la pena, como si fuera delincuente habitual y con amplio prontuario criminal, sin familia ni otros aspectos que pudieran atenuar su pena y desarrollando el contenido del art. 37 y 38 del CP; manifiesta que en el caso de autos, la víctima, su esposo David Baez Mora y la testigo Silvia Eugenia Bellido Arce fueron imputados por el mismo fiscal asignado a su caso, por los delitos de Robo Agravado y Abigeato, que a raíz del referido caso estuvieron detenidos, por lo que sería de conocimiento público que la familia de la acusada entró a la cárcel; aspecto que, no habría sido considerado por el Tribunal de Sentencia, quien interrumpía a su abogado en todas las intervenciones en las que pretendía hablar del tema; aspecto que, hubiera dado lugar a no considerar los antecedentes de la víctima, pues éstos harían increíble la versión de un delincuente. Concluye señalando que no se actuó en justicia a momento de imponerle la pena de 3 años y 6 meses de condena, pues el delito acusado contemplaría una pena de 1 a 5 años; empero, en el caso de autos no se habría considerado los aspectos que refirió, por lo que solicitó que el Tribunal de apelación considerare bajar la pena, imponiendo la mínima conforme los parámetros establecidos en los arts. 37 y 38 del CP.
Denunció que se violó los principios de continuidad y concentración, previstos por el art. 334 del CPP, modificado por la Ley 586 de 30 de octubre de 2014; al respecto, detalla los días que se habría celebrado el juicio, refiriendo que las suspensiones fueron ilegales porque la acusadora particular, su esposo y testigo presencial, se encontraban detenidos preventivamente; aspecto que, habría reclamado y que no fue atendido por el Tribunal de Sentencia, violando la norma procesal señalada e incurriendo en defecto insubsanable, al desaparecer los principios de concentración y continuidad en perjuicio del imputado, pues a decir del mismo, correspondía que el A quo declare abandonada la acusación y no esperar que la víctima salga de la cárcel para condenarlo por un hecho que no habría cometido.
El recurso de apelación restringida referido precedentemente, fue resuelto por Auto de Vista 54 de 02 de agosto de 2017, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Santa Cruz, bajo los siguientes argumentos:
En cuanto a la falta de valoración correcta de los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, porque se le condenó a tres años y seis meses de reclusión, sanción que el acusado considera grave y en cuyo cálculo no se hubiera tomado en cuenta los artículos mencionados; el Tribunal de apelación en el décimo considerando de la resolución impugnada, después de identificar el agravio alegado, argumentó que el Tribunal de Sentencia hizo un correcto cálculo de la pena y que la misma, se encuentra debidamente fundamentada con base a una correcta valoración y aplicación de los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, así lo habría evidenciado del argumento expuesto por el A quo a fs. 466 vta., en la que constaría la apreciación acertada de la personalidad del autor con base a su conducta, agravante y atenuantes demostradas con pruebas de cargo y descargo, por lo cual concluyó que no es evidente lo denunciado por el apelante.
En el segundo párrafo del noveno considerando del Auto de Vista impugnado, el Tribunal de apelación remembrando los fundamentos expuestos por el apelante a tiempo de acusar que el Tribunal de Sentencia violó los principios de continuidad y concentración del juicio oral conforme lo previsto por el art. 344 del CPP, argumentó: “Sin embargo de la lectura de las acta de suspensiones de juicio oral cursantes en los antecedentes del proceso, se evidencia que estas afirmaciones no son ciertas ni evidentes, toda vez que se constata que las suspensiones de audiencias en su gran mayoría fueron por falta de notificación a las partes o por inasistencia del fiscal, posteriormente hay suspensiones por ausencia del imputado o de la querellante, sin embargo no consta que se haya solicitado el abandono de la querella y que pueda merecer la resolución del tribunal inferior.” (sic).
III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES
Admitido el recurso de casación, corresponde emitir pronunciamiento de fondo, dentro de los límites establecidos en el Auto Supremo 113/2018-RA de 12 de marzo, que admitió los motivos primero y tercero vía excepcional por cumplimiento de requisitos de flexibilización.
El recurrente denunció que el Tribunal de apelación incurrió en falta de fundamentación, a tiempo de resolver los siguientes motivos de apelación: 1. Que el Tribunal de A quo incurrió en el defecto de sentencia previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, en cuanto al cálculo del quantum de la pena, agravio que habría sido resuelto por el Tribunal de apelación con razonamientos no aplicables a los hechos demostrados en juicio; y, 2. Respecto a la vulneración del principio de continuidad y concentración, motivo de apelación al cual el de alzada, habría restado importancia y minimizó esa observación.
En cuanto, a la primera circunstancia identificada en el punto 1 del párrafo que precede, el Tribunal de apelación refirió que el Tribunal de Sentencia hizo un correcto cálculo de la pena, la cual se encontraría debidamente fundamentada con una correcta valoración y aplicación de los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP; aspecto que, sería verificable a fs. 466 de obrados, donde constaría la apreciación de la personalidad del autor con base a su conducta, las agravantes y atenuantes demostradas con las pruebas de cargo y descargo. Argumentos del Tribunal de alzada que éste Tribunal considera correctos y que responden al agravio planteado por el acusado, quien por un lado señaló de manera general, que la pena impuesta le impide acceder a la suspensión condicional de la pena y que la misma fue impuesta como si fuera un delincuente habitual con amplio prontuario criminal, sin familia y otros aspectos, argumento del apelante que no demuestra falta de fundamentación del quantum de la sanción impuesta; por otro lado, refirió que la víctima, su esposo y una testigo de cargo tendrían antecedentes penales y que hubiesen estado detenidos preventivamente; aspecto que, no fue considerado por el Tribunal de Sentencia, argumento del recurrente que tampoco demuestra la falta de fundamentación de la pena impuesta; empero, además el referido hecho, tal como reconoce el propio apelante, no fue establecido como probado en juicio; toda vez, que cuando su defensa técnica pretendería tocar el tema hubiese sido interrumpido por el A quo.
Conforme lo señalado, se establece que el apelante no hizo una exposición concreta de qué aspectos que fueron establecidos como probados por el Tribunal de Sentencia, no hubiesen sido considerados a tiempo de hacer el cálculo del quantum de la pena, al contrario, como estableció el Tribunal de apelación, el Tribunal de mérito en la fundamentación jurídica de la Sentencia de manera expresa hizo el análisis de la personalidad del imputado, refiriéndose a su edad, grado de instrucción, ocupación, estado civil y el hecho de no tener antecedentes penales. Por lo que, no es evidente que el Tribunal de alzada hubiera incurrido en falta de fundamentación en la resolución del agravio, pues la resolución de alzada en principio cumplió con identificar el agravio planteado por el imputado, posteriormente sentó las bases legales y jurisprudenciales que servirían de base a su resolución; y finalmente, fundamentó su resolución en la medida de la circunstancia planteada por el apelante. No siendo evidente que el fallo impugnado en casación, carezca de fundamentación, como denunció el imputado.
Respecto a la falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado; en cuanto, al agravio por el cual se acusó vulneración del principio de continuidad y concentración, el Tribunal de apelación fundamentó que las suspensiones que a decir del apelante fueron ilegales y que hubiesen sido a causa de la inasistencia de la víctima; no es evidente, pues las suspensiones habrían tenido como causa la inasistencia del representante del Ministerio Público, del imputado y del querellante, además que el acusado no habría solicitado la declaración de abandono de querella.
Al respecto, del contraste del argumento del Tribunal de apelación con los antecedentes del caso, se establece que el mismo es evidente; empero, además las referidas suspensiones no podrían ser consideradas como vulneradoras de los principios de inmediación y concentración; toda vez, que conforme lo redactado en el acápite II.1 del presente fallo, el juicio inició el 02 de febrero del 2016, fecha en la que después de tantas suspensiones, se logró que estuvieran presentes tanto el representante del Ministerio Público, acusadora particular y el imputado, iniciando el juicio con la relación de la acusación fiscal y concluyendo con la lectura de la parte dispositiva de la Sentencia. Es decir, la simple suspensión del inicio del juicio oral, no puede ser considerado como vulneración de los principios de inmediación y continuidad, pues conforme lo previsto por el art. 330 del CPP, para la vulneración del principio de inmediación debe acreditarse la ausencia de algún miembro del Tribunal A quo o de las partes; aspecto que, en el caso de autos conforme lo redactado en el acápite II.1 de la presente resolución, no aconteció; asimismo, una vez instalado el juicio con la presencia de todas las partes, el 2 de febrero del 2016, el mismo se llevó a cabo hasta la lectura de la parte dispositiva de la Sentencia; es decir, que iniciado el juicio el mismo no fue suspendido por lo tanto no existió la vulneración al referido principio.
Lo establecido precedentemente, también desvirtúa la supuesta vulneración al principio de continuidad, pues una vez iniciado el juicio, este se llevó hasta dictar la parte resolutiva de la Sentencia; asimismo, es oportuno referir que las simples suspensiones de las audiencias, no constituye defecto absoluto, salvo que se produzca dispersión de la prueba, aspecto que en el caso de autos no aconteció y tampoco fue alegado por el imputado; al respecto, este Tribunal a través del Auto Supremo 37 de 27 de enero del 2007, señaló: “Esta Sala estima que el espíritu del Código de Procedimiento Penal y del sistema oral acusatorio, contiene como regla general, el principio de continuidad de la audiencia de juicio, el que consiste que aquella se realizará sin interrupción, durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su culminación; estableciendo como excepción al mencionado principio, la suspensión de dicha audiencia, por un plazo máximo de diez días, tan solo una vez y en cualquiera de los casos enumerados en la disposición 335 del Código de Procedimiento Penal.
De ahí que esta distorsión del procedimiento resulta grave ya incide directamente en la integridad del legítimo proceso, no pudiendo ser fidedignos los razonamientos de un juez que ha conocido de los antecedentes de hecho en un lapso de tiempo irrazonable, debiendo en estos casos aplicarse la sanción pertinente, tanto procesal como disciplinaria, de donde la oportunidad procesal para el ejercicio de tal control jurisdiccional, era precisamente durante el análisis en el fondo del recurso de apelación restringida interpuesto por los imputados, empero no fue ejercitada bajo el principio de igualdad por el órgano jurisdiccional, legitimado a tal efecto." (sic).
Por lo expuesto, no es evidente la supuesta falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado, el cual es coherente con las circunstancias alegadas en apelación restringida por el imputado y que además fue dictado en observancia de la doctrina legal emitida por el Auto Supremo 210/2015-RRC de 27 de marzo, que dispuso: “Es importante que en el análisis de las circunstancias alegadas, para una mejor comprensión, el Tribunal realice una reseña de los hechos denunciados en contra de la Sentencia (motivos del recurso), sin que ello signifique todo el argumento del fallo, sino debe tener el debido cuidado de estructurar la Resolución, de forma tal que contenga: i) el objeto de impugnación (motivos del recurso); ii) las consideraciones argumentativas que servirán de sustento a la decisión final, es decir, fundamentación (normativa legal, doctrinal o jurisprudencial que respalda el fallo) y motivación (explicación clara, específica, completa, legítima y lógica del porqué la normativa o doctrina es aplicable al caso en concreto); iii) las conclusiones, que deben ser el fruto racional del análisis de las cuestionantes denunciadas, contrastadas con las actuaciones cursantes en el proceso y la normativa aplicable citada en el fallo, finalmente; iv) la parte resolutiva o dispositiva que debe ir en coherencia con lo analizado y las conclusiones arribadas (congruencia interna).”
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Leoncio Vargas Bejarano.

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