Source: https://www.gobiernodecanarias.org/politicassociales/infanciayfamilia/adopciones/adopta/
Timestamp: 2019-08-23 05:10:25+00:00

Document:
El artículo 39 de la Constitución Española establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y, en especial, de los menores de edad, de conformidad con los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
La entidad pública con competencias en materia de protección de menores en la Comunidad Autónoma de Canarias es la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, a la que deberán dirigirse los interesados en iniciar un procedimiento de adopción nacional o internacional de menores.
En la adopción nacional, la entidad pública competente en materia de protección de menores y, por tanto, en materia de adopción facilitará a los interesados en iniciar un procedimiento de adopción la información, la formación y la preparación necesarias para que puedan afrontar con garantías su proyecto adoptivo. Además, declarará la idoneidad o la no idoneidad de las personas que se ofrezcan para la adopción de menores, procederá a su selección como adoptantes de un menor y formalizará administrativamente la guarda con fines de adopción del menor asignado. Una vez que los equipos técnicos comprueben que el ajuste familiar se desarrolla con éxito, la entidad pública promoverá la adopción ante los tribunales de justicia. En nuestro país, la administración no puede acordar la adopción por no tener competencias para ello. En todo caso serán los tribunales de justicia (juzgados de primera instancia) los competentes para acordar la adopción.
En nuestro país, la adopción nacional de un menor es plena, lo que significa que la adopción rompe los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia de origen, y los crea entre aquél y la familia adoptiva. De esta forma se equipara de manera absoluta la filiación adoptiva y la filiación biológica, y sus efectos son irrevocables.
No obstante, cuando el interés del menor así lo aconseje en razón de su situación familiar, edad o cualquier otra circunstancia significativa valorada por la entidad pública, podrá acordarse el mantenimiento de alguna forma de relación o contacto a través de visitas o comunicaciones entre el menor, los miembros de la familia de origen que se considere y la familia adoptiva, favoreciéndose especialmente, cuando ello sea posible, la relación entre los hermanos biológicos.
En estos casos el juez, al acordar la adopción, podrá acordar también el mantenimiento de dicha relación y fijará la periodicidad, duración y condiciones a propuesta de la entidad pública o del Ministerio Fiscal, y con el consentimiento de la familia adoptiva y del adoptando si tuviera suficiente madurez y siempre si fuera mayor de doce años. En todo caso, será oído el adoptando menor de doce años de acuerdo a su edad y madurez.
El juez podrá acordar también la modificación o finalización de estos contactos, siempre atendiendo al interés superior del niño.
La entidad pública remitirá al juez los informes periódicos sobre el desarrollo de las visitas y comunicaciones, así como las propuestas que considere acerca del mantenimiento o la modificación de las mismas durante los dos primeros años y, transcurridos estos, a petición del juez.
-La adopción plena produce los mismos efectos que la adopción nacional.
-La adopción simple no rompe los vínculos jurídicos entre el menor y su familia de origen, por lo que la adopción puede quedar sin efecto en cualquier momento. La adopción simple constituida por una autoridad extranjera surte efectos en España si se ajusta a la ley nacional del menor adoptado. Es considerada como un acogimiento familiar susceptible de transformarse en plena cuando se den los requisitos para ello.
Las entidades públicas deben promover las actividades formativas adecuadas para fortalecer los conocimientos y las habilidades de los adoptantes, debiendo facilitar a las familias la información y la formación necesarias a lo largo de todo el proceso que les permita comprender y afrontar las implicaciones que tiene la adopción. Todo ello con el fin de prepararlas para el adecuado ejercicio de sus responsabilidades parentales una vez constituida aquélla.
Los trabajadores interesados en iniciar un procedimiento de adopción, y aquellos que ya han presentado su ofrecimiento, tienen derecho a ausentarse de su puesto de trabajo por el tiempo indispensable para acudir a estas sesiones de información y preparación para la adopción, siempre que tengan lugar dentro de la jornada de trabajo.
-La adopción como medida de protección
-Adopción nacional e internacional. Diferencias. Dificultades.
-Procedimiento administrativo y judicial de tramitación de los procedimientos.
-Obligatoriedad de acudir a las sesiones informativas y formativas
-Menores declarados en situación de adoptabilidad.
Asimismo, desde la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia se ofertan a los adoptantes diferentes acciones formativas presenciales con el objetivo de prepararles para afrontar adecuadamente las dificultades futuras a las que se van a tener que enfrentar tras la asignación de un niño o una niña.
Los menores susceptibles de adopción son niños y niñas que han sido declarados en situación de desamparo y que la entidad pública competente en materia de protección de menores ha declarado que se encuentran en situación de adoptabilidad tras haber constatado la imposible reintegración con la familia biológica por considerar, en interés del propio menor, que lo más beneficioso para promover su bienestar y su desarrollo personal es la incorporación plena y permanente en una familia alternativa, la adoptiva.
En el caso de la adopción internacional, cada país tiene una legislación, un procedimiento y unos requisitos específicos para determinar cuándo un niño es susceptible de ser adoptado.
En general, estos niños pueden ser huérfanos que no cuentan con familiares que se hagan cargo de ellos, pueden haber sido abandonados por sus progenitores, o pueden haber sido separados de los mismos por la autoridad competente por haber sufrido malos tratos o negligencias severas en su cuidado y crianza.
Todos ellos tienen unas vivencias concretas, una historia previa que es diferente en cada niño. Todos ellos han sufrido una separación y una desprotección que les marcará en mayor o menor medida para el resto de su vida.
Pero además de ello, algunos menores presentan determinadas características o necesidades especiales.
En nuestra Comunidad Autónoma, la concurrencia de algunas de las circunstancias descritas a continuación determinan la calificación de un menor como menor con características especiales:
-Presentan discapacidad física, psíquica o sensorial.
-Padecen enfermedades graves, crónicas, degenerativas o contagiosas.
-Han manifestado una especial inadaptación social.
-Presentan características similares a las anteriores, valoradas y plasmadas en informes técnicos y periciales emitidos por la administración pública competente.
-Han cumplido los ocho años de edad.
-Grupos de tres o más hermanos que están unidos por vínculos afectivos que no aconsejen su separación.
-Ser mayor de 25 años (si son dos los adoptantes, basta con que uno de ellos haya alcanzado dicha edad).
-En todo caso, la diferencia de edad entre el adoptante y el adoptando será de, al menos, 16 años y no podrá ser superior a 45 años, salvo supuestos excepcionales. Cuando fueran dos los adoptantes, será suficiente con que uno de ellos no tenga esa diferencia máxima de edad con el adoptando. Si los futuros adoptantes están en disposición de adoptar grupos de hermanos o menores con necesidades especiales, la diferencia máxima de edad podrá ser superior.
En España se admite la adopción por familias monoparentales (un solo miembro) y por familias biparentales (ya sean matrimonio o pareja de hecho).
Para iniciar un procedimiento de adopción nacional o internacional en Canarias, los interesados deben presentar el formulario en modelo normalizado ante la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, en la que constará su ofrecimiento concreto en cuanto al número de menores a adoptar (un solo menor o un grupo de hermanos), edad y estado de salud del mismo, y si se ofrecen o no para la adopción de menores con características especiales
Podrán iniciar este procedimiento todos aquellas personas, nacionales o extranjeras que, reuniendo los requisitos de capacidad previstos en el Código Civil, y siendo residentes en Canarias, se ofrezcan para la adopción de menores y acepten someterse a la valoración psicosocial de su idoneidad para la adopción, esto es, al estudio por parte de la entidad pública de sus circunstancias sociofamiliares y psicológicas con la finalidad de que aquélla determine con ciertas garantías si tienen o no la capacidad parental, la aptitud y la motivación adecuadas para asumir y ejercer las responsabilidades propias de la parentalidad adoptiva con un niño del sistema de protección.
Para poder determinar si los solicitantes cumplen con los requisitos de capacidad exigidos legalmente, e iniciar y llevar a cabo la valoración psicosocial preceptiva, los interesados deberán aportar la documentación reglamentariamente exigida que acredite su identidad, estado civil, lugar de residencia, ingresos económicos, bienes patrimoniales, antecedentes penales y estado de salud, esencialmente.
La Dirección General comunicará a los interesados el número asignado a su solicitud que identificará el expediente durante su tramitación. Asimismo informará a los interesados de que el plazo para resolver su solicitud de declaración de idoneidad para la adopción es de seis meses y que transcurrido dicho plazo sin haber dictado resolución se entenderá estimada la solicitud.
-Cuando cualquiera de las personas solicitantes posea antecedentes penales por delitos sexuales o haya sido condenada a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, guarda y acogimiento de menores.
Cuando los adoptantes tengan en trámite una solicitud anterior para la misma modalidad de adopción (nacional o internacional) y no se haya constituido la adopción en dicho expediente. No cabe la tramitación simultánea de más de un procedimiento de adopción nacional ni de más de un procedimiento de adopción internacional por la misma persona. Por contra, sí se permite la tramitación simultánea de dos solicitudes presentadas por los mismos interesados cuando una de ellas lo sea para la adopción nacional y la otra para la adopción internacional.
Valoración psicosocial de los solicitantes. Declaración de idoneidad.-
Se entiende por idoneidad para la adopción la capacidad, aptitud y motivación adecuadas para ejercer la responsabilidad parental adoptiva y para asumir las peculiaridades, consecuencias y responsabilidades que conlleva la adopción, atendiendo a las necesidades de los menores a adoptar. A este respecto, conviene dejar claro que la parentalidad adoptiva no es exactamente la misma parentalidad que deben tener unos padres biológicos para cuidar y atender a las necesidades de su hijo. La parentalidad adoptiva exige un plus de responsabilidades y habilidades para la crianza por cuanto se dirige al cuidado y crianza de un niño del sistema de protección que arrastra unas vivencias y experiencias que ningún niño debería tener en condiciones normales; vivencias y experiencias que pueden haber dejado en el niño heridas y consecuencias que es necesario abordar. De esta forma, la parentalidad adoptiva se dirige no sólo a la crianza de un niño sino, de alguna forma, a la crianza terapéutica de un niño que le ayude a sanar, reparar, superar e integrar las heridas y experiencias que arrastra.
A la vista de ello, una declaración de no idoneidad para la adopción no significa que la entidad pública entienda que las personas no están capacitadas para cuidar y atender a un hijo biológico, sino que se ha valorado por los equipos técnicos especializados que no disponen de las suficientes herramientas para hacer frente a la crianza de un niño del sistema de protección. Se trata de dos situaciones (la parentalidad adoptiva y la biológica) que en muchos casos son muy diferentes.
Para determinar la idoneidad o la no idoneidad, la entidad pública realizará una valoración psicosocial consistente en el estudio sobre la situación personal, familiar, relacional y social de las personas que se ofrecen para la adopción. En ella se analizará y se estudiará la capacidad de estos adultos para establecer vínculos estables y seguros con un niño declarado en situación de desamparo, sus habilidades educativas y su aptitud para atender a un menor del sistema de protección, con sus singulares circunstancias. Todo ello con la finalidad de intentar obtener las mayores garantías sobre su capacidad y aptitud para desempeñar la parentalidad adoptiva.
Esta valoración de idoneidad tendrá en cuenta los siguientes criterios y aspectos de los solicitantes:
-Se valorará positivamente su estabilidad y madurez emocional, la existencia en ellos de motivaciones y actitudes adecuadas para la adopción, la relación estable y positiva de la pareja, la aptitud básica para la educación del menor, el adecuado ajuste entre el deseo de las personas solicitantes de ser padres y el de dar respuesta al derecho del menor protegido de tener una familia, la flexibilidad de actitudes y su capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, su capacidad para ofrecer un ambiente familiar que favorezca el desarrollo integral del menor, disponer de vivienda adecuada... entre otros.
-Por el contrario, entre los criterios de valoración negativa se encuentran, entre otros, la existencia de problemas de salud física o psíquica en los adoptantes en la medida en que puedan afectar al proceso de adopción y crianza del menor, la existencia de motivaciones inadecuadas para la adopción, desajustes graves en la relación de pareja de los solicitantes, el rechazo a asumir los riesgos inherentes a la adopción y la presencia de expectativas rígidas respecto al niño en desamparo y a su origen socio-familiar.
-La valoración de idoneidad de los solicitantes tendrá en cuenta, además, el medio familiar, las condiciones de habitabilidad e higiene de la vivienda, la infraestructura de la zona de residencia, la disponibilidad de tiempo para su educación, la existencia de hijos de edad similar al adoptando, las relaciones con la familia extensa y la utilización del tiempo de ocio y diversión, las redes sociales de apoyo, así como si existe o no una capacidad, una aptitud y una motivación adecuadas para ejercer la responsabilidad parental adoptiva.
La valoración de la idoneidad de los solicitantes se realizará tomando como referencia el principio del interés del menor, por lo que podrán ser considerados como no idóneos quienes no acrediten su capacidad, aptitud y motivación para el ejercicio de la parentalidad adoptiva, no ofrezcan suficientes garantías para la adecuada atención del menor, no acepten el desarrollo del proceso de valoración y seguimiento de la adopción y quienes oculten o falseen datos relevantes.
En la actualidad, los trabajadores que se hayan ofrecido para la adopción de menores, y hayan iniciado el procedimiento oportuno, tienen derecho a ausentarse de su puesto de trabajo por el tiempo indispensable para la realización de la preceptiva valoración psicosocial previa a la declaración de idoneidad, siempre que las reuniones y entrevistas con los técnicos que estén llevando a cabo dicha valoración tengan lugar dentro de la jornada de trabajo.
Una vez emitidos los informes psicosociales y se hayan puesto, a modo de trámite de audiencia, a disposición de los solicitantes para su conocimiento y para que puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas a partir del contenido de dichos informes, se remitirá el expediente a la Comisión de Atención al Menor, que es el órgano competente para elevar una propuesta a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, órgano que, a su vez, dictará la correspondiente resolución. El contenido de la resolución será:
-La declaración de la idoneidad para la adopción de los solicitantes, que deberá concretar las características y edades del o los menores para cuya adopción se consideran idóneos.
-La declaración de la no idoneidad de los solicitantes, que deberá expresar de forma motivada y comprensiva las razones que la fundamentan. Sin perjuicio de las reclamaciones que los interesados puedan interponer contra esta resolución de no idoneidad, se podrá volver a instar nueva solicitud de idoneidad cuando las causas en que se fundamentó la resolución anterior hubieran desaparecido.
-En los procedimientos de adopción nacional, la declaración de idoneidad tiene una vigencia de tres años contados a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución que la declara. Transcurridos esos tres años, la declaración de idoneidad deberá actualizarse (a petición de los interesados) a través de una nueva valoración psicosocial.
-En los procedimientos de adopción internacional, la declaración de idoneidad, al igual que los informes psicosociales, tienen una vigencia de tres años contados a partir de la fecha de emisión de la resolución que la declara. Transcurridos esos tres años, la declaración de idoneidad deberá actualizarse (a petición de los interesados) a través de una nueva valoración psicosocial. En algunos casos, puede que la legislación del país al cual se dirige el ofrecimiento para la adopción disponga un plazo diferente al de la legislación canaria (tres años). En esos casos, la idoneidad deberá actualizarse en función de los plazos de vigencia que establezca el país, y siempre a petición de los interesados.
Si durante el proceso de valoración, o bien durante la vigencia de la declaración de idoneidad (o de cualquiera de las actualizaciones), se apreciaran circunstancias de carácter coyuntural que aconsejasen aplazar la valoración definitiva, o si así lo solicitasen de forma expresa los interesados, la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, a propuesta de la Comisión de Atención del Menor y previo trámite de audiencia al interesado, suspenderá mediante la oportuna resolución, la tramitación del expediente durante el plazo que se fije.
También pueden los interesados, durante la vigencia de una idoneidad ya declarada, solicitar la suspensión de dicha idoneidad, por el tiempo que se fije, si existieran causas y circunstancias de carácter coyuntural que así lo aconsejen.
Se entenderá como circunstancias de carácter coyuntural las siguientes: el embarazo o el nacimiento de hijos biológicos, la asignación de un menor en algún procedimiento de adopción compatible, el fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, la reciente ruptura de la relación de pareja, las intervenciones quirúrgicas de gravedad, las enfermedades transitorias, los desplazamientos por motivos laborales por tiempo definido, el traslado reciente de domicilio y cualquier otra circunstancia debidamente fundamentada que aconseje, siempre en interés del menor, aplazar la decisión de continuar con el proceso de valoración.
Una vez desaparecida la o las causas que motivaron la paralización, o una vez vencido el plazo de suspensión, los solicitantes deberán instar la continuación del procedimiento y se deberá realizar una nueva valoración psicosocial, si procede, para declarar la actualización de la idoneidad.
Transcurrido el plazo de suspensión sin que hayan desaparecido las circunstancias que la motivaron, se dictará resolución desestimatoria. En la resolución de suspensión se advertirá a los interesados de que si transcurren tres meses desde la finalización del plazo de suspensión sin que manifiesten su voluntad de continuar o no con el procedimiento de adopción, se declarará la caducidad del procedimiento y el archivo definitivo del expediente.
-El transcurso del plazo de tres años desde que se emitió la resolución de idoneidad o desde que se notificó ésta, según se trate de adopción internacional o nacional, respectivamente.
-La variación sustancial de las circunstancias psicológicas o sociales de los solicitantes.
-La no aceptación por parte de la familia del menor asignado para su adopción.
Los interesados deben instar la actualización de la declaración de su idoneidad en los siguientes casos:
-Por vencimiento del plazo de vigencia. En el plazo de los seis meses anteriores a la finalización de la vigencia de la idoneidad (tres años), las personas declaradas idóneas deberán solicitar en todo caso la actualización de su idoneidad. Transcurrido el plazo de vigencia de la declaración de idoneidad sin que los interesados hayan presentado la correspondiente solicitud de actualización, se les tendrá por decaídos en su derecho, se producirá la pérdida de la vigencia de su declaración de idoneidad, se les dará de baja en el Registro de Adopción y se archivará su expediente sin más trámites.
-Por la modificación sustancial de las circunstancias psicológicas y sociofamiliares de los solicitantes en las que se fundamentó la declaración de idoneidad. Las personas declaradas idóneas deben comunicar a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia cualquier variación sustancial en sus circunstancias psicológicas, sociales, familiares, personales, económicas, etc. en un plazo de tres meses a partir del momento en que se produzcan para proceder a una nueva valoración. Dicha comunicación conllevará la suspensión cautelar de la vigencia de la idoneidad hasta que se dicte la resolución final.
Por su parte, la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia podrá efectuar de oficio la actualización de la idoneidad de los interesados, antes del transcurso del plazo de vigencia, en los siguientes casos:
-Por tener conocimiento de la modificación sustancial de las circunstancias sociofamiliares de los solicitantes declarados idóneos.
-Por haberse detectado el ocultamiento o la falsificación de datos por parte de los solicitantes declarados idóneos.
-Por la no aceptación, por parte de los solicitantes declarados idóneos, de la asignación de un menor para su adopción y cuyo perfil se ajusta a las características y edad determinadas en su declaración de idoneidad.
Las personas adoptadas, alcanzada la mayoría de edad (o durante su minoría de edad a través de sus representantes legales), tendrán derecho a conocer los datos que sobre sus orígenes obren en poder de la entidad pública. A tal efecto, el Código Civil establece que las entidades públicas asegurarán la conservación de la información que dispongan relativa a los orígenes del menor, en particular la información respecto a la identidad de sus progenitores, así como la historia médica del menor y de su familia, y se conservarán durante al menos cincuenta años con posterioridad al momento en que la adopción se haya hecho definitiva. La conservación se llevará a cabo a los solos efectos de que la persona adoptada pueda ejercitar el derecho que le asiste a tener conocimiento sobre sus orígenes.
Para hacer efectivo este derecho, la entidad pública tiene también la obligación de prestar a las personas adoptadas, a través de sus servicios especializados, el asesoramiento, la ayuda y la mediación que precisen. A estos efectos, cualquier entidad privada o pública tendrá la obligación de facilitar a las entidades públicas y al Ministerio Fiscal, cuando les sean requeridos, los informes y antecedentes necesarios sobre el menor y su familia de origen.

References: artículo 39
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