Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831117.html
Timestamp: 2019-11-20 02:12:20+00:00

Document:
as201831117
Expediente: 243/2017
Demandante: Josefa Jordán de Rueda, beneficiaria de Jorge Rueda Peña
VISTOS: El Recurso de Casación en el fondo de fs. 356 a 353 vta., interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo a.i. del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista N° 076/2016 SSA-II de 13 de septiembre, cursante a fs. 351 a 350 vta., emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del recurso de reclamación por pago de Renta de Viudedad, formulada por Josefa Jordán de Rueda, al fallecimiento Jorge Rueda Peña, contra el SENASIR, el Auto Nº 010/2017 SSA-II de 11 de enero de 2017, de fs. 366, por el que se concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 243-A de 19 de junio de 2017, cursante de fs. 387 y vta., que admitió el recurso; los antecedentes del proceso; y:
Que, por Resolución Nº 00003798 de 09 de octubre de 2014, cursante a fs. 298 a 296, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, determinó proceder a la recuperación de Bs. 22.126,29 descontando el 20% de la Renta Única de Viudedad que percibe la derechohabiente Josefa Jordán, hasta cubrir dicho monto, porque no se había dado de baja la Renta básica de viudedad del sector Administración Pública, después de la fusión efectuada en septiembre de 1998.
Ante el Recurso de Reclamación interpuesto por la beneficiaria (fs. 317-315), la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 602/15, de 04 de agosto (fs. 328-323), CONFIRMÓ la Resolución Nº 000003798, de 09 de octubre de 2014, expedida por la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, al encontrar que se encuentra de acuerdo a los datos del expediente y la normativa que rigen la materia.
Interpuesto Recurso de Apelación por la beneficiaria (fs. 342-341 y vta.), la Sala Social, Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa Segunda, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista N° 076/2016, de 13 de septiembre de 2016, cursante a fs. 351-350 vta., por el que REVOCÓ la Resolución N° 602/15 de 04 de agosto de 2015 y dispuso que el SENASIR, deje sin efecto el descuento del 20% de la Renta Básica de Viudedad de JOSEFA JORDÁN, ordenando además que se proceda a la devolución inmediata de los montos descontados.
Contra la Resolución emitida por el Tribunal de Apelación, Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, formuló Recurso de Casación en el fondo, en el que luego de apersonarse y efectuar un análisis de los antecedentes del proceso, alegó que:
Interpone recurso de casación en el fondo, transcribiendo parte del Auto de Vista impugnado, denunciando que esta resolución fue emitida de manera contraria a la Constitución y por consiguiente se enmarca a un nuevo tipo penal previsto por la Ley Nº 004, porque no consideró que el SENASIR, tiene plena facultad de revisión de las rentas de oficio y recuperar el daño económico provocado al Estado, mediante trámites en la vía administrativa o en la vía coactiva social ante la autoridad jurisdiccional competente, conforme prevén los arts. 1º de la Ley Nº 2197 de 09 de mayo de 2001, modificatorio del art. 57-III, de la Ley de Pensiones Nº 1732, 2 inc. b) de la Resolución Ministerial (RM) Nº 044 de 18 de julio de 2001 y 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 27991 de 28 de enero de 2005, al haberse advertido en el caso presente, que al haber cobrado la derechohabiente, una renta que no le correspondía, se dispuso acertadamente, en aplicación de la RM Nº 384 de 11 de junio de 2004 y Resolución Administrativa (RA) Nº 0682.07 de 25 de abril de 2007, la devolución de ese importe, mediante el descuento del 20% de su renta, conforme determinaron los informes técnicos, en los que se establecieron que al momento de la fusión de las rentas, no se había dado de baja la renta básica del sector Administración Pública.
Por ello es que en aplicación de los arts. 8 del DS Nº 23215, 42 inc. b) y 43 de la Ley Nº 1178, que establecen que el Sistema de Control Gubernamental Interno de cada entidad pública, tiene el objetivo de promover el acatamiento de las normas legales y proteger los recursos contra irregularidades, fraudes y errores, es que el SENASIR, tiene la obligación de efectuar la revisión, a efectos de determinar el daño económico causado al Estado y recuperar el mismo.
Considera que no se cumplieron los principios de especialidad y verdad material que rige el Sistema de Seguridad Social, que enmarca su actuar en las previsiones del art. 67-II y 180 de la CPE.
Alegó también que en aplicación del art. 482 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS), ninguna persona podría alegar derechos adquiridos con relación a las modificaciones que el Reglamento introduzca, en cuanto a la extensión de las prestaciones de la Seguridad Social, modalidades de aplicación cuántica y procedimientos de cálculo o de cobranza de las cotizaciones, precepto que el Tribunal de alzada, no consideró al momento de resolver la apelación, en perjuicio de la institución pública del Estado que representa, incurriendo en aplicación erróneamente el art. 477 del mismo RCSS.
Solicitó que se conceda el recurso de casación, para que este Tribunal, CASE el Auto de Vista recurrido, y se confirme la Resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR Nº 602/15 de 04 de agosto de 2015.
La apoderada de la derecho habiente, por memorial de 365 a 362, respondió al recurso, argumentando que según los informes emitidos en el caso presente, se presumieron que ella cobro indebidamente una renta no fusionada, aspecto que no se ha comprobado en el curso del proceso, porque en la gestión 1998, se perdió la información de toda la base de datos del SENASIR y por consiguiente, se restableció de manera manual.
Por otra parte, indica que no se comunicó a su representada de la fusión de rentas y en aplicación del art. 477 del RCSS y el art. 83 del Manual de Prestaciones, no se ha comprobado que esos errores fuesen atribuidos a ella en mérito a documentos, datos o declaraciones fraudulentas, implicando que sancionarla con ese cobro es un atentado al principio de presunción de inocencia, sin considerar además que es una persona de edad avanzada y con un estado de salud delicado.
Por lo que solicitó que se declare infundado el recurso.
Mediante Auto Supremo Nº 243-A de 19 de junio 2017, este Tribunal admitió el recurso de casación en el fondo, interpuesto por el Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, promovido contra el Auto de Vista cursante a fs. 351 a 350 vta.
El art. 477 del RCSS señala que:
De lo contrario, si esos errores fueron incurridos por los funcionarios en el ejercicio de sus funciones dentro de las aludidas entidades, la recuperación de esos recursos, no corresponde atribuírseles a los rentistas o beneficiarios, sino por el contrario a esos funcionarios, conforme a la responsabilidad funcionaria instituida por la Ley Nº 1178 y normas contenidas en el Sistema de Control Gubernamental Interno de cada entidad.
La resolución de vista impugnada en casación, no ha puesto en tela de juicio la facultad que tiene el SENASIR para revisar de oficio de las rentas en curso de pago y adquisición, puesto que esta facultad se encuentra reconocida en la normativa citada precedentemente (arts. 9 del DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005 y 5 inc. H del DS Nº 27066 de 06 de junio de 2003 e inclusive la RM Nº 044 de 18 de julio de 2001, citada en el recurso), por el contrario, se establece que el Auto de Vista, aplicó adecuadamente la indicada normativa, advirtiéndose que no es evidente que exista infracción alguna sobre este particular, pues en la parte considerativa reconoció esa facultad de revisión y cobro que tiene el SENASIR, porque luego de haber constatado que la Renta Básica que se pagaba a la derecho habiente Josefa Jordán, del Sector Administración Pública y la Renta Complementaria en el Sector Comunicaciones, fueron fusionadas a partir de agosto de 1998, empero, luego de esa fusión, se advirtió que la Renta Básica, no había sido dado de baja, pese a la fusión de las rentas, pues ésta se había seguido cancelando de manera paralela hasta marzo de 2001, circunstancia que motivó que en mérito a dicha facultad de revisión, se evidenció que ciertamente existía un daño económico al Estado; empero dispuso de manera equivocada que la restitución de esos recursos correspondía a la derecho habiente, pese a que para incurrir en ese error ésta última no presentó ningún dato, declaración o documento erróneo o falso y que por el contrario constituye un error incurrido por la Central informática del SENASIR, que seguramente cuando se perdieron los datos en esa oportunidad, al cargar nuevamente los mismos, no advirtieron que existió esa fusión de Rentas, aspecto que deslinda de toda responsabilidad a la beneficiaria, en aplicación del art. 477 del RCSS.
Respecto a que no se habría cumplido los principios de especialidad y verdad material, que rige el Sistema de la Seguridad Social, instituido por los arts. 67-II y 180 de la CPE, no es evidente, porque de los antecedentes del expediente, se establece que luego de haber sido beneficiada Josefa Jordán de Rueda, con la renta de viudedad, al fallecimiento de su esposo Jorge Rueda Peña, recibía las Rentas Básica y Complementaria de manera separada, luego se determinó la fusión de esas rentas, para ser canceladas de manera conjunta; empero, no se acreditó en el curso del proceso, que se hubiese comunicado por escrito a la beneficiaria de esa fusión, para cobrar de manera conjunta ambas rentas y según los informes emitidos por el SENASIR, se presume que fueron cobradas de manera intermitente, evidenciando que en mérito a los principios aludidos, no se ha demostrado de manera específica que la beneficiaria fuere la causante de ese yerro incurrido por el SENASIR, por el contrario, en virtud al principio de verdad material, se advierte - porque se reconoció por la entidad pública, mediante los informes pertinentes- que ese error fue atribuido a una omisión de no dar de baja la renta básica, constituye un aspecto enteramente administrativo y que compete solo a los funcionarios encargados de esa tarea y no así a la beneficiaria que no tiene injerencia alguna en los archivos ni en el Sistema Computarizado del SENASIR.
Por otra parte, la beneficiaria, en momento alguno alegó la existencia de un derecho adquirido, respecto al pago doble de la renta básica de viudedad, por consiguiente resulta inaplicable las previsiones contenidas en el art. 482 del RCSS, citado en el recurso, concluyéndose que fueron aplicados de manera acertada las presiones del art. 477 del mismo RCSS, conforme se ha fundamentado precedente.
Por todo lo expuesto, se concluye que el Auto de Vista recurrido no transgrede ni vulnera las normas alegadas en el recurso de casación, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, correspondiendo resolver conforme prescribe el art. 220-II del CPC, aplicable por la norma permisiva contenida en el art. 633 del Reglamento al Código de Seguridad Social y art. 15 del Manual de Prestación de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por RS Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184-1 de la CPE y 42-I-1 de la LOJ, declara INFUNDADO el Recurso de Casación en el fondo de fs. 356 a 353, interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, contra el Auto de Vista N° 076/2016 de 13 de septiembre, cursante a fs. 351 a 350 vta., emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución