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﻿ SENTENCIA 24986 DE AGOSTO 23 DE 2005
SENTENCIA 24986 DE 23 DE AGOSTO DE 2005
CONTENIDO:APLICACIÓN DEL FUERO CIRCUNSTANCIAL. NO REQUIERE QUE EL TRABAJADOR TENGA UN INTERÉS PARTICULAR EN LOS DERECHOS O BENEFICIOS MATERIA DE REGULACIÓN, PUES LO IMPORTANTE ES QUE PERTENEZCA A LA ORGANIZACIÓN O AL GRUPO DE TRABAJADORES QUE PRESENTAN EL PLIEGO DE PETICIONES.
TEMAS ESPECÍFICOS:NEGOCIACIÓN COLECTIVA, PLIEGO DE PETICIONES, FUERO SINDICAL CIRCUNSTANCIAL, PRESENTACIÓN DEL PLIEGO DE PETICIONES
Sentencia 24986 de agosto 23 de 2005
Rad. 24986
Resuelve la Corte el recurso de casación que interpuso la parte demandada contra la sentencia del tribunal de Medellín, dictada el 3 de junio de 2004 en el proceso ordinario laboral que promovió José Luis Restrepo Higuita contra la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl.
Uno de los temas que se resolvió en este litigio fue la afiliación del demandante a la organización sindical Anthoc y otro determinar si toda vez que se beneficiaba de unos acuerdos extralegales que suscribió con la fundación demandada el actor “... no se encontraba inmerso en el conflicto colectivo suscitado por el Sindicato Anthoc, pues ya él tenía definida y consolidada su situación laboral legal con la demandada” (fl. 408). Esos tópicos se plantearon en el escrito que sustenta la apelación interpuesta contra la sentencia de primera instancia, en donde se invocó la sentencia de casación del 5 de octubre de 1998, radicación 11017, que es la que también utiliza el cargo para decir que el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 exige, para su recto entendimiento y aplicación, que el trabajador esté involucrado en el conflicto colectivo laboral.
Fue por esa razón que el tribunal se pronunció sobre esos dos temas y declaró, con base en las pruebas, que el demandante era miembro activo de Anthoc y que si bien firmó unos acuerdos extralegales y también extraconvencionales, lo hizo sin renunciar a su condición de afiliado a esa organización sindical ni a los beneficios convencionales. Y también por ese motivo destinó un capítulo de su sentencia a lo que llamó “Elaboración del pliego de peticiones”, en el que puso de presente que el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 no solo protege al afiliado que participa en la elaboración y presentación del pliego de peticiones, sino en general a los afiliados del sindicato, porque, a juicio del fallador, ese precepto legal ampara a la organización sindical y con ese propósito prohíbe despedir sin justa causa a alguno de los miembros de dicho ente sindical.
Ahora en casación la entidad recurrente retoma el argumento de instancia conforme al cual el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 exige, según la jurisprudencia de esta corporación, que el trabajador no solo sea afiliado a la organización sindical que promueve el conflicto colectivo de trabajo sino que además debe estar involucrado en él.
Sobre el particular, cumple precisar que la citada sentencia de casación del 5 de octubre de 1998 no permite el entendimiento que le otorga la censura. En efecto, con ocasión de una controversia sobre la aplicación del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 y a pesar de que el cargo no era atendible, se aprovechó la oportunidad para sentar el criterio doctrinal de la Sala en el sentido de que la violación de ese precepto se traduce en el reintegro del trabajador al empleo, por oposición a la tesis que pregonaba que la norma no prohíbe el despido del trabajador sindicalizado durante el trámite de un despido colectivo, de manera que la violación de la garantía establecida por la norma citada es únicamente la indemnización tarifada por la ley mas no el reintegro. Basta leer la referida sentencia de casación para advertir que allí no se planteó un tema siquiera similar al de este proceso.
El pasaje de dicha providencia que trascribe el cargo no tiene el alcance que le asigna la entidad recurrente, quien equivocadamente cree encontrar en el artículo 25 citado y en la jurisprudencia la necesidad de que el trabajador esté directamente involucrado en el conflicto de trabajo y una participación casi física del trabajador en la iniciación y desarrollo del conflicto colectivo de trabajo: como lo serían la presentación del pliego de peticiones o, como lo revela el segundo cargo, la asistencia del trabajador a la asamblea donde la organización sindical aprueba el pliego de peticiones.
Esa lectura de la norma no la pensó la Corte y está lejos de haber sido el propósito del amparo legislativo de que se trata. Lo que allí dijo la Corte, que en esencia es lo mismo que dice el tribunal impugnado, es que el amparo legal opera durante el conflicto colectivo de trabajo, espacio de tiempo durante el cual la organización sindical debe mantenerse íntegra para poder ejercer cabalmente un derecho que ahora tiene rango constitucional.
Se consideró en esa ocasión que el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 tiene un efecto disuasivo, porque como el interés de la ley es equilibrar las fuerzas del trabajo y el capital, para la creación del nuevo derecho, persuade al empleador de romper la unidad sindical produciendo despidos injustificados por cuanto queda advertido de la ineficacia de esa decisión.
Precisamente a partir de ese entendimiento en posteriores decisiones la Sala ha fijado un criterio acerca del objetivo del denominado por la doctrina fuero circunstancial, consagrado en el precepto legal en comentario, que resulta contrario al aquí planteado en el cargo, pues ha considerado esta corporación que dicha protección no está dirigida a un trabajador individuamente considerado sino, con miras a garantizar el derecho constitucional a la negociación colectiva y a procurar la normalidad en el desarrollo de la negociación del diferendo colectivo, tiene como propósito proteger a la organización sindical o a los trabajadores coligados no sindicalizados que hayan presentado un pliego de peticiones, para que no se vean eventualmente afectados por despidos injustificados que disminuyan su capacidad de negociación, afecten las mayorías o sean actos de retaliación por la presentación del pliego de peticiones.
Así surge de lo proclamado en la sentencia del 28 de agosto de 2003 (rad. 20155), en la que se expresó lo que a continuación se trascribe:
“La norma bajo estudio, tal como lo determinó esta Sala en sentencia de octubre 5 de 1998, contiene una verdadera prohibición para el empleador y es la relacionada con despedir sin justa causa a partir del momento de serle presentado el pliego de peticiones, a cualquiera de los trabajadores que lo hubieren hecho, es decir, a los miembros del sindicato si es este el que lo presenta o a los que figuren expresamente en la lista correspondiente cuando lo hace un grupo de trabajadores no sindicalizados.
Dentro de esta óptica, resulta razonable entender que lo pretendido con la disposición es que el empleador no utilice la facultad que tiene de despedir para afectar el devenir de la negociación colectiva y, por tanto, se busca que los despidos que intente resulten ineficaces y de esa forma mantener incólume el grupo de trabajadores que han determinado con su pliego de peticiones la iniciación del conflicto colectivo, lo cual es concordante con la garantía constitucional de la negociación colectiva, que a su vez es materialización de uno de los postulados de la OIT en defensa del derecho correspondiente”.
Y en la proferida el 11 de agosto de 2004, radicación 22616, se precisó:
“De donde resulta claro que esta prohibición que trajo consigo el legislador, no estaba encaminada a proteger al trabajador individualmente considerado de un despido arbitrario durante un conflicto colectivo de trabajo, sino que como se dijo en la sentencia citada, la teleología de la norma es la de evitar el resquebrajamiento numérico de las organizaciones sindicales o de los trabajadores no organizados, cuando en virtud de la presentación de un pliego de peticiones a su empleador se ven sometidos a circunstancias que eventualmente podrían poner en peligro la estabilidad laboral y, por ende, la subsistencia del ente generador del conflicto, situación muy distinta a la planteada por la censura a través de la providencia que cita en su respaldo, pues en ese proceso se debatió lo relacionado con el despido colectivo de trabajadores oficiales y la correlativa obligación o no de la entidad empleadora de obtener previamente autorización administrativa para llevar a cabo el despido masivo, fenómeno completamente distinto al que ahora se estudia, pues en aquella ocasión no mediaba un conflicto colectivo de trabajo provocado por la presentación de un pliego de peticiones, como sí ocurre en el sub lite”.
Por lo tanto, si bien la protección establecida en el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 se concreta en la intangibilidad de los trabajadores individualmente considerados, para que ella sea procedente no es requisito que el trabajador que busque beneficiarse de ese importante amparo especial tenga un interés particular en los derechos o beneficios materia de la negociación, pues lo que realmente interesa es que sea parte de la organización sindical envuelta en el diferendo, o del grupo de trabajadores coligados que presentaron el pliego petitorio. Y ello es así porque, como se ha visto, la protección en comento garantiza la negociación colectiva y no un derecho individual del trabajador.
De llegar a admitirse la equivocada hermenéutica propuesta por la censura, resultaría que cuando un sindicato presente al empleador un pliego de peticiones, para efectos de gozar de la aludida protección sería necesario establecer el interés particular de cada uno de los trabajadores pertenecientes a dicha organización sindical, lo que no solamente desnaturaliza la esencia de la negociación colectiva, que, como es sabido, se presenta cuando hay un grupo de trabajadores con una comunidad definida de intereses laborales, al reducirla a la simple suma de provechos personales ajenos a un designio común, sino que, además, haría inoperante el resguardo legal, al permitirse el despido sin justa causa de trabajadores miembros de la organización sindical, propiciando el fraccionamiento de esta y su debilitamiento en la negociación de las condiciones de trabajo con el empleador, que es, como quedó dicho en precedencia, lo que en criterio de la Corte efectivamente busca evitar el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965.
En consecuencia, el involucramiento, como lo denomina el censor, de un trabajador sindicalizado en un conflicto colectivo de intereses no depende de los temas que sean materia de la negociación sino del hecho de ser afiliado a la organización sindical que lo representa y que actúa en su nombre, porque esa pertenencia, así la situación individual del trabajador en relación con los asuntos laborales materia del diferendo colectivo difiera en parte de las de sus compañeros de sindicato, le permite ser parte integrante de un designio común que se concreta en unas aspiraciones sobre la forma como deben gobernarse las relaciones laborales en la empresa.
Como el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 no contiene el elemento que erradamente le agrega la entidad recurrente, el tribunal no lo interpretó equivocadamente.
El cargo, en consecuencia, no prospera
Denuncia la aplicación indebida indirecta del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 en relación con los artículos 19, 55, 58, 60, 64 (subrogado por L. 50/90, art. 6º), 127, 140, 186, 249, 306, 467, 468, 469 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo, 7º, aparte A), numerales 1º, 5º y 6º, del Decreto 2351 de 1965, 36 del Decreto 1469 de 1978, 10 del Decreto 1373 de 1966, 8º, numeral 5º, 37, 38 y 39 del Decreto 2351 de 1965, 10 de la Ley 52 de 1975, 99 de la Ley 50 de 1990, 177 del Código de Procedimiento Civil y 2º, 6º, 50, 51, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
“1. No dar por demostrado, siendo evidente, que el señor José Luis Restrepo Higuita no estuvo involucrado en el conflicto colectivo promovido por el Sindicato Anthoc contra la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl durante el año 2001, y esto por gobernar sus condiciones de trabajo mediante acuerdos extralegales pactados con la entidad empleadora, realidad que lo margina de la protección establecida por el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965.
2. No dar por demostrado, siendo evidente, que la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl cumple funciones de profunda repercusión social, realidad que la obliga a desestimar los servicios de personas que no le inspiren plena credibilidad y confianza, como ocurre con el demandante, respecto de quien mantiene reserva fundada por razón de los hechos aducidos para su despido, reserva que impide la reanudación de su contrato y que amenaza en forma seria la relación futura de las partes.
3. No dar por demostrado, estándolo, que el reintegro del demandante es totalmente desaconsejable y/o inconveniente por razón de la grave imputación que motivó su despido y respecto de cuya existencia subsiste sospecha fundada”.
Y afirma que esos errores de hecho derivaron de la errada apreciación de los documentos de los folios 124 a 142 en relación con los testimonios de los señores Edilberto Correa Martínez (fls. 105 a 107), Yaqueliny Marín Victoria (fls. 107 a 108 vto.), Gilberto Giralda Loaiza (fls. 109 a 112), Luis Fernando Echeverry Echeverry (fls. 112 a 115), Alirio Antonio López López (fls. 115 a 117) y Martha Lucía Garcés Salazar (fls. 194 a 195 vto.), así como los documentos de folios 143 a 146; y que igualmente derivaron de la falta de apreciación de la confesión contenida en el interrogatorio de parte absuelto por el demandante (fls. 195 a 196).
Para la demostración anota que el tribunal ordenó el reintegro sin tener en cuenta que el demandante estuvo marginado del conflicto colectivo suscitado entre Anthoc y la entidad demandada por regular su relación laboral mediante los convenios extralegales de folios 143 a 146, los que, bien apreciados, indican que José Luis Restrepo Higuita, aunque estuvo afiliado a la organización sindical, no estuvo involucrado en el conflicto colectivo por haber resuelto sus diferencias con la fundación hospitalaria demandada mediante los estatutos de los folios 143 a 146.
Dichos acuerdos, agrega, demuestran que el señor José Luis Restrepo Higuita no estuvo involucrado en el conflicto colectivo, pues desde el año 1996 gobernaba sus relaciones con la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl a través de dichos estatutos extralegales y por eso mal podía involucrarse en el proceso de negociación colectiva nacida del mismo propósito en el año 2001 y demuestran que carecía de interés en el conflicto colectivo, aunque resultara beneficiario de la nueva convención colectiva, por la circunstancia de regular su relación con la entidad mediante acuerdos extralegales muy benéficos para él y que reiteró a lo largo de los años.
Sostiene que esa realidad está confirmada por el sentenciador con el interrogatorio de parte absuelto por el actor, del cual destaca lo siguiente:
“OCTAVA: ¿Es cierto que usted firmó las comunicaciones que le pongo de presente obrantes entre folios 143, 145 y 146 del expediente (se le exhiben)? RESPUESTA: Sí es cierto. Yo las firmé. NOVENA: ¿Es cierto que a usted el hospital le cumplió con los aumentos salariales que aparecen consignados en dichas comunicaciones? RESPUESTA: Sí, es cierto. DÉCIMA: ¿Es cierto que cuando el Sindicato Anthoc le presentó el último pliego de peticiones al hospital, ya usted había definido con dicha institución los aumentos legales y prestacionales que se le iban a aplicar, al firmar la comunicación de folios 145 y 146 (se le exhiben)? RESPUESTA: Es cierto que había definido salario, no sé sin con esto quedaba definido también lo referente a prestaciones. DÉCIMA PRIMERA: ¿Es cierto que usted en ningún momento participó en la elaboración del pliego de peticiones que el Sindicato Anthoc le presentó al hospital? RESPUESTA: Es cierto. DÉCIMA SEGUNDA: ¿Es cierto que usted no estuvo presente en la asamblea general de trabajadores sindicalizados que discutió y aprobó el mencionado pliego de peticiones? RESPUESTA: Es cierto porque cuando fui convocado no pude asistir por cuestiones de salud. DÉCIMA TERCERA: ¿Es cierto que a usted el hospital en ningún momento dejó de pagarle las prestaciones sociales extralegales consagradas convencionalmente? RESPUESTA: Es cierto que me liquidaron prestaciones, aunque no quedé muy satisfecho con la liquidación que se me hizo”.
De otro lado, afirma la entidad recurrente que el tribunal ordenó el reintegro del demandante sin advertir que su empleador le perdió toda credibilidad y confianza con ocasión de los hechos que precipitaron su despido y respecto de cuya existencia subsisten dudas en el proceso derivada de los documentos de los folios 124 a 142, los mismos que sembraron en el sentenciador la incertidumbre sobre la ocurrencia de la acción imputada al actor pero no así la convicción sobre la reserva de la fundación, a pesar de que surge nítida de tales documentos.
Y agrega que las “otras muchas conductas” a las que alude el sentenciador surgen precisamente de los documentos de los folios 124 a 142, que de haber sido bien apreciados le habrían bastado para admitir que la fundación perdió toda la confianza que hasta entonces depositaba en su trabajador por proceder a encerrarse en uno de los consultorios de la institución e impedir de esta forma que se pudiera constatar directamente por las personas que estaban en trance de hacerlo si se encontraba, como lo afirmó la empleadora, consumiendo marihuana.
También afirma que es evidente que el tribunal erró al no reconocer que la fundación, por razón de las funciones que cumple y su enorme repercusión social, perdió la confianza en su trabajador por razón de la duda fundada que el mismo ad quem admite en su decisión, por lo cual estaba obligado a desestimar la solución del reintegro por inconveniente y/o desaconsejable.
Sostiene la parte opositora que el cargo se funda en pruebas no calificadas para estructurar el error manifiesto de hecho en la casación del trabajo y en un equivocado entendimiento del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, tema sobre el cual hace las necesarias precisiones.
El tribunal tuvo por demostrado que durante el conflicto colectivo que sostuvieron Anthoc y la fundación convocada al proceso el demandante estaba afiliado a la mencionada organización sindical. Para ello se basó en las declaraciones de testigos, en las colillas de pago del salario, que registran la deducción de la cuota sindical (fls. 273 a 276), en la certificación del folio 277 y en la relación de trabajadores afiliados al sindicato de folios 312 y 318.
De otro lado, el tribunal encontró acreditado que, a pesar de que el demandante aceptó la propuesta de incrementos salariales que presentara la fundación a los trabajadores, no renunció a la organización sindical, según deducción que extrajo de los documentos de folios 143 y siguientes.
Y asentó ese juzgador:
“... Efectivamente, cuando la fundación hospitalaria hacía la propuesta (fl. 144) dejaba a salvo la posibilidad de que si convencionalmente se obtenían incrementos salariales, “lo aquí convenido será imputado a la obligación resultante de dichas fuentes”, es decir, que no ató la aceptación de la propuesta a la renuncia al sindicato. Además, en la respuesta que daba el trabajador (fls. 143 y 145), este dejaba en claro que “lo anterior no significa que renunció ni como socio de la organización sindical, ni a los beneficios convencionales”.
Queda claro, por lo tanto, que el pacto salarial fue algo externo a lo acordado en la convención colectiva de trabajo, pero que no llevaba implícita la obligación de dejar de pertenecer a la organización sindical”.
Estas apreciaciones probatorias del tribunal corresponden a un contexto preciso e indican que desde luego estaba advertido de la tesis de la fundación demandada (expuesta en la sustentación del recurso de apelación), de acuerdo con la cual no bastaba la afiliación al sindicato para tener el amparo del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 cuando ha sido la organización la que ha trabado ese conflicto, sino que era preciso que el trabajador estuviera involucrado en el conflicto colectivo de trabajo.
El cargo admite que el demandante estaba afiliado al Sindicato Anthoc. Luego la argumentación que presenta para demostrar que las pruebas del proceso acreditan que el demandante no estaba involucrado en el conflicto se exhiben ineficaces, porque si el tribunal, apelando a la correcta interpretación de la norma citada, la aplicó en favor del actor, la decisión habría sido la misma con o sin la prueba de su vinculación con el conflicto colectivo (desde luego en los términos que el primer cargo juzga legalmente necesario).
Pero adicionalmente pueden verse en el anterior resumen de la sentencia las siguientes apreciaciones del tribunal: 1. Que la aceptación del pacto sobre salarios no implicó renuncia a la convención colectiva ni al sindicato; 2. Que el pacto sobre salarios dejaba a salvo el mayor beneficio que pudiera obtenerse con la nueva convención colectiva; 3. Que la aceptación de ese pacto no comprendió la cuestión prestacional. Luego es evidente que la sentencia del tribunal dio por demostrado que el demandante, como cualquier miembro de la organización sindical, tenía interés en el conflicto colectivo de trabajo. Y al margen de lo anterior, pero en orden a confirmarlo, está la lectura de las respuestas que dio el demandante en su interrogatorio: no hizo manifestación de un hecho que lo perjudicara, porque a pesar de admitir que adhirió a la propuesta patronal sobre salarios, no declaró lo mismo respecto de prestaciones sociales.
Luego por este aspecto el cargo no es atendible ni desde una perspectiva legal ni desde una probatoria.
Se afirma en el cargo que el tribunal ordenó el reintegro del demandante sin advertir que su empleador le perdió toda credibilidad y confianza con ocasión de los hechos que precipitaron el despido.
Sin embargo, importa anotar que el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 es una norma que se traduce en la ineficacia del despido sin justa causa producido durante la tramitación de un conflicto colectivo de trabajo. A diferencia de lo que regla el artículo 8º del mismo estatuto para los trabajadores despedidos sin justa causa después de 10 años de servicios, allí la ineficacia no implica la posibilidad judicial de decidir entre el reintegro y la indemnización sobre la base de circunstancias probadas que le permitan al juez determinar la aconsejabilidad de la reanudación del contrato.
Como el cargo parte de que el juez laboral, que juzga la aplicabilidad del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, debe pronunciarse sobre la conveniencia del reintegro de un trabajador despedido sin justa causa durante la tramitación de un conflicto colectivo de trabajo, y la dicha norma solo consagra la ineficacia y no le da al juez la opción que sí contiene el artículo 8º comentado, la demostración probatoria que contiene la acusación resulta inocua.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal de Medellín, dictada el 3 de junio de 2004 en el proceso ordinario laboral que promovió José Luis Restrepo Higuita contra la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl.
Costas en casación a cargo de la fundación recurrente.

References: artículo 25
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