Source: http://www.slideshare.net/jorgeopiac/sentencia-t-49608
Timestamp: 2016-06-29 13:36:05+00:00

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Sentencia T-496/08 Referencia: expediente T-1783291 Acción de tutela: instaurada por Patricia Buriticá Céspedes en nombre propio y en representación de “Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz” (IMP), y otras mujeres víctimas de la violencia, contra el Ministerio del Interior y de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. Magistrado Ponente: Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑOBogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil ocho (2008).La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada porlos magistrados, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil yMauricio González Cuervo, en ejercicio de sus competenciasconstitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIAdentro del trámite de revisión de los fallos dictados en el asunto de lareferencia el trece (13) de agosto y el cuatro (4) de octubre de 2007,por la Sección Cuarta del Tribunal Contencioso Administrativo deCundinamarca, y por la Sala de lo Contencioso Administrativo delConsejo de Estado, respectivamente.I. ANTECEDENTES1. De los hechos y la demanda.1.1. Obran como demandantes en este proceso:1.1.1. Patricia Buriticá Céspedes, quien actúa en su propio nombre ycomo representante de la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianaspor la Paz, en adelante IMP, proyecto que pertenece a la CorporaciónCasa de la Mujer Trabajadora.
1.1.2. Jeimy Martínez Amaya, obrando en nombre propio y comoapoderada de IMP, orienta, acompaña y asesora a 440 víctimas delconflicto, quienes denunciaron su caso ante la Fiscalía.El texto de la demanda aparece firmado por la señora Patricia BuriticáCéspedes, y presentado personalmente ante el Tribunal Administrativode Cundinamarca por la abogada Jeimy Martínez Amaya.1.1.3. En condición de víctimas se relacionan en la demanda a AnaBriceida Mantilla1, María Ruby Tejada Suárez2, Ana MyriamRodríguez Salguero3, Carmen Alicia Herra Corcho4, MarleneZambrano Padilla5, Luz Stella García Villamizar6; Luz Mary ÁlvarezOsorio7; Justa Mena8; María Zabala9; Nohora Villegas10; Luz HelenaMorales Palencia11; Lucelly Gutiérrez de Osorio12.Se anexan a la demanda escritos en los cuales las personas naturalesque figuran como víctimas en el encabezado de la misma, manifiestansu adhesión a la tutela e informan que actúan en representación de undeterminado número de víctimas, así:• Escrito firmado por Lucelly Gutiérrez de Osorio quien actúa en sucondición de víctima de la violencia y en representación de laFundación Diocesana Compartir del municipio de Apartadó.• Escrito firmado por Luz Elena Morales Palencia quien actúa encondición de víctima de la violencia y en representación de VIUNPAdel municipio de Neiva Huila.• Escrito firmado por Nohora Villegas quien actúa en su condiciónde víctima de la violencia y en representación de 111 familiasvíctimas del municipio de Montería (Las Palomas).1 Obra en nombre propio y en representación de 15 víctimas pertenecientes a IMP –Barrancabermeja.2 Obran en nombre propio y en representación de 150 mujeres que pertenecen a IMP –Putumayo.3 Obra en nombre propio y en representación de la Asociación de DesplazadosASODEPAZ (Manizales).4 Obran en nombre propio y en representación de 42 víctimas del corregimiento NuevaLucía (Córdoba) quienes pertenecen a IMP (Córdoba).5 Obra en nombre propio y en representación de 168 familias víctimas de Soachapertenecientes a FUNDESCOL.6 Obra en su propio nombre y en representación de 15 víctimas que pertenecen a IMP-Norte de Santander.7 Obra en nombre propio y en representación de 30 víctimas pertenecientes a AICA(Florencia).8 Obra en nombre propio y en representación de 42 víctimas que pertenecen a IMP –Chocó.9 Obra en nombre propio y en representación de 20 familias víctimas del Corregimientolas Palomas – Finca Valle Encantado (Montería – Córdoba) quienes pertenecen a laCooperativa de Mujeres.10 Obrando en nombre propio y en representación de 111 familias víctimas delcorregimiento las Palomas – Finca Nuevo Horizonte, Montería (Córdoba), quienespertenecen a la Cooperativa de mujeres.11 Obrando en nombre propio y como representante de VIUNPA (Neiva – Huila).12 Obrando en nombre propio y en representación de la Fundación Diocesana Compartir(Apartadó – Antioquia).
• Escrito firmado por María Zabala quien actúa en su condición devíctima de la violencia y en representación de 20 familias víctimas delmunicipio de Montería (Las Palomas).• Escrito firmado por Justa Mena de Cocomacía quien actúa en sucondición de víctima de la violencia y en representación de IMP 42víctimas del municipio de Quibdo (Chocó).• Escrito firmado por Luz Mary Álvarez Osorio quien actúa en sucondición de víctima de la violencia y en representación de IMPAICA 30 víctimas del municipio de Florencia (Caquetá).• Escrito firmado por Luz Stella García Villamizar quien actúa ensu condición de víctima de la violencia y en representación de 15víctimas del municipio de Cúcuta.• Escrito firmado por Marlene Zambrano Padilla quien actúa en sucondición de víctima de la violencia y en representación de 168familias del municipio de Soacha. (Aquí)• Escrito firmado por Carmen Alicia Herra Corcho quien actúa ensu condición de víctima de la violencia y en representación de 42víctimas del municipio de Montería (Córdoba), corregimiento NuevaLucía.• Escrito firmado por Ana Myriam Rodríguez Salguero quien actúaen su condición de víctima de la violencia y en representación deAsodepaz desplazados del municipio de Manizales (Caldas).• Escrito firmado por María Rubí Tejada Suárez quien actúa en sucondición de víctima de la violencia y en representación de 150mujeres del Tigre del municipio de Valle del Guaméz.• Escrito firmado por Ana Briceida Mantilla quien actúa en sucondición de víctima de la violencia y en representación de 15víctimas del municipio de Barrancabermeja.1.2. Estiman las demandantes que sus derechos fundamentales a unavida digna (Art. 11), a la seguridad personal (Art. 11), al debidoproceso (Art. 29) y a las garantías judiciales y de acceso a la justicia(Art. 229) se encuentran vulnerados por omisión del Ministerio delInterior y de la Fiscalía General de la Nación. Sostienen que su vidaen condiciones dignas se ve afectada “pues el dolor es una situaciónque hace indigna la existencia del ser humano, al impedirle gozar dela óptima calidad de vida que merece y desarrollarse plenamentecomo individuo en la sociedad”. En cuanto a su seguridad personalafirman que cuando las víctimas acuden a justicia y paz a denunciar sucaso, se exponen nuevamente a ser revictimizadas, por cuanto sonobjeto de amenazas, lo que conlleva la imposibilidad de ejercer suderecho efectivo a la justicia. Adicionalmente la imposibilidad detener acceso a los medios mínimos de subsistencia, los hacevulnerables a toda suerte de riesgos para su existencia.1.3. Exponen como fundamento fáctico de su reclamo hechos relacionados con sus peticiones de protección realizadas al
Estado, y con los riesgos de las víctimas y su especial situación de vulnerabilidad.1.3.1. Refieren que el ocho (8) de marzo de dos mil siete (2007) en el marco de una movilización que convocó a más de cinco mil mujeres de varias regiones del país pertenecientes a la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombiana por la Paz (IMP), quienes se manifestaban por la muerte violenta de Carmen Cecilia Santana Romaña y Yolanda Izquierdo Berrío, se hizo entrega a las autoridades allí presentes de una solicitud para que se implementara el Plan de Protección a Víctimas, orientado a dar protección y seguridad a las miles de personas que están denunciando y reclamando sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.1.3.2. Informan que el 29 de marzo de 2007 formalizaron ante el secretario privado del Ministerio del Interior, José Ignacio Burgos, la exigencia de un Plan de Protección a víctimas, con el respaldo de 5000 firmas de miembros del Sindicato de Trabajadores de Suecia.1.3.3. Sostienen que el 10 de mayo de 2007 se hizo entrega al Ministerio del Interior y del Derecho de una petición que buscaba propiciar una respuesta, por parte de esa entidad, al plan de exigibilidad que se había presentado en marzo ocho (8) de dos mil siete (2007) en Barranquilla.1.3.4. Manifiestan que el cinco (5) de junio de 2007 obtuvieron respuesta en la que se les informa que el Ministerio lidera un plan de protección de víctimas y testigos, y funcionarios judiciales de la Ley de Justicia y Paz, tales como Fiscalía, DAS, Policía Nacional, Programa Presidencial para los Derechos Humanos, del cual no tienen conocimiento. Adicionalmente se les entrega una copia del Decreto 2816 de 2006 que es el programa de protección de derechos humanos del Ministerio del Interior, el cual sólo cobija a determinada población.1.3.5. Sobre la entidad del riesgo que afrontan, afirman que el mismo se pone de presente a través de varios hechos violentos: (i) El asesinato – el 1° de febrero de 2007 – de la señora Yolanda Izquierdo Berrío, campesina que lideraba la reclamación de títulos de tierras de ella y de 700 familias más que fueron despojadas por los paramilitares, a pesar de las denuncias que habían presentado ante la Fiscalía General de la Nación. Como consecuencia del asesinato de esta líder las familias que representaba se están retirando de los procesos de Justicia y Paz. (ii) El asesinato – el 7 de febrero de 2007 – de la señora Carmen Cecilia Santana Romaña, quien se desempeñaba como
dirigente sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Bananero. El asesinato se produjo cuando Carmen Cecilia pretendía constituirse como víctima dentro de los procesos de Justicia y Paz, por el asesinato de su esposo a manos de la AUC en el año de 1995. (iii) El asesinato – el 14 de marzo de 2007- en Hatonuevo (Guajira) de la señora Osiris Jacqueline Amaya Beltrán, perteneciente a una comunidad Wayuú y que fue violada, secuestrada y asesinada por los paramilitares, al negarse a pagar las extorsiones de que fue objeto. (iv) El asesinato – el 23 de abril de 2007 – de la señora Judith Vergara Correa, quien pertenecía a CORPADES13 -, y trabajaba con la red nacional de iniciativas por la paz – REDEPAZ- .1.3.6. En relación con la situación de especial vulnerabilidad o exposición al riesgo sostienen que de los 315 casos radicados en la Fiscalía y que hacen parte del proceso de esclarecimiento judicial contra las AUC en el marco de justicia y paz, más de 20 personas han recibido amenazas en contra de su vida o exigencias para que se retire del proceso.1.3.7. En desarrollo de tal afirmación informan que: (i) los señores Sergio Alberto Valenzuela Corrales y Guillermo Antonio Valencia Ospina14, vienen siendo amenazados por desmovilizados del denominado bloque suroeste antioqueño de las AUC; (ii) Luz Mery Rincón Marín, denuncia actos de violencia contra ella y su familia por miembros del denominado bloque héroes de Granada; (iii) José Norman Arroyave Monsalve, denuncia la desaparición de su hijo Daniel Oswaldo Arroyave Alzate, las amenazas de muerte y las presiones para que se desplace a Medellín, provenientes de desmovilizados del llamado bloque héroes de granada de las AUC; (iv) María de las Mercedes Ardila Restrepo, denuncia la desaparición de su esposo Abraham Emilio Restrepo y las amenazas de muerte provenientes de personas desmovilizadas del denominado bloque suroeste antioqueño; (v) Claudia Jadith Balcero Giraldo, Justa Rufina Correa Venera, Rosa Cecilia Osorio Calderón, Petrona del Carmen Trocha del Anillo y Olga Lucía Martínez13 Corporación para la paz y el desarrollo social.14 En este caso, informan las demandantes se presenta una particular situación de riesgo. Losmencionados solicitaron a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y deJusticia ser cobijados por el programa de protección de derechos humanos. Para ello se les exigióalguna documentación y luego se les informó que el caso había sido puesto en conocimiento de laPolicía Nacional para que tomara las medidas de seguridad pertinentes. Posteriormente (junio 12)se informa por parte de la Dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior que lainformación sobre requisitos exigidos no llegó a los destinatarios por que la dirección registrada nocorrespondía a su domicilio. El caso fue remitido al Programa de Protección de la Fiscalía Generalde la Nación.
Ovalle15, denuncian persecución, amenaza e intimidaciones de manera sistemática y temen por su integridad personal.1.3.8. Sostienen que el 9 de marzo la Secretaría de Gobierno de Antioquia puso en conocimiento de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación los hechos y adjuntó copia de los documentos que motivan la búsqueda de protección.1.3.9. Informan que los Directores del Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la presidencia de la República fueron informados de la situación mediante comunicaciones de marzo 26 y 27 respectivamente, en las que se requería protección urgente.1.3.10. Señalan que el 16 de abril/07 se le comunicó por parte del Programa Presidencial de DDHH y DIH, que copia de la comunicación se había remitido a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia así como al Departamento de Policía de Antioquia para la realización del correspondiente estudio de seguridad, nivel de riesgo y grado de amenaza, estudio que según informan las demandantes “ya había sido realizado y que recomendaba se tomaran urgentes medidas de protección a las personas mencionadas”.1.3.11. Afirman que a instancia de la CIPOL Antioquia, el 29 de marzo de 2007 las demandantes enviaron a esa dependencia los nombres y datos de las personas que requieren medidas urgentes de protección, y comunicación al Secretario de Gobierno de la Gobernación, para que realizara el correspondiente seguimiento.1.3.12. Informan que según el Ministerio del Interior y de Justicia las víctimas deben cumplir con los requisitos de la solicitud única de vinculación, de tal forma que sólo si las personas cumplen con los requisitos previstos en la Ley 782 de 2002, pueden hacer llegar la información completa para acceder a las medidas de protección. Sostienen al respecto que la solicitud única de vinculación al programa de protección, presenta serios inconvenientes para las víctimas del conflicto armado, en razón a que la mayoría de ellas no cumple con los requisitos allí propuestos. Así mismo las medidas de protección que contempla el programa resultan inocuas en la práctica, puesto que se15 Estas personas son familiares de Israel Alberto Roca Martínez, Edilberto Linares Correa, daniloCarrera Aguancha, Mario Abel Anillo Trocha, Jaime Elías Barros Ovalle, quienes perecieron el 9de marzo de 2000, en zona rural de Cesar en incidente en el que siete funcionarios del CTI fuerondesaparecidas por las AUC – Bloque Norte, comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”.
orientan a brindar seguridad en situaciones diferentes a las que afrontan cotidianamente las víctimas.1.3.13. Sostienen que la señora Marina López, Directora de la Sede de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, ha denunciado ciertos eventos que se vienen presentando con ocasión de los procesos institucionales desarrollados en la Comisión que afectan la seguridad de diferentes personas. En tal sentido denuncian los siguientes hechos: (i) La interceptación del vehículo en el que se movilizaba Patricia Helena Fernández Acosta, abogada de la fundación “Mi árbol Rojo”; (ii) Amenazas a las mujeres que asistieron a la versión libre de Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40”; (iii) Amenazas contra el señor Antonio González en la ciudad de Santa Marta; (iv) seguimiento del vehículo en que se movilizaban funcionarios y funcionarias de la CNRR, hacia una jornada de atención en Riohacha.1.3.14. Denuncian las amenazas de las que viene siendo objeto la señora Ingrid Ospino perteneciente a la Red de Mujeres del Cesar, y la señora Teresita Gaviria presidenta de la Fundación “Madres de la Candelaria” de Medellín. Tales amenazas, sostienen, se originan en razón de las gestiones que adelantan a favor de las víctimas en el marco de la ley de justicia y paz.1.4. Señalan que a pesar del contenido de los artículos 250.7 de la Constitución16 y el artículo 15 de la Ley de justicia y paz17, el Estado no está brindando las garantías de seguridad para efectivizar el derecho a la justicia de las víctimas, así como a las garantías judiciales y al debido proceso.1.5. Aducen que los programas de protección y asistencia que desarrolla el Estado18 en relación con las víctimas no tienen la capacidad ni están diseñados para amparar a las víctimas en el marco de la ley de justicia y paz, debido a que los mecanismos de protección que ellos contemplan no cubren la totalidad de la población y establecen una serie de condiciones para acceder a los sistemas de seguridad que promueven. En este sentido los mecanismos de protección del Ministerio del Interior van encaminados a proteger a grupos poblacionales específicos, tales como dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de oposición, dirigentes o activistas de16 “(…) En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación deberá: (…) Velar por laprotección de las víctimas, los jurados, los testigos, y demás intervinientes en el proceso penal.17 Inciso 4°. “(…) La Fiscalía General de la Nación velará por la protección de las víctimas, lostestigos y los peritos que pretenda presentar en el juicio. La protección de los testigos y los peritosque pretenda presentar la defensa estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. La protección de losmagistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que deban conocer del juzgamientoserá responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura”.18 Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia y Programa de Protección deVíctima y testigos de la Fiscalía General de la Nación.
organizaciones sociales, cívicas, comunales, gremiales o sindicales. Adicionalmente exige formar parte de una organización. En el caso de la Fiscalía General de la Nación, la protección que ofrece va específicamente orientada a víctimas y testigos dentro de los procesos judiciales pero “dichos procedimientos son tan demorados que la víctima puede no ser protegida mientras se pasan los procedimientos”, como ocurrió en el caso de Yolanda Izquierdo.1.6. En relación con la Ley de justicia y paz, afirman que a pesar que se contempla la protección como un tema fundamental para las víctimas, y que esa protección debe estar en cabeza del Estado, esos mecanismos no existen, por lo que plantean la necesidad de la creación de un sistema específico concertado para las víctimas dentro de la ley de justicia y paz.1.7. Solicitan que se ordene al Ministerio del Interior y de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, y en especial a la Unidad de Justicia y Paz que se cumpla con el mandato legal establecido y por tanto, que diseñe, implemente y haga efectivo un programa de protección de víctimas y testigos de los procesos de esclarecimiento judicial de la ley de justicia y paz.2. Pruebas relevantesA continuación se relacionan los documentos allegados que presentanparticular relevancia para la resolución del caso:2.1. Copia del derecho de petición, en interés general, que radicó el 14de mayo de 2007 la señora Patricia Buriticá Céspedes, Directora de laAlianza Iniciativa de Mujeres por la Paz ante el Ministerio del Interiory de Justicia. En la mencionada comunicación solicita una respuesta a“la exigibilidad de un plan de protección para las víctimas con el fin desalvaguardar el derecho a la vida, la dignidad y su derecho a la verdad,la justicia y la reparación”, demanda que se había hecho pública en lamovilización del 8 de marzo de 2007 en Barranquilla, y de la cual sehizo entrega formal al secretario privado del Ministro del Interior el 29de marzo de 2007.2.2. Comunicación de junio 5 de 2007, a través de la cual laViceministra del Interior le informa a la peticionaria que en laactualidad la protección a las víctimas, en el marco de los procesos dejusticia y paz, es una función que se cumple a través de la FiscalíaGeneral de la Nación y la Policía Nacional.Señala así mismo el Ministerio del Interior que “la Fiscalía General dela Nación, conjuntamente con el Departamento Nacional dePlaneación, Policía Nacional, Departamento Administrativo de
Seguridad –DAS-, Programa Presidencial de Derechos Humanos y elMinisterio del Interior y de Justicia, lidera el PROGRAMA DEPROTECCIÓN DE VÍCTIMAS, TESTIGOS Y FUNCIONARIOSJUDICIALES DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ: PROPUESTAPLAN DE CHOQUE, con el propósito de articular esfuerzos a favorde las víctimas a que hace referencia la Ley 975 de 2005”.Por último le informa a la peticionaria sobre la existencia delPrograma de Protección de Derechos Humanos estructurado confundamento en la Ley 782 de 2002, reglamentado por el Decreto 2816de 2006, dirigido a un grupo poblacional específico conformado por:“Dirigentes y activistas de organizaciones sociales, cívicas ycomunales, gremiales, sindicales, campesinas y de grupos étnicos”que se encuentren en situación de riesgo cierto, inminente yexcepcional como consecuencia directa y en razón del ejercicio de susactividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias.2.3. Oficio No. 482 de febrero 5 de 2007 suscrito por la Fiscal 20Delegada ante el Tribunal, Unidad Nacional de Fiscalías para laJusticia y la Paz, Sede Medellín, dirigido al Secretario de Gobiernodel Departamento de Antioquia en el que se pone en conocimiento deesa autoridad la solicitud de protección formulada por la señora Maríade las Mercedes Ardila Restrepo para sí y para sus hijos menores,“quienes vienen siendo amenazados de muerte por personaspertenecientes al desmovilizado Bloque Suroeste Antioqueño de lasAUC”.2.4. Oficio No. 393 de febrero 1° de 2007 suscrito por la Fiscal 20Delegada ante el Tribunal, Unidad Nacional de Fiscalías para laJusticia y la Paz, Sede Medellín, dirigido al Secretario de Gobiernodel Departamento de Antioquia en el que se pone en conocimiento deesa autoridad la solicitud de protección a su vida y la de sus hijasmenores de edad, formulada por la señora Luz Mery Rincón Guarín“quien viene siendo amenazada de muerte por desmovilizados delbloque héroes de granada de las AUC, pues dos de sus integrantes seencuentran privados de la libertad por el homicidio de su esposo elseñor Eduardo Alfonso Vargas Vargas en hechos ocurridos en elmunicipio de Alejandría (Antioquia)”. Informó así mismo lasolicitante que los paramilitares que operaron en ese municipio dierontambién muerte a su madre Lucía Guarín Ocampo, a su hermanaSandra Milena Rincón Guarín y a su tío Alejandrino Guarín.3. Intervención de la parte demandada.3.1. De la Fiscalía general de la NaciónEl Fiscal Jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y laPaz presentó ante el juez de tutela un escrito en el que sostiene que no
hay lugar a la tutela de los derechos fundamentales invocados enrazón a que ese organismo “ha cumplido la normativa vigente, enconcreto, la Constitución Política y la Ley 975 de 2005 y sus decretosreglamentarios”.A continuación se presenta una síntesis de su intervención:3.1.1. Desde el punto de vista procesal, señala que, a excepción de ladoctora Patricia Buriticá Céspedes, las demás personas que suscribenla acción de tutela no cumplen con los requisitos de postulaciónestablecidos en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, en razón aque no se adjuntan los poderes correspondientes.3.1.2. Indica que no se dan los presupuestos fácticos que permitanpredicar la existencia de un perjuicio irremediable para elotorgamiento de una tutela transitoria al derecho a la vida de lademandante. La tutela se fundamenta en argumentos abstractos que nodemuestran el quebranto de los derechos, existiendo además otrosmecanismos idóneos para que las víctimas reclamen protección de susderechos.3.1.3. La Fiscalía General de la Nación, y en particular la UnidadNacional para la Justicia y la Paz “no ha omitido en manera alguna suobligación de solicitar la protección a las víctimas y testigosintervinientes en los casos específicos dentro de la aplicación de laLey 975 de 2005”. Por consiguiente no encuentra violación a losderechos fundamentales.Para sustentar la anterior afirmación señala que de los artículos 15, 37y 38 de la Ley 975/05 no se infiere el deber de creación de unPrograma de Protección de Víctimas y Testigos exclusivamente parael procedimiento establecido por la Ley de justicia y paz. Indica queconforme al artículo 250 de la Constitución a la Fiscalía lecorresponde “salvaguardar la vida e integridad física de las víctimasque estén dentro del proceso penal especial de la ley de justicia y pazy es lo que hasta la fecha se ha llevado a cabo”.Invoca como prueba del cumplimiento por parte del estadocolombiano de sus deberes de protección frente a las víctimas de la leyde justicia y paz, la información emitida por el Ministerio del Interiory de Justicia según la cual “la Fiscalía General de la Nación,conjuntamente con el Departamento Nacional de Planeación, PolicíaNacional, conjuntamente con el Departamento Administrativo deSeguridad - DAS - , Programa Presidencial de Derechos Humanos yel Ministerio del Interior y de Justicia, lidera el programa dePROTECCIÓN DE VÍCTIMA, TESTIGOS, FUCIONARIOSJUDICIALES DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ: PROPUESTA
PLAN DE CHOQUE con el propósito de articular esfuerzos a favorde las víctimas a que hace referencia la Ley 975 de 2005”.3.1.4. Afirma que dentro de los mismos anexos de la acción de tutelaobra evidencia sobre el cumplimiento de su deber constitucional deprotección a las víctimas de los procesos de justicia y paz, como sonlas solicitudes a todos los organismos del estado para quesalvaguarden la vida de todas las personas “que han sufrido daño”.Ello en cumplimiento del memorando 03 del 1° de febrero de 2007 dela Jefatura de Unidad de Justicia y Paz.Informa que el procedimiento establecido en tal directiva consiste enque se informa a las víctimas de su derecho a denunciar sobre lasamenazas y se remite la solicitud de protección al Comandante delDepartamento de Policía respectivo con el fin de que se adopten lasmedidas provisionales de protección. Paralelamente se remite solicitudde protección al programa de protección de la Fiscalía General de laNación con el fin de que se realice el estudio de amenaza y riesgo y sedecida sobre el caso.Concluye señalando que la supuesta omisión de la creación de unprograma especial de protección de víctimas y testigos para la ley dejusticia y paz no es un imperativo normativo, no obstante tanto laFiscalía como los organismos ya mencionados (supra 3.1.3) “hanbuscado el fortalecimiento de los mecanismos ya existentes en la Leyde justicia y paz”.3.2. Del Ministerio del Interior y de JusticiaInterviene a través de la Dirección de Derechos Humanos, solicitandose declare la improcedencia de la acción de tutela en lo que respecta alMinisterio del Interior y de Justicia, señalando además “que laaccionante ha sido temeraria en la presente acción de tutela”. (Fol.176)A continuación se presenta una síntesis de los fundamentos de susolicitud:3.2.1. Que no es claro cómo el Ministerio esté vulnerando losderechos de los peticionarios a la vida, a la seguridad personal y a lajusticia, puesto que existe una respuesta emitida por el propioMinisterio a la accionante en la que se le informa “que se estátrabajando en armonía con el Departamento Administrativo deSeguridad – DAS -, el Programa Presidencial de DDHH y DIH (…),el programa de Protección de este Ministerio, la Policía Nacional y laFiscalía General de la Nación para la protección de víctimas, testigosy funcionarios judiciales de la Ley de Justicia y Paz”.
3.2.2. Informa que “esta propuesta es un plan” que tiene comoantecedentes las solicitudes de la comunidad internacional, el que losactuales programas de protección no estén diseñados para atendervíctima o testigos dentro de la ley de justicia y paz; y en la necesidadde redefinir los parámetros de focalización de la política de proteccióna las víctimas, testigos y funcionarios judiciales relacionados en la leyde justicia y paz.Manifiesta que “en desarrollo de este trabajo mancomunado existe elproyecto de ¨un decreto reglamentario por medio del cual se cree unsistema de protección para las víctimas y testigos de la Ley 975 de2005¨”. Este proyecto, informa, “está en el proceso de revisión finalpara la respectiva sanción presidencial”.3.2.3. Con base en lo anterior sostiene que el Gobierno no ha tenidouna actitud omisiva, ni desinteresada como manifiestan losdemandantes, puesto que “la creación de este proyecto de decreto esconsecuencia de la necesidad de formular una política de protecciónde las víctimas y testigos del proceso de justicia y paz y que atiende alas características sui géneris del proceso y principalmente laproblemática de inmediatez que pone de presente la evaluación denecesidades de protección para esta población en específico”.3.2.4. Por último destaca que la tutela resulta improcedente por laexistencia de otros mecanismos de defensa consagrados en laConstitución y en la Ley, con un grado significativo de eficacia comoes la acción de cumplimiento.4. Decisiones objeto de revisión4.1. Del fallo de primera instanciaLa Sección Cuarta – Subsección “A” del Tribunal Administrativo deCundinamarca, en providencia de agosto 13 de 2007, tuteló losderechos fundamentales a la vida y a la integridad personal de lasaccionantes, víctimas y testigos de los procesos de esclarecimientojudicial de la Ley de justicia y paz. En consecuencia, ordenó alMinistro del Interior y de Justicia y al Fiscal General de la Naciónque, dentro del término de 30 días contados a partir de la notificaciónde la providencia, dentro del ámbito de sus competenciasconstitucionales y legales, diseñen, implementen y ejecuten unprograma de protección de víctima y testigos de la Ley de justicia ypaz.Los fundamentos en que se sostiene tal determinación se reseñan acontinuación:
4.1.1 Estimó que con fundamento en lo previsto en el inciso 2° delartículo 10 del Decreto 2591 de 1991 las demandantes Ana BriceidaMantilla, María Rubí Tejada Suárez, Ana Miriam Rodríguez Salguero,Carmen Alicia Herrera Corcho, Marlene Zambrano Padilla, Luz StellaGarcía Villamizar, Luz Mary Álvarez Osorio, Justa Mena deCocomacia, María Zabala, Nohora Villegas, Luz Helena MoralesPalencia y Lucelly Gutierrez de Osorio, se encuentran legitimadaspara actuar en nombre propio y agenciar los derechos de las personasque dicen representar, teniendo en cuenta que las mismas no están encondiciones de promover su propia defensa, y que manifestaron suinterés de que no fuesen divulgados sus nombres por el temor de quela acción les genere represalias.4.1.2 Consideró que los derechos cuya tutela se demanda (la vida, laintegridad personal, la igualdad, el debido proceso) son de carácterfundamental, y pesa sobre ellos la inminencia de un perjuicioirremediable que demanda medidas urgentes e inmediatas deprotección.4.1.3 Destacó la preeminencia que la Constitución (Preámbulo y losartículos 11 y 12) y la jurisprudencia de esta Corte le han dado a losderechos a la vida y a la integridad personal19, y subrayó el deber delas autoridades públicas de proveer a su efectiva protección respectode todas las personas, en especial de aquellas que sin participardirectamente en el conflicto armado se ven afectadas por éste20.4.1.4 Invocó el artículo 250 de la Constitución y los artículos 15, 38 y39 de la Ley 975 de 2004, y los Decretos Reglamentarios 4760 de2005 (Artículo 11) y 3391 de 2006 (Artículo 8°), para señalar que entales disposiciones se contempla la obligación para la Fiscalía Generalde la Nación de velar por la protección de la intimidad y seguridad delas víctimas de justicia y paz.4.1.5. Luego de destacar el memorando No. 03 del 1° de febrero de2007 de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz, asícomo la circular No. 0001 del 8 de febrero de 2007 del Fiscal Generalde la Nación21, concluyó que la normatividad constitucional, legal yreglamentaria concede amplias facultades a la Fiscalía General de laNación para adoptar las medidas y acciones pertinentes para protegera las víctimas, testigos y demás partes del proceso.4.1.6 Declaró que todas las evidencias del proceso, incluidas lasrespuestas de las entidades accionadas, ponen de manifiesto la granpreocupación nacional que subsiste sobre la problemática de la19 Sentencias T-539 de 2004, T-525 de 2002, T-258 de 2001 y C-1131 de 2000.20 Toma como sustento de su consideración las sentencias T-102 de 1993 y T-981 de 2001.21 Los dos documentos se encuentran transcritos en el capítulo en que se relacionan las pruebasrelevantes.
seguridad de las víctimas de justicia y paz. Reconoce los esfuerzosque se hacen para hacerle frente, no obstante considera que resultaninsuficientes, por lo que decide tutelar los derechos fundamentales a lavida y a la integridad personal de las accionantes, víctimas y testigosde los procesos de esclarecimiento judicial de la ley de justicia y paz,y en consecuencia, ordenó a las entidades accionadas proceder aldiseño, implementación y ejecución de un programa de protección devíctima y testigos de la Ley de justicia y paz.4.1.7 Otorgó al fallo efectos “inter comunis” para todas las víctimasy testigos de la referida ley, teniendo en cuenta las circunstanciasparticulares por las que atraviesan, según lo reseña la demanda.Adopta como precedente para este aspecto de la decisión la sentenciaSU-1023 de 2001.4.1.8 La sentencia presenta una aclaración de voto de una de lasmagistradas que la suscriben, en relación con la legitimación poractiva y los efectos de la decisión. Según el voto disidente la situaciónque plantea la demanda respecto de la legitimidad por activa, nopermite declarar la existencia de una agencia oficiosa referida a laspersonas que integran las diversas organizaciones que sonrepresentadas por quienes actúan como demandantes. Considera sí,que se dan los presupuestos establecidos por la jurisprudencia enrelación con los efectos “inter comunis” lo que conduce, de mejormanera, a una cobertura amplia de la sentencia.4.2. Impugnación del fallo de primera instanciaEl Ministerio del Interior y de Justicia impugnó la sentencia,solicitando su revocatoria, con fundamento en consideraciones que seresumen a continuación:A su juicio la demanda involucra erróneamente al Ministerio delInterior y de Justicia, asignándole una función que no le atribuye laLey de justicia y paz. Conforme a esta normatividad es la FiscalíaGeneral de la Nación la entidad con capacidad funcional para asumirla labor de protección a las víctimas y testigos que intervienen en estosprocesos.Estima la entidad demandada que la acción de tutela resultaimprocedente en razón a que existen otros mecanismos de defensajudicial, con un grado significativo de eficacia, al que han debidoacudir las demandantes para el logro de sus propósitos de protección,como es la acción de cumplimiento contemplada en la Ley 393 de1998. Sostienen que lo que persigue la acción de tutela es elcumplimiento de los artículos 15 y 37 de la Ley 975 de 2005.
Considera que las personas que son activistas o dirigentes de lasorganizaciones demandantes, o de otras relacionadas con la poblaciónque es objeto de protección mediante los mecanismos previstos en laLey 782 de 2002, y se encuentren amenazadas de manera inminente aconsecuencia del conflicto armado, así se trate de víctimas o testigosen los procesos de justicia y paz, deben ser acogidos por esosprocedimientos, siempre y cuando no se encuentren amparados porotro programa de protección.El fallo de tutela coloca a la entidad impugnante en una situación deimposible cumplimiento, de una parte porque le asigna una funciónque no está en condiciones de cumplir dada su imposibilidad deestablecer la situación concreta de la víctima o testigo dentro delproceso penal. De otra parte, le impone cargas presupuestales que noestá en posibilidad técnica de asumir.4.3. Del fallo de segunda instanciaLa Sección Segunda Subsección “B” de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Consejo de Estado, revocó la sentencia de primerainstancia, y en su lugar decidió rechazar por improcedente la acción detutela, por falta de legitimación por activa y existencia de otromecanismo judicial de defensa. A continuación se resumen losfundamentos de su decisión:En primer lugar, estimó que en el caso bajo estudio no se presentan lospresupuestos para reconocer una agencia oficiosa, particularmente porque las demandantes no dicen actuar en tal condición, yadicionalmente en razón a que no es posible establecer lascircunstancias en que se encuentran los titulares de los derechos, aefecto de determinar su imposibilidad de ejercer su propia defensa. Enconsecuencia, respecto de la legitimidad por activa, decide asumir laacción únicamente respecto de la demandante Patricia BuriticáCéspedes.En segundo término, considera que las declaraciones que sepretenden, están relacionadas con el cumplimiento de una ley quecontiene mandatos generales, escapan a la órbita de competencia deljuez constitucional. Las pretensiones de la demanda deben ser objetode análisis a través de una acción de cumplimiento por parte del JuezAdministrativo.Como hecho destacado indica que la accionante ha solicitado yobtenido la protección que brinda el programa que para tal findesarrolla el Ministerio del Interior y de Justicia, siendo en efectobeneficiaria del mismo.
Por último se lamenta del “(…) el hecho notorio y lamentable quesufren miles de personas que se ven forzadas a abandonar sus sitiosde residencia y trabajo, por las amenazas y temor que generan lasacciones de los grupos armados ilegales o subversivos (…), noobstante concluye que en este caso no es posible acceder al amparosolicitado, por existir otro medio de defensa judicial, como es laacción de cumplimiento.5. Insistencia del Procurador General de la Nación5.1 Del escrito de insistenciaMediante escrito de enero 24 de 2008 el Procurador General de laNación insistió ante la Sala de Selección correspondiente para que serevisara la acción de tutela radicada bajo el No. 1.783.291, al estimarque involucra uno de los asuntos de mayor trascendencia en el país: laprotección de las víctimas y testigos en los procesos deesclarecimiento judicial de la ley de justicia y paz.Considera la Procuraduría que la selección del expediente referido“permitirá examinar, a la luz de los derechos fundamentales de lasmujeres y familias víctimas del conflicto armado, la necesidadimperiosa de implementar y ejecutar un programa de protección devíctimas y testigos de la Ley de justicia y paz que se traduciría en lareal garantía de efectivización de sus derechos, así como delcumplimiento de los mandatos expresos para alcanzar lareconciliación nacional en la satisfacción de las necesidades de lasvíctimas”.Manifiesta la Procuraduría que en situaciones de conflicto armado, lasmujeres juegan a menudo un papel decisivo, por ser ellas el núcleo dela familia y tener bajo su responsabilidad a sus hijos menores de edad.Por ello, “la petición de crear un programa de protección de víctimases una responsabilidad colectiva que evitaría la degradación yrevictimización sucesiva de sus derechos”.5.2 Intervención de la Procuraduría en el trámite de la revisiónMediante oficio No. 353 de abril 14 de 2008 el Procurador General dela Nación presenta unas consideraciones con fundamento en lascuales coadyuva la revisión de la tutela “a favor de las víctima de laLey 975/05, amenazadas, intimidadas y hostigadas por agentesgeneradores de violencia, situación de vulnerabilidad yrevictimización que les impide ejercer sus derechos a la verdad, a lajusticia y a la reparación integral”.Estima el Procurador que es de vital importancia incorporar en laspolíticas y los programas de protección, las diferentes
recomendaciones internacionales que buscan orientar a los estados enla asistencia y recuperación de las víctimas de conductas violentas.Presenta un extracto de las recomendaciones del Comité de Ministrosdel Consejo de Europa sobre la asistencia a las víctimas del crimen.Señala que tales recomendaciones permiten establecer parámetros depolíticas públicas que pueden observar las autoridades competentespara formularla con carácter general y que orientan la actuación de lasque tienen participación en la ejecución de Programas de Protecciónde víctimas de la Ley de Justicia y Paz.Sostiene que el fortalecimiento del Estado en materia de seguridadpersonal de las víctimas de conductas violentas, especialmenteaquellas víctimas que acuden a la Ley 975/05, población vulnerable ydefinida, demanda del Estado la formulación de planes y estrategiasque incorporen a los actuales o nuevos programas de protecciónestándares internacionales dirigidos a detener el proceso devictimización mediante la formulación de medidas de asistencia y deprotección, tal como lo establecen las recomendaciones del Comité deMinistros del Consejo de Europa.Estima prioritario atender la presunción de riesgo de la víctima ypropender por la unificación de los criterios de evaluación de losniveles de riesgo, así como de las medidas que se adoptarían en cadacaso, mediante la formulación de un protocolo o procedimiento querecoja las diferentes formas de evaluación.6. Pruebas ordenadas por la Corte ConstitucionalMediante auto de marzo 28 de 2008 el magistrado sustanciadorordenó oficiar al Ministerio del Interior y de Justicia, a la FiscalíaGeneral de la Nación, al Director General de la Policía Nacional y ala Directora del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS- ,con el propósito de indagar sobre las acciones que cada una de esasentidades ha desarrollado en el marco de sus competenciasrespectivas para garantizar la protección, la seguridad y el acceso a lajusticia de las víctimas en los procesos de esclarecimiento de laverdad de la Ley de justicia y paz.7. Informes emitidos por las autoridades requeridas:En respuesta a la solicitud de información realizada por la CorteConstitucional, todas las autoridades públicas requeridas remitieronsus informes, los cuales se reseñan a continuación:7.1. Del Ministerio del Interior y de Justicia
Mediante oficio OPT-A-161/2005 el Coordinador del Grupo deJusticia y Paz del Ministerio del Interior y de Justicia informó a laCorte sobre las siguientes acciones:7.1.1. La expedición del Decreto 3570 de 2007, en cuyo diseño yelaboración participaron la Fiscalía General de la Nación, la PolicíaNacional, el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS – elDepartamento Nacional de Planeación, la Procuraduría General de laNación, la Defensoría del Pueblo, el Programa Presidencial deDerechos Humanos, y el Ministerio del Interior y de Justicia.El Decreto crea un programa de protección para víctimas y testigos;define una dirección ejecutiva a cargo de la Dirección de DerechosHumanos del Ministerio del Interior y de Justicia; crea un grupotécnico de evaluación de riesgo integrado por la Fiscalía General de laNación, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia yel Departamento Administrativo de Seguridad, la ProcuraduríaGeneral de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el ProgramaPresidencial de Derechos Humanos, el Departamento Nacional dePlaneación y el Ministerio del Interior y de Justicia, a la vez queseñala funciones y responsabilidades.La competencia para la adopción de las medidas de protección seradica en las entidades que directamente prestan este servicio comoson la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y laDirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y deJusticia.7.1.2. Elaboración de un mapa de riesgo cuya actualización estáprevista cada dos meses, como herramienta para operar las alertaspreventivas tempranas a cargo de la Policía Nacional. Así mismo unprotocolo y flujograma que define los procedimientos para acceder yponer en marcha el programa de protección a víctimas y testigos de laLey 975 de 2005.7.1.3. Indica que conforme al artículo 32 del Decreto 3570/07 desdeel mes de diciembre de 2007, se vienen realizando capacitaciones porparte del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, las cuales sedesarrollarán en 26 departamentos del territorio nacional. Estascapacitaciones están dirigidas a Comandantes de Estación y Distritode Policía, seccionales de inteligencia SIPOL, Fiscalías Locales,Unidades de Justicia y Paz, Directores, Subdirectores, Jefes deProtección y funcionarios encargados de elaboración de estudios deniveles de riesgo y grado de amenaza en las diferentes seccionales delDepartamento Administrativo de Seguridad, Defensoría del Pueblo,Procuraduría General de la Nación y Personeros Municipales. Noobstante señala que “se desarrolla actualmente el diseño y ejecuciónde una estrategia de capacitación y difusión a nivel nacional del
programa de protección a víctima y testigos, con el acompañamientode la CNRR y MAPP OEA”, en algunas secciones del país.7.1.4. Informa que se suscribió un Convenio Interadministrativo conla Policía Nacional en la vigencia presupuestal 2007, por un valor de$17.788.905.198 para la implementación de las medidascorrespondientes a esa entidad en relación con el Programa deProtección para las víctimas y testigos en el marco del proceso dejusticia y paz. Precisa que en la vigencia actual “se está trabajando enla elaboración de convenios interadministrativos con la PolicíaNacional y la Fiscalía General de la Nación, por un valor de $13.500millones de pesos”.7.1.5. Refiere otras medidas como la asignación de equipos parafacilitar la comunicación interna del Grupo Técnico de evaluación deriesgo, (en adelante GTER), y con los grupos técnicos seccionales.Informa que se puso en marcha el funcionamiento de los grupostécnicos de riesgo de Bogotá; Medellín y Barranquilla, creándose unared de comunicación entre sus miembros.7.1.6. Informa que la Fiscalía General de la Nación en su calidad deSecretaría Técnica del GTER, ha solicitado la evaluación de 205casos a nivel nacional, de los cuales 152 han sido atendidos por elGTER en Bogotá, Medellín y Barranquilla. De las evaluacionesrealizadas se han recomendado las siguientes medidas de protecciónpara 97 personas: 57 medidas de autoprotección, 18 revistaspoliciales, 2 plan padrino, 17 apoyos de reubicación temporal, 11reubicaciones definitivas, 2 medios de comunicación avantel, 17tiquetes aéreos nacionales, 1 esquema móvil de protección individual.7.1.7. Señala que dentro del Programa de Protección a víctimas ytestigos de justicia y paz, liderado por la Dirección de DerechosHumanos del Ministerio del Interior, se han adoptado medidas enrelación con las siguientes personas: Patricia Buriticá Céspedes, identificada con C.C. No. 41.555.960 en su condición de defensora de derechos humanos, se le asignó un esquema móvil de protección consistente en un vehículo corriente, dos unidades de escolta con su respectivo armamento y medios de comunicación. Este esquema estuvo vigente entre el 29 de septiembre de 2006, hasta el 21 de diciembre del mismos año, “día en el cual la beneficiaria, mediante oficio remitido al DAS informó de sus salida a vacaciones y que ¨a partir de ese día no utilizaré el esquema de seguridad asignado a mi cargo”. Ana Briceida Mantilla, identificada con la C.C. No. 28.013.448 en su condición de persona en situación de desplazamiento, desde el 21 de agosto de 2007 y hasta la fecha, ha recibido revistas
policiales y cuenta con un medio de comunicación avantel. En la actualidad el DAS está adelantando la evaluación de nivel de riesgo con miras a determinar las medidas necesarias para su protección. Luz Mery Rincón Guarín, identificada con C.C. No. 41.103.144. Ante una solicitud de inclusión en el Programa de Protección a población en situación de desplazamiento, y dada la urgencia del caso, el programa le asignó el día 3 de abril/08, un apoyo de reubicación temporal equivalente a $1.384.500.=, y tiquetes aéreos nacionales para ella y su núcleo familiar, a la vez que se coordinó con la Policía Nacional, la realización de revistas periódicas en torno a su domicilio. Marlene Zambrano Padilla, identificada con C.C. No. 41.103.144. En la actualidad el DAS está adelantando la evaluación del nivel de riesgo.Respecto de las demás personas en relación con las cuales se solicitóinformación, se indica que no han realizado solicitud de protección alPrograma de Protección que lidera la Dirección de DerechosHumanos del Ministerio del Interior y de Justicia.Sin embargo, advirtió que en los casos de Claudia Jadith Balcero(C.C. No. 49.768.738), Justa Rufina Correa Venera (C.C. No.26.735.910), Rosa Cecilia Osorio Calderón (C.C. No. 49.767.908),Petrona del Carmen Trocha de Anillo (C.C. No. 22.912.430), OlgaCecilia Martínez Ovalle (C.C. No. 42.494.675), María de lasMercedes Ardila Restrepo (C.C. No. 221.673.030), Sergio AlbertoValenzuela Corrales (C.C. No. 70.852.447 de Támesis), y GuillermoAntonio Valencia Ospina (C.C. No. 1.098.627.931 de Palestina),según cruce de información realizado con la Fiscalía General de laNación, se pudo establecer que éstos casos han sido evaluados por elPrograma de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General dela Nación.7.2. De la Fiscalía General de la NaciónMediante oficio JUNJP el Jefe de la Unidad de Fiscalía para laJusticia y la Paz informó a la Corte:7.2.1. Que mediante resolución 0-4773 de diciembre 3 de 2007 elFiscal General de la Nación (Art. 27 num. 1° del Decreto 3570/07)impartió directrices a los Fiscales adscritos a la Unidad Nacional deFiscalías para la justicia y la paz (UNFJP), en relación con elreconocimiento sumario de la calidad de víctima o perjudicado dentrode los procesos de esclarecimiento de la Ley de justicia y paz, en elentendido que la determinación final corresponde a los magistrados
de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal correspondiente, en laaudiencia en la que se tramite el incidente de reparación integral.7.2.2. Que desde el inicio de la actividad de la Unidad Nacional deFiscalía para la Justicia y la Paz, los funcionarios de esa unidad “hanoficiado en pluralidad de casos a los Comandantes de Policía de lasregiones donde aquellas se encontraba (las presuntas víctimas)e,incluso, solicitado estudio de evaluación a la oficina de protección dela entidad. En muchos casos los presuntos afectados rehusaronaceptar las medidas ofrecidas como necesarias y, en otros, seconcluyó que el riesgo era ordinario o inexistente”.7.2.3. Que una vez excedido el Decreto 3570 de 2007, la UNFJP hasolicitado asistencia inicial a los Comandantes de Estación de Policíacorrespondientes a las regiones donde se encuentran las personas quehan informado sobre situaciones de riesgo o amenaza, autoridadesque de inmediato deben informar al Grupo Técnico de Evaluación deRiesgo (GTER) para lo de su cargo. Igualmente señala que cuando seles ha requerido, los fiscales de la UNFJP han acreditadosumariamente la condición de víctima para los efectos del citadodecreto.7.2.4. En particular sobre las personas que instauran la acción detutela refiere que la señora Patricia Buriticá Céspedes, en sucondición de defensora de derechos humanos recibe medidas de laDirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y deJusticia.En relación con las señoras Claudia Judith Balcero Giraldo, JustaRufina Correa Venera, Rosa Cecilia Osorio Calderón, Petrona delCarmen Trocha de Anillo, Olga Cecilia Martínez Ovalle, indica queantes de la expedición del Decreto 3570 de 2007, solicitaron, a travésde apoderado, a la Dirección del Programa de Protección y Asistenciade la FGN medidas de protección. Por consiguiente se solicitó alComandante del Departamento de Policía del Cesar que implementaralas medidas pertinentes para la protección de la vida de las precitadasy sus grupos familiares. No obstante, señala, las mencionadasciudadanas manifestaron por escrito que no estaban dispuestas amoverse de la ciudad de Valledupar dado que su único interés eraconocer la verdad sobre el paradero de sus familiares desaparecidos yque sólo deseaban que se le brindara garantías de seguridad enValledupar.Refiere que una vez creado el Programa de Protección de Víctimas yTestigos de la Ley de Justicia y Paz la situación de las ciudadanasBalcero Giraldo, Correa Venera, Osorio Calderón, Trocha de Anillo yMartínez Ovalle fue evaluada por el GTER con sede en Barranquillaen sesión de febrero 27 de 2008, el cual aprobó calificar el riesgo
como ordinario y oficiar a la Dirección del CTI y al Comandante delDepartamento de Policía del Cesar para que les fuera otorgado unplan padrino, se le hizo entrega por parte de la Policía Nacional de unManual de Medidas de seguridad y autoprotección y se le ordenó a lasautoridades de Policía de Valledupar, desplegar actividades deregistro y control en el sector en donde están ubicadas sus residencias,a través de revistas periódicas por parte de la patrulla de vigilancia delsector, “con el propósito de contener las pretensiones de gruposdelincuenciales”. Igualmente se recomendó a las evaluadas estrecharlos lazos de comunicación y el flujo de información con elComandante de la Estación de Policía de Valledupar y/o patrulla delsector con el objeto de conocer las novedades que se le presenten ensu entorno.Respecto de la señora María de las Mercedes Ardila Restrepo seinforma que mediante acta del 28 de marzo de 2008 el GTER calificóel riesgo de la mencionada ciudadana cono ordinario y estableció queno se acreditaban los requisitos para vincularla al Programa deProtección de Víctima y Testigos de Justicia y Paz, por lo que se lerecomendó como medida de seguridad la autoprotección, y se ordenómantener revistas de seguridad por parte de la Policía Nacional deAntioquia.En lo que concierne a los ciudadanos Sergio Alberto ValenzuelaCorrales y Guillermo Antonio Valencia Ospina, indica que se hanrealizado diez evaluaciones, todas ellas con resultados negativos porno reunir los requisitos exigidos por la resolución 2700 de 1996, yporque el riesgo de los mencionados ciudadanos se ha calificadocomo ordinario. No obstante se reiteraron solicitudes de protección ala Policía Nacional. Evaluada su situación bajo los parámetros delDecreto 3570 de 2007, en sesión de enero 19 de 2008 del GTER, elriesgo de los señores Valenzuela Corrales y Valencia Ospina fuecalificado como ordinario a la vez que se recomendó mantener lasmedidas de autoprotección por parte de la Policía Nacional del Vallede Aburrá.7.2.5. Adicionalmente informó que en relación con las demáspersonas que figuran como demandantes en la acción de tutela severificó que no se ha recibido solicitud de protección por parte de laSecretaría Técnica del GTER.7.2.6. Por último en lo que tiene que ver con los recursos asignadospara el manejo del programa la Fiscalía señaló: (…)El Decreto que creó el Programa de Protección a víctimas y testigos de la Ley 975 de 2005 fue expedido desde septiembre de 2007 en ese mismo mes la Fiscalía General de la Nación (…) solicitó al Ministerio del Interior y de Justicia ($6.888´398.419.=) para la
vigencia 2007. Sin embargo, al finalizar la anualidad cuando se iba a realizar el traslado de los recursos se concluyó que no era posible ejecutar los recursos en la vigencia 2007 ya que no se alcanzaba a cumplir en dicho lapso con el trámite de contratación exigido para los dineros públicos porque ya no era posible manejar reservas presupuestales para el año 2008. Para la vigencia 2008, se solicitaron $13.712´083.366.=, cifra que fue considerada elevada para el presupuesto previsto para dicho programa teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda solo aprobó $15.000.000.000.= para todas las entidades que conforman el Programa, en ese sentido se solicitaron 5.620.486.166.= recursos presupuestales que a{un no han sido aprobados”.7.3. De la Policía NacionalLa Secretaría General – Asesoría Legal de esta Institución informa ala Corte que en ejecución de las competencias asignadas por elDecreto 3570 de 2007, se han desarrollado las siguientes acciones:7.3.1. En cumplimiento de las competencias que a la Policía Nacionalasignó el Decreto 3570/07, esta institución ejecuta dos tipos dedispositivos de protección: (i) Dispositivo de protección dirigido amunicipios, que hace referencia a la presencia activa en losmunicipios priorizados dentro del mapa de riesgo. “Las laboresdesarrolladas por la Policía están encaminadas al control de lasvariables de conflictividad que se determinan en el mapa de riesgoelaborado por el Subcomité de protección y que impiden laparticipación de las víctimas y testigos en los procesos de Justicia yPaz, como consecuencia de amenazas contra su vida e integridad”.Para el cumplimiento de esta función señala el informe “el Ministeriodel Interior y de Justicia transfiere a la Policía Nacional los recursosque le permiten desarrollar acciones de disuasión y control a losagentes generadores del riesgo, con los cuales se adquieren equiposde movilidad y comunicaciones que ayuden en el mejoramiento de lainfraestructura y capacidad de respuesta institucional”.(ii) Dispositivo de atención individual frente a la evidencia de unriesgo extremo y/o extraordinario: es el conjunto de medidas ymedios de protección específicos adecuados y suficientes para evitarque se materialice el riesgo extraordinario o extremo sobre unavíctima o testigo, en el marco de la Ley 975/05, generado comoconsecuencia de su participación directa en el proceso de justicia ypaz o para obstaculizar su intervención en el mismo. Este dispositivoincluye la aplicación del recurso de “asistencia inicial”, medida queconsiste en satisfacer las necesidades del beneficiario y su núcleofamiliar en materia de alimentación, aseo, asistencia médica, yhospedaje, por un tiempo de quince días, período en el cual el grupotécnico de evaluación del nivel de riesgo debe decidir de fondo lasituación de la víctima o testigo y las medidas que le otorgará,
función ésta que se encuentra a cargo de los Comandantes de Estaciónde cada municipio.(iii) Como estrategias de difusión de la Ley 975/05 y el Decreto3570/07, la Policía Nacional como miembro del subcomité deprotección, ha adelantado 19 jornadas de capacitación en 11departamentos de policía22 con la asistencia de 1105 profesionales dela policía, pertenecientes a estaciones, distritos, escuadrones móvilesde carabineros, coordinadores de derechos humanos, y oficinas deatención al ciudadano.(iv) En relación con acciones concretas refiere que se han adoptadomedidas consistentes en revista a residencia de los señores GuillermoAntonio Valencia Ospina, Sergio Alberto Valenzuela Corrales, maríade las Mercedes Ardila Restrepo, así como medidas de autoprotecciónal señor José Norman Arroyave Monsalve. Las demás personas queinstauraron la acción de tutela no aparecen registradas comobeneficiarias del dispositivo de atención individual que otorga el“Programa de protección para víctima y testigos de la Ley deJusticia”.7.4. Del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del DAS, informa que losprogramas de protección a las víctimas y testigos de la Ley de justiciay paz “son de competencia exclusiva y excluyente del Ministerio delInterior y de Justicia, y el DAS, solamente actúa como cuerpo deAPOYO para la administración de los esquemas protectivos que hansido aprobados previamente por el CRER23”Hecha esta aclaración informa que el CRER ordenó implementar unesquema de protección para la señora Patricia Buriticá Céspedes, elcual inició el día 29 de septiembre de 2006, y se ejecutó hasta el 18 dediciembre de 2006 en que la beneficiaria informó sobre su salida avacaciones por lo cual no usaría el esquema. “Desde esa fecha novolvió a comunicarse para solicitar el esquema de seguridad”.En relación con las señoras Ana Briceria (sic) Mantilla y MarleneZambrano, se encuentra en trámite, a solicitud del Ministerio delInterior y de Justicia, un estudio de nivel de riesgo de un grupo depersonas, entre el que se encuentran las precitadas. Los estudios seencuentran en trámite. Respecto de las demás personas relacionadasen la tutela, no se halló actuaciones institucionales por parte del DAS.8. Intervención en calidad de amici curiae22 Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Antioquia, Norte de Santander,Metropolitana de Bogotá, Santander, Guaviare, Urabá.23 Comité de Reglamentación y evaluación de riesgos.
Javier Ciurlizza, Michael Reed Hurtado y Lily Andrea Rueda,representante legal, coordinador del área de justicia e investigadora,respectivamente, del Centro Internacional para la JusticiaTransicional (ICTJ) en Colombia, intervinieron en el presente procesode revisión en condición de amici curiae, con el objeto de presentarsus observaciones. Los aspectos relevantes de su intervención sereseñan a continuación:8.1. El reconocimiento y la garantía por parte del Estado de losderechos de los sujetos pasivos de graves violaciones de derechoshumanos se constituyen en presupuesto esencial del proceso penal. Enparticular, la garantía de acceso a la justicia debe traducirse en laposibilidad real, no nominal, de acudir ante la jurisdicciónindependiente, imparcial y competente para plantear, probar y alegarsus pretensiones.Alude a la diferencia doctrinaria que se ha establecido entre laparticipación de la víctima en sentido estricto y en sentido amplio,para destacar que conforme a esta última dimensión “Laparticipación abarca la necesidad de concebir y tratar lasnecesidades de la víctima de forma integrada y articulada, evitandosoluciones parciales y una victimización secundaria. Los intereses dela víctima no se deben entender sólo en el marco del procedimientopenal, sino que las medidas de atenuación de los efectos del delitodeben darse antes y después del procedimiento jurídico en caso deser necesario”. (Fol. 3 escrito)Refiere que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidaspara los Derechos Humanos ha incluido como directrices básicas dela participación de las víctimas en sentido amplio: (i) La gestión yadministración de las expectativas de las víctimas; (ii) Lacomunicación e intercambio regular de información con las víctimas;(iii) La educación sobre el proceso penal del cual hace parte lavíctima; (iv) el entrenamiento y la concienciación del personal de lainstitución que trata directamente con los sujetos pasivos de losdelitos, sobre sus necesidades; (v) la información sobre el estado delproceso, y (vi) la protección de las víctimas.8.2. En cuanto a la protección de las víctimas como elementofundamental de la participación en los procesos de esclarecimientojudicial, sostienen que los derechos a la vida e integridad, libertad yseguridad personales cuentan con expresa consagración normativa enel ámbito internacional24, en tanto que en el ámbito nacionalcolombiano ha sido incorporado al orden constitucional por la24 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 6, 7, 9; Declaración Universal deDerechos Humanos, artículos 3 y 5; Convención Americana de Derechos, artículos 4, 5, y 7;Declaración Universal de Derechos del Hombre artículo 1°.
jurisprudencia en la categoría de los “derechos innominados”, confundamento en el artículo 94 de la Carta y en virtud del mandato delartículo 93 ib.Estiman que no existen expectativas reales de participación de lasvíctimas en los procedimientos judiciales sin garantías concretas deprotección. Y agregan que la lección más importante derivada de lasiniciativas de judicialización de crímenes del sistema ha sidojustamente “que no se hizo lo suficiente para garantizar el derecho ala protección de víctimas y testigos”.8.3. Sostienen que en Colombia existe un contexto de alto riesgo parala participación de las víctimas y testigos de violaciones graves,generado, entre otras causas, por la persistencia del conflicto armadoy la actividad persecutoria de personas y grupos que se ven sometidasa la justicia. Apoyan esta percepción en las observaciones de laMisión de Apoyo al proceso de Paz de la OEA, quien “ha constatadoel aumento de las amenazas contra las víctimas y la limitadacapacidad del Estado para ofrecer protección en determinadosdepartamentos como Putumayo, Cesar, Córdoba, Antioquia, Norte deSantander y Nariño.”Destacan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ensu informe anual de 2007 “expresó que un gran obstáculo para laparticipación de as víctimas en el proceso de justicia y paz parareivindicar sus derechos correspondía al accionar de las bandasdelincuenciales, de los miembros de las Autodefensas Unidas deColombia (AUC) que no se desmovilizaron, de los nuevos actoresarmados y el fortalecimiento de algunos ya existentes25”. (Fol. 6)A partir de tales referencias concluyen que “es del todo razonablecolegir que en Colombia recaen graves factores de riesgo sobrequienes ostentan la calidad de víctimas de la violencia”.8.4. Al referirse a los elementos mínimos de una protección eficaz porparte del Estado conforme a la jurisprudencia nacional y la prácticainternacional, señalan que los programas de protección deben serentendidos como un conjunto de medidas organizadas y coherentespara salvaguardar la vida e integridad, seguridad y libertad personalesde sus beneficiarios.Refieren al documento “Instrumentos de Estado de Derechos parasociedades que han salido de un conflicto. Iniciativas deenjuiciamiento” elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de lasNaciones Unidas para los Derechos Humanos en el que se establecenalgunos lineamientos para garantizar una protección adecuada a las25 CIDH, Informe anual 2007, de abril de 2007, capítulo IV, Colombia, párr. 28 y 29.
víctimas que deban prestar declaración en los procesos deesclarecimiento judicial.8.5. Sobre los programas de protección que han diseñado y ejecutadolas autoridades colombianas26 para ciertas poblaciones que seencuentran sometidas a riesgos que no están obligadas a soportar,manifiestan que “enfrentan problemas en la práctica, y en ocasiones,no responden a las necesidades de las víctimas del conflicto”.Como parámetros mínimos, adicionales a los establecidos por lapráctica internacional, y que pueden contribuir a superar losproblemas que enfrentan los programas de protección diseñados,sugieren los siguientes: (i) la atención especial a la naturaleza de lapoblación beneficiaria; (ii) la no categorización de víctimas delconflicto; (iii) el otorgamiento de la protección por la evidencia delriesgo y no por retribución a la colaboración en la causa criminal; (iv)la atención integral: antes, durante y después de los procesos penales;(v) la investigación y sanción de las muertes violentas y las amenazascontra víctimas que reclaman sus derechos; (vi) la necesidad de unarespuesta organizada y estructurada y no como medidasextraordinarias sobre situaciones de emergencia; (vii) la coordinaciónentre las autoridades encargadas de brindar protección; (viii) laparticipación de la víctima en la toma de decisiones por parte de lasautoridades; (ix) la oferta pública y transparente de los programas deprotección.Finalmente sostienen que la puesta en marcha de un sistema eficaz deprotección a las víctimas y testigos de violaciones graves es unamedida inaplazable en el contexto colombiano y un requisito para elcabal cumplimiento de la obligación de judicializar crímenesinternacionales.II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN1. Competencia.Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión,de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de laConstitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de1991, y en virtud del auto del treinta y uno (31) de enero de dos milocho (2008), expedido por la Sala de Selección Número Uno de estaCorporación, que decidió seleccionar el presente asunto para surevisión.26 Programa de protección a testigos e intervinientes en los procesos penales de la Fiscalía Generalde la Nación; Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y deJusticia, y Programa para la protección de víctima de grupos armados al margen de la Ley que seencuentren en riesgo como consecuencia directa de su participación en el proceso de justicia y pazo para impedir que se acceda a él (Ley 975 de 2005 y Decreto 3570 de 2007).
2. Problema jurídicoDe acuerdo con los antecedentes reseñados debe la Corte establecer silas autoridades acusadas (Ministerio del Interior y de Justicia yFiscalía General de la Nación), han vulnerado los derechosfundamentales a una vida digna (Art. 11), a la seguridad personal (Art.11), al debido proceso (Art. 29) y a las garantías judiciales y de accesoa la justicia (Art. 229) de las demandantes, en razón a la manera comodichas autoridades han afrontado, en el marco de sus competencias, eldeber estatal de protección y de garantía de acceso a la justicia,debidos a las víctimas en los procesos de esclarecimiento judicial dejusticia y paz.Para resolver el problema así planteado la Corte analizará lossiguientes temas: (i) Como cuestiones preliminares, de procedimientoconstitucional, estudiará: a). la legitimidad de personería para actuarcuando se invocan derechos fundamentales de personas que han sidosometidas a vulneración sistemática de derechos fundamentales, y b).La eficacia de la acción de cumplimiento como mecanismo judicial dedefensa, en el caso concreto. De superar los anteriores asuntos deprocedimiento, (ii) la Corte reiterará su jurisprudencia sobre elderecho fundamental a la seguridad personal; (iii) recordará lasobligaciones constitucionales e internacionales sobre la protección dela mujer contra toda forma de violencia y en particular la derivada delconflicto armado; (iv) reiterará su jurisprudencia sobre los riesgosespecíficos y las cargas extraordinarias que soporta la mujer, en razónde su condición de género, en el contexto del conflicto armado; (v)verificará el nivel de riesgo en que se encuentran las víctimas delconflicto armado, y el impacto sobre sus posibilidades de acceso plenoa la justicia; (vi) recordará las directrices (principios y elementosmínimos de racionalidad) que conforme a la jurisprudencia y lapráctica nacional deben orientar y contener una estrategia deprotección satisfactoria de las víctimas de criminalidad masiva y/osistemática; (vii) la respuesta estatal para garantizar la protección delas víctimas y testigos en el marco de la Ley de Justicia y Paz; (viii) apartir de esas premisas, valorará la situación de riesgo que invocan lasdemandantes, y la estrategia de protección diseñada por lasautoridades estatales.3. Cuestiones preliminaresLa Sección Segunda Subsección “B” de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Consejo de Estado, revocó la sentencia de primerainstancia, que había tutelado los derechos fundamentales de todas lasdemandantes, y asignado efectos “inter comunis para todas lasvíctimas y testigos” de la Ley de Justicia y Paz. En su lugar decidió,rechazar por improcedente la acción de tutela, por falta de
legitimación por activa en relación con las demandantes distintas aPatricia Buriticá Céspedes, y por la existencia de otro mecanismojudicial de defensa, respecto de esta última.Estimó el Consejo de Estado que en el presente caso no se presentanlos presupuestos para reconocer una agencia oficiosa, por que lasdemandantes no dicen actuar en tal condición, y adicionalmente, no esposible establecer las circunstancias en que se encuentran los titularesde los derechos, a efecto de determinar su imposibilidad de ejercer supropia defensa. Sin embargo destacó“(…) el hecho notorio ylamentable que sufren miles de personas que se ven forzadas aabandonar sus sitios de residencia y trabajo, por las amenazas ytemor que generan las acciones de los grupos armados ilegales osubversivos (…). (El original sin subrayas).Corresponde previamente a la Sala examinar si en efecto, se configuraalguna de las causales de improcedencia aducidas por el Consejo deEstado para rechazar la acción de tutela.3.1. Sobre la legitimidad de personería para demandar en el presente casoObserva la Sala que la acción de tutela se encuentra suscrita por laseñora Patricia Buriticá Céspedes quien manifiesta actuar en nombrepropio y en su condición de Directora de la Alianza Iniciativa deMujeres Colombiana por la Paz, e integrante de la Comisión Nacionalde Reconciliación y Reparación.Advierte también, que en el texto de la demanda se involucran lassituaciones de las señoras Ana Briceida Mantilla, María Ruby TejadaSuárez, Ana Myriam Rodríguez Salguero, Carmen Alicia HerraCorcho, Marlene Zambrano Padilla, Luz Stella García Villamizar; LuzMary Álvarez Osorio; Justa Mena; María Zabala; Nohora Villegas;Luz Helena Morales Palencia; Lucelly Gutiérrez de Osorio, quienesaparecen debidamente identificadas, aducen su condición de víctimasy manifiestan representar los intereses de otras personas tambiénvíctimas del conflicto armado, quienes no aparecen identificadas.Como anexos de la demanda (Fols. 73 a 96) se presentan escritos deadhesión a la demanda de tutela presentada por la Alianza Iniciativade Mujeres Colombianas por la Paz, firmados por cada una de lasciudadanas antes relacionadas, en los que aparece claramenteidentificada la demanda a la que acceden.Para la Sala resulta inobjetable que la metodología adoptada para lapresentación de la demanda en lo que respecta a la señora PatriciaBuriticá Céspedes, y a quienes suscriben los anexos de la misma encondición de peticionarias adherentes, responde a los requerimientosbásicos que rigen este procedimiento, inspirado en los principios de
informalidad y prevalencia del derecho sustancial (Art. 14 del Decreto2591 de 1991).La flexibilidad que los mencionados principios imprimen al trámite dela tutela, unida a una aproximación a la complejidad de las situacionesque plantea la demanda, las cuales involucran hechos acaecidos endiferentes zonas del país que sugieren problemas de seguridad en lasactoras, permite en el presente asunto, concebir la demanda como unacto procesal complejo que se integra con el texto principal firmadopor la demandante Patricia Buriticá Céspedes, como Directora de laorganización que aglutina a las demandantes, y los memoriales deadhesión individualmente suscritos por Ana Briceida Mantilla, MaríaRuby Tejada Suárez, Ana Myriam Rodríguez Salguero, Carmen AliciaHerra Corcho, Marlene Zambrano Padilla, Luz Stella GarcíaVillamizar; Luz Mary Álvarez Osorio, Justa Mena, María Zabala,Nohora Villegas, Luz Helena Morales Palencia y Lucelly Gutiérrez deOsorio, en los cuales se identifica adecuadamente el documento al queacceden.De tal manera que la demanda así concebida aparece adecuadamenteinstaurada por todas las personas que suscriben el libelo matriz y losmemoriales de adhesión en los que aparece plenamente identificadoaquél, a partir de su temática central y las pretensiones.No resulta pertinente efectuar, en relación con quienes suscriben eldocumento matriz, o los actos de adhesión, un examen sobre laeventual estructuración de los presupuestos que permiten una agenciaoficiosa, por cuanto se trata de titulares de los derechos invocados,quienes directamente solicitan protección y garantía de sus propiosderechos fundamentales.Situación distinta se presenta en relación con la cantidad de personas yfamilias innominadas a las cuales dicen representar algunas de lasdemandantes, sin que se aporte información sobre su identidad y sobrela situación específica que les impide promover su propia defensa. Enestos eventos, lo pertinente es determinar si esas personas seencuentran en la misma situación de hecho de las demandantes aefecto de evaluar si se modulan los efectos de un eventual fallo detutela (inter comunis) aspecto que se valorará en la oportunidadcorrespondiente.En conclusión, en atención al presupuesto procesal de la legitimaciónpor activa, no encuentra la Sala obstáculo jurídico para ingresar alestudio de fondo de la tutela instaurada por la ciudadana PatriciaBuriticá Céspedes (libelo matriz) y las doce (12) ciudadanas quesuscriben los memoriales de adhesión que obran como anexos a folios73 a 96.
3.2. Sobre la inidoneidad de la acción de cumplimiento comomecanismo alterno de defensaEl juez de segunda instancia encontró que, conforme a la demanda, laúnica persona legitimada para accionar en tutela era la señora PatriciaBuriticá Céspedes, pero declaró improcedente su demanda aduciendola existencia de la acción de cumplimiento como mecanismo alternocon idoneidad para la defensa de sus derechos fundamentales, bajo elentendido que la pretensión de la accionante era el cumplimiento delartículo 38 de la ley 975/05.Al respecto cabe señalar que la jurisprudencia de esta Corporación haprecisado que “el medio que desplaza la viabilidad del amparo tieneque ser materialmente apto para lograr que los derechosfundamentales en juego sean efectivamente protegidos.”27 Por lotanto, teniendo en cuenta que de lo que se trata es de brindar efectivaprotección a los derechos fundamentales, es necesario verificar, enconcreto, si la existencia de un medio alternativo de defensa resultaidóneo y eficaz para proteger el derecho amenazado o vulnerado.La sola existencia formal y abstracta de un medio de defensa, ha dichola Corte, no satisface por sí misma la garantía de protección previstaen los artículos 86 y 228 de la Carta, signada por la exigencia deprevalencia del derecho sustancial:“Así las cosas, para los efectos de establecer cuándo cabe y cuándono la instauración de una acción de tutela, el juez está obligado aexaminar los hechos que ante él se exponen así como las pretensionesdel actor, y a verificar si, por sus características, el caso materia deestudio puede ser resuelto, en relación con los derechosfundamentales posiblemente afectados o amenazados, y con laefectividad indispensable para su salvaguarda, por losprocedimientos judiciales ordinarios, o si, a la inversa, la falta derespuesta eficiente de los medios respectivos, hace de la tutela laúnica posibilidad de alcanzar en el caso concreto los objetivosconstitucionales”28Para cumplir tal cometido corresponde al juez valorar, en cada casoconcreto, si el medio de defensa judicial existente cumple con losrequisitos de idoneidad29 y eficacia30 que tornan en improcedente laacción de tutela.27 Sentencia T-001 de 2007.28 Sentencias T-001 de 1997; T-003 de 1992 y T- 441 de 1993.29 Este atributo hace referencia a la aptitud del medio para servir de canal para la definición delderecho controvertido; en este sentido un medio se estima como idóneo cuando, en la práctica, seconsidera el camino adecuado para el logro de aquello que se pretende. (Sentencias T-999 de 2000y T-847 de 2003).
Pues bien, en el presente caso las demandantes al instaurar la acciónde tutela manifiestan “la reiterada re victimización de las víctimasque participan dentro de los proceso de la Ley de justicia y paz queafecta de manera primordial la vida, el derecho a la seguridad y aldebido proceso ya que los sistemas de protección vigentes no cubrena la totalidad de las víctimas de la ley y estas al tratar de acceder a lajusticia se ven nuevamente perseguidas y amenazadas dentro delproceso”. (Fol. 3 demanda).A partir de ello estiman que se presenta “una vulneración manifiestadel derecho a la seguridad personal y al debido proceso y garantíasjudiciales consagrado (sic) en los artículos 11, 29 y 229 de laConstitución Política”, y aunque mencionan los artículos 13, 37 y 38de la Ley 795 de 2005, como normas vulneradas, es evidente que sudemanda se orienta a perseguir la garantía de sus derechosfundamentales a la seguridad, a la vida, a la integridad personal, y alacceso a la justicia. En la mención que se hace a algunas disposicionesde la Ley de Justicia y Paz, se advierte por una parte, el propósito dedarle sustento normativo a su demanda de diseño de una políticapública orientada a la protección de sus derechos fundamentales a lavida, la integridad y la seguridad personal, y de otro, identificar lasautoridades que puedan ser eventuales destinatarias de una orden detutela.De manera que el interés que subyace en la demanda de tutela no es elde poner de manifiesto la renuencia de una autoridad pública acumplir con un deber legal omitido. La demanda trasciende estapretensión al propugnar por el diseño de una política integral deEstado que garantice los derechos fundamentales a la vida, laseguridad y la integridad personal de las víctimas de los procesos deesclarecimiento judicial de la Ley de justicia y paz, de la cual sin dudaforma parte el cumplimiento de los mandatos contenidos en losartículos 13, 37 y 38 de la Ley 975 de 2005.Los hechos puestos de presente en la acción de tutela desbordan elámbito limitado de la acción de cumplimiento cuyo propósitofundamental radica en propender por la eficacia y materialidad delsistema normativo dentro del Estado social de derecho. El marco deesta acción se muestra como insuficiente para amparar las órdenes quese derivarían de la constatación de una efectiva vulneración de losderechos fundamentales que invocan las demandantes. El medioalterno se muestra así como inidóneo para el logro de la pretensióndemandada.30 Este atributo tiene que ver con la oportunidad en la protección, e impone al juez valorar si elmedio existente es adecuado para proteger “instantánea y objetivamente” el derecho que aparecevulnerado o que es objeto de amenaza.
Por último, es la propia regulación de la acción de cumplimiento laque orienta la selección del medio judicial, con atributos de idoneidady eficacia, hacia la tutela. En efecto, el artículo 9° de la ley 393/97establece como causal de improcedencia de la acción de cumplimientoel que los derechos invocados o comprometidos sean garantizados através de la acción de tutela. Esta causal se funda en los principios desupremacía de la Constitución y de primacía de los derechosfundamentales (Arts. 4° y 5° C.P.) que imponen al juez el deber deoptar por la acción de tutela como mecanismo idóneo, cuando quieraque la situación concreta que se le pone de presente, plantea unaeventual afectación iusfundamental.Despejadas así las cuestiones preliminares que indujeron al juezconstitucional de segundo grado a revocar la protecciónconstitucional, procede la Sala a abordar el estudio de fondo de laproblemática que plantea la demanda.4. La seguridad personal como derecho constitucionalfundamental.4.1. La Constitución Política contempla múltiples referencias a lagarantía del derecho a la seguridad personal, las cuales comportan a suvez diversas dimensiones de la misma. Así, por mandato del artículo2° superior, que establece el deber primordial de protección en cabezadel Estado, las autoridades colombianas están instituidas para brindarprotección a las personas, resguardando su vida, honra, bienes,creencias y demás derechos y libertades. Entre tales derechos, los másbásicos para la existencia misma de las personas son la vida y laintegridad personal, establecidos en los artículos 11 y 12 Superiores.Conforme a esta dimensión, ha señalado la jurisprudencia que elénfasis principal de la labor protectiva de las autoridades ha sido la deproveer de manera efectiva las condiciones mínimas de seguridad queposibilitan la existencia de los individuos en sociedad, “sin estarexpuestos a riesgos extraordinarios de recibir daños en supersona31”.El Constituyente, al regular diversas manifestaciones de la seguridadpersonal en contextos de la vida ordinaria, proscribió explícitamente lasujeción de las personas a determinados riesgos que consideróinaceptables: “el riesgo de ser sometidas a tortura, desapariciónforzada, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 12,C.P.), el riesgo de ser sometidas a esclavitud, servidumbre o trata (art.17, C.P.), el riesgo de ser molestadas por sus convicciones o creencias(art. 18, C.P.), el riesgo de ser molestadas directamente en su personao en su familia (art. 28, C.P.), el riesgo de ser objeto de persecución enforma tal que deban buscar asilo (art. 34, C.P.), los múltiples riesgos a31 Corte Constitucional, sentencia T-713 de 2003.
los que están expuestos los niños, entre ellos los peligros patentes de“toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta,abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”(art. 44, C.P.), los múltiples riesgos a los que se enfrentan las personasde la tercera edad, especialmente en casos de mala alimentación (art.46), o los innegables peligros a los que están sometidos quienesdesarrollan actividades periodísticas en nuestro país (art. 73)”.4.2. Así mismo el reconocimiento y protección del derecho a laseguridad personal constituyen obligaciones internacionales para elEstado colombiano, y por lo mismo, la jurisprudencia de estaCorporación ha considerado que tal derecho se incorpora a nuestroordenamiento en virtud de los artículos 93 y 94 de la Constitución32.En tal sentido la Declaración Universal de los Derechos Humanos de194833, establece en su artículo 3° que “Todo individuo tiene derechoa la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.La Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de SanJosé34, establece en su artículo 7°: “1. Toda persona tiene derecho ala libertad y a la seguridad personales...”El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos35, dispone en suartículo 9: “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a laseguridad personales…”.Al determinar el alcance del derecho a la seguridad personal en elorden constitucional colombiano, a la luz de los instrumentosinternacionales reseñados, la Corte señaló:(i) El derecho a la seguridad personal está incorporado alordenamiento jurídico colombiano en virtud de los artículos de laConstitución citados e interpretados a la luz de los instrumentos dederechos humanos ratificados por Colombia que crean obligacionesinternacionales para el país (artículos 93 y 94 de la Constitución);(ii) Además de manifestarse como un derecho humano fundamental detodas las personas, el derecho a la seguridad personal adquiereespecial importancia en el caso de ciertos sujetos que, dada sucondición o su contexto, han recibido especial protección tanto por laCarta como por otras fuentes de derecho internacional vinculantespara Colombia; y32 Ibídem33 Aceptada como costumbre desde la Proclamación de Teherán del 13 de mayo de 1968.34 Incorporada al ordenamiento colombiano mediante la Ley 16 de 1972.35 Aprobado mediante Ley 74 de 1968.
(iii) El contenido específico del derecho a la seguridad personal eshistóricamente variable, y se ha de determinar de conformidad con elcontexto socio - político y jurídico en el cual se vaya a aplicar.4.3. Al pronunciarse sobre el contenido, ámbito de aplicación y límitesdel derecho a la seguridad personal36, la Corte definió este derechocomo aquél que tienen las personas a recibir protección frente aciertos tipos de riesgo para su vida e integridad personal. Y alcaracterizar los tipos de riesgo frente a los cuales protege tal derecho ala seguridad personal a fin de diferenciar su campo de aplicación delas órbitas de otros dos derechos fundamentales con los cuales estáíntimamente relacionado, como la vida y la integridad personal, laCorte concluyó:“Se tiene, en primer lugar, que dichos riesgos deben serextraordinarios. Esto quiere decir que existe un nivel de riesgoordinario, social y jurídicamente soportable, por estar implícito en lavida cotidiana dentro de cualquier sociedad. (…) (L)as personas nopueden exigir al Estado un nivel especial de protección frente a estetipo de riesgos elementales: soportarlos constituye una carga derivadade la condición misma de integrante de una comunidad de sereshumanos, que se impone a todos los miembros de la sociedad porigual.“Ahora bien, en la medida en que la intensidad de dichos riesgos seincremente, es decir, cuando se tornen extraordinarios y reúnen lasdemás características señaladas en esta providencia, las personastendrán derecho a solicitar la intervención protectiva de lasautoridades para mitigarlos o evitar que se materialicen, cuando ellosea posible; tal intervención estatal podrá invocarse con distintostítulos, es decir, en virtud de distintos derechos fundamentales –lavida, la integridad personal o la seguridad personal -, dependiendo delnivel de intensidad del riesgo en cuestión y de sus características.De tal manera que el derecho a la seguridad personal sí comprende unnivel de protección básico de las personas contra ciertos riesgos opeligros que, al responder a determinados atributos, “no resultanlegítimos ni soportables dentro de la convivencia en sociedad, deacuerdo con la Constitución y los tratados internacionales; se trata deriesgos extraordinarios cuya imposición misma lesiona la igualdad enla que deben estar las personas frente a la carga de vivir en sociedad”.Con el propósito de delimitar objetivamente el campo de aplicacióndel derecho a la seguridad personal en el ordenamiento jurídicocolombiano, la jurisprudencia de esta Corte estableció una sencillaescala de riesgos, tomando en cuenta dos variables: (i) los niveles de36 Sentencia T-719 de 2003, fundamento jurídico 4.2.3.
tolerabilidad jurídica del riesgo por los ciudadanos en virtud delprincipio de igualdad ante las cargas públicas; y (ii) los títulosjurídicos con base en los cuales se puede invocar la intervenciónprotectiva de las autoridades .Bajo tales parámetros estableció cinco niveles de riesgo: (i) un nivelde riesgo mínimo37; (ii) un nivel de riesgo ordinario, soportado porigual por quienes viven en sociedad38; (iii) un nivel de riesgoextraordinario, que las personas no están obligadas a soportar; (iv)un nivel de riesgo extremo que amenaza la vida o la integridadpersonal39; y (v) un nivel de riesgo consumado40.A partir de tal caracterización estimó la Corte que “el derechofundamental a la seguridad personal opera para proteger a las personasde los riesgos que se ubican en el nivel de los riesgos extraordinarios,que el individuo no tiene el deber jurídico de soportar”. A fin deestablecer si un riesgo puesto en conocimiento de las autoridades tieneuna intensidad suficiente como para ser extraordinario, el funcionariocompetente debe analizar si confluyen en él algunos de los siguientesatributos: específico e individualizable41, concreto42, actual43,importante44, serio45, claro y discernible46, excepcional47,desproporcionado48, además de grave e inminente.En relación con el umbral que separa el derecho a la seguridadpersonal de otros derechos como la vida y la integridad personal apartir de la presencia e intensidad de los referidos atributos, dijo laCorte;“En la medida en que varias de estas características concurran, la autoridadcompetente deberá determinar si se trata de un riesgo que el individuo no estáobligado a tolerar, por superar el nivel de los riesgos sociales ordinarios, y enconsecuencia será aplicable el derecho a la seguridad personal; entre mayor seael número de características confluyentes, mayor deberá ser el nivel de37 Se trata de un nivel en el cual la persona sólo se ve amenazada en su existencia e integridad porfactores individuales y biológicos.38 Se trata de los riesgos ordinarios, implícitos en la vida social.39 Este es el nivel de los riesgos que, por su intensidad, entran bajo la órbita de protección directade los derechos a la vida e integridad personal.40 Este es el nivel de las violaciones a los derechos, no ya de los riesgos, a la vida e integridadpersonal: la muerte, la tortura, el trato cruel, inhumano o degradante, representan riesgos que ya sehan concretado y materializado en la persona del afectado.41 Es decir que no debe tratarse de un riesgo genérico.42 Basado en acciones o hechos particulares y manifiestos, y no en suposiciones abstractas.43 En el sentido que no debe ser remoto o eventual.44 Que amenace con lesionar bienes o intereses jurídicos valiosos para el sujeto, por lo que nopuede tratarse de un riesgo menor.45 De materialización probable por las circunstancias del caso, por lo cual no puede serimprobable.46 No debe tratarse de una contingencia o peligro difuso.47 No se trata de un riesgo que deba ser soportado por la generalidad de los individuos.48 Teniendo como parámetro de comparación los beneficios que deriva la persona de la situaciónpor la cual se genera el riesgo.
Propositos de las asignaturas secundarias

References: artículo 15
 resolución 
 artículo 10
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 32
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 94
 artículo 9
 artículo2
 artículo 3
 artículo 7