Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2019/as201910186.html
Timestamp: 2020-04-08 18:57:22+00:00

Document:
AUTO SUPREMO Nº 186/2019-RRC
Expediente : Oruro 20/2018
Parte Imputada : Jhery Gandarillas Velasco
Delito : Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito
Por memorial presentado el 15 de junio de 2018, cursante de fs. 259 a 274, Jhery Gandarillas Velasco, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 20/2018 de 23 de marzo, de fs. 190 a 200 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y María del Carmen Azurduy Lora contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Homicidio, Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito, previsto y sancionado por el art. 261 del Código Penal (CP).
a) Por Sentencia 31/2015 de 16 de septiembre (fs. 104 a 118), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Jhery Gandarillas Velasco, autor de la comisión del delito de Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito, imponiendo la pena de cuatro años de reclusión e inhabilitación para conducir por el lapso de dos años.
b) Contra la referida Sentencia, el imputado Jhery Gandarillas Velasco (fs. 153 a 165), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 20/2018 de 23 de marzo, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.
Del recurso de casación interpuesto, se extraen los siguientes motivos sujetos a análisis, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
1) En alzada, el Tribunal va más allá, incluso del contenido de la propia Sentencia, concluyendo que el hecho existió, restando relevancia a la prueba cuestionada del alco-test; de manera que se efectúan consideraciones que no se encuentran expresadas en la Sentencia y procede a valorar la prueba, concluyendo que la prueba de alco-test es irrelevante. En similar sentido se pronuncia sobre la prueba MP-D10, confundiendo los fundamentos del recurso de apelación, incumpliendo lo previsto por el art. 143 del CPP. Se invoca los Autos Supremos 317 de 13 de junio de 2003, 200/2012-RRC de 24 de agosto y 332/2012-RRC de 18 de diciembre.
2) Denuncia que desde el 30 de noviembre de 2005 hasta el presente, han transcurrido doce años, seis meses y quince días, sin que exista Sentencia en calidad de cosa juzgada, indicando que el juicio se habría suspendido innumerables veces por ausencia del Fiscal y de alguno de los Jueces del Tribunal, contribuyendo a la dilación de la causa. Por la excesiva demora y suspensión injustificada de las audiencias de juicio, se ocasionó dispersión de la prueba y desde luego la vulneración del derecho a la defensa. Invoca los Autos Supremos 93/2011 de 24 de marzo y 037/2013-RRC de 14 de febrero.
3) Señala ausencia de fundamentación para la imposición de la sanción, por inaplicación de los arts. 38 y 40 del CP, siendo que uno de los motivos de la apelación estaba vinculado con la errónea aplicación de la norma en la fijación de la pena, porque los jueces de instancia omitieron la fundamentación de la sanción, incurriendo en el defecto del art. 370 inc. 1) del CPP, traduciéndose en error procesal conforme al art. 169 inc. 3) del CPP. Sobre ello, el Tribunal de alzada cuando verificó el cumplimiento de los presupuestos para fijar la pena, debió pronunciarse conforme al art. 414 del CPP; empero, convalidan la irregularidad mediante una conclusión que no resulta racional y menos legal, afirmando que se habían considerado los límites de la pena y que los Jueces de grado habrían procedido con atenuarla, pero no se consideró dentro el caso los hechos acontecidos, que no atentaron contra la vida, concurriendo presuntas lesiones, ameritando otro tipo de sanción, vulnerándose de esa manera lo establecido por los Autos Supremos 41/2013 de 21 de febrero, 167/2013-RRC de 13 de junio y 99 de 24 de marzo de 2005.
Mediante Auto Supremo 709/2018-RA de 17 de agosto, de fs. 284 a 287 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación conforme su parte resolutiva para el análisis de fondo de los motivos segundo, tercero, cuarto y quinto, empero del contenido expuesto en el análisis particular de cada motivo en la resolución, se constata que no corresponde el análisis del motivo cuarto como se establece en parte resolutiva, por lo que a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva, la presente resolución se circunscribirá a dichos alcances.
De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se tiene lo siguiente:
Por Sentencia 31/2015 de 16 de septiembre (fs. 104 a 118), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Jhery Gandarillas Velasco, autor de la comisión del delito de Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito, imponiendo la pena de cuatro años de reclusión e inhabilitación para conducir por el lapso de dos años, con base a los siguientes argumentos:
El Tribunal tomó conocimiento específico, pormenorizado y objetivo de todos y cada uno de los argumentos de cargo y descargo, concretando el análisis probatorio al principio previsto por el art. 171 del CPP y asumió únicamente los elementos vinculantes de los hechos descritos en la acusación pública y acusación particular, establecidos en la primera parte de este fallo, valorando las pruebas producidas durante el juicio de un modo integral conforme a las reglas de la sana crítica, como señala el art. 173 del mismo cuerpo legal y entiende que corresponde juzgar por los hechos ocurridos y protagonizados de Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito, que se subsumen en la segunda parte del primer párrafo del art. 261 del CP.
El acusado Jhery Gandarillas, en su condición de chofer, la mañana del 30 de noviembre de 2005, sacó la vagoneta (ambulancia) y recogió a los tres internos del Centro de Salud de Pazña; donde la víctima María del Carmen Azurduy habría ingresado a lado del chofer y Adhemar Condori a su lado, juntamente la enfermera Fanny Condori.
Al retorno de que la enfermera se dirigiera a una población cercana fuera de la carretera, el interno de medicina y el conductor tomaban cerveza; y en un momento, el conductor Jhery Gandarillas, al presumir ser el “haz” del volante aumentó velocidad y en inmediaciones del sector “Canas Lupe Chico” zigzagueó y producto de ello se ocasionó el vuelco quedando con mayores lesiones María del Carmen Azurduy, conforme el Certificado Médico Forense, ameritando 240 días de impedimento, corroborado por las pruebas AP-D1 y AP-D2.
Mediante testimonio de Alex Mendoza Corrales y las documentales MP-D3, MPD-10 y AP-D12, se establece que el acusado se encontraba en estado de ebriedad de 0.66 grados de alcohol, sufriendo a causa de ello vuelco campana el motorizado.
En razón a que concurren los elementos constitutivos del ilícito acusado, cuando está demostrado que plenamente el acusado Jhery Gandarillas Velasco condujo la ambulancia en estado de ebriedad, se encontraba con un grado alcohólico de 0.66%, es más, sin precaución alguna, inclusive osando en decir que era un “haz” del volante; aspectos que entre otros, constituyen elementos típicos del delito acusado. Que permiten la plena certeza de que el hecho existió y que el acusado fue su autor al haber producido lesiones gravísimas en la víctima María del Carmen Azurduy Lora, recayendo sobre él la responsabilidad penal establecida en el art. 261 del CP.
El Tribunal con el objeto de imponer la pena, tomó en cuenta lo que establece el art. 261 del CP, cuya pena fluctúa entre uno a cinco años de reclusión, además de la inhabilitación para conducir, no obstante se debe tomar en cuenta lo previsto por los arts. 37 y 38 del CP.
El acusado actuó con culpa, porque noche anterior habría ingerido bebidas alcohólicas, encontrándose en estado de ebriedad y a sabiendas que es prohibido conducir vehículo en ese estado, optó por conducir la ambulancia juntamente lo ocupantes del vehículo, mostrando imprudencia e inobservancia de las Leyes.
El acusado cuenta con 48 años de edad, casado, agricultor, quien se ha sometido al proceso, considerando además el estado en que se encontraban los demás ocupantes del vehículo, quienes también habrían consumido bebidas alcohólicas juntamente el acusado, así como también se debe tomar en cuenta que todos los ocupantes del vehículo estaban conscientes que el acusado se encontraba ebrio al momento en que abordaron el vehículo, por lo que se resuelve imponer la pena de 4 años de reclusión e inhabilitación de 2 años para conducir vehículos.
Con la notificación de la Sentencia el acusado formuló recurso de apelación restringida, de acuerdo a los siguientes fundamentos:
 En audiencia de juicio oral, se planteó excepción de extinción de la acción por prescripción y por duración máxima del proceso, al amparo del art. 345 del CPP, considerando para la duración máxima del proceso que desde el día del hecho (30/11/2005) habrían transcurrido 8 años y 15 días, más de 8 años en lo que el Estado no había sido capaz de resolver el conflicto jurídico, invocando el Auto Supremo 222/2007 de 7 de marzo. Se afirma que la apreciación del Tribunal de Sentencia resultó ser subjetiva y hasta incoherente, atribuyendo una calidad dilatoria que no corresponde, cuando de antecedentes se advierte lo contrario, pronunciando una resolución sin fundamento y sin proceder a una convicción razonada de que el fallo exprese el verdadero sentido axiológico del caso, siendo que la dilación de la causa fue responsabilidad absoluta del Ministerio Público, la acusación particular y el órgano judicial. Asimismo, respecto a la prescripción, de los hechos fácticos, se llegó a concluir que tanto el Estado como la víctima han ejercido sus derechos no dejando vencer el término de la prescripción, siendo que una vez de iniciada la acción penal la misma continuó con todas las etapas del proceso penal, por lo que se puede concluir señalando que la acción penal no se suspendió, ni se dejó en abandono.
Por lo que la resolución impugnada y objeto del recurso, obró al margen de lo expresado en los arts. 29, 30 y 31 del CPP, además de vulnerar el art. 124 del CPP, y peor aún, generando un defecto procesal absoluto inconvalidable al vulnerar el art. 169 inc. 3) del CPP, correspondiendo en alzada revocar la resolución y declarar procedentes las excepciones.
 Denunció defectuosa valoración de la prueba, como defecto de Sentencia descrito en el art. 370 inc. 6) del CPP, por inobservancia del art. 173 del CPP, por vulneración a las reglas de la sana crítica con referencia a las pruebas documentales MP-D3, tarjeta de Alco-Test, al ser que conforme se estableció en juicio oral, los testigos policías señalaron contradicciones, donde las firmas estampadas en estos medios de prueba resultaron ser diferentes, además de no haberse considerado que el testigo en la fecha del hecho no se encontraba en la ciudad, quedándose en Pazña (lugar del hecho), hecho que es corroborado por la declaración de Alberto Checa, de tal manera que la idoneidad de la prueba se encontraba en dilema, olvidando el Tribunal que incluso se dispuso la remisión de antecedentes al Ministerio Público para la apertura de investigación por la presunta falsificación de firmas.
Respecto a la prueba MP-D8, consistente en el secuestro del vehículo se establece otra contradicción, siendo que la prueba MP-D9 demuestra que el mismo fue depositado un día antes del secuestro, constituyendo una incoherencia que no fue advertida por el Tribunal.
Asimismo, denunció que la Prueba MP-D10, es también contradictoria en su contenido, siendo que cuando se refiere al lugar del hecho señala dos lugares diferentes, Huancané con destino a Pazña al llegar a Canas Lupe Chico, y a pesar de ello se valoró la prueba para construir una teoría fáctica imprecisa e imaginativa.
Señaló contradicciones entre las declaraciones de Alex Mendoza Corrales con lo establecido en las pruebas MP-D1, MP-D3, MP-D4, MP-D8, MP-D9 y MP-D10 con las declaraciones de Limber Arroyo Martínez.
 Se denunció defectuosa fundamentación de la Sentencia, como defecto del art. 370 inc. 5) del CPP, considerando que de acuerdo a la doctrina legal, las resoluciones deben ser expresas, claras, legítimas y lógicas, siendo que en Sentencia se han construido razonamientos inconsistentes con una teoría fáctica absolutamente contradictoria, conforme se establece de las pruebas MP-D4, MP-D5 y MP-D1, con referencia a la prueba de alco-test, donde en un primer momento se determinó 0.00 % de grado alcohólico, de manera que el proceso de construcción de la descripción de la prueba fue realizado mutilando su contenido esencial, incumpliendo el proceso de valoración intelectiva, sin tomar en cuenta las evidentes contradicciones existentes en el acervo probatorio, como se muestra en el CONSIDERANDO IV; y consecuentemente la resolución emitida vulnera el art. 124 del CPP.
 Alegó errónea aplicación de la norma sustantiva por errónea fijación judicial de la pena como defecto del art. 370 inc. 1) del CPP, al considerarse en la imposición de la pena que por el hecho de haber consumido bebidas alcohólicas la noche anterior al hecho, aún se encontraría en estado de ebriedad; aspecto no acreditado a través de medio alguno, sin entender cuál el parámetro para concluir que estaba ebrio, mostrando imprudencia e inobservancia de las Leyes, siendo una incorporación absolutamente subjetiva, cuando también se llegó a establecer que todos los ocupantes del vehículo llegaron a beber la noche anterior, sin considerar que el acusado no habría ingerido bebidas alcohólicas, a lo que suma también la actitud de la víctima, circunstancias que debieron ser consideradas como atenuantes en la imposición de la pena; no entendiéndose cómo es que se hizo una presunción inversa y se aplicó una pena más allá del término legal de la pena, que refleja más la concurrencia de una agravante, emergiendo de un criterio arbitrario y ni siquiera fundamentado, ya que la pena debe sujetarse al principio de legalidad y de acuerdo a una valoración de las circunstancias existentes.
El Auto de Vista 20/2018 de 23 de marzo, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, en los siguientes términos:
En cuanto al primer motivo, si bien el apelante acusa errónea valoración de la prueba, empero no explica en qué consiste ese defecto, ya que no identifica de manera precisa y concreta cuál de las reglas de la sana crítica fueron obviadas o erróneamente aplicadas, cuál fue el hecho no cierto o cuál la afirmación imposible o contraria a las leyes de la lógica o la experiencia, cuál o cuáles fueron los medios probatorios analizados arbitrariamente. De la lectura del fallo impugnado, se advierte que el Tribunal de Sentencia valoró todos los elementos de prueba producidos en el juicio oral. En el CONSIDERANDO II, en su parte pertinente, establece prueba documental de cargo y testifical, así como prueba testifical de descargo; y de toda la valoración de la prueba producida e incorporada en el juicio oral. Con relación a la prueba de descargo, el recurrente no identifica cuál de estos medios de prueba son analizados de manera arbitraria, además del por qué considera que no se aplicaron las reglas de la sana crítica, siendo que el recurrente se limita a señalar las contradicciones, empero se tiene que fue valorada de manera conjunta e integral, donde los testigos se ratifican en las literales codificadas como MP-D1, MP-D3, MP-D4, MP-D8, MP-D9 y MP-D10, que permiten establecer la existencia del hecho y la participación del acusado. Si bien se cuestiona la prueba MP-D3 (alco-test), el hecho que se cuestiona resulta irrelevante, cuando menos, el propio acusado, permite establecer que el hecho ocurrió conforme su declaración. En la versión del testigo Alex Mendoza Corrales, se aduce que la prueba hubiera sido realizada por otro funcionario policial, Alberto Checa, quien de igual forma presta declaración corroborando esta situación, de manera que el recurrente cuestiona la idoneidad de la prueba; argumento que –también- resulta irrelevante, ya que se tiene demostrado la participación del acusado como conductor del vehículo que protagonizó el accidente de tránsito. Por ello, no se advierte que el fallo apelado haya omitido las reglas del correcto entendimiento humano, de modo que la valoración defectuosa de la prueba no se halla demostrada.
Con relación a la prueba MP-D8, el argumento resulta irrelevante, no consistente como válido para solicitar la nulidad de la Sentencia, el hecho de que primero se proceda al secuestro y luego se ponga en custodio, no altera los efectos del hecho. Por otra parte, de la prueba MP-D10, a pesar de las observaciones no enerva la acusación Fiscal, menos demuestra que no existió el hecho, resultando irrelevante que el Tribunal transcriba partes que supuestamente se consideren importantes; más bien este tópico hace entrever que el recurrente, por su propia versión que existió el hecho. Independientemente de aquello, no se tienen identificadas las reglas de la sana crítica, ni se tiene identificado las reglas de la sana crítica, menos precisando si la prueba cuestionada es de cargo o descargo; y, si se cuestionaba la procedencia y legalidad de la prueba, podría haberse planteado exclusión probatoria.
En relación a la falta de fundamentación, el recurrente aduce falta de fundamentación, y a su vez fundamentación contradictoria, no comprendiendo, cómo es posible acusar insuficiente fundamentación, si la Sentencia no tiene una debida motivación y fundamentación, ya que si el fallo no tiene fundamentación, mal se puede acusar, insuficiente fundamentación; lo cierto es que el fallo contiene fundamentación, lo que torna consistente el argumento para que el Tribunal realice el control de legalidad, por lo que no se tiene precisado el supuesto establecido en el art. 370.5 del CPP, ya que los tres supuestos no pueden darse al mismo tiempo, no advirtiéndose una infracción a los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE) y 124 del CPP, menos una actividad procesal defectuosa.
Con relación a la imposición de la pena, de la lectura del fallo, el Tribunal de mérito, por voto unánime de los miembros estableció la culpabilidad en el delito previsto por la segunda parte del primer párrafo del art. 216 del CP, con una pena superior a la media del máximo, es decir se atenúa la pena máxima establecida para el tipo penal; por consiguiente la fijación del apena es conforme a los antecedentes del proceso penal y en aplicación objetiva de la Ley, no demostrándose el defecto del art. 370 inc. 1) del CPP; además, de no establecerse defecto absoluto en la imposición de la pena por estar dentro los límites legales entre la pena mínima y la máxima.
III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS.
La parte recurrente, en casación denuncia que: El Tribunal de alzada va más allá del contenido de la propia Sentencia concluyendo que el hecho existió, además de efectúar consideraciones que no se encuentran expresadas en la Sentencia y en mérito a valoración de prueba. Desde 30 de noviembre de 2005, hasta el presente han transcurrido dos años y seis meses, sin que exista Sentencia en calidad de cosa juzgada, ocasionando la dispersión de la prueba y la vulneración del derecho a la defensa. Ausencia de fundamentación en la imposición de la sanción, por inaplicación de los arts. 38 y 40 del CP. Sin que el Tribunal de alzada haya verificado el cumplimiento de los presupuestos para fijar la pena cuando debió pronunciarse conforme al art. 414 del CPP.
La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez, dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen, la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.
En cuanto, al precedente contradictorio exigido como requisito procesal, de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, que puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación; vienen a constituir, entonces, criterios interpretativos que han sido utilizados por los entes, que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.
De ello se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento Penal, atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión en un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal.
III.3.1. En cuanto a la denuncia de que el Tribunal excedió sus facultades.
El recurrente alude que el Tribunal de alzada fue más allá en su razonamiento, incluso del contenido de la propia Sentencia, concluyendo que el hecho existió, restando relevancia a la prueba cuestionada del alco-test; de manera que efectuó consideraciones que no se encuentran expresadas en la Sentencia y procedió a valorar prueba, concluyendo que la prueba de alco-test era irrelevante. En similar sentido, se pronunció sobre la prueba MP-D10, confundiendo los fundamentos del recurso de apelación, incumpliendo lo previsto por el art. 143 del CPP, en contradicción con los Autos Supremos 317 de 13 de junio de 2003, 200/2012-RRC de 24 de agosto y 332/2012-RRC de 18 de diciembre.
Ingresando a la labor de contraste, se tiene que el Auto Supremo 317/2003 de 13 de junio estableció la siguiente doctrina legal: “…Que de acuerdo a la nueva concepción doctrinaria la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia; no siendo el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho que hacen los Jueces o Tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la Ley. Por ello no existe la doble instancia y el Tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a los siguiente aspectos: anular total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; cuando la nulidad sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio; y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesario la realización de un nuevo juicio, resolverá directamente.
Conclusivamente, ‘En aquellos supuestos en que el Tribunal de alzada se incline por anular parcialmente la sentencia del Juez o Tribunal de Sentencia, sea por la imposibilidad de reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; por mandato del primer y segundo periodo del art. 413 de la Ley Procesal Penal, deberá indefectiblemente indicar el objeto concreto de nuevo juicio y remitir obrados a otro Juez o Tribunal para la reposición del mismo, en el marco de las garantías procesales, constitucionales y supranacionales que establecen los instrumentos internacionales’. Cumplimiento que importa tener que salvar los vicios procedimentales y los fundamentos del hecho del proceso contenidos en la ratio decidendi de la presente decisión…”.
Claramente el precedente establece en primer término, la imposibilidad del Tribunal de alzada de revalorizar la prueba, que es entendida conforme los alcances del art. 173 del CPP, como la nueva asignación de juicio de valor particular, sustituyendo la realizada en Sentencia, considerada como una apreciación personal del Tribunal de apelación, que como indica el precedente, su labor se encuentra limitada por el art. 413 del CPP, estipulando que en alzada de ninguna manera se puede dar aplicación al citado art. 173 del CPP.
En el caso de autos, del CONSIDERANDO II. FUNDAMENTOS DE LA PRESENTE RESOLUCION, al momento que el Tribunal de alzada procede a realizar el análisis y resolución respecto a la apelación por defectuosa valoración de la prueba, se puede establecer que no ingresó en una revalorización al señalar que la prueba MP-D3 sería “irrelevante”, sino que con dicha conclusión hace énfasis en la declaración del testigo Alex Mendoza Corrales y su contraste con las pruebas MP-D1, MP-D3, MP-D”54”, MP-D8, MP-D9 y MP-D10, que el Tribunal de apelación consideró correctamente valoradas por el Tribunal de Sentencia, ya que de ello se emitió un criterio uniforme y coherente sobre la responsabilidad del imputado en el hecho acusado, y que por tal motivo, al haberse realizado la valoración de estos elementos probatorios, el hecho de que la prueba de alco-test se hubiera realizado en la población de Pazña o en la ciudad de Oruro, no era óbice determinante para generar alguna duda razonable que permita concluir en diferente sentido al razonado en Sentencia.
En el mismo horizonte resuelve el Tribunal de alzada sobre las pruebas MP-D8, MP-D9, MP-D10, considerando que las observaciones realizadas y cuestionadas por el recurrente en apelación resultaban “irrelevantes”. Entonces, se entiende que lejos de constituir revalorización, la Sala de apelación, en lo pertinente, simplemente recurre al término “irrelevancia”, en el entendido de interpretar que las observaciones señaladas por el recurrente como defectuosa valoración de la prueba, no son determinantes para disponer una reposición de juicio y anular la Sentencia apelada; ante cuya circunstancia este Tribunal de casación, concluye que el Tribunal de apelación no ingresó en contradicción con el precedente invocado, debido a que del análisis del Auto de Vista, se pudo corroborar que únicamente ejerció correctamente la labor del control de logicidad sobre la valoración probatoria cuestionada por el recurrente, sin identificarse revalorización alguna como se expone en el recurso de casación.
El recurrente a su vez, invoca como precedente el Auto Supremo 200/2012-RRC de 24 de agosto, cuya doctrina legal señala: “….Es necesario precisar, que el recurso de apelación restringida, constituye un medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o en la Sentencia, no siendo el medio idóneo que faculte al Tribunal de alzada, para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho que es de potestad exclusiva de los Jueces o Tribunales de Sentencia; por ello, si el ad quem, advierte que la Sentencia no se ajusta a las normas procesales, con relación a la valoración de la prueba y la falta de fundamentación y motivación, que haya tenido incidencia en la parte resolutiva, le corresponde anular total o parcialmente la Sentencia, y ordenar la reposición del juicio por otro Tribunal.
Se vulnera los derechos a la defensa y al debido proceso, reconocidos por el art. 115.II de la CPE, y existe una inadecuada aplicación de los arts. 413 y 414 del CPP, cuando el Tribunal de alzada, revalorizando la prueba rectifica la Sentencia, cambiando la situación jurídica del imputado, de absuelto a condenado o viceversa; decisión que al desconocer los principios de inmediación y contradicción, incurre en defecto absoluto no susceptible de convalidación…”
El precedente, al igual que el anterior, establece la prohibición de revalorizar prueba en alzada, ya sea para ratificar, modificar o enmendar la valoración realizada en Sentencia, que como se dijo anteriormente, al haberse determinado por este Tribunal la inexistencia de criterios y razonamiento de revalorización en que hubiese incurrido el Tribunal de apelación al emitir el Auto de Vista impugnado, tampoco se constata la existencia de contradicción alguna con el precedente citado, ya que de ninguna forma se han desconocido los principios de inmediación y contradicción para generar convicción en esta Sala de casación sobre la concurrencia de algún defecto procesal, siendo por ello inverosímil poder sustentar contradicción con el precedente invocado como efecto del contraste realizado previamente por no haberse confirmado la ruptura del límite procesal al que se encuentra sujeto el Tribunal de alzada, que únicamente ejerció el control de logicidad correspondiente.
Asimismo, el recurrente invoca el Auto Supremo 332/2012-RRC de 18 de diciembre, que de su contenido se extrae lo siguiente: “…..Los arts. 115.I y 180.II de la Constitución Política del Estado, reconoce los derechos de la tutela judicial efectiva y de recurrir los fallos judiciales, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; estos derechos, considerados como los que tiene, toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal Superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones, sin dilaciones indebidas, ni argumentaciones evasivas; derechos que, son reconocidos por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el art. 8 y la Convención Americana de los Derechos Humanos en su art. 8.2 inc. h).
Es así, que los jueces y Tribunales son los únicos facultados para realizar la valoración de las pruebas incorporadas durante el juicio oral, en virtud del principio de inmediación, estando el Tribunal de alzada impedido de revalorizar las pruebas, por no ser competente para ello, no siendo la apelación restringida el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho, actividad reservada a los Jueces o Tribunales de Sentencia, tampoco el sistema procesal admite la doble instancia, estando limitado el accionar del Tribunal de Apelación para anular total o parcialmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la Ley o su errónea aplicación, debiendo indicar el objeto concreto del nuevo juicio cuando la nulidad sea parcial; o, en su caso, cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no sea necesaria la realización de un nuevo juicio, puede resolver directamente. Sin embargo, se vulneran los derechos a la defensa y el debido proceso, reconocidos por el art. 115.II de la CPE y se incurre en una inadecuada aplicación de los arts. 413 y 414 del CPP, cuando el Tribunal de alzada, revalorizando la prueba rectifica la Sentencia, cambiando la situación jurídica del imputado, de absuelto a condenado o viceversa; decisión que al desconocer los principios de inmediación y contradicción, incurre en defecto absoluto no susceptible de convalidación.
Asimismo, el art. 60 de la CPE dispone que es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.
Entonces, cuando el Tribunal de alzada determine la realización de nuevo juicio oral, y al tratarse de un proceso que involucre un Niño, Niña o Adolescente debe tomarse en cuenta los siguientes aspectos en función a su protección conforme dispone la Constitución: el interés superior del menor; la aplicación de una justicia rápida y oportuna por los administradores de justicia; y, la adopción de toda medida destinada a garantizar se evite la revictimización de la víctima, sean materiales o referidas a la intervención de especialistas en su declaración, tomando en cuenta la realidad de cada Tribunal de Sentencia del país.
En tales condiciones, los Tribunales encargados de sustanciar los juicios que involucren a un niño, niña o adolescente, tienen el deber de observar y cumplir con la normativa internacional en materia de derechos humanos sobre la protección a los menores, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 19; la Convención sobre los Derechos del Menor en sus arts. 3. incs. 1) y 2), 4, 19 y 27; el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en su art. 68 incs. 1) y 2); así como el art. 203 de CPP que norma la declaración de un menor y las directrices establecidas por la Organización de los Estados Americanos sobre el Instrumento de Orientación Técnica Institucional del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente de la Organización de los Estados Americanos IIN-OEA, a fin de evitar la doble victimización de la víctima menor….”.
En el mismo sentido que lo precedentemente vertido, este Tribunal de casación, evitando incurrir en tautologías innecesarias, al haber establecido la inconcurrencia de revalorización probatorio en alzada, ratificando lo desarrollado en el motivo sujeto de análisis, concluye en el mismo entendido, que el presente precedente tampoco es contradictorio con lo resuelto por el Auto de Vista respecto a la apelación interpuesta en relación al defecto de defectuosa valoración probatoria denunciado por el recurrente.
Por ello, los argumentos expuestos en casación resultan ser infundados al no haberse podido establecer contradicción alguna entre el Auto de Vista con los precedentes invocados que funden razonable y verificable lo alegado por el recurrente en su recurso de casación en lo particular.
III.3.2. Respecto a la denuncia relativa a la duración del proceso.
El recurrente denuncia que desde el 30 de noviembre de 2005, hasta el presente han transcurrido doce años, seis meses y quince días, sin que exista Sentencia en calidad de cosa juzgada, indicando que el juicio se habría suspendido innumerables veces por ausencia del Fiscal y de alguno de los Jueces del Tribunal, contribuyendo a la dilación de la causa y a la dispersión de la prueba y desde luego la vulneración del derecho a la defensa. Invoca los Autos Supremos 93/2011 de 24 de marzo y 037/2013-RRC de 14 de febrero.
Previamente, es preciso un análisis de los antecedentes del proceso para evidenciar si el recurrente tiene razón en la formulación del recurso de casación respecto al agravio expuesto, para así realizar la labor de contrastación si corresponde.
De la lectura del recurso de apelación formulada contra la Sentencia, se puntualizan los siguientes argumentos identificados: 1. Interpone apelación incidental contra el Auto que resolvió las excepciones de extinción de la acción penal por prescripción y duración máxima del proceso, arguyendo incoherencia, puntualizando una verdad jurídica que la dilación de la causa fue responsabilidad del Ministerio Público, la acusación particular y el órgano jurisdiccional; además, de haberse fallado en alzada contrariamente a la norma contenida en los arts. 29 y 30 del CPP, en vulneración al art. 124 y 169 inc. 3) del CPP. 2. Interpone apelación restringida denunciando: primer motivo, defecto de Sentencia previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP; segundo motivo, defecto de Sentencia normado por el art. 370 inc. 5) del CPP; y, tercer motivo, defecto de Sentencia estipulado por el art. 370 inc. 1) del CPP, con relación al art. 169 inc. 3) del CPP.
De la breve compulsa realizada, se tienen dos partes que componen la impugnación realizada contra la Sentencia; una impugnación incidental y una impugnación restringida; la primera resuelta por el Tribunal de alzada mediante el Auto de Vista 22/2018 de 23 de marzo; y, la segunda abordada por Auto de Visita 20/2018 de 23 de marzo.
Del análisis del presente motivo, no se tiene evidencia ni constancia que el recurrente mediante el recurso de apelación restringida haya impugnado la Sentencia por vulneración a los principios de continuidad, celeridad y concentración incurridos en la tramitación del juicio oral por el transcurso de doce años, seis meses y quince días de procesamiento penal, sin tener el Tribunal de alzada conocimiento de dicho agravio, estando limitada su actuación a la actividad recursiva de la parte en apelación restringida, considerando que el Tribunal de alzada no puede extralimitarla a lo previsto por el art. 398 del CPP y conforme a la doctrina legal sentada por el Auto Supremo 208/2017-RRC de 21 de marzo que señaló: “…..La Constitución Política del Estado en su art. 180.I, entre sus principios rectores en los que fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece la legalidad, en virtud de la cual los actos de toda autoridad que ejerce jurisdicción en nombre del Estado, se hallan sometidos a la Constitución, Leyes y Tratados Internacionales.
En virtud de este principio de legalidad, los Tribunales de alzada asumen competencia funcional, únicamente sobre los aspectos cuestionados de la resolución, conforme lo dispuesto por los arts. 398 del CPP y 17.II de la Ley 025 (Ley del Órgano Judicial), disposiciones legales inspiradas en el principio de limitación, en virtud del cual el Tribunal de alzada no puede desbordar la propuesta formulada por el impugnante en su recurso de apelación restringida; es decir, que el Ad quem solo debe pronunciarse sobre los motivos de impugnación en los que se fundó el recurso de apelación restringida, sin tener la posibilidad de suplir, rectificar o complementar las falencias en que incurra el recurrente a tiempo de impugnar una sentencia y sin que pueda considerar motivos en los cuales no se fundó el recurso de apelación…”.
Por ello, el Tribunal de apelación, estaba impedido de resolver cuestiones no expresadas en apelación restringida, y ante ello, en aplicación del mismo precepto previsto por el art. 398 del CPP, al momento de que las partes ejerzan el recurso de casación, tampoco pueden cuestionar aspectos no formulados en los recursos de apelación y por ende, no resueltos por los Tribunales de apelación, siendo que la base del ejercicio al derecho de impugnación, será los términos expresados por la resolución de alzada sobre los argumentos apelados.
Ante lo expuesto, existe una excepción a la regla, referida a la facultad de recurrir de casación un Auto de Vista, aunque la parte recurrente no haya interpuesto la apelación restringida e inclusive omita haber argumentado agravio en su debida oportunidad; empero, dicha salvedad sólo procede cuando el agravio que se acusa en casación emergió en alzada, es decir cuando el defecto es generado por el Auto de Vista, caso en el cual, evidentemente el Tribunal de casación tiene competencia para resolver el caso en concreto.
Con la anterior precisión se establece que el motivo de casación aludido, no se generó en alzada, sino que su planteamiento remite el análisis a la tramitación del juicio oral propiamente dicho, sin que el recurrente haya ejercido en su momento, como parte de su derecho de impugnación, argumento de apelación restringida contra la Sentencia para que el Tribunal de alzada resuelva el agravio indicado, no pudiendo considerarse el Auto de Vista contradictorio con los Autos Supremos 93/2011 de 24 de marzo y 037/2013-RRC de 14 de febrero, debido a que por la propia actividad recursiva de la parte, la resolución impugnada en casación no emitió criterio judicial alguno sobre dichos agravios, precisamente por no haber sido alegados en apelación restringida por el recurrente; y, al no haberse procedido en ese sentido, el Auto de Vista por lógica consecuencia no ha contemplado en sus motivos y fundamentos lo ahora cuestionado en casación, situación ante la cual, este Tribunal de casación no encuentra contradicción entre el Auto de Vista con los precedentes de los Autos Supremos 93/2011 de 24 de marzo y 037/2013-RRC de 14 de febrero, deviniendo en consecuencia infundado el motivo traído a casación.
III.3.3. Sobre la denuncia referida a la imposición de la pena.
El recurrente en este motivo, señala que denunció en apelación, la ausencia de fundamentación en la imposición de la sanción, por inaplicación de los arts. 38 y 40 del CP, vinculado con la errónea aplicación de la norma en la fijación de la pena, porque el Tribunal de Sentencia omitió la fundamentación de la sanción, incurriendo en el defecto del art. 370 inc. 1) del CPP, traduciéndose en error procesal conforme al art. 169 inc. 3) de ese código. Sobre ello, el Tribunal de alzada cuando verificó el cumplimiento de los presupuestos para fijar la pena, debió pronunciarse conforme al art. 414 del CPP; empero, convalidó la irregularidad mediante una conclusión que no resulta racional y menos legal, afirmando que se habían considerado los límites de la pena, sin considerar que los hechos acontecidos, no atentaron contra la vida, concurriendo presuntas lesiones, ameritando por ello otro tipo de sanción, vulnerándose de esa manera lo establecido por los Autos Supremos 41/2013 de 21 de febrero, 167/2013-RRC de 13 de junio y 99 de 24 de marzo de 2005.
Sobre estos aspectos el recurrente argumenta que el Auto de Vista no ha considerado las circunstancias del hecho, como tampoco se habría dado aplicación al art. 414 del CPP, convalidando la irregularidad expresada en Sentencia, invocando para demostrar el supuesto error incurrido en alzada el Auto Supremo 41/2013 de 21 de febrero: “…..Constituye uno de los elementos esenciales del "debido proceso" la correspondiente fundamentación de las resoluciones, las mismas que deben ser motivadas, individualizando la responsabilidad penal del imputado, tomando en cuenta las atenuantes y agravantes que establece la Ley Penal sustantiva, a objeto de imponer la sanción.
El Tribunal de Alzada ante la evidencia de que concurren en la Sentencia impugnada errores u omisiones formales que se refieran a la imposición de penas, cuenta con la facultad para modificar directamente el quantum observando los principios constitucionales y procesales conforme lo prescrito en la primera parte del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal; sin embargo ésta corrección debe realizarse observando los principios constitucionales, procesales y los aspectos contemplados en los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Penal, debiendo contener suficiente fundamentación, emitiendo criterios jurídicos relativos al tipo penal y a la valoración de los hechos, las acciones y del imputado mismo, su personalidad, la motivación y otras circunstancias concomitantes que corresponden al caso concreto, en el que se explique de manera clara y expresa cuáles son los aspectos o circunstancias que agravan o atenúan la pena, sin perjuicio de destacar que las citadas reglas de fijación de la pena inclusive se aplican aún en el caso de advertirse el concurso ideal o el concurso real de delitos en los cuales se aplica la sanción con la pena del delito más grave, siendo facultad privativa del juez aumentar el máximo hasta en una cuarta parte o hasta la mitad, conforme determinan los artículos 44 y 45 del citado adjetivo penal, respectivamente, sin que los argumentos vertidos importen modificación de los hechos probados en juicio que se hallan sujetos al principio de intangibilidad, siendo que el recurso de apelación restringida no es un medio legítimo para la revalorización de la prueba. realizado poco se habbrircunstancias del hecho, asl Auto de Vista demostro por unanimidad la responsabilidad penal del acusado;
Para evidenciar si el Tribunal de alzada ha realizado un correcto control de la fundamentación de la pena impuesta por el Tribunal de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, tomando en cuenta que la dosificación no ha sufrido modificación alguna, es preciso recurrir a lo plasmado sobre el particular en la Sentencia Nº 31/2015 de 16 de septiembre, que en lo pertinente de los argumentos finales “FIJACIÓN DE LA PENA”, se constata que el Tribunal de Sentencia con relación a la aplicación de los arts. 37, 38 y 40 el CP se remitió a lo expuesto en el análisis de personalidad del acusado, agregando su conducta asumida en el proceso y las circunstancias del hecho, resultando pertinente acudir a los argumentos expuestos en la Sentencia respecto a la imposición de la pena, que respecto al delito de Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito previsto por el art. 261 primera parte del CP, sin las modificaciones establecidas por la Ley Nº 264, se tiene un quantum de uno a tres años; con una circunstancia agravante de uno a cinco, cuando el autor se encuentra bajo dependencia del alcohol o estupefacientes; rango al cual, el Tribunal de juicio, consideró determinar la pena de cuatro años de reclusión, al concurrir que el delito fue protagonizado en estado de ebriedad; encontrándose acorde a lo establecido en el art. 261 del CP; agregando, que la pena se encontraría dentro los límites legales.
Ante ello, el recurrente en apelación restringida, denunció errónea aplicación de la norma sustantiva por errónea fijación judicial de la pena como defecto del art. 370 inc. 1) del CPP, al considerarse en la imposición de la pena, que por el hecho de haber consumido bebidas alcohólicas la noche anterior al hecho, aún se encontraría en estado de ebriedad; aspecto no acreditado a través de medio alguno, lo cual a su criterio sería una incorporación absolutamente subjetiva, cuando también se llegó a establecer que todos los ocupantes del vehículo llegaron a beber la noche anterior, a lo que suma también la actitud de la víctima (aspecto señalado en Sentencia); circunstancias que el recurrente considera debieron ser asumidas como atenuantes en la imposición de la pena, conforme a los arts. 37 a 40 del CP.
El Tribunal de alzada, al momento de resolver lo alegado por el recurrente, determinó que el Tribunal de Sentencia, tomó en cuenta una pena superior a la pena media del máximo, atenuando la pena establecida para el tipo penal, al haber resuelto por unanimidad la responsabilidad penal del acusado; y en relación a esa fijación, se entiende que la misma fue conforme al hecho que se juzga, sin demostrarse el defecto del art. 370 inc. 1) del CPP así como algún defecto absoluto, ya que la pena se encuentra en los límites entre la mínima y la máxima.
De la lectura de la Sentencia apelada, en la “FIJACIÓN DE LA PENA”, se hace una fundamentación concisa sobre las circunstancias del hecho y la conducta del acusado, valoración que también se encuentra inmersa en los alcances del art. 37 inc. 1) con relación al art. 38 del CP, tomando en cuenta que ante tales condiciones, apreciando la personalidad del acusado, su nivel de educación, instrucción, inclusive, su conducta en el proceso penal y por la naturaleza de la acción en el hecho acusado, el Tribunal de Sentencia decide imponer la pena de 4 años, considerada a su vez coherente por el Tribunal de alzada; evidenciándose que no existen atenuantes especiales dispuestas por el tipo penal para poder aplicar el art. 39 del CP, ni tampoco se puede verificar que el imputado haya obrado por un motivo honorable o se haya distinguido por un comportamiento meritorio, o en su caso, haya desistido de la acción ilícita o sea considerado un indígena carente de instrucción de acuerdo a lo que previene el art. 40 del CP; por lo que no era posible considerar ninguna otra atenuante, más que las ya valoradas por el Tribunal de Sentencia (conducta procesal y antecedentes) para poder beneficiar con una pena menor a la impuesta en favor del ahora recurrente; debiéndose acotar –además- que el Tribunal de alzada, al no evidenciar un yerro judicial en la imposición de la pena, no estaba impelido y obligado a poder reducir la pena impuesta en una primera instancia, máxime si de acuerdo a lo compulsado se ha podido determinar que la pena impuesta responde a los parámetros objetivos de justiciabilidad, razonablemente procedentes –también- para el Tribunal de apelación, siendo que en el hecho delictivo, el recurrente fue encontrado culpable del ilícito sumándose a ello, una conducta agravante al haberse determinado su estado de ebriedad, así como por las consecuencias y resultados que depararon el hecho sobre la víctima; concurrentes conforme la descripción fáctica y probatoria expresada en Sentencia y analizada en alzada.
Por ello, habiendo el Tribunal de alzada realizado una correcta revisión de la Sentencia en cuanto a la fijación de la pena, verificando que la labor realizada por el Tribunal de origen ha sido correcta en su ponderación, no incurrió en contradicción con el Auto Supremo 41/2013 de 21 de febrero, al constatarse que la imposición de la pena se encuentra dentro los márgenes legales sustantivos.
Asimismo, el recurrente también invocó el Auto Supremo 99 de 24 de marzo de 2005, que en su doctrina legal estableció: “….Constituye uno de los elementos esenciales del ‘debido proceso’ la correspondiente fundamentación de las resoluciones, las mismas que deben ser motivadas, individualizándose la responsabilidad penal de cada uno de los imputados, tomando en cuenta las atenuantes y agravantes que establece la ley penal sustantiva, a objeto de imponer la pena.
Es evidente que el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación ya ha establecido una línea doctrinal respecto a los aspectos que se deben considerar para establecer y determinar el cuantum de las sanciones para los autores del delito de transporte de sustancias controladas, prevista en el artículo 55 de la Ley Nº 1008, tomando en cuenta las atenuantes y agravantes, habiendo establecido en varios autos supremos la determinación, como lo ha señalado el recurrente, en la jurisprudencia vinculatoria presentada en el recurso, considerando que si bien es cierto que las penas son indeterminadas, siendo la valoración y apreciación privativa de los jueces de instancia e incensurable en casación, esto no les exonera de la obligación de considerar y tomar en cuenta las agravantes o atenuantes que existiesen en favor o en contra del imputado, contenidas en los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Sustantivo Penal, expresando invariablemente y de manera obligatoria los fundamentos en que basan su determinación, la omisión constituye defecto absoluto y por tanto insubsanable, como lo previene el artículo 370 inciso 1) del Código de Procedimiento Penal, así como vulneración a los derechos y garantías reconocidas en la Constitución, tratados y convenios internacionales, como lo determina el inciso 3) del artículo 169 del Procedimiento Penal.
Según Franz Von Liszt, ‘La pena es un mal que el juez penal inflige al delincuente a causa del delito, para expresar la reprobación social con respecto al acto y al autor’ y para Pisa, además de significar un mal para el delincuente, ‘es un medio de tutela jurídica’ afirmando que ‘No es el Estado el que puede decirle al delincuente: tengo derecho de corregirte, pues de ello sólo puede jactarse el superior de un claustro; es el culpable el que tiene el verdadero derecho de decir al Estado: estás en la obligación de irrogarme una pena que me enmiende y no tienes potestad de someterme a una pena que me degrade y me torne más corrompido de lo que soy’ (Fernando Villamor Lucia, Derecho Penal Boliviano, Parte General página 198), evitando, como dice Beristain, que "la queja que continuamente brota de las prisiones , donde yacen miles de hombres sepultados vivos por otros hombres, en nombre de la justicia, en nombre de la libertad, constituyendo su imposición el alfa y omega de todo el Derecho Penal’ siendo esencial el equilibrio y la proporcionalidad que debe existir entre la culpabilidad y la punición que constituye uno de los rasgos esenciales del derecho penal" en el que la imposición de la pena tiene como finalidad, además de la retribución por el daño causado, la readaptación y reinserción del delincuente al medio social, tomando en cuenta que el nuevo sistema acusatorio penal es ‘garantista’ y preserva los derechos fundamentales tanto del imputado y de la víctima y a ambos, así como a la sociedad en su conjunto les interesa la correcta aplicación de la ley, el respeto irrestricto de los derechos y garantías constitucionales y procesales, porque así se garantiza la paz social y la pervivencia del Estado Social y democrático de derecho, debiendo, en la imposición de la pena, inexorablemente, aplicar lo dispuesto en los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Penal…”. En igual sentido ha resuelto el invocado Auto Supremo 167/2013-RRC de 13 de junio.
Del contraste de los precedentes invocados, su doctrina legal aplicable y lo resuelto en alzada, se evidencia en el mismo sentido que el resuelto precedentemente, que el Tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista impugnado, no ha ingresado en contradicción con los precedentes invocados por el recurrente, siendo que, como se dijo, el razonamiento en alzada ha sido el correcto, al verificarse que en Sentencia se ha dado correcta aplicación a los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP.
Concluyendo, por todos los fundamentos y motivos expuestos, se tiene que el recurso de casación interpuesto por el recurrente, por la labor de contrastación realizada, no guarda asidero legal y sostenible para generar en este Tribunal de casación convicción sobre la concurrencia de algún defecto incurrido por el Auto de Vista impugnado que sea contrario a la doctrina legal sentada por todos y cada uno de los precedentes invocados, debiendo en su efecto declararse infundado el recurso de casación en aplicación del art. 419 segunda parte del CPP.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP y lo previsto por el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Jhery Gandarillas Velasco, de fs. 259 a 274.

References: resolución 
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 artículo 414
 artículo 55
 artículo 370
 artículo 169