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Timestamp: 2019-08-24 22:39:08+00:00

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﻿ SENTENCIA ACU-1520 DE JULIO 6 DE 2000
SENTENCIA ACU-1520 DE 06 DE JULIO DE 2000
CONTENIDO:ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO. CONSTITUCIÓN EN RENUENCIA. REITERA QUE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN ES UNA INSTITUCIÓN MUY DIFERENTE, CON FINES Y EFECTOS DISTINTOS A LOS DE LA RECLAMACIÓN, QUE ESTABLECE LA LEY PARA CONSTITUIR EN RENUENCIA A LA AUTORIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO, DERECHO DE PETICIÓN, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
REVISTA TUTELA N°:10 DE OCTUBRE DE 2000, PÁG.2108
Sentencia ACU-1520 de julio 6 de 2000
Ref. Expediente ACU-1520, jul. 6/2000
C. P. Dr. Juan Alberto Polo Figueroa
Actor: Alexander Cortes Medina C.
Se decide la impugnación interpuesta por la entidad accionada, la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, contra la sentencia de 18 de mayo del presente año, proferida por el tribunal administrativo de Casanare, que accedió a las pretensiones de la demanda, dentro de proceso a que dio lugar la acción de cumplimiento instaurada.
El señor Alexander Cortes Medina C. actuando en calidad de vocal de control de los servicios públicos domiciliarios de Yopal y miembro de la junta directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, acudió ante el tribunal administrativo de Casanare, en acción de cumplimiento contra esta empresa, para que se le ordene aplicar el artículo 1º de la Resolución 04 de 9 de junio de 1994, emanada de la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico (CRA) por la cual se establecen los niveles máximos de consumos básicos de agua potable en Colombia, y que a la letra dice:
“ART. 1º—Fíjase para efectos tarifarios un nivel máximo de consumo básico de 20 metros cúbicos mensuales por suscriptor aplicable a todos los estratos socieconómicos”.
En su escrito explica que la empresa viene haciendo la facturación mensual del servicio sobre 28 M3 de consumo básico, y que en reuniones de junta directiva y a través de derechos de petición ha solicitado respetuosamente hacer los ajustes correspondientes, siendo la última solicitud la formalizada el 21 de marzo del 2000, la cual fue contestada con el argumento de que, según estudio realizado por la empresa, el consumo promedio por vivienda es de 28 m3, con cinco personas de unidad habitacional de acuerdo con el consumo de los estratos residenciales.
Por lo tanto, existe renuencia al cumplimiento de la norma, y, en consecuencia, se están lesionando los intereses económicos de los habitantes de los estratos 1 y 2 en virtud de que les vienen cobrando un 28.6% adicional, que origina un recaudo ilícito por parte de la empresa.
A la demanda anexó un memorial dirigido a aquélla, suscrito en su condición de vocal de control de la comuna 4, en el cual, invocando el derecho de petición, le hace varias solicitudes de información y además “ajustar el consumo básico de 28 m3” al nivel máximo de consumo para efectos tarifarios de 20m3 mensuales por suscriptor, recordándole de paso que existía extemporaneidad en la aplicación de la resolución, por cuanto el plazo máximo para ello era el 31 de mayo de 1995. (fl. 3).
La demanda fue admitida y sometida al trámite de rigor, en el curso de cual fue oída la empresa objeto de la misma, que adujo la derogación de la norma que se pide aplicar y que, de todas formas, está dando aplicación al consumo básico para determinar el subsidio a que tienen derechos los estratos en mención.
El tribunal, después de reseñar la situación procesal, concluye que aunque en la actualidad no se encuentra vigente la Resolución 04 de 1994, si se encuentra vigente la medición que de 20 metros cúbicos adoptó la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico para efectos de determinar el consumo básico que ha de tenerse en cuenta para fines tarifarios del servicio de acueducto, a través de la Resolución 08 de 11 de agosto de 1995.
Y como la inconformidad del accionante radica en que la demandada no aplica para tales efectos el consumo básico anotado, finalmente, le ordenó que cumpla con la disposición contenida en el acto administrativo distinguido con el número 08 de 1995, a cuyo efecto determinó el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la ejecutoria de la sentencia.
El apoderado de la empresa demandada interpuso recursos de impugnación contra la sentencia atrás reseñada, mediante escrito en el que manifiesta que hubo desbordamiento de las facultades del tribunal al ordenar en la sentencia dar aplicación a una norma distinta de la solicitada por el accionante, y con lo cual se desconoce el objeto y los principios de la Ley 393 de 1997.
Lo lógico era que una vez verificado por parte del tribunal que la Resolución 04 de 1994 no se encontraba vigente, procediera a negar la solicitud del actor.
Sobre el fondo del asunto señala que una cosa es el consumo básico y otra cosa es el consumo promedio, cuyas finalidades y aplicaciones son distintas, según la regulación de los servicios públicos. Así mismo, que se encuentra plenamente demostrado en el proceso, con las facturas de cobro, que se está dando pleno cumplimiento a la aplicación del consumo básico, lo cual da lugar a preguntar qué fue lo que el a quo quiso disponer en la sentencia, pudiéndose pensar que lo que busca es que la empresa sólo le cobre a los usuarios que no tienen medidor, 20 metros cúbicos al mes, lo que sería contrario a la normatividad.
En consecuencia, solicita la revocatoria de la sentencia impugnada.
La Sala revocará la sentencia, ante la evidente improcedencia de la acción, no porque la norma que se ordena cumplir no sea la que fue objeto de la demanda, puesto que en su contenido o sustancialmente una y otra son la misma, sino porque en el caso la Sala advierte que inexplicablemente se dejó de verificar uno de los aspectos relativos a la procedibilidad de la acción, concretamente el de la constitución de la renuencia.
Según se desprende de la reseña de los hechos en que se fundamenta la demanda, y de los instrumentos respectivos, lo que el actor ha querido aducir como tal es ni más ni menos la documentación correspondiente al ejercicio del derecho de petición, que atendiendo el tenor de la misma fue en interés general (fl. 3), y a la cual, por cierto, la entidad demandada le dio respuesta, aunque no con la congruencia requerida (fl. 5), por cuanto en ella alude precisamente al consumo promedio que fue determinado mediante estudio en la localidad, sin que se refiera para nada a la aplicación del consumo básico.
Es así como, para ilustración de lo expuesto, en el escrito que se aporta como prueba de la constitución de la renuencia, el libelista referencia su oficio bajo el título de “derecho fundamental de petición”, y al efecto solicita “muy comedidamente se sirva otorgar información pertinente, corregir las omisiones a las normas nacionales vigentes del siguiente tenor”, dentro de lo cual, y como punto 4, se lee. “Ajustar el consumo para efectos tarifarios de 28 m3 establecido por usted como gerente, al nivel máximo del consumo para efectos tarifarios de 20 m3 mensuales por suscriptor...”.
De suerte que en tales solicitudes apenas se constata el ejercicio por el actor del derecho de petición, sin que en modo alguno haya pretendido constituir en renuencia a la empresa de acueducto y alcantarillado de Yopal, amén de que no aporta prueba alguna que demuestre que, antes de iniciar la acción de cumplimiento, hubiese atendido al requisito de procedibilidad de que trata el artículo 8º de la Ley 393 de 1998.
En varias providencias la Sala ha reiterado que “el ejercicio del derecho de petición, sea en interés particular o en interés general, es una institución muy diferente, con fines y efectos distintos a los de la reclamación prevista en el artículo 8º de la Ley 393 de 1997, tendiente a propiciar la renuencia de que en él se habla. Es así como la petición a que se ha hecho mención ha debido dar lugar a una actuación administrativa que debe culminar o ha culminado con una decisión, que puede ser favorable o desfavorable a la peticionaria, revestida del carácter de acto administrativo, pasible, a su vez, de ser controvertido ante la misma administración por vía gubernativa, e, incluso, en sede jurisdiccional, tal como lo ha sostenido la Sala en anteriores pronunciamientos”. (1)
(1) ver entre otras, sentencia de 22 de abril de 199, expediente ACU-676, actora Blanca Aponte Garzón, Consejero ponente, Juan Alberto Polo Figueroa.
Así mismo, se dijo “mientras que la reclamación que se echa de menos (para la constitución en mora) presupone que, frente a un requerimiento del particular, con ese propósito específico, la administración se ratifica en el incumplimiento del deber legal o administrativo que se pretende hacer cumplir, o simplemente no le contesta dentro de los diez (10) días siguientes a su presentación”.
De esta manera, como no aparece acreditada la prueba de la renuencia, y salta a la vista que fue incoada sin que tal renuencia se hubiera intentado, la acción resulta improcedente a la luz del artículo 8º de la Ley 393 de 1997, por cuya razón la sentencia se revocará para, en su lugar, rechazar la demanda por improcedente.
Conviene acotar, además, que el a quo no se detuvo en verificar si efectivamente se daba o no el incumplimiento por parte de la empresa enjuiciada, lo cual presuponía precisar los conceptos de consumo básico y consumo promedio, y las implicaciones de cada uno en la facturación del servicio, conceptos sin duda diferentes, pero sobre los cuales se observa que ni siquiera la empresa ha podido hacer claridad, sea en virtud de las solicitudes que al respecto le han formulado los usuarios, sea en virtud de la demanda. Solo en la presente instancia ha tratado de hacer la distinción correspondiente.
En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.
REVÓCASE la sentencia impugnada de fecha 18 de mayo de este año, proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare; y, en su lugar, RECHÁZASE por improcedente la acción incoada.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 6 de julio del año 2000.
Juan Alberto polo Figueroa—Gabriel Mendoza Martelo—Olga Ines Navarrete Barrero—Manuel S. Urueta Ayola.

References: artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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 artículo 8
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