Source: https://abogadoanimal.blogspot.com/
Timestamp: 2017-05-26 09:05:14+00:00

Document:
El pasado 11 de mayo los grupos parlamentarios Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Menorca y MÉS per Mallorca presentaron en el registro del Parlament una Proposición
de Ley de regulación de las corridas de toros en las Islas Baleares.
Esta proposición de ley tiene por objetivo regular los espectáculos taurinos
que se celebren en plazas de toros de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, de acuerdo con
el marco jurídico estatal y estatutario vigente y siguiendo la jurisprudencia
reciente en esta materia, como la sentencia del Tribunal
Constitucional de 20 de octubre de 2016, sobre el recurso de inconstitucionalidad
en contra del artículo 1 de la Ley 28/2010 del Parlament catalán.
general, la iniciativa legislativa es positiva. Sin embargo, presenta algunas
incoherencias que pueden hacerla fracasar. Veamos algunos aspectos que no
quedan claros.
primer lugar, se establece que la ganadería suministradora ha de ser la más cercana
a la plaza de toros, para evitarles a las reses el largo transporte desde la
península. Si el texto de la posible futura ley queda así, no va a ser eficaz,
porque el organizador de la corrida si quiere comprar toros de ganaderías de la
península, solo tiene que alegar que toros con las características que necesita
no los hay en la isla. En
segundo lugar, se prohíben las novilladas y la presencia de caballos durante
las corridas. Les aconsejo a los promotores de esta proposición que retiren
esta prohibición porque no les va a servir de nada. El Tribunal Constitucional
la anulará por ser contraria a la Constitución Española al invadir competencias
estatales. ¿Es que no recuerdan que se aprobó ex profeso una ley de protección de la tauromaquia para impedir que
se prohibiera cualquier espectáculo relacionado con la misma? Las novilladas y
la suerte de caballos están incluidas por muy mal que nos sepa. Se
establece que los toros no sufrirán ningún tipo de agresión y deberán ser
devueltos al corral sin heridas. El intento acabar con las corridas de toros
con esta prohibición es legítimo, pero no va a ser eficaz. Se prohíbe un
aspecto fundamental de la corrida de toros, de modo que también puede ser
declarado contrario a la legislación estatal y, por consiguiente,
tercer lugar, se establece que sólo pueden intervenir en les corridas los profesionales
inscritos en la sección I del Registro general de profesionales taurinos, es
decir, matadores de toros (no matadores de novillos). Esto mismo es lo que
regula el Reglamento de Espectáculos Taurinos. Es una mera duplicidad que no es
cuarto lugar, y de manera poco coherente, se blinda la celebración del correbou de Fornalutx. Pretenden retirar
de la Ley 1/1992 de Protección de los Animales en el ámbito de Illes Balears, el requisito de la
celebración ininterrumpida durante más de cien años. Las asociaciones
animalistas estaban a punto de lograr su prohibición por los tribunales –yo
mismo estaba preparando la demanda contencioso-administrativa para ello-, porque
el Ayuntamiento de Fornalutx nunca ha logrado demostrar esta condición. De
hecho, contrató a un especialista archivero para encontrar documentos
históricos que así lo atestiguaran, sin éxito. Con esta modificación se han
ganado la enemistad de los colectivos animalistas de las islas y tiran por
tierra todo el trabajo que han venido realizando desde hace décadas para
mejorar el bienestar de los animales. No era necesario.
la proposición de ley tiene aspectos positivos, como es la inclusión de una
disposición adicional para modificar el artículo 4 de la Ley 1/1992 de Protección
de los Animales en el entorno humano, para prohibir los circos con animales
salvajes o la prohibición de crear o recuperar fiestas con animales, haya
maltrato o no, con el objetivo que las personas no utilicen los animales en sus
fiestas. Además, en las fiestas existentes en las que participen animales no se
les podrá obligar a realizar conductas antinaturales, ni hacerles burlas.
todo trabajo que vaya encaminado a mejorar las condiciones de los animales y a
erradicar el maltrato. Pero, las cosas se pueden hacer mejor. Desgraciadamente,
en este caso, las negociaciones políticas han malogrado una iniciativa
legislativa que está condenada a morir antes de nacer.
Capacete González
en Derecho Animal
Como bien explica la catedrática de Derecho Romano y Directora del Máster de Derecho Animal y Sociedad del ICALP (UAB), Teresa Giménez Candela, “La tradición no conlleva, por sí misma, la perpetuidad. Si es connatural a la tradición que se acepte por la sociedad y que forme parte del acervo de la cultura de un pueblo, ello no implica que lo que ha sido una tradición viva pueda dejar de serlo, porque los hábitos sociales van cambiando y lo que en un determinado momento era aceptable, puede dejar de serlo.” Pensemos, por ejemplo, en la devotio ibérica. Entre los guerreros íberos era costumbre realizar un suicidio ritual cuando moría su jefe. Esta tradición hace muchos siglos que se extinguió y ya no tiene lugar en las tierras de la península ibérica. Las madres talióticas, en mallorca, según nos relatan los historiadores romanos, colocaban la comida en los árboles y obligaban a sus hijos a alcanzarlas con sus hondas para poder comer. Tampoco ha perdurado esta costumbre. Entre los griegos de la antigüedad, era una tradición celebrar las victorias con holocaustos, es decir, con el sacrificio de cien bueyes, costumbre que desapareció hace ya muchísimo tiempo. Y, en sentido inverso, muchos hábitos actuales que consideramos intrascendentes darán lugar con el tiempo a costumbres y tradiciones. Es el cambio en la mentalidad de los pueblos el motor de transformación de las tradiciones. Hoy nos parecen inaceptables muchas tradiciones patriarcales y por este motivo han dio desapareciendo. Hace décadas, en muchos pueblos era mal visto que una mujer casada entrara en una taberna, que votara, que trabajara fuera del ámbito del hogar familiar o que se dedicara a las artes. Algunas composiciones poéticas de Felix Mendelssohn eran de su hermana Fanny, a quien sus padres prohibieron dedicarse públicamente a la música. Que la mujer mallorquina no pueda participar como cossier cada vez encuentra más oposición y, poco a poco, se va abriendo esta posibilidad. La mentalidad de las sociedades contemporáneas está mutando. Hoy no se consideran a los animales como simples cosas que se poseen, sino como seres vivos y sintientes que tenemos que respetar y tutelar. Este cambio está tan arraigado que ha sido recogido por el derecho para protegerlo. Maltratar o matar a un animal está prohibido por la ley y la ley en multitud de países, protege los derechos básicos de los animales, como ser la vida, la integridad física, la salud o un ambiente adecuado para su desarrollo. Este cambio, como decimos más arriba, constituye un motor de transformación de la tradición. Lo que veníamos haciendo para divertirnos ya no es tan legítimo como hace uno o dos siglos. No es ético, ni humano colgar a un gallo de un pino, rodeado de una multitud enfebrecida y perseguido por audaces jóvenes. No es ético ni humano perseguir toros por las calles o encerrarlos en una plaza para aguijonearlos y matarlos. No es ético ni humano encerrar de por vida a animales para divertir a los humanos en circos o en zoológicos. Como tampoco lo es experimentar con ellos para disponer de cosméticos más avanzados o abrirles el cráneo sin anestesia para fabricar analgésicos que nos quiten el dolor de cabeza cada vez más rápido. Se hace necesario un profundo debate sobre nuestras tradiciones para renovarlas y limpiarlas de todo anacronismo. Ya no somos como éramos hace quinientos o cincuenta años. Ya no llamamos “señor” al terrateniente ni creemos que el sacerdote hable en nombre del Señor. Ya no rendimos vasallaje a ningún rey feudal ni lapidamos al infiel. No tratemos a los animales como diana de nuestros festejos o de nuestras frustraciones sublimadas en la catarsis festiva. No podemos seguir manteniendo aquellas tradiciones que nos impiden vivir los valores más éticos y profundos que hemos descubierto en el camino del desarrollo y el progreso humanos. Francisco Capacete Especialista en Derecho Animal Abogado Animal
La semana pasada se volvió a cometer un crimen contra el
bienestar animal, al sacrificarse un centenar de cabras de la finca pública de
Galatzó. La regidora responsable del área municipal de Medio Ambiente aseguró que
«los incidentes y problemas con cabras han sido continuados y crecientes».
Añadió que el elevado número de cabras había ocasionado «incidentes en el medio
natural, vegetación, en el jardín y cultivos de la finca». Se requirió entonces
al Servicio de Protección de Especies de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Pesca que es el organismo competente en las actuaciones para
proceder al control de las poblaciones caprarias. Y el abatimiento de las
cabras fue llevado a cabo por
miembros del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Islas Balears
(Cofib). Se decidió dejar los cadáveres en la montaña para que sirvan de alimento a aves carroñeras como
el voltor negre.
Ayuntamiento, Consejería, Servicio de Protección y Cofib han
dado muestras de ignorar por completo la legislación relativa al vaciado
sanitario como protección del Medio Ambiente, como sucedió en el islote de Es
Vedrà, en Ibiza, sobre el que hay un procedimiento penal abierto en fase de
instrucción, por un presunto delito de prevaricación y maltrato animal. La Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, enumera en su
artículo 2 los principios rectores de la preservación de la Biodiversidad y
entre ellos se cita “La precaución
en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales y/o especies
silvestres”.
En este caso, las autoridades han actuado sin
respeto a lo establecido en esta ley. Por ejemplo, no se han tomado muestras de
sangre a las cabras para asegurarse de que los cadáveres no van a contagia a
otras especies. Tampoco se ha retirado la munición de los cadáveres que se han
dejado como alimento para las aves carroñeras, de modo que éstas pueden
envenenarse. Al no haberse
identificado a los animales previamente ni realizarse el saneamiento correspondiente
(análisis sanguíneos para la obtención de la calificación sanitaria,
incluidos dentro de las propias obligaciones de vigilancia y control) es una total incógnita el estado sanitario
en el que se encontraban los animales y, por lo tanto, cabe la posibilidad de
que puedan suponer un riesgo tanto para la salud pública como para las
especies necrófagas de interés comunitario que se alimentarán de los
cadáveres de estos animales y, por consiguiente, del medio ambiente.
El artículo 13 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea (Tratado de Lisboa) establece que “Al formular y aplicar las
políticas de la Unión en materia de agricultura, pesca, transporte, mercado
interior, investigación y desarrollo tecnológico y espacio, la Unión y los
Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de
bienestar de los animales como seres sensibles (…)”. La decisión de exterminar
a las cabras y proteger la biodiversidad de la finca de Galatzó, no ha tenido
en cuenta el Tratado de la Unión Europea porque se ha usado el método más
Los aspectos relacionados con el bienestar
animal están cobrando cada día más importancia en la sociedad, habiéndose
desarrollado una regulación comunitaria, nacional, autonómica y local al respecto. Por ejemplo, el Reglamento
(UE) nº 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014
sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies
exóticas invasoras, dispone en su artículo 17, sobre erradicación rápida en una
fase inicial de invasión de especies exóticas invasoras que, “Al aplicar las
medidas de erradicación, los Estados miembros (...) garantizarán que no se cause a los animales ningún dolor,
angustia o sufrimiento evitables.” El artículo 19 sobre medidas de
gestión, dispone que “…Al aplicar medidas de gestión y seleccionar los métodos
que deban emplearse (...) se asegurarán de que, cuando estas vayan
dirigidas a animales, no se les cause ningún dolor, angustia o sufrimiento
evitables, sin comprometer por ello la eficacia de las medidas de gestión.”
Esto son las prevenciones en
caso de especies invasoras que pueden causar graves perjuicios en la
biodiversidad de zonas de especial interés natural. Si la actuación en casos de
especies exóticas invasoras, cuya capacidad de causar desequilibrios en los
ecosistemas es enorme, se deben tener en cuenta los parámetros de bienestar
animal, con más razón deben respetarse en casos de menos entidad, como el
presente caso de intervenciones contra especies no catalogadas como invasoras
exóticas, como es la cabra silvestre.
estas normas ha sido aplicada por la Consejería ni el Ayuntamiento de Calviá. Existen
muchos y variados métodos, como el cambio de ubicación o la esterilización. Una
vez más, la administración autonómica y la local han actuado de manera,
permítasenos la expresión, chapucera. Invito a las autoridades a que
reflexionen un poco ¿Desde cuándo las cabras asilvestradas son un problema para
la conservación de la flora en Baleares? Como mínimo, desde hace 50 años. Los
ecologistas llaman la atención, con razón, sobre la amenaza que suponen las
cabras para poblaciones botánicas endémicas o en peligro de extinción. El
gobierno también. Pero nadie dice nada de la falta de eficacia de las medidas adoptadas
desde hace décadas y que se basan en el abatimiento y el sacrificio sin más.
¿Por qué sigue habiendo superpoblación de cabras si todos los años se
sacrifican a miles en Mallorca? Esta es la pregunta que todos debemos hacernos.
La respuesta es obvia, los planes y métodos usados hasta ahora han resultado
ineficaces. El sacrificio sin más no es una solución. Si se sigue con los
mismos esquemas es que no hay inteligencia en la gestión. Se hace lo de siempre
–mal endémico en Mallorca. Si hace tan sólo diez años se hubiera confeccionado
un plan de esterilización/castración, contando con investigadores y
especialistas, no hubiera hecho falta matar a ninguna cabra, la población sería
estable y compatible con la flora autóctona y la cobertura vegetal. Es hora de
cambiar de criterio y método.
Por si lo anterior fuera
poco, entiendo como especialista en Derecho Animal, que se ha sufrido un olvido
imperdonable. La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad,
establece en su artículo 74 que las Administraciones Públicas “Preservarán,
mantendrán y fomentarán los conocimientos y las prácticas de utilización
consuetudinaria que sean de interés para la conservación y el uso sostenible
del patrimonio natural y de la biodiversidad”. Existe un método de captura
tradicional en Mallorca que es el lazo. Es un método incruento, que no
contamina y que permite un control real y efectivo de las poblaciones. Pero
tampoco se ha seguido lo establecido en esta ley que regula protocolos de
especial eficacia en la preservación del medio ambiente. Tampoco
se ha cumplido con la información previa a la población y entidades de
protección animal. Parece que la administración local y autonómica desconfían
de los ciudadanos y por eso actúa de espaldas a estos, con total secretismo. Se
habla mucho de transparencia, pero en la práctica no se cumple.
definitiva, podemos afirmar que las autoridades han ofrecido, una vez más, un
triste espectáculo. En Mallorca trabajan multitud de entidades y personas en el
bienestar animal y medioambiental. Sin embargo, las autoridades generan una
imagen hacia el exterior que contradice el trabajo valiente y altruista de
todas esas personas. En Mallorca, la sociedad civil cuida y protege la flora y
la fauna; nuestros representantes deberían hacer lo mismo.
La Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos, establece el marco legal de la tenencia de animales potencialmente
peligrosos. Como ya es habitual, el legislador español introduce como concepto
neurálgico de la norma, lo que se llama un “concepto jurídico indeterminado”,
esto es una definición que da lugar a tantos significantes que, al final, son
los agentes judiciales y jurídicos quienes tenemos que concretar a qué se
refiere la ley.
En la exposición de motivos,
el legislador explica por qué se dicta esta ley y expone que “Por otra parte, diversos ataques a personas, protagonizados por perros,
han generado un clima de inquietud social y obligan a establecer una regulación
que permita controlar y delimitar el régimen de tenencia de perros
potencialmente peligrosos”. Aquí ya comienzan los problemas. Se dictó esta ley
hace 15 años para calmar a la opinión pública por una serie de ataques
protagonizados por perros pertenecientes a determinadas razas. Sin embargo,
la realidad de ese clima es la siguiente. En España, entre 1991 y 2005, los medios de
comunicación informaron de 17 muertes causadas por ataques de perros. 5 de
ellas fueron provocadas por pastores alemanes, 1 por un Cocker, 1 por un
Doberman, 2 por Presas Canarios, de los cuales en un principio se dijo que eran
Pit bulls; 1 por un Dogo Argentino, del que también se dijo lo mismo; 1 por un
Rottweiler, 1 por Staffordshire Bull Terrier, otro Pitbull según los medios; 1
por un Husky Siberiano, 1 por dos perros cruce de Mastín Español, de los que se
dijo que eran Rottweilers, 1 por un Dogo Alemán, al que también se confundió
con un Pit bull, 1 provocada por un Pastor Mallorquín y un perro mestizo, de
los que decían que el primero era un Pit Bull y el segundo un Rottweiler; y 1
provocada por un gran perro japonés, antes conocido como Akita Americano. Es
decir, que de los 17 casos, sólo 3
agresores estaban catalogados como potencialmente peligrosos.
Una ley que se
hace ex profeso para calmar a la
opinión pública y que se basa en datos falsos no puede ser nunca justa ni
eficaz. Y esto es lo que ocurre con esta ley que comentamos. El artículo 2 dice que “con carácter genérico, se consideran
animales potencialmente peligrosos todos los que, perteneciendo a la fauna
salvaje, siendo utilizados como animales domésticos, o de compañía, con
independencia de su agresividad, pertenecen a especies o razas que
tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros
animales y daños a las cosas”. Como puede fácilmente deducirse, dentro de esta
definición caben todo tipo de animales, como por ejemplo, una rata, ya que está
demostrado que es transmisora de enfermedades mortales. ¡Y qué decir de los
mosquitos! Según esta norma, a los mosquitos que viven en casa, así como a las
ratas, vamos a tener que registrarlos en el registro municipal de APP e
informar cada vez que salgan de la comunidad autónoma.
“También tendrán la calificación de potencialmente peligrosos, los
animales domésticos o de compañía que reglamentariamente se determinen, en
particular, los pertenecientes a la especie canina, incluidos dentro de una
tipología racial, que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula
animales y daños a las cosas”. En este segundo párrafo parece que la definición
se hace más concreta porque especifica una especie animal concreta, la canina.
Y vuelve a meter la pata. Según Marina Ferreirós, vocal de la Asociación Protectora de Animales
de Toledo (Apadat), se comete «un poco de racismo» contra este tipo de
animales. Marina lo dice por experiencia, ya que ha cuidado varios perros
considerados potencialmente peligrosos. «Pongo la mano sobre el fuego que no
son agresivos», asegura con rotundidad la vocal de Apadat, quien propone que un
educador de perros sea quien valore si un animal puede llegar a ser peligroso o
no, además de su nivel de agresividad. Además «hay perros con tasas de
agresividad más altas, como los pastores alemanes, que no son ‘p.p.p.’ ni sus
propietarios necesitan un seguro de responsabilidad civil». Marina Ferreirós es
partidaria de que todos los propietarios de perros tuvieran suscrito ese seguro
«por el bien común de todos».
Numerosas voces se han levantado en contra de este racismo animal
causado por el legislador español. Debe derogarla porque con el resto de leyes
de nuestro ordenamiento jurídico, las personas y sus bienes ya está
suficientemente protegidas, tanto de los atentados o ataques de otros seres
humanos, como de los animales. Por lo tanto, no tiene sentido mantener una ley
que genera más confusión de la necesaria.
Deberíamos preguntar al legislador si se atrevería a dictar una
ley sobre niños potencialmente peligrosos. Sería una barbaridad porque los
niños no son potencialmente peligrosos, sino que la educación y el medio social
y familiar son los causantes de las conductas agresivas de los púberes. De la
misma manera, no hay P.P.P., sino dueños o adiestradores que los hacen
agresivos. Los animales no deben ser víctimas de nuestros defectos ni
carencias. Los animales necesitan protección y no discriminación ni
ámbitos, en las relaciones entre humanos y animales, luchan dos facciones
contrarias. Estas dos facciones son los proteccionistas y los tradicionalistas.
Aquellos defienden el bienestar animal y estos el mantenimiento de unas tradiciones
en las que los animales sufren y mueren. El conflicto que escenifica mejor esta
confrontación es el de la tauromaquia en Baleares. Hace ya muchos años que
antitaurinos y protaurinos se vienen enfrentando en Mallorca y, por lo que
observamos hay nulas posibilidades de entendimiento y diálogo, de modo que esta
guerra abierta acabará con la victoria de uno de los dos bandos. La aprobación de una propuesta no legislativa
(PNL) por parte del Parlamento de Baleares en la que se insta, entre otras
cosas, la prohibición de espectáculos taurinos en nuestra Comunidad Autónoma
expresa el avance de la conciencia animalista. ¿Qué supone la aprobación
de esa PNL por parte del Parlamento balear? Para algunos no supone mucho porque
no es una ley, sino una mera declaración de intenciones. Pero, desde un punto
de vista jurídico y social, tiene una serie de consecuencias muy importantes.
1ª.- El Parlamento ha
escuchado a la población. Esta PNL surge de las más de 150.000 firmas que la
entidad Mallorca Sense Sang ha recogido. Son más de 150.000 voces que se alzan
en contra del maltrato animal en los espectáculos taurinos. Y estas voces han
sido escuchadas. Esto genera confianza en aquellos que trabajamos por los
derechos de los animales. Si los promotores de la tauromaquia se pusieran a
recoger firmas para proteger aún más la “fiesta nacional”, dudo mucho que
consiguieran tantos miles de apoyos. Desde aquí les insto a que consulten a los
ciudadanos, con mesas a pie de calle, sin el apoyo de las empresas que se
lucran con estos festejos. 2ª.- El Parlamento se
compromete a reformar la Ley 2/1991, de protección animal de la CA de Baleares
e insta al Congreso de los Diputados a aprobar una ley de protección animal
estatal en la que no se haga ninguna excepción, es decir, que no excluya de su
ámbito las fiestas de los toros. Según el Reglamento de ambas cámaras de
representantes, con esta petición se da otro paso, dentro de la legalidad, para
cambiar las leyes. Es verdad que no es vinculante y que puede llegar a no
producir ningún cambio. Pero también es verdad todo lo contrario. Vamos
marchando hacia una nueva legislación en materia de protección animal que
recoja, no solo el sentir de la sociedad, también los nuevos descubrimientos
científicos en comportamiento y personalidad animal.
3ª.- Se ha
institucionalizado un hecho histórico: las tradiciones taurinas han llegado a
su fin. Nacieron hace algunos siglos. Se desarrollaron y fueron evolucionando. Y
desde hace bastantes años, cada vez tienen menos raigambre social. Cierto es
que cuesta concienciar que una tradición inveterada ya no responda al sentir de
la gente. La violencia machista, por poner un ejemplo paralelo, es consecuencia
de no concienciar que la tradición del hombre como dueño y señor de la mujer ya
llegó a su fin. Todavía hay muchos varones que no han asumido que la mujer es
un igual y no un subordinado. Como su mentalidad choca frontalmente con los
nuevos valores sociales, se vuelven locos y acuden a la violencia. Las fiestas
de los toros están llegando a su fin como tradición porque el pueblo cada vez
es más contrario a divertirse derramando sangre de animales y no le encuentran
sentido. En todo caso, tal vez podrían mantenerse las fiestas de los toros si
se eliminase el maltrato. Es decir, en las que toro y torero escenificaran una
lucha de resistencia y habilidad, de inteligencia y fuerza, que no finalizara
con el sacrificio del bravo. 4ª.- La PNL de protección
animal quiere resolver esta esquizofrenia moral y legal que nos hace considerar
delito la muerte de un caballo a palos y fiesta de interés cultural dar muerte
a un toro a estocadas. Por otro lado, también está en la línea más reciente de
considerar a los animales como seres sintientes y no como meros objetos de
diversión y compraventa. Dar muerte a un animal injustificadamente es un delito
castigado por los artículos 337 y 337 bis del Código Penal. Por otro lado, hay
leyes que protegen la muerte de los toros en las plazas. Pero estas leyes no
son superiores al Código Penal que tiene la categoría de Ley Orgánica. Si
surgiera algún conflicto en la aplicación de las leyes, habría que aplicar
primero el CP, de modo que la muerte de un toro en una plaza sería considerado
delito de maltrato animal, penado con pena de prisión de hasta 18 meses. Esto
hay que dejarlo claro. Las leyes que protegen la tauromaquia son contrarias al
Código Penal español y a la legislación europea de protección animal y se hace
necesaria una reforma legal para acabar con estas contradicciones. La propuesta
aprobada por el Parlamento tiene también esta intención.
5ª.- Es coherente con la
necesidad de erradicar la violencia y el derramamiento de sangre de nuestras
sociedades. En las últimas décadas la violencia en el mundo ha aumentado. Y lo
más preocupante, ha aumentado la violencia gratuita, bestial e inhumana. No se
puede mantener ni subvencionar ni proteger un espectáculo consistente en dar
muerte a un animal para divertimento del público, por muy respetable que sea
éste. Tenemos que luchar contra esta inclinación de causar mal a otros. Y si
para ello tenemos que depurar nuestras tradiciones, hagámoslo.
la PNL de protección animal que insta a prohibir los espectáculos taurinos en
todo el estado español, es una iniciativa popular que revista una gran
importancia y tendrá una gran trascendencia. Recordemos que en el año 2008, el
Parlament de les Illes Balears fue el primero en el mundo en adherirse a la
declaración de protección de los grandes simios. Ahora promueve dar un paso más
en la protección animal. Desde Baleares estamos cambiando el mundo para que sea
un lugar más amable para todos los seres vivos. Vaya mi felicitación a todos
aquellos que lo hacen posible.
El 3 de noviembre de 2016, el Tercer
Juzgado de Garantías del Estado argentino de Mendoza, ha dictado Sentencia
concediendo el habeas corpus en favor
de la chimpancé Cecilia. Se trata de un fallo histórico y de especial trascendencia
en el reconocimiento de los derechos de los animales y de estos como sujetos de
derecho. El fallo dice así:
I.- Hacer lugar a la acción de HABEAS
CORPUS interpuesta por el Dr. Pablo Buompadre, Presidente de la Asociación
de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales –A.F.A.D.A., con el
patrocinio letrado del Dr. Santiago Rauek.
II.- Declarar a la chimpancé Cecilia,
actualmente alojada en el zoológico de la Provincia de Mendoza, sujeto de derecho no humano.
Disponer el traslado del chimpancé Cecilia al Santuario de Sorocaba, ubicado en
la República del Brasil el que deberá efectuarse antes del inicio del otoño,
conforme lo acordado por las partes.
No es la primera vez que la justicia
argentina falla a favor de un animal. Recordemos que Cámara Federal de Casación
Penal ya concedió el habeas corpus para
la orangutana Sandra (ver http://www.derechoanimal.info/images/pdf/GFB-Habeas-Corpus-Sandra.pdf.). Pero, a diferencia de la anterior
sentencia, la que comentamos ahora, motiva y detalla su decisión.
El presentante ha alegado en su
petición que desde su alojamiento en el zoo de esta chimpancé, hace más de
treinta años, nada se hizo desde ese establecimiento y sus autoridades a favor
de su bienestar. La han tenido esclavizada, privada de libertad de modo
arbitrario e ilegal, sin ninguna otra finalidad que la de ser exhibida al
público como objeto circense. Y que esta situación constituye una trasgresión a
la ley de malos tratos y actos de crueldad a los animales (Ley. Nac. 14346) y a
la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre (Ley Nac. 22.421) actualmente
vigentes en Argentina.
El Fiscal de Estado, por su parte, se
ha opuesto a la petición de habeas corpus
alegando que no se dan los presupuestos básicos de esta acción porque la
chimpancé no es una persona humana y su confinamiento no ha sido ilegal.
La magistrada ha entendido que el caso
planteado involucra la protección de un bien o valor colectivo, de modo que
debía ir a la cuestión de fondo y no acoger la excepción de falta de legitimidad
que el Fiscal había planteado. La Constitución Nacional argentina (art. 43)
consagra la acción de amparo colectivo que otorga legitimidad a cualquier
persona o colectividad para pedir antes los Tribunales la defensa de aquellos
bienes o valores. Estos son, entre otros, el medio ambiente, el patrimonio
natural, los valores culturales y la calidad de vida social. La situación de hecho denunciada hacía imperativo el dictado de una resolución judicial que protegiera el valor colectivo en juego. La chimpancé Cecilia, argumenta la
magistrada, pertenece al patrimonio ambiental. “El derecho a la preservación
del patrimonio natural y cultural y el derecho a la calidad de vida forman
parte del “derecho al ambiente” (Art. 41 CN), constituyen “derechos de
incidencia colectiva” y están esencialmente conectados con el interés general
Se pregunta S.Sª cuál es el valor a
proteger en el presente caso. El valor colectivo encarnado en el bienestar de
Cecilia es el patrimonio natural y cultural de la comunidad humana e integra la
calidad de vida de la misma. En la medida que protegemos el patrimonio natural
y cultural, protegemos y mejoramos nuestra calidad de vida. Estos son valores
protegidos constitucionalmente. Una argumentación jurídica que no podemos por
menos que admirar. Así como el asesinato o secuestro de una persona humana es
una cuestión que no puede dejarse impune porque afecta a los valores de la
colectividad, del mismo modo, no podemos dejar que Cecilia continúe en la
situación de confinamiento deplorable porque va en contra de los valores
colectivos que aprecia la sociedad.
Respecto al procedimiento la
argumentación de la jueza es impecable. “Específicamente, el objeto del habeas corpus consiste en la
protección de la libertad corporal ilegalmente restringida así como también la corrección en las formas o
condiciones en que se cumplen las detenciones de una persona, ello conforme surge de la normativa señalada en los párrafos que anteceden. El habeas corpus está destinado a considerar la violación de un derecho o garantía sobre la libertad física de una persona por el acto de una autoridad que ha excedido el marco de su competencia o ha ido más allá de la razonabilidad que sus actos deben tener. La denuncia de habeas corpus podrá ser interpuesta por la persona que afirme encontrarse
ilegítimamente detenida o que se hayan agravado sus condiciones de detención o por cualquier persona a su
favor, esto es, parientes, amigos o cualquier tercero”.
¿Es la acción de habeas corpus la vía correcta para salvaguardar los derechos
de Cecilia? La magistrada ha imbricado una serie de normas para llegar a su
conclusión afirmativa. En primer lugar, entiende que se está ante un caso de
urgente protección del medio ambiente como patrimonio natural y cultural de la
nación. Y lo argumenta en base a las leyes positivas. El Art. 5º del Código
Procesal Penal dispone que los tribunales deberán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho, de conformidad con los principios contenidos en las leyes, en procura de contribuir a
restaurar la armonía social entre sus protagonistas. En causas en las que está
en juego el derecho colectivo a la preservación del patrimonio natural y cultural el juez actúa para “proteger efectivamente el interés general” (Art. 32 de la ley
25.675). Es decir, la magistrada se ve en la obligación de entrar en el fondo
del asunto y resolver. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en
el conocido caso “Mendoza” (contaminación
del río Matanza-Riachuelo) dijo: “La mejora o degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque es un bien
que pertenece a la esfera social y transindividual, y de allí deriva la particular energía con que los jueces deben actuar
para hacer efectivos estos mandatos constitucionales” (considerando 18).
Por otro lado, en el caso de Cecilia se
dan las dos características fundamentales del instituto en cuestión: la
sumariedad, que tiende a que en el procedimiento no se ventilen cuestiones de
incidencia previa, y la urgencia, la que se traduce en el procedimiento
previsto para la acción de habeas corpus.
Ahora bien, ¿cómo aplicar un procedimiento pensado para personas a un animal?
Aquí la jueza se pregunta: ¿Son los grandes simios –orangutanes, bonobos, gorilas y chimpancés- sujetos de
derechos no humanos?¿Sólo el ser humano puede ser considerado como persona en tanto sujeto de derecho? ¿El hombre es el único que posee capacidad de derecho?
Considera la magistrada, como este autor, que hay que reconstruir el concepto
de persona y de personalidad jurídica.
Al hilo de estas preguntas, la
magistrada afirma lo siguiente: “Resulta innegable que los grandes simios, entre los que se encuentra el chimpancé, son seres sintientes por ello son sujetos de derechos no humanos. El chimpancé no es una cosa, no es un objeto del cual se puede disponer
como se dispone de un automóvil o un inmueble. Los grandes simios son sujetos
de derecho con capacidad de derecho e incapaces de hecho, en tanto, se
encuentra ampliamente corroborado según la prueba producida en el presente caso, que los chimpancés alcanzan la capacidad intelectiva de un niño de 4 años.”
La argumentación tiene momentos brillantes.
Uno de ellos es cuando a aquellos que defienden con la ley en la mano que los
animales son jurídicamente cosas, les enfrenta con “la clara incoherencia de nuestro ordenamiento jurídico que por un lado sostiene que los animales son cosas para luego protegerlos contra el
maltrato animal, legislando para ello incluso en el campo penal. Legislar sobre
el maltrato animal implica la fuerte presunción de que los animales “sienten”
ese maltrato y de que ese sufrimiento debe ser evitado, y en caso de producido debe ser castigado por la ley
penal.” Cabe señalar que en el delito de maltrato animal regulado por la Ley núm.. 14.346 (en España en los arts. 337 y 337 bis
del Código Penal) el bien jurídico protegido es el derecho del animal a no ser objeto de la crueldad humana. La interpretación del fin
perseguido por el legislador implica que el animal no es una cosa, no es un
semoviente sino un ser vivo sintiente. La
conclusión no es otra que los animales son sujetos de derecho que poseen derechos
fundamentales que no deben ser vulnerados.
Otro elemento positivo de la sentencia
que comentamos es que recoge y se apoya en la Declaración Universal de los
Derechos de los Animales. Si bien es una Declaración que todavía no ha sido
aprobada por la Asamblea de la ONU –se equivoca la magistrada al decir que sí-
vemos como una sentencia la toma como referencia válida. Así recoge la
motivación de la sentencia que en esa Declaración se reconoce expresamente que los grandes simios entre otras especies tienen derecho a vivir en libertad. ¿Es una jaula, aun con grandes dimensiones, el lugar adecuado? Y la respuesta negativa brota de forma
inmediata. Lo adecuado y correcto, afirma S.Sª., es que los hombres cesemos con
el cautiverio de los animales para su exposición y entretenimiento de personas, dado que éstos son sujetos de derechos no humanos y como tales poseen el derecho inalienable a vivir en su hábitat, a nacer en libertad y conservarla.
Y, finalmente, la última argumentación
de la magistrada no puede ser más sensata y brillante. Dice: “¿Es la acción de habeas corpus la vía procedente?
Considero que la respuesta ha de ser afirmativa. Dado que ni la regulación procesal de la provincia ni ley
nacional alguna contemplan específicamente una vía procesal para evaluar la situación de animales en estado de encierro en establecimientos zoológicos o de cualquier condición de encierro en contrario a las necesidades básicas y al hábitat natural del animal de que se trate, considero que la acción de habeas corpus es la vía procedente ajustándose la
interpretación y la decisión que recaiga a la situación específica de un animal
privado de sus derechos esenciales en tanto éstos están representados por las necesidades y condiciones esenciales de la existencia del animal en cuyo favor se
acciona.” ¿Qué quiere decir? Que encontrándose en la obligación legal de
resolver sobre el fondo del asunto, resulta que no tiene otro procedimiento más
apropiado que el del habeas corpus. Y
por eso lo aplica, dado que de no hacerlo, estaría incumpliendo aquella
En conclusión, la sentencia del Tercer
Juzgado de Garantías de Mendoza apoya al revolución tranquila que trabaja por
el reconocimiento de los animales como sujetos de derechos. Debemos
felicitarnos por esta decisión que abre otra brecha en el muro del derecho
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References: artículo 1
 artículo 4

artículo 2
 artículo 13
 artículo 17
 artículo 19
 artículo 74
 artículo 2
 resolución