Source: http://www.poderjudicial.es/search/sentencias/Medicamentos/51/PUB
Timestamp: 2019-05-23 03:36:21+00:00

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Medicamentos | CENDOJ : Buscador del Sistema de Jurisprudencia
Tema: Medicamentos
ROJ: STS 141/2015 - ECLI:ES:TS:2015:141
Nº Recurso: 52/2013
Resumen: La Sala desestima el recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las recetas oficinales y los requisitos especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes para uso humano y animal, que resulta desestimado. Entiende la Sala que la memoria aunque escueta es suficiente, pues el Real Decreto impugnado no innova el ordenamiento jurídico en lo relativo a los medicamentos veterinarios que sean estupefacientes, cuya dispensación ya venía atribuida a las oficinas de farmacia. Por otra parte, la previsión del art. 15 del Real Decreto impugnado que únicamente atribuye la dispensación de medicamentos estupefacientes de uso veterinario a "las oficinas de farmacia autorizadas" mediante la presentación y entrega de la preceptiva receta oficial de estupefacientes de uso veterinario, y la consiguiente prohibición de dispensación en otros establecimientos autorizados para la venta de medicamentos veterinarios, no implica la contravención del art. 38.2 de la Ley 29/2006 del Medicamento, ya que los medicamentos estupefacientes tiene una regulación específica que, necesariamente, ha de ser mas rigurosa en el control de este tipo de sustancias.
ROJ: STSJ PV 3740/2013 - ECLI:ES:TSJPV:2013:3740
Ponente: ANGEL RUIZ RUIZ
Nº Recurso: 1903/2011
Resumen: Se declara la conformidad a derecho de las resoluciones recurridas, por lo que las que se confirman, con rechazo de las pretensiones anulatorias ejercitadas en la demanda.Desestimación del recurso: remisión a la sentencia 713/2012, de 21 de diciembre, recaída en el recurso 1014/2010.No se da vicio de haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, redacción en su momento vigente, habilitaba a la CAPV para la adopción de la decisión recurrida. No se impusieron reservas o condiciones singulares en la prescripción y dispensación de medicamentos. Irrelevancia, en este caso concreto, del alegato sobre la igualdad por todos los ciudadanos en todo el territorio nacional.Irrelevancia, en este caso concreto, del alegato sobre las limitaciones a la libertad de prescripción médica.
ROJ: STS 1825/2014 - ECLI:ES:TS:2014:1825
Nº Recurso: 6253/2004
Resumen: Acuerdo de 13 de mayo de 2002 del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba el Acuerdo Marco de concertación de las oficinas de farmacia. Estimación del recurso de casación. La sentencia recurrida afirma que no aprecia inconstitucionalidad alguna en la Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, que aplica el Acuerdo Marco recurrido; sin embargo, el Tribunal Constitucional en su sentencia 137/2013, de 6 de junio, declara inconstitucionales y nulos los arts. 9 y 30.4, en el inciso "y otorgará la posibilidad de que los titulares-propietarios puedan adherirse a las mismas mediante su formalización con el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea", de la Ley Foral 12/2000, y declara que el art. 31.2.f) de la citada Ley Foral, no es inconstitucional, siempre que se interprete en los términos establecidos en el fundamento jurídico 6.a) de la Sentencia. La razón de ser es que el contenido de los artículos declarados inconstitucionales enerva el cumplimiento del deber legal básico de dispensación que queda, por obra de dicha Ley Foral, al arbitrio de la libre y voluntaria decisión de los propietarios titulares de las oficinas de farmacia. La dispensación de medicamentos no puede ser objeto de un sistema de concierto que permita una adhesión voluntaria al mismo por parte de los farmacéuticos.
ROJ: STS 4379/2014 - ECLI:ES:TS:2014:4379
Nº Recurso: 4333/2012
Resumen: Recurso de casación que trae causa de la impugnación de la Orden 14/2010, de 1 de septiembre, de la Consejería de Sanidad de la Generalidad Valenciana, por la que se regula el procedimiento de autorización y funcionamiento de las unidades farmacéuticas de adaptación de dosis (UFAD), que resulta estimado. Las actividades que se describen en los arts. 3 y 4 de dicha Orden resultan incompatibles con el reparto de competencias previsto en la Constitución, en concreto, con la competencia exclusiva del Estado sobre la "legislación sobre productos farmacéuticos" -concepto que comprende tanto la función legislativa como reglamentaria-, pues la disposición general impugnada en la instancia pretende ser una suerte de desarrollo de la Ley 29/2006, de 26 de julio, sobre garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, lo que vulnera la competencia exclusiva del Estado en esta materia, que es independiente de la competencia estatal, sobre las "bases y coordinación general de la sanidad". Teniendo en cuenta que las actividades de "adaptación" y "manipulación" de medicamentos que ampara la Orden en cuestión -permitiendo la creación de esas estructuras que intermedian en el proceso de suministro de medicamentos- pueden incidir en la seguridad de los productos farmacéuticos y en las garantías a que debe someterse esa actividad potencialmente peligrosa. El contraste con la Ley 29/2006 conduce igualmente, a la conclusión de nulidad de la Orden 14/2010.
ROJ: STS 2962/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2962
Nº Recurso: 5043/2016
Resumen: La impugnación de la Orden de referencia se refiere a la formación del conjunto de referencia H84 que incluye una serie de presentaciones de medicamentos por considerarse que todas ellas emplean el factor VIII de la coagulación como principio activo. Tras analizar la sentencia los enfoques normativo y fáctico de la identidad del principio activo, así como la naturaleza del acto de autorización de comercialización de medicamentos y el concepto de sistema de clasificación ATC, la Sala concluye estimando la demanda por cuanto la Administración debería haber asumido la carga de razonar y de probar que el principio activo de las presentaciones del medicamento en cuestión es el factor VIII de la coagulación y tal prueba no se ha planteado. De esta forma no hay prueba de que el mortoctocog alfa -como el octocog alfa y el factor VIII humano- sean distintas formas de obtener un mismo principio activo, aquí el factor VIII de la coagulación, siendo así que la Administración debe probar que no hay discordancia de principios activos según lo deducible de sus propios actos, internos y referidos a cada medicamento, respecto de tal clasificación ATC.
ROJ: STSJ MU 1627/2016 - ECLI:ES:TSJMU:2016:1627
Nº Recurso: 42/2015
Resumen: El recurso contra la orden recurrida descansa en la vulneración del principio de tipicidad, y además que los hechos no están acreditados.Mantiene la recurrente que no hacía falta receta para la dispensación del medicamento, o bien que habían transcurrido tres meses desde la dispensación por lo que no estaba obligada a conservar las recetas.Lo cierto es que la interesada no informó al órgano competente de la Administración que había adquirido para su farmacia 142 unidades de Prograf 1 mg y 108 en el año 2013, ni que las había vendido todas, a excepción de dos unidades en el año 2013 cuyo destino se ignora. Las unidades del medicamento no eran las normales o necesarias para la demanda de los posibles usuarios de la farmacia, de lo que se desprende que si había esa anormal demanda que obligó a la demandante a comprar tantas unidades debió comunicarlo a la Administración, teniendo en cuenta además que es un medicamento cuya prescripción es hospitalaria pues se utiliza para la profilaxis del rechazo de trasplantes en receptores de aloinjertos hepáticos y renales. Por tanto, no es cierto que no se necesite receta para su prescripción. La demandante no ha practicado ni una sola prueba en vía administrativa ni en esta sede jurisdiccional tendente a justificar esas ventas privadas, y si bien es cierto que la carga de la prueba de la comisión de la infracción corresponde a la Administración ésta ha aportado todos los elementos necesarios para desvirtuar la presunción de inocencia.
ROJ: STSJ MU 2167/2015 - ECLI:ES:TSJMU:2015:2167
Ponente: INDALECIO CASSINELLO GOMEZ-PARDO
Nº Recurso: 51/2011
Resumen: La Administración alega que el recurso interpuesto por dos de los recurrentes resulta inadmisible al concurrir la causa prevista en el artículo 69.d) de la Ley Jurisdiccional y estarse sustanciando a su instancia, el procedimiento ordinario 203/2006 del Juzgado de lo Contencioso Cuatro de Murcia, mas no aporta prueba alguna de su aserto por lo que tal causa de inadmisibilidad debe ser desestimada. Y asimismo, alega la inadmisibilidad del recurso en relación con las liquidaciones no recurridas jurisdiccionalmente en el plazo de dos meses (art. 69.c de la indicada Ley), mas tampoco se ha practicado a su instancia prueba alguna que la acredite.A través de la demanda rectora del procedimiento lo que se viene a cuestionar es la constitucionalidad de la modificación operada en el Real Decreto 165/1997 por el Real Decreto Ley 5/2000, la del propio Real Decreto Ley 5/2000 y la de los Reales Decretos 1328/2003 y 2402/2004, y a este respecto, la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en Auto de 4/10/2.000, dictado en el rec. nº 838/2000, tiene declarado que la impugnación directa sólo era posible mediante el recurso de inconstitucionalidad. Sentado lo anterior, la STC nº 83/2014 dictada en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3169-2005,respecto del Real Decreto- ley 5/2000, por presunta vulneración de los artículos 14, 31.1 y 86.1 de la Constitución Española ha venido a resolver, desestimándolos, todos los motivos de impugnación presente recurso
ROJ: STS 5391/2014 - ECLI:ES:TS:2014:5391
Nº Recurso: 57/2009
Resumen: Real Decreto 2130/2008, de 26 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para aplicar las deducciones correspondientes a la dispensación de medicamentos de uso humano con cargo a las mutualidades de funcionarios. Desestimación. 1º) Porque el Gobierno sí tenía habilitación para dictar el Real Decreto impugnado, sin que esa habilitación se ciña a lo estrictamente procedimental. 2º) Porque Las posibles diferencias de incidencia económica a causa de la localización o de la composición de la clientela no constituyen, por sí solas, fundamento suficiente para afirmar que el Real Decreto impugnado sea discriminatorio, sin que haya fundamento para sostener la existencia de un precepto con rango de ley en virtud del cual la escala que tratamos y la del régimen general hubieran de ser idénticas. 3º) Porque las deducciones contempladas no tienen carácter confiscatorio, y no estamos ante un supuesto de doble imposición.
ROJ: STSJ PV 2386/2014 - ECLI:ES:TSJPV:2014:2386
Ponente: MARGARITA DIAZ PEREZ
Nº Recurso: 203/2013
Resumen: Los dos primeros motivos impugnativos de la demanda vienen referidos a la primera de las sanciones, postulando el letrado recurrente su nulidad de pleno derecho, o subsidiariamente anulabilidad, por vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa y por infracción del principio de tipicidad, respectivamente. El motivo debe decaer por la impertinencia de la prueba testifical propuesta al ser un hecho reconocido que en la oficina de farmacia de la que es titular se dispensó una única unidad del medicamento, y no los cuatro envases prescritos. La conducta sancionada no resulta subsumible en el tipo infractor aplicado por la Administración, incurriendo, en consecuencia, en vulneración del principio de tipicidad, ya que no hubo negativa a dispensar el medicamento, sino que dispensación no fue correcta al no ajustarse a lo prescrito en la receta presentada por la cliente. La denotación en la resolución sancionadora del concurso de infracciones, al entender que de ésta deriva la comisión de otra distinta,se torna igualmente improcedente. Respecto a la infracción del principio "non bis in ídem" en relación con la sentencia penal, que condena al recurrente como autor responsable de un delito de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento público, los intereses protegidos son distintos en uno y otro caso. La sanción impuesta resulta proporcionada dentro de los márgenes posibles.
ROJ: STS 4380/2014 - ECLI:ES:TS:2014:4380
Nº Recurso: 2754/2013
Resumen: Recurso de casación que trae causa de la impugnación de la Orden 14/2010, de 1 de septiembre, de la Consejería de Sanidad de la Generalidad Valenciana, por la que se regula el procedimiento de autorización y funcionamiento de las unidades farmacéuticas de adaptación de dosis (UFAD), que resulta estimado. Las actividades que se describen en los arts. 3 y 4 de dicha Orden resultan incompatibles con el reparto de competencias previsto en la Constitución, en concreto, con la competencia exclusiva del Estado sobre la "legislación sobre productos farmacéuticos" -concepto que comprende tanto la función legislativa como reglamentaria-, pues la disposición general impugnada en la instancia pretende ser una suerte de desarrollo de la Ley 29/2006, de 26 de julio, sobre garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, lo que vulnera la competencia exclusiva del Estado en esta materia, que es independiente de la competencia estatal, sobre las "bases y coordinación general de la sanidad". Teniendo en cuenta que las actividades de "adaptación" y "manipulación" de medicamentos que ampara la Orden en cuestión -permitiendo la creación de esas estructuras que intermedian en el proceso de suministro de medicamentos- pueden incidir en la seguridad de los productos farmacéuticos y en las garantías a que debe someterse esa actividad potencialmente peligrosa. El contraste con la Ley 29/2006 conduce, igualmente, a la conclusión de nulidad de la Orden 14/2010.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 69
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución