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14ortiz de rozas
Dechos Del Paciente
Derechos de Tercera y Cuarta Generacion
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Justificaciones a La Intervencion
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CRONOGRAMA 4° PERIODO 2015
Los Derechos Humanos en El Marco Personal
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La Importancia de La Educacion-rios Patio
Serie Derechos Humanos. Derechos Humanos.
Textos preparados por el equipo docente y de
Nº 2 Derechos humanos en el ámbito internacional. Depósito legal lf78320103002167 ISBN 978-980-14-1257-1
investigación de la Fundación Juan Vives Suriá.
© Defensoría del Pueblo, 2010 © Fundación Juan Vives Suriá, 2010 Av. Urdaneta, Centro Financiero Latino, piso 27, Caracas-Venezuela, 1010. Teléfonos: (0212) 5053162 / 5053080
fundacionjuanvivessuria@defensoria.gob.ve
Gabriela del Mar Ramírez Pérez, Defensora del Pueblo
Wendy Carolina Torres Roa Directora General (E)
Responsables Enrique González Pablo Fernández Coordinadora académica Lilian Montero
© Fundación Editorial El perro y la rana,2010 Centro Simón Bolívar.Torre Norte,piso 21, El Silencio,Caracas -Venezuela,1010. Teléfonos:(0212) 7688300 / 7688399.
atencionalescritor@yahoo.es
Luisana Gómez Rosado
Silvia Orozco Pabón
Las citas de autoras y autores son incluidas con el único propósito de apoyar la lectura del texto. La fundación asume la
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Diseño gráfico y diagramación Ángela Rodríguez Torres Fotografía de portada Francisco Elías Prada Serie Sueños en el Exilio, Somos uno. We are one, N.Y, N.Y, 1999 ojosilegales@yahoo.com franciscoeliasprada.photoshelter.com/
responsabilidad por la veracidad en la atribución de las citas y fuentes. Para consultar las fuentes completas ponerse en contacto con:
El conocimiento es patrimonio de todas y todos. Si esta publicación deja de serte útil, no la botes. Compártela
Nota editorial Fundación Editorial El perro y la rana
El reconocimiento de los derechos humanos en leyes nacionales e internacionales ha significado un importante cambio de paradigma en las
relaciones de poder entre actores sociales y Estado y entre los pueblos de
la región y del mundo. Su conquista es el producto de luchas sociales que
se reiteran a través del tiempo, y significa una garantía legal para asegurar
la plena inclusión social, política y cultural de todos los hombres y mujeres
a la dinámica cotidiana de una sociedad. No obstante, la historia reciente
de violaciones a derechos por el Estado y también por particulares así como el reto de asegurar la plena justicia social e igualdad entre todas las personas evidencian que el logro de sociedades respetuosas de los derechos humanos es una exigencia vigente para los Estados y para el conjunto de nuestros pueblos.
En el contexto de ese desafío, la Fundación Juan Vives Suriá de la Defensoría del Pueblo ha desarrollado una serie de títulos de educación en derechos humanos, que edita en conjunto con la Fundación Editorial El perro y la rana. El propósito de esta colección es facilitar el manejo de los conceptos básicos de los derechos humanos en general, así como los derechos de sectores específicos como niños, niñas y adolescentes y mujeres. Con estas publicaciones, ambas instituciones aspiran aportar a sus lectoras y lectores herramientas de formación para la construcción de una cultura crítica en derechos humanos.
Fundación Juan Vives Suriá
La Fundación Juan Vives Suriá fue constituida en el año
2008,mediante Gaceta Oficial de la República Bolivariana deVenezuela Nº 38.945, con el fin de fomentar, impulsar
y promover la educación en derechos humanos y
la investigación académica, además de fortalecer las políticas de la Defensoría del Pueblo en el ámbito educativo.
Lleva el nombre del Padre Juan Vives Suriá en homenaje a quien fuera un ejemplo a seguir en la lucha contra las violaciones a los derechos humanos y en pro de la justicia y la paz, principalmente de las personas en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación.
La Fundación propone aportar herramientas de formación y educación crítica en derechos humanos, en consonancia con los postulados ideológicos de los nuevos procesos constituyentes desarrollados en Latinoamérica.
Contribuir con la construcción de una cultura crítica y liberadora de derechos humanos para fortalecer los procesos de cambio social protagonizados por los pueblos de Venezuela, América Latina
y el Caribe, dirigidos a la transformación de los valores, las relaciones
y los modos de vida, tanto en el ámbito público como privado, para el logro de sociedades justas, plurales, a favor de la paz y realmente
Desarrollar estrategias de educación, investigación y divulgación desde un enfoque crítico de los derechos humanos, dirigidas a todas las personas, comunidades, organizaciones, movimientos sociales e instituciones del Estado, con el fin de contribuir con la transformación social fundamentada en los valores de justicia social, equidad, igualdad, libertad, cooperación, solidaridad, honestidad y corresponsabilidad desde la construcción de expresiones significativas.
Presidenta Gabriela del Mar Ramírez Pérez Defensora del Pueblo
Consejo Académico Juan Rafael Perdomo Magistrado.Vicepresidente de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia Levis Ignacio Zerpa Magistrado. Integrante de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia Pablo Fernández Coordinador de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz Cristóbal Cornieles Asesor de la Defensoría del Pueblo y corredactor de diferentes proyectos de ley y publicaciones Carlos Molina Director General de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo Alba Carosio Directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela. Investigadora y docente Dirección General Wendy Carolina Torres Roa (E)
1 DEREChOS hUMANOS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
• Derecho internacional y derechos humanos
• Naturaleza del derecho internacional
• Derecho internacional de los derechos humanos
2 hISTORIA CRíTICA DEL DEREChO INTERNACIONAL
• Antecedentes de las Naciones Unidas
• Organización de Naciones Unidas
• El derecho internacional en América Latina
• Antecedentes de un derecho internacional latinoamericano
• OEA: del principio de no intervención a la Carta Democrática
3 NORMAS Y MECANISMOS DE DEREChOS hUMANOS
• Principales normas de los sistemas internacionales
• Normas de la ONU, o “sistema universal”
• Normas de la OEA, o “sistema interamericano”
• Mecanismos internacionales de derechos humanos
• Mecanismos de la ONU
• Sistema interamericano
GLOSARIO DE AUTORAS Y AUTORES
Derechos humanos en el ámbito internacional
En 1948, la recién creada Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mediante la cual los Estados de la organización se comprometían a respetar los derechos humanos enunciados a las personas bajo su jurisdicción. Hasta entonces, el Derecho Internacional se había desarrollado en torno a las relaciones entre Estados. Con la adopción de la Declaración, se consolidaría en las próximas décadas una rama del Derecho Internacional centrada en los derechos de la persona.
El reconocimiento internacional de derechos humanos, inspirado en las declaraciones de derechos de finales del
Siglo XVIII, tuvo inicialmente un carácter declarativo, exento de fuerza jurídica. Desde entonces, esta rama del derecho internacional ha conocido un amplísimo desarrollo de normas
y mecanismos, cuyo objetivo formal es procurar el respeto a
los derechos reconocidos, así como desarrollar mecanismos jurídicos internacionales para supervisar el cumplimiento de obligaciones por parte de los Estados.
Paralelamente,los derechos humanos se han convertido en un eje
central del discurso político internacional, llegando a convertirse en rasero para medir la idoneidad de terceros países y en motivo para la justificación de intervenciones bélicas en nombre de su defensa –las llamadas “intervenciones humanitarias”–. Asimismo, se han convertido en una herramienta fundamental en las luchas de los pueblos y movimientos sociales que reivindican
la transformación de realidades omitivas de derechos, en base
a las demandas de dignidad de las comunidades humanas y los
acuerdos formales orientados a protegerlas.
Este folleto explora la naturaleza del Derecho Internacional y las principales normas y mecanismos existentes en la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, planteando una revisión crítica del proceso histórico de conformación de ambos organismos, como tarea necesaria para analizar los retos que plantea la defensa y protección de los derechos humanos desde el ámbito internacional.
Naturaleza del derecho internacional
E l derecho internacional está conformado por el conjunto de normas y mecanismos que se orientan a regular
las relaciones internacionales y los deberes y derechos de cada Estado, así como de los sujetos privados –empresas,
organizaciones y personas– cuya situación jurídica tiene impacto más allá de las fronteras nacionales. El derecho internacional público compromete a los Estados y obliga fundamentalmente
a éstos, mientras que el derecho internacional privado regula las relaciones entre actores privados.
El derecho internacional público se desarrolla en el ámbito
bilateral, que regula las relaciones entre dos estados, y en el ámbito multilateral, mediante la creación de organismos en los que confluyen un número variable de Estados, normalmente asociados por regiones o por áreas de interés (como el caso de
la Unión Postal Mundial o la Interpol).
Estas organizaciones están formalmente concebidas como espacios para las relaciones entre entidades presuntamente iguales –los Estados–, cuya naturaleza viene dada entre otros aspectos por la estabilidad de sus fronteras, población y autoridades, y por su reconocimiento internacional. Sus Cartas respectivas se articulan en torno al concepto primario de soberanía, el cual busca preservar la autoridad y el control nacional sobre los procesos políticos y económicos; enunciando como fin primordial la preservación de la paz entre las naciones –aunque bajo las mismas, tanto la soberanía nacional como la paz, hayan sido violentadas innumerables veces.
Los países que conforman una organización son sus Estados miembros,mientras que los que ratifican un determinado tratado son Estados partes de ese tratado. En ejercicio de su soberanía, cada Estado tiene el derecho de firmar y ratificar los tratados que considere apropiados, con lo cual se compromete a aplicarlos a
nivel nacional, mediante la adopción de medidas adaptadas a sus sistemas jurídicos nacionales; así como a someterse a supervisión externa por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Los Estados tienen el derecho de “denunciar” un determinado tratado, lo que les libera de sus obligaciones; e incluso de separarse de una organización de la que son miembros. A su vez, las organizaciones cuentan con mecanismos de sanción de Estados para aquellos que no cumplan con sus compromisos, que puede significar la suspensión de membresía y la expulsión.
Los organismos multilaterales de carácter general están conformados por los contratos que constituyen y rigen los sistemas existentes (llamados Cartas), por los pactos y tratados acordados en el marco de cada uno y por sus instituciones representativas y órganos administrativos y de gobierno. Los Estados que conforman un organismo son sus Estados miembros, mientras que los que ratifican un determinado tratado son Estados partes de ese tratado.
La etapa precursora del derecho internacional contemporáneo tiene lugar en paralelo a la consolidación de la influencia de las naciones europeas y de EEUU sobre el resto del planeta. Con la aparición de la ONU a finales de la primera mitad del siglo XX, surge un derecho internacional de vocación universal, que abarca la práctica totalidad de naciones, Estados y territorios del mundo, y que incluye mecanismos relativamente estables de representación y administración.
La ONU es un organismo multilateral de carácter “universal”, al aceptar la membresía de Estados reconocidos en cualquier región del planeta.Adicionalmente, distintas regiones del mundo han desarrollado sus propios sistemas multilaterales de derecho internacional, destacando en el hemisferio la Organización de Estados Americanos (OEA); así como otros sistemas subregionales (Mercosur el Consejo Andino de Naciones o más recientemente, ALBA y Unasur).
El derecho internacional de los derechos humanos es una rama especial del derecho internacional público, que surge con la adopción por la Asamblea General de la ONU de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la cual da lugar al denominado “sistema internacional” o “sistema universal de derechos humanos”. Sus dos principales antecedentes son las convenciones que regulan el llamado derecho humanitario y las normas de derecho laboral internacional.
El derecho humanitario o derecho de guerra regula el comportamiento de las naciones y terceras partes en los conflictos armados,acordado a comienzos del siglo XX mediante los Convenios de La Haya, actualizados luego de la Segunda Guerra Mundial mediante los Convenios de Ginebra. El derecho humanitario tiene diferencias esenciales con el derecho de los derechos humanos, pues regula sólo lo relativo a la guerra y los conflictos armados. No obstante, incluye disposiciones para la protección de los derechos de la población civil. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo desarrolla normas de derecho laboral, libertad sindical y seguridad social, entre otras áreas, tratándose del organismo de derechos humanos de mayor antigüedad, creado en 1917.
Mecanismos multilaterales
Desde la aprobación de la Declaración Universal, se ha desarrollado en el seno de la ONU un marco normativo muy amplio que codifica derechos humanos y desarrolla mecanismos para la supervisión del cumplimiento de los acuerdos ratificados por los Estados. Se han acordado múltiples declaraciones, pactos, convenios y otros instrumentos jurídicos que dan base legal a la dinámica internacional de los derechos humanos, y que los Estados han ido asumiendo en mayor o menor medida,
no sin que medien dificultades o diferencias en cuanto a su aceptación y cumplimiento e incluso, sobre la legitimidad de su origen y formulación.
Existen asimismo mecanismos de derechos humanos regionales, desarrollados en el marco de organismos multilaterales de carácter regional: como el llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que surge en el seno de la OEA; así como los del Consejo de Europa (1949), Unión Africana (1963),
Organización de la Conferencia Islámica (1971) y la Liga de Países Árabes (1945). Cada uno de ellos presenta sus particularidades
y limitaciones. A su vez, hay mecanismos que se ocupan de
temas concretos, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que tiene mecanismos vinculados con el derecho a la educación, la no discriminación y la libertad académica, entre otros.
El derecho internacional de los derechos humanos está
orientado a establecer un orden de reconocimiento de derechos
y obligaciones correlativas acordado por los Estados de cada
organismo multilateral, que rebase las fronteras de su jurisdicción. Para ello, desarrolla estándares de derechos reconocidos y obligaciones correlativas para su aplicación en el orden interno y establece mecanismos para supervisar su cumplimiento.
Por encima de los mecanismos de derechos humanos, se encuentran los órganos políticos y legislativos de cada sistema (como el Consejo de Seguridad en la ONU o el Consejo Permanente en la OEA, así como sus Asambleas Generales respectivas), los cuales toman decisiones que tienen impacto directo sobre situaciones de derechos humanos y sobre el desarrollo del propio sistema normativo. La ONU cuenta a su vez con el Consejo de Derechos Humanos, organismo representativo con competencia general en el área.
La aplicación de medidas para el respeto y garantía de los derechos humanos es responsabilidad de cada Estado. En ese sentido, la protección internacional es subsidiaria respecto de su protección en el ámbito interno. Por ello, los tratados y la actividad de los órganos de supervisión se centran en identificar el alcance de las obligaciones que los Estados deben asumir. Asimismo, como principio general, sólo se puede acceder a los mecanismos de derechos humanos para denunciar violaciones luego de que se han agotado las instancias internas para su reparación.
Los derechos humanos son ley en Venezuela
La Constitución de la República Bolivariana deVenezuela dota al país de un marco constitucional basado de manera predominan- te en el respeto y garantía de los derechos humanos, así como en la profundización de nuevas formas de democracia participativa. De acuerdo al artículo 23 de la Constitución, los tratados, pac- tos y convenciones de derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, “tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”. Esto implica que dichos tratados son de obligatorio cumplimiento para todos los órganos del Estado venezolano y es su deber garantizar su efec- tivo cumplimiento.Venezuela ha suscrito y ratificado la mayoría de instrumentos internacionales en la materia para incorporar- los a su ordenamiento legal interno, sin embargo, aún hay mu- chos instrumentos que no son parte de la legislación nacional.
Doctrina de las obligaciones
La obligación fundamental de los Estados es que adopten medidas para dar efectividad a los derechos reconocidos. Cada Estado tiene el derecho de decidir cuáles son los medios más adecuados para cumplir con sus obligaciones, pero esos medios
deben orientarse a asegurar el respeto, realización y protección de los derechos reconocidos en los términos de cada tratado.
La doctrina más reciente de derechos humanos establece tres tipos genéricos de obligaciones: las obligaciones de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. En todos los casos, aplica la prohibición de no discriminación.
• Obligación de respetar: obliga a la restricción del poder estatal para garantizar que no se vulneren o lesionen los derechos protegidos; y a la adecuación del sistema jurídico, para asegurar su efectividad.
• Obligación de proteger: obliga al Estado a prevenir las violaciones a derechos humanos por parte de funcionarios públicos y de personas privadas.
• Obligación de realizar: obliga a adoptar medidas y asignar recursos necesarios para la satisfacción de los derechos humanos básicos.
• No discriminación: apunta a garantizar el respeto y garantía de los derechos reconocidos en condiciones de igualdad y sin incurrir en actos discriminatorios.
Existen supuestos bajo los cuales los derechos humanos pueden ser limitados. En circunstancias normales, las restricciones están sujetas a sus propios límites y deben orientarse a garantizar la máxima protección al individuo, sin que pueda afectarse el contenido esencial del derecho limitado. Bajo circunstancias excepcionales, el Gobierno puede restringir o suspender ciertas garantías,pero existen condiciones necesarias para garantizar que no se dé lugar a abusos. En ese sentido, la suspensión de garantías está orientada a modificar los límites legales de la actuación del orden público, pero no a suprimirlos enteramente. Entre otras
condiciones generales que deben respetarse se encuentran: la estricta necesidad, la proporcionalidad (sólo cabe suspender las garantías que corresponda en atención a la situación de emergencia), la temporalidad (sólo deben suspenderse por el tiempo estrictamente necesario), respeto al núcleo esencial de los derechos humanos, y la publicidad (publicación amplia del acto de suspensión).
La doctrina liberal defiende que la responsabilidad de respetar los derechos humanos es exclusivamente de los Estados, pues éstos asumen sus obligaciones constitucionales y ratifican los tratados internacionales, mientras que las personas privadas no
han vinculado a través de dichas normas. No obstante, desde
fundación, el derecho internacional establece parámetros de
responsabilidad de actores privados, comenzando por la OIT, que es un sistema de responsabilidades compartidas entre sector público y sector privado, para la protección de la libertad sindical y los derechos de los trabajadores –el sector más expuesto a los abusos de poder en las relaciones laborales.
A su vez, dos documentos fundacionales crean deberes para
todos los actores de las dinámicas sociales. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre incluye un amplio capítulo de deberes humanos y establece que los “derechos de cada hombre están limitados por los derechos de
los demás,por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático”. Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad; y que nada en la Declaración confiere “derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades
o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”.
En décadas recientes, se ha impulsado una revisión crítica del derecho internacional para precisar las responsabilidades en derechos humanos de actores privados en situación de abuso de poder. Es el caso de los derechos de niños y niñas y adolescentes, los derechos de las mujeres, los delitos privados vinculados con otros derechos humanos y la actividad empresarial transnacional, que impacta sobre el ambiente, los derechos laborales y la supervivencia de los pueblos indígenas.
Esta dinámica cuenta con la oposición de actores de poder, públicos y privados, que buscan garantizar un régimen de impunidad de los delitos de estos últimos. No obstante, el debate se ha ido abriendo paso a nivel internacional, y de manera más determinante en países como Venezuela, al denunciarse la responsabilidad de actores privados en la violación directa e indirecta a derechos humanos, así como en su influencia para determinar la actuación de los poderes públicos.
Obligaciones negativas y positivas
La doctrina liberal sustenta la supremacía de los derechos civiles y políticos, entre otros aspectos, en la oposición entre obligaciones negativas o de abstención –que corresponderían a estos derechos y tendrían efecto inmediato–, y las obligaciones positivas o de hacer –que corresponderían a los derechos económicos, sociales y culturales y los convertirían en no exigibles ante los tribunales.
Los derechos sociales apuntan a la existencia de condiciones de vida y de acceso a bienes materiales y culturales que garanticen el desarrollo en dignidad de todo individuo y colectivo. Dadas las condiciones de necesidad de grandes sectores de la población, su efectividad requiere de la adopción de medidas y la asignación de recursos para garantizar su justa distribución. Sin embargo, la mayoría de derechos civiles y políticos conllevan asimismo múltiples obligaciones positivas:el sufragio requiere de un costoso sistema de votación, las garantías judiciales requieren de un
costoso sistema judicial, la protección de la seguridad ciudadana requiere de servicios de policía, la atención a las personas privadas de libertad requiere de un sistema penitenciario, etc. En cualquier caso, la defensa de la interdependencia de todos los derechos humanos es la base para impulsar su efectiva vigencia.
ONU. Relatora Especial sobre venta de niños: “El derecho internacional de derechos humanos hace ya mucho tiempo que impone obligaciones directas al sector privado… los cambios en el derecho laboral en los planos internacional, regional y nacional, en la legislación relativa a los derechos del niño así como las últimas tendencias en el desarrollo del derecho penal internacional demuestran que las actividades de las entidades privadas, ya sean individuos o empresas, no quedan completamente excluidos de la aplicación del derecho internacional de derechos humanos”.
ONU. Representante Especial sobre derechos humanos y empresas trasnacionales: “Los antiguos argumentos doctrinarios sobre si las empresas podían ser “sujetos” de derecho internacional, que impedían el pensamiento conceptual sobre esta cuestión y la atribución de responsabilidad jurídica directa a las empresas, están dejando paso a nuevas realidades. Cada vez más se considera a las empresas como “participantes” a nivel internacional, con capacidad de asumir derechos y obligaciones en derecho internacional”.
ONU. Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Aunque solamente los Estados son partes en el Pacto
y son, por lo tanto, los responsables últimos del cumplimiento de
éste, todos los miembros de la sociedad, a saber, los particulares, las familias, las comunidades locales, las organizaciones no
gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial privado, son responsables de la realización del derecho
a una alimentación adecuada… El Estado debería crear un medio que facilitara el ejercicio de esas responsabilidades”.
ONU. Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Todos los integrantes de la sociedad –particulares, incluidos los profesionales de la salud, las familias, las comunidades locales, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y el sector de la empresa privada–, tienen responsabilidades en cuanto a la realización del derecho a la salud”.
Historia crítica del derecho internacional2
E l desarrollo del derecho internacional está estrechamente vinculado con la historia de los pueblos y naciones del
mundo, y con las relaciones de poder a escala regional y mundial. En ese sentido,los sistemas internacionales vigentes son producto de la correlación de fuerzas derivada de la actual etapa de la historia de la humanidad,caracterizada desde sus orígenes por los
efectos de la expansión imperialista de las potencias occidentales
y la predominancia de sus intereses y modelos político-jurídicos
a escala global. Como consecuencia, las principales instituciones
vigentes, incluida la ONU, son herederas del sistema colonial, y sólo desde esa perspectiva puede abordarse la superación de las contradicciones de un sistema que se orienta formalmente a promover la paz mundial y los derechos humanos.
Bartolomé Clavero: El derecho internacional ha sido entitativamente colonialista y no acaba de dejar de serlo. La historiografía más general del derecho internacional, al empecinarse en ignorar su estrecha vinculación al colonialismo, no es más que pura ficción… Hasta el día en el que los derechos humanos y la doctrina correspondiente no suelten franca, completa y definitivamente el lastre colonial de la antropología supremacista no se producirá un arranque sostenido de una narrativa solvente de los derechos humanos.
Issa G. Shivji: El discurso ideológico de derechos humanos constituye uno de los principales elementos de la armazón ideológica del imperialismo. Sin embargo, desde el punto de vista del pueblo africano, las luchas de derechos humanos constituyen la esencia de sus vidas diarias. Por estas dos razones interconectadas, el discurso de derechos humanos tiene que ser sometido a un escrutinio histórico y político más exhaustivo El objetivo no es, por decirlo así, desechar el discurso de derechos humanos. El objetivo es reconstruir la ideología de derechos humanos para legitimizar y movilizar las luchas de los pueblos.
Con los Tratados de Westfalia (1648), los estados nacientes de Europa central inauguran un sistema inestable de pactos internacionales, marcado por las negociaciones y las guerras de conquista. En los siglos siguientes, las potencias europeas –y posteriormente, EEUU amplían su expansión colonial hasta colocar bajo su dominio la mayoría de las naciones del planeta.
Paralelamente, el pensamiento liberal enuncia los “derechos del
hombre”, y a finales del siglo XVIII, las revoluciones liberales en Francia y EEUU desbaratan las bases del poder absoluto de
la nobleza y proclaman las cartas de derechos y la supuesta
“igualdad” de todos los “hombres”. No obstante, esta igualdad será concedida de acuerdo al interés de los sectores de poder dominantes, tanto a lo interno de las sociedades europeas, como en su relación con pueblos de otras latitudes.
La expansión colonial conoce un nuevo impulso en la segunda mitad del siglo XIX con la Conferencia de Berlín, en la que las
potencias europeas se repartieron el territorio africano, donde practicaron la dominación de los pueblos y el genocidio, para asegurar la libre extracción y explotación de sus recursos
y acumular mayor poder en el concierto de las naciones “civilizadas”.
El modelo de pactos explotará por los aires durante la denominada Primera Guerra Mundial (1914-1918), cuyo origen responde a las pugnas de las potencias en su expansión colonial. Finalizada la guerra, las potencias vencedoras acuerdan el Tratado de Versalles, mediante el cual se crea la Liga o Sociedad de Naciones, como organización para “promover la cooperación internacional y alcanzar la paz y seguridad internacionales”. Su
conformación responde a la correlación de fuerzas derivada del final de la guerra, en un mundo colonial dominado por las potencias occidentales:
• La Liga estaba conformada por “potencias aliadas”, y abierta
a “todo Estado, dominio o colonia de gobierno propio” que
tuviera “intención sincera” de observar sus “obligaciones”.
• En los salones de la Sociedad, las potencias coloniales siguieron negociando el destino de pueblos y continentes
enteros, en total desconocimiento de las aspiraciones de paz
y autodeterminación de más de la mitad de la humanidad.
• Hasta 1922, la mayoría de naciones que conformaron la Liga libraron una guerra no declarada contra la Unión Soviética, donde la revolución socialista amenazaba con alterar el dominio colonial de las potencias capitalistas.
El Tratado de Versalles permitía a sus miembros mantener otros compromisos internacionales “destinados a asegurar el mantenimiento de la paz”, entre los cuales señala explícitamente “las inteligencias regionales como la doctrina de Monroe”. También acordaba que las colonias y territorios “habitados por pueblos aún incapaces de regirse por sí mismos en las condiciones particularmente difíciles del mundo moderno”, se regirían por el principio de que su bienestar y desarrollo “constituyen una misión sagrada de civilización”. De ello se derivaba el principio de “confiar la tutela de esos pueblos a las naciones adelantadas que, gracias a sus recursos, a su experiencia o a su posición geográfica, son las más indicadas para asumir esa responsabilidad”.
El Tratado de Versalles también dio lugar a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como organismo para la regulación de las relaciones de trabajo. Si bien su creación se justificó en base a un discurso de justicia social, la verdadera
motivación de las potencias occidentales que la impulsaron era defender la estabilidad del modelo capitalista y frenar la expansión del socialismo.
• Como afirma su Constitución, “la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social”, pero “existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones… que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales”. De ahí que, movidos por los “sentimientos de justicia y de humanidad” y “el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo”, los Estados parte decidieran constituir la OIT.
En sus primeras etapas la OIT acordó normas sobre el derecho de asociación, de regulación del horario de trabajo; recomendando una jornada no superior a 40 horas semanales, de regulación de sectores como el trabajo marítimo, minero o portuario, de prevención de accidentes de trabajo, de protección de niños y niñas y de mujeres frente a actividades peligrosas, y de protección de la maternidad, entre otras.
No obstante, diversas normas reforzaban su condición de organismo de un sistema colonial, legitimando el “trabajo forzoso u obligatorio” en los territorios coloniales (Convenio C29, de 1930) y el “reclutamiento” de poblaciones indígenas de las colonias “que no ofrezcan espontáneamente sus servicios” (Convenio C50, de 1936).
La mayoría de las normas adoptadas por la OIT antes de la constitución de las Naciones Unidas han sido actualizadas con el tiempo, recogiendo nuevos y mejores estándares de trabajo. No obstante, también se han producido retrocesos: el mismo año de su creación, la OIT convino una Recomendación que instaba a reconocer los mismos derechos laborales a los y las trabajadoras migrantes (R2, 1919), la cual fue “retirada” en el año 2004.
Antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones había dejado de servir para ordenar las relaciones entre las potencias dominantes. No obstante en 1942, el gobierno de EEUU entra en la guerra y utiliza por primera vez el término “Naciones Unidas”, para referirse a los países que se sumaban a la alianza contra las potencias lideradas por la Alemania nazi.
En 1945, los países vencedores de la guerra organizaron la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organizaciones Internacionales, en San Francisco (EEUU), para impulsar la constitución de una nueva organización internacional sucesora de la Liga de Naciones. El documento constitutivo de la ONU, denominado Carta de San Francisco,entró en vigor en octubre de 1945 y coincide con la etapa final del proceso de colonización:
• La Carta de la ONU fue suscrita por 51 países, incluyendo las repúblicas latinoamericanas. El resto del mundo estaba sometido al dominio colonial de las grandes potencias y carecía de entidad nacional independiente.
• En décadas posteriores, las potencias coloniales que lideraron la conformación de la ONU utilizaron su poderío militar y económico para mantener el régimen colonial; sólo la determinación de pueblos y dirigencias permitió la independencia progresiva de decenas de naciones, a costa del sacrificio de incontables vidas y pérdidas materiales.
• El proceso de descolonización, todavía inconcluso, ha llevado a la organización a estar conformada por 192 Estados en la actualidad. Desde entonces, se han producido numerosas guerras de invasión por las grandes potencias, así como por otros países beligerantes en completo desconocimiento del derecho que aseguran defender o representar.
Eduardo J. Arnoletto: “La necesidad de convivir y el resultado negativo que suele arrojar el análisis costo-beneficio de la guerra, lleva a los Estados a buscar alianzas, y a configurar sistemas de Estados, que intentan encontrar formas de equilibrio entre las potencias, y de neutralizar tendencias hegemónicas, lo que paradojalmente le otorga cierta eficacia al derecho internacional público siempre que no roce los intereses centrales de las grandes potencias”.
Peter Gowan: “La declaración del principio de igualdad soberana de todos los Estados efectuada en la conferencia de San Francisco y su apertura a la potencial incorporación de todas las naciones contenía el atractivo mensaje de que algún día podría incluir a representantes de los pueblos del mundo entero. Esto ha dado a la ONU un aura popular única: no de democracia política, y menos de justicia social, pero sí al menos de inclusión planetaria”.
La Declaración Universal y su desarrollo
La Declaración Universal de Derechos Humanos fue desarrollada
por un equipo de expertos, discutida a lo interno de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por representantes estatales
y sometida a votación el 10 de diciembre de 1948, ante una Asamblea General conformada por 69 Estados.
La Declaración representa un compendio de filosofía política
liberal con concesiones a las doctrinas sociales, por medio del reconocimiento de derechos como la educación, la salud y la seguridad social. En su preámbulo, se afirma que responde a
la voluntad de evitar los horrores de la guerra y las violaciones
masivas de derechos humanos. Para ello, propone un orden moral que comprometería a los Estados a reconocer los
derechos humanos como inherentes a toda persona y a respetar
y garantizar su ejercicio efectivo.
La doctrina sugiere que la conciencia de la humanidad había evolucionado lo suficiente como para llegar a un acuerdo
universal que recogiera el compromiso de todos los países de respetar la vida y la dignidad de las personas y garantizar la paz y la justicia. No obstante, si bien tras la Segunda Guerra Mundial se implementaron los Juicios de Nuremberg para aplicar justicia respecto de los horrores de los vencidos (los nazis), los cometidos por las propias fuerzas vencedoras en la guerra fueron completamente silenciados, incluyendo algunos de los bombardeos más mortíferos de la contienda, entre ellos, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki.
Adicionalmente, el párrafo segundo del artículo 2 de la Declaración legitima las diversas formas de limitación de la soberanía de los pueblos bajo el colonialismo, al establecer que los derechos también serán de titularidad de las personas sometidas a cualquier forma de administración externa. De esta forma, la Declaración se constituye en un instrumento de
continuidad del régimen colonial, al someter el reconocimiento de los derechos humanos de la mayoría de la población mundial
a las decisiones de las potencias imperiales y al legitimar su
práctica histórica de negación de la soberanía de los pueblos.
Tras la aprobación de la Declaración, se promovió en el seno de
la ONU el desarrollo de un instrumento vinculante del que se
desprendieran obligaciones jurídicas para los Estados para hacer efectivo el nuevo régimen internacional de derechos humanos. Durante los siguientes 20 años, se produjo un complejo debate en el seno de la ONU: mientras los países que defendían el modelo capitalista de sociedad proponían limitar el alcance del tratado a derechos civiles y a los vinculados con la democracia electoral representativa, el bloque socialista propugnaba la necesidad de reconocer asimismo derechos sociales.
La polarización impactó finalmente sobre el desarrollo del debate al acordarse dos tratados separados: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales fueron adoptados en 1966, aunque entrarían en vigencia en 1976.
Desde entonces, las normas adoptadas se han expandido notablemente,para dar lugar a un cuerpo de leyes internacionales de gran valor a la hora de diseñar medidas para la mejora de las condiciones de vida y de dignidad de la población. No obstante, las relaciones de poder a lo interno de los órganos políticos de la ONU han hipotecado sistemáticamente la utilidad de la interpretación ética y equilibrada de las políticas de gobiernos que puedan adelantar los mecanismos técnicos del sistema.
En el año de creación de la ONU, menos de la mitad de los
países que conformaron la organización (25 de 51) reconocían
a las mujeres el derecho a la participación política. En 1946, el Ecosoc creó la Comisión sobre la Condición de la Mujer, como órgano para promover los derechos humanos de las mujeres,
y en 1952, la ONU adoptó la Convención sobre los Derechos
Políticos de la Mujer. Un año antes, la OIT había adoptado una convención sobre igual remuneración de hombres y mujeres para igual trabajo, y en años siguientes, la ONU adoptó instrumentos vinculados con el reconocimiento de los derechos civiles de las mujeres (nacionalidad, matrimonio).
Como afirma la propia comisión, en los años 60 y 70 “se produjeron cambios profundos en la ONU”, debido a la emergencia de naciones recientemente independizadas, lo que derivó en que la organización comenzara “a ampliar su foco para incluir las preocupaciones de las naciones en desarrollo”. En 1967, se adoptó la Declaración para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que daría paso en 1979 a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Este instrumento ha sido ampliamente utilizado por movimientos de mujeres de todo el mundo, con resultados desiguales, para avanzar en una agenda de cambios orientada a asegurar la dignidad de la mujer en sociedades estructuralmente organizadas bajo distintas formas de patriarcado. Si bien se han producido numerosos avances en múltiples ámbitos y naciones,
hoy día todavía se les niega la igualdad de derechos, mientras que se ven sometidas a distintas formas de violencia.
Anne Sophie Berche, Alejandra María García y Alejandro Mantilla: El pensamiento liberal es un producto histórico y cultural
de la filosofía y de la política occidentales, que excluye otras culturas y grupos… el pensamiento liberal encumbra un imperialismo o una dominación cultural. El multiculturalismo denuncia la manera con la que, con la pretendida universalidad, se invisibilizaron las diferencias existentes entre varios grupos y con ello se acallaron los derechos
y también se silenciaron otras miradas y voces diferentes a la racionalidad occidental liberal.
Boaventura de Souza Santos: El sello occidental en el discurso dominante de los derechos humanos puede ser detectado en muchos casos: en la Declaración Universal de 1948, que fue redactada sin la participación de la mayoría de los pueblos del
mundo; en el reconocimiento exclusivo de los derechos individuales,
con la excepción del derecho colectivo a la autodeterminación
la prioridad dada a los derechos civiles y políticos sobre los derechos
económicos, sociales y culturales, y en el reconocimiento del derecho
a la propiedad como el primer, y por muchos años único, derecho económico.
Joaquín herrera Flores: Los procesos de derechos humanos han
ido atravesando por diferentes fases en función de su relación con
el despliegue de los procesos de acumulación capitalista: la primera
fase, cuyos orígenes están en las Declaraciones del siglo XVIII, se puede denominar la fase de los “derechos del ciudadano burgués”,
la cual fue perfectamente funcional, tanto para la destrucción de las
bases del Ancien Regime, como para la extensión colonialista e
imperialista de las potencias europeas. La segunda fase, iniciada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, con su énfasis en el carácter individual de los derechos y en la concepción ahistórica y esencialista de la naturaleza humana, la podemos denominar como la fase de los “derechos humanos individuales
y universalizados”. Su inserción en el periodo histórico de Guerra
Fría y en la construcción de la hegemonía norteamericana sobre el resto del mundo, fue perfectamente funcional para la fase de acumulación keynesiana del capital y el asedio a la forma socialista- comunista de relación política, jurídica y económica. Al “universalizar” su concepción esencialista de naturaleza humana como base de la victoria sobre los totalitarismos nazi y soviético, se pretendió poner
fin a la historia y, a partir de ahí, impedir cualquier tipo de alternativa
a la generalización social, política, económica y cultural de la nueva fase del capitalismo transnacional.
La doctrina del derecho internacional contemporáneo afirma que la estabilidad de los Estados y de los organismos internacionales que articulan sus relaciones otorga solidez al conjunto de normas y usos que lo conforman. No obstante, en la práctica, el núcleo de estabilidad de la ONU lo conforma el poder consolidado de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que se reservaron un puesto permanente y el derecho al veto de todas las decisiones en el Consejo de Seguridad de la ONU, su máxima instancia de Gobierno. Esta característica evidencia la naturaleza antidemocrática de un organismo orientado en principio a la defensa de los intereses de las grandes potencias:
En 1945, China fue representada en el Consejo de Seguridad por el gobierno nacionalista, que fue derrotado 4 años después por las fuerzas revolucionarias comunistas y desplazado a la isla de Taiwán. Hasta 1971, Taiwán formó parte de los cinco miembros permanentes del Consejo, pero desde esa fecha, la China comunista tomó su lugar y Taiwán fue expulsada de la ONU.
Desde los años 60, se han producido numerosas iniciativas para exigir el cese del derecho a veto de las cinco potencias en el Consejo de Seguridad. En cinco décadas, sólo se ha logrado ampliar a 10 el número de asientos no permanentes otorgados al resto de países, que son escogidos por regiones por períodos limitados y no tienen derecho de veto.
Una entidad nacional como Palestina, cuya constitución
debía derivarse de una resolución sancionada en 1947 por
propia ONU, carece de representación y de condiciones
para su constitución como un Estado estable; mientras que por décadas, EEUU ha bloqueado con su veto en el Consejo de Seguridad la demanda masiva de cumplir con el compromiso adquirido.
bloqueo económico de más de cuatro décadas contra la
República de Cuba ha sido condenado por la abrumadora mayoría de naciones de la Asamblea General, generando de tal manera una demanda planetaria ignorada totalmente por EEUU.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial fueron creados en 1945, como organismos adscritos a la ONU. Formalmente, están orientados a financiar de manera cooperativa el desarrollo y a “luchar contra la pobreza”. No obstante, si bien 189 naciones están actualmente representadas en el FMI, las decisiones son controladas por los países que más recursos aportan al mismo –el voto de EEUU equivale al 17%, lo que le otorga derecho
veto–. Como resultado de esta asimetría de poder,
ambas agencias han operado en la práctica en defensa
de los intereses económicos y políticos de las naciones acreedoras, calificando las políticas económicas de acuerdo a la ortodoxia neoliberal e imponiendo condicionamientos en los préstamos a naciones pobres que favorecen intereses transnacionales y que violan la soberanía nacional sobre los procesos económicos.
Boaventura de Souza Santos: “El discurso generoso y seductor
sobre los derechos humanos ha permitido violaciones inenarrables evaluadas y enfrentadas de acuerdo con estándares dobles que
Durante la Guerra Fría, los EEUU denunciaron
repetidamente las violaciones de los derechos civiles y políticos en los países del bloque soviético, mientras que perdonaban o incluso alentaban las violaciones de los mismos derechos en “países
Los EEUU han alentado violaciones internacionales de
provocan revulsión
derechos humanos y luego las han cubierto con razones geopolíticas notables, distribuidas por vía aérea a todo el mundo a través de un amistoso sistema de comunicación masiva.
Descolonización y democratización en la ONU
El inicio del proceso de descolonización e independencia de las naciones africanas y la mayoría de países asiáticos coincidió con la polarización entre el bloque capitalista y el bloque socialista, que incluyó numerosas guerras, un permanente clima de inestabilidad y el riesgo de conflagración nuclear.
En la Conferencia de Bandung (1957), un importante número de Estados emergentes del llamado Tercer Mundo fundaron el Movimiento de Países No Alineados, con el doble objetivo de marcar una agenda independiente de la polarización y de promover una alianza político-económica para el desarrollo social entre las naciones pobres. Estas nuevas voces en el escenario mundial promovieron la democratización de los espacios de deliberación en la esfera internacional, elevando demandas de
reconocimiento de derechos de autodeterminación política, económica y cultural de los pueblos, en el seno de asociaciones de naciones tercermundistas nacientes y a lo interno de la propia ONU.
Este proceso, que contó con la participación de naciones del bloque socialista, dio lugar al desarrollo de un derecho internacional descolonizador y de alto contenido social que desafió la hegemonía de las grandes potencias. Hasta entonces, la actividad de la ONU se había centrado en atender los intereses de las potencias industriales y el resto de países europeos, así como en las consecuencias del conflicto entre el bloque capitalista y el bloque soviético. Entre los años 60 y 80, se conformó un amplio cuerpo de normas orientadas a contestar las políticas de los centros de poder mundial. Esta dinámica fue adversada abiertamente por las potencias industriales, que no cesaron en su ensayo de evitar la democratización de la ONU y de las relaciones internacionales.
Vijay Prashad: Las naciones del Movimiento de Países no Alineados intentaron traer la democracia a la ONU, e incluso fueron capaces de expandirse a los distintos órganos y elevar sus voces acerca del club de países que dominaban sus procesos, pero no lograron grandes avances. El sistema, en cierto sentido, los había encerrado. Sin embargo, la ONU ofreció un foro crucial para que elTercer Mundo elevara el tema de la barbaridad colonial y usara la Asamblea General como un medio para difundir ante el mundo atrocidades previamente escondidas.
ONU. Carta de Derechos y Deberes Económicos de los
Estados (1974): Artículo 1. Todo Estado tiene el derecho soberano
e inalienable de elegir su sistema económico, así como su sistema
político, social y cultural, de acuerdo con la voluntad de su pueblo, sin injerencia, coacción ni amenazas externas de ninguna clase. Artículo 2. Todo Estado tiene y ejerce libremente soberanía plena
y permanente, incluso posesión, uso y disposición, sobre toda su riqueza, recursos naturales y actividades económicas.
ONU. Informe del Relator Especial sobre derechos económicos, sociales y culturales (1997): Los representantes de algunos países en desarrollo… no habían tenido en cuenta la determinación de los países desarrollados de socavar cualquier posible base que permita un orden económico mundial verdaderamente justo, donde los derechos económicos, sociales y culturales tendrían la oportunidad de ejercitarse.
Desarrollo, deuda y agenda neoliberal
Muchos países del sur adoptaron agendas de desarrollo que no tomaban en cuenta las necesidades y recursos locales, y que a menudo se guiaban por la reproducción de esquemas importados del norte y por la satisfacción de intereses de extracción de recursos de las potencias industriales. Estas dinámicas, en muchos de los casos impuestas desde el exterior por medio del FMI, el Banco Mundial y las agencias de desarrollo de la ONU, forzaron el endeudamiento masivo de los países del sur.
Desde los años 80, tanto ambas agencias como los bancos de desarrollo regionales han promovido las políticas económicas conocidas como el“consenso deWashington”,condicionando los préstamos a la aplicación de medidas neoliberales, orientadas a asegurar la privatización de servicios públicos y la concentración de recursos en manos privadas. La imposición de estas políticas
a las naciones endeudadas ha agravado situaciones de pobreza y de violación estructural de derechos humanos, que se han visto acompañadas a menudo con políticas represivas para contener la protesta social. Como resultado del endeudamiento, la dinámica de reivindicación del Tercer Mundo por un desarrollo autónomo se ha visto debilitada gravemente. A partir de los años 90, se impuso en casi todo el planeta la globalización de la agenda neoliberal.
Vijay Prashad: Al hacer alianzas con las viejas clases sociales y al adoptar la estructura burocrática colonialista, las nuevas naciones
se desviaron de la agenda del Tercer Mundo
capital político se mantuvo y el proyecto podría haber sobrevivido sus propios errores, sino fuera por el asalto frontal que recibió en los años 70. La crisis de la deuda y una política de reorganización planetaria impulsada por el Primer Mundo asesinó la agenda del Tercer Mundo.
Eric Toussaint: La política macroeconómica del Banco Mundial significa más privatizaciones en los países en desarrollo,y privatización quiere decir por una parte que empresas estratégicas de los países endeudados son compradas por las transnacionales del Norte, y por otra parte implica privatizar la salud, la educación y otro tipo de servicios fundamentales… Eso es totalmente contradictorio con la implementación de los derechos humanos a nivel planetario.
ONU. Informe del Relator Especial sobre las consecuencias de la deuda externa y el experto independiente sobre programas de ajuste estructural (2000): Dos decenios más tarde, muchos países están en peores condiciones que cuando comenzaron a aplicarse los programas de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial. Los costos sociales y ecológicos de estos duros programas de austeridad han sido sumamente elevados, y muchos países han experimentado una disminución notable de sus índices de desarrollo humano.
Las “intervenciones humanitarias”
En el contexto de la Guerra Fría, las intervenciones de las potencias industriales en terceros países fueron justificadas bajo el argumento de defensa de la soberanía de las naciones bajo su esfera de influencia, mientras se acusaba a los rivales de no respetar el principio de no intervención. No obstante, con el fin de la etapa de polarización mundial, se impulsó un debate orientado a relativizar la naturaleza de la soberanía, para asegurar el poder de intervenir en base a los derechos humanos. Este proceso ha derivado en el llamado “deber de protección”, principio mediante el cual se pretenden imponer agendas de agresión militar en base a la defensa de derechos humanos.
Desde finales de los 90, las potencias del norte, con EEUU a la cabeza, han llevado a cabo una serie de guerras en contra de naciones que no se comportan de acuerdo al modelo propugnado por Washington, que han sido calificadas de “intervenciones humanitarias”. Si bien en algunos casos existían evidencias de violaciones graves a derechos humanos por parte de los gobiernos derrocados, estas guerras se han adelantado en desconocimiento del derecho internacional consolidado y han arrojado nuevas y graves violaciones a derechos humanos de la población civil.
Peter Gowan: “Durante la década de 1990 EEUU y sus socios europeos trataron de modificar el discurso tradicional de la ONU, argumentando que la soberanía no podía ser incondicional, sino que debía entenderse como una licencia revocable otorgada a los Estados por la «comunidad internacional», que se les podía retirar según el comportamiento de su régimen interno. Si un Estado no cumplía las normas internacionales apropiadas, podía verse sometido a un bloqueo o una invasión”.
Danilo Zolo: “Cabe dudar de que la tutela de los derechos de libertad pueda ser transferida sin riesgos a organismos burocráticos o judiciales de las Naciones Unidas, cuya imparcialidad no puede ciertamente superar a un Consejo de Seguridad dominado por los privilegios y el poder de veto de algunas grandes potencias”.
Franz J. hinkelammert: “Este tipo de política de derechos humanos sólo la puede hacer un país que tiene el poder para hacerla necesita tanto el poder militar correspondiente como el poder sobre los medios de comunicación. Teniendo estos poderes, la política de los derechos humanos y la imposición del poder se identifican. Todo lo que se le antoje al poderoso lo puede hacer, y todo eso será la imposición legítima de los derechos humanos a sus adversarios”.
El derecho internacional en América Latina
La era colonial como origen de nuestro “derecho internacional”
Una historia crítica del “derecho internacional” contemporáneo en América Latina debe partir de la revisión del proceso histórico que la ha conformado como entidad continental con raíces comunes. Por ello, debe reconocer sus antecedentes en la llegada de los europeos a estas tierras y el desarrollo de un sistema colonial basado en el abuso ilimitado de poder.
En América Latina, el llamado Derecho de Indias legitima la conquista y el genocidio que la acompaña, en base a un presunto derecho divino de evangelización y conquista, y el derecho de la corona española de repartir y administrar para provecho propio la voluntad, la fuerza de trabajo y las propiedades comunes de los pueblos nativos. En el norte, la expansión se basa en el derecho de los colonos a asentarse en tierras ajenas y a expandirse a costa de las tierras comunes y la existencia como pueblos de las naciones que poblaban el continente.
De ahí se deriva un proceso de expropiación cultural y material y de imposición de un derecho ajeno a los pueblos originarios de las tierras usurpadas, que cobrará proporciones de genocidio continuado. A ello se suma el derecho que regula el tráfico de esclavos desde África al continente americano, que someterá al rapto, explotación ilimitada y genocidio espiritual a decenas de millones de nativos del continente africano.
Yobenj Aucardo Chicangana-Bayona: Los intentos hechos al aplicar la concepción aristotélica de la esclavitud natural y la guerra justa contra los nativos llevaron a agitados debates en Europa, especialmente en España, porque se pensaba que esta clase de hombres, los indígenas, fue hecha por la Naturaleza para ser esclavos al servicio de señores nacidos libres de una vida de trabajo manual. Autoridades… también concluían que los indígenas eran de hecho tan rudos y brutales que era “oportuna y legal” una guerra contra ellos para hacer posible su cristianización
Orlando Fals Borda: Todos estos grupos nativos son pueblos respetables que nos han enseñado a resistir con dignidad los furiosos embates de la llamada “civilización occidental” que hoy debemos por lo menos cuestionar parcialmente. Entre estos logros, nos han mostrado una alternativa propia de concebir nación con la fuerza de la cultura y el poder de la solidaridad humana, en contraste con el modelo de Nación-Estado planteado como máquina de guerra… que nos trajeron los españoles.
Antecedentes de un derecho internacional latinoamericano
En el marco del proceso independentista que sacude a América Latina en las primeras décadas del siglo XIX, las nuevas repúbli- cas se constituyen en su vasta mayoría de acuerdo a fronteras establecidas por el régimen colonial, extendiendo hasta nues- tros días su legitimidad. A lo largo del continente, se constituyen nuevos órdenes constitucionales basados en principios repu-
blicanos, generando una tradición que en términos generales desconoce la autodeterminación de los pueblos sometidos al dominio colonial.
Las luchas por la Independencia van acompañadas del ensayo fracasado de Simón Bolívar de constituir un orden regional centrado en la federación de las repúblicas nacientes. Durante el resto del siglo, otros ensayos similares fracasarán igualmente –como la Unión Centroamericana, que a mediados del siglo XIX articuló en una sola entidad a todas las repúblicas de esa región–. Esta propuesta bolivariana será reflotada en Nicaragua por César Augusto Sandino, quien luego de liberar a su país de la invasión estadounidense en los años 30, sería asesinado, enterrando hasta la presente década las propuestas de articulación autónoma de las naciones latinoamericanas.
Giancarlo Rolla: Las cartas constitucionales de ese período, con base en las ideas de Simón Bolivar, aspiraban delinear un sistema constitucional capaz de conjugar estabilidad y libertad. Sin embargo, tal intención no logró concretizarse y en el proceso sucesivo, los límites del proceso constituyente se evidenciaron… Los principios del pluralismo, del laicisismo y de la solidaridad social no fueron acogidos en las Constituciones, mientras los cambios relativos a los órdenes institucionales no estuvieron acompañados de una transformación coherente de las relaciones económicas y sociales.
Durante el siglo XIX, EEUU consolidó la doctrina Monroe, que concebía al continente latinoamericano como un territorio de libre disposición del naciente imperio, y que asumió como carta de derecho internacional. Las intervenciones directas, los golpes de Estado, la extorsión y los bloqueos impulsados por EEUU se sucederán en todas las latitudes del continente con el fin de
proteger sus intereses políticos y económicos, así como los de las clases gobernantes que responden a los mismos.
A finales del siglo XIX, surge la propuesta del “Panamericanismo”, estrategia diplomática orientada a asegurar el control hemisférico institucional a través de un organismo multilateral. La Unión Panamericana, constituida en México en 1902, es el primer intento fracasado de consolidar un organismo de estas características. La permanente intervención de EEUU en naciones latinoamericanas es una de las principales causas de la desconfianza que dinamita su consolidación.
OEA: del principio de no intervención a la Carta Democrática
Durante la Novena Conferencia Internacional Americana (Bogotá, 1948), se constituyó la Organización de Estados Americanos (OEA) como organismo para resolver los conflictos y controversias regionales dentro del nuevo sistema interamericano, al margen de la ONU. Si bien se presenta como un organismo de solidaridad democrática, la nueva institución hemisférica institucionalizó el panamericanismo como modelo de dominación norteamericana en el continente.
En el caso de la ONU, las potencias reprodujeron el modelo de la Sociedad de Naciones, estableciendo un órgano ejecutivo controlado por cinco potencias con poder de veto. En el caso
de la OEA, el control externo de los gobiernos latinoamericanos
y caribeños por parte de EEUU derivó en la conformación de
un órgano de representación democrática en el que todos los Estados partes tenían representantes. Hasta la presente década, en muy pocas ocasiones había sido desafiada la imposición del “consenso democrático” desde el norte.
En varias ocasiones, la OEA adoptó acuerdos que reafirmaban el
apoyo colectivo a la democracia representativa y alertaban sobre
la presunta amenaza que el comunismo implicaba para el sistema
interamericano, y que sirvieron para legitimar la intervención estadounidense en procesos políticos nacionales como: la declaración de Caracas (1954), que legitimó el golpe contra el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala y la declaración de San José (1960), que legitimó la intervención contra la naciente Revolución Cubana. En 1962, la OEA suspendió al gobierno revolucionario de Cuba del sistema interamericano y prohibió las relaciones diplomáticas y comerciales con la isla.
Desde finales de los 60, se inició en el continente la etapa de las dictaduras militares apoyadas por Washington. Durante este período, la OEA suspende la defensa de la democracia como pretexto para intervenir en asuntos internos y así proteger
a los regímenes autoritarios con la excusa de no intervenir
en los asuntos internos de los países miembros. Si bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos activó algunos mecanismos de denuncia de desapariciones y otras violaciones a los derechos humanos por parte de los regímenes del cono Sur, no hizo ningún planteamiento sobre los regímenes dictatoriales imperantes ni la violación a los derechos democráticos.
En los 90 se acaba la excusa del comunismo para seguir apoyando
a las dictaduras.Tras el colapso del bloque soviético y la ofensiva de la agenda neoliberal, EEUU impulsa de nuevo la defensa de
la democracia representativa como valor central de la OEA. En
2001, entra en vigencia la Carta Democrática Interamericana,
que incluye una definición estrecha de la democracia, al limitarse
a lo relativo a la democracia representativa y excluir a los
derechos sociales, económicos y culturales como prerrequisitos para garantizar las libertades democráticas. Este instrumento está orientado a legitimar la intervención externa en caso de que naciones del hemisferio transiten hacia formas de gobierno diferentes a la democracia representativa.
Gordon Connell-Smith: Contrastar las propuestas de los EEUU de preocupación por la democracia y la libertad con su costumbre de apoyar e incluso instalar dictadores colaboracionistas hace pensar en maquiavelismo político e hipocresía; cosas que, sin la menor duda, aparecen marcadamente en su política latinoamericana (y también en su política exterior en lo general).
Nuevas dinámicas de integración
Con la llegada del siglo XXI, EEUU buscó imponer a nivel regional los llamados tratados de libre comercio, que ya funcionaban para México. La expresión más acabada de estas políticas neoliberales fue el proyecto de Área Libre de las Américas (ALCA), que pretendía crear una zona única en el hemisferio para la intervención económica ilimitada por parte de las corporaciones estadounidenses. La movilización social en contra de este modelo de integración capitalista coincide con una serie de cambios democráticos a lo interno de diversas naciones latinoamericanas, que cambian la orientación de las políticas regionales y el balance de fuerzas a nivel regional.
La propuesta del ALCA es derrotada en 2005, mientras los
gobiernos de Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua
y otras naciones impulsan nuevas formas de integración
bajo principios de solidaridad y cooperación entre los pueblos, en paralelo a una agenda comercial basada en la complementariedad y proporcionalidad de las economías en lugar del libre mercado capitalista. Nace así la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), y organizaciones como Unasur y Cealc que propugnan la articulación regional de los países latinoamericanos y caribeños, sin la participación de EEUU ni Canadá.
El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela impulsa
a lo interno de la OEA la Carta Social de las Américas,
que busca desafiar la tradición liberal del organismo, para
unificar el compromiso de sus Estados miembros con los derechos sociales fundamentales de todos los pueblos de la región. Impulsada como contraparte a la Carta Democrática Interamericana, sus seis títulos abarcan derechos sociales fundamentales,derechos comunitarios,derechos económicos, derechos culturales, derechos de los afrodescendientes y derechos de los pueblos indígenas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, principal organismo de la OEA en la materia, es sometido a un duro cuestionamiento, por el doble rasero que aplica para observar las políticas en Venezuela, Cuba o Haití y en otros países de la región. En ese marco, surgen voces que llaman a la conformación de organismos de derechos humanos regionales bajo los nuevos mecanismos de integración, que no estén condicionados por el financiamiento de EEUU.
• Mercosur (Mercado Común del Sur): bloque de integración comercial subregional cuyos propósitos son promover el libre intercambio y movimiento de bienes, personas y capital entre los países que lo integran, y avanzar a una mayor integración política y cultural entre sus países miembros y asociados. Sus miembros plenos son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Venezuela, que se adhirió en 2006, no es todavía miembro pleno, pues su incorporación debe ser ratificada por los parlamentos, sus miembros de pleno derecho. En 2005, Mercosur puso en marcha un foro interestatal para el análisis y definición de políticas públicas de derechos humanos, integrado por subgrupos especializados por temas, en el que confluyen representantes estatales, así como de organizaciones sociales y regionales, que pueden intervenir en calidad de observadores.
• Unasur(ComunidadSudamericanadeNaciones):mecanismo de articulación política de las naciones latinas de Sudamérica que se conformó en 2004 como espacio para la integración en lo político, social, cultural, económico, financiero, ambiental y en la infraestructura.Este nuevo espacio de integración busca favorecer un desarrollo más equitativo, armónico e integral
en la región. Una de sus primeras acciones relevantes fue el establecimiento urgente de una comisión para investigar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Pando (Bolivia), cuando grupos armados asesinaron e hirieron a un grupo de campesinos el 11 de septiembre de 2008.
• ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas): organi- zación de integración basada en el espíritu de Simón Bolívar, fue impulsada por Venezuela a partir de 2005 y cuenta en la actualidad con 7 países miembros. Articulada en torno a valores de solidaridad y complementariedad, el ALBA no cuenta en la actualidad con mecanismos de derechos hu- manos, pero incluye la aplicación cooperativa de políticas sociales de intercambio regional orientadas a satisfacer ne- cesidades de poblaciones vulneradas: misiones de salud, de alfabetización y de capacitación técnico-productiva, entre otros.
Aníbal Quijano: Las conquistas que nos han sido quitadas en los últimos 40 años no serán restauradas… Ahora es necesario, urgente en verdad, pasar de la resistencia a la alternativa. América Latina es el centro mismo de esta nueva etapa del movimiento mundial de la sociedad contra el capitalismo colonial moderno.
István Mészáros: Al hacer efectiva su unidad política y social basada en la solidaridad, los países latinoamericanos pueden hoy jugar un rol pionero en interés de toda la humanidad. Ninguno de ellos puede alcanzar aisladamente el éxito, aun negativamente, contra su poderoso antagonista de Norteamérica, pero juntos pueden mostrarnos un camino hacia adelante de manera ejemplar.
Normas y mecanismos de los derechos humanos
E l proceso internacional de codificación de los derechos humanos está marcado por la dualidad de las relaciones
de poder, tanto a nivel internacional como a nivel local. A pesar de que el proceso de descolonización trajo consigo un vigoroso proceso de democratización de las relaciones internacionales, las naciones del norte y los gobiernos y sectores de poder del sur asociados a sus intereses siguen imponiendo agendas de desarrollo divorciadas de las necesidades reales en derechos humanos de la mayoría de sus poblaciones, mientras que la ruptura de la unidad de discurso y acción del Tercer Mundo ha menguado su poder de negociación.
A su vez, las naciones poderosas buscan imponer una lectura de derechos humanos conveniente a la defensa de sus intereses, lo que permite entender la condena en base a presuntas violaciones a derechos humanos por determinados regímenes que no secundan sus políticas y el silencio respecto a otros hechos que presentan evidencias de violaciones, pero que son funcionales a sus agendas internacionales.
Por otro lado, los grupos desfavorecidos y los sectores organi- zados que defienden sus derechos buscan elevar sus voces ante los foros donde se supervisan las políticas de derechos humanos, mientras en el terreno de las realidades se suceden las atrocida- des de regímenes autoritarios, incluyendo los abusos de poder de sectores privados transnacionales. Paralelamente, estos últi- mos, en asociación con las potencias industriales, buscan imponer políticas neoliberales de apertura de mercados desiguales y la privatización del derecho internacional por medio de la creación de instancias como la Organización Mundial del Comercio, la cual impone obligaciones a los Estados que desconocen por comple- to las normas de derechos humanos.
A pesar de estas limitaciones, el derecho internacional ha
representado y representa hoy día un foro fundamental para seguir promoviendo la transformación democrática de la esfera
internacional y la consolidación de una dinámica de protección
derechos humanos que no esté mediada por los intereses
poder. En ese sentido, las normas y mecanismos de derechos
humanos existentes configuran un aporte fundamental para la protección de la dignidad de las personas y de colectivos sujetos a vulneración de sus condiciones de vida, para lo cual se requiere
el logro de dinámicas justas de interpretación y aplicación de las normas. Un paso necesario en ese sentido es el conocimiento
de las instituciones existentes.
Josefa Dolores Ruiz Resa: El fundamento de los derechos humanos no puede permanecer, por más tiempo, de espaldas a la acción política, ante la sociedad globalizada y testigo de un reparto injusto de la riqueza y del escamoteo, a los ciudadanos de los Estados, de las decisiones políticas más importantes: aquellas que tienen que ver con su dinámica en libertad; o con la satisfacción de sus necesidades, en condiciones de igualdad; o con el reparto de responsabilidades. De seguir así, el discurso de los derechos estará condenado a ser un discurso retórico, nada práctico.
Jose María Borrero: En los extramuros de la cultura dominante florecen múltiples expresiones de solidaridad planetaria. Una inmensa red de vínculos personales, redes y proyectos colectivos se extiende cada día por el mundo en acciones para defender los bosques y los ríos, los derechos humanos, las minorías étnicas, los niños, las minorías culturales y las tribus urbanas. Esta ola pluralista de compromisos solidarios ocupa un espacio sobresaliente en el escenario de nuestro tiempo.
Judith Salgado: Debemos tener siempre en mente el fortalecimiento de un orden internacional que privilegie la vigencia de los derechos humanos desde una visión integral, que luche contra la injusticia del denominado “nuevo orden mundial”, que constituya un contrapeso eficaz al ejercicio arbitrario del poder, que contrarreste la impunidad y que garantice condiciones de equidad necesarias para prevenir la violencia y construir la paz.
Principales normas de los sistemas internacionales
Existen varios tipos de normas o instrumentos normativos internacionales de derechos humanos. Por su alcance, hay instrumentos generales (referidos al conjunto de derechos humanos), e instrumentos específicos (referidos a derechos o grupos de derechos concretos, o para la protección de sectores específicos de población). Por su naturaleza jurídica, los principales tipos de instrumentos son las declaraciones y los tratados, pactos o convenios:
• Declaraciones: las declaraciones enuncian derechos y principios asociados, pero no tienen carácter obligatorio. No desarrollan obligaciones vinculantes ni mecanismos para supervisar sus disposiciones, pero sí tienen un peso moral y aplicación política a la hora de evaluar el comportamiento de los Estados. La DUDH es la única declaración a la que se le ha otorgado carácter vinculante, decisión que se adoptó en 1968 por su carácter simbólico, y por ser considerada como el compendio de valores y derechos de aceptación presuntamente universal.
• Convenciones, pactos y tratados: son contratos de carácter multilateral entre los Estados y generan obligaciones para aquellos que los firman y ratifican, así como responsabilidad
internacional en caso de violación o incumplimiento. De ahí que sean “jurídicamente vinculantes”.
- Los tratados establecen normas de derechos humanos y
obligaciones correlativas de los Estados,así como mecanismos específicos de supervisión (comités de tratados).
- Los Estados que los ratifican se obligan a adecuar sus leyes
y políticas internas a lo previsto en cada tratado.
- En el caso de la ONU, los tratados obligan a los Estados
a presentar informes periódicos sobre el cumplimiento de sus normas ante los mecanismos de supervisión.
Desarrollo y ratificación de los tratados
Luego de ser preparados y debatidos en los organismos internacionales especializados, los tratados son adoptados por el órgano legislativo multilateral, firmados por los representantes de los Estados que así lo convengan y abiertos a la ratificación. Cada tratado especifica el momento a partir del cual entrará en vigencia para todos los Estados que lo hayan ratificado, lo que normalmente se establece a partir de un número mínimo de ratificaciones.
Para ratificar un tratado, los gobiernos deben presentarlo ante el parlamento nacional para que el legislativo lo adopte como ley nacional, tras lo cual el Gobierno confirma la ratificación del tratado ante la secretaría de la organización internacional. La ley nacional que lo ratifica debe ser publicada en el órgano oficial del Estado, momento a partir del cual el tratado en cuestión pasa a ser parte del ordenamiento legal del país y las obligaciones pasan a ser vinculantes para el Estado.
El sistema de la ONU ha adoptado numerosas normas de segundo nivel, conocidas como Reglas, Principios o Normas, que representan el consenso alcanzado en foros especializados con respecto a temas concretos, y apuntan a establecer orientaciones para la mejor realización de los derechos asociados. Si bien no son vinculantes, buscan influir y guiar las políticas y acciones de los Estados. Por otra parte, los mecanismos internacionales de derechos humanos emiten documentos de naturaleza diversa.
• Comités de la ONU: los Comités de los tratados de la ONU emiten Observaciones Generales o Recomendaciones, que son fuentes para la interpretación de las disposiciones de los tratados.También elaboran recomendaciones a los informes de los Estados partes, y algunos comités también desarrollan informes sobre las denuncias vinculadas con violaciones.
• Sistema Interamericano: las sentencias de la Corte Interamericana y sus opiniones consultivas representan la jurisprudencia interamericana en derechos humanos. La Comisión Interamericana elabora un Informe Anual, que incluye informes de denuncias y de la situación en algunos países, así como sobre aspectos que ameritan su atención.
• Planes de Acción: desde finales de los 60, la ONU ha convocado Conferencias o Cumbres Mundiales temáticas sobre temas relacionados con derechos humanos. Estas conferencias adoptan una Declaración y un Plan o Programa de Acción donde se recogen compromisos estatales y objetivos y metas en el tiempo.
Normas de la ONU o “sistema universal”
En su artículo 1, la Declaración Universal de los Derechos humanos (1948) declara que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”; mientras que en el artículo 2 establece que los derechos y libertades son reconocidos a todas las personas, sin distinción alguna.
• En los artículos 3 a 21, se reconocen derechos civiles y políticos, entre los cuales determinan el derecho a la vida, la
libertad y la seguridad de la persona, el derecho a la justicia
y a un juicio justo, el derecho a la libertad de expresión y los derechos de asociación, participación y sufragio.
• En los artículos 22 a 27, se reconoce el derecho a la seguridad social y a la satisfacción de los derechos económicos, sociales
y culturales “indispensables”, derechos relacionados con el
trabajo y con un nivel de vida adecuado que asegure la salud, el bienestar y la educación, y el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus Protocolos Facultativos conforman, junto con la Declaración Universal, la llamada Carta Internacional de Derechos Humanos.
En su preámbulo, ambos tratados afirman que los derechos humanos emanan de la dignidad inherente de todos los seres humanos.Varios artículos son casi idénticos: el artículo 1 recoge el derecho de todos los pueblos a la libre determinación; el artículo 2 reafirma el principio de la no discriminación; el artículo 3 subraya que los Estados deben garantizar la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y el artículo 6 establece salvaguardias contra la destrucción o limitación indebida de cualquier derecho humano o libertad fundamental.
Las principales diferencias radican en la formulación de los derechos y en los mecanismos de supervisión. Mientras el Pacto de Derechos Civiles y Políticos enumera derechos individuales de las personas, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se centra en la obligación de los Estados de reconocerlos y de adoptar medidas estatales para su “desarrollo progresivo”.
A su vez, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece la
creación del Comité de Derechos Humanos como órgano de supervisión, mientras que el Pacto Internacional de Derechos Económicos,Sociales y Culturales no incluyó la creación de ningún mecanismo específico. Posteriormente, el Consejo Económico y Social creó un comité para supervisar su aplicación.
El Pacto de Derechos Civiles y Políticos cuenta asimismo con
dos Protocolos Facultativos: uno establece un mecanismo para que los particulares puedan presentar denuncias de violaciones a las normas del pacto (1966) y el otro aboga por la abolición progresiva de la pena de muerte (1989).
Desde la Declaración Universal, la ONU ha adoptado más de 60 instrumentos que abordan con más detalle derechos y libertades que figuran en la Carta Internacional, o que desarrollan derechos
o garantías de sectores específicos de población. Algunos de estos ámbitos son la esclavitud, el genocidio, el derecho humanitario,
la administración de la justicia, el desarrollo social, la tolerancia
religiosa, la cooperación cultural, la discriminación, la violencia contra la mujer y la condición de refugiados y minorías.
Nueve de las convenciones adoptadas son consideradas tratados principales de derechos humanos. Todos son de naturaleza vinculante y cuentan con sus respectivos mecanismos de supervisión. Estos tratados principales son, junto con los dos pactos mencionados, la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (adoptada en 1965,entró en vigor en 1969);la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979/1981); la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984/1987); la Convención sobre los Derechos del Niño (1989/1990); la Convención sobre Derechos de los Trabajadores Migrantes (1990/2003), y la Convención sobre Desapariciones Forzadas (aunque adoptada en 2006, no ha entrado todavía en vigor).
Josefa Dolores Ruiz Resa: Como ocurriera en los sistemas jurídicos nacionales de los siglos XIX y XX, el formalismo de los derechos humanos, presente en los textos jurídicos internacionales, también falsea sus condiciones reales de ejercicio en el contexto internacional —prácticamente inexistentes—, y encubre situaciones reales de injusticia, falta de libertad y desigualdad entre los Estados, o entre los ciudadanos de un determinado Estado.
Xabier Etxeberria: Ni los Estados representantes representan automáticamente a la humanidad (a los individuos o a los grupos culturales que la conforman); ni los documentos firmados dejan de estar sujetos a relaciones de fuerza y cálculos estratégicos que los condicionan y debilitan la capacidad fundante de los consensos.
hans Christof von Sponeck: Desde 1945 se ha violado el derecho internacional repetidamente. Para numerosas personas, los derechos esenciales a la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, el trabajo o la libertad de opinión resultan inaccesibles. Se hicieron guerras, y se siguen haciendo sin respetar la Carta de
Naciones Unidas… Se tortura, se practica el genocidio; se ignoran los acuerdos sobre armamento; se saquean las riquezas naturales, no reemplazables; se producen transacciones financieras y económicas sin control, que sumadas a la avaricia han provocado una crisis
económica mundial sin precedentes
día a día aumenta el abismo
entre ricos y pobres. Las perspectivas de vida y supervivencia se han tornado aún más desiguales. Todo esto se produce, en gran medida, por la falta de voluntad política para consagrarse al bien de la mayoría y no al bienestar de unos pocos, así como a la negligencia
con respecto al derecho y la ley.
Normas de la OEA o “sistema interamericano”
La Carta de la OEA (1948) incluye la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, así como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, que es el primer instrumento interamericano de derechos humanos y que fue adoptada algunos meses antes de la Declaración Universal. La Declaración define los derechos protegidos y los deberes correlativos, y establece que los derechos humanos “tienen como fundamento los atributos de la persona humana”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocida también como Pacto de San José), adoptada en 1969 y vigente desde 1978, es el equivalente de los pactos en el ámbito interamericano. A diferencia de la Declaración Americana, que se aplica al conjunto de Estados americanos, sólo aplica para los Estados que la ratifican.
Según su Preámbulo, la Convención tiene como propósito “consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”. No obstante, siguiendo la filosofía liberal, la Convención sólo reconoce derechos civiles y políticos. En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, establece el compromiso de adoptar medidas para el logro progresivo “de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura” de la Carta de la OEA (art. 26). Adicionalmente, la Convención establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órganos competentes para tratar los asuntos relacionados con “el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes de la Convención” (art. 33).
En 1988, la OEA abrió a la firma el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (conocido también como Protocolo de San Salvador). En su Preámbulo, se reconoce la estrecha relación existente entre los dos grupos de derechos “por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de
la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y
se establece que “sólo puede
realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”.
El Protocolo reconoce la protección al derecho al trabajo y a las condiciones laborales, al derecho a la seguridad social, salud, un medio ambiente sano, alimentación, educación, a los beneficios de la cultura, al derecho a la familia y de los niños, así como a los derechos de los ancianos y minusválidos. Sin embargo, el Protocolo evidencia la predominancia de una visión liberal de derechos, al establecer importantes limitaciones a la posibilidad de denunciar violaciones a los derechos reconocidos en el ámbito interamericano.
”.También
Otros instrumentos interamericanos de derechos humanos son: la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1995); el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte (1990), que busca promover su desaparición progresiva en todo el hemisferio; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1996), mediante la cual los Estados Partes se comprometen a no practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada, así como a sancionar a los autores, cómplices y encubridores de este delito dentro de sus jurisdicciones; y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará,1995), que recoge medidas para proteger a la mujer de toda forma de violencia.
Consejo de Derechos humanos: organismo representativo que establece la agenda global de la ONU en materia de derechos humanos.
humanos (1948).
Comités: los tratados de derechos humanos cuentan con un comité que procesa informes de países, y en algunos casos, recibe denuncias de peticionarios.
Mecanismos especiales:
relatores especiales, grupos de trabajo y mecanismos de recepción de denuncias (acción urgente) sobre violaciones graves.
elabora informes, recibe denuncias y media ante los Estados. Actúa como parte fiscal en denuncias que eleva ante la Corte.
competencia consultiva y contenciosa. Sus sentencias son de obligatorio cumplimiento para los Estados parte que han aceptado su competencia.
La Asamblea General de la ONU, como órgano legislativo, es
el encargado del consenso y aprobación de los instrumentos
normativos promovidos en el seno de la organización. A su vez, adopta resoluciones de condena o de llamado de atención
sobre realidades diversas. No obstante, el Consejo de Seguridad es el órgano de gobierno real y el que adopta las resoluciones vinculantes. Por ello, la presión de las potencias con derecho
a veto es determinante para lograr activar los mecanismos
principales de la organización, como son las sanciones, las
misiones o la intervención directa, actualmente promovida bajo
el eufemismo de “intervenciones humanitarias”.
La estructura de la OEA es semejante, con la salvedad de que todos sus Estados miembros están representados ante
el Consejo Permanente (el órgano de gobierno); ninguno cuenta con derecho a veto y la adopción de resoluciones ha sido tradicionalmente por consenso. No obstante, desde su suspensión en 1962, Cuba no cuenta con representación, aunque sus políticas son igualmente escrutadas por la Comisión Interamericana, en base a su condición de signataria de la Carta de la OEA.
Organismos específicos
El Consejo de Derechos Humanos es el organismo representativo
que marca la agenda general de la ONU en la materia. Dos tipos de organismos especializados tienen un perfil más técnico: los
comités de supervisión de los tratados y los mandatos especiales del Consejo. Los comités evalúan informes de los países que han ratificado cada tratado, y en algunos casos, reciben y procesan denuncias por violaciones a derechos,elevando recomendaciones
a los Estados denunciados.
Los órganos de la OEA son la Comisión, que recibe y procesa denuncias de violaciones, elabora informes anuales y llama la atención de la opinión pública sobre casos que ameritan su atención; y la Corte, organismo de segunda instancia, ante el que la Comisión eleva denuncias que no fueron resueltas amistosamente, para su procesamiento judicial. En las últimas dos décadas, la Comisión ha creado varias Relatorías Especiales en áreas como libertad de expresión, derechos de las mujeres e indígenas, aunque sólo la primera tiene un poder de intervención relevante en la agenda pública.
Los tratados de la ONU obligan a los Estados que los han ratificado a presentar informes periódicos ante los comités respectivos, sobre las medidas adoptadas para cumplir con
sus disposiciones. Durante sus sesiones, los comités evalúan estos informes, y luego emiten recomendaciones a los Estados partes sobre aspectos que llaman su atención. Los comités de los tratados también emiten observaciones generales o recomendaciones sobre aspectos vinculados con los tratados, y algunos comités también publican informes sobre las denuncias procesadas.
En el caso de la OEA, la Comisión Interamericana elabora un
Informe Anual, que incluye informes de las denuncias procesadas
y de la situación en algunos países, así como aspectos que
ameritan su atención. Adicionalmente, la Comisión emite pronunciamientos públicos sobre aspectos que considera de interés. Por su parte, la Corte Interamericana emite sentencias de casos contenciosos y opiniones consultivas sobre aspectos sometidos a su consideración por la Comisión y por los Estados, las cuales representan la jurisprudencia interamericana en derechos humanos.
Procedimientos de denuncias de violaciones
En teoría, cualquier persona o colectivo puede elevar denuncias ante los comités de la ONU y la Comisión de la OEA. No obstante, el requisito de agotamiento de las instancias internas, así como la naturaleza técnica del procedimiento y la lejanía del organismo con las realidades de cada país, limitan en la práctica las posibilidades de acceso. Adicionalmente, el procesamiento de un caso ante la Comisión requiere del desplazamiento de representantes jurídicos a Washington, para
atender a las audiencias. Por ello, la tramitación de una denuncia ante el organismo está condicionada en gran medida por la capacidad de las víctimas de entablar relaciones con juristas
y organizaciones con capacidad de acceso e incidencia en los mecanismos del sistema.
El procedimiento ante los comités de la ONU con mecanismos
de denuncia y ante la Comisión se inicia con la aceptación de
la denuncia y la solicitud de información al Estado denunciado.
Tras un proceso de duración variable, dependiente de agendas no necesariamente vinculadas con la gravedad de la denuncia, ambos organismos buscan una solución amistosa y formas de reparación posibles. Estos organismos no tienen capacidad
coercitiva para imponer decisiones. No obstante, en el caso de
la OEA, la Comisión puede decidir elevar el caso ante la Corte,
donde se inicia un procedimiento contencioso para revisar el caso, que concluye con una sentencia final señalando la
eventual responsabilidad del Estado y las formas de reparación
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz: “Para muchas víctimas de violaciones de derechos humanos, la intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha resultado beneficiosa, en contextos de gran adversidad interna en sus países. Apostamos, por ello, por el fortalecimiento de sus funciones de promoción y defensa de los derechos humanos, lo que supone, también, darle la bienvenida a los diagnósticos, críticas y debates sobre su funcionamiento, que apunten a mejorarlo y despolitizarlo”.
Órganos basados en la Carta de la ONU
Los principales órganos de la ONU son la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. La Carta de la ONU también estableció la creación del Consejo Económico y Social (Ecosoc), como órgano intergubernamental de gobierno. Otros organismos y agencias se encargan de múltiples áreas del derecho, algunos de los cuales se desempeñan en áreas afines a derechos humanos.
Entre las funciones del Ecosoc se encontraba la promoción y respeto de derechos humanos a título consultivo. En 1946, el Consejo Económico y Social creó la Comisión de Derechos Humanos como órgano representativo especializado sobre las cuestiones de derechos humanos. La Comisión ha sido la
encargada de promover discusiones y debates, e impulsar nuevos mecanismos y tratados. Luego de múltiples críticas relativas a
la manipulación de sus mecanismos por parte de las grandes
potencias, en 2006 la Comisión fue sustituida por el Consejo de Derechos Humanos, como ensayo de favorecer una labor más equitativa, que someta a todos los países del mundo a la observación periódica de sus prácticas en derechos humanos.
El Consejo se reúne en Ginebra durante 10 semanas al año y está compuesto por representantes de 47 Estados miembros, elegidos por períodos de tres años y de acuerdo a un criterio de representación por regiones del mundo. Tiene la facultad
de prevenir abusos, la desigualdad y la discriminación, proteger
a los sectores y pueblos más vulnerables y denunciar a los
perpetradores. Sus miembros procesan y analizan el conjunto de documentos emanados de los diversos organismos de derechos humanos de la ONU, se pronuncian sobre las más variadas situaciones a nivel global en base a una agenda consensuada y están encargados del análisis del denominado Informe Periódico Universal, que obliga a todas las naciones miembro a presentar informes sobre la situación de derechos humanos en sus países respectivos.
En 1993, se creó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU para apoyar las actividades en materia de derechos humanos de la organización. Le compete adelantar actividades de promoción de derechos humanos;
proporcionar asesoramiento y asistencia técnica y financiera
al resto de órganos del sistema y a los Estados interesados y
promover un diálogo constructivo con los gobiernos en materia de derechos humanos.
Los nueve tratados fundamentales de derechos humanos de
la ONU crean un comité u “órgano del tratado”, cuya función
es supervisar la aplicación de sus disposiciones, de acuerdo al mandato que establece el propio tratado. En la actualidad hay ocho comités: Comité de Derechos Humanos; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité contra la Tortura, Comité de los Derechos del Niño, Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Comité sobre Desapariciones Forzadas no entrará en funciones hasta que el tratado respectivo no entre en vigor.
Estos comités se componen de expertos independientes, elegidos por los Estados partes en el Consejo de Derechos Humanos. Se reúnen dos o tres veces al año en Ginebra en los denominados Períodos de Sesiones para cumplir con sus funciones, entre las que destacan:
• Revisión de los informes que presentan periódicamente los Estados partes y la elaboración de recomendaciones orientadas a sugerir mejoras en sus prácticas y políticas.
• Formulación de doctrina para interpretar el alcance y significado de las disposiciones del tratado.
Los tratados que crearon el Comité de Derechos Humanos,
el Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de
la Discriminación Racial incluyen protocolos que establecen mecanismos de recepción de denuncias individuales sobre violaciones de derechos contemplados en cada uno de esos tratados y que hayan sido cometidas por un Estado parte.
Aunque el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer no incluían mecanismos de
este tipo, recientemente se han adoptado protocolos que permiten la denuncia contra un Estado parte por violación de sus disposiciones.
Los Procedimientos Especiales pueden estar compuestos de un individuo (Relatores Especiales) o de un Grupo de Trabajo, conformado por expertos independientes que trabajan a título voluntario y que son nombrados por el Consejo.Tienen como
mandato examinar, supervisar, asesorar e informar públicamente acerca de situaciones de derechos humanos en países o territorios específicos (mandatos por país), o sobre temas de especial relevancia (mandatos temáticos). Todos informan al nuevo Consejo de Derechos Humanos sobre sus conclusiones
y recomendaciones. Hay actualmente 30 mandatos temáticos y
8 mandatos sobre países específicos. La mayor independencia y flexibilidad de estos mecanismos ha permitido el desarrollo de doctrina de carácter progresivo y la denuncia de violaciones graves que son frecuentemente silenciadas como producto de las relaciones de poder en la esfera internacional.
Existe un procedimiento de presentación de quejas creado en 1970 mediante la Resolución 1503 del Consejo Económico y Social que permite elevar quejas individuales y colectivas acerca de situaciones de violaciones sistemáticas a derechos humanos. A
su vez, las acciones urgentes consisten en el envío de un mensaje
a las autoridades de un Estado ante situaciones de violaciones
graves. Otro procedimiento especial es el del Comité sobre Convenciones y Recomendaciones de la Unesco, que puede recibir denuncias sobre discriminación en la educación y libertad académica y de investigación, así como en materia de libertad de expresión.
Los principales órganos representativos de la OEA son la Asamblea General, que se reúne anualmente, y el Consejo Permanente, donde tienen representación diplomática todos los Estados miembros y que está en sesión permanente. Por medio de la Carta de la OEA se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual fue constituida en 1959. Diez años más tarde, la Convención Americana sobre Derechos Humanos absorbió a la Comisión como uno de los dos órganos interamericanos de derechos humanos, junto con la nueva Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente, de los 35 Estados miembros de la OEA, 26 son partes en la Convención Americana y 21 han aceptado la competencia contenciosa de la Corte.
La función de la Comisión es “promover la observancia de los derechos humanos” y servir como órgano consultivo de la OEA en la materia. Está conformada por 7 miembros, postulados por los Estados miembros y elegidos por la Asamblea General para períodos de 4 años. En tanto:
• Recibe peticiones sobre violaciones en los Estados que han
ratificado la Convención Americana y revisa la situación en
el resto de países de la OEA.
• Prepara un informe anual que incluye informes sobre una situación o tema común a todos los Estados americanos
y sobre la situación de derechos humanos en Estados determinados.
• Realiza visitas in loco, para adelantar investigaciones en contacto con autoridades y actores sociales. Para ello, debe contar con el consentimiento previo del Estado.
Posteriormente, emite un informe sobre la visita, que debe presentar previamente al Estado para sus aportes.
Peticiones individuales: recibe quejas relacionadas con violaciones a disposiciones de la Convención. En principio, cualquier persona u organización puede presentar peticiones, aunque el acceso difícil al mecanismo restringe notablemente las posibilidades de acción. Luego de establecer si la queja procede, la Comisión debe solicitar al Estado denunciado un informe sobre los hechos. También puede solicitar la adopción de medidas cautelares para evitar mayores daños.
Las denuncias sólo pueden ser presentadas seis meses después de que se hayan agotado los recursos internos para la reparación de la justicia. No obstante, se pueden presentar antes si se considera que no existen garantías, si se ha dificultado el acceso o si se demuestra retardo injustificado. Luego de admitida una denuncia, la Comisión debe procurar un acuerdo amistoso entre el Estado y los denunciantes. De no lograrlo, deberá decidir si eleva el caso ante la Corte, donde se inicia un juicio.
La Corte es la institución judicial para la aplicación e interpretación de la Convención Americana. Está conformada por 7 miembros, postulados por los Estados miembros y elegidos por la Asamblea General para períodos de 6 años. Son dos sus funciones básicas:
jurisdiccional y consultiva.
Función jurisdiccional: sólo la Comisión y los Estados partes de la Convención pueden presentar casos frente a la Corte, después de que se hayan agotado los procedimientos ante la Comisión.Para ello,el Estado denunciado debe haber reconocido previamente la competencia de la Corte.
Las sentencias establecen si el Estado denunciado es responsable de las acusaciones de violaciones a derechos humanos. Sus fallos
son definitivos e inapelables. Sin embargo, la sentencia no es ejecutiva, debido a que el sistema opera bajo el supuesto de que los Estados que reconocen la competencia de la Corte se comprometen a cumplir con sus decisiones.
Función consultiva: cualquier Estado de la OEA puede elevar una consulta a la Corte acerca de la interpretación de disposiciones de la Convención o de otros tratados de derechos humanos, o acerca de la compatibilidad entre leyes internas e instrumentos internacionales, tras lo cual la Corte emite una opinión consultiva.
Función preventiva: la Corte puede también dictar medidas provisionales dirigidas a los Estados si lo estima necesario, con el objetivo de evitar daños irreparables a las personas.
(*) Las citas de autoras y autores son incluidas con el único propósito de apoyar la lectura del texto. La Fundación JuanVives Suriá asume la responsabilidad por la veracidad en la atribución de citas y fuentes. Para consultar las fuentes completas, ponerse en contacto con: fundacionjuanvivessuriá@defensoria.gob.ve
Aníbal Quijano, es un prestigioso sociólogo latinoamericano, de nacionalidad peruana.
Anne Sophie Berche, Alejandra María García y Alejandro Mantilla, son colombianos, autores de la obra Retos a la concepción liberal de derechos humanos.
Bartolomé Clavero, es jurista y autor español, miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU y activista de las luchas de autodeterminación de los pueblos indígenas de América Latina.
Boaventura de Souza Santos, es sociólogo e intelectual portugués, una de las principales voces en la revisión crítica de las doctrinas hegemónicas de derechos humanos, e impulsor del Foro Social Mundial.
Danilo Zolo, es jurista italiano y catedrático de Filosofía del Derecho, autor de numerosas obras de crítica del derecho internacional.
Eduardo J. Arnoletto, es politólogo y profesor universitario argentino.
Eric Toussaint, es economista belga, coordinador del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo.
Franz J. hinkelammert, es pensador costarricense de origen alemán, autor de la teoría de la “inversión” de los derechos humanos.
Giancarlo Rolla, es jurista italiano, especialista en constituciona- lismo latinoamericano.
Gordon Connell-Smith, es uno de los principales historiadores británicos, especialista en la historia de los EEUU.
hans Christof von Sponeck, diplomático alemán, dimitió en 2000 como encargado de la ONU para Irak, en protesta por los efectos devastadores del bloqueo impuesto por la organización contra el pueblo iraquí.
Issa G. Shivji, de la República de Tanzania, es uno de los principales juristas africanos contemporáneos.
István Mészáros, es un prestigioso filósofo húngaro, de tendencia marxista.
Joaquín herrera Flores, es profesor español, ha publicado múltiples obras de crítica de los derechos humanos.
Josefa Dolores Ruiz Resa, es filósofa del derecho español.
Jose María Borrero es jurista y activista ambientalista, autor de obras sobre derecho, justicia y política ambiental.
Judith Salgado, jurista ecuatoriana,es coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador.
Orlando Fals Borda, sociólogo colombiano, fue pionero de la investigación acción participativa y activista social y político.
Peter Gowan, fue un politólogo británico, autor de numerosas obras sobre las relaciones internacionales.
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, es una organización de derechos humanos venezolana, con 27 años de trayectoria.
Xabier Etxeberria, es filósofo vasco,colabora con organizaciones indígenas y de derechos humanos de América Latina.
Yobenj Aucardo Chicangana-Bayona, es historiador colombiano.
Vijay Prashad, es historiador indio, autor de la obra Una historia popular del Tercer Mundo.
Se citan fragmentos de informes de Relatores Especiales de la ONU y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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2262499
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de la Barbería Tony). Puerto Ordaz. Telefax:
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MÉRIDA Avenida Urdaneta, Sede INAM, Entrada Sur, (frente al Instituto Universitario Dr. Cristóbal Mendoza). Municipio Libertador. Mérida. Tele- fax: (0274) 2620675 - 2622171 - 0416 2733001 - 0426 5112977 - 0416 6743901
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MONAGAS Calle Sucre, Edificio Contraloría General, planta baja, (frente a la Plaza Bolívar). Maturin.Telefax:
SUCRE Avenida Cancamure, Centro Comercial Fray Bartolomé de las Casas, (frente al Polideport- ivo Félix “Lalito” Velásquez). Cumaná . Telefax:
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DEFENSORíA DELEGADA ESPECIAL CON COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL EN MATERIA AMBIENTAL Teléfono: (0212) 505.30.92 / (0212) 505.30.38
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estas Defensorías DelegaDas esPeCiales se enCuentran ubiCaDas en el Piso 26 De la seDe PrinCiPal De la Defensoría Del Pueblo, ubiCaDa en el Centro finanCiero latino, aveniDa
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