Source: http://www.filosofiadelderechocolombia.net/2009/09/analisis-juridico-caso-ivan-diaz-mateus.html
Timestamp: 2016-05-06 18:42:00+00:00

Document:
Filosofía del Derecho (Colombia): Análisis Jurídico: Iván Díaz Mateus vs. Corte Suprema de Justicia (Juan Carlos Ospina)
Evento: Primer Congreso Internacional de Estudios Jurídicos de la Universidad de Cartagena
Por Jorge Luis Fabra Zamora (jorgefabraz@gmail.com) Les comparto esta la información de una importante conferencia que organiza la Univers...
Análisis Jurídico: Iván Díaz Mateus vs. Corte Suprema de Justicia (Juan Carlos Ospina)
Nuestro Amigo Juan Carlos Ospina nos comparte este análisis del Caso Iván Mateus.ANÁLISIS JURÍDICO: "CASO IVÁN DÍAZ MATEUS v.s. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA" Antecedentes judiciales: El ex congresista Iván Díaz Mateus, fue investigado y procesado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de la facultad concedida por el Numeral 3º del Artículo 235 de la Constitución Política de 1991, por el delito de Concusión.Mediante sentencia del 3 de junio del presente año, Magistrado Ponente Dr. Sigifredo Espinosa Pérez, la Sala de Casación Penal declaro al procesado penalmente responsable de la conducta punible de concusión, y lo condeno a las penas principales de seis (6) años de prisión, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa, y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones publicas por el termino de cinco (5) años. Discusión jurídica: El análisis planteado, presenta la discusión respecto de la definición de situación jurídica del señor Iván Díaz Mateus, quien fue condenado por la Sala de Casación Penal de la CSJ, y posteriormente, mediante sentencia del 27 de agosto del presente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al resolver una acción de tutela instaurada por el sentenciado , decidió "Dejar sin efecto jurídico todo lo actuado dentro del proceso(…), por carecer la Sala Penal de la Corte suprema de justicia de competencia para investigarlo", y "Ordenar al juez de ejecución de penas que conozca la ejecución de la condena del actor proceda a disponer su libertad inmediata". Decisiones judiciales inmersas en el análisis: Auto del 30 de octubre de 2008 expedido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la que se decide rechazar la acción de tutela interpuesta por Díaz Mateus contra la Sala de Casación Penal. Radicado único: 11001-02-03-000-2008-01749-00Auto del 4 de diciembre de 2008 expedido por la Sala de Casación Civil en la cual reitera que la acción de tutela interpuesta había sido rechazada por la Sala de Casación Civil el 30 de Octubre del mismo año. Radicado: 11001-02-03-000-2008-01916-00Sentencia de primera instancia, emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca el 4 de mayo de 2009, dentro de la acción de tutela presentada por Díaz Mateus, contra la Sala de Casación Penal de la CSJ. Sentencia del 3 de junio del presente año, Magistrado Ponente Dr. Sigifredo Espinosa Pérez, emitida por la Sala de Casación Penal de la CSJ en la que se declaro al procesado Díaz Mateus penalmente responsable de la conducta punible de concusión. Radicado interno: 29769Sentencia de segunda instancia, emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del C. S. de la J., Magistrada Ponente Dra. Nancy Ángel Müller, el 4 de mayo de 2009, dentro de la acción de tutela presentada por Díaz Mateus, contra la Sala de Casación Penal de la CSJ. Radicado interno: 11001-11-02-000-2008-07242-02.Declaración realizada por la Sala de Casación Civil de la CSJ, el 1º de septiembre de 2009, respecto de la sentencia dictada por el C. S de la J. en la que decide "Mantener intacta y vigente, en todas sus partes, la decisión contenida en el auto de 30 de octubre de 2008, expediente 1100102030002008-01749-00 (…)".Declaración realizada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del C. S de la J., respecto de las declaraciones realizadas por el vicepresidente de la CSJ, Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar, y la Sala Civil (documento previo), del 2 de septiembre. Todas las decisiones serán enviadas en archivo adjunto. Precisión previa y Análisis jurídico: Sin entrar a discernir sobre el fondo del asunto, ya analizado in extenso en la sentencia emitida por la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se realizará una breve explicación del problema jurídico-procesal, que emerge de las declaraciones de diferentes autoridades judiciales en el caso del señor Díaz Mateus. ¿Quién es competente para decidir de acciones de tutela contra la CSJ? El artículo del Decreto 1382 del 12 de julio del 2000 establece las reglas para el reparto para la acción de tutela, y dice lo siguiente: "2. (…)Lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión Sección o Subseccion que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4º del presente decreto." El reglamento interno de la CSJ, modificado y compactado en un texto único por el Acuerdo Nro. 006 de diciembre 12 de 2002, dispone en su Artículo 44 que la competencia para conocer de las acciones de tutela, contra uno o varios magistrados de una de las Salas Especializadas, serán conocidas por las demás Salas en orden alfabético –Civil, Laboral, Penal-. ¿Cuál es la posición de las Salas de Casación sobre el conocimiento de acciones de tutela contra sus actuaciones judiciales? La CSJ ha tenido variaciones en la argumentación respecto de la interposición de acciones de tutela contra providencias judiciales en general, y en especial contra aquellas dictadas en ejercicio de sus propias atribuciones constitucionales y legales. Antes del mes de septiembre de 2008, las diferentes Salas de la CSJ rechazaban la interposición de acciones de tutela contra sus pronunciamientos, con base en la Teoría del Órgano Limite. Quien abrió la puerta para el conocimiento y decisión de fondo de las acciones de tutela contra la CSJ fue la Sala de Casación Laboral mediante proveído del 23 de septiembre con radicado interno 18816, Magistrado Ponente Dr. Eduardo López Villegas. Luego, mediante sentencia 18896 del 6 de octubre de 2008, la Sala de Casación Laboral, con ponencia del mismo magistrado, decidió de fondo una acción de tutela contra la Sala de Casación Civil y la remitió a la Corte Constitucional en caso de que no fuera impugnada. Posteriormente y de forma continua, la Sala de Casación Penal ha admitido y decidido de fondo las acciones de tutela presentadas contra la corporación. La providencia que admitió en un primer momento tal actuación fue dictada por el Magistrado Javier de Jesús Zapata el 21 de octubre de 2008, con radicado interno 39019. Luego la sentencia del 28 de octubre de 2008 con radicado interno 39130, Magistrado Ponente Dr. José Leonidas Bustos Martínez, siguió la misma línea de decisión. Al respecto de estas dos sentencias de tutela dictadas por la Sala Penal, debo aclarar que la primera fue revocada por la Corte Constitucional en el ejercicio de la eventual revisión mediante sentencia T-1251 de 2008 para amparar los derechos a la igualdad, petición y protección de la tercera edad vulnerados por los accionados, y la segunda, fue anulada por la Sala Civil mediante providencia con radicado 2008-00779-03 del 11 de diciembre de 2009, Magistrado Ponente Dr. William Namén Vargas. Al respecto de la causal de nulidad invocada por la Sala Civil ver a continuación. ¿En que sentido se dirige la argumentación de la Sala de Casación Civil frente al conocimiento de la Acción de Tutela contra providencias de la Corporación? La Sala de Casación Civil, desde antaño ha sustentado sus decisiones de rechazo de las acciones de tutela contra la corporación en la Teoría del Órgano Límite, que según ella misma: La Sala"(…) ha expuesto su imposibilidad de conocer de demandas de amparo contra actuaciones de cualquier Sala de la Corte, en consideración a la calidad de órgano límite y de cierre de la jurisdicción ordinaria que tiene la corporación por mandato constitucional (artículo 234), la que impide que sus decisiones puedan ser objeto de nueva revisión o examen por ella misma o por otras autoridades, en tanto que su condición de cumbre judicial y de expresión máxima de la jerarquía jurisdiccional evidencian la ausencia de más altos órganos y, por ello, de mayores posibilidades de impugnación o ataque, de suerte que se convierte en un imposible lógico y jurídico la sola probabilidad de nuevas instancias, aún en senda de acción constitucional, máxime si no se pierde de vista que la competencia funcional de la Corte determina su exclusividad en cuanto atañe a los temas que en forma especifica le ha asignado el ordenamiento jurídico, como la investigación y juzgamiento de los congresistas, en virtud de que el constituyente confió esa actividad especializada sólo al juez colegiado considerado frontera de la jurisdicción". Expediente: 11001-02-03-000-2008-01749-00 del 1º de Septiembre de 2009 M.P. Dr. César Julio Valencia Copete. En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala, en providencias de 19 de febrero de 2009, radicado interno 11001-02-03-000-2009-00212-00, y del 30 de abril de 2008, radicado 11001-02-03-000-2008-00462-00. Con base en esta argumentación, la Sala ha rechazado en innumerables oportunidades acciones de tutela contra actuaciones de la Sala Penal, y declarado la nulidad de las sentencias dictadas dentro de los procesos de tutela decididos por la Sala Penal y que se dirigen a cuestionar actuaciones de la Sala Laboral. Al respecto de las nulidades se pueden consultar entre otros:Autos, de 14 de abril de 2009 expediente 2009-00370-01, 11 de abril de 2008, expediente 2008-00033-00 y 2008-00010-00; de 19 de noviembre de 2008, expediente 2008-02587-01, de 4 de diciembre de 2008, expediente 2008-02725-01, y de 11 de diciembre de 2008, expediente 2008-00779-03. Magistrado ponente Dr. William Namén Vargas. ¿Qué han dicho al respecto de lo considerado por la Sala de Casación Civil las otras salas de la CSJ? La única declaración judicial que ha existido al respecto de la tesis planteada por la Sala de Civil, es del 9 de junio del presente año, dictada por una Sala de Conjueces de la CSJ. Remitido el expediente de tutela a la Secretaría General de la CSJ, por parte del C. S. de la J. –que declaro faltar en competencia para conocer de ella-, correspondió en turno de la Sala Plena, a la Sala de Casación Penal de la Corporación y ante el impedimento aceptado a la totalidad de los miembros de la Sala que había conocido del recurso de casación, correspondió a esa Sala de Conjueces, pronunciarse sobre la misma. La decisión, entre otros apartes, indica claramente que a su sentir: "(…)aun cuando esta Sala goza de competencia para conocer de las acciones de tutela presentadas en contra de la Sala de Casación Penal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 y el reglamento interno de la Corporación, también lo es que tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional en pretéritas ocasiones y recientemente en el auto 124 de 2009, la competencia para conocer de las acciones de tutela está dada por el Art. 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del decreto 2591 de 1991." "(…)si bien es cierto que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, especialmente la de sus Salas de Casación Penal y Laboral, ha evolucionado para dar curso a las acciones de tutela instauradas contra decisiones judiciales, y en particular contra decisiones de sus salas especializadas, bajo el cumplimiento de estrictos presupuestos de procedencia y procedibilidad, también lo es, que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, como juez de segunda instancia, ha venido declarando insistentemente la nulidad de las decisiones que en este sentido ha emitido la Sala de Casación Penal, de manera que el asumir el conocimiento de la presente acción se traduciría finalmente, en una pura negación de acceso a la administración de justicia." "(…)se encuentra como precedente la posición de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de decretar la nulidad de lo actuado por la Sala de Casación Penal, en los casos que conoce por vía de impugnación, impidiendo en esta forma el acceso a la administración de justicia por parte de los accionantes." Concluye la providencia: "En este orden de ideas y tomando en cuenta que: i) los accionantes escogieron a prevención como juez constitucional, el Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas (…), ii) Que el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria es competente para conocer de la impugnación presentada por los accionantes, iii) Que al continuar el trámite de la presente acción se terminaría por negar el acceso a la administración de Justicia, dada la postura vigente de la Sala de Casación Civil de esta Corporación, iv) Que recientemente la Corte Constitucional mediante auto 124 del 25 de marzo último clarificó su posición respecto de la imposibilidad de declarar nulidades por equivocaciones en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000, esta Sala de Conjueces regresará el expediente a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que decida la impugnación presentada por (…), dejando sin efecto la providencia de fecha 26 de mayo del presente año, mediante la cual se avocó el conocimiento de la acción de tutela a que nos estamos refiriendo." Sobran aclaraciones. ¿Declaración de la Sala de Casación Civil, frente a la decisión de conceder la acción de tutela al señor Díaz Mateus por parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del C. S. de la J.? La Sala Civil de la CSJ, afirma: "Debido a que por los medios de comunicación la Sala ha tenido conocimiento del proveído de 27 de agosto de 2009 emanado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (…) considera conveniente hacer las siguientes precisiones:" En la declaración, la Sala es clara en afirmar que resulta incontrovertible la competencia radicada en la CSJ para conocer en ambas instancias, de modo privativo, de los eventuales ataques encaminados por acción de tutela contra cualquier pronunciamiento de las Salas Especializadas que no se hayan proferido como máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, además, que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del C. S. de la J. se atribuyó sin razón las facultades de la CSJ, por tanto, carecía por completo de atribución para abordar el examen del derecho de amparo impetrado por Díaz Mateus. Adicionalmente, rechaza la intromisión "de modo indebido" en el desarrollo de los asuntos asignados a la CSJ por parte del C. S de la J., pues "en lugar de contribuir a asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo (art. 2º C.P), afecta de manera grave la autonomía e independencia de la administración d justicia, propicia el desorden y la confusión de los asociados, con el consiguiente debilitamiento de la firmeza y seguridad que los pronunciamientos judiciales deben conllevar en toda circunstancia." Por ultimo, decide: "Mantener intacta y vigente, en todas sus partes, la decisión contenida en el auto de 30 de octubre de 2008, expediente 11001-02-03-000-2008-01749-00, por las razones expuestas en la Marte motiva de esta providencia". ¿Qué pasa con la situación jurídica del condenado Díaz Mateus? Hasta el momento no existe pronunciamiento oficial por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte, así como tampoco, conocimiento de la decisión del juez de ejecución de penas del condenado respecto de la libertad inmediata ordenada por el C. S de la J. Por otro lado, se discute la aplicabilidad procesal de la providencia emitida por la Sala Civil respecto de la decisión, pues si bien el ataque central se centra en la falta de competencia del C. S de la J., la Sala no puede con ésta declaración modificar el pronunciamiento emitido, al mismo accionante, en proceso constitucional planteado ante el Consejo Seccional de la Judicatura y posteriormente en el C. S. de la J. Sin embargo, en declaraciones a medios de comunicación, afirma la fuente, que la CSJ ordeno la recaptura del señor Díaz Mateus, y rechazo la decisión del C. S. de la J. Al respecto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del C. S de la J. realizo una declaración en la cual exigía respeto a las decisiones judiciales por parte de la CSJ, que se anexa al presente documento. ¿Qué puede producir en el estado actual de cosas la renuencia a conocer de estas acciones por parte de la Sala Civil de la CSJ? Por la trascendental, honrosa y destacable labor que viene realizando en especial la Sala Penal de la Corporación, que sobra enunciar al ser de conocimiento público, preocupa ab initio la posición de la Sala Civil, pues su actuación –al rechazar las acciones de tutela presentadas contra la Sala Penal- permite la intervención de otros órganos, que como también es de conocimiento público, han perdido independencia por el precipitado fin de los controles constitucionales reales que existían en nuestro sistema jurídico-político debido a la modificación del artículo 197 de la Constitución, por medio del acto legislativo 02 de 2004, avalado en una decisión sin precedentes por la Corte Constitucional mediante sentencia C-1040 de 2005. La intervención que pueden realizar órganos como el C. S. de la J. sobre el trabajo que realiza con esmero la Sala Penal de la Corte, podría ser generalizada, y por tanto, el contexto de obstrucción de la justicia a la CSJ afectar trágicamente las labores de juzgamiento del Presidente de la Republica y los altos funcionarios de que trata el artículo 174 de la Constitución, Fiscal General de la Nación, ministros de despacho, Procurador General, Defensor del Pueblo, agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales; los Directores de los Departamentos Administrativos, Contralor General de la República, embajadores y jefes de misión diplomática o consular, gobernadores, magistrados de tribunales, generales y almirantes de la fuerza pública, así como la investigación y juzgamiento de los miembros del Congreso de la República, por hechos punibles que se les imputen. Por ultimo, en el análisis del contexto, surge la decisión de la Sala Penal que determino la competencia, que tiene incluso, para investigar y juzgar a los congresistas que hayan renunciado a su fuero parlamentario, ello debido a la renuncia al fuero parlamentario presentada por el congresista Edgar Ulises Torres que fue detenido, el 31 del agosto del presente, por sus nexos con grupos paramilitares, y quien presento renuncia a su curul aprobada en la cámara de representantes el 1° del mes de septiembre. La Sala Penal determino que aunque el congresista renuncio a su curul, los actos por los que se investiga fueron realizados durante el desempeño de sus funciones como parlamentario, por lo que su competencia sigue vigente. Lo ultimo resulta importante, comprendiendo que lo realmente discutido en la sentencia del C. S. de la J. que concedió la libertad al señor Díaz Mateus, es la supuesta falta de competencia absoluta de la Sala Penal para investigar y juzgar la conducta penal imputada al actor. Me preocupa sobremanera la actitud de la Sala Civil frente a los ataques constantes realizados desde diversos órganos estatales contra la Sala Penal, y que deben solucionarse con el fin de no dejar sector frágil dentro de la estructura judicial. Por ejemplo, entre otras preocupaciones, acciones de tutela presentadas ante la Sala Civil por sujetos investigados y procesados por la Sala Penal, que serán rechazadas, mediante providencias que dejaran camino libre para acudir a instancias como el C. S de la J. quien, aunque a través de providencias judiciales, amenazaria el trabajo de la corporación, más aun, ante tan importante avance jurisprudencial respecto del fuero parlamentario. ¿Existen propuestas de solución a la problemática para evitar los ataques constantes desde diferentes órganos contra la CSJ en su digna labor de rescatar la verdad de la oscuridad? La solución debe ser discutida internamente por la Corporación en pleno, y debe velar por la autoprotección, defensa de los intereses en juego e integridad como pilar fundamental de la justicia, la memoria y la verdad que buscan proteger en las investigaciones y procesos que se llevan a cabo. Como David, frente a Goliat, la labor de la CSJ debe salir avante en la historia como impulsor en el descubrimiento de la verdad. Posiblemente, la Sala Civil ceda en su disputa solitaria frente a las demás Salas de la Corporación, y proceda como es debido a realizar estudios de fondo sobre las decisiones judiciales de las Salas Especializadas, procurando el mantenimiento y correcto acceso a la administración de justicia. ¿Cómo entender que no existe mejor protección que tener la facultad de auto evaluarse, sin abusar de esta, incluso protegiéndose como cuerpo colegiado en constante amenaza? Anexo: Lo anunciado, adicionalmente el artículo "El Fin del Constitucionalismo en Colombia: Primera Parte", de mi autoría, que se concentra en el estudio de las consecuencias constitucionales de la ruptura de los controles existentes antes de la aprobación del acto legislativo 02 de 2004. El presente análisis fue realizado en el mes de septiembre de 2009 por Juan Carlos Ospina, para fines netamente académicos. Siéntase libre de compartirlo. Cualquier duda al respecto puede ser atendida en el correo electrónico: juan.droit@gmail.com en
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