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Al igual que la Constitución de 1886 que reemplazó
(Concurrencia de Sanciones Administrativas) T-147-11
ENTES DE CONTROL FISCAL EN EL SECTOR PÚBLICO.docx
Tutela Por No Contestacion de Derecho de Petición.
Trabajo Final Constitucion y Democracia
Taller MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
T-872-10
T-025-04 Estado de Cosas Inconstitucional en La Poblacion Desplazada
Ley Estatutaria 1751 de 2015 Salud
Que Son Las Garantias Individuales y Sociales
DERECHO DE PETICION - Requisitos de la respuesta / RESPUESTA AL DERECHO DE PETICION - Requisitos
Dicha garantía constitucional fundamental encuentra desarrollo legal en los artículos 5° y siguientes del C.C.A., en virtud de
los cuales toda persona tiene derecho a presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y a obtener respuesta
oportuna. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado lo siguiente: “La Constitución Política en su artículo
23 consagra el derecho de petición como un derecho fundamental en virtud del cual se otorga a los ciudadanos la posibilidad
de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades y a obtener de ellas una resolución oportuna y completa sobre el
particular. Como lo ha sostenido en forma reiterada la jurisprudencia constitucional, para la satisfacción de ese derecho la
respuesta (i) debe ser oportuna, (ii) debe resolver el asunto de fondo, en forma clara, precisa y de manera congruente con lo
solicitado; (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumplen esos presupuestos se incurre en una
vulneración del derecho fundamental de petición… Es claro que las autoridades públicas deben actuar con eficacia y
celeridad, por lo cual deben ser diligentes en el trámite y resolución de las solicitudes que ante ellas se presentan. Cualquier
desconocimiento injustificado de los plazos establecidos en la ley implica la vulneración del derecho fundamental de
petición”. En efecto, la respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, clara y congruente con lo solicitado; por lo cual,
no se entiende que dicho derecho se satisfaga con la emisión de la respuesta, sino que adicionalmente, deber ser
congruente con los planteamientos formulados por el peticionario.
NOTA DE RELATORIA. Se cita sentencia de la Sección Quinta de 30 de octubre de 2003, exp. AC-1582 AP, M.P, Dr.
RESPUESTA AL DERECHO DE PETICION - Falta de congruencia al omitir responder sobre pruebas en proceso
Ahora bien, con el fin de dilucidar si se le vulneró el derecho de petición del solicitante, la Sala verificará que cada
planteamiento formulado por el peticionario se haya resuelto de forma clara, precisa y congruente. Respecto a cada
cuestionamiento, manifestó la Procuradoría: 1. Sobre el ejercicio del poder preferente de la denuncia que interpuso por
acoso laboral, la Procuraduría le respondió que mediante el auto del 15 de enero de 2008 denegó el ejercicio del poder
preferente. Entonces, auncuando la respuesta a este interrogante no es de carácter afirmativo, es evidente que le contestó al
peticionario sobre su inquietud en relación al ejercicio del poder preferente del proceso 2006-03-112. 2. Respecto al
cuestionamiento sobre la actuación adelantada contra la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario conforme a la
comunicación que le dirigió el 23 de julio de 2007, de la lectura de la respuesta, se extrae que el Procurador no hizo alusión
a dicho planteamiento. Se aclara que sólo mencionó que el Superintendente Financiero resolvió no admitir la recusación de
la Dra. Ligia Margota Ferrucho Vergara. Es evidente que el Procurador sólo precisó las actuaciones efectuadas por el
Superintendente Financiero y no por la Procuraduría. 3. Sobre el número de radicación de los procesos disciplinarios contra
los doctores Gabriel Hernán Aguilar Leal y Myriam Alina Ormaza, de la contestación se observa que no respondió a tales
planteamientos. A folio 26 se encuentra que en la respuesta el Procurador menciona al doctor GABRIEL HERNÁN AGUILAR,
para señalar que mediante el escrito del 24 de noviembre de 2006 el actor denunció a dicho funcionario por acoso laboral.
Sobre las preguntas 4, 5 y 6 respecto las actividades practicadas por la Procuraduría para esclarecer los hechos
denunciados, las actuaciones que solicitó en las peticiones del 25 de junio de 2007 y 23 de julio de 2008 y la solicitud de la
recepción del testimonio de la señora ANA MARÍA LEÓN ROJAS, la entidad demandada no respondió. Por lo anterior, la
Sala considera que auncuando la Procuraduría contestó la petición del demandante el contenido de la respuesta no es
congruente, pues el Procurador omitió responder algunas preguntas formuladas por el peticionario como quedó
anteriormente demostrado.
ACOSO LABORAL - Agotamiento previo de procedimiento preventivo; improcedencia de la tutela
El numeral 2 del artículo 9 de la Ley 1010 de 2006 “por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y
sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo” prevé: 2. La víctima del acoso
laboral podrá poner en conocimiento del Inspector de Trabajo con competencia en el lugar de los hechos, de los Inspectores
Municipales de Policía, de los Personeros Municipales o de la Defensoría del Pueblo, a prevención, la ocurrencia de una
situación continuada y ostensible de acoso laboral. La denuncia deberá dirigirse por escrito en que se detallen los hechos
denunciados y al que se anexa prueba sumaria de los mismos. (…). Es evidente que las víctimas de acoso laboral deberán
denunciar por escrito tal situación ante el Inspector de Trabajo, Inspectores Municipales de Policía, Personeros Municipales
o ante la Defensoría del Pueblo, a prevención de la autoridad del lugar de los hechos. La Ley 734 de 2002 “por la cual se
expide el Código Disciplinario Único” establece: ART. 2o. TITULARIDAD DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. (…). ART. 3o.
PODER DISCIPLINARIO PREFERENTE. (…). Es así que auncuando el poder disciplinario de manera preferente radica en
la Procuraduría General de la Nación, no es óbice para que las Oficinas de Control Disciplinario Interno también conozcan y
tramiten los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias. Al respecto, el numeral 1 de la
circular No. 20 del 18 de abril de 2007 dictada por la Procuraduría General de la Nación por medio de la cual se fijaron
directrices para asumir y tramitar las quejas de acoso laboral que lleguen a la entidad establece que “antes de iniciar el
procedimiento disciplinario y sancionatorio debe agotarse necesaria y obligatoriamente el procedimiento preventivo de que
trata el artículo 9 del la Ley 1010 de 2006”.Entonces la Procuraduría debe asegurarse que antes de iniciarse la investigación
disciplinaria verifique que la Oficina de Control Disciplinario intente conciliar y ejecutar las medidas que permitan mitigar la
situación, de conformidad con lo previsto por la Ley 1010 de 2006. En efecto, sólo hasta el 24 de abril de 2008 la Oficina de
Control Disciplinario de la Superintendencia Financiera remitió las diligencias número 164447 relacionadas con la queja por
acoso laboral y las piezas procesales que el funcionario ROBERTO MAURICIO RODRÍGUEZ aportó en la denuncia que
formuló por acoso laboral en contra de GABRIEL HERNÁN AGUILAR. Es así que se encuentra probado que a la fecha la
Informó que según el oficio No. Señaló que por lo anterior. sin dar cumplimiento a las garantías previstas por el artículo 11 de la Ley 1010 de 2006. porque el Comité de Convivencia Laboral igualmente tenía que estudiar el caso. envió la denuncia que formuló por acoso laboral a la Procuraduría. el proceso por acoso laboral contra GABRIEL HERNÁN AGUILAR está en la etapa de indagación preliminar. 02074 del 15 de noviembre de 2006 mediante la cual. 1 del 16 de enero de 2007. mediante memorando del 21 de diciembre de 2007. por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la tutela solicitada. la Sala encuentra que auncuando la Superintendencia archivó el proceso disciplinario en contra del señor ROBERTO MAURICIO RODRIGUEZ. Transcribió el artículo 11 de la Ley 1010 de 2006 para indicar las garantías que gozan los funcionarios cuando formulan peticiones. Señaló que mediante la Resolución No. trece (13) de noviembre de dos mil ocho (2008) Consejera ponente: MARTHA SOFÍA SANZ TOBON Radicación número: 25000-23-27-000-2008-00583-01(AC) Actor: ROBERTO MAURICIO RODRÍGUEZ SAAVEDRA Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION Referencia: IMPUGNACIÓN SENTENCIA. para obtener la protección de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso. agregó que se ordenó el envío de éstas a la Procuraduría. que estima vulnerados por dicha entidad.investigación se encuentra en la etapa inicial. A. 2007002847-000 del 19 de enero de 2007. instauró acción de tutela en contra de la Procuraduría General de la Nación. la entidad demandada no archivó el proceso que investiga respecto de la conducta de acoso laboral que denunció el tutelante.DEMANDA Manifestó que el 24 de noviembre de 2006 mediante la comunicación 2006065146-000 denunció a unos funcionarios de la Superintendencia Financiera por acoso laboral y que solicitó la revocatoria directa de la Resolución No. Dijo que con posterioridad a la denuncia de acoso laboral. el Superintendente en respuesta al derecho de petición que formuló le dijo que el proceso se había remitido a la Procuraduría. el Superintendente envió las copias del expediente a la Procuraduría. 0270 del 23 de febrero de 2007 el Superintendente negó la revocatoria directa y ordenó compulsar copias del expediente y enviarlas a la Procuraduría. ANTECEDENTES El señor ROBERTO MAURICIO RODRÍGUEZ SAAVEDRA.. Expresó que en el oficio No. calificando dicha actuación de temeraria. De las piezas procesales. 2006065146-000 del 28 de febrero de 2007. Es así que la Sala encuentra que la entidad demandada no ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso del señor ROBERTO MAURICIO RODRÍGUEZ. 2006065146-009 del 27 de marzo de 2007.C. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá. D. en contravía de lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1010 de 2006. ACCION DE TUTELA Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia del 11 de junio de 2008. el Director de Investigación y Desarrollo de la Superintendencia le solicitó que rindiera las explicaciones sobre su presunta reticencia a cumplir la orden de traslado. quejas y denuncias por acoso laboral con el fin de evitar actos de represalia. la Superintendencia y la Procuraduríala no han investigado a los funcionarios públicos que denunció por acoso laboral. En efecto. dicha entidad ordenó su traslado inmediato de funciones. . Afirmó que a la fecha. actuando en nombre propio. ordenó la apertura del expediente disciplinario y que mediante el oficio No. la Oficina de Control Disciplinario de la Superintendencia mediante el auto No.
2 del 14 de junio de 2007.Agregó que el 4 de mayo de 2007 interpuso una acción de tutela contra la Superintendencia Financiera y que el Juzgado Doce Penal del Circuito de Bogotá mediante la sentencia del 18 de mayo de 2007 negó las pretensiones por aparente improcedencia. clara y precisa. según la circular No. Manifestó que mediante la comunicación del 25 de junio de 2007 le informó al Procurador de las presuntas irregularidades por parte de la Superintendencia en el proceso que inició como consecuencia de la denuncia por acoso laboral que él mismo formuló. le llamaron la atención por ausentarse del trabajo. la Oficina de Control Disciplinario de la Superintendencia tomó represalias. Manifestó que en el mismo escrito. esa afirmación es parcialmente cierta porque sólo lo citaron a dicha diligencia. ni le notificó del Acta No. pues a su juicio. 2 del 14 de junio de 2007 ordenó que se le abriera investigación preliminar por el supuesto incumplimiento de la Resolución No. 02074 del 15 de noviembre de 2006. Afirmó que la Superintendencia engañó al juez. 2008013633-001 del 2 de abril de 2008 la Jefe de Control Disciplinario. por lo cual se vio imposibilitado para aportar las pruebas que tenía a su cargo. que el Tribunal la consideró extemporánea y transcribió apartes de la contestación de la demanda de tutela por parte de la Superintendencia. Mencionó que el 27 de junio de 2007. 6724 del 12 de febrero de 2008 la Secretaría de la Procuraduría le solicitó a la Jefe de Control Disciplinario de la Superintendencia que le informara si había aplicado o no el procedimiento previsto por la Ley 1010 de 2006 en el proceso contra los funcionarios públicos que denunció por acoso laboral y las consecuencias disciplinarias. Afirmó que el 25 de marzo de 2008 en ejercicio del derecho de petición le solicitó al Procurador General de la Nación que le indicara las actuaciones adelantadas en el proceso de acoso laboral y que la respuesta otorgada mediante el oficio del 8 de abril de 2008 no respondía a tales planteamientos. Señaló que mediante el escrito del 23 de julio de 2007 le informó al Procurador General de la Nación sobre las represalias que la Superintendencia tomó en su contra. indicó que el proceso guardaba relación con el incumplimiento de la Resolución No. 020 del 18 de abril de 2007. le comunicó al Procurador General que la Superintendencia le había informado erróneamente al Procurador Segundo Distrital que se encontraban en etapa de conciliación. situación que acredita con el certificado de la EPS SUSALUD que anexa y que mediante un memorando de la misma fecha. Señaló que impugnó dicha providencia. Manifestó que mediante el escrito del 8 de mayo de 2006 le solicitó al Comité de Convivencia Laboral que requiriera a la Presidenta del mismo para que le informara sobre su nueva área de labores y que sólo hasta el 15 de mayo le contestó. 13 del 3 de enero de 2008. el operador disciplinario se abstuvo de iniciar la investigación del proceso en su contra y que archivó las diligencias sin que se ordenara investigar a los verdaderamente responsables del incumplimiento de la Resolución No. Agregó que denunció a la Presidenta del Comité de Convivencia Laboral en la Procuraduría. por lo cual se le vulneró su derecho fundamental de petición. Informó que el 26 de abril del 2007. Sostuvo que mediante el oficio No. Mencionó que mediante el oficio No. en la medida en que le dio a entender que no se pudo efectuar el traslado del señor ROBERTO RODRÍGUEZ porque éste se opuso a la valoración médica ordenada. Precisó que mediante el auto No. 001 que se levantó de dicha diligencia. en especial sobre el auto No. . pues el Procurador le informó que el procedimiento que se adelantó en el expediente 200603112 fue acorde con las exigencias previstas por la Ley 734 de 2002 y que mediante los autos del 15 de enero de 2008 y 28 de marzo del mismo año se negó el uso del derecho preferente. 02074. Insistió en que la Procuraduría no ha tramitado la denuncia que formuló por acoso laboral y que a la fecha tampoco le han solicitado ampliación de la misma. Resaltó que por las demandas de tutela y nulidad y restablecimiento del derecho que instauró en contra de dicha entidad. en respuesta a la solicitud de la Procuraduría. 02074 y no con la denuncia de acoso laboral que formuló el actor. agregó que la respuesta no fue de fondo. Dijo que el 14 de febrero de 2007 no fue al trabajo porque estaba enfermo. pues mediante el auto No. el Comité de Convivencia Laboral celebró audiencia con los funcionarios denunciados y que no lo citó. en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho demandó a la Superintendencia Financiera.
el quejoso no tiene que ser notificado de todas las providencias dentro del proceso disciplinario sino sólo las que por disposición legal se le deban notificar. Aseveró que en este caso la tutela es improcedente toda vez que el solicitante no probó que se le haya vulnerado algún derecho fundamental. Señaló que según las circulares números 20 y 42 de 2007 de la Procuraduría. Que se ordene la inmediata recepción del testimonio de la señora ANA MARÍA LEÓN ROJAS. llegó a la Procuraduría Segunda Distrital el 9 de abril de 2008. Informó que como la queja por acoso laboral que formuló el actor. aportar pruebas y recurrir en el evento en que se decida archivar el proceso o se profiera sentencia absolutoria. 02074. a la fecha el proceso se encuentra en el trámite inicial. Insistió en que el Procurador Segundo del Distrito no tuvo en cuenta los antecedentes y fueron rechazados en el expediente disciplinario 2006-03-112.Precisó que en protección del derecho fundamental de petición. . Precisó que el trámite de la queja está previsto en el Código Disciplinario Único. 200603112. Expresó que de conformidad con la norma citada. Manifestó que en la Procuraduría Delegada para la Función Pública existe copia de las comunicaciones que le envió a la Procuraduría General de la Nación bajo la radicación No. Como consecuencia de lo anterior. se debe agotar el procedimiento preventivo. permitió que la conducta de los funcionarios denunciados quedara en impunidad y más aún cuando no tramitó la investigación por la que se le investigó por incumplimiento de la Resolución No. Señaló que de conformidad con el parágrafo del artículo 89 de la Ley 734 de 2002 la intervención del quejoso se limita a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento.PRETENSIONES La parte actora solicita que se tutelen sus derechos fundamentales de petición. la Procuraduría debe dar respuesta a una serie de preguntas que formula en el escrito de la denuncia. vulnerando así su derecho fundamental a la igualdad. Señaló que el procedimiento que adelantó la Procuraduría en el expediente correspondiente a la denuncia que formuló por acoso laboral fue diferente al que ha dado en procesos similares. por lo cual.DEFENSA La apoderada de la Procuraduría General de la Nación contestó la tutela en los siguientes términos: Manifestó que se le ha dado respuesta a las solicitudes que formuló el actor en ejercicio del derecho de petición. precisa y puntual el derecho la petición que formuló el 23 de marzo de 2008. el Procurador Segundo Distrital apartado de las normas legales y del principio de transparencia. pues a éstos si les otorgó el trámite preferente. sin que se surtiera la etapa probatoria y que adicionalmente no atendió su solicitud de recepcionar el testimonio de la señora ANA MARÍA LEÓN ROJAS. Aseveró que la decisión de la Procuraduría de archivar el proceso con radicado No. Que se dé aplicación al trámite especial previsto por las Leyes 1010 de 2006 y 734 de 2002 y las circulares 20 y 42 dictadas por la Procuraduría General de la Nación. B. 145773. Expresó que el 23 de abril de 2008 en ejercicio del derecho de petición le solicitó a la Procuraduría copias de los autos mencionados en el párrafo anterior. Adujo que el procedimiento que practicó la Procuraduría fue el previsto por la Ley 734 de 2002 y no el que establece la Ley 1010 de 2006. en su caso la Procuraduría tenía que enviar las actuaciones procesales al Ministerio Público. le negó el ejercicio del poder preferente en el proceso que se inició por acoso laboral y no en el proceso disciplinario que se tramitaba en su contra con radicado No. Precisó que se violó el debido proceso porque la Procuraduría archivó el proceso de acoso laboral. C. Que conteste de manera clara. que se ordene a la Procuraduría General de la Nación: Que dentro de un término perentorio resuelva sobre el poder preferente de la denuncia que formuló por acoso laboral. Estimó que adicionalmente. a la igualdad y al debido proceso. 2006-03-112.
éste denunció al Subdirector de Coordinación Normativa el señor GABRIEL HERNÁN AGUILAR LEAL por acoso laboral. por lo cual ordenó el archivo definitivo de las diligencias. por lo cual la conducta que se le solicitó investigar fue la renuencia injustificada para cumplir la adscripción a la Dirección de Portafolios de Inversión y no la de acoso laboral. 02074 de 2006 y que en dicha solicitud adicionalmente mencionó que había sido objeto de conductas de acoso laboral por parte del superior inmediato de la Subdirección de Coordinación Normativa y que temía ser expuesto a cualquier tipo de retaliación por parte del delegado del área a la que se le trasladaba. Informó que mediante el oficio del 10 de octubre de 2007 la Secretaría de la Procuraduría Distrital envió a la Oficina de la Superintendencia las diligencias realizadas por la conducta de acoso laboral y las piezas procesales aportadas por el señor RODRÍGUEZ SAAVEDRA. en los archivos de Comité de Convivencia Laboral ni en el historial laboral que acredite que el solicitante hubiera presentado alguna queja. por lo cual a la fecha está iniciándose el trámite legal. Manifestó que posteriormente la Oficina de Control Disciplinario de la Superintendencia mediante el oficio 200724873-001000 del 3 de mayo de 2007 le aclaró que con referencia al expediente 143-154238-07 la Procuraduría no tuvo en cuenta que el expediente trasladado era en contra del funcionario RODRÍGUEZ SAAVEDRA y no en contra de GABRIEL HERNÁN AGUILAR. documento o reclamación por acoso laboral contra su jefe inmediato.La apoderada de la Procuraduría Segunda Distrital procedió a contestar la tutela de la siguiente forma: Informó que la Oficina de Control Disciplinario de la Superintendencia Financiera mediante el oficio 207002847-000-000 del 19 de enero de 2007 remitió el expediente 2006-03-112 que se adelantaba en contra del señor ROBERTO MAURICIO RODRÍGUEZ SAAVEDRA por presunto incumplimiento a lo ordenado en la Resolución 2074 de 2006. la Procuraduría mediante auto del 15 de enero de 2008 se negó a aplicar el poder preferente en el proceso 2006-03-12. Señaló que mediante el auto del 14 de marzo de 2007 el despacho consideró que no le asistió la razón a la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario al remitir el expediente 2006-03-112 porque no cumplió las formalidades previstas por el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 1010 de 2006. 02074 de 2006 en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 02074 del 15 de noviembre de 2006 la Superintendencia ordenó el traslado de ROBERTO MAURICIO RODRÍGUEZ a la Subdirección Normativa a la Dirección de Portafolios de Inversión. por considerar que en aplicación del numeral 2 del artículo 11 de la Lay 1010 de 2006 es de competencia de la Procuraduría. pues el señor RODRÍGUEZ denunció ser víctima de acoso laboral. El Subdirector de Representación Judicial y Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera contestó la tutela así: Manifestó que mediante la Resolución No. Argumentó que en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 734 de 2002 y de la Resolución 364 del 3 de octubre de 2002 mediante el auto del 9 de mayo de 2007 remitió el expediente 143-154238-07 a la Oficina de Control Disciplinario de la Superintendencia para que iniciara las diligencias contra ROBERTO MAURICIO RODRÍGUEZ. agregó que se le había remitido para que se le garantizara al quejoso que no fuera víctima de acciones retaliatorias por haber denunciado al superior y que se encontraba en etapa de conciliación. 13 del 3 de enero de 2008 la Superintendencia decidió abstenerse de iniciar la investigación contra el funcionario ROBERTO MAURICIO RODRÍGUEZ. Manifestó que en el oficio 2008013633-001-000 del 2 de abril de 2008 la Superintendencia Financiera le puso en conocimiento la decisión de ordenar el archivo definitivo de las diligencias del expediente 2006-03-112 que se adelantó en contra del señor ROBERTO MAURICIO y le precisó que la comunicación del 22 de junio de 2007 que le remitió mediante el oficio 2008013633-001-000 se refiere a la queja que interpuso dicho funcionario por acoso laboral en aplicación a lo previsto por el artículo 12 de la Ley 1010 de 2006. Precisó que en razón a dicha decisión. Expresó que sólo hasta el 9 de abril de 2008 se radicó en la Secretaría de la Procuraduría Segunda Distrital las remisiones de la Superintendencia. Afirmó que a la fecha no existe constancia en la Subdirección de Recursos Humanos. Dijo que mediante auto No. el actor solicitó la revocatoria de la Resolución No. . Precisó que el 24 de noviembre de 2006. Señaló que el señor ROBERTO RODRÍGUEZ demandó la Resolución No. Precisó que el expediente fue enviado a la Procuraduría para ejercer el poder preferente porque previo a la renuencia del funcionario a cumplir su adscripción.
por lo cual mediante el escrito del 23 de febrero de 2007 le solicitó a la Administradora de Riesgos Profesionales la valoración médica del estado de salud del señor RODRÍGUEZ SAAVEDRA. el Comité Laboral se reunió para estudiar entre otros asuntos. Transcribió los escritos del 17 de marzo y 23 de abril de 2008 que en ejercicio del derecho de petición el actor solicitó a la Procuraduría General de la Nación para que le informara las actuaciones que se han efectuado en los procesos Nos. Expresó que mediante el oficio del 10 de mayo de 2007. como lo estima el actor. pues en el proceso disciplinario las etapas se sanean a través de la nulidad y no a través de la decisión de archivar. de encontrar acreditada la situación de acoso laboral denunciada. II . Señaló que la Directora de Portafolios de Inversión le pasó memorando al señor ROBERTO RODRÍGUEZ por no asistir a la oficina el 14 de febrero de 2007. Aseguró que dicha petición se remitió a la Subdirección de Recursos Humanos. 145773 . 1 del 16 de enero de 2007 el Superintendente ordenó remitir el expediente disciplinario a la Procuraduría y que no corresponde a la apertura de la actuación disciplinaria por incumplimiento de la Resolución No. momento en que se resolvió sobre la revocatoria.Manifestó que el Superintendente mediante la Resolución No. comoquiera que su vida e integridad física están en peligro. sino que sólo existe el memorando en el que se le llamó la atención por haberse ausentado de su sitio de trabajo. por lo anterior mediante memorial del 21 de febrero de 2007 le comunicó dicha situación al Superintendente Financiero y a la Subdirección de Recursos Humanos. dentro del marco legal de sus competencias”. con el propósito de que se analicen los argumentos expuestos por el señor RODRÍGUEZ SAAVEDRA. en especial sobre su situación anímica y los grados de estrés de los cuales era víctima. el caso del señor RODRÍGUEZ SAAVEDRA y consideró que con el traslado se había resuelto el supuesto conflicto con su anterior jefe. Citó el artículo 6 del C. Dijo que tal como consta en el Acta No. se había mitigado con el traslado del señor RODRÍGUEZ SAAVEDRA y que por parte de la señora CLAUDIA ROSELLÓ no existe evidencia.A. 001 del 26 de abril de 2007. Estimó que el Comité de Convivencia Laboral adelantó las acciones preventivas y de seguimiento respecto de la denuncia del quejoso. GABRIEL HERNÁN AGUILAR y que adicionalmente procedería a remitir un oficio a la nueva jefe CLAUDIA MERCEDES. y jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el derecho fundamental de petición. Mencionó que el 23 de enero de 2007 en ejercicio del derecho de petición el señor RODRÍGUEZ SAAVEDRA le solicitó a la Superintendencia que ordenara a quien correspondiera una valoración sobre su estado de salud. ni queja de acoso laboral por parte del funcionario. Argumentó que mediante el auto No. 270 del 23 de febrero de 2007 negó la revocatoria de la Resolución 02074 que “dispuso trasladar al Comité de Convivencia Laboral de la Superintendencia Financiera el expediente administrativo. Aclaró que mediante el auto No.FALLO IMPUGNADO La Subsección “B” de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante providencia del 11 de junio de 2008 negó la solicitud de tutela instaurada por las razones que a continuación se exponen: Señaló que de conformidad con el Decreto 2591 de 1991 la acción de tutela es un mecanismo residual de protección de los derechos fundamentales y que sólo procede contra la acción u omisión de las autoridades públicas que hayan vulnerado o que amenacen los derechos fundamentales o contra particulares siempre que no exista otro mecanismo de defensa judicial. 13 del 3 de enero de 2007 se ordenó la indagación preliminar sin que se hiciera la valoración probatoria frente a la calificación de la conducta como gravísima. aplique el procedimiento correspondiente y adopte las decisiones que considere convenientes.C. Manifestó que para el 23 de febrero de 2007. Agregó que en el mismo escrito el actor manifestó que. confirió poder a un abogado para que presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho por si resultaba incapacitado. auncuando SUSALUD lo incapacitó para el 14 y 15 del mismo mes y año. el cual se efectúo mediante el oficio del 16 de junio de 2007. solicitando que informara si se habían presentado o no inconvenientes con el funcionario RODRÍGUEZ SAAVEDRA. Aseguró que en sesión del 2 de noviembre de 2007 el Comité de Convivencia Laboral determinó que el posible conflicto de acoso laboral por parte del señor GABRIEL HERNÁN AGUILAR. 02074. la Superintendencia ya había remitido el expediente sobre el incumplimiento del funcionario respecto la Resolución de adscripción a la Procuraduría. la EPS afirmó que a la fecha el señor RODRÍGUEZ SAAVEDRA no había radicado las solicitudes para estudio de los casos por medicina laboral. Expresó que el 16 de junio de 2007 el actor le informó al Comité de Convivencia Laboral que había instaurado acción de tutela contra la Superintendencia.
001 del 26 de abril de 2006. Mencionó que mediante el auto No. Consideró que la Procuraduría efectivamente respondió la petición hecha por el quejoso en el oficio No. la actuación de la Procuraduría y de la Superintendencia vulneró sus derechos fundamentales de petición. tales diferencias quedaron superadas con el traslado del funcionario a otra dependencia y que el trámite de la queja se tramitaría en la Procuraduría General de la Nación donde se encuentra en curso.FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN El demandante impugnó el fallo de la Subsección “B” de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca presentando los argumentos expuestos en la demanda. 20070224873-001-000 mediante el cual la Superintendencia le informó a la Procuraduría que se equivocó al remitir el expediente. el expediente contra el señor Rodríguez Saavedra se evaluó en la Oficina de Control Disciplinario de la Superintendencia Financiera y se ordenó abstenerse de promover la investigación disciplinaria. 377 y 379) negando la solicitud de ejercer el poder preferente porque tuvo en cuenta que al disciplinado se le garantizaron sus derechos en el proceso que adelantó la Oficina de Control Interno de la Superintendencia Financiera. así como las directrices que establecen las circulares Nos. 1 del 16 de enero de 2007. el Comité de Convivencia Laboral se declaró sin competencia para resolver las diferencias del actor con su jefe. asistido de su apoderado. Consideró que no hay prueba que acredite la iniciación del proceso disciplinario relacionado con las amenazas de los derechos constitucionales por acoso laboral. hizo uso del derecho a designar defensor. se le comunicó las decisiones proferidas y el derecho de defensa y contradicción. 64965 (fls. Insistió en el hecho de que en el escrito de la tutela pretendió que de manera clara. por lo cual devolvió el proceso a la Oficina de Control Disciplinario de la entidad pública. los cuales a la fecha no han llegado para materializar el ejercicio de la acción disciplinaria. Insistió en el argumento de que. pues tuvo acceso al proceso desde que se ordenó la indagación preliminar de la cual fue notificado. además que la denuncia por acoso laboral sólo llegó con todos los documentos el 9 de abril de 2008 y que se encuentra pendiente de cursar el trámite de ley”. solicitó y aportó pruebas y contó con la oportunidad procesal de controvertirlas. pues han dilatado injustificadamente el procedimiento y los han confundido. III. precisa y puntual la Procuraduría resolviera la solicitud que presentó el 23 de marzo de 2008 en ejercicio del derecho de petición. fue escuchado en versión libre. Expresó que en el auto del 14 de marzo de 2007.y 1695572 y que se le expidiera copia de los autos del 15 de enero de 2008 y 28 de marzo del mismo año proferidos por el vice-procurador. que solicitó los informes a la Superintendencia Financiera. Manifestó que desde noviembre de 2006 a la fecha no se ha verificado el procedimiento que ha surtido la Superintendencia y la Procuraduría. se le concedió el derecho a obtener copias del diligenciamiento. Mencionó el oficio No. Estimó que frente a la petición del 23 de abril de 2008. mediante el oficio No. . la Procuraduría no le dio la razón a la Superintendencia porque la remisión de la denuncia incumplía las formalidades previstas por el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 1010 de 2006. 31573 la Procuraduría le dio respuesta enviándole copia de los autos allí señalados. la Oficina de Control Disciplinario de la Superintendencia Financiera remitió por competencia el expediente a la Procuraduría. pues envió el expediente del proceso contra RODRÍGUEZ SAAVEDRA y no el del señor GABRIEL HERNÁN AGUILAR. Manifestó que en la contestación de la tutela la Procuraduría informó que “a la fecha ya se han contestado las peticiones de los actos. se le concedió la reprogramación de las diligencias probatorias. Aseveró que adicionalmente pretende que se ordene aplicar el trámite previsto en las Leyes 1010 de 2006 y 734 de 2002. Sostuvo que la Procuraduría solo inspeccionó y evaluó el proceso en el cual el actor es investigado. a la igualdad y al debido proceso. 20 del 18 de abril y 42 del 2 de agosto de la Procuraduría General de la Nación y que se le ordene al Procurador que ejecute su poder disciplinario con celeridad para resolver si existieron o no la conductas denunciadas. Resolvió que no accedía al amparo del derecho fundamental de petición solicitado e instó al Procurador Segundo Distrital para que haga efectivo el poder disciplinario con la celeridad necesaria. Por lo cual. que adicionalmente. Precisó que según el Acta No. Dijo que por las reiteradas comunicaciones entre ambas entidades los procedimientos se confundieron. pues de los antecedentes documentales se extraía que el señor RODRÍGUEZ SAAVEDRA había denunciado a funcionarios de la Superintendencia por acoso laboral.
que sólo procede cuando el afectado no disponga de otros instrumentos de defensa judicial. 02074. Cualquier desconocimiento injustificado de los plazos establecidos en la ley implica la vulneración del derecho fundamental de petición. 20 y 42 anteriormente mencionadas y que omitió analizar la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso. salvo que se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio irremediable. es decir. por inaplicar el trámite de poder preferente previsto en las Leyes 1010 de 2006 y 734 de 2002 y circulares Nos. cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular. (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario. en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. Al respecto. Derecho fundamental de petición El demandante estima que mediante el oficio del 8 de abril de 2008 la Procuraduría le vulneró su derecho fundamental de petición por no resolver de manera clara. (ii) debe resolver el asunto de fondo. 20 del 18 de abril y 42 del 2 de agosto proferidas por la Procuraduría General de la Nación y porque el proceso disciplinario que se adelantó en su contra por incumplimiento de la Resolución No. precisa y de manera congruente con lo solicitado. fue archivado el proceso y no se investigó la real causa por la que no se ejecutó la orden de dicha resolución. que se resuelvan de fondo la solicitud elevada el 16 de marzo de 2007 ante el Ministerio del Interior y de Justicia.CONSIDERACIONES DE LA SALA La acción de tutela. IV. la Ley y la jurisprudencia. De otro lado. precisa y puntual la solicitud que presentó el 25 de marzo de 2008. en especial las pertinentes a las exigencias del contenido de la respuesta. Sea lo primero precisar que son tres los problemas jurídicos a resolver en este caso para determinar si la Procuraduría vulneró o no los derechos fundamentales de petición. se comparte lo considerado por la jurisprudencia constitucional en cuanto no son válidas ni efectivas las respuestas a través de las cuales se le informa al interesado sobre el trámite que se está adelantando o que se pretende realizar. por lo cual deben ser diligentes en el trámite y resolución de las solicitudes que ante ellas se presentan.C.A. de las piezas procesales se verificará si la contestación de la Procuraduría responde a la solicitud del actor.. en forma clara. De los documentos obrantes en el expediente se concluye que a la misma no se ha dado la respectiva respuesta de fondo en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Política. (Negrillas y subrayas fuera del texto original) . para la satisfacción de ese derecho la respuesta (i) debe ser oportuna. fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales. Así las cosas. En el presente asunto el solicitante estima que la Procuraduría General de la Nación vulneró los derechos fundamentales de petición. la Sala observa que la pretensión de la accionante es. Agregó que en la parte considerativa el Tribunal menciona que los procedimientos se confundieron y en la parte resolutiva niega la solicitud de la tutela. pues la entidad accionada simplemente la rechazó de plano sin tener en cuenta que se trataba de una nueva solicitud de reconocimiento de personería jurídica especial. pues a su juicio el contenido de la respuesta no responde a los interrogantes que planteó en dicho escrito. al debido proceo y a la igualdad de la parte demandante. se reseñarán las normas que regulan el derecho fundamental de petición. Dicha garantía constitucional fundamental encuentra desarrollo legal en los artículos 5° y siguientes del C. En el caso sub examine. al debido proceso y a la igualdad. la cual conforme al artículo 5 del Decreto 1319 de 1998 procede cuando se ha ordenado el archivo de una solicitud en igual sentido. Posteriormente. Como lo ha sostenido en forma reiterada la jurisprudencia constitucional. consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado lo siguiente: “La Constitución Política en su artículo 23 consagra el derecho de petición como un derecho fundamental en virtud del cual se otorga a los ciudadanos la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades y a obtener de ellas una resolución oportuna y completa sobre el particular.Estimó que la sentencia del Tribunal fue incongruente con las pretensiones que formuló. en concreto. en relación con los términos para dar respuesta a la solicitud y los requisitos de la misma”. con la actuación de la entidad accionada advierte la Sala vulneración del derecho fundamental de petición. en virtud de los cuales toda persona tiene derecho a presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y a obtener respuesta oportuna. Si no se cumplen esos presupuestos se incurre en una vulneración del derecho fundamental de petición… Es claro que las autoridades públicas deben actuar con eficacia y celeridad. Dicha acción se establece como mecanismo subsidiario. precisa y puntual la solicitud que presentó el 25 de marzo de 2008 en ejercicio del derecho de petición. pues no le ordenó a la Procuraduría que aplicara las circulares Nos. Ello para determinar si la entidad demandada vulneró el derecho fundamental de petición del solicitante. En tales circunstancias. por no resolver de manera clara. pues el Ministerio del Interior no cumplió con lo establecido por el artículo 4 del Decreto 1319 de 1998.
D. en ejercicio del poder preferente al reporte de incumplimiento por parte del Dr. Por tanto. De las piezas procesales se observa que: En el escrito del 17 de marzo de 2008 que aparece a folios 28 al 39. por lo cual. con la cual el señor Superintendente Financiero (e) resolvió no admitir la recusación presentada contra la Dra. Evacuada dicha diligencia se estableció. que han sido garantizados los . atendiendo la interposición de una acción previa de acoso laboral en días posteriores a la expedición de la Resolución 2074 del 15 de Noviembre de 2006. La Resolución en cita fue objeto de solicitud de revocatoria del 24 de Noviembre de 2006. Solicitó que recepcionara el testimonio de la doctora ANA MARÍA LEÓN ROJAS. 2074 del 15 de noviembre de 2006. este Despacho mediante Auto del 9 de Mayo de 2007 dispuso remitir el expediente 143-154238/07 a la citada Oficina de Control Disciplinario. remitió por competencia las diligencias a la Procuraduría General de la Nación. Atendiendo a dicha solicitud. así como la instrucción del mismo mes y año en la que se le ordenó rendir explicaciones por dicho incumplimiento. Ahora bien. a fin de que se avocara el trámite del presunto acoso laboral en su contra por parte de servidores de la Superintendencia Financiera de Colombia. que la conducta por la cual se adelantaba el proceso 2006-03-112. 28548. La actuación que ha adelantado contra la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario conforme a la comunicación que le dirigió el 23 de julio de 2007. no se entiende que dicho derecho se satisfaga con la emisión de la respuesta. Ligia Margoth Ferrucho Vergara. la cual fue tramitada mediante Resolución 1256 del 19 de julio de 2007. se le atribuyeron al Dr. 17964. el traslado del señor Roberto Mauricio Rodríguez Saavedra. la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Superintendencia Financiera de Colombia. 169572 y del expediente P. e igualmente haber incumplido la instrucción impartida mediante memorando del 23 de Noviembre de 2006. solicitándose dar aplicación a la Ley 1010 de 2006. 145773. considerando que dentro del proceso 2006-01-112 adelantado por esa Oficina. Analizado lo anterior. el señor ROBERTO MAURICIO RODRÍGUEZ le solicitó al Procurador General de la Nación que le indicará sobre las actuaciones surtidas en los procesos con radicación números 3503. El número de radicación de los procesos disciplinarios contra los doctores Gabriel Hernán Aguilar Leal y Myriam Alina Ormaza. solicitando el ejercicio del poder preferente respecto del proceso 2006-03-112 adelantado por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Superintendencia Financiera de Colombia. clara y congruente con lo solicitado. deber ser congruente con los planteamientos formulados por el peticionario. a folios 25 al 27 aparece que el Procurador Segundo Distrital de Bogotá respondió a la petición formulada por el solicitante así: “A través del escrito radicado en la Procuraduría General de la Nación el día 23 de julio de 2007. Profesional Especializado 2028-14 (E) de la Subdirección de Coordinación Normativa a la Dirección de Portafolios de Inversión de la entidad. sino que adicionalmente. Gabriel Hernán Aguilar Leal. sino al presunto incumplimiento a una orden administrativa proferida por la Secretaría General de la Superintendencia Financiera de Colombia mediante la Resolución No. 2006-03-112 en la Superintendencia Financiera y le solicitó que le informará sobre: Las actuaciones que ha realizado en ejercicio del poder preferente respecto de la denuncia que interpuso por acoso laboral. Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario. a través de la cual se hacen unas adscripciones de la planta de personal de la entidad. Rodríguez Saavedra. se reiteró de su parte el escrito de fecha 25 de junio del mismo año. la respuesta al derecho de petición debe ser de fondo. en el escrito del 24 de noviembre de 2006. para que en consecuencia se adelante en esa entidad el trámite del proceso seguido en su contra. Subdirector de Coordinación Normativa. Las actividades y/o diligencias practicadas para esclarecer los hechos denunciados máxime cuando los actos de persecución y hostigamiento han permanecido. presuntos actos de maltrato en su contra.En efecto. 4869. a la orden de adscripción. en cumplimiento a lo establecido en el numeral 2 del artículo 11 de la Ley 1010/06. no correspondía a acoso laboral. este Despacho mediante Auto del 21 de Agosto de 2007 dispuso la práctica de visita especial al citado proceso a fin de establecer la viabilidad de lo requerido. encontrándose entre los diversos funcionarios. Las actividades realizadas respecto las peticiones que formuló el 25 de junio de 2007 y 23 de julio de 2008. A su vez. En el asunto que se demanda se verificará si la entidad demandada respondió todas las inquietudes formuladas por el peticionario. no se daban las formalidades previstas en el artículo 9 numeral 2 de la Ley 1010/06. En la revisión efectuada al proceso 2006-03-112 adelantado por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Superintendencia Financiera de Colombia atendiendo la solicitud de ejercicio de poder preferente se establece que el procedimiento aplicado está ajustado a la normatividad contemplada en la Ley 734 de 2002.
Respecto a cada cuestionamiento. Es evidente que el Procurador sólo precisó las actuaciones efectuadas por el Superintendente Financiero y no por la Procuraduría. que se le han notificado y comunicado las diversas decisiones proferidas en el proceso. manifestó la Procuradoría: Sobre el ejercicio del poder preferente de la denuncia que interpuso por acoso laboral. 2074. de la contestación se observa que no respondió a tales planteamientos. Lo anterior condujo a este Despacho a denegar mediante Auto del 15 de Enero de 2008 la solicitud del ejercicio de poder preferente dentro del Radicado 2006-03-112 adelantado por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Superintendencia Financiera de Colombia. las actuaciones que solicitó en las peticiones del 25 de junio de 2007 y 23 de julio de 2008 y la solicitud de la recepción del testimonio de la señora ANA MARÍA LEÓN ROJAS. 20 del 18 de abril y 42 del 2 de agosto proferidas por la Procuraduría General de la Nación en el proceso de acoso laboral. es decir que el implicado ha tenido acceso al proceso desde que fue ordenada a indagación preliminar de la cual fue notificado. es decir se le ha garantizado el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción. pues el Procurador omitió responder algunas preguntas formuladas por el peticionario como quedó anteriormente demostrado. Por su parte. que ha hecho uso del derecho de designar defensor. que ha hecho uso del derecho de solicitar y aportar pruebas y de la oportunidad procesal de controvertirlas. considera que se le vulneró dicho derecho fundamental porque en el proceso disciplinario que se adelantó en su contra el Procurador lo archivó y que en últimas no se investigó la real causa por la cual no se ejecutó la Resolución No. . A folio 26 se encuentra que en la respuesta el Procurador menciona al doctor GABRIEL HERNÁN AGUILAR. para señalar que mediante el escrito del 24 de noviembre de 2006 el actor denunció a dicho funcionario por acoso laboral. Sobre las preguntas 4. decisión que fue confirmada por el Despacho el señor Viceprocurador General de la Nación. 2006-03-112 y que sólo hasta el 29 de abril de 2008 la Oficina de Control Disciplinario radicó las diligencias que adelantó en el proceso de acoso laboral. se extrae que el Procurador no hizo alusión a dicho planteamiento. que se le ha concedido el derecho de obtener copias del diligenciamiento cuando las ha solicitado. 5 y 6 respecto las actividades practicadas por la Procuraduría para esclarecer los hechos denunciados. la Sala verificará que cada planteamiento formulado por el peticionario se haya resuelto de forma clara. Por lo anterior. El demandante estima que la Procuraduría vulneró su derecho fundamental al debido proceso porque no aplicó el trámite de poder preferente previsto en las Leyes 1010 de 2006 y 724 de 2002 y en las circulares Nos. Se aclara que sólo mencionó que el Superintendente Financiero resolvió no admitir la recusación de la Dra. 3. la Procuraduría Segunda Distrital afirmó que mediante el auto del 15 de enero de 2008 negó el ejercicio del poder referente del proceso con radicado No. con el fin de dilucidar si se le vulneró el derecho de petición del solicitante. Ligia Margota Ferrucho Vergara. precisa y congruente.derechos establecidos para el implicado en el artículo 93 ibidem. la Sala considera que auncuando la Procuraduría contestó la petición del demandante el contenido de la respuesta no es congruente. Adicionalmente. de la lectura de la respuesta. auncuando la respuesta a este interrogante no es de carácter afirmativo. Respecto al cuestionamiento sobre la actuación adelantada contra la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario conforme a la comunicación que le dirigió el 23 de julio de 2007. que fue escuchado en versión libre asistido por su apoderado. Entonces. es evidente que le contestó al peticionario sobre su inquietud en relación al ejercicio del poder preferente del proceso 2006-03-112. Sobre el número de radicación de los procesos disciplinarios contra los doctores Gabriel Hernán Aguilar Leal y Myriam Alina Ormaza. Derecho fundamental al debido proceso. la Procuraduría le respondió que mediante el auto del 15 de enero de 2008 denegó el ejercicio del poder preferente.” Ahora bien. pues a su juicio se le vulneró el derecho fundamental al debido proceso porque el Procurador negó el ejercicio del derecho preferente en el proceso disciplinario mediante el auto del 15 de abril de 2008. la entidad demandada no respondió. a través del Auto de fecha de Marzo de 2008. que se le ha concedido la reprogramación de diligencias probatorias cuando las ha solicitado. Sea lo primero precisar que en el presente asunto el actor discute el contenido de una providencia judicial en el proceso disciplinario que se adelantó en su contra.
El numeral 2 del artículo 9 de la Ley 1010 de 2006 “por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir. 2007002847-000-000 del 19 de enero de 2007 en cumplimiento del auto No. proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas. Entonces la Procuraduría debe asegurarse que antes de iniciarse la investigación disciplinaria verifique que la Oficina de Control Disciplinario intente conciliar y ejecutar las medidas que permitan mitigar la situación.” Subrayas y negrillas fuera del texto original. También se procederá en la misma forma cuando se desprenda del conocimiento de un proceso. TITULARIDAD DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. La autoridad que reciba la denuncia en tales términos conminará preventivamente al empleador para que ponga en marcha los procedimientos confidenciales referidos en el numeral 1 de este artículo y programe actividades pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento de las relaciones entre quienes comparten una relación laboral dentro de una empresa. Lo anterior. el numeral 1 de la circular No. 20 del 18 de abril de 2007 dictada por la Procuraduría General de la Nación por medio de la cual se fijaron directrices para asumir y tramitar las quejas de acoso laboral que lleguen a la entidad establece que “antes de iniciar el procedimiento disciplinario y sancionatorio debe agotarse necesaria y obligatoriamente el procedimiento preventivo de que trata el artículo 9 del la Ley 1010 de 2006”. de oficio o a petición de cualquier persona. La denuncia deberá dirigirse por escrito en que se detallen los hechos denunciados y al que se anexa prueba sumaria de los mismos.Sea lo primero precisar que en el presente asunto no se discute el contenido de una providencia judicial sino la presunta violación al debido proceso por parte de la entidad demandada en el proceso disciplinario. mediante decisión motivada. Para adoptar esta medida se escuchará a la parte denunciada. al omitir el ejercicio del poder preferente en el trámite de la denuncia por acoso laboral que interpuso el actor. La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la falta. no es óbice para que las Oficinas de Control Disciplinario Interno también conozcan y tramiten los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias. podrá avocar el conocimiento de aquellos asuntos que se tramitan internamente en las demás dependencias del control disciplinario. es la jurisdicción disciplinaria. a prevención de la autoridad del lugar de los hechos. órganos y entidades del Estado. De las piezas procesales se observa que: Mediante el oficio No. corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas. A folios 613 al 614 aparece que mediante el auto del 9 de mayo de 2007 el Procurador Segundo Distrital ordenó remitir el Expediente 143-154238-2007 a la Oficina de Control Disciplinario de la Superintendencia porque a su juicio la investigación . Al respecto. PODER DISCIPLINARIO PREFERENTE. La Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio preferente del poder disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar. visible a folios 103 a 105. a prevención. 1 del 16 de enero de 2007 la Oficina de Control Disciplinario de la Superintendencia Financiera remitió por competencia a la Procuraduría General de la Nación el expediente No. Es así que auncuando el poder disciplinario de manera preferente radica en la Procuraduría General de la Nación. El titular de la acción disciplinaria en los eventos de los funcionarios judiciales. 2006-03-12 en el cual se tramitó la denuncia por acoso laboral. con el fin de determinar si la entidad demandada vulneró o no el derecho al debido proceso del solicitante. la ocurrencia de una situación continuada y ostensible de acoso laboral. La Ley 734 de 2002 “por la cual se expide el Código Disciplinario Único” establece: ARTÍCULO 2o. Igualmente podrá asumir el proceso en segunda instancia. La Sala verificará si en el proceso disciplinario contra el señor GABRIEL HERNÁN AGUILAR hay lugar o no a ejercer el poder preferente y de las piezas procesales se observará el trámite que se le ha dado a dicho proceso. En virtud de la misma potestad. La víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del Inspector de Trabajo con competencia en el lugar de los hechos. de conformidad con lo previsto por la Ley 1010 de 2006. de los Personeros Municipales o de la Defensoría del Pueblo. de los Inspectores Municipales de Policía. Personeros Municipales o ante la Defensoría del Pueblo. Inspectores Municipales de Policía. corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo” prevé: 2. ARTÍCULO 3o. Es evidente que las víctimas de acoso laboral deberán denunciar por escrito tal situación ante el Inspector de Trabajo. Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las Personerías Distritales y Municipales. conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias.
disponiendo por falta de mérito el archivo definitivo de las diligencias. con ocasión de la queja por acoso laboral formulada por el señor Roberto Mauricio Rodríguez Saavedra. A folio 380 aparece que efectivamente el 24 de abril de 2008 se radicó en la Secretaría de la Procuraduría el oficio en el cual la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario remitió las diligencias número 164447 relacionadas con la queja por acoso laboral y las piezas procesales que el funcionario aportó. por virtud de la competencia específica prevista en el artículo 12 de la Ley 1010 de 2006. La Jefe de la Oficina de Control Disciplinario resalta que respecto a la denuncia que formuló el funcionario el 22 de junio de 2007 por acoso laboral. la entidad demandada no archivó el proceso que investiga respecto de la conducta de acoso laboral que denunció el tutelante. señalándole que: “…las diligencias No. En el oficio del 3 de marzo de 2008 la Secretaría de la Procuraduría Segunda Distrital le solicitó a la Jefe de Control Disciplinario Interno que le informara si se había efectuado o no el procedimiento preventivo que establece la Ley 1010 de 2006 y los resultados del mismo. la Sala encuentra que auncuando la Superintendencia archivó el proceso disciplinario en contra del señor ROBERTO MAURICIO RODRIGUEZ. por medio del cual la Subdirectora de Recursos Humanos remitió en 175 folios las actuaciones adelantadas por el Comité de Convivencia Laboral de esta entidad. expedien te GABRIEL 154238 -HERNAN -AGUILAR -LEAL 1431542382007 Dependencia Asunto PROCURADUR IA 2 DISTRITAL DE BOGOTA D. 2006-03-112. se refiere a una queja por acoso laboral contra funcionarios de esta Superintendencia la cual. Por lo demás. Mediante el oficio del 2 de abril de 2008 (fls. adjunto al presente memorando del 1 de abril de 2008. ORIGINAND O TRASLADO NO Estado actual INDAGACI ON PRELIMINA R Fecha de última actuaci ón 7/2/2008 . Adjunto para su conocimiento copia de la decisión. De las piezas procesales. visible a folio 385. 13 del 3 de enero de 2008.Nombre Registros 1 a 1 de 1 No. actuación cuyo mérito se evaluó a través del Auto No. Es así que se encuentra probado que a la fecha la investigación se encuentra en la etapa inicial.por incumplimiento a una orden administrativa es de competencia de dicha entidad en aplicación a lo previsto por la Resolución No. en la página web de la Procuraduría aparece que: Consulta trámite de quejas Resultado de la Consulta Implicado . Adicionalmente. corresponden a la presunta desatención del señor ROBERTO MAURICIO RODRÍGUEZ SAAVEDRA a dar cumplimiento a la Resolución No. 02074 de 2006 por medio de la cual se le adscribió de la Subdirección de Coordinación Normativa a la Dirección de Portafolios de Inversión. 346 del 3 de octubre de 2002. Implicado radicaci ón No. la comunicación del 22 de junio de 2007 suscrita por el señor Rodríguez Saavedra y que ahora se traslada. A folios 389 y 390 aparece que mediante el oficio del 16 de julio de 2007 la Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública le envió copia de la queja por acoso laboral a la Jefe de Registro y Control para que iniciara la correspondiente investigación disciplinaria. el 2 de abril de 2008 remite a la Procuraduría 175 folios correspondientes a las actuaciones que adelantó el Comité de Convivencia Laboral. PRESUNTO ACOSO LABORAL C/ROBERTO MAURICIO RODRIGUEZ SAAVEDRA.381 y 382) la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario le responde al Procurador Segundo Distrital.C. La entidad demandada en cumplimiento a lo previsto por la Ley 1010 de 2006 y la circular 20 dictada por la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Superintendencia que le informara si había surtido o no la etapa de conciliación y toma de medidas para eliminar el hecho generador de la queja. sólo hasta el 24 de abril de 2008 la Oficina de Control Disciplinario de la Superintendencia Financiera remitió las diligencias número 164447 relacionadas con la queja por acoso laboral y las piezas procesales que el funcionario ROBERTO MAURICIO RODRÍGUEZ aportó en la denuncia que formuló por acoso laboral en contra de GABRIEL HERNÁN AGUILAR. su verificación no está a cargo de las Oficinas de Control Disciplinario. De otro lado. 143-154238/07 que dieron lugar a la actuación No. En efecto.
CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión dentro de los diez días (10) siguientes a la ejecutoria del presente fallo. en sesión celebrada en la fecha precitada. M. dictada en el expediente No. M.C . SEGUNDO: NIÉGASE la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 30 de octubre de 2003. Respecto a la violación del derecho fundamental a la igualdad. NOTIFÍQUESE. AC-1582 AP. razón por la cual no se tutelará tal derecho. MARÍA LIGIA LÓPEZ. FALLA PRIMERO: PROTÉJASE el derecho fundamental de petición. Sección Cuarta.ACEPTADO POR EL MENCIONA DO RODRIGUEZ En efecto. DARÍO QUIÑONES PINILLA.P. CONSEJO DE ESTADO. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO Presidente MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO RAFAEL E. D. el actor no demostró que se encontrara en circunstancias similares de otras personas y que se le haya dado un tratamiento diferencial. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFIA SANZ TOBON Consejo de Estado. por lo cual se ordena al Procurador Segundo Distrital que conteste de fondo y de manera congruente las peticiones formuladas por el actor en el escrito del 17 de marzo de 2008. la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Bogotá. Sección Quinta. Dr. el proceso por acoso laboral contra GABRIEL HERNÁN AGUILAR está en la etapa de indagación preliminar. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala de la Sección Primera. CÓPIESE. Radicación Número 2007-00528-01(AC)15 de agosto de 2007. Es así que la Sala encuentra que la entidad demandada no ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso del señor ROBERTO MAURICIO RODRÍGUEZ. Por lo anteriormente expuesto. TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.P.
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 artículo 89
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 artículo 9
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 artículo 76
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 artículo 12
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 artículo 6
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 artículo 9
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 artículo 5
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 artículo 4
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 artículo 11
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 artículo 93
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 ARTÍCULO 2
 ARTÍCULO 3
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 artículo 30