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Timestamp: 2018-09-25 21:16:39+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2016-9314
Documento BOE-A-2016-9314
«BOE» núm. 246, de 11 de octubre de 2016, páginas 72058 a 72071 (14 págs.)
BOE-A-2016-9314
La disposición final séptima de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, ha establecido un nuevo procedimiento desarrollado en el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia. Dicho procedimiento es netamente administrativo y se basa en la tramitación electrónica en todas sus fases, lo que permite reducir sensiblemente los plazos de resolución.
1. El procedimiento se inicia por solicitud del interesado o de su representante legal o voluntario, en formato electrónico, presentada en la sede electrónica del Ministerio de Justicia (sede.mjusticia.gob.es), acompañada de la documentación que se indica en el anexo de la presente orden ministerial, incluida, cuando proceda, la acreditación de la representación. La presentación de la solicitud en sede electrónica requerirá la identificación y firma electrónica del interesado o de su representante legal o voluntario.
2. El Ministerio de Justicia, de conformidad con las normas generales de derecho administrativo común, podrá suscribir con el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, el Consejo General de Procuradores de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y otros colegios profesionales, asociaciones y colectivos, convenios de habilitación para la presentación electrónica de documentos en representación de los interesados, que regulen los procedimientos y requisitos para la remisión telemática de la documentación, debidamente indexada y metadatada.
3. Las solicitudes solo podrán presentarse a través de la correspondiente aplicación electrónica, o bien conforme a las reglas generales sobre presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones de los interesados ante los órganos de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición transitoria única de esta orden. En este caso el organismo administrativo ante el que se presente la documentación, procurará, siempre que sea posible, y en todo caso cuando sea legalmente preceptivo, la conversión de los documentos a formato electrónico de acuerdo con las vigentes Normas Técnicas de Interoperabilidad sobre documento electrónico y su remisión en ese formato a la Dirección General de los Registros y del Notariado, de tal manera que se garantice el carácter electrónico del procedimiento.
4. En el momento de presentación electrónica de la solicitud se facilitará al interesado un justificante de presentación con la fecha y hora de la solicitud y un número de expediente que le permitirá consultar el estado de tramitación en cualquier momento a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia. En los expedientes iniciados en papel en los Registros Civiles u órganos administrativos autorizados, en el momento de la presentación se facilitará al interesado un justificante de entrega con la fecha y hora de la solicitud. El número de expediente se comunicará al interesado una vez la solicitud haya tenido entrada en la Dirección General de los Registros y del Notariado.
1. La solicitud podrá presentarla:
c) El representante legal del menor de catorce años
d) El representante legal de la persona con la capacidad modificada judicialmente o la persona con la capacidad modificada judicialmente por sí sola debidamente asistido, según resulte de la sentencia de incapacitación.
2. En los casos en los que la solicitud deba presentarla el representante legal, conforme a lo establecido en los artículos 20.2 a) y 21.3 del Código Civil y en el artículo 4.3 del Reglamento aprobado por Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, sólo podrá formularla si previamente ha obtenido autorización del encargado del Registro Civil del domicilio del declarante, previo dictamen del Ministerio Fiscal, autorización que se concederá siempre en interés del menor o de la persona con capacidad modificada judicialmente.
1. Cuando el interesado sea menor de 14 años la solicitud deberá presentarla su representante o representantes legales. Cuando el interesado sea una persona con la capacidad modificada judicialmente, la solicitud la formulará el representante legal cuando así resulte de la sentencia de incapacitación. En estos casos será necesaria la previa autorización del encargado del Registro Civil del domicilio del declarante, conforme lo establecido en artículo anterior. Esta autorización deberá acompañar la solicitud, junto con el resto de documentos incluidos en el anexo de la presente orden ministerial.
2. La solicitud en sede electrónica será presentada por el representante legal autorizado. En los casos de más de un representante legal autorizado, la solicitud en sede electrónica la presentará cualquiera de ellos, debiendo adjuntar entre la documentación el modelo de solicitud normalizado aprobado por Resolución de la Subsecretaría por la que se aprueban los modelos normalizados de solicitud de nacionalidad por residencia en el ámbito del Ministerio de Justicia y se dictan instrucciones sobre su utilización, modelo que deberá ser firmado por todos los representantes legales autorizados por el encargado del Registro Civil.
1. En el caso de menores de 18 años pero mayores de 14 no emancipados y las personas con capacidad modificada judicialmente cuando la sentencia de incapacitación así lo permita, es el propio interesado quien tiene la capacidad para presentar la solicitud pero debe estar asistido por su representante o representantes legales. Para ello ambos, interesado y representante o representantes legales, deberán firmar el modelo de solicitud normalizado aprobado por Resolución de la Subsecretaría por la que se aprueban los modelos normalizados de solicitud de nacionalidad por residencia en el ámbito del Ministerio de Justicia y se dictan instrucciones sobre su utilización. Este documento se adjuntará junto con el resto de documentación del anexo de la presente orden ministerial en el momento de presentar la solicitud. La solicitud en sede electrónica podrá realizarla cualquiera de ellos, interesado o representante legal.
2. Deberá quedar acreditada en todo caso la condición de representante legal.
a) En el caso de menores de 18 años pero mayores de 14, no emancipados, deben distinguirse dos casos:
1.º En los supuestos de patria potestad el menor deberá ser asistido conjuntamente por quienes ostenten la patria potestad, salvo lo establecido en su caso en el convenio regulador de la separación, nulidad o divorcio y en las disposiciones judiciales sobre privación o ejercicio individual de la patria potestad. Se deberán acreditar estos extremos con la presentación de los documentos de identidad de los padres y, en su caso, de los convenios o sentencias que atribuyan la patria potestad a uno sólo de ellos. En caso de desacuerdo entre quienes ostenten la patria potestad, cualquiera de ellos podrá acudir al encargado del Registro Civil, quien, después de oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá la facultad de decidir al padre o a la madre.
2.º En cualquier otro caso de representación legal, habrá que adjuntar la resolución judicial donde se designe al representante o representantes junto con los documentos de identidad.
b) En el caso de personas con la capacidad modificada judicialmente que puedan actuar por sí mismos asistidos por su representante legal se deberá adjuntar al expediente la sentencia en que se declare la modificación de la capacidad y se designe representante legal así como el documento de identidad del representante legal.
1. La presentación de la solicitud de concesión de la nacionalidad española por residencia requiere el pago de la tasa vigente. La solicitud no se tramitará sin este requisito.
2. El pago de esta tasa es independiente del pago de las pruebas de examen DELE y de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE), diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes, así como de los gastos y honorarios devengados por los representantes de los interesados.
3. La tasa se abonará preferentemente de forma telemática, integrada en el proceso de solicitud en la misma sede del Ministerio de Justicia, a través de la pasarela de pagos de la Agencia Tributaria.
4. En caso de que se opte por el pago en entidad bancaria, será necesario descargar previamente de la sede electrónica del Ministerio de Justicia el modelo correspondiente en el que ya figurará el número de tasa que posteriormente se asociará al expediente. La copia del modelo, sellada o validada mecánicamente por el banco una vez realizado el pago, donde conste el número de tasa, deberá aportarse como justificante de pago junto con el resto de documentación a que hace referencia el anexo de la presente orden ministerial.
1. La tramitación del procedimiento será electrónica y su instrucción corresponderá a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
2. Tal y como establece el artículo 8 del Reglamento aprobado por Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, corresponde al interesado probar el cumplimiento de los requisitos de residencia, buena conducta e integración en la sociedad española, en los términos establecidos en el Código Civil y en el citado Reglamento. Con el objeto de verificar dicho cumplimiento, durante la instrucción del expediente la Dirección General de los Registros y del Notariado realizará las siguientes actuaciones:
2.ª Consulta del resultado obtenido en las pruebas DELE y CCSE del Instituto Cervantes siempre y cuando conste en la solicitud la autorización expresa para la consulta firmada por el solicitante. En caso de que el interesado no consienta la consulta, deberá aportar en la solicitud las certificaciones de superación de ambas, en su caso, pruebas conforme a lo establecido en el artículo 6 del reglamento aprobado por el citado Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, y en la disposición adicional cuarta del mismo real decreto. Estas pruebas serán obligatorias en los casos y términos desarrollados en el artículo 10 de esta orden ministerial.
3. Se concederá un plazo de subsanación de tres meses desde la notificación del requerimiento, para que se subsane la falta o se acompañen los documentos requeridos. En dicha notificación se indicará que, de no efectuarse la subsanación en el plazo de tres meses se le tendrá por desistido de la pretensión y se procederá al archivo del expediente.
4. Toda la documentación relacionada con la solicitud de la nacionalidad española por residencia que, durante la instrucción del expediente, se reciba en papel en la Dirección General de los Registros y del Notariado se digitalizará y adjuntará al expediente electrónico, correspondiendo a la citada Dirección General la custodia y conservación de la documentación original.
Artículo 8. Especialidades del procedimiento para el personal al servicio de las Fuerzas Armadas.
1. Si el solicitante pertenece a las Fuerzas Armadas, podrá hacerlo constar en la solicitud presentada ante el Ministerio de Justicia; en este caso deberá marcar expresamente en el formulario el Ejército de pertenencia, o la Dirección General de Personal en el caso de los Cuerpos Comunes.
El Ministerio de Justicia remitirá telemáticamente al Mando o Jefatura de Personal correspondiente, o a la Dirección General de Personal en su caso, una comunicación por la que se informe de la entrada de la solicitud, la identificación del solicitante y el número de expediente asignado.
2. En un plazo de quince días desde la recepción de dicha comunicación, y una vez comprobada fehacientemente la condición de militar del solicitante, el Ejército correspondiente o la Dirección General de Personal remitirá electrónicamente al Ministerio de Justicia un único documento que contenga:
– Informe con la propuesta de concesión o denegación de la solicitud.
– Certificación de haber efectuado la Jura de Bandera.
– Certificación de haber superado la formación básica, en la que se imparten los módulos de conocimientos constitucionales y socioculturales de España. En este documento se hará constar expresamente si el solicitante no se halla cumpliendo todavía el compromiso de larga duración; en ese caso tendrá un impulso preferente y urgente en los distintos trámites administrativos.
3. En caso de algún error o falta en el citado documento se concederá un plazo de subsanación de diez días al Mando o Jefatura de Personal del Ejército que haya enviado el documento, o a la Dirección General de Personal en su caso.
En lo referente a la documentación personal a aportar por el interesado y a la instrucción del procedimiento se seguirá lo dispuesto en el artículo 7 y en el anexo de la presente orden ministerial, con la excepción del requisito de superación de las pruebas DELE y CCSE del Instituto Cervantes que podrán ser sustituidas por la Certificación del órgano correspondiente de las Fuerzas Armadas.
4. La resolución del expediente será comunicada telemáticamente por el Ministerio de Justicia al Mando o Jefatura de Personal correspondiente, o a la Dirección General de Personal en su caso, quien enviará dicha resolución al interesado. Este deberá acusar recibo de la notificación para su posterior incorporación al expediente.
Se comunicará de manera urgente al Ministerio de Justicia si se diera la circunstancia de que el solicitante dejara de formar parte de las Fuerzas Armadas durante el plazo de resolución del expediente.
1. Las notificaciones y comunicaciones previstas en este procedimiento se realizarán preferentemente de forma electrónica. Para ello en el momento de la solicitud, marcando la casilla correspondiente, el interesado podrá aceptar voluntariamente recibir notificaciones electrónicas. Las instrucciones para recibir este tipo de notificaciones se publicarán en la sede electrónica del Ministerio de Justicia. En caso de que el interesado no haya aceptado voluntariamente recibir notificaciones electrónicas, éstas se realizarán en formato papel.
2. En todo caso estarán obligados a relacionarse con la Dirección General de los Registros y del Notariado a través de medios electrónicos quienes, siendo representantes del interesado, ejerzan una actividad profesional para la que se requiere colegiación obligatoria ya sea al amparo de los Convenios firmados con la Dirección General de los Registros y del Notariado, o fuera de ellos.
3. En todos aquellos casos en los que exista representación legal o voluntaria, las notificaciones administrativas que se realicen durante la tramitación del procedimiento, se dirigirán a dichos representantes, surtiendo idénticos efectos que si se hubieran realizado al propio interesado.
4. El interesado o su representante deberá comunicar cualquier cambio, o circunstancia que pueda afectar a la instrucción del expediente, así como los cambios de domicilio que se produzcan durante la tramitación del mismo.
1. El titular del Ministerio de Justicia será competente para resolver la concesión o denegación de la nacionalidad española por residencia.
2. La resolución deberá estar motivada y declarará la concesión o denegación de la nacionalidad española por residencia. En todo caso se entenderá suficientemente motivada la resolución basada en el Informe del Centro Nacional de Inteligencia que tendrá presunción de veracidad.
3. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 11 del Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia aprobado por Real Decreto 1004/2015, el plazo para resolver y notificar la resolución será de un año desde que la solicitud haya tenido entrada en Dirección General de los Registros y del Notariado, si transcurrido este plazo no ha recaído resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo.
4. La resolución será notificada al interesado o su representante, en el lugar y la forma que conste a tal efecto en el expediente, con expresión de los recursos que sean procedentes, plazo y órgano para su interposición, así como de las condiciones para que dicha resolución tenga plena eficacia conforme a los establecido en el artículo 12 del Reglamento aprobado por Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre.
5. Una copia de la resolución será remitida por vía electrónica al Registro Civil del último domicilio en España del interesado que conste en el expediente. En el supuesto de resoluciones de concesión se adjuntará además la copia del certificado de nacimiento del país de origen, para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 23 del Código Civil.
1. La eficacia de la resolución de concesión quedará supeditada a que en el plazo de 180 días, contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución, el interesado cumpla, ante el Encargado del Registro Civil del último domicilio en España que conste en el expediente, con los requisitos establecidos en el artículo 23 del Código Civil:
1.º Que el mayor de 14 años y capaz para prestar una declaración por sí jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las Leyes. En el caso del personal al servicio de las Fuerzas Armadas, no será necesaria esta declaración cuando ya conste la realización del juramento o promesa en el informe remitido por el Mando o Jefatura del ejército conforme al artículo 9 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre.
2. Una vez recibida la notificación de la resolución de concesión, el interesado deberá acudir al Registro Civil competente por razón del domicilio en España para solicitar de forma expresa el cumplimiento de este trámite.
3. Previamente al acto de jura e inscripción, el Encargado del Registro Civil comprobará con la documentación original, la autenticidad de la documentación escaneada y aportada al expediente electrónico por el interesado o su representante. Este requisito no será necesario en los siguientes casos:
1. Frente a la resolución de concesión o denegación podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. Si interpuesto recurso de reposición transcurriese un mes sin que se haya notificado la resolución del mismo, se entenderá desestimado el recurso por silencio administrativo y podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.
2. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación. Si no hubiera notificación, el plazo para recurrir será de seis meses y se contará a partir del día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado.
2. Tal y como establece la disposición transitoria segunda del citado Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, hasta el 30 de junio de 2017 podrán seguir presentándose las solicitudes en papel ante el Registro Civil principal del domicilio del interesado. Las solicitudes también podrán presentarse en el Registro Civil delegado correspondiente al domicilio del interesado, en estos casos, una vez esté completo el expediente con toda la documentación, se emitirá al Registro Civil principal para su remisión desde allí a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Desde el Registro Civil se realizarán al interesado los requerimientos necesarios hasta completar las solicitudes con toda la documentación recogida en el anexo de la presente Orden Ministerial y se levantará una diligencia de cotejo donde conste la autenticación de los documentos presentados. Si transcurridos tres meses desde la notificación del requerimiento de subsanación, el interesado no hubiese presentado la documentación requerida, el Registro Civil remitirá el expediente, incluidos los requerimiento al interesado, a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Los expedientes completos o incompletos con los requerimientos de subsanación realizados se remitirán en formato electrónico a la Dirección General de los Registros y del Notariado devolviendo la documentación original al interesado. La digitalización de la documentación se realizará en las condiciones que determine la Dirección General de los Registros y del Notariado, de acuerdo con el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
En caso de no ser posible la remisión en formato electrónico, el expediente con la documentación original será remitido en formato papel, al Registro General del Ministerio de Justicia en la Calle La Bolsa núm. 8 (28012 Madrid), para su remisión a la Dirección General de los Registros y del Notariado donde se digitalizarán todos los documentos de forma que la continuación del expediente sea en todo caso electrónica. La conservación y custodia de la documentación original corresponderá en este caso a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Disposición final primera. Norma habilitante.
La presente orden ministerial se dicta al amparo de lo establecido en la disposición final tercera del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, que faculta al Ministro de Justicia para el desarrollo de dicho real decreto.
Madrid, 30 de septiembre de 2016.–El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo.
Documentación que han de aportar los solicitantes de la nacionalidad española por residencia
En todos los casos la solicitud puede presentarla el interesado o su representante legal, en los términos que se precisan a continuación, directamente o a través de representante. En caso de que la solicitud se haga a través de representante deberá adjuntar escaneado el documento justificativo de la representación.
7.º Certificado de centro de formación, residencia, acogida, atención o educación especial, en los términos establecidos en el artículo 10.6 de la presente orden ministerial.
5.º Certificado de centro de formación, residencia o acogida, en los términos establecidos en el apartado 10.6 de la presente orden ministerial.
6.º Documento acreditativo de la representación legal conforme a lo establecido en el artículo 4 de la presente orden ministerial
2. Documentación específica
Existen casos determinados en los que, junto a la documentación anteriormente expresada, debe aportarse una adicional. Tales casos, con la documentación adicional necesaria, son:
a) Nacidos en territorio español:
b) Quienes no hayan ejercido oportunamente la facultad de optar. En este caso se debe presentar la documentación que acredita haber estado incluido en uno de los supuestos del artículo 20.1 del Código Civil, para ello se deberá aportar:
– Certificado de nacimiento del interesado inscrito en un Registro Civil español o resolución judicial donde conste la adopción por español o el reconocimiento de la filiación.
c) Personas en régimen de tutela, guarda o acogimiento no provisional por persona física o institución española:
– Auto del Tribunal competente por el que se designe a la persona que va a ejercer la tutela, guarda o acogimiento.
– Resolución de dicha Institución por la que se asume la tutela, guarda o acogimiento.
d) Casado/a con español/a:
e) Viudo/a de español/a:
f) Descendiente de español:
– Certificación literal de nacimiento del padre/madre español, o
– Certificado literal de nacimiento abuelo/abuela español. En este caso se deberá aportar también el certificado de nacimiento del padre o madre descendiente de español independientemente de su nacionalidad.
g) Sefardíes: La condición de sefardí originario de España se acreditará a través de los medios que a este respecto se recogen en la Instrucción de 29 de septiembre de 2005 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre la aplicación de la Ley 12/2005, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España.
h) Refugiados y apátridas: En el caso de los refugiados y apátridas la documentación expedida por el Ministerio del Interior que acredita esta condición, puede sustituir a la partida de nacimiento y al certificado de antecedentes penales del país de origen, e incluso al pasaporte, en caso de que el interesado no los tenga.
Será obligatorio siempre:
2. Justificante del pago de la tasa.
3. Pasaporte Azul de la Convención de Ginebra de 1951.
4. Certificado o resolución de la oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior donde conste:
– Que mantiene su condición de refugiado o apátrida.
la disposición final 3 del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre (Ref. BOE-A-2015-12047).
el art. 61 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre (Ref. BOE-A-2015-10566).

References: Real Decreto 
 artículo 4
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 8
 Real Decreto 
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 10

Artículo 8
 artículo 7
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 11
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 12
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 23
 resolución 
 artículo 23
 artículo 9
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 10
 artículo 4
 artículo 20
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Real Decreto