Source: http://www.slideshare.net/jorgeopiac/auto-382-10
Timestamp: 2016-06-30 04:56:41+00:00

Document:
Auto 382 10
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Auto 382/10 CORTE CONSTITUCIONAL-Seguimiento sentencia T-025/04 y auto A004/09 JUEZ DE TUTELA-Debe expedir orden de protección y establecer los demás efectos del fallo para el caso concreto/JUEZ-Competente hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza DESPLAZAMIENTO FORZADO-No avance en implementación de enfoque diferencial para protección y garantía de derechos de grupos étnicos según auto A218/06/CORTE CONSTITUCIONAL-Dimensión de gravedad por violación de derechos colectivos a integridad cultural y territorial de comunidades indígenas y afrodescendientes según auto A218/06 CORTE CONSTITUCIONAL-Medidas de protección a derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados en el marco del estado de cosas inconstitucional en sentencia T-025/04 y auto A004/09 DESPLAZAMIENTO FORZADO-Ausencia de atención diferencial a grupos indígenas DESPLAZAMIENTO FORZADO Y CONFINAMIENTO- Implementación de enfoque diferencial para protección y garantía de derechos de grupos étnicos DESPLAZAMIENTO FORZADO-Programa de garantía de derechos de pueblos indígenas afectados/DESPLAZAMIENTO FORZADO- Programa de salvaguarda de pueblos indígenas afectados DESPLAZAMIENTO FORZADO-Elementos mínimos de los planes de salvaguarda étnica DESPLAZAMIENTO FORZADO INDIGENA-Elementos de racionalidad de una política pública de atención diferencial DESPLAZAMIENTO FORZADO Y CONFINAMIENTO-Crisis humanitaria, alimentaria y de salubridad del pueblo indígena Hitnu o Macaguán en el departamento del Arauca ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DESPLAZADAS O CONFINADAS- Abandono institucional y persistencia de la situación de riesgo
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 2 ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN LA POBLACION DESPLAZADA-Sistemático proceso de reducción de la población indígena y campesina por desaparición de una generación COMUNIDAD INDIGENA HITNU-Riesgo de exterminio grave e inminente por conflicto armado y falta de atención del estado colombiano ESTADO COLOMBIANO-Deber de proteger a pueblos indígenas afectados por el conflicto armado y víctimas del desplazamiento forzado PRINCIPIO DE CONCURRENCIA EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Garantía de atención integral y permanente a Pueblo indígena Hitnu o Macaguán en materia de salud, alimentación y nutrición CORTE CONSTITUCIONAL-Prestación de asesoría, asistencia técnica y apoyo financiero para formulación de proyecto etnoeducativo de pueblos indígenas desplazados CORTE CONSTITUCIONAL-Incluir y aplicar de manera prioritaria e inmediata programa de garantía de derechos de pueblos indígenas afectados por desplazamiento CORTE CONSTITUCIONAL-Incluir y aplicar de manera prioritaria e inmediata programa de salvaguarda étnico de pueblos indígenas afectados por desplazamiento Referencia: Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 Medidas de protección especial para las comunidades indígenas Hitnu, en situación de confinamiento y desplazamiento del Departamento de Arauca (Comunidades Indígenas de Caño Claro - La Esperanza - Iguanitos - Perreros - Asentada en Betoyes - Municipio de Tame y otros) en el marco de las órdenes dadas en la sentencia T- 025 de 2004 y el auto de seguimiento 004 de 2009.Bogotá D.C., diez (10) de diciembre de dos mil diez (2010).La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2009 y sus autoscomplementarios integrada por los Magistrados Juan Carlos Henao Pérez,
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 3Nilson Pinilla Pinilla y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de suscompetencias constitucionales y legales, y CONSIDERANDOI. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA PRESENTE DECISION1. Que de conformidad con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, “eljuez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrála competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho oeliminadas las causas de la amenaza.”1 En desarrollo de esta norma, la CorteConstitucional ha proferido, además de la sentencia T-025 de 2004,numerosos autos de seguimiento respecto de las medidas adoptadas para lasuperación del estado de cosas inconstitucional, así como para garantizar elgoce efectivo de los derechos de la población desplazada.2. Que dadas las dimensiones y complejidades del proceso de superación delestado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento declaradomediante sentencia T-025 de 2004, la Sala Plena de esta Corporación asumióel seguimiento del cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentenciay en sus autos complementarios, y por razones operativas creó una SalaEspecial de Seguimiento, la cual mantendrá la competencia para verificar quelas autoridades adopten las medidas necesarias para asegurar el goce efectivode los derechos fundamentales de las personas desplazadas en el país, hasta lasuperación del estado de cosas inconstitucional declarado por la CorteConstitucional.3. Que de acuerdo con auto 218 de 2006, la Corte constató al hacerseguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia T-025de 2004, que el gobierno no había avanzado en la implementación de unenfoque diferencial para la protección y garantía de derechos de losgrupos étnicos, ordenado por la sentencia. En esta oportunidad la Corteadvirtió que el impacto del conflicto armado en comunidades indígenas yafrodescendientes es proporcionalmente mayor frente al nivel deldesplazamiento en general del país, durante el año 2006. También resaltó queesta población ha sufrido hostigamientos, asesinatos, reclutamiento forzado,combates en sus territorios, desaparición de líderes y autoridadestradicionales, bloqueos, órdenes de desalojo, fumigaciones, etc., hechos queconstituyeron las causas del desplazamiento. En dicho pronunciamiento laCorte dimensionó la gravedad de la violación de los derechosconstitucionales específicos para estas comunidades, refiriéndoseparticularmente a los derechos colectivos a la integridad cultural y al1 Sobre la competencia de la Corte Constitucional para dictar autos que aseguren que el cumplimiento de loordenado en una sentencia de tutela, siempre que ello sea necesario, ver, entre otros, los autos 010 y 045 de2004, MP: Rodrigo Escobar Gil. Ver también la sentencia T-086 de 2003, M. P. Manuel José CepedaEspinosa.
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 4territorio. Con base en el resultado de este análisis, en el auto 218 de 2006, laCorte señaló la necesidad de diseñar e implementar un enfoque diferencialespecífico, que reconociera que el desplazamiento surte efectos distintosdependiendo de la edad, el género, el origen étnico, la capacidad física omental.4. Que tanto en la sentencia T-025 de 2004, como en el auto 004 de 2009, laCorte ordenó medidas de protección a los derechos fundamentales de laspersonas y pueblos indígenas víctimas del desplazamiento forzado, en elmarco del estado de cosas inconstitucional declarado por esta Corporación. Enesas providencias, la Corte resaltó el carácter de sujetos de especial protecciónconstitucional de las personas y los pueblos indígenas, y en virtud de lacláusula de igualdad del artículo 13 constitucional, reiteró que los indígenasson uno de los grupos poblacionales más frágiles y excluidos dentro de losgrupos vulnerables, por lo cual son merecedores de protección constitucionalreforzada en los términos de los artículos 7, 63, 68 y 72 de la ConstituciónPolítica.5. Que en el mencionado auto la Corte abordó de manera prioritaria el mayorriesgo que se cernía sobre los pueblos indígenas, es decir, del exterminio dealgunas comunidades, tanto desde el punto de vista cultural en razón aldesplazamiento y dispersión de sus miembros, como desde el punto de vistafísico debido a la muerte de sus integrantes, por causas violentas, o porsituaciones de salubridad, desnutrición o indebida atención en salud. La Salaadoptó esta determinación en razón a la enorme gravedad de su situación, sinperjuicio de que respecto de las demás etnias y sus integrantes el GobiernoNacional aplique una política que incorpore el enfoque diferencial dediversidad étnica y cultural a que tienen derecho los indígenas desplazados,confinados o en peligro de desplazamiento. En este sentido se señaló que: “El conflicto armado colombiano amenaza con el exterminio cultural o físico a numerosos pueblos indígenas del país. En el curso de la última década, el conflicto armado, reorientado por actividades relacionadas con el narcotráfico, que se desarrolla en Colombia se ha convertido en el principal factor de riesgo para la existencia misma de docenas de comunidades y pueblos indígenas a lo largo del territorio nacional, a través de complejos elementos que la Corte reseñará en el presente Auto. Esta amenaza ha sido la causa principal del desplazamiento de los indígenas. Todos los que han tomado parte en este conflicto armado –principalmente los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares pero también, en ocasiones, unidades y miembros claramente identificados de la Fuerza Pública, así como grupos delincuenciales vinculados a distintos aspectos del conflicto interno- participan de un complejo patrón bélico que, al haberse introducido por la fuerza de las armas dentro de los territorios ancestrales de algunos de los pueblos indígenas que habitan el país, se ha transformado en un peligro cierto e inminente para su existencia misma, para sus procesos individuales de consolidación étnica y cultural, y para el goce efectivo de los derechos fundamentales individuales y colectivos de sus miembros. El amplísimo cúmulo documental que ha sido aportado a la Corte Constitucional - el cual sirve de base para la descripción detallada que se hace en el anexo a esta
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 5 providencia de la situación de las etnias más afectadas, de la grave afectación de sus derechos colectivos fundamentales, de los delitos de los cuales han sido víctimas, así como de su relación con el desplazamiento - en el marco del proceso de seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, no deja duda alguna sobre la forma cruenta y sistemática en la que los pueblos indígenas de Colombia han sido victimizados por un conflicto al cual son completamente ajenos y ante el cual se han declarado, de manera repetida, autónomos y neutrales, clamando a los grupos armados ilegales que respeten sus vidas, su integridad colectiva y sus territorios. Es una emergencia tan grave como invisible. Este proceso no ha sido reconocido aún en sus reales dimensiones, por las autoridades encargadas de preservar y proteger a los pueblos indígenas del país. Mientras que numerosos grupos indígenas son atacados, desplazados y desintegrados en todo el territorio nacional por los actores armados que operan en Colombia y por los distintos factores subyacentes al conflicto y vinculados al mismo, el Estado y la sociedad colombianos continúan preciándose de su carácter multicultural, de sus riquezas étnicas y de distintos aspectos de las culturas indígenas nacionales. Esta contradicción entre la realidad y la representación generalizada de dicha realidad ha sorprendido a la Corte Constitucional, no sólo por su crueldad inherente, sino por revelar una actitud de indiferencia generalizada ante el horror que las comunidades indígenas del país han debido soportar en los últimos años – indiferencia que en sí misma es un menosprecio de los postulados constitucionales básicos que nos rigen como Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la diversidad étnica y cultural. La Sala Segunda de Revisión, ante la información recibida, se encuentra obligada por la Carta Política a actuar con toda la determinación. El estado de temor entre las comunidades por el conflicto armado; el dolor causado entre individuos, familias y comunidades aborígenes por los diversos crímenes de los que han sido víctimas; el miedo a que estas atrocidades se repitan o la situación se empeore; y la desesperanza y el escepticismo frente a un Estado que no ha reaccionado como lo exige la justicia ante su tragedia, se han perpetuado en la memoria individual y colectiva de estos pueblos. El silencio sobre la violencia y la situación ha sido la regla general hasta ahora, por miedo, dolor e impotencia; sin embargo, las comunidades mismas han resuelto recientemente esforzarse por visibilizar y denunciar su situación. (…) Los grupos indígenas colombianos están particularmente indefensos y expuestos al conflicto armado y sus consecuencias, particularmente el desplazamiento. Deben soportar los peligros inherentes a la confrontación sobre la base de situaciones estructurales preexistentes de pobreza extrema y abandono institucional, que operan como factores catalizadores de las profundas violaciones de derechos humanos individuales y colectivos que ha representado para ellos la penetración del conflicto armado en sus territorios. (…) 2. Complejidad de los factores propios del conflicto armado o conexos a él que operan como causas de la eliminación, el desplazamiento y la desintegración de los pueblos indígenas. No se pueden hacer afirmaciones generales sobre los factores causales que han desencadenado la situación actual, porque se trata de un grupo muy complejo de elementos que interactúan en forma diversa de acuerdo con cada pueblo y cada comunidad. Por eso, la Corte ha asumido una perspectiva específica en relación con pueblos y comunidades concretas que, de acuerdo a la información que le ha sido provista por numerosas fuentes, son víctimas del conflicto armado en el país. Como se verá, no son menos de treinta las etnias que en este momento pueden considerarse
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 6 como en estado de alto riesgo de exterminio cultural o físico por causa del conflicto armado y del desplazamiento forzado. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional ha identificado claramente una serie de factores comunes, que constituyen los troncos principales de la confrontación que se cierne sobre los pueblos indígenas del país, y que dependiendo del contexto geográfico, socioeconómico y cultural del cual se trate, se entrelazarán de manera distinta sobre cada comunidad en particular. Estos factores se agrupan en tres categorías principales: (1) las confrontaciones que se desenvuelven en territorios indígenas entre los actores armados, sin involucrar activamente a las comunidades indígenas y sus miembros, pero afectándolos en forma directa y manifiesta; (2) los procesos bélicos que involucran activamente a los pueblos y comunidades indígenas, y a sus miembros individuales, en el conflicto armado; y (3) los procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto armado interno que afectan sus territorios tradicionales y sus culturas. A su vez, estos factores operan sobre la base de una serie de procesos territoriales y socioeconómicos que, sin tener relación directa con el conflicto armado, resultan exacerbados o intensificados por causa de la guerra.”6. Que sobre el particular caso de las personas y pueblos indígenas deldepartamento de Arauca, en el auto 004 de 2009 y en cuanto se refiere a larespuesta estatal, se citó un informe de la Dirección de Etnias en donde sepriorizan y caracterizan algunas comunidades indígenas, como sigue: …“Arauca: Etnias Sikuani, Macaguán, Kuiva, Betoye, Hitnu, Chiricoa. 18 comunidades: Río Viejo, Playeros-Cájaros, Bayoneros, El Vigía, Cravo, Cusay-La Colorada, Cibariza, Los Iguanitos, Alto Cabalalia, La Cabaña, San José del Cangrejo, Graneros, Julieros y Velasqueros, Macarieros, Barreros, Puyeros, Roqueros, El Dorado, Caño Claro, Cuiloto, La Esperanza; 1906 personas. Riesgo de desaparición, desplazados, confinamiento: progresiva disminución de la población, cultivos de uso ilícito en sus territorios, débil presencia institucional, territorios minados, disputas territoriales, conflictos con colonos, megaproyectos (hidrocarburos).”… (negrita fuera de texto)7. Que en virtud de las consideraciones anteriores la Corte resolvió: (i)DECLARAR que los pueblos indígenas de Colombia están en peligro de serexterminados cultural o físicamente por el conflicto armado interno, y hansido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentalesindividuales y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario, todo locual ha repercutido en el desplazamiento forzado individual o colectivo deindígenas. (ii) DECLARAR que el Estado colombiano está en la obligacióndoble de prevenir las causas del desplazamiento forzado de los pueblosindígenas, y atender a la población indígena desplazada con el enfoquediferencial que para ello se requiere. En consecuencia ORDENAR quediseñen e implementen, dentro de sus respectivas órbitas de competencia, unPrograma de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas AfectadosPor el Desplazamiento, con el nombre que los responsables gubernamentalesestimen aconsejable ponerle. (iii) ORDENAR al Director de Acción Social yal Ministro del Interior y de Justicia, - con la participación de la Directora delICBF, la Ministra de Educación, el Ministro de la Protección Social, elMinistro de Defensa y el Director del Programa de Acción Integral contra lasMinas Antipersonal - que formulen e inicien la implementación de planes de
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 7salvaguarda étnica ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado paracada uno de los pueblos identificados en la providencia. En el cumplimientode esta orden deberán tener participación efectiva las autoridades legítimas delos pueblos indígenas.8. Que la Corte ha sido enfática en advertir que una de las fallasprominentes que se observa en la política pública de atención integral a lapoblación desplazada, es la tendencia a plantear un tratamiento general yuniforme para toda la población en situación de desplazamiento al percibir aesta población como un grupo homogéneo de personas, desconociendo laatención diferencial que merecen ciertos grupos de individuos, que por suespecial condición de vulnerabilidad son considerados desde el marcoconstitucional como sujetos de especial protección, resultandodesproporcional su afectación respecto del resto de población en igualsituación de desplazamiento. Esta ausencia en la atención diferencial en elmarco de la política pública agrava más la situación de violación de derechoshumanos y son la nación, los departamentos y los municipios los responsablesde ello. El diseño de un enfoque diferencial requiere identificar las diferenciasde los grupos de especial atención en razón de su mayor vulnerabilidad, comoen este caso son los indígenas, para determinar cuáles diferencias sonrelevantes y encaminar cambios en la política. Cambios que son posibles, si serealiza un ejercicio de análisis donde se identifiquen los vacíos existentes en larespuesta estatal, así como los cambios que deben ser realizados para ajustar,modificar o complementar la política llenándola de contenido propio ycoherente a la atención de esta población y con la obligación de asegurar elgoce efectivo de sus derechos.9. Que la marcada vulneración de los grupos étnicos en situación dedesplazamiento forzado y confinamiento, llevó a la Corte a ordenar desde lasentencia de tutela T-025 de 2004, la implementación de un enfoquediferencial para la protección y garantía de derechos de los gruposétnicos. Posteriormente con el auto 004 de 2009 y en seguimiento de lasentencia de tutela, propuso elementos para verificar la aplicación del enfoquediferencial a la población protegida especialmente por la Carta. Igualmente, laCorte ordenó2 adoptar, dentro de sus respectivas órbitas de competencia, unprograma de “Garantía de los Derechos de los Pueblos IndígenasAfectados por el Desplazamiento” y un “Programa de Salvaguarda de lospueblos indígenas afectados por el Desplazamiento, que deben responder,tanto al ámbito de la prevención del desplazamiento forzado como al deatención a sus víctimas, a la crítica situación descrita para estos pueblos3.2 Ordenó al Director de Acción Social, al Ministro del Interior y de Justicia, - con la participación de laDirectora del ICBF, la Ministra de Educación, el Ministro de la Protección Social, el Ministro de Defensa y elDirector del Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal-, para que diseñen e implementen,dentro de sus respectivas órbitas de competencia.3 Estos planes son para los pueblos: Wiwa, Kankuamo, Arhuaco, Kogui, Wayúu, Embera-Katío, Embera-Dobidá, Embera-Chamí, Wounaan, Awá, Nasa, Pijao, Koreguaje, Kofán, Siona, Betoy, Sicuani, Nukak-Makú, Guayabero, U’wa, Chimila, Yukpa, Kuna, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Zenú, Yanacona,Kokonuko, Totoró, Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa, y Kuiva. Para tales fines la Corte dio 6 meses.
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 8El “Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos IndígenasAfectados por el Desplazamiento” específicamente ordenado en el auto 004de 2008, refiere que “deberá ser adoptado, junto con un cronograma para suimplementación y seguimiento, dentro del término de seis (6) meses, y deberácontener componentes de prevención y atención así como respetar loscriterios de racionalidad constitucional en las políticas públicas mencionadasen el presente auto y en otros donde se ha ordenado incluir un enfoquediferencial, en este caso en cumplimiento del principio de diversidadetnocultural. En el diseño de este programa se aplicarán los parámetrosconstitucionales de participación de las organizaciones que abogan por losderechos de los pueblos indígenas, así como de líderes de los pueblosindígenas más afectados por el desplazamiento. Los responsables de diseñar eimplementar esta orden serán los mismos de la orden atinente a los planes desalvaguarda que se enuncia a continuación”.Respecto de los elementos mínimos que deben contemplar los Planes deSalvaguarda étnica la Corte resaltó:- Ser consultados previamente con las autoridades de las etnias beneficiadas.- Contener elementos de prevención del impacto desproporcionado del conflicto armado y del desplazamiento sobre el pueblo indígena respectivo.- Atender los derechos fundamentales de las víctimas de los crímenes relacionados en el auto.- Incluir un componente básico de protección de los líderes, autoridades tradicionales y personas en riesgo.- Debe prever herramientas para el fortalecimiento de la integridad cultural y social.- Debe contener un ingrediente de protección de los territorios tradicionales, garantizar el retorno de las comunidades desplazadas en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad.- Debe prever el objetivo ante la población indígena de garantizar el retorno de la población desplazada, en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, atendiendo el caso de familias o personas que no pueden volver al territorio por razones de seguridad.Así mismo, debe respetar, como mínimo, los siguientes elementos deracionalidad de una política pública seria de atención diferencial aldesplazamiento forzado indígena:(i) “Especificidad individual de cada Plan, sus Componentes y sus respectivos Elementos Constitutivo”.(ii) “Definición de metas puntuales a corto, mediano y largo plazo”, basadas en el goce efectivo de los derechos fundamentales individuales y colectivos a garantizar.(iii) “Cronograma acelerado de implementación”.(iv) “Presupuesto suficiente y oportunamente disponible”.
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 9(v) “Cobertura material suficiente”, de conformidad con las necesidades de prevención, protección y materialización de los derechos de las víctimas.(vi) “Garantías de continuidad hacia el futuro”.(vii) “Adopción e implementación de indicadores de resultado, basados en el criterio del goce efectivo de los derechos fundamentales” individuales y colectivos de la etnia respectiva.(viii) “Diseño e implementación de mecanismos e instrumentos específicos de coordinación interinstitucional”, tanto entre las entidades del SNAIPD, como en las entidades públicas externas con las cuales se establezcan vínculos de colaboración al interior del Plan de Salvaguarda, y entre el nivel nacional y las entidades territoriales.(ix) “Desarrollo e implementación de mecanismos de evaluación y seguimiento” que permitan medir de manera permanente el avance, el estancamiento, el rezago o el retroceso del Plan de Salvaguarda en relación con sus Componentes y Elementos Constitutivos, así como el goce efectivo de los derechos fundamentales que se busca proteger.(x) “Diseño e implementación de instrumentos de corrección oportuna” frente a estancamientos o retrocesos en el cumplimiento de las metas del Plan.(xi) “Diseño e implementación de mecanismos internos de respuesta ágil y oportuna a las quejas o solicitudes puntuales de atención presentadas por la población desplazada”.(xii) “Armonización con los demás elementos de la política pública e integración formal a la misma”. En particular, cada Plan de Salvaguarda se habrá de armonizar con los documentos de política ya existentes, a saber, la “Directriz para la Prevención y Atención Integral de la Población Indígena en Situación de Desplazamiento y Riesgo, con enfoque diferencial”, y el “Plan Integral de Apoyo a Comunidades Indígenas en Alto Grado de Vulnerabilidad y Riesgo de Desaparición”, sin subsumirse en ellos,(xiii) “Apropiación nacional y autonomía”, en cuanto es indispensable que el diseño e implementación de cada Plan de Salvaguarda no dependa en su integridad de la cooperación internacional, sino que tenga una sólida base nacional, establecida por las autoridades colombianas que conforman el SNAIPD.(xiv) Armonización con otros procesos y programas que se adelantan por el Gobierno Nacional o por otras autoridades, pero siempre manteniendo su autonomía propia.(xv) “Obligaciones de diseño e implementación de cada Plan de Salvaguarda en cabeza del Acción Social, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, el ICBF, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Defensa y el Programa de Acción Integral contra Minas Antipersonal, bajo la coordinación unitaria y centralizada del Director de Acción Social.” La coordinación del diseño, adopción e implementación del Plan de
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 10 Salvaguarda y cada uno de sus Componentes y Elementos Constitutivos es un deber de Acción Social y del Ministerio del Interior y de Justicia.II. DESCRIPCIÓN DE LA AGUDA CRISIS HUMANITARIA QUE ENFRENTA ACTUALMENTE EL PUEBLO HITNU, DESPLAZADO Y CONFINADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCADe acuerdo con informe de la visita realizada al 13 de noviembre de 2010, porla magistrada auxiliar de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia detutela T-025 de 2004, al asentamiento Las Vegas, de la etnia indígena Hitnu,Comunidad La Conquista ubicados en el Resguardo San José de Lipa, seconstató la cada vez más grave situación humanitaria que vive la poblaciónallí asentada, así como la profunda crisis alimentaria y de salubridad queenfrentan, que aumenta cada día el riesgo de desaparición de la comunidad,tanto física como culturalmente. En dicho informe se señaló: “el grupo étnico Hitnu o Macaguán se encuentra asentado en los resguardos de: San José de Lipa (con 3.767 hectáreas), La Vorágine (con 8.445 hectáreas), Cuiloto Marrero (resguardo en construcción con 10.5 hectáreas ubicado en jurisdicción del municipio de Puerto Rondón). La Comunidad Hitnu que se encuentra en jurisdicción del municipio de Arauca son: (i) La Ilusión en el resguardo La Vorágine y la comunidad de (ii) El Romano y la Conquista, ubicados en los asentamientos de Monogarra, el Trapiche, Providencia y Las Vegas en el resguardo de San José de Lipa (ubicados entre los ríos Lipa y Ele). Al parecer la población está constituida por más de 550 habitantes. Es una etnia única en el mundo y corre un altísimo riesgo de extinción física y cultural. Resguardo No. Nº Asentamiento y/o Legalmente Comunidad Municipio indígena Familias Personas Ubicación constituido La Voragine La Ilusión 27 98 Selvas del Lipa SI Las Vegas (34 F), SI Monogarra (12 F), San José del La Conquista 71 275 Providencia (10 F) y Arauca Lipa Trapiche (15 F) (Selvas del Lipa) El Romano 24 101 Selvas del Lipa SI Cuiloto – Cuiloto – Escuela Corocito (Zona NO Puerto 17 74 Marrero Marrero rural Puerto Rondón) RondónFuente: Diagnósticos Participativos ACNUR Como consecuencia del conflicto armado, los Hitnu han tenido que salir de la selva a la ribera del río en donde se encuentran asentados. La Selva de Lipa ha sido ocupada por el ELN, quien se provee de alimentos de caza. Igualmente, con el fin de impedir la irrupción del ejército, la guerrilla ha minado campos de la Selva, ocasionando que los indígenas no puedan regresar. De otra parte los proyectos de explotación petrolera han demarcado su territorio dejando apenas una pequeña zona para ser habitada”.En el informe también se describe la dramática situación de hacinamiento queestá padeciendo esta comunidad, que pese a vivir en el resguardo indígena, seencuentra confinada a un pequeño espacio, sin poder hacer uso de su territorioancestral y colectivo, y utilizar su conocimiento ancestral para proveerse dealimentos y sobrevivir, situación que vulnera la subsistencia vital de la
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 11comunidad. Entre los aspectos descritos en el informe se encuentran lossiguientes: “La alimentación tradicional de los Hitnu se basaba en la cacería, la recolección de frutos y mariscar4, sin embargo la presencia de grupos armados organizados (GAO), minas antipersonal (MAP), la colonización de sus territorios por los blancos, la explotación inadecuada de los recursos (que genera desequilibrios ambientales: secamiento de aguas, tala indiscriminada de bosques, etc.) ha obligado a transformar su cultura seminómada, al encontrarse hoy día confinados y en hacinamiento, condiciones estas, que han transformando los patrones tradicionales de subsistencia. Hoy basan su sustento en la cacería de roedores, iguanas, y lo poco que puedan conseguir en el pueblo o darle organizaciones internacionales, aumentando el riesgo de morbi mortalidad por desnutrición. “En la reunión se quejaron porque no tenían alimentos ni formas de subsistencia, decían que la selva ya no da para comer y que les tocó ubicarse en la ribera del río, que los colonos no los quieren. Que las minas no les permiten moverse. Y cuando van a la ciudad de Arauca son maltratados, les toca quedarse en la calle como perros, porque la casa indígena esta cerrada. Lo que indica que se encuentran en una verdadera situación de desatención y confinamiento.”Informa que en relación con la alimentación la comunidad manifestó: “Que en la comunidad hay enfermos. Que pasan hambre. El día de la visita observé que en una olla estaban preparando mazamorra (agua con maíz molido) como almuerzo y en la mañana habían preparado una colada también de maíz, sin tener más perspectiva de comida alguna.”Describió las condiciones de la población infantil de la siguiente manera: “En la reunión con la comunidad, observé que los niños presentan signos de desnutrición como son el cabello seco como fique, delgado, quebradizo y amarillo, la piel de color amarillo y seca, con pérdida de masa muscular y ojos vidriosos. Estas características directamente observables hicieron evidente la situación de hambre y desnutrición en que vive la población infantil Hitnu. La comunidad manifestó que en el material vegetal del techo, hay pito5 y a todos les han picado, por eso prefieren que les den tejas de zinc.”Adicionalmente se señala la existencia de una escuela que no cuenta conpupitres, ni útiles, así como la ausencia de programas de etnoeducación enestas comunidades, pese a que si hay un profesor asignado.Este informe a la vez fue sustentado con documentos técnicos que confirmanla grave situación de desnutrición y de crisis alimentaria padecida por estacomunidad. En tal virtud se allegó el “Diagnóstico Nutricional de los Niños,Niñas y adolescentes de las comunidades indígenas: El Romano, La Ilusión,El trapiche, Providencia, Las Vegas y Monograrra de la etnia Hitnu delmunicipio de Arauca Septiembre de 2009.” Este documento da cuenta delestado nutricional de los niños, niñas y jóvenes atendidos en la brigada desalud realizada en las Bocas del Ele, en la cual participaron la Unidad4 Cazar animales silvestres que habitan en las orillas de ríos y lagunas.5 Mosquito del género Plhebotomus transmisor de leishmaniosis.
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 12Administrativa Especial de Salud de Arauca UAESA, la ESE Alvarado yCastilla, la unidad móvil del ICBF y el ACNUR quien brindóacompañamiento. La información pertinente para la valoración nutricionalestuvo a cargo de nutricionistas, quienes valoraron a 148 niños, niñas yadolescentes entre 40 días de nacidos y 18 años de edad. Cifra que nocorresponde a la totalidad de integrantes de la población infantil yadolescente. Como resultado del estudio diagnóstico se obtuvo: “En el caso de la desnutrición se identificó en el 71% (105) de los niños, niñas y adolescentes valorados. Siendo más representativa la desnutrición crónica con un 61% (90) medida por el indicador talla para la edad, la cual se evidencia con retraso en crecimiento. Este indicador teniendo en cuenta las condiciones las condiciones de saneamiento básico, estado de salud, condiciones psicoafectivas y del entorno refleja desnutrición crónica, sin embargo, es importante aclarar que la talla baja para la edad puede ser el resultado de condiciones genéticas, espacialmente si se observan los antecedentes de talla baja familiar; para esclarecer las causas de la talla baja familiar; para esclarecer las causas de talla baja sería necesario mejorar los factores determinantes del estado nutricional y hacer un seguimiento longitudinal en cada uno de los niños y niñas y detectar el aumento de la estatura con relación a la edad. Con relación a la desnutrición aguda o reciente la cual se mide con el indicador peso para talla se detectó en el 15% de los niños, niñas y adolescentes valorados. Este resultado puede significar que el estado de salud reciente en los niños se vio afectado o hubo disminución en la ingesta de alimentos lo cual ocasionó una pérdida o baja ganancia de peso. Sobre el 17% (25) niños, niñas y adolescentes valorados se encontraban con peso y talla adecuados, lo cual puede ser el resultado de diferentes factores como condiciones bajas de salubridad, saneamiento básico y agua potable entre otras, las cuales ocasionan parasitismo intestinal, constante presencia de enfermedad diarreica, deterioro del estado nutricional y de salud que se ve reflejado en constantes infecciones respiratorias y de piel y son causas y consecuencias de la desnutrición infantil. Por otra parte se detectó que el 12% de los niños, niñas y adolescentes presentan retraso en crecimiento con peso adecuado para la talla o adecuado índice de masa corporal…. De los niños, niñas y adolescentes valorados en la comunidad indígena Monogarra No se detectó ningún caso con peso y talla adecuados hay igual proporción de niños, niñas y adolescentes en riesgo o situación de desnutrición crónica para ambos géneros. El índice de masa corporal adecuado con retraso en crecimiento fue mayor en el género masculino que en el femenino aunque también la proporción de niños mayor que la de las niñas.”10. De otra parte, en el “Informe de un brote de Tos ferina ocurrido en lacomunidad indígena HITNU del municipio de Arauca” del año 2009,elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca,Subdirección de Salud Pública, Oficina de Epidemiología, se presentan losantecedentes del trabajo de investigación epidemiológica, se hace unacaracterización de la comunidad, y los resultados que generaron las pruebasde laboratorio y clínicas tomadas por ellos. En el informe se confirma elbrote de tosferina y señala lo siguiente:
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 13 “Durante la semana 21 y la semana 22 se reportaron 5 y 8 casos probables de tosferina respectivamente, en habitantes de la comunidad la casa indígena del municipio de Arauca; al revisar la procedencia de los pacientes, se estableció que estos eran habitantes de la comunidad indígena HITNU.6 Se revisó la información respecto de los datos de reportes de semanas Epidemiológicas anteriores; se estableció que en el Departamento es posible hablar de reemergencia de la enfermedad, dada la evidente ausencia de casos por más de 8 años, además de las bajas coberturas de vacunación en los últimos 3 años. El primer caso confirmado e en el departamento, corresponde a un menor de edad de género femenino de dos meses de edad, notificada en la semana epidemiológica 7 de 2009. La reemergencia podría ser explicada por la disminución de la inmunidad inducida por a vacuna a través del tiempo que hace a los jóvenes y adultos nuevamente susceptibles (mas o menos a partir de los 8 años de edad); además de las bajas coberturas de vacunación en los últimos tres años obtenidas en el departamento y por supuesto en el municipio. Considerando que la tosferina es una enfermedad altamente transmisible y que los casos se están presentando en una población circunscrita y en condiciones de hacinamiento, desnutrición y pobres medidas de higiene y teniendo en cuenta las dificultades de acceso a la comunidad afectada, se coordina la intervención entre diferentes entidades que garanticen mejor abordaje y mayores resultados. … El agua para el consumo es recolectada de puntillos o aljibes a las orillas de los caños (se consume cruda sin ningún proceso de filtración o cloración). Se tomaron muestras de agua de los resguardos: el trapiche y las vegas; los resultados del Índice de Riesgo de Calidad de Agua fueron de 76.27% (riesgo alto) y 25.42% (riesgo medio) respectivamente.”Los resultados del estudio epidemiológico arrojaron entre otros los siguientes: “Se encontraron 54 casos probables de tos ferina distribuidos en 5 resguardos. El resguardo indígena con la tasa mas alta de casos probables de tosferina correspondió a las Vegas, con 31 casos y una tasa de 387,59 casos por cada mil habitantes de esta comunidad. La tasa mas baja correspondió al resguardo de Monogarra, con 62,50 casos por cada mil habitantes. Se confirmaron por laboratorio solo dos (2) casos. A la fecha aun se esperan resultados de laboratorio para ajustar el 100% de los casos. La distribución de casos probables según resguardo indígena: RESGUARDO MASCULINO FEMENINO TOTAL TASA ATAQUE *100 Relación (casos probables) M:H ROMANO 4 3 7 212,12 0,75 PROVIDENCIA 3 4 7 304,35 1,33 TRAPICHE 0 5 5 90,91 LAS VEGAS 13 18 31 387,50 1,38 MONOGARRA 0 4 4 62,5 TOTAL 20 34 54 167,70 1,70 COMUNIDAD De los 54 casos solo se confirmaron 2 por laboratorio. Esto corresponde a una tasa de ataque general de 37.04% por cada mil habitantes de esa comunidad. Los casos confirmados corresponden a un menor de 1 mes de edad y una niña de doce años de edad.”Al caracterizar a la población objeto, el estudio señala:6 Unidad Administrativa Especial de Arauca UAESA Informe de Brote de Tos Ferina ocurrido en lacomunidad Indígena Hitnu del municipio de Arauca, Año 2009, Pág. 4.
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 14 “Por su cultura e idiosincrasia, esta comunidad indígena vive en condiciones de insalubridad. Se evidencia un hacinamiento extremo, duermen en chinchorros (viejos y rotos) unos sobre otros. Algunos de ellos tienen colchonetas sucias, en condiciones extremas de suciedad y deterioro. Como factores que determinan la transmisión de enfermedades están las malas prácticas higiénicas: las flemas son arrojadas al suelo por donde caminan (descalzos), se dejan sobre las superficies donde se sientan y/o duermen o sencillamente las mamás las limpian con sus manos y se secan sobre la ropa que llevan puesta. Tosen frente al otro si cubrirse la boca”. El estudio resalta algunos aspectos entre los cuales se encuentra: “Por el comportamiento clínico epidemiológico de los casos de tosferina en el departamento, este fue confirmado como brote. Pese a que solo 2 de los 54 casos fueron confirmados. Se presume que la calidad de las muestras influyó negativamente en los resultados de las mismas…. La tosferina es una enfermedad que cuando ocurre en la población adulta puede pasar desapercibida y el diagnóstico puede orientarse a un simple cuadro respiratorio. La literatura expresa que el periodo de transmisibilidad se da especialmente en la fase catarral temprana antes de la tos paroxística, hasta tres semanas después de comenzar el paroxismo, en pacientes que no han recibido tratamiento con antibiótico… Se realizó vacunación en todos los menores susceptibles según esquema PAI y se programó nueva asistencia a la zona por parte de la ESE para continuar esquema”.El estudio epidemiológico concluyó: “La Tosferina es una enfermedad altamente transmisible, los casos y/o brotes presentados en poblaciones de adolescentes o adultos aumentan el riesgo de enfermar, dado que no se dispone de biológico para estas personas. Si a esto se suma el hecho de presentarse en una población indígena con hacinamiento critico las probabilidades son más altas. Pese a que desde la semana 21 de 2009, se confirmo el primer caso en un paciente procedente de esta comunidad, no pudo ser intervenido en el terreno dado las dificultades de accesibilidad por orden público en la zona. Vacuna y Disponibilidad: El departamento cuenta con la disponibilidad del biológico, pero las coberturas de vacunación son muy bajas en todo el departamento. Dificultades 1. Dentro de las dificultades más importantes está el hecho de que es una población que usualmente no porta documento de identificación y de manera frecuente se cambian los nombres. Esto hace muy difícil su identificación dentro del sistema de salud y por tanto el manejo de los casos. 2. Dentro de las recomendaciones dadas por la oficina de Epidemiologia de la Unidad de Salud y Epidemiologia de la secretaria de Salud Municipal, estaba: • Garantizar un promotor indígena por lo menos por el tiempo de tratamiento, para supervisar la administración del medicamento (Eritromicina) a los pacientes que fueran formulados. No se garantizo esta persona y por supuesto la ingesta del medicamento no fue la indicada. Dentro del seguimiento se pudo apreciar que algunos indígenas no se
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 15 tomaban el medicamento, otros lo ingirieron en una sola toma, otros lo tomaban al mismo tiempo en que consumían vinete, entre otros. 3. Las muestras se remitieron tardíamente al laboratorio de salud pública lo que sugiere que muy posiblemente se presentaron falsos negativos. 4. Hubo muestras que se entregaron al LSPF pero los casos no fueron ingresados oportunamente al sistema de información del SIVIGILA. Solo se ingresaron cuando llegaron resultados del laboratorio de Salud Pública a la oficina de epidemiologia de la unidad y se identificó el subregistro. Esto retraso el cierre del informe de brote. 5. Se programo una segunda jornada para garantizar segundas dosis de vacunación. Al ingreso de los vacunadores al área, el vehículo en que se movilizaban fue retenido por fuerzas armadas ilegales que hacen presencia en la zona.”11. También se allegó a la Corte Constitucional el informe de la Asociaciónde Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Departamento deArauca “ASCATIDAR”, dentro del cual se subraya la grave situación queenfrenta el pueblo Hitnu en cuanto hace referencia a la seguridad alimentaria,pues no cuentan con cultivos y el apoyo recibido del Estado se traduce enmercados mensuales en pequeña cantidad insuficientes para el número depersonas que conforman esta comunidad y para el estado nutricional en que seencuentran, que no resuelven las necesidades de cada una de las familiasafectadas, ni hacen un intento por reproducir, hasta donde sea posible, la dietatradicional de las mismas, la cual era obtenida a través de la cacería, pesca(marisqueo) y recolección de frutos silvestres en su territorio ancestral. Loanterior se traduce en cuadros de desnutrición visibles en menores de edad yla población adulta, además de múltiples enfermedades. Según se expone enel informe, estas soluciones temporales parciales no solo no garantizan losderechos del pueblo Hitnu, sino que además generan dependencia en lascomunidades que desgasta su tejido social y no contribuye a la conservacióndel patrimonio cultural. De otra parte, respecto a la atención en salud sedenuncia su deficiencia, ya que las comunidades indígenas de esta zona sonatendidas a través de brigadas de salud muy esporádicas que no tienen lacapacidad requerida para brindar un servicio eficaz y oportuno, menos unproceso de seguimiento de cada paciente. Además, el sistema general deatención en salud presenta dificultades en cuanto al acceso al mismo por partede esta población, debido a los diversos trámites a realizar, las distancias arecorrer para llegar a un centro de salud autorizado, entre otros. También sehabla en el informe de la vivienda, el territorio, la educación, el retorno, comopuntos álgidos que requieren de la atención urgente de las diferentesautoridades.12. El Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada delmunicipio de Arauca7, durante el año 2009 realizó un diagnósticoparticipativo con el fin de diseñar planes de acción en 5 resguardos: San Joséde Lipa, La Voragine, La Esperanza, El Iguanito y Caño Claro, 3comunidades: La Conquista, La Ilusión, La Esperanza y 4 asentamientosindígenas: Providencia, Monogarra, Las Vegas y Trapiche, en el cual se7 Participaron El municipio de Arauca, la Defensoría del Pueblo, Sena, Acción Social, Cruz Roja colombiana,Cruz Roja, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensa Civil, Incoder, Acnur, Pastoral Social,Federación Luterana Mundial, Personería de Arauca y Policía Nacional
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 16identifican factores de riesgo y acciones a adelantar a largo, mediano y cortoplazo. En estos diagnósticos llama la atención el estado de desnutrición de losmenores y las consecuentes enfermedades derivadas de tal condición.Igualmente la ausencia de programas etnoeducativos. Planes de acción que sesuponía iban a ser implementados en el presente año, pero carecen deresponsables y de tiempos de ejecución.13. En la Resolución 001 de 2 de marzo de 2009, expedida por el ComitéMunicipal para la Atención Integral a la Población Desplazada por laViolencia del Municipio de Arauca, que en ejercicio de las facultadesconferidas por el Decreto 2007 de 2001 y el decreto 250 de 2005, tambiéndeclara en inminencia de riesgo de desplazamiento en el municipio de Araucaa las comunidades indígenas del pueblo HITNU de San José de Lipa,conocidas como la comunidad El Romano, La Conquista integrada por losasentamientos indígenas El Trapiche, Monogarra, Las Vegas y Providencia;de igual forma el resguardo La Vorágine, Comunidad La Ilusión, en lascuales además se han diagnosticado problemas de Salud, por lo que resuelve: “ARTICULO PRIMERO: Declárese inminencia Riesgo de desplazamiento de las comunidades indígenas de San José de Lipa así: Comunidad el Romano y la Conquista con cédula catastral número 000000228200 y matricula inmobiliaria No. 41039061 ubicado en el predio Monterey San José de Lipa conformada por los asentamientos indígenas El Trapiche, Monogarra, Las Vegas y Providencia, con resolución de creación 1098 del 03 de agosto de 2004 del Incoder, área de 255,85.26 Hectáreas; limites que se encuentran establecidos dentro de citada resolución. El resguardo la Vorágine Comunidad Ilusión respecto del predio con cédula catastral 00000001217000 y matricula inmobiliaria Nro. 41020972 con resolución de creación 1106 de 03 de agosto de 2004 del Incoder, área de 27,22.50 Hectáreas ubicado en el predio la Vorágine límites que se encuentran establecidos dentro de citada resolución.”Y ordena comunicar esta decisión al registrador de Instrumentos Públicos deArauca, para efectuar la anotación del Código correspondiente a la medida deprotección de la declaratoria en los folios de matricula inmobiliariarelacionados.14. Mediante escrito radicado el 15 de septiembre de 2010 a la CorteConstitucional, la Procuradora y la Defensora Regionales del departamento deArauca, solicitan la adopción de medidas de protección especiales para lasseiscientas cuarenta y siete personas (647) que forman parte de lascomunidades indígenas desplazadas pertenecientes a los pueblos SIKUANI,MAKAGUAN E HITNU del departamento de Arauca. Tal petición se basa,según se dice en el informe presentado, en que las comunidades indígenasdesplazadas de “Caño Claro”, “Iguanitos” y “La Esperanza”, asentadas en elterritorio de la comunidad los Parreros que se encuentran en la vereda Betoyesdel municipio de Tame y la comunidad Cuiloto Marrero del pueblo Hitnú,ubicada en el municipio de Puerto Rondón, son víctimas del conflicto armado,
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 17se encuentran en condiciones de miseria, hacinamiento extremos y suexistencia cotidiana se desenvuelve bajo circunstancias denigrantes e indignas.Situación que se agrava por el estado de confinamiento en que se encuentran,como consecuencia del accionar de grupos armados, que han ocasionado elasesinato de Jaime Reyes Sampier, quien se desempeñaba como secretario delcabildo La Esperanza; Carmen Elisa Mora Uncacía, de la comunidad U´wa,encargada de los asuntos indígenas de la alcaldía de Saravena. Así mismo, seinforma de la muerte de más de diez menores en el seno de sus comunidadespor causas asociadas a la desnutrición. Frente a tal problemática, según semenciona en el informe, se presentó una acción de tutela con el afán deproteger los derechos fundamentales de éstas comunidades, ante el TribunalContencioso Administrativo de Arauca, que no obstante constatar la gravedadde la situación, el 12 de agosto del presente año declaró improcedente laacción, y se abstuvo de adoptar medidas para la garantía de los derechos delpueblo Hitnu, al considerar que la Corte Constitucional ya se habíapronunciado sobre el tema de fondo del amparo en el auto 004 de 2009 y queentonces, lo procedente sería la interposición de un incidente de desacato delas órdenes emitidas en tal providencia. Con el fin de confirmar susapreciaciones, las funcionarias adjuntaron a su informe copia del expedientede tutela, junto con la tutela, que en algunos apartes de la sentencia dice: “Se concluye entonces que la tutela si es procedente en tales casos, pero existe una peculiaridad en este caso que se examina y es, que el tema de los indígenas desplazados ya fue objeto de pronunciamiento con los bemoles y seguimientos que se han hecho a las órdenes, siendo innegable, como lo reconocen los diversos informes de la procuraduría (existen 82 informes de seguimiento de 13 sentencias los cuales alcanzan 20.000 folios), que el Estado ha concurrido a implementar soluciones básicas a los principales problemas ( salud, vivienda, educación, salubridad y mas que irresponsable sería el que esta Sala pretendiera dar órdenes para solucionar un estado de cosas ya declarado inconstitucional y que ha sido imposible de superar en un lapso de 5 largos años” …. Por último, no debe olvidarse, que de conformidad con el inciso final del artículo 27 del decreto 2591, el juez mantendrá su competencia hasta cuando este reestablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza, y por tanto, en el tema en comento, corresponde todavía a la Corte Constitucional velar por el cumplimiento de sus ordenes. Así lo ha entendido ella misma, y por tanto, ha ordenado el seguimiento al cumplimiento de lo por ella dispuesto por ella en la sentencia T-025. Entonces si los accionantes consideran que no se han hecho efectivas las órdenes para reestablecer los derechos de las comunidades indígenas desplazadas, o que aún no se han eliminado las amenazas a los derechos fundamentales de tales comunidades lo procedente sería iniciar un incidente de desacato si consideran que los factores objetivo y subjetivo se encuentran presentes para pregonarlo.”15. En el informe No. 23 de la Procuraduría General de la Nación8 deseguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas para avanzar en lasuperación del estado de cosas inconstitucional declarado mediante lasentencia T-025 de 2004, así como en los documentos allegados y8 Informe vigésimo tercero de seguimiento a la sentencia t-025 de 2004, sobre la situación de la poblaciónvíctima del delito de desplazamiento forzado en el departamento de Arauca (municipios de Arauca, Tame ySaravena) presentado por la Procuraduría General de la Nación, Delegada para la Prevención en materia deDerechos Humanos y Asuntos Étnicos, grupo Desplazamiento Forzado y refugio-noviembre de 2009.
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 18relacionados en el presente auto, para el seguimiento de las órdenes emitidaspor la Corte, evidencian que el Estado no ha acatado adecuadamente lasobligaciones previstas en la Constitución. El gobierno nacional fuera depresentar documentos formales9, que describen la política general, comorespuesta a los mandatos constitucionales en Arauca, no ha adoptado accioneseficaces y concretas de prevención del desplazamiento forzado causado por elconflicto armado, no ha considerado la afectación desproporcionada que haproducido el conflicto armado sobre el pueblo Hitnu, ni ha brindado atenciónadecuada a la gravedad de la crisis humanitaria que vive este pueblo.El Informe se basa en los hallazgos obtenidos por la Procuraduría General dela Nación de conformidad con sus actuaciones preventivas, la aplicación de unmodelo de seguimiento y evaluación a las entidades del Sistema Nacional deAtención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD) en el departamento deArauca, y visitas en terreno practicadas a varios municipios durante elpresente año, todo ello en contraste con las órdenes contenidas en los autos004, 007 y 008 de 2009 de ésta Corporación.El informe brinda un contexto general sobre la violencia en eldepartamento de Arauca, señala: “las estadísticas de la AgenciaPresidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (AcciónSocial) reportan, con corte al primer trimestre de 2009, un consolidado totalde 13.863 hogares expulsados del Departamento, correspondientes a 55.406personas, y a su vez 8.485 hogares desplazados que llegaron al departamento,integrados por 35.724 personas. Por su parte, el DepartamentoAdministrativo Nacional de Estadística (DANE) para el año 2009 registra unapoblación total de 244.507 habitantes, lo que en proporción corresponde aque el 37.3% de la población de Arauca ha sido víctima del delito dedesplazamiento forzado, refiriéndonos tan solo a la población que ha sidoincluida en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD). Así lascosas, Arauca es el departamento del país con mayor índice de intensidad ypresión en materia de desplazamiento forzado, evidenciándose en estedepartamento un impacto significativo de esta problemática sobre lapoblación.” Además según el informe, la presencia desde el año 2000 deeconomías ilícitas ligadas al narcotráfico, agravan la situación.En el informe se dice que en este contexto de narcotráfico y violencia armada,confluyen una serie de situaciones adicionales que agudizan los problemas queenfrenta la población civil de Arauca. El tráfico ilegal de gasolina y de armascon la frontera, acompañado de los altos niveles de corrupción de lasautoridades en la región han deteriorado profundamente las condiciones degobernabilidad, impidiendo la superación de estas formas de economía ilícita.Este complejo panorama, enmarcado en una ausencia institucionalprincipalmente en el sector rural del departamento (constatado por la PGN en9 El gobierno presentó en su oportunidad los documentos:“Directriz para la Prevención y Atención Integral dela Población Indígena en Situación de Desplazamiento y Riesgo, con enfoque diferencial”, y el “Plan Integralde Apoyo a Comunidades Indígenas en Alto Grado de Vulnerabilidad y Riesgo de Desaparición”
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 19su visita), y significativamente mayor en los lugares donde la presenciaarmada ilegal es más fuerte y no se cuenta con las condiciones de seguridadadecuadas, hacen de Arauca uno de los departamentos más afectados del paísdurante los últimos años por la crisis humanitaria y de derechos humanos.Situación humanitaria de la población desplazada o en riesgo dedesplazamiento en el departamento de Arauca. El informe menciona que laintensidad del conflicto armado que registra el departamento presenta unadoble dinámica de este fenómeno (como expulsor y receptor), siendo mayoren el índice de expulsión. La situación que viven las comunidades desplazadasen el departamento, particularmente aquellas que se encuentran concentradasen los cascos urbanos de Arauca, Tame y Saravena sólo representa una partede la crisis humanitaria que enfrenta el departamento. Ante la falta deatención, varias familias desplazadas han retornado sin garantías de seguridady dignidad ni acompañamiento por parte de las autoridades a sus veredas ycaseríos de los cuales fueron expulsados, en muchas ocasiones, sin haberdeclarado su situación de desplazamiento debido a la falta de atencióninstitucional observada en los distintos municipios visitados, a pesar de sermaterialmente población víctima de desplazamiento forzado, y de otra parte,porque consideran que la opción de permanecer en sus territorios ydesplazarse del lugar cuando el riesgo aumenta por períodos cortos, es menosgrave que enfrentar hambre, maltrato y discriminación en los lugares comunesde recepción de población desplazada dada la falta de atención e indolencia delas autoridades locales y nacionales.Este contexto ha venido siendo monitoreado y valorado por el Sistema deAlertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, que en el segundosemestre del año 2009 emitió dos (2) Informes de Riesgo en relación con: (i)departamento de Arauca, municipios de Arauca (Capital), Arauquita, Fortul,Saravena y Tame12, y (ii) departamento de Arauca, municipio de Arauquita.La Procuraduría General de la Nación, evidencia la precariedad de laspolíticas en materia de atención y prevención de este fenómeno que afecta a lapoblación campesina, sin que hasta el momento se atiendan los factores devulnerabilidad y de amenaza de esta población, pese a las reiteradas einsistentes recomendaciones realizadas por parte del Sistema de AlertasTempranas de la Defensoría del Pueblo y de sus Informes de Riesgo y Notasde Seguimiento, al igual que oficios y comunicados enviados a las diferentesautoridades civiles responsables del tema. El Comité Municipal de Atenciónintegral a la Población desplazada desconoce casi por completo suscompetencias y ni siquiera se ha hecho operativo el Plan Integral Único (PIU).Se advierte también el grave riesgo al que están expuestas las personas ensituación de desplazamiento que ante la precaria atención por parte del Estado,han regresado a sus lugares de origen arriesgando su seguridad yexponiéndose muy seguramente a un segundo desplazamiento, como ocurre enel caso de los habitantes de la veredas El pesebre, La Arabia (Caño Seco) yalgunas familias de las comunidades indígenas (3 familias de Iguanitos).
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 20Comunidades indígenas desplazadas en Betoyes de los resguardos de“Caño Claro”, “Iguanitos” y “La Esperanza”. El informe señala que lascomunidades indígenas de “La Esperanza”, “Caño Claro” e “Iguanitos” seencuentran desplazadas y asentadas en el resguardo de “Los Parreros”,ubicado en jurisdicción del municipio de Tame, en eventos ocurridos hace dosaños la primera y hace un año las dos restantes. Las comunidades de LaEsperanza y Caño Claro hacen parte de la etnia Makaguán y la última(Iguanitos) de la Cuiba, todas ellas pertenecientes a la familia lingüísticaGuahiba.Según lo valora el ICBF, la importancia geoestratégica de los territoriosindígenas de los cuales fueron desplazadas las referidas comunidades, radicaen su condición selvática que hacen de ésta un espacio ideal de refugio paralos grupos armados organizados al margen de la ley, dada la posibilidad delaprovisionamiento de alimentos y la facilidad de movilidad hacia otras zonasdel Departamento. Situación que constituye una de las principales causas delos enfrentamientos entre las guerrillas, y el Ejército Nacional, observándoseademás la presencia de campos minados, la ocurrencia de asesinatosselectivos, el desplazamiento forzado de las comunidades, el reclutamiento demenores indígenas y otras situaciones inherentes a la dinámica del conflictoarmado. Dos factores adicionales y de vital importancia para el análisis de lacrisis humanitaria que enfrentan las comunidades indígenas en elDepartamento, son: (i) una manifiesta falta de atención y desinterés de lasautoridades locales, departamentales y nacionales frente a la garantía y goceefectivo de los derechos de las comunidades indígenas desplazadas de LaEsperanza, Iguanitos y Caño Claro, y (ii) la falta de procesos organizativosfuertes de estas comunidades que se traducen en una escasa incidencia ycapacidad de demanda de sus derechos en los espacios públicos y políticos delorden local y regional.Estas tres comunidades desplazadas se encuentran actualmente asentadas enpredios correspondientes al resguardo de “Los Parreros”, el cual comprendeun territorio total de 48 hectáreas. La comunidad de Los Parreros pertenece ala etnia makaguán, y la componen 38 familias correspondientes a 142personas, quienes brindaron solidariamente refugio inicial por cinco (5) años alas comunidades indígenas desplazadas de La Esperanza, Iguanitos y CañoClaro, o hasta que éstas pudieran retornar en condiciones de seguridad a susrespectivos territorios. Señala el informe que las familias de Los Parreros a suvez fueron desplazadas en el año 2003 por el bloque paramilitar Vencedoresdel Arauca de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y retornaron alresguardo, sin haberse cumplido nunca con las condiciones de seguridad,dignidad y voluntariedad, y sin el debido acompañamiento institucional queeste proceso de retorno demanda.Ahora bien, las tres comunidades desde el momento en que se asientan en elresguardo de Los Parreros, inician la construcción de viviendas con elementos
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 21propios de la zona como hojas de palma y guadua. Las viviendas si bien sontradicionales, debido al reducido espacio en el que se encuentran, sonpequeñas para el número de miembros que integran cada familia, y en sumayoría, se encuentran actualmente deterioradas a causa del clima, lo cualexpone a sus habitantes a factores de riesgo adicionales que amenazan susalud e integridad física. Asimismo, las condiciones de hacinamientopropician el surgimiento de problemas de convivencia entre familias nuclearesy extensas, dado lo reducido del territorio en donde se encuentran asentados,las viviendas están muy cercanas unas a otras, lo que impide el desarrollotradicional de su privacidad familiar e intimidad. Conforme a los hallazgos delICBF, estas comunidades suelen dormir “en hamacas, chinchorros y camashechas en guadua a la usanza tradicional, sin embargo éstas se encuentran enpésimas condiciones higiénicas, además proliferan insectos que son vectoresde enfermedades, los cuales son difíciles de controlar en la medida en que seha roto el equilibrio ambiental.”10En las comunidades indígenas de La Esperanza, Caño Claro e Iguanitos, tantoel conflicto armado como el desplazamiento y/o confinamiento, hanimpactado profundamente en su cultura y existencia misma, al punto deconcluir que éstas se encuentran en un alto nivel de riesgo de extincióncultural y física, en los términos que lo ha expresado la Corte Constitucionalen el referido auto 004 de 2009.Ahora bien, se señala que Acción Social no hace presencia desde el día 8 demayo de 2009, día en el cual acudió a las comunidades con algunos mercadoscorrespondientes a una ración no mayor a un mes (lo anterior señalado por lascomunidades a mediados del presente año (2010)). Esta ración se ha traducidorecientemente en la entrega de dinero en efectivo para la compra de alimentos,de acuerdo con los protocolos de atención de Acción Social, modalidad quesegún Acción Social, cumple con los requisitos de atención diferencialexigidos por la Corte Constitucional para las comunidades indígenas en cuantoa la entrega de ayuda humanitaria se refiere. En este sentido, las comunidadesindígenas desplazadas de La Esperanza, Caño Claro e Iguanitos manifiestanque la Ayuda Humanitaria de Emergencia los ha llevado a la mendicidad,según lo expresara uno de sus miembros a este órgano de control: “lo queestán haciendo es volvernos más mendigos”, dado que dependen totalmentede esta ayuda monetaria, pues no tienen otra fuente de ingresos, por lo quedeben esperar cada cierto tiempo la entrega de esta ayuda para la compra dealimentos, lo cual afecta notablemente su autonomía y capacidad deautosostenimiento a la que tradicionalmente estaban acostumbrados.En materia de salud, se informó que DUSAKAWI, EPS indígena a la que seencuentran afiliados los miembros de estas comunidades, acudeesporádicamente a estos resguardos, exclusivamente al colegio de lacomunidad receptora, con el fin de adelantar algunas brigadas de atención. Sinembargo no todos los integrantes de la comunidad, por ejemplo de La10 Ib. ídem, Pág. 29.
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 22Esperanza, se encuentran carnetizados con esta EPS, lo que en muchasocasiones se traduce en una negativa de los centros de salud para brindarles laatención debida y oportuna. Por su parte, la comunidad de Caño Claromanifestó no haber sido visitada nunca por dicha EPS. De otra parte, expresanestas comunidades que no existen programas para la atención y controles demujeres embarazadas o de adultos mayores, quienes en muchas ocasiones,debido a las precarias condiciones de salubridad en la que se encuentran, seven altamente expuestos a múltiples enfermedades que amenazan seriamentesu vida e integridad física.La Procuraduría informa que en reunión posterior con la comunidad indígenareceptora de Los Parreros, persisten aún muchos problemas de convivencia yseguridad en el territorio, dado que este territorio es insuficiente para albergarcuatro comunidades simultáneamente, lo que ha generado una serie deconflictos que han conducido a amenazas y agresiones personales porpresuntos hurtos de alimentos y animales. Por lo que considera absolutamenteindispensable que cada comunidad pueda habitar dentro de sus propiosresguardos, con un territorio definido que garantice sus usos y costumbres, asícomo la seguridad alimentaria de estos pueblos, que en la actualidad seencuentra altamente amenazada debido a esta convivencia forzada de cuatrocomunidades indígenas en el reducido territorio de una de ellas.Estas comunidades esperan que si el Estado colombiano no puede garantizarsu seguridad en los territorios abandonados, si contribuya con la compra deotros terrenos donde puedan nuevamente manifestarse como comunidad vivay productiva. La persistencia de tal situación pone en riesgo su propiapervivencia. Las solicitudes de retorno han sido reclamadas en variasoportunidades ante las autoridades departamentales, entre otras, encomunicación dirigida a la Gobernación de Arauca el pasado 28 de noviembrede 2008 bajo el número radicado 1588, del cual no han obtenido ningunarespuesta.Las debilidades observadas por este órgano de control y el evidente abandonoinstitucional de todo tipo en este departamento, permite concluir lapersistencia del estado de cosas inconstitucional en dicha región del país,además afirmar que dicho estado de cosas se ve agravado por la permanentesituación de riesgo objetivo con la que conviven las comunidades indígenas ycampesinas desplazadas o confinadas en el Departamento de Arauca. Incumplimiento de las autoridades nacionales, departamentales ylocales de los autos 092 y 251 de 2008, y autos 004, 006, 007 y 008 de 2009.Frente a este análisis, la Procuraduría destaca la situación de la comunidadHitnú que según pudo conocer el órgano de control a partir de su participaciónen un Comité Departamental, viene sufriendo un sistemático proceso dereducción de su población, constatable en el hecho que una generación hadesaparecido casi en su totalidad, puesto que solo hacen parte de estacomunidad dos jóvenes, algunos adultos y varios niños y niñas.
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 23Para la Procuraduría General de la Nación, las graves violaciones a losderechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitarioobservadas en el departamento de Arauca, acompañada de una apatíaestructural por parte de la institucionalidad y sociedad colombiana frente atodos los hechos que con regularidad allí se presentan, requiere de la urgenteadopción de medidas políticas, judiciales y administrativas concretas quepermitan mitigar el daño que se viene ocasionando a las comunidadescampesinas e indígenas que habitan ese territorio, así como prevenir quedichas situaciones continúen ocurriendo, de lo contrario, la persistencia delestado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado endicha región se hará insostenible e insuperable. Persistencia del riesgo de desplazamientos masivos, individuales,confinamientos y atentados contra la vida y la integridad de la poblacióncampesina e indígena del departamento de Arauca. Este órgano de controlconsidera finalmente que los hechos y situaciones descritas en el curso delinforme, así como la evidencia de la continuidad de acciones de este tipo en eldepartamento de Arauca a la fecha, constituyen una clara muestra del riesgopermanente en que conviven las comunidades indígenas y la poblacióncampesina desplazada y/o confinada en el Departamento, de serrevictimizadas por nuevos desplazamientos masivos, individuales,confinamientos por minas, amenazas y atentados contra su vida e integridad,como en efecto pudo constatar la Procuraduría durante todo el curso de suvisita, así como los efectos de la grave situación de orden público que allí sepresenta para todos los habitantes del Departamento.16. En el marco de los problemas de orden público en el departamento deArauca, se han producido innumerables violaciones a los derechos humanos yal derecho internacional humanitario que muy eventualmente trascienden alámbito nacional o internacional. Las desapariciones, homicidios selectivos,masacres, violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres, amenazas,reclutamientos forzados de menores indígenas y campesinos, entre otros, nohan tenido la debida divulgación, ni en la construcción de la política públicadel desplazamiento forzado, ni en las investigaciones penales o disciplinariasde las conductas punibles que se han relacionado en los diferentes informes.La política pública preventiva en materia de desplazamiento forzado yconfinamiento de poblaciones indígenas y campesinas es muy deficiente en eldepartamento de Arauca, no existe una atención diferencial, pese a que granparte de la población desplazada de este Departamento es indígena, y seencuentra en inminente riesgo de exterminio físico y cultural.17. Por otra parte, Los informes técnicos de diagnóstico epidemiológico ynutricional son reveladores de la grave situación nutricional por la queatraviesan los indígenas HITNU, la contundencia de estos arrojan que un 71%de los niños están en riesgo o en situación de desnutrición, y que el 61% seencuentra en retraso de crecimiento con relación a la edad. Pese a los
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 24diagnósticos nutricionales que demuestran la grave crisis alimentaria y elriesgo epidemiológico en que viven las comunidades indígenas, estos hechosno alcanzan a trascender en el ámbito gubernamental nacional ni local, por elcontrario en los informes del gobierno departamental, como municipal estosgraves aspectos se encuentran minimizados o acallados, y con frecuencia elgobierno nacional presume que dados los recursos de regalías que tiene eldepartamento, ello se traduce automáticamente en niveles de inversiónaltísimos para la atención integral de la población desplazada que claramenteno llega a beneficiar a esta población, y sin que exista un mecanismos deseguimiento que permita asegurar un mayor compromiso por parte de lasautoridades territoriales. Asimismo la evidencia de brotes de tos ferina en esacomunidad, en donde las entidades competentes no han aplicadoefectivamente el tratamiento, es un problema que pese a las dificultades deorden público, como culturales requieren un empeño mayor para lograr llegara la población con la atención en salud que se requiere.18. Si bien de los documentos aportados se ha informado la realización deBrigadas de Salud, estas han sido esporádicas, no han tenido seguimiento, noha sido posible asegurar el suministro de drogas, tampoco se ha contado demanera permanente con un enfermero de la comunidad para atender casospuntuales, suministrar droga y hacer seguimiento. En general la prestación deservicio de salud no es continua, no existen instrumentos de la política públicaa nivel local, ni existen programas con enfoque diferencial que aseguren elgoce efectivo de derechos. De acuerdo con el informe de la ProcuraduríaGeneral de la Nación, Procuraduría Regional de Arauca y Defensoría delPueblo, esta situación de desatención es igualmente predicable de lascomunidades SIKUANI con asiento en el Departamento de Arauca.III. MEDIDAS QUE SE ADOPTARAN PARA PROTEGER LA VIDA, LA SALUD, Y LOS DEMAS DERECHOS DEL PUEBLO HITNU19. La Corte considera, que dados los graves riesgos para la vida y la saludque enfrenta actualmente el pueblo Hitnu, y del profundo daño a su integridadcultural y física que ha producido el conflicto armado y la falta de protecciónadecuada por parte del Estado colombiano, el riesgo de exterminio de estepueblo es grave e inminente. En efecto, además de la vulneración de losderechos individuales y colectivos de la comunidad Hitnu a causa deldesplazamiento forzado y del confinamiento del que han sido víctimas, la faltade atención integral adecuada por parte de las autoridades locales y nacionalesperpetúa su situación de vulnerabilidad extrema y acentúa los riesgos deexterminio tanto cultural como físico, dada la precariedad de sus condicionessanitarias y de subsistencia. Sin desconocer que dadas las condiciones devulnerabilidad cultural que enfrenta este pueblo seminómada y del impactoque puede tener para su supervivencia cultural cualquier intervención estatal,los peligros para la vida y la salud que se ciernen sobre este pueblo son de talmagnitud que no pueden seguir siendo desatendidos por el Estadocolombiano, dados los deberes constitucionales que tienen todas las
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 25autoridades de garantizar la vida e integridad y la plena vigencia de losderechos de quienes habitan el territorio colombiano.20. También resalta la Sala Especial de Seguimiento, que en circunstanciastan dramáticas como las que vive el pueblo Hitnu, no es posible desligar eltratamiento de seguridad personal y física que enfrenta esta comunidad, deatención integral los riesgos que para la salud, la vida y la integridadrepresenta la crisis de salubridad y alimenticia que padecen.21. La Corte recuerda que el Estado Colombiano tiene el deber de protegera los pueblos indígenas que se han visto afectados por el conflicto armado yque son víctimas del desplazamiento forzado y del confinamiento. Al Estadole asiste el deber de garantizar los derechos fundamentales de la población, asícomo preservar la diversidad étnica y cultural del país. En tal sentido debetomar tanto las medidas necesarias para prevenir las causas del desplazamientoforzado, como atender de manera integral a sus víctimas, en éste caso, a unpueblo indígena seminómada en riesgo de exterminio. La intervención tantopreventiva como de atención debe contar con un enfoque diferencial, es decir,con la comprensión antropológica y precisa de las particularidades que definena esta etnia, para actuar con coherencia en los programas o medidas a tomar,pero siempre, dados los riesgos para la vida, la salud y la supervivencia queenfrenta esta comunidad, haciendo prevalecer la protección de la vida de estoscolombianos.22. Ante esta situación, es necesario que las autoridades nacionales,departamentales y municipales adopten de manera articulada medidas urgentesy concretas para asegurar la vida, la salud y la dignidad de este pueblo, y paraatenuar los riesgos de exterminio cultural y físico que enfrentan. Por ello,ordenará al Ministro de Protección Social, conjuntamente con elGobernador del Departamento de Arauca, diseñar e implementar demanera urgente un programa de intervención y atención en salud,nutrición y seguridad alimentaria, para atender al pueblo Hitnu o Macaguána que hace referencia el presente auto. Dado que estas comunidades tambiénson víctimas de desplazamiento forzado o de confinamiento, se ordenará alDirector de Acción Social coordinar con las autoridades mencionadas, unmecanismo para articular el programa de alimentación, salud y nutrición quese diseñe adicional al correspondiente de ayuda humanitaria de emergenciaque debe prestar a la población desplazada. La finalidad de esta orden esasegurar la protección efectiva de los derechos de esta comunidad, teniendo encuenta las responsabilidades constitucionales y legales del Ministro deProtección Social, del Gobernador del Departamento de Arauca y del Directorde Acción Social, y dar aplicación adecuada al principio de concurrencia, detal manera que se garantice la atención integral y permanente al pueblo Hitnuen materia de salud, alimentación y nutrición, y se haga un uso racional derecursos escasos.
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 2623. Con el fin de que se dé pleno cumplimiento a esta responsabilidad, no seráposible que estas autoridades aleguen, con el fin de exonerarse de cumplir conel deber de protección efectiva que deben brindarle al pueblo Hitnu oMacaguán, que el asunto corresponde o involucra a otras autoridades. En casode que para la protección de los derechos del pueblo Hitnu sea necesaria laconcurrencia de otras autoridades nacionales o territoriales, el Ministro deProtección Social, el Gobernador del Departamento de Arauca y el Director deAcción Social, adoptaran las medidas que estimen pertinentes para que dichasautoridades concurran a su protección.24. Sobre el plan diseñado, el cronograma de trabajo, los mecanismos deimplementación desarrollados, las medidas adoptadas y ejecutadas y losresultados alcanzados, el Ministro de Protección Social, el Gobernador delDepartamento de Arauca y el Director de Acción Social deberán remitir a laCorte Constitucional un informe conjunto a más tardar el 1 de abril de 2011.25. La Corte ordenará al Ministerio de Educación Nacional para que enconjunto y articulación con la Secretaría de Educación Departamental deArauca y las Secretaría municipales correspondientes del departamento deArauca, preste asesoría y asistencia técnica así como apoyo financieronecesario para la formulación del proyecto etnoeducativo de los pueblosHitnu y Macaguán. Para tales efectos la Secretaría Departamental deEducación de Arauca así como las Secretarías Municipales correspondientes,deberán atender de manera prioritaria y diferenciada de acuerdo a laconstitución y las leyes en el sector Educativo, a los pueblos Hitnu oMacaguán, el término para el inicio de formulación del proyecto deberá no sermayor a un mes contado desde la fecha de la notificación del presente auto, apartir del cual se contará con un año para la construcción participativa delproyecto etnoeducativo, una vez cumplida esta fase, se ajustará la prácticapedagógica de la prestación del servicio a la organización y a la formacióndocente, para asegurar una educación pertinente y de calidad para la atenciónde los estudiantes de estas comunidades. El Ministerio deberá presentarinformes sobre los adelantos del proceso cada seis meses.23. La Corte también ordenará en el presente auto, hacer extensivas lasórdenes contenidas en el auto 004 de 2009, y en consecuencia ordenará alMinistro del Interior y de Justicia y a las demás las autoridades concernidasen dicho auto, incluir y aplicar de manera prioritaria e inmediata dentro delas medidas de protección, un programa de “garantía de los Derechos delos Pueblos Indígenas Afectados por el Desplazamiento” y un “programade salvaguarda étnico” ordenados en el Auto 004 de 2009 a favor de lacomunidad Hitnu o Macaguán que tiene asentamiento en el departamento deArauca. Medidas que deberán ser formuladas e iniciada su implementacióndentro de un término máximo de tres (3) meses a partir de la notificación de lapresente providencia.
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 2724. Dadas los graves riesgos para la vida y la seguridad que se hanevidenciado con el fin de contribuir a la construcción del plan de protecciónque deben desarrollar las autoridades concernidas en el auto 004 de 2009, laCorte le solicitará a la Defensoría del Pueblo, actualizar los informes de riesgode evaluación especial de la situación de seguridad y de orden público deldepartamento de Arauca donde se encuentra asentado, desplazado o confinadoel pueblo Hitnu o Macaguán.25. En mérito de lo expuesto, la Sala Especial de Seguimiento a la SentenciaT-025 de 2004 y sus Autos de cumplimiento, en ejercicio de sus atribucionesconstitucionales y legales, RESUELVEPRIMERO.- DECLARAR que los pueblos Hitnu o Macaguán11 asentados enel departamento de Arauca, según lo advertido en esta providencia, están enpeligro de ser exterminado cultural y físicamente por el conflicto armadointerno -en el cual han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechosfundamentales individuales y colectivos y del derecho internacionalhumanitario - y por la falta de atención adecuada por parte de las autoridadesnacionales y territoriales que garanticen su seguridad alimentaria, su salud, suintegridad física y su vida.SEGUNDO.- ORDENAR al Ministro de Protección Social, conjuntamentecon el Gobernador del Departamento de Arauca, diseñar e implementar demanera urgente un programa de intervención y atención en salud,nutrición y seguridad alimentaria para atender al pueblo Hitnu o Macaguána que hace referencia el presente auto. Así mismo, dado que estascomunidades también son víctimas de desplazamiento forzado o deconfinamiento, se ORDENA al Director de Acción Social coordinar con lasautoridades mencionadas, un mecanismo para articular el programa dealimentación, salud y nutrición que se diseñe adicional al correspondiente deayuda humanitaria de emergencia que debe prestar a la población desplazada.Todo ello con el fin de asegurar la protección efectiva de los derechos de estacomunidad, teniendo en cuenta las responsabilidades constitucionales ylegales del Ministro de Protección Social, del Gobernador del Departamentode Arauca y del Director de Acción Social, y dar aplicación adecuada alprincipio de concurrencia, de tal manera que se garantice la atención integral y11 Alain Fabre 2005- Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenassudamericanos. GUAHIBO Colombia: departamento de Arauca: (1) centro norte del departamento, alsudeste de la ciudad de Arauca, entre los ríos Lipa, Ele y el caño Cuiloto, afluentes noroccidentales del CravoNorte, que vierte sus aguas en el Casanare. Dicha zona queda comprendida entre los ríos Arauca, al norte, yCravo Norte, al sur: La Conquista, caño Agualinda, caño Colorado etc., zona que corresponde al resguardoSan José de Lipa o Caño Colorado (municipio de Arauca, con 134 macaguane). Según Arango & Sánchez(1998), los hitnü formarían en esta zona dos grupos, Arauca/San José de Lipa propiamente dicho y San Joséde Lipa/ Conversión, con un total respectivo de 132 y 137 personas; (2) noroeste del departamento: (a)resguardo NOMBRE(S): Hitnü, makaguane, cuiba, guahibo de Agualinda. AUTODENOMINACIÓN: Hitnü, jit("gente"). NÚMERO DE HABLANTES: 542 hitnü (Arango & Sánchez 1998); 230 hablantes (Lobo-Guerrero &Herrera 1983); 661 personas, de las cuales 237 viven en reserva o resguardo (MG 1980).http://butler.cc.tut.fi/~fabre/BookInternetVersio/Dic=Betoi.pdf
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 28permanente al pueblo Hitnu en materia de salud, alimentación y nutrición, y sehaga un uso racional de recursos escasos. De la ejecución de estas acciones elMinistro de Protección Social deberá rendir informe a la Corte Constitucionalen el término de un mes contado a partir de la notificación del presente auto.Con el fin de dar pleno cumplimiento a esta responsabilidad, no será posibleque estas autoridades aleguen, para exonerarse de cumplir con el deber deprotección efectiva que deben brindar al pueblo Hitnu o Macaguán, que elasunto corresponde o involucra a otras autoridades. En caso de que para laprotección de los derechos del pueblo Hitnu sea necesaria la concurrencia deotras autoridades nacionales o territoriales, el Ministro de Protección Social, elGobernador del departamento de Arauca y el Director de Acción Social,adoptaran las medidas que estimen pertinentes para que dichas autoridadesconcurran a su protección. En relación con el plan diseñado, el cronograma detrabajo, los mecanismos de implementación desarrollados, las medidasadoptadas y ejecutadas y los resultados alcanzados, el Ministro de ProtecciónSocial, el Gobernador del Departamento de Arauca y el Director de AcciónSocial deberán remitir a la Corte Constitucional un informe conjunto a mástardar el 1 de abril de 2011TERCERO.- ORDENA hacer extensivas las órdenes contenidas en el auto004 de 2009 a favor del pueblo indígena Hitnu o Macaguán que tieneasentamiento en el departamento de Arauca, comunidades que se encuentranen riesgo de exterminio, para lo cual el Ministro del Interior y de Justicia y lasdemás autoridades concernidas en dicho auto, dentro de un término máximode tres (3) meses a partir de la notificación de la presente providencia,formularán e iniciarán la implementación de medidas de protección yplanes de salvaguarda étnica. En el cumplimiento de esta orden deberántener participación efectiva las autoridades legítimas de éste pueblo deconformidad con lo señalado en el auto 004 de 2009.CUARTO.- ORDENAR a la Defensoría del Pueblo, actualizar los informesde riesgo de evaluación especial de la situación de seguridad y de ordenpúblico del Departamento de Arauca donde se encuentra asentado,desplazado o confinado el pueblo Hitnu y/o Macaguán, esto dados los gravesriesgos para la vida y la seguridad que se han evidenciado con el fin decontribuir a la construcción del plan de protección que deben desarrollar lasautoridades concernidas en el auto 004 de 2009.QUINTO.- ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional para que enconjunto y articulación con la Secretaría de Educación Departamental deArauca y las secretarías municipales correspondientes del departamento deArauca donde tengan asentamiento las comunidades indígenas de que trataeste auto, preste asesoría y asistencia técnica así como apoyo financieronecesario para la formulación del proyecto etnoeducativo de los pueblos Hitnuo Macaguán. Para tales efectos la Secretaría Departamental de Educación deArauca así como las Secretarías Municipales correspondientes, deberánatender de manera prioritaria y diferenciada de acuerdo a la constitución y las
Seguimiento Sentencia T-025 de 2004 y Auto 004 de 2009 29leyes en el sector Educativo, a los pueblos Hitnu o Macaguán, el término parael inicio de formulación del proyecto deberá no ser mayor a un mes contado apartir de la notificación del presente auto, a partir del cual se contará con unaño para la construcción participativa del proyecto etnoeducativo, a partir delcual se ajustará la práctica pedagógica la organización de la prestación delservicio y la formación docente para asegurar una educación pertinente y decalidad para la atención de los estudiantes de estas comunidades, de los cualesen dichos tiempos se entregará informe a la Corte Constitucional.SEXTO.- COMUNICAR al Presidente de la República de Colombia elcontenido del presente auto para su información y adopción de las medidasque considere pertinentes.SÉPTIMO.- Comunicar la presente providencia al Procurador General de laNación, para que dentro de su órbita de competencias adopte las medidas aque haya lugar.OCTAVO. INVITAR a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidaspara los Refugiados - ACNUR a continuar presentando los informes queconsidere pertinentes, cuando lo considere oportuno, sobre el avance en larealización del goce efectivo de los derechos del pueblo Hitnu, Macaguán ySikuani asentados en el departamento de Arauca. Comuníquese y cúmplase. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Magistrado JUAN CARLOS HENAO PEREZ NILSON PINILLA PINILLA Magistrado Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ Secretaria General
Phillips 55PFL8008 Folheto da Televisão
Session 4 a diewert discussion of public sector intangibles

References: artículo 27
 artículo 13
 Resolución 
 resolución 
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 artículo 27