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Timestamp: 2019-10-13 20:44:48+00:00

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Modificaciones introducidas por el R.D. 773/2015 en el RGLCAP | Contrato de obras
Alcance de las modificaciones introducidas en el RGLCAP por el R.D.773/2015
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II. DERECHO TRANSITORIO
III. CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA: ALCANCE DE LA NUEVA REGULACIÓN
A) NO EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS
B) ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA A TRAVÉS DE LA CLASIFICACIÓN
C) CONTRATOS EN LOS QUE NO ES EXIGIBLE LA ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA
D) SOLVENCIA EXIGIBLE POR DEFECTO (CUANDO TAL EXIGENCIA NO SE CONCRETE EN LOS PCAP)
E) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
F) SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL
IV. EXPEDIENTE DE CLASIFICACIÓN. ALCANCE DE LA NUEVA REGULACIÓN
1. Grupos y subgrupos
A) Valor “K” exigible para la obtención de cada categoría (Art.35.d)
B) Categorías no aplicables a determinados subgrupos. (Art.26).
C) Experiencia que se considera a efectos de obtener la clasificación (Art.27).
D) Clasificación por medios (Art.27.d).
E) Base para el cálculo de la categoría (Art. 29).
F) Mejora de la cifra básica (Art. 29).
1) Grupos y Subgrupos (Art.37).
A) Valor “K” exigible para la obtención de cada categoría
B) Experiencia que se tiene en cuenta a efectos de obtener la clasificación (Art.39.1).
C) Clasificación por medios (Art.39).
D) Base para el cálculo de la categoría (Art. 39.2).
E) Mejora de la cifra básica (Art. 29.3).
V. COMENTARIO CRÍTICO RESPECTO A LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL RGLCAP, Y REFLEXIÓN DIRIGIDA A EMPRESAS CONTRATISTAS CON EXPEDIENTE DE CLASIFICACIÓN O QUE PRETENDEN OBTENERLO
1) Comentario critico
2) Reflexión dirigida a empresas contratistas con expediente de clasificación o que pretenden obtenerlo.
Lo primero que habrá de tenerse en cuenta respecto a la modificación del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo RGLCAP, o Reglamento de contratación), por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, es que la fecha de entrada en vigor (05/11/15) no sólo supondrá que cobrará eficacia tal modificación reglamentaria, sino que igualmente entrará en vigor en esa misma fecha los artículos 65.1., 75 a 78, y 79 bis del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en lo sucesivo TRLCSP), en la redacción dada por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, ya que la disposición transitoria (en lo sucesivo D.T.) cuarta del TRLCSP, -también modificada por dicha Ley 25/2013-, establece:
“El apartado 1 del artículo 65, en cuanto delimita el ámbito de aplicación y de exigibilidad de la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán los contratos de obras y los contratos de servicios, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
No obstante lo anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros ni en los contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros.”
De este hecho se deriva que el estudio que aquí se lleva a cabo, no sólo se limita a la modificación reglamentaria, sino que también toma en consideración los preceptos legales que ahora cobran eficacia.
La modificación (ver aquí) del RGLCAP (ver aquí), introducida por el Real Decreto 773/2015, publicada en el BOE del sábado 5 de septiembre de 2015, entrará en vigor el 5 de noviembre de 2015, (a los dos meses de su publicación en el BOE).
Los expedientes de contratación iniciados (esto es, aprobados los pliegos si se trata de procedimientos negociados, o publicados en el resto de los casos) antes de la entrada en vigor de esta modificación, se regirán por la normativa anterior (D.T.1º).
Además, habrá de tenerse en cuenta lo siguiente:
Las clasificaciones otorgadas de acuerdo a la regulación anterior perderán su vigencia y eficacia el 1 de enero de 2020 (D.T.4ª).
Respecto al mantenimiento de la clasificación, la justificación de la de la solvencia económica y financiera, y de la solvencia técnica o profesional de las empresas que obtuvieron aquélla con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de clasificación, se hará de acuerdo con aquella regulación anterior (D.T. 4ª).
Por el contrario, la revisión de las clasificaciones de expedientes existentes a la entrada en vigor de la nueva regulación se llevará a cabo de acuerdo a la nueva regulación, salvo que no se efectúen a solicitud del empresario sino de oficio (D.T. 4ª).
A los nuevos expedientes de clasificación, les será de aplicación el sistema introducido por el R.D. 773/2015, en el momento en que por la JCCA del Estado se aprueban y publiquen los nuevos formularios tipo de solicitud (D.T.5ª).
(Comentario: Nótese que la aplicación de la nueva normativa a los expedientes de clasificación, no se establece en función de la entrada en vigor -05/11/15- de las modificaciones reglamentarias, sino a la publicación de los nuevos formularios por parte de la JCCA, hecho que podrá tener lugar antes o después de la citada fecha).
Las categorías hasta ahora existentes, seguirán siendo validas y operativas hasta el 1 de enero de 2020 (D.T. 2ª). Se establece una tabla de equivalencias entre las nuevas categorías (por número), y las anteriores (por letras):
EQUIVALENCIA DE CATEGORIAS EN C. OBRAS
EQUIVALENCIA DE CATEGORIAS EN C. SERVICIOS
Anterior tipología
(Nota: Por ejemplo, si de acuerdo con el nuevo sistema, para un contrato de obras determinado se exigiese ostentar la categoría “1”, será válida para acreditar la misma, la categoría “A” o “B” otorgada de acuerdo con el anterior sistema de clasificación en obras. Si para un contrato de servicios se exigiera la categoría “5”, cumplirán el requisito quienes de acuerdo con el anterior sistema ostentasen la categoría “D”).
Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación, sea cual fuere su importe, si bien la clasificación será uno de los modos de acreditar la solvencia. Por lo tanto, se suprime la exigencia de clasificación en los contratos de servicios, pero no la posibilidad de que las empresas tramiten y obtengan su expediente de clasificación en servicios.
Para los contratos de obras, continua la exigencia de clasificación a partir de 500.000 euros de valor estimado. (Art.65.1 TRLCSP).
Se establece el modo en el que, en los contratos de servicios (VER NOTA), o en aquellos contratos de obras en los que la clasificación no es exigible, se puede acreditar la solvencia a través de la clasificación del licitador o candidato. En concreto, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo de clasificación que en función del objeto del contrato corresponda, con la categoría de clasificación que por su valor anual medio corresponda, acreditará su solvencia económica y financiera y su solvencia técnica para contratar.
Con esta finalidad, se establece que el anuncio de licitación o la invitación a participar y, en todo caso los pliegos, habrán de reflejar el/los grupo/s, subgrupo/s, y categoría/s de clasificación, cuya acreditación por el licitador o candidato, es suficiente para demostrar su solvencia.
Se suprime la posibilidad de que, tratándose de trabajos especializados para los que se exige determinada habilitación o autorización, la clasificación, caso de ser exigida, pueda suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esa parte con empresarios que cuenten con tal habilitación o autorización.
(Nota: No todas las tipologías de servicios-sólo aquellas cuyo objeto se recoge en el Anexo II del RGLCAP- pueden ser objeto de expediente de clasificación, por lo que, obviamente, para aquellas actividades para las que no se defina un subgrupo de clasificación, la misma –al no existir-, no podrá sustituir a la solvencia).
Salvo que en los pliegos del contrato se establezca de modo expreso su exigencia, los licitadores o candidatos estarán exentos de la obligación de acreditar la solvencia económica y financiera (SEF), y la solvencia técnica y profesional (STP), para los contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros, y para los contratos de los demás tipos cuyo valor estimado no exceda de 35.000 euros. (Artículo 11.5. RGLCAP).
Los pliegos detallaran los criterios, entre los señalados por la ley, con los que se acreditará la SEF y la STP, así como las magnitudes, parámetros o ratios, y los umbrales o rangos de valores que determinarán la admisión o exclusión de los licitadores o candidatos.
En su defecto, el Reglamento (Art.11.4) prevé que la acreditación de la SEF y STP se lleve a cabo a través de los siguientes criterios y magnitudes:
La solvencia económica y financiera se acreditara a través del volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año. La acreditación de este criterio se llevara a cabo a través de las cuentas aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil (o Registro Oficial correspondiente o, caso de empresarios individuales no inscritos en el R.M., libros inventarios y cuentas anuales legalizadas por el R.M.).
En los contratos cuyo objeto consista en servicios profesionales, en lugar del volumen anual de negocio, la solvencia económica y financiera se podrá acreditar mediante la disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato, así como aportar el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 2 del artículo 151 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda.
E) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (SEF)
Se suprime como modo de acreditación de la SEF la declaración de entidades financieras. Se suprime igualmente la presentación de cuentas anuales o libros legalizados, si bien aquí más que ante una supresión de un criterio, estamos ante su transformación o concreción, pues las cuentas anuales –alguna de ellas- podrán ser el medio exigible para acreditar el volumen anual de negocios, el patrimonio neto, o el ratio entre activos y pasivos.
Los criterios posibles de acreditación de la SEF, cuya concreción habrá de efectuarse en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), tanto en lo que se refiere a los criterios elegidos, como a las magnitudes, parámetros o ratios, y los umbrales o rangos de valores que determinarán la admisión o exclusión de los licitadores o candidatos, serán ahora los siguientes:
A) El volumen anual de negocios (global), o el volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, con indicación expresa del valor mínimo exigido
B) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, con indicación expresa de los riesgos cubiertos, de su plazo mínimo de vigencia o fecha de vencimiento y del valor mínimo exigido.
(Nota: No aplicable a los contratos de obras – Art.67.3.b. RGLCAP- y suministros –Art.67.5.b.-)
C) Patrimonio neto o ratio entre activos y pasivos al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales, con indicación expresa del valor mínimo exigido o del ratio mínimo exigido, respectivamente.
Los trabajos ejecutados anteriormente –avalados por certificados de buena ejecución-, como modo de acreditar la solvencia técnica o profesional, se amplia de cinco a diez años en los contratos de obras, y de tres a cinco años en los de suministro y servicios.
Para los contratos de obras se señala el modo en que, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del licitador de las obras serán tomadas en consideración a los efectos de acreditar la solvencia técnica de la empresa matriz.
En los pliegos se especificará el importe anual sin incluir los impuestos que el empresario deberá acreditar como ejecutado, en el año de mayor ejecución del periodo antes indicado. Se entenderá que existe correspondencia entre los trabajos cuando pertenezcan al mismo grupo /subgrupo de clasificación (obras y en su caso servicios y gestión de servicios), o por la igualdad de los dos primeros dígitos de los respectivos códigos CPV.
Se mantienen en la Ley –con idéntica redacción-, el resto de medios de acreditación de la solvencia técnica o profesional. La nueva redacción del artículo 67.4., concreta para cada tipo de contrato (obras, suministros, gestión de servicios y servicios-aplicable también al resto de contratos-), estos criterios de selección, señalando para todos aquellos en que sea posible, la exigencia de que en los pliegos de clausulas administrativas particulares se concreten las magnitudes, parámetros o ratios, y los umbrales o rangos de valores que determinarán la admisión o exclusión de los licitadores o candidatos.
Cabe señalar, respecto a los contratos de gestión de servicios, que la nueva redacción del reglamento (Art.67.4.b.) además de fijar iguales criterios de acreditación de la STF que los establecidos para los contratos de servicios, finaliza estableciendo que: “Cuando el cumplimiento del contrato exija la ejecución de obras o instalaciones, los pliegos podrán recoger adicionalmente uno varios de los criterios de selección relativos a la solvencia del empresario aplicables a los contratos de obras, de entre los incluidos en el punto 3º de la letra b) del apartado 3”
Sobre la vigencia y efectividad de los expedientes de clasificación existentes a la entrada en vigor de la nueva normativa, véase el apartado I. Derecho Transitorio.
Las categorías pasan a identificarse mediante números crecientes.
Se reajusta los umbrales de cada una de las categorías.
Se reajusta igualmente el patrimonio neto mínimo exigible para el acceso de las empresas a cada categoría.
Se amplía a diez años el periodo durante el cual las obras en él ejecutadas serán tomadas en cuenta como prueba de la experiencia de los empresarios, a efectos de su clasificación.
Se reduce significativamente el número de grupos y subgrupos existentes.
Se introduce una categoría adicional superior para contratos de anualidad media superior a 1,2 millones de euros
Se modifica el Anexo II del Reglamento al objeto de delimitar el ámbito de trabajos incluidos en cada subgrupo en los términos definidos por el Vocabulario Común de Contratos Públicos (código CPV), y con el fin de establecer la correspondencia entre los subgrupos de clasificación y los códigos CPV.
Se amplía a cinco años el periodo durante el cual los trabajos en él ejecutadas serán tomadas en cuenta como prueba de la experiencia de los empresarios, a efectos de su clasificación.
De forma expresa establece la nueva regulación (Artículos 27 y 39 RGLCAP), que para que un empresario pueda ser clasificado en un subgrupo determinado, deberá acreditar por cualquier medio admisible en derecho, que dispone de los medios personales, materiales, organizativos y técnicos necesarios para la ejecución de los trabajos del subgrupo, así como de las habilitaciones o autorizaciones para el ejercicio de la actividad que en su caso se requieran.
No se modifica ni su número ni la denominación de ninguno de ellos.
Tampoco varía el sistema y alcance, en cuanto a la posibilidad de obtener la clasificación en grupos (Art.28), o subgrupos (Art.29.2), a partir de otros subgrupos afines.
Las categorías pasan a identificarse por un número (del 1, al 6), en lugar de por una letra (de la A, a la F).
Se introduce además, las siguientes modificaciones:
El valor “K” es el resultado del producto “O x I”, en el que “O” es la cifra básica de facturación del tipo de obra correspondiente al grupo/subgrupo en el que se pretende la clasificación, e “I” es el denominado índice de empresa que se obtiene de la suma de diversos índices -fijo, tecnicidad, mecanización, financiero, y de experiencia-.
Los valores “K” exigibles para la obtención de cada categoría varían con la nueva regulación, según se aprecia en la siguiente tabla:
Valor “K”
<=150.000€
<=60.000€
>150.000€ e < ó = 360.000€
>60.000€ e < ó = 120.000€
>360.000 e < ó =840.000€
>120.000 e < ó =360.000€
>840.000€ e < ó = 2.400.000€
>360.000€ e < ó = 840.000€
>2.400.000€ e < ó =5.000.000€
>840.000€ e < ó =2.400.000€
>5.000.000€
>2.400.000€
(Nota: Las cuantías reflejadas en el cuadro anterior se emplean no sólo para el cálculo de la categoría a otorgar a una empresa en un determinado grupo/subgrupo en el que pretenda clasificarse, sino también para el cálculo de la categoría que, para un determinado contrato, debe ser exigido en los grupos o subgrupos correspondientes al objeto del contrato. Véase a este respecto el nuevo artículo 26 del RGLCAP).
El cuadro anterior NO refleja la equivalencia entre las categorías del nuevo y anterior sistema de clasificación. Tal equivalencia (valida hasta el 1 de enero de 2020 –véase apartado I Derecho Transitorio) la establece la D.T. segunda del R.D. 773/2015, del siguiente modo:
Con la anterior regulación, en los subgrupos pertenecientes a los grupos H (Transportes de productos petrolíferos y gaseosos), I (instalaciones eléctricas), J (Instalaciones mecánicas), y K (instalaciones especiales), la máxima categoría de clasificación posible era la “E” (a partir de 840.000). Con la nueva regulación, la máxima categoría a alcanzar en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J, y K, es la “4” (a partir de 840.000). Por lo tanto, no existiendo variación respecto al resto de grupos, se elimina tal limitación de categoría máxima que se puede alcanzar para los subgrupos del grupo H.
Con la anterior regulación, la experiencia que se tenía en cuenta a efectos de obtener/modificar la clasificación por parte de los empresarios, era la de los últimos cinco (5) años. Con la nueva regulación será de diez (10) años.
En ambas regulaciones, se prevé la posibilidad de obtener la clasificación aun en el caso de no acreditar ejecución de obras en el periodo a considerar (5 ó 10 años), en el caso de que la empresa disponga de suficientes medios financieros, de personal experimentado en la ejecución de las obras incluidas en el subgrupo, y de maquinaria o equipos de especial aplicación al tipo de obras incluidas en el subgrupo.
La nueva regulación añade este nuevo enunciado al artículo 27.d): “d)… A tales efectos, se entenderá que dispone de suficientes medios financieros cuando su patrimonio neto acreditado fehacientemente a la fecha de tramitación del expediente, según el último balance de cuentas aprobadas, supere los importes fijados en la letra d del apartado 1 del artículo 35 para la máxima categoría de clasificación que pueda llegar a obtener en cualquiera de los grupos y subgrupos.”
Tal añadido pudiera dar a entender que con la nueva regulación, la clasificación por medios podría alcanzar una categoría superior a la mínima (“1”). Ahora bien, el nuevo artículo 29 (apartado 4) lo limita a tal categoría mínima, al establecer de modo taxativo: “En los casos comprendidos en el párrafo d) del artículo 27, solo podrá otorgarse la clasificación con la categoría 1.”.
(Comentario: Igual contradicción parece existir entre ese artículo 29.4, y el 35.1.e): “Cuando no se acredite experiencia en la ejecución de obras correspondientes al subgrupo la clasificación a otorgar en función de lo establecido en el artículo 27, párrafo d), estará condicionada por la disponibilidad de patrimonio neto que se especifica en el apartado anterior.” Pues si la categoría a otorgar es la mínima, el patrimonio neto exigible debería igualmente ser el mínimo).
En la anterior regulación, para el cálculo de la categoría, se tomaba como base –referido a cada uno de los subgrupos en los que pretendía clasificarse la empresa-, el mayor de los siguiente importes: Bien el importe de la mayor obra ejecutada en los últimos cinco años (aunque se ejecutará en varios), o bien el importe de las obras ejecutadas en un año dentro de los últimos cinco.
En la nueva regulación, además de que el periodo a considerar es de diez años en lugar de cinco, destaca que en lo que se refiere a la segunda de las posibilidades, ya no se consideraran todas las obras ejecutadas, sino un máximo de seis obras.
(Comentario: Ello sin duda supondrá una importante limitación a la clasificación –a su posibilidad de alcanzar una categoría superior-, de las empresas en general, y de las PYMES en particular).
Además: “2 ….A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquél en el capital social de esta.”
(Comentario: Lo que nuevamente supone una ventaja competitiva de las grandes empresas –que si pueden disponer de sociedades extranjeras filiales-, respecto a las PYMES –que difícilmente habrán creado este tipo de filiales-).
No varían en la nueva regulación los porcentajes que se aplican sobre la cifra básica para mejorar la categoría, esto es, un 20% fijo por natural expansión, hasta 50% por medios personales, hasta 70% por parque de maquinaria, hasta 80% por ratio fondos propios/importe anual medio, hasta 100% por años de experiencia o importe obras ejecutadas.
(Comentario: Llama la atención que en todos estos índices –salvo el primero de ellos que es fijo-, se tomen en consideración los últimos cinco años y no los últimos diez.)
G) Tope a la categoría en función del patrimonio neto (Art.29.1.d.) Tanto la anterior (35.1.e.), como la nueva regulación limita la categoría a alcanzar en función del patrimonio neto reflejado en las cuentas anuales. Ahora bien, en la nueva regulación, se introducen dos importantes modificaciones.
Por una parte, varía (se eleva en más del doble), el importe del patrimonio neto mínimo exigible para la obtención de cada categoría:
(Nota: Aunque la anterior redacción del artículo Art.35.1.e., se refiere a “fondos propios” y no a “patrimonio neto”, a partir de la entrada en vigor del nuevo Plan General Contable del 2007, paso a exigirse la cifra de patrimonio neto).
Por otra parte, la nueva regulación posibilita que se tenga en consideración el patrimonio neto existente en un momento posterior a aquél en el que se cierra el ejercicio anterior al de la presentación del expediente, estableciendo al respecto el nuevo artículo 29.1.d del RGLCAP: “… No obstante lo anterior, cuando con posterioridad al cierre del último ejercicio social se hayan efectuado ampliaciones de capital, o se hayan producido hechos financieros relevantes y verificables cuyos efectos sobre el patrimonio neto de la sociedad sean equivalentes a los de una ampliación de capital, y dichas ampliaciones o hechos den lugar a un incremento del patrimonio neto respecto del existente al cierre del último ejercicio social, a los efectos previstos en este artículo podrá tomarse en cuenta el patrimonio neto que figure en unas cuentas anuales intermedias posteriores al cierre del último ejercicio social, aprobadas por la sociedad y auditadas en las mismas condiciones que las últimas cuentas anuales, siempre que el incremento del patrimonio neto al cierre de dichas cuentas intermedias respecto del que figure en las últimas cuentas anuales aprobadas se produzca como resultado directo de la ampliación de capital efectuada o del hecho financiero acaecido.”).
1) Grupos y Subgrupos (Art.37)
Se elimina la denominación de los grupos.
Se eliminan los grupos N y S.
Se eliminan treinta y nueve (39) subgrupos.
Se varía la denominación de seis (6) subgrupos: Q2; R1; R6; R5; U1; V5. En los tres primeros, la variación supone un cambio profundo en el alcance de las actividades comprendidas en los mismos.
Se crea un (1) nuevo subgrupo (U8) (Antes integrado en el U7 que ahora se elimina).
El alcance de la actividad que comprende cada subgrupo se detalla en el Anexo II, mediante la correspondencia de cada subgrupo con los códigos CPV, se alinea de este modo el ámbito de actividades incluidas en los subgrupos de clasificación de servicios con el repertorio normalizado de actividades recogido en el Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV).
o Subgrupo 2. Servicios de gestión de cobros.
o Subgrupo 4. Lectura de contadores.
o Subgrupo 3. Atención y manejo de instalaciones de seguridad.
o Subgrupo 7. Prevención de incendios forestales.
o Subgrupo 8. Servicios de protección de especies.
o Subgrupo 1. Actividades médicas y sanitarias.
o Subgrupo 2. Inspección sanitaria de instalaciones.
o Subgrupo 3. Servicios veterinarios para la salud.
o Subgrupo 4. Servicios de esterilización de material sanitario.
o Subgrupo 5. Restauración de obras de arte.
o Subgrupo 6. Mantenimiento, conservación y restauración de materiales cinematográficos y audiovisuales.
o Subgrupo 5. Conservación y mantenimiento de mobiliario urbano.
o Subgrupo 7. Conservación y mantenimiento de monumentos y edificios singulares.
o Subgrupo 4. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de electromedicina.
o Subgrupo 6. Mantenimiento y reparación de equipos y maquinaria de oficina.
o Subgrupo 3. Desmontajes de armamento y destrucción de munición.
o Subgrupo 4. Desguaces.
Subgrupo 1. Transporte en general. Transporte de viajeros en general.
o Subgrupo 3. Transporte y custodia de fondos.
o Subgrupo 4. Transporte de obras de arte.
o Subgrupo 7. Servicios de grúa.
o Subgrupo 8. Remolques de buques.
o Subgrupo 1. Tratamiento e incineración de residuos y desechos urbanos.
o Subgrupo 2. Tratamiento de lodos.
o Subgrupo 3. Tratamiento de residuos radiactivos y ácidos.
o Subgrupo 4. Tratamiento de residuos de centros sanitarios y clínicas veterinarias.
o Subgrupo 5. Tratamiento de residuos oleosos.
o Subgrupo 2. Servicios de radio y televisión.
o Subgrupo 3. Agencias de noticias.
o Subgrupo 4. Realización de material audiovisual.
o Subgrupo 2. Lavandería y tinte.
o Subgrupo 3. Almacenaje.
o Subgrupo 5. Guarderías infantiles.
o Subgrupo 6. Recogida de carros portaequipajes en estaciones y aeropuertos.
o Subgrupo 7. Otros servicios no determinados.
[Nuevo] Subgrupo 8. Servicios de información y asistencias telefónicas.
o Subgrupo 1. Servicios de captura de información por medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
o Subgrupo 2. Servicios de desarrollo y mantenimiento de programas de ordenador.
o Subgrupo 6. Servicios de certificación electrónica.
o Subgrupo 7. Servicios de evaluación y certificación tecnológica.
o Subgrupo 8. Otros servicios informáticos o de telecomunicaciones.
La principal novedad estriba en que las categorías pasan a denominarse mediante números en lugar de letras, introduciéndose una nueva categoría 5, permaneciendo inalterables la cuantía (valor “K”) respecto al resto de categorías.
Los valores “K” exigibles para la obtención de cada categoría se mantienen, creándose una nueva categoría con –naturalmente-un nuevo valor “K”., según se aprecia en la siguiente tabla:
>150.000€ e < ó = 300.000€
>300.000 e < ó =600.000€
>600.000€ e <ó =1.200.000€
>1.200.000€
(Nota: Las cuantías reflejadas en el cuadro anterior se emplean no sólo para el cálculo de la categoría a otorgar a una empresa en el subgrupo en el que pretenda clasificarse, sino también para el cálculo de la categoría que, para un determinado subgrupo debe ser exigida en un contrato determinado. Véase a este respecto el nuevo artículo 38 del RGLCAP).
EQUIVALENCIA DE CATEGORÍAS EN C. SERVICIOS
Con la anterior regulación, la experiencia tenida en cuenta a efectos de obtener/renovar la clasificación por parte de los empresarios, era la de los últimos tres (3) años. En la nueva regulación pasan a ser considerados los últimos cinco (5).
En ambas regulaciones, se prevé la posibilidad de obtener la clasificación aun en el caso de no acreditar haber ejecutado servicios específicos en los últimos cinco –antigua-/ tres-nueva- años, cuando se disponga de suficientes medios financieros, de personal técnico experimentado y de maquinaria o equipos de especial aplicación al tipo de actividad a que se refiera el subgrupo. La nueva regulación añade este nuevo enunciado al apartado 1. b): “b)… A tales efectos, se entenderá que dispone de suficientes medios financieros cuando su patrimonio neto acreditado fehacientemente a la fecha de tramitación del expediente, según el último balance de cuentas aprobadas, sea igual o superior a la décima parte de la anualidad media de los contratos para cuya adjudicación le habilita la máxima categoría de clasificación que pueda llegar a obtener en cualquiera de los grupos y subgrupos solicitados.
Ello podría dar a entender que con la nueva regulación, la clasificación por medios podría alcanzar una categoría superior a la mínima (“1”). Ahora bien, el propio artículo 39 en su apartado 4, señala de modo taxativo que: “En los casos comprendidos en el apartado 1, letra b, solo podrá otorgarse la clasificación con la categoría 1.”
(Comentario: Esta contradicción se manifiesta nuevamente si se compara el artículo 39.4., con lo dispuesto en el artículo 45.B) –Clasificación en casos especiales (= Clasificación por medios), y específicamente en su apartado 3: “Una vez estimada la procedencia de la clasificación en el subgrupo solicitado, se determinará la categoría que le corresponde en el mismo, mediante aplicación de la fórmula del apartado A)1, fijando por apreciación el valor que debe adoptarse para el factor O representativo del máximo importe anual que se considera que puede actualmente ser ejecutado por la empresa en los trabajos de servicios del subgrupo).
En la anterior regulación se tomaba como base –referido a cada uno de los subgrupos en los que pretendía clasificarse la empresa-, el mayor de los siguientes importes: bien el importe del mayor trabajo ejecutado en los últimos tres años (aunque se ejecutará en varios), bien el importe de los trabajos ejecutados en un año dentro de los últimos tres, afectado este importe de un coeficiente reductor dependiente del número de ellos.
En la nueva regulación, además de que el periodo a considerar es de cinco años en lugar de tres, se limita el número de trabajos a considerar –en la segunda de las posibilidades vistas-, a cuatro trabajos –afectado igualmente ese importe de un coeficiente reductor (Art.45.2.b), dependiente del número de ellos-.
A diferencia de lo que establece la norma para la obtención del expediente de clasificación en obras, aquí no se tendrá en cuenta a efectos de cálculo de la categoría, los trabajos de una sociedad extranjera filial del contratista.
No varían en la nueva regulación los porcentajes que se aplican sobre la cifra básica para mejorar la categoría, esto es 20% fijo por natural expansión, hasta 50% por medios personales, hasta 70% por parque de maquinaria, hasta 80% por ratio fondos propios/importe anual medio, hasta 100% por años de experiencia o importe obras ejecutadas.
(Comentario: Llama la atención que en todos estos índices –salvo el primero de ellos que es fijo-, se tomen en consideración los últimos tres años y no los últimos cinco.)
No pretenden ser estas líneas más que una recopilación y ampliación de los comentarios efectuados a lo largo del presente estudio, añadiendo algún otro que no se considero oportuno incluir anteriormente. Todos ellos se refieren a la técnica jurídica empleada en la modificación reglamentaria, no a la oportunidad de efectuar tales cambios que son valoradas positivamente.
Clasificación por medios
Parece existir tanto en lo que se refiere a la clasificación en obras como en servicios una evidente contradicción entre varios preceptos reglamentarios.
Así, respecto a la clasificación en servicios, el artículo 39 en su apartado 4, señala de modo taxativo que: “En los casos comprendidos en el apartado 1, letra b, solo podrá otorgarse la clasificación con la categoría 1.”
Sin embargo la dicción del artículo 39.1.b., en el enunciado ahora añadido, y el nuevo artículo 45.B.3., abren la posibilidad de que la categoría que se obtenga sea superior a esa mínima.
“b) Cuando sin acreditar haber ejecutado contratos de servicio específicos del subgrupo en los cinco últimos años se disponga de suficientes medios financieros, de personal técnico experimentado y de maquinaria o equipos de especial aplicación al tipo de actividad a que se refiera el subgrupo. A tales efectos, se entenderá que dispone de suficientes medios financieros cuando su patrimonio neto acreditado fehacientemente a la fecha de tramitación del expediente, según el último balance de cuentas aprobadas, sea igual o superior a la décima parte de la anualidad media de los contratos para cuya adjudicación le habilita la máxima categoría de clasificación que pueda llegar a obtener en cualquiera de los grupos y subgrupos solicitados.” (Art.39.1.b RGLCAP).
“1. Se entenderán como casos especiales de clasificación todos aquellos en los que no tenga aplicación directa la fórmula del apartado A)1, por no haber realizado la empresa en el último quinquenio trabajo alguno del tipo para el que solicita clasificación. (…) 3. Una vez estimada la procedencia de la clasificación en el subgrupo solicitado, se determinará la categoría que le corresponde en el mismo, mediante aplicación de la fórmula del apartado A)1, fijando por apreciación el valor que debe adoptarse para el factor O representativo del máximo importe anual que se considera que puede actualmente ser ejecutado por la empresa en los trabajos de servicios del subgrupo.” (Art.45.b.3).
De modo similar en los contratos de obras.
Exención de acreditación de solvencia
Dispone el artículo 11.5 RGLCAP, que salvo que en los pliegos del contrato se establezca de modo expreso su exigencia, los licitadores o candidatos estarán exentos de la obligación de acreditar la solvencia económica y financiera (SEF), y la solvencia técnica y profesional (STP) para los contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros y para los contratos de los demás tipos cuyo valor estimado no exceda de 35.000 euros.
Cabe preguntarse hasta que punto dicho precepto es contrario a lo dispuesto en el TRLCSP, concretamente en su artículo 54.1: “Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que (…) acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.”
Cuestión similar se ha planteado respecto a los contratos menores, ahora bien, en estos, no es el reglamento sino la propia ley –o así cabe interpretar y de hecho se ha interpretado por órganos competentes en la materia-, la que dispensa de tal exigencia. En este sentido el artículo 111 del TRLCSP establece: “En los contratos menores definidos en el artículo 138.3, la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.”
Acreditación de la solvencia en los contratos de gestión de servicios
La nueva redacción del artículo 67.4.b., enumera los criterios de solvencia a emplear. Estos son coincidentes con los de los contratos de servicios. No podría ser de otro modo (de hecho cabe preguntarse si tal enumeración es necesaria), toda vez que la Ley establece (Art. 79 TRLCSP) que: “La acreditación de la solvencia profesional o técnica en contratos distintos de los de obras, servicios o suministro podrá acreditarse por los documentos y medios que se indican en el artículo anterior [se refiere a la solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios]”
Sin embargo el precepto reglamentario en su último párrafo, añade la siguiente respecto a la cual cabría preguntarse, contradice lo establecido por la ley:“Cuando el cumplimiento del contrato exija la ejecución de obras o instalaciones, los pliegos podrán recoger adicionalmente uno varios de los criterios de selección relativos a la solvencia del empresario aplicables a los contratos de obras, de entre los incluidos en el punto 3º de la letra b) del apartado 3.”
2) Reflexión dirigida a empresas contratistas con expediente de clasificación o que pretenden obtenerla.
Queremos entender que una de las primeras preguntas que se harán las empresas clasificadas o que pretenden clasificarse es la de, si a la vista de los cambios operados en el Reglamento, es oportuno presentar/renovar el expediente antes de que entre en vigor el nuevo sistema de clasificación.
Lo primero que hay que apuntar es que precisamente la fecha de la entrada en vigor del nuevo sistema de clasificación se desconoce, pues no se hace depender de la entrada en vigor de las modificaciones reglamentarias -05/11/15-, sino de la publicación de los nuevos formularios por parte de la JCCA (D.T. quinta), hecho que podrá tener lugar antes o después de la citada fecha. Una vez publicados tales formularios, la cuestión aquí analizada devendrá irrelevante.
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe apuntar:
En los contratos de obras comparativamente resultará conveniente obtener/renovar el expediente en todos los casos antes de la entrada en vigor de la nueva normativa, pues la clasificación “por letras”, les permitirá a las empresas acceder en un futuro a obras de categoría superior. Así por ejemplo, una empresa que obtenga la categoría “F” podrá acceder a obras en las que se exige con la nueva regulación la categoría “6”, categoría que tal vez la empresa no pueda obtener si su valor “K” (volumen ejecutado en el subgrupo por índices considerados) es ahora superior a 2.400.000.€, pero inferior a 5.000.000.
Cuadro 1. Valor “K” necesario para cada categoría (obras).
Cuadro 2. Tabla de equivalencias de categorías entre la nueva y la anterior regulación (obras).
EQUIVALENCIA DE CATEGORÍAS EN C. DE OBRAS
A igual conclusión se llega si se toma en consideración el Patrimonio Neto, pues la limitación de acceso a categoría en función del mismo es ahora muy inferior de lo que será con la nueva regulación.
Cuadro 3. Límite de acceso a categorías en función del Patrimonio Neto mínimo exigible..
Por último, y desde luego no menos importante, debe tenerse en cuenta que con la nueva regulación ya no se considerará para fijar la categoría de cada grupo/subgrupo, todas las obras ejecutadas, sino un máximo de seis obras.
En los contratos de servicios, dado que para las tres categorías inferiores existe una correspondencia exacta entre los valores “K” nuevo/antiguo, (1=A, 2=B, 3=C), resulta indistinto elaborar el expediente con la nueva o con la anterior normativa. Ahora bien, no ocurre lo mismo si la empresa puede con la anterior regulación obtener la categoría “D”, pues eso le habilitara en un futuro a licitar contratos de servicios en los que se exija la categoría “5”, siendo que no pueda acreditar un valor “K” superior a 1.200.000 euros.
Cuadro 4. Valor “K” necesario para cada categoría (servicios).
Cuadro 5. Tabla de equivalencias de categorías entre la nueva y la anterior regulación (obras).
EQUIVALENCIA DE CATEGORÍAS EN C. DE SEERVICIOS
Al igual que en el expediente de obras, también aquí se limita el número de trabajos a considerar para la determinación de la categoría, en este caso a cuatro.
En los contratos de servicios, y respecto a aquellos subgrupos que la nueva regulación suprime, resulta innecesario iniciar o renovar un expediente de clasificación, precisamente porque con la nueva regulación no existirán tales subgrupos de clasificación y, en consecuencia, no cabrá acreditar la solvencia con la clasificación en los mismos.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 65
 artículo 25
 Real Decreto 
 artículo 151
 artículo 67
 artículo 26
 artículo 27
 artículo 35
 artículo 29
 artículo 27
 artículo 29
 artículo 27
 artículo 42
 artículo 29
 artículo 38
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 45
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 45
 artículo 11
 artículo 54
 artículo 111
 artículo 138
 artículo 67