Source: http://www.poderjudicial.es/search/sentencias/garantias%20procesales/1/PUB
Timestamp: 2020-01-20 21:16:51+00:00

Document:
ROJ: ATS 13130/2019 - ECLI:ES:TS:2019:13130A
Nº Recurso: 5731/2019
Resumen: La cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si a efectos de la actuación ante órganos judiciales unipersonales, la designación de letrado por el turno de oficio excluye la exigencia de otorgamiento de la representación mediante poder o comparecencia apud acta. Se trata de matizar o corregir el criterio sentado en la STS de 30 de junio de 2011 8(Rec. interés de Ley 76/2009) sobre interpretación no rigorista de presupuestos procesales (acreditación de representación) en atención a las circunstancias concretas como pueda ser la la dificultad acreditada de comunicación del Letrado designado de oficio con su representado,ampliándose un plazo suplementario para subsanación, dada la existencia de pronunciamientos judiciales contradictorios.
ROJ: STS 4090/2019 - ECLI:ES:TS:2019:4090
Resumen: Error judicial en relación con dos juras de cuentas. Entiende el demandante que en dos decretos el Letrado de la Administración de Justicia erró al no tener en cuenta que concurrieron varios demandados y varios letrados en defensa del ahora demandante. En los referidos decretos, en uno de ellos se redujo la minuta por excesiva, de forma notoria, y en el otro se mantuvieron los honorarios, al no considerarse excesivos por la escasez de la fundamentación de la impugnación. La demanda de error judicial, en relación con los decretos mencionados, es inadmisible, porque se ha excedido del plazo de tres meses y porque el error judicial solo se pueden afectar a resoluciones judiciales, y los decretos del Letrado de la Administración de Justicia no tienen tal condición. En cuanto a la providencia de inadmisión a trámite del incidente de nulidad de actuaciones contra auto el recaído en fase de apelación en procedimiento de ejecución de título judicial (el título era uno de los decretos que aprobaban los honorarios), se rechazar la demanda al no concurrir error judicial en la resolución de la Audiencia Provincial, que se ha limitado a la aplicación de la normativa sobre la oposición a la ejecución de títulos judiciales. La solicitud de declaración de error judicial exige no solamente que se demuestre el desacierto de la resolución contra la que aquella se dirige, sino que esta sea manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico o dictada con arbitrariedad.
ROJ: STS 4032/2019 - ECLI:ES:TS:2019:4032
Nº Recurso: 311/2019
Resumen: Parte el Alto Tribunal de la doctrina fijada al resolver su recurso nº 339/19, respetuosa con la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los incisos «por inexistencia del hecho imputado «y «por esta misma causa» del artículo 294.1 LOPJ efectuada por la STC 85/19, de 19 de junio, pese a lo cual centra el problema es que en este procedimiento no se está ejercitando propiamente una acción de responsabilidad patrimonial, petición que ya fue desestimada por resolución que devino firme, sino una solicitud de revisión de oficio de dicha resolución al amparo del art. 62.1 a) y 102 de la Ley 30/1992. Por ello, recoge la doctrina de la sala relativa a la revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho, precisando que en el caso examinado se alegó el supuesto del art. 62.1 a) y, en concreto, la vulneración, por la resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial por prisión preventiva, del derecho a la presunción de inocencia y el art. 24 CE, considerando aplicable al caso la doctrina establecida en la reciente STC 130/2019, de 13 de noviembre, razón por la cual estima en parte el recurso de casación condenando a la administración a que, tras la admisión de la solicitud de revisión de oficio, tramite el correspondiente procedimiento, dictando la resolución que en derecho proceda.
ROJ: STS 4175/2019 - ECLI:ES:TS:2019:4175
Nº Recurso: 2181/2018
Resumen: La invocación de la garantía constitucional de presunción de inocencia permite al Tribunal de casación constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente; b) una prueba constitucionalmente obtenida; c) una prueba legalmente practicada; d) una prueba racionalmente valorada. El relato de hechos probados no recoge mención alguna el valor de las sustancias con las que se comerció. Si la sentencia no incluye elementos suficientemente nítidos para establecer el "valor de la droga objeto del delito", el motivo habrá de ser estimado.
ROJ: STS 4081/2019 - ECLI:ES:TS:2019:4081
Resumen: No se ha vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías, ya que, conforme a lo dispuesto en el art. 43 LO 12/2007, los sábados no quedan excluidos del cómputo de los plazos, lo que determina que el escrito de alegaciones al pliego de cargos fuera correctamente inadmitido por haber sido presentado fuera de plazo, lo mismo que ocurre con el escrito de alegaciones a la propuesta de resolución. Los inamovibles hechos contenidos en el relato fáctico de la sentencia recurrida encajan en el subtipo disciplinario apreciado, al concurrir todos los elementos exigidos legalmente: (1) el recurrente fue condenado en sentencia penal firme por cometer de forma dolosa dos faltas -hoy delitos leves- de lesiones; y (2) mediante la comisión de tales delitos leves el recurrente causó daño a las concretas personas que sufrieron las lesiones. La sanción elegida por la autoridad disciplinaria resulta adecuada a las circunstancias objetivas y subjetivas del hecho, ya que, de las tres posibles, optó por la menos severa -pérdida de haberes-, graduándola en un punto cercano a la mitad del arco sancionador establecido en la ley.
ROJ: STS 3934/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3934
Nº Recurso: 2382/2018
Resumen: La Jurisprudencia, consolidada y uniforme, ha interpretado que la exclusión de recurso que prevé el art. 52 LOPJ se refiere a los recursos ordinarios.Y con base en una interpretación sistemática del art. 25 in fine, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que autoriza el recurso de casación contra los autos de las Audiencias resolutorios de cuestiones de competencia, ha admitido el recurso de casación de los autos de las Audiencias en que declinan la competencia para enjuiciamiento en favor de los Juzgados de lo Penal. El auto de la Audiencia trasciende el ámbito de la determinación de la competencia, para entrar a decidir de manera anticipada sobre un aspecto del fondo, con el resultado de disponer una suerte de sobreseimiento parcial, en cuanto relativo a un segmento de la imputación; eliminando, con ello, el derecho del acusador público a someterla a examen contradictorio en el juicio en su integridad. La Audiencia, constatada la presencia de una pretensión acusatoria que objetivamente le está atribuida, carece de capacidad para realizar un juicio de fondo sobre su procedencia. Es ella la competente para conocer de la misma y en su caso absolver de ese delito. No cabe una prematura absolución "por falta de competencia objetiva" mediante un auto. Eso es lo que viene a representar la resolución impugnada. Ahora no es debatible si la calificación es correcta o no, o si el Instructor debió haber rechazado esa acusación o si existe base para invocar uno de los subtipos agravados.
ROJ: STS 3937/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3937
Nº Recurso: 1996/2018
Resumen: La responsabilidad civil derivada del delito se materializa en una indemnización en aquellos supuestos en los que se cause un perjuicio, siempre que el detrimento presente una relación fáctica con el hecho delictivo. Cabe la revisión casacional de la cuantía indemnizatoria: a) cuando la reparación económica rebase lo solicitado; b) cuando se fijen defectuosamente las bases correspondientes; c) cuando exista una evidente discordancia entre las bases y la cantidad fijada como indemnización; d) cuando se establezcan indemnizaciones que se aparten de modo muy relevante de las señaladas ordinariamente por los Tribunales en supuestos análogos; e) cuando se aprecie un error notorio, arbitrariedad o irrazonable desproporción de la cuantía fijada; f) cuando resulte obligatoria la aplicación de un sistema legal de cálculo de la indemnización; g) cuando, sin resultar obligatorio letalmente, el Tribunal de instancia declare que utiliza como mecanismo para la valoración económica del perjuicio un sistema legalmente fijado (baremo), y sin embargo lo aplique de una manera defectuosa
ROJ: STS 3897/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3897
Resumen: En el recurso de casación no se pueden formular alegaciones jurídicas no formalmente planteadas ni debatidas en la instancia, pues en tal caso el tribunal de casación estaría resolviendo como si actuase en la instancia. No se conculcaron los derechos al juez ordinario y al proceso con todas las garantías por el hecho de que la causa fuera instruida por un Juzgado Togado incompetente territorialmente, pues el Tribunal Militar Territorial que dictó la sentencia recurrida era competente objetiva y territorialmente. No se citan los particulares de documento alguno ni se concretan los términos en que hubiera de adicionarse, suprimirse o modificarse el factum sentencial; las declaraciones y el acta del juicio oral son pruebas personales documentadas y no documentos con valor casacional, por lo que no puede fundamentarse en ellos el error en la apreciación de la prueba. El relato de hechos probados cumple los elementos objetivos del tipo apreciado: 1) condición de militares de quien abusa y de su víctima; 2) existencia de una relación jerárquica de subordinación entre ellos, relación que tiene carácter permanente y se proyecta, incluso, fuera del servicio; y 3) agresión física susceptible de causar perturbación en la incolumidad o bienestar corporal de una persona, con o sin menoscabo de su integridad, salud o capacidad. Concurre también el elemento subjetivo, pues el autor llevó a efecto su conducta conociendo la condición de inferior del maltratado y con voluntad de efectuarla.
ROJ: STS 3926/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3926
Nº Recurso: 10192/2019
Resumen: Delito de agresión sexual. Modificación del recurso de casación tras la generalización por la Ley 41/2015 del recurso de apelación. La sentencia recurrida es la dictada por el órgano de apelación, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia. La segunda instancia penal confiere al órgano de apelación plena jurisdicción para resolver cuantas cuestiones se planteen. El órgano de apelación puede corregir y revisar la valoración del de instancia. No cabe, por ello, el tratamiento de cuestiones nuevas que no plantearon en apelación, con la excepción de la infracción de precepto penal que beneficie al reo e infracciones de preceptos constitucionales que produzcan indefensión. Presunción de inocencia: validez como prueba de la declaración de la víctima, que, en el caso, está refrendada por otras pruebas como la pericial biológica practicada. Parámetros jurisprudenciales para medir la credibilidad de la declaración de la víctima. Inexistencia de contradicciones relevantes en las declaraciones de la denunciante, que dio, además, una explicación suficiente de ellas, a raíz de la lectura de su declaración anterior. Diseño de los deltios contra la libertad sexual: la existencia de volencia o intimidación supone la primera diferencia entre los delitos de agresión sexual y de abuso sexual. No es necesario que la violencia ni la intimidación sean especialmente intensas, pero han de estar orientadas a la ejecución de actos de carácter sexual. La intimidación reviste numerosas formas.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 294
 resolución 
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 resolución 
in fine
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