Source: https://www.scribd.com/doc/19120308/Propuesta-Ley-de-Consulta-Pedro-Garcia
Timestamp: 2017-03-27 15:22:30+00:00

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Propuesta Ley de Consulta. Pedro García BrowseInterestsStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinLEY MARCO DE LA CONSULTA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS TITULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º.- Objeto de la Ley 1.1 El objeto de la presente ley es desarrollar el contenido, los principios y alcances básicos del derecho a la consulta de los pueblos indígenas en el proceso de toma de decisiones del Estado, respecto de aquellas medidas legislativas o administrativas que sean susceptibles de afectarles directa mente, a fin de asegurarles condiciones de igualdad y pleno ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. 1.2 La presente Ley establece un marco normativo orientado a facilitar el cumplimiento del derecho a la consulta de los pueblos indígenas, consagrado en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por el Perú mediante Resolución Legislativa Nº 26253 y la correspondiente obligación del Estado de realizarla. Artículo 2º.- Definiciones Para los fines de la presente norma se entiende por: a) Pueblos Indígenas:
Son grupos humanos que descienden de las poblaciones que originalmente habitaban lo que hoy constituye el territorio del país, antes de la conquista y de la conformación de la República, que mantienen vínculos espirituales e históricos con el territorio que tradicionalmente ocupan o utilizan de alguna manera y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblo. Se caracterizan por los criterios de identificación siguientes: i. Elementos objetivos, constituidos por el territorio común, los estilos de vida, patrones culturales y una manera de vivir particular, distintos de los otros sectores de la población nacional, así como instituciones sociales, costumbres y sistemas normativos propios. Características que pueden ser cumplidas total o parcialmente. ii. Un elemento subjetivo constituido por la conciencia de pertenecer a un colectivo distinto del resto de sectores de la población nacional. El empleo de denominaciones, reconocidas legalmente o no, tales como la expresión “comunidad” u otras, que se utilicen para designar a los pueblos indígenas, no alteran su naturaleza ni sus derechos individuales y colectivos.
La consulta previa es el procedimiento obligatorio y específico por el cual se garantiza la participación de los pueblos indígenas en las decisiones de Estado a través de una relación bilateral, intercultural y respetuosa entre entidades representativas de ambas partes, con competencia y legitimidad para obligarse, a fin de construir acuerdos o llegar al consentimiento cada vez que se prevean iniciativas legales o administrativas que, de manera directa, afecten sus vidas, identidad, creencias, instituciones y bienestar espiritual o a las tierras que ocupan y/o utilizan de alguna manera, así como a su propio desarrollo económico, social y cultural, de manera que las medidas finalmente adoptadas reflejen la influencia real de las decisiones y compromisos asumidos. c) Entidad Responsable de ejecutar la Consulta:
Es la institución estatal que prevé emitir una medida administrativa o legislativa susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas. d) Instituciones representativas:
Son las organizaciones e instancias de decisión de los pueblos indígenas a las que dichos pueblos reconocen representatividad y legitimidad de acuerdo a sus procedimientos internos. Se constituyen a nivel nacional, regional o local, y definen con autonomía su funcionamiento y las relaciones internas entre las instancias de los diferentes niveles organizativos. Artículo 3º. Principios
3.1. La obligación de realizar el proceso de consulta, así como la necesidad de obtener el consentimiento informado previo, deben ser adecuadas a las medidas objeto de dicho proceso y de las circunstancias específicas de cada pueblo, tomando en consideración los principios que recoge la presente Ley. 3.2. Los principios señalados en el presente artículo tienen por finalidad regir el desarrollo de los procesos de consulta, suplir vacíos normativos, servir de parámetros para la emisión de otras disposiciones de carácter específico relativas a la consulta y resolver las controversias que puedan suscitarse durante la implementación de la presente Ley. Los principios rectores del derecho a la consulta son: a) Necesidad: La consulta previa y realizada de manera adecuada es de carácter obligatorio, bajo responsabilidad, como condición de la validez de cualquier norma o acto administrativo que afecte a los pueblos indígenas, sus vidas, identidad, creencias, instituciones y bienestar
espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, así como a su propio desarrollo económico, social y cultural. b) Legalidad: Las autoridades de la administración pública deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley, los tratados internacionales ratificados por el Estado Peruano y las normas universales de los derechos humanos, especialmente aquellas relativas al derecho internacional de los pueblos indígenas, dentro de las facultades que les hayan sido atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. c) Jerarquía: No podrá invocarse el interés nacional u otras disposiciones del derecho nacional como justificación del incumplimiento de la obligación de consulta garantizado por el derecho internacional del que el Perú es parte. d) Libertad: La participación de los pueblos indígenas en el proceso de consulta debe ser realizada sin coacción o condicionamiento alguno; asegurando su derecho de libre determinación. e) Oportunidad: El proceso de consulta debe ser realizado cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a uno más pueblos indígenas. Las consultas o reuniones que se lleven a cabo con posterioridad a la tramitación de las medidas no cumplen con los requisitos de la consulta previa. f) Representatividad: Los pueblos indígenas participan en el proceso de consulta a través de sus instituciones y organizaciones representativas, legitimadas y reconocidas de acuerdo con los criterios y procedimientos propios de cada pueblo. g) Territorialidad: las medidas cuya implementación se vincula a una determinada localización geográfica de carácter específico deben tomar en consideración si afectan total o parcialmente el hábitat de un determinado pueblo indígena de acuerdo a la definición territorial que provee el Convenio Nº 169 de la OIT y la jurisprudencia vinculante de los órganos del sistema universal e interamericano de protección de los derechos humanos, independientemente de si ese territorio está o no titulado. h) Inclusividad: Los pueblos indígenas que pueden resultar afectados con la implementación de una determinada medida deben estar plena y adecuadamente representados en el proceso de consulta. A mayor inclusión, mayor es la legitimidad para alcanzar los acuerdos deseados. i) Legitimidad: La identificación de los derechos afectados y de los riesgos que genera determinada medida son los criterios para definir quienes serán los legítimos participantes en los procesos de consulta.
j) Autonomía: Se deberá respetar la autonomía de los pueblos indígenas para determinar libremente la forma en que se llevará a cabo la consulta de acuerdo con los mecanismos e instituciones propias de cada pueblo para concretar su toma de decisiones. k) Presunción de identidad: El derecho a la consulta le corresponde a los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas. En tal sentido, el Estado debe realizar obligatoriamente el proceso respectivo, salvo que se demuestre fehacientemente la falta de concurrencia de los aspectos subjetivos y objetivos que caracterizan a los pueblos indígenas, de acuerdo al Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes. l) Recursos e Igualdad de Oportunidades: Corresponderá a la autoridad pública competente garantizar los recursos humanos, financieros y materiales que demande el proceso de consulta; incluyendo los que se requieran para asegurar la participación efectiva y equitativa de los pueblos indígenas en dicho proceso.
m) Interculturalidad: El proceso de consulta se desarrolla reconociendo, respetando y adaptándose a las diferencias existentes entre las culturas y contribuyendo al reconocimiento del valor de cada una de ellas. n) Buena fe: Las autoridades de la administración pública analizan y valoran la posición de los pueblos indígenas durante el proceso de consulta, en un clima de confianza, colaboración y respeto mutuo, haciendo los esfuerzos necesarios para intentar generar consensos en cuanto a los procedimientos. Con tal efecto, se deberá tener en cuenta que la finalidad esencial de dicho proceso es llegar a un acuerdo o lograr su consentimiento previo, libre e informado antes de adoptar una decisión final respecto alguna medida o norma que se prevé implementar o aprobar, según sea el caso. o) Influencia real: los resultados de la consulta previa deben reflejarse claramente en la medida a ser implementada o en la norma a aprobar. p) Transparencia: Las autoridades de la administración pública deben proporcionar información oportuna, suficiente, necesaria, con adecuación cultural y en el idioma de los pueblos indígenas consultados, empleando procesos metodológicos adecuados, a efectos de garantizar un proceso de diálogo real. Los procesos metodológicos serán los adecuados si es que son los que responden a las necesidades, usos, mecanismos y formas de decisión de cada pueblo indígena concreto.
q) Responsabilidad: Generar condiciones fraudulentas o manipular las condiciones organizativas pre-existentes en o entre las comunidades integrantes del o los pueblos indígenas a ser consultados es un acto contrario a la buena fe y debe ser sancionado; su comprobación anularía la validez de la consulta. r) Flexibilidad. La consulta debe desarrollarse mediante procedimientos apropiados al tipo de medida, circunstancia y características especiales de los pueblos indígenas involucrados. s) Accesibilidad. En ausencia de mecanismos institucionales específicos de consulta a los pueblos indígenas con relación a las medidas administrativas o legislativas a adoptarse, deben usarse procedimientos que permitan superar las barreras económicas, geográficas, culturales e institucionales existentes. t) Proximidad: la consulta debe ser realizada allí donde el pueblo indígena determine que se siente más seguro; donde pueda acudir el mayor número de personas que lo integren y donde puede practicar efectivamente sus propios mecanismos de participación y decisión de manera accesible y cómoda para todos sus miembros. u) Igualdad y no discriminación. El proceso de consulta conjuga la igualdad en el trato y el respeto de la diferencia y la identidad, sin discriminación a los pueblos indígenas. TITULO II DEL DERECHO A LA CONSULTA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS Artículo 4º. 4.1. Carácter de la consulta a los pueblos indígenas
Los pueblos indígenas tienen el derecho a la participación y el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en todo acto administrativo o legal que afecte a sus vidas, identidad, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, así como a su propio desarrollo económico, social y cultural. El derecho de consulta previa, y la consiguiente obligación del Estado de realizarla, son consecuencia de la ratificación del Convenio Nº 169 de la OIT en conformidad con el artículo 3º, la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la Constitución y los compromisos adquiridos por el Perú en el ámbito internacional. Es deber del Estado cumplir, fundamental de los pueblos Congreso de la República, regionales y locales, así como hacer cumplir y garantizar ese derecho indígenas del Perú. El Reglamento del las leyes orgánicas de los gobiernos las que regulan el funcionamiento de las
diversas entidades del Estado previstas en la Constitución, deberán incorporar esta obligación como una nueva etapa en la formulación de sus dispositivos. Artículo 5º. 5.1. Obligaciones del Estado
La Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta no dará curso a su iniciativa sin agotar el procedimiento adecuado que busque lograr el consentimiento o llegar a acuerdos con los representantes de los pueblos indígenas. El cumplimiento del procedimiento señalado constituye una condición de validez de las decisiones estatales que requieran ser consultadas en virtud de la presente Ley y su reglamento. Los actos administrativos que afectando de manera directa a un pueblo indígena se implementen sin el procedimiento adecuado de consulta deben ser suspendidos en sus efectos hasta que ese proceso se lleve a efecto. Al carecer de validez legal tales actos no generan derechos adquiridos siendo la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta responsable de los daños y perjuicios ocasionados al pueblo indígena y a los terceros afectados por el incumplimiento de esta obligación. La Defensoría del Pueblo asesorará a los pueblos indígenas afectados en la tramitación jurisdiccional de las acciones de garantía y/o en las posibles acciones administrativas, civiles o penales que puedan derivarse de la omisión de cumplimiento de la obligación de consulta. En los casos en que la norma o el acto administrativo les afecte directamente, ninguna disposición de orden interno, ni la declaración de interés nacional de determinadas actividades, podrá eximir al Estado de su obligación de consultar de la manera adecuada a los pueblos indígenas. Consulta previa a pueblos indígenas y participación ciudadana
El derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas no exime al Estado de garantizar la participación de los pueblos indígenas en las demás audiencias y consultas ciudadanas que el ordenamiento nacional tenga establecidas con carácter general. Artículo 7º. Ámbito de aplicación de la consulta previa
7.1. La consulta a los pueblos indígenas se lleva a cabo respecto de medidas administrativas y legislativas de nivel nacional, regional y local, que afectan directamente a los pueblos indígenas. 7.2. Se deberá consultar siempre:
a) Las reformas constitucionales que afecten derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas y aquellas que se refieran directamente a los derechos de los pueblos indígenas. b) Las normas o actos administrativos que directamente mencionan o desarrollan en su texto o en parte de él materias previstas en el Convenio Nº 169 de la OIT u otras relativas a los derechos diferenciados reconocidos a los pueblos indígenas en la Constitución o en las normas universales y/o regionales del derecho internacional de los derechos humanos. c) Las normas o actos administrativos que, teniendo carácter general, pudieran afectar, positiva o negativamente, dichos derechos diferenciados, o que omiten regular de manera especial los derechos diferenciados que, sobre esa materia, se señalan en el Convenio Nº 169 de la OIT, siempre que se considere la posibilidad de aplicar la norma general a los pueblos indígenas. d) Los actos administrativos que tengan por fin o como consecuencia la afectación del territorio tradicionalmente ocupado por un pueblo indígena o que dispongan la exploración o explotación de recursos en dicho territorio. e) Otras medidas administrativas o legislativas que los puedan afectar directamente. 7.3. El reglamento de la presente Ley desarrollará una lista detallada de las medidas que requieren necesariamente de consulta1.
IDEAS PARA EL REGLAMENTO DE LA LEY
Se deberá consultar siempre, al menos las siguientes iniciativas legales o administrativas:   Las que incidan sobre el derecho de los pueblos indígenas a determinar las prioridades de desarrollo así como las dirigidas a planificar, aplicar y evaluar planes y programas de desarrollo nacional, regional o local susceptibles de afectarlos directamente. Los estudios que se realicen para evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas así como las medidas orientadas a proteger y preservar el medio ambiente de los territorios donde habitan los pueblos indígenas. Proyectos que puedan afectar sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de sus recursos minerales, hídricos o de otro tipo. Antes de tomar decisiones de cualquier tipo acerca de la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus territorios, cuando estos por ley pertenezcan al Estado y a la hora de determinar si los intereses de los pueblos indígenas serían perjudicados y en qué medida antes de emprender o autorizar cualquier programa de exploración o explotación de los recursos existentes en las tierras que ocupan o utilizan. Toda medida que busque el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo así como su nivel de salud y educación.
Para efectos de la presente norma, se considera que una medida administrativa o legislativa es susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas cuando contiene total o parcialmente, aspectos susceptibles de producir posibles cambios, beneficios o perjuicios sobre la vida, creencias, instituciones y bienestar espiritual y/o a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, así como a su propio desarrollo económico, social y cultural. El Consentimiento libre, previo e informado
8.1. La obligación y los procedimientos de consulta deben adecuarse a las circunstancias de cada caso tomando en consideración los derechos afectados y el nivel de la afectación, los riesgos que la medida implica y las peculiaridades de cada pueblo indígena. 8.2. El consentimiento libre, previo e informado es necesario para dar curso a medidas que impliquen riesgos considerables para la estabilidad de su medio ambiente, la seguridad alimentaria, la salud física y mental, la convivencia, las formas de vida o la determinación del desarrollo o que
    Para consentir un traslado excepcional de sus tierras o de acordar una restitución de tierras en el caso de que el retorno no sea posible. Toda norma o acto administrativo dirigido a considerar su capacidad para enajenar sus tierras o de transferir de otra manera sus derechos sobre estas tierras a terceros. La creación y puesta en funcionamiento de programas de formación, su organización y funcionamiento. A la hora de desarrollar y aplicar programas y servicios de educación a fin de que estos respondan a sus necesidades y características particulares y siempre que se prevea adoptar medidas para asegurar que los niños indígenas reciben educación en su propio idioma y en su propia cultura. A la hora de tomar medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra todo trabajo perjudicial. Las medidas adoptadas para combatir los prejuicios, eliminar la discriminación y promover la tolerancia y las buenas relaciones con los demás sectores de la sociedad Las medidas orientadas al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra forma a través de un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas. Iniciativas dirigidas a elaborar programas de control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de pueblos indígenas afectados por la contaminación de empresas contaminantes. Decisiones sobre la utilización de tierras o territorios indígenas para actividades militares. Medidas para reconocer y proteger los derechos sobre su patrimonio cultural. Iniciativas tendentes a reforzar los vínculos de aquellos pueblos divididos por fronteras nacionales. A la hora de adoptar las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines propuestos por el Convenio OIT-169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
conlleven la afectación de una parte significativa de su territorio de ocupación tradicional o alteraciones importantes en el uso de los recursos vitales. Artículo 9º. Oportunidad de la consulta
La consulta debe realizarse cuanto antes y de manera previa a cualquier disposición o trámite que pueda resultar determinante, genere derechos o expectativas jurídicas a terceros o que pudiera impedir, recortar o condicionar la participación libre y activa de los pueblos indígenas afectados en la construcción y modificación de la futura medida legal o administrativa. Artículo 10º. Revisión de los resultados de la consulta previa
10.1. Cuando aparezcan circunstancias nuevas y no previstas o se conozca información relevante que puede alterar las condiciones de implementación de una medida, o siempre que se demuestre fehacientemente que se actuó con mala fe durante el proceso de consulta previa, los pueblos indígenas pueden solicitar nuevas consultas para adoptar las determinaciones pertinentes. 10.2. En cualquier caso, el consentimiento o los acuerdos alcanzados sobre determinado proyecto o iniciativa no implican la renuncia de ninguno de los derechos fundamentales de la persona. En caso de comprobarse un nivel de riesgo o de afectación de derechos mayor del previsto, o cuando las consecuencias de las medidas previstas suponen en la práctica una amenaza de mayor gravedad que la que se diagnosticó originalmente, la decisión deberá ser revisada en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y el Convenio Nº 169 de la OIT en particular. Artículo 11º Vigencia del derecho de consulta
11.1. Las concesiones, contratos u otros actos administrativos implementados y/o las normas inconsultas emitidas a partir de la ratificación del Convenio Nº 169 de la OIT por el Perú serán revisadas, a pedido de los pueblos indígenas afectados, cuando tales medidas incidan directamente sobre vidas, identidad, creencias, instituciones y bienestar espiritual y/o a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, así como a su propio desarrollo económico, social y cultural. 11.2. Si los niveles de afectación se consideran graves, los proyectos implementados deben ser suspendidos hasta la conclusión del proceso de consulta correspondiente. 11.3. En el supuesto de que los pueblos indígenas rechacen expresamente actividades empresariales que generen impactos directos en su territorio, el Estado deberá tomar en consideración las razones y
consecuencias de esta determinación en el momento en que deba adoptar una decisión al respecto. TITULO III DE LOS SUJETOS DEL PROCESO DE CONSULTA CAPÍTULO I DE LAS PARTES DEL PROCESO Artículo 12º. Las partes del proceso de consulta
12.1. Los pueblos indígenas son los sujetos del derecho en los procesos de consulta y lo ejercen a través de sus instituciones y organizaciones representativas. 12.2. El Estado tiene la obligación y la responsabilidad de realizar los procesos de consulta a través de sus diferentes entidades y en sus diferentes niveles de gobierno. 12.3. Los Pueblos Indígenas a ser Consultados son aquellos cuyos derechos son afectados positiva o negativamente por la norma o el acto administrativo previsto y aquellos que deben afrontar riesgos en razón de la implementación de la futura medida. 12.4. La Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta es aquella que prevé emitir una medida administrativa o legislativa susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas. Artículo 13º. Entidades facultadas para impulsar el proceso de consulta
13.1. Están facultados para solicitar el inicio de un proceso de consulta: a) La entidad del Estado que prevé emitir una norma o una medida susceptible de afectar directamente los derechos de los pueblos indígenas. b) Los pueblos indígenas que se consideren directamente afectados por la propuesta legislativa o el acto administrativo que se prevé implementar. c) Las organizaciones indígenas representativas de nivel nacional o regional. d) La Defensoría del Pueblo.
e) La Comisión de Pueblos Amazónicos, Andinos y Afro-peruanos, de oficio o a solicitud de los pueblos y organizaciones indígenas. f) La Unidad Técnica de Consultas a Pueblos Indígenas 13.2. La solicitud denegada por la entidad que prevea una medida legal o administrativa que afecte directamente los derechos de los pueblos indígenas, sea de manera expresa o por silencio administrativo, puede ser impugnada por la vía del amparo constitucional y, debidamente probada, ser usada en procedimientos administrativos o judiciales que los pueblos puedan entablar contra la decisión implementada sin la debida consulta. CAPÍTULO II LOS PUEBLOS INDÍGENAS Artículo 14º. Los Pueblos indígenas como sujetos del derecho de consulta
14.1. El sujeto del derecho a la consulta previa es el pueblo o los pueblos indígenas afectados directamente por una norma legal o un acto administrativo. Un proceso de consulta no puede darse por realizado de manera adecuada cuando sólo hayan participado algunos de los pueblos indígenas involucrados o algunas de sus comunidades. 14.2. Los pueblos indígenas están facultados a solicitar el inicio de un proceso de consulta, así como su inclusión en los procesos ya iniciados, en caso de que consideren que serán directamente afectados por la medida legislativa o el acto administrativo que se prevé aprobar o implementar, respectivamente. 14.3. Dicha solicitud es presentada a la Entidad Responsable de Ejecutar el proceso de Consulta, pudiendo su decisión, en el caso de entidades del Poder Ejecutivo, ser impugnada ante la Unidad Técnica de Consultas a Pueblos Indígenas. Artículo 15º. Determinación de la afectación
Los criterios para determinar el nivel de afectación de las normas o actos administrativos son: a) El ámbito territorial: cuando la medida afecta en concreto y de manera directa el hábitat tradicional de determinado pueblo o pueblos indígenas de acuerdo a los criterios establecidos por el Convenio Nº 169 de la OIT. b) Derechos: la identificación de los pueblos legitimados para ser consultados y participar en las decisiones sobre cualquier iniciativa se fundamenta en la
identificación de los derechos que podrían verse afectados y quiénes son los titulares de esos derechos en cada caso concreto. c) Riesgos: aquellos pueblos indígenas que pueden verse sometidos a riesgos por efecto de una iniciativa ajena deben tener siempre la posibilidad de determinarse al respecto. Artículo 16º. Identificación de los pueblos indígenas del Perú
16.1. La Unidad Técnica de Consultas a Pueblos Indígenas elaborará oportunamente y mantendrá una Base de Datos oficial de los Pueblos Indígenas del Perú; la actualizará permanentemente empleando la información producida por las entidades del Estado, las instituciones académicas o no gubernamentales y por la información suministrada por las organizaciones representativas de los pueblos indígenas. La información contenida en la base de datos debe ser autorizada por el pueblo indígena respectivo y deberá determinarse qué información es restringida y aquella que es de acceso público. 16.2. La base de datos debe incorporar la siguiente información: a) Auto-denominación b) Referencias geográficas y logísticas c) Información étnica relevante d) Mapa étnico con la definición de su hábitat de ocupación tradicional, e) Sistema de gobierno f) Organizaciones representativas g) Y si lo tuviera, el Reglamento de Consultas consensuado por sus miembros y por sus organizaciones representativas. 16.3. Los pueblos indígenas consensuarán el ámbito de su hábitat tradicional de acuerdo con las pautas de acceso y utilización tradicional de los recursos señaladas en el Convenio Nº 169 de la OIT. Trasladarán a la Unidad Técnica de Consultas, asimismo, un mapa étnico justificado que constituirá la base oficial para la aplicación del criterio de territorialidad. En caso de existir conflictos de límites entre pueblos indígenas, la Unidad Técnica de Consultas a Pueblos Indígenas deberá concertar consultas con las partes en discusión para llegar a consensos. Artículo 17º. Identificación de las organizaciones representativas
17.1. Corresponde a los pueblos indígenas elegir a sus instituciones u organizaciones representativas, conforme a sus usos y costumbres tradicionales. 17.2. La identificación de las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas para el proceso de consulta particular es realizada en forma previa a dicho proceso. 17.3. Los criterios de representatividad deben responder a una pluralidad de identidades culturales, organizativas, territoriales, etarias y de género. 17.4. La base de datos de los pueblos indígenas incluirá la siguiente información de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas: a) Denominación, b) Ámbito de representación, c) Comunidades o Federaciones afiliadas y su respectiva jurisdicción d) Año de constitución si tuviera personería jurídica e) Padrón de asociados o afiliados f) Estatuto si lo tuviera g) Identificación de sus líderes o representantes, h) Periodo de representación 17.5. En caso de discrepancias respecto a afiliados o asociados, la Unidad Técnica de Consulta a los Pueblos Indígenas realizará un proceso de verificación interno con presencia de las organizaciones representativas nacionales. 17.6. Las diferentes organizaciones representativas de un determinado pueblo indígena pueden consensuar reglamentos conjuntos de aplicación de consultas determinando los criterios de representatividad. Artículo 18º. Pueblo indígena y niveles de representatividad
18.1. La representación de los pueblos indígenas en el proceso de consulta debe corresponder al ámbito de influencia de la afectación directa: incluyendo entre otros, el comunal, intercomunal, distrital, interdistrital, cuenca hidrográfica, provincial, interprovincial, regional, interregional o nacional.
18.2. El pueblo indígena afectado por medidas del Estado deberá determinar qué niveles organizativos deben participar en las consultas y su secuencia, de manera que los resultados de una consulta parcial a segmentos o comunidades de determinado pueblo no condicionen las decisiones finales mientras no se complete la consulta al resto de los segmentos y comunidades. 18.3. En caso de desacuerdo entre organizaciones representativas, a cualquier nivel, o entre dos pueblos afectados, la consulta deberá prolongarse presentando nuevas alternativas hasta que se llegue a un acuerdo o a la obtención del consentimiento de todas las partes. Artículo 19º. Transparencia organizativa y consulta previa
19.1. Impulsar la conformación de seudo organizaciones representativas o ficticias, el cohecho de funcionarios con esa finalidad, el impulso de divisiones internas, la intimidación u otros actos similares realizados contra sectores de una determinada organización representativa u otros actos similares realizados con el propósito de favorecerse con nuevas condiciones para la consulta u obtener aprobación de las medidas propuestas son actos contrarios a la buena fe e invalidan el resultado de la consulta sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudiera resultar. CAPÍTULO III DEL ORGANISMO TÉCNICO DEL ESTADO PARA LA CONSULTA PREVIA Artículo 20º. La Unidad Técnica de Consultas a Pueblos Indígenas VERSIÓN B La Unidad Técnica de Consultas a Pueblos Indígenas es un Organismo Público Descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros que tiene como objetivo apoyar, asesorar, facilitar y supervisar los procesos de consulta que se realicen, velando por el respeto de los derechos de dichos pueblos. Para tal fin, debe desarrollar lineamientos específicos para la aplicación de la presente Ley y su reglamento en consulta y coordinación permanente con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas.
VERSIÓN A La Unidad Técnica de Consultas a Pueblos Indígenas es un organismo técnico vinculado a la Defensoría del Pueblo y tiene como objetivo apoyar, asesorar, facilitar y supervisar los procesos de consulta que se realicen, velando por el respeto de los derechos de dichos pueblos. Para tal fin, debe desarrollar lineamientos específicos para la aplicación de la presente Ley y su reglamento en consulta y coordinación permanente con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas.
21.1. La Unidad Técnica de Consultas a Pueblos Indígenas cuenta con un Consejo Directivo integrado por cuatro (4) miembros designados por las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, un (1) representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, un (1) representante del Ministerio de Agricultura, un (1) representante del Ministerio de Justicia, un (1) representante del Ministerio del Ambiente y dos (2) profesionales independientes nominados por la Presidencia del Consejo de Ministros y las organizaciones representativas de los pueblos indígenas de nivel nacional. 21.2. La Unidad Técnica de Consultas a Pueblos Indígenas cuenta con unidades descentralizadas en las Regiones con presencia indígena. Artículo 22º. Funciones de la Unidad Técnica
Son funciones de la Unidad Técnica de Consultas a Pueblos Indígenas las siguientes: 1. Recibir las comunicaciones de las entidades del Estado en caso de que consideren que una determinada medida afectará directamente a los pueblos indígenas, procediendo con la implementación de la consulta correspondiente, así como emitir opinión técnica en caso de dudas. VERSIÓN A 2. Emitir opinión sobre los recursos de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas en los casos en que una entidad estatal se desligue arbitrariamente de su obligación legal de llevar a cabo una consulta o no considere procedentes los petitorios al respecto a fin de que las Entidades Responsables de la Ejecución de la Consulta tomen en cuenta dicha opinión al pronunciarse sobre dichos recursos. VERSIÓN B 2. Resolver por vía administrativa los recursos de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas en los casos en que una entidad estatal se desligue arbitrariamente de su obligación legal de llevar a cabo una consulta o no considere procedentes los petitorios al respecto.
3. Apoyar a la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta y a los Pueblos Indígenas a ser Consultados en la definición del ámbito y características de la consulta.
4. Recibir la propuesta de Plan de Consulta de parte de la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta y presentarla a los Pueblos Indígenas a ser Consultados. 5. Organizar los contactos previos entre la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta y los Pueblos Indígenas a ser Consultados para establecer los acuerdos pre-consultivos que sean necesarios para la realización de la consulta. 6. Brindar asistencia técnica y capacitación previa a la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta y a los Pueblos Indígenas a ser Consultados y atender las dudas en relación a la ejecución del proceso correspondiente. 7. Organizar, supervisar y facilitar el proceso de consulta, incluyendo la administración de los medios logísticos, financieros y técnicos proporcionados por la entidad responsable de la Consulta, asegurando que ella se dé en cumplimiento de la presente Ley y sus normas complementarias. 8. Desarrollar, concertar, articular y coordinar la política estatal de implementación del derecho a la consulta para su progresivo perfeccionamiento. 9. Emitir opinión, de oficio o a pedido de cualquiera de las entidades facultadas para solicitar la consulta, sobre la calificación de las medidas administrativas y legislativas proyectadas por las entidades responsables, el ámbito de la consulta y la determinación de los pueblos indígenas a ser consultados. 10.Apoyar la coordinación de las Actas de la consulta y formalizarlas para su distribución a las entidades involucradas. 11.Registrar oficialmente los resultados de las consultas realizadas y expedir copias al respecto. 12.Supervisar el cumplimiento de los acuerdos. 13.Actualizar la base de datos relativos a los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas y verificar, en su caso y a través de consultas directas, los posibles conflictos de representatividad local. 14.Mediar entre las partes en consulta para lograr el mayor grado de consenso en relación con las condiciones de realización de la consulta. 15.Mantener y actualizar un registro de Registro de Facilitadores e intérpretes de las lenguas indígenas.
16.Otras contemplados en la presente ley o en su reglamento. TÍTULO IV IMPULSO DE LA CONSULTA PREVIA CAPÍTULO I CONSULTA DE NORMAS LEGALES Artículo 23º. Responsabilidad
23.1. La consulta sobre normas legales es responsabilidad indelegable del Congreso de la República, conforme a su Reglamento. 23.2. En los casos en los que delegue facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, el Congreso no se exime de la responsabilidad de consultar las normas delegadas cuando fuera necesario. Artículo 24º. Organismos de apoyo
24.1. La Comisión de Pueblos Amazónicos, Andinos y Afro-peruanos contará con un Comité Permanente de Expertos (CPE), conformado por profesionales indígenas u otros convocados y seleccionados por las organizaciones representativas de los pueblos indígenas de nivel nacional, que estará encargado de examinar, en primera instancia y en coordinación con dichas organizaciones, los proyectos de ley que pudieran ser susceptibles de consulta previa y de identificar de manera preliminar los derechos afectados por la medida prevista. 24.2. Los informes técnicos del Comité Permanente de Expertos se trasladarán a la Comisión de Pueblos Amazónicos, Andinos y Afro-peruanos con copia a las organizaciones indígenas de representación nacional. Artículo 25º. Procedimientos
25.1. El mes de enero de cada año, la Oficialía Mayor del Congreso de la República deberá presentar el Plan de Trabajo Anual y la correspondiente Agenda Legislativa a las organizaciones indígenas de nivel nacional y regional, a la Defensoría del Pueblo y a la Comisión de Pueblos Amazónicos, Andinos y Afroperuanos a fin de que tomen sus previsiones respecto a los objetivos de la presente ley. 25.2. La Comisión de Pueblos Amazónicos, Andinos y Afro-peruanos oficiará a la Oficialía Mayor del Congreso para que informe a las Comisiones encargadas de dictaminar el proyecto de ley a fin de que tomen en consideración la necesidad de la consulta previa. 25.3. Las normas que desarrollen los derechos diferenciados reconocidos a los pueblos indígenas por los Tratados internacionales deberán
obligatoriamente ser dictaminados por Amazónicos, Andinos y Afro-peruanos. Artículo 26º.
Dictamen y coordinaciones consultivas
26.1. Una vez efectuado el proceso de consulta, las actas que registran el resultado de éstas se incluirán en el dictamen de las comisiones del Congreso competentes y su contenido se reseñará como parte del análisis costo-beneficio de la norma en cuestión incorporando al proyecto las modificaciones que resulten de los acuerdos adoptados o, en su caso, la oposición parcial o total al proyecto de ley. 26.2. El Congreso podrá en cualquier momento del proceso de formación de la norma convocar a los representantes de los pueblos indígenas para que presenten sus alegatos y argumentos relativos a la norma propuesta. Los representantes de las organizaciones indígenas tendrán acceso, asimismo, a la o las audiencias durante los debates de la norma con la misma finalidad. Artículo 27º. Consulta y Reglamentación de normas legales
Cuando la norma legal emitida por el Congreso haya sido objeto de consulta se indicará en sus disposiciones finales y transitorias la necesidad de incorporar la consiguiente consulta previa a los pueblos indígenas afectados a la hora de reglamentar la norma por parte del Ejecutivo. CAPÍTULO II CONSULTA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Artículo 28º. Responsabilidad
28.1. Cada vez que se prevea adoptar medidas administrativas o legislativas contenidas en el artículo 8º de la presente Ley, la entidad estatal respectiva debe verificar si aquellas afectarían directamente a los pueblos indígenas. 28.2. Las diversas entidades del Estado previstas en la Constitución incluirán en su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) una guía de criterios relativos a determinar si sus iniciativas son o no susceptibles de afectar directamente derechos indígenas a fin de que, en su caso, se incorpore la consulta como etapa previa a la elaboración final y la implementación de la medida prevista. Artículo 29º. Procedimientos
Cuando una entidad del Estado verifique, de acuerdo con el artículo anterior, la necesidad de consultar a los pueblos indígenas una medida o acto previsto por su oficina, debe proceder de la siguiente manera:
a) En caso considere que la medida afectará directamente a los pueblos indígenas, comunicará tal hecho a la Unidad Técnica de Consultas a Pueblos Indígenas, adjuntando una propuesta de Plan de Consulta sobre la medida que será objeto de la misma. b) En caso de duda sobre si la medida afectará o no a los pueblos indígenas, solicitará una opinión técnica vinculante a la Unidad Técnica de Consultas a Pueblos Indígenas. c) En caso considere que la medida no afectará a los pueblos indígenas, publicará tal decisión razonada y justificada en su portal web. Los pueblos indígenas que se consideren afectados por esta decisión tienen el derecho de interponer los recursos impugnativos correspondientes. Artículo 30º. El Plan de Consulta
30.1. El Plan de consulta deberá contener el texto de la medida prevista y su análisis, una propuesta de programa de actividades, un cronograma, un presupuesto y la determinación de los responsables a actuar en nombre de la dependencia estatal responsable de la consulta. VERSIÓN A 30.2. En caso de que la entidad estatal desestime la consulta o no considere procedente el petitorio de cualquiera de las entidades señaladas en el artículo 13º de la presente Ley, las organizaciones indígenas podrán recurrir la decisión por la vía del amparo constitucional. VERSIÓN B 30.2. En caso de que la entidad estatal desestime la consulta o no considere procedente el petitorio de cualquiera de las entidades señaladas en el artículo 13º de la presente Ley, las organizaciones indígenas podrán recurrir por vía administrativa la resolución ante la Unidad Técnica de Consultas a Pueblos Indígenas o bien, en caso justificado de necesidad y urgencia, recurrir la decisión por la vía del amparo constitucional.
30.3. En cualquier caso, la entidad estatal perteneciente al Poder Ejecutivo debe aplicar el proceso de consulta cuando la Unidad Técnica de Consultas a Pueblos Indígenas haya determinado que cierta medida administrativa o legislativa afecta directamente a los pueblos indígenas. CAPÍTULO III CONSULTA DE LOS GOBIERNOS DESCENTRALIZADOS Artículo 31º. Ordenanza de consulta a pueblos indígenas
Los Gobiernos Regionales y Municipales que cuenten con presencia de pueblos y comunidades indígenas en su ámbito territorial, en consulta y con participación plena de las organizaciones indígenas de su jurisdicción, deberán elaborar una ordenanza en la que se constituyan y regulen Mesas de Diálogo y Trabajo Permanente y se establezcan las pautas y mecanismos de consulta de acuerdos a los principios propuestos por la presente ley. CAPÍTULO IV CONSULTA EN CASOS ESPECIALES Artículo 32º. Medidas de riesgo
32.1. Las concesiones y contratos de exploración y explotación de los recursos del subsuelo en territorios indígenas, así como las propuestas de implementación de infraestructura vial, las represas de recursos hídricos y otras iniciativas que impliquen cambios significativos en la estabilidad de los ecosistemas, riesgos graves o una afectación relevante de derechos fundamentales de los pueblos indígenas, deben ir precedidas, en todos los casos, por el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas implicados, sin que dicho consentimiento, en caso de darse, suponga renuncia a ninguno de los derechos fundamentales de la persona humana. 32.2. Las iniciativas señaladas en el párrafo anterior deben ser comunicadas a la Defensoría del Pueblo y a las organizaciones indígenas de nivel nacional, regional y local antes de que generen derechos a terceros, bajo responsabilidad del Estado. 32.3. En la evaluación de estas iniciativas el Estado deberá realizar un análisis exhaustivo de todas las alternativas posibles a la iniciativa consultada. 32.4. Si la medida se ha implementado sin consulta, los procedimientos administrativos en curso deben suspenderse hasta que concluya el procedimiento de consulta correspondiente. Si se han generado consecuencias irreversibles el Estado estará obligado a reparar e indemnizar los daños. Artículo 33º. Revisión de actos administrativos inconsultos
33.1. Los contratos y concesiones de exploración y explotación de recursos en territorios indígenas a partir de la ratificación del Convenio Nro. 169 de la OIT carecen de validez y deben ser revisados a pedido de los pueblos indígenas afectados. 33.2. En estos casos si las actividades han generado condiciones intolerables para la salud, la alimentación o la dignidad de las personas indígenas las concesiones pueden ser objeto de cancelación en el entendimiento de
que no puede alegarse jurídicamente viciada.
CAPÍTULO V COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN Artículo 34º. Investigación de concesiones en curso
El Congreso creará una comisión independiente y técnicamente capaz encargada de analizar las concesiones petroleras y mineras vigentes en territorios indígenas y evaluarlas de manera comprehensiva, incluyendo las dimensiones sociales, culturales, ambientales y económicas implicadas en cada caso, con el objeto de determinar la compatibilidad de los actuales sistemas de exploración y explotación de los recursos naturales en dichos territorios y la supervivencia y el libre desenvolvimiento de estos pueblos de acuerdo a sus propias necesidades y formas de vida. TÍTULO V EL PROCESO DE CONSULTA CAPÍTULO I CONSIDERACIONES GENERALES Artículo 35º. Finalidad
35.1. El proceso de consulta implica un proceso de diálogo, que tiene por finalidad llegar a acuerdos o alcanzar el consentimiento de los pueblos indígenas respecto de las medidas que se les consulta, para garantizar su inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y garantizar la adopción de medidas respetuosas de los derechos de los pueblos indígenas. 35.2. La decisión de la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta no debe realizarse sin agotar el procedimiento adecuado que busque lograr un acuerdo con los representantes de los pueblos indígenas de modo que se asegure que los derechos de los pueblos indígenas sean debidamente garantizados, en el marco del Estado Democrático y Social que postula la Constitución del Perú. 35.3. El cumplimiento del procedimiento señalado constituye una condición de validez de las decisiones estatales que requieran ser consultadas en virtud de la presente Ley y su reglamento. Artículo 36º. Etapas
36.1. En caso de procedencia de la consulta se debe cumplir con las etapas mínimas de:
a) Identificación: de las medidas y normas a ser consultadas, de la Entidad Responsable de Ejecución de la Consulta, de los Pueblos Indígenas a ser consultados y de sus organizaciones representativas de acuerdo con los criterios de la presente Ley y su reglamento. b) Publicidad, transparencia y acceso a la información preliminar: a fin de dar a conocer la medida a ser consultada y dar oportunidad a los pueblos involucrados para que, de acuerdo a sus propios usos y costumbres, puedan coordinar con sus representados, con el objeto de decidir su participación en el proceso de consulta y contar, en su caso, con la información adecuada para tomar decisiones. c) Reunión pre-consultiva: para acordar los aspectos generales de la consulta en conformidad con la presente Ley. d) Evaluación interna: los pueblos indígenas deben contar con un tiempo razonable para la evaluación interna de los diferentes aspectos de la norma o medida a ser consultada, a efectos de analizar cabalmente la materia consultada. e) La consulta: propiamente dicha. f) Los acuerdos y toma de decisiones 36.2. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta debe velar porque se efectúen estudios adicionales, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y medioambiental que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre estos pueblos así como analizar exhaustiva y comparativamente las posibles alternativas a la medida propuesta. Los resultados de estos estudios deben ser considerados como criterios fundamentales para el proceso de toma de decisión. VERSIÓN A VERSIÓN B 36.3. Si la Unidad Técnica de 36.3. Si la Unidad Técnica de Consultas a Pueblos Consultas a Pueblos Indígenas determina que no Indígenas determina que no se ha cumplido con la se ha cumplido con la identificación, publicidad, identificación, publicidad, transparencia y acceso a la transparencia y acceso a la información, emitirá las información, puede observaciones suspender el proceso de correspondientes. La consulta y emitir Defensoría del Pueblo observaciones a la Entidad trasladará las observaciones Responsable de Ejecutar la a la Entidad Responsable de Consulta, la cuál debe Ejecutar la Consulta. contar con un tiempo razonable para subsanarlas.
CAPÍTULO II CONDICIONES DE LA CONSULTA Artículo 37º. Publicidad, transparencia y acceso a la información
La Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta debe proveer a los pueblos indígenas implicados información oportuna y pertinente, empleando métodos y procedimientos culturalmente adecuados, respecto de los motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la medida que se prevé adoptar, a fin de que los representantes de los pueblos indígenas realicen una evaluación de sus causas y efectos. En caso de que lo consideren necesario, estos podrán solicitar información adicional o el asesoramiento técnico necesario. Artículo 38º. Accesibilidad
38.1. Los procedimientos de consulta deben tener en cuenta la diversidad lingüística de los pueblos indígenas; para ello, las instituciones del Estado que desarrollen procesos de consulta deben contar con el apoyo de intérpretes debidamente capacitados en los temas que van a ser objeto de consulta y que cuenten con el aval del pueblo consultado. 38.2. El proceso de consulta debe realizarse sobre la base de una metodología intercultural, lo que implica sensibilizar y capacitar a las autoridades y a los representantes indígenas con herramientas que permitan el diálogo intercultural respetando las costumbres y formas de aprendizaje de cada grupo o sector participante. Artículo 39º. Facilitadores e intérpretes
39.1. La Unidad Técnica de Consultas a Pueblos Indígenas convocará a los profesionales conocedores de la realidad del pueblo indígena a ser consultado para que actúen de facilitadores del proceso, siempre que cuenten con la confianza del pueblo indígena a ser consultado, y realizará procesos previos de capacitación en los casos en que se considere necesario. 39.2. La Unidad Técnica de Consultas a Pueblos Indígenas es responsable de mantener y actualizar un Registro de Facilitadores e Intérpretes de las lenguas indígenas. Artículo 40º. Asesores
Los pueblos indígenas y sus instituciones representativas están facultadas a contar con asesores durante el proceso de consulta y a sustituirlos cuando lo consideren oportuno. No se puede negar nunca la presencia ni la palabra de los asesores técnicos cuando esa presencia es reclamada o esa voz es solicitada por los participantes indígenas.
Observadores de buena fe
En los casos en que se consulten las iniciativas mencionadas en los Artículos 8º y 32º de la presente Ley, los pueblos indígenas podrán solicitar la presencia de observadores de buena fe, de alta credibilidad e imparcialidad que verifiquen el adecuado desarrollo de la consulta y evacúen un informe neutral a adjuntarse a las Actas oficiales. Artículo 42º. Imparcialidad
Tanto la Unidad Técnica de Consultas a Pueblos Indígenas, como cualquier otro organismo estatal que participe en la consulta, no siendo parte de la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta, deben mantener una estricta neutralidad en el cumplimiento de la función que se le asigne. Artículo 43º. Plazos
Los mecanismos de diálogo del proceso de consulta se llevan a cabo considerando plazos razonables, de modo tal que permitan a las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas conocer, reflexionar y realizar propuestas concretas frente a las medidas previstas por la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta. CAPÍTULO III ACUERDOS PREVIOS Artículo 44º. Acuerdos de carácter procedimental previos a la consulta
44.1. Una vez que el pueblo o pueblos indígenas afectados han determinado la representación acreditada que va a participar en la consulta es necesario realizar acuerdos pre-consultivos, de carácter procedimental, con las entidades del Estado que vayan a estar a cargo de la consulta. 44.2. La Unidad Técnica de Consultas a Pueblos Indígenas emplazará al pueblo indígena para determinar aspectos concretos que son de su competencia como el tiempo, lugar, forma, idioma, asesoría, presencia de observadores y cuantos sean necesarios para rodear la consulta de un ambiente de confianza constructivo. Artículo 45º. Reunión Pre-consultiva
45.1. La Unidad Técnica de Consultas a Pueblos Indígenas convocará a una reunión previa a las partes de la consulta y presentará el Plan de Consulta propuesto por la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta y las determinaciones del pueblo indígena en las cuestiones que son de su competencia. Precisará coincidencias y puntos a negociar.
45.2. De la reunión deberán resultar acuerdos relativos a los pormenores formales de la consulta, de acuerdo con la determinación del pueblo indígena a ser consultado, en aspectos tales como la fecha, los puntos críticos de la consulta, el nivel de decisión de los participantes, la información necesaria y el tiempo requerido para procesarla, los aspectos logísticos y financieros, y cuantos sean necesarios para dar seguridad y eficacia a la consulta. CAPÍTULO IV LA CONSULTA Artículo 46º. Inicio
La reunión de consulta debe comenzar con la lectura de los acuerdos preconsultivos y la definición precisa y transparente de los puntos críticos que van a centralizar el debate. Artículo 47º. Desarrollo de la consulta
47.1. Durante el transcurso de la Consulta, tanto la Entidad Responsable y las instituciones representativas de los pueblos indígenas, deben realizar todos los esfuerzos para generar un clima de confianza y respeto mutuos en el que la consulta se lleve a cabo de buena fe. 47.2. De acuerdo con las circunstancias, el proceso podrá realizarse en una o varias sesiones que, para efectos del presente procedimiento, constituirán un solo proceso integral, y se respetarán los tiempos necesarios para que los pueblos indígenas desarrollen, de acuerdo a sus costumbres, un proceso de reflexión y evaluación, debate y formulación de propuestas que permitan llegar a acuerdos y decisiones ajustadas a sus necesidades. Artículo 48º. Suspensión del proceso
48.1. Cuando el proceso de consulta carezca de garantías para la realización del diálogo entre las partes involucradas o no se cuente con la seguridad adecuada, la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta puede suspender su ejecución, previa opinión favorable de la Unidad Técnica de Consultas a Pueblos Indígenas. 48.2. De igual manera, las instituciones representativas de los pueblos indígenas pueden solicitar la suspensión del proceso de consulta cuando estimen que la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta incumple con lo establecido en la presente Ley. 48.3. La suspensión del proceso no agota la obligación de consulta de la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta.
Las Actas de la consulta
49.1. El Acta de Consulta contendrá todos los actos y ocurrencias realizadas durante el proceso, así como los acuerdos definitivos a los que las partes hayan arribado, los mismos que tienen carácter vinculante para ellas y son oponibles frente a terceros. 49.2. Las funciones de la relatoría y la secretaría deben corresponder a equipos mixtos integrados por representantes de ambas partes. Los borradores de las Actas deberán ser cotejados con los mandantes de éstas y en casos de conflicto, se volverá a plantear a los consultados los puntos en los que haya inconformidad. 49.3. El informe final de los relatores incluirá todos los puntos que los pueblos indígenas consideren que se han de incluir en el Acta final. TÍTULO VI EL RESULTADO DE LA CONSULTA CAPÍTULO I DISPOSICIONES COMUNES Artículo 50º. Significado de los acuerdos y del consentimiento
50.1. Si los representantes de los Pueblos Indígenas expresan su acuerdo o consentimiento de la medida, con dicho acto concluye el procedimiento de consulta a los pueblos indígenas. 50.2. Se entenderá que hay un acuerdo o consentimiento de los pueblos indígenas, cuando sus representantes, en mayoría absoluta y teniendo en cuenta el alcance de su representatividad, aceptan la propuesta de la medida efectuada por la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta o la propuesta modificada como consecuencia del diálogo, debiendo hacerlo constar así en el Acta de Consulta. Artículo 51º. Carácter vinculante de los acuerdos
51.1. En caso de existir consentimiento de los pueblos indígenas expresado a través de sus instituciones representativas, la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta debe incorporar en su decisión los aportes contenidos en el Acta de Consulta, respetando íntegramente los acuerdos adoptados en la Resolución que da por aprobada la medida. 52.2. Si el consentimiento es parcial, la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta, además de enriquecer su propuesta con los aportes de los representantes indígenas contenidos en el Acta de Consulta, debe procurar adecuar la medida o desistirse de ella.
52.3. En este último caso, es potestad de la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta otorgar un período adicional de reflexión de las partes respecto a la medida. Transcurrido el plazo se buscará alcanzar nuevamente un acuerdo o consentimiento. CAPÍTULO II NORMAS DE CARÁCTER GENERAL Artículo 53º. Derechos diferenciados
53.1. En los casos en que la consulta verse sobre normas legales u otras de carácter general que afecten directamente derechos identificados en la legislación nacional o en el derecho internacional como derechos indígenas, los resultados de la consulta deben incorporarse obligatoriamente a la norma de tal manera que la consulta tenga influencia real en el contenido de esta y garantice los derechos indígenas expresados por ellos mismos. 53.2. Si hubiera desacuerdo parcial o total, la entidad encargada deberá considerar la necesidad de impulsar una modificatoria o una norma alternativa capaz de integrar esas demandas. Artículo 54º. Derechos de alcance general
54.1. Si la norma no fuera directamente orientada a legislar derechos indígenas pero sí temas que pudieran afectar esos derechos y se eludiera la consulta, la norma no podría ser aplicable a los pueblos indígenas. 54.2. Si los pueblos indígenas consideran que el silencio normativo respecto a la integración de sus derechos a la normativa nacional podría afectar sus derechos podrán exigir una consulta al fin de que la norma incluya un capítulo especial para el caso de los pueblos indígenas. CAPÍTULO III ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER ESPECÍFICO Artículo 55º. Acuerdo o consentimiento
55.1. Si como resultado de la consulta relativa a actos administrativos que afecten a uno o varios pueblos indígenas, sus personas, sus instituciones o su territorio se produce el consentimiento, los acuerdos a los que se llegue serán vinculantes para las partes y exigibles frente a los terceros que puedan estar involucrados en la iniciativa. 55.2. Las Actas relativas a los acuerdos adoptados, en este caso, pueden ser presentadas ante los tribunales como prueba.
Todo desacuerdo parcial o total pasa por una nueva planificación de consultas tendientes a centrarse en los puntos de desavenencia. Artículo 57º. Casos de riesgo especial
Cuando se trata trate de decisiones que impliquen los riesgos o afectaciones mencionadas en los Artículos 8º y 32º de esta Ley, las iniciativas tienen que lograr el consentimiento libre e informado del pueblo indígena en su conjunto para tener legitimidad. CAPÍTULO IV OTROS RESULTADOS DE LA CONSULTA PREVIA Artículo 58º. Desacuerdo
58.1. Si no hay consentimiento y el posicionamiento de ambas partes es irreconciliable, puede aún así, llegarse a acuerdos relativos a la continuidad del proceso de consulta. En este caso el Estado debe evaluar su decisión de adoptar la medida, adecuarla o desistirse de ella. 58.2. El Estado debe reconocer documentalmente la falta de acuerdos o de consentimiento y la correspondiente responsabilidad por las medidas que decida tomar en consecuencia, indicando las previsiones a tomar para garantizar, en todo caso, el respeto de los derechos de los pueblos indígenas de acuerdo a los estándares internacionales, de manera que este documento posteriormente pueda ser exigible judicialmente. 58.3. De igual manera, el Estado deberá fundamentar su decisión en las consideraciones derivadas de los hechos y el derecho, así como del contenido del Acta de Consulta, y comunicar a las instituciones representativas de los pueblos indígenas la decisión adoptada. 58.4. Los pueblos indígenas tienen el derecho a recurrir a procedimientos administrativos o jurisdiccionales sencillos, breves y eficaces en defensa de los derechos que consideren vulnerados. Artículo 59º. Consulta inadecuada
Si la consulta ha sido realizada de manera inadecuada, de mala fe, o se han tergiversado sus puntos críticos, manipulado la información o esta es incompleta, condicionado la participación de sectores del pueblo indígena, impulsado el divisionismo, restringido la participación de asesores u otras irregularidades similares, no tiene validez y deberá ser impugnada y aplicarse las sanciones correspondientes, tanto si los vicios de la consulta se conocieron durante su realización o después de haber sido realizada.
Abandono y desistimiento de la consulta
En el caso de que un Pueblo Indígena, en virtud de su libre determinación, abandone la consulta o no muestre interés en ser consultado en relación a determinada medida, o exprese su negativa a dicha medida sin previa consulta, la responsabilidad consultiva del Estado estará superada, pero en ningún caso el silencio podrá tomarse como señal de consentimiento ni eximirá a las autoridades estatales de tomar las previsiones necesarias para que los derechos del pueblo indígena renuente a la consulta estén plenamente garantizados. CAPÍTULO V CONSULTAS EN CASOS ESPECIALES Artículo 61º. Iniciativas de riesgo
Las medidas con gran impacto mencionadas en los Artículo 8º y 32º se reglamentarán de manera especial, de acuerdo con los postulados de la presente ley pero tomando en cuenta la necesidad de alcanzar el consentimiento previo para ser implementadas legítimamente. Artículo 62º. Consultas en vulnerabilidad el caso de pueblos de especial
62.1. Si la medida prevista afecta el espacio de desplazamiento de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, o la normativa que regula sus derechos, el Estado debe considerar con mucha atención las responsabilidades que asume frente al derecho internacional de los derechos humanos y deberá siempre ponderar otras alternativas con preferencia a la implementación de proyectos de impacto en estas áreas. 62.2. En el caso de pueblos que han sufrido daños acumulativos por efecto de actividades anteriores de exploración y/o explotación de recursos del subsuelo o por otras circunstancias calamitosas el Estado se obliga a tomar en cuenta esta vulnerabilidad especial a la hora de tomar iniciativas que puedan profundizar la fragilidad de los ecosistemas o de la salud de las personas de estos pueblos. Las consultas en estos casos deben tomar como puntos críticos los aspectos relacionados con esa especial vulnerabilidad como aspectos decisivos para la implementación de cualquier nueva actividad. CAPÍTULO VI EL PROCESO DE CONSULTA Y LOS CAMBIOS POSTERIORES Artículo 63º. Revisión de acuerdos por cambio en las circunstancias
63.1. Los cambios en las circunstancias, la afectación de nuevos derechos o la aparición de riesgos diferentes o de diferente intensidad a los que se anunciaron durante el proceso de consulta, así como cambios importantes en el proyecto o la iniciativa normativa en curso deben ser comunicados y, si es del caso, consultados de nuevo. 63.2. En cualquier caso, si la norma o el acto consentido afectara de manera intolerable a la cultura, los bienes, el territorio, la salud o los derechos fundamentales individuales y colectivos de los pueblos indígenas implicados, de tal manera que su continuidad amenace su supervivencia, los acuerdos o el consentimiento alcanzados no suponen una renuncia a tales derechos fundamentales ni exime al gobierno de sus obligaciones para su protección, ni limita en ninguna manera la capacidad de impugnar la norma o el acto que esté lesionando esos derechos. CAPÍTULO VII SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS Artículo 64º. Exigibilidad de los acuerdos
64.1. Los acuerdos que se hayan construido tras la consulta son exigibles judicialmente. La Defensoría del Pueblo, a través de la Unidad Técnica de Consultas a Pueblos Indígenas deberá concertar el seguimiento del cronograma y los mecanismos de cumplimiento definidos en la propia consulta. 64.2. Los pueblos indígenas podrán, en caso de incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno, replantear las obligaciones asumidas, denunciar a la entidad responsable y exigir indemnización por los daños, sin perjuicio de actuar por las vías jurisdiccionales que considere apropiadas. TÍTULO VII DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES Artículo 65º. De las responsabilidades y sanciones
65.1. Los funcionarios o servidores públicos de las entidades comprendidas en el ámbito de la presente Ley deben cumplir sus disposiciones bajo responsabilidad administrativa, civil y penal. 65.2. A nivel administrativo, la omisión constituirá falta administrativa, tal como lo prevé el artículo 239º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, en cuyo caso, las sanciones de cese o destitución a que se hagan merecedores los funcionarios de la administración pública se incluirán en el Registro Nacional de Sanciones, independientemente de su régimen laboral o contractual, con el objeto de impedir su reingreso a cualquiera de las entidades por un plazo de
cinco años, y sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiera lugar. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS Y FINALES Primera. Reglamentación
Corresponde a la Unidad de Consultas a Pueblos Indígenas la responsabilidad de elaborar la propuesta de reglamento correspondiente, la cual se aprobará por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. La propuesta de reglamento debe ser publicada en un plazo de 180 días calendario desde la publicación de la presente ley. De forma previa a su aprobación, la propuesta de reglamento debe ser consultada a las instituciones representativas de los pueblos indígenas. Segunda. Vigencia
La presente Ley entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, a fin de que las entidades estatales responsables de llevar a cabo procesos de consulta cuenten con el presupuesto y la organización requerida para ello. Durante ese período se abstendrán de realizar actos que pudieran impedir el posterior cumplimiento de la presente Ley. Tercera. Etapa de transición
En tanto entren en vigencia la presente norma y su reglamento, las entidades del Estado deben realizar todas las acciones que resulten necesarias para propiciar el diálogo con los representantes de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta que el derecho a la consulta forma parte de nuestra legislación nacional al estar recogido en el Convenio Nro. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Cuarta. Sobre el derecho a la participación ciudadana
El derecho a la consulta de los pueblos indígenas es diferente al derecho constitucional a la participación ciudadana. Por ello, la presente norma no deroga ni modifica las normas relacionadas al derecho a la participación ciudadana. No obstante, éstas u otras normas podrán ser modificadas para ampliar sus alcances e incluir el Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas.
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