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Timestamp: 2017-06-23 01:42:31+00:00

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Abstencionismo y nulidad para una auténtica democracia. Reforma a los artículos 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos – Grado Cero Prensa
15 diciembre, 2016	Abstencionismo y nulidad para una auténtica democracia. Reforma a los artículos 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Por Rodrigo Rafael Vidal Pérez
La historia de México avala todo su presente, hablando en materia constitucional, el precedente que fijó el Constituyente de Querétaro con la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 ha marcado una ideología muy fuerte que no ha podido ser modificada o aniquilada por ningún gobernante sin enfrentarse a grandes reacciones sociales.
Los ‘sagrados’ artículos 3, 27 y 123 que son, a parecer de muchos críticos de nuestra Constitución, una especie de reglamento, pues enumeran uno a uno los derechos y principios inquebrantables para nuestra sociedad y la forma en que deben desarrollarse, si bien ciertamente con ellos podría considerarse nuestra Constitución como “un tratado de las miserias humanas […] una especie de terapéutica nacional, es decir, un catálogo de los remedios que necesitamos”,[1] en cambio este tipo de constitución programática nos ha servido como una defensa ante los abusos que intentan cometer o cometen ciertas autoridades en el país, ya sea en materia agraria, laboral, económica, educativa, de justicia e, inclusive, electoral.
Bajo ésta misma lógica de los artículos antes mencionados, igual de extenso y criticado, surge el artículo 41 Constitucional, creado para consagrar el derecho a elecciones libres, auténticas y periódicas, en pocas palabras, para garantizar la existencia de la democracia en nuestro país.
México siempre ha demandado democracia, pero jamás la ha conseguido, son muy pocos los comicios electorales en los que se ha logrado que se respete la voluntad popular, algunos como los de Francisco I. Madero han marcado las excepciones; sin embargo, generalmente estos han sido fraudulentos o meras simulaciones, desde Porfirio Díaz hasta la actualidad “la celebración de elecciones populares ha sido la norma en México”,[2] se han hecho ininterrumpidamente elecciones para designar al Presidente de la República pero ninguna con resultados fidedignos que demuestren la autenticidad de dicha elección.
Ya sea para Presidente, Gobernador, Presidente Municipal o Legislador Federal o Local, en cualquier caso la voluntad popular poco o nada se ha respetado y es por ello que se han tenido que ir agregando tantas fracciones, apartados, incisos y párrafos al artículo 41 constitucional; para evitar ese juego político en que han convertido a las elecciones, ese “ceremonial electoral” al que sólo muy pocos han podido acceder y en donde “los partidos de oposición que han luchado en forma permanente sólo han llegado en realidad a constituir grupos de presión […] (que) tienen plena conciencia de que en el momento de lanzarse a una elección […] están avocados a perderla”.[3]
Esto nos deja actualmente ante un panorama que demuestra que en México “el Estado de derecho en materia electoral es más una aspiración idealista que un hecho empírico”,[4] pues por más que las autoridades se esmeran por dirigir un mensaje a la sociedad de que nuestro país vive una verdadera democracia, es más que evidente que la nuestra es una república de la simulación, donde una clase política coludida con empresarios son quienes designan quiénes serán los próximos mandatarios.
Durante mucho tiempo les sirvió su simulación, el largo tiempo en que el PRI fue el partido hegemónico lo demuestra, no obstante los tiempos cambian y la sociedad también, por ello la gente empezó a mostrarse cada vez “más comprometida con el cambio y mucho más enojada que antes”,[5] y lo manifestó en las urnas en 1988, ante la presencia de un candidato de oposición fuerte, que representaba ante la mirada de la población un cambio importante al régimen actual, y en donde el PRI con su candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, no tuvo otra salida que orquestar un fraude electoral a todas luces, notorio hasta para los invidentes.
No obstante, a pesar del fraude, ese día los votantes y los candidatos de oposición, Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Clouthier, “le estaban abriendo ‘un boquete’ al sistema, y, con un boquete –como decía Clouthier-, ‘solito se hunde el barco’”.[6] Y justamente dicho boquete fue el que abrió paso a las grandes reformas en materia electoral para crear un órgano independiente encargado de la realización de los comicios, que garantizara las elecciones libres y auténticas que la gente deseaba y exigía al grito de “la democracia viene y nadie la detiene”.[7]
Empero, como era de esperarse, esa no fue la solución, ni siquiera la posterior creación de un órgano jurisdiccional que se encargara de velar por que los resultados de la elección fueran legítimos, pues tras el fraude electoral que se presume en 1988 siguieron otros más, el de 2006 y el de 2012, ambos en contra del candidato de izquierda, en donde claramente se pudo notar ese juego político acostumbrado, en el que incluso las autoridades de los nuevos órganos creados para defender la legalidad y autenticidad de las elecciones participaron “al organizar la difusión pública de un acto interno del IFE –la transmisión de los resultados distrito por distrito- de modo tal que semejara una carrera en que los contendiente se aproximan y se distancian hasta que se produce un final inesperado”.[8]
No es de extrañar que la población haya perdido la fe en las instituciones, y lejos de creer en la construcción de un régimen democrático se tiran al derrotismo y, en consecuencia, muchas veces al abstencionismo; aunque también son muchos los que están esperanzados en agrandar ese boquete del sistema, y que cada fraude electoral se llenan de “ganas, pasión, alegría (que) se entremezclan con rencor, coraje, indignación”.[9]
Estas personas son las que deben llamar la atención a los legisladores del país y de todos aquellos demócratas a quienes debería resultarles aterrador que el abstencionismo pueda aumentar en nuestro país, que la gente ya no se interese en votar porque sabe que su voto no importará, pues los resultados de los comicios ya están arreglados y las autoridades electorales simplemente asumirán, como siempre, “una cómoda actitud burocrática en lugar de actuar como garantes de la democracia”.[10]
No podemos hablar de un país democrático si las elecciones son ganadas por las mayorías de las minorías, donde no se respete el voto de la ciudadanía y esto la orille a abstenerse de ejercer su derecho y cumplir con su obligación de votar, en donde la única manera en que la oposición al gobierno en turno pueda ser escuchada sea mediante grandes manifestaciones de inconformidad, es decir, mediante el ejercicio de su derecho a la protesta social, en donde los magistrados electorales no hacen otra cosa más que avalar los fraudes a la ley cometidos por los partidos gobernantes cambiando de criterios de acuerdo a su conveniencia. En resumen, no podemos decir que México sea una democracia, por el contrario, está más cercano a ser un régimen totalitario. Es notoria la falta de protección a los derechos humanos, pues, aunque la Constitución los enumere casi en su totalidad, no son respetados por las autoridades; y muchos menos existe una auténtica división de poderes, pues el Ejecutivo elimina las discusiones en el Legislativo, anteriormente porque todos los legisladores pertenecían a su partido y actualmente mediante pactos abiertos o acuerdos “en lo oscurito” con los partidos más importantes.
El judicial es un poco distinto, pues si bien a veces es muy cercano al Ejecutivo y ratifica todo su actuar, en ocasiones lo contradice desechando sus actos mediante los amparos que acepta, cumpliendo con su función política principal que es “dar esperanza, a los grupos y personas que pueden utilizar este recurso, de salvar en lo particular sus intereses y derechos”.[11] Y justamente aquello es lo que le quitaron al TEPJF, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, pues se le prohibió realizar esa función y se le redujo a un simple lector de la ley, restringiéndole su capacidad de interpretación para determinar las causantes de nulidad de una elección, pues se consideraba que no se puede dejar a la discrecionalidad del juez el estipular cuáles serían en cada caso, sin recordar que aquel tiempo en que el papel de los jueces era hacer una aplicación literal de la ley ya pasó y que ahora cada juez hace un trabajo jurídico propio en el que “eligen una estrategia de trabajo porque consideran que su empresa tiene que ver con la ‘justicia’, entendida como no idéntica a la aplicación del derecho […] (y que) estaría actuando de manera ilegítima […] si no hiciera el intento por reprocesar el derecho positivo para que se correspondiera con su idea de justicia”.[12] Consecuentemente es imprudente limitar su capacidad interpretativa obligándolo a una aplicación directa de la ley, él mismo “debe rechazar tajantemente lecturas literales o gramaticales de la letra de la ley”.[13]
Es por todo lo anterior que dos reformas a dos distintos artículos de la Constitución son indispensables, la primera al artículo 41, dirigida a fomentar la participación ciudadana en todos los comicios y a obligar a los partidos políticos a fomentar dicha participación; y la segunda al artículo 99, orientada a regresar su capacidad interpretativa a los jueces del TEPJF.
La primera reforma consiste en agregar al artículo 41, fracción VI, un inciso d) que rece:
Art. 41. … La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: ….
d) El candidato que resulte ganador no obtenga el 20% de los votos del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
Con lo anterior se obligará a los candidatos presidenciales a alentar el voto por parte de los ciudadanos, pues la contabilidad de los votos no partirá de la cantidad de sufragios emitidos, sino del total del padrón electoral, dando suma importancia a la reducción del abstencionismo, y al mismo tiempo dándole al voto en blanco o a la anulación del voto un efecto de rechazo hacia los candidatos postulados, de tal manera que si ninguno de los candidatos ganase la elección por un porcentaje mayor al 20% del padrón electoral, se tendría que convocar a unas nuevas elecciones sin la participación de ninguno de los anteriores contendientes, pues no puede ser aceptable que exista un Presidente de la República que únicamente represente a una ínfima cantidad de ciudadanos, siendo que la inmensa mayoría lo despreció.
La segunda reforma radica en la modificación al artículo 99, fracción II, segundo párrafo, que actualmente dice: Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes. Para quedar de la siguiente manera:
Art. 99. …
Las salas Superior y regionales del Tribunal deberán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en la ley, así como en los casos que determinen hubo una grave afectación a los principios rectores marcados por esta Constitución para las elecciones.
De tal manera que los jueces del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberán, por mandato constitucional, anular elecciones presidenciales que actualicen los supuestos del artículo 99, fracción II, rompiendo “de tajo con el miedo a las declaratorias de nulidad”,[14] pues sería obligación del juez dictarla y no una simple facultad como hasta ahora. Pero además los juzgadores tendrán la facultad potestativa para determinar mediante su trabajo jurídico si alguna elección no es legítima de naturaleza y en consecuencia los ganadores de dicha elección no deben ser legitimados en los cargos que obtuvieron.
La democracia, tal como las tierras, los derechos laborales, la educación pública y gratuita, fue una de las grandes demandas de la Revolución Mexicana que hasta la fecha no hemos visto materializada, sino simplemente plasmada en el papel. “La esperanza de justicia social e igualdad de oportunidad plasmada en la Constitución de 1917 jamás se concretó”,[15] pero eso no es motivo para darnos por vencidos, pues si ya esperamos y soportamos cuando nos dijeron que “primero era el triunfo militar y después las reformas sociales”,[16] ya esperamos cuando nos decían que antes que nada debía de institucionalizarse todo, ya esperamos cuando nos dijeron que en 30 años veríamos resultados de las reformas… ahora ya no es tiempo de esperar, es momento de buscar nosotros mismos verdaderas soluciones y, si bien el plasmar esos derechos en un pedazo de papel llamado Constitución no garantizará su cumplimiento es el primer paso para después poder exigir que se respeten. Así que si esta reforma no garantiza al 100% una auténtica democracia en el país, por lo menos la hará avanzar un paso, y de paso en paso podremos llegar a ese sistema verdaderamente democrático que tanto anhelamos y que veíamos tan distante.
[1] Ignacio Marván Laborde, Nueva edición del Diario de debates del Congreso Constituyente de 1916-1917, Tomo I, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, p. 388.
[2] John M. Ackerman, Autenticidad y nulidad: por un derecho electoral al servicio de la democracia, IIJ-UNAM, p. 3.
[3] Pablo González Casanova. La democracia en México. Ediciones Era, p. 4.
[4] John M. Ackerman, op. cit., p. 36.
[5] Martha Anaya. 1988: el año que calló el sistema. Ed. Debate,2008, México, p. 78.
[8] Jenaro Villamil y Julio Scherer Ibarra. La guerra sucia de 2006: los medios y los jueces, Grijalbo, 2007, p. 15.
[9] Martha Anaya, op. cit., p. 118.
[10] John M. Ackerman, op. cit., p. 112.
[11] Pablo González Casanova, op. cit., p. 36
[12] Duncan Kennedy, Izquierda y derecho, pp. 94 y 96.
[13] John M. Ackerman, op. cit., pp. 37-38
[14] John M. Ackerman, op. cit., p. 2.
[15] Ibid. p.6.
[16] Adolfo Gilly, La Revolución Interrumpida, 2ª edición, Era, México, 2007, pág. 124.
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