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Timestamp: 2016-10-23 03:40:12+00:00

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RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Coslada don Vidal Olivas Navarro, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 19, de Madrid, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria
RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Coslada don Vidal Olivas Navarro, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 19, de Madrid, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Coslada don Vidal Olivas Navarro, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 19, de Madrid, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	En el recurso interpuesto por el Notario de Coslada don Vidal Olivas Navarro contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 19 de Madrid, don Rafael Arnáiz Eguren, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.
El día 14 de noviembre de 2006 don Vidal Olivas Navarro, Notario de Coslada, autorizó una escritura de préstamo con garantía hipotecaria concedido por determinada sociedad.
En dicha escritura de préstamo hipotecario se expresa que la citada entidad prestamista, cuyas circunstancias identificativas se detallan (entre ellas las relativas a la escritura constitución, a su inscripción en el Registro Mercantil y a su objeto social), está representada por el apoderado don Iván G.H.; que acredita la representación mediante una escritura de poder conferido en su favor por dicha entidad (escritura de apoderamiento cuyos datos se reseñan, con indicación del Notario autorizante -el mismo Sr. Vidal Olivas-, fecha de otorgamiento, número de protocolo e inscripción en el Registro Mercantil). El Notario expresa que se le exhibe copia autorizada de dicha escritura de poder y, según añade, que «Sus facultades representativas acreditadas, que bajo mi responsabilidad juzgo suficientes para otorgar el préstamo con garantía hipotecaria y todos los pactos complementarios incluidos en esta escritura» resultan de dicho poder.
El título se presentó en el Registro de la Propiedad número 19 de Madrid el 22 de noviembre de 2006, con asiento 1928 del Diario 62.º, con fecha de 28 de noviembre de 2006 fue objeto de calificación negativa que a continuación se transcribe parcialmente:
... En el título que se califica, la sociedad acreedora interviene representada por Don Iván Guerra Herrero, que hace uso del poder vigente, según asegura, cuyas circunstancias de fecha, Notario e inscripción son objeto de reseña por el Notario autorizante, que además, afirma lo siguiente «Sus facultades representativas acreditadas, que bajo mi responsabilidad juzgo suficientes para otorgar el préstamo con garantía hipotecaria y todos los pactos complementarios incluidos en esta escritura, resultan.»
I. El Notario autorizante se limita a señalar que el apoderado tienen facultades representantivas suficientes «para otorgar el préstamo con garantía hipotecaria y todos los pactos complementarios incluidos en esta escritura, ...», si bien no especifica cuáles son esas facultades representativas. Este tipo de redacción, impide que el Registrador de la Propiedad califique la suficiencia del poder alegado en los términos previstos en la legislación hipotecaria.
Primero.-La constancia del juicio de suficiencia es una formalidad exigida por el artículo 98 de la Ley 24/2001 de 27 de Diciembre, modificado por el artículo 34 de la Ley 24/2005 de 18 de Noviembre, que altera específicamente el párrafo segundo del artículo antes citado. Decimos que se trata de una formalidad porque de todos modos, si el Notario considera que el poder no es suficiente, debe abstenerse de la formalización de la escritura o denegarla, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145 inciso 2.° del Reglamento Notarial y, viceversa, si autoriza la escritura, es por que considera suficiente el poder, con indiferencia que lo haga constar o no, en el documento. Además, el juicio de suficiencia produce sus efectos en el ámbito propio del contrato formalizado en escritura pública, tal y como resulta de la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de Abril de 2002, cuya doctrina no ha sido revocada ni declarada lesiva para la Administración en los términos previstos en el artículo 103 en relación con el 163 y concordantes de la Ley 30/1992, reformada por la Ley 4/1999 de régimen jurídico de Administraciones Públicas y de Procedimiento Administración Común.
Segundo.-Las características del juicio de suficiencia impiden al Registrador, evaluar la calificación posterior del juicio Notarial de suficiencia y, por tanto a través de su función calificadora, disentir de la previa opinión del Notario. Esta posibilidad y deber del Registrador es lógica, porque de no ser así, los poderdantes quedarían indefensos ante las actuaciones de sus apoderados, facultados para elegir al Notario que crean conveniente para interpretar el poder. Como consecuencia, el poderdante, directamente afectado por la decisión del Notario correspondiente no puede no ya intervenir en la elección del Notario, sino ni siquiera recurrir la valoración o juicio de éste sobre la suficiencia de poder. Por eso, si el Registrador, defensor de los intereses de los terceros no presentes en el acto o negocio del que surgen los derechos cuyo reconocimiento y efectividad «erga omnes» se busca en la inscripción registral, no puede enjuiciar la suficiencia del poder, el juicio notarial sobre este extremo producirá efectos frente a todos automáticamente, y no será susceptible de revisión administrativa ni jurisdiccional. Esta consecuencia no puede admitirse en un Estado de derecho.
Tercero.-Las aseveraciones contenidas en los «Fundamentos de Derecho» 1 y II, se basan hasta ahora en la citada Resolución de 12 de Abril de 2002, fundamental, como se ha dicho, y que, sin embargo, ha sido objeto de interpretación posterior cambiante por el Centro Directivo. En este criterio cambiante se apoya la Sentencia que luego se dirá para que la Sala excluya la imposición de costas al Centro Directivo, «habida cuenta de las dudas de derecho que la cuestión podía plantear al existir diversas RDGRN que apoyaban la tesis de la impugnada» (Fundamento de Derecho IV de la Sentencia). Lo dicho anteriormente, y, por tanto, el criterio de la Resolución Circular queda plenamente ratificada por la Sentencia de 25 de Octubre de 2006, de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia, en la que resulta ponente la Magistrada, Doña María Ibáñez Solaz.
El «Fundamento de Derecho» Tercero de dicha Sentencia, que admite los argumentos del Registrador y rechaza el contenido de la resolución de la DGRN de 1 de Mayo de 2005, analiza con todo detalle y de forma directa el artículo 98 de la Ley 24/2001 en su redacción que resulta de la Ley 24/2005 de 18 de Noviembre. Señala directamente la Sentencia:
«Vemos pues, que este precepto (artículo 98 antes citado), es suficientemente claro y que efectivamente faculta al Notario para juzgar y evaluar las capacidades de representación que se le someten, pero permite al Registrador, posteriormente, calificar el juicio notarial de suficiencia, y por tanto disentir de la previa opinión del Notario y hacerla valer con sus funciones calificadoras. Este es el sentido del informe que la Junta Directiva del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, presentó a la DGRN y que se refleja en los Antecedentes de hecho de la Resolución de 12 de Abril de 2002, sobre interpretación del artículo 98 de la Ley 24/2001 de 27 de Diciembre de 2001, respecto de los títulos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, y que se da por reproducido. No puede admitirse que el artículo 98 de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social pueda haber atribuido de forma exclusiva y excluyente a los Notarios la facultad de valoración de la capacidad legal de los otorgantes, asumiendo una responsabilidad que perfectamente no sólo podría privar a los mismos de la confianza en ellos depositada, sino que obviaría las competencias de los Registradores y dejaría sin eficacia alguna, su función calificadora. Al asumir esta postura (ejercicio de la calificación) el Registrador, no está haciendo sino mantener el principio de legalidad y seguridad jurídica en el ámbito de sus atribuciones de acuerdo con el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, al decir que -los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro-».
Cuarto.-Como se señalaba en el «Hecho» II, la escritura no justifica la congruencia de las facultades representativas del poderdante, apreciadas por el Notario, con el contenido del negocio jurídico representativo. En relación con este requisito cabe señalar:
En primer lugar, la exigencia de congruencia viene establecida por el artículo 34 de la Ley 24/2005 de 17 de Diciembre que añade este requisito a la redacción del artículo 98 de la Ley 24/2001 de 27 de Diciembre. La adecuada interpretación de este punto se considera esencial en el tema que tratamos. En efecto:
El artículo 98 de la Ley 24/2001, de redacción no excesivamente afortunada pareció simplificar el sistema de justificación de la representación al señalar en el inciso primero de su párrafo segundo que «La reseña por el Notario del documento auténtico y su valoración de la suficiencia de las facultades representativas harán fe suficiente, por sí solas, de la representación acreditada, bajo la responsabilidad del Notario'. Esta redacción dio lugar a que la Resolución Circular de 12 de Abril de 2002 interpretara con toda claridad que la reseña por el Notario debería comprender una somera o sucinta especificación de las facultades contenidas en el poder.
Este criterio fue posteriormente negado por una serie de resoluciones de la D.G.R.N. que partían de la base de que la simple referencia de las circunstancias identificativas del poder, es decir, Notario, fecha, e inscripción, en su caso, serían suficientes, siempre que, además, el Notario diera fe de que a su juicio las facultades contenidas en el poder tienen carácter de suficientes.
La discusión sobre este tema y los diferentes criterios de la D.G.R.N. ha sido plenamente resuelta por la nueva redacción del apartado 2.º del artículo 98 de la Ley 21/2001, dada por el artículo 34 de la Ley 24/2005 de 18 de Noviembre. En efecto, el apartado 2.° del artículo 98 tras su nueva redacción señala lo siguiente: «la reseña por el Notario de los datos identificativos del documento auténtico y su valoración de la suficiencia de las facultades representativas harán fe suficiente, por sí solas, de la representación acreditada, bajo responsabilidad del notario. El registrador limitará su calificación a la existencia de la reseña identificativa del documento, del juicio notarial de suficiencia y a la congruencia de éste con el contenido del título presentado, sin que el registrador pueda solicitar que se le trascriba o acompañe el documento del que nace la representación». Esta nueva redacción recoge los siguientes elementos básicos:
1) Exige que entre las facultades representativas contenidas en el poder que se exhibe y el negocio que se formalice exista congruencia. Para que pueda juzgarse o no sobre la existencia de la congruencia exigida por la Ley, será necesario, no que el Notario se limite simplemente a afirmarlo, sino que la justifique mediante el sistema que crea oportuno, incluso mediante la transcripción de las facultades adecuadas para que el apoderado pueda actuar en nombre y representación del dueño del negocio. Ese necesario reflejo de las facultades que justifique la congruencia del poder devuelve la cuestión sobre el contenido originario del artículo 98 de la Ley 24/2001, que se refería de forma amplia al poder, de tal forma que tal expresión, debe comprender tanto su identificación como las facultades suficientes, como señaló, acertadamente, la Resolución circular de 12 de Abril de 2002.
2) El requisito de que el Notario justifique la congruencia supone la inclusión del supuesto en el catálogo de los actos que exigen motivación de acuerdo con el artículo 54 apartado f) de la Ley de Procedimiento Administrativo Común antes citada, según el cual, serán motivados con sucinta referencia y fundamentos «... f) todos los que deban serlo por disposición legal o reglamentación expresa. Esta exigencia, que como ha señalado la unanimidad de la doctrina, tiende a dotar de seriedad a la actuación administrativa, es absolutamente lógica. Incluso por razones de carácter constitucional, especialmente en el campo de protección de derechos, que refleja el artículo 24 texto fundamental y concordantes, resultaría absurdo que una apreciación tan importante, con efectos tan violentos pueda quedar excluida del conocimiento del afectado por el negocio, es decir, el propio dueño del negocio, o del control del funcionario que representa a todas sus partes que no intervienen en el negocio que accede al Registro y a todos los terceros afectados por su inscripción. Por ello es perfectamente razonable la exigencia de la Ley 24/2005 y la calificación de la misma por el Registrador, que ignora la escritura calificada.
En segundo término, y este dato es esencial en la presente nota de calificación, la apreciación de la congruencia que el Notario debe justificar queda encomendada directa y expresamente a la calificación del Registrador, con lo cual, el artículo 34 de la Ley 24/2005 de 18 de Noviembre, devuelve la cuestión a sus principios esenciales, de tal forma que el Notario debe especificar las facultades que a su juicio, son suficientes para justificar la congruencia del poder con el negocio jurídico representativo, y tal congruencia debe ser calificada por el Registrador. Otra cuestión, es que, conforme al criterio tradicional y conforme al párrafo 3° del artículo 98, que no ha sido objeto de modificación, cuando la especificación de facultades se lleve a cabo por testimonio parcial, el Notario «dará fe de que en lo omitido no hay nada que restrinja, ni en forma alguna, modifique o condicione la parte transcrita».
Madrid, 28 de noviembre de 2006.-El Registrador.-Firma ilegible. Existe sello con el nombre y apellidos del Registrador».
La calificación fue notificada al Notario autorizante de la escritura calificada el 29 de noviembre de 2006. El 11 de diciembre de 2006 dicho Notario interpuso recurso contra la calificación en el que -después de poner de relieve que, sorprendentemente, reitera el Registrador una nota del mismo funcionario calificador a una escritura autorizada por el recurrente el 21 de junio de 2004, que fue revocada por la Resolución de esta Dirección General de 21 de febrero de 2005 (B.O.E. 6 de abril de 2005)-, alegó los siguientes argumentos:
1.º En la escritura calificada, respecto del juicio de suficiencia, se utiliza exactamente la fórmula consagrada por la Resolución de esta Dirección General de 30 de septiembre de 2002, semejante a la consagrada por la Resolución de 8 de noviembre de 2002 y ratificada por la de 22 de septiembre de 2004. Y de lo anterior resulta no sólo que el Registrador no puede reclamar la aportación de la escritura de poder, sino también que tampoco puede imponer que la forma en que el Notario ha de formular el juicio notarial de suficiencia de las facultades representativas sea el testimonio o transcripción de las mismas.
2.º A mayor abundamiento, las Resoluciones de 30 y 31 de mayo de 2006 establecen que así como el Registrador no puede revisar el juicio del Notario sobre la capacidad natural de los otorgantes, tampoco puede revisar la valoración que, en la forma prevenida en el artículo 98.1 de la Ley 24/2001, el Notario autorizante haya realizado de la suficiencia de las facultades representativas de quien comparece en nombre ajeno que hayan sido acreditadas, de modo que además de quedar dicha reseña bajo la fe pública notarial, se deriva de ese juicio de valor sobre la suficiencia de las facultades representativas una fuerte presunción «iuris tantum» de validez que será plenamente eficaz mientras no sea revisada judicialmente. Y en el mismo sentido, entre otras muchísimas, se pronuncia la Resolución de 9 de junio de 2006.
3.º Que la citada Resolución de 21 de febrero de 2005, entre otras muchísimas, determina que dado el carácter del Registrador como funcionario público inserto en una organización administrativa, cuando el ar-tículo 18 de la Ley Hipotecaria establece que el Registrador califique bajo su responsabilidad, no se está refiriendo a que dicho funcionario pueda calificar desconociendo las decisiones de su superior jerárquico, que es esta Dirección General, pues, en caso contrario, se estaría quebrando un principio de organización administrativa consagrado en la Constitución, como es el de jerarquía, con la lógica ineficiencia e inseguridad que se traslada al ciudadano; y todo ello, sin justificación alguna; además que la Constitución sólo proclama la independencia de los Jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional.
4.º Las Resoluciones de esta Dirección General (y sobre la materia del presente recurso existen tantas que sería dificilísimo citarlas todas), una vez publicadas en el Boletín Oficial del Estado vinculante para todos los registradores mientras no se anule por los Tribunales (artículo 327 de la Ley Hipotecaria, reformado por la Ley 24/2005, de impulso a la productividad. Y es evidente que las Resoluciones antes relacionadas han sido absolutamente ignoradas por el Registrador.
5.º Respecto de la alegación según la cual el Notario no justifica la congruencia del poder con el contenido del negocio jurídico que se formaliza en la escritura, resultan de ésta los siguientes extremos:
a) Que las facultades representativas acreditadas por el apoderado (que el Notario recurrente bajo su responsabilidad ha juzgado suficientes) son las relativas al otorgamiento del préstamo con garantía hipotecaria y todos los pactos incluidos en la escritura calificada.
b) Que en dicha escritura se formaliza un préstamo con garantía hipotecaria.
c) En consecuencia, es congruente el contenido del poder con el de la escritura calificada.
Mediante escrito con fecha 28 de diciembre de 2006 (con registro de entrada el 2 de enero de 2007), el Registrador emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Vistos los artículos 103 de la Constitución, 1216, 1217, 1218 y 1259, del Código Civil; 18, 19 bis, 322, 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 18.2 del Código de Comercio; 1, 17 bis, 23 y 47 de la Ley del Notariado; 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; artículo trigésimo cuarto de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad; artículos 143, 145, 164, 165 y 166 del Reglamento Notarial; las Sentencias del Tribunal Constitucional 87/1997, de 24 de abril, y 207/1999, de 11 de noviembre; la Sentencia del Tribunal Supremo -Sala Tercera- de 24 de febrero de 2000; las Sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante de 28 de abril de 2004, de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003 y 30 de enero y 18 de marzo de 2004; de la Audiencia Provincial de Navarra de 22 de diciembre de 2004 y de la Audiencia Provincial de Córdoba de 24 de enero de 2005; de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección Séptima) de 25 de octubre de 2006, entre otras posteriores; y las Resoluciones de 15 de julio de 1954, 13 de mayo de 1976, 26 de octubre de 1982, 29 de abril de 1994, 10 de febrero de 1995, 12 de abril de 1996, 28 de mayo y 11 de junio de 1999, 3 de marzo de 2000, 12, 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo, 30 de septiembre y 8 de noviembre de 2002, 23 de enero, 8 de febrero, 11 de junio, 29 de septiembre y 17 de noviembre de 2003, 11 de junio, 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero, 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo, 1 y 28 de abril, 4 (1.ª y 2.ª), 5 (1.ª), 18 (2.ª), 20 (3.ª y 4.ª), 21 (1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª), 23 (1.ª, 2.ª y 3.ª) y 17 de junio, 1 de agosto, 12 (2.ª y 3.ª), 13, 22 (2.ª), 23 (1.ª, 2.ª y 3.ª), 24 (1.ª, 2.ª y 3.ª), 26 (1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª), 27 (1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª), 28 (1.ª, 2.ª y 3.ª) y 29 26 (1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª) de septiembre y 4 y 15 -2.ª- de octubre de 2005 y 20 de enero, 30 y 31 de mayo y 9 de junio, 12, 13, 19, 20 y 27 de septiembre, 3, 4 y 25 de octubre, 17 de noviembre, 16, 20 y 21 de diciembre de 2006 y 14, 20 y 28 de febrero de 2007, entre otras.
Respecto del juicio de suficiencia el Notario expresa en el título lo siguiente: «Sus facultades representativas acreditadas, que bajo mi responsabilidad juzgo suficientes para otorgar el préstamo con garantía hipotecaria y todos los pactos complementarios incluidos en esta escritura, resultan del poder. [que se reseña]».
Por otra parte, llaman poderosamente la atención las manifestaciones que vierte el Registrador en el Fundamento de Derecho segundo de su calificación. En efecto, a pesar de la claridad de la disposición legal ya examinada, pretende apoyar la posibilidad de disentir de la previa valoración del Notario respecto de la suficiencia de la representación en el hecho de que «... de no ser así, los poderdantes quedarían indefensos ante las actuaciones de sus apoderados, facultados para elegir al Notario que crean conveniente para interpretar el poder. Como consecuencia, el poderdante, directamente afectado por la decisión del Notario correspondiente no puede no ya intervenir en la elección del Notario, sino ni siquiera recurrir la valoración o juicio de éste sobre la suficiencia de poder. Por eso, si el Registrador, defensor de los intereses de los terceros no presentes en el acto o negocio del que surgen los derechos cuyo reconocimiento y efectividad «erga omnes» se busca en la inscripción registral, no puede enjuiciar la suficiencia del poder, el juicio notarial sobre este extremo producirá efectos frente a todos automáticamente, y no será susceptible de revisión administrativa ni jurisdiccional. Esta consecuencia no puede admitirse en un Estado de derecho».
Entre los terceros protegidos por la actuación notarial en materia inmobiliaria se encuentran las propias Administraciones Públicas y entre ellas, muy especialmente, el Fisco (vgr., si se vende un inmueble situado en España por no residente debe controlar si procede o no que el comprador haya practicado la retención fiscal correspondiente para su ingreso directo en el Erario Público. Debe también controlar la repercusión del impuesto en las operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido. En toda transmisión inmobiliaria es preceptivo -y clave para el funcionamiento del sistema tributario- consignar la referencia técnica catastral del inmueble, teniendo actualmente los Notarios posibilidad de comunicación directa por vía telemática con las oficinas públicas del Catastro. Los Notarios están obligados a suministrar información a la Administración Tributaria, mediante la remisión periódica de índices informatizados, sobre todos los documentos autorizados que contengan hechos imponibles; y también a remitir a los Ayuntamientos las notificaciones para la liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos, etc.).
4. Examinado el título presentado a calificación se observa que el Notario ha reseñado adecuadamente el documento auténtico del que nacen las facultades representativas. Y, al expresar el Notario en el título que las facultades representativas acreditadas son a su juicio «suficientes para otorgar el préstamo con garantía hipotecaria y todos los pactos complementarios incluidos en esta escritura», resulta evidente que ese juicio de suficiencia contenido en la escritura es congruente y coherente con el negocio jurídico documentado en dicho título y con el mismo contenido de éste, ya que se trata de una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.
Madrid, 30 de marzo de 2007.-La Directora General de los Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.

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 artículo 54
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