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Timestamp: 2019-05-22 01:19:53+00:00

Document:
La justicia resuelve que el abono básico de Cablevisión no puede exceder de $109. – AL DÍA | ARGENTINA
Ed. Microjuris.com Argentina	en 16 febrero 2012
Partes: Bussano Ana María y otro c/ Cablevisión S.A. s/ amparo
Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba Sala: B
Fecha: 14-feb-2012
Cita: MJ-JU-M-70536-AR | MJJ70536 |
Se confirma la medida cautelar por la cual se ordenó a la empresa demandada que se abstenga de exceder una determinada suma en el abono básico mensual del servicio de televisión por cable que presta.
1.-Corresponde confirmar el proveído mediante el cual el juez de primera instancia admitió la medida cautelar solicitada y ordenó a la empresa de televisión por cable demandada la inmediata aplicación de las resoluciones de la Secretaría de Comercio 50/2010 y 36/2011 y la suspensión de todo aumento del abono básico mensual del servicio de televisión que presta que exceda de determinada suma, toda vez que el requisito de verosimilitud del derecho invocado se encuentra configurado por aplicación de las resoluciones citadas y, respecto del peligro en la demora, con la medida solicitada se impide que se siga cobrando a la accionante un importe alejado de lo establecido en la normativa que rige la materia, con el perjuicio económico que pueda significar a la amparista y sobre todo el probable corte del servicio en caso de no abonar el importe facturado.
2.-La apreciación de las medidas precautorias dirigidas en contra de los actos administrativos de autoridad pública competente deben ser evaluadas con criterio restrictivo conforme lo establecido por el art. 12de la ley 19549, que presume la legitimidad del acto administrativo y ello autoriza su ejecutoriedad, siempre que no se adviertan los supuestos previstos en esa norma para disponer su suspensión en la ejecución de los efectos.
Córdoba, 14 de febrero del año dos mil doce.
“BUSSANO, Ana María y otro c/ CABLEVISIÓN S.A. – Amparo” (Expte. N° 1040/2011), venidos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el representante legal de la parte demandada en contra del proveído obrante a fs. 13 dictado por el señor Juez Subrogante del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, en el que ha decidido en su parte pertinente:
“Córdoba, 16 de septiembre de 2011. A la medida cautelar solicitada, entendiendo el suscripto, que se configuran en la especie y prima facie los presupuestos contenidos en el art. 230 del Código Procesal para su procedencia, toda vez que, sin que importe adelantar criterio sobre el fondo de la cuestión planteada, del análisis efectuado por la parte accionante, resultaría la verosimilitud del derecho invocado en los términos que para la cautelar se requiere, esto es, la posibilidad razonable de que el derecho exista, por cuanto de la documental acompañada, resulta acreditado el incumplimiento entre lo dispuesto por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía de la Nación y la actitud para cobrar el servicio por Cable Visión S.A., y que además el peligro en la demora, resulta configurado, pues se encuentran próximos a vencer los períodos respecto de los cuales se solicita la medida, a la medida cautelar solicitada ha lugar. En su mérito, y hasta tanto recaiga sentencia firme, previo ofrecimiento y ratificación por parte de dos (2) letrados inscriptos en la Matrícula Federal ordénase a Cable Visión S.A. que a partir del mes de octubre emita factura a la accionante respetando lo dispuesto por las Resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior N° 50/10; 36/11 y 65/11, esto es, se abstenga de cobrar toda suma mayor a $ 109 (ciento nueve pesos), bajo apercibimiento.” Fdo. ALEJANDRO SÁNCHEZ FREYTES.Juez Federal.
I.- Llegan los presentes autos a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra del proveído dictado con fecha 16 de septiembre de 2011, precedentemente transcripto, en el que se decidió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la accionante en los términos allí dispuestos.
El apoderado de la demandada, Cablevisión S.A. a fs. 54/74 apela y funda el recurso. Afirma que existen antecedentes no valorados al momento del dictado de la medida cautelar que determinan su absoluta improcedencia y la ausencia de la verosimilitud en el derecho, pues con fecha 4 de abril de 2011 el Juez a cargo del Juzgado Federal n° 1 de Córdoba, en los autos caratulados: “Cablevisión S.A. c/ Estado Nacional (Sec. de Comercio Interior – M. de Economía y Finanzas) s/ medida cautelar” (Expte. N° 6-C-11) dispuso hacer lugar a la medida cautelar solicitada por Cablevisión y suspendió la aplicación de las Resoluciones 50/2010 y 36/2011 dictadas por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación y ordenando que se abstenga de ejecutar y hacer cumplir las citadas resoluciones, por lo que dichas disposiciones se encuentran actualmente suspendidas por la Justicia Federal de Córdoba, a entender del apelante. De esta manera, agrega, que resulta jurídicamente imposible que Cablevisión pueda dar cumplimiento a medidas cautelares contradictorias entre sí, como ser, cumplir y no cumplir con las resoluciones cuestionadas y dictadas por el órgano estatal, dado que cumplir una implicará necesariamente desconocer la otra. Por otro lado, el impugnante se queja porque las Resoluciones Nro.50/2010, 36/2011, 65/2011 y 92/2011 fueron dictadas por el señor Secretario de Comercio Interior de la Nación en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 20.680 que no se encuentra vigente a la fecha dado que caducó el 24 de agosto de 1999, por lo que dichas resoluciones carecen de todo sustento y resultan manifiestamente nulas, lo que implica la ausencia de verosimilitud en el derecho invocada en la demanda. En relación al peligro en la demora considera el apelante que se trata de una cuestión de corte patrimonial -que se cobre $ 109 por el abono básico- que siempre podrá ser afrontado por su representado por lo que no existe peligro que la futura ejecución se convierta en ineficaz o imposible y no se ocasionaría un daño irreparable al amparista, a lo que agrega que los usuarios poseen el derecho a elegir contratar o no el servicio que presta la demandada. En relación a la actora señora Bussano sostiene que no puede pretender el amparo invocando las resoluciones dictadas por la Secretaría de Comercio Interior procurando se le facture $ 109 cuando recibe más de un servicio, representando una arbitrariedad de su parte y un ejercicio abusivo de un supuesto derecho que a todas luces no existe. Le agravia también porque considera que el objeto de la medida cautelar coincide con el objeto de la acción de fondo, implicando un anticipo de jurisdicción que afecta el derecho de defensa y debido proceso. En definitiva solicita se revoque la resolución recurrida, con expresa imposición de costas a la actora.
Mediante proveído de fecha 27 de octubre de 2011 (fs. 76) el Inferior concede el recurso de apelación interpuesto y se corre traslado al amparista por el plazo de ley. A mérito de la certificación de fs. 84 y de la cédula glosada a fs.86, se dá por decaído el derecho dejado de usar por la accionante, en relación al traslado corrido.
II.- El presente incidente se origina en el marco de la acción de amparo promovida por la señora Ana María Bussano, por derecho propio y por la Asociación Civil “Defensa de Usuarios y Consumidores” (D.U.C.), representado en este acto por su apoderado doctor Roberto Antonio Andaluz, con patrocinio legal de la Dra. Nydia Susana Carbajo en contra de la empresa Cablevisión S.A. por el aumento de la tarifa del servicio de televisión por cable en contra de lo dispuesto en la Resolución N° 50/2010 y de todas las resoluciones dictadas en su consecuencia, en especial la N° 36/2011 dictadas por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, fijando el abono básico del servicio que presta en $ 109 (ciento nueve pesos) mensuales desde los meses de enero a abril inclusive de 2011, solicitando la devolución a sus usuarios de toda suma que hubiese percibido en dicho período que exceda el precio fijado.
Solicita como urgente medida cautelar ordenando a la empresa Cablevisión S.A. la inmediata aplicación de las resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior 50/2010 y 36/2011 y la suspensión de todo aumento que exceda dicha suma mensual y la inmediata devolución de toda suma que hubiere percibido en exceso del precio establecido por la autoridad competente desde el mes de enero de 2011 y hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.
Por proveído de fecha 16 de septiembre de 2011 el Inferior dicta la medida cautelar solicitada ordenando a Cablevisión S.A.que a partir del mes de octubre de 2011 emita factura a la accionante respetando lo dispuesto en las resoluciones cuestionadas y se abstenga de cobrar toda suma mayor a $ 109, medida apelada y traída a conocimiento en la presente instancia.
III.- A fin de analizar la viabilidad de la medida solicitada me permito recordar que en relación al fundamento jurídico de las medidas cautelares, la misma reposa en la garantía de la defensa en juicio y en la necesidad de asegurar la igualdad de las partes en el proceso, impidiendo toda lesión del bien o del derecho litigioso con el fin de que la sentencia a pronunciarse no sea inocua o extemporánea.- Así y con respecto a la fundabilidad de la pretensión que constituye el objeto del proceso cautelar, no puede depender de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico, encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido en dicho proceso.- De allí que a los fines de obtener la verosimilitud del derecho invocado, llamado “fumus bonis iuris”, la ley no exige a los fines de dicha comprobación una prueba plena y concluyente, sino un mero acreditamiento (PALAC IO, “Derecho Procesal Civil”, T. VII – Abeledo-Perrot, Ed. 1985, pág. 32); en el mismo sentido el art. 230, inc. 1° del CPCN., que prevé este recaudo, no exige una probanza concluyente que sólo puede lograrse en forma plena en la etapa del proceso pertinente, pero sí requiere que “el peticionante acredite su derecho aún superficialmente.” (in re: ” Libertad c/D.G.I.”, Prot. 24-B- F° 31/35 Sec.II).-
IV.- Conforme los agravios reseñados, la cuestión a resolver se circunscribe en determinar si resulta procedente o no la medida cautelar peticionada por la accionante y concedida por el Juez de grado.
Al respecto, cabe mencionar que el Inferior al momento de otorgar la cautelar, tuvo en cuenta las previsiones de las Resoluciones n° 50/2010, n° 36/2011 y n° 65/2011 de la Secretaría de Comercio Interior. La Resolución n° 50/2010 en el art. 2 establece el procedimiento para determinar el monto del abono que pagará mensualmente el usuario del servicio de televisión paga. La resolución n° 36/2011 por su parte, establece textualmente: “Art. 1°: establécese que los servicios que la empresa de televisión paga CABLEVISION S.A. preste a los usuarios, durante los meses de enero a abril de 2011, inclusive, deberán Poder Judicial de la Nación AUTOS: “BUSSANO, Ana María y otro c/ CABLEVIS IÓN S.A. – Amparo” sujetarse a los siguientes parámetros: i) Abono básico mensual: el precio se fija en la suma de PESOS CIENTO NUEVE ($ 109,00) mensuales; ii) otros servicios prestados actualmente por la empresa: el precio deberá mantenerse sin variaciones a la fecha de publicación de la presente; iii) los beneficios promocionales, bonificaciones existentes y/o descuentos : deberán también mantenerse los concedidos a la fecha de publicación de la presente”; la Resolución n° 65/2011 en su art. 1° prorroga durante los meses de mayo y junio de 2011 la Resolución No 36 de fecha 9 de marzo de 2011, de la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.
De lo señalado se desprende que el requisito de verosimilitud del derecho invocado (fumus bonis iuris) previsto en el artículo 230 del C.P.C.N., entendido éste como la posibilidad que ese derecho exista, se encuentra configurado en el caso de autos por aplicación de lo dispuesto en las normativas transcriptas precedentemente.Así, el ordenamiento que rige la materia en discusión en una primera apreciación dispone la obligación de los servicios de televisión paga y en especial de la empresa Cablevisión S.A. de respetar las pautas ordenadas y el monto fijado como abono básico mensual, sin que corresponda analizar en esta instancia los demás aspectos planteados en la causa por tratarse una medida cautelar, que requiere solamente de un conocimiento superfluo de las cuestiones discutidas en la especie.
Por todo lo dicho, es necesario destacar que la apreciación de las medidas precautorias dirigidas en contra de los actos administrativos de autoridad pública competente, deben ser evaluadas con criterio restrictivo conforme lo establecido por el art. 12 de la Ley 19.549 que presume la legitimidad del acto administrativo y ello autoriza su ejecutoriedad, siempre que no se adviertan los supuestos previstos en esa norma para disponer su suspensión en la ejecución de los efectos. En consecuencia, aplicando dicha normativa legal al presente caso, lo establecido en las Resoluciones n° 50/2010, n° 36/2011 y n° 65/2011 dictadas por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía de la Nación demuestran la existencia de un derecho aparente para fundamentar la medida cautelar dispuesta en primera instancia, por lo que al recurso de apelación interpuesto por la demandada debe ser rechazado.
V.- Por otro lado, respecto al peligro en la demora, recordemos que el mismo se entiende como el temor fundado en la configuración de un daño a un derecho cuya protección se persigue y que, de no hacerlo en forma inmediata, se corre el riesgo de que en el supuesto de recaer sentencia definitiva favorable, ésta permanezca incumplida.Se trata de la probabilidad de que la tutela definitiva que la actora peticiona pueda verse frustrada en los hechos, porque a raíz del transcurso del tiempo, los efectos del fallo final resulten inoperantes.
Cabe aquí destacar que con la presente medida cautelar se impide que se siga cobrando a la accionante un importe alejado de lo establecido en la normativa que rige la materia, con el perjuicio económico que pueda significar a la amparista y sobre todo el probable corte del servicio en caso de no abonar el importe facturado.
VI.- Asimismo, corresponde señalar que en el cumplimiento de la medida cautelar dispuesta, el importe del abono básico mensual no podrá exceder de $ 109 y en relación a los demás servicios prestados que dá cuenta la factura agregada a fs. 7, se deberá dar estricto cumplimiento a la Resoluciones n° 50/10, n° 36/11 y n° 65/11 mencionadas precedentemente, de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.
VII.- A mayor abundamiento y a los fines de esclarecer los dichos del apelante respecto del antecedente citado, acerca de la existencia de un fallo dictado con fecha 4 de abril de 2011 por el señor Juez a cargo del Juzgado Federal n° 1 de Córdoba en los autos caratulados:
“Cablevisión S.A. c/ Estado Nacional (Sec. de Comercio Interior – M. Economía y Finanzas) s/ medida cautelar” que dispuso hacer lugar a la medida cautelar solicitada por Cablevisión y suspendió la aplicación de las Resoluciones 50/2010 y 36/2011 dictadas por la Secretaría de Comercio Interior ordenando se abstenga de ejecutar y hacer cumplir las citadas resoluciones, debemos señalar que dicha medida fue apelada por la demandada, Estado Nacional, resolviendo la Sala “A” de esta Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, mediante Sentencia n° 296 de fecha veintidós de julio de dos mil once (Prot. 585, F° 131/132 – Sala A Secr.I), declarar la incompetencia territorial de la Justicia Federal de Córdoba para entender en la presente causa, debiendo el juzgado de origen en su oportunidad remitir estas actuaciones al tribunal competente de conformidad a las previsiones de los arts. 4 , 196 y conc. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por lo que no puede aceptarse la Poder Judicial de la Nación AUTOS: “BUSSANO, Ana María y otro c/ CABLEVIS IÓN S.A. – Amparo” mención de dicho antecedente como argumento suficiente para negar la existencia de verosimilitud de derecho en el dictado de la medida cautelar que se trata en la presente resolución.
VIII.- Las consideraciones desarrolladas precedentemente, que de ninguna manera significan adelantar criterio sobre el fondo de la cuestión sino un análisis periférico propio de este estadio procesal, me llevan a concluir que corresponde confirmar el proveído apelado en todo lo que decide y ha constituido materia de agravios. Las costas de la Alzada se imponen por su orden de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68, segunda parte del C.P.C.N., atento no haberse respondido agravios.
I. Confirmar el proveído de fecha 16 de septiembre de 2011 dictado por el señor Juez Subrogante del Juzgado Federal n° 3, en todo lo que decide y ha constituido materia de agravios en relación a la medida cautelar dispuesta a favor de la accionante, sobre el abono básico mensual del servicio de televisión paga que presta Cablevisión S.A., el que no podrá exceder de pesos . ($ .), debiendo dar estricto cumplimiento a lo previsto en las Resoluciones n° 50/2010, n° 36/2011 y n° 65/2011 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación respecto a los demás servicios que presta la demandada y que constan en la factura respectiva.
II. Imponer las costas de la Alzada por su orden (conforme artículo 68, segunda parte del C.P.C.N.).
III. Protocolícese, hágase saber y bajen.
Tag: INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO, MEDIDAS CAUTELARES, TELEVISIÓN POR CABLE
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cecilia	 23 febrero 2012 en 12:47 PM
esto significa q cablevision debe cobrar $109 como abono basico a todos su clientes o solo a la parte que inicio la demanda?
microjurisar	 23 febrero 2012 en 2:49 PM
En principio solo se aplica para la actora, pero esta sentando un importante precedente.

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 Resolución 
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 artículo 230
 artículo 68
 artículo 68