Source: https://es.scribd.com/document/174167262/AGUA-Y-LIBRE-COMERCIO-4-pdf
Timestamp: 2018-03-22 14:10:20+00:00

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Instancias Internacionales Competentes y Procedimientos para la instalación de demandas de protección de derechos económicos, sociales y culturales
PRESENTACIÓN p.3 ¿CUALES SON LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE RECONOCEN DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Y CUALES SON SUS CONTENIDOS NORMATIVOS? p.5 ¿CÓMO SE RECONOCE EL DERECHO AL AGUA DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES? p.9 ¿CUÁLES SON LAS INSTANCIAS INTERNACIONALES COMPETENTES PARA PROTEGER ESTOS DERECHOS? ¿CUÁLES SON LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE DEMANDAS O DENUNCIAS EN CASO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES? p.13 AVANCES DE LA JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL EN LA PERSPECTIVA DE RECONOCER EL DERECHO HUMANO AL AGUA DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES p.21 GLOSARIO DE TERMINOS Y SIGLAS p.24
El Derecho Humano al Agua  
El Proyecto Visión Social del Agua ejecutado por la institución AGUA SUSTENTABLE con el apoyo de International Development Research Centre (IDRC) ha elaborado varias guías a través de las cuales ha reseñado los resultados de las investigaciones realizadas en el marco del proyecto en países andinos, entre el año 2004 y 2007. El objetivo de estas investigaciones fue determinar el tratamiento que los acuerdos y tratados de libre comercio hacen del agua; analizar la gestión de los servicios de agua potable y su incidencia en la superación de la pobreza; y, finalmente, evaluar los regímenes de derechos de agua que operan en los países de la región para determinar de que manera éstos afectan el derecho de usuarios tradicionales, particularmente, de comunidades indígenas y campesinas en el macizo andino. Los resultados de las investigaciones permitieron diseñar una serie de documentos didácticos, dirigidos principalmente a autoridades públicas nacionales e internacionales con facultades para tomar decisiones sobre el tema, operadores públicos, académicos, asesores y representantes o líderes de la sociedad civil. Para la elaboración de esta Guía, sin embargo, se ha hecho un esfuerzo adicional destinado a incorporar al debate el enfoque de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y sus mecanismos de protección, ciertos de que ello constituye una herramienta eficaz de derecho internacional que permite otorgar amparo al derecho al agua como derecho humano. Esta guía ha sido elaborada por Nancy Yáñez y se sustenta en la información sistematizada por la autora para este efecto. La presente Guía denominada “Instancias Internacionales Competentes y Procedimientos para la instalación de demandas de protección de derechos económicos, sociales y culturales”, tiene como objetivo central abrir debate sobre los siguientes temas: i) reconocimiento del derecho al agua en los instrumentos de derecho internacional que reconocen los derechos Económicos, Sociales y Culturales; ii) Dar a conocer las instancias competentes a nivel internacional para proteger estos derechos y los procedimientos para materializar estas reclamaciones; iii) evaluar la eficacia y alcance de la jurisprudencia internacional en la perspectiva de proteger el derecho humano al agua. Lo que observamos a través de este análisis es un avance en el reconocimiento y la justiciabilidad de los DESC en el ámbito internacional, que se refleja en la protección del derecho al agua como base para la existencia de una vida digna para todos los seres humanos y que involucra el derecho al agua para consumo y el agua destinada a generar los necesarios medios de sustento de la población a través de la producción. El reconocimiento del derecho al agua ha obtenido un creciente amparo legal en la arena internacional cuando ello involucra derechos indígenas y existe consenso de que su protección asegura la sustentabilidad de los ecosistemas indígenas de los cuales dependen sus modelos productivos y que a la postre permiten la sobrevivencia de estos pueblos como unidades políticas organizadas en la prosecución de un proyecto común que involucra a todos sus miembros. Nuestra aspiración es que la presente guía sea una herramienta útil para ejercer aquellos mecanismos de derecho internacional que a través de la protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales permiten garantizar el derecho al agua en condiciones de equidad social y dignidad para todos los ciudadanos.
SON LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE RECONOCEN DERECHOS 2 ¿CUALES ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES? Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) se refieren a un estatuto de derechos que permiten asegurar a todos los seres humanos una existencia digna. El derecho a una alimentación adecuada, derecho a una vivienda adecuada y digna, derecho a la salud, derecho a la educación y el derecho al trabajo conforman, entre otros, el catálogo de derechos. Su reconocimiento en el derecho internacional consta en diversos instrumentos, tratados, convenciones y declaraciones, y su desarrollo normativo es paralelo al desarrollo de los Derechos Civiles y Políticos. De hecho, ambas categorías de Derechos Humanos han sido reconocidas en los principales instrumentos de derechos humanos, los que no hacen ninguna diferencia respecto al status de uno y otro estatuto de derechos, por lo que tienen el mismo rango jurídico y debieran gozar de la protección internacional en igualdad de condiciones. En el desarrollo de los derechos humanos en el ámbito internacional la tendencia, sin embargo, ha sido priorizar los derechos civiles y políticos por sobre los derechos económicos, sociales y culturales. El reconocimiento y ejercicio de estos derechos ha sido postergado habiéndose argumentado que la imprecisión de sus contenidos normativos, su naturaleza programática y la problemática de su justiciabilidad impiden atribuirle el status de derechos. La evidencia empírica demuestra, no obstante, que todos los derechos humanos se encuentran interrelacionados y que el pleno goce de los derechos civiles y políticos exige la satisfacción de condiciones mínimas de vida digna. Desde este mismo punto de vista, violaciones a Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en general, importan violación a derechos civiles y políticos y se traducen en negaciones reiteradas de estos derechos. Así, por poner un solo ejemplo, el derecho a la vida está íntimamente relacionado con el derecho a una alimentación adecuada y, por tanto, a la responsabilidad del Estado de impulsar acciones encaminadas a controlar la desnutrición.
INDIVISIBILIDAD DE LOS DERECHOS CIVILES Y LOS DESC Los Juristas J. Oloka – Onyango (Uganda) y Deepika Udagama (miembro sustituto de Sri Lanka), por encargo de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, elaboraron un informe (E/ CN.4/Sub.2/2000/13.) sobre el tema de la mundialización y sus consecuencias para el pleno disfrute de los derechos humanos; en el que subrayan la indivisibilidad, interdependencia e interrelación universalmente reconocida de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que emanan de la Carta Internacional de Derechos Humanos.
Los índices de desarrollo mundial evidencian profundas inequidades sociales, económicas y culturales en todo el orbe, lo que ha acrecentado los esfuerzos por fortalecer la implementación de los DESC, mediante el desarrollo de los contenidos normativos de tales derechos y, especialmente, mediante la especificación de la
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Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) “En 2005 por primera vez el valor de las exportaciones mundiales de bienes llegó a los 10 billones de dólares. No todos, empero, se han beneficiado de este avance. Está aumentando la desigualdad, tanto en el plano mundial como nacional. En muchos países en desarrollo, en que la economía ha crecido sostenidamente, han aumentado las disparidades de ingresos. En Sudáfrica, por ejemplo, que ha gozado de una tasa media de crecimiento del 3,9% en los últimos tres años, el 10% más pobre de la población representa el 1,4% del ingreso nacional, en tanto que el 10% más rico representa el 44%. Aunque el crecimiento económico es un importante motor del desarrollo, las tasas elevadas de crecimiento del producto interno bruto (PIB), los excedentes presupuestarios y las reservas de divisas tienen valor limitado si no están acompañadas de una distribución más equitativa de los recursos, un mejor acceso a la educación y la atención de la salud, y políticas racionales sobre medio ambiente.“ http://www.undp.org/spanish/publicaciones/informeanual2006/desarrollo-humano. shtml
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”.
Instrumentos Internacionales que reconocen Derechos Económicos, Sociales y Culturales Carta de Nacionales Unidas (1945) Constitución de UNESCO (1949) Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960) Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra la Mujer (1981) Convención Sobre los Derechos del Niño (1989) En el ámbito Regional Americano Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (1988)
Los principales instrumentos internacionales que reconocen estos Derechos son: En el sistema de Naciones Unidas, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); y, en el Sistema Interamericano, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
El PIDESC y el Protocolo de San Salvador, reconoce los siguientes Derechos 1. Derecho al trabajo y a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de tra- 
bajo. Derechos Sindicales y Derecho a la Seguridad Social 2. Derecho a la Salud, en su máximo estándar de bienestar físico, mental y social: Derecho a un medio ambiente sano, incluido el derecho a vivir en él y a contar con servicios públicos básicos. 3. Derecho a un nivel de vida adecuado, lo que implica el derecho a la alimentación, vestido y vivienda adecuados. Acceder a la alimentación supone el derecho a nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar al más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual 4. Derechos a la educación orientada hacia el pleno desarrollo y la dignidad de la personas. 5. Derechos a los Beneficios de la Cultura y a participar de la vida cultural, artística, científica y técnica de la comunidad política en que se encuentra inserto. Derecho a la constitución y protección de la Familia, otorgando amparo al grupo familiar y a quienes lo conforman, en especial a aquellos que presentan condiciones de vulnerabilidad como son los niños, adolescentes y ancianos. El desarrollo normativo de los DESC ha sido impulsado desde los mismos órganos internacionales a cargo de su implementación, siendo relevante el aporte de Relatores Especiales de las Naciones Unidas, el Grupo de Expertos encargados de la implementación del PIDESC, las
observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
PROCESO DE RATIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PACTOS DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, fue adoptado el 16 de diciembre de 1966, entró en vigor el 3 de enero de 1975 (después de su ratificación por 35 Estados). Hoy día, 141 Estados se han adherido a este Pacto. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fue adoptado el 16 de diciembre de 1966, entró en vigor el 23 de marzo de 1976 (después de su ratificación por 35 Estados). Actualmente, 144 Estados han adherido a este Pacto. El Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Social o Culturales, Protocolo de San Salvador, fue adoptado el 17 de noviembre de 1988, entró en vigor el 16 de noviembre de 1999 (después de su ratificación por 11Estados). Actualmente han adherido a este Protocolo Adicional 19 Estados latinoamericanos.
SE RECONOCE EL DERECHO AL AGUA DESDE UN ENFOQUE DE 3 ¿COMO DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES? La Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 1999, se ha pronunciado a favor de reconocer que el derecho al agua está en la base del derecho al desarrollo. De esta forma, las Naciones Unidas han posicionado en el debate que el derecho al agua es un derecho económico, social y cultural que debe ser garantizado al amparo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PDESC) de 1966. Siguiendo esta lógica, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo dedicó su informe anual correspondiente al año 2006 a enfrentar la problemática del agua, habida consideración según se consigna en el informe de que las bases para el desarrollo humano son el agua para la vida en el hogar y el agua destinada a los medios de sustento a través de la producción. El informe rechaza aquellas posturas que sostienen que la crisis mundial del agua tienen su origen en la escasez física del elemento y, por el contrario, sostiene que “ las causas de la crisis del agua radican en la pobreza, la desigualdad y las relaciones desiguales de poder, así como en las políticas erradas de gestión del agua que agravan la escasez.” (IDH/PNUD 2006) El Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que instaura el pacto, en el año 2002, estableció expresamente la relación entre derechos humanos y agua, y otorgó reconocimiento expreso al derecho al agua, adoptando una Observación General sindicada con el N° 15, la que se sustenta en lo dispuesto por los artículos 11 y 12 del PDESC.
Informe de Desarrollo Humano 2006 (PNUD) “Más Allá de la Escasez: Poder, Pobreza y la Crisis Mundial del Agua” “El acceso al agua para la vida es una necesidad humana básica al mismo tiempo que un derecho humano fundamental. Sin embargo, en nuestro mundo de prosperidad creciente, más de mil millones de personas se ven privadas del derecho a un agua limpia y 2.600 millones no tienen acceso a un saneamiento adecuado. Estas impresionantes cifras reflejan tan sólo una de las dimensiones del problema. Cada año mueren cerca de 1,8 millones de niños como consecuencia directa de la diarrea y otras enfermedades causadas por el agua sucia y por un saneamiento insuficiente. A comienzos del siglo XXI, el agua sucia es la segunda causa de muertes infantiles en el mundo. Diariamente, millones de mujeres y niñas recogen agua para sus familias, un ritual que refuerza las desigualdades de género en los ámbitos del empleo y la educación. Mientras tanto la mala salud asociada a los déficit de agua y saneamiento afecta a la productividad y el crecimiento económico, reforzando las desigualdades características de los actuales modelos de globalización y confinando en ciclos de pobreza a los hogares más pobres.” http://pnud.sc17.info/imdh2006/ idhcompleto.pdf
La Observación General N° 15 del PDESC, estableció como fundamento jurídico del derecho humano al agua, el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. La observación, además, vincula el ejercicio del derecho al agua, a la obligación establecida en el párrafo 2 del artículo 1
del PIDESC, que dispone que no podrá privarse a un pueblo “de sus propios medios de subsistencia”, imponiendo a los Estados Partes el deber de garantizar un acceso suficiente al agua para la agricultura de subsistencia y para asegurar la subsistencia de los Pueblos Indígenas.
cho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Artículo 11 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean
Las Normas Legales que desde la perspectiva de los DESC sustentan el Derecho Humano al Agua PIDESC Artículo 1, numeral 2 Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del dere-
tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan. Artículo 12 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Protocolo de San Salvador Artículo 11 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.
El mínimo volumen de agua para cubrir las necesidades humanas básicas. IDH/PNUD 2006 “La necesidades domésticas de agua representan una fracción mínima del consumo de agua, normalmente menos del 5% del total, peor la desigualdad de los hogares para acceder a agua limpia y a servicios de saneamiento es enorme. En las áreas de ingresos altos de ciudades de Asia, América Latina y el África subsahariana, las empresas de servicio público suministran varios cientos de litros de agua al día a cada hogar a un precio reducido. Al mismo tiempo, los habitantes de los barrios pobres y los hogares pobres de las áreas rurales de los mismos países tienen acceso a mucho menos de 20 litros diarios de agua por persona necesarios para cubrir las necesidades humanas básicas. Las mujeres y las niñas sufren la doble carga de la desventaja, ya que son las que tienen que sacrificar su tiempo y su educación para ir en busca del agua.” http://pnud.sc17.info/imdh2006/ idhcompleto.pdf
SON LAS INSTANCIAS INTERNACIONALES COMPETENTES PARA PRO4 ¿CUÁLES TEGER ESTOS DERECHOS ? ¿CUÁLES SON LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE DEMANDAS O DENUNCIAS EN CASO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS (SIDH)? PIDESC – Sistema de Naciones Unidas Informes y Recomendaciones Generales. Los Informes de los Estados Partes sobre las medidas adoptadas y los progresos realizados para asegurar el respeto de los DESC deben ser dirigidos al Secretario General de Naciones Unidas, quién transmitirá copia al Consejo Económico y Social para que las examine y, asimismo, a los órganos especializados del Sistema. (artículo 16). El Consejo Económico y Social podrá transmitir a la Comisión de Derechos Humanos, hoy Comité de Derechos Humanos, para su estudio y recomendación de carácter general, o para información, los informes sobre derechos humanos que presenten los Estados y, de igual manera, los informes relativos a los derechos humanos que presenten los organismos especializados (artículo 19) Los Estados partes y los órganos especializados interesados, a su turno podrán formular observaciones a las recomendaciones generales que emanen del Comité de Derechos Humanos (artículo 20). Finalmente el Consejo Económico Social podrá presentar a la Asamblea General informes que contenga recomendaciones generales para lograr el respeto de los DESC (artículo 21) También el Pacto de Derechos Civiles y Políticos contempla mecanismos de protección de derechos humanos los que son resguardados a través del Comité de Derechos Humanos, hoy Consejo de Derechos Humanos (2006), a través de informes y recomendaciones. Este organismo por aplicación de las normativas de derechos civiles y políticos ha resguardado la protección de DESC reconociendo la interrelación entre ambos estatutos de derechos. Denuncias en el marco de la Resolución 1503 De acuerdo con la resolución 1503 (XLVIII) del 27 de mayo de 1970 del Consejo Económico y Social, un grupo de trabajo de la Sub-Comisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, llamado Grupo de Trabajo de Comunicaciones, tiene la facultad de examinar comunicaciones (quejas) enviadas por individuo y grupos que alegan la existencia de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. El Grupo selecciona para la Subcomisión las comunicaciones en que parece haber pruebas fehacientes de un cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos y las libertades fundamentales. A continuación, la Subcomisión examina las comunicaciones que le ha presentado el Grupo de Trabajo y decide si ha de remitir dichas comunicaciones porque parecen revelar situaciones de violaciones de los derechos humanos a la Comisión de Derechos Humanos, a través de su Grupo de Trabajo sobre Situaciones. Posteriormente, corresponde a la Comisión la adopción de medidas para cada caso particular. Todas las medidas adoptadas con arreglo al procedimiento de la Resolución 1503 son confidenciales hasta que la Comisión informa al respecto al Consejo EconómiEl Derecho Humano al Agua
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el marco de su 89º Período de Sesiones, dio a conocer el 29 de marzo del año 2007 sus observaciones y recomendaciones al Quinto Informe Periódico presentado por el Estado de Chile sobre cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En primer lugar, el Comité destaca que dicho informe fue presentado al organismo con cuatro años de tardanza. Si bien el Comité valora importantes reformas institucionales implementadas desde la presentación del anterior informe (1999), pone en evidencia una serie de incumplimientos al Pacto por parte del Estado chileno, otorgándole un año de plazo para responder a aspectos relativos a la situaciones de los pueblos indígenas que involucran el respeto de sus derechos territoriales y las amenazas de megaproyectos extractivos de recursos naturales en sus territorios ancestrales. “Aunque observa la intención expresada por el Estado parte, de dar un reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, el Comité manifiesta su preocupación ante las varias y concordantes informaciones recibidas en el sentido de que algunas de las reivindicaciones de los pueblos indígenas, principalmente del pueblo Mapuche, no han sido atendidas y ante la lentitud de la demarcación de las tierras indígenas, lo que ha provocado tensiones sociales. El Comité lamenta la información de que las “tierras antiguas” continúan en peligro debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía. (Artículos 1 y 27 PDCP)”
Protocolo de San Salvador – Sistema Interamericano Informes y Recomendaciones Generales. Los Estados parte deben presentar informes periódicos al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), quién lo transmitirá al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura para su examen, quienes formularan recomendaciones y la transmitirán en su informe anual a la Asamblea General . El Secretario General enviará copia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los órganos especializados del Sistema Interamericano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y recomendaciones que estime pertinente sobre la situación de los DESC en todos o en algún Estado parte en particular (artículo 19) Sistema de Peticiones Individuales Protocolo de San Salvador En caso que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8, y en el artículo 13 fuese violadas por una acción imputable directamente a un Estado Parte del Pacto de Salvador, es decir el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y afiliarse libremente para la promoción de sus intereses y el derecho a la educación, se podría dar lugar a la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 52 y 61 a 69 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se analiza a continuación, mediante la intervención de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y, cuando proceda, de la Corte Interamericana en Derechos Humanos (artículo 19, N° 6). La Corte Interamericana ha extendido el ámbito de aplicación del sistema interamericano de protección de derechos humanos, en particular el sistema de peticiones individuales, a los DESC en base al artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Mecanismos de Protección de Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) Los instrumento jurídicos que sustentan el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos son: a) Carta de la Organización de Estado Americanos de 1948; b) La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre DE 1948; c) Convención Americana de Derechos Humanos de 1969
LA CARTA DE LA OEA Y LA DECLARACION DE DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE La Carta de la Organización de Estados Americanos, adoptada en el año 1948 y reformada: por el Protocolo de Buenos Aires suscrito el 27 de Febrero de 1967, por el Protocolo de Cartagena de Indias adoptado el 5 de diciembre de 1985, por el Protocolo de Washington, aprobado el 14 de Diciembre de 1992 y por el Protocolo de Managua adoptado el 10 de Junio de 1993. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre adoptada en la IX Conferencia de la OEA por medio de su resolución XXX (OEA/Ser L/V/1.4. Rev.9) ; Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 fue adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre del año 1969. La Convención Americana entró en vigor el 18 de julio del año 1978 y la fecha ha sido ratificada por 25 Estados.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos estableció un estatuto de derechos humanos, obligaciones y deberes específicos para los Estados partes y creó dos órganos de supervisión de derechos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos La Convención señala que es deber del Estado respetar y garantizar los derechos y libertades estatuidos y de los cuales son titulares toda persona sujeta a su jurisdicción (artículo 1.1), aclarando que persona es todo ser humano (artículo 1.2)
Sistema interamericano de Derechos humanos (SIDH) son: Respetar y garantizar los derechos humanos. La obligación de respeto impone el deber del Estado y sus agentes de no violar derechos humanos, en tanto que la de garantizar impone al Estado la Obligación de adoptar medidas para asegurar que las personas ejerzan y gocen de los derechos que les asisten. Adoptar medidas para hacer exigibles los derechos reconocidos en la Convención. El “Estado Parte” está obligado a adoptar medidas - legislativas o a nivel de políticas públicas - destinadas a hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención en el evento que los mismos no hubieran sido garantizados en el ámbito interno (artículo 2) Cooperar con los órganos de Supervisión internacional. Esta obligación emana de la condición de parte que ostenta el Estado respecto de la Convención y emana del principio que los tratados deben cumplirse de buena fe (artículo 41.d) El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos está concebido principalmente para la protección de derechos civiles y políticos establecidos en los artículo 3 a 25 de la convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, la protección se ha hecho extensiva a los DESC por aplicación del artículo 26 de la Convención que reconoce expresamen-
te los derechos derivados de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires de 1985; y, por lo dispuesto expresamente en el Protocolo de San Salvador de 1988 (articulo 19 N° 6). La aplicación del SIDH para la protección de DESC quedó establecida por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Carlos Torres Benvenuto y Otros vs. Perú, conocido como“5 pensionistas vs Perú” refiriéndose por primera vez al artículo 26. En esta jurisprudencia estableció que el Estado de Perú violó al desarrollo progresivo de los derechos económicos sociales y culturales, consagrados en los artículos 8, 21, 25 y 26 de la Convención Americana sobre derechos Humanos y reconoció que los DESC tienen una dimensión individual y colectiva que garantiza la exigibilidad de estos derechos frente al estado en condiciones de equidad social que resguarden el interés de toda la población. Procedimiento de reclamación ante el SIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Para poner en marcha el sistema de protección de derechos ante la Comisión se puede accionar mediante una denuncia o una petición individual (artículo 44) la que puede ser interpuesta por cualquier persona no siendo requisito que actúe la víc-
tima. Se trata de una acción popular que no requiere del consentimiento de la víctima . En todo caso es necesario que haya víctima identificable cuyos derechos han sido vulnerados y a favor de quién se recurre y, además, cuando la acción la ejerce una organización no gubernamental (ONG) es necesario que esta entidad esté reconocida en cualquiera de los Estados miembro de la OEA. Este sistema permite también la interposición de demandas colectivas, siempre que las víctimas puedan ser susceptibles de individualización. Permite, además, que la CIDH reciba comunicaciones de un Estado contra otro sobre violaciones de los derechos estatuidos en la Convención (artículo 45), Caso Interestatal 01/06 Nicaragua Vs Costa Rica, Informe 11/07 Ser/L/V/II. 1 27; o bien que actué de propia iniciativa lo que opera en casos de violaciones sistemáticas de derechos humanos cuando está en riesgo la seguridad de las víctimas lo que les impide accionar directamente. Las acciones se dirigen contra los “Estados Partes” de la Convención. La Comisión tiene facultad para conocer denuncias contra Estado miembros de la OEA que no han suscrito la Convención actuando en base a la Declaración de Derechos Humanos adoptada por el organismo. Para que sea admisible la denuncia se requiere: Agotar los recursos internos, salvo que no existan garantías de debido proceso en la legislación interna; casos de denegación
de justicia; o, retardo injustificado en la decisión sobre los recursos internos. Recurrir dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha de la decisión definitiva, es decir aquella que signifca el agotamiento de los recursos internos. No obstante, en aquellos casos excepcionales donde no es necesario agotar la vía interna o ello no es posible se exige un plazo prudencial lo que será evaluado por la Comisión considerando la fecha en que courrió la violación de derechos humanos y las circunstancias particulares del caso. Evitar la duplicidad de procedimientos en otras instancias internacionales, pues la Comisión se inhibe de conocer asuntos pendientes en otros organismos internacionales, salvo que la actuación de otras instancias se limite a un análisis general de la situación de Derechos Humanos del Estado respectivo y no sobre el caso en particular o bien cuando el recurrente es un tercero – persona natural u ONG - que actuó sin la anuencia o autorización de la víctima o sus familiares. Presentada la denuncia, la Comisión notifica su recepción a las partes y confiere traslado al Estado, quién tiene un plazo de dos meses para pronunciarse sobre la misma, pudiendo ampliarse el plazo en un mes. Con posterioridad, la Comisión se pronuncia expresamente sobre la admisibilidad del caso, para cuyo efecto ha instaurado el grupo de trabajo sobre admisibilidad que formula recomendaciones al plenario de la Comisión para la decisión de admisibilidad. Sólo después de declarada la admisibilidad la denuncia
será registrada como un caso y comienza el examen de fondo. En caso de extrema gravedad, la Comisión puede adoptar medidas cautelares que se traducen en recomendaciones específicas a los Estados, destinadas a evitar daños irreparables a las personas, estas medidas pueden ser solicitadas en cualquier estado del proceso. La Comisión, además, en estos casos puede solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que adopte medidas provisionales.
Antes de pronunciarse sobre el fondo de la controversia, la Comisión puede promover una solución amistosa entre las partes (artículo 48.1.f) Examen de Fondo El examen de fondo conlleva una etapa probatoria, audiencia y, finalmente, decisión del asunto controvertido. Si la decisión establece que no hubo violación de derechos, prepara un informe que será notificado a las partes e incorporado en el informe anual del organismo. Si establece
que hubo violación de derechos, prepara un informe preliminar con proposiciones y recomendaciones, que será transmitido sólo al Estado para que en el plazo de tres meses se arribe a un arreglo amistoso o el Estado adopte las medidas recomendadas por la Comisión. Si las recomendaciones no prosperan, la Comisión elabora un informe definitivo con recomendaciones y, si corresponde, remite el caso a la Corte. Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos La Corte sólo puede conocer de aquellos casos que involucran a Estados que han ratificado la jurisdicción de este órgano. Los Estados tienen el plazo de un mes para pronunciarse sobre la remisión del caso a la Corte. La decisión de someter un caso a Corte es la regla general, lo que implica que la Comisión debe justificar los casos en que se niega a someter el caso ante la Corte, decisión que debe ser adoptada por un mayoría de los Comisionados, oyendo a la víctima. Solo los Estados y la Comisión pueden llevar un caso a la Corte, Los representantes de las victimas están autorizados para presentar sus argumentos y pruebas en la etapa de determinación de la reparación y coadyuvan a la actuación de la Comisión que en esta instancia representa el interés de las víctimas. Los casos ante la Corte terminan por sobreseimiento - en caso de desistimiento o allanamiento de las partes según corresponda - por solución amistosa o por sentencia.
Si el procedimiento termina por sentencia esta es definitiva e inapelable, exigiendo que se garanticen los derechos o libertades vulneradas, se reparen las consecuencias que emanan de dicha vulneración y se pague una justa indemnización por los daños sufridos. Dentro del plazo de noventa días a contar de su notificación, las partes pueden solicitar a la Corte una interpretación del fallo si; i)existe desacuerdo sobre su sentido o alcance; o ii) si el texto del fallo es ambiguo.
DE LA JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL EN LA PERSPECTIVA DE 5 AVANCES RECONOCER EL DERECHO HUMANO AL AGUA DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES La jurisprudencia internacional ha avanzado en el sentido de reconocer derechos a los recursos naturales, al agua y a servicios básicos desde una perspectiva de Derechos económicos, Sociales y Culturales. La mayoría de los casos involucran derechos indígenas, no obstante, se observa un caso en que se otorga reconocimiento a la ciudadanía para promover sus derechos de agua – acceso a agua potable y servicios de saneamiento básico – ante instancias internacionales donde éstos derechos han sido puestos en cuestión por las empresas prestadoras del servicio. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha tenido ocasión de pronunciarse respecto a situaciones en que se ha denunciado la violación del artículo 27 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y por esta vía ha protegido Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Pueblos Indígenas. Así por ejemplo, en el caso denominado “Ominayak y el Grupo del Lago Lubicón contra Canadá” se determinó en 1990 que “los derechos protegidos por el artículo 27 incluyen los derechos de las personas, en comunidad con otros, para comprometerse en actividades económicas y sociales que son parte de la cultura de la comunidad a la cual pertenecen”. El Comité reconoció que la subsistencia y actividades económicas tradicionales de los pueblos indígenas son parte integrante de su cultura, y que la interferencia con esas actividades, en ciertos casos, podía ser perjudicial para su integridad cultural y supervivencia. En el año 2005 la Corte Interamericana, caso Yakye Axa con Paraguay, estableció que los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida. El fallo concluye que los miembros de la Comunidad Yakye Axa viven en condiciones de miseria extrema como consecuencia de la falta de tierra y acceso a recursos naturales, y que a consecuencia de ello ven imposibilitado el acceso a una vivienda adecuada dotada de los servicios básicos mínimos, así como a agua limpia y servicios sanitarios (párrafo 164), lo que constituye una infracción por parte del Estado de Paraguay a la luz de los derechos garantizados por la convención. En la Sentencia pronunciada en el año 2006, en el caso de la Comunidad Sawhoyamaxa contra el Estado de Paraguay, la Corte Interamericana reconoce que la estrecha vinculación de los integrantes de los pueblos indígenas con sus tierras tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentren, así como los elementos incorporales que se desprendan de ellos, deben ser salvaguardados por el artículo 21 de la Convención Americana (Párrafo 137, fallo Corte Interamericana, Caso Yakye Axa vs Paraguay; Párrafo 149 Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni). La cultura de los miembros de las comunidades indígenas –sentencia la Corte-corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y
actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus tierras tradicionales y recursos naturales, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural (párrafo 135). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Comunidades Mapuche Paynemil y Kaxipayiñ vs Argentina, conoce acerca del incumplimiento por parte del Estado de Argentina de una sentencia judicial que ordenaba proveer agua potable a una población afectada por consumo de agua contaminada con plomo y mercurio y exigía determinar la existencia de daños y realizar los tratamientos médicos adecuados para su curación. El caso fue denunciado por la Defensora Oficial de Menores de la Provincia de Neuquén y se sustenta en la violación del derecho de todo niño a las medidas de protección que su condición de menor requiere, de los derechos a la salud, al medio ambiente sano, a la propiedad de la tierra, y a la provisión de recursos judiciales efectivos. La Defensora había interpuesto una acción de amparo a fin de garantizar la salud de los niños y jóvenes de la comunidad indígena mapuche Paynemil afectados por el consumo de agua contaminada con plomo y mercurio. El tribunal que intervino en el ámbito interno ordenó al gobierno provincial proveer agua de emergencia dentro de un plazo de 2 días; fijó en 45 días el plazo para la provisión permanente de agua por cualquier medio; y otorgó un plazo de 7 días para poner en marcha estudios que permitan determinar
la existencia de daños por contaminación de metales pesados en los habitantes y, en caso afirmativo, realizar los tratamientos necesarios para su curación; y tomar las previsiones necesarias para preservar el medio ambiente. Ante el cumplimiento parcial de lo ordenado, se denunció al Estado ante la CIDH. En el marco de una audiencia, se llegó a un acuerdo por el cual el Estado Argentino se comprometió a tratar a los niños afectados en el Hospital Gutiérrez de Buenos Aires. También, se acordó que la planta de tratamiento y potabilización de agua que se construía en el lugar, sería monitoreada en su funcionamiento por ambas comunidades mapuche. Por último, el Estado se comprometió a entregar la información que posee acerca de la explotación del yacimiento de Loma de la Lata, en especial de los sitios de los pozos abandonados, piletas de oxidación y tuberías. El Estado Argentino no cumplió con el acuerdo de solución. Si bien la CIDH efectuó una visita a Argentina en agosto de 2001 en la que se reunió con las partes y mantuvo dos reuniones de trabajo adicionales (octubre 2001 y agosto 2003), hasta el momento no hubo mayores avances y el Estado mantiene su postura de que el caso debe ser declarado inadmisible por la CIDH. La resolución del caso está pendiente. Concluimos con un caso de particular relevancia para la reclamación internacional del derecho al agua, donde se ha sentado como jurisprudencia que la teoría de los derechos humanos constituye un límite cierto a las normas comerciales internacionales y garantiza la participación
ciudadana para la promoción de sus intereses. El asunto se plantea ante el CIADI instancia en la que litigan las corporaciones internacionales extractivas de derechos naturales y que recoge como base normativa los Tratados de Libre Comercio y los Tratados Bilaterales de Inversión Varias organizaciones de usuarios, consumidores y de derechos humanos presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) una “Petición de Transparencia y Participación en calidad de Amicus Curiae”, en el marco de una demanda presentada por las empresas Aguas Argentinas, Suez y Vivendi (Aguas Argentinas S.A., Suez Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., Vivendi Universal S.A. c. República Argentina. Caso Nº ARB/03/19). Estas empresas reclaman al Estado argentino una indemnización por los daños causados a las inversiones a raíz del congelamiento de las tarifas de los servicios públicos luego de que Argentina abandonara la paridad cambiaria con el dólar en 2001. El CIADI permitió que las organizaciones puedan participar en carácter de “Amicus Curiae” (amigo de la Corte), con el fin de proporcionar sus perspectivas, argumentos, o conocimientos especializados sobre la controversia. El tribunal arbitral internacional destacó que este caso en particular reviste “especial interés público” debido a que la disputa relativa a inversiones gira en torno a los sistemas de distribución de agua y alcantarillado de una extensa zona metropolitana: la ciudad de Buenos Aires y los municipios que la rodean. Según los jueces, esos sistemas proporcionan servicios
públicos básicos a millones de personas y, en consecuencia, podrían plantear una amplia gama de cuestiones complejas en materia de derecho público e internacional, incluidas consideraciones relativas a derechos humanos. Esta decisión resulta un precedente fundamental en tanto es la primera vez que un tribunal arbitral que funciona bajo las reglas del CIADI decide aceptar la participación de organizaciones de la sociedad civil en calidad de Amicus Curiae aún cuando las partes lo hayan objetado (en este caso, las empresas). Posteriormente, el 17 de marzo de 2006, en el caso Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. y otros c .República Argentina (Caso CIADI ARB/03/17), el mismo tribunal ratificó el criterio expuesto en el caso Aguas Argentinas y otros para aceptar presentaciones de terceras personas en calidad de Amicus Curiae. http://www.escr-net.org/caselaw/caselaw. htm?attribLang_id=13441
6 GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS
CIDH - Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIADI - Centro Internacional de arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIAMA - Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente de Dublín de 1992. DESC - Derechos Económicos, Sociales y Culturales OEA - Organización de Estados Americanos ONG - Organización no Gubernamental PNUD - Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PDESC - Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales PDCP - Pacto de Derechos Civiles y Políticos SIDH - Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Referencias Bibliograficas Medina, Cecilia & Claudio Nash (2007). Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Introducción a sus Mecanismos de Protección. Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile Mackay, Fergus (1999). Los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Sistema Internacional. Federación Internacional de Derechos Humanos, Lima, Perú. Red Internacional para los Derechos económicos, Sociales y Culturales. Base de Datos de Jurisprudencia de la Red – DESC. Disponible en: http://www.escr-net.org/caselaw/caselaw. htm?attribLang_id=13441
Serie: Agua y Libre Comercio - Guía nº 4: EL DERECHO HUMANO AL AGUA, UNA PERSPECTIVA DESDE LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Elaboración y edición: Agua Sustentable (www.aguasustentable.org) Tapa y contratapa: Pedro Guereca - Visual design: Pedro Guereca (www.taller64.com)
CampodonicoDeBeviacquaAnaV.EstadoNacional
02 MP Gallardo 18-02-02
FAO-Observancia Gral 12
95141 (Tesis).pdf
La Seguridad Social y El Sistema de Riesgos Dr. Ana
26 ferrer macgregor.doc
vargas_24_11_10
Abramovich Situacion DDHH
7 Pasos Para Litigar en El Sistema Interamericano de Derechos Humanos
La Proteccion de Los Desc y El Si 0

References: artículo 1
 Artículo 11
 Artículo 1
 Artículo 12
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