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Timestamp: 2019-01-16 12:19:33+00:00

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Contaminación en los espacios urbanos
LA CONTAMINACIÓN EN LOS ESPACIOS URBANOS
La contaminación y su problemática.
Cuando la cantidad de sustancias que se emiten al medio sobrepasa la capacidad de reciclaje de la naturaleza aparece la contaminación. Podemos considerar, en un sentido amplio, que la contaminación ambiental es toda actividad, tanto energética corno material, que tenga efectos perjudiciales sobre o equilibrio de un ecosistema, en términos de una disminución de la biodiversidad y que no responde a un ciclo propio del ecosistema.
Claves explicativas.
Claves del actual deterioro urbano-ambiental en España:
Los postulados de la civilización técnico-industrial y las tendencias de localización industrial.
Una práctica urbanística errónea.
La expansión del transporte motorizado.
Las limitaciones de los tramos urbanos históricos.
Una actuación política ambiental escasamente preventiva, rígida y muy sectorial.
La tendencia a disfrazar los impactos ambientales trasladándolos fuera del perímetro urbano.
Un deficiente conocimiento del habitante urbano respecto de su entorno y una actitud hipócrita bastante extendida a la hora de contribuir a la mejora de éste.
La industria en los últimos decenios ha originado un conjunto de alteraciones ambientales debidas a la emisión de productos tóxico, a problemas generados por la actividad industrial en las periferias urbanas (impactos paisajísticos, abandono de instalaciones...Tales problemas ambientales se han visto intensificados por la tendencia a la concentración especial de las unidades productivas, que ha privilegiado la cercanía a los grandes núcleos urbanos en torno a los grandes puertos.
En España, particularmente en los años 60 y 70, son multitud los casos de mala gestión urbanística presidida por un desordenado crecimiento de las ciudades, por la desaparición completa de espacios de arquitectura popular y por la ejecución de grandes proyectos de construcción en zonas de alto valor natural.
El desarrollo económico y las intensas migraciones interiores contribuyeron a acrecentar -sobre todo en las ciudades industriales- la presión demográfica y la concentración de funciones económicas; su principal plasmación territorial consistió en una expansión del tejido urbano acelerada, desordenada y de baja calidad acompañado todo ello por una pérdida progresiva de la identidad cultural del espacio urbano.
La concentración demográfica y funcional se ha visto agravada por una práctica de “vertebración interna” de las ciudades inspirada en moldes de planificación y zonificación de corte funcionalista. El incremento de desplazamientos que el nuevo modelo de ciudad impone al habitante urbano que ha originado una dependencia de los transportes, acompañada de altos niveles de contaminación atmosférica y acústica.
Además, la especialización de un buen número de ciudades como “centros de servicios” ha desembocado en una espectacular inmobiliaria sobre los centros urbanos, con intensa construcción de oficinas...
Así, la calidad de vida de los ciudadanos queda en un segundo plano: la presión de los agentes económicos y de los intereses políticos... son factores en contra que sobrepasan la capacidad de respuesta del planificador y de los propios ciudadanos afectados.
Las actividades humanas que generan problemas medioambientales, pueden ser solucionables a través de la aplicación de algunas alternativas que, aunque en la actualidad no representen la solución definitiva, contribuyen a una mejora en la calidad del medio ambiente: el uso de energías renovables, la disminución de residuos, la depuración de las aguas o la creación de una conciencia ecológica son algunas de estas vías, en las que luego profundarizaremos.
El problema de la contaminación atmosférica.
La contaminación atmosférica es un problema general para todos los países del mundo. El rápido crecimiento urbano e industrial ha tenido como resultado la emisión a la atmósfera de enormes cantidades de productos residuales potencialmente nocivos. Las naciones se han resistido a admitir o, simplemente, han dejado de reconocer, el carácter limitado de las propiedades purificadoras de la atmósfera. La consecuencia ha sido que la contaminación del aire ha afectado a la salud y el bienestar de las personas, ha causado daños generalizados a la vegetación, las cosechas, la fauna, los objetos, los edificios y la atmósfera, y ha provocado la disminución de los escasos recursos naturales necesarios para el desarrollo económico a largo plazo.
La peor contaminación del aire ha tenido lugar dentro y alrededor de las zonas urbanas e industriales. La gravedad de la contaminación atmosférica para las comunidades urbanas, puesta de manifiesto especialmente por cortos episodios de contaminación o por escapes accidentales de grandes cantidades de algún contaminante, ha conducido a la puesta en práctica de medidas nacionales de control, que han sido generalmente dirigidas a atacar los problemas de contaminación local.
Muchos problemas actuales de contaminación son una consecuencia del rápido incremento demográfico y del hacinamiento de población en grandes aglomeraciones urbanas, en las que se concentran industrias de residuos ( más del 40% de la población mundial vive en áreas urbanas). Esto supone que los países subdesarrollados se convertirán en los contaminadores más significativos en el futuro ya que su índice de crecimiento demográfico aumenta, mientras que en los desarrollados decrece. En 1965 sólo había una ciudad (Buenos Aires) en el mundo en vías de desarrollo con una población de más de 4 millones; en 1975 había 17 (en contraste con las 13 de los países desarrollados) y en 1980 en número había ascendido a 22 (16 en países desarrollados). En el año 2000 habrá al menos 61 ciudades de unos 4 millones de habitantes en los países en vías de desarrollo, en contraposición a las 25 de los países desarrollados, y se cree que esta población urbana total en los países en vías de desarrollo se ha duplicado entre 1980 y 1999.
Definición de la contaminación atmosférica.
Existen muchas opiniones sobre lo que constituye la contaminación de la atmósfera. Para algunos, la contaminación supone el aumento, o a veces la disminución, de ciertos componentes de la atmósfera, que no se habían producido sin la actividad humana. Dado que la atmósfera ha sufrido profundos cambios en su constitución a lo largo del tiempo, esta es una definición limitada. Hay otras definiciones más útiles, tales como “la presencia de sustancias en la atmósfera que resultan de la actividad del hombre o de procesos naturales y que producen efectos negativos en el hombre y en el medio ambiente” (Weber,1982).
Una versión extendida de esta definición es la que identifica la contaminación del aire como “la presencia en la atmósfera de sustancias o energía en tales cantidades y de tal duración que son capaces de causar daños a los hombres, a plantas y vida animal, a objetos y estructuras fabricadas por el hombre, o de provocar cambios de temperatura y clima, o dificultades para el disfrute de las actividades humanas”.
Las fuentes contaminantes básicas.
Hasta bien entrado este siglo, la contaminación del aire para la mayoría fue sinónimo de partículas en suspensión (hollín, humo) y anhídrido sulfuroso. Éstos eran residuos producidos principalmente por equipos de calefacción doméstica, una amplia gama de plantas industriales y plantas de energía. A medida que avanzaba el siglo XX, la preocupación por la contaminación de la atmósfera ha alcanzado a un amplio número de contaminantes. Las zonas urbanas españolas están sometidas a una amplia gama de contaminantes atmosféricos y la mayoría proceden de las siguientes fuentes: la industria local o próxima, los vehículos a motor y la utilización de combustibles fósiles para la calefacción o para generar electricidad.
La fuente más preocupante es la del tráfico, responsable de la producción de casi el 100% de las emisiones de CO y plomo, el 60% de las de hidrocarburos y NO, el 50% de las emisiones de partículas y el 10% de las de SO2 (Cádiz Deleito, 1994). Las calefacciones constituyen también una fuente importante de contaminación en las ciudades. Aportan entre un 20 y un 30% de las emisiones totales a la atmósfera en áreas urbanas (Comisión Europea, 1990) Los contaminantes producidos dependen del tipo de combustible utilizado, siendo las calefacciones de gas natural y las eléctricas las menos contaminantes. Otro gran agente contaminante es la industria emplazada generalmente en entornos urbanos o periurbanos. Sus contaminantes más importantes son las partículas en suspensión, N2O, clorofluorcarbonos y plomo. Además, el desarrollo de nuevas industrias introduce el problema de los productos químicos tóxicos, mientras la producción de energía nuclear revela la radiación ionizante como contaminante.
Los principales contaminantes atmosféricos.
Partículas en suspensión y anhídrido sulfuroso.
La expresión “partículas en suspensión” hace referencia a la amplia gama de sólidos o líquidos finamente divididos que se encuentran dispersos en el aire por procesos de combustión (generación de calor y energía), actividades industriales y fuentes naturales. Las partículas en suspensión miden entre 0,1 y 25*m de diámetro. Los componentes de las partículas en suspensión varían en el tiempo y en el espacio, aunque los componentes típicos en áreas urbanas son el carbono, berilio, cadmio, mercurio, plomo, níquel o hidrocarburos superiores formados por la combustión incompleta de combustibles de hidrocarburo. Más del 20% de la cantidad total de partículas en suspensión puede estar compuesta de ácido sulfúrico y otros sulfatos (el 80% de las partículas mide menos de 1*m).
El anhídrido sulfuroso es un gas incoloro emitido por fuentes similares a las de las partículas en suspensión, especialmente por la combustión de carbón y petróleo. Puede reaccionar catalítica o fotoquímicamente con otros contaminantes formando anhídrido sulfúrico, ácido sulfúrico y sulfatos.
La cantidad total de partículas en suspensión y el anhídrido sulfuroso son considerados a menudo como los contaminantes “tradicionales” de las áreas urbanas. Los mayores índices de estos contaminantes tienen lugar cuando se crean las neblinas sulfurosas a las que han estado sometidas algunas grandes ciudades industriales, como las de la región del Ruhr en Alemania y Londres en el Reino Unido. Se dan en periodos en los que las condiciones meteorológicas no ayudan a dispersar la contaminación, por ejemplo, una situación anticiclónica en invierno con vientos leves, temperaturas bajo cero…Si el área urbana está en una cuenca o en un valle se produce un efecto “tapadera” que concentra todos los contaminantes en esa zona. Aunque las partículas en suspensión y las concentraciones de anhídrido sulfuroso dentro de cualquier zona de la ciudad conciernen sobre todo a las emisiones locales, los contaminantes pueden extenderse por toda la ciudad.
Tiene gran importancia en España, tanto por la cantidad emitida como por sus efectos sobre la salud. En 1980, el SO2 emitido a la atmósfera ascendió a 3172000 toneladas, el 68,2% del cual procedía de las centrales térmicas, el 22,9% de las calderas industriales y el 4% de refinerías, siderurgias y otras instalaciones de combustión. Por su capacidad emisora destaca la central de “As Pontes de García Rodrígues” en A Coruña. La evolución reciente ha sido positiva, reduciéndose en 1993 las emisiones de SO2 hasta algo más de 2 millones de toneladas. La reducción es debida a la utilización de carbón de importación, de bajo contenido en azufre, aumento del uso del gas natural y la implantación de nuevas tecnologías más limpias. Sin embargo, aún es un nivel alto, sólo superado en la Unión Europea por el Reino Unido (Cuadro 1).
Sus principales productores son vehículos a motor, como ya señalábamos al citar el problema del tráfico. Como promedio, el 57% de la producción procede de los vehículos, con porcentajes mucho más altos en grandes ciudades, en tanto que diversas fuentes estacionarias emiten otro 40%.
Éstos también contribuyen, como el dióxido de azufre, a la lluvia ácida y tienen otros alcances nocivos. Los de consecuencias más nefastas provienen, sin duda, de los derivados de la combustión del nitrógeno orgánico contenido en los combustibles. En España, en 1980, las emisiones globales se elevaron a casi 2 millones de toneladas. En 1993, la cifra se había reducido hasta 1,2 millones, procedentes en un 62% de fuentes móviles (vehículos a motor principalmente), un 21% de las centrales eléctricas, y un 15% de la industria; la reducción obedece a las mismas causas comentadas para el dióxido de azufre. En el momento actual las emisiones españolas de estas sustancias se sitúan en el promedio de la UE (Cuadro 1).
Cuadro 1. Emisiones de gases contaminantes en la UE (1994):
(ton/hab)
Emisión de NO2
Básicamente son los vehículos la fuente principal de compuestos que únicamente contienen carbono e hidrógeno, pero cuya combinación con óxidos de nitrógeno en presencia de luz solar produce ozono y otros oxidantes fotoquímicos. La preocupación por la incidencia del ozono troposférico ha aumentado en España y prueba de ello es el Real Decreto 1494/1995 sobre contaminación atmosférica por ozono, acompañado por un incremento sustancial del número de estaciones de medida operativas.
Su peligrosidad es incluso mayor que la del resto de contaminantes atmosféricos descritos, si consideramos la magnitud de sus emisiones y la facilidad que tiene para dispersarse en la atmósfera; desde que en los años veinte se implantó su uso en las gasolinas, la mayoría de éstas lo han contenido en mayor o menor proporción; su combinación con otros aditivos, como el dibromuro de etilo da lugar a productos volátiles (bromuro de plomo) en los gases emitidos. Todavía se usa como aditivo en las gasolinas españolas, aunque la legislación se está adaptando a la normativa comunitaria y el empleo del catalizador y las gasolinas sin plomo dibujan un panorama esperanzador.
Las emisiones españolas de este gas de efecto invernadero se sitúan claramente en un promedio inferior al de la UE (Cuadro 1), pero su evolución es preocupante por cuanto entre 1985 y 1993 aumentaron en un 17%, alcanzándose los 223 millones de toneladas. Las fuentes básicas de procedencia son la transformación energética (35%), los vehículos de motor (34%), la industria (21%) y otras diversas (10%).
España colabora a la alteración de la ozonosfera con la emisión de 46500 toneladas anuales de CFC o freones (refrigerantes, propelentes de aerosoles, espumantes). La fabricación se localiza fundamentalmente en el País Vasco, casi un 82%.
Efectos negativos de ámbito local y regional.
Las consecuencias de la contaminación sobre las ciudades españolas son variadas y preocupantes. Su incidencia es compleja en función de la diversa naturaleza de los agentes contaminantes, de la capacidad de almacenamiento de sustancias nocivas en el aire y de las posibilidades de acumulación de las mismas en puntos concretos a través de la precipitación húmeda o la deposición en seco. La tendencia reciente ha sido de reducción de las concentraciones de SO2 y de partículas debido a la reducción de azufre en los carburantes y al menor uso del carbón, pero de incremento de NO, CO y ozono debido al crecimiento del parque de vehículos, de manera que la contaminación del aire es hoy un problema clave, sobre todo en aglomeraciones urbano-industriales.
La incidencia en las condiciones climáticas urbanas.
Los procesos de concentración de contaminantes se ven muy determinados por las condiciones climáticas particulares de las ciudades. El clima en las áreas urbanas puede verse alterado por la propia estructura y funcionamiento de la ciudad, dando lugar a “microclimas urbanos” específicos, con balances de radiación, temperaturas, humedad ambiental, vientos…diferentes a los del entorno periurbano o rural. En las zonas urbanas, el centro de la ciudad suele ser unos grados más cálido que las afueras (efecto isla de calor) y esto puede producir a la generación de una circulación de brisa cálida, análoga al efecto brisa de mar. Esto hace que el aire cálido del centro vaya también hacia las afueras y los contaminantes se extiendan por todo el área urbana. Las causas básicas de esta “isla de calor” se relacionan con la configuración de las ciudades, por ejemplo (Naredo, 1994):
La considerable conductividad de muchos materiales de construcción provoca una gran absorción de calor emitido.
La proliferación de superficies lisas más o menos brillantes hacen del paisaje urbano un laberinto de espejos, favoreciendo la reflexión múltiple de la energía emitida por el sol.
La altura de los edificios que cortan el viento dificulta la dispersión de los contaminantes por aireación.
La eliminación inmediata de las aguas de lluvia por el alcantarillado y el pavimento de las calles reduce la evapotranspiración y, con ello, mantiene una temperatura ambiente más elevada que la que se produciría en un medio natural.
Las causas también se relacionan con la propia morfología de las ciudades (densidad de edificios, parques, vaguadas) y de su entorno (proximidad al mar, disposición de alienaciones montañosas, huertas), con el calor de la quema de combustibles, el uso de la electricidad…
Efectos nocivos sobre la salud.
Es crucial el carácter carcinógeno de algunos contaminantes, pero también debemos destacar su responsabilidad en enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y en las irritaciones cutáneas y oculares. Tradicionalmente, las concentraciones de SO2 han provocado episodios trágicos en numerosas aglomeraciones urbanas. La exposición a largo plazo o crónica a niveles moderados de partículas en suspensión y anhídrido sulfuroso dañan la salud, agravando o haciendo aparecer bronquitis crónicas, asma, enfisemas pulmonares, enfermedades cardíacas…
Sin embargo, en la actualidad, el monóxido de carbono se encuentra entre los gases más peligrosos para las ciudades españolas, debido a los automóviles. La capacidad de este gas para reaccionar con la hemoglobina de la sangre da lugar a la reducción de la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. Este proceso deriva en afecciones diversas, que van desde simples mareos hasta problemas visuales, dolencias cardiacas y pulmonares y, excepcionalmente la muerte. Los efectos del CO se agravan considerablemente en personas fumadoras, cuyos alveolos ya presentan niveles importantes de esta sustancia.
Efectos corrosivos sobre los materiales y el patrimonio histórico y cultural.
Además de la suciedad que producen estos contaminantes sobre tejidos, superficies pintadas y edificios, haciendo que se incrementen los gastos de limpieza de las ciudades, las partículas pueden producir corrosión por el hecho de absorber sustancias químicas, especialmente en una atmósfera húmeda. Por ello, España, a través de la Dirección General de Política Ambiental, viene participando desde 1987 en el Programa Internacional Concertado denominado “Efectos de los contaminantes atmosféricos ácidos sobre los materiales, incluidos los monumentos históricos y culturales”. El primer objetivo del programa consiste en realizar una valoración cuantitativa de los efectos corrosivos de los contaminantes sulfurosos en combinación con los óxidos de nitrógeno y la acidez de la lluvia. Los primeros resultados indican que la preocupación por este tema está suficientemente justificada, ya que se ha establecido que la velocidad de corrosión de ciertos monumentos históricos está directamente relacionada con la concentración de dióxido de azufre.
Normativa y esfuerzo planificador de las políticas medioambientales.
En España el punto de partida de las actuaciones contra la contaminación atmosférica estuvo en la Ley de Protección del Ambiente atmosférico de 1972 y su decreto reglamentario de 1975. Sin embargo, ha sido en la década de los 80 cuando se han emprendido y consolidado los grandes programas de vigilancia y saneamiento de la atmósfera, en buena medida debido a una mayor concienciación social y política, a la entrada de España en la Comunidad Europea y a los compromisos adquiridos con la ratificación de diversos protocolos internacionales sobre reducción de emisiones. Dentro de la constante promulgación de nuevos textos normativos, el más significativo es el Real Decreto 1613 de 1985, por el que se modifica la citada ley de 1972. También hay que destacar los Reales Decretos sobre evaluación de impacto medioambiental (1302/1986 y 1131/1988), sobre contaminación de origen industrial, sobre vehículos (3025/1974), combustibles y carburantes (2204/1975, 667/1987), etc…
En el apartado de las actuaciones concretas sobre control y vigilancia, debemos destacar en nuestro país:
Plan de Optimización de Redes de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica.
Estudios Zonales para la Planificación del Saneamiento Atmosférico.
Entre las medidas correctoras que se han aplicado en España en los últimos años, las principales han estado dirigidas a los tres desencadenantes del actual estado ambiental: transporte, energía e industria.
Sector de transportes:
Aumento sostenido del consumo de combustibles más limpios (gasolina sin plomo). España ha adoptado las directrices de la UE, en relación a la calidad del combustible, y en el momento actual el contenido de azufre en el gasóleo está limitada a un 0,3% y el plomo a 0,15gr/litro.
Obligatoriedad de la inspección técnica de los vehículos.
Introducción obligatoria del catalizador de 3 vías en los nuevos vehículos.
Incentivos financieros para renovar el parque de automóviles antiguos (Plan Renove).
El Plan Energético Nacional de 1991 incluye numerosos objetivos relacionados con el medio ambiente y la reducción de emisiones (Favorecimiento del gas natural y la cogeneración).
Proliferación de energías renovables (España ocupa el 4º lugar en utilización de estas energías en los países de la UE).
España se acoge a la Directiva Europea sobre grandes plantas de combustión de 1991, mediante la cual, se fijan unos límites más estrictos sobre emisiones gaseosas de las plantas existentes y las que se instalen en el futuro.
Acuerdos voluntarios de subsectores industriales con el Ministerio de Industria y Energía para reducir emisiones atmosféricas en refinerías, fundiciones y plantas siderúrgicas.
Cuadro 2. Emisiones atmosféricas permitidas de azufre en algunos países de la OCDE (en gr/Nm*):
0,035-1,0
LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIALES
Producción, composición y tratamiento de los residuos en España.
En la actualidad los residuos urbanos e industriales han alcanzado en España la categoría de un gran problema ambiental, tras considerar su volumen total, su variedad cualitativa, su extendida presencia territorial y sus previsiones de crecimiento. Esta aseveración se refuerza si tenemos en cuenta los escasos avances aplicados a la gestión de residuos hasta hace pocos años y el considerable porcentaje de vertidos incontrolados que hoy se detecta en nuestro país. En el concepto de residuo existen 2 categorías básicas:
- Los residuos sólidos urbanos (RSU)
- Los residuos industriales (RI)
Los 1º son los producidos por cualquier actividad en los núcleos de población o sus zonas de influencia. Son algo más que los desechos generados en el ámbito doméstico, ya que se ha de contemplar el conjunto de otras actividades generadoras de recursos ubicados en el medio urbano: mercados, construcción, hospitales, etc. (Otero del Peral, 1988).
Los 2º son los provenientes de procesos industriales que conforman una categoría diferenciada en virtud de su especificidad y su mayor poder contaminante, lo que en parte viene determinado porque bastantes de ellos son catalogados como tóxicos y peligrosos.
También es heterogénea la responsabilidad en la gestión de residuos en nuestro país. El papel del gobierno central -representado hasta 1996 por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente (MOPTMA) y desde entonces por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA)- está circunscrito a la financiación, la coordinación, la investigación y la redacción de planes nacionales; las CCAA tienen a su cargo la elaboración de planes regionales de RSU, y la ejecución de la normativa nacional (sobre residuos peligrosos, recuperación de suelos contaminados, etc.); los municipios llevan a cabo la gestión de los RSU generados en sus áreas y, finalmente, las empresas industriales son responsables del adecuado de los residuos peligrosos que producen.
De entrada, las cifras globales permiten adivinar la magnitud del problema y sus consecuencias; las últimas estimaciones oficiales disponibles indican que en España se han generado 14'9 millones de toneladas de RSU (1995) -un 5% más que en 1985- y 13'3 millones de toneladas de RI (1994), de los cuales 3'4 millones han sido tóxicos y peligrosos. Este aumento ha sido una de las consecuencias del devenir reciente de la sociedad y economías españolas; éste ha comportado diversos procesos que han contribuido a situar a los residuos en la cúspide de las preocupaciones medioambientales del Estado español; recordemos, entre otros, el incremento demográfico y la fuerte concentración de la población en núcleos urbanos.
Los residuos sólidos urbanos (RSU).
La mayor parte de los ayuntamientos españoles ha centrado su atención en los residuos domésticos y sólo en los últimos años se va generalizando en los entes locales un servicio de recogida de enseres, electrodomésticos y todos aquellos que se integran en la categoría de RSU según las estimaciones oficiales, las materias de este tipo recogidas suponen sólo el 5% respecto del total de residuos domésticos contabilizados en la actualidad; sin embargo, todavía escapan a la contabilidad oficial la mayor parte de RSU no domésticos. La problemática se presenta de tres formas:
La producción de residuos ha crecido en los últimos años y no se espera un cambio de signo en esa tendencia.
La diversidad de materias residuales dificulta su gestión y exige a las administraciones el diseño de estrategias muy variadas para su control y recogida.
Existen distintos sistemas de eliminación y tratamiento pero son cuestionados pues todavía 2'6 millones de toneladas (18%) se depositan en vertederos incontrolados.
Lo dicho no es, privativo de España, ya que en la UE la producción de RSU ha crecido también.
Sin embargo, no puede ignorarse que existen diferencias regionales que demuestran la relación existente entre la generación de basuras y el entorno socioeconómico del habitante urbano. Sólo tres autonomías producen casi la mitad (48'8%) de los residuos domésticos españoles: Cataluña, Madrid y Andalucía. En principio, esta concentración suele asociarse con el volumen demográfico de este trío regional, por lo que a veces se olvida que esta relación no es directamente proporcional y que existen otros ingredientes diferenciadores.
Por ello, mientras que la media anual española se sitúa en 378 Kg de basura por habitante, determinadas CCAA superan esta cifra, destacando Barcelona, Madrid, Canarias, Cataluña, Castilla-León y Navarra. Con lo que habrán de tenerse en cuenta diversos factores cuya incidencia es desigual de uno a otros ámbitos: nivel de renta, importancia del turismo (clave en Canarias y Baleares), pautas de consumo, existencia de campañas de sensibilización y educación ambiental, percepción que los habitantes tienen del problema, etc…
La Renta per Cápita, siendo un elemento clave, no es la única a la hora de explicar los contrastes regionales en producción de basuras, como así lo demuestran situaciones tan dispares como la de Extremadura -baja RPC y alta generación de residuos- o Valencia - alta renta y baja producción.
Otro atributo que caracteriza a los RSU es la heterogeneidad de su composición, lo que dificulta su control y manejo. En España, la materia orgánica encabeza la lista de substancias residuales seguida del papel, el plástico y el vidrio -también en menor medida de metales, textiles, gomas, madera, etc…
La diversidad de materias que integran las basuras urbanas españolas convierte en necesaria la existencia de varios sistemas para su eliminación y tratamiento.
En 1995, casi el 18% de los residuos domésticos tienen como destino final algún vertedero incontrolado.
Diferencias en el grado de utilización de los diferentes sistemas que se aplican el 82% restante de residuos: vertederos controlados, compostaje e incineración (ésta última provoca mayor rechazo en España a diferencia de los países de nuestro entorno).
El problema de los residuos peligrosos.
La magnitud del problema puede considerarse de menor alcance cuantitativo debido a la inferior cantidad de los mismos y a su localización menos generalizada, pero desde un punto de vista cualitativo -según la degradación ambiental que provocan- sus consecuencias son mayores que en el caso anterior.
Las cifras obtenidas por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (1995) indican que la industria española origina 13'3 millones de toneladas de residuos, de los cuales 3'4 son clasificados como peligrosos ya que el resto, por su composición y carácter inerte, son considerados asimilables a los RSU y comparte las características y tratamientos antes citados.
El principal efecto de los RI incontrolados y especialmente de los considerados como peligrosos es la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas. En España existen 18142 puntos de actividad industrial potencialmente contaminante y 4389 emplazamientos contaminados. A escala regional, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Madrid figuran a la cabeza de las CCAA con suelos contaminados por motivos industriales.
Los residuos peligrosos son generados por un grupo reducido de sectores industriales entre los que destacan la industria química y la fabricación de automóviles y la fabricación de productos metálicos. La localización: Cataluña, País Vasco, Asturias y Galicia encabezan la lista de regiones productoras (producen el 70% de los recursos peligrosos españoles). Las 2 primeras debido a su extenso tejido industrial y las otras 2 porque se acogen a factorías concretas pero generadoras de un gran volumen de residuos peligrosos (Ensidesa, Asturiana de zinc, Inespal...).
Las estimaciones cuantitativas no son fiables del todo porque uno de los grandes escollos de las administraciones competentes, es la dificultad en censar los residuos peligrosos que se crean (Alió, 1991) desde el momento en que los productores no cumplen con su obligación de efectuar la declaración anual.
El poder contaminante de las sustancias tóxicas y peligrosa hace necesario contar con una vigilancia especial, y unos sistemas específicos de recogida, tratamiento y eliminación o depósito. El desfase existente entre el presupuesto teórico y su aplicación en la práctica es hoy otro de los grandes problemas ambientales de España pues sólo reciben algún tipo de tratamiento alrededor de la tercera parte de los residuos peligrosos censados.
Actuaciones encaminadas a lograr un mayor control de los residuos generados.
RSU: la incidencia de estas acciones ha sido muy desigual en el territorio español; en parte porque las competencias en la materia se encuentran repartidas entre diferentes administraciones y ello se ha traducido en gestiones dispares (Rodríguez y Ruiz, 1983).
Las principales actuaciones en el control de los vertidos ha consistido en inversiones para la adquisición de equipos de recogida y transporte de residuos, y para la instalación de vertederos sanitariamente controlados y en la adopción de un conjunto de medidas planificadoras entre las que sobresalen la redacción de Planes Directores de gestión de residuos sólidos (PGRS) para ámbitos territoriales concretos.
La administración central, al amparo de la “Ley de recogida y Tratamiento de RSU de 1975” -modificada por el Real Decreto 1163/1986- estableció desde el año 1981 una partida presupuestaria concreta para subvencionar los proyectos tendentes a corregir la gestión de los residuos en todo el territorio español y facilitó las dotaciones de equipo, vertederos y planes directores en aquellas zonas con mayores problemas. Posteriormente esta función ha pasado a ser competencia de las diferentes CCAA que han continuado en esa línea.
No obstante, estamos ante un problema de desigual capacidad de planificación y gestión de unas CCAA a otras, e incluso de unas provincias a otras, pero también es evidente el desequilibrio de recursos económicos a favor de ciertas regiones para llevar a cabo las actuaciones necesarias -lo cual tiene mucho que ver con la óptima valoración de Madrid y Cataluña en la materia-. A tales escollos se añade en algunos ámbitos la existencia de un fuerte poblamiento disperso que contribuye a dificultar las actuaciones de recogida, transporte y tratamiento de los RSU; situaciones pésimas, como la gallega y la murciana.
El esfuerzo en materia de control de RSU ha sido considerable para el conjunto de España y las inversiones dirigidas a la creación de centros de tratamiento se han multiplicado en los últimos años. Sin embargo, persisten graves carencias, entre otras razones porque el problema de los residuos incontrolados se caracteriza por una gran dispersión y por la existencia de agudos contrastes territoriales.
Se ha progresado en el control de los RTP (residuos tóxicos y peligrosos) a lo largo de la última década, en parte debida a la promulgación en 1986 de la Ley básica sobre RTP. Esta ley ha contribuido a regular legalmente el uso y vertido de los RI de mayor impacto, pero no ha conseguido el deseado control sobre los mismos. Como apoyo a ella, en 1989 se aprobó el plan Nacional de Residuos Industriales, con el que se pretendió “crear el marco adecuado para garantizar el tratamiento o eliminación de los RI especiales y fomentar las técnicas tendentes a reducir su generación”, sin embargo, los resultados dejan mucho que desear.
Aunque es cierto que ha aumentado el porcentaje de residuos controlados desde 1984, al haber crecido su volumen, la situación sigue siendo grave. La causa se encuentra en la actitud de las empresas productoras de estos residuos, obligados por el reglamento vigente a entregar anualmente una declaración de residuos generados, y de los que sólo la efectúan el 14%.
Otro problema relacionado con los vertidos incontrolados de RTP es el de sus importaciones y exportaciones, con el fin de ser almacenados o tratados en un país distinto al de su origen. Estos tránsitos han carecido de controles rigurosos hasta el año 1990, fecha de aprobación de una orden ministerial reguladora de los mismos entrando más tarde en vigor el Reglamento CEE Nº259/93.
En definitiva, ni la promulgación de una ley específica para su gestión, ni la puesta en marcha del citado Plan Nacional, han logrado una solución eficaz y puesto que existen los instrumentos jurídicos necesarios, es imprescindible que las administraciones autonómicas exijan a las empresas productoras el cumplimiento de sus obligaciones con mayor empeño.
Políticas auspiciadoras del reciclado y reutilización de los residuos.
Es conveniente destacar 3:
La “recogida selectiva” de los RSU y RI. En España se ha centrado básicamente en el papel, el cartón, el vidrio y últimamente el plástico.
El “compostaje” de los RSU y asimilados. El compostaje se obtiene a través de la fermentación controlada de la parte orgánica de los RSU y de los RI asimilados a aquellos y el producto resultante es un regenerador de suelos. Su aprovechamiento puede tener una transcendencia singular en países que, como España, presentan graves deficiencias edáficas de materia orgánica. Por ello la mayoría de las instalaciones están ubicadas en las regiones levantinas y meridionales, en virtud de la considerable extensión de sus tierras agrícolas.
La “regeneración” de los aceites minerales y sintéticos usados. Se consideran todos los aceites industriales con base mineral o sintética y lubricantes que se hayan vuelto inadecuados para su uso, en particular los aceites utilizados en los motores de combustión y de los sistemas de transmisión, turbinas y sistemas hidráulicos. La situación de estos productos es preocupante en España, porque aunque la mejora en gestión de estos residuos ha sido considerable, los resultados sólo son sustanciales en lo referido al control de los aceites usados y no así a su regeneración.
La administración central subvenciona a las CCAA para la gestión de sus aceites usados y sin embargo, las cifras de regeneración no son aceptables, con lo que se pretende invertir la tendencia a medio plazo con la promulgación de una ley específica de aceites usados.
5. Medidas específicas para el saneamiento de suelos contaminados por RITP
En 1995 el MOPTMA inició un Inventario Nacional de Suelos Contaminados de los que se deduce que:
La práctica totalidad no cumplen las exigencias legales establecidas.
El riesgo de afección de las aguas es muy alto.
La mayoría de suelos contaminados están dentro de cascos urbanos o a 200 metros de los mismos.
Los contaminantes más frecuentes son diversos metales pesados, aceites minerales, hidrocarburos y arsénico y mercurio.
Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia figuran a la cabeza de las CCAA con suelos contaminados por causa industrial. La constatación de la magnitud de este problema ambiental ha desembocado, en el diseño de un Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados.
*Búsqueda de alternativas para un grupo homogéneo de residuos específicos.
Hay residuos cuya heterogeneidad es tal que dificulta la gestión y la consecución de alternativas satisfactorias. Residuos radiactivos, residuos
biosanitarios especiales, pilas y acumuladores, neumáticos usados, aparatos eléctricos y electrónicos deshechados, etc., son los que mayor atención suscitan en el momento actual, a los que se sumarán a corto plazo, productos diversos. Pero la actuación sobre éstos ha estado más volcada en la planificación y búsqueda de soluciones que en la resolución de problemas concretos.
Las grandes actuaciones en marcha o la imposible obtención de resultados espectaculares a corto plazo.
Los resultados de las actuaciones dirigidas a resolver el problema de los residuos -diseñadas mayoritariamente en el periodo 1980-1995- no han sido los pronosticados en su día. El reconocimiento de intervenciones insuficientes y de actuaciones mal diseñadas y ejecutadas han sido el principal motivo de un rediseño de la política española de residuos.
Las nuevas líneas de trabajo recogen las directrices comunitarias plasmadas en la “Estrategia de gestión de residuos” (1989) de la Comisión de las Comunidades Europeas, sobre todo en lo concerniente a la potenciación de la prevención y del reciclado. A corto plazo se pretenden alcanzar logros espectaculares a través de la ejecución de diversos macroplanes a escala estatal:
El plan nacional de residuos peligrosos (1995-2000).
Este documento es la consecuencia del fracaso del Plan Nacional de residuos tóxicos y peligrosos de 1989 que ha encontrado problemas de tipo financiero, de rechazo social y de discrepancia política. No obstante, el nuevo plan en marcha no debe ser entendido como un continuador de aquel, puesto que recoge renovadas orientaciones emanadas de las directrices comunitarias más recientes en virtud de las cuales ahora se establecen 3 grandes prioridades:
Reducción en su origen de la cantidad de residuos: reducir la generación de residuos en la industria.
Fomento del reciclaje y reutilización.
Tratamiento ambiental adecuado para los residuos generados.
Para la consecución de estos objetivos el Plan diseña un conjunto de incentivos fiscales, financieros y legislativos a aplicar mediante convenios entre el Estado, las CCAA y las empresas implicadas. Las 1ª estimaciones evalúan en 180.000 millones de pesetas la inversión necesaria, cantidad que deberá provenir en gran parte de los Fondos de Cohesión comunitarios.
El plan nacional de recuperación de suelos contaminados (1995-2005).
Este plan aspira a ser exclusivamente un instrumento coordinador e impulsor -mediante la vía financiera- de las actuaciones de las CCAA, puesto que éstas tienen asignadas las competencias para actuar en los suelos contaminados de sus respectivos territorios.
La estrategia consiste en actuar en las 274 zonas más conflictivas. La inversión prevista es de 130000 millones de pesetas de los cuales el Ministerio de Medio Ambiente aportará el 50%. Hay un respaldo claro de la UE ya que a través de los Fondos de Cohesión y Feder, financiará hasta el 80% de algunas actuaciones concretas.
El plan nacional de RSU (1995-2005).
La redacción del plan está encomendada a la Administración Central por Real Decreto legislativo 1163/1986 que modificó la ley 421/1975 sobre deshechos y RSU. Una vez evaluado el estado global de los RSU en el territorio nacional, el plan fijará las actuaciones e inversiones a realizar en los años 2000 y 2005.
Perspectivas para el problema de los residuos urbanos e industriales.
Recomendaciones de la OCDE (1997) a la administración española sugiriéndole la utilización de una serie de instrumentos fiscales para propiciar la minimización de recursos, tales como tarifas por la recogida de basuras, tarifa para su descarga en vertederos, tarifas aplicables a los productos, sistema de depósito y evaluación, etc…
Desde el Ministerio de Medio Ambiente se trabaja en la elaboración de una Ley Básica de Residuos para ordenar el panorama de la gestión de basuras urbanas e industriales en España, e intentar paliar algunas de las graves deficiencias sectoriales y territoriales.
La pérdida de calidad del recurso hídrico en España.
El crecimiento demográfico de las zonas urbanas españolas y desarrollo industrial han tenido efectos desastrosos para la calidad de las aguas superficiales y subterráneas que se encuentran afectadas por 2 situaciones: su escasez en buena parte del territorio y la gran intensidad de utilización de agua disponible.
El proceso de alteración y pérdida de calidad se agudiza a medida que los núcleos de población dejan de depender de sus ríos para el abastecimiento de agua a la vez que éstos han ido convirtiéndose en cómodos receptores de aguas residuales de distinto orígen; mientras tanto, los sistemas de depuración y tratamiento se van implantando progresivamente, pero no aún con la suficiente celeridad.
Por otra parte, la propia estructura urbana contribuye a incrementar los efectos nocivos sobre los ríos pues las superficies impermeables de la ciudad concentran la escorrentía que procede de zonas asfaltadas, arrastra una mezcla de las sustancias contaminantes que normalmente se encuentran en las calzadas urbanas. También la participación de la industria en este problema es fundamental porque las estimaciones oficiales señalan que provoca el 50% de la contaminación del agua.
Así se mezclan con el agua elementos artificiales que alteran su función ecológica y que pueden ser “residuos orgánicos”, con un alto requerimiento en oxígeno y aceleradores de la entrofización (sustancias procedentes de las fábricas de celulosa y pasta de papel) o “residuos inorgánicos y minerales” como el plomo, el mercurio, el cadmio o el níquel, que incrementan el nivel de salinidad del agua y le confieren un alto índice de toxicidad.
Rasgos actuales de la calidad de las aguas superficiales españolas: (MOPT, 1993; OCDE, 1997).
Muchos ríos españoles están contaminados alcanzándose niveles preocupantes en las grandes concentraciones industriales y urbanas: el Ebro en Zaragoza, el Llobregat en Cataluña, el Tajo entre Madrid y Toledo...
Solamente en las cabeceras de las cuencas es posible encontrar tramos donde las aguas se pueden utilizar para el abastecimiento con un simple tratamiento físico y desinfección.
La aptitud de las aguas para el baño está muy condicionada por los vertidos de ciudades e industrias (lo más frecuente que no resulten aptas).
En cuanto al riego son pocas las aguas con peligros potenciales tan altos de salinización y/o alcalinización que lo impidan.
Atención especial merecen los fosfatos, ya que una concentración excesiva de estas sales significa la entrofización y posterior contaminación de las aguas, cuya autodepuración es muy lenta.
La calidad de las aguas de las cuencas mediterráneas es inferior a las aguas del resto de España, al disponer de menor caudal para la disolución de la contaminación.
También han experimentado procesos contaminantes intensos en las últimas década. Según la información recogida en el avance del Plan Hidrológico Nacional, alrededor de 50 grandes acuíferos presentan problemas de contaminación. Las causas de los mismos están relacionadas con sustancias asociadas a las prácticas agrarias (fitosanitarios, fertilizantes, etc.) y con la sobreexplotación y salinización de acuíferos en las zonas costeras.
Pero también las dinámicas urbano-industriales están contribuyendo a la desnaturalización de las aguas subterráneas españolas; cada vez se conoce mejor la incidencia de los vertidos incontrolados de residuos domésticos e industriales sobre los acuíferos próximos, a través de los procesos de lixiviados, de las conexiones entre río y acuífero, y de las fugas en las conducciones de aguas residuales.
En el caso de los afluentes industriales, la toxicidad, bioacumulación y persistencia de algunas de las sustancias agrava la magnitud del problema; los vertidos industriales de las plantas petroquímicas, textiles, metalúrgicas y de y de curtidos suelen incrementar los contenidos en metales pesados, tal comon está sucediendo en las areas más industrializadas vascas, catalanas y valencianas, o en los polígonas de Huelva, Algeciras, Cartagena, etc.
En España la contaminación del agua preocupa cada vez más debido a la escasez del recurso y esta atención se extiende a las tradicionales ignoradas aguas subterráneas puesto que abastecen aproximadamente el 30% de la población española y satisfacen las necesidades de la cuarta parte de la superficie agrícola regada. En este caso, el enfoque preventivo es el único efectivo, ya que la alteración de aguas subterráneas se detecta con mucho retraso, debido a la lenta dinámica de éstas y a la carencia de un sistema estable de control en nuestro país, de modo que es difícil, a posteriori, localizar e inculpar a los responsables de la agresión ambiente.
Situación y tratamiento de las aguas residuales. Contrastes territoriales.
En España se contabilizan alrededor de 300.000 puntos de vertido, de los cuales 56.400 tienen carácter directo (a las aguas naturales) y el resto se canaliza a través de redes de alcantarillado y sistemas de depuración.
Lógicamente los directos son los causantes principales de los niveles actuales de contaminación de las aguas españolas, de estos 47000 proceden de actividades productivas y el resto son vertidos municipales. Aunque este tipo de vertido directo requiere de autorización previa, lo cierto es que, en 1994, sólo 13000 contaban con ella y la gran mayoría con carácter provisional.
La situación de las aguas residuales urbanas es sumamente grave en España.
El 41% de la población no dispone de ningún sistema de depuración de sus aguas residuales. En cuanto al 59% de la población cuyas aguas son tratadas, hay que diferenciar entre el 13% que tiene únicamente un tratamiento primario y el 44% restante que no dispone de tratamiento secundario, y en algún caso, terciario.
Las cifras españolas se comprenderán si tenemos en cuenta que, en la práctica, no ha existido una estrategia global de control y depuración de las aguas españolas hasta 1991. Ese año se aprobó la Directiva Comunitaria 91/271, referente al tratamiento de las aguas residuales municipales, con el objetivo fundamental de proteger todas las aguas superficiales contra el deterioro causado por los vertidos provenientes tanto de aglomeraciones urbanas como de ciertas industrias.
No obstante, es preciso distinguir entre población conectada a un sistema de depuración cualquiera y población con un tratamiento de sus aguas que sea “conforme”, según los preceptos establecidos en la Directiva 91/271/CEE, que exigen parámetros de calidad concretos.Pero este hecho se manifiesta de forma desigual en el territorio español.
La mayoría de las autonomías no alcanzan el porcentaje medio estatal de tratamiento conforme a que antes aludíamos y como casos extremos reparemos en Ceuta, Cantabria, Galicia, Navarra, Castilla-León y País Vasco. Es decir, las carencias más agudas se concentran en la España húmeda, donde las dificultades estructurales de gestión-poblamiento muy diverso -hay que sumar la abundancia de agua, aspecto éste que puede explicar una menor sensibilidad y preocupación por las consecuencias de la contaminación hídrica.
En el otro extremo, solo 6 CCAA superan el promedio nacional de tratamiento conforme, entre los cuales la gestión positiva está encabezada por Madrid y Canarias, seguidas por Baleares, Castilla-la Mancha, Comunidad Valenciana y Aragón. También es destacable el deficiente estado de algunas regiones muy pobladas como Andalucía y Cataluña..Hay que hacer mención especial a Ciudades que han venido evacuando sus vertidos directamente al mar -Cádiz, la Coruña, Pontevedra...- y las consecuencias ecológicas de estos vertidos masivos y directos al mar son irreversibles.
Su situación varía dependiendo de la localización y el género de la industria. La presión de los vertidos industriales ha sido muy fuerte en las cuencas septentrionales del País Vasco, Asturias y Galicia, con origen en los grandes complejos fabriles allí radicados. Por sectores industriales merecen atención las papeleras, con un enorme impacto ambiental por el empleo del cloro en el blanqueado del papel.
El tratamiento de esta agua en las grandes instalaciones es aceptable; sin embargo la pequeña industria presenta normas considerables, sobre todo en sectores como el agroalimentario y el ganadero, así como en regiones concretas (Andalucía, Castilla y León, Extremadura).
Una gestión insuficiente frente a un antiguo y extendido problema ambiental.
Nos referimos al complejo entramado institucional que rodea a la gestión del agua en nuestro país, y a los cambios normativos acaecidos desde 1985.
Un marco institucional complejo.
La administración central tiene la responsabilidad de toda política marco del agua: problema de cantidad y calidad, redacción y seguimiento del Plan Hidrológico Nacional, supervisión de las Confederaciones Hidrográficas, etc… Estas funciones se ejercen en la actualidad a través del Ministerio de Medio Ambiente.
El Consejo Nacional del Agua ejerce las funciones de órgano consultivo principal. Forman parte del mismo representante de los gobiernos centrales y autonómicos, confederaciones hidrográficas y los organismos sociales, profesionales y económicos relacionados con la gestión del agua.
Las Confederaciones hidrográficas son los grandes organismos gestores del agua en España. Asimismo son responsables de la seguridad de los embalses y de la protección de las zonas de captación.
Las CCAA realizan una labor de coordinación y apoyo técnico y financiero a los servicios municipales de abastecimiento de agua.
Los ayuntamientos tienen a su cargo el abastecimiento del agua potable y el tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Otro componente del engranaje lo constituye la participación de determinadas empresas privadas que intervienen en los servicios de suministro de agua a las ciudades, bien en solitario, bien en combinación con los ayuntamientos mediante empresas mixtas; sin embargo, en materia de saneamiento de aguas residuales el papel del sector privado es poco importante.
Cambios normativos esperanzadores.
La protección medioambiental de las aguas españolas adquiere un considerable respaldo jurídico desde mediados de los 80 en virtud de 2 circunstancias: En primer lugar, en 1985 se promulga la Ley de Aguas que recoge la necesidad de que el recurso esté disponible en cantidad y calidad suficiente en función. Además pasan a integrarse las aguas subterráneas al dominio público hidráulico.
La nueva Ley de Aguas se ve desarrollada por los Reales Decretos que aprueban el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y el de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica. Además, el marco jurídico de protección de recursos hidráulicos se ve complementado por la nueva normativa básica de Impacto Ambiental (Real Decreto 1302/1986) y de Residuos tóxicos y Peligrosos (Ley 20/1986). También se produce la incorporación de España a la CEE, con obligatoriedad de asumir las directrices comunitarias en materia de aguas.
Sin embargo, los problemas relacionados con la contaminación de las aguas persisten en nuestro país. Sin embargo la situación es mejor que la existente a finales de los 70 debido a medidas adaptadas por la Administración que pueden ser agrupadas en 3 categorías:
las destinadas a obras de saneamiento, construcción de colectores y estaciones depuradas.
las dirigidas a intensificar la vigilancia sobre la calidad de las aguas en diferentes cuencas.
las orientadas a controlar los vertidos a las aguas, tanto los que cuentan con autorización administrativa como los efectuados ilegalmente.
Las instalaciones de depuración y tratamiento.
La dotación de este tipo de infraestructuras debe ser un objetivo prioritario si se pretende frenar la contaminación del recurso hídrico. A las cuantiosas inversiones necesarias para la instalación de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) hay que añadir los elevados costes de mantenimiento que éstos conllevan (personal especializado, etc…). Pero muchas de estas Estaciones no satisfacen las normas de emisión exigidas, sólo ofrecen un tratamiento primario (la mayor arte de ellas), y otras no están bien dimensionadas y son incapaces de absorber las aguas residuales que les llegan.
En los últimos años los planes de saneamiento de las CCAA han contemplado como acción prioritaria la inversión en EDAR, además de la renovación o adaptación de las existentes a la norma europea. Los resultados han sido dispares debido a la realidad regional.
El Nuevo Plan Nacional de Saneamiento y Depuración -financiada por el gobierno central parcialmente- quiere ser un instrumento equilibrador de la desigual situación actual. A medio plazo la solución al problema dependerá de la capacidad de gestión e inversión de los poderes públicos.
La vigilancia de la calidad de las aguas.
El esfuerzo por ampliar la depuración del vertido se complementa con la vigilancia de la calidad de las aguas en los diferentes tramos de la red hidrográfica, al objeto de detectar con rapidez las alteraciones graves y determinar su origen.
Hasta 1973, España no contó con un sistema nacional para controlar la calidad de las aguas continentales; ese año se inició la denominada Red COCA (red de Control Oficial de la Calidad de las Aguas), basada en el análisis periódico de las aguas de cada cuenca, en determinados puntos estratégicos. Progresivamente esta red se ha visto complementada con otras dirigidas a controlar diversos aspectos como por ejemplo la ROEA, RCOAS...
Sin embargo los defectos de diseño y eficacia de estas redes han sido numerosos y desde 1991 la estrategia de control y vigilancia de las aguas continentales españolas se ve abocada a un cambio profundo. La racionalización del sistema español pasa ahora por la unificación y mejora de las distintas redes de control existentes, de cara a establecer criterios similares en todas sus cuencas hidrográficas, a partir de las recogidas en la normativa comunitaria. Con esta finalidad se ha creado recientemente la denominada Red ICA (Red Integrada de Calidad de las Aguas).
Racionalización y mejora de los vertidos.
Junto con las actuaciones diseñadas para la depuración de las aguas residuales urbanas y la vigilancia de la red hidrográfica, es preciso fijar la atención en la regulación de los vertidos que diariamente se siguen evacuando en los diferentes cauces españoles.
Una Orden Ministerial de 1949 sobre la regulación de vertidos de aguas residuales clasificó los cauces en; protegidos, vigilados, normales e industriales; en la práctica esto vino a suponer una disponibilidad de cursos de agua industriales en los que se toleró cualquier grado de contaminación, al no exigirse establecimiento de sistema depurador alguno.
Este problema hoy no ha desaparecido del todo, debido a la insuficiencia de instalaciones de saneamiento de aguas residuales urbanas y, también al hecho de que no se ha encontrado un destino final idóneo por parte de los residuos que generan algunas de las actividades industriales; su reconocimiento y aceptación son claros en la Ley de Aguas vigente, texto que en su artículo 69 posibilita el vertido de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales, siempre y cuando se disponga de la preceptiva licencia administrativa. La única contrapartida positiva de los vertidos autorizados ha venido siendo la existencia de un “canon” que la grava, regulado por la Ley de Aguas en su art.105 y destinado a la protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica.
En la práctica, la recaudación por este concepto se torna insuficiente para cubrir los objetivos reseñados; de hecho una actuación prioritaria de la Administración Hidráulica es la revisión del canon. Pero, en paralelo a las autorizaciones citadas, se continúan realizando numerosísimos vertidos ilegales.
En la línea de combatir este extendido problema se han destacado medidas recientes como la colaboración entre los Comisarías de Aguas y el servicio de Protección de la naturaleza de la Guardia Civil, etc. Es de interés reparar en la evolución de las sanciones por vertidos no autorizados en los últimos años; su descenso continuado puede ser consecuencia de nuevas y positivas circunstancias; por ejemplo, el aumento de la cuantía de sanciones por vertido ilegal y el hecho de que la indemnización por daños al dominio público hidráulico ya no tienen límite.
Este panorama está inclinando al sector industrial a invertir en instalaciones depuradoras en lugar de decantarse por contaminar y pagar una irrisoria multa; otra circunstancia reside en la concienciación del sector empresarial respecto de los problemas medioambientales en su conjunto.
Pese a esta tendencia esperanzadora, el excesivo número de vertidos ilegales y la fragilidad de un sistema que otorga permisos provisionales, que, de hecho, se convierten en definitivos, ha obligado recientemente a reorientar la estrategia seguida en los últimos años. Así, la aprobación de un nuevo Real Decreto (484/1995) sobre Medidas de Regulación y Control de Vertidos trata de superar el vacío legal existente y ordenar definitivamente los vertidos.
En virtud de este nuevo texto legal se habrán de producir a corto plazo sustanciales modificaciones en el procedimiento tradicional de los vertidos; pues se pretende regular las autorizaciones concedidas y además contempla una línea de ayudas económico-financieras para la implantación, muy costosa, de los sistemas de depuración. Además, el sector industrial puede acceder a distintas subvenciones con cargo a fondos comunitarios, estatales y autonómicos.
Perspectivas a medio plazo para el problema de la contaminación hídrica de origen urbano-industrial.
Los niveles de contaminación hídrica son cualitativamente y cuantitativamente importantes, la proporción de aguas residuales sin tratar es mayor de la aceptable y los contrastes regionales cuestionan la existencia de una política ambiental de carácter estatal.
Problemas que a pesar de la gestión reciente, mantienen hoy nuestras aguas residuales:
Reducidos niveles medios de “tratamiento conforme” -de acuerdo con las disposiciones comunitarias_ y persistencia de situaciones regionales, provinciales y municipales deficientes.
Redes urbanas de saneamiento y estaciones depuradoras obsoletas, con escapes a las aguas freáticas e incapacidad para tratar los volúmenes actuales de aguas residuales.
Los vertidos de las industrias escapan al control ambiental. No se cumple la normativa relativa a emisiones, el número de vertidos no autorizados es abrumador y no se pagan los cánones establecidos para buena parte do los vertidos autorizados.
No se dispone de un destino idóneo para el importante volúmen de aguas procedentes de la depuración de aguas residuales, lo cual es preocupante teniendo en cuenta que, a partir de 12998, la normativa comunitaria prohibe su vertido a aguas superficiales.
Se desconoce el alcance de los vertidos urbanos e industriales, es decir, sus efectos negativos globales sobre las aguas superficiales y subterráneas. La escasez de evaluaciones científicas periódicas es patente.
Las causas del panorama descrito son hoy conocidas y las medidas para corregirlas se encuentran diseñadas parcialmente, e incluso presupuestadas.
En lo referido a actuaciones concretas -a partir de 1995 las perspectivas del problema dependerán de la capacidad de gestión y coordinación de los poderes públicos (y del grado de implicación de las corporaciones locales), de la participación de los sectores industriales (“prevención”)y del escollo presupuestario. Si estos 3 factores clave se desenvuelven con eficacia podrán alcanzarse los objetivos perseguidos.
Las metas a corto plazo aparecen recogidas en 2 grandes instrumentos planificadores que actuarán en este ámbito: el Plan Hidrológico Nacional y el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales (1995-2005):
Del 1º se espera que ponga las bases para resolver los problemas que rodean a la calidad del agua y corrija las deficiencias en la gestión de recursos hídricos en todos los aprovechamientos relacionados con éstos.
El 2º persigue coordinar la estrategia nacional para el cumplimiento de la Directiva de la Unión Europea (96/271) relativa al tratamiento de las aguas residuales de núcleos de población.
Pero no sólo habrán de realizarse las nuevas infraestructuras de saneamiento y depuración en zonas donde no existían, sino que el alcance del Plan se amplíe a otras actuaciones igualmente necesarias y costosas: ampliación y rehabilitación de los sistemas colectores y emisarios, modernización de las instalaciones obsoletas, con renovación y adaptación a los nuevos y mayores cargos contaminantes que se están produciendo; incorporación de tratamiento secundario en la mayoría de las instalaciones españolas de depuración, que sólo cuentan con procesos primarios, e, incluso mejoras para reducir el impacto ambiental de los EDAR.
No obstante, las dificultades para la consecución de los grandes objetivos planteados en el Plan no sólo son de orden financiero. Creemos que el cambio de mentalidad de los poderes municipales será la clave del éxito (pues en la jerarquía actual de las inversiones locales el gasto en mejora ambiental no disfruta de un lugar prioritario). Aún así se entiende que el Plan haya sido calificado como uno de los mayores compromisos de protección ambiental puestos en marcha en España (Martínez Ciscar, 1995).
Se preparan además diversos planes para reforzar el control de los vertidos industriales a los cauces naturales, con la pretensión de mejorar el sistema actual de carga y descarga de aguas residuales industriales. Una pieza clave consiste en implicar a las propias empresas en la mediación y control de los vertidos.
El deterioro de la calidad de vida en las ciudades se constata también en el empeoramiento de las percepciones sensitivas que tenemos en nuestro entorno urbano, proceso éste en el que debemos encuadrar el problema del ruido. España es el país europeo donde mayor porcentaje de habitantes se ve afectado por este problema y el segundo de la OCDE tras Japón. Evidentemente, no es que nuestro país tenga mayor capacidad para crear ruido, sino más bien la inhibición constante de los poderes públicos frente a esta cuestión hasta fechas recientes.
Si valoramos la situación de áreas urbanas de más de 20000 hab, algunos datos confirman la gravedad del problema. Según mediciones de 1993, casi el 57% de sus viviendas están expuestas a niveles superiores a los 65 dB (A) durante el día, llegando un 25% a sufrir niveles por encima de 70dB(A). Estos son los límites admisibles en la mayor parte de los países europeos. Además, la mayoría de las fuentes disponibles confirman el diagnóstico anterior, ya que en las encuestas de la Federación Española de Municipios y Provincias se concluye que la contaminación sonora es considerada un problema grave por más de la mitad de la población residente en núcleos urbanos de más de 100000 hab.
Las fuentes del ruido urbano.
Cuadro 3. Fuentes principales de la contaminación acústica urbana.
Aportación porcentual
Fuentes de origen comunitario
Fuentes de origen mecánico
Fuentes comerciales y de ocio
Dentro del Cuadro 3, diferenciamos:
Tráfico terrestre: turismos, camiones y autocares, motocicletas, camiones de basura, servicios de ambulancia y policía, trenes…
Tráfico aéreo: aviones, ruido de aeropuertos, helicópteros…
Fuentes de origen comunitario: niños jugando, gritos, radio, televisión y música en viviendas, conversaciones en la calle…
Fuentes de origen animal: pájaros, perros…
Fuentes de origen mecánico: obras, maquinaria, ventilación/climatización, carga/descarga, actividades portuarias…
Fuentes de origen comercial y de ocio: talleres mecánicos, de lavado de coches, reparto urbano, pubs y discotecas, actividades deportivas…
El tráfico rodado es, con diferencia, el principal foco generador de ruido en las ciudades españolas. En parte, esto es consecuencia del incremento del número de vehículos y del volumen de tráfico en el conjunto del país, un problema que se precipita verdaderamente en la segunda mitad de los ochenta: entre 1981 y 1985, el parque automóvil experimentó un crecimiento del 9,8%, pero en el quinquenio siguiente se incrementó en un 34%.
Sin embargo, la incidencia del tráfico sobre el nivel del ruido es compleja y mutables, pues no se reduce al número de vehículos que circulan por una vía en un momento concreto. También hay que tener en cuenta aspectos tan dispares como el tipo de vehículo, la velocidad del mismo, tipo de motor, carga, tipo de combustible…Por otra parte la diferenciación es más difícil aún cuando se consideran también las características de las vías de circulación: anchura de la calle, altura y estructura de los edificios, material de pavimentación…Así, el problema del ruido se torna complicado en España, donde la red urbana está protagonizada por ciudades que mantienen extensos cascos históricos con callejeros densos y estrechos, pavimentos rugosos, escasos espacios abiertos…
Efectos negativos del ruido.
Convencionalmente se considera que un ruido inferior a 45dB(A) apenas genera molestias, éstas aparecen en un 10% de la población cuando el ruido alcanza los 55dB(A) y en la totalidad cuando superan los 85dB(A). Considerando estas premisas, la mayoría de los países desarrollados han establecido un límite máximo de tolerancia al ruido ambiental diurno cifrado en 65dB(A), al que antes hacíamos alusión.
Es difícil establecer generalizaciones acerca de los efectos nocivos del ruido, pero, en cualquier caso es evidente que las secuelas de la exposición a niveles altos de ruido son variadas y no poco importantes. Entre los trastornos de tipo fisiológico se encuentran la pérdida parcial o total de audición, afecciones cardiacas y circulatorias (hipertensión) y otras menos conocidas de tipo respiratorio, digestivo y neurovegetativo. En el terreno de las alteraciones psíquicas y del comportamiento sobresalen las alteraciones del sueño y del descanso, la irritabilidad y los trastornos de la conducta (agresividad), los trastornos depresivos y una disminución de la concentración que deriva en bajo rendimiento en estudios y trabajo.
Actuaciones contra el ruido.
Actualmente, el verdadero problema en relación al ruido, más que el ruido en sí, es la dejadez o inhibición de los poderes públicos españoles a la hora de emprender acciones efectivas contra este elemento agresor del medio ambiente.
Estancamiento legislativo en materia de ruido.
España no dispone aún de una legislación básica de ámbito estatal para la prevención y reducción del ruido ambiental. Las únicas disposiciones concretas de rango estatal están referidas a la regulación de niveles máximos de emisión sonora y vibraciones de ciertos vehículos, maquinaria de construcción, aparatos domésticos…en los Reales Decretos 2028/86 y 254/89. Desde la Administración del Estado se han fijado niveles máximos de ruido (65dB(A) de día y 55dB(A) de noche) en la construcción de infraestructuras públicas, que están sujetas a la declaración de impacto ambiental, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1302/86.
Para paliar la carencia de reglamentación nacional, La Dirección General de Política Ambiental del MOPT elaboró un “Modelo de Ordenanza Municipal de Protección Ambiental”, con la pretensión de ser una referencia útil para los ayuntamientos con respecto a niveles de ruido admisibles, condiciones acústicas de los edificios, ruidos de vehículos, trabajos en la vía pública que produzcan ruido, etc… y se plantean unos objetivos básicos:
1º. Unificar criterios para todo el territorio nacional.
2º. Elaborar una normativa actualizada que contemple las recomendaciones sobre políticas de lucha contra el ruido, formuladas por la OCDE y que se llevan a cabo en diferentes países de la Unión Europea.
3º. Extender una obligatoriedad de contemplar la variable ruido en todas las obras de infraestructura públicas y privadas.
Actuaciones concretas sobre el ruido.
A pesar de las carencias legislativas citadas, durante la década de los noventa se está intentando acelerar en España la ejecución de algunas medidas concretas para paliar el ruido. Destacan las de contenido planificador e informativo (cartografía acústica), las dirigidas al control permanente (redes de vigilancia de la contaminación sonora) y las que pretenden corregir los altos niveles de ruido registrados en “puntos negros” concretos (pantallas acústicas).
En general, se ha prestado una escasa atención a la cuestión medioambiental, tanto desde ámbitos políticos como científicos. Las actuaciones mediatizadas por las CCAA, han derivado en situaciones de clara disparidad territorial, quizá provocadas por la respectiva capacidad financiera y/o de gestión de cada autonomía, por la distinta sensibilidad ambiental del gobierno regional en ejercicio, o por las relaciones entre éste y el poder central.
Se ha instalado en la Administración Central la preferencia por la política de buenas intenciones (redacción de ambiciosos documentos teóricos), antes que la aspiración a alcanzar resultados efectivos y concretos; ha sido necesaria la promulgación de una nueva directiva comunitaria para que la Administración española se movilice en este campo proponiendo unas metas cuya consecución depende de frágiles compromisos con los ayuntamientos -endeudados y con un amplio catálogo de problemas ambientales por resolver- y con los sectores industriales, cuyos pequeños y medianos establecimientos se encuentran escasamente sensibilizados y soportan graves limitaciones financieras.
Otro inconveniente a revisar del pensamiento dominante en la gestión ambiental española es la tendencia a luchar contra la degradación ambiental corrigiendo el deterioro causado, en lugar de insistir en evitar la aparición del problema.
Podemos esperar un cambio de giro a esta dinámica si se refuerzan las directrices de carácter preventivo que a lo largo de la presente década se han ido incorporando a la política medioambiental española.
- Bailly, A. S.: La percepción del espacio urbano, (1979) Instituto de estudios de la administración local, Madrid
- Elsom, Derek: La contaminación atmosférica,(1991) Ed. Civitas, Madrid
- Legislación sobre Medio Ambiente, (1991) Ed. Civitas, Madrid, 1ªedición.
- Mensing, Friedhelm: Municipio, ciudad y medio ambiente.
- Mulero Mendigorri, Alfonso: Introducción al medio ambiente en España, (1999) Ed. Ariel Geografía, Barcelona, 1ªedición.
Decibelio (A): se utiliza esta medida porque el oído humano no percibe con la misma sonoridad 2 ondas sonoras de igual intensidad y distinta frecuencia. Por esto, los sonómetros incorporan unos filtros de frecuencia (denominados A) que compensan las diferencias de sensibilidad. La medición resultante se expresa en dB(A).
Enviado por: Beatriz Crespo Y Marina Feijoo
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References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 69
 Real Decreto 
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