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Timestamp: 2019-09-18 03:28:21+00:00

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Armas autorizadas para portar por el personal de Seguridad Privada en España
Un Ciudadano Ejemplar septiembre 26, 2018 Documentación útil
Las competencias sobre las armas del personal de Seguridad Privada se llevan a cabo por la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) de la Guardia Civil.
Esta entrada explica cuales son actualmente las armas que están autorizados a portar el personal de Seguridad Privada, y que usa como fuente la información ofrecida desde la Guardia Civil, y que son las siguientes:
El arma reglamentaria de los vigilantes de seguridad, en los servicios que hayan de prestarse con armas, será: Revólver calibre 38 especial, de cuatro pulgadas.
Son armas concebidas para usar con cartuchería metálica, apta para su utilización con arma corta, de calibres: 6,35, 7,65, 9 mm corto, 9 mm parabellum, 9 mm largo, 22LR, 22 Magnum, 38 especial 357 Magnum.
Normativa reguladora Orden del Ministerio del Interior de 15 de febrero de 1997, por la que se determinan las armas de fuego a utilizar por los Guardas Rurales para desempeñar funciones de vigilancia y guardería.
El artículo 3 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, clasifica en la categoría 2.1 a las armas largas para vigilancia y guardería, especificando que dichas armas serán las que se determinen por Orden del Ministerio del Interior o mediante decisión adoptada a propuesta o de conformidad con el mismo, como específicas para desempeñar funciones de vigilancia y guardería. El artículo 93.1 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, establece que el arma reglamentaria de los Guardas Rurales, será el arma de fuego larga para vigilancia y guardería, determinada con arreglo al artículo 3 del Reglamento de Armas, facultando la disposición final primera de dicho Real Decreto al Ministro del Interior para dictar las disposiciones necesarias para su ejecución.

References: artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 93
 Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto