Source: https://www.cuestionesdivorcios.es/fondo-de-garantia-del-pago-de-alimentos/
Timestamp: 2019-04-19 23:09:01+00:00

Document:
El impago en la pensión de alimentos
Cuantía del anticipo
Solicitud del anticipo
Extinción del derecho reconocido
Reintegro de lo cobrado indebidamente
En la sentencia o convenio regulador se establece en multitud de ocasiones una pensión de alimentos a favor de los hijos comunes de la pareja. Esta obligación puede ser requerida judicialmente en caso de incumplimiento por parte del obligado al pago.
En estos casos, y a pesar de existir diversos cauces legales para reclamar dichos incumplimientos, en muchas ocasiones resulta imposible el cobro estipulado. Esta situación puede ocasionar graves perjuicios económicos al cónyuge que tiene la guardia y custodia, por lo que el Estado, en casos de extrema necesidad y de forma temporal abonar la pensión de alimentos a través del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.
El fondo de Garantía del Pago de Alimentos fue creada en el año 2006. Tiene como finalidad garantizar a los hijos e hijas menores de edad el pago de alimentos reconocidos e impagados establecidos en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial en procesos de separación, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, filiación o alimentos
En primer lugar la resolución en la que se reconozcan los alimentos tiene que haber sido dictada por los tribunales españoles. Respecto a la nacionalidad de los menores de edad, los extranjeros no nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea deberán, además, cumplir los siguientes requisitos:
Residir legalmente en España y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del anticipo. Para los menores de cinco años estos periodos de residencia se exigirán a quien ejerza su guarda y custodia. Esta acreditación no deberá ser acreditada, si el si el titular de la guarda y custodia fuera español.
Cumplir el requisito económico.
En segundo lugar, respecto a la cuantía económica, deberán estar dentro de los siguientes límites:
Los recursos e ingresos económicos de la Unidad familiar, computados anualmente, no podrán superar la cantidad resultante de multiplicar la cuantía anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), vigente en el momento de la solicitud del anticipo, por el coeficiente que corresponda en función del número de hijos e hijas menores que integren la Unidad familiar. Dicho coeficiente será 1,5 si sólo hubiera un hijo, y se incrementará en 0,25 por cada hijo, de forma que el coeficiente será 1,75 si hubiera dos hijos en la unidad familiar, 2 si hubiera tres hijos, y así sucesivamente.
Para realizar el cálculo correctamente debemos aclarar unos conceptos:
Se considera Unidad familiar exclusivamente la formada por el padre o la madre y aquellos hijos e hijas menores de edad, titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado, que se encuentren a su cargo.
Se considera rentas o ingresos computables los rendimientos del trabajo, del capital y de actividades económicas de los que disponga anualmente la unidad familiar. Asimismo, se computará el saldo neto de ganancias y pérdidas patrimoniales obtenidos en el ejercicio por todos los miembros de la unidad familiar.
Rendimientos del trabajo: retribuciones, tanto dinerarias como en especie, que deriven del trabajo personal prestado en el ámbito de una relación laboral o estatutaria por cuenta ajena por todos los miembros de la unidad familiar.
Rendimientos del capital: totalidad de los ingresos, dinerarios o en especie, que provengan de elementos patrimoniales, bienes o derechos cuya titularidad corresponda a alguno de los miembros de la unidad familiar y no se hallen afectos al ejercicio de actividades económicas.
Elementos patrimoniales: excluida en todo caso la vivienda habitual de la Unidad familiar, que no sean productores de rendimientos de esta naturaleza, la imputación de los rendimientos correspondientes a los mismos se efectuará conforme a las normas establecidas en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Los rendimientos derivados del ejercicio de actividades económicas se computarán de acuerdo con las normas y reglas establecidas al efecto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el método de determinación del rendimiento neto que resulte aplicable.
El saldo neto de las ganancias y pérdidas patrimoniales será el resultado de integrar y compensar entre sí, en los términos establecidos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las ganancias y pérdidas patrimoniales obtenidas en el ejercicio por los miembros de la unidad familiar.
Para el cómputo anual de los recursos e ingresos económicos de la Unidad familiar se tendrán en cuenta aquellos de que disponga o se prevea que va a disponer en el año natural en el que se solicite el anticipo.
La cuantía del anticipo que conceda el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos se considerará siempre en importes mensuales. El importe mensual será la cantidad determinada judicialmente en concepto de pago de alimento, con un máximo de 100 euros. Si la Unidad familiar estuviera integrada por varios beneficiarios este límite operará para cada uno de ellos.
El pago se contará a partir del día primero del mes siguiente a aquél en que se hubiese presentado la solicitud. El pago se efectuará por mensualidades vencidas y lo percibirá quien tenga la guarda y custodia del menor beneficiario.
La solicitud la realizará el miembro de la unidad familiar que tenga la guardia y custodia del menor beneficiario del anticipo. LA solicitud debe realizarse mediante el siguiente modelo oficial (+ descarga aquí el modelo oficial). Con carácter general, la solicitud contendrá:
Testimonios del convenio judicialmente aprobado o de la resolución judicial que declare el derecho a alimentos. Copia emitida por el juzgado, en el que se reconozca judicialmente el derecho a alimentos.
Testimonio de haber instado la ejecución de la resolución que declare el derecho a alimentos. Copia emitida por el juzgado de haber ejecutado el derecho anteriormente reconocido, requiriendo judicialmente el pago de los alimentos.
Podrá reconocerse el anticipo a través del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos a quienes, reuniendo las requisitos comentados anteriormente concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Cuando los recursos e ingresos económicos de la unidad familiar no superen el límite que corresponda indicado anteriormente reducido en 0,5 puntos el coeficiente.
Cuando la persona que ostente la guarda y custodia del menor sea víctima de violencia de género. Ésta situación deberá acreditarse a través de alguna de estas acreditaciones:
La sentencia condenatoria.
La resolución judicial que hubiere acordado como medida cautelar para la protección de la víctima la prohibición de aproximación o la prisión provisional del inculpado.
La orden de protección a favor de la víctima, y en su defecto, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.
Este procedimiento de urgencia no necesitará el certificado expedido por el Secretario Judicial que acredite el resultado infructuosos de la ejecución, siendo bastante el testimonio de haber instado la ejecución judicial de la resolución que reconoció el derecho a alimentos y el transcurso de dos meses desde que se instó dicha ejecución, sin haber obtenido su pago conforme a la declaración del solicitante.
El plazo máximo para resolver y notificar al solicitante la resolución será de tres meses, y de dos en el procedimiento de urgencia. En caso de no obtener respuesta por parte de la administración, la solicitud se debe entender estimada por silencio administrativo.
La concesión del pago del anticipo se comunicará, por el órgano instructor al Juzgado o Tribunal que hubiese dictado la resolución judicial, y al obligado al pago de los alimentos, en el plazo de diez días a partir de la fecha de la emisión de la resolución de reconocimiento.
Comunicar cualquier variación de la composición y situación económica de la Unidad familiar así como cuantas circunstancias puedan tener incidencia en la conservación y cuantía del derecho al anticipo concedido, en el plazo máximo de treinta días desde la fecha en que se produzca.
Someterse a las actuaciones de comprobación que la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas determine para verificar las condiciones y términos por los que se reconoció el anticipo.
Las modificaciones de las circunstancias que justificaron la concesión del anticipo de la pensión de alimentos puede dar lugar a la extinción de los anticipos.
Este derecho finaliza por alguna de las siguientes causas:
Por alcanzar el beneficiario la mayoría de edad.
Por alteración de las condiciones económicas de la Unidad familiar que justificaron el reconocimiento siempre que la misma supere los límites establecidos.
Por resolución judicial que así lo determine.
Por modificación de la resolución judicial que reconoció el derecho de los beneficiarios a alimentos, siempre que de la misma se derive la improcedencia sobrevenida del mismo.
Por cumplimiento voluntario o forzoso de la obligación de pago por parte del obligado.
Cuando el anticipo se obtuviera mediante la aportación de datos falsos o deliberadamente incompletos o a través de cualquier forma fraudulenta o con omisión deliberada de circunstancias que hubieran determinado la denegación o reducción del derecho.
Por el transcurso del plazo máximo de garantía.
Por el reconocimiento de prestación o ayuda incompatible, previa opción del solicitante, o percepción de la misma.
Por fallecimiento del obligado al pago de alimentos.
Por pérdida de la residencia legal, respecto de los menores que carezcan de nacionalidad española.
Procederá el reintegro de los anticipos indebidamente percibidos en los siguientes supuestos:
Cuando se hayan realizado abonos una vez producida la extinción del anticipo.
Cuando el reconocimiento se hubiese producido en base a la aportación de datos falsos o deliberadamente incompletos o a través de cualquier otra forma fraudulenta, así como mediante la omisión deliberada de circunstancias que hubiesen determinado la denegación o reducción del anticipo solicitado.
Cuando resulten cantidades percibidas indebidamente como consecuencia de un procedimiento de revisión.

References: resolución 
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