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Timestamp: 2019-10-17 13:26:50+00:00

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SENTENCIA SP5831-2016 DE 04 DE MAYO DE 2016
CONTENIDO:INVESTIGACIONES BASADAS EN PATRONES DE MACRO CRIMINALIDAD NO IMPLICA RENUNCIAR AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. SE SEÑALA QUE ESTABLECER UN PATRÓN MACROCRIMINAL IMPLICA DETERMINAR EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES CRIMINALES, PRÁCTICAS Y MODOS DE ACTUACIÓN DE UN GRUPO ARMADO ORGANIZADO AL MARGEN DE LA LEY, A PARTIR DE LAS CUALES SE PUEDEN DEDUCIR LAS POLÍTICAS Y PLANES QUE IMPLEMENTÓ, INFORMACIÓN NECESARIA PARA CONCENTRAR LOS ESFUERZOS INVESTIGATIVOS EN LOS MÁXIMOS RESPONSABLES DE LA IDEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN CRIMINAL Y PARA DEVELAR LA ESTRUCTURA, EL MODUS OPERANDI Y LAS RELACIONES QUE HICIERON POSIBLE SU ACCIONAR. EN ESE CONTEXTO, RECUERDA QUE SE TRATA DE UN MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VERDAD, PARA FACILITAR LA COMPRENSIÓN DE LAS CAUSAS Y DESARROLLO DEL CONFLICTO, EN TANTO NO SE LIMITAN AL EXAMEN AISLADO DE CASOS SINO QUE ENLAZAN CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO, LUGAR. CON BASE EN LO ANTERIOR, SE INSISTE EN QUE LA ELABORACIÓN DE LOS PATRONES DEL ACTUAR CRIMINAL, EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS CONSECUENCIAS PREVISTAS EN LA NORMATIVIDAD TRANSICIONAL VIGENTE, NO COMPORTA LA POSIBILIDAD DE DEJAR DE INVESTIGAR TODOS LOS HECHOS DELICTIVOS MATERIALIZADOS POR LA ESTRUCTURA EXAMINADA PORQUE EN COLOMBIA AÚN NO OPERA LA SELECCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS SUSCEPTIBLES DE JUDICIALIZARSE.
TEMAS ESPECÍFICOS:RECURSO DE APELACIÓN, DESPLAZAMIENTO FORZOSO, GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY, VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO, OPERACIONES DE LAS FUERZAS MILITARES, POLÍTICA CRIMINAL Y CARCELARIA
Sentencia SP5831-2016/46061 de mayo 4 de 2016
Rad. 46061
Bogotá D.C., cuatro de mayo de dos mil dieciséis.
De conformidad con el parágrafo 1º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 27 de la Ley 1592 de 2012, y los artículos 68 ibídem y 32-3 de la Ley 906 de 2004, esta Colegiatura es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín el 2 de febrero de 2015.
Los quince recursos de apelación incoados por las partes e intervinientes se dividen en dos bloques temáticos: los que censuran aspectos relacionados con la decisión del incidente de reparación integral y los que cuestionan otros tópicos de la sentencia, según se observa en el siguiente resumen:
Impugnante Aspecto impugnado
Pide la nulidad de lo actuado
1. El Tribunal no estaba facultado para dictar sentencia complementaria.
2. El a quo no se pronunció sobre la solicitud de reparar el daño colectivo.
3. No se surtió el trámite de conciliación en el incidente de reparación integral.
Defensa 1. Se afectó el mínimo vital del postulado.
2. Se aplicaron en forma errónea los patrones de macro criminalidad.
LRGR (apoderado víctimas) 1. Se desconoció el principio de flexibilidad probatoria para reconocer víctimas y liquidar perjuicios.
2. El monto de indemnización a las víctimas de desplazamiento forzado vulnera el principio de igualdad.
3. El Tribunal omitió pronunciarse sobre la indemnización del daño a la vida de relación solicitado en favor de las víctimas.
(apoderada víctimas)
1. Dada la flexibilidad probatoria no debieron excluirse las víctimas por ausencia de poder o prueba de la representación en caso de los menores.
2. Casos concretos planteados.
No se debieron excluir las víctimas que relaciona porque sí solicitó indemnizarlas y aportó las pruebas correspondientes.
(apoderado víctimas)
1. La indemnización decretada por el delito de desplazamiento forzado difiere sustancialmente de la solicitada, sin explicación alguna.
2. No se resolvió la pretensión de resarcir a las víctimas del delito de hurto, pues sólo se les reparó por el punible de desplazamiento forzado.
3. No se concretó el monto de la indemnización para cada víctima, pues determinó que puede llegar hasta 10SMMLV para el desplazamiento y 15 SMMLV para el secuestro, dejando al arbitrio de la entidad administrativa la estimación del mismo.
4. Se excluyeron algunas víctimas bajo el argumento de que no se solicitó la indemnización, lo cual no es cierto porque sí lo hizo. Cita 6 casos.
Señala la existencia de una irregularidad sustancial porque la Fiscalía encargada del caso omitió imputar a RVM varios cargos por secuestro, tortura, entre otros. Con ello se afectó los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia.
1. Se negó el derecho a la reparación integral por cuanto; i) se omitieron peticiones sustentadas, ii) se resolvieron equivocadamente otras; iii) tasación de perjuicios morales genérica; fijó porcentajes sin delimitarlos. iv) se omitieron los precedentes en torno a la cuantía de las indemnizaciones de perjuicios morales.
2. No tuvo en cuenta la prueba de dependencia económica de las progenitoras de algunas víctimas directas porque aplico erradamente la presunción del Consejo de Estado de que los hijos mayores de 25 años han conformado su propio núcleo familiar.
3. Relaciona y explica los casos concretos.
4. No es cierto que no haya solicitado indemnización por lucro cesante, pues sí lo hizo, y debe liquidarse en los 26 casos que enlista.
1. Censura la tasación genérica de perjuicios morales que no individualiza el monto correspondiente a cada solicitante.
2. El Tribunal confundió el daño a la vida de relación con las medidas de atención médica y acceso a la educación. Cita dos casos.
3. Se omitió resolver la pretensión de un núcleo familiar a pesar de que aportó la documentación pertinente.
1. Los criterios del Tribunal para tasación de perjuicios morales son equivocados porque conducen a fijar montos ostensiblemente bajos, tratándose de graves violaciones de los D.H.
2. No se precisa la cifra a pagarse a cada víctima por perjuicios morales, lo cual puede llevar a abusos y arbitrariedades de la entidad encargada de cumplir la sentencia.
3. Cuestiona la exclusión por no aportar poder o prueba de representación en caso de los menores porque tratándose de víctimas no se puede ser tan riguroso.
4. En el delito de desplazamiento forzado todas las víctimas son directas y no se debió exigir prueba de su parentesco o dependencia.
Pregona la configuración de irregularidades sustanciales, pero no pide nulidad para no afectar a las víctimas
1. Menciona como irregularidades que afectan el debido proceso: i) No se le reconoció personería para actuar; ii) La dinámica impuesta por el Tribunal para adelantar el incidente de reparación integral impidió expresar de forma oral las pretensiones y concedió plazo para entregar las carpetas de cada víctima, cuando debía hacerse al formularse la solicitud; iii) Tramitó las audiencias del incidente en el municipio de Peque sin la presencia virtual del postulado, quien no tuvo la oportunidad de revisar las pretensiones de las víctimas.
2. No se precisó el nombre e identidad de las víctimas resarcidas ni la cuantía de la indemnización.
3. En la exclusión de 105 víctimas el Tribunal desconoció los principios de buena fe y flexibilidad probatoria, a partir de los cuales debía analizar otras pruebas obrantes en el expediente. Además, en desplazamiento forzado no es necesario demostrar el parentesco ni la dependencia, pues basta creer en el reporte del núcleo familiar desplazado.
4. Se debe ordenar cancelar de manera preferente la indemnización ordenada en este fallo.
Pide la nulidad de la sentencia
1. No se motivó la decisión de fijar el monto de la indemnización por perjuicios morales en una suma muy inferior a la solicitada por cada reclamante.
2. No se valoró la prueba aportada por Fiscalía y víctimas, lo cual condujo a negar varias pretensiones sin que hubiese lugar a ello.
3. No se tuvo en cuenta el principio de buena fe.
4. Se afectó el principio de igualdad procesal porque sólo se adicionó la sentencia respecto de las víctimas de un abogado y no respecto de los demás litigantes en relación con los cuales también omitieron resolver pretensiones indemnizatorias.
4. Subsidiariamente apela para que se incluyan a las víctimas que relaciona y se liquiden las indemnizaciones incoadas.
5. La presunción de que las personas mayores de 25 años ya habían formado su hogar admite prueba en contrario.
1. La cuantía de 10SMMLV es demasiado baja y no resulta proporcional para la grave violación de derechos humanos que comporta el desplazamiento forzado.
2. Todas las víctimas de desplazamiento son directas sin importar la edad que tenían.
3. No se valoró la prueba en su conjunto para verificar la calidad de víctima. Cita los casos.
Encuentra configurada la nulidad, pero no solicita su decreto para no afectar a las víctimas
1. Se quebrantaron los derechos de las víctimas de acceder a la justicia y se les imprimió a sus pretensiones una carga demostrativa que desconoce del derecho internacional de D.H. y los precedentes de la Corte Suprema.
2. La exclusión como víctimas de quienes fueron reclutados siendo menores de edad y se desmovilizaron con mayoría de edad viola los tratados internacionales sobre derechos de los niños, pues en esos eventos no aplica la teoría de «auto puesta en peligro».
3. Los criterios utilizados por el Tribunal para las reparaciones de perjuicios morales carecen de fundamento normativo y se apartan sin explicación de los precedentes jurisprudenciales. Se vulnera el principio de igualdad frente a otros procesos decididos con otros parámetros.
4. El Tribunal no sustentó las razones que desestimó las pretensiones de las víctimas.
5. Afirma haber allegado la prueba en los casos que se rechazaron. Cita 22 casos.
6. Pide que la Corte fije el plazo razonable para adelantar el incidente de reparación integral en casos complejos como el examinado, donde sólo se otorgaron 11 días para que 6500 personas presentaran su pretensión indemnizatoria.
(Apoderada de Víctimas)
1. No presentó el incidente de reparación respecto de dos núcleos familiares y, sin embargo, el Tribunal decidió sobre la indemnización, situación que viola sus derechos.
2. Pide reconocer como víctima a la madre de un menor asesinado por los paramilitares, pues aunque acudió a ellos para que «lo ajuiciaran», nunca solicitó que le cegaran la vida.
3. No se tuvo en cuenta el peritaje financiero aportado. Por ende, no se motivó con suficiencia la decisión.
4. Cuestiona la no legalización del hurto agravado por la violencia por parte del Tribunal en la denominada «masacre de El Aro». Pide que se legalice y se condene al postulado.
5. Las víctimas de desplazamiento excluidas por el Tribunal por no estar incluidas en el listado entregado por la Fiscalía, sí lo estaban y deben reconocerse como tal y decretarse en su favor la indemnización. Se trata de 1472 desplazado de «El Aro».
5. Censura que sólo se reconocerá como víctima al jefe de grupo familiar y no a todos sus integrantes, quienes también fueron desplazados. Enlista más 100 personas excluidas por ese aspecto.
6. No se concretaron los perjuicios morales ordenados para cada víctima de manera que no se sabe la cuantía reconocida a cada persona, lo cual es esencial porque la sentencia constituye el título con base en el cual se acude ante la entidad administrativa encargada de hacer el pago.
7. A nombre de cada víctima se solicitaron perjuicios morales específicos, pero el Tribunal no resolvió la solicitud ni dijo porque estableció montos tan bajos. Falta motivación.
8. Pide adicionar la sentencia para que se señale que el tiempo que lleva RVM recluido en Estados Unidos no se tenga en cuenta en justicia y paz.
Considerados los numerosos y variados temas objeto de censura, la Sala resolverá primero los relacionados con aspectos penales y atinentes al trámite del incidente de reparación integral. Luego abordará los referidos a la decisión que culmina el trámite incidental. Para mejor compresión, se identificarán los temas objeto de inconformidad y a continuación se plasmarán las consideraciones y la decisión.
1. Impugnaciones sobre aspectos penales y del trámite del incidente de reparación integral.
1.1. Afectación del Mínimo vital de RVM.
La defensa considera que el fallo vulnera el derecho al mínimo vital del postulado porque negó la solicitud de destinar la finca «El Caimán» a la manutención de RVM y de su familia. En tal sentido, agrega, acorde con las sentencias T-809 de 2006 y T-1207 de 2001, tratándose de derechos fundamentales, el fallador debe desplegar la actividad probatoria necesaria para determinar si se configura dicha afectación y, en el peor de los casos, debe requerir al peticionario para que la aporte.
Cuestiona que la negativa se apoyara en fotografías publicadas en medios de comunicación porque no fueron incorporadas al expediente como pieza procesal y la defensa no pudo controvertirlas, con lo cual vulneró el derecho de defensa y el debido proceso.
Además, añade, de un fotograma no puede deducirse que el hijo del postulado es un rico comerciante ni la profesión de abogado de FV prueba capacidad económica, pues tiene menos de dos años de graduado y su participación en el proceso de su padre ha sido gratuita.
Encuentra errada la interpretación del precedente T-211 de 2011 porque allí se considera el supuesto donde existen otros medios de subsistencia, pero en el evento examinado todos los bienes fueron ofertados para reparación de víctimas. Por demás, añade, se trata de un adulto mayor sin pensión de jubilación, quien una vez cumpla la condena en Estados Unidos volverá a Colombia sin ninguna fuente de ingresos y con el reproche social derivado de su pertenencia a la organización ilegal.
De otra parte, informa, radicó trámite incidental para el levantamiento de medidas cautelares del bien «La Querida», M.I. 141-15366, de propiedad de la nuera del postulado, CAS y de sus nietos menores, viuda y huérfanos de VV, a quienes se debe garantizar el mínimo vital dada su calidad de víctimas porque la muerte de Vladimir se produjo como retaliación por la militancia de su padre en el paramilitarismo.
Afirma haber radicado ante la Magistratura de Control de Garantías del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín dos incidentes de levantamiento de medidas cautelares: a) sobre el bien con matrícula 141-15366 de VV y, b) inmueble con M.I. 141-11597, finca «La Palmera»; 141-1483, finca «Villaflor»; 141-10761, finca «La Esterlina»; y 015-49505/48740, finca «Así es la Vida».
Pide a la Corte no pronunciarse respecto a los mencionados bienes, hasta tanto se haya resuelto los incidentes de levantamiento de medidas cautelares.
Acorde con los artículos 10 y 11 de la Ley 975 de 2005, constituye requisito esencial para acceder a los beneficios previstos en el estatuto transicional entregar los bienes producto de la actividad ilegal.
Así mismo, según el canon 42 ibídem, los postulados tienen la obligación de reparar a las víctimas «de aquellas conductas punibles por las que fueron condenados mediante sentencia judicial» y para ello deberán entregar los bienes ilícitos y lícitos que posean (artículo 45.1). Los primeros en tanto «no le pertenecen y, por lo tanto, la entrega no supone un traslado de propiedad sino una devolución a su verdadero propietario —mediante la restitución del bien— o al Estado» (C-370-2006); los segundos, en atención a la obligación de todo ciudadano de sufragar las condenas impuestas en los fallos ejecutoriados que determinen la comisión de hechos punibles generadores de daños a terceros.
Pues bien, la finca «El Caimán» no fue ofrecida para la reparación de víctimas por el postulado sino identificada por la Fiscalía en desarrollo de sus labores de verificación(18).
En virtud de lo anterior, el ente acusador inquirió a RVM sobre el inmueble, quien en versión rendida los días 5 y 6 de agosto de 2013, señaló que con dinero lícito adquirió varios predios para su familia hasta conformar un globo de terreno de mil hectáreas; sin embargo, no supo decir a nombre de quien está la propiedad ni en manos de quien quedó cuando fue extraditado.
Por su parte, la Fiscalía informa que el «El Caimán» está conformado por varios predios entre ellos la finca «Las Malvinas» ubicada en el municipio de Turbo, corregimiento Blanquicet, verada El Caimán, la cual fue denunciada como de las autodefensas por Raúl Emilio HM, alias «Pedro Ponte» o «Pedro Bonito», ex comandante del Frente Arlex Hurtado del Bloque Mineros, bien que se encuentra en cabeza de la esposa de Hasbún.
Siendo ello así, la Sala observa que al proceso no se allegó estudio de títulos o el folio de matrícula inmobiliaria y/o ficha catastral, situación por la cual no se afectó con medida cautelar ni hizo parte de los bienes vinculados con fines de extinción de dominio en este proceso. Aún más, frente a dicho inmueble la Fiscalía no hizo ninguna solicitud, limitándose a informar que estaba verificando su situación.
En consecuencia, no existen elementos de juicio que permitan establecer en cabeza de quién se encuentra la propiedad, quien ostenta la posesión, cuál es su extensión y a qué actividad está destinada: ganadera, agrícola, de recreo, mixta, entre otras posibilidades, aspectos necesarios para evaluar la pretensión defensiva.
Entonces, hizo bien el Tribunal al no acceder a esa solicitud porque la parte interesada no suministró ninguna prueba sobre las afirmaciones en que la sustenta, esto es, i) que el bien se encuentra vinculado a este proceso transicional; ii) que fue ofrecido por el postulado; iii) que fue adquirido con recursos lícitos; iv) que el núcleo familiar del postulado carece de recursos económicos; v) que los hijos de RVM son menores de edad o dependen de él por alguno de los motivos previstos en la ley, entre otros aspectos de necesaria demostración.
En suma, el bien no se encuentra vinculado a este trámite ni se ha clarificado su adquisición con recursos lícitos. Por el contrario, acorde con lo esbozado por la Fiscalía, hay indicios de su vinculación con el accionar paramilitar, dadas las condiciones y fecha de negociación, así como las afirmaciones efectuadas por HM.
En ese orden, con independencia de que el Tribunal se apoyara en algunas fotografías publicadas en medios de comunicación, no podía acceder a la pretensión defensiva. Además, la proactividad de la magistratura en procura de materializar los derechos fundamentales es propia de los procesos de amparo constitucional y no de las peticiones radicadas en el proceso transicional, las cuales deben estar sustentadas en las pruebas aportadas legal y oportunamente por las partes.
De otra parte, la petición de no pronunciarse sobre los bienes «La Querida», «La Palmera», «Villaflor», «La Esterlina» y «Así es la Vida», hasta que no se resuelva el trámite incidental de levantamiento de medidas cautelares, es improcedente porque no configura una impugnación contra la determinación adoptada por el Tribunal sino una solicitud no planteada al a quo, de imposible trámite en ésta instancia.
En tal sentido, la argumentación relativa a la condición de víctimas de los familiares de RVM y a la afectación del mínimo vital deberá abordarse en los citados trámites incidentales y no dentro de esta impugnación, pues se trata de aspectos no propuestos ni debatidos en este proceso.
No prospera el reproche.
1.2. Errónea aplicación de patrones macrocriminales.
La defensa considera que la Directiva 1 de 2012 de la Fiscalía General de la Nación y el Decreto 3011 de 2013, al establecer el concepto de patrones de macro criminalidad, obligan que la investigación y juzgamiento de las conductas punibles en justicia transicional se hagan sin tener que revisar cada caso, pues ello conllevaría al colapso de la jurisdicción, dada la magnitud de los crímenes cometidos por los actores armados en desarrollo del conflicto.
Por ello, afirma, en contra de RVM sólo debe existir una condena por el delito de hurto basada en el patrón macro criminal, resultando contrarios a la nueva legalidad los exhortos del Tribunal para que la Fiscalía investigue y acuse al postulado por una serie de conductas inmersas en los patrones declarados en el fallo, por ejemplo, el numeral Cuadragésimo Octavo sobre despojos y hurtos cometidos en la «Masacre del Aro». Además, como al postulado se le impuso la máxima sanción, no se justifica el desgaste del Estado en la investigación de una serie de delitos menores que no afectarán quantum punitivo impuesto.
Acorde con el artículo 15 de la Ley 975 de 2005(19), constituye propósito central del trámite transicional asegurar el esclarecimiento de la verdad «sobre el patrón de macro criminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley» y «develar los contextos, las causas y los motivos del mismo».
A su turno el artículo 2.2.5.1.2.2.2. del Decreto 1069 de 2015 define el contexto como «el marco de referencia para el juzgamiento de los delitos perpetrados en el marco del conflicto armado interno, en el cual se deben tener en cuenta aspectos de orden geográfico, político, económico, histórico, social y cultural», elementos a partir de los cuales «se identificará el aparato criminal vinculado con el grupo armado organizado al margen de la ley, sus redes de apoyo y financiación».
En ese orden, el contexto se identifica con el entorno geográfico, político, cultural, económico, histórico dentro del cual se presentó un fenómeno delictivo, cuyo análisis posibilita conocer las causas y motivos, la estructura de la organización delictiva y las redes que facilitaron su actuación.
Por su parte, el concepto de «patrón de macrocriminalidad»(20) demanda la fijación de las prácticas y modos de operación criminal desarrollados de manera repetida en determinado territorio, acorde con las pautas definidas en el artículo 2.2.5.1.2.2.4. del Decreto 1069 de 2015.
Establecer el patrón macrocriminal implica determinar el conjunto de actividades criminales, prácticas y modos de actuación del grupo armado organizado al margen de la ley, a partir de las cuales se pueden deducir las políticas y planes que implementó, información necesaria para concentrar los esfuerzos investigativos en los máximos responsables de la ideación y ejecución del plan criminal y para develar la estructura, el modus operandi y las relaciones que hicieron posible su accionar.
Se trata de un método de construcción de la verdad sobre el que la Sala se pronunció con anterioridad en los siguientes términos:
e) Es indiscutible que la identificación de patrones busca garantizar en el mayor nivel posible el derecho a la verdad. Sin embargo, ello no implica que un grado menor de satisfacción del derecho sea ilegal, claro está siempre que se respete el núcleo mínimo intangible, es decir, que se haya esclarecido (i) la ocurrencia del hecho criminal, sus motivos y circunstancias, (ii) su comisión por los miembros del grupo armado ilegal durante y con ocasión a su pertenencia al mismo, y (iii) la identificación de todos los responsables. ( CSJ, SP17467-2015).
De esta manera, el contexto corresponde al análisis general del entorno del fenómeno delictivo y el patrón al estudio concreto de la forma como se materializó y desarrolló el accionar criminal.
Por ende, se trata de herramientas de investigación y de análisis interrelacionadas que facilitan la comprensión de las causas y desarrollo del conflicto porque no se limitan al examen aislado de casos sino que enlazan circunstancias de tiempo, modo, lugar, entre otros factores, cuya exposición posibilita acercarse a la verdad y adoptar medidas para evitar su repetición.
Con todo, la elaboración del contexto y la identificación de patrones del actuar criminal, en los términos y con las consecuencias previstas en la normatividad transicional vigente, no comporta la posibilidad de dejar de investigar todos los hechos delictivos materializados por la estructura examinada porque en Colombia aún no opera la selección de conductas delictivas susceptibles de judicializarse.
No desconoce la Corte que el Acto Legislativo 1 de 31 de julio de 2012 introdujo a la Constitución Nacional el artículo transitorio 66, mediante el cual se estableció la posibilidad de implementar criterios de selección en la justicia transicional. La misma, sin embargo, se supeditó a la expedición de una ley estatutaria que a la fecha no ha sido tramitada, por manera que en el ordenamiento jurídico nacional esos criterios no son aplicables, como sí lo son los priorización consagrados y definidos en la Ley 1592 de 2012 y sus decretos reglamentarios.
Entonces, al expedir la Ley 975 de 2005 el Estado colombiano determinó que era indispensable «acudir a la justicia por vía expansiva, en el entendido que dentro del proceso judicial formalizado de Justicia y Paz habrían de examinarse los más caros propósitos encaminados a la reconciliación, por vía de la desmovilización de los grupos paramilitares», propósito en el cual «verdad, justicia y reparación harían parte del mismo trámite, pero además, que la justicia debía asumir el examen de todos y cada uno de los delitos y vincular penalmente a todos y cada uno de los miembros de esas agrupaciones, vale decir, se eliminaron criterios de selectividad propios de procesos similares adelantados en otras latitudes». (SP13669-2015).
Y aunque con el transcurso del tiempo, en atención a las dificultades operativas y presupuestales, el Estado replanteó el propósito de obtener verdad, justicia y reparación a través del proceso judicial transicional e introdujo figuras para involucrar otros estamentos(21), simplificó el trámite procesal eliminando algunas audiencias e introdujo criterios de priorización a efectos de judicializar primero a los máximos responsables y las más graves afectaciones de los derechos humanos, no ha eliminado la obligación de investigar todos los hechos punibles cometidos en desarrollo del conflicto.
De esta manera, la judicialización, investigación y juzgamiento prioritarios no implica que no se deban investigar todos los delitos cometidos por las estructuras organizadas al margen de la ley, en tanto continúa vigente el mandato constitucional, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, de «adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que llegaren a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio» (artículo 250 de la Constitución Política).
En tal sentido, la Corte ha precisado que en justicia transicional, la Fiscalía General de la Nación puede, «priorizar un trámite procesal respecto de otros, si aquél cuenta con los elementos necesarios que le permiten avanzar hacia etapas procesales subsiguientes; pero —y allí está la diferencia— el hecho de que impute o acuse, no por todas las conductas punibles realizadas en desarrollo del concierto para delinquir sino por las que admiten su imputación o acusación, no le permite omitir su obligación de investigar los demás casos». (CSJ 28/04/10, Rad. 33659).
Entonces, la implementación de investigaciones basadas en contextos y patrones de macro criminalidad no apareja la posibilidad de renunciar al ejercicio de la acción penal, como equivocadamente lo pregona el impugnante, pues se trata de conceptos diversos: los primeros se refieren a una metodología investigativo - analítica y el último a la forma como el Estado persigue los delitos: priorizando los hechos punibles más graves o renunciando a la persecución de algunos de ellos, hipótesis que no ha sido regulada en el ordenamiento jurídico nacional, salvo en las específicas circunstancias previstas en el principio de oportunidad.
De otra parte, los funcionarios ostentan el deber legal de informar, a través de la expedición de copias, sobre los hechos diferentes a los que conocen que en su criterio pueden configurar delitos o faltas disciplinarias investigables de oficio, decisión que no es recurrible, «no solo por constituir un aspecto colateral, sino porque cualquier controversia sobre la viabilidad de iniciar o no la acción a que hubiere lugar, corresponde dirimirla al funcionario competente y no al que, en cumplimiento de su deber legal, se limita simplemente a informarlo» (CSJ, 6 septiembre 2000, Rad. 16725).
Dichas exhortaciones constituyen órdenes que, según el artículo 161 de la ley 906 de 2004, «se limitan a disponer cualquier otro trámite de los que la ley establece para dar curso a la actuación o evitar el entorpecimiento de la misma» en la medida que no resuelven el objeto del proceso ni aspectos sustanciales del mismo y, por ello, no son susceptibles de recursos.
Por último, no sobra precisar que la necesidad de investigar todos los hechos punibles materializados por los grupos organizados al margen de la ley, repercute no solamente para establecer el quantum punitivo sino también la verdad de lo ocurrido y facilitar la reparación de las víctimas. Resulta irrelevante, por ende, el argumento de la defensa relacionado con la inutilidad de seguir indagando en torno a los delitos cometidos por RVM, el cual funda en la imposibilidad de aumentar la sanción penal de 8 años impuesta.
En consecuencia, no prospera el reproche formulado por la defensa.
1.3. La Fiscalía omitió imputar cargos al postulado.
El apoderado de víctimas JSSH cuestiona a la Fiscalía por efectuar la imputación de cargos de manera incompleta, al punto que el Tribunal tuvo que compulsar múltiples copias respecto de delitos de secuestro, tortura, entre otros, cuya investigación se omitió con evidente afectación de los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia.
El censor no formula ninguna petición concreta limitando su intervención a manifestar su inconformidad con la falencia investigativa y procedimental del ente acusador, a partir de la cual señala la afectación de garantías fundamentales de las víctimas. Esa falencia argumentativa impide desentrañar la pretensión del impugnante, pues no es claro si pretende la nulidad de la actuación o sólo criticar el accionar del ente investigador.
Con todo, no sobra precisar, en justicia transicional se debe propender por investigaciones e imputaciones completas; sin embargo, cuando las circunstancias del proceso dificultan el logro de ese objetivo, procesal y sustancialmente, resulta viable acudir al instituto de las imputaciones parciales, como lo ha decantado la Sala:
De acuerdo con la anterior providencia y con la dictada el 23 de julio de 2008, en el radicado 30120, contrario a lo afirmado por el Magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, la Corte ha reiterado que las imputaciones parciales son procedentes en este trámite, habida cuenta que no afectan las garantías y los derechos fundamentales de los intervinientes por los siguientes motivos:
1) Como se dijo anteriormente, no se puede afirmar que la imputación hecha de manera parcial vulnera los derechos de las víctimas, puesto que frente a los hechos investigados y sobre los cuales se sustentó la imputación, habrá un pronunciamiento sobre verdad y justicia, logrando por esa vía una efectiva reparación sin dilaciones.
2) Tampoco se puede afirmar que la imputación parcial conlleva a que se afecte el derecho de las víctimas no reconocidas, en tanto que, como lo ha dicho la Sala, la “ampliación de versión en escenario separado, además de permitir su identificación y acceso a la actuación en condición de intervinientes, hace posible la plena garantía de los derechos que les asisten, incluso con menores dificultades, en la medida en que el número de delitos a investigar y el de víctimas por reparar se reduce a los que en el futuro cercano se confesarán”.
3) Así mismo, contrario a lo sostenido por el representante del Ministerio Público, la imputación parcial no afecta los principios de verdad y justicia, puesto que se investigan, de manera separada, conductas olvidadas por el desmovilizado, en la medida en que “esa omisión no afecta su consecución; al contrario lo que persigue es precisamente evitar que hechos graves dejados de lado por razones distintas al propósito de callar u ocultar la verdad, puedan conocerse o verificarse y repararse”.
4) Del mismo modo, la ruptura de la unidad procesal como derivación de la imputación parcial tampoco generaría irregularidades que atenten contra el marco jurídico de la ley de Justicia y Paz, a menos que se afecten las garantías fundamentales de los intervinientes. (subrayas fuera de texto)(CSJ 18/2/09, Rad. 30775)(22).
En ese orden, la formulación de imputaciones parciales no configura irregularidad sustancial que afecte la estructura del proceso o las garantías de las partes e intervinientes.
1.4. No se legalizó el delito de hurto calificado por la violencia.
La doctora LAJ cuestiona la determinación del Tribunal de no legalizar los múltiples delitos de hurto calificado por la violencia ejercida contra las personas en la denominada «masacre de El Aro», cuya configuración se demostró, pues «más de 200 hombres armados, lanzando expresiones vulgares y amenazantes contra toda la población civil, cometiéndose toda clase de actos degradantes, asesinando personas» procedieron a sustraer las pertenencias de las víctimas, quienes no podían oponer resistencia a dicho accionar delictivo.
Por lo anterior, pide legalizar el cargo y condenar a RVM por el delito de hurto con la calificante de violencia sobre las personas.
El Tribunal de primera instancia denegó la legalización de la calificante del punible de hurto atribuida por la Fiscalía a RVM por los hechos ocurridos en «El Aro» entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, por lo siguiente:
Respecto de las restantes víctimas, se legalizará el cargo, en la mayoría de los casos, como Hurto Agravado, de conformidad con los artículos 349 y 351, numeral 8º (cometerse el hurto sobre productos separados del suelo, como lo fueron las cargas de café, de maíz, de frijol, palos de yuca, etc., o sobre cabezas de ganado mayor o menor) del Decreto – Ley de 1980, dejándose claro por esta Colegiatura que no se legalizará la calificante a que se refiere el numeral 1º del artículo 350 de la misma obra, solicitada por la Fiscalía y referida a que el hurto se realice con violencia sobre las personas o las cosas, ya que dicha entidad, de un lado, no precisó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales acaeció la violencia en cada caso concreto, entendida esta como la resistencia a vencer para apropiarse de la cosa mueble ajena, ni qué tipo fue ejercida en contra de su dueño, poseedor o tenedor, es decir, vis absoluta o vis compulsiva, y del otro, tampoco aportó elementos de los cuales se pudiese deducir una u otra, ya que si ese fuera el caso, es decir, deducirla por el hecho de haberse verificado aspectos puntuales como los homicidios o desplazamientos, ello sería constitutivo de conductas punibles autónomas que no se pueden valorar doblemente a efectos de calificar el hurto con la violencia, lo cual transgrediría el principio del non bis in ídem.
Acorde con los artículos 349 y 350 del Código Penal de 1980, normativa aplicable al caso por la fecha de los sucesos materia del proceso, «El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de uno a seis años» y «La pena será prisión de dos a ocho años, si el hurto se cometiere: 1. Con violencia sobre las personas o las cosas. (…)».
La aludida calificante demanda la apropiación de una cosa mueble ajena con el despliegue de actos de fuerza sobre la persona que venzan la resistencia a conservar sus pertenencias. La violencia puede ser física o psicológica, esto es, mediante el uso de cualquier medio físico contra el querer del sujeto o a través de la intimidación que influya en la voluntad del ofendido, quien ante el temor fundado de sufrir un daño mayor, se somete al despojo de sus bienes.
En los hechos acaecidos entre el 22 y el 31 de octubre de 1997 en el Corregimiento de «El Aro», innegablemente los grupos organizados al margen de la ley, entre ellos el Bloque Mineros, generaron un ambiente de violencia física y sicológica que anuló la voluntad de los campesinos y les impidió oponerse a las diversas actuaciones criminales desplegadas en su contra por los agresores.
Por ello, no resulta acertado el análisis del Tribunal al exigir la individualización de cada uno de los hechos de violencia desplegados al apoderarse de los bienes muebles, pues el examen de los sucesos permite avizorar que el despliegue de violencia generalizada contra la población, representada en múltiples asesinatos, agresiones físicas y verbales, orden de desalojar el territorio, constituyó coacción sicológica idónea que permitió el despojo de los bienes sin ningún tipo de resistencia u oposición de los pobladores, ante el temor fundado de sufrir males mayores e, incluso, de perder la vida.
El entorno dentro del cual se desarrollaron los acontecimientos demuestra la configuración de la calificante del hurto, pues se trata hechos objetivos verificados en la actuación procesal que corroboran cómo el ambiente de temor generalizado materializó una coacción sicológica que facilitó el apoderamiento de los bienes muebles de los campesinos.
Olvidó el Tribunal que la calificante en cuestión se refiere tanto a la violencia física como a la sicológica; de igual forma, obvió considerar la abundante prueba que demuestra la configuración de la intimidación psicológica ejercida contra la población de «El Aro», la cual permitió la apropiación de los bienes muebles de los campesinos de esa región sin ninguna resistencia(23).
En consecuencia, la Sala revocará la determinación de la Colegiatura de primera instancia y, en su lugar, legalizará la calificante y condenará a RVM por el delito de hurto calificado y agravado respecto de las siguientes víctimas de ese punible, según el cargo 26 «masacre de El Aro»:
Víctima de la conducta delictiva Delito que se legaliza al postulado
1 JRVJ Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
2 RAMP Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
3 MGCH Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
4 JRM Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
5 JWAT Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
6 REZP Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
7 RHMM Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
8 MYM Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
9 MR Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
10 LAPM Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
11 OEPC Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
12 OJN Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
13 FJTG HURTO SIMPLE PORQUE NO SE DETERMINO LA NATURALEZA DE LO HURTADO, SÓLO LA CUANTÍA, ART. 349 DECRETO - LEY DE 1980
14 JOT Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
15 EPA Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
16 FJOJ Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
17 MEPZ Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
18 LGM Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
19 LJRS Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
20 HJTT Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
21 MCGM Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
22 HAPP Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
23 LASC Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
24 MJC Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
25 DMAM Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
26 LMJM Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
27 JATD Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
28 CACY Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
29 JAAE Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
30 CFH Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
31 LFPN Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
32 MEM Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
33 LAOP Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
34 BRDC Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
35 GAAZ Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
36 EIJGG Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
37 JEMC Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
38 LAZ Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
39 HJJ ( REPETIDO EN EL LISTADO) Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
40 LBJJ Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
41 MMAO Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
42 JEMS Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
43 HCC Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
44 JAMG Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
45 MIMH Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
46 DLTC Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
47 LMA Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
48 PDA Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
49 HJJP Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
50 EAAV Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
51 HDAG Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
52 ACAR Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
53 JAPG Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
54 NZG Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
55 MNGA Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
56 JJC Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
57 AJJC Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
58 WOJ Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
59 LRSG Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
60 ALEJ Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
61 LALL Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
62 MJC Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
63 LMSJ Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
64 FAGN Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
65 HAGP Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
66 AJCG Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
67 EMT Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
68 RAG Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
69 MEAG Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
70 METD Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
71 OJJJ Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
72 ARPB Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
73 JAP HURTO SIMPLE, ART. 349 DEL DECRETO - LEY 10 DE 1980
74 FOPP Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
75 JAMV Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
76 MACP Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
77 LASC Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
78 JMMM Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
79 REZP Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
80 JBRN Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
81 SJGB Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
82 MNJJ Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
83 MIPC Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
84 JGOZ Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
85 GAMM Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
86 RAQC Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
87 WMC Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
88 OMJJ Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
89 MAOJ Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
90 GAGP Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
91 AJPC Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
92 RAMP Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
93 MASL Hurto Agravado y Calificado, arts. 349, 351.8 y 350.1 Decreto - Ley 100 de 1980
1.5. Tiempo de reclusión del postulado y pago preferente de las indemnizaciones de este fallo.
La representante de víctimas LAJ pide a la Corte adicionar el fallo «en lo relativo a la pena impuesta al postulado RVM, en el sentido que no se tenga como tiempo purgado el lapso que ha estado detenido en los Estados Unidos».
Por su parte, la doctora MCV considera que se debe pagar en forma prioritaria la indemnización dispuesta en este fallo, atendidos los gravísimos impactos y perjuicios causados.
El principio de limitación impide a la Corte abordar el estudio de las peticiones de las abogadas por cuanto no se formularon ante el Tribunal primera instancia, no se debatieron en ese escenario ni hacen parte del fallo impugnado.
En ese orden, la Corte no está legitimada para resolver peticiones extemporáneas, so riesgo de contrariar principios fundamentales como el debido proceso, la doble instancia y el derecho de defensa, pues su competencia se contrae a revisar los aspectos de la sentencia frente a los que las partes sustentan su inconformidad, así como los inescindiblemente vinculados, o los que a pesar de haber sido planteados ante el fallador de primer grado, fueron omitidos en la sentencia. En consecuencia, ningún pronunciamiento puede efectuarse sobre el asunto.
1.6. El Tribunal no estaba facultado para dictar sentencia complementaria.
La representante del Ministerio Público señala que el 22 de abril de 2015 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, de oficio, complementó la sentencia emitida el 2 de febrero de 2015, sin que estuviera facultada porque ya se había surtido la lectura del fallo y estaba pendiente la proposición de recursos.
Lo anterior porque el artículo 412 de la Ley 600 de 2000 establece que la sentencia no es reformable ni revocable por el mismo juez que la profirió, salvo error aritmético, en el nombre del procesado u omisión sustancial en la parte resolutiva, circunstancias que no se configuran en el evento examinado.
En tal sentido, añade, la omisión de decidir algunas solicitudes de indemnización sólo puede resolverse en segunda instancia al desatar la impugnación propuesta, de manera que se ha afectado el debido proceso, situación que sólo se puede remediar decretando la nulidad de la sentencia complementaria.
El 22 de abril de 2015 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, luego de leer el fallo proferido el 2 de febrero inmediatamente anterior, con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, dictó sentencia complementaria al detectar que había omitido pronunciarse respecto de algunas solicitudes indemnizatorias presentadas en la audiencia de reparación integral por uno de los apoderados de víctimas.
A continuación, corrió el traslado del artículo 179 de la Ley 906 de 2004 para que las partes e intervinientes se pronunciaran sobre la interposición de recursos contra esas determinaciones.
Pues bien, como las normas de alternatividad penal no reglamentan el tema relativo a las modificaciones de la sentencia, debe acudirse a los artículos 412 de la Ley 600 de 2000 y 311 del Código de Procedimiento Civil, preceptos aplicables en virtud del principio de complementariedad del artículo 62 de la Ley 975 de 2005(24):
«ART. 412.—Irreformabilidad de la sentencia. La sentencia no es reformable ni revocable por el mismo juez o sala de decisión que la hubiere dictado, salvo en caso de error aritmético, en el nombre del procesado o de omisión sustancial en la parte resolutiva. …»”.
Acorde con ese precepto, como regla general, las sentencias son irreformables por el mismo juez o sala de decisión que la profirió, salvo en caso de i) error aritmético, ii) error en el nombre del procesado u, iii) omisión sustancial en la parte resolutiva.
Por su parte, el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil(25), prevé:
«ART. 311.—Adición. Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la Litis, o de cualquier otro punto que de conformidad debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término». (subrayas fuera de texto).
En ese orden, también en los eventos en los que se omita la resolución de un aspecto que debió ser objeto de pronunciamiento en la sentencia procede la adición, siempre y cuando se solicite, o se haga de oficio por el juez o tribunal que la profirió, antes de que adquiera ejecutoria.
Y si bien en anteriores ocasiones se había señalado por la Sala que en materia penal era innecesario acudir al estatuto procedimental civil(26), nada se opone a hacerlo cuando las circunstancias del caso lo impongan, ni se configura ningún tipo de irregularidad por ello.
Por el contrario, dicha disposición materializa los principios de acceso a la administración de justicia, debido proceso, justicia material y economía procesal, entre otros, porque permite a la judicatura enmendar las omisiones detectadas oportunamente y cumplir con el deber de resolver todos los hechos y temas tratados en la actuación, lo cual presupone su proposición y debate al interior del proceso.
Con mayor razón cuando los estatutos procesales penales vigentes remiten a ese compendio normativo en los eventos en que un tema no se halle expresamente regulado en el ámbito penal(27), como sucede con las sentencias complementarias.
Por lo anterior, no prospera la impugnación del Ministerio Público, pues constituye deber esencial de la justicia transicional pronunciarse sobre las pretensiones indemnizatorias radicadas oportunamente por los representantes de víctimas, por manera que al omitir resolver sobre algunas de ellas y detectar esa falencia antes de la ejecutoria del fallo, la Sala de Decisión estaba facultada por el ordenamiento jurídico nacional para corregir el yerro. En consecuencia, se deniega el decreto de la nulidad propuesta.
1.7. No se surtió el trámite de conciliación dentro de la audiencia de indemnización integral.
La representante del Ministerio Público aduce que en las audiencias celebradas en la ciudad de Medellín solicitó que se diera aplicación al contenido del inciso 4º del artículo 23 de la Ley 975 de 2005, que hace referencia a la invitación a los intervinientes a conciliar. Sin embargo, el Tribunal, en algunos casos, no dio traslado a RVM de las pretensiones ni le pidió pronunciarse respecto de ellas, sabiendo que son los postulados los llamados a responder en primer término, situación que vulnera el debido proceso transicional y amerita la declaratoria de nulidad de la actuación.
Acorde con el artículo 23 de la Ley 975 de 2005, en el incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal, la víctima o su apoderado expresará «de manera concreta la forma de reparación que pretende» e indicará «las pruebas que hará valer para fundamentar sus pretensiones». La Sala de conocimiento «examinará la pretensión y la rechazará si quien la promueve no es víctima o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios», si esta fuere la única solicitud.
Admitida la pretensión, la Sala la pondrá en conocimiento del imputado que haya aceptado los cargos y a continuación invitará a los intervinientes a conciliar. Si hubiere acuerdo su contenido lo incorporará a la decisión que falla el incidente; en caso contrario dispondrá la práctica de la prueba ofrecida por las partes, oirá el fundamento de sus respectivas pretensiones y en el mismo acto fallará el incidente. La decisión en uno u otro sentido se incorporará a la sentencia condenatoria.
Pues bien, de acuerdo a las constancias y audios del expediente, los defensores de víctimas formularon las pretensiones indemnizatorias y entregaron los documentos base de la reclamación en la oportunidad señalada por la magistratura, los cuales fueron trasladados a la defensa material y técnica, sin que se presentara oposición.
En ese contexto, aunque no se haya concretado una conciliación en estricto sentido, sí se agotaron los pasos esenciales del esquema procesal diseñado en la norma y el postulado aceptó las pretensiones indemnizatorias, dada la ausencia de reparo o reproche frente a ellas.
Según el principio de trascendencia, quien alegue la nulidad está en la obligación de acreditar que el vicio afecta las garantías constitucionales de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la actuación. Es decir, tiene la carga de evidenciar con suficiencia que el sentido de la decisión habría sido sustancialmente diverso si no se hubiera incurrido en la irregularidad procedimental.
En este caso, la pretensión de anular la actuación para que se invite al postulado y a las víctimas a conciliar, no cumple con la carga argumentativa de demostrar la vulneración de derechos fundamentales, con mayor razón cuando los interesados directos no presentan ningún reparo sobre ese aspecto.
Aún más, retrotraer la actuación en procura de propiciar fórmulas conciliatorias comportaría mayor afectación de los derechos de las víctimas, expectantes por obtener una pronta satisfacción de sus pretensiones de verdad, justicia, reparación y no repetición, con mayor razón cuando la realidad indica la ausencia de interés de los postulados en oponerse a las peticiones indemnizatorias, al punto que la conciliación se ha convertido en un trámite meramente formal.
Por lo anterior, no se decreta la nulidad propuesta por el Ministerio Público.
1.8. Exclusión como víctimas de quienes fueron reclutados siendo menores y se desmovilizaron con mayoría de edad.
CMVE, abogado de víctimas, cuestiona la negativa de indemnizar a las personas que fueron reclutadas ilícitamente cuando eran menores de edad y se desmovilizaron siendo mayores, por cuanto esa decisión viola los tratados internacionales sobre reclutamiento ilícito y Derechos de los Niños.
El Tribunal negó el reconocimiento como víctimas a quienes fueron reclutados ilícitamente siendo menores de edad y se desmovilizaron con mayoría de edad, con apoyo en el parágrafo 2º del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 y en la sentencia C-253 A de 2012.
La Corte observa acertada esa determinación por fundarse en la normatividad y jurisprudencia vigentes. En efecto, el inciso primero del parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, aplicable al proceso de Justicia y Paz por estar inserto en la normativa transicional, establece:
«PAR. 2º—Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad».
La Corte Constitucional en sentencia C-253A de 2012 avaló la exequibilidad del inciso primero del citado parágrafo precisando que el propósito del canon 3º de la Ley 1448 de 2011 no es definir o modificar el concepto de víctima, porque esa condición responde a una realidad objetiva, sino identificar, dentro del universo de perjudicados, a los que serán destinatarios de las medidas especiales de protección previstas en la normativa transicional.
Así mismo, señaló, que el hecho de que la norma cuestionada hubiese fijado unos criterios de diferenciación, no infringe el postulado de la igualdad, sino que, dentro de la libertad de configuración que le es permitida, el legislador estableció parámetros para fijar razonables diferencias ante situaciones disímiles, pues quien en forma voluntaria ingresó en un grupo al margen de la ley, no puede pretender acceder a unos procedimientos expeditos de reparación en idénticas condiciones de quien, actuando dentro de la legitimidad es perjudicado en sus derechos. Ello no significa que no tenga la posibilidad de obtener reparación de los perjuicios recibidos, sino que debe acudir a los procedimientos ordinarios para obtener su reparación.
En tal sentido, la Corte Constitucional precisó:
“…a partir del contexto de la ley y del mismo artículo en el que se inserta la expresión, así como de los antecedentes legislativos, se puede concluir que no se niega la posibilidad de que los integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley puedan, a su vez, en ciertas circunstancias, ser víctimas, y que el sentido del parágrafo demandado es el de contribuir a delimitar el universo de los destinatarios de las medidas especiales de protección contenidas en la ley, en los términos del primer inciso de su artículo 3º”.
Así, como se ha señalado, de la disposición demandada no se desprende que los integrante de los grupos armados organizados al margen de la ley, cuando sean víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, no puedan acceder a los mecanismos de verdad, justicia y reparación previstos en el ordenamiento jurídico, sino que no son beneficiarios de las medidas de protección especial previstas en la Ley 1448 de 2011, lo cual impone la necesidad de establecer cuáles son ellas.
De este modo concluye la Corte que el parágrafo 2º del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, en cuanto dispone que no serán considerados víctimas los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, no es contrario a la Constitución, en la medida en que (i) no implica negar, de manera general, la condición de víctimas que pueden tener los integrantes de esos grupos como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de graves violaciones de las normas internacionales de Derechos Humanos en el marco del conflicto armado interno; por consiguiente, (ii) no los priva de la posibilidad de acceder, con la plenitud de las garantías, a las instancias ordinarias que el ordenamiento jurídico ha previsto para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación; ni, (iii) los sustrae del marco de protección previsto en el DIH y el DIDH y (iv) comporta, únicamente, su exclusión de un conjunto especial de medidas de protección, complementarias y de apoyo, que se han previsto en la ley en beneficio que quienes, encontrándose dentro de la legalidad han sido víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de graves violaciones de las normas internacionales de Derechos Humanos en el marco del conflicto armado interno. (Subrayas fuera de texto).
En ese orden, resulta claro que la normatividad transicional vigente no cobija con las prerrogativas especiales en ella consagradas a los miembros de los grupos organizados al margen de la ley, salvo «los niños, niñas y adolescentes que hubiesen sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad».
En el evento planteado, las personas en cuyo favor aboga el recurrente se desvincularon del grupo ilegal cuando contaban con mayoría de edad y, por ello, no están cobijados por el trámite favorable de la normatividad transicional, con independencia de que el cargo relacionado con su vinculación ilícita a las huestes paramilitares fuera imputado y legalizado en este trámite.
Por demás, la disposición atacada no vulnera los convenios citados en el recurso por cuanto no se dirige a menores de edad sino a personas adultas que integraron los grupos organizados al margen de la ley, incluso después superar la mayoría de edad y, por ello, no asiste razón al impugnante.
2. Impugnaciones sobre la decisión que finiquita el incidente de reparación integral.
2.1. El Tribunal no se pronunció sobre la solicitud de reparar el daño colectivo.
La representante del Ministerio Público cuestiona que la Colegiatura de primera instancia no se haya pronunciado en la sentencia sobre las medidas de reparación del daño colectivo que la Procuraduría General de la Nación presentó en la audiencia correspondiente, luego de que la Corte Constitucional declaró inexequibles las modificaciones al incidente de reparación integral introducidas por la Ley 1592 de 2012.
Con ello, agrega, desconoció los deberes impuestos en los artículos 138-1 y 138-2 de la Ley 906 de 2004 de resolver los asuntos sometidos a su consideración y de respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el proceso.
La Corte ha decantado que también en materia transicional cuando se omite resolver una petición elevada oportunamente por las partes, tal falencia no puede ser enmendada en sede de segunda instancia, en tanto se pretermitirían las reglas básicas de un proceso como es debido, porque el superior funcional está habilitado para corregir los yerros del a quo, pero bajo el presupuesto necesario de que este se haya pronunciado en uno u otro sentido (SP 12/12/12, Rad. 38222; SP3950 19/03/14; AP2226 30/04/14; 25/11/15, Rad. SP161258, entre otras).
Ello porque la Corte, como juez de segunda instancia, no puede reemplazar lo inexistente, menos aún adicionar, corregir o revocar lo que no se decidió. En ese orden, la competencia de la Sala sólo surge después de que el juez de primer grado adopta una determinación susceptible de cuestionamiento por las partes para que, enfrentados los dos criterios, pueda resolver lo que en derecho corresponda. Con mayor razón cuando se involucran pretensiones indemnizatorias, frecuentemente controvertidas respecto de la valoración probatoria y de las cuantías decretadas.
En la justicia transicional, no está de más advertirlo, existen tres clases de daño: el individual, el de grupo y el colectivo. El primero se refiere al menoscabo a los derechos de todo orden de un individuo identificado o identificable (materiales e inmateriales). El segundo versa sobre la afectación de derechos a una porción de individuos que forman parte de una comunidad determinada o determinable. Y los terceros se refieren al perjuicio que afecta a una comunidad determinada (CSJ SP5200-2014), de forma que sus condiciones sociales, comunitarias y culturales se modifican negativamente.
Acorde con lo estatuido en el artículo 8º de la Ley 975 de 2005, la justicia transicional debe fijar las reparaciones individuales, colectivas o simbólicas que sean del caso, obligación omitida en el evento examinado, pues en la sentencia no se hizo alusión a la reparación del daño colectivo planteada por el Ministerio Público, olvido que vulnera el derecho de ese interviniente y afecta la estructura del proceso transicional.
Y aunque la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas(28), en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011, ha avanzado en el diagnóstico del daño colectivo a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con las MASACRES de «El Aro» y «La Granja», ello no obviaba la obligación del Tribunal de resolver la petición del Ministerio Público referente a ese importante componente de la reparación.
Lo anterior, además, porque el artículo 23 de la Ley 1592 de 2012 que disponía la remisión de las solicitudes de reparación colectiva a esa dependencia administrativa, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-286 del 20 de mayo de 2014, por manera que también el Tribunal de Justicia y Paz debe pronunciarse respecto de ese tipo de daños.
En ese orden, la Sala anulará parcialmente la sentencia a efectos de que la primera instancia se pronuncie sobre la petición de la delegada de la Procuraduría y revocará el numeral Trigésimo Octavo de la parte resolutiva del fallo que dispuso la remisión de las solicitudes de reparación del daño colectivo a la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas.
2.2. Sobre la flexibilidad probatoria.
Los apoderados de víctimas LRGR, MAPO, LGG, MCVC, CMV y GIRO, acuden al criterio de flexibilidad probatoria para censurar la decisión del Tribunal de excluir a múltiples reclamantes por no aportar los registros civiles que demostraran su vínculo con la víctima directa.
La Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005 estableció los «Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones», e impuso a los Estados la obligación de garantizar el acceso equitativo y efectivo a la justicia de las víctimas, así como proporcionarles recursos eficaces para la reparación de los daños ocasionados por las graves violaciones de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
En ese cometido, los Estados, acorde con su derecho, deben velar por la reparación «proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido», lo cual impone probar las afectaciones padecidas según las reglas probatorias de la normatividad interna de cada Estado. En tal sentido, véase lo consignado en el artículo 15 del citado convenio internacional:
15. Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario. Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad está obligada a dar reparación a una víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima. (Subrayas fuera de texto).
En consecuencia, el derecho internacional no impone la forma de ponderar los medios de convicción ni elimina la necesidad de prueba de los daños, como parecen creerlo algunos recurrentes.
Pues bien, la Corte en anteriores oportunidades ha precisado(29) que la justicia transicional, en aplicación de los principios de buena fe (art. 5º Ley 1448 de 2011) y pro homine, ha flexibilizado los estándares probatorios aplicados a las peticiones resarcitorias permitiendo la verificación del daño a partir de hechos notorios (art. 177 del C.P.C.), juramento estimatorio (art. 211 del C.P.C.), modelos baremos, presunciones y reglas de la experiencia. Con todo, no se ha eliminado la necesidad de demostrar la condición de víctima y el menoscabo padecido con el accionar criminal.
El artículo 23 de la Ley 975 de 2005, en lo pertinente, preceptúa:
ART. 23.—Incidente de reparación integral. En la misma audiencia en la que la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente declare la legalidad de la aceptación de cargos, previa solicitud expresa de la víctima, o del fiscal del caso, o del Ministerio Público a instancia de ella, el magistrado ponente abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal y convocará a audiencia pública dentro de los cinco (5) días siguientes.
Dicha audiencia se iniciará con la intervención de la víctima o de su representante legal o abogado de oficio, para que exprese de manera concreta la forma de reparación que pretende, e indique las pruebas que hará valer para fundamentar sus pretensiones. (subrayas fuera del texto original).
En consecuencia, el legislador estableció la carga procesal en cabeza del reclamante y de su representante de ofrecer y/o solicitar pruebas sobre su condición de víctima y el daño padecido, de manera que si no acredita la calidad aducida, no puede ser reconocida ni puede ordenarse el resarcimiento invocado, en tanto las sentencias deben estar soportadas en elementos de convicción legal, oportuna y válidamente incorporados.
Ello porque la flexibilización probatoria no equivale a la ausencia de prueba, como en reciente pronunciamiento ratificó lo ratificó la Corte Constitucional al señalar la necesidad de probar en justicia transicional los perjuicios aducidos y, obviamente, la condición de víctima:
Desglosando la jurisprudencia de esta Corte, se tiene que existen importantes y decisivas diferencias entre la vía de reparación judicial y la administrativa: (i) Las reparaciones por vía judicial pueden ser por vía de la jurisdicción penal o contencioso administrativa. (ii) La reparación dentro del proceso penal se caracteriza porque (a) se desprende del incidente de reparación integral, que busca la investigación y sanción de los responsables del delito, a partir del establecimiento de la responsabilidad penal individual en cada caso en concreto; (b) tiene efecto solo para las víctimas que acuden al proceso penal; (c) debe demostrarse dentro del proceso la dimensión, cuantía y tipo del daño causado; (d) debe poderse demostrar, identificar, tasar o cuantificar el daño para poder determinar de manera proporcional e integral el monto a indemnizar a las víctimas, así como las diferentes medidas de reparación integral, tales como la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la reparación simbólica, las garantías de no repetición; (e) la reparación que se concede en vía judicial penal está basada en el criterio de restituo in integrum, mediante el cual se pretende compensar a las víctimas en proporción al daño que han padecido; (f) los responsables patrimoniales primordiales de la reparación son los victimarios, y solo subsidiariamente, en caso de que el victimario no responda, o no alcance a responder totalmente, responde subsidiariamente el Estado; (g) la reparación por vía judicial que nos ocupa, en el marco de la justicia transicional, se puede dar en nuestro sistema jurídico, en el proceso penal de justicia y paz, a través de un incidente de reparación integral previsto dentro del proceso penal especial de justicia transicional, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 975 de 2005. (C-286 de 2014)
Téngase en cuenta que la indemnización dispuesta por la justicia transicional es de carácter judicial, no administrativa, motivo por el cual la magistratura debe ocuparse prioritariamente de verificar la calidad de perjudicado y los daños aducidos, por ser condición sine qua non para reconocer y ordenar el pago resarcitorio, con mayor razón cuando los recursos destinados a satisfacer la reparación, dada su escasez, deben administrarse de la manera más equitativa posible.
En ese orden, quien pretende su reconocimiento como víctima y el consecuente pago de una indemnización de carácter judicial, ostenta la carga de aportar los elementos mínimos que demuestren su condición y los daños irrogados por el accionar delictivo investigado.
Obviamente, esos medios de convicción se valoran con mayor indulgencia que en la justicia ordinaria, pero sin eliminar la obligación de entregar algún soporte frente a pretensiones millonarias que, en últimas, serán sufragadas con recursos del Fondo para la Reparación de Victimas, el cual está destinado para el beneficio de todas las personas que tengan esa calidad, debiéndose velar por su correcta destinación.
En ese orden, el argumento relativo a la flexibilidad probatoria como eximente del deber de aportar pruebas de la calidad de víctima y del daño sufrido, carece de respaldo normativo y jurisprudencial. No prospera el reproche.
2.3. Sobre el poder para actuar en Justicia y Paz
Los apoderados citados en el capítulo anterior cuestionan la determinación de excluir de la indemnización, i) a los reclamantes que no otorgaron poder al abogado que presentó a su nombre incidente de reparación integral, y ii) a los menores que no acreditaron su representación legal.
El artículo 229 Superior «garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin representación de abogado». A su turno, los artículos 23 y 34 de la Ley 975 de 2005 permiten que la representación judicial en justicia transicional pueda asumirse en forma directa por la víctima, a través de defensor de confianza o de defensor público e incluso por medio de colectivos de abogados que tengan esa misión.
Lo anterior en aplicación de los principios condensados en la Resolución 60/147, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 2005, atinente a la protección y ofrecimiento de recurso judicial efectivo a las víctimas de violaciones manifiestas de normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario.
Entonces, la víctima puede escoger libremente actuar de manera directa o a través de quien escoja como apoderado, caso en el cual debe otorgar el mandato correspondiente, el cual habilita al litigante a actuar en su nombre, presentar las pretensiones indemnizatorias e impugnar las decisiones contrarias a sus intereses, entre otras posibilidades. Sin poder, ningún abogado, privado o institucional, está legitimado para intervenir en nombre de una víctima concreta, menos aún para formular pretensiones o gestionar asuntos que se deriven del trámite judicial.
En ese orden, la pretensión de utilizar el criterio de flexibilidad probatoria ante las dificultades de recaudo de los poderes soslaya la exigencia de orden legal de aportar el mandato que legitime al abogado a agenciar los intereses de las partes, cuando no es posible actuar directamente o se renuncia a ese derecho.
Así, el artículo 73 del Código General del Proceso es enfático en señalar que «las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en los que la ley permita su intervención directa».
En consecuencia, a menos que la víctima asuma directamente la gestión de sus intereses, la necesidad de representación judicial para intervenir en el proceso de Justicia y Paz constituye un requisito insustituible, en la medida que hace parte del derecho de postulación, necesario para presentar solicitudes, intervenir en las diligencias y controvertir las decisiones.
De igual forma, los menores de edad que pretendan acudir a cualquier proceso judicial deben hacerlo por intermedio de su representante legal conforme lo preceptúa el artículo 306 del Código Civil, «La representación legal del hijo corresponde a cualquiera de los padres. El hijo de familia sólo puede comparecer en juicio como actor, autorizado o representado por uno de sus padres».
Por otra parte el canon 54 del Código General del Proceso establece que «Las personas que pueden disponer de sus derechos tiene capacidad para comparecer por sí mismas al proceso. Las demás deberán comparecer por intermedio de sus representantes o debidamente autorizadas por estos con sujeción a las normas sustanciales».
En ese orden, la extrema informalidad pregonada por los apoderados de víctimas desconoce el debido proceso y las garantías de los demás intervinientes en tanto omite exigencias de orden sustancial y probatorio propios de las actuaciones judiciales y, por ello, resulta improcedente.
2.4. Irregularidades en el trámite de las audiencias del incidente de reparación integral.
La apoderada de víctimas MCVC pregona la configuración de múltiples irregularidades que afectaron el debido proceso en el trámite de las audiencias del incidente de reparación integral: i) No se le reconoció personería para actuar; ii) La dinámica impuesta por el Tribunal para adelantar el incidente de reparación integral impidió expresar de forma oral las pretensiones; además, concedió plazo para entregar las carpetas de cada víctima y no al formular la solicitud; iii) Tramitó las audiencias del incidente en el municipio de Peque sin la presencia virtual del postulado, quien no tuvo la oportunidad de revisar las pretensiones de las víctimas.
Cuando se aduce la configuración de defectos sustanciales que afectan la estructura del proceso o las garantías de las partes e intervinientes, se debe verificar o descartar su presencia, con independencia de que no se impetre la nulidad, so pretexto de «no perjudicar a las víctimas», pues el juzgador es garante de la legalidad y de los derechos de los sujetos procesales, de manera que puede invalidar de oficio la actuación si verifica la presencia de yerros insubsanables.
1. Pues bien, ninguna de las críticas de la impugnante evidencia la materialización de un proceder irregular que amerite retrotraer la actuación, en tanto el reconocimiento de personería se materializó en la práctica con el ejercicio efectivo del derecho de postulación por lo que el Tribunal permitió a la litigante formular las pretensiones indemnizatorias de sus poderdantes, aportar pruebas, asistir y participar en las audiencias y presentar recursos, de manera que no se conculcó la garantía de la impugnante.
2. La dinámica aplicada por el Tribunal a las audiencias del incidente de reparación integral no comporta ninguna anomalía por cuanto los jueces y magistrados cuentan con amplio margen de autonomía para llevar a buen término las diligencias a su cargo, en procura de garantizar el respeto de los derechos de las partes, la efectividad del derecho sustancial, la eficiencia y agilidad del trámite.
La facultad de ordenamiento y dirección del juez respecto del curso de la actuación emerge de diversos preceptos de la Ley 906 de 2004, entre ellos, el artículo 9º:
«La actuación procesal será oral y en su realización se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan imprimirle mayor agilidad y fidelidad, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. A estos efectos se dejará constancia de la actuación». (Subrayas fuera de texto).
Por su parte, el artículo 10 dispone,
«La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial.
El juez dispondrá de amplias facultades en la forma prevista en este código para sancionar por desacato a las partes, testigos, peritos y demás intervinientes que afecten con su comportamiento el orden y la marcha de los procedimientos. (…)».
Y el artículo 139 ibídem prevé como deberes específicos de los jueces:
1. Evitar las maniobras dilatorias y todos aquellos actos que sean manifiestamente inconducentes, impertinentes o superfluos, mediante el rechazo de plano de los mismos.
2. Ejercer los poderes disciplinarios y aplicar las medidas correccionales atribuidos por este código y demás normas aplicables, con el fin de asegurar la eficiencia y transparencia de la administración de justicia.
3. Corregir los actos irregulares.
4. Motivar breve y adecuadamente las medidas que afecten los derechos fundamentales del imputado y de los demás intervinientes.
5. Decidir la controversia suscitada durante las audiencias para lo cual no podrá abstenerse so pretexto de ignorancia, silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad de las normas aplicables.
6. Dejar constancia expresa de haber cumplido con las normas referentes a los derechos y garantías del imputado o acusado y de las víctimas.
De esta manera, el juez tiene la misión de controlar, conducir y ordenar la actividad procesal, pues en su presencia las partes e intervinientes formulan las peticiones que son de su interés, las cuales debe resolver en el mismo acto de audiencia, de modo personal; ha de estar atento a que las solicitudes no sean dilatorias, inconducentes, impertinentes o superfluas; tiene a su cargo a través de la inmediatez la valoración de los elementos materiales probatorios y evidencia física que se le pone de presente o de las pruebas que se practican en su presencia, para extraer el soporte de la decisión a tomar (CSJ, 18/03/09, Rad. 30813).
En ese orden, la directriz impartida por el Tribunal para que los apoderados de víctimas formularan las pretensiones generales y leyeran los nombres de las víctimas sin relacionar los medios de convicción presentes en las carpetas, no resulta contraria al ordenamiento jurídico. Por el contrario, es la expresión de las facultades de dirección del juez, en ejercicio de la cuáles el a quo dotó de agilidad a un trámite extremadamente complejo por las 5.760 víctimas acreditadas y las 3.564 solicitudes resarcitorias(30).
La multiplicidad de delitos y víctimas involucradas en los procesos de Justicia y Paz demanda que las normas procesales se apliquen atendiendo dicha complejidad, permitiendo, por ejemplo, el aporte de los documentos que soportan la pretensión indemnizatoria, sin leerlos en la audiencia, situación que, además, no afecta la estructura del proceso ni los derechos de las partes e intervinientes en tanto agiliza el trámite en beneficio de los propios reclamantes, con mayor razón cuando los medios de convicción quedan a disposición de los interesados para su examen y crítica.
Aún más, la normatividad transicional prevé la posibilidad de racionalizar la intervención en las audiencias de las víctimas. Así, el parágrafo 3º artículo 2.2.5.1.2.2.15 del Decreto 1069 de 2015(31) establece:
PAR. 3º—Para los efectos de la intervención de las víctimas o de sus representantes en la audiencia del incidente de Reparación Integral, la Sala de Conocimiento promoverá su participación eficiente y representativa, de manera que se logre al mismo tiempo la satisfacción de los derechos de las víctimas y la pronta administración de justicia, para lo cual podrá regular el tiempo de las intervenciones. Cuando la Sala de Conocimiento lo considere necesario, las víctimas deberán seleccionar un grupo de estas o de sus defensores para que las representen en el incidente.
En ese orden, el Tribunal de Justicia y Paz cuenta con amplias facultades para la dirección del proceso y de las audiencias a efectos de materializar el derecho sustancial y velar por la agilidad de los trámites, motivo por el cual no es aconsejable imponerle un término para adelantar el incidente de reparación integral, como lo solicita el abogado CMVE, pues sólo la Sala de conocimiento respectiva, de acuerdo a la cantidad de cargos y víctimas relacionadas, ubicación geográfica de los perjudicados, entre otros factores, puede determinar el lapso adecuado para desarrollar la diligencia.
3. Tampoco afecta la legalidad de la actuación la ausencia de RVM en las audiencias del incidente realizadas en el municipio de Peque los días 18 y 19 de septiembre de 2014, dadas las dificultades de conexión desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos. Además, ante la explicación de esa situación por la magistrada ponente(32), el postulado manifestó no tener inconveniente con que se adelantaran las diligencias sin su presencia porque asistirían sus defensores. Y se haría el traslado a éstos de las carpetas entregadas por las víctimas.
La Corte ha decantado que es posible que el acusado privado de la libertad renuncie al derecho de asistir a una determinada audiencia, salvo que vaya a ser objeto de prueba, criterio que en virtud del principio de complementariedad resulta aplicable al caso examinado. Véase lo señalado por la Corporación:
13. De ello da cuenta por ejemplo que la audiencia de formulación de acusación requiere para su validez “la presencia del fiscal, del abogado defensor y del acusado privado de la libertad, a menos que no desee hacerlo o sea renuente a su traslado” (artículo 339 C. de P.P.). A su vez, la audiencia preparatoria también comporta como estricto requisito de validez la presencia de juez, fiscal y defensor, mas no así la del imputado (artículo 355 id.). Tampoco resulta imperiosa dicha comparecencia al juicio oral, dado que la alegación inicial que impone la advertencia judicial al acusado sobre el derecho a no autoincriminarse o a guardar silencio y la expresión sobre si se declara inocente o culpable, si bien en principio supondría su presencia, como ya se dijo no es un requisito de validez del acto, en forma tal que el propio ordenamiento positivo tiene previsto que el tratamiento para el contumaz o para la persona ausente es el mismo que se da al acusado que estando presente no hace manifestación alguna en torno a su inocencia o culpabilidad, es decir, que se entenderá en el primer sentido (artículo 367 id.).
En casos semejantes, bien puede el procesado renunciar de esta manera al derecho que le asiste de estar presente en el debate oral y, por tanto, a ejercer personalmente el contradictorio, con la aptitud de interrogar a los testigos de cargo que, en condiciones semejantes, estará en manos de su defensor. Se trata, entonces, de entender la incoercibilidad del imputado para participar en desarrollo de ciertos actos que están concebidos directamente como garantías propias, en tanto la ley lo deja en libertad de intervenir o no en ellos.
No sucede igual, desde luego, cuando se trata de actos en los cuales el imputado es objeto de prueba, es decir, en aquellas hipótesis en que directamente se lo va a someter a valoración u observación, por ejemplo, cuando es su deseo declarar, o, frente a diligencias de reconocimiento, tomas de sangre, pruebas de semen, de cabellos, etc, en que no consiente la ley que pueda negarse y para los cuales, por lo tanto, se pueden emplear todos los medios coactivos legalmente prevenidos para practicarlas. (CSJ, 13/09/06, Rad. 25007) (Subrayas fuera de texto).
Por demás, el postulado estuvo presente en la mayoría de las audiencias del incidente mediante el sistema de video conferencia desde su lugar de reclusión en los Estados Unidos de América, escuchó a los reclamos y preguntas de las víctimas y pidió perdón por los crímenes cometidos. En esas condiciones, no se afectaron los derechos del postulado o de las víctimas.
En consecuencia, por los aspectos señalados por la doctora Valderrama Carvajal no se configura irregularidad sustancial que imponga anular la actuación.
2.5. Nulidad del incidente por ausencia de motivación y afectación del principio de igualdad.
La representante de víctimas GIRO pide decretar la nulidad de la actuación por cuanto en la determinación de los perjuicios morales de los diferentes delitos cometidos por el grupo organizado al margen de la ley comandado por RVM, se presentaron varias irregularidades de orden sustancial que afectan el debido proceso: i) la ausencia de motivación de la decisión de fijar el monto de indemnización de perjuicios morales en cuantía sustancialmente inferior al establecido en casos similares; ii) la consecuente afectación del principio de igualdad de las víctimas: iii) la indeterminación de las víctimas frente a las cuáles se ordenó la indemnización.
En las anteriores quejas coinciden varios defensores de víctimas(33), quienes no solicitan la nulidad sino la revocatoria parcial de la determinación y la emisión del fallo de reemplazo.
Aunque la Corte reconoce el esfuerzo de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín al emitir la sentencia correspondiente al accionar del Bloque Mineros y su comandante RVM, la verdad es que —como lo aducen los impugnantes— incurrió en graves y trascedentes falencias en la decisión del incidente de reparación integral, que imponen anular parcialmente el fallo a efectos de subsanar las inconsistencias detectadas, las cuales afectan los derechos de las víctimas.
1. La jurisprudencia de la Sala ha establecido(34) que la falta de motivación se predica cuando el sentenciador i) omite exponer el soporte fáctico y jurídico de la decisión, ii) los argumentos expuestos impiden conocer su verdadero fundamento, o iii) éste es extremadamente insuficiente o contradictorio, confuso y ambivalente.
La adecuada motivación de las sentencias constituye garantía esencial del debido proceso, por cuanto posibilita conocer las razones que condujeron al juzgador a decidir de una u otra forma, el valor otorgado a las pruebas, las inferencias y juicios lógicos sobre los que edificó la determinación, todo lo cual permite a los sujetos procesales ejercer su derecho de defensa y habilitar el de contradicción.
En consecuencia, tanto al proferir la sentencia como las demás providencias sustanciales, el juez tiene la carga de «fundamentación fáctica, probatoria y jurídica con indicación de los motivos de estimación y desestimación de las pruebas válidamente admitidas en el juicio oral», tal como lo estipula el artículo 162-4 de la Ley 906 de 2004.
Pues bien, el Tribunal señaló en torno a la indemnización de perjuicios morales lo siguiente:
En relación con el delito de desplazamiento forzado se determinó un monto de hasta 10 S.M.L.M.V por cada uno de los desplazados.
Respecto del delito de desaparición forzada, se reconoció 50 S.M.L.M.V. para cada núcleo familiar, discriminados así:
- 30 % para los padres.
- 20 % para los hermanos.
- 25 % para los cónyuges / compañeros permanentes.
- 25% para los hijos
Si por alguna circunstancia no existiesen los padres, ese 30% se entregará a los hijos.
En los casos de homicidio, se reconocieron 40 S.M.L.M.V. para cada núcleo familiar, discriminados de la manera aludida con antelación respecto de la desaparición forzada de personas.
En cuanto atañe al delito de desplazamiento forzado, se efectuaron rangos dependiendo del tiempo que duró el desplazamiento, o si fue de manera permanente, los cuales fluctuaron hasta un tope máximo de 10 S.M.L.M.V.
Respecto de delito de reclutamiento ilícito de menores, se estableció 60 S.M.L.M.V.
En las lesiones personales, el monto reconocido fue de hasta 15 S.M.L.M.V., dependiendo de la gravedad de las mismas y sus consecuencias.
Concerniente con el delito de secuestro, se determinó hasta 15 S.M.L.M.V. (subrayas fuera de texto).
Y aunque señaló que «La Sala, bajo la premisa de que esta decisión debe fundamentarse en criterios de Justicia y equidad, determinó unos parámetros o baremos estándar para las reparaciones en concreto, los cuales tienen sustento Legal y Jurisprudencial» y, al efecto, cito apartes de la sentencia del 27 de abril de 2011(35), no señala cuáles son los baremos o estándares que apoyan las reparaciones de perjuicios morales que adoptó.
Por demás, la cita del precedente resulta descontextualizada porque en esa determinación la Corte se refirió a la posibilidad de usar criterios de equidad para establecer la cuantía de perjuicios materiales demostrados en el proceso, pero no señaló que pudiesen utilizarse para justipreciar los perjuicios morales(36), entre otras cosas, porque respecto de la tasación de esos daños existen precisos lineamientos legales (artículo 97 del Código Penal) y jurisprudenciales (Corte Constitucional, C-286 de 2014; CSJ, 27/04/11, Rad. 34547; SP16258-2015; SP17467-2015, entre otros).
En sentido contrario, la tesis sustentada en la providencia de Mampuján niega la posibilidad de fijar las indemnizaciones con apoyo en criterios de equidad por cuanto el ordenamiento jurídico nacional impone su determinación acorde con las reglas jurídicas que regulan la materia.
En ese orden, el Tribunal no explicó la razón por la que adoptó los porcentajes citados ni relacionó, como era su deber, a cada una de las víctimas a las que reconoció indemnización por ese concepto, quedando abierta la posibilidad de que sea la Unidad para la Reparación de Víctimas la que individualice a las personas merecedoras de resarcimiento por perjuicios morales y la cuantía que les corresponde.
La falta de motivación detectada respecto de la reparación de los daños inmateriales afecta el derecho de contradicción y el debido proceso de las partes e intervinientes, e impone invalidar lo decidido en la sentencia correspondiente al incidente de reparación integral en los aspectos que aquí se precisan, cuyas falencias deben subsanarse. Lo anterior, porque no es posible superar el yerro emitiendo fallo de reemplazo, en tanto se afectaría el principio de doble instancia.
2. Las citadas cifras resarcitorias establecidas por el Tribunal también afectan el principio de igualdad porque ante un mismo supuesto fáctico, a saber, la afectación moral producida por los delitos de desplazamiento forzado, homicidio, desaparición, secuestro, entre otros, cometidos por los grupos organizados al margen de la ley, las víctimas del Bloque Mineros recibirán una indemnización muy inferior a la asignada por la judicatura a las de otros grupos delictivos, sin que se ofrezca una explicación en torno a las razones que justifican el trato disímil.
Importa señalar que si bien no necesariamente se debe decretar en cada caso la misma cifra como reparación, cuando existen parámetros estandarizados por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado sobre las cuantías para resarcir los perjuicios morales, el funcionario judicial ostenta la carga de explicar los motivos por los cuales se aparta de los precedentes jurisprudenciales, obligación que en este caso no se cumplió.
Así, para el delito de desplazamiento forzado la judicatura de manera uniforme ha venido ordenando la indemnización de perjuicios por daño moral a cada víctima en una suma equivalente a 50 SMMLV por persona, sin que sobrepase 224 SMMLV por núcleo familiar(37), criterio que se identifica con el adoptado por el Consejo de Estado sobre la materia(38). Y para el delito de homicidio se ha reconocido a los familiares en primer grado y al cónyuge, compañero/a permanente la suma de 100 SMMLV(39).
A pesar de lo anterior, el Tribunal Superior de Medellín, sin explicar la razón por la cual se aparta del precedente, fija una cuantía máxima de 10 SMMLV para el desplazamiento forzado y de 40 para el delito de homicidio, guarismos que deben tener un sustento para el a quo. Pero como se alejan sustancialmente de lo reconocido en las decisiones judiciales de orden transicional a otras víctimas de esos delitos y esta situación se repite frente a los restantes punibles legalizados en el fallo, demandan que la primera instancia señale con claridad dicho fundamento.
3. Tal como señalan los recurrentes, no se concretaron las víctimas susceptibles de resarcir, por manera que se dejó en manos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas la misión de determinar quiénes son sujetos de reparación por concepto de perjuicios morales.
Incluso, en relación con el desplazamiento forzado, el ente administrativo tendría que determinar la cuantía porque el fallo señaló que la indemnización iría hasta 10 SMMLV, dependiendo del lapso del alejamiento forzado, sin determinar en cada caso concreto cuánto le corresponde a cada víctima.
Esa situación contraría el ordenamiento jurídico y refuerza la necesidad de anular parcialmente el fallo, por cuanto la indemnización dispuesta por la justicia transicional es de carácter judicial, no administrativa, motivo por el cual el Tribunal debe ocuparse prioritariamente de verificar la ocurrencia del perjuicio aducido y de establecer el monto de la indemnización correspondiente, deber que no puede trasladarse a instancias administrativas, como impropiamente y de manera tácita lo determinó el Tribunal.
Y si bien la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas tiene a su cargo el reconocimiento y pago de la indemnización administrativa de la Ley 1448 de 2011, ello no implica que esté autorizada legalmente para establecer y verificar esa situación frente a quienes acuden a un proceso judicial, pues en ese aspecto deben limitarse a sufragar los perjuicios individualizados por la judicatura.
Aún más, el artículo 24 de la Ley 975 de 2005 establece la obligación de incluir en la sentencia la «reparación moral y económica» a que haya lugar y el artículo 2.2.5.1.2.2.18 del Decreto 1069 de 2015(40) prevé los requisitos que debe contener la decisión del incidente de reparación integral:
ART. 2.2.5.1.2.2.18.—Decisión del Incidente de Reparación Integral en la Sentencia. El incidente de Reparación Integral se fallará en la sentencia, en la cual se establecerá el nombre de cada una de las víctimas reconocidas, el tipo y número de identificación, la información de contacto y la identificación del hecho victimizante. Adicionalmente, de ser posible, el fallo incluirá información relacionada con el núcleo familiar de las víctimas o su red de apoyo; cuando se tratare de menores de edad o personas con discapacidad, información sobre su red de apoyo y sobre el tutor, curador o intérprete si lo tuviere; la información sobre el sexo, edad, etnia, estrato socioeconómico; y la información relacionada con la situación y tipo de discapacidad si se conoce alguna. Para efectos de preservar la reserva de la información personal de las víctimas, esta se incorporará a la sentencia a través de un anexo reservado. (…).
En el evento estudiado no se hizo relación de las personas sujetas a indemnización de perjuicios morales, incumpliéndose con la obligación de precisar su identidad y la cuantía de lo reconocido a cada una, pues ni en la parte motiva o resolutiva del fallo ni en un listado anexo se concretó esa información.
Dichas falencias, unidas a la omisión de resolver la pretensión de indemnización del daño colectivo solicitada por el Ministerio Público, imponen anular parcialmente la sentencia, exclusivamente respecto de la decisión del incidente de reparación integral a efectos de que el Tribual las subsane y, adicionalmente, corrija otras irregularidades como reparar a HHCG y a JHGM, quienes no radicaron solicitud de resarcimiento porque la apoderada pretende hacerlo en otra actuación surtida contra el Bloque Mineros(41).
También enmendará la contradicción presente en la decisión de múltiples peticiones de reparación en relación con las cuales, en un acápite reconoció a la víctima y en otro la excluyó(42), o le concedió cifras de reparación diferentes, sin que exista precisión sobre cuál debe prevalecer.
Resolverá las pretensiones indemnizatorias que según los apoderados GIRO, IDGT, LRGR, ACPP, FIMC, AMLM, entre otros, fueron omitidas a pesar de haber sido presentadas oportunamente.
Así mismo, considerará que la presunción según la cual las personas mayores de 25 años ya han conformado un hogar, admite prueba en contrario, de forma que en cada caso se deberá confrontar los medios de convicción aducidos a efectos de corroborar o desvirtuar la dependencia económica del ascendiente que aspira a la reparación material por la muerte de la víctima directa.
En consideración de lo anterior, la Sala se abstendrá de estudiar los casos puntuales planteados por los apoderados de víctimas porque al invalidarse parcialmente el fallo respecto a la decisión del incidente de reparación integral, el Tribunal deberá reexaminar todas las pretensiones resarcitorias oportunamente formuladas a efectos de enmendar los yerros detectados, decidir acorde con los parámetros sustanciales y probatorios decantados por la jurisprudencia, corregir los nombres e identidades que los impugnantes han develado equivocados, individualizar, en los términos previstos en la normatividad transicional, a las personas respecto de las cuales ordena reparación, precisando la cuantía asignada a cada víctima.
En consecuencia, la Sala anulará en forma parcial el fallo, exclusivamente en lo relacionado con la decisión del incidente de reparación integral, a efectos de que el Tribunal rehaga la decisión y corrija los defectos que inciden en la estructura del proceso y en los derechos de las partes e intervinientes.
La determinación que adopte el Tribunal al decidir el incidente se integrará a este fallo, acorde con el canon 102 de la Ley 906 de 2004 y con el principio de complementariedad del artículo 62 de la Ley 975 de 2005.
1. DECLARAR improcedente la nulidad solicitada por el Ministerio Público y la abogada GIRO respecto de la sentencia complementaria. Así mismo, la señalada por la Procuradora respecto de la conciliación.
2. REVOCAR el literal j del artículo cuarto del fallo y, en consecuencia, LEGALIZAR la circunstancia calificante del hurto del numeral 1 del artículo 350 del Decreto Ley 100 de 1980 respecto del cargo 26 relacionado con la «Masacre de El Aro», por el cual se CONDENA a RVM, en las condiciones expuestas al motivar la decisión
3. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL del fallo exclusivamente frente a la decisión del incidente de reparación integral, a efectos de que el Tribunal reexamine las pretensiones resarcitorias oportunamente formuladas y resuelva la solicitud de reparación del daño, conforme con las razones expuestas en la parte motiva. En consecuencia, se REVOCAN los numerales nueve a catorce, diecinueve a veintinueve, treinta y uno, treinta y ocho y cuarenta y uno a cuarenta y cuatro de la parte resolutiva, referidos al trámite incidental.
4. CONFIRMAR en todo lo demás el fallo de primera instancia.
18 Ver informe de la FGN del 15 de septiembre de 2004 suscrito por la Fiscal 38 del Grupo de Persecución de bienes.
19 Modificado por el artículo 10 de la Ley 1592 de 2012.
20 Según el artículo 2.2.5.1.2.2.3 del Decreto 1069 de 2015 patrón de macrocriminalidad, es el conjunto de actividades criminales, prácticas y modos de actuación criminal que se desarrollan de manera repetida en un determinado territorio y durante un periodo de tiempo determinado, de los cuales se pueden deducir los elementos esenciales de las políticas y planes implementados por el grupo armado organizado al margen de la ley responsable de los mismos. La identificación del patrón de macrocriminalidad permite concentrar los esfuerzos de investigación en los máximos responsables del desarrollo o realización de un plan criminal y contribuye a develar la estructura y modus operandi del grupo armado organizado al margen de la ley, así como las relaciones que hicieron posible su operación.
21 Por ejemplo, las comisiones de la verdad y los centros de memoria histórica.
22 Otras decisiones de similar contenido: CSJ, 23/07/08, Rad. 30120; 16/04/09, Rad. 31115; 14/12/09, Rad. 32575; 11/03/10, Rad. 32852; 11/03/10, Rad. 33301, entre otras
23 Acorde con lo señalado en la acusación los productos hurtados fueron: cargas de café, maíz, frijol, palos de yuca, cabezas de ganado mayor o menor.
24 El artículo 62 de la Ley 975 de 2005 establece que los temas no regulados en ella se resolverán conforme a la Ley 782 de 2002 y al Código de Procedimiento Penal. A su turno el estatuto procesal penal remite en los temas no tratados, al compendio procesal civil.
25 Normativa vigente al momento de proferir el fallo, recogida en el canon 287 del Código General del Proceso.
26 Cfr. Proveídos 18 de mayo y 12 de octubre de 2011, Rad. 34547 y 11 de junio de 2014, AP3134-2014.
27 Cfr. Artículos 25 de la Ley 906 de 2004 y 23 de la Ley 600 de 2000.
28 Ver documento del folio 138 y ss del cuaderno 4 de legalización de cargo y la audiencia del 15 de septiembre de 2014.
29 Cfr. CSJ SP16258-2015, SP13669-2015, entre otras.
30 Cfr. Folio 1463 de la sentencia de primera instancia.
31 Reprodujo el parágrafo 3º del artículo 27 del Decreto 3011 de 2013.
32 La magistratura lo inquirió al respecto a RVM en las sesiones del 15 y 17 de septiembre de 2014.
33 Con diferentes argumentos y matices se pronuncian en tal sentido los siguientes apoderados de víctimas: LRGR, FIMC, AMLM, IDGT, LGG, MCVC, MEEH, CMVE y LAJ.
34 Cfr. CSJ AP 4949-2014, 23/05/12, Rad. 32173, entre otras.
35 Radicado 34547 dictada dentro del denominado caso Mampuján.
36 Lo párrafos citado del fallo de Mampuján son los siguientes: (c)Considera la Sala que tratándose de violaciones masivas de derechos humanos como ocurre en los casos abordados en el marco de la Ley de Justicia y Paz, será de especial utilidad, en punto de la cuantificación de las reparaciones, adoptar modelos baremo o diferenciados, esto es, a partir de la demostración del daño acaecido a ciertas personas, podrá deducirse también y hacerse extensiva tal cuantificación a quienes se encuentren en situaciones similares pero no hubieren orientado adecuadamente su labor a acreditar el quantum de los perjuicios sufridos. V.g. identidad de oficios, edades, situación socioeconómica o familiar, etc.”(…)
“Lo expuesto permite concluir a la Sala que, tratándose de perjuicios demostrados cuya cuantía no cuenta con suficientes elementos de acreditación, en lugar de acudir a la equidad con el fin de dotar al fallador de amplias facultades en su tasación, menester resulta afinar los criterios de ponderación de las pruebas con las que se cuente, todo ello con el fin de evitar inequidades y tratamientos desiguales frente a supuestos de hecho semejantes, máxime, si como ya se ha expuesto, la función de la equidad no es esa, sino la de corregir la ley en el caso particular.
37 Cfr. CSJ, SP12969-2015, 27 abril 2011, Rad. 34547, entre otras.
38 Cfr. Consejo de Estado, sentencia 15 de agosto de 2007, Rad. 2002-0004-01; 26 de enero de 2006, Rad. 2001-00213-01.
39 Cfr. CSJ 27 abril 2001, Rad. 34547, entre otras.
40 Anterior artículo 29 del Decreto 3011 de 2013.
41 Cfr. Folios 2311 y 2350 del fallo, así como la sustentación del recurso de la abogada Laura Ardila Jaramillo.
42 Ver los casos de LIG viuda de M, figura en los folios 2433 y 2462 del fallo; JHMP, folios 2449 y 2463; MRMC, folios 2437 y 2453; el núcleo familiar de EAPM se encuentra en los folios 2428, 2457, 2460 y 2461; RMC, repetida en los folios con diferentes cifras 2445 y 2456; BABP, folios 2437 y 2458; BCU, folios 2439 y 2452; SMCP, folios 2441 y 2457; MOGZ, folios 1770 y 2029, entre otros.

References: artículo 26
 artículo 15
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 161
 artículo 350
 artículo 412
 artículo 311
 artículo 179
 artículo 62
 artículo 311
 resolución 
 resolución 
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 23
 Resolución 
 artículo 15
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 229
 Resolución 
 artículo 73
 artículo 306
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 139
 artículo 2
 artículo 162
 artículo 24
 artículo 2
 artículo 62
 artículo 350
 artículo 10
 artículo 2
 artículo 62
 artículo 27
 artículo 29