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Timestamp: 2018-06-20 02:16:07+00:00

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CE SEC3 EXP1997 N10030 Económico y financiero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1997 100%
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA - Origen / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA - Fundamento legal &nbsp; La teoría del enriquecimiento sin causa tiene su origen en el Derecho Romano y es considerada por la doctrina y la jurisprudencia como fuente de derechos y obligaciones. De igual manera, se destaca que la figura del enriquecimiento sin causa tiene su fundamento legal y constitucional en la responsabilidad patrimonial del Estado. NOTA DE RELATORIA: Reiteración jurisprudencial de la sentencia de 8 de Mayo de 1995, EXP. No.8118, Actor Sociedad Constructora Cárdenas y Maya Ltda., Consejero ponente: Dr. Juan de Dios Montes Hernández. &nbsp; ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA - Requisitos para su procedencia / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA - Configuración &nbsp; Para que proceda la acción in rem verso, la jurisprudencia de la Sala exige de manera reiterada la presencia de los siguientes requisitos: a. Un enriquecimiento de la parte beneficiada; b. Un correlativo empobrecimiento de la part
CE SEC3 EXP1997 N10038 Ambiental, Administrativo, Comercial JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1997 100%
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - Empresa industrial y comercial / JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - Competencia / CLAUSULA EXHORBITANTE – Cláusula de caducidad. Contrato entre entidades publicas / CLAUSULA DE CADUCIDAD – Cláusula excepcional / SOCIEDAD ENTRE ENTIDADES PUBLICAS - Contratación estatal &nbsp; La jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer de la presente acción porque no obstante que la demandada es una sociedad entre entidades públicas asimilada a una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal, según el art. 4o. del decreto ley 130 de 1976, y los contratos celebrados por este tipo de entidades según los arts. 1o. y 254 del decreto ley 222 de 1983 son de derecho privado de la administración, salvo los de Empréstito y Obras Públicas, en el caso de autos se incluyó la cláusula de caducidad y como consecuencia de ello se radica en la jurisdicción administrativa la competencia para conocer los conflictos qu
CE SEC3 EXP1997 N10251 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1997 100%
RESPONSABILIDAD MEDICA - Falla Presunta del Servicio &nbsp; En los procesos por responsabilidad médica se presume la falla del servicio, lo cual implica la inversión de la carga de la prueba de manera que al demandado , para exonerarse de responsabilidad, le corresponde probar que actuó con diligencia y cuidado en la prestación del servicio. Pero al demandante no se le releva plenamente de su onus probandi, sino que se reduce a los otros elementos de la responsabilidad, esto es , a la existencia del daño y falla del servicio. NOTA DE RELATORIA: Reiteración de 30 de julio de 1992 exp:6897 Ponente Doctor DANIEL SUAREZ HERNANDEZ y Sentencia de 13 de agosto de 1992 de el mismo ponente. &nbsp; &nbsp; RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO PUBLICO HOSPITALARIO - Riesgo en el Tratamiento &nbsp; La responsabilidad del servicio público Hospitalario se compromete si la ejecución de ese acto es la causa directa de daños sin relación con el estado ini
CE SEC3 EXP1997 N10285 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1997 100%
LEGITIMACION POR ACTIVA - Improcedencia / REPRESENTACION DE LA NACION – Rama judicial / MINISTERIO DE JUSTICIA – Representación judicial &nbsp; Entendida la legitimación en la causa como la calidad que tiene una persona para formular o contradecir pretensiones de la demanda por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial, es evidente que este presupuesto se cumple en el caso sub júdice como que el actor formuló su petitum contra la Nación, que es la llamada a resistirlo. Se trata pues, de un problema de representación, no de legitimación en la causa. De acuerdo con las normas vigentes para la época de presentación de la demanda, la Nación debía comparecer a través del Ministro de Justicia a todo proceso en que se discutiera su responsabilidad por actuaciones o vías de hecho de jueces y magistrados, incluidos los miembros del Consejo Superior de la Judicatura que, como lo prevé el art. 116 de la Constitución Política, hace parte de la Rama Judicial del pode
CE SEC3 EXP1997 N10300 Administrativo, Penal JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1997 100%
RESPONSABILIDAD POR FALLA DEL SERVICIO - Presupuestos para su Configuración &nbsp; Para que haya lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por falla del servicio, es necesario que se den tres presupuestos esenciales, a saber: la existencia de un daño; que se verifique una falla en el servicio público ya sea porque el servicio no se prestó o se prestó en forma tardía o ineficiente y una relación de causalidad entre el daño y dicha falla. &nbsp; INDICIOS - Valoración Probatoria / TESTIMONIOS - Conducencia y Coherencia &nbsp; Sobre la valoración indiciaria ha manifestado esta Corporación que los hechos, para merecer el calificativo de indicios, deben estar demostrados en el proceso y para que el juez los valore como medios de prueba es menester que la demostración del hecho indiciario haya sido decretada y practicada en legal forma, es decir que necesitando ser probado, el medio utilizado para ello no debe carecer de valor probatorio por vicios
CE SEC3 EXP1997 N9467 Económico y financiero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1997 100%
FALLA DEL SERVICIO MEDICO - Inexistencia / OBLIGACION DE MEDIO -Servicio médico / OBLIGACION DE RESULTADO - Improcedencia / RESPONSABILIDAD OBJETIVA - Inexistencia &nbsp; Es cierto que esta acreditada la existencia del daño sufrido por la paciente y la relación de causalidad de dicho daño con la intervención quirúrgica, lo que hace presumir la falla del servicio en la Entidad demandada, en la medida en que el resultado dañoso no era lo normalmente esperado como producto de intervención médica; y precisamente la circunstancia de que el cumplimiento de la prestación médica estuvo a cargo de la demandada es lo que hace, en virtud de la presunción antes enunciada, que a ella le corresponda acreditar que ésta se desarrollo en debida forma. En otras palabras, demostrado como está en el sub júdice que el servicio se desarrollo diligentemente; o, lo que es lo mismo, evidenciada la ausencia de falla en el servicio, la entidad demandada queda exonerada de responsabilidad,
CE SEC3 EXP1997 N9523 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1997 100%
NORMA ACUSADA - Derogatoria / CONTROL JURISDICCIONAL – Derogatoria de la norma acusada / ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL – Control jurisdiccional. Norma derogada / SUSTRACCION DE MATERIA - Improcedencia &nbsp; El acto cuya nulidad se demanda en este proceso -art. 3o. del decreto 22251 de 1993- fue derogado por el decreto reglamentario 855 de 1994. Esta circunstancia sin embargo, no impide un pronunciamiento sobre las pretensiones de acuerdo con las directrices jurisprudenciales señaladas por esta corporación, según las cuales cuando se demanda un acto administrativo de carácter general es imperativo un pronunciamiento de fondo sobre la demanda, aunque haya sido derogado, pues sólo así se logra el propósito de mantener el imperio del orden jurídico y el restablecimiento de la legalidad. NOTA DE RELATORIA: Reitera jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso en las sentencias de enero 14 de 1991, proceso S-157, Actor: Roberto Bruce Raisbeck, Cons
CE SEC3 EXP1997 N9718 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1997 100%
RESPONSABILIDAD POR OCUPACIÓN DE INMUEBLES - Responsabilidad objetiva / CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN – Descuento en la indemnización / PRINCIPIO DE EQUIDAD / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / DICTAMEN PERICIAL / INDEXACIÓN &nbsp; Dado que este tipo de responsabilidad es objetiva, sólo es menester determinar la existencia y prueba de los supuestos fácticos de la misma prescindencia de toda consideración en cuanto a la falla del servicio. La ocupación permanente del inmueble por parte del ente público demandado y la finalidad de utilidad común de la misma también se encuentran demostradas con el conjunto del acervo probatorio que obra en el expediente. El art. 56 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989 establece la obligatoriedad para el juez administrativo de deducir en la sentencia que ordene reparar el daño por ocupación de inmueble ajeno, la valorización que produjo en el mismo el trabajo realizado, a menos que se hubiese pagado la correspondiente contribución de valo
CE SEC3 EXP1997 N9894 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1997 100%
RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL FUNCIONARIO - Regulación legal &nbsp; Tanto el artículo 77 del C.C.A como inciso 2 del artículo 90 de la Constitución Política al regular la responsabilidad personal del funcionario optaron por referirse a los conceptos de culpa grave y dolo, en lugar del error inexcusable de conducta que en su momento había sugerido el Consejo de Estado. Estas previsiones, sin embargo, deben armonizarse con lo que dispone el artículo 6o. de la Carta Política, el cual señala que los servidores públicos son responsables no sólo por infringir la Constitución y las leyes como lo son los particulares, sino también por extralimitación u omisión en el ejercicio de sus funciones; así mismo con el artículo 91 de la C.P/91 no exime de responsabilidad al agente que ejecuta un mandato superior, en caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona. &nbsp; &nbsp; SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA - Efectos / RESPONSABILIDAD
CE SEC3 EXP1997 N9286 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1997 100%
CONCURRENCIA DEL SINIESTRO - Estabilidad de obra / OCURRENCIA DEL SINIESTRO - Competencia para su declaración unilateral / POLIZA DE ESTABILIDAD Y BUENA CALIDAD DE LA OBRA - Título ejecutivo &nbsp; Podía la entidad contratante declarar en forma unilateral la ocurrencia del siniestro?. Para la Sala la respuesta es afirmativa, por cuanto la administración tenía la facultad para hacerlo unilateralmente luego de la terminación y liquidación del contrato. Facultad que se derivaba no sólo de la póliza que garantizó la estabilidad de la obra (cláusula 4a. ord 1°) y de lo dispuesto en las resoluciones de la Contraloría General de la Nación que señalaban las bases que debían cumplir en aquel entonces las pólizas de seguro de los contratos estatales. Sino, primordialmente, de lo que prevé el numeral 5 del art. 68 del C.C.A. cuando disponen que prestaran mérito ejecutivo &quot;Las demás garantías que a favor de las entidades públicas se presten por cualquier concepto, las
CE SEC3 EXP1997 N9118 Económico y financiero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1997 100%
PROCEDIMIENTO LICITATORIO - Régimen aplicable / CONCESION DE TELEFONIA MOVIL CELULAR - Adjudicación / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION - Vigencia / LEY POSTERIOR - Prevalencia &nbsp; El procedimiento licitatorio para la adjudicación de la concesión de la telefonía móvil celular cuya apertura se efectuó el 28 de octubre de 1993, se rige por la ley 80 vigente a partir de ese mismo día y año y por la ley 37 de 1993. En efecto, cuando la ley 80 de 1993 en forma expresa consagró la vigencia a partir de su promulgación, entre otros, de los artículos 33, 34, 35, 36, 37 y 38, sobre servicios y actividades de telecomunicaciones estaba significando que los mismos se regían de manera integral por dicho estatuto. Para abundar en argumentos sobre la vigencia de la ley 80 de 1993 en relación con el procedimiento de adjudicación del contrato de concesión del servicio de telefonía móvil celular, cabe señalar que de acuerdo con las reglas de interpretación legal contenidas en el a
CE SEC3 EXP1997 N8928 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1997 100%
REGISTRO DE CONSTRUCTORES - Requisitos / MINISTERIO DE TRANSPORTE – Registro De conductores / POTESTAD REGLAMENTARIA - Extralimitación / CAPACIDAD FINANCIERA DE LOS CONSTRUCTORES – Condiciones. decreto 1522 / DOCUMENTOS PRIVADOS / CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE REGISTRO DE PROPONENTES - Requisitos &nbsp; La contraposición de las normas es clara y ostensible, pues no hay duda de que la resolución demandada cambió las condiciones establecidas en el decreto 1522 para llevar a cabo la calificación de la capacidad financiera de los constructores. Si el decreto antes citado sólo exigía el estudio de los balances certificados para realizar dicha calificación, al Ministerio de Transporte le estaba vedado cambiar esas reglas de juego, pues al hacerlos transgredió normas jerárquicamente superiores que llevan a la sala a declarar su nulidad. De otra parte, la sala prohíja en su integridad los argumentos expuestos por el coadyuvante cuando sostiene que, existe norma especia
CE SEC3 EXP1997 N8615 Ambiental, Económico y financiero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1997 100%
ZONA DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE – Cuenca Superior de Riofrío / ZONA RESTRINGIDA PARA LA MINERIA - Zona de protección del paisaje/ LICENCIA DE EXPLOTACIÓN MINERA – Incompatible con la zona restringida &nbsp; Como la &quot;Cuenca Superior de Riofrío&quot; situada en los municipios de Tabio y Zipaquirá, departamento de Cundinamarca, fue declarada &quot;zona de protección del paisaje&quot;, en razón de deterioro que ha sufrido el medio ambiente como consecuencia de las explotaciones de los recursos naturales, las actividades mineras se consideran incompatibles; de tal manera que una autorización para la explotación minera en esta zona restringida, solamente podía producirse previo un estudio ecológico y ambiental favorable a dicha actividad. Se encuentra plenamente demostrado que el Ministerio de Minas y Energía, al expedir los actos acusados que otorgaron a un particular licencia para la explotación minera, violó disposiciones de orden superior que estaba obligado a
CE SEC3 EXP1997 N7618 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1997 100%
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO - Revocatoria / REVOCATORIA DIRECTA – Improcedencia. Consentimiento / DERECHOS ADQUIRIDOS – Silencia administrativo / CADUCIDAD - Término / NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE – Cómputo del término de caducidad / NOTIFICACIÓN IRREGULAR - Efectos &nbsp; Aunque la legislación vigente en ese entonces (decreto 2733 de 1959), no era muy explícita en el manejo del silencio positivo, como sí lo es con el Código administrativo. su revocatoria no podía hacerse por la administración sin mediar el consentimiento expreso y escrito del beneficiario del mismo. Idea que se mantiene en el actual estatuto, aunque en éste se permite excepcionalmente su revocatoria, no sólo cuando se den las causales previstas en el Art. 69, sino cuando fuere evidente que el acto ocurrió por medios legales. Y aunque a la sazón no se daban las exigencias previstas en el Art.. 42 del C.C.A. vigente para hacer efectivo ese silencio o para invocarlo, no quiere ello dec
CE SEC3 EXP1997 N7231 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1997 100%
SOCIEDAD MINERA - Disolución / COMUNIDAD - Representación / LITISCONSORCIO NECESARIO - Integración &nbsp; Mediante resolución 001453 del 3 de septiembre de 1979, el Ministerio de Minas y Energía declaró que la COMPAÑIA MINERA DE QUAIPUR SOCIEDAD ORDINARIA DE MINAS, era titular de la propiedad privada de las minas objeto del expediente R.P.P. 007. La sociedad se disolvió el 8 de febrero de 1991 y a partir de la misma fecha entró en proceso de liquidación. al disolverse la sociedad se produce entre los socios una situación de hecho, una comunidad que es preciso liquidar, para lo cual en primer lugar debe atenderse a las reglas estipuladas en el contrato (artículo 144 literal f) del Código de Minas o D. 2655 de 1988). En lo que hace relación con la comunidad el artículo 22 de la ley 95 de 1890 que reforma el Código civil, establece que el administrador de una comunidad tiene la personería de ella, lo cual no impide que cada comunero se presente como parte y sea teni
CE SEC3 EXP1997 N6458 Administrativo, Comercial JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1997 100%
PROPIEDAD PRIVADA DEL SUBSUELO - Demostración / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL SUBSUELO PETROLIFERO - Inexistencia de Registro &nbsp; El art. 1o. de la ley 10 de 1961 creó el registro en el Ministerio de Minas y Energía, de todas las providencias administrativas y de las sentencias judiciales que reconozcan y declaren definitivamente la propiedad privada del petróleo y también de los actos y contratos que con posterioridad a dicho reconocimiento trasladen o muden el dominio de los subsuelos respectivos, o les impongan gravámenes o limitaciones de cualquier naturaleza. El contrato celebrado mediante la escritura No. 107 de abril 2 de 1989, mediante el cual todos los que dicen ser titulares del derecho de dominio sobre el subsuelo petrolífero de las Haciendas Pilamita de Piedras S.A., para su exploración y explotación exclusiva, debió ser registrado de acuerdo a la norma citada. Pero la inscripción en ese registro minero, dependía de que ante la entidad estatal ahora
CE SEC3 EXP1997 N13703 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1997 100%
EJECUCION CONTRACTUAL Y PROCESO EJECUTIVO - Diferencias &nbsp; Son dos fenómenos jurídicos sustancialmente distintos: la ejecución de las obligaciones que emanan del contrato y el cobro compulsivo de las mismas. Respecto del primero de ello se precisa: en nuestro sistema jurídico el contrato como fuente de obligaciones y derechos es una ley para las partes, ya se trate de personas públicas o privadas. En el ámbito estatal, estructurado o perfeccionado un acuerdo contractual, las partes que lo suscribieron quedan obligadas a cumplir con las obligaciones recíprocas pactadas en él. En consecuencia, el fin de todo contrato es su cumplimiento, es decir, que sea ejecutado. De tal manera, ejecutar un contrato es dar contenido real y concreto a las obligaciones convenidas; es el destino normal esperado, ya que todo acuerdo se fundamenta en los principios de buena fe y lealtad que rigen la correcta realización de los acuerdos. En cambio, la acción y el proceso ejecutivo
CE SEC3 EXP1997 N13573 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1997 100%
CLAUSULA COMPROMISORIA - Efectos / TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO - Improcedencia / JUEZ NATURAL DEL CONTRATO - Competencia / CONTROVERSIA CONTRACTUAL / JURISDICCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA - Competencia &nbsp; No hay duda de que en el sub lite las partes, al haber acudido al Juez natural del contrato, dejaron sin efecto la cláusula compromisoria pactada. Finalmente, es importante advertir que la parte demandada guardó silencio respecto de la cláusula compromisoria, es decir, consistió en que fuera del juez especializado quien dirimiera el litigio suscitado entre las partes. NOTA DE RELATORIA: En esta providencia la Sala acogió en su integridad los planteamientos de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 17 de junio de 1997, Ponente Dr: ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS, y la sentencia de abril 22 de 1992, Ponente Dr: EDUARDO GARCIA SARMIENTO, Actor: Transportes Guasca Ltda. Igualmente menciona la Sentencia de 16 de junio de 1997, Expediente 10882, Ponente Dr: JUAN
CE SEC3 EXP1997 N13507 Económico y financiero, Administrativo, Laboral y seguridad social JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1997 100%
AUTORIDAD - Concepto / AUTORIDAD - Clases / ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Naturaleza / SOBERANIA DEL ESTADO / FUNCION JURISDICCIONAL / PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LA JURISDICCIÓN &nbsp; Desde el punto de vista constitucional, el concepto genérico de autoridad hace referencia al ejercicio del poder sobre los gobernados; en tal sentido, existen diversas clases de autoridades: política, civil, administrativa, militar (art. 179, num. 2 de la Carta). Quienes administran justicia son autoridades y ejercen su función dentro de los precisos límites establecidos por el orden jurídico. La doctrina nacional y extranjera es coincidente en afirmar que la jurisdicción, entendida como la función pública de administrar justicia, constituye una emanación directa de la soberanía del Estado que ejerce sobre un territorio sujeto a su potestad. De tal manera que el ámbito territorial demarca el límite para el ejercicio de la función jurisdiccional. Solamente donde el Estado ejer
CE SEC3 EXP1997 N13495 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>1997 100%
ACTO DE APERTURA DE LICITACIÓN / Naturaleza / ACTO DE TRAMITE / Inexistencia / ACCION DE SIMPLE NULIDAD / ACTOS PREVIOS A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO / Control jurisdiccional / DEMANDA / Admisión &nbsp; Para la sala, aunque en principio podría sostenerse que el acto de apertura de una licitación es de mero tramite, no siempre deberá mantenerse este calificativo, porque podrán darse casos en los que el acto, en lugar de limitarse a invitar a los interesados que estén en un mismo pie de igualdad para que participen en el proceso selectivo, restrinja indebida o ilegalmente esa participación. Evento en el cual el acto así concebido podrá desconocer los principios de transparencia e igualdad de oportunidades y resultar afectado de desviación de poder. En otras palabras, ese acto deja de ser así un mero tramite para convertirse en un obstáculo para la selección objetiva de los contratistas. Estas breves razones justifican la procedencia de la acción de simple n

References: artículo 77
 artículo 90
 artículo 6
 artículo 91
 resolución 
 resolución 
 artículo 22