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Timestamp: 2020-08-13 18:01:05+00:00

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STC 63/1994, 28 de Febrero de 1994 - Jurisprudencia - VLEX 15355879
STC 63/1994, 28 de Febrero de 1994
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 1.909/1991
1. Este Tribunal, en una jurisprudencia reiterada, viene señalando que el derecho a la igualdad ante la Ley impone al legislador y a quienes la aplican la obligación de dispensar un mismo trato a quienes se encuentran en situaciones jurídicas equiparables con prohibición de toda discriminación o desigualdad de trato que, desde el punto de vista de la finalidad de la norma cuestionada, carezca de justificación objetiva y razonable (SSTC 114/1987 y 109/1988). Ahora bien, también ha precisado que en ocasiones la desigualdad de trato puede estar legitimada, si obedece a una causa justificada y razonable, esencialmente apreciada desde la perspectiva del hecho o situación de las personas afectadas (STC 29/1987) [F.J. 3]. 2. La relación entre religioso y Comunidad no puede ser en modo alguno calificada como laboral, tal como de manera insistente viene afirmando la jurisprudencia ordinaria. El trabajo docente realizado por la demandante de amparo no era ajeno a sus compromisos como profesa. La pertenencia de la recurrente a una Comunidad religiosa, en uso de su libertad asociativa, suponía la disposición de ella a aceptar voluntaria y desinteresadamente, además de los trabajos en beneficio de la misma, aquellas otras tareas no genuinamente religiosas como la actividad docente, orientadas al servicio de ciertos sectores de la sociedad [F.J. 4]. 3. La recurrente, antes de secularizarse, no se encontraba en la misma situación que sus compañeros seglares, aunque desempeñase actividad docente igual que ellos. Su no inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, no previsto hasta el Real Decreto 3.325/1981, no obedecía a motivos discriminatorios, sino a que desarrollaba una actividad que caía fuera del ámbito del contrato de trabajo. Así se razona en la Sentencia impugnada que al aplicar la legalidad entonces vigente, sin vulnerar los derechos fundamentales invocados por la recurrente, no es susceptible de ser revisada por este Tribunal [F.J. 4].
Sentencia citada en: 36 sentencias, 18 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 1.909/91 interpuesto por doña Encarnación T. G. representada por el Procurador don José María García Gutiérrez y defendida por el Letrado don Juan Pascual Gómez, contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 7 de Madrid, de 28 de julio de 1991, que desestimó la demanda interpuesta por la actora. Han sido partes el Ministerio Fiscal, el Instituto Nacional de la Seguridad Social representado por el Procurador don Carlos Jiménez Padrón y asistido por la Letrada doña María Angeles Pinilla González. Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando García-Mon y González-Regueral, quien expresa el parecer la Sala.
1. Por escrito presentado en el Registro de este Tribunal el 20 de septiembre de 1991, doña Encarnación T. G. interpuso recurso de amparo contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 7 de Madrid de 28 de julio de 1991.
Designados para la defensa de la recurrente el Letrado nombrado por la misma, y para la representación a la Procuradora señora García Gutiérrez en turno de oficio, la Sección concedió, en providencia de 2 de diciembre de 1991, un plazo de veinte días a la citada Procuradora para formular la correspondiente demanda.
La actual recurrente en amparo solicitó con fecha 10 de septiembre de 1990 prestación por jubilación, siéndole reconocida por Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (en adelante, I.N.S.S.), de 17 de octubre de 1990, una prestación del 64 por 100 de la base reguladora de 83.583 pesetas. Para el cálculo de la misma se computaron los 17 años de cotización acreditados. La actora figura afiliada al Régimen General de la Seguridad Social desde el 12 de noviembre de 1973.
Interpuesta la correspondiente demanda ante el Juzgado de lo Social, se dictó por el Juzgado núm. 7 de Madrid, Sentencia el 28 de junio de 1991, en la que se desestimó la pretensión de la actora. En sus razonamientos afirma la Sentencia que, «al alegarse por la actora el vínculo laboral con anterioridad a tal alta hubiera sido necesario que así lo acreditase, ya mediante el contrato laboral que vinculaba a las partes, ya mediante una declaración que reconociera el vínculo laboral, en definitiva que se probase que prestaba servicios por cuenta de otro -empresario- bajo la dirección de éste a cambio de un salario, lo que hubiera implicado afiliación al Mutualismo Laboral y posteriormente al Sistema General de Seguridad Social con la responsabilidad empresarial por falta de alta y cotización directa y exclusiva en el primer caso y subsidiaria del I.N.S.S. en el segundo, y en 1959, en aplicación de compensación de culpas».
4. La demanda de amparo denuncia vulneración de los arts. 14 y 16 de la C.E. La actora considera que ha sido discriminada con relación a los demás profesores no religiosos que en el mismo colegio sí fueron dados de alta en la Seguridad Social; discriminación por motivos de religión, pues ella pertenecía durante el período reclamado a una congregación religiosa. Por ello, solicita de este Tribunal dicte Sentencia «reconociendo el derecho que solicita».
6. Recibidas las actuaciones y personados en nombre y representación, respectivamente, del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social, a los Procuradores de los Tribunales señores J. P. y M. G.Quintero, la Sección acordó, en providencia de 22 de junio de 1992, dar vista de las actuaciones del presente recurso de amparo por un plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y a los Procuradores para presentar las alegaciones que a su derecho convinieran.
8. La representación del I.N.S.S. formuló alegaciones en escrito que tuvo entrada el 17 de julio de 1992. En el mencionado escrito, después de afirmar que el recurso no debe prosperar porque la recurrente no alega ni prueba la existencia de discriminación, interesa «que se dicte la Resolución que en Derecho proceda».
En sentido estricto no había relación contractual (remuneración por cuenta ajena) entre la actora y la congregación. Pero no pueden negarse dos hechos: a) La actora ejercitaba una actividad laboral idéntica a la que prestaban en centros públicos y privados, religiosos y no religiosos, otras personas. En cuanto a titulación y capacidad como las resoluciones recurridas nada dicen a este extremo no parece que pueda ser argumento obstaculizador; b) La actora realizaba ese trabajo en relación de dependencia con sus superiores en los centros de enseñanza respectiva.
Añade el Ministerio Fiscal que «esa relación era, mutandis mutendi, sustancialmente idéntica, en razón de dependencia a la de otros Profesores que realizaban sus mismas funciones en centros de enseñanza públicos y privados, religiosos o no religiosos, con la única salvedad de la inexistencia de remuneración antes apuntada».
Si además añadimos a estos datos los Acuerdos Iglesia-Estado que van desde el Concordato de 27 de agosto de 1953 (arts. XXVII y XXXI) hasta los actualmente vigentes de 3 de enero de 1979 y que siempre han reconocido la libertad religiosa de la Iglesia Católica especialmente en el campo de la enseñanza impartida por religiosos, «forzoso es concluir que la primera aproximación al tema debatido ha de finalizar con que los razonamientos a que llegan las resoluciones recurridas se orientan en el sentido de la discriminación de trato justificado».
1. La demandante de amparo es una ex religiosa que perteneció a la Congregación de Siervas de San José, en la que ejerció como Maestra desde el año 1950 a 1971. Al secularizarse prestó determinados servicios en un centro de la propia congregación y en otra empresa distinta, permaneciendo dada de alta en el Régimen General de la Seguridad Social desde el año 1973 hasta el 31 de agosto de 1990. En esta fecha solicitó pensión de jubilación, que le fue reconocida por Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social en cuantía equivalente al 64 por 100 de la base reguladora. Ahora bien, con base en el período de tiempo trabajado de religiosa como Maestra en la congregación, reclamó un incremento hasta el 100 por 100 de la base reguladora. La Administración desestimó la reclamación después de comprobar que en sus archivos no aparecían otras cotizaciones que las computadas para el cálculo de la resolución inicial. Interpuesta demanda, el Juzgado de lo Social núm. 7 de Madrid dictó Sentencia de 28 de julio de 1991, desestimando, asimismo, la pretensión de la actora.
La recurrente en amparo entiende que la referida Sentencia vulnera los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación (art. 14 C.E.) y de libertad religiosa (art. 16 C.E.). La violación se habría producido porque se le ha privado, como consecuencia de ser religiosa, del derecho reconocido a otros trabajadores que desempeñaban una idéntica actividad docente en la etapa previa a su secularización. El derecho reclamado consiste en el cómputo, a efectos de determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de jubilación -que depende del período de ocupación cotizada-, del tiempo correspondiente en el que trabajó como Profesora dentro de la congregación, perteneciendo a ésta como religiosa.
2. Interesa poner de relieve, con carácter previo, que aunque sólo se impugna la resolución judicial, debe entenderse impugnada también la Resolución del I.N.S.S. de 17 de octubre de 1990, pues lo cierto es que la presunta violación se produce originariamente en sede administrativa, por la Dirección Provincial del I.N.S.S. de Madrid, al fijar la base reguladora de la pensión de jubilación en el 64 por 100 y no acceder a elevar al 100 por 100 como interesaba la solicitante. Este Tribunal tiene declarado que cuando se impugna una resolución judicial confirmatoria de otras resoluciones anteriores, sean administrativas o judiciales, que han sido lógica y cronológicamente presupuesto de aquélla, han de considerarse también recurridas las precedentes decisiones confirmadas, aunque no lo hayan sido expresamente en el recurso (por todas, STC 59/1993).
3. A tal efecto es preciso tener en cuenta que durante el período en que la señora T. perteneció a la comunidad, la Ley General de Seguridad Social (arts. 7 y 12) no incluía en su campo de aplicación a las religiosas que formaban parte de comunidades religiosas, ni por ende obligaba a que éstas las afiliasen a la Seguridad Social. Hoy la situación es distinta, pues en virtud del Real Decreto 3.325/1981, de 20 de diciembre, están incluidos, los religiosos o religiosas de la Iglesia Católica que sean españoles, mayores de dieciocho años, miembros de monasterios, órdenes, congregaciones, institutos y sociedades de vida en común de Derecho pontificio inscritos en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia y que residan y desarrollen su actividad en territorio nacional exclusivamente bajo las órdenes de sus superiores respectivos y para la comunidad religiosa a la que pertenecen, quedan comprendidos -según la referida norma- con carácter obligatorio en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, salvo que realicen una actividad profesional que dé lugar a su inclusión en cualquiera de los otros regímenes que integran el sistema de Seguridad Social. De lo cual se deduce que, con independencia de la existencia o no de vínculo laboral con la institución religiosa, el período de permanencia en la comunidad religiosa se computa a efectos de obtener la correspondiente prestación.
Una segunda observación que se debe hacer, es que -como bien dice el Ministerio Fiscal- el invocado derecho a la libertad religiosa (art. 16 C.E.) debe ser analizado exclusivamente en la órbita del art. 14 C.E. o desde el prisma de la no discriminación por motivos religiosos. En efecto, no se trata de que se haya negado a la demandante la libertad religiosa, ni la exteriorización de sus creencias o convicciones, ni que se le haya cuestionado su libertad de declarar sobre religión, manifestaciones que, según la STC 19/1985, comprende el derecho fundamental recogido en el art. 16 C.E. Lo que está en discusión es si, a diferencia de sus compañeros seglares, no fue incluida en el Régimen General de la Seguridad Social por razón de su religión.
4. Se hace evidente que la cualidad de miembro de una orden religiosa no puede determinar la «deslaboralización» automática de la actividad profesional que presta, ni, por consiguiente, su exclusión del campo de aplicación del régimen correspondiente de la Seguridad Social. La irrelevancia de la condición religiosa de la persona que ejerce una actividad profesional ajena a su status, con respecto de la configuración de un vínculo jurídico laboral -que es el presupuesto que condiciona la viabilidad y existencia de la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social-, ha sido repetidamente proclamada por la jurisprudencia ordinaria (entre otras, Sentencias del T.S. de 12 de marzo de 1985, y del T.C.T. de 16 de septiembre de 1985). No debe haber ningún impedimento para reconocer como laboral la relación que un religioso mantiene con un tercero fuera de la comunidad a la que pertenece cuando tal actividad se subsume dentro de la participación en la actividad productiva exigida por el art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, ni, en consecuencia, para determinar su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social.
Sin embargo, no es de estimar el motivo que aducen conjuntamente la recurrente y el Ministerio Fiscal, toda vez que la relación entre religioso y comunidad no puede ser en modo alguno calificada como laboral, tal como de manera insistente viene afirmando la jurisprudencia ordinaria (entre otras, Sentencias del Tribunal Central de Trabajo 23 marzo 1983, 19 mayo 1983, 24 noviembre 1983). El trabajo docente realizado por la demandante de amparo no era ajeno a sus compromisos como profesa. La pertenencia de la señora T. a la comunidad religiosa, en uso de su libertad asociativa, suponía la disposición de ella a aceptar voluntaria y desinteresadamente, además de los trabajos en beneficio de la comunidad, aquellas otras tareas no genuinamente religiosas como la actividad docente, orientadas al servicio de ciertos sectores de la sociedad. La subordinación o dependencia a la Superiora del centro, como en el caso de los compañeros seglares en las tareas educativas, responde a las necesidades organizativas del centro educativo, y puede constituir un elemento esencial del contrato laboral, pero no convierte a la actora en trabajadora por cuenta ajena. Su relación con la actividad del centro estaba imbuida, por encima de todo, de una espiritualidad y de un impulso de gratuidad, en virtud de la profesión religiosa y de los votos de obediencia y pobreza contraídos, que impiden dotar de naturaleza contractual la actividad educativa desempeñada por la recurrente dentro de su propia comunidad religiosa, y disciplinada por vínculos de carácter espiritual en atención exclusivamente a consideraciones altruistas extrañas a las relaciones contractuales de trabajo. Se trata, en fin, de una prestación en la que está por completo ausente el interés de ganancia o de percibir una contraprestación económica.
Todo ello conduce a considerar que la recurrente, antes de secularizarse, no se encontraba en la misma situación que sus compañeros seglares, aunque desempeñase actividad docente igual que ellos. Su no inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, no previsto -como ya hemos visto- hasta el Real Decreto 3.325/1981, de 20 de diciembre, no obedecía a motivos discriminatorios, sino a que desarrollaba una actividad que caía fuera del ámbito del contrato de trabajo. Así se razona en la Sentencia impugnada que al aplicar la legalidad entonces vigente sin vulnerar los derechos fundamentales invocados por la recurrente, no es susceptible de ser revisada por este Tribunal.
Denegar el amparo solicitado por doña Encarnación T. G.
ATC 124/1982, 24 de Marzo de 1982

References: Real Decreto 
 Resolución 
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 Real Decreto 
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