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Timestamp: 2017-08-19 07:22:53+00:00

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HABLEMOS DE MEDIACION FAMILIAR: ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES
Este Anteproyecto de Ley de Mediación en el ámbito civil y mercantil, elaborado por el Ministerio de Justicia y elevado ante el Consejo de Ministros el pasado 19 de Febrero del 2010, provocó una inmediata respuesta de muchos profesionales, apoyados también por diversas instituciones como el Consejo General de la Abogacía, El Consejo General de Trabajadores Sociales, de Psicólogos,... con el objetivo de reclamar una serie de mejoras en la futura ley.
Entre ellas, la petición de que los mediadores tengan una formación específica para ejercer su actividad. El 8 de Abril del pasado año, se constituye la Plataforma Estatal para la colaboración en la legislación estatal de mediación. Se han aportado varios escritos al Ministerio de Justicia, informando sobre su constitución y objetivos, y aportando enmiendas al Anteproyecto.
http://www.plataformamediacion.org/
Para quien le pueda interesar este Anteproyecto, añado el contenido del mismo.
ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIACION EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES (19 de febrero de 2010)
La Administración de Justicia no sólo es fundamental para la salvaguarda de los
derechos y las libertades de los ciudadanos sino que también tiene una repercusión económica significativa sobre el desarrollo económico y el bienestar del país.
Una Ley que apuesta por la mediación en cuanto cauce complementario de
resolución de conflictos, que tiene claros beneficios no solo para los ciudadanos que quieran acogerse a esta institución sino también para la Administración de Justicia a la que puede liberar de una carga de trabajo. Los ciudadanos podrán disponer, si así libremente lo deciden, de un instrumento muy sencillo, ágil, eficaz y económico para la solución de sus conflictos, alcanzando por sí solos un acuerdo al que el ordenamiento jurídico otorga fuerza de cosa juzgada, como si de una sentencia judicial se tratase.
El instituto de la mediación constituye un procedimiento informal y privado de
solución de diferencias. Es una fórmula extraprocesal que se proyecta en conflictos de diversa índole. Esta Ley engarza de manera instrumental la mediación con el derecho civil,
mercantil y el derecho procesal, con el propósito de ofrecer una regulación mínima y común aplicable a todo el territorio del Estado, y siempre que al resultado de la mediación se le quiera otorgar fuerza jurídica vinculante.
El concepto de mediación que acoge esta Ley se basa en la voluntariedad y libre
decisión de las partes, y en la intervención de un mediador, del que se pretende una intervención activa y orientada a la solución de la controversia, a diferencia de otras figuras, como la conciliación, en la que la participación de un tercero se produce con una menor implicación o capacidad de propuesta, o el arbitraje en el que ese tercero tiene capacidad resolutoria que se impone a la voluntad de las partes.
Los ciudadanos acudirán a la mediación si en ella encuentran un procedimiento muy simplificado, y de bajo coste, en el que en todo momento disponen de libertad y plena capacidad de decisión. Por eso, en la presente Ley se articula un procedimiento elemental,informal, y reducido en el tiempo, dándoles la oportunidad de que puedan solucionar por sí mismos sus controversias, y que al hacerlo liberen también a nuestros tribunales de justicia de la excesiva carga de trabajo que en ese momento tienen, permitiéndoles atender con mayor celeridad aquellos otros asuntos que por su naturaleza o relevancia no son disponibles para las partes.
El capítulo II se dedica a regular los principios informadores de la mediación, a saber: el principio de voluntariedad, el dispositivo, el de imparcialidad, el de neutralidad, el de confidencialidad y otros referidos a la de actuación en el procedimiento como la buena fe y el respeto mutuo entre las partes y su deber de colaboración y apoyo al mediador.
El capítulo III contiene el estatuto mínimo del mediador, al que se le exige al menos estar en posesión del título universitario de Grado, y cuya responsabilidad civil se exige que esté siempre asegurada. La ley persigue que la mediación tenga un coste razonable y que éste no resulte desproporcionado cuando hayan tenido que intervenir varios mediadores en un mismo procedimiento. Además y para garantizar su imparcialidad se determinan las
circunstancias que el mediador ha de comunicar a las partes, siguiéndose en esto el modelo del Código de conducta europeo para mediadores.
Asimismo se regula la facultad de las partes para disponer del objeto del juicio y
someterse a mediación, facultad que no corresponde a los tribunales, si bien estos pueden recomendar a las partes de que se informen de la posibilidad de resolver su controversia a través de la mediación. Como ya se ha indicado, la Ley de Enjuiciamiento Civil exige que con carácter previo al proceso las partes hayan intentado resolver su conflicto a través de la mediación en los juicios verbales de reclamación de cantidad.
A los efectos de esta Ley se entiende por mediación aquella negociación
estructurada de acuerdo con los principios de esta ley, en que dos o más partes en conflicto intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo para su resolución con la intervención de un mediador.
1. Tienen la consideración de instituciones de mediación aquellas entidades, tanto de carácter público como de carácter privado, que tengan como fin la mediación, facilitando su acceso y organización, incluida la designación de mediadores. En todo caso estas instituciones garantizarán la transparencia en la designación de mediadores y asumirán la derivada de su actuación. Si estas entidades tuvieran también como fin el arbitraje garantizarán la independencia entre ambas actividades.
1. Se crea el Registro de mediadores y de instituciones de mediación cuya gestión
corresponde al Ministerio de Justicia de forma integrada con los que puedan crear las CCAA, en los términos que se desarrolle reglamentariamente.
En el procedimiento de mediación se garantizará que las partes intervengan con
plena igualdad de oportunidades, manteniendo el equilibrio entre sus posiciones y el respeto hacia los puntos de vista por ellas expresados, sin que el mediador pueda actuar en perjuicio o interés de cualquiera de ellas.
Durante el tiempo que se desarrolle la mediación y en relación con su objeto las
partes no podrán interponer entre sí ninguna acción judicial o extrajudicial.
Podrán ejercer funciones de mediador las personas naturales que se hallen en el
pleno disfrute de sus derechos civiles, siempre que la legislación no lo impida o que estén sujetos a incompatibilidad, que posean, como mínimo, el título de grado universitario de carácter oficial o extranjero convalidado y que se encuentren inscritas en el Registro de mediadores y de instituciones de mediación.
1. El coste de la mediación, haya concluido o no con el resultado de un acuerdo,
recaerá de manera proporcional sobre las partes, salvo pacto en contrario entre ellas.
En tal caso, se podrá tener por intentada la mediación y cumplida la obligación legal justificando la asistencia.
2. Las instituciones de mediación podrán organizar sesiones informativas abiertas para aquellas personas que pudieran estar interesadas en acudir a este procedimiento, que en ningún caso sustituirán a la información prevista en el apartado primero.
partes interesadas en la mediación o, en su caso, del solicitante y del requerido o
requeridos de mediación, el domicilio o domicilios o medio electrónico de comunicación en que puedan ser citados, el objeto de la mediación que se pretenda y la fecha.
En caso de renuncia del mediador o de necesidad de su sustitución, se designará
otro nuevo por las partes o éstas solicitarán su designación a la institución de mediación.
Las partes acordarán el lugar en el que se desarrollarán las sesiones y la lengua o
idioma de las actuaciones.
3. El mediador comunicará a todas las partes la celebración de las reuniones que
tengan lugar por separado con alguna de ellas cuando ello no infrinja su deber de confidencialidad, informando del contenido de las mismas y distribuyendo la documentación que la parte reunida haya proporcionado al mediador. Ello no obstante, el mediador no podrá ni comunicar ni distribuir la información o documentación que la parte le hubiera aportado, salvo autorización expresa de ésta.
1. De cada sesión que se celebre, además de la inicial y la final, se levantará acta
sucinta en la que de modo sintético se hará constar su duración, referencia al asunto tratado, los participantes, la fecha y el lugar de su celebración.
3. Con las actas de las sesiones y con los documentos aportados que no hayan de
devolverse a las partes se formará un expediente que deberá conservar y custodiar el mediador o, en su caso, la institución de mediación, una vez terminado el procedimiento de mediación.
Transcurrido el mencionado plazo de diez días sin que se presente el acuerdo de
mediación o sin que por cualquier otra causa se procediera a la firma por el mediador, las partes podrán solicitar su elevación a escritura pública.
5. Para el conocimiento de la acción de anulación del acuerdo de mediación será
competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del demandado o de cualquiera de ellos y se sustanciará por los cauces del juicio verbal de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Si se tratase de acuerdos formalizados tras un procedimiento de mediación será
competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se hubiera firmado el acuerdo de mediación, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 545 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
«3. Salvo acuerdo en contrario de las partes, no se podrá solicitar dictamen a un
perito que hubiera intervenido en una mediación o arbitraje relacionados con el mismo asunto.»
mediación para intentar solucionar el conflicto, en cuyo caso éstas indicarán en la audiencia su decisión al respecto y las razones de la misma.La audiencia se llevará a cabo, conforme a lo establecido en los artículos siguientes, para intentar un acuerdo o transacción de las partes que ponga fin al proceso, examinar las cuestiones procesales que pudieran obstar a la prosecución de éste y a su terminación mediante sentencia sobre su objeto, fijar con precisión dicho objeto y los extremos, de hecho o de derecho, sobre los que exista controversia entre las partes y, en su caso, proponer y admitir la prueba.»
«3. Si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo o no se mostrasen dispuestas a
concluirlo de inmediato, la audiencia continuará según lo previsto en los artículos siguientes.
11. Los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 439 pasan a ser los apartados 3, 4, 5 y 6, y
se introduce un nuevo apartado 2 con la siguiente redacción:
«2. En los casos del apartado 2 del artículo 250, no se admitirán las demandas en
que se reclame una cantidad si no se acompañase acta final acreditativa del intento de mediación en los seis meses anteriores a su interposición.»
Esta ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de
legislación mercantil, procesal y civil, establecida en el artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución.
Publicado por LUIS ALFONSO SECO MARTIN en 18:00

References: resolución 
 resolución 
 artículo 545
 artículo 439
 artículo 250
 artículo 149