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Timestamp: 2019-10-18 19:43:36+00:00

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﻿ SENTENCIA 22977 DE AGOSTO 19 DE 2004
SENTENCIA 22977 DE 19 DE AGOSTO DE 2004
CONTENIDO:REESTRUCTURACIÓN DE ENTIDADES OFICIALES. NI LOS SINDICATOS NI LAS CONVENCIONES COLECTIVAS SON OBSTÁCULO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD PÚBLICA, ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, RESTRICCIONES A LA CONVENCIÓN COLECTIVA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:394 DE OCTUBRE DE 2004, PG.1526
Sentencia de casación 22977 de agosto 19 de 2004
REESTRUCTURACIÓN DE ENTIDADES OFICIALES
NI LOS SINDICATOS NI LAS CONVENCIONES COLECTIVAS SON OBSTÁCULO
EXTRACTOS: «La decisión absolutoria del tribunal se cimentó en que el reintegro de un trabajador cuyo cargo ha sido suprimido choca con lo contemplado en el artículo 122 de la Constitución Política, lo mismo que con el criterio jurisprudencial que pregona su imposibilidad física y jurídica en los eventos de supresión de empleos oficiales así este (el reintegro) se encuentre contemplado en la ley, pacto o convención colectiva. Consideró así mismo que en esta hipótesis lo procedente es el pago de la indemnización por la terminación del contrato de trabajo por cuanto el despido es injusto pese a ser legal en tanto se trata del desarrollo de una facultad otorgada por la Constitución Nacional y la ley a los alcaldes municipales, que en el sub lite se utilizó para acoplarse a los dictados de la Ley 617 de 2000. Añadió que el derecho de asociación sindical no puede ser una cortapisa para que el Estado pueda reorganizarse pues la estructura de la administración pública no es intangible, máxime cuando en este proceso la reforma del municipio (*) no se dirigió a desconocer los derechos de los trabajadores sino a reorganizar dicho ente y optimizar el uso de los recursos.
Para rebatir esos razonamientos el recurrente propone un cargo por la vía indirecta pero en el planteamiento y desarrollo del mismo incurre en graves desaciertos técnicos que hacen imposible su examen de fondo.
Para empezar, el recurrente estructura la acusación imputándole al fallo atacado la apreciación equivocada de unas pruebas a las que el tribunal no hizo la más mínima mención siendo ello indicativo de que no las tuvo en cuenta. La única de tales probanzas que sería dable entender fue estimada por el tribunal es la convención colectiva, pero sobre ella dijo lo mismo que señala el censor, esto es, que consagra la acción de reintegro, deduciéndose entonces que no pudo incurrir tampoco en el yerro enrostrado.
Adicionalmente el recurrente imputa al ad quem la comisión de errores en los que este evidentemente no incurrió como es el relacionado con la supuesta afirmación de no ser viable el control jurisdiccional de los actos de supresión de empleos, cuando no hay una sola aserción en tal sentido en el fallo acusado, sin perjuicio de que si llegara a haberla la misma no constituiría un error fáctico sino de orden jurídico.
Por otra parte, ninguna duda hay de que los argumentos del tribunal relativos a la imposibilidad física y jurídica del reintegro y a la potestad de los alcaldes para suprimir empleos son de naturaleza jurídica y por lo mismo imposibles de controvertir por la vía indirecta escogida por el censor, que está reservada para los desatinos probatorios y fácticos.
Lo único que podría rescatarse del cargo, y eso actuando con amplitud, es lo concerniente a establecer si el oficio o las funciones que estaban asignadas al actor desaparecieron o no. En ese orden de ideas se observa que según el Decreto 98 de 2001 (fls. 103 a 105) el cargo de obrero de que era titular el demandante fue suprimido lo mismo que otros 32 cargos de trabajadores oficiales. Situación que se corrobora con los documentos de folios 107 a 109 en los que diversos funcionarios municipales dan respuesta a unas solicitudes de servicios para el mantenimiento de centros educativos o de ebanistería manifestando que no es posible atenderlas por falta de personal. De manera que estas últimas pruebas acreditan, contrario a lo sostenido por el censor, que en realidad el cargo de obrero del que era titular el actor fue eliminado, sin que el recurrente logre acreditar que el oficio o las funciones desempeñadas por Portela siguieran existiendo.
Ahora bien, determinar la conveniencia o inconveniencia de suprimir los cargos es tarea que corresponde a las autoridades municipales en tanto se trata de una evaluación política, inmune por lo mismo, esa sí, al control jurisdiccional. De ahí que no tenga ninguna repercusión frente al fallo del tribunal el estudio realizado Por la Contraloría General de la República sobre el porcentaje de los ingresos de libre destinación dedicados a los gastos de personal, ni las reflexiones del recurrente en ese sentido encaminadas a demostrar la ineficacia del despido sobre la base de que lo gastado por el municipio en planta de personal no alcanzaba el porcentaje máximo permitido legalmente.
En lo que tiene que ver con la disminución de miembros del sindicato a raíz de la supresión de empleos y la consiguiente desvinculación de 33 integrantes de aquella organización, debe decirse que de acuerdo con el ad quem en el presente caso no se vislumbra que haya ánimo persecutorio contra los trabajadores o el derecho de asociación sindical pues la finalidad del municipio al eliminar los empleos fue propender por su modernización y la optimización de sus recursos.
Para acreditar lo contrario el recurrente arguye que se apreció mal la Resolución 208 de 2002 expedida por el Ministerio del Trabajo, dirección territorial del Quindío (fls. 185 y 186), documento que se estudiará pero eso sí resaltando que el juzgador antes que estimarlo equivocadamente más bien lo ignoró.
En un aparte de esa pieza efectivamente se dice:
“A pesar de lo anterior se ve una clara violación al derecho de asociación puesto que con la supresión de los treinta y tres (33) trabajadores oficiales de los cuarenta y cinco (45) afiliados para la época de la supresión de los cargos se observa la violación al artículo 354 modificado por la Ley 50 de 1990 artículo 39 literal d del Código Sustantivo del Trabajo”.
Esa consideración, empero, no es vinculante para la Corte porque es un comentario aislado y “de pasada” que no tiene ninguna repercusión en la decisión que se adopta allí mismo pues en definitiva no se impone ninguna sanción al municipio sino que en la parte resolutiva se deja “en libertad a las partes de acudir a la justicia ordinaria, por las razones expuestas en los considerandos”.
De igual manera cree la Sala que arribar al convencimiento de si el retiro de una entidad oficial de un número significativo o mayoritario de trabajadores afiliados al sindicato constituye una violación del derecho de asociación sindical, es asunto que no puede ser dilucidado de la sola comparación matemática entre el número de desvinculados y el de afiliados a la organización sindical, porque sobre todo se hace necesario indagar acerca de la intención verdadera del empleador al propiciar esos despidos. En el sub lite, el tribunal encontró que no fue el ánimo del municipio desmantelar el sindicato sino adoptar medidas para la modernización de ese ente y la optimización de los recursos, conclusión que se mantiene incólume por cuanto no es refutada por el cargo, ni es socavada tampoco por el comentario ligero que se hace en la resolución atrás comentada.
Es pertinente anotar adicionalmente que la Sala no comparte los planteamientos del recurrente en esta materia, porque ellos llevarían a pregonar que en las entidades en que existan sindicatos de empresa mayoritarios será imposible implementar las políticas de modernización administrativa y racionalización de gastos que impliquen supresión de empleos oficiales porque con las mismas terminarían desvinculándose un alto número de trabajadores sindicalizados con lo que se violaría el derecho de asociación sindical. Ese entendimiento, extremo a juicio de la Sala, no se compadece con las disposiciones constitucionales que conceden facultades a ciertas instancias gubernamentales para suprimir cargos ni con el principio de prevalencia del interés general sobre el particular y olvida además que el límite de todos los derechos es el derecho de los demás y en este caso la libertad sindical no puede verse como un impedimento u obstáculo para que la comunidad en general pueda verse beneficiada con mejores servicios públicos cuyo logro implique la reorientación del gasto público, uno de cuyos componentes puede ser la disminución de las partidas para gastos de personal.
Finalmente en lo que tiene que ver con el conflicto que se suscita entre las cláusulas convencionales que garantizan la estabilidad laboral y las normas legales que facultan la reestructuración en entidades oficiales, esta Sala se ha pronunciado reiteradamente, entre otras en la sentencia del 22 de agosto de 2001 (rad. 16165) donde dijo:
“El cargo plantea que la estabilidad absoluta consagrada en las convenciones colectivas de trabajo celebradas entre las entidades administrativas del Estado y sus empleados no puede ser desconocida con motivo de la supresión de empleos que resulten como consecuencia de la reestructuración a que se vean sometidas las mismas a la luz de lo previsto en el artículo 20 constitucional transitorio y en el Decreto 2171 de 1992, toda vez que estas disposiciones no ordenaron la pérdida de la vigencia o la derogatoria de las cláusulas convencionales que preveían aquéllas, así como tampoco suspendieron la garantía dada a la negociación colectiva en el artículo 55 de la Constitución Política y desarrollada por los artículos 467 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo.
Sobre el tema anterior, que no es otro que el referente al conflicto que surge entre la norma convencional que consagra el reintegro y el precepto legal que permite la supresión del cargo, ya se pronunció la Corte en sentencias de fecha 11 de julio de 1995 (rad. 7392) y 27 de octubre de 1995 (rad. 7762), así:
“Y como el contrato colectivo consagra el derecho al reintegro en caso de despido “sin justa causa”, surge una situación dudosa por conflicto entre la norma convencional y los preceptos legales que, por excepción, permiten la supresión del cargo que ocupaba el demandante y su consiguiente desvinculación, conflicto que debe resolverse dándole prelación al régimen especial.
“De tal suerte que no obstante que el promotor del juicio estuvo vinculado al servicio de la demandada, por espacio de 17 años, 2 meses y 23 días, fuerza concluir que aquí no tiene efectividad el reintegro consagrado en la convención colectiva, dada su incompatibilidad con los decretos 2138 del 30 de diciembre de 1992 y 619 del 30 de marzo de 1993, los cuales, se repite, obedecen al desarrollo del artículo transitorio 20 de la Constitución Nacional y se relacionan con la reestructuración de la Caja Agraria.
“De la misma manera debe resolverse la problemática siempre que el despido no sea arbitrario, sino que la decisión unilateral del empleador se origine en circunstancias independiente de su voluntad, sin que pueda atribuírsele falta de previsibilidad y que el restablecimiento del vínculo sea prácticamente imposible por sustracción de materia; entonces no opera el reingreso así esté consagrado en el contrato colectivo”.
La anterior tesis se ha mantenido sin modificaciones y es la que informa las resoluciones de la Sala Laboral de la Corte cada vez que se ha tocado el punto que aquí nos ocupa.
De manera que el ad quem no cometió ningún yerro jurídico cuando concluyó que el reintegro convencional deprecado por el trabajador oficial demandante resultaba improcedente ante la supresión de su cargo, toda vez que la eliminación del puesto que desempeñaba el actor de la planta de personal del Instituto Nacional de Vías fue consecuencia de la reestructuración sufrida por la entidad oficial demandada por mandato de disposiciones legales (D. 2127/92, 2093/93 y 1032/94) expedidas con fundamento y en desarrollo del artículo transitorio 20 de la Constitución Nacional, y ello, como ya se vio, por sustracción de materia, enerva la efectividad de cualesquiera reinstalación convencional”.
Esos criterios, mutatis mutandis, resultan aplicables al presente caso.
Por lo antes dicho, el cargo no prospera».
(Sentencia de casación, 19 de agosto de 2004. Radicación 22.977. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Isaac Náder).
(*) La parte demandada es el municipio de Armenia (N. del D.).

References: artículo 122
 Resolución 
 artículo 354
 artículo 39
 resolución 
 artículo 20
 artículo 55