Source: http://sentimientosdelanacion.mx/
Timestamp: 2013-06-18 05:00:56+00:00

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Mi Hermano el Hombre.
“PODER CONSTITUYENTE DE LA NACIÓN.- En él radica la facultad suprema de modificar las leyes, sin más límites que los que fijan el interés nacional, la civilización y los derechos naturales del hombre”. Tomo (3) III, Pág. 586. Amparo mixto en revisión.- Hernández Ignacio.- 28 de agosto de 1918.- Mayoría de 6 votos.
En la ley (artículo 9 constitucional), se encuentra la convocatoria a una reunión o asamblea de ciudadanos del pueblo que se erigen en constituyentes, de forma pacífica con el objeto lícito de, “alterar o modificar la forma de gobierno” (artículo 39).
Consecuencia de lo anterior, los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) “poderes constituidos”, no tienen facultad o derecho legal para crear una nueva constitución.
Crear una nueva constitución, implica modificar la forma de gobierno anterior, (artículo 40) “república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos …..”, por otra diferente.
La nueva forma de gobierno se acuerda y aprueba en el seno de la Constituyente.
El artículo 39 garantiza que no exista una forma constitucional irrevocable.
La resolución 2625 de la ONU, garantiza el derecho de libre auto-determinación de los pueblos y el deber del Estado de no usar la fuerza para impedirlo.
Una constituyente es una institución pública de buena fe, que presta un servicio de utilidad social, en donde los ciudadanos actúan unidos en calidad de pueblo o nación, como entidad colectiva de personalidad jurídica propia, cuyos integrantes alcanzan la categoría de funcionarios públicos que tienen facultades para actuar asumiendo todos o parte de los poderes del Estado, legislar, expresarse, investigar, opinar, recibir opiniones y difundirlas sin limitación, actuando con fuerza, acción, dinamismo bajo reglamentos internos, con libre agenda por tiempo indeterminado, y sin que autoridad constituida alguna pueda presentarle obstáculo.
Un aporte de: Lic. José Alfredo Loredo Zárate
Una pregunta para el Poder Judicial de la Federación.
Yo les preguntaría a los Ministros, ¿qué balance hacen de que ellos tengan los SUELDOS y RETRIBUCIONES más altos del país, y que por el resultado de su trabajo (de todo el PODER JUDICIAL, federal y los locales) tengamos tan ALTA IMPUNIDAD? No quiero que responsabilicen a los otros poderes, QUIERO UNA RESPUESTA DESDE SUS RESPONSABILIDADES.
¿Qué hacen los ministros de la SCJN?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano superior del poder judicial de la federación.
Sus funciones son:1. Son los encargados de “defender lo que establece la Constitución”.
Esto se hace a través de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos.
Las acciones de inconstitucionalidad son para analizar normas que pudieran ir en contra de algo que establece la Constitución en materia de derechos humanos (garantías individuales), contenidos prohibidos o porque algo no se hiciera con el debido proceso. También pueden analizar ciertos criterios de contravención a tratados internacionales porque estos forman parte del bloque constitucional.
Las controversias constitucionales son para resolver conflictos por invasiones de competencias entre estados, municipios y la federación; así como también entre órganos del estado en su mismo nivel o diferentes niveles.
Los amparos son por violación de ciertos derechos, defienden preceptos constitucionales. En términos generales van en referencia de los artículos 14 y 16, además de que se pueden invocar derechos consagrados en tratados internacionales.2. También, en ciertos casos, pueden conocer juicios de amparo (es el juicio de protección de derechos humanos en contra de violaciones por parte de la autoridad).3. A partir de sus resoluciones se pueden crear criterios que se vuelven obligatorios para todos los órganos del poder judicial de la federación (jurisprudencia). Pueden ser por reiteración (5 en un mismo sentido y ninguna en contra) o por contradicción.
¡Participen! ¡Compartan! ¡Busquemos juntos una democracia! October 17, 2012
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La democracia la hacemos todos y va mucho más allá de las urnas. August 17, 2012
Publicado el 31 de Enero de 2011 en El mundo del abogado
Desde hace varios años existe la necesidad de una profunda reforma constitucional. La decadencia de varias de nuestras instituciones está en el origen de muchos problemas actuales del país. Sin embargo, los dirigentes políticos no han tenido la capacidad suficiente para llevar a cabo la reforma de Estado. Una de las consecuencias de esta omisión es el acentuado envejecimiento de la norma suprema.
Además, la sociedad se ha acostumbrado a las violaciones a la Constitución. Por ejemplo, el artículo 21 establece que las instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil. El ejército y la marina sólo habrían podido participar en tareas de seguridad si se hubieran suspendido las garantías en los términos del artículo 29. El hecho es que hoy los partidos políticos guardan silencio y la sociedad acepta las violaciones constitucionales. Este fenómeno se conoce comoanomia e implica la pérdida de adhesión espontánea a la Constitución. Sólo una reforma de excepcional importancia podría restituir a la Constitución su muy menguado prestigio. De no ocurrir así, en el mediano plazo será inevitable un nuevo pacto político.
Si el déficit de gobernabilidad que hoy padecemos se prolonga por algunos años más, la sociedad preferirá una Constitución diferente. Ésta podrá ser una demanda generalizada cuando nuestra norma suprema alcance el centenario. El gran problema de construir una nueva Constitución en condiciones de incertidumbre y de polarización social y política es que su contenido es imprevisible. En general acaba prevaleciendo la voluntad del más fuerte. No es lo mismo construir una norma para salir de un orden dictatorial, como en la España posfranquista, que formularla para salir de un desorden institucional, como en el Perú prefujimorista. Los riesgos para México son mayores de lo que se suele suponer.
Eso sería lo deseable, aunque quizá esté lejos de lo posible, si consideramos la falta de capacidad para lograr acuerdos sustantivos que han demostrado nuestros gobernantes en los años recientes. Nada hace pensar que una clase política, en general mediocre, mezquina y con visión cortoplacista, sea capaz de solventar adecuadamente un tema tan relevante como lo es un Congreso Constituyente. Pero nuestro deber como académicos y como ciudadanos es seguir insistiendo en lo deseable, aunque todavía parezca lejano. Lo que hoy parece utópico o imposible, el día de mañana será una realidad, de modo que yo auguro una nueva Carta Magna para México. Ojalá llegue más temprano que tarde.
La razón por la que debemos considerar la necesidad de aprobar una nueva Constitución en México no es la edad del documento actual. La Constitución de 1917 ha evolucionado y nos ha permitido llegar hasta donde estamos. El problema es que, dada la situación político-social vigente, en virtud de los problemas y desafíos que aquejan al país hoy en día, necesitamos reconsiderar los términos del pacto de convivencia colectiva. Y, por eso, por razones sociopolíticas, más que jurídicas, me parece que debemos considerar seriamente reconstituir el arreglo institucional fundamental. Una nueva Constitución es hoy necesaria porque un nuevo pacto político resulta indispensable. Y no al revés.
Por lo que hace al contenido de ese nuevo documento, no debemos innovar gran cosa: necesitamos una Constitución democrática y liberal que tenga como eje central los derechos fundamentales de las personas y sus garantías. Ni más, ni menos: toda una agenda transformadora para un país fragmentado y desigual como el nuestro.
Francisco Alberto Ibarra Palafox
Creo que para el caso mexicano no es necesaria una nueva Constitución. Entre las grandes tradiciones de la interpretación constitucional, existe una que considera de manera relevante los aspectos históricos y culturales de las constituciones; esta escuela señala, por ejemplo, que toda interpretación constitucional se debe contextualizar en el marco histórico de la creación de decisiones jurídicas relevantes. En consecuencia, la estabilidad de la Constitución en el tiempo es importante, ya que ésta y el Estado sólo se pueden comprender cabalmente tomando en cuenta la historia de los principios y los valores esenciales que cada sociedad política se obsequió. Esta tradición es significativa en estados nacionales con constituciones importantes creadas después de procesos revolucionarios mediante los cuales consiguieron la independencia o una gran transformación social e institucional. Con las variantes correspondientes, éstos son los casos de Estados Unidos, de algunos estados latinoamericanos, particularmente de México, y de Francia (esta última en lo que se refiere a la incorporación, durante el siglo XX, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en su reciente texto constitucional).
Para otras tradiciones de interpretación, la historia y la estabilidad del texto constitucional no son importantes, pues los principios y los valores constitucionales deben ser interpretados de manera abstracta y desprendidos de sus contextos históricos. Éste puede ser el caso de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, cuyo nuevo texto constitucional emanó de una derrota militar, texto que necesitaba romper con la herencia del nacionalsocialismo.
En síntesis, por considerar que México pertenece al primer grupo que he reseñado, considero que no necesitamos una nueva Constitución, pues nuestra historia constitucional permite contextualizar muchos de sus principios y de sus valores vigentes (las garantías constitucionales, el juicio de amparo, el federalismo, etcétera); además, no impide la incorporación de nuevas tendencias de interpretación constitucional, como las generadas por la paulatina expansión de los derechos humanos desde la segunda mitad del siglo XX.
Es la ignorancia lo que lleva a proponer el tema de una nueva Constitución. No hay problema nacional que no encuentre solución en el texto actual. Esto es válido a pesar de los muchos defectos que hay en ella. En este momento lo urgente es que gobernados y gobernantes conozcan la Constitución, respeten su texto, que los jueces se atengan a lo que ella manda, sin importar quiénes son parte en los procesos de que conocen. No estaría de más dejarla reposar cuando menos un año, no reformarla, no manosearla con reformas mal pensadas o innecesarias. Éste pudiera ser un buen propósito de año nuevo.
La Constitución de 1917 es, en sí, una reforma a la Constitución de 1857. Es la que ha regido más tiempo la vida institucional de México. ¿A qué se debe este hecho? A que hoy en día ha sido reformada más de 731 veces. Desde finales de los años noventa no prevalecen propuestas para un nuevo orden constitucional —es decir, el establecimiento de una nueva Constitución—, sino que predominan las propuestas de reformas constitucionales o de la llamada reforma política, cuyo objetivo es lograr un mejor equilibrio y mayor interacción entre las instituciones para atender los retos y anticipar y reaccionar a tiempo frente a los problemas de nuestra sociedad.
Sin embargo, nada se propone en el sentido de ampliar los periodos de sesiones ordinarias del Poder Legislativo, que realmente son escasos, lo cual representa la máxima debilidad de este poder y constituye el principal obstáculo para aprobar la reforma política o la propuesta de una nueva Constitución, si es el caso que esta segunda opción se fortaleciera en el seno de nuestra sociedad.
La clave no está en la necesidad de elaborar una nueva Constitución o realizar una reforma de la Carta Magna actual. Lo verdaderamente urgente e importante es la inclusión del reconocimiento de todos los derechos humanos y la creación de mecanismos para su adecuada tutela, en especial respecto de algunos grupos. Entre éstos, se requiere incorporar una visión de las niñas, de los niños y de los adolescentes como verdaderos titulares de derechos.
El artículo 4, aunque fue reformado en 2000, limita los derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño a la protección de unas cuantas necesidades de subsistencia. Por ello, es necesario establecer garantías adecuadas y accesibles, de acuerdo con la edad, que permitan hacer efectivo el principio de igualdad de derechos de todas las personas.
El tema de una nueva Constitución para México es muy polémico y exige una consideración muy cuidadosa, especialmente por lo que tiene que ver con la convocatoria de un Congreso Constituyente. Si no hemos podido llegar a un punto en el que la limpieza y la transparencia de los procesos electorales federales y locales queden por completo fuera de todo cuestionamiento, ¿podríamos hacerlo para el caso de la elección de un Congreso Constituyente? Porque si no fuese así, habría elementos para calificarlo de “ilegítimo”, con lo cual se vería afectado todo el proceso de expedición de la nueva Constitución. Por otra parte, la opción del Congreso Constituyente dejaría de lado a las legislaturas locales, y la legitimidad de una Constitución depende en gran medida del grado de consenso que alcance en un país. ¿Valdría la pena prescindir de la opinión y de las perspectivas de las legislaturas locales? Finalmente, habría que considerar el cariz que podrían adquirir las relaciones entre el Congreso Constituyente y el presidente de la República. Mi preocupación sería que se diera algo como en Brasil, en cuyo proceso de expedición de su constitución de 1988, el titular del Ejecutivo fue capaz de influir de manera importante algunas de las decisiones más relevantes del nuevo diseño constitucional. ¿No podría correrse el riesgo en México de que a final de cuentas el Congreso Constituyente expidiera una Constitución “a modo” del presidente de la República en turno o, peor aún, “a modo” de algunos poderes fácticos?
Considerando todo lo anterior, creo que México sí necesita una revisión constitucional importante, pero la mejor vía en estos momentos no es la de una nueva Constitución expedida por un Congreso Constituyente, sino la de la reforma por vía del procedimiento contenido en el artículo 135 constitucional.
Imer B. Flores Mendoza
Sobre este tema es necesario precisar varias cuestiones. En primer lugar, más que una nueva Constitución es menester un pacto refundacional, es decir, una reconstitución, y ciertamente una nueva Constitución o una reforma integral a la Constitución vigente pueden servir como medios para dicho fin. Por otra parte, es necesario, en nombre del interés general, un compromiso para que el cambio sea una realidad y no una mera apariencia, pues si vamos a hacer como que cambiamos para que todo permanezca, seguiremos hablando de la misma Constitución. En tercer lugar, el hecho de haber reformado la Constitución de 1917 mediante 191 decretos de reforma constitucional (contabilizada la más reciente del 29 de julio de 2010), más de la mitad de ellos en los últimos 30 años, la hacen una Constitución diferente, si no es que nueva, aunque ello tampoco basta ni ha sido suficiente. Por último, lo verdaderamente importante es que el cambio sea de fondo y no de forma; para tal efecto, considero que su contenido debe reforzar: 1) el más amplio reconocimiento a los derechos humanos, no sólo de los derechos fundamentales en sí —incluidos los llamados “derechos sociales”, considerados como tales y no como meras “prestaciones”—, sino también de las garantías tanto estructurales como procedimentales, para hacerlos valer y hasta para restituirlos cuando han sido violentados; 2) la determinación de la división o separación de poderes, incluida la existencia de pesos y contrapesos, y sobre todo la independencia de unos y otros; 3) la democracia, entendida no solamente como forma de gobierno sino además como sistema de vida caracterizado por el constante mejoramiento económico, social y cultural de todo el pueblo, y 4) el Estado de Derecho como el respeto diario a la Constitución, es decir, de las reglas y principios contenidos en la misma, así como el combate a la corrupción y a la impunidad.
México ¿Nueva constitución? en Reporte Índigo
De alguna manera, el haber regresado a su ser estudiante, el grupo estudiantil del #YoSoy132 se ha encontrado con la grandísima limitante del tiempo.
No en un sentido de no cumplimiento de acciones concretas, mismas que son propuestas por asambleas locales y que son llevadas a cabo por ellas mismas. Sino en un sentido, en donde esas acciones, formuladas por las mencionadas asambleas, adquieren un sentido de mayor fuerza, en tanto a que no hay un conjunto de acción colectiva.
En otras palabras: la limitante del tiempo impide la reunión del grueso del #YoSoy132 en sus acciones características. Los mítines y manifestaciones y festivales siguen existiendo –evidentemente–, pero se realizan los fines de semana, con fin de garantizar una mayor respuesta a las mismas.
Esto, en buena medida, promueve las iniciativas de asambleas locales, desde donde se invita a las otras a suscribirse, todo con miras de, ahora sí, generar una acción colectiva.
El #132SinCorona, de la asamblea local del Tec, Voz CCM, y la “Nueva Constitución. Sentimientos de la Nación”, de la asamblea local de la Ibero, Más de 131, son ejemplos de este tipo de iniciativas que cada vez resultan más visibles.
El pasado miércoles 8 de agosto, el Consejo de Reflexión de Más de 131 organizó el segundo Foro Rizoma, en donde participó Diego Valadés, junto con Agustín Basave y Miguel Eraña, ambos académicos de la Ibero, y desde donde se habló de la necesidad de crear un nuevo pacto social en México. A la semana siguiente, el miércoles 15, el colectivo Más de 131 (es decir, la Ibero en un plan conjunto con el Iteso) lanza un video en conferencia de prensa titulado “Nueva Constitución. Sentimientos de la Nación”.
La consigna es clara y de alguna manera sintomática: hay que reinventarnos en todos los aspectos. “Nuestra lucha no es en contra de un individuo, sino en contra de una estructura”, dice uno de los jóvenes en el video. Y en esencia, tiene razón. En realidad, ¿qué ha sido la política sino la imposición de agendas?
Desde un Calderón que promueve un proyecto de refundación, que cada vez encuentra menos ecos en el PAN; pasando por un López Obrador, miembro de una izquierda que se pretendía unida, pero se supo dividida, en donde lejos de apoyarlo en sus aventuras postelectorales, se reúne en Acapulco para hablar de un plan conjunto de negociación con el inminente gobierno peñista, hasta llegar a un PRI dinosáurico que no encuentra unión en el DF con las disputas entre las planillas de Beatriz Paredes y María de los Ángeles Moreno, con la de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, precisamente porque el deseo de mantener las cosas de la misma manera es demasiado.
Tanto Agustín Basave como el propio Valadés mencionaron en el Foro Rizoma que la Constitución de 1917 no es, en estricto sentido, una constitución enteramente nueva, sino que surge como una reforma profunda a la de 1857. El nuevo pacto social sería construido a partir de esa lógica. Es cierta la idea que indica que el problema no es la constitución, sino el cómo se aplica, en el sentido de reconocer que no se utiliza correctamente. Pero también es cierto que la sociedad postrevolucionaria de 1917 no es la misma que ahora. Y, en ese sentido, la idea de una nueva constitución no es sólo válida, sino absolutamente deseable.

References: artículo 39
 resolución 
 artículo 21
 artículo 29
 artículo 4
 artículo 135