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Timestamp: 2018-12-12 20:03:20+00:00

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Intiman al gobierno de Vidal a reabrir la paritaria statal
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El Juzgado en lo Contencioso Administrativo de La Plata a cargo del juez Luis Federico Arias, volvió a fallar a favor del reclamo de los trabajadores del estado.
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PARITARIAS DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL LEY 10.
430 – INTIMACION AL PODER EJECUTIVO A
REANUDAR LAS NEGOCIACIONES CON INTERVENCIÓN DE UNA AUTORIDAD IMPARCIAL EN EL
PLAZO DE CINCO DÍAS. –
35404 - "ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO y otro/a C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA - EMPL.PUBLICO"
La Plata, 7 de Junio de 2016.AUTOS Y VISTOS: Para resolver el incumplimiento denunciado por la parte actora, y:CONSIDERANDO: 1. La orden judicial. Continuidad del procedimiento de negociación paritaria:1.1. Que mediante resolución dictada el día 29-IV-2016 (fs. 33/37) se ordenó al Poder
Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires a que, en el plazo de tres (3) días hábiles, convoque de
modo fehaciente a la totalidad de asociaciones sindicales con personería gremial que posean
afiliados encuadrados en el régimen de la Ley 10.430, a efectos de continuar con las negociaciones
paritarias, de conformidad con el procedimiento reglado por la Ley 13.453, sin desmedro de los
reconocimientos salariales que ya se hubieren efectivizado, ello bajo apercibimiento de lo
dispuesto por el art. 163 de la CPB. Dicha medida fue notificada en igual fecha al Sr. Ministro de
Trabajo y a la Sra. Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, mediante oficios obrantes a fs. 66
y 67. –
1.2. Que si bien dicha orden fue apelada por la Fiscalía de Estado (fs. 52/62), el recurso fue
concedido con efecto no suspensivo (fs.63), por lo que la misma se encuentra plenamente vigente.1.3. Que a fs. 81/82 se presenta la parte actora y denuncia el incumplimiento de la medida
cautelar decretada en autos, escrito que fuera respondido a fs. 235 por la Fiscalía de Estado. –
1.4. Al respecto, advierto que tal como se consignara expresamente en la resolución
cautelar, la orden judicial conlleva la necesaria continuación de todos los actos inherentes al
procedimiento de negociación paritaria, de conformidad con las pautas establecidas Ley 13.453. En el caso, la reunión celebrada en fecha 5-V-2016 (fs. 84), que la demandada invoca como
sustento del cumplimiento de la medida, versó sobre cuestiones vinculadas a las recusaciones
planteadas por los gremios SOEME, ATE y CICOP, y concluyó con la decisión de dar curso a dichos
planteos, con intervención de la Asesoría General de Gobierno, y pasar la reunión a un cuarto
intermedio. Con posterioridad, el día 30-V-2016 el Ministro de Trabajo dictó la Resolución N° 103,
mediante la cual resolvió rechazar los planteos recusatorios efectuados, con fundamento en la
falta de configuración de las causales previstas en el art. 6 del Dec. Ley 7647/70. -
1.5. En principio, es preciso recordar una vez más que, en virtud de la ausencia de
reglamentación y puesta en funcionamiento del derecho a la solución colectiva de los conflictos
laborales, que fuera establecido hace más de 22 años, en el art. 39 inc. 4 de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires, como en normas internacionales (Convenio de la O.I.T. Nº 151), todas
las negociaciones paritarias que se celebran en la Provincia de Buenos Aires incumplen aquel
mandato constitucional, lo cual conlleva de por sí, un incumplimiento de las obligaciones asumidas
por el Estado para con los trabajadores del sector público (Conf. Capón Filas, Rodolfo, "Protección
Constitucional del Trabajo" en LL Sup.Const. Esp. 2003 -abril-, 72 - LA LEY 2003-C, 1150) y
acrecienta la asimetría de poder existente entre las partes, que las normas constitucionales e
internacionales de contenido protectorio intentan suprimir o morigerar (vgr. art. 14 bis, y 75 inc. 22
de la CN, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Convenios 151 y 155
de la OIT; y art. 39 de la CPBA). Sentado ello, cabe señalar que no resulta posible afirmar que la reunión celebrada el día 5V-2016 revista la condición de negociación paritaria en los términos de la Ley 13.453, la cual, por
esencia, requiere la discusión sobre cuestiones laborales que integren la relación de empleo, tanto
las de contenido salarial, como las vinculadas a la prestación de servicios y condiciones de trabajo
(art. 11). Resulta asimismo inadmisible, la demora incurrida por la Administración Provincial en la
resolución del planteo recusatorio, al postergar por casi un mes el conocimiento y resolución de
una cuestión incidental de naturaleza meramente procedimental, que de ningún modo puede
afectar la continuidad de las negociaciones con la frecuencia y periodicidad que requiere el
procedimiento establecido por la Ley 13.453; con el agravante de que ha sido la propia autoridad
recusada, la resolvió el planteo efectuado por las partes (v. resolución N° 103 de fecha 30-V-2016,
fs. 232/235), circunstancia que acrecienta aún más la condición de parcialidad de los negociadores
intervinientes en las reuniones paritarias. En tal sentido, es dable destacar que la citada Ley 13.453 en su art. 13 obliga a las partes a
negociar de buena fe, a la concurrencia a las negociaciones y a las audiencias citadas en debida
forma y, especialmente a la realización de los esfuerzos conducentes para lograr acuerdos que
tengan en cuenta las diversas circunstancias del caso. Todo lo cual, se aprecia claramente
incumplido por los representantes de la Administración Pública Provincial. 2. El incumplimiento de las órdenes judiciales:2.1. Que el incumplimiento de las órdenes del Poder Judicial, implica un acto de suma
gravedad institucional, toda vez que socava la legitimidad de las autoridades públicas, para exigir
igual comportamiento a los miembros del grupo social que representan. Se ha señalado así que
“En una república democrática, basada en los valores fundantes de la libertad y de la
responsabilidad -esta última en su doble significación de dar cumplimiento a los compromisos
asumidos y dar respuestas adecuadas- el juez posee la oportunidad de actuar como un agente
educador en aquellos valores. En esa dirección, las sentencias pueden reforzar y consolidar las
creencias acerca de la necesidad de respetar los deberes ciudadanos.” (Gelli, María A., Los deberes
de los jueces en una república (O el otro lado del activismo judicial en el caso "Gadán", LL 1990-D,
79).Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros
c/Estado Nacional y otros”, sentencia de fecha 8-VII-2008, habilitó a jueces de primera instancia
para fijar el valor de las multas diarias derivadas del incumplimiento de los plazos, con la suficiente
entidad como para que tengan valor disuasivo de las conductas reticentes (conf. considerando 21).Al respecto, nuestro máximo Tribunal Provincial ha declarado que "el art. 163 de la
Constitución, bajo la forma de una atribución jurisdiccional, que emerge del imperium propio del
cometido de los jueces, refleja, al mismo tiempo, una extensión del control judicial sobre el poder
administrador -aunque el texto constitucional alude genéricamente al obligado- y una
particularización del estándar de eficacia inherente a la tutela judicial (art. 15. Const. prov.), a fin
de que aquel órgano público no eluda el cumplimiento del mandato expreso contenido en las
sentencias dictadas en las causas contencioso administrativas" (SCBA, B 52902 S. 23-XI-2005). Asimismo, tal como el citado Tribunal Provincial resolviera en el Acuerdo 2180 del 19 de
abril de 1987, los hechos que importan un desconocimiento de la autoridad de los jueces atentan
contra el sistema republicano de gobierno y la administración de justicia que este magistrado
tiene la obligación de asegurar en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.En tal sentido, se ha dicho que “Cuando entra por la puerta de los despachos de los jueces
la sensación en éstos de que poco y nada pueden hacer para que se acaten sus órdenes y el decoro
impere en los estrados judiciales, sale por la ventana la posibilidad de que las controversias
ventiladas en sus estrados merezcan el calificativo de ser verdaderamente procesos
jurisdiccionales” (Peyrano, Jorge W., “El poder disciplinario de los jueces. A propósito de la
acordada 26/2008 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, LL 03-II-2009).2.2. Por tales razones, juzgo que a fin de garantizar la efectiva observancia de la orden
judicial impartida, corresponde intimar al Poder Ejecutivo provincial, a que en el plazo de cinco (5)
días de notificada la presente, acuerde con los gremios del sector implicados en la negociación
paritaria, la designación de la autoridad imparcial que habrá de intervenir en los términos del art.
39 inc. 4 de la CPBA, debiendo para ello ajustarse a la representatividad establecida en la Ley
13.453. Asimismo, deberá en el plazo citado, convocar de modo fehaciente a la totalidad de
asociaciones sindicales con personería gremial que posean afiliados encuadrados en el régimen de
la Ley 10.430, a los fines de la continuación del procedimiento de negociación paritaria del Sector
Público estatal incluido en el régimen de la Ley 10.430, de conformidad con las pautas establecidas
en la Ley 13.453. –
Todo ello, bajo apercibimiento de que los respectivos encuentros paritarios de negociación
se realicen en el ámbito de éste Juzgado, a cuyos efectos, se fija audiencia para el día 21 de junio
del corriente año, a las 10 horas en la sede de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de
la Universidad Nacional de La Plata, para el caso de incumplimiento de lo ordenado. En tal
supuesto, deberá el Ministerio de Trabajo efectuar las correspondientes notificaciones a todos los
gremios involucrados. Lo anterior se dispone sin perjuicio de hacer efectivas las sanciones dispuestas en el
despacho cautelar, las que se establecen en la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000) por cada día
de demora, y que computarán desde el vencimiento del plazo de cinco (5) días fijado
precedentemente y hasta su efectiva observancia, como así también, del reproche que
corresponda efectuar en sede penal por la presunta comisión de delitos de acción pública en que
hubiere incurrido la autoridad con su conducta (art. 239 del CP, conf. CSJN, causa S.2083.XLI "Sosa,
Eduardo Emilio c/ Provincia de Santa Cruz", del día 14-IX-2010). –
Por ello, y lo normado por el art. 163 de la CPBA, RESUELVO: 1. Intimar a la Sra. Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Lic. María Eugenia Vidal, a
que en el plazo de cinco (5) días de notificada la presente, acuerde con los gremios implicados en
la negociación paritaria de la Ley 10.430, la designación de la autoridad imparcial que habrá de
intervenir en los términos del art. 39 inc. 4 de la CPBA, debiendo para ello ajustarse a la
representatividad establecida en la Ley 13.453.2. Asimismo, deberá en el plazo citado, convocar de modo fehaciente a la totalidad de asociaciones
sindicales con personería gremial que posean afiliados encuadrados en el régimen de la Ley
10.430, a los fines de la continuación del procedimiento de negociación paritaria del Sector Público
estatal incluido en el régimen de la Ley 10.430, de conformidad con las pautas establecidas en la
Ley 13.453. –
3. Ello, bajo apercibimiento de hacer efectivas las sanciones dispuestas en el despacho
cautelar, las que se establecen en la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000) por cada día de
demora, y que serán computadas desde el vencimiento del plazo de cinco (5) días fijado
precedentemente y hasta su efectiva observancia, como así también del reproche que corresponda
efectuar en sede penal por la presunta comisión de delitos de acción pública en que hubiere
incurrido la autoridad con su conducta (art. 239 del CP, conf. CSJN, causa S.2083.XLI "Sosa, Eduardo
Emilio c/ Provincia de Santa Cruz", del día 14-IX-2010). –
4. Para el caso de incumplimiento de lo ordenado precedentemente, los respectivos
encuentros paritarios de negociación se realizarán en el ámbito de éste Juzgado, a cuyos efectos se
fija audiencia para el día 21 de junio del corriente año, a las 10 horas en la sede de la Facultad de
Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. En tal caso, deberá el
Ministerio de Trabajo efectuar las correspondientes notificaciones a todos los gremios
involucrados. REGISTRESE. NOTIFÍQUESE, a cuyo fin, líbrense las piezas respectivas con habilitación de
días y horas inhábiles y carácter urgente (art. 153 del CPCC). -
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