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Timestamp: 2019-07-19 12:11:57+00:00

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DISCUSIONES ACERCA DE LA ARBITRABILIDAD DE LAS DECISIONES SOCIETARIAS | COLVYAP
Fuente: http://forvm.com.co/
Por: Nazly Duarte Gómez[1]
Dentro de las sociedades comerciales pueden presentarse controversias respecto a la eficacia, nulidad o inoponibilidad de decisiones tomadas en asambleas o juntas de socios, como las que se adoptan sin el número previsto de votos estipulados en los estatutos o en las leyes, o bien cuando exceden los límites del contrato social. Las decisiones tomadas bajo estos presupuestos son susceptibles de ser impugnables de conformidad con el artículo 190[2] y 191 del Código de Comercio Colombiano.
2. Regulación Colombiana sobre la arbitrabilidad de la impugnación de las decisiones societarias.
En un primer momento la Corte Constitucional en la sentencia C-378/08[3] declara que el entonces vigente artículo 194 de Código de Comercio se ajustaba a los preceptos constitucionales. Lo anterior, debido a la importancia que tienen en la vida social las decisiones de asamblea en la sociedad y a la existencia de un interés público relevante detrás del precepto acusado. Este precepto permite garantizar el acceso a la justicia para aquellas personas que no cuentan con los recursos económicos suficientes para costear los gastos que implica la convocatoria de un tribunal de arbitramento.
En esta primera etapa es clara la posición negativa ante la arbitrabilidad de las controversias de impugnación de decisiones de cuerpos colegiados en el entorno societario, fundada en la existencia de elementos de orden público que deben ser protegidos a través de su sustracción como materia arbitrable y en tanto no eran considerados como asuntos de naturaleza transigible o de libre disposición[4].
La norma no fue pacífica y se discutió su constitucionalidad en la sentencia C-014 de 2010[5], advirtiendo la Corte que “el legislador posee un amplio margen de configuración procesal, que se encuentra únicamente limitado por las disposiciones constitucionales relativas a los derechos fundamentales. Así las cosas, ante las cambiantes circunstancias sociales, económicas y políticas, y en aras de lograr un objetivo superior, el legislador está en capacidad de establecer caminos jurídicos distintos para la solución de los conflictos y controversias que puedan presentarse en la vida social.” Concluyendo la Corte que la delegación de la función judicial en autoridades administrativas o investir a particulares de la administración de justicia de manera transitoria tal facultad se encuentra amparada en el artículo 116 constitucional[6].
La Corte Constitucional decide la exequibilidad de la norma, permitiendo que tanto el artículo 194 del Código de Comercio como el artículo 40 de la Ley 1258 existan en un mismo ordenamiento jurídico aunque su contenido sea contradictorio. Sin embargo, la Corte sostiene que es perfectamente posible que el Legislador considere que dicha materia[7], deje de ser considerada asunto de orden público y se permita discutir y resolver en el ámbito de la autonomía de la voluntad y los mecanismos alternativos de solución de conflictos en las sociedades por Acciones Simplificada[8], siempre que así se haya pactado en sus estatutos sociales.
En conclusión, el artículo 40 de la Ley 1258 se ubica en el extremo de sustraer de la justicia ordinaria dichas controversias para abrir campo, en primer lugar, a la justicia arbitral y a falta de pacto expreso en los estatutos de manera subsidiaria radicar dicha competencia en una autoridad administrativa, investida de facultades jurisdiccionales, como la Superintendencia de Sociedades.[9][10]
3. Discusiones acerca de la derogatoria del artículo 194 del Código de Comercio.
a. La justicia arbitral puede conocer los pactos arbitrales suscritos con anterioridad a la vigencia de la Ley 1563 de 2012, porque la ley en su artículo 118[11] derogó expresamente al artículo 194 del Código de Comercio[12].
Esta posición, asumida además por la Superintendencia de Sociedades[13] entiende que:
En primer lugar, al haberse derogado de manera expresa el artículo 194 del Código de Comercio la Ley 1563 de 2012 dejó sin efectos la previsión legal contenida en la norma en comento, razón por la cual y de conformidad con las reglas que en materia de derogatoria consagra el artículo 71[14] del Código Civil se concluye que a partir del 12 de octubre de 2012, fecha en que la ley 1563 de 2012 entró en vigencia, “la cláusula compromisoria es válida para someter a la justicia arbitral las acciones de impugnación contra los actos de asambleas, juntas de socios y juntas directivas.”[15]
En segundo lugar, no podría ser otro el efecto de la derogatoria comentada pues tratándose de las clausulas o los pactos arbitrales suscritos antes de la entrada en vigencia de la mencionada ley “la prohibición que impedía someter a dicho medio alternativo las acciones de impugnación de las determinaciones de los órganos sociales mencionados, en ningún modo derivaba de la voluntad de los asociados expresada en el contrato social, sino que obedecía a los límites que en tal sentido imponía el artículo 194 del Estatuto Mercantil, ahora derogado.”[16]
En ese sentido si en los estatutos de una sociedad se pactó una cláusula compromisoria con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1563 se entiende que, salvo acuerdo en contrario, es voluntad de los socios solucionar sus controversias societarias por la vía del arbitraje de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 11 del Artículo 110 del Código de Comercio.[17]
En tercer lugar y acudiendo a las normas de interpretación del Código Civil, entre ellas la contemplada en el artículo 27 que consagra que “cuando el sentido de la ley sea claro no se desatenderá su tenor literal so pretexto de consultar su espíritu”, es la misma situación que ocurre cuando una disposición legal se torna insubsistente por la derogación expresa contenida en el cuerpo de la ley, es decir, cuando la ley posterior como en el caso objeto de análisis, anuncia que una norma anterior, o parte de ella queda derogada.[18]
b. La justicia arbitral no puede conocer los pactos arbitrales suscritos con anterioridad a la vigencia de la Ley 1563 de 2012.
El artículo 38 antes mencionado ha sustentado las decisiones de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia[19] y de la sección tercera del Consejo de Estado[20] como en el caso Termorío, a propósito del estudio de un pacto arbitral con la aplicación de la normatividad vigente del momento en que se pactó o la vigente al momento de resolverse la Litis, concluyendo que “tal convenio será siempre auscultado a la luz de la legislación que la vio nacer”[21].
Así, lo sostiene también un reciente auto de la Superintendencia de Sociedades del 27 de junio de 2016 en el que se concluye que “en las cláusulas compromisorias anteriores al 2012 está incorporado el artículo 194 del código de comercio, ya que esta era la ley vigente al momento de la celebración del contrato, cuyo carácter ultractivo se impone por mandato del artículo 38 de la Ley 153 de 1887.”[22].
Así, la reforma de la Ley 1563 al artículo 124 del código de comercio no significa que a partir de entonces todas las impugnaciones de decisiones de asambleas o juntas de socios puedan llevarse al conocimiento de los tribunales de arbitramento sino que atendiendo a la naturaleza contractual de la cláusula compromisoria o del compromiso y teniendo en cuenta que la materia arbitrable es un asunto de derecho sustancial que determina la licitud del objeto del contrato de arbitraje, “los pactos arbitrales suscritos con anterioridad a la vigencia del nuevo Estatuto Arbitral se regulan por las disposiciones vigentes que gobernaban el pacto arbitral al momento de su celebración, como lo preceptúa el artículo 38 de la Ley 153 de 1887.”[23]
4. Situación de los socios que suscriben un pacto arbitral contenido en un estatuto social, con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 1563 de 2012.
La Superintendencia de Sociedades en auto del 27 de junio de 2016[24] consideró que el socio que había ingresado a la sociedad luego de haberse constituido no se le podía obligar a cumplir el pacto arbitral consagrado en los estatutos. Sostiene la Superintendencia que el estatuto social no se aplicaría en su integridad a los nuevos socios sino que sólo para aquellos que la suscriban expresamente.
a. Los nuevos socios quedan obligados al cumplimiento de todos los estatutos sociales, incluida la cláusula arbitral.
Esta posición es la sostenida por el Tribunal Supremo Español[25], al afirmar que “Los estatutos como negocio constitutivo que tiene su origen en la voluntad de los fundadores, pueden contener un convenio arbitral para la resolución de controversias de carácter social, el cual, manteniendo el carácter de regla accesoria a los estatutos o paraestatutaria, se independiza de la voluntad de los fundadores para pasar a ser una regla orgánica más, y vincular no sólo a los firmantes sino, mediante su inscripción en el Registro Mercantil, en virtud del principio de publicidad registral, a los socios presentes y futuros, en cuanto constituye uno de los elementos que configuran la posición de socio (…)”
De hecho, la Corte Constitucional mediante sentencia C-621 de 2003[26] concluye que “Una vez hecho el correspondiente registro, el acto tendrá efectos no sólo entre quienes participaron en él sino erga omnes, por lo cual en adelante nadie podrá alegar su desconocimiento. Este es el principio que se conoce como “publicidad material del registro, en virtud del cual, una vez inscrito, el acto se supone conocido por todos.”
Posición a su vez reforzada en sentencia del 2 de septiembre de 2008 del Tribunal Superior de Bogotá[27] al concluir que quienes suscribieron el contrato de sociedad de Metrokía y quienes a futuro llegaren a adherirse como socios de ésta quedan vinculados al pacto arbitral.
Este argumento coincide con lo afirmado por Benneti Salgar, al sostener que “la cláusula se aplica a todos los socios, presentes y futuros, lo mismo que a quienes perdieron su calidad de tales siempre que el litigio se refiera a relaciones surgidas del contrato social y también al socio industrial.”[28]
Así, los socios futuros, al manifestar su voluntad de adherirse a los estatutos y habida cuenta de la publicidad registral que tiene el convenio arbitral societario quedarían sometidos automáticamente al convenio.[29]
Una interpretación diferente generaría una inseguridad jurídica crasa: ¿Puede decidir un nuevo socio adherirse a los estatutos pero no al pacto arbitral? Este punto fue analizado en sentencia de 5 de diciembre de 2012 por el Tribunal Superior de Bogotá, concluyendo que “la cláusula compromisoria es un negocio jurídico autónomo y privado, que por ende no puede predicarse que su reforma o extinción respecto del contrato social pueda surtirse por voluntad de una mayoría social, sino que, por el contrario, se requiere para tal propósito de la voluntad unánime de quienes lo celebraron o adhirieron”[30].
b. Los nuevos socios no quedan obligados al cumplimiento de la cláusula arbitral, salvo una nueva estipulación expresa.
“ARTÍCULO 41. UNANIMIDAD PARA LA MODIFICACIÓN DE DISPOSICIONES ESTATUTARIAS. Las cláusulas consagradas en los estatutos conforme a lo previsto en los artículos 13, 14, 39 y 40 de esta ley sólo podrán ser incluidas o modificadas mediante la determinación de los titulares del ciento por ciento (100 %) de las acciones suscritas.”
Un aspecto importante es el rol que deben asumir las entidades como los árbitros, jueces y la Superintendencia de Sociedades respecto a este tipo de vicisitudes, entiendo que bajo el anterior argumento los jueces y la Superintendencia de Sociedades no podrían aceptar la excepción de compromiso respecto de cláusulas compromisorias pactadas antes de la entrada en vigencia de la ley 1563 de 2012 y en consecuencia “su jurisdicción permanecerá incólume para conocer de las impugnaciones de acuerdos de asambleas y juntas de socios.”[31] Evitando, por ejemplo, que se adelanten trámites de impugnación de manera simultánea en la vía ordinaria y arbitral.
Así, se concluye que “sólo a partir de la suscripción voluntaria de un contrato o negocio jurídico (pacto o cláusula arbitral) las partes renuncian a la justicia ordinaria y someten sus diferencias al litigio arbitral”.[32]
Sin duda, la dinámica de los negocios actuales en materia societaria exige cada vez límites más claros respecto a la arbitrabilidad de la impugnación de decisiones sociales y a su vez mecanismos alternativos más especializados para su resolución. Esto ha llevado por ejemplo a que la Superintendencia de Sociedades tenga un procedimiento arbitral especial en esta materia[33].
También se hace imperativo que tanto la jurisdicción ordinaria como la arbitral delimiten las fronteras y ámbito de aplicación de la derogatoria del artículo 194 del Código de Comercio para efectos de un eficaz acceso a la administración de justicia y al debido proceso. Estas zonas grises llevan a que los socios deban acudir a la acción de tutela para la defensa de sus derechos, como se estudió en la sentencia del 17 de agosto de 2016 Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia[34] o que se adelanten simultáneamente trámites de impugnación de decisiones societarias ante la vía ordinaria y arbitral.
[1] Abogada de la Universidad Externado de Colombia. Investigadora del Departamento de Derecho de los Negocios. E-mail: Nazly.duarte@uexternado.edu.co
[2] ARTÍCULO 190. DECISIONES INEFICACES, NULAS O INOPONIBLES TOMADAS EN ASAMBLEA O JUNTA DE SOCIOS. Las decisiones tomadas en una reunión celebrada en contravención a lo prescrito en el artículo 186 serán ineficaces; las que se adopten sin el número de votos previstos en los estatutos o en las leyes, o excediendo los límites del contrato social, serán absolutamente nulas; y las que no tengan carácter general, conforme a lo previsto en el artículo 188, serán inoponibles a los socios ausentes o disidentes.
[3] Corte Constitucional (2008). Sentencia C-378. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[4] Espinosa Quintero, Hacia la arbitrabilidad como regla general en el sistema contractual colombiano: Elementos de análisis. Revista de derecho privado, Universidad del Norte, SSN electrónico: 2145-9355. Nº 34 julio-diciembre de 2010.
[5] Corte Constitucional (2010). Sentencia C-014. M.P. Mauricio González Cuervo.
[6] Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley (…)”
[7] Refiriéndose a la impugnación de decisiones de asamblea.
[8] Espinosa Quintero, Hacia la arbitrabilidad como regla general en el sistema contractual colombiano: Elementos de análisis. Revista de derecho privado, Universidad del Norte, SSN electrónico: 2145-9355. Nº 34 julio-diciembre de 2010.
[9] Reyes Villamizar, F. (2010b). SAS, la sociedad por acciones simplificada. Bogotá D.C.: Legis. Reyes Villamizar, F. (2010a).
[10] Responsabilidad de los administradores en la sociedad por acciones simplificada. Revista panóptica, año 3, n° 18, marzo – junio, 208 – 239. Disponible en: http://www.panoptica.org/2010_18_pdf/18_8.pdf [07-09-2010].
[11] “Deróguese (…) el artículo 194 del Código de Comercio, así como todas las disposiciones contrarias a la presente ley.”
lo 194 del Código de Comercio 3.
[12] “(…) las acciones de impugnación previstas en este capítulo se intentarán ante los jueces, aunque se haya pactado cláusula compromisoria (…)”
[13] Concepto jurídico nº 220039887, de Superintendencia de Sociedades, de 18 de marzo de 2014.
[14] ARTICULO 71. CLASES DE DEROGACION. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. La derogación de una ley puede ser total o parcial.
[17] ARTÍCULO 110. REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD. La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresará: (…) 11) Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con motivo del contrato social, han de someterse a decisión arbitral o de amigables componedores y, en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los árbitros o amigables componedores; (…)
[18] Concepto jurídico nº 220039887, de Superintendencia de Sociedades, de 18 de marzo de 2014.
[19] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia del 7 de Junio de 1994 y Sentencia número 075 del 7 de junio de 1994, M.P. Dr. Rafael Romero Sierra, Sala de Casación civil de la Corte Suprema de Justicia. Mediante la cual se decidió un recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 12 de diciembre de 1991, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario contractual propuesto por la Sociedad Productora Comercializadora de Alimentos Ltda. contra la Sociedad Gómez Ltda.
[20] Sentencia del 1 de Agosto de 2002. Expediente 21.041
[22] Auto 820-009967 de la Superintendencia de Sociedades del 27/06/2016.
[23] Néstor Humberto Martínez Neira, Límites a la impugnación arbitral de decisiones societarias, 13 de noviembre del 2013. Disponible en http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Sociedades-y-Economia-Solidaria/noti-140129-05-jurisprudencia-sobre-las-garantias-en-la-toma-de-empresas
[24] Auto del 26 junio de 2016. Superintendencia de Sociedades. Consecutivo 820-009967. Número del proceso 2015-800-056.
[25] Tribunal Supremo Español, STS 5668 de 2007 del 9 de julio de 2007.
[26] Corte Constitucional de Colombia. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. C-621 de 2003, Veintinueve (29) de julio de dos mil tres (2003).
[27] Tribunal Superior de Bogotá, septiembre 2 de 2008, Rad. 11992 Metrokía.
[28] Benneti Salar Julio. El arbitraje en el derecho colombiano, segunda edición. Temis, Bogotá 2001. Pág. 97.
[29] Merino Merchán, José Fernando. Configuración del arbitraje intrasocietario en la Ley 11/2011. Revista jurídica de Castilla y León. Número 29, enero de 2013.
[30] Sentencia de 5 de diciembre de 2012. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil. Caso Metal Tek S.A.
[31] Néstor Humberto Martínez Neira, Límites a la impugnación arbitral de decisiones societarias, 13 de noviembre del 2013.
[32] Néstor Humberto Martínez Neira, Cátedra de derecho contractual societario. Regulación comercial y bursátil de los actos y contratos societarios, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2010, p. 606-607.
[33] Procedimiento arbitral general de la Superintendencia de Sociedades. Disponible en http://www.supersociedades.gov.co/procedimientos-mercantiles/la-delegatura/centro-de-conciliacion-y-arbitraje/Arbitraje/Documents/Reglamento%20Arbitraje%20General%20FINAL.pdf
[34] Sala Civil, Corte Suprema de Justicia. Magistrado Ponente: Álvaro Fernando García Restrepo. 17 de Agosto de 2016. Radicado no. 11001-02-03-000-2016-02240-00.

References: artículo 190
 artículo 194
 artículo 116
 artículo 194
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 194
 artículo 118
 artículo 194
 artículo 194
 artículo 71
 artículo 194
 Artículo 110
 artículo 27
 artículo 38
 artículo 194
 artículo 38
 artículo 124
 artículo 38
 resolución 
 artículo 194
 ARTÍCULO 190
 artículo 186
 artículo 188
 artículo 194
 ARTÍCULO 110