Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=646527
Timestamp: 2019-05-19 07:20:30+00:00

Document:
MODIFICACIÓN DE LEY N° 19.885, SOBRE DONACIONES CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS.
INCORPORACIÓN DE COMBUSTIBLE GAS NATURAL LICUADO A LEY N° 20.063
PERMANENCIA DE TROPAS CHILENAS EN BOSNIA Y HERZEGOVINA EN EL MARCO DE OPERACIÓN ALTHEA
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES HORVATH Y BIANCHI, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UN MÉTODO PARA RESOLVER EMPATES EN ELECCIONES DE ALCALDES (6253-06)
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR HORVATH, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE ACCESO Y USO DEL AGUA (6254-09)
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES BIANCHI, CANTERO, OMINAMI Y VÁSQUEZ, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA NORMAS SOBRE RESPONSABILIDAD POR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES (6259-13)
Sesión 78ª, en miércoles 10 de diciembre de 2008
(De 16:24 a 18:25)
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS...........................................................................
Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite, relativo a materias de gobierno y administración regional (3436-07) (vuelve a Comisión de Gobierno)..
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.885, referida a donaciones con beneficio tributario (5315-05) (se aprueba en particular)
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que incorpora a la ley Nº 20.063 el combustible gas natural licuado y modifica el DFL Nº 1, de 1978, del Ministerio de Minería (6088-05) (se aprueba en general)
Solicitud de S. E. la Presidenta de la República en orden a obtener el acuerdo del Senado para autorizar permanencia de tropas y medios nacionales fuera del territorio de la República con el objeto de continuar integrando la operación militar de gestión de crisis de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina (S 1128-05) (se aprueba)
Concurrieron, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia , señor José Antonio Viera-Gallo Quesney, y la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Claudia Serrano Madrid.
--Se abrió la sesión a las 16:24, en presencia de 22 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 72ª y 73ª, especiales, en 20 y 25 de noviembre, respectivamente; 74ª, ordinaria, en 2 de diciembre, y 75ª, especial, en 3 de diciembre, todas del año en curso, que no han sido observadas.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que inicia un proyecto de ley que regula los servicios sanitarios rurales (boletín N° 6.252-09).
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que aprobó el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario, con el objeto de permitir la existencia de la profesión de optómetra (boletín N° 5.684-11).
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con el que remite copia autorizada del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulado en contra del inciso primero del artículo 450 del Código Penal.
Con el primero contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor Horvath, referido a los residuos plásticos dejados por los camiones que transportan bebidas gaseosas.
Con el segundo responde un oficio expedido en nombre del Senador señor Larraín, respecto de la construcción de una central termoeléctrica en la comuna de Constitución.
De la señora Subsecretaria de Salud Pública subrogante, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Frei, atinente a la situación expuesta por los padres del menor Eduardo Trinas Rosas.
Del señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía , con el que da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, acerca de la entrega de ampolletas económicas a los hogares de menores ingresos.
De la Comisión de Relaciones Exteriores y de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Acuerdo entre la República de Chile y la Unión Europea sobre la participación de Chile en la operación militar de gestión de crisis de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina, con urgencia calificada de "suma". (boletín N° 5.853-10).
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Espina, Horvath, Romero y del ex Senador señor Viera-Gallo, que modifica los artículos 15 y 18 de la Carta Fundamental con el objeto de consagrar el sufragio como un derecho de los ciudadanos y su inscripción automática en los Registros Electorales, con urgencia calificada de "simple". (boletín N° 3.544-07).
De los Senadores señores Horvath y Bianchi, con la que inician un proyecto de ley que establece un método para resolver empates en las elecciones de alcaldes (boletín N° 6.253-06).
Del Senador señor Horvath, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional sobre acceso y uso del agua (boletín N° 6.254-09).
De los Senadores señores Bianchi, Cantero, Ominami y Vásquez, con la que inician un proyecto de ley que modifica las normas sobre responsabilidad por la administración de los Fondos de Pensiones (boletín N° 6.259-13).
El señor ALLIENDE ( Prosecretario ).- En este momento ha llegado a la Mesa un mensaje con el que Su Excelencia la Presidenta de la República retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto del proyecto, en segundo trámite constitucional, que faculta al Primer Mandatario para realizar un aporte extraordinario de capital al Banco del Estado de Chile y amplía el patrimonio del decreto ley N° 3.472, de 1980, que creó el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (boletín N° 6.231-05).
Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite, relativo a materias de gobierno y administración regional, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3.436-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Gobierno, sesión 77a, en 9 de diciembre de 2008.
-Establecer que cada Región constituirá, al menos, una circunscripción senatorial.
-Suprimir la norma que obliga a singularizar las Regiones con números.
-Establecer la elección popular de los consejeros regionales e instituir el cargo de presidente del consejo regional.
-Señalar las funciones públicas que serán de competencia de los gobiernos regionales y aquellas de identificación regional que se les pueden transferir.
-Establecer la obligatoriedad de ejecución de los convenios de programación, y
-Facultar a los gobiernos regionales para administrar áreas metropolitanas.
La Comisión discutió el proyecto tanto en general cuanto en particular y aprobó la idea de legislar con los votos favorables de los Senadores señores Bianchi, Letelier y Sabag y uno en contra del Honorable señor Orpis. Este último dejó testimonio de que no se opone a la idea de que los consejeros regionales se elijan por sufragio universal, pero estimó inoportuno legislar sobre este asunto antes de ocuparse de las efectivas competencias que deberían tener los gobiernos regionales.
En cuanto a la discusión particular, la Comisión, por unanimidad, acordó efectuar diversas modificaciones al texto despachado por la Cámara de Diputados, las que se consignan en el boletín comparado que se entregó a Sus Señorías.
Corresponde destacar que algunas normas del proyecto de reforma constitucional requieren para su aprobación del pronunciamiento favorable de las tres quintas partes de los Senadores en ejercicio y otras, de los dos tercios, esto es 23 y 25 votos, respectivamente.
El señor Ministro ha solicitado la anuencia del Senado para el ingreso a la Sala de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Claudia Serrano Madrid.
El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, el proyecto en debate tiene alta prioridad para el Gobierno en lo referente a la elección de los consejeros regionales.
Sin embargo, sin ningún ánimo de polémica, debo hacer presente que se ha producido una situación anómala que la Sala deberá resolver: la Comisión de Gobierno se pronunció en particular sin la debida autorización y ha introducido diversas ideas nuevas, pese a que todavía la Corporación no la aprueba en general. De manera que los señores Senadores se ven en una situación bastante curiosa, porque al pronunciarse sobre la idea de legislar lo harán sobre múltiples materias que no venían en el proyecto de la Cámara de Diputados.
Por eso, solicito que el señor Presidente someta a la Sala cómo solucionar tal situación. Si el Senado tuviera la voluntad de aprobar la idea de legislar sin mayor cuestionamiento, nosotros tampoco lo tendríamos, porque aquellas se van a discutir en particular tanto en la Comisión como en la Sala.
Pero temo que, como se trata de variados asuntos, algún señor Senador sostenga que no votará, porque pese a estar a favor de legislar respecto de una idea, no comparte otras.
Entonces, aquí surge una situación que se aparta del espíritu y de la letra estricta del Reglamento. En ese sentido, más allá de la buena intención de los miembros de la Comisión -que no pongo en duda-, se ha generado un hecho de difícil solución.
Si la Corporación tuviera un estricto apego al Reglamento, debería pronunciarse sobre la idea de legislar respecto del proyecto despachado por la Cámara de Diputados -que se consigna en la columna dos del texto comparado- y no sobre el que figura en la columna cuatro, que elaboró la Comisión. Este último es más extenso y versa sobre materias en las cuales el Gobierno también tiene una opinión que en su momento entregará a la Sala.
Señor Presidente , planteo lo anterior simplemente para ver cómo se puede resolver el problema.
¡Menudo problema! Pero para eso estamos.
Señor Presidente , no comparto la opinión del señor Ministro , porque, cuando las cosas no se precisan, da la impresión de que la Comisión de Gobierno ha ido mucho más allá del proyecto original proveniente de la Cámara de Diputados. Pero, si uno analiza el texto de la reforma constitucional, aquella se ha atenido estrictamente a las materias que fueron abordadas por la otra rama del Parlamento, las que pueden sintetizarse básicamente en lo siguiente: uno, elección de los consejeros regionales y, dos, el artículo 114, que se refiere al traspaso de competencias.
Esas son las dos cuestiones centrales tratadas tanto por la Cámara de Diputados como por la Comisión de Gobierno.
Por lo tanto, tengo una diferencia de apreciación con el señor Ministro sobre el asunto. En mi opinión, no hay incongruencia alguna y la Comisión no ha extralimitado lo que corresponde. De tal manera que, desde mi punto de vista, no hay problema reglamentario.
Señor Presidente , sin duda que el planteamiento del señor Ministro es de fondo. Si no hay constancia por parte de la Secretaría de que se haya autorizado a la Comisión de Gobierno, sería imposible que ella hubiese podido considerar, por su propio mérito, la aprobación general y particular de la iniciativa.
El Reglamento del Senado es muy preciso. De modo que si la situación es como lo confirma el señor Secretario -lo veo a la distancia que asiente-, no tiene remedio. O sea, aquí hay un vicio, el cual se puede sanear de dos maneras. Se insinuó una. Yo me permito sugerir otra, que puede ser más razonable: que acordemos que el proyecto vuelva a Comisión para su discusión, con el objeto de que las cosas se puedan plantear como deben ser.
Si algunos señores Senadores tienen una tesis que en lo formal careciera de asidero, me gustaría conocerla. Porque podríamos estar toda la tarde malgastando el tiempo del Senado en una materia insanablemente nula. Si la Sala no lo ha autorizado, es imposible que esto sea resuelto en términos legales por el Tribunal Constitucional.
Considero que este no es un golpe de fuerza de nadie. El señor Ministro ha sido sumamente gentil con la Corporación. Fue un prestigioso Senador, de modo que me parece razonable lo planteado por él. Y nadie podría sentirse herido, pues no hay intención de alterar el Reglamento, sino que el deseo de hacer bien las cosas muchas veces lleva a las personas a desarrollar una acción que va más allá de lo conveniente.
En todo caso, debo decir que en general el Senado está de acuerdo con la idea de legislar. Pero, por encontrarnos con materias diferentes, la pregunta que debe formularse es de qué idea central estamos hablando. Porque, en la práctica, si se une la idea general de legislar con la de la discusión particular de la Comisión -en esta no todas las bancadas tenemos representación-, obviamente habría una imposición a la Sala en cuanto a si estamos o no estamos de acuerdo con lo resuelto por ella.
Como los quórums exigidos para una reforma constitucional son tan elevados, lo razonable sería buscar la manera más adecuada de resolver esta contienda.
Señor Presidente , este proyecto de ley no solo contiene la opinión de la mayoría de los miembros de la Comisión que lo trató, sino que también la del Ejecutivo.
El Gobierno ha participado en la discusión no únicamente de la iniciativa de la Cámara de Diputados -por cierto, hemos respetado en esencia las ideas centrales provenientes de esa rama del Parlamento-, sino también en la incorporación de nuevas materias, en las que puede no haber el mismo parecer durante el debate en particular. Advierto que ya se insinúan algunas opiniones contrarias a las consignadas en el proyecto. De modo que esta no es una iniciativa que provenga sola y exclusivamente de la voluntad de quienes formamos parte de la Comisión de Gobierno, sino que también está la del colegislador -el Ejecutivo -, que ha participado plenamente de los alcances que tienen las normas que proponemos a la Sala.
En consecuencia, creo que algunos de los dos caminos insinuados debemos tomar.
Comparto la idea de que al final será la Mesa -en este momento parece que está deliberando sobre la materia-, la que deba dirimir el asunto. Pero lo lógico es que, a lo menos, la Sala manifieste lo mismo que señaló el Senador señor Romero : que existe voluntad para legislar. Y, por lo tanto, debiéramos analizar la posibilidad -y así lo insinúa la Mesa, que sigue deliberando- de que el proyecto sea aprobado en general.
Señor Presidente , me corresponde presidir la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, a que han hecho alusión los señores Senadores, y con respecto al asunto en debate debo manifestar lo siguiente:
Aquí hay una situación que no es menor. Porque -para decir las cosas como son, y con la más absoluta de las verdades-, más allá de que hoy día estén o no representadas todas las corrientes políticas en ese órgano técnico, que me honro en presidir, en él participa la gran mayoría de los sectores políticos. Y de no ser así, por lo menos se debería respetar lo que hace el resto de los pares en las distintas Comisiones. De lo contrario, yo podría objetar cada una de las instancias legislativas donde no hay un representante del sector independiente. ¡Así de simple! Y ese no es el ánimo ni de uno ni de otro lado.
Pero el hecho más grave, señor Presidente , es el que señalaré a continuación.
En este proyecto trabajó el Ejecutivo , la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, quien se comprometió con cada uno de sus más cercanos colaboradores a examinarlo en conjunto con la Comisión de Gobierno.
Y -¡perdónenme!- hoy día viene el Ministro Viera-Gallo a desautorizar lo que el propio Gobierno resolvió con aquel órgano legislativo.
¡Esa es la verdad de las cosas, y no otra, señor Presidente!
Hoy las Regiones verán, una vez más, que no existe un verdadero ánimo para descentralizar en nuestro país.
Hoy las Regiones serán testigos de que el Ejecutivo, a través del Ministro Secretario General de la Presidencia, ha objetado un trabajo efectuado por gente del propio Gobierno, en conjunto con la mencionada Comisión.
No tengo problema en que el resto de los señores Senadores y señoras Senadoras analicen esta iniciativa y, si gustan, que sea remitida de nuevo a la Comisión, para que estudiemos las indicaciones que se formulen. Existe la mayor voluntad en tal sentido.
Este es un gran proyecto: significa un antes y un después para las Regiones. Pero para fortalecerlas; no para crear otras de papel; no para hacer que ellas carezcan de un verdadero protagonismo dentro de nuestro país.
Sin embargo, creo que hoy las Regiones se darán cuenta de que aquí no existe voluntad para ello.
Y lo que más me duele, señor Presidente , es que se ha desautorizado a la propia Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, quien, con su equipo de profesionales, trabajó junto con la Comisión de Gobierno y con nuestra Secretaría, que tienen experticia en la materia y la experiencia de muchos años. No obstante, hemos visto que ahora se vuelve a caer un proyecto.
Afortunadamente -y con esto termino, señor Presidente -, todavía quedan cuatro años para la reelección de los nuevos CORE. Vamos a tener tiempo, sin lugar a dudas, para analizar el asunto. Probablemente, habrá algunos que no estarán en la discusión futura acerca de aquellos, y otros tendremos la suerte -porque todavía nos restan cinco años- de poder defender nuestra posición regionalista.
Señor Presidente , pedí la palabra por una razón mucho más pedestre que todo el debate que se está desarrollando. Lo hice para señalar que efectuamos la consulta pertinente en la Comisión y nos enteramos de que el informe fue entregado ayer, después de las cinco de la tarde.
Formulé la consulta porque muchos Senadores estaban sorprendidos de que la iniciativa figurara en el primer lugar de la tabla de esta sesión.
Considero que, tratándose de una reforma constitucional, es complicado que uno llegue a la Sala y recién comience a conocer la materia.
Por otro lado, en cuanto al problema planteado por el señor Ministro, por el Gobierno, creo que hay dos aspectos por analizar:
El primero corresponde al hecho de que el proyecto se haya discutido en general y en particular, lo cual puede ser solucionado rápidamente si vuelve a la Comisión con un acuerdo de la Sala para debatirlo en esa forma. De esa manera, el asunto quedaría resuelto.
En segundo lugar, abrigo una duda un poco más de fondo. Como no he podido revisar la iniciativa, desconozco si hay materias que se aparten de sus ideas matrices. Y eso sería más complicado. Por consiguiente, no opinaré sobre ello.
Sin embargo, reitero que lo primero es perfectamente posible de solucionar. Si se ha pedido que el proyecto vuelva a Comisión, que lo haga, pero con la autorización para discutirlo en general y en particular. Y en caso de que se presente alguna indicación que sea declarada inadmisible, existen los procedimientos para analizarlo. Pero eso no lo vamos a debatir en este momento.
Quiero manifestar al Senador señor Novoa y a la Sala que ojalá pudiéramos compartir el planteamiento de Su Señoría. Digo esto porque en la sesión de ayer, después de las 16, se dio cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización recaído en el proyecto de reforma constitucional en cuestión.
Pero no estaban las copias, señor Presidente.
Sé que se dio cuenta de él. No estoy criticando el hecho de que la iniciativa se haya incorporado en la tabla.
Pero bien podría haber sido un elemento a considerar para cierto efecto.
En todo caso, ese no era mi alcance.
Estoy cierto de que se dio cuenta del informe y de que, como el proyecto tiene urgencia calificada de "suma", procedía colocarlo en el primer lugar del Orden del Día. Lo que pasa es que dicho documento no estuvo materialmente a disposición de los señores Senadores en forma oportuna.
Vale decir, no estaban en conocimiento de él.
Señor Presidente , lo relativo a las ideas matrices me parece relevante, porque en el artículo único, número 1, letra a), por la vía de los hechos se está creando la circunscripción de Arica y Parinacota.
¡Así venía la iniciativa de la Cámara de Diputados!
Como sea. Pero lo concreto es que el Parlamento se pronunció acerca de un proyecto en ese sentido. Primero fue rechazado en el Senado, y después pasó a Comisión Mixta, donde también lo fue. De modo que -hasta donde logro entender- lo que corresponde es aplicar el artículo 68 de la Constitución Política, que establece que la iniciativa no podrá ser renovada sino hasta un año después.
En consecuencia, mal podría quedar consignada aquí una materia de esa índole, más aún cuando en la discusión habida en la Sala surgieron opiniones muy diversas: unos veían el proyecto asociado a temas electorales; otros, a ciertas situaciones. En fin, se adujo una serie de argumentaciones.
De repente, me confunde el Gobierno cuando pone urgencia a la tramitación de un proyecto que no se va a aplicar en la elección de los nuevos consejeros regionales, o en las próximas semanas o meses.
¿Qué sentido tiene colocarle urgencia y ponernos en un brete absurdo, sin sentido, cuando se trata de una cuestión simbólica y que regirá en cuatro años más?
Señor Presidente , me parece que lo más prudente sería devolver el proyecto a la Comisión de Gobierno, como un gesto de consideración hacia ella y de que, tratándose de algo que no reviste premura, no debería someterse a la Corporación a este tipo de apremios.
En consecuencia, solicito que la iniciativa vuelva a Comisión.
Señor Presidente , en primer lugar, quiero señalar que no solo para el Gobierno, sino también para nosotros, constituye la máxima prioridad elegir por voto directo, secreto y universal a los consejeros regionales, de manera de evitar el centralismo regional, y junto con ello, que se produzca también el traspaso de competencia a las Regiones.
A mi juicio, esas son las ideas matrices que deberíamos votar en esta oportunidad.
En cuanto a la creación de nuevas circunscripciones, ello me parece un punto objetivamente positivo; pero sería conveniente discutirlo en forma aparte. Y lo mismo opino en lo referente al cambio del sistema electoral y la alternancia de los Senadores. Esto, de alguna manera, enrarece las cosas.
En consecuencia, de acuerdo con el artículo 164 del Reglamento del Senado, solicito ceñirnos a las ideas de fondo del proyecto y votar esos aspectos en general.
Señor Presidente , de acuerdo con lo expresado por el señor Ministro y con la complementación que efectuaron los Senadores señores Núñez y Bianchi , tanto el Legislativo como el colegislador adelantaron trabajo. Ello puede representar una férrea voluntad de avanzar en determinada materia, pero colisiona con lo preceptuado en el Reglamento.
Entonces, el mensaje a las Regiones -para que no se angustien demasiado- sería que en esta Corporación existen normas, fijadas por nosotros mismos, que regulan el tratamiento de los proyectos y que si no las respetamos estaremos atropellando la esencia de nuestro trabajo.
De ahí que espero un esfuerzo interpretativo de la Mesa, y en particular del Secretario, quien contiene en su ser los anales de la experiencia del Senado, a fin de que, a la luz de ella, se indique exactamente qué procede llevar a cabo en un brete como este.
Señor Presidente , no cabe duda de que este es un gran proyecto y de que todas las Regiones manifiestan gran inquietud por que avancemos en la descentralización de nuestro país.
En la iniciativa se han acogido varias ideas propuestas que se hallan en la línea de lo que la gente y los diversos congresos celebrados sobre esta materia han pedido.
Y quiero señalar que lo obrado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización se ajusta absolutamente al Reglamento.
En efecto, su artículo 127 -lo dice con claridad el informe-, señala que se discutirán en general y particular a la vez los proyectos "de artículo único que, a proposición de la Comisión respectiva, determine el Presidente ," -de la Comisión- "y las observaciones del Presidente de la República .".
Eso fue lo que se hizo: la iniciativa se vio en general y en particular, conforme al artículo 127 del Reglamento.
Otra cosa es que se hayan abordado materias no contempladas en las ideas matrices del proyecto, lo cual provoca los desencuentros que se observan en estos momentos.
A lo mejor podríamos revisarlas nuevamente en la Comisión mediante la presentación de indicaciones.
Sin embargo, sería factible avanzar mucho si en esta sesión aprobáramos la idea de legislar y diéramos un plazo para formular las indicaciones pertinentes, para que sobre ellas se pronunciara la Comisión.
El proyecto en debate fue presentado hace mucho tiempo. Ha contado siempre con la participación del Ejecutivo , que constantemente ha estado presente en la Comisión. Además, es claro que las normas propuestas no regirán para la elección de los consejeros regionales que se realizará el 21 de este mes. Por lo tanto, solo revisten importancia para los procesos que se efectuarán en cuatro años más. Disponemos, entonces, de tiempo para concretar estas ideas con tranquilidad.
Mientras tanto, sería un avance aprobar en general la iniciativa.
¿Qué pasa si ella vuelve a Comisión y sus miembros ratificamos lo que ya hicimos? La próxima semana estaremos otra vez aquí discutiendo el mismo texto. No ganamos nada con eso.
Si aprobamos la idea de legislar y se abre un plazo para formular indicaciones, seguramente se presentarán muchas para echar abajo alguna norma o para rechazar lo que nosotros en la Comisión aprobamos en particular respecto de cada una de las ideas debatidas.
En consecuencia, avanzaríamos mucho si acogiéramos el proyecto en general. Y creo que estamos de acuerdo en este aspecto.
Señor Presidente , entiendo que, por desgracia, aún no entramos a la discusión de fondo. Ese debiera ser el asunto de máximo interés. Porque a veces aquí se hacen afirmaciones sobre la descentralización que para mí son discutibles.
En lo personal, soy partidario de que aprobemos en general la iniciativa que tenía como idea central asegurar la elección de los consejeros regionales por votación popular.
Pero en el transcurso del debate algunos han planteado, tanto en la Cámara de Diputados como en esta Corporación, la idea de crear la circunscripción senatorial de Arica y Parinacota, con lo cual estoy de acuerdo. Y dije que estaba a favor de ello cuando se debatió el otro proyecto sobre la misma materia, que, por desgracia, fue rechazado en la Cámara Baja hace algunos días por falta de quórum.
En el texto que nos ocupa se incluyen asuntos que no guardan relación con la idea matriz original de la iniciativa. Por ejemplo, los que tienen que ver con las atribuciones de los gobiernos regionales.
Lo primero que debo decir es que yo no hice la Ley Orgánica del Congreso ni definí en la Constitución lo relativo a la tramitación de los proyectos. Pero sí prometí aquí, en esta Sala, hacer valer y respetar la Constitución y las leyes. Ello dice relación, me gusten o no, a los procedimientos. Y por una cuestión circunstancial uno no puede saltarse normas vinculadas con la ley.
Señor Presidente , lo cierto es que, cuando se analizó esta iniciativa en la Comisión -formé parte de ella como reemplazante- se entendió que se votaba en general para después tener una discusión particular.
Y quiero dar una explicación.
Entre otros motivos, no comparto el número de consejeros regionales existente. Y si bien eso es materia de una normativa complementaria de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, creo que debieran quedar establecidos los criterios que determinan cómo se generan aquellos, cómo se eligen y cuántos han de existir (algunos pensamos que el número debe ser bastante mayor que el actual).
Señor Presidente, en ese contexto, sin entrar aún al fondo del proyecto, pido que, para un buen entendimiento entre nosotros, se considere que hoy ha de votarse en general y no en particular.
Hay materias que no estaban dentro de las ideas matrices. Por ejemplo, lo relativo a las atribuciones. Durante el debate se avanzó en este punto. Si bien puedo tener una opinión al respecto, ello va más allá de la idea central del proyecto original: esencialmente, la elección directa de los consejeros regionales, pero no la amplitud de facultades planteada con posterioridad.
Y el Senador Orpis, por supuesto, tiene que "aletear" aquí, en la Sala, porque él fue quien promovió, entre otros, esas modificaciones. Pero lo cierto es que no estaban dentro de las ideas matrices.
¡Sí estaban!
Señor Presidente , puedo abrigar cierta simpatía por alguna de esas materias. Sin embargo, no corresponde verlas ahora, por lealtad a los otros colegas que son parte de esta Corporación. En esto me sumo a la reflexión del Senador Romero en cuanto a que aquí prima una idea, un criterio general y no es posible aspirar a avanzar más en esta etapa.
Solicito a la Mesa concordar una fórmula que permita votar solamente en general.
Sobre las atribuciones, me gustaría pronunciarme después.
Aquí se ha ido bastante más allá de la discusión habida en la Cámara de Diputados. En el texto aprobado por ella no estaban incluidos algunos conceptos, como los planteados acá, por ejemplo, en cuanto a presupuestos. Habría que discutir incluso si tenemos iniciativa sobre algunas de esas materias.
En una reforma constitucional, sí.
Tengo la impresión de que carecemos de facultad al respecto.
Pero vale la pena hacer esa reflexión.
Señor Presidente , propongo realizar una discusión general, votar la idea de legislar, fijar un plazo para formular indicaciones y permitir que la Comisión evalúe qué modificaciones guardan relación con las ideas matrices originales del proyecto, sin perjuicio de que, en una iniciativa complementaria o después de un debate adicional, se pueda ampliar el ámbito de discusión.
En mi concepto, no es fácil determinar si pasamos a ser un país federado o no. Porque en Chile no se ha abordado de manera suficiente el debate sobre el particular. A veces algunos confunden la descentralización con cierto federalismo. Me parece bastante importante resolver el punto. Porque, para avanzar hacia un federalismo -o descentralización, como algunos lo entienden-, lo primero que tendríamos que hacer sería fijar impuestos regionales, por cuanto eso le permitiría a uno administrar tales recursos.
En caso contrario, no se estaría discutiendo sobre una auténtica afirmación de la identidad regional, sino respecto de cómo compartir el poder de otra forma.
Señor Presidente , quiero referirme más al proyecto en su contexto que a la discusión. No sé cuál será la decisión de la Mesa: enviarlo de nuevo a Comisión o
Queremos que Sus Señorías nos iluminen.
Creo que estamos acercándonos ya, pero
¡Yo lo iluminaré, señor Presidente !
Considero que lo razonable sería votar en general el proyecto y fijar plazo para indicaciones.
Sin embargo, al margen de eso, deseo referirme básicamente a lo siguiente.
Se habla de esta iniciativa como una gran solución a las Regiones. Y una de sus normas fundamentales versa sobre la elección directa de los CORE.
Me parece bien. Es una buena decisión democratizar la elección de la autoridad regional y de quienes van a tomar decisiones en ese ámbito.
Lo que estimo ilógico es decir que este proyecto realmente regionaliza
Perdón, señor Senador , ¿me permite una interrupción?
Le agradecería a usted, que es un abogado prestigioso y Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento,
¿que por el bien de la Corporación, se refiriera al problema procedimental y que sus juicios de fondo los guardara para cuando llegue el momento de exponerlos, que además serán muy escuchados por todos.
Agradezco sus palabras, señor Presidente . ¡Entonces, me callo!
¡No, hable lo que tiene que hablar!
Deseo hablar sobre el tema.
Por eso anticipé mi intención al respecto.
Ahora, si usted me pregunta por el procedimiento, me parece -como señalé- que debiera votarse en general.
Su Señoría ya intervino. Por tanto, le agradecería, en razón del tiempo de que disponemos
Es por un asunto de procedimiento.
Señor Presidente , este proyecto de reforma es de artículo único, por ende, correspondía presentar las indicaciones del caso.
Respecto a que una serie de materias no formarían parte de sus ideas matrices, me gustaría dejar consignado expresamente que no es así.
La modificación en materia electoral planteada en los primeros numerales, específicamente con relación al artículo 49 de la Carta, proviene de la Cámara de Diputados. En eso no innovó la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Después, en lo que respecta al artículo 93, tampoco hay innovación. Se alude a asuntos que fueron tratados en la Cámara Baja.
En seguida, la enmienda relativa al artículo 112 también fue vista en la otra rama legislativa.
A continuación quiero referirme a un tema planteado por un conjunto de señores parlamentarios: la transferencia de competencias.
Dicha materia se encuentra contemplada en el artículo 114 de la Constitución. Y fue abordada y modificada en la Cámara de Diputados.
¿Qué ha hecho la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización? Ha tenido un criterio más amplio que el de la Cámara Baja. Sin embargo, lo relacionado con el traspaso de competencias se vio en ella. Por lo tanto, forma parte de las ideas matrices del proyecto.
Y el resto del articulado fue tratado en la otra rama del Congreso. No existe materia alguna que no diga relación con las ideas matrices. La elección de los CORE, el traspaso de competencias y los temas de carácter electoral son normas abordadas en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Gobierno en un proyecto de artículo único.
Por lo tanto, lo que corresponde es votar la idea de legislar.
Reitero a quienes se hallan inscritos (Senadores señores Espina, García, señora Matthei, señores Navarro y Vásquez) que por favor se circunscriban solo a lo relacionado con el procedimiento. De lo contrario, vamos a entrar en una discusión de fondo que no tiene sentido.
¡Supongo que habrá algún esfuerzo interpretativo por parte de la Mesa!
¡Qué duda le cabe!
Deseo ser bien ecuánime.
La Mesa ya estaría en condiciones de proponer
¡Hágalo, señor Presidente!
pero todos quieren ser escuchados.
Voy a preguntar a los que están inscritos.
¿Le parecería bien, Honorable señor Espina, que la Mesa diera a conocer su decisión sobre la materia en cuestión?
Deseo intervenir, señor Presidente.
¡Es indispensable escuchar a Espina!
Señor Presidente , deje que el Senador profiera las ofensas que quiera. Es problema de él, no mío.
Deseo plantear lo siguiente: existe una cuestión de fondo y otra de forma. Me referiré a esta última.
El Reglamento establece que, para que una Comisión pueda conjuntamente debatir la idea de legislar y presentar indicaciones, y después proponer un texto, se requiere el acuerdo de la Sala.
Es una norma reglamentaria que no se puede transgredir. Porque, cuando se empieza a vulnerar el Reglamento, se sabe donde se comienza pero no donde se termina.
En este caso, dicha autorización no existió.
Y si no existió, no se puede votar en general el informe que llegó a la Sala, porque fue elaborado sobre la base de las indicaciones que se incorporaron, lo cual no debió haberse hecho.
Entonces, este no es un problema referido al fondo. En relación con este último estoy de acuerdo con las dos ideas centrales: que haya transferencia de funciones y que se elijan los CORE por sufragio universal.
Pero hay una cuestión. Por lo menos para algunos Senadores -y espero que para la totalidad-, el Reglamento no es algo que se acomode dependiendo de si interesa o no lo que está en discusión. Porque si el Parlamento, o el Senado, en particular, actuara de ese modo, entonces el día de mañana no nos podríamos quejar cada vez que nuestros adversarios, legítimamente, lo acomoden conforme a sus intereses.
Tampoco es dable usar este expediente para tratar de señalar que quienes queremos que se aplique el Reglamento -ley pareja no es dura; y yo sé que la Mesa ha actuado siempre así- estamos en contra del proyecto, porque no es verdad.
De lo que estoy en contra es de que se vulnere el Reglamento, ¡quienquiera que lo haga!
A mi juicio, por una cuestión involuntaria o por lo que sea -no culpo a ninguno de los miembros de la Comisión-, aquí no se cumplió un trámite que establece el Reglamento. Este es un punto que estamos modificando mediante una iniciativa referida a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. El Vicepresidente sabe que esa materia se está viendo.
Solo pido que mi opinión se tenga en cuenta. Porque, a mi parecer, corresponde que este proyecto sea enviado a Comisión. Si los señores Senadores quieren ratificar todas y cada una de las normas que votaron, tienen todo el derecho a hacerlo; habrá una discusión sobre la constitucionalidad de alguno de sus preceptos o, quizás, no. Pero el Reglamento se tiene que cumplir.
Esa es la diferencia entre nuestra Corporación, prestigiada en el mundo entero, y los Senados de otros países, que carecen de ese prestigio porque se empieza a arreglar la ley y a enmendar los reglamentos para acomodarlos a los intereses, por legítimos que estos sean, de un sector determinado.
Señor Presidente , no tengo tan claro que la Comisión de Gobierno haya infringido el Reglamento, dado que se trata de un proyecto de artículo único.
Para mí, la idea matriz de la iniciativa es la elección directa de los consejeros regionales.
Por lo tanto, en razón de lo que se nos ha pedido, mi propuesta a la Mesa es que se vote la idea de legislar.
Señor Presidente , voy a...
Voy a leer el artículo 127 del Reglamento: "Se discutirán en general y particular a la vez los proyectos de Fácil Despacho, los que tengan urgencia calificada de discusión inmediata, aquéllos de artículo único que, a proposición de la Comisión respectiva, determine el Presidente , y las observaciones del Presidente de la República .
"No se considerarán de artículo único aquellos proyectos que, no obstante comprender un solo artículo, contengan disposiciones relativas a distintos temas".
El proyecto de ley en análisis modifica los artículos 49, 113, 114, 124 y 125 de la Constitución Política. Por lo tanto, no es de artículo único.
¿Habrá que seguir discutiendo, señor Presidente?
Señor Presidente , solo para señalar que, a mi juicio, no es aceptable que la presente iniciativa se trate como si esta fuera de artículo único. Y, por ende, en ningún caso corresponde votarla en general hoy día.
Considero que debe volver a la Comisión de Gobierno.
Además, es preciso tener en cuenta que lo de la creación de la nueva circunscripción de Arica y Parinacota es un asunto que ya se rechazó aquí hace un par de meses. Eso también lo tiene que resolver el mencionado órgano técnico.
Así que, señor Presidente, es imposible que nos pronunciemos hoy día sobre la idea de legislar del proyecto.
Señor Presidente , quería aclarar, en primer lugar, lo referido al artículo único. Sin embargo, creo que ha quedado debidamente resuelto.
Efectivamente, esta no es una iniciativa de artículo único y, por lo tanto, la Comisión de Gobierno debió haberla tratado solamente en general, salvo autorización expresa de la Sala para analizarla también en particular.
En segundo término, al revisar el texto del proyecto -no había tenido oportunidad de conocer el informe, y creo que a Sus Señorías les debe haber acontecido lo mismo-, encuentro que el planteamiento de la Comisión de Gobierno es extremadamente amplio.
Sin embargo, quiero señalar que no hay límite en las materias constitucionales que se pueden revisar -no supone problemas de constitucionalidad, como un señor Senador lo ha señalado-, porque, formalmente, se puede cambiar cualquier aspecto de la Carta, mientras se apruebe con los quórums correspondientes.
En este caso, ocurre que el planteamiento formulado por la Comisión de Gobierno, para mi gusto, apunta a la estructura de los Poderes Públicos y no solamente a la organización de las Regiones o a cómo se elige a los consejeros regionales. Va mucho más allá. Se refiere a la estructuración del poder del Gobierno central y a cómo se debe organizar este, en una línea que me parece extremadamente atractiva, pero que apunta -reitero- a las bases de la institucionalidad.
Por lo tanto, yo pregunto -y lo quiero hacer con sumo respeto, porque sé que estas cosas despiertan muchas sutilezas- si, por ese motivo, no sería conveniente que el proyecto volviera a la Comisión de Gobierno y que esta funcionara en conjunto con la de Constitución. Me parece que los integrantes de este último órgano técnico podrían ser un aporte, dado que el proyecto no tiene un objetivo muy específico. Cuando se precisa modificar materias relacionadas con educación, las iniciativas van a la Comisión correspondiente. Pero cuando se trata de entrar a la estructura de la Carta Fundamental, como se hace en este caso, quizás pudiera ser conveniente que participara también la Comisión de Constitución.
No sé cuál será el parecer de la Comisión de Gobierno o de la Sala ante mi propuesta. Pero la hago como una contribución, por la amplitud del pronunciamiento de dicho órgano técnico y porque quizás con el aporte de algunos señores Senadores especialistas en materias constitucionales podamos tener un proyecto de ley bien pensado y bien diseñado.
Lo digo como una modesta sugerencia, señor Presidente .
Señor Presidente , respecto de la forma, está claro que la que nos ocupa no es una iniciativa de artículo único. En materia reglamentaria es así, y considerarlo de otra manera creo que forzaría demasiado la razón.
Sin embargo -aprovecho la presencia del Ejecutivo para plantearlo-, hay un tema crucial: se amplían las circunscripciones. Y, por ello, las Regiones que hoy día no están en condiciones de elegir Senadores el próximo año, quedarían con un texto aprobado en general, lo que daría espacio a un acuerdo político para acoger parcial o totalmente el proyecto.
Por lo tanto, aquí hay un tema político de fondo.
Algunos votaremos en contra de esa posibilidad mientras dure el sistema binominal.
También se incluye en la iniciativa lo referido a la elección directa de los consejeros regionales. Estamos profundamente de acuerdo con ello. Pero tratar las dos materias en un solo proyecto de ley conlleva un "truquito". Porque el Senado ya rechazó la idea de aumentar las circunscripciones.
Entonces, le pregunto al Ejecutivo qué pretende con ello.
Además, aunque lo aprobáramos en general, existe la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional para transferir competencias y funciones. Soy totalmente partidario de descentralizar. Sin embargo, hay una ley orgánica.
Lo que estamos haciendo es una acción política. Porque en lo inmediato no tiene posibilidad de materializarse. Y el próximo año tampoco. Salvo que este asunto se encuentre amarrado a un acuerdo que, por lo menos yo, como ya no estoy en la Concertación, desconozco.
Sería bueno, señor Presidente, que el señor Ministro lo explicitara.
Señor Presidente , ante todo, quiero ratificar la opinión en el sentido de que la presente iniciativa no es un proyecto de artículo único.
Creo que tal circunstancia es importante, porque también podríamos pensar que por la vía de decir: "Artículo único: Modifícase el Código de Procedimiento Civil", sería factible modificar todas las materias relativas a juicios ordinarios, juicio ejecutivo, juicios especiales. Y lo mismo podría ocurrir con el Código Orgánico de Tribunales.
Es decir, al leer esas iniciativas nos percatamos de que contienen varias ideas matrices y, por lo tanto, no pueden ser de artículo único.
En segundo lugar, señor Presidente , creo que el Senado debe respetarse a sí mismo. La Cámara Alta rechazó -con aprobación o sin aprobación de mi parte, da lo mismo- la creación de una nueva circunscripción. Si vamos por la vía indirecta a recrearla, me parece que estamos faltando a las labores que nos hemos impuesto y a nuestras obligaciones morales. El respeto a la Constitución y a las leyes es nuestra obligación.
Por lo tanto, solicito a Su Señoría, ya que pidió sugerencias, que aplique estrictamente lo que reglamentaria, constitucional y legalmente procede.
El señor Secretario precisará exactamente el punto, y a continuación la Mesa entregará su propuesta.
Señores Senadores, la Comisión de Gobierno aprobó en general el proyecto enviado por la Cámara de Diputados, como consta en el informe que Sus Señorías tienen a la vista. Luego de aprobada la idea de legislar, entró a discutirlo en particular.
En consecuencia, según entiendo, hace algunos minutos el señor Presidente propuso someterlo a votación general, en los mismos términos en que lo acogió la Comisión de Gobierno -es decir, tal como venía de la Cámara de Diputados-, abriendo un plazo para presentar indicaciones (de 5, 20 ó 60 días, lo que les parezca a Sus Señorías), y luego discutirlo en particular.
Escuchemos al señor Secretario .
¡Ya no sabemos qué estamos votando!
El proyecto de la Cámara de Diputados, señor Senador.
El texto de la Cámara.
Como ya está más que cerrada la discusión entre nosotros, ofrezco la palabra al señor Ministro .
Que la Mesa haga una proposición.
Después que intervenga el señor Ministro .
Señor Presidente , quiero clarificar algunas cosas.
En primer lugar, la posibilidad de discutir de nuevo la creación de la circunscripción de Arica y Parinacota está abierta -no digo que tenga que ocurrir necesariamente-, porque no se rechazó la idea de legislar en la Cámara de origen.
La indicación sobre la circunscripción de Arica y Parinacota se introdujo en la Cámara de Diputados. No venía en el mensaje. Pero si a mí me preguntaran, yo diría que va más allá de la idea matriz original de la iniciativa. Y a la Comisión de Gobierno le llegó esa modificación.
Entonces, aun cuando la Comisión se hubiera atenido estrictamente al Reglamento, se produciría algo muy paradójico: el Senado tendría que pronunciarse sobre una idea matriz que, al menos, contiene dos ideas no necesariamente relacionadas entre sí, una de las cuales está Corporación ya rechazó.
Y el Gobierno no quisiera que por el hecho de rechazar la nueva circunscripción de Arica y Parinacota -no somos partidarios de ella- se cayera la elección de los consejeros regionales.
En este asunto hay dos fórmulas.
Una estrictamente jurídica, que consiste en que se reclame al Tribunal Constitucional (lo pueden hacer 10 señores Senadores o el Ejecutivo ), porque la idea que se introdujo va más allá de las ideas matrices.
La segunda posibilidad es de que, con buena voluntad, los señores Senadores entendieran que el consenso alcanzado en esta Corporación se refiere a la elección de los consejeros regionales, y que en la discusión en particular se caerá la creación de la circunscripción de Arica y Parinacota.
Sin embargo, el problema se plantea respecto de otras modificaciones que se han introducido. Y tiene razón el Honorable señor Orpis en el sentido de que no se apartan estrictamente de las ideas matrices. Algunas, sí. Pero no voy a entrar al detalle.
Ahora, es cierto: la Subsecretaria asistió a la Comisión, y valora su trabajo; me lo acaba de señalar. Sin embargo, Sus Señorías introdujeron (como muy bien manifestó el Senador señor Larraín ) una forma de administrar el Estado sobre la que el Gobierno debe reflexionar. Porque si me dicen que el desarrollo rural será traspasado del poder central al regional y que si no hay acuerdo, por pedirlo un gobierno regional, va a dirimir el Senado, al menos tengo que conversarlo con la Presidenta de la República . Es lo mínimo. No me queda otra posibilidad, porque se trata de un cambio demasiado trascendente.
Por eso he insistido, señor Presidente -y perdóneme por ser tan majadero en lo formal-, en que se deben someter a votación -puede ser hoy o la próxima semana- las ideas originales de la Cámara de Diputados, porque en torno de ellas había un consenso
¿que esperamos se mantenga en esta Corporación.?
Perdón, señor Senador, pero
Honorable señor Pizarro , por favor, diríjase a la Mesa.
Señor Presidente , con respecto a la circunscripción de Arica hay dos posibilidades.
Nosotros, como Ejecutivo , podríamos reclamar ante el Tribunal Constitucional; también podrían hacerlo diez Senadores. Y ello no suspendería la tramitación del proyecto. Pero nuestro interés es que se vote la elección democrática de los CORE.
También podríamos lograr aquello sin reclamar ante dicho Tribunal. Y voy a repetirlo. Porque el Honorable señor Pizarro sabe perfectamente que cuando se discuta en particular la creación de la respectiva circunscripción no habrá los votos requeridos si se repite el pronunciamiento registrado días atrás. En cambio, lo otro viabiliza lo de los CORE.
El problema radica en que hay que votar sobre la base de las ideas matrices que vienen de la Cámara de Diputados. Porque la Comisión, con buena intención -no puedo desconocerlo-, ha efectuado cambios acerca de los cuales el Ejecutivo por lo menos tiene que reflexionar.
No se trata de decir: "Voten en torno a la idea de que el Senado dirima lo del traspaso de competencias a los gobiernos regionales".
¡Imagínense, Sus Señorías! Aquí dice, como si nada: "educación y salud". O sea, con la reforma propuesta, todo va a pasar al gobierno regional.
Y si no se hace, dirime el Senado; o sea, Sus Señorías.
Evidente. Lo único que pido es tiempo para reflexionar. Y yo debo consultarlo con quien me nombró Ministro .
Por eso insisto, señor Presidente , en que se vote la idea de legislar ahora -si no se quiere, el martes o el miércoles próximos-, pero la que viene de la Cámara de Diputados. Y no creo conveniente que el Senado faculte a la Comisión de Gobierno para discutir la iniciativa en general y particular a la vez, porque cuando ha usado este mecanismo ha ido mucho más allá de la idea matriz original que nos interesa, cual es la elección de consejeros regionales.
Tome una decisión, Señor Presidente .
Por supuesto que la tomaré, señor Senador. Porque la discusión ya está hecha.
Ahora, no puedo concederle la palabra a la señora Subsecretaria, pues no tiene derecho a intervenir, a menos que haya acuerdo unánime.
En todo caso, les he permitido hablar prácticamente a todos los señores Senadores, por el tiempo que han necesitado.
Sería bueno escucharla, señor Presidente , porque a lo mejor el Gobierno está de acuerdo.
Si Su Señoría me lo permite, haré una proposición acorde con la lógica y la razón.
Quiero dejar sentados algunos antecedentes importantes a fin de que podamos entendernos.
Aquí, independiente de cualquier consideración, hay un problema reglamentario que la Mesa no puede eludir y sobre el cual está obligada a pronunciarse.
Debemos cumplir el Reglamento, más allá de cualquier interés legítimo que pueda haber sobre el particular, pues desde el momento en que nos salgamos de lo que él establece el terreno será muy movedizo no solo para la Mesa sino para todos.
Aquí existe una situación de hecho no menor: la Comisión, con independencia de cualquier intención -la mejor, no me cabe duda- sobrepasó el cometido para el que se hallaba facultada. Y hoy varios señores plantean en la Sala, con razón, que no tenía potestad para hacerlo; incluso, uno utilizó la expresión "insanablemente nula", que no solo no me gusta, sino que además considero inapropiada.
Pero, al menos, mantengámonos en los términos de nuestra institucionalidad.
En este momento nos encontramos ante un problema de nulidad de derecho público. Y tiene razón el señor Ministro cuando dice que el Ejecutivo o diez Senadores pueden recurrir al Tribunal Constitucional con el objeto de reglar el asunto en el evento de que algunos no queden debidamente satisfechos con lo que resuelva la Sala.
Ahora, aquí no estamos para hacer academia. Pero yo debo plantear lo siguiente.
En este caso hay dos soluciones. Y la Mesa propondrá la menos -yo diría- cuestionable.
Sí, le ruego al Senador señor Letelier ayudarme con su silencio -para Su Señoría es más fácil que para mí-, pues de esa forma podremos entendernos.
La solución que me parece más razonable -aunque nos crea complicaciones, porque se puede entender en un sentido u otro- es aprobar en general lo que venía de la Cámara de Diputados y que la Comisión acogió (y así fue, me dice el señor Secretario ). Pero tiene bemoles.
La otra -quizá la menos jurídica- consiste en que la iniciativa, sin ser votada, vuelva a la Comisión para que esta, en el plazo de 10 ó 15 días -o el que acordemos-, se pronuncie en general. Y creo que con ella se salva algo que plantearon el Honorable señor Espina y varios otros Senadores, no como exigencia personal, sino para mantener el apego a lo que debemos realizar.
La Mesa se inclina por la segunda de las opciones. Y la colocaré en votación, porque ella no puede resolverlo.
He dado mi parecer, señores Senadores. Se me pidió un pronunciamiento, y lo entrego. Pero, como expresé, debo someterlo a votación.
Votar "sí" significa aprobar en general el proyecto propuesto por la Comisión de Gobierno, que venía de la Cámara de Diputados.
Votar "no" implica resciliar la iniciativa, volverla al momento original -corresponde más bien a la tesis del Gobierno-, es decir, retornarla a la Comisión, fijándole un plazo de 15 días para que se pronuncie en general, de acuerdo al cometido que hoy se le entregue.
Esas son las dos formas de votar.
Perdón, señor Presidente , pero
Señor Senador, yo le agradecería que
Ocurre que no es necesario votar por una alternativa u otra.
Yo no veo ningún inconveniente en que la iniciativa vuelva a la Comisión; y creo que nadie tiene problema al respecto. De modo que deberíamos votar eso
Que lo resuelva la Sala.
Digo que deberíamos votar si el proyecto vuelve o no a la Comisión, dando un plazo hasta la próxima semana, si el Senado y la Mesa lo estiman pertinente.
¿Por qué no se puede votar? La definición le corresponde a la Sala.
Por una razón muy simple, señor Presidente : porque el informe no se refiere al proyecto primitivo, sino a uno distinto. Por eso es necesario que vuelva a la Comisión, para que esta informe sobre el texto original.
Para los efectos que perseguimos, señor Senador, es lo mismo.
No se puede votar lo que no se encuentra informado, señor Presidente . Y por ello digo que solo hay una opción: el regreso de la iniciativa a la Comisión.
Señor Senador, siento que, para los efectos que estamos buscando, llegaremos a la misma solución.
Ahora, sin ánimo académico y solo con el propósito de lograr una solución, propongo la forma de votación que mencioné.
Reitero: votar "sí" significa aprobar en general el texto de la Cámara de Diputados, que la Comisión acogió; y votar "no", que el proyecto vuelve a la Comisión por 15 días.
Punto de Reglamento antes de la votación. Es mi facultad reglamentaria.
¿Algún?
Señor Secretario , quiero insistir. Tengo derecho, como Comité y como Senador, a que se me dé la palabra.
Punto de Reglamento, señor Presidente. Antes de la votación había pedido la palabra para un punto de Reglamento.
Pedí la palabra antes de la votación para un punto de Reglamento.
--Se acuerda que el proyecto vuelva a Comisión (23 votos por la opción "no", 5 por la opción "sí" y un pareo).
Votaron por la negativa la señora Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Espina, Frei, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Votaron por la afirmativa los señores García, Letelier, Naranjo, Núñez y Ominami.
Corresponde establecer plazo para que la Comisión se pronuncie en general sobre el proyecto.
¿Le parece a la Sala fijar 15 días?
No, señor Presidente: 20.
¿Habría acuerdo para que el plazo fuera de 20 días?
Señores Senadores, la Secretaría entiende que el proyecto vuelve a la Comisión exactamente igual como si viniera llegando de la Cámara de Diputados, para que se pronuncie en general sobre el texto que despachó esta, y que si la Sala aprueba la idea de legislar se abrirá un plazo para la presentación de indicaciones.
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.885, referida a donaciones con beneficios tributarios, con segundo y nuevo segundo informes de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "simple".
Hacienda (nuevo segundo), sesión 77ª, en 9 de diciembre de 2008.
Sesiones 33ª, en 2 de julio de 2008 (se aprueba en general); 55ª, en 30 de septiembre de 2008 (queda pendiente su discusión particular); 56ª, en 1 de octubre de 2008 (vuelve a Comisión de Hacienda).
Cabe recordar que en sesión del 1° de octubre último, oportunidad en que se discutió el segundo informe de la Comisión de Hacienda, la Sala acordó que la iniciativa volviera a dicho órgano para un nuevo segundo informe.
A los efectos reglamentarios, corresponde señalar que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones el numeral 1) del artículo 1° y el artículo 1° transitorio, que, en consecuencia, deben darse por aprobados.
La Comisión de Hacienda introdujo diversas modificaciones al proyecto despachado por la Honorable Cámara de Diputados, todas las cuales fueron aprobadas por unanimidad. Por tanto, conforme al artículo 133, inciso sexto, del Reglamento, deben ser votadas sin debate, salvo que algún Senador quiera impugnar alguna proposición de la Comisión o que haya una o más indicaciones renovadas.
Cabe puntualizar que el N° 5 del artículo 1° contenido en el numeral 5) del artículo 1° del proyecto de ley es de quórum calificado, por lo que para su aprobación se requieren los votos conformes de 20 señores Senadores.
Sus Señorías tienen en sus pupitres un boletín comparado con cinco columnas que transcriben las diversas etapas de la tramitación de la iniciativa.
¿Qué se vota, señor Secretario?
El proyecto entero, señora Senadora, pues todas las proposiciones de la Comisión fueron aprobadas por unanimidad.
Yo estoy pareado.
Se trata de una iniciativa de quórum calificado. Por lo tanto, Su Señoría puede votar.
Reitero: ¿algún señor Senador no ha emitido su voto?
--Se aprueba en particular el proyecto (25 votos a favor, uno en contra y una abstención), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido en cuanto al N° 5 del artículo 1° contenido en el numeral 5) del artículo 1° de la iniciativa de ley.
Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Cantero, Chadwick, Escalona, Espina, Frei, Gazmuri, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Pérez Varela, Romero, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Se abstuvo de votar el señor Letelier.
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que incorpora a la ley N° 20.063 el combustible gas natural licuado y modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1978, del Ministerio de Minería, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6088-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 64ª, en 4 de noviembre de 2008.
Minería, sesión 76ª, en 3 de diciembre de 2008.
El objetivo del proyecto es incorporar en la ley N° 20.063 un instrumento de equilibrio de precios relativos entre el gas natural licuado y sus sustitutos diésel y gas licuado de petróleo, integrados al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Asimismo, se incluyen en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1979, los biocombustibles líquidos y el biogás.
La Comisión de Hacienda discutió esta iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Matthei y señores Frei y García), en los mismos términos del texto que despachó la Honorable Cámara de Diputados.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado de las normas legales que se modifican y el texto del proyecto aprobado en general por la Comisión.
Señor Presidente , este proyecto obedece a una petición que hizo la Comisión de Hacienda cuando se suplementó el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo (FEPCO). Ella deriva de la preocupación existente porque se están haciendo inversiones importantes en materia de gas natural licuado y no se desea que en el futuro haya distorsiones entre su precio y los precios relativos del diésel y los combustibles derivados de él.
Si hechos mundiales hacen que el gas natural licuado sea más caro que el diésel, es parte de los riesgos que asumen quienes realizan aquel tipo de inversiones.
Empero, si el día de mañana el diésel fuera más barato por un acto de la autoridad chilena, querría decir que se estaría poniendo fuera de competencia a un combustible, no por problemas de mercado, sino por una decisión en ese otro nivel.
Lo que hace el proyecto es asegurar que los precios relativos entre el gas natural licuado y el diésel no sean distorsionados por acciones de ese tipo. Y, en ese sentido, es absolutamente correcto, por cuanto lo relativo a los primeros queda entregado a los eventos del mercado internacional y no a decisiones como las referidas, que, en el fondo, pueden crear riqueza u ocasionar incluso la bancarrota de una empresa.
En consecuencia, el texto despachado por la Comisión es correcto, habiendo sido aprobado por unanimidad.
Señor Presidente , lo argumentado por la Senadora señora Matthei es de la mayor razonabilidad política y económica.
Por mi parte, no pertenezco a la Comisión de Hacienda, pero una somera lectura del proyecto permite observar que se eliminan todas las multas, o sea, todo lo que dice relación a sanciones por incumplimiento.
En consecuencia, ignoro cuál será la facultad con que contará la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para intentar regular o cautelar los intereses del bien común. Porque si no existen sanciones la ley será letra muerta.
Por otro lado, cada vez que se asignan funciones a un servicio público, en especial a una Superintendencia -como lo hace el proyecto-, sin llevar aparejado un mejoramiento económico para esa actividad, se registra una sobrecarga de trabajo. La SEC enfrenta extraordinarias limitaciones económicas: debe fiscalizar en materia de electricidad, de combustibles, de gas, con un equipo mínimo en cada lugar.
Pido a mis Honorables colegas preguntar cómo son las dependencias de ese organismo en las Regiones que representan y se van a sorprender del escasísimo número del personal, lo cual no permite fiscalizar en el transporte de combustible ni en cuestiones de electricidad. En la Región del Bíobío, que es grande y la segunda más importante del país, son cuatro o cinco funcionarios, con suerte.
La iniciativa tampoco contempla, entonces, un fortalecimiento de la Superintendencia, aunque se le entrega a esta una atribución no menor, como es la supervisión del adecuado funcionamiento de los objetivos que se persiguen.
Formulo dos preguntas a la Comisión de Hacienda. Primero, por qué se eliminan todas las multas y si ello afecta o no las facultades de dicho organismo.
Y, en segundo lugar, si vamos a otorgarle a este último mayores atribuciones en cuanto a llevar un registro y ejercer una supervisión, en qué medida el Ministerio de Hacienda se comprometerá a fortalecerlo. De lo contrario, me parece que la normativa también será letra muerta.
En ese sentido, es posible que se generen abusos si se eliminan tales facultades, las cuales, por cierto, siempre son necesarias. La aplicación o no de las multas depende del criterio de la autoridad. Al eliminarlas, se deja a ella sin la atribución respectiva.
Hoy día estamos incorporando el gas natural licuado al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo. Lo cierto es que el sistema, por muchos conceptos, ha venido simulando o distorsionando artificialmente los precios. Y la opinión pública no sabe exactamente cuándo ni cómo suben o bajan.
Estos Fondos -cabe recordar que son dos, siendo el segundo el que nos ocupa- se vinculan a una serie de disposiciones y mecanismos que antes eran resueltos por la ENAP. Y ello he logrado descubrirlo después de varias indagaciones. Hoy día se opera de una manera diferente.
Con un precio del petróleo como el que existe en los mercados mundiales, me parece que es el momento para que la autoridad reflexione acerca de si es adecuado que mantengamos una distorsión tan evidente y poco transparente como la de los fondos de inversión y los impuestos específicos a los combustibles.
En el Senado se planteó, a raíz de una sesión memorable de la Comisión de Hacienda respecto del asunto de la divisa, que deberíamos solicitar al Gobierno la revisión de los impuestos específicos a los combustibles.
Hoy día, sin embargo, no solamente respaldamos la operación de los fondos, sino que finalmente estamos ratificando que seguirán en funciones por lo menos hasta el mes de junio de 2010.
Francamente, lamento que ninguna autoridad de Hacienda se encuentre presente en la Sala. Solicito que se oficie para el efecto de hacer presentes los planteamientos que estoy formulando, con el objeto de que ese Ministerio revise, de una vez por todas, lo relativo a los fondos de estabilización y los impuestos específicos, por cuanto hoy día es perfectamente factible darle transparencia a la cuestión y sincerar los precios.
Siento que llegó el momento de que hagamos una verdadera inflexión en la materia y no sigamos oscureciendo lo que para la opinión pública es un misterio no revelado por el Señor, cual es cómo operan los fondos, cómo se establecen incluso impuestos cuando la baja es muy pronunciada.
El Senador que habla se va a abstener de votar, pero solicita que se oficie sobre el punto al señor Ministro de Hacienda , en nombre propio y en el de sus Honorables colegas que deseen compartir los criterios expuestos, porque le parece que llegó la hora de sincerar una situación que mantiene muy perturbada a la opinión pública, en particular a quienes deben acudir todos los días a una estación de servicio, y en la medida en que no se sabe exactamente cómo operan los fondos ni los impuestos específicos.
El señor FREI.-
Señor Presidente , escuché atentamente la intervención del Senador señor Romero .
El tema se debatió hoy día en la Comisión de Hacienda. Cuando se planteó con anterioridad lo referente al Fondo de Estabilización, ese órgano técnico consideró la necesidad de la inclusión del gas natural licuado, por cuanto a partir de junio ese combustible comenzará a llegar a la planta de Quintero, de modo que era objeto de una discriminación. Como esas instalaciones funcionan con compras a futuro, se debía comenzar ya a efectuar las compras del próximo año. Al ser necesario solucionar la dificultad, el proyecto apunta exclusivamente a ello. Por tal razón lo aprobamos.
Sin embargo, hoy día se suscitó en la Comisión un debate -estuvieron presentes la Senadora señora Matthei y los Honorables señores García y Ominami - en el sentido de que existe una distorsión en el Fondo y una de carácter general en relación con los impuestos específicos.
En esa línea, se comprometió al señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía -quien también asistió- para traer, en un plazo de 60 a 90 días, un estudio acerca de cómo están funcionando todos los impuestos específicos y cómo influye en la distorsión de los precios la fórmula que se aplica en el FEPCO. Y ahí haremos el debate de fondo.
En el punto a que he hecho referencia se trata, en definitiva, de gas comprimido, el cual se destinaría a distintos usos, como el transporte, entre otros.
Como digo, el tema fue planteado en la Comisión, y dentro de un plazo máximo de sesenta a noventa días -repito- vamos a realizar el debate sobre el impuesto específico, sobre la base del informe que emita la Comisión Nacional de Energía respecto de cómo ha funcionado el FEPCO durante 2008. Eso es lo que deseaba informar a la Sala.
Por eso, en la Comisión de Hacienda aprobamos por unanimidad el proyecto, el cual también sería posible despachar en particular, por cuanto las indicaciones solo pueden corresponder a la iniciativa del Ejecutivo.
La idea general de la iniciativa es muy clara: consiste en evitar que el Fondo de Estabilización provoque distorsiones entre los precios de los distintos combustibles y genere, en consecuencia, incentivos completamente artificiales para consumir uno de ellos en lugar de otro.
Ahora, el proyecto contiene bastantes otras normas. En lo personal, creo que será preciso profundizar en las referentes a las facultades de la Superintendencia.
La Comisión, por lo tanto, recomienda la aprobación solo en general. Con motivo del segundo informe va a haber tiempo para analizar a fondo todos los aspectos.
Deseo llamar la atención sobre de lo que señala el informe financiero: que esta iniciativa "no genera gasto fiscal adicional, toda vez que el crédito o impuesto que corresponda al GNL reemplazará a aquél que se entrega o exige al Diesel o GLP, combustibles actualmente incluidos en el Fondo.".
Me gustaría que la Comisión revisara bien la redacción del artículo tercero transitorio que se incorpora a la ley Nº 20.063, porque se establece: "En el caso que el gas licuado de petróleo sea el combustible de menor valor, el impuesto o crédito aplicado al gas natural licuado corresponderá, respectivamente, al impuesto o crédito del gas licuado de petróleo", etcétera.
Y en seguida se contempla igual criterio sobre la base de que el petróleo diésel sea el combustible de menor valor, en la medida en que un impuesto a este último se aplicaría del mismo modo al gas natural licuado. Se procederá en forma análoga si se trata de un crédito.
Todo lo anterior no provoca un efecto neutro, sino que acarrea consecuencias en el Fondo, dado que se multiplica el impuesto o el crédito.
Insisto en que ello se revise bien, pues no vaya a ser que exista una inconsistencia en el proyecto o el informe. Da la impresión, de acuerdo a este último, que estamos ante un efecto neutro. O sea, lo que se pague por impuesto al gas natural licuado es lo que se dejará de cobrar por impuesto en el petróleo diésel o el gas licuado de petróleo. Pero a partir de la lectura del proyecto no me parece que sea así.
Señor Presidente , resulta muy clara e ilustrativa la explicación que ha dado el Senador señor Frei. ¡Ya habla como candidato!
¿Es el suyo, Su Señoría?
Pero subsiste la interrogante -que me parece muy válida- expresada por otro candidato, mi Honorable colega Navarro, relativa a las multas.
Puedo explicar ese punto de inmediato.
Le concedo una interrupción al candidato, señor Presidente .
Al que tengo en la retaguardia
Puede usar de la palabra el Senador señor Frei.
En realidad, olvidé hacer la precisión pertinente al Honorable señor Navarro. El aspecto mencionado se halla incluido en la ley Nº 19.613, modificatoria de la ley Nº 18.410, que creó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. No se trata de que medie una eliminación: la materia se contempla en el cuerpo legal. Lo que pasa es que ello queda radicado en el texto general, por lo cual se efectúa la supresión en aquel que reviste carácter particular.
O sea, todas están consideradas.
Señor Presidente , aún no he podido analizar en detalle el proyecto, pero tengo una seria duda de constitucionalidad, porque, contrariamente a la interpretación del Honorable señor Navarro , las multas no se eliminan, sino que se dejan con carácter indefinido, indeterminado.
En efecto, se suprime, en el inciso inicial del artículo decimoprimero del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1979, del Ministerio de Minería, la frase "de 60 a 300 unidades tributarias". ¿Qué queda diciendo la disposición, por lo tanto? Que "El que defraudare en la venta de los productos a que se refiere el presente decreto con fuerza de ley, ya sea en el precio, calidad, sustancia, procedencia, peso o medida, será sancionado con una multa, que se duplicará en caso de reincidencia.". Y no se indica de qué monto es la multa.
Lo mismo ocurre en el inciso segundo de dicha norma, que, de aprobarse la enmienda propuesta, dirá: "La mera tenencia de estos productos en estado de adulteración, o en envases para la venta al público que contengan menor cantidad de la que corresponda, o de elementos mecánicos o de medición que permitan entregar al público una cantidad menor de la que señalan, será sancionado con una multa.". Y punto.
Entonces, no voy a afirmar que aquí nos encontramos con una ley penal en blanco, porque, técnicamente, no lo es, pero sí con una suerte de precepto de ese tipo respecto de la sanción que podría aplicarse el día de mañana, ya que se contemplaría una multa completamente indeterminada. Y, si bien puede entenderse, tratándose de esta última, que no estamos en presencia de un delito, es algo que se halla en contra del criterio expuesto en el artículo 19, número 3º, de la Constitución Política, donde se expresa que "Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado.". En consecuencia, lo que dispone la Carta es que las penas o sanciones deben estar expresamente determinadas en la ley.
Creo que es un error gravísimo el que se está cometiendo en el caso que nos ocupa. Por eso, el Senador que habla, por lo menos, se abstendrá de votar a favor, ya que estas disposiciones son bastante ambiguas y pueden llevar a cualquier interpretación y abuso en el futuro.
Señor Presidente , quiero hacer un breve comentario a lo sostenido por el Senador señor Novoa .
En el informe financiero está bien el fondo, pero mal la explicación. Cuando se dice que el proyecto no genera gasto fiscal adicional, es porque todos estos fondos de estabilización procuran, justamente, estabilizar, no alterar el precio. Y, por lo tanto, lo que en algún momento se da como un crédito o un subsidio, en otro se recauda vía un impuesto. Y el valor esperado finalmente debiera ser cero. O sea, debiera constituir efectivamente una estabilización y no un subsidio neto o un impuesto neto. Esa es la razón por la cual se señala que esta forma de tratar los combustibles del gas natural licuado no debiera irrogar ningún gasto fiscal, sencillamente porque el valor esperado de la medida es cero.
Por cierto, la explicación que se acompaña es incorrecta. En eso tiene toda la razón mi Honorable colega Novoa .
Señor Presidente , comparto por completo lo dicho por el Honorable señor Vásquez .
Les pido a Sus Señorías que se dirijan a la parte pertinente del boletín comparado y que la Secretaría o la Presidencia me corrijan si estoy en un error. Allí aparece el artículo decimoprimero del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1979, del Ministerio de Minería, que establece: "El que defraudare en la venta de los productos a que se refiere el presente decreto con fuerza de ley, ya sea en el precio, calidad, sustancia, procedencia, peso o medida, será sancionado con una multa de 60 a 300 unidades tributarias, que se duplicará en caso de reincidencia.".
Lo que hace el texto aprobado por la Comisión de Hacienda, señor Presidente,
Le ruego al señor Secretario que me preste un poco de atención. Estoy consciente de que tiene muchos asuntos que atender, pero le consultaré su opinión.
A lo mejor, me puede ilustrar respecto del punto a que me refiero, que sé que es de mucho interés para usted.
Decía que lo que hace la Comisión, respecto del artículo citado, cuyo inciso primero acabo de leer, es eliminar el monto de la multa: "de 60 a 300 unidades tributarias". Entonces, en definitiva, la norma va a decir que el que defraudare "será sancionado con una multa que se duplicará en caso de reincidencia.".
Lo que quiero señalar es que con esto eliminamos la multa, con lo cual
¡Establece cualquier monto!
¡No! ¡No hay multa!
Es que elimina...
¡No, señor Senador ! Cuando se elimina el monto de la multa -y pido que me corrijan, si estoy equivocado-, cuando no se le asigna ningún valor, ella desaparece.
Entonces, lo que se está diciendo acá es que al que defraudare en la venta de estos productos -o sea, al que cometiere fraude, esto es, al que actuare maliciosamente, creando un ardid y engañando al consumidor- se le elimina la multa.
Bueno, si esa es la voluntad del Senado, debemos tener cuidado. Se trata de una cuestión bastante delicada, puesto que estamos dejando una conducta dolosa, un fraude específico, que modifica el Código Penal, sin una sanción. Porque esta normativa es posterior, y, por lo tanto, deroga todo tipo de sanción.
El asunto no es menor. Toda persona que defraude de acuerdo al contenido de esta ley quedará sin sanción.
Por consiguiente, estamos ante un error que debiera enmendarse. Porque no puede interpretarse que queda con una UF o una unidad tributaria. ¡No! Las normas de derecho penal se interpretan en forma restrictiva. Por lo tanto -como digo-, no hay multa. Lisa y llanamente, significa que queremos que no exista.
Pero, si esa es la voluntad del Senado, ¡deroguemos el artículo decimoprimero!
No entiendo por qué esta Corporación deroga las multas.
Me gustaría que alguien pudiera explicarlo.
El seño ÁVILA.-
¡Podrá alguien explicar eso!
Lo planteado por el Senador señor Espina guarda toda lógica. La única sanción que quedaría para una conducta así sería la genérica contenida en el Código Penal. No habría otra.
Señor Presidente , la ley N° 18.410, Orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, establece lo siguiente en su artículo 15:
"Las empresas, entidades o personas naturales, sujetas a la fiscalización o supervisión de la Superintendencia, que incurrieren en infracciones de las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con electricidad, gas y combustibles líquidos, o en incumplimiento de las instrucciones y órdenes que les imparta la Superintendencia, podrán ser objeto de la aplicación por esta de las sanciones que se señalan en este Título, sin perjuicio de las establecidas específicamente en esta ley o en otros cuerpos legales.
"Para los efectos de la aplicación de las sanciones a que se refiere el inciso anterior, las infracciones administrativas se clasifican en gravísimas, graves y leves.".
Y luego el precepto hace una descripción de cada una de las infracciones.
¡No tienen sanción!
Deben estar más adelante.
Señor Presidente , en la misma situación del artículo leído por el Senador señor Espina se hallan el séptimo y todos los referidos a sanciones por un tipo de delito que es claro y grave, como es adulterar la venta de productos.
Al principio creí que ello se debía a que las multas podían encontrarse establecidas en otra ley, pero de la lectura que se ha hecho me queda claro que no es así, por lo que, de acuerdo a la interpretación efectuada, las multas desaparecen.
Por lo tanto, no sé si estamos en condiciones de votar en general la iniciativa, por los dos elementos planteados en mi primera intervención: uno, vinculado a las facultades de la Superintendencia, la cual se vería recargada enormemente al incorporarle nuevas labores relacionadas con el Fondo y la fiscalización; y dos, por el tema de las multas, justo cuando se registran múltiples denuncias de adulteración del petróleo y la bencina.
Existen problemas reales sobre el particular. El Senador señor Espina ya se refirió al artículo decimoprimero. Pero también se agrega el séptimo, que establece: "Cada productor o importador de combustibles líquidos derivados del petróleo tendrá la obligación de mantener una existencia media de cada producto equivalente a 25 días de su venta promedio de los últimos seis meses o de su importación promedio en el mismo lapso, si es efectuado para su propio consumo"
Se podría pensar que el texto aprobado por la Comisión de Hacienda busca no sancionar la conducta descrita en dicha disposición, cuyo inciso segundo señala que "La contravención a lo dispuesto en este artículo será sancionada con una multa equivalente al 10% de la cantidad de producto que falte para dar cumplimiento a la obligación que impone el inciso primero, valorizada esta cantidad al precio de venta del producto".
Sin embargo, eso es diferente a la adulteración del petróleo y de otros productos. Porque el almacenamiento actúa como un elemento que evita la distorsión en los precios. A eso se refirió el Senador señor Novoa . Pero el resto influye directamente sobre delitos muy claros que debieran estar sancionados.
En consecuencia, no sé si la Comisión está en condiciones de revisar estos aspectos, señor Presidente .
¡Podemos revisarlos en el segundo informe!
Señor Presidente , la Senadora señora Matthei me ha expresado -y le encuentro razón- que estamos ante un primer informe, razón por la cual el proyecto puede ser aprobado en general para que luego la Comisión lo perfeccione.
En ese entendido, quiero señalar -para que no caiga en el olvido- lo siguiente.
El señor Secretario tuvo la deferencia de leer el artículo 15 de la ley que creó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, pero quiero precisar que dicha norma no tiene nada que ver con el delito de fraude. Tal disposición -que según él supliría la multa establecida actualmente en el artículo decimoprimero, de donde se deroga- dice relación a las "infracciones de las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con electricidad".
Pues bien, debo hacer presente que el delito de fraude no es una infracción a "las leyes, reglamentos y demás normas", por lo cual lo estamos dejando sin ninguna clase de sanción. Es un tipo especial, distinto, al cual no se le aplica el artículo 15.
Por supuesto, no tengo duda de que se corregirá el problema. Pero lo hago presente para que el proyecto quede bien en el segundo informe.
¿Qué debemos hacer para arreglar todo esto?
Aprobar la iniciativa en general para permitir que la Comisión enmiende las deficiencias.
Estableciendo una multa módica, o eliminando totalmente la multa.
Si se elimina la multa, señor Presidente , tendríamos un único caso de fraude en Chile sin sanción.
Quedaría la sanción genérica aplicable a la defraudación.
En todo caso, eso deberá resolverse con motivo del segundo informe. ¡Para qué nos enredamos ahora!
Señor Presidente , quiero señalar que el proyecto -el cual, al parecer, será aprobado en general- fue analizado rápidamente hoy en la Comisión de Hacienda.
Sin embargo, hay que hacer presente que en muchas oportunidades el Ejecutivo manda proyectos con gruesos errores, de modo que debemos ser muy cuidadosos al despacharlos.
No me cabe la menor duda de que, en este caso, si hay un error como el mencionado, será corregido en la discusión particular. Pero creo que la idea es aprobar en general la iniciativa, por cuanto su contenido es conveniente y necesario. Pronto comenzarán a operar las importaciones y los cierres de contratos de gas natural licuado y debemos tener una garantía de que las inversiones, que son gigantescas, y las compras de dicho combustible, que se realizan por cantidades muy grandes, no quedarán expuestas a las distorsiones de precios que crea el Fondo.
Señor Presidente , a propósito del debate que ha surgido, quiero preguntar cuál fue el propósito de la Comisión al eliminar, en la práctica, todo lo que constituye sanción. Porque no se trata solo de los artículos planteados por los Senadores señores Espina y Navarro .
En efecto, el proyecto también elimina el inciso tercero del artículo noveno del DFL N° 1, que establece: "Las infracciones a lo dispuesto en este artículo será penada con una multa de hasta 60 unidades tributarias por el Juez de Policía Local .".
Además, suprime el inciso segundo del artículo séptimo, que dispone que "La contravención a lo dispuesto en este artículo será sancionada con una multa equivalente al 10% de la cantidad de producto que falte".
Por consiguiente, ha existido el espíritu de eliminar las sanciones.
Es cierto: habrá un segundo informe y, sin duda, se podrá corregir. Pero creo que no se trata de un error. Lo que hay detrás es la decisión de no establecer sanciones.
Por eso, quisiera saber cuál fue el criterio, cuál fue la razón.
Si la razón es que aquellas ya se encontrarían contempladas en otras leyes, la situación no queda muy clara, porque, según el Senador señor Espina , las infracciones establecidas en el artículo que leyó el señor Secretario no se refieren al fraude, sino a otras figuras que más bien son faltas administrativas, no delitos.
Entonces, estamos frente a un problema conceptual.
De ahí que me gustaría que el Presidente de la Comisión o alguno de sus miembros indicara cuál fue la idea de eliminar prácticamente todas las multas.
--Se aprueba en general el proyecto (18 votos a favor, uno en contra, una abstención y 2 pareos) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 5 de enero de 2009, a las 12.
Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los señores Arancibia, Ávila, Chadwick, Escalona, Espina, Frei, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Larraín, Letelier, Navarro, Novoa, Ominami, Sabag y Zaldívar.
Votó por la negativa el señor Kuschel.
Se abstuvo el señor Vásquez.
No votaron, por estar pareados, los señores Muñoz Barra y Pizarro.
Solicitud de Su Excelencia la Presidenta de la República en orden a obtener el acuerdo del Senado para autorizar la permanencia de tropas y medios nacionales fuera del territorio de la República , con el objeto de continuar integrando la Operación Militar de Gestión de Crisis de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina, con informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, y la urgencia establecida en el inciso segundo del número 5) del articulo 53 de la Constitución Política.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1128-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 69ª, en 18 de noviembre de 2008.
R. Exteriores y Defensa, unidas, sesión 77ª, en 9 de diciembre de 2008.
En su oficio el Ejecutivo deja constancia de que la solicitud comprende el período de un año, a contar del 1° de enero de 2009.
Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, consignan en su informe un documento preparado por el Ministerio de Defensa Nacional referido a la operación desplegada en Bosnia y Herzegovina.
Asimismo, por la unanimidad de sus miembros presentes -Senadores señores Coloma, Flores, Gazmuri (en su calidad de integrante de ambas Comisiones), Larraín, Muñoz Barra, Pizarro y Romero (también como miembro de los dos organismos)-, recomiendan a la Sala otorgar el acuerdo solicitado.
Señor Presidente , la solicitud fue analizada por las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional. La Operación de que se trata se encuentra dirigida, básicamente, por la Unión Europea.
Chile es el único país no europeo que participa en ese esfuerzo de pacificación, que compromete a una veintena de nuestros soldados, principalmente militares, quienes realizan trabajos de enlace entre las autoridades de Bosnia y Herzegovina y las comunidades de las dos localidades donde se hallan apostados: una, de mayoría serbia, y la otra, de mayoría bosnia musulmana. Igualmente, tenemos un representante en el cuartel central, que está a cargo de un general español.
La opinión unánime de los integrantes de las Comisiones unidas es que la participación de nuestras tropas en dicha Operación es relevante desde el punto de vista de las vinculaciones con Europa y del prestigio que conlleva la presencia del país en un escenario internacional importante.
Además, la Operación ya no implica mayores riesgos de confrontación. En la práctica, nuestros efectivos trabajan desarmados, pues el orden interno se halla restablecido.
Por lo tanto, insto a la Sala a aprobar la solicitud, tal como lo hicieron los miembros de ambas Comisiones.
Señor Presidente , no sé si en las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional se ha discutido lo siguiente a propósito del envío de tropas nacionales a diferentes partes del planeta. Tenemos un contingente en Haití y otro en Bosnia y Herzegovina. Y ya llevamos algunos años en este ejercicio de aprobar, cada cierto tiempo, la solicitud para que continúen en esos lugares. La pregunta que surge es hasta qué fecha.
Da la impresión de que cuando penetran tropas en algún sitio, es muy difícil que salgan. ¡Si no, que lo diga Bush...!
Creo que un país como el nuestro, inserto en el mundo del subdesarrollo y con tantas necesidades de toda índole, no puede darse estos lujos, propios de las grandes potencias.
Entonces, me gustaría que algún miembro de las Comisiones mencionadas -tal vez el Senador señor Gazmuri , con quien tenemos la suerte de contar aquí y que asiste en forma muy asidua a este Hemiciclo, o bien, el Honorable señor Larraín , que parece estar ansioso de opinar- pudiera dar alguna luz que despejase las dudas que he planteado y que, desde luego, me atormentan, señor Presidente .
Voy a poner en votación la solicitud.
¿Y nadie va a responder?
¡Es como si no existiera, señor Presidente ...!
Señor Presidente , voy a intentar, en cuanto lo permitan mis modestas capacidades, aliviar aunque sea en algo los "tormentos" del Senador señor Ávila .
La verdad es que en las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional efectuamos un debate muy largo, incluso en torno a la ley que modificó el sistema de aprobación del envío de tropas al exterior, cuyo proyecto el Honorable colega también conoció aquí, en la Sala.
En efecto, allí se desarrolló una discusión de carácter doctrinario, por así llamarla. Y hubo una opinión común respecto a que el colaborar en los esfuerzos de las Naciones Unidas en materia de aseguramiento de la paz era un elemento de la política internacional de un país de tamaño mediano y ubicado en este lugar del mundo, como Chile, en la medida en que la seguridad y el multilateralismo constituyen, además, parte esencial de la afirmación de los derechos de las naciones pequeñas.
En ese sentido, la restricción que siempre se ha puesto es que las operaciones se realicen bajo el manto de las Naciones Unidas y, por ende, no correspondan a decisiones unilaterales de países o de grupos de países, como la intervención estadounidense y de algunos de sus aliados en Iraq. Ello, por poner un ejemplo del tipo de misiones en las cuales el criterio que fijamos en esa ley no sería parte de la doctrina nacional, sino de las operaciones de paz que el Congreso deberá evaluar, cada una en su mérito.
Si la seguridad internacional es un bien público importante, la contribución de Chile para asegurarla es parte de una política de Estado. En mi concepto, ese es el fundamento del asunto. Por tanto, habrá que verlo en el Congreso, donde el Senado tiene particulares atribuciones. Cada vez que deba aprobarse el envío de tropas, será cuestión de que el Gobierno proponga en qué operaciones van a participar, y esta Corporación calificará caso a caso en función de los objetivos, de la situación particular, de los riesgos que, eventualmente, se puedan correr, etcétera.
Esta operación cuenta con un patrocinio muy amplio a nivel mundial, de las Naciones Unidas y de la Unión Europea.
La intervención de las NU ha sido relativamente exitosa, porque Bosnia y Herzegovina han vivido una guerra civil muy profunda y sangrienta, en la cual se cometieron terribles atropellos a los Derechos Humanos -varios Senadores hemos estado allá acompañando a las tropas y viendo lo que hacen- y hoy día, desde hace ya bastante tiempo, se hallan en paz. Y las comunidades que estuvieron en pugna logran convivir sin enfrentamientos.
Se supone que esta misión debería terminar aproximadamente en un año o en un año y medio más. Nuestras tropas no corren riesgos. Y si al hacer esta contribución aprendemos, también ella es útil para nuestro contingente. Servimos a una causa que tiene mucho consenso internacional, que cuenta con el acuerdo de los Gobiernos de la República Serbia y de la Confederación Bosnia Croata, que son los dos que coexisten.
En consecuencia, no tenemos dudas de que es una operación conveniente.
No sé si después de esta explicación el Honorable señor Ávila va a dormir más tranquilo esta noche. Se lo deseo de todo corazón.
Señor Presidente , voy a dormir muy tranquilo. ¡Incluso, ya en el transcurso de su exposición lo estaba haciendo...!
--Se aprueba la solicitud de la Presidenta de la República para prorrogar por un año la permanencia de tropas nacionales en Bosnia y Herzegovina (17 votos por la afirmativa y un pareo).
Votaron los señores Arancibia, Ávila, Chadwick, Escalona, Espina, Frei, Gazmuri, Gómez, Kuschel, Larraín, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
No votó, por estar pareado, el señor Muñoz Barra.
Corresponde entrar al Tiempo de Votaciones
En este momento, no hay quórum para adoptar acuerdos, señor Presidente .
Se llamará a los señores Senadores durante cinco minutos.
--Se hacen sonar los timbres por cinco minutos.
Señores Senadores, como ha transcurrido el tiempo que establece el Reglamento y no se reúne el quórum de votación, corresponde levantar la sesión.
En todo caso, se dará curso reglamentario a diversas peticiones de oficios que han llegado a la Secretaría.
Al señor Ministro de Salud, solicitándole AUMENTO DE AMBULANCIAS PARA COMUNAS DE MALLECO; MAYOR NÚMERO DE CAMAS Y DE PROFESIONALES DE LA SALUD EN HOSPITALES DE TEMUCO, ANGOL Y VICTORIA E INSTALACIÓN EN ESTA ÚLTIMA DE CENTRO DE DESPACHO DEL SAMU.
A la señora Ministra de Educación, requiriéndole emitir opinión respecto a ESTADO FINANCIERO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SAN PABLO (Décima Región).
Al señor Contralor General de la República, pidiéndole que dictamine si se ajusta a Derecho OFICIO DE CONAF A INTENDENTE DE DÉCIMA REGIÓN.
A la señora Ministra de Agricultura y a los señores Director Nacional del SAG, Vicepresidente Ejecutivo de CORFO y Director Nacional de INDAP, solicitándole implementar PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE POBLACIÓN DE VISONES EN REGIÓN DE AISÉN.
A la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, pidiéndole antecedentes sobre ACTIVIDADES DE PROSPECCIÓN MINERA EN VALLE DE PUTAENDO (Quinta Región).
Al señor Ministro de Justicia, a fin de requerir ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE CÁRCEL PARA ACONCAGUA.
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:25.
1.-El que el Artículo 127 del DFL 1 de 2006 del Ministerio del Interior, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece en su inciso segundo que “En caso de empate, el tribunal electoral regional respectivo, en audiencia pública y mediante sorteo, determinará al alcalde electo de entre los candidatos empatados”.
1.-La definición de la palabra sorteo, según la Real Academia Española: “acción de someter a alguien o algo al resultado de los medios fortuitos o casuales que se emplean para fiar a la suerte una resolución”.
2.-Que es injusto que este sistema esté por sobre la decisión de los electores.
3.-Que se producen algunos casos de empate, en especial en comunas pequeñas. En Las Guaitecas y Lago Verde, ambas de la Región de Aysén, se resolvió mediante la revisión de los votos objetados y recuento. En Timaukel, comuna de la Región de Magallanes, mediante un simple sorteo.
3.-Que es más justo el que se divida el período entre los candidatos que empataron o se decida popularmente mediante segunda vuelta.
ESTABLECE MÉTODO PARA RESOLVER EMPATES EN CASOS DE ELECCIÓN DE AUTORIDADES QUE SEÑALA
Sustitúyase el segundo inciso del Artículo 127 del DFL 1 de 2006, del Ministerio del Interior, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades por el siguiente:
“En caso de empate, se dividirá el período por partes iguales, definiendo mediante sorteo qué parte del período le corresponde a cada uno”.
1.-El agua es esencial para la vida y los ecosistemas.
2.-Que el planeta tierra en su superficie está constituido en un 75% de agua. Los océanos concentran un 71%. Del volumen total de las aguas, 1,4 billones de m3, sólo el 3% es dulce, el 2% se encuentra en estado sólido, destacando la Antártica, Groenlandia y los Campos de Hielo Patagónicos, y sólo el 1% como agua dulce líquida.
3.-El que producto de la intervención humana, se han generado gases con efecto invernadero que han producido cambios climáticos, así como los procesos de erosión y desertificación, los que han cambiado los ciclos hidrológicos y la disponibilidad de agua.
4.-El que se ha aplicado por parte del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile un modelo de cambio climático para el país que señala en distintos escenarios la variación de temperatura y precipitaciones hasta fines del Siglo XXI para el país.
Ref: Dr. Humberto Fuenzalida
Dpto. Geofísica U. de Chile
5.-El que producto de esto, se percibe un alza en la línea de nieves y cambios en ciclos hidrológicos de los ríos.
Ref: Dr. H. F. U. de Chile.
6.-El que el agua en el mundo, y también en el caso de nuestro país, se está haciendo un bien imprescindible cada vez más escaso y de mayor costo. La distribución del agua y su uso se señala en el gráfico siguiente. Esta tendrá una demanda de uso cada vez mayor en todas las regiones.
7.-El que Chile tiene una cobertura urbana de agua potable de un 99,8%, de alcantarillado un 95,2%, un 82,3%, de tratamiento de aguas servidas y en lo rural un 98,5% de cobertura de agua potable.
8.-El que el agua de acuerdo al artículo 595 del Código Civil “es un bien nacional de uso público”.
9.-Según el Código de Aguas se puede entregar derechos de uso consuntivos y no consuntivos, independiente de la propiedad del terreno constituyendo bienes transables.
10.-El que en situaciones de sequías y escasez el Código otorga las facultades a la autoridad para disminuir y prorratear los derechos de aguas otorgados.
11.-Siendo el agua un bien escaso se producen intereses encontrados para fines de bebida de los seres humanos, mantención en los ecosistemas, uso en riego, bebidas de animales, usos turísticos, recreativos, mineros, acuícolas y energía.
12.-El agua en su estado sólido es capaz de llevar un registro de las variaciones climáticas y de componentes del aire y suelo por miles de años.
13.-El que el agua puede registrar condiciones ambientales de gran espectro y sensibilidad, según lo demuestran los estudios y experiencias de Masaru Emoto (Ref: facilitada por Jorge Lavín).
14.-El que existen instrumentos como el Ordenamiento Territorial, la Zonificación del Borde Costero y el Manejo Integrado de Cuencas que permiten armonizar y priorizar los distintos usos y la conservación de agua.
15.-El que en la entrega de derechos de agua se debe asegurar el caudal ecológico mínimo. Art. 129 bis1.
16.-El que en la Ley General de Pesca y Acuicultura se establece un caudal para pesca recreativa. Art. 16 Ley 20.256 Ley de Pesca Recreativa.
17.-El que sobre un mismo río o cuerpo de agua pueden haber actividades incompatibles que requieran el uso de agua y que se deben definir mediante instrumentos como el Manejo Integrado de Cuencas y el Ordenamiento Territorial, que permiten la participación temprana de la comunidad y de los que impulsen distintos proyectos que requieran del agua, incluyendo los de turismo, recreación y conservación.
15.-El que el Art. 19 N° 8 de la Constitución Política establece “El derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar por la preservación de la naturaleza.”
Es que vengo en presentar el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE GARANTIZA ACCESO Y USO DEL AGUA
Agréguese el siguiente inciso final al Art. 24° de la Constitución Política:
“Se asignarán y ajustarán los derechos de agua, sus distintos tipos de uso, incluyendo la conservación, en base a los Planes de Manejo de Cuencas Regionalizado acordados según la ley, sin perjuicio de las indemnizaciones que establece este artículo”.
El 25 de julio del 2007 los fondos de pensiones chilenos administrados por las AFP alcanzaron su valor máximo de 53,8 billones de pesos (millones de millones, equivalentes en ese momento a 104.060 millones de dólares). Desde ese día han venido sufriendo vaivenes diarios gigantescos y fuertes perdidas que han perjudicado los ahorros provisionales de miles de chilenos
En los distintos mercados e instrumentos financieros, y colocados en diferentes plazas bursátiles y mercantiles, estos fondos han perdido más de 32 mil millones de dólares, o un 26 por ciento respecto al volumen que tenían en julio del año pasado.
Uno de los mas perjudicados es el fondo A, que coloca el total del capital en acciones, dicho fondo redujo en un 41 por ciento, por su parte el fondo B, con una alta proporción de sus recursos también en renta variable, tuvo una reducción de un 32 por ciento. Incluso el fondo E, de renta fija, también mermó: en el periodo bajó 0,58 por ciento.
Todas estas perdidas han afectado a millones de trabajadores que han confiado la Administración de sus Fondos de Pensiones a las AFP.
Estas instituciones deciden la inversión de los dineros de miles de chilenos en distintos instrumentos, de manera que estos ahorros obtengan una rentabilidad que asegure una pensión al momento de llegar la jubilación de una persona.
La crisis actual ha sido una demostración del nivel de confianza que depositan los afiliados a las AFP en estas instituciones, así como también ha sido una muestra de que estos afiliados están absolutamente desprotegidos y a la deriva en cuanto al destino de sus dineros.
El año pasado se aprobó en el Congreso Nacional un proyecto de ley que introdujo una serie de reforma al sistema de administración de los fondos de pensiones.
Creemos que es necesario perfeccionar la reforma aprobada el año pasado con algunas medidas que vayan en directo beneficio de los afiliados a las AFP, de manera de garantizarles una administración responsable de sus fondos de pensiones, así como también perfeccionar los mecanismos que los afiliados tienen para hacer efectiva dicha responsabilidad.
En primer lugar el articulo 147 del Decreto Ley 3.500 dispone que “Las Administradoras deberán efectuar todas las gestiones que sean necesarias para cautelar la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de los Fondos que Administran” Agrega dicho articulo también que “En cumplimiento de sus funciones, atenderán exclusivamente el interés de los Fondos y aseguraran que todas las operaciones de enajenación y adquisición de títulos con recursos de los mismos, se realicen con dicho objetivo”
El mismo articulo señala que las Administradoras responderán hasta de la culpa leve por los perjuicios que causaren a los Fondos por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones.
Según el artículo 44 del Código Civil la culpa leve es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios.
Artículo 24Por su parte la culpa levísima es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes
Artículo 26Pues bien como primera reforma necesaria, creemos necesario modificar dicho articulo 147 de manera que las Administradoras respondan hasta la culpa levísima por los perjuicios que causaren a los Fondos.
Artículo 27Dicha modificación del grado de diligencia se justifica puesto que para una segura y eficiente Administración de los dineros de miles de chilenos, no basta la diligencia o cuidado que los hombres emplean en sus negocios propios, en la Administración de Fondos hay un negocio muy importante y del cual dependen terceras personas y en general la economía de un país por lo que debe tenerse la “esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes”
Artículo 29Una segunda modificación que creemos necesario introducir, y que también esta vinculada con la responsabilidad de las AFPS, dice relación con los medios judiciales que los afiliados tienen para hacer efectiva la responsabilidad de las Administradoras
El articulo 133 del la ley sobre Sociedades Anónimas otorga el derecho para que un accionista o un grupo de accionistas que representen a lo menos, un 5% de las acciones emitidas por la sociedad o a cualquiera de los directores de la sociedad, a demandar la indemnización de perjuicios a quien correspondiere, en nombre y beneficio de la sociedad por toda pérdida irrogada al patrimonio de la sociedad como consecuencia de una infracción a esta ley, su reglamento, los estatutos sociales o las normas que imparta la Superintendencia
Artículo 31Creemos que dicha norma debiera replicarse, con los ajustes que corresponda en el Decreto Ley 3.500, de manera tal que un afilado o un grupo de afilados que representen a lo menos un 2% del total de afilados a un determinado fondo, pueda demandar la indemnización de perjuicios a quien correspondiere en nombre y beneficio del fondo por toda perdida irrogada al fondo mismo como consecuencia de una infracción al Decreto Ley 3.500, por una administración negligente del fondo en los términos del articulo 147 o las normas que imparta la Superintendencia.
Artículo 32 Dicha posibilidad de accionar a favor del fondo, sobretodo en caso de que sea intentada por un grupo de afilados, tendrá como consecuencia segura un mayor cuidado en la inversión de los dineros de los fondos por parte de los Administradores y además un verdadero empoderamiento de los afilados frente a su AFP, ya que contaran con un poder negociador que hasta la fecha no tienen.
Artículo 34Por las razones anteriores es que vengo en presenta el siguiente:
Artículo 35 Proyecto de ley :
Artículo Único: Modifíquese el decreto ley 3.500 de la manera que sigue:
1.- En el inciso segundo del artículo 147 sustitúyase la expresión “leve” por “levísima”
2.- Incorpórese el siguiente articulo 149 bis:
“Toda pérdida irrogada al patrimonio de un fondo como consecuencia de una infracción al Decreto Ley 3.500 y/o a las normas que imparta la Superintendencia o por una administración negligente del fondo en los términos del articulo 147, dará derecho a un afiliado o grupo de afiliados que representen, a lo menos, un 2% de los afiliados al Fondo respectivo, a demandar la indemnización de perjuicios a quien correspondiere, en nombre y beneficio del Fondo.
Las costas a que hubiere lugar serán pagadas a los demandantes y no podrán, de forma alguna, beneficiar al fondo. Por su parte, si los afilados demandantes fueren
condenados en costas, serán exclusivamente responsables de éstas.
La acción contemplada en este artículo, es compatible con las demás acciones establecidas en la presente ley.”
(Fdo.): Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Carlos Cantero Ojeda, Senador.- Carlos Ominami Pacual, Senador.- Guillermo Vàsquez Úbeda, Senador.

References: artículo 450
 artículo 114
 artículo 68
 artículo 164
 artículo 127
 artículo 127
 artículo 49
 artículo 93
 artículo 112
 artículo 114
 artículo 127
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 133
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 19
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 Artículo 127
 Artículo 127
 artículo 595
 artículo 44

Artículo 24

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 29

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 34

Artículo 35
 artículo 147