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Timestamp: 2018-01-18 19:59:31+00:00

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El paso trascendental dado con la aprobación de un nuevo código procesal civil, supone un cambio de paradigma, un cambio que va a suponer una metamorfosis, una transformación del modelo procesal en todos los sentidos. Pero la transformación no se hace solo con una ley, la ley como tal está bien, es el punto de partida pero ahora lo que importa es cómo se implementa la norma por los operadores jurídicos.
Se tiene que sufrir un cambio absoluto en nuestros planteamientos, sobre todo en los que trabajamos en el orden civil, porque hay un cambio de modelo procesal, más procedimental que procesal, porque sigue habiendo los principios esenciales del proceso – entendido el proceso como el principio dispositivo, principio de oportunidad, es algo que no se puede olvidar- pese a una incorporación de elementos que en algunos casos van a quebrar la concepción del principio dispositivo que se ha tenido con el anterior Código.
Tiene que haber un cambio de paradigmas porque de la misma manera que en esta sociedad en la que vivimos ha habido muchos cambios por ejemplo: hace 20 años era impensable en la comunicación con los móviles, en estos momentos es difícil privarse del celular, comunicarse, mandar mensajes, etc., esto es porque vivimos un momento de comunicación en tiempo real, eso es un cambio que se ha posicionado en nuestra sociedad, lo mismo va a pasar con la aplicación del código, en un momento por ejemplo entre otros varios aspectos, se consolidaran las comunicaciones procesales por e-mail u otro medio.
Es un código que precisa de un periodo de adaptación y en ese espacio de tiempo probablemente será un código que a corto y mediano plazo va a experimentar algunas reformas producto de la adaptación.
Este Código es el más transversal de todo el ordenamiento jurídico, afecta prácticamente a todas las relacione jurídicas y no solamente a las civiles en sentido puro, entonces su adaptación, conocimiento y práctica requiere de pasos responsables, por eso he preparado este trabajo, con la intención de poner un granito de arenar en la implementación del código, considero que todos tenemos que ponerle el hombro en busca de una mejor administración de justicia y una pronta solución a los conflictos que se someten a consideración de las autoridades jurisdiccionales.
Son varios los principios sobre los que se sustenta el Código Procesal Civil, corresponde entonces establecer para empezar, el significado del término Principio, sus antecedentes y para posteriormente describir cada uno de los mismos aplicables en el proceso civil, tomando en cuenta la Ley 439 de 19 de noviembre de 2013.
El término principio deviene de Axioma (del griego "axioma", “lo que parece justo”) originalmente significa “dignidad”. Por derivación se lo ha denominado ‘axioma’ a “lo que es digno de ser estimado, creído o valorado”.
Entonces el “principio” es considerado como un axioma que plasma una determinada valoración de justicia en una sociedad determinada, sobre estos “principios” se construyen las instituciones del Derecho y que en un momento histórico determinado informan el contenido de las normas jurídicas de un Estado. Un principio no es una garantía ni una regla. Un principio es el fundamento, es la base de una garantía.
Sobre los principios generales del derecho, Cabanellas sostiene que es uno de los conceptos jurídicos más discutidos. Sánchez Román considera que son las máximas o axiomas jurídicos recopilados de las antiguas compilaciones; o sea las reglas del derecho. Según Buron, los dictados de la razón admitidos legalmente como fundamento inmediato a sus disposiciones y en los cuales se halla contenido su capital pensamiento. Una autorización o invitación de la ley para la libre creación del derecho por el juez (Hoffman); y despectivamente, como el medio utilizado por la doctrina para librarse de los textos legales que no corresponden ya a la opinión jurídica dominante (Muger).
Otros las consideran como los juicios generales del Derecho, como sinónimo de Derecho Científico, con expresión concreta del Derecho Natural, cual reglas universales de que la razón especulativa se sirve para encontrar soluciones particulares justas y equitativas cual los preceptos del derecho; igualmente como un derecho universal común, general por su naturaleza y subsidiario por su función, aplicado como supletorio a las lagunas del derecho. Ulpiano, en texto inmortal, inserto en el digesto, redujo esta esencia jurídica a una trinidad reiterada por inagotable: “jurispreceptasunthaec; honeste vivere, alterum non laedere, suumciuquetribuere” (Los principios supremos del derecho son estos: vivir honestamente, no perjudicar a otro y dar a cada uno lo suyo). Los tres preceptos son objeto de consideración ampliada en los respectivos lugares alfabéticos del texto en latín.
Los principios generales del derecho –enseña García de Enterría- expresan los valores materiales básicos de un ordenamiento jurídico, aquellos sobre los cuales se constituye como tal, es decir, las convicciones ético-jurídicas fundamentales de una comunidad; pero no se trata aquí de ideas vagas o de tendencias morales que puedan explicar el sentido de determinadas reglas, sino de principios técnicos, fruto de la experiencia de la vida jurídica y sólo cognoscibles a través de ésta.
Ya la utilización de la palabra “principios” es pauta indicadora de su carácter básico, de puntos de apoyo para todo el sistema del ordenamiento jurídico, al que también imprimen todo su sentido. El calificativo “generales” significa que no se refieren ya y solamente a un precepto concreto sino que “organizan y dan sentido a muchos”. Al decir que son principios “del derecho” se significa su carácter de fórmulas técnicas del mundo jurídico y no criterios de índole moral o de inciertas y vagas directivas.
Los principios, además de actuar como soportes del ordenamiento, ofician de animadores de él, al evitar su agotamiento, y le prestan todo su sentido. Se caracterizan estos principios por su dinamicidad, su innovación y su evolución incesantes. Son fruto de la propia vida jurídica y tienen, por tanto, dos fórmulas principales de manifestarse: la práctica del derecho y especialmente la jurisprudencia –que es la práctica dotada de una mayor autoridad y a la vez con más capacidad conformadora de la aplicación futura- y la doctrina, o la ciencia jurídica, en su tarea iluminadora del sistema institucional del ordenamiento, explicando sus conexiones propias y permitiendo con ello un funcionamiento más afinado de él (García Enterría).
El desarrollo del proceso permite observar un conjunto de principios que estructuran las denominadas reglas adjetivas del procedimiento. Es el ritual, propiamente dicho. El reflejo de cómo se hace un proceso a partir de la orientación que fundamenta cada sistema jurídico procesal.
Son principios porque deben estar siempre presentes. Más que reglas técnicas, son imperativos de la conducta que guía el procedimiento de jueces y abogados. Por eso, también se puede presentar como garantías procesales o jurisdiccionales. Dicho en otros términos, constituyen los resguardos y reaseguros que tiene el justiciable para encontrar respuesta segura en los tiempos puntuales cuando necesita de la protección jurisdiccional.
Por eso, se pueden encontrar principios en la acción o al tiempo de entrar al proceso (acceso a la justicia), cuando se debate en el proceso (o reglas técnicas que estructuran el ordenamiento procesal) y en la eficacia de la jurisdicción (sentencia fundamentada).
El proceso es el género, mientras que el procedimiento es una especie de aquel. Esta división nos lleva a explicar los principios obrantes en cada uno.
Los principios son un medio efectivo para llevar a la práctica a través de las decisiones y actos los valores que se desea promover. Estos principios deben cumplir con condiciones como el de expresar lo necesario para respetar valores morales objetivos, universales (siempre válidos), se deben expresar en términos positivos y se deben expresar con palabras propias.
Los principios son importantes procesalmente hablando porque cumplen funciones importantes, como ser el hecho de que son la base para que el legislador redacte las normas jurídicas procesales. Estos principios son de diversa índole y el legislador puede elegirlos y seleccionarlos para utilizarlos como base de la norma jurídica. Algunos están consagrados en la Constitución Política, de manera que en esos casos, el legislador no puede elegir sino que tiene que someterse a ellos al elaborar la norma. Por otro lado facilitan la labor comparativa ya que por medio de la identificación de los principios que se siguen en un determinado momento, es posible identificar las características del sistema procesal vigente en un momento histórico y lugar determinado. Además contribuyen a dirigir la actividad procesal. Los principios procesales orientan al operador del derecho en la función interpretativa de la ley y también lo auxilian en la labor de integración de la misma.
La ley escrita, se hace en tiempo pasado, una vez promulgada se queda estática en el tiempo y responde a la concepción del momento de su creación y no abarca todas las posibilidades, casos o eventos que se dan a consecuencia de la interrelación intersubjetiva, de ahí que hechos que surgen como nuevos resultan ser desconocidos para las normas y por tanto se producen dificultades a los administradores de justicia a momento de resolver los procesos, entonces se pueden presentar en mi criterio tres posibilidades, la primera que haya contradicción entre principios y reglas, la segunda que haya choque entre reglas y la tercera que se presenten vacíos legales, en todas estas probabilidades y otras que pudieran presentarse no se puede quedar el juzgador estático, por el contrario cada caso en concreto tiene que ser resuelto, para ello una de las alternativas son la aplicación de los principios que el Juez debe tomar en cuenta al interpretar y aplicar la ley Procesal para hacer efectivos los derechos reconocidos por la Ley Sustantiva a través del proceso, conforme lo reconoce el Art. 6 del CPC. Los principios son las directrices u orientaciones generales en los que está inspirado el CPC, son su base y su soporte; suponen un límite a la acción arbitraria del legislador y del juez.
La Constitución –desde una perspectiva jurídica– es la Ley suprema y fundamental del ordenamiento jurídico del Estado, que consigna normas que regulan el sistema constitucional, lo que supone que debe proclamar los valores supremos y principios fundamentales sobre los que se organiza y estructura el Estado; consagrando los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas; delimitando la estructura social, económica, jurídica y política; definiendo su régimen de gobierno, junto al establecimiento de los órganos específicos a través de los cuales se ejercerá el poder político, determinando su estructura, organización y el ámbito de sus competencias. Es Ley Suprema, porque se sitúa por encima de toda otra disposición legal que integra el ordenamiento jurídico del Estado, y asimismo, es Ley Fundamental, porque tanto las disposiciones legales ordinarias emanadas del Órgano Legislativo, del Órgano Ejecutivo, así como de los órganos de los gobiernos autónomos y las autoridades públicas, judiciales y/o administrativas, tienen su fundamento y fuente de legitimación en las normas de la Constitución.
La CPE, promulgada el 7 de febrero de 2009 como rasgos caracterizadores del neo constitucionalismo, los siguientes:
Asume su condición de Estado Plurinacional, que supone la integración de las naciones y pueblos indígena originario campesinos al sistema constitucional, con el reconocimiento de su derecho de auto gobernarse, de su territorio propio, de su régimen económico, de su idioma, y de su sistema jurídico.
Se reconoce que el Estado no posee el monopolio en la producción del Derecho y han asumido como base de organización de su estructura jurídica el pluralismo jurídico. Esto supone, de un lado, la integración de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho interno con fuerza normativa y efecto vinculante para todas las autoridades del Estado, de manera que tienen aplicación directa; y de otro, el reconocimiento del sistema jurídico de las naciones indígena originario campesinos, un sistema jurídico constituido por normas del Derecho consuetudinario y la jurisdicción indígena o justicia comunitaria, como es el caso del Estado Boliviano.
Se han profundizado el proceso de positivación y judicialización de los derechos humanos; ampliando los catálogos de los derechos fundamentales -con la consagración de los derechos económicos, sociales y culturales, así como de los derechos colectivos o de los pueblos, especialmente de las minorías étnicas y culturales; y de otro, creando garantías jurisdiccionales para la protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionalizados en los casos de restricción o supresión ilegal o indebida-.
El sistema constitucional esta sobre la base del principio de la supremacía constitucional y se ha dotado de fuerza normativa y vinculante a la Constitución; asimismo se han dotado de un sistema especializado de defensa de la Constitución como es el Tribunal Constitucional cuyo objeto principal es constitucionalizar todo el ordenamiento jurídico del Estado y proteger de manera efectiva y oportuna los derechos humanos de las personas frente a las acciones y omisiones ilegales o indebidas que las restringen o suprimen.
Por ello el Tribunal Constitucional da primacía a los principios frente a las reglas –aquí radica la importancia de esta cita con relación a los principios- y se utilizan con frecuencia la técnica de la ponderación en la interpretación constitucional, asimismo aplican el principio de proporcionalidad y el test de razonabilidad para resolver los conflictos constitucionales, especialmente en aquellos casos en los que se produce una antinomia o conflicto entre principios, entre derechos o de éstos con los principios o valores supremos.
El ordenamiento jurídico y en particular el Código del Proceso Civil (CPC) tienen como base la Constitución, entonces su aplicación es preferente y obligatoria por parte de autoridades y particulares. La CPE contiene un conjunto de valores supremos, principios fundamentales, derechos y garantías constitucionales, que con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos conforman el bloque de constitucionalidad, que tienen aplicación directa en la resolución de conflictos emergentes entre Estado y particulares, o de éstos entre sí.
Constitucionalmente se reconoce que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. (Art. 178 CPE).
Me parece pertinente tocar este aspecto, porque se vincula con el objeto deltrabajo y es importante su conocimiento de manera general. Entonces tenemos que los tribunales se encuentran sometidos al imperio de la ley, en consecuencia, están obligados a aplicar las disposiciones domésticas. Empero desde que el Estado suscribe un compromiso internacional, se generan obligaciones que deben ser cumplidas por los funcionarios encargados de cumplir y hacer cumplir la ley, aún en desmedro de las propias disposiciones legales internas.
A este respecto, debe recordarse que el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados prescribe: Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. A partir del momento en que un Estado suscribe un tratado, y más específicamente, a partir del momento en que Bolivia suscribió la CADH, los funcionarios judiciales han dejado de ser jueces de sus respectivos ámbitos de competencia territorial, para pasar a ser jueces de una comunidad internacional que se encuentra regida por tratados que regulan determinadas materias. De tal manera que el incumplimiento o inobservancia de ese funcionario judicial a las cláusulas convencionales o la interpretación que de las mismas hayan hecho los organismos encargados de su aplicación, implica responsabilizar al Estado por el incumplimiento. Rige además el principio del derecho internacional pacta sum servanda, el cual indica que los tratados deben ser cumplidos de buena fe y en el sentido más conveniente para los fines que los Estados tuvieron en cuenta al momento de su celebración.
El control de convencionalidad, corresponde a todos los órganos del poder público del Estado, tanto a nivel nacional como en sus niveles inferiores de distribución político territorial -departamentos, provincias, municipios y otros-, con independencia de la responsabilidad internacional del Estado Nacional. Este control de convencionalidad, se realiza teniendo como parámetro a la CADH en los términos interpretados por la Corte IDH, es decir, la CADH y a su jurisprudencia. De allí, que todos los actos y actividades del Estado estén sometidos a este control, comenzando por la propia Constitución y las leyes, los actos administrativos, las sentencias y en general, todos los demás actos estatales.
Se trata entonces de la consecuencia de la supremacía del tratado sobre derechos humanos y de las obligaciones que de este se derivan para el Estado parte -como es Bolivia- en todas sus expresiones. De manera similar a la supremacía de la Constitución tanto formal como de sus contenidos materiales en el orden interno, en los términos –vinculantes- interpretados por el Tribunal Constitucional, el Tratado sobre derechos humanos es norma superior del ordenamiento jurídico, en los términos interpretados auténticamente por el Tribunal Internacional competente, en este caso, por la Corte ID.
La propia Corte IDH ha definido los alcances del control de convencionalidad en el caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú en los siguientes términos: Es el control que pueden y deben ejercer los órganos de la justicia nacional con respecto a actos de autoridad entre ellos, normas de alcance general, conforme a las atribuciones que les confieren los ordenamientos a los que se hallan sujetos y las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos, a las que se encuentran vinculados por diversos actos de carácter soberano ratificación o adhesión a un tratado, reconocimiento de una competencia los Estados a los que corresponden esos órganos nacionales.
La Corte IDH se hace cargo por primera vez del deber de los jueces de efectuar control de convencionalidad en el caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, del 26 de septiembre de2006. Allí dijo: Si un Estado ha ratificado la CADH, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que, desde un inicio, carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la CADH.
Sin embargo, esta especie de control de convencionalidad, fue precisada por la CIDH en Trabajadores Cesados del Perú, resuelta el 24 de noviembre de 2006: Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. El Congreso funge en el deber de ejercer no solo el control de constitucionalidad, sino también el de convencionalidad, aún de oficio, es decir, sin necesidad que exista petición de parte interesada, lo que incuestionablemente constituye una fuerte y terminante definición por parte del máximo organismo regional de protección de los derechos humanos.
El control de convencionalidad no debe agotarse en la mera aplicación de la CADH, sino que también debe consistir en que: El Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.
En términos generales, no existen discrepancias acerca de la supremacía del derecho internacional de los derechos humanos con relación a la legislación infra constitucional, de tal manera que si existen contradicciones entre ambas, es esta última la que debe ceder.
Si bien es evidente que el CPC, señala cuales son los principios del proceso civil, estos no son limitativos -este trabajo no se limita a ellos- e inclusive dentro del desarrollo del propio código hay otros principios inmersos y también se consideran otros que son constitucionalmente reconocidos, además de los previstos en convenios y tratados internacionales y la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que son aplicables en la puesta en práctica del CPC. Por ello, no voy a ingresar a especificar cuáles son principios constitucionales, generales del proceso, del procedimiento u otros y me abocare a desarrollar cada principio de manera general.
Constitucionalmente el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. (Art. 12.I CPE). La independencia es un principio sobre los que se sustenta la facultad de impartir Justicia que emana del pueblo boliviano. Constituyen garantías de independencia judicial, el desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial y la autonomía presupuestaría de los órganos judiciales. (Art. 178 CPE).
Estas declaraciones son el reconocimiento para separar las funciones orgánicas del Estado, legislativa, ejecutiva, judicial y electoral, se orienta a eliminar las tiranías y el despotismo que han sido el azote de la humanidad en todos los tiempos y que da lugar al desconocimiento parcial o total de los derechos de las personas para la tutela de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. El art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial…”
El Art. 3 de la Ley del Órgano Judicial reconoce, entre otros, el principio de la independencia judicial, según el cual la función judicial no está sometida a ningún otro órgano del Poder Público. Por su parte, el art. 8 del CPC prevé que Las autoridades judiciales son independientes en el ejercicio de sus funciones y están sometidas solo a la Constitución y a las leyes.
Este principio exige que se adopten por los órganos de poder las medidas necesarias y oportunas para que el órgano judicial y sus miembros administren justicia en sujeción a la Constitución y los convenios y tratados internacionales (bloque de constitucionalidad), sin que sea posible o se permita la injerencia de extraños, este principio tiene dos dimensiones, una primera, de acuerdo a esta dimensión, la autoridad jurisdiccional en el desarrollo de sus funciones no puede estar sujeto o sujetarse -en su caso- a interés alguno que provenga de fuera del órgano, ni admitir presiones para resolver en determinado sentido. Las decisiones no pueden depender de la voluntad de los otros órganos de poder, partidos políticos, organizaciones sociales, medios de comunicación social u otras personas (particulares, autoridades o políticos en general). La otra dimensión, la interna, importa que dentro de la organización judicial el juzgador no se someta a intereses internos de órganos o personas que la integran el órgano, siempre que no sean objeto de un medio impugnatorio reconocido procesalmente.
La independencia no sólo es una garantía para los litigantes, es un atributo y a la vez un deber, un mandato inexcusable del juzgador que nace de la soberanía del pueblo y se la consagra en la Constitución.
Es muy conocido a nivel internacional, que la estabilidad laboral y la no periodicidad del puesto, es el mejor aliciente para tener y mantener jueces correctos, probos y bien incentivados con su trabajo, pues no se tratará de jueces temporales con su duración en el cargo, que en su momento buscarán asegurar su vida.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la Corte Europea, así como los principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura de Naciones Unidas, coinciden en afirmar la importancia de garantizar procesos claros de nombramiento y destitución de jueces y el estricto respeto a la garantía de estabilidad, como corolario de la independencia judicial.
Si el juez es independiente, y si además es imparcial, se constituye no sólo en el pilar de las de Glasgow en su libro “La Riqueza de las Naciones” señalaba: “…allí donde se respetan los contratos allí donde las naciones florecen…” Reflejaba entonces una máxima muy simple “si hay un poder judicial sólido e independiente, hay seguridad jurídica, hay ahorro y hay inversión, y por tanto hay trabajo, y en consecuencia desarrollo”.
La oralidad, es la estrella del nuevo código porque supone la incorporación de la oralidad en el nuevo modelo del proceso civil, esto significa una metamorfosis absoluta sobre lo que hemos estado haciendo hasta el momento en esta materia.
Señala Chiovenda (jurista italiano), que en la actualidad es difícil concebir un proceso oral puro y uno de escritura puro, pues los sistemas en los que predomina la oralidad admiten la escritura en algún grado y aquellos en los que predomina la escritura también admiten la oralidad con respecto a algunos de los actos procesales. En los hechos en el CPC, es un procedimiento mixto, con predominio de la forma oral, pero con la participación más o menos acentuada en forma escrita, como es el caso de la demanda, de tal forma que se precise los hechos y las pretensiones que van a constituir el litigio, también la respuesta y en el caso del proceso ordinario la reconvención, otras actuaciones como las excepciones, las tercerías, las resoluciones judiciales, en la transacción, en el desistimiento, en los medios de impugnación, en la compulsa, en las medidas cautelares, en los incidentes.
La oralidad es el mito perseguido en materia procesal civil y con él la finalidad de acortar el proceso, en torno a la oralidad se han proliferado obras, congresos e incluso códigos en otros países ( en el caso nuestro el procedimiento penal y algunos procedimientos previstos en la ley 1760 de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar), si bien los teóricos están convencidos de la oralidad, los prácticos no, la realidad es diferente o terca porque una cosa son las aspiraciones teóricas y otra es la que ocurre en la práctica, en la experiencia de otros países y en el nuestro no se ha logrado el acortamiento de la duración de los procesos, las respuestas pasan por algunos factores entre otros, como el número insuficiente de jueces al menos en primera instancia, la infraestructura inadecuada, un insuficiente presupuesto asignado al órgano judicial, las soluciones planteadas por los teóricos de la oralidad no van más allá de la retórica o del verbalismo. Hasta ahora el mito de la oralidad como sinónimo de eficacia, eficiencia y economía en la duración de los procesos ha sido perseguido pero no alcanzado, esperemos que estas previsiones sean tomadas en cuenta y una vez este en plena vigencia el Código Procesal Civil, se alcance el objetivo pretendido en la teoría.
El proceso se realiza procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales. El Juez dirige el proceso tendiendo a una reducción de los actos procesales, sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones que lo requieran.
El Principio de Inmediación, tiene por objeto que el Juez quien va en definitiva a resolver el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica, tenga el mayor contacto posible con todos los elementos subjetivos (intervinientes) y objetivos (documentos, etc.) que conforman el proceso. La cercanía puede permitir proporcionar mayores o mejores elementos de convicción para expedir un fallo que se adecue a lo que realmente ocurrió.
Determina la conjunción de la actividad procesal en el menor número posible de actos, para evitar su dispersión. Este principio es una consecuencia lógica del principio anterior. “Es natural que dicha concentración se cumpla fundamentalmente por medio de la audiencia, y en ella se realiza lo esencial del procedimiento en un solo acto, pues se concentran la recepción de la prueba, el debate oral y la sentencia. De ese modo es como el tribunal puede tener una cabal y completa aprehensión de las cuestiones para decidir”. Este principio se da con mayor esplendor en el proceso oral o por audiencia.
La publicidad exige como condición indispensable la difusión de la actividad procesal, salvo que la autoridad judicial decida lo contrario cuando la ley lo determine. Hay que tomarlo en sentido contrario a reservado e importa que no haya administración de justicia secreta, ni procesos y/o procedimientos ocultos, ni resoluciones sin antecedentes, ni motivaciones. La publicidad contiene en esencia la discusión de las pruebas, la motivación de la resolución y su publicación, la intervención de las partes y a los actos de comunicación procesal con las resoluciones dictadas en un proceso. Este principio, admite excepciones, las que van a depender menos del proceso y más de la naturaleza de la pretensión que se discute.
La actividad procesal es una función pública y constituye una garantía de su eficacia de los actos que la conforman se realicen en escenarios que permitan la presencia de quien lo desee.
La autoridad judicial, en los procesos deberá actuar con arreglo a lo dispuesto en la ley. Este principio no sólo tiende a la protección del particular o a la determinación de sus derechos, sino también a la defensa de la norma jurídica objetiva, con el fin de mantener el imperio de la legalidad y justicia, o sea, que se trata de medios dados por el ordenamiento jurídico no sólo para tutelar los derechos e intereses de los particulares sino también en el interés público de una objetiva administración de justicia. Este principio explica por qué la autoridad jurisdiccional tiene que actuar; por qué debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal; facilitando de esta manera el control de la actividad jurisdiccional, todo lo cual contribuye a mantener la legalidad objetiva.
En este principio está inmerso el debido proceso y este es el conjunto de las garantías que protegen a las personas que están sujetas a un proceso y le aseguran en el desarrollo del mismo una objetiva administración de justicia, la seguridad jurídica y la debida fundamentación de las resoluciones judiciales objetivamente y conforme al ordenamiento jurídico vigente en ese momento. Satisface los requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para garantizar la prevalencia del derecho sustancial.
El debido proceso se viola cuando se dan algunos defectos como ser el sustancial que equivale a que una resolución judicial se funde en una norma inaplicable al caso concreto. El fáctico que el fundamento probatorio o factico de la decisión sea inadecuado al caso que se resuelve. Orgánico, cuando el funcionario carece de competencia para conocer y resolver el proceso. Procedimental, cuando el juzgador se desvía por completo del procedimiento previsto legalmente para dar curso al traite de cuestiones determinadas.
El proceso se construye en función al poder de disposición de la pretensión de los sujetos implicados en la tutela jurisdiccional. Se contrapone a este principio el inquisitivo. Este principio tiene dos componentes, el primero relacionado a que corresponde a las partes el inicio del proceso civil a través de la demanda y en ella sus pretensiones -sin iniciativa de la parte interesada, no hay demanda y en consecuencia no hay proceso-, son las partes las que aportan los hechos al proceso en la forma y en la medida que les interesa, configurando así su objeto y ello vincula incluso al Juez que viene obligado a fallar; en su caso tienen la facultad de desistir, conciliar o transar sobre ella y el segundo corresponde solicitar y presentar por las partes las pruebas pertinentes al objeto del proceso y al juez si el caso amerita requerir de oficio la producción de las pruebas, esta parte tiene estrecha relación con el principio de verdad material
Consiste en la potestad de la autoridad jurisdiccional para encaminar las actuaciones procesales de manera eficaz y eficiente y ordena a las partes, sus apoderados y abogados al cumplimiento de las disposiciones legales.
El Juez debe impulsar el proceso, el principio de Dirección, también denominado Principio de Autoridad. Dentro de la concepción del proceso civil, el Juez es el director del proceso, por tanto su actitud tiene que ser activa, no puede tener una actitud pasiva, por el contrario el Estado se halla interesado en el proceso civil en busca de justicia para los que participan en este tipo de litigios y que los pleitos se realicen lo más rápidamente posible.
El Principio de Impulso Procesal por parte del Juez, es una manifestación concreta del Principio de Dirección, es la aptitud del Juez para conducir autónomamente el proceso, vale decir, en su caso sin necesidad de intervención de las partes, para la consecución de sus fines.
Faculta a la autoridad judicial para adoptar decisiones destinadas a subsanar defectos procesales en la tramitación de la causa, siempre que no afecten los principios del debido proceso y de la seguridad jurídica, de manera que se concluya la tramitación de la causa con la debida celeridad procesal.
En virtud de este principio el juez tiene las facultades suficientes para resolver todas las cuestiones referentes o susceptibles de entorpecer el pronunciamiento sobre el mérito de la causa o de determinar, en su caso, el inmediato pronunciamiento sobre el fondo de la causa. En la aplicación de este principio también tienen parte activa las partes con la función saneadora del proceso a través del régimen de nulidades, sin perder de vista que estas últimas son relativas y deben cumplir con los presupuestos previstos en los Arts.105, 107, 108 y 109 del CP Cl.
El proceso civil es gratuito, siendo esta la condición para hacer realidad el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Se desconoce la existencia de un país en donde la justicia civil sea totalmente gratuita. La justicia, no como valor, sino como intento de realización humana es un servicio. El sentido de este principio es que por razones económicas se impida el acceso a la jurisdicción, ya que este es un derecho subjetivo de toda persona que no puede verse limitado por el condicionamiento de pago de impuestos, timbres, valores, transporte y otros.
Se considera que la justicia civil es un servicio público, entonces debe tener un costo para quien se sirva de él, empero el objetivo del proceso actual es bajar lo más posible estos costos por las razones anotadas.
La economía del tiempo procesal está edificada sobre un conjunto de institutos orientados a conseguir una pronta solución de las contiendas judiciales, impidiendo la inercia de las autoridades judiciales, partes, abogados y servidores judiciales. El Juez no podrá aplazar una audiencia o diligencia ni suspenderla salvo por razones que expresamente autorice el código.
El Principio de Celeridad, es la expresión concreta de la economía por razón de tiempo, se pretende evitar pérdidas de tiempo, esfuerzos y gastos. Como ejemplo se tiene la facultad del Juez de observar la demanda cuando no reúne los presupuestos legales y ordenar se la subsane y en su caso rechazarla si es improponible (Art. 113 CPC), la inadmisibilidad de pruebas impertinentes (Art. 142 CPC) y el rechazo de incidentes inconducentes o manifiestamente improcedentes (Art. 340 CPC), la restricción de los recursos de apelación y casación y otras disposiciones semejantes, esto para no recargar el trabajo del juzgador y darle más agilidad a los procesos.
Principio que se desprende del art. 1 de la Norma Suprema y que está expresamente previsto en el art. 178 de la Ley Fundamental. La autoridad judicial en el desarrollo del proceso deberá considerar que el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, permiten la convivencia de una diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística. Este principio tiene relación con el pluralismo jurídico y tiene su expresión en el Art. 25-5 del CPC cuando al referirse a la obligación de los jueces, señala: “En la audiencia deberán tomar en cuenta la cosmovisión de las personas que intervienen en la misma, velando por el respeto de sus tradiciones y costumbres; así como la comprensión adecuada de la realidad donde desempeña sus funciones”.
Este principio tiene directa referencia al reconocimiento expresado en la Constitución ´por parte del Estado boliviano, de distintas culturas, pueblos y naciones ancestrales de carácter indígena originario campesino, cuyos miembros son personas que tienen iguales derechos y obligaciones como todos los demás, por lo que merecen igual tutela judicial en caso de estar sujetos a una controversia que está bajo la competencia de la jurisdicción ordinaria. También la diversidad normativa y lingüística importa la garantía jurisdiccional de un traductor o intérprete, prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene que observada en procesos civiles.
Los actos procesales se caracterizan por otorgar a las partes información útil y fiable facilitando la publicidad de los mismos, con el objeto de que la jurisdicción cumpla con la finalidad de proteger derechos e intereses que merezcan tutela jurídica.
Este principio garantiza la eficacia del derecho de acceso a la información de los justiciables, respecto de las causas o procesos judiciales en los que estén inmersos. El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental, protegido por tratados de derechos humanos y que en Bolivia estamos obligados a respetarlo.
El derecho de acceso a la información es una eficaz herramienta para el control ciudadano sobre el funcionamiento del Estado y la gestión pública, importante en el caso que nos ocupa, como es la administración de justicia, para que el acceso a la justicia y el beneficio de un debido proceso beneficie a todos y en especial de los grupos más vulnerables.
La transparencia es un factor importante para fiscalizar la buena gestión de las autoridades judiciales y en general de todos los funcionarios públicos. El ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información es una garantía para evitar abusos de funcionarios judiciales y promueve la transparencia en el ámbito judicial, previniendo irregularidades.
La autoridad judicial durante la sustanciación del proceso tiene el deber de asegurar que las partes, estén en igualdad de condiciones en el ejercicio de sus derechos y garantías procesales, sin discriminación o privilegio entre las partes. Importa que las partes dispongan de las mismas oportunidades para formular sus cargos y descargos y ejercer sus derechos y garantías para demostrarlos. El Juez como director del proceso, está facultado a actuar para prevenir y parar que la desigualdad en que las partes concurren al proceso, sea determinante para que los actos procesales o la decisión final estén orientados a vulnerar lo que es el valor justicia.
En los hechos importa que toda petición o pretensión formulada por una de las partes en el proceso, tiene que ser comunicada a la parte contraria para que pueda ésta prestar a ella su consentimiento o formular su oposición. Las aplicaciones más importantes se este principio son: el traslado y citación con la demanda, plazo al demandado para comparecer y contestar, comunicación de las pruebas, traslado con los incidentes, oportunidad para ambas partes en presentar sus conclusiones. Este principio tiene algunas excepciones como es el caso de las medidas cautelares (la unilateralidad es su característica), el recurso de reposición según el Art. 254-II del CPC, el incidente manifiestamente improcedente como lo señala el Art. 340. Este principio está considerado también como una garantía específica del proceso, se encuentra establecido como derecho fundamental de la igualdad de los ciudadanos ante la Ley y prohíbe todo tipo de discriminación por cualquier causa según los señala el Art. 6 de la Constitución Política del Estado. La transposición procesal de éste principio se traduce en garantía de la igualdad de las partes en el proceso.
Solo como ejemplo de desigualdad citare que en casos donde están involucradas instituciones del Estado, donde como consecuencia de un proceso pierden, no se condena en costas, mientras que el particular si está obligado a cubrir las costas procesales, este presupuesto previsto sobre todo en la jurisprudencia del tribunal constitucional plurinacional es una vulneración a este principio. En este caso corresponde reponer esta desigualdad y para que el Estado no sufra daños se tiene que aplicar en la práctica la garantía constitucional de la responsabilidad, donde el funcionario público que es el responsable del proceso, consecuentemente de ese daño al Estado, es el responsable del daño ocasionado y de las costas que afecten al Estado y se tiene que repetir contra el o los responsables de la pérdida del proceso. Lo contrario importa seguir fomentando el expediente fácil al que acuden algunos funcionarios de iniciar procesos, formular denuncias alegremente, sabiendo que no serán afectados, mientras que los particulares tienen que bancarse un proceso, asumiendo los costos del mismo, aún cuando salgan victoriosos.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional también se ha referido a la igualdad, expresando lo siguiente: “En primer lugar, debe tomarse en cuenta que la igualdad, en su genuino sentido, no consiste en la ausencia de toda distinción respecto de situaciones diferentes, sino precisamente en el adecuado trato a los fenómenos que surgen en el seno de la sociedad, diferenciando las hipótesis que exigen una misma respuesta de la ley y de la autoridad, pues respecto de estas, la norma razonable no debe responder al igualitarismo ciego -lo que quebrantaría la igualdad- sino primordialmente al equilibrio que impone un trato diferente para circunstancias no coincidentes, lo que significa que la igualdad no consiste en la identidad absoluta, sino en la proporcionalidad equivalente entre dos o más entes, es decir, en dar a cada cual lo adecuado según las circunstancias de tiempo, modo y lugar”.
Exige realizar actividades conjuntas, dentro de un mismo plazo, aun cuando sean excluyentes, contrarias e incompatibles. Este principio también conocido como el de preclusión, está ligado con la diferencia -a veces sutil-, que existe entre una estrategia procesal y una conducta maliciosa. Su finalidad es buscar orden, claridad y rapidez en el proceso y en el proceso oral suele ser parcialmente riguroso.
Establece las fases en primera y segunda instancia y en casación, distribuye las oportunidades de ejercer ya sea la defensa o el ataque, que pueden ser utilizados en uno solo de los momentos preestablecidos, aun cuando sus efectos sean para el futuro.
Dice Couture “en un proceso de desenvolvimiento discrecional, siempre sería posible retroceder a etapas ya cumplidas; en cambio en un proceso dominado por el principio de preclusión –eventualidad-, extinguida la oportunidad procesal para realizar un acto, ese acto ya no podrá realizarse más”.
Las partes tienen derecho a exponer sus argumentos y rebatir los contrarios y producir sus pruebas. Este principio tiene como fuente la disposición constitucional que consagra la inviolabilidad de la defensa en juicio También se le conoce como Principio de Bilateralidad, consiste en que todos los actos del proceso deben realizarse con conocimiento de las partes, aun cuando más específicamente queremos decir que todo acto procesal debe ocurrir con la información previa y oportuna al contrario.
Lo trascendente es el conocimiento y que sea oportuno. Este principio se halla ligado al objeto de la notificación. Este principio genera un método que es el contradictorio, esto es, el método por el cual ante cada oportunidad procesal que la Ley confiere a una de las partes, otorga una similar a la contraparte.
Este principio de bilateralidad y el método que él genera, el contradictorio, tiene su expresión en el proceso de conocimiento. En esta clase de procesos, la alternancia de las partes aparece como perfecta; a la demanda del actor corresponde la contestación del demandado, ambas partes producen los medios de prueba que han propuesto respectivamente en uno y otro de sus escritos de proposición; ambas y por su orden pueden presentar sus alegatos en conclusiones, etc. Ambas partes tienen la oportunidad de intervenir.
En algunos procesos especiales, tales como por ejemplo, en los procesos de ejecución y en los voluntarios, el principio de contradicción se atenúa.
En estos casos el Tribunal en forma inicial provee sobre el fondo, sobre la pretensión misma porque la pretensión concreta en la demanda está dotada de una fuerte presunción de fehaciencia. La vinculación de este principio con el del debido proceso legal es indudable.
Este es otro principio estrella, que si se aplica objetiva y razonablemente, los resultados serán positivos. La autoridad judicial deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar las medidas probatorias necesarias autorizadas por la Ley, aun cuando no hayan sido propuestas por las partes. Es contrapuesto al principio de la verdad formal; en el proceso civil el magistrado debe juzgar de acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, las que, a su vez, tienen que limitarse sólo a los hechos controvertidos en que haya quedado trabada la litis. Empero obliga a jueces a no subordinar el valor justicia a formalismos y ritualismos procedimentales; de manera que la proposición y producción de la prueba puede hacerse hasta antes de que se pronuncie sentencia o resolución den grado y esta no se rechace por el formalismo del plazo, la condición en aplicación del principio es que esta sea pertinente al objeto del proceso y de esta manera permita llegar a la verdad material.
También se da otro presupuesto y se da en el caso de que los elementos probatorios que las partes suministren al juzgador no sean suficientes para formular una resolución adecuada, podrá él procurárselos de oficio, de tal manera que llegue a una objetiva determinación y al conocimiento y comprobación de los datos que debe tomar en consideración. En aplicación de este principio la jurisprudencia constitucional está orientada hacia el logro de la justicia material frente a la justicia forma, es decir obliga a los jueces a que en la sustanciación y resolución de un proceso judicial, orienten su accionar a que impere la norma sustantiva frente a una norma procesal -lo sustancial tienen mayor valor que lo formal-, este principio previsto en la norma constitucional es de aplicación imperativa y no se reduce solo al proceso civil, también importa los otros procesos judiciales y administrativos. Si la resolución no se ajusta a los hechos materialmente verdaderos, esta podría estar viciada por esa sola circunstancia.
Entre los principios de la jurisdicción ordinaria consagrados en la Constitución Política del Estado, en el art. 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal.
Acorde con dicho criterio, la SCP 0144/2012 de 14 de mayo, estableció: la estructura del sistema de administración de justicia boliviano, no pueda concebirse como un fin en sí mismo, sino como un medio para obtener el logro y realización de los valores constitucionales, por otra parte, impele a reconocer la prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo o sobre las formas procesales, que a su vez y en el marco del caso analizado obliga a los administradores de justicia entre otros a procurar la resolución del fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia dejando de lado toda nulidad deducida de formalismos o ritualismos procesales que impidan alcanzar un orden social justo en un tiempo razonable.
Sobre la justicia material frente a la formal, en la SC 2769/2010-R de 10 de diciembre, se sostuvo lo siguiente: El principio de prevalencia de las normas sustanciales implica un verdadero cambio de paradigma con el derecho constitucional y ordinario anterior, antes se consideraba el procedimiento como un fin en sí mismo, desvinculado de su nexo con las normas sustanciales, en cambio, en el nuevo derecho constitucional, las garantías del derecho procesal se vinculan imprescindiblemente a la efectividad del derecho sustancial, puesto que no se trata de agotar ritualismos vacíos de contenido o de realizar las normas de derecho sustancial de cualquier manera.
'Lo que persigue el principio de prevalencia del derecho sustancial es el reconocimiento de que las finalidades superiores de la justicia no puedan resultar sacrificadas por razones consistentes en el culto ciego a reglas procesales o a consideraciones de forma, que no son estrictamente indispensables para resolver el fondo de los casos que se somete a la competencia del juez' (BERNAL PULIDO Carlos, El Derecho de los derechos, Universidad Externado de Colombia, pág. 376).
La Corte Constitucional de Colombia, en la S-131 de 2002, afirmó que las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico en lo que atañe a trámites y procedimientos están puestas al servicio del propósito estatal de realizar materialmente los supremos valores del derecho, y no a la inversa. O, en otros términos, las formas procesales no se justifican en sí mismas sino en razón del cometido sustancial al que pretende la administración de justicia'.
Resumiendo lo precedentemente señalado, se debe puntualizar que el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez.
Se tiene que considerar también que la aplicación del principio de la verdad material tiene sus límites:
El primer límite es el derecho fundamental de una persona que es parte del proceso judicial; lo que significa que, no se puede sacrificar un derecho fundamental a título de aplicar el principio de la verdad material; pues de presentarse un conflicto o antinomia entre el principio de verdad material y el derecho fundamental de una de las partes del proceso el Juez o Tribunal tiene que aplicar el principio de ponderación de bienes o técnica de la ponderación para el caso específico.
El segundo límite se refiere a que la aplicación del principio de verdad material no puede desconocer derechos constituidos o derechos adquiridos; por lo tanto no puede anularse obrados en un proceso con la sola invocación del principio de verdad material, desconociendo la preclusión procesal –eventualidad- y los actos consumados; salvo que existan defectos no susceptibles de convalidación.
El tercer límite tiene relación a que tampoco puede desconocer la cosa juzgada, con la aplicación del principio de la verdad material.
Un cuarto límite se refiere al hecho de que no puede oponerse al poder de disposición de las partes sobre derechos disponibles sustantivos o adjetivos, como son el retiro de la demanda, el desistimiento, la conciliación y la transacción entre otros.
PRINCIPIOS DE BUENA FE Y LEALTAD PROCESAL
El proceso es un instrumento, una herramienta del Estado para solucionar conflictos con sujeción al derecho, y no como un medio para querer hacer valer pretensiones ilegales, injustas o fraudulentas. Por ello, el CPC impone a las partes el deber de comportarse en juicio con lealtad y probidad y a los jueces a reprimir el incumpliendo o vulneración de estos principios (Art. 3 CPC). Este principio abraca a la prohibición en el proceso, de toda sevicia, física o psíquica contra parte o terceros. El principio de probidad procesal, importa no usar argumentaciones fraudulentas; no aprovechar del proceso como un instrumento para cometer fraude.
Exige en la actuación de las autoridades judiciales, partes, representantes, auxiliares de la jurisdicción y terceros que intervienen en el proceso, de conducirse en los actos procesales con buena fe, lealtad y veracidad.
Este principio contiene el conjunto de reglas de conducta presididas por el imperativo ético a los que se deben ajustar los sujetos procesales y todos los que intervienen en el proceso en la calidad que sea y es complementario con los principios que le anteceden.
Se entiende por congruencia o consonancia el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes, para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones propuestas.
Este no es un principio exclusivo para las sentencias, sino a toda resolución judicial que deba responder a una instancia de parte, y así lo encontramos en las apelación de autos, que sólo da competencia al Superior para decidir sobre el punto objeto del recurso y en lo desfavorable al recurrente.
En relación con las pretensiones, la incongruencia, tiene 3 aspectos; cuando se otorga más de lo pedido (plus petita o ultra petita), cuando se otorga algo distinto a lo pedido (extra petita), cuando se deja de resolver sobre algo pedido (citrapetita).
Plus petita o ultra petita importa que en la sentencia no se debe otorgar cuantitativamente más de lo pretendido en la demanda, importa la armonía cuantitativa. No afecta al Principio de Congruencia, cuando la sentencia concede menos de lo pretendido por el demandante, porque entonces está resolviendo sobre la totalidad de la pretensión, aunque limitándola a lo que el Juez considera probado; si esta decisión no es adecuada, se habrá violado la ley como resultado de errores en la apreciación de la prueba o en la aplicación de las normas sustantivas o materiales, pero no habrá incongruencia, como tampoco la hay cuando el Juez niega la totalidad de la pretensión.
Se incurriría, en citrapetita, si se deja de resolver sobre el punto pedido; pero puede ocurrir que éste sea negado, en cuyo caso no existirá citrapetita, y que se otorgue en su lugar algo distinto, por lo que habrá extra petita. Citrapetita: Cuando se deja de resolver sobre el litigio o no se resuelve algún punto de la pretensión.
Sobre el principio de congruencia, el Tribunal Constitucional expresa que: implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes.
El proceso tiene dos instancias, salvo disposición legal distinta. Es uno de los principios y derechos de la función jurisdiccional, a nivel constitucional, la instancia plural, la que ha sido entendida que todo proceso debe tener más de una instancia. Sólo en los países en que se ha consolidado procesos de instancia única, son aquellos que han logrado una evolución del Derecho y del proceso, así como un elevado desarrollo en la solución sus problemas básicos.
La Constitución Política del Estado en su art. 115.II garantiza el derecho al debido proceso cuando señala: El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. El CPC en el Art. 4, al referirse al debido proceso señala: Toda persona tiene derecho a un proceso judicial justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido a disposiciones jurídicas generales aplicables a los que se hallen en una situación jurídica similar; comprende el conjunto de requisitos que debe observar toda servidora o servidor judicial en las instancias procesales, conforme a la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos y la Ley. Importa que la actividad jurisdiccional deba estar enmarcada en las reglas de procedimiento establecidas en el mismo Código, pero no es limitativo, sino que necesariamente debe ampliar su visión hacia la Constitución Política del Estado (CPE) y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. La actividad jurisdiccional en todo momento actúa desde y hacia la constitución. Es decir que debe actuar conforme al Bloque de Constitucionalidad, a fin de asegurar el derecho a un debido proceso civil, justo y equitativo para las partes, procurando que las actuaciones procesales sean conforme a los postulados constitucionales.
En ese concepto la jurisdicción constitucional ha desarrollado los elementos que comprenden al debido proceso, así la SC 0119/2003-R de 28 de enero, señalo lo siguiente: comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos', () 'Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales'.
Siguiendo la línea jurisprudencial, la SCP 1913/2012 de 12 de octubre, señalo que: El debido proceso es una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo, así como los presupuestos normativamente pre-establecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones.
Con relación a su naturaleza jurídica, la SC 0316/2010-R de 15 de junio, señaló lo siguiente: 'La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio , un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía'.
Agregando más adelante la mencionada Sentencia Constitucional, establece que: 'Esa doble naturaleza de aplicación y ejercicio del debido proceso, es parte inherente de la actividad procesal, tanto judicial como administrativa, pues nuestra Ley Fundamental instituye al debido proceso como:
2) Garantía jurisdiccional: Asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso como la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir, entre otras, y que se aplican toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes intervinientes en el proceso en aplicación y resguardo del principio de igualdad'.
De lo referido, se infiere que doctrinalmente el debido proceso tiene dos perspectivas, concibiéndolo como un derecho en sí reconocido a todo ser humano y como garantía jurisdiccional que tiene la persona para ver protegidos sus derechos en las instancias administrativas o jurisdiccionales donde puedan verse involucrados, enriqueciéndolo además con su carácter de principio procesal, lo que implica que su aplicación nace desde el primer acto investigativo o procesal, según sea el caso, y debe subsistir de manera constante hasta los actos de ejecución de la sentencia, constituyendo una garantía de legalidad procesal que comprende un conjunto de garantías jurisdiccionales que asisten a las partes procesales, lo que implica que el debido proceso debe estar inmerso en todas las actuaciones procesales ya sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo' (SC 0299/2011-R de 29 de marzo) .
Forma parte consubstancial del Estado de Derecho. La predictibilidad de las conductas –particularmente de los órganos de poder público- frente a los supuestos previamente determinados por el ordenamiento jurídico positivo vigente en un Estado, es la garantía que informa a todo el derecho vigente y consolida la interdicción de la arbitrariedad. Además de ser reconocida como principio en la Constitución vigente desde 2009, también en mi criterio es reconocida la seguridad jurídica como garantía constitucional y como derecho fundamental.
El Art. 14-V constitucional dispone que: Las Leyes bolivianas se aplican a todas las personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano. Este precepto ordena la aplicación objetiva del ordenamiento jurídico y en esta disposición como está redactada está inmersa la seguridad jurídica, a mayor abundamiento está concebida y considerada en las disposiciones generales, capítulo primero de los derechos fundamentales y garantías, consiguientemente es una garantía constitucional y jurisdiccional.
Por otro lado la Constitución Política del Estado abrogada, en el catálogo de derechos fundamentales contenidos en su art. 7-a), establecía que toda persona tiene el derecho: A la vida, la salud y la seguridad. A partir de lo cual, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional estableció la consagración del derecho a la seguridad jurídica como derecho fundamental y lo definió: “como las condiciones indispensables para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que las integran. Constituye la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes puedan causarles perjuicios. A su vez la seguridad delimita y determina las facultades de los deberes de los poderes públicos”. Si bien ahora en la Constitución vigente desde 2009, está consignada como principio la seguridad jurídica y según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional no es tutelable por tal razón. Empero se tiene que considerar que una vez reconocido un derecho como derecho fundamental, no se puede retroceder en esta determinación en razón a que se aplica el principio de inderogabilidad que caracteriza a los derechos humanos. Entonces al haber sido consagrada la seguridad jurídica como derecho fundamental, corresponde seguirle reconociendo ese status jurídico y obrar en consecuencia. A mayor abundamiento en el citado Art. 14-V) de la CPE, se prevé como derecho fundamental a la seguridad jurídica por las razones explicadas precedentemente.
El autor es Magíster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, Magister en Comercio Internacional; Estudios de Pos grado en Derecho Económico, Arbitraje, Derecho Civil, Procesal Civil; Vocal del Tribunal Departamental de Justicia; ex docente de pregrado en la Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Católica Boliviana, Universidad Americana, Universidad Loyola y Universidad Nur; docente de postgrado en: Universidad Andina Simón Bolívar (Sedes La Paz y Sucre), Universidad Mayor San Andrés de La Paz, Universidad Loyola, Universidad Univalle, Universidad Nur de La Paz y del Instituto de la Judicatura; miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales; autor de libros y ensayos sobre Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Procesal Civil y Derecho Económico, e-mail Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. .
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References: resolución 
 artículo 27
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