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Timestamp: 2017-08-21 09:43:39+00:00

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Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (Vigente hasta el 09 de Septiembre de 2010).
Vigencia desde 30 de Abril de 2008. Esta revisión vigente desde 07 de Julio de 2010 hasta 09 de Septiembre de 2010
Artículo 4 Negocios y contratos excluidos
SECCIÓN 1. Delimitación de los tipos contractuales
Artículo 5 Calificación de los contratos
Artículo 6 Contrato de obras
Artículo 7 Contrato de concesión de obras públicas
Artículo 8 Contrato de gestión de servicios públicos
Artículo 9 Contrato de suministro
Artículo 10 Contrato de servicios
Artículo 11 Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado
Artículo 12 Contratos mixtos
SECCIÓN 3. Contratos administrativos y contratos privados
Artículo 18 Régimen aplicable a los contratos del sector público
Artículo 19 Contratos administrativos
Artículo 20 Contratos privados
Artículo 21 Jurisdicción competente
CAPÍTULO VI. Régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y medios alternativos de resolución de conflictos
Artículo 40 Competencia para contratar
Artículo 41 Responsable del contrato
Artículo 42 Perfil de contratante
SECCIÓN 1. Aptitud para contratar con el sector público
Artículo 43 Condiciones de aptitud
Artículo 44 Empresas no comunitarias
Artículo 45 Condiciones especiales de compatibilidad
SUBSECCIÓN 2. Normas especiales sobre capacidad
Artículo 46 Personas jurídicas
Artículo 47 Empresas comunitarias
Artículo 48 Uniones de empresarios
SUBSECCIÓN 3. Prohibiciones de contratar
Artículo 49 Prohibiciones de contratar
Artículo 50 Declaración de la concurrencia de prohibiciones de contratar y efectos
SUBSECCIÓN 4. Solvencia
Artículo 51 Exigencia de solvencia
Artículo 52 Integración de la solvencia con medios externos
Artículo 53 Concreción de las condiciones de solvencia
SUBSECCIÓN 5. Clasificación de las empresas
Artículo 54 Exigencia de clasificación
Artículo 55 Exención de la exigencia de clasificación
Artículo 56 Criterios aplicables y condiciones para la clasificación
Artículo 57 Competencia para la clasificación
Artículo 58 Inscripción registral de la clasificación
Artículo 59 Plazo de vigencia y revisión de las clasificaciones
Artículo 60 Comprobación de los elementos de la clasificación
SECCIÓN 2. Acreditación de la aptitud para contratar
SUBSECCIÓN 1. Capacidad de obrar
Artículo 61 Acreditación de la capacidad de obrar
SUBSECCIÓN 2. Prohibiciones de contratar
Artículo 62 Prueba de la no concurrencia de una prohibición de contratar
SUBSECCIÓN 3. Solvencia
Artículo 63 Medios de acreditar la solvencia
Artículo 64 Solvencia económica y financiera
Artículo 65 Solvencia técnica en los contratos de obras
Artículo 66 Solvencia técnica en los contratos de suministro
Artículo 67 Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios
Artículo 68 Solvencia técnica o profesional en los restantes contratos
Artículo 69 Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad
Artículo 70 Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental
Artículo 71 Documentación e información complementaria
SUBSECCIÓN 4. Prueba de la clasificación y de la aptitud para contratar a través de Registros o listas oficiales de contratistas
Artículo 72 Certificaciones de Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas
Artículo 73 Certificados comunitarios de clasificación
Artículo 74 Objeto del contrato
Artículo 75 Precio
Artículo 76 Cálculo del valor estimado de los contratos
Artículo 77 Procedencia y límites
Artículo 78 Sistema de revisión de precios
Artículo 79 Fórmulas
Artículo 80 Coeficiente de revisión
Artículo 81 Revisión en casos de demora en la ejecución
Artículo 82 Pago del importe de la revisión
SECCIÓN 1. Garantía definitiva
Artículo 83 Exigencia de garantía
Artículo 84 Garantías admitidas
Artículo 85 Régimen de las garantías prestadas por terceros
Artículo 86 Garantía global
Artículo 87 Constitución, reposición y reajuste de garantías
Artículo 88 Responsabilidades a que están afectas las garantías
Artículo 89 Preferencia en la ejecución de garantías
Artículo 90 Devolución y cancelación de las garantías
SECCIÓN 2. Garantía provisional
Artículo 91 Exigencia y régimen
Artículo 92 Supuestos y régimen
SECCIÓN 1. Expediente de contratación
SUBSECCIÓN 1. Tramitación Ordinaria
Artículo 93 Expediente de contratación: iniciación y contenido
Artículo 94 Aprobación del expediente
Artículo 95 Expediente de contratación en contratos menores
SUBSECCIÓN 2. Tramitación abreviada del expediente
Artículo 96 Tramitación urgente del expediente
Artículo 97 Tramitación de emergencia
SECCIÓN 2. Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas
Artículo 98 Pliegos de cláusulas administrativas generales
Artículo 99 Pliegos de cláusulas administrativas particulares
Artículo 100 Pliegos de prescripciones técnicas
Artículo 101 Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas
Artículo 102 Condiciones especiales de ejecución del contrato
Artículo 103 Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo y condiciones laborales
Artículo 104 Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo
SECCIÓN 1. Actuaciones preparatorias del contrato de obras
SUBSECCIÓN 1. Proyecto de obras y replanteo
Artículo 105 Proyecto de obras
Artículo 106 Clasificación de las obras
Artículo 107 Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración
Artículo 108 Presentación del proyecto por el empresario
Artículo 109 Supervisión de proyectos
Artículo 110 Replanteo del proyecto
SUBSECCIÓN 2. Pliego de Cláusulas Administrativas en contratos bajo la modalidad de abono total del precio
Artículo 111 Contenido de los pliegos de cláusulas administrativas en los contratos de obra con abono total del precio
SECCIÓN 2. Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obra pública
Artículo 112 Estudio de viabilidad
Artículo 113 Anteproyecto de construcción y explotación de la obra
Artículo 114 Proyecto de la obra y replanteo de éste
Artículo 115 Pliegos de cláusulas administrativas particulares
SECCIÓN 3. Actuaciones preparatorias del Contrato de Gestión de Servicios Públicos
Artículo 116 Régimen jurídico del servicio
Artículo 117 Pliegos y anteproyecto de obra y explotación
SECCIÓN 4. Actuaciones preparatorias de los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado
Artículo 118 Evaluación previa
Artículo 119 Programa funcional
Artículo 120 Clausulado del contrato
Artículo 121 Establecimiento de prescripciones técnicas y preparación de pliegos
SUBSECCIÓN 1. Disposiciones directivas
Artículo 122 Procedimiento de adjudicación
Artículo 123 Principios de igualdad y transparencia
Artículo 124 Confidencialidad
SUBSECCIÓN 2. Publicidad
Artículo 125 Anuncio previo
Artículo 126 Convocatoria de licitaciones
SUBSECCIÓN 3. Licitación
Artículo 127 Plazos de presentación de las solicitudes de participación y de las proposiciones
Artículo 128 Reducción de plazos en caso de tramitación urgente
Artículo 129 Proposiciones de los interesados
Artículo 130 Presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos
Artículo 131 Admisibilidad de variantes o mejoras
Artículo 132 Subasta electrónica
Artículo 133 Sucesión en el procedimiento
SUBSECCIÓN 4. Selección del adjudicatario
Artículo 134 Criterios de valoración de las ofertas
Artículo 135 Clasificación de las ofertas y adjudicación provisional y definitiva del contrato
Artículo 136 Ofertas con valores anormales o desproporcionados
SUBSECCIÓN 5. Obligaciones de información sobre el resultado del procedimiento
Artículo 137 Notificación a los candidatos y licitadores
Artículo 138 Publicidad de las adjudicaciones
Artículo 139 Renuncia a la celebración del contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración
SUBSECCIÓN 6. Formalización del contrato
Artículo 140 Formalización de los contratos
SECCIÓN 2. Procedimiento abierto
Artículo 141 Delimitación
Artículo 142 Información a los licitadores
Artículo 143 Plazos para la presentación de proposiciones
Artículo 144 Examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación
Artículo 145 Adjudicación
SECCIÓN 3. Procedimiento restringido
Artículo 146 Caracterización
Artículo 147 Criterios para la selección de candidatos
Artículo 148 Solicitudes de participación
Artículo 149 Selección de solicitantes
Artículo 150 Contenido de las invitaciones e información a los invitados
Artículo 151 Proposiciones
Artículo 152 Adjudicación
SECCIÓN 4. Procedimiento negociado
Artículo 153 Caracterización
SUBSECCIÓN 1. Supuestos de aplicación
Artículo 154 Supuestos generales
Artículo 155 Contratos de obras
Artículo 156 Contratos de gestión de servicios públicos
Artículo 157 Contratos de suministro
Artículo 158 Contratos de servicios
Artículo 159 Otros contratos
SUBSECCIÓN 2. Tramitación
Artículo 160 Delimitación de la materia objeto de negociación
Artículo 161 Anuncio de licitación y presentación de solicitudes de participación
Artículo 162 Negociación de los términos del contrato
SECCIÓN 5. Diálogo competitivo
Artículo 163 Caracterización
Artículo 164 Supuestos de aplicación
Artículo 165 Apertura del procedimiento y solicitudes de participación
Artículo 166 Diálogo con los candidatos
Artículo 167 Presentación y examen de las ofertas
SECCIÓN 6. Normas especiales aplicables a los concursos de proyectos
Artículo 168 Ámbito de aplicación
Artículo 169 Bases del concurso
Artículo 170 Participantes
Artículo 171 Publicidad
Artículo 172 Decisión del concurso
SECCIÓN 1. Normas aplicables por los poderes adjudicadores que no tengan el carácter de administraciones públicas
Artículo 173 Delimitación general
Artículo 174 Adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada
Artículo 175 Adjudicación de los contratos que no estén sujetos a regulación armonizada
SECCIÓN 2. Normas aplicables por otros entes, organismos y entidades del sector público
Artículo 176 Régimen de adjudicación de contratos
SECCIÓN 3. Normas aplicables en la adjudicación de contratos subvencionados
Artículo 177 Adjudicación de contratos subvencionados
SECCIÓN 2. Contratación centralizada en el ámbito estatal
Artículo 192 Régimen jurídico
Artículo 193 Vinculación al contenido contractual
Artículo 194 Enumeración
Artículo 195 Procedimiento de ejercicio
Artículo 196 Ejecución defectuosa y demora
Artículo 197 Resolución por demora y prórroga de los contratos
Artículo 198 Indemnización de daños y perjuicios
Artículo 199 Principio de riesgo y ventura
Artículo 200 Pago del precio
Artículo 200 bis Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas
Artículo 201 Transmisión de los derechos de cobro
Artículo 202 Modificaciones de los contratos
Artículo 203 Suspensión de los contratos
Artículo 204 Extinción de los contratos
SECCIÓN 2. Cumplimiento de los contratos
Artículo 205 Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación
SECCIÓN 3. Resolución de los contratos
Artículo 206 Causas de resolución
Artículo 207 Aplicación de las causas de resolución
Artículo 208 Efectos de la resolución
SECCIÓN 1. Cesión de los contratos
Artículo 209 Cesión de los contratos
SECCIÓN 2. Subcontratación
Artículo 210 Subcontratación
Artículo 211 Pagos a subcontratistas y suministradores
SECCIÓN 1. Ejecución del contrato de obras
Artículo 212 Comprobación del replanteo
Artículo 213 Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista
Artículo 214 Fuerza mayor
Artículo 215 Certificaciones y abonos a cuenta
Artículo 216 Obras a tanto alzado y obras con precio cerrado
SECCIÓN 2. Modificación del contrato de obras
Artículo 217 Modificación del contrato de obras
SECCIÓN 3. Cumplimiento del contrato de obras
Artículo 218 Recepción y plazo de garantía
Artículo 219 Responsabilidad por vicios ocultos
SECCIÓN 4. Resolución del contrato de obras
Artículo 220 Causas de resolución
Artículo 221 Alteración sustancial y suspensión de la iniciación de la obra
Artículo 222 Efectos de la resolución
SECCIÓN 1. Construcción de las obras objeto de concesión
Artículo 223 Modalidades de ejecución de las obras
Artículo 224 Responsabilidad en la ejecución de las obras por terceros
Artículo 225 Principio de riesgo y ventura en la ejecución de las obras
Artículo 226 Modificación del proyecto
Artículo 227 Comprobación de las obras
SECCIÓN 2. Derechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas de la administración concedente
SUBSECCIÓN 1. Derechos y obligaciones del concesionario
Artículo 228 Derechos del concesionario
Artículo 229 Obligaciones del concesionario
Artículo 230 Uso y conservación de la obra pública
Artículo 231 Zonas complementarias de explotación comercial
SUBSECCIÓN 2. Prerrogativas y derechos de la Administración
Artículo 232 Prerrogativas y derechos de la Administración
Artículo 233 Modificación de la obra pública
Artículo 234 Secuestro de la concesión
Artículo 235 Penalidades por incumplimientos del concesionario
SECCIÓN 3. Régimen económico-financiero de la concesión
Artículo 236 Financiación de las obras
Artículo 237 Aportaciones públicas a la construcción
Artículo 238 Retribución por la utilización de la obra
Artículo 239 Aportaciones públicas a la explotación
Artículo 240 Obras públicas diferenciadas
Artículo 241 Mantenimiento del equilibrio económico del contrato
SECCIÓN 4. Extinción de las concesiones
Artículo 242 Modos de extinción
Artículo 243 Extinción de la concesión por transcurso del plazo
Artículo 244 Plazo de las concesiones
Artículo 245 Causas de resolución
Artículo 246 Aplicación de las causas de resolución
Artículo 247 Efectos de la resolución
Artículo 248 Destino de las obras a la extinción de la concesión
SECCIÓN 5. Ejecución de obras por terceros
Artículo 249 Subcontratación
Artículo 250 Adjudicación de contratos de obras por el concesionario
Artículo 251 Ámbito del contrato
Artículo 252 Régimen jurídico
Artículo 253 Modalidades de la contratación
Artículo 254 Duración
SECCIÓN 2. Ejecución del contrato de gestión de servicios públicos
Artículo 255 Ejecución del contrato
Artículo 256 Obligaciones generales
Artículo 257 Prestaciones económicas
SECCIÓN 3. Modificación del contrato de gestión de servicios públicos
Artículo 258 Modificación del contrato y mantenimiento de su equilibrio económico
SECCIÓN 4. Cumplimiento y efectos del contrato de gestión de servicios públicos
Artículo 259 Reversión
Artículo 260 Falta de entrega de contraprestaciones económicas y medios auxiliares
Artículo 261 Incumplimiento del contratista
SECCIÓN 5. Resolución del contrato de gestión de servicios públicos
Artículo 262 Causas de resolución
Artículo 263 Aplicación de las causas de resolución
Artículo 264 Efectos de la resolución
SECCIÓN 6. Subcontratación del contrato de gestión de servicios públicos
Artículo 265 Subcontratación
SECCIÓN 1. Regulación de determinados contratos de suministro
Artículo 266 Arrendamiento
Artículo 267 Contratos de fabricación y aplicación de normas y usos vigentes en comercio internacional
SECCIÓN 2. Ejecución del contrato de suministro
Artículo 268 Entrega y recepción
Artículo 269 Pago del precio
Artículo 270 Pago en metálico y en otros bienes
Artículo 271 Facultades de la Administración en el proceso de fabricación
SECCIÓN 3. Modificación del contrato de suministro
Artículo 272 Modificación del contrato de suministro
SECCIÓN 4. Cumplimiento del contrato de suministro
Artículo 273 Gastos de entrega y recepción
Artículo 274 Vicios o defectos durante el plazo de garantía
SECCIÓN 5. Resolución del contrato de suministro
Artículo 275 Causas de resolución
Artículo 276 Efectos de la resolución
Artículo 277 Contenido y límites
Artículo 278 Determinación del precio
Artículo 279 Duración
Artículo 280 Régimen de contratación para actividades docentes
SECCIÓN 2. Ejecución de los contratos de servicios
Artículo 281 Ejecución y responsabilidad del contratista
SECCIÓN 3. Modificación de los contratos de servicios de mantenimiento
Artículo 282 Modificación de estos contratos
SECCIÓN 4. Cumplimiento de los contratos de servicios
Artículo 283 Cumplimiento de los contratos
SECCIÓN 5. Resolución de los contratos de servicios
Artículo 284 Causas de resolución
Artículo 285 Efectos de la resolución
SECCIÓN 6. De la subsanación de errores y responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos de obras
Artículo 286 Subsanación de errores y corrección de deficiencias
Artículo 287 Indemnizaciones
Artículo 288 Responsabilidad por defectos o errores del proyecto
Artículo 289 Régimen jurídico
Artículo 290 Duración
Artículo 291 Órganos de contratación
Artículo 292 Autorización para contratar
Artículo 293 Desconcentración
Artículo 294 Abstención y recusación
Artículo 295 Mesas de contratación
Artículo 296 Mesa especial del diálogo competitivo
Artículo 297 Mesa de contratación del sistema estatal de contratación centralizada
Artículo 298 Jurados de concursos
Artículo 299 Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado
Artículo 300 Órganos consultivos en materia de contratación de las Comunidades Autónomas
Artículo 301 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
Artículo 302 Registros Oficiales de licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades Autónomas
Artículo 303 Contenido del Registro
Artículo 304 Voluntariedad de la inscripción
Artículo 305 Responsabilidad del empresario en relación con la actualización de la información registral
Artículo 306 Publicidad
Artículo 307 Colaboración entre Registros
Artículo 308 Registro de Contratos del Sector Público
Artículo 309 Plataforma de Contratación del Estado
Disposición adicional primera Contratación en el extranjero
Disposición adicional segunda Normas específicas de contratación en las Entidades Locales
Disposición adicional tercera Régimen de contratación de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos
Disposición adicional cuarta Reglas especiales sobre competencia para adquirir equipos y sistemas para el tratamiento de la información y de las comunicaciones
Disposición adicional quinta Límites a la contratación con empresas de trabajo temporal
Disposición adicional sexta Contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades sin ánimo de lucro
Disposición adicional séptima Contratos reservados
Disposición adicional octava Clasificación exigible por las Universidades Públicas
Disposición adicional novena Exención de la exigencia de clasificación para las Universidades Públicas
Disposición adicional décima Exención de requisitos para los Organismos Públicos de Investigación en cuanto adjudicatarios de contratos
Disposición adicional undécima Contratos celebrados en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales
Disposición adicional duodécima Normas especiales para la contratación del acceso a bases de datos y la suscripción a publicaciones
Disposición adicional decimotercera Modificaciones de cuantías, plazos y otras derivadas de los Anexos de directivas comunitarias
Disposición adicional decimocuarta Actualización de cifras fijadas por la Unión Europea
Disposición adicional decimoquinta Cómputo de plazos
Disposición adicional decimosexta Referencias al Impuesto sobre el Valor Añadido
Disposición adicional decimoséptima Espacio Económico Europeo
Disposición adicional decimoctava Normas relativas a los medios de comunicación utilizables en los procedimientos regulados en esta Ley
Disposición adicional decimonovena Uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley
Disposición adicional vigésima Sustitución de letrados en las Mesas de contratación
Disposición adicional vigésimo primera Garantía de accesibilidad para personas con discapacidad
Disposición adicional vigésimo segunda Responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas
Disposición adicional vigésimo tercera Conciertos para la prestación de asistencia sanitaria y farmacéutica celebrados por la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas
Disposición adicional vigésimo cuarta Contratos incluidos en el ámbito del artículo 296 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea
Disposición adicional vigésimo quinta Régimen de contratación de ciertos Organismos
Disposición adicional vigésimo sexta Pliegos de cláusulas administrativas para la contratación de medios para la lucha contra los incendios forestales
Disposición adicional vigésimo séptima Prácticas contrarias a la libre competencia
Disposición adicional vigésimo octava Régimen de subcontratación de prestaciones contratadas por las Entidades públicas empresariales
Disposición adicional vigésimo novena Prestación de asistencia sanitaria en situaciones de urgencia
Disposición adicional trigésima Régimen jurídico de la «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA), y de sus filiales
Disposición adicional trigésimo primera Protección de datos de carácter personal
Disposición adicional trigésimo segunda
Disposición adicional trigésimo tercera Régimen de contratación de los órganos de los Territorios Históricos del País Vasco
Disposición adicional trigésimo cuarta Adquisición Centralizada de medicamentos y productos sanitarios con miras al Sistema Nacional de Salud
Disposición transitoria primera Expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley
Disposición transitoria segunda Fórmulas de revisión
Disposición transitoria tercera Determinación de cuantías por los departamentos ministeriales respecto de los Organismos autónomos adscritos a los mismos
Disposición transitoria cuarta Registros de licitadores
Disposición transitoria quinta Determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las empresas
Disposición transitoria sexta Régimen transitorio de los procedimientos de adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada celebrados por entidades que no tienen el carácter de Administración Pública
Disposición transitoria séptima Aplicación anticipada de la delimitación del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley
Disposición transitoria octava Plazos a los que se refiere el artículo 200 de la Ley
Disposición final primera Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local
Disposición final segunda Modificación de la Ley General Presupuestaria
Disposición final tercera Modificación de la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras
Disposición final cuarta Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal
Disposición final quinta Modificación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario
Disposición final sexta Actualización de las referencias a determinados órganos
Disposición final séptima Títulos competenciales
Disposición final octava Normas aplicables a los procedimientos regulados en esta Ley
Disposición final novena Habilitación normativa en materia de uso de medios electrónicos, informáticos o telemáticos, y uso de factura electrónica
Disposición final décima Mandato de presentación de un proyecto normativo
Disposición final undécima Habilitación para el desarrollo reglamentario
Disposición final duodécima Entrada en vigor
ANEXO I . Actividades a que se refiere el apartado 1 del artículo 6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
ANEXO II . Servicios a que se refiere el artículo 10 de la 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
ANEXO III . Lista de productos contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo 15, en lo que se refiere a los contratos de suministros adjudicados por órganos de contratación del sector de la defensa
Ley 30/2007, 30 octubre, derogada por el apartado 1 de la disposición derogatoria única del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público («B.O.E.» 16 noviembre), el 16 de diciembre de 2011.
Desde la adhesión a las Comunidades Europeas, la normativa comunitaria ha sido el referente obligado de nuestra legislación de contratos públicos, de tal forma que, en los últimos veinte años, las sucesivas reformas que han llevado desde el Texto Articulado de la Ley de Bases de la Ley de Contratos del Estado hasta el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas han tenido como una de sus principales justificaciones la necesidad de adaptar esta legislación a los requerimientos de las directivas comunitarias.
Esta Ley de Contratos del Sector Público también ha encontrado en la exigencia de incorporar a nuestro ordenamiento una nueva disposición comunitaria en la materia el impulso primordial para su elaboración. Las Directivas 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios; 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro; y 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, han sido sustituidas recientemente por la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, disposición que, al tiempo que refunde las anteriores, introduce numerosos y trascendentales cambios en esta regulación, suponiendo un avance cualitativo en la normativa europea de contratos.
Sin embargo, aun siendo la necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento la Directiva 2004/18/CE el motivo determinante de la apertura de un nuevo proceso de revisión de nuestra legislación de contratos públicos, este punto de partida no ha operado como límite o condicionante de su alcance. La norma resultante, en consecuencia, no se constriñe a trasponer las nuevas directrices comunitarias, sino que, adoptando un planteamiento de reforma global, introduce modificaciones en diversos ámbitos de esta legislación, en respuesta a las peticiones formuladas desde múltiples instancias (administrativas, académicas, sociales y empresariales) de introducir diversas mejoras en la misma y dar solución a ciertos problemas que la experiencia aplicativa de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ha ido poniendo de relieve.
Hasta el momento, las reformas de la legislación de contratos que se han sucedido desde 1986 han sido tributarias, en última instancia, del planteamiento de la Ley de Contratos del Estado cuyo modelo de regulación se ha ido asumiendo por los diferentes textos legales sin ser objeto de un cuestionamiento de fondo; incluso la Ley de 18 de mayo de 1995, que supuso un punto de inflexión para nuestra legislación en la materia, respondía, en sus concepciones básicas, a ese modelo. La normativa de contratos del sector público se ha construido, en este sistema, alrededor del contrato de la Administración Pública (ya sea ésta únicamente la Administración General del Estado, como en la Ley de 1965, o ya se entienda el concepto en un sentido más amplio, como comienza a apuntarse a partir de 1986 y se consagra de forma abierta a partir de 1995) y, más específicamente, en torno al contrato administrativo de la Administración Pública. La necesidad de pautar la contratación de otros sujetos -ya fuese por determinaciones de derecho comunitario, cuyas disposiciones en la materia se aplican a otras entidades del sector público o incluso a sujetos de derecho que se encuentran fuera de él, o por razones de política legislativa interna, con el fin de cerrar las normas sobre contratación del sector público- se solventaba en este modelo bien mediante la extensión parcial de esa regulación (en lo que se refería a normas incluidas en el ámbito de regulación propio de las Directivas comunitarias: disposiciones sobre preparación y adjudicación del contrato y sobre requisitos de aptitud -capacidad y solvencia- del contratista particular, básicamente) a ciertos contratos sujetos a las disposiciones comunitarias, bien mediante la declaración de sometimiento de los restantes contratos del sector público a ciertos principios que debían presidir su adjudicación. Esta técnica de regulación presentaba los inconvenientes fundamentales de situar el régimen aplicable a los contratos no celebrados por Administraciones Públicas en un ámbito caracterizado por su indefinición, rasgo especialmente notorio en el caso de los contratos no sujetos a las directivas comunitarias, y de renunciar, en el caso de los contratos sometidos a sus previsiones, a efectuar una modulación de las diferentes normas de ese régimen para ajustarlas a las características propias de los distintos sujetos que debían aplicarlo, en la medida en que esa traslación de disposiciones pensadas inicialmente para Administraciones Públicas se efectuaba en bloque y sin interposición de una deseable actividad de adecuación, que se ponía bajo la responsabilidad de su intérprete o aplicador.
Inseparablemente unido a lo anterior, la opción de regular los contratos públicos a partir de la disciplina de los contratos celebrados por la Administración ha contribuido en gran medida a evitar el planteamiento de la cuestión relativa a la conveniencia de identificar inequívocamente los ámbitos de esta normativa que se encuentran condicionados por las prescripciones de las directivas comunitarias debido a que, en todo lo que se refiere a exigencias procedimentales, garantías para el licitador, y preservación de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia, nuestras legislación de contratos ha sido siempre equiparable a la europea, cuando no más estricta. Ello ha difuminado las fronteras entre lo comunitario y lo nacional en nuestras normas contractuales y, consiguientemente, ha enturbiado el análisis de las relaciones entre ambas esferas.
Desde la consideración metodológica de que resulta inaplazable insertar nuestra legislación en la materia dentro de un marco de referencia que permita superar estas limitaciones, la Ley de Contratos del Sector Público ha adoptado un enfoque que, separándose de sus antecedentes, aborda la regulación de la actividad contractual pública desde una definición amplia de su ámbito de aplicación y buscando una identificación funcional precisa del área normativa vinculada a las directivas europeas sobre contratos públicos, teniendo en cuenta que se trata de una Ley que ha de operar en un contexto jurídico fuertemente mediatizado por normas supranacionales y en relación con una variada tipología de sujetos. Desarrollar la Ley de contratos como una norma que, desde su planteamiento inicial, se diseñe teniendo en cuenta su aplicabilidad a todos los sujetos del sector público, permite dar una respuesta más adecuada a los problemas antes apuntados, aproximando su ámbito de aplicación al de las normas comunitarias de referencia, incrementando la seguridad jurídica al eliminar remisiones imprecisas y clarificar las normas de aplicación, aumentando la eficiencia de la legislación al tomar en cuenta la configuración jurídica peculiar de cada destinatario para modular adecuadamente las reglas que le son aplicables, y previendo un nicho normativo para que, en línea con las posiciones que postulan una mayor disciplina en la actuación del sector público en su conjunto, puedan incluirse reglas para sujetos que tradicionalmente se han situado extramuros de esta legislación. La identificación de las disposiciones ligadas a las directivas de contratación, por su parte, permite enmarcar de forma nítida el ámbito de regulación disponible para el legislador nacional, dentro del respeto a los principios y disposiciones del Derecho Comunitario originario que determinan la sumisión de toda la contratación pública, cuando menos, a los principios de publicidad y concurrencia, a efectos de matizar el régimen de contratación de los diferentes sujetos sometidos a la Ley, y facilitar el análisis de la norma de cara a adoptar decisiones de política legislativa.
Ratificando este cambio de enfoque, la presente Ley se separa de la arquitectura adoptada por la legislación de contratos públicos desde la Ley 13/1995, de 18 de mayo, basado en una estructura bipolar construida alrededor de una «parte general», compuesta por normas aplicables a todos los contratos, y una «parte especial», en la que se recogían las peculiaridades de régimen jurídico de los contratos administrativos «típicos». Esta sistemática, que constituyó un notable avance técnico respecto de la configuración clásica de la Ley de Contratos del Estado, no resulta, sin embargo, la más adecuada para dar soporte a una norma con el alcance que se pretende para la Ley de Contratos del Sector Público, afectada por los condicionantes de regular de forma directa el régimen de contratación de un abanico más amplio de sujetos destinatarios, y de hacer posible, desde la misma estructura de la Ley, un tratamiento diferenciado de las normas que son transcripción de disposiciones comunitarias.
Así, el articulado de la Ley se ha estructurado en un Título preliminar dedicado a recoger unas disposiciones generales y cinco Libros que se dedican, sucesivamente, a regular la configuración general de la contratación del sector público y los elementos estructurales de los contratos, la preparación de estos contratos, la selección del contratista y la adjudicación de los contratos, los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, y la organización administrativa para la gestión de la contratación. El criterio primordial de estructuración atiende a las materias reguladas (Título preliminar y Libros I, IV y V) o a bloques homogéneos de actuación (Libros II y III). Dentro de esos primeros niveles de ordenación, las divisiones ulteriores se han establecido desagregando esos mismos criterios (Libros I, III y V), o introduciendo una nueva pauta basada en el alcance de las normas, según resulten aplicables a todos los contratos, con carácter general, o sólo a determinados tipos contractuales (Libros II y IV); por último, en los Libros II y III, ha sido necesario utilizar un criterio adicional, agrupando las disposiciones por razón de sus distintos destinatarios dentro del sector público.
Tomando como referencia los principios que han guiado la elaboración de esta Ley, las principales novedades que presenta su contenido en relación con su inmediato antecedente, el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, afectan a 1) la delimitación de su ámbito de aplicación, 2) la singularización de las normas que derivan directamente del derecho comunitario, 3) la incorporación de las nuevas regulaciones sobre contratación que introduce la Directiva 2004/18/CE, 4) la simplificación y mejora de la gestión contractual, y 5) la tipificación legal de una nueva figura, el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado:
1. A fin de ajustar el ámbito de aplicación de la Ley al de las directivas comunitarias, así como para no dejar entidades del sector público exentas de regulación, la delimitación de los entes sujetos se realiza en términos muy amplios. A estos efectos, el artículo 3.1 enumera en sus letras a) a g) las entidades que, de acuerdo con una determinación de política legislativa interna y autónoma, se considera conveniente que, en todo caso, se sujeten a la legislación de contratos públicos; esta lista, inspirada en la definición de sector público de la Ley General Presupuestaria con las pertinentes correcciones terminológicas para permitir la extrapolación de sus categorías a los sectores autonómico y local y la adición de menciones expresas a las Universidades Públicas y a los denominados «reguladores independientes», está formulada en términos extremadamente amplios. Para asegurar el cierre del sistema, la letra h) de este apartado -que funciona como cláusula residual y reproduce literalmente la definición de «organismo público» de la Directiva 2004/18/CE, en cuanto poder adjudicador sujeto a la misma-, garantiza que, en cualquier caso, el ámbito de aplicación de la Ley se extienda a cualquier organismo o entidad que, con arreglo a la norma comunitaria, deba estar sometido a sus prescripciones. Dentro de las entidades del sector público, la Ley distingue tres categorías de sujetos que presentan un diferente nivel de sometimiento a sus prescripciones: Administraciones Públicas; entes del sector público que, no teniendo el carácter de Administración Pública, están sujetos a la Directiva 2004/18; y entes del sector público que no son Administraciones Públicas ni están sometidos a esta Directiva; el hecho de que se ponga el acento en la regulación de la contratación de las Administraciones Públicas, sometiéndola a disposiciones más detalladas que las que rigen para las entidades sujetas a la Ley que no tienen este carácter (sobre todo en lo que se refiere a la celebración de contratos no sujetos a regulación armonizada) no significa que éstas últimas no puedan hacer uso de determinadas técnicas de contratación o de figuras contractuales contempladas de modo expreso sólo en relación con aquéllas (subasta electrónica, contratos de colaboración o instrumentos para la racionalización de la contratación, por ejemplo) puesto que siempre será posible que sean incorporadas a las instrucciones internas de contratación que deben aprobar esas entidades o que se concluyan al amparo del principio de libertad de pactos.
2. Como medio para identificar el ámbito normativo supeditado a las prescripciones de las directivas comunitarias se ha acuñado la categoría legal de «contratos sujetos a regulación armonizada», que define los negocios que, por razón de la entidad contratante, de su tipo y de su cuantía, se encuentran sometidos a las directrices europeas. La positivación de esta categoría tiene por finalidad permitir la modulación de la aplicabilidad de las disposiciones comunitarias a los distintos contratos del sector público, restringiéndola, cuando así se estime conveniente, solo a los casos estrictamente exigidos por ellas. Por exclusión, utilizándolo de forma negativa, el concepto también sirve para definir el conjunto de contratos respecto de los cuales el legislador nacional tiene plena libertad en cuanto a la configuración de su régimen jurídico. La identificación de estos contratos se ajusta a los parámetros de la Directiva, con las dos matizaciones siguientes: por una parte, y en minoración de la caracterización efectuada por la norma comunitaria, el concepto no incluye, por economía normativa y simplicidad de redacción, los contratos de servicios de las categorías 17 a 27 del anexo II, a los que la disposición comunitaria declara aplicables sólo las normas sobre establecimiento de prescripciones técnicas y publicidad de las adjudicaciones: en la medida en que el ámbito de la exención supera con mucho al de la sujeción, se ha optado por dejarlos fuera de la categoría de «contratos sujetos a regulación armonizada» y establecer su sometimiento a las mismas reglas que éstos en los lugares pertinentes de la Ley; por otra parte, y como prescripción extensiva respecto del derecho comunitario, que no ha abordado todavía su regulación, se califican como contratos sujetos a regulación armonizada, en todo caso, a los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, en atención a su complejidad, cuantía, y peculiar configuración.
3. Incorporando en sus propios términos y sin reservas las directrices de la Directiva 2004/18/CE, la Ley de Contratos del Sector Público incluye sustanciales innovaciones en lo que se refiere a la preparación y adjudicación de los negocios sujetos a la misma. Sintéticamente expuestas, las principales novedades afectan a la previsión de mecanismos que permiten introducir en la contratación pública consideraciones de tipo social y medioambiental, configurándolas como condiciones especiales de ejecución del contrato o como criterios para valorar las ofertas, prefigurando una estructura que permita acoger pautas de adecuación de los contratos a nuevos requerimientos éticos y sociales, como son los de acomodación de las prestaciones a las exigencias de un «comercio justo» con los países subdesarrollados o en vías de desarrollo como prevé la Resolución del Parlamento Europeo en Comercio Justo y Desarrollo [2005/2245 (INI)], y que permitan ajustar la demanda pública de bienes y servicios a la disponibilidad real de los recursos naturales, a la articulación de un nuevo procedimiento de adjudicación, el diálogo competitivo, pensado para contratos de gran complejidad en los que la definición final de su objeto sólo puede obtenerse a través de la interacción entre el órgano de contratación y los licitadores; a la nueva regulación de diversas técnicas para racionalizar las adquisiciones de bienes y servicios (acuerdos marco, sistemas dinámicos de adquisición y centrales de compras); o, en fin, asumiendo las nuevas tendencias a favor de la desmaterialización de los procedimientos, optando por la plena inserción de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la contratación pública, a fin de hacer más fluidas y transparentes las relaciones entre los órganos de contratación y los operadores económicos. Con la misma finalidad de incorporar normas de derecho comunitario derivado, se articula un nuevo recurso administrativo especial en materia de contratación, con el fin de trasponer la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
4. Obligadamente, la nueva Ley viene también a efectuar una revisión general de la regulación de la gestión contractual, a fin de avanzar en su simplificación y racionalización, y disminuir los costes y cargas que recaen sobre la entidad contratante y los contratistas particulares. Esta revisión ha afectado, de forma particular, al sistema de clasificación de contratistas, a los medios de acreditación de los requisitos de aptitud exigidos para contratar con el sector público, y a los procedimientos de adjudicación, elevando las cuantías que marcan los límites superiores de los simplificados -procedimiento negociado y el correspondiente a los contratos menores- y articulando un nuevo procedimiento negociado con publicidad para contratos no sujetos a regulación armonizada que no superen una determinada cuantía. Además, y desde un punto de vista formal, se ha aprovechado para incorporar a nuestra legislación la terminología comunitaria de la contratación, con el fin de facilitar, ya desde el plano semántico, la interoperabilidad con los sistemas europeos de contratación. Esto ha supuesto el abandono de ciertas denominaciones tradicionales en nuestro derecho, que no de los correspondientes conceptos, que subsisten bajo nombres más ajustados al contexto europeo. En particular, los términos «concurso» y «subasta» -que en la legislación nacional se referían, de forma un tanto artificiosa, a «formas de adjudicación» del contrato como instrumento que debía utilizarse en conjunción con los «procedimientos de adjudicación», se subsumen en la expresión «oferta económicamente más ventajosa» que remite en definitiva, a los criterios que el órgano de contratación ha de tener en cuenta para valorar las ofertas de los licitadores en los diferentes procedimientos abiertos, restringidos o negociados, y ya se utilice un único criterio (el precio, como en la antigua «subasta») o ya se considere una multiplicidad de ellos (como en el antiguo «concurso»)-. El concepto legal de «oferta económicamente más ventajosa» es, sin embargo, más amplio que el manejado en la Directiva 2004/18, englobando tanto la noción estricta presente en la norma comunitaria -que presupone la utilización de una multiplicidad de parámetros de valoración-, como el criterio del «precio más bajo», que dicha disposición distingue formalmente de la anterior; la Ley ha puesto ambos conceptos comunitarios bajo una misma rúbrica para evitar forzar el valor lingüístico usual de las expresiones utilizadas (no se entendería que la oferta más barata, cuando el único criterio a valorar sea el precio, no fuese calificada como la «económicamente más ventajosa»), y para facilitar su empleo como directriz que resalte la necesidad de atender a criterios de eficiencia en la contratación. Además, para reforzar el control del cumplimiento del contrato y agilizar la solución de las diversas incidencias que pueden surgir durante su ejecución, se ha regulado la figura del responsable del contrato, que puede ser una persona física o jurídica, integrada en el ente, organismo o entidad contratante o ajena a él y vinculada con el mismo a través del oportuno contrato de servicios, al que el órgano de contratación podrá, entre otras opciones, encomendar la gestión integral del proyecto, con el ejercicio de las facultades que le competen en relación con la dirección y supervisión de la forma en que se realizan las prestaciones que constituyan su objeto.
5. Nominados únicamente en la práctica de la contratación pública, la Ley viene, finalmente, a tipificar normativamente los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, como nuevas figuras contractuales que podrán utilizarse para la obtención de prestaciones complejas o afectadas de una cierta indeterminación inicial, y cuya financiación puede ser asumida, en un principio, por el operador privado, mientras que el precio a pagar por la Administración podrá acompasarse a la efectiva utilización de los bienes y servicios que constituyen su objeto.

References: Artículo 4

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Artículo 8

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Artículo 19

Artículo 20

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