Source: https://es.scribd.com/document/383799110/Propuestas-de-Reforma-Municipal
Timestamp: 2019-08-19 12:14:49+00:00

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El Perú tiene cerca de 196 municipalidades provinciales y 1655 distritales. Muchas de ellas muestran serios problemas en su eficiencia y en su legitimidad. Incluso, según un informe de la Procuraduría Anticorrupción, más del 90% de los alcaldes del periodo anterior fueron procesados penalmente por el desempeño aparentemente irregulares de sus funciones. A pesar de ello, es poco o nada lo que se dice en la opinión pública o en la academia sobre las municipalidades peruanas. En este contexto, Moisés Rojas, regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y Renato Sabogal, especialista en gestión municipal, presentan un libro que diagnostica la crisis de las municipalidades en el Perú; pero sobre todo exponen casi 50 propuestas para reformar su diseño institucional. Este libro es editado por el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y Consensos y Estudios Sociales. Con la colaboración de varias instituciones, entre ellas destacan el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú y la Escuela Mayor de Gestión Municipal.
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Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo en relación con el proceso electoral.
Ley N° 28607 modifica la renuncia de alcaldes
1317501-1
Moisés K. Rojas Renato Sabogal
El camino local para el fortalecimiento
Moisés K. Rojas Ramos [y] Renato Sabogal Silvestre
Propuestas de reforma municipal. El camino local para el fortalecimiento de la
democracia. Para el debate / Moisés K. Rojas Ramos y Renato Sabogal Silvestre.
1.a ed. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos /
Consensos y Estudios Sociales, 2018.
100 pp.; 14.8 x 21 cm
Reforma municipal / municipalidades / gestión pública / política peruana.
ISBN 978-9972-46-617-5
Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú n.° 2018-04248
©	Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Av. Germán Amézaga n.° 375, Ciudad Universitaria, Lima-Perú
(01) 6197000, anexos 7529 y 7530
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© Consensos y Estudios Sociales
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(511) 2403171
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© Moisés K. Rojas Ramos
mrojas@consensosyestudios.com
© Renato Sabogal Silvestre
rsabogal@consensosyestudios.com
Diseño de cubierta: María Laura Caballero
Cuidado de edición: Aldo Pecho y Raúl Huerta
Queda prohibida la reproducción total o parcial de la presente edición, bajo cualquier moda-
lidad, sin la autorización expresa del titular de los derechos.
A los que en estos años, en todo el Perú,
han puesto incluso la vida por los ideales de
la democracia a nivel municipal, héroes que
permanecen muchas veces en el olvido.
Diagnóstico de la gestión municipal en el Perú	21
Experiencias de reforma municipal en países de la región	29
Eje 1. Representación y funcionamiento del Concejo Municipal	35
Eje 2. Funcionamiento municipal y calidad en los servicios	45
Eje 3. Planificación y articulación territorial	55
Eje 4. Participación ciudadana y lucha contra la corrupción	63
Eje 5. Protagonismo de las comunidades locales	71
Palabras finales 77
Anexo: Artículos sobre el modelo de gestión y la reforma municipal	85
REPRESENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL CONCEJO MUNICIPAL	35
1.	Cambio en la composición de los concejos municipales	37
2.	Elección directa de los regidores 37
3.	Ampliación del periodo de gobierno del Concejo Municipal y realización
de las elecciones municipales en el mismo año que las elecciones generales	38
4.	Creación del Programa Nacional de Formación de Regidores en
la Escuela Nacional de Administración Pública	38
5.	Sesiones descentralizadas de Concejo 39
6.	Agendas públicas y transmisión en vivo de las sesiones de Concejo Municipal	39
7.	El Concejo Municipal Online: una iniciativa de gobierno electrónico	40
8.	Informe anual sobre los resultados de la gestión 41
9.	Ajustes en las obligaciones y en las formas de asignación de las dietas
de los regidores	41
10.	Protagonismo de los regidores de oposición en las comisiones ordinarias
o permanentes	42
11.	Capacidad de interpelación y censura a los funcionarios por parte
de los regidores	43
12.	Plazos de atención para los pedidos de información de los regidores
hacia los servidores municipales	45
FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	45
1.	Profesionalización y experiencia laboral de los cargos de confianza	47
2.	Personal de carrera en los cargos vinculados con los sistemas administrativos 47
3.	Mayor transparencia, eficiencia y coherencia de las asociaciones
público-privadas	48
4.	Constitución de equipos técnicos intergerenciales 49
5.	Creación del Programa de Innovación Municipal 49
6.	Programa Nacional de Promoción y Fortalecimiento de Clústers
y Conglomerados Productivos o Comerciales	50
7.	Programa Nacional de Monitoreo de los Servicios Municipales 51
8.	Espacios públicos con acceso a internet 51
9.	Digitalización de los trámites municipales 52
10.	Continuidad laboral de los trabajadores de las concesionarias municipales	52
11.	Reforma tributaria municipal e incentivos para el pago de tributos	53
PLANIFICACIÓN Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL	55
1.	Elaboración de planes de desarrollo concertado con una visión
de futuro de treinta años	57
2.	Creación de la Dirección Nacional de Planeamiento Regional y Municipal
en la estructura orgánica del CEPLAN	57
3.	Elaboración obligatoria y formalización vinculante del
Plan Estratégico Institucional	58
4.	Presentación en una audiencia pública de los planes operativos anuales
y los presupuestos institucionales de apertura	58
5.	Creación de la Ley General de Ordenamiento Territorial	59
6.	Cambios en el diseño e implementación del Programa de Incentivos a
la Mejora de la Gestión Municipal	60
7.	Cambios en el diseño e implementación de los programas presupuestales
vinculados con los gobiernos locales	60
8.	Cambios en el diseño e implementación de los programas de lucha
contra la pobreza	61
9.	Creación de macrodistritos en Lima Metropolitana y en las provincias
que así lo ameriten	62
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 63
1.	Simplificación de requisitos para la demanda de rendición de cuentas	65
2.	Fiscalización estricta de los portales de transparencia	65
3.	Elaboración del Plan Municipal de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Vigilancia Ciudadana	66
4.	Reformulación y fortalecimiento del Consejo de Coordinación Local	66
5.	Reformulación de los comités de vigilancia del presupuesto participativo	67
6.	Creación de comités de vigilancia de los servicios públicos	68
7.	Formalización obligatoria de una comisión ordinaria de regidores
de fiscalización y lucha contra la corrupción (la comisión debe ser
dirigida por la oposición)	68
8.	Constitución de comisiones específicas de investigación con la aprobación
de un tercio de votos de los regidores 69
9.	Participación obligatoria de un regidor en el Comité Municipal
de Control Interno	69
10.	Nombramiento del encargado de la Oficina de Control Interno de
las municipalidades, a propuesta del Consejo Nacional de la Magistratura
y elegido por el Concejo Municipal 70
11.	Creación de un sistema de reserva de identidad y bonificación a
los funcionarios que denuncien irregularidades en las municipalidades 70
PROTAGONISMO DE LAS COMUNIDADES LOCALES	71
1.	Publicación de normas municipales e instrumentos de gestión en
las lenguas de los pueblos originarios, en municipalidades con más
del 20% de población originaria	73
2.	Constitución de comisiones de regidores mixtas en municipalidades
con comunidades campesinas y/o nativas	73
3.	Alternancia de género en la composición de listas municipales	74
4.	Organización y representación de las personas con discapacidad
en espacios, procesos de decisión y vigilancia del ámbito municipal	74
5.	Organización y representación de niños, niñas, adolescentes y personas
de la tercera edad, en espacios de decisión municipal 75
6.	Inclusión de la comunidad LGTBI en la agenda municipal de desarrollo
local y promoción de los derechos	76
Reformas en serio
Lejos de centrarse en los problemas, el texto de Moisés Rojas y Renato
Sabogal pone el acento en las soluciones, lo que de por sí supera lo formu-
lado desde hace más de tres décadas por la “diagnosticología” referida a las
municipalidades. Aquí se cumple aquello de que “si eres parte del problema,
debes ser parte de la solución”. Y esto empieza con propuestas concretas,
claro está, en concordancia con una visión del desarrollo que apunte a dar
curso a cambios de raíz y no quedarse en el simple maquillaje.
Las propuestas de reformas municipales tienen como hilo conductor
mirar hacia la sociedad, hacia la gente, para promover el desarrollo local y
prestar servicios de calidad; y no, como se suele hacer, reduciéndose al fun-
cionamiento municipal en sí mismo. En tal sentido, representan un apor-
te programático tanto al proceso de descentralización que se halla en una
situación de estancamiento, lo que con un enfoque prospectivo significa
retroceso, como a la construcción de ciudadanía, para lo cual resulta esen-
cial generar diversos espacios de participación, en concordancia con nuestra
condición de país diverso, y darles sostenibilidad apelando a la creatividad.
Poner por delante el enfoque señalado puede facilitar la articulación
de esfuerzos entre el Estado y la sociedad, partiendo del nivel de gobierno
más cercano al vecino —el local—, que constituye el eje del análisis y de
las propuestas de Moisés y Renato. Así se establecen vínculos entre los tres
niveles de gobierno —nacional, regional y local—, y entre el Estado y el
sector privado, en la línea de armonizar los roles de la política, la sociedad y
la economía, que actualmente no existen.
El primer y el segundo eje, concernientes a la representación y funcio-
namiento del Concejo Municipal (a nivel provincial y distrital), y al día a
día del quehacer local a fin de hacer realidad la prestación de servicios pú-
blicos de calidad, configuran la columna institucional de la propuesta de los
autores. Columna institucional, reitero, para servir mejor a fin de contribuir
al bienestar individual y familiar, al progreso social y a que como población
tengamos una vida cotidiana de calidad.
El tercer eje, sobre la planificación y la articulación territorial, está
orientado, por un lado, a brindar un sustento regional y local institucional
al Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) para que la elaboración
de los planes de todo tipo no sea un mero ritual porque la ley así lo esta-
blece. Rojas y Sabogal constatan que existe un divorcio bastante extendido
entre las formulaciones de largo, mediano y corto plazo: en tanto lo me-
diato es una referencia general y lejana; lo segundo, una formulación que
no interactúa ni con el largo ni con el corto plazo; y lo tercero aparece casi
reemplazando en la práctica a las dos primeras dimensiones. Esto da pie al
cortoplacismo, ante lo cual es necesario y urgente cambiar de rumbo, a lo
que las propuestas planteadas contribuyen de manera importante.
El cuarto y el quinto eje abordan el papel de la participación ciudadana
en la lucha contra la corrupción y el protagonismo que deben asumir las
comunidades locales. Las distintas propuestas específicas aluden al ejercicio
de derechos y también al cumplimiento de deberes, sustentados en sólidos
valores humanos que les dan sentido y coherencia. Aquí los autores marcan
nítidamente la diferencia con la gestión tecnocrática, que en no pocos casos
sirve de justificación para las obras que cada vez responden menos a planes y
crecientemente a fines particulares, e incluso personales, reñidos con la ética
La reivindicación de lo social, lo humano, lo ciudadano y lo participa-
tivo —o dicho de otra manera—, del rol de la gente, organizada o no, es
un factor relevante en estas propuestas de reforma municipal. Aquí se llama
la atención acerca de que una reforma no es una cuestión ni principal ni
exclusivamente técnica, como muchos lo indican, sino que debe responder
a una visión integral, de conjunto, holística, sostenible, integradora, que
permita aunar esfuerzos combinados entre quienes se desempeñan en el
sector público, con el sector privado y la sociedad civil. Las reformas deben
ser lideradas por personas íntegras, que trabajen en equipo, innoven perma-
nentemente y se atrevan firmemente a conducir los cambios que yo, tú, él y
ella anhelan, los que podrán plasmarse en un nivel superior anteponiendo el
nosotros y nosotras con un criterio inclusivo.
Para que las reformas municipales no queden en una declaración de
buenas intenciones es menester que haya liderazgo y voluntad política — un
liderazgo que se base en una visión transformadora y mente abierta—, de-
finición de objetivos claros y estrategias imaginativas. Se debe enlazar la
labor de los diferentes equipos, actuando con rápidos reflejos para plantear
alternativas y respuestas con la objetividad y celeridad del caso, ser honestos
y honrados, y también parecerlo, predicar con el ejemplo, así como comu-
nicar lo que se va a hacer, lo que se viene haciendo y lo que se hizo.
El trabajo de Rojas y Sabogal es motivador, tanto para los profesionales
vinculados con el ámbito municipal como para los que ansíen involucrarse
en el mismo. Siendo esto así, cumple con algo sustantivo: que sea una re-
flexión para la acción.
Unas palabras finales sobre los autores: ambos forman parte de las can-
teras de las ciencias sociales, especialmente de la sociología, y como colegas
con quienes me une el compromiso y la pasión por lo local, me siento iden-
tificado con su contribución en lo que corresponde a la formulación de po-
líticas públicas, a edificar ciudadanía y a caminar sin prisa y sin pausa para
mejorar la calidad de vida de las personas, familias y comunidades. Moisés
forma parte del Colegio de Sociólogos del Perú, que presido, y es uno de los
más destacados regidores metropolitanos; y con Renato he trabajado y viaja-
do al norte, centro, sur y oriente del país, compartiendo saberes vinculados
con lo local, y hoy con lo “glocal”. Ambos no son promesas, son realidades.
Decano presidente del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios
Profesionales del Perú y decano nacional del Colegio de Sociólogos del Perú.
Desde el 2002, teniendo como punto de referencia la firma del Acuerdo
Nacional y la reforma constitucional, se promovieron un conjunto de re-
formas estatales de gran envergadura, siendo la descentralización una de las
principales apuestas. La promulgación de la Ley Marco de Modernización
de la Gestión del Estado, la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales fueron claros ejemplos de cambios sus-
tanciales en esa línea de política estatal.
A nivel municipal, la promulgación de la nueva Ley Orgánica de
Municipalidades (2003), que sustituía a la entonces vigente ley municipal
de 1984, representó la última reforma de gobiernos locales que se ha llevado
a cabo en nuestro país. Esta norma contiene algunos aportes significativos,
entre los cuales destacamos la inclusión de la autonomía política, la pro-
moción del desarrollo local, el fomento de la competitividad y el desarrollo
económico local, la promoción de nuevos espacios y mecanismos participa-
tivos, la elaboración participativa de los planes municipales y la promoción
de iniciativas legislativas en materia y asuntos de competencia municipal.
No obstante, también contiene varios aspectos criticables, tales como su
carácter homogeneizante y restrictivo, el excesivo poder otorgado al alcalde,
las limitaciones funcionales de los regidores y las contradicciones a nivel de
competencias entre niveles de gobierno.
Además de las limitaciones internas que hemos señalado, se deben to-
mar en consideración las externalidades que la han afectado. Así, tenemos
los cambios progresivos en las normas complementarias, las novedades en
los sistemas administrativos y, sobre todo, el debilitamiento del proceso
de descentralización a partir del segundo gobierno del expresidente Alan
Tras catorce años de haberse promulgado la Ley Orgánica de
Municipalidades, la realidad nos exige iniciar un proceso de reforma muni-
cipal. Necesitamos rediseñar el Estado a nivel subnacional. Estos cambios
deben trascender el ámbito normativo y la propia ley municipal, e incluir
procesos locales de transformación de hábitos, culturas organizacionales,
lenguajes institucionales y prácticas ciudadanas y burocráticas. Todo esto
siempre basado en un sólido respaldo ciudadano. Lamentablemente, en la
opinión pública se percibe un nulo debate sobre estos temas que impac-
tan directamente en el bienestar de los ciudadanos y en la legitimidad del
Estado. Los congresistas del periodo 2011-2016, en materia subnacional,
apenas llegaron a cambiar la denominación de los presidentes regionales y
prohibir la reelección municipal. Exiguo avance si lo comparamos con todo
lo que está pendiente por discutir, diseñar e implementar para mejorar el
funcionamiento de los gobiernos locales y regionales.
En ese contexto, la presente publicación plantea un conjunto de re-
formas municipales, principalmente normativas. Nuestro interés es el de
provocar un horizonte de propuestas y debates sobre el complejo y necesario
rediseño municipal. Vale decir que estas propuestas nacen a raíz del diálogo
de los autores con gestores y autoridades locales, consultores municipales y
capacitadores. Es decir, con gente que tiene experiencia de trabajo ligada a
la gestión pública y los gobiernos locales, conocedores de las problemáticas
Respecto al contenido del libro, iniciamos con un breve diagnóstico so-
bre la gestión municipal en el Perú. En este apartado consideramos aspectos
como la planificación y participación ciudadana, equidad de género en el
ámbito municipal, recursos humanos e infraestructura básica para la gestión
municipal, inclusión social y servicios municipales para grupos vulnerables,
servicios públicos locales claves, el financiamiento de los gobiernos locales
y la diversidad cultural. Seguidamente, presentamos una breve reseña sobre
la situación de los equivalentes a la reforma municipal en algunos países de
la región. Interesa ubicar nuestro propio proceso a la luz de experiencias
similares en países como Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia.
A continuación, presentamos las propuestas de reformas municipales
a través de cinco ejes. El primer eje se ha denominado “Representación
y funcionamiento del Concejo Municipal”. Aquí se propone varias refor-
mas en la composición y funcionamiento del Concejo Municipal, con el
objetivo de democratizar este espacio, generar mayor horizontalidad en la
toma de decisiones y empoderar a los regidores como gestores locales, in-
dependientemente de su posición oficialista o de oposición. El segundo eje,
“Funcionamiento municipal y calidad en los servicios municipales”, tiene
como objetivo mejorar el funcionamiento interno de los gobiernos locales,
a fin de garantizar la eficiencia, eficacia y calidad en los servicios municipa-
les. Este eje concentra propuestas de ajustes en la organización municipal,
la implementación de servicios públicos y el propio funcionamiento de los
El tercer eje, “Planificación y articulación territorial”, plantea algunas
propuestas de reestructuración progresiva y funcional del sistema de planifi-
cación municipal y la generación de mecanismos horizontales y funcionales
de articulación territorial. En este eje buscamos profundizar los alcances de
la descentralización. El cuarto eje, “Participación ciudadana y lucha contra la
corrupción”, tiene como objetivo la promoción y fortalecimiento de la parti-
cipación ciudadana en el ámbito local, la articulación transparente del Estado
con la sociedad civil y la lucha frontal contra la corrupción. Al quinto y último
eje lo hemos denominado “Protagonismo de las comunidades locales”. El tér-
mino comunidades locales es relativo en relación con los colectivos que agru-
pa, sin embargo, ayuda en la comprensión del énfasis de esta propuesta. Aquí
se plantea visibilizar y empoderar a las comunidades locales, generalmente
en situación de vulnerabilidad, a partir de reformas legales y promoción de
políticas locales. En este eje buscamos promover una mayor pluralidad en las
municipalidades comenzando con un enfoque que le de mayor protagonismo
a las mujeres. Los grupos considerados son también comunidades nativas, co-
munidades campesinas, comunidad LGTBI, los niños, niñas y adolescentes,
así como también personas de la tercera edad y personas discapacitadas.
Al finalizar el texto, realizamos un balance como cierre del libro y se ex-
ponen artículos publicados que dan cuenta de un proceso de acumulación,
con meses y años de anticipación, sobre los modelos de gestión y reforma
Agradecemos a Consensos y Estudios Sociales, consultora que en la per-
sona de su gerente general, Moisés Rojas Cachuán, nos propuso desarro-
llar este proyecto. Valoramos su esfuerzo por aportar institucionalmente a
estos debates tan importantes para nuestro país. Agradecemos también al
vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, Jaime Ríos, al director de
la Escuela de Ciencia Política, Francisco Miró Quesada, y al director del
Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Marcel
Velázquez; a todos ellos por brindarnos su apoyo durante la publicación
de este libro y por hacer posible conjuntamente que la universidad pública
tenga un rol claro en los debates de interés ciudadano.
Nuestros agradecimientos también para la Escuela Mayor de Gestión
Municipal, cuya experiencia nos ha servido como un referente constante
en el desarrollo de esta producción, y a Michel Azcueta por ser un aliado
estratégico en el desarrollo y validación de este texto. Así también a Roberto
Rodríguez, decano del Colegio de Sociólogos del Perú y decano presidente
del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú,
por su respaldo en la elaboración de este libro. Nuestro especial agrade-
cimiento a Astrid Becker y Raúl Tecco, de la Fundación Friedrich Ebert,
quienes desde que conocieron el proyecto, su interés animó la finalización
del mismo. Para terminar, agradecemos al Instituto de Estudios Políticos
Andinos por su invalorable apoyo brindado.
No podemos dejar de agradecer a los gestores, autoridades locales, con-
sultores y capacitadores que han dialogado con nosotros y han validado
este esfuerzo de propuesta de rediseño municipal. A Evelyn Rondinelli, Ana
Núñez, Roberto Claros, José Julio Failoc, Mary Rosales, Hugo Soto, Miguel
Ríos y Julio Puntriano. A todos ellos, muchas gracias. No está de más decir
que, a pesar de ser un trabajo de asimilación de propuestas, lo versado en
este libro es de total responsabilidad de sus autores.
DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Las municipalidades son uno de los actores más importantes y trascendentes
en la gestión estatal, así como en el espacio cotidiano. Día a día, a pesar de
las limitaciones institucionales y la escasa legitimidad de los concejos muni-
cipales, tienen que lidiar con problemas estructurales como la pobreza y el
desempleo, además de brindar servicios básicos para la ciudadanía como los
trámites documentarios y la limpieza pública.
Estas entidades locales realizan una inagotable e importante labor que
presenta serias dificultades No olvidemos que en más del 60% de las muni-
cipalidades en el Perú, rurales principalmente, existen problemas presupues-
tales, debilidad institucional y ausencia de cuadros técnicos capacitados.
Otro aspecto que debilita aún más el quehacer de los gobiernos locales es el
tema de la corrupción, lastre que se ha enquistado críticamente en el ámbito
En la presente sección, haremos un breve diagnóstico sobre cuál es la
situación de la gestión municipal en el Perú. Describiremos cuáles son los
instrumentos con los que se cuentan, así como los vacíos que existen por
llenar (priorizando aquel sector de la ciudadanía relegado socialmente) y
señalando también el siempre espinoso problema de los recursos.
1. Planificación y participación ciudadana
A nivel de planes municipales, en los últimos años, los gobiernos locales
han incrementado la elaboración de diversos instrumentos de gestión. Entre
los más importantes destaca nítidamente el caso de los planes de desarro-
llo concertado, un documento producido con la participación de diversos
actores relevantes para el entorno local. De acuerdo con la información del
Instituto Nacional de Estadística (INEI), a través del texto Estadísticas mu-
nicipales 2016, el 96,2% de las municipalidades en el país disponen de este
Según esta misma fuente, las municipalidades también han elaborado
otros instrumentos importantes. Así, el 65,5% cuenta con planes de gestión
de riesgos de desastres, el 57,1% con planes estratégicos institucionales, el
30,5% con planes de desarrollo económico local, el 29,9% con planes de
desarrollo urbano, el 22,6% con planes de desarrollo de capacidades, aun-
que tan solo el 4,8% cuenta con planes locales de igualdad de género.
A pesar de que en la mayoría de los casos las cifras son alentadoras, es
importante precisar que, generalmente, estos planes no se convierten en
verdaderos instrumentos de gestión, ya que terminan encarpetados sin nin-
guna vinculación con las políticas municipales. Entonces el problema ya no
está en la elaboración de estos planes, sino en su implementación eficiente.
Ese es un plano de la gestión que claramente aumenta la complejidad de la
Respecto a la participación ciudadana, es evidente que existe una crisis
en el ámbito local y nacional. La calidad y los niveles de participación de
la población se han debilitado progresivamente debido a diversos factores,
tanto internos como externos. Muchos de estos factores rebasan el ámbito
estrictamente municipal.
Sin embargo, a pesar de esta situación poco alentadora, las cifras ofi-
ciales del INEI muestran algunos datos esperanzadores, al menos en el ám-
bito institucional. Entre otros, destacamos los siguientes: según el último
Registro Nacional de Municipalidades, en el 95,8% de municipalidades se
fomenta la participación de la ciudadanía en actividades de la gestión mu-
nicipal. Además, el 86% de gobiernos locales indicaron que la población
participa en la concertación del presupuesto municipal, el 57,8% en au-
diencias públicas y el 48% formulando los planes de desarrollo municipal
concertado. Podemos ver que, a pesar de las dificultades, la participación
ciudadana es un elemento que se reconoce necesario en la gestión municipal
Ahora bien, teniendo en cuenta la importancia de la planificación local
y la promoción de la participación ciudadana, debemos promover reformas
municipales, normativas y procedimentales que generen gobiernos locales
donde se conciban y gestionen el futuro de manera participativa. El desafío
aquí es profundizar este proceso, que ya vemos se ha iniciado y diversifi-
car aún más la participación, desde los niveles socioeconómico, de cultura,
género, edad, procedencia, etc. Es el reto de la participación cada vez más
2. Equidad de género en el ámbito municipal
Las brechas de género y la desigualdad real que enfrentan las mujeres, con
respecto a los hombres, se puede evidenciar en los gobiernos locales, a nivel
de participación, acceso a oportunidades, poder local, remuneración, entre
De acuerdo con la información del Jurado Nacional de Elecciones
(JNE), en el 2016, de 1851 alcaldes provinciales y distritales, tan solo 59
(3,2%) son mujeres. Asimismo, solo el 29,2% de 10 575 regidores electos
son mujeres. En el ámbito técnico, de 209 856 trabajadores, el 67,2% son
hombres y el 32,8% mujeres. Por otro lado, a pesar de que no existe una
cifra oficial, se identifica claramente que los cargos directivos de mayor tras-
cendencia en la gestión son ocupados por varones. Se destaca así el “mono-
polio” masculino en la gerencia municipal.
Las reformas municipales en el ámbito del género necesitan equilibrar
las relaciones de poder y acceso entre hombres y mujeres. Además, deben
generar oportunidades y defensa de los derechos de la comunidad LGTBI, a
fin de promover la igualdad de condiciones para cualquier ciudadano.
3. Recursos humanos e infraestructura básica
El binomio de recursos humanos y equipamiento en la administración mu-
nicipal es fundamental para generar organizaciones municipales eficientes
y eficaces. Sin embargo, en el caso peruano, la situación es preocupante y
muchas veces precaria.
En primer lugar, se evidencia que el personal municipal no goza de con-
diciones adecuadas para su buen desempeño. Por ejemplo, según el INEI,
en el 2016 solo el 11,1% de servidores municipales son nombrados, es de-
cir, tienen un vínculo permanente con la entidad. Esta situación debilita
la institucionalidad municipal y la sostenibilidad de los procesos internos.
Aunque vale decir que el nombramiento tampoco garantiza recursos hu-
manos exiguamente productivos. Por ello, es importante crear sistemas de
incentivos y capacitación, a través de un proceso meritocrático y de alta
calidad. En esta línea, es importante valorar y promover la implementación
de la carrera pública administrativa a través del servicio civil.
Otro aspecto, crítico en este plano, es el nivel de remuneración de los
servidores municipales. A excepción de las municipalidades de Lima y algu-
nos cargos de confianza en municipalidades provinciales, la remuneración
de los funcionarios y técnicos municipales es muy baja.
Por otro lado, en relación con la infraestructura básica para la gestión
municipal, tomando como referencia la referida información del INEI, pre-
sentamos los siguientes datos:
•	Hasta fines del 2016, el 34% de municipalidades informaron
que no disponen de red informática local. Esta situación les im-
pide intercambiar información y compartir recursos de manera
•	En el país, aproximadamente el 20% de las municipalidades no
cuenta con equipamiento adecuado para las labores administrati-
vas. Es decir, computadoras, impresoras, fotocopiadoras, proyecto-
res, entre otros.
•	El 18% de municipalidades no cuentan con servicios de internet.
•	El 10% de municipalidades no cuentan con servicios de telefonía
Las reformas municipales en este ámbito deben posicionar al servidor
municipal como protagonista del cambio. Por ello, la provisión de una in-
fraestructura y servicios adecuados son un medio indispensable para mejo-
rar las gestiones municipales.
4. Inclusión social de personas con discapacidad
A nivel de indicadores de inclusión social y algunos grupos vulnerables, las
cifras oficiales del INEI (2016) muestran avances en los servicios municipa-
les de este tipo. Por ejemplo, de acuerdo con el texto Estadísticas municipales
2016, al 30 de junio de ese año se registraron 1006 centros integrales de
atención al adulto mayor administrados por las municipalidades, los que
beneficiaron a casi 170 000 personas.
Además, para la misma fecha, se registraron 1030 oficinas municipales
de atención a la persona con discapacidad (OMAPED), cifra muy destaca-
ble. A nivel del servicio de defensoría municipal, hasta el 2015, más de 1700
municipalidades la han brindado, incrementándose en 61% con respecto al
Por otro lado, es importante identificar que en 988 municipalidades
(53,4%) laboran 3631 trabajadores con alguna discapacidad. Así, el núme-
ro de personal con alguna discapacidad creció en 15,2%, comparado con lo
ocurrido en el 2015.
A pesar de estas cifras alentadoras, es importante y necesario realizar
reformas municipales que permitan mejorar la calidad de vida de estos
grupos vulnerables y empoderarlos para garantizar su participación en las
decisiones públicas. ¿Qué se ha propuesto o qué podemos proponer en
esta materia? Nuestro libro pretende fortalecer la arista que vincula la
gestión municipal con la población que presenta discapacidades; esto a
nivel de beneficiarios de políticas públicas, pero además como decisores
5. Servicios públicos claves: residuos sólidos y seguridad
La población de los municipios del Perú demanda de los gobiernos locales,
sobre todo, servicios públicos de calidad. En la mayoría de territorios, los
ciudadanos exigen —entre otras cosas— un buen sistema de gestión de re-
siduos sólidos y la lucha contra la inseguridad ciudadana. Sin embargo, en
ambos casos, debido a limitaciones técnicas y presupuestales, se evidencian
serias falencias a nivel de eficiencia y eficacia.
En el caso de la gestión de residuos sólidos, las cifras oficiales del INEI
(2016) nos muestran lo siguiente:
•	Hasta el 2016, más de 300 municipalidades a nivel nacional no
cuentan con vehículos destinados al apoyo de la limpieza pública.
•	El 97,9% (1813) de las municipalidades realizan el servicio de re-
cojo de residuos sólidos. Sin embargo, aún existen 38 municipios
distritales a nivel nacional que no realizan esta función
•	Del total de gobiernos locales que realizan el recojo de residuos
sólidos, el 76,7% (1390) de municipios depositan todo o parte de
los mismos en botaderos, el 29,2% (530) lo destinan a un relleno
sanitario y el 19,2% (348) lo disponen al quemado.
•	En el caso de Lima Metropolitana, el 70% de distritos usan el re-
lleno sanitario de Huaycoloro, causando una gran congestión vehi-
cular y dañando las vías de Lima Este por el paso de camiones de
desechos sólidos. No se ha relacionado la problemática de la gestión
de los desechos sólidos con el ordenamiento urbano.
Respecto al servicio municipal de serenazgo, el encargado de la seguri-
dad ciudadana, las cifras oficiales nos muestran lo siguiente:
•	A junio del 2016, el 53,3% (987) de los gobiernos locales a nivel
nacional brindaban el servicio de serenazgo.
•	El 49,5% (819) de los municipios distritales cuenta con este servi-
cio, mientras que en los municipios provinciales la cifra asciende a
85,7% (168).
•	En el 2015, el 92,7% (1715) de las municipalidades tenían confor-
mado el Comité de Seguridad Ciudadana.
•	A nivel nacional, el 83,1% (1539) de municipios tienen planes de
•	Las municipalidades aún no tienen instituidos observatorios del de-
lito, ni escuelas de serenos. En el caso de Lima, entre otras ciudades
del país, sigue pendiente el llamado “serenazgo sin fronteras”, que
permita articular esfuerzos interdistritalmente en la lucha contra la
6. Financiamiento de los gobiernos locales
Los ingresos municipales suelen clasificarse de la siguiente manera: ingre-
sos corrientes, ingresos de capital, transferencias, donaciones e ingresos por
endeudamiento. De estas fuentes, la mayoría de municipalidades obtiene
recursos de las transferencias del gobierno central. Se les otorga en mayor
cantidad si cuentan con algún tipo de canon por recursos naturales explo-
tados en sus territorios (canon minero, canon hidroenergético, canon ga-
sífero, canon pesquero, canon forestal y canon y sobrecanon petrolero) y
en menor medida lo obtienen a través del FONCOMUN, el programa de
incentivos municipales o recursos para la ejecución de programas sociales.
Las transferencias del gobierno central generan dependencia, refuerzan
el centralismo, limitan la autonomía municipal y agudizan las desigualdades
entre los municipios del país. Respecto a este último punto, el INEI (2016)
presenta cifras que expresan claramente la inequidad en la distribución pre-
supuestal. Veamos los datos más resaltantes:
A nivel departamental, Cusco, Áncash, Piura, Arequipa y La Libertad
reciben el 68% (S/ 2 527 000 000) del total de canon y sobrecanon trans-
ferido a las municipalidades.
Las transferencias de canon y sobrecanon a las municipalidades de los
departamentos de San Martín (S/ 861 785), Apurímac (S/ 284 821), Madre
de Dios (S/ 78 341), Lambayeque (S/ 4126) y Amazonas (S/ 321) alcanzan
en conjunto solamente S/ 1 229 000, lo que representa el 0,03% del total
Con respecto al programa de incentivos, presenta un grave problema.
Este programa implica una transferencia de recursos a las municipalidades
por el cumplimiento de metas en un periodo determinado, pero lamen-
tablemente las metas se establecen con criterios centralistas, sin recoger la
perspectiva de los gobernantes locales y las propuestas de sus documentos de
gestión. De esta manera, incentiva a que los gobiernos locales se concentren
solamente en la obtención de recursos y no en el mejoramiento de la calidad
Este modelo de asignación presupuestal, incluyendo el diseño de los
programas presupuestales y el tan abanderado programa de incentivos mu-
nicipales, necesita una reingeniería estructural en su diseño e implemen-
tación. El cambio se debe realizar con la participación de los actores invo-
lucrados —gobiernos locales y la sociedad civil— para garantizar que se
tomen en cuenta las necesidades de la ciudadanía.
Perú es uno de los países con mayor diversidad geográfica y climática del
mundo, pero también posee un territorio con una gran diversidad cultural.
Allí convive un gran porcentaje de la población originaria, configurando
la base social para la constitución de un país pluricultural (mas no nece-
sariamente intercultural). Lamentablemente, nuestra historia expone con
crudeza las prácticas “naturalizadas” de discriminación, racismo y exclusión
hacia la población indígena del país.
A pesar de que en su Constitución (artículo 2, inciso 19) el Estado pe-
ruano reconoce su carácter pluriétnico, tal proposición no se ha materializa-
do en políticas, programas y proyectos públicos. La mayor parte del marco
normativo y las intervenciones específicas de los gobiernos tienen una pers-
pectiva monocultural, centralista y urbana, dejando de lado la perspectiva
y los modos de vida de los 55 pueblos indígenas u originarios identificados
A nivel local, la situación tampoco es muy alentadora; en algunos ca-
sos, la discriminación y exclusión se recrudece aún más. Los rezagos de las
encomiendas virreinales o las prácticas gamonalistas de la República pare-
cen dominar la actuación de los gobernantes locales, quienes consideran a
los indígenas, en el mejor de los casos, como ciudadanos de segunda cate-
goría. No obstante la reproducción histórica y “naturalizada” del racismo,
actualmente se evidencia en distintos planos gubernamentales y comunales
discursos y prácticas de “contracorriente” mucho más inclusivos. Estos pug-
nan, aunque todavía de manera asimétrica, por construir una ciudadanía
plena, desde y para los pueblos originarios del Perú.
EXPERIENCIAS DE REFORMA MUNICIPAL
EN PAÍSES DE LA REGIÓN
América Latina es una región históricamente centralista. Con vaivenes y
particularidades, los países latinoamericanos han pasado por procesos inter-
nos que fueron agudizando el centralismo y, en muchos casos, el debilita-
miento de los gobiernos subnacionales. No obstante, “durante las décadas
de los 80 y 90, la transición democrática en varios países combina reformas
del Estado con descentralización, aunque también se liberalizan las econo-
mías y reduce el gasto estatal” (Rosales, 2011, p. 7). Independientemente de
los matices neoliberales de estas reformas, a partir de esta época se eviden-
cia una mayor apertura hacia los gobiernos locales, dotándolos de mayores
competencias y funciones. También se promulgaron las leyes municipales
vigentes en la mayoría de países vecinos.
Este clima de reforma municipal constituyó un avance significativo en
el municipalismo latinoamericano, el cual se vio fortalecido con la elección
democrática de las autoridades locales en todos los países de la región. Sin
embargo, en estos últimos años, el retroceso en el proceso descentralizador
plantea desafíos significativos en el quehacer de los gobiernos locales en
En este apartado del texto, expondremos un análisis comparativo de la
situación de los gobiernos locales y las principales reformas municipales en
los países vecinos de Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador.
1. Estado del proceso de descentralización
En la tabla 1 se expone el estado del proceso de descentralización en los
cuatro países señalados, incluyendo las tendencias y desafíos actuales. A ex-
cepción de Bolivia, y con ciertos matices de Ecuador, en la mayoría de países
vecinos se evidencia una tendencia hacia la recentralización política y fiscal.
Este proceso no es ajeno a nuestro país; más bien es el reflejo de un estilo de
gobierno vertical, economicista y cortoplacista.
TABLA 1. Situación actual de la descentralización en Bolivia, Chile,
Inicio de la descentralización Situación actual de la descentralización y
en los municipios temas de la agenda nacional
En revisión: adecuación de las leyes
descentralizadoras a la nueva Constitución.
Estancada desde mediados de los 90. No es
tema de la agenda política actual.
Tendencias a la recentralización por crisis
fiscal y conflicto armado.
En revisión: ajustes de las leyes
Fuente: Rosales (2011)
2. Reformas en la elección de autoridades locales
En la siguiente tabla se expone la forma de elección de las autoridades loca-
les a partir de las reformas municipales en las últimas décadas:
TABLA 2. Reforma en la elección de autoridades locales
País Norma Tipo de elección Periodo
Ley N.º 026 de Régimen Directa y por listas separadas, Cada
Electoral (2006) incluye alcaldes y concejales. cinco años
Ley Orgánica Constitucional Directa e incluye alcaldes y Cada
de Municipalidades (2010) concejales. cuatro años
Directa e incluye alcaldes,
Acto Legislativo N.º 02 del Cada
Colombia concejos municipales y las
2002 cuatro años
juntas de administración local.
Ley Orgánica Electoral, Directa e incluye alcaldes,
Ecuador Código de la Democracia concejos municipales y vocales
(2009) de las juntas parroquiales rurales.
A excepción de Bolivia, que tiene un periodo de gobierno municipal de
cinco años, en todos los países vecinos se eligen las autoridades locales cada
cuatro años. Además, en la composición de los órganos de gobierno muni-
cipal de los cuatro países citados, se destaca que en Bolivia los concejales son
elegidos en listas separadas a la del alcalde.
Por otro lado, debe resaltarse que, a diferencia del caso peruano, en
todos estos países el alcalde no forma parte del Concejo Municipal.
3. Reformas en el asociativismo municipal
En la siguiente tabla se expone la descripción del asociativismo municipal
como una reforma municipal importante al interior de los gobiernos locales
de Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador:
TABLA 3. Asociativismo municipal
País Norma Reforma en el asociativismo municipal
Podrán conformarse mancomunidades entre
Bolivia municipios, regiones y territorios indígena-
originario-campesinos.
Con la Ley N.º 20527 del
2011 se modificó la Ley Respaldo jurídico a la constitución de
Orgánica Constitucional asociaciones.
Municipal (LOCM)
Colaboración intergubernamental en los
Colombia territorios, en aras del desarrollo local y la
prestación conjunta de bienes y servicios públicos.
Constitución de la Las mancomunidades pueden ser conformadas
Ecuador República del Ecuador por dos o más regiones, provincias, cantones o
(2008) parroquias contiguas.
4. Reformas a nivel de participación ciudadana
En la tabla 4 se expone una de las principales reformas municipales que
se ha llevado en la región, debido a su trascendencia en la relación entre el
Estado y la sociedad civil.
Como se evidencia en todos los países se han llevado a cabo importantes
reformas que fortalecen jurídicamente la participación ciudadana, desde la
iniciativa ciudadana hasta los mecanismos de vigilancia y control. Sin em-
bargo, tal como sucede en nuestro país, las reformas normativas por sí solas
no han logrado movilizar y/o empoderar a la ciudadanía. A excepción de la
experiencia boliviana, la cual tiene el impulso estratégico del gobierno cen-
tral, en la mayoría de países vecinos existen bajos niveles de participación
TABLA 4. Participación ciudadana
País Norma Reforma
Ley N.º 341 de Se establece que todas las organizaciones sociales
Bolivia Participación y Control
tienen igual derecho a participar. Clasifica a estas
Social (2013) en orgánicas, comunitarias y circunstanciales.
Se consagra el derecho a la participación por
Chile Ley N.º 20500 (2011) parte de la ciudadanía en las políticas, planes y
programas de los distintos órganos del Estado.
Ley Estatutaria de Legisla la iniciativa popular, el referendo, la
Colombia Participación, Ley consulta popular, la revocatoria del mandato, el
N.º 134 (1994) plebiscito y los cabildos abiertos.
Consagra mecanismos de participación a nivel
local, entre los que sobresalen: la consulta popular,
Ecuador Participación Ciudadana
la revocatoria del mandato, las asambleas locales o
la silla vacía en el Concejo Cantonal.
5. Balance de las reformas municipales
En este apartado presentamos un breve balance del proceso de descentrali-
zación y reforma municipal de los cuatro países de la región descritos.
En el caso boliviano se destacan los siguientes procesos:
•	El proceso de municipalización boliviano implicó la culminación
de un proceso de democratización.
•	Establecimiento de autonomías municipales, departamentales y de
gobierno indígena-originario-campesino.
•	Equidad de género en las listas de candidatos para las elecciones
•	Fortalecimiento de la participación ciudadana.
En Chile, a pesar del centralismo imperante, se destacan los siguientes
•	Fortalecimiento de la estructura de las municipalidades y mayor
autonomía política con relación a la década anterior.
•	Las municipalidades gozan de una relativa buena reputación. Esta
situación permite que los gobiernos locales sirvan de puente para
los políticos que quieran escalar a cargos de mayor trascendencia.
En Colombia se destacan los siguientes procesos:
•	Se identifica al municipio como el principal agente del Estado en el
•	Se destaca la elección popular de alcaldes y concejales a partir de
En el caso ecuatoriano se destaca nítidamente el siguiente elemento:
•	Promulgación de leyes e instrumentos para garantizar los espacios
6. Principales desafíos en el ámbito de las reformas municipales
En el ámbito de la descentralización y el fortalecimiento municipal, los
gobiernos locales en Latinoamérica tienen muchos desafíos, tanto a nivel
político como técnico, y en su vínculo con la sociedad civil. A continua-
ción, presentamos un conjunto de desafíos fundamentales por cada país
•	Fortalecimiento de las capacidades administrativas de los gobiernos
•	Mayor autonomía fiscal.
•	Mayores competencias en temas claves como la seguridad
•	Promoción de la participación ciudadana.
•	Promoción de la participación ciudadana y generación de confianza
de la población hacia las instituciones.
•	Fortalecimiento institucional de los gobiernos municipales.
•	Mayores capacidades para la implementación de servicios públicos.
•	Fortalecimiento del sistema de partidos.
REPRESENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
El eje propone reformas en la composición y funcionamiento del
Concejo Municipal, con el objetivo de democratizar este espacio,
generar mayor horizontalidad en la toma de decisiones y empoderar a
los regidores como gestores locales, independientemente de su posición
oficialista o de oposición.
1. Cambio en la composición de los concejos municipales
En la actualidad los alcaldes ganadores de las contiendas electorales, aunque
ganen por una exigua diferencia, adquieren automáticamente la mitad más
uno del Concejo Municipal o del Concejo Provincial. Los concejos se han
diseñado como un espacio donde predomina el oficialismo municipal, sin
darle la posibilidad a la oposición para ejercer labores de contrapeso al eje-
cutivo municipal.
En ese sentido, proponemos que la composición de los concejos mu-
nicipales sea proporcional a los votos adquiridos por cada uno de los parti-
dos o movimientos. Se definirá una fórmula electoral, es decir, un cálculo
matemático para la distribución de los escaños en función de los votos del
electorado. No se le otorgará obligatoriamente la mitad más uno a la agru-
pación ganadora. Se propone comenzar con las municipalidades provincia-
les. Así, los concejos serán más representativos respecto de las preferencias
de los electores. Los ejecutivos de las municipalidades deberán emprender
gobiernos concertados con las otras fuerzas políticas y estarán más sujetos a
Esta reforma requiere la modificación de la Ley de Elecciones Municipales.
2. Elección directa de los regidores
De acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Elecciones Municipales, “los
regidores de cada Concejo Municipal son elegidos por sufragio directo para
un periodo de cuatro años, en forma conjunta con la elección del alcalde”,
es decir, su elección depende directamente del triunfo de la lista ganadora
liderada por el alcalde. Esta forma de elección está siendo cuestionada en
algunos países de Latinoamérica, debido a la limitada representación que
genera en el sistema.
En esta lógica, la propuesta plantea una reforma en la elección de los
regidores del Concejo Municipal, con el objetivo de mejorar la represen-
tación ciudadana y la rendición de cuentas. Así, los regidores podrían ser
elegidos por sufragio directo, en un proceso electoral que se realizará de
forma paralela con el proceso de elección del alcalde. Es importante que
los regidores representen a la jurisdicción de la municipalidad territorial y
sectorialmente. Por último, se plantea que esta propuesta se implemente
progresivamente, comenzando por la capital y algunas provincias.
3. Ampliación del periodo de gobierno del Concejo Municipal y
realización de las elecciones municipales en el mismo año que las
De acuerdo con el marco normativo vinculado con las elecciones de nuestro
país, las elecciones municipales se llevan a cabo cada cuatro años y las elec-
ciones generales cada cinco años. Esta diferencia temporal limita la articu-
lación entre niveles de gobierno, debido a las diferentes prioridades que se
establecen en cada ámbito, en relación con el inicio, consolidación y cierre
De esta manera, con el objetivo de generar mayor articulación entre
los niveles de gobierno, la reforma plantea la ampliación del periodo de
gobierno del Concejo Municipal, de cuatro a cinco años, y la realización de
elecciones municipales el mismo año que las elecciones generales.
Esta reforma requiere la modificación de la Ley de Elecciones Municipales y la
4. Creación del Programa Nacional de Formación de Regidores en
Los regidores en el Perú tienen un rol fundamental en la gestión municipal,
a través de acciones normativas, fiscalizadoras y de representación vecinal.
Sin embargo, por sus limitadas capacidades, tienen serias dificultades para
cumplir con sus funciones, especialmente las vinculadas con la fiscalización.
En este contexto, la propuesta plantea la creación del Programa Nacional
de Formación de Regidores. El programa estará dedicado a la formación
continua de regidores en todas las regiones del país y se implementará bajo
la dirección de la Escuela Nacional de Administración Pública, en coordina-
ción con los gobiernos regionales y municipalidades provinciales. Los temas
básicos para la implementación de esta propuesta son los siguientes: fiscali-
zación municipal, transparencia y acceso a la información pública, inversión
pública, contrataciones públicas y rendición de cuentas.
Esta reforma requiere la emisión de una directiva de la Autoridad Nacional
del Servicio Civil (SERVIR) para la creación del programa propuesto.
5. Sesiones de Concejo descentralizadas
La Ley Orgánica de Municipalidades define el carácter público de las sesio-
nes de Concejo, pero no define el lugar donde se llevarán a cabo. En la gran
mayoría de los municipios, los gobernantes optan por realizar estas sesiones,
a excepción de las sesiones solemnes, de manera centralizada y con limita-
ciones de acceso al público.
En este escenario, la reforma plantea que semestralmente se lleve a cabo
una sesión de Concejo en los diferentes territorios de las jurisdicciones mu-
nicipales. Estas sesiones descentralizadas deberán rotar de zonas a lo largo
del periodo municipal y contar al menos con un 30% de los puntos de agen-
da (informes, pedidos y orden del día) referidos a la zona donde se llevará
a cabo. La propuesta promueve una mirada territorial diversificada de la
gestión municipal, el involucramiento de los ciudadanos y la transparencia.
Esta reforma requiere la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades.
6. Agendas públicas y transmisión en vivo de las sesiones de
En la mayoría de municipios, la población desconoce la concepción, fun-
cionamiento y trascendencia de los concejos municipales. El desarrollo de
los concejos no es verdaderamente público, pues su acceso suele ser restric-
tivo y limitado.
En este contexto, la propuesta plantea dos reformas. En primer lugar,
se plantea que las agendas de las sesiones ordinarias del Concejo Municipal
sean obligatoriamente difundidas a la población a través de los canales
existentes en la localidad, ya sea por internet, televisión, radio o medios
escritos. Por otro lado, se plantea la obligatoriedad de las transmisiones en
vivo de las sesiones de Concejo, también a través de los canales existentes
en la localidad, ya sea por internet, televisión o radio. Necesitamos que
las municipalidades viren hacia la comunicación audiovisual, que actual-
mente es de muy reducido costo. Estas reformas podrían generar impacto
en la población, a través del acercamiento del gobierno local a los espacios
más cotidianos. El incumplimiento de la norma generaría sanciones a los
7. El Concejo Municipal Online: una iniciativa de gobierno
En el contexto de un mundo globalizado y la informatización de las relacio-
nes sociales, es necesario que los espacios políticos y de decisión municipal
también se vinculen con la ciudadanía a través de las tecnologías de infor-
En esta lógica, la propuesta plantea el acercamiento progresivo del
Concejo Municipal, como principal actor político del espacio local, a los
espacios más cotidianos de la población, específicamente desde los disposi-
tivos con conexión a internet, a través de programas informáticos y aplica-
ciones para el celular. La información clave que se debería compartir en esta
plataforma online es la siguiente: sueldo del alcalde y dieta de los regidores,
comisiones de regidores, asistencias a las sesiones de Concejo, agendas de
las sesiones de Concejo, acuerdos de Concejo, ordenanzas y otras normas
8. Informe anual sobre los resultados de la gestión
De acuerdo con la normativa referente al presupuesto participativo, cada
año, generalmente en el mes de marzo, las autoridades locales deben rendir
cuentas a la ciudadanía sobre el cumplimiento de los acuerdos y compromi-
sos asumidos, en el año anterior, por las entidades del Estado y la sociedad
civil. Lamentablemente, esta actividad se concentra en la enumeración de
las obras de infraestructura y entrega de bienes y servicios por parte de la
municipalidad, dejando de lado el análisis del impacto de estas intervencio-
nes en la generación de valor público.
Por ello, la propuesta plantea la formalización de una audiencia pública,
al cierre del año fiscal, donde se presente y haga un análisis de los resulta-
dos logrados por la gestión. Esta audiencia tendría la finalidad de realizar
el balance anual de lo avanzado por la gestión ante el pleno del Concejo
Municipal y la ciudadanía. En el marco de la audiencia, los regidores tienen
la potestad de aprobar u observar el informe.
9. Ajustes en las obligaciones y en las formas de asignación de las
De acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica de Municipalidades, “los
regidores desempeñan su cargo a tiempo parcial y tienen derecho a dietas
[…]. Las dietas se pagan por asistencia efectiva a las sesiones”. Esta última
consideración, sumado al carácter parcial de su labor, limita formalmente la
participación activa de los regidores en la gestión local.
De esta manera, la propuesta plantea un ajuste en algunas obligaciones
de los regidores y la forma de asignación de sus dietas. Primero, se plantea
que obligatoriamente los regidores participen en dos reuniones mensuales
de comisiones ordinarias. Segundo, se propone que los regidores mínima-
mente participen en una reunión mensual de representación vecinal y/o co-
munal. Por último, considerando estas variaciones, se plantea que las dietas
de los regidores se asignen en función de estas dos actividades, sumada a la
asistencia efectiva a las sesiones de Concejo. Para formalizar el resultado de
su labor, los regidores deberán entregar mensualmente un informe de acti-
vidades mensual y un informe de resultados anual.
10. Protagonismo de los regidores de oposición en las comisiones
ordinarias o permanentes1
Lamentablemente, en las municipalidades donde la oposición es vigilante
y fiscalizadora, los regidores de oposición son aislados intencionalmente.
Así, se limita su participación en las comisiones de regidores y se les niega el
derecho, en la mayoría de casos, a presidir alguna de ellas.
En este contexto, la reforma apuesta por la valoración crítica y propo-
sitiva de los regidores de oposición. En primer lugar, se propone la parti-
cipación obligatoria de los regidores de oposición en todas las comisiones.
En segundo lugar, se plantea una distribución proporcional de los partici-
pantes de las comisiones en relación con la cantidad de regidores por cada
agrupación política. En tercer lugar, se propone la designación obligatoria
de regidores de oposición como presidentes de comisiones. En este último
caso, la propuesta plantea que los regidores de oposición deberían presidir
el 25% de las comisiones que se establecen anualmente, en el marco de los
objetivos y prioridades de la gestión municipal.
11. Capacidad de interpelación y censura a los funcionarios por
parte de los regidores
De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades, solo el alcalde puede
contratar y cesar a los funcionarios y servidores municipales. Esta capacidad
1	Esta propuesta se adecúa de manera más flexible a las municipalidades donde se encuen-
tran más de cinco regidores. Sin embargo, no se restringe la posibilidad de fortalecer la
capacidad de gestión y equilibrio de los regidores de las municipalidades más pequeñas.
genera, en muchos casos, un empoderamiento excesivo del alcalde y un
contrapeso limitado por parte de los regidores.
En esta lógica, se propone que los regidores tengan capacidad legal para
interpelar y censurar a los funcionarios de alto nivel de las municipalidades,
incluyendo la posibilidad de proponer el cese de los funcionarios de con-
fianza. Esta capacidad tiene que estar acompañada de mucha responsabili-
dad de los regidores y el sustento respectivo, en el caso de una solicitud de
12. Plazos de atención para los pedidos de información de los
regidores hacia los servidores municipales
De acuerdo con el artículo 10, inciso 4, de la Ley Orgánica de
Municipalidades, los regidores deben “desempeñar funciones de fiscaliza-
ción de la gestión municipal”. En la práctica, esta función se concentra y,
a la vez, se limita al pedido de información. Lamentablemente, en muchos
casos, la información solicitada por los regidores es atendida parcialmente,
muy tarde o simplemente es denegada.
De esta manera, la propuesta plantea el establecimiento de plazos espe-
cíficos para la recepción de la información y sanciones para los servidores
municipales, en caso de no cumplirse con el requerimiento.
Esta reforma requiere la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades
y el de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su
FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL Y CALIDAD
El eje tiene como objetivo mejorar el funcionamiento interno de los
gobiernos locales, para garantizar la eficiencia, eficacia y calidad en los
servicios municipales. Aquí se concentran propuestas de ajustes en la
organización municipal, la implementación de servicios públicos y el
propio funcionamiento de los gobiernos locales.
1. Profesionalización y experiencia laboral de los cargos de confianza
De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 20, inciso
17, el alcalde tiene la potestad de “designar y cesar al gerente municipal y, a
propuesta de este, a los demás funcionarios de confianza”. Esta facultad no
va acompañada de algún filtro que precise las capacidades y competencias
laborales de los funcionarios, lo que genera, en muchos casos, clientelismo
político y ausencia de cuadros capacitados en puestos claves de la gestión.
De esta manera, con el objetivo de fortalecer técnica y profesionalmen-
te a los gobiernos locales, la reforma plantea que los funcionarios de con-
fianza, obligatoriamente, tengan formación profesional titulada, técnica o
universitaria, y experiencia mínima en labores similares para ejercer el cargo
2. Personal de carrera en los cargos vinculados con los sistemas
Los sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de
los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la
eficacia y eficiencia en su uso. En los gobiernos locales, la mayoría de siste-
mas administrativos están vinculados con un área específica, dependiendo
del tamaño de la municipalidad. No obstante, debido a las responsabilida-
des vinculadas con los recursos financieros, en muchas municipalidades se
identifican casos de corrupción y alta volatilidad del personal de estas áreas.
Por ello, con el objetivo de fortalecer la institución municipal, la pro-
puesta plantea la ubicación de personal de carrera en los cargos vinculados
con los sistemas administrativos. Estos cambios deben vincularse necesa-
riamente con el proceso de reforma en el servicio civil del Estado peruano
y las normas vinculadas con el sistema de personal.
3. Mayor transparencia, eficiencia y coherencia de las asociaciones
público-privadas*
En el año 2008 se aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas
(APP), cuyos objetivos consistieron en la generación de empleo producti-
vo y la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada.
Desde entonces ha sido un mecanismo útil para el desarrollo de obras pú-
blicas, sin embargo, ha sido también un gran nido gris de irregularidades y
En ese sentido, se propone profesionalizar a los que ejercen el rol de
agencia, o en su defecto tercerizar —con transparencia, para evitar un
conflicto de intereses— los procesos con bancos de inversión. La medida
debe estar orientada a fortalecer la burocracia y los procesos para evitar la
influencia indebida del inversionista interesado o proponente de una APP.
A su vez, elaborar un Plan Nacional de Infraestructura, para que las APP
sean realmente coherentes con los intereses nacionales y subnacionales.
Este plan debe dialogar con los planes urbanos y de infraestructura que
los gobiernos subnacionales aprueben dentro de su territorio, en el marco
de su función planificadora. Proponemos, además, implementar mejores
mecanismos para difusión de una APP en etapa de concurso. En particu-
lar, para el caso de las iniciativas privadas, los tres meses de concurso es
tiempo insuficiente para que un inversionista interesado elabore y presen-
te una propuesta alternativa. Mientras mayor posibilidad de competencia
exista, los proyectos serán más eficientes y generarán mayor valor social.
Y para el caso de obras por impuestos en Lima, se debe incluir fuentes
de financiamiento adicionales al canon y sobrecanon para la ejecución
de esta modalidad de APP en el territorio metropolitano. Estas fuentes
de financiamiento pueden ser recursos ordinarios, recursos directamente
recaudados, entre otros.
Esta reforma requiere la modificación de la Ley Marco de las Asociaciones
Público-Privadas y sus respectivas reglamentaciones.
*	Los agradecimiento en la elaboración de esta propuesta a Augusto Rey y Luis Molero, destacados
4. Constitución de equipos técnicos intergerenciales
El modelo de diseño organizacional propuesto en la Ley Orgánica de
Municipalidades es de corte gerencial, caracterizado por un sistema jerár-
quico, vertical y de poca articulación. Este modelo se ha ido implemen-
tando en los gobiernos locales, grandes, medianos y pequeños, como un
formato estándar, sin considerar la heterogeneidad de los municipios y mu-
nicipalidades del país. Lamentablemente, este modelo restringe la capacidad
creativa del gobierno local y, a la vez, presiona presupuestalmente a las mu-
nicipalidades de pocos recursos.
En este contexto, la reforma plantea la complementariedad del siste-
ma gerencial, a través de la constitución obligatoria y formalizada de equi-
pos técnicos con vinculación intergerencial. Esto se hará con el objetivo de
simplificar la estructura burocrática y promover el diálogo interno en los
gobiernos locales. Los equipos técnicos estarán compuestos por los respon-
sables de las áreas de la municipalidad, bajo la dirección del gerente munici-
pal, y se formalizarían anualmente a través de una resolución de la alcaldía.
La lógica de estos equipos técnicos permitiría que, además de ejecutar las
tareas de cada área, se emprenda acciones integrales y articuladas en función
de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado.
5. Creación del Programa de Innovación Municipal
Vivimos en una época denominada como la era de la información y la inno-
vación. Esta plantea cambios rápidos y profundos en las relaciones persona-
les y laborales, las cuales influyen definitivamente en la gestión municipal.
En este contexto, la reforma plantea la creación del Programa de
Innovación Municipal. La propuesta se promovería desde el gobierno cen-
tral y se implementaría paulatinamente en las municipalidades que se ins-
criban en el programa. Su implementación requiere un plan anual muy
específico, liderado por las áreas de planificación y desarrollo social, y se
enfocaría en cinco temas claves: gobierno electrónico, participación ciuda-
dana, recaudación municipal, gestión ambiental e inclusión social.
El programa incluye la participación del gobierno local en un Premio
Nacional de Innovación Municipal. El concurso se llevaría a cabo anual-
mente y se premiaría a un ganador por región. Cabe destacar que el premio
sería un monto de dinero para una inversión específica en el ámbito de
innovación propuesto por el gobierno local ganador.
Esta reforma requiere la promulgación de una norma específica que cree el
Programa de Innovación Municipal.
6. Programa Nacional de Promoción y Fortalecimiento de Clústers
y Conglomerados Productivos o Comerciales
En la actualidad, la informalidad es uno de los aspectos de la economía
nacional que limita el desarrollo del país. Además, en este tipo de activida-
des se expone a millones de trabajadores al peligro, por las condiciones de
trabajo y la ausencia de fiscalización de la seguridad en el espacio laboral.
En este contexto, la propuesta plantea la creación de un programa na-
cional, de aplicación provincial, que articule los ministerios de Producción,
de Empleo y los municipios provinciales con el objetivo de formalizar los
clústers y conglomerados productivos o comerciales del país. Este progra-
ma, a través de estrategias particulares y progresivas, deberá promover e im-
plementar un proceso de formalización desde tres ejes de desarrollo: mejorar
la productividad de las unidades productivas, profundizar la fiscalización
del Estado y rediseñar la relación con los actores de la economía local. En
este marco, todas municipalidades provinciales deberán elaborar ordenanzas
para organizar a los clúster y conglomerados, definiendo un registro de aso-
ciados y una junta nombrada en elecciones que tenga la vocería y capacidad
de decisión en su relación con el Estado.
Esta reforma requiere la promulgación de la Ley de Clúster y Conglomerados
Productivos o Comerciales.
7. Programa Nacional de Monitoreo de los Servicios Municipales
A excepción de algunas municipalidades consolidadas de Lima, la imple-
mentación y la calidad de los servicios públicos locales está muy por debajo
de las expectativas y necesidades de los ciudadanos. Incluso, en la mayoría
de los gobiernos locales, los servicios públicos son deficitarios, especialmen-
te en el servicio de recojo y tratamiento de residuos sólidos.
En esta coyuntura, la propuesta plantea el diseño y ejecución obligato-
ria de un Programa Municipal de Monitoreo de los Servicios Municipales,
con la intención de mejorar el servicio y, por ende, lograr mayor satisfacción
en los ciudadanos. La propuesta se implementaría paulatinamente, comen-
zando por todas las municipalidades con más de 5000 habitantes. Se deberá
diseñar un plan anual muy específico, liderado por el área usuaria, con indi-
cadores de proceso y resultados. También se recomienda que los indicado-
res y la presentación de resultados sean trabajados participativamente. Esta
propuesta, además de mejorar la calidad de vida de la población y la imagen
del gobierno local, puede contribuir en los niveles de recaudación de las
municipalidades, a partir del incremento en el pago de los tributos.
8. Espacios públicos con acceso a internet
Según la Asamblea General de las Naciones Unidas, el acceso a internet es un
derecho humano, ya que hace posible la libertad de expresión, de información
y promueve el desarrollo conjunto de la sociedad. Sin embargo, en el Perú,
este acceso está restringido al pago del servicio a alguna empresa privada.
Es fundamental el acceso gratuito a internet en los espacios públicos
de nuestras ciudades (parques, plazas, parques zonales, complejos depor-
tivos), por lo que este gran objetivo debe estar insertado en la visión de
las gestiones municipales. En tal sentido, y sustentados en la existencia de
este derecho humano, proponemos que las empresas que proveen internet
a través del pago del servicio, por ley, estén obligadas a ofrecer sus servicios
gratuitamente en los espacios públicos. Las municipalidades deberán ser las
encargadas de velar por su administración y calidad.
Esta propuesta requiere la promulgación de una norma específica.
9. Digitalización de los trámites municipales
Los gobiernos locales modernos e innovadores están implementando inicia-
tivas claves en materia de gobierno electrónico. Entre las principales apues-
tas se destaca la digitalización de los trámites municipales. En nuestro país,
a excepción de algunos gobiernos locales consolidados, los trámites munici-
pales son presenciales, engorrosos, burocráticos y lentos.
En esta coyuntura, la propuesta plantea la digitalización progresiva de los
trámites de los gobiernos locales. Teniendo en cuenta la complejidad y hetero-
geneidad de nuestros municipios, esta propuesta se deberá implementar por eta-
pas, priorizando los trámites más recurrentes y las posibilidades reales de imple-
mentarse. Los trámites que se priorizarán en la primera etapa son los siguientes:
licencias de funcionamiento, licencias de edificación y trámites de matrimonio.
Esta propuesta se puede enlazar con alguna meta del programa de in-
centivos municipales y/o algún premio nacional de cumplimiento.
Esta reforma requiere la promulgación de una norma específica.
10. Continuidad laboral de los trabajadores de las concesionarias
Las municipalidades a lo largo del país concesionan algunos servicios, tales
como la limpieza pública o el cobro de peajes. Estos servicios se tercerizan
empleando a cientos de trabajadores. El problema surge cuando, al cambiar
de empresas, los trabajadores pierden la posibilidad de continuar en el tra-
bajo y se exponen ante el riesgo de perder beneficios laborales.
Por ello, siguiendo la experiencia española de la Ley de Subrogación
Empresarial o la gestión de los residuos sólidos de Chile, proponemos que
las municipalidades reconozcan que existe una relación laboral con los tra-
bajadores de las empresas responsables de desarrollar los servicios, y se pro-
teja la estabilidad del 100% de los trabajadores y sus pisos de beneficios
sociales. Esto se podrá lograr a través de cláusulas en los contratos y en las
bases de los concursos de las concesiones. Se les dará así la responsabilidad
a las empresas postulantes para que conserven a los trabajadores y respeten
sus pisos de beneficios laborales.
Esta reforma requiere la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado y
11. Reforma tributaria municipal e incentivos para el pago de
Uno de los problemas principales de los gobiernos locales del Perú es la li-
mitada recaudación por el pago de impuestos, tasas, contribuciones u otros.
Esta situación limita la intervención de las municipalidades y genera mayor
dependencia de las trasferencias respecto del gobierno central.
En este contexto, planteamos las siguientes reformas tributarias para el
debate. La transferencia de la recaudación del impuesto a la renta de primera
categoría (alquiler de predios, subarrendamiento de predios, mejoras, cesión
de muebles, cesión gratuita de predios) a las municipalidades provinciales.
Eliminar la exoneración de pago de impuesto predial y alcabala a los colegios
particulares, universidades particulares y entidades religiosas. Fusionar los si-
guientes impuestos: a las apuestas, a los juegos, a los espectáculos públicos no
deportivos. Crear progresivamente el Servicio de Administración Tributaria
(SAT) en todas las municipalidades provinciales del país. Crear el impuesto
a las actividades económicas, industriales, comerciales y de servicios en esta-
blecimientos; este impuesto sería recaudado directamente por los gobiernos
locales. Incrementar en 1% el impuesto de promoción municipal. Asimismo,
se buscará, con un programa nacional dirigido a los gobiernos locales, que a
través de estrategias efectivas se promueva el pago de tributos municipales.
Esta reforma requiere la modificación de la Ley de Tributación Municipal y el
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta.
PLANIFICACIÓN Y ARTICULACIÓN
El eje plantea algunas propuestas de reestructuración progresiva y
funcional del sistema de planificación municipal y la generación de
mecanismos horizontales y funcionales de articulación territorial.
1. Elaboración de planes de desarrollo concertado con una visión de
futuro de treinta años
A pesar de los esfuerzos articuladores del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico (CEPLAN), los planes de desarrollo concertados en el país ex-
ponen un horizonte de desarrollo muy variado, de modo que tienen como
referencia el 2021 o diferentes años hasta el 2030. El primer caso por el
bicentenario y los otros según el cálculo de la fecha de elaboración. Esta
heterogeneidad expresa la ausencia de un proyecto consolidado de país y la
excesiva flexibilidad de los gobiernos locales en materia de perspectivas de
En esta coyuntura, la reforma plantea el establecimiento de un horizon-
te temporal de treinta años para la visión de futuro de un gobierno local,
con el objetivo de establecer miradas más ambiciosas, creativas y motivado-
ras para las municipalidades de nuestro país.
y las directivas del CEPLAN.
2. Creación de la Dirección Nacional de Planeamiento Regional y
Municipal en la estructura orgánica del CEPLAN
El CEPLAN es la entidad rectora del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico. Entre sus funciones se considera como clave “asesorar a las
entidades del Estado y a los gobiernos regionales y orientar a los gobier-
nos locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y
planes estratégicos de desarrollo”. Sin embargo, debido a sus limitaciones
internas y a la complejidad del territorio peruano, esta institución no ha
logrado obtener legitimidad y funcionalidad en el ámbito local, debilitán-
dose su impacto institucional como ente rector en materia de planeamiento
En este escenario, la reforma plantea la creación de la Dirección
Nacional de Planeamiento Regional y Municipal, como un órgano de línea
responsable del planeamiento y la articulación territorial a nivel regional y
municipal. Esta área, además de establecer lineamientos conceptuales y me-
todológicos, debe asesorar a los gobiernos subnacionales y acompañarlos en
sus procesos de planeamiento. Por último, se recomienda que esta dirección
tenga oficinas descentralizadas en cada región.
Esta reforma requiere la modificación del Reglamento de Organización y
Funciones del CEPLAN.
3. Elaboración obligatoria y formalización vinculante del Plan
De acuerdo con el texto de Estadísticas municipales 2016 del INEI, solo el
67% (1056) de municipalidades cuenta con planes estratégicos institucio-
nales. A pesar de la importancia de este instrumento de gestión, muchas
municipalidades, incluyendo las que cuentan con este documento, no les
dan importancia a sus propuestas.
De esta manera, con el objetivo de fortalecer el sistema de planificación
municipal, la propuesta plantea la elaboración obligatoria de este instru-
mento de gestión y su vinculación específica con las transferencias de dinero
del gobierno central, la priorización de proyectos en el marco del presupues-
to participativo y la determinación de los gastos institucionales.
4. Presentación en una audiencia pública de los planes operativos
anuales y los presupuestos institucionales de apertura
La planificación operativa y sus respectivos instrumentos de gestión son
de dominio casi exclusivo de los técnicos municipales, con mínima par-
ticipación de los actores políticos y la población. Ahora bien, debido a la
importancia funcional de estos instrumentos, es necesario visibilizar sus
contenidos a la ciudadanía.
De esta manera, formulamos como propuesta la presentación, en au-
diencia pública, de los planes operativos anuales y los presupuestos institu-
cionales de apertura en el mes de enero de cada año. Teniendo en cuenta
que estos dos instrumentos son complejos y muy técnicos, se exigirá que se
difundan de manera prioritaria las acciones, indicadores y resultados claves
del plan y en el caso del presupuesto institucional de apertura (PIA), la prio-
rización y distribución de gastos considerando personal, servicios públicos
e inversión pública. Se creará la Semana Municipal, donde los gobiernos lo-
cales podrán programar su presentación pública, en coordinación con otras
5. Creación de la Ley General de Ordenamiento Territorial
De acuerdo con el ordenamiento jurídico actual, los instrumentos de ges-
tión territorial y urbana se gestionan por dos ministerios. Por un lado, el
Ministerio de Ambiente es el ente rector para la elaboración de la zonifica-
ción ecológica y económica, los estudios especializados, el diagnóstico in-
tegrado del territorio y el Plan de Ordenamiento Territorial. Por otro lado,
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento supervisa el Plan
de Acondicionamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Urbano (PDU), el
Plan Urbano Distrital y el esquema de ordenamiento urbano.
En este contexto, la reforma plantea una reestructuración integral en
la concepción, metodología y normativa sobre gestión territorial en el país,
con énfasis en las competencias de los gobiernos locales. En primer lugar, se
plantea la promulgación de una Ley General de Ordenamiento Territorial.
Por otro lado, se recomienda precisar la rectoría y articulación de los ins-
trumentos de gestión. Por último, se plantea establecer una visión de abajo
hacia arriba en la concepción del desarrollo territorial, considerando la he-
terogeneidad y complejidad de los municipios en el Perú.
Esta reforma requiere la promulgación de una Ley General de Ordenamiento
Territorial y la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades.
6. Cambios en el diseño e implementación del Programa de
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal
El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal fue crea-
do mediante Ley N.° 29332 y sus modificatorias. Este programa implica
una transferencia de recursos a las municipalidades por el cumplimiento
de metas en un periodo determinado. Estas metas son formuladas desde el
gobierno central y tienen como objetivo impulsar determinados resultados.
Lamentablemente, este programa, al ser diseñado desde arriba, tiene un en-
foque que refuerza el centralismo y limita la capacidad de gestión y diseño
De esta manera, la propuesta plantea un ajuste estructural en la con-
cepción de este programa. En primer lugar, se plantea un cambio en la res-
ponsabilidad del diseño de las metas, las cuales deben ser elaboradas por los
gobiernos regionales, considerando los contenidos de sus planes regionales
de desarrollo concertado. En segundo lugar, se plantea la libre disponibili-
dad de los recursos asignados producto del cumplimiento de las metas. En
tercer lugar, se plantea un ajuste en los plazos, los cuales en muchos casos
agobian a los funcionarios municipales, limitando sus responsabilidades en
materia de gestión estratégica. Por último, se recomienda que se articule las
metas del programa con las propuestas de los planes de desarrollo concerta-
do provinciales y distritales.
Esta reforma requiere la modificación de la ley que crea el Programa de
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y sus modificatorias.
7. Cambios en el diseño e implementación de los programas
presupuestales vinculados con los gobiernos locales
Los programas presupuestales, como instrumentos del presupuesto por re-
sultados, definen la programación de las acciones de las entidades públicas.
Lamentablemente, a pesar del enfoque de articulación territorial, el diseño
e implementación de los programas presupuestales tiene una perspectiva
centralista, vertical y burocrática.
En este contexto, la reforma plantea un ajuste en la concepción, diseño
e implementación de los programas presupuestales con articulación territo-
rial. En primer lugar, se plantea el protagonismo de los gobiernos regionales
y las municipalidades provinciales en este proceso. En segundo lugar, se
propone que los gobiernos locales, provinciales y distritales puedan identifi-
car propuestas de programas presupuestales desde el diseño y no solo a nivel
de productos o actividades. Este diseño de programa presupuestal puede
tener un carácter regional o macroprovincial con el objetivo de concebir las
propuestas a partir de las propias realidades de los gobiernos locales, con un
Esta reforma requiere la incorporación de esta propuesta en la directiva para
los programas presupuestales en el marco de la programación y formulación del
presupuesto del sector público para el año fiscal 2018.
8. Cambios en el diseño e implementación de los programas de
El gobierno central, como componente de su política social, implemen-
ta a nivel nacional un conjunto de programas sociales de lucha contra la
pobreza. No obstante, la implementación de estos programas tiene serias
limitaciones desde su concepción. Entre los problemas que se identifican
en la ejecución de estos programas se destacan los siguientes: participación
restringida de los gobiernos locales, limitada participación de los provee-
dores locales y ausencia de los productos locales en los requerimientos del
En este contexto, la reforma plantea tres propuestas específicas. En
primer lugar, se plantea un mayor protagonismo de los gobiernos locales
en la gestión del programa. En segundo lugar, se plantea otorgar mayores
oportunidades para los proveedores locales. Por último, se exige la inclu-
sión de productos locales en la composición de los requerimientos de cada
programa, para que de ese modo existan programas diferenciados según las
diferentes zonas del país. Así, además se generará una dinámica económica
Esta reforma requiere la creación de una Ley de Articulación
Intergubernamental para la Gestión de Programas Sociales de Lucha contra la
9. Creación de macrodistritos en Lima Metropolitana y en las
provincias que así lo ameriten
Actualmente, Lima Metropolitana tiene 43 distritos, exhibiendo una alta
división del territorio de la provincia. Esto implica problemas en la eficien-
cia de la gestión pública y en la provisión de servicios.
Por ello, proponemos que se evalúe el agrupamiento de los distritos en
macrodistritos, con el objetivo de reordenar territorialmente la ciudad de
Lima y las provincias del Perú que así lo ameriten. En ese sentido, se podría
tener políticas mucho más integrales para el conjunto de la ciudad y un peso
más significativo en la relación con el gobierno nacional.
Esta reforma requiere la creación de la Ley de Macrodistritos en Lima
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA
El eje tiene como objetivo la promoción y fortalecimiento de la parti-
cipación ciudadana en el ámbito local, la articulación transparente del
Estado con la sociedad civil y la lucha frontal contra la corrupción. Su
objetivo es mejorar los mecanismos de control interno y generar una
cultura de ética y respeto por la función pública.
1. Simplificación de requisitos para la demanda de rendición de
En el Perú, la solicitud de demanda de rendición de cuentas, como meca-
nismo de empoderamiento y vigilancia ciudadana, es poco habitual, debido
a la apatía de la población y, sobre todo, por las excesivas exigencias buro-
cráticas para su realización.
De esta manera, la reforma plantea simplificar los requisitos y el proce-
dimiento para la demanda de rendición de cuentas en el ámbito municipal.
En primer lugar, se propone disminuir la cantidad de firmas del 10% al 5%.
Además, teniendo en cuenta las características de la mayoría de municipa-
lidades del Perú, rurales y pequeñas, se propone flexibilizar todo el proceso
burocrático, incluyendo los requerimientos y la participación de la ONPE y
el JNE. En esta línea, se propone involucrar a los juzgados de paz como en-
tes reguladores y fiscalizadores del proceso. Asimismo, se propone precisar
que las respuestas de los alcaldes interpelados deben hacerse en un evento
público y con respuestas sustentadas con documentos que deberá hacerse de
acceso fácil y en un lenguaje simple.
Esta reforma requiere la modificación de la Ley de los Derechos de
Participación y Control Ciudadanos.
2. Fiscalización estricta de los portales de transparencia
De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la actualización de los portales de transparencia debe
ser realizada al menos una vez al mes, donde se incluya información funda-
mental de la gestión. Lamentablemente, a pesar de esta exigencia, la mayoría
de portales de transparencia de los gobiernos locales están desactualizados.
Por ello, esta propuesta plantea la fiscalización activa de los portales de
transparencia de los gobiernos locales. La fiscalización involucra revisar la
implementación y la actualización permanente del portal institucional. En
el marco de este proceso, los gobiernos locales podrían ser sancionados con
hasta 10 UIT. La fiscalización será llevada a cabo por la Contraloría General
de la República dos veces al año, en fechas no programadas.
Esta reforma requiere la modificación del Reglamento de la Ley de
3. Elaboración del Plan Municipal de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Vigilancia Ciudadana
A nivel local, el tema de la transparencia, acceso a la información pública y
vigilancia ciudadana es muy débil, tanto a nivel político, técnico y ciudada-
no. Para fomentar una cultura de transparencia en el ámbito municipal, es
necesario contar con instrumentos de gestión específicos.
De esta manera, se propone la elaboración de un Plan Municipal de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Vigilancia Ciudadana,
y su inclusión en el sistema de planificación municipal. Este documento
de gestión debe contener los lineamientos básicos y las acciones operativas
para la promoción de la transparencia, acceso a la información pública y
vigilancia ciudadana. Se recomienda que el plan tenga una duración de cua-
tro años, conforme al periodo de una gestión, o cinco años si se acepta la
propuesta de ampliar el periodo de gestión municipal.
Esta propuesta requiere la modificación de la Ley de Transparencia y Acceso a
4. Reformulación y fortalecimiento del Consejo de Coordinación
El Consejo de Coordinación Local (CCL), provincial o distrital, es un ór-
gano de coordinación y concertación integrado por el alcalde, quien lo pre-
side, y por los representantes de los diferentes niveles de organización del
territorio, los cuales son elegidos por un periodo de dos años. Este espacio
se reúne ordinariamente dos veces al año y tiene como funciones principa-
les la coordinación del Plan de Desarrollo Concertado y la generación de
propuestas en temas de inversión e infraestructura. Lamentablemente este
espacio, a nivel de cumplimiento de funciones y vida orgánica, ha fracasado
en la mayoría de gobiernos locales del país.
En este contexto, la reforma plantea la reformulación integral de este es-
pacio, a nivel de duración, funcionamiento y atribuciones. En primer lugar,
se plantea que el CCL tenga una duración similar al de la gestión municipal.
Por otro lado, se propone que las sesiones de este consejo se realicen todos
los meses. Por último, planteamos que las funciones y atribuciones del CCL
incluyan los espacios consultivos de la municipalidad. Es decir, además de
las funciones establecidas actualmente en la ley municipal, se establezcan
mesas temáticas dentro de este espacio, en función de las necesidades y
propuestas de los distintos actores del territorio.
5. Reformulación de los comités de vigilancia del presupuesto
Los comités de vigilancia del presupuesto participativo son espacios ciudadanos
encargados de vigilar el cumplimiento de los acuerdos del presupuesto partici-
pativo, año tras año. Lamentablemente, por múltiples factores, no están cum-
pliendo a cabalidad con sus objetivos, debilitándose su imagen paulatinamente.
En este contexto, la reforma plantea una reformulación integral de este
comité. En primer lugar, se plantea que las elecciones de los comités de vigi-
lancia se realicen en la misma fecha que las elecciones municipales. De esta
manera, cada lista municipal, además de sus candidatos a alcalde y regidores,
deberá presentar un candidato a representante para este comité, al cual in-
gresarán los representantes de las cuatro primeras listas. En segundo lugar,
se propone que la duración de la gestión del comité sea la misma que la del
Concejo Municipal. Finalmente, se plantea que los comités elaboren un Plan
de Vigilancia Ciudadana y se les asigne recursos económicos y logísticos bá-
sicos para su funcionamiento. Con esta reforma se puede lograr organicidad,
eficiencia y eficacia en los comités de vigilancia. La reformulación de este
espacio puede incluir, también, el cambio en la denominación del mismo.
y el instructivo para el proceso del presupuesto participativo.
6. Creación de comités de vigilancia de los servicios públicos
En nuestro país, a nivel de gobiernos locales, la implementación de los
servicios públicos es catalogada como ineficiente, lenta y burocrática. Esta
percepción de la población se agudiza en municipalidades con menor
Con el objetivo de mejorar la eficiencia, la eficacia, la calidad y la trans-
parencia en la implementación de los servicios públicos locales, la propuesta
plantea la constitución de comités de vigilancia de los servicios públicos
locales. Las municipalidades llevarán un registro oficial de los comités de
vigilancia de servicios públicos. De manera prioritaria, se puede iniciar con
el sistema de recojo de residuos sólidos. El comité puede constituirse en el
marco de los talleres del presupuesto participativo cada año. Para lograr un
nivel de organicidad de los comités, se deberá incluir capacitaciones, sistema
de comunicación y reuniones trimestrales con los funcionarios municipales
y dos informes semestrales.
7. Formalización obligatoria de una comisión ordinaria de regidores
dirigida por la oposición)
Generalmente, al inicio de cada año se constituyen las comisiones ordi-
narias de regidores, las cuales se definen y constituyen de acuerdo con las
prioridades institucionales y el contexto específico de cada localidad.
Considerando este proceso formal, la reforma plantea la conformación
obligatoria de una comisión ordinaria de regidores de fiscalización y lucha
contra la corrupción, con el objetivo de fortalecer los mecanismos políticos
de fiscalización municipal. Un aspecto clave de esta comisión es la necesidad
de que sea dirigida por la oposición, es decir, que el presidente de la comi-
sión, obligatoriamente, por ley, debe ser de una agrupación política distinta
a la del alcalde.
8. Constitución de comisiones específicas de investigación con la
aprobación de un tercio de votos de los regidores
En muchos gobiernos locales, debido al control excesivo que genera la ma-
yoría oficialista, se restringe la investigación de la oposición respecto a algu-
nos indicios de corrupción existentes en la localidad.
De esta manera, adicionalmente a la conformación institucionalizada
de una comisión ordinaria de regidores de fiscalización y lucha contra la co-
rrupción, la reforma plantea la constitución de comisiones específicas de in-
vestigación, sin la aprobación de la mayoría de regidores. Específicamente,
la propuesta plantea que para conformar este tipo de comisiones se necesita
el voto de solo un tercio del número hábil de regidores. Esta reforma puede
ayudar en la investigación y sanción de los casos de corrupción en los go-
biernos locales.
9. Participación obligatoria de un regidor en el Comité Municipal
De acuerdo con la Directiva N.° 013-2016-CG/GPROD, “Implementación
del sistema de control interno en las entidades del Estado”, Resolución de
Contraloría N.° 149-2016-CG, las entidades públicas, incluyendo las mu-
nicipalidades, deben constituir un Comité de Control Interno. Este comité
está constituido generalmente por técnicos municipales, dejando de lado la
participación efectiva de los regidores.
En este contexto, la reforma plantea la incorporación obligatoria de un
regidor en este comité, con el objetivo de incorporar una perspectiva políti-
ca a los procesos de control interno y de mejora continua.
Esta reforma requiere la modificación de la Directiva N.° 013-2016-CG/
GPROD.
10. Nombramiento del encargado de la Oficina de Control Interno
de las municipalidades a propuesta del Consejo Nacional de la
Magistratura y elegido por el Concejo Municipal
Los representantes de la Oficina de Control Interno de las municipalidades
en la actualidad son nombrados por la Contraloría General de la República.
El problema es que, a pesar de su importancia, no son lo suficientemente
visibles en su rol de lucha contra la corrupción a nivel subnacional.
Por ello, planteamos que el Consejo Nacional de la Magistratura proponga
a tres candidatos y sea el Concejo Municipal el encargado de su elección. Se
busca promover una elección transparente, visible y de responsabilidad pública.
Esta propuesta requiere la modificación de la Ley Orgánica de
11. Creación de un sistema de reserva de identidad y bonificación
a los funcionarios que denuncian irregularidades en las
Las municipalidades tienen decenas de casos de corrupción que son difun-
didos progresivamente a través de los procesos judiciales y los medios de co-
municación. Da la impresión de que las denuncias de estas irregularidades
vendrían desde actores externos a la propia gestión municipal.
Esta propuesta promueve crear incentivos para que los mismos funcio-
narios municipales puedan denunciar las irregularidades que se cometen
dentro de sus municipalidades. Se debe garantizar que sus identidades sean
protegidas, así como también otorgarles una bonificación por la denuncia
sustentada en pruebas.
El eje plantea visibilizar y empoderar a las mujeres y a las comunidades
locales que generalmente se encuentran en situación de vulnerabili-
dad, a partir de reformas legales y promoción de políticas locales. Los
grupos también considerados son comunidades nativas, comunidades
campesinas, la comunidad LGTBI, los niños, niñas y adolescentes, las
personas de la tercera edad y las personas discapacitadas.
1. Publicación de normas municipales e instrumentos de gestión en
del 20% de población originaria
En nuestro país, cuando se hace referencia a los pueblos originarios, se les
denomina minorías étnicas o cualquier otro término que precisa su con-
dición minoritaria en el territorio. Sin embargo, existen distritos donde la
población originaria es mayoritaria, superando, en algunos casos, el 90% de
la población total del territorio.
En este contexto, la reforma plantea que cuando más del 20% de la
población de la municipalidad sea población originaria, se realice la publica-
ción obligatoria de las normas municipales e instrumentos de gestión en las
lenguas de los pueblos originarios. Esta propuesta ayudará a empoderar a la
población indígena y reafirmará sus lazos identitarios a través de la lengua.
2. Constitución de comisiones de regidores mixtas en
municipalidades con comunidades campesinas y/o nativas
En muchos distritos de nuestro país coexisten la organización municipal
con el nivel de organización comunal, sea este último a través comunidades
campesinas y/o nativas. En ambos casos, existe una normatividad específica
que las protege y les permite un nivel importante de autonomía.
Ahora bien, considerando la necesidad de articular el conjunto de ac-
tores dentro de un territorio, la reforma plantea que cuando las municipa-
lidades cuenten con comunidades campesinas y/o nativas, se constituyan
comisiones mixtas en el ámbito municipal. Estas comisiones, al igual que
todas las comisiones ordinarias o permanentes, se constituirán al inicio del
año y estarán compuestas por regidores y representantes de las respectivas
comunidades. Cabe destacar que, en la lógica de esta propuesta, los repre-
sentantes de las comunidades, además de voz, tendrán voto.
y el reglamento interno de concejo de cada municipalidad interviniente.
3. Alternancia de género en la composición de listas municipales
De acuerdo con el inciso tercero, artículo 10 de la Ley de Elecciones
Municipales, la lista de candidatos a las elecciones municipales debe con-
tener, entre otros, “el número correlativo que indique la posición de los
candidatos a regidores en la lista, que debe estar conformada por no menos
de un treinta por ciento (30%) de hombres o mujeres”. A esta consideración
se le denomina cuota de género. No obstante, la ubicación rezagada de las
mujeres en la lista de candidatos restringe la posibilidad de ser elegidas.
De esta manera, proponemos que se establezca una alternancia obliga-
toria en la composición de las listas municipales, una mujer y un varón, has-
ta el último candidato de la lista. Confiamos en que esta propuesta pueda
generar mayor democratización en los partidos y movimientos políticos y, a
la vez, revalorar a la mujer como actor clave en los procesos locales.
4. Organización y representación de las personas con discapacidad
en espacios, procesos de decisión y vigilancia del ámbito municipal2
Por siglos las personas con discapacidad fueron restringidas de participar de
la vida en comunidad, más aún en la toma de decisiones. En la actualidad,
todavía convivimos con enfoques médico-rehabilitadores que promueven
la construcción de servicios y espacios especializados que, lejos de construir
sociedades inclusivas, contribuyen a segregar a los que son considerados
“no-normales”. Por el contrario, desde la década de los 80, con el concep-
to de “rehabilitación basada en la comunidad”, se busca integrar todos los
servicios locales y promover que, desde su diseño, sean capaces de aten-
2	En el instructivo vigente para el presupuesto participativo basado en resultados se hace
referencia a las asociaciones de personas con discapacidad como colectivos para ser con-
vocados.
der a todos los ciudadanos, incluyendo a los que presentan algún tipo de
En este contexto, la reforma plantea la obligatoriedad de la participa-
ción de las personas con discapacidad en los espacios, procesos de decisión y
vigilancia municipal, específicamente en los siguientes procesos: presupues-
to participativo, elaboración de planes locales, las audiencias de rendición
de cuentas y los comités de vigilancia. Esta comunidad participaría de ma-
nera organizada, sin restringir la iniciativa individual.
4. Organización y representación de niños, niñas, adolescentes y
personas de la tercera edad en espacios de decisión municipal
La gestión municipal y, en general, la gestión pública tienen un enfoque
adultocéntrico, el cual considera a los demás grupos etarios solo como re-
ceptores en la implementación de las políticas públicas. En esta lógica, los
niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad, tienen un rol muy
pasivo en el diseño e implementación de propuestas que se vinculan con su
De esta manera, con la intención de romper con este monopolio, la
reforma plantea la inclusión obligatoria de representantes de estos grupos
en el diseño de las políticas locales. Con el objetivo de ser más precisos,
se considera fundamental la participación obligatoria de los representantes
en los siguientes procesos: presupuesto participativo, elaboración de planes
locales, audiencias de rendición de cuentas, entre otros.
5. Inclusión de la comunidad LGTBI en la agenda municipal de
desarrollo local y promoción de los derechos
En los últimos meses, se ha posicionado un intenso debate público sobre
los derechos de la comunidad LGTBI, debate que ha generado, inclu-
so, muchas polémicas entre sectores progresistas y grupos conservadores.
Independientemente de las concepciones religiosas y políticas de los invo-
lucrados, es innegable que existe un alto grado de vulnerabilidad de los
derechos de esta comunidad, incluyendo el limitado acceso a servicios y
oportunidades laborales, así como la violencia simbólica y física a la que
están frecuentemente expuestos.
De esta manera, a partir del reconocimiento y promoción integral de
los derechos ciudadanos, la reforma plantea la inclusión de la comunidad
LGTBI en la agenda municipal de desarrollo local y promoción de sus de-
rechos. Específicamente, proponemos la inclusión obligatoria de la promo-
ción de los derechos de esta comunidad en la elaboración de los siguientes
instrumentos de gestión: ordenanzas municipales que promuevan la igual-
dad de oportunidades y la no discriminación de la comunidad LGTBI, in-
clusión de esta comunidad en la elaboración y contenidos de los planes loca-
les, y la inclusión de las organizaciones LGTBI como agentes participantes
en el presupuesto participativo.
y el instructivo del presupuesto participativo.
Los últimos meses han sido decepcionantes y muy tristes para nuestro país.
La corrupción vinculada con la empresa Odebrecht ha salpicado al conjun-
to de la clase política. Este libro nace en ese contexto, pero como una acción
de resistencia. No queremos naturalizar esa forma vergonzante de hacer po-
lítica. Pero no solo queremos criticar a los responsables, sino ofrecerle al
país un proceso de construcción de propuestas, en un nivel del Estado —el
municipal— casi en situación de abandono. Aquí, los autores ponemos en
debate la situación de los gobiernos municipales, con el objetivo de propo-
ner y lograr cambios de orden estructural.
El próximo 7 de octubre del 2018 se llevarán a cabo las elecciones re-
gionales y municipales en 25 regiones, 196 provincias y 1874 distritos. En
este proceso se elegirán gobernadores, vicegobernadores, consejeros de los
gobiernos regionales, alcaldes y regidores de los concejos provinciales y con-
cejos distritales de todo el país. Será un contexto de grandes cambios, pero
Debido a la promulgación de Ley N.° 30305, “Ley de reforma de los ar-
tículos 191°, 194° y 203° de la Constitución política del Perú sobre denomi-
nación y no reelección inmediata de autoridades de los gobiernos regionales
y de los alcaldes”, tendremos aproximadamente 2000 nuevas autoridades en
los sillones de los gobiernos regionales y municipales. ¿Los cambios que nos
hacen falta solo dependen de la buena voluntad de las nuevas autoridades?
Nosotros consideramos que aquella alternancia es insuficiente. Necesitamos
sobre todo cambios en el diseño municipal.
Es alarmante la cantidad de alcaldes y regidores investigados por sus
vínculos con la corrupción, el narcotráfico, la minería ilegal y otras activi-
dades ilícitas.
Lo que hemos comenzado a llamar reforma municipal, sin duda, no se
agota en estas páginas. Sabemos que el proceso es largo y altamente comple-
jo. Se requiere fundamentalmente de alianzas, un gran debate público y una
sólida confluencia de intereses. A pesar de su dificultad, somos conscientes
de que en algún momento vamos a tener que iniciar un proceso de rediseño
municipal. Los cambios necesarios y justos son en la historia inevitables.
Nosotros creemos que ahora es el momento. El añejo modelo notoriamente
ha alcanzado sus límites.
Este libro no se postula como la receta para lograr el desarrollo local y
el fortalecimiento del municipalismo peruano. Nuestra metodología está
pensada para que este texto sea sometido a la consideración púbica y entre a
un proceso de recojo de sugerencias y comentarios, con el objetivo de crear
una versión final de propuestas de reforma municipal. Esperamos que ello
ocurra en los próximos meses.
Confiamos en que nuestro pequeño libro seguirá motivando a políticos,
técnicos y ciudadanos en pos del fortalecimiento de los gobiernos locales
y el empoderamiento de la ciudadanía, y como consecuencia de ello, de
2017	Estadísticas municipales 2016. Lima: INEI.
2011	“Descentralización en América Latina y tareas del municipalismo”.
En: Colección Ideas N.° 120. Santiago de Chile. Tomado de:
http://www.chile21.cl/wp-content/uploads/2011/09/
Colecci%C3%B3n-Ideas-N%C2%BA-120.pdf (consulta: 15 de
agosto del 2017).
Ruano, José Manuel & Vial, Camilo (Ed.)
2016	Manual de gobiernos locales en Latinoamérica. Santiago de Chile:
EJE 1: Representación y funcionamiento del Concejo Municipal
2008	Ley N.° 29298: Modificatoria de la Ley Marco del Presupuesto
2003a	Ley N.° 27806: Ley de Transparencia y Acceso a la Información
2003b	Ley N.° 28056: Ley Marco del Presupuesto Participativo.
2003c	Ley N.° 27972: Ley Orgánica de Municipalidades.
2002	Ley N.° 27806: Ley de Transparencia y Acceso a la Información
2010	“La vigilancia ciudadana para el cumplimiento de los compromi-
sos”. XII Ciclo de Formación. Lima: Grupo Propuesta Ciudadana.
Tomado de: http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/de-
fault/files/publicaciones/archivos/xvii_0.pdf (consulta: 19 de
mayo del 2017).
2010	Instructivo N.° 001-2010-EF/76.01, Resolución Directoral N.°
007-2010-EF/76.01: Instructivo para el presupuesto participativo
basado en resultados. Tomado de: https://www.mef.gob.pe/conte-
nidos/presupuesto_publico/normativa/RD007_2010EF7601.
pdf (consulta: 19 de mayo del 2017).
2009	Decreto Supremo N.° 142-2009-EF: Reglamento de la Ley Marco
del Presupuesto Participativo.
2014a	Perú: Gobierno abierto. Puertas abiertas para todos. Lima: PCM.
Tomado de: http://www2.pcm.gob.pe/PDFs/brochureGAP.pdf
(consulta: 16 de mayo del 2017).
2014b	Programa de fortalecimiento de capacidades en materia de gobier-
no abierto dirigido a gobiernos regionales y locales. Fascículo 1.
Transparencia. Lima: PCM. Tomado de: http://sgp.pcm.gob.pe/
wp-content/uploads/2015/01/Fasciculo-1-Transparencia.pdf
Eje 2: Funcionamiento municipal y calidad de servicios
2003	Ley N.° 27972: Ley Orgánica de Municipalidades.
1997a	Ley N.° 26864: Ley de Elecciones Municipales.
1997b	Ley N.° 26859: Ley Orgánica de Elecciones.
2007	“Para gobernar el municipio, para gerenciar la municipali-
dad”. Módulo de capacitación. Lima: Escuela Mayor de Gestión
2005	“Módulo VI: Marco normativo e instrumentos legales”. Material
de lectura para el Diplomado en Gestión Municipal y Desarrollo
Local. Lima: Escuela de Gestión Municipal.
2010	“Funciones del Concejo Municipal”. En: Píldora Educativa.
Tacna. Tomado de: http://www.mim.org.pe/file/pildo-
ras/Competencias%20municipales/Competencias%20
Municipales%20en%20educacion%20240112_new.pdf (con-
sulta: 25 de agosto del 2017).
Montecinos, Gustavo y Valdivia, Guisela
2007	Roles y funciones del gobierno local. Lima: Remurpe.
2006	Manual de gestión moderna de municipalidades rurales. Tomo 1.
Lima: Remurpe.
Eje 3: Planificación y articulación territorial
2009	Ley N.° 29332: Ley que Crea el Plan de Incentivos a la Mejora.
2006	Ley N.° 28716: Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
2002	Ley N.° 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la
2016a	Servicios y herramientas del control gubernamental. Documentos
de consulta para autoridades, funcionarios y servidores públicos.
Lima: CGR.
2016b	Resolución de Contraloría N.° 149-2016-CG, Directiva N.° 013-
2016-CG/GPROD: Implementación del Sistema de Control
Interno en las Entidades del Estado.
2008	Resolución de Contraloría General N.° 458-2008-CG: Contralor
general autoriza aprobar la “Guía para la implementación del
Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado”.
2014	El ordenamiento territorial en el Perú. Avances y retos para las re-
giones y el país. Lima: Grupo Propuesta Ciudadana. Tomado de:
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/pu-
blicaciones/archivos/Cartilla%20El%20Ordenamiento%20
Territorial%20en%20el%20Per%C3%BA.pdf (consulta: 26 de
2014	Orientaciones básicas sobre el ordenamiento territorial en el Perú.
2012	Decreto Supremo N.° 008-2012-MIDIS: Creación del Programa
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
2016	Decreto Supremo N.° 394-2016-EF: Aprobación de los procedi-
mientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recur-
sos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal
del año 2017, así como la aprobación de otras medidas.
2015	Programas presupuestales. Diseño, revisión y articulación territorial
2017. Lima: MEF.
2016	Decreto de Alcaldía N.° 04-2016-MSS: Aprueban reglamento de
la Comisión contra la Corrupción y del Sistema de Admisión y
Procedimiento de Denuncias y Aportes de los Vecinos del Distrito
de Santiago de Surco.
Eje 4: Participación ciudadana y lucha contra la corrupción
2014	Directiva N.° 0001-2014-CEPLAN: Directiva general del proceso
de planeamiento estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento
Morales Oswaldo & otros
2014	Modelo de gestión de la innovación para los gobiernos locales del Perú.
Serie Gerencia para el Desarrollo N.o 35. Lima: Universidad ESAN.
Sabogal Renato
2012	Hacia una gestión administrativa moderna. Aportes desde la práctica.
Lima: Escuela Mayor de Gestión Municipal.
Eje 5: Protagonismo de las comunidades locales
2000	Ley N.° 27337: Código de los Niños y Adolescentes.
2015	Ordenanza N.° 437: Ordenanza que promueve el respeto a la
igualdad y prohíbe toda forma de discriminación en el distrito de
Sabogal, Renato
2017	Gestión municipal intercultural en el Perú. Limitaciones y desafíos
el modelo de gestión y
la reforma municipal
Presupuesto participativo: ¿moda o modelo de desarrollo?
Hace unas décadas, como consecuencia de los avances de la izquierda lati-
noamericana y de los movimientos sociales de base, se hizo notoria la exi-
gencia ciudadana de participar más directamente en los asuntos públicos.
Y ya no solo en política, vista como una práctica partidaria tradicional,
sino meterse en la gestión pública, fiscalizando directamente el uso de los
recursos, haciendo un seguimiento de las promesas electorales, generando
espacios de diálogo y propuestas entre ciudadanos y autoridades y, con todo
ello, ampliando y profundizando la democracia.
Como es lógico, todo ello era más fácil lograrlo en los espacios locales
por la dimensión de los problemas, por la cercanía a las autoridades locales
—más aún si se trataba de autoridades democráticas y progresistas—, por la
existencia de organizaciones de base con relaciones horizontales, contando
con líderes comprometidos con su comunidad y con cierta experiencia y
visión de la política y la sociedad.
En 1984, al crearse la Municipalidad de Villa El Salvador, en Lima,
Perú, se inició una experiencia particular de cogestión entre las nuevas au-
toridades municipales, democráticamente elegidas, y la organización repre-
sentativa del nuevo distrito limeño, la Comunidad Urbana Autogestionaria
de Villa El Salvador (CUAVES). Se formaron comisiones mixtas CUAVES-
municipio para dirigir el distrito, se aprobaron en asamblea popular no
solo el primer presupuesto sino los tributos que los vecinos pagarían y el
destino que había que darle a los mismos, enmarcado todo ello en el Plan
de Desarrollo Integral, con responsabilidades compartidas, funciones, ren-
dición de cuentas, etc. La de Villa El Salvador fue una de las primeras ex-
periencias tanto de presupuesto participativo como de compromiso ciuda-
dano con los planes de desarrollo, extendiéndose por otras comunidades
peruanas y conociéndose esta experiencia fuera del Perú. Villa El Salvador
fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia.
Unos años más tarde, el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, que
comenzaba a tener una presencia significativa en la política del inmenso país
latinoamericano, elige como plataforma llegar a los municipios con un mo-
delo de gestión participativa arropado por las propias organizaciones de base
y los líderes gremiales y políticos que asumían una nueva actitud frente al
Estado, el poder y la democracia en su país. Poco a poco, como es conocido,
el PT va ganando elecciones en decenas de municipios del Brasil y será en
Porto Alegre donde se reúnan las mejores condiciones para avanzar con la
experiencia de presupuesto participativo, los que serán realizados con éxito
solucionando muchos problemas de la ciudad.
Por la propia dimensión de Porto Alegre y por la voluntad política de
sus líderes, tanto municipales como vecinales y sociales, la experiencia se
extiende a muchos otros municipios de Brasil y, desde Porto Alegre, a otros
de América Latina. Incluso, más tarde, a municipios europeos que, con ca-
racterísticas propias, desean también profundizar la democracia, construir
ciudadanía en momentos en que el neoliberalismo y la globalización eco-
nómica-financiera no dejan mucho espacio para la auténtica participación
El presupuesto participativo es visto, también, como una manera de
solucionar necesidades locales y, curiosamente, muchos gobiernos, parti-
dos políticos e instituciones internacionales —como el Banco Mundial, el
Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo—
lo asumen como una “práctica interesante”, que vale la pena difundir en
documentos y conferencias, poniéndolo de moda cuando se habla de de-
sarrollo local y separándolo del modelo de sociedad, desarrollo y relaciones
sociales democráticas que sustentaban aquellas experiencias.
Por eso, al seguir avanzando en las prácticas de presupuesto partici-
pativo en cada una de nuestras comunidades, es bueno recordar algunos
aspectos fundamentales para acabar con los “mitos” que se han ido creando
alrededor del presupuesto participativo.
En primer lugar, como acabamos de señalar, no podemos caer en una
simple “moda” sino insistir en el modelo, es decir, en el tipo de sociedad y de
democracia que todo ciudadano consciente quiere para su comunidad, para
el país y para el mundo. El presupuesto participativo es un instrumento útil
para alcanzar esos objetivos superiores. Es útil e importante, pero no es un
fin en sí mismo sino un instrumento para algo más. Fortalece, en la prác-
tica concreta, el concepto de ciudadanía, con derechos y obligaciones ante
la sociedad y ante el Estado, tocando directamente un aspecto neurálgico
como son las finanzas públicas que en todas partes provienen de los bolsillos
de ciudadanas y ciudadanos. Con ello, se insiste en el carácter simplemente
administrativo que tienen las autoridades (no solo las locales...) que han re-
cibido un mandato popular y que deben ser permanentemente fiscalizados
por sus electores y, además, orientar dichos recursos hacia las prioridades
que los propios vecinos definen. Pero, insistimos, no puede quedarse ahí: es
un instrumento para continuar experiencias participativas en otros niveles
de gestión y de la sociedad.
Por ello, en segundo lugar, no se puede reducir la experiencia de presu-
puesto participativo a asuntos pequeños, de barrio, de calle y a unas cantida-
des más o menos significativas. No podemos aceptar el mensaje que algunos
difunden de “empoderamiento” ciudadano en pequeños niveles y áreas de
la gestión pública, dejando “lo grande” para las grandes corporaciones, los
núcleos tradicionales de poder ya sean políticos, económicos, tecnológicos o
comunicacionales... Es una trampa en la que no podemos caer. Si se partici-
pa en lo pequeño, en lo local, podemos y debemos participar en lo grande,
en lo nacional y en lo mundial. Es bueno y útil sentirnos ciudadanos de ple-
no derecho en nuestra comunidad local, pero —en pleno siglo XXI— so-
mos, también, ciudadanos del mundo y tenemos derecho a participar en las
otras decisiones que, más allá de nuestra ciudad, influyen muy directamente
en nuestras vidas. Así entendemos el mensaje del Foro Social Mundial de
Porto Alegre “Otro Mundo es posible”, como una dimensión natural de las
primeras experiencias de presupuesto participativo.
Y, en tercer lugar, hablando especialmente desde América Latina, con-
viene recordar, insistir y hasta gritar a viva voz que la participación, la ciu-
dadanía, la solidaridad y, más concretamente, experiencias como la del pre-
supuesto participativo no surgen simplemente de la pobreza y de la miseria
de nuestras localidades, tampoco de la simple necesidad de la gente. Si así
fuera, como lo hemos señalado en otras ocasiones, África sería un paraíso.
No se trata de una experiencia de los pobres y para los pobres. La participa-
ción y la solidaridad nacen de la conciencia como ciudadanos y ciudadanas,
de la visión y compromiso con una sociedad más justa, de la práctica de
unas relaciones sociales distintas de aquellas que promueve el actual modelo
económico mundial, del convencimiento de que todos —absolutamente
todos— los seres humanos podemos vivir con dignidad.
Avancemos, pues, en la práctica del presupuesto participativo y de los
planes participativos de desarrollo integral fortaleciendo una nueva visión
de la sociedad y del mundo en el siglo XXI. No caigamos en una moda sino
construyamos el modelo de desarrollo diferente que todos queremos, con-
vencidos realmente de que otro mundo es posible.
#HablaCongreso3
Moisés K. Rojas
Hace algunos días se ha iniciado la campaña #HablaCastañeda para inter-
pelar al alcalde de Lima. Según la Ley de los Derechos de Participación y
Control Ciudadanos, el proceso comienza con la presentación del pliego de
preguntas dirigidas a la autoridad metropolitana, las mismas que deben ser
aprobadas por la ONPE. Luego los promotores deberán presentar la firma
de 25 mil adherentes. Una vez logrado ese objetivo, el alcalde Castañeda
tiene hasta 60 días para responder cada uno de los cuestionamientos. Se
estima que en marzo del 2017 lograrán reunir la cantidad de firmas necesa-
rias. Haciendo cálculos, podríamos enterarnos de algunos temas del gasto
público de la Municipalidad de Lima recién a mediados del siguiente año.
Esta campaña provoca dos reacciones opuestas. Por un lado, genera una
gran satisfacción la respuesta en los jóvenes, pues desde el primer día han
comenzado a llenar planillones de respaldo a esta iniciativa. Los promotores
podrían movilizar la ciudad, poniendo en agenda los temas de importancia
para la capital. Pero, por otro lado, genera una gran insatisfacción que se
tengan que juntar 25 mil firmas para que una autoridad responda qué hace
con el dinero de todos los limeños. ¿Acaso tenemos que acreditar tanta can-
tidad de firmas cada vez que necesitemos saber cómo se gasta el presupuesto
público? ¿Por qué tenemos que esperar tanto tiempo e invertir tantos recur-
sos para que la autoridad cumpla con su deber?
Lamentablemente esta campaña también expresa que han fracasado
la Ley Orgánica de Municipalidades y los mecanismos estatales para res-
guardar la transparencia en la gestión municipal. La mencionada ley señala
que los regidores tienen como rol fiscalizar el desempeño del alcalde y sus
funcionarios. El problema es que no les otorga instrumentos para desarro-
llar adecuadamente esa tarea: no obliga a que la administración municipal
atienda pedidos de información, no define plazos para las respuestas, ni
plantea sanciones si es que estos no se atienden.
3	Artículo publicado en el diario El Comercio, con fecha 23 de setiembre del 2016.
La Ley Orgánica de Elecciones, por su parte, le da al ganador de una
alcaldía la mayoría simple en el Concejo Municipal. Significa que así se jun-
ten todos los regidores de oposición, igualmente los oficialistas desestimarán
cuantas veces deseen las solicitudes que no les convengan responder. La
cruda realidad es que existe una mínima capacidad de generar contrapesos
que hagan posible la fiscalización de las administraciones municipales. Esto
quiere decir que el problema de la casi nula transparencia en la gestión de
Lima se resuelve de raíz con cambios al marco legal que regula el funciona-
miento de los gobiernos municipales. Además, esta solución serviría para
todos los casos graves de transparencia en el ámbito nacional.
Si bien a mediados del siguiente año podemos lograr que el alcalde
Castañeda responda a las 108 preguntas del pliego interpelatorio, segura-
mente para entonces tendremos otro ciento de nuevas preguntas que la
gestión no querrá responder. Para no tener que juntar 25 mil firmas cada
vez que necesitemos una respuesta del alcalde, el Congreso de la República
debe modificar las leyes para promover y garantizar la trasparencia en el
manejo de los recursos públicos. La actual coyuntura de Lima pide a gritos
una reforma municipal y esta se encuentra en el terreno del Legislativo:
#HablaCongreso.
Gobierno municipal desde Bolivia4
Entre el 26 y 30 de junio se llevó a cabo, en Cochabamba, el Foro Regional
de Desarrollo Económico Local para América Latina y el Caribe. El even-
to reunió a más de 2 mil personas (autoridades, expertos, representantes),
miembros de veinticinco países de la región, con el objetivo de conciliar en-
foques y compartir experiencia sobre la gestión municipal, específicamente
en materia de desarrollo económico local.
Hubo varias conclusiones y reiterativos, pero destacamos los que po-
drían ser los más útiles para el Perú. Lo primero es la centralidad del “terri-
torio” como unidad de gestión del Estado. Gestionar desde el enfoque del
territorio tiene dos ventajas: nos permite gestionar a escala de la experiencia
de los ciudadanos, en su sentido más concreto, y gestionar desde la transver-
salidad que incluye varios ámbitos (geografía, recursos, población, cultura y
prácticas) en simultáneo.
Por otro lado, es central mirar la continuidad entre lo urbano y lo rural.
Ello a nivel de provisión de recursos, pero, además de equilibrio de los eco-
sistemas, útiles para la gestión y prevención del riesgo de desastres naturales.
Asimismo, se enfatizó en la gobernanza multinivel, planificada, multisecto-
rial, incluyente y participativa. La declaratoria señala: “El desarrollo econó-
mico local permite y se origina sobre un nuevo modelo de gestión pública
descentralizada, horizontal, integral e intercultural, que articula la dimen-
sión sectorial a la realidad de los territorios en su complejidad, promoviendo
una visión estratégica inclusiva y consensuada”.
Algunas de las mesas sobresalientes: José Blanes (CEBEM-Bolivia), di-
rigió una sobre comunidades tradicionales de Chile, Perú y Bolivia, resal-
tando su autonomía, organización y resistencia. De igual forma, Enrique
Gallicchio (PNUD y CLAEH-Uruguay) dirigió una mesa que concluía en
la relevancia de la relación entre gestión territorial y entorno empresarial.
Desde la representación peruana, destacó el rol de la Escuela Mayor de
4	Artículo publicado en el diario Exitosa, con fecha 5 de julio del 2017.
Gestión Municipal, quienes explicitaron la necesidad de crear propuestas y
enfoques de gestión sobre la informalidad y los conglomerados económicos
(comerciales y productivos).
En suma, debemos sumarnos al desafío de repensar y rediseñar nuestros
modelos de gobierno municipal, desde nuestras experiencias, pero también
desde las experiencias de la región. Los problemas muchas veces son com-
partidos. Quizá sea momento de una reforma municipal.
Descentralización y democracia subnacional5
La última semana se llevó a cabo en la Ciudad de México un seminario
internacional sobre la calidad de la democracia en América Latina, pero a
nivel subnacional. Estas reflexiones e investigaciones nacen de la produc-
ción en ciencia política que ha comenzado a territorializar la democracia.
Ese ingreso es sumamente útil para el caso peruano porque nos exige ver
qué tan democráticos son los gobiernos regionales, provinciales y distritales.
En el Perú, sobre lo subnacional se han efectuado algunos procesos de
reforma, entre ellos la descentralización. Desde el inicio de la década del
2000, se inició el proceso de transferencia de recursos y competencias, desde
el gobierno nacional a los gobiernos subnacionales. Digamos que, sobre este
nivel del Estado, el debate se centró y cerró respecto de la descentralización.
Según un informe de la Contraloría General de la República, el presupuesto
que fue trasferido a los gobiernos subnacionales produjeron estas realida-
des: atomización de inversiones, deficiente operación y mantenimiento de
la infraestructura construida, brechas en infraestructura y acceso a servicios
públicos, y distribución de los recursos del Estado que no ha sido equitativa.
El gran problema de centrarse en la descentralización es que apenas se
queda en la transferencia, pero no en crear institucionalidad democrática.
De acuerdo, lo subnacional necesita más recursos, pero ¿eso es suficiente?
Obvio que no, necesitamos rediseñar lo político subnacional para que exis-
ta mayor fiscalización. Por un lado, se necesita que la sociedad civil ejerza
mayor control (rendición de cuentas vertical) y, por otro, que exista un
equilibrio de poderes (rendición de cuentas horizontal) entre el ejecutivo y
el legislativo subnacionales.
Desde mi condición y experiencia de regidor de la Municipalidad de
Lima, puedo dar fe de que las municipalidades tienen un diseño sin la posi-
bilidad de generarle contrapesos a los alcaldes. Su estructura es “alcaldista” y
la institucionalidad no les da herramientas concretas a los regidores, los que
5	Artículo publicado en el diario Exitosa, con fecha 6 de diciembre del 2017.
en teoría son los fiscalizadores. ¿Si el diseño político no le da herramientas
de fiscalización al ente fiscalizador, acaso no se entiende por qué a nivel
subnacional campea la corrupción?
La tarea es grande, pero la necesidad es urgente. Lo subnacional no se ago-
ta con la descentralización. Necesitamos democratizarlo. ¿Comenzaremos a
debatirlo?
Del “obrismo” a la planificación6
La encuestadora GFK hizo pública la última encuesta sobre la aprobación
del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, mostrando que un 62% desa-
prueba su gestión y apenas un 34% declara aprobarla. ¿Por qué es importan-
te está encuesta? Lo es porque marca el punto más bajo de su aprobación en
los últimos 10 años de gestión, en sus dos periodos y medio.
Si hacemos un recuento de la aprobación del alcalde Castañeda en
sus anteriores gestiones, veremos que en el primer periodo (2003-2006)
tuvo un nivel de aprobación bastante alto. Así, en setiembre del 2006, la
Universidad de Lima hacía pública un 85% de aprobación. En el segundo
periodo (2007-2010) la historia fue similar. Incluso en su punto más bajo,
en mayo del 2010 —contexto de cuestionamientos por los sobrecostos del
Metropolitano y los retrasos en su inauguración— alcanzó un alto 62% de
aprobación, según Ipsos Apoyo.
¿Por qué Castañeda ahora vive lo más bajo de su aprobación en su
trayectoria como alcalde? Existen varios factores. Se podría hablar de un
desgaste de su figura por el mismo paso del tiempo, de la acumulación
de cuestionamientos y de errores de comunicación. No podemos obviar
la existencia de redes sociales activas que generan información crítica
alternativa, ni el rol activo de los actores de oposición. Pero existe una razón
que parece central: comienza a caer el mito del “gran gestor” y se comienza
a cuestionar el modelo de la gestión sin planificación.
Hablar de “planificación” era visto antes como un discurso hueco y de
corto alcance. Aquello parece cambiar. Esta semana de huaicos y de caída
de un puente muchos hemos visto directamente que sin planificación se
expone nuestra vida y la de millones de personas. La planificación deja de
ser solo la preocupación de una minoría técnica, para convertirse en una
preocupación de mucha más gente. Sabemos con más facilidad que plani-
ficar es prevenir.
6	Artículo publicado en el diario Exitosa, con fecha 25 de marzo del 2017.
La era del “obrismo” fue aquel tiempo donde no importaba la función
de la obra a largo plazo, ni que esté integrada a una visión coherente con la
ciudad. No importaba lo integral del desarrollo humano. Se imponía la era
de la improvisación, del corto plazo, del fin proselitista y de la ausencia de
sustento técnico. Importaba únicamente el cemento y los ladrillos. Mientras
más aparatoso y visible, mejor. Se percibe una etapa de transición, que exige
consolidar el fin del “obrismo” y el ingreso a la era de la planificación.
No solo para la foto: propuestas para la gestión de riesgo de
Los huaicos de Lima de las últimas semanas no solo han traído piedras y
barro, sino que además han mostrado que el Estado no está preparado para
atender las emergencias de los desastres naturales. Todos hemos caído en la
trampa de pedirles al alcalde Castañeda y al presidente Kuczynski que vayan
a la zona del desastre. ¿La presencia es suficiente? Las autoridades deben em-
prender líneas de trabajo mucho más de fondo y que estén encaminadas a
rediseñar el Estado con el objetivo de gestionar los impactos de los desastres
¿Qué deberíamos exigirles? Para comenzar, requerimos que las enti-
dades encargadas de producir información sobre cuencas, quebradas, sue-
los y lluvias sean repotenciadas. Las informaciones del INGEMMET, el
SENAMHI, o la ANA siguen siendo desactualizadas y exiguamente difun-
didas. Asimismo, es clave comprometer a los gobiernos locales en la pro-
tección de las cuencas y sus fajas marginales. Las municipalidades deben
hacerlas efectivamente intangibles. Necesitamos endurecer las sanciones y
en paralelo implementar programas de reubicación de poblaciones en zonas
Todos los involucrados en la atención de desastres deben estar entre-
nados en los protocolos para que las acciones de reacción sean activadas
automáticamente. Así también necesitamos un sistema de comunicación
en situaciones de desastre, lo que va desde una central única de emergen-
cias hasta las alarmas comunales y barriales. Si sucede un desastre, ¿todos
sabemos cuáles son los puntos de abastecimiento o de refugio? También
necesitamos crear y socializar una red de puntos de apoyo inmediato que
permitan situar a los afectados y al Estado tras un desastre. Nuestras ciuda-
des también requieren una señalética urbana repotenciada que identifique
zonas seguras y de mayor riesgo.
7	Artículo publicado en el portal web LaMula, con fecha 9 de febrero del 2017.
Sobre los huaicos, el enfoque de prevención debe ser integral. Esto im-
plica poner atención a los consejos de recursos hídricos de cuencas, que es
integrado por la ANA, los gobiernos locales y representantes de la sociedad
civil. Respecto de los sismos, ¿estamos listos para que Defensa Civil sea una
entidad implacable a la hora de identificar y declarar inhabitables edificacio-
nes vulnerables? Algunas ciudades han censado sus edificaciones y en casos
extremos han iniciado procesos de reubicación y reconstrucción.
Seguramente esta semana veremos a más autoridades llegar a las zonas
de huaicos para decir que están resolviendo el problema. Pero ¿qué cambios
debemos emprender como Estado y sociedad para mitigar el impacto de la
naturaleza? ¿Vamos a dejar que las autoridades vayan solo para la foto?
Se imprimió en los talleres de
Pasaje María Auxiliadora 156, Breña, Lima
Teléfono: 3323229 Fax: 4241582
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40211113
Mijas Semanal nº788 Del 18 al 24 de mayo de 2018

References: artículo 25
 artículo 12
 artículo 10
 artículo 20
 resolución 
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 artículo 10
 Resolución 
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