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Timestamp: 2018-11-16 11:52:09+00:00

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Plataforma epu/Coalición contra la Impunidad Integrada por las siguientes organizaciones
Integrada por las siguientes organizaciones: Plataforma EPU: Asociación Danesa de Personas con Discapacidad (ADD) - Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica (ANAFAE) - Espacio Regional de Occidente (EROC) - Federación de Tribus Indígenas de Honduras (FETRIPH) - Foro Nacional para las Migraciones (FONAMIH) - Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA) - PEN Honduras - Proyecto VIH rural - Red Balance - Red Centroamericana de Personas Viviendo con VIH (REDCA); y también la Coalición contra la Impunidad: Asociación de Jóvenes en Movimiento (AJEM); Asociación de Jueces por la Democracia (AJD); Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas (AMIR); Asociación Feminista Trans (AFeT); Asociación FIAN Honduras; Asociación Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo Scalabrinianas; Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH); Asociación LGTB Arcoiris de Honduras; Asociación Nacional de Personas viviendo con SIDA (ASONAPVSIDA); Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA); CARITAS – Diócesis de San Pedro Sula; Centro de Derechos de Mujeres (CDM); Centro de Desarrollo Humano (CDH); Centro de Educación y Prevención en Salud, Sexualidad y Sida (CEPRES); Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H); Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD); Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH); Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT); Colectivo Diamantes Limeños LGTB; Colectivo Gemas; Colectivo Unidad Color Rosa; Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH); Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (COFAMIPRO); Comité por la Libre Expresión C-Libre; Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental; Crisálidas de Villanueva; Coordinación de Instituciones Privadas por las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus derechos (COIPRODEN); Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras (EMIH); Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ); Feministas Universitarias; Familia Fransciscana de Honduras (JPIC); Frente Amplio del COPEMH; Foro de Mujeres por la Vida; Foro Nacional para las Migraciones (FONAMIH); Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH); Indignados Unidos por Honduras; JASS en Honduras; Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ); Movimiento Diversidad en Resistencia (MDR); Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”; Observatorio Permanente de Derechos Humanos de El Aguán; Organismo Cristiano de Desarrollo Integral (OCDIH); Pastoral de Movilidad Humana de Honduras; Red de Mujeres Jóvenes de Cortés; Red de Mujeres Unidas de Colonia “Ramón Amaya Amador”; Red de Participación de Organizaciones de Sociedad Civil Siguatepeque (RPOSC); Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras; Tribuna de Mujeres contra los Femicidios; Unión de Empresas y Organizaciones de Trabajadores del Campo (UTC – La Paz).
ALGUNOS APUNTES SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS
DE CARA A LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES CONTENIDAS
EN EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS
EN EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS1
Derechos a la vida y a la integridad personal (artículo 6) (artículo 7)
Los y las defensoras de derechos humanos en Honduras son víctimas de descalificaciones públicas, estigmatización, agresiones físicas, amenazas y asesinatos con lo cual se configura un ambiente totalmente hostil para la realización de su trabajo.
Como una práctica reiterada, altos funcionarios del gobierno de Honduras brindan declaraciones a los medios de comunicación en contra de la labor de denuncia e incidencia que se realiza desde las organizaciones defensoras de derechos humanos y de sociedad civil, creando un clima de intimidación y hostigamiento. Las declaraciones más recientes en este sentido provienen del Presidente de la República, quien luego de una gira por Washington DC manifestó “que ha constatado como algunas organizaciones no gubernamentales, tergiversan la información de lo que acontece en el país, con el fin de dañar al Estado”2. Esta no es la primera vez que el Presidente de la República hace este tipo de declaraciones. En 2015 realizó dos pronunciamientos públicos en el mismo sentido. El primero mediante un comunicado público divulgado, en abril de 2015, en el portal web de la Presidencia de la República en el que se advertía “a la comunidad nacional e internacional de una campaña de desprestigio que han iniciado algunos líderes o activistas políticos para afectar la imagen de nuestro país”3. El segundo pronunciamiento se dio en el mes de agosto de ese mismo año, en el Batallón de Infantería Aerotransportado Támara, en el que afirmó: “No desconozco que tenemos compatriotas hondureños que (…) van a las oficinas de los congresistas, senadores o al Departamento de Estado en Estados Unidos, o van a Europa, a querernos poner en mal como país”4.
Según la organización Global Witness5, Honduras ocupa la posición número uno en el índice de asesinatos mundiales de defensores de tierra y ambientales 2002-2014, con 111 víctimas. Estas agresiones son llevadas a cabo tanto por actores estatales como no estatales.
Sólo en lo que va del año 2016 han sido asesinados los siguientes defensores/as de derechos humanos:
Lesbia Yanet Urquía: dirigente ambientalista, asesinada el 6 de junio en Marcala, La Paz
René Martínez: Asesinado el 3 de junio de 2016, lideraba el colectivo LGTBI denominado Comunidad Gay Sampedrana en San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras.
Alejandra Padilla: Defensora de derechos humanos de la comunidad trans asesinada el 15 de abril del 2016 en San Pedro Sula. Según la CIDH, hasta el año 2014 se registran 69 crímenes de odio contra mujeres transexuales en el país.
Nelson Noé García: Asesinado el 15 de marzo de 2016 en la comunidad de Río Chiquito, departamento de Cortés. Era dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Berta Isabel Cáceres Flores: Asesinada el 2 de marzo 2016 en su casa de ubicación ubicada en La Esperanza, departamento de Intibucá. Era defensora indígena Lenca y coordinadora del COPINH, lideraba la lucha contra las actividades inconsultas de la empresa DESA, concesionaria del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que afecta el cauce del Río Gualcarque y el acceso del pueblo Lenca a este recurso hídrico.
José Pantaleón Alvarenga Galdámez, Elvin Joel Palencia Fuentes, Carlos Roberto Palencia Fuentes, Nahún Alberto Morazán Sagastume, Santos Filander Matute: Miembros del pueblo Tolupán, específicamente de la tribu San Francisco de Locomapa. Fueron asesinados el 21 de febrero de 2016 en el caserío Cabeza de Vaca Número Dos, departamento de Yoro. Todos murieron en una masacre, cuatro de ellos eran miembros de una misma familia.
Paola Barraza: Asesinada el 25 de enero de 2016. Era una mujer transexual defensora de derechos humanos y miembro de la junta directiva de la Asociación LGTB Arcoíris, en Comayagüela, Francisco Morazán.
Según información recibida por la CIDH en Honduras, desde 2010 hasta 2015 “habrían 3064 criminalizaciones, como resultado del uso indebido del derecho penal para amedrentar a defensores y defensoras”6. Entre estos:
José Isabel Morales, campesino, miembro del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), detenido por 7 años continuos y absuelto el 21 de octubre de 2015 de 10 cargos de homicidio simple, luego de un proceso con claros indicios de violación al debido proceso.
Irma Lemus Amaya, defensora de bienes comunes y naturales y subcoordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA), quien ha sido víctima de hostigamiento y amenazas en repetidas ocasiones, fue acusada por usurpación de tierras, hurto de ganado, daños y perjuicios contra el Fondo Ganadero, siendo luego encontrada inocente el 10 de diciembre de 2014.
Gladys Lanza, coordinadora de la organización Visitación Padilla, condenada a un año, 6 meses de reclusión, en el año 2015 por el delito de difamación.
Represión a defensores/as de los derechos laborales
Bajo la estrategia de “rescate financiero” de las empresas estatales (principio fundamental neoliberal), el control de la masa salarial es uno de los componentes más importantes y ello se refleja en los registros de despidos masivos por parte del Gobierno de Honduras bajo la administración de Juan Orlando Hernández en donde los últimos dos años de gobierno (2014-2016), se han registrado 18,798 despidos de empleados del sector público7 en más de 10 empresas estatales, sin embargo y pese a tantos despidos el número de empleados públicos ha sufrido un incremento de 4,200 plazas nuevas de acuerdo a los datos de Sistema de Registro y Control de Empleados Públicos (SIREP)8
Para justificar despidos masivos, el gobierno utiliza estrategias de estigma contra los funcionarios públicos al señalarlos y tratarlos como delincuentes, recurriendo a la militarización de instituciones públicas y luego a la intervención a través de comisiones o juntas interventoras, cuya finalidad es desmovilizar cualquier tipo de acciones en pro de la defensa de los derechos laborales.
En todas las instituciones gubernamentales habían existido sindicatos y en ninguna se ha respetado acuerdos y conquistas laborales previas en donde se resalta la estabilidad laboral, al contrario el gobierno de la República de Honduras, presidido por el Señor Juan Orlando Hernández, impulsa un programa denominado “Con Chamba Vivís Mejor”, en donde se ofrece la generación de empleos por pago por hora y en donde el empleado no goza de ningún beneficio laboral.
Bajo este contexto los defensores de los derechos laborales han sido víctimas de represiones administrativas mediante audiencias de descargo y despidos en consecuencia de su accionar defensor tal y como sucedió con el actual presidente del Colegio de Profesores de Educación Media en Honduras (COPEMH), Jaime Rodríguez a quien la Secretaria de Educación lo revoca el acuerdo 1728-DDEFMM-2016 del 24 de febrero del 2016, donde se le otorgó la licencia con goce de sueldo por asuntos gremiales. Cabe señalar que el profesor Jaime Rodríguez, denuncio recientemente el extravío de su expediente en la Dirección Departamental de Educación9.
También se registraron las agresiones y detención ilegal del señor Heber Flores, delegado sindical del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario-SITRAINA, por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El señor Flores además fue acusado por el Ministerio Publico por los delitos de manifestación ilícita, lesiones, sedición y alterar el orden público.
Finalmente los defensores de los derechos laborales también han sido objetos de agresiones, atentados e incluso asesinatos, como sucedió con Héctor Orlando Martínez Motiño10, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras SITRAUNAH, filial número 6 y la desaparición forzosa del presidente de la filial número 3 del SITRAUNAH, Donatilo Jiménez Euceda11.
La violación sexual12 ocupa el tercer lugar entre los delitos más denunciados a nivel nacional y es el delito sexual contra las mujeres más denunciado (61.6%). Según estimaciones la prevalencia de violencia sexual pasó de ser 4.6 en el 2008 a 8.6 en el 201013. Del el año 2010 al 2014, se presentaron 15,833 denuncias de violencia sexual14, de los cules apenas 888 recibieron sentencia condenatoria15. Quedando el 94% de casos en la impunidad.
La Violencia doméstica es la primera causa de denuncia de delitos contra las personas. Entre 2009 y 2012 se presentaron 82,547 denuncias de violencia doméstica en los juzgados de letras y paz del país. Entre 2012 y 2014 se registraron 4.992 denuncias, y solo 134 fallos condenatorios16. Existe una falta de seguimiento a los casos denunciados y de implementación de medidas de protección efectivas para las mujeres, y de programas preventivos en las comunidades, que conllevan a las crecientes tasas de feminicidios.
La violencia intrafamiliar, donde las principales víctimas son las mujeres (esposas, hijas, madres), es la segunda causa de denuncia a nivel nacional, representando más de la mitad de las denuncias por ilícitos penales. El principal agresor es el compañero o ex compañero de hogar, en todos los grupos de edad, desde un tercio para las menores de 20 años hasta un 74% para las mayores de 45 años.
En el período comprendido entre 2003 al 2015 han muerto de forma violenta 5,411 mujeres en Honduras17. El 70% de estos crímenes son cometidos con armas de fuego. A pesar de haber sido reformado el Código Penal para incorporar la figura de femicidio18, ésta no ha sido utilizada, impidiendo avances en lo relacionado a la investigación, prevención y sanción de éstos crímenes. Hasta finales del 2015, solo se conoce de un caso con sentencia de femicidio19. Se calcula que la tasa de impunidad es de 95% para estos casos. El hecho de que los Estados no protejan a las víctimas de las conductas prohibidas ni procedan a investigar y enjuiciar las violaciones cometidas indica su consentimiento, aquiescencia y, en ocasiones, incluso justificación de la violencia.
El uso, promoción, venta y comercialización de la anticoncepción de emergencia está prohibida desde octubre de 200920, inmediatamente después del golpe de Estado. Sin embargo,desde hace casi un año en el Congreso Nacional de la República se presentó una nueva iniciativa de ley orientada a la legalización de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), la cual ha enfrentado oposición de varios grupos vinculados a las iglesias y sectores fundamentalistas21. Algunos funcionarios públicos como la diputada Marta Lorena Casco, han comparado la PAE con fungicidas de cucarachas. Las consecuencias de la prohibición de las pastillas es que muchas mujeres aun las víctimas de violaciones tienen que optar por un aborto en condiciones clandestinas lo que pone en riesgo su salud y vida.
En Honduras el aborto está penalizado en todas sus formas22. El vínculo entre abortos inseguros y mortalidad y morbilidad maternas está sólidamente demostrado23. Al violentar el derecho de las mujeres al aborto seguro obligan a que las mujeres recurran a procedimientos clandestinos que ponen en peligro su salud y sus vidas. Los registros de muertes maternas en Honduras indican que al menos el 5% de estas muertes están asociados a abortos inseguros24
Precariedad laboral de las mujeres en la industria de agro exportación
La situación de las mujeres que trabajan en empresa que cultivan productos de agro exportación, generalmente no tradicionales – melón, okra, camarón y oros- que son destinados a mercados internacionales como Estados Unidos, Canadá, Europa, México , es altamente precaria, tanto en el desarrollo de la actividad productiva como a nivel de las comunidades donde viven.
Estos productos de exportación, generalmente están vinculados a multinacionales. El trabajo en las plantaciones, generalmente es por temporada y mal pagado, por lo que muchas mujeres, a pesar de los riesgos que implica, están involucrándose en actividades de minería artesanal. 25
La precariedad se traduce en salarios por debajo del mínimo legal, falta de atención a los problemas de salud y riesgos profesionales. Por ejemplo, a las trabajadoras que laboran a la intemperie, en las plantaciones, no se les proporciona Equipo de Protección Personal (EPP). La excepción es en el caso de quienes hacen labores de empaque, lo que a criterio de las trabajadoras, deja en claro que la empresa se preocupa por la conservación del producto, no así por la protección de la salud de las trabajadoras.26 Muchas de estas mujeres trabajan bajo el sol y en contacto con químicos y pesticidas, que además de provocar daños a su salud, atentan contra el medio ambiente lo que también tiene serias repercusiones en la calidad de vida de las mujeres. El uso de algunos de estos productos ya ha sido prohibido a través de la presión que se hace desde espacios internacionales que abogan por los derechos de los y las trabajadoras del campo.
La problemática relacionada con las actividades reproductivas socialmente asignadas a las mujeres se agudiza en estas empresas, ya que para aprovechar las horas de la mañana, con un clima menos dañino, se trasladan- caminando o en bicicleta- hasta el lugar donde están las plantaciones, a eso de las 4 de la mañana, dejando lista la comida para sus hijos/as y para llevar, con lo cual la jornada de trabajo, se ve incrementada. Muchas trabajadoras dicen que saben la hora de entrada, pero no de salida, sobre todo en los días en que hay que sacar el producto.
Las plantaciones de melón, okra y camarón, y otros más, esconden una modalidad muy similar a la de maquila, una especie de enclave, como antes el banano. Se ve agudizada en tanto la presencia de organizaciones defensoras de DDHH es más limitada y la vigilancia de las instancias gubernamentales muy deficiente y poco compenetrada de la problemática que enfrenta la mujer trabajadora con la doble o triple jornada. Es común escuchar, que las empresas prefieren pagar antes que hacer cambios en la organización del trabajo o cumplir con las regulaciones establecidas en el Código de Trabajo, Reglamento de medidas preventivas de accidentes y enfermedades profesionales/o, otras leyes y Convenios internacionales.
Asesinatos de personas de la comunidad LGBTI
Al menos 186 personas de la Comunidad de Diversidad Sexual han sido asesinadas en Honduras desde el año 2009, según un informe de la Unidad de Delitos Contra la vida del Ministerio Público (MP)27. El mas reciente asesinato a un dirigente de la comunidad gay se registró el 3 de junio del 2016 contra René Martínez en San Pedro Sula.
En los dos últimos años, se han agudizado las agresiones y asesinatos de las personas trans, para citar algunas: Marlon Arnulfo Serrano Tejeda fue asesinado el 22 de febrero del 2015, en San Pedro Sula; el joven trans Christian de Jesús García Hernández, el 4 de julio del 2015 en Potrerillos, Departamento de Cortes; Alejandra Padilla, integrante de la Coalición contra la Impunidad, fue asesinada el 15 de abril 2016 en San Pedro Sula; Francisco Javier Barahona, asesinada el 25 de julio del 2016 en San Pedro Sula . Además, las agresiones cometidas por fuerzas policiales se dirigen en mayor escala a las personas trans, principalmente por el trabajo que realizan como trabajadoras sexuales, donde son víctimas de constantes actos de hostigamiento, agresiones verbales, detenciones arbitrarias, y diferentes tratos crueles por parte de policías civiles y policías municipales28.
Personas migrantes desaparecidas y sus familiares
En los últimos años el contexto general de la ruta migratoria se ha vuelto especialmente peligroso, sobre todo en México, debido a las actividades del crimen organizado en colusión con agentes, siendo en consecuencia, las personas migrantes centroamericanas víctimas de muchos delitos que van desde robos y extorsiones hasta asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, pasando por secuestros, trata, desapariciones forzadas y además violencia sexual.
Este contexto de violencia contra las personas migrantes ha ocasionado desapariciones y ejecuciones sin que sus familiares en los países de origen puedan hacer denuncias para su búsqueda o para investigar lo acontecido. La Secretaría de Relaciones Exteriores reporta que del 2010 al 2013 recibió 541 reportes de migrantes no localizados, sin embargo, según datos recabados por comités de familiares de migrantes la cantidad es mucho mayor29.
A pesar de esta grave situación, no existen mecanismos de búsqueda y/o investigación que puedan ser utilizados por los familiares en sus países de origen. “Los familiares de las personas desaparecidas no encuentran respuesta ni en la Dirección de Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni en el Ministerio Público y tampoco en el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH). Si una persona tiene el reporte de una persona desaparecida o secuestrada en México o Estados Unidos, no tienen manera de accionar un mecanismo de búsqueda inmediata desde Honduras. No hay manera de que el o la denunciante pueda llegar a las instituciones responsables de hacer la búsqueda en el país donde la persona migrante ha desaparecidos. Igualmente no hay manera de accionar la investigación de los hechos”30
En razón de lo anterior, los familiares de personas migrantes desaparecidas, ejecutadas y privadas de libertad en la ruta migratoria, viven una situación de incertidumbre continua y de tratos degradantes cuando se acercan a buscar información o a solicitar ayuda a estas instituciones estatales.
Desalojos Forzosos en el Bajo Aguán.
FIAN Honduras ha registrado 19 desalojos forzosos en el Bajo Aguán en el período que va de enero del 2010 a septiembre de 2015. Estos desalojos se han producido contra grupos campesinos de la Cooperativa Agropecuaria 21 de julio, la Empresa Asociativa de Campesinos 9 de diciembre, la Empresa Asociativa El Despertar, la Empresa Asociativa de Campesinos San Esteban, la Cooperativa San Isidro, grupos de campesinos del Bajo Aguán, la Cooperativa Campo Verde, la Cooperativa, El Corfinito y la Cooperativa La Trinidad. Todas estas cooperativas están integradas al Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA) o el Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán (MARCA). La peculiaridad de estos desalojos es la participación de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y de los guardias de seguridad de empresas privadas de transformación de palma africana de la región31.
Al resolver los desalojos sin previo estudio, los jueces incurren en violación al debido proceso y vulneración del derecho de defensa, ya que los acusados no son escuchados antes de practicar esta medida ni acompañados por un profesional del derecho. Ni siquiera se hace un estudio del tracto sucesivo de la propiedad, lo que serviría para conocer la naturaleza jurídica de las tierras, para lo cual sería necesario ahondar en ello y consultar al Instituto Nacional Agrario (INA) para que informe si hay un procedimiento pendiente de afectación de la tierra o, en su caso, existen planes de saneamiento legal, lo cual haría desaparecer el conflicto penal. Por otra parte, se ha comprobado que en algunos casos los desalojos se practican sin que existan órdenes de desalojo, actuando como jueces ejecutores los mismos empleados de las empresas de seguridad que trabajan para empresas privadas de transformación de palma africana de la región32. Por tanto, los desalojos son efectuados en la mayoría de los casos en contravención de lo estipulado en la Observación General N° 7 del Comité DESC sobre desalojos forzosos33.
Derecho a la libertad y derechos de las personas privadas de la libertad (artículo 9) (artículo 10)
Según recientes declaraciones del titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH)34, en Honduras se ejecutan constantemente violaciones a la libertad y la presunción de inocencia al detener a las personas para fines de investigación y mantenerlas en prisión preventiva por tiempo indeterminado sin que hayan sido condenadas.
Apesar de la reciente eliminación de los artículos 99, 100 y 119 de la Ley de Policía y Convivencia Social que penalizaban la vagancia y la mendicidad, nos preocupa la persistencia de las infracciones como "ataques a la moral, las buenas costumbres y la moral públicas" (artículo 142.3), que se utilizan de forma recurrente para detener a las personas, en particular los pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación, como las personas LGBTI, dando lugar a abusos.
Esta ley es la base legal para el uso de la detención administrativa, que describen las ONG como "extendida", sin garantías de debido proceso. Es necesaro señalar que cuando se aprobó la Ley de Policía y Convivencia Social, en 2001, las detenciones se llevaban a cabo por la policía preventiva, pero hoy en día, las seis unidades militares autorizadas para llevar a cabo detenciones también utilizan esta ley para detener sin orden judicial y se hace con frecuencia. Esta situación ha sido señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe de 201535.
Párr. 133 La Comisión ha sostenido anteriormente que a pesar de estos cambios legislativos, la legislación todavía existe en Honduras, el cual, en la práctica, crea situaciones que violan los derechos humanos, en particular en detrimento de las personas trans. Por ejemplo, el 2001, la policía y Social Coexistencia Ley 170 ha sido ampliamente criticado por las organizaciones de la sociedad civil, ya que facilita el abuso policial y la detención arbitraria de las personas trans. Según esta ley, la policía tiene la función de proteger y la eliminación de perturbación de la paz, la moral y las tradiciones. Esta ley también otorga a la policía la autoridad para arrestar a cualquiera que "viola el pudor, la decencia y la moral pública" o que "por su conducta inmoral perturbe la tranquilidad de los vecinos."
Condiciones de detención de las personas privadas de la libertad
En Honduras hay un sistema de penas altamente desproporcionadas e inhumanas, como la cadena perpetua y la pena privativa de libertad de 30 años. Ambas se pueden considerar penas que afectan de forma irreversible a la persona humana, por los graves sufrimientos psicológicos que provocan y los daños en la salud mental de quien la padece, toda vez que una pena superior a veinte años causa daños mentales y se convierte en una pena de carácter físico36.
Al tener establecidas la cadena perpetua y la pena privativa de libertad de 30 años en el Código Penal, se violenta el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura y los tratos o las penas, crueles, inhumanas y degradantes. Además, violenta el carácter resocializador de la pena consagrado en ese mismo artículo de la Convención que establece que lo que se busca es la readaptación social del condenado.
Hacinamiento y personas detenidas sin estar condenadas37
De acuerdo con datos de CONAPREV, para el año 2014 habían 14803 personas privadas de libertad, de las cuales 54.11% (8047) estaban procesadas y el 45.88% (6824) estaban condenadas. Al realizar un análisis comparativo desde que se dictó la sentencia en el caso Pacheco Teruel y otros, podemos observar un aumento de la población penitenciaria y consecuentemente del hacinamiento: en 2012 la población penitenciaria era de 11709 y el hacinamiento de 44%, en el año 2013 la población era de 13425 y el hacinamiento del 65%, en el año 2014 la población era de 14803 y el hacinamiento de 82%, y actualmente, de acuerdo con datos de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, la población llega a casi 16,000 personas, de las cuales el 68% está hacinada38.
Según reportes del CONADEH: “Hasta el 2015, la población penitenciaria era de 16,146 privados de libertad, de los cuales, 8392 del sexo masculino y 500 personas del sexo femenino, todos de nacionalidad hondureña, así como 104 extranjeros, estaban en calidad de procesados, cifra que representa alrededor del el 56% de la población privada de su libertad”.
Derecho a la libre circulación (artículo 12)
Mediante contrato de fecha 24 de julio del 2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 8 de marzo de 2013, la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza), como entidad estructuradora y la Secretaría de Estados en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), como concedente, otorgaron en concesión a Concesionaria Vial de Honduras S.A. de C.V. (COVI), el corredor logístico Goascorán-Villa de San Antonio y Tegucigalpa-San Pedro Sula y Puerto Cortés, por un período de 20 años, dándoles el derecho de vía sobre estas carreteras.
Como producto de esta concesión, COVI ha procedido a instalar tres casetas de peaje en la carretera que conduce de Tegucigalpa a San Pedro Sula, haciendo cobros indiscriminados a todos los vehículos que transitan por esa vía, sin que el Estado haya garantizado a la población la posibilidad de transitar por una vía alterna que en la cual no tenga que pagar esta cuota del peaje, con lo cual se violenta el derecho a la libre circulación, ya que únicamente pueden utilizar esta carretera aquellas personas que cuentan con el importe necesario para ese cobro.
Independencia judicial (artículo 14)
Derogación de la Ley del Consejo de la Judicatura.
El 15 de abril del presente año (2016) fue publicada en el Diario Oficial de Honduras “La Gaceta” la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, fechada 14 de marzo de 2016, mediante la cual se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 4, 23, 24 y 64 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial (LCJCJ) y, en consecuencia, aludiendo al “efecto extensivo” de dicha declaratoria, fue derogada la totalidad de dicha Ley. Entre las consecuencias principales de esta declaratoria de inconstitucionalidad destacan: a) la desaparición del Consejo de la Judicatura, b) la concentración de funciones administrativas en el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, desapareciendo como tal la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales en el seno de la rama judicial39 y c) la aplicación de la Ley de Carrera Judicial de 1980 que adolece de serias deficiencias sobre todo en el tema de procesos disciplinarios.
Al no contar con un órgano independiente que asuma las funciones administrativas del Poder Judicial y asimismo, estando en vigencia la obsoleta Ley de Carrera Judicial de 1980, no existen garantías para un ejercicio jurisdiccional independiente, pues no se configuran los presupuestos necesarios para una carrera judicial, específicamente: no hay procesos de concurso transparentes y objetivos que hagan posible la selección y nombramiento de jueces y juezas en base a méritos y probidad; los procesos administrativos sancionatorios no tienen un adecuado marco normativo por lo que los mismos son utilizados como mecanismos de intimidación contra jueces y juezas independientes, además irrespetando las reglas mínimas de un debido proceso; y no existe un sistema de capacitación inicial ni continua que sea incluyente y estructurada.
La jurisdicción Especial de la Policía Militar del Orden Público en las Fuerzas Armadas (PMOP).
El 24 de agosto de 2013, se publicó un decreto creando la Ley de la Policía Militar del Orden Publico de las Fuerzas Armadas (PMOP), con el objetivo de crear una fuerza de choque, la PMOP, facultada para entrar y recuperar el control de los barrios en que imperan las pandillas y la delincuencia organizada40. La PMOP empezó́ a funcionar en enero del 2014 con alrededor de 5 mil efectivos militares especialmente preparados. La ley también contempla que unos 30 mil soldados en reserva puedan colaborar con la PMOP en casos de guerra o emergencia41.
El artículo 13 de la Ley de la Policía Militar del Orden Público en las Fuerzas Armadas (PMOP) establece una jurisdicción especial que ha sido establecida para los crímenes cometidos por la policía militar. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:42
Párrafos 230-231. La CIDH observa que los fiscales y jueces de competencia territorial nacional o “jurisdicción nacional” son asignados por el Consejo Nacional de Seguridad, situación que pone en duda su independencia ya que en éste participan el Presidente de la Suprema Corte de Justicia; el Fiscal General; el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad; el Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional y el Presidente de la República, quien lo preside. Para ello deben aprobar pruebas de evaluación de confianza y ser asignados por las autoridades correspondientes a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Derecho a la libertad de expresión (artículo 19)
Agresiones a periodistas43.
Existe un control casi absoluto sobre los medios de comunicación de parte del Poder Ejecutivo, por lo que los periodistas y comunicadores sociales que intentan romper el cerco mediático y hacer un ejercicio responsable de la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía, son víctimas de agresiones que buscan intimidarlos y silenciar sus voces. Algunos casos concretos:
Lesly Banegas Frazier e Inmer Gerardo Chévez, periodistas de Radio Progreso: El 11 de junio 2016 fueron reprimidos por las fuerzas policiales cuando cubrían una manifestación pública en contra la construcción de una caseta de peaje en San Manuel, Cortés44.
Benjamín Zepeda Carranza, periodista de Radio Globo: El 9 de junio de 2016 fue agredido por un policía de tránsito en un autobús de la ruta urbana de Tegucigalpa para evitar que hiciera videos para registrar una acción.
Juan Carlos Álvarez, camarógrafo del canal de televisión Mundo TV: Fue herido de bala el 9 de junio de 2016 mientras se dirigía hacia su trabajo. El hecho ocurrió a bordo de un taxi en un punto de la capital.
Cesario Padilla y Eleana Borjas, periodistas de Pen Honduras y Radio Progreso, respectivamente, y José Somoza, defensor de derechos humanos: El 1 de junio de 2016 fueron agredidos por oficiales de la Policía Nacional. El incidente ocurrió frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) mientras cubrían una manifestación pública del estudiantado universitario.
Félix Antonio Molina, periodista independiente y director de Alternativas en Comunicación (ALTER-ECO): El 2 de mayo de 2016 fue agredido por desconocidos en dos diferentes ocasiones en Tegucigalpa, en las que recibió́ cuatro disparos de arma de fuego, dos en cada pierna, causándole heridas graves.
Globo TV: El 20 de mayo de 2016, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) sacaron del aire a Globo TV aduciendo que junto a 21 canales de televisión más, tienen vencidos sus permisos de operación. La cancelación de la señal televisiva se realizó sin respetar el debido proceso que hubiera permitido a Globo TV enmendar el error administrativo. Hay que resaltar que Globo TV es el principal medio televisivo crítico al gobierno y una fuente denuncia constante de actos de corrupción de funcionarios del actual gobierno, incluyendo el Presidente de la República.
Criminalización en contra de personas que ejercen el periodismo y comunicadoras sociales
Varios periodistas y comunicadores sociales han sido criminalizados utilizando figuras penales como la calumnia, injuria y difamación, entre ellos:
Julio Ernesto Alvarado, presentador de un programa en Globo TV, quien desde el 29 de octubre de 2015, está privado del derecho a ejercer su profesión de periodista, producto de una condena penal
David Romero Ellner, periodista de Radio Globo, condenado a diez años de prisión por seis delitos de difamación en marzo del 2016 y cuya sentencia está aún pendiente del recurso de casación
Derecho de reunión pacífica (artículo 21)
El 9 de mayo de 2016, integrantes del COPINH, se manifestaron frente a Casa Presidencial en la ciudad de Tegucigalpa para exigir una respuesta estatal para la instalación de una comisión internacional que investigue a través del derecho a la verdad el caso del asesinato de la defensora Berta Cáceres. La manifestación fue reprimida de manera violenta por parte de miembros de la Guardia Presidencial y de la Unidad Especiales Cobra de la unidad élite de la Policía de Honduras. Como consecuencia de la represión seis miembros del COPINH (cuatro personas adultas y dos menores de edad) fueron heridos45
El 6 de mayo de 2016 estudiantes de colegios secundarios de San Pedro Sula se manifestaron en contra del programa de alfabetización. La Policía Nacional junto con las fuerzas armadas desarticuló la manifestación de manera violenta. Como resultado se judicializó por el delito de asociación ilícita con intención de hacer daño a los bienes públicos a tres estudiantes mayores de edad y bajo procedimiento especial a dos que eran menores46.
El 8 y 11 de junio de 2016, pobladores de los municipios de El Progreso, departamento de Yoro y San Manuel departamento de Cortés, se manifestaron en contra de la instalación de la caseta de peaje que está siendo construida en la carretera que une los dos municipios, teniendo como resultado la desarticulación de la manifestación por medio de bombas lacrimógenas y disparos al aire por parte de los órganos de seguridad estatal47, así como la utilización de una tanqueta de agua a presión en contra de una sola persona48. Como consecuencia de la represión cinco personas, dos de ellas mujeres, sufrieron heridas de consideración.
El 1 de julio de 2016 policías desalojaron violentamente a los estudiantes de la UNAH que mantenían tomadas pacíficamente las instalaciones de esa casa de estudios. Se ha denunciado el uso excesivo de la fuerza empleado, con varios estudiantes que resultaron heridos. 24 estudiantes habrían sido detenidos, 2 de ellos menores de edad. Existen a la fecha 110 procesos de criminalización en contra de estudiantes la fecha, se ha iniciado un diálogo con las autoridades universitarias y producto del mismo, 25 estudiantes han recibido cartas de libertad49, con lo cual se evidencia claramente la instrumentalización del aparato de justicia para criminalizar injustamente a los estudiantes universitarios
No discriminación (artículo 26)
Persisten estereotipos y conceptos erróneos sobre la orientación sexual y la identidad de género que han tenido consecuencias negativas para el goce pleno de los derechos humanos de las personas LGTBI. Las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBTI) con mucha más frecuencia son objeto de innumerables violaciones a nuestros derechos humanos, incluyendo en la violencia por la homo, lesbo, bi y transfobia, en particular al derecho a la vida (asesinatos o crímenes de odio), y la discriminación generalizada en su lugar de trabajo, así como la discriminación en relación al acceso a servicios básicos como la vivienda, la Educación y la asistencia en servicios de salud física y mental50.
En varias ciudades del país se obtuvo información sobre casos de discriminación en centros de educación públicos y privados hacia personas LGTBI quienes fueron víctimas de acciones violencia, bullying, exclusión y burlas homofóbicas contra niños niñas y adolescentes que presentan una expresión de género o de una orientación sexual diferente a la heterosexual. En los institutos de educación media que tienen población adolescente en proceso de pubertad en algunos casos en que los jóvenes son capaces de identificar su orientación sexual o identidad de género, ello provoca una expulsión obligatoria del sistema educativo a consecuencia de la norma interna. En algunos centros educativos, incluso se ha llegado a negar la matrícula a las personas LGTBI, lo que provoca la marginación y exclusión de este colectivo exponiéndoles a optar a la explotación sexual, por no poder acceder al derecho de la educación51.
No existe normativa alguna o protocolos de atención para la atención psicológica, mental y física para esta población, aun cuando se ha evidenciado que pandemias como el VIH están concentradas en estas poblaciones. La población transexual, travestis, transgénero y gays que ejercen el trabajo sexual que acude a los centros hospitalarios a controles de salud; han denunciado acciones discriminatorias tardías y excluyentes debido a su identidad de género. Claudia Spellman, ex coordinadora de la organización para personas trans, Colectivo Unidad Color Rosa, es una persona Transgénero que le ha tocado ver cómo muchas de sus compañeras han muerto por falta de atención médica y el estigma de una sociedad que las señala.
En términos generales, las jornadas laborales de las mujeres continúan siendo más largas, por las responsabilidades de reproducción y cuidado en sus hogares. Con esto se limitan sus posibilidades para optar a puestos de trabajo de mayor cualificación y mejor pagados. Las mujeres siguen siendo segregadas en actividades propias del “quehacer de las mujeres”52, como sucede con las obreras de maquila que en su mayoría se desempeñan en labores de confección o costura, caracterizadas por actividades repetitivas y largas jornadas en posiciones inadecuadas. En esta industria, es notoria incluso la discriminación en puestos calificados, como las ingenierías, que en su mayoría son ocupados por hombres. Lo anterior configura una forma de discriminación y constituye un grave obstáculo para mejorar la vida y los ingresos de las mujeres trabajadoras
Se continúa manteniendo la situación de discriminación contra las trabajadoras o empleadas domésticas o del hogar. Pese a la existencia del Convenio 189 y Recomendación 201 en el marco de la OIT282, que regula las condiciones mínimas de trabajo de esta población el Estado hondureño aún no lo ratifica. En esta instancia ni siquiera se lleva un registro completo de esta población. En el marco del Examen Periódico Universal, se ha recomendado al Estado hondureño la atención de este grupo. Las trabajadoras domésticas ganan menos del salario mínimo, trabajan en jornadas interminables, no tienen días libres, maternidad, seguridad social y en muchos casos son sometidas a maltrato físico y verbal. El caso de las niñas y jóvenes que desempeñan este tipo de actividad se agrava cuando hay acoso sexual53
Aun cuando se reconoce que hay avances, todavía no se elimina la práctica de pruebas de embarazo a mujeres trabajadoras, entre ellas, las que laboran en la maquila. Testimonios de trabajadoras revelan que estas pruebas se solicitan en algunas empresas al momento de su primera entrevista, se hacen de manera descarada durante el periodo de prueba o través de exámenes de sangre justificados para otros fines54.
1 Elaborado con aportes de las organizaciones que conforman la Plataforma EPU/Coalición contra la Impunidad incorporados a los siguientes informes: Informe Alternativo al Segundo Informe del Estado de Honduras ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Informe Alternativo de la Sociedad Civil Hondureña al Comité contra la Tortura de la ONU presentado en 2016 y el Informe sobre Honduras: Situación de derechos humanos, independencia judicial, reducción de la pobreza y promoción del crecimiento económico, militarización de las funciones policiales y el cumplimiento de las condiciones de la Ley de Asignaciones en el marco del Plan Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte de Centroamérica elaborado por la Coalición contra la Impunidad en junio 2016
2 http://www.canal11.hn/1136/presidente-juan-orlando-hernandez-constata-que-ongs-tergiversan-la-informacion-y-ponen-en-mal-al-pais-en-eeuu
3 El comunicado permaneció por más de cinco meses en el siguiente portal web: http://www.presidencia.gob.hn/?p=5321 el cual fue consultado por última vez en agosto de 2015.
4 La Tribuna, Presidente Hernández lamenta que hondureños vayan a EEUU y Europa a poner en mal al país, 22 de agosto de 2015. En: http://www.latribuna.hn/2015/08/22/presidente-hernandez-lamenta-que-hondurenos-vayan-a-eeuu-y-europa-a-poner-en-mal-al-pais/
El Heraldo, Presidente de Honduras: FF AA seguirá en tareas de seguridad, 22 agosto de 2015 En: http://www.elheraldo.hn/pais/871640-214/presidente-de-honduras-ff-aa-seguir%C3%A1-en-tareas-de-seguridad.
5 Global Witness. How many more? Abril de 2015. Accesible en: https://www.globalwitness.org/documents/17882/how_many_more_pages.pdf.-
6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Situación de derechos humanos en Honduras, 31 diciembre, Informe 2015. párr. 43, pág. 28. En: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Honduras-es-2015.pdf
7 http://www.elheraldo.hn/pais/952429-466/suman-18798-los-despedidos-en-el-sector-p%C3%BAblico
8 (http://www.sefin.gob.hn/?page_id=48760).
9 http://www.latribuna.hn/2016/06/10/desaparece-expediente-del-presidente-del-copemh-jaime-rodriguez/.
10 Asesinado el 17 de julio de 2015, tras salir de su lugar de trabajo en el centro universitario Regional del Litoral Pacífico, Motiño recibió 12 impactos de bala y pese a ser beneficiario de medidas cautelares otorgados por la CIDH, el día de su asesinato no lo acompañaba su escolta policial.
11 Donatilo Jiménez, fue secuestrado en su centro de trabajo durante su jornada laboral el en Centro Universitarios Regional del Litoral Atlántico el día 8 de abril del 2015, a la fecha aún no se sabe nada de su paradero.
12 Decreto 144-83, Código Penal de Honduras, artículo 140.
13 Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
14 Cálculos realizados por el Centro de Derechos de Mujeres en base a las denuncias interpuestas a nivel nacional. Observatorio Estadístico del Ministerio Público
15 Cálculos realizados por el Centro de Derechos de Mujeres en base del Centro Eléctronico de Documentación e Información Judicial CEDIJ.
16 Consejo de Derechos Humanos. Informe Preliminar de la Visita a Honduras realizada por la Relatora Especial de la ONU sobre la Violencia contra las Mujeres. 7 de julio de 2014. Accesible en http://www.hn.undp.org/content/honduras/es/home/presscenter/articles/2014/07/07/informe-preliminar-de-la-visita-a-honduras-realizada-por-la-relatora-especial-de-la-onu-sobre-la-violencia-contra-las-mujeres-.html
17 Foro de Mujeres por la Vida. Observatorio Seguridad y Violencia de las Mujeres con fuentes del IUDPAS y CONADEH.
18 El 15 de marzo de 2013, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, la reforma al Código Penal, para incluir el tipo penal de femicidio, como delito especial. Para esto, se modificó el Decreto Legislativo 144-83, con el que se indica la reforma al Código Penal respecto a incluir el artículo 118–A.
19 Femicidio María Antonia Perez Castellanos, miembra del la Red de Mujeres de Santa Barbara y el Foro de Mujeres por la Vida. Sentencia dictada en el Juzgado Primero de Letras contra Gerardo Barahona.
20 El 21 de octubre de 2009 la Secretaría de Salud emitió el ACUERDO No. 2744 en el que decidió: Prohibir la promoción, el uso, venta y compra relacionada con la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), así como la distribución pagada o gratuita y comercialización de fármacos de anticoncepción de emergencia, en farmacias, droguerías o cualquier otro medio de adquisición.
21 MERCADO, Julisa. “Rechazan píldora del día después en Honduras”. El Heraldo. 7 de abril de 2014. Accesible en http://www.elheraldo.hn/pais/574508-214/rechazan-pildora-del-dia-despues-en-honduras
22 Artículo 126. El aborto es la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto. Quien intencionalmente cause un aborto será castigado:1) Con tres (3) a seis (6) años de reclusión si la mujer lo hubiese consentido;2) Con seis (6) a ocho (8) ños de reclusión si el agente obra sin el consentimiento de la madre y sin emplear violencia o intimidación; y,3) Con ocho (8) a diez (10) años de reclusión si el agente emplea violencia, intimidación o engaño. Artículo 127. Se impondrán las penas señaladas en el Artículo anterior y la de multa de quince mil (L. 15,000.00) a treinta mil Lempiras (L. 30,000.00) al médico que, abusando de su profesión, causa o coopera en el aborto. Las mismas sanciones se aplicarán a los practicantes de medicina, paramédicos, enfermeros, parteros o comadronas que cometan o participen en la comisión del aborto.Artículo 128. La mujer que produzca su aborto o consienta que otra persona se lo cause, será sancionada con reclusión de tres (3) a seis (6) años.Artículo 132. Quien por actos de violencia ocasiona el aborto sin el propósito de causarlo, constándole el estado de embarazo de la ofendida, será sancionado con reclusión de cuatro (4) a seis (6) años.
23 Véase OMS, Aborto sin riesgos: Guía técnica y de políticas para sistemas de salud, Ginebra, 2003, p. 12, disponible en: http://www.who.int/reproductive-health/publications/es/safe_abortion/ text_es.pdf; y OMS, Global and Regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2003, 5ª edición, 2003, disponible en: http://who.int/reproductivehealth/publications/ unsafeabortion_2003/ua_estimates03.pdf.
24 Centro de Derechos de la Mujer
25 EMIH. Los cultivos de camarón, melón y okra. Fuentes de riqueza y precariedad en el sur de Honduras. Edit. Guaymuras. Junio 2016
26 EMIH. La precariedad laboral se vive en las camaroneras. Editorial Guaymuras, mayo 2011
27 https://presencia.unah.edu.hn/seguridad/articulo/crimenes-de-odio-en-honduras-aumentan-y-el-estado-no-da-respuestas-comunidad-lgtb-
28 CIDH, Informe Situación Derechos Humanos en Honduras, 31 diciembre 2015, párrs. 137-139
29 El Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (COFAMIPRO) ha documentado desde 1999 mas de 600 casos solo en la zona nor occidental del país.
30 Informe presentado al Comité para la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares en vista de la adopción de las cuestiones previas a la presentación del informe inicial de honduras durante la 22ª sesión del 13 al 24 de abril de 2015
31 FIAN Honduras, El papel de los operadores de justicia en la violación de derechos humanos en el Bajo Aguán, a ser publicado en mayo de 2016
33 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General n° 7, el derecho a una vivienda adecuada. 16° período de sesiones, 1997. Accesible en: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f6430&Lang=en
34 http://www.latribuna.hn/2016/07/23/segun-conadeh-pais-se-vulnera-presuncion-inocencia/
35 Op.Cit. CIDH (2015).
36 Zaffaroni, R. E. Sistemas PENALES Y DERECHOS HUMANOS. Editorial De Palma, Buenos Aires, 1986. tomo II.PÁG
37 http://hondudiario.com/2016/07/23/presuncion-de-inocencia-es-un-derecho-vulnerado-conadeh/
38 http://www.conaprev.gob.hn/index.php/noticias/283-hacinamiento-en-carceles-bajara-a-9-en-junio-de-2016
39 Se le da vigencia a un artículo transitorio que ya había sido derogado contenido en el Decreto 282-2010 del 19 de enero de 2010: “ARTÍCULO 3. TRANSITORIO. Mientras se instala el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, se faculta al Honorable Presidente de la Corte Suprema de Justicia para que conserve la facultad de seleccionar, nombrar y destituir Jueces, Magistrados y Personal administrativo de acuerdo en lo establecido en la Ley; asimismo la facultad de organizar y dirigir administrativamente al Poder Judicial”.
40 Decreto No. 168^2013 de fecha 22 de Agosto del 2013 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 24 de Agosto del año 2013.
41 Informe conjunto presentado para la 2a ronda del Examen Periódico Universal a Honduras, septiembre de 2014, párr. 19.d), accesible en: http://www.derechosdelamujer.org/tl_files/documentos/derechos_humanos/EPU^Plataforma^Honduras^2014.pdf
42 Op. Cit. CIDH (2015).
43 Información tomada de las alertas de C-LIBRE en su página web. Accesible en http://www.clibrehonduras.com/alertas
44 Los periodistas Banegas y Chévez de Radio Progreso gozan de medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
45 Ver comunicado de COPINH del 9 de mayo de 2016. Accesible en https://www.copinh.org/article/copinh-comunicado-frente-la-represion-violenta-el-/
46 Entrevista con Merary Avila, apoderada legal de los cinco estudiantes de educación media judicializados.
47 “Protesta contra peaje se intensifica, estado responde con represión”,Nota de prensa, Radio Progreso, 8 de junio de 2016. Accesible en http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2944-protesta-contra-peaje-se-intensifica-estado-responde-con-represi%C3%B3n
48 Ver vídeo de represión a aproximadamente 50 personas de COPINH. Accesible en: http://www.reluita.org/index.php/es/honduras/item/7593-violenta-represion-contra-el-copinh
49 http://www.latribuna.hn/2016/07/27/sobreseimiento-definitivo-25-estudiantes-la-unah/
50 Asociación LGTB Arcoíris de Honduras. 2014. Diagnóstico De Situación De Las Violaciones A Derechos Humanos Y Los Crímenes De Odio En Contra De La Población LGTBI En Honduras
51 Información provista por la Asociación LGTB Arcoiris
52 “[…] la discriminación que afecta los mercados laborales no es una discriminación directa. Pero existe una discriminación indirecta que produce una segregación laboral. Es decir, la mayor parte de las mujeres se emplean en puestos con más bajas remuneraciones, o a las mujeres mayormente se las ocupa en tareas que tienen menos remuneraciones”. En ESPINO, Alma. “Género y mercados laborales en América Latina”. En VÁSQUEZ SOTELO, Roxana (Ed.). La globalización al debate… op. cit., p. 135.
53 “[…] el director de la Casa Alianza, José Guadalupe Ruelas, señaló que son al menos 500 mil infantes que son víctimas de explotación laboral en todos los rubros y algunas niñas laboran como amas de casa y se desempeñan día y noche sin recibir al menos el salario mínimo”. En “Más de 379 mil niños trabajan en Honduras”. La Tribuna. 14 de junio de 2015. Accesible en http://www.latribuna.hn/2015/06/14/mas-de-379-mil-ninos-trabajan-en-honduras/
54 Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras. Grupo focal con trabajadoras. 2015.

References: artículo 5
 artículo 13
 artículo 140
 artículo 118
 Artículo 126
 Artículo 127