Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-167-de-abril-15-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_1a1b4158f0d94cd68d780502f41d8f21&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-14 06:01:02+00:00

Document:
﻿ Sentencia T-167 de abril 15 de 2015
SENTENCIA T-167 DE 15 DE ABRIL DE 2015
CONTENIDO:HABEAS DATA. LA CENTRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA – CIFIN -, ES LA ENCARGADA DE RECOLECTAR LOS DATOS DE LAS PERSONAS RELATIVOS A SU COMPORTAMIENTO EN MATERIA CREDITICIA, EL INCLUIR INFORMACIÓN NO RELACIONADA CON TEMAS COMERCIALES Y FINANCIEROS EN SU BASE DE DATOS ES MOTIVO DE REPROCHE CONSTITUCIONAL, PUESTO QUE LAS BASES DE DATOS TIENEN LA FUNCIÓN ESPECÍFICA DE RECAUDAR LA INFORMACIÓN CONCERNIENTE A LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, HÁBEAS DATA, BANCO COMERCIAL, DERECHO AL BUEN NOMBRE
Sentencia T-167 de abril 15 de 2015
Ref.: Expediente T-4.608.034
Acción de tutela instaurada por Luis Aníbal Sosa contra el Centro de Información Financiera, Cifin, y el Banco GNB Sudameris.
La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, quien la preside, Martha Victoria Sáchica Méndez y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente:
En el proceso de revisión de la sentencia proferida el catorce (14) de agosto de dos mil catorce (2014) por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, en cuanto declaró la improcedencia de la acción de tutela incoada por el señor Luis Aníbal Sosa contra el Centro de Información Financiera, Cifin, y el Banco GNB Sudameris.
El accionante Luis Aníbal Sosa, a través de apoderado judicial, solicita al juez de tutela proteger sus derechos fundamentales a la igualdad, al buen nombre, a la honra y a la personalidad jurídica, presuntamente vulnerados por: (i) el Centro de Información Financiera, Cifin, al incluir un reporte negativo en su base de datos referente a la suspensión de los derecho políticos, y (ii) el Banco GNB Sudameris, al negar el refinanciamiento o extensión de un crédito previamente otorgado, argumentado para ello el reporte ante las centrales de riesgo financiero.
1.1.1.2. Afirma que en el mes de octubre de 2013, le fue otorgado un préstamo de consumo por el Banco Sudameris de la ciudad de Medellín, sin que en ese momento se le advirtiera de algún problema ante las centrales de riesgo financiero, y sobre el cual se le continúa haciendo descuentos mensuales por nómina por el valor de $ 378.740.
1.1.1.6. Sostiene que la Cifin otorgó respuesta oportuna a su petición, en la que se le manifestó que una vez efectuada la validación de su número de cédula, figura el estado “Suspensión por derechos políticos”. En ese orden, se le indicó que para efectuar la correspondiente corrección debía dirigirse a la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de que se actualicen sus datos en el Archivo Nacional de Identificación —ANI—, quien debe emitir un certificado de vigencia de la cédula de ciudadanía, el cual puede remitir al correo electrónico de novedades de la Cifin.
Mediante auto del 1º de agosto de 2014, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Medellín admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado de la misma a la Central de Información Financiera, Cifin, y al Banco GNB Sudameris para que informaran sobre lo manifestado en la demanda de tutela.
1.2.2. La Central de Información Financiera, Cifin S.A. contestó la acción de tutela y solicitó negarla por improcedente con fundamento en lo siguiente:
1.2.2.4. Manifestó que para proceder a efectuar la modificación del estado del documento de identificación del accionante, éste debe dirigirse a la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de que sean actualizados los datos en el Archivo Nacional de Identificación —ANI—, luego de lo cual le deben emitir un certificado de vigencia de la cédula de ciudadanía, el cual debe radicar en las oficinas de Cifin, con el fin de realizar la respectiva modificación en la base de datos respecto a su documento de identificación.
2.1. Decisión única de instancia - Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín.
3.2.1. Corresponde a esta Sala establecer si el Centro de Información Financiera, Cifin, y el Banco GNB Sudameris, vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al buen nombre, a la honra y a la personalidad jurídica del señor Luis Aníbal Sosa, por una parte, al incluir en la base de datos de la central de información financiera referentes relacionados con la suspensión de sus derechos políticos, y por otra parte, al negar el acceso a un crédito financiero bajo el argumento de existir dicho reporte.
“… sería errado sostener que como el artículo 86 constitucional señala que la acción de tutela procede contra los particulares que prestan un servicio público, aquellos que con su conducta afecten de manera grave y directa el interés colectivo o en los supuestos de subordinación o de indefensión, la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares queda limitada a esos eventos. Por el contrario, debido precisamente al lugar que ocupan los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional colombiano y a su efecto de irradiación se puede sostener que el influjo de éstos cobija todas las relaciones jurídicas particulares, las cuales se deben ajustar al ‘orden objetivo de valores’ establecido por la Carta Política de 1991. Cosa distinta es que la acción de tutela, como mecanismo idóneo de protección de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares sólo proceda prima facie en los supuestos contemplados por el artículo 86 constitucional”(1).
8. Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las autoridades públicas. (…)” (resaltado fuera de texto).
3.3.3. De la norma citada se colige que procede la acción de tutela, en general, contra particulares cuando estos: (i) prestan servicios públicos; (ii) configuran, respecto de un tercero, una relación de subordinación e indefensión y (iii) han recibido una solicitud en ejercicio del derecho de hábeas data, entre otros.
3.4. Los derechos fundamentales al buen nombre y al hábeas data. Reiteración de jurisprudencia.
3.4.1. Carácter autónomo de las garantías constitucionales al buen nombre y al habeas data.
3.4.1.1. El artículo 15 de la Constitución de 1991, reconoció explícitamente el “(…) derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas” y además dispuso que “en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetará la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución”. Estos preceptos leídos en conjunto con la primera parte del mismo artículo 15 —sobre el derecho a la intimidad, el artículo 16 —que reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad— y el artículo 20 —sobre el derecho a la información activo y pasivo y el derecho a la rectificación— de la Carta, han dado lugar al reconocimiento de un derecho fundamental autónomo catalogado como derecho al habeas data, y en algunas oportunidades, como derecho a la autodeterminación informativa o informática.
3.4.1.2. En la Sentencia C-748 de 2011(2), esta corporación acertadamente distinguió las tres líneas de interpretación que la jurisprudencia constitucional había hecho del derecho al habeas data. Así las cosas, precisó que en un primer momento dicho derecho constitucional fue interpretado “como una garantía del derecho a la intimidad, de allí que se hablara de la protección de los datos que pertenecen a la vida privada y familiar, entendida como la esfera individual impenetrable en la que cada cual puede realizar su proyecto de vida y en la que ni el Estado ni otros particulares pueden interferir” (resaltado en el texto original).
3.4.1.3. Posteriormente, el fallo aludido determinó que “desde los primeros años de la nueva Carta, también surgió al interior de la Corte una segunda línea interpretativa que consideraba el habeas data una manifestación del libre desarrollo de la personalidad. Según esta línea, el habeas data tiene su fundamento último “(…) en el ámbito de autodeterminación y libertad que el ordenamiento jurídico reconoce al sujeto como condición indispensable para el libre desarrollo de la personalidad y en homenaje justiciero a su dignidad” (resaltado en el texto original).
3.4.1.4. Así mismo, la sentencia en mención dejó claro que “a partir de 1995, surge una tercera línea interpretativa que apunta al habeas data como un derecho autónomo y que es la que ha prevalecido desde entonces. Así, según la Sentencia SU-082 de 1995, el núcleo del derecho al habeas data está compuesto por la autodeterminación informática y la libertad —incluida la libertad económica. Además, este derecho comprende al menos las siguientes prerrogativas: “a) El derecho a conocer las informaciones que a ella se refieren; b) El derecho a actualizar tales informaciones, es decir, a ponerlas al día, agregándoles los hechos nuevos; c) El derecho a rectificar las informaciones que no correspondan a la verdad”, e incluye el derecho a la caducidad del dato negativo” (resaltado en el texto original).
3.4.1.5. Entonces, el derecho al hábeas data como derecho autónomo, es aquel que “permite a las personas naturales y jurídicas conocer, actualizar y rectificarla información que sobre ellas se haya recogido en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. De la misma manera, este derecho señala la obligación de respetar la libertad y demás garantías constitucionales en el ejercicio de las actividades de recolección, tratamiento y circulación de datos”(3).
3.4.1.6. El derecho fundamental al habeas data puede ser vulnerado o amenazado cuando quiera que la información contenida en una central o banco de datos: “i) es recogida de forma ilegal, es decir, sin el consentimiento del titular; ii) no es veraz, o iii) recae sobre aspectos íntimos de la vida del titular, no susceptibles de ser conocidos públicamente. Y en estos casos, el titular de la información puede acudir a la acción de tutela para solicitar la protección de su derecho fundamental”(4).
3.4.1.7. En la Sentencia T-729 de 2002(5), reiterada posteriormente por la Sentencia C-748 de 2011(6), la Corte explicó que es importante diferenciar y delimitar el habeas data respecto de otros derechos como el buen nombre y la intimidad, por lo menos por tres razones:“(…) (i) por la posibilidad de obtener su protección judicial por vía de tutela de manera independiente; (ii) por la delimitación de los contextos materiales que comprenden sus ámbitos jurídicos de protección; y (iii) por las particularidades del régimen jurídico aplicable y las diferentes reglas para resolver la eventual colisión con el derecho a la información”. A continuación, la Corte definió el derecho al habeas data de la siguiente forma:
3.4.1.8. Más recientemente, en la Sentencia C-1011 de 2008(7), también reiterada en la citada Sentencia C-748 de 2011, la Corte nuevamente reconoció la autonomía del derecho al habeas data y lo conceptualizó así:
3.4.1.9. Finalmente, la Sentencia T-658 de 2011(8), tajantemente fijó que el artículo 15 Constitucional consagra tres derechos fundamentales autónomos, a saber: intimidad, buen nombre y hábeas data, y que si bien dichas garantías guardan una estrecha relación, tienen sus propias particularidades que las individualizan, por lo cual, el análisis de su vulneración debe hacerse de forma independiente, ya que el quebrantamiento de alguna de ellas no conlleva siempre al desconocimiento de la otra. En este respecto, la sentencia en mención estableció las siguientes diferencias:
En conclusión, el derecho al habeas data o autodeterminación informática, puede ser transgredido, entre otros eventos, en el caso en que la información contenida en una base de datos sea recogida de forma ilegal o contenga datos erróneos. En este último evento no sólo estaría comprometido el derecho a la autodeterminación informática sino también el derecho al buen nombre” (énfasis en el texto original).
3.5.2. El legislador aprobó una serie de principios contenidos en la ley estatutaria general de habeas data (L. 1581/2012), proyecto que en este punto fue declarado ajustado a la Constitución mediante la citada Sentencia C-748 de 2011. Asimismo, esta corporación en la también citada Sentencia C-1011 de 2008, consideró que los principios contenidos en la ley estatutaria de hábeas data financiero eran constitucionales y que, además, su aplicación era extensiva a todas las bases de datos personales sin importar que la regulación estudiada tenía un marcado carácter sectorial.
3.5.5. Según el principio de finalidad, tales actividades “deben obedecer a un fin constitucionalmente legítimo (…) definido de forma clara, suficiente y previa”. Por lo cual, está prohibida, por un lado “la recopilación de información personal sin que se establezca el objetivo de su incorporación a la base de datos (…)” y por el otro “la recolección, procesamiento y divulgación de información personal para un propósito diferente al inicialmente previsto (…)”(9).
3.5.6. Según el principio de necesidad, la administración de “la información personal concernida debe ser aquella estrictamente necesaria para el cumplimiento de los fines de la base de datos”(10).
3.5.7. Según el principio de utilidad, la administración de información personal debe “cumplir una función determinada, acorde con el ejercicio legítimo de la administración de los datos personales. Por lo cual queda proscrita la divulgación de datos que, al carecer de función, no obedezca a una utilidad clara y suficientemente determinable”(11).
3.5.8. El principio de circulación restringida ordena que toda actividad de administración de información personal esté sometida “a los límites específicos determinados por el objeto de la base de datos (…) y por el principio de finalidad. Por lo cual, está prohibida la divulgación indiscriminada de datos personales”(12).
De esta manera y de acuerdo con el ordenamiento vigente, las bases de datos y de información las manejan centrales crediticias que se convierten en centros de recopilación y acopio de datos que facilitan el manejo de estos. Al respecto esta corporación expuso(13):
“Las centrales de riesgo, en el marco del sistema financiero, son centros de acopio y almacenamiento de datos relacionados con el comportamiento financiero de los usuarios del sistema. Éstas son administradas por personas jurídicas —normalmente—, quienes se encargan además de su actualización y ampliación, en virtud de contratos que celebran con entidades crediticias para el efecto.
3.6.2. Bajo tal modalidad, estas entidades tiene la obligación de garantizar a las personas el derecho de habeas data, ligado a los derechos al buen nombre e intimidad, y en general las disposiciones constitucionales, pues la información que manejan es privada y en consecuencia, debe administrarse con sujeción a requisitos definidos por la ley y la jurisprudencia, con el objeto de mantener en las bases información veraz y cierta que se actualice permanentemente(14) y que proteja el derecho al buen nombre de sus titulares.
Así, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional: “las entidades administradoras de bases de datos financieros son responsables de que (i) el ejercicio de recolección, tratamiento y circulación de datos sea razonable y no lesione los derechos fundamentales de los titulares de la información; (ii) de la incorporación de los nuevos datos que les sean remitidos, en particular cuando de la inclusión de dichos datos se deriven situaciones ventajosas para el titular; (iii) de retirar los datos una vez se cumplan los términos de caducidad de los mismos; (iv) de mantener separadas las bases de datos que se encuentren bajo su cargo y de impedir cruces de datos con otros bancos de información; (v) de garantizar la integridad y seguridad de la información almacenada; (vi) de verificar que la entidad que le remite datos para divulgación, cuanta con autorización previa, expresa y escrita del titular del dato para el efecto, y (vii) de informar a este último que la información será incluida en su fichero”(15).
Por lo anterior, se han dispuesto por la jurisprudencia, desde la Sentencia SU-082 de 1995(16), reglas para el manejo de la información que reposa en las centrales de riesgo. Al respecto, en la Sentencia T-798 de 2007(17) se indicó:
5.5.4. Sólo pueden ser divulgados aquellos datos que resulten útiles y necesarios para el cumplimiento de los objetivos que se busca obtener con la existencia de las centrales de información crediticia (…)” (resaltado fuera de texto).
3.6.4. En atención a lo anterior, el Centro de Información Financiera, Cifin, es un servicio privado de recaudación, almacenamiento, procesamiento, administración, divulgación y cesión de datos, conformado por bases de antecedentes de diverso carácter, a través de las cuales se muestra el comportamiento comercial y financiero de las personas que son reportadas a ellas(18) (resaltado de la Sala).
Para el cumplimiento de lo anterior, estos entes deben solicitar autorización por escrito de sus clientes actuales o potenciales, para anunciar, procesar, consultar y divulgar la información, que conforma las bases de datos de la Cifin. Así, es claro que no pueden reportar ni consultar la información de esa base mientras la persona sobre la cual van a reportar o a consultar no las autorice para el efecto(19) (resaltado de la Sala).
3.7.1. La Corte Constitucional ha sido reiterativa en sostener que el habeas data es un derecho fundamental que habilita al titular de información personal a exigir, de la administradora de sus datos personales, una de las conductas indicadas en el artículo 15 de la Constitución: “conocer, actualizar, rectificar”, o una de las conductas reconocidas por la misma Corte como pretensiones subjetivas de creación jurisprudencial: “autorizar, incluir, suprimir y certificar”(20). Esta definición del habeas data que ensalza su dimensión subjetiva fue concebida en la Sentencia T-729 de 2002(21) y afianzada en la Sentencia C-1011 de 2008(22).
3.7.2. No obstante lo anterior, esta corporación precisó que la facultad de suprimir de las bases de datos información personal, no es de carácter absoluta, ni procede en todo momento ni circunstancia. Por el contrario, se trata de una facultad que únicamente se activa cuando el administrador de las bases de datos ha quebrantado uno de los principios de la administración de datos. “Este es el caso, cuando, por ejemplo, se administra información (en su modalidad circulación) sin autorización previa del titular, siendo tal autorización presupuesto de la legalidad del tratamiento de datos (sobre todo en el ámbito de la administración de bases de datos personales por particulares). O por ejemplo, cuando la administración-circulación de la información personal continúa aun después de que se ha cumplido un término de caducidad específico”(23) (resaltado fuera del texto).
Esta segunda modalidad de supresión es una alternativa para conciliar varios elementos normativos que concurren en el caso de la administración de información personal sobre antecedentes penales. Por un lado, la supresión total de los antecedentes penales es imposible constitucional y legalmente. Ya lo vimos al referir el caso de las inhabilidades intemporales de carácter constitucional, las especiales funciones que en materia penal cumple la administración de esta información personal, así como sus usos legítimos en materia de inteligencia, ejecución de la ley y control migratorio. En estos casos, la finalidad de la administración de esta información es constitucional y su uso, para esas específicas finalidades, está protegido además por el propio régimen del habeas data. Sin embargo, cuando la administración de la información personal relacionada con antecedentes pierde conexión con tales finalidades deja de ser necesaria para la cumplida ejecución de las mismas, y no reporta una clara utilidad constitucional; por tanto, el interés protegido en su administración pierde vigor frente al interés del titular de tal información personal. En tales casos, la circulación indiscriminada de la información, desligada de fines constitucionales precisos, con el agravante de consistir en información negativa, y con el potencial que detenta para engendrar discriminación y limitaciones no orgánicas a las libertades, habilita al sujeto concernido para que en ejercicio de su derecho al habeas data solicite la supresión relativa de la misma” (resaltado fuera del texto).
“1. El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al responsable del tratamiento o al encargado del tratamiento, con la identificación del titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y acompañando los documentos que se quiera hacer valer; || 2. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que diga “reclamo en trámite” y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido; || 3. El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término”.
3.7.5. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte ha precisado que en virtud del artículo 15 y 16 de la Ley 1581 de 2012 y del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, es necesario que el actor antes de acudir a la acción de tutela para solicitar el amparo de su derecho al habeas data haya solicitado previamente a la entidad correspondiente que se corrija, aclare, rectifique, actualice o suprima el dato o la información que ésta tiene sobre el mismo. Al respecto, la Sentencia T-657 de 2005(24) especificó que “en los casos relacionados con datos negativos reportados a centrales de riesgo, el requisito de procedibilidad se cumple cuando la solicitud previa de rectificación de información se hubiese hecho ante la entidad que reportaba el dato negativo, sin que sea necesario hacerla ante la central de riesgo”(25).
3.8.3. Debe tenerse en cuenta que estos derechos se pierden cuando el ciudadano renuncia a la nacionalidad, y su ejercicio se puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que determine la ley(26).
De esta manera, en el Código Penal (L. 599/2000) el legislador señaló las consecuencias jurídicas que se derivan de la perpetración de las conductas punibles allí tipificadas, clasificando las penas en principales, sustitutivas y accesorias privativas de otros derechos cuando no obren como principales(27). Son principales la prisión, la de multa y las demás privativas de otros derechos que así se consagren en la parte especial del código(28); son sustitutivas la prisión domiciliaria, que reemplaza la privación de la libertad en establecimiento carcelario, y el arresto de fin de semana convertible en arresto ininterrumpido que sustituye a la multa(29); son accesorias las penas privativas de otros derechos(30), que también pueden estar previstas como principales, entre las cuales se encuentra la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
3.8.4. De conformidad con lo estatuido en el artículo 44 ibídem “La pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas priva al penado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las entidades oficiales”.
La citada norma fue objeto de examen en el fallo C-581 de junio 6 de 2001(31), donde al declarar su exequibilidad la Corte precisó que son derechos políticos “el del sufragio, el de ser elegido, el de desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción, el de participar en referendos y plebiscitos, el de ejercer acciones públicas, todos los cuales están en cabeza de los nacionales, quienes los pueden ejercer únicamente a partir de la adquisición de la ciudadanía. Ninguno de estos derechos es de carácter absoluto, como se expresó anteriormente, y para ejercerlos se requiere haber adquirido la calidad de ciudadano, la cual solamente se obtiene cuando se han cumplido los requisitos de nacionalidad y edad establecida por el legislador (18 años)”.
3.8.5. Esta limitación también guarda relación con el artículo 52 del Código Penal, en cuanto advierte que “la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena a que accede y hasta por una tercera parte más…”(32).
3.8.7. Por último, teniendo en cuenta el contexto anterior y el asunto objeto de estudio, debe recordarse que esta corporación ha señalado que, además de los derechos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, los derechos a la libertad física y a la libre locomoción también se suspenden por el encarcelamiento otros derechos, como la intimidad personal y familiar, reunión, asociación, libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión, los cuales son restringidos en aras de asegurar el orden interno en los centros de reclusión. Por su parte, la vida, la integridad personal, la dignidad humana, la igualdad, la libertad religiosa, la personalidad jurídica, la salud, el debido proceso y el derecho de petición, entre otros, se conservan indemnes, siendo deber del Estado garantizarlos y preservar su efectividad(33).
4.1.2. Ante lo expresado por la entidad financiera, el peticionario se dirigió a la Central de Información Financiera, Cifin, a efectos de indagar el motivo de la anotación en su base de datos, así como el procedimiento para ser excluido de la misma. Frente a lo cual se le manifestó que debía dirigirse a la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien es la entidad encargada de realizar las respectivas anotaciones en el Archivo Nacional de Identificación, ANI.
4.2. Procedencia de la acción de tutela.
4.2.1. Legitimación en la causa por activa.
4.2.2.1. Las entidades demandadas, esto es, el Centro de Información Financiera, Cifin, y el Banco GNB Sudameris, se encuentran legitimadas como parte pasiva toda vez que ellas son entidades privadas frente a las cuales el accionante ha realizado solicitudes en ejercicio de su derecho fundamental de habeas data, de conformidad con el numeral 6 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, las que a su juicio, no han sido cabalmente atendidas.
En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional(34), la acción de tutela para proteger el derecho fundamental de habeas data, exige, como requisito de procedibilidad, que el peticionario presente solicitud previa a la entidad correspondiente, para corregir, aclarar, rectificar o actualizar el dato o la información que ha sido reportada a las bases de datos.
4.2.3. Examen de inmediatez.
4.2.3.3. A propósito de este requisito de procedibilidad de la acción de tutela, la Corte Constitucional en la Sentencia T- 792 de 2009(35) estableció que:
4.2.4. Examen del cumplimiento del principio de subsidiariedad.
4.3.2. En atención a lo anterior, debe recordarse que el Centro de Información Financiera, Cifin, es un centro de acopio y almacenamiento de datos relacionados con el comportamiento financiero de los usuarios del sistema, y en desarrollo de tal función se encuentra en la obligación-deber de garantizar a las personas el derecho de habeas data, ligado a los derechos al buen nombre e intimidad, y en general las disposiciones constitucionales, pues la información que maneja es privada y, en consecuencia, debe administrarse con sujeción a requisitos definidos por la ley y la jurisprudencia.
En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado como reglas para el manejo de la información que reposa en las centrales de riesgo, entre otras, y para lo que incumbe al caso objeto de estudio que “sólo pueden ser divulgados aquellos datos que resulten útiles y necesarios para el cumplimiento de los objetivos que se busca obtener con la existencia de las centrales de información crediticia”(36) (resaltado fuera de texto).
4.3.3. De conformidad con todo lo expuesto, no encuentra esta Sala de Revisión elementos de juicio para determinar por cuál razón la pérdida de derechos políticos —imposibilidad de elegir y ser elegido—, o la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas —prohibición al afectado de ejercer cargos públicos o contratar servicios con el Estado— producto de una sanción penal, afecten informaciones relativas a actividades de índole económica.
De esta manera, si una persona, natural o jurídica ha demostrado cabal cumplimiento de sus obligaciones financieras, debe otorgársele mérito a esto, pues en el marco de un Estado social de derecho, el Estado no sólo asume el deber de abstenerse a llevar a cabo prácticas que afecten innecesariamente el ejercicio de los derechos fundamentales que se encuentren suspendidos o limitados(37), sino la necesidad de adoptar medidas positivas orientadas a garantizar la efectividad de derechos fundamentales que puedan practicarse a plenitud.
4.3.4. Así las cosas, encuentra la Sala por una parte, que la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cumplimiento de las competencias designadas por el legislador incluyó al señor Luis Aníbal Sossa en su sistema debido a la imposición de la pena accesoria de “inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas”. Lo anterior, se encuentra ajustado a derecho, pues es una función que se encuentra consagrada en el artículo 472 del Código de Procedimiento Penal.
4.3.6. Ahora bien, en relación con el Centro de Información Financiera, Cifin, considera la Sala que el incluir información no relacionada con temas comerciales y financieros en su base de datos si es motivo de reproche constitucional, puesto que tal como se dijo en precedencia, constitucional, legal y jurisprudencialmente las bases de datos tienen la función específica de recaudar la información concerniente a las personas naturales y jurídicas dentro del ámbito de su competencia.
En este orden, la Central de Información Financiera, Cifin, es la encargada de recolectar los datos de las personas relativos a su comportamiento en materia crediticia, además del cumplimiento derivado de la asunción de obligaciones comerciales y la consecuente publicación de un reporte detallado y ajustado a la realidad del manejo que la persona le dé a las mismas, con el propósito de mantener un riesgo mínimo para las entidades bancarias que a ella acudan a su consulta.
En consonancia con lo hasta ahora dicho, para la Sala es claro que el Centro de Información Financiera, Cifin, se extralimitó en el cumplimiento de sus funciones —referidas a los aspectos del comercio, como atrás se dijo—, incumpliendo con ellos la finalidad y utilidad del dato relacionado con la incorporación de la pena accesoria impuesta la peticionario, reporte que se encuentra incluido en el historial de su comportamiento crediticio, circunstancia, que aunque como se dijo no ha sido determinante en su relación con el Banco GNB Sudameris, sí puede llegar a afectarlo comercialmente.
4.3.7. Por consiguiente, verificada la vulneración iusfundamental alegada por parte del centro de Información Financiera, Cifin, la Sala revocará las sentencia del 14 de agosto de 2014 proferida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, la cual declaró la improcedencia de la acción, y en su lugar concederá la tutela de los derechos constitucionales al habeas data y al buen nombre del señor Luis Aníbal Sossa.
1. REVOCAR la sentencia del 14 de agosto de 2014 proferida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, la cual declaró la improcedencia de la acción. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al habeas data y al buen nombre del señor Luis Aníbal Sossa, en relación con el Centro de Información Financiera, Cifin.
2. ORDENAR a la Asociación Bancaria de Entidades Financieras de Colombia, como administrador de la central de información Cifin, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, retire de sus bases de datos cualquier tipo de información negativa resultado de la pérdida o suspensión de derechos políticos del señor Luis Aníbal Sossa por los hechos que dieron origen a la presente acción de tutela.
(1) Sentencia T-632 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(3) Sentencia T-811 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.
(4) Sentencia SU-082 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía. Esta posición fue reiterada en la Sentencia T-811 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.
(9) Sentencia C-1011 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(13) Sentencia T-684 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(14) Sentencias SU-082 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía, T-589 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería, T-272 de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-1427 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz, T-592 de 2003 y T-526 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(15) Sentencia T-684 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(18) Fuente: http://Cifin.asobancaria.com/Cifin/plantilla1.jsp
(20) Sentencia T-729 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(23) Sentencia SU-458 de 2012, M.P. Adriana María Guillén Arango.
(26) Artículo 44, Ley 599 de 2000.
(27) Artículo 34 ibídem.
(28) Artículo 35 ibídem.
(30) Artículo 43 ibídem.
(32) Aparte declarado exequible mediante sentencias C-393 de mayo 22 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería y C-329 de abril 29 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(33) Cfr. T-721 de septiembre 9 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-319 de mayo 4 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-232 de marzo 20 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, entre otros.
(34) Ver sentencias entre otras T-131 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara; T-857 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-1322 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(36) Sentencia T-798 de 2007.
(37) Sentencia T-274 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.

References: artículo 86
 artículo 86
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 20
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 6
 artículo 44
 artículo 52
 artículo 42
 artículo 472
 Artículo 44
 Artículo 34
 Artículo 35
 Artículo 43