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Timestamp: 2020-02-28 02:38:50+00:00

Document:
Sentencia nº 1638 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 29 de Octubre de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 283272935
Número de Expediente: 08-1913
Ponencia del Magistrado Dr. ALFONSO VALBUENA CORDERO
En el juicio que por cobro de prestaciones sociales, beneficio de jubilación especial, daño moral y otros conceptos laborales sigue la ciudadana NORY DEL VALLE LORETO, asistida judicialmente por la abogada O.M. contra la COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA, (C.A.N.T.V.), representada judicialmente por el abogado J.A.G.R.; el Tribunal Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo en alzada dictó sentencia en fecha 16 de octubre del año 2008, siendo la misma reproducida el 23 del mismo mes y año, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, parcialmente con lugar la adhesión a la apelación interpuesta por la parte actora; y parcialmente con lugar la demanda, modificando así el fallo apelado.
Contra esta decisión de alzada, la representación judicial de la parte actora, anunció recurso de casación, el cual, una vez admitido se acordó el envío del expediente a la Sala de Casación Social de este alto Tribunal.
Remitido el expediente, fue recibido en esta Sala de Casación Social, dándose cuenta del asunto en fecha 27 de noviembre del año 2008. En esa misma fecha, los Magistrados Omar Alfredo Mora y Juan Rafael Perdomo manifestaron tener motivos de inhibición para conocer del presente asunto.
Manifestada la aceptación de los respectivos conjueces y suplentes para integrar la nueva Sala accidental, la misma quedó constituida en fecha 1° de abril del año 2009 de la siguiente manera: Magistrados ALFONSO VALBUENA CORDERO y L.E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ, Presidente y Vicepresidente respectivamente, C.E.P.D.R., el tercer suplente J.A.S.L. y la primera conjuez M.A.G.. Se designó Secretario al Dr. J.E.R.N..
Concluida la sustanciación con el cumplimiento de las formalidades legales, pasa esta Sala de Casación Social (accidental) a reproducir la sentencia dictada en fecha 26 de octubre del año 2009, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, previa las siguientes consideraciones:
De conformidad con lo establecido en el ordinal 2° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se denuncia la falta de aplicación del artículo 177 eiusdem.
Alega la parte recurrente:
El Juez a quo en su sentencia manifestó textualmente: (omissis).
Ahora bien, ciudadanos magistrados, es claro nuestra norma adjetiva en su artículo 1777 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que dice textualmente: …Y siendo reiterado (sic) nuestra jurisprudencia al establecer que la indexación monetaria debe ser tomada en cuenta desde el momento que queda notificada la parte demandada hasta la sentencia definitivamente firme. Al respecto, véanse decisiones Nro. 1553 de fecha 17/10/2008, Nro. 1999 de fecha 16/12/2005 y Nro. 1176 de fecha 22-09-2005, siendo esta última del siguiente tenor: …Razones suficientes por la que podemos concluir que el Juez A-quem (sic) no atendió a la doctrina pacífica y reiterada que la Sala de Casación Social a (sic) establecido, cometiendo así una infracción equiparable a la falta de aplicación de una norma legal como es el artículo 177 de la Ley Orgánica procesal laboral (sic) y así espero ustedes decidan ordenando (sic) modificando el fallo dictado por el juzgado a-quo.
Señala la recurrente, que es reiterado el criterio jurisprudencial al establecer que la indexación monetaria debe ser tomada en cuenta desde el momento de la notificación de la demandada hasta que la sentencia quede firme, por lo que considera que el a-quem no atendió la doctrina de esta Sala de Casación Social e incurrió en la infracción del artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por falta de aplicación, al establecer que procedía la indexación sólo si no había cumplimiento voluntario de la demandada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 185 eiusdem.
En tal sentido la recurrida estableció:
Finalmente señaló que no estaba de acuerdo respecto a los parámetros dados para la indexación, sin embargo, tal pedimento fue resuelto por el a quo cuando se pronunció en la aclaratoria de fecha 02 de julio de 2008, indicando que esta procedía solo si no había cumplimiento voluntario de la demandada, tal como lo prevé el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y lo establecido por la Sala de Casación Social, por lo que se declara la improcedencia de esta reclamación. Así se establece.
Vale indicar que deberá observarse si fuera el caso, lo dispuesto por la Sala de Casación Social del tribunal Supremo de Justicia, en caracas, en fecha 28 de abril de 2006, con ponencia del magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, N.J.G.F. y Otros, contra la C:A.N.T.V., donde se estableció que: (omissis).
En razón de lo anteriormente decidido, se ordena la realización de experticia complementaria, para lo cual se nombrará un solo experto, cuyos honorarios serán sufragados por la parte demandada, siendo que a todo evento se insta al juez de ejecución que le corresponda conocer de la presente causa designar como experto al Banco Central de Venezuela o a cualquier experto institucional, a los fines de que realice el cálculo de las pensiones generadas desde el día siguiente a la fecha de interposición de la demanda (04/04/2005) hasta la efectiva ejecución del presente fallo, en base a los parámetros establecidos supra (en cuanto a la determinación de las pensiones que en definitiva correspondan mes a mes). Así mismo deberá determinar los intereses de prestación de antigüedad generados mes a mes, desde el 19/07/97 hasta la fecha de terminación de la relación laboral 11/12/2002 con base a lo dispuesto en el literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo; igualmente deberá realizar el cálculo de los intereses de mora, sobre las cantidades condenadas a pagar, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta la fecha de cumplimiento efectivo del presente fallo, con base a lo dispuesto en el literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente, debiendo excluir lo condenado por pensiones de jubilación. Así se establece.
Ahora bien, esta Sala de Casación Social con relación al artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, mediante fallo sentencia Nº 630 de fecha 16 de junio del año 2005 (caso: J.C.I.G. contra C.A. Electricidad de Occidente), estableció lo siguiente:
A mayor abundamiento, cabe destacar sentencia de esta Sala Nº 1841 de fecha 11 de noviembre del año 2008 (caso: J.S.S.C. contra Maldifassi & Cia, C.A.), en la que se indicó lo siguiente:
Efectivamente, ya esta Sala de Casación Social se había pronunciado respecto de la indexación por la pérdida de valor de la moneda durante la fase de ejecución del proceso, específicamente en la ejecución forzosa del fallo; en este sentido, entre otras, en decisión N° 12 del 6 de febrero de 2001 (caso: J.B.G.G. contra A. deV., C.A.) se sostuvo: (omissis).
En consecuencia, resulta improcedente la presente denuncia analizada. Así se resuelve.
De conformidad con lo establecido en el artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se denuncia la falta de aplicación del artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo y 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En tal sentido aduce:
El Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas sentenció a (sic) lugar el no pago de la indemnización correspondiente en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, aún cuando efectivamente quedó firme la providencia administrativa que ordena pagar tal indemnización, alegando el Juez aquem (sic), que la parte actora renunció al reenganche por haber interpuesto acción por prestaciones sociales y solicitando el beneficio de la jubilación, perdiendo así el intereses (sic) en la ejecución de la providencia administrativa, pero lo cierto del caso es que a la empresa CANTV, se le siguió un procedimiento de multa en (ilegible) que mi poderdante lograra la reincorporación a su puesto de trabajo, además de haber interpuesto amparo constitución (sic), declarada ésta sin lugar, es decir ciudadanos Magistrados, fueron infructuosas las gestiones judiciales a fin de lograr su reincorporación a la empresa CANTV, mientras tanto mi poderdante días tras días sufre las graves violaciones a los derechos humanos, teniendo que interponer forzosamente el pago de sus (sic) prestación sociales, salarios caídos y jubilación especial por no querer la empresa incorporarla a su puesto de trabajo, motivos éstos suficientes que hacen presumir el querer de la empresa CANTV para no reincorporarla, por lo que debe esta Sala ordenar el pago de la indemnización establecida en el artículo 125 de la (sic) Orgánica del Trabajo y así espero decidan, modificando la sentencia del Juzgado Séptimo Superior de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Además de ser reiterado (sic) la jurisprudencia de este alto tribunal de resolver los problemas planteados en caso análogo conforme lo establece el artículo 177 de la ley orgánica (sic) Procesal de trabajo, cuando ha quedado firme la providencia administrativa que ordena (sic) pago de los salarios caídos y el pago a las indemnizaciones correspondientes conforme lo establece el artículo 125 de la ley (sic) Orgánica de (sic) Trabajo, cosa que no hizo el Juez a quem (sic) y así espero decida.
Esgrime la parte formalizante, que la recurrida incurrió en la falta de aplicación del artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo y del artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al haber sentenciado sin lugar el pago de la indemnización correspondiente al artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, aun y cuando había quedado firme la providencia administrativa que ordenaba pagar dicha indemnización, para lo cual la recurrida alegó, que la actora había renunciado al reenganche al haber interpuesto una acción por cobro de prestaciones sociales y solicitado el beneficio de la jubilación.
Al respecto, en la sentencia recurrida, se estableció, lo siguiente:
Así las cosas, vale señalar que, a criterio de esta Alzada, al estar la mencionada providencia administrativa definitivamente firme, quedaba en principio pendiente la ejecución de la misma, es decir, el reenganche de la trabajadora y el pago de los salarios caídos, cuestión ésta que no sucede, toda vez que es la propia parte actora quien renuncia a este derecho, pues la misma interpuso demanda solicitando el pago de sus prestaciones sociales, así como el otorgamiento del beneficio de la jubilación especial, desistiendo así a la estabilidad y con ello al reenganche al igual que al pago de las indemnizaciones previstas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, más no así, al pago de los salarios; pues estos últimos se causaron con antelación a la interposición de la demanda, debiendo entenderse que cuando el actor decide mutuo propio demandar el beneficio de la jubilación y le es acordada pierde, por una parte, el interés en la ejecución de la providencia administrativa que ordenó su reenganche y, por la otra, renuncia al derecho de optar al probable pago de las indemnizaciones previstas en el ya mentado artículo 125, toda vez que es por su actuar y las consecuencias que se generan y no por voluntad unilateral de la demandada, que se pone fin a dicho proceso. Así se establece.
Efectivamente, como lo alega el formalizante, en la sentencia recurrida se estableció la improcedencia de las indemnizaciones contempladas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto, consideró el sentenciador de alzada que al intentar la actora una demanda por cobro de prestaciones policiales y beneficio de pensión de jubilación, había renunciado al reenganche, así como a la indemnización prevista en el citado artículo.
Ahora bien, esta Sala de Casación Social ha establecido que:
En consecuencia, la providencia administrativa a la que se ha hecho referencia ut supra tenía un efecto, consagraba al trabajador un derecho subjetivo al declarar su reenganche y pago de los salarios caídos, le concedía estabilidad absoluta en virtud de la inamovilidad, razón por la cual mientras no pudiera materializarse mantenía su vigencia hasta que el trabajador tácita o expresamente renunciare a su ejecución, lo cual puede ocurrir de dos formas, la primera cuando se agotan todos los mecanismos necesarios tendientes a lograr su ejecución, o en su defecto, cuando el trabajador sin agotar tales recursos, decide interponer demanda por prestaciones sociales, momento a partir del cual renuncia al reenganche y puede considerarse terminada la relación de trabajo. (Sentencia Nº 2.439 del 07 de diciembre de 2007).
Ahora bien, en el presente caso, aun y cuando existe una providencia administrativa que ordenó el reenganche de la trabajadora accionante, no es menos cierto que ésta demandó el cobro de prestaciones sociales y solicitó el beneficio de la jubilación especial, lo cual fue acordado por ambas instancias, lo que hace suponer por una parte, que la accionante renunció al reenganche solicitado, y por la otra, que resulta incompatible acordar el beneficio de jubilación mas la indemnización por despido injustificado, siendo que con el otorgamiento de tal beneficio, se crea una ficción jurídica, la cual tiene como reenganchada a la trabajadora a los efecto de obtener el beneficio de la jubilación especial solicitada.
En virtud de lo antes expuesto, no incurrió la recurrida en la infracción delatada, razón por la cual se declara improcedente la presente denuncia analizada. Así se establece.
En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social (accidental), administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación anunciado por la parte actora, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 23 de octubre del año 2008.
No hay condenatoria en costas del recurso en aplicación de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente a la Coordinadora Judicial del Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines legales pertinentes. Particípese dicha remisión al Tribunal Superior de origen, antes identificado.
Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas a los veintinueve (29) días del mes de octubre del año 2009. Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.
Tercer Suplente, Primera Conjuez,
J.A. SOTO LUZARDO M.A.G.
R.C. AA60-S-2008-001913

References: artículo 168
 artículo 177
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 artículo 177
 artículo 177
 artículo 185
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 artículo 108
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 artículo 168
 artículo 125
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 artículo 177
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 artículo 64