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Timestamp: 2018-09-24 22:08:05+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2013-00202/2944-2014 DE OCTUBRE 17 DE 2017
SENTENCIA 2013-00202 DE 17 DE OCTUBRE DE 2017
CONTENIDO:PRINCIPIO DE BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN. SE PRECISA QUE CONFORME EL ARTÍCULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA ESTIPULO EL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, CON RAZÓN A QUE LAS ACTUACIONES DE LOS PARTICULARES Y DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS DEBEN ESTAR GOBERNADAS POR EL PRINCIPIO DE BUENA FE Y SU PRESUNCIÓN SOLO MILITA A FAVOR DE LOS PARTICULARES EN LAS ACTUACIONES QUE ADELANTEN ANTE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS, POR CUANTO LA VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO ESTE CONFORME A LA CARTA MAGNA Y ASÍ MISMO, EXISTE LA PRESUNCIÓN LEGALIDAD, ENTENDIDA COMO LA ADECUACIÓN DE TODO ACTO ADMINISTRATIVO A LA NORMATIVIDAD. SIMULTÁNEAMENTE A LO ANTERIOR EL PRINCIPIO DE BUENA FE TIENE OTRAS MANIFESTACIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, LA CONFIANZA LEGÍTIMA Y EL DEBIDO PROCESO, EN VIRTUD DEL CUAL LA ADMINISTRACIÓN ESTÁ SOMETIDA A PROCESOS REGLADOS Y AL RESPETO POR SUS PROPIOS ACTOS COMO LIMITE AL EJERCICIO DEL PODER PÚBLICO Y GARANTÍA A FAVOR DE LOS ADMINISTRADOS, EN EL MARCO DEL ESTADO SOCIAL DEL DERECHO. DE LO ANTERIOR, SE REFIERE AL DEBER DE MANTENER LA COHERENCIA DEBIDA EN LAS ACTUACIONES Y LA PROTECCIÓN A LOS PARTICULARES FRENTE A LAS MODIFICACIONES INTEMPESTIVAS QUE PUEDAN ADOPTAR LAS AUTORIDADES PÚBLICAS RESPECTO DE LOS ACTOS QUE CREAN, RECONOCEN O DECLARAN UN DERECHO SUBJETIVO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACTO ADMINISTRATIVO, AUTORIDAD PÚBLICA, LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, BUENA FE CONTRACTUAL, TENEDOR DE BUENA FE, BUENA FE DE PARTICULARES
Sentencia 2013-00202/2944-2014 de octubre 17 de 2017
Rad.: 17001233300020130020201
Interno: 2944-2014
Actor: Jaher Damián Bedoya Serna
Demandado: Municipio de Samaná (Caldas)
Tema: Sanción moratoria
Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandada contra la sentencia proferida en primera instancia y sin que se evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial, se procederá a plantear el siguiente:
Determinar el régimen de liquidación de cesantías aplicable al demandante y en caso de ser beneficiario del sistema anualizado previsto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990(28), establecer si la omisión del empleado de informar a la entidad pública empleadora el fondo seleccionado como administrador de las cesantías, exime a la entidad territorial de la obligación legal de efectuar la consignación dentro de la oportunidad prevista en la ley.
Resuelto lo anterior, la Sala analizará si la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas al retiro del servicio, solo deberá imponerse en el evento en que se acredite la mala fe en la conducta de la entidad pública empleadora.
La Sala considera necesario para la resolución del caso, ilustrar de manera pedagógica acerca del marco legal del auxilio de cesantías en el sector público, en los siguientes términos:
En lo atinente a la forma de liquidación y pago, es necesario señalar que existen diversos regímenes, como se expone a continuación:
Se encuentra previsto en la Ley 6 de 1945 “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo”, la cual en su artículo 17 creó el auxilio de cesantías como una prestación social de los empleados y obreros del orden nacional de carácter permanente quienes gozarían de esta prestación social en los siguientes términos:
La Ley 65 del 20 de diciembre de 1946“Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras”, extendió dicho beneficio a los trabajadores del orden territorial y a los particulares, cuando previó en el parágrafo del artículo 1º, la siguiente disposición:
PAR.—Extiéndese este beneficio a los trabajadores de los departamentos, intendencias y comisarías y municipios en los términos del artículo 22 de la Ley 6 de 1945, y a los trabajadores particulares”. (se resalta).
En el artículo 2º ibídem se consagró la forma de liquidación de cesantías de los asalariados nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y particulares. Así, para su cómputo se tiene en cuenta no solo el salario fijo sino lo que se perciba a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios, tales como la prima móvil, las bonificaciones y se aplican las reglas del Decreto 2567 de 1946(29) que en su parte pertinente estableció:
PAR.—Las liquidaciones de cesantía efectuadas con anterioridad a la vigencia del presente Decreto, cuando se hayan hecho con sujeción a disposiciones legales o reglamentarias, entonces vigentes, no darán lugar a reclamación alguna contra tales entidades, instituciones o empresas oficiales” (se destaca)
El Decreto 1160 de 28 de marzo de 1947“Sobre auxilio de cesantía”(30), en su artículo 1º reiteró el precepto normativo preceptuado en la Ley 65 de 1945 relativo a hacer extensivo este derecho a empleados del orden territorial y en el artículo 6º señaló que la base para su liquidación lo constituye el último sueldo o el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo de servicios (si fuere menor de 12 meses), en caso de que la remuneración haya variado en los 3 últimos meses, así:
ART. 6º—De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2567 de 31 de agosto de 1946, para liquidar el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y particulares, se tomará como base el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce (12) meses o en todo el tiempo de servicio, si éste fuere menor de doce (12) meses.
PAR. 1º—Además, el cómputo se hará teniendo en cuenta no solo el salario fijo, sino todo lo que reciba el trabajador a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios, tales como las primas, sobresueldos y bonificaciones; pero no las sumas que ocasionalmente se den por mera liberalidad del patrono.
Es entendido que en el caso de que el trabajador haya recibido primas o bonificaciones que no tengan el carácter de mensuales, el promedio de la remuneración se obtendrá dividiendo el monto de dichas primas percibidas en el último año de servicio, por doce (12), y sumando tal promedio a la última remuneración fija mensual. (…)”.
Así las cosas, se concluye que el régimen retroactivo está regulado por el literal a) del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, los artículos 1º de Decreto 2767 de 1945, 1º de la Ley 65 de 1946 y 1º y 6º del Decreto 1160 de 1947, cuya liquidación se efectúa con base en el último sueldo devengado por el servidor público para la liquidación, reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y no contempló el pago de intereses.
ii) Sistema anualizado de cesantías
En el sector público, la Ley 344 de 1996 “Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones”(31) en el artículo 13 estableció la liquidación anual del auxilio de cesantías a todas las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado (Ramas Legislativa y Ejecutiva)(32), a partir de su entrada en rigor, esto es, el 31 de diciembre de 1996. Dice la norma:
El Decreto 1582 de 1998(33) por medio del cual el Presidente de la República reglamentó parcialmente el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, extendió el régimen de liquidación de cesantías anualizado previsto en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, a los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 y que se afiliaran a los fondos privados administradores de cesantías, a saber:
PAR.—Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6º de la Ley 432 de 1998.” (Negrillas y subrayas fuera del texto original).
El nuevo sistema de liquidación contemplado en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990(34), señalados expresamente por el Decreto reglamentario 1582 de 1998(35), previó la sanción por mora a razón de un día de salario por cada día de retardo en el evento en que el empleador incumpla la obligación de consignar antes del 15 de febrero de cada año, el valor correspondiente a la liquidación del auxilio anual (dic. 31) definitiva de cesantía por la anualidad o fracción correspondiente al año anterior, en los siguientes términos:
ART. 102.-—El trabajador afiliado a un fondo de cesantía sólo podrá retirar las sumas abonadas en su cuenta en los siguientes casos:
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará el estudio: i) De la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 y el principio de la buena fe; y ii) solución del caso concreto.
De la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995 y el principio de la buena fe
Por medio de la Ley 244 de 1995(36), el legislador estableció en cabeza de la entidad empleadora la obligación de liquidación, reconocimiento y pago de las cesantías definitivas de los servidores públicos dentro de los 15 días siguientes a la solicitud del interesado, para lo cual deberá expedir la resolución correspondiente y tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles a partir de la fecha en que adquiera firmeza el acto de reconocimiento, so pena de que la entidad obligada deba pagar al titular un día de salario por cada día de retardo hasta su pago efectivo, en los siguientes términos:
PAR.—En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo”. (Se destaca).
Como se observa, la Ley 244 de 1995, en su artículo 1º, estableció un término perentorio para la liquidación de las cesantías definitivas, con el único fin de procurar un actuar oportuno de la administración en beneficio del administrado, de manera tal que así no se obtuviera respuesta frente al derecho prestacional —cesantía— reclamado, surgía la posibilidad de reclamar indemnización, evitando así que la falta de respuesta o la respuesta evasiva le ocasionara perjuicio al administrado.
Igualmente, en el artículo 2º estableció el plazo máximo de 45 días hábiles para cancelar el valor reconocido por la prestación social y en el parágrafo, previó la sanción a cargo del empleador moroso y a favor del servidor público con el propósito de resarcir los daños que se causan a este último por el incumplimiento de la obligación.
Del principio de la buena fe en las actuaciones de la administración
El artículo 83 de la Constitución Política contempló el principio de la buena fe, con fundamento en el cual (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe; y (ii) su presunción solo milita a favor de los particulares en las actuaciones que adelanten ante las autoridades públicas, por cuanto la validez del acto administrativo está condicionada a la conformidad con la Norma Superior y así mismo, existe la presunción legalidad, entendida como la adecuación de todo acto administrativo a las normas legales y reglamentarias.
El principio de la buena tiene entre otras manifestaciones, la confianza legítima y el debido proceso, en virtud del cual la administración está sometida a procesos reglados y al respeto por sus propios actos como límite al ejercicio del poder público y garantía a favor de los administrados, en el marco del Estado social de derecho. Lo anterior, comporta el deber de mantener la coherencia debida en las actuaciones y la protección a los particulares frente a las modificaciones intempestivas que puedan adoptar las autoridades públicas respecto de los actos que crean, reconocen o declaran un derecho subjetivo.
En lo concerniente a la acreditación de la mala fe del empleador estatal para la configuración de la sanción prevista en los términos de la Ley 244 de 1995, esta Subsección(37), ha sostenido que ello no constituye requisito sine qua non para penalizar económicamente a las entidades que incurran en mora, toda vez que fue establecida con el propósito de resarcir los daños que se causan al empleado público con el incumplimiento en el pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía. Al efecto, consideró:
“(…) respecto al argumento de la demandada, referente a que el incumplimiento en el pago de la obligación está exento de mala fe, debe precisar la Sala que al tenor literal de los artículos 1º y 2º de la pluricitada Ley 244 de 1995, no es requisito sine qua non para que se cause la sanción moratoria, la demostración de la buena o mala fe del empleador estatal, por cuanto la indemnización que regula dicha ley se origina cuando la administración cae en mora en el pago de las cesantías que se han liquidado por un acto administrativo en firme. Lo anterior significa que la única exigencia que precisan las referidas normas es la omisión en el pago del auxilio de cesantía dentro del plazo allí señalado, sin consideración adicional de ninguna naturaleza, pues para ello la administración cuenta con un plazo suficiente para proceder a realizar el pago efectivo de dicha prestación, tal y como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Sección, aclarando que “si se trata del auxilio de cesantía, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 244 de 1995, la entidad pública obligada al pago dispone de un término de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de solicitud de liquidación definitiva de cesantías, para producir el acto administrativo que ordene su liquidación, y de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de que quede en firme dicho acto, para proceder a su pago. (…)”(38).” (Negrillas y subrayado fuera del texto original).
De acuerdo con lo expuesto, se concluye que en el derecho público se contemplaron términos diversos tanto para liquidación del auxilio de cesantías y expedición de la resolución correspondiente, como para el pago del valor liquidado. Ante el incumplimiento de la entidad pagadora, reconocerá y cancelará de sus propios recursos, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago.
Ahora bien, en el régimen laboral privado el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo(39), prevé que a la terminación del contrato de trabajo el empleador debe pagar los salarios y prestaciones debidas, so pena de incurrir en la indemnización moratoria, que al ser considerada como una sanción, deberá demostrarse la mala fe del empleador moroso a efectos de determinar la procedencia de su condena, según el criterio jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia(40), que señaló:
“(…) la jurisprudencia vigente sobre el tema ha resaltado que la indemnización moratoria, al ser una sanción, debe estar precedida del análisis detallado y riguroso por parte del juzgador de los elementos subjetivos de la conducta del patrono, a fin de determinar si tuvo razones atendibles y de peso para no efectuar el pago correspondiente de los beneficios laborales, de modo tal que esta indemnización no resulta automática ante la no cancelación de los derechos que le asisten al trabajador, (…)”(Negrillas y subrayado fuera del texto original).
En tal virtud, la sanción pecuniaria establecida en el régimen laboral privado tiene su origen al momento de la terminación del contrato de trabajo, al paso que en el derecho laboral administrativo se estipularon términos diversos para la liquidación y el pago de la prestación social, al vencimiento de los cuales se causa la indemnización por mora, por ende, los fundamentos de hecho y de derecho que sirven de sustento a su reclamo no se ajustan en proporción de igualdad.
Finalmente, la Corte Constitucional frente a este aspecto consideró que en atención a la importancia del auxilio de cesantías (respaldo económico de los bienes y servicios indispensables), para que haya lugar a la sanción moratoria derivada del incumplimiento en el cumplimiento del pago de la prestación social, solamente es necesario que el afectado acredite la no cancelación dentro del término previsto en las disposiciones legales(41).
En el sub júdice, el a quo declaró la nulidad parcial de las resoluciones acusadas, pero solo en lo que respecta al reconocimiento de la sanción moratoria contemplada en la Ley 244 de 1995(42), por la cancelación tardía de las cesantías definitivas al momento del retiro del servicio, equivalente a 260 días de mora, liquidable con el último salario percibido por el actor, y condenó en costas a la parte demandada.
La parte demandante, en el recurso de apelación manifestó que la decisión del a quo al no conceder la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990(43) y la indexación desconoció los principios de razonabilidad, proporcionalidad y condición más beneficiosa del trabajador, y es contraria a la finalidad de las normas que establecen la sanción por mora a cargo de los empleadores que no consignaron las cesantías dentro de la oportunidad legal, bajo el argumento de que el empleado no informó a la administración municipal el fondo de cesantías seleccionado por el actor como administrador de la prestación social.
Por su parte, el mandatario judicial del municipio de Samaná adujo que la indemnización moratoria por falta de pago de salarios y prestaciones sociales prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, solo debe imponerse en el evento en que haya existido mala fe del empleador.
1. Copia auténtica del Decreto 33 de 1º de octubre de 2009(44), por medio de la cual el alcalde municipal de Samaná nombró al actor en el cargo de Secretario de Educación y Cultura a partir de la fecha de expedición, del cual tomó posesión en la misma fecha, según se observa en el acta de posesión 11(45).
2. Copia auténtica de la Resolución 291 de 30 de diciembre de 2011(46), expedida por la misma autoridad municipal, mediante la cual se aceptó la renuncia del funcionario a partir del 31 de diciembre de la misma vigencia fiscal.
3. Copia auténtica de la Resolución 300 de 30 de diciembre de 2011(47), proferida por el Jefe de la administración local, en la que reconoció las siguientes prestaciones sociales, por el período comprendido entre el 1º de octubre de 2009 al 30 de diciembre de 2011, así:
Indemnización por vacaciones $2.267.630
Prima de vacaciones $2.267.630
Cesantías definitivas $6.092.606
En cuanto a la notificación es un hecho en el que se encuentran de acuerdo las partes, que la misma tuvo lugar el 30 de diciembre de 2011, según lo señalado por el demandante en el acápite de hechos(48) y aceptado por la entidad pública demandada en la contestación(49), por lo que no forma parte del tema de prueba dicho supuesto fáctico.
4. Certificación de la secretaria de gobierno y servicios administrativos del municipio demandado de 16 de agosto de 2012(50), en la que hizo constar que los valores tomados en cuenta para la liquidación de los años laborados (2009 - 2010 y 2011), fueron los siguientes:
Concepto Ingreso base de liquidación
Indemnización por vacaciones $2.000.856
Prima de vacaciones $2.000.856
Cesantías definitivas $2.417.701
5. Liquidación de las cesantías definitivas en la cual se observa que el salario base de liquidación de las cesantías definitivas del actor, fue el devengado en el año 2011, expedida por el secretario de gobierno y servicios administrativos(51).
6. Copia del cheque 004273 de 30 de diciembre de 2011, por valor de $4.535.260 correspondiente a la indemnización y prima de vacaciones(52).
7. Original de la petición presentada por el demandante el 26 de marzo de 2012(53), entre otros ex servidores públicos, al municipio de Samaná, con el objeto de solicitar el pago de las cesantías y la sanción moratoria. Al respecto, en Oficio TES 12-90 de 13 abril de 2012(54), la Tesorera General le señaló que de manera transitoria y provisional no se accedería a la solicitud de los interesados, dadas las irregularidades de la administración frente a la liquidación de las prestaciones sociales, por lo que manifestó que se elevaría consulta ante el Departamento Administrativo de la Función Pública y se estudiaría la posibilidad de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación.
8. Copia del memorial suscrito por el actor radicado ante la administración municipal el 23 de noviembre de 2012, de acuerdo con la solicitud telefónica de la Tesorera, en relación con la cuenta bancaria a efectos de que se consignaran los valores adeudados(55), y de acuerdo con la certificación expedida por el Banco Agrario de 2 de mayo de 2013, se informó que el pago se efectuó el 28 de noviembre de 2012.
9. Original de la reclamación administrativa presentada el 7 de diciembre de 2012 ante el municipio de Samaná con el fin de obtener el reconocimiento de la sanción moratoria en razón a la consignación y el pago tardío de las cesantías con ocasión de la relación laboral con la entidad territorial.
Al respecto, en la Resolución 6 de 3 de enero de 2013(56) proferida por el alcalde municipal se le negó la solicitud, al considerar que la administración canceló la obligación dentro de los 45 días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo de reconocimiento; frente a la cual el titular presentó recurso de reposición, indicando los períodos de retardo en los que reiteró había incurrido la entidad pública demandada(57).
La impugnación fue resuelta por la misma autoridad pública a través de la Resolución 6 de 6 de abril de 2013(58), en la que reiteró que no existía constancia de la comunicación de la decisión administrativa, por lo que una vez manifestó expresamente que conoció del contenido del acto administrativo de liquidación, efectuó el pago dentro de la oportunidad legal.
Una vez efectuada la valoración de los elementos de prueba aportados al proceso, la Sala analizará de manera independiente las pretensiones del actor de reconocimiento de la sanción moratoria, en los siguientes términos:
i) Pretensión de reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por las anualidades de 2009 y 2010.
De la valoración de los elementos de prueba aportados al proceso, la Sala observa que debido a que la vinculación laboral del actor con la entidad territorial demandada ocurrió con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, esto es, el 1º de octubre de 2009, tal como lo alegó en el recurso de apelación, es beneficiario del régimen anualizado de cesantías y en principio tendría derecho al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990(59), pero tal como lo consideró a quo se encuentra acreditado que la liquidación de las cesantías definitivas reconocidas a través de la Resolución 300 de 30 de diciembre de 2011, se efectuó de conformidad con el sistema de liquidación retroactivo de cesantías regulado por la Ley 6ª de 1945 y demás normas que la reglamenta y complementan(60), esto es, con base en el último salario devengado correspondiente a la anualidad del 2011.
Al respecto, en la impugnación de la parte actora manifestó en cuanto al salario base de liquidación de las cesantías, que dicha asignación fue la misma que percibió en las anualidades de 2009 y 2010, por lo que no es cierto que la liquidación se haya efectuado bajo el sistema retroactivo, y en tal virtud, es beneficiario del régimen anualizado, para lo cual aportó con el recurso de apelación las certificaciones expedidas por la Secretaria de Gobierno, General y de Servicios Administrativos, en las cuales hizo constar que por las anualidades de 2009, 2010 y 2011, percibió la misma asignación salarial, respectivamente(61).
Al respecto, la Sala señala que de conformidad con el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las pruebas que las partes pretendan incorporar al proceso para que sean valoradas por el juez, deberán ser aportadas dentro de las siguientes oportunidades:
“Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este código.
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.”
PAR.—Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes se decretará un término para practicarlas que no podrá exceder de diez (10) días hábiles.” (Negrillas y subrayado fuera del texto original)
En ese orden de ideas, dichas pruebas no pueden ser apreciadas por la Sala, en la medida en que no fueron aportadas con la demanda y tampoco se configuró ninguno de los supuestos contemplados en la norma para la solicitud de pruebas en segunda instancia.
Ahora bien, el demandante planteó igualmente en el recurso de apelación que la interpretación del a quo desconoció el principio de favorabilidad laboral contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política, por cuanto en caso de duda frente a la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, se debe acoger la situación más favorable al trabajador.
Frente a este argumento la Sala precisa que la jurisprudencia de la Corte Constitucional(62) y de esta corporación(63), ha señalado de manera reiterada que para la aplicación de la favorabilidad, es necesaria la concurrencia de dos elementos: (i) la duda seria y objetiva ante la necesidad de elegir entre dos o más interpretaciones, ello, en función de la razonabilidad argumentativa y solidez jurídica que una u otra interpretación tengan; y (ii) la noción de interpretaciones concurrentes, pues además de generar duda, deben ser aplicables a los supuestos de hecho de las disposiciones normativas en juego y a las situaciones fácticas concretas.
De acuerdo con los presupuestos para la aplicación del principio de favorabilidad, es claro que en el presente caso no se configura la procedencia de este postulado constitucional, en medida en que no existe duda alguna en relación con la norma que se ha de aplicar para la solución del problema jurídico planteado, puesto que como se expuso, el actor no manifestó sus desacuerdo frente a la resolución mediante la cual se liquidaron las cesantías bajo el sistema retroactivo, por lo que no puede alegar en esta instancia que tiene derecho a la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990, bajo el argumento carente de sustento probatorio de que la liquidación se efectuó con base en el salario percibido en cada anualidad.
En gracia de discusión, se indica que tal como lo ha considerado esta corporación, contrario a lo señalado por el tribunal de instancia, la omisión frente a la manifestación del servidor público sobre el fondo en el que quiere le sea consignado el valor de las cesantías, no exime a la administración de cumplir con la obligación de consignación dentro del plazo legal fijado(64); no obstante, en el presente caso no hay lugar a acceder al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por el argumento expuesto en precedencia, concerniente a que el actor no puede beneficiarse de uno y otro régimen de liquidación de cesantías, pues ello, conllevaría a desconocer el principio de inescindibilidad de la ley.
ii) Pretensión de reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 por la anualidad de 2011.
De acuerdo con la valoración probatoria efectuada por la Sala de decisión, se encuentra acreditado que la Resolución 300 de 30 de diciembre de 2011, mediante la cual se liquidaron las prestaciones sociales definitivas, entre ellas las cesantías, por lo que adquirió firmeza el 6 de junio de 2012, de conformidad con la norma vigente a la fecha en que tuvo lugar dicho procedimiento administrativo(65).
En tal virtud, a partir del día siguiente hábil comenzó a correr el término para el pago de los 45 días, consagrado en el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006(66), comprendido desde el 10 de enero de 2012 hasta el 12 de marzo de la misma anualidad, por lo que se configuró la mora desde el 13 de marzo de 2012 hasta el día anterior a la fecha en que se efectuó el pago de las cesantías insolutas, es decir, 27 de noviembre de 2012. En consecuencia, se causó una mora de 254 días comprendidos entre el 13 de marzo de 2012 hasta el 27 de noviembre de la misma anualidad, el cual deberá liquidarse con base en el último salario devengado por el actor, es decir el correspondiente al 2011.
De otra parte, el apoderado judicial de la entidad demandada planteó en el recurso de apelación que la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías no opera de forma automática, toda vez que si la entidad empleadora actuó de buena fe, no existe razón para ordenar su condena.
Frente a ello, la Sala precisa conforme lo ampliamente expuesto, que la sanción por mora de que trata la Ley 244 de 1995(67), modificada por la Ley 1071 de 2006(68), previó una condición objetiva para su configuración, esto es, el incumplimiento de la entidad pública pagadora del plazo para la cancelación de la prestación social. Luego, la buena fe no constituye presupuesto o requisito sine qua non para la aplicación de los efectos de la norma, de manera que solo en el evento en el que se acredite la mala fe del empleador moroso haya lugar a su aplicación; contrario a ello, por mandato legal, para que se genere la indemnización en cabeza de la entidad obligada, bastará la acreditación por parte del afectado del no pago a partir del vencimiento de los 45 días siguientes a la ejecutoria del acto de reconocimiento; razón por la cual, no es un argumento válido la buena fe con la que dijo actuar el demandado para estos efectos.
Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia proferida en la Audiencia Inicial celebrada el 10 de abril de 2014 por el Tribunal Administrativo de Caldas, en tanto declaró la nulidad parcial de los actos administrativos acusados, pero solo en lo que respecta al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995(69), modificada por la Ley 1071 de 2006(70), y modificará el numeral tercero de la parte resolutiva, en cuanto deberá condenarse al municipio de Samaná al reconocimiento y pago de un día de salario por cada día de retardo desde el 13 de marzo de 2012 hasta el 27 de noviembre de la misma anualidad, la cual se liquidará con base en el salario devengado en el 2011 (254 días), liquidable con base en el salario de 2011, pero por las razones expuestas en precedencia.
En el numeral quinto de la parte resolutiva del fallo controvertido, se condenó en costas(71) a la parte demandada. Al respecto, la Sala reitera lo expuesto por ambas subsecciones de la Sección Segunda(72) de esta corporación sobre el particular, en la medida que el artículo 188 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(73), impone al juez la facultad de disponer sobre su condena, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del Código General del Proceso(74); descartándose así una apreciación que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas.
En el caso, la Sala observa que el a quo no hizo un análisis sobre la necesidad de condenar en costas a la parte vencida del proceso, atendiendo los criterios ya definidos por la jurisprudencia, echándose de menos además, alguna evidencia de causación de expensas que justifiquen su imposición a la demandada, quien dentro de sus facultades hizo uso mesurado de su derecho a la réplica y contradicción. Por ello, se revocará este aparte de la sentencia apelada. Por consiguiente, se revocará el numeral quinto de la parte resolutiva que condenó en costas a la parte vencida dentro del proceso, por las consideraciones expuestas en precedencia.
1. CONFIRMAR la sentencia de 10 de abril de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas en la Audiencia Inicial celebrada el 10 de abril de 2014, en tanto declaró la nulidad parcial de los actos administrativos acusados, pero solo en lo que respecta al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995(75), modificada por la Ley 1071 de 2006(76).
2. Modificar el numeral tercero de la parte resolutiva del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas el 10 de abril de 2014, y en su lugar, se dispone:
3. Condenar al municipio de Samaná al reconocimiento y pago de un día de salario por cada día de retardo desde el 13 de marzo de 2012 hasta el 27 de noviembre de la misma anualidad (254 días), la cual se liquidará con base en el salario devengado en el 2011, por las razones expuestas la parte motiva de esta providencia.
3. REVOCAR el numeral quinto de la parte resolutiva del fallo de 10 de abril de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas, en tanto que no hay lugar a condenar en costas ni en primera ni en esta instancia a la parte vencida en el proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
4. Por Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
28 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.
ART. 99.—El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características: Ver Oficio de fecha 25.11.98. Secretaría Distrital de Salud. Fondo Nacional del Ahorro. CJA09751998
29 El Presidente de la República en ejercicio de sus atribuciones legales y la establecida en el artículo 22 de la Ley 6 de 1945 “Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre prestaciones a favor de los trabajadores oficiales”.
30 Expedido por el Presidente de la República en ejercicio de sus atribuciones legales y teniendo en cuenta lo dispuesto por los artículos 1º y 2º de la Ley 65 de 1946; artículos 12, 13 y 17 de la Ley 6 de 1945; artículo 7º de la Ley 64 de 1946; y las disposiciones pertinentes del Decreto 2350 de 1944.
31 Publicada en el Diario Oficial 42.951 de 31 de diciembre de 1996.
32 Excepto el personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
33 “Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia”.
34 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.
36 “Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones”.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 4 de octubre de 2012. Rad. 08001-23-31-000-2004-01499-01(1274-10). C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 6 de marzo de 2008. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Rad.47001-23-31-000-2002-00266-01(0875-06).
39 “ART. 65.—Indemnización por falta de pago.
1. Si a la terminación del contrato, el {empleador} no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo”.
40 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Entre otras, providencia de 4 de mayo de 2016. Radicación 43354, M.P. Gerardo Botero Zuluaga. Sentencia de 11 de noviembre de 2015. Radicación 45068, M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruíz. Sentencia de 15 de julio de 2015. Radicación 45238, M.P. Rigoberto Echeverri Bueno.
41 Corte Constitucional. Sentencia T-008/15 de enero de 2015. Expediente T-4.501.911, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
42 “Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones”.
43 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.
44 Folio 33.
45 Folio 34.
46 Folio 35.
47 Folios 36 a 38.
48 Folio 140.
49 Folio 180.
50 Folio 43.
51 Folio 41.
52 Folio 44.
53 Folios 49 a 52.
54 Folios 54 a 57.
55 Folio 86.
56 Folios 94 y 95.
57 Folios 96 a 100.
58 Folios 101 a 103.
59 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.
60 Literal a) del artículo 17 de la ley 6ª de 1945 y los artículos 1º de Decreto 2767 de 1945, 1º de la Ley 65 de 1946 y 1º y 6º del Decreto 1160 de 1947.
61 Folios 501, 502 y 503.
62 Sentencias T-545 de mayo 28 de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T-248 de marzo 6 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil, y T-090 de febrero 17 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
63 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 2249 de 30 abril de 2015. Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B. Sentencia de 25 de enero de 2016. Rad. No. 66001233300020120006001. C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
64 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Sentencia del 21de mayo de 2009. Radicación número: (2070-07). Actor: William Arango Pérez. Posición reiterada en sentencia de 5 de agosto de 2010. Rad. 08001-23-31-000-2008-00394-01(1521-09). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
65 “Decreto 1 de 1984.
ART. 51.—Modificado por el artículo 3º, Decreto Nacional 2304 de 1989 De los recursos de reposición y apelación habrá de hacerse uso, por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o la publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo.
66 “ART. 5º—Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro”.
67 “por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones”.
68 (sic)
69 “por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones”.
70 (sic)
71 Estas erogaciones económicas son aquellos gastos en que incurre una parte a lo largo del proceso en aras de sacar avante la posición que detenta, tales como gastos ordinarios, cauciones, honorarios a auxiliares de la justicia, publicaciones, viáticos, entre otros; que encuadran en lo que se denomina como expensas. Así mismo, se comprenden los honorarios del abogado, que en el argot jurídico son las agencias en derecho. (arts. 361 y ss. CGP).
72 Sentencia del 19 de enero de 2015, núm. interno 4583-2013, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, núm. interno 4044-2013, C.P. (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez.
73 “ART. 188.—Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
74 “ART. 365.—En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
75 “por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones”.
76 (sic)

References: ARTÍCULO 83
 artículo 99
 resolución 
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 22
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 17
 artículo 13
 artículo 13
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 artículo 1
 artículo 2
 artículo 83
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 artículo 65
 artículo 99
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 artículo 99
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 artículo 212
 artículo 53
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 artículo 188
 artículo 365
 artículo 22
 artículo 7
 artículo 17
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