Source: http://www.tse.go.cr/juris/relevantes/SSC-0980-1991.htm
Timestamp: 2018-01-20 13:23:53+00:00

Document:
TSE, SSC-0980-1991
Voto 980-91 Pág. 1
Expediente: No 127-89
I.- La demanda, presentada el 30 de octubre y adicionada el 9, 14 y 16 de noviembre y 4 de diciembre de 1989, tiene por objeto impugnar:
b) De la Constitución: el párrafo 2 y el inciso e) del artículo 96 (adicionados por Ley No. 4765 de 17 de mayo de 1971), que consagraron en aquélla la llamada "contribución del Estado a la financiación de los gastos electorales de los partidos políticos", es decir, al adelanto o préstamo que les hace el Estado sobre su obligación de contribuir al "pago" de los gastos electorales en que hayan incurrido al participar en los comicios presidenciales o de diputados, impuesta por el propio artículo 96 en su párrafo 2 en incisos a), b), c) y d), con violación de los trámites para las reformas parciales a la Carta Fundamental, dispuestos por ésta en su artículo 195 incisos 6° y 7°, y por el 72 inciso g) del Reglamento de Orden y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa, ambos parámetros de constitucionalidad al tenor del 73 inciso ch) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional; así como por incongruencia de fondo con el resto del mismo artículo 96, especialmente en sus incisos a) y d), que definen aspectos de la contribución del estado al pago o reembolso de los gastos de los partidos políticos, a posteriori de la respectiva elección, y con el principio del pluripartidismo democrático recogido, entre otros, por el ya dicho 98, que consagra el derecho de los ciudadanos a agruparse en partidos políticos
c) Del mismo Código Electoral (ahora en cuanto reformado por Ley No. 4794 de 16 de julio 1971 y la dicha No. 7094 de 27 de abril 1988); los artículos 176, 177 y 178, 179 -éste por sí y en conexión con los 180 a 185,- 187, 193 y 194, y Transitorio I de la Ley No. 7094, que desarrollan la citada "financiación adelantada de los partidos políticos", con violación de los principios y normas constitucionales que consagran:
1. Los criterios del propio artículo 96 párrafo 2 e incisos a), b), c) y d), en relación con el pago de la " deuda política " definitiva o a posteriori;
4. La prohibición a la Asamblea Legislativa de reconocer obligaciones del Estado no declaradas por los tribunales de justicia o no aceptadas por el Poder Ejecutivo, la iniciativa de éste en el presupuesto nacional y otras normas relativas al mismo, y las atribuciones exclusivas de la primera en materias presupuestaria y tributaria (artículos 122, 176, 177, 179 y 180, 183 y 184, 105, 121 incs. 11 y 13);
5. Las competencias de la Contraloría General de la República en materia de liquidación de presupuestos y fiscalización de los gastos públicos (artículos 183 y 184); y 6. El derecho a la jurisdicción común y a la competencia exclusiva de los tribunales de justicia (artículos 35, 152, 153 y 156). d) En general, mediante las violaciones dichas en los apartes a) y c), las de normas y principios constitucionales relativos a la división de poderes y funciones del Estado (articulo 9 ), al principio de la legalidad para la actividad de las autoridades públicas (artículo 11), y al repetido derecho de los ciudadanos a agruparse en partidos políticos (articulo 98), en relación con el principio fundamental del pluripartidismo democrático.
II.- La Procuraduría General de la República, al contestar la acción, el 17 de noviembre, 6 de diciembre de 1989 y 9 de febrero de 1990, rechazó las inconstitucionalidades alegadas, excepto la relativa al párrafo final del inciso e) del artículo 96 de la Constitución Política, que estimó procedente, pero sin atribuirle el efecto de enervar el resto de la reforma ni del propio inciso e). En resumen, consideró:
a) Que la actora carece de legitimación para interponer la acción, pues no se está en presencia de un interés difuso o colectivo ,sino de una "acción popular" improcedente conforme al artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional;
c) Que el Inciso k) del artículo 58 del Código Electoral, al facultar a los partidos para formar parte de organizaciones internacionales, no atenta contra la independencia y soberanía de la República, sino que las deja a salvo expresamente;
ch) Que no pueden introducirse en segunda legislatura cambios sustanciales a un proyecto de reforma constitucional aprobado en la primera, los cuales, en su caso, exigirían un nuevo trámite de aprobación en dos legislaturas; en consecuencia, la frase
"Esta ley deberá ser aprobada por dos tercios de los votos de los diputados que forman la Asamblea Legislativa", que se adicionó al inciso e) del artículo 96 de la Constitución, resulta contraria al artículo 195 de ésta misma y debe tenerse por ilegítima, pero sin que esto implique que deba tenerse por inconstitucional el resto de la reforma o del inciso;
d) Que el resto del artículo constitucional 96 -párrafos 1 y 2 e incisos a), b), c) y d)-, no contiene, ni tampoco las normas legales que desarrollan su contenido -en el Título X del Código Electoral-, reglas inconstitucionales o contradictorias,
e) Que a las obligaciones del Estado no surgen del Presupuesto de la República, sino de la propia Constitución y de su desarrollo por el Código Electoral, de manera que no se han violado, ni la prohibición constitucional deI artículo 122, ni las normas de tramitación del Presupuesto de los artículos 176 y 177;
f) Que la expresión del artículo 96 inciso a) de la Constitución, de que
"...la contribución total no podrá ser superior al dos por ciento..." constituye un límite máximo a la contribución del Estado a los partidos, de manera que no significa el deber de completar ese porcentaje;
III.- La legitimación de la actora se pretende fundada en los "intereses... que atañen a la colectividad en su conjunto" a que alude el párrafo 2 del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, como excepción a la exigencia general de un asunto previo judicial o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, impuesta por el párrafo 1 del mismo.
IV.- La Presidencia dio curso a la acción por resolución de las 14:00 horas del 3 de noviembre de 1989, que después adicionó por las de las 13:30 horas del 15 del mismo mes y de las 8:00 horas del 29 de enero de 1990. Los avisos respectivos se publicaron en los Boletines Judiciales No. 224. No.225 y No. 226 del 27, 28 y 29 del último mes, adicionados después en los No. 236. No. 237 y No. 238 del 14, 15 y 18 de diciembre siguiente y en los No. 32, No. 33 y No. 34 del 14, 15 y 16 de febrero de 1990.
V.- La audiencia oral se celebró el 19 de abril de 1990, con asistencia de la accionante y del Procurador General de la República, Lic. Adrián Vargas Benavides, quien reiteró su conformidad y oposición parciales a las nulidades pedidas, conforme se indicó en el Resultado II supra.
VI.- Esta sentencia se dicta sin sujeción a plazo, dentro de la autorización otorgada por el transitorio II párrafo 3 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (reformado por ley No. 7209 de 8 de noviembre de 1990).
Redacta el Magistrado Piza Escalante:
I.- La Licda. Quesada Hernández interpuso esta acción directamente, sin el asunto previo requerido por el artículo 75 párrafo 1 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional invocando su titularidad de un interés colectivo a la supremacía de la Constitución, así como su derecho fundamental, como, ciudadana costarricense, a asociarse políticamente, de conformidad con el artículo 98 de la misma; circunstancias que, a su juicio la sitúan dentro de los supuestos de excepción del propio artículo 75 párrafo 2, para accionar directamente en esta vía, prescindiendo de aquel requisito de procedibilidad. Por su parte, el Procurador General de la República objetó esa pretendida legitimación, por considerar que ella no es titular de un interés difuso o colectivo, (sic) sino de uno genérico a la legalidad constitucional, que no puede enmarcarse dentro de aquellos motivos de excepción, porque esto equivaldría a suponer, erróneamente que el párrafo 2 hubiera hecho nugatoria la regla del asunto previo del 1 , al establecer una acción popular.
II.- La Sala concluye en que esta acción directa es admisible pese a ser también correcta la tesis de el artículo 75 de su Ley no consagra una legitimación ilimitada, al modo de una acción popular o cuasipopular, y de que en consecuencia, los intereses de la colectividad, en su conjunto a que se alude en su párrafo 2 no pueden meramente equivaler a los genéricos o de la legalidad constitucional. Lo que ocurre es que la actora fundamentó en forma errónea su legitimación, la cual deriva, no de un interés colectivo como el que aquella expresión supone, sino de uno de los denominados "difusos", en cuanto iguales y los mismos para un conjunto, indeterminado aunque determinable, de personas, quienes son sus titulares, colectivamente, todas y cada una de ellas como miembro de esa colectividad. Es decir, la Licda. Quesada Hernández resulta afectada por las normas que impugna, en su carácter de ciudadana y en las mismas condiciones que cada uno de los demás ciudadanos en tanto se propusieren constituir partidos con el afán de participar en la actividad electoral y se toparen con obstáculos insuperables o de superación muy difícil, a causa de la agravación de requisitos o de la negación de la ayuda estatal que precisamente impugna en esta acción.
III.- Lo cierto es que, en el ejemplo del presente caso, rechazar la legitimación de la actora para accionar directamente en esta vía, sin necesidad de asunto previo, equivaldría, o bien a cerrar la posibilidad misma de impugnar, por inconstitucionales, las normas en cuestión por parte de ciudadanos a quienes esas mismas normas les restringen gravemente el derecho de agruparse en partidos que reclaman como fundamental, o bien a imponerles, como mero requisito formal de admisibilidad de la acción, un esfuerzo irrazonable, por costos y quizás también por inútil, de tratar de constituirlos, organizarlos, inscribirlos y hasta pretender la financiación del Estado que las propias normas les niegan.
Más aún, y dado que, en general, en nuestro sistema procesal sólo son impugnables, en las vías contencioso administrativa electoral, las normas o actos positivos, actuales, aplicables y aplicados al administrado o elector, y se niega, de hecho, la posibilidad de que lo sean la inercia, las omisiones o las simples amenazas contra los derechos o intereses legítimos de uno u otro -salvo, en el caso del silencio, mediante la ficción de convertirlo en presunción de acto negativo de rechazo, o excepcionalmente en acto positivo de autorización o aprobación, que tan sólo remedian algunas hipótesis-; el hecho de que esa inercia, omisiones o amenazas si sean objetables ante la Jurisdicción Constitucional, hace de ésta un remedio jurisdiccional de singular trascendencia, el cual debe, en consecuencia, interpretarse y hasta integrarse extensivamente, para no cercenar la garantía fundamental consagrada por el artículo 41 de la Constitución Política, de que
"ocurriendo a las leyes todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes".
B - Derecho de Asociación Política y Pluripartidismo
V.- La actora funda lo medular de sus pretensiones en el derecho que, como ciudadana, le reconoce el artículo 98 de la Constitución (reformado por Ley No. 5698 de 4 de Junio de 1975),
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Estos derechos, si bien no expresados en el texto de la Constitución, están, contenidos en ella de modo implícito, pero inequívoco, a través de los principios y normas relativos a la organización democrática del Estado (artículo 1.), a la titularidad de la soberanía en la Nación (artículo 2.), a la definición de la ciudadanía como derecho de todos los costarricenses mayores de dieciocho años (artículo 90); al sufragio como
"función cívica primordial y obligatoria y (que) se ejerce... por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil" (artículo 93);
al principio de que ese ejercicio ha de serlo con
"garantías efectivas de libertad... (y) de representación de las minorías " (artículo 95 incisos 3o. y 6o.);
a las salvaguardas específicamente acordadas al propio sufragio y al principio de alternabilidad en el poder (artículos 134 párrafo 2. y 149 inciso 2.); así como, en general, al carácter representativo de los poderes del Estado (artículo 9.) y a la integración democrático - popular de los políticos: el Legislativo (artículos 105 y 106), el Ejecutivo (artículos 133 y 138), y, en su esfera, las municipalidades (artículo 169).
ch) La necesidad de su reconocimiento universal es aún más evidente en Costa Rica donde los partidos ejercen el monopolio de la canalización de las candidaturas a los cargos de elección popular, según lo ordena el artículo 65 del Código Electoral (tanto en su texto original como conforme a su reforma por Ley No. 4352 de 11 de julio de 1969), en el sentido de que
"Solo pueden participar en elecciones... los partidos inscritos en el Registro de Partidos, que llevará el Registro Civil "
d) Además, su universalidad se reafirma, históricamente, por el hecho de que la Ley No. 5698 de 4 de junio de 1975, que reformó el artículo 98 de la Carta, eliminó, como contrarias a la libertad de asociación política, al pluralismo democrático y al derecho a la igualdad sin discriminación, la prohibición contenida originalmente en el párrafo 2o. respecto de
"la formación o funcionamiento de partidos que por sus programas ideológicos, medios de acción o vinculaciones internacionales, tiendan (tendiera) a destruir los fundamentos de la organización democrática de Costa Rica, o que atenten (atentaran) contra la soberanía del país, todo a juicio de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de las dos terceras partes de sus miembros y previo informe del Tribunal Supremo de Elecciones"
VI.- También puede decirse, en general, que el derecho de agruparse libremente en partidos, como manifestación que es del de asociación política, constituye una especie de la libertad fundamental de asociación que se extiende legítimamente a los fines políticos, de modo que los principios generales del primero son también aplicables a las entidades destinadas específicamente a los segundos, tal como se establece, en forma expresa en los artículos 25 de la Constitución, 22 de la Declaración Americana y 16 de la Convención Americana, así como, por lo menos implícita, en los artículos 20 de la Declaración Universal y 22 del Pacto Internacional ya aludidos.
VII.- Pero la posibilidad de esas limitaciones no significa que la libertad de constituir partidos políticos, aun dentro de la mayor rigidez justificada por su carácter público, deje por ello de ser, como se dijo, un derecho de libertad, como tal igual para todos los ciudadanos, titulares de los derechos políticos, ni que el sistema democrático autorice a imponerles restricciones innecesarias o no razonables, los partidos son instrumentos esenciales del ejercicio de aquellos derechos y, por ende, de la democracia misma; su formación y funcionamiento libérrimos, son, pues de un altísimo interés público, a la sola condición de que cumplan algunos requisitos objetivamente derivados del sistema de partidos; la posibilidad de constituirlos, organizarlos e inscribirlos y de participar con ellos en la elección de los gobernantes y en la conducción de los asuntos públicos, debe ser lo más amplia posible, dentro de los límites estrictamente indispensables para preservar los intereses públicos correspondientes a su naturaleza, fines y función.
VIII.- En este sentido, la Sala considera que uno de los pilares del sistema costarricense de partidos, como, en general, de los que comparten sus ideales del Estado de derecho, de la democracia representativa, participativa y pluralista, y de la dignidad, libertad y derechos fundamentales de la persona humana, es precisamente el del "pluripartidismo" invocado en la presente acción. No se ignora con esto la polémica vigente sobre la mayor conveniencia, funcionalidad o eficacia del bipartidismo o del pluripartidismo para el ejercicio democrático del poder; cuestión esta ideológica o política sobre la que estaría vedado a la Sala opinar, pero que, desde el punto de vista rigurosamente jurídico en que debe plantearse la cuestión en esta vía. está resuelto de antemano a favor del pluripartidismo invocado por la actora, como principio fundamental del sistema político adoptado por Costa Rica y, por ende, de rango constitucional: ninguna ventaja que pudiere derivarse, incluso para la propia democracia, de un sistema bipartidista o de un número reducido de partidos permitiría imponer el primero o limitar legalmente la proliferación, aun si sea inconveniente, de los segundos, sin violar gravemente derechos y libertades de la más cara raigambre democrática; de manera que, resultaría inconstitucional, no sólo una norma que lo pretendiera, sino incluso una política gubernativa dirigida a lograrlo por medios disuasivos o indirectos, o que pudiere causar ese efecto, aun sin proponérselo. A propósito de esto último, téngase presente que, conforme a la Ley de la Jurisdicción Constitucional;
C- Derecho a los Partidos Políticos
IX.- La acción comienza por impugnar, en cuanto al fondo, las disposiciones de los artículos 57, 64 y 69 párrafos 2 y 3 del Código Electoral (reformados, a su vez, el último por la Ley 4341 de 3 de julio de 1969, y todos por la repetida Ley No. 7094 de 27 de mayo de 1988); los dos primeros, por endurecer los requisitos para la constitución e inscripción de partidos políticos, y el tercero, porque, por una parte, exige una -según ella- innecesaria y absurda autenticación de las firmas de adhesión requeridas para dicha inscripción y, por la otra, congela las firmas otorgadas por los ciudadanos en las actas de inscripción de un partido a perpetuidad y no, como antes, solamente para la misma elección; disposiciones que, a juicio de la actora, violan su derecho y el de todos los ciudadanos a agruparse en partidos, de cuerdo con el artículo 98 de la Constitución, es decir, a constituirlos, organizarlos, inscribirlos y participar con ellos en la política nacional, particularmente en la elección democrática de sus representantes en los poderes políticos del Estado. Por su parte, la Procuraduría General de la República objeta esas pretensiones por considerar, en general, que el derecho a constituir partidos y a participar con éstos en los comicios electorales por implicar un interés público primordial, está sujeto a condiciones y limitaciones razonables, como lo son, específicamente, las acusadas aquí de Inconstitucionales.
X.- También es inconstitucional, por Imponer un requisito irrazonable y hasta imposible de cumplir, la disposición del artículo 69 párrafo 2°, tanto en su texto actual como en el reformado por Ley No. 4341 de 3 de julio de 1969, como también en el original, en cuanto impone a las adhesiones necesarias para inscribir un partido la exigencia de que
"las firmas irán autenticadas por un abogado o por el gobernador o delegado cantonal (antes jefe político o agente principal de policía) de la jurisdicción del adherente, con el correspondiente sello";
XI- En lo que se refiere a la disposición impugnada del articulo 69 párrafo 3° del Código, porque, al parecer, niega eficacia a la firma otorgada por un ciudadano en las actas de inscripción de otro partido, a perpetuidad y no, como antes, tan sólo para la misma elección, lleva razón la actora, en el sentido de que esa norma implicaría una absurda e innecesaria limitación a la libertad de cada ciudadano para cambiar de partido, y al derecho de los nuevos partidos a nutrirse con el caudal electoral de los demás, con violación del derecho de los ciudadanos a agruparse en partidos en condiciones de igualdad y sin discriminación, de conformidad con el articulo 98, en relación con el 33 de la Constitución. La Sala, en cambio, considera que esa limitación si resulta razonable en cuanto se refiera a la misma elección, porque en este supuesto es evidente que reconocerle al elector la posibilidad de prestar validamente su firma ya otorgada para otro partido en la misma contienda, implicaría una grave amenaza contra la seguridad jurídica, la justicia y la lealtad electoral, favoreciendo la formación de partidos "fantasmas" o "de papel" y hasta alterando el valor de las listas de adhesiones ya presentadas por otros partidos de buena fe. En consecuencia, este párrafo 3° debe leerse conforme al texto de los anteriores 2° y 3°, que combinó, como sigue:
"En el caso de que un elector hubiere firmado para dos o más partidos, para una misma elección, sólo se tomará en cuenta la afiliación que hubiere sido presentada al Registro Civil en primer término".
Ch- Vinculación Internacional de los Partidos
XII.- La acción obliga, asimismo, a examinar la validez del artículo 58 inciso K) del Código Electoral adicionado también por la No. 7094 de 27 de abril 1988), en cuanto que, al autorizar a los partidos para formar parte de organizaciones internacionales, a pesar de imponer como requisito de los estatutos de los partidos políticos
"la expresa manifestación de no subordinar su acción política a las disposiciones de organizaciones o estados extranjeros",
lo exceptúa expresamente al advertir que
"esta prohibición no impide que los partidos integren organizaciones internacionales, participen en sus reuniones y suscriban declaraciones, siempre que no atenten contra la soberanía e independencia del Estado costarricense";
excepción que la Licda. Quesada Hernández considera contradictoria con los principios de independencia y soberanía nacionales, que considera consagrados por los artículos 1 y 6 de la Constitución, pero que también podrían estar vinculados a otros concordantes, como el 2 y 3 - titularidad de la soberanía-, o a los valores fundamentales reflejados. por ejemplo, en el 18 -deberes de los costarricenses para con la Patria-, 149 inciso 1 -responsabilidades de quienes ejerzan el Poder Ejecutivo- o 194 -juramento constitucional- La Sala no comparte la interpretación que la actora da a la dicha excepción, porque considera evidente:
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XIII.- La presente acción impugna por inconstitucional el inciso e) y la inclusión del vocablo "financiación" en el párrafo 2 del artículo 96 de la Constitución, adicionado por Ley No. 4765 de 17 de mayo de 1971, precisamente para autorizar la financiación adelantada del Estado a los partidos políticos en sus actividades electorales, con base en que en la promulgación de esa reforma se violó el procedimiento de creación establecido por los artículos 195 incisos 6 y 7 de la propia Constitución, y 17 inciso g) del Reglamento Legislativo, al dar a la opinión del Poder Ejecutivo, contenida en el Mensaje Presidencial del 1o. de mayo de 1971, valor y efecto más allá del meramente consultivo, y al haberse modificado en segunda legislatura el texto aprobado en la primera, según Ley No. 4729 de 1 de mayo de 1971, agregándole al inciso e), mediante una moción que recogía la recomendación presidencial, el párrafo final, que dice:
"Esta ley deberá ser aprobada por dos tercios de los votos de los diputados que forman la Asamblea Legislativa".
XIV.- La Procuraduría General de la República, a su vez, contestó afirmativamente esta pretensión de inconstitucionalidad, reconociendo, por una parte, que las opiniones o recomendaciones sobre reformas constitucionales contenidas en el Mensaje Presidencial, de conformidad con el artículo 195 inciso 6 de la Constitución, no tienen carácter vinculante sino meramente consultivo, ni tampoco la virtud de activar la función legislativa, ni, mucho menos, la de facultar a la Asamblea Legislativa para introducir en segunda legislatura modificaciones de fondo al texto de una reforma ya aprobada en la primera; y, por la otra, que el texto impugnado en la presente es inconstitucional, por tratarse, precisamente, de una modificación de fondo así introducida y, por ende, no aprobada en las dos legislaturas ordenadas por el inciso 7° del mismo artículo 195. Sin embargo, considera que el vicio de inconstitucionalidad solamente invalida el párrafo adicionado y no el resto de la reforma al artículo 96, con la consecuencia de que en esos aspectos esta último es válida, de manera que la inconstitucionalidad declarada tendría únicamente el efecto de eliminar el requisito de una votación legislativa calificada par ala ley que desarrollara o desarrollare la contribución estatal, con la consecuencia de que, según la propia Procuraduría, todas las otras normas impugnadas del Código Electoral resultarían automáticamente constitucionales, dado que, si fueron aprobadas por una mayoría calificada, obviamente lo fueron por una superior a la ordinaria de los diputados presentes, que resultaría entonces la aplicable conforme a la regla general del artículo 119 de la Carta Fundamental.
XV.- Todo esto supone la necesidad de considerar cuatro cuestiones principales, a saber:
c) Si la adición del párrafo final del artículo 96 inciso e) de la Constitución, que recogía una tal recomendación presidencial -lo cual no se discute-, constituyó una modificación de forma o de fondo al texto aprobado en primera legislatura por la ley No. 4729; y si, en uno u otro supuesto, ello era o no constitucionalmente posible; y,
d) De concluirse en que la adición es inconstitucional, qué efecto tendrá su declaración: el de anular solamente la adición cuestionada, o la reforma en su totalidad, es decir, el inciso e) y, en su caso, la adición del vocablo "financiación" en el párrafo 2° del dicho artículo 96.
XVI.- En lo que hace al significado y valor de las opiniones o recomendaciones contenidas en el Mensaje Presidencial, la Sala acoge la tesis, tanto de la actora como del Procurador General, de que, en materia de reformas constitucionales, en la cual la Asamblea Legislativa no actúa como tal, sino como poder constituyente -bien que sólo derivado y de menores alcances- el Poder Ejecutivo, en general, y el Presidente de la República, en particular, carecen, no sólo de la iniciativa de la ley de la potestad de vetarla que les corresponden normalmente (arts. 123 y 125 Const.), sino también de la de vincular a la Asamblea en el curso del proceso de reforma, mediante el Mensaje Presidencial que responde a la consulta ordenada por el inciso 6 del artículo 195. Esa respuesta no puede tener más valor que el meramente consultivo porque, reconocerle algún efecto vinculante equivaldría a un subterfugio para violar el requisito de la aprobación de la reforma en dos legislaturas, establecido por el inciso 7 ídem, requisito que resulta, además, una característica total del sistema constitucional, como que en ella se concreta específicamente el procedimiento agravado de reforma que garantiza, a su vez, la rigidez esencial al concepto mismo de Constitución, tal como éste se entiende en Costa Rica y en la gran mayoría de las democracias occidentales. Así lo ha interpretado la propia Asamblea Legislativa, cuando ha establecido invariablemente que ella no puede siquiera considerar las opiniones o recomendaciones presidenciales sin que éstas hayan sido acogidas y transformadas en mociones por algún diputado.
XVIII.- Lo dicho no significa, desde luego, que la consulta del proyecto de reforma al Poder Ejecutivo y el deber de éste de contestarla en el Mensaje Presidencial, con sus observaciones o recomendaciones, carezcan de trascendencia. Por el contrario, la tienen y mucha, tanta que muy posiblemente, sobre todo en regímenes políticos presidencialistas como el nuestro, de no haberse echado mano al erróneo pero más cómodo recurso de acogerla en segunda legislatura, probablemente habría significado, o el rechazo y archivo de la reforma, o bien su modificación de conformidad, pero reiniciando su trámite como si se tratara de un nuevo proyecto.
XIX.- De tal manera, la Sala tiene por indiscutible que, ya se trate de mociones espontáneas de los propios diputados, ya de las que recojan opiniones o recomendaciones del Mensaje Presidencial, la Asamblea Legislativa no puede introducir modificaciones propiamente tales al texto de un proyecto de reforma constitucional ya aprobado en primera legislatura; y se dice "modificaciones", en general, para evitar que una interpretación ambigua de los conceptos mociones de forma y de fondo, como las denomina el artículo 72 inciso g) del Reglamento Legislativo, sirva de pretexto -y, por cierto, lo sirvió en el caso concreto- para tildar como de forma una enmienda sustancial. En realidad, lo que del texto reglamentario y del contexto constitucional se desprende es que el primero, al autorizar únicamente "mociones de forma" en el primer debate de segunda legislatura, se refiere tan sólo a las "de simple redacción" cualesquiera otras llámese "de fondo" o incluso "de forma", implicarían que el texto por ellas enmendado sólo quedaría aprobado en segunda legislatura y no en las dos que requiere la Carta Fundamental. En este sentido es sintomático que de todos los diputados que impulsaron o aprobaron la moción de reforma al inciso e) del artículo 96, ni uno solo intentó siquiera justificarla en una hipotética potestad del Presidente de la República para proponer, o de la Asamblea para introducir, modificaciones de fondo en segunda legislatura sino que, tanto el proponente de la moción como todos los que intervinieron para apoyarla, se fundamentaron expresa y reiteradamente en la tesis de que se trataba de una simple recomendación y moción "de forma", aunque sin explicar por qué.
XX.- La Sala no puede compartir la conclusión de la Procuraduría General de la República, señalada en el Considerando XIV, de que la invalidez de la frase agregada en segunda legislatura no acarrea la de la totalidad del Inciso e) adicionado con ella; si el Presidente de la República, cuyo partido contaba, por cierto, con un holgado respaldo parlamentario -un 58% del total-, consideró tan importante limitar la potestad legislativa en este campo como para recomendarla en su Mensaje Presidencial, diciendo textualmente (ver Mensaje del presidente José Figueres Ferrer del 1 de mayo de 1971)
"dada la importancia de esa legislación, me parece deseable si es posible, que sea aprobado por dos tercios de la Asamblea Legislativa;"
y sí, por otra parte, la exigencia de esa mayoría calificada para la aprobación de ciertas leyes constituye, como condición de rigidez, una garantía fundamental para las minorías, la inclusión de esa exigencia en el inciso e) del artículo 96 afecta necesariamente a la totalidad de éste, ya que por lo menos habría que suponer como posible que algunos diputados, los suficientes para que el proyecto fracasara en segunda legislatura, no lo hubieran votado sin esa exigencia, y esto se desprende incluso de algunas exposiciones de varios de los Diputados que intervinieron en el debate, quienes de un modo u otro destacaron la importancia de dicha votación calificada y de la concurrencia que ella impone entre diversas fracciones legislativas.
XXI.- La nulidad del trámite constitucional de la reforma incorporada al articulo 96 de la Constitución por la Ley No. 4765 de 17 de mayo de 1971, comporta. pues, no sólo la de la parte irregularmente añadida, sino también la de la totalidad del inciso e) con ella adicionado, y, por consecuencia, también la de la inclusión del vocablo "financiación" en el párrafo 2° del mismo articulo 96, puesto que ésta carecería de sentido sin la regulación establecida por aquél. En este último aspecto, si la dicha adición del párrafo 2° fuera válida sin la del inciso e), ello equivaldría al absurdo de suponer que se hubiera autorizado constitucionalmente la financiación anticipada de los partidos políticos, pero dejándola sin su correspondiente regulación.
E- Efecto de la Nulidad de la Reforma Constitucional
XXII.- En cambio,la inconstitucionalidad de su inclusión en la Constitución no implica necesariamente que la " financiación "- adelantada - de los partidos, como tal, fuera o sea imposible por el hecho de no estar prevista expresamente por el texto constitucional. Por el contrario, la Sala considera que, al estar explícitamente establecida la contribución del Estado al "pago" de la llamada "deuda política" - a posteriori, nada se opone a que por ley se disponga su "financiación, mientras por ésta se entienda lo que es una mera "financiación", es decir, un anticipo o, mejor aun, un crédito, no un "pago adelantado" como se ha interpretado con evidente error; y esto desde luego, a condición de que al otorgarla por ley no se incurra en otras violaciones de principios o normas de la Constitución o del derecho internacional vigente en Costa Rica, según reza, en general, el artículo 1° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
XXIII.- Debe, pues, desecharse la tesis de la actora de que, declarada la inconstitucionalidad de la reforma del artículo 96 de la Constitución, quedaría resuelta, como simple consecuencia, la de las normas que vinieron a desarrollarla en la legislación común, originalmente como lo que la Ley No. 4794 de 16 de julio 1971 llamó deuda política" y, dentro de ella, "financiación previa" de los partidos políticos y, hoy, después de la No. 7094 de 27 de abril de 1988," contribución del Estado a los gastos político-electorales de los partidos; de manera que carecería ahora de interés considerar la alegada inconstitucionalidad "subsidiaria" de las disposiciones legales impugnadas, concretamente las de los artículos 176, 177, 179, 181, 187, 192 y 194 del título X del Código Electoral, así como del Transitorio I de la Ley No. 7094 que las promulgó en su texto actual.
XXIV.- En primer lugar, porque, aun siendo inconstitucional la reforma del artículo 96 de la Constitución, ni lo que queda en pie de ese texto ni ninguna otra norma o principio constitucional se opone a que el Estado contribuya a financiar anticipadamente los mismos gastos de los partidos que está obligado a pagar después, en virtud de lo dispuesto por el mismo artículo 96. Por ello, incluso el artículo 192 del Código, no impugnado específicamente pero, claramente aludido, aunque pierda validez en cuanto comienza remitiéndose expresamente a la disposición constitucional cuestionada:
" de acuerdo con el inciso e) del artículo 96 de la Constitución Política, el estado contribuirá...",
siempre se mantendría, con base en los principios generales mencionados, en su texto medular, sólo que ahora para leerse simplemente:
"El Estado contribuirá a la financiación de los gastos que demanden las actividades electorales de los partidos políticos... ".
XXV.- En conclusión, la Sala considera que, aun siendo inconstitucional la adición del vocablo "financiación" en el párrafo 2° y de la totalidad el inciso e) del articulo 96 de la Constitución, la financiación adelantada de los partidos políticos continúa siendo validamente posible por ley, a condición, eso si:
XXVI.- Tales límites y condiciones son, desde luego, los que resultan del dicho texto constitucional, artículo 96 párrafo 2 e Incisos a), b), c) y d), conforme a los cuales:
"El Estado contribuirá a la financiación y pago de los gastos en que incurran los partidos políticos para elegir los miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de acuerdo con las siguientes disposiciones:
" a) La contribución total no podrá exceder al dos por ciento (2%) del promedio de los Presupuestos Ordinarios de la República durante los tres años anteriores a aquel en que se celebre la elección" (inc. a));
F- Financiamiento de los Partidos como tal
XXVII.- Como se dijo, el requisito principal para considerar autorizada la financiación estatal -adelantada- de los partidos es que se trate, no de un "pago adelantado", sino de un "financiamiento" propiamente dicho, a cuenta de la única verdadera obligación asumida constitucionalmente por el Estado, que es la de reembolsar a los partidos sus gastos electorales, una vez realizada la respectiva elección y con base en los sufragios que en ella haya recibido cada uno. Se trata, pues, de un mero "anticipo" sobre una obligación futura e incierta que, conforme al artículo 96 de la Constitución no se establecerá ni se hará líquida y exigible sino después de la elección y de acuerdo con sus resultados, imposibles de profetizar y por ende. puramente aleatorios. Tiene pues, más bien las características de un "préstamo" con vencimiento en el mismo momento en que deba cancelarse la deuda definitiva -a posteriori- del Estado, con lo cual se producirá una verdadera compensación", debiendo entonces. o completarse por el propio Estado la cancelación de la deuda mayor o reintegrársele por cada partido el exceso que hubiere recibido, si ella resultare menor -esto último, por cierto, ha ocurrido en diversas oportunidades, y hasta se ha establecido la corruptela de condonar posteriormente ese exceso a los partidos perdidosos, a menudo mediante "normas atípicas" del Presupuesto Nacional.
XXVIII.- De lo expuesto no se deduce que sean necesariamente inconstitucionales las disposiciones de los artículos 179 a 185 del Código Electoral, en general en cuanto prevén la emisión de los llamados "Bonos Deuda Política", para cubrir el financiamiento previo de los gastos de los partidos: esto es, de un empréstito, ni más ni menos válido que cualquier otro, supuesta la ya declarada legitimidad constitucional del financiamiento a que se destina. Ni siquiera las de los artículos 183, que autoriza -no obliga- a las instituciones del Sistema Bancario Nacional a comprarlos, venderlos, recibirlos en pago de obligaciones o conservarlos en inversión, o 185, que les otorga poder liberatorio para el pago de impuestos al Estado, pues todo esto puede derivarse legítimamente de su misma condición de títulos valores validamente emitidos.
Sin embargo, precisamente como consecuencia de ese carácter esencial de "financiamiento" y no de "pago", si considera esta Sala inconstitucionales las disposiciones de dichos artículos en cuanto que, tanto en su texto actual como en el anterior, adicionado por Ley No. 4794 de 16 de julio de 1971, adhirieron a los dichos títulos unos intereses que, cualquiera que sea su monto, resultan contradictorios con la naturaleza misma de la financiación adelantada, sobre una obligación no vencida ni exigible. Y considera, sobre todo, que lo es la disposición del artículo 181 párrafo 2°, conforme a la cual
"los intereses de los bonos pertenecerán al partido político a que correspondan, desde la fecha de su emisión".
XXIX.- Por otra parte, también la Sala considera inconstitucional la disposición del artículo 187 párrafo I reformado, en el tanto se impone al Estado una contribución fija, legalmente preestablecida,
"...equivalente a un porcentaje del 0.27% del producto interno bruto nacional determinado por el Banco Central de Costa Rica al año precedente al anterior a aquel en que se realizarán las elecciones...".
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XXX.- Por lo demás, lleva razón la Licda. Quesada Hernández al denunciar que la reforma del mismo párrafo 1 del artículo 187 del Código, al establecer en su última oración que
"el monto así determinado no podrá exceder; según se establece en el inciso a) del artículo 96 de la Constitución Política, del correspondiente al dos por ciento (2%) de los presupuestos ordinarios de la República, de los tres años anteriores a aquel en que celebre la elección",
incurrió por lo menos en una inconveniente ambigüedad. pues no es lo mismo un 2% de los tres últimos presupuestos ordinarios que la limitación constitucional a que se remite, conforme a la cual
"la contribución total (del Estado) no podrá ser superior al dos por ciento (2%) del promedio de los Presupuestos Ordinarios de la República durante los tres años anteriores a aquel en que se celebra la elección".
XXXI.- En relación con el mismo articulo 96 inciso a) de la Constitución, es absolutamente insoslayable que, tanto el monto de la deuda política final, como el porcentaje que se establezca para la financiación adelantada, se ajusten al límite impuesto por aquél y así deben entenderse las disposiciones que, en los artículos 187 párrafo 2° y 193 párrafo 1° del Código, tanto en sus textos reformados como en los anteriores, confieren derecho a la contribución del Estado a los partidos con base en los sufragios que obtengan o hayan obtenido para Presidente y Vicepresidente de la República o para diputados, los de orden nacional, o sólo para diputados, los de orden provincial, con lo que existiría el peligro de que se sobrepasaran los límites máximos impuestos por la Constitución o, en su caso, por la ley - por ejemplo, en el caso de un partido que sólo participe con candidatos a diputados, pero que contribuya sus votos a otro para su candidatura presidencial -. Debe, pues, quedar establecido claramente que lo que debe ajustarse a los límites dichos es la suma total de la contribución del Estado, en cualquier caso y cualquiera que sea el derecho de cada partido conforme a su caudal electoral.
XXXII.- Es, asimismo, inconstitucional el artículo 193, en general, tanto en su texto actual como en el anterior adicionado por Ley No. 4794 de 16 de julio de 1971, en cuanto otorga derecho a la financiación adelantada del Estado únicamente a los partidos que hayan participado en la elección anterior en escala nacional o provincial, y obtenido en la misma un 5% de los sufragios validamente emitidos para Presidente y Vicepresidente de la República o para Diputados a la Asamblea Legislativa; con lo cual excluye de esa ayuda fundamental:
XXXIII.- No hay ninguna inconstitucionalidad en las normas impugnadas en tanto que niegan el derecho a la financiación estatal a los partidos meramente cantonales, hayan o no participado en la elección - de regidores y síndicos municipales-, porque ya están excluidos de la contribución del Estado por virtud de la propia Constitución en su artículo 96, párrafo 2°, e inciso c), éste a contrario sensu de los cuales se desprende claramente su restricción a los de carácter nacional o provincial; restricción que puede parecer injusta, pero que, por lo dicho, obviamente no corresponde a la Jurisdicción Constitucional valorar.
XXXIV.- En cambio, al otorgarse la financiación del Estado a los partidos nacionales o provinciales que participaron y obtuvieron un determinado resultado en la elección anterior, y solamente a ello, si se ha violado el derecho de la Constitución, tanto en su artículo 96 párrafo 2°, e inciso b), c) y d), de los cuales se desprende claramente que la financiación se refiere a los gastos de la campaña en curso y de conformidad con los votos que en ella se obtengan, como en el 98, en relación con el 33, el primero en cuanto consagra el derecho de todos los ciudadanos a agruparse en partidos políticos, y el segundo en cuanto, al reconocer el derecho de todo ser humano a la igualdad ante la ley, sin discriminación alguna contraria a su dignidad, consagra, al mismo tiempo, un principio o criterio esencial de interpretación y aplicación de todos los demás derechos, fundamentales o no, en cuya virtud también el de constituir, organizar e inscribir partidos y participar con ellos en la política nacional debe entenderse siempre en condiciones de igualdad y sin discriminación. En efecto, financiar a los partidos con base en su pasado electoral, máxime si se hace con detrimento de los que en ese pasado no participaron o no obtuvieron los resultados que la norma legal impone, así como, en todo caso, de los nuevos que se constituyan, equivale a fosilizar las opciones políticas del pueblo costarricense, otorgando a los tradicionales un odioso monopolio y excluyendo a los demás de una participación igualitaria, si es que no de toda viabilidad práctica en la medida en que el crecimiento de la contribución estatal ha venido cegando de hecho toda alternativa de financiación.
XXXV.- Se tienen, además, por inconstitucionales las disposiciones de los artículos 194 párrafos 1o., 7o. y 8o., y 195 párrafo 1., reformados, así como del Transitorio I de la Ley No. 7094 que los reformó, en tanto los dos primeros disponen que un treinta por ciento de la financiación anticipada del Estado, calculada aquí sobre el 70% del monto pagado con base en la elección anterior, se girará a los partidos en treinta y nueve mensualidades a partir del mes siguiente al de las elecciones, y el tercero impuso esa contribución estatal desde marzo de 1990 pero con cargo a la deuda política correspondiente a la elección de 1994. Aunque el monto así adelantado se ajuste después con cargo al 30% restante que se liquidará como pago definitivo después de esa elección, establecido, a su vez, de conformidad con los montos de los tres presupuestos ordinarios anteriores a ella -es decir, los de 1991, 1992 y 1993-, y de conformidad con la participación y resultados electorales de cada partido, siempre con la norma citada se viola el artículo constitucional 96, tanto en su inciso a) cuanto en su párrafo 2° e inciso d) in fine: lo primero, porque es evidente que, antes de por lo menos la aprobación del presupuesto ordinario para el año inmediato anterior al de la elección, no hay ninguna posibilidad de fijar, o siquiera de estimar una base para el adelanto con alguna consideración para los criterios del dicho inciso a); y lo segundo, porque de todos modos la Constitución solamente autoriza la contribución del Estado a la financiación y pago:
"de los gastos de los partidos políticos para elegir los miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo... " (pgr. 2);
XXXVI.- En el mismo sentido y por las mismas razones, deben también entenderse circunscritas a las actividades político-electorales de los partidos las de "organización, dirección, censo y propaganda", a que se refiere el artículo 177 párrafo 1o. del Código, porque han de interpretarse y aplicarse en armonía con las normas citadas del 176 y, sobre todo, de la propia Constitución, de manera que sólo en esta inteligencia es que se tienen por conformes con ella.
XXXVII.- Por otra parte, la posibilidad de cualquier financiamiento anticipado del Estado a los partidos implica, como una consecuencia necesaria de su mismo carácter de "anticipo" o de "préstamo" sobre una obligación futura y eventual, la necesidad de que se otorguen garantías plenarias de devolución de cualquier cantidad recibida por los partidos en exceso de lo que en definitiva haya de corresponderles en concepto de "pago" -a posteriori- de sus gastos electorales, de conformidad con el artículo 96 de la Constitución. Lo cual obliga a considerar, además, inconstitucional lo dispuesto en el artículo 195 del mismo Código, tanto en su texto actual, según la Ley No. 7094 de 27 de abril de 1988 expresamente impugnado, como en el anterior, introducido por la No. 4794 de 16 de julio de 1971, en cuanto uno sólo requiere y el otro sólo requería de los partidos garantizar, por su orden, el 30% o el 50%, y no la totalidad de la financiación -adelantada- que se les haya o hubiera girado: así como en el artículo 196, en cuanto presupone o presuponía el anterior. Pero no en cuanto una y otras normas ordenan u ordenaban a los partidos garantizar, ahora en su integridad, el reembolso de lo recibido por concepto de financiación estatal y reembolsar de lo recibido por concepto de financiación estatal, y reembolsar oportunamente cualquier exceso sobre lo que les corresponda o correspondiera en definitiva, o la totalidad en el caso de que no hayan o hubieran participado del todo en la elección para la cual recibieran el anticipo, u obtenido en ella la votación mínima requerida, o justificado sus gastos, de conformidad con lo previsto por los incisos b), c) y d) del mismo artículo 96 de la Constitución, disposiciones éstas que deben tenerse por válidas y subsistentes.
F- Financiamiento de Partidos y Presupuesto Nacional
XXXVIII.- Desde otro punto de vista, la acción pretende, como se dijo en el encabezamiento de esta sentencia, que las reformas a los artículo 179 - por sí y en conexión con los 180 a 185, 187, 193 y 194 del Código Electoral, introducidas por la Ley No. 7094, y el Transitorio I de ésta, violan, en general, la prohibición a la Asamblea Legislativa de reconocer obligaciones del Estado no declaradas por los tribunales de justicia o no aceptada por el Poder Ejecutivo, la iniciativa de éste respecto del presupuesto nacional y otras normas relativas al mismo, y las atribuciones exclusivas de la primera en materias presupuestaria y tributaria ( artículos 122, 176, 177, 179 y 180, 105 y 121 incisos 11 y 13 de la Constitución ).
XXXIX.- En primer lugar, imponer al Estado, normativamente, la obligación general de financiar anticipadamente a los partidos, estableciendo montos, criterios y formas de pago, no constituye infracción de las limitaciones impuestas por la Constitución en el artículo 122, el cual prohíbe a la Asamblea Legislativa.
"... reconocer a cargo del Tesoro Público obligaciones que no hayan sido previamente declaradas por el Poder Judicial, o aceptadas por el Poder Ejecutivo ...":
porque es evidente que ésta norma se refiere al reconocimiento de obligaciones concretas, individualizadas, no a la creación y regulación de su fuente, que más bien es tarea específica, y muchas veces incluso exclusiva, de la legislación.
XL.- En este mismo sentido, no encuentra la Sala con qué razón se podría atribuir a las disposiciones que regulan la financiación del Estado a los partidos el carácter de un "presupuesto", como para imponerle los requisitos formales o materiales de éste, enmarcados en los artículos 176 a 181 de la Constitución, en general, que regulan el Presupuesto Nacional; o, entre ellos, en los 177 y 180, en particular, respecto de la iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo al respecto; o en los 105 y 121 incisos 11) y 13), relativos a las atribuciones exclusivas de la Asamblea Legislativa en materias presupuestaria y tributaria; o los 182 a 184, sobre la competencia de la Contraloría General de la República en la fiscalización de la Hacienda Pública. Por el contrario, como se dijo, lo que se hace en las normas impugnadas es imponer al Estado las obligaciones legales que el presupuesto está precisamente incapacitado para imponer, siendo, como es, una mera autorización para gastar, o como dice expresamente la Carta Fundamental, "el límite de acción de los poderes públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado" (artículo 180 id.); y, por cierto, imponerle obligaciones derivadas, precisamente, del propio texto constitucional (artículo 96), bien directamente, en lo que se refiere al "pago" o reembolso de los gastos electorales de los partidos -a posteriori de la respectiva elección, bien, como se dijo, indirectamente, mediante un financiamiento anticipado que ya la Sala consideró al menos compatible con los principios y normas de la
Carta Fundamental. Desde luego, la existencia de esas obligaciones legales no bastaría para poder cubrirlas, mientras la erogación correspondiente no estuviera autorizada en el Presupuesto, pero esto ya es otra cuestión.
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G-Financiamiento de Partidos y Competencia Constitucionales
XLI.- Además de la pretendida invasión inconstitucional de las competencias del Poder Ejecutivo en la iniciativa de los presupuestos, conforme a los artículos 177, 179 y 180 de la Constitución, y de las de la Asamblea Legislativa en su aprobación y la de los impuestos en general, de conformidad con los artículos 105 y 121 incisos 11 y 13 de la misma Constitución, la demanda reclama también:
a ) La violación del principio del "juez natural" y de la jurisdicción exclusiva de los tribunales dependientes del Poder Judicial garantizada por los constitucionales 35, 152, 153 y 156, así como, por no estar prevista, de las competencias otorgadas por el 102 al Tribunal Supremo de Elecciones, en cuanto no corresponde a éste y sí a los primeros imponer las sanciones que los artículos 179 y, por igualdad de razón, 196 del Código le encomiendan contra los partidos que no cumplan las condiciones de la financiación adelantada del Estado para sus gastos político - electorales;
XLII.- La Sala comienza por señalar que, a su juicio, conferir al Tribunal Supremo de Elecciones las potestades previstas en el Código Electoral conforme a sus artículos 176, párrafo 2, 179, 187 párrafo 1, 188 y 194 párrafo 3°, para reglamentar o fiscalizar los gastos de los partidos, 187, párrafo 2, 194 y 195 párrafo 1, para determinar en concreto sus derechos a la contribución del Estado en la financiación o en el pago de sus gastos electorales, o 176 párrafo 3 y 196, para sancionarlos en su derecho a participar de esa contribución estatal, lejos de violar, por exceso o por cualquier otra causa, las atribuciones o competencias constitucionales del Tribunal, lo que hacen es afirmarlas y confirmarlas, puesto que el Tribunal, como órgano constitucional especializado para la materia electoral, con el rango e independencia de los poderes públicos, puede ser investido, sólo que en su ámbito específico, con cualquiera de las funciones del Estado, y de hecho lo está con las tres, al tener a su cargo
"la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como las demás funciones que le atribuyen esta Constitución y las leyes" (artículos 9 párrafo 3 y 99 de la Carta Fundamental);
competencias de las que los artículos 97 párrafos 2 y 121 inciso 1 excluyen aun a la Asamblea Legislativa, y que el 102 termina de reforzar con una no igualada amplitud, sobre todo al atribuirle poderes tan amplios como el de
"interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral" (inciso 3).
XLIII.- En lo que se refiere concretamente a las potestades reglamentarias otorgadas al Tribunal, debe tenerse presente, además, que en materia de "deuda política" los partidos se encuentran sometidos a una de las "sujeciones especiales" ampliamente difundidas en el derecho público, situaciones en las cuales el poder reglamentario de la Administración -en el caso, del Tribunal- es de principio, dentro, por supuesto, de las limitaciones impuestas por la propia Constitución por la ley. En efecto, las exigencias derivadas del principio de legalidad y sus corolarios, como los de regulación mínima y reserva de ley, sufren una importante atenuación en las dichas situaciones de sujeción especial, sobre todo al quedar sometidas a poderes reglamentarios y de policía de los que los que la Administración carecería en sus relaciones formales con los administrados en condición de terceros o súbditos.
XLIV.- Más bien cabe, a este propósito, señalar que son las potestades reglamentarias todavía otorgadas a la Contraloría General de la República por el artículo 177 párrafo 2o. del Código las que contrarían la Constitución, tanto en cuanto las generales corresponden al Poder Ejecutivo de conformidad con el artículo 140 inciso 3o., cuanto las específicamente electorales sólo pueden conferirse validamente al Tribunal Supremo de Elecciones, al cual deben, en consecuencia, entenderse otorgadas, en los términos dichos y conforme a los artículos 9o., 99 y 102 de la misma Constitución, anulándose en esta medida, por conexión o consecuencia, de acuerdo con el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la norma citada del artículo 177 párrafo 2o. Aunque no las potestades de la Contraloría que sí son propias de su función constitucional y legal de fiscalización de la Hacienda Pública y tienen un claro carácter "reglamentario autónomo", como son, a juicio de la Sala, las que se le confieren en los artículos 176 párrafo 4o., 189 párrafo 2o. y 190 párrafo 3o. del mismo Código Electoral.
XLV.- En lo que hace a los poderes de fiscalización y disciplina respecto de los partidos para el cumplimiento de las normas sobre contribución del Estado a la financiación o pago de la deuda política, atribuirlos al propio Tribunal como lo hacen los artículos 176 párrafo 3o. y 195 del Código, no constituye ninguna alteración del principio del " juez natural " que establece el artículo 35 de la Constitución, ni de las potestades jurisdiccionales reservadas al Poder Judicial por los artículos 152, 153 y 156 de la misma. En primer lugar, porque se trata de sanciones de carácter claramente administrativo, vinculadas al ejercicio del poder disciplinario, inherente a toda sujeción especial; en segundo, porque de todos modos, de conformidad con su naturaleza y competencia y con el artículo 103 en relación con los 102 incisos 4o., 5o., 7o. y 8o. de la Constitución, entre otros, el Supremo de Elecciones es también uno de los "tribunales previstos por esta Constitución" a que alude el articulo 35 citado, entre cuyas funciones se encuentra la jurisdiccional especial en materia electoral.
XLVI.- Finalmente, tampoco considera la Sala que contraríen la Constitución las demás atribuciones -fuera de las reglamentarias dichas del artículo 177 párrafo 2°- conferidas a la Contraloría General de la República para asesorar o auxiliar al Tribunal Supremo de Elecciones en el ejercicio de las suyas propias, o para ejercer directamente algunas otras de fiscalización y tutela, como ocurre en los casos de los artículos 176 párrafo 5o., 187 párrafo 1o., 189 párrafo 2o., 191 párrafo 2o., 194 párrafos 5o. y 6o., y 195 párrafo 3o. del Código; atribuciones que, en general, están comprendidas dentro del ámbito propio de la función administrativa fiscalizadora o tutelar que los artículos 183 y 184 de la Constitución le encomiendan y que nada de ésta se opone a que sean desarrolladas y reguladas por la ley ordinaria, como lo han sido en los otros ámbitos de su actividad.
H - Finalmente:
XLVII.- Debe hacerse, además, la observación general de que, no empece el hecho de que se desestimen varias de las alegaciones de inconstitucionalidad planteadas respecto de disposiciones relativas a la contribución del Estado a la financiación adelantada de los gastos electorales de los partidos políticos, lo cierto es que algunas de las que se estiman, sobre todo las bases para determinarla establecidas en el artículo 193 del Código Electoral, de hecho dejan sin sustento real, al menos en ese aspecto, todo el Título X, artículos 176 a 196 del mismo. La Sala opta por limitarse a señalarlo, trasladando la inquietud a la Asamblea Legislativa en los términos previstos por el artículo 90, párrafo 2 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
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I.- Se declara con lugar la acción y, en consecuencia la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de la inclusión del vocablo " financiación " en el párrafo 2o. y de la totalidad del inciso e) del artículo 96, de la Constitución Política, adicionados según Ley No. 4765 de 17 de mayo de 1971, por violación de los trámites constitucionales previstos para su promulgación; de manera que, tanto el dicho párrafo 2o. como, desde luego, los no cuestionados incisos a), b), c) y d) del mismo artículo 96, mantienen su vigencia y validez conforme fueron adicionados por Ley No. 2036 de 18 de,julio de 1956, y el c) reformado por la No. 4973 de 16 de mayo de 1972.
II.- Se declara con lugar la acción y, en consecuencia la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de los artículos 64 párrafo 1o., 69 párrafos 1o. y 3o., 177 párrafo 2o., 179 -éste por sí y en conexión con los 180, 181, 182, 184 y 185-, 187 párrafos 1o., 192, 193, 194 párrafos 1o., 7o. y 8o., y 195 párrafo 1o. del Código Electoral, Ley No. 1536 de 10 diciembre 1952, reformada por la No. 4794 de 16 de julio 1971 y por la No. 7094 de 27 de abril 1988, y del Transitorio I de esta última, en los extremos y por los motivos siguientes:
a) Del artículo 64 párrafo 1o., en cuanto impone como requisitos para la inscripción de partidos políticos en escala nacional, provincial o cantonal la presentación de "un uno y medio por ciento de adhesiones de electores inscritos en el Registro Civil". Por lo tanto, se mantiene vigente y válido el número de adhesiones originalmente requerido, de tres mil adhesiones para los partidos de carácter nacional y, para los demás, del uno por ciento de los electores inscritos en la provincia o provincias, cantón o cantones respectivos; quedando, en consecuencia, vigente el texto como sigue:
" La inscripción de partidos podrá hacerse en cualquier tiempo, excepto dentro de los seis meses anteriores a una elección. Para la inscripción el presidente del comité ejecutivo del organismo superior del partido, y en caso de ausencia o imposibilidad cualquiera de los otros miembros del comité ejecutivo debidamente autorizado al efecto, presentará, con la solicitud, la certificación del acta notarial de constitución, conforme con el artículo 57, y un número de tres mil adhesiones de electores inscritos en el Registro Civil, si se tratare de partidos de carácter nacional. Para inscribir partidos de carácter provincial se necesitará un número de adhesiones equivalente al uno por ciento del número de electores inscritos en la respectiva provincia, y para los partidos cantonales el mismo porcentaje de los electores inscritos en el cantón. Los partidos que aun no se hubieren inscrito, si ya estuvieren debidamente organizados conforme con el artículo 57, podrán hacer uso de los medios de comunicación colectiva para la propaganda político-electoral, conforme lo prescribe el artículo 85...".
b) Del artículo 69 párrafo 1o., tanto en su texto actual como en el reformado por Ley No. 4341 de 3 de julio de 1969, como también en el original en cuanto impone a las adhesiones necesarias para inscribir un partido la exigencia de que
"las firmas irán autenticadas por un abogado o por el gobernador o delegado cantonal (antes jefe político o agente principal de policial) de la jurisdicción del adherente, con el correspondiente sello";
d) De los artículos 179, 180, 181, 182, 184 y 185, tanto en su texto actual como en el anterior adicionado por Ley No. 4794 de 16 de julio de 1971, en cuanto prevén que los llamados bonos Deuda Política, que conforme a ellos se emitan para el financiamiento previo de los gastos de los partidos, devengarán intereses, así como el artículo 181 párrafo 2, en tanto dispone que los dichos intereses
"pertenecerán al partido político a que correspondan, desde la fecha de su emisión."
e) Del artículo 187 párrafo I en cuanto establece, como contribución del Estado a la financiación de los partidos, una suma fija.
III.- En lo no declarado, se desestiman las inconstitucionalidades reclamadas.
IV.- En los términos del artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esta sentencia, en cuanto declara la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de las normas indicadas, es declarativa y sus efectos retroactivos a la fecha de su promulgación.
V.- Comuníquese literalmente la presente al Tribunal Supremo de Elecciones, así como a la Asamblea Legislativa, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 90 párrafo 2o. de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Voto 980-91. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. DERECHO DE ASOCIACIÓN POLÍTICA.(Afiliación partidaria). Resumen: Acción de inconstitucionalidad interpuesta por Quesada Hernández Estela contra artículo 96 párrafo 2 inciso e de la Constitución Política, y artículos 57, 64, 69, 58 K, 176, 177, 179,180 a 185, 187, 193, 194 del Código Electoral. CRITERIO JURÍDICO: Así como hay plena libertad para asociarse políticamente, plena es también la libertad para abstenerse de hacerlo, o para desafiliarse y asociarse en otra organización política. En consecuencia se declara inconstitucional el articulo 69 párrafo 3° del Código Electoral, que negaba eficacia a la firma otorgada por un ciudadano en las actas de inscripción de un partido si con anterioridad lo había hecho en las de otro, prorrogando los efectos de su firma a perpetuidad y no tan sólo para la misma elección, lo que implica una limitación a la libertad de cada ciudadano para cambiar de partido.
Voto 980-91. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. DERECHO DE ASOCIACIÓN POLÍTICA. (Regulación). Resumen: Acción de inconstitucionalidad interpuesta por Quesada Hernández Estela contra artículo 96 párrafo 2 inciso e de la Constitución Política, y artículos 57, 64, 69, 58 K, 176, 177, 179,180 a 185, 187, 193, 194 del Código Electoral. CRITERIO JURÍDICO: El derecho de asociación política está reconocido a los ciudadanos, titulares de los derechos políticos, en el artículo 98 de la Constitución. Este puede estar sometido a requisitos especiales que, no por más rigurosos que los aplicados a otras formas de asociación, desvirtúan su carácter de derecho de libertad, en la medida en que esos requisitos especiales se justifiquen razonablemente en virtud de la incidencia inmediata de los partidos en la provisión, elección y decisiones de los gobernantes. Pero la posibilidad de estas limitaciones no significa que el sistema democrático autorice imponerles restricciones innecesarias, pues los partidos son instrumentos esenciales del ejercicio de aquellos derechos y, por ende, de la democracia misma. Siendo su formación y funcionamiento libérrimos de un altísimo interés público, la posibilidad de constituirlos, organizarlos e inscribirlos, y de participar con ellos en la elección de los gobernantes y en la conducción de los asuntos públicos, debe ser lo más amplia posible, dentro de los límites estrictamente indispensables para preservar los intereses públicos correspondientes a su naturaleza, fines y función.
Voto 980-91. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLURIPARTIDISMO. (Financiamiento Estatal de los partidos políticos). Resumen: Acción de inconstitucionalidad interpuesta por Quesada Hernández Estela contra artículo 96 párrafo 2 inciso e de la Constitución Política, artículos 57, 64, 69, 58 K, 176, 177, 179,180 a 185, 187, 193, 194 del Código Electoral. CRITERIO JURÍDICO: Es inconstitucional el artículo 193 del Código Electoral en cuanto reconoce derecho a la financiación del Estado únicamente a los partidos que hayan participado en la elección anterior, nacional o provincialmente, y hayan obtenido en la misma un 5% de los sufragios validamente emitidos. Al otorgarse la financiación del Estado a los partidos nacionales o provinciales que participaron y obtuvieron un determinado resultado en la elección anterior, se ha violado el derecho de la Constitución en su artículo 96, del que se desprende claramente que la financiación se refiere a los gastos de la campaña en curso, y de conformidad con los votos que en ella se obtengan. Financiar a los partidos con base en su pasado electoral, máxime si se hace con detrimento de los que en ese pasado no participaron o no obtuvieron los resultados que la norma legal exige, equivale a fosilizar las opciones políticas, otorgando a los partidos tradicionales un odioso monopolio y excluyendo a los demás de una participación igualitaria, si es que no de toda viabilidad práctica.
Voto 980-91. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN MATERIA ELECTORAL. (Régimen de financiamiento de los partidos políticos). Resumen: Acción de inconstitucionalidad interpuesta por Quesada Hernández Estela contra artículo 96 párrafo 2 inciso e de la Constitución Política, artículos 57, 64, 69, 58 K, 176, 177, 179,180 a 185, 187, 193, 194 del Código Electoral. CRITERIO JURÍDICO: No contrarían la Constitución las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República para asesorar o auxiliar al Tribunal Supremo de Elecciones en el ejercicio de las suyas propias, o para ejercer directamente algunas otras de fiscalización y tutela relacionadas con el financiamiento de los partidos políticos. Estas atribuciones están comprendidas dentro del ámbito propio de la función administrativa fiscalizadora, o tutelar, que los artículos 183 y 184 de la Constitución le encomiendan a la Contraloría General de la República.
Voto 980-91. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLURIPARTIDISMO. (Inconstitucionalidad de normas encaminadas a inhibirlo). Resumen: Acción de inconstitucionalidad interpuesta por Quesada Hernández Estela contra artículo 96 párrafo 2 inciso e de la Constitución Política, artículos 57, 64, 69, 58 K, 176, 177, 179,180 a 185, 187, 193, 194 del Código Electoral. CRITERIO JURÍDICO: El pluripartidismo es un principio democrático fundamental derivado del derecho de asociación política, presupuesto de la democracia representativa y pluralista, adoptado por Costa Rica y, por ende, de rango constitucional. Por ello ninguna ventaja que pudiera derivarse, incluso para la propia democracia, de un número reducido de partidos, permitiría limitar legalmente su proliferación, sin violar derechos y libertades de la más cara raigambre democrática. Resultarían inconstitucionales normas que lo pretendieran, o políticas gubernativas dirigidas a lograrlo, o que pudieren causar ese efecto aún sin proponérselo. En consecuencia, se estima como obstáculo inconstitucional, por desproporcionado, el endurecimiento de los requisitos establecidos en el artículo 64 del Código Electoral para la inscripción de partidos, (de 3.000 electores, para los nacionales, o un 1% de los de la respectiva provincia o cantón, para los provinciales o cantonales, en el texto anterior, a un 1.5% de los electores inscritos en el país, la provincia o el cantón, en el numeral impugnado).Desproporcionado en relación con las posibilidades reales de los partidos, implicando la congelación de las opciones políticas actuales, y revelando la tendencia a imponer legalmente, si no un férreo bipartidismo, por lo menos una limitación en el desarrollo de un verdadero pluripartidismo.En la misma línea, declara inconstitucional, por irrazonable, la disposición del artículo 69 párrafo 2°, en cuanto impone a las adhesiones necesarias para inscribir un partido la exigencia de autenticación de firmas por un abogado o por el gobernador o delegado cantonal de la jurisdicción del adherente, con el correspondiente sello. Exigencia que resulta irrazonable en tanto supone que sólo los abogados puedan recoger las adhesiones necesarias para inscribir los partidos y, sobre todo, habida cuenta de que el Registro Electoral hará después la respectiva confrontación de firmas, prescindiendo del valor probatorio de la autenticación.
Voto 980-91. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. (Régimen de financiamiento de los partidos políticos). Resumen: Acción de inconstitucionalidad interpuesta por Quesada Hernández Estela contra artículo 96 párrafo 2 inciso e de la Constitución Política, artículos 57, 64, 69, 58 K, 176, 177, 179,180 a 185, 187, 193, 194 del Código Electoral. CRITERIO JURÍDICO: Conferir al TSE las potestades legalmente previstas, lejos de exceder sus competencias constitucionales, lo que hace es afirmarlas, puesto que, como órgano constitucional especializado en materia electoral, con el rango e independencia de los poderes públicos, puede ser investido, en su ámbito específico, con cualquiera de las funciones del Estado, y de hecho lo está con las tres. Ciertamente, el poder de reglamentar las leyes, corresponde constitucionalmente al Poder Ejecutivo, sin embargo, los poderes de organización y dirección atribuidos constitucionalmente al TSE justifican plenamente que se le reconozcan poderes de reglamentación en lo relativo a la materia electoral, y no cabe duda que la contribución del Estado al pago de los gastos electorales de los partidos es materia específicamente electoral. En relación con los poderes de fiscalización y disciplina sobre los partidos para el cumplimiento de las normas sobre financiación y pago de la deuda política, atribuirlos al propio Tribunal no quebranta el principio del "juez natural", ni las potestades jurisdiccionales reservadas al Poder Judicial. Se trata de sanciones de carácter administrativo, vinculadas al ejercicio del poder disciplinario inherente a toda sujeción especial. Además, de conformidad con su naturaleza y competencia, el TSE es también uno de los tribunales previstos por la Constitución entre cuyas funciones se encuentra la jurisdiccional especial en materia electoral.
Voto 980-91. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. FINANCIAMIENTO ESTATAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (Definición de financiación). Resumen: Acción de inconstitucionalidad interpuesta por Quesada Hernández Estela contra artículo 96 párrafo 2 inciso e de la Constitución Política, artículos 57, 64, 69, 58 K, 176, 177, 179,180 a 185, 187, 193, 194 del Código Electoral. CRITERIO JURÍDICO: Se declara inconstitucional, por la forma, la adición del vocablo “financiación” en el artículo 96 de la Constitución, en virtud de que la reforma que lo incluyó no se apegó a las reglas procesales correspondientes. Lo que no implica que la "financiación" de los partidos, como tal, sea imposible por el hecho de no estar prevista expresamente en el texto constitucional. Al estar explícitamente establecida la contribución del Estado al "pago" de la llamada "deuda política" -a posteriori-, nada se opone a que por ley se disponga su financiación, mientras por ésta se entienda lo que es una mera "financiación", es decir, un anticipo, un crédito, no unpago adelantado como erróneamente se había interpretado. Por ello declarar la inconstitucionalidad de la reforma (por razones formales), no supone la de las normas que vinieron a desarrollarla en la legislación común, pues ni lo que queda en pie del numeral 96 ni ninguna otra norma o principio constitucional se opone a que el Estado contribuya a financiar anticipadamente los mismos gastos de los partidos que está obligado a pagar después. Así, no hay roce de constitucionalidad siempre que: a) se trate de una mera "financiación", un simple adelanto o, un préstamo de una parte del monto de aquella deuda futura, estimado prudente y razonablemente; b) ese financiamiento no exceda los limites y condiciones de la deuda misma, establecidos en el propio texto constitucional; los cuales deben, interpretarse y aplicarse dentro de márgenes de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad; y c) al otorgarlo por ley no se incurra en violaciones de los principios o normas constitucionales o del derecho internacional vigente en Costa Rica.
Voto 980-91. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. FINANCIAMIENTO ESTATAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (Determinación de montos). Resumen: Acción de inconstitucionalidad interpuesta por Quesada Hernández Estela contra artículo 96 párrafo 2 inciso e de la Constitución Política, artículos 57, 64, 69, 58 K, 176, 177, 179,180 a 185, 187, 193, 194 del Código Electoral. CRITERIO JURÍDICO: Es inconstitucional el artículo 193 del Código Electoral en cuanto reconoce derecho a la financiación del Estado únicamente a los partidos que hayan participado en la elección anterior, nacional o provincialmente, y hayan obtenido en la misma un 5% de los sufragios validamente emitidos. Al otorgarse la financiación del Estado a los partidos nacionales o provinciales que participaron y obtuvieron un determinado resultado en la elección anterior, se ha violado el derecho de la Constitución en su artículo 96, del que se desprende claramente que la financiación se refiere a los gastos de la campaña en curso, y de conformidad con los votos que en ella se obtengan. Financiar a los partidos con base en su pasado electoral, máxime si se hace con detrimento de los que en ese pasado no participaron o no obtuvieron los resultados que la norma legal exige, equivale a fosilizar las opciones políticas, otorgando a los partidos tradicionales un odioso monopolio y excluyendo a los demás de una participación igualitaria, si es que no de toda viabilidad práctica.
Voto 980-91. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. FINANCIAMIENTO ESTATAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (Exclusión de actividades no electorales). Resumen: Acción de inconstitucionalidad interpuesta por Quesada Hernández Estela contra artículo 96 párrafo 2 inciso e de la Constitución Política, artículos 57, 64, 69, 58 K, 176, 177, 179,180 a 185, 187, 193, 194 del Código Electoral. CRITERIO JURÍDICO: La financiación de los gastos que demanden la organización, administración o, en general, actividades no electorales de los partidos políticos como las de promoción y educación electorales, políticas o cívicas, por plausible que fuera, no está permitida por los parámetros vigentes de constitucionalidad.
Voto 980-91. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. FINANCIAMIENTO ESTATAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (Exclusión de partidos cantonales). Resumen: Acción de inconstitucionalidad interpuesta por Quesada Hernández Estela contra artículo 96 párrafo 2 inciso e de la Constitución Política, artículos 57, 64, 69, 58 K, 176, 177, 179,180 a 185, 187, 193, 194 del Código Electoral. CRITERIO JURÍDICO: No son inconstitucionales las normas del Código Electoral impugnadas porque nieguen el derecho a la financiación estatal a los partidos cantonales, toda vez que estos ya están excluidos de la contribución del Estado por prescripción de la propia Constitución en su artículo 96. De la lectura, a contrario sensu, de este numeral, se desprende claramente la restricción de ese derecho a los partidos de carácter nacional o provincial.
Voto 980-91. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. FINANCIAMIENTO ESTATAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (Implicaciones de su naturaleza de título valor). Resumen: Acción de inconstitucionalidad interpuesta por Quesada Hernández Estela contra artículo 96 párrafo 2 inciso e de la Constitución Política, artículos 57, 64, 69, 58 K, 176, 177, 179,180 a 185, 187, 193, 194 del Código Electoral. CRITERIO JURÍDICO: No son inconstitucionales, en general, las disposiciones de los artículos 179 a 185 del Código Electoral, en cuanto prevén la emisión de los "Bonos de Deuda Política" para cubrir el financiamiento previo de los gastos de los partidos. Esto porque se trata de un empréstito tan válido como cualquier otro, supuesta la ya declarada legitimidad constitucional del financiamiento a que se destina. No es inconstitucional el artículo 183, que autoriza a las instituciones del Sistema Bancario Nacional a comprarlos, venderlos, recibirlos en pago de obligaciones o conservarlos en inversión, ni el 185, que les otorga poder liberatorio para el pago de impuestos, pues todo esto se deriva también de su misma condición de títulos valores validamente emitidos. Asimismo,es consecuencia de su carácter de "anticipo" o de "préstamo" sobre una obligación futura y eventual, la necesidad de que se otorguen garantías plenarias de devolución de cualquier cantidad recibida en exceso de lo que en definitiva haya de corresponder por concepto de pago -a posteriori- de los gastos electorales. Por idéntica razón devieneninconstitucionales las disposiciones de dichos artículos en cuanto adhirieron a los títulos unos intereses que resultan contradictorios con la naturaleza de la financiación adelantada, es decir, sobre una obligación no vencida ni exigible
Voto 980-91. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. FINANCIAMIENTO ESTATAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (Naturaleza de su regulación legal). Resumen: Acción de inconstitucionalidad interpuesta por Quesada Hernández Estela contra artículo 96 párrafo 2 inciso e de la Constitución Política, artículos 57, 64, 69, 58 K, 176, 177, 179,180 a 185, 187, 193, 194 del Código Electoral. CRITERIO JURÍDICO: Es constitucional la imposición normativa al Estado de la obligación general de financiar a los partidos políticos.Imponer al Estado, normativamente, la obligación general de financiar anticipadamente a los partidos, estableciendo montos, criterios y formas de pago, no constituye infracción de las limitaciones impuestas por la Constitución a la Asamblea Legislativa en el artículo 122, el cual le prohíbe reconocer, a cargo del Tesoro Público, obligaciones que no hayan sido previamente declaradas por el Poder Judicial, o aceptadas por el Poder Ejecutivo. Esta norma se refiere al reconocimiento de obligaciones concretas, individualizadas, no a la creación y regulación de su fuente, que más bien es tarea específica, muchas veces exclusiva, de la legislación. Es erróneo atribuir a las disposiciones que regulan esta financiación a los partidos el carácter de un "presupuesto", y exigirle los requisitos formales o materiales de este. Lo que se hace en las normas impugnadas es imponer al Estado las obligaciones legales que el presupuesto está naturalmente incapacitado para imponer, siendo como es, una mera autorización para gastar
Voto 980-91. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS. (Límite constitucional de la libertad de integrar organizaciones internacionales). Resumen: Acción de inconstitucionalidad interpuesta por Quesada Hernández Estela contra artículo 96 párrafo 2 inciso e de la Constitución Política, artículos 57, 64, 69, 58 K, 176, 177, 179,180 a 185, 187, 193, 194 del Código Electoral. CRITERIO JURÍDICO: Las relaciones de los partidos políticos con organizaciones internacionales no comprometen la soberanía ni la independencia del país toda vez que los partidos, aunque instrumentos necesarios en la integración de los poderes políticos del Estado, no son detentadores del poder público, ni ejercen el gobierno de la República, ni representan a la Nación. Comprometer la soberanía y la independencia del país no sería, en todo caso, obra del partido internacionalmente relacionado, sino de aquellos de sus miembros que, convertidos en altos funcionarios públicos, traicionaran la confianza del electorado al poner los intereses de partido por encima de los del país. Por ello la autorización que se otorga a los partidos para que formen parte de organizaciones internacionales no choca con los principios de soberanía e independencia del Estado costarricense, por estar expresamente condicionada tal permisión a que no atenten contra ellos. Así, cualquier subordinación internacional que llegaran a aceptar implicaría, de su parte, una conducta antijurídica y no el ejercicio de un derecho o libertad.
Voto 980-91. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. FINANCIAMIENTO ESTATAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (Implicaciones de su naturaleza de título valor). Resumen: Acción de inconstitucionalidad interpuesta por Quesada Hernández Estela contra artículo 96 párrafo 2 inciso e de la Constitución Política, artículos 57, 64, 69, 58 K, 176, 177, 179,180 a 185, 187, 193, 194 del Código Electoral. CRITERIO JURÍDICO: No son inconstitucionales, en general, las disposiciones de los artículos 179 a 185 del Código Electoral, en cuanto prevén la emisión de los "Bonos de Deuda Política" para cubrir el financiamiento previo de los gastos de los partidos. Esto porque se trata de un empréstito tan válido como cualquier otro, supuesta la ya declarada legitimidad constitucional del financiamiento a que se destina. No es inconstitucional el artículo 183, que autoriza a las instituciones del Sistema Bancario Nacional a comprarlos, venderlos, recibirlos en pago de obligaciones o conservarlos en inversión, ni el 185, que les otorga poder liberatorio para el pago de impuestos, pues todo esto se deriva también de su misma condición de títulos valores validamente emitidos. Asimismo,es consecuencia de su carácter de "anticipo" o de "préstamo" sobre una obligación futura y eventual, la necesidad de que se otorguen garantías plenarias de devolución de cualquier cantidad recibida en exceso de lo que en definitiva haya de corresponder por concepto de pago -a posteriori- de los gastos electorales. Por idéntica razón devieneninconstitucionales las disposiciones de dichos artículos en cuanto adhirieron a los títulos unos intereses que resultan contradictorios con la naturaleza de la financiación adelantada, es decir, sobre una obligación no vencida ni exigible.

References: artículo 96
 artículo 96
 artículo 195
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 75
 artículo 58
 artículo 96
 artículo 195
 artículo 122
 artículo 96
 artículo 75
 resolución 
 artículo 75
 artículo 98
 artículo 75
 artículo 75
 artículo 41
 artículo 98
 artículo 65
 artículo 98
 artículo 98
 artículo 69
 artículo 58
 artículo 96
 artículo 195
 artículo 195
 artículo 96
 artículo 119
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 195
 artículo 72
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 1
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 192
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 181
 artículo 187
 artículo 187
 artículo 96
 artículo 193
 artículo 96
 artículo 96
in fine
 artículo 177
 artículo 96
 artículo 195
 artículo 196
 artículo 96
 artículo 179
 artículo 122
 artículo 177
 artículo 140
 artículo 89
 artículo 177
 artículo 35
 artículo 103
 artículo 177
 artículo 193
 artículo 90
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 64
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 85
 artículo 69
 artículo 181
 artículo 187
 artículo 91
 artículo 90
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 98
 artículo 96
 artículo 193
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 64
 artículo 69
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 193
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 183
 artículo 96
 artículo 122
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 183