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Timestamp: 2017-02-24 10:30:36+00:00

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El caso de la comunidad Lickanantay de Toconce, norte de Chile
Dra. Teodora ZAMUDIO El caso de la comunidad Lickanantay de Toconce, norte de Chile
Por Nancy Yañez Fuenzalida
Marco regulatorio derechos de aguas
Efectos de la sentencia en el derecho interno
Alcance del derecho de propiedad ancestral
Marco jurídico para el ejercicio de la libre determinación
Marco regulatorio derechos de aguas D.L. 1222 de 1982 Código de Aguas: Derecho Real de aprovechamiento – proceso de privatización del recurso hídrico.
Ley 19.253, Ley Indígena. Artículo 3 inciso 2 transitorio y artículo 64: Regularización derechos de aguas comunidades indígenas nortinas – reconocimiento legal de la propiedad ancestral indígena.
Con fecha 4 de octubre de 1995, la Consultora Purifica, inició un proceso de regularización de derechos de aprovechamiento de agua por un total de 100 litros por segundo, de carácter superficial y corriente, en favor de la Comunidad Indígena Atacameña de Toconce de la II Región de Antofagasta.
Este proceso de regularización se ejecuta por encargo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en el marco del Programa de Regularización de Derechos de Aguas que impulsa dicho organismo en coordinación con la Dirección General de Aguas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 inciso 2° transitorio y 64, ambos de la Ley Indígena.
El procedimiento utilizado es el establecido en el artículo 2 transitorio del Código de Aguas, que contempla un mecanismo de regularización de Derechos de Aguas.
Con fecha 1 de Diciembre la empresa Essan S.A. presentó oposición. La contienda judicial fue resuelta, en primera instancia, con fecha 8 de Julio del año 2002. La Sentencia de Primera Instancia concedió un derecho de aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes, de uso consuntivo, y de ejercicio permanente y continuo, en el río Toconce a favor de la comunidad indígena Atacameña de Toconce por un total de treinta litros por segundo, Además, se ordenó la constitución de una servidumbre de acueducto a favor de la Comunidad Indígena de Toconce para el traslado del agua desde la bocatoma Essan. Contra la sentencia definitiva de primera instancia se dedujeron recursos de apelación, tanto por parte de la Comunidad Atacameña de Toconce, como también por parte de la empresa Essan S.A. Los recursos fueron resueltos por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, con fecha 16 de Enero del 2003, a favor de la Comunidad Indígena de Toconce. El Tribunal de Alzada confirmó la sentencia recurrida en el sentido de regularizar el derecho de aprovechamiento de agua a favor de la comunidad, pero declarando al mismo tiempo que los derechos de aprovechamiento de agua que le deben ser regularizados en definitiva equivalen a 100 litros por segundo.
Dicha sentencia fue objeto de Recurso de Casación en el fondo y en la forma, el que fue interpuesto por Essan S.A. Con fecha 12 de Agosto del 2003, la Excelentísima Corte Suprema declaró inadmisible el Recurso de Casación en la Forma y para conocer del Recurso de Casación en el Fondo ordenó traer los autos en relación.
En lo dispositivo del fallo fue establecido que “es imposible calificar como ilegal el uso de las aguas sin autorización, esto es, sin títulos concesionales, si esa utilización deriva de practicas consuetudinarias.”
En la opinión de la Corte Suprema, el legislador se hizo cargo de esta realidad y, por tanto, “ha optado por reconocer esos derechos ancestrales en el caso de las comunidades indígenas, exigiendo sólo su regularización e inscripción, no para fines de constitución, sino para darles certeza en cuanto a su entidad, ubicación de los puntos de captación de las aguas y precisión de uso del recurso hídrico.”
Se concluye que la propiedad ancestral indígena sobre las aguas, derivadas de prácticas consuetudinarias, constituye dominio pleno. Argumentos jurídicos
El artículo 2° transitorio del Código de Aguas, que instaura el procedimiento de regularización, no tiene la finalidad de constituir derechos de aprovechamiento de aguas, sino únicamente de regularizarlos e inscribirlos. La comunidad de Toconce, demandante en autos, declara el fallo, es dueña ancestral de los derechos de agua cuestionados, vale decir, propietaria en virtud de texto expreso de ley porque así lo dispone el artículo 3° transitorio de la Ley Indigena
Se funda el razonamiento en la normas del artículo 7 del Decreto Ley 2.603 de 1979, que había reconocido expresamente el uso consuetudinario de las aguas como derecho, y que habían recibido amparo constitucional por aplicación del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.Sostienen los sentenciadores que el artículo 2° transitorio del Código de Aguas, actualmente vigente, debe ser interpretado a la luz de los principios que inspiraban la normativa antes citada.
Es un hecho no discutido que la regularización se fundamenta en la circunstancia de ser la comunidad Atacameña de Toconce propietaria ancestral de los derechos de aprovechamiento que reclama, en los términos del artículo 3° transitorio de la ley 19.253. Cabe resaltar que, conforme a lo expresado en el fallo, no obsta a la existencia de un derecho de propiedad ancestral la circunstancia de que la comunidad se haya visto privada de hacer uso del recurso como consecuencia del ejercicio de derechos por parte del concesionario que ostenta derechos inscritos; Quedó acreditado en juicio que desde tiempos inmemoriales los habitantes de Toconce han hecho uso ininterrumpido de las aguas del río Toconce para el consumo humano, animal y riego, siendo un hecho incuestionado que este derecho se ha ejercido con ánimo de dueño.
Constituye un hecho público y notorio que la comunidad de Toconce ocupa en forma ancestral el recurso hídrico proveniente del río Toconce y, consigna la sentencia, de ello dan cuenta la enorme cantidad de terrazas de cultivo existentes en la zona, los canales de riego con sus correspondientes bocatomas, así como el uso inveterado de dichas aguas en labores de agricultura, pastoreo y consumo humano.
El ejercicio de este derecho de propiedad ancestral ha sido efectuado sin violencia y clandestinidad e interrumpidamente de lo que da cuenta el hecho de que la empresa demandada ESSAN S.A. jamás formuló denuncia por usurpación de aguas en perjuicio de la comunidad Atacameña de Toconce.
Finalmente se constata que los derechos de ambas partes pueden coexistir, lo que se expresa en que la empresa demanda no utiliza todas las aguas que posee, siendo un hecho público y notorio que la demandada suministra sus excedentes de agua a CODELCO Norte. Se consigna, además, que el despoblamiento de la zona se debe al proceso de enturbamiento de las mismas aguas producto de la actividad minera, siendo establecido, asimismo, que ha sido la falta de agua lo que ha hecho disminuir las superficies cultivada de terrenos agrícolas al interior de la comunidad coadyuvando al proceso migratorio.
En base a los argumentos expuestos se concluye que la intención del legislador no es otra que simplemente regularizar el derecho de dominio que emana de las prácticas consuetudinarias, a través de su inscripción en el registro Conservatorio respectivo.
Se argumenta que el procedimiento de regularización instaurado por el artículo 2° transitorio del Código de Aguas permite regularizar y no constituir derechos, pues el derecho de propiedad existe y no está en discusión. Se requiere una simple normalización a través de una normativa de tipo procesal - no sustantiva - cuyo objeto específico es regularizar la forma de inscripción de un derecho de dominio pleno que no está inscrito pero sí reconocido legalmente. El cuerpo legal que reconoce el derecho de propiedad ancestral que reivindica la comunidad indígena de Toconce, sentencia la Excma. Corte Suprema, es precisamente el artículo 3° transitorio de la Ley Indígena, lo único que falta y que corresponde a la judicatura establecer es el contenido y características esenciales de este derecho de dominio.
El fallo que analizamos confirma la jurisprudencia sentada ampliamente por los jueces de primera instancia a propósito del programa de regularización de derechos de aguas de las comunidades atacameñas ejecutado por CONADI en la II Región y que ha permitido regularizar con la misma base argumentativa aproximadamente 70 derechos de agua a favor de las comunidades atacameñas, por un caudal de 2.278,8 litros por segundo, todos de naturaleza consuntiva, permanentes y continuos, los que representan el 85% de las aguas superficiales usadas por las comunidades indígenas de la Provincia de El Loa.
La consolidación de esta jurisprudencia favorece su utilización a favor de otro Pueblos Indígenas del Norte y, por aplicación del artículo 2 transitorio del Código de Aguas, a otros Pueblos Indígenas del país. La tendencia internacional
La tendencia en el derecho internacional y comparado es a reconocer el derecho de propiedad ancestral de los pueblos indígenas sobre sus recursos naturales, tanto en el derecho positivo como en la jurisprudencia.
El artículo 1 inciso 2 PDCP, reconoce el derecho a lalibre determinación y lo vincula al derecho sobre los recursos naturales “Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblos de sus propios medios de subsistencia.” La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derecho Humanos se ha pronunciado acerca del derecho de los Pueblos Indígenas sobre sus territorio y recursos naturales, fallo “Comunidad Awas Tingni Mayagna (Sumo) " vs. "La Republica de Nicaragua", donde sentencia a favor de la plena vigencia de la “Propiedad Ancestral Indígena“, otorgándole amparo a través de las normas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En esta jurisprudencia la Corte Interamericana estima que la “Propiedad Ancestral Indígena” debe ser reconocida como propiedad plena y sostiene que para estos efectos el derecho consuetudinario indígena tiene el mismo rango que las normas que rigen la constitución y/o regularización de la propiedad particular en el derecho común.
La jurisprudencia nacional reconoce el derecho indígena sobre las aguas derivado de las practicas consuetudinarias y, por tanto, liga el derecho de propiedad ancestral con el derecho consuetudinario o derecho propio.
En el derecho internacional la legislación positiva y la jurisprudencia han reconocido el derecho de propiedad ancestral sobre los recursos naturales, incluido el agua, y ligan la existencia y ejercicio del mismo a la libre determinación, es decir a la jurisdicción indígena sobre los recursos existentes en sus territorios.
Derecho limitado por los Derechos Humanos. En este marco normativo, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha reconocido que el derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales
Derecho a la autogestión conforme a los paradigmas que determine la propia estrategia de desarrollo de los Pueblos Indígenas y regulado conforme a las normas del derecho consuetudinario o derecho propio.
Instauración Mecanismos adecuados y equitativos para la resolución de conflictos.

References: Artículo 3
 artículo 64
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 19
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 1
 resolución