Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/43749
Timestamp: 2020-01-18 21:51:04+00:00

Document:
Gaceta: LXII/2PPO-18/43749
Propone homologar las garantías judiciales que ya gozan los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Magistrados federales con las que actualmente cuentan los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los Magistrados de las Salas Regionales de dicho Tribunal.
La reforma que se propone al artículo 99 de la Constitución establece que los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior, durarán en su encargo quince años improrrogables, y sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro. En lo que corresponde a los Magistrados Electorales que integren las salas regionales, la iniciativa establece que durarán en su encargo seis años, al término de los cuales, si fueran ratificados tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por la Cámara de Senadores, sólo podrán ser privados de su puesto en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.
La reforma al artículo 101, se realiza para incluir a los Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral, dentro de las incompatibilidades que deberán cumplir al igual que los otros funcionarios electorales señalados en el propio artículo. Y también los incluye dentro de las prohibiciones profesionales como exfuncionarios judiciales.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE JUSTICIA ELECTORAL
El suscrito, Senador Roberto Gil Zuarth, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia electoral con base en la siguiente:
Es en la búsqueda de una justicia electoral más garantista e imparcial que presento esta Iniciativa con Proyecto de Decreto. Para conseguir ambos objetivos, planteo modificaciones en los planos constitucional y legal.
En el ámbito de la imparcialidad propongo, primero, homologar las garantías judiciales que ya gozan los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Magistrados federales con las que actualmente cuentan los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los Magistrados de las Salas Regionales de dicho Tribunal. Esto les reconoce normativa y sustancialmente el piso de igualdad jerárquica que ejercen en ámbitos competenciales diferentes. Segundo, sugiero facultar a la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que realice trienalmente cambios de adscripción de los Magistrados de las Salas Regionales. Estas rotaciones les permitirán disfrutar de una mayor independencia y de un alejamiento de los distintos actores que podrían estar interesados en menoscabarla.
El segundo objetivo es brindar a la justicia electoral mejores condiciones para agilizar su funcionamiento y que pueda, así, adaptarse y satisfacer las exigencias que impone el nuevo paradigma constitucional de derechos humanos. Para lograr lo anterior propongo tres nuevas medidas: (1) garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos humanos vinculados con los derechos político electorales de los ciudadanos; (2) establecer mecanismos que permitan la actualización de la jurisprudencia electoral; y (3) facultar a la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que pueda tomar medidas para optimizar el funcionamiento de las Salas Regionales.
A continuación detallo mis propuestas.
1. Justicia electoral más imparcial.
La independencia judicial es un mandato previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal y en diversos instrumentos internacionales que exige del Estado garantizar la permanencia, estabilidad en el ejercicio del cargo, seguridad económica y la consagración de la carrera judicial de todos los jueces del país. Todo ello con la finalidad de que los jueces emitan sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la Ley, sin acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones de sus superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o, incluso, de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural. Es una garantía judicial indispensable para la mejor impartición de justicia, y se establece en beneficio de todos los usuarios del sistema jurisdiccional; y, en esa virtud, en pro de la consecución de un estado de derecho democrático.
La justicia electoral ha presentado importantes transformaciones en los últimos 25 años que la han hecho cada vez más institucional, independiente y confiable; no obstante, no se ha brindado a los jueces electorales las garantías judiciales necesarias para el óptimo ejercicio independiente de su función. Nuestra Constitución no les brinda garantías de permanencia en el ejercicio de su encargo, ni haberes por retiro. Los Magistrados de las Salas Regionales no tienen la posibilidad de prorrogar su encargo ni que éste se ratifique a efecto de continuar en el mismo, de manera permanente e ininterrumpida.
Así, la Constitución tiene como pendiente histórico fortalecer la justicia electoral y brindar garantías constitucionales de independencia de los jueces electorales. Por lo tanto, propongo reformar los artículos 99 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 187 y 192 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De la misma forma sugiero agregar un segundo y cuarto párrafos a la fracción V del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, por facilidad en la exposición, la justificación y la redacción sugeridas las señalo más abajo. El articulado propuesto es el siguiente:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos propuesta.
Artículo 99.- […]
Artículo 101.- Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los respectivos secretarios, y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia.
Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo quince años improrrogables, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución.
Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrados de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo seis años, al término de los cuales, si fueran ratificados tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por la Cámara de Senadores, sólo podrán ser privados de su puesto en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.
Artículo 101.- Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los respectivos secretarios, y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados de la Sala Superior y los de las Salas Regionales del Tribunal Electoral, no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia.
Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Magistrado de Circuito, Juez de Distrito o Consejero de la Judicatura Federal, así como Magistrado de Sala Superior o Magistrado de la Sala Regional, del Tribunal Electoral, no podrán dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente.
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación propuesta.
Artículo 187.- […]
Artículo 192.- […]
Los magistrados de las Salas Regionales durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores. La elección de los magistrados será escalonada.
En los casos de elecciones extraordinarias la Sala Regional con competencia territorial en donde hayan de celebrarse resolverá las impugnaciones que pudieren surgir durante las mismas
Art. 187.- […]
Los magistrados de Sala Superior durarán en su encargo quince años improrrogables, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título cuarto de esta Constitución, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro.
Los Magistrados de las Salas Regionales durarán en su encargo seis años, al término de los cuales, si fueran ratificados, sólo podrán ser privados de su puesto en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley, o por retiro forzoso al cumplir setenta y cinco años de edad.
Para la ratificación de los magistrados de las salas regionales a que se refiere el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto la Cámara de Senadores, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no deberán exigir más elementos de los que se toman en consideración para la ratificación de magistrados de circuito.
2. Justicia electoral más garantista.
Como señalé arriba, el segundo objetivo de esta Iniciativa es mejorar el arreglo normativo electoral a fin de que éste respete y garantice de una manera más efectiva el nuevo paradigma de protección de derechos humanos. Para lograrlo, planteo las siguientes tres modificaciones.
1. Garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos humanos vinculados con los derechos político-electorales de los ciudadanos.
La experiencia que ha arrojado la justica electoral ha dejado en evidencia que muchos aspectos del entramado procesal electoral funcionan bien; pero también ha revelado aspectos que, sobre todo ahora a la luz del nuevo paradigma de derechos humanos, lo tornan un tanto vulnerable.
En concreto, respecto a las demandas ciudadanas en las que se hacen valer violaciones de diversos derechos humanos que se vinculan con los derechos político-electorales, existe una ausencia de norma legal expresa que atribuya competencia directa a la Sala Superior o a las Salas Regionales. Esto ha motivado que, en la práctica, las diversas Salas Regionales del Tribunal Electoral remitan, bajo criterios disconformes entre sí, un porcentaje elevado de sus asuntos a la Sala Superior para efectos de “consulta de competencia”. La práctica aludida se explica en que, en vía de jurisprudencias, dicha Sala Superior ha interpretado que le asiste una especie de facultad residual que la autoriza a conocer de todos los casos en que no se ha dado competencia expresa a las Salas Regionales.
Lo anterior, además de causar un estado de incertidumbre jurídica por la pluralidad de criterios jurisprudenciales en los que ha derivado –los cuales provocan confusión en los operadores y usuarios de la norma electoral–, es una práctica judicial que merma el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos; porque hace a la justicia electoral más complicada y tardada, en total contravención a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además, la regla de la competencia residual ha llevado a que sea la Sala Superior quien, en la gran mayoría de ocasiones, resuelva tales litigios en únicay última instancia, puesto que se trata de un órgano de carácter terminal. Es importante resaltar lo anterior porque la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han reclamado el lugar –tanto necesario como conveniente–, según la materia, que debe tener en todo orden jurídico el derecho a la segunda instancia judicial. Ésta, además, acarrea beneficios que no son superfluos: amplía la oportunidad deliberativa y maximiza los derechos de audiencia, de debido proceso y de tutela judicial de los derechos humanos. Nada de lo anterior sucede cuando un asunto se procesa en una única y terminal instancia.
En materia de la protección judicial de derechos humanos que se vinculen con algún derecho político-electoral debe procurarse alcanzar dichos estándares de tutela. Lo cual puede lograrse si, para los casos en comento, se atribuye competencia a las Salas Regionales.
Si fueran las Salas Regionales quienes resolvieran esos asuntos, y existiera alguna interpretación constitucional y/o convencional en materia de derechos humanos, se permitiría la entrada a esa segunda discusión a través del Recurso de Reconsideración previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Así, se tendría un avance en la tutela judicial efectiva y, al mismo tiempo, se preservaría la potestad de la Sala Superior, como órgano terminal que es, de tener la última palabra en la discusión de constitucionalidad.
Este planteamiento encuentra fundamento adicional en el nuevo esquema de control de constitucionalidad y convencionalidad que corresponde a todos los órganos jurisdiccionales en términos del artículo 1 constitucional y la jurisprudencia tanto de la Corte Interamericana como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En conclusión, esta adición enfatiza que las Salas Regionales son a quienes, de ordinario, corresponde conocer de los juicios de protección de derechos político-electorales donde se haga valer violaciones a otros derechos humanos y en diferentes casos de aquellos sobre los que tiene competencia expresa la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Así, esta propuesta adiciona un inciso e) a la fracción IV del artículo 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en simetría, una fracción VI al artículo 83, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Federal. La redacción propuesta es la siguiente:
Artículo 195.- Cada una de las Salas Regionales, en el ámbito en el que ejerza su jurisdicción, tendrá competencia para:
IV. Conocer y resolver, en única instancia y en forma definitiva e inatacable, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que se promuevan por:
e) La violación de derechos humanos cuando estén vinculados con derechos político-electorales, con excepción de aquéllos casos que por disposición legal sean competencia expresa de la Sala Superior.
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Federal vigente.
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Federal propuesta.
VI. En los casos en que se aduzcan violaciones a otros derechos humanos vinculados con los derechos político-electorales de los ciudadanos, con excepción de aquéllos casos que por disposición legal sean competencia expresa de la Sala Superior.
2. Actualización o modificación de jurisprudencia electoral
El proceso de transición en la tutela de derechos humanos que estamos viviendo torna imprescindible que se prevea un mecanismo que permita modificar o, por lo menos, replantear la actualidad de la jurisprudencia que la Sala Superior del Tribunal Electoral emite. Esto para darle dinamismo y evitar que, por ser estática, lleve a tomar decisiones en la materia que, por razones de tiempo, pueden no resultar satisfactorias o actuales.
La jurisprudencia de la Sala Superior es obligatoria, sin embargo no es conveniente que sea estática. Ante tal posibilidad, surge la necesidad de permitir su modificación. Esta posibilidad no sólo propicia una mejor interpretación de los ordenamientos legales, sino también facilita fijar su sentido en concordancia con el progreso de la vida social. Esto cobra especial sentido en estos momentos en los que hay que amoldar la interpretación del orden jurídico al nuevo paradigma de derechos humanos que, como ya se mencionó, el artículo 1º de la Constitución obliga a promover, respetar, proteger y garantizar.
Es pertinente mencionar que, desde 1951, incluso la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene posibilidad de ser modificada a partir de solicitudes de órganos inferiores jerárquicos. Esta posibilidad, sin embargo, no ha tenido reflejo en la justicia electoral. La introducción de una figura análoga en el ámbito electoral permitirá realizar un cambio gradual en los criterios, que dicho sea de paso, ya han quedado algunos superados; y cuya aplicación, que es obligatoria, podría resultar violatoria de los derechos humanos.
Para tal efecto, se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La redacción propuesta es la siguiente:
Artículo 234.- La jurisprudencia del Tribunal Electoral se interrumpirá y dejará de tener carácter obligatorio, siempre y cuando haya un pronunciamiento en contrario por mayoría de cinco votos de los miembros de la Sala Superior. En la resolución respectiva se expresarán las razones en que se funde el cambio de criterio, el cual constituirá jurisprudencia cuando se den los supuestos previstos por las fracciones I y III del artículo 232 de esta ley.
Artículo 234.- La jurisprudencia del Tribunal Electoral se interrumpirá y dejará de tener carácter obligatorio, siempre y cuando haya un pronunciamiento en contrario por mayoría de cinco votos de los miembros de la Sala Superior. En la resolución respectiva se expresarán las razones en que se funde el cambio de criterio, el cual constituirá jurisprudencia cuando se den los supuestos previstos por las fracciones I y III del artículo 232 de esta ley
Los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral, las Salas Regionales y los magistrados que las integren, con motivo de un caso concreto, podrán pedir a la Sala Superior que modifique la jurisprudencia que tuviese establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación. La autoridad federal electoral deberá exponer su parecer dentro de los treinta días hábiles siguientes. Así, la Sala Superior resolverá si modifica o no la jurisprudencia, sin que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en las cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la jurisprudencia modificada. Esta resolución deberá publicarse y notificarse en los términos previstos por el artículo 232.
3. Medidas para el buen servicio de la justica electoral.
Por último, dada la forma en que se calendarizan los procesos electorales estatales a lo largo de la República, la forma en que se divide por la autoridad electoral en Circunscripciones (cambiantes) y la variedad en los índices de litigios, es frecuente encontrar que las Salas Regionales tienen cargas de trabajo que, por temporadas, varían mucho entre sí. Así mismo, se ha observado que, en ocasiones, ante la falta de normas expresas, no se han podido tomar medidas que podrían mejorar la marcha o eficientar el funcionamiento de los tribunales electorales.
Estas circunstancias revelan la conveniencia y necesidad de dotar expresamente a la Comisión de Administración del Tribunal Electoral de facultades para un mayor control operativo que optimice la justicia electoral, como lo es la posibilidad de que pueda tomar medidas, temporales o permanentes, para el mejor funcionamiento de la justicia electoral. Entre otras, se aprecia que entre éstas deban estar aquellas que permitan equilibrar, de momento a momento, las cargas de trabajo entre las Salas Regionales; por ejemplo, habilitándolas para fungir como Salas Auxiliares unas de otras cuando así se torne necesario.
Más que medidas simplemente operativas, se trata de herramientas instrumentales para la mejor protección y garantía judicial de los derechos; en tanto se permitiría generar condiciones para que la impartición de justicia pueda ser más pronta y expedita.
Para el mismo efecto, dentro de las medidas para el buen funcionamiento, la Comisión de Administración podrá también acordar los cambios de adscripción de los Magistrados integrantes de las Salas Regionales. Esta medida amerita su reconocimiento expreso en Ley, en tanto ya fue establecida en el Punto de Acuerdo Octavo del Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se propuso al Pleno del Senado de la República el nombramiento de Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; mismo que fue aprobado por el Pleno el veintiocho de febrero de dos mil trece dentro de la sesión iniciada el veintiséis anterior (como consta en el Diario de los Debates número 9, de 26 de febrero de 2013).
Esta propuesta se traduce en adicionar tres párrafos a la fracción V del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La redacción propuesta es la siguiente:
Artículo 209.- La Comisión de Administración tendrá las atribuciones siguientes:
V. Dictar las medidas que exijan el
buen servicio y la disciplina en el Tribunal Electoral;
buen servicio y la disciplina en el Tribunal Electoral.
Dichas medidas comprenderán aquellas que permitan garantizar una pronta y adecuada expedición de justicia, como son la emisión de acuerdos para equilibrar las cargas de trabajo entre las Salas Regionales del Tribunal Electoral, así como realizar los cambios de adscripciones de los Magistrados cada tres años y en forma aleatoria.
Para equilibrar las cargas de trabajo, la Comisión podrá desincorporar temporalmente de la Sala con sobrecarga laboral los asuntos pertenecientes a una entidad federativa en específico; y habilitar, de manera provisional y rotativa, en estricto orden numérico ascendente y comenzando con la Sala Regional de la primera circunscripción plurinominal, a otra Sala Regional para que los resuelva. De ser necesario desincorporar más de una entidad federativa de una Sala con sobrecarga de trabajo, los asuntos de dicha entidad se deberán asignar a la Sala Regional de la circunscripción plurinominal siguiente, y así sucesivamente. En caso de que la Sala que debiera ser la auxiliar tuviese, a su vez, objetivamente una sobrecarga de trabajo, se habilitará a la Sala numéricamente subsecuente.
Los cambios de adscripción se realizaran de forma aleatoria y trienal, para todos los Magistrados. El método de asignación aleatoria será decidido por la Comisión. Cualquier método que se utilice deberá ser público y guiarse bajo el principio de máxima publicidad.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE JUSTICIA ELECTORAL.
Artículo Primero. Se reforman los artículos 99 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:
PRIMERO.- Los magistrados de Salas Regionales que al entrar en vigor la presente reforma estén desempeñando dicho encargo, podrán ser ratificados, a la conclusión de éste, en términos de lo establecido en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO.- El presente Decreto deroga todas las normas del orden jurídico mexicano de igual rango o inferior que lo contravengan.
Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2013.

References: artículo 99
 artículo 101
 artículo 71
 artículo 17
 artículo 209

Artículo 99

Artículo 101
 artículo 98

Artículo 101

Artículo 187

Artículo 192
 artículo 99
 artículo 1
 artículo 195
 artículo 83

Artículo 195
 artículo 1
 artículo 234

Artículo 234
 resolución 
 artículo 232

Artículo 234
 resolución 
 artículo 232
 resolución 
 resolución 
 artículo 232
 artículo 209

Artículo 209
 artículo 99