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Timestamp: 2018-07-19 01:48:01+00:00

Document:
El derecho penal internacional y el tráfico de personas
Mailenys Barrios Pérez(CV)
mailenys@fch.suss.co.cu
Dianelys Venegas Jorge(CV)
dianelys@fch.suss.co.cu
El tráfico de personas es un fenómeno muy antiguo y complejo que abarca diversas disciplinas, no sólo la jurídica por la violación de las normas migratorias existentes, sino también la sociología, la economía, entre otras; por este diámetro tan respetable se buscan nuevas alternativas para frenar esta figura penal que están en correspondencia a las características que va tomando, pues su perfeccionamiento es constante, lo que demanda su estudio y análisis para enfrentarlo. Desde el Derecho Penal Internacional se han creado una serie de tratados los cuales procuran una tipificación uniforme del mismo internacionalmente y se han dictado determinadas pautas acerca de la protección jurídica de aquellos individuos que han sido víctimas del tráfico de personas. Se propone en este trabajo una reflexión acerca de esta figura penal y los textos internacionales más importante acerca del mismo.
Palabras claves: delito-tráfico de personas-Convención de Palermo del año 2000- Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire-protección de derechos.
Con la consolidación del modelo económico capitalista neoliberal, las dos guerras mundiales, el crecimiento sin precedentes de las diferencias entre norte y sur, primer y tercer mundo, la inestable y cambiante depresión de los países pobres, entre tantos otros conflictos, permiten afirmar que estamos siendo testigos de una época espinosa, que se ha definido, por algunos, como unipolar, la que al propio tiempo aporta frecuentes señales de que la ya desaparecida bipolaridad, en los comienzos de la segunda década del nuevo siglo, se está convirtiendo en una complicada y diversa multipolaridad.
Las minorías se han transformado en dueñas de las grandes riquezas del mundo y para la obtención de todo su poderío se han valido de la gran masa obrera que en muchas ocasiones son producto del tráfico de personas de un país a otro, tornándose este delito en una de las figuras más significativas y tipificadas dentro del Derecho Penal Internacional, el cual tiene inicios en la última parte del siglo XIX, surgiendo como creador y rector de normas penales que van más allá de las creadas para el Derecho interno de los países (1).
Este flagelo afecta a hombres, mujeres y niños que son trasladados de un lugar a otro en busca de mejores condiciones de vida. Persiguiendo este objetivo aceptan condiciones de trabajo forzado que reúnen disímiles modalidades, desde la prostitución, trabajos en fábricas y talleres, en un medio de explotación, servidumbre doméstica, trabajos excesivos en la agricultura o en la construcción, y por su puesto estas “labores” constituyen formas modernas de esclavitud y son una violación cara a cara de los Derechos Humanos.
La emigración ilegal por sus características se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, unido al tráfico de drogas y de armas.
Para los comerciantes, el hombre (entendido como género) es apenas un producto más, una mercancía lucrativa, que según datos del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, rinde a las mafias inmensas sumas de dinero estimables entre US $ 5 a 7 mil millones (2), superando el negocio de las drogas y armamentos. Es para estas “empresas” una actividad segura, pues las inversiones son bajas y, en último caso, abandonan las personas a su propia suerte.
Si bien cada día se amanece con nuevos adelantos en la ciencia que facilitan la vida de forma extraordinaria, también se busca diariamente cómo perfeccionar estos delitos que tanto laceran la sociedad y que vulneran el sistema de normas creadas por el Estado. El Ex Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan ha dicho que “los mismos medios tecnológicos que fundamentan la mundialización y la expansión transnacional de la sociedad civil, también proporcionan la infraestructura para ampliar las redes mundiales de la sociedad incivil, vale decir, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, el de personas, el lavado de dinero y el terrorismo” (3).
1. El delito de tráfico de personas. Orígenes y legislación
El tráfico de personas como fenómeno se ha convertido en un verdadero desafío para los Estados, y no puede verse como “algo” contemporáneo, sino que su génesis se ubica desde los comienzos de la esclavitud como formación económica-social, pues el tráfico de seres humanos comenzó con los esclavos, que constituyeron los primeros objetos de este actuar convirtiéndose en una mercancía de excelente demanda por su valiosa mano de obra, que impulsó el desarrollo y revirtió cuantiosas ganancias; entendiéndolo como “normal y totalmente lícito”. Ya en la Edad Media se perfecciona y con la era de los descubrimientos este negocio se fue afinando, fundándose desde ese momento en adelante en la discriminación por motivos raciales o de origen étnico, produciendo sangrientas persecuciones y un crecimiento acelerado de las sociedades esclavistas, que tenían por mercancías a negros, indios, americanos, chinos, etc. (4) llegando hasta nuestros días con total y absoluta actualidad, moldeado a los códigos que el nuevo milenio impone.
Sí, alcanza la modernidad, como una terrible consecuencia, el mundo ha logrado un progreso increíble en algunas aristas como el desarrollo tecnológico e industrial y sin embargo ha experimentando un retroceso en las relaciones sociales, pues cada día se hacen más palpables las diferencias existentes entre los hombres que van más allá de sumas de dinero, sino que hablamos de diferencias marcadas por el hambre, terribles enfermedades que en otros contextos pueden ser erradicadas o debidamente tratadas, el analfabetismo que posibilita el desconocimiento de un mundo “exterior” y su dialéctica, este tráfico afecta a los sectores más marginados de la sociedad o a los que carecen de medios para defenderse o no pueden lograr una verdadera efectividad de estos, entre ellos las mujeres y niños.
Todos los años según informes ofrecidos por las Naciones Unidas son víctimas del tráfico de un país a otro entre 800 000 y 900 000 personas (5), una inmensa y verdadera causa para combatir.
La Comunidad Internacional no se ha sentido ajena a todo esto y ha buscado vías para tratar de contrarrestar esta situación y cómo se trata de violaciones muy graves de los derechos individuales de las personas, ha tenido que acudir al Derecho Penal Internacional.
En el siglo XIX se crearon normas para tratar de sosegar este delito adoptando la forma de tratados, convenciones y declaraciones, las cuales no tuvieron mucho efecto pues aún estaban muy latentes los rasgos de un sistema que dejó profundas huellas en la humanidad. Ya el en siglo XX se adopta, la “Convención sobre la esclavitud, de la Sociedad de Naciones” en 1926, aprobada y asumida en 1953 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los Estados signatarios se comprometían a prevenir y reprimir la trata de esclavos y a procurar la supresión de la esclavitud en todas sus formas.
Posteriormente se aprueba la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, del 10 de diciembre de 1948. En 1956, en una conferencia de ONU se aprueba la “Convención Suplementaria para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena” (6), asegurando otros acuerdos internacionales que databan de 1904 en el que los Estados parte se comprometían a: prevenir la prostitución, rehabilitar a las prostitutas, reprimir a la trata de personas de ambos sexos con fines de prostitución y a suprimir las leyes, reglamentos, registros especiales y otras disposiciones impuestas a las personas que practican, o presuntamente practican, la prostitución, además se ampliaba la definición de esclavitud contenida en la Convención de 1926 para incluir la servidumbre por deudas, formas serviles de matrimonio y la explotación de niños y adolescentes, conductas estas prohibidas al igual que en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer.
Entre otros cuerpos legales que abordan el tema se pueden mencionar: la “Convención sobre el Estatuto de los Refugiados”, de 1951 y su Protocolode 1967; además la “Convención sobre los Derechos del Niño” de 20 de noviembre de 1989 y el Protocolo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, entre otros” (7).
También la “Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares” adoptada el 18 de diciembre de 1990 por la Asamblea General, mediante Resolución 45/1585, constituye uno de los instrumentos fundamentales para proteger los derechos de los migrantes y sus familias, sin embargo, la gran mayoría de los países desarrollados receptores no la han ratificado.
En el 2000 se dio un paso de avance al aprobarse en Palermo, Italia, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo complementario contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire, que en su artículo tres define el tráfico de personas.
1.1. Las migraciones y el tráfico de personas
Uno de los grandes retos a enfrentar por la humanidad en este nuevo siglo es el problema migratorio, que cada día se torna más peligroso y requiere de los Estados interés para enfrentarlo. Las migraciones pueden clasificarse por motivos de espacio: internas dentro del país y las externas fuera del mismo, por el tiempo: temporales y perpetuas, de acuerdo a la finalidad: de trabajo para mejorar las condiciones de vida y por razones de estudio y de turismo.
Migrar supone una doble acción, por un lado dejar atrás un lugar (inmigrar, de aquí nacen definiciones como migrante, emigrante, inmigrante) y por otro el de llegar al de destino (migrado, emigrante, inmigrado) por lo que existe diversidad de definiciones acerca de los conceptos que giran alrededor de las migraciones y como sostienen muchos expertos y estudiosos del tema la definición de la emigración ha sido objeto de largas disertaciones, pues cada uno sostiene la suya como la más indicada, por lo que hay una gran diversidad de ellas (8).
Esto tiene una repercusión negativa sobre las legislaciones positivas de los Estados, las confusiones terminológicas pueden dificultar tareas administrativas y estadísticas. Después de la variedad de términos se les suma la heterogeneidad de personas que intervienen en el tráfico en los diferentes tramos, tales como: familiares, amigos, vecinos, comerciantes, autoridades, facilitadores, prestamistas, entre otros que aportan para que ocurra el cruce, en su mayoría con finalidad de lucro, esto es cuando son acciones que se ejecutan individualmente por el traficado, no así cuando se ponen en manos de las redes creadas al efecto, que es la opción más seguida y aceptada y que posibilita el crecimiento acelerado del delito de tráfico de personas. Al respecto Gurak (9) señala el papel que tienen estas organizaciones para llevar a cabo el proceso, desde la facilitación de documentación falsa hasta la recepción en el lugar de destino, incluyendo ocupación laboral en condiciones deplorables, pero por las circunstancias en las que se encuentran las víctimas son inmediatamente aceptadas, ante el desconocimiento del lugar nuevo y el sentimiento de inseguridad; en muchos casos relacionados con la explotación sexual, sin declinar en el tema de la trata, que veremos más adelante. Por su parte Lomnitz (10) serefiere al intercambio que se produce de información a través de las redes, así como de entrenamiento, préstamo de dinero o alimentos, viviendas y servicios, cuestiones estas que hacen que favorecido por las severas legislaciones migratorias existentes las personas opten por el servicio de las redes, mientras más restrictiva se vuelve la migración legal más se buscan las opciones ilegales que perfeccionan constantemente su modus operandi.
Las autoridades las consideran (incluyendo las de las Organizaciones No Gubernamentales) como redes delictivas, sin embargo para los inmigrantes son tenidas como imprescindibles y se comprometen a ser “leales” a las mismas (bajo ninguna circunstancia delatarlas) tanto por la necesidad que sienten de su existencia, como por el temor a las represalias. Estas redes en su mayoría son de carácter transnacional para lograr una mayor efectividad con personas en los diferentes lugares que apoyan las acciones.
2. El Derecho Penal Internacional y el tráfico de personas
Desde la perspectiva del Derecho penal se ha pretendido analizar todo este fenómeno del tráfico internacional ilegal de personas, muchos especialistas en esta materia lo han circunscrito dentro de los delitos trasnacionales, actualmente se recoge como tal en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 y en el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que la complementa. ¿Por qué se incluye dentro de esta clasificación de delitos y no en otra?
Dentro delDerecho Penal Internacional actual se encuentran clasificaciones de delitos como los Delitos contra el Derecho Internacional, que son aquellos que atacan bienes y tratados internacionales. Llevan consigo la carga de los Estados por el acto delictivo cometido, aún cuando fuera cometido por un ciudadano sin responsabilidad estatal, por tanto, repercuten sobre la responsabilidad de los Estados.
En criterio del Dr. Miguel A. D´ Estéfano Pisani son aquellos que los Estados establecen en cumplimiento del deber jurídico internacional, pero que sólo pueden ser reprimidos si se dictan las oportunas normas penales. Se parte del hecho de que, independientemente de los preceptos contenidos en las legislaciones nacionales de los Estados, se producen acuerdos internacionales para la persecución de determinados delitos (11).Igor Kárpets quien define a este grupo como los hechos delictivos previstos en acuerdos (convenciones) internacionales y no clasificados como crímenes contra la humanidad, pero que atentan contra las relaciones normales entre Estados considera que perjudican la cooperación internacional en diversas áreas de las relaciones (económicas, socioculturales, de propiedad, etc.) y también a organizaciones y ciudadanos, sancionable bien según normas establecidas en acuerdos (convenciones) internacionales, ratificados en la forma correspondiente, bien partiendo de normas de legislación penal nacional o a tenor de estos acuerdos (12).
Otro grupo son los llamados Delitos Internacionales, entendiéndose como aquellos que son definidos por organismos internacionales por su repercusión, ejemplo: delito de lesa humanidad (Corte Penal Internacional), tienen su génesis más fuerte y concreta en los juicios de Nuremberg y Tokio (13). Afectan bienes jurídicos de la Comunidad Internacional, como la integridad y la paz, en estos casos se exige una responsabilidad directamente basada en el Derecho Internacional.
Enrique Neira Fernándezlos conceptualiza como aquellos que son definidos como tales por el Derecho Internacional Público, sobre estos delitos existe jurisdicción universal, es decir, los presuntos responsables de la comisión de dichos delitos pueden ser juzgados con independencia de su nacionalidad y del lugar en el que cometió el hecho, en cualquiera de los Estados que forman parte de la Comunidad Internacional. Correspondiendo con este criterio para el Dr. Miguel A. D´Estéfano Pisani los delitos internacionales son aquellos que pueden ser perseguidos directamente en virtud del Derecho Internacional Público, aunque la ley nacional no los contemple, el Derecho Internacional Público se aplica ex proprio vigore sobre ellos (14). Igor Kárpetspor su parte los considera como aquellos actos que constituyen un elevado peligro para la existencia de las relaciones pacíficas, cooperaciones entre los Estados y sus intereses, cualesquiera que sea su estructura sociopolítica (15). Esta última posición es un poco más abarcadora.
Un tercer grupo encierra los Delitos Transnacionales, que son las acciones u omisiones socialmente peligrosas que tienen una esfera de influencia marcada fuera del ámbito nacional, que aunque sean reprensibles por el Derecho interno, necesitan de la colaboración internacional para su más efectiva persecución, estén o no en convenios o tratados internacionales.
En palabras de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 en su artículo 3.2 el delito será de carácter transnacional si:
Un ejemplo de estos delitos es el tráfico de personas, son los entendidos como los que se cometen en el territorio de dos o más Estados, y se definen por el Derecho interno de cada país y no por el Derecho internacional y serán juzgados de acuerdo a la nacionalidad de los delincuentes y por el lugar donde se cometió el hecho delictivo. Estos delitos no deben ser confundidos con los delitos internacionales.
Igor Kárpets enmarca este delito dentro del grupo de los que se caracterizan por atentar contra el individuo, los bienes personales (privados) y estatales y los valores morales (ejemplo: comercio con las personas y la piratería) (16).
Dentro de los delitos transnacionales encuentra cabida el tráfico de personas, fundamentando este criterio en la propia definición que del mismo se ha adoptado internacionalmente: como“tráfico ilícito de migrantes”se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material (17).
A partir de la definición se pueden extraer dos elementos estructurales de esta figura penal: el paso ilegal de una frontera a otra y el ánimo de lucro de los traficantes, del primero se desprende una característica de los delitos transnacionales: son delitos tipificados por la norma interna pero su elaboración es internacional, por el hecho de tenerse como terminado y para muchos autores como consumado por la entrada precisamente a otro país violando cualquier tipo de norma legal establecida al respecto, que van desde el encubrimiento de personas por lugares de acceso para lograr el cruce hasta la falsificación de documentos, última opción esta que brinda más protección a la vida del traficado pues se hace por las vías normales, sean estas marítimas, aéreas o terrestres. Por tanto se enmarca el tráfico de personas dentro del denominado grupo de “transnacionales” y para autores como Pino Arlacchi “el tráfico de seres humanos es el mercado criminal más floreciente del mundo. Y sin que nos quede dudas, los niños junto a las mujeres, son la mercadería por excelencia en esta lucrativa industria” (18).
Algunas de las características que actualmente presentan los delitos transnacionales según el criterio de Shona Morrison son: la expansión del número de organizaciones involucradas en el crimen internacional, el incremento de similitudes entre las organizaciones criminales transnacionales y las corporaciones legítimas de organizaciones criminales que cometen estos delitos, que no pueden enmarcarse dentro de la uniformidad, pues cambian de acuerdo a las actividades que realizan (19).
El delito transnacional va hacia donde está el dinero y que las actividades que lo produzcan estén protegidas. En el mundo de hoy las oportunidades de ganancias y protección se encuentran en un ambiente transnacional mundial y para ello la criminalidad organizada requiere del poder político para asegurar la impunidad de sus servidores y para aumentar su capacidad de influencia en la sociedad, a raíz de esto muchos países han visto comprometidos en los últimos años su propio poder político (20).
El papel del crimen transnacional en el tráfico de personas va cada día en aumento, estas redes se caracterizan por ser internacionales y perfeccionadas, implicando a países de tránsito, origen y destino. La Comunidad Internacional ha tenido entonces que tomar en sus manos este asunto para poder estudiarlo a fondo, pues se requiere la colaboración de no solamente los Estados implicados en un caso determinado, sino de la mayoría, pues todos de una manera u otra pueden verse rodeados de estas situaciones migratorias ilícitas, además ningún país puede por sí solo enfrentar este fenómeno y sentirse estable y seguro, sin embargo puede comprobarse como muchos Estados partes de diversos instrumentos internacionales relativos a este tema no han elaborado y ejecutado políticas que permitan prever y enfrentar este delito.
Parte de su actuación está en la definición del tráfico de personas como un delito (ya visto anteriormente), para el cual se ha adoptado el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional del año 2000.
La Profesora Titular de la Universidad de La Rioja, en España,Ana Isabel Pérez Cepeda, asume el tráfico de personas como un fenómeno internacional, indicando como todo tipo de actividad delictiva que consiste en transferir de forma aparentemente legal o totalmente ilegal, una persona de un lugar a otro, comprende dos situaciones: por un lado el tráfico o trata de seres humanos (trafficking in human being) que se realiza con el fin de la explotación y por el otro el favorecimiento de la inmigración clandestina (smuggling of migrantes, literalmente significa contrabando de migrantes) continúa expresando de esta polémica: “Lo cierto es que, aunque la inmigración ilegal puede también contener aspectos de la trata, tiene un alcance más amplio y se relaciona más con la entrada y residencia ilegales de las personas. Los inmigrantes ilegales en un sentido más amplio no son, por lo tanto, necesariamente víctimas de tratantes” (21).
Se debe dejar fuerala posibilidad del propósito de la explotación como un elemento constitutivo de la figura delictiva, y que sí tiene cabida en la trata, aunque conviene destacar que son conceptos que se utilizan indistintamente en diversos textos internacionales lamentablemente. Las autoras se acogen a una definición que perfile este delito como la facilitación de entrada ilegal de una persona a un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio u otro beneficio de orden material, coincidiendo con el Dr. Ramón de la Cruz Ochoa que establece que para que tenga lugar el tráfico de personas deben tener presencia esencial dos elementos: el cruce ilegal de fronteras y el ánimo de lucro de los traficantes(22).
Componentes como el reclutamiento, transporte, transferencia, encubrimiento o recepción de personas, por medio de amenazas, el uso de la fuerza u otra forma de coacción, de secuestro, de fraude, de engaño, de abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad no serán tenidos como elementos de tipicidad del tráfico de personas y sí para otros conceptos analizados más adelante.
Cabe señalar que este tipo delictivo puede ejecutarse por una, pero casi siempre ocurre entre dos o más personas, porque en primer lugar se necesita de quienes recluten a los futuros emigrantes ilegales, los que pacten las reglas, los precios, los que participan directamente en la ejecución y los que estén del otro lado de la frontera o los que garanticen la entrada, ya sea físicamente o por la emisión o aceptación de documentos falsos. Lo cierto es que no es una tarea de una o dos personas, sino de varias que en la mayoría de los casos se encuentran organizadas en grupos criminales de objetivos específicos.
Al referirse al crimen organizado hay que tener bien presente que se hace alusión a estructuras organizadas de forma jerárquica, para Ferrajoli (23) se trata de una criminalidad global o globalizada considerando que estamos ante ella cuando por actos realizados o por los sujetos implicados, no se desarrolla solamente en un único país o territorio estatal, sino que, como las actividades económicas de las grandes corporaciones multinacionales a nivel transnacional, se desarrollan a nivel global.
Otra de las definiciones más usadas es la establecida por las Naciones Unidas en cuanto a la delincuencia transnacional, vinculándola a aquellas infracciones cuyo inicio, consumación o efectos directos abarcan a más de un Estado, o también cuando se comete en un Estado pero involucra a organizaciones criminales que realizan actividades en más de un Estado o se comete en un Estado pero tiene efectos sustanciales en más de un Estado (24).
2.1 La emigración irregular, la trata, el contrabando de migrantes, la salida y la entrada ilegal, y el tráfico de personas. Semejanzas y diferencias.
El tráfico de personas está regulado por diversas normativas y no en todas aparece conceptualizado uniformemente, lo que impide vaguedad en su definición y en muchos casos esto atenta contra su prevención y detención, haciéndose entonces necesario establecer diferencias y semejanzas entre estos términos que se enlazan y mezclan con el tráfico de personas y que tienen elementos muy comunes y constituyen figuras que se tipifican con el concurso de otros elementos.
Serán examinadas figuras como: la emigración irregular, la trata, el contrabando y la salida y la entrada ilegal, comparándolas con el tráfico de personas a través de las semejanzas y el diapasón de diferencias que permiten establecerlas como tipos penales independientes.
Estas figuras; en primer lugar son el resultado un mundo globalizado que se identifica por la pobreza, el desempleo, el analfabetismo, la inaccesibilidad a los servicios de salud y de educación elementales, lo que impulsa gran cantidad de seres humanos a correr inmensos riesgos en busca de nuevasalternativas para subsistir, en muchas ocasiones emprenden el camino solos y en otras involucran a toda la familia en esta peligrosa aventura, por lo que no se puede hacer otra aproximaciónque no sea poniendo a las personas en el centrode nuestro análisis y reflexión, debemos de considerar a estaspersonas y sus circunstancias como protagonistas, sea cual sea su origen,su realidad o el momento de su vida.
Otro rasgo que las identifican es el carácter de ilegales, pues son contrarias a las normas migratorias y aduanales, además violan la soberanía estatal y toda una amplia gama de derechos humanos, llevando a las personas sometidas a estas conductas al status de víctimas.
Para diferenciarlas existen características que a cada una las identifican:
Con respecto a la emigración irregular debe comenzarse definiendo conceptos básicos como: Migración: término que designa los cambios de residencia más o menos permanentes, por lo común debido a factores económicos, laborales, sociológicos o políticos, distinguiéndose la emigración de la inmigración.
La emigración mira el fenómeno desde el país que abandona el emigrante para establecerse en otro diferente, y la inmigración lo contempla desde la perspectiva del país de acogida. Ampliando el concepto de la emigración puede entenderse como el desplazamiento de un grupo de personas o de un individuo de un país a otro, ya sea de forma temporal o permanente, legal o ilegal (26).
En el caso de la emigración irregular o ilegal Eduard Sagarra define que sus autores (necesariamente extranjeros), no son delincuentes ni se les sigue ninguna causa penal, sino que son simplemente personas que, buscando un lugar donde vivir, no han cumplido con las normas administrativas del Estado de acogida o residencia. Un extranjero puede ser irregular pero no es, “per se”, ilegal. “Nadie es ilegal, pero todos podemos cometer ilegalidades. Un extranjero puede ser irregular pero no es ilegal, ya que las personas no son ilegales, en todo caso cometen acciones ilegales” (27).
Acerca de los emigrantes irregulares Sabater expresa: “llegan aquí con los medios de transporte habituales –avión, autobús, tren, etc. – de la misma manera que podríamos viajar cualquiera de nosotros. A pesar de que los medios de comunicación suelen destacar, hasta la saciedad, y porque por desgracia siempre se vincula con la muerte, que la inmigración llega a nuestro país (España) en pateras (28), éste es evidentemente un medio muy minoritario, y nuestra experiencia así lo demuestra. Podemos afirmar que la mayoría de inmigrantes entran a nuestro país por puertos, aeropuertos, carreteras y vías férreas” (29).
Dadas las dificultades en que viven muchos de ellos (sin derechos, desorientados, sin documentos, sin las necesidades básicas cubiertas y, evidentemente escondidos) (30), no es fácil lograr preguntarles a cerca de su nombre y filiación, porque en muchas ocasiones lo único que queda es precisamente eso, cuidar y preservar su identidad.
Otro elemento a precisar con respecto a las migraciones es que no es algo que ocurra exclusivamente en los países del sur hacia los del norte, sino que ocurre en diversas regiones del mundo, incluso entre países del sur, en criterio de Joaquín Sabater sólo llegan al norte los que cuentan con un mínimo de recursos para hacerlo (31) y quienes viven el proceso migratorio en buena parte de los casos encuentran condiciones difíciles que no corresponden en ningún caso a sus expectativas.
La trata de personas: una de las más confundidas (para no ser absolutos) y relacionadas con el tráfico. Por “trata” (32) se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
Esta explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
En los análisis de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo se abordó el tema de una política común en materia de inmigración ilegal, reconociendo una distinción entre trata y tráfico, de modo que el “tráfico va unido a la ayuda para el cruce de fronteras y la entrada ilegal, y por lo tanto siempre tiene un elemento transnacional y en el caso de la trata no se requiere de este elemento, siendo lo fundamental el propósito de explotación, lo que ha sido recogido en los protocolos acompañados a la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” (33), además, la trata no necesariamente tiene que estar vinculada al cruce de fronteras, sino que puede tener lugar en territorio del propio Estado de donde la víctima es nacional.
También en la Resolución del Parlamento Europeo, del 18 de enero de 1996, se define la trata de seres humanos como “el acto ilegal de quien directa o indirectamente favorece la entrada o permanencia de un ciudadano proveniente de un tercer país con fines de explotación, utilizando engaño o cualquier otra forma de constreñimiento o abuso de una situación de vulnerabilidad o incertidumbre administrativa”, se aprecia entonces que se sitúa la protección de la dignidad humana en el centro de la atención, y que se describe por el engaño y el abuso, aunque se incluye un nuevo elemento: un tercer país, esto supone un país emisor, un país intermedio y un país de destino, aspecto este que no es tenido en cuenta en el Protocolo.
Es entonces medular en la trata la explotación de la persona, sin tener en consideración por qué vías ha llegado al lugar donde será explotada, sin distinción de legalidad e ilegalidad, en el tráfico existe riesgo para la vida durante el traslado, por su parte en la trata existe un daño físico y psicológico prolongado. Otra diferencia es que el tráfico tiene lugar bajo la voluntad del traficado, quien paga por los servicios, la persona es consciente, mientras que en la trata el contacto se da empleando engaños, abusos, coacción, el consentimiento está viciado, no teniendo en cuenta la voluntad del tratante.
A manera de conclusión, el tráfico de personas es objeto de políticas migratorias y de inmigración clandestina, no así la trata que es una violación de derechos del hombre, aunque la víctima del tráfico camina por el borde de la navaja porque puede llegar a convertirse en víctima de la trata una vez que ha llegado al país de destino sin más riqueza que su propia persona, la cual queda expuesta a condiciones de supervivencia que desconoce.
En muchas ocasiones se escucha a través de los medios de comunicación el uso de tráfico y contrabando de migrantes como sinónimos, al igual que en informes de gobiernos y organizaciones no gubernamentales, lo real es que no tiene el mismo significado. Conceptualmente contrabando significa: Comercio o producción de géneros prohibidos por las leyes a los particulares, introducción o exportación de géneros sin pagar los derechos de aduana a que están sometidos legalmente, mercaderías o géneros prohibidos o introducidos fraudulentamente.
Existen puntos de conexión: tanto el tráfico de personas como el contrabando son situaciones que están relacionadas estrechamente con la emigración irregular, la cual se agrava con la ocurrencia de cualquiera de estas figuras delictivas, ambas giran en el caso de esta investigación en torno a la persona como piedra angular y se relacionan con el paso ilegal por las fronteras, violando la soberanía estatal.
El autor Igor Kárpets, afirma lo anterior expresando que el contrabando puede estar caracterizado por el robo (34), en este caso debe considerarse referido fundamentalmente a bienes (de cualquier tipo y considerable valor) y no necesariamente para el caso concreto de las personas, haciendo la salvedad de que sí puede estar presente, tomando angustiosamente como ilustración de esta afirmación los niños que son reportados por sus familias y que después se comprueba que fueron robados y llevados para otro país con el objetivo venderlos a personas dispuestas a adoptarlos, dando lugar al tráfico de personas con origen en el robo.
Federico Mayor Zaragozaconsidera el contrabando de personas (smuggling of migrants) como un negocio que se ha generado con el traslado ilegal de inmigrantes. Ello obliga a realizar una caracterización general del tráfico ilegal de personas, desde la perspectiva sociológica, criminológica y legal, especialmente en el ámbito internacional pues se está en presencia de dos realidades distintas, que merecen una valoración y un tratamiento jurídico-penal diferenciado: una cosa es la trata y el tráfico de personas (traffic-king in persons), verdadera forma de esclavitud que debe ser erradicada, y otra bien distinta la inmigración clandestina o contrabando de personas (smuggling of migrants), es decir, el negocio que se ha generado con el traslado ilegal de inmigrante (35). En su criterio el contrabando se relaciona indisolublemente con el aspecto mercantil.
Estableciendo un esquema imaginario del tráfico se incluye el contrabando como la etapa del contrato, la concertación de precios, formas y condiciones de pago por las cuales una persona se somete por interés propio a ser objeto del tráfico. El contrabando es la industria millonaria que hay alrededor del paso de las personas a través de las fronteras.
Otro término llevado y traído por la doctrina y los instrumentos internacionales es el de salida y entrada ilegal. Para comenzar este breve análisis debe aclararse que existe una doble situación: por una parte la salida ilegal del país, significa esto abandonar un país violando los trámites migratorios establecidos para este fin y por la otra la introducción en un país de forma ilícita, igualmente eludiendo cualquier norma.
Con respecto a la relación con el tráfico de personas, el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire incluye en la definición de tráfico de personas que se ofrece, que: se entenderá como la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material; y posteriormente se especifica en el propio artículo 3 inciso b) que por “entrada ilegal” se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor.
La salida y la entrada ilegal es el paso de un país a otro violando cualquier norma creada al efecto, sin que medie el ánimo de lucro, si este se hace presente entonces estamos frente a un elemento importante de tipicidad en la figura del tráfico de personas (36), además lo separa del tráfico el empleo de redes criminales.
La simple acción de posibilitar la entrada ilegal en un país no se considera tráfico, pero si se involucran la fuerza, el fraude o la coerción, ya estaría relacionado con la trata de personas.
3. Breve referencia a la protección de los derechos
Haciendo una valoración acerca de la protección de derechos debe considerarse no como un engranaje material y frío de normas destinadas a hacer cumplir derechos, sino como un sistema integral (entendiéndolo en un sentido amplio) destinado a ofrecer garantías al individuo que se encuentra frente a la ley en determinada situación legal, la que no necesariamente tiene que ser la de víctima, sino la de delincuente también, ya que para ambas partes debe existir un mínimo establecido de protección, pues el delito, más que la violación a una regla general de conducta, es una violación o ataque de una persona a otra. No interesa el derecho abstractamente violado sino el hecho concreto de que una persona fue lesionada por las acciones ilícitas de otra (37), por lo que no puede desestimarse la presencia de dos tipos de sujetos en esta relación que se ha establecido, que aunque se enfrentan son capaces de exigir derechos y garantías.
Actualmente se perfecciona el tráfico de personas, muchas veces envuelto en las ansias desmedidas de obtener dinero se buscan nuevas alternativas para la comisión este delito y por su puesto hacen que se perfile y se esconda, impidiendo en buena parte de las ocasiones su denuncia, sin embargo en los casos detectados, el Estado debe hacer un correcto enfrentamiento de este delito, pero sin olvidar determinados límites.
Cabe entonces preguntarse: ¿qué se protege? La protección debe estar orientada al menos a cubrir las necesidades jurídicas mínimas de las personas involucradas, estableciendo un freno al poder punitivo del Estado e impidiendo arbitrariedades o confusiones que amenacen a la persona en su relación con el Estado.
Sin ignorar la existencia de otros elementos tan importantes las leyes, a pesar de ser un instrumento para erradicar la actividad delictiva, deben contener aspectos básicos como: asegurar jurídicamente el principio supremo de igualdad ante la ley, en los casos de naturaleza penal sustituir el binomio impunidad-arbitrariedad por el binomio severidad-justicia, incorporación explícita de los principios constitucionales relativos a la seguridad de la persona, así como los principios básicos del Derecho, lo que supone que al afrontar esta situación es necesario librarse de eufemismos y preconceptos, colocando como principio superior respetar la integridad física y moral de la persona (38).
La formulación de políticas, o lo que es peor, de propuestas legislativas en función de las deficiencias, de las omisiones, de las violaciones, en definitiva, del no ser, en lugar de lo que debería ser, ha tenido y tiene consecuencias negativas gravísimas sobre la cultura de los derechos y sobre la propia democracia (mutatis mutandi algo bastante similar puede decirse de las leyes y políticas que sólo se refieren a los excesos intolerables).
Relativizar también normativamente una violación de los derechos consagrados en una norma jurídica de rango superior (por ejemplo, los textos internacionales o las propias normas nacionales, o la Constitución) implica objetivamente renunciar al Derecho como un instrumento eficaz que señale el camino para reducir y eliminar injusticias flagrantes y desigualdades intolerables.
Relacionando esta protección con la gama de derechos humanos debemos aclarar que quien se somete críticamente al mundo de la producción intelectual sobre ellos le llamará probablemente la atención su enorme dimensión cuantitativa, lo que pudiera explicarse por el aumento permanente de las violaciones a los derechos de los individuos por parte de los Estados. Nacidos como respuesta política, contingente y concreta a un acontecimiento monstruoso como el Holocausto, su desarrollo teórico estuvo marcado por un extraordinario consenso universal basado en el repudio internacional a la aniquilación masiva del hombre.
No existen dudas acerca de que la concepción de los derechos humanos como derechos inherentes a la persona humana ha contribuido decisivamente a una visión idolátrica e histórica de derechos que, en forma evidente, resultan históricos y contingentes y de constante observación, por lo que requieren de posible y correcta aplicación.
Por la complejidad y las formas de comisión del delito de tráfico de personas están necesitadas de una especial protección por parte del Estado las personas involucradas en él, partiendo de los derechos humanos de los ciudadanos, consagrados constitucionalmente. En este contexto los derechos reconocidos a los ciudadanos por la Constitución adquieren gran importancia, pues, por una parte, constituyen límites al ejercicio del poder del Estado, y por la otra, son realmente fines del Estado, ya que, el mandato de la propia Constitución (analizada teleológicamente), es promoverlos y protegerlos.
Estos derechos requieren también de un espacio dentro de las normas penales y de no ser en el mismo cuerpo de la norma al menos en instrumentos jurídicos complementarios.
3.1 ¿Quiénes son víctimas cuando no existe protección jurídica en el tráfico de personas?
Etimológicamente la palabra “víctima” proviene del latín y significa persona o animal sacrificado o que se destina al sacrificio.
Desde la antigüedad la víctima podía vengarse libremente y después tuvo como límite la Ley del Talión, que fue una medida de justicia, llegando a la actualidad como sujeto pasivo del delito. Generalmente la víctima es el sujeto que padece un daño por culpa propia, ajena o por causa fortuita.
Von Henting la definió como la persona que ha sido objetivamente lesionada en alguno de sus bienes jurídicos y que experimentan subjetivamente un daño con malestar o dolor (39); para Mendelshon víctima era la personalidad del individuo o de la colectividad en la medida en que está afectada por las consecuencias sociales de su sufrimiento determinado por factores de origen muy diverso, físico, psíquico, económico, político, social, así como el ambiente natural o técnico (40).
Otra definición acerca de la víctima es la de Luis Rodríguez Manzanera: “es el individuo o grupo que padece un daño por acción u omisión propia o ajena o por causa fortuita” (41). Esta definición es más abarcadora, pues se puede extender a personas físicas y jurídicas, víctimas indirectas, auto víctimas, e incluso a las víctimas de desastres naturales.
Las Naciones Unidas ha tratado también de llegar a una definición al respecto, expresando que víctima es la persona que ha sufrido una pérdida, daño o lesión en su propia persona, propiedad o en sus derechos humanos como resultado de una conducta que constituye una violación de la legislación penal nacional, una violación de los principios sobre los derechos humanos reconocidos internacionalmente o un abuso de poder por parte de la autoridad política o económica (42).
Además, para la ONU, la víctima puede ser individual o colectiva, incluyendo grupos, clases o comunidades de individuos, corporaciones económicas o comerciales y grupos u organizaciones políticas. Desde un punto de vista jurídico se tiene en cuenta el bien jurídico tutelado y que la conducta esté tipificada en la ley penal (43). Por la amplitud de esta definición se considera la más abarcadora y completa, y se adentra en los “sensibles“ derechos humanos, pues estos derechos y las libertades fundamentales deben ser protegidos y materializados por los Estados creando todo el aparato necesario, tanto jurídico, social, político y de otra índole, así como para las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades.
3.2 Algunas cuestiones para reflexionar en torno a la Convención de Palermo del año 2000 y su Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.
El gran mérito de la Convención de Palermo está cardinalmente en establecer un lenguaje común para todos los países que sean miembros de las Naciones Unidas, ampliando también su espectro para aquellos que aún sin ser miembros decidan incorporarse. Esto trae como resultado la adopción de una uniformidad en las legislaciones nacionales, al menos como ideal, pues sólo pocos Estados Parte han regulado el contenido esencial de las situaciones jurídicas que son objeto de protección por la Convención, otros sin embrago ni lo reconocen o lo hacen equívocamente, lo cual dificulta que cuestiones tan importantes reguladas aquí relativas a las personas que son encausadas por estos delitos, y a las víctimas no sean tomadas en consideración.
A pesar de que objetivamente el Protocolo no logra todo lo que quisiéramos en materia de protección de los derechos de las personas que participan en el tráfico de personas, resulta incuestionable que constituye un intento muy serio de unificación de las políticas de los Estados en el enfrentamiento a este delito transnacional, al reclamar al Sistema de las Naciones Unidas el fortalecimiento de la cooperación internacional relacionado con la migración, con el objetivo de erradicar sus causas fundamentales, primordialmente las relaciones con la pobreza y propone la búsqueda de alternativas, no tan sólo internacionales, sino regionales y nacionales.
Aunque no se protegen los derechos de quienes infringen la norma, sí se cuidan detalladamente los de los migrantes, pues se reconoce que este delito pone constantemente en peligro la vida de aquellos que se someten a las redes de traficantes y por tanto se les da gran importancia a sus derechos sin tomar en cuenta, la situación de entrada o estancia irregular en el país, además se le debe brindar una adecuada atención sanitaria y un regreso seguro a sus hogares, precisando para todo esto la participación de los Estados, de esta forma se plantea un sistema de protección de sus derechos, al mismo tiempo que se les brindan soluciones legales seguras, derecho a la reparación del daño e indemnización, así como el apoyo personal para su recuperación de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a otros convenios internacionales y regionales que han sido aceptados y ratificados por Estados, lo que queda es que los Estados lo cumplan.
Este texto se enfoca hacia la necesidad de la prevención, persecución y la cooperación judicial efectiva. Otra razón que fundamenta su importancia es precisamente en que ofrece un acertado concepto de alcance internacional de tráfico ilícito de migrantes, y los Estados miembros quedan obligados por el artículo 6 a promulgar leyes nacionales que tipifiquen igualmente el delito, cuestión que aún no se ha materializado en un número significativo de países que se han comprometido con su firma a cumplirlo.
Al concluir el examen de estos textos se puede llegar a conclusiones muy diversas, entre ellas: que existe un tratado internacional muy completo: la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional que a pesar de no ser la primera cronológicamente, constituye el instrumento más importante
Los mecanismos de protección son aún insipientes y casi inexistentes por los problemas que existen en muchas ocasiones a la hora de determinar su contenido y el ejercicio de la titularidad de los mismos, lo que debe ir desarrollándose paulatinamente en el ámbito internacional, cuestión esta que primeramente se encomendó al Derecho interno a través de los mecanismos de protección establecidos en cada uno de ellos, y como expresara Emilio García “esta concepción tuvo que variar y sobre todo a partir de la internacionalización de los derechos humanos nacidos a raíz de la Segunda Guerra Mundial” (44).
Ante la real insuficiencia del Derecho interno en brindar garantías suficientes para la defensa de los derechos fundamentales, y la pretendida asunción de algunos órganos o poderes estatales en algunos países respecto a lo que se debería entender como derecho fundamental, fue el aliciente que permitió que los Estados adoptaran como necesidad la implementación de un sistema supranacional que sea efectivo y vinculante en la protección de los derechos fundamentales que, sin embrago no se ha logrado consumar pues muchos de los Estados no han pasado más allá de las ideas y los buenos deseos de hacer.
Para llegar a esta proporcionalidad entre los textos nacionales y los internacionales debe promoverse un proceso real, rico, heterogéneo y muchas veces altamente contradictorio movimiento de reformas legislativas. El carácter progresivo de las normas ha determinado que el Derecho interno de cada Estado sea insuficiente para la protección de los ciudadanos, determinando la superioridad de las normas de Derecho internacional sobre ello (45).
Es por esto que adecuados textos internacionales no sólo representan un desafío en términos de contenido de la ley, sino que además sugieren nuevas formas de producción legislativa.
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DEPARTAMENTO DE ESTADO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. Tráfico y Trata de Personas. Se calcula que en el mundo hay ochocientas mil personas que son traficadas al año (hombres, mujeres y niños). Desde el año 2000 los Estados Unidos han desarrollado y ejecutado una política de Estado, que según ellos, tiene el objetivo de combatir el Tráfico de Personas en Latinoamérica, que tiene como fin detener la ola migratoria proveniente desde esta región por un lado, aunque por el otro es el “principal mercado y productor de mercancía sexual y de pornografía en América y en el Mundo, el que aporta a sus erarios, grandes cantidades de dólares.
GONZÁLEZ, R. “Reflexionando acerca de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional firmada en Palermo, cinco años después”.
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Véase el artículo 3 del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000.
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Desde mitad del siglo XIX ha sido considerado el derecho a emigrar como algo que deriva de la propia concepción del hombre como ser racional y libre. Y así aparece consagrado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en la Carta Social Europea y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las constituciones y leyes nacionales reconocen el derecho de los ciudadanos a salir del territorio y consideran emigrantes a quienes fundamentan o justifican su desplazamiento en razones laborales o profesionales.
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References: Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 3