Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-II/2012/as201212209.htm
Timestamp: 2019-03-22 10:22:00+00:00

Document:
201208-Sala Penal Segunda-2-209
AUTO SUPREMO Nº 209/2012-RRC
Sucre, 28 de agosto de 2012
Expediente : Chuquisaca 5/2012
Parte acusadora : Ministerio Público, Juana Salazar Gonzáles y Max
Céspedes Valverde
Por memorial presentado el 3 de julio de 2012, cursante de fs. 596 a 607, Daniel Vargas Avilés, interpuso recurso de casación impugnando el Auto de Vista 120/2012 de 11 de junio, cursante de fs. 565 a 572, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Juana Salazar Gonzáles y Max Céspedes Valverde contra el ahora recurrente, por el delito de Abuso Deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP).
a) Conforme a la acusación formal presentada por la representante del Ministerio Público (fs. 4 a 9), y la acusación particular interpuesta por Juana Salazar Gonzáles (fs. 15 a 16 vta.) a la cual se allanó Max Céspedes Valverde (fs. 19), y desarrollado como fue el juicio oral, público y contradictorio, por Sentencia 11/2011 de 8 de diciembre, cursante de fs. 419 a 432, el Tribunal Segundo de Sentencia del Distrito Judicial de Chuquisaca, declaró a Daniel Vargas Avilés -ahora recurrente-, autor de la comisión del delito de Abuso Deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 del CP, condenándole a cumplir la pena privativa de libertad de cinco años de reclusión, en sujeción a los arts. 18 (semi-imputabilidad) y 39 (atenuantes especiales) ambos del CP, atendiendo el estado de salud del imputado y su personalidad, pena a ser cumplida en el Centro de Privación de Libertad "Solidaridad" o en el Sanatorio Psiquiátrico "Miriam López".
b) Notificado con la mencionada Sentencia, el recurrente formuló recurso de apelación restringida, que cursa de fs. 445 a 458, que fue resuelto por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Auto de Vista 48/12 de 26 de marzo de 2012, que cursa de fs. 511 a 512, que lo rechazó por inadmisible, bajo el argumento de que dicho recurso fue presentado extemporáneamente. Resolución que fue recurrida de casación por el acusado (fs. 535 a 537 vta.), habiendo sido dejada sin efecto por disposición del Auto Supremo 113/2012 de 15 de mayo, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia, que determinó que el Tribunal de alzada efectúo un errado cómputo del plazo en el que fue interpuesta la apelación restringida, dicha Resolución, estableció doctrina legal referida al correcto cómputo de los plazos procesales, y en consecuencia, ordenó que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronuncie una nueva resolución observando la doctrina legal establecida.
Conforme consta de fs. 565 a 572, la referida Sala Penal Segunda, en cumplimento del Auto Supremo 113/2012 de 15 de mayo, emitió la Resolución 120/12 de 11 de junio de 2012, por la cual declaró improcedentes los motivos expuestos en la apelación restringida interpuesta por el acusado.
Notificado con dicho Auto de Vista, el imputado solicitó la complementación y enmienda sobre dos aspectos, mereciendo el pronunciamiento del decreto de 25 de junio de 2012 (fs. 577), con el que fue notificado el 26 del mismo mes y año, conforme consta de la diligencia cursante a fs. 578 de obrados, interponiendo el recurso de casación que es motivo de autos, el 3 de julio del año en curso.
Del memorial del recurso de casación interpuesto por Daniel Vargas Avilés -que resulta ser una copia exacta de su recurso de apelación restringida-, y del Auto Supremo 188/2012-RA de 8 de agosto, se extraen tres motivos a ser analizados en la presente Resolución, todos ellos con idéntica denuncia consistente en la presunta falta de pronunciamiento o respuesta respecto a los motivos de su apelación restringida, aspecto sobre el cual, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del CPP:
Argumenta como primer motivo de su recurso, la violación del derecho al debido proceso por incongruencia omisiva en el Auto de Vista impugnado, toda vez que el Tribunal de alzada omitió pronunciarse sobre puntos esenciales que fueron interpuestos en su apelación restringida, específicamente, que no se hubiera pronunciado sobre su denuncia de ilegal rechazo de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y la prueba referida al respecto, transgrediendo los arts. 173 y 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Respecto a este motivo el recurrente invoca los Autos Supremos 411/2006 de 20 de octubre, 417 de 19 de agosto de 2003 y 6 de 26 de enero de 2007, todos referidos a la congruencia de los fallos.
Como segunda causal que motivó el recurso de casación, señala que existe violación del derecho al debido proceso por incongruencia omisiva o falta de pronunciamiento en el Auto de Vista impugnado, por no responder a los argumentos respecto a la vulneración del derecho a la defensa por violación al principio de inmediación, en lo referido a su solicitud de exclusión probatoria de la prueba signada como "PD 5" consistente en la declaración informativa de los menores víctimas.
Con relación a este motivo se invocan los Autos Supremos 88 de 31 de marzo de 2005 y 494 de 15 de noviembre de 2005, referidos al derecho a la defensa.
Asimismo añade como tercer elemento que motivó el presente recurso, la violación del derecho al debido proceso por incongruencia omisiva en la Resolución impugnada, por no responder a los argumentos de que la Sentencia se basa en errónea aplicación de la Ley Sustantiva Penal, pues el Tribunal a quo realizó una errónea aplicación del art. 18 (semi-imputabilidad) con relación al art. 39 inc. 2) del CP y el art. 27 de dicha norma, hecho que no hubiera merecido pronunciamiento del Tribunal de alzada.
Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 239 de 29 de agosto de 2006, 509 de 16 de noviembre de 2006 y 67 de 27 de enero de 2006, relativos a la errónea aplicación de la Ley Sustantiva en cuanto a la calificación del tipo penal.
Solicitó que en aplicación del art. 419 del CPP, se declare la admisión del recurso, y en el fondo "pronuncien Auto Supremo dictando doctrina legal aplicable conforme a los fundamentos expuestos en el recurso de casación y dispongan que la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca dicte nuevo Auto de Vista conforme a la doctrina legal a dictarse" (sic).
Mediante Auto Supremo 188/2012-RA de 8 de agosto, este Tribunal declaró ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el recurrente, únicamente en relación al primer, segundo y tercer motivo expuestos precedentemente.
Conforme consta en la enunciación del hecho en la Sentencia 11/2011 de 8 de abril, cursante de fs. 419 a 432, el Ministerio Público acusó a Daniel Vargas Avilés, de la comisión del delito de abuso deshonesto, en razón a que el día 18 de septiembre de 2006, en circunstancias en que los esposos Max Céspedes Salazar Valverde y Juana Salazar Gonzáles, se encontraban ausentes de su hogar, y estando solos en su departamento sus dos hijos menores de edad, aproximadamente de horas 20:30 a 21:30, el imputado había ingresado a su living con el pretexto de jugar con los menores, circunstancias en que procedió a despojar de sus prendas a la menor de siete años, para luego manosearle sus genitales, lo propio intentó hacer con el menor varón; sin embargo, este no se lo permitió, procediendo ambos niños a llorar y gritar, razón por la que el imputado se alejó de este lugar. Estos hechos habían sucedido con anterioridad en distintos lugares de la casa, según lo relatado en la acusación, y que el imputado les pidió a los menores que no avisaran lo sucedido, pero el menor varón relató lo ocurrido a su madre. A consecuencia de los hechos descritos y acusados, el Tribunal Segundo de Sentencia del Distrito Judicial de Chuquisaca, luego de concluido el juicio oral, y en virtud a la prueba analizada, la que consideró suficiente para generar convicción respecto a la responsabilidad del imputado, declaró a Daniel Vargas Avilés, autor de la comisión del delito de abuso deshonesto, previsto y sancionado en el art. 312 del CP, condenándolo a la pena de cinco años de reclusión, y en sujeción de los arts. 18 (semi-imputabilidad) y 39 (atenuantes) ambos del CP, atendiendo al estado de salud del acusado y su personalidad, el referido Tribunal de Sentencia dispuso que cumpla la condena en el Centro de Privación de Libertad "Solidaridad" o el Sanatorio Psiquiátrico "Miriam López", disponiendo además que no tenga contacto con menores de edad en razón al delito por el que fue condenado, imponiéndole el pago de costas del proceso y daños y perjuicios a la víctima a calificarse en ejecución de Sentencia.
Notificado con tal determinación, Daniel Vargas Aviles, planteó apelación restringida (fs. 445 a 458) -reproducidos íntegramente en el recurso de casación-, y que han sido resumidos en los cuatro acápites del Auto Supremo 188/2012-RA de 8 de agosto, que se resumen de la siguiente manera: a) Denuncia ilegal rechazo de la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso por violación de los arts. 173 y 124 del CPP; b) Vulneración del derecho a la defensa por violación del principio de inmediación (declaración informativa de los menores); c) Que la Sentencia se basó en errónea aplicación de la Ley Sustantiva Penal (art. 18 concordante con el 39, y en relación al art. 312, todos del CP); y, d) Que la Sentencia se basó en valoración defectuosa de la prueba.
Radicada la apelación restringida por ante la Sala Penal Segunda, se emitió el Auto de Vista 120/2012 de 11 de junio, por el que declaró improcedente el recurso de apelación restringida y confirmó la Sentencia.
En su recurso de casación el recurrente invocó precedentes contradictorios, a los que corresponde remitirnos a objeto del análisis establecido en el art. 419 del CPP:
En relación al primer motivo admitido del recurso de casación, el recurrente invocó los Autos Supremos 411/2006 de 20 de octubre; 417 de 19 de agosto de 2003 y 6 de 26 de enero de 2007: dichos Autos Supremos, establecieron la siguiente doctrina legal aplicable:
"Al no haberse pronunciado el tribunal a quo sobre todos los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida deducido por el procesado, sin que del conjunto del Auto de Vista pueda inferirse una respuesta fáctica a los mismos,
hace evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación.
Esta actividad se constituye en vicio absoluto que atenta contra al derecho a la defensa y al debido proceso, debiendo la autoridad jurisdiccional dictar sus resoluciones respondiendo efectivamente a las cuestiones plateadas por los recurrentes, cuya omisión constituye un defecto de la resolución que no puede convalidarse, correspondiendo en consecuencia dejar sin efecto el fallo recurrido de casación".
En cuanto al segundo motivo, citó los Autos Supremos 88 de 31 de marzo de 2005 y 494 de 15 de noviembre de 2005; el primero de los nombrados, tiene como origen una problemática referida a la falta de notificación al apelante con el Auto de Vista que concedió el plazo de tres días para que éste subsane su recurso, hecho que a decir de la entonces Corte Suprema de Justicia, constituyó un defecto absoluto por vulneración del derecho a la defensa, por lo que emitió la siguiente doctrina legal aplicable:
"...En el caso sub lite, se ha evidenciado que la Sala Penal Tercera de la R. Corte Superior de La Paz ha restringido el derecho a la defensa que constitucionalmente es inviolable. Esta actividad jurisdiccional ejercida por el Tribunal de Apelación se constituye en vicio absoluto que atenta contra el debido proceso, debiendo la autoridad jurisdiccional aplicar los artículo 130, 398 y 399 del Código de Procedimiento Penal, admitiendo el mencionado recurso de apelación restringida, previa concesión del plazo de tres días para que subsane o corrija lo observado, bajo apercibimiento de rechazo. Por otro lado, el Tribunal de Apelación deberá señalar día y hora de audiencia para la fundamentación solicitada en el recurso de apelación restringida".
Por otra parte el Auto Supremo 494 de 15 de noviembre de 2005, tiene como antecedente, el hecho de que el apelante solicitó audiencia de fundamentación oral, sin que el Tribunal de alzada haya señalado la misma, omisión que constituye defecto absoluto, según lo expresado en dicho Auto Supremo, por lo que emitió la siguiente doctrina legal aplicable:
"...La fundamentación oral del recurso de apelación restringida, es un derecho procesal y constitucional del recurrente; mucho más, si dicho derecho fue expresamente anunciado en la apelación restringida; de ahí que cuando el Tribunal de Apelación restringe este derecho, ya sea por acción u omisión, dicho actuar se constituye en defecto absoluto establecido en el artículo 169 inciso 3) del C.P.P. con relación al artículo 16 de la C.P.E.; en consecuencia, en todo proceso jurisdiccional, donde se decide una controversia, más aún si es de orden penal, la afectación a los derechos y garantías constitucionales generan la necesidad de enmendar los defectos absolutos ya sea de oficio o a petición de parte por parte de los Tribunales que atienden los recursos de apelación o casación, como se tiene expuesto".
Finalmente, respecto en cuanto a la cita de precedentes se refiere, para sustentar el tercer motivo admitido del recurso de casación, el recurrente invocó los Autos Supremos 509 de 16 de noviembre de 2006 y 67 de 27 de enero de 2006, que establecieron la siguiente doctrina legal aplicable:
El Auto Supremo 509 de 16 de noviembre de 2006, tiene que ver con un proceso penal seguido por el delito de violación a menor de edad, en el que la Sentencia de primera instancia absolvió al imputado, Resolución que estuvo basada según el análisis del Tribunal de casación, en una errónea valoración de la prueba y fundamentación contradictoria, por lo que fundamentó: "...Que la falta de precisión en términos claros, sobre la adecuación del hecho ilícito a los elementos constitutivos del tipo penal, reconociendo la relación sexual, contraviene el principio de legalidad por cuanto en autos, se colige que la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia, no cumplió con la subsunción del hecho al tipo penal de estupro; vicio o defecto que ha surgido en la emisión de la sentencia, por la inobservancia de la aplicación de la ley sustantiva, en la concreción del marco penal para la calificación del hecho, la fundamentación contradictoria, la valoración defectuosa de la prueba y la contradicción entre la parte considerativa y dispositiva en sujeción de los incs. 1, 5, 6 y 8 del Art. 370 del C.P.P., lo que convierte en una indebida resolución que debe ser observada por el Tribunal Ad-quem, así se declara".
Por su parte el Auto Supremo 67 de 27 de enero de 2006, está relacionado a una Sentencia condenatoria por el delito de homicidio por emoción violenta (segunda parte del art. 254 del CP), Resolución calificada de incongruente por el Tribunal de casación, puesto que la víctima no era ascendiente, descendiente, cónyuge o conviviente del imputado, aspecto que viola la garantía constitucional del debido proceso, en perjuicio del imputado, según expresa dicha Resolución, por lo que estableció la siguiente doctrina legal : "El 'principio de tipicidad' se establece en materia penal a favor de todos los ciudadanos y se aplica como una obligación a efectos de que los jueces y Tribunales apliquen la ley penal sustantiva debidamente, enmarcando la conducta del imputado exactamente en el marco descriptivo de la ley penal a efectos de no incurrir en violación de la garantía constitucional del 'debido proceso', la calificación errónea del marco descriptivo de la ley penal deviene en defecto absoluto insubsanable, tal como sucede en el caso de autos en que los Tribunales de sentencia y apelación subsumieron la conducta del procesado en el tipo penal de homicidio en emoción violenta párrafo segundo cuando debió ser el mismo artículo en su párrafo primero...".
Teniendo en cuenta que los tres motivos del recurso de casación se resumen en la común denuncia de incongruencia omisiva o falta de pronunciamiento del Auto de Vista, único motivo respecto al cual este Tribunal abrió su competencia, y con los antecedentes hasta ahora citados, conviene remitirse a los fundamentos contenidos en el Auto de Vista ahora impugnado por el recurrente, en relación a los precedentes contradictorios citados, así se tiene que:
III.2.1. El primer motivo que fue admitido en el Auto Supremo 179/2012-RA de 8 de agosto, consiste en la denuncia de violación al debido proceso por incongruencia omisiva en que incurrió el Auto de Vista impugnado, toda vez que el Tribunal de alzada habría omitido pronunciarse sobre el ilegal rechazo de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, transgrediendo según señala el recurrente, los arts. 173 y 124 del CPP; al respecto, en primer lugar, cabe señalar, que las situaciones de hecho expresadas en los Autos Supremos invocados por el recurrente, si bien no son similares a la problemática ahora analizada; empero, se extracta de los mismos, la doctrina legal referida al deber de todo Tribunal de pronunciarse sobre todos los motivos en que se funda el recurso de apelación restringida, caso contrario, se incurre en vicio absoluto por incongruencia omisiva, afectando el derecho a la defensa, el debido proceso y al recurso, como expresan dichos precedentes; con ese antecedente, corresponde remitirnos a lo fundamentado por el Auto de Vista impugnado, a objeto de establecer si cumplió con el deber de pronunciarse respecto al rechazo de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, y por ende, si el mismo resulta contradictorio o no a los precedentes invocados en ese aspecto; así, de la revisión del mismo, se establece que el Tribunal de apelación ingresó al análisis de dicha denuncia y sustentó su decisión basado en los siguientes argumentos: Si bien no se le puede cargar al recurrente la responsabilidad de la dilación del proceso por efecto de los recursos de impugnación activados, porque implicaría vulnerar su derecho a la defensa; no es menos cierto, que por la duración del trámite a consecuencia de la carga procesal existente en la entonces Corte Suprema de Justicia, tenga que extinguirse la acción por dicha causa, que se constituyó en un elemento de fuerza mayor que impidió a las autoridades resolver los recursos impugnados con celeridad y oportunidad, en cuya razón, no es posible que la extinción opere por el solo transcurso del tiempo en perjuicio de la víctima; con dicho fundamento, el Tribunal de apelación consideró que el rechazo pronunciado por el Tribunal de Sentencia, no vulneró los derechos y garantías del recurrente, consecuentemente, la denuncia de incongruencia omisiva expresada en el recurso de casación, no es evidente, puesto que el Auto de Vista recurrido, se pronunció sobre dicho motivo y lo hizo dando respuesta de manera fundamentada, conforme consta a fs. 569 y vta. del expediente, de ello se puede afirmar que el Auto de Vista impugnado no es contradictorio a los precedentes invocados, pues cumplió con su deber de responder a los agravios expresados en la apelación restringida y lo hizo de manera fundamentada, como se tiene expresado.
III.2.2. En relación al segundo motivo, que al igual que el primero, está referido a la denuncia de violación al debido proceso por incongruencia omisiva en que presuntamente incurrió el Auto de Vista impugnado, por no haber respondido a los fundamentos respecto a la violación del derecho a la defensa por violación al principio de inmediación, relacionado con la solicitud de exclusión probatoria de la prueba "PD-3"; sobre el particular, en primer lugar, cabe señalar, que las situaciones de hecho expresadas en los Autos Supremos invocados por el recurrente, si bien no tienen relación o no son similares con la problemática ahora analizada; empero, se extracta de los mismos, la doctrina legal referida a que cuando se advierten violaciones flagrantes al procedimiento y defectos absolutos insubsanables, los Tribunales deben proceder a subsanar los mismos para restablecer el debido proceso.
Con dicha aclaración, corresponde remitirnos a lo fundamentado por el Auto de Vista impugnado, a objeto de establecer si cumplió con el deber de pronunciarse respecto al mencionado agravio, y por ende, si el mismo resulta contradictorio o no a los precedentes invocados en ese aspecto; así, de la revisión del mismo, se establece que el Tribunal de apelación ingresó a su análisis y desestimó dicha denuncia, sustentando su decisión en los siguientes argumentos: Que en caso de que la Sentencia condenatoria se hubiera basado exclusivamente en dicha prueba ("PD 3" declaraciones de los menores víctimas), se estaría ante un caso de vulneración del derecho a la defensa en perjuicio del acusado; sin embargo, de acuerdo a la revisión de antecedentes, el Tribunal de apelación estableció que la Sentencia estuvo basada en otra serie de pruebas esenciales, haciendo una referencia puntual de las mismas, y con base a ello, efectuando el "Test de pertinencia y afectación" de la vulneración del derecho a la defensa, estableció que el resultado sería el mismo, por lo que desestimó dicho motivo de apelación; consecuentemente, la denuncia de incongruencia omisiva o falta de pronunciamiento expresada en el recurso de casación, no resulta evidente, puesto que el Auto de Vista impugnado, se pronunció sobre dicho motivo y lo hizo de manera fundamentada, conforme consta de fs. 569 vta. a 570 del expediente, por lo que no resulta contradictorio a los precedentes invocados.
III.2.3. En cuanto al tercer motivo, consistente en la denuncia de violación al debido proceso por incongruencia omisiva en que incurrió el Auto de Vista impugnado, toda vez que el Tribunal de alzada hubiera omitido pronunciarse sobre el motivo de apelación restringida que señalaba que la Sentencia se basó en errónea aplicación de la Ley sustantiva refiriéndose a los arts. 18, 39 inc. 2) con relación al 312 del CP (semi-imputabilidad y pena impuesta); al igual que en los motivos anteriores, cabe señalar, que las situaciones de hecho expresadas en los Autos Supremos invocados por el recurrente, no son similares a la problemática ahora analizada conforme a la referencia realizada en el acápite III.1 de la presente Resolución; empero, cabe señalar, que en resguardo del derecho al debido proceso, pertinencia y congruencia de toda Resolución, es responsabilidad del Tribunal Supremo de Justicia, pronunciarse sobre todos los motivos del recurso de casación que hubieran sido admitidos.
En consecuencia, siendo que este motivo también fue admitido por Auto Supremo 188/2012-RA de 8 de agosto, corresponde señalar que el Auto de Vista impugnado estableció, que si bien se encuentran ante una atenuante especial establecida en el art. 18 y 39 inc. 2) del CP, que dispone que cuando el delito tenga establecida una pena de presidio con un mínimo superior a un año, la pena a imponer podrá ser atenuada hasta el mínimo legal de la escala de presidio; empero, consideró que el Tribunal de Sentencia de manera correcta observó las agravantes y atenuantes generales y especiales que rigen la regla en la imposición de la pena (art. 37 CP), además vinculadas al principio de legalidad, y que en el caso de autos, precisamente, en mérito a la atenuante especial establecida en el art. 18 con relación al 39 ambos del CP, se le impuso al recurrente la pena de cinco años de privación de libertad, y a criterio del Tribunal de apelación erradamente, puesto que, de acuerdo a la Ley 054 de 8 de noviembre de 2010, de protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la sanción en relación a este tipo penal se incrementó de 10 a 15 años de privación de libertad, por tratarse de víctimas menores de 14 años, lo que obligaba a bajar la pena hasta diez años; sin embargo, también el Tribunal de apelación expresó que
en atención al principio no refomatius impeius, no era viable aplicar esta sanción mayor, desestimando con estos fundamentos dicho motivo de apelación; consecuentemente, la denuncia de supuesta incongruencia omisiva o falta de pronunciamiento expresada en el recurso de casación, no resulta evidente, puesto que el Auto de Vista recurrido, se pronunció sobre dicho motivo y lo hizo de manera fundamentada como se tiene expuesto y conforme consta de fs. 570 vta. a 571 del expediente.
El recurrente, también invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 239 de 29 de agosto de 2006, mismo que no pudo ser identificado, posiblemente por alguna imprecisión o error en cuanto al número y fecha consignados.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Daniel Vargas Avilés, cursante de fs. 596 a 607.
Magistrada Relatora Mag. Maritza Suntura Juaniquina

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 artículo 130
 artículo 169
 artículo 16
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