Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A189-08.htm
Timestamp: 2017-11-23 20:14:45+00:00

Document:
A189-08
Auto 189/08
CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE ENTRE TRIBUNAL SUPERIOR Y CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Competencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional
ACCION DE TUTELA CONTRA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Competencia de la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con su reglamento/CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA DISCIPLINARIA-Inexistencia de presupuestos para eventual impugnación de la acción de tutela por no estar creadas las salas
ACCION DE TUTELA CONTRA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Competencia del Tribunal Superior
Referencia: expediente ICC-1251
Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal y el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil ocho (2008).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, adopta la decisión que en derecho corresponde, frente al aparente conflicto de competencia suscitado entre las autoridades judiciales de la referencia, con ocasión de la acción de tutela promovida por el doctor Jaime Robledo Toro en calidad de Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
1. El doctor Jaime Robledo Toro, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, toda vez que al presentar queja ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por la actuación irregular del cual fue victima por parte de otro compañero de la Sala Administrativa, dispuso mediante auto del 1 de febrero de 2006, vincularlo como investigado, pues, consideró que de acuerdo con las pruebas presentadas por el acusado y los hechos narrados por el mismo, el doctor Robledo podría estar incurso en la vulneración del deber descrito en el numeral 3 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996. Razón por la cual solicitó mediante esta acción que se decretara la nulidad de todo lo actuado en el proceso disciplinario iniciado en su contra.
2. La acción de tutela le correspondió por reparto a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el cual, mediante auto del tres (3) de junio de dos mil ocho (2008), resolvió avocar el conocimiento de la demanda de tutela, ordenando requerir a la accionada a fin de que informara sobre los hechos objeto de la presente acción, así como la práctica de pruebas para el esclarecimiento de lo impetrado.
3. En cumplimiento del auto del tres (3) de junio de dos mil ocho (2008), el doctor Guillermo Bueno Miranda, Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante escrito de contestación de demanda solicitó a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, abstenerse de decidir sobre la acción de tutela impetrada por falta de competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 1, numeral 2, inciso segundo del Decreto 1382 de 2000, toda vez que cada Corporación conoce de las solicitudes de tutela que en su contra se propongan, por lo que solicitó la remisión al competente.
4. Por su parte, Fernando Alberto Castro Caballero Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante auto del trece (13) de junio de dos mil ocho (2008), se pronunció en el sentido de aclarar que dicha Corporación avocó el conocimiento de la presente acción no por el desconocimiento de las reglas de competencia contempladas en el Decreto 1382 de 2000, sino en ejercicio de la competencia a prevención establecida en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y por solicitud expresa del accionante a fin de garantizarle la posibilidad de acceder a una segunda instancia en caso de que el fallo fuera contrario a los intereses pretendidos por el actor.
De igual forma, señaló el Tribunal que como quiera que en el escrito de contestación de demanda la accionada solicitó que dichas diligencias fueran remitidas al mismo Consejo Superior de la Judicatura procedió a declarar el conflicto positivo de competencias con la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por lo que ordenó remitir las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que fuera esta Corporación quien dirimiera el aparente conflicto de competencias.
5. Mediante oficio No. 1839 del trece (13) de junio de dos mil ocho (2008), la Secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, remitió a esta Corporación la acción de tutela con el fin de que sea dirimido el suscitado conflicto de competencias.
1. Debe la Sala Plena en esta oportunidad entrar a resolver el aparente conflicto de competencia que se suscita en la presente acción de tutela, conforme a la competencia de que dispone para conocer del mismo[1].
4. Por otra parte, la Sala Plena de esta Corporación en reiterados pronunciamientos ha considerado que los conflictos de competencia suscitados en el trámite de las acciones de tutela, deben ser resueltos por el superior jerárquico común de los despachos judiciales involucrados. Sin embargo, le compete a la Corte Constitucional, como máximo Tribunal de esta jurisdicción, dirimir las controversias planteadas en materia de tutela, siempre y cuando las autoridades judiciales comprendidas en el asunto no tengan un superior común.
5. Analizada la controversia procesal planteada en el presente asunto, la Sala observa que el actor dirigió su acción de tutela contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura[3], cuyo conocimiento correspondió a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, que en providencia del 13 de junio de 2008, declaró el conflicto positivo de competencia respecto a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, disponiendo el envío de las diligencias esta Corporación para que dirimiera el aparente conflicto de competencia.
Ante la situación planteada, la Corte debe reiterar su jurisprudencia vertida en los autos 015ª de 2005, 010ª de 2004, 092 de 2003, 014 de 2003, 264 de 2002 y 262 de 2002, en el sentido que si bien el inciso 2 del numeral 2 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, señala que lo accionado contra el Consejo Superior de la Judicatura será repartido a la misma Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4 del presente decreto; atendiendo que las mismas no han sido creadas hasta la fecha en el caso de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, implica la total inexistencia de los presupuestos para una eventual impugnación en el trámite de las acciones de tutela que se inician ante el Consejo Superior de la Judicatura.
De esta forma, el conflicto planteado en la actualidad lo es en apariencia toda vez que debe acudirse a las reglas generales que prescribe el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto a la competencia a prevención en tutela.
En efecto, en el Auto 193 de 2002[4], a través del cual se decidió la controversia entre la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, se expresó lo siguiente:
En efecto, el Reglamento Interno del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, (Acuerdo No 12 de mayo 31 de 1994) dispuso en su artículo 1º que “la reunión de los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conformará dicha Sala, y ejercerá sus funciones en Sala Plena(...)”- lo que implica que hasta la fecha todo asunto, incluyendo la acción de tutela, viene siendo conocido por la Sala en pleno –. Por tanto, no se podría surtir la segunda instancia en materia de tutela al no existir secciones, o salas dentro de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.[5]”.
Por lo anterior, asiste razón a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá cuando inicialmente avocó el conocimiento de la presente acción. En esta medida, la Corte ordenará remitir el expediente a dicho Tribunal para que asuma la competencia sobre estas diligencias. Adicionalmente, debe comunicarse la decisión adoptada por la Sala Plena de esta Corporación, al ente judicial involucrado en el presente conflicto de competencia.
PRIMERO: REMITIR el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, para que adelante la correspondiente actuación judicial.
SEGUNDO: Comuníquese a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, lo aquí resuelto.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 189 DE 2008
Referencia: ICC-1251
[3] Corporación creada por la Constitución con el fin de garantizar la existencia, al interior de la propia Rama Judicial, de un organismo autónomo, imparcial e independiente de alto rango con funciones de naturaleza jurisdiccional, que tuviera a su cargo la tarea de administrar justicia en materia disciplinaria respecto de los funcionarios judiciales y por fuera de la Rama, en relación con los abogados.
[4] Expediente I.C.C.-503 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[5] En el mismo sentido el Auto 241 de 2002 (Expediente I.C.C. 536) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, mediante el cual se resolvió un conflicto de competencia entre la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

References: artículo 153
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 37
 artículo 1