Source: https://intranet.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-D-137.CODI.%29
Timestamp: 2020-01-26 10:15:28+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 137, de 05/04/2017
cve: BOCG-12-D-137
059/000009 Calendario de sesiones plenarias para el período febrero-junio de 2017. Modificación... (Página3)
152/000003 Creación de la Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular ... (Página10)
156/000016 Solicitud de creación de una Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular ... (Página11)
Creación de Subcomisiones y Ponencias
154/000010 Creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión Constitucional, para la reforma electoral ... (Página12)
Cese ... (Página12)
Nombramientos ... (Página13)
130/000011 Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Convalidación ... (Página13)
162/000354 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reposición del derecho de las personas cuidadoras no profesionales del Sistema de Dependencia a las cotizaciones a la Seguridad Social. Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmiendas formuladas ... (Página18)
162/000365 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reforma del Tribunal Constitucional.
Enmiendas ... (Página20)
Aprobación con modificaciones ... (Página26)
161/000931 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la ejecución del proyecto del Passeig Marítim de les Cales de Miami Platja. Corrección de errores... (Página27)
161/001164 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a un nuevo baremo para la determinación de indemnizaciones por daños sanitarios. Retirada... (Página27)
172/000036 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la adopción de un Plan de Choque para la creación de empleo de calidad ... (Página28)
172/000037 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista al Ministro de Hacienda y Función Pública sobre la orientación de la política tributaria y estrategia de lucha contra el fraude fiscal ... (Página28)
173/000022 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las reformas y medidas que tiene previsto promover el Gobierno para combatir y acabar con la creciente corrupción en materia de gestión de aguas, en muchos casos vinculada a la privatización de los servicios de agua y saneamiento.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas ... (Página29)
Aprobación con modificaciones ... (Página34)
173/000023 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio del Interior para mejorar la seguridad de los usuarios de motocicletas y ciclomotores.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas ... (Página35)
Aprobación con modificaciones ... (Página40)
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página41)
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de la fecha, oída la Junta de Portavoces, ha acordado modificar el calendario de sesiones plenarias para el período de sesiones febrero-junio de 2017, en los términos que figuran en el Anexo que se adjunta.
CALENDARIO DE SESIONES PLENARIAS PARA EL PERIODO DE SESIONES FEBRERO-JUNIO 2017
II PERIODO DE SESIONES
Del 1 al 2 de febrero;Con Pleno;
Del 7 al 9 de febrero;Sin Pleno;
Del 14 al 16 de febrero;Con Pleno;
Del 21 al 23 de febrero;Con Pleno;
Del 28 de febrero al 2 de marzo;Sin Pleno;
Del 7 al 9 de marzo;Con Pleno;
Del 14 al 16 de marzo;Con Pleno;
Del 21 al 23 de marzo;Con Pleno;Festivo el día 20 de marzo
Del 28 al 30 de marzo;Con Pleno;
Del 4 al 6 de abril;Con Pleno;
Del 11 al 13 de abril;Sin Pleno;Semana Santa (13 y 14 de abril)
Del 18 al 20 de abril;Sin Pleno;
Del 25 al 27 de abril;Sin Pleno;Comparecencias P.L. Presupuestos
Del 3 al 4 de mayo;Con Pleno;Festivos los días 1 y 2 de mayo
Debate totalidad P.L. Presupuestos
Del 9 al 11 de mayo;Con Pleno;
Del 16 al 18 de mayo;Con Pleno;Festivo el día 15 de mayo
Del 22 al 25 de mayo;Sin Pleno;Debate en Comisión P.L. Presupuestos
Del 29 de mayo al 1 de junio;Con Pleno;Debate en Pleno Dictamen P.L.
Del 6 al 8 de junio;Sin Pleno;
Del 13 al 15 de junio;Con Pleno;
Del 20 al 22 de junio;Con Pleno;
Del 27 al 29 de junio;Con Pleno;Aprobación final P.L. Presupuestos
MARTÍNEZ OBLANCA, Isidro Manuel (GMx) (núm. expte. 005/000133/0001) 1... (Página5)
152/000003
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado la creación de una Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular (núm. expte. 152/000003) en los siguientes términos:
"Reglas de organización y funcionamiento
A) Objeto de la Comisión.
La Comisión tendrá por objeto investigar y, en su caso, determinar la concurrencia de responsabilidades políticas, por la presunta financiación ilegal del Partido Popular, y, en concreto, la existencia de diferentes redes de donaciones irregulares, adjudicaciones de contratos públicos y otros mecanismos de financiación irregular, el incumplimiento que de la existencia de esas prácticas se derivaría de la legislación sobre incompatibilidades, de financiación de partidos políticos y de campañas electorales, formulando adicionalmente, en su caso, las recomendaciones a que hubiera lugar para impedir la repetición de hechos similares.
La Comisión estará compuesta por cinco representantes del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, cuatro representantes del Grupo Parlamentario Socialista, cuatro representantes del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tres representantes del Grupo Parlamentario Ciudadanos, dos representantes del Grupo Parlamentario Mixto, un representante del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y un representante del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
En los acuerdos que adopte la Comisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
D) Plan de trabajo.
La Comisión se constituirá en el período de sesiones en el que se apruebe su creación por el Pleno de la Cámara, y desarrollará su actividad conforme a un Plan de trabajo aprobado por la propia Comisión, que incluirá las comparecencias que se consideren oportunas, incluidas las de quienes puedan resultar, por las informaciones conocidas, política, penal, civil o administrativamente responsables de las prácticas cuya investigación constituye el objeto de la Comisión.
Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Comisión desde el momento de su constitución. En concreto, la Comisión podrá solicitar de los órganos jurisdiccionales competentes la documentación obrante en las diferentes causas relacionadas con el objeto de la misma, que no se encuentre afectada por el secreto de sus actuaciones.
E) Plazo para la realización de los trabajos y presentación de conclusiones.
En el plazo de seis meses, que podrá ser prorrogado por acuerdo del Pleno de la Cámara, la Comisión elevará al Pleno del Congreso de los Diputados para su aprobación el Dictamen en el que figuren sus conclusiones, así como los votos particulares que los Grupos Parlamentarios presenten, pudiendo acordar, en su caso y conforme a lo previsto en el artículo 76.1 de la Constitución, que la Mesa del Congreso dé traslado al Ministerio Fiscal de las mismas para el ejercicio de las acciones que sean procedentes."
Asimismo, se ordena la publicación de la solicitud de los Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Ciudadanos, de creación de una Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular (núm. expte. 156/000016).
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
156/000016
Los Grupos Parlamentarios firmantes, por medio del presente escrito y al amparo de lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la Cámara, proponen al Pleno del Congreso que acuerde la creación de una Comisión de investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular.
Según el último Barómetro del CIS, los españoles estiman que el problema más grave de España, después del paro, es la corrupción. La política, los partidos y los políticos son considerados como el tercer problema. Esta última valoración, tan negativa, es la que ha empujado a la corrupción a convertirse en el segundo problema.
En efecto, cuando en España se está alcanzando, de manera continuada, una valoración tan negativa de la política, se está poniendo en cuestión la legitimidad de las instituciones. Y, desde las instituciones, no se puede ocultar o tapar este problema. Está en juego la confianza en el Estado democrático de Derecho.
El Partido Popular ha protagonizado graves casos de corrupción producidos en el seno de su partido, algunos de los cuales se han resuelto judicialmente y otros dependen aún de investigaciones en curso. Todos ellos tienen en común la participación de dirigentes y cargos del Partido Popular y el uso de fondos públicos para intereses particulares o del propio partido.
Ello ha provocado el natural escándalo social y mediático que ha intensificado la preocupación por la corrupción colocando a España entre las naciones peor situadas en los índices de percepción de corrupción y contribuyendo a que aumente entre los ciudadanos la sensación de que existe un grave inacción política y una inoperante lentitud judicial.
Por ello, la creación de una Comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular responde a un objetivo nacional de carácter político, no judicial, que resulta en estos tiempos absolutamente fundamental para recuperar la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones, nuestro Estado de Derecho y, en definitiva, en el funcionamiento de nuestra democracia.
No se debe esperar que los Jueces resuelvan aquello que corresponde a las instancias políticas. La depuración y asunción de responsabilidades en este ámbito, si las hubiere, debe ser emprendida de manera inmediata y enérgica para evitar el deterioro de las instituciones.
A la luz de lo hasta ahora expuesto, la investigación de la presunta financiación ilegal del Partido Popular resulta de todo punto imprescindible para eliminar cualquier sombra de duda que se arroje sobre el correcto funcionamiento de las instituciones de España. Porque las sombras que sobre estas se proyectan, se extienden, injustamente, sobre el conjunto del Estado democrático de Derecho. Es un riesgo que debe ser neutralizado inmediatamente.
Por todo lo anterior, se solicita la creación de una Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular en los términos que a continuación se detallan:
La Comisión estará compuesta por cinco representantes del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, cuatro representantes del Grupo Parlamentario Socialista, cuatro representantes del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tres representantes del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, dos representantes del Grupo Parlamentario Mixto, un representante del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y un representante del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
La Comisión se constituirá en el periodo de sesiones en el que se apruebe su creación por el Pleno de la Cámara, y desarrollará su actividad conforme a un Plan de trabajo aprobado por la propia Comisión, que incluirá las comparecencias que se consideren oportunas, incluidas las de quienes puedan resultar, por las informaciones conocidas, política, penal, civil o administrativamente responsables de las prácticas cuya investigación constituye el objeto de la Comisión.
En el plazo de seis meses, que podrá ser prorrogado por acuerdo del Pleno de la Cámara, la Comisión elevará al Pleno del Congreso de los Diputados para su aprobación el Dictamen en el que figuren sus conclusiones, así como los votos particulares que los Grupos Parlamentarios presenten, pudiendo acordar, en su caso y conforme a lo previsto en el artículo 76.1 de la Constitución, que la Mesa del Congreso del Congreso dé traslado al Ministerio Fiscal de las mismas para el ejercicio de las acciones que sean procedentes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2017.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.-Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
154/000010
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el Punto Segundo.1 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, la creación, en el seno de la Comisión Constitucional, de una Subcomisión para la reforma electoral, en los términos de la calificación de la Mesa de la Cámara, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 25, de 17 de marzo de 2017.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 30 de marzo de 2017 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, con efectos de 31 de marzo de 2017, de D. Alberto Valentín Fernández, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 28 de marzo de 2017 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Raquel María Martín Rodríguez, a propuesta del Excmo. Sr. D. Antonio Hernando Vera, con efectos de 29 de marzo de 2017 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 29 de marzo de 2017 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Zorany Mildred Zúñiga Vega, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Irene María Montero Gil, con efectos de 29 de marzo de 2017 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
130/000011
Se publica a continuación el Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
REAL DECRETO-LEY 5/2017, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO-LEY 6/2012, DE 9 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN DE DEUDORES HIPOTECARIOS SIN RECURSOS Y LA LEY 1/2013, DE 14 DE MAYO, DE MEDIDAS PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA Y ALQUILER SOCIAL
Asimismo, se modifica en este artículo el Código de Buenas Prácticas para dar la posibilidad de que aquellos beneficiarios de la suspensión de lanzamientos a la que se refiere el artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, que sean a su vez clientes de las entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas puedan solicitar a la entidad que les sea arrendada su vivienda en condiciones preferenciales por un periodo de hasta cinco años y cinco años más si así se acuerda con la entidad. Esta solicitud deberá
realizarse en el plazo de seis meses a contar, bien desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, bien desde que la suspensión les sea aplicable, si esta fuera posterior a dicha entrada en vigor.
"b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, o hayan sobrevenido en dicho período circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.
5.º La unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de
consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
7.º El deudor mayor de 60 años, aunque no reúna los requisitos para ser considerado unidad familiar según lo previsto en la letra a) de este número."
"4. Derecho de alquiler en caso de ejecución de la vivienda habitual. El deudor hipotecario ejecutado cuyo lanzamiento haya sido suspendido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, podrá solicitar y obtener del acreedor ejecutante de la vivienda, o persona que actúe por su cuenta, el alquiler de la misma por una renta anual máxima del 3 por cien de su valor al tiempo de la aprobación del remate, determinado según tasación, aportada por el ejecutado y certificada por un tasador homologado de conformidad con lo previsto en la Ley 2/1981, de 25 de marzo de Regulación del Mercado Hipotecario.
5. Publicidad del Código de Buenas Prácticas. Las entidades garantizarán la máxima difusión del contenido del Código de Buenas Prácticas, en particular, entre sus clientes."
"1. Hasta transcurridos siete años desde la entrada en vigor de esta Ley, no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo.
h) El deudor mayor de 60 años."
Disposición adicional primera. Adhesión al "Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual".
1. Todas las entidades que a la entrada en vigor de este real decreto-ley se encontrasen adheridas al "Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual", regulado en el anexo del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de conformidad con la redacción vigente en el momento de su adhesión, se considerarán adheridas al mencionado Código en la redacción dada en este real decreto-ley, salvo que en el plazo de un mes desde su entrada en vigor comuniquen expresamente a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera el acuerdo de su órgano de administración por el que solicitan mantenerse en el ámbito de aplicación de las versiones previas que correspondan.
2. En los diez días siguientes al transcurso del plazo de un mes establecido en el apartado anterior, la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, mediante resolución, ordenará la publicación del listado de entidades adheridas en la sede electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el "Boletín Oficial del Estado". Las posteriores comunicaciones se publicarán trimestralmente en la sede electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el "Boletín Oficial del Estado", salvo que no hubiera modificación alguna.
162/000354
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reposición del derecho de las personas cuidadoras no profesionales del Sistema de Dependencia a las cotizaciones a la Seguridad Social, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 120, de 10 de marzo de 2017.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para reponer el derecho de las personas cuidadoras no profesionales del Sistema de Dependencia a las cotizaciones a la Seguridad Social, para su debate en Pleno.
"1. Fomento de los servicios públicos, universales y de calidad de atención a las personas en situación de dependencia como: servicios de prevención, servicio de teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, servicios de Centro de Día y de Noche, servicios de atención residencial para que la persona en situación de dependencia o núcleo cuidador pueda optar entre este catálogo de prestaciones y servicios y la opción de optar por tener un/a cuidador/a no profesional del Sistema de Dependencia con derecho a cotización de la Seguridad Social por parte del Estado, siendo todo esta catálogo de servicios y prestaciones compatibles y no excluyentes uno de otro.
2. Aumento de la cuantía de la prestación.
3. Reconocimiento a las personas cuidadoras no profesionales la prestación por desempleo.
4. Reconocimiento a las personas cuidadoras no profesionales a formación profesional para garantizar así su capacitación profesional y convertirse en un/a profesional de los cuidados y de la atención a personas en situación de dependencia.
5. Reconocimiento a las personas cuidadoras no profesionales a la prestación por maternidad y paternidad.
6. Reconocimiento a las personas cuidadoras no profesionales a que se le cubra su riesgo durante la lactancia natural."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2017.-Ana Marcello Santos, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley para reponer el derecho de las personas cuidadoras no profesionales del Sistema de Dependencia a las cotizaciones a la Seguridad Social, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se modifica la sección propositiva de la Proposición no de Ley, que queda redactado como sigue:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover un Pacto de Estado por los Servicios Sociales y la Atención a la Dependencia, consensuado con las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y de la Dependencia, con el fin de lograr una gestión ágil, común y sostenible de todos los servicios sociales y mejorar su financiación en el ámbito del nuevo modelo de financiación autonómica, asegurando los recursos suficientes.
En particular, este Pacto de Estado por los Servicios Sociales y la Atención a la Dependencia abordará, entre otras, las siguientes medidas:
1. Recuperar progresivamente a lo largo de la Legislatura los recursos dedicados al Sistema Nacional de Dependencia anteriores a 2012.
2. Reponer el derecho de las personas cuidadoras no profesionales del Sistema de Dependencia a que las cotizaciones a la Seguridad Social corran a cargo de la Administración General del Estado, derecho que les fue arrebatado por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.
3. Poner en marcha un proceso de evaluación permanente de la Ley de Dependencia en España, en coordinación con las Comunidades Autónomas, con la finalidad de garantizar unos estándares comunes de calidad.
4. Impulsar en el marco de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales la ampliación del Sistema de Atención a la Dependencia a las enfermedades mentales severas.
5. Reforzar los programas de prevención de la dependencia, promoción de la salud y de abordaje de la cronicidad, así como establecer sistemas de control de la eficacia de las políticas de dependencia trasladando sus resultados al Portal de la Transparencia."
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reponer el derecho de las personas cuidadoras no profesionales del Sistema de Dependencia a que las cotizaciones a la Seguridad Social corran a cargo de la Administración General del Estado, derecho que les fue arrebatado por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2017.-José Manuel Villegas Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de adición a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reposición del derecho de las personas cuidadoras no profesionales del Sistema de Dependencia a las cotizaciones a la Seguridad Social.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reponer el derecho de las personas cuidadoras no profesionales del Sistema de Dependencia a que las cotizaciones a la Seguridad Social corran a cargo de la Administración General del Estado, derecho que les fue arrebatado por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Y a restituir de forma inmediata, el nivel de financiación conveniado."
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís, Joan Baldoví, y al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente enmienda parcial a la Proposición no de Ley para reponer el derecho de las personas cuidadoras no profesionales del Sistema de Dependencia a las cotizaciones a la Seguridad Social, para su debate en Pleno.
Añadir un nuevo punto 2.
"Restablecer en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, la reducción presupuestaria que se viene aplicando a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia derivada de la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad; para así garantizar que las Comunidades Autónomas reciban el 50 % de la financiación que le corresponde pagar al Estado. Así como el restablecimiento de la reducción en un 15 % de la prestación económica por ciudadanos en el entorno familiar."
El Gobierno no puede evadir sus responsabilidades, debe comprometerse a cubrir el 32% de financiación, y así llegar al 50% de lo que al Estado le corresponde.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2017.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000365
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reforma del Tribunal Constitucional, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 125, de 17 de marzo de 2017.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley ante el Pleno relativa al relativa a la reforma del Tribunal Constitucional presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de proceder a la reforma del Tribunal Constitucional para reforzar su independencia y garantizar la rapidez y eficacia de sus pronunciamientos, y para ello se compromete a crear un grupo de trabajo con la participación de todos los Grupos Parlamentarios al objeto de que, en el plazo máximo de doce meses, presente un texto para la reforma integral del Tribunal Constitucional, que alcance la reforma de la Constitución Española, la modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, de la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y los Reglamentos Parlamentarios con el objeto de:
1. Atender las recomendaciones del dictamen de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y derogar la modificación del artículo 92 de la LOTC, restaurando éste a su redacción original en Ley Orgánica 2/1979, a fin de garantizar que el tribunal Constitucional siga siendo un árbitro imparcial y un juez de leyes, desvinculado de la arena política, dejando sin efecto la atribución del poder de ejecución de sus sentencias e imposición de sanciones, reforzando la división de competencias y ello sin perjuicio de dejar por sentado que sus resoluciones deben ser cumplidas.
2. Que las propuestas de nombramiento de los Magistrados del Tribunal Constitucional a cargo del Congreso de los Diputados y del Senado se realice conforme a una verdadera y eficaz evaluación de la competencia técnica y la idoneidad de los candidatos para lo que, con respeto a los principios de convocatoria pública, informes independientes de evaluación de las candidaturas, audiencia en las correspondientes comisiones del Congreso y del Senado, implementación del mecanismo de la cuota rechazo y paridad de género.
3. Que se endurezca el sistema de incompatibilidades de los candidatos, de forma que no puedan acudir a la convocatoria pública mencionada quienes en los últimos ocho años hayan sido cargos electos, miembros del Gobierno o de los Gobiernos autonómicos, altos cargos de las Administraciones Públicas, de partidos políticos, de sindicatos y cualesquiera otros organismos que se estimen apropiados.
4. Que se establezcan mecanismos eficaces de cumplimiento de los plazos máximos fijados para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los asuntos a resolver y, en particular, prever uno reducido para el caso especial de que estuviesen afectados derechos fundamentales.
5. Que se dote al Tribunal Constitucional de un incremento suficiente de recursos económicos y humanos que hagan posible el cumplimiento de los plazos y, al mismo tiempo, se constituya un organismo de soporte, fiscalización y control riguroso, que vele por la velocidad y la calidad de las resoluciones, dotado de potestad sancionadora."
Para abordar la imprescindible reforma del Tribunal Constitucional para reforzar su independencia, habrá que empezar por el final y atender las recomendaciones del dictamen de la Comisión de Venecia sobre los perjuicios a la independencia del Tribunal causados por Ley Orgánica 15/2015, en especial lo relativo a la posibilidad de imponer sanciones pecuniarias y suspender en sus cargos a las autoridades o cargos públicos que se resistan a acatar una de sus sentencias. En consecuencia, se introduce el primer punto de esta enmienda como punto de partida.
En lo relativo a la necesaria reforma del sistema de elección de candidaturas, incompatibilidades y cumplimiento de plazos, se opta por una fórmula más abierta, sin apriorismos, que permita trabajar en el seno de la comisión de trabajo sumando las diferentes sensibilidades políticas, eliminando la reforma de
criterios de edad y experiencia, aunque con la introducción de dos criterios en la elección (cuota de rechazo y paridad de género) que se considera adecuado prever de antemano.
Por último, para alcanzar el objetivo compartido de agilización y eficacia, se proponen medidas de seguimiento de cumplimiento de los plazos y la previsión de recursos humanos y materiales necesarios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2017.-Jaume Moya Matas, Diputado.- Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a la reforma del Tribunal Constitucional.
Se añaden los siguientes párrafos después del actual párrafo séptimo de la exposición de motivos:
"La independencia del Tribunal Constitucional ha sido cuestionada recientemente por la Comisión de Venecia, quien en su Opinión 827/2015, adoptada en sesión plenaria el 10-11 de marzo de 2017, criticó la atribución al Tribunal Constitucional de estos poderes de ejecución, sobre todo en lo referente a la imposición de multa coercitivas, a la suspensión en sus funciones de autoridades o empleados públicos y a la ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en procesos constitucionales. La Comisión de Venecia observó, en primer lugar, que la reforma se llevó a cabo como respuesta al proceso independentista del pueblo de Catalunya, hecho ya de por sí preocupante que muestra su voluntad represiva de una situación determinada. Y de represión en Catalunya ya tenemos muchos ejemplos, entre ellos la reciente inhabilitación de un President, dos Conselleres y un Conseller por poner las urnas el 9 de noviembre de 2014. En segundo lugar, que la reforma era extremadamente inconcreta en sus términos, y que dejaba la puerta abierta a actuaciones que serían frontalmente contrarias a los derechos consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Tanto es así que la Comisión se esfuerza en interpretar los artículos intentando que no digan lo que el texto legal sí permite: que las multas coercitivas se pueden imponer a las autoridades individualmente, con lo que para imponerse debería seguirse un procedimiento justo con todas las garantías que no está previsto (siendo aún más preocupante en caso de adopción de estas medidas de forma cautelar); que la suspensión puede imponerse a los miembros del Parlament de Catalunya evitando las prerrogativas de inmunidad e inviolabilidad de que gozan los parlamentarios como garantía democrática para el libre ejercicio de su función representativa; que la ejecución sustitutoria puede ser llevada a cabo por el propio Tribunal Constitucional asumiendo las labores políticas de administración y legislador positivo; que la ejecución sustitutoria puede ser practicada por el Gobierno en substitución incluso de los poderes ejecutivo y legislativo autonómico, como subterfugio para aplicar el artículo 155 de la Constitución sin respetar ni tan solo el procedimiento constitucional respecto este mecanismo; y, en general, que el Tribunal Constitucional puede ejecutar de oficio las sentencias en un sentido u otro, quedando en entredicho su supuesta neutralidad. En conclusión, la Comisión avisa que la concentración en el Tribunal de las competencias de juzgar y ejecutar lo juzgado pone en peligro la separación de poderes.
Todas estas críticas ya habían sido anunciadas por los Magistrados progresistas del Tribunal Constitucional en sus votos particulares en las 185/2016 y 215/2016, centrándose sobre todo en lo relacionado con la suspensión de autoridades o empleados públicos y la ejecución sustitutoria, por su carácter punitivo y su incompatibilidad con la inmunidad parlamentaria y la autonomía política de las Comunidades Autónomas."
Se añaden los siguientes párrafos al final de la Exposición de motivos:
"En quinto lugar, la independencia del Tribunal y su labor se han visto degradadas desde que en el 2010, se situó al Tribunal por encima de la soberanía del pueblo de Catalunya anulando el Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006, después de que este fuera refrendado por el pueblo de Catalunya. Es imperativo estudiar los mecanismos de reforma necesarios para evitar que este choque de legitimidades vuelva a producirse, y no con la vía de la censura previa prevista, de nuevo, desde el 2012, a través del control previo de inconstitucionalidad, sino con la eliminación del control de la constitucionalidad de los Estatutos de Autonomía aprobados por referéndum. El poder constituyente debe ser capaz de reservar la soberanía al pueblo.
En esta misma línea, deben modificarse y eliminarse el régimen de suspensión de las leyes, disposiciones generales y resoluciones aprobadas por las instituciones democráticas de las Comunidades Autónoma, eliminando, de una vez por todas, la supremacía del Estado por encima de los pueblos que lo integran, y otorgando al Tribunal Constitucional un papel realmente neutral.
Asimismo, debe eliminarse la posibilidad de que el Tribunal pueda intervenir la soberanía de un Parlamento, como el Parlament de Catalunya, decidiendo qué se puede debatir y qué no en sede parlamentaria. Es decir, es necesario reservar para el Tribunal el papel de juez intérprete neutral."
"Que el Tribunal Constitucional no pueda controlar la constitucionalidad de los Estatutos de Autonomía, reservando la soberanía al pueblo que los refrenda."
"Que se elimine la posibilidad de suspender las normas con rango de ley, las disposiciones generales y las resoluciones aprobadas por las instituciones democráticas de las Comunidades Autónomas."
"Que se otorgue el carácter de intérprete de los derechos fundamentales estatutarios al Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya y órganos análogos del resto de Comunidades de Autonomía en el ámbito territorial de su Comunidad, carácter que fue negado en la Sentencia 31/2010, sobre el Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006."
"Que se impida al Tribunal Constitucional controlar o menoscabar la soberanía de Catalunya expresada a través de las urnas directamente por los ciudadanos o a través de sus representantes elegidos democráticamente."
"Que se elimine la posibilidad de juzgar penalmente a un cargo electo por desobedecer al Tribunal Constitucional cuando actúe en cumplimiento de un mandato democrático expresado en las urnas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2016.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reforma del Tribunal Constitucional.
"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de analizar la conveniencia, viabilidad y términos para llevar a cabo una reforma del Tribunal Constitucional con la finalidad de reforzar su independencia y garantizar la rapidez y eficacia de sus pronunciamientos, y para ello se compromete a crear un grupo de trabajo con la participación de todos los Grupos Parlamentarios para estudiar y proponer las reformas que se estimen oportunas sobre los siguientes aspectos:
1. Procedimientos de nombramiento de los Magistrados del Tribunal Constitucional y requisitos que deben concurrir para ser propuesto como candidato.
2. Sistema de incompatibilidades, duración máxima del mandato y edad de jubilación de los Magistrados del Tribunal Constitucional.
3. Reformas que permitan garantizar el cumplimiento de los plazos máximos para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los asuntos a resolver, especialmente en aquellos casos que afecten a los derechos fundamentales de los ciudadanos."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reforma del Tribunal Constitucional.
"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de proceder a la reforma del Tribunal Constitucional con objeto de reforzar su independencia y garantizar tiempos razonables en la adopción de sus pronunciamientos en todos los procesos constitucionales. Para ello se compromete:
- A determinar si debe proceder la atribución a las Cámaras, en exclusiva, la designación de Magistrados del Tribunal Constitucional, la mitad por el Congreso y la otra mitad por el Senado, en el entendimiento de que los magistrados designados por el Senado lo serán de entre los propuestos por las Comunidades Autónomas.
- Al establecimiento de convocatoria pública para las vacantes a cubrir.
- A la evaluación de la competencia técnica e idoneidad de los candidatos por un Comité Asesor independiente, de composición profesional entre juristas de reconocida competencia, cuyos miembros sean designados para cada ocasión por insaculación entre los propuestos por los Grupos Parlamentarios.
- A la publicidad de los informes de evaluación de las candidaturas presentadas, realizados por el mencionado Comité.
- A la realización de sesiones de audiencia en las correspondientes comisiones del Congreso y del Senado, donde los candidatos sean sometidos a un efectivo y abierto escrutinio de los Parlamentarios antes de la aprobación de su designación por la mayoría que proceda en cada Cámara.
- Al fortalecimiento del sistema de incompatibilidades de los candidatos, de forma que no puedan acudir a la mencionada convocatoria pública quienes en los dos últimos años hayan sido cargos electos, miembros del Gobierno, miembros de gobiernos autonómicos, altos cargos de las administraciones públicas, de partidos políticos, de sindicatos o de cualesquiera otros organismos que se estime adecuado incluir por referencia al mismo propósito.
- A la inclusión, igualmente, del requisito de no estar afiliado a ninguna formación política en el momento de su designación.
- A estudiar y revisar razonablemente, en su caso, el requisito de los años efectivos de experiencia en el ejercicio profesional, la edad de jubilación, la duración efectiva e igual del desempeño del cargo de magistrado, así como los mecanismos que sean necesarios y eficaces para agilizar el pronunciamiento del Tribunal sobre los asuntos que haya de resolver en los diferentes procesos constitucionales, precisando la pertinencia del establecimiento de plazos más reducidos en los casos en que se vieran afectados derechos fundamentales."
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís, don Enric Bataller, y al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes enmiendas parciales a la Proposición no de Ley relativa a la reforma del Tribunal Constitucional, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Del punto III, que quedará redactado de la siguiente forma:
"Que solo puedan ser propuestos como candidatos aquellos juristas que posean una reconocida competencia con, al menos, veinte (20) años de ejercicio profesional."
Evitar un sistema gerontocrático.
Eliminación del punto V.
Del punto V, que quedará redactado de la siguiente forma:
"V. Que los miembros del Tribunal Constitucional sean designados por un periodo de nueve (9) años."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2017.-Enric Bataller i Ruiz, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reforma del Tribunal Constitucional, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 125, de 17 de marzo de 2017, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa de la Cámara, que la creación del grupo de trabajo a que se refiere el primer párrafo se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente:
"El Congreso de los Diputados manifiesta su voluntad de llevar a cabo la reforma del Tribunal Constitucional con la finalidad de reforzar su independencia y garantizar la rapidez y eficacia de sus pronunciamientos, y para ello se compromete a crear un grupo de trabajo con la participación de todos los Grupos Parlamentarios al objeto de que, en el plazo máximo de ocho (8) meses, estudie y proponga las reformas que se estimen necesarias con el objeto de:
(i) Promover una verdadera y eficaz evaluación de la competencia técnica e idoneidad de los candidatos, revisando los requisitos que deben concurrir para ser propuesto como tal y los procedimientos de nombramiento de los Magistrados del Tribunal Constitucional.
(ii) Garantizar la máxima imparcialidad de los candidatos, reforzando el sistema de incompatibilidades y revisando los requisitos de antigüedad en el ejercicio, duración del mandato y edad de jubilación.
(iii) Garantizar el cumplimiento de los plazos máximos fijados para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los asuntos a resolver, especialmente en aquellos casos que afecten a los derechos fundamentales de los ciudadanos."
161/000931
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la corrección de error en la publicación de la aprobación por la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Proposición no de Ley relativa a la ejecución del proyecto del Passeig Marítim de les Cales de Miami Platja, "BOCG Congreso de los Diputados", serie D, núm. 133, de 30 de marzo de 2017, pág. 19.
"presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea"
"presentada por el Grupo Parlamentario Mixto"
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2017.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/001164
Mediante escrito de fecha 29 de marzo de 2017 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Popular la Proposición no de Ley relativa a un nuevo baremo para la determinación de indemnizaciones por daños sanitarios, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 93, de 26 de enero de 2017.
Palacio del Congreso de los Diputado, 31 de marzo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
172/000036
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la adopción de un Plan de Choque para la creación de empleo de calidad, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 173 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una interpelación urgente al Gobierno sobre la adopción de un Plan de Choque para la creación de empleo de calidad.
El impacto de la crisis sobre nuestro mercado laboral ha sido desproporcionado, ningún otro país europeo ha alcanzado unas cifras de destrucción de empleo y unas tasas de paro tan elevadas como las que se han llegado a padecer en España. Números, porcentajes y lamentablemente, muchísimas circunstancias personales han hecho que el paro y la precariedad del empleo hayan sido y sigan siendo la más clara imagen de la crisis en el estado español, con la consecuencia de haber incrementado de forma muy notable las desigualdades y de haber han puesto incluso en riesgo la cohesión social.
Con la recuperación del crecimiento y algunas de las medidas adoptadas, la situación del mercado de trabajo, en términos numéricos, ha empezado a revertir. Hemos dejado atrás cifras de paro registrado de 4.422.359 en diciembre de 2011, para situarnos en diciembre de 2016, en 3.702.974 desempleados. O tasas de paro del 21,93 % en el 2011, para alcanzar un porcentaje del 19,63 % de media anual en 2016, o del 18,63 % a finales del 4.o trimestre pasado. Pero si bien es cierto que hoy la economía crea empleo, ni se crea el suficiente, ni este tiene la calidad que debiera. Salarios bajos o muy bajos, jornadas reducidas, empleo de bajo valor añadido, precariedad en la duración de los contratos, son algunas de las características que hoy nos obligan a repensar la realidad laboral y de impulso económico de la economía.
En este contexto, el Partit Demòcrata, considera necesario y urgente impulsar el diálogo social para la aprobación de un Plan de Choque para la creación de empleo y más específicamente de empleo de calidad, con el fin de aprovechar la vigente coyuntura de crecimiento económico. Por ello presentan la siguiente interpelación urgente al Gobierno sobre la adopción de un Plan de Choque para la creación de empleo de calidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2017.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
172/000037
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista al Ministro de Hacienda y Función Pública sobre la orientación de la política tributaria y estrategia de lucha contra el fraude fiscal, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente interpelación urgente al Ministro de Hacienda y Función Pública sobre la orientación de la política tributaria y estrategia de lucha contra el fraude fiscal, para su debate en la próxima sesión del Pleno de la Cámara.
Las políticas de ingresos y gastos públicos del gobierno del PP han sido regresivas, pues han impuesto esfuerzos y sacrificios a la gran mayoría de la población, recortando gastos sociales y estableciendo copagos, mientras se cambiaban las normas tributarias para favorecer fundamentalmente al 10% de la población, la de mayor renta, a pesar de que se presentaban como beneficiosas para toda la ciudadanía. Las mayores empresas y las rentas más elevadas han sido las grandes beneficiarias.
Además, el regalo fiscal que el Gobierno hizo a estos sectores fue la principal causa del incumplimiento del objetivo de déficit de 2015, que estuvo a punto de provocar una sanción por parte de la Comisión Europea y ha conducido a nuevos ajustes en 2016 y 2017.
El Gobierno del PP pudo corregir la situación a través de los Presupuestos Generales del Estado para 2016, pero decidió emplearlos como herramienta al servicio de sus intereses electorales, inflando las previsiones de ingresos para esconder la pérdida de recaudación que iba a generar su reforma tributaria de 2014. De hecho, tuvo que aprobar un acuerdo de no disponibilidad de créditos, adelantar a julio el cierre presupuestario, y remitir al Congreso de los Diputados, a finales de septiembre, un Real Decreto-ley para revertir decisiones adoptadas previamente respecto del Impuesto de Sociedades.
En 2017, el ajuste para alcanzar el objetivo de déficit debe hacerse por el lado de los ingresos, fundamentalmente por medio de cambios en la norma que regula el Impuesto de Sociedades, y que a través de la ampliación de bases imponibles y la modificación de deducciones, acercará el tipo efectivo de las grandes empresas a su tipo nominal. Estas medidas, que suponen un cambio en la orientación de la política tributaria del Gobierno, han sido exigidas por el PSOE para apoyar los objetivos de déficit y deuda de las administraciones públicas para 2017.
La principal causa del desequilibrio de las cuentas públicas en España, comparado con los países de nuestro entorno, viene en la actualidad por el lado de los ingresos. Es por ello que tanto para extender los efectos de la recuperación económica a los colectivos más golpeados por la crisis como para hacer sostenible el Estado del Bienestar es urgente una reforma en profundidad de la fiscalidad en nuestro país, de modo que el sistema tributario sea más justo y permita una contribución más equitativa al sostenimiento de los gastos públicos,
Por la misma razón, la lucha contra el fraude fiscal, tanto a nivel nacional como internacional, la eliminación de los paraísos fiscales, y la desaparición de la competencia fiscal a la baja, han de ser ejes estratégicos de la política hacendística de nuestro país.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta interpelación urgente al Ministro de Hacienda y Función Pública, sobre la orientación de la política tributaria y estrategia de lucha contra el fraude fiscal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2017.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
173/000022
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a
las reformas y medidas que tiene previsto promover el Gobierno para combatir y acabar con la creciente corrupción en materia de gestión de aguas, en muchos casos vinculada a la privatización de los servicios de agua y saneamiento y de las enmiendas presentadas a la misma.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de la interpelación urgente sobre las reformas y medidas que tiene previsto promover el Gobierno para combatir y acabar con la creciente corrupción en materia de gestión de aguas, en muchos casos vinculada a la privatización de los servicios de agua y saneamiento.
1. Publicar los informes derivados del Plan de Control Interno promovido por el MAPAMA respecto a la empresa ACUAMED.
2. Realizar una auditoría externa independiente, no solo sobre la empresa ACUAMED sino también sobre la empresa ACUAES, hermana gemela de ACUAMED, dirigidas ambas desde la misma cúpula del Ministerio, de forma que se pueda investigar si en dichas empresas se han desarrollado de forma sistemática prácticas similares a las investigadas en ACUAMED.
3. Abrir un proceso de desmantelamiento de las Sociedades Estatales de Aguas, ACUAMED y ACUAES por considerar, por un lado, que contribuyen gravemente a la opacidad de las inversiones públicas en materia de obras hidráulicas favoreciendo la corrupción y procesos oscuros de privatización que lesionan el principio de interés general que debe presidir la gestión de aguas; y, por otro lado, que enmascaran un crecimiento del déficit público en obras hidráulicas insostenibles cuyos costes no van a ser cubiertos por los usuarios, gravando de forma injusta e irracional las finanzas públicas en un momento tan grave de crisis económica.
4. Transferir, en ese proceso de desmantelamiento de las citadas empresas, la gestión de inversiones y de los correspondientes servicios a las Confederaciones Hidrográficas, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos a los que correspondan esas funciones y servicios, en el ámbito de la gestión pública del agua.
5. Suprimir la existencia del Canon Concesional, o figuras similares, que supongan el pago por parte de la empresa concesionaria a la Administración contratante de una cantidad de dinero de libre disposición para esta."
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2017.-Pedro Arrojo Agudo, Diputado.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las reformas y medidas que tiene previsto promover el Gobierno para combatir y acabar con la creciente corrupción en materia de gestión de aguas, en muchos casos vinculada a la privatización de los servicios de agua y saneamiento.
Se modifica la sección propositiva de la Moción, que queda redactada en los siguientes términos:
3. Revisar la regulación sectorial general del agua, que deberá tender a garantizar unos principios básicos comunes en todo el territorio, priorizando la disponibilidad, suficiencia y sostenibilidad del recurso y su uso eficiente, así como la adecuación normativa a las necesidades de cada uso específico. En este marco, la gestión del ciclo integral urbano del agua debe ser objeto de una regulación específica dentro del marco general de regulación del agua, dada la importancia de este sector.
4. Elaborar, previo dialogo con las entidades autonómicas y locales, un Proyecto de Ley del ciclo urbano del agua, que integre un enfoque común y compartido por las distintas administraciones públicas, garantizando la adecuación del suministro a las necesidades de los usuarios, respetando la planificación hidrológica y promoviendo la racionalización y eficiencia de todos los recursos disponibles, así como la coordinación y el reparto claro de competencias y responsabilidades entre las distintas administraciones responsables.
5. Aprobar, de forma urgente, un nuevo Plan Nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización del agua, que haga absolutamente transparentes todos los escenarios de gestión, especialmente en lo referente a los derechos y deberes emanados de los regímenes concesionales, clarificando los principios irrenunciables que garantizan el agua como bien público, incluyendo modalidades de participación ciudadana, y que otorgue prioridad a completar las actuaciones pendientes del Plan Nacional de calidad de las aguas 2007-2015, así como las inversiones recogidas en el Plan de crecimiento, competitividad y eficiencia, con el fin de avanzar en la consecución de los objetivos ambientales y evitar un déficit público en obras hidráulicas y, en particular, en los objetivos establecidos en la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2017.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de la interpelación urgente, sobre las reformas y medidas que tiene previsto promover el Gobierno para combatir y acabar con la creciente corrupción en materia de gestión de aguas, en muchos casos vinculada a la privatización de los servicios de agua y saneamiento.
Se propone añadir un nuevo punto 6 con el siguiente texto:
"Activar en los próximos presupuestos una línea de inversión pública en apoyo a los municipios rurales que empodere a sus ayuntamientos ante el reto del saneamiento que la UE nos plantea, combatiendo el desamparo en que se encuentran muchos municipios en España, como los del Pirineo Aragonés."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2017.-Pedro Arrojo Agudo, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Català integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificación de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea relativa a las reformas y medidas que tiene previsto promover el Gobierno para combatir y acabar con la creciente corrupción en materia de gestión de aguas, en muchos casos vinculada a la privatización de los servicios de agua y saneamiento.
3. En base a los resultados de las auditorías del punto 2 tomar las acciones oportunas, incluyendo la posibilidad de desmantelamiento de ambas sociedades estatales.
4. En el supuesto que se decida desmantelar las citadas empresas, transferir la gestión de inversiones y de los correspondientes servicios a las Confederaciones Hidrográficas, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos a los que correspondan esas funciones y servicios, en el ámbito de la gestión pública del agua.
5. Obligar a que el Canon Concesional, o figuras similares, que supongan el pago por parte de la empresa concesionaria a la administración contratante de una cantidad de dinero sea destinado a financiar obras del ciclo del agua."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las reformas y medidas que tiene previsto promover el Gobierno para combatir y acabar con la creciente corrupción en materia de gestión de aguas, en muchos casos vinculada a la privatización de los servicios de agua y saneamiento.
2. Realizar una auditoría externa independiente, no solo sobre la empresa ACUAMED, sino sobre la empresa ACUAES, de forma que se pueda investigar si en dichas sociedades públicas se han desarrollado de forma sistemática prácticas similares a las investigadas en ACUAMED. Adicionalmente, dar cuenta por parte del Gobierno del control financiero permanente anual realizado por la Intervención General del Estado y de los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas, sobre las empresas públicas ACUAMED y ACUAES, en los ejercicios presupuestarios afectados por la irregularidades que se están investigando, así como, informar de las medidas que se han tomado por parte del Gobierno, derivadas de dichos controles e informes, para corregir las irregularidades y deficiencias detectadas.
3. Seguir la recomendación hecha por el Tribunal de Cuentas a propósito de la Sociedades Estatales de Aguas, en el sentido de replantear su existencia, abriendo de forma inmediata un proceso de remodelación de estas Sociedades Estatales, ACUAMED y ACUAES, de forma que estas sociedades se sometan a las mismas normas de transparencia y de derecho presupuestario y administrativo que se aplican a la Administración General del Estado, favoreciendo el control presupuestario y corrigiendo las deficiencias de gestión que han dado lugar a la opacidad en las inversiones públicas en materia de obras hidráulicas, y que han vulnerado el principio de interés general que debe presidir la gestión de aguas. Estas medidas deben contribuir además a evitar los sobrecostes y desviaciones presupuestarias que se han producido en la ejecución de obras por parte de las sociedades públicas del Estado, y que afectan gravemente al déficit público.
4. Estudiar la progresiva transferencia de competencias de gestión de inversiones públicas y de los correspondientes servicios, de esta Sociedades Estatales a las Confederaciones Hidrográficas, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos a los que correspondan esas funciones y servicios, en el ámbito de la gestión pública del agua.
5. Regular mediante Ley la figura del canon concesional que hoy por hoy supone el pago por parte de la empresa concesionaria a la administración contratante de una cantidad de dinero de libre disposición para esta, estableciendo los mecanismos de control y transparencia, así como los límites temporales adecuados que permitan un correcto ejercicio de la titularidad pública del servicio del agua por parte de las administraciones competentes. En esta línea, en caso de que se establezca una contraprestación de este tipo, el destino de los bienes, generalmente infraestructuras, y derechos resultantes, será necesariamente el de la mejora de dichos servicios de agua y saneamiento. Tales infraestructuras, deberán ser aprobadas en una relación definida y presupuestada de obras a ejecutar, garantizando que la
contratación de esas obras se hará por la administración contratante conforme a la legislación de contratos de la Administración Pública.
6. Activar en los próximos presupuestos una línea de inversión pública en apoyo a los municipios rurales que empodere a sus ayuntamientos ante el reto del saneamiento que la UE nos plantea, combatiendo el desamparo en que se encuentran muchos municipios en España."
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las reformas y medidas que tiene previsto promover el Gobierno para combatir y acabar con la creciente corrupción en materia de gestión de aguas, en muchos casos vinculada a la privatización de los servicios de agua y saneamiento, ha acordado lo siguiente:
2. Realizar una auditoría externa independiente, no sólo sobre la empresa ACUAMED, sino sobre la empresa ACUAES, de forma que se pueda investigar si en dichas sociedades públicas se han desarrollado de forma sistemática prácticas similares a las investigadas en ACUAMED. Adicionalmente, dar cuenta por parte del Gobierno del control financiero permanente anual realizado por la Intervención General del Estado y de los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas, sobre las empresas públicas ACUAMED y ACUAES, en los ejercicios presupuestarios afectados por las irregularidades que se están investigando, así como, informar de las medidas que se han tomado por parte del Gobierno, derivadas de dichos controles e informes, para corregir las irregularidades y deficiencias detectadas.
3. Seguir la recomendación del Tribunal de Cuentas, a propósito de las Sociedades Estatales de Aguas, en el sentido de "replantear su existencia", abriendo de forma inmediata un proceso de remodelación de estas Sociedades Estatales, ACUAMED y ACUAES, para que se sometan a las mismas normas de transparencia y de derecho presupuestario y administrativo que se aplican a la Administración General del Estado, favoreciendo el control presupuestario y corrigiendo las deficiencias de gestión que han dado lugar a la opacidad en las inversiones públicas en materia de obras hidráulicas, vulnerando el principio de interés general que debe presidir la gestión de aguas. Estas medidas deben contribuir además a evitar los sobrecostes y desviaciones presupuestarias que se han producido en la ejecución de obras por parte de estas sociedades, afectando gravemente al déficit público.
4. Estudiar la progresiva transferencia de competencias de gestión de inversiones públicas y de los correspondientes servicios, de estas Sociedades Estatales a las Confederaciones Hidrográficas, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos a los que correspondan esas funciones y servicios, en el ámbito de la gestión pública del agua.
5. Regular mediante Ley la figura del Canon Concesional que hoy supone el pago por parte de la empresa concesionaria a la administración contratante de una cantidad de dinero de libre disposición, estableciendo los mecanismos de control y transparencia, así como los límites temporales adecuados que permitan un correcto ejercicio de la titularidad pública del servicio del agua por parte de las administraciones competentes. En esta línea, en caso de que se establezca una contraprestación de este tipo, el destino de los bienes, generalmente infraestructuras, y derechos resultantes, será necesariamente el de la mejora de dichos servicios de agua y saneamiento. Tales infraestructuras, deberán ser aprobadas en una relación definida y presupuestada de obras a ejecutar, garantizando que la contratación de esas obras se haga por la administración contratante conforme a la legislación de contratos de la Administración Pública.
6. Activar en los próximos presupuestos una línea de inversión pública en apoyo a los municipios rurales que empodere a sus ayuntamientos ante el reto del saneamiento que la UE nos plantea, combatiendo el desamparo en que se encuentran muchos municipios en España, como los del Pirineo Aragonés."
173/000023
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio del Interior para mejorar la seguridad de los usuarios de motocicletas y ciclomotores y de las enmiendas presentadas a la misma.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de la interpelación urgente al Ministro del Interior sobre sus políticas para mejorar la seguridad de los usuarios de motocicletas y ciclomotores.
Según el balance de siniestralidad vial de 2016 presentado a principios de enero de 2017 por el Director General de Tráfico, don Gregorio Serrano, durante el pasado año se produjeron 1.038 accidentes mortales en vías interurbanas en los que fallecieron 1.160 personas. Otras 5.067 necesitaron hospitalización como consecuencia de las heridas sufridas. Las carreteras convencionales siguen siendo las vías donde fallece el mayor número de personas (alrededor del 75 %).
El parque conjunto de motocicletas y ciclomotores en nuestro país asciende a más de 5 millones de vehículos, de los que casi 2 son ciclomotores y más de 3 son motocicletas, y todos los estudios y prospecciones anuncian un aumento en el futuro, debido a su consolidación en los desplazamientos urbanos e interurbanos. Según los datos disponibles, la mayoría de los usuarios de motocicletas y ciclomotores realiza una conducción responsable y de acuerdo con la normativa, mostrando un máximo respeto en el cumplimiento de las normas de circulación y hacia los usuarios vulnerables, y desarrollando sus desplazamientos de manera responsable y segura.
Sin embargo, los accidentes de motociclistas son un hecho constatado y reconocido que debe promover acciones correctoras por parte de los ciudadanos y las administraciones públicas. En 2016 fallecieron 214 usuarios de moto y 21 de ciclomotor. Los de dos ruedas son los vehículos a motor más vulnerables en un accidente de tráfico. De cada 10 accidentes mortales y graves que suceden en nuestras carreteras, dos corresponden a usuarios de ciclomotores y motocicletas. Además, en tres de cada cuatro accidentes en los que se ve implicada una moto, dicho accidente es ocasionado por el otro vehículo.
Con el fin de reducir la siniestralidad, en agosto del pasado año, la Dirección General de Tráfico (DGT) publicó una lista con los 300 tramos denominados de Intensificación de la Vigilancia de la Velocidad (INVIVE), dotados de una vigilancia especial e identificados mediante una señal naranja bajo el límite de velocidad de la vía. Se trata de 8.707 kilómetros de carreteras en los que se ha detectado una alta siniestralidad.
Por otra parte, el consorcio EuroRAP (European Road Assesment Program), formado por la Comisión Europea y diversos clubes automovilísticos, entre otros entes, ha elaborado sus propias tablas estadísticas de tramos de alta peligrosidad. Sin embargo, definen el nivel de riesgo exclusivamente a través de la evaluación de los siniestros y su gravedad, en relación con el nivel de tráfico de la vía. De este modo, identifican el perfil de un tramo con un nivel de riesgo alto: se trataría de una carretera convencional, de calzada única, con intersecciones al mismo nivel, una intensidad media diaria de tráfico por debajo de 10.000 vehículos/día y en la que los accidentes se producen principalmente por salidas de la vía.
Existen ciertos tramos donde la accidentalidad es mayor en el caso de los usuarios de vehículos de dos ruedas. El informe de EuroRAP considera, de forma particular, la accidentalidad de los usuarios de los ciclomotores y las motocicletas, encontrando varios tramos en los que se produce un elevado porcentaje de los accidentes mortales y graves de motociclistas. Este dato refleja de forma evidente que la lesividad de los ciclomotores y motocicletas está concentrada en tramos concretos de nuestras vías y que, si se actúa sobre ellos, se podrían evitar muchos de estos accidentes.
En cualquier caso, conviene recordar que la DGT dispone de sus propios algoritmos para determinar cuáles son los tramos de mayor peligrosidad. Utilizando los datos de los que ya dispone, pero restringiéndolos únicamente a la submuestra de motocicletas y ciclomotores, se pueden determinar los tramos de mayor peligrosidad para los usuarios de estos vehículos, para posteriormente identificar, mediante señalización vertical, los especialmente peligrosos.
Por último, continuando con la experiencia piloto llevada a cabo por la Junta de Castilla y León y la DGT en las carreteras CL-615 y CL-613, consistente en el pintado de marcas de color verde paralelas a las líneas de la calzada, que generan en los conductores la sensación de estrechamiento del carril, lo que les induce a moderar su velocidad, se pasaría a identificar los tramos más peligrosos mediante esta técnica. Esta técnica ya se ha aplicado con éxito en Suecia y Holanda.
Además de llevar a cabo actuaciones específicas sobre los tramos de concentración de accidentes y puntos de riesgo, se hace necesaria, en cualquier caso, la implementación de políticas integrales de seguridad dirigidas a este colectivo, como adaptar las condiciones de infraestructura y mecanismos de gestión del tráfico en intersecciones, mejorar la adherencia, la conservación y el estado de la red viaria (para evitar situaciones como baches, abombamientos de la calzada, vertidos deslizantes, gravilla y, en general, obstáculos de cualquier tipo, que afectan a la seguridad vial en general y, muy especialmente, a la de los conductores de motocicletas y ciclomotores) y su control mediante auditorías de seguridad vial, mejoras en los sistemas de seguridad de los vehículos, incentivos para la renovación del parque y el equipamiento seguro, la sustitución, reforma y actualización de los sistemas viales de contención ("quitamiedos", guardarraíles y biondas), la mejora de la señalización vertical y la reducción en los tiempos de asistencia en accidente. Políticas que, en muchos casos, no se están llevando a cabo.
"1. Identificar los tramos más peligrosos de toda la red de carreteras, utilizando los datos de accidentes y el algoritmo similar al INVIVE de la Dirección General de Tráfico (específico para motos) independientemente de la titularidad de la vía.
3. Señalizar los tramos más peligrosos con marcas viales que permitan saber al motorista que está en una zona de alto riesgo de manera intuitiva, mediante señalización vertical y horizontal, por ejemplo, cambiando el color de la pintura de blanco a verde.
4. Sustituir, de manera inmediata, los guardarraíles por sistemas de protección a motoristas homologados en los tramos más peligrosos.
5. Informar a Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos de cuáles son sus tramos de alta peligrosidad para que asuman su responsabilidad, señalicen y cambien los gruardarraíles en el ámbito de sus respectivas competencias.
7. Evaluar y adaptar la red de carreteras en temas que afectan de forma sensible la seguridad de motocicletas y ciclomotores, tales como: la mejora de la adherencia (con especial atención a las pinturas antideslizantes), los baches, los abombamientos de la calzada, vertidos deslizantes, gravilla y, en general, obstáculos de cualquier tipo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de la interpelación urgente al Ministro del Interior del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre sus políticas para mejorar la seguridad de los usuarios de motocicletas y ciclomotores.
Se propone la adición del texto siguiente, que quedaría:
"3. Señalizar en las carreteras de titularidad estatal los tramos más peligrosos con marcas viales que permitan saber al motorista que está en una zona de alto riesgo de manera intuitiva, mediante señalización vertical y horizontal, por ejemplo, cambiando el color de la pintura de blanco a verde."
Mejora técnica para que pueda incluirse efectivamente en los Presupuestos.
"4. Sustituir, de manera inmediata en las carreteras de titularidad estatal, los guardarraíles por sistemas de protección a motoristas homologados en los tramos más peligrosos."
"7. Evaluar y adaptar la red de carreteras en temas que afectan de forma sensible a la seguridad de motocicletas, ciclomotores y ciclistas, tales como: la mejora de la adherencia (con especial atención a las pinturas antideslizantes), los baches, los abombamientos de la calzada, vertidos deslizantes, gravilla y, en general, obstáculos de cualquier tipo."
Entendemos que se trata de idénticas circunstancias y por tanto deben ser asimilados los ciclistas como colectivo vulnerable específicamente en este punto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2017.-Jorge Luis Bail, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado Isidro Martínez Oblanca, de Foro, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio del Interior para mejorar la seguridad de los usuarios de motocicletas y ciclomotores.
"8. Realizar campañas informativas para fomentar entre los motoristas el uso de casco, equipamiento, ropa y calzado adecuado en función de las vías y carreteras por las que se va a realizar el desplazamiento, así como de las condiciones y horario (diurno o nocturno) del trayecto.
9. Fortalecer la educación vial, la seguridad y la exigencia de formación adicional en el manejo inicial de motos y ciclomotores, dado que un porcentaje significativo de jóvenes motoristas sobrevalora sus habilidades, y carece de la experiencia en la conducción que se adquiere con los años y de una mayor prudencia. De ahí que la frecuencia de siniestralidad de los motoristas disminuye a medida que aumenta la edad del conductor."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2017.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Olòriz Serra, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre las políticas para mejorar la seguridad de los usuarios de motocicletas y ciclomotores.
"1. Identificar y colaborar con el Servei Català de Trànsit en la identificación de los tramos más peligrosos de toda la red de carreteras, utilizando los datos de accidentes y el algoritmo similar al INVIVE de la Dirección General de Tráfico (específico para motos). Respetando en cualquier caso las competencias de la Generalitat de Catalunya en materia de políticas de seguridad vial.
2. Informar y colaborar con el Servei Català de Trànsit en la información a los motoristas de la localización de estos tramos, a través de todos los medios disponibles (Internet y sistemas de navegación, así como en la propia carretera).
3. Señalizar, de acuerdo con el actual marco de competencias y en esas carreteras titularidad del Estado, los tramos más peligrosos con marcas viales que permitan saber al motorista que está en una zona de alto riesgo de manera intuitiva, mediante la señalización vertical y horizontal cambiando el color de la pintura de blanco a verde.
4. Sustituir, de acuerdo con el actual marco de competencias y en esas carreteras titularidad del Estado, los guardarraíles por sistemas de protección a motoristas homologados en los tramos más peligrosos.
5. Informar, de acuerdo con el actual marco de competencias y en esas carreteras titularidad del Estado, a Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos de cuáles son sus tramos de alta peligrosidad para que asuman su responsabilidad, señalicen y cambien los guardarraíles.
6. Destinar una partida presupuestaria en los siguientes Presupuestos Generales del Estado a fin y efecto de transferir a dichos organismos, titulares de las diferentes vías, de los suficientes recursos económicos como para poder realizar las señalizaciones y cambios necesarios.
7. Rehabilitar el GT-52 (Motocicletas y Seguridad Vial), Grupo de Trabajo para la Seguridad Vial de Motos y Ciclomotores en el seno del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, enfocado en la reducción de la accidentalidad y la elaboración de un Plan Estratégico de Seguridad Vial, con pleno respeto para el actual marco competencial, específico para motos.
8. Evaluar y adaptar la red de carreteras del Estado, en temas que afectan de forma sensible a la seguridad de motocicletas y ciclomotores, tales como: la mejora de la adherencia (con especial atención a las pinturas antideslizantes), los baches, los abombamientos de la calzada, vertidos deslizantes, gravilla y, en general, obstáculos de cualquier tipo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2017.-Joan Olòriz Serra, Diputado.- Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio del Interior para mejorar la seguridad de los usuarios de motocicletas y ciclomotores.
1. Identificar los tramos más peligrosos en cada una de las redes de carreteras existentes en España por los titulares de la vía, como responsables de las mismas y conocedores de las características y particularidades de las mismas. Para ello deberá utilizarse procedimientos que tengan en cuenta no solo los datos de accidentalidad en un periodo plurianual, sino también otros parámetros, tales como la tipología de la vía o el tráfico. En particular, deberá tenerse en cuenta también la accidentalidad de los motociclistas.
2. Difundir la localización de dichos tramos al público en general a través de su publicación en la web de cada titular y también facilitar a los organismos con responsabilidad en la vigilancia del tráfico (DGT, Mossos d'Esquadra, ...) para que puedan incrementar las medidas de vigilancia en los mismos y difundirla igualmente en su página web.
3. Potenciar y continuar con planes de barreras específicas de protección de motociclistas, atendiendo a las disponibilidades presupuestarias, implantándolas en aquellos lugares recogidos en las disposiciones técnicas que establecen los criterios técnicos para su colocación.
4. Rehabilitar el GT-52 (Motocicletas y Seguridad Vial), Grupo de Trabajo para la Seguridad Vial de Motos y Ciclomotores, en el seno del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, enfocado en la reducción de la accidentalidad y la elaboración de un Plan Estratégico de Seguridad Vial específico para motos.
5. Continuar y potenciar las actuaciones específicas de seguridad vial y de conservación atendiendo a las disponibilidades presupuestarias.
6. Revisar la normativa en materia de seguridad vial para adaptarla a las necesidades actuales en pro de un incremento de la seguridad y una minoración del riesgo, considerando necesario que en el desarrollo de los trabajos del Consejo Superior de Tráfico se tenga presente las especiales circunstancias de riesgo que afectan a los ciclomotores y motocicletas, cuya circulación se ha incrementado notablemente en los últimos años, tendencia que continuará en el futuro."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio del Interior para mejorar la seguridad de los usuarios de motocicletas y ciclomotores.
"8. Que se lleven a cabo campañas específicas de sensibilización, a través de la DGT, dirigidas a usuarios de motocicletas y ciclomotores para promover comportamientos más seguros, como la concienciación en el uso correcto del casco (homologado, talla adecuada, siempre abrochado), en colaboración con las asociaciones y federaciones de motociclistas.
9. Poner en marcha programas de formación con cursos orientados a mejorar las técnicas en la conducción para corregir errores y malos hábitos adquiridos.
10. Elaborar un plan específico orientado a turismos y vehículos pesados concienciándoles del necesario respeto a los vehículos de dos ruedas a través de campañas de convivencia que recuerden la especial vulnerabilidad de los usuarios de ciclomotores y motocicletas.
11. Establecer incentivos a la instalación de dispositivos de seguridad en los vehículos de dos ruedas."
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio del Interior para mejorar la seguridad de los usuarios de motocicletas y ciclomotores, ha acordado lo siguiente:
8. Estudiar programas de formación certificados para motoristas y, a su vez, campañas de sensibilización orientadas a turismos y vehículos pesados, concienciándoles del necesario respeto a los vehículos de dos ruedas."
Núm. expte.: 184/007030.
Núm. registro: 15742.
Autor iniciativa: González Bayo, Josefa Inmaculada (GS) Díaz Trillo, José Juan (GS).
Objeto iniciativa: Falta de efectivos de la Policía Nacional en la provincia de Huelva.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 96, de 31 de enero de 2017.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000322.
Núm. expte.: 184/006138.
Núm. registro: 13535.
Objeto iniciativa: Impulso definitivo previsto por el Gobierno para el año 2017 a las obras de la Línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 88, de 18 de enero de 2017.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000321.
Núm. expte.: 184/006136.
Núm. registro: 13533.
Objeto iniciativa: Situación de las obras correspondientes al proyecto de la Línea de Alta Velocidad Huelva-Sevilla.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000323.
Núm. expte.: 184/004238.
Objeto iniciativa: Actuaciones llevadas a cabo en el ario 2016 con motivo de los temporales de invierno y primavera, y presupuesto de las mismas.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000320.
Núm. expte.: 184/007365.
Núm. registro: 16611.
Objeto iniciativa: Número de víctimas mortales por accidentes de tráfico producidas en la carretera N-322 en los tramos que trascurren desde Úbeda hasta el límite de la provincia de Jaén con Albacete en los años 2012 a 2016.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 100, de 6 de febrero de 2017.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000329.
Núm. expte.: 184/007366.
Núm. registro: 16612.
Objeto iniciativa: Número de accidentes de tráfico producidos en la carretera N-332 en los tramos que trascurren desde Úbeda hasta el límite de la provincia de Jaén con Albacete en los años 2012 a 2016.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000330.
Núm. expte.: 184/007367.
Núm. registro: 16613.
Objeto iniciativa: Número de accidentes de tráfico con víctimas mortales producidos en la carretera N-332 en los tramos que trascurren desde Úbeda hasta el límite de la provincia de Jaén con Albacete en los años 2012 a 2016.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000331.
Núm. expte.: 184/005675.
Objeto iniciativa: Volumen de inversión ejecutada en el proyecto 2016 17 38 0432 "Socavón N-232 en Villacarrillo".
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 82, de 9 de enero de 2017.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000325.
Núm. expte.: 184/007803.
Núm. registro: 17636.
Objeto iniciativa: Número de personas a las que atendió el servicio de la Tesorería General de la Seguridad Social en sus oficinas de la localidad de Villacarrillo en la provincia de Jaén, en los años 2012 a 2016, así como personal existente en dichas oficinas.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 106, de 20 de febrero de 2017.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000332.
Núm. expte.: 184/005659.
Núm. registro: 12429.
Objeto iniciativa: Volumen de inversión ejecutada en la partida "Central Hidroeléctrica Puente de la Cerrada" durante el año 2015.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000324.
Núm. expte.: 184/005680.
Objeto iniciativa: Volumen de inversión ejecutada en el proyecto 2006 23 05 0080 "Modernización zonas regables del Guadalbullón".
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000326.
Núm. expte.: 184/005684.
Objeto iniciativa: Actuaciones que contempla la partida presupuestaria 2008 23 228 0013 "ACTIVA Jaén".
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000327.
Núm. expte.: 184/005685.
Objeto iniciativa: Actuaciones que contempla la partida presupuestaria 2000 23 228 0002 "Actuaciones de reposición en infraestructura hidráulica en la cuenca del Guadalquivir".
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000328.
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Empleo y Seguridad Social, la pregunta al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Núm. expte.: 184/007804.
Núm. registro: 17637.
Objeto iniciativa: Supresión del servicio que la Tesorería General de la Seguridad Social prestaba en la localidad de Villacarrillo en la provincia de Jaén.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000337.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de marzo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/005277.
Núm. registro: 11499.
Autor iniciativa: Montero Gil, Irene María (GCUP-EC-EM) Belarra Urteaga, Ione (GCUP-ECEM) Garzón Espinosa, Alberto (GCUP-EC-EM) Mayoral Perales, Rafael (GCUP-EC-EM) Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-EM) Expósito Prieto, Marcelo (GCUP-EC-EM) Bataller i Ruiz, Enric (GMx).
Objeto iniciativa: Situación de los derechos humanos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera La Verde en Murcia.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 77 de 29 de diciembre de 2016.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000350.
Núm. expte.: 184/005278.
Núm. registro: 11500.
Autor iniciativa: Montero Gil, Irene María (GCUP-EC-EM) Belarra Urteaga, Ione (GCUP-EC.
EM) Garzón Espinosa, Alberto (GCUP-EC-EM) Mayoral Perales, Rafael (GCUP-EC-EM) Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-EM) Expósito Prieto, Marcelo (GCUP-EC-EM) Bataller i Ruiz, Enric (GMx).
Objeto iniciativa: Tratamiento de las lesiones producidas en los motines y fugas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera La Verde en Murcia.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000349.
Núm. expte.: 184/005279.
Núm. registro: 11501.
Objeto iniciativa: Condiciones de habitabilidad en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera La Verde en Murcia.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000348.
Núm. expte.: 184/005280.
Núm. registro: 11502.
Objeto iniciativa: Asistencia médica en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera La Verde en Murcia.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000347.
Núm. expte.: 184/006395.
Núm. registro: 14249.
Autor iniciativa: Belarra Urteaga, Ione (GCUP-EC-EM) Expósito Prieto, Marcelo (GCUP-ECEM).
Objeto iniciativa: Informaciones sobre la muerte del ciudadano de Guinea Conakry, Idrissa Diallo, en el CIE de Zona Franca.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 92 de 25 de enero de 2017.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000351.
Núm. expte.: 184/006403.
Núm. registro: 14265.
Autor iniciativa: Batalier i Ruiz, Enric (GMx) Belarra Urteaga, Ione (OCUP-EC-EM) Expósito Prieto, Marcelo (GCUP-EC-EM) García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM).
Objeto iniciativa: Reapertura del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Zapadores de Valencia.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000346.
Núm. expte.: 184/009247.
Núm. registro: 21085.
Objeto iniciativa: Falta de explicaciones a las asociaciones representadas en el Consejo de la Guardia Civil sobre las incidencias producidas en las nóminas correspondientes al mes de enero de 2017.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000338.
Núm. expte.: 184/009553.
Núm. registro: 22063.
Objeto iniciativa: Motivos por los que un Policía formalmente llevado a Ceuta para prestar servicio en Tarajal sea destinado a funciones como conductor del Jefe Superior de Ceuta, pese a estar en comisión para prestar servicios en la frontera y la grave carencia de efectivos de personal en dicha ciudad.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000343.
Núm. expte.: 184/009554.
Núm. registro: 22064.
Objeto iniciativa: Previsiones acerca de la Jefatura de Policía en la Ciudad Autónoma de Ceuta, así como de implementar la plantilla de policías.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000344.
Núm. expte.: 184/009277.
Núm. registro: 21151.
Objeto iniciativa: Modificaciones sobre el proyecto inicial en el enlace desde la localidad de Corellana al tramo Doriga-Cornellana de la autovía Oviedo-La Espina (A-63).
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000339.
Núm. expte.: 184/009278.
Núm. registro: 21152.
Objeto iniciativa: Opinión del Gobierno sobre si es posible la conclusión de las obras necesarias para la puesta en fimcionamiento de la Variante de Pajares antes del ario 2019.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000340.
Núm. expte.: 184/009279.
Núm. registro: 21153.
Objeto iniciativa: Actuaciones de ADIF para resolver el conflicto con la constructora Dragados (ACS) en relación con la instalación de vías en la Variante de Pajares.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000341.
Núm. expte.: 184/009280.
Núm. registro: 21154.
Objeto iniciativa: Fecha prevista para poner en funcionamiento ferroviario los túneles de la Variante de Pajares.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000342.
Núm. expte.: 184/009289.
Núm. registro: 21179.
Autor iniciativa: Expósito Prieto, Marcelo (GCUP-EC-EM).
Objeto iniciativa: Acogida de personas refugiadas.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000345.

References: artículo 76
 artículo 52
 artículo 76
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 193
 artículo 194
 artículo 97
 artículo 92
 artículo 193
 artículo 155
 artículo 193
 artículo 194
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 173
 artículo 97
 artículo 180
 artículo 97
 artículo 184
 artículo 184
 artículo 184
 artículo 184
 artículo 97
 artículo 184
 artículo 184
 artículo 184
 artículo 184
 artículo 190