Source: http://espanito.com/informe-no-17610.html
Timestamp: 2019-10-16 19:10:07+00:00

Document:
Informe no. 176/10
CASOS 12.576, 12.611 Y 12.612
SEGUNDO ANICETO NORIN CATRIMAN, JUAN PATRICIO MARILEO SARAVIA,
VICTOR ANCALAF LLAUPE Y OTROS
CHILE
El 15 de agosto de 2003, el 13 de abril de 2005 y el 20 de mayo de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la "Comisión Interamericana" o la "CIDH") recibió por separado tres peticiones en contra del Estado de Chile (en adelante el “Estado”, “Chile” o el “Estado chileno”) relativas a las condenas penales de una de serie autoridades tradicionales, dirigentes y activistas del pueblo indígena Mapuche en calidad de autores de delitos calificados como terroristas de conformidad con la Ley Nº 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad (en adelante “Ley Nº 18.314” o “Ley antiterrorista”). La primera petición fue presentada por los Lonkos Mapuche Segundo Aniceto Norín Catrimán y Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, representados por los abogados Rodrigo Lillo Vera y Jaime Madariaga de la Barra; la segunda petición fue presentada por los señores Florencio Jaime Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Lican y por Patricia Roxana Troncoso Robles; y la tercera petición fue presentada por el señor Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, autoridad tradicional Mapuche, junto con 69 autoridades tradicionales, dirigentes y miembros del pueblo indígena Mapuche de Chile1, y los abogados Ariel León Bacian, Sergio Fuenzalida Bascuñán y José Alywin Oyarzún, todos ellos en representación de la presunta víctima. En las tres peticiones se alega la violación de numerosos derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención Americana” o la “Convención”).
El 21 de octubre de 2006, el 23 de abril de 2007 y el 2 de mayo de 2007, la Comisión aprobó los informes de admisibilidad No. 89/062, No. 32/073 y No. 33/074, respectivamente, en los cuales determinó su competencia para conocer las denuncias presentadas por los peticionarios y decidió, con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho y sin prejuzgar el fondo de la cuestión, declarar admisibles las peticiones sobre la presunta violación de los artículos 8, 9, y 24 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado.
En las peticiones y en las observaciones sobre el fondo, los peticionarios sostienen que el Estado violó en perjuicio suyo el derecho a la igualdad, el principio de legalidad, diversas garantías procesales, la libertad de expresión, la libertad personal y los derechos políticos, en relación con el deber estatal de respetar y proteger los derechos humanos y de adecuar su derecho interno a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como consecuencia de su procesamiento y condena como autores de delitos calificados como terroristas.
El Estado no presentó observaciones sobre el fondo del asunto en ninguno de los tres casos en referencia.
Después del análisis fáctico y jurídico correspondiente, la Comisión concluyó que Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Lican, Patricia Roxana Troncoso Robles y Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, fueron procesados y condenados con base en una normativa que adolece de una serie de ambigüedades y vaguedades incompatibles con el principio de legalidad. Precisamente como consecuencia de la aplicación de tipos penales abiertos, las conductas imputadas fueron calificadas como delitos terroristas tomando en consideración el origen étnico de las víctimas y su calidad de Lonkos, dirigentes o activistas del pueblo indígena Mapuche. Las autoridades judiciales chilenas que condenaron a las víctimas por delitos terroristas se basaron en una representación de un contexto denominado como el “conflicto Mapuche”, sin efectuar distinciones entre el contexto más general de reivindicaciones legítimas del pueblo indígena caracterizado por diversas formas de protesta social, y los actos de violencia que se han presentado por parte de ciertos grupos minoritarios en dicho contexto. Tampoco fue establecido vínculo alguno de las víctimas con los grupos que habrían incurrido en actos de violencia calificados por los jueces como “terroristas”. De esta manera, la invocación de la pertenencia y/o vinculación de las víctimas al pueblo indígena Mapuche constituyó un acto de discriminación racial mediante el cual se criminalizó, al menos en parte, la protesta social de miembros del pueblo indígena Mapuche. Uno de los aspectos sobresalientes del caso bajo estudio es que trata del procesamiento y condena penales bajo la ley antiterrorista de Chile, en condiciones contrarias a los derechos humanos, de las máximas autoridades tradicionales y dirigentes de tres comunidades del pueblo indígena Mapuche. Pascual Huentequeo Pichún Paillalao y Segundo Aniceto Norín Catrimán son Lonkos, es decir, los más altos líderes o jefes, de sus respectivas comunidades; Víctor Ancalaf es Werkén, esto es, mensajero de su comunidad, conformando con el Lonko respectivo el cuadro de dirigencia indígena local. Tanto los Lonkos como los Werkén, al conformar la dirigencia comunitaria del pueblo Mapuche, son nodos críticos de la estructura sociocultural de este pueblo indígena. El debido cumplimiento de su rol dentro de la cultura y la organización social es un factor que contribuye a la preservación de la integridad sociocultural del pueblo Mapuche y su reproducción hacia el futuro; afectar o impedir el cumplimiento de estas funciones constituye, así, una afectación de la estructura social y la integridad cultural en su conjunto.
En consecuencia, la Comisión estableció que el Estado de Chile incurrió en violación de los derechos consagrados en los artículos 8.1, 8.2, 8.2.f, 8.2.h, 9, 13, 23 y 24 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de las personas que se detallan a lo largo del presente informe, y con un impacto consecuencial sobre la integridad sociocultural del pueblo Mapuche como un todo.
TRAMITE ANTE LA COMISIÓN
La Comisión Interamericana aprobó el 21 de octubre de 2006, el 23 de abril de 2007 y el 2 de mayo de 2007, respectivamente, los Informes de admisibilidad No. 89/06, relativo a la Petición 619-03 (Aniceto Norín Catrimán y Pascual Pichún Paillalao ); Nº 32/07, relativo a la Petición Nº 429/05 (Juan Patricio Marileo Saravia y otros) y el Nº 33/07, relativo a la Petición Nº 581-05 (Victor Manuel Ancalaf Llaupe), los cuales fueron transmitidos al Estado y a los peticionarios el 15 de noviembre de 2006, el 9 de mayo de 2007 y el 10 de mayo de 2007, respectivamente. Asimismo, la Comisión se puso a disposición de las partes a fin de llegar a una solución amistosa y fijó el plazo de dos meses para que los peticionarios presentaran sus observaciones adicionales sobre el fondo, contados a partir de la transmisión de los respectivos informes de admisibilidad.
Con respecto al caso de Segundo Aniceto Norín Catrimán y Pascual Huentequeo Pichún Paillalao (Informe No. 89/06):
El 1 de marzo de 2007, la CIDH recibió las observaciones de los peticionarios sobre el fondo. El 30 de abril de 2007 las transmitió al Estado, otorgándole un plazo de dos meses para que presentara sus observaciones. El Estado hasta la fecha de la adopción del presente informe, no presentó observaciones en relación con el fondo del asunto.
El Estado, mediante comunicación de fecha 13 de julio de 2007, manifestó su interés en llegar a una solución amistosa del asunto, oferta que fue aceptada por los peticionarios mediante comunicación de fecha 24 de octubre de 2007. Además, la CIDH recibió información de los peticionarios el 13 de noviembre de 2007. Dicha comunicación fue debidamente trasladada al Estado. Por otra parte, la CIDH recibió información del Estado en las siguientes fechas: 11 de abril, 25 de julio y 14 de noviembre de 2008. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas a los peticionarios. El 11 de marzo y 24 de octubre de 2008, se realizaron reuniones de trabajo en el marco del 131º y 133º período ordinario de sesiones de la CIDH, en Washington, con el objeto de hacer seguimiento al proceso de solución amistosa iniciado entre las partes. El 4 de febrero de 2009, los peticionarios comunicaron a la CIDH que decidían dar por terminado el proceso de solución amistosa y solicitaron la continuación del trámite del caso.
Con respecto al caso de Juan Patricio Marileo Saravia y otros (Informe No. 32/07):
El 9 de agosto de 2007, la CIDH recibió las observaciones de los peticionarios sobre el fondo. El 15 de agosto de 2007, la CIDH trasmitió al Estado las observaciones de los peticionarios sobre el fondo y le otorgó un plazo de dos meses para presentar sus observaciones. Hasta la fecha de la adopción del presente informe, el Estado no ha presentado sus observaciones en relación al fondo.
El Estado, mediante comunicación de fecha 14 de febrero de 2008, manifestó su interés en llegar a una solución amistosa del asunto, oferta que fue aceptada por los peticionarios mediante comunicación de fecha 23 de febrero de 2008. El 11 de marzo y 24 de octubre de 2008, se realizaron reuniones de trabajo en el marco del 131º y 133º período ordinario de sesiones de la CIDH, con el objeto de hacer seguimiento al proceso de solución amistosa iniciado entre las partes. La CIDH recibió información de los peticionarios en las siguientes fechas: 11 y 25 de febrero, 28 de julio, 19 de agosto y 1 de diciembre de 2008. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas al Estado. Por otra parte, la CIDH recibió comunicaciones del Estado en las siguientes fechas: 12 de julio, 18 de septiembre, 6 y 14 de noviembre y 8 de diciembre de 2008. Dichas comunicaciones fueron debidamente transmitidas a los peticionarios. El 23 de diciembre de 2008, los peticionarios comunicaron a la CIDH que decidían dar por terminado el proceso de solución amistosa y solicitaron la continuación del trámite del caso.
El día 15 de noviembre de 2007, los peticionarios solicitaron a la Comisión la adopción de medidas cautelares para evitar daño irreparable a la salud y vida de la Sra. Patricia Roxana Troncoso Robles, así como los Sres. José Huenchunao Marillan y Jaime Marileo Saravia y, de otras dos personas privadas de libertad, también de origen Mapuche, los Sres. Héctor Llaitul Catrillanca y Juan Millalén Mila, quienes se encontraban en huelga de hambre desde el 10 de octubre de 2007 en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Angol (IX Región). El objetivo de dicha huelga de hambre era lograr la adopción con carácter urgente de una serie de medidas para mejorar la situación de las personas Mapuches privadas de libertad, incluyendo la búsqueda de formas jurídicas para obtener su liberación5. El 20 de diciembre de 2007, los solicitantes de las medidas informaron a la CIDH que únicamente la Sra. Patricia Troncoso continuaba con la huelga de hambre. Por comunicación de 3 de enero de 2008, la Comisión solicitó información al Estado y a los peticionarios, información que fue remitida por ambas partes. Finalmente, el día 30 de enero de 2008, la Comisión fue informada de que la Sra. Patricia Troncoso había puesto fin a la huelga de hambre.
Con respecto al caso de Victor Manuel Ancalaf Llaupe (Informe No. 33/07):
El 10 de agosto de 2007, la CIDH recibió las observaciones de los peticionarios sobre el fondo. El 27 de agosto de 2007, la CIDH transmitió al Estado las observaciones de los peticionarios sobre el fondo y le otorgó un plazo de dos meses para presentar las observaciones correspondientes. Hasta la fecha de adopción del presente informe, el Estado no ha presentado observaciones en relación al fondo.
La CIDH recibió comunicaciones de los peticionarios en las siguientes fechas: 19 de febrero y 5 de septiembre de 2008. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas al Estado. Por otra parte, la CIDH recibió comunicaciones del Estado en las siguientes fechas: el 14 de febrero de 2008 –planteando su interés en lograr una solución amistosa del caso-, el 27 de febrero de 2008 –remitiendo una copia completa del expediente judicial- y el 25 de julio de 2008 –solicitando que los casos de Víctor Ancalaf, Aniceto Norín et al y Juan Patricio Marileo et al fuesen acumulados y tramitados en un solo expediente-. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas a los peticionarios.
Tras una solicitud expresa del Estado, la Comisión decidió resolver las tres peticiones de manera conjunta en la etapa de fondo en el presente informe.
A. Sobre la tipificación legal e interpretación de delitos terroristas en el derecho interno chileno
Los peticionarios Juan Patricio Marileo Saravia, Florencio Jaime Marileo Saravia, Patricia Roxana Troncoso Robles, José Benicio Huenchunao Mariñán y Juan Ciríaco Millacheo Licán alegan que en su redacción actual la Ley 18.314 viola el principio de legalidad y la presunción de inocencia. En el primer caso, los peticionarios explican que las conductas que la ley establece como delitos de terrorismo “contienen hipótesis de terrorismo más amplios que los que son habituales en el concierto internacional. En lo particular, en Chile es posible que un delito de incendio de bosque –que no signifique ni daño ni peligro alguno a la población- sea tenido como terrorista”6. También alegan que la presunción legal de intencionalidad terrorista conforme a la Ley 18.314 para casos en los que se utilizan explosivos viola el principio de legalidad debido a la “falta de descripción típica del delito de terrorismo”7, y el principio de presunción de inocencia vía la “presunción de responsabilidad criminal”8.
Otros peticionarios agregan que no es sólo la redacción de la norma la que viola el principio de legalidad sino la forma en la cual es aplicada. Específicamente, alegan que el principio de legalidad fue violado en su contra porque la calificación de su conducta como terrorista no se correspondía con los hechos, toda vez que no tenía ese carácter; y que por lo tanto la aplicación de las penas previstas en la Ley 18.314 no se justificaba.
Los peticionarios en el caso de Víctor Ancalaf también alegan la violación del principio de legalidad debido a que éste fue condenado por un delito cuya tipicidad no se encuentra claramente establecida, y por lo tanto el juez contó con un excesivo margen de apreciación al aplicar la norma penal. Los peticionarios Pascual Pichún y Aniceto Norín alegan que su condena de fecha septiembre 27, 2003, violó el principio de legalidad porque fueron condenados por la comisión de “amenazas terroristas“9.
El Estado alega que la Ley 18.314 fue la norma de aplicación en el proceso penal de los Lonkos Aniceto Norín y Pascual Pichún, dado el contexto general de protestas políticas y sociales en la Región IX y la comisión de actos de violencia en ese contexto10.
Con relación a la afirmación de que se produjo una violación del artículo 9 de la Convención porque la “amenaza terrorista” no se encuentra tipificada en el derecho interno chileno, el Estado alega que los peticionarios han interpretado de manera errónea el alcance del principio de legalidad y el principio de no-retroactividad de la ley penal, los cuales no se relacionan con la denominación de del delito investigado, sino con sus aspectos sustantivos: “lo que se persigue con la garantía es impedir que alguna persona sea condenada por hechos que, al momento de su comisión, no formaban parte de la descripción típica de norma penal alguna, ni estaban descritos con toda claridad y precisión en ella. En la especie, las acciones imputadas a los condenados sí estaban previstas como delito por la legislación penal chilena. La denominación exacta del delito por el que fueron condenados y que se hace en la sentencia nada tiene que ver con esta garantía”.
B. Aplicación de la legislación antiterrorista a la luz del principio de responsabilidad penal individual y la prohibición de la discriminación racial
Todos los peticionarios alegan que la sentencia condenatoria de fecha 27 de septiembre de 2003 violó el artículo 1(1) de la Convención Americana, el cual prohíbe la discriminación racial11. También alegan que el artículo 24 de la Convención ha sido violado porque el fiscal solicitó la aplicación de la ley antiterrorista contra ellos, algo que nunca había sido aplicado en esos términos contra ningún otro grupo social. En este sentido, se consideran víctimas de tratamiento discriminatorio bajo el derecho penal, por causa de su origen étnico o racial. Los peticionarios Juan Patricio Marileo Saravia, Florencio Jaime Marileo Saravia, Patricia Roxana Troncoso Robles, José Benicio Huenchunao Mariñán y Juan Ciríaco Millacheo Licán alegan que la conducta del Estado chileno equivale al procesamiento de personas pertenecientes al pueblo indígena mapuche conforme a la Ley Antiterrorista, y la represión del activismo y protesta social del pueblo mapuche para reclamar sus derechos sobre el territorio. En su opinión, este patrón de conducta constituiría discriminación basada en origen étnico. En forma concordante, “sostenemos que la aplicación de la ley 18.314 [tiene] relación con nuestra identidad racial y no con el acto por el cual hemos sido acusados y condenados. La consecuencia es un acto de discriminación hacia nosotros basado en criterio de raza. La diferencia de trato que nos afecta, al ser considerados terroristas carece de justificación objetiva y razonable”12.
Los peticionarios en el caso Víctor Ancalaf13 citan varias razones sobre el motivo por el cual el derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación, establecida en los artículos 1 y 24 de la Convención Americana, han sido violados: primero alegan que su derecho a la igualdad y la no-discriminación ha sido violado porque la tipificación de delitos terroristas es desproporcionada, dado que incluye conductas que afectan la propiedad pero no constituyen riesgo alguno para la vida y la integridad física de las personas; esto también constituye una violación a los principios básicos del derecho penal: proporcionalidad y perjuicio. Los peticionarios señalan que las conductas por las que Víctor Ancalaf fue acusado, sin pruebas de sustento, son parte de un contexto de protesta social contra un proyecto en desarrollo en territorio indígena, “lo que da cuenta de conductas motivadas por fines muy diferentes a un ánimo subversivo y con un desvalor absolutamente diferente a la de la actividad terrorista”. Los peticionarios se refieren a la construcción de la planta hidroeléctrica de Ralco en territorio Mapuche–Pehuenche. Los peticionarios también señalan que la aplicación de la Ley Antiterrorista a miembros del pueblo Mapuche es parte de un patrón recurrente de persecución penal discriminatoria.14 Explican que entre 2001 y 2005 se ha verificado un patrón aplicación injustificada de legislación antiterrorista contra los Mapuche, que ha resultado en penas desproporcionadas y procesos en los que se violaron las garantías del debido proceso. En segundo lugar, los peticionarios en el caso Víctor Ancalaf explican que los tribunales han aplicado la ley antiterrorista sin la debida ponderación y evaluación de los hechos materia de los cargos, lo que constituye la violación del derecho a la igualdad15.
El Estado no presentó observaciones sobre el fondo con relación a este punto. Simplemente aseveró y mantuvo que los procesos fueron conducidos conforme a la ley, que la norma bajo la cual se procesaron los casos era la ley aplicable en vista de que los hechos se ubican en el contexto más amplio de las manifestaciones sociales y actos de violencia; que los casos fueron conducidos conforme a las obligaciones internacionales del Estado; o simplemente desvirtuó las alegaciones de que los peticionarios habían sido condenados por su calidad de lonkos en sus respectivas comunidades.
C. El derecho de defensa y el uso de testigos de identidad reservada
Los peticionarios Pascual Pichún y Aniceto Norín alegan que el uso de testigos de identidad reservada en juicio constituyó una violación a la Convención Americana. En efecto, se permitió la reserva de identidad de dos de los testigos durante la primera parte de proceso hasta la sentencia absolutoria inicial; durante la segunda fase del caso, desde la anulación de la sentencia absolutoria inicial hasta la adopción de la sentencia condenatoria, la identidad de los testigos fue revelada a los abogados quienes recibieron la instrucción de no transmitirla a los acusados. En vista de estos hechos, los peticionarios Aniceto Norín y Pascual Pichún alegan que se violó su derecho al debido proceso, “puesto que nuestros contra interrogatorios claramente se vieron perjudicados”16.
Respecto de la segunda fase del caso penal, los peticionarios alegan que se violó el artículo 8(5) de la Convención Americana debido a que la condena se basó en el testimonio de testigos de identidad reservada; y a que la solicitud de los representantes legales de la defensa de que se revelara su identidad, fue denegada17. Los peticionarios alegan que “estos testigos fueron esenciales al momento de fundamentar la condena, tanto así que si se lee la sentencia en su integridad, fácil es concluir que sin ellos no se habría condenado al peticionario Sr. Pichón”18. Alegan además que el ocultamiento de la identidad de testigos a los acusados durante la fase del juicio, tras la resolución de la Corte Suprema de dejar sin efecto la absolución original, constituyó una violación del derecho a una defensa efectiva, protegido también en la Convención.
Los peticionarios Pascual Pichún y Aniceto Norín alegan también que el trámite de las peticiones relacionadas con los testigos de identidad reservada violó el artículo 8(2)(f) de la Convención Americana. Explican que durante el juicio, la Fiscalía solicitó la presentación de prueba nueva – la deposición del testigo José Pichincura Caniuqueo, solicitud a la que el tribunal hizo lugar sin presentar fundamentos. Tras el testimonio del Testigo Protegido No. 1, y dada la naturaleza de su testimonio, “la defensa ofreció rendir, prueba nueva que desacreditaba no sólo lo declarado por el testigo, sino que además probaban su falta de imparcialidad e idoneidad moral, y fundamentalmente la veracidad de su testimonio, conforme lo prevé la legislación procesal penal vigente. El Tribunal, previo debate, no accedió a la rendición de esta nueva prueba, teniendo únicamente presente que se trataba de una facultad del órgano jurisdiccional, sin señalar ningún otro fundamento”19. Los peticionarios alegan que se trató de una decisión arbitraria, contraria al principio de igualdad de armas, especialmente dado que se trataba de prueba ofrecida en respuesta a deposiciones de testigos con reserva de identidad. Alegan también que en el considerando 23, el tribunal se niega a levantar la reserva de identidad del testigo lo cual podría permitir la iniciación de una acción legal por falso testimonio20.
Los peticionarios en el caso referente a Víctor Ancalaf también consideran que la falta de publicidad del proceso, y el carácter reservado de la identidad de los testigos en cuyas declaraciones se basó la condena, vulneraron el derecho de defensa del acusado21

References: artículo 9
 artículo 1
 artículo 24
 artículo 8
 resolución 
 artículo 8