Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2005/A070-05.htm
Timestamp: 2017-11-19 19:56:57+00:00

Document:
A070-05
Auto 070/05
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Juez de superior e inferior jerarquía hace parte de la jurisdicción constitucional
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Competencia de la Corte Suprema de Justicia como superior jerárquico común
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Asunción por Corte Constitucional para garantizar derechos fundamentales
ACCION DE TUTELA CONTRA EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL-Competencia de Tribunal Superior
ACCION DE TUTELA CONTRA EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL-Competencia del juez de mayor jerarquía
CORTE CONSTITUCIONAL-Desconocimiento del precedente jurisprudencial
Referencia: expediente ICC-890
Conflicto de Competencia entre el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil-Familia
Bogotá, D.C., doce (12) de abril de dos mil cinco (2005).
1. El 16 de febrero de 2005, el señor José Ricardo Olaya interpuso acción de tutela ante los Tribunales del Tolima –reparto- por considerar violados sus derechos fundamentales al trabajo y al debido proceso, por parte del Ministerio de Educación, el ICFES y la Gobernación del Tolima, puesto que en el concurso docente convocado a comienzos de el presente año se buscó llenar la plaza que él estaba ocupando, contrariando así derechos adquiridos, toda vez que él ya había sido vinculado al escalafón.
2. En auto del 24 de febrero de 2005, el Tribunal Superior de Ibagué, Sala Civil-Familia, señaló que si bien la tutela venía dirigida contra el Ministerio de Educación Nacional, también lo era que de los hechos de la demanda no se desprendía que se atribuyera vulneración alguna a una entidad de carácter nacional, puesto que, según lo señalado en la demanda, es a la Gobernación del Tolima y al ICFES a quien le correspondía la elaboración del concurso docente y ninguna de las dos es una entidad de carácter nacional, sino departamental o nacional descentralizada por servicios. Además, dentro de sus pretensiones ninguna vincula a las entidades de carácter nacional. En este orden de cosas, según el inciso 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, correspondía a los juzgados del circuito conocer de la presente acción. Por lo tanto, remitió el asunto a los juzgados del circuito para su conocimiento.
3. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué, en providencia del 1º de marzo del presente año, consideró que se debía aplicar lo dispuesto en el numeral 1º, inciso 1º, del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, puesto que la acción había sido interpuesta no sólo contra entidades descentralizadas, sino, también, contra el Ministerio de Educación, entidad de orden nacional. Indicó el Juzgado que según el inciso final del numeral 1º artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 “cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía”. A esto se sumaba el hecho de que la Corte Constitucional al conocer del ICC-751[1], en un caso con supuestos de hecho y demandados altamente semejantes, atribuyó la Competencia al Tribunal. Por tal motivo, la competencia correspondía al Tribunal Superior. En consecuencia, planteó el conflicto negativo de competencia y lo envió a la Corte Constitucional para su conocimiento.
1. En pronunciamientos anteriores, esta Corporación estableció que no está dentro de sus atribuciones resolver conflictos de competencia entre jueces de la misma jurisdicción que cuenten con un superior jerárquico común.[2]
Si bien no existe norma que lo disponga de manera expresa, los conflictos que se susciten en materia de tutela, deben ser resueltos por el superior jerárquico común de los jueces o tribunales entre los cuales se presente la colisión. Sólo en caso de no existir superior jerárquico común, la Corte Constitucional tiene la competencia para conocer de tal diferencia.[3]
2. La Corte ha determinado que en materia de tutela sí se pueden presentar conflictos de competencia entre un superior y un inferior jerárquico puesto que los jueces, independientemente de su jurisdicción y jerarquía, hacen parte de la jurisdicción constitucional –criterio funcional-.[4] Así las cosas, por ejemplo, sí se puede presentar un conflicto de competencia entre un juez civil municipal y un juez civil del circuito, comprensivo del municipio.
3. En el presente conflicto de competencia el superior jerárquico común del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué, y el Tribunal Superior de Ibagué, Sala Civil-Familia, es la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena. Es ésta quien en principio debería conocer del presente conflicto[5].
4. A pesar de que la Corte ha reconocido reiteradamente que su competencia es residual y que cuando los jueces en conflicto tengan un superior jerárquico común que pueda conocer del conflicto no le corresponde a esta Corporación hacerlo, en virtud de los principios de celeridad y sumariedad en el procedimiento de tutela, y del derecho al acceso oportuno a la administración de justicia, la Corte ha llegado a asumir de manera directa el conocimiento de conflictos de competencia teniendo en cuenta el objetivo de garantizar la mejor protección de los derechos fundamentales. Ha dicho la Corporación:
“No puede olvidar esta Corte, y este ha sido su criterio, que la resolución de los conflictos de competencia debe atender dos principios básicos que orientan la protección de los derechos fundamentales, como objetivo primordial de la Constitución de 1991 y de la consagración de la acción de tutela. Estos principios son, en primer lugar, la eficacia de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.), para lo cual es necesario –las más de las veces- atender al postulado de prevalencia del derecho substancial sobre el procedimental; y en segundo lugar, la sumariedad, celeridad e informalidad del procedimiento de tutela (art. 86 C.P.), entendidos como condición necesaria para la protección real y oportuna de este tipo especial de derechos constitucionales.
La Corte no puede ser permisiva con la dilación de los términos ni con la renuencia de las autoridades a asumir de manera definitiva el conocimiento de las solicitudes de tutela. En este sentido, la Sala considera que remitir a la Corte Suprema las presentes diligencias para que ella resuelva el conflicto de competencia, agravaría aun más la situación de la peticionaria, quien por demás, no tiene por que sufrir la mora que aparejan los problemas de interpretación de las normas de competencia para conocer de la acción de tutela.”[6]
5. Dado el tiempo transcurrido desde la interposición de la tutela hasta la fecha en que esta Corporación conoce del conflicto de competencia, la Sala considera necesario entrar a resolver de manera directa la presente colisión.
Ante la Corte se plantea el aparente conflicto de competencia entre el Tribunal Superior de Ibagué, Sala Civil-Familia, y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué.
En auto A-216 de 2003, ICC-751, Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra, la Corporación conoció de un asunto en el cual se planteaba un conflicto de competencia de naturaleza semejante al que ahora se analiza. En esa ocasión se accionaba a la Presidencia de la República y varios ministerios, conjuntamente con el Inurbe y la Red de Solidaridad Social. El Tribunal que conoció de la tutela estimó que de los hechos se desprendía que la presunta vulneración radicaba en la Red de Solidaridad y, por tal motivo, envió el asunto a conocimiento de los jueces de circuito. Al ser recibido por éstos se planteó un conflicto negativo de competencia. Frente a tal situación la Corte Constitucional afirmó que “en virtud de las circunstancias actuales, en acatamiento a lo resuelto en la sentencia aludida, ahora dará aplicación a lo dispuesto por el artículo 1º, numeral 1º, inciso primero del Decreto 1382 de 2000, por cuanto esta acción de tutela fue interpuesta, no solo contra la Red de Solidaridad Social, entidad del sector descentralizado por servicios del orden Nacional, sino también contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Presidente de la Republica, lo que indica que, por tratarse de una acción dirigida contra autoridades publicas del orden Nacional, la competencia corresponde a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, a los Tribunales Administrativos o el Consejo Seccional de la Judicatura, sin que pueda en el primer auto y para provocar el conflicto de competencia aseverar que no prosperara contra las autoridades Nacionales mencionadas.”[7](subrayas ajenas al texto)
En la presente ocasión, corresponde a la Corporación seguir su precedente en casos en los que se accionan varias entidades y a una de éstas no se le atribuye dentro del escrito de demanda claramente hecho alguno generador de vulneración de derechos fundamentales. En esa medida, como dentro de las entidades demandadas está una de carácter nacional, a saber, Ministerio de Educación, se enviará el asunto a conocimiento del Tribunal Superior de Ibagué, Sala Civil-Familia .
Por último es necesario indicar que entre los despachos judiciales de la referencia ya se ha presentado el mismo tipo de conflicto de competencia[8] y el Tribunal Superior de Ibagué, Sala Civil, sigue insistiendo en que en este tipo de casos la competencia corresponde a los jueces del circuito. Esto es un claro desconocimiento del precedente que ha fijado la Corte en la materia.
PRIMERO. REMITIR el expediente de tutela al Tribunal Superior de Ibagué, Sala Civil-Familia, para que adelante la correspondiente actuación judicial.
Salvamento de voto al Auto 070/05
Peticionario: JOSE RICARDO OLAYA BRIÑEZ
[1] Auto A-216/03
[2] Ver auto A-044/98, M.P. José Gregorio Hernández Galindo (En esta ocasión la Corte se abstuvo de dirimir un conflicto de competencia entre el Juzgados 25 Civil del Circuito de Bogotá y 5 Civil del Circuito de Neiva y remitió el conflicto a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil para su solución)
[3] Ver auto del 14 de marzo de 2001 ICC-147 Magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra
[4] Ver Auto 031/02, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Conflicto de competencia entre el Juzgado segundo Promiscuo Municipal de Natagaima y el Juzgado primero Civil del Circuito del Guamo. Ver igualmente, ICC-647/03, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, en el cual se presentaba un conflicto de competencia entre el Juzgado segundo Promiscuo Municipal de Natagaima y el Juzgado primero Civil del Circuito del Guamo.
[5] Tal afirmación se complementa y soporta con el artículo 18 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia que contempla:
“ARTICULO 18. CONFLICTOS DE COMPETENCIA. Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación."
[6] Ver ICC-720 del 30 de septiembre de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, en el cual esta Corporación conoció de manera directa un conflicto de competencia entre las salas Civil-Familia y Penal del Tribunal Superior de Buga, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia era la entidad que, en principio, debía resolverlo, toda vez que habían transcurrido más de tres meses desde la interposición de la tutela sin que esta pudiera haber sido resuelta en virtud de la colisión. Ver también ICC-711, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, en el cual la Corte asumió conocimiento del conflicto entre el Juzgado 26 Penal del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá -Sala Penal- a pesar de que, en virtud de la competencia residual de esta Corporación debería conocer la Corte Suprema de Justicia. Para el momento de la resolución del conflicto de competencia ya habían transcurrido más de 6 meses desde la interposición de la tutela.
[7] En el conflicto de competencia ICC-801, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, se reiteró la solución dada por el citado auto.
[8] Ver ICC-801 e ICC-863, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y Auto A-216/03, M.P. Alfredo Beltrán Sierra

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 artículo 1
 artículo 18
 resolución