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Timestamp: 2017-11-20 18:10:26+00:00

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Nuevos estándares del proceso a la luz de las garantías1
Por Angela Ester Ledesma2
Sumario: I.- Introducción.- II.- Modelo de enjuiciamiento diagramado por la Constitución nacional. II.a.- Separación entre juez y acusación. II.b.- Necesidad de que se exista acusación. II.c.- Imparcialidad. II.c.1- Temor de Parcialidad. II.c.2.Imparcialidad Objetiva. III.- Juicio público. IV.- Congruencia. V.- El Derecho al Recurso. V.a.- Estándares establecidos a partir del fallo Casal. VI.- Derecho a obtener un
pronunciamiento judicial en un plazo razonable. VII. Conclusiones.
Lo basto del tema “garantías del procesales penales”, impide su abordaje integral en un modesto aporte de éstas características, por ello escojo algunos estándares “nuevos” o al menos renovados, hoy expresamente consagrados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; producto de la reforma constitucional de 1994, que amplió el catálogo de garantías procesales contenido por el artículo 18, al consolidar algunas que la jurisprudencia había considerando derivadas de su letra e incorporar otras, como es el “derecho al recurso”. El derecho convencional o el derecho de los tratados receptado en forma concreta por el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, impacta fuertemente en el sistema de enjuiciamiento penal. La legislación procesal tiende a una reforma integral del modelo vigente3 y se advierten cambios transcendentes en las decisiones judiciales. Como es sabido, el nivel de adecuación de un sistema procesal a los principios del Estado de Derecho no se mide solamente por la incorporación de esos principios al orden normativo, sino por el grado en que ellos estén garantizados. Esta es la conclusión que se claramente se extrae de la Opinión Consultiva 11/90 de la Corte
Agradezco en primer lugar la generosa e inmerecida invitación de los profesores Daniel Sabsay y Pablo Manilli, que me permiten aportar algunas reflexiones sobre los nuevos estándares del proceso penal a la luz de las garantías. 2 Profesora a cargo de cátedra “Elementos de Derecho Procesal Civil”, Facultad de Derecho UBA, Juez de la Cámara Federal de Casación Penal. 3 Los estados provinciales mayoritariamente han reformado sus legislaciones y en el orden nacional por Decreto PEN 115/97, se formó una Comisión Asesora para elaboración del un nuevo código procesal, la que cumplió su cometido en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación y hemos integrado.
Interamericana de Derechos Humanos. Toda vez que “Los Estados Parte deben no solamente respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención, sino además garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción”. A su vez “garantizar implica la obligación del Estados de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la convención reconoce”. Esto implica una doble misión adecuar las normas y hacerlas efectivas en los casos concretos. “Entraña el deber de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces del asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”4 así, un derecho no garantizado no sería un verdadero derecho5. El nuevo derecho sustancial, como se ha dado en llamar el derecho convencional, incide en forma directa en el derecho interno, garantías antes ignoradas o escasamente reconocidas emergen vigorosas e iluminan todo el espectro del proceso penal, tal es el alcance que hoy se confiere a la imparcialidad del juez, elemento que interactúa en forma decisiva para alcanzar la realización del debido proceso. El bloque constitucional, en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dio nuevo impulso a la interpretación progresiva en la materia6. Antes de ingresar en el tratamiento específico de éstos nuevos estándares, permítaseme una aproximación a la interrelación entre las reglas procesales y los principios constitucionales, nexo que por obvio no ha dejado de ser más de un vez ignorado tanto por el procedimentalistas como por algunos sectores exacerbados del cientificismo procesal. Los derechos fundamentales, requerirán de las correspondientes garantías de las primarias y más todavía de las secundarias-. Así por ejemplo: “De faltar la forma que prohíbe la privación de la liberad sin mandamiento motivado de la autoridad judicial no existiría la garantía primaria de la libertad personal. De forma aun más evidente, en defecto de norma sobre la jurisdicción no existirían garantías secundarias para ningún
Opinión consultiva 11 CIDH, 10 de agosto de 1990. Para Hans Kelsen los derechos escritos en las cartas internacionales no serían derechos, porque están desprovistos de garantías. Conf. FERRAJOLI, Luigi, “Los fundamentos de los derechos fundamentales”, Editorial Trotta, Madrid 2001, pág. 45. 6 A éste reconocimiento progresivo se refería tiempo hace más de dos décadas el primer presidente de la CIDH, NIKKEN, Pedro Conf. “La protección internacional de los derechos humanos su desarrollo progresivo”, Institutito Interamericano de Derechos Humanos, Editorial Civitas, Madrid 1987.
derecho”7. Es decir que la ausencia garantías impide el ejercicio de los derechos. De tal suerte las reglas procesales se consagran para garantizar la efectividad del derecho (de acceso a la jurisdicción) consagrado por la Carta Magna. 8 Acceso a la jurisdicción como derecho a la tutela judicial o jurisdiccional efectiva, también entendido como un juicio justo o debido proceso. En consecuencia ante la falta de claridad de una regla o la existencia de una que contradiga el principio consagrado como derecho fundamental habrá que recurrir a la aplicación de aquél9. No tendría sentido alguno que esté prohibida la violación del domicilio si no tuviéramos dónde recurrir frente a su transgresión, ni herramientas para formalizar el reclamo. En éste aspecto es el derecho procesal es la rama del orden jurídico que instituye y organiza los órganos públicos10 que cumplirán las función jurisdiccional penal- y disciplinará la actividad de los sujetos que actúan ante ellos y en representación del órgano estatal. Es precisamente el ámbito de las garantías el que modernamente se amplió ante el reconocimiento de nuevos derechos fundamentales y la vigencia del principio de legalidad sustancial, cuyo control está en cabeza de los jueces. Señala Ferrajoli “El constitucionalismo, tal como resulta de la positivización de los derechos fundamentales como límites y vínculos sustanciales a la legislación positiva, corresponde a una segunda revolución en la naturaleza del derecho que se traduce en una alteración interna del paradigma positivista clásico. Si la primera revolución se expresó mediante la afirmación de la omnipotencia del legislador, es decir, del principio de mera legalidad (o de legalidad formal) como norma de reconocimiento de la existencia de las normas, esta segunda revolución se ha realizado con la afirmación del que podemos llamar principio de estricta legalidad (o de legalidad sustancial). O sea, con el sometimiento también de la ley a vínculos ya no sólo formales sino sustanciales impuestos por los principios y los derechos fundamentales contenidos en las constituciones”11.
FERRAJOLI, Luigi, “Los fundamentos de los derechos fundamentales”, Editorial Trotta, Madrid 2001, pág. 49. 8 Según reza el preámbulo “afianzar la justicia”. 9 Algo que tanto cuesta a los jueces apegados al rito y dispuestos a priorizarlo, aún a costa de un derecho fundamental. 10 Cfr. MAIER, Julio B. J., “Derecho procesal penal. Tomo I. Fundamentos”, Editores del Puerto, 1996, pág. 75 11 FERRAJOLI, Luigi, “Los fundamentos …”, op. cit., pág. 53
Las normas procesales dentro del esquema interpretativo del ordenamiento jurídico, deben articularse conforme la letra y el espíritu de la Carta Magna, como la base fundante del sistema normativo. El “acudir a un paradigma constitucional en materia penal resulta una exigencia insoslayable, ya que se encuentran en juego nada menos que los límites y condiciones del poder estatal respecto del individuo. De ese pacto social, de esas reglas de coexistencia, deben desprenderse las regulaciones punitivas, las que jamás pueden discrepar del modelo básico sobre el que se asientan y del que deriva el orden jurídico”12.
II.-Modelo de enjuiciamiento diagramado por la Constitución Nacional
Se trata de las reglas mínimas que debe respetar el enjuiciamiento criminal para ser válido, de acuerdo a una serie de principios garantizados constitucionalmente. Sabido es que la opción hecha por los constituyentes en 1853 fue de corte netamente liberal, al incorporar una serie de vínculos y garantías establecidos para tutelar al ciudadano frente al arbitrio punitivo. Sin embargo, estos vínculos muchas veces son violados por las leyes ordinarias y más aun por las prácticas que las mismas alimentan. En nuestro país, la disociación entre la opción constitucional que representó la elección del modelo norteamericano, acorde al sistema del Common Law, se contrapone con la elección realizada al sancionar los códigos procesales, oportunidad en la que se siguió la ley de enjuiciamiento criminal española, con sanción del denominado Código Obarrio para la justicia nacional, en el año 1888, que se expandió en a las provinciales y subsistente hasta el día de hoy consagrado en diversas reglas de actuación. Como afirma Vázquez Rossi, “los códigos vigentes siguieron líneas divergentes no sólo con relación al sentido general o espíritu constitucional, sino incluso respecto de textos expresos”13. Así, el desarrollo teórico de las cuestiones interpretativas dentro de esta tradición se ha dado preponderantemente de una manera marginada o desentendida de la Constitución. En los últimos años la CSJN se preocupó por dejar sentado que “La Constitución Nacional estableció como objetivo legal un proceso penal acusatorio y con
VÁZQUEZ ROSSI, Jorge E., “Derecho ...”, Tomo I, ob. cit., pág. 225 VÁZQUEZ ROSSI, Jorge E., “Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Editorial Rubinzal Culzoni, 1995, pág. 224.
participación popular”14, explicitó también la disociación entre el modelo constitucional diagramado por Juan Bautista Alberdi y la codificación europea adoptada por el legislador. Que el modelo de enjuiciamiento penal diagramado por la Constitución Nacional se corresponde con el denominado acusatorio se desprende de los principios que lo inspiran “no encuentran su justificación en sí mismos, sino en su relación con aquellas garantías constitucionales que, sin ello, estarían condenadas a una vigencia solo decorativa”15. Esto se desprende del análisis sistemático del articulado constitucional (artículos 18 y 75 inciso 22 CN; artículos XXVI DAD, 10 y 11.1 DUDH, 8.1 CADH, 14.1 PIDCP) y de las bases filosóficas, jurídicas y políticas que la inspiraron. De tal manera, la función de perseguir y acusar debe ser diferente e independiente de la función de juzgar y punir y, por ello, en cabeza de sujetos distintos. Cualquiera sea la posición a la que adscribamos, para considerar que el modelo de enjuiciamiento criminal instituido constitucionalmente, responde al “sistema acusatorio” como modelo omnicomprensivo de una serie de características que se manifiestan en todas la etapas del proceso y con relación a la conformación e integración de sus órganos como un totum revolutum de principios y reglas que tienen sustantividad propia, ó simplemente entendamos que las normas referidas al juicio penal, constituyen una manifestación únicamente del “principio acusatorio”, que resuelve esencialmente tres cuestiones: no hay proceso sin acusación y esta debe ser formulada por persona ajena al tribunal sentenciador, que no puede condenarse por hechos distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada y que no pueden atribuirse al juzgador poderes de dirección material del proceso que cuestionen su imparcialidad16; cierto es que en lo que a nosotros interesa, tanto el “sistema de enjuiciamiento acusatorio” en su conjunto, como el “principio acusatorio” marcan esencialmente el cumplimiento de funciones distintas entre los órganos que tienen a su cargo la función jurisdiccional y los que realizan la acusación.
II.a.- Separación entre juez y acusación.
Fallos 328:3399, considerando 7 -voto de la mayoría-. GORANSKY, Mirna y RUSCONI, Maximiliano A., “Nuevamente sobre el art. 348 del CPPN”, Nueva Doctrina Penal, 1999-A, Editores del Puerto, pág. 246 16 MONTERO AROCA, Juan, “Ultimas reformas procesales en la legislación nacional y extranjera en el proceso penal: principio acusatorio”, VIII Encuentro Panamericano de Derecho Procesal, AAVV, Córdoba, Argentina, 1992
La Corte ha reconocido a fines de 2004 en el caso Quiroga, la necesidad de separar las funciones de acusar y juzgar, al declarar la inconstitucionalidad del art. 348 del CPPN que imponía a los fiscales un criterio establecido por los jueces, requerir la elevación a juicio, cuando entendían que procedía el sobreseimiento y tal criterio no era compartido por el órgano jurisdiccional. En esa oportunidad, con cita de Ferrajoli afirma que, “la separación de juez y acusación es el más importante de todos los elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio, como presupuesto estructural y lógico de todos los demás, ...”17. El mismo autor agrega, “comporta no sólo la diferenciación entre los sujetos que desarrollan funciones de enjuiciamiento y los que tienen atribuidas las de postulación -con la consiguiente calidad de espectadores pasivos y desinteresados reservada a los primeros como consecuencia de la prohibición ne procedat iudex ex officio...”18. El Máximo Tribunal continúa la cita y hace suyo que “La garantía de la separación, así entendida, representa, por una parte, una condición esencial de la imparcialidad (terzieta) del juez respecto a las partes de la causa, que, es la primera de las garantías orgánicas que definen la figura del juez; por otra, un prepuesto de la carga de la imputación de la prueba, que pesan sobre la acusación”19.
II.b.- Necesidad de que se exista acusación.
A ésta cuestión nuestra Corte ya se había referido, aunque en otro contexto, cuando dijo que para que haya juicio es necesario que exista acusación, defensa, prueba y sentencia, allí de modo insistente vinculó la necesidad de acusación a la inviolabilidad de la defensa en juicio20. A partir del fallo Tarifeño21 sostuvo éste criterio en los supuestos que el acusador penal no mantenía su pretensión al momento de concluir el debate (art.
Fallos 327:5863, considerando 15 -voto de la mayoría-. FERRAJOLI, Luigi, “Derecho y Razón: Teoría del garantismo penal”, Editorial Trotta, Madrid, 1989, pág. 567 19 Fallos 327:5863, considerando 15 -voto de la mayoría-. 20 Fallos 125:10; 127:36; 189:34; 308:1557, 325:2019; 320:1891, citados en Fallos 327:5863: “Quiroga”, considerando 16 -voto de la mayoría-. 21 Fallos 325:2019.
393), con la interrupción que dio lugar el cambio producido en Marcilese22y la vuelta a la doctrina originaria en Mostaccio23. De modo expreso en Quiroga revaloriza el elemento típico del denominado sistema acusatorio y que le dio el nombre, la acusación, al expresar: “Que la exigencia de “acusación” , si es que ha de salvaguardar la defensa en juicio y la imparcialidad como condiciones del debido proceso, presupone que dicho acto provenga de un tercero diferente de quien ha de juzgar acerca de su viabilidad, sin que tal principio pueda quedar limitado a la etapa del “debate”…, sino su vigencia debe extenderse a la etapa previa, de discusión acerca de la necesidad de su realización”24. En síntesis el sistema acusatorio, “se distingue por la meta diferenciación de la función requirente respecto de la decisoria; igualmente, porque la interposición y contenido de la acción es la que determina el ámbito de la jurisdicción, la que carece de iniciativa y no puede actuar de oficio. Acusador y acusado se encuentran situados en un mismo pie de igualdad enfrentados a través de un contradictorio en cuyo transcurso aportaran sus postulaciones, frente a un tribunal que se sitúa como un tercero imparcial e imperativo y que expresará su decisión conforme al convencimiento alcanzado en las deliberaciones”25. En forma concordante las denominadas reglas de Mallorca, establecen en el numeral 2.1 que “las funciones investigadoras y de persecución estarán estrictamente separadas de la función juzgadora”26
II.c.- Imparcialidad.
Directa e inmediatamente ligado con lo anterior aparece el principio de imparcialidad del juzgador, la Corte en Quiroga se había explayado bastante sobre sus alcances, pero fue en el precedente Llerena27 donde marcó con toda claridad un nuevo estándar, “temor de parcialidad”, ligado directamente a lo que se denomina
Fallos 325:2005. Fallos 327:120. 24 Fallos 327:5863, considerando 17 -voto de la mayoría-. 25 VÁZQUEZ ROSSI, Jorge E., “Derecho ...”, Tomo I, ob. cit., pág. 190. 26 Que interpretan el alcance de las convenciones, por una comisión de expertos convocada por el Instituto Universitario de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid con la cooperación de la Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Oficina de Naciones Unidad en Viena, 19901992), también citadas por la CSJN en “Quiroga”, considerando 28 -voto de la mayoría-). 27 Fallos 328:1491.
“imparcialidad objetiva”. Ello es así porque en la práctica las reglas sobre el apartamiento de los jueces se solían interpretar como clausura o reglas taxativas. Lo que Maier denominó como un caso especial de temor de parcialidad. 28 Se reconocen los alcances del principio de imparcialidad y su resguardo más allá de las previsiones tradicionales que regulan los supuestos de excusación y recusación de los jueces. Ello deriva de la regla, que impone realizar un debate entre las partes en paridad de condiciones, frente a un tercero imparcial (juez pasivo). Esta formula adquiere particular trascendencia, toda vez que “el método en el procedimiento penal es el verdadero guardián de las libertades ciudadanas”29.
Para definir el campo de actuación del principio en cuestión, se aclara: “Que los tratados internacionales en los que el recurrente funda su postura no establecen en forma expresa que la investigación y el juicio deban llevarse a cabo por órganos distintos (Fallos: 322:1941, disidencia de los jueces Boggiano y Fayt). Sin embargo, en líneas generales, indican que la persona sometida a un proceso tiene derecho a ser oída por un tribunal imparcial, razón por la cual resulta necesario determinar el alcance de dicha garantía”30. A ello agrega: “Que la garantía de imparcialidad del juez es uno de los pilares en que se apoya nuestro sistema de enjuiciamiento, ya que es una manifestación directa del principio acusatorio y de las garantías de defensa en juicio y debido proceso, en su vinculación con las pautas de organización judicial del Estado” 31. La imparcialidad es entonces una mega garantía, en la que se encuentran comprometidos otros principios y garantías en los que reposa la regularidad constitucional del juicio. Este estándar reviste así un alto impacto durante todas las etapas del proceso”.
II.c.1.- Temor de Parcialidad
La Corte ha determinado que el temor de parcialidad que el imputado pueda padecer, se encuentra íntimamente vinculado con la labor que el magistrado realizara en el
Maier, ya había advertido que esto no debía suceder. Confrontar, ob. Cit., Tomo I, págs. 754 y sgtes. CARRARA, Francisco, “Tratado”, Tomo II, Editorial Depalma, 1977, pág. 270 30 Fallo 328:1491, Considerando 8º del voto de la mayoría. 31 Fallo 328:1491, Considerando 9º del voto de la mayoría.
proceso -entendida como sucesión de actos procesales celebrados- previo al dictado de la sentencia, y por ende debe diferenciárselo de los reproches personales o individuales contra la persona concreta del juez. En este sentido podría decirse que para determinar el temor de parcialidad no se requiere una evaluación de los motivos que impulsaron al juez a dictar dichos actos procesales, ni sus fundamentos en el caso individual. Basta con que se hayan dictado estos actos “pues marcan una tendencia de avance del proceso contra el imputado” para que quede configurado este temor. Es decir: “Las reglas sobre imparcialidad se refieren, por ello, a la posición del juez frente al caso concreto que, en principio, debe juzgar, e intentan impedir que sobre él pese el temor de parcialidad”. 32 “De aquí, que la forma de garantizar la objetividad del juzgador y evitar este temor de parcialidad está estrechamente relacionada con las pautas de organización judicial, en tanto éstas regulan la labor de los distintos sujetos del órgano jurisdiccional, en un mismo proceso”33. Se persigue de éste modo aventar toda duda que pueda generar la intervención de un mismo juez en diferentes etapas del proceso, en la medida que ello implique haber emitido opinión sobre el mérito de la causa, tal como aconteció en el caso Dieser, donde dos magistrados integrantes de la Cámara, fueron los mismos que intervinieron previamente en diversas apelaciones suscitadas en el proceso, entre ellos: el auto que confirmó el procesamiento y prisión preventiva34.
II.c.2.- Imparcialidad Objetiva
El supuesto de temor de parcialidad esbozado, se corresponde con la denominada imparcialidad objetiva, que: “…se vincula con el hecho de que el juzgador muestre garantías suficientes tendientes a evitar cualquier duda razonable que pueda conducir a presumir su parcialidad frente al caso. Si de alguna manera puede presumirse por razones legítimas que el juez genere dudas acerca de su imparcialidad frente al tema a decidir, debe ser apartado de su tratamiento, para preservar la confianza de los ciudadanos
Maier, ob. Cit, Tomo I, pág. 752. Fallos 328:1491, considerando 12) 34 Fallos 329:3034.
’y sobre todo del imputado’ en la administración de justicia, que constituye un pilar del sistema democrático”35. Con claridad meridiana lo explica Roxin que: “En el conjunto de estos preceptos está la idea de que un juez, cuya objetividad en un proceso determinado está puesta en duda, no debe resolver en ese proceso, tanto en interés de las partes como para mantener la confianza en la imparcialidad de la administración de justicia”36. Existe una concepción generalizada en torno a que la persona que investigó no puede decidir el caso, toda vez que esta acumulación de funciones no sólo se contrapone al principio republicano de división de poderes “expresado en el principio acusatorio”, sino porque puede generar en el imputado dudas razonables acerca de la posición de neutralidad de quien lo va a juzgar en el caso, luego de haber recopilado e interpretado prueba en su contra para procesarlo primero, y elevar la causa a juicio después. Esto se explica lógicamente porque en la tarea de investigación preliminar, el instructor va formándose tanto una hipótesis fáctica como una presunción de culpabilidad, en una etapa anterior al debate oral. Por lo tanto, por más que no resulte parcial esta hipótesis, lo cierto es que podría sospecharse que ya tiene un prejuicio sobre el tema a decidir, puesto que impulsó el proceso para llegar al juicio, descartando hasta ese momento, las hipótesis desincriminantes. Con mayor claridad se evidencia esta idea en las resoluciones de mérito que acreditan prima facie la existencia de un hecho, su subsunción típica “por más provisoria que sea” y la posible participación culpable del imputado en el suceso. Nuestra Corte también reconoció que: el avance del programa progresivo de realización de los derechos humanos extiende el alcance de la garantía de imparcialidad en este sentido, toda vez que "la nota de imparcialidad (del juez), aplicada a la definición de su tarea, cuando no se los trata como un ideal, sino como un intento de aproximación a él en la vida práctica, no puede representar un absoluto, sino, antes bien, menta una serie de previsiones, siempre contingentes históricamente, por ende, relativas a un tiempo histórico
Fallos 328:1491, Considerando 13) ROXIN, Claus, “Derecho Procesal Penal”, traducción de Córdoba, Gabriela y Pastor, Daniel, Editores del Puerto, Bs. As., 2000, pág. 41.
y a un sistema determinado, cuyo contenido se vincula al intento de aproximarse a aquel ideal o de desviarse de él"37. Esto es así, puesto que “La nota de imparcialidad o neutralidad, que caracteriza al concepto de juez, no es un elemento inmanente a cualquier organización judicial, sino un predicado que necesita ser construido, para lo cual operan tanto las reglas referidas a esa organización como las reglas de procedimiento...es preciso no confundir el atributo y su portador: no se trata aquí de reglas 'de los jueces' (privilegios), comprendidos en esa corporación una serie de personas con determinados atributos, sino, por el contrario, de reglas de garantía del justiciable”38. Muestra de ello es el hecho de que, al conformarse a petición de la Organización de Naciones Unidas, un comité de especialistas de distintos países para establecer las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Procedimiento Penal denominadas "Reglas de Mallorca", se dispuso en la regla 4, inc. 2º que "Los tribunales deberán ser imparciales. Las legislaciones nacionales establecerán las causas de abstención y recusación. Especialmente, no podrá formar parte del tribunal quien haya intervenido anteriormente, de cualquier modo, o en otra función o en otra instancia en la misma causa. Tampoco podrán hacerlo quienes hayan participado en una decisión posteriormente anulada por un tribunal superior", consagrando expresamente tanto la división de funciones, como el apartamiento del juez por temor de parcialidad. El alto tribunal se explayó en torno a ésta garantía con citas del TEDH, caso "De Cubber c/ Bélgica" 39, al fallar en circunstancias similares, en 1984, donde condenó al estado Belga a que adapte su procedimiento correccional a las pautas de la CEDH, ya que supone que el órgano que llevó a cabo la instrucción debe diferir de aquél encargado de dictar la sentencia en el caso, tal como sucede en el procedimiento criminal que tenía regulado el mismo Estado. Se agregó que: “En este sentido, puede extraerse como doctrina de este caso que el TEDH, sostuvo que el hecho de que un juez haya actuado como instructor y luego haya participado como miembro del tribunal de juicio, presentaba signos exteriores que no garantizaban la imparcialidad del juzgador; máxime si en la etapa de investigación
Fallos 328:1491, Considerando 17) MAIER, Julio B. J., “Derecho procesal penal, Tomo I, (Fundamentos)”, 2º edición, 3º reimpresión, Editores del Puerto, Bs. As., 2004, págs. 741/742. 39 Fallos 328:1491, considerando 19)
preliminar había interrogado varias veces al imputado y había dictado su prisión preventiva, puesto que estos actos procesales pueden comprensiblemente provocar sospecha en el imputado acerca de la parcialidad del magistrado”40. De éste modo se dispuso entre nosotros, que un juez correccional ya no puede instruir una causa y juzgar como consecuencia del debate oral en que también haya intervenido. Todo lo que significó un importantísimo avance en el medio local y evitó una eventual sanción supranacional por incumplimiento de la garantía.
III.- Juicio público
La Carta Magna prevé el juicio público en materia penal a partir de su redacción originaria, de 1853, cuando establece que los juicios criminales deben realizarse por jurados, artículos 24, 67 inc. 12 (75 inciso 12) y 102 (118). Esta génesis fue reconocida por la Corte Suprema en Casal, cuando señalo que “…lo cierto es que, desde 1853 la Constitución reitera en su texto la exigencia de la publicidad del proceso penal al recalcar la necesidad de establecer el juicio por jurados, como una de las más idóneas para lograr la publicidad”41. Hoy no cabe duda acerca de su consagración con jerarquía constitucional, el art. 75 inciso 22 así lo establece al incorporar: la Declaración Universal de los Derechos Humanos ONU 1948, (artículo 10, derecho a ser oído públicamente); la CADH ( artículo 8 inciso 5, “el juicio en materia penal debe ser público” y artículo 8 inciso 2 f), derecho a interrogar a los testigos); también las previsiones del PIDCyP, en idéntico sentido (artículo 14 inciso 1 e inciso 3 e) respectivamente). Es decir que el juicio público integra las garantías mínimas de juzgamiento en materia penal. La oralidad es el instrumento que permite realizar el juicio público y la inmediación el eje de ese método. “Históricamente, la inmediación, conforme ahora se la entiende, irrumpe e la escena como una implicación necesaria del proceso oral y público, intensamente reivindicado por los juristas y philosophes de la Ilustración, alternativa al inquisitivo, escrito y secreto. Esta actitud tiene un buen exponente en Voltaire, con su
Fallos 328:1491, considerando 19)
Fallos 328:3399, considerando 15 -voto de la mayoría-, allí también se dijo que “... no se puede ocultar que la Constitución optó por un proceso penal abiertamente acusatorio, al que tiende lamenta progresión de la legislación argentina a lo largo de un siglo y medio”.
demanda de un proceso “noble y franco” como el de los “los romanos (en el que) se oía a los testigos en público y en presencia del acusado, que podría responderles, interrogarle él mismo u ponerles un abogado”42 Maier afirma que, “En el Estado de derecho fundado a partir del siglo XIX, ó a fines del siglo XVIII el regreso a éste método tiene sentido porque la ley principal, o la ley fundamental, le asegura a toda persona que corre el riesgo de sufrir una pena la posibilidad de enfrenarse con los elementos de cargo que el acusador invoca para obtener su condena”43. Enfrentarse quiere decir según el mismo autor, “desde antes del siglo XVIII, desde la Constitución de Virginia, la posibilidad de preguntarle a las personas que brindan la información en el procedimiento, la posibilidad de contradecirlas; contradecir la información que estas personas brindan en el procedimiento y este enfrentamiento debe ser necesariamente cara a cara”44. El método resguarda en esencia la contradicción, que no atiende a un aspecto concreto del proceso, sino que es presupuesto de la existencia del mismo. “Sin contradicción no hay proceso, sino que es algo distinto y, por tanto, este principio es previo a cómo se conforme después el proceso”45. Contradicción que en materia penal se conforma en el juicio público. El alto grado de significación que se atribuyo a la publicidad hizo que se la definiera como “el alma de la justicia”46, la certidumbre alcanzada por los jueces gracias a su ejercicio se considera de mejor calidad que el producto de los registros. A pesar de ello el sistema procesal que prevaleció a partir del código napoleónico de 1808, fue mixto y abrió un canal para introducir la prueba producida durante la instrucción al debate. Esta cuestión aun no ha sido superada entre nosotros y poca comprensión existe acerca de la verdadera significación del público que manda la Constitución.
ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto, “Sobre el valor de la inmediación (Un aproximación crítica)”, en Revista “Jueces para la Democracia”, Nº 46, marzo 2003, pág. 57. 43 MAIER, Julio B. J., “Las notas esenciales de la oralidad en materia penal”, en AAVV, Congreso Internacional de Oralidad en Materia Penal, Colegio de Abogados del Departamento judicial de La Plata, 1995, pág. 121 y sigts. 44 MAIER, Julio B. J., “Las notas …”, ob. cit., pág. 121 y sigts 45 Conf. MONTERO AROCA, Juan; “ Últimas reformas procesales en la legislación nacional y extrajera en el proceso penal: principio acusatorio”, en VII Encuentro Panamericano de Derecho Procesal, Córdoba 1992. 46 BENTHAM, Jeremías, “Tratado de las pruebas judiciales”, traducido por M. Osorio Florit, Editorial EJEA, Buenos Aires, 1959, I, página 140.
La garantía implícita en la inmediación tiene que ver, pues, con el carácter inmediato, es decir, no mediado o libre de interferencias, de la relación de todos los sujetos procesales entre ellos y con el objeto de la causa, que propicia tal modo de concebir el enjuiciamiento47. De ahí que: “Todas las pruebas habrán de ser practicadas ante el Tribunal sentenciador”48. Esta garantía se ve fortalecida por la decisión adoptada en el caso Benitez49, que involucra el derecho al interrogatorio durante la audiencia de debate. En el caso, la defensa reclamó la posibilidad de interrogar ante los jueces del debate a dos testigos, que constituían la base principal de la acusación, “… el tribunal de juicio fundó la sentencia de condena en prueba de cargo decisiva que la defensa no tuvo oportunidad adecuada de controlar, en desmedro del derecho consagrado por los arts. 8.2.f, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.3.e, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”50. En esa oportunidad se interpretó que “…, en un caso como el presente, en que prácticamente toda la prueba de cargo de alguna significación fue incorporada por lectura, una exigencia semejante carece de todo sustento. Pero, en cualquier caso, y a riesgo de desnaturalizar el derecho en cuestión, no es posible partir del presupuesto implícito en el razonamiento del a quo- de que del interrogatorio de los testigos llevado adelante por la defensa durante el debate no podría surgir elemento alguno que corroborara la versión del imputado, y que dicho interrogatorio resulta ex ante inidóneo para lograr, al menos, echar alguna sombra de duda sobre un cuadro probatorio “suficiente””51. El Máximo Tribunal priorizó el derecho a confrontar los dichos frente al interés estatal, aún cuando se habían realizado diligencias tendientes a posibilitar el interrogatorio por parte de la defensa. Expreso entonces: “El hecho de que el Estado haya realizado todos los esfuerzos posibles para hallar al testigo y para satisfacer la pretensión de la defensa de interrogarlo, carece de toda relevancia, pues lo que se encuentra en
ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto, ob.cit., pág. 57. Artículo 29 inc. 1), de las Reglas de Mallorca, elaboradas por la Comisión de Expertos de ONU, reunidos en Palma de Mallorca, los meses de noviembre de 1990, mayo de 1991, septiembre de 1991 y febrero de 1992. Estas Reglas tienen un valor interpretativo importante pues se establecen partiendo de los derechos fundamentales que, por respeto a la dignidad del hombre han sido proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en otros documentos internacionales. 49 Fallos 329:5556. 50 Fallos 329:5556, considerando 11 -voto de la mayoría-. 51 Fallos 329:5556, considerando 12 -voto de la mayoría-.
discusión es otra cosa: si la base probatoria obtenida sin control de la defensa es legítima como tal. De allí que la invocación de la “imposibilidad” de hacer comparecer al testigo no baste para subsanar la lesión al debido proceso que significa que, finalmente, la parte no haya tenido siquiera la posibilidad de controlar dicha prueba. Desde este punto de vista, lo decisivo no es la legitimidad del procedimiento de incorporación por lectura, el cual, bajo ciertas condiciones, bien puede resultar admisible, sino que lo que se debe garantizar es que al utilizar tales declaraciones como prueba se respete el derecho de defensa del acusado (conf. TEDH, caso Unterpertinger vs. Austria, serie A, N° 110, sentencia del 24 de noviembre de 1986, esp. párr. 31)”52. En el caso antes citado, el estándar de “derecho al interrogatorio”, siguió no sólo la jurisprudencia del CEDH sino que: “… los criterios interpretativos precedentemente mencionados han sido adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Castillo Petruzzi c. Perú” (CIDH, sentencia del 30 de mayo de 1999)53”. También interesa destacar, que aunque en minoría, en el caso Barbone54, tres jueces de la Corte, compartieron los argumentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal a los que se remitieron, allí manifestaron la necesidad de producir prueba durante el juicio oral, en el caso se había resuelto con fundamento en prueba documental emanada de la prevención. Para ello se expresó: “es que la protección de las garantías individuales del imputado constituye, precisamente, el límite formal que distingue a la actividad preventiva de la investigación jurisdiccional. Por eso, si bien es cierto que en esta causa hubo actividad de prevención, debidamente documentada en actas que no fueron redargüidas de falsedad, ocurre que ésta no fue suficiente para cumplir con los estándares mínimos que ofrece un procedimiento judicial propiamente dicho, por cuanto, entre otras cosas, no hubo control de las partes”55. Queda claro que resulta incompatible con el juicio oral que la totalidad de prueba sea incorporada por lectura, toda vez que se expresa: “El sistema de la oralidad no tolera el desarrollo de un juicio sin producción de prueba alguna, ya que este método exige, para la tutela del debido proceso, que los juzgadores experimenten el peso o la fuerza de la
Fallos 329:5556, considerando 13 -voto de la mayoría-. Fallos 329:5556, considerando 15 -voto de la mayoría-. 54 CSJN, Fallos 331:325, -voto de la minoría integrada por los Lorenzetti, Zafarroni y Fayt-. 55 CSJN, S.C.B. 2198, L.XLII; REX, de fecha 08 de abril de 2008, del Dictamen del Procurador Fiscal.
percepción por sus sentidos, según el principio de inmediatez. Y más todavía, porque esa prueba, adquirida y evaluada en el contradictorio, es la que luego servirá de sustento para dictar una sentencia razonada y válida, fundada en los hechos verificados y el derecho vigente. Lo contrario, sería conformarse con un debate huérfano de elementos fácticos, en el que la discusión sólo girase en torno a cuestiones puramente jurídicas o de crítica a las constancias extrajudiciales”56. La conclusión es contundente al considerar que “el juicio de esta causa estuvo vaciado de contenido. ”57 El criterio sentado en el precedente Benítez, fue mantenido en Gallo López, aunque en éste caso la decisión fuera la de anular el decisorio absolutorio de la Cámara de Casación, allí se tuvo en consideración que el tribunal de juicio fundamentó las declaraciones de culpabilidad del imputado en otras pruebas y no exclusivamente en la declaración de la víctima. La Corte explicitó, “que las pruebas objetivas –que en modo alguno fueron impugnadas por la defensa- consideras por el tribunal de juicio a los fines de emitir su fallo condenatorio, debieron cuanto menos ser atendidas por el a quo en orden a examinar si constituían un curso cual probatorio independiente, lo que fundamenta per se el carácter arbitrario del pronunciamiento recurrido.” 58 Es decir, la exclusión de la prueba obtenida sin contradicción solo procede si es dirimente. Las aseveraciones precedentes son trascendentes, para comprender las razones que exigen el respeto de la inmediación, ya que como explicita la Corte en el precedente Casal “…el principio republicano de gobierno impide entender un dispositivo constitucional como cancelatorio de otro”59 Por ello la primera pregunta que se formuló fue “hasta dónde la amplitud de su materia (casación) podría apartarse de la limitada versión originaria sin afectar la oralidad del plenario del plenario, pero dando cumplimiento al requisito constitucional de los arts. 8.2h de la Convención Americana…”60, en éste caso los textos de la Convención Americana y del Pacto
CSJN, S.C.B. 2198, L.XLII; REX, de fecha 08 de abril de 2008, del Dictamen del Procurador Fiscal. CSJN, S.C.B. 2198, L.XLII; REX, de fecha 08 de abril de 2008, del Dictamen del Procurador Fiscal. 58 CSJN, Gallo López, Javier, Fallos 334:725, considerandos 6 y 7, voto de la mayoría. En el caso la Cámara Nacional de Casación Penal, anuló la sentencia condenatoria y reenvió las actuaciones a un nuevo tribunal, para que se ocupara de que la víctima fuera preparada psicológicamente para prestar declaración en el debate, toda vez que no lo había hecho en el primer juicio, y de la búsqueda intensiva de la denunciante, a fin de que se realizara un nuevo juicio. La doctrina del cauce alternativo fue sentada en diversos precedentes de la Corte como Daray, Fallos 317:1985) y más recientemente en Quaranta, Fallos 333:1674. 59 Fallos 328:3399, considerando 24 -voto de la mayoría-. 60 Fallos 328:3399, considerando 7 -voto de la mayoría-.
Internacional no pueden ser interpretados en forma contradictoria, en la medida que prevén la publicidad del juicio. El respeto a la oralidad luce en los supuestos citados como un estándar renovado, aunque incipiente en la cultura de nuestros tribunales.
IV.- Congruencia
La pretensión penal es entendida como "la declaración de voluntad, fundada en los hechos objeto del proceso, por la cual se solicita del tribunal la aplicación de una pena o de una medida de seguridad"61. Esto es consecuencia de los principios acusatorio y de imparcialidad del juzgador, así, la sentencia no puede ir más allá de lo pedido por las partes. Coherente con esta afirmación es la doctrina sentada por la CSJN, en el fallo "Tarifeño"62, mantenida en innumerables decisiones ("García"63, "Cattonar"64, "Montero"65 y "Caseres"66, entre otros), alterada en Marcilese67 y posteriormente ratificada en el caso "Mostaccio"68 y subsiguientes, cuando establece que el pedido absolutorio del Fiscal impide al órgano jurisdiccional el dictado de sentencia condenatoria, en orden a que la falta de acusación en materia criminal viola la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional, que exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictadas por los jueces naturales69. Aunque, en ningún caso el Alto Tribunal dijo qué entendía por “acusación”. En el reconocimiento de estos límites al órgano jurisdiccional no ha sido pacífica la doctrina del Alto Tribunal. En el caso Amodio, el voto de la minoría reconoció la imposibilidad de imponer una pena mayor a la solicitada por el fiscal, en aquella oportunidad se dijo: “Que toda vez que el derecho de defensa impone que la facultad de juzgar conferida por el Estado a los tribunales de justicia debe ejercerse de acuerdo con el alcance que fija la
GIMENO SENDRA, Vicente, "Fundamentos ...", op. cit., pág. 395. Fallos 325:2019 63 Fallos 317:2043 64 Fallos 318:1234 65 Fallos 318:1788 66 Fallos 320:1891 67 Fallos 325:2005 68 Falos 327:120. 69 Fallos 125:10; 127:36; 189:34; 308:1557, entre otros tantos.
acusación, y dado que la pretensión punitiva constituye una parte esencial de ella -al punto de que en autos el juez correccional que dictó la condena decidió anular el alegato acusatorio formulado por la parte querellante precisamente por el hecho de que había omitido solicitar pena-, cualquier intento por superar aquella pretensión incurre en un ejercicio jurisdiccional extra o ultra petita”70. Con invocación del mismo derecho también se afirmó: “Que si el derecho de defensa opera como límite concreto de la función jurisdiccional, en el sub examine se verifica un exceso en el ejercicio de ella en la medida en que el juez sentenciante excedió la pretensión punitiva del órgano acusador e impidió con ello el pleno ejercicio de aquella garantía en lo que respecta a la individualización y proporcionalidad de la pena finalmente impuesta”71. En aquel caso, se pone de manifiesto la prohibición del ne procedat iudex ex officio, con el alcance que se le da a la prohibición de reformatio in pejes, mantener la equiparación de posiciones entre las partes y evitar que ese equilibrio sea violado por la actuación oficiosa de los jueces. En tal sentido se expresa que: “Además, al colocarse al procesado en una situación más desfavorable que la pretendida por el propio órgano acusador -lo cual implica un plus que viene a agregarse en una instancia procesal que es posterior a la oportunidad prevista para resistirlo- se vulnera también la prohibición de la reformatio in pejus cuyo contenido material intenta evitar precisamente que se agrave la situación jurídica del imputado sin que mediase requerimiento acusatorio en tal sentido”72. Admitir que el órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia condenatoria más allá de lo pedido ó cuando el fiscal no ha sostenido la acusación, es violatorio de los derechos de defensa en juicio e imparcialidad del juzgador, así como del principio consustancial del proceso penal: cual es la contradicción como presupuesto de su existencia. Si aceptáramos el criterio de que los jueces luego de producido el debate, tienen el poder de imponer una pena aún sin que exista pedido de parte o más elevada que la solicitada, tendríamos que dar oportunidad a la defensa de refutar la posición del tribunal. Para ello, sería necesario que existiera cesura del juicio y que se permita debatir "la tercera opinión" del tribunal como consecuencia del principio de contradicción que
Fallos 330:2658, considerando 16 -voto de la minoría integrado por los jueces Lorenzetti y Zaffaroni-. Fallos 330:2658, considerando 18 -voto de la minoría-. 72 Fallos 330:2658, considerando 19 -voto de la minoría-.
debe regir a lo largo de todo el proceso en razón de que se trata, como indica Montero Aroca, de un derecho fundamental de las partes73. Otro de los aspectos implicados, es la posibilidad de encuadre jurídico distinto, cuestión que entre nosotros tradicionalmente no registró mayores inconvenientes, no obstante creemos, que también está alcanzada por las mismas limitaciones que la cuestión fáctica. Conforme lo expuesto participamos del criterio de que, “el iura novit curia no posibilita que el Tribunal, por vía de su apreciación jurídica, rompa esta identidad fáctica y normativa sustancial, y ello ni aun cuando se informe debidamente a las partes ofreciéndoles ampliamente el debate y la nueva prueba ya que, en tal caso, se estaría introduciendo de oficio un nuevo objeto procesal, una acusación jurisdiccional”74. A esta cuestión se ha referido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fermín Ramírez vs Guatemala cuando sostuvo: “La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. El llamado “principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia” implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación”75. De esta manera se fija un nuevo estándar relativo al alcance del derecho de defensa y deja de ser pacífica la concepción tradicional que confería ilimitado poder a los jueces al momento de calificar los hechos. Al principio de congruencia, en directa relación a los hechos materia de juzgamiento, se ha referido nuestra Corte Suprema cuando sentó criterio que: “Si bien en orden la justicia represiva, el deber de los magistrados, cualesquiera que fueren las peticiones de la acusación y la defensa, o las calificaciones que ellas mismas hayan formulado con carácter provisional, consiste en precisar las figuras delictivas que jueguen
MONTERO AROCA, Juan, “Ultimas ...”, op. cit., pág. 118. ASENCIO MELLADO, José María, “Principio ...”, op. cit., pág. 89 75 Corte IDH, caso “Fermín Ramírez vs Guatemala”, de fecha 20 de junio de 2005.
con plena libertad y exclusiva subordinación a la ley, ese deber encuentra su límite en el ajuste del pronunciamiento a los hechos que constituyen la materia del juicio”76. Posteriormente, el Máximo Tribunal, haciendo suyos los fundamentos del Procurador, descalificó toda posibilidad de afectación del derecho de defensa, como consecuencia de un cambio de calificación trascendente. En el caso Sircovich se interpretó que: “el cambio de calificación adoptado por el tribunal será conforme al artículo 18 de la Constitución Nacional, a condición de que dicho cambio no haya desbaratado la estrategia defensiva del acusado, impidiéndole "formular sus descargos" (precedente ya citado de Fallos: 319:2959, votos de los jueces Petracchi y Bossert, con cita de Fallos: 242:234). Esta situación de restricción defensiva concurre justamente en este caso… en que el cambio operado en la subsunción legal afectó las garantías judiciales de los acusados, tanto por un defecto del conocimiento cabal de la imputación, como por una afectación a su estrategia defensiva”77. La doctrina esbozada se corresponde con el criterio de Maier, en relación a la inviolabilidad de la defensa, ya vez que: “Todo aquello que en la sentencia signifique una sorpresa para quien se defiende, en el sentido de un dato con trascendencia en ella, sobre el cual el imputado y su defensor no se pudieron expedir (esto es, cuestionarlo y enfrentarlo probatoriamente), lesiona el principio estudiado”78. El principio de correlación entre acusación y sentencia ó de coherencia, ha sido referido por el voto de la minoría en el caso Ciuffo, al expresar que lo acontecido: “… constituyó una subsunción sorpresiva sobre la cual el imputado y su defensor no pudieron expedirse en el juicio, pues no era razonable exigirles que buscaran todas las posibles calificaciones mas gravosas y se defendieran de todas ellas, contra argumentando lo que aún nadie había argumentado”79. Criterio reiterado por los mismos jueces en el caso Antognazza, donde se sostuvo que “… el pronunciamiento del a quo excedió el marco del principio iura novit curia al pasar a subsumir el hecho en un tipo doloso activo porque no consideró probado que la hubiese abandonado o colocado en situación de desamparo, e incurrió en una violación del principio de congruencia al no haberse ajustado al contenido de la imputación respecto del cual la encartada había ejercido su derecho a ser oída”80. En
Fallos 314:333, entre otros. Fallos 329:4634, del Dictamen del procurador Fiscal. 78 Maier, Julio B. J., “Derecho …”, op. cit., pág. 568. 79 Fallos 330:5020, del voto de los Dres. Lorenzetti y Zaffaroni. 80 Fallos 330:4945
este caso se agrega que “… cualquier exceso de jurisdicción que evidencia un interés acusatorio resultará incompatible con el principio de imparcialidad”81. De tal modo se sienta un nuevo estándar que limita el poder jurisdiccional a la hora de subsumir los hechos que se hayan probado en el debate.
V.- El Derecho al Recurso.
El “derecho al recurso”, en el proceso penal ha sido reconocido en forma expresa, por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional (Artículos 8.2.h.) de la CADH y 14.5 del PIDCyP. En consecuencia, la “impugnabilidad” de la sentencia y de otros fallos importantes se vincula a las garantías judiciales mínimas; y un proceso penal garantizador debe establecer el derecho o la facultad de recurrir el fallo82. En éste sentido, la Corte Suprema de Justicia de La Nacional, ha reconocido que como órgano supremo de uno de los poderes del gobierno federal, en la medida de su jurisdicción, le corresponde “aplicar los tratados internacionales a que el país está vinculado”, ya que “lo contrario podría implicar responsabilidad de la Nación frente a la comunidad internacional83. Como es sabido el juicio público que precede el dictado una la sentencia penal habilita que ésta sea revisada como regla, por la vía del denominado recurso de casación84. En el año 1994, Costa Rica consultó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de la compatibilidad entre el derecho al recurso y la casación, que en ese país se encontraba regulada bajo la inspiración de la tradicional institución francesa.
Fallos 330:4945, considerando 8 -voto de la minoría-. Binder, Alberto, “Introducción al Derecho Procesal Penal”, editorial Ad-Hoc, 2da. edición, Buenos Aires, 1999, pág. 286. El materia penal, aunque los códigos regulen también la posibilidad de impugnar en cabeza del acusador penal público o particular, lo cierto es que la garantía solo alcanza al imputado. El recurso contra la sentencia ya no puede ser concedido como una facultad de todos los intervinientes, pues según Maier, se ha transformado “en un derecho exclusivo del condenado a requerir la doble conformidad con la condena, condición de la ejecución de una pena estatal” -conforme explica Maier, Julio B. J., “Derecho Procesal Penal, Tomo I, Fundamentos”, editores del Puerto, 1996, pág. 709-; lo contrario implicaría, en definitiva, un ne bis in idem sin la autorización del sujeto portador de la garantía. 83 Fallos 318:514. 84 Toda vez que algunos códigos sancionados, después del fallo Casal, como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prevén el recurso de apelación.
En aquella oportunidad se dijo que en la medida en que esa vía, “Permita la revisión legal por un Tribunal Superior del fallo y de todos los autos procesales importantes, incluso de la legalidad de la producción de la prueba” y “no se regule, interprete o aplique con rigor formalista”, habilite “Examinar la validez de la sentencia recurrida en general y el respeto a los derechos fundamentales en especial los de defensa y debido proceso”85, lo garantiza. En tanto que en 2004, el mismo país, fue condenado por la CIDH, por no dar cumplimiento a lo antes expresado, allí se dijo que: “De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la Corte ha establecido que “no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces”, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos”86. En ésta oportunidad también ser recuerdan los presupuestos otrora fijados por la Comisión. También se citan diversas condenas que el Comité de Derechos Humanos de la ONU, había impuesto a España por violación del art. 14.5.PIDCyP87.
Conf. parágrafo 30, Informe Nº 24/92, Casos 9328, 9329, 9742, 9884, 10131, 10.193, 10.230, 10.429, 10.469 (Costa Rica), Derecho de Revisión de Fallo Penal, 2 de octubre de 1992. 86 Expresa en el fallo la CIDH, que: A partir de 1990, por el pronunciamiento 528 de la Sala Constitucional de Costa Rica, se comenzó a desformalizar el recurso de casación a raíz de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual solicitó a dicho Estado que modificara su legislación. La Sala Constitucional dijo que debía desformalizarse el recurso, pero los avances deben ser mayores”. “Mediante sentencia emitida el 26 de junio de 1990 en otro caso, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica consideró que el recurso extraordinario de casación satisface los requisitos del Pacto de San José, siempre y cuando no se regule, interprete o aplique con rigor formalista. Esta decisión no fue acatada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en el caso del periodista Mauricio Herrera Ulloa y del periódico “La Nación”, pues la sentencia de 24 de enero de 2001 “con evasivas formalistas soslaya la revisión plena de la sentencia de primera instancia, como debería ocurrir con una amplia y plena apelación”. Conf. parágrafo 161, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, ob. cit. y sus citas. 87 Al respecto, el Comité de Derechos Humanos concluyó: […] que la inexistencia de la posibilidad de que el fallo condenatorio y la pena del autor fueran revisadas íntegramente, como se desprende de la propia sentencia de casación […], limitándose dicha revisión a los aspectos formales o legales de la sentencia, no cumple con las garantías que exige el párrafo 5, artículo 14 del Pacto. Por consiguiente, al autor le fue denegado el derecho a la revisión del fallo condenatorio y de la pena, en violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto; Cfr. Parágrafo 166, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Sentencia de 2 de Julio de 2004, y su cita Nº 117 referente a: O.N.U., Comité de Derechos Humanos, M. Sineiro Fernández c. España (1007/2001), dictamen de 7 de agosto de 2003, párrs. 7 y 8; y O.N.U.,
Esta decisión provocó que la Corte Argentina, en el caso “Casal”88 diera un verdadero brinco para responder a lo normado en el artículo 8° del Pacto de San José (en cuanto a la doble instancia) ampliando la competencia de la Cámara de Casación Penal atribuyéndole tareas casi propias de la alzada89.
V.a.- Estándares establecidos a partir del fallo Casal Los criterios sentados en el caso Casal90,
con relación al recurso de
casación regulado en materia penal en el orden nacional, se extendieron prontamente a las provincias91. Por imperio de los artículos 31, 5, 122 y 116 de la CN, de tal modo las reflexiones que haremos a continuación son igualmente de aplicación a los recursos que tramiten ante los Superiores Tribunales y Cortes. En la doctrina del fallo Casal, la Corte marca tres ejes a saber: a) El primero delimita su competencia, al expresar: “Que en función de lo enunciado y, debido a la inteligencia que corresponde asignar al art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación por imperio de su propia letra y de la Constitución Nacional (arts. 8.2.h de la Convención Americana y 14.5 del Pacto Internacional en función del art. 75 inc., 22 de la Constitución Nacional), resulta claro que no pueden aplicarse al recurso de casación los criterios que esta Corte establece en materia de arbitrariedad, pues más allá de la relatividad de la clasificación de los recursos en ordinarios y extraordinarios que en definitiva no tiene mayor relevancia-, es claro que, satisfecho el requisito de la revisión por un tribunal de instancia superior mediante el recurso de casación entendido en sentido amplio, esta Corte se reserva sólo la función de corregir los casos en que resulte una arbitrariedad intolerable al principio republicano de gobierno...” (el resaltado nos pertenece). En éste punto, se reserva el ingreso a la causa cuando advierta que hay cuestión federal, en los términos que su creación pretoriana le permitió ampliar los
Comité de Derechos Humanos, C. Gómez Vásquez c. España (701/1996), dictamen de 20 de julio de 2000, párr. 11.1. 88 Véase Morello, Augusto, González Campaña, Germán, “Reformulación de la casación penal”, La Ley, Suplemento Penal, Octubre, 2005, 16. 89 Hitters, Juan Carlos, -Ponente presentada al XX Congreso iberoamericano de Derecho procesal, Málaga 2006, “Incidencia de la Jurisdicción de los Tribunales Supranacionales”, ob. cit.; Fallos 328:3399. 90 Fallos 328:3399. 91 Fallos 329:530.
supuestos previstos por el artículo 14 de la ley Nº 48, “arbitrariedad” y “gravedad institucional”, o bien en aquellos casos que conforme la legislación comparada impliquen concentrar esfuerzos en temas fundamentales, cuando la trascendencia de la materia en ella tratados así lo requiera92. b) El segundo garantizar el derecho al recurso, al exigir que se agote la capacidad de control del tribunal de casación -o juez del recurso- y para ello, superar la distinción entre cuestiones de hecho y de derecho, toda vez: “Que la interpretación del art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación conforme a la teoría del máximo de rendimiento, o sea, exigiendo que el tribunal competente en materia de casación agote su capacidad revisora conforme a las posibilidades y particularidades de cada caso,
revisando todo lo que le sea posible revisar, archivando la impracticable distinción entre cuestiones de hecho y de derecho, constituyéndolo en custodio de la correcta aplicación racional del método de reconstrucción histórica en el caso concreto, tiene por resultado un entendimiento de la ley procesal penal vigente acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y que, por otra parte, es la que impone la jurisprudencia internacional ...”93, con el único límite de la inmediación. En consecuencia, imponiendo una revisión amplia de la decisión, en los términos expuestos por la Comisión Interamericana en la el Informe 24/92 y por la Corte Interamericana en el caso Herrera Ulloa en julio de 2004. c) El tercer eje emite una manda a los tribunales orales, al exigir que no se magnifique la inmediación y se dé razón de las decisiones. “…el art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación debe entenderse en el sentido de que habilita a una revisión amplia de la sentencia, todo lo extensa que sea posible … sin magnificar las cuestiones reservadas a la inmediación, sólo inevitables por imperio de la oralidad conforme a la naturaleza de las cosas...”94. De este modo “Lo no controlable es la impresión personal que los testigos pueden causar en el tribunal...”, y le impone al tribunal de mérito el cometido de “dar cuenta circunstanciada si pretende que se la tenga como elemento fundante válido....” de tal modo, los jueces deben explicitar adecuadamente en forma motivada las razones que los llevan a formular las premisas en las que fundan la sentencia,
En Brasil, la Enmienda Constitucional número 45 del 8 de diciembre de 2004, estableció un nuevo presupuesto de admisibilidad del recurso extraordinario (repercusión general de la cuestión constitucional), cuyo juicio compete al mismo Tribunal. 93 Conf. Fallos 328:3399, considerando 32, lo resaltado nos pertenece. 94 Fallos 328:3399, considerando 34 -voto de la mayoría-.
sin lo cual sus aseveraciones aparecerán como meramente dogmáticas, carentes de sustento, al no satisfacer tal imposición. Cuando el agravio se vincule con vicios de razonamiento del juzgador en la construcción de la decisión o en la ausencia de justificación suficiente, no se observan obstáculos para ingresar al tratamiento de la cuestión, al erradicar la muletilla de estilo en orden a la soberanía del tribunal del juicio para determinar los hechos que tuvo por probados, la que se intenta erradicar. En realidad lo importante pasa por distinguir qué cuestiones pueden ser revisables sin afectar el principio de inmediación que goza el tribunal del juicio. La apertura en materia del derecho al recurso motivó que la Corte también determinara cómo debe ensancharse la admisibilidad del recurso habilitado contra la sentencia condenatoria, sea de casación, apelación o innominado, según la regulación que reciba en el ordenamiento nacional o provincial de que se trate. Es del caso referir que en ese sentido manda a superar el rigor formal95, más aun expresa que “debería flexibilizarse los requisitos de admisibilidad”96 y respetar el principio pro homine. 97En cuya inteligencia señaló que el cómputo del plazo para interponer el recurso debía computarse a partir de la notificación personal al encausado de la decisión que acarrea la firmeza de la condena, dado que éste derecho constituye una facultad del imputado y no una potestad técnica del defensor.98 En definitiva el mayor rendimiento requerido a los jueces del recurso en el proceso penal, pasa esencialmente por garantizar el proceso justo tutelando todas y cada una de las garantías implicadas para que este responda a los estándares mínimos exigidos por la Constitución.
VI.- Derecho a obtener un pronunciamiento judicial o en un plazo razonable.
CSJN, Fallos ; Cardozo, Fallos 329:2265; Laskiewicz, Fallos 330:5103, entre otros. En la misma línea en el caso Lascano, interpretó que el rechazo del recurso por presentación extemporánea, no parece razonada por tratarse del incumplimiento de un recaudo formal no atribuible al encausado y sin atender su intención de apelar la condena; Fallos 330:298. 96 CSJN, Laskiewicz, Fallos 330:5103. 97 La Corte insistió en la necesidad de realizar una interpretación respetuosa del principio pro homine, en el marco del “deber de garantizar” el derecho al recurso que le asiste a toda persona inculpada. CSJN, Cardozo, Fallos 329:2265; Keiler, Fallos 333:796; entre otros. 98 CSJN, Dubrá, Fallos 327:3802; Cofré, Fallos 327:5801.
VI. a) La demora excesiva del proceso, la falta de rapidez, configura una vulneración a la garantía de defensa en juicio (art. 18 CN). Así lo ha reconocido la CSJN en el caso Mattei99, desde allí en adelante podemos hablar de más de quince100 precedentes señeros en materia penal, hasta el más reciente Losicer101 que recrea los anteriores para un caso contencioso administrativo. Antes de la reforma constitucional de 1994102 la garantía emanaba de modo implícito, en cambio hoy es letra expresa al incorporar la CADH y el PIDCyP, que consagran expresamente el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonables103 o en otros términos sin dilaciones indebidas104. Tutela que se acentúa expresamente en ambos cuerpos normativos cuando la persona enjuiciada se encontrare detenida o retenida, toda vez que debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales105 y de no ser juzgada dentro de un plazo razonable tiene derecho a ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso.106 El titular de ésta garantía es solo el ciudadano justiciable y no el estado sea parte o únicamente órgano llamado a resolver. Se trata de un derecho que nace como consecuencia de la prohibición del non liquet, de la obligación que tienen los tribunales de resolver107, tarea que no puede admitirse sin límites. Constituye una omisión por parte del estado del deber de afianzar la justicia. Su reconocimiento fue consolidado por copiosa
CSJN, Fallos 272:188. Entre los que podemos citar: Mattei, Fallos 272:188 -1966-; Pileckas Fallos 297:486 -1977-; Mozzati Fallos 300:1102-1978-; Kipperband Fallos 322:360 -1999-; Barra Fallos 327:327 -2004-; Egea Fallos 327:4815 -2004-Cuatrín Fallos 331:600 -2008-; Ibañez I. 159.XLIV -2009-; Arinsnabarreta Fallos 332:2159 -2009-; Bobadilla Fallos 332:2604 -2009-; Oliva Gerli Fallos 333:1987 -2010-;, “Poggio” (P. 686. XLV), “Mezzadra” (M. 1181. XLIV), “Rizikow” (R. 818. XLIV), del 8 de noviembre de 2011; Losicer, L.216.XLV2012101 CSJN, L.216.XLV, Losicer, Jorge Alberto y otros c/BCRA, 26 del de junio de 2012. 102 Art. 75 inc. 22) Constitución Nacional. 103 Art. 8.1 CADH “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” 104 Art. 14.3 c) PIDCyP “…3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:…c) a ser juzgada sin dilaciones indebidas;” 105 Art. 9.3 PIDCyP. 106 Art.7.5 CADH. 107 Confrontar, Gimeno Sendra Vicente. “Constitución y Proceso”, Editorial Tecnos, Madrid 1988, página 142.
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humano108, receptada luego por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal como reseñaremos brevemente más adelante. En el ámbito local el derecho a ser oído con las debidas garantías fue inicialmente reconocido en procesos penales y rápidamente se expandido a todas las categorías de procesos. Reiteradamente la Corte ha reconocido que cuando se invoca la violación al plazo razonable hay cuestión federal.109 Veamos algunos ejes esenciales de éste nuevo estándar.
VI.- b) Necesidad de un pronunciamiento que ponga fin a la situación de incertidumbre. El titular de ésta garantía es solo el ciudadano justiciable y no el propio estado sea parte o únicamente órgano llamado a resolver. La primera advertencia que formula la Corte pasa por la afectación que la mora judicial genera en el ciudadano sometido a proceso. Así expresa que “debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional el derecho de todo imputado a obtener -luego de un juicio tramitado en legal forma- un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción a la libertad que comporta el enjuiciamiento penal”. Ello con especial atención a la afectación que esa situación provoca en el ser humano, obedece: “… al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial con el respeto debido a la dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca, de una vez y para siempre, su situación frente a la ley penal”.110 Para llegar a tal conclusión se echó mano a los principios de progresividad y de preclusión que reconocen su fundamento en la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable.
En la década de los setenta. Los criterios señeros fueron marcados por los fallos: König”, sentencia del 28 de junio de 1978; Eckle, 15 de julio de 1982, Foti, 10 de diciembre de 1082; Corigliano, 10 de diciembre de 1982; Zimmermann-Steiner, 13 de julio de 1983, entre otros 109 La Corte con invocación del precedente Di Nunzio, Fallos 328:1108, reenvió actuaciones para que la vía sea agotada en la instancia anterior – Cámara de Casación Penal-, Fallo Olima, Juan Carlos, O. 100. XLVI, del 7 de agosto de 2012. En igual sentido, Kreutzer. K.52.XLV del 15/6/10; Musante M.759.XLV del 13/9/11. 110 CSJN, Mattei, Fallos 272:188, considerando 10. El resaltado nos pertenece.
El Estado no cumple con la aspiración de “afianzar la justicia” consagrada por el constituyente, cuando la decisión llega tarde. Ello en definitiva constituye una violación del debido proceso regular y legal. En el caso Mozzati, después un cuarto de siglo de trámite:”salta a la vista que resultaron agraviados hasta su práctica aniquilación, el enfático propósito de afianzar la justicia, expuesto en el Preámbulo, y los mandatos explícitos e implícitos, que aseguran a todos los habitantes de la Nación la presunción de su inocencia y la inviolabilidad de su defensa en juicio y debido proceso legal (arts. 5, 18 y 33). Ello así toda vez que dichas garantías constitucionales se integran por una rápida y eficaz decisión judicial”111 Esta exigencia se impone al órgano jurisdiccional en respeto del justiciable no solo como consecuencia de la afectación de diversos principios consagrados por la CN, como el de inocencia, sino en razón de los medios con que cuenta para ejercer su potestad de juzgar. Así se dijo: “Que la garantía a obtener un pronunciamiento judicial que defina de una vez y para siempre la situación ante la ley y la sociedad, se basa en que el Estado con todos sus recursos y poder no tiene derecho a llevar a cabo esfuerzos repetidos para condenar a un individuo por un supuesto delito, sometiéndolo así a las molestias, gastos y sufrimientos, y obligándolo a vivir en un continuo estado de ansiedad e inseguridad, y a aumentar también la posibilidad de que, aun siendo inocente, sea hallado culpable “112 Estas afirmaciones fueron reiteradas en diversas oportunidades.
VI.- C) Parámetros para definir cuándo se incurrido en violación del plazo tolerado por la ley. Aunque solo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos utiliza la expresión dilaciones “indebidas”, queda claro que la irrazonabilidad del plazo de juzgamiento conspira en todos los casos contra la exigencia de justicia ágil y rápida que el derecho de tutela efectiva impone. “El derecho de acceso a la justicia implica que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable; una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales”. 113
CSJN, Mozzati, Fallos 300:1102, considerando 3. Lo resaltado nos pertenece. CSJN, Kipperband, Fallos 322:360, considerando 17. Disidencia de los jueces Fayt y Bossert. Lo resaltado nos pertenece. 113 CIDH, López Álvarez v Honduras, sentencia del 1 de febrero de 2006, párrafo 128.
La Corte Interamericana en el caso Suárez Rosero
entendió que: “El
principio de “plazo razonable” al que hacen referencia los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente. ”114 Por otro lado existe coincidencia entre los tribunales supranacionales y la CSJN en que no puede dictarse una regla universal que clarifique el concepto del plazo razonable o de la dilación indebida. A tal fin se valorarán los siguientes criterios: Para definir el concepto de plazo razonable se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales.” 115 A ello se suma el análisis global del procedimiento116, pauta que debe guiar la apreciación de los demas indicadores que pueda exhibir cada caso. La mayor carga en orden a probar si existió razón para la demora, pesa sobre el estado, la Corte Interamericana “… considera que una demora prolongada puede llegar a constituir por sí misma, en ciertos casos, una violación de las garantías judiciales. Corresponde al Estado exponer y probar la razón por la que se ha requerido más tiempo que el que sería razonable en principio para dictar sentencia definitiva en un caso particular…” 117 A la hora de valorar la concurrencia de razones de la mora, la complejidad y la conducta de las partes no operan en forma autónoma. Pues: “Aún cuando se trata de un caso complejo y se hubiese retrasado por la conducta del imputado, si el trámite del
CIDH “Suárez Rosero vs. Ecuador”, sentencia del 12 de diciembre de 1997, párrafo 70. En el caso el primer acto de procedimiento lo había constituido la aprehensión. Lo resaltado nos pertenece. TEDH “Motta vs. Italy”. sentencia del 19 de febrero de 1991, párrafo 30. Resaltado nos pertenece. Criterio también expuesto por la Corte Interamericana: “Para examinar si en este proceso el plazo fue razonable, según los términos del artículo 8.1 de la Convención, la Corte tomará en consideración tres elementos: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales. El caso no revestía complejidad especial. Sólo había dos encausados. Se disponía de la sustancia cuya identificación determinaría la pertinencia del enjuiciamiento. No aparece en el expediente que el señor López Álvarez realizara diligencias que retrasaran o entorpecieran la tramitación de la causa.” CIDH “López Álvarez vs. Honduras”, sentencia del 1° de febrero de 2006, párrafos 132 y 133. 116 CSJN, Losicer, L.216.XLV, considerando 10), con cita de CIDH casos Genie Lacayo vs. Nicaragua, sentencia del 29 de enero de 1997, párrafo 77 y López Álvarez v. Honduras, sentencia del 1° de febrero de 2006; TEDH, Köning, sentencia, sentencia del 10 de marzo de 1980 publicado en el Boletín de Jurisprudencia Constitucional 1959-1983 en Madrid por las Cortes Generales. 117 CIDH “Hilarie Constantine y Benjamin vs. Trinidad y Tobago” (sentencia del 21 de junio de 2002, párrafo 145). Lo resaltado nos pertenece.
proceso no fue lo suficientemente ágil, el Estado debe responder por ello.”
que en todos los supuestos habrá que valorar si efectivamente el Estado actuó con la diligencia que le es debida. Cuando se valore la conducta del imputado habrá que evitar obstaculizar el libre ejercicio del derecho de defensa en juicio. Ello no impide tomar “… en consideración si se han evidenciado actitudes obstruccionistas u objetivamente dilatorias…,
entendiéndose por aquéllas, toda solicitud de aplazamientos injustificados de audiencias o cuando el imputado no se presenta a los actos respecto de los cuales fue debidamente citado.”.119 Nuestra CSJN, dejó en claro que más allá de las particularidades de cada caso, que el estado no puede hacer cargar sobre las espaldas del enjuiciado la mora judicial, más allá de las razones que hubiere habido. En tal sentido interpretó que: “...la duración del plazo razonable de un proceso depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso, por lo que no puede traducirse en un número de días, meses o años...” “No son ajenas al conocimiento de esta Corte dificultades que agobian a los jueces por el las ingentes
exceso de tareas y ciertas carencias
estructurales, las cuales seguramente se agravaron, en el caso, con motivo de las vicisitudes ocasionadas por la modificación del sistema procesal y por los innumerables cambios producidos en las designaciones de los funcionarios intervinientes. Sin embargo tal situación, aun cuando permitiere explicar las demoras en que se ha incurrido y justificar a los jueces por esa misma demora , no autoriza a hacer caer sobre la cabeza del[os] imputado[s] los inexorables costos de lo sucedido...” . 120 Del tal modo los problemas estructurales deben ser soportados por el Estado: “aunque los retrasos experimentados en el procedimiento hubiesen sido consecuencia de deficiencias estructurales u organizativas de los órganos judiciales o del abrumador trabajo que sobre ellos pesa, esta hipotética situación orgánica, si bien
TEDH “König” (sentencia del 28 de junio de 1978, párrafo 111). Lo resaltado nos pertenece. TEDH, “Adiletta v. Italy”, sentencia del 19 febrero 1991, párrafo 17, con cita del caso Eckle v Germany, sentencia del 15 de julio de 1982, párrafo 82. Ésta orientación fue la seguida por el máximo tribunal, cuando expresó que: “la grave irregularidad en la sustanciación del proceso puesta de manifiesto en la tardanza para recibirle declaración indagatoria recién en el año 1997 no puede ser ponderada en perjuicio del imputado como se ha hecho sin desatender la efectiva vigencia de las garantías constitucionales invocadas también por el recurrente, como son, las del debido proceso y defensa en juicio; cabe aclarar que la demora injustificada no fue provocada por ningún comportamiento alusivo que pueda atribuirse al procesado.” CSJN, Cuatrín, Fallos 331: 600, considerando 9 entre otros. 120 CSJN, Barra, Fallos 327:327, considerando 15. Lo destacado nos pertenece.
pudiera excluir de responsabilidad a las personas intervinientes en el procedimiento, de ningún modo altera la anterior conclusión del carácter injustificado del retraso (Tribunal Constitucional español, sentencia n° 7 del 10 de enero de 1995)...” 121 En definitiva, las referidas pautas dan contenidos concretos a las garantías.122
VI.- d) Demoras irrazonables. En diversos precedentes el cimero tribunal advirtió que la duración del proceso viola ostensiblemente las garantías de plazo razonable del proceso y del derecho de defensa en juicio, cuando ha durado un tiempo excesivo, tal es del caso cuando tramitó casi dos décadas.123 En ese sentido señalo que: “Sobre los imputados ha pesado durante casi 18 años el estado de incertidumbre que importa seguir sometido a un enjuiciamiento penal. En efecto, un proceso que se desarrolló durante casi dos décadas constituye una tergiversación de todo lo instituido por la Constitución Nacional en punto a los derechos de la personalidad vinculados a las declaraciones y garantías concernientes a la administración de justicia”124 De igual modo se ha considerado que la prolongación durante diez años de un procedimiento recursivo, viola el derecho consagrado por el art. 8.1 de la CADH.125El mismo criterio se siguió cuando se anuló la condena y diez años después recién se realiza la nueva citación a juicio.126 Sin embargo no siempre se exigió un lapso de tiempo que superara una década, toda vez que también se interpretó: “Que al dilatar el trámite del sumario durante dos años y tres meses sin que a esa altura del proceso se hubiese producido alguna prueba
CSJN, Arisnabarreta, Fallos 332:2159, considerando 18, voto del juez Lorenzetti. CSJN, Fallo Losicer, op. Cit, considerando 11) 123 CSJN, Egea, Fallos 327:4815. 124 CSJN, Oliva Gerli, Fallos 333:1987, considerando 7. 125 CSJN, Ibáñez, I.159.XLIV: “Cabe concluir que un procedimiento recursivo que como en el caso se ha prolongado durante diez años excede todo parámetro de razonabilidad de duración del proceso penal, y en tales condiciones, la suspensión del trámite para que se sustancie un incidente de prescripción como propone el señor Procurador Fiscal en su dictamen no haría más que continuar dilatando indebidamente esta causa cuya prolongada duración por casi trece años (que no puede ser atribuida al imputado ni a la complejidad del caso, toda vez que se trata de un hecho sencillo de robo con un arma ocurrido en noviembre de 1996) viola ostensiblemente el derecho a ser juzgado en un plazo razonable consagrado en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.” (considerando 5) En este caso, la Corte declaró procedente el recurso y declaró extinguida la acción penal Ibáñez. 126 Bobadilla (332:2604), en el caso la Corte hace lugar al planteo de prescripción de la defensa por aplicación de la doctrina de Kipperband, 322:360 y Barra, Fallos 327:327.
que tuviese idoneidad suficiente para reafirmar la imputación realizada en el auto de prisión preventiva y sin atender los diversos planteos del procesado para que se clausurara tal etapa, el magistrado incurrió en morosidad judicial manifiesta, grave y fuera de los términos corrientes que establecen las normas procesales.” 127 Demás está decir que “dicho plazo debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse.” 128 En los casos precedentemente invocados la demora es ostensible, ésta circunstancia ha permitido también elaborar una doctrina que habilita la prescripción de la acción penal por violación del plazo razonable.129 Prueba de tal consecuencia también lo es el caso Ibáñez de la Corte.130 En consecuencia, la tutela en análisis “resulta ser un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional”131 La presente reseña es apenas una síntesis de un tema de amplio desarrollo y progreso permanente en su reconocimiento como garantía mínima de juzgamiento. De tal suerte: “cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del art. 8 de la Convención Americana”.132
VII.- Conclusiones. Lo dicho no pretende ni siquiera agotar los supuestos someramente esbozados, dada la amplitud de cada una las garantías implicadas. Han queda en el camino el derecho a la libertad y el presupuesto probatorio de toda sentencia de condena, que la prueba sea obtenida sin quebrantamiento constitucional, entre otros. Solo se ha intentada destacar el avance progresivo que en materia de garantías registra el proceso penal, en un camino que parece civilizarlo y hacerlo cada día más respetuoso de los derechos individuales. Sin dejar de mencionar el enorme efecto expansivo que las decisiones de los Tribunales Supranacionales, en particular la Corte
CSJN, Arisnabarreta, Fallos 332:2159, considerando 22, voto del juez Lorenzetti. Conf. CIDH, Suarez Rosero v Ecuador, ob. Cit., párrafo 17. 129 Criterio que fue aplicado por la suscripta en diversos precedentes. 130 CSJN, Ibañez Fallo I.159. XLIV, donde después admitir la violación de la garantía se declaró la prescripción sin reenvío. 131 CSJN, Losicer, L. 216. XLV, del 26 de junio de 2012, considerando 7°. 132 CSJN, Losicer, L. 216. XLV, del 26 de junio de 2012, considerando 8) con cita de la CIDH “Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, párrafo 71.
Interamericana de Derechos Humanos tienen en nuestro medio, ello a pesar del lastre cultural que nos agobia en el fuero penal, donde un inquisidor siempre está al acecho. De cualquier modo, la esperanza de ver hecho realidad un mundo menos violento y más respetuoso de los derechos humanos, nos anima cada día para reafirmar el culto por la Constitución Nacional.
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