Source: http://www.wcl.american.edu/humright/repertorio/art42.cfm
Timestamp: 2014-10-24 15:26:50+00:00

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Artículo 42Deber de Adoptar Disposicionesde Derecho Interno
42.0.1 general
21. La primera pregunta planteada por los gobiernos "con respecto a los artículos 41 y 42" de la Convención, se refiere a "la competencia de la Comisión para calificar y dar su criterio [...] en el caso de comunicaciones que alegan una violación" de ciertos derechos protegidos por la Convención (los de los artículos 23, 24 y 25), "sobre la regularidad jurídica de leyes internas, adoptadas de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución [de un Estado cualquiera], en cuanto a su "razonabilidad", "conveniencia" o "autenticidad".
22. La Corte no encuentra razón alguna ni la solicitud la trae para distinguir los derechos señalados (arts. 23 - derechos políticos -, 24 - igualdad ante la ley - y 25 - protección judicial -) de los restantes enumerados en la Convención. Esta no establece una jerarquía de los derechos protegidos por ella. Las distinciones en materia de derechos humanos en el sistema interamericano son, principalmente, las que tocan con los derechos a cuya protección se obligan, bien los Estados Partes en la Convención o bien los Estados Miembros de la OEA pero no Partes en la Convención; en este último caso sólo los contenidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y, en particular, los mencionados en el artículo 20 del Estatuto de la Comisión (ver Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989. Serie A No. 10, párr. 45); y las que se hacen en el artículo 27 de la Convención sobre los derechos que no pueden ser suspendidos en "caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado". En el inciso 2 de ese artículo aparece mencionado el artículo 23 como uno de los que no pueden ser suspendidos, pero no el 24 ni el 25. No obstante, en su opinión consultiva sobre "Garantías Judiciales..." (supra 17, párrs. 22 a 24) la Corte interpretó que el artículo 25.1 contiene algunas de aquellas garantías que no pueden ser suspendidas. No existiendo, sin embargo, razón alguna para que la opinión de la Corte se refiera solamente a los tres artículos mencionados en la solicitud, ésta omitirá la distinción en su respuesta.
23. Varios de los artículos de la Convención, en particular los que aparecen en la sección 2 del capítulo VII bajo el acápite Funciones y el artículo 44 que forma parte de la sección 3 Competencia, se refieren a las atribuciones de la Comisión. Desde el comienzo, las disposiciones del sistema interamericano le han encomendado a la Comisión la "promo[ción] de los derechos humanos" (Resolución VIII, V Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, Santiago, 1959, Documentos Oficiales, OEA, Serie C.II. 5, 4-6) o "promover la observancia y la defensa de los derechos humanos" (art. 111 de la Carta de la OEA reformada por el Protocolo de Cartagena), como lo recoge textualmente el artículo 41 de la Convención. Es esa la función principal de la Comisión y la que condiciona y regula todas las demás que ella tiene, en particular las que le atribuye el artículo 41 y cualquier interpretación que de ellas se haga tendrá que estar sujeta a ese criterio.
24. Entiende la Corte que la solicitud no busca una interpretación integral de los artículos 41 y 42, sino una opinión sobre si, con base en esos artículos, la Comisión podría, en el caso de comunicaciones en trámite (probablemente aquellas a que se refieren los artículos 41.f, 44 y 45) o al referirse a las copias de los informes y estudios que le envíen los Estados en aplicación del artículo 42, pronunciarse sobre la "regularidad jurídica de leyes internas, adoptadas de acuerdo como lo dispuesto por la Constitución, en cuanto a su "razonabilidad", "conveniencia" o "autenticidad".
25. En una opinión consultiva la Corte tuvo oportunidad de referirse in extenso al sentido de la palabra "leyes" en el artículo 30 de la Convención, es decir, aquellas mediante las cuales se adoptan restricciones a los derechos y libertades reconocidos en ella. En aquella oportunidad definió la ley como "norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes" (La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 38), definición a la que llegó con base en el análisis de los principios de "legalidad" y "legitimidad" y del régimen democrático dentro del cual hay que entender el sistema interamericano de derechos humanos (párrs. 23 y 32). Estas interpretaciones de la Corte se refirieron exclusivamente al sentido de la palabra "ley"en el artículo 30 y nada autoriza para extenderlas a otros supuestos en los cuales la Convención se refiera a la "ley" o, en cualquier otro contexto, se hable de "ley". Habría que entender, entonces, que la expresión, utilizada en la consulta, "leyes internas, adoptadas de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución" se refiere a cualquier disposición de carácter general y no exclusivamente a la ley en sentido estricto.
La Corte entiende la expresión "regularidad jurídica de leyes internas, adoptadas de acuerdo con la Constitución", como referida, en términos generales, a la conformidad de las mismas con el ordenamiento jurídico Interno e internacional.
27. En estas circunstancias, no debe existir ninguna duda de que la Comisión tiene a ese respecto las mismas facultades que tendría frente a cualquier otro tipo de violación y podría expresarse en las mismas oportunidades en que puede hacerlo en los demás casos. Dicho de otro modo, el hecho de que se trate de "leyes internas" y de que estas hayan sido "adoptadas de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución", nada significa si mediante ellas se violan cualesquiera de los derechos o libertades protegidos. Las atribuciones de la Comisión en este sentido no están de manera alguna restringidas por la forma como la Convención es violada.
28. Podrían mencionarse situaciones históricas en las cuales algunos Estados han promulgado leyes de conformidad con su estructura jurídica pero que no ofrecieron garantías adecuadas para el ejercicio de los derechos humanos, impusieron restricciones inaceptables o, simplemente, los desconocieron. Tal como lo ha manifestado la Corte, el cumplimiento de un procedimiento constitucional "no impide en todos los casos que una ley aprobada por el Parlamento llegue a ser violatoria de los derechos humanos" (La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, supra 25, párr. 22).
29. Esto no significa que la Comisión tenga atribuciones para pronunciarse sobre la forma como se adopta una norma jurídica en el orden interno. Esa es función de los órganos competentes del Estado. Lo que la Comisión debe verificar, en un caso concreto, es si lo dispuesto por la norma contradice la Convención y no si contradice el ordenamiento jurídico interno del Estado. La atribución otorgada a la Comisión para "formular recomendaciones [...] a los gobiernos de los Estados Miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales" (art. 41.b) (destacado de la Corte) o el compromiso de los Estados de adoptar las medidas legislativas necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades garantizados por la Convención "con arreglo a sus procedimientos constitucionales" (art. 2) (destacado de la Corte), no le dan a la Comisión facultad para calificar el cumplimiento por el Estado de los preceptos constitucionales en la elaboración de las normas internas.
32. Conviene, ahora, considerar el asunto de los términos "razonabilidad ", "conveniencia" y "autenticidad", mencionados por los gobiernos solicitantes en la primera pregunta. Se solicita de esta Corte una opinión sobre si la Comisión puede aplicar estos vocablos para "calificar y dar su criterio" sobre leyes internas discutidas en el marco de los artículos 41 y 42 de la Convención.
Corte I.D.H., Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993, Serie A No. 13, párrs. 21-37. 38. Para el caso de que un Estado emitiere una ley contraria a la Convención, esta Corte ha dicho

References: artículo 20
 artículo 64
 artículo 27
 artículo 23
 artículo 25
 artículo 44
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 42
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 30
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