Source: https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=15/02/2017&refArticulo=2017-01268&i18n.http.lang=es
Timestamp: 2019-07-21 08:57:55+00:00

Document:
Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de las ayudas económicas para la atención de necesidades sociales, ejercicio 2017.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de la Mancomunidad de Concejos de Cangas de Onís, Amieva y Onís de fecha 30 de noviembre de 2016 sobre derogación y modificación de ordenanzas fiscales reguladoras de precios públicos para el ejercicio 2017, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES SOCIALES
La fundamentación de las prestaciones económicas dentro del marco de los Servicios Sociales se encuentra en la Constitución Española, en el desarrollo de su artículo 9.2, que establece en el Capítulo III de su título I los principios rectores de la política social y económica, y señala una serie de deberes de los poderes públicos que generan en sus destinatarios unos derechos, cuya satisfacción ha de ser estímulo y meta del buen hacer político.
Los poderes públicos, según la norma constitucional, aseguran la protección social, económica y jurídica de las personas en situación de necesidad, desamparo, circunstancias graves o urgente necesidad por carencias económicas y socio-familiares. El artículo 148.1 del texto constitucional faculta a las comunidades autónomas a asumir plenitud de competencias en materia de asistencia social.
Por otra parte, la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, regula la ordenación, organización y desarrollo del sistema público de servicios sociales, que bajo los principios generales que se recogen el artículo 5 de dicha Ley, se organiza en dos niveles de atención; los servicios sociales generales y los servicios sociales especializados.
Son los servicios sociales generales, cuya prestación se encomienda a las entidades locales, que la ejercen a través de los Centros de Servicios Sociales respectivos, quienes tienen atribuidas entre sus funciones y competencias, la de gestionar prestaciones de emergencia social, conforme a lo establecido en el artículo 11.f) de la citada Ley.
En este primer nivel del sistema, punto de acceso inmediato y más próximo a la persona usuaria y a los ámbitos familiar y social, es donde se articulan y materializan los diferentes instrumentos orientados a prevenir el riesgo de exclusión, a paliar situaciones de exclusión personal, social y laboral, y a facilitar la inclusión de quienes carezcan de los recursos personales, sociales o económicos suficientes para el ejercicio efectivo de los derechos sociales de la ciudadanía.
Por otra parte, el artículo 17.2 de la Ley Estatal 38/2003, de 17 de abril, General de Subvenciones, establece que las bases reguladoras de subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones, estableciéndose además en la Disposición Adicional Decimocuarta, que los procedimientos regulados en dicha ley, se adaptarán reglamentariamente a las condiciones de organización y funcionamiento de las entidades locales.
No es, pues, el procedimiento a seguir el general de concurrencia competitiva que fija dicha Ley, pues resulta implícita en la naturaleza de las prestaciones a conceder, y en los procesos asociados a la pobreza o a las situaciones de especial vulnerabilidad, la necesaria inmediatez en la solución a la problemática planteada, que junto con razones de interés social impiden una convocatoria pública, siendo el procedimiento más adecuado el de concesión directa de las mismas.
Es así que, atendiendo a los motivos expuestos, se establece la presente Ordenanza Reguladora de Ayudas Económicas para la Atención de Necesidades Sociales de la Mancomunidad de los concejos de Cangas de Onís, Amieva y Onís, destinadas a prevenir, evitar y/o paliar situaciones de exclusión social, gestionadas por los Servicios Sociales Intermunicipales, como apoyo a la intervención social de los mismos, con las siguientes disposiciones:
TÍTULO I.—OBJETO
El objeto de la presente Ordenanza es la regulación de las ayudas económicas, a conceder por la Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva y Onís, que se destinarán a la atención de necesidades sociales, teniendo como objetivo, prevenir situaciones de marginación social y favoreciendo la integración de la persona.
Estas ayudas económicas se otorgarán por los siguientes conceptos:
Ayudas económicas para situaciones de emergencia social: destinadas a paliar situaciones en las que se originan gastos extraordinarios o gastos por hechos imprevistos, también gastos ordinarios o previsibles pero que no se pueden satisfacer, que repercuten en la vida de las personas en cuanto a la cobertura de sus necesidades básicas.
Tienen un carácter finalista y puntual. Podrán solicitarse hasta tres veces a lo largo del año.
Ayudas de Apoyo Económico a la Intervención: prestación económica que tiene por finalidad atención a necesidades básicas familiares, se enmarcarían dentro de un proyecto/plan de intervención en el que se establecen compromisos y acciones de debe realizar la familia, firmados por la familia y con seguimientos periódicos por personal del centro de servicios sociales, para valorar su cumplimiento a lo largo del tiempo que dure la prestación.
Las ayudas se concederán en función de la disponibilidad presupuestaria, por lo que no será suficiente que en el solicitante concurran todos los requisitos y condiciones establecidas.
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta Ordenanza aquellas ayudas que, por provenir de convenios específicos con otras administraciones o entidades, se regulen por sus propios criterios de concesión, aunque sea la Mancomunidad quien las otorgue.
TÍTULO II.—BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas o unidades familiares residentes en alguno de los municipios que conforman la Mancomunidad, y que reúnan los requisitos que se mencionan en el artículo 4 de la presente ordenanza.
Se entiende por unidad familiar, a la persona solicitante y a quienes acrediten convivir con ella, ya sea por unión matrimonial o afectiva análoga o por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, así como por adopción, tutela o acogimiento familiar constituido por resolución judicial o administrativa.
En la unidad familiar solo uno de sus miembros podrá tener la condición de persona beneficiaria de las ayudas, aunque se otorguen en beneficio de la unidad familiar.
Artículo 3.—Perceptores.
a) Los propios solicitantes cuando sean beneficiarios, directamente o por razón de la unidad familiar, de las ayudas.
b) Las entidades o personas designadas para su percepción, así como los proveedores de los bienes o servicios para cuya adquisición o prestación se conceda la ayuda
2. Estar empadronado en alguno de los municipios que conforman la Mancomunidad de forma ininterrumpida, con al menos seis meses de antelación a la fecha de solicitud de la ayuda.
Excepcionalmente, también podrán ser beneficiarios personas o familias que, no cumpliendo con este requisito, hayan estado empadronadas en el municipio durante más de un año con anterioridad, y regresen al término municipal antes de cumplirse cinco años.
3. Aportar la documentación exigida en cada caso, que acredite la situación de necesidad.
4. Que el cómputo total de ingresos anuales de la unidad familiar de la que forma parte el solicitante no excedan, en los últimos doce meses, de la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional establecido para ese año, incrementada en cada miembro de la unidad familiar en las siguientes cuantías:
110% SMI
120% SMI
130% SMI
140% SMI
5. No disponer de bienes muebles o inmuebles, distintos a los de la vivienda habitual, sobre los que se posea un derecho de propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que, por sus características, valoración, posibilidad de explotación o venta, indique la existencia de medios suficientes para atender la necesidad para la que se solicita la ayuda, referidos a toda la unidad familiar.
6. No haber recibido ayudas de otros organismos para atender la necesidad que motiva la petición, pudiendo tener carácter complementario y, en su caso, subsidiario de otro tipo de recursos o prestaciones, de contenido económico, previstos en la legislación vigente, a los que pudiera tener derecho el solicitante.
7. Tener justificadas documentalmente las ayudas que el solicitante hubiera percibido de la Mancomunidad con anterioridad.
8. Aceptar expresamente, por parte del usuario, las condiciones que figuren en el plan de compromisos establecidos con los Servicios Sociales.
TÍTULO III.—CLASIFICACIÓN Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS
Artículo 5.—Clasificación de las ayudas. Exclusiones.
a) Necesidades básicas no cubiertas por otros sistemas de protección:
• De carácter general: alimentos, vestuario, alojamiento y demás indispensables para el desarrollo de la vida diaria.
• Gastos sanitarios: gafas, audífonos, prótesis dentales y gastos farmacéuticos y otros de análoga naturaleza.
b) Ayudas de uso y mantenimiento de vivienda:
• Fianzas para alquileres de viviendas.
• Importe pendientes en evitación de desahucio.
• Alquiler mensual que impida procedimientos de desahucios por impago.
• Pequeños arreglos en vivienda habitual cuando éstos se consideren imprescindibles para la permanencia en el domicilio y previo informe de la Oficina Técnica de Urbanismo sobre la adecuación de las obras a realizar y su coste.
• Suministros básicos (luz, agua, gas, etc.).
• Alta en el consumo de energía eléctrica y suministro de agua corriente en la vivienda habitual.
• Equipamiento básico y enseres de la vivienda por carecer de ello o estar deteriorado.
c) Desarrollo de actividades de inserción socio-laboral. Asistencia a cursos de formación: matrículas, material y transporte.
d) Ayuda para la adquisición de libros, material escolar, comedor escolar, matriculación de estudios y transporte.
— Servicios de Guardería, Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachiller y Estudios Universitarios.
e) Otros gastos excepcionales, valorados por los técnicos municipales de Servicios Sociales como indispensables para prevenir la marginación y favorecer la normalización de individuos y familias. La cuantía de la ayuda se ajustará en estos casos a la necesidad planteada.
2. Exclusiones: Quedan excluidos de estas Ayudas los gastos siguientes:
a) Los derivados de obligaciones tributarias y deudas con la Seguridad Social.
b) Los derivados de multas y otras sanciones pecuniarias debidas al incumplimiento de ordenanzas municipales, normas estatales y/o autonómicas.
c) Los derivados del cumplimiento de una sentencia judicial condenatoria.
d) La devolución de cuantías indebidamente percibidas requeridas por otras Administraciones.
Artículo 6.—Cuantía y frecuencia.
Las ayudas de emergencia social podrán solicitarse hasta tres veces en el mismo año. La cuantía máxima anual se establece en 1.500 €.
Las ayudas económicas de apoyo a la intervención tendrán una periodicidad mensual y hasta un máximo de cuatro meses. La cuantía máxima se establece en 2.000 € anuales.
Se podrá considerar alguna excepcionalidad debidamente justificada y posteriormente informada por el técnico correspondiente.
TÍTULO IV.—GESTIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS
Artículo 7.—Solicitudes: Documentación general y específica.
Las solicitudes de ayuda serán presentadas y tramitadas en los Servicios Sociales municipales.
Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos establecidos respecto a la documentación exigida, se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición.
En cualquiera de las fases de la tramitación del expediente y, a la vista de la documentación obrante, se podrá recabar informes de los organismos públicos y/o entidades privadas que se estimen oportunos a efectos de comprobaciones sobre la exactitud de la documentación o datos aportados.
a) Solicitud de ayuda, según modelo, debidamente cumplimentado.
b) Fotocopia del DNI o documentación acreditativa de la identidad de la persona solicitante, así como de las personas mayores de 16 años.
c) Fotocopia del Libro de Familia, o cualquier otro documento que acredite la composición de la unidad familiar.
d) Volante de empadronamiento y convivencia, con indicación de la antigüedad.
e) Certificación de la oficina de empleo en el que se especifique si son perceptores o no de algún tipo de prestación, duración y cuantía de la misma, así como acreditación de encontrarse en situación de demanda de empleo.
f) Justificante de ingresos referido a todos los miembros de la unidad familiar de convivencia, aportando:
• Trabajadores por cuenta propia, copia de la última Declaración de la Renta.
• Trabajadores por cuenta ajena, copia de las tres últimas nóminas.
• Fotocopia del documento que acredite la cuantía de pensiones, becas, subsidios y otras ayudas.
• En el caso de que la persona solicitante o algún miembro de la unidad de convivencia, acredite encontrarse en situación de desempleo tras un período de actividad laboral, se computarán los ingresos que hayan percibido durante los últimos doce meses anteriores a la solicitud.
g) Documentos acreditativos de la situación de necesidad determinante de la solicitud que deben ser originales y si precisan devolución, indicar en éstos que se ha concedido la ayuda para su pago, así como justificante de su coste o presupuesto.
h) Extracto bancario de los últimos tres meses de todos los miembros requeridos la unidad convivencia.
i) En casos de separación o divorcio, deberá presentarse Sentencia y Convenio regulador en la que conste cuantía de las pensiones compensatorias y/o alimenticias. En el caso de que no se perciba la pensión alimenticia o compensatoria fijada en la resolución judicial de separación o divorcio, además se acompañará justificación documental de haber formulado la correspondiente denuncia por incumplimiento de la obligación de prestarlos o documento de comienzo o inicio del proceso de petición de manutención alimenticio y/o compensatoria.
En casos de difícil acreditación de los ingresos procedentes de las pensiones compensatorias y de ayuda a las cargas, certificación bancaria en la que figuren únicamente las cantidades ingresadas por el ex cónyuge en los últimos tres meses.
j) Declaración responsable en la que se haga constar no haber recibido ayudas o subvenciones para el mismo destino.
k) Declaración responsable del interesado en la que se haga constar, en su caso, la carencia absoluta de rentas familiares.
l) Ficha de Acreedor según modelo de la Mancomunidad, debidamente cumplimentado y sellado por la entidad bancaria correspondiente.
a) Solicitud ayuda Alquiler/fianza:
— Justificante extendido por la persona propietaria o agencia inmobiliaria, en el que se hagan constar los datos de identificación de la vivienda y del propietario e importe total de la deuda contraída con especificación de los meses a que corresponda.
— Copia del Contrato de arrendamiento y último recibo abonado.
— Fichero de acreedores cumplimentado por la persona propietaria o agencia inmobiliaria y sellado por la entidad bancaria correspondiente.
b) Solicitud compra de utensilios básicos para el disfrute de la vivienda habitual (electrodomésticos básicos, mobiliario, enseres de cocina, etc.):
— Presupuesto con especificación de las unidades y conceptos, así como el coste total del gasto.
c) Solicitud deudas de luz, gas, agua:
— Copia de los recibos pendientes de pago.
d) Alta de suministros de luz y agua:
— Copia de los presupuestos de alta en los mismos.
e) Solicitud gastos sanitarios:
— Prescripción médica.
f) Solicitud libros, material escolar y transporte:
— Presupuesto de los libros, material escolar y transporte.
Se prevé la posibilidad de que, en determinados supuestos, bien por ser gastos de escasa cuantía, o bien porque la gravedad o urgencia de la situación así lo exija, se pueda prescindir de la documentación, previo Informe motivado de los Servicios Sociales Municipales, sin perjuicio de que con posterioridad pudiera reclamarse, si fuese necesario.
Artículo 8.—Forma, lugar y plazo de presentación de las solicitudes.
La solicitud, acompañada de la documentación complementaria especificada en el artículo 7, se presentará en el registro general de la Mancomunidad, para su tramitación, previa orientación por el departamento de Servicios Sociales.
El procedimiento para la concesión de las Ayudas Económicas, podrá iniciarse de oficio o a instancia de parte. Si se inicia de oficio, deberán garantizarse en su tramitación los requisitos y circunstancias documentales fijados para el caso de que se iniciase a instancia de parte. Los expedientes serán incoados de oficio, cuando concurren circunstancias graves, extraordinarias o urgentes que así lo aconsejen.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto todo el año.
Artículo 9.—Instrucción de los expedientes.
La tramitación de estas ayudas, podrá seguir dos procedimientos: ordinario y de urgencia.
1.—Procedimiento Ordinario.
El Departamento de Servicios Sociales de la Mancomunidad recibirá la solicitud, que generará la apertura de un expediente, con la documentación adjunta presentada, que informará preceptivamente.
El Departamento de Servicios Sociales, que instruye el expediente, podrá disponer que se efectúen las comprobaciones oportunas sobre la veracidad de los datos aportados por los interesados. Igualmente, podrá requerir a éstos las aclaraciones por escrito y la documentación necesaria para poder resolver, y recabar de los Organismos e Instituciones competentes aquellos informes que se juzguen necesarios para la mejor resolución de los expedientes.
Una vez completado el expediente, se emitirá el correspondiente Informe Social, el cual, será preceptivo pero no vinculante; y en el que se acreditarán las circunstancias de especial necesidad o urgencia social que justifiquen la concesión o denegación de la ayuda, la situación económica del beneficiario y la propuesta favorable o denegatoria. El expediente debe ir acompañado por el informe preceptivo de fiscalización del gasto del Departamento de Intervención de la Mancomunidad.
El expediente de concesión del servicio solicitado, será resuelto mediante resolución motivada por el Presidente de la Mancomunidad, previo informe del técnico responsable de Servicios Sociales.
2.—Procedimiento de Urgencia.
En aquellos supuestos en que la situación del beneficiario presente extrema urgencia y gravedad, el Presidente de la Mancomunidad podrá resolver el expediente en un plazo máximo de 72 horas, a contar desde la presentación de la solicitud con todos los documentos preceptivos; considerándose vinculante el informe de la Trabajadora Social, que habrá de contener la misma información que en el procedimiento ordinario, continuándose con el trámite habitual.
Si posteriormente no se confirma la urgencia, se procederá a la revocación de la Ayuda y reclamación del dinero percibido.
Artículo 10.—Criterios objetivos de concesión.
Para la concesión de estas ayudas económicas, se tendrá en cuenta la valoración emitida por las Trabajadoras Sociales Intermunicipales a través de sus informes técnicos, los cuales serán preceptivos e irán acompañados de una propuesta de resolución motivada, acerca de la procedencia o no de la concesión de la prestación, y con una determinación de la cuantía de la misma.
La resolución de las solicitudes presentadas, al amparo de la presente Ordenanza, corresponde al Presidente de la Mancomunidad, u órgano en quién delegue, que deberá producirse en un plazo máximo de tres meses.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido la resolución expresa y notificado la misma, el solicitante podrá entender desestimada su petición por silencio administrativo.
En todo caso, la ayuda se concederá en función de los créditos disponibles en la Mancomunidad para estas prestaciones. Por ello, no bastará, para recibir la ayuda, con que el solicitante reúna los requisitos y condiciones anteriormente señalados, sino que será necesario, además, que su solicitud pueda ser atendida teniendo en cuenta las dotaciones presupuestarias existentes.
La cuantía, finalidad y forma de pago de las Ayudas concedidas serán las que se determinen en la Resolución.
Cuando varíen las circunstancias que motivaron la solicitud, pero persista la necesidad de ayuda, se podrá modificar la finalidad de la prestación a propuesta del Departamento Municipal de Servicios Sociales, mediante informe de la Trabajadora Social.
Serán denegadas las solicitudes que no cumplan con los requisitos recogidos en la presente ordenanza.
Podrán ser denegadas aquellas solicitudes en las que, pese a cumplir los requisitos establecidos en el artículo 4, pueda concurrir alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la ayuda solicitada no sea adecuada para la resolución de la problemática planteada o detectada o, que su mera concesión, no sea suficiente para su resolución.
b) Que no exista crédito suficiente para la atención de la solicitud.
c) Que en el plazo de los 12 meses anteriores a la solicitud, le haya sido extinguida o revocada cualquier otra ayuda o prestación social, por incumplimiento de las condiciones establecidas en su concesión.
d) Que la ayuda solicitada sea para cubrir deudas derivadas del incumplimiento de obligaciones tributarias con cualquier Administración Pública, incluida la Seguridad Social.
e) Que la ayuda solicitada sea para cubrir deudas derivadas del incumplimiento de obligaciones civiles o mercantiles, excepto las ocasionadas por el suministro imprescindible de bienes de primera necesidad.
f) Que la ayuda solicitada sea para cubrir gastos de asistencia médica o farmacéutica susceptible de ser prestada en su totalidad por el Servicio de Salud del Principado de Asturias.
g) Que la ayuda solicitada sea para cubrir gastos de situaciones que hayan sido valoradas, por el servicio correspondiente, como susceptibles de ocasionar el internamiento de la persona beneficiaria en un centro especializado.
h) Que la ayuda solicitada sea para cubrir gastos derivados del establecimiento profesional por cuenta propia.
i) Que la ayuda solicitada sea para cubrir gastos derivados de situaciones que originen demandas cuya resolución sea competencia legal de otras Administraciones Públicas, excepto las ya tipificadas en la presente Ordenanza.
Artículo 13.—Suspensión y modificación de las ayudas económicas.
A. Suspensión. Las ayudas económicas de apoyo a la intervención, dado su carácter periódico, podrán ser objeto de suspensión motivada por la pérdida temporal de algunos de los requisitos de la misma o por incumplimiento de la obligaciones del destinatario recogidas en la presente ordenanza.
La suspensión se mantendrá mientras persistan las circunstancias que hubieran dado lugar a la misma por un período continuado máximo de tres meses, transcurrido el cual, se procederá a la extinción del derecho a la prestación.
B. Modificación. Las ayudas económicas de apoyo a la intervención podrán ser modificadas por:
a. Modificación del número de miembros de la unidad económica de convivencia independiente.
b. Modificación de los recursos que hayan servido de base para el cálculo de la prestación.
Las ayudas económicas para situaciones de emergencia social podrán ser modificadas en cuanto al concepto, por el cual fueron concedidas, siempre y cuando se den determinadas circunstancias valoradas por los servicios sociales, referidas a situaciones que no se hubiesen podido prever al momento de conceder la ayuda.
Artículo 14.—Extinción de las ayudas económicas de apoyo a la intervención.
Se producirá la extinción de las ayudas de apoyo económico a la intervención por los siguientes motivos:
a) Por fallecimiento, renuncia o traslado del solicitante fuera de los municipios integrantes de la mancomunidad.
b) Por la desaparición de la situación de necesidad.
c) Por ocultamiento o falsedad en los datos que han sido tenidos en cuenta para conceder la ayuda.
d) Por la pérdida de algunos de los requisitos o condiciones exigidos para ser beneficiario de la prestación.
e) Por no destinar la prestación al objeto de la misma.
f) Por mantenimiento de una situación de suspensión por período continuado superior a tres meses.
Artículo 15.—Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses que en cada caso corresponden desde el momento de abono de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) La obtención de la ayuda sin reunir los requisitos exigidos para su concesión.
b) El incumplimiento de la finalidad o condiciones impuestas en la concesión.
c) El incumplimiento del deber de justificación del empleo de los fondos recibidos en los plazos establecidos.
d) La percepción de idéntica ayuda con posterioridad por otro Organismo.
e) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 17.
f) La renuncia expresa del beneficiario.
g) Cualquier otra causa o circunstancia previstas en la normativa general que le sea de aplicación.
Artículo 16.—Revocación de las ayudas.
El presidente de la mancomunidad, previo informe de los servicios sociales acordará la revocación de las ayudas y el reintegro de las cantidades percibidas, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) La utilización de la ayuda para finalidad distinta de aquella para laque fue concedida.
b) El incumplimiento, por parte del beneficiario, de las obligaciones establecidos en la presente Ordenanza.
c) La falsedad u ocultamiento de cualquiera de los datos declarados por los beneficiarios, aún cuando reuniera los requisitos para la concesión.
d) Transcurrido un plazo de tres meses desde que la ayuda está dispuesta para ser abonada, sin que el ingreso se haya podido efectuar por causas imputables al interesado o interesada.
TÍTULO VI.—DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS
Artículo 17.—Obligaciones de los beneficiarios y perceptores.
Las personas beneficiarias de las ayudas quedan obligadas a:
2. Comunicar a los Servicios Sociales, todas aquellas variaciones habidas en su situación socioeconómica y familiar, que puedan modificar las circunstancias que motivaron la solicitud.
3. Destinar el importe de la ayuda a la finalidad para la que fue concedida.
4. Presentar ante el Departamento Municipal de Servicios Sociales, en el plazo máximo de un mes, desde la recepción de la Ayuda, los justificantes correspondientes al destino dado a la misma, mediante facturas, tickets o cualquier otro documento con valor justificativo, las cuales deben tener fecha posterior a la del registro de la solicitud.
5. Permitir y facilitar la labor a las personas designadas para verificar su situación económica y familiar, sin menoscabo de los derechos constitucionalmente reconocidos.
6. El cumplimiento de las condiciones que puedan establecerse o acordarse en la concesión de la Ayuda al titular, así como en su caso, comprometerse a seguir el Programa de Intervención que se determine y al cumplimiento de los compromisos que en él se recojan.
7. No ejercer la mendicidad, ni inducir a su práctica a los miembros de la unidad familiar.
8. Escolarizar a los menores a su cargo que se encuentren en edad escolar obligatoria.
9. Reintegrar el importe de las prestaciones o ayudas económicas indebidamente percibidas o cuando no se destinen a los fines para los que se concedió.
10. Justificar con los documentos y facturas originales oportunas la realización del gasto que motivó la concesión de la ayuda económica.
Artículo 18.—Derechos del beneficiario.
El beneficiario tiene derecho a percibir la ayuda o prestación económica una vez concedida la misma.
Primera.—Determinación de rentas e ingresos.
A los efectos previstos en la presente Ordenanza, para el cómputo de rentas y/o ingresos deberán entenderse como tales, aquellos que comprendan todos los recursos de que dispone la persona o unidad familiar, tales como salarios, pensiones, prestaciones, subsidios, rentas provenientes de bienes muebles o inmuebles o cualesquiera otros.
Segunda.—Actualizaciones.
Los valores económicos, así como la tipología de las ayudas incluidas en el artículo 5 de la presente Ordenanza, podrán ser actualizados y revisados periódicamente mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno, siempre que las circunstancias así lo aconsejen.
A las solicitudes de ayudas que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigor de la presente Ordenanza, les resultará de aplicación lo dispuesto en la misma en todo lo que sea favorable al solicitante.
La presente Ordenanza entrará en vigor tras su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, una vez transcurrido el plazo de 15 días hábiles previsto en la normativa sobre Régimen Local.
Las presentes ordenanzas modificadas entrarán en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el BOPA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En Cangas de Onís, a 6 de febrero de 2017.—El Presidente.—Cód. 2017-01268.

References: artículo 17
 Real Decreto 
 artículo 9
 artículo 148
 artículo 5
 artículo 11
 artículo 17
 artículo 4
 resolución 

Artículo 3

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7
 resolución 

Artículo 8
 artículo 7

Artículo 9
 resolución 
 resolución 

Artículo 10
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 4
 resolución 
 resolución 

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15
 artículo 17

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18
 artículo 5
 artículo 17
 Real Decreto