Source: http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5572820&fecha=19/09/2019
Timestamp: 2020-05-30 04:42:52+00:00

Document:
SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 101/2017 y su acumulada 116/2017
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 101/2017 Y SU ACUMULADA 116/2017
PROMOVENTES: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES E INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al siete de mayo del dos mil diecinueve, emite la siguiente
1. Presentación de la demanda. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales promovió acción de inconstitucionalidad contra los artículos 3, fracciones V y VII, 4, 26, 43, 53, fracciones XI y XII, 72, 80, 83, 84 y 88 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el dieciocho de julio del dos mil diecisiete, mientras que el instituto local promovió una diversa contra el Decreto 23 que contiene dicha ley.
2. Radicación y admisión de la acción 101/2017. Por auto de dieciocho de agosto del dos mil diecisiete, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 101/2017 y, por razón de turno, designó al Ministro Javier Laynez Potisek para que instruyera el procedimiento.
4. Radicación, acumulación y desechamiento de la acción 116/2017. Mediante proveído de treinta y uno de agosto siguiente, el Presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente con el número 116/2017 y atendiendo a la identidad de normas impugnadas, ordenó su acumulación a la diversa acción 101/2017, designando al Ministro Javier Laynez Potisek para que instruyera el procedimiento.
7. Alegatos y pedimento. Mediante autos de veintiuno y veintitrés de noviembre, y cinco de diciembre del dos mil diecisiete, se tuvieron por formulados los alegatos del promovente y del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y por formulado el pedimento del Procurador General de la República.
8. Cierre de instrucción. Por acuerdo de veintitrés de abril del dos mil dieciocho se tuvo por recibida la copia certificada de la resolución dictada en el recurso de reclamación en que se confirmó el desechamiento de la acción de inconstitucionalidad 116/2017, razón por la que el ministro instructor
declaró cerrada la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución respectivo.
9. El Tribunal Pleno es competente para resolver esta acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Federal, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General 5/2013, del Tribunal Pleno, toda vez que se cuestiona la constitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el dieciocho de julio del dos mil diecisiete.
10. La acción de inconstitucionalidad fue promovida dentro del plazo de treinta días naturales previsto en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el Decreto 23 que contiene las normas impugnadas se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el martes dieciocho de julio del dos mil diecisiete, de modo que el aludido lapso transcurrió del miércoles diecinueve de julio al jueves diecisiete de agosto del año en cita, mientras que la demanda se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en esa última fecha.
12. Para resolver su argumento conviene tener en cuenta que los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Federal, y 41, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen que corresponde al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales promover las acciones de inconstitucionalidad contra, entre otras, las leyes estatales que considere vulneran el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.
13. El artículo 32, fracciones I y II, del Estatuto Orgánico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales establece:
Artículo 32. La Dirección General de Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes funciones:
I. Representar legalmente al Instituto en asuntos jurisdiccionales, contencioso-administrativos y ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, en los procesos de toda índole, cuando requiera su intervención y para absolver posiciones;
II. Rendir los informes previos y justificados que en materia de amparo deban presentarse, asimismo, los escritos de demanda o contestación, en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, promover o desistirse, en su caso, de los juicios de amparo y, en general, ejercitar todas las acciones que a dichos juicios se refieran;
14. El texto transcrito es claro al prever que corresponde al Director General de Asuntos Jurídicos representar al organismo garante nacional en los asuntos jurisdiccionales y judiciales, entre los que se encuentran las acciones de inconstitucionalidad.
15. Ahora, de autos se advierte que mediante acuerdo ACT-PUB/16/08/2017-07, de dieciséis de agosto
del dos mil diecisiete, el Pleno del aludido instituto instruyó al referido director a fin de que promoviera la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa (folios 51 a 56 del expediente).
18. Es cierto que conforme al artículo 30, primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el organismo garante nacional está presidido por un comisionado que lo representa; sin embargo, tal circunstancia no significa, como pretende hacer ver el Poder Legislativo estatal, que sólo dicho comisionado esté legitimado para promover los medios de defensa respectivos, en este caso, la acción de inconstitucionalidad que se resuelve, pues el contenido de las normas estatutarias antes reproducidas es claro al prever que el aludido director es el representante del instituto en asuntos judiciales.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
21. Antes de emprender el estudio y solución del asunto conviene precisar que de la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente impugna los artículos 3, fracciones V y VII, 4, décimo noveno párrafo relativo al Oficial de Protección Datos Personales, 26, 43, último párrafo, 53, fracciones XI y XII, 72, último párrafo, 80, 83, 84 y 88 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el dieciocho de julio del dos mil diecisiete. En consecuencia, esta sentencia se ocupará de tales disposiciones.
22. Para determinar el tratamiento que deba darse a los conceptos de invalidez propuestos conviene tener en cuenta lo siguiente.
23. Con la expedición de la Ley Federal de Transparencia en el dos mil dos se incorporó al sistema jurídico nacional el derecho a la protección de datos personales como límite o contrapeso al derecho de transparencia y acceso a la información pública; sin embargo, hasta dos mil seis, en el contexto de la reforma al artículo 6 constitucional, se reconoció constitucionalmente dicha prerrogativa.
24. El treinta de abril del dos mil nueve se adicionó la fracción XXIX-O del artículo 73 constitucional para establecer que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, razón por la que en dos mil diez se expidió la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
25. Posteriormente, el uno de junio del dos mil nueve se adicionó un segundo párrafo al artículo 16 constitucional para establecer que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación, así como a expresar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
27. Finalmente, el siete de febrero del dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a la Constitución Federal en virtud del cual se reformaron, entre otras disposiciones, las fracciones I, IV y V del apartado A y se adicionó una fracción VIII a su artículo 6 a fin de establecer, entre otras cosas, los sujetos obligados a transparentar su información, así como la obligación del Congreso de la Unión de emitir una ley general que unificara los criterios aplicables en materia de transparencia y acceso a la información, así como una ley general en materia de protección de datos personales.
30. Asimismo, se indicó la necesidad de facultar al Congreso de la Unión para emitir dos leyes generales cuyos objetivos son homologar el contenido de la normatividad aplicable, pues el establecimiento de parámetros iguales para todos los niveles de gobierno permite contar con una base sólida a fin de que el derecho de que se trata sea igual para todos.
a) Armonizar los principios en el ejercicio de la protección de los datos personales,
b) Estandarizar los alcances de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), y
34. En cumplimiento a esa reforma constitucional, el Congreso de la Unión emitió la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero del dos mil diecisiete.
38. De lo hasta aquí expuesto se advierte que entre las finalidades de la reforma constitucional de siete de febrero del dos mil catorce se encuentran la de dotar de autonomía constitucional al órgano garante nacional en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos
personales en nuestro país y replicarlo en las entidades federativas y, principalmente, unificar los alcances de los principios y bases de los derechos en comento a fin de que todos los gobernados puedan ejercerlo de la misma manera y medida en todo el territorio nacional.
40. De esa manera, las legislaturas de las diversas entidades federativas tienen la obligación de adecuar sus instrumentos normativos aplicables en la materia a las bases y principios reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, pero a la vez tienen libertad para regular ciertos aspectos atendiendo a su específico ámbito de competencia.
42. Además, no debe perderse de vista que si bien en la exposición de motivos de la reforma constitucional de siete de febrero del dos mil catorce, el Poder Reformador de la Constitución aludió la posibilidad de adecuar la legislación general a la realidad local circunscribiéndolo en algunas ocasiones a la materia de transparencia y acceso a la información, lo cierto es que no siempre lo acotó, de modo que se considera que al adecuar su legislación a ambas leyes generales o marco emanadas de la reforma constitucional de mérito, los legisladores locales tienen libertad configurativa, en la inteligencia de que ese ejercicio debe darse dentro de su respectivo ámbito de competencia y acatando las bases, principios y aspectos determinados en la Constitución Federal y en tales leyes generales.
43. Finalmente, porque al resolver en su totalidad la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, este Tribunal Pleno estableció, en esencia, que cuando no está totalmente claro si sólo la Federación puede regular la materia respectiva y las entidades federativas sólo replicarlo, como en el caso, se debe ser deferente con los legisladores locales y, por ende, reconocerles esa libertad configurativa con las limitantes antes comentadas, todo ello a fin de fortalecer el sistema federal adoptado por nuestro país.
45. Tema I. En su primer concepto de invalidez, el promovente afirma que el artículo 3, fracciones V y VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala viola los diversos 1, 6, 16, párrafo segundo y 116, fracción VIII, constitucionales al establecer supuestos jurídicos distintos a los ahí previstos y a los regulados en la ley general aplicable, aunado a que el legislador local invadió la esfera de competencia federal.
50. Agrega que tal circunstancia también viola el principio de igualdad reconocido en el artículo 1 constitucional, pues no sólo distorsiona el sistema regulado por el Poder Reformador de la Constitución Federal y por el legislador federal, sino porque ocasiona que se trate de manera desigual a los gobernados que pretendan ejercer su derecho de protección de datos personales en dicha entidad federativa en comparación con los de las demás.
51. Para resolver sus argumentos conviene tener en cuenta que el artículo 1 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece:
52. El párrafo quinto del precepto reproducido es claro al establecer que son sujetos obligados por esa ley en los tres ámbitos de gobierno: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos autónomos, los partidos políticos, los fideicomisos y los fondos públicos.
56. En la exposición de motivos de la ley general analizada se indicó que una de las grandes
novedades de la reforma constitucional del dos mil catorce fue la ampliación de los sujetos obligados tanto en materia de transparencia y acceso a la información como en materia de protección de datos personales, vinculando no sólo a entes de derecho público, sino también del derecho privado.
57. El legislador federal estableció que desde la óptica del derecho de acceso a la información vinculado íntimamente con el tema de rendición de cuentas, es claro el objetivo de la reforma constitucional a fin de sujetar a un régimen de derecho público de transparencia a sujetos no gubernamentales pero que por el ejercicio de recursos públicos o por la realización de actos de autoridad son equiparables, para efectos de acceso a la información, a entidades gubernamentales, pues es evidente que a la sociedad interesa que estén sujetos a las obligaciones de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, justamente porque lo que se busca es transparentar sus actos y actividades.
60. Dijo que la segunda postura parte de interpretar armónicamente los artículos 1 y 16 constitucionales con la finalidad de que el régimen de protección de datos personales a los partidos políticos, sindicatos y demás sujetos obligados no gubernamentales sea el que se encuentra previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, pues son personas que no forman parte del Estado, aunado a que adoptar dicho régimen resulta más benéfico para los titulares del derecho que se pretende proteger ya que cuentan con un régimen de sanciones o multas aplicables directamente a los sujetos obligados y, finalmente, porque consideró que de esa manera se permite el ejercicio de otras prerrogativas como la libertad de asociación política o sindical, el derecho al voto, entre otras.
62. Así, el legislador federal concluyó que el tratamiento de datos personales que dichos particulares den en el contexto de su actividad político electoral, esto es, en el ejercicio de las facultades que detentan, estará sujeto al régimen de derecho público y, por ende, a la ley general analizada, pues es acorde a la naturaleza de sus actividades y al interés público que revisten, aunado a que la trascendencia de los partidos políticos en la consolidación de la vida democrática del país evidencia la necesidad de que en ese ámbito sean regidos por el derecho público, sin que pueda anteponerse o superponerse la materia electoral y la actividad política a la protección de esos datos.
63. En cambio, precisó, como los sindicatos y demás sujetos obligados no gubernamentales en el tratamiento de datos personales no comparten las características atribuidas a los partidos políticos de modo que puedan ser asimilados a los órganos del Estado, es claro que no deben ser objeto de regulación de la ley general analizada.
64. Lo hasta aquí expuesto evidencia la intención del legislador federal de regular de manera específica y puntual los sujetos obligados a los que vincula la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en los tres ámbitos de gobierno y a partir de las actividades que realicen y de la importancia y trascendencia que tienen en la vida pública de
Artículo 3. Son sujetos obligados por esta Ley:
V. Los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas;
VII. Los sindicatos y aquellos que la legislación local reconozca como de interés público y ejerzan gasto público o realicen actos de autoridad.
69. Basta la lectura de la fracción VII del precepto transcrito para concluir que es contraria al orden constitucional, no sólo porque prevé un sujeto que la ley general aplicable excluye expresamente de la aplicación del régimen de derecho público que se analiza, esto es, los sindicatos, sino también porque incluye a todos aquellos sujetos que la legislación local reconozca como de interés público y que ejerzan gasto público o realicen actos de autoridad, siendo que, como se explicó, ese no es el parámetro constitucional y legal aplicable para establecer cuáles son sujetos obligados por la ley general de la materia.
73. En términos del artículo 20 de dicha ley general, las agrupaciones políticas nacionales son formas
de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política del país, así como a la creación de una opinión pública mejor informada, pero que de ninguna manera o circunstancia pueden utilizar las denominaciones de "partido" o "partido político", simple y sencillamente porque no lo son y no tienen la misma trascendencia y repercusión en la vida política del país.
74. Atendiendo a las diferencias apuntadas entre ambas instituciones jurídicas, es claro que no se pueden semejar, y por ende, tratar a las asociaciones y agrupaciones políticas como entes gubernamentales sujetos al régimen de derecho público de protección de datos personales, tal como si se trataran de partidos políticos.
75. Si se toma en cuenta que el Poder Reformador de la Constitución General y el legislador federal regularon un sistema de protección de datos personales aplicable a sujetos de importancia y trascendencia para la vida del país y cuyas atribuciones puedan asimilarse a entes de derecho público o gubernamentales, es clara la inconstitucionalidad de la norma impugnada.
77. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de invalidez en estudio, lo que se impone es declarar la inconstitucionalidad del artículo 3, fracciones V, en la parte relativa a "asociaciones y agrupaciones políticas", y VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el dieciocho de julio del dos mil diecisiete.
78. Tema II. Por otra parte, el organismo garante nacional asegura que es inconstitucional el artículo 4, décimo noveno párrafo relativo al Oficial de Protección de Datos Personales, de la ley local impugnada, porque establece supuestos jurídicos diversos a los previstos en la Constitución Federal y en la ley marco aplicable.
81. Agrega que tal circunstancia también viola el derecho de igualdad previsto en el artículo 1 constitucional, pues permite que la protección de datos personales en esa entidad federativa sea distinta a todas las demás.
86. También, el legislador federal reconoció las instituciones jurídicas de encargado y subcontratado, quienes eventualmente pueden asumir la responsabilidad sobre el tratamiento de datos personales, pero sin ostentar poder alguno de decisión sobre el alcance y contenido del mismo, y los cuales deben limitar su actuar a los términos fijados por el responsable en el acto contractual o similar en virtud del cual entablaron dicha relación jurídica.
94. En ese contexto, se emitió el artículo 85 de la ley general analizada que establece:
96. De ese modo, el oficial de protección de datos personales es parte de la citada Unidad de Transparencia y tiene a su cargo: a) auxiliar y orientar al titular que lo requiera en relación con el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, b) gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, c) establecer mecanismos para asegurar que los datos personales solo se entreguen a su titular o su representante debidamente acreditados, d) informar al titular o su representante el monto de los costos a cubrir por la reproducción y envío de los datos personales, con base en las disposiciones aplicables, e) proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren y fortalezcan mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, f) aplicar instrumentos de evaluación de calidad sobre la gestión de tales solicitudes, y g) asesorar a las áreas adscritas al responsable en materia de protección de datos personales.
98. El artículo 4, décimo noveno párrafo, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala prevé:
Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
Oficial de Protección de Datos Personales: Persona física designada por el titular u órgano de gobierno del sujeto obligado, que decida sobre la protección y tratamiento de datos personales, así como el contenido y finalidad de los mismos;
100. Atendiendo a las explicaciones dadas es claro que la norma impugnada distorsiona el sistema de
protección de datos personales implementado por el Poder Reformador de la Constitución y por el legislador federal, pues al oficial de protección de datos personales otorga atribuciones distintas a las señaladas en la ley marco aplicable.
106. Tal circunstancia no revela más que la inconstitucionalidad del precepto impugnado no sólo por contravenir el sistema de protección de datos personales implementado, sino por violar la garantía de seguridad jurídica, pues los gobernados de dicha entidad federativa no están ciertos de qué atribuciones o tareas puede o no efectuar el mencionado oficial de protección de datos personales, lo que trasciende al ámbito de atribución de responsabilidades a que aludió el Senado de la República al dictaminar el proyecto de la ley general de la materia.
107. Por tanto, al resultar fundado el concepto de invalidez propuesto, lo que se impone es declarar la invalidez del artículo 4, párrafo décimo noveno, relativo a la definición de "Oficial de Protección Datos Personales", de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el dieciocho de julio del dos mil diecisiete.
108. Tema III. En diverso concepto de invalidez el promovente afirma que el artículo 26 de la ley local analizada es contrario al orden constitucional al omitir en su regulación "el programa general de capacitación" a que se refiere el diverso 35 de la ley general.
110. Agrega que tal omisión no sólo viola los preceptos constitucionales aplicables en materia de protección de datos personales, sino también el principio de igualdad reconocido en el artículo 1 constitucional, pues origina que en el Estado de Tlaxcala se trate de manera distinta a los gobernados, en comparación con la Federación y las demás entidades federativas.
112. Respecto de este tema la acción se desestimó al no haber alcanzado la votación calificada prevista en los artículos 105, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 72 de la ley reglamentaria de la materia para declarar la inconstitucionalidad con
efectos generales del precepto cuestionado, por lo que este Alto Tribunal no emitirá pronunciamiento alguno al respecto.
114. Conforme al artículo 3, fracción IV, de la ley general aplicable, el bloqueo es la identificación y conservación de datos personales una vez cumplida la finalidad para la cual fueron recabados con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de éstas. Durante dicho período, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y transcurrido éste, se procederá a su cancelación en la base de datos que corresponda.
115. Es decir, el bloqueo de datos personales es la acción en virtud de la que se identifica y conserva esa información una vez cumplida la finalidad para la que fue recabada.
Artículo 43. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del sujeto obligado, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último.
La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de los sujetos obligados, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el plazo deberá procederse a su supresión, en términos de la normatividad aplicable.
Al término del plazo fijado por la Ley aplicable para determinar la caducidad de las responsabilidades a las que se hace mención en el párrafo anterior, el sujeto obligado, procederá a la eliminación de los datos personales, del o los archivos, registros, expedientes o sistemas sobre los cuales hubiere procedido el derecho de cancelación.
124. El último párrafo de dicho precepto y cuya constitucionalidad se controvierte, prevé que transcurrido
el plazo establecido en la ley aplicable para determinar la caducidad de esas eventuales responsabilidades, el sujeto obligado eliminará los datos personales de los archivos, registros, expedientes o sistemas respecto de los que haya procedido la cancelación, es decir, los suprimirá.
128. Al rendir su informe, el legislador local indicó que dicho párrafo regula una hipótesis que la ley general no, consistente en qué sucede cuando "caduca" la responsabilidad derivada del tratamiento de datos personales.
129. Esto es, el redactor de la norma reconoce que en el segundo párrafo de la norma analizada reguló lo relativo a la prescripción, mientras que en el último la hipótesis de "caducidad" de esa responsabilidad, de modo que no podría considerarse que al utilizar el término caducidad, en realidad pretendió usar el de prescripción. Aunado a que hacer eso no tendría ningún sentido práctico en la medida en que tanto el párrafo segundo como el tercero del citado artículo 43 establecerían lo mismo.
130. En consecuencia, es claro que se trata de dos supuestos distintos sujetos a lapsos también diferentes. En uno al transcurso del plazo de prescripción y, en otro, al de caducidad, siendo que el fin último es el mismo, esto es, la supresión de datos personales.
136. Es cierto que el supuesto regulado por el legislador local parte de una hipótesis distinta consistente en la solicitud de cancelación de datos personales por parte de su titular y que no está regulada en la ley general; sin embargo, atendiendo a que las normas confrontadas tienen el mismo efecto consistente en el bloqueo y posterior supresión de datos personales, es claro que el último párrafo del artículo 43 impugnado distorsiona y complica el sistema nacional implementado en la materia, no sólo porque puede ocurrir que ambos plazos, de caducidad y prescripción se empalmen, sino
también porque es evidente que los titulares de esos datos están interesados en que los sujetos que los traten puedan ser sancionados ante una eventual responsabilidad, circunstancia que sólo puede suceder mientras se respete el plazo de prescripción establecido por el legislador federal, no así el de caducidad a que se refiere la norma local.
138. En consecuencia, al resultar esencialmente fundado el concepto de invalidez en estudio, lo que se impone es declarar la inconstitucionalidad del artículo 43, último párrafo, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el dieciocho de julio del dos mil diecisiete.
141. Explica que de la interpretación armónica de los artículos 6, 16, 40, 73, fracciones XXVIII, XXIX, XXIX-E, XXIX-W y XXX, y 131, de la Constitución Federal, tanto la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, como la regulación de entidades financieras es materia exclusiva de la Federación, razón por la que el legislador local no podía establecerlas en la ley que al efecto emitió.
Personales en Posesión de Sujetos
Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del estado
Artículo 53. Las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no será procedente son:
144. En efecto, lo único que hizo el legislador al redactar las fracciones XI y XII del artículo 53 reproducido fue repetir la disposición general a fin de que los destinatarios estén ciertos de los únicos casos en que no procede el ejercicio de los derechos ARCO, es decir, regular la materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en su respectivo ámbito de competencia, conforme a los artículos 6, apartado A y 116, fracción VIII, constitucionales.
146. Por tanto, al resultar infundado el argumento analizado, lo que se impone es reconocer la constitucionalidad del artículo 53, fracciones XI y XII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el dieciocho de julio del dos mil diecisiete.
147. En los mismos términos se resolvieron por unanimidad de votos las acciones de inconstitucionalidad 158/2017 y 112/2017, en sesiones de veinticinco y veintinueve de abril del dos mil diecinueve, respectivamente.
148. Tema VI. Por otra parte, el instituto promovente afirma que el último párrafo del artículo 72 de la ley local analizada transgrede el orden constitucional al prever un supuesto jurídico distinto a los establecidos en la Constitución Federa y en la ley general de la materia.
159. Por su parte, el artículo 72 de la ley examinada prevé:
Artículo 72. Los sujetos obligados de las bases de datos a que se refiere este Capítulo, deberán establecer medidas de seguridad de nivel alto, para garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.
Las responsables en materia fiscal, deberán mantener los datos personales de tipo fiscal, en específico los relacionados con los créditos fiscales de manera bloqueada a partir del año siguiente de su declaración de incobrable y ser dados de baja al segundo año contado a partir del plazo antes señalado.
162. Es decir, conforme a la norma local, los sujetos obligados en materia fiscal deben bloquear los datos personales fiscales de los titulares cuyos créditos de esa naturaleza hayan sido declarado incobrables, bloqueo que se mantendrá por todo el año siguiente a dicha declaración, debiendo suprimirlos en la segunda anualidad contada a partir de ese mismo plazo.
172. Además, de todas formas, los sujetos responsables del Estado de Tlaxcala estarían imposibilitados para cumplir la disposición aquí impugnada, pues también deben acatar los deberes que prevé la ley general, en este caso, el plazo que deben permanecer bloqueados los datos personales fiscales que cumplieron su finalidad por tornarse incobrables los respectivos créditos.
178. Para resolver su argumento conviene informar que, efectivamente, los artículos 94, 97, 98 y 102 de la ley general de la materia regulan de manera conjunta los recursos de revisión y de inconformidad, tan es así que el capítulo al que pertenecen se denomina Disposiciones Comunes a los Recursos de Revisión y Recursos de Inconformidad.
179. Por su parte, los artículos 80, 83, 84 y 88 de la ley local analizada, también regulan de manera conjunta ambos recursos e, incluso, tales disposiciones están contenidas en un capítulo que tiene similar denominación que el de la ley general.
Posesión de Sujetos Obligados del estado de
DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN Y RECURSOS DE INCONFORMIDAD
Artículo 80. El titular o su representante podrá interponer un recurso de revisión o un recurso de inconformidad ante el Instituto, o bien, ante la Unidad de Transparencia, a través de los medios siguientes:
I. Por escrito libre en el domicilio del Instituto, o en las oficinas habilitadas que al efecto establezcan;
III. Por formatos que al efecto emita el Instituto;
Artículo 83. La interposición de un recurso de revisión o de inconformidad de datos personales concernientes a personas fallecidas, podrá realizarla la persona que acredite tener un interés jurídico o legítimo.
Artículo 84. En la sustanciación de los recursos de revisión y recursos de inconformidad, las notificaciones que emita el Instituto, surtirán efectos al día siguiente en al que se practiquen.
I. Personalmente en los casos siguientes:
II. Por correo certificado con acuse de recibo o medios digitales o sistemas autorizados por el Instituto, y publicados mediante acuerdo general en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, cuando se trate de requerimientos, emplazamientos, solicitudes de informes o documentos y resoluciones que puedan ser impugnadas;
Artículo 88. En la sustanciación de los recursos de revisión o recursos de inconformidad, las partes podrán ofrecer las pruebas siguientes:
El Instituto podrá allegarse de los medios de prueba que consideren necesarios, sin más limitación que las establecidas en la Ley.
Artículo 117. El titular, por sí mismo o a través de su representante, podrá
impugnar la resolución del recurso de revisión emitido por el organismo garante ante el Instituto, mediante el recurso de inconformidad.
192. Por tanto, al resultar parcialmente fundado el concepto de invalidez en estudio, lo que se impone es reconocer la constitucionalidad de los artículos 80 y 83 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el dieciocho de julio del dos mil diecisiete, y declarar la invalidez de los artículos 84, párrafo primero, en la parte relativa a "y recursos de inconformidad", y 88, párrafo primero, en lo concerniente a "o recursos de inconformidad", del propio ordenamiento.
193. Efectos. De conformidad con los artículos 41, fracción IV, y 73 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, la declaratoria de invalidez de los artículos 3, fracciones V, en la parte relativa a "asociaciones y agrupaciones políticas", y VII, 4, párrafo décimo noveno, relativo a la definición de "Oficial de Protección de Datos Personales", 43, último párrafo, 72, último párrafo, 84, párrafo primero, en la parte relativa a "y recursos de inconformidad", así como del diverso 88, párrafo primero, en lo concerniente a "o recursos de inconformidad", todos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el dieciocho de julio del dos mil diecisiete, surtirá efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Tlaxcala.
PRIMERO. Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad 101/2017 y su acumulada 116/2017.
SEGUNDO. Se desestima la presente acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 26 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, publicada mediante Decreto No. 23 en el Periódico Oficial de la entidad el dieciocho de julio del dos mil diecisiete.
TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 53, fracciones XI y XII, 80 y 83 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, publicada mediante Decreto No. 23 en el Periódico Oficial de la entidad el dieciocho de julio del dos mil diecisiete.
CUARTO. Se declara la invalidez de los artículos 3, fracciones V, en la porción normativa "asociaciones y agrupaciones políticas", y VII, 4, párrafo décimo noveno, relativo a la definición de "Oficial de Protección de Datos Personales", 43, párrafo último, 72, párrafo último, 84, párrafo primero, en la porción normativa "y recursos de inconformidad", y 88, párrafo primero, en la porción normativa "o recursos de inconformidad", de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, publicada mediante Decreto No. 23 en el Periódico Oficial de la entidad el dieciocho de julio del dos mil diecisiete.
QUINTO. Las declaraciones de invalidez decretadas en esta sentencia surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Tlaxcala.
SEXTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto de los apartados I, II, III, IV y V relativos, respectivamente, a los antecedentes, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a las causas de improcedencia.
Se expresó una mayoría de siete votos en contra de los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del apartado VI, relativo al estudio de fondo, en su tema III, consistente en reconocer la validez del artículo 26 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Laynez Potisek y Pérez Dayán votaron a favor.
Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández apartándose de las consideraciones, Medina Mora I. apartándose de la mayoría de las consideraciones, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del apartado VI, relativo al estudio de fondo, en su parte introductoria y su tema V, consistente en reconocer la validez del artículo 53, fracciones XI y XII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.
Se aprobó por mayoría de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del apartado VI, relativo al estudio de fondo, en su tema VII, consistente en reconocer la validez de los artículos 80 y 83 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. El señor Ministro Medina Mora I. votó en contra.
Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández separándose de las consideraciones, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del apartado VI, relativo al estudio de fondo, en su tema I, consistente en declarar la invalidez del artículo 3, fracciones V, en la porción normativa "asociaciones y agrupaciones políticas", y VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.
Se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del apartado VI, relativo al estudio de fondo, en su tema II, consistente en declarar la invalidez del artículo 4, párrafo décimo noveno, relativo a la definición de "Oficial de Protección de Datos Personales", de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. Los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa y Laynez Potisek votaron en contra.
Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I. en contra de algunas consideraciones, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del apartado VI, relativo al estudio de fondo, en su tema IV, consistente en declarar la invalidez del artículo 43, párrafo último, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.
Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del apartado VI, relativo al estudio de fondo, en su tema VI, consistente en declarar la invalidez del artículo 72, último párrafo, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.
Se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Piña Hernández, Medina Mora I. en contra de consideraciones, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del apartado VI, relativo al estudio de fondo, en su tema VII, consistente en declarar la invalidez de los artículos 84, párrafo primero, en su porción normativa "y recursos de inconformidad", y 88, párrafo primero, en su porción normativa "o recursos de inconformidad", de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. Los señores Ministros Franco González Salas, Aguilar Morales y Pardo Rebolledo votaron en contra.
Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del apartado VI, relativo al estudio de fondo, en su parte de efectos, consistente en determinar que las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Tlaxcala.
Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea.
Se expresó una mayoría de siete votos de los señores Ministros Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo Medina Mora I., Laynez Potisek y Pérez Dayán en el sentido de que, para la invalidez del decreto impugnado, no se requería la consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas, así como a las personas con discapacidad. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Piña Hernández y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea votaron en el sentido de que, para su validez, el decreto impugnado requería de dicha consulta.
El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.
Firman el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Ministro Ponente, con el Secretario General de Acuerdos que da fe.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de veintinueve fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original de la sentencia de siete de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno de este Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 101/2017 y su acumulada 116/2017. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a diez de septiembre de dos mil diecinueve.- Rúbrica.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 60
 Artículo 105
 artículo 32

Artículo 32
 artículo 30
 artículo 6
 artículo 73
 artículo 16
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 1

Artículo 3
 artículo 20
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 85
 artículo 4

Artículo 4
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 artículo 26
 artículo 1
 artículo 3

Artículo 43
 artículo 43
 artículo 43
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Artículo 53
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 72
 artículo 72

Artículo 72

Artículo 80

Artículo 83

Artículo 84

Artículo 88

Artículo 117
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 Artículo 105
 artículo 26
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 artículo 53
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