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Timestamp: 2020-07-04 21:19:50+00:00

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Gestores Públicos: septiembre 2019
Policías locales interinos: El Tribunal Constitucional devuelve la calma a la función pública local
Post relacionado. Rafael Jiménez Asensio. Hay Derecho blog: Las aguas vuelven a su cauce (Funcionarios interinos y Policía Local: Reflexiones de urgencia sobre la STC de 19-IX-2019)
Por Emilio Aparicio.- Almacén del Derecho blog. En una entrada anterior dábamos cuenta de la doctrina sentada por la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 828/2019 (r. casación núm. 922/2017) respecto a la imposibilidad de proceder al nombramiento de agentes de la Policía Local en régimen de interinidad. La doctrina sentada por la Sala Tercera del TS fue la que sigue:
A la vista de lo argumentando en el fundamento anterior ninguna duda había respecto a que existía ya una reserva legal respecto a los puestos de policía local que debían ser cubiertos por funcionarios, por lo que la inclusión en el 2013 en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local del término “de carrera” da a entender una mayor restricción al concepto con las diferencias más arriba señaladas entre el apartado 1 y el tercero del art. 92 LBRL.
En consecuencia, tras la modificación del art.92.3 LBRL por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre no resulta ajustado a derecho el nombramiento de agentes de la Policía Local en régimen de interinidad, dada la regulación especial de la norma frente al carácter general sentado en el apartado 1 con remisión al EBEP.»
Doctrina efímera, la verdad, pues ha sido desechada por la sentada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 19 de septiembre de 2019. En esta sentencia se resuelve la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1461-2019, planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en relación con la disposición transitoria segunda del Decreto-ley del Gobierno de Illes Balears 1/201 7, de 13 de enero, de modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, Municipal y de Régimen Local de las Illes Balears, y de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y de medidas en materia de coordinación de las policías locales de las Illes Balears; y con el art. 41 de la Ley del Parlamento de Illes Balears 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears.
El Tribunal Constitucional enfoca el asunto sin florituras:
(se trata de) «examinar si existe una contradicción efectiva e insalvable por vía interpretativa entre el citado precepto estatal (básico) y los preceptos autonómicos que son objeto de enjuiciamiento. Ello dependerá de la interpretación del art. 92.3 LBRL. Si este precepto se interpreta como una reserva absoluta de determinadas funciones a los funcionarios “de carrera”, con exclusión de los interinos, la norma autonómica cuestionada será inconstitucional, pues regula un procedimiento de selección de funcionarios interinos para el ejercicio de una de estas funciones reservadas, en concreto “funciones públicas que implican el ejercicio de autoridad”. Así ha definido las funciones de la policía local la doctrina constitucional (SSTC 175/2011, de 8 de noviembre, FJ 4, y 154/2017, de 21 de diciembre, FJ 3), y así resulta también del Derecho positivo, a la vista de las funciones que tienen legalmente asignadas (art. 53 LOFCS) y del art. 7.1 de esta ley, que dice: ” [e]n el ejercicio de sus funciones, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” – de las que forman parte los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales, según el art. 2 e)- “tendrán a todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad”. Por el contrario, si el art. 92.3 LBRL se interpreta como una reserva de esas funciones públicas, entre las que encajan las de la policía local, simplemente a los funcionarios, sin excluir a los interinos, los preceptos autonómicos serán constitucionales.»
Posteriormente, tras dar cuenta de las alegaciones de la Abogacía del Estado y de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Illes Balears, que abogaban por una interpretación conjunta del art. 92.3 LBRL y el art. 10 TRLEEP, y de la Fiscalía General del Estado y el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España que, por el contrario, defendieron la imposibilidad de que los funcionarios que no sean de “carrera” ejerzan las funciones reservadas, señala que ni la Exposición de Motivos de la Ley 27/2013, ni su tramitación parlamentaria, revelan motivo alguno por el que se mencionaba específicamente a los funcionarios “de carrera” en su art. 92.3:
«la exposición de motivos de la Ley 27/2013 no da cuenta de la nueva redacción que da al art. 92 LBRL, que se encontraba vacío de contenido, ni de las razones que le llevaron a mencionar específicamente a los funcionarios “de carrera” en su apartado 3. Y un repaso a los antecedentes legislativos tampoco arroja luz sobre esta reforma: el Dictamen del Consejo de Estado al anteproyecto de ley (expediente 567/2013) no contiene ninguna referencia a esta cuestión; el 1.24 del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local presentado por el Gobierno al Parlamento (núm. 121/000058) ya contenía una redacción del art. 92 LBRL igual a la que fue finalmente aprobada (Diario Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, serie A, núm. 58-1, de 6 de septiembre de 2013, pág. 17) y en el curso del procedimiento legislativo no consta ninguna enmienda, ni en el Congreso de los Diputados ni en el Senado, ni ninguna referencia al mismo en los debates parlamentarios en una u otra Cámara.»
Continua la Sentencia del TC con una breve reseña a la Sentencia de la Sala Tercera de 14 de junio de 2019, recurso de casación núm. 922/2017, y, ahora sí, empieza a acometer la interpretación del artículo 92 LBRL para concluir que, en el seno de la LBRL, la expresión “funcionarios de carrera” se utiliza como equivalente a la de funcionario público, sin exclusión de los interinos: «En la interpretación del art. 92 LBRL a los efectos de este proceso constitucional, debe tenerse presente que en el seno de la LBRL, la expresión “funcionarios de carrera” se utiliza como equivalente a la de funcionario público, sin exclusión de los interinos. Así resulta del art. 89, que abre su Título VII dedicado al “Personal al servicio de las Entidades locales”, y que no ha sido modificado ni por la LEEP de 2007 ni por la Ley 27/2013, que dice: “El personal al servicio de las Entidades locales estará integrado por funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial”. Y también de la rúbrica del Capítulo II de ese Título, en que se inserta este art. 92 es “Disposiciones comunes a los funcionarios de carrera”»
A continuación, el TC recuerda que nunca se ha interpretado esa referencia específica a los funcionarios “de carrera” como prohibición de nombramiento de funcionarios interinos en la Administración Local:
«Ninguna de estas referencias específicas a los funcionarios “de carrera” ha sido interpretada nunca, desde la entrada en vigor de la LBRL en 1985, como una expresa prohibición de nombramiento de funcionarios interinos en la Administración local. Al contrario, esta clase de personal ha seguido existiendo y a ellos se refiere, por ejemplo, el art. 128.2 del Real Decreto Legislativo 78111986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL), que la Ley 27/2013, de la que procede la redacción del controvertido art. 92 LBRL, ha modificado cuando ha querido hacerlo para adaptarlo a sus líneas generales (disposición final primera, que modificó el art. 97.2 TRRL). »
y advierte de las (graves) consecuencias que tendría aceptar la interpretación del artículo 92.3 LBRL como una norma prohibitiva del nombramiento de funcionarios interinos, ya que iría mucho más allá de los Agentes de la Policía Municipal:
«Por otra parte, la amplitud de las funciones reservadas en este art. 92 a los “funcionarios de carrera”, que incluye no solo las señaladas en el art. 9.2 TRLEEP, sino en general todas aquellas que lo precisen “para la mejor garantía de objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función” (art. 92.3 in fine), implicaría que una interpretación del mismo como norma prohibitiva del nombramiento de funcionarios interinos para todas esas funciones reservadas impediría no solo el nombramiento de funcionarios interinos para los cuerpos de policía local, sino en general para cualquier cuerpo o escala de las entidades que integran la Administración local, aunque esos cuerpos no ejerzan funciones de las estrictamente reservadas a funcionarios en el art. 9.2 TRLEEP. »
Después, señala que un cambio tan drástico habría incluido informes, debates y disposiciones de derecho transitorio que no existen
«Una reforma de tanta importancia y trascendencia para el funcionamiento ordinario de los entes que integran la Administración local (municipios, provincias e islas, arts. 140 y 14 1 CE, pero también comarcas, áreas metropolitanas y mancomunidades de municipios: art. 3 LBRL) debería venir precedida de informes en la elaboración del anteproyecto de ley, de un amplio debate en la tramitación parlamentaria del proyecto y de disposiciones de derecho transitorio para las vacantes cubiertas por funcionarios interinos en la fecha de entrada en vigor de la reforma. Y debería plasmarse en una norma más clara y terminante que una escueta mención a los “funcionarios de carrera” como la del art. 92.3 LBRL, una mención que como queda dicho puede explicarse sistemáticamente por la equiparación general de los “funcionarios de carrera” con los funcionarios públicos, sin excluir a los interinos, propia de la LBRL (art. 89 y rúbrica del Capítulo II del Título VII, antes reproducidos).»
Y concluye que no existe contradicción entre la ley de bases de régimen local y las disposiciones autonómicas cuestionadas que permitían el nombramiento de agentes de la Policía Local como funcionarios interinos:
«Estas razones nos llevan a concluir que la contradicción entre la norma estatal de contraste y las disposiciones autonómicas cuestionadas no es efectiva e insalvable por vía interpretativa, y en consecuencia que el art. 41 de la Ley 4/2013 y la disposición transitoria segunda del Decreto-ley 1/2017 no son inconstitucionales.»
En definitiva, una Sentencia, la del TC, que por la vía interpretativa y pragmática salva la contradicción que distintos órganos de la jurisdicción contenciosa-administrativa, entre ellos el propio Tribunal Supremo, no fueron capaces de sortear por hacer un mal uso del recurso al argumento literal o gramatical. Una vez más, vuelve la calma a la función pública local y, tras tres meses de parón, se puede volver a nombrar a agentes de la Policía Local en régimen de interinidad ¡Hasta la próxima tempestad!
Publicado por Luis Barbado en 6:52 1 comentario:
Etiquetas: interinos, policías locales, Tribunal Supremo Tribunal Constitucional
Los empleados públicos oscilan en todas la provincias entre el 14% de Barcelona y el 36% de Cáceres en relación al total de asalariados
Revista de prensa. Por Inés Calderón.- El Economista.es.- Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en España hay aproximadamente 3,150 millones de trabajadores del sector público, lo que supone que casi uno de cada cinco (en concreto, el 19,41%) asalariados está ocupado en alguna administración pública. Madrid, con 470.000, y Barcelona, con 303.000, son lógicamente las provincias que cuentan con más empleados públicos residentes. Sin embargo, si se tiene en cuenta la proporción de funcionarios sobre el total de asalariados, ambas están entre las que menos. Las que más tienen son Cáceres y Teruel, con más de un 30%.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a la media anual de 2018, Cáceres es la provincia con mayor proporción de empleados públicos. De los 110.000 asalariados con que cuenta la provincia, casi 40.000, el 36,19% del total, trabajan para alguna administración.
Le sigue Teruel, donde el 30% de sus 44.000 asalariados están ocupados en el sector público. En ambos casos, se trata de provincias en las que el empleo ha descendido con fuerza desde el inicio de la crisis. La provincia extremeña ha perdido el 6% de sus ocupados en una década, mientras que la aragonesa tiene ahora un 10% menos de empleos que en 2008. Esta merma del empleo ha podido provocar que la proporción de asalariados públicos suba.
Pero Cáceres y Teruel no son excepción. De hecho, las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, superan con creces los datos de ambas, ya que tienen a prácticamente la mitad de sus asalariados trabajando en alguna administración pública.
Orense, más pensionistas que ocupados
Al margen de las ciudades autónomas, otras 12 provincias españolas, casi todas del interior, tienen a más de una cuarta parte de sus asalariados ocupados en alguna administración pública. Salamanca (con un 28,7%), Jaén (28,1%) y Ciudad Real (27,98%) completan los cinco primeros puestos. Hay que resaltar que ninguna de las cinco provincias con mayor proporción de empleados públicos alberga la capital de sus respectivas comunidades autónomas.
Otras ocho provincias: Badajoz, Lugo, Granada, Orense, Cádiz, Albacete, Ávila y Palencia también tienen a más de una cuarta parte de sus asalariados ocupados en alguna administración pública. En algunas de estas provincias, la dependencia del sector público es especialmente reseñable, ya que tienen un número de pensionistas casi tan elevado como el de ocupados.
Las provincias más turísticas son las que menos peso del empleo público tienen
En el lado contrario, se sitúa Barcelona, que, a pesar de ser la segunda provincia con mayor número de empleados públicos, es la que tiene una menor proporción (14,3%). También por debajo del 15% se sitúa Almería. Le siguen Girona y Guipúzcoa, con tasas ligeramente por encima del 15%. También están por debajo de la media varias provincias con un importante peso histórico del turismo, como Baleares, las dos provincias canarias o las tres de la Comunidad Valenciana.
También varias comunidades uniprovinciales están entre los territorios que tienen una mayor proporción de funcionarios entre sus asalariados, con tasas por debajo de la media nacional. Es el caso de Madrid, La Rioja y Navarra, todas ellas con porcentajes en torno al 17,7% del total de asalariados.
Etiquetas: asalariados públicos por provincias, INE
J.R. Chaves: Supremas precisiones a la motivación del cese en puestos de libre designación
La sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2019 (rec.2740/2017), () fija la doctrina relevante sobre la extensión de la motivación
Por José Ramón Chaves.- delaJusticia.com blog.- Parafraseando al dicho medieval, van ceses do quieren reyes. Ese será el efecto práctico de la reciente Sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2019 (rec.2740/2017) que da respuesta a una cuestión de interés casacional del máximo interés: “ Precisar que la cuestión en la que entendemos que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la siguiente: determinar cuál es el contenido del deber de motivación exigible en las resoluciones administrativas que acuerdan el cese de funcionarios públicos en puestos de libre designación, y si, a tal efecto, resulta extensible al cese en dichos puestos la doctrina jurisprudencial establecida en relación con su provisión.”
Cuestión de importancia capital pues afecta a miles de funcionarios que actualmente están en puestos de libre designación y que sienten la espada de Damocles del cese sobre sus cabezas. Además reviste interés para el Derecho administrativo por la ocasión de pronunciarse el Tribunal Supremo sobre la intensidad de la motivación exigible y sus consecuencias, así como sobre la extensión del control jurisdiccional en ámbitos tradicionalmente reservados al señorío de criterio de la autoridad.
Veamos los términos y consecuencias de la importantísima sentencia.
Los antecedentes del caso son relevantes. En el año 1991 el recurrente obtuvo plaza de funcionario del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y en el año 2000 fue nombrado Jefe de Área por libre designación de un puesto de trabajo en el Consejo de Seguridad Nuclear. En junio de 2015 fue nombrado representante en la Junta de Personal y el mes siguiente, tuvo lugar una reunión con sus superiores en que afloró una “discrepancia conceptual y técnica” sobre un procedimiento técnico; tres meses después se acuerda su cese en el puesto desempeñado sin tacha por quince años seguidos.
Así pues, recurrido el cese ante la Sala contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional, la sentencia desestima el recurso pues sustancialmente afirma “la lógica de la discrecionalidad del nombramiento es predicable del cese: si basta un juicio positivo para nombrar, basta un juicio negativo para justificar el cese. Tanto la designación como la permanencia en el puesto se basa en razones de confianza puestas en relación con la consecución de unos objetivos que fija el titular del órgano, luego las razones del cese deben considerarse implícitas en la declaración de cese sin que sea exigible exponer las razones por las que se ha perdido la confianza. El control jurisdiccional alcanza a la comprobación de la concurrencia de los elementos reglados, esto es, que lo acuerde la autoridad competente, y que lleva explícita la razón del mismo -«falta de idoneidad»- sin entrar en el juicio de valor emitido en que se basa”. O sea, para la Sala de instancia la motivación de pérdida de confianza va implícita en el propio cese y este es válido si lo acuerda la autoridad competente.
La sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2019 (rec.2740/2017), tras un amplio y solvente estudio de la figura de la libre designación y asumiendo la aplicabilidad de los criterios consolidados en relación a las exigencias de motivación para nombramiento y cese de cargos judiciales, fija la doctrina relevante sobre la extensión de la motivación:
Primero, precisa lo que sabíamos sobre la forma de designación y cese:
1º.- El funcionario de carrera que desempeña un puesto clasificado como de libre designación tiene un mero interés en su permanencia, no un derecho a la inamovilidad en ese concreto puesto, algo propio de los provistos mediante concurso reglado. Ese mero interés trae su causa en que la designación para el puesto se basa en un juicio de libre apreciación, por lo que quien lo designó puede juzgar que las condiciones subjetivas u objetivas, tenidas en cuenta para la designación, pueden haber desaparecido o cambiado, teniendo en cuenta el interés general que se satisface desde el desempeño del puesto.
2º.- Como el acto de nombramiento, también el de cese debe ajustarse a exigencias formales obvias como, por ejemplo, que lo acuerde el órgano competente o la adecuada formación -en su caso- de la voluntad si es un órgano colegiado y a tales exigencias formales cabe añadir la motivación si bien con la debida modulación.
A continuación fija las novedades, primero indica lo que debe hacer la administración, o carga de motivación del cese:
3º.- Esta motivación ciertamente debe ir más allá de lo previsto en el artículo 58.1, párrafo segundo, del RGPPT, según el cual » la motivación de esta resolución se referirá a la competencia para adoptarla «. Por tanto, al funcionario cesado debe dársele razón de por qué las razones de oportunidad, basadas en la confianza e idoneidad apreciada para el puesto y que llevaron a su elección, ya no concurren o si concurren qué otra circunstancia objetiva determina la pertinencia del cese.
Y finalmente precisa lo que no debe hacer la jurisdicción contencioso-administrativa, o límites de control de la motivación:
4º.- La razón o razones del cese no serán enjuiciables en lo que tiene de libre apreciación; ahora bien, es exigible que se explicite evitándose expresiones opacas, estandarizadas, que puedan encubrir una intención patológica por falsa, caprichosa o ajena a los requerimientos del puesto o a las exigencias de idoneidad profesional que llevaron a la elección. Esta exigencia de motivación se cualifica cuando se trata del cese de quien ejerce funciones de representación sindical.
El avance y hallazgo de la sentencia radica en el claro rechazo de la insuficiencia de motivación del cese en puesto de libre designación con la sola competencia del órgano que lo dispone, y rechazo igualmente de expresiones “estandarizadas”, vacías o formales.
Sin embargo, sorprende que se haya desaprovechado esta ocasión de oro para avanzar en el control del cese en este tipo de puestos, pues el Supremo utiliza un circunloquio para negarse a controlar estos ceses cuando dice: “ La razón o razones del cese no serán enjuiciables en lo que tiene de libre apreciación”, vertiente de libre criterio gubernativo que la misma sentencia delimita antes : “Es una elección basada, ciertamente, en la libre apreciación de la idoneidad para el puesto, por razón de los requerimientos y funciones del mismo, pero en el que es determinante la confianza personal que tiene la autoridad que designa en el funcionario designado, atendiendo a su valía y cualidades profesionales, más personales como su actitud, motivación o identificación con los objetivos marcados para ese puesto.”
Aquí está el meollo de la cuestión. Al decir del Supremo, es inexcusable explicitar una motivación que merezca tal nombre ( no vacía ni formal) y tal motivación deberá centrarse en la “actitud, motivación o identificación con los objetivos marcados para ese puesto”, de manera que lo que es irrelevante y jamás será objeto de enjuiciamiento jurisdiccional es la queja por el cese desde la vertiente del mérito o capacidad del cesado.
En la práctica el cese discrecional requerirá la motivación en otros conceptos discrecionales que también escaparán al control judicial, pues se trata de algo tan difuso, etéreo y subjetivo como la “actitud, motivación o identificación con los objetivos marcados para ese puesto”.
En otras palabras, la sentencia supone un tímido avance en el control de los ceses de la libre designación pues en la práctica solo servirá para que las autoridades hagan los deberes para “vestir el mono” o sea, escribir sobre las deficiencias, carencias o cuestionable actitud, motivación o alejamiento de los fines marcados. Una vez puesto este “marchamo de motivación”, el acto de cese quedará blindado y exento de control jurisdiccional.
Por otra parte, si existe falta de motivación en el acto que cesa, el Supremo da una de cal y una de arena.
La de cal, puesto que no será subsanable esa falta de motivación en vía jurisdiccional, pues reprocha a la Audiencia Nacional “que no se queda ahí: consciente de la falta de la motivación decide ir a más para constatar que sí hubo una razón, no explicitada, pero deducible de la actuación que documenta el expediente”, y en consecuencia el Tribunal Supremo afirma que “no se trata ya de que sea la Sala de instancia quien indague cuál es la causa del cese haciendo el trabajo que corresponde a la Administración, sino de que la Administración la explicite y lo haga en términos susceptibles de control”. Así y todo, es llamativa esta novedosa doctrina sobre el control de la motivación, cuando parecía superada la jurisdicción revisora y frecuentemente en otros ámbitos administrativos los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo, si la queja es la falta de motivación, los tribunales se adentraban en pleno juicio a examinarla, “si hay elementos en los autos para ello”.
La de arena, puesto que la sentencia del Supremo “condena a la Administración demandada para que dicte un acto de cese exponiendo las razones del mismo”, pero rechaza “que se le reponga en el puesto en el que fue cesado” . Es llamativo igualmente que se aprecie la invalidez de un cese y que no se reponga al cesado, pues esa invalidez comporta la ineficacia, no una prórroga del acto inválido que se ha convertido por gracia de la sentencia en un “muerto viviente”, que mantendrá el cese hasta que la administración decida con parsimonia ejecutar la sentencia y exponer una motivación que – en los términos generosos marcados- es pan comido para cualquier funcionario con pluma o tecla.
En suma, estamos ante un paso adelante en el control del cese de la libre designación pero no es un gran paso para la humanidad pues al decir del Gatopardo “algo ha cambiado para que nada cambie”.
Al margen de valoraciones jurídicas, y como juicio estrictamente personal, confieso que me hubiere gustado que el Tribunal Supremo hubiese dado una vuelta de tuerca mas para controlar más la libre designación, tanto cuando se nombra como cuando se cesa, pues no es indiferente para la eficacia administrativa ni bajo la pauta del mérito y capacidad constitucionalmente marcados, ni que se nombre a quien no lo tiene, ni que se cese a quien demuestra tenerlo. O sea, libertad de la autoridad, pero «libertad realmente vigilada».
NOTA.– Sobre el control de la motivación, con examen jurisprudencial, pueden verse:
* Falta de motivación administrativa: crimen con castigo
* Motivar o escamotear, That is the question
*Motivación tramposa al resolver el recurso administrativo
Publicado por Luis Barbado en 23:53 No hay comentarios:
Etiquetas: Ausencia de motivación, cese en puestos libre designación, confianza política
El Gobierno explica que la urgencia en la adopción de estas medidas se justifica en la necesidad de no perjudicar a los contratistas ante la imposibilidad material de cumplimiento del plazo, hasta ahora establecido para el 1 de enero de 2020.
Revista de prensa. EP.-El Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación administrativa urgente de un proyecto de real decreto para modificar otro de 2015 por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Ley 9/2017) para no perjudicar a los contratistas ante la imposibilidad material de cumplimiento del plazo hasta ahora establecido para el 1 de enero de 2020.
Dicha norma modificó los términos y condiciones de otorgamiento, exigencia y eficacia de la clasificación como contratista de obras y como contratista de servicios de las administraciones públicas, previendo un periodo transitorio hasta 1 de enero de 2020 para adaptarse a ese nuevo régimen.
Pese al tiempo transcurrido desde la promulgación del real decreto, a 30 de junio de 2019 había más de 3.000 contratistas de obras y más de 4.600 contratistas de servicios con clasificación otorgada de acuerdo con la normativa vigente anterior, que aún no han tramitado una nueva solicitud.
Estas cifras representan aproximadamente un 53% y un 63% del número total de empresas clasificadas como contratistas de obras y como contratistas de servicios de las administraciones públicas, respectivamente.
La adaptación de las clasificaciones de estas empresas a las nuevas reglas establecidas en el real decreto exige que por los interesados se inste la tramitación de un procedimiento de revisión. Se estima que la tramitación y resolución de los procedimientos de revisión exigiría tramitar casi 8.000 expedientes de revisión de clasificación en menos de seis meses.
Por tanto, se considera imprescindible extender el régimen transitorio de validez y eficacia de las clasificaciones otorgadas bajo las reglas aplicables antes de la entrada en vigor de la norma aún vigentes. Con esta medida se pretende evitar un posible efecto negativo a los contratistas ante la falta de resolución en plazo.
El Gobierno explica que la urgencia en la adopción de estas medidas se justifica en la necesidad de no perjudicar a los contratistas ante la imposibilidad material de cumplimiento del plazo hasta ahora establecido para el 1 de enero de 2020.
Etiquetas: clasificación como contratista de obras, clasificación como contratista de servicios de las administraciones públicas, contratistas, Ley de Contratos del Sector Público 9/2017
Casos de corrupción en España durante 2018: las cifras de la Fiscalía General del Estado
Las causas judiciales en trámite casi se han triplicado en diez años
Transparencia España.- El pasado 9 de septiembre de 2019, durante el discurso del Acto de Apertura del Año Judicial, la Fiscal General del Estado, María José Segarra, mencionó los datos relacionados con la actuación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Durante 2018, esta Fiscalía Especial intervino en más procedimientos judiciales que en 2017: en 2018 participó en un total de 678 procesos, en comparación con los 609 del año anterior y los 524 de 2016.
Fuente: Memoria de la Fiscalía General del Estado, 2018
La organización recuerda, además, la importancia de diseñar e implementar un plan holístico para reducir y prevenir la corrupción, en el que se considere la respuesta y reacción a través de las actuaciones del sistema de justicia; la detección, y las actividades de formación e información para promover la cultura de la integridad y el cumplimiento. Enlaces de interés
Etiquetas: Fiscalía contra la corrupción y la Criminalidad Organizada 2028, Memoria Fiscalía General del Estado
Abel Caballero, alcalde de Vigo, reelegido presidente de la FEMP para el mandato de 2019-2023
El XII Pleno municipalista celebrado el sábado 21 de Septiembre en Madrid eligió un lista de consenso para sus órganos de gobierno, copada por ediles del PSOE y PP
Nota FEMP.- La prioridad de la FEMP en el mandato que ahora comienza será “invertir en nuestra gente los 40.000 millones de euros de remanente”. Así lo ha señalado Abel Caballero, alcalde de Vigo, que ha sido reelegido esta tarde Presidente de la FEMP, encabezando una única lista de consenso en la que el vicepresidente Primero es el alcalde de Estepona, José María García Urbano, y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, la vicepresidenta Segunda.
Abel Caballero con los miembros de la nueva Junta de Gobierno de la FEMP
Presidente: Abel Caballero (PSOE), alcalde de Vigo
Vicepresidente 1º: José María García Urbano (PP), alcalde de Estepona
Vicepresidenta 2ª: Milagros Tolón (PSOE), alcaldesa de Toledo
Pedro Martínez Domínguez,presidente del Cabildo de Tenerife
Alfredo Canteli Fernández, alcalde de Oviedoa
José De La Uz Pardos,alcalde de Las Rozas de Madrid.
Gabriel Amat Ayllón,alcalde de Roquetas de Mar
Publicado por Luis Barbado en 15:37 No hay comentarios:
Etiquetas: #Municipalismo, Abel Caballero, Agenda 2030, despoblación, diputaciones, José María García Urbano, Milagros Tolón, Remanente de tesorería, XII Pleno FEMP 2019

References: artículo 92
 Real Decreto 
 artículo 92
in fine
 artículo 58
 resolución 
 real decreto 
 real decreto 
 resolución 
 resolución