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Timestamp: 2017-03-28 13:51:49+00:00

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No a la privatización del Registro Civil: enero 2015
El Juzgado de Paz pide continuar gestionando el Registro Civil
El Juez de Paz de Andoain y las trabajadoras del Juzgado de Paz han solicitado el apoyo de la Corporación Municipal para que se posicione en contra del Real Decreto Ley 8/2014 de 4 de julio que entrega la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles «y pone en cuestión el mantenimiento de los Juzgados de Paz y de los actuales partidos judiciales».
La propuesta que presentarán esta tarde en la sesión que celebrará el Pleno Municipal a partir de las 19.00 horas, recuerda que en el Registro Civil se inscriben los hechos esenciales que afectan a las personas a lo largo de su vida, como el nacimiento, matrimonio, los hijos que se tienen o la defunción de una persona, junto a otros trámites como el reconocimiento de paternidad o maternidad, reconocimiento de incapacidad, cambios de nombre y apellidos, o de sexo, o incluso la adquisición de una nacionalidad. Este tipo de gestiones han sido atendidos desde siempre por funcionarios públicos, desde hace años pertenecientes al Ministerio de Justicia o a la Consejería de la comunidad autónoma correspondiente, «que garantizan la privacidad de los datos registrados, así como el acceso libre y gratuito a los legítimos interesados».
Con la modificación que plantea el Partido Popular, el Registro Civil pasaría a manos de registradores mercantiles, lo que, según señalan desde el Juzgado de Paz, supondría la pérdida de 3.500 puestos de trabajo de empleados públicos que han sido formados, capacitados y especializados en materia de registro civil, y la eliminación de gran parte del cometido que desde hace años llevan a cabo los juzgados de paz.
Desde el Juzgado de Paz se recuerda además, que en los últimos años se ha realizado una gran inversión de más de 128 millones de euros de dinero público por parte de la Administración Pública para modernizar el funcionamiento del Registro Civil, informatizando y digitalizando documentos y creando un programa que permita el acceso seguro y controlado de los datos que se manejan.
Esta inversión, señalan, «va a pasar a manos privadas» dado que la cesión de la gestión incluye también la cesión de todos los medios materiales, lo que supone «un despilfarro de dinero público».
Ante esta situación, los trabajadores del Juzgado de Paz piden al Pleno que apoye mantener el Registro Civil bajo su gestión.
El Diario Vasco.com, 29.01.2015
La privatización de los registros civiles por el PP hará de pago servicios ahora gratuitos
El PSOE alerta de la "mercantilización" del registro civil y reclama al Gobierno central que rectifique
El diputado por Sevilla y secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, y el candidato socialista a la Alcaldía de Sevilla, Juan Espadas, han visitado este miércoles el registro civil del edificio Viapol, para alertar de la "mercantilización o privatización de este servicio público" como consecuencia de las medidas promovidas por el Gobierno central del popular Mariano Rajoy, extremo que según señalan comenzará a ser efectivo este próximo verano.
Pradas y Espadas han señalado la disposición adicional 12 del real decreto Ley 8/2014 de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, porque dicha regulación atribuye la competencia de los registros civiles a los registradores de la propiedad y mercantiles. Los registradores de la propiedad y mercantiles son funcionarios, pero sus oficinas son empresas privadas y sus empleados no son funcionarios. Antonio Pradas, en ese sentido, ha lamentado la "privatización de los registros civiles" con la que ha amenazado el Gobierno central del popular Mariano Rajoy. "Nos oponemos a que sean los registradores mercantiles quienes tramiten matrimonios, nacimientos y todas las responsabilidades de los registradores civiles", porque "es el momento de que la administración esté más cerca de la ciudadanía y no más lejos como pretende el PP", toda vez que según los socialistas esta remodelación implica la desaparición de los registros civiles de los municipios para centralizar esta actividad en las capitales de provincia. Para Pradas, esta privatización supondría "la división entre ciudadanos de primera y de segunda categoría", puesto que eso supondría que los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos "tendrían que trasladarse a Sevilla capital para realizar tramitaciones como las partidas de nacimiento o defunción", una posibilidad que van a perder con el cierre de las sedes de sus localidades. Juan Espadas, de su lado, ha criticado la "mercantilización" de los registros civiles y el "abandono del modelo histórico en favor de los registradores de la propiedad y mercantiles", unos agentes que "no funcionan gratis". En ese sentido, ha señalado la incertidumbre con la que viven los 39 funcionarios del registro civil de Sevilla capital. Francisco León, funcionario del registro civil de Sevilla capital desde hace ya 23 años, ha avisado de su lado de que en esta vida "nada es gratis" y que para los ciudadanos "no va a ser gratuito" que los registros civiles caigan en manos de los registradores de la propiedad y mercantiles. "Se llevan a manos privadas la historia de cada pueblo", ha dicho alertando además del "distanciamiento" de este servicio de los ciudadanos al desaparecer los registros civiles diseminados a lo largo y ancho de la provincia.
20minutos.es, 28.01.2015
El PSOE anuncia que derogará la "privatización" del Registro Civil
El secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, ha calificado hoy de "barbaridad" la medida del Gobierno de que los registradores mercantiles asuman la gestión del Registro Civil y ha anunciado que presentarán iniciativas en el Congreso para "revertir este despropósito".
Según el dirigente socialista, el Gobierno prevé aplicar esta medida a partir de julio próximo, una "privatización" a la que se opone su partido al entender que las gestiones de los registros civiles debe continuar en la función pública sin que "se rompa" el principio de la fe pública registral.
Junto al candidato a la Alcaldía de Sevilla, Juan España, el responsable de Política Federal de los socialistas ha mantenido un encuentro con trabajadores del Registro Civil de Sevilla, donde ha declarado que la medida es una "barbaridad".
"La administración debe acercarse a los ciudadanos y no alejarla como intenta el PP. Supondrá que en la práctica tendremos que desprendernos del archivo histórico que existe en cada municipio y trasladarlo al Registro Mercantil, como se trata a una finca rústica o urbana. Un disparate", ha denunciado.
Pradas ha alertado, además, sobre la posibilidad de que puedan estar "en peligro" datos confidenciales a partir de que los datos sean asumidos por los registros mercantiles.
"También va a suponer que muchos ciudadanos de los pueblos se tenga que desplazar obligatoriamente a la capitales para hacer gestiones como la partida de nacimiento, defunción u otras relacionadas con los matrimonios o el divorcio", ha lamentado.
El PSOE planteará iniciativas parlamentarias en el Congreso para "revertir este despropósito" y se ha comprometido a dejar sin efecto esta medida cuando los socialistas lleguen al Gobierno de España y el PP pierda la mayoría absoluta.
El Diario.es, 28.01.2015
CCOO propone enmiendas al proyecto de ley de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes, rechazando su tramitación por los Notarios y el establecimiento de una tasa para todos los expedientes de nacionalidad
CCOO presentó la semana pasada en el Congreso de los
Diputados una carta dirigida a los grupos parlamentarios por la que solicita
que presenten las enmiendas propuestas por CCOO al Proyecto de Ley en materia de concesión de la
nacionalidad española a los sefardíes,
que se encuentra en fase de ampliación de enmiendas al articulado. Este
proyecto de Ley establece que serán los Notarios quienes levanten acta de
notoriedad de la condición de sefardí y el pago de una tasa para todo
tipo de expediente de nacionalidad. Con el proyecto de Ley
se quiere introducir en la tramitación de los expedientes de adquisición de la
nacionalidad española de los sefardíes un nuevo instructor, como serían los
Notarios, como puerta de acceso de la atribución futura a los mismos de todos
los expedientes de nacionalidad española, que se tramitarían de igual forma
y saldrían fuera del ámbito del Registro Civil, que únicamente intervendría
para la práctica de la inscripción de nacimiento de los solicitantes. Así lo
ha manifestado el actual Director General de los Registros y del Notariado,
en un artículo aparecido en el Diario El Pais de 11 de enero de 2015, quien dice
que lo prioritario en
el sistema de adquisición de la nacionalidad española por residencia es que “sea completamente telemático y que los
notarios se encarguen del trámite”. Para CCOO la atribución a los Notarios de la tramitación de los expedientes de
adquisición de la nacionalidad española por residencia supondría la
privatización de actuaciones que hoy realizan sin coste alguno para los
solicitantes los Registros Civiles. Los extranjeros que quieran
adquirir la nacionalidad española tendrían que acudir ante el Notario para
tramitar el correspondiente expediente, previo pago del arancel
correspondiente, lo que constituye claramente la privatización de un
procedimiento cuya competencia corresponde al Ministerio de Justicia, tal y
como establece el artículo 21 del Código Civil. Como viene denunciando CCOO los Notarios no forman parte de
la Administración General del Estado, ni están integrados en las
Administraciones Públicas. Además,
el personal que trabaja en las Notarías no son funcionarias/os públicos, y en
la tramitación electrónica de los expedientes de adquisición de nacionalidad
española por residencia que quiere aprobar el Gobierno, quien tramite dichos
expedientes tendrá acceso a bases de datos muy sensibles ( Registro Central
de Penados y Rebeldes, Dirección General de la Policía, etc), por lo que en aras de la protección de
datos de carácter personal, el derecho a la intimidad personal y familiar, y el procedimiento administrativo y por tanto público de
adquisición de la nacionalidad española resulta obligatorio y forzado que su
tramitación sea encomendada completamente a funcionarias/os públicos.
El proyecto de Ley establece asimismo la introducción
de una tasa de 75 € para todos
los procedimientos de obtención de la nacionalidad española por residencia,
carta de naturaleza o dispensa. CCOO rechaza
de plano esta tasa cuya introducción pone de manifiesto que lo dispuesto
sobre la gratuidad de los servicios del Registro Civil en la D.A. 22 de la Ley 18/2014 no
supone realmente ninguna garantía al respecto. Además con este
proyecto se pretende entregar a los Notarios la tramitación de la
nacionalidad, los cuales, como hemos denunciado, cobran el correspondiente arancel por sus
servicios profesionales por ser la forma de retribución de sus servicios.
CCOO, 27.01.2015
El Decano del Colegio de Abogados de Almería manifiesta que están "absolutamente en contra de la privatización del Registro Civil"
Unos 1.600 abogados almerienses votaron en las elecciones para designar la cúpula de su Colegio hace unas semanas y los resultados refrendaron la continuidad como decano de José Pascual Pozo, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada con más de treinta años de trayectoria. Pozo es, además, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, un cargo que le convierte en uno de los almerienses más influyentes en el mundo de lo legal. Su opinión, de hecho, es escuchada por las máximas autoridades políticas del ramo en tanto que interlocutor válido.
Su campaña electoral se basó en la oposición "frontal" a las normas e iniciativas legislativas que "afectan negativamente a la profesión", de ahí su especial énfasis a la hora de denunciar los efectos que, a su juicio, está acarreando el desarrollo de la nueva Ley de Tasas, entre otros asuntos.
"Creemos que la Justicia es una política social, al mismo nivel que la dependencia, la educación o la sanidad", defiende en una entrevista concedida a IDEAL. Sin esta idea rectora, asegura, "todo lo demás se queda en poco".
... El decano posee prácticamente "línea directa" con el consejero de Justicia e Interior andalu ​z​ , Emilio de Llera, y mantiene contactos con el ministro Rafael Catalá. Del primero, alaba que sea "un profesional de la Justicia", del que resalta que se muestre "receptivo a pesar de las limitaciones económicas".
Para Catalá, los comentarios vienen más matizados. "Es una persona cercana y sensible, pero hace falta que haga ya algo", resume. Ese "algo", en concreto, se trata de negociar algunas de las medidas estrella impulsadas por su predecesor, Alberto Ruiz-Gallardón. "Hay que aminorar la Ley de Tasas y pactar reformas como la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita o la de Servicios y Colegios Profesionales o la del Poder Judicial", insiste. "Estamos absolutamente en contra de la privatización del Registro Civil: tiene que estar donde está, en los pueblos, con acceso directo de los ciudadanos", razona Pozo.
"Si algo funciona razonablemente bien, mejor no tocarlo". Además, Pérez quiere proseguir "abriendo" su centro a la ciudadanía con iniciativas como la Oficina de Intermediación Hipotecaria, que ya ha atendido a 180 personas y de la que se encuentra "satisfecho".
El Ideal, 24.01.2015
La integración de los nuevos Registradores en el Régimen Especial de Autónomos, nueva prueba de que no son funcionarios públicos y que la atribución a los mismos de los Registros civiles constituye una privatización de un servicio público esencial
Por mucho que insista el ministro Catalá sobre la condición de funcionarios públicos de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles para negar que se va a privatizar el servicio público del Registro civil, contradiciendo con ello resoluciones de la Unión Europea y la propia naturaleza que estos profesionales tanto en su régimen retributivo, como el régimen de funcionamiento de sus oficinas y la responsabilidad por el ejercicio de su cargo, lo cierto es que los Registradores no son realmente funcionarios públicos sino que se benefician de dicha condición por así establecerlo la Ley Hipotecaria para tener ciertos privilegios, pero cuando hay que regular cuestiones colaterales de su profesión liberal sale a la luz su verdadera naturaleza jurídica.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, en su
Disposición Adicional 91, establece que “los miembros
del Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y
de Bienes Muebles, así como los del Cuerpo de Aspirantes, que ingresen en
tales Cuerpos a partir de 1 de enero de 2015, quedarán integrados en
el Régimen Especial de
de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos.”
Los Registradores se han venido rigiendo por la normativa reguladora
del Régimen de Clases Pasivas del Estado como los funcionarios públicos porque
así lo establece el artículo 291 de la Ley Hipotecaria, no porque lo diga la Ley de Clases Pasivas, en
una prueba más de la amalgama de privilegios otorgados a este colectivo a
través de la Ley
Hipotecaria mediante la atribución de condición de
“funcionarios públicos”, cuando realmente no lo son. Dado que desde enero
2011 el Régimen de Clases Pasivas se encuentra en extinción por decisión del
Gobierno, desde que acordó que las nuevas incorporaciones de empleados públicos
a partir del 1 de enero de 2011 se produjeran en el Régimen General de la Seguridad Social,
el Gobierno tenía que encuadrar a los
nuevos Registradores en el régimen de Seguridad Social que resultara más idóneo
dadas sus peculiares características, y éste no puede ser otro que en el
régimen de autónomos, lo que demuestra que no forman parte de la Administración Pública
y que no son funcionarios públicos. Conforme
la normativa general de la
Seguridad Social, a los efectos del Régimen Especial de
Autónomos se entenderá como trabajador por cuenta propia o autónomo aquel que
realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título
lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el
servicio remunerado de otras personas, sea o no titular de empresa individual o
Que los Registradores no
son funcionarios también lo dictaminó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el año
2009, para el que los registradores actúan y ejercen una actividad profesional, una
actividad económica, al organizar de modo autónomo e independiente los medios
materiales y humanos de sus oficinas liquidadoras, por lo que, con
independencia de su carácter de “funcionarios” de una Administración Pública
“ex lege”, deben cobrar el IVA e ingresar el mismo por todas las actividades
que desarrollen en su registro (ningún
funcionario en España cobra el IVA por sus servicios). Según la Comisión Europea,
si el registrador fuera un funcionario, sería sin duda el único funcionario de la Administración en
España que declararía los ingresos por su trabajo en la función pública como
rendimientos de actividades económicas y que deduciría los correspondientes
gastos en concepto de gastos derivados de una actividad económica, cosa
que no pueden hacer las rentas procedentes del trabajo.
CCOO, 23.01.2015
CC OO Almería continúa en 2015 su denuncia contra la privatización del Registro Civil
Esta mañana ha tenido lugar un nuevo acto de protesta ante la Ciudad de la Justicia de Almería convocado por CC.OO para denunciar las privatizaciones en la Administración de Justicia, en particular, por la del Registro Civil y la de los actos de comunicación y ejecución.
"Estas politicas del Ministerio de Justicia van a tener un efecto muy negativo para el ciudadano que tendrá que pagar por servicios hasta ahora gratuitos y ademas, el servicio publico se prestará desde manos privadas con la consiguiente merma de derechos y garantias para los ciudadanos", explican desde el sindicarto.
Igualmente CCOO estima que esto afectará "gravemente" al empleo en la Administración de Justicia ya que "si se tienen que atender menos funciones, hacen falta menos trabajadores. Pura matemética", señalan. En la concentración celebrada hoy se han exhibido también carteles alusivos a otros problemas como la recuperación de los derechos y contra los recortes.
Teleprensa.com, 22.01.2015
Los Verdes de Torrevieja piden mejoras en el Registro Civil
Los Verdes de Torrevieja han emitido un comunicado en el que piden diversas mejoras en el Registro Civil. El comunicado se puede leer a continuación:
Los Verdes se han dirigido al Ayuntamiento de Torrevieja exigiendo mejoras para el Registro Civil, tratando de evitar que se sigan produciendo las colas y retrasos que en los últimos tiempos vienen caracterizando el funcionamiento de este servicio público dependiente de la Administración de Justicia.
La petición de Los Verdes se ha materializado mediante la presentación de una Moción que fue tratada en Junta de Portavoces el pasado lunes, día 19 de Enero, debiendo de ser tramitada ahora por el Alcalde, procediendo a su preceptiva resolución.
Son numerosas las quejas y el malestar existente entre los usuarios de este popular servicio público, cuya gestión será próximamente externalizada, en concreto a partir del próximo mes de Julio de 2015, pasando a ser atendido por los Registradores de la Propiedad, lo que presumiblemente hará que estos servicios se encarezcan y mercantilicen.
Esta ha sido la única solución que el P.P. ha sido capaz de dar para mejorar el funcionamiento de este servicio público, proceder a su privatización, de la misma forma que está pretendiendo hacer con gran parte de la sanidad pública, de la atención a los dependientes, de la educación y de otrtos muchos servicios públicos.
No obstante, mientras no se produzca la privatización efectiva de los servicios que se prestan en el Registro Civil, los ciudadanos mantienen su derecho a exigir que se mejore la atención a los usuarios, y para ello es imprescindible que desde los Ayuntamientos se asuma la defensa del numeroso colectivo de usuarios que se están viendo perjudicados por las políticas de recortes y privatizaciones que desde hace más de tres años viene impulsando el Gobierno de Mariano Rajoy.
Los Verdes esperan contar con el respaldo de la totalidad de los Grupos Políticos que conforman ponen la Corporación Municipal, instando a la Administración de Justicia a mejorar este servicio público esencial, incrementando la plantilla de personal y cuantos recursos sean necesarios para ello, dando satisfacción a las demandas de los numerosos vecinos que de forma regular se ven perjudicados en sus derechos por el deficiente funcionamiento del Registro Civil.
El Periodic.com 20.01.2015
CCOO acusa a Catalá de tratar de engañar a los representantes de la FEMP al afirmar que los Juzgados de Paz serán oficinas de Registro Civil, cuando realmente sólo funcionarán como un registro de presentación de escritos
El Ministro de Justicia Rafael
Catalá ha entrado en la campaña electoral para las elecciones municipales que
se celebrarán en el mes de mayo de este año. Ante la lógica preocupación de los representantes de los municipios
españoles, agrupados en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), sobre el posible desmantelamiento de
la justicia municipal, la pérdida de competencias de los partidos judiciales y
la privatización del Registro Civil, el Ministro, acompañado por la
Secretaria de Estado de Justicia y el Director General de Registros y del
Notariado, mantuvo el pasado día 12 de enero una reunión con los responsables
de la FEMP en que afirmó, según
nota de prensa del propio Ministerio de Justicia, que “en cuanto al Registro Civil, el compromiso del Ministerio pasará por
mantener su tejido actual, al establecerse que los juzgados de paz actúen como
oficinas del Registro Civil”. El Ministro de Justicia trató de engañar a los representantes de la FEMP con estas declaraciones, y con ello desmovilizar lo que podría ser una fuente de
enfrentamiento y debate durante la campaña electoral, como es la desaparición
de un servicio público básico, el Registro Civil, que desde 1871 ha tenido una fuerte implantación
En las informaciones publicadas
hasta ahora relativas a la privatización del Registro Civil, el Ministerio de
Justicia ha avanzado que “allá donde no
exista un registro mercantil, las notarías o las oficinas de los juzgados de
paz que con la modificación de la LOPJ quedarán integradas en los
ayuntamientos desarrollarán labores del Registro” (nota de prensa de 24.06.2014) y
que “también habrá colaboración con las
oficinas consulares y con las oficinas colaboradoras, que pueden ser los
registros de la propiedad o los juzgados de paz” (Diario de Sesiones del
Congreso de los Diputados de 11/12/2014),
pero esta colaboración, a la espera de la nueva modificación de la Ley 20/2011 de Registro Civil que tendrá que realizarse, se limitará a
la presentación de escritos dirigidos a las futuras Oficinas Generales de
Registro Civil. La pérdida de
competencias de los Juzgados de Paz en materia de Registro Civil será evidente, lo que comportará pérdida de un
servicio público hoy y siempre muy cercano a los ciudadanos, tal y como resulta
del siguiente cuadro:
COMPETENCIAS DE LOS JUZGADOS DE PAZ EN MATERIA DE
TRAS LA PRIVATIZACIÓN
Práctica de nacimientos,
matrimonios y defunciones acaecidas en el municipio
Práctica de inscripciones
marginales respecto de los hechos anteriores
Expedición de certificados de las
anteriores inscripciones
Tramitación de expedientes de
Expedición de Fes de vida y estado
Presentación de escritos dirigidos
a otros Registros Civiles
Colas en el Registro Civil de Alcalá desde la madrugada para conseguir cita: así preparan las Administraciones gestionadas por el PP la privatización del Registro Civil
Decenas de vecinos de Alcalá de Henares se ven obligados a guardar cola desde la madrugada para asegurarse de que serán atendidos ese mismo día en el Registro Civil, que carece de un sistema de cita previa.
El grupo municipal de España 2000 ha denunciado hoy el "colapso" que las citadas dependencias sufren desde hace años, y que obligan a los ciudadanos que necesitan tramitar el registro de un nacimiento o matrimonio, o solicitar la nacionalidad, a soportar en invierno temperaturas bajo cero en la calle.
Sin embargo, las quejas por escrito hechas hasta ahora por los ciudadanos, o la de los propios funcionarios del Registro, que refieren falta de medios técnicos y personal, no han surtido efecto.
Tampoco, según el concejal de España 2000, lo ha tenido la reclamación realizada desde la formación al Defensor del Pueblo para exigir una solución a la situación.
El organismo, en su respuesta a España 2000, indica que la comunicación ha sido trasladada a la Secretaría de Estado de Justicia, así como a la consejería de la Comunidad de Madrid, con las pertinentes recomendaciones para mejorar el servicio prestado a los ciudadanos.
Entre otras recomendaciones, el Defensor del Pueblo insta a la citados departamentos a "garantizar la accesibilidad telemática en los registros civiles que más lo necesiten", entre los que cita en la región a los de Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Getafe, Villalba, Navalcarnero, Colmenar Viejo, Coslada y Alcobendas.
Además, aconseja también "arbitrar medidas temporales de refuerzo y adecuar las plantilla de los referidos registros civiles de modo que progresivamente se reduzcan los plazos medios de demora".
La Vanguardia.com, 15.01.2015
Nota: así es como preparan el Gobierno y muchas Comunidades autónomas gestionadas por el PP la privatización del Registro Civil: les niegan a los Registros Civiles los medios personales y materiales para poder funcionar en condiciones, y luego afirman que los Registros Civiles son la mayor fuente de quejas porque la gente tiene que hacer colas y listas de espera para poder realizar sus trámites, como si ellos no tuvieran responsabilidad alguna en el atasco que crean en determinados Registros Civiles y en la resolución de los expedientes de nacionalidad.
El PSOE de Béjar muestra su rechazo a la supresión del Registro Civil de la ciudad e instan al Partido Popular a paralizar esta Ley y "que defienda los intereses de los bejaranos ante un nuevo recorte de derechos".
La Agrupación Socialista Bejarana manifiesta su total rechazo a la supresión de los Registros Civiles de España y en concreto el de nuestra ciudad. La Ley 20/2011 de reforma de los Registros Civiles, abre la puerta a la privatización de los Registros por lo que se genera un evidente perjuicio a los bejaranos que tendrán que desplazarse hasta la capital para tramitar sus documentos.
Para los Socialistas "en una provincia tan masacrada por la despoblación y las políticas del Gobierno Popular, es más evidente la pérdida de garantías sociales para los ciudadanos si finalmente como es previsible en el mes de julio se cierre el Registro Civil de Béjar".
“Actualmente existe una funcionaria que desempeña de manera adecuada esta labor, por lo que prevemos que tras su jubilación, en unos meses, se cierre este servicio que tan buen servicio ha prestado durante más de 140 años”, ha declarado el Secretario General de los socialistas bejaranos, Javier Garrido.
El PSOE de Béjar insta al Partido Popular que se enfrente a su Gobierno para paralizar esta Ley y que defienda los intereses de los bejaranos ante un nuevo recorte de derechos, lo que va a suponer un incoveniente importante para los ciudadanos.
Bejar.com, 15.01.2015
La auténtica realidad sobre los expedientes de nacionalidad
Adjuntamos enlace y extracto de un post publicado en el blog "Privatización de los Registros Civiles", que con el título de este post explica pormenorizadamente todo el proceso de concesión de la nacionalidad española implantado con el Plan Intensivo de Nacionalidad, que funcionó entre los años 2012 y 2013, y acredita una vez más que la culpa del retraso en la resolución de los expedientes de nacionalidad, que el Gobierno, Ministerio de Justicia y Colegio de Registradores utilizan como excusa de la privatización del Registro Civil, es y fue del propio Ministerio de Justicia y no de los Registros Civiles. Las conclusiones de este post son las siguientes:
1.- La población inmigrante en nuestro país pasa de 923.879 personas en el año 2000 a 5.711.040 en el año 2012, año en que el Ministro encomienda la gestión de la nacionalidad a los Registradores de la Propiedad. Es decir, la población inmigrante residente en España en el año 2012 SEXTUPLICA (en concreto, un 618% más) a la que residía en el año 2000. No hay más que extrapolar y aplicar ese porcentaje al aumento en la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia.
2.- La plantilla de funcionarios adscritos a la Dirección General de los Registros y del Notariado y que atendían, hasta la encomienda citada, la instrucción de los expedientes de nacionalidad, una vez recibidos desde los Registros Civiles, estaba formada por unos SETENTA funcionarios. Esta plantilla ha permanecido inamovible. Es decir, el volumen de trabajo aumenta un 618% pero el número de funcionarios en la D.G.R.N. sigue siendo el mismo.
3.- Los Registros Civiles siguen iniciando con relativa normalidad los expedientes de nacionalidad, a pesar del aumento del volumen y de las condiciones de trabajo (deficientes recursos humanos y materiales). Obviamente, no es igual repartir ese incremento total citado entre todas las oficinas registrales que asumir tal volumen en una sola oficina en la D.G.R.N., De todo esto es perfectamente deducible que...
4.- El problema a que alude en su argumentación tantas veces no sólo el Ministro sino el hasta hace poco Director General de los Registros y del Notariado y otros Registradores que por lo visto tienen acceso físico cuando les viene en gana hasta a los sótanos de la D.G.R.N. NO ES UN PROBLEMA DE ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES EN LOS REGISTROS CIVILES, SINO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO.
Acceso al texto completo del post en Privatización de los Registros Civiles
La privatización del Registro Civil deja sin cita a matrimonios y nacionalizaciones
La privatización encubierta del Registro Civil cuyas funciones empezarán a ser gestionadas a partir del 15 de julio de este año por los registradores de la propiedad, empieza a tener ya serias consecuencias para el ciudadano.
Así las cosas, la saturación de expedientes que ahora mismo se están tramitando en el Registro Civil de Pamplona es de tal calibre que a los ciudadanos extranjeros que quieran solicitar su expediente de nacionalidad, es decir, que quieran lograr la nacionalidad española, no tienen ahora mismo donde hacerlo. Dicha situación se produce por dos motivos: primero, porque el Registro Civil, que hasta julio seguirá tramitando las inscripciones que realiza tal y como las hacía hasta ahora, tiene repleta la agenda hasta verano; segundo, porque desde el propio Registro no se pueden comprometer a fijar citas a partir precisamente del mes de julio, cuando serán los registradores mercantiles y también los notarios los que vayan asumiendo la tramitación de dichos trámites. Por tanto, en julio parece acabarse esta parte del mundo.
EN JULIO, BODAS AL AYUNTAMIENTO De esta forma, la situación es tan pérfida que se da la circunstancia de que a partir de ahora, si usted está pensando en casarse a partir de julio, en el Registro Civil de Pamplona no puede hacerlo. De hecho, a las personas interesadas les están derivando al Ayuntamiento de Pamplona, donde de inicio se paga ya una tasa de 100 euros por fijar la fecha del enlace, un trámite que en el Registro es absolutamente gratuito. El drama gira una vuelta de tuerca más en caso de que usted sea un ciudadano extranjero que quiera solicitar la nacionalidad española. En tal caso, no es solo que ya no tenga cita disponible en el Registro Civil, porque prácticamente hasta junio la agenda está a rebosar, sino que además el ciudadano extranjero no tiene a día de hoy forma de iniciar los trámites para solicitar dicha nacionalidad.
Si en el Registro Civil no le dan cita, los registradores de la propiedad, los once que hay en Navarra, tampoco. Puesto que el Gobierno central del PP ideó una implantación progresiva de esta privatización (en un año el Registro Civil sacaría el trabajo viejo y los registradores irían asumiendo en 2016 todas las competencias), a la vez que caminaba con la creación de una plataforma tecnológica para poder asumir todos estos asuntos que, a día de hoy, es una absoluta entelequia. Se trata de una plataforma no desarrollada en la actualidad mientras el cuerpo de registradores no puede asumir aún estos trámites, porque no tienen capacidad ni medios implantados, ni todavía les corresponde la competencia legal. Por tanto, en la fecha actual, en Pamplona, y también en el resto de registros civiles de Navarra más pronto que tarde, no tiene usted forma de conseguir hacerse con la nacionalidad.
El Registro Civil de Béjar se cerrará a partir de julio
Según se recoge en un cartel suscrito por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), se informa que "a partir de julio de 2015, por una decisión caprichosa del Gobierno, este Registro Civil se cerrará al público tras más de 140 años de servicio público y gratuito a la ciudadanía".
Asimismo, se indica que "el nuevo Registro Civil estará en el Registro Mercantil de Salamanca, atendido por personal de los registros mercantiles que manejarán todos nuestros datos personales sin ser funcionarios públicos"; y afirmando que "tendremos que trasladarnos a Salamanca para ir al Registro Civil".
El anuncio concluye con la proclama: "¡No a la privatización del Registro Civil! Por un Registro Civil público, gratuito y atendido por funcionarios de la Administración de Justicia con sobrada y demostrada experiencia de más de 100 años".
Bejar Información, 154.01.2015
El actual Director de la DGRN Francisco Javier Gómez Gálligo se destapa. En un artículo publicado en El Pais, relativo a los exámenes de nacionalidad que se practican en los Registros Civiles a los extranjeros para poder acreditar su grado de integración en la sociedad española, no sólo recela del establecimiento de una prueba estandar que acabe con la arbitrariedad en este trámite (“¡todo el mundo se aprendería las respuestas!”, afirma) sino que cree que lo prioritario es que el sistema “sea completamente telemático, que los notarios se encarguen del trámite y los jueces solo de los recursos”, y que los inmigrantes paguen “una tasa de sostenimiento del servicio”, en torno a los 75 euros, como se ha fijado para los sefardíes. “En Estados Unidos el proceso les cuesta 8.000 dólares. En Europa ronda los 700-900 euros. Y aquí, gratis. Es un chiste”. Tales afirmaciones dejan bien clara la intención de este gobierno de desmantelar el actual servicio gratuito y universal que prestan los Registros Civiles, sacando del mismo la tramitación de los expedientes más importantes (nacionalidad y matrimonios) que pasarían a ser competencia de los Notarios a los que como profesionales liberales habría que pagar por sus servicios, por mucho que también ellos tengan la consideración de "funcionarios públicos" como los Registradores. Nadie se cree eso que dice el Gobierno de que lo que hoy es gratuito en el Registro Civil seguirá siendo gratuito, y esto es una prueba palpable de que el Gobierno miente e incumple su propia Ley 18/2014.
IU tacha a Catalá de falta de transparencia y le acusa que su proyecto de privatización del Registro Civil, con base a acuerdos ocultos con los registradores, se enmarca en la concepción que tiene el Gobierno del PP de la justicia como mercado y no una justicia de servicio público
Extracto de la intervención de Gaspar LLamazares, Diputado del IU, con motivo del debate sobre el Proyecto de Ley de Medidas de Reforma Administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil celebrado en el Congreso de los Diputados el día 11 de diciembre, tras la intervención del Ministro de Justicia en que anunció que presentará enmiendas a este Proyecto de Ley para avanzar en la privatización del Registro Civil.
…Señor Catalá, hace dos siglos en España hubo un rey al que se denominó el Deseado; no pasaron siquiera unos meses en que fuera el repudiado. Después de un periodo difícil en el Ministerio de Justicia, usted ha generado en esta Cámara una expectativa —al menos en los procedimientos parlamentarios— de diálogo, de negociación, de mayor seguridad jurídica. Nosotros hemos mantenido esa expectativa, se lo dijimos prácticamente desde su primera comparecencia, lo que ocurre es que no ha pasado ni siquiera un tiempo prudencial y esa expectativa se ha roto. Algunos grupos parlamentarios ya lo hemos dicho en esta Cámara, qué tiene que ver con el diálogo y la negociación una ley sobre interpretación y traducción en el ámbito penal que ustedes consideran que es intocable y de las cincuenta enmiendas me parece que solamente aceptan dos enmiendas en relación con el lenguaje de signos. Parece que con ustedes ya solamente se dialoga con lenguaje de signos.
Pero hoy, además, en relación con la seguridad jurídica, nosotros, que no habíamos presentado enmienda a la totalidad, nos hemos visto sorprendidos de nuevo, no hemos agotado nuestra capacidad de sorpresa respecto al registro —no hemos agotado la capacidad de sorpresa aunque deberíamos haberla agotado ya— y nos hemos visto sorprendidos también con la rara fórmula que tiene el Grupo Popular de entender la enmienda. La única enmienda que existe para el Grupo Popular es la autoenmienda; es decir, las únicas que ustedes van a recoger en este debate parlamentario de una nueva reforma del Registro Civil son las enmiendas que se presenta a sí mismo el Grupo Popular, y no son enmiendas menores. De alguna manera significan un nuevo paso en este despropósito en que se ha convertido la privatización del Registro Civil, que no se puede llamar de otra manera. Cuando deja de realizarlo un funcionario público y quien lo realiza lo hace con cargo a actividad y por esa actividad tiene un arancel, es un funcionamiento clásico de la política liberal, de la política de mercado. Por tanto, se trata de una sustitución del servicio público por una justicia de mercado, que es la que nos proponen hoy aquí también con esta iniciativa.
...Esta iniciativa legislativa tiene que ver con el Registro Civil, y después de la ley eléctrica, es la ley más modificada a lo largo de esta legislatura, creo que llevamos trece o catorce decretos sobre el sistema eléctrico; y en esta materia llevamos bastantes modificaciones legales. Ahora no basta únicamente esta modificación legal, que era una modificación eminentemente técnica, sino que nos acaba de decir que en la técnica jurídica que ha instalado el Partido Popular en esta Cámara, ustedes van a presentarse autoenmiendas que modifican de manera radical esta propuesta. La modifican de manera radical, ha dejado de ser técnica y se inscribe en el proceso de privatización del Registro Civil. Además, en un proceso de privatización donde ustedes no hacen honor a una de sus proclamas de legislatura, a la transparencia. Nos ha dicho que han cambiado de posición; que ya no hay una construcción intermedia, un ente público intermedio, sino que ya va a ser una gestión directa, la de esa plataforma informática. ¿Nos puede decir cuál ha sido la razón? ¿Qué han negociado ustedes con la mayoría del Colegio de Registradores? Porque la bonhomía se les supone; pero eso de gratis et amore no parece que sea el mecanismo habitual y mucho menos en una profesión que, por mucho que tenga responsabilidad pública, se paga con cargo a aranceles. Y ahí normalmente la deducción es lo que ustedes han dicho de manera directa; es decir, que este tipo de gestiones no tendrán precio. Aunque los ciudadanos para los notarios y los registradores son clientes, para ustedes seguirán siendo ciudadanos de pleno derecho que hacen ejercicio de sus derechos, pero si bien no pagan directamente, la siguiente pregunta es: ¿Y pagará la Administración pública indirectamente? ¿Lo hará a través de la autorización de nuevos aranceles a los registradores? Porque, desde luego, los registradores no van a perder en todo esto. Aunque ganan mucho, no van a perder; eso es evidente.
El PNV defiende la naturaleza jurisdiccional del Registro Civil y reitera que los Registradores no son órgano de derecho público pues no están integrados en la Administración
Extracto de la intervención de Emilio Olabarría, Diputado del PNV, con motivo del debate sobre el Proyecto de Ley de Medidas de Reforma Administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil celebrado en el Congreso de los Diputados el día 11 de diciembre, tras la intervención del Ministro de Justicia en que anunció que presentará enmiendas a este Proyecto de Ley para avanzar en la privatización del Registro Civil.
"... En cuanto a la gestión del registro por parte de los registradores, ¿qué registradores, los mercantiles, los civiles, ambos, los de la propiedad, cuáles son los registradores que van a ostentar la gestión? Parte usted del hecho, como si fuera de tácita aceptación, de que no es un acto jurisdiccional la gestión de un registro público como el civil. Yo sí creo que es un acto jurisdiccional y además me avalan determinadas resoluciones de la propia jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea. En este caso también el señor Bedera ha citado una sentencia importante, de 12 de noviembre de 2009, que establece lo siguiente: los registradores españoles no son órganos de derecho público puesto que no están integrados en la Administración, sino como una actividad de naturaleza jurídico-pública realizada en el marco de una profesión asimilada a una profesión liberal. Estos son los registradores españoles, señor ministro, cuyo régimen retributivo se articula en forma de aranceles, como ha dicho el señor Baldoví. Además, sin perjuicio de poder ser polémica, poder ser discutible el carácter jurisdiccional o no de la inscripción y control, porque esto nos lleva a un discurso de dogmática jurídica que no es pertinente articular en este momento, porque nos llevaría mucho tiempo, cuándo causan efecto los derechos, si desde el momento de la inscripción, como antes comentábamos con el señor Morlán en relación a cuándo se crea el derecho subjetivo en materia de inmatriculación de fincas, en el momento de la inscripción o la inscripción lo que proporciona es fe pública y la ejecutividad del derecho y el derecho persiste. El derecho también en materia del Registro Civil y de los actos inscribibles en el Registro Civil persisten en la propia inscripción en el Registro Civil, que también provee de fe pública, pero no puede proporcionar personalidad a un recién nacido, a una persona que nace, ni puede privar de personalidad a una persona que fallece. Como los actos inscribibles en el Registro Civil son los más relevantes de la vida de las personas, deben tener un tipo de control que en nuestra opinión ha sido siempre —como lo fue en la ley reguladora del Registro Civil, aprobada por unanimidad en su día— de naturaleza jurisdiccional. No encontrará usted muchas refutaciones a estas opiniones ni en el ámbito de la doctrina científica ni por parte del Consejo General del Poder Judicial ni por parte de los propios jueces del Registro Civil, que siguen reivindicando —finalmente ya perdida la batalla, cada vez con menos energía— su condición de detentadores de una función jurisdiccional stricto sensu.
Por otra parte, también nos ha explicado cómo se va a producir el desmantelamiento de las oficinas de los registros civiles, reubicando en otros juzgados al personal —me ha parecido entenderle— que tiene la plaza en propiedad y a los interinos. No sabemos en qué juzgados, con qué especialidad, con qué mecanismos de readaptación profesional a esos nuevos juzgados —si son juzgados de lo Penal o de lo Civil o si son juzgados mixtos o de otra naturaleza, o mercantiles— que realizan funciones muy diferentes a las vinculadas al acto registral o al Registro Civil en las que ellos están especializados. Son cuestiones que no están en el proyecto de ley que usted nos ha presentado y que nosotros estaríamos en condiciones de aceptar pacíficamente, pero no así las que le estoy comentando, que parece que van a dimanar de enmiendas presentadas por su grupo parlamentario. Yo no conozco muchos precedentes de una forma de legislar de estas características, de esta naturaleza. En todo caso, ante la inevitabilidad de lo que va a ocurrir, analizaremos las enmiendas que ustedes nos presenten..." No hay comentarios:
Por paradojas de la historia, el Gobierno ha utilizado la ley que devuelve la nacionalidad española a los judíos sefardíes para aplicar una tasa de 75 euros a quienes, judíos o no, la soliciten por residencia, carta de naturaleza y dispensa. Con esta decisión, el ministro de Justicia, RafaelCatalá Polo, podrá resarcir los perjuicios que su antecesor Alberto Ruiz Gallardón infligió a los notarios con su primer paso en la privatización del Registro Civil. La “tasa de nacionalidad” deberá abonarse a través de la “plataforma electrónica” implantada por el Ministerio de Justicia cuando se presente la solicitud y con independencia de cuál sea el resultado.
De este modo, un acto de justicia histórica como el reconocimiento de la nacionalidad española a cuantos descendientes de los sefardíes expulsados de España por los Reyes Católicos y perseguidos y expropiados por la Inquisición la quieran recuperar con independencia del país donde residan, queda ensombrecido por “la tasa de nacionalidad”. Esos 75 euros permitirán reparar el daño de Gallardón a los notarios. Cada año unas 150.000 personas solicitan la nacionalidad española, lo que matemáticamente supone un ingreso de 11.250.000 euros por una práctica papelística que estaba exenta de gravamen antes de la privatización del Registro Civil. Cierto es que los trámites iban (y siguen yendo) muy lentos y que desde la solicitud y presentación de la documentación hasta la citación para el examen y la entrega de la acreditación pasaban más de dos años.
De la mala herencia zapateril (“nefasta y desastrosa”, según el PP), con más de 400.000 expedientes de nacionalidad estancados, se prevalió Gallardón, con el visto bueno de Rajoy, para favorecer a los de su gremio, los registradores, siempre y cuando el Colegio de Registradores se comprometiese a realizar los trámites registrales para resolver el colapso. La organización colegial contestó afirmativamente. Y aunque los Registradores tenían su propio sistema informático con capacidad de procesar los datos, Gallardón les impuso su plataforma. La avería ya es conocida: el software informático de Justicia costó al Colegio 5,15 millones de euros y representó un “pelotazo” de casi cinco millones de euros para la empresa que lo confeccionó, FutuverConsulting, registrada en Bucarest (Rumanía) y de la que era administrador Javier AnguloRodríguez, designado por Gallardón en enero de 2012 jefe del Proyecto de Gestión de Expedientes de Nacionalidad.
Ese quebranto derivado de los juegos de manos crematísticos del exnotario mayor del Reino y su equipo de confianza es el que ahora se trata de compensar mediante una disposición final a la ley de nacionalidad de los sefardíes. Por razones de decoro y sensibilidad, el Gobierno podía haber elegido otro instrumento para implantar la tasa, pero ha elegido la ley que 525 años después trata de paliar la injusticia histórica de la expulsión de aquellos españoles que todavía hoy, cuando se refieren a las “falsas ilusiones”, utilizan la expresión “kastiyos en Sefarad”.
CCOO acusa al Ministerio de Justicia de tener paralizada la tramitación y resolución de todos los expedientes de nacionalidad remitidos por los Registros Civiles desde finales de 2013, haciendo una clara dejación de sus competencias
§ - El Ministerio quiere firmar una nueva encomienda de gestión de los expedientes con el Colegio de Registradores de la Propiedad, lo que utilizará para justificar la privatización del Registro Civil.
§ - El Ministerio trabaja en un expediente digital de nacionalidad, que excluirá de su tramitación a los Registros Civiles y que dejará de ser gratuito. § - CCOO rechaza de nuevo la externalización de los expedientes de nacionalidad y exige la modificación del art. 222 del Reglamento del Registro Civil y permitir que sean los Registros Civiles los encargados de su tramitación. CCOO acusa al Ministerio de
Justicia de que, en una clara dejación de sus funciones, tiene sin registrar y
digitalizar, y por tanto sin tramitar, todos los expedientes de nacionalidad
remitidos desde los Registros Civiles para su resolución desde noviembre de
2013, y dota de insuficientes medios personales y materiales a los funcionarios
y funcionarias del Ministerio de Justicia que desde el 1.1.2014 están
tramitando los expedientes de nacionalidad, creando de nuevo un injustificable
atasco en su resolución.
Desde la encomienda de
gestión de los expedientes de nacionalidad a los Registradores de la Propiedad, mediante la
implantación del Plan Intensivo de Nacionalidad (en adelante PIN) en
junio de 2012, que empezó a estar operativo a finales de ese año, todos los
Registros Civiles remiten los expedientes de nacionalidad, una vez finalizada
la fase de instrucción, al Centro de Digitalización del Colegio de
Registradores de la
Propiedad en Madrid. En este centro se registraba el
expediente, se digitalizaban los documentos y comenzaba la tramitación
encomendada a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, con la petición de
informes y propuesta de resolución de concesión o denegación al Ministerio de
Justicia, que simplemente tenía que firmar digitalmente y se notificaba a los
Registros Civiles para la jura de nacionalidad o, en su caso, notificación de
El PIN acabó el 31 de diciembre de 2013, con los
resultados de todos conocidos (unos 400.000 expedientes resueltos, incremento
de denegaciones muchas de ellas de difícil justificación, requerimiento de
trámites absurdos, muchos expedientes pendientes de resolver, fallos en las
juras ante notarios, etc). Desde entonces, y aunque los expedientes se siguen remitiendo
al Centro de Digitalización del Colegio de Registradores de Propiedad en
Madrid, el personal de dicho Colegio ya no es responsable ni de la
digitalización ni de la tramitación de los expedientes, en contra de lo afirmado por otro
sindicato, que no echa la culpa de la
paralización actual de los expedientes al verdadero responsable, el Ministerio de Justicia. Desde el 1.1.2014 es de nuevo el personal del Ministerio de Justicia,
compuesto por unas 70 personas, la que ha de tramitar y resolver todos los
expedientes, es decir, los expedientes de 2010, 2011 y 2012 que
no se repartieron para tramitarse durante el PIN, 20.000 recursos de
reposición, un alto porcentaje de expedientes de 2013, la totalidad de los
expedientes de 2014 (que aún están todos ellos sin número de expediente)... así
que a día de hoy puede haber acumulados ya otra vez una cifra cercana a 200.000
expedientes y alrededor de 20.000 recursos. La dotación de personal del Ministerio resulta claramente insuficiente,
haciendo una clara dejación de sus funciones el Ministerio de Justicia de no
dotarse con los medios personales y materiales necesarios para resolver en un
plazo razonable las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española, lo
que abre la puerta a la justificación
para su externalización y, por tanto, para su
privatización. El problema además se ve agravado porque el registro y digitalización de los
expedientes de nacionalidad, proceso que permite la petición de los
informes y propuesta de resolución del expediente, va tremendamente lento, y en
la actualidad se están registrando los expedientes remitidos en noviembre de
2013 al Centro de Digitalización del Colegio de Registradores de la Propiedad en Madrid. Además,
ha podido constatar que desde hace unos
4 meses se ha paralizado la digitalización de los expedientes, y desde
entonces la Policía Nacional
no recibe peticiones de informes sobre la conducta y antecedentes de los
solicitantes de la nacionalidad española. Los solicitantes de nacionalidad, que
al tiempo de registrarse su expediente en Madrid tienen que recibir una carta
informando sobre su número de expediente, lo que permite su seguimiento
telemático, han dejado de recibir dichas cartas, y llaman al teléfono de
información del Ministerio de Justicia donde les dicen que tienen que seguir
esperando, y que llamen de vez en cuando. Antes de la implantación del PIN esta
carta se recibía al mes de enviar el expediente a Madrid, hoy llevan un año de

References: Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 21
 artículo 291
 resolución 
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