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Timestamp: 2017-12-16 09:17:01+00:00

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Sentencia T.S.J. Canarias 536/2010 de 24 de septiembre. ITP. Exención para inversiones en Canarias. Requisitos. Plazo de prescripción - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Canarias 536/2010 de 24 de septiembre
ITP. Aplicación de la exención prevista para las inversiones en Canarias. Requisitos: Los bienes han de permanecer en funcionamiento cinco años, como mínimo. Exención: No procede, por no reunir el bien objeto de la misma las condiciones requeridas. Plazo de prescripción del crédito tributario: Comienza en el momento en que se presenta la declaración de exención. Prescripción consumada: La administración excedió los cuatros años previstos. Estimación.
Visto por esta Sección TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS. SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO. Sección Primera., integrada por los Sres. Magistrados, anotados al margen, el recurso Contencioso - Administrativo n.º 0000295/2009, interpuesto por la entidad Expendedoras Canarias, S.L., representado el Procurador de los Tribunales Dña. Minerva Navarro Naranjo y dirigido por abogado, contra el Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias, habiendo comparecido, en su representación y defensa el Sr. Abogado del Estado; y, como administración codemandada, comparece la Comunidad Autonoma de Canarias, representada por el letrado del Servicio jurídico del Gobierno de Canarias..
Se han observado las prescripciones legales que regulan la tramitación del recurso cuya cuantía es
Primero.-El presente recurso se interpone contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo de fecha 3 de abril de 2009. desestimatoria parcialmente de la reclamación n" 35/1071/2008, interpuesta por el concepto del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que si bien anulo la liquidación por caducidad del procedimiento no declaró prescrita la deuda tributaria, como se pretendía.
En e! caso de la exención a que este recurso se contrae, el art. 25.3.1') de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, exige para la consolidación de la exención, que los bienes de inversión permanezcan en funcionamiento en la entidad adquirente durante cinco años como mínimo, por lo que el transcurso de este plazo quinquenal marca, según la resolución recurrida, el comienzo de! computo del de cuatro años previsto con carácter general en el art. 66 LGT
Obviamente el motivo de oposición a la resolución se centra exclusivamente en el aspecto relativo a la existencia de prescripción del crédito tributario, sosteniendo la parte actora que, cuando no se reconoce la condición de bien de inversión, el inicio del cómputo de la prescripción se producirá en la fecha del incumplimiento, existiendo en este caso la referida prescripción pues la adquisición se produjo en este caso en el año 2.002 fecha del incumplimiento.
Entiende la resolución el TEAR objeto de recurso, que por el contrario el inicio del plazo para computar tal plazo, comienza una vez que se cumple el requisito de permanencia de la inversión durante cinco años o su vida útil si fuera menor.
Segundo.-La cuestión que se plantea es cuando empieza a computarse el plazo de prescripción en aquellos supuestos en que como el ahora estudiado la exención se obtiene del cumplimiento de diversos y sucesivos requisitos.
Sobre este particular, ha existido diversas interpretaciones y así la reciente STS de 8 Junio 2010, reafirmando anteriores ha sintetizado así su doctrina: "En efecto, en las recientes sentencias de 8 de febrero de 2005 (rec. cas. 6274/1997) y de 7 de marzo de 2006 (rec. cas. para unificación de doctrina núm. 2762/2001) tuvimos ocasión de señalar que el "dies a quo" del plazo de prescripción de los cinco años, tratándose del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados correspondiente a la compra de terrenos para la construcción de viviendas de protección oficial no es el de formalización de la escritura y devengo del impuesto, sino el siguiente al transcurso de los tres años legalmente establecidos para la aportación de la cédula de calificación de las viviendas sin verificarlo.
En definitiva, la prescripción comienza, -en términos de la indicada sentencia- cuando caduca la exención por el transcurso del plazo de 3 años concedidos para la presentación de la Cédula y durante el que está impedida la Administración para actuar por imperativo legal. Se aceptaba la argumentación del Abogado del Estado, según la cual "la prescripción comienza desde la fecha en que finaliza el plazo de pago voluntario (ex artículo 65.b de la LGT), y, por tanto, para aquel contribuyente que ha obtenido una exención provisional que caduca y que queda sin efecto en una determinada fecha, el plazo de pago voluntario no termina el día en que se efectuó la transmisión inicialmente exenta, sino en la fecha de tres años posterior en que se incumplió el requisito de la exención, más el plazo reglamentario de pago[...] La prescripción implica, siempre, una dejación, inactividad o paralización voluntaria del interesado, situaciones que no pueden ser apreciadas cuando [...] la Administración acreedora no goza aún (durante los 3 años comentados) de un derecho exigible. En definitiva, como durante el plazo de los 3 años en que la exención operaba provisionalmente la Administración no podía por imperativo legal ejercitar su derecho liquidatorio, tal plazo no puede conceptuarse como un tiempo computable como de paralización a efectos de la sanción prescriptiva"(sic).
Pues bien, aun cuando los supuestos de hecho y la normativa a aplicar sea distinta, es lo cierto que ahora debemos seguir tal doctrina, -que no es otra que la del antiguo principio de la actio nata-, y por ello estimar el recurso. Según la propia Administración autora de la liquidación impugnada, no procede la exención por cuanto el bien objeto de la misma no reúne las condiciones para ser considerado un bien de inversión, es decir, el incumplimiento de los requisitos legales se produce desde el mismo momento en que se adquiere el bien no apto para acoger la exención y consecuentemente desde el momento en que se presentó la declaración del ITP como exenta, la Administración podía ejercitar su derecho liquidatorio y exigir el pago de la deuda y por tanto en ese momento cuando comenzó a correr el referido plazo de prescripción que al haberse prolongado mas allá de los cuatro años, se encontraba consumada.
Tercero.-Lo expuesto determina la estimación del recurso. No se aprecian motivos para hacer especial pronunciamiento sobre las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Que debemos estimar y estimamos el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la representación procesal de EXPENDEDORAS CANARIAS S.L. frente al acto antes identificado que anulamos, sin imposición de costas.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 65
 artículo 139