Source: https://www.scribd.com/document/152890139/Revista-de-derecho-penal-procesal-penal-y-criminologia-Procesal-Imparcialidad-del-Fiscal-Actuacion-previa-como-querellante-en-la-causa-Oficina
Timestamp: 2019-03-25 22:47:51+00:00

Document:
Uploaded by Martín Lezcano
Revista de derecho penal , procesal penal y crimin...
Ministerio Público de la Defensa - La Garantía de Imparcialidad del Juzgador (DOCSJN)
Resumen Ejecutivo Economia Monetaria
Bop 22042009
HIS3MHI - Research Project Landscape
UNIVERSIDAD T+ëCNICA DEL NORTE
SANTO TOMAS DE AQUINO DERECHO NATURAL
Revista Estrategia CALEN 2011
20_02_2013.pdf
Revista de derecho penal , procesal penal y criminologia | Procesal | Imparcialidad del Fiscal. Actuación previa como querellante en la causa. Oficina…
ISSN 1853-1105 Home > Jurisprudencia > Procesal Art�culos Relacionados: Imparcialidad del juzgador. Tribunal que antes condenó a un coimputado. En la Provincia de Río Negro: ¿Por qué el Juez de Instrucción redacta la imputación - acusación?
Q UI E NE S S O MO S ART Í CUL O S E NT RE VI S T AS L I B RO S J URI S PRUDE NCI A PE NAL PRO CE S AL E JE CUCI Ó N L E G I S L ACI Ó N DE B AT E S CO NG RE S O S L I NK S CO NT ACT O DE E S O NO . . . CO MUNI CADO S T É RMI NO S DE US O
Imparcialidad del Fiscal. Actuación previa como querellante en la causa. Oficina Anticorrupción.
Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, causa nº8295 caratulada “ALSOGARAY, María Julia s/recurso de casación”, rta. 10/9/08.
días del mes de septiembre del año dos mil ocho, se
reúne la Sala IV de la C ámara Nacional de C asación Penal, integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente y los doctores Augusto M. Diez Ojeda y Mariano González Palazzo
como Vocales, asistidos por el Secretario de C ámara, Matías Sebastián Kallis, a los efectos de El perito informático resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 73/94 de la presente causa Nro. 8295 del y la prueba pericial Registro de esta Sala, caratulada: “ALSOGARAY, María Julia s/recurso de casación”; de la que Disponibilidad y consentimiento. Límites RESULTA: en un Estado C onstitucional de I. Que el Tribunal Oral en lo C riminal Federal Nro. 6 de la C apital Federal, en la causa Nro. Derecho. 1086 de su Registro, con fecha 10 de julio de 2007 rechazó la recusación planteada por la C omunicado del C olectivo "De Eso No Se Defensa Pública Oficial de María Julia Alsogaray contra el representante del Ministerio Público Habla" sobre las Fiscal, doctor Marcelo C olombo (fs. 62/69). inundaciones y muertos de La Plata. II. Que contra dicha resolución, la doctora¬ Fabiana León, Defensora Pública Oficial de la Educación en mencionada Alsogaray, interpuso recurso de casación (fs. 73/94)¬; el que fue concedido a fs. contexto de encierro: un análisis del proyecto 95/97, y mantenido ante esta instancia por la señora Defensora Pública Oficial, doctora Laura brasileño "Remisión por Beatriz Pollastri (fs. 109) sin adhesión del Fiscal General, doctor Ricardo Gustavo Wechsler. la Lectura". Excarcelaciones. III. Que la recurrente invocó la doctrina de arbitrariedad para sustentar sus agravios. Puso de Reforma de ley 14.434. manifiesto diversos vicios de motivación; entre ellos: la fundamentación errónea, contradictoria Inconstitucionalidad. Suspensión de efectos y aparente, según los argumentos utilizados por el a quo para rechazar su planteo, los que de la ley. transcribió y criticó en forma separada. C omentario bibliográfico: “La Sostuvo, también, que se vulneraron garantías constitucionales como la defensa en juicio y el C uestión C riminal” de E.debido proceso. R. Zaffaroni Ley de Policía Judicial Hizo mención de las cláusulas contenidas en Pactos Internacionales -incorporados a la C arta para la Provincia de Magna en su art. 75, inc. 22- que también habrían sido lesionadas con la tesitura adoptada y Buenos Aires alegó que la garantía de imparcialidad -contenida en esos tratados- comprende la actuación del Nuevo libro sobre juez y del fiscal durante el proceso. Señaló que esta postura no ha sido controvertida por los abolicionismo penal en América Latina. magistrados de juicio y que, al advertirse el temor de parcialidad por parte del doctor C olombo Nueva colección de por haber actuado como querellante mientras se desempeñaba en la Oficina Anticorrupción, Antropología Jurídica y DD.HH. de Editores del debieron proceder a su apartamiento en estas actuaciones. Puerto Afirmó que el apartamiento de los precedentes del Alto Tribunal -memorados por esa parteNuevo libro sobre constituye también una causal de arbitrariedad, por la que corresponde la casación de la robo con armas y resolución venida a estudio. armas impropias. IV. Que durante el término de oficina, previsto en los arts. 465, primera parte, y 466 del C .P.P.N., el señor Fiscal General ante esta C ámara presentó el dictamen glosado a fs. 112/13 vta, en el que requirió la desestimación del recurso articulado con argumentos similares a los sostenidos por el tribunal de mérito al rechazar el planteo de la defensa.
.502.P. fs.habré de dividir la exposición de los motivos que considero tratar ineludiblemente antes de examinar la razonabilidad y el arreglo al derecho de fondo de la decisión adoptada. c) el doctor C OLOMBO. por el cargo que desempeñó dentro de esa institución. es la misma naturaleza de su calidad de damnificado la que lo legitima a intervenir en calidad de parte en el proceso penal” (confr. El tribunal a quo rechazó el planteo de recusación deducido por la señora Defensora Oficial contra el doctor C olombo.). 68/vta. 468 del C . www.09/06/13 Revista de derecho penal .. Que.0. muy por el contrario.N. inc. en no ejercer coerción sobre los acusados o testigos. “‘la objetividad e imparcialidad es una obligación que la ley pone en plenitud sólo en cabeza de los primeros. 71 del código de forma. Actuación previa como querellante en la causa. 3° del Reglamento Interno de la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción y. que le está vedada en razón de lo dispuesto en el art. que no tiene ningún reproche contra el doctor C OLOMBO por su desempeño profesional ni en lo personal. 128. según la cita de Mario Oderigo que se extrapoló. en por ejemplo. en contraposición al querellante “particular” quien es. con anterioridad. sin perjuicio de la función actora que le corresponde al Ministerio Fiscal. en el 2°. lo hace como querellante “público”.). 67 vta. Sustentó su decisión en los siguientes argumentos: a) La Oficina Anticorrupción. confiere titularidad de la acción penal pública y asume su papel en el proceso” (confr. por no compartir la opinión de su antecesor. no utilizar pruebas prohibidas o ilegalmente obtenidas. en uso de sus facultades. De los fundamentos dados en la resolución recurrida. no habiendo comparecido las partes a la audiencia prevista por el art. solicitó la absolución del imputado.0.). Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto. “la persona de Derecho privado a quien la ley. por lo demás. mutatis mutandi. circunstancia que revela el error de la argumentación de la recusante en cuanto a que no existe posibilidad para su asistida de que se solicite una absolución después del debate pues está condicionado por su actividad anterior. pero esa objetividad no se pierde por mantener un punto de vista persecutorio y coherente a lo largo de todo el proceso” (confr.. incompatible con las funciones que ejerce actualmente. Gustavo M.. 66/vta. el Fiscal de C ontrol Administrativo promueva la acción penal sin objetividad. fs. Diez Ojeda. pues sólo tienen estas atribuciones el Fiscal de C ontrol Administrativo y el Director de Investigaciones. así como también en lo sostenido por Navarro y Daray. b y c. b) al tratarse de una institución del Estado Nacional no queda fuera del mandato constitucional de “afianzar la justicia” y no es lógico suponer que. según quienes. función cuyo alcance se la enmarcó dentró de las consideraciones realizadas por el doctor Bruzzone que transcribieron: “la regla de objetividad para los funcionarios del Ministerio Público Fiscal se funda en el estricto apego y cumplimiento de la ley. en la audiencia realizada de conformidad con el art.1.habría desempeñado el rol de querellante en estas actuaciones.derechopenalonline.php?id=31.P. Hornos y Augusto M. no procederá el apartamiento del Fsical por haber actuado anteriormente como acusador en el mismo proceso. El señor juez Mariano González Palazzo dijo: A fin de agotar el tratamiento de la cuestión sometida a estudio de este Tribunal -sobre la que adelanto mi opinión favorable a la defensa. representante del Ministerio Público Fiscal. cuando se constituye en parte en el procesos penal. f) hubo oportunidades en los que el doctor C OLOMBO. carecía de facultades para tomar decisiones relevantes en la marcha del proceso.0 2/10 . procesal penal y criminologia | Procesal | Imparcialidad del Fiscal. de ese ordenamiento. como C oordinador de Investigaciones de Negociaciones Incompatibles en la Oficina Anticorrupción.com/derecho.’ -por los jueces-. e) el Ministerio Público Fiscal debe actuar “con objetividad e imparcialidad” (confr. fs. articulado sobre la base de un “temor de parcialidad” por cuanto aquel funcionario -que se desempeñó. de lo que se dejó constancia a fs. I. previo estudio de los fundamentos sostenidos por los magistrados de juicio. Oficina… V. quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. 66) y que busca obtener “un pronunciamiento penal que haga a su interés. conducta.. d) la propia peticionante manifestó. que es la hipótesis que el legislador ha querido evitar’” (ídem cita anterior). por lo que no se le exige conducirse con imparcialidad y objetividad sino. fs. resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Mariano González Palazzo.
“no existe posibilidad alguna de construir la causal de prejuzgamiento ya que se trata de una contradicción en sí misma.. C on esta salvedad. lo que equivale a decir que la impresión personal del Acusador Público sobre el proceso no tiene mayor trascendencia pues -como sostiene Bruzzone en el citado artículo. 2005. con anterioridad a los precedentes de la C orte que invocó. sostiene el citado autor que “debe quedar claro que si intervino como fiscal en la etapa preparatoria del juicio. nacional e internacional. 67 del C . 69). lo subrayado figura en cursiva en el original). a mi criterio. que se refiere a si éste ofrece las garantías suficientes para excluir cualquier duda razonable [. como lo pone de resalto la defensa (confr. en las dos caras de esta garantía establecidas por primera vez por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (ver caso “Piersack vs.. Alertó. “Derechos del Imputado”.09/06/13 Revista de derecho penal . lo cierto es que el Ministerio Público Fiscal reviste una importante función como guardián de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad (art. parcial por naturaleza como requisito indispensable de su función. El Fiscal no prejuzga porque no juzga” (ob. en ese sentido. nos inclinarán a rechazar la medida solicitada” (confr.] en esta materia incluso las apariencias pueden revestir una cierta importancia [. Se dijo en aquél precedente que “se puede distinguir así entre un aspecto subjetivo. Bruzzone. 471)..) y tiene excluida de sus facultades “la www. con atinado criterio. la opinión de algunos en el sentido de que si un fiscal intervino en un juicio se encontraría inhabilitado para intervenir en un asunto conexo es absolutamente equivocada” (pág. esto es.php?id=31. y del caso puntual que trató el autor. que en este segundo supuesto. se precisó que lo que debe quedar asegurado por parte del Fiscal es la objetividad en su función. No sólo porque la propia ley así lo establece expresamente en los diferentes supuestos del art.com/derecho. nada obsta para que intervenga como fiscal en el debate. por lo que no cabe entrar en mayores disquisiciones dogmáticas al respecto.. es la extensión de esta garantía al Ministerio Público Fiscal. de su falta de competencia para pronunciarse sobre el asunto llevado a la jurisdicción (imparcialidad subjetiva). Actuación previa como querellante en la causa. tal como también lo advierte esa parte. Así. a mi entender.P. Los alcances de tal garantía han sido ampliamente discutidos en la doctrina y en la jurisprudencia. La cuestión aquí en juego. Incluso.0 3/10 . De la necesidad de imparcialidad del Fiscal. Eduardo M. 470. Por este motivo. Santa Fe. y así ha sido reflejado en la resolución recurrida y en el remedio casatorio a estudio. fs. II. cuando se trata del mismo fiscal de instrucción que intervenga en la etapa de juicio. 1° y 25. El tribunal de juicio la admite. Ad-Hoc. revestir solamente la segunda de estas características. pero le atribuye un contenido distinto al que se le otorga a la judicatura. Jauchen. siempre seguirá siendo parte y. La respuesta está.. inc.502.). el Fiscal debe. adujo. sentencia del 1° de octubre de 1982.946 y art. a. pág. Rubinzal-C ulzoni.] no es posible reducirse a una apreciación meramente subjetiva [. y un aspecto objetivo.cuyo basamento preliminar lo constituye la separación de las funciones acusadoras y decisoras durante el proceso penal. La recurrente. procede el apartamiento del Fiscal pues está influido por esa intervención anterior en la que defendió los intereses de esta parte. La garantía de imparcialidad del juzgador es el bastión principal del sistema acusatorio -y del sistema mixto que prevé el código procesal vigente. 120 C .P. sino porque.0. 417/504. publicado en C uadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal.. con remisión a un articulo doctrinario del doctor Gustavo A. doctrina receptada por la C omisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe 5/96 del 1° de marzo de 1995): el aspecto objetivo y el subjetivo de la imparcialidad (confr.N.N. g) las causales de recusación deben interpretarse en forma restrictiva y la “mera invocación del ‘temor de parcialidad’ efectuado por la imputada y su defensa. 215/16). es decir.] lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática”. procesal penal y criminologia | Procesal | Imparcialidad del Fiscal. Tomo 9 b. el debate sobre la “imparcialidad” con la que debe desarrollar su actividad el Ministerio Público Fiscal durante el proceso penal no ha sido cerrado. págs. señaló que la opinión allí vertida no puede descontextualizarse del momento en el que fue escrita. existe una diferencia entre el desarrollo del rol del Ministerio Público Fiscal a lo largo de todo el proceso y el ejercicio del rol de querellante durante la primer etapa y el de acusador público durante el juicio. Más allá. Serie A. Oficina… solicite una absolución después del debate pues está condicionado por su actividad anterior.. Pues bien. 86 vta. sin perjuicio del deber de objetividad con que debe desarrollar su ministerio. que trata de averiguar la convicción personal de un juez determinado en un caso concreto.0. págs.1. fs. sin que la misma se viera objetivada en hechos concretos del expediente. cit. En efecto. entonces. de la ley 24. Bélgica”.derechopenalonline. año V.
. de sus intereses diferenciados. de la C onvención Americana de Derechos Humanos (incorporado al bloque constitucional en la reforma de 1994 a través del citado art.09/06/13 Revista de derecho penal . Armando s/recurso extraordinario”. siempre que el Estado se constituye en querellante en el marco de una causa penal. inc. C omo se advierte.1. 22) en cuanto prevé que “toda persona tiene derecho a ser oída. pobres y ausentes” (art. sino de defender. La posibilidad de que la víctima recurra a la jurisdicción a fin de someter un asunto en el que resultó particular ofendido ha sido considerada en el plano internacional como un derecho fundamental de las personas. 27 citado). 27) ya que debe “representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera” (art.derechopenalonline..N. inc. en el que expuso que “en este supuesto. también comprendida dentro de la “tutela judicial efectiva”. Por este motivo. para la determinación de sus derechos. según el caso. III. b). así como el asesoramiento permanente al Poder Ejecutivo. Esta garantía. Oficina… (art. los intereses de su representante. Diferencia entre el querellante particular y público. cuando el procedimiento penal regula esa coexitencia acusadora”. en el que el funcionario dependiente del Poder Ejecutivo [la Oficina Anticorrupción en el caso] demandare para sí la titularidad directa y exclusiva de la acción penal pública reservada a los fiscales investidos por la C onstitución y las leyes (artículo 120.N. independiente cualquier. 8. 25.516) en asuntos de jurisdicción voluntaria o contenciosa en que el Fisco demande o sea demandado. como máxima expresión de la garantía del debido proceso. procesal penal y criminologia | Procesal | Imparcialidad del Fiscal.” (art. Definido el alcance de la función del Acusador Público. habría. siempre que se reúnan los requisitos de www. 120 C . o.0. proporcionar elementos de convicción. Actuación previa como querellante en la causa...P. La circunstancia de que sólo pueda “proponer” instrucciones pone de manifiesto la separación de ambas funciones y. argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que en este C ódigo se establezcan”.. en particular de la igualdad de armas.. 75. 1° y 25. el art. de la ley 24. Ello es así. con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. en el que se le concede a toda persona particularmente ofendida por un delito de acción pública la potestad de “impulsar el proceso.. primer párrafo.0. En palabras del Procurador General en el dictamen citado. por un juez o tribunal competente. sin que proceda una renuncia o transferencia de la titularidad de la acción penal. a fin de proponerles la emisión de instrucciones generales tendientes a coordinar esfuerzos para hacer más efectiva la defensa de la causa pública. no en la misma medida que la magistratura. llena de contenido el derecho de querellarse contenido en el art.junto a un fiscal. ley 23. En síntesis..0 4/10 e imparcial. en definitiva. habrá de analizarse si se verifica una similitud de pretensiones entre éste y la del acusador particular.984). de qué manera se restringen las garantías y derechos que le acuerdan las leyes. el Ministerio Público Fiscal mantiene incólume el ejercicio de su función. 76 de la ley de ministerio público en cuanto derogó la posibilidad de representación del Estado por parte de los procuradores fiscales y el procurador general de la Nación (previstas en las leyes la ley 3367 y 17. una intromisión de ese Poder en la misión propia y específica del Ministerio Público de la Nación”. a. Así también lo afirmó el Procurador General de la Nación en el dictamen del 25/11/05 al que se remitió el Alto Tribunal en el precedente de Fallos: 329:1984.. por cuanto los representantes del Estado y/o del Fisco en juicio no tienen este deber de asegurar la vigencia de la legalidad.] no logra demostrar en concreto por qué la intervención de la Oficina Anticorrupción impide la defensa del imputado.php?id=31. De la afectación de la imparcialidad del Ministerio Público Fiscal por el ejercicio del rol de querellante. la circunstancia de que concurran estas dos partes en un mismo proceso penal tampoco se ha visto como una vulneración al derecho de defensa del imputado.com/derecho. podrá dirigirse al Procurador o al Defensor General de la Nación.946 y art. Esta disparidad de participación está expresamente reconocida en el art. la función encomendada al Ministerio Público se diferencia de la que tienen los representantes del Estado en juicio en defensa de sus intereses. inhabilitados. Por otro lado. inc.502. incluso de qué modo atenta contra el debido proceso la intervención de un querellante -aunque sea una persona del derecho público. sí.carácter”. 82 del C . “la recurrente [. la persecución de la acción penal y la protección de los incapaces. estimo que el Ministerio Público Fiscal debe garantizar la imparcialidad en su función.de .. En particular. sino como guardián de la legalidad y del debido proceso.) y tiene excluida de sus facultades “la representación del Estado y/o del Fisco en Juicio.P. aun cuando “el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministro correspondiente. concretamente. “Gostanián.
la cuestión ha sido abordada por la Sala III de este C uerpo. “C ódigo Procesal penal de la Nación. dictada bajo los parámetros dados por el Alto Tribunal en “Gostanián”. Por este motivo.php?id=31.que legalmente se le adjudican al Ministerio Público y. Ahora bien. o es más.0. 55.el código de procedimiento no realiza.). Ahora bien. Tal como ha sido consignado en la resolución que se impugna.han sido reconocidos al Estado y a otras entidades autárquicas (confr. 7552.. Al contrario. teniendo en cuenta que se advierte una analogía en cuanto a la representación invocada.no puede usufructuarlas en el desempeño del nuevo papel como acusador público. tal como se verá más adelante. Si se tiene en cuenta. distinción que efectúo el a quo para negar la posibilidad de afectación por esta disímil participación en el proceso. Nro. Navarro. Así se ha reconocido. jurisprudencialmente. a mayor abundamiento. ya que no recae sobre el querellante el actuar como responsable o guardián del control de legalidad del proceso” (confr.1. En efecto. Guillermo Rafael y Daray. pues las potestades con las que no gozó mientras ejerció el rol de querellante “público” -en su carácter de acusador adherente. 312/15). 1680/07. entonces.P.P. es dable reconocer que existe una diferencia en cuanto a las potestades que revisten uno y otro querellante -a los que la resolución cuestionada calificó como público y particular. motivo por el cual se verifica una identidad de intereses. La defensa cuestionó esta clasificación que -según alegó. En suma. es la misma naturaleza de su calidad de damnificado la que lo legitima a intervenir en calidad de parte en el proceso. 2008. inc. cuando se trata de una persona física o un ente ideal de derecho privado y el Estado o una entidad autárquica. Hammurabi. muy por el contrario.con la que debe desempeñarse el Fiscal. Roberto Raúl. al extremo que podría.09/06/13 Revista de derecho penal . en particular. En consecuencia. 1°. del C .derechopenalonline. la confirma. 71 de ese cuerpo legal.502. fs. Buenos Aires. desde lo ontológico. con independencia de lo especificado en los puntos antecedentes. incluso.N. la imparcialidad que debe revestir el Ministerio Público Fiscal en su intervención en el proceso penal puede verse afectada por la representación previa de los intereses del querellante “privado” o “público” y ello justifica un “temor de parcialidad” en su actuación que funda la causal de recusación prevista en el art. ut supra citado.. El querellante pues. por lo que no se le exige conducirse con imparcialidad y objetividad sino. además del precedente “Gostanián”. no debe revestir la garantía de imparcialidad -ni en su sentido subjetivo ni objetivo. en la causa Nro. Sin embargo. Héctor Hugo s/casación”. entiendo que la función de los organismos que querellan en nombre del Estado debe interpretarse en el sentido de un tercero coadyuvante del Ministerio Público Fiscal. incluso. como un querellante adhesivo” (lo subrayado figura en cursiva en el original). habrá de examinarse la actuación del doctor C OLOMBO en el marco de estas actuaciones como representante de la querella a fin de desentrañar la presencia de una causal de afectación de la garantía de imparcialidad con la que debe conducirse en esta etapa del proceso como Fiscal de www. “C iccone. 66 vta. esta jurisprudencia. Actuación previa como querellante en la causa. Es de decir que.en el marco del proceso penal. opino que el desempeño del rol de querellante durante un proceso penal afecta la imparcialidad con la que deben comportarse los Fiscales. a sabiendas de su ajeneidad al mismo. págs. IV. pues nada lo impide. siempre que se reúnan los requisitos de legitimación que -en lo que aquí interesa.al Estado. Reg.0. Oficina… alcances que en este C ódigo se establezcan”. en cuyo voto la doctora Ledesma ilustrativamente afirmó que “los organismos estatales con legitimación para querellar representan -al igual que el Ministerio Público Fiscal. el 29/11/07. a los procuradores fiscales. el querellante “se presenta en el [proceso penal] para buscar obtener.0 5/10 . De las funciones que cumplió el doctor C OLOMBO en la Oficina Anticorrupción. acusar a un imputado aún con dudas acerca de su vinculación.no es posible. en su calidad de parte damnificada.en los términos a los que se hizo referencia en el punto anterior. un pronunciamiento penal que haga a su interés.com/derecho. soslayar la posición de desigualdad que existe entre un supuesto y otro. esto es. tal como lo habilita el art. Ello es así. Análisis doctrinal y jurisprudencial”. más allá de la ausencia de una diferenciación normativa entre ambos tipos de querellantes -es decir. el damnificado constituido en parte querellante no reviste las funciones -con sus deberes y derechos. la presencia de esta limitación en las facultades de la querella “pública” no invalidan el razonamiento anterior respecto a la posible afectación de la imparcialidad -como defensor de la legalidad y el debido proceso. rta. procesal penal y criminologia | Procesal | Imparcialidad del Fiscal. incluso en el caso de que el acusador particular sea un representante del Estado.
Nro.). sentencia del 17 de mayo de 2005. y posteriormente juzgar su responsabilidad en el mismo”. 53). Sec.en la administración de justicia. previamente. si en su misma persona convergen las funciones de investigar y probar el hecho que se le imputa. entre ellos. de solicitud de citación a indagatoria. al menos. del Juzgado Nacional en lo C riminal y C orreccional Federal Nro.S. En rigor. asimismo.. presentó diversos escritos en causas en las que se investigaban presuntos delitos cometidos por la aquí acusada (confr. 90/vta. Para dilucidar este punto. cit.J. respectivamente). no constituye una omisión por parte de la peticionante que impide el tratamiento del agravio expuesto. de presentación y ampliación de denuncia.09/06/13 Revista de derecho penal . El Fiscal de Juicio ha intervenido en el rol de querellante -en representación de los intereses del Estado. en las que los representantes de ese organismo dependiente del Poder Ejecutivo designados en esta causa son otros.. nueve escritos acompañados en cinco causas penales iniciadas por distintos motivos suscriptos por C OLOMBO.. que constituye el pilar del sistema democrático” (considerando 13°). entonces. 4.. según lo prevén los estándares internacionales y los Instrumentos de Derechos Humanos suscriptos por nuestro país (ver Jauchen. La falta de cuestionamiento del desempeño profesional o personal del recusado.0. en particular. al describir la causal de temor de parcialidad en el precedente de Fallos: 328:1491. en la medida que puede generar en el acusado dudas legítimas sobre la parcialidad del magistrado.1. para preservar la confianza de los ciudadanos -y sobre todo del imputado. lo único que se pone en duda es la capacidad para conducirse con imparcialidad en estas actuaciones en las que.0.com/derecho. www. Se estableció allí que “la imparcialidad objetiva se vincula con el hecho de que el juzgador muestre garantías suficientes tendientes a evitar cualquier duda razonable que pueda conducir a presumir su parcialidad frente al caso. denotan el ejercicio de una actividad acusadora como querellante.502.php?id=31. 6. para instar el juicio seguido contra la imputada.N. está íntimamente relacionada con el principio acusatorio. Señaló que la presentación de estos escritos quedó debidamente acreditado durante la audiencia del art. Ello da cuenta de la intervención activa del doctor C OLOMBO en diversas causas seguidas contra la imputada. 38/vta. de apelación de la disposición de archivo. más allá de haber tenido la capacidad de decisión sobre el rumbo de las actuaciones o ser el ejecutor de la resolución de otro. es necesario traer las consideraciones que efectúo la C . La resolución puesta en crisis negó que C OLOMBO hubiera ocupado en la OA un cargo con capacidad decisora. como una manifestación de la garantía de imparcialidad del juez.” (considerando 12°). Las apreciaciones hechas en el fallo memorado sobre la actuación del Juez durante el proceso son de aplicación al supuesto de autos en tanto debe primar una interpretación pro homine de las garantías judiciales. mientras fue funcionario de este organismo.contra la imputada en diversas causas que se le han seguido y dicha actuación despierta la legítima desconfianza de la defensa sobre el desempeño imparcial de su función como garante de la legalidad y del debido proceso. Si de alguna manera puede presumirse por razones legítimas que el juez genere dudas acerca de su imparcialidad frente al tema a decidir. procesal penal y criminologia | Procesal | Imparcialidad del Fiscal.. 7 y Nro. 12. la recurrente puso de manifiesto que. Oficina… garantía de imparcialidad con la que debe conducirse en esta etapa del proceso como Fiscal de juicio. Nro. Su rúbrica sobre los escritos que promovieron la acción penal contra la imputada en aquellos expedientes. etc. Actuación previa como querellante en la causa. Sec. debe ser apartado de su tratamiento. Eduardo M. en el considerando 16° de este pronunciamiento. se da aquí una situación particular por cuanto esa intervención no se ha dado en estas actuaciones. Sin embargo. se ejerció el rol de querellante “público”. en representación de los intereses de la OA. descartó el planteo de la defensa. En efecto. fs. Hizo mención de. El Alto Tribunal dejó claro en el precedente citado que la violación a la garantía de imparcialidad queda configurada a partir del temor legítimo y racional de su afectación. pág. se dejó asentado que “el iudex suspectus. Por este motivo. y 43. Sin embargo. “Llerena”. ob. ni sus fundamentos en el caso individual. sin que sea necesario esperar al desarrollo del proceso para conocer cuál será su efectivo ejercicio en él y sin que en tal sospecha se advierta un agravio a su honorabilidad o a su honestidad profesional.0 6/10 . 71 del código de rito (ver informes de fs.derechopenalonline. sin que sea necesario la “evaluación de los motivos que impulsaron al juez a dictar dichos actos procesales [los que llevaron al avance del proceso contra el imputado].
sino temor de parcialidad por haber representado. “. a la Oficina Anticorrupción. Alberto Bovino.php?id=31. La Ley t. 566 y ss. se le han escapado algunos supuestos que implican una negación de la posibilidad de hacer efectivo este derecho”. 2031. Ya he tenido oportunidad de expedirme -en precedentes donde se trataba la recusación de magistradosdinámica en el sentido en que 55 del corresponde hacer una interpretación integrativa y C ausaNro.N (cfr. 1619: “Galván.N. García . Actuación previa como querellante en la causa. La reglada en la primera parte del inciso 8°).“El test objetivo de imparcialidad es comparable a la máxima judicial que expresa ‘justice must not only be done: it must also be seen to be done’. la C orte Suprema en el holding de su decisión recompuso las condiciones dentro de las cuales una norma procesal sobre causales de recusación de magistrados es constitucional (el art.no puede desconocerse tal derecho por la mera razón de que al C . 71 del C . pag.P. la afectación de una garantía básica propia del estado de derecho” (conf.4 rta. Horacio Luis s/abuso de armas y lesiones” (L. doctor Marcelo C olombo.N.P. quien -como cita el colega Luis M. 1993 -E-. 17/05/05). “Imparcialidad de los jueces y causales de recusación no escritas en el nuevo C ódigo Procesal Penal de la Nación”.P.P. El códigoart.P. 224 y ss. sin costas (arts. III. conciliándolas y dejándolas a todas con validez y efectos. Hornos dijo: I.En esa oportunidad.com/derecho. 6 de esta ciudad para que continúe con la sustanciación de la causa.0. Ahora bien. De manera análoga al razonamiento efectuado en los fallos de esta Sala. “La aplicación de las garantías constitucionales y de las disposiciones de los Pactos Internacionales citados subsanan la errónea decisión del legislador y permiten solicitar y decidir el apartamiento de un juez en aquellos supuestos no previstos en el art.1999F.502. tal como reiteradamente la doctrina judicial de nuestro más Alto Tribunal ha señalado que debe procurarse (Fallos: 236:100 -entre otros-). s/recusación”. 62/69. el 31/08/1999).). Oficina… V.¬). www.N. rta. 486.). Sin embargo esa perspectiva ha sido establecida para el Juzgador.” (C fr.XXXVI. La cuestión sometida a estudio de esta C ámara se centra en resolver si corresponde hacer lugar a la recusación planteada por la defensa de María Julia Alsogaray contra el señor Fiscal de juicio. la contenida en el inciso 10°) si hubiera dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión a alguno de los interesados. respecto de la intervención en el proceso correccional de un mismo juez tanto en la etapa instructoria como en la de juicio.P. II. 55 del C .. de modo razonable.derechopenalonline. Reg.P. 530 y 531 del C .P.P. propongo que se haga lugar al recurso de casación. La hermenéutica propuesta permitía superar el alegado conflicto de constitucionalidad mediante la armonización de las cláusulas y disposiciones en discusión. pág. y se remita este incidente al Tribunal Oral en lo C riminal Federal Nro. a fin de asegurar con la mayor extensión posible la garantía del debido proceso.P.09/06/13 Revista de derecho penal . 55 del C PP en los cuales puede temerse.0.). expresamente establece que los miembros del Ministerio Público con dos excepciones. Por los motivos expuestos. La Ley. la defensa no alega ninguna de las causales de recusación específicamente previstas en el código de rito. se case la resolución de fs.1. Sergio Daniel del artículo C . Es por ello que si estos últimos garantizan el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial. la C orte Suprema de Justicia de la Nación adoptó una interpretación de la normativa procesal acorde con el verdadero alcance otorgado por los Tratados Internacionales y la C onstitución Nacional a la garantía de imparcialidad y del debido proceso.N. El señor juez Gustavo M.. por haber intervenido previamente en representación de la Oficina Anticorrupción que oficia de parte querellante en autos. precedentes del criterio conformemente establecido por nuestra C orte en “LLERENA. La noción de Tribunal Imparcial en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos”. Sostuve allí que el concepto de “ley vigente” no se limita al C ódigo Procesal Penal de la Nación o sus leyes modificatorias. el doctor C olombo. procesal penal y criminologia | Procesal | Imparcialidad del Fiscal. previa designación del Fiscal que deba intervenir en estas actuaciones. si antes de podrán ser recusados por los mismos motivos previstos para los Jueces -art 55 del mismo comenzar el proceso hubiera sido acusador o denunciante de alguno de interesados o acusado por ellos y. sino que también abarca a nuestra C onstitución Nacional y a los Pactos Internacionales con igual jerarquía.0 7/10 .
.759. como organismo encargado de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que dentro del ámbito fijado por esta reglamentación se consideren comprendidas en la C onvención Interamericana contra la C orrupción aprobada por Ley Nº 24. la Sala II de esta C ámara en la causa “Administradores de A. vale decir en aquellos casos cuya significación institucional. ello en virtud del art.’. que establece la competencia de la mencionada oficina para ‘. cuando se constituya en parte querellante en un proceso penal. En definitiva. sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado ó que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal. Entiendo que el constituirse como parte es la manera instrumental que la ley le reconoce a la Oficina Anticorrupción para el cumplimiento de sus fines entre los que. siendo que por un lado la Oficina Anticorrupción representa al Estado Nacional en defensa de sus intereses legítimos. empresas. denunciar los hechos que pudieran constituir delito y constituirse en parte querellante en los procesos en los que se encuentre el patrimonio del Estado. los hechos que. Actúa en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada.N.. surge del acta labrada con motivo de la celebración de la audiencia prevista www.C . c) Investigar preliminarmente a toda Institución o Asociación que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal. dentro del ámbito de su competencia. con el objeto de elaborar y coordinar programas de lucha contra la corrupción y. pudieren constituir delitos. Oficina… F. en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la administración de los mencionados recursos.1.0. d) Denunciar ante la justicia competente. En todos los supuestos.derechopenalonline. el art. que entre la competencias de dicho órgano se encuentra la de investigar preliminarmente a toda institución que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal. y . e) C onstituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado. Actuación previa como querellante en la causa.). de un querellante privado corresponde analizar la específica actuación del doctor Marcelo C olombo en las actuaciones. La Oficina Anticorrupción es un órgano del Estado Nacional con fines específicos. En el mismo sentido. 224 y ss. El Decreto 102/99 que establece que la Oficina Anticorrupción “funcionará en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTIC IA Y DEREC HOS HUMANOS. s/recurso de casación”(Registro n° 6621. S.T. procesal penal y criminologia | Procesal | Imparcialidad del Fiscal.2. inc. En primer lugar. "e" del decreto 102/99 P. pag. las investigaciones se realizarán por el solo impulso de la oficina anticorrupción y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga.) ha señalado que “la encuentra legalmente legitimada Estado Nacionalde para forma autónoma a la Oficina Anticorrupción se actuar como parte querellante -representando al Fiscalía de Investigaciones Administrativas.. se encuentra el de investigar preliminarmente a toda institución o asociación que tenga como principal fuente el aporte estatal.” Es decir...com/derecho.0 8/10 . -estructura y funciones-. IV.” Entre sus funciones específicas.0.233 (10/12/99). como consecuencia de las investigaciones practicadas. La Oficina Anticorrupción.constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado.09/06/13 Revista de derecho penal . ejercer las competencias y atribuciones establecidas en los artículos 26. V. económica o social justifican su actuación”.E. creada por la Ley Nº 25... en forma concurrente con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. mediante la vía procesal de la querella.502. como organismo del Estado dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debe conducirse con objetividad y estricto apego y cumplimiento de la ley. 2 del mismo decreto dispone que tiene competencia para: “a) Recibir denuncias que hicieran particulares o agentes públicos que se relacionen con su objeto. por otro el Ministerio Público tiene a su cargo el deber de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Diferenciada entonces la participación funcional de la Oficina Anticorrupción aún cuando se constituya en parte querellante. No debe igualarse a los fines de este análisis al caso del individuo que acude a los tribunales de justicia con el objeto de que se determinen sus derechos. b) Investigar preliminarmente a los agentes a los que se atribuya la comisión de alguno de los hechos indicados en el inciso anterior. ya sea prestado en forma directa o indirecta.A. 2°. 45 y 50 de la Ley de Ministerio Público. como ya dijera.php?id=31. no se advierte en qué reposa el temor de parcialidad invocado por la parte.
y consecuentemente. lo cierto es que. no ha sido puesto en discusión que en aquellas otras actividades. www. sin costas (arts. y en contra de la ingeniera María Julia Alsogaray. sirviendo la presente de muy atenta nota de envío. con anterioridad. También cuando se trata de los miembros del Ministerio Público. cuya protección le ha sido confiada a la Oficina Anticorrupción. previa designación del Fiscal que deba intervenir en estas actuaciones. Regístrese.09/06/13 Revista de derecho penal . considero que no se han acreditado en autos circunstancias que objetivamente permitan presumir que Marcelo C olombo carezca de la ecuanimidad necesaria para actuar como fiscal en el caso la falta de parcialidad del doctor Marcelo C olombo para que actúe como fiscal en el juicio de autos..P. de lo previsto en el art.P. Asimismo. el cual reza “. 1º in fine. en favor o en contra de algunas de las partes involucradas y.derechopenalonline. el funcionario en cuestión. y REMITIR las presentes actuaciones al Tribunal Oral en lo C riminal Federal Nro.P. asistiendo a María Julia Alsogaray.). se ha desempeñado. en consecuencia. Así lo voto. como funcionario de la Oficina Anticorrupción. C ASAR la resolución de fs. más allá de toda discusión doctrinaria acerca de las teorías interpretativas de las similitudes y diferencias entre los representantes del Ministerio Público Fiscal y el querellante particular o público. el Tribunal RESUELVE: HAC ER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. a la letra.0 9/10 en diversas causas seguidas contra la ingeniera Alsogaray.0.N. la ley procesal. inc. sin costas. 71.. encuentro que la situación se adecua. adhiero a la solución propuesta por el distinguido colega que lidera el presente acuerdo. 530 y 531 del C .N. 73/94. con anterioridad. dispone el apartamiento de los magistrados judiciales o de los miembros del Ministerio Público Fiscal que. cúmplase con la remisión dispuesta.P. su participación no se ha dado en estas precisas actuaciones.P. por la señora Defensora Pública Oficial. como funcionaria. el señor Fiscal General recusado actuó en favor y representando los intereses. Diez Ojeda dijo: En atención a las particulares circunstancias de esta causa. Por otra parte. en donde han actuado en su .502. 6 de la C apital Federal para que continúe con la sustanciación de la causa. 62/69.1. surge de la resolución en crisis que quedó acreditado que el doctor Marcelo C olombo integró el personal de planta permanente de la Oficina Anticorrupción y que no tomó decisiones relevantes en la marcha del proceso. En base a todo ello habré de proponer el rechazo del recurso de casación interpuesto. procesal penal y criminologia | Procesal | Imparcialidad del Fiscal. El señor juez Augusto M. en tanto garantía constitucional del imputado. De todo lo expuesto. ambos del C . por mayoría. en donde ha participado activamente. si bien ha tenido intervención en representación de la Oficina Anticorrupción representación. sobre todo teniendo en cuenta que la defensa no cuestiona ni tacha de imparcial su labor representando a la Oficina Anticorrupción. 55.com/derecho. que la defensa de María Julia Alsogaray sostuvo que no tenia ningún reproche concreto que formular al doctor Marcelo C olombo tanto por su intervención en representación de la Oficina Anticorrupción como por su desempeño como Fiscal en autos. que mas alla de que su actuación debe ser ecuánime e “imparcial”. En el sub judice. de aplicación por mérito de lo dispuesto en el art. Las causales de recusación deben ser interpretadas de manera restrictiva no bastando la mera invocación de “temor de parcialidad” si es que no surgen razones concretas acreditadas en las actuaciones. surge del acta labrada con motivo de la celebración de la audiencia prevista en el artículo 71 del C .P. en las que ha quedado acreditado que el señor Fiscal General. en mérito del acuerdo que antecede. de la imputada. notifíquese y. pues quienes podían hacerlo eran el Fiscal de C ontrol Administrativo y el Director de Investigaciones. doctor Marcelo C olombo. es parte en el proceso penal para dar lugar al contradictorio y esencialmente para promover la acción penal.0. Por ello. debiendo intervenir en una causa. Oficina… En primer lugar. oportunamente.php?id=31. Por ello. en el caso. como en el impulso de diversas acciones penales en su contra. Actuación previa como querellante en la causa. que regula el debido proceso adjetivo judicial.N. tanto en la profunda investigación del desempeño.o si en otras actuaciones judiciales o administrativas hubiera actuado profesionalmente en favor o en contra de alguna de las partes involucradas”. hayan actuado profesionalmente. doctora¬ Fabiana León.
Todos los derechos reservados.1. Disponible en: http://www.php?id=31.derechopenalonline. Prohibida la reproducción de cualquiera de los textos incluídos en este sitio web sin la correspondiente autorización del autor. Nombre. procesal penal y criminologia | Procesal | Imparcialidad del Fiscal. 2000-2012 ©derechopenalonline.0 10/10 .0.AUGUSTO M. Loading www. HORNOS .0. Revista de actualización permanente. ISSN 1853-1105.com/derecho. "Título del trabajo" en Revista electrónica Derecho Penal Online [en línea].502.MARIANO GONZÁLEZ PALAZZO . Se recomienda citar: Apellido. Oficina… GUSTAVO M. DIEZ OJEDA Ante mí: MATÍAS SEBASTIÁN Secretario de C ámara Imprimir Texto incorporado el: 2008/10/02.com Hecho el depósito de ley 11. Ver "Términos y condiciones de uso".derechopenalonline.09/06/13 Revista de derecho penal .723. Actuación previa como querellante en la causa.
Documents Similar To Revista de derecho penal , procesal penal y criminologia _ Procesal _ Imparcialidad del Fiscal. Actuación previa como querellante en la causa. Oficina Anticorrupción
More From Martín Lezcano
Anonymous qMVmpTWSS

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in fine
 resolución 
 resolución 
 artículo 71