Source: http://www.derechos.net/doc/cidh/recti.html
Timestamp: 2017-11-19 01:09:57+00:00

Document:
Sistema Americano: DERECHO DE RECTIFICACION O RESPUESTA
La presente consulta ha sido sometida a la Corte por Costa Rica, que es Estado Parte en la Convención y Miembro de la OEA. Conforme al artículo 64 de la Convención, cualquier Estado Miembro de la OEA puede solicitar " la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos ". La petición de Costa Rica versa sobre la interpretación del artículo 14.1 de la Convención en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y, por ende, cae dentro del artículo 64. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
E1 Gobierno solicita una opinión consultiva en el ámbito del artículo 64.1 de la Convención, no en el del artículo 64.2. Esta conclusión se desprende del hecho de que la solicitud se refiere expresamente al artículo 49 del Reglamento, que trata de las consultas fundadas en el artículo 64.1 y no al artículo 51 del mismo que corresponde a las previstas por el artículo 64.2 de la Convención. Además, el Gobierno no requiere la opinión de la Corte respecto de la compatibilidad entre alguna de sus leyes internas y la Convención. Por el contrario, el objeto de la presente solicitud es la interpretación del artículo 14.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).- (ver pág.….)
E1 solo hecho de que un Estado Miembro de la OEA presente una consulta invocando, expresa o implícitamente, las disposiciones del artículo 64.1 no significa que la Corte sea competente, ipso facto, para contestarla. Si se le pidiera responder preguntas que versaran exclusivamente sobre la aplicación o interpretación de las leyes internas de un Estado Miembro o que entrañaran cuestiones ajenas a la Convención o a los otros tratados a los que hace referencia el artículo 64, la Corte carecería de competencia para emitir su opinión. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
Por la forma como haya sido redactada una solicitud, la Corte, en el ejercicio de sus funciones, según el artículo 64 de la Convención, puede tener que precisar o esclarecer y, en ciertos supuestos, reformular, las preguntas que se le plantean, con el fin de determinar con claridad lo que se le está preguntando; en particular, cuando, como es el caso, a pesar de la redacción de las preguntas, se solicita la opinión de la Corte acerca de un asunto que ella considera dentro de su competencia. A este respecto la Corte debe subrayar que, en general, cuando una solicitud de opinión consultiva contenga cuestiones cuyo análisis e interpretación sean de su competencia, ella está llamada a responderla, aun cuando la consulta contenga asuntos extraños a su jurisdicción, a menos que éstos sean enteramente inseparables de los primeros o que existan otras razones suficientes para fundamentar que se abstenga de emitir su opinión. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
"Debe considerarse que el derecho consagrado en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos está ya garantizado en su libre y pleno ejercicio a todas las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado costarricense, según se desprende de las obligaciones que para nuestro país contiene el artículo 1 de dicha Convención?" (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
La Corte estima que, tal como está redactada, la pregunta comprende dos cuestiones con significado diverso, las cuales pueden distinguirse claramente. La primera se refiere a la interpretación del artículo 14.1 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma; y la segunda tiene que ver con la aplicación del artículo 14.1 en el ámbito jurídico interno de Costa Rica. La Corte se limitará a responder sobre la primera cuestión en los términos del artículo 64.1 de la propia Convención, que es el aplicable según se expresó anteriormente. La segunda cuestión, tal como ha sido planteada, se sitúa fuera de la competencia consultiva de la Corte. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
En consecuencia, la Corte llega a la conclusión de que esta pregunta, en el sentido indicado, resulta admisible ya que se dirige a la interpretación de la Convención, y la Corte así lo declara. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
"De no ser así, tiene el Estado costarricense el deber jurídico - internacional de adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas o de otro carácter, que fueren necesarias para hacer efectivo el derecho de rectificación o respuesta previsto en el artículo 14 de la Convención, según las disposiciones contenidas en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos?" (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
En virtud de la precisión que se hizo de la pregunta anterior, el nexo de causalidad establecido por la segunda pregunta con respecto a la primera, carece de objeto. Por lo tanto, debe considerarse que el propósito de esta pregunta es determinar qué obligaciones, si las hay, están impuestas a Costa Rica por el artículo 2 de la Convención a fin de hacer efectivo el derecho reconocido por el artículo 14.1. La respuesta a ella requiere que la Corte interprete la Convención y, por ende, resulta admisible. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
"Si se decidiese que el Estado costarricense está en el deber de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivo el derecho de rectificación o respuesta previsto en el artículo 14 de la Convención Americana, sería dable entonces entender que la expresión " ley " que figura al final del párrafo primero del mencionado artículo 14 está usada en sentido amplio o lato, lo que podría comprender entonces disposiciones de carácter reglamentario emitidas por decreto ejecutivo, teniendo en cuenta la índole más bien instrumental de tales disposiciones legales? " (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
En la medida en que esta pregunta procura la interpretación del significado de la palabra " ley ", tal como ésta se emplea en el artículo 14.1 de la Convención, es admisible por las mismas razones. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).--
A1 haber resuelto la Corte que las tres preguntas formuladas por Costa Rica son admisibles en todo cuanto se refiere a la interpretación de la Convención, y considerando que no existen otras razones que pudieran llevarla a abstenerse de emitir la opinión consultiva solicitada, de acuerdo con lo que la Corte ha estimado en su jurisprudencia ( " Otros tratados " objeto de la función consultiva de la Corte ( art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos ), Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. 31; La colegiación obligatoria de periodistas ( arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos ), Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 21; La expresión " leyes " en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 11 ), se pasa a continuación a examinar el fondo del asunto. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
La primera pregunta requiere determinar los efectos jurídicos del artículo 14.1, dadas las obligaciones contraídas por un Estado Parte en virtud del artículo 1.1 de la Convención.
E1 artículo 14 dispone lo siguiente:
Estas normas deben ser interpretadas utilizando
"los criterios de interpretación consagrados en la Convención de Viena, que pueden considerarse reglas de derecho internacional general sobre el tema ( Restricciones a la pena de muerte ( arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos ), Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. 48 )." (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
"Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin." (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
De acuerdo con el artículo 32 de la misma Convención de Viena, solamente cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31 " a ) deje ambiguo u oscuro el sentido; o b ) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable ", puede acudirse a otros medios de interpretación. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).- (ver pág.….)
En el caso presente, la expresión " toda persona... tiene derecho ", que utiliza el artículo 14.1, debe interpretarse de buena fe en su sentido corriente. La Convención consagra " un derecho " de rectificación o respuesta, lo que explica que los incisos 2 y 3 del mismo artículo 14 sean tan terminantes respecto de " las responsabilidades legales " de quienes den tales informaciones inexactas o agraviantes y de la obligación de que alguien responda por ellas. Esta interpretación no tiene sentido ambiguo u oscuro ni conduce a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986) .-
La tesis de que la frase " en las condiciones que establezca la ley " utilizada en el artículo 14.1 solamente facultaría a los Estados Partes a crear por ley el derecho de rectificación o respuesta, sin obligarlos a garantizarlo mientras su ordenamiento jurídico interno no lo regule, no se compadece ni con el " sentido corriente " de los términos empleados ni con el " contexto " de la Convención. En efecto, la rectificación o respuesta por informaciones inexactas o agraviantes dirigidas al público en general, se corresponde con el artículo 13.2.a sobre libertad de pensamiento o expresión, que sujeta esta libertad al " respeto a los derechos o a la reputación de los demás " ( ver La colegiación obligatoria de periodistas, supra 18, párrs. 59 y 63 ); con el artículo 11.1 y 11.3 según el cual :
"Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática." (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
E1 derecho de rectificación o respuesta es un derecho al cual son aplicables las obligaciones de los Estados Partes consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Y no podría ser de otra manera, ya que el sistema mismo de la Convención, está dirigido a reconocer derechos y libertades a las personas y no a facultar a los Estados para hacerlo ( Convención Americana, Preámbulo; El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( arts. 74 y 75 ), Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 2, párr. 33 ). (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
La ubicación del derecho de rectificación o respuesta ( art. 14 ) inmediatamente después de la libertad de pensamiento y expresión ( art. 13 ), confirma esta interpretación. La necesaria relación entre el contenido de estos artículos se desprende de la naturaleza de los derechos que reconocen, ya que, al regular la aplicación del derecho de rectificación o respuesta, los Estados Partes deben respetar el derecho de libertad de expresión que garantiza el artículo 13 y este último no puede interpretarse de manera tan amplia que haga nugatorio el derecho proclamado por el artículo 14.1 ( La colegiación obligatoria de periodistas, supra 18 ). Recuérdese que la Resolución ( 74 ) 26 del Comité de Ministros del Consejo de Europa fundamentó el derecho de respuesta en el artículo 10 de la Convención Europea, sobre libertad de expresión. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
Habiendo llegado a la conclusión de que la Convención establece un derecho de rectificación o respuesta, la Corte debe ahora desarrollar las consecuencias del criterio precedentemente afirmado. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).- (ver pág.….)
E1 artículo 14.1 no indica si los afectados tienen derecho a responder en espacio igual o mayor, cuándo debe publicarse la respuesta una vez recibida, en qué lapso puede ejercerse el derecho, qué terminología es admisible, etc. De acuerdo con el artículo 14.1, estas condiciones serán las " que establezca la ley ", frase que implica un lenguaje que, a diferencia del utilizado en otros artículos de la Convención ( " estará protegido por la ley ", " conforme a la ley ", " expresamente fijadas por ley ", etc. ), requiere el establecimiento de las condiciones para el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta por medio de la " ley ", cuyo contenido podrá variar de un Estado a otro, dentro de ciertos límites razonables y en el marco de los conceptos afirmados por la Corte. No es el momento de resolver aquí qué significa la palabra " ley " ( infra 33 ). (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
El hecho de que los Estados Partes puedan fijar las condiciones del ejercicio del derecho de rectificación o respuesta, no impide la exigibilidad conforme al derecho internacional de las obligaciones que aquéllos han contraído según el artículo 1.1, que establece el compromiso de los propios Estados Partes de " respetar los derechos y libertades " reconocidos en la Convención y de " garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción... " En consecuencia, si por cualquier circunstancia, el derecho de rectificación o respuesta no pudiera ser ejercido por " toda persona " sujeta a la jurisdicción de un Estado Parte, ello constituiría una violación de la Convención, susceptible de ser denunciada ante los órganos de protección por ella previstos. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
Esta conclusión se refuerza con lo prescrito por el artículo 2 de la Convención, que dispone:
"Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades." (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
Este artículo, que es el implicado en la segunda pregunta, recoge una regla básica del derecho internacional, según la cual todo Estado Parte en un tratado tiene el deber jurídico de adoptar las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones conforme al tratado, sean dichas medidas legislativas o de otra índole. En el contexto de la Convención esta conclusión concuerda con el artículo 43 que dice:
"Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que ésta les solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Convención." (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
La Corte pasa ahora a considerar la tercera pregunta contenida en la solicitud de Costa Rica. En ella se pide su opinión sobre el sentido de la expresión " ley " tal como se utiliza en el artículo 14.1. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
En su Opinión Consultiva La expresión " leyes " ( supra 18 ), la Corte hizo un extenso análisis del significado de la palabra " leyes ", tal como se utiliza en el artículo 30 de la Convención. En esa opinión, la Corte precisó que dicho vocablo no ha sido necesariamente utilizado a lo largo de la Convención para expresar un concepto unívoco y que, por tanto, su significado debe definirse en cada caso, recurriéndose para ese efecto a las correspondientes normas de derecho internacional aplicables a la interpretación de los tratados. La Corte expresó allí que
"La pregunta se limita a indagar sobre el sentido de la palabra leyes en el artículo 30 de la Convención. No se trata, en consecuencia, de dar una respuesta aplicable a todos los casos en que la Convención utiliza expresiones como " leyes ", " ley ", " disposiciones legislativas ", " disposiciones legales ", " medidas legislativas ", " restricciones legales " o " leyes internas ". En cada ocasión en que tales expresiones son usadas, su sentido ha de ser determinado específicamente ( La expresión " leyes", supra 18, párr. 16 )." (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
"siempre que un convenio internacional se refiera a " leyes internas " sin calificar en forma alguna esa expresión o sin que de su contexto resulte un sentido más restringido, la referencia es para toda la legislación nacional y para todas las normas jurídicas de cualquier naturaleza, incluyendo disposiciones constitucionales ( Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización, Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 14 )." (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
La Corte ha resuelto ya que el artículo 14.1 establece el derecho de rectificación o respuesta y que la frase " en las condiciones que establezca la ley " se refiere a diversas condiciones relacionadas con el ejercicio de ese derecho. Por consiguiente, esa frase atañe a la efectividad de ese derecho en el orden interno, mas no a su creación, existencia o exigibilidad internacional. Siendo éste el caso, cabe referirse a las estipulaciones del artículo 2, puesto que tratan sobre el deber de los Estados Partes de " adoptar... las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades ". Si se leen conjuntamente los artículos 14.1, 1.1 y 2 de la Convención, todo Estado Parte que no haya ya garantizado el libre y pleno ejercicio del derecho de rectificación o respuesta, está en la obligación de lograr ese resultado, sea por medio de legislación o cualesquiera otras medidas que fueren necesarias según su ordenamiento jurídico interno para cumplir ese fin. Este criterio justifica la conclusión de que el concepto de " ley ", tal como lo utiliza el artículo 14.1, comprende todas las medidas dirigidas a regular el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta. Pero si se tratara de restringir el derecho de rectificación o respuesta u otro cualquiera, sería siempre necesaria la existencia de una ley formal, que cumpliera con todos los extremos señalados en el artículo 30 de la Convención ( La expresión " leyes ", supra 18 ). (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
En todo caso, al regular tales condiciones, los Estados Partes están obligados a asegurar el goce de las garantías necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades, incluidos los derechos a la protección judicial y a los recursos legales ( arts. 8 y 25 de la Convención ). (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
A. Que el artículo 14.1 de la Convención reconoce un derecho de rectificación o respuesta internacionalmente exigible que, de conformidad con el artículo 1.1, los Estados Partes tienen la obligación de respetar y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986). (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
B. Que cuando el derecho consagrado en el artículo 14.1 no pueda hacerse efectivo en el ordenamiento jurídico interno de un Estado Parte, ese Estado tiene la obligación, en virtud del artículo 2 de la Convención, de adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la propia Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986). (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
C. Que la palabra " ley ", tal como se emplea en el artículo 14.1, está relacionada con las obligaciones asumidas por los Estados Partes en el artículo 2 y, por consiguiente, las medidas que debe adoptar el Estado Parte comprenden todas las disposiciones internas que sean adecuadas, según el sistema jurídico de que se trate, para garantizar el libre y pleno ejercicio del derecho consagrado en el artículo 14.1. Pero en cuanto tales medidas restrinjan un derecho reconocido por la Convención, será necesaria la existencia de una ley formal. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
Concuerdo con la totalidad de la opinión consultiva emitida por la Corte. No tengo, en consecuencia, discrepancia alguna respecto de la forma en que se contestan las preguntas formuladas por el Gobierno de Costa Rica ni sobre los argumentos desarrollados para fundamentar las respuestas que da la Corte. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Voto según el Juez Gros Espiell).-
Pero pienso que la Corte debió encarar, en el desarrollo de la fundamentación de sus opiniones, otros criterios además de los analizados en los párrafos considerativos de la opinión consultiva. Esos criterios, a los que enseguida me referiré, los estimo esenciales para comprender la naturaleza y el ámbito del derecho de rectificación o respuesta reconocido por el artículo 14.1 de la Convención Americana. Para poder contestar cabalmente las preguntas formuladas por el Gobierno de Costa Rica es preciso su claro entendimiento, ya que las respuestas podrían ser distintas según los diferentes criterios que se tuvieran sobre estos elementos esenciales para la comprensión de lo que es el derecho de rectificación o respuesta. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Voto según el Juez Gros Espiell).- (ver pág.….)
Es por ello que conceptúo que la Corte debió pronunciarse sobre tales criterios, cuya consideración es absolutamente pertinente, ya que constituyen presupuestos necesarios para poder contestar de manera cabal las preguntas hechas por el Gobierno de Costa Rica. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Voto según el Juez Gros Espiell).- (ver pág.….)
El derecho de rectificación o respuesta está reconocido a toda " persona " --concepto determinado en el artículo 1.2 de la Convención-- " afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio ". En cuanto es un derecho cuyo ejercicio supone una ineludible relación con el derecho, que poseen también todas las personas, " de buscar, recibir y difundir informaciones " ( art. 13.1 ) --derecho que puede dar lugar a responsabilidades fijadas por la ley, necesarias para asegurar " el respeto a los derechos o a la reputación de los demás " ( art. 13.2.a ), y se debe tener en cuenta el derecho de toda persona al respeto de su honra ( art. 11 )-- la determinación del carácter inexacto o agraviante de las " informaciones ", deberá ser, si hay una diferencia al respecto, la consecuencia de un procedimiento judicial que asegure la existencia de estos extremos. Si " los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás " ( art. 32.2 ), debe garantizarse el justo equilibrio y la armonización concreta, en cada caso, entre la libertad de información, el derecho de rectificación o respuesta y el derecho a la protección de la honra, por medio de un procedimiento judicial que asegure la garantía de todos los derechos en juego y que determine el carácter inexacto o agraviante de la información, en el caso en que haya un conflicto o diferencia resultante del intento de hacer valer, en un caso o situación concreta, el derecho de rectificación o respuesta. Esto es fundamental, ya que sin un procedimiento judicial capaz de determinar, con plenas garantías, la existencia o no de los extremos exigibles para que el derecho de rectificación o respuesta se reconozca en un caso concreto, si hubiera un conflicto o diferencia sobre su ejercicio, se estaría violando el artículo 8 de la Convención, que reconoce el derecho a ser oído " con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley... para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter ". Un derecho de rectificación o respuesta para cuya efectividad práctica sólo hubiera que recurrir a un procedimiento automático, sin control judicial de la verificación de los extremos indicados y sin las garantías del debido proceso, en caso de contestación, podría constituir, no una expresión de protección del derecho a la honra y a la dignidad ( art. 11 ) y un elemento integrante de la libertad de información ( art. 13 ), sino, por el contrario, un atentado a la libertad de pensamiento y de expresión ( art. 13.1 ). (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Voto según el Juez Gros Espiell).-
La información inexacta o agraviante debe haberse emitido en perjuicio de la persona " a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general ". La expresión " medios de difusión legalmente reglamentados ", aparece en lo que es hoy el párrafo 1 del artículo 14 de la Convención, en la última etapa de redacción de texto, en la Conferencia Especializada de 1969, como propuesta del Grupo de Trabajo que redactó la versión final de este artículo, sin que se señalara la razón o el sentido de la incorporación de dicha expresión ( Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7-22 de noviembre de 1969, Actas y Documentos, OEA/Ser.K/XVI/1.2, Washington, D.C. 1973 ( en adelante " Actas y Documentos " ) repr. 1978, págs. 280, 281 y 282 ). (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Voto según el Juez Gros Espiell).-
Atendiendo primeramente al texto, de acuerdo con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ( art. 31 ), debe concluirse que con esa expresión se individualiza a todos los medios de difusión que, de una u otra forma, están regulados, por medio de la ley, en el derecho interno de los Estados Partes. No se refiere a una forma específica o concreta de reglamentación, ni puede interpretarse en el sentido de que incluye sólo a los medios de difusión para el funcionamiento de los que la ley exige una autorización, concesión o habilitación previa. La Convención no hace esta distinción, y, por ende, no hay fundamento alguno para que el intérprete la realice. Pero, además, si se hiciera una distinción entre uno u otro medio de difusión, incluyendo por ejemplo a la radio y a la televisión y excluyendo a la prensa escrita, se estaría efectuando una discriminación, por ende prohibida, y se violaría el principio de no discriminación y el derecho a la igualdad, garantizados por la Convención ( arts. 1.1 y 24 ). (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Voto según el Juez Gros Espiell).-
El derecho de rectificación o respuesta sólo se comprende y se explica en función de la libertad de pensamiento, expresión e información. Estos derechos forman un complejo unitario e independiente. Como dijo la Corte:
"El artículo 13 señala que la libertad de pensamiento y expresión " comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole... " Esos términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a " recibir " informaciones e ideas... ( La colegiación obligatoria de periodistas ( arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos ), Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 30 )." (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Voto según el Juez Gros Espiell).-
En cuanto a las preguntas contenidas en la consulta formulada por el Gobierno de Costa Rica sobre la interpretación del artículo 14.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).-
En su dimensión individual, el derecho de rectificación o respuesta garantiza al afectado por una información inexacta o agraviante la posibilidad de expresar sus puntos de vista y su pensamiento respecto de esa información emitida en su perjuicio. En su dimensión social, la rectificación o respuesta permite a cada uno de los integrantes de la comunidad recibir una nueva información que contradiga o discrepe con otra anterior, inexacta o agraviante. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Voto según el Juez Gros Espiell).- (ver pág.….)
E1 derecho de rectificación o respuesta permite, de ese modo, el restablecimiento del equilibrio en la información, elemento necesario para la adecuada y veraz formación de la opinión pública, extremo indispensable para que pueda existir vitalmente una sociedad democrática. Este extremo es fundamental para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( art. 29.c ), cuyo propósito es consolidar en el continente las instituciones democráticas ( Preámbulo, párr. 1 ). Y la democracia, a la que la Convención se refiere, es la democracia pluralista y representativa, que supone " un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre " ( Ibid. ). (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Voto según el Juez Gros Espiell).-
La libertad de pensamiento y de expresión ( art. 13 ) constituye uno de los elementos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso y del pleno desenvolvimiento de la personalidad de cada uno de sus miembros. Hay que reconocerla, incluso cuando su ejercicio provoque, choque o inquiete. Como ha dicho la Corte Europea de Derechos Humanos, es ello una exigencia del " pluralismo, la tolerancia y el espíritu abierto, sin los cuales no es posible la existencia de una sociedad democrática " ( Eur. Court H. R., Lingens case, judgment of 8 July 1986, Series A no. 103, párr. 41 ). Pero esta libertad debe estar equilibrada, dentro de los límites posibles en una sociedad democrática, con el respeto de la reputación y de los derechos de los demás ( art. 13 ). Este equilibrio tiene como uno de sus medios de realización el reconocimiento, en la Convención, del derecho de rectificación o respuesta ( art. 14 ), que juega en el caso de " informaciones inexactas o agraviantes ". (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Voto según el Juez Gros Espiell).-
La existencia de un derecho de rectificación o respuesta es una vía para hacer jugar la responsabilidad prevista por el artículo 13.2, en los casos en que las libertades de pensamiento, de expresión o de información sean utilizadas de forma que ofenda el respeto " a los derechos o a la reputación de los demás ". (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Voto según el Juez Gros Espiell).-
El artículo 2 de la Convención dispone:
"La argumentación de que la inclusión de esta cláusula en la Convención Interamericana podría justificar la alegación de un Estado en el sentido de no estar obligado a respetar uno o más derechos no contemplados en su legislación interna, no se sostiene dentro de los términos del proyecto; y menos aún si su alcance queda expresamente establecido durante la Conferencia ( Actas y Documentos, supra 4, pág. 38 )." (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Voto según el Juez Gros Espiell).-
El artículo 2 de la Convención, aparece en el proceso de elaboración de este instrumento en su última etapa, ya que no se halla en los proyectos iniciales ni en el elaborado finalmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ello fue la consecuencia de que originalmente se pensó, con razón, que un compromiso del tipo del referido en el actual artículo 2 existe naturalmente por aplicación del Derecho Internacional, como consecuencia lógica de las obligaciones que derivan de un tratado internacional. Por eso es que, cuando se propuso su inclusión, se aclaró que su único sentido era clarificar y precisar, haciendo más determinante, inmediata y directa la exigencia del cumplimiento de tal obligación, pero sin que ello signifique alterar o desconocer el deber esencial que resulta del artículo 1. Sin esta interpretación lógica de por qué se incluyó este artículo 2 en la Convención, ello carecería de sentido. Es más, conduciría al resultado irracional y absurdo de que el artículo 1 sería inaplicable si no se dictaran las medidas a que se refiere el artículo 2. Y esta conclusión es inadmisible, porque paralizaría todo el sistema aceptable de aplicación de la Convención y quitaría prácticamente efecto, con respecto a las personas humanas protegidas, a la obligación esencial que resulta para los Estados Partes del artículo 1 de la Convención. Al respecto no puede olvidarse que la fuente del artículo 2 de la Convención Americana es el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, que tanto por su ubicación como por su letra, constituye, evidentemente, un complemento de la obligación esencial impuesta por el párrafo 1 de dicho artículo 2. En cambio, la Convención Europea para la Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales no contiene una disposición análoga al artículo 2 de la Convención Americana o al párrafo 2 del artículo 2 del Pacto Internacional. En su artículo 1, los Estados Partes se limitan a reconocer a toda persona sometida a la jurisdicción de esos Estados los derechos y libertades definidas en su Título I. Pero este reconocimiento implica el deber de los Estados Partes de respetar y garantizar dichos derechos y de ser necesario, también, de adoptar las medidas requeridas en el derecho interno para el mejor y más adecuado cumplimiento de las obligaciones que son la consecuencia del reconocimiento de esos derechos y libertades. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Voto según el Juez Gros Espiell).-
Estimo que es a la luz de los razonamientos que preceden que la opinión emitida por la Corte, en cuanto a las preguntas formuladas por el Gobierno de Costa Rica, adquiere su verdadero significado y que el derecho de rectificación o respuesta se precisa y comprende de manera adecuada, en el marco de su relación con los demás derechos reconocidos por la Convención, teniendo en cuenta las obligaciones que los Estados Partes han adquirido a su respecto, como consecuencia de lo dispuesto en sus artículos 1.1 y 2. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Voto según el Juez Gros Espiell).-
Lamentamos tener que disentir de la mayoría de la Corte sobre el asunto de la admisibilidad de la presente Opinión Consultiva, a pesar de que no albergamos ninguna duda sobre la naturaleza de las obligaciones internacionales contraídas por los Estados Partes según el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como tampoco acerca de que, en el caso en que el derecho de rectificación o respuesta no fuera ejercitable por " toda persona " en la jurisdicción de Costa Rica, ello constituiría una violación de la Convención susceptible de ser reclamada internacionalmente. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Voto según los votos conjuntos y disidentes de los Sres. Jueces Nieto Navia y Nikken).-
4. Pero aun en este caso, la interpretación de la Corte ha de referirse, en lo esencial, a la Convención o a otros tratados referentes a la protección de los derechos humanos, es decir, al derecho internacional. Se trata, de nuevo, de establecer cuál es el alcance de la garantía ofrecida, a través del tratado sometido a interpretación, por el Estado Miembro que solicita tal consulta. Definido ese punto, será necesario comparar el resultado de la interpretación con el contenido de una ley interna para determinar así en qué medida existe contradicción entre ésta y el compromiso internacional del Estado solicitante en materia de derechos humanos. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Voto según los votos conjuntos y disidentes de los Sres. Jueces Nieto Navia y Nikken).-
1. Estoy de acuerdo con mis colegas Nieto Navia y Nikken en que la presente solicitud de opinión consultiva es inadmisible y hago míos los argumentos que exponen en su opinión para justificar esa conclusión. Por consiguiente, disiento de aquella parte de la opinión de la Corte que sostiene que la consulta es admisible. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Opinión según voto parcialmente disidente y concurrente del Sr. Juez T. Buergenthal).-
3. Puesto que estoy obligado a votar, he decidido votar con la mayoría porque considero que lo que sostiene está jurídicamente bien fundado. Cabe señalar que la mayoría reformuló substancia]mente la primera pregunta que presentó Costa Rica. Este proceder por parte de la mayoría también cambió implícitamente el significado de las dos preguntas restantes y le permitió contestar a las tres preguntas con una simple reformulación de las disposiciones de los artículos 14.1, 1.1 y 2 de la Convención. En consecuencia, las respuestas que da la Corte resultan inobjetables. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Opinión según voto parcialmente disidente y concurrente del Sr. Juez T. Buergenthal).-
4. Dado el contenido del artículo 14.1, no hay duda de que esa norma establece un " derecho de rectificación o respuesta ". Se ha alegado que la frase " en las condiciones que establezca la ley " indica que el artículo 14.1 fue concebido simplemente para autorizar, pero no para exigir, a los Estados Partes establecer ese derecho. Las razones expresadas por la mayoría para rechazar este punto de vista son correctas, en mi opinión, si el lenguaje pertinente se lee de conformidad con las reglas de interpretación previstas en el Derecho Internacional. No hace falta, entonces, que repita esos argumentos, pero sí agregaría que sostener lo contrario distorsionaría el significado del artículo 14.1. El que yo, como particular, considere que la creación de un derecho de respuesta sea una idea buena o mala no es algo que me compete abordar al interpretar el artículo 14.1. Ese artículo está en la Convención y, como juez, tengo que interpretarlo de acuerdo con las reglas del Derecho Internacional en la materia que imponen, entre otras cosas, la obligación de hacerlo de " buena fe " ( Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, art. 31.1 ). En este sentido, es importante señalar que la Corte ha manifestado en forma muy clara que el artículo 14.1 no puede ser interpretado ni aplicado de una manera que menoscabe el ejercicio de los derechos que el artículo 13 ( Libertad de Pensamiento y Expresión ) garantiza, punto de vista que yo comparto plenamente. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Opinión según voto parcialmente disidente y concurrente del Sr. Juez T. Buergenthal).-
5. Me resulta claro, además, que en la medida en que el artículo 14.1 reconoce el " derecho de respuesta ", según los artículos 1 y 2 de la Convención, cada Estado Parte tiene la obligación de " garantizar ( el ) libre y pleno ejercicio ( de ese derecho ) a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción ". Cualquier Estado que incumpla este requisito estaría violando las obligaciones internacionales que asumió al ratificar la Convención. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Opinión según voto parcialmente disidente y concurrente del Sr. Juez T. Buergenthal).-
Me resulta claro, además, que en la medida en que el artículo 14.1 reconoce el " derecho de respuesta ", según los artículos 1 y 2 de la Convención, cada Estado Parte tiene la obligación de " garantizar ( el ) libre y pleno ejercicio ( de ese derecho ) a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción ". Cualquier Estado que incumpla este requisito estaría violando las obligaciones internacionales que asumió al ratificar la Convención. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Opinión según voto parcialmente disidente y concurrente del Sr. Juez T. Buergenthal).-
La consulta tampoco planteaba la cuestión de la vigencia de esas disposiciones dentro del derecho interno de Costa Rica, vigencia que el Gobierno se limitó a afirmar, indicando que en él tienen rango superior a la ley ordinaria como normas de un tratado internacional, de conformidad con el artículo 7º de la Constitución. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Opinión según voto del Juez R. Piza Escalante).-
Los efectos de una u otra respuestas serían, a mi juicio, claramente diferentes desde el punto de vista de la Convención. Así se trata de un derecho autónomo, exigible per se aun en ausencia de regulación que lo desarrolle en el orden interno, su violación no se produciría por esa sola ausencia de regulación, que no sería indispensable, sino por el hecho de habérsele negado a alguna persona su ejercicio o el amparo para ejercerlo, por las autoridades administrativas o judiciales, pero también solamente cuando esa denegación se haya producido efectivamente, en un caso concreto. En cambio, si se trata de un derecho necesitado de desarrollo en el orden interno, su violación se produciría por la sola falta de regulación oportuna, aunque a nadie se le haya negado su concreta protección. En la medida en que estas diferencias interesen específicamente al derecho de la Convención o de los otros tratados a que alude el artículo 64 de aquélla, era indispensable dilucidarlas, primero para resolver sobre la admisibilidad de la consulta, y, después para contestarla, en el tanto en que fuera admitida. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Opinión según voto del Juez R. Piza Escalante).-
A la luz de lo expuesto, una primera cuestión --preguntas 1- y 2- -- parece plantearse como alternativa, que no puede quedar en la simple definición formal del artículo 14.1 o de la simple obligación de respetarlo, garantizarlo y hacerlo plenamente eficaz por los Estados Partes, porque para ello bastaría con leer la Convención, sino que debería precisarse así:
"c ) ¿O se trata, simultáneamente, de ambas cosas: un derecho exigible per se, que el Estado esté obligado, tanto a respetar y garantizar de una vez, como a desarrollar, estableciendo legalmente las condiciones a que se refiere el artículo 14.1?" (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Opinión según voto del Juez R. Piza Escalante).-
Una segunda cuestión --pregunta 3°-- podría enunciarse así:
b ) ¿o estarían, por el contrario, comprendidas dentro de la reserva de ley y, en consecuencia, tendrían que establecerse específicamente mediante ley formal?" (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Opinión según voto del Juez R. Piza Escalante).-
"la única diferencia importante entre las opiniones tramitadas según el artículo 64.1 y las que lo son según el artículo 64.2, es de procedimiento ( Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización, Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 17 )." (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Opinión según voto del Juez R. Piza Escalante)
Es verdad que la falta de referencia a ninguna concreta norma positiva del derecho costarricense cuya compatibilidad con la Convención se cuestione, así como la invocación expresa del artículo 49 del Reglamento de la Corte, que trata de las consultas generales fundadas en el artículo 64.1 de la Convención - no del 51 del primero, que es el que corresponde a las particulares previstas por el 64.2-, permitía entenderla como una consulta general, sobre la interpretación de la Convención en abstracto, dentro de las previsiones del artículo 64.1. Pero también esas mismas alusiones explícitas al ordenamiento jurídico interno de Costa Rica y a las obligaciones contraídas por ésta como Estado Parte de la Convención, obligaban a considerarla como una consulta particular, sobre compatibilidad entre ese ordenamiento y el internacional, en el ámbito del artículo 64.2 de la misma. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Opinión según voto del Juez R. Piza Escalante).- (ver pág.….)
Estoy de acuerdo en que, en la medida en que la consulta versaba sobre la interpretación del artículo 14.1, en relación con los 1.1 y 2 de la Convención, y en que había sido planteada por el Gobierno de Costa Rica, que es Estado Parte de la Convención y Miembro de la OEA, caía, en general, dentro de los alcances del artículo 64 de aquélla. Pero creo que su admisibilidad debe considerarse en sus dos dimensiones señaladas, a saber: (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Opinión según voto del Juez R. Piza Escalante).- (ver pág.….)
Tampoco encuentro dificultad en que se admitiera la solicitud como consulta particular, en los términos del artículo 64.2 de la Convención, en la medida en que se entendiera que planteaba la compatibilidad de normas del derecho interno costarricense con las de la primera relativas al derecho de rectificación o respuesta, porque esto es precisamente lo que define la jurisdicción consultiva de la Corte en esa dimensión particular. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Opinión según voto del Juez R. Piza Escalante).- (ver pág.….)
"un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales referentes a ( derechos humanos ) ( " Otros tratados " objeto de la función consultiva de la Corte ( art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos ), Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. 39 )." (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Opinión según voto del Juez R. Piza Escalante).-
Sin embargo, debo extenderme en algunas consideraciones omitidas por la mayoría, que me parecen importantes para responder con mayor precisión la consulta, así como en otras sobre aspectos en los cuales sustento una opinión diferente, pocas veces divergente, de la de mis colegas. Sitúo en las primeras las relativas a la interpretación misma del derecho de rectificación o respuesta, tal como lo consagra el artículo 14.1 de la Convención, y en las segundas las concernientes a la naturaleza y alcances de las obligaciones contraídas por los Estados Partes en los artículos 1.1 y 2 de la misma, así como a la tercera pregunta --sobre la índole de las medidas previstas por el artículo 14.1 para regular las condiciones de ejercicio del derecho de rectificación o respuesta --. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Opinión según voto del Juez R. Piza Escalante).-
Los deberes generales asumidos por los Estados Partes de la Convención para cada uno de los derechos consagrados en la misma son, por una parte, el de
"...adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades ( art. 2 )." (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Opinión según voto del Juez R. Piza Escalante).-
Considero que la consulta requería que la Corte analizara el contenido y alcances de unos y otros deberes, a partir de la presunción lógica de que unos y otros se refieren a supuestos distintos -- de otro modo, no tendrían sentido como disposiciones separadas --(Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Opinión según voto del Juez R. Piza Escalante).-
Todo esto, unido a las exigencias mismas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, hace que la obligación de respetarlos y garantizarlos, establecida en el artículo 1.1, sea la verdaderamente esencial al sistema de la Convención, y que se entienda precisamente como un deber inmediato e incondicional de los Estados, resultante directamente de la propia Convención: la noción misma de una protección de carácter internacional, aunque sea sólo coadyuvante o subsidiaria de la del derecho interno, requiere que los Estados se comprometan inmediatamente a respetarlos y garantizarlos, como una obligación de carácter internacional, por encima de las vicisitudes de sus ordenamientos internos. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Opinión según voto del Juez R. Piza Escalante).- (ver pág.….)
En primer lugar, dada mi interpretación de los artículos 1.1 y 2 de la Convención, es necesario aclarar las razones, en adición a las de la opinión principal, por las cuales considero que el artículo 14.1 establece un derecho de rectificación o respuesta exigible por sí mismo, sin necesidad de las " condiciones que establezca la ley " a que la misma disposición se refiere. En efecto, a mi juicio, el meollo de las preguntas 1 y 2 del Gobierno de Costa Rica está en la determinación de si esa alusión subordina o no el derecho mismo, o su ejercicio, en términos tales que, sin esas condiciones legales, el derecho de rectificación o respuesta no impondría a los Estados el deber inmediato e incondicional de respetarlo y garantizarlo. (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Opinión según voto del Juez R. Piza Escalante).- (ver pág.….)

References: artículo 64
 artículo 14
 artículo 64
 artículo 64
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 artículo 49
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 artículo 51
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 artículo 64
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 artículo 1
 artículo 14
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 artículo 2
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 artículo 14
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 artículo 14
 artículo 30
 artículo 14
 artículo 1
 artículo 14
 artículo 32
 artículo 31
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 11
 artículo 13
 artículo 14
 Resolución 
 artículo 10
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 1
 artículo 2
 Artículo 1
 artículo 43
 artículo 14
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 14
 artículo 2
 artículo 14
 artículo 30
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 artículo 1
 artículo 14
 artículo 2
 artículo 14
 artículo 2
 artículo 14
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 artículo 1
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 14
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 artículo 2
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 artículo 1
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 artículo 13
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 artículo 7
 artículo 64
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 artículo 49
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 artículo 1
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