Source: https://tc.vlex.es/vid/1-14-c-stc-u-2-fa-as-15355666
Timestamp: 2020-04-10 12:04:39+00:00

Document:
STC 285/1994, 27 de Octubre de 1994 - Jurisprudencia - VLEX 15355666
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 2.120/1992
1. En la construcción jurisprudencial del principio de igualdad en la aplicación de la Ley, este Tribunal ha sido preciso al distinguirlo del derecho de igualdad ante la ley, ambos dimanantes del art. 14 C.E. Así en la STC 49/1985, reiterado en la 1/1990, se dice que, mientras que éste último derecho es de carácter material y pretende garantizar la identidad de trato de los iguales, el principio de igualdad en la aplicación de la ley exige, no tanto que se realice siempre la misma interpretación de la norma a efectos de que los sujetos a los que se aplique resulten idénticamente afectados, sino que no se emitan pronunciamientos arbitrarios, por incurrir en desigualdad no justificada en un cambio de criterio que pueda reconocerse como tal. 2. De lo expuesto se deduce con facilidad que para apreciar la vulneración del derecho invocado será necesario que, tras partir de una identidad fáctica absoluta entre dos supuestos, el mismo órgano jurisdiccional dicte resoluciones contradictorias sin justificar el cambio de criterio y sin que éste pueda deducirse del contexto de la resolución impugnada; además, deberá tratarse de una decisión aislada, fruto de un voluntarismo selectivo, sin vocación ni proyección de futuro (STC 160/1993).
Sentencia citada en: 1077 sentencias, 5 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 2.120/92, interpuesto por el Procurador de los Tribunales, don Francisco de Guinea y Gauna, en nombre y representación de doña Bertha A. H. y bajo la dirección letrada de don Fernando S. T. contra la Sentencia dictada por la Sección Séptima del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núm. 1.079 de fecha 28 de mayo de 1992. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Vicente Gimeno Sendra, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante demanda presentada ante este Tribunal el 4 de agosto de 1992, don Francisco G. y G. Procurador de los Tribunales y de doña Bertha A. H. interpuso recurso de amparo constitucional frente a la Sentencia, de fecha 28 de mayo de 1992, dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso núm. 1.079/89, por entender que la citada resolución viola el derecho a la igualdad consagrado en el art. 14 de la C.E.
d) Ante el silencio de la Administración, y tras agotar la vía administrativa, interpuso recurso contencioso-administrativo, que finalizó con la Sentencia objeto de esta demanda de amparo. Dicha resolución estimó la causa de inadmisión alegada por la Administración al amparo de los arts. 82 c) y 40 de la L.J.C.A., por constituir «actos consentidos» los sucesivos abonos mensuales de la nómina, sin que la demandante formulara a su percibo reclamación alguna.
En la construcción jurisprudencial de dicha manifestación del principio de igualdad, este Tribunal ha sido preciso al distinguirlo del derecho de igualdad ante la ley, ambos dimanantes del art. 14 C.E. Así en la STC 49/1985, reiterado en la 1/1990, se dice que, mientras que este último derecho es de carácter material y pretende garantizar la identidad de trato de los iguales, el principio de igualdad en la aplicación de la ley exige, no tanto que se realice siempre la misma interpretación de la norma a efectos de que los sujetos a los que se aplique resulten idénticamente afectados, sino que no se emitan pronunciamientos arbitrarios, por incurrir en desigualdad no justificada en un cambio de criterio que pueda reconocerse como tal.
Ante esta identidad fáctica, reconocida por el propio órgano jurisdiccional, se realiza una desigual valoración jurídica de la misma en el caso impugnado, al apreciar la existencia de la causa de inadmisión prevista en el art. 82 c)de la L.J.C.A., que, de concurrir, también debió ser apreciada en el supuesto ofrecido como contraste al ser idénticas las circunstancias de uno y otro caso. Esta afirmación no pierde su validez por el hecho de que en el primer recurso la demandada no la alegara, a diferencia de lo que hizo en el segundo, pues aquí, tal como se infiere de la STC 126/1994 (fundamento jurídico 3.c y d), no nos encontramos ante un supuesto de igualdad en la ilegalidad.
Por lo demás, y con independencia de que en el orden judicial administrativo los Tribunales tienen la obligación de examinar de oficio los presupuestos procesales, la ulterior actuación del mismo órgano judicial vino a corroborar que la resolución impugnada fue fruto de una decisión arbitraria y de un voluntarismo selectivo, sin vocación o proyección de futuro, pues en fecha inmediatamente posterior dictó una nueva resolución (Sentencia de 18 de noviembre de 1992, recurso núm. 1.077/89) en la que expresamente (fundamento jurídico 3.) se razonaba acerca de la improcedencia de la estimación de la misma causa de inadmisión que fue nuevamente alegada. En definitiva, resulta acreditado por la recurrente a posteriori, el carácter arbitrario de la resolución impugnada y, por lo tanto, su frontal oposición a los postulados del art. 14 de la C.E.
Otorgar el amparo solicitado por doña Bertha A. H. y, en consecuencia:
1. Anular la Sentencia, de fecha 28 de mayo de 1992, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
2. Reconocer el derecho de la recurrente a la igualdad en la aplicación de la Ley.
3. Restablecer el vulnerado derecho de la recurrente mediante la retroacción de las actuaciones al momento de la citación para Sentencia a fin de que la Sala dicte otra respetuosa con el principio de igualdad.
STSJ Extremadura 106/2008, 4 de Marzo de 2008
AAP Barcelona 248/2017, 10 de Noviembre de 2017

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