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Timestamp: 2019-09-19 23:10:30+00:00

Document:
Resolución de TEAF Navarra, 990764, 30-04-2003 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 990764 de 30 de Abril de 2003
Fecha: 30 de Abril de 2003
Núm. Resolución: 990764
Se solicita el levantamiento de sanción por utilización de gasóleo no autorizado, alegando que el vehículo se encontraba realizando trabajos propios de la actividad agraria, y que la sanción no es proporcionada a la infracción cometida. Se desestima el recurso. Para que proceda dicha utilización es necesario el uso del vehículo en agricultura, no en labores agrícolas que no estén directamente conectadas con el cultivo de la tierra, ya que si no, se estaría alterando la naturaleza de la actividad agrícola. Al no haber conexión entre la actividad desarrollada de transporte de cemento para rellenado de una obra en construcción, y la agricultura, se confirma la resolución impugnada, que ha sido debidamente impuesta en atención a los criterios de graduación establecidos en las disposiciones aplicables.
Empleo de los vehículos en la agricultura para la utilización de gasóleo bonificado.
Visto escrito presentado por doña (?), con D.N.I. número (?) y domicilio en (...) (Navarra), en relación con sanción impuesta con motivo de infracción contra la normativa de Impuestos Especiales.
PRIMERO.- Mediante acta de denuncia número (...) suscrita por parte de la Comandancia de Navarra de la Guardia Civil, Puesto de (...), se constata que por el vehículo Tractor John Deere, matrícula (...), de titularidad de la reclamante, se estaba utilizando gasóleo tipo B.
SEGUNDO.- Habiéndose ofrecido a la interesada el correspondiente trámite de alegaciones, el procedimiento administrativo culminó con la imposición de sanción, mediante Resolución del Jefe de la Sección de Impuestos Especiales, sobre Primas de Seguros y Tasas, de (?) de octubre de 1999, por entender que con la comisión de dicha conducta se habría producido infracción de la normativa vigente en materia de Impuestos Especiales, ya que el vehículo citado en el expositivo anterior no está autorizado a utilizar ese tipo de combustible en las circunstancias que concurrían en el caso.
TERCERO.- Y contra dicho acto administrativo viene ahora la interesada a interponer reclamación económico-administrativa ante este Tribunal mediante escrito con fecha de entrada en los registros de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de (...) de noviembre de 1999, señalando que en el momento de la denuncia se encontraba transportando cemento dentro de la misma propiedad para realizar una arqueta en finca agrícola explotada por la reclamante; que, por tanto, dicho vehículo se encontraba realizando trabajos propios de la actividad agrícola; que, por otro lado, la sanción no es proporcionada a la infracción cometida, ya que la cantidad de gasóleo bonificado empleada en la comisión de la infracción es muy pequeña. Solicita, pues, sea anulada la Resolución impugnada, con correlativo levantamiento de la sanción impuesta.
PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Tribunal para el conocimiento y resolución de la reclamación económico-administrativa interpuesta, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 154 y 155 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y 18 y 19 del Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, habiendo sido formulada la reclamación en tiempo hábil y por persona debidamente legitimada al efecto.
SEGUNDO.- Desde su redacción original y pasando por las sucesivas modificaciones que ha venido padeciendo, el artículo 54.2 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, ha venido exigiendo para la utilización de gasóleo bonificado en el ámbito de la agricultura la concurrencia de dos requisitos: su empleo en tractores y maquinaria agrícola y la realización con dichos artefactos de tareas agrícolas. Así, dicho precepto, en su redacción original hablaba de ?los motores de tractores y maquinaria utilizados en agricultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura?. A partir de la modificación operada en dicho precepto por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, se autorizó la utilización de gasóleo bonificado a ?los motores de tractores y maquinaria agrícola utilizados en agricultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura?, redacción que permaneció tras la entrada en vigor de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Por último, con la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, la autorización quedó circunscrita a ?los motores de tractores y maquinaria agrícola, autorizados para circular por vías públicas y terrenos públicos, empleados en agricultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura?. Véase que las normas ni siquiera hablan de labores o tareas agrícolas como hemos llegado a decir en un principio, sino que se refieren lisa y llanamente a empleo o utilización de tractores y maquinaria agrícola en agricultura. Y de conformidad con lo que dice el Diccionario de la Real Academia Española, agricultura no es ni más ni menos que la ?labranza o cultivo de la tierra?, sin que puedan acogerse bajo esta denominación tareas que no estén directamente conectadas con el cultivo de la tierra. Es más: cuando el legislador concede la autorización para la utilización de gasóleo bonificado está pensando en beneficiar estrictamente a la agricultura; si hubiera querido otra cosa hubiera reflejado legalmente la autorización de utilización de gasóleo bonificado para aquellas otras tareas que se hallasen indirectamente conectadas con el cultivo o labranza de la tierra. De la misma opinión es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Sevilla, quien en su Sentencia de 16 de febrero de 2000 dice lo siguiente: ?La conservación de los canales, desagües y carreteras de las tierras de arrozal no pueden considerarse que constituyan uso agrícola, pues, como dice el señor Abogado del Estado, estaríamos extendiendo el concepto de uso agrícola más allá de lo que es propio. Llega a decir que la producción de tractores, dado que éstos sólo se usan en agricultura, también sería un uso agrícola a los efectos de consumo de gasóleo ?B?. No podemos, por una parte, interpretar extensivamente las exenciones tributarias y, de otra, no alterar la naturaleza de la actividad agrícola hasta el punto de llevarla a conclusiones absurdas. Las normas exigen no sólo una interpretación jurídica, sino que dicha interpretación nos lleve a una solución razonable del problema examinado, sin que en ningún supuesto podamos caer en el absurdo, lo que ocurriría de considerar uso agrícola el gasóleo ?B? consumido por la maquinaria que arregla los caminos de tierra de los arrozales, o que también pueda usar gasóleo ?B? el camión del distribuidor de abonos que suministre los mismos a los socios de la Comunidad de Regantes actora?.
En el caso que se somete a nuestra consideración no cabe duda alguna, a la vista del acta de denuncia, de que el tractor realizaba labores de rellenado de hormigón en una obra en construcción en el paraje denominado ?(...)? de la localidad de (...). Ello no es, en sí, agricultura, según hemos definido ese término con anterioridad, puesto que la actividad de construcción no puede identificarse con cultivo o labranza de la tierra. Y es que hasta aquí llega simplemente la relación de los hechos que podemos declarar probados, puesto que a partir de aquí la interesada viene a indicar que dicha construcción se realiza en finca agrícola de su propiedad y precisamente tendente a la mejora de las condiciones de esa finca agrícola, siendo así que este último extremo no ha venido a ser cumplidamente acreditado. En fin, que dada la nula conexión observada a priori entre la actividad realmente desarrollada por el vehículo denunciado (construcción) con la agricultura, no cabe concluir que estuviera autorizada en aquel caso la utilización de gasóleo bonificado, por lo que no procede sino confirmar la Resolución impugnada.
Pero es que aun cuando hubiera llegado a acreditarse que la obra de construcción se llevaba a cabo en finca agrícola y para servicio de dicha finca agrícola, la conclusión habría de ser sustancialmente la misma, es decir, que el vehículo no se hallaba autorizado para utilizar gasóleo bonificado en ese caso, puesto que, razonando del mismo modo que en la Sentencia antes transcrita, la admisión de la premisa anterior nos habría de conducir al absurdo de admitir también, por ejemplo, la utilización de gasóleo bonificado en un tractor de titularidad de empresa dedicada a la construcción que se hubiese hallado efectuando la obra indicada.
TERCERO.- Por último, por lo que se refiere a pretendida vulneración del principio de proporcionalidad en la imposición de la sanción, hay que indicar que aun cuando genéricamente el artículo 55.4 de la Ley 38/1992 establezca que la sanción podrá oscilar entre 100.000 y 2.000.000 de pesetas, lo cierto es que la Sección gestora ha impuesto la sanción en atención a los criterios de graduación previstos en el artículo 119 del Reglamento de Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio. En concreto, en este caso, la potencia fiscal del vehículo es de 21 CV, por lo que la sanción mínima a imponer es de 300.000 pesetas y dos meses de inmovilización del vehículo, sin que pueda minorarse dicha sanción más allá de este límite. Y por refrendar con un pronunciamiento jurisdiccional lo hasta aquí expuesto, transcribimos aquí parte del contenido de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Granada de 21 de septiembre de 1998: ?Por lo que se refiere a la graduación de la sanción, el órgano sancionador no ha hecho sino aplicar las generales de la Ley que no son, precisamente, las que se especifican en la Ley General Tributaria -como aduce el escrito de demanda-, sino las específicas que se contemplan en las disposiciones reguladoras de los Impuestos Especiales?. Por todo ello, no cabe sino confirmar la sanción impuesta.
Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por doña (?) contra Resolución del Jefe de la Sección de Impuestos Especiales, sobre Primas de Seguros y Tasas, de (?) de octubre de 1999, por la que vino a imponerse sanción de 300.000 pesetas y precintado e inmovilización del vehículo Tractor John Deere, matrícula (...), por un período de dos meses, confirmándose dicha Resolución en sus propios términos.
Titularidad de empresa
Ley 38/1992 de 28 de Dic (Impuestos especiales) VIGENTE
D.F. 2ª Habilitación a la Ley de Presupuestos.
D.F. 1ª Entrada en vigor.
D.DT. 1ª
Real Decreto 1165/1995 de 7 de Jul (Reglamento de los Impuestos Especiales) VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 179 Fecha de Publicación: 28/07/1995 Fecha de entrada en vigor: 01/10/1995 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda
D.T. 3ª. Régimen transitorio para cigarrillos y picadura para liar.
D.T. 2ª. Plazo de inscripción en el registro territorial para los establecimientos en los que se lleve a cabo la primera transformación del tabaco crudo.
D.T. 1ª. Plazo de inscripción en el registro territorial para determinados consumidores finales de gasóleo.
D.A. 1ª. Referencias a determinados órganos administrativos
Ley 50/1998 de 30 de Dic (Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social) VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 313 Fecha de Publicación: 31/12/1998 Fecha de entrada en vigor: 01/01/1999 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado
D.F. 5ª. Desarrollo reglamentario.
D.F. 4ª. Reglamento de la Ley de Impuestos Especiales.
D.F. 3ª. Impuesto sobre la electricidad.
D.F. 2ª. La colaboración social en la gestión tributaria:
Ley 14/2000 de 29 de Dic (Medidas fiscales, administrativas y del orden social) VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 313 Fecha de Publicación: 30/12/2000 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado
Ley 42/1994 de 30 de Dic (Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social) VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 313 Fecha de Publicación: 31/12/1994 Fecha de entrada en vigor: 01/01/1995 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado
D.F. 4ª. Concepto de familia numerosa.
Sentencia Administrativo Nº 101/2011, TSJ Extremadura, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 669/2009, 14-02-2011
Orden: Administrativo Fecha: 14/02/2011 Tribunal: Tsj Extremadura Ponente: Ruiz Ballesteros, Daniel Num. Sentencia: 101/2011 Num. Recurso: 669/2009
Sentencia Administrativo Nº 342/2016, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sec. 3, Rec 791/2012, 11-05-2016
Orden: Administrativo Fecha: 11/05/2016 Tribunal: Tsj Comunidad Valenciana Ponente: Manglano Sada, Luis Num. Sentencia: 342/2016 Num. Recurso: 791/2012
Sentencia Administrativo Nº 1072/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 1902/2003, 25-10-2007
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