Source: https://argitalpen.ararteko.eus/index.php?id_l=52&id_a=1802&sub_pa=ETXEBIZITZA,%20HERRI%20LANAK%20ETA%20GARRAIOAK&leng=cast
Timestamp: 2020-07-15 04:11:22+00:00

Document:
ARARTEKO, 3. Personas con discapacidad
+ CAPÍTULO I. LA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN DEL ARARTEKO EN CIFRAS
+ CAPÍTULO II. SUPERVISION DE LA ACTUACION DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN EL ÁMBITO DEL PAIS VASCO
1. Derechos lingüísticos, cultura y deporte
+ CAPÍTULO III. ACTUACIONES DEL ARARTEKO EN DEFENSA DE LOS COLEC­TIVOS DE ATENCIÓN PÚBLICA
+ CAPÍTULO IV. RECOMENDACIONES GENERALES
1. Necesidad de medidas que favorezcan el esclarecimiento de los hechos que afectan a la sustracción o separación irregular de bebés de sus madres biológicas en las décadas de los años 1960 y 1970
2. Necesidad de dar respuesta a las situaciones creadas por la suspensión del subsidio por desempleo a personas titulares de otras prestaciones sociales
3. Necesidad de desarrollar protocolos de actuación para la intervención en los asentamientos de personas gitanas de origen comunitario que viven en la Comunidad Autónoma del País Vasco
4. Cesión de datos de salud a requerimiento de las administraciones públicas responsables en materia de protección de menores
5. Obligación de los ayuntamientos de llevar a cabo diversas actuaciones para la inscripción en el padrón municipal de las personas sin hogar y a los menores tutelados por las diputaciones forales que viven en centros residenciales en su municipio
6. Conveniencia de garantizar que el deporte practicado por niños, niñas y adolescentes se desarrolle, en todos sus momentos y contextos, bajo parámetros educativos
7. El sistema de garantías en las actuaciones y prácticas policiales
8. Información que deben recibir los padres y madres separados en torno a datos referentes a sus hijos e hijas que obren en poder de la Administración y documentación que deben presentar
9. Consecuencias de la aplicación de la suspensión del derecho a las prestaciones sociales y de las vías empleadas para ello. Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda
10. Los reductores de velocidad en las vías urbanas e interurbanas
11. Propuesta de exención en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana de las transmisiones derivadas de ejecuciones hipotecarias, cuando estas afecten a la vivienda habitual de los sujetos pasivos
12. Democracia y participación ciudadana. En especial, la participación en los procesos medioambientales
13. Estudio: "Verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura franquista: significado y políticas públicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco"
+ CAPÍTULO V. INFORMES EXTRAORDINARIOS
+ 1. Informes extraordinarios presentados durante 2011
1.1. Informe extraordinario sobre la accesibilidad del sistema de transporte público en la CAPV
1.2. Informe extraordinario sobre infancias vulnerables
1.3. Informe extraordinario sobre la aplicación de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia en la CAPV
+ 2. Informes extraordinarios EN ELABORACIÓN durante el año 2011
2.1. Informe extraordinario sobre la situación de la atención sociosanitaria de la salud mental de las personas privadas de libertad en el País Vasco
2.2. Informe extraordinario sobre la e-inclusión y la participación ciudadana en las esferas social y pública a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en Euskadi
3. NUEVOS FORMATOS DE LOS INFORMES EXTRAORDINARIOS
+ CAPÍTULO VI. RELACIONES CON LA SOCIEDAD
3. Tipología de las asociaciones y grupos con los que se han mantenido reuniones en el año 2011
4. Resultados de la encuesta a personas usuarias
5. Compromisos de servicios y buena práctica administrativa del Ararteko y la carta de servicios
+ CAPÍTULO VII. ACTUACIONES DE INNOVACIÓN DEL ARARTEKO
1. Proyectos colaborativos
2. De carácter estratégico y organizativo
3. De carácter tecnológico
4. De mejora continua/calidad/innovación
+ CAPÍTULO VIII. ACTIVIDADES DE RELACIONES INSTITUCIONALES, DIFUSIÓN Y COLABORACIÓN
2. JORNADA DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU SOBRE LAS ENFERMEDADES RARAS: LUCES Y SOMBRAS DE UN PROBLEMA PRECISADO DE ATENCIÓN PÚBLICA
+ 3. ACTUACIONES EN RELACION CON LAS INSTITUCIONES DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
3.1. XXVI Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo
3.2. Actividades en el marco del Instituto Internacional de Ombudsman (IOI/IIO)
3.3. Actividades en el marco de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO)
3.4. Convenio de colaboración entre el Ararteko y el Ayuntamiento de Sestao
3.5. Convenio de colaboración entre el Ararteko y la administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través del departamento de justicia y administración pública y el Instituto Vasco de Administración Pública
3.6. Convenio de colaboración entre el Ararteko y el Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia
+ 4. Otras actividades De la institución del ararteko
4.1. Puntos de información del Ararteko en dependencias públicas
4.2. Boletín digital
4.3. Selección de las actividades más relevantes del ararteko y la adjunta relativas a la impartición de charlas y a la participación en actos organizados por administraciones y organizaciones sociales
+ CAPÍTULO IX. COLABORACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON EL ARARTEKO
+ 1. EL DEBER DE INFORMAR
1.1. ADMINISTRACIONES Y OTROS ORGANISMOS AFECTADOS POR QUEJAS A LOS QUE NO SE HA EFECTUADO REQUERIMIENTO EN 2011
1.2. ADMINISTRACIONES Y OTROS ORGANISMOS AFECTADOS POR QUEJAS A LOS QUE SE HA EFECTUADO REQUERIMIENTO EN 2011
1.3. ADMINISTRACIONES CON REQUERIMIENTOS PENDIENTES
1.4. ADMINISTRACIONES A LAS QUE SE HA EFECTUADO APERCIBIMIENTO EN 2011
+ 2. CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS
2.1. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS ACEPTADAS
2.2. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS NO ACEPTADAS
2.3. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PENDIENTES
2.4. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS SUSPENDIDAS
+ CAPÍTULO X. CONCLUSIONES. SITUACION DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES EN EUSKADI A TENOR DE LA AC­TUACIÓN ADMINISTRATIVA
+ 2. DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS
2.1. Derecho a la vida y a la integridad física y moral
2.2. Derecho a la libertad y a la seguridad. Derechos de las personas dete­-nidas
2.3. Derecho a la intimidad y derecho a la protección de datos de carácter personal
2.4. Principio de igualdad en el acceso a la función pública
2.5. Derecho a la tutela judicial efectiva. Principio de presunción de inocencia
2.6. Derechos de las personas privadas de libertad
2.7. Derecho a la educación
+ 3. DERECHOS Y DEBERES DE LA CIUDADANÍA
3.1. Sistema tributario justo. Principios de igualdad, progresividad y legalidad
3.2. Derecho a la propiedad privada
+ 4. DERECHOS SOCIALES
4.1. Protección de la familia. Protección de los derechos de las y los menores
4.2. Derecho a la salud
4.3. Derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado
4.4. Derecho a una vivienda digna
4.5. Derechos de las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica
4.6. Derechos de las personas mayores
ANEXO. RESOLUCIONES DICTADAS
Informe anual al Parlamento Vasco 2011
CAPÍTULO III. ACTUACIONES DEL ARARTEKO EN DEFENSA DE LOS COLEC­TIVOS DE ATENCIÓN PÚBLICA
I. Antecedentes
El Ararteko, en el ejercicio de su función primordial de la defensa de los derechos de todas las personas, ha puesto siempre un especial énfasis en la defensa de aquellas personas con mayores dificultades para ejercer sus derechos en plano de igualdad. En este sentido, la defensa de los derechos de las personas con discapacidad ha sido siempre un objetivo prioritario de nuestra institución.
Es necesario reconocer a estas personas como verdaderos sujetos de derechos, con las mismas posibilidades que el resto de la ciudadanía. El respeto por la diferencia y su aceptación como parte de la diversidad y la condición humana permitirá su integración plena y efectiva. Por ello es labor de todos, de la sociedad en general, y de los poderes públicos, en particular, el aspirar a más y abogar por un cambio de mentalidades y de paradigmas a la hora de diseñar nuestras ciudades, de organizar los recursos sociales, de concebir el ocio y el deporte, de imaginar y de practicar nuestras relaciones personales. La diversidad de funcionalidades del ser humano debe presidir ese cambio desde el respeto y la consideración a la pluralidad de nuestras capacidades.
Desde esta premisa, el Ararteko trata de abordar la labor que tiene encomendada con el propósito de poder servir de impulso a los importantes avances que se están produciendo en nuestra sociedad en esta materia, siendo consciente de que aún queda mucho por hacer. Una muestra significativa de nuestro trabajo se puede comprobar de la lectura de este capítulo en el que tratamos de recoger de una manera conjunta la actividad desarrollada por la institución en el presente ejercicio tanto en lo referente al resultado obtenido en la tramitación de las quejas individuales presentadas así como de las actuaciones propuestas por esta institución, que afectan a los distintos ámbitos de la actuación de los poderes públicos.
II. Contexto normativo
II.1. Como novedad reseñable que se ha producido a nivel estatal en el año 2011 en esta materia, debemos destacar la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La Convención supuso un punto de inflexión en el tratamiento de la discapacidad. Este sentido, podemos afirmar que la discapacidad ha de ser tratada desde el prisma de los derechos humanos, y a partir de ahí tener en cuenta que las personas con discapacidad son titulares de derechos y no objeto de de políticas asistenciales.
Por lo tanto, superado el modelo médico o rehabilitador que inspiró la regulación anterior que consideraba la discapacidad como un problema de la persona, y asumiendo la perspectiva del modelo social, las soluciones que se deben adoptar no deben ir dirigidas sólo individualmente a la persona, sino también a la sociedad para tratar de superar las situaciones de discriminación que se producen. Con este enfoque se aprueba la citada Ley 26/2011, de 1 de agosto, que trata de adecuar la normativa que afecta a los derechos de las personas con discapacidad a la Convención, tratando de eliminar las desventajas sociales que sufren por resultar discriminatorias y vulneradoras de derechos humanos.
En este sentido, se modifican distintos artículos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Destaca el ajuste que se realiza respecto de la definición legal de la persona con discapacidad a la contenida en la Convención y, se incorpora un nuevo supuesto de sanción accesoria en la Ley/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
En el ámbito sanitario se modifican diversas leyes incluyendo la discapacidad como nueva causa de no discriminación de la persona en su relación con las distintas administraciones públicas sanitarias y, se regula el derecho a la información en formatos adecuados que resulten accesibles y comprensibles a todas las personas. Así, podemos señalar que se modifican el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto; la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y transplante de órganos; la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica; la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida; la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
En materia de accesibilidad es necesario reseñar como elemento clave para la plena efectividad de la accesibilidad universal la modificación del artículo 10 apartado 2 y del artículo 11 apartado 3 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.
También en materia de empleo público, se aumenta el cupo de reserva de las plazas vacantes para las personas con discapacidad al siete por ciento contenido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y se crea, por primera vez con rango legal, una cuota específica para las personas con discapacidad intelectual.
Por último, queremos significar que en el marco de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con discapacidad 2008-2012 se incentiva el cumplimiento del Objetivo 4 de promover una mayor contratación de personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario, ordenando al Gobierno la revisión de la normativa legal y reglamentaria y la adopción de medidas para asegurar el cumplimiento de la cuota de reserva del dos por ciento de los puestos de trabajo para personas con discapacidad en las empresas de más de 50 trabajadores.
II.2. También en aras a la conciliación de la legislación reglamentaria estatal a la Convención se aprueba el Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Tal como se precisa en su introducción las modificaciones se producen: En materia de transportes, la modificación realizada en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transportes para personas con discapacidad, tiene como finalidad incluir los Planes de Accesibilidad en todos los sectores del transporte y establecer un criterio para deslindar las grandes infraestructuras y servicios de las de pequeña entidad. Se adecua lo dispuesto en el Reglamento sobre las condiciones básicas para la accesibilidad de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social, aprobado por el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, a lo establecido en la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, en materia de accesibilidad a Internet.
En materia de protección civil, la modificación consiste en garantizar la asistencia en general de las personas con discapacidad; regular protocolos de actuación específicos; así como incluir en los cursos de formación materias relacionadas con la asistencia a personas con discapacidad.
Respecto al desarrollo de la función testifical, y a la vista de los actuales medios de apoyo a las personas con discapacidad, se modifica el Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado, con el fin de adaptarlo a las previsiones de la Convención recogidas en los artículos 2 y 12.
En materia de sanidad, los cambios realizados están dirigidos a garantizar el derecho de acceso a la información de las personas con discapacidad. Para ello, se prevé la utilización de formatos adecuados en la información que se proporciona al paciente y la asistencia y el apoyo en la prestación de consentimiento de las personas con discapacidad.
II.3. También es significativo el impacto sobre las políticas activas a favor de personas con discapacidad que se recogen en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
II.4. Por último, hemos de señalar la aprobación del Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales. Así, el reglamento establece las condiciones básicas de accesibilidad de los locales electorales, la accesibilidad a la información electoral de carácter institucional, sobre los actos públicos de campaña electoral y de la propaganda electoral. También determina las condiciones para la participación de las personas con discapacidad en la vida política.
III. Plan de actuación
– Reuniones con asociaciones
En este apartado, en primer lugar queremos referirnos a los encuentros que se han mantenido por parte de esta institución con las asociaciones que trabajan en este ámbito en la CAV. Siempre hemos considerado que la labor que desempeñan estas entidades enriquece nuestro quehacer actuando como antenas transmisoras de la realidad del colectivo, por lo que nos resulta obligado agradecer la colaboración permanente que han mostrado hacia esta institución.
Continuando con las actuaciones iniciadas en el ejercicio anterior, nos reunimos de nuevo con la Asociación Euskal Gorrak para ir concretando, entre otras, aquellas actividades dirigidas a acometer el plan de accesibilidad para las personas sordas y sordociegas.
Al respecto, en el presente año se ha impartido un curso de formación sobre estrategias de comunicación con las personas sordas orientada al personal de la institución del Ararteko responsable de la atención directa. Asimismo, el Ararteko tuvo un encuentro con el colectivo de personas sordas y sordo ciegas que permitió que pudieran conocer de primera mano la realidad del trabajo que se realiza desde la institución para la promoción de los derechos humanos, además de informarles sobre las posibilidades que disponen para recurrir a título individual a esta institución planteando aquellas cuestiones que les surjan y que tienen con las administraciones públicas vascas.
A su vez, desde la Asociación nos han proporcionado una serie de recomendaciones dirigidas a la realización de adaptaciones de tipo visual y de ampliación de sonidos de nuestras oficinas que permitan la accesibilidad plena de las personas sordas y sordo ciegas a nuestras instalaciones. En este sentido, en breve plazo tenemos previsto la adecuación de los servicios mediante la instalación de los bucles magnéticos precisos así como la adaptación de la señalización de los espacios y de las ayudas técnicas disponibles.
Por otra parte, hemos de referirnos a los contactos que hemos mantenido con la Federación Vasca de Asociaciones de Padres y Madres y Amigos de los Sordos (en adelante FEVAPAS) en el presente ejercicio y que han dado lugar a varias actuaciones con la administración sanitaria de la CAV. A este respecto, dicha asociación nos dio traslado de una serie de cuestiones que les preocupaba y que afectaba al programa de detección precoz de la sordera infantil (DPSI).
En este sentido, nos informaban que el programa se había iniciado en junio del 2003 en todos los hospitales públicos con servicios de maternidad y clínicas privadas con este servicio. Se preveían como objetivos: la detección de la sordera antes de los 3 meses de vida; que el tratamiento estuviera instaurado antes de los 6 meses de vida y se realizara el posterior seguimiento de todos los casos detectados.
La asociación denunciaba que después de casi 8 años de funcionamiento seguían existiendo serios problemas en el desarrollo del programa. Así, destacaban:
– la inexistencia de tiempos protegidos de las y los profesionales que se ven obligados a realizar otras guardias y sustituciones, no contando con el tiempo preciso para la implantación adecuada del programa;
– la falta de coordinación en la recogida de datos de las pruebas realizadas y de los casos detectados;
– la falta de coordinación entre los diversos niveles (neonatología y ORL, entre el sistema sanitario y social: la falta de conocimiento por parte de algunos/as otorrinolaringólogos/as sobre la existencia de ayudas para audífonos, la ausencia de derivación a atención temprana, etc.);
– la falta de criterios en la ejecución de las pruebas (sobre la sedación);
– los problemas para un seguimiento adecuado de los casos diagnosticados, lo que restaba eficacia a su detección precoz;
– el tiempo de espera para una prueba de potenciales evocados auditivos podía llegar a seis meses. En Araba se habían detectado algunos casos en los que habían transcurrido año y medio para disponer de un diagnóstico fiable;
– también planteaban la deficiente atención en situaciones de urgencia cuando éstas coincidían con bajas o periodos de vacaciones de los y las responsables del programa.
Por otra parte, FEVAPAS nos informaba que la administración sanitaria les venía comunicando que el centro de referencia para la realización de implantes cocleares era el Hospital Donostia. No obstante, el centro sanitario les indicaba que no tenían conocimiento de dicha decisión y las personas afectadas eran derivadas a Barcelona.
Por último, nos señalaban los problemas que tenían los usuarios de los implantes cocleares para la renovación de sus componentes externos: procesador externo, micrófono y antena, prestación que había sido regulada mediante la Orden SAS 1466/2010, de 28 de mayo. Así, nos indicaban que no se les informaba sobre cómo podían acceder a la renovación de dichos componentes lo que los obligaba a utilizar sus propios medios.
Planteadas todas las cuestiones que la Asociación nos trasladaba ante Osakidetza, el Director General de dicha Entidad nos informó sobre las actuaciones que, en coordinación con el Departamento de Sanidad y Consumo y con la participación de los especialistas ORL de los 4 hospitales de referencia (Basurto, Cruces, Donostia y Txagorritxu), se estaban llevando a cabo para analizar la situación y detectar las áreas de mejora del programa DPSI.
En este sentido, nos comunicaba que se estaban abordando varias líneas de acción que afectaban a todos los ámbitos de actuación: el cribado, el diagnóstico y el tratamiento. Así, nos informaba de que:
1º Se habían realizado pruebas piloto para utilizar como prueba de cribado los Potenciales Evocados Auditivos de Tronco. Cerebral automatizados (PEAa), prueba qué actualmente está considerada como "gold estándar" para este cribado. Estas pruebas piloto se habían realizado a finales de 2010 y el primer semestre de 2011 en los hospitales de Donostia y Basurto. Su implantación requiere de análisis detallados fundamentalmente en cuanto a interferencias y tiempo de realización de las pruebas. Apostar por su implantación aportará ventajas clínicas pero también organizativas tales como acortar la duración actual del cribado, que pasará de las 3 fases que requiere la actual prueba OEA a una única fase que requiere él PEAa.
2º Se habían realizado igualmente pruebas piloto para conocer equipos de PEATC de diagnóstico que incorporan tecnologías nuevas y que permiten hacer la prueba sin necesidad de sedar al niño. Por ello, se pretende dotar de equipos de este tipo a los 4 hospitales de referencia para diagnóstico y seguimiento de la sordera infantil.
3º Así mismo, se informaba de las reuniones que se habían mantenido con el Consejo Asesor de Cribado Neonatal presidido por la Dirección de Salud Pública, con el fin de consensuar actuaciones de cribado y de incluir el Sistema de Información en la base de datos de recién nacidos de la Comunidad, base que actualmente soporta la información de todos los cribados neonatales (fenilcetonuria, hipotiroidismo, fibrosis quística...).
En relación con los temas concernidos con los implantes cocleares se habían coordinado varias actuaciones en relación con la Unidad de Implante Coclear ubicada en el Hospital de Donostia y de referencia para toda la red. Asimismo, la elaboración de una Directriz 2/2011, con origen en la Dirección de Aseguramiento y Contratación Sanitaria contemplaba la financiación de los componentes externos del Implante Coclear.
Por último, nos daba traslado del acuerdo alcanzado con FEVAPAS, que tras ser informados de la puesta en marcha de las acciones descritas así como del posible cronograma de implantación de éstas, habían concertado posteriores encuentros para realizar un seguimiento de las actuaciones incoadas.
En relación, también, con este colectivo de discapacidad, hemos de señalar que tuvimos un encuentro con la asociación de atención a personas con pérdida de audición ­(zentzumen guztiekin) que recientemente se había constituido y que venían a informarnos sobre las actividades que pretendían desarrollar dirigidas a aquellas personas, también denominadas personas con pérdida de audición o hipoacúsicas, que tienen un problema en el oído externo o interno y ello les genera una pérdida de audición en mayor o menor grado (pueden ser capaces de oír algunos sonidos o pueden no oír nada en absoluto). En este sentido, la asociación ofrece un servicio de atención y orientación integral, servicio de apoyo a la comunicación: lectura labial y estrategia de comunicación, ocio integrador y eliminación de las barreras de comunicación.
Además, pusieron en nuestro conocimiento los problemas que una persona con una discapacidad auditiva sobrevenida está teniendo por carecer de una persona de apoyo en los estudios de medicina que cursa en la UPV/EHU. Este tema está siendo objeto de tramitación del correspondiente expediente de queja en esta institución.
Por otra parte, hemos de señalar que la ONCE ha realizado un informe en diciembre de 2010 sobre la Accesibilidad de Plataformas de Redes Sociales. Los resultados del mismo resultan desoladores en tanto que concluyen sobre la realidad abrumante de que las redes sociales actuales resultan prácticamente inaccesibles para las personas con discapacidad sensorial. El informe diferencia entre el peritaje que se ha realizado a nivel técnico y el que versa sobre la experiencia de los propios usuarios. Si bien la evaluación que realizan estos últimos resulta menos taxativa, la efectuada por los técnicos no resulta nada esperanzadora. El deseo de la institución de usar todos los canales abiertos a la comunicación y la participación ciudadana, y teniendo en cuenta el informe que estamos elaborando sobre la participación e inclusión social nos hizo reflexionar sobre esta cuestión, sobre la necesidad de usar las herramientas de conocimiento, comunicación y participación no excluyentes y, a tal efecto, solicitamos un encuentro con dicha organización.
Efectivamente, pudimos constatar según nos informaron los técnicos de la Once sobre la inaccesibilidad de las redes sociales para la práctica totalidad del colectivo de personas con discapacidad visual y, entre ellas las más conocidas como son facebook y twitter. Asimismo, nos apuntaban sobre la escasa usabilidad de muchas páginas Web de la Administración Pública que las convertía en inaccesibles a pesar de disponer de la triple A y de haber superado los test de la WAI.
Existen aplicaciones como Qwitter, que pueden superponerse, hacer de interfaz, con algunas de las redes más famosas, como twitter, y que pueden usarse como interfaz de voz para poder participar.
En todo caso, destacaban las siguientes cuestiones sobre la accesibilidad, la usabilidad, la participación e inclusión social:
– La accesibilidad ha de ser universal y esto incluye el diseño de las herramientas y el software en su origen. Deben resultar accesibles en origen, desde la propia web o red, de lo contrario se obligaría a la utilización de otras aplicaciones que requieren un mayor nivel de destreza y complicación añadida al uso de la herramienta. Ello, además contribuiría a aumentar la denominada brecha digital.
– Existen verdaderos problemas de usabilidad en la navegación por las páginas web y en sus aplicaciones: el modo en el que se ordenan los contenidos, las imágenes, todo ello dificulta la navegación. En este sentido, es la simplicidad en el diseño y el recurso al texto plano, al txt, lo que facilita la navegación.
– El recurso de la navegación con texto leído o audio de navegación resulta de mucha utilidad a las personas con discapacidad visual.
– Mostraban su desacuerdo con la creación de páginas específicas para su uso para las personas con discapacidad como resulta la página Blindworlds, entendiendo que no contribuyen a la inclusión social.
– Nos indicaban que en las instituciones públicas no se está usando un software accesible ni usable para las personas con discapacidad que tienen que trabajar con dichas herramientas, hecho que dificulta gravemente la integración laboral de estas personas.
– Interesaban un posicionamiento del Ararteko sobre la accesibilidad de las redes sociales y su usabilidad teniendo en cuenta que cada vez se utilizan como herramienta en las relaciones y como medios para la integración e inclusión social.
– Participación en jornadas organizadas por las asociaciones de personas con discapacidad
Queremos referirnos en esta apartado a las jornadas y foros organizados por las distintas asociaciones de personas con discapacidad en las cuáles miembros de esta institución han colaborado con su participación.
1º IV Jornada FEKOOR: El reto de la vida independiente: políticas públicas de discapacidad en el siglo XXI.
El contenido del foro anual que organiza la asociación FEKOOR en el año 2011 se dedicó a profundizar sobre aquellas actuaciones que deben fomentarse para garantizar "el derecho fundamental de todas las personas a vivir libremente y a decidir la manera en que quieren vivir". Al respecto, podemos señalar que resultaron interesantes las intervenciones de los responsables de Ado-Icarus, organismo que se constituye para dar servicios para la promoción de la vida independiente belga y que, entre otros proyectos, gestionan viviendas con apoyos para personas con discapacidad física en dicho país. Dicha organización cuenta con 10 proyectos en marcha en Flandes, en los que trabajan 230 asistentes para la vida diaria.
También participó en dicha jornada el Director de Estudios y Planificación e Inspección de la Diputación Foral de Bizkaia que presentó el "Plan para la Participación y Calidad de Vida de las personas con discpacidad en Bizkaia", cuyo objeto se enmarca en mejorar la actuación de las personas, instituciones y entidades que participan en la atención y promoción de las personas con discapacidad y sus familias en Bizkaia, orientándola progresivamente hacia el modelo de participación.
Asimismo, intervino el director de la Federación Vasca de Asociaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual (FEVAS), en cuya ponencia informó sobre la labor que viene desarrollando la asociación en la prestación de servicios y de programas de apoyo para fomentar la vida independiente de las personas del colectivo.
Para finalizar, el director de FEKOOR, trasladó las bases sobre las que se sustenta el modelo de intervención de la asociación desde su visión de apoyo a la persona que "parte de la necesidad de innovar en la intervención social".
2º Talleres de reflexión y participación en torno a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, organizados por ELKARTEAN. Desde dicha asociación, entre los meses de noviembre y diciembre se organizaron varias mesas de participación con objeto de promover un debate en torno a los retos y oportunidades que plantea la Convención, analizando la legislación autonómica vigente en dicho contexto, con el fin de evaluar su efectivo cumplimiento y, en consecuencia, de las conclusiones obtenidas, formular las oportunas propuestas y recomendaciones de mejora.
A estos efectos queremos reseñar que en los talleres que se constituyeron participaron, además de miembros de las distintas asociaciones que conforman Elkartean y de la institución del Ararteko, técnicos y responsables de las administraciones concernidas y agentes clave en las distintas materias que se trataron en las correspondientes mesas.
Uno de los talleres organizados versó sobre las cuestiones que se derivan de la invisibilidad de las mujeres con discapacidad y el reto de encontrar respuestas ante los incumplimientos de la Convención.
En la mesa constituida para tratar el acceso al empleo de las personas con discapacidad, tras las reflexiones realizadas, se constató, entre otras actuaciones, la necesidad de apostar por una estrategia dirigida a la integración laboral de las personas con discapacidad en el empleo ordinario. En materia de empleo público, se marcaban como retos la efectiva adaptación de las pruebas de acceso; profundizar en el análisis del denominado "certificado de idoneidad" y, hacer extensiva la cuota de reserva también al empleo temporal.
En el taller de salud se plantearon, entre otros objetivos, actuaciones de mejora dirigidas a la adecuación del Sistema y sus prestaciones a las necesidades y a la realidad de las personas con discapacidad; a mejorar la adecuación de las actitudes y el trato a las personas con discapacidad por parte de los profesionales del Sistema y, de las condiciones de accesibilidad de los dispositivos, instalaciones y centros de salud y hospitalarios, en clave de diseño para todas las personas.
Y por último, en el taller sobre accesibilidad se evidenció la necesidad de un mayor control por parte de las administraciones implicada sobre la aplicación de la normativa vigente en la materia, desde el prisma de la accesibilidad universal y el diseño para todos, tanto en el entorno urbano, como en las edificaciones, infraestructuras y en el transporte.
Nos consta que en breve plazo, la asociación Elkartean, va a hacer públicas las conclusiones obtenidas así como del contenido de las propuestas y recomendaciones de mejora elaboradas en dichos espacios de participación.
– Informes extraordinarios
El día 15 de marzo se entregó a la presidenta del Parlamento Vasco el informe extraordinario sobre la Accesibilidad del sistema de transporte público en la CAPV que fue presentado posteriormente, en fecha 15 de junio de 2011, ante la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas de la cámara vasca1.
El objetivo del informe ha sido identificar las carencias y deficiencias del sistema público de transportes en la CAPV, con relación a la seguridad y funcionalidad de los desplazamientos para el colectivo de personas con movilidad reducida.
En esta concepción integral de la movilidad reducida puede afirmarse que un 37,3% de la población actual residente en la CAPV puede ser considerada como tal, porcentaje que irá en aumento al proyectarse en un futuro la tasa de envejecimiento en Euskadi. Por lo tanto, estamos ante una problemática que afecta o puede afectar a una gran parte de la población.
El estudio diagnóstico comprende toda la red del sistema de transporte público en los tres territorios históricos de Euskadi de carácter regular y uso general, y con origen y/o destino en la CAPV. Por ello, el análisis incluye 15 líneas de ferrocarril; los dos sistemas tranviarios operativos (Bilbao y Vitoria-Gasteiz); el sistema metropolitano de Bilbao; el sistema por carretera que engloba las líneas urbanas, interurbanas y de largo recorrido; y, por último, los tres aeropuertos vascos.
Todo el trabajo de campo realizado queda soportado e incluido en el estudio mediante elementos gráficos (fotografías) y la cumplimentación de fichas de inspección, que permiten disponer de detalles de indudable valor que posibilita la comparación de distintos elementos en cada uno de los sistemas de transporte.
El trabajo arroja luz sobre actuaciones urgentes a desarrollar para evitar auténticas situaciones de riesgo en los accesos a las estaciones, pasos a nivel, accesos a los andenes, etc. o a hechos tales como la ausencia de taxis adaptados en algunos municipios del País Vasco.
El informe contiene, diferenciadas por sistemas de transporte, un apartado de conclusiones concretas, completado con una conclusión final de la que se deduce que aún queda mucho trabajo por hacer para lograr la accesibilidad universal en el transporte público de nuestra Comunidad Autónoma.
En el diagnóstico realizado se ha considerado imprescindible tener en cuenta la importancia de garantizar la accesibilidad durante toda la cadena de desplazamiento desde el origen al destino, independientemente del número de las etapas realizadas y de los modos de transporte empleados.
Como conclusiones fundamentales, han de consignarse las siguientes:
1) El sistema de transporte ferroviario de la CAPV resulta prácticamente inaccesible.
2) El sistema del metro de Bilbao, con carácter general, obtiene una alta calificación en materia de accesibilidad.
3) Los sistemas tranviarios son un referente de la accesibilidad universal en el transporte público urbano.
4) Los sistemas por carretera, teniendo en cuenta la situación de las principales terminales de autobús, así como de las paradas en todo el territorio de la comunidad autónoma, tampoco resultan satisfactorios respecto a su grado de accesibilidad.
5) El servicio de taxi adaptado no alcanza los parámetros de cobertura poblacional en numerosos municipios de la CAPV.
6) En el transporte aéreo es necesario señalar que la normativa comunitaria sobre los derechos de las personas con discapacidad obliga en la red de aeropuertos vascos a la prestación de una asistencia personal durante todas las fases del ciclo del vuelo.
Las recomendaciones (18 en total) se han organizado por sistemas de transporte y, dentro de ellas, por administraciones competentes u operadores o gestores de la infraestructura, para que su visión resulte más sistemática.
En próximos ejercicios realizaremos un seguimiento de las actuaciones que se sigan desde las distintas administraciones concernidas en aras a la adopción de las medidas necesarias para fomentar la accesibilidad universal en el sistema de transporte público de la CAPV.
Por último queremos señalar el informe fue presentado a las asociaciones de personas con discapacidad de la CAPV en un acto celebrado en la sede de la institución.
2º También en el presente ejercicio la institución ha publicado el informe extraordinario La aplicación de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia en la CAPV (ver cap V.1.3. de este informe).
El conjunto de personas con discapacidad que se encuentra en situación de dependencia es notable y la aplicación de aquella normativa les afecta especialmente como usuarias de los servicios que recoge su catálogo y/o perceptoras de las distintas prestaciones económicas que prevé.
Al margen de que la totalidad de las recomendaciones que se emiten en dicho informe persiguen el fin último de la mejora en la atención a las personas en situación de dependencia, muchas de las cuales, como decíamos, son también personas con discapacidad, podríamos destacar algunas relacionadas de manera más directa con la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad y la atención a su situación de dependencia:
• Necesidad de impulsar servicios que ofrezcan una atención integral, continuada y coordinada de carácter social y sanitario; nos referimos, pues, al desarrollo del conocido como espacio sociosanitario.
• Desarrollo de la figura del asistente/a personal.
• Impulso y mantenimiento de los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y de promoción de la autonomía personal, especialmente los dirigidos a las personas con discapacidad intelectual y/o enfermedad mental.
• Unidades específicas para personas mayores con enfermedad mental.
• Servicios de atención a las personas con sordoceguera.
• Recursos de alojamiento e integración social y laboral para personas con enfermedad mental.
• Necesidad de compatibilizar servicios y prestaciones económicas (así como servicios entre sí).
• Valoración adecuada de todas las situaciones de dependencia, con especial mención de las motivadas por la discapacidad intelectual, la discapacidad sensorial, la enfermedad mental y los problemas cognitivo-conductuales, incorporando nuevas dimensiones relacionadas con la autonomía personal, la participación y la comunicación.
• Garantizar la cualificación en los distintos tipos de discapacidad de las y los profesionales que conforman los equipos de valoración así como el carácter interdisciplinar de éstos.
• Necesidad de que el Gobierno Vasco apruebe la regulación autonómica relativa a los centros residenciales y centros de día destinados a la atención de personas con discapacidad.
IV. Quejas destacadas
A través del desglose de quejas por áreas que realizamos en este apartado pretendemos dar una visión general de cómo se han distribuido las denuncias presentadas, –en la mayoría de los supuestos por personas con discapacidad o por sus familiares–, con objeto de hacer patente la transversalidad de las cuestiones que han sido sometidas a nuestra consideración y que, como se puede comprobar, prácticamente abarcan la mayoría de las áreas de trabajo de esta institución. También, de esta manera resulta más evidente que las personas afectadas por alguna discapacidad o algún tipo de problema de accesibilidad pueden, todavía hoy, encontrarse con todo tipo de barreras, las urbanísticas y arquitectónicas, de índole social, cultural y colectiva.
IV.1. Accesibilidad urbanística
El contenido del derecho a acceder a la utilización de las dotaciones públicas y los equipamientos colectivos sirve para tratar de garantizar la accesibilidad física de la ciudadanía a los equipamientos colectivos y las dotaciones públicas mediante la eliminación de las barreras arquitectónicas que puedan existir. Dentro de este concepto de equipamiento o dotación, debemos tener en cuenta aquellas infraestructuras necesarias para servir y prestar a la ciudadanía los distintos servicios públicos (urbanísticos, transportes, educativos, sociales, culturales, sanitarios, etc.).
En este ámbito se han recibido quejas que plantean las dificultades para hacer un uso adecuado de su vivienda y de su entono urbano ante las barreras que existen en la edificación en la que reside. Esta cuestión se ha tratado sucintamente en el área de urbanismo, al cual nos remitimos para evitar reiteraciones innecesarias.
También han sido recurrentes las quejas sobre las barreras arquitectónicas en los centros de salud. A modo de ejemplo, podemos significar los problemas de accesibilidad que se plantean en un centro de salud mental (CSM), ubicado en la calle Novia Salcedo de Bilbao. Dicho CSM está situado en la entreplanta de un edificio, cuyo acceso se realiza por un itinerario de 30 escaleras, sin que cuente con ningún medio alternativo de rampa o de ascensor que permita a las personas con movilidad reducida utilizar dicho recurso de manera autónoma. El Director Gerente de la red de salud mental de Bizkaia nos ha informado que se han reanudado las conversaciones con la Comunidad de propietarios del edificio con el fin de acometer la instalación de un aparato elevador y que, en su caso, de no llegar a un acuerdo desde el servicio, se van a acometer las obras de acondicionamiento del citado aparato con carga a los presupuestos del 2012.
En el ámbito del transporte, lamentablemente tenemos que seguir poniendo de manifiesto que nuestros medios de transporte públicos continúan sin eliminar las barreras al libre desenvolvimiento de las personas con discapacidad. A este respecto, como anteriormente hemos comentado, queda reflejado en las conclusiones obtenidas en el informe extraordinario la necesidad de garantizar la accesibilidad durante toda la cadena de desplazamiento, desde el origen al destino, independientemente del número de las etapas realizadas y de los modos de transporte empleados. La accesibilidad universal de los sistemas de transporte posibilita una participación activa en la vida social y económica en igualdad de oportunidades a toda la ciudadanía.
Por último, en cuanto a las actuaciones de esta institución dirigidas a la promoción de la accesibilidad, destacamos el incremento de quejas que hacen referencia a la falta de control municipal del cumplimiento de la normativa para la eliminación de barreras arquitectónicas en la implantación de nuevas actividades en locales comerciales o en sus reformas. Desde esta institución se ha considerado oportuno incidir ante los ayuntamientos respecto a la necesidad de que se tramiten los expedientes de exención del cumplimiento de la normativa de accesibilidad en los supuestos de reformas de locales o establecimientos públicos, en los términos previstos al efecto en el Anexo V del Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación. De esta forma se garantiza la efectiva función de control de legalidad que se requiere en este tipo de actuaciones.
IV.2. Educación
Un año más, la realidad de las quejas tramitadas ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de intensificar los esfuerzos para establecer buenas prácticas orientadas a propiciar una mayor coordinación entre servicios educativos que garantice, a su vez, un correcto seguimiento y una adecuada evaluación de la respuesta educativa a los menores con necesidades especiales, así como a una mayor colaboración con sus familias.
De todos modos, tampoco han faltado ejemplos de una buena colaboración entre servicios. Lo hemos podido comprobar al analizar la respuesta educativa que se venía ofreciendo a un menor escolarizado en una haurreskola cuyo personal educativo ha tratado de reforzar, con su programa educativo y asistencial, las líneas de rehabilitación y habilitación propias de otras entidades que trabajan en el ámbito de la atención temprana.
Por otra parte, hemos tenido que interesarnos por algunos casos cuyas familias se han visto obligadas a acudir a esta institución para corroborar las posibilidades de escolarización de sus hijos. Uno de ellos se trataba de un menor aquejado de una disfasia mixta cuya familia deseaba que continuara escolarizado en el modelo A. En otro, se trataba de una menor con discapacidad intelectual cuya familia insistía en concretar la posibilidad de ser escolarizada en un centro concertado de educación especial. También nos hemos interesado por las condiciones de escolarización de grupos de alumnos como el formado por jóvenes con discapacidad intelectual que siguen un curso de aprendizaje de tareas en el IES de Elgoibar.
Por último, hemos de indicar que lamentablemente, se han repetido los retrasos en dar respuesta a las necesidades del alumnado con discapacidad auditiva y que precisan de apoyos de de intérprete de lengua de signos.
IV.3. Función pública
En esta área destacamos la queja presentada en esta institución por una asociación constituida con el fin de velar por los intereses de las personas con discapacidad (ASINSOC). Su representante alegaba que la convocatoria de pruebas selectivas para la cobertura de una plaza de auxiliar administrativo del organismo autónomo Casa de Cultura del Ayuntamiento de Gernika-Lumo incumplía la normativa reguladora del acceso al empleo público de las personas con discapacidad.
Para valorar la queja, es decir, la adecuación de la convocatoria a la normativa reguladora del acceso al empleo público de las personas con discapacidad, partimos, como no podía ser de otro modo, de que la ley establece una obligación de reserva general que vincula a las ofertas de empleo público que son las que tienen que precisar, directamente, o por delegación en otro acto administrativo general, los términos en los que han de concretarse las reservas en las distintas convocatorias.
Por tal motivo, nos dirigimos al consistorio interesándonos por el total de plazas vacantes incluidas en la oferta de empleo público de la que traía su causa la convocatoria cuestionada, así como del número de plazas que en la citada oferta se había reservado para personas con discapacidad.
En su respuesta, el ente local nos informó de que la oferta de empleo público comprendía cinco plazas de funcionario para prestar sus servicios en el ayuntamiento, una de personal laboral para el organismo autónomo Patronato Municipal de Deportes y otra para el organismo Fundación Casa de Cultura. Además, nos indicó que en esta oferta de empleo público no se había reservado ninguna plaza para su cobertura por personas con discapacidad.
Como ya hemos indicado en otras ocasiones, la aprobación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público supuso, una vez más, el intento del legislador de incorporar una medida favorable para un mejor acceso de ciudadanos con discapacidad al empleo público y, en el momento en que se efectúo la convocatoria cuestionada, su artículo 59 ( modificado posteriormente por la Ley 26/2011, de 1 de agosto disponía que en las ofertas de empleo público se debía reservar un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.
En el caso que nos ocupa, la oferta de empleo comprendía siete puestos de trabajo y no establecía ninguna reserva a favor de personas con discapacidad y lo cierto es, y así se lo comunicamos a la asociación, que desde un punto de vista estrictamente jurídico, no existía obligación de que así fuera, porque para que dicha obligación existiera, la oferta de empleo público debía comprender, cuando menos, veinte puestos de trabajo.
No obstante, como el redactado del artículo no es imperativo, consideramos que no existe impedimento legal para reservar un porcentaje superior al establecido, ya que la expresión literal del precepto prevé que la cuota no sea inferior al cinco por cien, pero no impide una superior. Es decir, el hecho de que no haya obligación de efectuar la referida reserva en una oferta de empleo, no impide la efectiva realización de la misma.
Por ello, recordamos al ente local que es competencia de la Administración la promoción de acciones positivas que favorezcan la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público de las personas con discapacidad y le sugerimos que, desde esta perspectiva, la reflexión a la que nos hemos referido en nuestro párrafo anterior fuera tenida en cuenta en sus futuras ofertas de empleo público.
IV.4. Hacienda
Recientemente, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, ha colaborado en la edición de un Estudio sobre el agravio comparativo que origina la discapacidad, en el que se analiza y cuantifica el sobreesfuerzo que deben realizar las personas con discapacidad y sus familias, para atender a las necesidades derivadas de esa discapacidad. La investigación pone de manifiesto que estas personas deben afrontar importantes gastos suplementarios en la adquisición de bienes y servicios generales, además de gastos en bienes y servicios específicamente relacionados con la discapacidad –ayudas técnicas, asistencia personal, tratamientos médicos, terapéuticos, habilitadores y rehabilitadores, fármacos–. Además, deben hacerlo con una capacidad económica inferior, pues, se calcula que el ingreso medio anual de los hogares en los que residen personas con discapacidad es aproximadamente un 25% inferior al del resto.
La normativa tributaria recoge algunos beneficios fiscales (exenciones, bonificaciones, reducciones…), con los que se pretende, por una parte, compensar este mayor gasto en el que incurren las familias en cuyo seno hay una persona con discapacidad y por otra, atender a la menor capacidad económica que afecta a estas familias.
A la hora de concretar estos beneficios, normalmente la normativa tributaria alude a la discapacidad. Sin embargo, en ocasiones, también se refiere a la dependencia, a la incapacitación judicial, a la incapacidad laboral, etc. cuyo uso origina confusión entre las y los ciudadanos, porque en algunos casos concretos, estas situaciones pueden llegar a presentar ciertos caracteres comunes y cercanos, aunque no son sinónimos entre sí y por tanto, no son automáticamente equiparables.
El hecho de que en algunos impuestos, como es el caso del IRPF, se hayan establecido muy adecuadamente, por cierto, unas pasarelas u homologaciones entre la dependencia y la discapacidad ha contribuido a que las dudas en la aplicación de otros beneficios fiscales no se despejen y que a lo largo de 2011 nos han trasladado los y las ciudadanas.
Así, el IVTM recoge una exención para las personas con discapacidad, cuya modificación a finales de 2009 dio lugar a un número importantes de quejas, cuyo contenido ya abordamos en este apartado IV.4 del informe correspondiente al ejercicio 2010.
IV.5. Interior
En este apartado hemos de referirnos a las quejas presentadas por personas con movilidad reducida, titulares de la tarjeta de discapacidad, denunciando las dificultades que se encuentran a la hora de aparcar su vehículo, bien por la insuficiencia de plazas de aparcamientos reservadas, bien por la utilización indebida que determinados usuarios realizan de dichas plazas, o incluso, de las propias tarjetas de estacionamiento.
IV.6. Sanidad
En este ámbito, además de las cuestiones ya referidas y que había sido planteadas por FEVAPAS, sobre los problemas que tenían los usuarios de los implantes cocleares para la renovación de sus componentes externos, queremos comentar el caso de las ayudas para la audición de pacientes hipoacúsicos. Estas ayudas están previstas para menores de cero a dieciséis años de edad, afectados de hipoacusia bilateral neurosensorial con determinada pérdida de audición (Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, Anexo VI, apartado 7).
Esta configuración tiene que ver con que es un elemento necesario para el tratamiento y la integración social de los niños hipoacúsicos, al permitirles la adquisición del lenguaje, debiendo complementarlo con la rehabilitación del lenguaje y la educación del niño. La actual diferenciación por razón de edad no es por tanto injustificada. Sin embargo, desde el punto de vista de la integración de las personas con discapacidad, la petición de reconocerlo más allá de esa edad es fundada. Es una petición de ampliación recogida también en el anexo V del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2008-10, de consulta y participación de las para la elaboración de dicho plan. Su apartado 5.1 sobre valoración del área de salud, propone actualizar la cartera de servicios ortoprotésicos de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de la Salud, para ampliar la cobertura de la prestación para audífonos a mayores de 16 años e incrementar la cuantía de la prestación.
Teniendo esto en cuenta trasladamos al Departamento de Sanidad y Consumo esta petición de ampliación sin distinción de la edad, para que pueda ser tenida en cuenta, como Administración que participa en la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación, donde se hallan representadas las Comunidades Autónomas.
IV.7. Servicios sociales
En primer lugar, en este apartado queremos hacer referencia a dos expedientes de oficio, tramitados en el presente ejercicio, a raíz de los problemas detectados en la gestión de varias denuncias presentadas por particulares.
Así, detectamos que la falta de una normativa que regulara los requisitos materiales, funcionales y, de personal, que deben cumplir los servicios de atención a las personas con discapacidad, (centros residenciales, centros de día y centros ocupacionales), provocaba serias dificultades en aras de realizar las oportunas inspecciones para verificar el cumplimiento de los derechos de las personas usuarias del servicio, así como de los principios, los objetivos y las condiciones establecidas para su prestación. Tras formular la correspondiente petición, la respuesta del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco ha sido favorable, señalándonos al respecto, que abordará dicha labor en el año 2012.
Asimismo, el Ararteko formuló una nueva propuesta al citado Departamento, en relación con el artículo 9.2.a) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. En dicha iniciativa solicitábamos que se tuviera en cuenta que las personas mayores de 18 años y con un grado de discapacidad del 65% o más, que sean causantes de la prestación económica "asignación por hijo a cargo" de la Seguridad Social pudieran ser consideradas pensionistas a efectos de la Renta de Garantía de Ingresos; esto es, ser incluidas en el citado artículo, tanto cuando la persona con discapacidad mantiene su plena capacidad de obrar como cuando ésta ha sido modificada. En esta ocasión, el departamento también ha respondido afirmativamente a la propuesta, y para llevar a efecto dicha medida ha dictado la Circular 1: Unidades especiales de pensionistas, de 30 de mayo de 2011, que incluye dicha prestación en la relación de pensiones.
Por otro lado, hemos de destacar la queja que nos presentaba una madre por lo que entendía una demora injustificada en la atención dispensada por Osakidetza a su hijo, quien padecía un retraso madurativo global (motor y del lenguaje). Dicha demora había motivado que la derivación a los servicios de atención temprana de la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) se hiciera cuando aquel contaba ya con tres años, momento en el que, de acuerdo al Decreto vigente –Decreto Foral 157/2010, de 15 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria pública para la concesión de ayudas individuales para estimulación temprana en el año 2011– no se dispensaba tal atención.
Pudimos comprobar que, efectivamente, el niño no fue remitido al Servicio de Neurología Infantil (Neuropediatría) hasta los 2 años y 10 meses, a pesar de que en las revisiones pediátricas periódicas que se le realizaron desde los 6 meses no cumplía los indicadores mínimos de desarrollo.
Los trastornos del desarrollo infantil deben detectarse en el momento en que aparecen los primeros signos indicadores de los mismos. La detección debe ir seguida del inicio del proceso diagnóstico y de la intervención terapéutica.
Esta demora, de hecho, le había impedido beneficiarse de los servicios de atención temprana impulsados por la DFB para niños y niñas de 0 a 3 años.
El Acuerdo del Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria de 28 de febrero de 2011 por el que se aprueba el nuevo Modelo de Atención Temprana para la CAPV exige de nuestras administraciones una adaptación de sus instrumentos jurídicos, entre otros aspectos, por lo que se refiere a la ampliación de la atención hasta los 6 años, lo cual, en el momento de la tramitación de esta queja, no se había propiciado en Bizkaia.
Osakidetza ha asumido que en el caso de este niño existían indicadores para que hubiese sido remitido a los servicios de Neuropediatría con anterioridad al momento en que se hizo, lo que le hubiese permitido participar en el Programa de Atención Temprana de la DFB.
Como consecuencia de este reconocimiento, Osakidetza se ha comprometido a asumir el importe de la ayuda que hubiera podido recibir entre los dos y los tres años de edad. La madre se ha mostrado conforme con esta indemnización.
La tramitación de este expediente propició el compromiso por parte de la Diputación Foral de Bizkaia de modificar el límite de edad establecido para poder participar en el Programa de Atención Temprana. Este compromiso se ha materializado mediante la aprobación del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 150/2011, de 19 de julio, por el que se modifica el Decreto Foral 157/2010, de 15 de diciembre referido, que amplia la atención temprana hasta los 6 años.
Asimismo, hemos recibido algunas quejas relativas a las demoras que se están registrando en la atención temprana en el territorio histórico de Araba. Ello, unido a nuestra preocupación por que el Acuerdo del Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria de 28 de febrero de 2011 al que aludíamos se materialice y la coordinación sociosanitaria en materia de niños y niñas nacidas con bajo peso o riesgo de padecer discapacidad se consolide, ha motivado la reciente apertura de un expediente de oficio sobre la mejora de la atención temprana en el conjunto de la CAPV.
En cuanto a las quejas presentadas a lo largo de este año por personas con discapacidad en relación con la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia en la CAPV, hemos de decir que aquellas que tenían relación con retrasos en el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia –numerosas en años anteriores– han disminuido radicalmente; de hecho, en la tramitación de la única queja registrada no se aprecia irregularidad en el actuar administrativo por cuanto que no habían transcurrido los plazos legales previstos en la normativa.
Ello no obsta para que reiteremos que la implantación de la normativa de dependencia nos muestra un procedimiento complejo en el que a menudo se superponen varios procedimientos (determinación del grado y nivel de dependencia, elaboración del Plan Individualizado de Atención y adjudicación del servicio o prestación) lo que genera una demora excesiva en un ámbito tan sensible como es el de la dependencia, en el que la prontitud de la respuesta de atención es esencial. Nuestra propuesta es integrar en un solo procedimiento las tres fases del proceso actual.
En nuestra opinión, en el marco de la remisión que la propia LAAD realiza a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC), no debiera superarse el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud (de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema) hasta la resolución por la que se adjudica el concreto servicio o prestación. Ello al margen de que, en el caso de los servicios que requieren de la existencia de plazas libres para su efectiva asignación, esta pueda demorarse por la insuficiencia de dichas plazas. En cualquier caso, el tiempo que media entre el reconocimiento de la situación de dependencia y la realización del PIA, en ningún caso debe exceder de los 15 días hábiles, salvo que se produzcan demoras atribuibles a la persona interesada. De lo indicado se deriva la procedencia de fijar estos plazos máximos en las correspondientes disposiciones normativas con el fin de clarificar el procedimiento y garantizar la seguridad jurídica.
Aumentan las quejas referidas a la fecha de efectos que ha de establecerse para la iniciación del pago de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y aquellas que versan sobre la disconformidad con reclamaciones de cantidades en concepto de prestaciones indebidamente percibidas efectuadas por los entes forales. Estos expedientes se encuentran en fase de tramitación.
Una persona con discapacidad y gran dependencia que percibe la prestación para cuidados en el entorno familiar (PECEF), a excepción de aquellos períodos en los que se encuentra contratada para el desempeño de su actividad laboral, períodos en los cuales precisa de una asistencia personal, nos planteaba que llegaba a encontrarse tres o cuatro meses al año sin ningún tipo de ayuda económica a pesar de que, en todo momento, de hecho, o era atendida por su madre, o su atención era compartida entre ésta y la asistente personal. Esto se producía como consecuencia de la extinción de la PECEF cada vez que reanudaba su actividad laboral (por tres o seis meses generalmente); concesión de la prestación económica de asistencia personal (PEAP) cuando se encontraba en activo; extinción de ésta (cuando cesaba su actividad laboral) y consiguiente solicitud y concesión de la nueva PECEF.
Planteamos la cuestión a la Diputación Foral de Bizkaia con el ánimo de encontrar una solución que se hallara amparada en el marco normativo vigente, y tras diversas gestiones, se nos comunicó que a partir del 29 de septiembre se iba a optar por la suspensión de la PECEF y no la extinción, lo que sin duda corregiría la situación anterior, lo cual acogimos con satisfacción. Sin duda se trata de una mejora de la actuación administrativa en el caso de personas con gran dependencia que de manera intermitente desarrollan una actividad laboral.
IV.8. Vivienda
Este año hemos analizado tres expedientes de queja en los que personas con discapacidad denunciaban que las viviendas de protección oficial que les habían sido adjudicadas no cumplían con los requisitos de accesibilidad y que habían reclamado al Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes la realización de las obras de adaptación que precisaban sus viviendas, sin obtener una respuesta favorable. Tras nuestra intervención en dos de estos supuestos el departamento accedió a ejecutar las obras de adaptación reclamadas y en el tercero de ellos, referido a una vivienda cedida en régimen de alquiler, el departamento nos informó que Alokabide había ya acordado con la promotora de la queja las obras de reparación que iba a ejecutar en la vivienda y mostraba su disposición a suspender las obligaciones de pago derivadas del contrato de arrendamiento hasta la correcta adaptación de la vivienda protegida, esto último siempre que la reclamante acreditara que no había podido hacer uso de la misma.
V. Conclusiones
V.1. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad supuso un punto de inflexión en el tratamiento de la discapacidad. A partir de su aprobación podemos afirmar que la discapacidad ha de ser tratada desde el prisma de los derechos humanos, lo que significa que se ha de considerar a las personas con discapacidad plenamente como sujetos titulares de derechos y no como meros objetos de tratamiento de políticas asintenciales.
Por lo tanto, superado el modelo médico o rehabilitador que inspiró la regulación anterior que consideraba la discapacidad como un problema de la persona, y asumiendo la perspectiva del modelo social, las soluciones que se deben adoptar no deben ir dirigidas sólo individualmente a la persona, sino también a la sociedad para tratar de superar las situaciones de discriminación que se producen. Con este enfoque se aprueba la citada Ley 26/2011, de 1 de agosto, que trata de adecuar la normativa que afecta a las a los derechos de las personas con discapacidad a la Convención, tratando de eliminar las desventajas sociales que sufren por resultar discriminatorias y vulneradoras de derechos humanos. Tal como se viene a precisar en el preámbulo de la ley, si bien se pretende profundizar en el modelo social de la discapacidad, a su vez se "da un impulso reformador en el sentido de salvaguardar los derechos de tales personas con el objetivo de favorecer la toma de decisiones en todos los aspectos de su vida, tanto personal como colectiva, avanzar hacia la autonomía personal desinstitucionalizada y garantizar la no discriminación en una sociedad plenamente inclusiva".
En este contexto, consideramos también oportuno ahondar en la normativa autonómica de referencia sobre los derechos de las personas con discapacidad con objeto de realizar determinados ajustes y modificaciones que permitan evitar contradicciones en su aplicación y poder garantizar la efectividad de los derechos que recoge la Convención.
A modo de ejemplo, hemos de señalar que en las reuniones mantenidas con las asociaciones que trabajan desde distintas perspectivas en el ámbito de la discapacidad, una de las cuestiones más demandadas por todas ellas ha sido la necesidad de proceder a la revisión de la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad y, del Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación.
Han sido numerosas las ocasiones en las que hemos podido constatar que desde las administraciones públicas vascas se ha realizado una interpretación restrictiva en su aplicación, desarrollando actuaciones que se alejaban de los principios básicos y fundamentales establecidos en la citada Convención. Basta con recordar las escaleras mecánicas que se han instalado en muchos municipios de nuestra Comunidad como elementos que favorecen la accesibilidad. Estas instalaciones, como es conocido, excluyen de su uso a las personas con discapacidad.
Lo mismo podemos señalar respecto de los edificios de nueva construcción o sujetos a reformas en los que se permiten accesos diferenciados para las personas con discapacidad que, por lo general, se sitúan en la parte trasera de los edificios.
Se han de primar aquellas instalaciones que puedan ser utilizadas por toda la ciudadanía en condiciones de igualdad, con el fin de hacer efectivo los principios de la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad.
V.2. El diagnóstico obtenido en el informe extraordinario presentado en este ejercicio sobre la accesibilidad del sistema de transporte público de la CAPV, permite concluir que, en la actualidad, son muy significativas las carencias que se observan y que condicionan su uso de manera universal:
Se dispone de un sistema de transporte ferroviario prácticamente inaccesible. En estos últimos años ha sido importante el volumen de intervenciones que se han realizado, y de las actuaciones que se encuentran en la actualidad en proyecto. A pesar de ello las administraciones concernidas deben seguir fomentando las inversiones que sean precisas para garantizar el uso universal de estos servicios.
Sobre la accesibilidad de los sistemas por carretera, se puede indicar que la situación de las principales terminales de autobús así como de las paradas en todo el territorio de la comunidad autónoma tampoco resulta satisfactoria. Asimismo, sigue sin alcanzarse la accesibilidad plena de la flota de autobuses que se utiliza para los recorridos interurbanos y de largo recorrido. A estos efectos, resultará determinante el cumplimiento de las condiciones técnicas que se impongan a los operadores durante la progresiva renovación de las concesiones de las líneas regulares de viajeros por carretera que se prevé en para el año 2012.
La adopción de las medidas técnicas que garanticen la accesibilidad en la comunicación sigue siendo la asignatura pendiente en todo el sistema de transporte de la Comunidad Autónoma, también respecto de aquellos sistemas que desde el punto de vista de la accesibilidad física obtienen un resultado más favorable como son el metro y el tranvía. La falta de provisión de elementos que garanticen el acceso a la información y comunicación en los diferentes sistemas de transporte impide que las personas con discapacidad visual y auditiva puedan acceder de manera autónoma al transporte público.
Por último, debemos insistir en la necesidad de que las administraciones locales se impliquen en el acondicionamiento de los itinerarios peatonales y de acceso a las infraestructuras de transporte para que éstos resulten seguros y accesibles. Hay que tener en cuenta la importancia de garantizar la accesibilidad durante toda la cadena de desplazamiento, desde el origen al destino, independientemente del número de las etapas realizadas y de los modos de transporte empleados.
V.3. Teniendo en cuenta, tal como pone de manifiesto el informe, recientemente elaborado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, sobre el agravio comparativo que origina la discapacidad, el sobreesfuerzo que deben realizar las personas con discapacidad y sus familias, para atender a las necesidades derivadas de esa discapacidad, en nuestra opinión, en una coyuntura como la que nos encontramos de crisis económica los poderes públicos deben avanzar en el tratamiento de los beneficios fiscales existentes como medida de protección que ayude a disminuir situaciones de desigualdad.
V.4. Las personas con discapacidad siguen teniendo dificultades para el acceso a las prestaciones y recursos sociales que les permitan tener una vida en condiciones de igualdad. Como hemos podido relatar de las actuaciones seguidas en el presente ejercicio, todavía hoy se dan situaciones no previstas en la normativa; se producen carencia en los recursos sociales que garanticen una respuesta adecuada a las necesidades específicas del colectivo o la falta de adaptación de las ya existentes. La aprobación del Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales debe significar un antes y un después en la política social de la CAPV.
V.5. Es innegable que el derecho a acceder al empleo público en condiciones de igualdad reviste una especial relevancia cuando se trata de personas con discapacidad, de ahí que el ordenamiento jurídico actual contenga normas y disposiciones destinadas específicamente a favorecer las condiciones de acceso de estas personas.
Por ello, el empleador público debe garantizar el cumplimiento del cupo de reserva de puestos establecido, una determinada preferencia en la fase de elección de destinos o la adecuación del puesto de trabajo y de su entorno a las necesidades de la persona que lo vaya a desempeñar.
V.6. Por último, un año más queremos significar que la adopción de las medidas técnicas que garanticen la accesibilidad en la comunicación sigue siendo la asignatura pendiente en la Comunidad Autónoma Vasca. Así lo hemos podido constatar en el estudio realizado sobre la accesibilidad del sistema de transporte público donde se constata la ausencia total de los medios que permitan garantizar la accesibilidad a las personas con dificultades de comunicación. También hemos podido comprobar la falta de medios técnicos que faciliten la información y la comunicación en los lugares donde se encuentran los puntos de atención en los edificios públicos, en el acceso a los recursos educativos, sanitarios y sociales. Por ello, consideramos que resulta decisivo encaminar las actuaciones de los poderes públicos a la implantación de las condiciones de accesibilidad en la comunicación para asegurar que sea real y efectivo el derecho de las personas con discapacidad visual y auditiva a no ser discriminados y a poder disfrutar de las mismas oportunidades.
1 Puede accederse al texto completo de la comparencia en la web del Ararteko.

References: Real Decreto 
 artículo 10
 artículo 11
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 59
 artículo 9
 resolución