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Timestamp: 2020-04-01 07:12:55+00:00

Document:
Concesión de Obra Pública (5)
Martes, 15 Febrero 2011 12:33
1.1. Ordenanza nº 6416 Obras Públicas
1.1. Ordenanza de Obras Públicas nº6416
Normas generales que regulan la contratación y ejecución de obras públicas (1)
(1) Remitirse al texto completo de la ordenanza nº 6416 que obra en este Digesto Municipal.
Viernes, 20 Enero 2017 11:08
1.1.3.Ordenanza nº 9528 REGIMEN MARCO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS
Promulgada: 20.12.2016 por Decreto nº 2561
REGIMEN MARCO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS
Artículo 1°.- La presente Ordenanza, tiene como objeto establecer los principios, procesos y atribuciones del Sector Público para la evaluación, implementación y operación de infraestructura pública, o la prestación de servicios públicos, y/u otras modalidades de Asociación Público Privada, con el objeto de promover, formular, canalizar y ejecutar adecuadamente proyectos de incidencia pública provenientes del sector privado en la Ciudad de Paraná.
Artículo 2°.- Los contratos de Asociación Público-Privada constituyen un instrumento de cooperación entre el Sector Público y el Sector Privado destinado a establecer un vínculo obligacional entre las partes, a fin de asociarse para la ejecución y desarrollo de obras públicas, servicios públicos, u otra actividad delegable, observando los siguientes principios:
a) Eficiencia en el cumplimiento de las funciones del Estado, debiendo hacer uso de los recursos sin desperdicio, demora, cargas inapropiadas para las generaciones futuras.
e) Transparencia en los procedimientos y toma de decisiones.
g) Asignación de los riesgos, Deberá existir una adecuada distribución de los riesgos entre los sectores público y privado. Es decir, que los riesgos deben ser asignados a aquel con mayores capacidades para administrarlos a un menor costo, teniendo en consideración el interés público, el perfil del proyecto y un criterio de mayor eficiencia.
h) Participación, dando intervención de todos los participantes.
i) Valor Público. Establece que un servicio público debe ser suministrado por aquel privado que pueda ofrecer una mayor calidad a un determinado costo o los mismos resultados de calidad a un menor costo. De esta manera, se busca maximizar la satisfacción de los usuarios del servicio así como la optimización del valor del dinero proveniente de los recursos públicos.
j) Preservación del Ambiente. Los proyectos deberán preveer el adecuado aprovechamiento del ambiente para las generaciones presentes y futuras, respetando los presupuestos mínimos en cada materia.
Artículo 3°.- Pueden ser objeto de Asociación Público-Privada, los siguientes emprendimientos públicos:
En los casos de ejecución de obra pública, al término de la Asociación Público- Privada respectiva, la propiedad de la obra corresponderá al Estado Municipal, sin derecho a compensación alguna, incluyendo todas las mejoras, instalaciones muebles registrables e inmuebles efectuadas por el concesionario necesarios para la explotación y conservación de las obras y/o servicios y/o actividades, realizadas en inmuebles del dominio público o propiedad del Municipio.
Asimismo, podrán ser objeto del contrato, las mejoras e instalaciones a realizarse en inmuebles de dominio privado del Estado Municipal, de acuerdo a los términos y condiciones que se prevean en sus cláusulas.
Artículo 4°.- Sin perjuicio de lo que eventualmente se estipule en cada caso concreto, las Asociaciones Público-Privadas observarán las siguientes pautas básicas:
e) Adhesión al régimen de oferta pública previsto por la Ley N°17.811 y sus normas complementarias, de corresponder según el caso.
Los alcances del inciso a) en los contratos, concesiones y/o figuras jurídicas que correspondan, se formalizarán por un tiempo determinado, el cual no podrá exceder de treinta (30) años: salvo que la actividad o aporte requiera un tiempo más extenso, el cual deberá ser estipulado en la Ordenanza que declara el interés público.
Artículo 5°.- Las Asociaciones Público-Privadas podrán organizarse como, asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, sociedades anónimas, fideicomisos o bajo cualquier otra forma societaria o modalidad, que resulte apta para financiarse por medio del régimen de oferta pública previsto por la Ley N°17.811 y sus normas complementarias.
Solamente podrá realizarse aportes con asociaciones civiles y/o fundaciones en las iniciativas de índole meramente social.
Artículo 6°.- El aporte de la Administración Pública a la Asociación, podrá ser efectuado por los siguientes medios:
b) Cesión de créditos tributarios y/u otorgamiento de beneficios tributarios.
d) Otorgamiento de derechos sobre bienes de dominio privado del Estado Municipal.
e) Prestaciones accesorias en los términos del Artículo 50 de la Ley N° 19550, si correspondiere en función del tipo de obra de que se trate y la figura jurídica adoptada.
f) Otorgamiento de Garantías Financieras: que tiene por objeto respaldar las obligaciones del privado, derivadas de préstamos o bonos emitidos para financiar los proyectos de Asociaciones Público-Privadas, o para respaldar obligaciones de pago del Estado.
g) Otorgamiento de Garantías No Financieras: como aseguramientos estipulados en el contrato que se derivan de riesgos propios de un proyecto de Asociación Público-Privada.
h) Otras formas de aporte legalmente autorizadas.
Artículo 7°.- El proceso de selección del socio privado se efectuará en todos los casos, conforme a las disposiciones de la normativa vigente.
Las declaraciones entre la Municipalidad de Paraná y los socios privados integrantes de la Asociación Público-Privada, se regirá por las normas de derecho que resulten aplicables.
Las relaciones de Asociación Público-Privada con terceros se regirán por el derecho que resulte aplicable según sea la forma bajo la que se hubiera organizado conforme lo dispuesto en el Artículo 5° de la presente. Cuando dicha relación con terceros se rija por el derecho público, las contrataciones efectuadas deberán ser realizadas en el marco de la normativa vigente.
Artículo 8°.- Sin perjuicio de la normativa aplicable en cada caso, la Administración Pública deberá solicitar al socio privado las garantías que resulten necesarias para el cumplimiento de las obligaciones de los contratos celebrados bajo el presente régimen, en la forma que establezca la normativa complementaria que se dicte.
Artículo 9°.- Para todas las controversias que eventualmente pudieren surgir con motivo de la ejecución, aplicación y/o interpretación de los contratos celebrados bajo el régimen dispuesto por la presente Ordenanza, los Pliegos de Bases y Condiciones y la documentación correspondiente podrán determinar la posibilidad de establecer mecanismos de mediación, avenimiento y/o arbitraje.
Artículo 10°.- El organismo de la Administración Pública que propicie la propuesta de Asociación Público-Privada, deberá presentarla ante el COMITÉ DE EVALUACIÓN DE ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS.
Artículo 11°.- El COMITÉ DE EVALUACIÓN DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS, funcionará en el ámbito del Departamento Ejecutivo, y estará constituido con representantes "ad honorem", debiendo haber representación obligatoria en todas las evaluaciones de las Secretarías de Hacienda, de Función Pública y/o Gobierno; Legal y Técnica, la Dirección de Responsabilidad Social Empresaria y/o Articulación Público Privada; en los casos de índole meramente social, será parte necesaria la Secretaría de Desarrollo Social; y en las iniciativas de Obras y Servicios Públicos la Subsecretaría de Ambiente Sustentable. En caso de cambios en las dependencias serán sustituidas en base a la competencia material asignada.
La referida comisión tendrá a su cargo la recepción y evaluación de los proyectos de Iniciativa Privada que sean presentados por los interesados.
El Departamento Ejecutivo podrá, mediante decreto, en razón de la estructura funcional de secretarías y/o de la especificidad y/o complejidad del tema constituir dicha comisión con integración de funcionarios de otras áreas, tales como las concernientes a Obras y/o Servicios Públicos, Turismo, Producción, Planificación, Infraestructura, Desarrollo Social, Cultura, el Consejo Económico Social, etc.
Artículo 12°.- Las propuestas de Asociación Público-Privada contendrán como mínimo los siguientes requisitos de admisibilidad:
b) Indicadores de calidad del servicio a prestarse, si correspondiese.
c) Las bases de su factibilidad técnica, económica, financiera y la forma de retribución propuesta.
d) Monto estimado de la inversión, si correspondiese.
e) Forma jurídica que adoptará la Asociación Público-Privada, con identificación de la participación que asumirá el Estado Municipal.
f) Identificación expresa y descripción completa de los aportes del Sector Público y del Sector Privado.
g) Un informe circunstanciado del proyecto, emitido por el organismo propiciante.
h) Cronograma tentativo del proyecto de inversión.
Una vez presentada la iniciativa privada, el proponente no podrá realizar unilateralmente respecto a ésta, modificaciones o ampliaciones, salvo aquellas que a criterio del Comité resulten sustanciales.
En el caso que se establezca una retribución por medio de una tarifa, se debe establecer expresamente un sistema tarifario justo, razonable y transparente, tanto en su confección y/o procedimiento de modificación, debiendo expresar analíticamente los costos que lo fundamentan.
Artículo 13°.- El Comité identificará los niveles de servicio que se busca alcanzar, a partir de un diagnóstico sobre la situación actual, señalando su importancia en las prioridades sectoriales, regionales y locales, según corresponda, en el marco de las cuales desarrollan los proyectos de inversión. Una Asociación Público-Privada podrá desarrollarse sobre la base de más de un Proyecto de Inversión Pública, siempre que éstos hayan sido declarados viables.
Artículo 14°.- El Comité deberá mantener el carácter confidencial y reservado de las iniciativas privadas que se presenten, bajo su responsabilidad. Esta obligación, se extiende a las entidades públicas y funcionarios públicos que por su cargo o función tomen conocimiento de la presentación y contenido de una iniciativa privada. El carácter confidencial y reservado de las iniciativas privadas se mantendrá hasta que éstas sean presentadas y elevadas al Ejecutivo Municipal y/o hasta que se eleven al Honorable Concejo Deliberante, de acuerdo a lo que determine el comité.
Artículo 15°.- El Comité está facultado para solicitar al organismo propiciante las aclaraciones, documentación o informes ampliatorios que considere pertinentes. Dichos requerimientos deberán ser cumplidos en un plazo máximo de TREINTA (30) días.
Artículo 16°.- Una vez verificados los requisitos de admisibilidad previstos en el Artículo 12°, el COMITÉ DE EVALUACIÓN DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS, evaluará en un plazo de hasta sesenta (60) días, el interés público comprometido por la presentación, elevando al Departamento Ejecutivo Municipal un informe circunstanciado en relación con la propuesta y aconsejando su viabilidad.
Si el Departamento Ejecutivo Municipal aprueba la propuesta, elevará los antecedentes al Honorable Concejo Deliberante, a los efectos que éste, declare de interés público y la incluya en el Régimen de Asociación Público-Privada.
Artículo 17°.- El Honorable Concejo Deliberante mediante decisión fundada, con valoración de la oportunidad, mérito o conveniencia podrá declarar de interés municipal la iniciativa, enviando el expediente al Departamento Ejecutivo Municipal para la continuación del trámite y autorizándolo a seguir el procedimiento de selección del contratista que entienda corresponder, conforme el régimen de contrataciones vigente.
La declaración de interés municipal por parte del Honorable Concejo Deliberante se efectuará con el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros presentes. Si transcurridos sesenta (60) días hábiles desde el ingreso del proyecto al Honorable Concejo Deliberante, éste no lo hubiera aprobado o rechazado, la declaración de interés municipal se efectuará con el voto afirmativo de la mayoría simple de los miembros presentes, salvo en las iniciativas que versen sobre la delegación y concesión de servicios públicos que sólo puede aprobarse con 2/3 partes de la totalidad de los miembros en cumplimiento del Artículo 99° de la Ley Provincial N°10.027 y sus modificatorias.
Si transcurridos noventa (90) días hábiles desde el ingreso del proyecto de declaración de interés municipal de una propuesta presentada bajo el régimen de la presente ordenanza al Concejo Deliberante, éste guardare silencio, deberá considerarse que la propuesta no es de interés municipal.
Artículo 18°.- El autor de la iniciativa será convocado de acuerdo al régimen de contrataciones aplicables, a:
a) Presentar garantía, en caso de corresponder.
b) Presentar Oferta y/o Concursar en Licitación Pública, en caso de corresponder.
c) Mejorar su Oferta e igualar a la mejor de la iniciativa efectivamente presentada, en el caso de que se realizara un llamado a licitación pública y se presentara otros oferentes.
Igualando a la mejor oferta habida, la ejecución de la obra o prestación de servicio le será adjudicada al autor de la iniciativa.
Artículo 19°.- En las iniciativas que tengan por objeto la realización de Obra y/o Servicios Públicos, realizado el proceso de compulsa y mejora de ofertas, no resultare adjudicado al autor de la iniciativa, quien resulte adjudicatario deberá abonarle, en concepto de compensación de la iniciativa, una suma de dinero cuyo monto y/o porcentaje será determinado por el Comité de Evaluación de Asociación Pública Privada, la que no podrá superar el tres por ciento (3%) del total del monto adjudicado de la obra a construir o del servicio a prestar en concepto de Derecho de Autor. Este artículo deberá transcribirse en el pliego de licitación donde se establecerá el monto o alícuota y plazo para cada caso.
El iniciador no tendrá ningún derecho a reclamar a la Municipalidad los gastos, honorarios y derechos de autoría.
Artículo 20°.- El autor de una iniciativa privada, presentada en forma directa o por concurso de proyectos, que por cualquier causa o motivo no sea declarada de interés municipal, y si el objeto de dicha iniciativa (realización de obra o prestación de servicios), es presentado nuevamente por otro particular y dentro del término de doce (12) meses es declarada de interés y adjudicada al nuevo presentante o a un tercero, será acreedor de la compensación prevista en el artículo que antecede. El plazo de doce (12) meses se computará desde el momento en que se desechó la iniciativa originaria por el Honorable Concejo Deliberante o no se produjera decisión conforme lo establece la presente Ordenanza.
Artículo 21°.- El Departamento Ejecutivo Municipal podrá convocar a un concurso de proyectos, consistente en la presentación de iniciativas de particulares a los fines de celebrar contratos de concesión de obra pública, de servicio público, de uso y explotación de bienes o espacios público, o el que jurídicamente corresponda según el caso y de acuerdo a los intereses públicos comprometidos.
Artículo 22°.- La convocatoria deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Nación y de la Provincia de Entre Ríos y al menos en uno (1) de los diarios de mayor circulación a nivel nacional y en dos (2) de los de mayor circulación a nivel provincial durante tres (3) días corridos.
Artículo 23°.- Los avisos deberán sintetizar las condiciones de la convocatoria fijando fecha, lugar y hora de apertura de los sobres que contengan las propuestas. El término para la presentación de las propuestas no podrá ser mayor a los noventa (90) días.
Artículo 24°.- Las propuestas deberán contener el detalle de las condiciones, componentes técnicos, prestaciones, ofertas económicas y demás elementos que hagan a la viabilidad del emprendimiento.
Artículo 25°.- Una vez determinado cuál es el proyecto ganador, se seguirá en lo pertinente, el procedimiento previsto en la presente Ordenanza y/o la normativa aplicable.
Artículo 26°.- El Departamento Ejecutivo Municipal será competente para llevar a cabo la inspección, dirección y control del cumplimiento del contrato, vínculo y finalidad de la asociación público privada.
Artículo 27°.- Los controles a ejercer por el Departamento Ejecutivo Municipal abarcarán los aspectos técnicos, operativos, legales, económicos, financieros, contables y ambientales conforme a lo que disponga la reglamentación y el correspondiente contrato. Teniendo amplias facultades de control y podrá utilizar diferentes instrumentos para el ejercicio de dichas funciones tales como requerimientos de información, auditorías externas, evaluación de desempeño, inspecciones y peritajes. A estos efectos, el asociado particular quedará obligado a proporcionar, a requerimiento del D.E.M., toda la información y documentación relativa al cumplimiento del contrato que aquella le requiera, sin poder oponer a su respecto el secreto comercial.
Artículo 28°.- Tanto la administración contratante como el asociado particular deberán procurar mantener el equilibrio de la ecuación económica-financiera del contrato de Asociación Público Privada en los términos que fueran acordados. Por ella se entenderá la inalterabilidad sustancial del conjunto de variables económicas que las partes tuvieron en cuenta al tiempo de celebrar el contrato.
Artículo 29°.- Las partes sólo podrá introducir modificaciones en el contrato de Asociación Público Privadas por razones de interés público. La posibilidad de que el contrato sea modificado y las condiciones en que podrá producirse la modificación deberán recogerse en los pliegos y en el propio contrato.
Artículo 30°.- El asociado particular podrá ceder total o parcialmente el contrato de Asociación Público Privada a un tercero, con la autorización previa y expresa de la Administración Municipal. Ella deberá verificar que el cesionario reúna los requisitos y condiciones necesarias. La cesión podrá proceder siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante para su adjudicación. Producida la cesión, el cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente.
El asociado particular también podrá subcontratar a terceros las prestaciones puestas a su cargo, siempre que el contrato o los pliegos de condiciones no dispongan lo contrario o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que aquel ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario.
Artículo 31°.- Todas las entidades de la administración pública del Estado Municipal, en todos sus niveles de gobierno, bajo responsabilidad, quedan obligadas a no realizar actos o dictar disposiciones que demoren la obtención de los permisos, licencias, o autorizaciones que resulten necesarias para la ejecución del proyecto, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la Municipalidad de Paraná contenidas en los contratos de Asociación Público-Privada.
Artículo 32°.- Producida la extinción del contrato por cualquier causa antes de su vencimiento, el Departamento Ejecutivo Municipal, previo comunicación y decisión del Honorable Concejo Deliberante, podrá disponer la terminación de la obra y/o prestación del servicio por administración, o realizar un nuevo llamado a licitación pública.
Artículo 33°.- Límite Presupuestario. Los compromisos asumidos por la Municipalidad de Paraná en los contratos de Asociación Público-Privada calculado a valor presente, no podrá exceder el siete por ciento (7%) del Presupuesto Anual.
Artículo 34°.- Para casos no previstos en la presente Ordenanza, será de aplicación supletoria las normativas de obras y servicios públicos y contrataciones vigentes en la materia, según corresponda.
Artículo 35°.- Deróguese la Ordenanza N°7667 y cualquier otra normativa que se oponga a la presente.
Artículo 36°.- Comuníquese.
1.2. Decreto nº49/1980 Reglamentario de la Ordenanza nº 6416 Obras Públicas
1.2. Decreto reglamentario nº49/80
Reglamentario de la ordenanza de obras públicas nº 6416. (1)
(1) Remitirse al texto completo del decreto nº 49/80 que obra en este Digesto Municipal.
1.3. Ley nacional nº 17520 Concesiones de Obra Pública
1.3. Ley nacional nº17520
Fecha de sanción y promulgación :07.11.1967
Publicada: 13.11.1967
ARTÍCULO 1º.-El Poder Ejecutivo podrá otorgar concesiones de obra pública por un término fijo, a sociedades privadas o mixtas o a entes públicos para la construcción, conservación o explotación de obras públicas mediante el cobro de tarifas o peaje conforme a los procedimientos que fija esta ley. La concesión se hará por decreto del Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 2º.-La concesión podrá ser:
ARTÍCULO 3º.-Para definir la modalidad de la concesión dentro de las alternativas fijadas en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo deberá considerar:
1. Que el nivel medio de las tarifas no podrá exceder al valor económico medio del servicio ofrecido.
2. La rentabilidad de la obra, teniendo en cuenta el tráfico presunto, el pago de la amortización de su costo, de los intereses, beneficio y de los gastos de conservación y de explotación.
Si al definir la modalidad de la concesión a otorgar se optase por la gratuita o subvencionada por el Estado, deberán precisarse las obligaciones de reinversión del concesionario o de participación del Estado en el caso de que los ingresos resulten superiores a los previstos.
ARTÍCULO 4º.-Las concesiones de obra pública se otorgarán mediante uno de los siguientes procedimientos:
b) Por contratación directa con entes públicos o con sociedades de capital estatal;
c) Por contratación con sociedades privadas o mixtas. En tal caso las tratativas preliminares entre la persona o entidad privada y la entidad pública concedente, se llevarán a cabo hasta fijar las bases principales de la futura concesión; hecho lo cual se optará por la licitación pública con dichas bases o se convocará públicamente para la presentación de proyectos en competencia, mediante los avisos o anuncios pertinentes. En este caso si no se presentaran mejores ofertas, el contrato podrá celebrarse directamente con la persona o entidad privada que inició las tratativas preliminares hasta la redacción de aquellas bases. Si se presentaran ofertas mejores, a juicio exclusivo del Estado, se llamará a licitación pública o privada entre los oferentes para la construcción, conservación o explotación de que se trate.
En todos los casos deberán respetarse, en cuanto a la etapa de construcción, las normas legales establecidas para el contrato de obra pública en todo lo que sea pertinente.
ARTÍCULO 5º.-El Poder Ejecutivo podrá crear sociedades anónimas mixtas con o sin mayoría estatal, de acuerdo a lo establecido por la ley 17.318, o entes públicos u otro tipo de persona jurídica para el cumplimiento de los fines previstos en la presente ley, haciendo el aporte de capital que considerare necesario o creando los fondos especiales pertinentes.
Los entes públicos que el Poder Ejecutivo disponga crear de acuerdo a esta ley tendrán personería jurídica y plena capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y estar en juicio como actor y demandado, en cumplimiento de las finalidades que motivaron su creación. Podrán asimismo proyectar su presupuesto anual, estatuto de su personal, reglamento y estructura internos. El cumplimiento de las condiciones de la concesión será fiscalizado por el Estado, que designará su representación o delegación en el ente concesionario, cualquiera sea su naturaleza, con las facultades que se fijen en el contrato de concesión.
Si la concesión previese que los entes o sociedades concesionarias pudieran o debieran obtener total o parcialmente los fondos necesarios para financiar las obras motivo de la concesión mediante el recurso del crédito, las cartas orgánicas de tales entes o sociedades deberán autorizarlos a emitir bonos o títulos y a contraer cualquier deuda u obligación, en moneda local o extranjera, vinculada con tales inversiones.
Dichos bonos, títulos, obligaciones o deudas podrán gozar de la garantía del Estado de acuerdo con los términos del artículo 9º y esta circunstancia deberá hacerse constar en la concesión.
ARTÍCULO 6º.- El Poder Ejecutivo queda facultado para establecer desgravaciones en el impuesto a los réditos que deben abonar los inversores en las sociedades o entes concesionarios, dentro de los siguientes límites:
a) A los suscriptores iniciales de acciones de la concesionaria y a los inversores iniciales que efectúen aportes hasta integrar el capital total de la misma: hasta el CIENTO POR CIENTO (100 %) del monto integrado en el ejercicio;
b) A los suscriptores iniciales de bonos o títulos con garantía del Estado: hasta el SETENTA POR CIENTO (70 %) del monto integrado en el ejercicio. Los suscriptores e inversionistas para tener derecho a la franquicia deberán mantener sus aportes de capital en la concesionaria, por un término no inferior a DOS (2) años; en caso contrario deberán reintegrar a su balance impositivo los importes respectivos en el año que tal hecho ocurra. El mismo criterio se aplicará para los suscriptores de bonos o títulos.
El Poder Ejecutivo queda facultado, asimismo, para establecer la exención, a la entidad concesionaria, por un término como máximo igual al plazo de la concesión, del impuesto al rédito producido por la explotación de la obra pública.
ARTÍCULO 7º.-En todos los casos el contrato de concesión deberá definir: el objeto de la concesión; su modalidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de esta ley; el plazo; las bases tarifarias y procedimientos a seguir para la fijación y los reajustes del régimen de tarifas; la composición y las facultades de la representación o de la delegación a que se refiere el artículo 5º de esta ley; la indicación -si correspondiese-de utilizar recursos del crédito para financiar las obras según lo previsto en el artículo 5º de esta ley; las garantías a acordar por el Estado; los alcances de la desgravación impositiva, si la hubiere; el procedimiento de control contable y de fiscalización de los trabajos técnicos; las obligaciones recíprocas al término de la concesión; las causales y las bases de valuación para el caso de rescisión.
En los casos en que las inversiones motivo de la concesión fuesen a ser financiadas con recursos del crédito a obtenerse por el Estado o por el concesionario con la garantía de éste, la concesión -además de prever los procedimientos de fijación y ajuste de tarifas-deberá contener las disposiciones que aseguren la amortización y servicio de las deudas y obligaciones a contraerse, así como la obligación del Estado de proveer el eventual defecto de ingresos si las tarifas autorizadas o reajustadas no resultasen suficientes.
ARTÍCULO 8º.-Créase un fondo con destino a los estudios y para control de estas concesiones, integrado por los siguientes aportes:
1. Un aporte de doscientos millones de pesos moneda nacional (m$n. 200.000.000) provenientes de rentas generales por esta única vez.
2. El medio por ciento (0,5 %) de la recaudación que por peaje o tarifas se perciba en las obras ejecutadas por este sistema en el territorio del país.
3. El uno por ciento (1 %) de las ventas de terrenos e inmuebles o locaciones que realicen los entes concesionarios.
4. Todo otro aporte que se disponga en el futuro.
El Poder Ejecutivo queda facultado para reglamentar la disposición de estos recursos e incorporar las partidas respectivas en el presupuesto, con el régimen que estime más conveniente.
ARTÍCULO 9º.-El uso por los concesionarios de las facultades de emitir y colocar valores y contraer deudas con garantías del Estado a que se refieren los artículos 5º y 7º quedará sujeto a autorización previa de las autoridades económicas y monetarias competentes, al solo efecto de la determinación de la oportunidad y de las condiciones de las operaciones a realizar.
ARTÍCULO 10.-Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los bienes muebles e inmuebles requeridos para la realización de las obras comprendidas en la presente ley.
ARTÍCULO 11.- Incorpórase al artículo 11 de la ley 17.271, como competencia de la Secretaría de Estado de Obras Públicas los siguientes incisos:
20. Entender en el otorgamiento de concesiones de obra pública a sociedades privadas, mixtas o entes públicos para la construcción, conservación o explotación de obras públicas mediante el cobro de tarifas o peaje; en su régimen de promoción, en los estudios de rentabilidad, en la determinación de la modalidad de la concesión, en la formación de sociedades o entes necesarios a los fines previstos.
21. Entender en coordinación con los organismos de Estado correspondientes, en la fiscalización y control de las concesiones e intervenir con la Secretaría de Estado de Hacienda en lo referente a la emisión de títulos, bonos, valores u obligaciones.

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6
 Artículo 50

Artículo 7
 Artículo 5

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16
 Artículo 12

Artículo 17
 Artículo 99

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

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