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Timestamp: 2020-08-06 15:30:34+00:00

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Sentencia de Tutela nº 021/18 de Corte Constitucional, 5 de Febrero de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 706399025
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ENTRE EL CONTRATISTA Y EL BENEFICIARIO DE LA OBRA O LABOR CONTRATADA, Se ataca una decisión judicial adoptada al interior de un proceso ordinario laboral, mediante la cual se determinó que la UAESP no era responsable solidariamente en el pago de los salarios y prestaciones sociales adeudados a la actora, por cuanto la labor por ella desarrollada en el marco del contrato laboral era extraña a las actividades normales de la entidad. La accionada celebró un contrato de prestación de servicios con Distromel Andina Ltda. y en virtud de éste, la precitada empresa, contrató a la peticionaria para que desempeñara el cargo de auxiliar administrativo. Se reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Los defectos fáctico y sustantivo por desconocimiento del precedente judicial como causales específicas de dicha procedencia y, 3º. La responsabilidad solidaria entre el contratista y el beneficiario de la obra o labor contratada según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Se CONCEDE el amparo invocado, se deja sin efectos la providencia cuestionada y se una ordena a la autoridad judicial demandada proferir una nueva decisión en la que siga estrictamente los lineamientos fijados y el análisis efectuado en el presente fallo. Recibo Relatoria:
Sentencia T-021/18
Referencia: Expediente T-6.394.280
Acción de tutela instaurada por la señora Y.Y.C.A., quien actúa por intermedio de apoderado judicial, contra la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y otros.
Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por la S. Laboral de la Corte Suprema de Justicia en primera instancia, y de la S. Penal de la misma Corporación en segunda instancia, en la acción de tutela instaurada por la señora Y.Y.C.A., quien actúa por intermedio de apoderado judicial, contra la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y otros.
1.1. La señora Y.Y.C.A., actuando mediante apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con el fin de que le fueran amparados sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.
1.2. Relató que el 13 de octubre de 2011 la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (en adelante UAESP) celebró el contrato de prestación de servicios núm. 165 E de 2011 con la sociedad D.A.L., por un término de ocho años, cuyo objeto era la contratación del “Sistema de Información Integral del Servicio de Aseo” -SIISA-.
1.3. Señaló que el 1° de marzo de 2012, fue contratada por D.A.L., mediante un contrato individual de trabajo a término fijo, para que desempeñara el cargo de auxiliar administrativa con funciones de acompañamiento y apoyo al proyecto SIISA. Según explicó la accionante, los servicios para los que fue vinculada guardaban relación con el contrato núm. 165 E de 2011 mencionado.
1.4. Agregó que si bien fue contratada por D.A.L., era materialmente empleada de la UAESP, por cuanto trabajaba para el proyecto SIISA que era de propiedad de esta última, cumplía las funciones en las instalaciones de la unidad y recibía instrucciones de esa entidad.
1.7. Adujo que por esa razón promovió proceso ordinario laboral en contra de D.A.L. y, solidariamente, en contra de la UAESP, con miras a obtener el pago de lo adeudado.
1.9. Refirió que, inconforme con esa decisión, el apoderado de la UAESP instauró recurso de apelación, del cual conoció la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que mediante providencia del 6 de diciembre de 2016 revocó parcialmente la sentencia, en el sentido de declarar que la UAESP no era responsable solidariamente de las obligaciones adquiridas por D.A.L., al no existir nexo causal entre la misión y las funciones de la entidad estatal y el objeto social de la empresa demandada.
1.10. A juicio de la accionante, el Tribunal incurrió en los siguientes defectos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales: i) desconocimiento del precedente, toda vez que desatendió la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional y por la S. Laboral de la Corte Suprema de Justicia en materia de responsabilidad solidaria; ii) defecto sustantivo, por cuanto se desconoció el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo; y iii) defecto material, ya que se fundó en una indebida valoración probatoria.
1.11. Por otro lado, resaltó que a pesar de mantenerse la declaratoria de responsabilidad de D.A.L., esta empresa no puede pagar las acreencias laborales debido a una declaratoria de insolvencia.
Mediante Auto del 15 de mayo de 2017 la S. Laboral de la Corte Suprema de Justicia avocó conocimiento de la acción de tutela, disponiendo dar traslado al Tribunal accionado para que ejerciera el derecho a la defensa y contradicción. Asimismo, vinculó al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá y a las partes e intervinientes en el trámite del proceso ordinario laboral que motivó la queja constitucional.
Sobre el fondo del asunto mencionó que al observar el contrato laboral suscrito entre la accionante y D.A.L., era posible advertir que aquella fue contratada para ejercer labores administrativas relacionadas con el objeto social de esta última y su giro normal de negocios, como contestar llamadas telefónicas y hacer el seguimiento de la agenda comercial de la empresa.
Afirmó que no existe nexo causal entre la misión y las funciones de UAESP y el objeto social de D.A.L. y, por tanto, no se configura la solidaridad consagrada en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Ello por cuanto la función principal de UAESP consiste en garantizar el servicio público de aseo en el Distrito Capital, en tanto que a D.A.L., le corresponde prestar servicios de tecnología y desarrollo tecnológico. Bajo ese entendido, la labor realizada por la demandante no pertenece a las actividades normales que desarrolla la entidad estatal.
Acto seguido, sostuvo que: i) D.A.L., es su verdadero empleador, por lo que está facultado para vincular personal que desarrolle su objeto social; y ii) el contrato de prestación de servicios núm. 165 E de 2011 no fue suscrito por una empresa de servicios temporales para enviar a la UAESP trabajadores en misión.
Para culminar, advirtió que la sentencia de primera instancia dentro del proceso ordinario atentaba y agravaba el patrimonio del Distrito Capital, teniendo en cuenta que la UAESP declaró el incumplimiento y la caducidad del contrato de prestación de servicios núm. 165 E de 2011, lo que trajo como consecuencia la liquidación del mismo en el estado en el que se encontraba. A raíz de lo anterior, comentó, la empresa contratista está adeudando una suma superior a los treinta mil millones de pesos, sin que a la fecha se haya hecho la devolución de esos valores.
2.3. El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá D.C. informó que se atiene a las actuaciones procesales que reposan dentro del expediente núm. 2015-0780.
La S. Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 30 de mayo de 2017, negó la protección invocada al considerar que la decisión enjuiciada no se sustentó en argumentos arbitrarios o infundados y, por el contrario, atendió las disposiciones legales que regían el caso y la valoración de los elementos de prueba que obraban en el expediente.
La señora Y.Y.C.A., a través de apoderado judicial, impugnó la decisión de primera instancia, al estimar que la Corte Suprema de Justicia no se pronunció sobre los defectos específicos de procedibilidad endilgados a la providencia en discusión.
La S. Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia emitida el 17 de agosto de 2017, confirmó el fallo impugnado al estimar que el razonamiento de la autoridad demandada no puede controvertirse en el marco de la acción de tutela, dado que de ninguna manera se percibe ilegítimo, caprichoso o irracional, sino que, por el contrario, se sustenta en aseveraciones fundamentadas en los principios de libre formación del convencimiento y de autonomía judicial.
- Copia de la demanda ordinaria laboral interpuesta por la señora Y.Y.C.A. contra D.A.L., y de manera solidaria contra la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-. (Cuaderno 1, folios 21 a 37).
- Copia del contrato individual de trabajo a término fijo celebrado entre D.A.L., y la señora Y.Y.C.A.. (Cuaderno 1, folios 40 a 43).
- Copia del contrato de prestación de servicios núm. 165 E de 2011 celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP- y la sociedad D.A.L. (Cuaderno 1, folios 44 a 65).
- Copia de la reclamación del pago de salarios presentada por la señora Y.Y.C.A. ante la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-. (Cuaderno 1, folios 98 a 104).
- Copia de la contestación de la demanda ordinaria laboral presentada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-. (Cuaderno 1, folios 107 a 142).
- Copia de la contestación de la demanda ordinaria laboral presentada por la sociedad D.A.L. (Cuaderno 1, folios 143 y 144).
6.1. Mediante Auto del 21 de noviembre de 2017 el magistrado sustanciador solicitó al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá D.C., que enviara una copia integral del expediente núm. 2015-0780, contentivo del proceso ordinario laboral promovido por Y.Y.C.A. en contra de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos Domiciliarios y D.A.L. (sucursal y apoderada en Colombia de Distromel S.A.). El 15 de diciembre de 2017 fue allegado a esta Corporación el expediente solicitado.
6.2. Una vez revisado el expediente del proceso ordinario laboral, se pudo constatar que si bien la demanda fue instaurada en contra de D.A.L., y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-, esta última llamó en garantía a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza, con quien se constituyó una póliza de seguro para proteger los intereses y el patrimonio de la entidad frente a posibles incumplimientos del contrato correspondiente.
Visto esto y revisados los oficios de notificación emitidos por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, que conoció la acción de tutela en primera instancia, se observó que no fue comunicada a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza. Por esa razón, a través del Auto del 18 de enero de 2017 se dispuso vincular a dicha compañía para que se pronunciara sobre los hechos que dieron lugar a la acción de tutela, y allegara los medios probatorios que considerara pertinentes para ejercer su derecho de defensa y contradicción.
Vencido el término otorgado por esta Corporación no se recibió la respuesta de la compañía aseguradora[1].
Esta S. de Revisión es competente para revisar los fallos de tutela mencionados, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Política y el Decreto Estatutario 2591 de 1991 y en virtud del Auto del 13 de octubre de 2017 expedido por la S. de Selección Número Diez de esta Corporación, que decidió seleccionar el presente asunto para su revisión.
Con base en los hechos descritos corresponde a la S. Octava de Revisión de esta Corporación determinar, en primer lugar, si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En caso afirmativo, pasará a estudiar el fondo del asunto, esto es, si la autoridad judicial accionada incurrió en alguna de las causales específicas de procedibilidad excepcional, para lo cual se abordará el siguiente problema jurídico: ¿la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá desconoció el derecho fundamental al debido proceso de la señora Y.Y.C.A. al determinar que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP- no es responsable solidariamente en el pago de los salarios y prestaciones sociales a su favor, luego de considerar que la labor por ella desarrollada en el marco del contrato laboral era extraña a las actividades normales de la UAESP?
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia[2]
3.1. En numerosas ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que ahora la S. recordará la jurisprudencia sobre la materia.
Determinó que si bien los funcionarios judiciales son autoridades públicas, ante la importancia de principios como la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía e independencia judicial, tal procedencia debía ostentar un carácter excepcional frente a las “actuaciones de hecho” que implicaran una grave vulneración a los derechos fundamentales. Por eso, en los primeros pronunciamientos de esta Corporación se sostuvo que tal procedencia era permitida únicamente cuando en las decisiones judiciales se incurriera en una “vía de hecho”, esto es, cuando la actuación fuera “arbitraria y caprichosa y, por lo tanto, abiertamente violatoria del texto superior”[3].
Breve caracterización del defecto fáctico. Reiteración de jurisprudencia[5]
Esta causal se estructura siempre que existan fallas sustanciales en la decisión atribuibles a deficiencias probatorias en el proceso, las cuales pueden generarse, por ejemplo, como consecuencia de la errada interpretación de las pruebas que obran en el expediente. En palabras de esta Corporación “este defecto se produce cuando el juez toma una decisión sin que los hechos del caso se hallan (sic) subsumido adecuadamente en el supuesto de hecho que legalmente la determina, como consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las pruebas; de una valoración irrazonable de las mismas; de la suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios”[6].
4.2. Bajo ese entendido, el defecto fáctico se puede presentar en una dimensión negativa y en una positiva[7]. La primera, comprende las fallas protuberantes en la valoración de las pruebas concluyentes, esto es, que identifican la veracidad de los hechos analizados por el juez, como por ejemplo: i) la valoración arbitraria, irracional y caprichosa; ii) la omisión de la apreciación de la prueba; o iii) sin justificación válida, se desatiende la circunstancia que de manera clara y objetiva se deduce de ella. En cuanto a la segunda dimensión, se configura cuando el juez valora pruebas determinantes y esenciales de lo resuelto en la providencia cuestionada, que no ha debido admitir ni evaluar, ya sea i) porque se recaudaron indebidamente o ii) porque tiene por establecidas circunstancias sin que existan elementos probatorios que motiven lo resuelto.
4.3. Ahora bien, la Corte ha fijado los criterios de aplicación que deben ser considerados por el juez de tutela en la interpretación y análisis de la configuración del defecto fáctico, en los siguientes términos[8]:
(ii) Las diferencias de valoración en la apreciación de una prueba no constituyen errores fácticos. Al respecto, sostuvo la Corte: “frente a interpretaciones diversas y razonables, el juez natural debe determinar, conforme con los criterios señalados, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez, en su labor, no solo es autónomo sino que sus actuaciones se presumen de buena fe. En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la valoración de las pruebas realizadas por el juez natural es razonable”[9].
Breve caracterización del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial. Reiteración de jurisprudencia
5.1. La Corte Constitucional ha señalado que los principios de autonomía e independencia judicial a los que se encuentran sometidos los jueces en el ejercicio de sus funciones, supone partir de la premisa de que las potestades y prerrogativas otorgadas a las autoridades estatales están dirigidas a la realización de los fines que la Carta les asigna[10]. En ese sentido, la autonomía judicial y la libertad que tienen los jueces de interpretar y aplicar la ley, no pueden llegar al desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, ni al incumplimiento del deber de proteger especialmente a aquellas que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta[11].
Bajo ese entendido, esta Corporación ha enfatizado que según los artículos 1 y 2 de la Carta, dentro de los propósitos constitucionales que orientan la actividad de los jueces están las de propugnar por la promoción y protección de la dignidad de la persona, y por el respeto de la vida, la justicia, la libertad y la igualdad. Así, en lo que respecta a la actividad judicial, la igualdad de trato que las autoridades deben otorgar a las personas supone además una igualdad en la interpretación y en la aplicación de la ley.
Esa manifestación del derecho a la igualdad en la labor de interpretación y aplicación de la ley permite al mismo tiempo la garantía de otras prerrogativas constitucionales, como la seguridad jurídica y la confianza legítima en la administración de justicia. Sobre el particular, este Tribunal ha mencionado la previsibilidad de las decisiones judiciales da certeza sobre el contenido material de los derechos y obligaciones de las personas, certeza que les hace posible actuar libremente, conforme a lo que la práctica judicial les permite inferir que es un comportamiento protegido por la ley. En palabras de esta Corporación[12]:
“Son entonces la Constitución y la ley los puntos de partida necesarios de la actividad judicial, que se complementan e integran a través de la formulación de principios jurídicos más o menos específicos, construidos judicialmente, y que permiten la realización de la justicia material en los casos concretos. La referencia a la Constitución y a la ley, como puntos de partida de la actividad judicial, significa que los jueces se encuentran sujetos principalmente a estas dos fuentes de derecho. Precisamente en virtud de la sujeción a los derechos, garantías y libertades constitucionales fundamentales, estos jueces están obligados a respetar los fundamentos jurídicos mediante los cuales se han resuelto situaciones análogas anteriores. Como ya se dijo, esta obligación de respeto por los propios actos implica, no sólo el deber de resolver casos similares de la misma manera, sino, además, el de tenerlos en cuenta de manera expresa, es decir, la obligación de motivar sus decisiones con base en su propia doctrina judicial, pues, esto constituye una garantía general para el ejercicio de los derechos de las personas y una garantía específica de la confianza legítima en la administración de justicia.
5.2. Visto lo anterior, es preciso señalar que una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de las razones previstas por la normatividad; ii) utiliza un precepto manifiestamente inaplicable al caso; iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente o claramente irrazonable o desproporcionada; iv) se aparta del precedente judicial -horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso[13].
Esta Corporación ha definido el precedente judicial como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”[14]. Asimismo, la doctrina lo ha definido como el mecanismo jurisdiccional que tiene su origen en el principio stare decisis o estar a lo decidido, el cual consiste en la aplicación de criterios adoptados en decisiones anteriores a casos que se presenten en situaciones posteriores y con circunstancias similares[15].
Bajo ese entendido y de acuerdo a la autoridad que emitió el pronunciamiento, se puede clasificar el precedente en dos categorías: i) el precedente horizontal, el cual hace referencia a las decisiones proferidas por autoridades del mismo nivel jerárquico o, incluso, por el mismo funcionario; y ii) el precedente vertical, que se refiere a las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia[16].
El precedente horizontal tiene fuerza vinculante, atendiendo no solo a los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima[17], sino al derecho a la igualdad consagrado en nuestra Constitución. El precedente vertical, al provenir de la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia dentro de cada una de las jurisdicciones, limita la autonomía judicial del juez, en tanto debe respetar la postura del superior, ya sea de las altas cortes o de los tribunales.
5.3. Lo dicho previamente no conlleva necesariamente a que en todos los casos los jueces deban acogerse al precedente judicial. Existen ciertos eventos en los que la autoridad puede desligarse del mismo, siempre que argumente de manera rigurosa y clara las razones por las cuales procede de ese modo. Este Tribunal explicó que el apartamiento judicial del precedente es la potestad de los jueces de distanciarse de la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de cierre, como expresión de la autonomía judicial constitucional[18]. Para que sea válido es necesario el previo cumplimiento del estricto deber de consideración del precedente en la decisión, ya que la jurisprudencia de las corporaciones judiciales de cierre no puede ser sencillamente ignorada frente a situaciones similares a las falladas en ella.
La responsabilidad solidaria entre el contratista y el beneficiario de la obra o labor contratada. Reiteración de jurisprudencia
6.1. El principio de solidaridad laboral
El artículo 1° de la Constitución Política consagra el principio de solidaridad como uno de los fundamentos del Estado social de Derecho[19]. En concordancia con esa disposición, el artículo 95 de la Carta establece como uno de los deberes de la persona y del ciudadano, obrar conforme el principio de solidaridad social[20].
Esta Corporación ha hecho referencia al concepto de solidaridad, explicando que se trata de un deber impuesto a toda persona por el solo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo[21]. Desde sus primeros pronunciamientos, ha definido ese principio como aquel que “inspira la conducta de los individuos para fundar la convivencia en la cooperación y no en el egoísmo (…) La vigencia de este principio elimina la concepción paternalista, que crea una dependencia absoluta de la persona y de la comunidad respecto del Estado y que ve en este al único responsable de alcanzar los fines sociales. Mediante el concepto de la solidaridad, en cambio, se incorpora a los particulares al cumplimiento de una tarea colectiva con cuyas metas están comprometidos, sin perjuicio del papel atribuido a las autoridades y entidades públicas”[22].
“1. Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos {empleadores} y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores.
El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será solidariamente responsable, en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso de que los contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de subcontratistas”. (Resaltado fuera de texto).
Este tipo de responsabilidad es un asunto sobre el cual existen numerosos pronunciamientos, tanto en la jurisprudencia ordinaria como en la constitucional. A continuación la S. hará una breve referencia a tales providencias, dada su importancia en el análisis del caso que estudia.
6.2. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la responsabilidad solidaria entre el contratista y el beneficiario de la obra o labor contratada
6.2.3. El modo en que debe ser interpretado ese nexo de causalidad fue abordado con mayor profundidad en la sentencia del 2 de junio de 2009, radicada 33082, cuando la S. Laboral de esa Corporación sostuvo lo siguiente:
Con todo, encuentra la Corte, como lo ha explicado en anteriores oportunidades, que de cara al establecimiento de la mencionada solidaridad laboral, en los términos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que debe observarse no es exclusivamente el objeto social del contratista sino, en concreto, que la obra que haya ejecutado o el servicio prestado al beneficiario o dueño de la obra no constituyan labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio de éste. Y desde luego, en ese análisis cumple un papel primordial la labor individualmente desarrollada por el trabajador, de tal suerte que es obvio concluir que, si bajo la subordinación del contratista independiente, adelantó un trabajo que no es extraño a las actividades normales del beneficiario de la obra, se dará la solidaridad establecida en el artículo 34 citado”. (Resaltado fuera del texto).
6.2.4. Siguiendo esa línea de argumentación, en la sentencia del 1° de marzo de 2010, radicado 35864, la Corte explicó que el propósito del legislador al establecer la responsabilidad solidaria del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo fue evitar que la contratación con un contratista independiente se convirtiera en un mecanismo utilizado por las empresas para evadir el cumplimiento de obligaciones laborales. Al respecto, sostuvo que “si el empresario ha podido adelantar la actividad directamente y utilizando sus propios trabajadores, pero decide hacerlo contratando un tercero para que este adelante la actividad, empleando trabajadores dependientes por él contratados, el beneficiario o dueño de la obra debe hacerse responsable de los salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tienen derecho estos trabajadores, por la vía de la solidaridad laboral, pues, en últimas, resulta beneficiándose del trabajo desarrollado por personas que prestaron sus servicios en una labor que no es extraña a lo que constituye lo primordial de sus actividades empresariales”.
“Entonces, dentro de la figura jurídica del contratista independiente, para efectos de condenar al reconocimiento y pago de la indemnización estatuida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo se requiere la acreditación de la culpa de quien es el verdadero empleador, es decir, el contratista independiente, toda vez que la obligación de reparar los perjuicios es exclusiva del dador del laborío. Sin embargo, de conformidad a la ley laboral (artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo) el dueño o beneficiario de la obra conexa con su actividad principal, funge como garante en el pago de dicha indemnización, no porque se le haga extensiva la culpa sino precisamente por virtud de la solidaridad, lo que, a su vez, como lo ha asentado esta S., le permite, después de cancelar la obligación, subrogarse en la acreencia contra el contratista, en los términos del artículo 1579 del Código Civil, lo que reafirma aún más su simple condición de garante. (…)
Sobre el particular, es necesario traer a colación la sentencia de casación del 26 de septiembre de 2000, radicación 14038, en que esta S., al analizar un caso similar, alrededor de la solidaridad del beneficiario de la obra en tratándose de las indemnizaciones y prestaciones debidas por los perjuicios materiales y morales causados por la muerte de un trabajador, con ocasión del accidente de trabajo por culpa patronal, así razonó:
“la solidaridad no es más que una manera de proteger los derechos de los trabajadores, para cuyo efecto se le hacen extensivas, al obligado solidario, las deudas insolutas (prestacionales o indemnizatorias) en su calidad de dueño o beneficiario de la obra contratada, ante la usual insolvencia del deudor principal que no es otro que el empleador. Así lo sostuvo esta S. en sentencia del 25 de mayo de 1968, en uno de sus apartes: (…)
Esta figura jurídica no puede asimilarse ni confundirse con la vinculación laboral (como parece hacerlo la oposición), pues tiene cada una alcances y consecuencias distintas. Es claro que la vinculación de carácter laboral es con el contratista independiente y que el obligado solidario no es más que un garante para el pago de sus acreencias, de quien, además, el trabajador puede también exigir el pago total de la obligación demandada, en atención al establecimiento legal de esa especie de garantía. Y no por ello puede decirse que se le esté haciendo extensiva la culpa patronal al Municipio demandado. No, la culpa es del empleador, pero los derechos respecto de los salarios, las prestaciones e indemnizaciones (como lo enuncia el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo) que de ella emanan son exigibles a aquel en virtud, como atrás se anotó, de haberse erigido legalmente la solidaridad que estableció el estatuto sustantivo laboral, en procura de proteger los derechos de los asalariados o sus causahabientes”. (Resaltado fuera del texto original).
6.3. Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la responsabilidad solidaria entre el contratista y el beneficiario de la obra o labor contratada
La Corte explicó que en relación con el contrato de obra pueden darse dos situaciones: i) la obra o labor es extraña a las actividades normales de quien encargó su ejecución, y por tanto, dicho negocio jurídico solo produce efectos entre los contratantes; y ii) la labor hace parte del giro ordinario de los negocios del beneficiario del trabajo, caso en el cual se produce una responsabilidad solidaria entre dicho beneficiario y los trabajadores del contratista[23]. Bajo ese entendido, quien se presente a reclamar obligaciones a cargo del beneficiario, emanadas de un contrato laboral celebrado con el contratista independiente, debe probar: i) el contrato individual de trabajo entre el trabajador y el contratista independiente; ii) el contrato de obra entre el beneficiario del trabajo y el contratista independiente; y iii) la relación de causalidad entre los dos contratos, es decir que la obra o labor contratada pertenezca a las actividades normales de quien encargó su ejecución.
“De esta manera, no pueden ser extrañas las actividades de ambas empresas, la naturaleza de la obra contratada debe ser inherente o también análoga con la actividad ordinaria del beneficiario. Dicho requisito se configura como la relación de causalidad entre el contrato de obra y el laboral. Sin embargo, dicha excepción no debe entenderse en términos estrictos, pues no se exige exactitud o integralidad de los objetos sociales entre las mismas pues dicha exigencia desdibujaría la figura de la solidaridad ya que en la práctica encontrar tal precisión e igualdad sería complejo. (…).
Por consiguiente, la exigencia de no realizar “labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio” no debe interpretarse en sentido estricto. De lo contrario, se dificultaría en la práctica la aplicación de dicha solidaridad, debe hablarse más bien, de una afinidad entre los objetos sociales y sobre todo de la posibilidad de que el trabajador puede desempeñar su labor profesional o expertis técnico en la empresa condenada a ser solidaria”. (Resaltado fuera del texto original).
6.3.3. En el fallo T-889 de 2014 esta Corporación estudió la acción de tutela presentada por una ciudadana contra H.C.H. E.U. y Ecopetrol S.A. El 14 de diciembre de 2012, estas dos sociedades suscribieron el contrato MA-0020323, con el objeto de ofrecer el “servicio de atención integral en salud a domicilio a los beneficiarios de Ecopetrol S.A. en la regional de salud oriente”. Para su ejecución, H.C.H. contrató a 226 trabajadores de diferentes especialidades en el área de la salud, entre los cuales se encontraba la accionante, quien se desempeñó como jefe de enfermería y estaba embarazada.
Ecopetrol S.A. dio por terminado el contrato por presunto incumplimiento de la contratista de su parte técnica y administrativa. En consecuencia, los 226 trabajadores contratados para la ejecución de tal labor, quedarían cesantes, dado que no existía otro contrato en el que pudieran ser incluidos. Por tanto, la accionante solicitó que se ordenara a H.C.H. a pagar los salarios adeudados y efectuar las cotizaciones en seguridad social que estaban en mora.
Los jueces de instancia ampararon el derecho fundamental a la seguridad social de la accionante y de su hijo por nacer, y ordenó a H.C.H. E.U. y Ecopetrol S.A. que de forma solidaria, por aplicación del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, reconocieran el pago de los salarios adeudados a la actora, así como las cotizaciones requeridas para que pudiera acceder a la licencia de maternidad.
Concluyó que Ecopetrol S.A., no contrató a la empresa médica para el desarrollo de una labor que le corresponde ejecutar en desarrollo de su objeto social, sino que se trató de la provisión del servicio de salud a los trabajadores de la empresa petrolera. Por ello, confirmó parcialmente las sentencias objeto de revisión, que ordenaron el pago de los salarios y los aportes a la seguridad social de la accionante, pero no en el sentido de extender a Ecopetrol S.A. los efectos de la solidaridad al tenor del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, sino ordenando a Ecopetrol S.A. que ejecutara el saldo a favor de H.C.H., pagando las obligaciones laborales en mora y aportes a la Seguridad Social de los trabajadores contratados por H.C.H..
Con los elementos de juicio explicados en los capítulos precedentes, entrará la S. Octava de Revisión a evaluar el caso concreto.
7.1. Breve presentación del asunto
7.1.1. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP- y D.A.L., celebraron el contrato de prestación de servicios núm. 165 E de 2011, cuyo objeto era la contratación del “Sistema de Información Integral del Servicio de Aseo” -SIISA-. El 1° de marzo de 2011 la señora Y.Y.C.A. fue contratada por D.A.L., mediante un contrato individual de trabajo a término fijo, para que desempeñara el cargo de auxiliar administrativa con funciones de acompañamiento y apoyo al proyecto SIISA. Según la accionante, los servicios para los que fue contratada guardaban relación con el contrato mencionado.
El 6 de septiembre de 2013 presentó renuncia motivada al cargo que desempeñaba, debido a que su empleadora le adeudaba los salarios y prestaciones sociales causadas desde noviembre de 2012. Así mismo, que el 3 de agosto de 2015 solicitó ante la UAESP el pago de las acreencias laborales por considerar que era solidariamente responsable. Al no recibir respuesta, instauró una demanda ordinaria laboral en contra de D.A.L. y, solidariamente, en contra de la UAESP, con miras a obtener el pago de lo adeudado.
El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá accedió a las pretensiones y, en consecuencia, condenó a las convocadas, en forma solidaria, a pagar los salarios, las prestaciones y la indemnización respectiva. Esta decisión fue revocada parcialmente por la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el sentido de declarar que la UAESP no era responsable solidariamente de las obligaciones adquiridas por D.L.., al no existir nexo causal entre la misión y las funciones de la entidad estatal y el objeto social de la empresa demandada.
A juicio de la accionante el Tribunal incurrió en los siguientes defectos: i) desconocimiento del precedente, toda vez que desatendió la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional y por la S. Laboral de la Corte Suprema de Justicia en materia de responsabilidad solidaria; ii) defecto sustantivo, por cuanto se desconoció el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo; y iii) defecto material, ya que se fundó en una indebida valoración probatoria.
7.1.2. El Subdirector de Asuntos Legales de la UAESP solicitó negar las pretensiones invocadas. Mencionó que al observar el contrato laboral suscrito entre la accionante y D.A.L., era posible advertir que aquella fue contratada para ejercer labores administrativas relacionadas con el objeto social de esta última y su giro normal de negocios, como contestar llamadas telefónicas y hacer el seguimiento de la agenda comercial de la empresa. Afirmó que no existe nexo causal entre la misión y las funciones de UAESP y el objeto social de D.A.L. y, por tanto, no se configura la solidaridad consagrada en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo.
7.1.3. La S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó la protección invocada al considerar que la decisión enjuiciada no se sustentó en argumentos arbitrarios o infundados y, por el contrario, atendió las disposiciones legales que regían el caso y la valoración de los elementos de prueba que obraban en el expediente. Esta decisión fue confirmada por la S. de Casación Penal de la misma Corporación al considerar que el razonamiento de la autoridad demandada no puede controvertirse en el marco de la acción de tutela, pues se sustenta en aseveraciones fundamentadas en los principios de libre formación del convencimiento y de autonomía judicial.
7.2. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales en el caso concreto
Con base en los hechos descritos, la S. Octava de Revisión debe determinar en primer lugar si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De conformidad con la jurisprudencia expuesta en la parte considerativa de esta sentencia, la acción de tutela, por regla general, no procede contra decisiones de autoridades judiciales, salvo cuando sean acreditadas las causales generales que le permiten al juez constitucional asumir su conocimiento. En el caso que ahora se estudia, la S. encuentra que la tutela cumple con esos requisitos de procedibilidad, como se pasa a exponer:
El asunto que ahora es de conocimiento de la S. cumple con este requisito, en primer lugar, porque la discusión se circunscribe a la posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de la decisión proferida en el marco de un proceso ordinario, respecto de la cual se alega un defecto fáctico y un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
Por otro lado, se busca determinar si se configuró la responsabilidad solidaria en materia laboral entre la empresa D.A.L. y la UAESP en el pago de los salarios y prestaciones sociales a favor de la accionante. Este asunto no solo ha sido ampliamente abordado e interpretado por la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre, sino por la Corte Constitucional que ha acogido esa jurisprudencia en sus providencias.
Dado que en esta oportunidad la accionante acudió al proceso ordinario para obtener el pago de los salarios y prestaciones adeudados, y que el mismo surtió las dos instancias judiciales luego de la apelación que se presentara en contra de la sentencia de primera instancia, debe esta S. evaluar si contra la decisión de segunda instancia procedía el recurso de casación. De conformidad con lo consagrado en el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, solo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente.
La demanda ordinaria presentada por Y.Y.C.A. contra D.A.L.. y la UAESP, fue conocida en primera instancia por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, despacho que accedió a las pretensiones y condenó a las demandadas a pagar las siguientes sumas[24]:
- S.rios equivalentes a $40.000 diarios por 306 días dejados de percibir para un total de $12.240.000.
- Cesantías para el periodo correspondiente del 1° de marzo a 31 de diciembre de 2012 por valor de $1.000.000, y del 1° de enero al 6 de septiembre de 2013 por un valor de $820.000 para un total de $1.820.000.
- Intereses a las cesantías en el 2012 por $200.000 y en el 2013 por $134.480, para un total de $334.480.
- Prima de servicios en el primer periodo mencionado por un valor de $1.000.000, y el segundo periodo por un valor de $820.000, para total de $1.820.000.
- Vacaciones por el periodo relacionado correspondiente a la mitad de las cesantías, esto es, $910.000.
- Sanción por la falta de consignación de las cesantías a un fondo por un valor de $40.000 diarios del 16 de febrero al 6 de septiembre de 2013, para un total de $8.000.000.
- Indemnización por despido indirecto por un valor de 6.840.000.
- Indemnización moratoria. Se condena a pagar un día de salario hasta por 24 meses, es decir $28.800.000.
La S. Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que conoció el proceso en segunda instancia, revocó parcialmente la sentencia del aquo en cuanto a condenar únicamente a D.A.L. y absolver de las pretensiones a la UAESP. Sobre la condena impuesta, modificó lo concerniente a la indemnización moratoria señalando que se fijaba por un valor de $28.800.000 “y a partir del 7 de septiembre de 2015 intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera, hasta el momento que la demandada pague los salarios y las prestaciones sociales adeudadas”.
De acuerdo a las condenas impartidas por los jueces ordinarios, la cuantía del proceso ascendía a la suma de cincuenta y cuatro millones novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos ($54.964.480). Estas decisiones fueron proferidas en 2016, año en el cual el salario mínimo era de $689.454. Bajo ese entendido, 120 salarios mínimos correspondían a ochenta y dos millones setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos ($82.734.480), lo que significa que la cuantía del proceso ordinario no excedía esta suma. Por lo anterior, la S. concluye que la accionante agotó todos los recursos judiciales a su alcance para obtener la protección de los derechos que ahora reclama por vía de tutela.
La S. considera pertinente recordar que si bien el Decreto Estatutario 2591 de 1991 señala que la acción de tutela puede ser interpuesta en cualquier tiempo, ello debe suceder en un tiempo razonable, contado desde que acaecieron los hechos causantes de la trasgresión o desde que la persona sienta amenazados sus derechos. La razonabilidad del plazo está determinada por la finalidad de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto[25].
La importancia de esta exigencia radica en lo siguiente: i) garantiza una protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados; ii) evita una lesión desproporcionada a atribuciones jurídicas de terceros; iii) resguarda la seguridad jurídica; y iv) desestima las solicitudes negligentes[26]. Bajo ese entendido, para esta Corporación no existe un término de caducidad para acudir a este amparo constitucional. Cada caso concreto debe ser analizado bajo sus propias particularidades, teniendo en cuenta todos los matices y circunstancias que puedan presentarse en el curso del acontecimiento de los hechos.
En el caso que ahora ocupa la atención de la S. es preciso señalar que la sentencia de primera instancia en el proceso que se cuestiona fue proferida el 16 de noviembre de 2016, y la de segunda instancia fue emitida el 6 de diciembre de ese mismo año. El 11 de mayo de 2017 la accionante, por intermedio de apoderado judicial, interpuso la acción de tutela en contra de ese último fallo. Visto esto, a juicio de esta Corporación, el tiempo transcurrido desde la finalización del proceso ordinario hasta la fecha de la interposición de la tutela es razonable, pues tan solo pasaron cinco meses desde el momento en que acaecieron los hechos que la accionante considera causantes de la trasgresión.
7.3. Análisis de los requisitos específicos de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales alegados en el caso de la referencia
Una vez definidos los puntos que hacen procedente la acción de tutela de la referencia, entra la S. al análisis de los requisitos especiales de procedibilidad contra providencias judiciales, resolviendo el siguiente problema jurídico: ¿la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá desconoció el derecho fundamental al debido proceso de la señora Y.Y.C.A. al determinar que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP- no es responsable solidariamente en el pago de los salarios y prestaciones sociales a su favor, luego de considerar que la labor por ella desarrollada en el marco del contrato laboral es extraña a las actividades normales de la UAESP?
7.3.1. Para dar respuesta al anterior interrogante es necesario, en primer lugar, hacer referencia a lo evidenciado luego de revisar el expediente del proceso ordinario laboral número 2015-780, así como las consideraciones expuestas por los jueces ordinarios en sus providencias:
(i) El 13 de octubre de 2011 la UAESP y D.A.L., celebraron el contrato de prestación de servicios núm. 165 E de 2011. En las consideraciones consignadas en el contrato referido, las partes mencionaron que de conformidad con el Acuerdo Distrital 257 de 2006, la UAESP tiene por objeto “garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de las vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y del servicio de alumbrado público”[27].
Acto seguido, explicaron que el servicio público de aseo en una ciudad como Bogotá “requiere actualizar su infraestructura tecnológica para contar con información detallada, veraz, oportuna, confiable y segura de la prestación de dichos servicios”[28]. Según se consignó en ese documento, con la adquisición de dicho sistema se contribuiría “a la planeación y mejora en la prestación del servicio de aseo en sus componentes de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos”[29].
Sostuvieron las partes que, teniendo en cuenta lo anterior, se consideró necesaria la contratación del sistema de información integral para el servicio de aseo -SI MISIÓN SIISA-[30], razón por la cual en la cláusula primera del contrato se determinó como objeto el de “contratar el sistema de información integral para el servicio de aseo en el Distrito Capital -SI MISIÓN SIISA- incluida su planificación, diseño, implementación, operación, actualización, soporte y mantenimiento, con el fin de integrar en una sola plataforma de tecnologías de la información y de las comunicaciones toda la información relativa a la prestación del servicio de aseo en la capital, proporcionando la información necesaria para garantizar su adecuada y eficiente prestación, así como la planeación, coordinación, supervisión y control del servicio en la ciudad”[31].
En el mismo sentido, en la cláusula segunda del contrato la UAESP y Distrimel Andina Ltda., fijaron el alcance del mismo, señalando que con la implementación de este sistema la UAESP pretendía identificar, registrar, almacenar, supervisar, organizar y controlar en línea, de manera integrada, la información operativa, técnica, comercial y financiera del servicio de aseo de la ciudad de Bogotá. Así mismo, mencionaron que la infraestructura tecnológica, las licencias de uso del software utilizado para conformar el sistema SIISA, y los códigos fuente de aquellas modificaciones particulares que se desarrollaran para la UAESP como parte de la ejecución del proyecto, serían de propiedad de esta, se destinaría exclusivamente al funcionamiento del sistema SI MISIÓN SIISA y serían entregados en su totalidad a la UAESP una vez terminara el contrato[32].
(ii) En el documento de proceso contractual y estudios previos para el proceso de licitación pública y selección abreviada, la UAESP expuso como justificación que, a pesar de contar con la información de los diferentes componentes que hacen parte integral del servicio de aseo, dicha información no estaba consolidada con la prontitud que se requería de acuerdo con las características actuales del sector. Al respecto, explicó que la oportunidad de la información aseguraba un verdadero control por parte de la UAESP, la cual iba en línea con sus funciones[33].
De igual forma, sostuvo en dicho documento que la evolución hacia esta tecnología significaba superar atrasos e implementar herramientas fundamentales para el control de gestión. Sobre el particular, adujo: “un servicio público que se presta en una ciudad de aproximadamente 2 millones de suscriptores, maneja información compleja, especializada y abundante, por lo tanto, la alternativa de un sistema integrado de información trae como beneficio la posibilidad de poder usar toda esa información en pro de implementar una gestión de mejora continua en aspectos tan importantes para la ciudad tales como: atención de PQRs, indicadores de facturación, indicadores de recaudo, etc”[34]. Además, afirmó que con la adjudicación del sistema de información se contribuiría a la planeación y mejora en la prestación del servicio de aseo en sus componentes de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos[35].
(iii) Una vez adjudicado y celebrado el contrato de prestación de servicios 165 E, D.A.L. firmó un contrato individual de trabajo a un año con la señora Y.Y.C.A., a partir 1° de marzo de 2012. Según consta en el mismo, la señora C.A. fue vinculada para desempeñar el cargo de Auxiliar Administrativa, siendo asignadas las siguientes funciones[36]: a) recibo y despacho de llamadas; b) apoyo a tareas administrativas contables; iii) acompañamiento y apoyo al proyecto SIISA; c) seguimiento a la agenda comercial y apoyo en la labor de recepción en la oficina, y otras labores encaminadas al cargo.
(iv) Debido a que D.A.L., no había realizado el pago de los salarios y las prestaciones sociales desde noviembre de 2012, la señora Y.Y.C.A. presentó renuncia motivada ante su empleadora el 6 de septiembre de 2013, solicitando además el pago de las sumas adeudadas[37]. De igual forma, el 3 de agosto de 2015 presentó una reclamación administrativa ante la UAESP con el fin de obtener el pago de los salarios y prestaciones adeudados, al considerar que esa entidad era responsable solidariamente, en tanto las actividades realizadas correspondían directamente a desarrollar el proyecto SIISA, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios 165 E. En esa solicitud, expuso que la UAESP era la directa beneficiaria de las labores por ella realizadas como asistente administrativa del Proyecto SIISA[38].
(v) Al no obtener el pago solicitado, la accionante instauró demanda ordinaria laboral contra D.A.L., y de manera solidaria contra la UAESP.
En contestación a dicha demanda, la UAESP aclaró que en el contrato de prestación de servicios 165 E se estableció que D.A.L., era la única responsable por el pago de las acreencias laborales derivadas de los contratos que realizara para el desarrollo de su objeto social y contractual. De igual forma, aseguró que la UAESP cumple labores de coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, mas no se encarga directamente de la prestación del servicio público de aseo, ni de sus componentes[39].
Al mismo tiempo, la UAESP llamó en garantía a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. -Confianza-, para amparar las obligaciones que resultaran del proceso. Sobre el particular, explicó que para la firma del contrato de prestación de servicios, se estableció como obligación del contratista la de presentar pólizas de seguro a favor de la UAESP para la cobertura de amparos que incluyeran las obligaciones de tipo laboral. En cumplimiento de esa obligación, D.A.L., presentó las pólizas de seguro con el rubro “pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales por el valor asegurado de $5.305’885.421”[40].
Según obra en el expediente ordinario laboral el 18 de octubre de 2011 la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. -Confianza- expidió la póliza 01GU049885, donde constan como tomador D.A.L., y como asegurado y beneficiario la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-[41].
Dado que no fue posible notificar de la demanda a D.A.L., esta actuó por intermedio de curador ad-litem, quien contestó la demanda señalando que se atenía a lo probado en el proceso[42]. Por su parte, la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. -Confianza- guardó silencio dentro del tiempo otorgado para ejercer su derecho de defensa, por lo que el juzgado de conocimiento tuvo por no contestada la demanda[43].
(vi) El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, en audiencia celebrada el 16 de noviembre de 2016, accedió a las pretensiones de la demanda. En primer lugar, aclaró que no había controversia sobre la existencia del contrato laboral entre la demandante y D.A.L., razón por la cual fijó el litigio en determinar si se configuraba la responsabilidad solidaria entre esa sociedad y la UAESP en el pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones a que hubiera lugar a favor de la trabajadora. Sobre el particular, el despacho expuso los siguientes argumentos que, por su importancia, se transcriben a continuación[44]:
“En el caso bajo examen quien obró como contratista y como tal verdadero empleador fue D.A.L.., de eso no hay duda, y quien contrató su labor y como tal ostenta la condición de beneficiaria de la obra o servicio fue la UAESP, aspecto que no se discute, pues la entidad pública aceptó que tuvo un vínculo comercial para el desarrollo de una labor con la primera, y en esa medida quedó clara las relaciones entre una y otra persona jurídica.
Por esa razón, es apenas lógico determinar las funciones asignadas por el Acuerdo Distrital del Concejo de Bogotá, dada su naturaleza de ente público de este ente territorial. El artículo 116 del citado acuerdo señala: ‘La UAESP (…) tiene por objeto garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de las vías y áreas públicas, lo servicios funerarios en la infraestructura del distrito y el servicio de alumbrado público’.
De acuerdo con la documental obrante en el proceso, en especial la contenida en el folio 122 y siguientes del expediente, contentiva del contrato suscrito entre la UAESP y D.A.L., se indica en el objeto del contrato lo siguiente: ‘Clausula primera. Objeto: contratar el sistema de información integral para el servicio de aseo en el Distrito Capital –SI MISIÓN SIISA- incluida su planificación, diseño, implementación, operación, actualización, soporte y mantenimiento, con el fin de integrar en una sola plataforma de tecnologías de la información y de las comunicaciones toda la información relativa a la prestación del servicio de aseo en la capital, proporcionando la información necesaria para garantizar su adecuada y eficiente prestación, así como la planeación, coordinación, supervisión y control del servicio en la ciudad’.
(…) Como quiera que la entidad aquí condenada por solidaridad llamó en garantía a la aseguradora [se refiere a la Aseguradora de Fianzas S.A Confianza], debe señalar el juzgado que sabido es que dentro de la contratación estatal se impone a la entidad pública contratante exigirle al contratista asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas con la constitución de pólizas de seguro para con ello proteger los intereses y el patrimonio de la entidad frente a posibles incumplimientos del contrato correspondiente.
(…) Razón anterior para que en el caso como el que nos ocupa resulte procedente llamar en garantía a quien mediante un contrato de aseguramiento se comprometió a responder por el pago de dichas prestaciones, salarios e indemnizaciones durante el tiempo amparado y hasta los montos contratados. Una vez ocurrido el siniestro, vale decir en este caso, el incumplimiento en el pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores vinculados a la contratista, la compañía aseguradora debe concurrir a responder por el pago de las mismas para con ello, de paso, exonerar la responsabilidad de la entidad contratante que fue la que tomó dicho aseguramiento, sin que sea de recibo anteponer circunstancias de carácter contractual surgidas o que puedan surgir entre el tomador y el asegurador, diferentes a la de la vigencia y el monto que allí se establece en la póliza, para excusarse del pago a los trabajadores con los que se ampara el aseguramiento que es, en este caso, el de un ente estatal, desterrándose totalmente que el trabajador se vea perjudicado por circunstancias ajenas como aquellas cláusulas contractuales o las controversias entre las entidades en su ejecución (…)”.
(vii) Esta decisión fue revocada parcialmente por la S. Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en la audiencia celebrada el 6 de diciembre de 2016, acudiendo a los siguientes argumentos[45]:
Esta situación sin embargo, no se presenta cuando el empleador contrata obras o servicios especializados con terceros. La parte final del art 34 excluye la responsabilidad solo cuando el contratante encarga una obra o servicio que implique labores extrañas ‘a las actividades normales de su empresa o negocio’. En esta situación, el contratante no tendrá un interés directo ni indirecto en la forma como los trabajadores del contratista prestan el servicio personal, porque ello no afectará su negocio y será entonces el contratista del servicio especializado quien manejará o habrá manejado con plena autonomía las relaciones laborales de sus trabajadores, y asumirá por ello, la responsabilidad por el incumplimiento en las que el como contratista incurra.
Bajo esta línea de interpretación y una vez revisado el expediente, la S. encuentra que el objeto del contrato suscrito por la UAESP con la sociedad demandada en el proceso, consistente en el suministro, instalación y puesta en marcha del hardware y software que integran el sistema de información integral para el servicio de aseo en el distrito capital -este es en resumen el objeto y el alcance del contrato 165 E- es un servicio especializado ajeno al giro ordinario de las actividades que desarrolla la UAESP, definido este último en el artículo 116 del acuerdo distrital 257 de 2006 y orientado a la prestación, coordinación, supervisión, de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, los servicios funerarios en la infraestructura del distrito y del servicio de alumbrado público.
Dada la diferencia que esta S. encuentra entre las actividades contratadas y las que desarrolla en forma ordinaria la UAESP no se puede inferir un interés directo o indirecto del distrito en la forma como los trabajadores de la sociedad demandada cumplieron sus funciones. Por ello, no se puede deducir el ejercicio presunto de poder subordinante ni se le puede asignar a esta entidad responsabilidad por las omisiones en que incurrió quien fungió como un verdadero empleador. Por eso la S. debe revocar las condenas que se impusieron a la UAESP y a la llamada en garantía”.
7.3.2. Visto lo anterior, pasa la S. a recordar que de conformidad con los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia sobre la responsabilidad solidaria consagrada en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, y que ha sido acogida por la Corte Constitucional en varias oportunidades, el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo tiene como finalidad proteger al trabajador ante la eventualidad de que un empresario pretenda realizar su actividad económica a través de contratistas independientes con el propósito de evadir su responsabilidad laboral. Si ese empresario termina beneficiándose del trabajo desarrollado por las personas que prestaron sus servicios por intermedio de un contratista, debe responder de manera solidaria por los salarios y prestaciones sociales a que haya lugar.
7.3.3. En el caso sub examine es clara la relación de causalidad existente entre las labores desarrolladas por la señora Y.Y.C. como empleada de D.A.L., y el objeto social de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP-.
Fue por lo anterior que se decidió celebrar el contrato de prestación de servicios 165 E de 2011, cuyo objeto fue “contratar el sistema de información integral para el servicio de aseo en el Distrito Capital -SI MISIÓN SIISA-” incluida su planificación, diseño, implementación, operación, actualización, soporte y mantenimiento, “con el fin de integrar en una sola plataforma de tecnologías de la información y de las comunicaciones toda la información relativa a la prestación del servicio de aseo en la capital, proporcionando la información necesaria para garantizar su adecuada y eficiente prestación, así como la planeación, coordinación, supervisión y control del servicio en la ciudad”. Según ese contrato, con la implementación de este sistema “la UAESP pretendía identificar, registrar, almacenar, supervisar, organizar y controlar en línea, de manera integrada, la información operativa, técnica, comercial y financiera del servicio de aseo de la ciudad de Bogotá”.
Adicionalmente, en el documento de proceso contractual y estudios previos para el proceso de licitación pública y selección abreviada[46], la UAESP expuso como justificación que, “a pesar de contar con la información de los diferentes componentes que hacen parte integral del servicio de aseo, dicha información no estaba consolidada con la prontitud que se requería de acuerdo a las características actuales del sector”. Al respecto, explicó que “la oportunidad de la información aseguraba un verdadero control por parte de la UAESP, la cual iba en línea con sus funciones”. De igual forma, indicó que un servicio público que se presta en una ciudad de aproximadamente 2 millones de suscriptores, maneja información compleja, especializada y abundante, por lo tanto, “la alternativa de un sistema integrado de información trae como beneficio la posibilidad de poder usar toda esa información en pro de implementar una gestión de mejora continua en aspectos tan importantes para la ciudad tales como: atención de PQRs, indicadores de facturación, indicadores de recaudo, etc”. Además, afirmó que con la adjudicación del sistema de información “se contribuiría a la planeación y mejora en la prestación del servicio de aseo en sus componentes de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos”.
Luego de dicha contratación D.A.L., vinculó mediante contrato de trabajo a término fijo a la señora Y.Y.C.A. para desempeñar el cargo de Auxiliar Administrativa y desarrollar, entre otras funciones, la de acompañamiento y apoyo al proyecto SIISA. Si bien este proyecto es un servicio especializado contratado por la UAESP, el mismo estaba dirigido a suplir una necesidad de esa entidad ante la deficiencia del sistema de información, según se explicó previamente. En otras palabras, las funciones desarrolladas por la señora C.A., de apoyo y acompañamiento al proyecto SIISA, se relacionaban directamente con el giro normal de los negocios de la UAESP, en tanto estaban encaminadas a cumplir con su objeto social y, como esa misma entidad lo señaló, el desarrollo de dicho proyecto aseguraba un verdadero control por parte de la UAESP, lo cual iba en línea con sus funciones.
La UAESP argumentó en su escrito de contestación de tutela que no podía existir responsabilidad solidaria en tanto no prestaba directamente el servicio de aseo y sus componentes. Sin embargo, la S. difiere de dicha apreciación, porque el proyecto SIISA para el cual la accionante prestó su servicio de apoyo, estaba dirigido a permitir que la entidad cumpliera con mayor efectividad sus funciones de coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos.
Un adecuado sistema informático -objeto del contrato de prestación de servicios núm. 165 E de 2011- influye directamente en la calidad de la prestación del servicio a cargo de la UAESP, esto es, garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de las vías y áreas públicas. Es decir, la integración en una sola plataforma de toda la información relativa a la prestación de esos servicios, permitiría identificar, registrar, almacenar, supervisar, organizar y controlar, en línea, dicha información. Así, las labores desarrolladas por quienes trabajaron en el proyecto, como sucede en el caso de la accionante, están directamente relacionadas con la ejecución del mismo, el cual, a su vez, estaba direccionado a mejorar la calidad de la prestación del servicio a cargo de la UAESP en virtud de su objeto social.
7.3.4. Bajo esa línea de argumentación, esta Corporación considera que la S. Laboral del Tribunal Superior de Bogotá incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria. Ese cuerpo colegiado en su análisis se limitó a realizar una comparación literal del objeto del contrato de prestación de servicios con el objeto social de la UAESP, para concluir que las actividades contratadas y las que desarrolla en forma ordinaria esa entidad no se podía inferir un interés directo o indirecto en la forma como los trabajadores de la sociedad demandada cumplieron sus funciones. Sin embargo, no tuvo en cuenta ni hizo referencia a la totalidad del material probatorio que obraba en el expediente y que permitía establecer el nexo de causalidad entre dichas funciones.
i) El principio de solidaridad laboral, cuyo fundamento constitucional se encuentra en los artículos 1 y 95 de la Carta Política, supone el deber de toda persona de actuar en cooperación y ayuda de los demás asociados. Este postulado irradia todo tipo de relaciones colectivas, entre ellas, las laborales, razón por la cual el legislador, con fundamento en ese principio, consagró en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo la responsabilidad solidaria en materia laboral.
vi) Con sustento en lo anterior, la S. Laboral del Tribunal Superior de Bogotá incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria al limitar su análisis en una comparación literal del objeto del contrato de prestación de servicios con el objeto social de la UAESP, para concluir que las actividades contratadas y las que desarrolla en forma ordinaria esa entidad no se podía inferir un interés directo o indirecto en la forma como los trabajadores de la sociedad demandada cumplieron sus funciones. Al hacerlo, incurrió además en un defecto sustantivo al desconocer el precedente judicial trazado por la Corte Suprema de Justicia, como máximo órgano de interpretación en materia laboral, y que ha sido acogido además por la Corte Constitucional en su jurisprudencia.
7.5. Órdenes a impartir
En virtud de lo expuesto, la S. Octava de Revisión procederá a revocar las decisiones proferidas en sede de tutela por la Corte Suprema de Justicia en primera y en segunda instancia, mediante las cuales se negó la protección invocada y, en su lugar, concederá la tutela del derecho fundamental al debido proceso de la accionante.
Acto seguido, dejará sin efecto la decisión adoptada por la S. Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral número 2015-780 instaurado por Y.Y.C.A. contra D.L.. S.A. y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-. En consecuencia, le ordenará proferir una nueva decisión de conformidad con los lineamientos fijados y el análisis efectuado en esta providencia.
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida el 17 de agosto de 2017 por la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez confirmó la emitida el 30 de mayo de 2017 por la S. Laboral de la misma Corporación. En su lugar, CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso, en los términos expuestos en esta providencia.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTO la decisión proferida el 6 de diciembre de 2016 por la S. Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral número 2015-780 instaurado por Y.Y.C.A. contra D.A.L.. y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-. En su lugar, ORDENAR a la S. Laboral del Tribunal Superior de Bogotá que, en el término de treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, profiera una nueva decisión siguiendo estrictamente los lineamientos fijados y el análisis efectuado en esta providencia.
Tercero.- LÍBRESE por Secretaría General las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto ley 2591 de 1991.
A LA SENTENCIA T-021/18
Expediente T-6.394.280
En atención a la decisión adoptada por la S. Octava de Revisión el día 5 de febrero de 2018 en el asunto de la referencia, me permito presentar Aclaración de Voto, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Aunque comparto la determinación adoptada, en el sentido de dejar sin efectos la providencia proferida por la S. Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 6 de diciembre de 2016, pues coincido en considerar que ésta incurrió en un defecto fáctico al no haber valorado todas las pruebas que obraban en el expediente, no considero, en cambio, que dicha providencia también haya incurrido en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
Sea lo primero señalar que tal como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, la obligación de acatar el precedente solo se circunscribe a la ratio decidendi contenida en los fallos en los que se estudian casos equivalentes. Ello implica, como resulta apenas lógico, la necesidad de identificar la similitud entre uno y otro caso y demostrar en qué medida se desconoció en aquél la ratio decidendi de este. Estos aspectos no fueron suficientemente constatados, pues para sustentar la configuración de tal defecto, la Sentencia se limitó a enunciar apartes aislados de providencias proferidas tanto por esta Corporación, como por la Corte Suprema de Justicia.
Con todo, tampoco considero que la S. Laboral del Tribunal Superior de Bogotá haya desconocido “el precedente judicial trazado por la Corte Suprema de Justicia, como máximo órgano de interpretación en materia laboral, y que ha sido acogido además por la Corte Constitucional en su jurisprudencia”. En efecto, en el presente caso, la posición mayoritaria de la S. fundamenta dicha conclusión en las consideraciones utilizadas por ambos tribunales en distintas sentencias sobre el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, en la cuales se ratifica que, por regla general, el beneficiario del trabajo o dueño de la obra “será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores”. Únicamente no operará tal solidaridad cuando “se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio”.
En esa medida, en la sentencia aquí cuestionada, el Tribunal consideró –justificada o injustificadamente– que “el objeto del contrato suscrito por la UEASP con la sociedad demandada en el proceso (…) es un servicio especializado ajeno al giro ordinario de las actividades que desarrolla la UEASP”. Por ello concluyó que no era predicable la solidaridad en cabeza de la UEASP. Así pues, no es que la S. Laboral del Tribunal Superior de Bogotá haya interpretado la norma de manera contraria a la jurisprudencia sino que, a su entender, lo que procedía en el caso concreto era dar aplicación a e la excepción y no la regla general prevista en la referida disposición del estatuto laboral.
[1] Constancia emitida el 29 de enero de 2018 por la Secretaría de la Corte Constitucional, en la cual reza lo siguiente: “Vencido el término probatorio, me permito informar que el auto del 18 de enero de 2018, fue comunicado mediante oficio OPTB-073/18 y durante dicho término NO se recibió comunicación alguna”.
[3] Ver Sentencia C-543 de 1992.
[4] Ver Sentencia C-543 de 1992.
[5] La base argumentativa y jurisprudencial de este acápite se sustenta en las consideraciones expuestas por esta Corporación, entre otras, en las sentencias SU-336 y 337 de 2017.
[6] Sentencia T-590 de 2009.
[7] Sentencia SU-337 de 2017.
[8] Ibídem. Estas consideraciones fueron reiteradas en la sentencia SU-337 de 2017.
[10] Sentencia C-836 de 2001.
[11] Sentencia T-1072 de 2000. Reiterada en la sentencia C-836 de 2001.
[12] Sentencia C-836 de 2001.
[13] Ver las sentencias T-522 de 2001, T-462 de 2003, T-161 de 2010 y SU-448 de 2011.
[14] Sentencia SU-053 de 2015.
[15] Á., L.F.. “El Precedente Constitucional teoría y praxis”, Grupo Editorial Ibáñez S.A.S, 2013. Definición citada en la sentencia T-460 de 2016.
[16] Sentencia T-460 de 2016.
[17] Sentencia T-049 de 2007.
[18] Sentencia T-309 de 2015.
[19] Artículo 1°. “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
[20] Artículo 95. “La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: (…) 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas (…)”.
[21] Sentencia T-413 de 2013. Reiterada en las sentencias C-767 de 2014, C-177 de 2016, entre otras.
[22] Sentencia T-550 de 1994.
[23] Estas consideraciones se sustentaron en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, S. de Casación Laboral. Sentencia del 8 de mayo de 1961, Gaceta Judicial 2240, página 1032 M.P.L.F.P.A. sobre el particular, esa Corporación sostuvo: “Dos relaciones jurídicas contempla la norma transcrita, a saber: a) Una entre la persona que encarga la ejecución de una obra o labor y la persona que la realiza; y b) Otra entre quien cumple el trabajo y los colaboradores que para tal fin utiliza. La primera origina un contrato de obra entre el artífice y su beneficiario y exige la concurrencia de estos requisitos: que el contratista se obligue a ejecutar la obra o labor con libertad, autonomía técnica y directiva, empleando en ella sus propios medios y asumiendo los riesgos del negocio, y de parte del beneficiario, que se obligue a pagar por el trabajo un precio determinado. La segunda relación requiere el lleno de las condiciones de todo contrato de trabajo, que detalla el artículo 23 del estatuto laboral sustantivo.
[24] Cuaderno principal del proceso ordinario laboral número 2015-780. Demandante: Y.Y.C.A.. Demandado: D.L.. S.A. y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP. CD 2, contentivo de la audiencia de juzgamiento. Folio 262.
[25] Cfr. Sentencias SU-961 de 1999 y SU-339 de 2011.
[26] Sentencia SU-515 de 2013.
[27] Artículo 116.
[28] Cuaderno principal del proceso ordinario laboral número 2015-780. Demandante: Y.Y.C.A.. Demandado: D.L.. S.A. y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP. Contrato de prestación de servicios núm. 165 E. Consideración núm. 2. Folio 4.
[29] Ibídem. Consideración núm. 5. Folio 4.
[30] Ibídem. Consideración núm. 6. Folio 4.
[31] Ibídem. Cláusula primera. Folio 8.
[32] Ibídem. Cláusula segúnda. Folio 8.
[33] Cuaderno principal del proceso ordinario laboral número 2015-780. Demandante: Y.Y.C.A.. Demandado: D.L.. S.A. y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP. Proceso contractual y estudios previos, versión 5, del 19 de noviembre de 2011, serial GJ-MNPCC-FM-01 de la UAESP. Folio 27.
[35] Ibídem. Folio 28.
[36] Cuaderno principal del proceso ordinario laboral número 2015-780. Demandante: Y.Y.C.A.. Demandado: D.L.. S.A. y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP. Contrato individual de trabajo a un año celebrado entre D.A.L., y la señora Y.Y.C.A.. Folios 57 a 60.
[37] Cuaderno principal del proceso ordinario laboral número 2015-780. Demandante: Y.Y.C.A.. Demandado: D.L.. S.A. y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP. Renuncia motivada presentada por la señora Y.Y.C.A.. Folio 61.
[38] Cuaderno principal del proceso ordinario laboral número 2015-780. Demandante: Y.Y.C.A.. Demandado: D.L.. S.A. y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP. Reclamación administrativa presentada por la señora Y.Y.C.A.. Folios 62 a 68.
[39] Cuaderno principal del proceso ordinario laboral número 2015-780. Demandante: Y.Y.C.A.. Demandado: D.L.. S.A. y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP. Contestación de la demanda por parte de la UAESP. Folios 95 a 112.
[41] Cuaderno principal del proceso ordinario laboral número 2015-780. Demandante: Y.Y.C.A.. Demandado: D.L.. S.A. y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP. Llamamiento en garantía. Folios 144 a 147.
[42] Cuaderno principal del proceso ordinario laboral número 2015-780. Demandante: Y.Y.C.A.. Demandado: D.L.. S.A. y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP. Contestación de la demanda por parte del curador ad-litem de D.A.L. Folios 204 y 205.
[43] Cuaderno principal del proceso ordinario laboral número 2015-780. Demandante: Y.Y.C.A.. Demandado: D.L.. S.A. y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP. Informe secretarial del 19 de octubre de 2016. Folio 230.
[44] Cuaderno principal del proceso ordinario laboral número 2015-780. Demandante: Y.Y.C.A.. Demandado: D.L.. S.A. y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP. CDS 1 y 2, contentivos de la audiencia de juzgamiento. Folios 258 y 262.
[45] Cuaderno principal del proceso ordinario laboral número 2015-780. Demandante: Y.Y.C.A.. Demandado: D.L.. S.A. y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP. CD contentivo de la audiencia celebrada el 6 de diciembre de 2016. Folio 272.
[46] Cuaderno principal del proceso ordinario laboral número 2015-780. Proceso contractual y estudios previos, versión 5, del 19 de noviembre de 2011, serial GJ-MNPCC-FM-01 de la UAESP. Folio 27.

References: artículo 34
 artículo 34
 artículo 1
 artículo 95
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 216
 artículo 1579
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 86
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 36
 artículo 34
 Artículo 1
 Artículo 95
 artículo 23
 Artículo 116