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Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 9/2010, DE 30 DE AGOSTO, DEL DERECHO A LA VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN (BOCYL DE 7 DE SEPTIEMBRE)
Art. 2. Principios generales de la política de vivienda
Art. 3. Concepto de vivienda y anejos
Art. 4. Igualdad en el derecho de acceso a una vivienda de protección pública
Art. 5. Colectivos de especial protección en el acceso a la vivienda de protección pública
Título I. Competencias y planificación (Arts. 6 a 15)
Capítulo I. Competencias de las Administraciones Públicas (Arts. 6 a 8)
Art. 6. Competencias de la Administración de la Comunidad de Castilla y León
Art. 7. Competencias de las Entidades Locales
Art. 8. Transmisiones de suelos en el sector público
Capítulo II. Planificación (Arts. 9 a 15)
Art. 9. El Plan de Vivienda de Castilla y León
Art. 10. Contenido (derogado)
Art. 11. Tramitación y aprobación
Art. 12. Los Planes Municipales de Vivienda
Art. 13. Contenido de los Planes Municipales de Vivienda (derogado)
Art. 14. Tramitación y aprobación de los Planes Municipales de Vivienda
Art. 15. Los planes de vivienda en áreas rurales
Título II. Calidad de las viviendas (Arts. 16 a 22)
Capítulo I. Exigencias técnicas (Arts. 16 a 19)
Art. 16. Requisitos de la edificación
Art. 17. Fomento de accesibilidad
Art. 18. Garantías de la calidad
Art. 19. Ahorro energético y sostenibilidad
Capítulo II. Libro del Edificio (Arts. 20 y 21)
Art. 20. Concepto y contenido
Art. 21. Entrega y depósito
Capítulo III. Inspección técnica de los edificios de viviendas (Art. 22)
Art. 22. Responsabilidad en el uso y habitabilidad de la vivienda
Título III. Protección de los adquirentes y arrendatarios de viviendas (Arts. 23 a 42)
Capítulo I. Publicidad e información (Arts. 23 a 29)
Art. 23. La publicidad de la vivienda
Art. 24. La publicidad de los anejos
Art. 25. Exigibilidad del contenido de la publicidad
Art. 26. Información
Art. 27. Información para la venta en primera transmisión
Art. 28. Información para la venta en segunda y posteriores transmisiones
Art. 29. Información para el arrendamiento
Capítulo II. Especial protección en la compraventa de viviendas (Arts. 30 y 31)
Art. 30. Reserva de viviendas
Art. 31. Entrega de materiales de construcción
Capítulo III. Régimen de las cantidades anticipadas para la construcción de viviendas (Arts. 32 a 34)
Art. 32. Cantidades anticipadas
Art. 33. Constitución de las garantías de las cantidades anticipadas
Art. 34. Extinción y cancelación de las garantías de las cantidades anticipadas
Capítulo IV. Arrendamiento de viviendas (Arts. 35 y 36)
Art. 35. Requisitos para el arrendamiento de viviendas
Art. 36. Prestación de fianza en los contratos de arrendamiento de viviendas
Capítulo V. Depósito de las fianzas de los contratos de arrendamiento y de suministro y servicios que afecten a fincas urbanas (Arts. 37 a 42)
Art. 37. Obligatoriedad del depósito
Art. 38. Realización del depósito
Art. 39. Comunicación al arrendatario
Art. 40. Inspección
Art. 41. Naturaleza de los depósitos
Art. 42. Devolución del depósito
Título IV. Régimen de Protección Pública (Arts. 43 a 82)
Capítulo I. Disposiciones Generales (Arts. 43 a 57)
Art. 43. Conceptos
Art. 44. Régimen de uso de las viviendas de protección pública
Art. 45. Clases de viviendas de protección pública
Art. 46. Otros elementos susceptibles de protección
Art. 47. Vivienda de protección pública en el medio rural (derogado)
Art. 48. Alojamientos protegidos
Art. 49. El valor del suelo en la promoción de viviendas de protección pública
Art. 50. Duración del régimen legal de protección
Art. 51. Precio
Art. 52. Calidad
Art 53. Procedimiento de calificación
Art. 54. Garantías de los adquirentes de viviendas de protección pública
Art. 55. Destino y ocupación de las viviendas de protección pública
Art. 56. Arbitraje
Art. 57. Adquisición de derechos relacionados con las viviendas de protección pública
Capítulo II. Promoción (Arts. 58 a 61)
Art. 58. Promoción de las viviendas de protección pública
Art. 59. Autopromotor
Art. 60. Promotores para uso propio
Art. 61. Medidas de fomento para la promoción
Capítulo III. Acceso (Arts. 62 a 70)
Art. 62. Titulares de las viviendas de protección pública
Art. 63. Destinatarios de las viviendas de protección pública
Art. 64. El Registro Público de Demandantes de Viviendas de Protección Pública de Castilla y León
Art. 65. Formas de transmisión de las viviendas de protección pública
Art. 66. Cláusulas obligatorias en los contratos de compraventa y arrendamiento sobre las viviendas de protección pública
Art. 67. El visado de las transmisiones y arrendamientos
Art. 68. Plazo de entrega y puesta a disposición
Art. 69. Cambios de uso
Art. 70. Medidas de fomento para adquirentes y arrendatarios
Capítulo IV. Prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer (Arts. 71 y 72)
Art. 71. Prohibiciones y limitaciones en general
Art. 72. Prohibiciones y limitaciones en las viviendas de promoción pública
Capítulo V. Mantenimiento y restauración de la legalidad (Arts. 73 a 79)
Art. 73. Derechos y prerrogativas de las Administraciones Públicas
Art. 74. Derecho de adquisición preferente
Art. 75. Derecho de retracto
Art. 76. Competencia para el ejercicio del derecho de adquisición preferente y de retracto
Art. 77. El desahucio administrativo
Art. 78. El procedimiento de desahucio administrativo
Art. 79. Multas coercitivas
Capítulo VI. Otras actuaciones protegidas (Arts. 80 a 82)
Art. 80. Calificación o declaración de actuación protegida
Art. 81. Actuaciones protegidas
Art. 82. Contenido de la calificación o declaración de actuación protegida
Título V. Fomento del alquiler (Arts. 83 a 86)
Art. 83. Programa de fomento del alquiler
Art. 84. Actuaciones del programa de fomento del alquiler
Art. 85. Incentivos del programa de fomento del alquiler
Art. 86. Requisitos para acceder al programa de fomento del alquiler
Título VI. Colaboración público-privada (Arts. 87a 92)
Art. 87. Colaboración entre Administraciones Públicas
Art. 88. Colaboración con Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles
Art. 89. Colaboración con Colegios Profesionales
Art. 90. Colaboración con el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León
Art. 91. Colaboración con entidades financieras
Art. 92. Colaboración con otros agentes relacionados con la materia de vivienda
Título VII. Órganos colegiados en materia de vivienda (Arts. 93 a 100)
Caípítulo I. El Consejo de Vivienda de Castilla y León (Arts. 93 a 96)
Art. 93. Constitución y carácter
Art. 94. Funciones
Art. 95. Composición
Art. 96. Funcionamiento
Capítulo II. Las Comisiones Territoriales de Vivienda (Arts. 97 a 100)
Art. 97. Carácter (derogado)
Art. 98. Funciones (derogado)
Art. 99. Composición (derogado)
Art. 100. Funcionamiento (derogado)
Título VIII. Régimen sancionador (Arts. 101 a 108)
Art. 101. Principios de la potestad sancionadora
Art. 102. Infracciones muy graves
Art. 103. Infracciones graves
Art. 104. Infracciones leves
Art. 105. Sanciones y graduación
Art. 106. Prescripción de las infracciones y sanciones
Art. 107. Competencia para la iniciación y resolución de procedimientos sancionadores
Art. 108. Procedimiento sancionador
Primera. Adquisición de viviendas de promoción directa destinadas al arrendamiento (derogada)
Tercera. Comisiones Territoriales de Vivienda (derogada)
LEY 9/2010, DE 30 DE AGOSTO, DEL DERECHO A LA VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN (BOCYL DE 7 DE SEPTIEMBRE, BOE DEL 28)
Entre la normativa autonómica producida con anterioridad cabe destacar la Ley 2/1999, de 19 de febrero, reguladora del depósito del importe de fianzas de contratos de arrendamiento y de suministro y servicios que afecten a fincas urbanas; el Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de desarrollo y aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 20022009; el Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la promoción, adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda joven de Castilla y León; el Decreto 100/2005, de 22 de diciembre, por el que se crea y regula la Reserva de Viviendas vacías en alquiler de Castilla y León; el Decreto 55/2008, de 24 de julio, por el que se regula la promoción, adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda de precio limitado para familias en Castilla y León; la Orden FOM/1884/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas de Castilla y León; y la Orden FOM/1982/2008, de 14 de noviembre, por la que se regula el procedimiento para la selección de adquirentes y arrendatarios de viviendas protegidas en Castilla y León.
Artículo 1. Objeto.—1. La presente Ley tiene como objeto establecer las normas pertinentes para hacer efectivo en Castilla y León el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Artículo 2. Principios generales de la política de vivienda.—La política de vivienda de las Administraciones Públicas de Castilla y León, al servicio de los ciudadanos de Castilla y León, se sujetará a los siguientes principios:
Artículo 3. Concepto de vivienda y anejos.—1. A los efectos de esta Ley, se entiende por vivienda la edificación habitable destinada a residencia de las personas físicas, independientemente de su titularidad jurídica.
Artículo 4. Igualdad en el derecho de acceso a una vivienda de protección pública.—1. Es obligación de todas las Administraciones Públicas de Castilla y León, dentro de sus respectivas competencias, adoptar las medidas necesarias para, cuando se acredite que la necesidad de vivienda no puede satisfacerse de otro modo mediante un esfuerzo razonable, hacer efectivo el derecho de acceso a una vivienda de protección pública en condiciones de igualdad; de conformidad con la regulación sobre procedimientos de selección de adquirentes y arrendatarios de viviendas de protección pública en la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 5. Colectivos de especial protección en el acceso a la vivienda de protección pública.— 1. Tendrán la consideración de colectivos de especial protección en el acceso a la vivienda de protección pública, los siguientes:
f) Las familias en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo.
g) Los deudores hipotecarios que hayan sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria judicial o extrajudicial, con resultado de lanzamiento.
VIGENTE DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010 A 5 DE AGOSTO DE 2013.
Artículo 5. Colectivos de especial protección en el acceso a la vivienda de protección pública.—1. Tendrán la consideración de colectivos de especial protección los siguientes:
a) Las familias, y en particular las familias numerosas, las familias monoparentales con hijos menores de edad a cargo o mayores de edad en situación de dependencia, así como las familias con parto múltiple o adopción simultánea, conforme a lo dispuesto en la Ley 1/2007, de 7 de marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León.
b) Los jóvenes.
c) Las personas con discapacidad o unidades familiares en las que convivan personas con discapacidad.
d) Las personas de 65 años o más, o unidades familiares con personas de 65 años o más.
e) Las víctimas de violencia de género y las de terrorismo.
f) Otros colectivos en riesgo de exclusión social y aquellos que pudieran establecerse reglamentariamente.
Artículo 6. Competencias de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.—1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León es competente para desarrollar una política propia en materia de vivienda que incluya, entre otras, las siguientes facultades:
Artículo 7. Competencias de las Entidades Locales.—1. Los municipios, bajo el principio de autonomía para la gestión de sus intereses, ejercerán sus competencias de vivienda de acuerdo con lo establecido por la legislación de régimen local, la legislación urbanística, la presente ley y cualquier otra normativa que resulte de aplicación.
Artículo 8. Transmisiones de suelos en el sector público.—Las Administraciones Públicas de Castilla y León competentes, y las empresas públicas de su titularidad que tengan por objeto la actividad urbanizadora o la promoción de viviendas de protección pública, podrán transmitir directamente, a título oneroso o gratuito, con reserva o no de titularidad, suelo destinado a la promoción y construcción de viviendas sujetas a algún tipo de protección pública, sin perjuicio del cumplimiento de lo previsto en la legislación local y patrimonial de las Administraciones públicas.
Artículo 9. El Plan de Vivienda de Castilla y León.—1. El Plan de Vivienda de Castilla y León es el instrumento estratégico para la racionalización y gestión eficaz del conjunto de actuaciones públicas que en materia de vivienda se desarrollarán en Castilla y León, y constituye el elemento integrador fundamental de la totalidad de las medidas que desde la Administración Autonómica se pretenden realizar en materia de vivienda.
Artículo 10. Contenido.— [...]
Artículo 10. Contenido.—El Plan de Vivienda deberá hacer referencia, como mínimo, a los siguientes aspectos:
Artículo 11. Tramitación y aprobación.—1. La Consejería competente en materia de vivienda elaborará el Plan de Vivienda correspondiendo su aprobación a la Junta de Castilla y León.
Artículo 12. Los Planes Municipales de Vivienda.—Los planes municipales de vivienda son el instrumento para la planificación y gestión eficaz del conjunto de actuaciones que en materia de vivienda desarrollan las entidades locales y contendrán las propuestas y los compromisos municipales en política de vivienda.
Artículo 13. Contenido de los Planes Municipales de Vivienda.— [...]
Artículo 13. Contenido de los Planes Municipales de Vivienda.—1. Los planes municipales de vivienda deberán contener, como mínimo, las menciones a las que se refiere el artículo 10, referidas a su ámbito territorial.
Artículo 14. Tramitación y aprobación de los Planes Municipales de Vivienda.—1. La tramitación y aprobación de los planes municipales de vivienda debe ajustarse a lo que la legislación de régimen local establece respecto al régimen de funcionamiento y de adopción de acuerdos.
Artículo 15. Los planes de vivienda en áreas rurales.—1. Cuando en una determinada área rural, concurran motivos de índole territorial, económica, social o demográfica, podrán aprobarse planes territoriales de vivienda que afecten a varios municipios siempre que tengan características homogéneas.
Calidad de las viviendas
Artículo 16. Requisitos de la edificación.—Las viviendas de obra nueva y las que resulten de la alteración de la configuración arquitectónica de los edificios deben cumplir las condiciones de calidad relativas a la funcionalidad, seguridad, salubridad, accesibilidad y sostenibilidad fijadas en la normativa vigente.
Artículo 17. Fomento de accesibilidad.—1. La Comunidad de Castilla y León impulsará medidas de fomento de la accesibilidad en las viviendas, a fin de que se lleven a cabo las obras de transformación necesarias para que los interiores de las mismas, o los elementos y los servicios comunes del edificio, sean utilizables por todas las personas, y en especial las que tengan algún tipo de discapacidad, con los requisitos establecidos en la legislación aplicable.
2. Cuando deban llevarse a cabo en los edificios de viviendas las obras necesarias para el cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, de conformidad con la legislación sectorial aplicable así como la normativa en materia de propiedad horizontal, concurrirá interés social como causa para el ejercicio de la potestad expropiatoria por la Administración local y para la urgencia a los fines expropiatorios.
Artículo 18. Garantías de la calidad.— 1. La Consejería competente en materia de vivienda elaborará un Plan Integral de Calidad, en el que se recogerán las medidas de garantía de la calidad aplicables tanto en el control de los proyectos, de los materiales y de las unidades de obra, como en las pruebas de servicio correspondientes, y las relativas a las condiciones de uso y mantenimiento de las viviendas.
Artículo 18. Garantías de la calidad.—1. La Consejería competente en materia de vivienda elaborará un Plan Integral de Calidad, en el que se recogerán las medidas de garantía de la calidad aplicables tanto en el control de los proyectos, de los materiales y de las unidades de obra, como en las pruebas de servicio correspondientes, y las relativas a las condiciones de uso y mantenimiento de las viviendas.
2. La aprobación del Plan Integral de Calidad corresponderá a la Junta de Castilla y León.
Artículo 19. Ahorro energético y sostenibilidad.— 1. La Comunidad de Castilla y León promoverá e incentivará las condiciones necesarias para la adopción de soluciones técnicas que comporten medidas de ahorro y eficiencia de energía y agua, y, en general, las exigencias de la arquitectura sostenible de acuerdo con criterios bioclimáticos.
Artículo 19. Ahorro energético y sostenibilidad.—1. La Comunidad de Castilla y León promoverá e incentivará las condiciones necesarias para la adopción de soluciones técnicas que comporten medidas de ahorro y eficiencia de energía y agua, y, en general, las exigencias de la arquitectura sostenible de acuerdo con criterios bioclimáticos.
4. La Administración de la Comunidad de Castilla y León regulará el otorgamiento de certificados o etiquetas energéticas y/o medioambientales que acrediten las medidas de ahorro de agua y energía, así como la utilización de materiales no contaminantes y de energías renovables; todo ello en el ámbito de su competencia.
Artículo 20. Concepto y contenido.—1. El Libro del Edificio es el conjunto de documentos, cualquiera que sea su soporte, que recoge la información técnica y jurídica del edificio así como las incidencias que puedan afectarle.
2. Sin perjuicio de lo previsto en la legislación sobre ordenación de la edificación, el Libro del Edificio contendrá los siguientes documentos y/o especificaciones:
c) Datos identificativos de los agentes intervinientes en el proceso de edificación.
Artículo 21. Entrega y depósito.—1. Los promotores deben entregar el Libro del Edificio al primer adquirente y, en posteriores transmisiones, el libro debe entregarse siempre al nuevo adquirente. En caso de una comunidad de propietarios, debe entregarse el libro a su presidente, dando conocimiento de su existencia al resto de propietarios, así como que lo tienen a su disposición.
Inspección técnica de los edificios de viviendas
Artículo 22. Responsabilidad en el uso y habitabilidad de la vivienda.—1. Es responsabilidad de los titulares y usuarios de las viviendas mantenerlas en condiciones de uso y habitabilidad, y llevar a cabo las obras que fueren precisas para su mantenimiento o reposición.
Artículo 23. La publicidad de la vivienda.—1. Toda publicidad destinada a promover la adquisición o arrendamiento de las viviendas debe ajustarse a los siguientes principios:
Artículo 24. La publicidad de los anejos.—1. La publicidad relativa a viviendas con trasteros, plazas de garaje u otros espacios análogos que puedan prestar un servicio accesorio, indicará necesariamente si se trata o no de anejos jurídicamente vinculados, e incluirá información complementaria sobre sus características concretas.
Artículo 25. Exigibilidad del contenido de la publicidad.—Las características y condiciones de las viviendas, sus anejos, servicios e instalaciones comunes, ofrecidas en la publicidad para promover su venta o arrendamiento serán exigibles por el comprador o arrendatario, aun en el caso de que no se hiciera mención específica a alguna de ellas en el contrato.
Artículo 26. Información.—Los ciudadanos deberán recibir, por parte de todos los intervinientes en la edificación destinada a la venta o arrendamiento de las viviendas, una información veraz, objetiva y suficiente, de forma que no pueda inducir a error o confusión.
Artículo 27. Información para la venta en primera transmisión.—Los promotores deberán proporcionar en su oferta de venta a los adquirentes de viviendas en primera transmisión, la información básica sobre sus características, que necesariamente incluirá los siguientes aspectos:
Artículo 28. Información para la venta en segunda y posteriores transmisiones.—La información de la oferta para la venta de viviendas en segunda o posteriores transmisiones deberá contener, al menos, los siguientes aspectos:
Artículo 29. Información para el arrendamiento.—1. En los términos previstos en la legislación civil aplicable, los arrendadores deben proporcionar a los potenciales arrendatarios información suficiente sobre las condiciones esenciales de la vivienda, así como de las condiciones básicas del contrato.
Especial protección en la compraventa de viviendas
Artículo 30. Reserva de viviendas.—1. Para la reserva de vivienda, el vendedor deberá dar a conocer al comprador las características de la vivienda: su ubicación dentro del edificio, su superficie útil, el precio máximo de venta haciendo referencia, si es el caso, a los anejos, con indicación expresa de si están vinculados o no así como las fechas estimadas de inicio, finalización de obra y formalización del contrato de compraventa.
Artículo 31. Entrega de materiales de construcción.—El promotor de las viviendas estará obligado a entregar al adquirente de las mismas un porcentaje de aquellos materiales que, en caso de rotura o deterioro, puedan ser sustituidos por el propietario de la vivienda, en los términos previstos reglamentariamente.
Régimen de las cantidades anticipadas para la construcción de viviendas
Artículo 32. Cantidades anticipadas.—1. En los términos previstos en la legislación vigente, los promotores podrán recibir de los compradores cantidades anticipadas, en concepto de reserva o adquisición de la vivienda.
Artículo 33. Constitución de las garantías de las cantidades anticipadas.—1. Las cantidades entregadas como anticipo serán garantizadas mediante aval concedido por una entidad financiera o por seguro de caución. La garantía cubrirá el principal y los intereses legales desde la fecha de entrega de las cantidades hasta la fecha en que se haga efectiva la devolución.
Artículo 34. Extinción y cancelación de las garantías de las cantidades anticipadas.—Las garantías de las cantidades anticipadas sólo se extinguirán cuando, además de haberse obtenido la licencia de primera ocupación, se ponga la vivienda a disposición del adquirente.
Artículo 35. Requisitos para el arrendamiento de viviendas.—1. La formalización de los contratos de arrendamiento de viviendas en edificios cuya declaración de obra nueva terminada se produzca con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, requerirá la previa obtención de la licencia de primera ocupación.
Artículo 36. Prestación de fianza en los contratos de arrendamiento de viviendas.—1. En la formalización de los contratos de arrendamiento de vivienda es obligatoria la prestación de una fianza en los términos establecidos por la legislación sobre arrendamientos urbanos.
Artículo 37. Obligatoriedad del depósito.—1. Los arrendadores y subarrendadores de viviendas, estén o no destinadas a uso de vivienda, y del resto de fincas urbanas sujetos a la legislación vigente en materia de arrendamientos urbanos, estarán obligados a depositar, a disposición del órgano de la Administración de la Comunidad que se determine reglamentariamente, el importe de las fianzas reguladas en dicha legislación.
Artículo 38. Realización del depósito.—1. El depósito del importe de las fianzas a que se refiere el artículo anterior se realizará, según se determine reglamentariamente, por alguno o algunos de los modos siguientes:
2. Los arrendadores que se acojan al régimen de concierto y las empresas de suministros y servicios, a las que se aplicará en todo caso dicho régimen, deberán presentar durante el mes de enero de cada año declaraciónliquidación que contenga un estado demostrativo de las fianzas constituidas, devueltas o aplicadas a las finalidades a que estén afectadas durante el año anterior. El saldo resultante determinará el depósito a realizar en función del porcentaje que sobre aquél se establezca reglamentariamente.
Artículo 39. Comunicación al arrendatario.—El arrendador comunicará por escrito al arrendatario la realización del depósito en el plazo de un mes a contar desde la formalización del contrato, y le entregará una copia del documento acreditativo del depósito.
Artículo 40. Inspección.—Los órganos competentes de la Administración de la Comunidad podrán desarrollar las tareas de inspección necesarias respecto del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente capítulo. El personal al que se encomienden estas tareas tendrá la consideración de agente de la autoridad y las actas que levante gozarán de presunción de veracidad.
Artículo 41. Naturaleza de los depósitos.—A efectos de las prerrogativas establecidas en las disposiciones en materia de hacienda de la Comunidad de Castilla y León, las cantidades que deban depositarse de acuerdo con esta Ley tienen la consideración de derechos de naturaleza pública de la Comunidad.
Artículo 42. Devolución del depósito.—Acreditada la extinción del contrato que dio lugar a la constitución del depósito, se devolverá la cantidad depositada, en los términos previstos reglamentariamente.
Régimen de Protección Pública
Artículo 43. Conceptos.— 1. Tendrán la consideración de viviendas de protección pública las viviendas que sean así calificadas por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y cumplan los requisitos que se establecen en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo; con independencia de que se trate de viviendas de nueva construcción, en proceso de construcción o rehabilitación, o ya terminadas o rehabilitadas, o de que tuvieran previamente condición de viviendas libres, o de que obtengan o no financiación pública.
Artículo 43. Definiciones.—1. Tendrán la consideración de viviendas de protección pública las viviendas que sean calificadas provisional o definitivamente como tales por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y cumplan los requisitos de calidad, diseño, superficie, uso, precio máximo de venta o renta y demás condiciones que se establecen en la presente Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en la normativa sectorial aplicable; con independencia de que provengan de actuaciones de nueva construcción, de rehabilitación o de viviendas en proceso de construcción o ya construidas.
Igualmente, podrán ser viviendas de protección pública las viviendas libres, en construcción o terminadas, cuando se califiquen en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.
2. Podrán ser objeto de protección pública conforme a lo que se determina en la presente Ley, sus disposiciones de desarrollo y la legislación urbanística aquellas edificaciones habitables que sean calificadas provisional y definitivamente por la Administración de la Comunidad de Castilla y León como alojamientos protegidos por estar dotados de servicios comunes y destinados a personas que por sus características económicas o sociales lo haga aconsejable.
Artículo 44. Régimen de uso de las viviendas de protección pública.—Las viviendas de protección pública podrán ser destinadas a venta, uso propio, arrendamiento con o sin opción de compra u otras formas de uso justificadas por razones sociales, conforme a su correspondiente régimen jurídico.
Artículo 45. Clases de viviendas de protección pública.— 1. Las viviendas de protección pública, con independencia de quien las promueva, se calificarán en alguna de las siguientes clases:
a) Vivienda de protección pública autonómica.
2. Podrán calificarse como viviendas de protección pública autonómica aquellas cuya superficie útil no sea inferior a 40 ni superior a 90 metros cuadrados, aunque podrán alcanzar los 120 metros cuadrados cuando sus destinatarios sean familias numerosas, personas con movilidad reducida o bien quienes tengan a su cargo personas en situación de dependencia.
5. Podrán calificarse como viviendas de protección pública en el medio rural aquellas cuya superficie útil no sea inferior a 70 ni superior a 120 metros cuadrados, y que estén situadas en los municipios cuya relación se aprobará mediante orden de la consejería competente en materia de vivienda. Para estas viviendas se aplicarán las siguientes reglas:
Artículo 45. Clases de viviendas de protección pública.—Las clases de viviendas de protección pública, cualquiera que sea su régimen de uso, se establecerán reglamentariamente en función de sus destinatarios, de sus precios, y del ámbito territorial en el que estén situadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47 de esta Ley.
Artículo 46. Otros elementos susceptibles de protección.—1. Cuando la calificación provisional se refiera a una promoción completa de viviendas, la protección pública se extenderá a los garajes, trasteros y otros anejos, vinculados o no, cualquiera que sea su denominación.
Artículo 47. Vivienda de protección pública en el medio rural.— [...]
Artículo 47. Vivienda de protección pública en el medio rural.—1. Reglamentariamente se establecerá un tipo de vivienda de protección pública en el medio rural, que deberá adaptarse en cuanto a sus precios, superficies, distribuciones y anejos, a las peculiaridades y actividades propias del ámbito rural.
2. En la construcción de estas viviendas se fomentará la utilización de materiales procedentes de la zona, y su ejecución de acuerdo con la edificación tradicional y con criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente.
Artículo 48. Alojamientos protegidos.— Los alojamientos protegidos se regirán por las reglas establecidas en los
Ley 9/2010, de 30 de agosto. Derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León
capítulos I y II de este título para las viviendas de protección pública y en la legislación urbanística, con las especialidades señaladas en el artículo 43 y además las siguientes:
Artículo 48. Alojamientos protegidos.—1. Los alojamientos protegidos podrán ser construidos sobre suelos dotacionales, conforme a la legislación urbanística.
2. Independientemente de la forma de promoción o titularidad de dichos alojamientos, éstos se destinarán a arrendamiento; también podrán ser cedidos en precario cuando se trate de colectivos de especial protección recogidos en la presente Ley.
3. En lo relativo al uso de estos alojamientos, será de aplicación lo previsto en la presente ley y en su normativa de desarrollo y, en lo no regulado expresamente, en la legislación civil.
4. Estos alojamientos protegidos quedarán sometidos al régimen legal de protección pública, cuya duración será permanente y sin posibilidad de descalificación, y se podrán acoger a las medidas de financiación establecidas específicamente para ellos.
5. Cuando el titular del suelo sea una Administración Pública o un organismo de ellas dependiente, la construcción y gestión de los alojamientos protegidos podrá realizarse directamente o a través de lo previsto en la legislación patrimonial y de contratos del sector público.
Artículo 49. El valor del suelo en la promoción de viviendas de protección pública.—1. En las transmisiones de suelo destinado a la promoción de vivienda de protección pública, su valor se determinará teniendo en cuenta el valor de los terrenos y el presupuesto de las obras de urbanización.
Artículo 50. Duración del régimen legal de protección.— 1. La duración del régimen legal de protección de las viviendas de protección pública, contada en todo caso desde la fecha de otorgamiento de la licencia de primera ocupación, será:
a) Para las viviendas de protección pública de promoción privada, 15 años.
b) Para las viviendas de protección pública de promoción pública, 30 años.
Artículo 50. Plazo del régimen legal de protección y descalificación.—1. La duración del régimen legal de protección se establecerá reglamentariamente para cada una de las clases de viviendas de protección pública.
2. Las viviendas de protección pública, se acojan o no a medidas de financiación, no podrán ser objeto de descalificación mientras dure su régimen legal de protección.
3. No obstante, en los términos previstos reglamentariamente, previa autorización administrativa, podrán descalificarse las viviendas de protección pública cuando las mismas estén construidas en suelos que no estén destinados obligatoriamente a la reserva de viviendas de protección pública.
Artículo 51. Precio.— 1. Mientras dure el régimen legal de protección, el precio máximo de venta de las viviendas de protección pública, tanto en primera como en segunda y posteriores transmisiones, así como el precio de referencia para el alquiler de la vivienda, en ambos casos por metro cuadrado de superficie útil, se determinarán aplicando los coeficientes establecidos por orden de la consejería competente en materia de vivienda al módulo básico estatal vigente, o cualquier otra denominación que le sustituya, o en su defecto al precio básico autonómico que se establezca, en su caso, mediante la citada orden.
2. Para los anejos, vinculados o no, el precio máximo de venta y el precio de referencia para el alquiler, por metro cuadrado de superficie útil, no podrán exceder del 60 por ciento del precio citado en el apartado anterior.
Artículo 51. Precio.—1. El precio máximo de venta o el precio de referencia para el alquiler de las viviendas de protección pública, por metro cuadrado de superficie útil, se determinará aplicando los coeficientes establecidos por la Consejería competente en materia de vivienda al módulo básico estatal vigente en cada momento o cualquier otra denominación que le sustituya.
2. El precio máximo de venta o el precio de referencia para el alquiler de los anejos, vinculados o no, por metro cuadrado de superficie útil no podrá exceder del 60% del precio al que se refiere el apartado anterior.
3. Para la determinación de los precios previstos en los apartados anteriores se establecerá, mediante Orden de la Consejería competente en materia de vivienda, la distribución de los municipios de Castilla y León en ámbitos territoriales.
Artículo 52. Calidad.—Las viviendas de protección pública deberán cumplir las normas de calidad, diseño, superficie y demás condiciones que se establecen en la presente ley, en sus disposiciones de desarrollo y en la normativa sectorial aplicable.
Artículo 53. Procedimiento de calificación.— 1. La calificación es el acto administrativo en virtud del cual las viviendas quedan sometidas al régimen legal de protección pública previsto en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo, y se expide a los únicos efectos de comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de viviendas de protección pública.
Artículo 53. Calificación provisional y definitiva de las viviendas de protección pública.—1. La calificación provisional es el acto administrativo por el que las viviendas incluidas en él quedan sometidas al régimen legal de protección pública previsto en la presente Ley y en sus disposiciones de desarrollo.
La calificación definitiva es el acto administrativo por el que se consolida el régimen jurídico previsto en la calificación provisional.
2. La solicitud de calificación, tanto provisional como definitiva, deberá ser presentada por el promotor de las viviendas.
Sin perjuicio de cualquier otro documento que deba presentarse conforme a la normativa que sea de aplicación, junto con la solicitud de calificación provisional y definitiva deberá presentarse, al menos, la siguiente documentación:
a) Para la calificación provisional:
Proyecto básico redactado por técnico competente junto con certificado expedido por el mismo de que el proyecto se sujeta a la normativa técnica y urbanística que sea de aplicación.
Licencia de obra o justificante de haberla solicitado; en todo caso, no podrá otorgarse la calificación provisional sin que resulte acreditado la expedición de la licencia de obra.
Certificado del Registro de la Propiedad de titularidad de los terrenos y libertad de cargas y gravámenes; cuando conforme a dicho certificado el solicitante no sea titular de los terrenos, deberá aportarse, además, documento suficiente en derecho que acredite la facultad para construir sobre los mismos.
b) Para calificación definitiva:
Proyecto de ejecución final visado.
Certificado de la dirección facultativa relativo a que la edificación cumple la normativa específica en materia de vivienda de protección pública que sea de aplicación.
3. La solicitud de calificación provisional podrá referirse a la totalidad o a partes de las viviendas comprendidas en la edificación.
En el caso de edificaciones en las que se promuevan viviendas acogidas a diferentes tipos de protección pública, o viviendas protegidas junto con otras que no tuvieran dicha condición, en el proyecto que acompañe a la solicitud de calificación provisional se identificarán de forma clara y precisa las viviendas de protección pública.
4. La calificación, tanto provisional como definitiva, de las viviendas de protección pública será otorgada por el órgano competente de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre atribución de competencias.
5. Tanto en la calificación provisional como definitiva deberán constar, al menos, los siguientes extremos:
a) Identificación del promotor, con expresión de nombre o razón social, NIF/NIE o CIF y domicilio a efectos de notificaciones, pudiéndose incluir además otro medio de comunicación, tales como teléfono, fax, o correo electrónico.
b) Clase o clases de viviendas de protección pública objeto de calificación.
c) Número y superficie útil de las viviendas de la promoción y la existencia o no de garajes y trasteros, especificando si son vinculados o no, así como la superficie útil respectiva.
d) Régimen de uso de las viviendas.
e) Precios máximos de venta o renta.
f) Plazo de duración del régimen legal de protección.
g) La financiación cualificada o convenida que corresponda en cada caso, condicionada a la existencia de disponibilidad presupuestaria.
h) Expresión de que la financiación cualificada o convenida queda sometida a las condiciones y limitaciones establecidas para cada tipo de vivienda de acuerdo con el plan de vivienda en virtud del cual se otorga.
i) Cualquier otra mención que se establezca reglamentariamente.
6. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de calificación provisional será de tres meses desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación; transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución expresa podrá considerarse estimada por silencio administrativo.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de calificación definitiva será de tres meses desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación; transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución expresa podrá considerarse desestimada por silencio administrativo.
La resolución de la calificación provisional emitida fuera del plazo establecido anteriormente no podrá consignar un precio máximo de venta o de referencia para el alquiler superior al que hubiera correspondido de haberse dictado la resolución en plazo.
7. La calificación definitiva deberá solicitarse en el plazo de 30 meses desde la notificación de la calificación provisional, sin perjuicio de las posibles interrupciones que pudieran producirse en el citado plazo o de la prórroga que pueda solicitar el promotor antes del vencimiento de dicho plazo, y autorizarse por el órgano competente; sin que dicha prórroga pueda exceder de 12 meses desde la notificación de la resolución de concesión de la misma.
8. La calificación provisional y definitiva de las viviendas de protección pública se expedirá a los únicos efectos de comprobar el cumplimiento de la normativa específica en materia de viviendas de protección pública que sea de aplicación así como con las disposiciones de la presente ley y de la normativa que en desarrollo de la misma pudiera dictarse.
Artículo 54. Garantías de los adquirentes de viviendas de protección pública.— Cuando por causa imputable al promotor la calificación sea denegada u opere la condición resolutoria por no haber sido otorgada la licencia de primera ocupación, los adquirentes de las viviendas podrán:
Artículo 54. Recalificación.—Previa solicitud del interesado, las viviendas que hubieran sido calificadas provisionalmente para venta podrán ser recalificadas para alquiler y las que hubiesen sido calificadas para alquiler podrán ser recalificadas para venta, en los términos previstos reglamentariamente.
Artículo 55. Destino y ocupación de las viviendas de protección pública.—Las viviendas de protección pública se destinarán exclusivamente a residencia habitual y permanente de sus adquirentes o arrendatarios y, en su caso, de los miembros de su unidad familiar, debiendo ser ocupadas en el plazo de 3 meses desde la fecha de formalización de la escritura de compraventa.
Artículo 56. Arbitraje.—La Administración de la Comunidad de la Castilla y León impulsará la inclusión de cláusulas en los contratos de compraventa de viviendas de protección pública, así como en los de arrendamientos, que permitan la resolución de las controversias que pudieran originarse en el cumplimiento de tales contratos mediante el arbitraje, de conformidad con la normativa sectorial aplicable.
Artículo 57. Adquisición de derechos relacionados con las viviendas de protección pública.—En ningún caso podrán adquirirse por silencio administrativo derechos relacionados con las viviendas de protección pública en contra de lo dispuesto en la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo.
Artículo 58. Promoción de las viviendas de protección pública.— 1. Las viviendas de protección pública podrán ser de promoción pública o promoción privada.
Artículo 58. Promoción de las viviendas de protección pública.—1. Las viviendas de protección pública podrán ser de promoción pública o promoción privada.
La promoción pública de viviendas, cuando sea llevada a cabo directamente por la Administración General de la Comunidad de Castilla y León, a través de la Consejería competente en materia de vivienda, tendrá la consideración de promoción directa.
Artículo 59. Autopromotor.—Tendrá la consideración de autopromotor la persona física, individualmente considerada, que decida, impulse, programe y financie, con medios propios o ajenos la construcción, reforma o rehabilitación, directa o indirectamente, de una vivienda de protección pública, destinada a satisfacer su necesidad de vivienda.
Artículo 60. Promotores para uso propio.— 1. Tendrán la consideración de promotores para uso propio, las personas físicas, agrupadas en cooperativas de vivienda, comunidades de propietarios o cualquier otra entidad cuya naturaleza determine que sus socios o partícipes resulten adjudicatarios o arrendatarios de las viviendas, que decidan, impulsen, programen y financien, con medios propios o ajenos, la construcción de viviendas de protección pública destinadas a satisfacer la necesidad de vivienda de sus socios o partícipes.
Artículo 60. Promotores para uso propio.—1. Tendrán la consideración de promotores para uso propio, las personas físicas, agrupadas en cooperativas de vivienda, comunidades de propietarios o cualquier otra entidad cuya naturaleza determine que sus socios o partícipes resulten adjudicatarios o arrendatarios de las viviendas, que decidan, impulsen, programen y financien, con medios propios o ajenos, la construcción de viviendas de protección pública destinadas a satisfacer la necesidad de vivienda de sus socios o partícipes.
2. Las entidades a las que se refiere el apartado anterior deberán inscribirse, previamente al otorgamiento de la calificación provisional de las viviendas, en el Registro de Entidades Promotoras de Viviendas de Protección Pública de la Consejería competente en materia de vivienda.
En dicho Registro se hará constar la identificación de la entidad promotora, de sus representantes, de los titulares de sus órganos de administración y gestión y de las personas que los integren así como de la promoción o promociones de viviendas de protección pública que lleven a cabo; asimismo deberán depositarse en dicho Registro una copia de sus estatutos.
3. Para otorgar la calificación provisional de las viviendas promovidas por las entidades a las que se refiere el presente artículo será necesario que presenten junto con la solicitud, y en los términos que reglamentariamente se determine, una relación de socios o partícipes beneficiarios de las viviendas, que deberán cumplir, todos ellos, los requisitos de acceso a una vivienda de protección pública y a la financiación.
No obstante lo anterior, si algún socio fuera titular de otra vivienda o de bienes inmuebles que, de acuerdo con la normativa de aplicación, le impidiera el acceso a la vivienda de protección pública promovida, deberá aportar compromiso de venta de dicha vivienda o bienes, sin que pueda visarse el contrato de adjudicación de la vivienda protegida si no resulta acreditada dicha venta.
4. Podrá otorgarse la calificación definitiva en las promociones de viviendas de protección pública a las que se refiere este artículo aun cuando no estén adjudicadas todas las viviendas por causas debidamente justificadas establecidas reglamentariamente.
Artículo 61. Medidas de fomento para la promoción.— 1. Las Administraciones Públicas, dentro de su respectivo ámbito de competencias, fomentarán la promoción de viviendas de protección pública a las que se refiere la presente ley mediante el establecimiento de medidas económicas, fiscales, urbanísticas y de cualquier otra naturaleza que favorezcan tales actuaciones.
2. El importe y requisitos de concesión de las ayudas económicas se establecerán en la correspondiente normativa reguladora, pudiendo ser, entre otras, las siguientes:
Artículo 61. Medidas de fomento para la promoción.—1. Las Administraciones Públicas, dentro de su respectivo ámbito de competencias, fomentarán la promoción de viviendas de protección pública a las que se refiere la presente ley mediante el establecimiento de medidas económicas, fiscales, urbanísticas y de cualquier otra naturaleza que favorezcan tales actuaciones.
Artículo 62. Titulares de las viviendas de protección pública.—Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán ser titulares de viviendas de protección pública.
Artículo 63. Destinatarios de las viviendas de protección pública.— 1. Los destinatarios o usuarios que adquieran o arrienden una vivienda de protección pública serán personas físicas, unidades familiares o unidades de convivencia que cumplan los siguientes requisitos:
c) No ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o de disfrute sobre otra vivienda en España, o que siendo titular de tales derechos no pueda ocupar la vivienda por causas que no le sean imputables, entendiendo incluido que su puesto de trabajo se localice en una provincia diferente. No obstante, podrán ser titulares de otras viviendas las familias que necesiten una vivienda de mayor superficie por el aumento del número de sus miembros, así como las personas mayores de 65 años, las personas con movilidad reducida y las víctimas de violencia de género o del terrorismo, cuando se trate de acceder a otra vivienda más adaptada a sus necesidades. En todos estos casos, la vivienda anterior deberá ser vendida o alquilada dentro del plazo de un año a contar desde la firma del contrato de compraventa o alquiler de la vivienda nueva; este plazo podrá prorrogarse cuando la vivienda anterior no haya podido ser vendida o alquilada por causas no imputables al interesado.
Artículo 63. Destinatarios de las viviendas de protección pública.—1. Los destinatarios o usuarios de las viviendas de protección pública serán personas físicas, individualmente consideradas, o unidades familiares que cumplan los siguientes requisitos:
a) Estar inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León. Podrán no cumplir este requisito los casos excepcionales que puedan determinarse reglamentariamente.
b) Tener unos ingresos máximos y mínimos, así como los requisitos relativos a la titularidad de otras viviendas o patrimonio inmobiliario, previstos reglamentariamente.
c) Cualquier otro requisito que se establezca en las disposiciones de desarrollo de la presente Ley.
2. Los requisitos establecidos en el apartado anterior deberán cumplirse por los destinatarios de la vivienda, debiéndose verificar en la fecha en la que se solicite el visado del contrato de compraventa o arrendamiento, salvo en el caso de autopromotores, que deberán verificarse en el momento de solicitar la declaración de actuación protegida o la calificación provisional.
Cuando los destinatarios de las viviendas se seleccionen a través de la normativa reguladora de los procedimientos de selección de adquirentes y arrendatarios de viviendas de protección pública en Castilla y León, el requisito de la edad deberá cumplirse en el momento en el que se dicte la resolución por la que se convoca el proceso de selección.
3. Los requisitos establecidos en el apartado primero de este artículo no serán exigibles en las adquisiciones mortis causa de viviendas de protección pública, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55 de esta Ley.
4. Excepcionalmente, por razones de interés público o social, podrán ser destinatarias de viviendas de protección pública las personas jurídicas públicas o las privadas sin ánimo de lucro, con las condiciones establecidas reglamentariamente.
Artículo 64. El Registro Público de Demandantes de Viviendas de Protección Pública de Castilla y León.—1. El Registro Público de Demandantes de Viviendas de Protección Pública de Castilla y León constituye uno de los instrumentos para contribuir a garantizar a los ciudadanos los principios de igualdad, concurrencia y publicidad en el acceso a una vivienda de protección pública, a fin de eliminar cualquier tipo de fraude en las primeras y posteriores transmisiones de dichas viviendas.
Artículo 65. Formas de transmisión de las viviendas de protección pública.—1. Las viviendas de protección pública podrán ser objeto de transmisión, arrendamiento, o cualesquiera otros negocios jurídicos que permitan su ocupación o uso.
Artículo 66. Cláusulas obligatorias en los contratos de compraventa y arrendamiento sobre las viviendas de protección pública.—1. Los contratos de compraventa y arrendamiento de las viviendas de protección pública deberán formalizarse por escrito.
2. Además de cuanto deban contener de conformidad con la legislación civil o sectorial aplicable, habrán de constar en ellos, al menos, los siguientes extremos:
Artículo 67. El visado de las transmisiones y arrendamientos.— 1. Mientras dure el régimen legal de protección, las transmisiones de viviendas de protección pública y los contratos de arrendamientos de las mismas, así como de sus anejos, vinculados o no, deberán presentarse para su visado ante la consejería competente en materia de vivienda, en el plazo máximo de 15 días desde su formalización. Los obligados a presentar la solicitud de visado son, en caso de compraventa, el adquirente, y en caso de arrendamiento, el arrendador.
Artículo 67. El visado de las transmisiones y arrendamientos.—1. Las transmisiones de viviendas de protección pública y los contratos de arrendamientos de las viviendas de protección pública sujetas en ambos casos a limitación de precio de venta y renta, así como sus anejos, vinculados o no, deberán presentarse para su visado ante la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en los términos y condiciones previstos reglamentariamente mientras dure su régimen legal de protección.
2. El visado consistirá en una resolución por la que se declare acreditado el cumplimiento de los requisitos objetivos y subjetivos en la adquisición o arrendamiento de una vivienda de protección pública y sus anejos vinculados, así como la inclusión de las cláusulas obligatorias.
Cuando se trate de anejos no vinculados el visado se limitará a comprobar que el precio de la compraventa no exceda del precio máximo legal vigente en el momento de la transmisión.
3. En el caso de segundas y posteriores transmisiones de viviendas de protección pública, el plazo para resolver y notificar la resolución será de 10 días desde que la solicitud de visado haya tenido entrada en el registro del órgano competente para resolver; transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución expresa podrá considerarse estimada la solicitud por silencio administrativo.
Artículo 68. Plazo de entrega y puesta a disposición.— 1. Los promotores deberán otorgar la escritura pública de compraventa y entregar las viviendas a sus adquirentes en el plazo de tres meses a contar desde la notificación de la licencia de primera ocupación, o desde la fecha de visado del contrato de compraventa si éste fuera posterior.
Artículo 68. Plazo de entrega y puesta a disposición.—1. Los promotores deberán otorgar la escritura pública de compraventa y entregar las viviendas a sus adquirentes en el plazo de tres meses a contar desde la calificación definitiva o desde la fecha del contrato de compraventa si éste fuera posterior, siempre previa obtención de la licencia de primera ocupación.
Artículo 69. Cambios de uso.— 1. Quienes adquieran una vivienda de protección pública destinada a venta podrán solicitar su cambio de uso para destinarla a arrendamiento, cuando no puedan ocupar la vivienda por alguna de las siguientes causas:
c) Víctimas de violencia de género o de terrorismo.
Artículo 69. Cambios de uso y destino.—1. Quienes adquieran una vivienda de protección pública podrán solicitar el cambio de uso de la vivienda para destinarla a arrendamiento, previa autorización administrativa, cuando no puedan ocupar la vivienda por alguna de las siguientes causas:
a) Cambio de domicilio por motivos laborales, en los términos previstos reglamentariamente.
b) Falta de adecuación de la vivienda a la composición de la unidad familiar o a las necesidades sobrevenidas por movilidad reducida permanente.
c) Víctimas de violencia de género o terrorismo.
2. Las viviendas de protección pública destinadas a arrendamiento podrán ser enajenadas en los términos previstos reglamentariamente.
3. La autorización del cambio de uso no implica alteración o modificación de la duración del régimen legal de protección.
Artículo 70. Medidas de fomento para adquirentes y arrendatarios.—1. Las Administraciones Públicas, dentro de su respectivo ámbito de competencias, fomentarán las actuaciones protegibles a las que se refiere la presente ley mediante el establecimiento de medidas económicas, fiscales y de cualquier otra naturaleza que incentiven tales actuaciones.
2. El importe y requisitos de concesión de las ayudas económicas se establecerán en las correspondientes convocatorias o planes de vivienda, pudiendo ser, entre otras, las siguientes:
Prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer
Artículo 71. Prohibiciones y limitaciones en general.— 1. Los adquirentes de viviendas de protección pública y los promotores individuales para uso propio, no podrán transmitir inter vivos las viviendas ni ceder su uso por ningún título durante un plazo de 5 años, contados, en caso de adquisición, desde la fecha de formalización de la escritura de compraventa, y en caso de promotores para uso propio, desde la fecha de notificación de la licencia de primera ocupación.
2. La limitación establecida en el apartado anterior podrá dejarse sin efecto en los supuestos previstos en el apartado 1.a) del artículo 69 de esta Ley, mediante autorización administrativa.
Artículo 71. Limitaciones y prohibiciones en general.—1. Dentro del plazo previsto reglamentariamente los adquirentes y los promotores individuales para uso propio no podrán transmitir ínter vivos las viviendas ni ceder su uso por ningún título.
2. La limitación establecida en el apartado anterior podrá dejarse sin efecto en los supuestos expresamente previstos en el correspondiente plan de vivienda, mediante la preceptiva autorización administrativa.
Artículo 72. Prohibiciones y limitaciones en las viviendas de promoción pública.— 1. Para las viviendas de protección pública de promoción pública el plazo citado en el artículo anterior será de 10 años.
Artículo 72. Limitaciones y prohibiciones en las viviendas de promoción pública directa.—1. Las viviendas de promoción pública directa no podrán transmitirse ínter vivos durante el plazo de diez años desde la fecha de formalización de la adquisición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71.2 de esta Ley.
2. El adquirente en segunda o posterior transmisión de las viviendas de promoción pública directa sólo podrá acceder a ellas si reúne los requisitos y condiciones que, en la fecha de la compraventa y según la clase de vivienda, sean exigidos por la normativa vigente para el acceso a una vivienda de protección pública directa. A tales efectos se requerirá la previa autorización del Departamento Territorial competente en materia de vivienda de la provincia donde radique la misma, donde se hará constar expresamente el precio máximo de venta. Dicha autorización sustituirá al visado señalado en el artículo 67 de esta Ley.
El adquirente autorizado deberá subrogarse en las cantidades expresadas pendientes de pago a la Administración.
3. Las viviendas de promoción pública directa podrán ser cedidas a Administraciones Públicas, Empresas o Sociedades Públicas para destinarlas al arrendamiento siempre que incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas, previa autorización del Departamento o Servicio Territorial competente en materia de vivienda de la provincia donde radique la misma.
Mantenimiento y restauración de la legalidad
Artículo 73. Derechos y prerrogativas de las Administraciones Públicas.—1. La calificación de una vivienda y de sus anejos vinculados como de protección pública supone, mientras dure el régimen legal de protección aplicable a cada vivienda, su sujeción a los derechos de adquisición preferente y retracto establecidos en la presente Ley a favor de la Administración de la Comunidad de Castilla y León o del Ayuntamiento respectivo, cuando se trate de viviendas construidas sobre patrimonios municipales de suelo, o de entidades públicas designadas por aquéllas.
Artículo 74. Derecho de adquisición preferente.—1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León ostenta un derecho de adquisición preferente en la segunda y posterior transmisión de las viviendas de protección pública y sus anejos vinculados, excepto en los casos en los que la transmisión tenga lugar entre cónyuges, entre miembros de una pareja inscrita en el Registro de Uniones de Hecho de Castilla y León o entre parientes hasta el segundo grado por consanguinidad, cuando se trate de la transmisión de una cuota indivisa de la vivienda a favor de quien ya fuese cotitular de ésta, en las transmisiones mortis causa, así como en los casos de subasta o adjudicación de la vivienda por ejecución judicial del préstamo.
Artículo 75. Derecho de retracto.—1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León, o el Ayuntamiento respectivo cuando se trate de viviendas construidas sobre patrimonios municipales de suelo, ostentan, mientras dure el régimen legal de protección, el derecho de retracto legal sobre las segundas y posteriores transmisiones de las viviendas de protección pública y sus anejos vinculados, y se puede ejercitar conforme a lo dispuesto en la presente Ley y su normativa de desarrollo.
3. El derecho de retracto podrá ejercerse por la Administración en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la copia a la que se refiere el apartado anterior en los siguientes casos:
Artículo 76. Competencia para el ejercicio del derecho de adquisición preferente y de retracto.—En la Administración de la Comunidad de Castilla y León, corresponde al titular de la Consejería competente en materia de vivienda el ejercicio del derecho de adquisición preferente y de retracto previsto en los artículos anteriores, sin perjuicio de la desconcentración o delegación que pudiera realizarse.
Artículo 77. El desahucio administrativo.—Procederá el desahucio administrativo contra adjudicatarios u ocupantes de las viviendas de titularidad pública, o de sus zonas comunes, locales y edificaciones complementarias, por las siguientes causas:
Artículo 78. El procedimiento de desahucio administrativo.—1. El procedimiento para el ejercicio del desahucio administrativo se ajustará a lo dispuesto en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, con las especialidades previstas en este artículo.
5. Si fuese necesario entrar en el domicilio del sujeto afectado, la Administración Pública deberá obtener la preceptiva autorización judicial.
Artículo 79. Multas coercitivas.—1. Sin perjuicio de las posibles sanciones, se podrán imponer multas coercitivas, hasta un máximo de tres, para asegurar la eficacia de los actos administrativos frente al incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley, cuando se trate de actos personalísimos en los que no quepa la compulsión directa sobre la persona del obligado, o actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.
Otras actuaciones protegidas
Artículo 80. Calificación o declaración de actuación protegida.—Se entiende por calificación o declaración de actuación protegida el acto administrativo por el que el órgano competente califica o declara protegida alguna de las actuaciones previstas en el artículo siguiente, sometiéndose, en su caso, al régimen de protección establecido en la presente Ley y a las disposiciones que en su desarrollo pudieran dictarse.
Artículo 81. Actuaciones protegidas.—Tendrán la consideración de actuaciones protegidas las siguientes:
e) Las áreas de rehabilitación y de renovación urbana en los términos que se fije en la normativa de desarrollo.
f) El arrendamiento de viviendas y, especialmente, el de viviendas que hayan estado vacías y desocupadas en el año inmediatamente anterior al de formalización de la declaración de actuación protegida.
Artículo 82. Contenido de la calificación o declaración de actuación protegida.—El contenido de la calificación o declaración de actuación protegida recogidas en el artículo anterior se establecerá reglamentariamente, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley para la calificación provisional y definitiva de las viviendas de protección pública.
Artículo 83. Programa de fomento del alquiler.—La Administración de la Comunidad de Castilla y León, a través de la Consejería competente en materia de vivienda, llevará a cabo, directa o indirectamente, políticas activas para el fomento y potenciación del alquiler mediante el establecimiento de incentivos que permitan la puesta en el mercado del alquiler de viviendas vacías y desocupadas.
Artículo 84. Actuaciones del programa de fomento del alquiler.—El programa de fomento del alquiler podrá comprender, entre otras, las siguientes actuaciones:
Artículo 85. Incentivos del programa de fomento del alquiler.—1. Los propietarios de viviendas que las incluyan en el programa del fomento de alquiler podrán obtener, entre otros, los siguientes incentivos:
d) Contratación de un seguro multirriesgo del hogar.
Artículo 86. Requisitos para acceder al programa de fomento del alquiler.—Reglamentariamente se determinarán tanto los requisitos objetivos que deben cumplir las viviendas, como los requisitos subjetivos que deben cumplir los propietarios de las viviendas y los futuros arrendatarios de las mismas, incluyéndose en todo caso, la obligatoriedad de estar inscritos en los correspondientes registros.
Artículo 87. Colaboración entre Administraciones Públicas.—La Administración de la Comunidad de Castilla y León podrá establecer cauces de cooperación y colaboración con otras Administraciones Públicas, especialmente con las entidades locales de Castilla y León, mediante la celebración de convenios en los que se establecerán el contenido, alcance, procedimientos y características de la mutua colaboración para la programación, planificación, impulso, ejecución, seguimiento y control de la política de vivienda en Castilla y León.
Artículo 88. Colaboración con Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles.—La Administración de la Comunidad de Castilla y León podrá establecer cauces de cooperación y colaboración con el Colegio Notarial de Castilla y León o con el Decanato Autonómico de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Castilla y León, mediante la celebración de convenios, sin perjuicio de los ya celebrados, en los que se establecerán el contenido, alcance, procedimientos y características de la colaboración.
Artículo 89. Colaboración con Colegios Profesionales.—La Administración de la Comunidad de Castilla y León podrá establecer cauces de cooperación y colaboración con los Colegios Profesionales directamente relacionados en materia de vivienda, mediante la celebración de convenios en los que se establecerán el contenido, alcance, procedimientos y características de la colaboración.
Artículo 90. Colaboración con el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León.—La Administración de la Comunidad de Castilla y León podrá establecer cauces de cooperación y colaboración con el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León, mediante la celebración de convenios en los que se establecerán el contenido, alcance, procedimientos y características de la colaboración, de acuerdo con los fines y funciones previstos en la Ley 5/2006, de 16 de junio de Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León y su Consejo General.
Artículo 91. Colaboración con entidades financieras.—La Administración de la Comunidad de Castilla y León podrá establecer cauces de cooperación y colaboración con entidades financieras mediante la celebración del oportuno convenio en el que se establecerá el contenido, alcance, procedimientos y características para que las mismas puedan ser consideradas entidades colaboradoras con sujeción a las disposiciones previstas en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León y demás normativa básica de aplicación en materia de subvenciones.
Artículo 92. Colaboración con otros agentes relacionados con la materia de vivienda.—La Administración de la Comunidad de Castilla y León podrá establecer cauces de cooperación y colaboración con otros agentes relacionados con la materia de vivienda, no contemplados en los artículos anteriores, mediante la celebración del oportuno convenio en el que se establecerá el contenido, alcance, procedimientos y características de la colaboración.
Órganos colegiados en materia de vivienda
CAÍPÍTULO I
Artículo 93. Constitución y carácter.—1. El Consejo de Vivienda de Castilla y León se constituirá como el órgano consultivo y cauce permanente de coordinación administrativa y participación social en la elaboración y ejecución de la planificación en materia de vivienda y, en general, en la actividad de esta materia en Castilla y León.
2. El Consejo desarrollará sus funciones adscrito a la Consejería competente en materia de vivienda.
Artículo 94. Funciones.—Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo del Diálogo Social y Regulación de la Participación Institucional y de las disposiciones que en su desarrollo pudieran dictarse, las funciones del Consejo de Vivienda de Castilla y León serán las siguientes:
a) Realizar, encargar y promover estudios e investigaciones, así como propuestas y sugerencias sobre cualquier asunto en materia de vivienda.
b) Impulsar y facilitar la coordinación de las actuaciones relativas a la ejecución de los planes de vivienda y evaluar su ejecución.
c) Valorar las propuestas que puedan efectuar los distintos organismos relacionados con la materia de vivienda.
d) Elaborar los informes y dictámenes que le solicite la Junta de Castilla y León o el titular de la Consejería competente en materia de vivienda sobre disposiciones normativas y proyectos de planes.
e) Cualquier otra que fuera atribuida por las disposiciones que en desarrollo de la presente ley pudieran dictarse.
Artículo 95. Composición.—1. El Consejo de Vivienda de Castilla y León estará integrado por el Presidente que será el titular de la Consejería competente en materia de vivienda, y como vocales, el Director General competente en materia de vivienda, y representantes de la Administración local, de los promotores públicos y privados y los constructores de viviendas, de los colegios profesionales con competencias en materia de vivienda, de las entidades financieras, de los consumidores y usuarios, de los agentes sociales, sindicales y empresariales, así como otros agentes vinculados al sector de la vivienda.
2. Será Secretario del Consejo de Vivienda de Castilla y León un funcionario de la dirección general que tenga encomendadas específicamente las competencias en materia de vivienda que actuará con voz, pero sin voto, y que será designado por el titular de la Consejería competente en dicha materia.
Artículo 96. Funcionamiento.—1. El funcionamiento del Consejo de Vivienda de Castilla y León se ajustará a lo dispuesto en los preceptos básicos contenidos en el Capítulo II, del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
2. El voto del Presidente será dirimente en el caso de empate.
3. El Consejo de Vivienda de Castilla y León se reunirá como mínimo una vez al año en sesión ordinaria.
Las Comisiones Territoriales de Vivienda
Artículo 97. Carácter.— [...]
Artículo 97. Carácter.—1. Las Comisiones Territoriales de Vivienda de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora son órganos permanentes, de carácter deliberante, y en su caso resolutorio, en los procedimientos de selección de adquirentes y arrendatarios de viviendas de protección pública en Castilla y León, sin perjuicio de cualquier otro asunto que les sea encomendado, dentro de sus respectivos ámbitos territoriales.
Artículo 98. Funciones.— [...]
Artículo 98. Funciones.—Las funciones de las Comisiones Territoriales de Vivienda, dentro de su ámbito territorial de competencia, serán las siguientes:
Artículo 99. Composición.— [...]
Artículo 99. Composición.—1. Las Comisiones Territoriales de Vivienda estarán integradas por un Presidente que será el titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la respectiva provincia, un vicepresidente que será el titular del Departamento Territorial competente en materia de vivienda de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia respectiva y un Secretario, con voz pero sin voto, que será el titular de la Secretaría Técnica del Departamento Territorial competente en materia de vivienda de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia respectiva, o un funcionario al servicio de dicha Delegación Territorial designado por el Presidente.
Asimismo estarán formadas por un máximo de nueve vocales en representación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, de la Administración Local y de las Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas en la provincia.
Artículo 100. Funcionamiento.— [...]
Artículo 100. Funcionamiento.—El funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Vivienda se ajustará a lo dispuesto en los preceptos básicos contenidos en el Capítulo II, del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 101. Principios de la potestad sancionadora.—En la imposición de sanciones previstas en la presente ley se observarán los principios de la potestad sancionadora previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 102. Infracciones muy graves.—Tendrán la calificación de muy graves las siguientes infracciones:
m)El suministro por parte de las compañías suministradoras de agua, gas o electricidad e infraestructuras de telecomunicaciones a usuarios de viviendas, sin la previa presentación de la licencia de primera ocupación o de la calificación definitiva, en el caso de primera ocupación de viviendas de protección pública.
q) La falta de depósito del importe de las fianzas cuando la cantidad no depositada supere la cantidad de 6.000 euros.
Artículo 103. Infracciones graves.—Tendrán la calificación de graves las siguientes infracciones:
m)La imposibilidad de la suscripción del contrato de compraventa, tras la reserva de la vivienda, por causa imputable al promotor de ésta.
Artículo 104. Infracciones leves.—Tendrán la calificación de leves las siguientes infracciones:
Artículo 105. Sanciones y graduación.— 1. Las cuantías de las sanciones serán las siguientes:
Artículo 105. Sanciones y graduación.—1. Las cuantías de las sanciones serán las siguientes:
3. Cuando la sanción se haya impuesto como consecuencia de percibir sobreprecio por la venta o arrendamiento de una vivienda de protección pública, además de la sanción el infractor vendrá obligado a reintegrar al comprador o arrendatario la totalidad del sobreprecio con los intereses legales desde la fecha de pago hasta la de la efectiva devolución.
Artículo 106. Prescripción de las infracciones y sanciones.—1. Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cinco años.
Artículo 107. Competencia para la iniciación y resolución de procedimientos sancionadores.— 1. Cuando se trate de infracciones que afecten a viviendas de protección pública:
Artículo 107. Competencia para la iniciación y resolución de procedimientos sancionadores.—1. Será competente para la iniciación del procedimiento sancionador por infracciones leves y graves el titular del Departamento Territorial competente en materia de vivienda en la provincia donde presuntamente se haya cometido la infracción, y el titular de la Dirección General competente en materia de vivienda en el caso de infracciones muy graves.
2. Será competente para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones leves y graves el titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia donde se haya cometido la infracción, y el titular de la Consejería competente en materia de vivienda cuando la infracción sea calificada como muy grave.
3. Las Administraciones locales ejercerán la potestad sancionadora en los términos establecidos por la normativa aplicable.
Artículo 108. Procedimiento sancionador.—El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en la presente ley, y sin perjuicio de sus especialidades, será el previsto en las disposiciones normativas por las que se regula el procedimiento sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Disposición adicional primera. Adquisición de viviendas de promoción directa destinadas al arrendamiento.— [...]
Disposición adicional primera. Adquisición de viviendas de promoción directa destinadas al arrendamiento.—La Administración de la Comunidad de Castilla y León favorecerá el acceso a la propiedad de las viviendas de su titularidad destinadas a arrendamiento a los arrendatarios de las mismas, deduciendo del precio de venta los importes abonados en concepto de renta y en los términos que se determinen reglamentariamente.
Disposición adicional segunda. Utilización de medios telemáticos.—En las actuaciones a las que se refiere la presente ley se impulsará la utilización de medios telemáticos que permitan la utilización de la firma electrónica y el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos en materia de vivienda, garantizando los principios generales establecidos en la normativa vigente en dicha materia.
Disposición transitoria primera. Exigibilidad del Libro del Edificio.—En el caso de los edificios de viviendas que en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley no tengan Libro del Edificio, éste será exigible en los supuestos y con el contenido que se establezca reglamentariamente.
Disposición transitoria segunda. Viviendas de protección pública calificadas provisionalmente.—Las viviendas de protección pública calificadas provisionalmente con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se sujetarán al régimen jurídico al amparo del cual se calificaron.
Disposición transitoria tercera. Comisiones Territoriales de Vivienda.— [...]
Disposición transitoria tercera. Comisiones Territoriales de Vivienda.—A las Comisiones Territoriales de Vivienda previstas en la presente ley, les serán de aplicación las disposiciones previstas en el Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 20022009, en tanto no se oponga a lo previsto en la presente Ley.
Disposición transitoria cuarta. Departamentos territoriales competentes en materia de vivienda.—Las competencias que la presente Ley atribuye a los Departamentos Territoriales competentes en materia de vivienda se entenderán atribuidas a los Servicios Territoriales competentes en materia de vivienda en tanto en cuanto dichos Departamentos no hayan sido creados conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Disposición transitoria quinta. Derechos de adquisición preferente y retracto.—Los derechos de adquisición preferente y retracto regulados en la presente Ley serán de aplicación en las segundas y posteriores transmisiones de viviendas de protección pública, y de sus anejos vinculados, que se realicen a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. En este sentido, se considera que se realiza la transmisión en la fecha en que se firme el contrato privado de compraventa o, en caso de no existir, en la fecha en que se formalice la escritura pública en la que se documente la transmisión.
Disposición final primera. Modificación del artículo 110 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.—Se modifica el artículo 110 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 110. Inspección técnica de construcciones.—1. Los propietarios de construcciones situadas en los ámbitos geográficos que se determinen reglamentariamente, deberán promover su inspección periódica por técnico competente, para evaluar su estado de conservación y el cumplimiento de los deberes urbanísticos establecidos en el artículo 8 y de las condiciones que señale, en su caso, la normativa aplicable a cada tipo de construcción.
Disposición final segunda. Modificación del apartado 2 de la Disposición Adicional de la Ley 11/2006, de 26 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León.—Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley 11/2006, de 26 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León, que queda redactado en los siguientes términos:
Disposición final tercera. Superficies.—Los criterios para la medición de las superficies, tanto construida como útil, de viviendas y de sus anejos, garajes, trasteros y otros elementos se establecerá reglamentariamente.
Disposición final cuarta. Normas de diseño y habitabilidad.—En el plazo de un año desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, la Junta de Castilla y León deberá aprobar el Decreto por el que se regulan las normas de diseño y habitabilidad de las viviendas de protección pública de Castilla y León.
Disposición final quinta. Actualización de sanciones.—Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, mediante Decreto, se actualice periódicamente el importe de las sanciones previstas en la presente Ley.
Disposición final sexta. Desarrollo reglamentario.—Se faculta a la Junta de Castilla y León a dictar cuantas disposiciones fueran necesarias en desarrollo o aplicación de los preceptos de esta Ley.
Disposición final séptima. Entrada en vigor.—La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

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Artículo 4

Artículo 5

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Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

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Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

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Artículo 18

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Artículo 19

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Artículo 45

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Artículo 46

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Artículo 48
 artículo 43

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

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Artículo 51

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Artículo 52

Artículo 53

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Artículo 54

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Artículo 55

Artículo 56
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Artículo 57

Artículo 58

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Artículo 59

Artículo 60

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Artículo 61

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Artículo 62

Artículo 63

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Artículo 67

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Artículo 68

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Artículo 69

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Artículo 70

Artículo 71
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Artículo 72

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Artículo 98

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Artículo 99

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Artículo 100

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Artículo 101

Artículo 102

Artículo 103

Artículo 104

Artículo 105

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Artículo 106

Artículo 107
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Artículo 107
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Artículo 108
 artículo 110
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