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Timestamp: 2019-09-23 15:23:53+00:00

Document:
Expediente 6098-D-2017
Sumario: OTORGASE JERARQUIA CONSTITUCIONAL A LA CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS EN BELEM DO PARA, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.
OTORGAR JERARQUÍA CONSTITUCIONAL A LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - “Convención de Belém do Pará”, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en su vigésimo cuarto período ordinario de sesiones, en Belém do Pará, República Federativa del Brasil, y aprobada por ley 24.632.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
El presente proyecto de ley tiene por objeto otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer - "Convención de Belem do Pará", suscripta en Belem do Pará, República Federativa del Brasil, el 9 de junio de 1994, cuyo texto fuera aprobado por este Congreso el 13 de marzo de 1996, mediante la ley 24.632 (Anexo).
I.	Jerarquía constitucional a tratados internacionales de derechos humanos
Con la reforma constitucional del año 1994 el nuevo artículo 75 inciso 22 otorgó jerarquía constitucional a diversos tratados e instrumentos de Derechos Humanos, entendiéndolos como complementarios de los derechos y garantías reconocidos por la Carta Magna. Así, en el segundo párrafo de dicho artículo fueron incorporados:
1.	Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
2.	la Declaración Universal de Derechos Humanos,
3.	la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
4.	el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
5.	el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo,
6.	la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio,
7.	la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,
8.	la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),
9.	la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y
10.	la Convención sobre los Derechos del Niño.
En el último párrafo del referido inciso, se prevé un procedimiento especial mediante el cual el Congreso de la Nación puede otorgar dicha jerarquía a otros tratados de Derechos Humanos con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Utilizando este procedimiento se otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre Desaparición forzada de Personas -Ley 24.820-, a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad -Ley 25.778- y, recientemente, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -Ley 27.044-.
La incorporación de la Convención de Belem do Para al bloque de constitucionalidad federal tiene por objeto su posicionamiento en igual condición jurídica que los demás instrumentos internacionales de derechos humanos enumerados en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución, toda vez que resulta una herramienta jurídica de la más alta relevancia para la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
Por último, resta señalar que la Convención Belém do Pará es una de las más ratificadas por los Estados que integran la Organización de los Estados Americanos –OEA-. En este sentido, de los 35 países independientes de las Américas que han ratificado la Carta de la OEA y son miembros de la Organización, sólo tres de ellos (Estados Unidos, Canadá y Cuba) no han ratificado al momento la Convención de referencia.
II.	Convención de Belem do Pará
La Convención Belem do Pará es un tratado internacional sancionado en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuyas disposiciones tienen por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Consta de un preámbulo y cinco capítulos que contienen 25 artículos a esos efectos.
En su preámbulo, afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Asimismo, reconoce que la violencia contra la mujer constituye una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases. Finalmente, establece que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida.
El primer capítulo establece la definición de violencia contra la mujer y el ámbito de aplicación; el segundo capítulo señala los derechos protegidos de las mujeres; el tercer capítulo dispone los deberes de los Estados; el cuarto capítulo consta de los mecanismos interamericanos de protección; y, finalmente, el quinto capítulo establece disposiciones generales relativas a la interpretación, firma, ratificación, reservas, enmiendas, denuncias y entrada en vigencia de la Convención.
En cuanto a la definición, la Convención entiende que violencia contra la mujer “es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (artículo 1). Uno de los grandes avances de esta Convención radica en el reconocimiento de que la violencia contra las mujeres se inflige tanto en el ámbito público como en el privado y que los Estados deben asumir la protección de los derechos de las mujeres independientemente del contexto en el cual éstos son violados, corriendo el velo de la privacidad del hogar.
En su artículo 2, la Convención reconoce tres tipos de violencia:
Los derechos que la Convención consagra se contemplan en los artículos 3 a 6, estableciendo que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado (artículo 3). Este derecho incluye, entre otros:
	el derecho de las mujeres a ser libres de toda forma de discriminación,
	el derecho de las mujeres a ser valoradas y educadas libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación
Estos derechos incluyen, entre otros:
	el derecho a que se respete su vida;
	el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
	el derecho a la libertad y a la seguridad personales;
	el derecho a no ser sometida a torturas;
	el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;
	el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
	el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;
	el derecho a libertad de asociación;
	el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y
	el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.
En cuanto a las obligaciones de los Estados (artículo 7), la Convención establece que éstos deben adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas, orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y en particular:
A su vez, los Estados Partes se obligan a adoptar, en forma progresiva, medidas específicas e efectos de:
b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres (…);
c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley (…);
d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado (…);
e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamental y del sector privado destinado a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda; entre otras (artículo 8).
Por otro lado, entre los mecanismos interamericanos de protección (artículos 10-12), la Convención establece disposiciones sobre los informes nacionales de los Estados a presentar ante la Comisión Interamericana de Mujeres, la posibilidad de solicitar opiniones consultivas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) así como presentar denuncias o quejas por personas, grupos de personas, ONGs ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Finalmente, entre las disposiciones generales (artículos 13-25), la Convención establece que nada de lo que dispone podrá ser interpretado como restricción o limitación a la legislación interna de los Estados Partes que prevea iguales o mayores protecciones y garantías de los derechos de la mujer y salvaguardias adecuadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Con idéntico sentido, el artículo siguiente expresa lo mismo en relación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a otras convenciones internacionales sobre la materia (artículo 14). Por último, la Convención establece disposiciones sobre la firma, ratificación, adhesión, enmiendas, entrada en vigencia, denuncia, etc. (artículos 15-25).
III.	Tratamiento de proyectos en el Congreso de la Nación.
La voluntad de otorgamiento de jerarquía constitucional a la Convención Belem do Pará fue manifestada por diversos bloque partidarios desde el año 2002 hasta el presente, tanto en la Cámara de Diputadas/os como en la de Senadoras/os, llegándose a sancionar en la primera.
En este sentido, en la Honorable Cámara de Diputados/as de la Nación, la Diputada Nacional MC Marcela Rodríguez del ARI, fue la primera en presentar un proyecto con este objeto en el año 2002, logrando obtener la respectiva sanción (luego de su reproducción: Expte. N° 430-D-2004) el 12 de mayo de 2004 (Orden del Día 0235/2004).
Posteriormente, diversos bloques presentaron proyectos con idéntico propósito, llegando a sancionarse en la HCDN en dos oportunidades más: el 07/09/2011 (OD 2057/2011) y el 22/10/2014 (OD 516/2014). Lamentablemente, las referidas sanciones por la HCDN no obtuvieron la correspondiente en el Senado de la Nación.
Por su parte, la Cámara de Senadoras/es de la Nación, el Senador Nacional MC Carlos Maestro de la UCR fue el primero en presentar un proyecto con este objeto en el año 2002. Posteriormente, diversos bloques presentaron proyectos en igual sentido, aunque ninguno obtuvo sanción.
IV.	Acciones de los poderes del Estado para eliminar la violencia contra las mujeres
Entre las medidas y políticas llevadas adelante por el Gobierno Nacional a efectos de eliminar la violencia contra las mujeres y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, deben destacarse las siguientes:
a)	Jerarquización de las políticas de género
A 25 años de la creación del Consejo Nacional de las Mujeres y con el fin de ratificar el fuerte compromiso que el Estado Nacional ha demostrado en garantizar los derechos de las mujeres frente a toda forma de discriminación y violencia, mediante el Decreto 698/2017 se creó el “Instituto Nacional de las Mujeres –INAM-” como ente descentralizado (en jurisdicción) del Ministerio de Desarrollo Social, que asumirá las funciones del Consejo Nacional de las Mujeres con el fin de profundizar las políticas públicas integrales para el empoderamiento de las mujeres.
Es un cambio histórico que refleja un avance importantísimo largamente reclamado por la sociedad y el movimiento de mujeres y la decisión del Poder Ejecutivo. Esta medida implica para el INAM una mayor autonomía, autarquía, capacidad de acción y alcance territorial. Resulta en la conformación del organismo encargado de las políticas públicas para la igualdad de género como ente descentralizado.
Significa una jerarquización de las políticas de igualdad de género al establecerse este Instituto como Secretaría de Estado en línea con las recomendaciones de diversos organismos internacionales – como el Comité CEDAW, ONU Mujeres y la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujeres, sus causas y consecuencias-.
Esta jerarquización expresa la prioridad que le ha dado esta gestión a las políticas de género, señaladas dentro de los 100 Objetivos de gobierno, y materializada en el aumento del 485% del presupuesto para el organismo encargado de liderar las políticas de género a nivel nacional entre 2016 y 2017 .
b)	Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017-2019)
El entonces Consejo Nacional de las Mujeres, organismo responsable del diseño de las políticas públicas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley 26.485, presentó el primer Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017-2019) .
Este Plan era una deuda que el Poder Ejecutivo tenía con las mujeres de Argentina y con la sociedad desde el año 2010. Su elaboración expresa la decisión y voluntad del Poder Ejecutivo de asumir como política de Estado el cumplimiento del derecho de todas las personas a vivir una vida libre de violencia. Por primera vez, nuestro país cuenta con una herramienta de planificación estratégica que reúne y sistematiza políticas, programas e iniciativas para todo el territorio. Con una mirada federal, transversal e interdisciplinaria, el Plan marca un camino común con estándares de protección, que tienen como fin garantizarles a todas las mujeres de Argentina el acceso a dispositivos de atención de calidad.
c)	Proyectos de ley bajo tratamiento en el Congreso Nacional
Por su parte, en el ámbito del Poder Legislativo Nacional se encuentran bajo tratamiento de las respectivas Cámaras diversos proyectos de ley que tienen por objeto eliminar la discriminación contra las mujeres. Algunas de ellas tienen que ver con el acoso callejero; reparación económica para niñas y niños menores de edad cuyas madres hayan sido víctimas de femicidio; reparación a las víctimas del delito de trata de personas, entre otras. Asimismo, mediante la promulgación de la Ley 27.363, se modificó el Código Civil y Comercial de la Nación, agregándose el artículo 700 bis que establece la privación de la responsabilidad parental a progenitores:
i.	condenados como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio agravado por el vínculo o mediando violencia de género;
ii.	condenados como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de lesiones previstas en el artículo 91 del Código Penal, contra el otro progenitor, o contra el hijo o hija de que se trata,
iii.	condenados como autor, coautor, instigador o cómplice del delito contra la integridad sexual previsto en el artículo 119 del Código Penal de la Nación, cometido contra el hijo o hija de que se trata (…).
Por los motivos expuestos precedentemente y en el firme convencimiento de que el otorgamiento de jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer - "Convención de Belem do Pará" (Ley 24.632) se encuentra dentro de las medidas que permitirán a las mujeres ejercer su derecho a una vida libre de violencia, es que proponemos se consagre su jerarquía constitucional, en los términos de lo dispuesto por el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.

References: Artículo 1
 artículo 75
 artículo 75
 artículo 75
 artículo 2
 artículo 700
 artículo 91
 artículo 119
 artículo 75