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Timestamp: 2017-11-23 22:19:25+00:00

Document:
Aprobado Acta No. 136
Bogotá, D.C, cuatro (4) de mayo de dos mil diez (2010).
Procede la Sala a pronunciarse acerca de la impugnación presentada por PEDRO ANTONIO PIRA PAEZ, respecto de la decisión adoptada el 5 de marzo de 2010, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por cuyo medio negó la tutela promovida contra el Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S., por la presunta violación de sus derechos constitucionales al buen nombre e intimidad personal.
Sostiene que mediante proveído de 21 de julio de 2004, el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Bogotá, decretó la prescripción de la pena impuesta, a pesar de lo cual el Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S. sigue anotando en el certificado judicial “REGISTRA ANTECEDENTES”, lo cual vulnera principios y valores fundamentales, tales como el derecho al buen nombre y colateralmente el derecho al trabajo y desconoce pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia.
Su pretensión la encamina a que se ordene al Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S. elimine el dato negativo contenido en el certificado de antecedentes judiciales.
El Coordinador del Grupo de Identificación del D.A.S., expone que consultados los archivos sistematizados de identificación nacional que se llevan en esa dependencia, aparece como antecedente que el Juzgado 8º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en proveído de 21 de julio de 2004, decretó la prescripción de la pena impuesta por el Juzgado 18 Penal del Circuito a 18 meses de prisión, por el delito de tráfico de influencias.
Afirma que el Decreto 643 de 2004, en su artículo 29, establece como funciones de la Subdirección de Investigaciones Estratégicas, “…numeral 4º Organizar, actualizar y conservar los registros delictivos y de identificación nacionales, con base en el canje interno y en los informes o avisos que deben rendir oportunamente las autoridades judiciales de la República, sobre iniciación, tramitación y terminación de procesos penales, ordenes de captura, medidas de aseguramiento, autos de detención, enjuiciamiento, revocatorias proferidas y sobre las demás determinaciones previstas en el Código de Procedimiento Penal”.
Sostiene que el D.A.S. es depositario, no dueño de las informaciones que se reciben, por lo que les está vedado destruirlas, borrarlas o hacer cualquier clase de modificación por iniciativa propia, sin un sustento legal por parte de la autoridad que conoció del caso.
“en caso en que el ciudadano registre antecedentes, la leyenda escrita a la que hace referencia el literal b del presente artículo, quedará de la siguiente forma: El departamento Administrativo de Seguridad certifica: Que a la fecha (día, mes, año) nombre, con cédula de ciudadanía No., de, REGISTRA ANTECEDENTES, PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL, de acuerdo con el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia, y código de verificación. Para verificar la autenticidad del presente certificado, deberá ingresar a a www.das.gov.co al servicio `Consultar Certificado Judicial`”.
Sostiene que tal y como lo señalara la Corte Constitucional en la sentencia SU -082 de 1995, es cierto que en este país no existen penas perpetuas, pero una cosa es que estén proscritas las condenas que abarquen todo el ciclo vital de una persona, y otra bien diferente es que el Estado, pese a estar extinta la condena, tenga interés en conservar su registro en desarrollo del derecho a la información, previsto en el artículo 20 superior.
La profirió la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el 5 de marzo de 2010, negando la demanda de tutela al concluir que el D.A.S. está dando cumplimiento a lo normado en el artículo 3º del Decreto 3738 de 2003, esto es, actualizando la información con base en los datos que reporten las autoridades judiciales en las que cursan o cursaron investigaciones.
Notificado del contenido del fallo, el accionante lo impugnó, señalando que el Tribunal no consideró el derecho al habeas data para determinar el alcance de la solicitud planteada, dejando de lado pronunciamientos jurisprudenciales, para de manera simplista sostener que el D.A.S. está cumpliendo con la norma, olvidando que los antecedentes no deben permanecer de manera indefinida en las centrales de información.
Sostiene que frente a los registros consignados en las bases de datos de antecedentes judiciales, la Corte Constitucional en la sentencia T-310 de 2000, manifestó que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación, al Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S. y a la Dirección Central de la Policía Judicial DIJIN, directamente y por sus dependencias seccionales, cumplir de acuerdo a la normatividad reseñada, la función de llevar de manera organizada y armónica, el registro sobre órdenes de captura y antecedentes judiciales y hacer las cancelaciones respectivas, previa orden judicial, lo cual lo lleva a considerar que al encontrarse extinguida la pena impuesta en virtud de la prescripción de la misma, no implica que el antecedente deba permanecer de manera indefinida.
En consecuencia, como quiera que con le expresión “REGISTRA ANTECEDENTES”, basándose en una situación ya superada, se le está estigmatizando y rotulando, cuando no le debe nada al Estado, solicita se revoque el fallo que le negó el amparo a su derecho fundamental al habeas data, para que en su lugar le sea amparado.
El derecho al Habeas Data, es de estirpe constitucional fundamental y, como tal, está consagrado en el artículo 15 de la Carta Política. Consiste en la facultad que tiene la persona para conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre ella se hayan recogido en bases de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. El mismo está relacionado estrechamente con los derechos a la intimidad, a la libertad, al buen nombre y al libre desarrollo de la personalidad.
El artículo 248 superior contempló que sólo las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva, tienen la calidad de antecedentes penales. Lo cual, además, garantiza la observancia del debido proceso.
Por su parte el artículo 166 de la Ley 600 de 2000 (Código de Procedimiento Penal), establece que ejecutoriada la sentencia que imponga una pena o medida de seguridad, de ello deberá comunicarse por parte del funcionario judicial a la Dirección General de Prisiones, hoy INPEC, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y demás organismos de policía judicial y archivos sistematizados, en el entendido que solo en estos casos se considerará que la persona tiene antecedentes judiciales.
Aplicado lo anterior al caso de análisis, se verifica que el señor PEDRO ANTONIO PIRA PAEZ fue condenado por el Juzgado 18 Penal de Circuito de la ciudad de Bogotá, mediante sentencia de 12 de julio de 1995, a la pena principal de 12 meses de prisión, como autor responsable del delito de tráfico de influencias, circunstancia que indudablemente conllevaba a que el Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S., procediera a la actualización del registro de antecedentes del actor, conforme a las previsiones contenidas en el Decreto 3738 de 2003, que en su artículo 3º señalaba: “El Departamento Administrativo de Seguridad DAS, mantendrá y actualizara los registros delictivos y de identificación nacionales, de acuerdo con los informes y avisos que para el efecto deberán remitirle las autoridades judiciales, conforme a la Constitución Política y la ley.”. En ese sentido, ninguna irregularidad o desconocimiento al derecho fundamental cuya protección reclama el actor, se puede predicar.
Una cosa es que al tenor del Decreto 3738 se le autorice al Director del Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S. para que establezca y adopte el modelo del certificado, “el cual podrá modificarse en cualquier momento, de acuerdo con los avances tecnológicos con que cuente la institución”, y otra muy diferente el que se aproveche esa potestad para otorgar un trato altamente perjudicial a aquellos que por una u otra razón han terminado condenados.
En ese sentido, no desconoce la Sala que el Departamento de Seguridad D.A.S., tiene dentro de sus funciones, organizar, conservar y actualizar los registros de identificación nacionales con base en los informes de avisos que deben rendir oportunamente las autoridades judiciales. Tampoco, el que aquel al que se le haya impuesto sentencia de condena, debe aparecerle esa anotación como antecedente.
Acorde con lo que viene de verse, siendo claro para esta Sala de Decisión de Tutelas que la resolución interna No. 1157 de 2008, según la cual el D.A.S. advierte que la persona registra antecedentes, pero no es requerida por autoridad judicial, resulta desconocedora de principios constitucionales y causa un grave perjuicio a quien habiendo pagado la pena impuesta o, como en el caso presente, se vio beneficiado con su extinción por haber operado el fenómeno de la prescripción, deba soportar las consecuencias que conlleva hacer pública y mantener indefinidamente una anotación de tales características, frente a su vida cotidiana y en especial cuando deba presentar dicho documento para acceder a un trabajo, pues surge evidente que tal registro le merma ostensiblemente las posibilidades de que sea escogido para el mismo, lo que de contera conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el de igualdad en el acceso a las oportunidades de empleo y a la vida en condiciones dignas, situación que a la larga termina convirtiéndose en un castigo adicional, es necesario ponderar los pro y contra de tal determinación.
Impera precisar, que no le asiste razón a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá cuando anuncia en el fallo impugnado que la actuación cumplida por el D.A.S. se sujetó a lo previsto en el Decreto 3738 de 2003, que dispone la actualización de los antecedentes de aquellas personas que han sido condenadas, pues una cosa es la actualización de la información para los efectos allí señalados y otra bien diferente que se haga pública en el certificado judicial.
Corolario de lo anterior, se revocará la sentencia proferida el 5 de marzo de 2010 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, para en su lugar tutelarle el derecho fundamental al habeas data al demandante, situación que lleva como consecuencia ordenarle al Coordinador del Grupo de identificación del Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S., que dentro del término de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificación de esta decisión, expida un nuevo certificado judicial al actor, en el que se excluya la frase “REGISTRA ANTECEDENTES”.
1. Revocar el fallo de 5 de marzo de 2010, a través del cual la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó la demanda de amparo presentada por el señor PEDRO ANTONIO PIRA PAEZ.
2. Tutelar el derecho fundamental al habeas data, vulnerado al señor PEDRO ANTONIO PIRA PAEZ, por el Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S.
En consecuencia, se ordena al Coordinador del Grupo de Identificación del D.A.S., MANUEL ALEXANDER DÍAZ CASAS, que dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificación de esta decisión, expida un nuevo certificado judicial al actor, en el que se excluya la frase “REGISTRA ANTECEDENTES”.
3. Notificar de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, enviando copia de esta decisión a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al Coordinador del Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S. y al actor.

References: artículo 29
 artículo 248
 artículo 20
 artículo 3
 artículo 15
 artículo 248
 artículo 166
 artículo 3
 resolución 
 artículo 30