Source: http://www.jurischile.com/2020/06/despido-injustificado-corte-de-santiago.html
Timestamp: 2020-07-14 21:30:22+00:00

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JurisChile 2020: Despido Injustificado: Corte de Santiago ordena el pago por prestaciones adeudadas
Despido Injustificado: Corte de Santiago ordena el pago por prestaciones adeudadas
Tercero: Que, pese a la precariedad del presente recurso de protección en cuanto a la exposición de los hechos, situación que se repite en el libelo interpuesto por las mismas recurrentes en los autos Rol N° 2095-2018 de la Corte de Apelaciones de Valdivia, de los antecedentes aportados por las partes, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, es posible tener por establecidos los siguientes hechos: a) En fecha indeterminada, las recurrentes Jennifer Alejandra Sepúlveda Hualme y Natalia Pamela Cárcamo Flores fueron contratadas por el Servicio de Salud de Valdivia conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 18.834, para desempeñar funciones en el Hospital Base de Osorno, en calidad de reemplazo, esto es, conociendo de antemano la fecha de término de la relación laboral con la Administración, por cuanto su contratación se hizo para desempeñar funciones de carácter transitorio y únicamente mientras durase la ausencia del titular. b) En algún momento no especificado en el presente recurso de protección, cuestión que tampoco pudo ser dilucidada acudiendo al recurso de protección Rol N° 2095- 2018, las actoras quedaron embarazadas, mientras servían los cargos de reemplazo para los cuales fueron contratadas por el Servicio de Salud de Valdivia. c) Según se infiere de los antecedentes fácticos del recurso y de la documentación incorporada a los autos, el término de la relación laboral de las recurrentes Jennifer Sepúlveda Hualme y Natalia Cárcamo Flores con la Administración se verificó con fecha 27 y 30 de julio de 2018, respectivamente, al vencer el plazo de la última contratación. d) Con fecha 25 de noviembre de 2018 las actoras interpusieron recurso de protección en contra del Hospital Base de Valdivia, causa que fue tramitada bajo el Rol N° 2095-2018 de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Allí se lee que “(…) el pasado 22 de noviembre Jennifer dio a luz y en el caso de Natalia, su prenatal está próximo a comenzar (…)” (sic). De lo anterior es posible inferir, cuestión que en todo caso no fue controvertida en dicho proceso y tampoco lo fue en el presente recurso de protección, que a la época de expiración de la relación laboral -27 y 30 de julio de 2018- las recurrentes se encontraban embarazadas. e) Por sentencia de 27 de diciembre de 2018 la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso de protección, resolución que fue confirmada por esta Corte Suprema en los autos Rol N° 324-2019, pero sólo en cuanto se estimó que la acción constitucional había sido interpuesta fuera de plazo, sin emitir pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto controvertido. f) De acuerdo con lo informado por la recurrida, Jennifer Sepúlveda y Natalia Cárcamo con fecha 12 y 13 de junio de 2019, respectivamente, presentaron sendas reclamaciones ante la Contraloría Regional de Los Ríos, aduciendo que no se habría respetado su fuero maternal por parte del Hospital Base de Valdivia, pese a haber comunicado oportunamente a su empleador que se encontraban en estado de gravidez. g) Luego del informe de rigor, la Contraloría Regional de Los Ríos emitió los Oficios N°s. 3343-2018 y 3345-2018, ambos de 8 de agosto de 2019, por medio de los cuales rechazó las reclamaciones de las recurrentes, en atención a que -si bien la Administración reconoció que las actoras presentaron sus certificados de embarazo dentro de plazose advirtió que fueron contratadas en calidad de reemplazo y, en consecuencia, no se encontraban amparadas por el derecho a fuero maternal establecido en el artículo 201 del Código del Trabajo. h) Con fecha 13 y 16 de agosto de 2019, las actoras pidieron al ente de control la reconsideración de los oficios singularizados en el literal g), recursos que fueron desestimados mediante los Oficios N° 4160 y 4168, ambos de 14 de octubre de 2019.
Cuarto: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad planteada por la recurrida, ésta será rechazada, por cuanto los actos impugnados corresponden a los Oficios N°s. 4160 y 4168, ambos de 14 de octubre de 2019, de modo que al haberse interpuesto el recurso con fecha 10 de noviembre del mismo año, sólo puede concluirse que el libelo se ha interpuesto dentro del plazo establecido en el numeral 1 del Auto Acordado de esta Corte sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.
Sexto: Que, en relación a la falta de legitimación pasiva invocada, se hace necesario destacar que esta institución procesal ha sido definida como un atributo jurídico “que permite al demandado acudir a un órgano jurisdiccional a defender, mediante el ejercicio de excepciones, una posición jurídica contraria a las pretensiones que la actora hubiere planteado en su contra a través de la demanda, la cual le permite la realización de determinado tipo de facultades dentro de un proceso” (José Ramón Cossio (2007). "Las partes en las controversias constitucionales", Cuestiones Constitucionales, N° 16, enero-junio, pp. 89-135, p. 92). También se ha expresado sobre este tópico que “la legitimación pasiva es aquella cualidad que debe poder encontrarse en el demandado y que se identifica con el hecho de ser la persona que –conforme a la ley sustancial– está legitimada para discutir u oponerse a la pretensión hecha valer por el demandante en su contra. En razón de lo anterior, es que únicamente a él corresponderá contradecir la pretensión y sólo en su contra se podrá declarar la existencia de la relación sustancial objeto de la demanda”. (Cristián Maturana Miquel. Disposiciones Comunes a todo Procedimiento, Universidad de Chile, 2003, pág. 63). La legitimación pasiva requiere, entonces, que la persona en contra de quien se dirige una acción tenga -en la relación jurídica material que se deduce en el procesouna determinada posición que la habilite para ser objeto de una pretensión formulada por un sujeto activo igualmente legitimado, y en condiciones de ser examinada por el órgano jurisdiccional en cuanto al fondo.
Octavo: Que, en cuanto al fondo, la controversia gira en torno a determinar si el Dictamen N° 20.921 de 21 de agosto de 2018, emitido por el Contralor General de la República, resulta o no aplicable a las recurrentes. Sobre el tópico, lo primero que se debe destacar es que a través del aludido Dictamen el Contralor General reconsideró el criterio que hasta entonces había sostenido a propósito de la inaplicación del fuero maternal respecto de funcionarias contratadas en calidad de “reemplazo”, como ocurre con la forma de contratación a que se refiere el artículo 4 de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo. Así, en el Dictamen N° 19.511 de 2009 se sostuvo que, en las contrataciones dispuestas para reemplazar a otros servidores públicos, éstas sólo se extienden durante la ausencia del titular, de forma que una vez que este último reasume sus funciones, termina la relación laboral del reemplazante. Por ende, el fuero maternal a que pudieren tener derecho las reemplazantes sólo abarca dicho período de ausencia, dada la naturaleza transitoria de su función.
Duodécimo: Que, bien mirado el asunto, la negativa del recurrido de dar aplicación al Dictamen N° 20.921 se sustenta –en lo esencial- en razones de seguridad jurídica y en la supuesta imposibilidad de aplicarlo de manera retroactiva, esto es, a situaciones jurídicas que se han consolidado bajo un criterio diferente al que es reconsiderado por el nuevo dictamen. Se trata, por tanto, de un asunto inserto en el problema más general de la vigencia de los Dictámenes de la Contraloría General que constituyen su jurisprudencia administrativa. Décimo tercero: Que, en nuestro ordenamiento jurídico la irretroactividad suele estar asociada al problema de la vigencia temporal de las leyes, existiendo escasa doctrina y jurisprudencia judicial en torno a la irretroactividad de los Dictámenes de la Contraloría, pese a la regla especial contenida en el artículo 52 de la Ley N° 19.880 que se analizará más adelante. Así, el artículo 19 N° 3 inciso octavo de la Carta Fundamental prohíbe la aplicación retroactiva de la ley penal, a menos que la nueva ley favorezca al afectado, disposición que es replicada –con algunos matices- en el artículo 18 del Código Penal. Por su parte, el inciso primero del artículo 9 del Código Civil, inserto en el Título Preliminar, párrafo 3° denominado “Efectos de la Ley”, prescribe que: “La ley puede sólo disponer para lo futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivo”, estableciendo un caso de excepción en su inciso segundo. Posterior a la entrada en vigencia del Código de Bello, el problema de la irretroactividad de la ley se encuentra debidamente regulado en la Ley sobre Efecto Retroactivo de Las Leyes del año 1861. De esta manera, el análisis dogmático y jurisprudencial de la irretroactividad se ha centrado básicamente en la ley, distinguiéndose entre el efecto retroactivo y el efecto ad praeterita de la ley. En el caso del primero, se trata de una facultad del legislador, quien por su voluntad decide incorporar situaciones ocurridas con anterioridad a la dictación de la ley, mientras que el segundo, se refiere al carácter que es propio y excluyente de las leyes interpretativas, esto es, que se entienden incorporadas a la norma interpretada, siendo ésta un límite temporal a la vigencia de la interpretación (Alejandro Guzmán Brito. “La Interpretación Administrativa en el Derecho Chileno”. Santiago, Legal Publishing Chile, 2014, pp. 157-160).
Décimo octavo: Que la interpretación anterior armoniza con el deber de protección universal de la maternidad que el Estado de Chile adquirió al suscribir diferentes instrumentos internacionales sobre la materia. En un breve repaso histórico y sin pretensiones de exhaustividad, cabe destacar que ya en 1919 el Convenio N° 3 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluía en su artículo 4 el fuero maternal, conforme al cual se reconoce el derecho de la trabajadora a no ser despedida durante el período de tiempo que comprenden los descansos previos y posteriores al parto o en los que no fuera posible para ella prestar servicios por causa de enfermedad derivada del embarazo o del parto, hasta el período máximo de tiempo fijado por la respectiva autoridad nacional competente. Posteriormente, la OIT adoptó el Convenio N° 103 de 28 de junio de 1956, cuyo artículo 6 perfeccionó el derecho a fuero maternal que había establecido el Convenio N° 3. Por último, el Convenio N° 183 de la OIT de fecha 15 de junio de 2000, contempla igualmente el derecho a fuero maternal. Resulta de interés subrayar el carácter universal de las normas de protección de la maternidad que consagra su artículo 2°, al prescribir que sus disposiciones se aplican a “todas las mujeres empleadas, incluidas las que se desempeñan en formas atípicas de trabajo dependiente". En lo que importa al recurso, el artículo 8 del Convenio perfecciona y protege aún más el derecho a fuero maternal, explicitando que el onus probandi en los casos de excepción al fuero recaerá en el empleador. Además, se garantiza el derecho de la madre a retornar a su mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma remuneración, una vez terminada la licencia de maternidad.
Décimo noveno: Que, en el ámbito interno, las normas internacionales son secundadas por el Código del Trabajo, cuyo artículo 201 dispone que: “Durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, excluido el permiso postnatal parental establecido en el artículo 197 bis, la trabajadora gozará de fuero laboral y estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 174”. Asimismo, el artículo 194 en su inciso primero señala que: “La protección a la maternidad, la paternidad y la vida familiar se regirá por las disposiciones del presente título y quedan sujetos a ellas los servicios de la administración pública, los servicios semifiscales, de administración autónoma, de las municipalidades y todos los servicios y establecimientos, cooperativas o empresas industriales, extractivas, agrícolas o comerciales, sean de propiedad fiscal, semifiscal, de administración autónoma o independiente, municipal o particular o perteneciente a una corporación de derecho público o privado”. El inciso tercero agrega: “Estas disposiciones beneficiarán a todos los trabajadores que dependan de cualquier empleador, comprendidos aquellos que trabajan en su domicilio y, en general, a todos los que estén acogidos a algún sistema previsional”.
Vigésimo: Que el Estado de Chile ha adquirido el deber de proteger la maternidad a través de reglas universales, esto es, que resulten aplicables a la totalidad de las trabajadoras del país que prestan servicios personales bajo vínculo de subordinación y dependencia, independiente de si el trabajo se ejecuta en el ámbito público o privado. En este sentido, el Dictamen N° 20.921 de 21 de agosto de 2018 del Contralor General va en la dirección correcta al reconsiderar su jurisprudencia anterior y extender el derecho a fuero maternal en favor de trabajadoras que han sido contratadas por la Administración en calidad de reemplazo, esto es, para desempeñar funciones transitorias y mientras dure la ausencia del titular.
Vigésimo primero: Que, por consiguiente, al negarse a las recurrentes la posibilidad de aplicar el Dictamen N° 20.921 que sin duda las beneficia, aduciendo la recurrida una supuesta imposibilidad de aplicación retroactiva por razones de certeza jurídica y de consolidación de situaciones jurídicas al alero de otra jurisprudencia administrativa, ha incurrido en un acto ilegal, al desatender el texto expreso del artículo 52 de la Ley N° 19.880 que permite la aplicación retroactiva de los actos administrativos cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros. Además, la negativa de la recurrida es arbitraria, toda vez que la desvinculación de las actoras tuvo lugar el 27 y 30 de julio de 2018, es decir, unos pocos días antes de la emisión del Dictamen N° 20.921 de 21 de agosto del mismo año, por lo que la afectación de la seguridad jurídica, en este caso concreto, resulta a lo menos cuestionable, debiendo primar la garantía constitucional de la igualdad ante la ley y la buena fe administrativa. De esta manera, la recurrida ha afectado la señalada garantía, por cuanto ha dado a las recurrentes un trato diferenciado en relación con aquellas trabajadoras que sí resultaron beneficiadas con la aplicación del Dictamen N° 20.921, por el sólo hecho que su situación jurídica se consolidó bajo el nuevo discernimiento plasmado por el Contralor General de la República, cuestión que determina el acogimiento del recurso en la forma que se dirá en lo resolutivo. Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, y en su lugar se acoge el recurso de protección interpuesto por Jennifer Alejandra Sepúlveda Hualme y Natalia Pamela Cárcamo Flores, sólo en cuanto se dejan sin efecto las Resoluciones Nos. 4160 y 4168, ambas de 14 de octubre de 2019, dictadas por la Contraloría Regional de Los Ríos, debiendo esta última resolver nuevamente las solicitudes de reconsideración presentadas por las recurrentes como en derecho corresponda, pero dando aplicación, esta vez, al Dictamen N° 20.921 de 21 de agosto de 2018 de la Contraloría General de la República. Acordada con el voto en contra del Ministro Suplente Sr. Muñoz Pardo, quien fue del parecer de confirmar el fallo en alzada y, en consecuencia, rechazar el recurso de protección, por considerar que en la especie no se ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario que constituya privación, perturbación o amenaza a alguno de los derechos o garantías indicados en el libelo pretensor, pues los artículos 98 de la Carta Fundamental y 1, 5, 6, 9 y 10 de la Ley N° 10.336, Orgánica de la Contraloría General de la República, le otorgan competencia para emitir dictámenes vinculantes para los órganos de la Administración del Estado, cuestión que desde luego conlleva fijar el sentido y alcance de las disposiciones que resultan atingentes al caso de que se trata. En esta dirección, atendido que no se cuestiona que las recurrentes prestaron servicios para la Administración en calidad de reemplazantes, esto es, bajo la modalidad establecida en el artículo 4 del Estatuto Administrativo, hasta el 27 y 30 de julio de 2018, no cabe sino concluir que su situación jurídica se consolidó al alero del discernimiento que el órgano de control mantenía hasta antes de la dictación del Dictamen N° 20.921 de 21 de agosto de 2018. De lo contrario, y sin desconocer las perentorias normas sobre protección de la maternidad, así como el deber del Estado de brindar una protección universal a todas las trabajadoras que prestan servicios personales bajo vínculo de subordinación o dependencia, sea éste de carácter público o privado, la aplicación retroactiva del aludido Dictamen lesiona uno de los fines esenciales del Derecho, como lo es la seguridad jurídica, permitiendo una nueva revisión de situaciones acaecidas antes de la vigencia del Dictamen y sin límite temporal alguno. Regístrese y devuélvase.

References: artículo 4
 resolución 
 artículo 201
 artículo 4
 artículo 52
 artículo 19
 artículo 18
 artículo 9
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 201
 artículo 197
 artículo 174
 artículo 194
 artículo 52
 artículo 20
 artículo 4