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Timestamp: 2019-07-17 07:49:59+00:00

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Textos aprobados - Interpretación y aplicación del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación - Miércoles 30 de mayo de 2018
Interpretación y aplicación del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación
Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de mayo de 2018, sobre la interpretación y aplicación del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación (2016/2018(INI))
– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación(1) (en lo sucesivo, «nuevo AII»),
– Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 16 de diciembre de 2003, «Legislar Mejor»(3) (en lo sucesivo, «AII de 2003»),
– Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 18 de marzo de 2014 (asunto relativo a los biocidas), de 16 de julio de 2015 (asunto relativo al mecanismo de reciprocidad de visados), de 17 de marzo de 2016 (asunto relativo al acto delegado sobre el Mecanismo «Conectar Europa»), de 14 de junio de 2016 (asunto relativo a Tanzania) y de 24 de junio de 2014 (asunto relativo a la República de Mauricio)(11),
– Vista su Decisión, de 9 de marzo de 2016, sobre la celebración de un Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de la legislación entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea(15),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de diciembre de 2016, titulada «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación»(22),
B. Considerando que, con ocasión de la adopción del nuevo AII, el Parlamento y la Comisión realizaron una declaración en la que afirman que el nuevo Acuerdo «refleja el equilibrio entre las respectivas competencias del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión según lo establecido en el Tratado» y que «no afecta a lo dispuesto en el Acuerdo marco de 20 de octubre de 2010 sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea»(23);
I. Considerando que en el nuevo AII se reconoce la sustitución del antiguo Comité de Evaluación de Impacto por el Comité de Control Reglamentario de la Comisión; que este último tiene como misión realizar, entre otras tareas, un control de calidad objetivo de las evaluaciones de impacto de la Comisión; que para que una iniciativa, acompañada de una evaluación de impacto, sea presentada para su aprobación por la Comisión, es necesario un dictamen favorable del Comité; que, en caso de dictamen negativo, el proyecto de informe debe ser revisado y presentado de nuevo al Comité, y, en caso de un segundo dictamen negativo, se requiere una decisión política para que la iniciativa siga adelante; que el dictamen del Comité se hará público en el sitio internet de la Comisión al mismo tiempo que el informe relativo a la iniciativa en cuestión y, en el caso de las evaluaciones de impacto, una vez que la Comisión haya adoptado la iniciativa política en cuestión(24);
L. Considerando que, en el apartado 27 del nuevo AII, las tres instituciones reconocen la necesidad de que toda la legislación vigente se adapte al marco jurídico que introdujo el Tratado de Lisboa y, en particular, de que se conceda la mayor prioridad a la rápida adaptación de todos los actos de base que siguen refiriéndose al procedimiento de reglamentación con control; que la Comisión propuso esa última adaptación en diciembre de 2016(25); que el Parlamento y el Consejo están examinando actualmente esta propuesta con gran detalle;
U. Considerando que, en el apartado 46 del nuevo AII, las tres instituciones confirman su compromiso de recurrir a la técnica legislativa de la refundición para la reforma de legislación vigente con más frecuencia y dentro del pleno respeto del Acuerdo interinstitucional del 28 de noviembre de 2001 sobre un uso más estructurado de la técnica de la refundición para los actos jurídicos;
27. Pide a todas sus comisiones parlamentarias que revisen las evaluaciones de impacto de la Comisión y el análisis de la evaluación de impacto ex ante del Parlamento en la fase más temprana posible del procedimiento legislativo;
71. Se congratula de que las negociaciones interinstitucionales a que se refiere el apartado 40 del nuevo AII se iniciaran en noviembre de 2016; observa con decepción que, tras más de un año de debates, tres rondas de negociaciones a nivel político y una serie de reuniones a nivel técnico, todavía no se haya alcanzado un acuerdo, a pesar de la jurisprudencia clara y consolidada; destaca el progreso alcanzado hasta ahora e insiste con firmeza en que las negociaciones deben acabarse durante la presidencia búlgara;
74. Recuerda al Consejo y a la Comisión que las disposiciones prácticas en relación con los acuerdos internacionales deben ser conformes con los Tratados, en particular con el artículo 218, apartado 10, del TFUE, y tener en cuenta las sentencias del TJUE, como las dictadas en el asunto relativo a Tanzania y el asunto relativo a la República de Mauricio(36);
75. Pide a las demás instituciones que respeten los Tratados y la reglamentación y que observen la jurisprudencia pertinente con el fin de garantizar que el Parlamento:
76. Considera fundamental que se respete horizontalmente la práctica ya asentada de esperar a la aprobación del Parlamento antes de aplicar provisionalmente las disposiciones sobre comercio e inversión de los acuerdos de importancia política, tal y como se comprometió a hacer la comisaria Malmström en el marco de su audiencia el 29 de septiembre de 2014; pide al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior que sigan extendiendo esta práctica a todos los acuerdos internacionales;
77. Señala que, en caso de que no se realicen progresos significativos en el futuro próximo en las negociaciones sobre el apartado 40 del nuevo AII, el Parlamento está dispuesto a recurrir al TJUE de nuevo a fin de que se garantice el respeto de sus derechos;
78. Observa que todas las instituciones deben ser conscientes de que su responsabilidad como legisladores no termina con la celebración de los acuerdos internacionales; subraya la necesidad de hacer un seguimiento de cerca de la aplicación y de los esfuerzos en curso encaminados a garantizar que los acuerdos cumplan sus objetivos; pide a las instituciones que hagan extensivos el enfoque colaborativo y las mejores prácticas a las fases de aplicación y evaluación de los acuerdos internacionales;
79. Observa que las evaluaciones de impacto que incluyen un análisis de la situación de los derechos humanos pueden constituir una herramienta importante a la hora de negociar los acuerdos de comercio e inversión, ayudando a las partes en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, y recuerda el carácter vinculante de acuerdos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
80. Pide a la Comisión y al Consejo que respeten plenamente el reparto de competencias entre la Unión y sus Estados miembros, tal y como se desprende del dictamen 2/15 del TJUE de 16 de mayo de 2017, en relación con la adopción de las directrices de negociación, las negociaciones y la base jurídica de las propuestas de firma y celebración, en particular con respecto a la firma y la celebración de acuerdos comerciales internacionales por parte del Consejo;
81. Pide a los representantes europeos que presten especial atención a la coherencia entre las normas o requisitos internacionales y la legislación de la Unión vinculante adoptada;
82. Pide a la Comisión que divulgue los documentos que definen su posición en las organizaciones internacionales que fijan las normas aplicables en los ámbitos financiero, monetario y reglamentario, en particular el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea; pide que se informe cabalmente al Parlamento en todas las etapas del desarrollo de normas internacionales que puedan afectar a la legislación de la Unión;
83. Pide que se establezca y formalice un diálogo financiero sobre la adopción y la coherencia de las posiciones europeas en la fase previa a las grandes negociaciones mundiales, de conformidad con su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre el papel de la UE en el marco de las instituciones y los organismos financieros, monetarios y reguladores internacionales(37); hace hincapié en que, sobre la base de directrices detalladas, las cuales podrían complementarse mediante resoluciones proactivas de orientación, dichas posiciones deben debatirse y darse a conocer ex ante y se debe asegurar su seguimiento de tal forma que la Comisión informe periódicamente acerca de la aplicación de dichas directrices;
84. Recuerda su Declaración aprobada el 15 de marzo de 2018 sobre la ubicación de la sede de la Agencia Europea de Medicamentos(38), en la que el Parlamento lamenta que su papel y sus prerrogativas como colegislador con el Consejo no se hayan tenido en cuenta debidamente;
85. Toma nota del mandato aprobado por el Coreper el 6 de diciembre de 2017, por el que se acordaba la posición del Consejo relativa a la propuesta de la Comisión sobre un Registro de Transparencia obligatorio; pide a todas las partes que concluyan las negociaciones con una actitud de cooperación para mejorar la transparencia del proceso legislativo;
86. Toma debida nota del fallo del asunto T-540/15, De Capitani contra el Parlamento Europeo(39), que reafirma que los principios de publicidad y transparencia son inherentes al proceso legislativo de la UE y que no se puede sostener una presunción general de no divulgación de los documentos legislativos, incluidos los documentos de los trílogos.
87. Subraya la importancia del principio expuesto en el apartado 43 del nuevo AII de que, cuando los Estados miembros, en el contexto de la transposición de directivas al Derecho interno, opten por añadir elementos que no guardan relación alguna con dicha legislación de la Unión, los añadidos en cuestión han de poder identificarse, bien mediante el acto o actos de transposición, bien mediante documentos complementarios; toma nota de que esta información a menudo aún no está disponible; pide a la Comisión y a los Estados miembros que actúen de forma conjunta y coherente para afrontar la falta de transparencia y otros problemas derivados de la sobrerregulación(40);
92. Considera que el compromiso asumido por la Comisión de conformidad con el apartado 45 del nuevo AII debe interpretarse en el sentido de que, con el debido respeto de las normas de confidencialidad, el acceso del Parlamento a la información relativa a los procedimientos previos a la infracción y a los procedimientos de infracción mejorará considerablemente; reitera, a tal fin, sus antiguas solicitudes a la Comisión por lo que se refiere a los datos a los que el Parlamento tiene derecho de acceso(41);
93. Reitera su aprecio por el mecanismo de resolución de problemas «EU Pilot» como un modo más informal, pero, no obstante, eficaz, de garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión por parte de los Estados miembros(42); muestra su disconformidad con el anuncio de la Comisión de que, por regla general, incoará procedimientos de infracción sin tener que depender ya del mecanismo(43);
98. Acoge con agrado el compromiso contraído en el apartado 46 del nuevo AII con miras a una utilización más frecuente de la técnica legislativa de la refundición; reitera que esta técnica debe constituir la técnica legislativa ordinaria como una valiosa herramienta para alcanzar la simplificación(44); considera, no obstante, que, en el supuesto de una revisión completa de la política, es conveniente que la Comisión, en lugar de utilizar la técnica de refundición, presente una propuesta para un acto jurídico completamente nuevo por el que se derogue la legislación existente, de modo que los colegisladores puedan iniciar unos debates políticos amplios y efectivos y ver cómo se preservan plenamente sus prerrogativas, consagradas en los Tratados;
104. Toma nota de que la Conferencia de Presidentes recibirá un informe periódico, elaborado por el presidente, en el que se expone la situación actual de aplicación tanto a nivel interno como interinstitucional; considera que este informe debe tener debidamente en cuenta la evaluación realizada por la Conferencia de Presidentes de Comisión, sobre la base de las experiencias de las distintas comisiones, en particular la Comisión de Asuntos Jurídicos, como comisión responsable de la mejora de la legislación y la simplificación del Derecho de la Unión(45);
(2) DO L 304 de 20.11.2010, p. 47.
(4) DO C 102 de 4.4.1996, p. 2.
(5) DO C 73 de 17.3.1999, p. 1.
(6) DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
(7) DO C 145 de 30.6.2007, p. 5.
(8) DO C 369 de 17.12.2011, p. 15.
(9) DO C 484 de 24.12.2016, p. 7.
(10) DO C 446 de 29.12.2017, p. 1.
(11) Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 18 de marzo de 2014, Comisión Europea/Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, asunto C-427/12, ECLI:EU:C:2014:170; sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 16 de julio de 2015, Comisión Europea/Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, asunto C-88/14, ECLI:EU:C:2015:499; sentencia del Tribunal de Justicia, de 17 de marzo de 2016, Parlamento Europeo/Comisión Europea, asunto C-286/14, ECLI:EU:C:2016:183; sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 14 de junio de 2016, Parlamento Europeo/Consejo, asunto C-263/14, ECLI:EU:C:2016:435; sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 24 de junio de 2014, Parlamento Europeo/Consejo, asunto C-658/11, ECLI:EU:C:2014:2025.
(12) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0484.
(13) DO C 58 de 15.2.2018, p. 39.
(14) DO C 101 de 16.3.2018, p. 116.
(15) DO C 50 de 9.2.2018, p. 91.
(16) DO C 289 de 9.8.2016, p. 53.
(17) DO C 285 de 29.8.2017, p. 11.
(18) DO C 93 de 24.3.2017, p. 14.
(19) DO C 353 E de 3.12.2013, p. 117.
(20) DO C 51 E de 22.2.2013, p. 87.
(21) DO C 380 E de 11.12.2012, p. 31.
(22) DO C 50 de 9.2.2018, p. 91.
(23) Véase el anexo II de la Decisión del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2016, sobre la celebración de un Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de la legislación entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea.
(24) 1 Artículo 6, apartado 2, de la Decisión del presidente de la Comisión Europea, de 19 de mayo de 2015, relativa a la creación de un comité independiente de control de la reglamentación (C(2015)3263).
(25) Véanse el COM(2016)0798 y el COM(2016)0799.
(26) Véase el apartado 47 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2010, sobre «Legislar mejor» – XV Informe anual de la Comisión Europea de conformidad con el artículo 9 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (DO C 308 E, 20.10.2011, p. 66).
(27) Véase el apartado 16 de la Resolución del Parlamento, de 27 de noviembre de 2014, sobre la revisión de las directrices de evaluación del impacto de la Comisión y el papel de la prueba de las pymes.
(28) Véase el apartado 4 de la Decisión del Parlamento, de 9 de marzo de 2016, sobre la celebración de un Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de la legislación entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea.
(29) Véanse el apartado 12 de la Resolución citada del Parlamento, de 27 de noviembre de 2014, y el apartado 6 de la Decisión citada del Parlamento, de 9 de marzo de 2016.
(30) Véase el apartado 5 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de septiembre de 2011, sobre legislar mejor, subsidiariedad, proporcionalidad y normativa inteligente,.
(31) Véase el Reglamento interno del Parlamento Europeo, anexo V, punto XVI.1.
(32) Véase el considerando D de la citada Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre el seguimiento en relación con la delegación de poderes legislativos y el control, por parte de los Estados miembros, del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión.
(33) Véase el apartado 6 de la citada Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre el seguimiento en relación con la delegación de poderes legislativos y el control, por parte de los Estados miembros, del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión.
(34) Ibíd., apartado 1.
(35) Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 18 de marzo de 2014, Comisión Europea/Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, citada más arriba; la citada sentencia del Tribunal de Justicia, de 17 de marzo de 2016, Parlamento Europeo/Comisión Europea; y la citada sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 14 de junio de 2016, Parlamento Europeo/Consejo.
(36) Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 14 de junio de 2016, Parlamento Europeo/Consejo, citada más arriba; sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 24 de junio de 2014, Parlamento Europeo/Consejo, citada más arriba.
(37) DO C 58 de 15.2.2018, p. 76.
(38) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0086.
(39) Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima ampliada) de 22 de marzo de 2018, De Capitani contra Parlamento Europeo, Asunto T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167.
(40) Véase el apartado 7 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de noviembre de 2012, sobre el 28.º informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE (2010) (DO C 419 de 16.12.2015, p. 73).
(41) Véanse los apartados 21 y 22 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de febrero de 2014, sobre el 29.º informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE (2011).
(42) Véase el apartado 16 de la Resolución del Parlamento, de 6 de octubre de 2016, sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión: Informe anual de 2014 (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0385).
(43) Véase el punto 2 de la citada Comunicación de la Comisión titulada «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación» (DO C 18 de 19.1.2017, p.12).
(44) Véase el apartado 41 de la citada Resolución del Parlamento, de 14 de septiembre de 2011.
(45) Véase el Reglamento interno del Parlamento Europeo, anexo V, punto XVI.3.

References: Resolución 
 artículo 218
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 Artículo 6
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 artículo 9
 Resolución 
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