Source: http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=38064
Timestamp: 2020-07-06 21:14:57+00:00

Document:
BON N.º 223 - 18/11/2016; corr. err., BON 25/11/2016
Artículo 12. Patrimonio no computable de la unidad familiar .
Sección 2.ª. Procedimiento
Sección 3.ª. Régimen sancionador
Artículo 31. Graduación y reducción de las sanciones .
Artículo 33. Potestad Sancionadora .
Sección 4.ª. Ejercicio conjunto de los derechos a la inclusión social y a la Renta Garantizada
Disposición Adicional Quinta. Procedimiento de la Sección 2.ª del Capítulo III .
Desde finales de 2007 la economía global ha sufrido una de sus crisis económicas más graves que ha sido denominada la “Gran Recesión”. Esta crisis financiera, económica, política y social que puso fin a un prolongado período de crecimiento del empleo, ha afectado a elementos centrales de las sociedades occidentales.
Igualmente, un efecto tanto de la situación de crisis como de los rápidos cambios de los últimos años en las estructuras y las relaciones familiares en los países occidentales está siendo el impacto negativo en la situación general de las mujeres, con hechos tales como el incremento de los hogares monomarentales que dificultan la conciliación personal y laboral, el crecimiento de los hogares donde las mujeres sostienen la economía familiar, el aumento de la brecha salarial entre hombres y mujeres, el aumento de la precariedad laboral que incide especialmente en estas últimas o la situación preocupante de las mujeres mayores de 65 años con escasos recursos; provocando, con todo ello, el hecho de la “feminización de la pobreza”.
Ante esta situación, se hace preciso reformar el sistema de protección social, manteniendo y profundizando el enfoque basado en derechos. Se trata, por una parte, de mejorar la cobertura y acceso a las prestaciones económicas que constituyen la red de último recurso, nivel cuya responsabilidad corresponde a la Comunidad Foral, en razón de su competencia en materia de asistencia social. Por otra parte, se trata de mejorar el acceso de toda la ciudadanía, y en especial de aquellas personas que tienen dificultades especiales para desenvolverse en la vida laboral y social, a servicios sociales y de empleo, de calidad. Estas dos orientaciones no solo responden a las necesidades que presenta la sociedad navarra, sino que tambien son coherentes con las corrientes normativas y doctrinales europeas.
Asimismo, este enfoque basado en derechos implica también determinar las responsabilidades generales de todas las personas para con la comunidad general tal y como viene señalando la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; lo que implica que ejercer un derecho lleva consigo también una serie de responsabilidades y obligaciones que deben ser expresamente indicadas en las normas reguladoras del ejercicio de cualquier derecho;
Esta ley pretende diferenciar y a la vez coordinar los dos componentes de estas actuaciones: la garantía de rentas y la prestación de servicios de acompañamiento social y de empleo. Se trata de acciones que responden a lógicas diferentes. El acceso a prestaciones de garantía de rentas debe depender de la concurrencia de circunstancias y características objetivas, de naturaleza fundamentalmente económica, debe estar engarzado con el acceso a otras prestaciones económicas públicas y debe mantener los incentivos al empleo. El acceso a los servicios sociales de acompañamiento de la inclusión, por su lado, debe producirse desde una lógica de intervención social, que tenga en cuenta situaciones, capacidades y oportunidades de las personas y su entorno, y los ritmos y tiempos de el desarrollo personal, con independencia de si en un momento u otro de dicha intervención se accede o no a una prestación económica. Esta diferencia de lógicas conlleva además que las personas que acceden a uno y otro tipo de apoyo público no sean siempre las mismas. No todas las personas con ingresos insuficientes necesitan en todo momento de procesos personalizados de inclusión. Tampoco la necesidad de tales procesos se circunscribe a los perceptores o perceptoras de la Renta Garantizada, puesto que comprenden, entre otras, a personas beneficiarias de otras prestaciones así como a quienes sin necesidad de una prestación económica precisan de procesos de acompañamiento para su inclusión.
El preámbulo de la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales, de Navarra , señala que la aprobación de la Cartera de Servicios Sociales incluirá las prestaciones a las que la ciudadanía va a tener derecho, derecho subjetivo que será exigible por esta a las Administraciones que deban realizarlas y, en última instancia, ante los Tribunales, lo que elimina el carácter asistencialista de los servicios sociales;
Este texto legal también reconoce en su artículo 20 apartado b) como prestación económica garantizada la denominada Renta de Inclusión Social. Esta prestación fue regulada por la Ley Foral 1/2012, de 23 de enero , y sustituyó a la denominada Renta Básica, regulada a su vez por el Decreto Foral 120/1999, de 19 de abril . Debido al contexto señalado en el punto expositivo anterior, la regulación establecida para la Renta de Inclusión Social ha tenido que ser modificada en sucesivas reformas, de tal modo que su actual configuración ni responde a las necesidades sociales existentes ni presenta una coherencia interna en su normativización, por lo que se precisa de una nueva norma que regule en su integridad el derecho a unos recursos garantizados por los poderes públicos para las personas que por diversas causas no pueden hacer frente a sus necesidades básicas. El ejercicio de este derecho tiene tanto un efecto preventivo como de promoción de la inclusión y cohesión social.
Por otra parte, el artículo 2 de la mencionada Ley Foral 15/2006 reconoce que las actuaciones de los poderes públicos en materia de servicios sociales tendrán como objetivos esenciales, entre otros, a) mejorar la calidad de vida y promover la normalización, participación e integración social, política, económica, laboral, cultural y educativa de todas las personas [;..] d) fomentar la cohesión social y la solidaridad y e) prevenir y atender las situaciones de exclusión de las personas y de los grupos; estando latente, por tanto, un derecho a la inclusión social que podrá ejercitarse a través del sistema de servicios sociales que la ley regula, pero que no quedó explicitado de un modo expreso en este texto normativo. Es por ello por lo que se hace preciso clarificar y regular este derecho, pilar fundamental de la cohesión social que se ha visto afectado en los últimos años.
El Capítulo II se dedica íntegramente al primero de los derechos regulados por esta ley foral, es decir, al proceso de inclusión social. Se inicia con la determinación de los sujetos del mismo, destacando el carácter libre y voluntario que las personas tienen para su ejercicio; y se indica que el concepto de “exclusión social” queda acogido al amparo de esta norma. Por otra parte, se regula la responsabilidad pública para la provisión de los servicios y programas que garanticen el ejercicio de este derecho, estableciéndose un calendario de aplicación y desarrollo reglamentario en las disposiciones adicionales.
Respecto a las características de este derecho, se regulan los sujetos, es decir quiénes son las y los titulares del mismo, ampliándose la cobertura frente a la situación normativa precedente de manera que se responda a las necesidades sociales detectadas. Si bien es de carácter universal en el sentido de que no se restringe el acceso a este derecho a ninguna persona por razón de su situación jurídico-administrativa, sí es una prestación condicionada al cumplimiento de unos mínimos requisitos objetivos y verificables de edad, residencia en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra y carencia de capacidad económica para hacer frente a las necesidades básicas. Por otra parte, se establecen las cuantías y los aspectos a tener en cuenta para la determinación de la capacidad económica de los sujetos de derecho para acceder a la prestación, los periodos de percepción y las obligaciones que contraen dichos sujetos en el caso de acceso al derecho, tales como el mantenerse disponibles para el empleo con el objetivo general de que la prestación económica sea un elemento temporal y coyuntural en la vida de las personas, o la exigencia de residencia en nuestra Comunidad Foral tanto para conservar la protección social a las personas que se encuentran activas en la misma como por el mantenimiento de procesos inclusivos vinculados al ejercicio de este derecho. Cabe destacar la introducción de un elemento de estímulo al empleo como medida de apoyo a las y los trabajadores empobrecidos, tanto para el acceso a la prestación como durante su percepción. En las disposiciones adicionales, se prevé la ampliación progresiva de estos estímulos para trabajadores o trabajadoras que se sitúan justo por encima de el umbral de la Renta Garantizada. Igualmente se prevén en estas disposiciones el modo en que esta prestación se garantiza a las personas perceptoras de pensión no contributiva de jubilación para mayores de 65 años, optándose en estos casos no por la percepción directa sino por el abono anticipado de una deducción fiscal similar a la deducción por pensiones de viudedad.
2. Las personas podrán ejercer este derecho libre y voluntariamente a través de los programas y servicios garantizados de la Cartera de Servicios Sociales de Navarra, aprobada mediante el Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio , y en especial el Programa Básico de Incorporación Social en Atención Primaria y los servicios de atención especializada en la atención a personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.
3. La resolución que ponga fin al procedimiento será impugnable conforme a lo establecido en la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra , y en las normas del procedimiento administrativo común.
2. Las sanciones se reducirán en los casos de reconocimiento de la responsabilidad y pago voluntario conforme a lo previsto en la normativa del procedimiento administrativo común.
En todos los procedimientos vinculados a los dos derechos regulados por esta ley foral se garantizará la confidencialidad ajustándose a los principios y obligaciones establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y a su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre .
El procedimiento previsto en la sección 2.ª del capítulo III se sustanciará por medios electrónicos en los términos previstos en la normativa del procedimiento administrativo común.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley foral. En particular, queda expresamente derogada la Ley Foral 1/2012, de 23 de enero, por la que se regula la renta de inclusión social .
“b) La prestación de Renta Garantizada”.
“1. La Renta Garantizada no podrá ser objeto de embargo salvo en los supuestos y con los límites previstos en la legislación general del Estado que resulte de aplicación.”
Con efectos a partir de la entrada en vigor de la presente ley foral, los preceptos del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio , que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo:
Uno. Artículo 7.k) , último párrafo:
“También estarán exentas las prestaciones económicas establecidas en el Decreto Foral 168/1990, de 28 de junio, por el que se regulan las prestaciones y ayudas individuales y familiares en materia de Servicios Sociales así como la Renta Garantizada establecida en la ley foral por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada. Asimismo estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, adopción, hijos a cargo, acogimiento de menores, orfandad, parto o adopción múltiple, así como las ayudas concedidas mediante las correspondientes convocatorias en materia de familia como medidas complementarias para fomentar la natalidad y conciliar la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras”.
Dos. Artículo 62.9.b) , antepenúltimo párrafo.
“A efectos de lo previsto en las letras b’) y c’) anteriores, aquellas personas vinculadas al sujeto pasivo por razón de tutela, prohijamiento o acogimiento en los términos establecidos en la legislación civil aplicable y que no sean ascendientes ni descendientes se asimilarán a los descendientes. También se asimilarán a los descendientes aquellas personas que, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 50.1 del Decreto Foral 7/2009, de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de Promoción, Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, convengan libremente la continuación de la convivencia con quienes les acogieron hasta su mayoría de edad o emancipación. Esta situación deberá ser acreditada por el departamento competente en materia de asuntos sociales”.
Tres. Artículo 62.9.c).a’) .
“a’) Descendientes menores de dieciséis años. A estos efectos los menores de dieciséis años vinculados al sujeto pasivo por razón de tutela, prohijamiento o acogimiento en los términos establecidos en la legislación civil aplicable se asimilarán a los descendientes”.
Cuatro.-Artículo 68 .
“Artículo 68. Deducción por pensiones de viudedad.
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la práctica de esta deducción, así como para la solicitud y obtención de su abono de forma anticipada”.
Cinco. Artículo 68 bis .
“Artículo 68 bis. Deducción por pensiones no contributivas de jubilación.
Siete. Artículo 71.1 , adición de un último párrafo:
“A efectos de lo previsto en las letras a), b) y c) se asimilarán a los hijos las personas vinculadas al sujeto pasivo por razón de tutela, prohijamiento o acogimiento en los términos establecidos en la legislación civil aplicable”.

References: Artículo 12

Artículo 31

Artículo 33
 artículo 20
 artículo 2
 resolución 
 Real Decreto 
 Artículo 7
 Artículo 62
 artículo 50
 Artículo 62
 Artículo 68
 Artículo 71