Source: http://stajcantabria.blogspot.com/2011/02/
Timestamp: 2018-04-25 10:13:46+00:00

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JUSTICIA CIEGA: febrero 2011
Madrid: La Consejería de Justicia hablará "de todo menos de dinero"
La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid se reunirá en los próximos días con la mesa sectorial de la Justicia madrileña, aunque en estas reuniones se hablará "de todo menos de dinero", según han señalado fuentes de la Consejería.
Las subidas en las retribuciones, a pesar de estar acordadas desde el acuerdo sectorial de 2009, están "congeladas". "La situación económica es la que es", han señalado desde la Administración, donde asumen que "no hay capacidad para pagar la subida en los complementos".
Las retribuciones pactadas por la Comunidad de Madrid con la mesa sectorial del servicio madrileño de Justicia en febrero de 2009 contemplaban incrementos mensuales de 220 euros, 360 euros y 450 euros para los años 2009, 2010 y 2011 para todos los Cuerpos Generales y Especiales y funcionarios del Cuerpo.
Asimismo, se pactaba para ellos el abono de una paga única "con carácter excepcional y no consolidable en futuros ejercicios" de 780 euros, que coincidiría con la paga extraordinaria de junio de 2011.
Respecto a los funcionarios que prestan servicios en los Juzgados con competencia en materia de violencia sobre la mujer, el complemento se incrementaría en 208,08 euros mensuales, con la excepción del Partido Judicial de Madrid.
En octubre de 2009, la mesa sectorial de la Administración de Justicia volvía a acordar incrementos en los complementos transitorios para los funcionarios en la Comunidad de Madrid, en este caso para aquellos que prestan servicios en la Sección de Violencia sobre la Mujer en la Fiscalía de Madrid.
Para estos últimos los complementos son actualmente de 735,66 euros en el caso de los médicos forenses, 735,66 para los trabajadores de Gestión Procesal y Administrativa, 683,13 euros para los de Tramitación Procesal y Administrativa y 630,58 euros para Auxilio Judicial.
Respecto al importe de las guardias en estos mismos juzgados de Madrid capital, para todos los cuerpos, es de 271,16 euros la guardia y si además la guardia cae en sábado, domingo o festivo se incremente con 52,60 euros.
El Ejecutivo recorta un 23% la Oferta de Empleo Público para 2011
El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2011, que limita la tasa de reposición de efectivos al 10%, como ya ocurriera en 2010. Esto significa que de cada diez funcionarios que se jubilen, sólo se cubrirá una plaza. En total, se convocarán 1.527 plazas de nuevo ingreso este año en la Administración General del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, frente a las 1.989 plazas de 2010, lo que supone un 23,2% menos.
Además, la OEP de 2011 incluye 1.254 plazas para la Administración de Justicia. Sumando ambas cifras, el total de plazas para 2011 alcanzaría las 2.781, a los que se sumarían otros 452 puestos destinados a promoción interna.
De las 1.527 plazas de nuevo ingreso previstas para este año, 795 corresponden a la Administración General del Estado, 228 para la Policía Nacional, 227 para la Guardia Civil y 277 para las Fuerzas Armadas.
Además, se establece de nuevo para este año una reserva del 7% de las plazas para personas con discapacidad, con un cupo del 2% para las personas con discapacidad intelectual.
“Estamos reduciendo plantilla y aliviando los Presupuestos Generales del Estado”, ha destacado el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
TASA DE REPOSICIÓN DEL 30% PARA LOS DOCENTES
El mantenimiento de la tasa de reposición en el 10% se incluye dentro de los compromisos del Ejecutivo para reducir el déficit público. Esta tasa de reposición contiene como excepción los cuerpos de funcionarios docentes, cuya tasa de reposición será de hasta el 30% , según ha precisado Rubalcaba.
En 2010, el Gobierno recortó en un 87% las plazas de nuevo ingreso, desde 15.084 a 1.989, con un ahorro previsto de 280 millones de euros respecto a 2009 en consonancia con el plan de austeridad, que contempla una reducción del gasto en personal público del 4% hasta 2013.
En 2009, el Gobierno ya procedió a recortar de manera importante la OEP, con 20.561 plazas, un 42,7% menos que en 2008, alegando que esta reducción de la Oferta se adecuaba al momento económico. Esas 20.561 plazas ofertadas se basaban en reponer tres de cada diez puestos vacantes que quedaran en las administraciones públicas.
Lo ocurrido en estos tres últimos años con la Oferta de Empleo Público contrasta con la importante oferta que se realizó en 2008: en total se ofertaron 35.895 plazas aquel año, la cifra más elevada de toda la historia española.
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Tribunal afirma que reclamar con una pancarta el pago de la deuda a un moroso es "legítimo"
Reclamar a un moroso el pago de una deuda con una pancarta que no contiene términos ofensivos "es legítimo", según la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia, que anula la condena que el Juzgado de Instrucción número Cinco impuso a una mujer por una falta de coacciones.
La sentencia indica que la denunciada, esposa de un proveedor de la empresa "Rossan y Montoya, S.L.", se situó se situó en los meses de junio y julio de 2009 junto al domicilio y el lugar de trabajo del empresario con una pancarta en la que le pedía que pagara lo que debía.
El empresario presentó una denuncia contra ella, y el Juzgado, en su sentencia de febrero de 2010, la condenó por una falta de coacciones a la pena de diez días de multa, con una cuota diaria de dos euros.
La denunciada recurrió esta sentencia, y la Audiencia Provincial, en una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Juan del Olmo, le ha dado la razón y ha revocado la condena.
Dice la Sala que "tanto la deuda como la cualidad de moroso han sido reconocidos por el denunciante", y añade que "no consta que la denunciada, esposa del acreedor, ejecutase acción alguna dirigida a exteriorizar con gritos o gestos una exigencia de pago, ni que se acercara al denunciante para requerirle el pago al que su esposo tenía derecho, ni que le conminara a dicha satisfacción de modo directo".
"La actuación de la denunciada --añade el tribunal-- fue pasiva, mostrando una pancarta con una exigencia legítima de cobro, y su comportamiento no es expresivo de una conminación ilegítima con la que tratase de doblegar la voluntad de la empresa deudora".
Afirma también la sentencia que esta mujer "se limitó a expresar una legítima expectativa: que el deudor pagase la deuda existente".
"Incluso socialmente --dicen los magistrados-- una reclamación de ese tenor no es censurable, dada la levedad de la conducta que representa en un entorno social normal una solicitud de algo a lo que se tiene derecho o se considera legítimo, sin que ello suponga admitir comportamientos irracionales o ajenos a cualquier mínima convivencia, lo que no se produce en este caso".
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Etiquetas: Cantabria, Murcia
Málaga: Más de un centenar de funcionarios protesta por la reserva de aparcamientos para jueces
Más de un centenar de trabajadores de la Ciudad de la Justicia se han concentrado este viernes a las puertas del edificio para protestar por el cambio de regulación del uso del aparcamiento del inmueble que tiene intención de llevar a cabo el ejecutivo andaluz y con el que se reserva un mayor número de plazas para los jueces. Según el STAJ la convocatoria ha sido "un éxito" y han afirmado que han acudido unas 500 personas "a pesar incluso de que habíamos solicitado a los compañeros que quedara suficiente personal para atender debidamente a los ciudadanos".
Desde el sindicato consideran que el cambio de postura de la Junta de Andalucía en el conflicto del aparcamiento es, según las pancartas que han portado este viernes, una "bajada de pantalones" y han pedido la dimisión del consejero de Justicia, Luis Pizarro, y del secretario general, Pedro Izquierdo, por "no defender los derechos de todos los trabajadores de la Ciudad de la Justicia".
"Esta actuación cediendo competencias que tiene la Junta de Andalucía a un grupo de privilegiados, hubiese provocado en una empresa privada que fuesen fulminados por dejación de funciones", ha asegurado Juan Antonio Luque, portavoz del STAJ.
"Exigimos que siga en vigor la actual regulación (por orden de llegada) y sea retirado el infame acuerdo entre el consejero y los jueces que atenta contra la igualdad y dignidad de todos los trabajadores de la justicia en Málaga", han indicado desde STAJ.
"La justicia malagueña está colapsada, sin embargo no se crean más órganos judiciales (de los previstos para este año solo han entrado en funcionamiento el 50%), no se implantan planes especiales sino que se suprimen. A pesar de ello se toman medidas publicitarias como la implantación de Lexnet, que después de su anuncio no ha seguido el proceso anunciado de extensión a todos los juzgados", han criticado desde STAJ.
Fuente: elmundo.es , sur.es
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Madrid: Funcionarios de Justicia se concentran de nuevo ante la Viceconsejería de Justicia de la Comunidad
Decenas de empleados públicos de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid se han concentrado ayer jueves la frente a la Viceconsejería de Justicia y Administraciones Públicas en la Gran Vía convocados por la plataforma de unidad sindical formada por CSIF, CCOO, UGT y STAJ, han informado los convocantes.
Por la mañana se celebró una conferencia de prensa de la plataforma en el Salón de Actos de los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla. La segunda concentración en apenas una semana ha tenido lugar para denunciar "la absoluta falta de diálogo del Ejecutivo regional con los empleados públicos de la Administración de Justicia y para exigir la reanudación de la Mesa de Negociación para el cumplimiento del Acuerdo Sectorial del Personal al Servicio de la Administración de Justicia de 25 de febrero de 2009 que implica el pago de retrasos salariales y la modernización de la Administración de Justicia".
Los empleados públicos, que se han concentrado ante una fuerte vigilancia policial, portaban silbatos, megáfonos y carteles. Ningún participante llevaba banderas ni distintivos de organizaciones sindicales para reforzar el mensaje de unidad de todos los convocantes.
La semana pasada hubo un encierro de delegados sindicales en la Viceconsejería de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid y la primera concentración en la Gran Vía. La plataforma de unidad sindical ha anunciado más movilizaciones en los próximos días.
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Madrid: Granados aboga por devolver las competencias de Justicia al Estado porque es un "carajal" caro y complicado
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha abogado ayer miércoles por devolver las competencias autonómicas de Justicia al Estado porque, a su entender, su ejercicio es "caro y complicado" y se ha convertido en un "carajal".
Tras la inauguración de una comisaría de Policía Local en Algete, Granados ha asegurado que estas competencias en el modo y la forma que están trasferidas actualmente "no tienen ningún sentido". "Esto de que los funcionarios son del Estado pero los paga la Comunidad, que los jueces los paga el Estado y los juzgados los crea el Estado pero quien los pagas es la autonomía ayuda muy poco a la eficacia del sistema", ha manifestado.
Por lo tanto, el consejero considera que la Administración de Justicia funcionaría "mucho mejor" si las competencias se devolvieran al Estado de manera centralizada o si se encuentra alguna fórmula para que puedan ser ejercidas de una manera "más plena". Eso sí, Granados ha remarcado que esta es su opinión personal, y no la del PP.
"Nosotros hemos planteado todo tipo de soluciones. La primera es que los funcionarios dependan de quien les paga. Es imposible manejar una plantilla de miles y miles de funcionarios que paga la comunidad autónoma pero quien los dirige es el Ministerio. No quiero ya entrar en temas de coordinación e informáticos, que están haciendo de la Administración de Justicia sea muy costosa y muy complicada", ha concluido el responsable regional de Justicia.
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Cataluña: Los sindicatos de Justicia denuncian que faltan 300 funcionarios en los juzgados
Los principales sindicatos del sector de la Justicia han denunciado ayer la falta de personal, que estiman en unos 300 funcionarios en los juzgados de Cataluña, y el recorte de recursos previsto por el Govern. En Barcelona, la principal concentración ha tenido lugar a las puertas de la Ciudad de la Justicia, donde un centenar de representantes de STAJ, UGT, CCOO y CSIF han informado a los trabajadores y a los usuarios de la situación en los juzgados.
El portavoz del sindicato STAJ, Vicente Navarro, ha apuntado que "esta es la primera de las movilizaciones que hacemos, pero tenemos previstas más movilizaciones".
La primera de las nuevas protestas está prevista para el próximo 3 de marzo a las 15.30 horas en la plaza de Sant Jaume de Barcelona.
En Lleida, medio centenar de funcionarios se han manifestado ante los juzgados para denunciar las carencias de personal en la Administración de Justicia.
Con una protesta muy ruidosa, los funcionarios han querido denunciar públicamente que la falta de personal está bloqueando los procedimientos en algunos órganos judiciales, lo que a la larga puede llevar a la suspensión de algunos juicios.
Los sindicatos aseguran que en Lleida hay 14 plazas sin cubrir en diferentes órganos de la administración y temen que estas vacantes no se lleguen a sustituir nunca debido a los recortes presupuestarios que está aplicando la Generalitat.
"No hay que ser un lince para deducir que si se van a reducir en un 10% las nóminas, esto equivaldrá a reducir el 10% de la plantilla, lo que supondrá a nivel de Cataluña una reducción de 800 funcionarios. Por tanto la reposición de las vacantes se realizará contando con esa disminución", denuncian los sindicatos.
La protesta, convocada por los sindicatos STAJ, CSIF, UGT y CCOO, se ha realizado a la misma hora en las cuatro capitales catalanas y se prevé que se repita cada miércoles hasta que se ponga fin a este problema.
Publicado por LIBRA a las 23:48 0 comentarios
Málaga: Convocan concentración por los cambios en el parking de la Ciudad de la Justicia
La junta de personal de la Administración de Justicia en Málaga, celebrada el martes, ha acordado convocar una concentración de trabajadores en contra del cambio de regulación del uso del aparcamiento de la Ciudad de la Justicia, que tiene intención de llevar a cabo el ejecutivo andaluz. Los representantes sindicales se ha reunido, a petición del sindicato STAJ, y como primera medida de protesta han llamado a los trabajadores "que se sientan menospreciados e insultados por la forma de proceder" de la Junta andaluza para que se concentren en la puerta principal del edificio mañana día 25 a las 11.00 horas.
Así, han considerado que el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, "ha cedido de forma vergonzosa a las presiones de los jueces, que finalmente están a punto de salirse con la suya". "Esta claudicación contrasta enormemente con la firmeza y determinación que mantuvo la anterior consejera, Begoña Álvarez", han dicho.
En este sentido, han recordado que ésta afirmó en relación con esta problemática que iban "a pelear con uñas y dientes por el derecho a la autonomía y la independencia de todos los andaluces en lo que respecta a las competencias que tenemos adquiridas constitucionalmente". Han precisado que el Estatuto de Autonomía de Andalucía establece "con meridiana claridad, a diferencia del de Valencia que no hace pronunciamiento alguno", las competencias de la comunidad en materia de gestión de los recursos materiales, "entre los que están incluidos los edificios judiciales".
Por esto, la junta de personal entiende, según ha indicado en un comunicado, el cambio de actitud de Pizarro como "una dejación y abandono de las competencias autonómicas en beneficio de un colectivo de trabajadores privilegiado y al que nada se atreven a negarle los políticos".
Han precisado que según el borrador de la nueva regulación del aparcamiento que prepara la Consejería "más del 70 por ciento de los jueces tendrán asegurada su plaza de aparcamiento, independientemente de la hora a la que lleguen e incluso si no llegan"; mientras que las plazas que se pretenden destinar a los trabajadores suponen un 5 por ciento.
Asimismo, desde la junta de personal ya han anunciado que no realizarán ningún reparto "del cupo discriminatorio que pretende adjudicar a nuestro colectivo el señor Luis Pizarro, ni validará de ninguna otra forma lo que considera un atropello a los derechos del personal que representamos".
La guerra por el aparcamiento de la Ciudad de la Justicia se ha cobrado ya su primera víctima. La decisión del consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, de dar marcha atrás y adjudicar a los jueces casi la mitad de las plazas del aparcamiento subterráneo ha precipitado la salida del gerente del edificio, Antonio Moreno, quien presentó el pasado martes su renuncia. Moreno comunicó hace más de mes su intención de dejar el cargo para trasladarse a la Delegación de Obras Públicas y Vivienda, pero accedió a aplazar su marcha a petición de la delegada de Gobernación, María Gámez, hasta encontrar un sustituto. El cambio de criterio de la Junta sobre la ocupación del 'parking' parece haber colmado la paciencia del gerente, quien hace más de dos años tuvo que encarar desde la primera línea de fuego el enfrentamiento entre la Junta de Andalucía y los jueces por la gestión del aparcamiento.
El juez decano y el presidente de la Audiencia aseguraron que no les constaba la dimisión de Moreno, que al parecer sí comunicó su marcha a los responsables sindicales durante una reunión. Juan Antonio Luque, portavoz del sindicato STAJ, reconoció lo que era un secreto a voces, las tirantes relaciones entre el gerente y los magistrados -«algún saludo se han negado», dice- sobre todo desde la confrontación por el 'parking' hace dos años y lamentó su marcha.
Publicado por LIBRA a las 23:25 0 comentarios
Madrid: La Comunidad se escuda en la crisis para incumplir el acuerdo sectorial
Funcionarios de la Administración de Justicia madrileña se concentrarán hoy en los Juzgados de Instrucción de Madrid convocados por los sindicatos CCOO, CSIF, UGT y STAJ para denunciar el incumplimiento de los acuerdos sectoriales firmados con el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.
Los sindicatos recuerdan que el acuerdo contemplaba el incremento de plantillas en los Registros Civiles, Juzgados de lo Penal y SCNE, así como la conversión de los contratos de refuerzo en plazas de plantilla.
Asimismo, incluía el compromiso de negociar la regulación de los servicios de guardia en los Juzgados de la periferia,; medias para atajar la tasa de empleo temporal del 36 por ciento; la regulación de las sustituciones ; la creación del IML y la mejora de las condiciones laborales y retributivas de los trabajadores de la Administración de Justicia.
Han denunciado que el consejero recurre a "la crisis económica" para, según han apuntado, "vulnerar los derechos de los trabajadores, para no solucionar el deterioro del servicio público y para incumplir los compromisos pactados".
"Una vez más, el máximo responsable político de la Justicia madrileña demuestra su irresponsabilidad y con declaraciones demagógicas, que CCOO, CSIF, STAJ y UGT podemos desmentir, intenta echar a la opinión Publica sobre los trabajadores de la Administración de Justicia", han concluido.
Publicado por LIBRA a las 9:25 0 comentarios
Barcelona: STAJ y otros sindicatos convocan caceroladas semanales contra los recortes de personal
Los sindicatos de la administración de justicia han convocado caceroladas semanales y una concentración ante la Generalitat para protestar por la decisión de gobierno catalán de no cubrir las bajas del personal de los juzgados, lo que en su opinión está colapsado los servicios judiciales. En un comunicado conjunto, los cuatro sindicatos con representación en la administración de justicia -STAJ, CSIF, UGT y CCOO- acusan al gobierno de la Generalitat de no cumplir con su compromiso de sustituir el 50% de las vacantes de justicia y de estar cesando a trabajadores interinos.
Según los sindicatos, con su política de recortes presupuestarios la Generalitat no va a cubrir ninguna baja, ni por enfermedades ni por maternidad, pese a que a principios de este mes prometió que supliría el 50% de las vacantes, y va a cesar a la mayor parte de los refuerzos de los juzgados.
Los representantes sindicales calculan que los recortes aplicados por la Generalitat suponen una reducción de 800 trabajadores y creen que el anuncio de que se cubrirán la mitad de las vacantes es sólo "maquillaje".
Por ese motivo, han convocado una cacerolada cada miércoles entre las 11.00 y las 11.30, a partir de hoy, frente a cada una de las sedes judiciales y una concentración de protesta para el próximo 3 de marzo en la plaza Sant Jaume de Barcelona.
La Generalitat y el TSJC abordarán el 1 de marzo los recortes en Justicia
El departamento de Justicia y la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) abordarán en una reunión el próximo 1 de marzo la decisión del gobierno catalán de cubrir tan sólo la mitad de las plazas vacantes y de refuerzo en los órganos judiciales.
En declaraciones a los periodistas, el nuevo presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, ha anunciado que, en el marco de esta reunión, se pondrán sobre la mesa distintas cuestiones, especialmente la decisión de Justicia de cubrir tan sólo la mitad de las plazas vacantes y de refuerzo en los órganos judiciales debido a la falta de presupuesto.
"Evidentemente, el recorte de gasto y de personal será uno de los temas que trataremos", ha dicho Gimeno en Tarragona, donde se ha reunido la sala de gobierno del TSJC para tratar a fondo la problemática de los órganos judiciales de las comarcas tarraconenses.
El presidente del alto tribunal catalán ha advertido que la falta de personal "conduce en algunos casos a situaciones muy graves", ya que impide la salida de todas las "demandas planteadas, su resolución y ejecución".
El problema principal, ha añadido, es que un 50% de la plantilla actual de la administración de Justicia es interina y el decreto del Gobierno catalán planteaba, en un principio, que este colectivo no fuese renovado.
"El decreto se ha reformado y se admite que hasta un 50% de los interinos puedan renovar, pero siempre y cuando se cumpla la rebaja del 10% del presupuesto, algo muy difícil de aplicar en un departamento en el que el gasto es, básicamente, de personal", ha señalado Gimeno.
Fuente: ABC.es , La Ley
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Chaves justifica el recorte de sueldo de los funcionarios diciendo que éste ya subió con Zapatero
A una pregunta del senador del Grupo Mixto Francisco Javier Tuñón en el Pleno del Senado, el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial y Administraciones Públicas, Manuel Chaves, recordó que el poder adquisitivo de los funcionarios ha aumentado durante las dos legislaturas de Zapatero, defendiéndose así de las críticas del senador por el recorte de los sueldos públicos en 5% en 2010 y la congelación en 2011.
Chaves ha calculado que las 247 medidas aprobadas por el Ejecutivo para reducir las cargas administrativas supondrán un ahorro que superará los 4.300 millones de euros.
El ministro repasó las reformas acometidas para garantizar la austeridad y la eficiencia de los servicios públicos, en el marco de la reducción del gasto para recortar el déficit público emprendido por el Gobierno.
"Todo ello dirigido a la racionalización del funcionamiento de las administraciones públicas, con menos burocracia y la reducción del gasto público", explicó, para terminar asegurando: "Hay que seguir en esa dirección buscando el acuerdo con las regiones y las corporaciones locales".
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Málaga: Los funcionarios judiciales anuncian protestas por la adjudicación a los jueces de la mayoría de las plazas del parking
La bomba estalló en la reunión de la comisión mixta que tuvo lugar hace unos días. Se empeñaron hasta hacer del asunto una causa gremial y al final lo han conseguido. Los jueces de Málaga dispondrán de plazas de aparcamiento reservadas en el sótano de la Ciudad de la Justicia. Para el sindicato STAJ el pacto alcanzado por el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, es "una bajada de pantalones de la Junta".
En ese encuentro, los gerifaltes autonómicos confirmaron a los jueces que iban a reservar para ellos 67 plazas del parking subterráneo de la Ciudad de la Justicia.
Entre los asistentes se encontraban el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, y el titular de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro. El Ejecutivo andaluz contesta así a la propuesta que la Sala de Gobierno del TSJA hizo hace ya más de 14 meses: reserva parcial de plazas. Eso sí, no se conoce por qué cambia ahora de opinión la Junta, pero la causa podría estar en la decisión del Tribunal Supremo de dar la razón a los jueces en un litigio muy similar por el uso de los aparcamientos de Valencia.
Por tanto, de las 165 plazas del parking subterráneo 67 irán a los magistrados, es decir, la mayoría, a lo que hay que sumar las reservadas para los cargos gubernativos. Sin embargo, los togados quieren todas las zonas de estacionamiento para sí por seguridad. De cualquier forma, fuentes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) aseguraron que van a mantener el recurso interpuesto ante el Supremo contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que dio la razón a los funcionarios en esta polémica. Es decir, aspiran a ocuparlas todas por seguridad.
«El Ejecutivo andaluz renuncia bochornosamente a la protección del interés de los trabajadores de la Justicia malagueña», indicó el portavoz de STAJ, Juan Antonio Luque. Según STAJ, además de los 67 aparcamientos para los jueces, la Consejería pretende repartir el resto de la siguiente forma: 15 para los secretarios; 20 para fiscales; 10 para personal especial; 5 para el Instituto de Medicina Legal y 5 para personal discapacitado. Las 46 plazas restantes serían repartidas por la Junta de Personal entre los funcionarios y otros empleados. Juan Antonio Luque anunció que el STAJ, aunque pertenece a la misma, «no participará» en este reparto.
Luque criticó que la Junta «ceda sus competencias a la presión de los jueces» y considera una «bajada de pantalones» el cambio de criterio de los nuevos responsables políticos (el consejero Luís Pizarro) que llegan a este pacto con los jueces «ya no por motivos de seguridad, simplemente de opinión y entregan el patrimonio de los andaluces a un grupo de privilegiados».
El STAJ agrega que en esta decisión ha pesado también el secretario general de la consejería, Pedro Izquierdo, que es juez en excedencia.
Los fiscales (que son 57) también han reaccionado. En una junta especial, acordaron tener el mismo trato que los jueces y solicitar idéntica proporción de reserva de plazas que éstos.
Esta decisión de la Junta deja sin efecto la anterior regulación del parking que era ocupado por estricto orden de llegada.
Negación del CGPJ
La Junta siempre había mantenido hasta ahora que ningún colectivo tuviera derecho de uso y se había enfrentado a los jueces y fiscales, que siempre han creído que les corresponde. Hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tuvo que intervenir para desautorizar las pretensiones de los jueces y dejó sin efecto sendos acuerdos del presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Arroyo Fiestas, y del entonces juez decano, Manuel Caballero Bonald, que el 8 de julio de 2009 establecieron que jueces y fiscales tenían el derecho de uso del aparcamiento subterráneo de forma excluyente.
La pugna ha llegado a ser tan agria que deja capítulos como la denuncia que puso una juez a un guardia civil que le impidió acceder al aparcamiento una mañana que ya estaba completo.
Fuente: elpais.com , laopiniondemalaga.es , sur.es
Publicado por LIBRA a las 23:37 0 comentarios
Caamaño amenaza: La NOJ no viene acompañada de más personal
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha advertido de que organizar las nuevas oficinas judiciales es una tarea que "no siempre tiene que venir" acompañada "de más personal", puesto que se trata de "un proceso de racionalización y por tanto también de mejora de reubicación de efectivos" en la administración de justicia. Para el ministro, la implantación de esta nueva estructura organizativa, "no siempre tiene que venir acompañada de más personal" sino que "al contrario, habrá lugares donde haya que reforzar la oficina pero habrá otros" sitios "donde se pueda conducir a que haya que reubicar alguna de esas personas".
Caamaño ha respondido así a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa ofrecida ayer lunes en Mérida (Badajoz) junto al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, tras la reunión mantenida entre ambos, con motivo de la presencia del ministro en la comunidad.
El titular de Justicia ha recordado que debido a las "política de austeridad de consolidación fiscal y contención de gasto que ha hecho que el Gobierno" se motivó que "ya" el año pasado se "adoptasen una serie de medidas restringidas de capitulo uno, es decir de gasto de personal", a "excepción" de en la administración de justicia, según ha destacado.
"Esa excepción que ya tuvimos hace un año y creo que vamos a conseguirla también para este año una vez que se apruebe la oferta pública de empleo", ha considerado Caamaño, antes de insistir que pese a las críticas de los funcionarios de justicia, "el Gobierno central está haciendo un esfuerzo especial" en este campo "para dotar" a la justicia de "los recursos necesarios", ha valorado.
Frente a las "fórmulas históricamente reificadas como es que un juez, un secretario y ocho funcionarios son un juzgado", el ministro defiende "una perspectiva más amplia" de justicia basada en "el intercambio" y la "necesidad de actuar más sobre el terreno", por lo que ha defendido las nuevas oficinas como "grandes unidades formadas por 90 o 100 funcionarios", más especializadas, con servicios comunes y con un secretario judicial "a la cabeza" que servirá a varios jueces.
Ello implica "la aplicación de las nuevas tecnologías" para así ganar "sinergias" y en consecuencia ahorro de coste y "sobretodo tiempo en la respuesta judicial", según ha destacado.
JUZGADOS TRADICIONALES
En la misma línea, Caamaño ha anunciado que para conseguir una justicia más "ágil" el siguiente proyecto que se acaba de presentar en las Cortes se basa en "suprimir los juzgados tradicionales progresivamente y crear tribunales de instancia" por ser "la pieza lógica que sigue a este modelo de oficina judicial", ha apostillado.
Vigo: Una justicia de espacios milimétricos
Los pasillos de los juzgados vigueses ya no solo funcionan como zonas de paso. Ahora muchos de ellos están poblados de estanterías sobre las que se acumulan decenas de causas que se quedaron sin sitio en su lugar natural. Esta imagen, la de los expedientes apilados a la vista de cualquiera, es una de las más claras evidencias de que los dos edificios judiciales de la calle Lalín no dan más de sí. Sus 18.873 metros cuadrados rozan la saturación. En alguna sala hasta usan el baño como improvisado archivo.
Con este panorama, y ante la certeza de que la Cidade da Xustiza tardará años en ser realidad –el proyecto acaba de encarar otro atraso–, no hay dudas sobre el mayor problema que afronta la Justicia en Vigo: encontrar espacio donde seguir creciendo.
La actividad de la mayoría de los 34 juzgados vigueses no deja de crecer. En consonancia con el resto del país, los tribunales de la ciudad más poblada de Galicia han sufrido la dureza de la crisis en forma de más trabajo.
¿Cifras? La última memoria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia indica que las salas –incluyendo las dos secciones de la Audiencia– registraron 102. 613 asuntos en un año. Y eso sin contar la actividad del Servicio de Notificaciones y Embargos, de los profesionales forenses o de la Oficina de Atención al Ciudadano: si se suman los juzgados y demás servicios –no se incluye en la estadística de asuntos la Fiscalía y el Registro Civil–, son más de 167.000 las causas, diligencias y demás trámites que se generan anualmente en dos edificios donde trabajan casi 530 personas y entran a diario cientos de ciudadanos y profesionales (en Vigo ejercen 1.271 abogados y 133 procuradores).
Pero la creciente actividad judicial lucha con un gran escollo: la tan reiterada falta de espacio. Y es que el problema no es reciente. Las salas creadas en los últimos cuatro años ya obligaron a echar mano de soluciones imaginativas que supusieron el sacrificio de servicios como una biblioteca o la habilitación de los nuevos tribunales en un ático que antiguamente era vivienda o en un semisótano sin casi luz natural. Estos dos últimos casos hacen referencia al Mercantil y al nuevo Juzgado de Primera Instancia 14. Su reducido espacio les impide contar con sala de vistas y tienen que ir a la del Registro Civil. También debe trasladarse, en este caso varias veces al día y de un edificio a otro, la secretaria del juez decano: los despachos de ambos están a más de 200 metros de distancia.
La judicatura aguarda una solución provisional para albergar más tribunales. ¿Cabe otra reforma in extremis en los saturados edificios? ¿Habrá que recurrir a alquilar inmuebles? El juez decano, Germán Serrano, dice tajante que la solución más “digna” para ganar sitio pasa por trasladar el Registro Civil al centro de la ciudad. Un proyecto que, sin embargo, aún no se ha concretado, pese a que el nuevo inquilino de la calle Lalín, la previsible sexta sala de lo Social, se espera para final de año.
Sea cual sea la solución, los juzgados seguirán quedándose pequeños hasta que la Cidade da Xustiza esté en pie. “¿Si viene un funcionario de refuerzo? ¡Si solo hay hueco sobre los armarios!”, ironiza una funcionaria de lo Penal ante una oficina que acumula expedientes hasta sobre las sillas.
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Madrid: Concentración en la Gran Vía para denunciar la falta de diálogo
Decenas de empleados públicos de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid se concentraron este jueves frente a la Viceconsejería de Justicia y Administraciones Públicas, en la Gran Vía, para denunciar la falta de diálogo del Ejecutivo regional con ellos. Convocados por la plataforma de unidad sindical formada por CSIF, CCOO, UGT y STAJ, la protesta cortó una hora dos carriles de la Gran Vía sentido calle de Alcalá desde la Red de San Luis.
Denunciaron la "absoluta falta de diálogo" del Ejecutivo regional con los empleados públicos de la Administración de Justicia y exigieron la reanudación de la Mesa de Negociación para el cumplimiento del Acuerdo Sectorial del Personal al Servicio de la Administración de Justicia de 25 de febrero de 2009 que implica el pago de retrasos salariales y la modernización de la Administración de Justicia, explicaron en un comunicado.
Los empleados públicos que se han concentrado llevaban silbatos, megáfonos y carteles.
Ningún participante llevaba banderas ni distintivos de organizaciones sindicales para reforzar el mensaje de unidad de todos los convocantes.
Entre los carteles de los empleados públicos se podía leer: 'Trabajadores Justicia Madrid ¡No más recortes!¡No más engaños!¡No más mentiras!','Trabajadores Justicia Madrid. Tres años engañados por Espe y Granados', 'Justicia Madrid exige cumplimiento del acuerdo ya renegociado' y 'Granados, cumple lo que has firmado'.
La concentración, que forma parte del calendario de movilizaciones conjuntas planteado en el seno de la plataforma sindical de Justicia de la Comunidad de Madrid (CSI-F Madrid, CCOO, UGT y STAJ), se ha llevado a cabo tres días después de un encierro de delegados sindicales que resultó un éxito en la sede de la Viceconsejería de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid.
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Málaga: La Junta quita el refuerzo al mercantil con tres mil asuntos pendientes
El Ministerio de Justicia decidió ampliar el año pasado las plantillas de los juzgados mercantiles de todo el país -que es menor que las de los de instrucción- con un tramitador y un gestor más, lo que parece haber pesado en la decisión de la Junta de Andalucía. «En el caso del mercantil número 1 de Málaga, solo se ha cubierto una plaza, la otra sigue vacante porque es un destino que nadie quiere por la carga de trabajo tan grande que soporta», explica Juan Antonio Luque, portavoz del sindicato STAJ.
Cerró el año pasado con 3.370 asuntos pendientes de resolver y ahogado bajo la losa de gigantescos concursos de acreedores como los de las promotoras Aifos, Borca y Evemarina. Con estos mimbres, el futuro del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga se presenta este año más que sombrío, sobre todo, después de que la Consejería de Gobernación de Justicia haya decidido eliminar el plan de refuerzo que tuvo durante 2009. Los hasta nueve funcionarios que llegaron a trabajar por las tardes de mayo a diciembre del año pasado, incluidos en ese plan de refuerzo, consiguieron finalizar la tramitación de más de 500 procedimientos judiciales.
Las cosas han variado poco. El año pasado un cartel en la puerta del Juzgado de lo Mercantil número 1 informaba a los usuarios de que en un trimestre había recibido el trabajo que correspondería a 3,4 juzgados en todo un año y que para aliviar el colapso harían falta tres juzgados más y mantener indefinidamente los refuerzos.
Esta sede judicial cuenta también desde el año pasado con un 'juez bis' o de refuerzo, cuya permanencia se prorroga semestralmente.
«Hacen falta más enfermeros, pero también más cirujanos», comenta el juez titular Antonio Fuentes Bujalance, quien utiliza este símil para explicar que tan necesarios son más funcionarios como jueces. «Esto sólo se soluciona creando nuevo juzgados, con sus plantillas completas de magistrados, secretarios y funcionarios», añade.
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¿No hay dinero? Revilla entrega más de tres millones a Air Nostrum para hacer "bautizos aéreos"
No hay crisis para la boyante industria de las subvenciones encubiertas al sector aéreo. El penúltimo acaba de ser aprobado por el Gobierno autónomo de Cantabria, presidido por el regionalista Miguel Ángel Revilla. 3.075.000 euros que irán a parar del bolsillo de los contribuyentes a las arcas de la compañía Air Nostrum, aerolínea que opera los servicios regionales de Iberia.
A cambio la compañía se compromete a mantener operativas hasta 2013 las conexiones aéreas regulares entre Madrid, Barcelona y Santander, así como reabrir la ruta Valencia-Santander que cerró el pasado mes de noviembre. El dinero no lo pone directamente el Gobierno cántabro, sino dos entidades públicas que canalizan la atípica subvención: la Sociedad Regional de Turismo y el Centro Tecnológico en Logística de Cantabria.
Junto al mantenimiento de las tres rutas anteriormente citadas, Air Nostrum realizará "actuaciones publicitarias" sobre Cantabria en sus aviones y en las oficinas de la compañía. Para el consejero de Cultura, Francisco Javier López Marcano, esta promoción turística a través de la aerolínea tiene una "repercusión intangible" que "vale mucho más".
El acuerdo, además de las conexiones regulares y la promoción turística, incluye condiciones como que el 30% de las plazas puestas a la venta estén en tarifa reducida o la cesión de 15.000 plazas para el llamado "bautizo del aire" escolar, una actividad que ya se lleva a cabo en otras comunidades autónomas y que consiste en subir a los niños al avión y volar hasta Madrid o Barcelona.
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Madrid: Las parejas esperan hasta ocho meses para casarse por lo civil
La lista de espera para casarse por los juzgados en Madrid casi se ha duplicado, llegando hasta los ocho meses de demora. Cada siete días piden fecha 78 nuevas parejas, según datos del TSJM facilitados por el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ).
El detonante de este retraso se remonta a septiembre, cuando el Ayuntamiento de Gallardón eliminó la celebración de bodas por la tarde para ahorrar. Cada semana, el Consistorio de la capital celebraba unos 23 enlaces vespertinos en sus dependencias (1.200 al año), según fuentes municipales. Al suprimir este horario, todas esas parejas tuvieron que buscar otra opción y la mayoría decidió celebrar su matrimonio ante el juez. Esta avalancha de novios no ha tardado en notarse: la sala de matrimonios del Registro Civil solo tiene capacidad para oficiar 55 enlaces a la semana (2.860 al año).
El desfase entre las solicitudes y la capacidad del Registro dilata la lista de espera. Antes de septiembre, daban fecha para cuatro meses, pero ahora hay que esperar entre seis meses (en caso de casarse de lunes a jueves) e incluso ocho (si la boda es en viernes).
Los juzgados tienen un horario estricto para los matrimonios civiles. Solo casan de 12.30 a 13.30 h, de lunes a viernes, y no hay intención de que se amplíen los horarios para atender el aumento de demanda. "La Consejería de Justicia no está por la labor. Habría que aumentar la plantilla, poner más medios y pagar horas extra a los oficiantes. Si no lo hacen en las salas de lo Mercantil o lo Penal, menos aún con los matrimonios", explica Alberto García, portavoz de STAJ. Ante estas dificultades, muchas parejas acuden a casarse a pueblos de la sierra o municipios de la periferia con menos presión, aseguran desde sus ayuntamientos.
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¿No hay dinero? CCOO y UGT recibieron subvenciones de casi 15 millones en 2010
El Ministerio de Trabajo e Inmigración concedió en 2010 subvenciones por importe de 7,4 millones de euros a CCOO y de 7,3 millones de euros a UGT para la realización de actividades de carácter sindical y por su participación en órganos consultivos del Ministerio, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social.
Según una resolución del Departamento que dirige Valeriano Gómez publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a CCOO le fueron concedidos el año pasado 6,3 millones de euros para la realización de actividades sindicales y algo más de un millón de euros por su participación en organismos consultivos de Trabajo.
Las subvenciones recibidas en 2010 por CCOO y UGT son muy parecidas a las que recibieron en 2009 por estos mismos conceptos. Mientras que el año pasado percibieron conjuntamente 14,7 millones de euros, en 2009 obtuvieron más de 14,4 millones.
Las subvenciones por la realización de actividades de carácter sindical van en función de la representatividad de cada organización, de ahí que CCOO y UGT sean las centrales sindicales que más dinero reciben por este concepto.
Por debajo de este top ten, las subvenciones concedidas a organizaciones sindicales bajaron de los 100.000 euros. En total, Trabajo concedió en 2010 subvenciones por la realización de actividades sindicales a cerca de 80 sindicatos.
En el caso de las subvenciones otorgadas en 2010 por participar en órganos consultivos del Ministerio de Trabajo, la organización que más dinero percibió fue la CEOE, con 2,08 millones de euros, seguida de UGT (1,1 millones), CCOO (1,04 millones de euros), CIG (77.431 euros), ELA-STV (72.348 euros) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (60.742 euros).
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Etiquetas: Despilfarro, Nacional
Sevilla: STAJ critica que la Junta no ha pagado a más de 200 funcionarios las horas extra prestadas en el plan de tardes
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia en Andalucía (STAJ) ha criticado que la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta no ha abonado las horas extraordinarias prestadas dentro del plan de tardes por más de 200 funcionarios en los juzgados de Primera de Instancia de Sevilla y en algunos juzgados mixtos de la provincia.
El sindicato ha recordado que entre los pasados meses de septiembre y noviembre se puso en marcha por parte de la Junta un plan 'de choque' para reducir el atraso en la tramitación de los procedimientos judiciales, un plan 'que fue anunciado a bombo y platillo' pero que 'no es ni mucho menos la solución para la situación de colapso de los órganos judiciales andaluces'.
Aunque el plan 'ha contribuido a reducir en parte el volumen de pendencia de asuntos', el sindicato ha subrayado que, 'mientras en otras provincias han percibido ya las retribuciones correspondientes a las horas extraordinarias realizadas, en el caso de los juzgados de Primera de Instancia de Sevilla y en algunos juzgados mixtos muchos funcionarios han percibido sólo lo correspondiente al mes de septiembre, y otros no han percibido aún ni un solo euro'. Así, asevera que 'el retraso afecta a más de 200 funcionarios, y a algunos de ellos se les adeudan más de 1.000 euros'.
Según ha considerado, 'el problema está' en que la Junta de Andalucía 'ha trasladado a cuatro funcionarios de la Delegación de Justicia de Sevilla a otras dependencias, por lo que no existe personal en el departamento para autorizar los pagos, de modo que el abono de las horas extras está bloqueado de forma indefinida', motivo por el que han presentado una queja. 'Nos parece una tomadura de pelo', ha dicho STAJ, indicando además que la Junta 'incumple su promesa de pagar los servicios extraordinarios en el mes siguiente a su realización'.
Fuente: jusespana.es
Madrid: STAJ y otros sindicatos se encierran en la Consejería de Justicia para denunciar el incumplimiento del acuerdo de subida salarial
Delegados de los sindicatos CCOO, CSIF, UGT y STAJ se han encerrado ayer en la sede de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid para denunciar que el Gobierno regional "ha incumplido por tercera vez" los acuerdos del personal funcionario de la Administración de Justicia madrileña, han informado a Europa Press los sindicatos.
Los sindicatos han explicado que este incumplimiento se produce a pesar de que, el 25 de febrero de 2009 y tras ocho días de huelga indefinida, los trabajadores aceptaron renegociar el acuerdo de 11 de diciembre de 2007 que la Administración pretendía incumplir argumentando problemas económicos para los años 2009 y 2010 en la Comunidad de Madrid.
Este nuevo incumplimiento supone otro recorte salarial a los funcionarios de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid después del resultante de la aplicación del R/D 8/2010 lo que implica que sus retribuciones se han recortado una media de un 14,5 por ciento respecto a las que percibían en mayo de 2010.
Además, los funcionarios han denunciado que la Consejería de Justicia lleva retrasando más de tres años el pago de retribuciones complementarias a los Médicos Forenses así como los trienios de los interinos.
"A ello se une la supresión de los incrementos de plantilla pactados en el acuerdo para el año 2011 y que tampoco se ha ejecutado la ampliación de personal comprometida para el año 2010 en los Juzgados de lo Penal de Madrid y en los Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos", han apuntado.
Los sindicatos han advertido de que la Administración de Justicia madrileña, que soporta casi el 39 por ciento del volumen de asuntos de toda España, ha experimentado una exponencial carga de trabajo desde primeros del año 2008 como consecuencia de la crisis económica pero, el Gobierno autonómico, no ha adoptado las medidas necesarias para que, en éstas circunstancias, los ciudadanos madrileños pudieran contar con una justicia rápida y eficaz.
Para los sindicatos, la vuelta a la situación de confrontación es sólo responsabilidad de la Administración autonómica, a la que acusan de haber utilizado, "desde la firma del acuerdo, todo tipo de burdas maniobras para no cumplir los compromisos pactados y estar dispuesta a engañar a los trabajadores y a la ciudadanía firmando compromisos que no está dispuesta a cumplir".
Por su parte, fuentes de la Consejería de Justicia han indicado a Europa Press que "el acuerdo de subida salarial está parado porque se abonó una parte y la otra no se puede pagar por la situación de crisis económica". "En cuanto se recupere la situación y las arcas, se les podrá pagar", han apostillado.
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Cataluña: STAJ insta a los funcionarios de Justicia a realizar una 'huelga de celo' por la falta de personal
El portavoz del sindicato STAJ, Vicente Navarro, ha explicado que actualmente "hay 300 vacantes sin cubrir en Cataluña además de las bajas por larga enfermedad o maternales, mientras que la carga de trabajo se ha duplicado en los últimos cuatro años como consecuencia de los impagos, las ejecuciones de hipotecas o los desahucios". Navarro ha dicho que "la reducción del personal combinada con el aumento de trabajo es un cóctel explosivo que hará que la justicia esté mucho más colapsada de lo que ya lo está".
Navarro ha asegurado que "la situación que se da en algunos juzgados catalanes es kafkiana. Falta personal, no hay recursos e incluso se han tenido que cerrar servicios, como por ejemplo el juzgado de paz de Masquefa, en Barcelona".
El portavoz de STAJ ha dicho que "los trabajadores no somos culpables de la situación y no podemos asumir más responsabilidades", por lo que a partir de ahora "trabajaremos a reglamento, lo que marca el convenio, las horas que nos pagan y haremos el trabajo que nos corresponde, ni más ni menos".
Esta es la respuesta de los sindicatos STAJ, CSIF, UGT y CCOO a la decisión de la Generalitat de no cubrir las bajas por enfermedad o maternidad ni los períodos de vacaciones, si bien el Govern ha aceptado cubrir el 50% de las bajas, equiparando a los funcionarios de Justicia a los docentes y sanitarios.
Los representantes sindicales consideran positivo que se reconozca que la administración de justicia es un servicio "esencial" pero consideran que es insuficiente para garantizar el servicio.
"La administración debe tomar conciencia de la situación de la administración de justicia", ha manifestado Navarro.
Los sindicatos colgarán en los juzgados carteles informativos sobre la situación que se da, "de la que es responsable la Generalitat", ha dicho Vicente Navarro. En esos carteles, los sindicatos incluirán la dirección del departamento para que los usuarios hagan llegar sus quejas a los responsables.
Los representantes de los trabajadores también han instado a los funcionarios a hacer llegar su malestar al presidente de la Generalitat, Artur Mas, a través de un correo electrónico.
Fuente: elmundo.es , adn.es
Navarra: Un nuevo auto de la Audiencia reconoce que entregar la vivienda no es suficiente para saldar la deuda con el banco
La Audiencia Provincial de Navarra ha emitido un nuevo auto en el que reconoce en esta ocasión que la adjudicación de la vivienda en subasta no es suficiente para saldar la deuda hipotecaria y permite al banco ejecutar los bienes "en cantidad suficiente" para cubrir la suma reclamada. De esta manera, este auto de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra viene a contradecir el emitido recientemente por la Sección Segunda de la misma Audiencia Provincial, y que reconocía que la adjudicación de la vivienda en subasta debe bastar para saldar la deuda hipotecaria.
BBVA ya presentó un incidente de nulidad contra este anterior auto alegando que los razonamientos jurídicos eran "arbitrarios". En concreto, la entidad consideraba que el auto "lesionaba el derecho fundamental de BBVA a la tutela judicial efectiva" porque sus argumentos para desestimar su recurso resultaban "irrazonables o arbitrarios, en el sentido técnico-jurídico".
En este nuevo caso, el BBVA solicitaba la ejecución por la diferencia entre el importe de la hipoteca (181.846,43 euros) y la suma de la subasta de la vivienda (137.350 euros), que ascendía a 44.496,43 euros, aunque esta medida fue rechazada en un auto de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Estella el 9 de diciembre de 2009 al considerar suficiente el valor de tasación de 203.000 euros.
En el auto emitido el pasado 4 de febrero, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra estima el recurso de apelación presentado por BBVA y rechaza "íntegramente las consideraciones jurídicas contenidas en el único fundamento de derecho de la resolución apelada, procediendo la completa estimación del recurso".
Así, la sala recuerda que el artículo 117.1 de la Constitución establece las notas que conforman el estatuto esencial del juez constitucional, "cuando regula los requisitos básicos atribuibles a todos quienes ejercen funciones jurisdiccionales tales como, entre otros, la independencia y sumisión a la ley"; y señala que el juez "ha de estar sometido en el ejercicio de la potestad jurisdiccional a las leyes aprobadas por los órganos legislativos, al conjunto de ordenamiento jurídico, como expresión de la soberanía popular".
Además, considera que "es de tal evidencia" la normativa respecto al cumplimiento en estos casos de las obligaciones por parte del deudor con todos sus bienes presentes y futuros así como en los supuestos de ejecución dineraria en caso de bienes hipotecados o pignorados, que "no alcanzan a comprenderse las razones por las cuales la juez 'a quo' eludió la aplicación al caso de la preceptiva mencionada, pues con independencia de las opiniones personales que los preceptos mencionados puedan merecer, cuestión ajena al contenido de esta resolución, lo cierto es que el supuesto planteado en este caso tenía perfecto encaje" según lo recogido en el Código Civil, "sin que corresponda al juez asumir funciones reservadas al legislador, sino aplicar la ley al caso concreto".
Igualmente, la sala no comparte el razonamiento de que el valor de mercado del bien hipotecado y subastado es superior a la cantidad reclamada, ya que se parte del error de "identificar valor de tasación con valor real de mercado" cuando, obviamente, esto no es así, "ya que el valor de tasación de un inmueble en un momento determinado puede o no coincidir con su valor real de mercado, que no es sino la cantidad de dinero que en un momento preciso se esté dispuesto por alguien a pagar por él".
Las ciudades de Cáceres y Ciudad Real estrenan hoy la Oficina Judicial
El nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia, conocido como Oficina Judicial, entra este miércoles en funcionamiento en Cáceres y en Ciudad Real como ya lo hizo el pasado 10 de noviembre en Burgos y Murcia. Además, está previsto que durante este año también se incorporen Ceuta, Cuenca, León, Mérida, Melilla y Palma de Mallorca y progresivamente el resto del territorio dependiente del Ministerio de Justicia.
La Oficina Judicial se organiza en dos unidades básicas de trabajo. Por un lado, la Unidad Procesal de Apoyo Directo (UPAD), cuya función principal es asistir a jueces y magistrados en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales. Habrá una por cada juzgado, sala o sección de tribunal.
Por otro, los Servicios Comunes Procesales, unidades que funcionan como grandes centros administrativos que asumen labores centralizadas de gestión y apoyo. Su dirección corresponde a los secretarios judiciales, según ha informado el Ministerio de Justicia en nota de prensa.
La Oficina Judicial supone un paso fundamental en el proceso de modernización de la Administración de Justicia porque "rompe" con el modelo tradicional de juzgado y se apoya en las nuevas tecnologías para funcionar con criterios de "agilidad, transparencia, eficacia en la racionalización del trabajo, optimización de los recursos, responsabilidad por la gestión y coordinación entre Administraciones".
Coincidiendo con la entrada en funcionamiento de la Oficina Judicial en Cáceres y Ciudad Real, ha concluido la III Fase del Plan de Formación del Ministerio de Justicia, que arrancó en noviembre de 2010 para formar en las áreas de gestión y nuevas tecnologías a los diferentes perfiles profesionales.
Este programa completa el Plan de Formación del Ministerio de Justicia iniciado en marzo de 2010 para dotar al personal de los conocimientos y herramientas necesarias para el desempeño de su función en la Oficina Judicial.
La puesta en marcha de la Oficina Judicial ha requerido el despliegue de una nueva versión de la aplicación de gestión procesal Minerva-NOJ, implantada el 4 de mayo de 2010 con motivo de la entrada en vigor de las reformas procesales.
Una de las cuestiones "más complejas" del despliegue consiste en el traslado físico y virtual de los expedientes judiciales a su nuevo destino en la estructura organizativa de la Oficina Judicial, en coordinación con su migración virtual dentro de la base de datos del sistema de gestión procesal Minerva-NOJ.
El proceso ha exigido una "organización logística exhaustiva", con el objetivo de garantizar el destino final de los expedientes asegurando su trazabilidad en todo momento.
PLAN DE CONTINGENCIAS Y REFUERZO
Con el objetivo de asegurar la prestación del servicio público y atender las posibles eventualidades que puedan surgir con la puesta en funcionamiento de la nueva estructura organizativa, durante los primeros meses se refuerzan los efectivos de los Servicios Comunes de Ordenación del Procedimiento y de Ejecución. Con la misma finalidad, se nombra un secretario judicial sustituto que da soporte a la Unidad Procesal de Apoyo Directo.
Para la implantación de la Oficina Judicial es necesario reducir el volumen de procedimientos en trámite conforme a la legislación procesal anterior. Para ello se activa este Plan de Liquidación de Actuaciones en Tramitación apoyado por personal de refuerzo de la bolsa de interinos durante tres meses a partir de la puesta en marcha de la Oficina Judicial.
Para garantizar la homogeneidad y uniformidad en la actuación de las Oficinas Judiciales, eliminando diferentes prácticas, el Ministerio de Justicia ha elaborado el Protocolo Marco de Actuación Procesal, que establece los criterios normativos para el funcionamiento de la Oficina Judicial, y fija las bases sobre las que deberán apoyarse los protocolos que posteriormente se constituyan en los diferentes ámbitos territoriales.
Con el mismo objetivo, se han elaborado los Esquemas de Tramitación Procesal, el Manual de Puestos y el Manual de Procedimientos, que establecen, respectivamente, la distribución de competencias entre las distintas unidades de la Oficina Judicial y las tareas asociadas a la nueva estructura organizativa.
Este proyecto tiene como propósito asegurar que todas las acciones en ejecución y por ejecutar en los días inmediatamente anteriores y posteriores al despliegue estén coordinadas y planificadas, para la correcta puesta en funcionamiento de la Oficina Judicial. Estas actividades contemplan aspectos jurídicos, organizativos y de funcionamiento.
Tras el lanzamiento efectivo de la Oficina Judicial este miércoles, día 9 de febrero, se pondrá en marcha el Plan de Estabilización de la Oficina Judicial, orientado a garantizar el correcto asentamiento de la nueva estructura organizativa.
Al igual que en Burgos y Murcia, en Ciudad Real y en Cáceres se ha constituido la Comisión Territorial de Calidad de la Oficina Judicial. El Sistema de Gestión de la Calidad permitirá contar con una Oficina Judicial orientada al ciudadano, basada en el principio de mejora continua, más transparente y abierta, con el fin de asegurar que el usuario obtiene la máxima satisfacción del servicio público de la justicia.
Entre sus objetivos se encuentra, además, el de motivar e implicar a los funcionarios con la cultura de calidad para ofrecer una Administración de Justicia ágil y eficiente, que garantice los derechos de la ciudadanía.
PROYECTO DE GESTIÓN DE CAMBIO
Junto al Plan de Formación del Ministerio de Justicia, se ha puesto en marcha una campaña de información y un Plan de Sensibilización dirigido a instituciones, colectivos profesionales y ciudadanos para informar sobre la Oficina Judicial y facilitar el cambio al nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia.
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Etiquetas: Castilla - La Mancha, Extremadura
El Gobierno aprueba la creación de nuevos tribunales de instancia
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha aprobado este pasado viernes el anteproyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para la creación de los tribunales de instancia. Caamaño ha explicado que los tribunales de instancia sustituirán de manera progresiva a los órganos judiciales unipersonales.
Un mismo tribunal albergará diferentes secciones que conocerán de las causas de ámbito penal, social, civil, contencioso-administrativo, mercantil, violencia sobre la mujer, de menores o de vigilancia penitenciaria. Para el ministro, se introduce así el principio de especialización al "agruparse por materias los jueces que hoy están dispersos en un partido judicial", ofreciendo así "una mayor calidad" del servicio de la Justicia.
La nueva distribución busca potenciar una decisión colegiada sobre determinados asuntos por los integrantes de cada sección. "Cuando los miembros de un tribunal tengan criterios distintos, el presidente --con un mandato de cuatro años-- puede llamarlos en un pleno para que unifiquen su criterio y adoptar una solución común", ha indicado, tras reclamar la misma respuesta judicial ante los mismos casos. "Para asuntos iguales, igual respuesta judicial", ha agregado.
"La organización colegial refuerza la profesionalidad y la independencia", ha proseguido el ministro, quien ha explicado que la nueva organización simplifica el proceso, evita duplicidades y posibilita que las sustituciones se hagan entre los mismos miembros del tribunal, "si necesidad de acudir a la modalidad de jueces sustitutos" ahora existente.
Igualmente, el incremento de jueces podrá producirse con independencia del resto de personal asistente, lo que proporcionará mayor rapidez y evitará costes innecesarios. Caamaño ha explicado que hasta ahora debía crearse "enteramente" un juzgado para cubrir las necesidades oportunas y que a partir de este momento será posible crear simplemente las plazas adecuadas.
PLAZO DE TRES AÑOS
En suma, la nueva organización supone, a su juicio, un "cambio profundo" que prevé, desde la entrada en vigor de la ley, un horizonte de 3 años para su puesta en marcha. "Estamos ante un proyecto de ley de esos que verdaderamente cambian las cosas, que introduce mayor racionalidad y eficacia, ahorra costes y acorta tiempos", ha dicho.
Así, ha señalado que se pondrá en contacto con las asociaciones judiciales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las fuerzas políticas para recibir sus aportaciones. "Estamos en una primera fase", ha aseverado el ministro.
La creación de los tribunales de instancia, que no supone un coste económico añadido, pretende concentrar los medios para hacer frente al incremento de la litigiosidad, unificar la interpretación de las normas de reparto, potenciar la especialización de los jueces y magistrados y regular los aspectos pendientes del cuerpo de secretarios judiciales, evitando interpretaciones discrepantes que puedan generar inseguridad, tanto en lo relativo a sus categorías, como al régimen disciplinario.
Madrid: El CGPJ suspende tres meses a una juez por ausentarse del trabajo
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspendió por tres meses de sus funciones, tal y como había propuesto la Comisión Disciplinaria de este órgano, a una magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid por ausentarse de forma continuada e injustificada de su puesto de trabajo. Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, el pleno ha suspendido por dicho periodo a la magistrada de la sección 30 de la Audiencia de Madrid María Inmaculada Casares Bidasoro por una falta muy grave del artículo 417.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Este artículo es el relativo al "abandono de servicio o la ausencia injustificada y continuada, por siete días naturales o más, de la sede del órgano judicial en que el juez o magistrado se halle destinado".
Esta magistrada ya fue sancionada con advertencia y multa de 300 euros por la comisión disciplinaria el pasado 15 de junio por una falta leve de desatención, así como con otra multa de 1.000 euros por una falta grave de falta de respeto a los superiores y otra de 500 euros por una grave de retrasos.
Casares Bidasoro recurrió esta decisión, recurso que ha sido rechazado por el pleno.
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Perú: La Defensoría del Pueblo pide celeridad para 9.000 juicios sin resolver
La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, pidió al presidente del Poder Judicial de Perú, César San Martín, celeridad para resolver 9.000 juicios pendientes de sentencia en los tribunales, al cabo de una reunión de trabajo. El ministerio de Justicia calcula que la demora media de los procesos judiciales en el país, ya sean civiles o penales, es de cinco años, según dijeron fuentes de la institución.
Merino hizo una serie de recomendaciones a San Martín, titular de la Corte Suprema de Justicia, para fortalecer el acceso de todos los peruanos a la justicia, tras remarcar que la defensoría es "una colaboradora crítica del Estado", según dijo posteriormente en una rueda de prensa.
La defensora del Pueblo propuso al titular del Poder Judicial fortalecer los procesos por violaciones de los derechos humanos, porque de los 194 casos supervisados desde 2004 por la Defensoría, solo 23 han obtenido sentencia (10 condenatorias y 13 absolutorias).
También planteó mejorar la respuesta judicial en temas prioritarios como la conflictividad social, la violencia sexual contra menores de edad y la violencia contra la mujer.
Consultada sobre la propuesta de algunos sectores políticos y sociales de implementar la pena de muerte para los violadores de menores, Merino recordó que es incompatible con los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.
En Perú la pena máxima para los violadores de niños es la cadena perpetua, y los casos de violaciones a menores de edad ascendieron a 3.257 en el 2010, según cifras del ministerio de la Mujer.
De otro lado, respecto a los problemas de seguridad ciudadana, Merino recomendó a San Martín incrementar los juzgados de paz letrados en las comisarías de la policía, pues sólo existen 16 en todo el país, cinco de los cuales están en Lima.
El presidente de la Corte Suprema se comprometió a designar un equipo de coordinación para llevar a la práctica las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, especialmente las referidas a evitar la exposición de los detenidos en sus traslados a los penales y a facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los juzgados.
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Boston: Un gato tendrá que formar parte de un jurado
Al parecer, EE.UU. ha decidido seguir el ejemplo de la Roma Antigua y dar a los animales más oportunidades para hacer una carrera política. Esta tendencia introducida por el emperador Calígula, que nombró a Incitatus, su caballo favorito, miembro del Senado de Roma, e incluso incluyó al animal en la lista de candidatos para recibir el título de cónsul, vuelve a desarrollarse en el siglo XXI. Las autoridades de Boston, en el Estado de Massachusetts, han invitado a un gato a formar parte de un jurado.
El gato, que se llama Sal y reside en la familia de Anna y Guy Esposito, recibió una convocatoria oficial para presentarse el 23 de marzo en un juicio en calidad de jurado. La dueña del animal mandó una carta de explicaciones comentando que Sal “no es capaz de hablar ni comprender inglés” y adjuntó un informe por parte del veterinario que decía que se trata de “un felino doméstico castrado de pelo corto”.
Sin embargo, la excusa no funcionó. Según las regulaciones judiciales vigentes en Massachusetts, para un miembro del jurado no es obligatorio dominar el idioma con soltura.
Guy Esposito comentó al periódico Daily Mail que a Sal “le gusta sentarse sobre mis rodillas y ver conmigo programas criminales, pero incluso con eso, si me preguntaran a mí, él es aún algo subcualificado para cumplir con los deberes de un jurado”.
Según concluyen los amos del gato, la confusión surgió después de que su mascota hubiera participado en el censo nacional. Anna inscribió a Sal en la línea de animales domésticos pero, al parecer, mientras se procesaban los formularios tuvo lugar un error y el gato resultó identificado como un ser humano.
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Etiquetas: Internacional, Lex dura Lex
Barcelona: Un juez condona las deudas de un matrimonio de jubilados insolvente
El titular del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona ha condonado las deudas de un matrimonio de jubilados insolvente que se declaró en concurso fortuito en diciembre de 2007 y que, tras vender su vivienda, no consiguió cubrir todas sus deudas. En el auto, el juez ordena la conclusión del procedimiento concursal y explica que, después de vender su vivienda, el matrimonio consiguió satisfacer la totalidad del crédito con privilegio especial, todo el crédito contra la masa y el 45,9% del crédito ordinario.
La pareja, Gabriel M.S. y María del Carmen M.G. --ambos pensionistas con unos ingresos mensuales de 908,87 euros-- vieron durante tres años intervenido todo su patrimonio y la única vía única que han tenido para saldar la deuda ha sido su vivienda.
El juez considera que Gabriel M.S. y María del Carmen M.G. son deudores de buena fe, accidentales, que se han visto abocados a una situación no deseada de insolvencia definitiva y cree que "no pueden ser penalizados ni con la conversión del concurso en un purgatorio ni en un continuo retornar", por lo que ha tomado la decisión de dar las deudas por saldadas.
Asegura que la decisión obedece al objetivo de "dar una salida razonable a las situaciones de sobreendeudamiento de particulares de buena fe habilitando mecanismos que permitan conceder a estos deudores una segunda oportunidad que no les aboque a una situación de exclusión social".
Como ningún acreedor se opuso a esta decisión la sentencia es firme, sin perjuicio de que el concurso pueda reabrirse en caso de que aparezcan nuevos bienes o los deudores "vinieran a mejor fortuna".
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Málaga: STAJ pide a la Junta mantener el criterio sobre el parking subterráneo
La Junta, por ahora, no ha dicho esta boca es mía en relación al parking y ni siquiera ha verbalizado su intención de reservar un cupo para los jueces que, de momento, se queda sólo en eso, en una intención. El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ya ha pedido al consejero Luis Pizarro que «mantenga la decisión adoptada por su antecesora en el cargo, siendo ocupadas las plazas por estricto orden de llegada».
Los funcionarios están muy enfadados con el runrún que escuchan por todas partes y algunos mostraron su malestar por una polémica que amenaza con reactivarse en pocos días. La Junta, por ahora, se muestra cauta.
¿Crisis? El Gobierno reparte más de 20 millones entre los partidos políticos
El Gobierno español ha repartido más de 20 millones de euros entre los principales partidos políticos, a pesar de estar en un momento de crisis. Estas subvenciones, que se publican en el BOE, responden a la "Resolución de 14 de enero de 2011, de la Dirección General de Política Interior, por la que se publican las subvenciones estatales anuales, para atender los gastos de Funcionamiento ordinario, abonadas a las diferentes formaciones Políticas con representaciones en el Congreso de los Diputados, durante el citado cuarto trimestre de Ejercicio 2010".
El PP es el que más dinero recibe, un total de 8.498.619,90 de euros, seguido del PSOE, con 8.044.732,32 millones. El PSC, en este caso, ha recibido una subvención distinta a la del PSOE, que asciende a 1.409.508,23 euros.
Por su parte, CDC ha obtenido 465.374,76 euros y UDC 155.124,92 euros. El PNV ha recibido 283.783,07, ERC 235.341,40, el BNG 155.148,54, Coalición Canaria-PNC 134.371,64 euros, Union del Pueblo Navarro-Partido Popular 111.591,27, Izquierda Unida 450.357,46, UPyD 187.068,17, ICV 119.806,73 y Nafarroa Bai 53.531,59.
Murcia: Campos pide que todos los juzgados de paz se incluyan en el plan de modernización
El consejero de Justicia, Manuel Campos, ha anunciado ayer en La Unión que se ha dirigido al ministerio de Justicia para pedir que "todos los juzgados de Paz de la Región" sean incluidos en el convenio de modernización suscrito entre ambas administraciones.
Campos ha explicado a los medios de comunicación, durante su visita a las instalaciones de este juzgado y a las de la policía local en ese municipio, que veintinueve de los 34 juzgados de paz de la Región de Murcia serán informatizados con el objetivo de prepararlos para la nueva ley de Registro Civil.
La consejería se ha dirigido al ministerio para pedirle que en ese plan de modernización se incluyan también los cinco que faltan.
En total la administración central invertirá este año un millón de euros en el programa de digitalización de los juzgados de paz de la Comunidad cuando en los últimos años el presupuesto en este apartado no alcanzaba los cien mil euros.
El acuerdo con el ministerio de Justicia también incluye la formación del personal adscrito a esos juzgados.
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Benidorm: Ocho años destapando chapuzas en el Palacio de Justicia
Bucear en las hemerotecas resulta a veces desconsolador. Sobre todo cuando uno se topa con desastres anunciados hace una década cuyos daños se prolongan indefinidamente. Este es el caso del Palacio de Justicia de Benidorm.
Una sede que se anunció grandiosa, con capacidad incluso para crecer hasta dar cobertura al partido judicial de Benidorm durante 40 años (palabras casi literales del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas,) y cuyos destellos de grandeza empezaron a apagarse apenas seis meses después de tan grandilocuentes palabras.
Fue a partir del 9 de septiembre de 2003, tras la inauguración del 26 de marzo. Una avería dejó sin luz el Palacio de Justicia y obligó a celebrar los juicios en los pasillos. Aquel fallo en el transformador eléctrico destapó además las quejas que desde hacía meses llevaban comunicando por escrito los funcionarios a las altas instancias.
Las deficiencias y precariedades relatadas entonces iban desde la inoperatividad de los teléfonos, la estrechez de las mesas de las salas de vistas, la falta de seguridad para los jueces en el cuarto de toma de declaración de los detenidos, la escasez de fotocopiadoras, flexos de luz y demás mobiliario y la antiguedad de los ordenadores.
Lejos de solucionar los problemas con el tiempo, éstos se fueron intercalándose con otras carencias. De poco sirvieron las denuncias de políticos locales, funcionarios y sindicatos. La infraestructura de la justicia en Benidorm resultaba casi una inocentada del Consell. Incluso el día de los Santos Inocentes de 2007, se puso en marcha el nuevo juzgado de Violencia de Género en el "palacio" con nuevas protestas de sus trabajadores por las pésimas condiciones en que se encontraban. Entre las faltas de aquel juzgado citaban la ausencia de calefacción y cristales y la presencia de goteras por toda la planta. Dos años después éstas provocarían su cierre por sufrir una inundación de consideración.
Ocho meses después, en agosto de 2008, de nuevo los funcionarios denunciaron otro incidente: el desprendimiento de más de media docena de ornamentos de aluminio de la fachada del edificio institucional, advirtiendo de los daños personales que podían producirse. Llevaban más de una semana con los listones en el suelo y la única medida tomada al respecto fue precintar la zona.
Precintar para esperar a que algo caiga dentro se ha convertido, además, en una costumbre. Al menos así pudiera parecerlo viendo el vallado que durante semanas estuvo plantado en la planta baja del Palacio de Justicia como medida de seguridad, ante la posibilidad de que pudiera venirse abajo una cámara de seguridad.
En ese estado se produjo el último incidente: Un incendio en un cuadro eléctrico de la primera planta que cerró el edificio después de que el humo se extendiera por sus cinco pisos. Gracias al humo salieron las personas que se encontraban en su interior, puesto que la alarma no sonó.
La Justicia vasca impulsa la tramitación digital de expedientes y el intercambio de documentación electrónica
El Gobierno vasco ha suscrito ayer miércoles dos convenios de colaboración que permitirán implantar una aplicación informática para la gestión gubernativa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), con la posibilidad de tramitar digitalmente los expedientes, así como intercambiar documentación electrónica con los registros de la propiedad y mercantiles.
Los dos acuerdos, de duración indefinida en ambos casos, han sido rubricados en Bilbao por la consejera de Justicia y Administración Pública, Idoia Mendia, con el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, en el primer caso, y con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando De Rosa, el decano territorial de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles del País Vasco, Germán Barbier, y la presidenta del Consejo Vasco de Procuradores, Blanca Bajo.
La consejera de Justicia ha resaltado que la firma de ambos convenios pone en evidencia "la buena relación institucional" existente, dejando "atrás los momentos de enfrentamiento esteril de épocas pasadas que no conducían a ninguna parte, salvo al deterioro de las relaciones entre estamentos y poderes". "Hoy rubricamos entendimiento, porque no podemos permitirnos caer en el error de trabajar de espaldas unos a otros", ha añadido.
El convenio de colaboración entre Gobierno vasco y el TSJPV está dirigido a la implantación e integración de la aplicación informática 'Sistema de gestión gubernativa' en el tribunal vasco. Esta herramienta, desarrollada por el CGPJ, permite se dé cuenta a las salas de Gobierno, con elaboración de los órdenes del día, redacción de las actas y certificaciones de los acuerdos adoptados para su ejecución, y la tramitación de los expedientes gubernativos.
La aplicación contempla la posibilidad de tramitar digitalmente los expedientes "sin necesidad de papel", ya que incluye la incorporación de documentos electrónicos desde el registro de entrada y las notificaciones telemáticas con utilización de la firma electrónica. En este sentido, el convenio recoge que "puede entenderse como el embrión del expediente digital" en la Administración de Justicia, ha explicado Mendia.
La consejera ha reiterado su apuesta por la incorporación de las nuevas tecnologías a esta administración y ha asegurado que la apuesta por "la desaparición del papel de forma paulatina no tiene vuelta atrás", aunque ha indicado que no puede precisar "cuánto tiempo tardaremos en extender a toda la Administración de Justicia la experiencia piloto de expediente electrónico" desarrollada en San Sebastián.
Por su parte, el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, ha señalado que se trata de conseguir que la gestión de gobierno que desarrolla este tribunal "se integre y pueda interactuar en una red común para toda la administración de justicia española". El desarrollo de estas funciones gubernativas, ha añadido, exige medios que "deben prestarse de conformidad con el canon de calidad y eficiencia".
Por otro lado, el convenio entre Gobierno vasco, el CGPJ, el Decanato de Registradores y el Consejo de Colegios de Procuradores regula la presentación de documentos judiciales electrónicos por vía telemática en los registros.
El objetivo del acuerdo es el intercambio de documentación basado en un sistema que utilice certificados de firma electrónica reconocidos, con lo que se busca una agilización de los procedimientos judiciales, "mayor seguridad" en las tramitaciones, a través de las técnicas de cifrado, y mayor protección de los intereses de los ciudadanos ante la Justicia, según ha explicado Idoia Mendia.
El vicepresidente del CGPJ, Fernando De Rosa, ha defendido la necesidad de "la interoperabilidad" para la modernización de la justicia, de modo que "los juzgados tengan una relación directa e inmediata con los operadores jurídicos".
En esta línea, ha asegurado que "el futuro de la administración de justicia pasa por una justicia ágil y eficaz", en el que "las modernas tecnologías tengan su ámbito de actuación". "Queremos liderar el acuerdo entre los grupos parlamentarios, entre las comunidades autónomas, ese acuerdo nacional, en el que se hable de justicia con palabras mayores, que sea un objetivo realmente para todos aquellos que queremos un servicio de calidad", ha señalado el vicepresidente del CGPJ.
A su entender, en momentos de crisis económica como la actual, es especialmente precisa la colaboración de una justicia "rápida, ágil y eficaz" que dé "seguridad jurídica a inversores, a ciudadanos y a todos aquellos que miran a España como referente".
Por su parte, el decano territorial de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles del País Vasco, Germán Barbier, ha subrayado que Euskadi es la primera comunidad en España que "ha logrado este convenio, que circulen los documentos jurídicos entre los juzgados y los registros de la propiedad y mercantiles". La presidenta del Colegio Vasco de Procuradores, Blanca Bajo, ha destacado que "la justicia del siglo XXI requiere un imparable proceso de adaptación tecnológica".
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 resolución 
 resolución 
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 artículo 117
 artículo 417