Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321194.html
Timestamp: 2019-03-26 02:16:37+00:00

Document:
as201321194
Auto Supremo: 194/2013
Expediente: SC-5-13-S
Partes: Mario Alfredo Pelaez Descarpontriez, Ana Maria Peláez Descarpontriez,
Mercedes Ingrid Pelaez Descarpontriez. c/ Evar Suárez Amelunge.
Proceso: Nulidad de contrato de venta por simulación
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma cursante de fs. 841 a 846 y vlta., de obrados interpuesto por Mario Alfredo Pelaez Descarpontriez, y otras contra el Auto de Vista Nº 129/2012 de fecha 31 de agosto 2012, cursante de fs. 829 a 830 pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso de nulidad de contrato de venta por simulación incoada por los recurrentes en contra de Evar Suárez Amelunge, los antecedentes procesales; y :
Que, mediante Sentencia de 14 de abril 2010 cursante de fs. 426 a 427 y vlta., el Juez Treceavo de Partido en lo Civil y Comercial de la capital Santa Cruz declaró improbada en todas sus partes la demanda principal saliente de fs. 44 a 46.
Deducida la apelación por Mario Alfredo, Ana María y Mercedes Ináridos todos de apellido Pelaez Descarpontriez, fue remitida ante el Tribunal de Segunda Instancia, que mediante Auto de Vista Nº 129/2012 de fecha 31 de agosto del mismo año confirmó la Sentencia de 14 de abril 2010.
Por lo que los demandantes en conocimiento de la determinación adoptada por el Tribunal Ad quem interpusieron recurso de casación en el fondo y en la forma que se pasa a considerar y resolver.
1.- Conforme dispone el art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, es causal de nulidad la falta de pronunciamiento de los puntos apelados y conforme consta en el Auto de Vista de 31 de agosto 2011 el Ad quem no se pronunció sobre todos los puntos apelados y fundamentados en el recurso de apelación interpuesto, especialmente en cuanto a la falta de compulsa de la prueba consignada en el apartado 2, por lo que se solicitó complementación y aclaración sin embargo mediante Auto de 5 de octubre 2012 fue negado.
2.- Por otra parte acusan que el Tribunal de Alzada estuvo conformado por los Vocales Maria Teresa Lourdes Ardaya Pérez, Editha Pedraza Becerra y Alain Núñez Rojas, quienes se encontraban legalmente impedidos, ya que conforme consta en el escrito de fs. 832 a 833, se promovió recusación en contra de los citados Vocales por haber los mismos incurrido en la causal de excusa y recusación prevista en el art. 27 num. 8) de la Ley Nº 025; toda vez que conforme consta de fs. 804 de obrados cursa nota de sorteo de la causa para Resolución de fecha 16 de julio 2012, designándose como relator al Dr. Alain Núñez Rojas y de fs. 805 cursa nota en la que se hace constar que son disidentes del proyecto del Dr. Alain Núñez Rojas las Vocales Dra. Maria Teresa Lourdes Ardaya y Dra. Editha Pedraza Becerra; sin embargo a pesar del memorial presentado en el que se recusa a dichas Autoridades, presentando el 29 de agosto 2012, resolvieron el mismo después de dictar el Auto de Vista recurrido sin advertir que se encontraba pendiente de resolver una recusación; por lo que al encontrarse prevista la causal de nulidad en el art. 254 num. 2) del adjetivo Civil, éstas Vocales se encontraban impedidas de resolver en segunda instancia.
3.- De otra parte señalan que también se incurrió en la causal de nulidad prevista en el art. 254 num. 6) del Código de Procedimiento Civil, toda vez que los Vocales perdieron competencia para conocer y decidir la causa, conforme consta a fs. 804 de obrados, existe nota de sorteo de la causa de 16 de julio 2012, designando como relator al Dr. Alain Núñez Rojas y a fs. 805 se encuentra nota de Secretaria de fecha 14 de agosto 2012 en la que se hace constar la disidencia e las Vocales Dra. Maria Teresa Lourdes Ardaya Pérez y Dra. Editha Pedraza Becerra con el proyecto del nombrado Vocal relator, presentado sin tomar en cuenta lo previsto en el art. 209 del Código de Procedimiento Civil, ya que presentado el proyecto debían ponerse de acuerdo para emitir el Auto de Vista conforme dispone el art. 53 de la Ley Nº 025; sin embargo como no lo hicieron dejaron vencer el plazo fijado en el parágrafo III del art. 204 del Adjetivo Civil, por lo que perdieron competencia conforme lo previsto en el art. 208 de dicho código.
1.- Acusa la violación de los arts. 24, 235 num. 1), 410 par.II de la Constitución Política del Estado y arts. 90 y 236 del Código de Procedimiento Civil; toda vez que el Ad quem no se pronunció sobre todos los puntos apelados, especialmente al referido en el apartado 2 del recurso de apelación en el que hace referencia a la falta de compulsa de la prueba, por lo que constituye causal de casación conforme dispone el art. 253 num. 1) del Código de Procedimiento Civil.
Refiere también la violación del art. 14 parágrafo I de la Constitución Política del Estado y arts. 1, 2 y 3 del Código Civil, al declarar que la única prueba admisible en cuanto a la simulación demandada es la documental (el contradocumento) por cuanto quien contrata lo hace para sí y sus herederos, pese a reconocer previamente que el contrato demandado de nulidad fue celebrado por su madre Doña. Carmen Descarpontriez Toledo y no por ello al señalar el Auto de Vista que se celebró el contrato el 25 de septiembre 2000 por ser sus herederos nos convertimos en parte del mismo, lo que importa desconocer dolosamente que ellos tienen personalidad y capacidad jurídica propia.
2.- Asimismo refiere que existió errónea interpretación del art. 524 del Código Civil que señala: “Se presume que quien contrata lo hace para sí y para sus herederos y causahabientes, a menos que lo contrario sea expresado o resulte de la naturaleza del contrato”; disposición legal que en ninguna de sus partes señala que se contrata por sus herederos como falsamente se afirma en el Auto recurrido, sino que de manera clara se establece que se presume que se contrata para sus herederos; existiendo confusión en la palabra “para” que denota el fin o término a que se encamina la acción con la palabra “por” que indica el agente en las oraciones en pasiva.
3.- Acusa también de errores de hecho en la apreciación de las pruebas respecto al documento de fecha 25 de septiembre 2000 del que se solicita su nulidad por simulación fue celebrado por su madre Carmen Descarpontriez Toledo y por el demandado Evar Amelunge Suárez, no interviniendo los hijos a excepción de Mario Alfredo Pelaez Descarpontriez pero en calidad de representante conforme el poder otorgado por su madre. Asimismo existiría error de derecho en la apreciación de la prueba, del documento de fs. 9 a 10 toda vez que consideró que el contrato referido conforme a la norma del art. 519 del Código Civil sólo tiene fuerza de ley entre las partes contratantes, es decir en este caso entre Carmen Descarpontriez Toledo y Evar Amelunge Suárez, documento que no fue correctamente valorado juntamente con la medida preparatoria de demanda de fs. 1 a 14 en el que se dio por confeso al demandado en sentido de que la transferencia del inmueble fue simulada y sólo para garantizar un préstamo de dinero, que fue cancelado por la Sra. Susana Parada de Cronembold conforme consta a fs. 11 y 12 del expediente.
De otro lado señalan que el Ad quem no consideró las literales de fs. 201 a 202 referentes a la falsa denuncia por allanamiento de domicilio en la cual el Fiscal encargado de las investigaciones desvirtuó dicha denuncia. Tampoco la documental de fs. 37 a 39 referente a la transferencia de un bien inmueble realizada por Mercedes Ingrid Pelaez Descarpontriez a favor de Evar Amelunge Suárez cuya venta quedó saldo por pagar de $us.8.100.- a ser compensados con el préstamo de dinero ni las literales de fs. 24 a 26 y fs. 338 vlta., de la que se advierte que entre el préstamo de dinero y la venta de la casa se deduce que sólo fue un préstamo que encubrió una simulada transferencia de inmueble, aspecto que se corrobora con fs. 83 y 84 referida al registro de Derechos Reales en la que se certifica una anotación preventiva del inmueble gestionada por el propio co demandante Mario Alfredo Peláez.
4.- Señalan indebida aplicación del art. 545 en su parágrafo II del Código Civil, porque al declarar el Tribunal de apelación que la única prueba admisible para las partes y sus herederos sería el contradocumento previsto en el art. 1292 del Código Civil, aplica indebidamente dicha normativa, ya que conforme se demostró en mérito a su personalidad y capacidad jurídica propia establecida y reconocida por el art. 14 parágrafo I de la Constitución Política del Estado y arts. 1, 2 y 3 del Código Civil, por el hecho de ser herederos de su nombrada progenitora no pueden ser considerados como contratantes intervinientes en el contrato de 25 de septiembre 2000, siendo ellos terceros con relación al mismo. Por lo que el Tribunal de Alzada incurrió en la causal prevista en el art. 253 num. 1) del Código de Procedimiento Civil.
Por lo anteriormente mencionado solicitan al Tribunal Supremo se dicte Resolución anulatoria respecto a los fundamentos expuesto en el recurso de casación en la forma, debiendo anular hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el estado en que se dicte nuevo Auto de Vista por un Tribunal de Apelación legalmente conformado; o en su caso impetran se dicte Resolución casando el Auto de Vista recurrido conforme los argumentos de casación en el fondo y declare probada la demanda de fs. 44 a 46 y se declare la nulidad del documento de 25 de septiembre 2000 por simulación así como los demás contratos detallados en la misma y se declare el cumplimiento del contrato verdadero mediante pago y la consiguiente extinción de la obligación, ordenando por tanto al Registro de Derechos Reales proceda a la cancelación de inscripción de transferencia simulada.
Habiéndose planteado el recurso de casación tanto en la forma como en el fondo, este Tribunal primeramente resolverá lo acusado en la forma, toda vez que de ser evidente lo acusado derivaría el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia en nulidad de obrados, no resultando ya necesario entrar a resolver el recurso de casación en el fondo.
1.- De la revisión de antecedentes se advierte que los recurrentes en el numeral uno del recurso de apelación señalan que en la Sentencia existe una falsa asignación de sus personas en calidad de contratantes en el contrato demandado de nulidad por simulación, sin tomar en cuenta que el mismo fue celebrado por su señora madre Carmen Descarpontriez Toledo. Por otra parte en el numeral 2 de dicho recurso señalan como agravio la ilegal falta de compulsa de la prueba presentada y que en Sentencia el A quo afirma que los demandantes no aportaron prueba pertinente que demuestre la existencia del contrato de préstamo que tuvieran con el demandado, no habiéndose tomado en cuenta la confesión de fs. 394 y la prueba documental aparejada, señalando además otras que presentaron en su momento y que demuestran que el documento del que pretenden su nulidad fue simulado al existir de por medio una garantía por un préstamo de dinero. Y conforme se tiene del Auto de Vista recurrido, se evidencia que éste no dio respuesta en su totalidad a los agravios manifestados por los recurrentes, quedando pendiente de pronunciamiento aquellos agravios manifestados.
2.- Respecto a que el Tribunal de Alzada estuvo conformado por Vocales que se encontraban legalmente impedidos de conocer el proceso al haberse promovido en su contra recurso de recusación por la causal contenida en el art. 27 num. 8) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025; es decir por haber manifestado su opinión sobre la pretensión litigada y que conste en actuado judicial; revisados los antecedentes se tiene que una vez sorteado el expediente en fecha 27 de agosto 2012 el expediente paso a despacho para Resolución y el memorial de recusación presentado por los recurrentes en fecha 29 de agosto 2012 contiene nota de la auxiliar respecto a que el expediente se encontraba en despacho para Resolución, por lo que las Vocales contra quienes se presentó la recusación no tuvieron conocimiento de dicho memorial hasta que el 31 de agosto 2012 emitieron el Auto de Vista Nº 129/2012, razón por la cual mediante Auto de la misma fecha el impetrante esté al Auto de Vista emitido, no evidenciándose motivo que amerite la nulidad por la causal contenida en el art. 254 num. 2) del Adjetivo Civil.
3.- En lo que corresponde a que el Tribunal Ad quem habría perdido competencia, señalar que revisados los antecedentes y una vez que los Vocales de la Sala Civil Primera se allanaron a la recusación planteada, conforme consta de fs. 804 se procede al sorteo informático de la causa el día 16 de julio 2012, señalándose al Dr. Alaín Núñez Rojas como Vocal Relator de la misma, es así que en la misma fecha dicha Autoridad jurisdiccional decretó “Autos”; de lo que se infiere que los Vocales de la Sala Civil Segunda tenían hasta el 15 de agosto 2012 para emitir la Resolución conforme prevé el art. 204 parágrafo III del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo de ello, según se tiene de fs. 805, el Secretario de Cámara de la Sala Civil Segunda mediante nota de 14 de agosto 2012, señala que las Vocales Teresa Lourdes Ardaya y Editha Pedraza Becerra serían disidentes con el proyecto presentado por el Vocal Alain Núñez Rojas, por lo que dispone que “… el presente proceso ingrese nuevamente a sorteo”, efectuándose el mismo el 27 de agosto 2012 como consta de fs. 828 de obrados. Al respecto habrá que dejar claramente establecido que el art. 204 en su parágrafo III del Código de Procedimiento Civil, es claro al señalar que los Autos de Vista se pronunciarán dentro del plazo de treinta días, computables desde la fecha en que se sorteare el expediente; entendiéndose que dicho plazo corre para todo el Tribunal de la Sala Civil y no únicamente para quien fue designado como Vocal relator; al respecto el A.S. Nº 52/2011 deja establecido que: “…el sorteo es el acto procesal de autoridad que tiene por virtud abrir la competencia del relator y marca el inicio del plazo para emitir al Auto de Vista; en consecuencia no es admisible que exista doble sorteo, como el caso sub lite; en otras palabras si la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, estaba conformada por tres vocales y en virtud al sorteó de 25 de marzo de 2006, le correspondía al Vocal Ramiro Claros Rojas, ser el relator de la causa y en merito a ello presentó su proyecto, con el cual los otros vocales que conformaban Sala fueron disidentes, no es correcto y no correspondía que entre estos dos -disidentes- se hubiera procedido a un nuevo sorteo en fecha 21 de abril de 2006 y que a partir de éste corra un nuevo plazo para emitir la Resolución de Alzada; pues, en todo caso, el segundo vocal debió presentar su disidencia debidamente fundamentada y el tercer vocal que compartía el criterio de éste, simplemente adherirse a la disidencia y conforme prevé el artículo 100 de la Ley de Organización Judicial, existiendo dos votos conforme sacar el fallo que corresponda”. De lo que se infiere que una vez que el primer relator presenta su proyecto pasa el mismo a los otros miembros del Tribunal que conforman la Sala Civil, en el que por orden y una vez revisado el mismo por uno de ellos, si no condice con el proyecto de Resolución propuesto, de manera inmediata se constituye en disidente y en segundo relator, debiendo fundamentar los motivos de su posición y señalar cuáles los motivos de su disidencia respecto del primer proyecto, debiendo este segundo proyecto remitirse junto al primero al tercer Vocal miembro de la Sala, quien conociendo ambas posiciones asumirá la suya propia y si apoya la posición de quien fue disidente (2º relator) harán Resolución.
En el caso de Autos, en situación similar a lo expresado en el Auto Supremo que se cita, al existir doble disidencia de dos de las Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Santa Cruz respecto al proyecto presentado por el Dr. Alain Núñez Rojas, debieron emitir Resolución con la disidencia del primer relator y no someter el proceso a un segundo sorteo, conforme dispuso el Secretario de Cámara, toda vez que no existe norma que determine o habilite la posibilidad de realizar un segundo sorteo entre quienes no están de acuerdo con el proyecto del Vocal relator; de presentarse esta situación lo único que se pretende es aperturar un nuevo plazo para quien se designa previo segundo sorteo como Vocal relator, aspecto que se encuentra al margen de lo normado, toda vez que aparte de una evidente pérdida de competencia, se incurre en retardación de justicia, como en el caso presente.
De lo anterior se concluye que si bien es evidente que el Tribunal Ad quem a tiempo de emitir el Auto de Vista no resolvió de manera completa todos los agravios señalados en el recurso de apelación, no es menos cierto que conforme se tiene demostrado el Auto de Vista recurrido ha sido dictado fuera del término y con pérdida de competencia del Tribunal de Segunda Instancia, que al no observar el plazo previsto en el art. 204 parágrafo III del Código de Procedimiento Civil ha viciado de nulidad lo obrado, correspondiendo a este Tribunal anule obrados hasta fs. 828 referida al segundo sorteo de 28 de agosto 2012, y habiendo operado la pérdida de competencia debe remitirse el expediente a la Sala especializada siguiente en número.
Habiéndose determinado la nulidad de obrados, en lo que corresponde al recurso de casación en el fondo no corresponde su consideración.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fs. 828 inclusive en la que se realiza el segundo sorteo de 28 de agosto 2012, y habiendo operado la pérdida de competencia se dispone la remisión del expediente a la Sala especializada siguiente en número.
No siendo excusable el error, que motiva perjuicio a las partes en litigio y genera retardación de justicia, se impone multa de un día de haber tanto a las Vocales suscriptoras del Auto de Vista Nº 129/2012 recurrido, como al Secretario de Cámara, a tal efecto notifíquese con la presente Resolución a la Dirección General Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.
En atención a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial hágase conocer la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

References: Resolución 
 Resolución 
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 artículo 100
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