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Timestamp: 2017-08-24 02:55:04+00:00

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Publicado por Juan Sánchez-Calero en lunes, noviembre 30, 2009
El Derecho de Transporte registra importantes novedades. La primera y más destacada es la promulgación de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte de mercancías, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado del día siguiente.
Sobre la necesidad de una nueva normativa no cabía discusión si se recuerda que con anterioridad se mantenía la aplicación de una legislación desfasada: los artículos 349 a 379 del Código de Comercio (CCo.), que han sido derogados al igual que los arts. 951 y 952 CCo. La Ley se consagra de manera cuasi exclusiva a la modalidad de transporte que aparece en su rúbrica, si bien sus arts. 71 y ss., regulan el contrato de mudanza. Las disposiciones adicionales contienen referencias a otras modalidades de transporte (fluvial, de viajeros, postal, con bicicleta, etc.).
Ayer se presentó la versión final del Informe, cuyo texto aún no se encuentra disponible, pero que, a la vista de las principales propuestas que se han anunciado, augura una época de severidad normativa y supervisora en materia de retribución de consejeros y ejecutivos en esas entidades. Basta con leer los diarios económicos para advertir que se propone un cambio sustancial en aspectos relevantes del funcionamiento de los consejos de administración: el titular de la información de The Wall Street Journal era expresivo: “U.K. Challenges Bank Boards”.
Se trata de un “desafío” al que poco cabe objetar con respecto a la exigencia de una mayor dedicación y diligencia por parte de los consejeros. Se reclama de éstos que abandonen la consideración de su puesto como una retribución “social” y que asuman que tienen que ser efectivos supervisores de las políticas del banco más trascendentes, entre ellas, las que se adopten en materia de riesgos y de retribución. Con relación a esto último, la medida más destacada será la obligatoria difusión de las retribuciones individuales a partir de un determinado importe mínimo (se menciona el millón de libras) y con respecto a los consejeros y ejecutivos.
Publicado por Juan Sánchez-Calero en viernes, noviembre 27, 2009
Es un documento útil para poder apreciar las distintas medidas adoptadas con una perspectiva de corto plazo por los Estados miembros de la Unión Europea a partir de octubre del año 2008. Cuenta con una presentación de Antonio Sainz de Vicuña, Director General de los Servicios Jurídicos del Banco Central Europeo, quien señala:
“The current financial crisis is unprecedented and has dramatically shown the weaknesses of global interconnected financial markets, especially concerning the underestimation and underpricing of risk. These weaknesses have been and remain to be addressed by European legislators, both in the short term and in the long term.
With regard to the challenges identified above, reform of worldwide financial sector legislation has only yet started. This paper is intended to serve as a useful tool for prospective legislative activities in this field".
Quienes estudien la crisis financiera encontrarán en ese documento una evidencia sobre su alcance y sobre las distintas reacciones.
Combinar –o confundir- obligaciones morales y legales genera siempre incertidumbre. En una rápida lectura de los preceptos que enuncian las distintas clases de infracciones en que puede incurrir un auditor, no he advertido que el incumplimiento de esas “normas de ética” abra la puerta a una sanción administrativa. Sin perjuicio de ello, ha de destacarse que el art. 5.3 LAC proyectado, aclara que esas “normas de ética” tienen un contenido mínimo: “los principios de su función de interés público, competencia profesional, diligencia de vida, integridad y objetivad, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 8 y 8 sexies de esta Ley”. Esta remisión apunta a la independencia y también a la retribución del auditor.
La segunda mención apunta a un tema “clásico” en la regulación de los auditores, como es el de su independencia. El Federal Reporting Council, a través del The Auditing Practices Board impulsó el pasado mes de octubre una interesante consulta sobre este tema.
La independencia se perfila como un deber del auditor y como un estado o condición siempre difícil de determinar y cuya apreciación se complica cuando se admite que la independencia tiene grados. Adviértase que se habla en ocasiones en el Proyecto de Ley de una “suficiente independencia”. La consideración de si el auditor es o no independiente, se hace depender de una serie de circunstancias que enuncia el art. 8.3 proyectado. Se aborda de manera particular y con una sistemática que me parece mejor que la del texto actualmente en vigor, con respecto a la prestación por el auditor y a favor de la empresa auditada de determinados servicios de naturaleza distinta de la auditoría.
Publicado por Juan Sánchez-Calero en jueves, noviembre 26, 2009
Sin perjuicio de lo anterior, son los Títulos III y IV de la Ley los que tienen una mayor importancia al constituir lo que podríamos definir el marco jurídico privado principal de los nuevos servicios de pago. El primero de esos Títulos se dedica a la transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicable a los servicios, su resolución de la modificación del contrato marco. El segundo Título se ocupa de determinar los derechos y obligaciones en relación con los servicios de pago. Muchos aspectos de estos servicios de pago son ya conocidos en el ámbito de la contratación bancaria y han dado ocasión a una amplia experiencia, recogida en especial a través del Servicio de Reclamaciones del Banco de España (y de sus Memorias anuales respectivas).
Remito al lector interesado en esta materia a los distintos trabajos que sobre la unificación europea en materia de servicios de pago recogió Noticias de la Unión Europea en su número 296, septiembre 2009, pp. 5-135.
Publicado por Juan Sánchez-Calero en martes, noviembre 24, 2009
Publicado por Juan Sánchez-Calero en lunes, noviembre 23, 2009
Se ha publicado recientemente el Reglamento 1060/2009, de 16 de septiembre sobre las agencias de calificación crediticia o agencias de rating. Estas agencias con anterioridad al estallido de la crisis financiera, ocupaban ya un lugar destacado en la agenda de los organismos supervisores. Una vez que la crisis se hizo realidad y alcanzó a tantos mercados, la reacción normativa se veía venir. Basta con remitir a los trabajos impulsados desde el CESR (The Committee of European Securities Regulators), que desde una propuesta inicial de autorregulación, han derivado en el presente Reglamento.
La Unión Europea ha optado por la solución con una mayor imperatividad a la hora de, como dice el artículo 1 del Reglamento, introducir “un planteamiento regulador común para mejorar la integridad, la transparencia, la responsabilidad, la buena gobernanza y la fiabilidad de las actividades de calificación”. El Reglamento parte de una premisa: esas agencias no han cumplido adecuadamente su función. Basta con leer los Considerandos 9 y 10:
“(9) El Consejo Europeo de los días 13 y 14 de marzo de 2008 adoptó una serie de conclusiones en respuesta a las principales deficiencias observadas en el sistema financiero. Uno de los objetivos era mejorar el funcionamiento del mercado y las estructuras de incentivos, entre otras cosas la función de las agencias de calificación crediticia.
(10) Se considera que las agencias de calificación crediticia, en primer lugar, no han reflejado con la suficiente prontitud en sus calificaciones el deterioro de las condiciones del mercado y, en segundo lugar, no han ajustado a tiempo sus calificaciones crediticias a la vista de la agravación de la crisis del mercado. La mejor forma de corregir esos fallos es adoptar medidas en relación con los conflictos de intereses, la calidad de las calificaciones crediticias, la transparencia y gestión interna de las agencias de calificación, y la supervisión de sus actividades. Los usuarios de las calificaciones no deben confiar ciegamente en ellas, sino que deben procurar encarecidamente realizar su propio análisis y actuar en todo momento con la debida diligencia antes de confiar en esas calificaciones”.
A partir de ahí entra en juego todo el sistema de supervisión de esas agencias y actividades que puede desembocar en un nuevo régimen sancionador, de conformidad con lo establecido en los Títulos III y IV del Reglamento que, como es notorio, a partir de su entrada en vigor resulta obligatorio y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Publicado por Juan Sánchez-Calero en viernes, noviembre 20, 2009
Debo comenzar excusándome por la autocita –algo que un blog hace difícil de evitar- pero la lectura de la reciente entrevista con el Ministro de Hacienda (Chancellor of the Exchequer) británico Alastair Darling publicada en The Wall Street Journal el pasado sábado me obliga a retomar algunas ideas que expresé en el artículo titulado “El papel de los accionistas y los administradores en la crisis” [publicado en RDBB 115 (2009), en particular, pp. 120-122].
Ante todo, me permito animar a los lectores de este blog a leer la entrevista. Contiene diversas referencias a los grandes capítulos de la crisis y de su futuro tratamiento regulatorio que, a pesar de estar inspiradas en los problemas específicos del Reino Unido, no cabe duda de que se van a analizar como susceptibles de ser adoptadas en otros ordenamientos. Por otro lado, el político británico lleva a cabo un discurso que me parece acertado –con las matizaciones que se dirán- a la hora de analizar la evolución de la crisis financiera y su impacto sobre los mercados: destaca lo mucho que se ha hecho mal y critica lo que sigue sin corregirse, pero también subraya e identifica a aquellas empresas (y a sus correspondientes accionistas) que han hecho bien las cosas. Esto último favorece la recuperación de la confianza, aleja catastrofismos sistémicos poco justificados e impide que quienes se han acreditado como administradores y gestores negligentes pretendan justificar sus errores invocando la generalización del problema: “Las cosas no sólo han ido mal para nuestro banco o empresa, sino para todos”.
Volviendo a la entrevista, su titular contiene un llamativo reproche: U.K.´s Darling Blasts Banks' Investors. En el desarrollo del artículo se explica el criterio del Ministro Darling, conforme al cual, la crisis que sumió en una absoluta insolvencia a algunas grandes instituciones bancarias y que obligó a una extraordinaria intervención gubernamental mediante la aportación de ingentes ayudas públicas no sólo debe dar paso a considerar que hubo una mala gestión, sino a denunciar que ésta fue posible a partir de la evidente falta de actuación de los accionistas de esos bancos. Su crítica es que quienes eran propietarios de los bancos no ejercitaron la responsabilidad que comporta la propiedad y desistieron de ejercitar el derecho de información (de preguntar, de inquirir, etc.) que tienen atribuido. Los accionistas, denuncia el entrevistado, se comportaron como simples inversores.
Sin negar que el argumento pueda tener algún fundamento, supone la reducción de una situación de especial complejidad, por la divergencia que existe entre el perfil que el accionista significativo bancario merece en la legislación y la realidad hacia la conversión masiva de todos los accionistas de los bancos en inversores. Es sabido que la legislación bancaria atribuye una especial relevancia a la identidad de los accionistas significativos de una entidad de crédito, como demuestra la modificación de la Ley de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito iniciada en 1994 (cuyo Título VI ha sido actualizado por la Ley 5/2009 y que puede consultarse en el apartado que sobre “Normativa” ofrece la web del Banco de España.
Los accionistas significativos de los bancos están sometidos a la supervisión administrativa y pueden ser objeto de una actuación sancionadora. A modo de ejemplo, véase el tenor del art. 62 de la citada Ley que refleja la importancia que se da a la identidad del accionista/propietario de una entidad de crédito:
“Cuando existan razones fundadas y acreditadas respecto de que la influencia ejercida por las personas que posean una participación significativa en una entidad de crédito pueda resultar en detrimento de la gestión sana y prudente de la misma, que dañe gravemente su situación financiera, el Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del Banco de España, podrá adoptar alguna o lgunas de las siguientes medidas:
Además, se podrán imponer las sanciones que procedan según lo previsto en el Título I de esta Ley.”
Mas en los grandes bancos, su condición de sociedades bursátiles conlleva con frecuencia que desaparezcan los accionistas significativos y que su enorme capital se diluya entre una masa de inversores, cuyo perfil se aleja del diseño normativo del accionista vigilante de los administradores y que orienta la actuación de éstos. Los accionistas no se consideran propietarios, sino inversores, atentos a la evolución de la cotización de la acción y a la del dividendo, sin ningún interés por lo demás.
He consultado el registro de participaciones significativas dependiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con relación a los bancos españoles que cotizan en bolsa. Su estructura de capital varía. En algunos de ellos puede identificarse a accionistas/propietarios, si bien en el caso de los dos grandes bancos existe una abrumadora presencia de accionistas inversores. Ningún accionista alcanza el porcentaje del 10% que el art. 56.1 LDIEC determina como participación significativa. En cuanto a sus accionistas significativos conforme a la regulación del mercado de valores, o son inversores institucionales extranjeros o son accionistas que declaran que su inversión es “financiera” y que no van a intervenir en la gestión de la sociedad (caso de la toma por un inversor español de una participación en el BBVA, conforme a su declaración notificada por medio del correspondiente hecho relevante número 82458 de 24 de julio de 2007).
Dos referencias finales a la entrevista reseñada: la primera se refiere a la eventual legislación destinada a limitar bonus y otras modalidades de retribución en entidades financieras. El Gobierno británico anuncia que su iniciativa en este terreno se adaptará a lo que hagan el resto de Estados europeos. Es una solución prudente, que busca evitar desigualdades normativas que terminen perjudicando a las propias entidades. Recuerdo que la iniciativa británica atenderá a la culminación del Informe Walker, al que ya dediqué una anterior entrada con motivo de la publicación de su versión inicial. El citado Informe es una referencia obligada en el análisis del papel de los accionistas en un banco (v. sus págs. 60 y ss) y trata de construir el marco para un mayor compromiso de los accionistas:
“Mr. Darling leveled his criticisms at the industry as a whole rather than just those banks in which the government is now a major shareholder. He said that even those that didn't take money directly from the government have been beneficiaries of the bailout. Hadn't there been government intervention, then they would all have suffered from the fallout, he said. "Yet the mentality in the boardroom seems to be to ignore the fact that everybody else in the country has helped them out."
Sin duda, todos los integrantes de un sistema financiero se ven favorecidos por la defensa de su estabilidad. Pero ello no debe llevar a señalar que también las entidades que han mantenido en todo momento su rentabilidad y su solvencia resultaban responsables de la crisis del sistema. Ese reproche general incluye una simplificación interesada: toda la responsabilidad de la crisis es de los bancos y de quienes los integran. Frente a ello conviene recordar las muchas y autorizadas opiniones que destacan la complejidad de la determinación de las causas de la crisis financiera. Entre ellas suelen citarse, junto a las que sin duda corresponden a las entidades financieras, determinadas iniciativas normativas o la conducta de ciertas autoridades supervisoras como factores que han contribuido a la situación que se vive en determinados mercados. En esa situación, los gestores y los accionistas de entidades que han sabido capear el temporal pueden recordar con orgullo que no han precisado de la ayuda de los contribuyentes y reivindicar de forma abierta que su gestión actividad y resultados han contribuído a mantener la confianza en la estabilidad del sistema.
Publicado por Juan Sánchez-Calero en lunes, noviembre 16, 2009
Una de las peculiaridades de la sociedad limitada está constituida por la posibilidad de exclusión de uno de sus socios (art. 98 y ss. LSRL). La exclusión obliga a la determinación del valor de las participaciones que se compran por la sociedad o que se amortizan previo su reembolso. A este respecto, me parece interesante mencionar la Resolución de 28 de julio de 2009 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), que se publicó en fecha reciente (BOE de 19 de septiembre de 2009). Acordada la exclusión de un socio, se hizo constar en el acuerdo correspondiente que el valor razonable de sus participaciones había sido fijado de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales “que no hacen necesaria la intervención del auditor a tal efecto”.
La correspondiente escritura mereció la calificación negativa de la Registradora basada en que:
“no se acredita acuerdo sobre el valor razonable de las participaciones sociales o sobre la persona que haya de valorarlas y el procedimiento a seguir, acuerdo que ha de ser entre la sociedad y el socio excluido, ni tampoco se acredita la valoración por auditor de cuentas (art. 100 LSRL)”.
El recurso reitera que el procedimiento de valoración estaba fijado en los estatutos sociales:
“Alega el recurrente que el procedimiento para la valoración de las participaciones sociales está determinado en los estatutos, los cuales no requieren la intervención del auditor de cuentas a tal efecto, y justifica la valoración de las participaciones con referencia al texto de los citados estatutos y a los depósitos de cuentas de la sociedad en ejercicios anteriores. Señala asimismo que al operar la sociedad bajo la premisa del beneficio cero, dado que los socios facturan a la sociedad la diferencia entre los ingresos y los gastos imputables a cada uno de ellos –que, en conjunto, son los ingresos y gastos totales de la sociedad– lo que corresponde a cada socio es, en caso de separación o exclusión, simplemente su participación en el capital y las reservas”.
La Resolución comienza recordando que toda exclusión de un socio comporta una situación excepcional y la adopción de una decisión de contenido sancionador y que implica una resolución parcial del contrato de sociedad, circunstancias todas que obligan a una correcta valoración de la participación del socio que resulta apartada. A ese respecto, la cuestión determinante resulta el margen que queda para la configuración estatutaria de ese proceso de valoración, a lo que la Resolución responde que nunca puede traducirse en la vulneración de normas imperativas:
“El hecho de que los estatutos de esta sociedad mercantil dispusieran en su artículo 18.1 coincidente con el contenido del art. 17.1 de los Estatutos tras la modificación acordada en la Junta cuyos acuerdos se elevan a público en la escritura calificada) un sistema de valoración de las participaciones del socio excluido (obligando a computar su participación en el capital y reservas, en los resultados del ejercicio en curso en proporción al tiempo transcurrido hasta la separación o exclusión y al pago de la prestación accesoria que corresponda a los servicios incluidos en las facturas giradas por la Sociedad antes de la separación o exclusión o después, que se cobren con posterioridad) no impide ni excluye la aplicación de lo dispuesto en el imperativo artículo 100.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, precepto que establece taxativamente que «a falta de acuerdo sobre el valor razonable de las participaciones sociales o sobre la persona o personas que hayan de valorarlas y el procedimiento a seguir para su valoración, las participaciones serán valoradas por un auditor de cuentas, distinto al de la sociedad, designado por el Registrador Mercantil del domicilio social a solicitud de la sociedad o de cualquiera de los socios titulares de las participaciones que hayan de ser valoradas». Sólo del modo apuntado puede darse cumplimiento a otro precepto estatutario, el artículo primero, que con toda claridad dispone que la sociedad se rige por los propios estatutos sociales, por la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y por las demás disposiciones que le sean aplicables”.
Publicado por Juan Sánchez-Calero en viernes, noviembre 13, 2009

References: resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 18
 artículo 100