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Timestamp: 2019-08-23 01:17:03+00:00

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STSJ Castilla y León 429/2018, 8 de Mayo de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 735611429
EXTRANJERÍA. EXPULSIÓN. El comportamiento del demandante no es compatible con el respeto al orden público y la paz ciudadana españoles si continuamente desencadena actuaciones de las fuerzas del orden en la investigación de su conducta y lo es con una intensidad difícilmente admisible en una persona, y no pone sino de manifiesto el continuo desprecio a las leyes españolas y al principio de... (ver resumen completo)
SENTENCIA: 00429/2018
N.I.G: 47186 45 3 2017 0000647
Procedimiento: AP RECURSO DE APELACION 0000019 /2018
De D. Erasmo
Representación: D.ª LEIRE RODRIGUEZ HERNANDO
Abogado: D. RICARDO BLAS VENERO
Contra DELEGACION DE GOBIERNO DE CASTILLA Y LEON I
Don FRANCISCO JAVIER PARDO MUÑOZ Don FRANCISCO JAVIER ZATARAÍN Y VALDEMORO
En Valladolid, a ocho de mayo de dos mil dieciocho.
SENTENCIA Núm. 429/18
En el recurso de apelación núm. 19/18 interpuesto contra la Sentencia de 20 de diciembre de 2017 dictada en el procedimiento abreviado 125/17 seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 2 de Valladolid, en el que son partes: como apelante don Erasmo, representado por la Procuradora Sra. Rodríguez Hernando y defendido por el Letrado Sr. Blas Venero; y como apelada la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO (Subdelegación del Gobierno en Valladolid), representada y defendida por la Abogacía del Estado, sobre expulsión de ciudadano de la Unión Europea.
En el procedimiento del que dimana esta apelación se dictó Sentencia de fecha 20 de diciembre de 2017 por la que se desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por don Erasmo, nacional de Rumanía, contra la Resolución de la Subdelegación de Gobierno en Valladolid de fecha 6 de julio de 2017, por la que se ordenó la expulsión del recurrente del territorio nacional español, con prohibición de entrada por un plazo de tres años, Resolución que ratifica por ser conforme a Derecho, y con imposición al recurrente de las costas procesales, que no podrán exceder de 300 euros, incluido el IVA y los demás tributos que resulten aplicables.
Contra la anterior sentencia don Erasmo interpone recurso de apelación solicitando su revocación y que, en su lugar, se dicte otra por la que: 1.- Se acuerde el archivo del expediente sin sanción alguna para el recurrente. 2.- o subsidiariamente, se declare no ajustada a Derecho y por tanto nula la resolución objeto de recurso dictada por la Subdelegación del Gobierno en Valladolid en el expediente sancionador de autos, dejando sin efecto la sanción impuesta. 3.- o subsidiariamente, se deje sin efecto dicha sanción de expulsión y se sustituya por la sanción económica de multa en la mínima cuantía establecida legalmente.
4.- o subsidiariamente, se acuerde dejar sin efecto la sanción de expulsión y que por tanto no proceda a su ejecución, o subsidiariamente, a su vez, la misma se reduzca a un año de expulsión. Con todo lo que proceda, incluida la condena a la Administración demandada de las costas del recurso si se opusiere al mismo.
Admitido el recurso por el Juzgado y conferido el oportuno traslado, la Abogacía del Estado se opuso al mismo solicitando su desestimación, con imposición de costas a la parte recurrente.
Por Diligencia de Ordenación de 16 de marzo de 2017 se acordó la formación y registro del presente rollo de apelación, designándose ponente, y señalándose para votación y fallo el día 3 de mayo de 2017.
En la tramitación del presente recurso se han observado los trámites marcados por la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa (en adelante, LJCA).
La sentencia objeto de apelación desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Erasmo, nacional de Rumanía, contra la Resolución de la Subdelegación de Gobierno en Valladolid de fecha 6 de julio de 2017, por la que se ordenó la expulsión del recurrente del territorio nacional español, con prohibición de entrada por un plazo de tres años, ratificando la resolución impugnada por ser conforme a Derecho, todo ello por entender, en esencia, que al recurrente se le ha impuesto la medida de expulsión del territorio nacional sobre la base de razones de orden público, seguridad y salud pública, lo que exige que se tenga en cuenta su conducta personal, que, en todo caso, deberá constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad, y que será valorada por el órgano competente para resolver en base a los informes de las Autoridades policiales, fiscales o judiciales que obren en el expediente, sin que la existencia de condenas penales anteriores constituya, por sí sola, razón para adoptar dichas medidas, debiendo valorarse, antes de adoptarse una decisión en ese sentido, la duración de la residencia e integración social y cultural del interesado en España, su edad, estado de salud, situación familiar y económica, y la importancia de los vínculos con su país de origen. Normativa de la que se sigue que la consecuencia dañosa de la expulsión de un ciudadano de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo puede adoptarse en razón de su conducta personal que constituya una amenaza real, actual y suficiente que afecte a un interés fundamental de la sociedad, lo que impone analizar la situación concreta del actor; que no es discutido que el recurrente fue condenado el 19 de febrero de 2007 por un delito de hurto, en 2013 por un delito de robo con fuerza en las cosas, en 2012 por un delito de robo, y en 2014 por un delito de violencia en el ámbito familiar, constándole asimismo muchas detenciones, siendo la última en 2017; que las condenas, atendiendo a los delitos cometidos, revela la existencia de un comportamiento personal que supone una amenaza real, y suficientemente grave para afectar al interés fundamental de la sociedad, suponiendo una amenaza actual para el orden público conforme a la interpretación restrictiva y
excepcional de tal concepto que jurisprudencialmente se ofrece; que también le constan al actor detenciones, por lo que el comportamiento del demandante no es compatible con el respeto al orden público y la paz ciudadana españoles si continuamente desencadena actuaciones de las fuerzas del orden en la investigación de su conducta y lo es con una intensidad difícilmente admisible en una persona, lo que no pone sino de manifiesto el continuo desprecio a las leyes españolas y al principio de convivencia en la comunidad en la que habita; y que ha de entenderse, por lo tanto, que en la resolución administrativa dictada hay un riguroso respeto a lo prevenido en el Real Decreto 240/2007, de 16 febrero, y en concreto a lo recogido en su artículo 15 .
Don Erasmo alega en apelación infracción del artículo 55 de la ley de Extranjería y del principio de proporcionalidad de motivación en relación con la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la materia, destacando que tratándose de supuestos en los que la causa de expulsión es, pura y simplemente, la permanencia ilegal, sin otros hechos negativos -que no lo es la posibilidad de regularizarse-, es claro que la Administración habrá de motivar de forma expresa por qué acude a la sanción de expulsión, ya que tales comportamientos, en principio se sancionan con multa, insistiendo en que se ha de tener presente que no existen en el ciudadano extranjero esos datos negativos de gran importancia o entidad a que se refiere el Supremo en la...
SAP Vizcaya 66/1999, 14 de Enero de 1999

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 15
 artículo 55