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Timestamp: 2019-09-20 01:31:23+00:00

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STC 35/1998, 11 de Febrero de 1998 - Jurisprudencia - VLEX 15354945
STC 35/1998, 11 de Febrero de 1998
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 178/1997.
1. La Sala, en la reciente STC 11/1998, enjuiciando una resolución judicial recaída en un supuesto de hecho sustancialmente igual al presente y a la que se imputaba una idéntica tacha de inconstitucionalidad fundada en una misma argumentación, estimó el amparo por vulneración del art. 28.1, en conexión con el 18.4 C.E. Los razonamientos jurídicos entonces vertidos son plenamente aplicables a este caso, por lo que hemos de tenerlos ahora por reproducidos y, por ende, otorgar el amparo [F.J. único].
En el recurso de amparo núm. 178/97 promovido por don José C. R. y don Sebastián C. V. representados por el Procurador de los Tribunales don Angel Martín Gutiérrez y asistidos del Letrado don Juan Durán Fuentes, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 28 de septiembre de 1995, dictada en procedimiento de tutela de derechos fundamentales. Han comparecido el Ministerio Fiscal y la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), representada por la Procuradora doña María Teresa de las Alas-Pumariño Larrañaga y asistida del Letrado don Luis Díaz-Guerra Alvarez. Ha sido Ponente el Magistrado don Enrique Ruiz Vadillo, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en el Juzgado de Guardia el día 13 de enero de 1997 -registrado en este Tribunal el 15 siguiente- el Procurador de los Tribunales don Angel Martín Gutiérrez, en nombre y representación de don José C. R. y don Sebastián C. V. interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 28 de septiembre de 1995, y la de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 22 de octubre de 1996, que desestimó el recurso de casación para la unificación de doctrina formalizado contra aquélla.
c) Pese a que los recurrentes no participaron en la huelga, el señor C. por haber sido designado para prestar servicios mínimos y el señor C. porque su horario de trabajo comprende desde las veintidós horas hasta las seis horas del día siguiente, se les descontaron las retribuciones correspondientes en la nómina del mes de mayo. No obstante, su reclamación de reintegro de la cantidad fue atendida en el mes de junio. Al efecto la empresa cursó instrucciones para que, ante posibles errores en los descuentos practicados, el personal presentara con urgencia la oportuna reclamación y pudieran abonarse las diferencias en nómina adicional de mayo o en la nómina regular de junio.
El descuento afectó asimismo a la práctica totalidad de los empleados respecto de los que constaba su afiliación a CC.OO. y, en medida muy inferior, a los afiliados a otros Sindicatos e incluso a trabajadores sin opción sindical declarada. La empresa conoce el dato de la afiliación porque descuenta de los salarios la cuota sindical mediante diversas claves informáticas, una específica para cada Sindicato.
d) Formulada demanda por el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, el Juzgado de lo Social núm. 23 de Madrid en Sentencia de 27 de marzo de 1995 condenó a la empresa a abonar a los recurrentes una indemnización de 100.000 pesetas por lesión de sus derechos de libertad sindical e intimidad personal (arts. 16.1 y 18.1 y 4 C.E. y 4.2 y 7.1 de la Ley Orgánica 5/1992), porque el dato de la afiliación sindical facilitado a la empresa y que tiene el carácter de especialmente protegido ha sido utilizado para una finalidad distinta.
e) Recurrida en suplicación, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en Sentencia de 28 de septiembre de 1995 estimó el recurso y revocó la de instancia absolviendo a la demandada. En síntesis, el órgano judicial rechazó la vulneración de derechos fundamentales al no apreciar en la conducta empresarial un animus laedendi. Ante la falta de información puntual sobre el seguimiento de los paros, la empresa se limitó en cierto modo a asumir la afirmación de la central sindical acerca de que sus afiliados habían secundado mayoritariamente la huelga. De otra parte, los descuentos afectaron también a trabajadores no afiliados y los errores se corrigieron antes de la presentación de las demandas. Respecto del art. 18 C.E. precisaba que «la intimidad y la privacidad de los datos personales ideológicos, en tanto voluntariamente ofrecidos a la contraparte, transcienden de ese mundo reservado para incardinarse en la relación laboral ...» (cfr. fundamentos de Derecho 7. y 8.).
f) El posterior recurso de casación para la unificación de doctrina fue desestimado por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 1996, al no ser firme una de las Sentencias invocadas como término de contraste y no concurrir el requisito de la contradicción respecto de la otra.
g) Por estos hechos el Director de la Agencia de Protección de Datos en Resolución de 18 de diciembre de 1995 impuso a la empresa una multa por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el art. 43.4 c) de la Ley Orgánica 5/1992. De la prueba practicada en el expediente sancionador quedó acreditado que el 99 por 100 de los errores afectaron a trabajadores afiliados a los Sindicatos convocantes de la huelga.
3. La demanda de amparo, aunque formalmente se dirige contra las expresadas Sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia, sólo a ésta reprocha haber vulnerado los arts. 18.4, 24.1 y 28.1 C.E. A propósito del art. 24.1 denuncia, en primer lugar, que la Sentencia incurre en incongruencia por omisión. Argumenta que sin acoger los motivos de la recurrente en suplicación, puesto que no se revisan los hechos probados ni se estiman vulnerados los preceptos denunciados, se construye una revisión de oficio para discrepar del criterio del Juez a quo en perjuicio de lo dispuesto en los arts. 176 y 178.2 de la L.P.L. Todas las consideraciones y valoraciones probatorias del Juzgado de instancia son eliminadas por la Sala, sin partir de prueba alguna que evidencie el error del juzgador. No hay ningún asidero que permita detectar en la conducta empresarial una justificación seria, fundada, razonable, proporcionada y ajena a cualquier propósito antisindical o discriminatorio. Tal sustitución del criterio del Magistrado a quo convierte al extraordinario recurso de suplicación en una segunda instancia. Por el contrario, los recurrentes probaron el propósito antisindical de la empresa y así lo entendieron diversos Juzgados de lo Social de Madrid en numerosos pleitos habidos sobre idéntica cuestión. En otro caso similar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 7 de noviembre de 1995 aplicó un criterio distinto respecto de la posibilidad de efectuar en suplicación una nueva ponderación de la prueba.
En segundo lugar, la Sentencia incide asimismo en incongruencia al alterar los términos del debate litigioso. Los trabajadores no pudieron materialmente seguir la huelga, uno por haber sido designado para prestar servicios mínimos y otro porque su horario no coincidía con el de los paros y, en cambio, la Sentencia plantea la libre y voluntaria decisión de los actores para participar o no.
En cuanto a los arts. 18.4 y 28.1 C.E., reproduce, en primer término, la fundamentación de la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 8 de Madrid de 5 de diciembre de 1994. Un dato que pertenece a la privacidad del trabajador, que posee la empresa con una exclusiva finalidad -descontar la cuota de afiliación sindical- sirve para impartir instrucciones al sistema informático y que se descuenten todos los días de paro a los que tienen la clave 893, correspondiente a los afiliados a CC.OO. Resulta ilustrativo que por estos mismos hechos la Agencia de Protección de Datos, en Resolución de 18 de diciembre de 1995 haya impuesto a RENFE una multa de 50.000.001 pesetas por una infracción tipificada como muy grave en el art. 43.4 c) de la Ley Orgánica 5/1992.
4. La Sección Segunda, en providencia de 27 de enero de 1997, acordó, a tenor de lo dispuesto en el art. 50.5 LOTC, otorgar al Procurador señor Martín Gutiérrez un plazo de diez días para que aportara escrituras de poderes originales de los recurrentes o se personara con ellos en la Secretaría a fin de otorgar apoderamiento apud acta, aportara asimismo copia de la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo y certificación acreditativa de la fecha de notificación a su representación procesal.
Cumplimentado el requerimiento, la Sección, en providencia de 23 de abril de 1997, acordó admitir a trámite la demanda de amparo, sin perjuicio de lo que resulte de los antecedentes y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir atentamente a las Salas de lo Social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al Juzgado de lo Social núm. 23 de dicha capital para que remitan testimonio de las actuaciones y practiquen los correspondientes emplazamientos.
La Sección Primera en providencia de 9 de junio de 1997 acordó por tener por personada y parte a la Procuradora doña María Teresa de las Alas-Pumariño Larrañaga, en nombre y representación de RENFE; tener por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos y, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de todo lo actuado por un plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y a los Procuradores personados para presentar las alegaciones que a su derecho convengan.
5. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional interesó el otorgamiento del amparo por lesión del derecho de libertad sindical.
No es cuestionable la legalidad del sistema de cobro de la cuota sindical al amparo del art. 11.2 L.O.L.S. y tampoco que esta circunstancia viene protegida por el art. 4.2 de la Ley Orgánica 5/1992. Es de señalar que la STC 292/1993 ha abarcado en el arco protector de tal Ley el dato de la afiliación sindical como atinente a la ideología del individuo. La utilización desviada de un dato cedido voluntariamente para otro fin puede incidir directamente en la intimidad del individuo. De ahí que la afirmación del fundamento jurídico 7., in fine, de la Sentencia resulta notoriamente desvirtuadora de esa legislación protectora y por ello seguramente la Agencia de Protección de Datos sancionó a RENFE con una multa.
6. La representación de la RENFE solicitó la desestimación del amparo. En cuanto a la situación fáctica introduce una doble precisión. El descuento no se llevó a cabo por la afiliación sindical de los recurrentes, sino que se practicó a otros trabajadores por la actitud del Sindicato CC.OO. de impedir a la empresa la identificación de los trabajadores que iban a participar en la huelga. De otra parte, el Tribunal Supremo en Sentencias de 15 de abril, 23 de septiembre, 1 de octubre y 20 de diciembre de 1996 ha considerado que no es acertada la doctrina de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de febrero de 1995 y este órgano judicial con posterioridad cambió de criterio.
Por lo que se refiere a la infracción del art. 24.1 C.E., opone un obstáculo procesal. En el recurso de casación para la unificación de doctrina los actores no acompañaron ninguna Sentencia de contraste que pusiese de manifiesto el quebrantamiento de forma que se apunta, pese a que existen sentencias al respecto y no es necesario que contengan unos hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales cuando el problema suscitado es de naturaleza procesal; por ejemplo, la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 28 de septiembre de 1995, y la del Tribunal Constitucional, de 30 de octubre de 1991, que también puede ofrecerse como término de contraste (STC 20/1995 de 24 de enero de 1995).
A propósito de la vulneración de los arts. 18.4 y 28.1 C.E., además de precisar que la Resolución de la Agencia de Protección de Datos está recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, subraya que los recurrentes nada razonan ni exponen, sino que se limitan a reproducir los fundamentos jurídicos de una Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 8 de Madrid, que fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en Sentencia de 7 de julio de 1995 y que descansa en unos hechos que en absoluto se corresponden con la realidad de lo acaecido.
Esta conjunción de datos explica suficientemente que la empresa haya cometido errores como el presente, pero se regularizaron en menos de once días. De hecho, con ocasión de huelgas anteriores se cometieron errores semejantes, incluso con representantes sindicales de los trabajadores. No son datos indiciarios, sino pruebas reales y palpables de la razonable justificación del error, de que no existió ninguna dolosa actitud antisindical respecto de los trabajadores afiliados a CC.OO. en general o respecto a los actores en particular. A mayor abundamiento, si los recurrentes no participaron en la huelga, es obvio pensar que desobedecieron las instrucciones del Sindicato, apoyaron con su conducta a la empresa y, por tanto, resulta sorprendente y carente de sentido que ésta les descontase intencionadamente como castigo por no secundar la huelga. En definitiva, la demanda sólo responde a una reacción del Sindicato por haber reclamado la empresa una cantidad próxima a los 49.000.000 pesetas en concepto de daños y perjuicios, a causa de la ilegalidad de la huelga. Ilegalidad deducible a la vista de lo resuelto por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en Sentencia de 30 de junio de 1994.
8. Por providencia de 10 de febrero de 1998 se señaló para deliberación y fallo el día 11 de febrero de dicho año.
Unico. La Sala en la reciente STC 11/1998, dictada en el recurso de amparo núm. 2.264/96, enjuiciando una resolución judicial recaída en un supuesto de hecho sustancialmente igual al presente y a la que se imputaba una idéntica tacha de inconstitucionalidad fundada en una misma argumentación, estimó el amparo por vulneración del art. 28.1 en conexión con el 18.4 C.E. Los razonamientos jurídicos entonces vertidos son plenamente aplicables a este caso, por lo que hemos de tenerlos ahora por reproducidos y, por ende, otorgar el amparo.
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don José C. R. y don Sebastián C. V. y, en consecuencia:
1. Reconocer a los recurrentes su derecho a la libertad sindical del art. 28.1 C.E. en conexión con el art. 18.4 de la misma.
2. Declarar la nulidad de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 28 de septiembre de 1995, recaída en el recurso de suplicación núm. 3962/95.
Dada en Madrid, once de febrero de mil novecientos noventa y ocho.
STSJ Murcia , 9 de Junio de 2001
SAP Madrid, 17 de Diciembre de 1998

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 Resolución 
 Resolución 
in fine
 Resolución 
 resolución