Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/1242
Timestamp: 2020-06-01 18:44:20+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 36/1989
SENTENCIA 36/1989, de 14 de febrero
ECLI:ES:TC:1989:36
En el recurso de amparo núm. 718/88, promovido por la Sociedad Cooperativa Limitada «Ediciones Sorianas», representada por el Procurador de los Tribunales don Eduardo Morales Price, y asistida del Letrado don Saturnino Hernández de Marco, contra autos de 12 y 25 de marzo de 1988, de la Audiencia Provincial de Soria, y contra providencia de 17 de febrero de 1988 y Autos de 8 de febrero de 1988 y 3 de noviembre y 7 de diciembre de 1987, del Juzgado de Instrucción de dicha ciudad. Ha comparecido el Ministerio Fiscal, y ha sido Ponente el Magistrado don Carlos de la Vega Benayas, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Don Eduardo Morales Price, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de la Sociedad Cooperativa Limitada «Ediciones Sorianas», por medio de escrito presentado el 20 de abril, interpone recurso de amparo contra las siguientes resoluciones: Autos de 12 y 25 de marzo de 1988, de la Audiencia Provincial de Soria, y contra providencia de 17 de febrero de 1988 y Autos de 8 de febrero de 1988 y 3 de noviembre y 7 de diciembre de 1987, del Juzgado de Instrucción de dicha ciudad.
5. Don Eduardo Morales Price, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de la Sociedad Cooperativa Limitada «Ediciones Sorianas», reproduce sustancialmente los alegatos y fundamentos de su demanda.
10. Don Eduardo Morales Price, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de la SCL «Ediciones Sorianas», en escrito presentado el 5 de octubre de 1988, reitera todos y cada uno de los fundamentos de los escritos presentados en este recurso, lo cual hace innecesario la reiteración de lo ya expuesto.
Por otra, derivada de la falta de motivación que se atribuye al mencionado Auto de archivo de las diligencias penales, que, además, se considera contrario al ius ut procedatur inherente al derecho fundamental que reconoce el art. 24.1 de la Constitución.
2. Conforme a reiterada doctrina de este Tribunal, forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva el acceso a los medios de impugnación que las leyes procesales establecen, pero sólo se infringe el indicado derecho cuando el órgano judicial niega o impide la posibilidad real de revisión por razones no fundadas en Derecho, no explicadas o debidas a un error patente: Es decir, cuando pese a la procedencia legal del recurso, éste se hace imposible sin justificación razonable. Por el contrario, satisface las garantías constitucionales una resolución de inadmisibilidad que haga aplicación de una causa legalmente prevista, como es, desde luego, la extemporaneidad o inobservancia del plazo para la interposición, requisito esencial de procedibilidad inherente a la propia seguridad jurídica (SSTC 43/1985, 81/1986, 87/1986 y 59/1988).
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 718-1988
Contra diversas resoluciones judiciales del Juzgado de Instrucción y de la Audiencia Provincial de Soria.
Conforme a reiterada doctrina de este Tribunal, forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva el acceso a los medios de impugnación que las leyes procesales establecen, pero sólo se infringe el indicado derecho cuando el órgano judicial niega o impide la posibilidad real de revisión por razones no fundadas en Derecho, no explicadas o debidas a un error patente: es decir, cuando, pese a la procedencia legal del recurso, éste se hace imposible sin justificación razonable. Por el contrario, satisface las garantías constitucionales una resolución de inadmisibilidad que haga aplicación de una causa legalmente prevista, como es, desde luego, la extemporaneidad o inobservancia del plazo para la interposición, requisito esencial de procedibilidad inherente a la propia seguridad jurídica. [F.J. 2]
La llamada «instrucción sobre recursos» pretende facilitar a las partes el acceso a los mismos, pero siendo una institución conforme con los principios que inspiran el art. 24.1 C.E., ello no quiere decir que cada vez que un Tribunal omita efectuar el correspondiente anuncio deba entenderse que, además de infringir la legalidad ordinaria, ignore el citado precepto constitucional. [F.J 3]
El «ius ut procedatur» que corresponde a quien ejercita la acción penal mediante la querella, no supone constitucionalmente un derecho incondicionado a la plena sustanciación del proceso, sino que es compatible con un pronunciamiento motivado del órgano judicial en fase instructora que le ponga término anticipadamente, conforme a las previsiones de la propia Ley procesal penal (arts. 637.2 y 789.1), si en el ejercicio de la facultad de calificación jurídica que le corresponde excluye que los hechos objeto de la causa tengan carácter de ilicitud penal. [F.J. 4]
La exigencia de motivación de las resoluciones judiciales no comporta necesariamente que el Juez o Tribunal deba efectuar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleva a resolver en un determinado sentido, ni le impone un concreto alcance o intensidad en el razonamiento empleado; basta, por el contrario, que la motivación cumpla la doble finalidad de exteriorizar, de un lado, el fundamento de la decisión adoptada, haciendo explícito que ésta responde a una determinada aplicación de la ley, y de permitir, de otro, su eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de recursos previstos por el ordenamiento jurídico. [F.J. 4]
Artículo 212, f. 2
Artículo 787, f. 3
Artículo 787.4, f. 2
Artículo 789.1, f. 4
Artículo 248.4, ff. 1, 3

References: resolución 
 resolución 

Artículo 212

Artículo 787

Artículo 787

Artículo 789

Artículo 248