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Timestamp: 2014-09-21 23:36:57+00:00

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P. 1Código de Ejecución Penal del Perú - Decreto Legislativo Nº 654Código de Ejecución Penal del Perú - Decreto Legislativo Nº 654Ratings: (0)|Views: 4,993
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CODIGO DE EJECUCION PENAL DEL PERÚDECRETO LEGISLATIVO Nº 654
POR CUANTO:De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188ode la Constitución Política del Perú, por Ley No25297publicada el 03 de enero de 1991, el Congreso de la República delega en el Poder Ejecutivo la facultad dedictar, mediante decreto legislativo el "Código de Ejecución Penal", dentro del término de 210 días,nombrando para tal efecto una Comisión Revisora;Que la mencionada Comisión Revisora ha cumplido con presentar al Poder Ejecutivo el Proyecto de nuevo"Código de Ejecución Penal", aprobado por ella de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2ode la Ley No.25297;Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,Con cargo de dar cuenta al Congreso;Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:
Artículo 1o.-
Promúlgase el "Código de Ejecución Penal" aprobado por la Comisión Revisora, constituidapor Ley No25297 , según el texto adjunto que consta de 153 artículos distribuidos de modo y forma que acontinuación se detallan:TITULO PRELIMINAR : ARTICULOS I a XTITULO I : EL INTERNO (Artículos 1oa 8o)TITULO II : REGIMEN PENITENCIARIO (Artículos 9oa 59o)TITULO III : TRATAMIENTO PENITENCIARIO (Artículos 60oa 94o)TITULO IV : LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS (Artículos 95oa 117o)TITULO V : EJECUCION DE LAS PENAS RESTRICTIVAS DE LIBERTAD (Artículo 118o)TITULO VI : EJECUCION DE LAS PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS (Artículos 119o a 124o)TITULO VII : ASISTENCIA POST PENITENCIARIO (Artículos 125oa 128o)TITULO VIII : PERSONAL PENITENCIARIO (Artículos 129oa 132o)TITULO IX : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (Artículos 133oa 140o)TITULO X : DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS (Primera a Tercera).POR TANTO:Mando se publique y cumpla.ALBERTO FUJIMORI FUJIMORIAUGUSTO ANTONIOLI VASQUEZ,Ministro de Justicia.
Promulgado (31/07/91) y publicado (02/08/91).
La Constitución Política de 1979, en el segundo párrafo del artículo 234oestablece que "El régimenpenitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, deacuerdo con el Código de Ejecución Penal". Para dar cumplimiento a este mandato constitucional, elCongreso de la República, mediante las Leyes Nos 23860 y 24068, delegó en el Poder Ejecutivo la facultadde dictar, mediante decreto legislativo, el Código de Ejecución Penal. Se nombró por Resolución SupremaNo285-84-JUS de fecha 03 de julio de 1984, una comisión integrada por los doctores Jorge Muñiz Ziches,quien la presidió, Guillermo Bettochi Ibarra, Víctor Pérez Liendo y Pedro Salas Ugarte, para elaborar elProyecto de Código de Ejecución Penal que fue promulgado por el Decreto Legislativo No330, de fecha 06de marzo de 1985.Este Código diseña un nuevo Sistema Penitenciario que, teniendo como premisa el reconocimiento jurídicoy el respeto a la persona del interno, persigue como objetivo fundamental la resocialización del penado através de un tratamiento científico. Recoge las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusosaprobadas por el I Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento delDelincuente y sus modificatorias, así como las Reglas Mínimas adoptadas por el Consejo de Europa el 19de enero de 1973. Junto al precedente nacional --Decreto Ley No17581--, ha tenido principalmente comofuentes legislativas a la Ley Orgánica Penitenciaria de España de 1979, la Ley Penitenciaria Alemana del 16de marzo de 1976 y la Ley Penitenciaria Sueca de 1974. También ha considerado los avances de lasinvestigaciones criminológicas y la Ciencia Penitenciaria.Habiendo transcurrido cerca de siete años de vigencia del Decreto Legislativo No330, el Congreso de laRepública, mediante Ley No25297, delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de dictar dentro del término de210 días el nuevo Código de Ejecución Penal. De acuerdo a dicha Ley, se designó una comisión integradapor los Senadores, doctores Javier Alva Orlandini, Absalón Alarcón Bravo de Rueda y Luis Gazzolo Miani,los Diputados, doctores Genaro Vélez Castro, Jorge Donayre Lozano; un representante del Poder Judicial,doctor Róger H. Salas Gamboa; un representante del Ministerio Público, doctor Angel Fernández Hernani;un abogado por el Ministerio de Justicia, Dr. Germán Small; un representante de la Federación del Colegiode Abogados del Perú, doctor Arsenio Oré Guardia y un representante del Colegio de Abogados de Lima,Dra. Lucía Otarola Medina.Prestaron su valioso concurso como Asesores de la Comisión los Drs. Víctor Pérez Liendo y Pedro SalasUgarte.En esta Comisión actuó como Secretario Letrado-Relator el doctor Pablo Rojas Zuloeta.Colaboraron con la misma, como secretarias, la Srta. Milagros Ríos García, Sra. María del Pilar MayangaCarlos, Sra. Rosa Sandoval de Carranza.
El proyecto mantiene fundamentalmente la estructura y contenido del Código de Ejecución Penal de 1985,adecuándolos a los nuevos Códigos Penal y Procesal Penal y a la nueva realidad penitenciaria surgidacomo consecuencia de las transformaciones sociales, tecnológicas y la evolución de la criminalidad. Seintroducen nuevas normas y se suprimen otras --en menor medida-- con el objeto de hacer más eficaz elfuncionamiento del Sistema Penitenciario.La primera novedad del Proyecto se establece en el artículo I del Título Preliminar, al disponer que elCódigo no sólo regula la ejecución de la pena privativa de libertad, las medidas de seguridad y las medidasprivativas de libertad relacionadas a los procesados, sino también otras penas incorporadas por el CódigoPenal: penas restrictivas de libertad y penas limitativas de derechos. Aun cuando la doctrina establece quelos sistemas penitenciarios se refieren sólo a la ejecución de penas y medidas privativas de libertad, elhecho de tratarse de un Código de Ejecución Penal exige que se regule la ejecución de todas las penascontenidas en el Código sustantivo.
La unificación de la pena privativa de libertad en el nuevo Código penal (eliminando las penas deinternamiento, penitenciaría, relegación y prisión) no ha significado ninguna modificación al SistemaPenitenciario, pues éste ya estaba diseñado en función a la ejecución de la pena privativa de libertadunitaria.El objetivo de la Ejecución Penal está previsto en el artículo II, que recoge el principio contenido en elsegundo párrafo del artículo 234ode la Constitución Política. Los conceptos de reeducación, rehabilitación yreincorporación del penado a la sociedad, doctrinariamente, pueden resumirse en el de resocialización delinterno. En el caso del interno procesado rige el principio de la presunción de inocencia previsto en elartículo 2o, inciso 20, literal f) de la Carta Fundamental, aplicándosele las normas del Sistema Penitenciario,en cuanto sean compatibles con su situación jurídica.El proyecto suprime la figura del Juez de Ejecución Penal, institución que fue introducida por el Código de1985 para el control judicial de las penas, la misma que no logró la finalidad para la que fue concebida.Además, con la reforma del Código Procesal Penal, que atribuye la investigación al Ministerio Público, elJuez Penal podrá atender el control de la ejecución de las penas.Las demás normas del Título Preliminar contienen principios generales y programáticos que todo SistemaPenitenciario moderno debe desarrollar, incluyendo al artículo X, que permite al Sistema Penitenciarioacoger las disposiciones, recomendaciones y conclusiones de las Naciones Unidas para la prevención deldelito y tratamiento del delincuente, considerándose dentro de ellas a las Reglas Mínimas para elTratamiento de los Reclusos aprobadas en Ginebra en 1955.
El Título I regula los deberes y derechos fundamentales del interno durante su permanencia en elestablecimiento penitenciario para cumplir su pena o la medida privativa de libertad, en el caso del internoprocesado.Al establecerse la finalidad resocializadora de la ejecución penal, el interno no es una persona eliminada dela sociedad, sino que continúa formando parte de ella, como miembro activo. El proyecto le atribuye el gocede los mismos derechos que el ciudadano en libertad, con las únicas limitaciones que le puedan imponer laley y la sentencia respectiva.Dentro de estos límites, podrá ejercitar los derechos que la Constitución reconoce a todo ciudadanoincluyendo el derecho de sufragio en el caso del procesado.El interno tiene derecho a ocupar un ambiente adecuado que permita la realización del tratamientopenitenciario. Esta norma tiene su fuente en el artículo 233o, inciso 19), de la Constitución Política queenumera como una de las garantías de la administración de justicia, el derecho de los reclusos ysentenciados de ocupar establecimientos sanos y convenientes.También se establecen expresamente los derechos a ser llamado por su nombre, a comunicar inmediatamente a su familia y abogado su ingreso o traslado a otro establecimiento penitenciario y a formar agrupaciones culturales y deportivas, dejando al reglamento la posibilidad que se le autorice a formar otrotipo de agrupaciones.En cuanto a sus deberes, el interno debe cumplir las disposiciones sobre el régimen penitenciario,especialmente de orden, aseo y disciplina.El proyecto, con la finalidad de proteger la integridad física del interno, dispone que, al ingresar alestablecimiento, será examinado por el servicio de salud. Si se le encuentra huellas de maltratos físicos, eldirector comunicará el hecho inmediatamente al representante del Ministerio Público, quien deberá iniciar lainvestigación correspondiente y, en su caso, al Juez competente. Debe entenderse que esta norma tambiénse aplica cuando el interno es trasladado a otro establecimiento penitenciario.
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 artículo 2

Artículo 1
 artículo 234
 Resolución 
 artículo 234
 artículo 233
 Resolución