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Timestamp: 2020-02-26 03:00:53+00:00

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Resguardos indígenas naturaleza de las ips indígenas / ips indígena naturaleza jurídica - página 5
La accesibilidad geográfica y sociocultural
“El modelo actual no superó la limitación del modelo anterior y en cambio la hizo más grave al olvidar que la variable geográfica y sociocultural también genera costos que no están contemplados del todo por la UPC y por el POS, lo que hace que en muchos casos, estructuralmente incompatible el precario sistema de salud con las necesidades y demandas de las comunidades.
“Es decir, la no existencia de vías y medios de comunicación, casas de paso en las ciudades, servicios de orientación y traducción y, en general de apoyo a la red de referencia y contrarreferencia hace en la práctica inaccesible el sistema de salud a los puebles indígenas. Sería conveniente preguntarnos ¿cuánto vale traer a un indígena desde el Amazonas a Bogotá o Villavicencio? Y proporcionalmente ¿cuánto vale atenderlo y nos daremos cuenta que dichos costos no están contemplados y por esa vía se está negando en la realidad el servicio de salud a los miembros de los pueblos indígenas.
“En cumplimiento del necesario desarrollo constitucional
“1. Si somos reconocidos como pueblos diversos, con autonomía territorial, con modelos propios de vida y pensamiento, con modelos médicos propios, con el derecho de ser consultados sobre todo aquello que nos afecte y si además toda la responsabilidad de velar por la riqueza sociocultural de la Nación Colombiana, entonces ya es hora de que la seguridad social en Colombia reconozca un espacio particular para albergar y desarrollar las políticas, las normas y los presupuestos que se ajusten a las necesidades de un régimen especial indígena en salud que retome nuestras propuestas y los acumulados jurídicos nacionales tanto como internacionales.
“Básicamente la norma debe desarrollar el fomento y desarrollo de las medicinas tradicionales, la consulta para definir los modelos y programas de atención, la financiación necesaria y suficiente, la defensa de nuestros recursos propios de salud y el fortalecimiento de los procesos de formación de personal indígena en salud junto con la adecuación sociocultural de los servicios de salud.
“Fundamento relacionado con el funcionamiento actual del sistema de salud, motivación frente a los servicios de salud.
No existe la solidez suficiente del sistema para financiarse y dentro de este problema estructural van disminuyendo las fuentes de financiamiento para el caso de las comunidades indígenas no existe un fondo especifico y sostenible,
“No se puede exigir cofinanciación a las entidades territoriales en la medida en que aquellas que son estratos 4,5 y 6 no tienen capacidad para esfuerzos propios y ya agotaron su disponibilidad presupuestal en la cobertura actual a nivel nacional. Debe establecerse metas y mecanismos específicos frente a la afiliación indígena que permita ingresar a toda la población al sistema.”
1.4.5 Ley 715 de 2001
La Ley 715 de diciembre 21 de 2001 “por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros, desarrolló los mandatos constitucionales contenidos en la reforma constitucional del acto legislativo 01 de 2001 y mediante ella se organiza el sistema general de participaciones constituido por los recursos que la Nación transfiere a las demás entidades territoriales, para la financiación de los servicios a cargo de éstas.
Determina la ley que del total de los recursos que conforman el sistema general de participaciones, previamente se deducirá cada año un monto equivalente al 4% de dichos recursos. De dicha deducción el 0.52% le corresponde a los resguardos indígenas, el cual debe distribuirse y administrarse de acuerdo con lo previsto por la ley 715.
El título III se refiere al sector salud y asigna las competencias de la Nación y de cada una de las entidades en esta materia, así: artículos 42 competencia en salud por parte de la Nación; 43 competencia de los departamentos; 44 competencias de los municipios; 45 competencias en salud por parte de los distritos.
En el artículo 42 se establece como competencia propia de la Nación, la definición de un Sistema Único de Acreditación de las IPS, las EPS y otras instituciones que manejan recursos del SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud), (ART. 42.10).
El artículo 46 prevé:
“Los distritos y municipios asumirán las acciones de promoción y prevención, que incluyen aquellas que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley, hacían parte del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. Para tal fin, los recursos que financiaban estas acciones, se descontarán de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado, en la proporción que defina el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, con el fin de financiar estas acciones. Exceptúase de lo anterior, a las Administradoras del Régimen Subsidiado Indígena y a las Entidades Promotoras de Salud Indígenas (Destaca la Sala con negrilla).
De otra parte, el artículo 51 establece:
“Contratación de la prestación de servicios en el régimen subsidiado. Las entidades que administran los recursos del Régimen Subsidiado de Salud contratarán y ejecutarán con las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas del orden municipal o distrital de la entidad territorial sede del contrato no menos del 40% del valor de la Unidad de Pago por Capitación subsidiada efectivamente contratadas por la respectiva entidad administradora del régimen subsidiado. En el caso de existir en el municipio o distrito respectivo hospitales públicos de mediana o alta complejidad del orden territorial dicha proporción no será menor al 50%. Todo lo anterior siempre y cuando la entidad territorial cuente con la oferta pública que le permita prestar los servicios a financiar con dichos porcentajes.
“Para efectos de racionalizar los costos se tendrá como marco de referencia las tarifas establecidas por el Ministerio de Salud.”
El artículo 54 ibídem sobre la organización y consolidación de redes, determina que el servicio de salud a nivel territorial deberá prestarse mediante la integración de redes que permitan la articulación de las unidades prestadoras de servicios de salud. El inciso segundo prevé:
“(...) La red de servicios de salud se organizará por grados de complejidad relacionados entre sí mediante un sistema de referencia y contrarreferencia que provea las normas técnicas y administrativas con el fin de prestar al usuario servicios de salud acordes con sus necesidades, atendiendo los requerimientos de eficiencia y oportunidad, de acuerdo con la reglamentación que para tales efectos expida el Ministerio de Salud.”
El título V “Disposiciones comunes al sistema general de participaciones” de la ley 715 comentada, establece:
“Artículo 83. Distribución y administración de los recursos para resguardos indígenas. Los recursos para los resguardos indígenas se distribuirán en proporción a la participación de la población indígena que comprenda. Sin embargo deberán manejarse en cuentas separadas a las propias de las entidades territoriales y para su ejecución deberá celebrarse un contrato entre la entidad territorial y las autoridades del resguardo, antes del 31 de diciembre de cada año, en la que se determine el uso de los recursos en el año siguiente. Copia de dicho contrato se enviará antes del 20 de enero al Ministerio del Interior.
“Cuando los resguardos se erijan como Entidades Territoriales Indígenas sus autoridades recibirán y administrarán directamente la transferencia.
“Los recursos de la participación asignados a los resguardos indígenas deberán destinarse a satisfacer las necesidades básicas de salud incluyendo la afiliación al Régimen Subsidiado, educación preescolar, básica primaria y media, agua potable, vivienda y desarrollo agropecuario de la población indígena. En todo caso, siempre que la Nación realice inversiones en beneficio de la población indígena de dichos resguardos, las autoridades indígenas dispondrán parte de estos recursos para cofinanciar dichos proyectos.
“Las secretarías departamentales de planeación, o quien haga sus veces, deberán desarrollar programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica a los resguardos indígenas y autoridades municipales, para la adecuada programación y uso de los recursos.
“Parágrafo. La participación asignada a los resguardos indígenas se recibirá sin perjuicio de los recursos que los departamentos, distritos o municipios les asignen en razón de la población atendida y por atender en condiciones de eficiencia y de equidad en el caso de la educación de conformidad con el artículo 16 de esta ley, y el capítulo III del Título III en el caso de salud.
El artículo 113 de la ley 715 dispone sobre la vigencia y las derogatorias, señalando específicamente que deroga la ley 60 de 1993 y el último inciso del artículo 157 de la ley 100 de 1993.
En la motivación dada por el Gobierno para la expedición de la ley puede leerse:
“Sector salud.
“El actual esquema de gestión descentralizada del sector salud presenta problemas que comprometen el cumplimiento de las metas definidas para la población en el sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
“El objetivo de la reforma propuesta es calificar las competencias y responsabilidades de cada entidad territorial y asignar los recursos con criterio verificables de eficiencia y equidad, que permitan aplicar mecanismos de reconocimiento o castigo de acuerdo con la gestión.
“Los problemas que demanda el ajuste
Duplicidad de competencia entre entidades territoriales
La ley 60 de 1993 delegó a las entidades territoriales responsabilidades en salud que compiten entre sí, afectando las ventajas propias de especialización. Adicionalmente, se dificultó la transición hacia el nuevo sistema de salud contenido en el SGSSS, que fue creado por la ley 100 de ese mismo año.
“Esta convivencia simultáneamente entre las dos leyes ha propiciado que las entidades territoriales, en el desarrollo del régimen subsidiado de seguridad social en salud, haga las veces de financiadores del aseguramiento de la población pobre, prestadores de servicio de salud a través de los hospitales públicos, partícipes de la regulación y la vigencia de los mercados, y en algunos casos, incluso ofrezcan seguros de salud a través de Entidades Promotoras de Salud (EPS) y Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) de su propiedad.
“De esta manera hoy se les exige a las entidades territoriales que reorientan sus transferencias y recursos propios hacia el aseguramiento de la población pobre, al igual que se les faculta para que con esos recursos financien los hospitales públicos de su propiedad.
“Como resultado, el proceso de transformación de recursos necesarios para afiliar a la población pobre al régimen subsidiado ha sido lento e insuficiente. Para 1997 el monto de recursos destinados al aseguramiento representaba el 26% del monto total disponible para financiar estos subsidios con recursos de transferencias. En 1998 esta cifra alcanzó el 22% y en 1999 el 27%. Por otra parte, los recursos públicos asignados a los hospitales en 1994 excedían el 8% del monte exigido por la ley 100 de 1993, mientras que en 1998 lo hacían en 128%.
“Entonces, honorables congresistas, lo que enfrentamos es un dilema claro: un proceso de aseguramiento que, por no haberse concluido, afecta gravemente la salud financiera de la red pública hospitalaria, combinada en los últimos años con una transformación de recursos que no se traduce en aumentos de cobertura de la población asegurada y que por eso desde la perspectiva de los entes territoriales se percibe como un desfinanciamiento adicional de los hospitales.
“El conflicto se ha traducido en que los hospitales públicos hoy reciben mensajes contradictorios. De esta manera, se afecta su desempeño al punto que es difícil distinguir aquellos que realmente presentan déficit de los que sencillamente procuran captar recursos para defender una financiación independiente de su desempeño.
“En salud pública dada la necesaria integración y complementariedad de funciones y de procesos, se tendrán competencias asignadas por nivel territorial de acuerdo con los requerimientos de capacidad técnica y operativa, alguno de los cuales deberán ser fortalecidos progresivamente.
“1. Nivel nacional.
Diseñar los programas de salud pública que defina el Ministerio de Salud como prioritarios: deberán tener en cuenta las prioridades en cuanto a la relevancia de los problemas de salud pública de acuerdo con la carga de enfermedad y la consolidación de acciones en aquellas áreas ya invertidas. Esto implica tomar en cuenta en el diseño de los programas de salud públicas el nivel de competencias asignado a los entes territoriales y los planes de beneficios contemplados en el SGSSS.
“2.Nivel departamental
“3. Nivel municipal.
Ejecución de lo Programas nacionales de salud pública de acuerdo con las metas asignadas.
Realizar la vigencia en salud pública en los aspectos epidemiológicos, sociodemográficos y de servicios de salud, con el apoyo y la asistencia técnica del departamento y la Nación.
“La distribución de los recursos
“En cuanto a la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones para salud, la reforma busca contribuir a mejorar el esquema de fuentes y usos del sector y su flujo, haciendo entrega directa del recurso al ente territorial que lo ejecuta de acuerdo con la destinación específica para cada uso (componentes de aseguramiento, salud pública y oferta).
“Así mismo, genera incentivos claros para premiar la gestión en función del logro y avance en las metas sectoriales (particularmente la ampliación de coberturas en el régimen subsidiado y metas en salud pública) y mejora la distribución de recursos sobre criterios de equidad.
* mejoramiento del sistema de fuentes y usos del sector y su flujo
“Con la reforma se distribuye la participación para el sector salud en tres componentes (aseguramiento, salud pública y la oferta), tomando como base el gasto causado para cada uno en la última vigencia disponible.
“La distribución de los recursos de cada componente entre los entes que tienen a cargo la competencia, se efectúa de la siguiente manera:
“Los recursos se distribuirán para continuidad y ampliación de coberturas del régimen subsidiado. El monto para continuidad se estima a partir de los recursos destinados en la vigencia anterior y actualizados por la inflación causada. El monto para ampliación de cobertura resulta del crecimiento real del total de la participación de destinación especifica para el sector salud. La destinación de estos recursos para ampliación de cobertura se mantendrá como mínimo por un período de 4 años, tiempo en el cual se evaluará la asignación posterior que puede llegar a dárseles.
“La distribución del monto para continuidad de coberturas se hará a través de una asignación per capita por la población afiliada.
“La distribución del monto para ampliación de coberturas se hará a través de una asignación per capita distribuida por equidad, cuya finalidad es compensar el déficit en la cobertura en aseguramiento en cada municipio o distrito, de acuerdo con el tamaño de su población pobre aún sin asegurar (por atender);
“b) Oferta: Distribución sobre criterios de población por atender y accesibilidad a los servicios de salud.

References: artículo 42
 artículo 46
 artículo 51
 artículo 54
 artículo 16
 artículo 113
 artículo 157