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Timestamp: 2018-12-15 19:38:17+00:00

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CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y FÁCTICAS De acuerdo con el decreto 1465 de 2013 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (vigente hasta el 26 de mayo de 2015
IVÁN CEPEDA CASTRO BLANCA IRENE LÓPEZ GARZÓN
Bogotá, 4 junio de 2015
Ref. Información que pudiera traer como consecuencia la apertura de investigación en contra de REY ARIEL BORBÓN ARDILA, Gerente General del Incoder; CARLOS IGNACIO CARMONA MORENO Subgerente de Tierras Rurales del INCODER; y RUTH MIREYA NÚÑEZ NUVÁN, Directora Técnica de Baldíos del Incoder, por presunta comisión de conductas delictivas.
IVÁN CEPEDA CASTRO, ciudadano identificado con cédula de ciudadanía 79.262.397 de Bogotá, BLANCA IRENE LÓPEZ GARZÓN, abogada en ejercicio, identificada con la cédula de ciudadanía No 51’727.057 de Bogotá, y tarjeta profesional No. 125.948 del CSJ, integrante de la CORPORACIÓN JURÍDICA YIRA CASTRO, organización no gubernamental para la defensa de los derechos humanos, JAIME ABSALÓN LEÓN identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.755.557, integrante de la CORPORACIÓN CLARETIANA NORMAN PÉREZ BELLO, organización no gubernamental para la defensa de los derechos humanos, y MIGUEL BRICEÑO, presidente de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL PORVENIR, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.333.946, respetuosamente remitimos información sobre conductas de ARIEL BORBÓN ARDILA, Gerente General del INCODER; CARLOS IGNACIO CARMONA MORENO Subgerente de Tierras Rurales del INCODER, y RUTH MIREYA NÚÑEZ NUVÁN, Directora Técnica de Baldíos del INCODER, que pudieran llegar a constituir conductas delictivas, por lo cual solicitamos que de acuerdo a sus competencias se investiguen los siguientes hechos, y se determine si hay lugar a la presunta comisión de prevaricato por omisión u otra conducta penal que se desprenda del análisis de lo que a continuación se narra.
La comunidad de “El Porvenir” compuesta por aproximadamente 80 familias, ubicada en Puerto Gaitán al nororiente del Meta, ha ocupado los predios desde los años 60 hasta la actualidad, sobreviviendo al abandono del Estado, la violencia paramilitar que azotó la zona en los noventa, especialmente por cuenta de los denominados 'Carranceros', quienes instalaron una base paramilitar en la llanura cercana al caserío de El Porvenir, exactamente en el predio Hato Cabiona, y al despojo que se produjo sobre sus tierras, a través de adjudicaciones irregulares realizadas por el entonces Incora a una red de presuntos testaferros de VÍCTOR CARRANZA.
En 1991, el extinto Incora realizó adjudicaciones ilegales del predio “Hato Cabiona” y la “Portuguesa” (perteneciente a “El Porvenir”) a 27 supuestos campesinos que nunca fueron reconocidos como tal por los habitantes de la zona, ligados todos a la familia Carranza. Sin embargo, el control de la tierra lo ha ejercido desde hace décadas la empresa “Ganadería La Cristalina”, perteneciente a la familia Carranza y Beetar, quienes han convivido en medio de la tensión constante con la comunidad del Porvenir. Hechos que fueron denunciados en debate de control político en plenaria de Senado el 29 de mayo de 2012, debate en el que participó el MINISTRO DE AGRICULTURA Y EN LA GERENTE GENERAL DEL INCODER.
El 5 de junio 2012, el Representante a la Cámara, hoy Senador de la República IVÁN CEPEDA CASTRO, LA CORPORACIÓN JURÍDICA YIRA CASTRO, y el Sr. MIGUEL BRICEÑO, presidente de la junta de Acción Comunal del Porvenir, presentaron solicitud de revocatoria directa ante el INCODER por las adjudicaciones irregulares, trámite que culminó en julio de 2014 con la Resolución 6423 que revoca las 27 adjudicaciones irregulares. En dicha resolución el Incoder ordenó la inscripción de la providencia en la oficina de Instrumentos Públicos en Puerto López y la reactivación de los folios originales de los predios. No obstante el INCODER no se estipuló ningún tipo de orden relacionada con la recuperación material a través del desalojo a la Ganadería la Cristalina.
En el Boletín de Prensa No. 043 del Incoder del 7 de abril de 2015, la entidad informó que los predios serían entregados de manera voluntaria por los herederos de VÍCTOR CARRANZA: “El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), recibirá en menos de dos meses, de manera voluntaria, materialmente, y de manos de los herederos de Víctor Carranza; las 28 mil hectáreas que se encuentran ubicadas en el Municipio de Puerto Gaitán, Departamento del Meta”1
El 7 de abril de 2015, la W Radio entrevistó al Subgerente de Tierras del Incoder CARLOS IGNACIO CARMONA, a propósito de la situación que se estaba presentando en el Porvenir, concretamente sobre las amenazas contra el Sr. MIGUEL BRICEÑO líder de la comunidad quien tuvo que desplazarse, y sobre las invasiones que se estaban realizando. En dicha entrevista el Presidente de la Junta de Acción Comunal MIGUEL BRICEÑO le dijo públicamente al Subgerente que no había una recuperación material, y que la empresa de los Carranza seguían estando en el predio. En esa entrevista el Subgerente de tierras manifestó que de acuerdo con declaración del Superintendente de Tierras existía una promesa seria de la familia Carranza de devolver las tierras. Finalmente dijo que había un término de dos meses para que se entregaran las tierras, y que si no ocurría empezaría el proceso material de recuperación de tierras. El periodista le pregunta porque no se ha hecho el respectivo desalojo, la respuesta que da el Subgerente de Tierras es que “como los herederos del señor Carranza prometieron que van a entregar, nosotros haciendo caso de esa promesa vamos a esperar, y si no lo hacen vamos a iniciar la recuperación material”2.
El 8 de abril de 2015 en Plenaria del Senado de la República el SENADOR IVÁN CEPEDA, dejó constancia sobre el caso de El Porvenir, en la que califica de falsas las declaraciones del Incoder, que tuvieron un importante eco en medios de comunicación, sobre la recuperación de los predios del Porvenir, e insistió en la invasión que se estaba produciendo de dichos predios por gente externa a la comunidad de El Porvenir, acciones agenciadas por la Ganadería La Cristalina. En la constancia se afirma lo siguiente:
“En las últimas semanas se ha tenido información a través de los medios de comunicación en la que se afirma que existe total disposición de la familia Carranza de entregar las tierras del Estado que fueron apropiadas de manera irregular, localizadas en el Porvenir en el Municipio de Puerto Gaitán, Meta. (…)
El 30 de julio de 2014, el Incoder, a través de la resolución 6423, nos dio la razón y revocó las 27 adjudicaciones, decisión que hoy se encuentra en firme, y que acaba de ser inscrita en los certificados de libertad y tradición.
No obstante a pesar de existir la decisión del Incoder desde hace ocho meses, a la fecha la Ganadería la Cristalina propiedad de la familia Carranza y la familia Betar permanece en los predios de propiedad del Estado construyendo cercas que impiden el libre paso del ganado de los campesinos en la zona, y el principal líder de éste proceso el Señor Miguel Briceño ha sido víctima de múltiples amenazas, que le han obligado a desplazarse de la región, sin que a la fecha reciba la atención necesaria por parte de la Unidad Nacional de Protección.
El Gobierno Nacional debe garantizar la efectiva recuperación material de las tierras, lo que implica sacar a la Ganadería La Cristalina de ella, y decidir si las más de 25 mil hectáreas serán tituladas a las 80 familias del Porvenir que las han ocupado durante más de 45 años”
El 18 de abril a través de comunicado público del Incoder informó: “27 predios que eran del zar de las esmeraldas Víctor Carranza fueron recuperados por el INCODER”, agregando: “Estamos recuperando esos baldíos y los vamos a adjudicar a los campesinos”, afirmó el Presidente Juan Manuel Santos Calderón, luego de sobrevolar los predios recuperados por Incoder, que eran propiedad del fallecido zar de las esmeraldas Víctor Carranza3.
El 20 de abril el SENADOR IVÁN CEPEDA, insistió vía Twitter sobre la necesidad de iniciar la recuperación material del Porvenir en los siguientes términos: “@MinAgricultura Clan Carranza promueve invasión de tierras del Estado en El Porvenir. Pido a @IncoderColombia hacer ya recuperación material”4
A partir de dichas declaraciones desde la oficina del Senador Iván Cepeda se remitió al Gerente del Incoder REY ARIEL BORBÓN comunicación el 22 de abril en la que se manifiesta la preocupación por lo ocurrido en El Porvenir, preguntándole: ¿Cuándo el Incoder recuperó materialmente las tierras del Porvenir? Sírvase enviar acta de dicha diligencia y todo material que compruebe dicha recuperación, ¿Por qué razón en la zona siguen estando los administradores de la Ganadería la Cristalina, quienes han venido promoviendo la invasión de las tierras por parte de personas ajenas a los habitantes del Porvenir?, Sírvase informar si ya se inició el trámite de adjudicación que fue solicitado hace meses por parte de los habitantes del Porvenir. En caso afirmativo en qué estado se encuentra.
El 28 de abril de 2015 la CORPORACIÓN CLARETIANA NORMAN PÉREZ BELLO y el Sr. MIGUEL BRICEÑO, envían comunicación al Incoder solicitando protección a los bienes del Porvenir, manifestando que se están produciendo invasiones a esos terrenos, la instalación de cercas, la existencia de amenazas contra la vida e integridad personal de los habitantes del Porvenir, insistiéndole al Incoder iniciar la recuperación material de los predios.
En respuesta al SENADOR IVÁN CEPEDA, el Incoder a través de oficio del 28 de abril suscrita por CARLOS IGNACIO CARMONA afirma: “Este proceso administrativo, al igual que todos los que adelanta esta entidad se realiza en el marco del debido proceso y respetando las garantías constitucionales y legales de las que son titulares las partes, en este sentido dentro de un plazo razonable se procederá con la recuperación material del mismo, y se continuará con los trámite que correspondan de acuerdo con lo dispuesto en la ley de manera ágil y expedita”. Adicionalmente en otra respuesta enviada el mismo día por el Incoder se aclara lo siguiente: “el pasado 13 de abril de 2015, mediante radicad No. 20151125309, el señor Hollman Carranza, manifiesta que “ha tomado la decisión libre y voluntaria de entregar materialmente los predios mencionados en la resolución 6423 del 30 de julio de 2014 sin promover recursos administrativos ni acciones judiciales”. No obstante a la fecha el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural no ha recibido los predios materialmente por parte de la empresa GANADERÍA LA CRISTALINA LTDA. Quien solicito un tiempo para realizar la entrega”.
En comunicación del 11 de mayo el SENADOR IVÁN CEPEDA escribe nuevamente al Gerente General del Incoder REY ARIEL BORBÓN manifestándole: “Sobre el particular debo insistir en que debido a la omisión del Estado y de manera concreta del Incoder dentro de los predios de la inspección del Porvenir, aún ejerce posesión la Ganadería la Cristalina. Los administradores de dicha ganadería, trabajadores de la familia Carranza han realizado reuniones con las comunidades vecinas, y actuando como si fueran el Estado han procedido a repartir la tierra entre diferentes comunidades (entre ellas las del cacería del Porvenir y Matarratón), promoviendo la invasión por parte de agentes externos (dentro de los que presuntamente se encuentran extrabajadores y personas cercanas a la familia Carranza) y dejando para si el dominio de buena parte de las más de 25.000 de las que ya se dice pasarán a manos de la Fazenda.
En comunicación del Subgerente de tierras en respuesta a oficio enviado con anterioridad desde mi oficina se lee lo siguiente “bajo ésta administración se ha obtenido la recuperación pacífica de 27 predios ubicados en El Porvenir”. Afirmación que puedo afirmar resulta por completo falsa, ya que a las tierras del Porvenir no ha llegado el Estado, y hasta ahora la posesión de dichos bienes los tiene las personas del Porvenir y de la Ganadería la Cristalina”
El 11 de mayo de 2015 el Señor MIGUEL BRICEÑO, y la CORPORACIÓN CLARETIANA NORMAN PÉREZ BELLO, envían comunicación a diferentes entidades, dentro de las que se encuentra el INCODER, en donde se les advierte de la configuración de un nuevo despojo, refiriéndose de manera concreta a las invasiones promovidas por la familia Carranza, y a las amenazas de las que ha sido objeto el señor MIGUEL BRICEÑIO.
El 22 de mayo el INCODER le responde a través de CARLOS IGNACIO CARMONA a la CORPORACIÓN CLARETIANA NORMAN PEREZ BELLO, manifestándole que “el Instituto no cuenta con acciones coercitivas y/o coactivas que permitan hacer un seguimiento a los hechos denunciados”
El 26 de mayo el Incoder a través del radicado No. 20152135492 le informa al SENADOR CEPEDA lo siguiente: primero insiste que no será a través de un proceso agrario de recuperación como se recuperarán los baldíos, si no que el Incoder recibirá los predios a través de una solicitud de entrega voluntaria. Adicionalmente informa: “En cuanto a las acciones que ha hecho el Incoder sobre las denuncias realizadas por el despacho de Senador Iván Cepeda, de la Corporación Jurídica Yira Castro y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, entre otras; me permito informar que el instituto no cuenta con acciones coercitivas y/o coactivas que permitan hacer un seguimiento a los hechos denunciados”
CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y FÁCTICAS
De acuerdo con el decreto 1465 de 2013 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (vigente hasta el 26 de mayo de 2015) “Por el cual se reglamentan los capítulos X, XI Y XII de la Ley 160 de 1994, relacionados con los procedimientos administrativos especiales agrarios de clarificación de la propiedad, delimitación o deslinde de las tierras de la Nación, extinción del derecho de dominio, recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, reversión de baldíos adjudicados y se dictan otras disposiciones” en su capítulo V sobre revocatoria directa de las resoluciones de adjudicación de baldíos, específicamente en su artículo 46 establece:
Artículo 46. EFECTOS. Ejecutoriada la providencia que revoque una resolución administrativa de adjudicación, el predio respectivo vuelve al dominio de la Nación con el carácter de baldío, salvo que la causa de la revocación haya sido el reconocimiento, por parte deI INCODER, de la calidad de propiedad privada del terreno respectivo.
La decisión que revoca la adjudicación será ejecutable por sí misma en los términos del Artículo 89, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o norma que los sustituya o remplace. En ese sentido, en el caso del reconocimiento de baldío del predio objeto de la revocatoria, en la decisión que revoca se dará la orden para la restitución del bien dentro del término de diez (10) días, vencido este término se procederá al desalojo, para lo cual se podrá requerir del apoyo de las autoridades de Policía, sin que para ello se haga necesario la recuperación de su posesión a través de una acción posesoria, así como tampoco del desarrollo de un proceso de recuperación de baldío indebidamente ocupado
La anterior norma fue trasladada de manera idéntica al nuevo decreto 1071 del 26 de mayo de 2015 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural”, específicamente en el Artículo 2.14.19.8.3.
Atendiendo a las anteriores disposiciones normativas, el Incoder debió dar la orden de restitución en el caso de El Porvenir a través de la resolución 6423 de 2014, y en caso de no cumplirse en diez días debió proceder al desalojo con ayuda de la Policía Nacional. Ahora bien, omitida dicha obligación al momento de expedir la mencionada resolución, el Incoder ha podido subsanar su omisión en cualquier momento a través de una resolución complementaria con esa orden específica.
Contrario a actuar de acuerdo a la ley, el Incoder bajo la gerencia de REY ARIEL BORBÓN, la subgerencia de tierras con CARLOS IGNACIO CARMONA MORENO y la Directora Técnica de Baldíos con RUTH MIREYA NÚÑEZ NUVÁN, tal y como consta en las respuestas a las que se ha hecho alusión en el apartado de los hechos, han decidido esperar, omitiendo su deber legal a la entrega voluntaria del bien por parte de la familia Carranza, aun cuando han sido informados por diferentes vías, que la demora de la entrega de los predios ha producido todo tipo de arbitrariedades por parte de dicha familia, entre las que se cuentan: 1-La promoción de la invasión de los predios por parte de agentes externos a la comunidad del Porvenir. 2-Cerramiento de los bienes con posteadura de acuerdo a una división del territorio realizada por ellos mismos, y la 3-Realización de reuniones con integrantes de las veredas vecinas a quienes les han manifestado la nueva distribución de la tierra. Situación que ha puesto en peligro la permanencia de la comunidad de El Porvenir, especialmente porque la presencia de las cercas impiden que el ganado (principal medio de trabajo de dicha comunidad) pueda pasar al río en época de verano, y por la generación de tensiones entre la comunidad y quienes han llegado a los predios.
Inacción del Incoder que además se produce en las siguientes circunstancias: 1. La familia Carranza se apropió indebidamente de las casi 27.000 hectáreas del Estado de manera irregular, para lo cual dispuso de una red de 27 personas para que se presentaran ante el Incora como solicitantes de dichas adjudicaciones, engañando al Estado, pues cada una de esas personas manifestó ser sujeto de reforma agraria y ocupante de dicho predios, lo cual no era verdad, tal y como lo comprobó el Incoder en el proceso en mención. Es importante manifestar que sobre estos hechos ya existe una denuncia por testaferrato en la Fiscalía. 2. Paralelo a los avances jurídicos en el proceso de revocatoria directa de las 27 adjudicaciones, y en especial durante los últimos 5 meses el principal líder de la comunidad de El Porvenir, Sr. MIGUEL BRICEÑO, ha sido amenazado de manera reiterada, hechos por los cuales se vio obligado a desplazarse (ver denuncias penales).
Así entonces, no se explica por qué razón hasta la fecha ninguna oficina (Gerencia General, Subgerencia de Tierras Rurales, Dirección Técnica de Baldíos) del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, ha realizado gestiones de su competencia para recuperar los predios de “El Porvenir”, adelantar trámites de reconocimiento del terreno y demás funciones asignadas, contrario a ello le atribuye total disposición y buena voluntad a integrantes de la familia Carranza, quienes presuntamente han actuado contrario a la Ley.
De acuerdo a sus competencias de manera respetuosa le solicitamos se investigue si de acuerdo a las anteriores conductas y omisiones desplegadas por los funcionarios del Incoder pueden estar incurriendo en un presunto prevaricato por omisión,5 o cualquier otra conducta tipificada en nuestro ordenamiento penal.
Copia de la comunicación enviada por 472 desde la oficina del Senador Iván Cepeda al Gerente del Incoder el 22 de abril de 2015.
Copia de la comunicación enviada por 472 desde la oficina del Senador Iván Cepeda al Gerente del Incoder el 11 de mayo de 2015.
Copia de la constancia del 8 de abril de 2015 radicada en la plenaria del Senado de la República.
Copia de la comunicación del Incoder del 28 de abril de 2015. Identificada con el radicado No. 20152126795.
Copia de la comunicación del Incoder del 29 de abril de 2015. Identificado con el radicado No. 20152126923.
Copia de la comunicación del Incoder del 20 de mayo de 2015. Identificado con el radicado No. 20152132642.
Copia de la comunicación del Incoder del 26 de mayo de 2015. Identificado con el radicado No. 20152135492.
Copia en CD de la resolución No. 6423 del 30 de julio de 2014 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –Incoder que revocó las adjudicaciones a las 27 personas por violar los trámites legales establecidos.
Copia de las denuncias penales presentadas por las amenazas contra el Sr. Miguel Briceño, del 2 de mayo de 2015 y del 19 de mayo de 2014.
Copia de la acción Urgente escrita por la Corporación Jurídica Yira Castro y la Corporación Claretiana Norman Perez Bello sobre las amenazas contra el Sr. Miguel Briceño. Oficio que fue enviado al Incoder.
Copia de la comunicación enviada por el Señor Miguel Briceño presidente de la junta de acción comunal del Porvenir y por Jaime León de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello al Incoder el 28 de abril de 2015.
Copia de la comunicación enviada por el Señor Miguel Briceño presidente de la junta de acción comunal del Porvenir y por Jaime León de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello al Incoder el 11 de mayo de 2015.
Copia de la respuesta del Incoder enviada a la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello el 22 de mayo de 2015 identificada con el radicado No. 20152136467.
Estaremos atentos a comunicación y notificaciones en la carrera 7 No. 8-68 oficina 636B del Congreso de la República oficina del Senador Iván Cepeda, y a la Carrera 10 No.15-39 oficina 507, Edificio Unión, de la ciudad de Bogotá sede de la Corporación Jurídica Yira Castro, telefax (1) 245 15 61.
JAIME ABSALÓN LEÓN MIGUEL BRICEÑO
Corporación Claretiana Norman Pérez Presidente JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL DE EL PORVENIR
1 http://www.incoder.gov.co/documentos/3145_Bol_043_-_Tierras_del_Zar_de_las_esmeraldas_V%C3%ADctor_Carranza_regresan_al_INCODER.pdf
2 http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/si-en-dos-meses-no-se-devuelven-las-tierras-de-carranza-el-estado-las-tomaria/20150407/nota/2707193.aspx
3 http://www.incoder.gov.co/contenido/contenido_imprimir.aspx?conID=3171&catID=1034
4 https://twitter.com/ivancepedacast/status/590185399575834624
5 El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 46

Artículo 46
 resolución 
 Artículo 89
 Artículo 2
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