Source: https://es.scribd.com/document/59302224/Sentencia-Tc-Abuso-Soldado
Timestamp: 2019-04-19 22:51:57+00:00

Document:
Sentencia Tc Abuso Soldado
Sentencia del TC que ampara a una soldado que sufrio vejaciones por sus superiores
Sistema Vicarial Medidas de Seguridad Doctrina Fallos
Control de Comuni
La Prueba Prohivida 2
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Eugeni Gay Montalvo, Presidente, doña Elisa Pérez
Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Francisco Hernando Santiago, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado
En el recurso de amparo núm. 9338/2008, promovido por doña Jessica Álvarez Parraga, representada por el Procurador de los Tribunales don Agustín Sanz Arroyo y asistida por la Letrada doña Emilia Zaballos Pulido, contra el Auto del Tribunal Militar Central de 24 de octubre de 2008, que desestima el recurso de apelación interpuesto contra el Auto del Juzgado Togado Militar Central núm. 1 de 3 de septiembre de 2008, que acordaba el archivo de las diligencias previas núm. 1/04/08, incoadas por un presunto delito de abuso de autoridad. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo, quien expresa el parecer de la Sala.
en la que se califican los hechos como constitutivos de un presunto delito de abuso de autoridad del art. explicando éstos las razones que habían inspirado la adopción de los referidos arrestos y demás medidas acordadas en la persona de la recurrente.G. asumiendo su contenido íntegramente. Esta denuncia.F. También recibió el Juzgado la testifical de otros . iba dirigida contra el Coronel Jefe del regimiento don C. tal como se desprende de esta y de las actuaciones recibidas. el Procurador de los Tribunales don Agustín Sanz Arroyo.E.A.A. Los hechos relevantes para el examen de la presente demanda. en nombre y representación de doña Jessica Álvarez Parraga. en definitiva. b) El Juzgado Togado Militar Central núm.. así como el de la soldado perjudicada por la infracción. a quien fue turnada la presente denuncia. y el Capitán don J. Seguidamente recibió declaración como denunciados al Coronel don C. son los siguientes: a) Don Manuel Álvarez Zumalacarregui. y al Capitán don J. que habrían motivado su baja en el servicio al detectársele en un reconocimiento médico “un trastorno adaptativo mixto como reacción a una problemática laboral”. traslado del destino que desempañaba y disposición de un análisis clínico para detectar consumo de estupefacientes. cualquier conducta de acoso o presión psicológica hacia la misma. quien se personó en el mismo como acusación particular en su calidad de perjudicada por el delito.E. con guarnición en San Andrés de Rabanedo (León).A. interpuso recurso de amparo contra las resoluciones indicadas en el encabezamiento. ofreciendo el procedimiento a doña Jessica Álvarez Parraga. negando. presentó con fecha 4 de marzo de 2008 denuncia por el acoso que padecía su hija en la unidad donde estaba destinada.F. Seguidamente el Juzgado practicó las siguientes diligencias de investigación: en primer lugar recibió el testimonio del denunciante.. como sendos arrestos por faltas disciplinarias. Antecedentes 1.G. quien ratificó la denuncia presentada. 103 del Código Penal Militar. incoó las diligencias previas 1/04/08 mediante Auto de 26 de marzo de 2008. Por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 27 de noviembre de 2008. 2. 1. Raca 63. padre de la soldado de la Escala de Tropa de Artillería de Campaña ahora recurrente.2 I.A. En la misma se refieren una serie de supuestas decisiones arbitrarias adoptadas por sus mandos.
En definitiva.L.3 mandos de la mencionada unidad militar. y el Capitán don A. acordó.B. c) El Juzgado Togado Militar Central núm. se pone de relieve que es incuestionable que estas iniciativas formaban parte de la competencia y atribuciones específicas de los mandos militares que las dispusieron. Así. d) Contra la anterior resolución la demandante interpuso recurso de apelación mediante escrito de 8 de septiembre de 2008. la pericial consistente en someter a esta última a un nuevo análisis de detección de drogas tóxicas o estupefacientes y la aportación de un acta notarial donde la denunciante muestra un teléfono móvil de su propiedad en el que aparecen grabados unos mensajes que atribuye como enviados por el Capitán denunciado.G. discrepando de la decisión de archivo adoptada. respecto de los arrestos impuestos a la recurrente (uno por el Coronel y otro por el Capitán). que permitía la realización de estos análisis. razona el órgano judicial que tales decisiones de sus mandos “están adoptadas dentro de sus competencias y enmarcadas en el funcionamiento normal de una unidad militar”. ni “ningún indicio objetivo” que sustente la denuncia del acoso supuestamente sufrido por la soldado afectada.M. El Juzgado entiende que no se consideran esenciales las dos primeras diligencias. como el Teniente Coronel don L.. el archivo de las actuaciones al entender que “en los hechos denunciados no se aprecia la existencia de ilícito penal alguno”.M. consistentes en la testifical de la soldado doña P.J.M. por lo que se inadmiten todas las diligencias de investigación propuestas. “respecto de los cuales no queda claro qué pretende demostrar dicha parte procesal”. En esta misma resolución el Juzgado Togado Militar deniega la práctica de unas diligencias de investigación que habían sido solicitadas por la parte denunciante. En el caso del traslado de destino y análisis de orina de la recurrente. la investigación ordenada por sus jefes en el modulo donde se alojaba que motivó la realización del análisis de orina que ahora cuestiona en su demanda. no habría existido “ningún exceso en el mando que pueda ser calificado de arbitrario”. por Auto de 3 de septiembre de 2008. Finalmente. 204 del Mando de Artillería de Campaña. así como la norma operativa núm.M. careciendo de interés los mensajes recibidos y que constan en el acta notarial.. 1 luego de practicar las referidas diligencias. destinada en la misma unidad que la recurrente. . incorporó a la causa como documental la hoja de castigos disciplinarios de la soldado recurrente. pudiendo haber utilizado la soldado sancionada los recursos previstos legalmente en tales supuestos. donde constaban los arrestos que le fueron impuestos.
el archivo decretado resultaba prematuro y no se encuentra en modo alguno justificado. debiendo continuarse las actuaciones de referencia hasta la completa depuración de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir los denunciados. 24. sin haberse practicado todas las diligencias necesarias para un mejor esclarecimiento de los hechos. Para llegar a esta conclusión la Sala. en relación a su persona. e) El Tribunal Militar Central. quien actúa movida por "la apreciación subjetiva de juicios de intención de los denunciados acerca de una pretendida persecución. entendiendo que la decisión de archivo era conforme a Derecho. En todo caso. desestima el recurso presentado por Auto de 24 de octubre de 2008. de que los hechos denunciados no revisten naturaleza penal. "en cuya sede se ha tenido por personada a la parte recurrente y permitida la plena participación a través de su letrado en cuantas diligencias de prueba ha considerado oportuno intervenir. En este caso resulta de aplicación la doctrina de este Tribunal Constitucional sobre la motivación reforzada que han adoptar este tipo de resoluciones. 15 CE. 15 CE. llegando a la conclusión.1 CE). tras ponderar todas las circunstancias concurrentes. por lo que los órganos judiciales intervinientes. de las admitidas como pertinentes". acoso o presión moral". 138 del Código Penal Militar. En efecto. de conformidad con el informe del Fiscal. al haberse procedido por los órganos judiciales al sobreseimiento y archivo de las diligencias penales incoadas.4 En este pone de relieve que las sanciones y medidas que se adoptaron por sus jefes. dentro del ámbito del art. razona que la resolución del Juzgado esta debidamente fundamentada y razonada. 15 CE). La demandante invoca como vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. realizado por unos mandos del ejército a través de un maltrato . 3. por otra parte. A tal fin. que no fue otro que el de presionarla psicológicamente". los hechos denunciados podían integrar el tipo penal de exceso arbitrario en el ejercicio del mando del art. pondera que en el presente caso el Juez Togado instructor ha llevado a cabo una profusa y detallada investigación. Por ello. al estar implicado el derecho reconocido en el art. lo que constituye un "acoso moral en el trabajo dentro del ámbito castrense". deberían haber agotado cuantas posibilidades razonables de indagación resultaban útiles para la investigación. antes de adoptar dicha decisión. las diligencias penales fueron incoadas por una denuncia de trato degradante y hostigamiento psicológico hacía la recurrente. en relación con el derecho a no ser sometida a tratos inhumanos o degradantes (art. Y ello a pesar de la discrepancia de la recurrente. suponen una "clara extralimitación en el ejercicio del mando en razón al fin perseguido.
toda vez que. en segundo lugar. debiendo emplazarse a quienes hubieran sido parte en el . así como que aportara copia de la resolución recaída en el presente procedimiento judicial.1 LOTC. remitiese certificación de las actuaciones correspondientes a las diligencias previas núm. Además. de acuerdo con lo previsto en el art. 5. no son testigos directos de los hechos acontecidos. el órgano judicial archivó la causa. redactado conforme a la Ley Orgánica 6/2007. Subsanadas tales deficiencias. únicamente. por lo que la decisión de archivar dichas diligencias “no fue conforme con las exigencias del art. 50. a fin de que. compañeros o amigos de los denunciados y. se acordó dirigir comunicación al Juzgado Togado Militar Central nº 1. lo son de referencia”. 49. Por el contrario. “medio de indagación particularmente idóneo” para el esclarecimiento de estas denuncias. tales sospechas”.1 CE. en primer lugar. sino que.5 de palabra y la imposición de una serie de sanciones de carácter disciplinario sin que éstas vinieran avaladas por dato objetivo alguno. de 24 de mayo. remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de apelación de las diligencias previas nº 1/04/08. la Sala Segunda de este Tribunal acordó. considerando que no eran esenciales las pruebas propuestas por la parte denunciante. acordada tanto por el Juzgado Togado Militar Central como por el Tribunal Militar Central. en plazo que no excediera de diez días. en aplicación de lo previsto en el art. solicitar de la parte recurrente que otorgara poder apud-acta mediante comparecencia ante el Secretario de la Sala. puesto que “los testigos que han depuesto en la causa de referencia son. existían todavía medios de investigación disponibles para tratar de despejar. proceder a la admisión a trámite de la demanda formulada. dirigir comunicación al Tribunal Militar Central. la recurrente solicita la nulidad de la decisión de archivo. 4. En la misma providencia se dispuso. 51 LOTC. 24. a fin de que. Por diligencia de ordenación de la Secretaria de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal de 10 de diciembre de 2008 se acordó. En el mismo sentido. 1/04/08. hay que tener en cuenta que se disponía en este caso del testimonio de la víctima. en el mismo plazo. en el sentido que fuera. Por ello. para que continúen las diligencias de investigación conforme a Derecho. perviviendo en el momento del cierre de la instrucción sospechas acerca de la posible comisión de los hechos denunciados.4 LOTC. no arrojando luz sobre lo acontecido las testificales practicadas. por providencia de 4 de mayo de 2010. ordenándose la retroacción de actuaciones al momento procesal oportuno. de acuerdo con lo previsto en el art.
por providencia de la Sala Segunda de este Tribunal de 26 de enero de 2011 se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal. Efectuados los anteriores emplazamientos y al no haberse personado en forma ninguna otra parte distinta de la demandante de amparo en el presente recurso. No obstante lo anterior. existiendo las sospechas de que se han podido cometer tales conductas. 15 CE a no sufrir torturas. que resulta aplicable la doctrina de este Tribunal Constitucional sobre las decisiones de sobreseimiento y archivo de instrucciones penales incoadas por denuncia de torturas o tratos inhumanos o degradantes (cita al efecto la STC 63/2010. El Fiscal presentó sus alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal el día 21 de febrero de 2011. entiende el Ministerio Público que en el caso sometido a análisis no se aprecian las tachas constitucionales invocadas. sino también de que sean conformes con el derecho del art.6 procedimiento. conforme determina el art. junto con la recurrente. y descartar que se hubiera cometido por los denunciados la infracción delictiva de que eran . coincide con la suficiencia de la indagación judicial y dependerá. sin que esto signifique la apertura de la instrucción o la imposibilidad de acordar su clausura de manera temprana ni la realización de todas las diligencias de investigación propuestas. para que formulasen las alegaciones que estimaran pertinentes. 7. para que. de 18 de octubre). Comienza por admitir. interesando la denegación del amparo solicitado. Por lo que se produciría una vulneración del derecho reconocido en el art.1 LOTC. no hubieran sido convenientemente despejadas en la causa. pues tales obligaciones conducirían a instrucciones inútiles en perjuicio de los propios intereses de los imputados. pues. pudieran comparecer en el presente proceso constitucional.1 CE si. además de resultar suficientemente motivada y fundada en Derecho la decisión de archivo por los órganos judiciales. por plazo común de 20 días. no sólo de que las decisiones de sobreseimiento libre y archivo de las diligencias penales estén motivadas y jurídicamente fundadas. en estos casos. en principio. De forma que la efectividad y suficiencia de la tutela judicial. ni tratos inhumanos o degradantes. en su caso. 6. 24. 52. no cabe tildar de insuficiente la instrucción practicada “al haberse practicado todas las diligencias que. eran hábiles para aclarar lo acaecido de modo suficiente.
que disponía el archivo de las diligencias previas núm. Por providencia de fecha 16 de junio de 2011 se señaló. 9. de lo que se deduce que la supuesta indefensión sobrevenida tan sólo a ella sería imputable. de 14 de marzo de 2011. en relación con el derecho a no ser sometida a tratos inhumanos o degradantes (art. 1/04/08 incoadas por un presunto delito de abuso de autoridad. esto es. las basa en extremos que aparecen claramente contradichos en la instrucción. Finalmente. interesa la nulidad de las expresadas resoluciones judiciales debiendo ordenarse la retroacción de actuaciones al momento procesal oportuno para que prosiga la investigación con arreglo a Derecho. indica que también han sido objeto de instrucción por parte del Juzgado. . En consecuencia.1 CE). Respecto del resto de los hechos denunciados. Además. argumenta el Fiscal. Por diligencia del Secretario de Justicia de la Sala Segunda. para la deliberación y fallo de la presente Sentencia. de 3 de septiembre de 2008. el cambio de destino y la práctica de determinada analítica. que desestimó el recurso de apelación interpuesto contra el Auto del Juzgado Togado Militar Central núm.7 acusados”. Fundamentos jurídicos 1. habrían vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. que ninguna de las diligencias instructoras que ahora reclama la recurrente las solicitó durante la instrucción. II. La presente demanda tiene por objeto la impugnación del Auto del Tribunal Militar Central. al haber adoptado esta decisión sin agotar todas las posibilidades razonables de indagación en relación a la denuncia presentada sobre presunto trato denigrante y hostigamiento psicológico hacia su persona por parte de sus mandos directos del Ejército. se hace constar no haberse presentado el solicitado escrito de alegaciones por la representación procesal de la recurrente. razonando éste los motivos que los produjeron. La recurrente considera que dichas resoluciones. 15 CE). de 24 de octubre de 2008. 1. las protestas de insuficiencia de investigación que hace la demandante en lo referente a los hechos que fueron objeto de sanción. continúa el Fiscal. 8. 24. el día 20 del mismo mes y año.
Ahora bien. 215/1999. 24. 15 CE. a la condena penal de otra persona (por todas. 2. en el caso de que se sustente razonablemente en la concurrencia de los motivos legalmente previstos de sobreseimiento libre o provisional” (entre las últimas. no considerando insuficiente la instrucción realizada por el Juzgado al haberse realizado todas las diligencias susceptibles de aclarar lo acontecido. de 3 de diciembre. si se admite la querella. sin apertura de la fase de plenario. se pronuncia en contra de la estimación de la demanda de amparo razonando que las resoluciones judiciales recurridas han satisfecho cumplidamente el canon reforzado de motivación que exige la doctrina de este Tribunal Constitucional. en el sentido de que el contenido primario de este derecho garantiza la satisfacción de la pretensión. Tampoco hay que olvidar que la persona que interpone la demanda de amparo es la presunta víctima de un delito. expresando las razones por las que inadmite su tramitación. no tiene un derecho fundamental. SSTC 157/1990. cuando está implicado el derecho del art.1 CE). De modo que las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva se verán satisfechas por la resolución de inadmisión si se fundamenta de forma razonable en la exclusión ab initio del carácter delictivo de los hechos imputados y.8 El Fiscal. también hemos afirmado que “el ejercicio de la acción penal no comporta en el marco del art. como afirmamos en la STC 145/2009. de 29 de . de 15 de junio (FJ 4). STC 34/2008. de 25 de febrero. constitucionalmente protegido. sino sólo a obtener un pronunciamiento motivado del Juez en la fase instructora sobre la calificación jurídica que le merecen los hechos. FJ 4. de 18 de octubre. 199/1996. Además. por lo que convendrá recordar lo que este Tribunal viene afirmando reiteradamente en nuestra jurisprudencia. lo que no sucederá si es arbitraria o manifiestamente irrazonable o está incursa en un error patente. resultando que ninguna de las diligencias de investigación que ahora solicita la demandante como necesarias fueron interesadas por ella a lo largo del procedimiento penal. Nos encontramos ante una demanda sustentada en el derecho a la tutela judicial efectiva (art. por la resolución que acuerda la terminación anticipada del proceso penal. FJ 4. que se producirá siempre que se reciba una respuesta judicial motivada y fundada en Derecho. FJ 2).1 CE un derecho incondicionado a la apertura y plena sustanciación del proceso penal. las sanciones disciplinarias y demás medidas adoptadas en torno a su persona por sus jefes aparecen debidamente razonadas y explicadas en estas resoluciones. por el contrario. siendo doctrina de este Tribunal Constitucional que ésta. 24. o acuerda el sobreseimiento o archivo de las actuaciones.
de 18 de julio. 24. de 4 de julio. 74/2007. de 16 de abril. 168/2001. de 16 de junio. Estamos en estos casos ante decisiones judiciales “especialmente cualificadas en función del derecho material sobre el que recaen.1 CE exige. uno de estos derechos. de 10 de mayo. Por ende. Sobre todo es necesario que la resolución judicial sea “conforme” con el mismo (STC 24/2005. “compatible” con él (STC . FJ 3). o quede afectado (SSTC 186/2003. sino que puede producirse un efecto derivado o reflejo sobre la reparación del derecho fundamental cuya invocación sostenía la pretensión ante el órgano judicial. de 22 de octubre. FJ 3 y 224/2007. FJ 3. FJ 7). de 14 de febrero. de 16 de julio. una resolución coherente con el derecho fundamental que está en juego (STC 63/2005. la función esencial de este Tribunal en el cauce constitucional de amparo se ha de circunscribir a enjuiciar si las resoluciones judiciales impugnadas han respetado el ius ut procedatur del justiciable que ha solicitado protección penal de los derechos que las leyes en vigor reconocen. sin que a este Tribunal. FJ 3) por tal decisión. a pesar de que la decisión judicial no se refiera directamente a la preservación o a los límites de un derecho fundamental. FJ 3). FJ 2 y 71/2004. es decir. de 14 de marzo. pues no sólo se encuentra en juego el derecho a la tutela judicial efectiva. Lo anterior no significa que sea irrelevante que la denuncia o querella se interponga en defensa de derechos fundamentales que el demandante de amparo repute vulnerados por el delito que había denunciado. cuando. STC 120/2000. conectado (SSTC 11/2004. FJ 3 y 34/2008. FJ 4). de 17 de marzo. de 19 de abril. En efecto. FJ 3). substanciado de conformidad con las reglas del proceso justo. FJ 3). FJ 3). de 27 de octubre. del “derecho a poner en marcha un proceso. FJ 4). de 9 de febrero. de 25 de febrero. garante último de los derechos fundamentales a través del recurso de amparo. en juego (STC 115/2003. en tales supuestos el art. “reforzadas” (SSTC 63/2005. de 9 de febrero. FJ 5 y 192/2003. sino que meramente es titular del ius ut procedatur. además de una resolución motivada y fundada en Derecho. de 27 de octubre. FJ 7). FJ 1. constituye doctrina consolidada de este Tribunal que las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva serán distintas y más estrictas. esté implicado (STC 11/2004. pueda resultarle indiferente aquella cualificación cuando se impugnan ante él este tipo de resoluciones. FJ 2). Por ello. en el que pueda obtener una respuesta razonable y fundada en derecho” (así. con independencia de que la declaración de la lesión sea sólo una de las hipótesis posibles” (SSTC 196/2005. esté vinculado (STC 180/2005. distinto al de la propia tutela judicial.9 noviembre.
una situación de acoso moral en el ámbito castrense. es “perfectamente posible que existan resoluciones judiciales que satisfagan las exigencias del meritado art. como subrayaba la STC 224/2007. según su versión. de 18 de julio. que aportaban o eliminaban argumentos para continuarla o para darla por terminada. se ha de enmarcar necesariamente en el ámbito del art. que exprese o trasluzca “una argumentación axiológica que sea respetuosa” con su contenido (STC 63/2005. que han conducido a su baja en el servicio por un trastorno psicológico adaptativo relacionado con su situación laboral. sino también de que sean conformes con el derecho fundamental que se invoca como lesionado. materializado a través de una serie de arrestos y otras medidas adoptadas indebidamente por sus mandos directos. Debiendo insistirse. como de la gravedad de los hechos investigados y de la dificultad propia de la investigación.1 CE. de 22 de octubre. desde la perspectiva del libre ejercicio de los derechos fundamentales. no sólo de que las decisiones impugnadas de cierre de la misma estén motivadas y jurídicamente fundadas. Refiere. 103 CPM) o exceso arbitrario en el mando (art. En definitiva. por el trato degradante y hostigamiento psicológico que dice haber sufrido en la unidad militar donde estaba destinada. 15 CE. esto es. FJ 4). al atribuir al Coronel y al Capitán mencionados la presunta comisión de un delito de abuso de autoridad (art. como recuerda la anteriormente citada STC 34/2008. En estos casos. 3. FJ 3). está denunciando un ejercicio abusivo o denigrante en el uso de sus atribuciones por parte de los referidos oficiales. con la exclusiva intención de humillarla o acosarla psicológicamente. 15 CE. De este modo. la evaluación de la efectividad y de la suficiencia de la tutela judicial dispensada coincidirá con la suficiencia de la indagación judicial y dependerá. de 17 de marzo. que “la suficiencia de la investigación judicial no puede ser resuelta sólo con criterios abstractos. no expresen de modo constitucionalmente adecuado las razones justificativas de las decisiones adoptadas” (FJ 3).10 196/2005. 138 CPM). conviene recordar ahora que la demandante de amparo invoca como vulnerado el derecho fundamental reconocido en el art. no sólo . así. Esta queja. que pueden exigir nuevas y más incisivas diligencias que en otro tipo de causas serían innecesarias” (FJ 4). la recurrente. 24. pero que. sino en función tanto de los datos que se aportaron inicialmente a la instrucción y de los después conocidos. Expuesto lo anterior. con independencia de que resulte o no convenientemente acreditada a lo largo del procedimiento penal. por recoger las razones de hecho y de derecho que fundamenten la medida acordada. de 25 de febrero.
de 12 de septiembre. puedan afectar todavía en el día de hoy. Además de los derechos fundamentales que la recurrente pretende defender a través de la investigación judicial que ha promovido. 18 y 14 CE. aprobadas por Real Decreto 96/2009. 18. cualificado por la relación jerárquica que ostentaba este oficial. un supuesto acoso sexual desarrollado en su ámbito profesional. sin que sea relevante el hecho de que no hayan sido citados expresamente por la recurrente los arts. de 6 de febrero). sin olvidarse la conexión que la misma pueda tener “con el derecho de la mujer a no ser discriminada por razón de su sexo cuando tales comportamientos agresivos. FJ 4). Por otra parte. contrarios a los valores constitucionales. identificar el derecho fundamental agredido con el soporte de la dignidad humana que se adujo siempre como raíz de la reacción judicial de la víctima” (STC 224/1999. sino también en relación a la integridad física. en un caso en que la Administración había denegado a una trabajadora unas solicitudes de prórroga de baja por incapacidad laboral. pues no es menos cierto que “los hechos determinantes y el agravio que constituyen son suficientemente significativos por sí mismos y permiten. sin esfuerzo. configurado como una vulneración del derecho a la intimidad personal de art. de 13 de diciembre. antes citada. dentro del cual las relaciones de jerarquía y subordinación proyectan sus efectos de forma permanente (art. en este caso de una militar. En este sentido.11 por la referencia que hace este precepto a la integridad moral. Esta cualificación profesional de .1 CE. pues ha sido en este precepto donde la jurisprudencia de este Tribunal ha venido enmarcando dicha reclamación. habiendo denunciado a unos mandos respecto de los que se encuentra subordinada y sobre los que recae la importante misión de realizar los informes correspondientes en que se ha de basar la renovación o no de su compromiso con el Ejército. 9 de las vigentes RROO para las Fuerzas Armadas. mismo FJ). cuando se genera un peligro grave y cierto para la salud del afectado” (STC 220/2005. 15 CE cuando existiera un riesgo relevante de que la lesión pueda llegar a producirse. este Tribunal Constitucional ha afirmado. es decir. “al tratarse de un atentado a una parcela tan reservada de una esfera personalísima como es la sexualidad en desdoro de la dignidad humana”. más a las mujeres que a los hombres” (STC 224/1999. aunque con otra denominación. que tal actuación “sólo podría reputarse que afecta al ámbito protegido por el art. la recurrente viene a imputar al capitán. no hay que olvidar que ésta se halla sometida al rigor de una relación de sujeción especial que se deriva de su estatuto militar. FJ 2). por los efectos que se describen haberse derivado para la salud de la recurrente. siendo incuestionable que el acoso denunciado afectaría a la dignidad profesional de la persona.
. Para ello hemos de recordar que la demandante de amparo. 4. por una serie de decisiones adoptadas sin justificación. apartado 2. le dijo textualmente: “No remuevas la mierda. “cambiando dicho oficial la calificación de la falta el 22 de agosto por la prevista en el apartado 8 del mismo artículo” (manifestaciones de tibieza o disgusto en el servicio). porque te aseguro que no te firmo más contratos y te vas a la puta calle”.F. 103 y 138 CPM. de acuerdo con los parámetros antes establecidos. y artículo 7. soldado de la Escala de Tropa de Artillería de Campaña. dictado por el Juzgado Togado Militar. al mencionarle que podía recurrir. refiriendo en la denuncia el trato degradante y hostigamiento psicológico a que supuestamente había sido sometida por los mismos durante un periodo de tiempo..G. no se le renovaría el . el 20 de agosto de 2007 por la falta leve prevista en el artículo 7. de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas” (falta de puntualidad y ausencia injustificada en los actos de servicio). Concretada la dimensión constitucional de la cuestión planteada. el acoso denunciado por la soldado se concreta en los siguientes hechos: 1º “Arresto de 5 días impuesto por el Capitán F. de la Ley Orgánica 8/1998. por la comisión de los presuntos delitos de abuso de autoridad o exceso arbitrario en el ejercicio del mando (arts. como diversos arrestos disciplinarios.12 los denunciados debe compensarse con la firmeza judicial en la investigación frente a la posible resistencia o demora en la aportación de medios de prueba. no le fuera a perjudicar al renovar el compromiso. respectivamente). el Capitán don J. cambio de destino y ordenación de un análisis clínico para detectar un también supuesto consumo de estupefacientes por su parte. “los hechos sancionados no ocurrieron como consta en la sanción impuesta y el Capitán denunciado. de 2 de diciembre. por la falta leve tipificada en el artículo 7. si recurría. y el Coronel don C. en resolución de 20 de septiembre de 2007.A. según la versión de la denunciante. debiendo practicarse cuantas posibilidades razonables de indagación resulten útiles para aclarar los hechos. apartado 9. Según consta en los antecedentes de hecho del Auto. 2º “Arresto de 20 días impuesto por el Coronel A.E. Cuando el Coronel le notificó la sanción. de 3 de septiembre de 2008. entendiendo que. apartado 1. formuló denuncia contra sus mandos. y no me toques los cojones. éste le dijo “que lo mejor era no remover nada pues sería peor. de la citada Ley” (negligencia en el cumplimiento de las obligaciones e inexactitud en el cumplimiento de las órdenes recibidas.A.G. Según la soldado. nos corresponde ahora analizar si las resoluciones judiciales impugnadas expresaron de modo constitucionalmente adecuado las razones justificativas del archivo del procedimiento penal. respectivamente).
la fiabilidad de dicho control”.13 mismo”. sujeto exclusivamente al capricho de su autor con el desconocimiento de la justicia y legalidad que debe presidir el ejercicio de facultades que le atribuyen las normas jurídicas”. No obstante. se aportaba “un acta notarial de fecha 27 de junio de 2008. adoptadas dentro de sus competencias y enmarcadas en el funcionamiento normal de una unidad militar”. 3º “Cambio de destino el 23 de agosto” (se encontraba en el botiquín de la unidad) por orden del Teniente Coronel. En el fundamento jurídico segundo del expresado Auto se justifica el archivo decretado en que “se trata de decisiones de distintos mandos. En definitiva. siguiendo una orden del Coronel denunciado. refiere el instructor. se consigna que “se puede cuestionar. que identifica como de su . Por lo que se refiere a los arrestos impuestos. En el caso del análisis de orina. dictada ésta también dentro de sus competencias. en cuyo resultado se afirmaba que se había detectado consumo de cocaína”. la denunciante “se sometió ese mismo día a un análisis en la clínica ‘San Francisco’ que dio negativo. 4º “Análisis de orina ordenado por el Coronel denunciado el día 19 de septiembre de 2007. Estas se referían a la testifical de otra soldado destinada en su misma unidad y la pericial consistente en “someter a la soldado Jessica Álvarez Parraga a pruebas de detección de drogas tóxicas o estupefacientes”. En el citado Auto procede también el Juzgado a explicar por qué se archiva la causa sin practicarse una serie de diligencias de prueba propuestas por el denunciante. repitiendo este análisis los días 7 de noviembre. en el mismo fundamento jurídico. “ni es jefe del botiquín ni tiene competencia directa sobre el mismo”. Además. “no existió ningún exceso en el ejercicio del mando que pueda ser calificado de arbitrario. según la denunciante. en el fundamento jurídico tercero de esta resolución. pero “lo que es incuestionable es que el Coronel tenía la competencia para solicitar dicho control y actuó dentro de sus atribuciones”. Respecto del cambio de destino. siempre con resultado negativo”. siendo así que. como hace la denunciante. la única irregularidad detectada (corrección de la calificación de la falta disciplinaria efectuada por el Capitán) carece de relevancia penal. es decir. en la que la soldado Álvarez Parraga muestra un teléfono móvil. 12 y 28 de diciembre de 2007 y 11 y 25 de enero de 2008. tanto el Capitán como el Coronel han negado que hicieran advertencia alguna a la soldado para que no denunciara. Además. que el Teniente-Coronel que lo acordó actuó “dentro de sus atribuciones”. habiéndose informado a la demandante en los dos casos de la posibilidad de recurrir contra los mismos. según el fundamento jurídico cuarto.
el Tribunal Militar Central en su Auto.14 propiedad. en el fundamento jurídico primero de su resolución. acoso o presión moral” (fundamento jurídico tercero). “aún admitiendo que el resultado de esa prueba fuera la de confirmar las afirmaciones de la soldado Álvarez los fundamentos del archivo serían los mismos”. además. Lo anterior. hay que buscarlos. y considere que procede continuar las actuaciones de referencia hasta la completa depuración de las responsabilidades en las que hayan podido incurrir los denunciados acerca de su pretendida persecución. “carecen de interés los mensajes recogidos en el acta notarial y respecto de los cuales no queda claro qué pretende demostrar dicha parte procesal. (mismo fundamento jurídico). por lo que “no procede su práctica”. . (Fundamento Jurídico segundo). por cuanto este concluye su investigación en “un Auto razonado. aprende de mi ya que un día buscando tesoros te encontré a ti’”. Son mensajes remitidos hace un año y su contenido aparece como intrascendente. en el que aparecen grabados dos mensajes recibidos. pone de relieve que “la testifical y pericial mencionadas” no se consideran “actuaciones esenciales”. que serían los mensajes más importantes que le habrían remitido en ese período de tiempo. por un lado. Por su parte. tras ponderar todas las circunstancias que concurren en los hechos denunciados. en el que. “en cuya sede se ha tenido por personada a la parte recurrente y permitida la plena participación a través de su letrado. llega a la conclusión de que. en cuantas diligencias procesales de prueba ha considerado oportuno intervenir. de 24 de octubre de 2008. continúa la Sala. justifica la decisión adoptada por el Juez Togado al satisfacer las exigencias del art. Añade el órgano judicial que.1 CE. remitidos desde un número de abonado que la citada soldado identifica como del Capitán denunciado. Ante la petición de estas diligencias el Juzgado. uno el 17 de agosto de 2007 y otro el 20 de agosto siguiente. sin perjuicio de que “el apelante discrepe de los criterios y valoraciones realizados por el Juez Togado. el segundo mensaje: ‘En la vida los tesoros no están a simple vista. considera procedente el archivo de las actuaciones”. Igualmente. por cuanto son los que han merecido ser conservados y presentados en acta notarial en este procedimiento”. 24. al no apreciar la existencia de ilícito penal alguno. Además el Juez instructor ha realizado una profusa y detallada investigación. El hecho de que la citada soldado los conserve durante un año significa. compartirlos con la persona que quieres los convierte en inolvidables’ y. que les da una importancia que objetivamente este Juez no aprecia y. de las admitidas como pertinentes”. y cuyo texto es: ‘hay momentos en la vida que son especiales por sí solos. por otro.
las resoluciones judiciales justificaron esencialmente este archivo en que las medidas adoptadas por los mandos militares. pero pueden resultar ilegítimas si se comprueba posteriormente que están movidas por un propósito de presionar a la soldado recurrente. los fundamentos del archivo serían los mismos”. pues las mismas no expresan convenientemente las razones que llevan al órgano judicial a no dar por acreditado la existencia de este acoso moral y sexual denunciado. no se trataba tanto en esta causa de comprobar mediante la investigación judicial si cada uno de los arrestos sufridos por la soldado estaban dentro de las competencias disciplinarias de los oficiales que las impusieron o si la denunciante fue informada o no de la posibilidad de recurrirlos. Es evidente que estas actuaciones están previstas en principio como opciones legales para los oficiales que las acuerdan. que si el resultado de dicha prueba. 1 como del Tribunal Militar Central. en una interpretación acorde con los derechos fundamentales implicados o vinculada con la naturaleza de la decisión adoptada. necesarias para acordar el archivo de la causa de acuerdo a los parámetros constitucionales antes expuestos. hubiera sido conforme con la tesis sostenida en la denuncia sobre el acoso sufrido por la soldado por parte de sus mandos. En este caso. No obstante. estaban enmarcadas dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones. Así se deniega la testifical y pericial propuestas (consistentes en la declaración de otra soldado destinada en el mismo regimiento y una prueba de detección de drogas tóxicas) con el argumento de que “aún admitiendo que el resultado de esa prueba fuera el de confirmar las afirmaciones de la soldado Alvarez. o si el cambio de destino sobrevenido era una facultad del Jefe que lo acordó. Así.15 5. sino si todas estas iniciativas en su conjunto fueron impuestas o no por sus mandos en desarrollo de un previo plan de instigar psicológicamente a la recurrente. en las resoluciones judiciales. o si el análisis de orina que se le practicó siguió los “protocolos operativos previstos”. por el contrario. fundamentalmente la testifical. Pudiendo haber sido útil en la investigación la declaración de esta soldado de la misma unidad. se aprecia un déficit constatable respecto a esta motivación específica. la decisión a adoptar por el Juzgado podría haber consistido en continuar con la tramitación de la causa. Resulta evidente. compartiendo este Tribunal la . tanto del Juzgado Togado Militar Central núm. debiendo ser éste el objeto de una investigación judicial de estas características. la respuesta ofrecida por el Juzgado Togado Militar a la hora de proceder a inadmitir las diligencias de investigación que quedaban pendientes no resulta razonable. Por otra parte. por su conocimiento directo de las circunstancias que concurren en la denuncia presentada. tanto los arrestos a la soldado como las demás medidas.
pero resulta que el primer arresto que se le impuso a la soldado. que carecen igualmente “de interés los mensajes recogidos en el acta notarial y respecto de los cuales no queda claro qué pretende demostrar dicha parte procesal” (fundamento jurídico primero del Auto mencionado). Son mensajes remitidos hace un año y su contenido aparece como intrascendente”. no sólo porque la recurrente imputa a ese oficial un supuesto acoso sexual. Sin que se pueda argumentar para justificar la inadmisión de estas diligencias. debiéndose . circunstancia ésta que no se acredita en la instrucción (como reconoce el Fiscal Jurídico Militar en sus alegaciones al recurso de apelación presentado. en el recurso de apelación interpuesto por la demandante ante el Tribunal Militar Central. que la ahora recurrente no instó del Juzgado su práctica durante la tramitación de la causa. Por otra parte. No obstante.16 alegación que se vierte en la demanda sobre la insuficiencia como diligencias de investigación del mero testimonio de otros mandos. En consecuencia. como ya se ha recordado. personándose en las actuaciones “como acusación particular en su calidad de perjudicada por los hechos” (antecedente de hecho primero del Auto del Juzgado Togado). como se admite por el propio Juzgado instructor al proceder a denegar su práctica en su resolución de archivo. tal como propone el Fiscal ante este Tribunal. lo cual podría haber sido trascendente. fueron solicitadas al órgano judicial en un escrito remitido por el denunciante. como hemos visto. en efecto “remitidos hace un año”. la testifical y pericial mencionadas”. También se deniega por el Juzgado la prueba referente al acta notarial con el argumento. resulta evidente que la recurrente pretendía demostrar que dichos mensajes habían sido remitidos por el capitán denunciado. al folio 233 de las actuaciones). estas diligencias fueron asumidas por la ahora demandante. como hemos expuesto anteriormente. ésta reseña expresamente que el archivo del procedimiento resulta “prematuro”. está suscribió la denuncia por él formulada en todos sus aspectos. de que “carecen de interés los mensajes recogidos en el acta notarial y respecto de los cuales no queda claro qué pretende demostrar dicha parte procesal. su padre don Manuel Álvarez Zumalacarregui. razonando que “no se consideran actuaciones esenciales las pruebas propuestas por la acusación particular. sino también porque son mensajes de los días 17 y 20 de agosto del 2007. en efecto. según se observa en el testimonio recibido en este Tribunal. por otra parte compañeros de los denunciados. porque. aunque las mismas. fue precisamente el 20 de agosto del mismo año. aduciendo también.
17 “continuar las actuaciones de referencia hasta la completa depuración de las responsabilidades en las que hayan podido incurrir los denunciados”. Álvarez Parraga se impone precisamente por el remitente de estos mensajes inmediatamente después de que ésta rechace de plano las insinuaciones de aquel”.1 CE). que le ha traído como consecuencia su baja en el servicio activo que venía prestando en el Ejercito. no obstante especificar los motivos en que basan su decisión no contienen una motivación congruente con el contenido de la denuncia presentada. cuando pueden ser especialmente relevantes si tenemos en cuenta que una de las sanciones impuesta a la Srta. 6. calificada en la documental médica que aportó a la causa como “un trastorno adaptativo mixto como reacción a una problemática laboral”. 15 CE). de despejar las dudas persistentes. por ello. que la recurrente instó las diligencias de investigación que ahora se cuestionan en las sucesivas fases del procedimiento penal. incuestionablemente. en relación a la diligencia específica propuesta sobre el acta notarial. Tal diligencia también podría haber resultado idónea en el presente procedimiento en atención a la naturaleza específica de los hechos denunciados. poniendo de relieve. De estos antecedentes se deduce. Con independencia. 1 como del Tribunal Militar Central. que el Tribunal “simplemente ha soslayado estos mensajes y no los ha tomado en consideración. por no emplear una argumentación axiológica respetuosa con la naturaleza de los derechos fundamentales implicados. en relación con el derecho a la integridad física y moral (art. pues. tanto del Juzgado Togado Militar Central núm. procede otorgar el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. y habida cuenta de que por dichos órganos judiciales se procede a adoptar esta medida de cierre de la instrucción cuando todavía existían medios razonables y eficaces de investigación a su alcance para confirmar o desmentir la denuncia presentada. una vez comprobado que las resoluciones judiciales que acuerdan el archivo de la causa penal. El restablecimiento de la recurrente en la integridad de su derecho exige la anulación de los Autos recurridos y la retroacción de las actuaciones para que se dispense a la misma la tutela judicial demandada. de la ausencia de la práctica de las diligencias de investigación antes referidas. susceptibles. tampoco se aprecia en las actuaciones que el Juzgado Togado Militar haya acordado las periciales oportunas para esclarecer la situación psicológica de la soldado recurrente. 24. . En consecuencia.
1 CE).. Dada en Madrid. declarar la nulidad del Auto del Juzgado Togado Militar Central núm. a tal fin. Ha decidido Otorgar el amparo solicitado por doña Jessica Álvarez Parraga y. en consecuencia: 1º.18 FALLO En atención a todo lo expuesto.Reconocer que ha sido vulnerado el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art.. POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA. 1 de 3 de septiembre de 2008. el Tribunal Constitucional. a veinte de junio de dos mil once. en relación con su derecho a la integridad física y moral (art. 24. retrotrayendo las actuaciones al momento anterior al dictado del primero de los Autos anulados para que el Juzgado Togado Militar proceda en términos respetuosos con los derechos fundamentales vulnerados. Publíquese esta Sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”.Restablecerla en la integridad de su derecho y. 2º. 15 CE). . 1/04/08 y del Auto del Tribunal Militar Central de 24 de octubre de 2008. dictado en las diligencias previas núm.
Documentos similares a Sentencia Tc Abuso Soldado
Vanesa Cid Mejia
Teoria Del Caso y Las Tecnicas de Oralidad
Material Teórico Penal I
TEMA I. INTRODUCCION A LA CRIMINALISTICA.docx
Auto Libertad Titiriteros
José Luis Franco Tumas
zonificacion-la-resbalosa.pdf

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 resolución 
 resolución