Source: http://www.libertadidioma.com/20171103.htm
Timestamp: 2020-04-02 18:23:54+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Viernes 3 Noviembre 2017
España no debió permitirles equivocarse hasta el final
Hermann Tertsch ABC 3 Noviembre 2017
«Que la vida iba en serio uno lo empieza a comprender más tarde…». Las escenas ayer a la caída de la tarde alrededor de la Audiencia Nacional evocaban esos versos iniciales del célebre poema de Jaime Gil de Biedma. Casi puntualmente a las seis se había sabido que siete miembros de la Generalidad iban a ser enviados a prisión como cabecillas de un golpe de Estado. Como dirigentes de una amplia conspiración criminal. Resulte probada o no esta operación ante los tribunales, lo cierto es que ninguno de los acusados ha negado querer arrancar a España parte de su territorio y población para fundar un cuerpo ajeno y hostil. No es una empresa menor. Por la gravedad inmensa de sus efectos sobre las vidas de 47 millones de españoles que quedarían sin la patria en la que nacieron decenas de generaciones de antepasados antes que ellos. Por el terrible trauma que supondría para las relaciones humanas y la sociedad mutilada que esa ruptura dejaría a ambos lados de una herida que surcaría un cuerpo crecido unido desde que fue provincia cristiana del Imperio Romano. Han estado años volcados en esta empresa a sabiendas de que era ilegal y criminal. Desde hace un lustro no se han dedicado las autoridades autonómicas catalanas a otra cosa. Sin disimulo ni pudor. Full time y full credit. Han gastado ingentes cantidades de dinero en ello. Han movilizado todo el capital ideológico xenófobo y mentiroso que se cultiva en varias regiones españolas desde que se otorgó a partir de 1978 una carta de privilegio a los nacionalismos antiespañoles. La arrogante hispanofobia supremacista ha sido su razón suprema política y de identidad.
Ayer, sin embargo, los amigos de la causa, cómplices de los imputados en la causa de rebelión, sedición y malversación, parecían todo menos aguerridos luchadores. Ayer no tronaban sus desprecios ni sus amenazas a España. Concentrados como un deslavazado grupo humano en la plaza ajardinada de la Villa de París, todos se mostraban traumatizados por la noticia. Alguno lloraba, muchos hacían muecas al borde de las lágrimas, se miraban consternados en incomprensión. No se lo podían creer. Sus jefes, los menos indignos, los que no se esconden como comadrejas en el grotesco laberinto belga, iban camino de la cárcel. En España acababa de pasar lo que en cualquier otro país europeo habría pasado mucho antes. El Estado ejerce su legítimo derecho al uso de la fuerza para la defensa del bien común y de las leyes y sus instituciones. Cierto que, como siempre, lo que hace bien lo hace tarde. Y probablemente se queda corto a la hora de usar la fuerza legítima de sus leyes –el artículo 155– para reordenar lo tanto tiempo desordenado. Para erradicar ese venenoso malentendido tolerado durante cuatro décadas. Que hace creer a los nacionalistas que pueden disponer del patrimonio de todos. Hay una dosis de injusticia en este castigo por parte del mismo Estado que no sacó antes a los nacionalistas catalanes del malentendido. Lo tenía que haber hecho hace 35 años y lo debió hacer siempre. Y hace seis meses, seis semanas o seis días. No lo hizo. Los encarcelados crecieron creyendo que son mejores que los demás españoles y pueden hacer lo que otros no con lo que pertenece a todos. Han pasado la vida jugando a pretender ser superiores a los demás, a violar las leyes comunes y no tomar en serio a España. Y España lo permitió. Toleró la impunidad por el interesado desinterés de sus gobiernos centrales. El Estado no cumplió con su deber y les permitió equivocarse hasta el final. Debió avisarles hace mucho, fehacientemente, de que la vida va en serio.
EDITORIAL Libertad Digital 3 Noviembre 2017
Afortunadamente, en un Estado de Derecho no todo depende del Gobierno. La Justicia, o al menos alguna de sus instancias, puede actuar con independencia y cumplir con su obligación.
Eso y no otra cosa es lo que ha ocurrido este jueves: la maquinaria de la Justicia se ha puesto en marcha y una juez decente ha cumplido con su obligación: ha dictado las medidas cautelares que la gravedad de los delitos de que se acusa a los cabecillas del golpe de Estado separatista y la huida de parte de ellos hacían no sólo lógicas sino imprescindibles.
No es algo que haya que apuntar en el haber de un Gobierno que si se ha destacado por algo ha sido por su escasa voluntad de hacer cumplir la ley, incluso ante sentencias tan terminantes como las del Tribunal Constitucional que prohibían la celebración del 1-O, que se terminó celebrando por la clamorosa incompetencia de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría.
A diferencia del 1-O, y contrariamente también a lo que algunos están diciendo en los medios de comunicación y las redes sociales, este jueves no ha sido un día triste ni para Cataluña ni para España. Al revés: los españoles, y especialmente los que viven en Cataluña, pueden estar satisfechos no de que determinadas personas entren en prisión, sino de que se haya podido constatar que la Justicia alcanza a los que delinquen aunque se trate de individuos que sólo unos días antes ocupaban sillones que los hacían muy poderosos.
Muy distinta ha sido la reacción del nacionalismo y de una izquierda en la que han sido múltiples las voces que se han alzado contra lo que consideran una inoportuna injusticia. El auto de Lamela está extraordinariamente argumentado desde el punto de vista jurídico, pero aún así es legítimo discutir, por ejemplo, si en España se hace un uso abusivo de la prisión preventiva. Lo otro, por mucho que lo pregonen los líderes mediáticos y políticos de la izquierda equidistante, es completamente intolerable: sólo en países como la Venezuela chavista las decisiones de los jueces pueden adaptarse a consideraciones sobre su oportunidad o inoportunidad política.
Esta es una de las bases de todo Estado de Derecho digno de tal nombre. Y lo sería, incluso, aunque se aceptase como cierta la segunda gran mentira que hay en todas estas afirmaciones: que la impunidad de los golpistas y la renuncia a la aplicación de la ley pueden ser el camino para solucionar no ya el problema creado por el nacionalismo en Cataluña sino cualquier otra cuestión política.
Jesús Laínz Libertad Digital 3 Noviembre 2017
¿Carles, eres tú? ¡Por fin! Hola, soy Mariano. ¿Te llamo en mal momento? ¿Cómo te va? ¡Qué difícil eres de localizar, carallo! Pero dime, ¿por qué te has ido, si no tenías necesidad?
¡Si nada nos habría agradado más que te hubieras quedado e incluso que te hubieras presentado a las elecciones de diciembre! Eres un caprichoso, Carles. Más fácil no te lo hemos podido poner. Te concedimos plazos, y cuando esos plazos vencieron, te concedimos más plazos.
Habríamos hecho cualquier cosa para no tener que aplicar la Constitución, empezando por ese engorroso artículo 155 que tantos dolores de cabeza me está dando. ¡Si hasta pedimos perdón por haber tenido que sacar a guardias civiles y policías para cubrir el expediente ante el referéndum ilegal que te empeñaste en convocar! ¡Con lo bien que nos estaba saliendo todo, Carles! Tú declaraste la independencia pero poco, gracias a Dios.
Te pregunté si habías declarado lo que habías declarado o si no habías declarado lo que habías declarado. Incluso Soraya, que de leyes sabe un rato, te rogó que tipificaras tú mismo el delito que no teníamos claro que hubieras cometido. En bandeja. Pero respondiste con una carta muy rara, admítelo. No había modo de saber si subías o bajabas. ¡Menudo gallego estás hecho!
El caso es que, a regañadientes, no me ha quedado más remedio que aplicar el 155, aunque poquito y suavecito, no vaya a ser que me llamen cosas feas. Pero ya ves que hasta Su Majestad se ha empeñado en hacer cumplir la ley… Lo más grave es que has conseguido revolver los gallineros, Carles. Sí, en plural, el tuyo y el mío. ¡A ver cómo calmas ahora al tuyo tras haberle excitado con banderitas y sacado a la calle a insultar, perseguir, acosar, empujar, golpear, escupir y apedrear a policías y guardias civiles mientras tú andabas escondiéndote por túneles!
Por cierto, hablando de túneles, me han contado últimamente unas historias muy raras de un tal Capitán Cojones corriendo por las cloacas de Barcelona en 1934. No sé muy bien de qué va el asunto, pues ya sabes que lo mío es el ciclismo, pero la gente se está partiendo de risa con vosotros… Pero volvamos al grano, Carles, que nos dispersamos. Si tu gallinero está revuelto, no puedes imaginar cómo está el mío, que además es bastante más grande que el tuyo. ¡Menudas manifestaciones me están organizando! Sí, a mí, Carles, a mí. Porque eso de "¡Puigdemont a prisión!" no te lo dicen a ti, no. ¡Me lo dicen a mí!
Estos días he leído por ahí que el nacionalismo español se ha despertado tras cuarenta años de letargo por la resaca antifranquista. Y ya sabes que el peor nacionalismo de todos es el español, que me lo han explicado personas de mucha solvencia. ¡Con lo tranquilos que los teníamos, Carles, y ahora se nos han echado a la calle! ¡A ver cómo hacemos ahora la reforma constitucional que veníamos anunciando desde hace meses!
Porque tú sabes tan bien como yo que ni tú ni yo mandamos de verdad. Aquí los que mandan son los del dinero, tanto los de dentro como, sobre todo, los de fuera. Y ésos quieren que sigamos teniendo la fiesta en paz, por el bien de todos y sobre todo por el de sus bolsillos. Y no olvides que contáis con el total apoyo de la izquierda, que, como sabes, siempre perderá el culo por daros la razón en todo.
¡No sabes qué pesado está Pedro con eso de la plurinacionalidad, el federalismo y otras palabras muy largas! Por eso la reforma constitucional iba sobre ruedas para fingir que se cambiaban un poco las cosas a vuestro favor de modo que las cosas siguieran más o menos igual.
¡Con lo que habríais salido ganando en nuevos puestazos y sueldazos mediante la profundización del Estado de las Autonovuestras!
¡Si hasta estábamos pensando consagrar constitucionalmente el monolingüismo en Cataluña, poneros asiento en la ONU y permitiros tener selecciones deportivas, pues Rosell y Gay de Montellá nos habían dicho que así dejaríais de estar sometidos!
Pero tal como se han puesto las cosas, me parece que los míos, que, como siempre, habrían vuelto a tragar cualquier cosa, esta vez no tragan. Pero no porque estén enfadadísimos contigo, no, sino conmigo. ¡Y cómo está la prensa, llamándome de todo cada día! Hasta se burlan de mi magistral manejo de los tiempos. ¡Qué difícil se nos han puesto las cosas, Carles! Y todo por vuestra impaciencia.
Porque dime: ¿por qué tanto empeño en hacer un referéndum ilegal el 1 de octubre si ya has visto que te lo hemos convocado legal para el 21 de diciembre? ¡Y muy probablemente ganaréis de nuevo! Ten en cuenta que el 155 es simplemente un parche legal para corregir algunas cosillas en las que se os ha ido la mano por indiscretos, admítelo. Y fíjate si somos generosos que ni aun así han sido procesados Jordi y su banda, y eso que ya los ves, multimillonarios perdidos cuando no hace tanto que la madre superiora lamentaba no tener ni cinco.
Por cierto, y perdona que me ría, pero no me digas que no tiene gracia que estés pagando tú ahora todas juntas las fechorías cometidas durante cuarenta años por Jordi y Artur. ¡Eres un pringao! Pero lo que te estaba diciendo del artículo ése del demonio es que no cambia en absoluto el panorama electoral y mucho menos aún el ideológico. ¡Si hasta hemos dejado clarísimo que no pensamos tocar vuestra tele y vuestra radio, que, como habrás podido comprobar, siguen estando a vuestra entera disposición!
Y en cuanto al largo plazo, ni te cuento: ¿no hemos dejado claro también que no tenemos la menor intención de tocar las competencias de educación? Mucho se habla últimamente de adoctrinamiento y de totalitarismo, por cierto, lo que me sorprende porque por aquí no teníamos ni idea. Algo mencionó hace poco Íñigo sobre algunos casos aislados, así que algún informe habrá que pedir a alguna comisión, pero no te preocupes, que la gente se olvida rápidamente de esas cosas.
De modo que ya ves que tenéis garantizada la hegemonía ideológica para siempre, pues ya sabes que a los materialistas vulgares nunca nos ha interesado el debate ideológico. Lo importante es la economía. Además, tenéis la continuidad garantizada con ese Santi Vila, que tan prudentemente se bajó del carro tras habérsele calentado la lengua hace algunas semanas y que se ha ofrecido a continuar con los tradicionales pactos con los gobiernos de Madrid hasta poder conseguir la independencia con calma y, como él dice, ajustada a derecho.
Ya sabes que en España, cumpliendo el procedimiento reglamentario, se puede conseguir cualquier cosa. Hasta su destrucción. No seré yo el que se oponga. O sea, que tampoco tienes por qué tomarte las cosas tan a la tremenda. Incluso en el peor de los casos, el de que el Estado de Derecho, que confieso que es un engorro, acabe enviándote una temporadilla a la sombra, tampoco es para tanto. Te alojaríamos con los Jordis y así hasta podríais pasar el rato haciendo proselitismo. Y cuando la gente se haya olvidado de todo este ruido, un indultillo y a otra cosa. De eso me encargo yo, que lo de poner a los criminales en la calle antes de tiempo se me da de maravilla. ¡Y con el pedazo de pensión que te llevarás, picarón! En fin, querido Carles: ¡pelillos a la mar y vuelve pronto, hombre, que te echamos de menos!
Y tras el 21-D, ¿qué vamos a hacer?
Eduardo Arroyo gaceta.es 3 Noviembre 2017
Las pasadas manifestaciones multitudinarias en Barcelona, en protesta contra los desmanes independentistas, han llenado de alegría a multitud de españoles. Hasta en los últimos rincones de nuestra geografía han podido verse balcones engalanados con banderas españolas. Esta sensación de patriotismo desbordante es muy legítima y saludable, después de tantos años de represión del sentir meramente español. Ahora parece que de repente han surgido numerosos patriotas, desde Borrell hasta Francisco Frutos pasando por Vargas Llosa.
No obstante sería interesante hacer algunas consideraciones:
– Las explosiones de júbilo pueden ser más o menos positivas y deseables pero duran lo que duran. Es necesario tener una idea precisa y clara acerca de lo que se quiere hacer a corto, medio y largo plazo.
– La aplicación del artículo 155 ha transcurrido sin mayores problemas: ni actos de desobediencia masiva ni desacatos a las decisiones del ejecutivo. Sin embargo esto no quita para que existan millones de catalanes cuya desafección con España es total. Muchos de ellos ocupan puestos relevantes en la sociedad civil y en la “nomenklatura” académica y mediática y, desde luego, no van a tolerar que se les condene a la eterna irrelevancia política y social.
– En el mar de bandera españolas de estos días y en las muestras de rebeldía contra el independentismo ha quedado una realidad bien establecida: una cosa es el movimiento popular, sinceramente patriótico, y otra sus portavoces y representantes. Estos son de carácter heterogéneo –desde ultraliberales hasta socialistas, comunistas e incluso tradicionalistas católicos- y concurren unidos por un antiindependentismo que no es necesariamente patriótico.
– La corriente mayoritaria de entre los portavoces de este movimiento patriótico y antiindependentista está reconduciendo el patriotismo popular hacia algo que no es en absoluto lo que mueve a los cientos de miles de manifestantes: se está sustituyendo a España – como realidad tangible e histórica – por la afección a una serie de “valores” tales como la legalidad, la convivencia, “las libertades” o la constitución.
– En realidad muchos de los que hoy se arrogan el derecho a hablar en nombre de la gente de la calle son en realidad gente que ha trabajado durante décadas para desposeer a España de su pérdida del sentido nacional.
– Es muy dudoso que el “establishment” político –especialmente del PP, ya que es el partido del gobierno- vaya a romper amarras con su apoyo secular a los cárteles mediáticos que han aupado al nacionalismo a su posición hegemónica y que han trabajado para que el sentimiento patriótico español quedara relegado a la marginalidad “facha”.
– La lucha contra el independentismo debe llevarse a cabo en las urnas pero hay que saber que se trata también de una lucha cultural, educativa y social. Si esto no se tiene claro se perderá la guerra en las urnas. Por lo visto este planteamiento no interesa, como se ha evidenciado, primero, tras décadas de dejar hacer aún a sabiendas de lo que pasaba y, segundo, con la abstención del PP en la propuesta de C’s contra el “adoctrinamiento” nacionalista.
Todos estas consideraciones llevan a tres de cuestiones de enorme trascendencia:
– Primero, que sin un plan a medio y largo plazo contra el independentismo en Cataluña (y tampoco en otros lugares donde este independentismo existe latente y solo espera su oportunidad), en breve estaremos donde estábamos. Este problema se planteó en el editorial de ABC del pasado día 29 de octubre titulado “Cataluña, un plan más allá del 21-D”. Aunque allí se exponía el problema no se avanzaba ni una esbozo de propuesta. ¿Por qué? Pues porque son presos de sus propias servidumbres ideológicas.
– Segundo, que entre las personas que honestamente creen “defender a España” no se tienen la ideas claras y se admite sin más que el antiindependentismo equivale sin más a la defensa de España. Esto es una falsedad de todo punto.
– Por último, el independentismo en Cataluña ha llegado a donde esta porque se le ha dejado el campo libre y ha podido llevar a cabo una lucha cultural y social abundantemente financiada. Esto es: ha triunfado a golpe de cheque. Lamentablemente para los “fundamentalistas democráticos” (que diría Gustavo Bueno), que piensan en su delirio que los “individuos” tras cuidadosa reflexión personal alcanzan decisiones racionales, el criterio de la gente es increíblemente flexible a la propaganda. De ahí que los independentistas catalanes no “son” tales sino que les han hecho tales, lo cual es muy diferente. Así que lo que se hizo a golpe de cheque podría deshacerse igual; en este caso, para destruir la alienación en la que viven dos millones de independentistas catalanes.
Por desgracia, muchos siguen aplaudiendo como pioneros del antiindependentismo y portavoces de España a los que hoy no son si no parte del problema y en el pasado contribuyeron a causar el mismo. Una vez más, tras el júbilo y la alegría es imprescindible pensar en profundidad qué es lo que se quiere hacer y con qué compañeros de viaje.
Emilio Campmany Libertad Digital 3 Noviembre 2017
Rodrigo de Rato gaceta.es 3 Noviembre 2017
Podemos podría ser el partido estatal más afectado por la crisis separatista catalana, teniendo que suspender a su propia dirección en esa comunidad por querer aliarse con los separatistas.
Decía Santa Teresa, en una de sus frases más repetidas, que “se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas”. Esto viene a cuento sobre la necesidad de una segunda transición, según la formulación hecha por Podemos y por otros partidos, algunos nacionalistas. El hecho de que la primera transición estuviera basada en el consenso político, no en la ruptura, lleva a estos proponentes a pretender que aquel consenso fue impuesto por los llamados “poderes fácticos” a los partidos políticos democráticos.
A eso añaden que una parte de la actual población, la más joven, no pudo votar la Constitución de 1978 para reclamar una reforma constitucional. La crisis catalana ha producido ya, como era de prever, un cambio en la agenda política en España, cuando antes de su estallido la superación de los efectos de las dos crisis económicas, junto con la construcción europea post Brexit y para afianzar el euro, eran los temas que iban a dominar el futuro debate político español.
La intentona separatista en Cataluña, con sus antecedentes parlamentarios arrollando a la oposición desde principios de septiembre 2017, ha puesto en el debate español políticas de muchos años atrás. La respuesta al separatismo no ha sido la violencia sino la necesidad de reafirmar el sentimiento patriótico español, para sorpresa de los separatistas. Los sectarios efectos de la politización nacionalista en la educación se presentan ya como una necesidad nacional.
El separatismo se percibe como el mayor riesgo de la democracia española. No es tanto, o no solo, un debate territorial como una necesidad de dotar al Estado democrático de los instrumentos necesarios para defenderse, antes de llegar a la aplicación del artículo 155 con la suspensión de la autonomía. Todos los españoles sabemos que el Estado de las Autonomías tuvo en su origen precisamente en dar a los nacionalistas catalanes y vascos un marco político para desarrollar su autogobierno. Hoy, transcurridos 40 años, desarrollado totalmente el Estado autonómico la pregunta es si el nacionalismo es de fiar, para la democracia española.
Seguramente este debate no era el que Podemos y sus socios tenían en mente como segunda transición. Este tema parece que traspasa la división política, social y la separación ideológica de izquierda frente a derecha. Así, Podemos podría ser el partido estatal más afectado por la crisis separatista catalana, teniendo que suspender a su propia dirección en esa comunidad por querer aliarse con los separatistas. Aunque el resultado de las elecciones convocadas para el 21 de diciembre dará inevitablemente una nueva luz a todo lo que estamos viviendo.
La aparente decisión de los partidos separatistas de acudir a esas elecciones convocadas por el Gobierno español, contradictorio sin duda con haber declarado la independencia de España, llevará a una legislatura catalana donde la independencia, o un sucedáneo confederal, serán de lo que se trate, si obtienen más escaños que los constitucionalistas. Como la legislatura pasada, pero más. En esas circunstancias el Parlamento Nacional tendrá que afrontar las distintas opciones de lo que será la segunda transición, con el tema de la unidad nacional más o menos explícito.
Los constitucionalistas no parecen tener una agenda única
Los partidos constitucionalistas, que tan bien han actuado juntos las últimas semanas no parecen ahora tener una agenda única: Ciudadanos busca un compromiso preelectoral (el de la lista más votada) para gobernar juntos frente al separatismo, pero PP y PSOE no parecen dar ese paso por ahora. Los dos partidos mayoritarios, aunque menguados, llevan ya dos años buscando un modus vivendi en un mapa político en el que ya no son hegemónicos.
Hace solo un año el socialismo tuvo que echar a su entonces Secretario General, Pedro Sánchez, para dejar gobernar a Rajoy. Hoy con Pedro Sanchez de nuevo como líder del PSOE la insurrección separatista ha llevado a una unión con Rajoy para suspender la autonomía catalana.
La convocatoria inmediata de elecciones ha servido sin duda para forzar a los partidos depuestos a centrarse en las nuevas elecciones, en vez de en reaccionar contra la aplicación del 155. Pero esa reacción estará en la campaña electoral, aunque ofrecer independencia otra vez chocaría con la realidad empresarial e internacional. Desde otro ángulo, la convocatoria de elecciones inmediatas en Cataluña, presupone aceptar el engranaje educativo-comunicación que nos ha llevado hasta aquí, apoyándose en una ley electoral sesgada a favor de las zonas con más voto nacionalista.
Es pronto para saber si “las desgracias nunca vienen solas” o si ” no hay mal que por bien no venga”. Pero lo vamos a ir sabiendo en próximas fechas, de momento el toro está en la plaza. Quien sea capaz de movilizar a los suyos sin asustar a los demás tiene de las de ganar. Los votantes no separatistas, que habitualmente no votaban en las elecciones autonómicas, pueden tener su última oportunidad este diciembre.
Pío Moa gaceta.es 3 Noviembre 2017
Como la gran mayoría de nuestros políticos y periodistas apenas tienen idea de la historia de su propio país, más allá de cuatro tópicos, por lo general falsos, conviene intentar ilustrarles (aunque supongo que será en vano) en relación con el separatismo catalán y las perspectivas actuales. Son muchos los que se alegran del ridículo que vienen haciendo los golpistas y de la persecución judicial a algunos de ellos, y creen que el problema está prácticamente resuelto. Pues bien, presten atención:
Unas piezas de muestra: “En el banquillo de los acusados, siete hombres de Cataluña. Y en torno al estrado y al banquillo, y fuera, el pueblo”. “Lluis Companys, el Presidente de la Generalidad, es el primer luchador de Cataluña”, “Companys y Cataluña, magnífica ecuación. Companys y Cataluña se encontraron juntos el 6 de octubre. Y no se separarán más” . “Companys es Cataluña. Cataluña es Companys” . En un libro titulado “Cataluña-Companys escribía, entre otros, Azorín: “Estos hombres (por los golpistas) son afectuosos, llanos e inteligentes. Han procedido con lealtad y rectitud en el gobierno de su nación. Lo han sacrificado todo por el pueblo. ¡Por Cataluña y todos los pueblos de España, en el acervo de libertad, de justicia, de progreso!”. Y así sucesivamente (lo he detallado en El derrumbe de la República). Ante lo que viene ocurriendo uno se da cuenta, con cierto desaliento, de que en la España actual la experiencia histórica, por mucho que se exponga, pasa como si no existiera, no sirve de nada.
Hace meses describí así la situación, y creo que cualquiera puede verla: una clase política corrupta, simplemente repulsiva, choca con el peso histórico, cultural y demográfico de siglos de la nación española, a la que unos tratan de disgregar y otros de disolver en la UE. Ese peso e inercia debería generar una resistencia popular que por entonces no se veía por ninguna parte, pero que por fin ha hecho su aparición, si bien todavía de modo confuso y disperso.
No obstante, si esa espontánea resistencia no se articula en una alternativa política, no llegará lejos, y el proceso de putrefacción del régimen salido de la transición continuará, pudriendo aún más a la sociedad española, o derivando a salidas traumáticas. Esa clase política que tantas miserias ha traído al país debe ser expulsada. ¡Qué gran oportunidad para un manifiesto conciso y claro que exponga la situación y su mejor salida! Lo he propuesto a VOX, pero este partido parece centrarse exclusivamente en la necesidad de aplicar la ley, lo que está bien, salvo porque este gobierno nunca la ha aplicado y su aplicación aparente solo puede ser y será una farsa y una burla más a los españoles y a la democracia. Y que aunque está bien la insistencia de VOX, es solo un aspecto de una situación histórica de mucha mayor envergadura.
Cuando la Justicia genera desorden (o el caos redentor)
José Javier Esparza gaceta.es 3 Noviembre 2017
Gustaba el señor marqués de hacer cuanto le saliera de la entrepierna. Era hábito inveterado desde incontables generaciones. Robaba, asaltaba, violaba, trampeaba, estafaba… Nunca nadie le chistó. Un soborno aquí, un regalo allá, una amenaza en esta otra parte, y el señor marqués siempre quedaba impune. Volvía el feroz señorón de sus correrías y una buena parte de su pueblo le aclamaba, agradecido porque el señor marqués, rumboso, repartía con frecuencia las migajas del botín. Protegido por una sórdida coraza de pactos y componendas, el marqués aumentaba sus bienes y dominios. El propio rey, acobardado, aconsejaba prudencia y templanza, no fuera a irritarse el magnate ladrón. Tal era el orden de las cosas.
Así creció el señor marqués en osadía y audacia, cada vez más lejos en sus desmanes. Hasta que un día, en el colmo del atrevimiento, llegó a robar la manzana de oro del rey. Ni siquiera entonces pareció nadie conmoverse. “No me obligues a hacer lo que no quiero hacer”, gimió el rey por única respuesta. Pero era la manzana del rey, así que el guardián de las manzanas, protocolario, envió un alguacil. Y el alguacil, que no conocía de pactos y componendas, acudió al ecuentro del señor marqués.
Vio el alguacil al marqués. Interceptóle. Descabalgóle. Léyole el fuero. Apresóle y a galeras envióle. Y el estupor se adueñó del Reino.
Aullaba el señor marqués, amarrado al duro banco. Clamaban justicia los vasallos del señor marqués, heridos en su orgullo. Temblaban los cómplices del señor marqués, temerosos de que aflorara su propia podredumbre. Trémulo gemía incluso el rey, que había llegado a valorar más la satisfacción del conde que la propiedad de su manzana. Sólo el pueblo respiraba aliviado, pero ¿a quién le importaba el pueblo?
Convocó el rey al aguacil. “¿Es que no ves lo que has hecho?”, espetó el monarca al funcionario, entre atribulado e iracundo. “¡Estás poniendo en peligro el orden público! ¡Vas a hundir el Reino! ¡Eres un subversivo, un perturbador!”.
Miró el alguacil al monarca. Compuso una humilde reverencia y se limitó a exhibir el fuero. Llevaba la firma de Su Majestad. Carraspeó el alguacil y dijo: “Esta es la ley. Si la primera vez que el marqués la violó le hubierais amonestado, habría sido suficiente. Si la segunda vez que lo hizo le hubierais sancionado, habría habido mayor quebranto, pero también habría sido suficiente. Si la tercera vez le hubierais embargado, el quebranto aún habría sido más severo, pero también habría sido suficiente. Ahora bien, no hubo ni primera vez, ni segunda ni tercera, de manera que la costumbre del delito se hizo ley, y el desorden, orden. De forma tal que, ahora, para volver al fuero no hay más remedio que desordenarlo todo, aunque la ley parezca injusticia y el orden, alteración”.
Y el rey calló. Y el alguacil se marchó. Y a los magnates del reino ya no les quedó otra preocupación que ver cómo sacaban de galeras al señor marqués.
García Atadell, la represión organizada por las izquierdas
Juan E. Pflüger gaceta.es 3 Noviembre 2017
La actuación de García Atadell demuestra que la represión republicana fue organizada desde la administración pública y no, como afirma la izquierda, obra de incontrolados
Agapito García Atadell fue el responsable de la checa instalada por la Brigada de Investigación Criminal en la calle Martínez de la Rosa número 1 de Madrid. Allí fueron asesinadas más de un centenar de personas de las más de 800 que pasaron por las instalaciones y que fueron, en su mayor parte, torturadas.
La historia de García Atadell es otro de los hechos que demuestra que la represión en la retaguardia republicana fue organizada desde el Gobierno del Frente Popular y que los centros ilegales de detención no estaban en manos de “un puñado de incontrolados”, como aseguran los historiadores de izquierdas y los defensores de la Ley de Memoria Histórica.
García Atadell nació en 1902 y era tipógrafo de profesión. Desde muy joven se vinculó al sindicato UGT, y al PSOE. En 1921 se afilió al recien creado PCE, donde promocionó hasta ser nombrado secretario de las Juventudes Comunistas. En 1928 volvió a la UGT y el PSOE. Formando parte de la Ejecutiva Federal del sindicato y siendo uno de los hombres de confianza de Indalecio Prieto, de cuya escolta fue uno de los dirigentes.
Su carácter agresivo quedó claro en los años veinte. Donde sus detenciones y multas son continuas: en 1922 fue detenido tras agredir a un impresor, Benito López García, que se negó a afiliarse a su sindicato; dos años después se le detuvo por incitar a la sedición; y ese mismo año, 1924, cumplió un año de cárcel por una agresión durante una huelga.
Llega a 1931 bien posicionado dentro de la UGT gracias a sus contactos con Prieto. En 1934 participó en la revolución de 1934 y pasó un tiempo en la cárcel hasta que en 1936 fue uno de los escoltas del líder socialista. Gracias a estas relaciones, al comienzo de la guerra se le nombró jefe de las “Milicias Populares de Investigación”. Un cargo que dependía del ministro de Gobernación, Sebastián Pozas, que quería reforzar la Brigada de Investigación Criminal. Su jefe directo fue el inspector de la Policía Antonio Lino.
Las autoridades republicanas le cedieron el palacio de los condes de Rincón, en la calle Martínez de la Rosa núemero 1, donde recibió el encargo de organizar un centro de detención, una checa y se le encomendó el mando de 48 agentes que eran antiguos milicianos del PSOE y la UGT a los que se había nombrado agentes de policía.
Atadell era el dirigente de la denominada como “Brigada del amanecer” y del siniestro grupo “Los linces”. En los dos meses que ocupó su cargo detuvo a 800 personas, de las cuales más de cien fueron asesinadas. Practicó centenares de registros y las incautaciones de objetos de valor que realizaba no tenían ningún control, con lo que junto a sus lugarteniente, Luis Ortuño y Pedro Penabad, consiguió reunir un gran botín que ascendía a 25 millones de pesetas de la época. Salieron hacia el puerto de Alicante en octubre de 1936.
La historiografía de izquierdas insiste en señalar que fue el encargado de negocios George Ogilvie quien le convenció de que abandonase la represión. Pero la realidad es que el plan de Atadell era escapar junto a sus socios con el botín y escapar a Hispanoamérica. Los milicianos comunistas llevaban tiempo intentando apropiarse de parte del botín conseguido por Atadell, pero éste siempre lo impidió, lo que le granjeó importantes enemigos en Madrid.
Para fugarse, no dudó en saquear una cuenta a nombre de su esposa, una antigua monja, a la que abandonó para escapar con sus socios. Se trasladó a Alicante donde compraron documentos de identidad cubanos falsos. Pero fue delatado a las autoridades francesas para que fuera detenido en la escala que el barco en el que viajaban iba a realizar en Vigo. El embajador republicano en Francia, Luis Araquistáin, fue autorizado para delatar al fugado ante las autoridades franquistas para que fuera detenido al ser considerado un traidor tras su fuga.
El barco, de bandera francesa, estaba bajo la autoridad del país vecino, pero en ese momento el Gobierno galo no autorizó la detención al hacer escala en Vigo. Sin embargo, el 24 de noviembre, en una escala en Las Palmas, la autorización se concedió y fue detenido y trasladado junto a sus compinches a Sevilla, donde se le ingresó en un módulo de alta seguridad.
Durante el juicio al que fue sometido, se practicaron diligencias completas. Los testimonios en su contra fueron demoledores frente a cualquier defensa posible y se le condenó a muerte. Una sentencia que fue cumplida el 15 de julio de 1937.
Desde su cautiverio hasta su muerte, Garcia Atadell se convirtió al catolicismo y adjuró de sus acciones y anteriores creencias socialistas. Murió encomendándose a Cristo Rey.
Santiago Navajas Libertad Digital 3 Noviembre 2017
La clave está en la lengua española. El gran filólogo Rafael Lapesa lo escribió en Cuenta y Razón en 1989:
Lo que sucede hoy –y mi responsabilidad de intelectual me obliga a denunciarlo– es que estamos asistiendo a un calculado intento de desintegrar España.
Se refería Lapesa al ataque nacionalista contra todo lo español, y en especial contra la lengua española. Un indicio de por dónde iban los tiros se tuvo cuando la Constitución dictaminó, contra el criterio de la Real Academia de la Lengua, que la lengua común de los españoles debía denominarse castellano. La ofensiva nacionalista tenía desde el comienzo de la democracia el objetivo de eliminar cualquier vestigio de la nación española constitucional e histórica.
La canonización franquista de la lengua española mutó durante la democracia en la santificación de las lenguas particulares de Cataluña, País Vasco y Galicia. El español fue perseguido en dichas comunidades, se castigó a quienes rotulaban sus comercios en dicho idioma y los hispanohablantes fueron sometidos a acoso institucional en los centros educativos. La Constitución de 1978 era un intento magnífico de reconciliar a todos los españoles a través del establecimiento de un bilingüismo sólido en las comunidades con dos lenguas propias. Sin embargo, cuando Cataluña, País Vasco y Galicia establecieron sus leyes de normalización lingüística traicionaron el espíritu de concordia de la Constitución instituyendo un clima de persecución y acoso de los ciudadanos que preferían expresarse y estudiar en español. Los centros educativos se convirtieron, permítanme la analogía, en campos de exterminio de todo lo que oliese a español, empezando, claro, por el idioma. Sobre todo en Cataluña, donde normalización no es sino un eufemismo para un procés de supresión del español hasta llegar a un utópico y totalitario monolingüismo catalán. No faltaron tontos útiles en el lado constitucionalista que aceptaron escribir en español Girona en vez de Gerona, sin que ello llevara a aceptar en catalán Zaragoza en lugar de Saragossa.
Desintegrar España, como bien vio Lapesa, pasa por destruir el español como lengua común. Escuchando las graves incorrecciones lingüísticas de Puigdemont y su consejera de Educación cuando se expresan en español, cabe deducir que para acabar definitivamente con España no solo pretenden eliminar su denominación (refiriéndose a ella como "Estado español"), sino que también han tratado de arrancar de cuajo el propio idioma, porque para ellos constituye una visión del mundo. Siguiendo su ideología de racismo lingüístico, matar una lengua es equivalente a exterminar una cosmovisión. La prohibición de las corridas de toros no era sino la guinda del pastel nacional-totalitario hispanófobo.
Es necesario que los liberales postulen un tipo de Estado liberal, pequeño pero fuerte, que amplíe los espacios de libertad de todos los ciudadanos catalanes y, por ende, de todos los españoles y europeos. No estamos jugando mucho más que la supervivencia de España: la existencia misma de la libertad.
Es esta utopía catalanista la que ha conducido a la violencia insurreccional del golpismo. Porque, como argumentó Karl Popper, hay una causalidad entre la acción utópica y la violencia. Para el maximalismo utópico, no cabe ninguna etapa de compromiso y negociación, sino la imposición de dogmas a priori. Por eso se justifica la violencia en sus diversos modos, del terrorismo al golpismo. De ahí esa alianza entre lo que simboliza Otegiy lo que representa Puigdemont. Ideólogos contrarios al plurilingüismo han dado cobertura teórica a la tesis de que normalitzar una llengua implica sempre reduir la presencia de l’altra llengua.
Por tanto, la idea subyacente al nacionalismo es que para acabar con España hay que derrotar al español como lingua franca de todos los españoles. Se ha usado el sistema educativo, de Primaria a Universidad, para el "adoctrinamiento lingüístico". Y para ello ha sido crucial blindar el acceso a dicho sistema a los docentes de otras comunidades, usando el requisito del idioma particular de cada comunidad. Por eso no solo no basta con aplicar el artículo 155, sino que para restablecer la normalidad en lo relacionado con los derechos fundamentales y la igualdad de oportunidades dentro de un paradigma liberal hay que establecer un sistema educativo en español en paralelo al sistema educativo en catalán. De esta forma se apostaría por un modelo educativo bilingüe que tenga en cuenta tanto a Juan Marsé como a Quim Monzó. En el mismo sentido, hay que permitir que profesores de toda España puedan acceder a las oposiciones docentes en Cataluña en igualdad de condiciones con los que dominan su lengua particular. El vértice de un Estado liberal en Cataluña también implica el cierre de la televisión pública catalana, la hermana gemela del adoctrinamiento educativo. Valerie Bemeriki, una de las presentadoras de la radio que incitó al odio en Ruanda, explicó con posterioridad:
En el colegio nos enseñaban a odiar a los tutsis. Nos decían que cuando recuperaran el control del país nos exterminarían.
Una propuesta liberal para Cataluña pasa, por tanto, por defender los derechos de todos los ciudadanos y garantizar la igualdad de oportunidades. Con respecto a la cuestión nacional, en España el problema no es que haya demasiado Estado, sino que el que hay es muy poco liberal. El Estado central debe retomar competencias que han sido usadas torticeramente por los nacionalistas para crear un Estado autoritario. Lo que implica luchar contra el proteccionismo lingüístico, que lleva a otros tipos de proteccionismo, sociales, culturales, laborales y económicos.
En resumen, el nacionalismo como ideología, el clasismo como método, la xenofobia como actitud y el golpismo como política constituyen un paradigma absolutamente opuesto al liberalismo y su modelo de sociedad abierta y plural, respetuosa con la democracia representativa y los derechos fundamentales. La reconquista de un espacio lingüístico común es condición necesaria para la reconstrucción de un espacio político liberal. Para ello es necesario que los liberales postulen un tipo de Estado liberal, pequeño pero fuerte, que amplíe los espacios de libertad de todos los ciudadanos catalanes y, por ende, de todos los españoles y europeos. No estamos jugando mucho más que la supervivencia de España: la existencia misma de la libertad.
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 3 Noviembre 2017
Precisamente porque como dijo Rajoy, antes de desdecirse y tras haberse desdicho, había que restaurar la democracia en Cataluña, lo último que se debía hacer antes de que la Justicia acometiera su tarea tal y como empezó a hacer ayer, que es mandando a la cárcel a los golpistas, era convocar elecciones autonómicas. Generales, puede; catalanas, no.
Recordemos el tracto acusatorio-reculatorio de Rajoy: 1/ "No nos obliguen a hacer lo que no queremos hacer"... y era cumplir la ley; 2/ Artículo 155 con todas sus consecuencias y elecciones "pasados, al menos, seis meses"; 3/ Elecciones en 56 días, sin intervenir TV3 y dejando en manos de los jueces la persecución de los que, no obstante, "verían con agrado" que se presentaran a las elecciones, según dijo Méndez de Vigo. Supongo que ahora verán con agrado que los presos encabecen una lista única, respaldada por Podemos y Colau, para ir cuanto antes a los dos tripartitos: el de Cataluña en enero y el del resto de España en junio.
¿O es que alguien ve al PP de Soraya y Millo, de Méndez del Agrado y Lasalle, de Catalá y Zoido, de Mariano y de Rajoy dando la batalla que hay que dar, día y noche, ante la opinión pública para defender no sólo la legalidad sino la vital necesidad de que la Justicia haga honor a su nombre y castigue ejemplarmente a los golpistas? ¿Quién frenará en televisión el paragolpismo de Iglesias, que ayer llamó "presos políticos" a Junqueras y sus cómplices? ¿La Gran Muralla Constitucional de Ferreras en La Sexta, Ruiz en La Cuatro, Juliana en TVE y Espinar en Telemadrid? ¿O Catalunya Radio, RAC1, TV3 y La Vanguardia?
No se puede poner en marcha la Justicia para restaurar un Estado de derecho que en Cataluña no rige hace décadas y, al tiempo, someterlo al baño maría de unas elecciones abocadas al victimismo; menos aún con los medios de comunicación en contra. Rajoy -lo dijimos aquí, cuando tantos lo reputaban astutísimo- eludió su responsabilidad endosándoles a dos tontos que van de listos, Sánchez y Rivera, la convocatoria de unas elecciones de puro escaparate que, salvo milagro, perderá Ciudadanos y ganará un PSC-PSOE esquerranizado y podemizado. En ello está; por eso vetó intervenir TV3.
Pero aunque en mal terreno y peor compañía, hay que dar todas las batallas por la supervivencia de España. Así que, ¡bien por la juez Lamela!
EDITORIAL ABC 3 Noviembre 2017
Editorial: Una decisión judicial impecable
Editorial larazon 3 Noviembre 2017
Si alguien había podido creer que la fuga cobarde a Bélgica del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de cuatro de sus ex consejeros no iba a pesar en la decisión de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, a la hora de dictar graves medidas cautelares para el resto de los imputados, habrá comprobado que se equivocaba. De hecho, en el auto de la magistrada, a la hora de valorar el riesgo de fuga de los ex miembros del Gobierno catalán procesados, se cita textualmente que «no puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados, que les permite abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero.
En este punto, baste recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países, eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido. Es, sin embargo, el del riesgo de fuga, sólo uno de los elementos valorativos que, de acuerdo a la reiterada jusrisprudencia del Tribunal Constitucional, ha contemplado la juez para dictar la prisión provisional sin fianza del ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y de los ex consejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Joaquim Forn y Carles Mundó.
Ha contado, y mucho, la gravedad de las penas a las que se enfrentan los procesados por los delitos de rebelión, sedición y malversación, que, como razona la juez en su auto, «a mayor gravedad de los hechos y de la pena, más intensa cabe presumir la tentación de la huida», pero, sobre todo, la existencia de motivos más que suficientes para estimar criminalmente responsables a las personas contra las que se ha dictado el auto de prisión provisional. En este punto, y aunque la juez Lamela se extiende prolijamente en la exposición de los hechos, no creemos necesario detenernos en la descripción de unas conductas que todos los españoles han presenciado en directo, salvo para recalcar que sin las atribuciones de los cargos públicos de los que estaban investidos, no hubieran podido llevar a cabo el proceso separatista.
Ningún reparo, pues, puede ponerse a la resolución de la magistrada, por más que a nadie pueda alegrarle la privación de libertad de una persona que todavía no ha sido juzgada. Y es así, porque en este caso –con la excepción, tal vez, del ex consejero Santi Vila, que se apartó de sus compañeros en el último y más grave momento y para el que se ha acordado una fianza que le permitirá salir de prisión– hay circunstancias agravantes especialmente notorias: la ausencia total de arrepentimiento por parte de los encausados, como si no fueran conscientes de la gravedad de los delitos cometidos, y la contumacia que han venido demostrando a lo largo de todo el proceso. Podría decirse, incluso, que su incomprensión de la realidad, en la que se arraiga un concepto propio de impunidad, escapa a cualquier razonamiento lógico.
Así, pese a las advertencias leales, las admoniciones de todas las instituciones y las resoluciones judiciales, parecían incapaces de entender que la pretendida secesión de Cataluña, por ellos intentada, era una acción de consecuencias terribles, no sólo para la propia sociedad catalana, sino para el conjunto de España e, incluso, de la Unión Europea. Incapaces de comprender que un Estado de Derecho como el nuestro utilizaría todos los instrumentos a su alcance para preservar la unidad de la nación, el ejercicio de la soberanía nacional y la democracia representativa. Así ha ocurrido y, frente al relato victimista, más propio del teatro del absurdo que de la racionalidad política, sólo existe la actuación inevitable e independiente de la Justicia. Pero si la fuga de la realidad preside las reacciones de los querellados, capítulo aparte merecen las actitudes de quienes, desde el oportunismo político más pedestre, tratan de llevar al ánimo de la opinión pública la idea de que los impulsores del golpe separatista son objeto de un ajuste de cuentas político llevado a cabo por el Gobierno y por unos jueces a su servicio.
Si es comprensible que se extienda este tipo de acusaciones entre los fanatizados del separatismo catalán, azuzados por los partidos y asociaciones que lo representan, es del todo inaceptable que participen del esperpento político quienes, por sus responsabilidades institucionales, parlamentaria o de cualquier otro tipo, deberían contribuir al fortalecimiento de la democracia española, atacada por unos individuos que, si no acatan sus propias leyes, menos respetarán la división de poderes que garantiza nuestras libertades. Ayer, simplemente, la Justicia siguió su curso.
EDITORIAL El Mundo 3 Noviembre 2017
Los catalanes son los grandes damnificados del 'procés'
Los partidos separatistas iniciaron el famoso procés bajo la promesa de que la independencia de Cataluña conllevaría un futuro de gran abundancia y prosperidad económica, ignorando por completo el desastre que supondría no ya solo la ruptura con el resto de España, sino la salida de la UE y del euro, así como el aislamiento internacional y la profunda fractura social que traería consigo el plan separatista. Pero lo más grave, más allá de ese burdo listado de mentiras, es que hicieron creer a los catalanes que la puesta en marcha de su particular utopía política estaría exenta de costes y riesgos, articulando con ello un gran engaño colectivo cuyos nefastos efectos empiezan a pasar factura a la población.
Los últimos datos de paro evidencian los problemas por los que ya atraviesa, hoy por hoy, la economía catalana. Problemas causados, única y exclusivamente, a la irresponsabilidad y sinrazón de sus desnortados políticos. Así, mientras que el conjunto de España sigue creando empleo al mayor ritmo desde la época de la burbuja inmobiliaria, Cataluña se está quedando rezagada de una recuperación económica que, hasta hace poco, lideraba a nivel nacional. La economía catalana apenas generó 1.700 empleos el pasado octubre, una tercera parte de los registrados hace un año, frente a los cerca de 94.000 creados en todo el país. Asimismo, dicha comunidad autónoma encabezó el aumento del paro, con casi 15.000 desempleados más, el doble que en el mismo mes de 2016, muestra inequívoca del negativo impacto que dejó tras de sí la celebración del referéndum ilegal y la posterior declaración de independencia.
Desde el 1 de octubre, más de 2.000 empresas han abandonado Cataluña, trasladando sus sedes sociales a otras regiones de España, debido a la inseguridad jurídica que reina en esta autonomía, las reservas turísticas han caído un 30%, las inversiones se han paralizado, la matriculación de coches ha descendido y la venta de pisos se está frenando, entre otras tantas señales de ralentización económica. De mantenerse el actual clima de incertidumbre y tensión, el PIB catalán podría estancarse el próximo año e incluso volver a caer en la recesión, según advierte el Banco de España, la AIReF e importantes organismos privados, con todo lo que ello supone en cuanto a creación de riqueza y empleo. Y eso sin tener en cuenta que muchas de las empresas que se han ido ya no volverán, tal y como aconteció en su día en Quebec tras su referéndum de independencia.
Además, Cataluña es una región insolvente, cuya deuda cotiza como bono basura y, por tanto, sin credibilidad alguna a nivel financiero, tras la desastrosa gestión presupuestaria llevada a cabo por los separatistas con el único fin de alimentar el falaz discurso victimista de "España nos roba". La otrora rica, próspera, solvente y admirada economía catalana se ha convertido hoy en una región en declive que ahuyenta a sus empresas, genera desconfianza entre los inversores y provoca el hazmerreír de medios y analistas internacionales debido al ridículo y cobarde comportamiento de su expresidente y exconsejeros. Éste y no otro ha sido el fruto del ‘procés’ y sus principales damnificados están siendo los propios catalanes.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 3 Noviembre 2017
IMPECABLE AUTO DE LA JUEZA LAMELA QUE DEBERÍA SONROJAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA. PODEMOS INJURIA EL ESTADO DE DERECHO DICEINDO QUE LOS GOLPISTAS SON PRESOS POLÍTICOS. TV3 EMITE UN VIDEO DEL HUIDO PUIGDEMONT EN HORA DE MÁXIMA AUDIENCIA.
Tras las no declaraciones de todos los citados, a excepción del Consejero dimitido Santi Vila, que se acogieron a su derecho de solo declarar las preguntas de sus abogados, se produjo un receso en el mediodía en la hora de la comida y tras largas horas de espera de los investigados, la jueza Lamela emitió un Auto en el que describió un extraordinario relato de los hechos acaecidos desde el año 2015 desde las elecciones autonómicas y la obtención de la mayoría parlamentaria por las fuerzas independentistas hasta la declaración de independencia. Basándose en la gravedad de los delitos imputados y las altas penas de prisión consiguientes, así como la existencia de una alta probabilidad de fuga de los investigados y de su reiteración en los delitos, decidió declarar la prisión provisional, incondicional y sin fianza para todos, excepto para Santi Vila eludible con una fianza de 50.000 euros.
Y es que merece la pena leer con detenimiento y centrarse en ese relato exhaustivo de los hechos y actuaciones no basados en indicios o conjeturas sino en pruebas. Un relato, que como digo en mi resumen del artículo, debería hacer sonrojar al Gobierno de España que simplemente ha estado remiso a la hora de actuar con mayor determinación ante el desafío secesionista. Porque el Gobierno de España, en mi opinión repetidamente expresada a lo largo de este tiempo, nunca ha estado a la altura del reto. Nunca ha querido hacer uso de los medios que disponía la legislación, ni la Constitución, hasta que las circunstancias han hecho inevitable aplicar el único artículo de la Constitución que, aunque no estuviese apoyado por un cuerpo legislativo que detallase su aplicación, era el apropiado para contrarrestar la escalada de la insumisión y rebeldía del Gobierno de la Generalidad y del Parlamento autonómico de Cataluña.
Ha tenido que ser la jueza de la Audiencia Nacional titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3, la que de una forma exquisita y una lógica aplastante haya elaborado un relato pormenorizado de lo que ha sido sin duda el plan perfectamente definido por los independentistas para culminar la declaración de independencia, basándose en la desobediencia a la Constitución y legislación española y la creación de una legalidad jurídica paralela como soporte de la secesión. Una actuación que estaba perfectamente coordinada con las asociaciones civiles ANV y OMNIUM y que se nutría de subvenciones realizadas con fondos públicos. Y no tengo la más mínima duda de que este relato era perfectamente conocido por el Gobierno de España que subestimó siempre la determinación de los independentistas. Una actitud de menosprecio del alcance real del problema. Pero si bien el relato se centra en estos dos últimos años, no podemos obviar que la principal causa del auge del sentimiento independentista en la sociedad en Cataluña ha venido por la abdicación de los diferentes Gobiernos de España de PSOE y PP en mantener y aplicar el Estado de Derecho ante el avance del adoctrinamiento y creación de estructuras y organizaciones cuyo objetivo era conseguir la independencia de España. Basta recordar el énfasis nacionalista cada vez mayor creado en torno a actos conmemorativos de fuerte significado político, el ensalzamiento de figuras del separatismo, la reivindicación entre festiva y reaccionaria de las sucesivas Diadas, etc.
Se ha permitido el que partidos como CiU y su principal líder el nada Honorable Jordi Pujol, ese ex President de los nidos del árbol, campasen a sus anchas y creasen un sistema seudo mafioso implantando una especie de impuesto revolucionario, el famoso 3%, que en casos llegaba hasta el 10% y que ha hecho que la fortuna personal del clan familiar de los Pujol, evadido en paraísos fiscales, sea del orden de varias decenas de miles de millones de euros. Una causa penal que incomprensiblemente lleva atascada años y que redunda en que su principal imputado siga sin ser juzgado y condenado, y ni siquiera haya entrado en prisión. Y es que robar a espuertas no parece ser tan grave como dar un golpe de Estado. O sea, que para los Gobiernos de España del PSOE y del PP, era preferible no mirar y dejar hacer, como mal menor ante la amenaza de avanzar en las reivindicaciones nacionalistas, cosa que finalmente no han podido evitar. Y es así, que ante esa pasividad, llegamos durante el Gobierno de Zapatero a la mezquina aprobación de un Estatuto de Autonomía que declaraba ya sin tapujos en su preámbulo que Cataluña era una nación y se dotaba de estructuras de Estado en plan de igualdad con España. Algo que el PP, espoleado por un espíritu españolista presidido por un desconocido Mariano Rajoy, impugnó ante el Tribunal Constitucional, logrando una sustancial merma de ese Estatuto.
Y en esas ha seguido Mariano Rajoy, en mantener como metodología la impugnación de las sucesivas ilegalidades que iban cometiendo los Gobierno de la Generalidad de Artur Mas y de Puigdemont. Nunca ha habido intención de acometer de una vez el verdadero problema yacente en una sociedad que ha sido dividida y enfrentada, donde una parte que no comparte las ideas independentistas ha sido sometida y acosada por la otra parte y desde el propio Gobierno de la Generalidad con una legislación abusiva y coactiva de los derechos fundamentales de los españoles, bajo la pasividad y dejación del Gobierno de España de Mariano Rajoy Brey. Una dejación que ha causado un sentimiento de frustración y de abandono en esa parte de la sociedad sometida y silenciada. Un problema que ha llegado al extremo de que esa misma sociedad haya tenido que salir en defensa de sus derechos y hacer militancia de su catalanidad y españolidad, donde PSOE y PP han sido los grandes ausentes, por lo que deberían sentir sonrojo, vergüenza y pedir perdón.
Y en este escenario resalta un partido de ultra izquierda, PODEMOS, que, en coalición con IU, se ha posicionado claramente del lado de los golpistas catalanes. Su desvergüenza ha llegado al extremo de injuriar al Estado de Derecho calificando a los detenidos por la jueza Lamela de presos políticos, cuando son unos contumaces delincuentes que han violado la Constitución de España, desobedecido las sentencias de los Tribunales de España y promulgado leyes inconstitucionales para finalmente declarar de forma unilateral la independencia de Cataluña como República. Hay que ser miserable y cínico y profundamente mendaz para injuriar de esa manera al Estado de Derecho. Ya sabemos que PODEMOS y sus socios no respetan las Instituciones y usan el Parlamento de España como pista de su circo particular como auténticos payasos que son. Así que no es de extrañar que se alineen con otros payasos como ellos como los golpistas de ERC, la CUP y los fanáticos del PDeCAT. Simplemente es que PODEMOS no está dentro del sistema democrático y lo mejor que puede hacer es abandonar como ya hace, las Instituciones, pero siendo coherente y dejando sus bien remunerados cargos a costa de los impuestos de todos los españoles.
Por último he de referirme a la desvergüenza de la televisión pública autonómica TV3, que por razones inexplicables no ha sido intervenida y sigue siendo el reducto de sectarios favorables a los independentistas. Ayer noche ha emitido en hora de máxima audiencia un video grabado por el expresidente del Gobierno de la Generalidad cesado en aplicación del artículo 155. Este video de poco más de tres minutos de duración grabado en lo que parece una habitación de hotel, recoge las vomitivas declaraciones de un alienado que sigue presentándose como Presidente legítimo, que exige a libertad de los golpistas mandados a prisión por la jueza Lamela y que arenga al pueblo catalán, acusando al Estado de haber metido en prisión a dirigentes políticos por haber cumplido con el compromiso electoral y el concreto del Parlamento de Cataluña y los califica de vulnerar y atacar los principios básicos de la democracia. Avisa al pueblo de Cataluña que se espera una represión larga y feroz y les conmina a combatirla, pero a la manera catalana¿?: Sin violencia, en paz y con respeto a todas las opiniones de todas las personas, justo lo contrario de lo que han venido realizando desde su Gobierno y el de su antecesor Artur Mas-.
¿A qué espera el Gobierno para impedir esta grave manipulación informativa de una TV3 convertida en altavoz del golpismo? ¿A qué espera el PSPS de Pedro Sánchez para no entorpecer la intervención de una autonomía cuya mitad de la sociedad se ha declarado en rebeldía? ¿Es esa la vuelta a la normalidad en el caso de que vuelvan a ganar las elecciones los independentistas? Estoy harto de tanta hipocresía, de fingidos apoyos y de cierres en falso de situaciones enquistadas que volverán a expandirse como el verdadero cáncer que son.
José Luis González Quirós vozpopuli.es 3 Noviembre 2017
Los sucesos de la pasada semana son de los que pasan a la historia. En este caso, no por haber dado paso a una novedad, sino por algo menos habitual, por haber demostrado la rotunda imposibilidad de una aventura irresponsable, antihistórica, insolidaria y, desgraciadamente, llevada a cabo mediante una serie profundamente grotesca de episodios, cada uno más chusco que el precedente. Por eso creo que se equivocan los que advierten del riesgo de que en las próximas y tempranas elecciones todo vuelva a quedar igual, porque nunca es nada lo mismo después de haber hecho el ridículo, eso que según la sabiduría del viejo Tarradellas nunca se debiera hacer en política.
Muchos albergábamos el temor de que la situación abocase a un conflicto civil abierto, largo, y muy doloroso; afortunadamente no parece que vaya a ser así, y es algo de lo que hay que alegrarse, pero esa alegría, no debiera ocultarnos una verdad de fondo; el problema del supremacismo catalán no queda resuelto por el clamoroso fracaso de una intentona chapucera hasta la náusea.
De hecho, a medida que pase la fase más aguda de la sensación de espantoso ridículo, es muy fácil que, si las causas de fondo no se corrigen, se vuelvan a plantear problemas similares, aunque probablemente de manera muy distinta, porque no es razonable suponer que nadie vaya a empecinarse en conseguir lo que ahora se ha demostrado imposible, por la formidable oposición de dos fuerzas que no siempre se perciben a primera vista en la superficie, allí donde el aventurerismo de la política goza de mejor presencia, pero que determinan muy hondamente el curso de los acontecimientos: la primera, la realidad de una economía pujante que no resiste ni la inseguridad jurídica ni la parcelación de mercados, y una segunda, la rotunda oposición de Europa entera, y, en la práctica, del universo mundo, a que se inicien movimientos que pongan en riesgo lo que se ha conseguido en los últimos sesenta años, y de ahí que los supremacistas catalanes solo hayan podido obtener un atisbo de ayuda de los enemigos de esa idea, sean los populistas antieuropeos, sea Putin.
Un arreglo episódico en algo que requiere medidas mucho más hondas
Gracias a esos dos fenómenos casi telúricos, las medidas del gobierno han obtenido, hasta ahora, un éxito que puede ser equívoco. La inmediata convocatoria de elecciones es, en efecto, un movimiento muy arriesgado, pero si se obtuviese un resultado notablemente distinto a los más recientes nos pondría en camino de una solución duradera. El riesgo de que se repitan los resultados, que es lo que al parecer detectan ahora mismo las encuestas, es algo que puede ser molesto, pero no peligroso, pues para nada cabe suponer que lo que ha sido imposible hace una semana pueda llevarse a cabo dentro de dos meses. No ha habido choque de trenes, sino un absurdo empeño en abatir un muro conduciendo un vehículo ligero y averiado. Sea cual fuere el resultado de las elecciones, será el de unas elecciones autonómicas, algo que no permitirá que nadie pueda saltarse la ley ni obrar contra el más elemental sentido de la realidad.
El Estado, sin embargo, no puede conformarse con aplicar aspirinas a un enfermo grave, tiene que poner en marcha una serie de reformas de fondo que logren que la situación se normalice a largo plazo, para que el independentismo catalán pase a ser definitivamente el sueño de unos locos, por extendidos que hayan estado los síntomas de esa dolencia. La forma en que los partidos diseñen esa tarea puede acabar determinando de manera muy fuerte el porvenir político de toda España, y sería un error colosal no acometer prontamente ese objetivo. Si la reforma de la Constitución parece conveniente, es precisamente por la necesidad que existe de corregir lo que en ella ha hecho posible que disparates como el del supremacismo catalán hayan estado a punto de darnos un susto mayúsculo.
El gobierno se ha permitido, incluso, el lujo equívoco de no tocar TV3: ha debido sentirse muy seguro de lo que hacía. Todo puede cambiar en relativamente poco tiempo, pero los indepes están inconcebiblemente más débiles que hace seis semanas. Ya digo que el mérito no ha sido de los políticos, sino de la realidad, pero, al menos esta vez, el gobierno tampoco ha puesto palos en las ruedas, como sí estuvo a punto de hacerlo entre la convocatoria del referéndum y los primeros días de octubre.
Los sucesos recientes han supuesto una auténtica convulsión social en toda España, cuyos frutos tardarán en hacerse completamente evidentes y en traducirse en resultados electorales tangibles, pero se hace necesario resaltar algunas novedades de notoria importancia: en primer lugar, que la Nación española está viva, incluido, por supuesto, en Cataluña, de forma que el Estado se verá obligado a tenerlo más en cuenta de lo que les pueda convenir a las minorías políticas muy propensas al arreglo inter nos. Sean cuales hayan sido los méritos de los apaciguadores de ocasión, no está claro que el sentido político indique que la solución de fondo haya de venir por continuar con algo extraordinariamente parecido al malhadado procés, solo que esta vez conducido por las fuerzas de carácter estatal. Podemos y sus secuaces han incurrido en ese error, y es presumible que lo vayan a pagar muy caro, por mucho que quieran disimular haciendo de la ambigüedad la virtud cardinal de sus propuestas. A este respecto, el número de tontos puede seguir siendo relativamente alto, pero no será crecedero.
Los partidos nacionales, salvo, en cierta medida, el caso de Ciudadanos, han ido a remolque, y se han refugiado en las medidas paliativas. Eso no bastará. Nuestra Constitución recoge el principio de autonomía, y ha dejado muy abierto cuáles son sus límites, en lo que, sin duda alguna, consistió en una apuesta histórica por la generosidad y la convivencia, pero ya se ha visto que existen fuerzas desleales capaces de traicionar al conjunto de la Nación, y se hace muy necesario darle una vuelta de tuerca al tal principio para que quede meridianamente claro lo que no resulta admisible. Los supremacistas catalanes nos han brindado una oportunidad que la Nación no debiera desaprovechar, es responsabilidad de los partidos hacerlo, pero creo estar razonablemente seguro de que la opinión pública va a tolerar muy pocas mojigangas al respecto, y espero que emerja con claridad una izquierda sin ninguna clase de complejos dispuesta a defender sin la menor vacilación la unidad española, la libertad y la igualdad esencial entre todos. No hacerlo será, sin duda, una traición de lesa patria.
Cristina Losada Libertad Digital 3 Noviembre 2017
Cumplir y hacer cumplir la ley no podía ser una rareza
Luis Ventoso ABC 3 Noviembre 2017
Cunde la sensación de que la política catalana debería salir del ámbito de los politólogos sesudos para pasar al de Íker Jiménez y Uri Geller. Figura destacada en ese mundo paranormal es Ada Colau. Hace dos años ya dio el primer aviso de su anemia intelectual cuando reinventó el Derecho y proclamó que si una ley no te gusta debes incumplirla. Ayer, la pensadora pro separatista –de abuelos oscenses y sorianos– manifestó que reconoce a Puigdemont como presidente, pero no su República. Con los puntapiés que le arrea a la lógica, se entiende que la dulce Ada no lograse acabar Filosofía. Puigdemont se ha proclamado presidente de la República independiente de Cataluña, lo cual le ha valido su inevitable cese. Hoy el prófugo belga ya no preside nada, salvo que reconozcas su República, que posee el valor legal de las de los felpudos de Ikea. Ergo lo que dice nuestra Ada es como sorber y soplar al tiempo. Un disparate más de una oportunista que foguea abiertamente el separatismo, pero siempre con algún guiñito cosmético al otro lado para cubrirse sus espaldas electorales. Cantamañanismo transversal.
Paranormalidad en Cataluña ha habido mucha, pero los sucesivos inquilinos de La Moncloa prefirieron dejar a hacer. Mientras pasaba por ponderado estadista que contribuía a apuntalar el sistema, Pujol montó bajo las narices de González y Aznar el Estado catalán en la sombra, que ahora ha emergido en toda su osadía. ¿Nadie se percató? ¿Nadie sabía tampoco que además el molt honorable era un cleptómano? Simplemente el Estado optó por no mirar. Paranormal era también que una Generalitat separatista montase una red de embajadas, pagada por todos los españoles, con el evidente ánimo de minar España. Pero se toleró, como que TV3 sea un cañón de propaganda xenófoba (de manera inaudita sigue siéndolo tras el 155, por merced de Sánchez). Paranormal es la prohibición del español en los rótulos, o su marginación de facto en las escuelas. Paranormal es regalar la seguridad del Estado a una policía política, pues en eso degeneraron los mossos. Paranormal y delirante es que hasta hace diez días Sánchez e Iceta abogasen por dialogar con los golpistas, o que el Gobierno no se sacudiese su modorra hasta que el Rey dio un palmetazo en la mesa.
Durante años hemos vagado tan espesos que lo de ayer en la Audiencia Nacional, lo normal, a muchos les parece anormal. Nos enfrentamos a unos delincuentes previamente advertidos y multirreincidentes, que han cometido un flagrante golpe de Estado. ¿Cárcel para Junqueras? Nada más normal, querido Oriol. Democracia pura, pues sin respeto a la ley esta no existe. Gran lección además de nuestro Estado de Derecho, pues a buen seguro Gobierno y PSOE habrían preferido una decisión más liviana de la jueza. Pero en España pervive Montesquieu, la división de poderes. Este es un gran país, una democracia asentada, y no el aquelarre bananero de Junqueras y ese Puigdemont que lo ha apuñalado desde Bélgica con su saga-fuga, fulera y cobardona, oprobioso resumen del envite que ahora expira.
José García Domínguez Libertad Digital 3 Noviembre 2017
Recordemos primero lo obvio: están en la cárcel no por sus ideas, una doctrina que comparten con otros 1.850.000 ciudadanos, ninguno de los cuales ha sido procesado ni por la Audiencia Nacional ni por el Tribunal Supremo; sino por haber incurrido, y de forma tan contumaz como alevosa, en muy graves delitos tipificados de forma expresa en el Código Penal. En segundo lugar, sigamos abundando en lo obvio. Y es que, desde hace algo así como varios miles de años, ciertas leyes, las que apelan a cómo proceder ante conductas particularmente graves, incluyen prescripciones punitivas en sus múltiples enunciados; castigos cuya existencia continuada en todo tiempo y lugar debemos atribuir al rasgo también universal de su contrastado poder disuasorio. Los castigos existen porque son eficaces, no por razón alternativa alguna. Mas vayamos a lo no tan obvio, al menos para el grueso de la opinión publicada en Cataluña, si bien no sólo en Cataluña. Veamos, durante años, y con particular intensidad a lo largo del lustro previo a la consumación material del golpe de Estado diseñado por el Gobierno de la Generalitat, se nos ha venido insistiendo desde innúmeras instancias creadoras de opinión en la premisa de que molestar a los nacionalistas apelando a las leyes por ellos ignoradas equivaldría, según latiguillo célebre, a promover una "fábrica de independentistas".
Así, siempre que el poder central acometía alguna medida, por lo general tímida y tardía, para tratar de frenar los largos preparativos del golpe, una legión de almas sensibles periodísticas nos advertía de la terrible eficacia involuntaria de esa supuesta fábrica de churros separatistas. Los términos del chantaje eran, por lo demás, bien simples: no se haga jamás nada que contradiga en lo más mínimo la voluntad de los caudillos secesionistas, pues siempre será peor todo lo que no sea cruzarse de brazos ante sus múltiples labores previas. Tal fue la doctrina segregada por la opinión dominante. Pero es que una vez realizado el punch, esa prescripción canónica, la del quietísimo tancredista, no se ha alterado ni un ápice. De ahí que estas últimas horas proliferen por todas las pantallas compungidas plañideras mediáticas, todas alarmadas ante lo terrible e inadmisible de que una señora juez haya osado decidir que el Código Penal también existe para ese santo laico, Oriol Junqueras, y el resto de los conjurados de Barcelona. Y nos vuelven otra vez con el cuento, tan manido ya, de la fábrica de independentistas. Sin embargo, la realidad, siempre tan tozuda ella, se empeña en compadecerse poco con el cuento (ya sé que ahora se impone decir "relato", pero yo soy un premoderno) de las plañideras.
Porque si el golpe de los catalanistas ha podido ser parado, ello ha sido merced al miedo, un miedo que llegaría a extremos de cobarde pánico incontrolado en el caso del prófugo Puigdemont. Ese miedo tan desmedido como paralizante, el que en el último minuto se apoderó del Gobierno de la Generalitat en pleno, el mismo miedo que a estas horas comparte la trama civil, desde los temblorosos y acongojados sustitutos de los Jordis hasta la dirección de la CUP y los cabecillas no internados de la Esquerra y el PDeCAT. Pánico coral, el de los catalanistas asilvestrado ante la desconcertante novedad de descubrir que la Ley existe también para ellos. Eso y solo eso es lo que garantiza hoy nuestra libertad, la de los ciudadanos de Cataluña leales al orden constitucional español. Porque la cuestión no es que puedan ganar o no las elecciones del 21 de diciembre. La verdadera cuestión es que, en caso de que ganen, el miedo a la Ley, ahora sí, cortocicuitará cualquier tentación de seguir jugando a las revoluciones de la Señorita Pepis. Cada semana que pase Junqueras entre rejas habrá mil separatistas menos en Cataluña. Esperemos, pues, y por el bien de Cataluña y del resto de España, que sean muchos años los que permanezca entre rejas. En cuanto a las inconsolables plañideras de la tele, dejémoslas llorar. Ya se les pasará cuando firmen el siguiente contrato con otra productora no barcelonesa.
Adrià Pérez Martì vozpopuli.es 3 Noviembre 2017
OKDIARIO 3 Noviembre 2017
La televisión pública catalana sigue ejerciendo como portavoz irredenta del golpismo. En vez de desmarcarse y poner distancia con todos aquéllos que están en contra de la legalidad vigente, TV3 rinde pleitesía al destituido Carles Puigdemont. El Gobierno debe reclamar responsabilidades a Vicent Sanchis, director de una cadena que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos y que, de ninguna manera, puede seguir funcionando como amplificador de un mensaje y unas acciones perseguidas tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo. Este mismo jueves, el fugado Puigdemont ha vuelto a dar un discurso a todos los catalanes a través del canal autonómico. En él, reincidiendo en la concatenación habitual de falacias, ha dicho que “espera una represión larga y feroz”.
Un cadena pública española no puede dar cabida a la alocución de un cobarde incapaz de responder ante la justicia. Menos si es para retransmitir una serie de mantras tan vacuos y falsos como su propio compromiso con los catalanes —a la primera oportunidad que tuvo, salió corriendo camino de Bélgica—. Equiparar España a una dictadura tachándola de represiva es una falsedad y una peligrosa exageración que debilita nuestra imagen a nivel internacional y es combustible para los más radicales. Un argumento que queda desmontado por el día a día que se vive en Cataluña, donde la normalidad es la gran protagonista gracias a la proporcionalidad y mesura con la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha aplicado el artículo 155. Ahora que la región está recobrando poco a poco el orden constitucional, es momento de limitar también la connivencia de TV3 con los golpistas.
No se pueden dar hechos como el del pasado 28 de octubre, cuando los responsables de dicha televisión rotularon el mensaje grabado de Puigdemont como “presidente de la Generalitat” a pesar de que había sido destituido. Incluso se prestaron a retransmitirlo mientras hablaba desde el atril de la Generalitat, colaborando así a una ilegalidad. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales ha contribuido en innumerables ocasiones al circo independentista sin ninguna consideración por la legalidad vigente. En uno de sus hechos más vergonzosos y recordados, la periodista Empar Moliner llegó a quemar una Constitución en directo. Esos comportamiento deben ser erradicados. Libertad de expresión, toda. Pero respeto a la ley, también.
HENRY KAMEN El Mundo 3 Noviembre 2017
Uno de los encarcelados reveló torpemente la prueba de las tropelías del Govern
Miguel Blasco esdiario 3 Noviembre 2017
Carlos Cuesta okdiario 3 Noviembre 2017
“Ahora nos toca a cada uno de nosotros defender el cuerpo […] haciendo lo que mejor sabemos hacer: proteger, y en su caso con nuestras vidas, los derechos, las libertades y la paz de nuestro pueblo”. Se trata del comunicado emitido por la Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña, un sindicato que agrupa a unos 900 agentes, y que ha despertado las alertas de la Policía Nacional. Y es que ese llamamiento a defender con su vida los derechos de su pueblo no viene acompañado de una sóla referencia al acatamiento constitucional ni de las nuevas autoridades en Cataluña tras la intervención por el 155.
Roberto Pérez ABC 3 Noviembre 2017
F.J. CaleroF.J. Calero ABC 3 Noviembre 2017
Cuando el relato independentista se imponía en las portadas internacionales, tanto Emmanuel Macron como la plana mayor de la prensa francesa condenaron fieramente las aspiraciones secesionistas y respaldaron al Gobierno español en contraste a la tibieza de los medios anglosajones. En pleno terremoto político catalán, Jean-Marie Colombani (Dakar, 1948), influyente exdirector del vespertino «Le Monde» y cofundador del portal «Slate.fr», ha visitado esta semana el Instituto Francés de Madrid para explicar el fenómeno Macron: uno de los pocos presidentes franceses en prometer en campaña la implantación de una agenda «girondina» -más descentralizadora- para la centralista Francia. Colombani, como ensayista de reconocido prestigio en el país galo, ha abordado en varios libros los desafíos de la V República, entre los que se encontraba el encaje de Córcega, isla gobernada hoy por una coalición entre autonomistas e independentistas. Mientras que el sector mayoritario de la alianza de gobierno (autonomista) anhela una autonomía «a la catalana» previa al «procés», sus socios, los independentistas liderados por Jean-Guy Talamoni (presidente de la asamblea corsa), aspiran a independizar con un referéndum en los próximos años la isla que vio nacer a Napoleón.

References: artículo 155
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 resolución 
 artículo 155
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