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Timestamp: 2019-08-25 00:25:10+00:00

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BOC - 2008/260. Martes 30 de Diciembre de 2008 - 2080
2008/260. Martes 30 de Diciembre de 2008
BOC Nº 260. Martes 30 de Diciembre de 2008 - 2080
2080 - Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 19 de diciembre de 2008, del Director, por la que se ordena la publicación del Convenio suscrito entre la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y el Instituto Canario de la Vivienda para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios del Instituto, en vía ejecutiva.
En virtud de lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y mediante la presente Resolución, se ordena la publicación del siguiente Convenio:
"En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de noviembre de 2008.
De una parte, el Excmo. Sr. D. José Manuel Soria López, Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, en representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en uso de las facultades que le atribuye el artículo 29.1, apartado k), de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas de Canarias.
Y de otra parte la Excma. Sra. Dña. Inés Nieves Rojas de León en calidad de Presidenta del Consejo de Dirección del Instituto Canario de la Vivienda, en nombre y representación de este Organismo, en uso de las facultades que le atribuye el artículo 7.2, apartado g) de los Estatutos del Instituto Canario de la Vivienda, aprobados por Decreto 152/2008, de 7 de julio.
Que conforme preceptúa el artículo 28 de los Estatutos del Instituto Canario de la Vivienda, aprobados por Decreto 152/2008, de 7 de julio, para el ejercicio de los fines que le son propios, dicho Instituto está dotado, entre otros, de los siguientes recursos económicos:
"c) El importe de las ayudas y subvenciones autonómicas en materia de vivienda, con los intereses correspondientes, que deban reintegrarse en cualquier caso.
j) Cualesquiera otros recursos ordinarios o extraordinarios que pueda recibir, incluidos los intereses de las fianzas de los contratos de arrendamiento de fincas urbanas y de los suministros complementarios a las mismas. Así como los intereses que devenguen los fondos de los que sea titular".
Que el artículo 97 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, establece: "Vía de apremio. Se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva cuando, previo apercibimiento, el interesado no satisfaga el importe de las sanciones impuestas, no abone las indemnizaciones que pudieran acordarse al amparo del artículo 90.4, o no reintegre a la Administración las cantidades indebidamente percibidas, en el plazo de quince días siguientes a su requerimiento".
Que de conformidad con el artículo 13.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, "los órganos de las diferentes Administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquéllas", previendo también el artículo 31.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, que "el ejercicio de las competencias propias podrá ser delegado en el órgano que, por aplicación del principio de eficacia, sea más idóneo para ello". A tal efecto se dictó Resolución de 18 de septiembre de 2008, del Director del Instituto Canario de la Vivienda, pendiente de publicación en el Boletín Oficial de Canarias, por la que se delega en el órgano competente de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias la gestión recaudatoria en vía ejecutiva de los ingresos del Instituto Canario de la Vivienda consistentes en deudas de Derecho público o créditos no tributarios, tasas, precios públicos, sanciones, y reintegro de subvenciones derivados del ejercicio de competencias atribuidas a este Instituto, motivado por razones de índole técnica, pretendiendo lograr con ello una gestión más acorde con los principios de economía, celeridad, eficacia y eficiencia que deben presidir su actuación administrativa.
Que mediante la firma de este convenio se acepta dicha delegación, conviniendo ambas partes que la recaudación en vía ejecutiva de los débitos de derecho público propios del Instituto Canario de la Vivienda se realice a través de los órganos de recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda, formalizando mediante este documento las bases que configuran el presente Convenio.
El órgano competente en materia de recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias (en adelante: CONSEJERÍA) asume por delegación, en los términos que se recogen en las bases siguientes, la gestión recaudatoria en vía ejecutiva de las deudas de Derecho público o créditos no tributarios, consistentes en tasas, precios públicos, sanciones, reintegro de subvenciones, derivados del ejercicio de las competencias del Instituto Canario de la Vivienda (en adelante: ICAVI).
a) Por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias y Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
b) Por el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/1994, de 19 de julio, con las modificaciones introducidas por la Ley 10/1999, de 13 de mayo, de modificación de dicho Texto Refundido, desarrollados por los Decretos 34/1991, de 14 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, y 35/1991, de 14 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
f) En general, por la normativa vigente que resulte aplicable en materia de gestión recaudatoria.
Cuarta.- Funciones del ICAVI.
Corresponde al ICAVI:
4. Conocer y resolver los recursos de reposición interpuestos contra actos dictados por el órgano competente del ICAVI.
8. Proponer, en su caso, al ICAVI, una vez realizadas las correspondientes actuaciones, que dicte el acto administrativo de derivación de responsabilidad solidaria o subsidiaria cuando la CONSEJERÍA, en el curso del procedimiento de recaudación de una deuda tributaria del delegante tenga conocimiento de uno de los supuestos de derivación de responsabilidad.
No obstante lo anterior, corresponderá a la CONSEJERÍA la declaración de responsabilidad en los supuestos a los que se refiere el artículos 42.2 de la Ley General Tributaria.
9. Proponer al ICAVI la declaración de crédito incobrable e insolvencias.
10. La práctica de las notificaciones de los actos dictados por el ICAVI en el procedimiento de apremio.
El presente Convenio será ejecutado por la CONSEJERÍA con plena observancia y estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Se hace constar expresamente que la CONSEJERÍA queda obligada a adoptar cuantas medidas de índole técnica y organizativas sean necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. Asimismo, no se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones que se determinan en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, con respecto a su integridad y seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas. Los requisitos y condiciones que deben reunir los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos serán las que seguidamente se relacionan, de conformidad con el contenido del citado Real Decreto1720/2007, de 21 de diciembre.
6.a) La CONSEJERÍA tratará los datos derivados del objeto del presente Convenio conforme a las instrucciones que reciba del ICAVI y no podrá suministrar información alguna o dar publicidad sobre los mismos a personas o entidades no autorizadas expresamente por el ICAVI.
6.c) La CONSEJERÍA implementará las medidas de seguridad que se acuerden por el ICAVI las cuales se considerará, a todos los efectos, que forman parte del presente Convenio. Sin perjuicio de ello, las medidas de los niveles básico y medio que habrá de adoptar la CONSEJERÍA se concretan en:
El informe de auditoría deberá dictaminar sobre la adecuación de las medidas y controles adaptados al Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre, identificar sus deficiencias y proponer las medidas correctoras o complementarias que se estimen necesarias. Deberá, igualmente, incluir los datos, hechos y observaciones en que se basen los dictámenes alcanzados y las recomendaciones propuestas.
8. En el registro al que se refiere el apartado 6.c.1) anterior deberán consignarse, además, los procedimientos realizados de recuperación de los datos, indicando la persona que ejecutó el proceso, los datos restaurados y, en su caso, qué dato ha sido necesario grabar manualmente en el proceso de recuperación.
1. Vencidos los plazos de ingreso en período voluntario sin haberse satisfecho las deudas, el ICAVI expedirá los títulos ejecutivos que procedan, que contendrán, como mínimo, los datos que se especifican en el artículo 70.2 del Reglamento General de Recaudación, así como, en su caso, la identificación de los obligados tributarios y responsables de las deudas, a los que se refieren el apartado 2 del artículo 35 de la Ley General Tributaria y el Título IV de dicho Reglamento, respectivamente, y los bienes afectos a las deudas en garantía y aquellos otros datos que para la gestión de cobro requiera la CONSEJERÍA.
2. Asimismo el órgano competente del ICAVI providenciará de apremio dichos títulos de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 del Reglamento General de Recaudación.
3. El ICAVI remitirá a la CONSEJERÍA, con una periodicidad máxima mensual, los títulos ejecutivos a que se refiere el objeto del presente Convenio en un único soporte magnético y documentados por escrito, pudiendo ser dichos títulos colectivos. Las especificaciones técnicas del citado soporte deberán ajustarse a las establecidas por la CONSEJERÍA mediante Resolución del Director General de Tributos.
4. No podrán remitirse las deudas correspondientes a Organismos oficiales.
Tampoco podrán remitirse deudas de importe igual o inferior a 15 euros. Este límite se adecuará a lo establecido para las deudas de la Hacienda pública autonómica por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 25 de febrero de 2008, en virtud de la previsión contenida en el artículo 16 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, así como el artº. 16 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Asimismo, el ICAVI, previamente al envío de deudas, verificará que entre éstas no figuren deudas prescritas o que prescribirán en el plazo mínimo para su notificación, deudas suspendidas o que hayan sido objeto de recurso sin haber resuelto, ni deudas cuya liquidación haya sido recurrida con solicitud de suspensión.
5. Cuando se hubieran constituido ante el ICAVI garantías de pago de las deudas que se envíen para su gestión, deberán cumplimentarse tantos registros como garantías existan para cada deuda conforme a las especificaciones técnicas del soporte magnético al que se refiere la presente base.
6. En cualquier caso, cuando el ICAVI tenga conocimiento de datos complementarios que pudieran facilitar la gestión de cobro, se especificarán en los registros diseñados al efecto en el soporte magnético al que se refiere la presente base.
6. En caso de que los datos consignados sean incorrectos, el ICAVI será responsable de los efectos que puedan producirse por dicha causa.
2. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas se presentarán por los obligados al pago ante la CONSEJERÍA o ante el ICAVI.
Cuando las solicitudes de aplazamiento se presenten en el ICAVI, se remitirá al órgano de recaudación competente de la CONSEJERÍA escrito informando de la existencia de la solicitud. En virtud de la misma, la CONSEJERÍA concluirá la gestión recaudatoria, e informará al ICAVI del importe pendiente a la fecha de la solicitud.
Si la solicitud se presenta en la CONSEJERÍA ésta procederá a remitir al ICAVI la misma, junto a información sobre la deuda pendiente en ese momento y procederá a dar por concluida la gestión recaudatoria.
En caso de incumplimiento del acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento concedido por el ICAVI, si así lo solicita éste, los servicios de recaudación de la CONSEJERÍA continuarán la gestión recaudatoria ejecutiva por el importe pendiente.
Cuando la suspensión sea superior a cuatro meses podrán ser devueltas las deudas afectadas, previo descargo, al ICAVI, sin que la data en estos casos devengue coste del servicio.
2. El ICAVI notificará a la CONSEJERÍA con carácter inmediato los pagos que se hayan realizado en cuentas diferentes a las citadas en el punto 1 anterior respecto de deudas objeto del presente Convenio. Si el cobro no cubriera el total de la deuda apremiada, el procedimiento ejecutivo continuará por el saldo pendiente.
a)Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias o sanciones.
b)Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de un acto administrativo o de una autoliquidación.
c)Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones tributarias después de haber transcurrido los plazos de prescripción.
d)Cuando así lo establezca la normativa tributaria.
1.3. Cuando el acto de imposición de sanciones en virtud del cual se realizó el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la devolución del mismo instando o promoviendo la revisión del acto mediante alguno de los procedimientos especiales de revisión establecidos en los párrafos a, c y d del artículo 216 y mediante el recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 244 de dicha Ley.
Corresponde al ICAVI el reembolso del coste de las garantías constituidas ante la propia Administración Tributaria para obtener la suspensión de la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda enviada en gestión de cobro.
7.8. Adjudicación de bienes al ICAVI.
Si realizada la segunda licitación de la subasta establecida, alguno de los bienes embargados o aportados en garantía no se hubiese adjudicado, podrá el ICAVI adjudicarse dichos bienes en los términos establecidos por el Reglamento General de Recaudación para la adjudicación de bienes al Estado, con las particularidades siguientes:
1º) El órgano de recaudación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ofrecerá al ICAVI la adjudicación, indicando si existen cargas o gravámenes preferentes al derecho de éste, el importe de los mismos y el valor en que han de ser adjudicados los bienes.
2º) El ICAVI deberá comunicar la resolución adoptada al órgano de recaudación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma como máximo en el plazo de tres meses naturales. Se entenderá no aceptada la adjudicación una vez transcurrido dicho plazo sin contestación expresa.
Si ultimado un procedimiento administrativo de apremio y practicada liquidación, las cantidades obtenidas no cubrieran el importe de las costas devengadas, será a cargo del presupuesto del ICAVI la parte no cubierta, minorando el importe a transferir al ICAVI en la siguiente liquidación mensual, sin perjuicio de los derechos que para su cobro pueda ejercer el mismo.
Los justificantes de las costas se incluirán en los expedientes, pudiendo el ICAVI solicitar aclaración si a su juicio no estuvieran suficientemente justificadas.
7.10. Colaboración e información adicional del ICAVI.
Para gestionar la recaudación de los derechos económicos a que se refiere el presente Convenio, los órganos de recaudación de la CONSEJERÍA harán uso de los mismos medios de información que los utilizados para la recaudación ejecutiva de los derechos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias pudiendo, para llevar a buen término la recaudación de los títulos, solicitar información al ICAVI, el cual, a estos efectos, pondrá a disposición de la CONSEJERÍA la información sobre bienes y derechos de la que dispusiera.
La determinación de los créditos incobrables es potestad exclusiva del ICAVI, a instancias de la CONSEJERÍA, que se justificará ante aquél en los mismos términos que para las de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El ICAVI podrá solicitar aclaración si, a su juicio, no estuvieran realizados todos los trámites.
3. En el caso de que el ICAVI tuviera conocimiento de datos que no se hubieran utilizado en la gestión de la deuda datada por insolvencia que permitieran la realización del derecho podrá incluir nuevamente la deuda en un siguiente envío mensual, acompañando documentación justificativa de su nueva incorporación.
1. Se fija el coste del servicio a abonar por el ICAVI a la CONSEJERÍA de la siguiente forma:
Novena.- Liquidaciones y transferencias de fondos al ICAVI.
Acompañando a esta liquidación la CONSEJERÍA enviará al ICAVI el detalle de los movimientos de sus deudas, salvo que se haya habilitado un acceso directo para el mismo a los aplicativos de gestión.
Los importes mensuales resultantes a favor del ICAVI serán transferidos a la cuenta bancaria que con este fin haya designado el mismo. En los casos en que, practicada la liquidación, resulte deudora el ICAVI, se compensará el importe en sucesivas liquidaciones mensuales, salvo cuando se trate de la liquidación del mes de diciembre, en cuyo caso se requerirá al ICAVI para que efectúe su pago mediante transferencia a la cuenta que se indique por la CONSEJERÍA.
Décima.- Información al ICAVI.
La CONSEJERÍA enviará al ICAVI información de la gestión recaudatoria a la que se refiere el presente Convenio con la periodicidad siguiente:
· Mensualmente, el detalle de movimientos de deudas, salvo que se haya habilitado el acceso al aplicativo de gestión para el ICAVI.
· Semestralmente, la estadística de la gestión realizada, salvo que se haya habilitado el acceso previsto en la base 9.1.
· Anualmente la relación individualizada de las deudas pendientes a finales de cada año, salvo que se haya habilitado el acceso previsto en la base 9.1.
Sin perjuicio de lo anterior, la CONSEJERÍA suministrará al ICAVI cualquier información que le sea solicitada respecto de las actuaciones efectuadas sobre las providencias de apremio objeto del presente Convenio.
1. Teniendo este Convenio su fundamento en una delegación de competencia, y que tal delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el ICAVI en aplicación de lo establecido en el artículo 13.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si se produjera alguno de los supuestos de resolución previstos en el presente Convenio, la misma llevará aparejada la revocación de la delegación efectuada.
b) La falta de diligencia de la CONSEJERÍA en la gestión de los títulos entregados que produzca perjuicios a la Hacienda del ICAVI. Será causa de resolución la reiterada prescripción de derechos imputable a la CONSEJERÍA.
c) La aportación de información comprobada a terceros por parte de la CONSEJERÍA, sin autorización del ICAVI.
4. En caso de resolución, se devolverán por la CONSEJERÍA al ICAVI los expedientes que se hubieran entregado, con independencia de que su tramitación no hubiera culminado, estableciéndose entre el ICAVI y la CONSEJERÍA la forma y plazos de entrega de los expedientes entregados a la misma.
5. Una vez finalizada la vigencia de este Convenio, los datos de carácter personal deberán ser devueltos al ICAVI, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento.
Se crea una Comisión de Seguimiento integrada por dos vocales del ICAVI y dos vocales de la CONSEJERÍA, bajo la presidencia del Director General de Tributos o persona en quien delegue. A la misma asistirá con voz pero sin voto, un Secretario que será designado por el Presidente de la citada Comisión. Las funciones de la misma serán:
2. El plazo de duración de este convenio será de dos años. Al término de dicho período se entenderá tácitamente prorrogado por iguales plazos sucesivos, salvo denuncia expresa con seis meses de antelación, como mínimo, a la fecha de su vencimiento. Este plazo no será preceptivo en el caso de que se produjeran modificaciones normativas que no se ajustaran a las bases del Convenio.
Y en prueba de conformidad, se firma el presente en el lugar y fecha al comienzo señalado.- El Consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria López.- La Presidenta del Consejo de Dirección del Instituto Canario de la Vivienda, Inés Nieves Rojas de León."
Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de 2008.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.

References: Resolución 
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 artículo 7
 artículo 28
 artículo 97
 artículo 90
 artículo 13
 artículo 31
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 artículo 70
 artículo 35
 artículo 70
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 artículo 244
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