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Timestamp: 2019-10-16 19:29:54+00:00

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Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 178119
Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio)
Publicado en: BOE Num. 223 (1978)
TÍTULO I. Intervencion de la edificación y uso del suelo
SECCIÓN 1ª. Actos sujetos, competencia y procedimiento - arts. 1 a 6
SECCIÓN 2ª. De los actos promovidos por órganos del Estado o Entidades de Derecho público que administren bienes estatales - arts. 7 a 9
SECCIÓN 1ª. Disposiciones generales - arts. 10 y 11
SECCIÓN 2ª. Del estado ruinoso de las construcciones - arts. 12 a 28
CAPÍTULO I. De las obras que se realicen sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones de una u otra - arts. 29 a 33
CAPÍTULO II. De la suspensión de los efectos y de la revisión de licencias - arts. 34 a 39
CAPÍTULO III. De las obras y licencias en zonas verdes o espacios libres - arts. 40 a 42
CAPÍTULO IV. De la suspensión y revisión de los actos y acuerdos municipales en materia de urbanismo - arts. 43 y 44
CAPÍTULO V. Otras medidas tendentes a la protección de la legalidad en materia de licencias - arts. 45 a 50
SECCION 1ª. Infracciones urbanísticas - arts. 51 a 56
SECCIÓN 2ª. Personas responsables - arts. 57 y 58
SECCIÓN 3ª. . Reglas para la aplicación de las sanciones - arts. 59 a 63
SECCIÓN 4ª. Competencia y procedimiento - arts. 64 y 65
SECCIÓN 1ª. En materia de parcelación - arts. 66 a 75
SECCIÓN 2ª. En materia de uso de suelo y edificación - arts. 76 a 89
SECCIÓN 3ª. Disposiciones comunes - arts. 90 y 91
CAPÍTULO III. De la prescripción - arts. 92 a 94
Norma citada en: 8487 sentencias, 275 artículos doctrinales, 112 disposiciones normativas, un tema práctico, 9 formularios, 121 resoluciones administrativas, 33 noticias
La Ley 8/1990, de 25 de Julio, sobre Reforma del régimen urbanístico y valoraciones del suelo, deroga en cuanto se oponga, y en especial deroga los preceptos sobre valoración de suelo contenidos en la legislación expropiatoria.
Según la Ley 10/1990, de 23 de octubre, de disciplina urbanística de las Comunidad Autónoma de las Islas Baleares no será de aplicación en su ámbito territorial.
Según el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, no será de aplicación en su ámbito territorial.
La disposición final sexta del texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, establece que el Gobierno dictará, por Decreto, a propuesta del Ministro de la Vivienda, en la actualidad Obras Públicas y Urbanismo, y previo dictamen del Consejo de Estado, el Reglamento general o, en su caso, los Reglamentos parciales que estime oportunos para el desarrollo y aplicación de la Ley.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de junio de 1978, dispongo:
Se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana , cuyo texto se inserta a continuación.
Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
TÍTULO I Intervencion de la edificación y uso del suelo Artículos 1 a 28
CAPÍTULO I De las licencias Artículos 1 a 9
SECCIÓN 1ª Actos sujetos, competencia y procedimiento Artículos 1 a 6
Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.
Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que se refiere el apartado 2 del artículo 58 del texto refundido de la Ley del Suelo, en adelante Ley del Suelo.
Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, excavación y terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un Proyecto de Urbanización o de Edificación aprobado o autorizado.
La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general.
Los usos de carácter provisional a que se refiere el apartado 2 del artículo 58 de la Ley del Suelo.
El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases existentes.
La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general.
La corta de árboles integrados en masa arbórea que esté enclavada en terrenos para los que exista un Plan de Ordenación aprobado.
Y, en general, los demás actos que señalen los Planes, Normas u Ordenanzas.
Artículo citado en: 1277 sentencias, 38 artículos doctrinales, 10 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
Cuando los actos de edificación y uso del suelo y aquellos otros previstos en este Reglamento se realizaren por particulares en terrenos de dominio público, se exigirá también licencia, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que sea pertinente otorgar por parte del ente titular del dominio público.
La falta de autorización o concesión o su denegación impedirá al particular obtener la licencia y al órgano competente otorgarla.
Artículo citado en: 158 sentencias, 6 artículos doctrinales, 9 disposiciones normativas, una resolución administrativa
Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones y determinaciones de la Ley del Suelo, de los Planes de Ordenación Urbana y Programas de Actuación Urbanística y, en su caso, de las Normas Complementarias y Subsidiarias del Planteamiento o de las Normas y Ordenanzas reguladoras sobre uso del suelo y edificación.
Toda resolución que otorgue o deniegue licencia deberá ser motivada.
Artículo citado en: 367 sentencias, 8 artículos doctrinales, 8 disposiciones normativas
El procedimiento de otorgamiento de las licencias se ajustará a lo establecido en la legislación de Régimen Local.
En todo expediente de concesión de licencia constará informe técnico y jurídico, cuando la Entidad otorgante cuente con los servicios correspondientes o le sea posible contar con los de la Entidad comarcal o metropolitana en que esté integrada. Si la Diputación Provincial tuviese establecido servicio de asistencia urbanística a los Municipios, podrá solicitar el Ayuntamiento informe del mismo, si no contase con servicios técnicos o jurídicos propios.
Artículo citado en: 260 sentencias, 17 artículos doctrinales, 9 disposiciones normativas, 3 resoluciones administrativas
En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades en contra de las prescripciones de la Ley del Suelo, de los Planes de Ordenación, Programas, Proyectos y, en su caso, de las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento o de las Normas y Ordenanzas reguladoras sobre uso del suelo y edificación.
Cuando, en el supuesto del número anterior, el peticionario de la licencia ejecute las determinaciones del proyecto, no habrá lugar a indemnización a su favor si se ordenare posteriormente la suspensión de actividades o la demolición de lo realizado.
Artículo citado en: 401 sentencias, 8 artículos doctrinales, 8 disposiciones normativas, una resolución administrativa
Artículo citado en: 142 sentencias, 7 artículos doctrinales, 8 disposiciones normativas
SECCIÓN 2ª De los actos promovidos por órganos del Estado o Entidades de Derecho público que administren bienes estatales Artículos 7 a 9
Los actos relacionados en el artículo 1 que se promuevan por órganos del Estado o Entidades de Derecho público que administren bienes estatales estarán igualmente sujetos a licencia municipal.
Si el proyecto afectare a varios Municipios, la licencia habrá de solicitarse de todos ellos simultánea o sucesivamente.
Artículo citado en: 25 sentencias, 3 artículos doctrinales, 8 disposiciones normativas
Cuando razones de urgencia o excepcional interés público lo exijan, el Ministro competente por razón de la materia podrá acordar la remisión al Ayuntamiento o Ayuntamientos correspondientes del proyecto de que se trate, para que, en el plazo de un mes, notifiquen la conformidad o disconformidad con el planeamiento urbanístico en vigor, entendiéndose que si en dicho plazo no se manifiesta una disconformidad expresa, se considerará que existe conformidad al proyecto por parte del Ayuntamiento.
La notificación de la conformidad o el transcurso del plazo a que se refiere el número anterior habilitará, sin más, a la Administración interesada para la ejecución del proyecto de que se trate.
En caso de disconformidad que necesariamente habrá de ser motivada, el expediente se remitirá por el Departamento interesado al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, quien lo elevará al Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Central de Urbanismo, en el plazo de tres meses. El Consejo de Ministros decidirá si procede ejecutar el proyecto, y en este caso ordenará la iniciación del procedimiento de modificación o revisión del planteamiento, conforme a la tramitación establecida en la Ley del Suelo.
Artículo citado en: 14 sentencias, 8 artículos doctrinales, 10 disposiciones normativas, 3 resoluciones administrativas
El Ayuntamiento podrá, en todo caso, acordar la suspensión de las obras a que se refiere el artículo 1, cuando se pretendiese llevar a cabo en ausencia o en contradicción con la notificación de conformidad con el planteamiento que se establece en el artículo 180,2 de la Ley del Suelo, comunicando dicha suspensión al órgano redactor del proyecto y al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, a los efectos prevenidos en el mismo.
Se exceptúan de esta facultad las obras que afecten directamente a la defensa nacional, para cuya suspensión deberá mediar acuerdo del Consejo de Ministros, previa propuesta del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo a solicitud del Ayuntamiento competente e informe del Ministerio de Defensa.
Artículo citado en: 16 sentencias, 9 disposiciones normativas
CAPÍTULO II De las órdenes de ejecución Artículos 10 a 28
SECCIÓN 1ª Disposiciones generales Artículos 10 y 11
Los propietarios de terrenos, urbanizaciones, edificaciones y carteles deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
Los Ayuntamientos y, en su caso, los demás Organismos competentes, de oficio o a instancia de cualquier interesado, ordenarán la ejecución de las obras necesarias para conservar las condiciones mencionadas en el párrafo anterior.
A tal fin, el Organismo que ordene la ejecución de tales obras concederá a los propietarios o a sus administradores un plazo, que estará en razón a la magnitud de las mismas, para que proceda al cumplimiento de lo acordado; transcurrido el cual sin haberlas ejecutado, se procederá a la incoación del expediente sancionador, con imposición de multa, en cuya resolución, además, se requerirá al propietario, propietarios o a sus administradores a la ejecución de la orden efectuada, que, de no cumplirla, se llevará a cabo por el Organismo requiriente, con cargo al obligado, a través del procedimiento de ejecución subsidiaria previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo.
Artículo citado en: 616 sentencias, 12 artículos doctrinales, 13 disposiciones normativas, 3 resoluciones administrativas
Los Ayuntamientos y, en su caso, las Diputaciones Provinciales y las Comisiones Provinciales de Urbanismo podrán también ordenar, por motivos de interés turístico o estético, la ejecución de obras de conservación y de reforma en fachadas o espacios visibles desde la vía pública, sin que estén previamente incluidas en Plan alguno de Ordenación.
Las obras se ejecutarán con cargo a los propietarios si se contuvieran dentro del deber definido en el apartado 1 del artículo 10 o supusieran un aumento de valor para el inmueble y hasta donde éste alcance, y con cargo a los fondos de la Entidad que lo ordene cuando se rebasaren estos límites para obtener mejoras de interés general.
En caso de incumplimiento por parte de los propietarios, se estará a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior.
Artículo citado en: 47 sentencias, un artículo doctrinal, 14 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
SECCIÓN 2ª Del estado ruinoso de las construcciones Artículos 12 a 28
Artículo 12, vigencia suspendida desde el 23/10/1978, por el Real Decreto 2472/1978, de 14 de octubre, por el que queda suspendida la vigencia de determinados artículos del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 23 de Octubre de 1978.
Artículo 12 derogado por el Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, por el que se aprueba la tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única del Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Artículo citado en: 74 sentencias, 2 artículos doctrinales, una disposición normativa, una resolución administrativa
Artículo 13, vigencia suspendida desde el 23/10/1978, por el Real Decreto 2472/1978, de 14 de octubre, por el que queda suspendida la vigencia de determinados artículos del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 23 de Octubre de 1978.
Artículo 13 derogado por el Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, por el que se aprueba la tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única del Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Artículo citado en: 104 sentencias, 4 artículos doctrinales
Artículo 14, vigencia suspendida desde el 23/10/1978, por el Real Decreto 2472/1978, de 14 de octubre, por el que queda suspendida la vigencia de determinados artículos del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 23 de Octubre de 1978.
Artículo 14 derogado por el Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, por el que se aprueba la tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única del Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Artículo 15, vigencia suspendida desde el 23/10/1978, por el Real Decreto 2472/1978, de 14 de octubre, por el que queda suspendida la vigencia de determinados artículos del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 23 de Octubre de 1978.
Artículo 15 derogado por el Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, por el que se aprueba la tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única del Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Artículo 16, vigencia suspendida desde el 23/10/1978, por el Real Decreto 2472/1978, de 14 de octubre, por el que queda suspendida la vigencia de determinados artículos del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 23 de Octubre de 1978.
Artículo 16 derogado por el Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, por el que se aprueba la tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única del Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Artículo citado en: 52 sentencias, un artículo doctrinal
El procedimiento de declaración de ruina podrá iniciarse de oficio o a instancia de cualquier interesado.
Se considerarán interesados, entre otros, para iniciar el procedimiento de declaración de ruina a toda persona, natural o jurídica, que alegue daño o peligro de daños propios derivados de la situación actual de la construcción.
No obstante lo dispuesto en el número anterior, también podrán formular denuncias sobre la situación de ruina de una construcción cualquier persona física o jurídica, aunque no alegue la existencia de daños o peligros para sí o sus bienes o intereses legítimos.
Artículo 17, vigencia suspendida desde el 23/10/1978, por el Real Decreto 2472/1978, de 14 de octubre, por el que queda suspendida la vigencia de determinados artículos del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 23 de Octubre de 1978.
Artículo citado en: 62 sentencias, 4 artículos doctrinales, 7 disposiciones normativas
La iniciación de oficio del procedimiento de declaración de ruina se acordará por la Administración municipal, como consecuencia del correspondiente informe, emitido por los servicios técnicos.
También podrá iniciarse de oficio el procedimiento como resultado de las comprobaciones efectuadas por la Administración en virtud de las denuncias formuladas. A tal efecto, al recibir la denuncia sobre el supuesto de estado ruinoso de una construcción o parte de ella, se podrá acordar la instrucción de una información previa consistente en un informe que emitirán los servicios técnicos municipales, en base al cual se decidirá la incoación del expediente o, en su caso, el archivo de las actuaciones.
Artículo citado en: 76 sentencias, 4 artículos doctrinales, 14 disposiciones normativas
Si el procedimiento se iniciara a instancia de los interesados, se harán constar en el escrito que éstos presenten los datos de identificación relativos al inmueble, el motivo o motivos en que se basa el estado de ruina y la relación de los moradores, cualquiera que fuese el título de posesión, así como titulares de derechos reales sobre el inmueble, si los hubiere.
Al escrito de iniciación se acompañará certificado, expedido por facultativo competente, en el que se justifique la causa de instar la declaración de ruina, el estado físico del inmueble, y se acredite asimismo si en el momento de la petición el edificio reúne, a su juicio, condiciones de seguridad y habitabilidad suficientes que permitan a sus ocupantes la permanencia en él hasta que se adopte el acuerdo que proceda.
Si el que solicita la declaración de ruina es el propietario del inmueble, acreditará también su titularidad.
Artículo citado en: 95 sentencias, 6 artículos doctrinales, 14 disposiciones normativas
Iniciado el expediente, se pondrá de manifiesto al propietario, a los moradores y a los titulares de derechos reales sobre el inmueble, si los hubiese, dándoles traslado literal de los informes técnicos, para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, prorrogable por la mitad del concedido, aleguen y presenten por escrito los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en defensa de sus respectivos derechos.
Cuando en el informe técnico presentado por el propietario se alegue existencia de peligro inmediato que pueda producir daño a las personas, se ordenará una inspección técnica, y a la vista de la misma se acordará lo procedente respecto a la habitabilidad del inmueble, el desalojo de sus ocupantes y la demolición de las construcciones. La inspección podrá repetirse cuantas veces se estime oportuno durante la tramitación del expediente y, una vez finalizado, hasta que conste la demolición del inmueble.
Artículo citado en: 112 sentencias, 8 artículos doctrinales, 15 disposiciones normativas, 3 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 71 sentencias, 8 artículos doctrinales, 14 disposiciones normativas, 3 resoluciones administrativas
Concluso el expediente, los servicios municipales competentes elevarán propuesta con todo lo actuado al órgano que tenga atribuida la competencia para la resolución definitiva.
La propuesta deberá redactarse en el plazo de diez días desde que se incorporó al expediente el informe técnico municipal.
No podrá exceder de seis meses el tiempo que transcurra desde que se inicie el procedimiento de ruina hasta que se dicte la declaración pertinente, salvo causas debidamente justificadas.
Artículo citado en: 102 sentencias, 4 artículos doctrinales, 14 disposiciones normativas
La resolución del expediente habrá de contener alguno de los pronunciamientos siguientes:
Declarar el inmueble en estado de ruina, ordenando la demolición. Si existiera peligro en la demora, la Administración acordará lo procedente respecto al desalojo de los ocupantes.
Declarar en estado de ruina parte del inmueble cuando esa parte tenga independencia constructiva del resto, ordenando asimismo su demolición.
Declarar que, aun existiendo ruina en una parte del inmueble, ésta no alcanza a cubrir los requisitos para una declaración general, ordenando la ejecución de las obras de reparación necesarias.
Declarar que no hay situación de ruina, ordenando las medidas pertinentes destinadas a mantener la seguridad, salubridad y ornato públicos del inmueble de que se trate.
En los dos últimos casos del número anterior, el acuerdo determinará las obras necesarias que deba realizar el propietario.
Artículo citado en: 157 sentencias, 6 artículos doctrinales, 14 disposiciones normativas
La resolución del expediente se notificará a todos los que hubieran sido parte en el mismo y a todos los moradores del inmueble, aun que no se hubieren personado.
Cuando se hubiese acordado la ejecución de obras, se fijará el término del cual deban iniciarse, con la advertencia de que, de no hacerlo, y de no llevarse a cabo las obras a ritmo normal, la Administración las ejecutará pasando al obligado el cargo correspondiente.
Si se acordase la demolición del inmueble, se fijará asimismo el plazo en que haya de iniciarse. Si, además, hubiese peligro o riesgo inminente en la demora, la notificación dirigida a los ocupantes expresará el plazo para el desalojo del inmueble, con apercibimiento de desahucio por vía administrativa.
Artículo citado en: 73 sentencias, 6 artículos doctrinales, 14 disposiciones normativas
Artículo citado en: 136 sentencias, 4 artículos doctrinales, 14 disposiciones normativas
Cuando como consecuencia de comprobaciones realizadas por los servicios de la Administración, de oficio o en virtud de denuncia de particulares, o como consecuencia del escrito de la iniciación del expediente de ruina, se estime que la situación de un inmueble o construcción ofrece tal deterioro que es urgente su demolición y existe peligro para las personas o bienes en la demora que supone la tramitación del expediente, el Ayuntamiento o el Alcalde acordarán el desalojo de los ocupantes y adoptarán las medidas referidas a la seguridad de la construcción.
A tal efecto, recibida la instancia solicitando declaración de ruina o la denuncia de cualquier persona, se dispondrá con carácter de urgencia una visita de inspección, emitiéndose informe por los técnicos municipales. Los técnicos municipales emitirán informe sobre las condiciones de seguridad y habitabilidad del inmueble, proponiendo, en su caso, la adopción de medidas excepcionales de protección, tales como apeos o apuntalamientos, que hayan de aplicarse con carácter inmediato.
El Ayuntamiento o el Alcalde adoptarán la resolución que proceda en plazo de 24 horas desde la recepción de los informes.
Artículo citado en: 164 sentencias, 13 artículos doctrinales, 15 disposiciones normativas, 3 resoluciones administrativas
Si el dictamen técnico expresara la posibilidad de continuar ocupándose el inmueble, previa la adopción, si procediere, de medidas de apeo o apuntalamiento, se proseguirá el expediente por los trámites normales.
Artículo citado en: 68 sentencias, 5 artículos doctrinales, 14 disposiciones normativas, una resolución administrativa
La declaración administrativa de ruina o la adopción de medidas de urgencia por la Administración no eximirá a los propietarios de las responsabilidades de todo orden que pudieran serles exigidas por negligencia en los deberes de conservación que les correspondan.
Para el reintegro de los gastos hechos por la Administración en la acción sustitutiva de la inactividad de los particulares, en supuestos de órdenes de conservación o de adopción de medidas de seguridad, se seguirá, en su caso, el procedimiento de apremio.
Artículo citado en: 110 sentencias, 4 artículos doctrinales, 14 disposiciones normativas, una resolución administrativa
TÍTULO II Protección de la legalidad urbanística Artículos 29 a 50
CAPÍTULO I De las obras que se realicen sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones de una u otra Artículos 29 a 33
Cuando los actos de edificación o uso del suelo relacionados en el artículo 1 se efectuasen sin licencia u orden de ejecución, o sin ajustarse a las condiciones señaladas en las mismas, el Alcalde o el Gobernador civil, de oficio o a instancia del Delegado provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo o de la autoridad que en virtud de disposiciones especiales tenga atribuidas sus competencias, dispondrá la suspensión inmediata de dichos actos.
El acuerdo de suspensión se comunicará al Ayuntamiento en el plazo de tres días, si aquél no hubiese sido adoptado por el Alcalde.
Si transcurrido el plazo de dos meses el interesado no hubiera instado la expresada licencia o, en su caso, no hubiese ajustado las obras a las condiciones señaladas en la misma o en la orden de ejecución, el Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a costa del interesado y procederá a impedir definitivamente los usos a los que diera lugar. De igual manera procederá si la licencia fuere denegada por ser su otorgamiento contrario a las prescripciones del Plan o de las Ordenanzas.
Si el Ayuntamiento no procediera a la demolición en el plazo de un mes, contado desde la expiración del término a que se refiere el número precedente o desde que la licencia fuese denegada por los motivos expresados, el Alcalde o el Gobernador civil dispondrán directamente dicha demolición a costa asimismo, del interesado.
Artículo citado en: 430 sentencias, 9 artículos doctrinales, una disposición normativa, una resolución administrativa
Cuando la actividad ejecutada sin licencia consistiera en la demolición de una construcción, el Ayuntamiento o, en su caso, el Alcalde o el Gobernador civil ordenarán, si procediese, la reconstrucción de lo indebidamente demolido.
Si se trata de edificio o construcción de valor histórico-artístico o incluidos en los Catálogos a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Suelo, se ordenará la paralización de la actividad, y la reconstrucción, en su caso, deberá someterse a las normas establecidas para conservación, restauración y mejora que les sean de aplicación.
En todo caso, los costos de reconstrucción seguirán el régimen de los de demolición señalados en el artículo anterior.
Cuando se paralice definitivamente la demolición de alguna de las edificaciones o construcciones a que se refiere el número 2 de este artículo, se adoptarán las medidas de seguridad que sean necesarias a costa del titular.
Artículo citado en: 43 sentencias, 3 artículos doctrinales
Siempre que no hubiere transcurrido más de un año desde la total terminación de las obras realizadas sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones señaladas en la misma, el Alcalde o el Gobernador civil, de oficio o a instancia del Delegado provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o de la autoridad que en virtud de disposiciones especiales tenga atribuidas sus competencias, requerirán al promotor de las obras o a sus causahabientes para que soliciten, en el plazo de dos meses, la oportuna licencia o ajusten las obras a las condiciones de la otorgada.
El requerimiento se comunicará al Alcalde, en el plazo de tres días, si no hubiera sido formulado por el mismo.
Si el interesado no solicita la licencia en el plazo de dos meses o si esta fuese denegada por ser su otorgamiento contrario a las prescripciones del Plan o de las Ordenanzas o si no ajustara dentro de dicho plazo las obras a las condiciones de la licencia u orden de ejecución, el Ayuntamiento acordará la demolición de las obras, a costa del interesado, y procederá a impedir definitivamente los usos a los que diera lugar.
Si el interesado no procediera a la demolición en el plazo de un mes, contado desde la expiración del término al que se refiere el apartado anterior o desde que la licencia fuese denegada por los motivos expresados, el Alcalde o el Gobernador civil dispondrá directamente dicha demolición, a costa asimismo del interesado.
Artículo citado en: 423 sentencias, 3 artículos doctrinales, una disposición normativa, 3 resoluciones administrativas
A los efectos del presente Reglamento, se considera que unas obras amparadas por licencia están totalmente terminadas:
Cuando sean de nueva planta, a partir de la fecha de expedición del certificado final de obras, suscrito por el facultativo o facultativos competentes, y a la falta de este documento, desde la fecha de notificación de la licencia de ocupación o de la cédula de habitabilidad.
En los demás casos a partir de la fecha de expedición del certificado final de obras en las condiciones del apartado anterior, a falta de éste, desde que el titular de la licencia comunique al Ayuntamiento la finalización de las obras.
Artículo citado en: 359 sentencias, 6 artículos doctrinales, 7 disposiciones normativas, 10 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 16 sentencias, un artículo doctrinal, 7 disposiciones normativas
CAPÍTULO II De la suspensión de los efectos y de la revisión de licencias Artículos 34 a 39
Si el Gobernador civil, de oficio o a instancia del Delegado provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo o de la autoridad que en virtud de disposiciones especiales tenga atribuidas sus competencias apreciare que las obras que se realizan al amparo de una licencia u orden de ejecución constituyen ese mismo tipo de infracción urbanística, lo pondrá en conocimiento de la Corporación Municipal, a fin de que su Presidente proceda según lo prevenido en el número anterior.
Si el Presidente de la Corporación Municipal no adoptase las medidas acordadas en el apartado 1 de este artículo en el plazo de diez días a partir de la comunicación del Gobernador civil, éste, de oficio, acordará la suspensión de los efectos de la licencia u orden de ejecución y la inmediata paralización de las obras.
En todo caso, la autoridad que acuerde la suspensión de los efectos de la licencia procederá, en el plazo de tres días, a dar traslado directo de dicho acuerdo a la Sala de lo Contencioso Administrativo competente, a los efectos prevenidos en los números 2 y siguientes del artículo 118 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Las facultades a que se refieren los números 1, 2 y 3 de este artículo podrán ejercitarse mientras las obras estén realizándose, cualquiera que sea la fecha de otorgamiento de la licencia o de la orden de ejecución.
Artículo 34, apartado 3 derogado por el Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, por el que se aprueba la tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única del Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Artículo citado en: 43 sentencias, 4 artículos doctrinales, 8 disposiciones normativas, un formulario
Si el Tribunal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al dictar sentencia, anulase la licencia, la autoridad que suspendió sus efectos ordenará la incoación de expediente sancionador, al objeto de imponer, si procediera, las multas correspondientes a los responsables y adoptar las demás medidas previstas en este Reglamento.
Hasta tanto el Tribunal no dicte sentencia, continuará, en su caso, la paralización de las obras, que serán demolidas cuando la autoridad competente lo acuerde, si la sentencia anulase la licencia.
Tratándose de licencia u orden de ejecución que autorizase una demolición indebida, anulado el acto administrativo en vía jurisdiccional, la autoridad que suspendió sus efectos ordenará se proceda a la reconstrucción de lo demolido.
Artículo citado en: 20 sentencias, 4 artículos doctrinales, 7 disposiciones normativas
Las Corporaciones Municipales, de oficio o a requerimiento del Gobernador Civil, deberán revisar, a través de alguno de los procedimientos previstos en el artículo 110 de la Ley de Procedimiento Administrativo, las licencias u órdenes de ejecución otorgadas por aquéllas, cuando su contenido constituya manifiestamente alguna de las infracciones urbanísticas graves, siempre que no hayan transcurrido cuatro años desde que fueron adoptados los acuerdos de concesión. El Gobernador civil podrá actuar en estos supuestos bien por su propia iniciativa, bien a solicitud del Delegado provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo o de la autoridad que en virtud de disposiciones especiales tenga atribuidas sus competencias.
Anulada la licencia u orden de ejecución, la Corporación acordará la demolición de las obras realizadas en contra de la normativa urbanística aplicable, sin perjuicio de las responsabilidades que sean exigibles conforme a lo dispuesto en la Ley del Suelo y preceptos concordantes de este Reglamento.
Si la Corporación Municipal no procediese a la adopción de los acuerdos anteriores en el plazo de un mes desde la comunicación del Gobernador civil, éste dará cuenta a la Comisión Provincial de Urbanismo correspondiente que, a partir de ese momento, se entenderá subrogada de oficio en la competencia municipal para cuanto se refiera al procedimiento de revisión de la licencia u orden de ejecución de que se trate.
Artículo 36, apartados 2 y 3 derogados por el Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, por el que se aprueba la tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única del Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Iniciará el procedimiento de revisión de oficio del acto de concesión de licencia u orden de ejecución en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 110 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Podrá suspender los efectos de la licencia u orden de ejecución si la Corporación no hubiese adoptado tales acuerdos.
Cuando proceda, deberá acordar la demolición de las obras.
Concluso el procedimiento de revisión, podrá, en su caso, dictar providencia de incoación de expediente sancionador para exigir las responsabilidades e imponer las multas en los términos previstos en la Ley del Suelo y en este Reglamento.
Artículo 37 derogado por el Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, por el que se aprueba la tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única del Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
La procedencia de indemnización por causa de anulación de licencias en vía administrativa o contencioso-administrativa se determinará conforme a las Normas que regula con carácter general la responsabilidad de la Administración.
Artículo citado en: 22 sentencias, 2 artículos doctrinales, 7 disposiciones normativas
Artículo citado en: 33 sentencias, un artículo doctrinal, 7 disposiciones normativas
CAPÍTULO III De las obras y licencias en zonas verdes o espacios libres Artículos 40 a 42
Los actos de edificación o uso del suelo relacionados en el artículo 1 que se realicen sin licencia u orden de ejecución sobre terrenos calificados en el planteamiento como zonas verdes o espacios libres quedarán sujetos al régimen jurídico establecido en el artículo 29 mientras estuvieren en curso de ejecución y al régimen previsto en el artículo 31 cuando se hubieren consumado, sin que tenga aplicación la limitación de plazo que establece el número 1 de dicho artículo.
Artículo citado en: 15 sentencias, 2 artículos doctrinales, 8 disposiciones normativas, una resolución administrativa
Las licencias y órdenes de ejecución que se otorgaren con infracción de la zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres previstos en los planes serán nulas de pleno derecho.
Mientras las obras estuvieren en curso de ejecución, se procederá a la suspensión de los efectos de la licencia y a la adopción de las demás medidas previstas en los artículos 34 y 35.
Si las obras estuvieren terminadas, se procederá de oficio a la declaración de nulidad de las licencias que las amparen por los trámites previstos en el artículo 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Artículo citado en: 13 sentencias, 3 artículos doctrinales, 7 disposiciones normativas
Artículo 42 derogado por el Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, por el que se aprueba la tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única del Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
CAPÍTULO IV De la suspensión y revisión de los actos y acuerdos municipales en materia de urbanismo Artículos 43 y 44
Sin perjuicio del régimen establecido para las licencias y órdenes de ejecución, los acuerdos municipales que constituyeren infracción manifiesta de Normas urbanísticas vigentes podrán ser declarados en suspenso dentro del año siguiente a su notificación o publicación, cuando ésta fuere preceptiva, por los órganos y con el procedimiento y efectos que se prevén en el artículo 34, adoptándose simultáneamente las medidas pertinentes para la efectividad de las disposiciones vulneradas.
Las medidas a las que se refiere el número anterior serán las que establece este Reglamento en cuanto sean de aplicación, sin perjuicio de las previstas en la legislación específica por razón de la materia.
Artículo 43 derogado por el Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, por el que se aprueba la tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única del Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
CAPÍTULO V Otras medidas tendentes a la protección de la legalidad en materia de licencias Artículos 45 a 50
Es competencia de la Administración el control y la interpretación de la legalidad urbanística y la determinación y calificación de las infracciones, sin perjuicio de las que le corresponde a los Tribunales de Justicia.
Artículo 46, sin aplicación en la Comunidad Foral de Navarra con la entrada en vigor de la Ley Foral 6/1987, de 10 de abril, de Normas urbanísticas regionales para protección y Uso del Territorio, según el Decreto Foral 126/1987, de 12 junio.
Artículo citado en: 32 sentencias, un artículo doctrinal, 6 disposiciones normativas, una resolución administrativa
Con anterioridad a la solicitud de la licencia ante la Administración municipal, los colegiados presentarán en el Colegio respectivo los proyectos técnicos, con declaración formulada bajo su responsabilidad sobre las circunstancias y normativas urbanísticas de aplicación, pudiendo acompañar la cédula urbanística del terreno o del edificio proyectado, o certificado expedido en forma por el Ayuntamiento, en el que se haga constar las circunstancias urbanísticas de la finca, o cualquier acuerdo o acto administrativo notificado o publicado, que autorice la edificación o uso del suelo, adoptado por la Administración urbanística.
En caso de obras del Estado, Organismos autónomos y Entidades Locales, basta la intervención de la Oficina de Supervisión de Proyectos o la aprobación técnica de la Entidad correspondiente.
Artículo 47, sin aplicación en la Comunidad Foral de Navarra con la entrada en vigor de la Ley Foral 6/1987, de 10 de abril, de Normas urbanísticas regionales para protección y Uso del Territorio, según el Decreto Foral 126/1987, de 12 junio.
Artículo citado en: 47 sentencias, un artículo doctrinal, 6 disposiciones normativas, 3 resoluciones administrativas
Artículo 48, sin aplicación en la Comunidad Foral de Navarra con la entrada en vigor de la Ley Foral 6/1987, de 10 de abril, de Normas urbanísticas regionales para protección y Uso del Territorio, según el Decreto Foral 126/1987, de 12 junio.
Artículo citado en: 14 sentencias, 2 artículos doctrinales, 6 disposiciones normativas, una resolución administrativa
La denegación del visado por razones urbanísticas no impedirá al particular interesado presentar el proyecto ante la Administración municipal o el órgano urbanístico competente para otorgar la licencia, alegando cuando estime procedente para justificar la inexistencia de la infracción que sirvió de base para la denegación del visado y solicitando, a la vez, la licencia.
En el supuesto previsto en el número anterior, los Colegios profesionales vendrán obligados, a petición del interesado, a entregar los ejemplares del proyecto sometido a visado, haciendo constar las razones urbanísticas que hubieran motivado su denegación.
Artículo 49, sin aplicación en la Comunidad Foral de Navarra con la entrada en vigor de la Ley Foral 6/1987, de 10 de abril, de Normas urbanísticas regionales para protección y Uso del Territorio, según el Decreto Foral 126/1987, de 12 junio.
Artículo citado en: 32 sentencias, 3 artículos doctrinales, 6 disposiciones normativas, una resolución administrativa
La Administración municipal otorgará o denegará la licencia a la vista de cuantos datos e informes obren en el expediente administrativo, y contra su resolución no cabrá otro recurso que el jurisdiccional, previo al de reposición.
La resolución por la que se otorgue o deniegue la licencia de construcción se notificará, en todo caso, al Colegio profesional que hubiere intervenido en el trámite del visado del proyecto correspondiente.
Artículo 50, sin aplicación en la Comunidad Foral de Navarra con la entrada en vigor de la Ley Foral 6/1987, de 10 de abril, de Normas urbanísticas regionales para protección y Uso del Territorio, según el Decreto Foral 126/1987, de 12 junio.
Artículo citado en: 17 sentencias, un artículo doctrinal, 6 disposiciones normativas, una resolución administrativa
TÍTULO III Infracciones urbanísticas y su sanción Artículos 51 a 94
CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículos 51 a 65
SECCION 1ª Infracciones urbanísticas Artículos 51 a 56
Toda actuación que contradiga las Normas o el planteamiento urbanístico en vigor podrá dar lugar a:
Las actuaciones previstas en el número anterior se desarrollarán por los órganos y conforme al procedimiento establecido para cada una de ellas, sin perjuicio de las reglas de conexión y compatibilidad que se contienen en los artículos siguientes.
Artículo citado en: 469 sentencias, 5 artículos doctrinales, 8 disposiciones normativas, un formulario, una resolución administrativa
En ningún caso podrán la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal. Las sanciones por las infracciones urbanísticas que se aprecien se impondrán con independencia de dichas medidas.
Artículo citado en: 132 sentencias, 2 artículos doctrinales, 7 disposiciones normativas, un formulario
Constituye infracción urbanística toda vulneración de las prescripciones contenidas en la Ley del Suelo o en los Planes, Programas, Normas y Ordenanzas, sujeta a sanción conforme a lo determinado en el presente Reglamento, de acuerdo con la tipificación que en el mismo se establece.
De acuerdo con lo dispuesto en el número anterior, se considerarán infracciones urbanísticas:
La vulneración del ordenamiento urbanístico en el otorgamiento de una licencia u orden de ejecución.
Las actuaciones que, estando sujetas a licencia u otra autorización administrativa de carácter urbanístico, se realicen sin ella, sean o no legalizables en atención a su conformidad o disconformidad con la normativa urbanística aplicable.
Las actuaciones que se realicen en contra de las determinaciones de la licencia, orden de ejecución o autorización administrativa de carácter urbanístico.
La sanción administrativa se impondrá con independencia de la valoración penal del hecho por los Tribunales de Justicia, así como de las medidas que los mismos adopten en orden a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del acto ilegal.
Artículo 53 derogado por el Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, por el que se aprueba la tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única del Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Artículo citado en: 178 sentencias, 2 artículos doctrinales, una disposición normativa, 2 resoluciones administrativas, una noticia
Las infracciones urbanísticas se clasifican en graves y leves.
Son infracciones graves las acciones u omisiones que, quebrantando el ordenamiento urbanístico, afectan a los bienes e intereses protegidos por el mismo, causándoles un daño directo y de importancia o creando un riesgo cierto e igualmente importante.
Tendrán el carácter de graves las infracciones que constituyan incumplimiento de las Normas sobre parcelaciones, uso del suelo, altura, volumen y situación de las edificaciones y ocupación permitida de la superficie de las parcelas, salvo que en el expediente sancionador se demuestre la escasa entidad del daño producido a los intereses generales, o del riesgo creado en relación con los mismos.
Artículo 54, apartado 2 derogado por el Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, por el que se aprueba la tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única del Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Artículo citado en: 214 sentencias, 2 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
Son circunstancias que agravan la responsabilidad de los culpables de una infracción urbanística:
Son circunstancias cuya concurrencia atenúa la responsabilidad de los culpables de una infracción urbanística:
Son circunstancias que, según cada caso, pueden atenuar o agravar la responsabilidad:
Artículo citado en: 106 sentencias, 2 artículos doctrinales, 7 disposiciones normativas
Cuando con ocasión de los expedientes administrativos que se instruyan por infracción urbanística se presuma que de los documentos aportados o de la propia infracción se desprenden indicios del carácter de delito o falta del hecho, el órgano competente para imponer la sanción, por sí o a propuesta del instructor del expediente, lo pondrá en conocimiento de los Tribunales de Justicia, a los efectos de exigencia de las responsabilidades de orden penal en que hayan podido incurrir los infractores.
Artículo 56 derogado por el Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, por el que se aprueba la tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única del Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
SECCIÓN 2ª Personas responsables Artículos 57 y 58
En las obras que se ejecutasen sin licencia o con inobservancia de sus cláusulas serán sancionados por infracciones urbanísticas del promotor, el empresario de las obras y el técnico director de las mismas.
En las obras amparadas en una licencia cuyo contenido sea manifiestamente constitutivo de una infracción urbanística grave serán igualmente sancionados: el facultativo que hubiere informado favorablemente el proyecto y los miembros de la Corporación que hubiesen votado a favor del otorgamiento de la licencia sin el informe técnico previo, o cuando éste fuera desfavorable en razón de aquella infracción, o se hubiese hecho la advertencia de ilegalidad prevista en la legislación de Régimen Local.
Artículo citado en: 82 sentencias, un artículo doctrinal
SECCIÓN 3ª . Reglas para la aplicación de las sanciones Artículos 59 a 63
Artículo citado en: 23 sentencias, un artículo doctrinal, 7 disposiciones normativas
En el caso de que, en aplicación de los preceptos del presente Reglamento, se instruyera expediente sancionador por dos o más infracciones tipificadas entre las que exista conexión de causa a efecto, se impondrá una sola sanción y será la correspondiente a las actuaciones que supongan el resultado final perseguido, en su cuantía máxima.
Artículo citado en: 19 sentencias, un artículo doctrinal, 7 disposiciones normativas
Artículo citado en: 52 sentencias, un artículo doctrinal, 7 disposiciones normativas, una resolución administrativa
En ningún caso la infracción urbanística puede suponer un beneficio económico para el infractor. Cuando la suma de la sanción impuesta y del coste de las actuaciones de reposición de los bienes y situaciones a su primitivo estado arrojase una cifra inferior a dicho beneficio, se incrementará la cuantía de la multa hasta alcanzar el montante del mismo.
Artículo citado en: 136 sentencias, 2 artículos doctrinales, 7 disposiciones normativas
Cuando en el hecho concurra alguna circunstancia agravante, la sanción se impondrá siempre en su grado máximo.
Si concurriese alguna circunstancia atenuante, la sanción se impondrá en su grado mínimo.
Artículo citado en: 49 sentencias, 2 artículos doctrinales, 7 disposiciones normativas
SECCIÓN 4ª Competencia y procedimiento Artículos 64 y 65
Los Alcaldes: En los Municipios que no excedan de diez mil habitantes, cien mil pesetas; en los que no excedan de cincuenta mil habitantes, quinientas mil pesetas; en los que no excedan de cien mil habitantes, un millón de pesetas en los que no excedan de quinientos mil habitantes, cinco millones de pesetas, y en los de más de quinientos mil habitantes, diez millones de pesetas.
Los Gobernadores civiles, previo informe de las Comisiones Provinciales de Urbanismo, hasta veinticinco millones de pesetas.
El Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, previo informe de la Comisión Central de Urbanismo, hasta cincuenta millones de pesetas.
El Consejo de Ministros, a propuesta del de Obras Públicas y Urbanismo y previo informe de la Comisión Central de Urbanismo, hasta cien millones de pesetas.
Artículo 64 derogado por el Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, por el que se aprueba la tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única del Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Serán competentes para acordar la iniciación del expediente sancionador, además de las autoridades enumeradas en el artículo anterior, los Ayuntamientos, las Comisiones Provinciales de Urbanismo y demás Entidades u órganos urbanísticos que tengan atribuidas facultades de inspección y fiscalización del planeamiento.
En la tramitación del procedimiento sancionador, la Administración que lo instruya aplicará en todo caso su legislación especifica.
Cuando la propuesta de resolución incluya una multa en cantidad superior a la que sea de la competencia de los órganos correspondientes a la Administración que tramitó el expediente de sanción, dicha propuesta se elevará a la autoridad que sea competente por razón de la cuantía, según las reglas establecidas en el artículo anterior, la que acordará la sanción correspondiente.
Artículo 65, apartado 2, derogado por el Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, por el que se aprueba la tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única del Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Artículo citado en: 67 sentencias, un artículo doctrinal, 2 disposiciones normativas
CAPÍTULO II De las diferentes infracciones y sus sanciones Artículos 66 a 91
SECCIÓN 1ª En materia de parcelación Artículos 66 a 75
Serán sancionados con multa del 15 al 20% del valor de los terrenos afectados quienes realicen parcelaciones sobre suelo no urbanizable.
La sanción establecida en el número anterior se podrá incrementar hasta el 30% del valor del suelo si la división realizada lesiona el valor especifico que, en su caso, proteja el ordenamiento urbanístico.
En ningún caso se considerarán solares, ni se permitirá edificar en ellos, los lotes resultantes de una parcelación efectuada con infracción de los artículos 95 y 96 de la Ley del Suelo.
Artículo citado en: 60 sentencias, 6 artículos doctrinales, una resolución administrativa
Se aplicará una sanción del 10 al 15% del valor del suelo afectado a quienes realicen parcelaciones en suelo urbanizable no programado antes de la aprobación definitiva del correspondiente Programa de Actuación Urbanística.
La sanción se podrá incrementar hasta llegar al 20% del valor del suelo, cuando concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 67.
Con multa del 5 al 10% se sancionará a quienes realicen parcelaciones de suelo clasificado como urbanizable programado, si no existiese Plan Parcial definitivamente aprobado.
La misma sanción se aplicará a las parcelaciones en suelo declarado apto para urbanizar por las correspondientes Normas Subsidiarias de Planeamiento, o en suelo urbanizable no programado que tenga aprobado Programa de Actuación Urbanística, siempre que en ambos casos no exista Plan Parcial definitivamente aprobado.
Si en los supuestos que contempla este artículo la parcelación supusiese infracción de disposiciones contenidas en el Plan General, en las Normas Subsidiarias o en el Programa de Actuación Urbanística, la sanción será del 10 al 15%.
Las parcelaciones de suelo urbano que contradigan las previsiones establecidas en el Plan General o en las Normas Subsidiarias de Planeamiento, serán sancionadas con multa del 5 al 10% del valor de los terrenos afectados.
En ningún caso se considerarán solares ni se permitirá edificar en ellos los lotes resultantes de la parcelación.
Si la parcelación afecta a superficies destinadas a dominio público, a equipamiento social y comunitario, a sistemas generales o a espacios libres, la sanción podrá alcanzar el 20% del valor de los terrenos.
Serán sancionadas con multa del 5 al 10% del valor de los terrenos afectados las operaciones de parcelación o división de terrenos que den lugar a lotes inferiores a la parcela establecida como indivisible. En la misma sanción incurrirán quienes dividieren o segregaren parcelas que tengan la condición de indivisibles.
Serán sancionados con multa del 10 al 20% del valor de los terrenos afectados quienes realicen parcelaciones en terrenos que no hayan sido previamente clasificados como suelo urbano por un Plan, Norma Complementaria y Subsidiaria de Planeamiento o Proyecto de Delimitación, siempre que tales parcelaciones impliquen la creación de un nuevo núcleo de población o la ampliación de uno ya constituido en términos, en este caso, que requieran la ejecución de obras de infraestructura que no sean mero complemento de la urbanización existente.
Se sancionarán con multa del 2% del valor de los terrenos las operaciones de parcelación que, sin contradecir el planeamiento en vigor, se realicen sin la pertinente licencia.
SECCIÓN 2ª En materia de uso de suelo y edificación Artículos 76 a 89
Quienes realicen obras de edificación o urbanización en contra del uso que corresponda al suelo en el que se ejecuten, serán sancionados con multa del 10 al 20% del valor de la obra proyectada.
La sanción se impondrá en su grado máximo cuando la actuación se refiera a suelo destinado a viales, parques y jardines públicos, zonas deportivas de recreo y expansión, o equipamiento comunitario.
Artículo citado en: 212 sentencias, 4 artículos doctrinales
Quienes realicen, en terrenos destinados por el planeamiento a uso público o de interés general o común, actos, actividades, obras o instalaciones que impidan o perturben gravemente dicho uso, serán sancionados:
1) Con multa del 10 al 20% del valor del suelo afectado, cuando el hecho que impida el uso o produzca la perturbación origine una situación permanente.
2) Con multa del 1 al 5% de dicho valor, cuando se realicen con carácter meramente ocasional, o las instalaciones o actividades puedan ser objeto de legalización por el órgano administrativo competente.
Cuando la infracción se realice sobre bienes no susceptibles de valoración, por estar excluidos de modo permanente y total de tráfico jurídico, la multa podrá oscilar entre 5.000 y 500.000 ptas., graduándose en función de la mayor o menor trascendencia que la perturbación ocasione al uso público.
Artículo citado en: 44 sentencias, un artículo doctrinal
En la sanción señalada en el artículo anterior de acuerdo con los mismos criterios de valoración y distinguiéndose también entre el carácter permanente, ocasional o legalizable, incurrirán quienes realicen actos de uso de suelo que, no estando comprendidos en dicho artículo, sean incompatibles o alteren la utilización prevista en el planeamiento en vigor.
Serán sancionados con multa del 5 al 10% del valor del edificio, planta, local o dependencia quienes alteren el uso a que estuvieren destinados por el Plan, Normas u Ordenanzas.
Se sancionarán con multa del 10 al 20% de su valor el exceso de edificación sobre la edificabilidad permitida por el Plan.
Artículo citado en: 78 sentencias, 2 artículos doctrinales, 2 noticias
Se sancionarán con multa del 5 al 10% del valor del exceso los actos de edificación, cuando ésta alcance altura superior a la determinada por el Plan o Norma de aplicación, si dicho exceso no implicare un aumento sobre el volumen permitido.
La misma sanción se aplicará a quienes edificaren sótanos o semisótanos, cualquiera que sea el uso a que se dedicaren, no permitidos por el Plan o Norma urbanística aplicable.
Se sancionará con multa del 5 al 10% del valor de lo realizado, la ejecución de obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación en edificios calificados como fuera de ordenación, según lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley del Suelo, salvo los casos de excepción previstos en el apartado 3.º del mismo artículo. Si dichas obras llevasen consigo aumentos de volumen o incremento de altura en relación con la situación existente, se sancionarán de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 81 del presente Reglamento.
Los que edificaren en parcelas cuya superficie sea inferior a la establecida como mínima edificable, serán sancionados con multa del 10 al 20% del valor de la obra proyectada, graduando la multa en función de la mayor o menor desproporción que exista entre la superficie de la parcela edificada y la superficie de la parcela mínima según el Plan.
Las infracciones por incumplimiento de las reglas de distancia de las edificaciones entre sí y en relación con las vías públicas, espacios libres y linderos, se sancionarán con multa del 10 al 20% del importe de la obra que se sitúe fuera de los límites a los que deba ajustarse.
Artículo citado en: 32 sentencias, 4 artículos doctrinales, 4 resoluciones administrativas
Quienes derribaren o desmontaren total o parcialmente edificaciones, construcciones o instalaciones que sean objeto de una protección especial por su carácter monumental, histórico, artístico, arqueológico, cultural, típico o tradicional serán sancionados con multa equivalente al doble del valor de lo destruido.
En caso de que se trate de bienes de carácter monumental, artístico, histórico o arqueológico, la determinación del valor de lo destruido se realizará por la Comisión a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Artículo citado en: 24 sentencias, 7 artículos doctrinales
Se sancionará con multa del 5 al 10% del valor de la obra proyectada la realización de construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de carácter artístico-histórico, arqueológico, típico o tradicional que, infringiendo las correspondientes Normas o régimen jurídico de protección, quebranten la armonía del grupo, o cuando produzcan el mismo efecto en relación con algún edificio de gran importancia o calidad de los caracteres indicados. La graduación de la multa se realizará en atención al carácter grave o leve de la discordancia producida.
Serán sancionados con multa del 10 al 20% del valor de las obras complementarias que fuere necesario realizar para subsanar las deficiencias correspondientes, quienes infringieren las Normas sobre condiciones higiénico-sanitarias y estéticas. En la misma sanción incurrirán quienes vulneren otras determinaciones de las Ordenanzas de la edificación o del Proyecto de Urbanización, cuando causen un perjuicio o pongan en situación de riesgo la normalidad del uso de la edificación, construcción, instalación o servicio o la salud de los usuarios.
Se sancionará con multa equivalente al 1% de su valor la realización de obras sin el correspondiente Proyecto de Urbanización, cuando la aprobación de éste fuere preceptiva.
SECCIÓN 3ª Disposiciones comunes Artículos 90 y 91
Serán sancionados con multa del 1 al 5% del valor de la obra, instalación o actuación proyectada, quienes realicen alguna de las actividades a que se refiere el número 1 del artículo 178 de la Ley del Suelo sin licencia u orden de ejecución, cuando dichas actividades sean legalizables por ser conformes con la normativa urbanística aplicable. En las parcelaciones sin licencia, la multa se fijará en relación con el valor del suelo.
Cuando las actividades señaladas en el número anterior no fueren legalizables, se aplicarán las sanciones previstas en este Reglamento para los tipos de infracción que en cada caso corresponda.
Artículo citado en: 273 sentencias, 4 artículos doctrinales
Cuando las actividades constitutivas de infracción según este Reglamento se realizaren al amparo de una licencia u orden de ejecución y de acuerdo con sus determinaciones, no se podrá imponer sanción en tanto no se proceda a la anulación del acto administrativo que las autorice.
Si la anulación de la licencia fuese consecuencia de la anulación del instrumento de planeamiento del que trae causa, no habrá lugar a imposición de sanciones a quienes actúen al amparo de dicha licencia, a menos que fuesen los promotores del Plan declarado nulo y dicha nulidad sea consecuencia de actuaciones de los mismos.
CAPÍTULO III De la prescripción Artículos 92 a 94
La prescripción de las infracciones urbanísticas producirá por el transcurso de un año desde la fecha en que se hubieran cometido o, si ésta fuere desconocida, desde la fecha en que hubiera podido incoarse el procedimiento sancionador. Se entenderá que puede incoarse el procedimiento sancionador cuando aparezcan signos externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la infracción.
Artículo 92, apartado 1 derogado por el Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, por el que se aprueba la tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única del Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Artículo citado en: 178 sentencias, un artículo doctrinal, 7 disposiciones normativas
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley del Suelo, los actos de edificación o uso del suelo que se realicen sin licencia u orden de ejecución sobre terrenos calificados en el planeamiento como zonas verdes o espacios libres, no estarán sujetos a plazo de prescripción.
Del mismo modo, las actividades que se realicen en virtud de licencias u órdenes de ejecución que se otorgaren con infracción de la zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes espacios libres previstos en los Planes, tampoco estarán sometidas a plazo de prescripción.
Artículo 94, derogado por el Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, por el que se aprueba la tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única del Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Sin perjuicio de la aplicación, desde su entrada en vigor de las disposiciones de la Ley del Suelo sobre intervención en la edificación y uso del suelo, que desarrollan los títulos I y II de este Reglamento, el régimen jurídico de las infracciones y sanciones establecido en su título III será de aplicación a los hechos que se produzcan a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.
Decreto 122/2007, de 21 de junio, por el que se modifica el Decreto 519/2005, de 6 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes.
ORDRE ECO/175/2013, de 24 de juliol, per la qual es regula la variant de la loteria Binjocs que es comercialitza amb el nom de 60&Blues.
LLEI 1/2000, de 30 de març, de modificació de la Llei 13/1989, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, del Decret Legislatiu 1/1991, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 3/1985 i 21/1990, de la Comissió Jurídica Assessora, i de la Llei 7/1996, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i de derogació parcial d'un article de la Llei 3/1982, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat.
Pleno. Sentencia 87/2017, de 4 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 6352-2010. Interpuesto por la Defensora del Pueblo en funciones respecto de los apartados segundo, cuarto y quinto del artículo 9 de la Ley de Cataluña 10/2010, de 7 de mayo, de acogida de las personas inmigradas y de las regresadas a Cataluña. Derechos lingüísticos y competencia sobre inmigración: nulidad del precepto legal autonómico que hace depender el acceso al conocimiento de la lengua castellana de la efectiva adquisición de competencias básicas en lengua catalana; interpretación conforme de la afirmación del catalán como lengua vehicular en la gestión de las políticas de acogida e integración de inmigrantes.
Resolución de 10 de diciembre de 1986, de la Dirección General de Comercio Exterior por la que se establece el formulario de solicitud de adjudicación de contingente cuantitativo de importación.

References: Real Decreto 
 artículo 58
 artículo 58
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 180
 artículo 10

Artículo 12
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 12
 Real Decreto 
 resolución 

Artículo 13
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 13
 Real Decreto 

Artículo 14
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 14
 Real Decreto 

Artículo 15
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 15
 Real Decreto 

Artículo 16
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 16
 Real Decreto 

Artículo 17
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 25
 artículo 118

Artículo 34
 Real Decreto 
 artículo 110

Artículo 36
 Real Decreto 
 artículo 110

Artículo 37
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 29
 artículo 31
 resolución 
 artículo 109

Artículo 42
 Real Decreto 
 artículo 34

Artículo 43
 Real Decreto 

Artículo 46
 resolución 

Artículo 47

Artículo 48
 resolución 

Artículo 49
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 50
 resolución 
 resolución 

Artículo 53
 Real Decreto 

Artículo 54
 Real Decreto 

Artículo 56
 Real Decreto 
 resolución 

Artículo 64
 Real Decreto 
 resolución 

Artículo 65
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 67
 artículo 60
 artículo 78
 artículo 178

Artículo 92
 Real Decreto 
 artículo 1

Artículo 94
 Real Decreto 
 artículo 9

Resolución