Source: https://www.scribd.com/document/198448115/administrativo-3-30-pags
Timestamp: 2018-12-14 18:11:43+00:00

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administrativo 3. 30 pags.
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TEMA 3: LA EXPROPIACIÓN FORZOSA: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y RÉGIMEN VIGENTE.
FINES LEGITIMADORES DE LA EXPROPIACIÓN: Evolución histórica: La expropiación forzosa nace ligada a la autoridad y al poder público. Esta idea se detecta en las Partidas. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano reconoce la propiedad como un derecho absoluto, pero también reconoce en su artículo 17 que una persona pueda ser privada de esa propiedad. La Constitución de Cádiz establece en el artículo 172 la expropiación. Históricamente, siempre se ha pretendido que la privación de propiedad estuviera sujeta a un procedimiento. Es una garantía formal. Este requisito procedimental podía seguir dos vías, en orden a qué órgano aprobara la expropiación: - Vía judicialista: Es el juez el que aprueba la expropiación. - Vía administrativista: Es la Administración la que aprueba la expropiación. En 1810, con Napoleón, es el juez el que lleva a cabo el procedimiento sobre la expropiación forzosa. El juez civil aprobaba la expropiación forzosa por una sentencia. En Francia, en 1843, las leyes se modifican porque muchas expropiaciones son urgentes y no se puede esperar a cumplir todo el procedimiento judicialista. Por tanto, se establece la vía administrativista. Ya no es el juez civil el que aprueba la expropiación. En 1958 se retrocede al modelo judicialista. En la Ley de 26 de julio de 1962 se establece el sistema judicialista, que se divide en dos fases: - Fase administrativa. - Fase judicial: El juez civil es el que fija el justo precio y el que declara la transferencia de la propiedad. En España, la primera Ley de Expropiación Forzosa es del 17 de julio de 1836. Esta ley era más administrativista que judicialista, aunque también jugaba un papel el juez civil, que nombraba a un tercer perito para establecer el justo precio cuando no estuviera de acuerdo el expropiado con la Administración. La Constitución de 1869 desecha el modelo administrativista y retoma el modelo judicial vigente en Francia. La Constitución de 1876 retorna al sistema administrativista.
La segunda Ley de Expropiación Forzosa es del 1 de enero de 1879. Esta ley, al estar bajo el mandato de la Constitución de 1876, era administrativista y el juez civil sólo podrá nombrar un tercer perito para establecer el justo precio. Por último, se dictó la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, en la que el juez civil no tiene ninguna función, ya que cuando hubiera una discusión sobre el justo precio entre la Administración y el expropiado, éste acudirá al Jurado de Expropiación, que es un órgano administrativo. La vigente LEF amplía mucho el campo de objetos expropiables. Esta LEF es la primera que va a regular la posibilidad de indemnizar a un propietario que sufre daños en su propiedad, a través de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Concepto de expropiación forzosa: El artículo 1 de la LEF establece que es objeto de dicha ley la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social a que se refiere el artículo 32 del Fuero de los Españoles (artículo 33.3 de la Constitución), en la que se entenderá comprendida cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueran las personas o entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio.
Para que haya expropiación forzosa es necesario que haya, en primer lugar, una privación singular de la propiedad. En segundo lugar, esa privación debe ser acordada imperativamente. La privación es equiparable a un despojo patrimonial. De todas formas, puede haber leyes expropiatorias que priven de forma general. La privación singular, acordada imperativamente, puede adoptar cualquier forma que establece el artículo 1 de la LEF (venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o cesación del ejercicio). Sin embargo, esta lista del artículo 1 de la LEF no es una lista cerrada, sino que es una lista que tiene carácter enunciativo. La expropiación no siempre lleva aparejada una transmisión de la propiedad, sino que, en ocasiones, se dan ocupaciones temporales, que también son expropiaciones. El cumplimiento de una sentencia que dicte la transmisión de la propiedad no es, en rigor, una expropiación.
Significado de la expropiación: La expropiación es un medio al servicio del poder público, pero con unas garantías, que son las siguientes (artículo 33.3 de la Constitución): - Que exista una causa “expropiandi”: Tiene que haber un motivo que justifique la privación singular de la propiedad. El artículo 33.3 de la Constitución establece que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social. La causa “expropiandi” es el fin que justifica la expropiación. En la Constitución, ese fin que justifica la expropiación puede ser muy amplio. No se establece qué se entiende por utilidad pública o interés social. Por tanto, la causa “expropiandi” la va a determinar el legislador. El TC ha definido con gran amplitud el contenido de la causa “expropiandi”, esto es, el TC es muy flexible a la hora de admitir causas “expropiandi” establecidas por el legislador. Aunque la causa “expropiandi” puede ser muy amplia, los bienes que van a ser expropiados deben ser lo estrictamente indispensables para cumplir con la causa “expropiandi”. La causa “expropiandi” puede tener diferentes formulaciones, que son las siguientes: - Declaración genérica de la causa “expropiandi”: Esta declaración se da cuando se hace para una categoría o grupo de bienes. Su reconocimiento para cada caso concreto deberá ser por acuerdo del Consejo de Ministros o por acuerdo del Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas. Una ley sectorial puede establecer una excepción a la anterior regla. Un ejemplo de esto se da en el artículo 3 de la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, que establece que las actividades encaminadas al logro de las finalidades contempladas en los preceptos de dicha ley podrán ser declaradas de utilidad pública o interés social, a todos los efectos y en particular a los expropiatorios, respecto de los bienes y derechos que puedan resultar afectados. - Declaración implícita de la causa “expropiandi”: Se da en todos los planes de obras y servicios del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Provincias y de los Municipios. El artículo 10 de la LEF establece que la utilidad pública se entiende implícita, en relación con la expropiación de inmuebles, en todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio. En los demás casos en que por ley se haya declarado genéricamente la utilidad pública, su reconocimiento en cada caso concreto deberá hacerse por acuerdo del Consejo de Ministros, salvo que para categorías determinadas de obras, servicios o concesiones las leyes que las regulan hubieren dispuesto otra cosa. En rigor, esta declaración implícita es un caso de declaración genérica en el que no hace falta acuerdo del Consejo de Ministros. Un ejemplo de esto se da en el artículo 10.3 de la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, que establece que la declaración de un espacio como
Es decir. El TC ha establecido que hay que valorar el bien y posteriormente indemnizar. siempre que no se trate de los que con arreglo a dicha ley se regulan por disposición especial.Regular aspectos procedimentales de la expropiación. Expropiación legislativa: . Frente a esto. Ésta no tiene porque ser previa a la ocupación del bien. como son los principios generales. El legislador tiene que establecer los criterios de valoración.Que dicha ley singular establezca un procedimiento especial de expropiación para ese caso. Dichos criterios los ha establecido la Ley del Suelo.18 de la Constitución establece que el Estado tiene competencia exclusiva en legislación sobre expropiación forzosa.3 de la Constitución establece que el expropiado tiene que ser compensado mediante la correspondiente indemnización. definir concretos supuestos expropiatorios y podrá introducir especialidades procedimentales que se derivan de la potestad autonómica de autoorganización. . El Estado es el competente para legislar en materia de expropiación forzosa. de carácter patrimonial y procedimental. Procedimiento: El artículo 33. sino que sólo puede regular los principios de la expropiación. y también para definir supuestos expropiatorios en los ámbitos en los que tenga competencia exclusiva el Estado. pero respecto de aquellos sectores materiales en los que esa Comunidad Autónoma haya asumido competencias en su Estatuto de Autonomía. hay varios Estatutos de Autonomía que se han atribuido la competencia para el desarrollo legislativo en materia de expropiación forzosa. . Pero el legislador autonómico podrá.- - protegido lleva aparejada la de utilidad pública. la declaración de utilidad pública deberá hacerse mediante ley aprobada en Cortes. El TC reconoció competencias en el ámbito urbanístico para que el legislador autonómico pueda regular algunas materias de la expropiación y no autoriza al Estado para regular cualquier tipo de expropiación. según los casos. Derecho a que el expropiado reciba una indemnización: El artículo 33. Navarra. en el marco que determine la legislación estatal (Galicia. esta ley singular puede. de los bienes y derechos afectados. País Vasco. Dicha indemnización se debe corresponder con el valor económico del bien y conforme a derecho.Que dicha ley singular establezca el procedimiento de expropiación de la Ley de Expropiación Forzosa. elegir entre dos opciones: . Hace falta una ley singular que declare la utilidad pública. Los legisladores autonómicos no puede justipreciar con criterio distinto al que fije el Estado. El TC se ha pronunciado sobre esto en dos sentencias: . a efectos expropiatorios.1. . confiere al Estado la configuración de las garantías expropiatorias en todo el territorio nacional. Valencia y Andalucía).Declaración específica o singular de la causa “expropiandi”: El artículo 11 de la LEF establece que en todos los casos no previstos en el artículo 10 de la LEF y relativos a bienes inmuebles.STC 61/97: El Estado sólo puede legislar los principios generales de la expropiación forzosa. debe de fijar los sistemas y criterios de valoración (forma de fijar el justo precio) y también es competencia del legislador estatal establecer un procedimiento expropiatorio.3 de la Constitución establece que la expropiación se hará de conformidad con lo dispuesto por las leyes.Definir supuestos expropiatorios.STC 37/87: El TC admitió que las Comunidades Autónomas tenían competencia para: . cuando estos aspectos sean reflejo de la facultad autonómica de autoorganización administrativa. El artículo 149. Cataluña. Sin embargo. . siendo por ello preciso que entre el valor y la cuantía exista un equilibrio. en relación con aquellos sectores en los que la Comunidad Autónoma tiene competencia. El Estado tiene competencia para regular las garantías expropiatorias generales.
que son todos aquellos bienes que son titularidad del Estado. . pueda ir a un contencioso y decirle al juez que la ley expropiatoria es inconstitucional. . inajenables e imprescriptibles. y. Al despojarle de la categoría de dominio público. su poder público. TEMA 4: PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO. se valió del voto de calidad del presidente del TC. Son expropiaciones administrativas que están en la LEF y en la legislación sectorial. sino que establece y ejerce sobre ellos su “imperium”. por tanto. etc. lo único que puede hacer el expropiado es que. el particular puede alegar que afecta a su tutela judicial efectiva en base al artículo 24 de la Constitución y de esta forma puede recurrir al recurso de amparo directo ante el TC. Los bienes de dominio público son inalienables. existen las leyes singulares que expropian (expropiación “ope legis”). y además estableció que esta forma de expropiar debe ser excepcional. por tanto. por tanto. por tanto. pasa a ser alienable. Si el juez no eleva la cuestión de inconstitucionalidad. cuando la Administración ocupe los bienes. pedirle que eleve una cuestión de inconstitucionalidad. Son aquellos bienes destinados a efectos de uso. así como cualquier situación jurídica con contenido patrimonial y los intereses patrimoniales legítimos. Para estas expropiaciones también se dan unas leyes especiales como la Ley de Costas.La propia ley establece la causa “expropiandi” y como se va a fijar el justo precio para esa expropiación.Bienes de dominio público. se convierte en propiedad privada y. su jurisdicción. se convierte en bien patrimonial. EXPROPIACIONES ESPECIALES: Objeto de la expropiación: El artículo 1 de la LEF establece que es objeto de expropiación la propiedad privada y la propiedad de derechos o intereses patrimoniales legítimos. Características de la expropiación legislativa: . Los bienes de la Administración son de tres tipos: . puede ser objeto de expropiación lo siguiente: . Así.La propia LEF establece unos procedimientos especiales para expropiaciones especiales (por ejemplo. Finalmente. sobre los que el Estado no es propietario en sentido civil. es decir. por incumplimiento de deberes por parte de los propietarios). Por tanto. Como ejemplo básico de este último supuesto está el Real Decreto de 1985 en el caso Rumasa. puede expropiar el Poder Legislativo. En el caso Rumasa. También hay leyes que limitando el derecho de propiedad pasan a expropiar al no respetar el contenido esencial. .Bienes patrimoniales: Sobre estos la Administración Pública ejerce la propiedad privada. De esta forma no se vulnera el derecho de defensa del artículo 24 de la Constitución. Los artículos 1 y 2 del REF añaden que también pueden ser objeto de expropiación las facultades parciales. seis magistrados del TC dijeron que era constitucional y otros seis dijeron que era inconstitucional. servicio público o que el Estado se quiere reservar un título de intervención.Propiedades privadas: No son propiedad privada y no se pueden expropiar los bienes de dominio público.Debe ser de carácter excepcional.Bienes del patrimonio nacional. pues el artículo 24 está dentro de los derechos susceptibles de amparo constitucional. Existe un mecanismo para que eventualmente un bien de dominio público pueda ser expropiado y dicho mecanismo consiste en despojar al bien de la categoría de dominio público. . la Ley de Aguas. El carácter excepcional que el TC atribuye a estas leyes tiene su fundamento en la limitación de la práctica del derecho de defensa por parte del expropiado. pero respetando las garantías del artículo 33 de la Constitución. La STC 166/86 estableció que no había una reserva para que sea sólo la Administración la que pueda expropiar y.
el interés legítimo se puede basar en el principio de confianza legítima y la Administración tiene que concederle al menos un tiempo. por ejemplo. será beneficiario el que debe abonar el justo precio o. puede instar a la Administración expropiante a que expropie. los Municipios y las Islas (artículos 4. que es el que representa la utilidad pública. las Provincias. El beneficiario debe justificar su cualidad de beneficiario e impulsar el procedimiento que inicia la Administración expropiante a instancias. Lo que en realidad se indemniza es el perjuicio que se causa al particular por la actividad de la Administración. en la Ley de Costas. Un precarista es alguien que disfruta de algo sin tener un derecho.c de la LRBRL. Salvo prueba en contrario. Intereses patrimoniales legítimos: Estos no son derechos plenos. Estos bienes son los que la ley menciona expresamente (por ejemplo. ya sea natural o jurídico. salvo que una ley o un Decreto atribuya la competencia a otro órgano. No pueden ser Administración expropiante los organismos públicos (artículo 42. un ciudadano en suelo urbanizable quiere construir un chiringuito y se le concede la licencia para construirlo. la Administración expropiante considerará propietario o titular a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan presunción de titularidad. En la actualidad. a la Administración expropiante le corresponde una competencia de carácter arbitral para el caso de que surjan problemas entre el beneficiario y el expropiado (artículo 4 del REF). - - Beneficiario: Es el que adquiere el bien o derecho expropiado. también existen bienes de dominio público que no se les puede despojar de la categoría de dominio público. los derechos que tiene un precarista. Derechos con contenido patrimonial: Se refiere a cualquier derecho imaginable con contenido patrimonial. No obstante. Ese tercero. es decir. del beneficiario. pero que no hay que confundirlo con las meras expectativas. antes de derivarlo. las Comunidades Autónomas. excepto los derechos de la personalidad y los derechos familiares. Lo más usual es que la Administración expropiante coincida con el beneficiario de la expropiación. esta competencia se atribuye a los Jefes de los Servicios Periféricos del Ministerio de Fomento. en estos casos. que puede llegar a ser indemnizado. En el ámbito de la Administración General del Estado. Consecuentemente. en su caso. No obstante. una ley posterior puede establecer que estos organismos públicos puedan expropiar en casos concretos. Expropiado: Es el propietario de la cosa o el titular del derecho o interés legítimo que va a ser expropiado. el Estado.Administración expropiante: Es el titular de la competencia expropiatoria. pues éstas no son indemnizables. los faros y los llamados terrenos sobrantes). para amortizar la inversión. consignarlo. 2. lo que ha hecho. Por ejemplo.2 de la LOFAGE). sin embargo. El beneficiario puede ser la Administración expropiante o un tercero. pero otras veces no coinciden y. estos organismos públicos pueden solicitar a la Administración Pública territorial de la que dependan que sea ésta la que expropie. que sólo puede ser destruida . Los expropiantes sólo pueden ser las personas jurídico – públicas territoriales. la Ley de Aguas. la competencia para expropiar corresponde a los Delegados del Gobierno.1 de la LEF y 3 del REF). sino meros intereses que pueden tener un contenido patrimonial. pero el ciudadano sabe que puede ser demolido sin ser indemnizado. Sin embargo. Por ejemplo. la LEF recoge una excepción para la cual los competentes para expropiar son los Ingenieros Jefes de los Servicios de Obras Públicas en relación con los servicios de obras públicas (artículo 98 de la LEF). en su caso.- Sin embargo. Sujetos de la expropiación (partes del procedimiento expropiatorio): .1. La Administración Pública territorial ha de ejercitar la competencia expropiatoria dentro del territorio donde tenga competencia y en relación con los fines que estén encomendados a esa Administración Pública territorial.
a veces. El artículo 17. Expediente expropiatorio: Una de las garantías de la expropiación forzosa es que exista un procedimiento. la cosa expropiada se va a adquirir por el beneficiario libre de cargas. afectados a la expropiación. el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma correspondiente abrirá un trámite de información pública durante un plazo de quince .Si hay algún incapacitado. los artículos 5. pero excepcionalmente la Administración expropiante puede decidir que el adquirente de la cosa expropiada respete los derechos que sean compatibles con el nuevo destino que haya de darse a la cosa expropiada y siempre que exista acuerdo entre el expropiante y el titular del derecho (artículos 8 de la LEF y 9 del REF). que se denomina acuerdo de necesidad de ocupación. el acuerdo de necesidad de ocupación se entiende implícito con la aprobación de un proyecto de obras y servicios que comprenda una descripción detallada de bienes y derechos necesarios para la expropiación. a quien conste con tal carácter en registros fiscales. al que lo sea pública y notoriamente. . entonces el órgano competente de la Administración expropiante tendrá que dictar un acto administrativo. además de la causa “expropiandi”. o en su defecto. aunque el beneficiario estará igualmente obligado a formular la mencionada descripción a los solos efectos de la determinación de los interesados (artículo 17. o finalmente y subsidiariamente. con indicación de su residencia y domicilio. El primer requisito de la expropiación forzosa es que exista una declaración de causa “expropiandi”. Recibida la relación de bienes y derechos necesarios para la expropiación. Cuando el proyecto de obras y servicios no comprende la relación de bienes y derechos que se van a expropiar. 6 y 7 de la LEF establecen unas reglas: . se entenderán las diligencias con el Ministerio Fiscal (artículo 5 de la LEF). Esta declaración no es una fase del expediente expropiatorio. Se considerará subrogado el nuevo titular en las obligaciones y derechos del anterior (artículo 7 de la LEF). éste puede participar en el expediente expropiatorio. pero el justo precio se le entregará al juez para que éste disponga (artículo 6 de la LEF).judicialmente. los bienes y derechos que considere de necesaria expropiación. Este acuerdo debe ser adoptado por los órganos competentes de la Administración expropiante. puede establecer el acuerdo de necesidad de ocupación.Acuerdo de necesidad de ocupación: Con este acuerdo comienza el expediente expropiatorio. o fuere la propiedad litigiosa.2 del REF establece que en la relación de bienes y derechos se expresará el estado material y jurídico de cada uno de éstos. en todos los aspectos.Las transmisiones de dominio o de cualesquiera otros derechos o intereses no impedirán la continuación de los expedientes de expropiación forzosa. los que presenten títulos de propiedad y los arrendatarios.Si una vez publicada la relación de bienes y derechos objeto de expropiación no aparecen los propietarios expropiados. Esto ocurrirá cuando la ley. en la que se describan. Sin embargo.1 de la LEF establece que el beneficiario de la expropiación estará obligado a formular una relación concreta e individualizada. Excepcionalmente. Se trata de señalar sobre que bienes se proyecta la necesidad expropiante. describiendo los bienes y derechos necesarios para la expropiación. o estuvieren incapacitados y sin tutor o persona que les represente. Finalmente. material y jurídico. . El artículo 16.2 de la LEF). la ley. y los de cuantos sean titulares de algún derecho o interés indemnizable. Las fases del expediente expropiatorio son las siguientes: . en calidad de expropiados. los nombres de los propietarios o de sus representantes. sino un requisito previo. También serán parte en el expediente expropiatorio. exige y define los bienes y derechos que se van a expropiar. al definir el supuesto de hecho de la expropiación. Para que nunca se pueda quedar paralizado un expediente expropiatorio por falta de propietario.
Designación concreta y definitiva de los titulares de esos bienes y derechos.3 de la LEF). El artículo 21. El plazo para la interposición del recurso será el de diez días. así como las personas que hubieran comparecido en la información pública. El artículo 22. si lo hubiere. las alegaciones sólo podrán ser por razones de forma. . a la necesidad de la ocupación. y designando nominalmente a los interesados con los que hayan de entenderse los sucesivos trámites.7 de la LOFAGE atribuye a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas la competencia en materia expropiatoria. por razones de fondo o forma. Esto se hace para evitar duplicidades. indicará los motivos por los que deba considerarse preferente la ocupación de otros bienes o la adquisición de otros derechos distintos y no comprendidos en la relación. El recurso habrá de resolverse en el plazo de veinte días. previas las comprobaciones que estime oportunas. habrá de notificarse individualmente a cuantas personas aparezcan como interesadas en el procedimiento expropiatorio. comunicándose además a los Ayuntamientos en cuyo término radique el objeto de la expropiación para que lo fijen en el tablón de anuncios (artículo 21.2 de la LEF establece que cuando se trate de expropiaciones realizadas por el Estado. el TC ha establecido que la Administración puede desistir de la expropiación incluso cuando se haya iniciado la ocupación física del bien expropiado. comunicándose además a los Ayuntamientos en cuyo término radique la cosa a expropiar para que la fijen en el tablón de anuncios. La finalidad del trámite de información pública y de la publicación de la relación de bienes y derechos necesarios para la expropiación es que los perjudicados puedan efectuar alegaciones.2 de la LEF). dicha relación habrá de publicarse en el Boletín Oficial del Estado y en el de la provincia respectiva y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. La jurisprudencia viene exigiendo que para que la necesidad de ocupación sea válida tiene que existir un crédito presupuestario. describiendo en la resolución detalladamente los bienes y derechos a que afecta la expropiación. El artículo 19. En los casos en que el acuerdo de necesidad de ocupación esté implícito en un proyecto de obras y servicios.1 de la LEF establece que contra el acuerdo de necesidad de ocupación se dará recurso de alzada ante el Ministerio correspondiente. En otras sentencias. a contar desde la notificación personal o desde la publicación en los boletines oficiales. si bien en la exclusiva parte que pueda afectarlas (artículo 21. que podrán interponer los interesados en el procedimiento expropiatorio. . el contenido del acuerdo de necesidad de ocupación es el siguiente: . resolverá. sobre la necesidad de la ocupación. Si no existe ese crédito.días (artículo 18. El artículo 23.1 de la LEF establece que cualquier persona podrá aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación publicada u oponerse. Por tanto. El artículo 18. Dicho acuerdo se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el de la provincia respectiva y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. El artículo 20 de la LEF establece que a la vista de las alegaciones formuladas por quienes comparezcan en la información pública. en el plazo máximo de veinte días. como más conveniente al fin que se persigue. Contra la orden ministerial resolutoria del recurso no cabrá reclamar en la vía contencioso – administrativa (artículo 22. el acuerdo de necesidad de ocupación será nulo de pleno derecho y la expropiación se paralizará. El TC ha establecido en varias sentencias que la Administración puede desistir de la expropiación y tiene como fecha límite la determinación del justo precio.Enumeración y descripción detallada de los bienes que va a adquirir la Administración y de los derechos que va a ejercer la misma. si lo hubiere. el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma correspondiente. Además. sin embargo.1 de la LEF).1 de la LEF establece que el acuerdo de necesidad de ocupación inicia el expediente expropiatorio. La interposición del recurso de alzada surtirá efectos suspensivos hasta tanto se dicte la resolución expresa.2 de la LEF).3 de la LEF). según los casos (artículo 22. no de fondo. En este caso.
En el plazo de quince días se deberá ocupar el bien expropiado. si la evaluación practicada no resultare. conforme al valor real de los bienes y derechos objeto de la expropiación. contra cuya determinación no cabrá recurso alguno. por el importe a que ascendería el justiprecio calculado en virtud de las reglas previstas para su determinación en dicha ley. por ser éste superior o inferior a aquélla. que se acortan. Esta indemnización no tiene su .Urgencia en la ocupación: El artículo 52 de la LEF establece que excepcionalmente y mediante acuerdo del Consejo de Ministros. El competente para declarar una ocupación como urgente es el Consejo de Ministros o el Consejo de Gobierno de la correspondiente Comunidad Autónoma. cosechas pendientes y otros igualmente justificados. tales como mudanzas. Las expropiaciones urgentes rompen el esquema normal de la expropiación ordinaria. estándose a lo dispuesto en el artículo 46 de la LEF. Expropiaciones parciales: El artículo 23 de la LEF establece que cuando la expropiación implique sólo la necesidad de ocupación de una parte de finca rústica o urbana. Si la Administración decide la expropiación parcial. y no se dará el recurso contencioso – administrativo. en caso de disconformidad del expropiado. La jurisprudencia ha venido controlando esto y el Tribunal Supremo en una de sus sentencias estableció que la Administración también debe aplicar el criterio de urgencia al fijar el justiprecio y al pagar al expropiado. Tradicionalmente. haciendo uso de los criterios estimativos que juzgue más adecuados. en cuanto a los plazos. Esta declaración de urgencia implica que se está dictando el acuerdo de necesidad de ocupación. Las corporaciones deberán instar al Consejo de Gobierno de la correspondiente Comunidad Autónoma para que declare una ocupación como urgente. la oportuna retención de crédito. la misma ha de indemnizar forzosamente al expropiado por el demérito que sufre la finca. La Administración debe fijar las cifras de indemnización por el importe de los perjuicios derivados de la rapidez de la ocupación. a su juicio. El Jurado Provincial de Expropiación también podrá hacer aplicación de este artículo cuando considere que el precio obtenido resulte notoriamente inferior o superior al valor real de los bienes. La Administración deberá incluir en el justiprecio la indemnización por daños y perjuicios. En el expediente que se eleve al Consejo de Ministros deberá figurar. se han venido declarando como urgentes casi todas las expropiaciones. necesariamente. podrá éste solicitar de la Administración que dicha expropiación comprenda la totalidad de la finca. y en cuanto a la estructura del procedimiento ordinario de expropiación. podrá declararse urgente la ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la realización de una obra o finalidad determinada. si bien. de tal modo que a consecuencia de aquélla resulte antieconómica para el propietario la conservación de la parte de finca no expropiada. ¿La decisión de expropiar todo o establecer expropiaciones parciales es reglada o discrecional? La respuesta es que es discrecional que la Administración expropie todo o parte del bien expropiado. aunque el particular no haya solicitado la expropiación total. debiendo decidirse sobre ello en el plazo de diez días. el Jurado Provincial reconsiderará la cuestión en el momento de la determinación del justiprecio. El Tribunal Supremo estableció en una de sus sentencias que será antieconómica la conservación de una parte de finca cuando la expropiación forzosa parcial hace insostenible el negocio subsistente. careciendo muchas de ellas de justificación. El artículo 43 de la LEF establece que tanto el propietario como la Administración podrán llevar a cabo la tasación aplicando los criterios estimativos que juzguen más adecuados. Dicha resolución es susceptible del recurso de alzada especial para los casos de expropiación. con cargo al ejercicio en que se prevea la conclusión del expediente expropiatorio y la realización efectiva del pago.
1 de la LEF establece que la fijación del justo precio se tramitará como pieza separada. Determinación del justiprecio: Es la fase que va encaminada a la determinación de la compensación que tiene que recibir el expropiado. El artículo 46 de la LEF establece que en el supuesto de que el expropiado solicite la expropiación total y la Administración rechace dicha solicitud. Si el expropiado acepta la hoja de aprecio de la Administración. El artículo 25 de la LEF establece que una vez firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación de bienes o adquisición de derechos expropiables. Excepcionalmente. . dentro de los diez días siguientes. El expediente será único en los casos en que el objeto de la expropiación pertenezca en comunidad a varias personas o cuando varios bienes constituyan una unidad económica. El plazo para presentar la hoja de aprecio es de veinte días. En el primer caso se entenderá determinado definitivamente el justo precio y la Administración procederá al pago del mismo. podrá ser dicho plazo prorrogado. Este plazo se suele vulnerar. contados desde el día siguiente al que el expropiado es solicitado para que presente dicha hoja de aprecio (artículo 29 de la LEF). Fijación del justiprecio por mutuo acuerdo: Se dispone de quince días desde que se inicia el expediente de justiprecio para que la Administración y el expropiado lleguen a un acuerdo. en el plazo máximo de ocho días. El artículo 26.- fundamento en el artículo 46 de la LEF. cuando la importancia de los intereses en pugna en el expediente expropiatorio aconsejen la inspección personal sobre el terreno de los bienes o derechos expropiables. Si. como requisito previo a la ocupación o disposición. podrá aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla. La valoración que haga el expropiado de su bien debe ser motivada. Sin embargo. El artículo 30. la Administración y el expropiado no llegan a un acuerdo. hasta quince días en total. encabezada por la exacta descripción del bien concreto que haya de expropiarse. finaliza el procedimiento de fijación del justiprecio. Si la Administración rechaza la hoja de aprecio del expropiado. la propia Administración formula su hoja de aprecio.1 de la LEF establece que la Administración expropiante habrá de aceptar o rechazar la valoración de los propietarios en el plazo de veinte días. empleando los métodos valorativos que juzgue más adecuados para justificar su propia valoración a los efectos del artículo 43 de la LEF. se pasará el expediente de justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación. Si la Administración acepta esa hoja de aprecio. el expropiado puede no aceptar la hoja de aprecio de la Administración. se incluirá en el justiprecio la indemnización por los perjuicios que se produzcan a consecuencia de la expropiación parcial de la finca. El artículo 34 de la LEF establece que el Jurado Provincial de Expropiación. se entenderá determinado definitivamente el justiprecio. el cual. aunque casi siempre con justificación por parte de la Administración. Si existe dicho acuerdo. por el contrario. Procedimiento de fijación del justiprecio: El expediente de justiprecio se entiende iniciado en el día siguiente a aquel en que adquiere firmeza el acuerdo de necesidad de ocupación. a la vista de las hojas de aprecio formuladas por los propietarios y por la Administración. y asimismo a aportar las pruebas que considere oportunas en justificación de dichas alegaciones. se procederá a determinar su justo precio. el artículo 26.2 de la LEF establece que cuando la Administración rechazara la hoja de aprecio del expropiado. ya que el propietario no solicita la expropiación total. entonces se fija el justiprecio. decidirá ejecutoriamente sobre el justo precio que corresponda a los bienes o derechos objeto de la expropiación. El artículo 30. que es un órgano administrativo independiente. que se notificará al propietario. la misma extenderá hoja de aprecio fundada del valor del objeto de la expropiación. El artículo 31 de la LEF establece que si el propietario rechazara el precio fundado ofrecido por la Administración.2 de la LEF establece que se abrirá un expediente individual a cada uno de los propietarios de bienes expropiables. y en este segundo caso tendrá derecho a hacer las alegaciones que estime pertinentes. La Administración va a requerir al expropiado para que presente una hoja de aprecio.
ese expropiado puede ir a la vía contenciosa. a su juicio. se podrá interponer recurso contencioso – administrativo. bienes inmuebles que no sean suelo e intereses patrimoniales legítimos. cualquiera que sea la finalidad que la motive y la legislación. esto es. La jurisprudencia ha establecido otros momentos distintos: El Tribunal Supremo decidió. Las hojas de aprecio también van a vincular al Jurado Provincial de Expropiación. las valoraciones de suelo se efectuarán con arreglo a los criterios establecidos en dicha ley. Tanto las reglas legales de valoración (artículos 36 y siguientes de la LEF) como el criterio estimativo que establece el artículo 43 de la LEF tienen una excepción muy importante: Las reglas legales de valoración y el criterio estimativo no se aplican cuando el bien expropiado sea suelo.1 de la LEF establece que las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio. si la evaluación practicada por las normas que se establecen en la LEF no resultare. que el momento al que han de referirse las valoraciones es el momento en que la Administración dicta su hoja de aprecio. en una de sus sentencias. Criterios para valorar (artículos 36 y siguientes de la LEF): En la valoración que se haga del bien o derecho expropiado no se van a tener en cuenta las plusvalías que sean consecuencia del plan o proyecto de obras que origine la expropiación.Las hojas de aprecio vinculan al que las propone. La jurisprudencia ha admitido que. Tampoco procede dicho premio de afección cuando al particular no se le priva del bien. El artículo 36. El artículo 35. La ley permite en algunos casos dispensar de las reglas de valoración. pero sí de una facultad. además del justiprecio. Las decisiones del Jurado de Expropiación gozan de presunción de legalidad. No procede el 5% del premio de afección cuando el justiprecio se haya fijado de mutuo acuerdo.1 de la LEF establece que la resolución del Jurado de Expropiación habrá que ser necesariamente motivada. Este 5% también se debe fijar en la hoja de aprecio. que la legitime. Reglas valorativas: El momento al que han de referirse las valoraciones es el momento de iniciarse el expediente de justiprecio. Responsabilidades por demoras: . Se trata de establecer el valor real del bien. sin tenerse en cuenta las plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dan lugar a la expropiación y las previsibles para el futuro. Éste no va a poder fijar un justiprecio menor al que pide la Administración ni mayor al que pide el expropiado. conforme con el valor real de los bienes y derechos objeto de la expropiación.1 de la LEF establece que contra la resolución administrativa que ponga fin al expediente de expropiación o a cualquiera de las piezas separadas. El artículo 43 de la LEF establece que tanto el propietario como la Administración podrán llevar a cabo la tasación aplicando los criterios estimativos que juzguen más adecuados. razonándose los criterios de valoración seguidos por el mismo en relación con lo dispuesto en esta ley. urbanística o de otro carácter. La jurisprudencia trata de identificar el valor real del bien con el valor de sustitución del bien. ya que rigen los criterios de valoración que establece la Ley del Suelo de 1998. en ocasiones. el expropiado no podrá pedir más en un momento posterior a lo que pidió en la hoja de aprecio y la Administración no podrá pagar menos de lo que estableció en la hoja de aprecio. por tanto. Las reglas legales de valoración y el criterio estimativo se establecen para valorar bienes muebles. cuando lo que se expropia obliga a cambiar totalmente la explotación del bien. El artículo 126. por ser éste superior o inferior a aquélla. El artículo 47 de la LEF establece que en todos los casos de expropiación se abonará al expropiado. El artículo 23 de la Ley del Suelo establece que a los efectos de expropiación. un cinco por ciento como premio de afección. Puede ocurrir incluso que el expropiado no esté de acuerdo con el justiprecio que fija el Jurado de Expropiación y. se admite el pago del premio de afección.
ya que si no fueran contratos sólo vincularían a la Administración. ya que son actos administrativos. Demora en el pago del justiprecio fijado: El artículo 57 de la LEF establece que la cantidad que se fije definitivamente como justo precio devengará el interés legal correspondiente a favor del expropiado. hasta que se proceda a su pago y desde el momento en que hayan transcurrido los seis meses establecidos en el artículo 48 de la LEF para proceder al pago del justiprecio. Esto determina que el expropiado que no haya formulado las hojas de aprecio y no esté de acuerdo finalmente con el justiprecio no pueda.1 de la LEF establece que el Jurado Provincial de Expropiación. en su caso. se les aplica la LRJPAC. Si pasan seis meses desde el momento en que se inicia el expediente de expropiación y no se fija el justiprecio por resolución definitiva. La jurisprudencia viene exigiendo a esas adquisiciones amistosas. porque están fuera de todo el procedimiento expropiatorio. El artículo 32.Tienen carácter declarativo de derechos.- - Demora en la fijación del justiprecio por culpa de la Administración expropiante: El artículo 56 de la LEF establece que cuando hayan transcurrido seis meses desde la iniciación legal del expediente expropiatorio sin haberse determinado por resolución definitiva el justo precio de las cosas o derechos. . habrá de procederse a evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de expropiación. y los siguientes cuatro vocales: . la Administración expropiante culpable de la demora estará obligada a abonar al expropiado una indemnización que consistirá en el interés legal del justo precio hasta el momento en que se haya determinado. salvo que se establezca una indemnización.No hay que confundir los convenios expropiatorios con las adquisiciones amistosas que hace la Administración. Las hojas de aprecio. como son actos administrativos declarativos de derechos. estará formado por un Presidente. También se pueden establecer unas indemnizaciones complementarias. Éstas últimas no son convenios expropiatorios.Demora por retasación: El artículo 58 de la LEF establece que si transcurrieran dos años sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio se haga efectivo o se consigne. Los convenios expropiatorios tienen las siguientes características: . El término inicial para calcular el interés legal es el día siguiente al día en que se termina el plazo de seis meses fijado para pagar el justiprecio. sino que es un tercero que interviene en el procedimiento expropiatorio. La LEF fija un plazo de seis meses para que la Administración pague el justiprecio al expropiado. . La formulación de hojas de aprecio es una facultad de las partes. . El Jurado Provincial de Expropiación no es parte de la Administración expropiante. dicho retraso perjudica al mismo. que se constituirá en cada capital de provincia. que se liquidará con efectos retroactivos. Cuando se fija de mutuo acuerdo el justiprecio. . no se pueden revocar. El momento en que termina el plazo de seis meses desde el acuerdo de necesidad de ocupación es el momento del término inicial para calcular el interés legal del justiprecio que se fije. entonces se devenga el interés general del justiprecio. una vez que el justiprecio haya sido efectuado.Los convenios expropiatorios se documentan en el acta de pago y ocupación. las mismas garantías que se designan a los convenios expropiatorios. cuando se hacen para evitar todo el procedimiento expropiatorio. acudir a los tribunales. . Las hojas de aprecio van a ser actos administrativos necesitados de aceptación por el particular. que lo será el Magistrado que designe el Presidente de la Audiencia correspondiente.Tienen naturaleza jurídica contractual. contados desde el día siguiente en que se fija el justiprecio. Si el retraso en la fijación del justiprecio es por culpa del expropiado. éste se fija en un documento que se denomina convenio expropiatorio.Son vinculantes tanto para el expropiado como para la Administración. A estas hojas de aprecio. El término final es cuando se paga el justiprecio.
o entre ellos y la Administración.1 de la LEF para el Jurado Provincial de Expropiación. No obstante. . hay que acudir a los criterios valorativos que establece la Ley del Suelo de 1998. Se consignará el justiprecio en el caso de que el expropiado rehusare recibir el precio. - El artículo 48. la indemnización hasta el límite en que exista conformidad entre aquél y la Administración. de impuestos y gravámenes o arbitrios del Estado.Un notario de libre designación por el Decano del Colegio Notarial correspondiente. El artículo 50.Si fueren varios los interesados y no se pusieren de acuerdo sobre la cantidad que a cada uno corresponde. puede ocurrir que el expropiado no acepte el justiprecio. . la Comunidad Autónoma de Madrid ha denominado a este órgano administrativo Jurado Territorial de Expropiación y tiene una composición distinta a la que establece el artículo 32. incluso el de pagos del Estado. que dice que el justiprecio queda a disposición de la autoridad o tribunal competente. hay leyes especiales que establecen sus propios criterios valorativos. o existiere cualquiera cuestión o litigio entre ellos. Además. El acuerdo del Jurado de Expropiación que fija el justiprecio agota la vía administrativa. por sí o por persona que acredite fehacientemente su representación. cuando lo que se valora es suelo. Por tanto. respectiva en los demás casos. se consignará el justiprecio por la cantidad que sea objeto de discordia en la Caja General de Depósitos. quedando en todo caso subordinada dicha entrega provisional al resultado del litigio. El pago del justiprecio está exento de todo pago de impuestos. en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo de recibir el precio precisamente por este medio. Sin embargo. como la Ley de Costas en su artículo 89. se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de seis meses. La transmisión del bien expropiado se produce cuando se ocupa dicho bien. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la LEF. y que variará según la naturaleza del bien objeto de la expropiación. o cuando rehusaren recibir el precio. Un funcionario técnico designado por la Jefatura Provincial o Distrito correspondiente.2 de la LEF establece que el expropiado tendrá derecho a que se le entregue. El justiprecio se puede pagar en especie. las Comunidades Autónomas pueden dar un nombre distinto a su Jurado Provincial de Expropiación y pueden cambiar la composición del mismo. cuando existiere cualquier litigio o cuestión entre el expropiado y la Administración o en los casos que se establecen en el artículo 51. El artículo 50.N.1 del REF y que son los siguientes: . y se ocupa dicho bien cuando se paga el justiprecio y se suscribe el acta de ocupación. El artículo 49 de la LEF establece que e pago del precio estará exento de toda clase de gastos.Un representante de la Cámara Oficial Sindical Agraria.2 de la LEF establece que el pago se verificará mediante talón nominativo al expropiado o por transferencia bancaria. Provincia o Municipio. Sin embargo. . aunque exista litigio o recurso pendiente. en detrimento de los criterios legales que establece la LEF.1 de la LEF establece que una vez determinado el justo precio. Así. La LEF establece el criterio estimativo como criterio excepcional para valorar el bien expropiado. Aunque el REF establece que el justiprecio queda a disposición del expropiado. Pago del justiprecio: El artículo 48. rige lo que establece la LEF. y un representante de la C. cuando la expropiación se refiera a propiedad rústica.S.1 de la LEF establece que cuando el propietario rehusare recibir el precio o cuando existiere cualquier litigio o cuestión entre el interesado y la Administración. en contra de dicho acuerdo cabe acudir a la vía jurisdiccional o presentar un recurso de reposición potestativo. quedando a disposición de la autoridad o tribunal competente.- Un abogado del Estado de la respectiva Delegación de Hacienda. este criterio estimativo es el más usual. También puede ocurrir que sea la Administración la que impugne el justiprecio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación. . .Cuando comparezca el Ministerio Fiscal. No obstante.Cuando no concurra al acto del pago el propietario o el titular interesado.
. Si en el plazo de dos años la Administración ofrece el pago del justiprecio al expropiado o consigna el mismo. la valoración del bien se hace de la siguiente manera: . Sin embargo. el procedimiento de retasación es el mismo que el que establece la LEF para fijar el justiprecio. según la jurisprudencia. La retasación se lleva a cabo a instancias del expropiado.En segundo lugar.- Cuando comparezcan personas que no puedan enajenar sin permiso o resolución de la autoridad judicial. no es suficiente. podrá ocuparse la finca por vía administrativa o hacer ejercicio del derecho expropiado siempre que no se hubiera hecho ya en virtud del procedimiento excepcional de urgencia. esto implica la renuncia del expropiado a su eventual derecho de retasación. Cuando. gravámenes y derechos reales de toda clase a que estuviere afectada la cosa expropiada. Esta regla queda excepcionada de las expropiaciones urgentes y cuando se acuerde con el expropiado que el precio se pague en especie o “in natura”. Para que el particular no pueda pedir la retasación del bien. Los expresados documentos serán también títulos de inmatriculación en el Registro de la Propiedad. Una vez que el expropiado formula dicha hoja de aprecio. el plazo de dos años empezará a contar desde el día siguiente al día en que adquiere firmeza la resolución del recurso de reposición. Retasación: El artículo 58 de la LEF establece que si transcurrieran dos años sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio se haga efectivo o se consigne. El acta de ocupación acompañada del justificante de la consignación del precio o del correspondiente resguardo de depósito surtirá iguales efectos. será título bastante para que en el Registro de la Propiedad y en los demás registros públicos se inscriba o tome razón de la transmisión de dominio y se verifique. exclusivamente el justiprecio. En el caso de que se haga efectiva la retasación. acompañada de los justificantes del mismo.Ocupación del bien: El artículo 51 de la LEF establece que hecho efectivo el justiprecio o consignado el mismo. el Tribunal Supremo ha establecido que. la Administración debe consignar. La consignación del justiprecio que haga la Administración se debe notificar a los interesados. Si el expropiado aceptase el pago del justiprecio. La ocupación del bien se produce cuando se ha pagado el justiprecio o se ha consignado el mismo. el incremento del IPC puede ser tenido en cuenta como criterio de valoración. Sin embargo. El artículo 53 de la LEF establece que el acta de ocupación que se extenderá a continuación del pago.En primer lugar. en principio. al Tribunal Supremo le basta con que el expropiado tenga conocimiento de la consignación del justiprecio. Expropiaciones urgentes: . La jurisprudencia del Tribunal Supremo es exigente con que exista dicha notificación. entonces se cierra la posibilidad de retasación. en su caso. pero no los intereses de demora. una simple actualización del justiprecio en función del incremento del IPC. incluso como único criterio de valoración. Si se impugna mediante un recurso de reposición el acto del Jurado Provincial de Expropiación por el que se fija el justiprecio. . tratándose de bienes inmuebles. En los demás casos previstos por las leyes. en ocasiones. a que se refiere el artículo 6 de la LEF. habrá de procederse a evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de expropiación. los titulares de cargas o derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad no comparecieren al acto del pago. Éste tendrá que formular una nueva hoja de aprecio. la cancelación de las cargas. la valoración del bien se circunscribe al momento en que los expropiados presentan la solicitud de retasación.
se procede al pago de la indemnización.Otras expropiaciones: Se distinguen cuatro supuestos: . es un derecho que tiene el particular frente al poder público. inundaciones u otras calamidades.Expropiación que se realiza en materia de propiedad industrial: Está regulada en el artículo 99 de la LEF. . . que es nuevo y desligado del anterior procedimiento de expropiación.Expropiación por causa de colonización (artículo 97 de la LEF). detrimento efectivo o requisas de bienes o derechos de particulares sin las formalidades que para los diversos tipos de expropiación exige la LEF. . por lo que surge en el expropiado o en sus causahabientes el derecho a que se le devuelva el bien expropiado. Esta regulación se modificó a través de la disposición adicional 5ª de la Ley de Ordenación de la Edificación de 1999. . La indemnización se cuantifica en función de los rendimientos que ha dejado de percibir el propietario por los daños y perjuicios causados. el particular dañado tendrá derecho a indemnización de acuerdo con las normas que se señalan en los preceptos relativos a los daños de la ocupación temporal de inmuebles y al justiprecio de los muebles.Expropiación por causa de obras públicas (artículo 98 de la LEF). . que se identifica con los valores catastrales.Expropiación por razones de defensa nacional y seguridad del Estado (artículos 100 y siguientes de la LEF): Requisa militar: Cuando hay una requisa militar. . Por tanto. puede no cumplirse la “causa expropiandi”. evidentemente se le quita algo a alguien por razones de defensa nacional.Concepto: Una vez que se produce el pago y la ocupación del bien expropiado. La regulación que ofrece el REF sigue vigente en tanto no se oponga a la nueva regulación que ofrece la LEF. ya que la LEF regula el mismo. El artículo 120 de la LEF establece que cuando por consecuencia de graves razones de orden o seguridad públicas. en los casos de expropiaciones urgentes la Administración debe consignar un justiprecio provisional. En las expropiaciones temporales también se invierte la carga del previo pago.Expropiación – sanción por incumplimiento de la función social de la propiedad (artículos 71 y siguientes de la LEF).Expropiación que da lugar al traslado de poblaciones (artículos 86 y siguientes de la LEF). hubiesen de adoptarse por las autoridades civiles medidas que implicasen destrucción. desde 1999. en segundo lugar. la mayoría de las expropiaciones se declaran urgentes. . Sin embargo. . Por tanto. debiendo iniciarse el expediente a instancia del perjudicado y de acuerdo con tales normas.Naturaleza jurídica del derecho de reversión: Es un derecho público subjetivo. Expropiaciones especiales: Se pueden distinguir los siguientes tipos de expropiaciones especiales: . en primer lugar. El derecho de reversión tiene naturaleza legal. La reversión va a exigir un procedimiento “ad hoc”. se va a tener que indemnizar y se invierte la carga de previo pago. en sus artículos 54 y 55. Serían como una requisa civil de bienes inmuebles que no sean viviendas. primero se ocupa el bien y luego se paga el justiprecio. Reversión: . Ocupaciones temporales: Las ocupaciones temporales están reguladas en los artículos 108 y siguientes de la LEF. epidemias.Expropiación por zonas o grupos de bienes (artículos 59 y siguientes de la LEF). Son ocupaciones temporales que se tienen que indemnizar.En la práctica. no en el momento de la expropiación. derogado por la Ley de Patentes. se apropia temporal o definitivamente del bien y. La autoridad militar. La normativa aplicable al derecho de reversión es la normativa vigente en el momento de solicitud de la reversión.Normativa aplicable: El derecho de reversión está regulado en los artículos 54 y 55 de la LEF y en los artículos 63 y siguientes del REF. .
Cuando no se ejecute la obra o no se establezca el servicio que motivó la expropiación o se suspendan las obras de ejecución o implantación del servicio por causas imputables a la Administración o al beneficiario.Para el caso en que hubiera un cambio de destino.a de la LEF).2. contados desde la fecha en que la Administración hubiera notificado el exceso de expropiación. .Cuando desaparezca la afectación o destino de los bienes o derechos expropiados o de los bienes o servicios que motivaron la expropiación.Cuando simultáneamente a la desafectación del fin que justificó la expropiación se acuerde justificadamente una nueva afectación a otro fin que haya sido declarado de utilidad pública o interés social (artículo 54.Cuando. hay que distinguir dos supuestos: .Cuando la afectación al fin que justificó la expropiación o a otro declarado de utilidad pública o interés social se prolongue durante diez años desde la terminación de la obra o el establecimiento del servicio (artículo 54. Plazos para solicitar el derecho de reversión: Se distinguen dos supuestos: .Que la Administración no notifique nada al expropiado o a sus causahabientes: Hay que distinguir tres supuestos: . Competencia: El artículo 54. a pesar de estar iniciadas las obras.Cuando hubieran transcurrido cinco años contados desde la toma de posesión del bien o derecho expropiados sin iniciarse la ejecución de la obra o la implantación del servicio. sin - . el plazo también es de veinte años desde la toma de posesión del bien o derecho expropiados. titular de los mismos.1 de la LEF y son los siguientes: . alguna parte del bien expropiado resulte sobrante. la desafectación del bien o derecho expropiados o su propósito de no ejecutar la obra o de no implantar el servicio.4 de la LEF establece que la competencia para resolver sobre la reversión corresponderá a la Administración en cuya titularidad se halle el bien o derecho en el momento en que se solicite aquélla o a la que se encuentre vinculado el beneficiario de la expropiación. en su caso.2 de la LEF): .- - Supuestos: Se regulan en el artículo 54. éstas estuviesen suspendidas más de dos años por causas imputables a la Administración o al beneficiario de la expropiación sin que se produjera por parte de éstos ningún acto expreso para su reanudación. se puede solicitar la reversión antes del plazo de veinte años desde la toma de posesión del bien o derecho expropiados.Para el caso de no ejecución de la obra o no implantación del servicio. Sin embargo.b de la LEF). Aspectos registrales: El artículo 54. - - Para el caso en que se hubiera producido un exceso de expropiación o la desafectación del bien o derecho expropiados. . .Que la Administración notifique al expropiado que hay un supuesto de reversión: El plazo para solicitar la reversión es de tres meses.Cuando después de la expropiación. . este supuesto tiene dos excepciones (artículo 54.2. .5 de la LEF establece que en las inscripciones en el Registro de la Propiedad del dominio y demás derechos reales sobre inmuebles adquiridos por expropiación forzosa se hará constar el derecho preferente de los reversionistas frente a terceros posibles adquirentes para recuperar el bien o derecho expropiados de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 54 y 55 de la LEF. .
Este órgano competente resolverá sobre la admisibilidad o no de la reversión. Puede ocurrir que el particular reversionista impugne en vía jurisdiccional (contencioso – administrativa) ese precio de reversión. determinará el precio del importe de la indemnización. si la Administración fijó como precio reversional 10 y la sentencia fija 15. pero tendrá que consignar el precio que él estime oportuno. Entonces.- cuya constancia registral el derecho de reversión no será oponible a los terceros adquirentes que hayan inscrito los títulos de sus respectivos derechos conforme a lo previsto en la Ley Hipotecaria. La regla de actualización de dicha indemnización será el IPC. El procedimiento de reversión se inicia mediante solicitud que presenta el reversionista ante la Administración competente. el expropiado deberá pagar 15 más el interés legal de 5. El órgano competente. El plazo de tres meses para pagar o consignar se va a ver interrumpido. el expropiado habrá ganado el pleito. La determinación de este importe se efectuará por la Administración en el mismo acuerdo que reconozca el derecho de reversión.Si se establece como precio reversional más de lo que fijó en su día la Administración. el derecho de reversión caduca. Esta valoración se hará como si se tratara de fijar un nuevo justiprecio. Si el expropiado tiene que pagar más de lo que fijó la Administración. Si no paga o consigna en ese plazo. la Administración puede considerar procedente la solicitud de reversión. Para que el reversionista pueda tomar posesión del bien o derecho revertido. si hubiera cambiado su clasificación o calificación jurídica o si hubiera sufrido un menoscabo. la diferencia es 5. Entonces. el mismo tendrá que pagar el interés legal de la diferencia que se refiere al período que va desde que se termina el plazo de tres meses para pagar o consignar el precio reversional hasta que se dicta la sentencia que fija el nuevo precio reversional. que deberá ser motivado. no tiene que pagar ningún interés legal. dictará un acto administrativo estimativo. Por ejemplo. . además.Si se establece un precio reversional menor al que fijó la Administración.1 de la LEF establece que es presupuesto del ejercicio del derecho de reversión la restitución de la indemnización expropiatoria percibida por el expropiado. Por ejemplo. Excepcionalmente. que. en el caso de que considere improcedente la solicitud de reversión. Este pago se producirá en el plazo de tres meses. Procedimiento para ejercer la reversión y la restitución del justiprecio: El artículo 55. dictará un acto administrativo denegatorio de la solicitud de reversión. tendrá que pagar o consignar el precio establecido. actualizada conforme a la evolución del índice de precios al consumo en el período comprendido entre la fecha de iniciación del expediente de justiprecio y la de ejercicio del derecho de reversión. Sin embargo. Si el expropiado gana el pleito. la diferencia tendrá que ser pagada por el particular. el precio de reversión podrá valorarse de nuevo si sobre ese bien o derecho que se va a devolver al propietario se hubieran introducido mejoras. si la Administración fijó como precio reversional 10 y la sentencia fija 5. el expropiado deberá pagar 5 menos el interés legal de 5. . la diferencia es 5. Si el expropiado interpone recurso contencioso – administrativo se suspende el plazo de los tres meses. Por tanto. refiriéndose al período comprendido entre el momento de inicio del expediente de justiprecio y el momento en que se solicita el derecho de reversión. contados desde la determinación del justiprecio en vía administrativa. La sentencia que se dicte resolviendo el recurso contencioso – administrativo puede tener dos contenidos: . porque no esté de acuerdo. El solicitante podrá recurrir dicho acto administrativo denegatorio.
- Supuestos de imposibilidad legal de la reversión: La LEF no hace referencia a este asunto. Por ejemplo. . Se denomina reversión “in natura”. para aportar los datos y alegaciones que consideren oportunos en contra de la misma. Actualmente. sin perjuicio del derecho de repetición de los mismos contra quien proceda por los daños y perjuicios ocasionados. Se puede añadir un supuesto más: . Se pueden dar los siguientes supuestos: .1 de la LEF establece una indemnización al reversionista que tiene derecho a la reversión. El artículo 69 del REF establece que cuando se dé alguna de las causas legitimadoras de la reversión. El Tribunal Supremo mantiene que no toda expropiación ha de reconocer la reversión en su normal intensidad o configuración. . . El artículo 66. pero que no puede conseguirla. omitido por el legislador en ciertos supuestos. En estos supuestos es posible que la reversión se pueda ver sujeta a modulación. tendrá que valorarlo de nuevo el Jurado de Expropiación (artículo 68 del REF). El artículo 121.2 del REF si lo regula y establece que en los casos en que como consecuencia de una alteración indebida no fuere legalmente posible la reversión. haya una imposibilidad legal de que se produzca la reversión: La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que la imposibilidad de que se produzca la reversión puede venir establecida por una ley que diga que no se puede devolver el bien expropiado. Hay que ver que tipo de expropiación se ha hecho para ver si hay reversión o no.Cuando se trate de expropiaciones totales. los bienes de dominio público no se pueden devolver. Por tanto.Cuando se trate de expropiaciones forzosas que den lugar al traslado de poblaciones.Cuando se trate de expropiaciones forzosas que comprenden bienes indispensables para futuras ampliaciones.1 de la LEF. La reversión se producirá aunque haya terceros adquirentes. sin perjuicio de que se deduzcan las responsabilidades previstas en el mismo precepto. la Administración saque esos terrenos al mercado. se estará a lo previsto en el artículo 121. . procederá ésta. aún cuando los bienes o derechos hayan pasado a poder de terceros adquirentes por la presunción del artículo 34 de la Ley Hipotecaria. se indemniza al expropiado por los rendimientos que ha dejado de percibir y por los daños y perjuicios causados. - El artículo 121 de la LEF establece una indemnización y trata a la imposibilidad legal de la reversión como si fuera una ocupación temporal. incluso. se expropian unos terrenos para que cuando haya poco suelo disponible para edificar. .Cuando se trate de expropiaciones de terrenos con destino al patrimonio municipal del suelo: Por ejemplo.Cuando se trate de expropiaciones forzosas por incumplimiento de la función social de la propiedad. En todo caso. los terceros adquirentes tendrán derecho a ser oídos en el expediente de reversión. Esas modulaciones en la reversión se reducen ejemplificativamente a cuatro: . La Administración valorará los bienes o derechos objeto de la reversión de oficio y si esa actualización del justiprecio no responde a la realidad. no se hace aquello para lo que se expropió.Que el bien o derecho objeto de la reversión haya sufrido una alteración indebida: Esta alteración indebida se traduce en llevar a cabo obras o servicios distintos a aquellos que motivaron la expropiación forzosa.Que como consecuencia de dicha alteración indebida en el objeto de la reversión. Ese derecho de reversión puede ser modulado e.Que el objeto de la reversión pueda ser devuelto en el mismo estado que se encontraba en el momento de la expropiación. esto es. . se establece la imposibilidad material de devolver el bien porque está totalmente transformado.Que el objeto de la reversión no pueda ser devuelto: Se tienen que dar dos requisitos: .
Tiene que ser un daño evaluable económicamente. Esta responsabilidad extracontractual indirecta es la que regulan los artículos 1902 y 1903 del Código Civil. salvo en los casos de fuerza mayor. la Administración tendrá que indemnizar. Salvo que el particular esté obligado a soportar un daño por un pacto. Evolución de la responsabilidad patrimonial de los poderes públicos: .Imputación exclusiva de responsabilidad a los agentes públicos culpables.TEMAS 5. La responsabilidad extracontractual puede ser directa o indirecta.2 de la Constitución establece que los particulares. Dicho resultado dañoso no justificado tiene unas características exigidas por el artículo 139.2 de la LRJPAC: . . . Los servicios públicos.Tiene que ser un daño individualizado. Se establece el principio de legalidad. salvo en los casos de fuerza mayor. 6 y 7: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS PODERES PÚBLICOS: Responsabilidad patrimonial de la Administración: Fundamento: El fundamento de la responsabilidad patrimonial es que no hay justificación de un sacrificio particular que tiene su base en el principio de igualdad frente a cargas públicas. Régimen jurídico: Requisitos para apreciar responsabilidad patrimonial en la Administración: . . Va a responder el funcionario.1 de la LRJPAC establece que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos. En este caso responde objetivamente la Administración.Que exista un resultado dañoso no justificado: Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.Extensión del principio de resarcimiento tanto a los daños anónimos como a los daños provocados por actuaciones administrativas lícitas. en virtud del cual la Administración se va a someter a la ley y a los tribunales. ampliándose incluso a los actos políticos del Gobierno.Se reconoce la responsabilidad de la Administración. tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos. La responsabilidad contractual se detecta cuando la obligación de resarcir surge del incumplimiento de un deber que ha nacido de una relación jurídica contractual. La responsabilidad es la situación en la que se encuentra un sujeto al que la ley anuda la consecuencia de un hecho lesivo de un interés protegido.Que dicho resultado dañoso no justificado sea imputable a la Administración: El artículo 106. La directa es por hechos propios y la indirecta es por hechos ajenos. siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. que significa que al particular no le basta con que le den la razón. siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. La responsabilidad extracontractual surge de la rescisión por hacer daños a otros.Existe una irresponsabilidad de la Administración conectada con la idea de soberanía. En el deber de custodia hay una culpa “in vigilando” y en el segundo caso una culpa “in eligendo”. . Dicha responsabilidad tiene su fundamento en que existe un deber de custodia o bien que se ha elegido a un tercero para actuar en beneficio propio.Tiene que ser un daño efectivo. Esta es la fase vigente en la actualidad. . en sentido amplio. deben de entenderse como equivalente a actividad de la Administración. Va a responder la Administración. en los términos establecidos por la ley. pero limitada a daños causados por actividades ilegales y culpables de las autoridades y funcionarios de la misma. Se va a reconocer tanto por acciones como por omisiones de la Administración. La responsabilidad puede ser contractual o extracontractual. . sino que le tienen que indemnizar. . El artículo 139. También se establece el principio de responsabilidad patrimonial de los poderes públicos.
Que el daño se cause por una omisión de actividad administrativa debida: Caben distinguirse dos supuestos de inactividad: . . . ya que el artículo 106. El artículo 141.Que esté integrada en la organización administrativa: No sólo se refiere a los funcionarios en sentido estricto. que se refiere a los daños causados por el INSALUD. esto es. No obstante. . que exista un nexo causal: La relación de causalidad debe ser probada por el particular que exige una indemnización. incluso. .La expresión “funcionamiento normal o anormal” debe entenderse como no puesta.Que el daño se cause por un acto o una norma dictada por la Administración.Que la inactividad consista en no cumplir con el deber administrativo de dictar un acto o una norma. no va a ver responsabilidad para la Administración en los casos en que exista fuerza mayor. el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado la sentencia definitiva. sin necesidad de culpa. esto es. que sólo va a poder llevarse a cabo por una persona física. pero si la resolución o disposición impugnada lo fuese por razón de su fondo o forma.Que la inactividad sea material. que sea como consecuencia de no hacer cosas físicas que debía haber hecho. es decir.Que la responsabilidad sea imputable a la Administración por una actuación material o hecho jurídico de la Administración: Se refiere a una actuación física hecha por la Administración. El artículo 142. por una actuación jurídica formalizada: Es posible que cuando la Administración dicte un reglamento o un acto administrativo cause un daño. pero imprevisible. - Que tal imputabilidad lo sea mediante una relación causa – efecto. en función de su tarea administrativa. En el caso de los concesionarios se establece una excepción que se refiere a que el daño causado sea como causa del cumplimiento de una cláusula contenida en la concesión e impuesta por la Administración. Sin embargo. sino también a los contratados laborales. a los administrativos e. todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. hay una limitación expresa de responsabilidad.2 de la Constitución establece que la Administración responde objetivamente. . irresistible y externa al servicio. En este caso si que se entienden integrados los concesionarios en la organización administrativa. en el caso de los contratistas se establece una excepción. Igualmente. Dicha persona física tiene que cumplir dos requisitos: . Si el daño se debe a fuerza mayor. Criterios para asignar imputabilidad a la Administración: .Que realice el daño en el ámbito del servicio público. Hay fuerza mayor cuando hay una causa conocida y determinada.1 de la LRJPAC establece que no serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos. a las personas que trabajan en las Administraciones de Lotería y Apuestas Mutuas. la carga de la prueba de la misma corresponde a la Administración. en virtud de la cual éstos se consideran integrados en la organización administrativa cuando el daño causado se produzca como consecuencia del cumplimiento de una orden directa dada por la Administración. No se entienden integrados en la organización administrativa ni los concesionarios ni los contratistas.4 de la LRJPAC establece que la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso – administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnización.
en el caso de que se produzca un delito como consecuencia de la actuación de un funcionario. El particular dirige su petición ante la Administración competente. la responsabilidad se va a seguir por la vía civil. resistible e interna al servicio. previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca. Excepcionalmente. pero previsible. los siguientes criterios: El resultado dañoso producido. que se resolverá por la jurisdicción penal. sino que dicha responsabilidad tendrá que exigirse por la vía civil.1 de la LRJPAC establece que los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se iniciarán de oficio o por reclamación de los interesados. exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo. El artículo 140. ésta podrá pedir responsabilidad al particular. que se da cuando hay una causa indeterminada. Si en el plazo de seis meses no hay actos expresos que resuelvan la petición de responsabilidad. Será el juez el que module la responsabilidad y si el juez decidiera que sólo hay culpa del tercero. El artículo 13. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones Públicas. Responsabilidad del derecho privado: El artículo 144 de la LRJPAC establece que cuando las Administraciones Públicas actúen en relaciones de derecho privado. No está previsto que entre Administraciones Públicas pueda exigirse responsabilidad. El artículo 145. pero también al tercero. las Administraciones intervinientes responderán de forma solidaria. se podrá pedir responsabilidad directa a dicho funcionario. responderán directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio. interés público tutelado e intensidad de la intervención.3 del . pero no será responsabilidad patrimonial de la Administración. no es posible pedir responsabilidad patrimonial al funcionario por una actuación del mismo. Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán. Modulaciones de la responsabilidad de la Administración: La modulación de la responsabilidad de la Administración se produce en los siguientes supuestos: . . los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.2 de la Constitución y 139. culpa o negligencia graves. . ya que los artículos 106. Procedimiento de responsabilidad patrimonial: El artículo 142. El artículo 145.Que haya culpa de la víctima. la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones Públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. que no sea la Administración ni el perjudicado: Se tiene que demandar a la Administración. cuando hubiere indemnizado a los lesionados. la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia. se entiende que la solicitud se ha desestimado por silencio administrativo. Responsabilidad de autoridades y personal al servicio de la Administración Pública: En la actualidad.2 de la LRJPAC establece que la Administración correspondiente. Si un particular causa un daño a la Administración. En dicha petición el particular aporta pruebas de la lesión y del nexo causal. considerándose la actuación del mismo actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre. la existencia o no de intencionalidad. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación.1 de la LRJPAC establece que cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones Públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en dicha ley.1 de la LRJPAC establece que para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial. entre otros.2 de la LRJPAC establece que en otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño.Sí va a ver responsabilidad para la Administración cuando el daño se deba a un caso fortuito.Que intervenga el hecho de un tercero. La responsabilidad se exigirá como si fuera un caso de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.Que haya responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas: El artículo 140.1 de la LRJPAC hablan exclusivamente de los particulares.
Reglamento de Procedimientos en Materia de Responsabilidad Patrimonial establece que transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento.2 establece que la resolución se pronunciará. el órgano competente resolverá en los términos previstos en el apartado siguiente.7 de la LRJPAC establece que si no recae resolución expresa se podrá entender desestimada la solicitud de indemnización. en todo caso. en su caso. pero si la resolución o disposición impugnada lo fuese por razón de su fondo o forma. El plazo para pedir responsabilidad patrimonial a la Administración es de prescripción y de un año. El artículo 142. someterá la petición de indemnización al procedimiento abreviado. se haya formalizado acuerdo o se haya levantado la suspensión del procedimiento general podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. Tanto si la resolución es expresa como presunta. podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. El artículo 142. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas. El artículo 8 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Responsabilidad Patrimonial establece que en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. Procedimiento abreviado: El procedimiento abreviado de responsabilidad patrimonial se regula en el artículo 143 de la LRJPAC. cuando éste no sea preceptivo.1 de la LRJPAC establece que iniciado el procedimiento general. El artículo 13. se entenderá como silencio negativo. Si en el plazo de treinta días no se resuelve la petición. ésta agota la vía administrativa previa y contra ella sólo cabe recurso contencioso – administrativo ante el órgano superior. El artículo 17. se haya formalizado el acuerdo. el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Cuando el órgano competente vea que el daño y el nexo causal son evidentes. a propuesta del instructor. el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. cuando sean inequívocos la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión. El artículo 13. o el plazo que resulte de añadirles un período extraordinario de prueba. el órgano competente. el órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente para suscribirlo. Cuando no se estimase procedente formalizar la propuesta de terminación convencional. desde la conclusión del trámite de audiencia. a fin de reconocer el derecho a la indemnización en el plazo de treinta días. La resolución se ajustará en todo caso a lo previsto en el artículo 89 de la LRJPAC. El artículo 142. sin que haya recaído resolución expresa o. sobre la valoración del daño causado y la cuantía de la indemnización.1 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Responsabilidad Patrimonial establece que en el plazo de veinte días desde la recepción. el órgano competente podrá acordar la sustanciación de un procedimiento abreviado. en su caso. en su caso. necesariamente. así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización.4 de la LRJPAC establece que la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso – administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnización. podrá acordar con el interesado la terminación convencional del procedimiento mediante acuerdo indemnizatorio. . sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y. El artículo 143. se seguirán los trámites previstos en los artículos 12 y 13 de dicho reglamento. Si el interesado manifiesta su conformidad con los términos de la propuesta de acuerdo. el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado la sentencia definitiva. del dictamen o.5 de la LRJPAC establece que.2 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Responsabilidad Patrimonial establece que transcurridos treinta días desde la iniciación del procedimiento sin que haya recaído resolución. explicitando los criterios utilizados para su cálculo.
las valoraciones predominantes en el mercado. a través del aumento que ha experimentado el IPC en el período que va desde que se realiza el daño hasta que se produce el pago. o los gastos que suponga restituirla a su primitivo estado. así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia darán derecho a una indemnización a cargo del Estado.1 de la LOPJ establece que los daños causados en cualquiera de los bienes o derechos por error judicial. Si la Administración se retrasa en pagar. sin que haya recaído resolución expresa o. en los casos de ocupación temporal. El artículo 141. El artículo 141.El artículo 13. la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El artículo 115 de la LEF establece que las tasaciones. así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado. El acuerdo de terminación convencional del procedimiento sólo se refiere a la cuantía de la indemnización. en su caso. Responsabilidad del Poder Judicial: El artículo 9. en su caso.2 de la LRJPAC establece que la indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa. cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público.2 de la LOPJ establece que.4 de la LRJPAC establece que la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica del Poder Judicial. el daño alegado habrá de ser efectivo. o el plazo que resulte de añadirles un período extraordinario de prueba. siempre que exista acuerdo con el interesado. además. El artículo 292. evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. la seguridad jurídica. se haya formalizado el acuerdo. sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de precios al consumo y de los ingresos que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada. ponderándose. El artículo 292. Cuando se habla de Administración de Justicia se hace referencia tanto a los jueces y tribunales como al Consejo General del Poder Judicial y a las instituciones penitenciarias. salvo en los casos de fuerza mayor. la jerarquía normativa. Hay que computar la valoración del daño emergente. El artículo 139. Hay que reparar íntegramente al perjudicado. además tendrá que pagar el interés legal de la indemnización desde el día en que se tenía que haber pagado. conforme a la ley. además de la actualización de la indemnización. legislación fiscal y demás normas aplicables. podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. se referirán siempre a la apreciación de los rendimientos que el propietario hubiere dejado de percibir por las rentas vencidas durante la ocupación. El artículo 121 de la Constitución establece que los daños causados por error judicial. la publicidad de las normas. la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.3 de la LRJPAC establece que la cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo. El artículo 141. en todo caso.4 de la LRJPAC establece que la indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos. .3 establece que transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento. agregando. los perjuicios causados en la finca.3 de la Constitución establece que ésta garantiza el principio de legalidad. Cuantificación de la indemnización: En materia de cuantificación de la indemnización debe regir el principio de indemnidad. no se puede transaccionar a la existencia del nexo causal.
en cuyo caso no hay derecho a indemnización. comenzará a contar el plazo de un año para pedir responsabilidad a partir del día en que se publique o se notifique la sentencia del Tribunal Constitucional.El artículo 292. Esta previa decisión podrá resultar directamente de una sentencia dictada en virtud de recurso de revisión. La cuantía de la indemnización se fijará en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido. tramitándose la misma con arreglo a las normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial del Estado. En el caso de que el Tribunal Constitucional declare que una ley es inconstitucional y dicha ley es expropiatoria. . Responsabilidad del Poder Legislativo: Se refiere tanto a las Cortes Generales (Congreso y Senado) como a los Parlamentos autonómicos. El derecho a reclamar la indemnización prescribirá al año. a contar desde el día en que pudo ejercitarse. Responsabilidad por detenciones preventivas indebidas: Cuando haya sentencia absolutoria o cuando el juez dicte un auto de sobreseimiento libre. La responsabilidad del Poder Legislativo se reconduce a un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración. se podrá pedir responsabilidad al Ministerio de Justicia. siempre que se hayan irrogado perjuicios al detenido. ya que se considera que el daño se ha causado por dicha estructura material. donde hay un control de constitucionalidad de las leyes. Contra la resolución cabra recurso contencioso – administrativo. El artículo 293. El artículo 293. se podrá pedir responsabilidad.3 de la LOPJ establece que la mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí sola derecho a indemnización. Éstos tienen a su servicio una estructura material que puede causar daños. el interesado dirigirá su petición indemnizatoria directamente al Ministerio de Justicia. en cuyo caso hay derecho a indemnización. La cuestión está en diferenciar responsabilidad de expropiación. o si por el contrario la ley está expropiando. Hay que distinguir si la ley está delimitando el derecho de propiedad.2 de la LOPJ establece que tanto en el supuesto de error judicial declarado como en el de daño causado por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. Responsabilidad por error judicial: Antes de pedir responsabilidad al Ministerio de Justicia.1 de la LOPJ establece que la reclamación de indemnización por causa de error deberá ir precedida de una decisión judicial que expresamente lo reconozca. Dicha sentencia se puede dictar mediante la presentación de un recurso de revisión. que es Administración. se requiere que haya sentencia firme que reconozca la existencia del error judicial. En España. cuando éstas atenten al derecho de propiedad según esté configurada la misma en la Constitución.
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 artículo 1
 artículo 32
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 33
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 11
 artículo 10
 artículo 149
 artículo 24
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 33
 artículo 17
 artículo 16
 artículo 21
 artículo 22
 resolución 
 artículo 19
 artículo 23
 artículo 18
 artículo 20
 resolución 
 artículo 52
 artículo 46
 artículo 23
 artículo 43
 resolución 
 artículo 46
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 46
 artículo 30
 artículo 43
 artículo 34
 artículo 26
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 43
 artículo 36
 artículo 35
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 artículo 43
 artículo 126
 artículo 47
 artículo 23
 artículo 57
 artículo 48
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 artículo 56
 resolución 
 artículo 58
 artículo 48
 artículo 50
 artículo 32
 artículo 89
 artículo 5
 artículo 51
 artículo 50
 artículo 49
 artículo 48
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 resolución 
 artículo 58
 artículo 51
 artículo 53
 artículo 6
 artículo 99
 artículo 120
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 55
 artículo 69
 artículo 66
 artículo 121
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 artículo 34
 artículo 121
 artículo 139
 artículo 106
 artículo 139
 artículo 106
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 artículo 142
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 artículo 8
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