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Timestamp: 2019-10-14 07:46:55+00:00

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Tienda Sepín : Los procesos especiales sobre capacidad de las personas: presupuestos y tramitación
ISBN: 978-84-1332-425-8
En el proceso de capacidad han surgido muchas cuestiones polémicas: desde la propia Constitucionalidad del internamiento, la fijación de la competencia territorial o distintos problemas probatorios y son muchos los pronunciamientos de la Sala Primera y de las Audiencias sobre esta materia.
Procesos sobre capacidad: seguimiento esquemático
Tramitación del proceso de modificación judicial de la capacidad
Tramitación del proceso de internamiento no voluntario
Procesos sobre capacidad: artículos comentados
Comentario Artículo 756. Competencia. LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
Comentario Artículo 757. Legitimación en los procesos de incapacitación y de declaración de prodigalidad. LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
Comentario Artículo 758. Personación del demandado. LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
Comentario Artículo 759. Pruebas y audiencias preceptivas en los procesos de incapacitación. LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
Comentario Artículo 760. Sentencia. LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
Comentario Artículo 761. Reintegración de la capacidad y modificación del alcance de la incapacitación. LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
Comentario Artículo 762. Medidas cautelares. LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
Comentario Artículo 763. Internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico. LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
Solicitud de medidas cautelares con solicitud de curatela
Demanda de incapacitación con solicitud de medidas cautelares
Demanda de incapacitación con prueba anticipada
Autorización judicial para entablar demanda en nombre del tutelado
Escrito solicitando autorización judicial para demanda de reintegración de capacidad (por el propio incapaz)
Solicitud de constitución de tutela, en expediente de jurisdicción voluntaria
Solicitud de nombramiento de nuevo tutor, en expediente de jurisdicción voluntaria
Escrito aportando inventario de bienes de la tutela
Declinatoria, por falta de competencia territorial en procedimiento de incapacitación
Solicitud de medida cautelar de anotación de demanda
Procesos sobre capacidad: cuestiones polémicas
Cómputo del plazo de 72 horas en los casos de ingreso involuntario urgente. Comentario a la STC 7-9-2015
Una nueva sensibilidad en materia de incapacidad: la aplicación de la Convención de Nueva York
Criterios dispares de competencia en procesos de capacidad en el Estado y en Cataluña
La figura del asistente del CCCat., ¿debería existir también en el derecho común?
¿Puede realizarse el nombramiento de tutor en la sentencia que declare la incapacitación?
Procesos sobre capacidad: soluciones jurisprudenciales
Amparo. Internamiento no voluntario por trastorno psíquico y cómputo del plazo de 72 horas para la ratificación judicial del art. 763.1 LEC
El juicio de incapacidad no se concibe como un conflicto de intereses privados y contrapuestos entre dos partes, sino que es el cauce para lograr la finalidad la real y efectiva protección de la persona discapacitada
Presentación al Detalle: La incapacitación. Causas y efectos
Curatela, reinterpretada a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Nueva York, 2006, desde un modelo de apoyo y asistencia para una persona, que, manteniendo su personalidad, requiere un complemento de su capacidad
La normativa de incapacitación no es contraria a la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad
La regulación específica de la situación jurídica del incapaz es acorde con los valores constitucionales
La incapacitación, sea total o parcial, debe hacerse siguiendo siempre un criterio restrictivo y debe acreditarse que existe una enfermedad psíquica incapacitante que le impida gobernarse por sí mismo
La declaración de incapacitación solo puede acordarse por sentencia judicial, en virtud de las causas establecidas en la Ley mediante un procedimiento en el que se respeten escrupulosamente los trámites que impone el art. 759 LEC
La doctrina del TS establece que lo verdaderamente importante para que se incapacite a una persona es que el trastorno sea permanente y oscile en intensidad e impida gobernarse por sí misma la persona afectada
La causa incapacitante tiene que hallarse en el sujeto afectado, con independencia de su carácter congénito o adquirido o de su origen fisiológico o psicológico, deber afectarle directa o inmediatamente
Es presupuesto fundamental para que pueda decretarse la incapacidad la persistencia, esto es, que su origen se proyecte hacia el futuro de forma constante y con suficiente entidad
Requisito importante es que la incapacidad afecte al autogobierno, enfocado en tres dimensiones: la patrimonial, la capacidad para afrontar los problemas de la vida diaria y la atención a las necesidades físicas más inmediatas
La declaración de incapacidad se hará en sentencia y con las garantías del procedimiento, las pruebas serán concluyentes, no se extenderá más allá de lo necesario y se atenderá a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
La declaración de incapacidad tiene efectos constitutivos, por lo que no puede retrotraerse a un momento anterior
Conclusiones básicas en relación con las personas que padecen alguna enfermedad mental a la vista de la normativa aplicable
Procede declarar la incapacidad total del demandado, ya que su deterioro cognitivo provocado por el accidente le obliga a necesitar ayuda de una tercera persona incluso después de haber agotado las posibilidades terapéuticas
Incapacidad total por el deterioro cognitivo que ha supuesto que la propia incapaz haya decidido su inmovilidad, desconoce su situación económica y el coste de las personas de las que necesita para cubrir sus necesidades personales
Se declara la incapacidad total de la persona con deterioro cognitivo y demencia severa que necesita la ayuda de una tercera persona para desarrollar cualquier actividad de su vida diaria
Incapacidad para la administración de sus bienes conforme a las pruebas periciales que consideran que sufre un deterioro cognitivo moderado
El deterioro leve de la memoria reciente y de la orientación espacial, que además evoluciona muy lentamente, impiden que se incapacite totalmente a la demandada
Incapacitación parcial con ingreso en residencia, pues el incapaz presenta deterioro mental negándose a abandonar la vivienda en estado de ruina que habita
Procede incapacitar a una mujer de 92 años que sufre demencia senil al haber resultado acreditado que no es capaz de gobernarse a sí misma, debiéndose nombrar a su hija como tutora
Procede declarar la incapacidad de la demandada de 91 años que requiere apoyo las 24 horas del día tanto en el ámbito personal, en el que necesita ser interpretada verbalmente, como en el ámbito patrimonial, que ya gestionan sus hijos por poder
La incapacidad se califica de total, teniendo en cuenta, además, el carácter progresivo del deterioro mental producido por la demencia tipo Alzheimer que padece
El grave deterioro cognitivo de la explorada, compatible con la enfermedad de Alzheimer, que hace que dependa de terceras personas, conforma una situación de incapacidad total
Los síntomas de demencia tipo Alzheimer en estado severo, con progresivo empeoramiento, justifican la incapacidad total
El deterioro de la explorada de 84 años, con Alzheimer, demencia degenerativa irreversible y progresiva comporta que deba ser declarada totalmente incapaz
Se mantiene la incapacidad parcial, pues según el forense y el médico del centro en el que está internada la demandada, con trastorno límite de personalidad, solo precisa apoyo para supervisar su tratamiento y controlar actos patrimoniales complejos
Declaración de incapacidad parcial, pues el trastorno límite de la personalidad e inteligencia límite suponen para la incapaz que no pueda gobernarse por sí misma con consecuencias inadecuadas para su edad, como haber tenido varios embarazos
Declaración parcial de incapacidad: la minusvalía del 50 %, por pérdida de agudeza visual, escoliosis e inteligencia límite impide a la apelante gobernarse y administrar sus bienes, siendo vulnerable a la influencia de terceras personas
Incapacidad parcial, pues las deficiencias que sufre la incapaz, por el trastorno límite de personalidad y capacidad intelectual límite, solo afectan al impedimento de cuidar a su hija, pero no a su desarrollo personal y de patrimonio
Se confirma la incapacitación del demandado, pues padece un trastorno de personalidad, asociado a otros, crónico e irreversible, estando imposibilitado de administrar sus bienes y persona
Las limitaciones por el ligero retraso mental del recurrente no le condicionan significativamente, por lo que se limita su capacidad, con sujeción a la curatela, solo para los actos de disposición patrimonial que recoge el art. 271 CC
Tras la exploración judicial de la incapaz, se confirma su declaración con carácter total, ya que padece retraso mental de grado medio, necesita supervisión para las actividades diarias y para la administración de sus bienes
La levedad del retraso mental sin desconexión con la realidad justifica que la incapacidad declarada sea solo parcial, sometiéndose a la curatela de una institución pública
Tanto el contenido del informe como las declaraciones de los hijos constatan que la madre está limitada para gobernarse dada su ceguera, lo que aconseja tomar medidas de supervisión con relación a su persona y al manejo de sus bienes
Se confirma la declaración de incapacidad: la incapaz presenta demencia degenerativa, vascular, irreversible y progresiva, con autonomía para las actividades básicas, pero no está en condiciones de cuidar de su persona ni de su patrimonio
Se mantiene la incapacitación parcial al haberse acreditado que, además del síndrome de Diógenes, el demandado padece una incipiente demencia vascular de progresión gradual que le impide aceptar su realidad
Incapacidad parcial solo para los actos jurídico-mercantiles, pues, tras el ictus sufrido, la incapaz tiene plena conciencia de su situación y puede decidir sobre su vida y con quién quiere vivir
Se mantiene la declaración de incapacidad parcial, pues el examen del forense concluye que presenta un estado compatible con un trastorno paranoide de la personalidad que puede agravarse y que, además, tiene nula conciencia de su trastorno
No se accede a la reintegración de la capacidad, ya que el forense aprecia en la exploración rasgos desadaptativos de personalidad de características paranoides, por lo que la incapaz no está en condiciones de cuidar de su persona ni de gobernar sus bienes
Los datos demuestran equilibrio y compensación del trastorno bipolar del demandante gracias al seguimiento de las pautas médicas, que no le incapacita para su autonomía personal ni decisiones ordinarias, por lo que se declara su incapacidad parcial
El persistente trastorno bipolar y límite de la personalidad de la demandada, que ha exigido intervención puntual de los Servicios de Salud Mental, hacen procedente incapacitarla parcialmente
No procede convertir en total la incapacidad parcial del demandado, pues la alteración sufrida es consecuencia de un abandono puntual del tratamiento para la esquizofrenia que le permite llevar una vida autónoma con la ayuda de su madre
Se mantiene la total incapacidad del demandado, que padece un trastorno psicótico esquizo-afectivo, pues tiene nula conciencia de su estado y gracias a la medicación que toma desde su internamiento mantiene el control de sus impulsos
La esquizofrenia paranoide de la demandada requiere una incapacitación parcial, limitando sus decisiones en el ámbito económico, pero sin que suponga la pérdida del derecho de sufragio
El demandado es incapaz de gobernar su vida y administrar sus bienes al sufrir una esquizofrenia paranoide de alcance persistente, siendo necesario que siga un tratamiento especializado bajo supervisión
Patología psicótica
Es precisa la incapacidad parcial, ya que la demandada, con trastorno delirante y patología psicótica, no es capaz de seguir el tratamiento psicofarmacológico que precisa y en el ámbito patrimonial por descuidar sus obligaciones económicas
Se mantiene la incapacidad parcial del apelante, ya que, aunque haya mejorado de su patología psicótica tras el ingreso en la Unidad de Psiquiatría, requiere la ayuda de otra persona para realizar los controles médicos y actividades comerciales importantes
Se limita la incapacidad al gobierno de su persona y administración de sus bienes, manteniendo la capacidad para los actos cotidianos y el derecho de sufragio, a causa del trastorno provocado por el consumo de alcohol
Declaración de incapacidad parcial: la apelante precisa la supervisión de las habilidades instrumentales cotidianas, pues tiene una dependencia del alcohol grave con mal pronóstico, teniendo mermadas sus habilidades de autogobierno
El incapaz reconoce y acepta la supervisión y el control en el ámbito patrimonial y en el médico, se le ha reconocido en los informes una patología unida al consumo del alcohol, por lo que se declara su incapacidad parcial, conforme al art. 200 CC
La carencia de habilidades sociales derivada en etilismo y deterioro cognitivo que impiden gobernarse por sí mismo justifican la declaración de incapacidad de parcial
El control de la adición al consumo de alcohol y el buen seguimiento del tratamiento médico evidencian una evolución positiva de la persona que conlleva su modificación de la incapacidad de total a parcial
Como el demandado reconoce en la exploración, carece de control de impulsos en el gasto en juegos, pudiendo calificar su adicción de ludopatía, por lo que procede declarar su incapacidad parcial
Existe cierta falta de capacidad para la administración del patrimonio por parte del incapacitado, sin que su ludopatía sea un trastorno tal que le impida conocer el alcance de sus actos, siendo la curatela la institución más adecuada
No procede la incapacitad total, pero, según la forense, la apelante precisa control para las cuestiones médicas y, dado su trastorno de la personalidad, está afectada la esfera de la prodigalidad y todo lo relacionado con las cuestiones económicas
Los actos de la incapacitada sobre su patrimonio: las tres ventas de su vivienda y las compras compulsivas están dentro de la esfera de la prodigalidad; es un comportamiento impulsivo durante los períodos de empeoramiento de su trastorno depresivo
Acreditado que el demandado lo que ha hecho ha sido pedir préstamos para cubrir sus necesidades y las de sus hijos, préstamos que ha ido devolviendo, no puede ser su conducta calificada como reprobable y por eso tenga que ser sometida a curatela
No procede declarar la incapacidad
La adicción a la droga no es motivo suficiente para declarar la incapacidad del enfermo, ya que la progenitora demandante no ha acreditado una enfermedad de su hijo que le impida gobernarse, sino que su comportamiento es secundario al consumo habitual
No cabe la incapacitación al no tener el demandado deterioro cognitivo, como resulta de la exploración y de los informes periciales, aunque precise ayuda de tipo asistencial y social
A pesar de constatarse las dificultades por las que atraviesa la demandada por sus intentos de suicidio, la ludopatía y la negativa a tratarse de sus padecimientos, la forense indica que tiene capacidad de autogobernarse
El leve retraso mental y trastorno disocial no justifican una incapacidad parcial ni la necesidad de curatela, ya que no consta que el incapaz no pueda gobernarse ni administrar sus bienes
No procede declarar la incapacidad parcial de la apelante, pues su enfermedad mental está controlada, realiza actividades con las que mantener su socialización adecuada y recibe ayuda de terceras personas que supervisan su quehacer diario
Los cambios emocionales, el diagnóstico de enfermedad de Crohn y el trastorno límite de personalidad no son suficientes para declarar la incapacidad de la demandada, ya que no se ha acreditado su falta de capacidad de obrar sobre su persona y bienes
Se deniega la declaración de incapacidad cuya solicitud responde a una previsión futura del desarrollo de su enfermedad, más que a una medida de protección actual
No se admite la incapacitación civil del demandado, solicitada por el Ministerio Fiscal, pues sus problemas de movilidad derivados del padecimiento físico no suponen un motivo que implique un impedimento para que pueda gobernar su persona y sus bienes
La enfermedad psíquica y persistente de esquizofrenia no conlleva la incapacidad legal de la persona cuando no imposibilita su autogobierno volitivo e intelectual
Total: incapacidad para regir persona y bienes
El demandado padece deterioro cognitivo moderado con afectación de memoria y orientación, siendo su situación permanente, irreversible y progresiva, encontrándose su capacidad de autogobierno totalmente anulada
Incapacidad total del demandado ante la agravación propia del deterioro cognitivo, por lo que carece de autonomía para la administración de sus bienes, para el seguimiento de su salud y todos los aspectos relacionados con su cuidado
Ante el deterioro de la demencia senil de la incapaz, procede la declaración de incapacidad total en vez de parcial, como se hizo en la primera instancia
Acreditado que la apelante carece de capacidad para autogobernarse y requiere de una tercera persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria, se declara su incapacidad total
Con el examen realizado por el Tribunal, se confirman los dictámenes del forense y de la psiquiatra de la incapacitada sobre la gravedad de la enfermedad mental que le incapacita totalmente para el cuidado y gobierno de su persona y de su patrimonio
El retraso madurativo del menor y el trastorno de la personalidad agravados por la epilepsia le impiden gobernar su persona y administrar sus bienes, por lo que se aprecia una situación de incapacidad total y precisa de un tutor que le complete
Se confirma la incapacidad total al padecer la enfermedad de Korsakoff y alcoholismo crónico que le impiden el conocimiento de la realidad, el autogobierno y la resolución de las cuestiones de la vida diaria
La esquizofrenia paranoide permanente e irreversible, que le supone la ausencia total de conciencia de la enfermedad y el gobierno de los bienes, determina la incapacitación total, con sometimiento a tutela institucional y no por sus padres
La incapacidad debe ser total y no solo para administrar sus bienes, dado el deterioro por demencia senil que irá en curso progresivo
Declaración de incapacidad total y nombramiento de un tutor, al sufrir variaciones inmotivadas de su voluntad que llevan a interponer denuncias sin fundamento, no acepta ayuda externa y desconoce el estado de su patrimonio
Se mantiene la declaración de incapacidad total, pudiendo la incapaz disponer de cantidades fijas de dinero para desarrollar sus rutinas diarias
Incapacidad total de la hija, teniendo en cuenta la falta de conciencia de su enfermedad, que no ha llegado a seguir el tratamiento de forma regular, careciendo de idoneidad para administrar sus intereses tanto personales como patrimoniales
Se confirma la incapacidad total y el sometimiento a tutela de la demandada, pues padece una grave enfermedad psíquica y está absolutamente limitada en el aspecto personal y patrimonial
La pérdida de autonomía personal para realizar actividades básicas de la vida diaria evidencia la incapacidad de la persona para gobernar su persona y sus bienes
Procede incapacitación total al sufrir una esquizofrenia residual de la que no es consciente, corriendo riesgo para su salud al no tomar la medicación
Se declara la incapacidad total del demandado, pues, según el informe forense, necesita de su madre para su autogobierno personal y patrimonial debido a la enfermedad psíquica que padece
Para la administración y disposición de bienes
Incapacidad parcial del apelante limitada solo al aspecto patrimonial, pero no al personal, y restringida a la realización de operaciones patrimoniales complejas (art. 271 CC), con excepción de la demanda de divorcio actualmente entablada
Es suficiente protección la incapacidad parcial de la demandada, pues puede regir su esfera personal, aunque sea preciso nombrar un tutor para el cuidado de su salud y la administración de sus bienes que excedan del dinero de bolsillo semanal
La incapacidad parcial se extiende a los actos patrimoniales relacionados en el art. 271 CC
La exploración del incapacitado, la audiencia de su madre y el dictamen del forense ponen de manifiesto los problemas para la administración de sus bienes y de la pensión que percibe mensualmente, por lo que se amplía la curatela en este sentido
El recurrente, por su ludopatía, no es capaz para gestionar por sí solo el dinero ni los actos relacionados con la salud, pero extender la declaración de incapacitación a todas las acciones de ámbito patrimonial podría atentar a su dignidad
La falta de autogobierno apreciada en el informe justifica la declaración de incapacidad para administrar bienes, pero manteniendo una asignación semanal de 50 euros como “gastos de bolsillo”
Se mantiene la incapacitación parcial para administrar sus bienes, puesto que, aunque el incapaz hace vida autónoma, presenta limitaciones intelectuales permanentes
Las limitaciones por el ligero retraso mental del recurrente no le condicionan significativamente, por lo que se limita su capacidad, con sujeción a curatela, solo para los actos de disposición patrimonial que recoge el art. 271 CC
Se revoca la resolución de la instancia y se declara, dado el trastorno límite de la personalidad que padece, la incapacidad parcial para la administración de sus bienes, pero no para regir su persona, siendo sometida a curatela
Se declara la incapacidad parcial de una persona de edad avanzada afectando al ámbito patrimonial donde se encuentra limitado, es influenciable y requiere una adecuada administración, se le nombra tutor
Aunque la apelada pueda gobernar su día a día sin problemas, ha quedado demostrado que no controla así temas relacionados con sus recursos económicos, por lo que se la declara incapaz en este aspecto
Limitación parcial de la capacidad de obrar del incapaz en lo referente al ámbito patrimonial, no pudiendo ejercer ninguna acción sobre sus bienes muebles e inmuebles y designación de su hija para su control y seguimiento médico
Se confirma la incapacidad parcial de la madre, quedando sometida a curatela con nombramiento de curador a una fundación tutelar, en atención a la ayuda para gobernar sus decisiones relativas al patrimonio y al otorgamiento de testamento
Se declara la incapacidad de la persona que examinada por el forense presenta una grave deficiencia psíquica que le impide regirse por sí mismo en los ámbitos personal y patrimonial
Para el control del tratamiento médico
La incapacidad parcial de la demandada, en el ámbito personal, debe restringirse a las decisiones sobre tratamientos médicos o quirúrgicos, pues en las actividades cotidianas, lúdicas y laborales se desenvuelve correctamente
Incapacidad parcial del demandado, como interesa el Ministerio Fiscal, pues, según los informes por su trastorno delirante, necesita control para el tratamiento médico; se designa como curador a la Comisión de Tutelas de la Generalitat Valenciana
Incapacidad parcial con nombramiento de un curador para las cuestiones económicas y farmacológicas
Incapacidad parcial y curatela a favor del incapacitado de 94 años, quien, aunque puede gobernar su persona y llevar una vida autónoma, necesita supervisión para el cuidado de su salud y para la administración de grandes cantidades de dinero
Incapacitación parcial de la incapaz que se encuentra atendida y medicada bajo el control de una tercera persona que ella misma acepta, nombrándose curador a su hermano
Se mantiene la curatela sobre el incapaz que sufre esquizofrenia, quien se ha manifestado a favor del control respecto a su medicación, alcanzando también su protección las operaciones económicas que revistan una relevancia extraordinaria
Se amplía la curatela al ámbito médico, dadas las graves consecuencias que supondría para la incapaz dejar de acudir a las revisiones médicas
No queda afectado el derecho al sufragio del incapaz, ya que no se argumenta en la sentencia que no pueda discernir el sentido de su voto, cuando, además, es conveniente que lo haga de forma libre como medida terapéutica para el tratamiento de su enfermedad
Derecho al sufragio del incapacitado parcialmente por una discapacidad intelectual moderada asociada al síndrome de Down, pues, según los informes, puede entender y comprender lo que en palabras sencillas se le explica y puede tomar decisiones
Como recoge el informe del forense, a pesar del leve retraso mental, el incapacitado conserva ciertas facultades intelectuales para su autonomía personal, lo que es suficiente para que pueda ejercer su derecho al voto
Se reintegra al incapaz en su capacidad de sufragio activo, pero no en cuanto a la elección de domicilio, ya que conviene que siga en la residencia donde recibe el trato que necesita
El sometido a curatela no pierde por eso su derecho de sufragio a raíz de la Convención firmada por España sobre discapacitados de la ciudad de Nueva York de 2006, no habiéndose acreditado además que no puede ejercer su voto
No procede declarar la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio, ya que el único ámbito en el que hay un riesgo por su conducta es en el económico
La declaración de incapacidad parcial no conlleva la privación del derecho de sufragio activo cuando la persona sí posee facultades de reflexionar sobre la información querecibe y emitir una opinión o voto
Además de que la resolución que se impugna no hace referencia al derecho a contraer matrimonio por el incapacitado, es una materia regulada por el art. 56 de la Ley del Registro Civil con su tramitación a través del expediente matrimonial
Se mantiene la incapacidad para contraer matrimonio, testar y disponer de dinero incluso en pequeñas cantidades, ya que se considera que no conoce su valor
Aunque haya dudas sobre la capacidad para contraer matrimonio, no se han despejado durante el proceso y debe observarse el principio del favor matrimoni cuando, además, la declaración de incapacidad total es de un año después, por lo que no tiene efectos retroactivos
El retraso mental ligero del contrayente, que ha dado lugar a una incapacitación del afectado, no genera falta de capacidad para prestar el consentimiento matrimonial
Para otorgar testamento
El juicio de capacidad se infiere de las declaraciones fedatarias que el notario realiza en el protocolo y autorización del testamento con locuciones suficientemente expresivas, referidas al consentimiento libremente prestado por la testadora
El carácter evolutivo de la enfermedad degenerativa del testador y la falta de prueba sobre su estado concreto impiden apreciar falta de capacidad en el momento de otorgar testamento
Presunción de la capacidad de la testadora comprobada por el notario, sin perjuicio de que sufriera una enfermedad degenerativa y que posteriormente fuera incapacitada
Nulidad del testamento por vicio del consentimiento: a fecha de formalización del testamento, la causante padecía Alzheimer que le afectaba a su capacidad intelectiva y volitiva y era incapaz de tomar decisiones sobre la organización de su patrimonio
Del informe forense y de la exploración del causante en el proceso de incapacitación, un mes antes de otorgar testamento a favor de su pareja, se deriva que padecía un trastorno cognitivo moderado que no le incapacitaba para realizar tal acto
Del historial clínico aportado en la demanda para pedir la nulidad del testamento no se desprende que la testadora tuviese sus facultades volitivas tan disminuidas que le impidiesen testar, pues se habla de sus insuficiencias físicas, no psíquicas
No se destruye la presunción de capacidad del testador, al ser los informes médicos compatibles con una evolución de la enfermedad mental que no habría sido incapacitante en el momento de testar
Capacidad para testar del causante, como manifestó el notario, corroborado por la directora de la residencia y avalado por el perito judicial, sin que se haya aportado prueba que fundamente la aludida incapacidad
No hay prueba de la demencia senil ni de la sordera alegada del testador que destruya la presunción de su capacidad dada por la declaración del notario
La firma estampada en el testamento no es indicio de la capacidad de la testadora, al haberse acreditado que no pudo leer el documento porque presentaba una pérdida severa del campo visual
La capacidad para otorgar testamento equivale a la capacidad o aptitud natural y se presume en aquellas personas que no hayan sido declaradas incapaces y tengan capacidad suficiente para entender y querer lo que se dispone
Validez del testamento otorgado al no haberse acreditado que la enfermedad de alcoholismo que padecía el causante hubiera afectado a su capacidad cognitiva, además de a su evidente deterioro físico
Validez del testamento otorgado por la causante antes de ser declarada en situación de incapacidad, al tener dicha capacidad efectos ex nunc
Los informes médicos confirman que la causante se encontraba lúcida para otorgar testamento a pesar del ictus que le causó una hemiplejia derecha
Las limitaciones físicas del causante debidas a sus problemas de visión y de audición no suponen una incapacidad que invalide el testamento, pues ha quedado acreditado que se desenvolvía solo en actividades diarias tanto de su persona como de su patrimonio
Ni el carácter depresivo ni las crisis de ansiedad de la testadora, así como haber realizado extracciones bancarias excesivas, suponen un trastorno mental que hubiese afectado a su capacidad cuando testó
Ampara la capacidad para testar de la causante el reconocimiento del neurólogo en el que se la declara capaz para vivir sola, test que arroja un resultado dentro de la normalidad, ratificando sus empleados y su médico de cabecera tales conclusiones
Para otros actos jurídicos
Son nulas las disposiciones de patrimonio efectuadas en una situación de grave enfermedad y con pruebas de existir merma de capacidad
No se aprecia falta de capacidad para prestar el consentimiento que justifique declarar la nulidad de la escritura de aceptación y de adjudicación de la herencia, puesto que no es creíble que no supiera cuál era el objeto de su comparecencia
No procede declarar la nulidad del negocio debido a la incapacidad de la otorgante cuando al momento de celebrarse aún no había sido declarada ni hay prueba fehaciente de que lo fuera
El demandado, sordomudo, acudió sin intérprete el día de la firma del contrato de compraventa, porque el día anterior le quedaron claras todas las condiciones del mismo y la forma de pago, tiene capacidad jurídica plena para la firma del mismo
Determinado por pericial médica que la capacidad de obrar de actor que sufre brotes psicóticos no estaba alterada cuando concertó convenio de separación ni cuando lo ratificó el mismo y las obligaciones contraídas no son nulas
El contrato de préstamo suscrito como avalista se encuentra válidamente celebrado, pues la obligada no estaba en situación de incapacidad, pese a los trastornos psicopatológicos que sufre, existiendo informe médico que lo corrobora
Es válido el documento de reconocimiento de la deuda firmado por una persona con leve retraso mental, puesto que no ha sido incapacitada total o parcialmente en sus facultades de disposición
No se prueba que en el momento de presentar la demanda de divorcio el marido ya estuviera incapacitado en grado absoluto
Es nulo el contrato de compraventa celebrado cuando el transmitente está en situación de incapacidad declarada, aunque previamente a la misma otorgara autorización a sus hijos para llevar las gestiones preparatorias de la venta
Se presume la capacidad en todos los negocios discutidos, atendiendo especialmente a la declaración de los testigos intervinientes en el contrato de compraventa, que sostuvieron la capacidad de la vendedora
La falta de capacidad del actor declarada en fechas coetáneas a la escritura de capitulaciones, para realizar actos de administración patrimonial, es incompatible con que conociera, comprendiera y quisiera lo que habría firmado en la misma
No invalida la eficacia del convenio suscrito entre los cónyuges la falta de libertad por una presión psicológica no probada ni que haya sido firmado cuatro días después de la ruptura
Presentación al Detalle: Tutela. Nombramiento de tutor, ejercicio, remoción y visitas
Se mantiene en el cargo a la hija nombrada tutora al haberse acreditado que la madre buscó su cercanía durante los últimos años, y era ella quien se ocupaba de atender a la progenitora, a diferencia de la demandante, que no tenía contacto con ella desde hacía años
Idoneidad del hijo como tutor de su madre, ya que la mantiene en un estado adecuado de atención permanente, no siendo determinante para valorar la idoneidad del tutor que los hermanos de la incapaz quieran satisfacer su voluntad de regresar a su casa
Considerando el vínculo afectivo, la larga convivencia del recurrente con el incapaz y la asimilación de aquel a la condición de hijo, se estima más beneficioso para el tutelado su nombramiento como tutor que el de la hermana del incapaz
No puede nombrarse tutora de la madre a la hija, quien ha venido obstaculizando las tareas de los asistentes sociales de la entidad que fue designada tutora
La problemática económica entre los hijos de la incapaz y las disposiciones de dinero relevantes realizadas por el hijo indican que, de recaer la tutela en él, podría dejar a la tutelada sin recursos
Se prefiere para el cargo de tutor a la hermana en vez de a la institución tutelar pública por tener buena relación y facultades para ello
La interposición de la demanda de incapacidad frente a su madre impide que el actor pueda ser nombrado tutor de la misma por un posible conflicto de intereses
Se considera persona idónea para ejercer la tutela de la incapaz a la hija, que, a diferencia del resto de los hermanos, se ha preocupado de visitar a su madre, emplear el dinero de su pensión en atenciones para su cuidado e iniciar la incapacitación
Se confirma la designación como tutor a la pareja de hecho de la incapaz: la trabajadora social del ayuntamiento señala que se preocupa por su alimentación, higiene y salud sin percibir un interés económico en su actuación
Es preferible nombrar como tutora a una de las hijas de la incapaz que la visita con frecuencia, gestiona sus asuntos y tiene una persona que la ayuda; no es necesario, por tanto, nombrar a una institución jurídica porque haya conflicto entre los hermanos
Siguiendo el criterio de los demás hijos, no se nombra tutora a la hija, que tuvo la guarda de hecho de la madre, al haber indicios de que no cuidó bien de ella en el plano médico y económico, negando el propio deterioro de la madre
Se mantiene el cargo de tutora en la sobrina del incapaz, que tiene pleno conocimiento de su salud mental y de los cuidados que ha recibido, y no se ha acreditado que tenga ningún interés económico, pues no se encarga de la administración de los bienes
No procede nombrar tutor a una entidad, pues la actuación de la actual tutora de la incapaz, una de sus hijas, ha sido correcta y ha gestionado de forma adecuada sus cuidados, mientras que la actuación de la otra hija no ha sido siempre la más adecuada
Es correcto el nombramiento de uno de los hijos como tutor de la madre y no el del marido, pues, como se desprende de los informes de los peritos, continúa sin recibir cuidados físicos y emocionales ni la terapia paliativa y rehabilitadora que necesita
No hay razón justificada para nombrar como tutor a una institución, por lo que procede que asuma el cargo el hijo, que ya era curador de la incapaz
Incapacidad del marido, inválido y de edad avanzada, para hacerse cargo de la tutela de su esposa, en proceso de demencia degenerativa tipo Alzheimer, siendo su hija la más idónea para el desempeño de tal función
Procede el nombramiento como nuevo tutor al nieto del incapacitado, al haberse acreditado que es la única persona que se encargaba de visitar y administrar los bienes de sus abuelos, como la propia tutora fallecida declara en su testamento
Se desestima la solicitud de nombrar tutor al hijo, pues ya lo es la esposa del incapacitado, de quien el administrador judicial afirma que gestiona correctamente el patrimonio del tutelado
Nombramiento de la hija como tutora de la madre en lugar de una institución, sin que sea impedimento la mala relación con otro hijo
Se nombra tutora de la incapaz a su prima, que es la única persona con la que mantiene contacto y que le ha prestado ayuda y se ha preocupado de ella, revocando el nombramiento de la institución como tutora
Se nombra tutora personal y de los bienes de la incapaz a su sobrina, quien se hacía cargo de ella antes de que sufriese el accidente que provocó el actual estado de incapacitación, no moviéndola ningún interés económico
Se nombra tutora de la incapaz a la hija, que ha intervenido en el procedimiento como defensora judicial y que ha estado llevando la documentación bancaria de sus padres durante los últimos años
Las mejores aptitudes del hijo para la gestión patrimonial lo hacen merecedor de ejercer la tutela de la madre, quien ya tiene cubiertos sus cuidados personales en la Residencia donde vive
Procede nombrar como tutor a una empleadora de la incapaz, con la que mantiene una estrecha relación personal desde hace años
Institución o entidad pública
Procede la designación de una persona jurídica sin ánimo de lucro para ejercer el cargo de tutor de la demandada debido a los conflictos existentes entre los dos hijos, que, sin duda, repercuten de forma personal y patrimonial en la madre incapaz
Se nombra como tutor a la Fundación Aldaba, sin que el Juzgador esté vinculado por el orden de llamamiento que la Ley establece
Se nombra tutora a una entidad jurídica sin ánimo de lucro: el hijo de la incapaz fue declarado parcialmente incapaz por su alcoholismo, colocando a su madre en situación de riesgo ante los indicadores de abandono del tratamiento del hijo
Se confirma la designación como tutor de la incapaz del Instituto de Atención Social, pues ha quedado probada la falta de idoneidad de su sobrino por la irregular administración que hizo del dinero de su tía
Se prefiere mantener como tutor a la Fundación, dado que la incapaz está internada en una residencia y el hijo reside en Australia
Conflicto de intereses entre el incapaz y el tutor designado, pues existió un contrato de arrendamiento de servicios y, al no haber familiares cercanos, en aplicación del art. 222-10.5 CCCat., el Juez puede nombrar como tutor a una persona jurídica
La actora tiene un único pariente cercano con el cual mantiene una pésima relación, de modo que se encuentra plenamente justificada la decisión de nombrar tutor para la administración de sus bienes a una letrada de la Comunidad Autónoma de Asturias
En beneficio del incapaz, se nombra como tutor al Instituto para la Tutela de Adultos, al no estar facultada su progenitora para darle el cuidado que necesita debido a su estado mental, si bien ello no implica la cesación de la convivencia
Teniendo la madre del incapaz 82 años, y siendo la relación entre este y sus tres hijos deficiente, procede nombrar tutor al Instituto Tutelar de Bizkaia
Se confirma el nombramiento como tutor de la fundación, pues, al no tener buena relación la incapaz con uno de sus dos sobrinos, se evitan así posibles suspicacias entre ellos en la administración de los bienes que pueda tener
El desinterés de la hija por la situación de su madre cuando convivían juntas, y posteriormente, cuando era una amiga quien la cuidaba, impide su nombramiento como tutora de la incapaz, que quedará bajo la custodia de una entidad pública
Se mantiene el cargo de tutor de la Agencia para la Tutela de Adultos, que resulta más eficaz en el cuidado de los intereses del incapaz que la madre, que con su actitud merma su escasa autonomía y afecta negativamente a su estabilidad psicoemocional
La edad de los padres de la incapacitada, su precario estado de salud y la falta de capacidad física e incluso intelectual para hacerse cargo de su hija confirman la designación como tutor de la Fundación Murciana para la Tutela
Es más adecuado para la incapacitada que sea una Fundación la que ejerza el cargo de tutora ante la existencia de movimientos en las cuentas bancarias, sin que se haya acreditado que fueran en beneficio de la madre
Se deja sin efecto el nombramiento de tutor sobre un incapaz que ha recaído en una fundación de Castilla y León, porque esta carece de medios para el adecuado desempeño de la tutela y porque la residencia del tutelado está en Cantabria
Será una institución gallega (FUNGA) la que vigile y tutele a la incapaz, enferma de Alzheimer, ya que sus sobrinos no la han visitado ni atendido durante los últimos años, y su nombramiento no iría en beneficio de la persona incapacitada
Incapacidad total de la madre y nombramiento de tutor a una entidad pública, teniendo en cuenta el grave conflicto de intereses que existe entre las dos hijas y el trasfondo patrimonial que se ha apreciado en el proceso
Ante la incapacidad para gobernarse y administrar sus bienes, como consecuencia de la esquizofrenia, se nombra tutor al Instituto Tutelar de Bizkaia, permitiendo al incapacitado administrar a su criterio 50 euros semanales
Las malas relaciones familiares justifican el cambio de orden de preferencia del Juez, que designa a la institución administrativa como tutora por ser más beneficioso para la incapacitada
El vecino propuesto por la incapaz para realizar las funciones de tutor, pese a tener buena voluntad, no tiene conciencia clara de la problemática psíquica de aquella, por lo que se designa como tutora a una fundación tutelar
Se mantiene la tutela de la institución pública, ajena a la familia de la incapacitada, al derivarse de los informes la falta de idoneidad del hijo por las malas relaciones con su madre
Las manifiestas enemistades entre los hijos de la persona declarada incapaz obligan a que la tutela sea ejercida por la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos
Ninguno de los familiares está en condiciones de ejercer adecuadamente la tutela del incapaz, ya sea por su mala relación o porque las circunstancias personales no lo permitan, de modo que el beneficio y el interés del incapaz desaconsejan tal nombramiento
En este caso, es adecuado encomendar separadamente la tutela de la incapaz, siendo su prima, que vive cerca de ella, la que se ocupa de atenderla y la otra tutora, la encargada de los bienes
Tutela conjunta para los dos hermanos del incapaz al haberse acreditado el mandato de los padres en escritura pública para que el cargo sea ejercitado por ambos y no solo por el que designó la sentencia
Se revoca el cargo de tutora que ostentaba la sobrina respecto de su tía de 91 años, debido a la enemistad que existe entre ellas, nombrando como tutores a dos personas de confianza de la tutelada, que asumirán sus obligaciones de forma conjunta
No se considera que concurran especiales circunstancias, ni en la persona ni en el patrimonio de la tutelada, que exijan separar los cargos de tutor en relación con la persona y con los bienes
No procede el nombramiento de dos tutores mancomunados para la madre incapacitada, ya que el control de la institución que alegan perseguir los hermanos ya existe, con la rendición de cuentas periódica y final que tendrá que hacer la hija
No se nombra un segundo tutor para la administración del patrimonio del incapaz, ya que los controles legales sobre el cumplimiento de las funciones del tutor nombrado son suficientes para evitar abusos
Se revoca el nombramiento de dos tutores, personal y patrimonial, correspondiendo el cargo en exclusiva a la recurrente, para evitar que el enfrentamiento con su hermano, tutor revocado, derive en la desatención de su madre incapaz
No se acepta a la tutora nombrada por el incapaz: ha de primar el interés superior del incapacitado, quien, dada su enfermedad, es muy influenciable, y debe evitarse el nombramiento de quien pueda administrar su patrimonio en contra de sus intereses
Ante la enfermedad psíquica del incapaz, que le afecta al aspecto patrimonial, y dado el importante patrimonio mobiliario, está plenamente justificado el sometimiento a tutela parcial, limitada exclusivamente a la disposición y manejo de su patrimonio
No se ha vulnerado la dignidad del incapaz, al no constituir curatela ni al no respetar su voluntad en el nombramiento de tutora; alegación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: la incapacitación es una forma de protección
En los ordenamientos que han previsto la delación voluntaria de la tutela, el Juez no está vinculado por ella cuando no sea conveniente para la persona con capacidad restringida
Transcurrido más de un año desde el otorgamiento de la escritura de delación hasta la presentación de la demanda de incapacidad, puede prescindirse de ella si hay un cambio sobrevenido de la causa presumible del nombramiento de tutor
No procede designar como tutor a quien el demandado nombra en la escritura de delación otorgada con posterioridad al inicio de este proceso
Se confirma el nombramiento de la Administración del Principado de Asturias como tutora de la incapacitada, y no de la persona designada en la escritura notarial de autotutela, pues el Juez no está vinculado por esta última
La hija, a quien la incapaz designa como cuidadora en un acta de manifestaciones, ha actuado en su interés, pues presenta la demanda de incapacidad con el objeto de proteger a su madre, por lo que no existe ningún impedimento para ser nombrada tutora
Se respeta la voluntad de la madre, que antes de ser incapacitada había manifestado en documento público que quería seguir viviendo con su hija, a la que se nombra tutora
Manifestada por la demandada su preferencia por unas determinadas personas como tutores en caso de que se la declarase incapaz, sin que se haya demostrado que la manifestación no se realizara en plenas facultades, se estará a lo dispuesto por ella
Se desestima la designación de una hija como tutora, ya que los padres, mediante documento notarial de autotutela, nombraron como tutores a los cuatro hijos, y no se da circunstancia alguna para que el Tribunal, en beneficio del incapaz, altere esa decisión
Respeto a la decisión de la incapacitada de la persona con la que quiere vivir y que sea su tutora
Se mantiene como tutora de la incapaz a la fundación, designada por el Ministerio Fiscal, por ir en beneficio de ella, pues, aunque tiene hermanos, no los conoce, ni constan acreditadas las excusas del cargo, ni se ejercen en el momento procesal oportuno
Se revoca el nombramiento de tutor recaído en una institución ante la excusa legal de insuficiencia de medios para el adecuado desempeño, nombrando tutor a la entidad pública, que tiene encomendada legalmente dicha función por territorio
No se demuestra que la Fundación carezca de recursos económicos para hacerse cargo de la tutela del incapaz, y tratándose de una persona con una enfermedad mental y un leve retraso, se entiende adecuado el nombramiento de la entidad
Se cambia el tutor designado por el Juzgado al oponerse el incapacitado por las malas relaciones que tiene con el sobrino elegido para el cargo, por lo que se le considera no idóneo
Revocación del nombramiento de dos tutores para la incapaz, ya que la mala relación entre los hermanos y la ausencia de un patrimonio económico complejo conllevan que sea la hija quien pueda asumir el cuidado íntegro que necesita su madre
Se revoca como tutor al hermano de la incapaz, nombrando en su lugar a su sobrina política, que es la que ha demostrado administrar su dinero y visitarla frecuentemente en la residencia, atendiendo sus necesidades personales
Se designa tutor de la incapacitada a su marido, anulando el cargo recaído en el instituto público, pues manifestó estar dispuesto a ingresarla en una residencia, solución que se considera beneficiosa
Cese de la Administración como tutora, otorgando la tutela a la madre, que ha conseguido el internamiento de su hijo en un centro especializado para procurarle la asistencia médica necesaria
Se revoca el nombramiento del hijo como tutor, recayendo en el esposo, con quien siempre vivió la incapaz, pues la mudanza le causaría desorientación e inseguridad y está prevista la instalación de ascensor en el inmueble
Se revoca el nombramiento como tutora de la Administración, designándose a la prima de la incapacitada, con la que viene residiendo, pues no concurren en ella razones objetivas de desconfianza e inmoralidad
La resolución del Juzgado, que da por presentado el inventario de los bienes del incapaz, no supone la aprobación de su contenido, por lo que, al no estar acreditada la existencia de una deuda, podrán los tutores reclamarla
La previsión del art. 222-2 CCCat. de que la gestión del patrimonio del incapaz pueda realizarse dentro del ámbito estrictamente privado no impide, a petición de las personas legitimadas, el control o intervención judicial
La falta de información a sus hermanos sobre la gestión y administración de las empresas, sobre lo que además hay versiones contradictorias, puede ir en contra de los intereses de los demandantes, pero no de los del incapaz
Se excluye de la administración de los bienes por el tutor, la libre disponibilidad por el incapacitado de una cantidad mensual de 300 euros para sus gastos personales ordinarios, lo que no obsta a la rendición anual de cuentas
El desembolso realizado con motivo de la declaración de incapacidad se realizó en interés del incapaz, de cuyo patrimonio corrió el gasto, por lo que no debe ser reembolsado por el administrador judicial
Se revoca la sentencia de instancia en el único sentido de mantener el poder de administración especial a favor de la sobrina, y así poder vender un piso de su propiedad, puesto que su tía está incapacitada e internada en un centro geriátrico
Es válido el legado del usufructo del bien de la sociedad postganancial, por lo que puede arrendarse por el tutor del incapaz usufructuario
De la prueba pericial se desprende un ejercicio de la tutela de manera conservadora, sin que haya habido desvío o sustracción de alguna partida importante de dinero del patrimonio de la incapacitada
La tutora realiza adecuadamente la administración de los inmuebles de los incapacitados, en protección de sus derechos, aun cuando pueda perjudicar a la otra hija del matrimonio
El contrato de arrendamiento de los locales gananciales celebrado por el marido, tutor de la esposa incapacitada, por un plazo de 25 años, es un acto de disposición y no de administración, por lo que exige autorización judicial
La ineficacia de los actos otorgados por el cónyuge tutor sin autorización judicial no es la nulidad general de los arts. 4 y 1.259 del Código Civil, sino la de los arts. 1.389 y 1.322
La ineficacia producida es la anulabilidad del contrato de arrendamiento de los locales gananciales, considerándose que ha caducado, pues han transcurrido cuatro años desde que se produjo la disolución de la sociedad de gananciales
Nulidad del contrato de opción de compra y venta de las acciones de los incapaces realizado por el tutor, pues no fue autorizado judicialmente como debería haberlo sido según el art. 271 CC
Al adquirir el inmueble y contratar las hipotecas, la tutora no informó de la incapacitación del marido, ni tampoco informó el hijo, que después fue nombrado tutor de ambos, por lo que fueron sus actos lo que produjeron la anulabilidad que se solicita
Se desestima la demanda interpuesta por la tutora en nombre del incapacitado por incumplimiento del requisito de autorización judicial, puesto que el procedimiento no es urgente y con la intención de proteger el patrimonio del mismo
No cabe exigir que la autorización de venta de bienes del incapaz se haga en pública subasta en vez de en venta directa, por ser perjudicial para el interés de este
Autorización al tutor para vender en nombre del hermano su parte en una vivienda heredada, pues, aunque no haya quedado acreditada la necesidad para el incapaz, no va a causarle perjuicio, considerando además sus gastos de ingreso en la residencia
Se deniega al tutor autorización para la enajenación de determinadas fincas rústicas propiedad de la incapacitada, al no justificarse la necesidad ni oportunidad de la misma
Necesita autorización judicial el hermano, tutor del incapaz, tanto para aceptar la herencia como para vender un inmueble, sin ser necesaria la figura del defensor judicial, a no ser que se demuestre conflicto de intereses entre ellos
Se rechaza la autorización solicitada por el tutor para la compra de un bien del tutelado, ya que la contraprestación de eximir al incapaz de las cuotas del préstamo hipotecario que gravan el inmueble no se considera beneficiosa ni útil
Falta de legitimación activa del tutor legal del incapaz para resolver un contrato de aparcería por falta de pago de las rentas, siendo necesaria la autorización judicial previa para entablar demanda, al ser también propietario de la finca
No es necesaria la aprobación judicial de la división de herencia efectuada por el albacea, al no existir conflicto de intereses entre el tutor y el incapacitado
La autorización solicitada por el tutor para la aceptación de la herencia se reafirma de forma tácita en la solicitud de este para la donación o cesión a terceros
No se inscribe la compraventa realizada por el tutor cuando recae sobre un derecho real que es propiedad de un tutelado, al no contar con la autorización judicial
La nueva tutora no quedó subrogada en las obligaciones de pago asumidas por el demandado personalmente, pues hubiese sido preciso que se hubiera firmado el pacto expreso de novación subjetiva del contrato de residencia
Probado el derecho del padre muerto, así como que no fue cobrado por el tutor antes del plazo de caducidad, este último debe responder
Las obligaciones que tiene el tutor respecto a la administración de los bienes de la incapaz garantizan la protección de su patrimonio
La rendición anual de cuentas de la tutela tiene carácter informativo y se realiza a través de la jurisdicción voluntaria, y la rendición por la extinción de la tutela se solicitará a través de la acción del art. 279 CC, que prescribe a los cinco años
El haber presentado la rendición de cuentas anual fuera de plazo no es, por sí misma, causa de remoción del tutor, ya que no hubo mala fe ni ocultamiento por parte de este
La sentencia apelada no incurre en ningún error al valorar los gastos presentados por la tutora en la rendición de cuentas, al ser además insuficientes los documentos para considerar determinados gastos
La esposa que ejerció la tutela de su cónyuge incapaz, antes de fallecer, tendrá que rendir cuentas de la gestión del patrimonio común dentro del procedimiento de liquidación de la sociedad ganancial y no en el expediente de incapacitación
No se impide la rendición de cuentas anuales en los términos señalados en el art. 269.4 CC, ya que, en el ámbito financiero y mercantil, es idéntica a la rendición de cuentas general a la que se hace mención en el art. 279 CC
Se revoca la providencia que impedía dar audiencia a la heredera de la tutelada a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga sobre la rendición de cuentas de la administración del patrimonio de su madre
Ante un perjuicio del heredero en su legítima basado en la eficacia de unos contratos otorgados por el causante, que estaba incapacitado, se tiene que accionar ante el Tribunal que aceptó las cuentas presentadas por el tutor
No se reconoce a la tutora la percepción de una retribución por la función desempeñada, pues en la demanda no ejercitó tal derecho, no pudiendo ahora compensarse ningún tipo de retribución
Se revoca parcialmente la sentencia de instancia y se admite la reclamación de cantidad derivada de la falta de rendición de cuentas a que viene obligada por el desempeño del cargo de tutora
La retribución por el ejercicio de la tutela será del 20 % de los ingresos mensuales por las tres pensiones que percibe la incapaz
Se mantiene la remoción del cargo del tutor, que ha incurrido en negligencia en la administración del patrimonio de la incapaz, pues desconocía la existencia de bienes, así como el resultado de la liquidación de gananciales de la incapaz
Remoción del cargo de tutora a la hermana de la incapaz al concurrir un defecto legal en el primer nombramiento, ya que no se aportó al procedimiento el testamento de los progenitores, que manifestaron su preferencia hacia otras personas para el cargo
Remoción del cargo de tutor al Instituto de Mayores para nombrar a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la ciudad de Melilla, que es la entidad competente para asumir el cuidado de personas incapaces
Remoción del cargo de tutora a la hermana del incapaz, que no ha gestionado adecuadamente sus bienes al realizar reintegros en su propio beneficio de la cuenta en la que se ingresa la pensión, y ha desatendido su cuidado personal
Remoción de la tutela concedida a la Fundación por negligencia en el cargo por perjudicar los intereses económicos del incapaz
Procede la remoción de la tutora denunciada por maltrato a raíz del testimonio de la propia incapaz, además de haberse aprovechado del dinero destinado para los gastos de alimentación y vestido de su tutelada
Se acuerda la remoción de la hija tutora de su madre, en favor de la entidad pública, habiéndose acreditado que no ha velado diligentemente por su patrimonio y, además, ha obstaculizado las relaciones con el resto de la familia
No se acredita una actuación negligente por parte del hijo tutor en la gestión de los ingresos y patrimonio de su madre, y los profesionales de la residencia no aconsejan su traslado a otra ante las dificultades que tendría la incapaz para adaptarse
Se mantiene en el cargo de tutor a la pareja de la incapaz, pues no hay prueba suficiente de su inhabilidad o de limitaciones graves y, además, es el primer llamado por el art. 222-10 CCCat. para el cargo
No es causa legal de inhabilidad para el cargo de tutor por conflicto de intereses la donación efectuada anteriormente por la incapaz, dato que era conocido cuando se le nombró para el cargo
Para sustituir al hijo como tutor de la madre en favor de su hija, esta debería probar que su actuación ha sido perjudicial, dispone además de más tiempo, vive más cerca y el otro hijo y el marido de la incapaz están conformes con su labor
No hay prueba de salidas injustificadas de dinero, ni indicios del inadecuado comportamiento de la tutora de la incapaz en la administración de los bienes, sin olvidar que está sometida al cumplimiento de las obligaciones del art. 222-21 CCCat
No procede la remoción del tutor, al no haberse solicitado por el procedimiento previsto y al no existir situación de riesgo del incapaz derivada de un mal ejercicio de la tutela
Se desestima la solicitud del incapacitado de remover a la fundación que administra sus bienes, puesto que han quedado acreditados pericialmente los riesgos que el incapaz genera en la realización de su propio patrimonio
Las malas relaciones entre los hermanos, hijos del incapaz, no son motivo para remover en el cargo de tutora personal a la hija, quien lo ejerce correctamente
Se mantiene el nombramiento de la entidad pública como tutor de la incapaz, no admitiéndose la remoción al no existir un incumplimiento grave de los deberes del cargo
Se readmite como tutora a la hermana de la incapaz, al no haberse demostrado que haya desempeñado mal el cargo tutelar ni que haya mostrado ineptitud en su ejercicio, todo ello con el control judicial y vigilancia del Ministerio Fiscal
La remoción de quien fue nombrado tutor requiere la concurrencia de causa legal para ello, no bastando alegar sobre la idoneidad del que ya fue nombrado tutor
Visitas al tutelado
Se deniegan las visitas de la abuela a su nieta incapacitada judicialmente y bajo tutela institucional, pues la desestabilizaría, aun cuando se desarrollaran en presencia de técnicos
Ante la escasa autonomía personal de la hija incapacitada, con prórroga de la potestad parental materna, es necesario el régimen reglado de visitas con su padre, que no puede ser un desconocido por si tuviera que atenderla por imposibilidad de su madre
Para evitar que persistan los conflictos entre los hermanos, se limitan las facultades del tutor respecto de las visitas de ambos, que deberán estar autorizadas por el centro donde se encuentra su madre
Del mantenimiento de las relaciones personales de la incapaz no deriva ningún perjuicio, en la medida en que no han de interferir ni en la gestión de su patrimonio ni en su modo de vida; no se ha acreditado, además, que perturben su estado de ánimo
Para asegurar el buen funcionamiento de la tutela, y en beneficio de la madre incapacitada, si fuera ingresada, todos los hijos pueden visitarla libremente para prestarle compañía, pues el cuidado material o médico es prestado por profesionales
Se rechaza el régimen de visitas con pernocta solicitado por la hija del incapaz, que, si bien ostenta un derecho legítimo, ha causado ya en varias ocasiones la desestabilización emocional del tutelado
La modificación del régimen de visitas se hará en fase de ejecución sobre la base de los informes que emita el Equipo Técnico del Juzgado, y en orden a mantener el interés superior de la madre incapacitada
Se admite la comunicación de la hija con la madre incapaz, no pudiendo ser impedida dicha relación por su hijo, que es quien ostenta su tutela
El régimen de visitas del menor incapaz, condicionado por la distancia que media entre los domicilios de uno y otro progenitor, supone que las recogidas y entregas sean en Bilbao, a las 14:00 horas, en el lugar acordado o punto de encuentro oficial
Se concede a la madre disfrutar del hijo los puentes o fines de semana largos, siendo las entregas y recogidas del joven incapaz en Gijón; asimismo, el padre permitirá a la madre el contacto telefónico diario con el hijo
Presentación de Jurisprudencia al Detalle: Curatela, defensor judicial y rehabilitación de la patria potestad
La curatela se concibe en términos más flexibles y está pensada para incapacitaciones parciales
Para distinguir cuándo procede la tutela o la curatela, hay que atender a si la sentencia de incapacitación atribuye al guardador legal la representación total o parcial del incapacitado
Infracción de la doctrina jurisprudencial que recoge la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad: resulta pertinente la curatela y no la tutela
Supervisión del incapaz, con esquizofrenia paranoide, en lo patrimonial y en lo personal a través de la curatela reinterpretada a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, desde un modelo de apoyo y de asistencia
Intervención del curador: en la medicación del incapaz y en su internamiento si fuera necesario, en la administración, gestión y disposición de su patrimonio y en el control de todos sus gastos, debiendo informar cada seis meses sobre su situación
Curatela, reinterpretada a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Nueva York, 2006, desde un modelo de apoyo y asistencia para una persona, que manteniendo su personalidad, requiere un complemento de su capacidad
Tras el examen de la prueba y oír tanto al incapaz como a sus parientes más próximos, se entiende que no posee cualidades psíquicas necesarias para el control de su salud y sus bienes, y en su propio interés debe mantenerse el apoyo de un curador
Incapacidad parcial del apelante limitada solo al aspecto patrimonial, pero no al personal y restringida a la realización de operaciones patrimoniales complejas, art. 271 CC, con excepción a la demanda de divorcio actualmente entablada
Se declara una incapacidad atenuada o muy limitada que impone complementar, integrar y asistir mediante la curatela a la demandada, mermada por su enfermedad psíquica, a través de una función de asistencia y protección
Correcta declaración de incapacidad parcial, al indicar el informe médico que existe cierta merma para decisiones de cierta complejidad o dificultad mercantil, teniendo en cuenta que es un mecanismo de protección para la incapacitada
Uno de los motivos que ha dado lugar a la curatela es la fácil persuasión y manipulación del incapaz, reconocida no solo por el informe médico, sino también por sus hermanos
Se nombra curador al hermano del incapaz, cuya actuación se ceñirá a las áreas relativas a la salud y la administración económica de actuaciones de importancia, manteniendo el demandado su capacidad para administrar su pensión
Debido al deterioro cognitivo moderado unido a la edad y limitación de la movilidad es aconsejable adoptar una protección parcial tanto en el aspecto personal como en el económico de la incapaz, y se nombra curadora a una de sus nietas
Se nombra curadora a la hija con quien convive el incapaz, lo que se acomoda a lo manifestado por él en la escritura notarial, no siendo aconsejable nombrar a su mujer al estar en trámite su divorcio
En la situación actual del incapacitado se valora la necesidad de nombramiento de un curador, en la persona de la hija, sin perjuicio de reconocer a favor de los cuidadores directos las competencias y facultades jurídicas de ayuda y apoyo
Es correcto el nombramiento del padre como curador de la incapaz
Resulta más adecuado para la protección de los intereses de la incapacitada atribuir a su hermana la condición de curadora, funciones que viene ejerciendo con total diligencia desde que se declaró la incapacidad parcial
Se prefiere para el nombramiento de curador a la esposa que se ofrece a ello, mejor que a la institución pública nombrada en la primera instancia
Dada la incapacidad de la demandada para administrar su patrimonio, se nombra un curador, figura que recae sobre su sobrino y no sobre su prima, dado que el informe forense refleja una influencia nociva de esta en aquella
Limitación parcial de la capacidad de obrar del incapaz en lo referente al ámbito patrimonial, no pudiendo ejercer ninguna acción sobre sus bienes muebles e inmuebles, designación a su hija para su control y seguimiento médico
Se desaconseja
Los progenitores de la incapacitada no ofrecen las garantías necesarias para proteger sus intereses, ni siquiera han asistido al acto de la vista para poder apreciar si han superado los problemas para desempeñar el cargo de curadores
Los padres del incapacitado carecen de la aptitud y de la idoneidad necesarias para ejercer las funciones de curadores sin que hayan formulado una petición expresa en el proceso sobre su cuidado a través de una rehabilitación de la patria potestad
Ninguno de los familiares está en condiciones de ejercer adecuadamente la tutela del incapaz, ya sea por su mala relación o porque las circunstancias personales no lo permitan, el beneficio e interés del incapaz desaconsejan tal nombramiento
Se revoca la curatela en favor de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos que pasará a ejercerse de manera solidaria por los hermanos de la incapacitada, a quienes esta prefiere
Nombramiento como curadores a dos sobrinos del incapacitado, pues se ha acreditado su incondicional apoyo, sus actitudes y aptitudes positivas y la ausencia de conflictos con el resto de la familia, a diferencia de sus hermanas
El cargo de curador corresponde de manera conjunta al sobrino y al nieto del incapaz, lo que redundará en beneficio tanto de su persona como de sus bienes; su actuación será conjunta y en caso de desacuerdo deberán obtener la autorización judicial
El ejercicio de la curatela se realizará por ambos progenitores, ante las dificultades deambulatorias que presenta la madre
Atendiendo a lo solicitado por las partes y el Fiscal, se nombra curador del incapaz no solo a la madre, sino también al padre, pues el cuidado por ambos facilitará el ejercicio de la curatela
Se confirma el nombramiento de curador a la fundación que designe la Administración: la esposa adolece de condiciones de idoneidad, tanto por el descontrol de la gestión económica de los importantes ingresos del incapaz como por su situación personal
Se considera más adecuada para ejercer la función protectora de curador a la Comisión de Asesoramiento y Supervisión de la Generalitat, pues ni la hermana ni el sobrino del incapaz han solicitado asumir esta responsabilidad
Se designa como curador a la Fundación Almeriense de Tutela, designación justificada ante la situación de los familiares cercanos que no parecen idóneos, ante la dificultad de trato con el demandado y su reticencia a asumir la función de la curatela
Las personas idóneas para ser curadores de la recurrente son sus padres, pero dada la avanzada edad de estos, el cargo recaerá en la Fundación Almeriense de Tutela
El régimen de protección más adecuado para la incapacitada es el de la curatela y dada la dinámica de las relaciones de esta con su madre es aconsejable el nombramiento como curador de una fundación sin ánimo de lucro
Curatela del incapaz a cargo de la misma fundación que venía ejerciendo como tutora
Nombramiento como curadora a la Comisión de Tutela y Defensa Jurídica de Adultos, ante la poca relación del incapaz con sus hermanos, que reconocen que la relación con él es difícil y no están dispuestos a asumir el cargo de curadores
Procede nombrar curador a la Fundación Tutelar, pues la única hermana de la incapaz no resulta idónea al abusar de su hermana respecto a la administración de sus bienes
Ante las dificultades de comunicación de la incapacitada con su hija para evitar la imposibilidad del ejercicio de la curatela, se designa como curador a una persona jurídica sin ánimo de lucro
De la exploración efectuada al incapaz se observa que puede llevar una vida autónoma e independiente, siendo la mejor ayuda y protección el nombramiento de un curador en una fundación sin ánimo de lucro
La lejanía y desinterés de los hermanos de la incapaz, con los que no tiene relación desde hace años, conlleva que se declare curador a la entidad pública que ha desarrollado la función de defensor judicial en el presente procedimiento
Nombramiento de una institución tutelar como curador del incapacitado parcial ante la imposibilidad de convivencia familiar por los numerosos conflictos entre este y su madre que había sido nombrada curadora
Aunque en el objeto social de la fundación se habla de que la misma ejercerá la tutela de los declarados incapaces y no se menciona la curatela, ambas instituciones tienen el mismo fin que es el de tutelar al incapaz
Se declara la curatela a favor del FUNGA para suplir la capacidad de obrar del incapaz exclusivamente en lo relativo a los tratamientos médicos que necesite para curar el trastorno obsesivo que sufre
Se declara la incapacidad parcial, nombrando curador a la Comisión de Tutelas Valencianas para completar su capacidad procesal en cualquier tipo de procedimiento judicial, debido a la gran cantidad de procesos iniciados durante los últimos 30 años
La falta de ingresos en la cuenta de la que es titular el incapaz cuando obtiene una pensión de 2.900 euros mensuales evidencia la necesidad de que la curatela sea ejercida por un ente público independiente y no por su esposa
El alto nivel de conflictividad y deterioro de la relación entre la madre incapacitada y su hija conlleva que la curatela sea ejercitada por la entidad pública para la buena supervisión del tratamiento farmacológico
Adecuado nombramiento de la fundación, como curadora, pues la incapaz tiene conflicto de intereses con su madre, a cuenta de la indemnización percibida en nombre de aquella
Está justificado el mantenimiento de la curatela a favor de la entidad pública a la vista de la oposición de la incapacitada a que la ejerza su hermano y del conflicto que mantiene con su familia
Mantenimiento del nombramiento de la fundación como curadora del incapaz por haberse constituido la tutela conforme al art. 233 CC y el carácter público de dicha entidad que le impiden el rechazo de su designación
Previsto por el incapaz
No se considera idóneo para el cargo de tutor y subsidiariamente para el curador, al amigo que el incapaz nombra en la escritura de autotutela, pues previsiblemente siendo al ser mayor que el demandado, fallecerá antes que el incapaz
Se mantiene la incapacidad para la administración de los bienes propios por la esquizofrenia bipolar que sufre, pero se respeta su deseo de que sea nombrado curador su primo
Se nombra como curadora de la incapacitada a su hermana en lugar de a su hermano, así lo dispuso la madre en su testamento, responde al deseo de la incapaz y ofrece, además, todas las garantías para que el cargo se desarrolle en beneficio de su hermana
Curatela en lugar de tutela
La modificación de tutela a curatela se realiza sobre la misma situación de incapacitación parcial pese a haberse declarado su incapacidad para determinados actos y negocios jurídicos complejos
Adopción de curatela, en lugar de tutela, pues, según los informes, la incapacidad es parcial, precisando tan solo la supervisión de las actividades cotidianas, terapéuticas y de los pequeños gastos
Se sustituye la tutela por la curatela, pues se adecua más al grado leve de deficiencia de la demandada, requiriendo asistencia para actos patrimoniales complejos, gastos superiores a 400 euros y los de tratamiento médico
Dada la mala relación de la incapaz con sus hermanas, se revoca su cargo de curadoras prefiriendo a la comisión de tutelas de la DGA
Se revoca el pronunciamiento como curador de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos y se designa a la esposa del incapacitado parcialmente para gobernarse por sí mismo y administrar sus bienes
Se deja sin efecto el desempeño del cargo de curadores ejercido por los padres del incapaz, debido a su precario estado de salud y avanzada edad
Sustitución del curador nombrado al acreditarse la tensión personal con el incapacitado y el conflicto de intereses por estar pendiente la división de la herencia paterna, aunque se mantiene provisionalmente mientras la nueva curadora acepta el cargo
Revocación del nombramiento de curador, que recae en dos de los hijos de la incapacitada, estableciéndose que recaiga sobre uno solo de ellos
Se permite al incapaz que haga uso de tarjeta bancaria, aunque con unos límites: será de débito y no de crédito, su límite de disposición mensual no será mayor a 3.000 euros, la curadora estará autorizada para reducir o aumentar el límite, salvo el mensual
El curador complementará la capacidad respecto de los actos de disposición y de administración de sus bienes, por lo que se revoca el poder dado al letrado amigo del incapaz, que permanecerá viviendo en el centro donde se siente bien atendido
El incapaz necesitará del curador para la administración, gestión y disposición de sus bienes, controlará y fiscalizará todos sus gastos, incluidos los corrientes, aunque se le podrá asignar una suma periódica para sus necesidades corrientes
El curador, en este caso la entidad pública, complementará la capacidad del demandante para todos los actos de disposición patrimonial del art. 271 CC; y los servicios sociales supervisarán e informarán sobre su asistencia al médico
La actuación de la fundación nombrada curadora de la incapaz complementará su capacidad solo en los asuntos económicos, pues ante el carácter impulsivo determinado por el forense y la falta de relación con su familia puede caer en nuevos engaños
Sin perjuicio deben justificarse todos los gastos, obra en autos factura emitida por la fundación por el tratamiento psicológico del incapaz por importe que no se considera excesivo, no hay motivo suficiente para denegar la aprobación de las cuentas
Que la limpieza de la vivienda del incapacitado se realizara por la propia fundación no impide considerar este gasto justificado, el importe facturado no se considera excesivo ni desproporcionado
La entidad que ejercía como curadora de la incapacitada debe reintegrarle los gastos de estancia de los meses en los que no residió allí, no habiendo negligencia en su actuación por mantener reservada la plaza mientras se asentaba con su familia
El dinero de la indemnización, gestionado hasta ahora por la madre, pasará a la titularidad de la hija incapacitada, pero será administrado por la Fundación curadora
En la esfera personal el curador intervendrá en el manejo de los medicamentos y decidirá la permanencia en su residencia o su internamiento en un establecimiento de salud mental, bajo la autorización judicial en los términos del art. 763 LEC
Siendo la esfera personal médica en la que la recurrente presenta limitación y alteración, será en este ámbito en el que deben establecerse las medidas de protección
Al sufrir una enfermedad psíquica crónica, en la que hay intervalos en los que no puede regirse por sí mismo, ha de nombrársele un curador para la supervisión y control del tratamiento psiquiátrico que se le está aplicando
La necesidad de completar la capacidad de la demandada conlleva el nombramiento de un curador que velará por el cumplimiento de su tratamiento psiquiátrico y sus relaciones ante la Administración
No puede imponerse a la persona con quien decida vivir la incapacitada parcialmente fomentar su relación con el resto de su familia, pues es una norma de conducta sobre la que esta tiene autonomía
La asistencia del curador será necesaria para los actos establecidos expresamente en la sentencia
El curador deberá informar cada seis meses sobre la situación personal del incapaz y rendir cuentas anuales de su gestión, que consistirá en una relación detallada de los gastos e ingresos de su patrimonio ante el Juzgado
Obligación del curador de hacer inventario y rendir cuentas en beneficio de la incapaz
Se aprueba la partida de la rendición de cuentas de la curatela sobre los gastos de formación del inventario, que son a cargo del patrimonio del incapaz, art. 222-24 CCCat., la emisión de la factura por la propia fundación es suficiente justificación
Actos para los que los curadores precisan autorización, arts. 271, 272 y 273 CC
El curador necesita autorización judicial para los mismos actos en que lo necesitan los tutores, pues al ser el régimen de tutela superior al de curatela es lógico que necesite dicha autorización
Nulidad de actos
La opción de compra es nula al ser hecha por el curador del titular del inmueble, ya que este no tiene representación del mismo, sino que sus únicas atribuciones quedan limitadas a la asistencia al incapaz
Dado que ninguno de los hijos se ofrece como curador, se nombra a una institución pública, pero como un cargo retribuido
Curatela a favor de la fundación tutelar, pues la esposa apelante está en causa de remoción por la dejación de sus funciones en lo relativo al tratamiento médico del incapaz y la falta de colaboración con los médicos
Remoción del cargo de curador a la fundación que no ha realizado una actuación directa en el control sanitario de la incapaz ni ha presentado el ante el Juzgado el inventario preceptivo de sus bienes
Remoción del cargo a la curadora que ha incumplido de manera grave y reiterada los deberes de su cargo, pues la rendición de cuentas anual de su administración ha de ser rigurosa, contable, numérica y acompañada de los oportunos justificantes
Está justificado el mantenimiento de la curatela a favor de la entidad pública a la vista de la oposición de la incapacitada a que la ejerza su hermano y del conflicto que mantiene con su famili
Defensor judicial del incapacitado
Mientras se resuelve el nombramiento del tutor y en beneficio de la incapaz se nombra a su hija como defensora, en especial respecto a la administración de sus bienes, al contrato de la residencia y el régimen de visitas
La actuación del defensor judicial, restringida a representar los intereses del demandado en el juicio de incapacitación limitada a la defensa, no le posibilita impugnar la sentencia con la pretensión de que se amplíe la incapacidad declarada
Se revoca el cargo de defensor judicial del incapacitado por la desatención y falta de cuidado del nieto hacia su abuelo que ha sido corroborado por la información de la residencia donde se encuentra
En el presente supuesto en que demanda el Fiscal, el defensor judicial ostenta la posición procesal de la demandada, y su obligación es defender la capacidad de la misma
No se produce infracción de las garantías de proceso de incapacitación en que se designa defensor judicial, se oye al propuesto como tutor y se cita a los hermanos de la incapaz como parientes más próximos en lugar de a los sobrinos, que no son parte
Nulidad de actuaciones por la omisión de los necesarios trámites de designación de defensor judicial, art. 758 LEC, y del preceptivo informe médico, art. 759, que no pueden subsanarse por carecer la Sala de competencia funcional
Se ha actuado con escrupuloso respeto a la legalidad en la representación judicial de la parte actora a través del defensor judicial, durante la sustanciación y desarrollo del procedimiento
No cabe la nulidad de actuaciones, pues el Tribunal procedió al nombramiento de defensor judicial de la incapaz, aunque no se haya personado en las actuaciones, y se desplazó al centro donde estaba internada para examinarla personalmente
No se aprecia indefensión de la incapaz en el acto de formación de inventario, toda vez que su defensor judicial tuvo conocimiento de la vista celebrada para resolver los incidentes planteados
Se aprueba la aceptación y partición de la herencia realizada por el defensor judicial del incapaz en beneficio del mismo, puesto que no consta registralmente ninguna carga sobre el inmueble heredado
Se admite la situación de rebeldía del incapaz cuyo defensor judicial no contestó a la demanda, no provocando indefensión alguna al demandado
La actuación del tutor es beneficiosa para la incapaz en el proceso cuyo objeto es recuperar la posesión del inmueble de su propiedad, no es necesario que se nombre un defensor judicial
Nombramiento de defensor judicial para la defensa de los intereses del incapaz en la partición, pues existe un conflicto real al ser los herederos por partes iguales y existir en el haber hereditario un inmueble cuyo valor real de venta se desconoce
La valoración de la conducta de la tutora, socia y administradora de la sociedad de la que la incapacitada es accionista mayoritaria no puede realizarse a través del cauce del nombramiento de defensor judicial, al no existir conflicto de intereses
No es necesario el nombramiento de un defensor judicial, ya que no se aprecia conflicto de intereses entre el tutor y su madre incapacitada respecto a la partición de la herencia practicada
La partición realizada por el contador-partidor no necesita intervención del defensor judicial, aunque una de las personas interesadas en la herencia esté incapacitada
Necesidad de nombrar un defensor judicial al existir un conflicto de intereses entre el tutor y el tutelado por la venta de la vivienda
Asistencia. Nueva figura legal
Se desestima la petición de nombramiento de un asistente, pues su actuación depende de la voluntariedad del asistido, pero este al no ser consciente de su necesidad y de su trastorno psicótico no le va a dejar ejercer sus funciones
No concurren los presupuestos necesarios para limitar la capacidad del demandado, pues los efectos de su patología no son de carácter persistente, pero, como él mismo solicita, se nombra asistente a su madre como mecanismo de protección
La protección de la persona no se vincula necesariamente a la falta de capacidad, puede a veces precisar la asistencia sin que sea una causa de incapacitación, se ponderará la gravedad y alcance de la limitación en el conjunto de actividades
La mejor ayuda y protección al demandado se cumple con el nombramiento de un asistente, como ha solicitado el mismo, pues está afecto de una disminución de sus facultades físicas que no le incapacita
La solución más adecuada para el actual estado de salud y emocional del apelante, que mantiene su plena capacidad jurídica y de obrar para regir persona y bienes, es nombrar a un asistente de acuerdo con el art. 226-1 CCCat
Rehabilitación de la patria potestad
Rehabilitación de la potestad parental: no hay ninguna circunstancia que impida a los padres ejercerla de forma adecuada para el tutelado, pues su cercanía y parentesco les permitir asegurar su bienestar y mitigar las consecuencias de la incapacidad
No hay motivos para rehabilitar la potestad respecto a uno solo de los progenitores, pues viven juntos y son una unidad familiar, por lo que la ausencia física temporal del padre por razones de trabajo no puede provocar que quede excluido de sus funciones
Rehabilitación de la patria potestad a la madre que representará a su hijo en los actos de administración extraordinarios del art. 271 CC y le asistirá en las decisiones personales trascendentes, teniendo en cuenta siempre su opinión
Debido a la falta de atención que ha recibido el incapaz por parte de su padre, lo que ha perjudicado su situación psíquica, procede la rehabilitación de la patria potestad de la madre que es con quien convive
Procede restablecer la patria potestad del demandado que ha sido declarado incapaz para regir su persona y bienes, ya que es mayor de edad, soltero y convive con sus progenitores
En el presente caso procede la rehabilitación de la patria potestad del progenitor, al objeto de completar la capacidad parcial de su hija, pues es el único familiar directo
Incapacidad total del hijo para regir su persona y bienes, manteniendo la rehabilitación de su patria potestad en la persona de su madre, pues señala el informe forense que tiene un trastorno esquizofrénico paranoico con deterioro cognitivo residual
Se rehabilita la patria potestad a los padres limitada al ejercicio de la curatela y por tanto a los actos patrimoniales
Se prefiere como tutor a instituto público antes que la rehabilitación de la patria potestad para la madre, al no ser esta capaz de hacer frente al cuidado de la incapaz
Cuando se rehabilita la patria potestad, no procede el nombramiento como tutor de la madre
Atendiendo al beneficio de la incapacitada procede la rehabilitación de la patria potestad de los padres, sin perjuicio de la colaboración en el cuidado de la incapaz que pueda prestar su hermana
La declaración de incapacidad total del demandado conlleva la rehabilitación de la patria potestad a favor de la madre, al ser ella quien convive con el incapaz y quien se ocupa de su persona y necesidades
Incapacitación de la hija y rehabilitación de la patria potestad únicamente para la madre, quien se encuentra separada del padre desde hace años, sin que este haya comparecido en las actuaciones ni esté incurso en causa de privación
Se rehabilita la patria potestad a los padres a la espera de que se produzca la aceptación del cargo de tutor por la institución que se nombre, no pudiendo hacerse en este procedimiento al no haberse pronunciado sobre el mismo la institución
La modificación de la incapacidad total a parcial conlleva la rehabilitación de la patria potestad de su madre y deja sin efecto el nombramiento de tutela institucional que se efectuó en su día
Rehabilitación de la patria potestad en lugar de la tutela, interpretando el término de convivencia con más amplitud y flexibilidad, al estar el hijo internado, pero en contacto continuo con el padre
Se rehabilita la patria potestad sobre el incapacitado total a favor de los padres, quedando atribuida la guarda y custodia al padre con el que convive
Se rehabilita la patria potestad de la incapacitada a favor de la madre frente a la oposición de la hermana que solicita que se le nombre tutora
La declaración de incapacidad parcial conlleva la rehabilitación de la patria potestad de la madre que ejercerá el cargo de tutor bajo juramento de buen desempeño
Al cumplir la hija, incapaz, la mayoría de edad se ha rehabilitado la patria potestad, restableciendo todas la funciones inherentes a la misma, por lo que se atribuye la guarda y custodia a la madre, puesto que el padre ni siquiera la ha reclamado
Rehabilitación de la patria potestad respecto al ámbito de los bienes en una incapacidad parcial, quedando sin efecto el nombramiento de curador
No procede el nombramiento de tutor al incapacitado, pues, al ser rehabilitada la patria potestad, esta será ejercida por los padres
Se prefiere como tutor a instituto público antes que la rehabilitación de la patria potestad para la madre al no ser esta capaz de hacer frente al cuidado de la incapaz
No concurren los requisitos del art. 171 CC para la rehabilitación de la patria potestad, pues el hijo mayor de edad incapacitado está separado, es padre de tres hijos y antes de su ingreso en la residencia vivía de forma independiente
No son los padres las personas más idóneas para ejercer el cargo de tutores de la incapacitada y rehabilitar la patria potestad, por lo que es más procedente la designación de la tutela pública de la fundación
Se revoca la rehabilitación de la patria potestad al vivir la hija independientemente con su pareja, y comprobada la incapacidad solo parcial se acuerda la curatela para la administración de sus bienes y medicación
Se nombra tutor a la Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha en vez de rehabilitar la patria potestad a favor de la madre ante la imposibilidad de esta de hacer frente a los problemas penales de su hijo incapacitado
No se rehabilita la potestad parental de la hija mayor de edad con un grado de incapacidad elevado e interna en un establecimiento, pues a pesar del interés de la madre por ella tiene grandes dificultades personales y económicas para atenderla
Prórroga de la patria potestad
Se prorroga la patria potestad respecto a la hija incapacitada solo a favor de la madre con quien convive y quien se ocupa de ella ante el incumplimiento paterno de sus deberes
No se acredita la falta de idoneidad de la madre para ejercer la patria potestad prorrogada; las acusaciones se formulan por las malas relaciones entre los progenitores y sus diferencias no deben tener efectos negativos en las atenciones del hijo
Procede prorrogar la patria potestad de los padres del incapaz al quedar acreditado que no está capacitado para gobernarse a sí mismo, debido a un retraso madurativo de etiología no filiada de carácter crónico
Prórroga de la patria potestad del hijo declarado incapaz al haber alcanzado la mayoría de edad mediante tutor, no procediendo el establecimiento de alguna de las otras instituciones
Al no haberse declarado la incapacidad del hijo, que ya es mayor de edad, no puede prorrogarse su patria potestad al padre
No procede prorrogar la patria potestad al padre de la declarada incapaz al quedar acreditado que ambos tienen una deficiente relación
Se declara la tutela de la demandada que tiene una incapacidad total, que ejercerá su hijo, sin que se cumplan los presupuestos de la patria potestad rehabilitada ni prorrogada
Presentación de Jurisprudencia Al Detalle: Procesos de incapacitación e internamientos
Procesos de incapacidad
Cuestiones generales y formalidades
El art. 22.1 RUE 44/2001 no se aplica al procedimiento de jurisdicción voluntaria instado por el sometido a curatela, solicitando autorización para vender su cuota en un inmueble, pues tiene relación con la capacidad, materia excluida del Reglamento
Los derechos recogidos en el art. 24 CE son inamovibles, independientemente del procedimiento cuya omisión puede derivarse en la vulneración de un derecho fundamental
Dadas las circunstancias especiales en este proceso de incapacitación, así como la falta de designación de representación legal de oficio, estas suponen una vulneración del art. 24.2 CE
La obligatoriedad, en procesos de incapacitación, de representación letrada, no se respetó, siendo imposible la personación del incapaz en la causa, estando vedada la autodefensa
Aunque en la primera notificación se comunicó la posibilidad de autodefensa, siendo un proceso de incapacitación, debió designarse de oficio la representación, cuando se interpuso el recurso de reposición
Una vez declarada la incapacidad plena, procede examinar, conforme al art. 760 LEC, su extensión y límites
No existen nuevas circunstancias, como exige el art. 761.1 LEC, que justifiquen dejar sin efecto o modificar la incapacidad de la actora, al contrario, las pruebas acreditan que continúan las mismas que determinaron su incapacitación
Principios básicos del proceso de incapacitación
La declaración de incapacitación solo puede acordarse por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley, mediante un procedimiento en el que se respeten escrupulosamente los trámites que impone el art. 759 LEC
No es necesaria la prueba pericial en la segunda instancia, al estar clara la incapacidad y no cuestionarse en el recurso
Se revoca el nombramiento de un tutor realizado en la sentencia, ya que la demanda que inició el procedimiento de incapacitación no lo solicitaba
Si lo que pretende la recurrente es evitar que sea nombrada una determinada tutora del presunto incapaz, puede personarse por la vía de la intervención procesal del art. 13 LEC y hacer valer en él su voluntad
La economía procesal aconseja inadmitir la demanda de incapacidad, al apreciarse litispendencia, pese a no estar expresamente recogida como causa de inadmisión
Deben examinarse las actuaciones para determinar si la prueba practicada determina la existencia en la presunta incapaz de una deficiencia psíquica o física que le impida regirse por sí misma y que destruya la presunción de capacidad de las personas
Audiencia del incapaz
Ante la no comparecencia de la presunta incapaz y, por lo tanto, la falta de examen por parte del forense y de la Sala, no hay argumentos para revocar la decisión de no declarar su incapacidad
No se declara la nulidad del proceso por falta de audiencia de la incapaz, de 94 años, explorada por el Juez, quien consideró que no tenía suficiente juicio para contestar
No existe indefensión, pues la incapacitada compareció con abogado y procurador, con práctica de pruebas e intervención en el procedimiento
No existe infracción del art. 759 LEC, pues el Juez que dictó la sentencia de incapacitación examinó personalmente a la incapacitada en la vista, al margen del primer examen practicado por otro distinto
No hay infracción del art. 758 LEC, pues habiéndose emplazado en su momento al defensor judicial, manifestó su voluntad de no comparecer en las actuaciones
Audiencia del tutor o curador
Se deja sin efecto el nombramiento de la fundación como tutora, pues no había tenido conocimiento procesal de la causa, como obliga el art. 759 LEC
No concurren los presupuestos para designar a la fundación apelante como tutora, pues no ha sido traída al procedimiento de incapacitación ni ha sido formalmente oída
Queda sin efecto el nombramiento de la fundación tutelar como tutora del incapaz, al no haber sido citada para asistir al acto de la vista y ser debidamente oída
En la petición inicial se solicitó que fuese nombrada la fundación como curador del incapaz; dicha petición fue ratificada por los servicios sociales y la fundación fue oída en el expediente, por lo que no ha habido indefensión en su nombramiento
Anulación de nombramiento del tutor, al no haber sido oído este en el procedimiento
No procede decretar la nulidad de las actuaciones en el proceso de incapacitación en el que ha sido nombrada tutora la fundación tutelar de La Rioja, pese a su no participación hasta el trámite de notificación de sentencia
Se deja sin efecto el nombramiento de un tutor a la persona jurídica propuesta por los parientes, que no ha sido convenientemente oída en audiencia
Se revoca el nombramiento como tutor de la fundación apelante, por adoptarse sin haber sido oída y no ajustarse la incapacidad declarada a lo que constituirá su objeto social
Audiencia de los parientes más próximos
La recurrente no es titular de ningún derecho a ser oída, ni puede alegar indefensión por no haber sido citada, pues lo que se está discutiendo no es un derecho suyo, sino la situación de incapacidad de su madre y el nombramiento de cargo tutelar
Nulidad de la sentencia que declara la incapacidad de una persona y nombra como tutor a una entidad pública sin haber practicado previamente la audiencia de las hijas de la discapaz, por ser los parientes más cercanos
En la apelación, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado tercero art. 759 LEC, fueron nuevamente llamados y acudieron el padre y el hermano del incapaz, que vinieron a avalar las manifestaciones de la madre
Aunque no se escuchara a los parientes próximos del incapaz, como exige la Ley, el nombramiento de tutor a su hija es válido, por razones de celeridad, y por no haber puesto a los interesados en indefensión
Se confirma la remoción del tutor familiar y se declara nulo el nombramiento del instituto público como tutor, pues no se ha oído en juicio a los dos parientes cercanos del incapaz
Se deja sin efecto el nombramiento del tutor de la incapaz a la fundación tutelar, pues no se ha oído a los hermanos de esta sobre si desean ejercer la tutela
Se declara la nulidad de las actuaciones, por la falta de audiencia de todas las hermanas del incapaz y la ausencia de motivación del nombramiento de una de ellas como tutora
Nulidad de la sentencia de incapacidad total, por la que se nombra tutor a la Generalitat, porque no ha sido oída en el procedimiento, habiendo sido privada de alegar y probar
No concurre la indefensión que invoca el hermano de la incapaz, pues aunque no fue citado en la demanda de incapacidad, se señala su existencia y, en el acto del juicio, pudo hacer las manifestaciones que tuvo por conveniente
Nulidad de actuaciones por la omisión de los necesarios trámites de designación de un defensor judicial, art. 758 LEC, y del preceptivo informe médico, art. 759, que no pueden subsanarse, por carecer la Sala de competencia funcional
Habiéndose tramitado la solicitud de remoción de un tutor por el Fiscal como pieza separada, en lugar de seguir los trámites previstos para el juicio verbal, procede la nulidad de actuaciones por indefensión de la demandada
Se declara la nulidad de las actuaciones, porque se trata de un juicio de incapacidad con nombramiento de curador y, erróneamente, se le ha nombrado un tutor, con la mayor protección que esta figura exige
Se declara la nulidad parcial del procedimiento de remoción de un tutor, porque no se han seguido los trámites del juicio verbal, sino que tan solo se ha celebrado la comparecencia del tutor removido
Nulidad parcial de la sentencia en cuanto al nombramiento de un curador, pues al omitirse el trámite de audiencia del procedimiento, como exige el art. 759 LEC, se privó a la recurrente de poder alegar las causas que le impidieren ejercer tal cargo
Declaración de la incapacidad y nombramiento del tutor en el mismo acto
Es posible la acumulación en el proceso de incapacidad del nombramiento de un tutor, y más cuando, en la demanda inicial, el Ministerio Fiscal, además de solicitar dicho nombramiento, lo pedía de forma expresa para una fundación tutelar
El art. 760 LEC permite el nombramiento de la persona que vaya a asistir al incapaz, a la vez que se le declara como tal; así se nombra curadora a su hermana, que ejercerá el cargo de acuerdo con los arts. 223-4 y ss. CCCat.
Los procedimientos especiales sobre tutela y capacidad de las personas no se rigen por el principio de la perpetuatio iurisdictionis, ya que el lugar de la residencia del incapaz es el fuero que, según la Ley, determina la competencia territorial
El lugar de residencia determina la competencia territorial, pues la tutela judicial será más efectiva de este modo, ya que facilita el acceso del incapaz a la justicia
Competencia territorial, asunto de tutela de un incapaz, es competente el Juez del lugar de residencia del incapaz, por el principio de protección del incapaz
Constatándose que, en el proceso de incapacidad iniciado por el Juzgado de Valencia, se están defendiendo sus intereses por medio del defensor judicial, porque ya ha contestado a la demanda, este debe ser competente
Según el principio de protección del incapaz, es más acorde determinar la competencia de este en el lugar de su residencia, para posibilitar así el acceso efectivo al incapaz a la justicia
Es competente el Juez del lugar de residencia del incapaz, fuero imperativo que también es aplicable a los supuestos de representación y asistencia de los ya declarados incapaces, pero no a los relativos a la tutela y a la capacidad
Es competente territorialmente, según el art. 756 LEC, el Juzgado de la residencia habitual del incapaz, siendo, en este caso, el centro penitenciario
La protección del incapaz hace ceder en estos procesos el principio de perpetuatio iurisdictionis, fijando la competencia en el actual domicilio del incapaz
Jurisdicción voluntaria y nombramiento de un tutor: prevalece el fuero de la localidad en la que reside la incapaz y donde radican la mayoría de bienes de su propiedad
Promoviéndose una declaración de incapacidad, resulta competente el Juzgado de Torrijos, al encontrarse allí la residencia del incapaz
Prevalencia del fuero de la localidad en la que reside la incapaz, para la gestión de la tutela sobre el lugar en el que se declaró la incapacitación
La competencia para conocer la incapacitación corresponde al Juzgado donde reside la presunta incapaz, sin que en estos procedimientos sea de aplicación la perpetuatio iurisdictionis
Encontrándose el domicilio actual del incapaz en Coria del Río, la competencia deberá declararse a favor del Juzgado de este partido
Estando la residencia del incapaz en Denia, en aras de su protección, será competente ese Juzgado, sin que sea de aplicación la perpetuatio iurisdictionis
Competencia del Juzgado de residencia del incapacitado para resolver las cuestiones sobre el ejercicio del cargo de tutor, por aplicación del principio de protección del incapaz, art. 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
El lugar de residencia del incapaz determina la competencia territorial, fuero que también es aplicable a los supuestos de representación y asistencia de los ya declarados incapaces, incapacitados o declarados pródigos
Le corresponde la competencia para conocer de la incapacidad al Juzgado del domicilio del incapaz, y el hecho de que posteriormente haya modificado su domicilio no afecta a la competencia de este, aplicando la teoría de la perpetuatio iurisdictionis
El Juzgado competente para conocer el procedimiento sobre incapacidad es el del domicilio donde actualmente se encuentra residiendo la incapacitada, aunque la demanda se hubiera interpuesto en otra localidad con anterioridad
Criterio doctrinal: la competencia territorial para conocer demandas de incapacidad corresponde al Juzgado de 1.ª Instancia del lugar que resida la persona, y este puede desplazarse fuera del territorio de su circunscripción para practicar las actuaciones
El órgano judicial que declaró la incapacidad de la fallecida es el competente para conocer sobre la rendición de cuentas pendientes, aunque no sea el que pertenece al territorio judicial de su último domicilio
El lugar de la residencia del incapaz determina la competencia territorial, con base en lo dispuesto en el art. 756 LEC, criterio más acorde al principio de protección del incapaz
La competencia objetiva y territorial para conocer las demandas en materia de incapacidad corresponde al Juez de 1.ª Instancia del lugar de residencia del incapaz, no siendo de aplicación la Ley nacional
Dado el carácter temporal del cambio de residencia del presunto incapaz, una vez presentada la demanda, admitida a trámite y antes de dictarse la sentencia, no existe falta de competencia territorial a favor del Juzgado de residencia transitoria
Se aprecia la falta de competencia internacional de los órganos españoles, pues la residencia actual de la incapacitada se encuentra en Francia, acreditando su voluntad continuada de fijar su residencia allí mediante copia de certificado de residencia
Gestión de tutela: prevalece el fuero de la localidad en la que reside la incapaz y donde radican la mayoría de los bienes sobre el que decretó incapacitación
La competencia para la incapacitación la tendrá el Juzgado del lugar del domicilio del incapaz
Establece la competencia del Juzgado del domicilio del incapaz, en tanto no media excepción alguna para determinar la procedencia de la competencia del otro Juzgado
Ante el conflicto de competencia negativo surgido para conocer sobre el proceso de incapacitación, se declara la competencia del Juzgado ante el que se interpuso la demanda, puesto que en ese momento la demandada tenía su domicilio en su jurisdicción
Para las decisiones sobre la tutela en los casos de cambio de domicilio, debe prevalecer el domicilio actual del incapaz sobre el que decretó la incapacitación, pese a las oscilaciones jurisprudenciales
Únicamente admite el Tribunal Supremo la competencia de un Juzgado diferente al del partido judicial de la residencia del incapaz, cuando existan bienes inmuebles
Es Juez competente para la incapacitación el de la residencia habitual y permanente del incapaz, no pudiendo por ello corresponder al Juzgado del centro penitenciario donde está el incapaz en prisión preventiva
El Tribunal competente para conocer de los procedimientos de incapacidad es el del domicilio del incapaz
La competencia para conocer de la incapacidad y el posible nombramiento de un tutor se extiende a la revisión del cargo de un curador nombrado anteriormente
Competencia del Juzgado que constituyó la tutela del incapaz para conocer del control de la rendición de cuentas anuales, fuero especial establecido por el art. 222-31.2 CCCat., y no del Juzgado de su residencia
La rendición de cuentas del tutor deberá realizarse ante el Juzgado que constituyó la tutela, art. 232-31.2 CCCat.; se resuelve así la duda al respecto de qué Juzgado es el competente territorialmente, al haber un cambio en la residencia del incapaz
Siendo anterior la sentencia de incapacidad parcial y el nombramiento de un curador a la creación del Juzgado específico para asuntos sobre capacidad, la demanda solicitando la remoción de un curador debe conocerla el Juzgado que dictó la resolución
Legitimación de los tutores para ejercitar la acción de divorcio en nombre de su hija incapacitada, siempre que por sus condiciones no pueda actuar por sí misma, debiendo justificarse el interés de la incapaz en obtener la disolución de su matrimonio
Legitimación activa de la actual esposa del causante y de su hijo, quienes han sido propuestos en la demanda como tutores en determinadas condiciones
Legitimación del hermano de la incapaz para recurrir la sentencia, que ha designado como tutora a otra hermana
La LEC distingue quiénes pueden promover la declaración de incapacidad en función de si se trata de mayores o de menores de edad
Que el proceso de incapacitación haya sido promovido por el hijo de la incapaz no es obstáculo para que se puedan personar los hermanos del incapaz, pues su interés directo y legítimo deriva de la legitimación que les reconoce el art. 757 LEC
En ningún caso, el Juez de oficio está facultado para actuar declarando una incapacidad no promovida por aquellas determinadas personas a quienes la ley, con carácter exclusivo, atribuye legitimación para promoverla
Se reconoce la condición de hijo del incapaz por la constante posesión de estado, aunque no exista prueba documental que lo acredite, por lo que no puede cuestionarse su legitimación activa para promover la demanda de incapacidad
Desestimación del litisconsorcio pasivo necesario: no es indispensable que comparezca el representante patrimonial del incapaz, a quien se reclama la filiación no matrimonial, pues ha comparecido a través de su tutora y se ha nombrado un defensor judicial
La institución tutelar de la menor incapacitada tiene interés legítimo y directo y, por tanto, legitimación activa para solicitar la nulidad del matrimonio
En aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo, que permite al tutor del incapaz ejercitar la acción del divorcio en su nombre, no puede negarse a la madre legitimación en el ejercicio de la de separación
El incapacitado está legitimado pasivamente, pues solo tiene una incapacidad parcial; además, su hermana, que también es parte en el procedimiento, fue nombrada su curadora, pudiendo comparecer como demandada y curadora
El Ministerio Público no está legitimado para plantear la suspensión por la ausencia del médico forense, pues fue citado para la práctica de la prueba, a la que acudió el incapaz y sus parientes próximos, pero él no intervino
En ningún caso, el Juez está facultado para actuar de oficio declarando una incapacidad no promovida por quienes están legitimados
La autorización a la tutora de “ingresar” al incapacitado en un centro adecuado a su discapacidad no infringe el contenido del art. 763.1 LEC sobre el internamiento de los tutelados, pues no atribuye a la tutora facultades para privarle de libertad
Si por cualquier causa existiera la posibilidad de que el incapaz fuera internado en una institución psiquiátrica en régimen cerrado, no bastará con que él consienta, sino que será precisa la conformidad expresa de su curadora
No voluntarios
La desorientación e inestabilidad ocasional, el trastorno de memoria y la incapacidad de asearse y alimentarse sola suponen un cuadro descriptivo que justifica la urgencia del internamiento cautelar del art. 763 LEC
Procede el internamiento en un geriátrico a solicitud del Ministerio Fiscal, ante el deterioro cognitivo grave que presenta la anciana
Para que el internamiento de los incapaces sea procedente, se atenderá a su conveniencia desde el punto de vista terapéutico y su peligrosidad para sí o para otros; el Juez basará su decisión en el examen de la persona y en el dictamen del facultativo
Internamiento urgente del incapaz para el tratamiento dual de su enfermedad mental y deshabituación a su politoxicomanía, pues no es capaz de someterse a un tratamiento e forma voluntaria; necesita un largo internamiento para alejarse de las drogas
El ingreso en un geriátrico de la anciana de 92 años se seguirá por los trámites del art. 763 LEC, justificando el internamiento por la demencia senil que padece y no por su avanzada edad
Conforme a lo señalado por la forense, la esquizofrenia paranoide del incapaz le produce leves alteraciones mentales que afectan a su capacidad de conocer y decidir en lo económico y terapéutico, sin acordar el internamiento solicitado por el Fiscal
Ni la naturaleza del trastorno, ni la situación actual del incapaz autorizan que no se permita su salida del centro en el que está ingresado, aunque si se dieran los requisitos, la curadora podría solicitar el internamiento no voluntario
El proceso de demencia degenerativa de estadio moderado con alteración de la memoria que padece la incapaz no se identifica con un internamiento necesario, no constan los presupuestos que lo justifican, ni la fecha ni condiciones del ingreso
El internamiento involuntario del incapaz no va a mejorar su enfermedad; se deberá valorar en el proceso declarativo de incapacidad su situación, con la adopción de medidas de protección adecuadas
Se desestima la solicitud de internamiento no voluntario, conforme indica el informe forense, aunque la persona padezca un cuadro psiquiátrico y consuma drogas, lo que no contradice que se puedan adoptar medidas en el ámbito civil o de carácter médico
No se admite la continuidad del internamiento del incapacitado, pues no cumple los requisitos legales, al haberse solicitado la intervención judicial con posterioridad al internamiento, y careciendo de cualquier connotación de urgencia
El control del internamiento de una persona, cuando esta es trasladada a un partido judicial distinto al que adoptó la medida de internamiento y, posteriormente, se la vuelve a trasladar, se realiza por el Juez del lugar donde está internada
La necesidad de control del internamiento y el principio de protección del incapaz implican que la competencia territorial se determine, atendiendo al lugar de residencia del internado
Es competente para conocer de las medidas sobre el incapaz internado el del lugar del internamiento, con independencia de que este hubiese sido autorizado con anterioridad
El Juzgado competente para el control del incapaz será el del lugar en el que este se encuentra internado
Se declara la competencia territorial del Juzgado donde reside el internado, para observar la procedencia de mantener dicha medida, declinando la del Juez que autorizó el internamiento
El Juzgado competente para conocer sobre un internamiento del incapaz es aquel donde se encuentra el centro, por ser el órgano más cercano que puede realizar un control efectivo de la medida adoptada
Para el expediente de internamiento no voluntario será competente el Juzgado en donde se determine el internamiento, pero en el presente supuesto, el internamiento cesó, por lo que el Juzgado ahora competente es el del domicilio del incapaz
Siguiendo el nuevo criterio del Tribunal Supremo, y en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia y del Ministerio Fiscal, corresponde la competencia para el seguimiento del internamiento no voluntario al Juzgado del lugar al que ha sido trasladado el enfermo
En los supuestos de internamiento urgente existe la necesidad de un control y seguimiento de la situación, teniendo en cuenta el carácter público de la materia, debiendo ser asumido por el Juez de la residencia actual y no inicial
El Juzgado competente para conocer sobre la continuación del internamiento es aquel del domicilio del incapaz cuando se solicitó, por ser el órgano que en su día lo autorizó
La competencia para el conocimiento del procedimiento de internamiento corresponde al Juzgado de 1.ª Instancia del domicilio del incapaz, cuando se solicitó el internamiento: criterio más reciente del Tribunal Supremo
El Juzgado para conocer del seguimiento y control del internamiento no voluntario acordado no es el que declaró el internamiento, sino el competente territorialmente en la localidad donde se encuentra el centro
El órgano judicial competente para conocer el expediente de internamiento del incapaz es el del partido judicial donde se encuentra el centro hospitalario, y no el que declaró su internamiento
La competencia para conocer del internamiento corresponderá al Juzgado del lugar de residencia del presunto incapaz, al tiempo de solicitarse la autorización de su internamiento
Respecto de los internamientos voluntarios, el Juzgado competente será el del lugar en el que radique el centro donde se ha producido el internamiento y ha sido trasladado el enfermo
El Juzgado competente para conocer del seguimiento del internamiento del incapaz será el del lugar al que ha sido trasladado el enfermo
Acordado el internamiento por un Juez penal, corresponde al mismo su control y seguimiento, y no al Juez civil
Corresponde a la fundación, tutora del incapaz, y no a la madre solicitar su internamiento en un centro de desintoxicación, si lo considera necesario
Requisitos básicos para la validez de la fase extrajudicial del internamiento urgente
Garantías de la fase judicial del internamiento urgente, directamente relacionadas con el derecho fundamental a la libertad (art. 17.1 CE)
Vulneración del derecho a la libertad personal por ordenar el internamiento involuntario urgente por un trastorno psiquiátrico, pues los informes médicos no hablan de anulación de las capacidades, ni consta un estado de enajenación que lo justifique
Son inconstitucionales los párrafos primero y segundo del art. 763.1 LEC, que posibilitan el internamiento no voluntario por razón de un trastorno psíquico. Solo puede regularse mediante ley orgánica, al suponer la privación de libertad
La declaración de inconstitucionalidad no supone la nulidad de los preceptos, al no haberse cuestionado su contenido material
Se rechaza la inconstitucionalidad del resto del precepto, al tratarse de cuestiones procedimentales no incluidas en el ámbito de la reserva de la Ley Orgánica
Cuestión de inconstitucionalidad del art. 211 del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 1/1996, por la infracción de reserva de la Ley Orgánica
La derogación del precepto por la LEC no supone la desaparición del objeto del proceso, al resultar aplicable al proceso a quo: se rechaza la alegación de la abogacía del Estado
Aplicación de la doctrina de la Sentencia 129/1999: el internamiento solo puede ser acordado judicialmente y el precepto habilitador debe ser orgánico
Es legítimo que una Ley Orgánica contenga preceptos no orgánicos, siempre que sean de desarrollo del núcleo orgánico, y la concreción del legislador se controla por el Tribunal Constitucional
Se declara la inconstitucionalidad pero no la nulidad, porque no se discute su contenido material y, además, es un precepto ya derogado
El internamiento del involuntario del incapaz no está condicionado por una enfermedad determinada o por una decisión médica; así, será en los procesos declarativos de incapacidad donde se valore su capacidad para controlar su persona y bienes
La autorización del internamiento del incapaz, aunque sea posterior, tiene su propio trámite procesal, sin que proceda seguir el procedimiento general de medidas cautelares
El ingreso inicialmente voluntario de una persona en un centro residencial que se convierte en involuntario deberá solicitarse conforme al art. 763 LEC
El internamiento de ancianos con trastorno psíquico requiere instar el correspondiente procedimiento de incapacidad, al tratarse de una privación de libertad sin el consentimiento de la persona
La aprobación del ingreso en un geriátrico de una anciana de 89 años requiere la tramitación prevista en el art. 763 LEC para los procesos de incapacitación
El internamiento de un anciano de 85 años con síndrome demencial requiere de una autorización judicial, que deberá tramitarse según el modo previsto en el art. 763 LEC
Se obliga a la hija que ostenta la tutela de su madre incapacitada por trastorno psíquico a que ratifique judicialmente el internamiento en un centro geriátrico, para que sea válido
Es presupuesto del art. 763 LEC que la persona a internar no pueda decidir por sí misma y prestar válidamente su consentimiento
Fundamento y necesidad de solicitar una autorización judicial para el internamiento no voluntario de personas de avanzada edad que, por razón de un proceso degenerativo, no pueden prestar su consentimiento
No existe incongruencia, pues el internamiento del incapacitado no fue solicitado en el suplico de la demanda
Procesos sobre capacidad: a la luz de la jurisprudencia constitucional
Postura del Constitucional en relación con los plazos del art. 763.1 LEC y las exigencias básicas del derecho a la libertad personal reconocido en el art. 17.1 CE
Inconstitucionales los párrafos primero y segundo del art. 763.1 de la LEC que posibilitan el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico. Sólo puede regularse mediante ley orgánica al suponer privación de libertad
Vulneración del derecho a la libertad personal por ordenar el internamiento involuntario urgente por trastorno psiquiátrico, pues los informes médicos no hablan de anulación de las capacidades, ni consta un estado de enajenación que lo justifique
La obligatoriedad, en procesos de incapacitación, de representación letrada no se respetó siendo imposible la personación del incapaz en la causa estando vedada la autodefensa
Aplicación de la doctrina de la Sentencia 129/1999: el internamiento sólo puede acordado judicialmente y el precepto habilitador debe ser orgánico
La rehabilitación de la patria potestad sobre el hijo incapacitado mayor de edad debe ser de ambos progenitores, no sólo de la madre
Al encontrarse el incapaz en paradero desconocido, resulta competente el Juzgado del domicilio del presunto incapaz en el momento en que se interpuso la demanda de incapacitación
Los procedimientos especiales sobre tutela y capacidad de las personas no se rigen por el principio de la "perpetuatio iurisdictionis, " ya que el lugar de la residencia del incapaz es el fuero que, según la Ley, determina la competencia territorial
Según el principio de protección del incapaz, es más acorde determinar la competencia de este en el lugar de su residencia, para posibilitar así el acceso efectivo del incapaz a la justicia
Es competente territorialmente, según el art. 756 LEC, el Juzgado de la residencia habitual del incapaz, siendo en este caso el centro penitenciario
La protección del incapaz hace ceder en estos procesos el principio de perpetuatio iurisdictionis , fijando la competencia en el domicilio del incapaz
Incidencias en tutela
Para conocer del litigio sobre la gestión o control de la tutela de una persona discapacitada, es competente el Juzgado de la residencia del incapaz
Competencia territorial en un asunto de tutela de un incapaz: es competente el Juez del lugar de residencia del incapaz por el principio de protección del incapaz
Prevalencia del fuero de la localidad en que reside la incapaz para la gestión de la tutela sobre el del lugar en que se declaró la incapacitación
Internamiento y control
El control del internamiento de una persona, cuando esta es trasladada a un partido judicial distinto al que adoptó la medida de internamiento y posteriormente se la vuelve a trasladar, se realiza por el Juez del lugar donde está internada
La necesidad de control del internamiento y el principio de protección del incapaz implican que la competencia territorial se determine atendiendo al lugar de residencia del internado
Para conocer de las medidas sobre el incapaz internado, es competente el Juzgado del lugar del internamiento, con independencia de que hubiese sido autorizado con anterioridad

References: Artículo 756
 Artículo 757
 Artículo 758
 Artículo 759
 Artículo 760
 Artículo 761
 Artículo 762
 Artículo 763
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