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Timestamp: 2013-05-22 13:01:44+00:00

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Mecanismos de Igualdad / Guatemala *SEPREM
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Mecanismo: Secretaría Presidencial de la Mujer, SEPREM
Dirección: 6a Avenida y 6a Calle, Zona 1, Palacio Nacional de la Cultura. Ala Poniente, Nivel 2, Ciudad de Guatemala, Guatemala Dirección E-mail: spmujer@intelnet.net.gt, seprem@guate.net.gt Teléfono: (502-2) 251-2868 / 5029 / 2251 Fax: (502-2) 251-4732
Secretaria Ejecutiva: María Gabriela Núñez Pérez. Dependencias: La Secretaría Presidencial de la Mujer está organizada en un despacho superior integrado por la secretaria y la sub-secretaria, apoyadas por las direcciones de: promoción y participación de la mujer (representantes regionales y departamentales) y la de fortalecimiento institucional sustentadas en las unidades de planificación, cooperación internacional, comunicación, financiero-administrativas y de auditoria interna. Cuenta con un Consejo Consultivo formado por una delegada de cada uno de los ministerios, secretarias y otras dependencias gubernamentales que ejecutan políticas públicas. Creada mediante acuerdo gubernativo 200-2000 el 17 de mayo de 2000 como dependencia directa del Órgano Ejecutivo, el cargo Secretaria Presidencial de la Mujer es otorgado por el Presidente de la República y las Organizaciones de Mujeres. Resumen: Secretaría Presidencial de la Mujer, SEPREM se encarga de asesorar y apoyar al Presidente en los programas y proyectos para la promoción y adopción de las políticas pública inherentes al desarrollo integral de las mujeres, propiciando para tal efecto condiciones de equidad entre hombres y mujeres, atendiendo a la diversidad sociocultural del país. Vela por la observancia y aplicación de los preceptos constitucionales, leyes ordinarias, tratados y convenios internacionales que se refieran a la mujer, además de velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala en los organismos e instancias internacionales y en los Acuerdos de Paz.
Política nacional de promoción y desarrollo de las mujeres guatemaltecas y el Plan de equidad de oportunidades 2001- 2006 Esta política pretende cumplir cuatro grandes objetivos. El primero priorizar las acciones de gobierno a la población de mujeres de todos los grupos etáreos atendiendo las características multiétnicas, pluriculturales, multilingües y condiciones sociopolíticas del país. En segundo lugar adecuar las políticas públicas, la legislación y los planes, programas y proyectos a las necesidades específicas de las mujeres. En tercer lugar incrementar la participación de las mujeres en los distintos niveles de la gestión pública y, por último, adecuar los marcos legales presupuestarios e institucionales para asegurar la institucionalización de las políticas de promoción y desarrollo de las mujeres.
En la actualidad se ha priorizado la operativización de la Política basándose en los siguientes ejes temáticos: - Monitoreo y evaluación de la Política de Promoción y Desarrollo de las Mujeres 2001-2006 y elaboración de la Política 2007-2012 - Seguridad de las mujeres - Descentralización - Inversión pública y presupuestos - Salud - Educación
Las áreas de intervención de La Secretaría Presidencial de la Mujer de acuerdo a la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas son: - Desarrollo Económico - Tierra y Vivienda - Educación - Salud Integral - Violencia Contra la Mujer - Trabajo - Equidad Jurídica - Mecanismos Institucionales para el Avance de la Mujer - Participación sociopolítica
Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres 2004-2014 Las acciones se enmarcan en materia de seguridad, lucha contra el crimen transnacional organizado y el combate a la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas.
Programa de prevención de la violencia Intrafamiliar (PROPEVI). Es un programa creado para brindar atención a las mujeres víctimas de la violencia regularmente Intrafamiliar, creado dentro de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente,SOSEP.
Programa de Capacitación para Mujeres en los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural
Pro Mujer. Programa facilitador que trabaja a través de ONG´s.
Entre la legislación emitida o reformada desde 1996 a 2005 se pueden destacar los siguientes:
Acuerdo Gobernativo de creación de la SEPREM 200-2000 y acuerdo orgánico 130-200
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar (Decreto 97-96)
Artículo 25, literal a) de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado (Decreto 99-97), que garantiza licencias y prestaciones por maternidad
Modificación del Código Civil (Decreto 80-98): derogación del artículo que reservaba al cónyuge el derecho de decidir si la esposa trabajaba o no fuera del hogar
Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer (Decreto 7-99)
Ley de Desarrollo Social (Decreto 42-2000). Artículos 25 y 26 sobre Salud Reproductiva.
Ley de protección a la paternidad y maternidad responsable
Ley de Consejos de Desarrollo (Decreto 11-2002)
Ley General de Descentralización (Decreto 14-2002)
Ley de Idiomas Nacionales (Decreto 19-2002)
Ley de Promoción Educativa contra la Discriminación (De cre to 81-2002)
Reforma al Código Penal (Decreto 57-2002), que crea el delito de discriminación por cualquier motivo
Ley de Protección Integral de la Niñez (Decreto 27-2003)
Ley Marco de los Acuerdos de Paz (Decreto 52-2005)
Ley para la dignificación de la mujer
El Artículo 17º de la Convención dispone la creación de un Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la misma por los Estados Partes. El Artículo 18º establece que los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario general de las Naciones Unidas para que lo examine el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectiva las disposiciones de la Convención y los progresos realizados. Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas. En cumplimiento del compromiso asumido, el Gobierno de Guatemala ha presentado ante el Comité los siguientes Informes Nacionales:
1. Los informes periódicos inicial y segundo combinados de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujerpresentados en 1994.
2. Los informes periódicos tercero y cuarto combinados de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujerpresentados en el 2002.
3. El 5º informe periódico de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujerpresentados en 2002. 4. El 6º informe sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer presentado en 2004.
5. El 7º informe sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer presentado en 2006.
Finalmente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en sus recomendaciones referidas a la promoción de la Igualdad de Género, en el 35° período de sesiones realizadas del 15 de mayo al 2 de junio de 2006 examinó el sexto informe periódico de Guatemala (CEDAW/C/GUA/6) y aprobó las siguientes observaciones:
Reformar disposiciones discriminatorias de los Códigos Civil, Penal y Laboral.
Asegurar que los mecanismos nacionales tengan la autoridad y los recursos humanos y financieros para mejorar su eficiencia, con el fin de desarrollar campañas de concienciación a funcionarias y funcionarios públicos logrando una cooperación mejor y más eficaz entre todas las entidades gubernamentales.
Alienta al Estado a mejorar la colaboración con los grupos y las organizaciones de mujeres, pero sin delegar en éstos las responsabilidades que le competen con respecto a la aplicación de la Convención.
Intensificar su labor para determinar las causas, el alcance y que refuerce las medidas para combatir y prevenir la trata de mujeres y niñas.
Adoptar sin demora todas las medidas necesarias para poner fin a los asesinatos y las desapariciones de mujeres y a la impunidad de los perpetradores.
Alienta al Estado a que institucionalice la Comisión para el Abordaje del Feminicidio como órgano permanente con recursos humanos y financieros propios.
Aprobar las reformas pendientes del Código Penal para tipificar como delito la violencia intrafamiliar y asigne los recursos necesarios para la aplicación del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres 2004-2014.
Acelerar el proceso de reforma de la Ley electoral y de partidos políticos, reforzar la aplicación de cuotas para aumentar en particular la participación de mujeres indígenas.
Desarrollar capacitación en liderazgo y promover el empoderamiento político de la mujer.
Organizar campañas de concienciación para la eliminación de los estereotipos de género.
Hacer estudio para determinar el efecto de los acuerdos de libre comercio en las condiciones socioeconómicas de las mujeres y posibilidad de adoptar medidas compensatorias teniendo en cuenta los derechos humanos de la mujer.
Procurar que todos los programas y políticas de erradicación de la pobreza incorporen una perspectiva de género.
Intensificar esfuerzos por ejecutar programas educativos y sanitarios, particularmente en alfabetización funcional, fomento de las empresas, la capacitación y la microfinanciación, como medio de atenuar la pobreza, y adopte medidas para asegurar la igualdad de acceso de las mujeres a la tierra.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en sus recomendaciones referidas a la promoción de la Igualdad de Género, en el 35° período de sesiones realizadas del 15 de mayo al 2 de junio de 2006 examinó el sexto informe periódico de Guatemala (CEDAW/C/GUA/6) y aprobó las siguientes observaciones:
El Comité insta al Estado a que establezca una estrategia eficaz con prioridades y plazos claros para reformar debidamente disposiciones discriminatorias de los Códigos Civil, Penal y Laboral, a fin de que estén en consonancia con lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención. El Comité alienta al Gobierno a asegurar que los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer tengan la autoridad y los recursos humanos y financieros necesarios para desarrollar campañas de concienciación para que en las ramas legislativa y judicial se comprendan plenamente los derechos humanos de las mujeres, a la luz de lo dispuesto en la Convención.
El Comité recomienda al Estado que refuerce los mecanismos nacionales, especialmente la Secretaría Presidencial de la Mujer, dotándolos de las competencias y los recursos humanos y financieros necesarios para mejorar su eficiencia en el cumplimiento de su mandato a todos los niveles, en particular de la capacidad adecuada para lograr una cooperación mejor y más eficaz entre todas las entidades gubernamentales encargadas de aplicar la Convención.
El Comité alienta al Estado a que asuma claramente la responsabilidad de cumplir todas las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención. También alienta al Estado parte a que mejore la colaboración con los grupos y las organizaciones de mujeres, pero sin delegar en esos interesados las responsabilidades que le competen con respecto a la aplicación de la Convención.
Se insta al Estado a que intensifique su labor para determinar las causas y el alcance de la trata de mujeres y niñas, desde su perspectiva como país de origen, tránsito y destino, y la incidencia de la trata dentro del país. Recomienda al Estado parte que refuerce las medidas para combatir y prevenir la trata de mujeres y niñas y que, en su próximo informe periódico, facilite información detallada sobre el efecto de esas medidas.
El Comité insta al Estado a que adopte sin demora todas las medidas necesarias para poner fin a los asesinatos y las desapariciones de mujeres y a la impunidad de los perpetradores. A ese respecto, sugiere al Estado parte que tenga en cuenta las recomendaciones formuladas por el Comité en relación con la investigación que, de conformidad con el artículo 8 del Protocolo Facultativo, hizo sobre el secuestro, la violación y el asesinato de mujeres en la zona de Ciudad Juárez en Chihuahua (México) (CEDAW/C/2005/OP.8/MEXICO). Alienta al Estado a que institucionalice la Comisión para el Abordaje del Femicidio como órgano permanente con recursos humanos y financieros propios. Pide al Estado que, en su próximo informe periódico, facilite información detallada sobre las causas, el alcance y la magnitud de la desaparición, la violación y el asesinato de mujeres y sobre el efecto de las medidas adoptadas para prevenir esos casos, investigar los incidentes, procesar y castigar a los culpables y ofrecer recursos, en particular indemnizaciones apropiadas, a las víctimas y sus familiares.
El Comité insta al Estado a que preste atención prioritaria a la adopción de un enfoque amplio e integrado para hacer frente a la violencia contra la mujer y la niña, teniendo en cuenta la recomendación general 19 del Comité relativa a la violencia contra la mujer. Insta al Estado a que apruebe las reformas pendientes del Código Penal para tipificar como delito la violencia intrafamiliar y asigne los recursos necesarios para la aplicación del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres 2004-2014. Le recomienda que imparta capacitación a los funcionarios públicos sobre la violencia contra la mujer, en particular a las fuerzas de orden público y el personal del sistema judicial, el personal docente y los servicios de atención de la salud, a fin de concienciarlos sobre todas las formas de violencia contra la mujer para que puedan responder adecuadamente a ese tipo de situaciones.
El Comité pide al Estado que acelere el proceso de reforma de la Ley electoral y de partidos políticos y refuerce el uso de medidas temporales especiales, como la aplicación de cuotas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25 del Comité, para aumentar el número de mujeres, en particular de mujeres indígenas, que participan en la vida política y pública y ocupan cargos decisorios. Sugiere al Estado que ponga en marcha programas de capacitación en liderazgo dirigidos a las mujeres, con el fin de ayudarles a ocupar puestos directivos y decisorios en la sociedad. Insta al Estado a que organice campañas de concienciación dirigidas a mujeres y hombres para contribuir a la eliminación de los estereotipos asociados con los papeles tradicionales del hombre y de la mujer en la familia y en la sociedad en general y promover el empoderamiento político de la mujer.
El Comité sugiere al Estado que haga un estudio para determinar el efecto de los acuerdos de libre comercio en las condiciones socioeconómicas de las mujeres y que estudie la posibilidad de adoptar medidas compensatorias teniendo en cuenta los derechos humanos de la mujer.
El Comité insta al Estado a que procure que todos los programas y políticas de erradicación de la pobreza incorporen una perspectiva de género y aborden explícitamente el carácter estructural y las diferentes dimensiones de la pobreza que afrontan las mujeres, en particular las que viven en el medio rural. Recomienda al Estado que intensifique sus esfuerzos por ejecutar programas educativos y sanitarios eficaces en todo el país, particularmente en las esferas de la alfabetización funcional, el fomento de las empresas, la capacitación y la microfinanciación, como medio de atenuar la pobreza, y adopte medidas para asegurar la igualdad de acceso de las mujeres a la tierra.

References: Artículo 25
 Artículo 17
 Artículo 18
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 4