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Timestamp: 2020-05-26 21:28:16+00:00

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Publicado en BOIB núm. 53 de 09 de Abril de 2011 y BOE núm. 103 de 30 de Abril de 2011
Vigencia desde 10 de Abril de 2011. Revisión vigente desde 03 de Febrero de 2019
TÍTULO I. LA BUENA ADMINISTRACIÓN
CAPÍTULO I. Accesibilidad, administración electrónica y simplificación
SECCIÓN 1. Accesibilidad y ciudadanía
Artículo 4 Información a la ciudadanía
Artículo 5 Acceso a archivos y registros
Artículo 6 Participación ciudadana
SECCIÓN 2. Administración electrónica
Artículo 7 Medios electrónicos, informáticos y telemáticos
Artículo 8 Sistema de registro electrónico
Artículo 9 Expediente electrónico
Artículo 10 Archivo electrónico
Artículo 11 Utilización de medios electrónicos por órganos colegiados
Artículo 12 Transmisión de datos, interoperabilidad, cooperación y colaboración administrativa
SECCIÓN 3. Simplificación administrativa
Artículo 13 Mejora de la regulación
Artículo 14 Inventario y simplificación de procedimientos
Artículo 15 Gestión y mejora continua de los procesos
Artículo 16 Aportaciones documentales
Artículo 17 Grupo de impulso para la simplificación y la reducción de cargas administrativas
CAPÍTULO II. Transparencia en la gestión
Artículo 18 Concepto y alcance
Artículo 19 Contratación pública
Artículo 20 Gestión de servicios públicos
Artículo 21 Convenios de colaboración
Artículo 22 Régimen de ayudas y subvenciones
CAPÍTULO III. Los sistemas de gestión y la calidad de las organizaciones y de los servicios públicos
SECCIÓN 1. Los sistemas de gestión organizacional
Artículo 23 Calidad en la gestión
SECCIÓN 2. Evaluación de organizaciones y servicios
SECCIÓN 3. Compromisos de servicio y cartas ciudadanas
Artículo 26 Clases y alcance de las cartas ciudadanas
SECCIÓN 4. Reconocimientos
Artículo 28 Modalidades de premios
Artículo 29 Convocatorias
TÍTULO II. EL BUEN GOBIERNO
CAPÍTULO I. Liderazgo ético e integrador
SECCIÓN 1. Principios de buen gobierno
Artículo 31 Principios éticos y reglas de conducta
Artículo 32 El gobierno en funciones
Artículo 33 Gobernanza
SECCIÓN 2. Conflicto de Intereses
Artículo 35 Dedicación exclusiva al cargo público
Artículo 36 Deber de inhibición o de abstención
CAPÍTULO II. Transparencia y acción de gobierno
SECCIÓN 1. Transparencia política
Artículo 38 Información al Parlamento
Artículo 39 Información sobre retribuciones y declaraciones patrimoniales
Artículo 40 Apertura de datos
SECCIÓN 2. Formas de gestión, marco regulador y responsabilidad social
Artículo 41 Formas de gestión
Artículo 42 Calidad normativa
Artículo 43 Responsabilidad social
SECCIÓN 3. Evaluación de políticas públicas
Artículo 45 Criterios
Artículo 46 Alcance
Artículo 47 Modalidades de evaluación
Artículo 48 Contenidos de la evaluación
TÍTULO III. OFICINA DE EVALUACIÓN PÚBLICA DE LAS ILLES BALEARS
Artículo 50 Oficina de Evaluación Pública de las Illes Balears
Disposición adicional primera Adscripción del Registro de intereses y actividades y del Registro de patrimonio de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la comunidad autónoma de las Illes Balears
Disposición adicional tercera Gasto público
Disposición final primera Gobierno en funciones
Disposición final segunda Modificaciones de la Ley 2/1996, de 19 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la comunidad autónoma de las Illes Balears
Disposición final tercera Modificación de la ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears
Disposición final cuarta Despliegue reglamentario
Número 2 del artículo 13 derogado por el número 2 de la disposición derogatoria única de la Ley [BALEARES] 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears («B.O.I.B.» 2 febrero).
Sección primera del capítulo I del título II derogada por el número 2 de la disposición derogatoria única de la Ley [BALEARES] 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears («B.O.I.B.» 2 febrero).
Artículo 42 derogado por el número 2 de la disposición derogatoria única de la Ley [BALEARES] 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears («B.O.I.B.» 2 febrero).
Disposición final primera derogada por el número 2 de la disposición derogatoria única de la Ley [BALEARES] 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears («B.O.I.B.» 2 febrero).
Número 1 del artículo 39 redactado por la disposición final segunda de la Ley [BALEARES] 16/2016, 9 diciembre, de creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears («B.O.I.B.» 15 diciembre).
Apartado 3 del número 1 del artículo 51 derogado por el número 3 de la disposición derogatoria única de la Ley [BALEARES] 16/2016, 9 diciembre, de creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears («B.O.I.B.» 15 diciembre).
El aumento de recursos disponibles a estos efectos y la ampliación de los límites de la acción pública han hecho necesaria una mayor atención sobre la eficacia y la eficiencia de la manera de hacer de las organizaciones, como también la introducción de una nueva cultura en la gestión de los servicios. Ala vez, se ha producido una profunda reflexión sobre el papel de los directivos y las directivas públicos y de los líderes políticos en este nuevo espacio, en un mundo más abierto y globalizado, en el que todo es más próximo y, al tiempo, más complejo, con una ciudadanía más exigente en busca de una legitimación social que va más allá de la que proporciona la mera existencia y el funcionamiento de los mecanismos institucionales, democráticos y de la acción de gobierno.
Por otra parte, el artículo 4, bajo el epígrafe 'Principio de servicio a los ciudadanos', incluye una referencia expresa a la mejora continua de los procedimientos, los servicios y las prestaciones públicas, de acuerdo con las políticas fijadas por el Gobierno y teniendo en cuenta los recursos disponibles, y determina, respecto a esto, las prestaciones que proporcionan los servicios estatales, sus contenidos y los correspondientes estándares de calidad. Entre otros, destaca la obligación de mantener actualizados y a disposición de la ciudadanía, en las unidades de información correspondientes, el esquema de su organización y la de los organismos dependientes, como también las guías informativas sobre los procedimientos administrativos, los servicios y las prestaciones aplicables en el ámbito de la competencia del ministerio respectivo y de sus organismos públicos.
En el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears cabe destacar la disposición adicional decimoctava de la Ley 25/2006, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, que regula la transparencia y el control de los cargos públicos de las Illes Balears y crea la denominada Oficina de Transparencia y Control del Patrimonio de Cargos Públicos de las Illes Balears.
Por otra parte, paralelamente, está el Registro de Patrimonio, creado mediante la Ley 2/1996, de 19 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la comunidad autónoma de las Illes Balears, cuya regulación y funcionamiento despliega el capítulo III del Decreto 250/1999, de 3 de diciembre, por el cual se aprobó el Reglamento de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la comunidad autónoma de las Illes Balears, modificado por el Decreto 126/2005, de 16 de diciembre.
Este artículo establece que cualquier ciudadano de la Unión, así como cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un estado miembro, tienen derecho a acceder a los documentos de las instituciones, de los órganos y de los organismos de la Unión, sea cuál sea su soporte.
Asimismo, cada una de las instituciones, los órganos o los organismos tiene que garantizar la transparencia de sus trabajos y tiene que elaborar disposiciones específicas en su reglamento interno sobre el acceso a sus documentos. En España hay diversas instituciones que han emprendido iniciativas de catalogación para reutilizar datos de interés público.
En este sentido, en la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 16 de marzo de 2005 'Legislar mejor para potenciar el crecimiento y la ocupación en la Unión Europea', la Comisión ya recomendaba que todos los estados miembros establecieran estrategias para legislar mejor y, en particular, sistemas nacionales de evaluación de impacto que permitieran determinar las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de una norma, como también las estructuras de apoyo adaptadas a sus circunstancias.
La consolidación de la calidad democrática en la acción de gobierno se completa con la necesidad de rendición de cuentas y de evaluación de políticas públicas. El Reglamento (CE, Euratom) núm. 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el cual se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las comunidades europeas, en la referencia a los principios de buena gestión y eficiencia, introduce la realización de evaluaciones previas y posteriores sobre programas y actividades que ocasionen gastos importantes.
Igualmente, la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad (AEVAL), en la Carta de compromisos con la calidad de las administraciones públicas españolas, recomienda la evaluación de los programas y las políticas públicos como instrumento imprescindible para poder adecuar la actuación del Gobierno y de la administración a las necesidades sociales y para determinar el grado de eficacia y de satisfacción de la ciudadanía con las políticas implementadas.
El capítulo I ('Accesibilidad, administración electrónica y simplificación') incluye tres secciones.
La sección 1ª ('Accesibilidad y ciudadanía') reconoce a la ciudadanía el derecho a la información administrativa y las vías de acceso a esta información a través de medios electrónicos, con respeto a los principios de igualdad y de universalidad y de conformidad con la normativa de protección de datos de carácter personal. También se regulan los derechos de acceso a archivos y registros y el derecho a la participación ciudadana, el cual se configura como un deber para la administración pública en su promoción e impulso, como también en el establecimiento de las vías de relación directa y los mecanismos de participación mediante las nuevas tecnologías.
La sección 2ª ('Administración electrónica') garantiza, en primer lugar, el cumplimiento de la mencionada Ley 11/2007, de acceso electrónico, de manera que este derecho de la ciudadanía se constituye como un deber para la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, la cual tendrá que priorizar su aplicación. Asimismo, esta sección prevé el despliegue reglamentario de la sede electrónica, la creación de registros electrónicos, la promoción de la generalización del expediente electrónico como alternativa al expediente en papel y el sistema de archivo electrónico de documentos, todo esto con la garantía del respeto a la legislación y a la normativa aplicables en materia de protección de datos de carácter personal, seguridad e integridad. Finalmente, esta sección establece, para los órganos colegiados que haya creado la Administración de la comunidad autónoma, la utilización preferente de los medios electrónicos para su funcionamiento interno.
La sección 3ª ('Simplificación administrativa') recoge la referencia, desarrollada después, a la política de mejora constante de la calidad de las normas.
Asimismo, esta sección reitera la obligación, que ya prevén diversas leyes estatales y autonómicas, de todas las entidades y los organismos de la comunidad autónoma de las Illes Balears de confeccionar el inventario de los procedimientos administrativos de su competencia, como también el deber de mantenerlos constantemente actualizados y publicarlos en la página web institucional.
Seguidamente, la sección hace referencia a la gestión y la mejora continuas de los procesos, mediante la estandarización de estos procesos y su posterior revisión y rediseño con el fin de alcanzar mejoras en calidad de los servicios.
El capítulo II ('Transparencia en la gestión') define este principio como informador de toda actuación administrativa, principalmente en materia de contrataciones.
Este capítulo regula específicamente cuatro supuestos en los cuales el principio de transparencia debe tener una aplicación especial para controlar la tramitación a desarrollar. Estos supuestos son: contratación pública, gestión de servicios públicos, convenios de colaboración y régimen de ayudas y subvenciones.
El capítulo III ('Los sistemas de gestión y la calidad de las organizaciones y de los servicios públicos') se subdivide en cuatro secciones. En las secciones 1ª y 2ª se regulan los sistemas de gestión organizacional que se tienen que implantar en las consejerías y en los entes, los centros y las unidades de su competencia para mejorar la eficacia y la eficiencia de las organizaciones.
En las secciones 3ª y 4ª, la ley profundiza en los compromisos de servicio que debe asumir la administración, como también en el derecho de la ciudadanía a conocer la información básica de un determinado servicio, del conjunto de sus características básicas, del tiempo de respuesta y del sistema de quejas y sugerencias, mediante el sistema de implantación de cartas ciudadanas. Se crean diversas modalidades de premios a la calidad y las buenas prácticas como sistema para promover la mejora de la calidad de los servicios en todos sus ámbitos y para distinguir a los organismos, las unidades y las personas que han contribuido a ello en algún sentido.
El título II ('El buen gobierno') se estructura en dos grandes capítulos.
En la sección 1ª ('Principios de buen gobierno') del capítulo I ('Liderazgo ético e integrador'), se enumeran los principios éticos y las reglas de conducta que afectan a las personas incluidas en el ámbito de aplicación definido. En esta sección también se hace referencia expresa a algunas obligaciones que vinculan a los gobiernos en funciones para evitar actuaciones que puedan condicionar o dificultar el acceso a la información o el funcionamiento del gobierno entrante.
Finalmente, cabe destacar el impulso de la idea de gobernanza con el fin de garantizar la integración de los ejes público-privado-civil y local-global. La sección 2ª, por su parte, regula el deber de dedicación exclusiva al cargo público.
El capítulo II ('Transparencia y acción de gobierno') vuelve a insistir, en la sección 1ª, en la cuestión de la transparencia, pero desde un punto de vista político, entendida como el nivel de accesibilidad de la ciudadanía a la información sobre todos los aspectos que afectan a la gestión política. Para desarrollar este punto, la ley impone unos deberes de información al Parlamento para los nombramientos de altos cargos, la información sobre retribuciones y declaraciones de éstos últimos y la apertura de datos para mejorar la transparencia y generar valor en la sociedad.
En el marco de este reconocimiento explícito del principio de transparencia como puntal básico del buen gobierno, la sección 2ª prevé la publicación de las formas de gestión de cada servicio o actividad de la administración. La calidad normativa y la mejora de la regulación son los principios informadores de la política legislativa, mediante la evaluación previa de las normas y su impacto en la sociedad. También se garantiza que la información obtenida de este análisis estará a disposición de la ciudadanía para favorecer su participación y para que la conozca. La responsabilidad social que vincula a la administración autonómica se regula también en esta sección, en el marco de la voluntad de incorporar las preocupaciones sociales y ambientales a sus relaciones con la ciudadanía.
La sección 3ª de este capítulo II prevé un sistema de evaluación de políticas públicas como proceso sistémico de observación, medida, análisis e interpretación encaminado al conocimiento de una norma, un programa, un plan o una política, para llegar a un juicio valorativo basado en evidencias con el fin de mejorar la eficacia del sector público y perfeccionar la calidad democrática.
Define los criterios que debe seguir este sistema, el alcance de su aplicación, las modalidades y los contenidos, y también la obligatoriedad de su registro y publicación.
Finalmente, en el título III ('Oficina de Evaluación Pública de las Illes Balears') se crea la mencionada oficina con la finalidad de coordinar y desarrollar las acciones de evaluación en la administración autonómica, y también de ejercer, entre otras, las funciones de gestión del registro de las evaluaciones que se lleven a cabo tanto de políticas públicas como de calidad de las organizaciones, de desarrollo de un observatorio de la gestión pública y de la valoración de la ciudadanía y de hacer el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de las medidas de transparencia e integridad.

References: Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 26

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 50
 artículo 13

Artículo 42
 artículo 39
 artículo 51
 artículo 4