Source: http://noticies.sirius.cat/2016_07_26_archive.html
Timestamp: 2017-05-29 01:54:53+00:00

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Agencia Sírius: 26 de juliol 2016
El Dáesh se ha atribuido la autoría de la toma de rehenes que ha dejado tres muertos y un herido grave en una iglesia del norte de Francia. Los fallecidos son el cura de la parroquia de Saint Etienne du Rouvray, cerca de Ruán, que fue degollado, y los dos hombres armados que retuvieron a varias personas en el templo. Otro de los rehenes fue herido gravemente y se encuentra en estado crítico. Antes de que el grupo Estado Islámico colgara su comunicado en internet, el presidente francés, François Hollande, adelantó que los dos atacantes habían afirmado actuar en nombre del Dáesh antes de ser abatidos por las fuerzas del orden. Los yihadistas entraron en la iglesia de Saint Etienne du Rouvray, cerca de Ruán, poco después de las 9:30 de la mañana portando armas blancas. Una vez en el interior del templo secuestraron al padre Jacques Hamel de 86 años (foto), dos monjas y dos fieles.
La investigación puesta en marcha por las autoridades francesas ha llevado a la detención de un adolescente de 16 años para ser interrogado. La policía también ha registrado las viviendas en las que residían los dos terroristas. Una de ellas se encontraba a tan solo 300 metros de la iglesia atacada. Aunque por el momento no se han dado a conocer las identidades de los terroristas, según fuentes judiciales uno de ellos estaba fichado por la policía y llevaba un brazalete electrónico para tenerlo controlado. Él habría sido el autor del asesinato del sacerdote, el padre Jacques Hamel, que trabajaba hacía más de una década en esta iglesia de Saint Etienne du Rouvray.
El yihadista vivía con sus padres y había sido encarcelado en 2015, tras ser detenido en Turquía cuando se disponía unirse al grupo Estado Islámico. Uno de sus amigos ha declarado a medios franceses que llevaba semanas repitiendo que iba a atacar una iglesia.
Nueva resolución de la ONU condena la ocupación israelí de territorios palestinos
El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECSOC, en inglés) ha emitido una resolución para condenar la ocupación israelí de los territorios palestinos. Mediante la citada resolución, el ECSOC repudió el lunes “las consecuencias económicas y sociales de la ocupación del régimen de Israel sobre las condiciones de vida del pueblo palestino, en especial en la parte oriental de la ciudad de Al-Quds (Jerusalén) y en los ocupados altos de Golán sirios”. La resolución también acusa al régimen de Tel Aviv de la pobreza que vive la nación palestina en Judea y Samaria, en la ocupada Cisjordania, así como de la alta tasa de desempleo en la Franja de Gaza.
Además, el ECSOC critica a Israel por “haber impedido los esfuerzos para establecer un desarrollo sustentable” en los ocupados altos de Golán, por los que este régimen es responsable del “deterioro de la situación económica y la condición de vida” en esta región, agrega. Sin embargo, el embajador del régimen israelí ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Danny Danon, tachó esta resolución de “partidista” y “sin fundamento”, al argumentar que el ECSOC no mencionó las peores condiciones humanitarias en Siria, país que desde el 2011 es escenario de sangrientos conflictos armados.
De acuerdo con las cifras de la ONU, más de 700.000 palestinos se vieron desposeídos de sus hogares y de sus raíces con la ampliación de los asentamientos ilegales, y sus descendientes —hoy más de cinco millones repartidos en su mayoría entre la Franja de Gaza, Cisjordania, Jordania, Siria y El Líbano— han heredado una historia de exilio y desplazamiento, infoma Hispan TV.
Vicenç Navarro: Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona. Artículo de Público.
Después de dos años y medio año de rastreo literal de buena parte de la geografía de España, Hacienda ha detectado más de 1,6 millones de inmuebles cuyo valor no aparecía convenientemente reflejado en el catastro. Al actualizar el valor de este elevado número de propiedades, la recaudación del impuesto de bienes inmuebles (IBI) se ha visto incrementada en 1.206 millones de euros, según datos del propio ministerio. El rastreo, que se centra en 4.000 localidades, supone 1.200 millones más de IBI. Una de las imágenes usadas en el plan de regularización catastral que arrancó en el 2014.
Los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda se corresponde a las viviendas de 4.154 municipios, donde ha finalizado el proceso de regularización catastral. Mientras otros 2.177 están en proceso de comprobación o a la espera de que se inicie la inspección. Esta bolsa de más de 6.300 municipios supone el 83% de las localidades de España y un porcentaje similar del total del parque de inmuebles. Fuentes del fisco recuerdan que este plan de regularización catastral, asistido por imágenes aéreas y de satélites, equivale “décadas” de trabajo ordinario de inspectores, informa La Vanguardia.
Con esta decisión, la jueza cierra la instrucción y da el primer paso para sentar al PP en el banquillo, tras desestimar la petición de archivo que planteó la Fiscalía y el propio Partido Popular. Se trataría de la primera vez que una formación política es procesada. El juzgado dará ahora traslado de la causa a la fiscalía y a las acusaciones personadas con el objeto de que, en el plazo de 10 días, soliciten el sobreseimiento o la apertura del juicio oral. Ahora bien, esta resolución puede ser recurrida ante el propio juzgado en caso de que sea de reforma y ante la Audiencia Provincial de Madrid si es de apelación.
Sostiene la jueza Rosa María Freire que existen indicios de que el PP cometió un delito de daños informáticos "por no haber establecido un modelo de gestión y organización adecuado para impedir la comisión de este delito" ya que en la actualidad "no existe un inventario de los elementos informáticos en su sede".
Pese a que tanto el PP como sus tres responsables investigados afirmaron ante juez que el borrado se hizo según el protocolo de la formación política, la magistrada afirma que "no existe un protocolo interno de seguridad". Añade que Durán es responsable por "haber ordenado la destrucción de los discos duros con el fin de eliminar los archivos que contuviese", que Moreno también lo es por "haber ejecutado la orden a pesar de no estar jerárquicamente obligado a ello", y que "Navarro conocía sobradamente las circunstancias".
Respecto al delito de encubrimiento, la jueza argumenta que viene determinado por el conocimiento de todos los implicados sobre la investigación por financiación ilegal del PP que dirigía el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Y también, destaca el auto, "por la determinación de impedir que datos importantes relativos a la contabilidad paralela y otros extremos que Bárcenas guardaba en los ordenadores portátiles usados por él a lo largo de los años de su desempeño como tal pudiesen acceder a la investigación, acordando su destrucción física con aplicación de técnicas drásticas que han imposibilitado de facto conocer (...) lo que se almacenaba en su interior". Sobre las dudas del PP y de la fiscalía respecto al testimonio de Bárcenas, la jueza manifiesta "no apreciar contradicciones palmarias" con relevancia para impedir la continuación del procedimiento.
La causa se inició a raíz de una querella por daños informáticos y encubrimiento presentada por una acusación particular del 'caso Bárcenas' liderada por IU ante el ahora exjuez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, quien remitió las actuaciones al juzgado de instrucción número 32 de Madrid, que acordó el archivo provisional, lo que fue recurrido por las acusaciones. Pero la causa se perdió y la jueza citó a las partes para que aportaran toda la documentación que tengan, con el fin de reconstruir la causa perdida y dar trámite al recurso.
Cuando la causa fue reconstruida, la jueza dio traslado del recurso para que lo resolviera la Audiencia de Madrid, que acordó el pasado enero reabrir el caso de la destrucción de los discos duros al entender que "el archivo provisional se adoptó sin practicar diligencia de investigación alguna", informa El Periódico .
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