Source: http://conflictuslegum.blogspot.fr/2014/02/
Timestamp: 2017-12-12 10:02:37+00:00

Document:
Conflictus Legum: 1/02/14 - 1/03/14
Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (BOCG-Congreso, Serie A, núm. 82-1, de 28.2.2014).
Nota: En este proyecto cabe destacar las siguientes disposiciones:
-El artículo primero, número cinco, modifica el art. 7 de la Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos, que pasa a tener la siguiente redacción:
"«Artículo 7. Aportaciones de personas extranjeras.
Dos. Los partidos no podrán aceptar ninguna forma de financiación por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos."
-El artículo segundo, número uno, modifica el art. 1.1 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que tendrá el siguiente contenido:
"Los ciudadanos de la Unión Europea podrán crear libremente partidos políticos conforme a lo dispuesto en la Constitución y en la presente Ley Orgánica."
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Etiquetas: Cortes Generales, D.Persona, D.Público, D.Sociedades/P.Jurídicas, Extranjería, M.Capitales, Proyectos
Nota: Los miembros del Comité Asesor 9 (Derecho y Jurisprudencia) son:
Presidente: Doña María del Carmen Gómez Rivero, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla
Don Juan Antonio García Amado, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León.
Don Ernesto Eseverri Martínez, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada.
Doña María Ángeles Egusquiza Balmaseda, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad Pública de Navarra.
Doña Esperanza Gallego Sánchez, Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante.
Doña Paz de Andrés Sáenz de Santamaría, Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oviedo.
Don Luis Jimena Quesada, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia.
Asimismo, los siguientes expertos asistirán a los Comités Asesores en su labor de evaluación:
Don Antoni Vaquer Aloy, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Lleida.
Doña María Elena Olmos Ortega, Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Valencia.
Don Antonio Fernández de Buján y Fernández, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad Autónoma de Madrid.
[BOE n. 51, de 28.2.2014]
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (27.2.2013)
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 27 de febrero de 2014, en el Asunto C‑1/13 (Cartier parfums–lunettes y Axa Corporate Solutions Assurances): Procedimiento prejudicial – Cooperación judicial en materia civil – Reglamento (CE) nº 44/2001 – Artículo 27, apartado 2 – Litispendencia – Artículo 24 – Prórroga de competencia – Determinación de la competencia del tribunal ante el que se presentó la primera demanda en virtud de la comparecencia de las partes sin formular objeciones o de la adopción de una resolución que haya adquirido firmeza.
"El artículo 27, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, salvo en el supuesto en que el tribunal ante el que se presentó la segunda demanda disponga de competencia exclusiva en virtud del propio Reglamento, deberá considerarse que el tribunal ante el que se presentó la primera demanda se ha declarado competente, a efectos de la citada disposición, cuando dicho tribunal no haya declinado de oficio su competencia y ninguna de las partes haya impugnado tal competencia con anterioridad a la actuación procesal que el Derecho procesal nacional considere como el primer medio de defensa sobre el fondo invocado ante ese tribunal."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) 27 de febrero de 2014, en el Asunto C‑79/13 (Saciri y otros): Directiva 2003/9/CE – Normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros – Artículo 13, apartado 1 – Plazos para la concesión de las condiciones materiales de acogida– Artículo 13, apartado 2 – Medidas relativas a las condiciones materiales de acogida – Garantías – Artículo 13, apartado 5 – Establecimiento y concesión de las condiciones mínimas de acogida de los solicitantes de asilo – Importancia de la ayuda concedida – Artículo 14 – Modalidades de las condiciones de acogida – Saturación de las estructuras de acogida – Remisión de los solicitantes a los sistemas nacionales de protección social – Prestación de las condiciones de acogida en forma de asignaciones financieras.
"1) El artículo 13, apartado 5, de la Directiva 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros, debe interpretarse en el sentido de que, cuando un Estado miembro ha optado por conceder las condiciones materiales de acogida en forma de asignaciones financieras o de vales, estas asignaciones deben ser proporcionadas a partir del momento de la presentación de la solicitud de asilo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, de dicha Directiva, y ajustarse a las normas mínimas consagradas en el artículo 13, apartado 2, de dicha Directiva. El citado Estado miembro debe velar por que el importe total de las asignaciones financieras en que se materializan las condiciones de acogida sea suficiente para garantizar la atención sanitaria y un nivel de vida digno y adecuado, así como para asegurar la subsistencia de los solicitantes de asilo, permitiéndoles, en particular, disponer de un alojamiento, y teniendo en cuenta, en caso necesario, el respeto al interés de las personas con necesidades particulares, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la misma Directiva. Las condiciones materiales de acogida previstas en el artículo 14, apartados 1, 3, 5 y 8, de la Directiva 2003/9 no se imponen a los Estados miembros cuando han optado por conceder esas condiciones únicamente en forma de asignaciones financieras. No obstante, el importe de esas asignaciones debe ser suficiente para permitir que los hijos menores se alojen con sus padres, de forma que pueda mantenerse la unidad familiar de los solicitantes de asilo.
2) La Directiva 2003/9 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, en caso de saturación de las estructuras de acogida dedicadas a los solicitantes de asilo, los Estados miembros puedan dirigirlos hacia organismos dependientes del sistema público de asistencia social, siempre que dicho sistema garantice a los solicitantes de asilo la observancia de las normas mínimas establecidas en la citada Directiva."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 27 de febrero de 2014, en el Asunto C‑82/12 (Transportes Jordi Besora): Impuestos indirectos – Impuestos especiales – Directiva 92/12/CEE – Artículo 3, apartado 2 – Hidrocarburos – Impuesto sobre las ventas minoristas – Concepto de “finalidad específica” – Transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas – Financiación – Afectación predeterminada – Gastos en medidas sanitarias y medioambientales.
"El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional que establece un impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos, como el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos controvertido en el litigio principal, ya que no puede considerarse que tal impuesto persiga una finalidad específica en el sentido de dicha disposición, toda vez que el mencionado impuesto, destinado a financiar el ejercicio, por parte de los entes territoriales interesados, de sus competencias en materia de sanidad y de medioambiente, no tiene por objeto, por sí mismo, garantizar la protección de la salud y del medioambiente."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 27 de febrero de 2014, en el Asunto C‑351/12 (OSA): Directiva 2001/29/CE – Derecho de autor y derechos afines en la sociedad de la información – Concepto de “comunicación al público”– Difusión de obras en las habitaciones de un establecimiento termal – Efecto directo de las disposiciones de la Directiva – Artículos 56 TFUE y 102 TFUE – Directiva 2006/123/CE – Libre prestación de servicios – Competencia – Derecho exclusivo de gestión colectiva de los derechos de autor.
"1) El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que excluye el derecho de los autores a autorizar o prohibir la comunicación de sus obras por un establecimiento termal que actúa como una empresa mercantil, mediante la distribución deliberada de una señal a través de receptores de televisión o de radio en las habitaciones de los pacientes de ese establecimiento. El artículo 5, apartados 2, letra e), 3, letra b), y 5, de la misma Directiva no puede afectar a esa interpretación.
No obstante, el artículo 102 TFUE debe ser interpretado en el sentido de que constituyen indicios de abuso de una posición dominante el hecho de que esa primera sociedad de gestión colectiva de derechos de autor imponga por los servicios que presta tarifas que son notablemente más elevadas que las que se aplican en los restantes Estados miembros, siempre que la comparación entre las cuantías de las tarifas se haya llevado a cabo sobre una base homogénea, o el de aplicar precios excesivos, sin relación razonable con el valor económico de la prestación realizada."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 27 de febrero de 2014, en el Asunto C‑470/12 (Pohotovosť): Procedimiento prejudicial – Contrato de crédito al consumo – Cláusulas abusivas – Directiva 93/13/CEE – Ejecución forzosa de un laudo arbitral – Demanda de intervención en un procedimiento de ejecución – Asociación para la defensa de los consumidores – Normativa nacional que no permite tal intervención – Autonomía procesal de los Estados miembros.
"La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en particular, sus artículos 6, apartado 1, 7, apartado 1, y 8, en relación con los artículos 38 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual no se admite la intervención de una asociación para la defensa de los consumidores en apoyo de un consumidor en un procedimiento de ejecución de un laudo arbitral firme tramitado en contra de este último."
-CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL SRA. JULIANE KOKOTT, presentadas el 27 de febrero de 2014, en los Asuntos acumulados C‑39/13, C‑40/13 y C‑41/13 (SCA Group Holding): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof te Amsterdam (Países Bajos)] Legislación tributaria – Libertad de establecimiento – Impuesto nacional sobre sociedades – Normativa de la fiscalidad de grupos (“fiscale eenheid”) – Grupos participados por sociedades extranjeras.
"El artículo 43 CE en relación con el artículo 48 CE y el artículo 49 TFUE en relación con el artículo 54 TFUE se deben interpretar en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que, en materia de la imposición de los ingresos generados por las sociedades,
– sólo ofrece a las sociedades matrices residentes la posibilidad de constituir una unidad fiscal con sus filiales de ulterior nivel si la filial interpuesta también tiene su domicilio social en el territorio nacional o, en caso de tenerlo en otro Estado miembro, dispone de un establecimiento permanente en el territorio nacional;
– sólo ofrece a las filiales residentes la posibilidad de constituir una unidad fiscal entre sí si su sociedad matriz también tiene su domicilio social en el territorio nacional o, si lo tiene en otro Estado miembro, dispone de un establecimiento permanente en el territorio nacional."
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Proyecto de Reglamento (UE) no …/… de la Comisión, de 24 de febrero de 2014, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 906/2009 en lo relativo a su periodo de aplicación.
Nota: Véase el Reglamento (CE) nº 906/2009 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2009, sobre la aplicación del artículo 81, apartado 3, del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas entre compañías de transporte marítimo de línea regular (consorcios).
El Reglamento 906/2009 concede, bajo ciertas condiciones, una exención por categorías a los consorcios de transporte marítimo de la prohibición que se recoge en el art. 101.1 TFUE. En el art. 7 del Reglamento se determina que éste será aplicable hasta el 25.4.2015. Teniendo en cuenta la experiencia de la Comisión al aplicar la exención por categorías, parece que las justificaciones para una exención por categorías para los consorcios siguen siendo válidas y que las condiciones sobre cuya base se determinó el alcance y el contenido del Reglamento no han variado sustancialmente. Por tanto, ahora se propone modificar el art. 7, para que el Reglamento se aplique cinco años más, es decir, hasta 25.4.2020.
[DOUE C56, de 27.2.2014]
-Corrección de errores de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.
Nota: Véase la Ley 22/2013, así como la entrada de este blog del día 26.12.2014.
Nota: Esta norma tiene por objeto regular las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (art. 1). Con carácter general, son aplicables a los transportes que se realicen íntegramente dentro del territorio español las normas del Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera, celebrado en Ginebra el 30 de septiembre de 1957, en su versión enmendada (ADR) (art. 2.1). Se excluyen de este RD los transportes de mercancías peligrosas por carretera efectuados con vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas o realizados bajo su responsabilidad, que se regirán por sus normas especiales, incluyendo los tratados internacionales de los que España sea parte, sin perjuicio de las particularidades que se establezcan por razón de sus fines y especiales características (art. 2.5).
-Art. 8.1: Se regulan las especificaciones que debe seguir el fabricante nacional, o el representante del fabricante extranjero, que desee obtener una certificación de conformidad de tipo con los requisitos reglamentarios de recipientes, envases, embalajes y grandes recipientes para granel (IBC/GRG) y grandes embalajes.
-Art. 8.3: Establece que las pruebas, auditorías y certificaciones de tipo, así como las comprobaciones de conformidad de la producción y, en su caso, las inspecciones iniciales serán realizadas por organismos de control legalmente establecidos donde esté radicado el fabricante o su representante legal o mandatario, si el fabricante es extranjero.
-Art. 8.7: En relación con las especificaciones técnicas exigidas por el ADR para los grandes recipientes para granel (IBC/GRG), los cuerpos o recipiente de plástico rígido y los recipientes de los IBC/GRG compuestos, dañados o simplemente renovados o remplazados, serán de la marca del fabricante original. En el caso de que no exista fabricante por cese o desaparición del mismo, el fabricante sea extranjero o si no fuese posible obtener los recipientes del fabricante original, el organismo de control pedirá autorización a la autoridad competente para utilizar otro cuerpo o recipiente diferente de un fabricante del ámbito del Acuerdo del ADR. En todo caso el IBC/GRG cumplirá las pruebas que exige el capítulo 6.5 del ADR debiéndose obtener un nuevo tipo español.
-Art. 10.5.e): Para la certificación de la conformidad con los requisitos reglamentarios de un prototipo, construcción e inspección inicial o periódica de depósitos de cisternas, vehículos batería, CGEM y MEMU, inspección inicial o periódica de vehículos portadores y otros a los que se les exija en el ADR, los organismos de control deberán vigilar durante todo el proceso de fabricación la correcta realización de todos los trabajos de construcción, soldadura y control. En el caso de los fabricantes extranjeros, los organismos de control presentarán un plan de control de cada cisterna en fabricación, o que se fabrique a partir del prototipo, que prevea, al menos, cuatro visitas técnicas a las instalaciones del fabricante.
-Art. 12.4: En relación con los organismos de control, en el caso de las cisternas construidas para su destino a España en un país que no es parte contratante del ADR, a través de aprobaciones de tipo extranjeras de países contratantes del ADR, podrán actuar, además de los organismos de control españoles debidamente acreditados por una entidad de acreditación legalmente establecida, los organismos de control legalmente establecidos por otros países, que tengan en vigor Acuerdos Técnicos de Colaboración Internacional con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
-Art. 19: Regula la importación de cisternas, vehículos batería, EXII y EXIII o MEMU.
-Art. 28.a): El ejercicio de las funciones de consejero de seguridad de una empresa está supeditado a la concurrencia de los requisitos exigidos en este RD y sus normas de desarrollo, tanto nacionales como internacionales.
-Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa de la registradora de la propiedad interina de Reus n.º 1, a inscribir una escritura de préstamo hipotecario.
Nota: El objeto de este recurso es resolver si es inscribible o no una escritura de constitución de hipoteca de una finca sita en Cataluña, constituida por el comprador de la misma, de nacionalidad rusa, casado "en régimen legal ruso de comunidad de bienes", sin que intervenga en la escritura su cónyuge ni resulte acreditado el Derecho extranjero aplicable para realizar actos dispositivos conforme a su régimen económico matrimonial. La escritura de constitución de hipoteca se otorgó en la misma fecha que la previa de compraventa de la misma finca hipotecada, compra que se realizó "como bien común de su sociedad conyugal", y que fue inscrita a favor del comprador con sujeción a su régimen económico matrimonial. Se suspendió la inscripción de la escritura de hipoteca por falta de prestación del consentimiento del cónyuge del constituyente y por no acreditarse que, con arreglo a la ley aplicable al régimen económico del matrimonio, dicha constitución fuera posible.
De acuerdo al art. 9.2 del Cc, la ley aplicable respecto del comprador sería la rusa como ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo, como resulta del propio título adquisitivo, y, por tanto, para otorgar la escritura pública por la que se hipoteca la vivienda, y para practicar, en su caso, la ulterior inscripción registral, el notario y la registradora, deben conocer el régimen económico matrimonial del hipotecante, al objeto de determinar si goza por sí sólo de facultades dispositivas.
Afirma la DGRN que la aplicación al presente supuesto de la legislación rusa queda sometida necesariamente a su acreditación ante la registradora ya que, al igual que en el ámbito procesal el Derecho extranjero ha de ser objeto de prueba (art. 281.2 LEC), también lo ha de ser en el notarial y registral. Ahora bien, la aplicación del Derecho extranjero por autoridad pública que desarrolla funciones no jurisdiccionales se sujeta a reglas especiales que se apartan de la solución general contemplada por la LEC y que se adaptan a las particularidades inherentes al ámbito extrajudicial, por lo que el mencionado precepto es subsidiario para el caso de que las normas especiales sobre aplicación extrajudicial del derecho extranjero no proporcionen una solución. Una de las consecuencias de este tratamiento especial es que si al registrador no le quedase acreditado de forma adecuada el contenido y vigencia del Derecho extranjero en el que se fundamenta el acto cuya inscripción se solicita, deberá suspender ésta. No cabe, en consecuencia, someter la validez del acto a lo dispuesto en el ordenamiento español, tal y como sucede en un proceso judicial.
La normativa aplicable a la acreditación en sede registral del ordenamiento extranjero debe buscarse, en primer término, en el art. 36 RH, norma que regula los medios de prueba del Derecho extranjero en relación con la observancia de las formas y solemnidades extranjeras y la aptitud y capacidad legal necesarias para el acto y que resulta también extensible a la acreditación de la validez del acto realizado según la ley que resulte aplicable. Por otro lado, al igual que en sede judicial se mantiene la exigencia contenida en el art. 281.2 LEC, según la cual no sólo es necesario acreditar el contenido del Derecho extranjero sino también su vigencia. Por tanto, no basta la cita aislada de textos legales extranjeros sino que, por el contrario, debe probarse el sentido, alcance e interpretación actuales atribuidos por la jurisprudencia del respectivo país. La DGRN ha señalado en diferentes ocasiones que las autoridades públicas que desarrollan funciones no jurisdiccionales pueden realizar bajo su responsabilidad una valoración respecto de la alegación de la ley extranjera aunque no resulte probada por las partes, siempre que posea conocimiento de la misma. La indagación sobre el contenido del ordenamiento extranjero no constituye en absoluto una obligación del registrador, o del resto de autoridades no judiciales ante las que se inste la aplicación de un ordenamiento extranjero, sino una mera facultad, que podrá ejercerse incluso aunque aquél no sea invocado por las partes. En consecuencia, el registrador, pese a que quien insta la inscripción no acredite el contenido del ordenamiento extranjero de acuerdo a los imperativos expuestos, podrá aplicar un Derecho extranjero si tiene conocimiento de él o indaga su contenido y vigencia. En caso contrario, deberá suspender la inscripción.
Como en este caso no consta acreditado ante la registradora cuál es el contenido vigente del Derecho positivo extranjero aplicable (el ordenamiento ruso) con relación a la necesidad de contar con el consentimiento de la esposa para realizar actos dispositivos sobre una vivienda adquirida constante matrimonio y vigente su régimen económico matrimonial legal, ni la propia registradora ha suplido la falta de acreditación de tal ordenamiento por parte de los recurrentes, se considera acertada la actuación de la registradora y se confirma la nota de calificación recurrida.
[BOE n. 50, de 27.2.2014]
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Tribunal de Justicia de la Unión Europea (26.2.2014)
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. PAOLO MENGOZZI, presentadas el 26 de febrero de 2014, en el Asunto C‑162/13 (Vnuk): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Vrhovno sodišče (Eslovenia)] Seguro de responsabilidad civil del automóvil – Concepto de “circulación de vehículos” – Accidente causado por un tractor dotado de remolque durante la colocación de pacas de heno en la superficie del henil.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste la cuestión planteada en el siguiente sentido [con el objeto de clarificar la compleja redacción de la conclusión del Abogado General, he marcado en negrita el contenido relevante]:
"El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como del control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, leído a la luz del carácter autónomo del concepto de circulación tal como se deriva también de la Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, Segunda Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles (DO L 8, p. 17; EE 13/15, p. 244), de la Directiva 90/232/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1990, Tercera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles (DO L 129, p. 33), de la Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE del Consejo (Cuarta Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles) (DO L 181, p. 65), así como de la Directiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, por la que se modifican las Directivas 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE y 90/232/CEE del Consejo y la Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativas al seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles (DO L 149, p. 14), debe interpretarse en el sentido de que la maniobra de un tractor en el patio de un granja para introducir su remolque en un henil ha de considerarse como comprendida en dicho concepto."
Nota 2: Las Directivas 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE, 2000/26/CE y 2005/14/CE fueron derogadas con efectos 26.10.2009 por la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad.
Lista de las autoridades centrales designadas por los Estados miembros en materia de restitución de bienes culturales que han salido de manera ilegal del territorio de un Estado miembro, publicada en aplicación del artículo 3 de la Directiva 93/7/CEE.
[DOUE C55, de 26.2.2014]
Bibliografía (Artículo doctrinal) - Validez de las cláusulas híbridas y asimétricas en el comercio internacional
La controvertida validez de las cláusulas híbridas y asimétricas en Europa (A propósito del auto de 18 de octubre de 2013 de la Audiencia Provincial de Madrid)
Álvaro LÓPEZ DE ARGUMEDO y Constanza BALMASEDA, Abogados (Uría Menéndez)
Diario La Ley, Nº 8258, Sección Tribuna, 25 Feb. 2014, Año XXXV, Editorial LA LEY
LA LEY 841/2014
La utilización de cláusulas híbridas de resolución de disputas es cada vez más frecuente en el tráfico internacional debido a las ventajas que presentan. No obstante, la validez y eficacia de este tipo de cláusulas es controvertida en la mayoría de las jurisdicciones, especialmente cuando son asimétricas. En este artículo se aborda, en primer lugar, la utilidad de las cláusulas híbridas de sumisión y las razones por las que su validez es controvertida. A continuación, se analiza su admisibilidad (o inadmisibilidad) conforme a la legislación comunitaria, así como la jurisprudencia dictada en Europa sobre la materia. Por último, se expone la evolución de la postura adoptada al respecto por la doctrina y la jurisprudencia españolas.
Nota: Véase el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 18 oct. 2013, rec. 66/2013:
Ponente: García García, Enrique.
Nº de Resolución: 147/2013
Nº de Recurso: 66/2013
Roj: AAP M 1988/2013
Id Cendoj: 28079370282013200024
Publicado por Federico Garau a las 8:00:00 0 comentarios
[BOE n. 47, de 24.2.2014]
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-Unión Europea Aranzadi: 2013, núm. 11; 2013, núm. 12.
-Asunto C-9/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de diciembre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de commerce de Verviers — Bélgica) — Corman-Collins SA/La Maison du Whisky SA [Competencia judicial en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) no 44/2001 — Artículo 2 — Artículo 5, punto 1, letras a) y b) — Competencia especial en materia contractual — Conceptos de «compraventa de mercaderías» y de «prestación de servicios» — Contrato de concesión de venta de mercancías]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 19.12.2013.
-Asunto C-84/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 19 de diciembre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Berlin — Alemania) — Rahmanian Koushkaki/Bundesrepublik Deutschland [Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (CE) no 810/2009 — Artículos 21, apartado 1, 32, apartado 1, y 35, apartado 6 — Procedimientos y condiciones para la expedición de visados uniformes — Obligación de expedir un visado — Evaluación del riesgo de inmigración ilegal — Intención del solicitante de abandonar el territorio de los Estados miembros antes de la expiración del visado solicitado — Dudas razonables — Margen de apreciación de las autoridades competentes]
-Asunto C-202/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 19 de diciembre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof te ’s Gravenhage — Países Bajos) — Innoweb BV/Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV (Directiva 96/9/CE — Protección jurídica de las bases de datos — Artículo 7, apartados 1 y 5 — Derecho sui generis del fabricante de una base de datos — Concepto de «reutilización» — Parte sustancial del contenido de la base de datos — Metamotor de búsqueda dedicado)
-Asunto C-267/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de diciembre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation — Francia) — Frédéric Hay/Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (Directiva 2000/78/CE — Igualdad de trato — Convenio colectivo que reserva una ventaja en materia de remuneración y de condiciones de trabajo a los trabajadores que contraen matrimonio — Exclusión de las parejas que han celebrado un pacto civil de convivencia por el que se crea una pareja de hecho registrada — Discriminación basada en la orientación sexual)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 12.12.2013.
-Asunto C-303/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de diciembre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance de Liège — Bélgica) — Guido Imfeld, Nathalie Garcet/État belge (Libertad de establecimiento — Igualdad de trato — Impuesto sobre la renta — Legislación tendente a evitar la doble imposición — Rendimientos percibidos en un Estado distinto del Estado de residencia — Método de exención con reserva de progresividad en el Estado de residencia — Consideración parcial de la situación personal y familiar — Pérdida de determinadas ventajas fiscales ligadas a la situación personal y familiar del trabajador)
-Asunto C-452/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 19 de diciembre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Krefeld — Alemania) — NIPPONKOA Insurance Co. (Europe) Ltd./Inter-Zuid Transport BV [Cooperación judicial en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) no 44/2001 — Artículos 27, 33 y 71 — Litispendencia — Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales — Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR) — Artículo 31, párrafo 2 — Concurso de normas — Acción de repetición — Acción declarativa negativa — Sentencia declarativa negativa]
-Asunto C-469/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Verona (Italia) el 30 de agosto de 2013 — Shamin Tahir/Ministero dell’Interno y Questura di Verona.
"1) El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/109, ¿debe interpretarse en el sentido de que el requisito de residencia legal e ininterrumpida durante cinco años en el Estado miembro, establecido en el artículo 4, apartado 1, de dicha Directiva y cuyo cumplimiento debe acreditarse en el momento de presentar la solicitud de permiso de residencia de larga duración, también puede referirse a una persona distinta de aquella que presenta la solicitud y que esté vinculada con ella por una relación familiar en el sentido del artículo 2, letra e), de la citada Directiva?
2) El artículo 13, primera frase, de la Directiva 2003/109, ¿debe interpretarse en el sentido de que entre las condiciones más favorables con arreglo a las cuales los Estados miembros pueden expedir permisos de residencia de larga duración comunitarios permanentes o de duración ilimitada se incluye también la que permite extender, como presupuesto para conceder el estatuto de residente de larga duración, la residencia legal e ininterrumpida durante cinco años en el Estado interesado –que se establece en el artículo 4, apartado 1, de dicha Directiva– de quien ya ha adquirido la condición de residente de larga duración a los miembros de su familia –según se definen en el artículo 2, letra e), de la Directiva– con independencia de la duración de la estancia de estos últimos en el territorio del Estado miembro en el que se presenta la solicitud?"
-Asunto C-600/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Giudice di pace di Matera (Italia) el 21 de noviembre de 2013 — Intelcom Service Ltd/Vincenzo Mario Marvulli.
"1) ¿Establece la Ley notarial italiana nº 89/1913 en sus artículos 51 y ss., en relación con los artículos 1350 y 2657 del Codice Civile, una auténtica situación de monopolio para la prestación de servicios a favor de los notarios en lo que respecta a la redacción y autenticación de los contratos de compraventa de inmuebles en Italia, infringiendo de forma clara las normas y principios de los Tratados de la Unión Europea (artículo 49 [TCE, actualmente artículo 56 TFUE]) que disponen la libre circulación de servicios en el territorio de los Estados miembros de la Unión y, en particular, la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 (denominada «Directiva Bolkestein»), transpuesta en Italia a través del Decreto Legislativo nº 59, de 26 de marzo de 2010, publicado en la Gazzeta Ufficiale nº 94, de 23 de abril de 2010?
2) ¿Considera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la Ley notarial italiana nº 89/1913, en relación con los artículos 1350 y 2657 del Codice Civile, es contraria a las normas del Tratado UE que prohíben los monopolios para la prestación de servicios (artículos [60 TFUE] y 37 [TFUE]?
3) ¿Considera asimismo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la Ley notarial italiana nº 89/1913, en relación con los artículos 1350 y 2657 del Codice Civile, es contraria a las normas de la Unión Europea contenidas en los artículos 28 TCE y 29 TCE que prohíben las denominadas medidas de efecto equivalente, posteriormente incorporadas en los artículos 34 TFUE y 35 TFUE, tras la modificación llevada a cabo por el Tratado de Lisboa, medidas prohibidas por el Tratado porque penalizan a los nacionales de algunos Estados miembros frente a otros en relación con el acceso a los servicios que se les prestan?"
Nota: En este caso se plantean cuestiones muy interesantes y la manera como el TJUE conteste puede tener trascendencia para el ordenamiento español.
[DOUE C52, de 22.2.2014]
Publicado por Federico Garau a las 18:05:00 0 comentarios
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Nota: Esta disposición adapta el ordenamiento español a lo dispuesto en la Directiva 2013/1/UE del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, que modifica la Directiva 93/109/CE por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales (véase la entrada de este blog del día 26.1.2013).
En la exposición de motivos del RD se afirma que la Directiva 2013/1/UE ha suprimido el requisito de que los ciudadanos de la UE, al presentar su candidatura en un Estado miembro que no fuese su Estado de origen, tengan que aportar una certificación emitida por las autoridades de este último que acredite que no han sido privados del derecho de sufragio pasivo en dicho Estado o no tener constancia de tal privación. Ahora es suficiente con la presentación de una declaración formal de la persona que desea presentar su candidatura, en la que manifieste que no ha sido privada del derecho de sufragio pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo. Esta declaración formal se regula en el art. 3 del RD.
Por otro lado, la Directiva establece que para facilitar la comunicación entre autoridades nacionales, los Estados miembros han de designar un punto de contacto encargado de recibir, notificar y transmitir la información contenida en las declaraciones formales de ciudadanos de Estados miembros de la UE residentes en Estados distintos del de origen que deseen ejercer su derecho de sufragio pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo. En este sentido, el RD atribuye a la Junta Electoral Central la cualidad de punto de contacto en España (art. 2).
[BOE n. 46, de 22.2.2014]
Jurisprudencia - El TC modifica su doctrina sobre la extradición en el caso de sentencias dictadas en ausencia
En una sentencia del pasado 13 de febrero, el Tribunal Constitucional ha modificado su criterio en materia de extradición y no exige como condición previa a la extradición la revisión de la sentencia dictada en ausencia.
De este modo, el Tribunal ha avalado la entrega “sin condicionamiento alguno” de un ciudadano italiano a las autoridades de su país para que cumpla la condena que le fue impuesta sin estar presente en el juicio. Tras elevar por primera vez en su historia una cuestión prejudicial ante el TJUE, el TC ha modificado la que hasta ahora había venido siendo su doctrina, por la que la extradición de los condenados en ausencia debía estar condicionada a la posibilidad de recurrir la condena ante las autoridades judiciales de su país con el fin de salvaguardar sus derechos de defensa y a un proceso con todas las garantías. Con esta nueva sentencia, a partir de ahora no se impondrá esa condición previa. La resolución cuenta con los votos particulares concurrentes de la vicepresidenta, Adela Asua, y de los magistrados Andrés Ollero y Encarnación Roca.
La sentencia del Tribunal aplica la interpretación que tanto el TEDH como el TJUE hacen de los tratados y acuerdos internacionales que vinculan a España en materia de protección de derechos fundamentales y libertades públicas.
Voto de la Magistrada Adela Asua Batarrita
Voto de la Magistrada Encarnación Roca Trías
Voto del Magistrado Andrés Ollero Tassara
Nota de Prensa de Tribunal
Etiquetas: D.Penal, DPPI, Jurisprudencia, TC
Nota: Esta disposición modifica en su artículo único diversos preceptos del Real Decreto 973/2009, de 12 de junio (véase la entrada de este blog del día 2.7.2009). Entre estas modificaciones cabe destacar las siguientes:
-El apartado veintinueve del artículo único modifica el art. 25.4 del RD 973/2009, cuyo párrafo primero pasa a tener el siguiente contenido: "Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, los alumnos podrán embarcar en buques de bandera española o extranjera para la realización de sus prácticas reglamentarias en condiciones distintas a las mencionadas, siempre que cuenten al menos con los seguros correspondientes."
-El apartado treinta modifica el art. 25.7, que queda redactado así: "El Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de la Marina Mercante, mediante el oportuno convenio de colaboración, podrá designar como buques escuela a aquellos buques mercantes españoles que puedan llevar como mínimo dos alumnos. De igual forma se podrá designar aquellos buques del Espacio Económico Europeo que realicen funciones de buques escuela o sean, previa solicitud, designados como tales por la Dirección General de la Marina Mercante."
-El apartado treinta y dos da nueva redacción al art. 38.3: "Los ciudadanos del Espacio Económico Europeo que no tengan nacionalidad española y posean un título profesional con atribuciones suficientes, expedido por un Estado miembro, una vez superada la prueba de conocimiento de la legislación marítima española, podrán ejercer el mando de buques mercantes nacionales, salvo en los supuestos en que se establezca por la Administración marítima que estos empleos han de ser desempeñados por ciudadanos de nacionalidad española por implicar el ejercicio efectivo de forma habitual de prerrogativas de poder público que no representen una parte muy reducida de sus actividades, tal y como establece el artículo 253.2 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante."
[BOE n. 45, de 21.2.2014]
Informe de la ONU sobre los derechos humanos y la privación arbitraria de la nacionalidad
El Consejo de Derecho Humanos de la ONU ha hecho público el Informe del Secretario General sobre "Los derechos humanos y la privación arbitraria de la nacionalidad". En él se examinan las medidas legislativas y administrativas que puedan dar lugar a la privación de la nacionalidad, prestando especial atención a aquellas situaciones en que las personas afectadas se puedan convertir en apátridas. Teniendo en cuenta la información recabada de los Estados, los organismos de las Naciones Unidas y otras partes interesadas, el informe analiza la regulación de la pérdida o la privación de la nacionalidad en la legislación nacional y recuerda las normas internacionales que limitan la discreción de los Estados para retirar la nacionalidad de las personas. Hace hincapié en la importancia de integrar salvaguardias para prevenir la apatridia cuando la legislación prevea la pérdida o la privación de la nacionalidad. También señala el derecho fundamental de todos los niños a una nacionalidad y la importancia de las medidas para que adquieran una nacionalidad los niños que de otro modo serían apátridas. El informe recuerda la función esencial que las garantías procesales desempeñan en la prevención de la privación arbitraria de la nacionalidad y recuerda a los Estados la necesidad de ofrecer un recurso efectivo en el contexto de las decisiones relacionadas con la nacionalidad. Por último, recalca que es importante garantizar el acceso a la documentación que certifique la nacionalidad.
En sus conclusiones y recomendaciones podemos leer:
El derecho de toda persona a una nacionalidad está claramente regulado en el derecho internacional de los derechos humanos, que dispone el reconocimiento explícito de ese derecho. El derecho internacional de los derechos humanos también prohíbe expresamente la privación arbitraria de la nacionalidad.
Al regular la pérdida y la privación de la nacionalidad, los Estados deben velar por que se prevean en su legislación nacional las salvaguardias necesarias para prevenir la apatridia.
Incluso cuando la pérdida o la privación de la nacionalidad no conlleven la apatridia, los Estados deben plantearse las consecuencias de la pérdida o la privación de la nacionalidad en comparación con el interés que pretenden proteger y estudiar medidas alternativas que se puedan imponer.
Los Estados deben revisar los motivos por los que las personas pueden perder su nacionalidad o verse privadas de ella con vistas a eliminar los motivos incompatibles con el derecho internacional.
A fin de garantizar la protección de los apátridas, los Estados deben guiarse por la definición de "apátrida" que figura en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y otras directrices internacionales conexas.
Los Estados deben velar por que su legislación nacional prevea salvaguardias para hacer efectivo el derecho del niño a adquirir una nacionalidad, lo que incluye ofrecer acceso a la nacionalidad a todos los niños nacidos en su territorio y a todos los niños nacidos en el extranjero de un progenitor con nacionalidad que de otro modo serían apátridas.
Las decisiones relativas a la nacionalidad deben ser susceptibles de revisión judicial.
Los Estados deben garantizar que todos los ciudadanos tengan a su disposición los medios para acreditar su nacionalidad. Se recuerda a los Estados que, en virtud de las normas internacionales de derechos humanos, tienen la obligación de inscribir todos los nacimientos, con independencia de la nacionalidad o la apatridia del niño o de sus padres.
Texto del Informe [aquí]
Agradezco la información a mi compañera Pilar Blanco-Morales (Universidad de Extremadura).
Etiquetas: D.Persona, Nacionalidad

References: Artículo 27
 Artículo 24
 resolución 
 artículo 27
 Artículo 13
 Artículo 13
 Artículo 13
 Artículo 14
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 17
 artículo 14
 Artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 102
 artículo 43
 artículo 48
 artículo 49
 artículo 54
 artículo 81
 artículo 3
 artículo 3
 resolución 
 Artículo 2
 Artículo 5
 Artículo 7
sui generis
 Artículo 31
 artículo 7
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 56
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 253