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Timestamp: 2019-11-15 20:28:56+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2018-2095
Documento BOE-A-2018-2095
«BOE» núm. 41, de 15 de febrero de 2018, páginas 18354 a 18362 (9 págs.)
BOE-A-2018-2095
Con fecha 29 de enero de 2018 se ha suscrito el Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid y la Universidad San Pablo Ceu para la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales.
Madrid, 7 de febrero de 2018.–La Secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés Martín.
Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid y la Universidad San Pablo-CEU para la realización de prácticas externas en Juzgados y Tribunales
El Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Sr. don Ángel Garrido García, nombrado por Decreto 26/2015, de 26 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Sra. doña Cristina Cifuentes Cuencas, actuando por delegación de la misma (Decreto 62/2017, de 25 de octubre), en ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 41 a) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid y en aplicación del Criterio 4.1 del Acuerdo, de 16 de octubre de 2003, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por el que se aprueban los criterios de coordinación de la actividad convencional de la Comunidad de Madrid.
El Excmo. Sr. don Antonio Calvo Bernardino, Rector Magnífico de la Universidad San Pablo-CEU, que actúa en nombre y representación de ésta, en uso de las facultades previstas en el artículo 37.1-c de las Normas de Organización y Funcionamiento de la Universidad (Decreto 31/2011, de 2 de junio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid–«BOCM» núm. 136) y con domicilio a los efectos del presente convenio en el número 58 de la calle de Isaac Peral, Madrid 28040, CIF G-28423275.
El Real Decreto 600/2002, de 1 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia establece en su anexo apartado B)1.b) que la adquisición y gestión de patrimonio mobiliario, inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la Comunidad de Madrid, corresponde a la citada Comunidad. Además el apartado C)1 del citado anexo establece que se traspasan a esta Comunidad los bienes, derechos y obligaciones afectos al ejercicio de las funciones que asume la Comunidad de Madrid.
El artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid establece que, en relación con la Administración de Justicia, corresponde a la Comunidad Autónoma ejercer las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconozca o atribuya al Gobierno de la Nación y cuantas competencias le atribuye el Título IV de dicho Estatuto de Autonomía. Asimismo, con arreglo al Decreto 25/2015, de 26 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid y al Decreto 192/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, corresponde a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno el ejercicio de las competencias en materia de Administración de Justicia, entre ellas la dirección, gestión e inspección en materia de provisión de medios materiales, económicos y personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Uno de los fines de la Universidad San Pablo-CEU el de la preparación académica y profesional de los distintos ámbitos y disciplinas de sus estudiantes y para dar cumplimiento a este objetivo, resulta de interés la organización de prácticas externas que completen los conocimientos adquiridos en las aulas.
1. Constituye el objeto del presente convenio la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares (en adelante, prácticas externas) por el alumnado matriculado en la asignatura de prácticas académicas, de estudios oficiales de grado o máster que imparte la Universidad San Pablo-CEU y siempre de titulaciones relacionadas con profesionales de la Administración de Justicia, en los juzgados y tribunales de la Comunidad de Madrid.
2. Por un lado la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno se compromete a permitir la realización de las prácticas externas objeto del presente convenio, así como a facilitar el acceso del alumnado a las sedes de los juzgados y tribunales.
3. Por otro lado, la Universidad San Pablo-CEU se compromete a que la persona o personas que ejerza/n la tutoría de las prácticas en el órgano judicial pueda disfrutar de los siguientes derechos, en el marco de la normativa propia de la Universidad San Pablo-CEU que sea de aplicación:
4. La colaboración que prestan el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Comunidad de Madrid estará siempre supeditada a las necesidades y disponibilidad del juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas, por lo que surgida tal necesidad o falta de disponibilidad, en su caso, el convenio quedará suspendido, en tanto persistan estas situaciones o, en su caso extinguido sin que sea preciso denuncia previa en este sentido y sin derecho a reclamación alguna por parte de la Universidad San Pablo-CEU o concesión de indemnización o compensación a su favor.
3. El alumnado será propuesto por la persona que ejerza la Dirección de las prácticas externas de la Universidad San Pablo-CEU.
La Universidad San Pablo-CEU emitirá un documento acreditativo a la persona o personas que ejerza/n la tutoría que lo soliciten, por la colaboración prestada en el programa de prácticas externas.
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de aplicación en materia de publicidad y transparencia en relación con la suscripción del presente Convenio, la Universidad San Pablo-CEU se compromete a destacar en su Memoria anual y en cuantas acciones realice para difusión de las actividades objeto de este convenio, la colaboración prestada por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid y los tribunales y juzgados afectados.
1. El presente convenio tendrá efectos de dos años naturales a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado en los términos del artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, e inscripción en el registro Electrónico estatal de órganos e instrumentos de Cooperación del sector público estatal; y será prorrogable a su término mediante acuerdo expreso por igual periodo, que deberá formalizarse con un mes de antelación a la expiración del convenio.
3. Desde la fecha del acuerdo de resolución del convenio o de la notificación de la voluntad de extinción, en los términos de la presente cláusula, la colaboración se mantendrá, en todo caso, y continuarán hasta su finalización las actividades de prácticas iniciadas con anterioridad a la fecha de referencia, siempre condicionado a lo establecido en el penúltimo párrafo de la cláusula primera del presente convenio.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público al amparo de lo dispuesto en su artículo 4.1 d). No obstante, los principios de dicho texto sí serán de aplicación para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse y no se resolvieran por la comisión de seguimiento a que se refiere la cláusula octava, como establece el artículo 4.2 del mismo texto legal.
Y, de conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que legalmente corresponden a cada uno de los firmantes, obligando con ello a las Instituciones que representan, suscriben el presente convenio por cuadruplicado ejemplar en el lugar y fecha señalados al principio.–El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano.–El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo.–El Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid (PDF. Decreto 62/2017, de 25 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid), Ángel Garrido García.–El Rector de la Universidad San Pablo-Ceu, Antonio Calvo Bernardino.

References: artículo 41
 artículo 37
 Real Decreto 
 artículo 49
 artículo 48
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 4