Source: https://www.scribd.com/doc/2383340/Inhabilitacion-Contra-Funcionarios-Publicos
Timestamp: 2018-06-19 14:51:27+00:00

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CURSO TÍTULO ALUMNO PROFESOR
DERECHO PENAL I LA INHABILITACIÓN CONTRA LOS ALCALDES LEONARDO LEYVA, VICTOR MANUEL DR. MIGUEL FALLA ROSADO
Dedico este presente trabajo al profesor del curso, por su interés y perseverancia en lograr que nosotros en seamos y nuestros independientes objetivos propósitos educativos...
INTRODUCCIÓN La presente investigación tiene como título “La Inhabilitación Contra los Alcaldes”, pues hemos creído conveniente iniciar como punto de partida con el tema teoría del delito, ya que algunos funcionarios públicos como los alcaldes infringen en estos delitos, lo cual esta investigación consiste en determinar que tipo de delitos incurren los alcaldes, y determinar la pena con la que se les imputa por un determinado juez. Es así que he decidido mencionar en la presente investigación los delitos mas frecuentes cometidos por los alcaldes como son: abuso de autoridad, concusión, peculado, corrupción de funcionarios públicos. Con una finalidad de analizar cada tipo de delito, ya que los alcaldes que han infringido en estos delitos mencionados pena de anteriormente, serán sancionados, además, con
inhabilitación de uno a tres años conforme al articulo 360, incisos 1 y 2. De acuerdo a nuestro código penal peruano. La presente investigación consta de tres capítulos lo cual de esta universidad. es
fruto de la recopilación de textos proporcionados por las bibliotecas
TITULO: INHABILITACIÓN CONTRA LOS ALCALDES 1. PROBLEMA: ¿Cuáles son los delitos que pueden cometer los alcaldes; cuya sanción sea la inhabilitación? 2. HIPÓTESIS:  Los delitos que pueden cometer los alcaldes cuya sanción sea la inhabilitación son: abuso de autoridad, peculado, concusión y corrupción de funcionarios; además la pena de inhabilitación comprende de uno a tres años conforme al artículo 36, inciso 1 y 2. La inhabilitación producirá, según disponga la sentencia; además la pena de inhabilitación puede ser impuesta como principal o accesoria.
3. OBJETIVOS: • Determinar si los alcaldes están asesorados por personas adecuadas para poder desempeñar sus funciones y no incurrir en delitos cuya sanción sea la inhabilitación. • Analizar el perfil de los candidatos para tener seguridad en quien depositamos nuestro voto, y así la municipalidad estará dirigida por una persona capaz, responsable y honesta. • Determinar cómo el Derecho Penal interviene en la regulación y sanción de delitos cometidos por funcionarios públicos, en este caso los alcaldes. • Examinar el grado de delito que los alcaldes pueden cometer, y quienes pueden ser los afectados en dichas infracciones.
RESUMEN CARÁTULA DEDICATORIA INTRODUCCIÓN I. TEÓRIA DEL DELITO 1.1 1.2 1.3 Concepto del delito Estructura del Delito Casualismo y Finalismo en la teoría del delito
II. EL ALCALDE COMO FUNCIONARIO PÚBLICO 2.1 Concepto de funcionario público 2.2 Potestades de los funcionarios públicos 2.3 Delitos cometidos por Los Alcaldes
2.3.1 Abuso de Autoridad
2.3.2 Concusión 2.3.2.1 2.3.3 Peculado 2.3.3.1 El Bien Jurídico Tutelado 2.3.4 Corrupción De Funcionarios III. LA PENA COMO INHABILITACIÓN 3.1 Concepto De Pena 3.2. Clasificación De Las Penas 3.2.1. Según Su Naturaleza 3.3 Inhabilitación 3.3.1 Inhabilitación Absoluta 3.3.2 Inhabilitación Relativa
El Objeto Material De Peculado
I. TEÓRIA DEL DELITO 1.1 Concepto del delito La teoría del como Delito se ocupa Existen, del estudio de las características que debe reunir cualquier conducta para ser calificada delito. pues, características comunes a todos los delitos como características que sólo se dan en algunos de ellos1. Tal como dice el profesor Muñoz Conde2: “La teoría general del delito se ocupa de las características comunes que debe tener cualquier hecho para ser considerado delito, sea éste en el caso concreto una estafa, un homicidio o una malversación de caudales públicos; el estudio de las concretas figuras delictivas, de las particularidades especificas. Del hurto, de la violación, de la estafa, etc., a la parte especial” La parte general analiza las características comunes en todos los delitos. La teoría del Delito se centra en la Parte General, por tanto, ve las características comunes de los delitos para así poder interpretar cualquier delito de la parte especial. 1.2 Estructura Del Delito A lo largo de nuestro Código Penal nos encontramos una definición exacta de los que se debe considerar como delito, pero tenemos una aproximación en el Articulo 11º, de nuestro código penal donde se dice que: son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. Es decir, las características de los delitos son: a) Tiene que ser una acción u omisión. b) Dicha acción u omisión tiene que ser dolosa o culposa. c) Dicha conducta debe estar penada por la ley.
Luis Miguel Bramont – Arias Torres Pág. 97 Muñoz conde, francisco y García Arán, Mercedes.- “Derecho Penal – Parte General”, 3º edición, tirant lo blanch, valencia, 1998, p.219
Esta definición general que nos da el Código Penal, sin embargo la doctrina amplia esta definición señalando l0os elementos del delito: a) Conducta: es el comportamiento del sujeto b) Tipicidad: es la adecuación de ese comportamiento al tipo penal. c) Antijuricidad: Aquí se ve si el comportamiento típico está en contra del ordenamiento jurídico en general -antijuricidad formal y materiald) Culpabilidad: Nuestro Código penal habla hoy de responsabilidad, es el reproche que se les hace al sujeto por haber realizado ese comportamiento. e) Pena (consecuencia de los presupuestos a+b+c+d) Al analizar un delito, se sigue el orden descrito anteriormente, es decir, primero se analiza la conducta, segundo la tipicidad, tercero la antijuricidad y cuarto la culpabilidad. En ningún caso se puede obviar uno de ellos porque cada uno es pre-requisito del siguiente. Pero, esto es el aspecto externo del delito, conviene recordar las palabras de Ihering3 “El delito (y comprendemos bajo esta denominación general los delitos graves, menos graves y las faltas), es un acto contrario a la ley penal y amenazando con una pena pública. La definición es exacta, da el criterio exterior por el cual se reconoce el delito; pero no se refiere más que a la forma. Nos lleva hasta clasificar las acciones del hombre con arreglo a un derecho positivo determinado y reconocer si constituyen o no infracciones penales. Pero es muda acerca del punto capital: saber lo que es la infracción y por qué la ley la castiga con una pena; en
Von Ihering Rudolf.- “El fin en el Derecho”, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1978, pp. 231-232.
una palabra, nos enseña el rasgo distintivo exterior de la infracción y nos deja en la ignorancia de su esencia interna”. En este sentido los profesores Muñoz Conde y García Aran4 “desde el punto de vista jurídico, delito es toda conducta que el legislador sanciona con una pena. Esto es consecuencia del principio nullum crimen sine lege que rige el moderno derecho penal y que impide considerar delito toda conducta que no caiga en los marcos de la ley penal. En este orden de ideas “la teoría general del delito se ocupa de las características comunes que debe tener cualquier hecho para ser considerado delito5 Las peculiaridades de cada evento criminal son materia de estudios de la parte especial del Derecho penal, llamado al catálogo de delito y penas. Sin embargo, todos esos eventos tienen propiedades comunes siendo las primeras y más evidentes de estas propiedades, las de ser conductas humanas y estar anticipadas en el aludido catálogo. De estas propiedades comunes da cuenta pues, como bien dice Muñoz conde, la teoría del delito, cuerpo organizado y sistemático de conocimiento que se comprende en la parte general del derecho penal, y sirve de instrumento a la interpretación y racionalidad jurídica. 1.3 Casualismo y Finalismo en la teoría del delito
Muñoz Conde, Francisco y García Aran, Mercedes.- “Derecho Penal – Parte General”, op.cit., p.220 Muñoz Conde. Francisco. Teoría General del Delito, ed. Temis, Bogota, 1990, P.1.
teorías postulan diversas fórmulas de análisis
sobre el delito, ya que cada una de ellas tiene su propia definición del delito. Casualismo.- era la corriente seguida por el Código Penal anterior (1924), del cual podemos deducir la siguiente definición del delito: es toda acción u omisión típicamente antijurídica –descrita por la ley y no mediando una causa de justificación-, imputable a un hombre y no mediando una causa de inimputabilidad-, culpable –a título de dolo o de culpa, y no mediando una causa de inculpabilidad- y punible –en abstracto, aunque en concreto no resulte penada-. Se señalan como elementos de la acción una manifestación de voluntad, un resultado y una relación de casualidad6. Tipicidad: es la adecuación de la acción al tipo, el esfuerzo de la adecuación del hecho al tipo legal supone el examen de los elementos del tipo, tal como lo describe la ley. Antijuricidad: es la oposición a las leyes reconocidas por el estado. Imputabilidad: atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprochable. Culpabilidad: supone indagar si el sujeto ha obrado con dolo o culpa. Condiciones objetivas de punibilidad: son hechos externos desvinculados de la acción típica, pero necesarios para que pueda aplicársela pena. Penalidad: se debe determinar la magnitud de la pena que debe ser aplicada, de conformidad con el precepto legal pertinente.
Luis Miguel, Bramont - Arias Torres., “Manual de Derecho Penal – Parte General Pág. 101
FINALISMO : Nuestro Código Penal vigente se inclina por esta corriente. De esta se desprende que el delito es: una acción típica, antijurídica y culpable7. Acción: se toma en cuenta el comportamiento humano que tiene una finalidad, dejándose de lado las acciones que se den como consecuencia de: el estado de inconsciencia reflejo y la fuerza irresistible. (Art. 20º num. 6). Tipicidad: aquí es donde se presenta una de las diferencias esenciales con la corriente casualista, dado que el aparece el concepto de acción típica –por acción o por omisión-, que es aquella que tiende a un fin, no se queda en un mero cambio en el mundo exterior. Antijuricidad: se debe presentar la antijuricidad formal –ver si la acción va en contra del ordenamiento jurídico- y material –la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido-. No se debe presentar ningún tipo de justificación como por ejemplo la legitima defensa. Culpabilidad: es el juicio de reproche que se puede hacer al sujeto activo (cualquier individuo mayor de 18 años) CAPÍTULO II EL ALCALDE COMO FUNCIONARIO PÚBLICO De acuerdo al artículo 425º inciso 2, de nuestro código penal que a sus letras dice: - se considera funcionarios públicos; los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular. 2.1 Concepto de funcionario público
Luis Miguel, Bramont - Arias Torres., “Manual de Derecho Penal – Parte General Pág. 102
Funcionario público es quien actúa por delegación del estado en las relaciones externas de la administración con los administrados, expresando, ante estos, la voluntad de aquél. En la gestión gubernamental “considerarse funcionario al ciudadano que es elegido o designado por autoridad competente, conforme al ordenamiento legal, para desempeñar cargos del más alto nivel en los poderes públicos y los organismos con autonomía. Los cargos políticos y de confianza son los determinados por la ley. Conviene incluir, junto a la definición legal de servidor y funcionario publico, la definición desarrollada por la doctrina: ya que a nivel legislativo hay una gran confusión. De la definición propuesta por el reglamento de la Ley de carrera Administrativa se desprende que sólo tienen la condición de funcionario los que llegan a un cargo publico por elección o para desempeñar un cargo de confianza; a los primeros se les conoce como gobernantes o funcionarios políticos y a los segundos como funcionarios de confianza, pero ninguna de las dos categorías expresa, estrictu sensu, lo que en rigor se entiende por funcionario en la dogmática jurídica8. tomando lo referido anteriormente, funcionario publico es el individuo que ejerce función pública, esto es, mando al interior del órgano a su cargo; y representación al exterior. Este ejercicio acaece en el marco de un proceso orgánico, pues el ejercicio de dicha función no resulta de un acto único; sino que es el producto de la acción de muchos individuos, ubicados en cargos públicos, todos los cuales serán funcionarios públicos, en la medida que participen de la decisión única del poder publico. Por motivos orgánicos, toda la secuencia reposa, claro esta, en un solo individuo que resume la responsabilidad política (El Ministro, los Jefes Institucionales), sin descartar las responsabilidades funcionales especificas. 2.2 Potestades de los funcionarios públicos
Ruiz Eldrege Alberto: Manual de derecho Administrativo, Pág. 50 y 55
Los encargados de la administración publica tienen potestades que, según Rafael Bielsa Y Berthelemy, se clasifican en : )a Imperativas, en virtud de las cuales la administración está dotada de elementos coactivos para hacer cumplir sus gestiones. )b Reglamentarias, a fin de que las normas legales puedan ser complementadas y dispongan de una concreción mas actuante. El legislador no siempre puede prever las situaciones a que se encargan a sus preceptos, y por eso la administración debe estar dotada de mayor elasticidad en el servicio. )c Ejecutivas, para que sus decisiones legales y reglamentarias tengan el necesario poder coercitivo con miras a la fiel y cumplida protección de los derechos individuales y sociales. )d Sancionadoras, sin la fuerza de las cuales es imposible en nuestras sociedades se obtener el en respecto el por las decisiones de quienes dirigen el estado. Estas potestades sancionadoras administrativos. )e Jurisdiccional, como medios para lograr la solución de las cuestiones que afectan los derechos particulares frente a la propia administración9. 2.3 Delitos cometidos por los Alcaldes Los delitos cometidos por los alcaldes, presentados en esta investigación han sido tomados del código penal peruano. Que son: 1. Abuso De Autoridad 2. Concusión 3. Peculado
Bielsa – Derecho Administrativo, Tl, Buenos Aires, Edit. La Ley, 1964, Pág. 80
4. Corrupción de funcionarios 2.3.1 ABUSO DE AUTORIADAD El abuso de autoridad siendo un acto arbitrario o ilegal que realiza cualquier funcionario público (presidente, ministros, fiscales, alcaldes, policías, directores, etc.) es un delito de función pública; es decir, sólo lo que puede cometer un funcionario que tiene poder de decisión. Son estos lo que poseen cargos directivos y que legal y administrativamente están facultados para resolver asuntos de su competencia, de manera individual o como miembros de un cuerpo colegiado. No puede incurrir en dicho delito, por ejemplo, el chofer, la secretaria, el portero, etc. Estos sectores de la administración pública se caracterizan, sustantivamente, porque internamente cumplen órdenes, las ejecutan, contribuyen subordinadamente a los actos de la administración y no tienen poder de decisión, de manera que, en estas condiciones, no puede hallarse, estrictamente, de que abusando de sus atribuciones puedan cometer u ordenar, en perjuicio de alguien, un acto arbitrario de cualquiera. 2.3.1.1 EL BIEN JURÍDICO TUTELADO El bien jurídico tutelado es genéricamente la administración publica. Específicamente, estos delitos persiguen garantizar la regularidad y especialmente la legalidad de los actos de los funcionarios públicos en las actividades propias de su cargo, cuyas violaciones no son castigadas por otras disposiciones legales. Para este punto he decido citar algunos Artículos del Código penal Peruano, como son: el Art. 376, 378, 379, y 380, que estarán detallado con una de las partes de la estructuras del tipo que son los sujetos.
ABUSO DE AUTORIDAD ARTICULO 3760 .- El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena, en perjuicio de alguien, un acto arbitrario cualquiera, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. En este articulo podemos detallar al sujeto activo y pasivo en el siguiente orden: SUJETO ACTIVO.es el funcionario público, pero no
cualquiera, sino el que tiene la atribución o la facultad por la ley de ejecutar o dictar ordenes. SUJETO PASIVO.- el sujeto pasivo es el estado; y considerando que el acto arbitrario también afecta a un particular, éste se constituye en un sujeto pasivo secundario y no esencial. REQUERIMIENTO INDEBIDO DE LA FUERZA PÚBLICA ARTICULO 3790 .- El funcionario público que requiere la asistencia de la fuerza pública para oponerse a la ejecución de disposiciones u órdenes legales de la autoridad o contra la ejecución de sentencia o mandato judicial, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años. SUJETO ACTIVO: solo son los funcionarios públicos que tienen facultad de acuerdo a ley, para requerir el auxilio de la fuerza pública. El tipo no corresponde a los militares. SUJETO PASIVO: cualquier particular. 2.3.2 CONCUSION La concusión es una extorsión cumplida por quien ostenta el poder y se vale de él para hacerlo, de suerte que su autor debe
estar investido de autoridad. La victima de la extorsión debe prestar la cosa que se le exige, como exclusiva consecuencia del terror infundido, no por otra causa. Si fuera otra la causa, conveniencia o para su provecho, no sería concusión síno corrupción. En la doctrina penal aún no se ha llegado a establecer los limites precios que diferencian la corrupción y la concusión. Así, en España, Conde-Pumpido considera que la colusión y la concusión son formas de cohecho o corrupción pasivos y las conceptúa, de manera general, como la actividad del funcionario que exige del administrado la entrega de una dádiva para realizar un acto lícito en el ejercicio de su función. Según el autor Fontán Balestra los elementos comunes al cohecho y la concusión son la condición del sujeto activo y la obtención de un provecho de un particular con abuso de la función pública. Pero mientras en la concusión se exige algo a nombre del estado, como realmente debido, en el cohecho o corrupción el funcionario recibe u obtiene promesa de algo que es para él y a lo que no se oculta que no tiene derecho. 2.3.2.1 EL BIEN JURÍDICO El bien jurídico tutelado es el normal desarrollo de la
administración pública que se precisa en sus funcionarios una total fidelidad al orden legal y el interés por mantener el prestigio, eficacia y confianza en la administración por parte de los particulares. De manera indirecta se protege, también, los bienes, jurídicos de los particulares victimas de la extorsión del funcionario o servidor público. Es innegable que a través de la concusión no sólo se afecta a la administración pública sino también el patrimonio de los particulares.
SUJETO ACTIVO Solo pueden serlo los funcionarios o servidores públicos. SUJETO PASIVO Es el estado, como titular del bien jurídico, administración pública. El particular concurre como victima a la acción del empleado oficial que lo extorsiona, no es el sujeto pasivo del hecho punible, por cuanto éste es exclusivamente el estado. ACCIÓN TIPICA La acción típica consiste en abusar del cargo obligando o induciendo a una persona a dar o prometer indebidamente (a funcionario a otro) un bien o un beneficio patrimonial. El abuso del cargo implica una arbitrariedad, por cuanto se trata de un acto extralimitado, es decir, fuera del marco legal propio de las funciones o del servicio jurídico. El abuso del cargo se da cuando el empleado invocando la investidura se aprovecha de ella en pos de una utilidad indebida o ilegal. Por ejemplo: abusar del cargo el policía que se obliga a un vendedor ambulante a que le entregue parte de su mercadería o cuando, aduciendo su cargo, trata de eludir un pago que está obligado a efectuar por haber disfrutado de determinados servicios. Obligar es constreñir, precisar o compeler por la fuerza a que uno haga o ejecute una cosa. Inducir es instigar, persuadir o mover a uno. Mediante la introducción el agente busca que la víctima le entregue o prometa indebidamente, para sí o para otro. Un bien o un beneficio patrimonial. Dar es entregar, según la academia, y prometer es obligarse a hacer, decir o dar alguna cosa.
La promesa significa que la concusión se agota aún cuando la cosa no sea solicitada de cuerpo presente, sino como bien o expectativa futura indebidamente. Cuando el legislador establece que el funcionario o servidor público deben obligar o inducir a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, para que se configure el tipo, no hace más que dar un elemento normativo que permite diferenciar la concusión del abuso de autoridad. En efecto, para que exista concusión los bienes o beneficios patrimoniales que exige a la víctima no son aquellos que ésta legalmente le debe. No sucede lo mismo con el abuso de autoridad que puede darse cuando el funcionario o servidor público, utilizando su poder o servicio, cobran lo que se les debe, extralimitando sus funciones. En esencia, la concusión es enriquecimiento sin causa legal del funcionario, empleado métodos extorsivos para lograrlo. TIPO SUBJETIVO Es un delito doloso. CONCUSIÓN ARTÍCULO 382º.- El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años. SUJETO ACTIVO: Solo pueden serlo los funcionarios o servidores públicos. SUJETO PASIVO: Es el estado, como titular del bien jurídico, administración pública.
El particular concurre como víctima a la acción del empleado oficial que lo extorsiona, no es el sujeto pasivo del hecho punible, por cuanto éste es exclusivamente el Estado. ACCION TÍPICA La acción típica consiste en abusar del cargo obligando o induciendo a una persona a dar o prometer indebidamente (a funcionario o a otro) un bien o un beneficio patrimonial. El abuso del cargo implica una arbitrariedad, por cuanto se trata de una acto extralimitado, es decir, fuera del marco legal propio de las funciones o del servicio jurídico. El abuso del cargo se da cuando el empleado invocando la investidura se aprovecha de ella en pos de una utilidad indebida o ilegal. Por ejemplo: abusar del cargo un alcalde que obliga a un empleado que le entregue parte de su sueldo o cuando, aduciendo de su cargo, trata de eludir un pago que está obligado a efectuar por haber disfrutado de determinados servicios. Obligar es constreñir, precisar o compeler por la fuerza a que uno haga o ejecute una cosa. Inducir es intrigar, persuadir o mover a uno. indebidamente , para sí o para otro, un patrimonial. 2.3.3. PECULADO 2.3.3.1 El Objeto Material de Peclado Objeto material del delito de peculado lo constituyen los caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia están confiados a los funcionarios o servidores públicos en razón del cargo que ostentan. Según la Academia se entiende por caudales la “hacienda o bien de cualquier especie y, más comúnmente dinero”. Por Mediante la inducción el agente busca que la víctima le entregue o prometa bien o un beneficio
“efecto” se entiende, en cambio, el “documento o valor mercantil, sea nominativo o endosable al portador”. El objeto material del delito”caudales o efectos” no es exclusivamente un bien mueble. Puede ser, también un bien inmueble, en vista de que el legislador a establecido como acción típica tanto la apropiación como la utilización de los bienes públicos. Aquí encaja el ejemplo que da Bernal Pinzón acerca del funcionario que teniendo la administración de una granja agrícola de propiedad del Estado o de un departamento, la destina al pastoreo de sus propósitos ganados; y el administrador de un bien inmueble de propiedad de un ente de derecho público, que lo da en arrendamiento.10 La sustracción de cosas públicas cometida por un particular es un delito de hurto; la apropiación de cosas privadas por un funcionario es delito contra la propiedad –salvo que los bienes privados se encuentren bajo la custodia del estado-; y la sustracción por un funcionario de caudales públicos que custodia otro funcionario, tampoco es, en principio, peculado, sino sustracción ordinaria. Constituye una circunstancia agravante del peculado cuando el objeto material del delito (caudales o efectos) está destinado a fines asistenciales o a programas de apoyo social. Para que se configure el delito no es necesario que los caudales o efectos apropiados o utilizados ilícitamente por el funcionario sean públicos. Basta que los bienes, que pueden ser público o privados, estén bajo su administración o custodia por razón del cargo que desempeña. MALVERSACIÓN ARTÍCULO 389º.- El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados. Afectando el
Bernal Pinzón, Jesús: Delitos contra la administración pública, Bogota, Editorial, Temis, 1965. p.19
servicio o la función encomendada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. Si el dinero o bienes que administra corresponden a programas de apoyo social, de desarrollo o asistenciales y son destinados a una aplicación definitiva diferente, afectando el servicio o la función encomendada, la pena privativa de libertad será no menor de tres años ni mayor de ocho años. SUJETO ACTIVO: Es el funcionario o servidor público que malversa los fondos públicos que están bajo su administración. Como indica Rojas Vargas, si el sujeto activo sólo tiene facultades de custodia y dispone del dinero y bienes para otro uso oficial no cometerá delito de malversación sino abuso de autoridad (Art. 376). Si dispone de dichos fondos para sí mismo cometerá peculado (387 ó 388, según el caso). Los custodios o vigilantes (de bienes) que son pagados por el Estado no pueden ser autores de malversación de fondos. Los dependientes del funcionario que cumplen sus órdenes tampoco son autores de malversación de fondos. SUJETO PASIVO Es el estado como titular del bien jurídico penalmente protegido. ACCIÓN TÍPICA Etimológicamente malversar deriva del latín male y versare, que significa intervenir mal. La acción típica consiste en dar al dinero o bienes una aplicación establecido, definitiva diferente de aquella a la que están sino otro que arbitrariamente impone el destinados, de manera que el destino no es el legalmente funcionario. Sin embargo, la mala inversión del dinero o bienes
públicos tiene que circunscribirse al ámbito de los diversos destinos oficiales o públicos. Si el funcionario destina los bienes para su provecho personal o de terceros, el tipo penal no será malversación sino peculado.
RETARDO INJUSTIFICADO DE PAGO ARTÍCULO 390.El funcionario o servidor público que, teniendo fondos expeditos, demora injustificadamente un pago ordinario o decretado por la autoridad competente, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. BIEN JURÍDICO Es el normal desarrollo de la Administración Pública que se ve afectado en la fluidez de los actos administrativos ordenados por las autoridades competentes. En este caso, como en las otras figuras analizadas, no se tutela la administración en su conjunto orgánico ni su dignidad o prestigio, sino la función pública como actividad de prestación a los administrados. SUJETO ACTIVO: Es el funcionario o servidor público que demora injustificadamente un pago ordinario o decretado por la autoridad. SUJETO PASIVO: Es el estado como titular del bien jurídico. Concurrirán como agraviados, los particulares o los funcionarios o servidores públicos a quienes no se les paga oportunamente lo que se les debe. ACCION TIPICA: La acción típica consiste en demorar injustificadamente un pago ordinario o decretado por la autoridad, teniendo fondos expeditos para hacerlo. El tipo castiga una omisión porque, aunque en definitivamente el funcionario cumpla con su deber, éste ya resulta inoportuno. El autor tiene el poder de disposición de fondos (suficientes y destinados al pago), y, éstos, se hallan en condiciones legales
de ser dispuestos prontamente; es decir, sin impedimento legal alguno que obstaculice su disposición.11 Objeto de la demora son los pagos ordinarios o los decretados por autoridad competente. Como indica Fontán Balestra: son pagos ordinarios los que la administración pública hace habitual y periódicamente, que no son motivo de una decisión especial en cada caso, como por ejemplo, los sueldos. Pagos decretados son los que dispone una resolución especial, como puede ser la cancelación de una factura de un proveedor del Estado o la orden de pago dispuesta en juicio.12 2.3.4. CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 2.3.4.1 El Bien Jurídico Tutelado La corrupción no sólo se presenta en el sector público ya que también existe en el sector privado. De esta manera, por corromper se entiende ofrecer retribución o recompensa o aceptarla, bien para eludir deberes nacidos de la ley o de los compromisos contractuales, bien para otorgar beneficios no existentes según esa misma ley o aquel contrato. Asociando al fenómeno social de la corrupción a la conducta ilícita de los funcionarios públicos, Bobbio la define como un “fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar en modo distinto de los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. Corrupto es, por lo tanto, el comportamiento ilegal de aquel que ocupa un papel en la estructura estatal”13 Conforme a lo establecido en el código Penal se puede definir genéricamente el delito de corrupción de funcionarios como la
Laje Anaya: op.cit., p. 129 Fontan Balestra: op. cit., p. 331. 13 Bobbio, Norberto / Matteuci, Incola: Diccionario de política. México, siglo veintiuno editres. 1976, p. 438.
aceptación o solicitud hecha por un funcionario o servidor público de una retribución no debida, dada o prometida para cumplir, omitir o retardar un acto de su cargo quebrantando sus deberes (cohecho propio) o sin infringirlos (cohecho impropio). COHECHO PROPIO ARTÍCULO 393º.- El funcionario o servidor público que solicita o acepta donativo, promesa o cualquier otra ventaja, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a sus deberes, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. SUJETO ACTIVO: Solo pueden ser los funcionarios o servidores públicos. SUJETO PASIVO: Es el Estado como titular del bien jurídico vulnerado. ACCION TIPICA: Para que se configure el delito de corrupción de funcionarios, en su forma de cohecho propio o impropio, no es necesario que exista convenio o acuerdo entre las personas que necesariamente han de intervenir en su realización. El código Penal contempla dos figuras distintas de cohecho –uno el activo y otro el pasivo- ambas de carácter unisubejetivo. Para el consumación de los respectivos tipos basta la unilateral iniciativa o proposición- solicitud sin que sea exigible un convenio corruptor. Para diferenciar mejor estas figuras se deben entender como cohecho pasivo aquel en que es el castigado el funcionario y como cohecho activo aquel en el que se sanciona al particular.14 COHECHO IMPROPIO
En la doctrina Muñoz Conde se opone a la concepción bilateral del cohecho (que concibe este delito como una especie de conspiración entre el funcionario y el particular) argumentando que frente al derecho positivo español esta tesis es equivocada por cuanto igualmente se castiga como delito de cohecho consumado la solicitud de a dádiva por parte el funcionario que no es aceptado por el funcionario, y estos hechos más que conspiración en sentido estricto sería seria proposición o provocación (Muñoz Conde, op, cit., p. 862
ARTÍCULO 394º.- El funcionario o servidor público que solicita o acepta donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida para practicar un acto propio de su cargo, menor de dos ni mayor de cuatro años. BIEN JURÍDICO Se tutela el normal desenvolvimiento de la Administración pública que precisa, en sus representantes, una labor funcional correcta y ajena al aprovechamiento corrupto y venal de los cargos públicos. SUJETO ACTIVO: Sólo pueden serlo los funcionarios o servidores públicos. SUJETO PASIVO: Es el estado como titular del bien jurídico bajo tutela penal. ACCIÓN TÍPICA: La acción típica consiste en solicitar o aceptar donativo, promesa o cualquiera otra ventaja indebida para practicar un acto propio de la función o el servicio público, sin faltar a la obligación. Cuando el cohecho surge a iniciativa del funcionario o servidor público, es decir, cuando éste solicita donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida no hace más que tender un puente de plata para que el cohechante venga con la oferta corruptiva. Enriquecimiento ilícito ARTÍCULO 401º.- El funcionario o servidor público que, por razón de su cargo, se enriquece ilícitamente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años. BIEN JURÍDICO Mediante la tipificación penal del enriquecimiento ilícito se persigue garantizar el normal desarrollo de la administración sin faltar a su obligación, será reprimido con pena privativa de libertad no
pública que precisa de sus representantes el cumplimiento fiel y legal de sus obligaciones. Este delito afecta, además la credibilidad ciudadana en el correcto desempeño de la funciones publicas. SUJETO ACTIVO: Sólo pueden ser los funcionarios o servidores públicos que ocupen un cargo en cualquiera de las ramas de la administración pública. SUJETO PASIVO: Es el Estado como titular del bien jurídico protegido. En vista de que ene estos casos el bien jurídico protegido no es el patrimonio de los particulares, sino el principio de la imparcialidad y objetividad en el ejercicio de la Administración pública, los particulares sólo podrán ser considerados como perjudicados si es que el enriquecimiento ilícito de los funcionarios les afecta patrimonialmente. ACCIÓN TÍPICA: Conforme a la redacción utilizada por nuestro legislador, al describir el delito de enriquecimiento ilícito, la acción típica consistirá en enriquecerse ilícitamente utilizando, para ello, el cargo público. Es indicio de “enriquecimiento ilícito” el aumento patrimonial consistente en bienes patrimoniales, cuentas corrientes sospechosas y hasta el modo de vida que llevan los funcionarios y que evidentemente no corresponden a sus legítimos ingresos.
LA PENA COMO INHABILITACIÓN 3.1 Concepto de pena Pena, sanción impuesta por la ley a quien, por haber cometido un delito o falta, ha sido condenado en sentencia firme por el órgano jurisdiccional competente. Es forzoso que la pena esté establecida por la ley con anterioridad a la comisión del hecho delictivo (rige el denominado principio de legalidad), y obliga a su ejecución una vez haya recaído sentencia firme dictada por el tribunal competente. Son varios los criterios clasificatorios de las penas. El que resulta admitido con mayor frecuencia por las legislaciones es el que distingue entre penas graves, que sancionan la comisión de delitos, y penas leves aplicables a las faltas. Las penas pueden ser privativas de libertad, que suponen el internamiento del reo en un centro penitenciario, y pueden tener diversa duración según lo que establezca la ley para cada delito. A menudo los sistemas dan a estas penas diferentes denominaciones, dada su distinta duración. Se habla así, por ejemplo, de reclusión, prisión y arresto. También es posible la privación de libertad en el propio domicilio del reo, como sucede en el denominado arresto domiciliario. Asimismo, cabe la posibilidad de que la condena al reo no suponga privación de libertad pero sí su reducción, lo que sucede, por ejemplo, en la denominada pena de extrañamiento, que supone la expulsión del condenado del territorio nacional por el tiempo que dure la condena; o la pena de destierro, que supone la prohibición del penado de entrar en puntos concretos del territorio nacional detallados en la sentencia.
En ocasiones, la ley puede sancionar la comisión de un determinado delito o falta, restringiendo al reo el ejercicio de determinados derechos, como por ejemplo ocurre con la suspensión de un cargo público, la suspensión del derecho de sufragio o la privación del permiso de conducción de vehículos de motor. En no pocas legislaciones las penas pueden graduarse según criterios legales, en atención a las circunstancias concurrentes en el caso concreto que se juzga. La ley fija un tope máximo y otro mínimo dentro de los cuales el juez tiene un margen para actuar. Por ejemplo, en un delito que tiene asignada una pena privativa de libertad, el juez o bien el tribunal, atendiendo a la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, al grado de participación del autor (autor, cómplice o encubridor), puede graduar la pena dentro de esos márgenes que establece la ley (de 10 a 20 años, por ejemplo). Con ello se trata de acomodar lo máximo posible la sanción impuesta por la ley a las circunstancias del caso concreto que se juzga. 3.2. CLASIFICACION DE LAS PENAS Existen diversos criterios para la clasificación de las penas. A continuación presentamos la mas importantes: 3.2.1. Según su naturaleza. a) Corporales.- se basan en el castigo físico hacia la persona que ha cometido el hecho reprochable, es decir recae sobre la vida, el cuerpo o la salud de la persona. b) Infames.- son aquellas que afectan el honor del delincuente, es decir lo estigmatizan. c) Privativa de libertad.- están destinadas a limitar la libertad ambulatoria del sujeto de una manera rigurosa. Este tipo de pena está recogido en el Art. 29º del Código Penal.
d) Restrictivas de libertad.- limitan la libertad ambulatoria de la persona de una manera menos rigurosa. Nuestro código penal regula en el Art. 30º. e) Penas limitativas de derechos.- Este tipo de pena priva de ciertos derechos al sujeto que se le impone. Nuestro código penal establece en su Art. 31º que: “las penas limitativas de derechos son:
Prestación de servicios a la comunidad; Limitación de días libres; e Inhabilitación.”
Al respecto debemos decir que los dos primeros casos en la actualidad casi no se aplican debido a una falta de reglamentación adecuada, en cambio el tercer caso es muy común y tiene una gran variedad de casos que son señalados en el Art. 36º del Código, pueden privar de derechos políticos, sociales y profesionales. 3.3. INHABILITACIÓN Mediante esta pena se limita al sujeto ciertos derechos diferentes a su libertad ambulatoria. El Art. 36º señala: “la inhabilitación producirá según disponga la sentencia:
Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular; Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público; Suspensión de los derechos políticos que señala la sentencia; Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero profesión, comercio, arte especificarse en la sentencia; o industria, que deben
Incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutela o cúratela; Suspensión o cancelación de la autorización para portar o hacer uso de armas de fuego. Suspensión o cancelación de la autorización para conducir cualquier tipo de vehículo; o Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que correspondan al cargo, profesión u oficio del que su hubiese servido el agente para cometer el delito”.
Como vemos, la inhabilitación puede privar de derechos políticos, sociales y profesionales. Puede haber dos tipos de inhabilitación: 3.3.1. INHABILITACIÓN ABSOLUTA Se priva de todos los derechos contenidos en el Art. 36º. 3.3.2. INHABILITACIÓN RELATIVA Se priva de determinados derechos del Art. 36º Por la forma en que puede ser impuesta la inhabilitación puede ser principal o accesoria. Puede aplicarse también como única o conjunta. Cuando la inhabilitación se aplica como principal tiene una duración entre seis meses y cinco años; cuando se aplica como accesoria tiene la misma duración que la pena principal que se dispuso para el delito juzgado.
Los alcaldes deben estar asesorados de personas profesionales, para que en cada accion que realice dentro de sus obligaciones no incurra en delito. 30
Los ciudadanos debemos conocer el perfil de los candidatos para emitir nuestros votos y tener seguridad en quien depositamos nuestra confianza, y así las municipalidades estarían dirigidas por funcionarios capaces, responsables y honestos. El Derecho Penal interviene en la regulación y sanción de delitos cometidos por funcionarios públicos, además los delitos previstos en la presente investigación tambien seran sancionados con pena de inhabilitación que puede ser de uno a tres años de acuerdo a nuestro Codigo Penal peruano. El único afectado en delitos que puedan cometer los alcaldes es, principalmente, el Estado.
BRAMONT ARIAS TORRES, LUIS MIGUEL. Manual de Derecho Penal, Parte General, Editorial Santa Rosa. VILLA STEIN, JAVIER. Editorial San Marcos. “Derecho Penal” Parte General. 2° Edición.
ZAFARONI, EUGENIO RAÚL. Manual de Derecho Penal Parte General., Tomo II RAÚL PEÑA CABRERA – APARICIO, MANUEL FRISANCHO., Los Delitos Contra La Administración Pública ABANTO VÁSQUEZ, MANUEL., Los Delitos Contra la Administración Pública En El Código Penal Peruano. HUGO ALVAREZ, JORGE B.., Delitos Cometidos Por Funcionarios Públicos, segunda edición, editorial Gaceta Jurídica S.A. 2002.
CARÁTULA EDICATORIA INTRODUCCIÓN
I. TEÓRIA DEL DELITO 1.4 1.5 1.6 Concepto del delito Estructura del Delito Casualismo y Finalismo en la teoría del delito
2.3.5 Concusión 2.3.5.1 2.3.6 Peculado 2.3.6.1 El Bien Jurídico Tutelado 2.3.7 Corrupción De Funcionarios III. LA PENA COMO INHABILITACIÓN 3.1 Concepto De Pena 3.2. Clasificación De Las Penas 3.2.1. Según Su Naturaleza 3.3 Inhabilitación 3.3.1 Inhabilitación Absoluta 3.3.2 Inhabilitación Relativa
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 resolución 
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