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Timestamp: 2019-08-25 18:16:10+00:00

Document:
201300130(01-04-2014) Principio de congruencia (Agravantes) | Observatorio de Jurisprudencia
SALA DE DECISIÓN PENAL DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DEL DOMINIO
Radicado: 110013107001201300130 01 (L.A. 036).
Proceso: Lavado de Activos.
Estatuto Procesal: Ley 600 de 2000
Procesado: Leydi Yuranni Guevara Cuellar.
Procedencia: Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
Asunto: Apelación Sentencia Anticipada.
Aprobado: Acta No. 006
Fecha: Primero (01) de abril de dos mil catorce (2014).
Al resolver el recurso de apelación promovido por el defensor de LEYDI YURANNI GUEVARA CUELLAR, contra la sentencia anticipada de primera instancia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el once (11) de septiembre de dos mil trece (2013) mediante la cual condenó a la referida ciudadana, en calidad de autora, a la pena principal de ochenta y ocho (88) meses de prisión y multa de diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el delito de Lavado de Activos, la Sala confirmará la decisión como quiera que no se verifica vulneración al principio de congruencia entre la resolución de acusación y la sentencia.
Sala de Decisión Penal de Extinción del Derecho de
Radicado: 110010704003201200025 01 (L.A. 030)
Procesada: Leidy Yurany Guevara Cuellar
La primera instancia, presenta los sucesos materia del proceso, de la siguiente manera:
“La presente investigación se gestó a partir del informe número 000449 del 14 de septiembre de 2006 suscrito por el Comando General Comité Interinstitucional de las Fuerzas Militares de Colombia, en el que se señaló que según información anónima, Armando Cabrera Polanco no tiene actividad comercial conocida y posee una cuantiosa fortuna, posiblemente originada en actividades ilegales. Así mismo señala el precitado documento que esos bienes han sido dejados a nombre de terceras personas entre ellas sus familiares y su compañera permanente Leidy YURANNY Guevara (sic)”.
3.1. La Fiscalía 11 de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio y Lavado de Activos, el 7 de mayo de 2007, vinculó mediante diligencia de indagatoria1 a LEYDI YURANNI GUEVARA CUELLAR, acto procesal en el que se le endilgó el delito de Enriquecimiento Ilícito de Particular contemplado en el artículo 327 de la Ley 599 de 2000.
3.2. Posteriormente, mediante proveído de 8 de septiembre de 2009, el instructor definió la situación jurídica de la encausada en el que se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en su contra2, decisión objeto de recurso de apelación por el representante del Ministerio Público3.
1 Folio 272 cuaderno original No. 6
2 Folio 57 Cuaderno original No. 13
3 Folio 78 vto. Cuaderno original No. 13
3.3. Ante variación en la asignación de la investigación adelantada en contra de GUEVARA CUELLAR, ordenada mediante resolución número 5011 de 19 de octubre de 20094, la Fiscalía 35 UNCLA, el 23 de noviembre siguiente, avocó el conocimiento de la actuación5.
3.4. Verificado lo anterior, la autoridad judicial, con ocasión del mecanismo de alzada interpuesto por el delegado de la procuraduría6 en contra de la resolución de 8 de septiembre de 2009, corrió los traslados respectivos a los sujetos procesales.
3.5. El 24 de septiembre de 2010, la Fiscalía 4 Delegada ante el Tribunal de Distrito para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, revocó el auto apelado y en su lugar profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de LEYDI YURANNI GUEVARA CUELLAR, variando la imputación jurídica al delito de Lavado de Activos contemplado en el artículo 323 del Código Penal7.
3.6. Mediante resolución No. 02898 de 7 de diciembre de 2010, se asignó la instrucción a la Fiscalía 10 Especializada UNCLA, autoridad que el 11 de febrero de 2011 llevó a cabo diligencia de ampliación de indagatoria a la procesada8.
3.7. Seguidamente, con decisión de 18 de febrero de 2011, se dispuso el cierre de la etapa instructiva de conformidad con lo preceptuado en el artículo 393 del Código de Procedimiento Penal9.
4 Folio 86 Cuaderno original No. 13
5 Folio 97 Cuaderno original No. 13
6 Folio 124 Cuaderno original No. 13
7 Folio 42 Cuaderno de Segunda Instancia original No. 2.
8 Folio 226 Cuaderno original No. 13.
9 Folio 233 Cuaderno original No. 13
3.8. En proveído de 27 de mayo de 2011, el ente instructor profirió resolución de acusación en contra de LEYDI YURANNI GUEVARA CUELLAR, como presunta autora responsable del punible de Lavado de Activos contemplado en el artículo 323 de la Ley 599 de 200010, el cual fue objeto de alzada por la defensa11 y confirmada integralmente por la Fiscalía Segunda delegada ante el Tribunal Superior de Distrito para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos12 el 28 de diciembre de 2011.
3.9. La actuación fue remitida a los Juzgados Especializados de la ciudad de Villavicencio, correspondiendo el conocimiento al despacho cuarto, oficina judicial que dispuso el traslado a los sujetos procesales del término establecido en el artículo 400 de la Ley 600 de 200013. Con todo, mediante auto de calenda 9 de mayo del 2012, resolvió remitir las diligencias por competencia a los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Bogotá, bajo el argumento que los hechos por los cuales se acusó a GUEVARA CUELLAR acaecieron en la ciudad capital14.
3.10. El 23 de julio de 2012, el señor Juez Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá avocó el conocimiento de la actuación15 y dispuso el traslado de 15 días hábiles para los fines indicados en el artículo 400 del Código de Procedimiento Penal16, oportunidad dentro de la cual la defensa presentó solicitud de nulidad y la práctica de pruebas de orden testimonial, pericial y documental.
3.11. En la fecha y hora programada para llevar a cabo la audiencia preparatoria, el a quo se pronunció sobre la causal de
10 Folio 16 Cuaderno original No. 14
11 Folio 57 Cuaderno original No. 14
12 Folio 32 Cuaderno de Segunda Instancia
13 Folio 6 Cuaderno original No. 15
14 Folio 130 Cuaderno original No. 15
15 Folio 6 Cuaderno original No. 16
16 Folio 6 Cuaderno original No. 16
nulidad invocada así como respecto de los medios de conocimiento deprecados, negando en uno y otro caso, las pretensiones del profesional del derecho17.
Contra tal determinación, el apoderado de la defensa interpuso en su momento recurso de apelación, mismo que fue objeto de estudio por esta Colegiatura, oportunidad en la que se resolvió decretar la nulidad de la actuación a partir de la audiencia preparatoria, inclusive, y se ordenó someter a reparto las diligencias18.
3.12. Correspondió la continuación del trámite al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esta ciudad capital, autoridad que mediante auto de 24 de junio de 201319 avocó conocimiento de la actuación y fijó fecha para adelantar la audiencia de que trata el artículo 401 de la Ley 600 de 2000.
3.13. En la fecha y hora programada, posterior al pronunciamiento del a quo frente a la nulidad y solicitudes probatorias presentadas oportunamente, la defensa de la acusada GUEVARA CUELLAR manifestó el deseo de aquélla de acogerse a la figura de sentencia anticipada, aceptación que fue objeto de aprobación por parte del señor Juez20.
3.14. El once de septiembre de dos mil trece, se profirió fallo anticipado por medio del cual el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado condenó a la procesada LEYDI YURANNI GUEVARA CUELLAR a la pena de ochenta y ocho meses de prisión y multa de diez mil salarios mínimos legales mensuales como autora responsable del delito de Lavado de Activos Agravado, decisión que
17 Folio 26 Cuaderno original No. 16
18 Folio 7 Cuaderno original No. 1 Tribunal.
19 Folio 6 Cuaderno original No. 17
20 Folio 12 ibídem
fue objeto de apelación por la defensa de la acusada21 y que ahora es materia de pronunciamiento por esta Corporación.
4. DE LA SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
4.1. Reseñados los hechos de la manera que se dejaron transcritos, luego de referir a la individualización de la procesada, las circunstancias que rodearon la aceptación de cargos por parte de aquella de conformidad con los criterios fijados en el artículo 40 del C.P.P., abordó el fallador el aspecto concernido con la materialidad y tipicidad de la conducta.
4.2. Al efecto, aduce la instancia que las pruebas recaudadas permiten colegir que GUEVARA CUELLAR en calidad de compañera permanente del señor Armando Cabrera Polanco ocultó, resguardó, invirtió, transformó y administró recursos provenientes de actividades ilícitas desarrolladas por el antes citado, derivadas de una pluralidad de desfalcos y defraudaciones patrimoniales realizadas a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL – CAJANAL –, a través de la interposición de acciones judiciales con las que se obtuvieron reconocimientos pensionales ilegales que alcanzaron sumas superiores a los doscientos mil millones de pesos.
4.3. Destacó la conformación de la Sociedad INVERSIONES CABRERA GUEVARA y CIA S en C, de la cual hacía parte LEYDI YURANNI GUEVARA CUELLAR en calidad de subgerente y aportante del 50% del capital, en virtud de ello le fue imputada la circunstancia específica de agravación del artículo 324 del C.P. como que formó parte de una persona jurídica que fue constituida con la finalidad de invertir y adquirir bienes para introducir en el torrente
21 Folio 33 vto. Cuaderno original No. 17
económico los réditos de las defraudaciones económicas realizadas por su compañero Cabrera Polanco.
4.4. Sostiene el a quo que el delito subyacente en este evento corresponde a enriquecimiento ilícito que fue obtenido como consecuencia de delitos contra la administración pública, la administración de justicia, la fe pública y el patrimonio económico, valiéndose, al efecto, de la emisión de fallos judiciales contrarios a la ley, falsedades documentales entre otros .
4.5. Todo así, al ponderar los criterios establecidos por el legislador en el artículo 54 del Código de Procedimiento Penal, impuso a la procesada una pena de ciento treinta y dos (132) meses de prisión y multa de 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pena disminuida en una tercera parte como consecuencia de la aceptación de cargos por parte de GUEVARA CUELLAR para en definitiva fijar un monto de ochenta y ocho (88) meses de prisión y diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales de multa así como la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la sanción privativa de la libertad.
De otra parte negó a la sentenciada la suspensión condicional de la ejecución de la pena y concedió el beneficio de la prisión domiciliaria en atención a su calidad de madre cabeza de familia.
5. DEL RECURSO DE APELACIÓN
En contra de la providencia que viene de resumirse el defensor de la procesada interpuso recurso de apelación, el que sustentó
dentro del término legalmente previsto, por lo cual el Juez de primer orden concedió la alzada, en el efecto suspensivo22.
5.1. El procurador judicial de LEYDI YURANNI GUEVARA CUELLAR, solicita “sea revocada la sentencia de primera instancia y en su lugar se dicte una sentencia que se ajuste punitivamente a la solicitud de codena (Sic) que hizo la fiscalía, lo que lleva a que sea replanteada tanto la dosificación punitiva como la multa impuesta”
5.1.1. Al efecto, sostiene que no obstante la aceptación de cargos llevada a cabo por su representada, el a quo soslayó el principio de congruencia que debe existir entre la resolución de acusación y la sentencia; ello, en atención a que la formulación del cargo realizado en audiencia preparatoria del 22 de julio de 2013, único aceptado por su defendida y frente al cual se allanó en los términos establecidos por la Fiscalía, no contenía agravante.
5.1.2. Sostiene que en el mentado acto procesal previo a que el señor Juez impartiera aprobación a la aceptación de cargos, el ente instructor formalizó y aclaró el punible por el cual resolvió acusar a GUEVARA CUELLAR el que para efectos de conocimiento leyó, esto es, lavado de activos sin mencionar en su intervención la circunstancia de agravación punitiva consagrada en el artículo 324 del Código Penal y que finalmente aumentó la pena impuesta a la procesada.
5.1.3. Luego de transcribir apartes de la audiencia preparatoria, colige que tanto el allanamiento de su representada como la acusación formulada y el cargo “formalizado” ante el Juez por la Fiscalía, limita la competencia para dictar el fallo condenatorio “pues lo contrario sería tanto como omitir la obligatoriedad de la
22 Folio 86 Cuaderno original No. 17
aplicación del principio de la congruencia entre la resolución de acusación y la sentencia, lo que indudablemente resultaría ilegal”.
5.1.4. Expone que el a quo, al dar un alcance como el que erróneamente le dio a la formulación del cargo que la Fiscalía imputó a su representada, imponiendo un agravante no solicitado por el acusador, no sólo excedió el límite punitivo impuesto por el mentado sujeto procesal, sino que además vulneró el principio de congruencia que debe existir entre la acusación y la sentencia.
5.1.5 Agrega que la controversia que propone no se centra en la responsabilidad penal frente al delito de lavado de activos contenido en el artículo 323 de la Ley 600 de 2000, por el contrario se encamina a demostrar la imposibilidad de imponer en contra de LEYDI YURANNI GUEVARA CUELLAR el agravante que el a quo aplicó sin que fuera objeto de imputación por parte del instructor.
5.1.6. Tras citar la doctrina de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en relación con el citado principio advierte que su representada no tuvo la oportunidad de evaluar ni proyectar la defensa sobre circunstancia alguna de agravación, ni de tenerla en cuenta antes de tomar la decisión de aceptar la responsabilidad por los cargos indicados por la Fiscalía ante el Juez de Conocimiento.
5.1.7. Por último considera que es necesario que se efectúe un nuevo análisis de los demás elementos que el juez debió considerar al fijar la pena por cuanto si bien se ubicó en el primer cuarto es “indudablemente muy drástica” no se analizó la intensidad del dolo como tampoco que la señora GUEVARA CUELLAR desconoce temas jurídicos, e ignoraba los negocios adelantados por Armando Cabrera Polanco, en fin, que su comportamiento estuvo revestido de buena fe.
Sea el caso precisar que este Despacho de la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, es competente para pronunciarse en el presente asunto, con fundamento en el contenido del Acuerdo No. PSAA10-6852 del 19 de marzo de 201023, y conforme lo reiterado al efecto por el Acuerdo No. PSAA12-9165 del 24 de enero de 201224, y atendiendo, el numeral 1º del artículo 76 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), precisando que por virtud del artículo 204 ibídem, tal competencia estará limitada al objeto fijado en la impugnación, siendo extensiva únicamente para aquéllos aspectos que le resulten inescindibles.
Dada la naturaleza de la providencia materia de impugnación, surge claro que la cuestión a resolver, consiste en determinar si tal como lo expone el disidente el a quo desconoció el principio de congruencia que debe existir entre el pliego de cargos formulados por la Fiscalía en contra de la señora LEYDI YURANNI GUEVARA CUELLAR y la sentencia, al tener en cuenta al momento de tasar la pena correspondiente la circunstancia de agravación de que trata el artículo 324 del Código Penal.
23 Emitido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura “Por el cual se crean tres Despachos de Magistrado en la Sala Penal del Distrito Judicial de Bogotá”.
24 También emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura “Por el cual se aclara el Acuerdo PSAA11-8724 de 2011, mediante el cual se transformó la denominación de la Sala del Tribunal Superior de Bogotá y de los Juzgados que conocen las acciones de extinción de dominio conforme lo establece la ley 1453 de 2011”, en cuyo artículo 1º señaló: “Aclarar el Artículo Segundo del Acuerdo PSAA11-8724 del 12 de octubre de 2011, en el sentido de que la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá hace parte de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá”.
De otra parte se estudiará si la sanción impuesta a GUEVARA CUELLAR resultó acorde con los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, o si la misma es “excesiva” como lo afirma el recurrente.
6.3. Del caso concreto
En el presente asunto, el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de esta ciudad capital, con fundamento en la resolución de acusación de calenda 27 de mayo de 201125, al dosificar la pena por la conducta punible allí endilgada precisó que:
“Para el caso que nos ocupa, a la imputada se le juzga por la comisión de la conductas (Sic) delictiva de Lavado de Activos Art. 323 C.P. agravada específicamente por el artículo 324 por cuanto la conducta anterior fue desarrollada por la implicada a través de una sociedad o empresa creada y dedicada a esta proclive finalidad como en este caso se trato (Sic) de la firma Inversiones Cabrera Guevara y Cia S. en C26., lo que significa que la pena aplicable estaría delimitada entre un guarismo mínimo de 8 años (96 meses) de prisión y 666,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa, hasta un máximo de 22 años, 6 meses de prisión (270 meses), y 75.000 salarios mínimos legales mensuales de multa (…)”
Ahora, el recurrente argumenta la vulneración del principio de congruencia bajo el argumento de que en la acusación formulada por la Fiscalía 15 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos no se incluyó la circunstancia de agravación punitiva tenida en cuenta por el Juzgado de origen al momento de imponer la sanción correspondiente.
25 Folio 16 Cuaderno original No. 14
26 Negrilla de la Sala.
Pues bien, necesario es precisar inicialmente que de conformidad con el inciso quinto del artículo 40 de la Ley 600 de 2000 se podrá dictar fallo anticipado, cuando proferida la resolución de acusación y hasta antes de que quede ejecutoriada la providencia que fija fecha para la celebración de la audiencia pública el procesado aceptare la responsabilidad penal respecto de todos los cargos allí formulados, presupuesto que se actualiza en el presente caso.
Bajo ese entendimiento, la sentencia debe ser congruente con los cargos formulados en el pliego acusatorio, en tanto dicha premisa se erige como garantía y postulado estructural del proceso27, implica que debe guardar armonía en lo fáctico como en lo jurídico; es decir, debe existir identidad entre los hechos y circunstancias plasmadas en la acusación y los fundamentos del fallo, de una parte, y de otra, correspondencia entre la calificación jurídica dada a los hechos en la acusación y la consignada en la sentencia28.
Por modo que, en atención a la doctrina jurisprudencial antes citada y para resolver el problema jurídico planteado ut supra, será menester para el Tribunal abordar el marco fáctico y jurídico de la acusación proferida por el instructor en contra de la señora GUEVARA CUELLAR y en esa medida determinar si el fallador tenía la obligación de tener en cuenta la circunstancia de agravación contenida en el artículo 324 de la Ley 599 de 2000, o si por el
27 Frente a la aludida temática la Corte Constitucional, expresó: “Ahora bien, en materia procesal penal, el principio de congruencia adquiere una mayor relevancia debido a su íntima conexión con el ejercicio del derecho de defensa. De tal suerte que no se trata de una simple directriz, llamada a dotar de una mayor racionalidad y coherencia al trámite procesal en sus diversas etapas, sino de una garantía judicial esencial para el procesado.” C-025 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
28 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 24582 de 29 de octubre de 2008, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. Postura que ha sido reiterada por la Corte en varios pronunciamientos bajo la égida tanto del sistema de enjuiciamiento mixto como el acusatorio, al efecto confróntese el radicado 40034 de 5 de noviembre de 2013, M.P. María del Rosario González Muñoz.
contrario su aplicación devino ilegal por vulneración al principio de congruencia.
Así, se observa que mediante resolución de 27 de mayo de 201129, confirmada por la Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito el 28 de diciembre de 201130, la Fiscalía calificó el mérito del sumario en contra de LEYDI YURANNI GUEVARA CUELLAR, en la que luego de citar el aspecto fáctico se plantearon las premisas normativas presuntamente violadas por la procesada, concretamente el tipo de Lavado de Activos consagrado en el artículo 323 de la Ley 599 de 2000, junto con la circunstancia de agravación descrita en el art. 324 ejusdem así:
IV. NORMA PRESUNTAMENTE VIOLADA
Los hechos materia de investigación encuentran adecuación típica en nuestro Código Penal en el delito denominado como lavado de Activos, contemplados (sic) en el capítulo Quinto de la Ley 600 de 2000, cuya descripción legal es la siguiente:
“ARTÍCULO 323. Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o le dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de
29 Folio 16 Cuaderno original No. 14
30 Folio 32 Cuaderno Segunda Instancia Fiscalía.
quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes.
ARTÍCULO 324 – Circunstancias específicas de agravación. Las penas privativas de la libertad previstas en el Artículo anterior se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea desarrollada por quien pertenezca a una persona jurídica, una sociedad o una organización dedicada al lavado de activos y de la mitad a las tres cuartas partes cuando sean desarrolladas por los jefes, administradores o encargados de las referidas personas jurídicas, sociedades u organizaciones.” (Subraya fuera de texto)
De otra parte, en el acápite correspondiente a las “Consideraciones del Despacho” y de manera concreta el aspecto referido a la materialidad de la conducta, el ente instructor al valorar las pruebas obtenidas a lo largo de la investigación estructuró fácticamente la circunstancia de mayor punibilidad atribuida, pues ello fácilmente se infiere de los siguientes apartes:
“En el análisis patrimonial se indicó que el mismo individuo, no declaró renta antes del año 2005, y que por lo tanto se desconocen las actividades a las que este se dedicaba en años anteriores, también se anotó que el enunciado registra como socio capitalista de algunas sociedades entre ellas inversiones CABRERA GUEVARA del actual (sic) es socia la sindicada LEIDY YURANI, con un aporte de $50 millones de pesos.
Con la prueba recopilada a lo largo de la investigación, hay certeza de la comisión del delito de LAVADO DE ACTIVOS, toda vez que la prueba indiciaria, abundante en el expediente nos permite inferir de manera razonable que los recursos utilizados para la adquisición de los bienes que figuran a nombre de la Entidad
Jurídica INVERSIONES CABRERA GUEVARA y CIA S EN C., tiene origen ilícito derivado del Enriquecimiento ilícito de su compañero sentimental, quien así (sic) mismo lo obtuvo de las defraudaciones a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL.
Es así que la conducta asumida por GUEVARA CUELLAR como compañera permanente de ARMANDO CABRERA POLANCO, es censurable, toda vez que prestó de manera consiente y voluntaria su concurso para asumir la condición de socia de la firma arriba señalada, cuando la verdad no tenía la capacidad económica que le permitiera hacer un aporte capital tan alto.”
“Si bien es cierto que la sindicada no adquirió ninguno de los bienes mencionados comprados a nombre de la sociedad, si lo es que esta aparece manejando los recursos de su compañero permanente con varios bienes a su nombre, y como propietaria del 50% de la Sociedad, así mismo quedo plenamente probado que el patrimonio del núcleo familiar y de la sociedad en mención fue conformado con dineros procedentes de las defraudaciones a la CAJA NACIONAL, es decir al Estado, al igual que numerosos bienes que se compraron en cabeza suya y de sus hijos, situación que no pudo ser desvirtuada razonablemente.”
En nuestra investigación encontramos que la señora LEIDY YURANI GUEVARA, tiene seriamente comprometida su responsabilidad puesto que le dio apariencia de legalidad, invirtió, ocultó y encubrió, la verdadera naturaleza y origen de los dineros que obtenían producto de la defraudación al Estado, y encubrió su origen ilícito, prueba irrefutable de esto es lo que anteriormente se consignó, que en el año 2006, en la ciudad de Neiva se encontraron 10 mil millones de pesos en efectivo y que a su nombre y al de la Empresa de la cual hace parte se registraron costosas propiedades. (Negrilla de la Sala)
Por manera que el ente acusador al calificar el mérito del sumario adelantado en contra de la señora LEYDI YURANNI GUEVARA CUELLAR atribuyó tanto fáctica como jurídicamente la circunstancia de agravación punitiva de que trata el artículo 324 de la Ley 599 de 2000, de allí que la conducta por la que debía responder en juicio la antes citada lo era el delito de Lavado de Activos Agravado al hacer parte de una sociedad “INVERSIONES CABRERA GUEVARA y CIA S EN C.” que se utilizó para dar apariencia de legalidad a dineros provenientes del desfalco a la Caja Nacional de Previsión Social.
Ahora, de manera puntual el reproche radica en que el presente caso el cargo formulado por el representante de la Fiscalía en audiencia preparatoria celebrada el día 22 de julio de 2013 no contenía agravación de tipo alguno.
Al respecto, un vez verificado el audio correspondiente a la diligencia antes citada se advierte que, en efecto, en el momento en que el Juez concede el uso de la palabra a la Fiscalía para que le señalara a la acusada los cargos, el citado sujeto procesal limita su intervención a leer el encabezado de la resolución de acusación de mayo 27 de 2011 y lo transcrito en la parte resolutiva de la misma, con los siguientes términos:
“República de Colombia, Dirección Nacional de Fiscalías, Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos, Fiscalía Quince Especializada, dentro del radicado No. 4138, Fiscalía Quince, Bogotá, mayo 27 de 2011, ante 1a cual en mérito de lo expuesto, la Fiscalía Quince Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, adscrita a la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, resuelve:
Proferir resolución de acusación en contra de la sindicada Leidy Yurani Guevara Cuellar, de condiciones personales conocidas en el plenario, como presunta autora responsable del punible de Lavado de Activos, descrito en el Código Penal, Libro II, Título X de los delitos contra el orden económico y social, capítulo V, artículo 323. Segundo: Contra esta determinación proceden los recursos de reposición y apelación. Tercero: En firme la presente resolución, remítase el proceso a los Juzgados Penales del Circuito Especializados – Reparto de esta ciudad, a fin que se asigne al Juzgado que corresponda y se asuma el conocimiento de la etapa de juicio. Cuarto: Envíense las comunicaciones de ley. Adviértase que contra esta resolución proceden los recursos de reposición y apelación31.”
Como lo expone el recurrente, inicialmente podría afirmarse que, en consideración a que en la parte resolutiva del pliego calificatorio se omitió incluir la circunstancia de agravación contenida en el artículo 324 de la Ley 599 de 2000, al funcionario le estaba vedado considerarla al emitir la sentencia condenatoria, lo mismo que al momento de tasar la pena; sin embargo, es necesario tener en cuenta que la consonancia de la sentencia con la resolución de acusación no se predica de manera exclusiva del acápite final de dicho proveído, sino de aquella con el contenido integral del acto acusatorio.
Frente a esto último, de antaño se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia32, en el sentido que la resolución de acusación, al igual que cualquiera otra providencia, debe ser entendida como un todo dinámico e imposible de escindir entre sus partes motiva y resolutiva; al respecto expuso:
31 Cd Audiencia Preparatoria – Diligencia aceptación de cargos para sentencia anticipada, 22 de julio de 2013. Audio 11001310700120130013000-110013107001-2, record 04:04.
32 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 22.959 de 28 de mayo de 2008, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca.
“La parte resolutiva de una decisión no es otra cosa que la necesaria consecuencia de la motivación; por lo tanto, no resulta aconsejable escindir artificialmente las partes que conforman un todo, por cuanto éstas se integran y complementan mutuamente”
“Pero aun tratándose de dos partes de la misma unidad, siendo la motiva un proceso de raciocinio lógico, es apenas natural y obvio que deba analizarse la providencia en su integridad y no en uno de sus apartes, porque al separarlo de su contexto es probable que se le haga decir lo que en realidad no dice”
Así las cosas, lo trascendental para efectos del principio de congruencia entre la formulación de acusación y la sentencia radica en que la agravante aparezca imputada desde el punto de vista jurídico de una manera clara e inequívoca en el pliego de cargos, independientemente de que figure o no en la parte resolutiva de la decisión, cuestión que a no dudarlo se presenta en el sub judice, si se tiene en cuenta que la circunstancia a la que se refiere el artículo 324 de la Ley 599 de 2000 fue señalada de manera expresa y plenamente definida en los aspectos normativo y fáctico a lo largo de la motivación.
De manera que, la omisión en que incurrió el delegado de la fiscalía cuando en la audiencia celebrada el 22 de julio de 2013 ante el Juzgado de origen, en el sentido en que tan sólo se limitó a leer, el encabezado y la parte resolutiva de la providencia acusatoria, no comporta las consecuencias que le atribuye el censor, como quiera que el reproche en contra de la procesada se consolidó en la resolución de 27 de mayo de 2011, y en esa medida al manifestar su voluntad de acogerse a sentencia anticipada con posterioridad a la ejecutoria de dicho proveído, se entiende que la aceptación se circunscribe a aquéllos imputados en el pliego acusatorio, mismos que fueron conocidos por el recurrente, así como por su
representada, tanto que inclusive en su contra ejercieron el mecanismo de alzada, en el momento procesal fijado para ello33.
Esta temática, ha sido objeto de pronunciamiento por el Máximo Tribunal de la Justicia Ordinaria34 en el sentido que en la etapa de juicio, cuando existe una resolución de acusación ejecutoriada, la norma únicamente dispone que el sindicado acepte la responsabilidad penal respecto de todos los cargos allí formulados, sin exigir una audiencia o diligencia especial, ni suscripción de acta, ni la asistencia del fiscal. Al efecto, sostiene dicha Corporación:
“Esta posición jurisprudencial, según la cual, la solicitud de sentencia anticipada en la fase de juzgamiento no contempla la ampliación de indagatoria, práctica de pruebas, o suscripción de un acta que contenga la aceptación de los cargos formulados, se encuentra vigente, por cuanto se parte de la formulación de cargos y no de la imputación hecha en la indagatoria”
Además, no es de recibo que se afirme el desconocimiento del cargo de Lavado de Activos Agravado, por cuanto existen circunstancias objetivas que develan el pleno entendimiento del plexo acusatorio y las imputaciones allí formuladas; demostrativo de ello es la manifestación efectuada por el defensor principal en la audiencia de 22 de julio de 2013 al señalar a quien presidía la diligencia lo siguiente: “He conversado con ella y me ha ratificado su voluntad de aceptar los cargos formulados en la resolución de acusación que ha servido como piso jurídico de este juicio que iniciamos el día de hoy en esta audiencia preparatoria35.”
33 Folio 66 Cuaderno original No. 14.
34 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 31.943 de septiembre 9 de 2009, M.P. Javier Zapata Ortiz.
35 Cd Audiencia Preparatoria – Diligencia aceptación de cargos para sentencia anticipada, 22 de julio de 2013. Audio 11001310700120130013000-110013107001-2, record 00:56.
Agréguese que la intención de GUEVARA CUELLAR de aceptar los cargos con fines de sentencia anticipada no fue consecuencia de la lectura que de la parte resolutiva de la resolución de acusación efectuó el señor Fiscal en la diligencia del 22 de julio del año inmediatamente anterior, si se tiene en cuenta que en el expediente obra el memorial presentado por la defensa ante esta Corporación el 4 de marzo de 201336, en el que se informó la voluntad de la encausada de reconocer su responsabilidad, con bastante antelación a la celebración de la audiencia preparatoria verificada ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado.
En síntesis de lo expuesto hasta ahora se colige que:
– El tipo de Lavado de Activos contenido en el artículo 323 de la Ley 599 de 2000, junto con la circunstancia de agravación del art. 324 ejusdem fue imputada tanto fáctica como jurídicamente en la resolución de acusación proferida por la Fiscalía Quince Especializada el día 27 de mayo de 2011 en contra de LEYDI YURANNI GUEVARA CUELLAR.
– Si bien es cierto, la parte resolutiva de la citada providencia no contiene la agravante, ésta fue abordada por el acusador en la motivación, recordando que la una y la otra comportan una necesaria unidad jurídica indivisible.
– En el momento en que la acusada manifiesta su voluntad de aceptar los cargos con fines de sentencia anticipada en la etapa de la causa se entiende que la misma se expresa respecto de aquellos contenidos en la resolución de 27 de mayo de 2011, y no solamente frente a la lectura formulada por el fiscal en diligencia de 22 de julio de 2013.
36 Folio 4 Cuaderno original No. 1 Tribunal.
– No se actualiza afectación al derecho de defensa o debido proceso en tanto el pliego de cargos fue ampliamente conocido por la procesada y su defensor, aspecto que se colige de las manifestaciones anteriores a la audiencia de verificación de aceptación de cargos de 22 de julio de 2013.
En tal orden de ideas, no tuvo lugar el citado quiebre del principio de congruencia que debe existir entre la acusación y la sentencia, aducido por el recurrente; por consiguiente, no ocurrió vulneración alguna a la estructura del proceso debido, como tampoco al derecho de defensa, en el presente caso. En fin el reproche que en tal sentido dirige la censura contra la decisión objeto de impugnación, no está llamado a prosperar.
Ahora bien, de otra parte, argumenta el recurrente que aun cuando el juez de instancia ubicó el quantum de la pena en el primer cuarto, la misma deviene drástica como que no se valoró la intensidad del dolo de la procesada, su ignorancia en temas jurídicos, así como el trasunto de los negocios de su compañero Armando Cabrera Polanco.
Al respecto oportuno es recordar que en el caso de la impugnación del fallo proferido como consecuencia de la voluntad expresada por el procesado de acogerse a la sentencia anticipada, el artículo 40 de la ley 600 de 2000 señala que los recursos que en contra del mismo se dirijan, están limitados a específicos aspectos como son la dosificación y los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, la extinción del dominio sobre bienes, y, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia,37 a la condena en perjuicios.
37 Corte Suprema de Justicia, radicado 14330 de 21 de febrero de 2002.
Ahora, bajo la premisa de indebida dosificación de la pena el censor formula el reproche sustentado en un argumento que devela a todas luces la intención de controvertir el acervo probatorio y en especial la responsabilidad de LEYDI YURANNI GUEVARA CUELLAR.
En efecto, nótese cómo el recurrente avanza en el campo de lo subjetivo al señalar que las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos indican que GUEVARA CUELLAR actuó siempre de buena fe, que de manera incontrovertible su conducta estuvo ajena de intensión dolosa, para afirmar, inclusive que “podemos ver como ninguna prueba del expediente, ni siquiera meridianamente, indica lo contrario, siendo el único pecado que realmente cometió mi prohijada en estos hechos, el haber sido la compañera permanente (…) del señor Armando Cabrera Polanco (…)”
En este orden, es claro que el reproche planteado en este sentido tampoco tiene posibilidad de éxito, en tanto le es vedado al censor debatir la responsabilidad de su representada con posterioridad a la aceptación de cargos formulados por la Fiscalía, no sólo por mandato legal, sino también porque deviene incompatible con los principios de preclusión, seguridad jurídica y lealtad.
Al respecto la Honorable Corte Suprema de Justicia, con apoyo en el inciso 10º del artículo 40 de la ley 600 de 2000, precisó que la prohibición de recurrir la sentencia anticipada por motivo diferente a la dosificación de la pena, los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, la extinción del dominio sobre los bienes y la condena en perjuicios, se extiende, de hecho, al recurso de casación puesto que al procesado y a su defensor les está vedado retractarse de lo ya admitido38.
38 Corte Suprema de Justicia, sentencia de casación de 21 de febrero de 2002, radicación: 14330, criterio reiterado en el radicado 26113 de 28 de julio de 2008.
Con todo, y al margen de lo anterior, una vez verificada por la Sala la dosificación efectuada por el a quo se observa que la misma se ajusta a la legalidad y resulta proporcional, frente a la gravedad de la conducta, la naturaleza del bien jurídico quebrantado y las circunstancias que rodearon el comportamiento delictivo, de donde se infiere que el fallador actuó dentro del marco que le confiere el inciso 3º del artículo 61 del Estatuto Punitivo, que a la letra reza:
Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse la pena, el sentenciador la impondrá ponderando los siguientes aspectos: la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, intensidad del dolo, la preterintención o la culpa recurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto.”
Bajo tales raseros, el sentenciador tuvo en cuenta la cantidad de dinero que se obtuvo de manera ilegal de CAJANAL, el que con la colaboración de GUEVARA CUELLAR fue invertido en la adquisición de bienes y de esta manera ocultar su origen espurio, aspectos que en últimas fueron considerados al situarse el fallador al fijar la pena, en primer cuarto; aunque no en el mínimo allí previsto, pero en fin respetando, en criterio de esta Sala, los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad contemplados en el artículo 3º del Código Penal como orientadores de la determinación del quantum punitivo.
Según la jurisprudencia constitucional en el establecimiento de la sanción punitiva, la proporcionalidad obedece a criterios tales como la protección de los bienes jurídicos tutelados, la necesidad de ese amparo específico y no otro, así como la intensidad del daño ocasionado con el comportamiento ilegal y la responsabilidad del agente en la comisión del mismo. En términos de la Corte:
“Mediante el principio de proporcionalidad se introducen las categorías de la antijuridicidad y la culpabilidad en el derecho constitucional. La responsabilidad de los particulares por infracción de la Constitución o de las leyes (CP art. 6), requiere de un daño efectivo a los bienes jurídicos protegidos y no meramente una intención que se juzga lesiva. Esto se desprende de la razón de ser de las propias autoridades, a saber, la de proteger a las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades (CP art. 2). Sólo la protección de bienes jurídicos realmente amenazados justifica la restricción de otros derechos y libertades, cuya protección igualmente ordena la Constitución. Por otra parte, la aplicación de la pena consagrada en la ley debe hacerse de acuerdo con el grado de culpabilidad del sujeto. El juicio de proporcionalidad es, por lo tanto, necesariamente individual y el castigo impuesto debe guardar simetría con el comportamiento y la culpabilidad del sujeto al que se imputa (C-591 de 1993).”39
Así, las cosas, y dado que los reproches del apoderado de la defensa, no prosperaron, por encontrarse la decisión del a quo, conforme a derecho, en la medida en que la pena impuesta y los cargos por los que fue condenada la señora LEIDY YURANNI GUEVARA CUELLAR respetan el principio de congruencia con la resolución de acusación, así como los criterios contemplados en el artículo 3º del Código Penal, se confirmará la sentencia del 11 de septiembre de 2013, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C..
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal de Extinción del Derecho del Dominio del Tribunal Superior del Distrito
39 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-070 del 22 de febrero de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Análisis de constitucionalidad del numeral 1º del artículo 372 del Decreto Ley 100 de 1980.
Judicial de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el once (11) de septiembre de dos mil trece (2013) mediante la cual condenó a LEIDY YUIRANNY GUEVARA CUELLAR, en calidad de autora, por el delito de Lavado de Activos Agravado, de conformidad con lo señalado en parte considerativa de la presente decisión.
SEGUNDO: Contra este fallo procede el recurso extraordinario de casación, en la forma y los términos contenidos en los artículos 205 y siguientes del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000).

References: resolución 
 artículo 327
 resolución 
 resolución 
 artículo 323
 resolución 
 artículo 393
 resolución 
 artículo 323
 artículo 400
 artículo 400
 artículo 401
 artículo 40
 artículo 324
 artículo 54
 resolución 
 artículo 324
 resolución 
 artículo 323
 artículo 76
 artículo 204
 artículo 324
 artículo 1
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 artículo 40
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 artículo 323
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 artículo 40
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 artículo 61
 artículo 3
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 artículo 3
 artículo 372