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AL JUZGADO 1º.- DECRETAR EL SECRETO DE LAS ACTUACIONES - PDF
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Carla Campos Herrera
1 1 Juzgado de Instrucción Número 30 - Madrid DPA 399/2013 AL JUZGADO DON JAVIER FERNÁNDEZ ESTRADA, Procurador de los Tribunales (CDO. 561) y de la Asociación Observatori per al Compliment de la Declaració Universal dels Drets Humans (DUDH) en els Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC), según se acredita mediante el poder que se acompaña como Documento Probatorio Número 1, ante este Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO: Que habiéndose notificado a esta parte hoy el auto de este Juzgado de fecha por el cual se acepta la inhibición causada por el Juzgado de Instrucción 10 de Madrid toda vez que, este Juzgado al que tenemos el honor de dirigirnos, conocía los hechos con anterioridad, interesa a esta parte que se proceda a acordar LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y DILIGENCIAS URGENTES COMPRENDIDAS EN LO PREVISTO Y PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 22 Y SIGUIENTES DE LA LECRIM. (Diligencias urgentes): 1º.- DECRETAR EL SECRETO DE LAS ACTUACIONES 2º.- ACORDAR LA ENTRADA Y REGISTRO EN EL DOMICILIO DEL QUERELLADO DON LUIS BÁRCENAS GUTIÉRREZ, CUYO
2 2 DOMICILIO SE ENCUENTRA EN PRÍNCIPE DE VERGARA 34, MADRID Se interesan estas diligencias en función de los siguientes RAZONAMIENTOS PRIMERA: SOBRE EL SECRETO DE LAS ACTUACIONES Esta parte entiende que esta Instrucción debe acordar, de forma inmediata, el secreto de las actuaciones para no desvirtuar el sentido de la diligencia interesada de entrada y registro. Este secreto, sin duda, afectará también a esta parte. Consideramos, no obstante, que una medida extraordinaria de estas características resulta absolutamente necesaria para la averiguación de la verdad, el aseguramiento de las posibles pruebas de los delitos denunciados y la finalidad última de toda fase de instrucción: preparar el futuro juicio oral. SEGUNDA: SOBRE LA ENTRADA Y REGISTRO EN EL DOMICILIO DEL QUERELLADO La gravedad y trascendencia pública de los hechos denunciados son del dominio público. Casos de presunta corrupción como el que se denuncian en el presente procedimiento han extendido la convicción en la ciudadanía de que se está ante una lacra incrustada en las principales instituciones del Estado, en los grandes partidos y en una parte no desdeñable del empresariado. Esta percepción ha conducido a muchos ciudadanos a pensar que es hora de que la justicia actúe y que lo haga con la contundencia proporcional a la gravedad del fenómeno.
3 3 Lo cierto, no obstante, es que hasta la actualidad la Fiscalía Anticorrupción ha mantenido una clara actitud disciplente en la investigación de los hechos denunciados. Buena muestra de ello, es que ni siquiera ha interesado ningún tipo de medida que permita impedir el evidente, y ya casi inevitable, riesgo de destrucción de pruebas por parte del imputado. No hay que olvidar que la Fiscalía está sometido al principio de legalidad. Lo cierto, no obstante, es que también se rige por el principio de dependencia jerárquica. Es, precisamente, cuando la Fiscalía se ve influida por los intereses del Gobierno de turno que deben activarse otros mecanismos de contrapeso democrático y de defensa del interés general como el que pretende representar esta parte. De hecho, el impulso de las organizaciones de derechos humanos ha sido fundamental para perseguir asuntos en los que la Fiscalía se ha opuesto o mostrado reacia a investigar. Los malos tratos o torturas de las fuerzas de seguridad o los crímenes internacionales como los de lesa humanidad, son algunos de los delitos que suelen llegar a los tribunales gracias a la acusación popular. Por ejemplo, casos como el de los crímenes cometidos por el GAL o los delitos de estafa y falsificación investigados en la querella contra Bankia han partido de allí. En el presente caso, llama poderosamente la atención la contemplativa actitud de la Fiscalía. Nada que ver con la diligencia con que asume la investigación de otros delitos con dimensión social o reivindicativa. Parece difícil no ver tras esa pasividad una posible maniobra para dar carpetazo al asunto. Ya ocurrió con el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, cuando la Fiscalía entendió que la utilización de fondos públicos para viajes privados no tenía que ser investigada por los tribunales. En realidad, a nadie debería extrañarle que ello pudiera suceder
4 4 teniendo en cuenta que el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres- Dulce, fue nombrado por el Gobierno del Presidente Mariano Rajoy. Y que, precisamente, este último y otros miembros del PP aparecen en los apuntes del extesorero como receptores de sobresueldos con cargo a la contabilidad en negro del partido. Por otro lado, tampoco de momento el Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional reputado competente para entender de estos hechos según resolución dictada por este Juzgado y recurrida por esta parte- ha puesto remedio a tal pasividad ante la evidente destrucción de pruebas. Insistimos que ante cualquier delito de menor entidad tanto el Ministerio Público como el Juzgado Central 5 seguramente no hubieran dudado en acordar una medida tan gravosa como la que estamos solicitando. Y, sin embargo, por sorprendente que parezca la misma no se ha adoptado todavía. La entrada y registro en el domicilio de cualquier persona es una medida invasiva y limitativa de derechos fundamentales razón por la cual se deberá acordar con carácter excepcional y en limitadísimos casos. Estamos, no obstante, ante el caso de presunta corrupción más grave de los últimos tiempos del Estado español. Y por ello, resulta urgente ya acordar una medida de estas características a los fines de preservar los elementos de prueba que todavía no se hayan destruido. La medida se interesa respecto a su domicilio particular. Sin duda, se trata del lugar conocido más probable en el que se puedan encontrar los documentos, ordenadores, facturas y demás elementos relevantes a los efectos de esta investigación que no se hayan destruido todavía. A la
5 5 formación de tal presunción contribuye el hecho conocido que el querellado ha cesado recientemente en su actividad laboral en la sede del Partido Popular. Y que, por otro lado, no se conoce que hasta el momento haya encontrado otro lugar trabajo donde haya podido depositar esos elementos de prueba. Visto desde esta perspectiva, resulta necesario recordar la reciente desaparición de unos ordenadores propiedad del querellado que se encontraban en el despacho de la sede nacional del Partido Popular (PP). El propio extesorero, según ha aparecido en los medios de prensa, habría presentado una denuncia contra el abogado del citado partido por el presunto robo de los ordenadores. No resulta nada descabellado pensar que en tales ordenadores podrían encontrarse efectos de interés de la presente investigación. Motivo que quizás explicaría la citada desaparición o sustracción. En realidad, lo que ello revela es que una mayor diligencia en la investigación podría haber impedido tan lamentable suceso con la consiguiente posible destrucción de pruebas. Que transcurra más tiempo sin que se acuerde medidas como la interesada para evitar estos u otros eventos de posible ocultación de pruebas en nada ayuda a poner coto a la creciente convicción, a ojos de los ciudadanos, de que existe una cierta impunidad en delitos de cuello blanco que afectan a ciertos sectores de la sociedad.
6 6 TERCERA: SOBRE LA URGENCIA DE LAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 22 Y SIGUIENTES DE LA LECRIM. Este Juzgado se ha inhibido a favor del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional. Esta resolución no es firme y ha sido recurrida por esta parte básicamente por los siguientes motivos: a.- Por entender que los hechos objeto de nuestra querella no son competencia de la Audiencia Nacional. b.- Por entender que el Juzgado Central de Instrucción 5 no es el competente al no ser el primero que conoció de los hechos. Lo fue éste al que nos dirigimos o, subsidiariamente, el Juzgado Central de Instrucción 3. c.- Por entender que el Juzgado Central de Instrucción 5 en su día estableció por resolución propia que no existía conexidad entre lo que él estaba instruyendo (denominada "trama Gürtel ) y los hechos aparecidos en los documentos de los que esta querella trae causa. Con independencia de esos motivos (expuestos in extenso en escrito aparte), la presente pretensión se fundamenta en el artículo 22 de la Ley ritual. En base a esa norma, puede afirmarse que existen diligencias que, por su naturaleza y finalidad, deben practicarse en primer lugar y de forma urgente. No pueden, por ello, aplazarse a la espera de dilucidar cuestiones procesales como las de competencia del órgano instructor. Qué situación
7 7 de mayor urgencia puede existir que la de asegurar las posibles evidencias que el querellado oculta en su domicilio en un caso de tanta gravedad como el presente? Se trata de una medida proporcional, razonable y absolutamente necesaria para poner a disposición de la Justicia los citados elementos indiciarios que el querellado pueda todavía conservar. Y más tratándose de un hecho delictivo de las características del presente caso, donde los indicios de su comisión están vinculados a datos contenidos en documentos u ordenadores. Ese no es sin duda el criterio de una Fiscalía Anticorrupción que parece más preocupada en establecer la cuestión de la competencia y el juez que deba dirigir la investigación que en garantizar las evidencias necesarias para el buen fin de este procedimiento. Esta parte, en ese sentido, ya ha expresado anteriormente sus temores o críticas al papel asumido por la Fiscalía hasta el momento en el presente caso. En tiempos de ascendente corrupción, basta poner de ejemplo para justificar la adopción de tal medida lo que está sucediendo en el llamado caso Urdangarín. Como es sabido, y de acuerdo con las informaciones aparecidas en la prensa, en tal causa ciertos datos contenidos en correos personales de uno de los imputados han sido utilizados con fines espurios. Entre ellos, al parecer, como medio de negociación entre las partes y sin el conocimiento de los Tribunales. Y todo ello ante el estupor o escándalo de una ciudadanía cada vez más convencida que la Administración de Justicia no opera con la misma contundencia o parámetros según sean unos u otros los que se enfrenten a ellos.
8 8 En el fondo, la adopción de una medida como la interesada puede contribuir a disminuir esa impresión instalada en la ciudadanía de doble vara de medir en la actuación de los poderes públicos. Y a asegurar, en el plano de la prevención general propia del derecho penal, que todos los ciudadanos son iguales ante la Ley. Por lo anterior SOLICITO AL JUZGADO que tenga por presentado en tiempo y forma este escrito sirviéndose admitirlo a trámite y teniendo por solicitadas las MEDIDAS Y DILIGENCIAS URGENTES consistentes en: 1º.- DECRETAR EL SECRETO DE LAS ACTUACIONES 2º.- ACORDAR LA ENTRADA Y REGISTRO EN EL DOMICILIO DEL QUERELLADO DON LUIS BÁRCENAS GUTIÉRREZ, CUYO DOMICILIO SE ENCUENTRA EN PRÍNCIPE DE VERGARA 34, MADRID Por ser de Justicia que pido en Madrid a Javier Fernández Estrada Procurador Letrados:
EL PROCESO COMO INSTRUMENTO DE CONTROL SOCIAL
EL PROCESO COMO INSTRUMENTO DE CONTROL SOCIAL Introducción. Todas las sociedades generan sus propios mecanismos de control social, con la finalidad de mantener y regenerar su propio orden socio-económico

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 resolución 
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