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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES SENADO X LEGISLATURA. 28 de abril de 2015 I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY - PDF
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Antonio Montoya Maestre
1 BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES X LEGISLATURA Núm de abril de 2015 Pág. 4 I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia concursal (procedente del Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre). (621/000116) (Cong. Diputados, Serie A, núm. 117 Núm. exp. 121/000117) S El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 30 enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia concursal (procedente del Real DecretoLey 11/2014, de 5 de septiembre). Palacio del Senado, 22 de abril de Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes. NÚM. 1 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Uno. 5. El ordinal 1.º del apartado 2 del artículo 94 de la Ley Concursal, modificado en el número 5 del apartado uno del artículo único, queda redactado en los siguientes términos: «1.º Laborales, entendiéndose por tales los acreedores de derecho laboral. Quedan excluidos los vinculados por la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. A estos efectos tendrán igualmente consideración de acreedores de derecho laboral los trabajadores autónomos económicamente dependientes en cuantía que no exceda de la prevista en el artículo 91.1.º» De modificación.
2 Pág. 5 MOTIVACIÓN Se propone suprimir la mención al exceso de la cuantía prevista en el artículo 91.1.º al hablar de alta dirección, porque se le concede un privilegio injustificado frente al personal laboral ordinario, y porque el personal de alta dirección puede haber sido coautor de la situación de insolvencia del deudor. NÚM. 2 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Uno. 5. De modificación. El ordinal 3.º del apartado 2 del artículo 94 de la Ley Concursal, modificado en el número 5 del apartado uno del artículo único, queda redactado en los siguientes términos: «3.º Financieros, entendiéndose por tales los titulares de cualquier endeudamiento financiero sometidos a supervisión financiera.» MOTIVACIÓN Entendemos que las entidades no sometidas a supervisión no pueden ser consideradas como entidades financieras, conforme a la legislación española. Resulta injustificable introducir una excepción al criterio general de la ley en el ámbito concursal, con la única finalidad de favorecer a los fondos buitres en su compra de activos a precio de saldo. NÚM. 3 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Uno. 5. De modificación. Al final del primer párrafo del apartado 5 del artículo 94 de la Ley Concursal, modificado en el número 5 del apartado uno del artículo único, la expresión: «ni superior al valor del crédito privilegiado ni al valor de la responsabilidad máxima hipotecaria o pignoraticia que se hubiese pactado.» Se sustituye por la expresión: «ni superior al que resulte menor entre el valor del crédito privilegiado o el 90 por ciento del valor razonable del bien o derecho sobre el que esté constituida la garantía.»
3 Pág. 6 MOTIVACIÓN La norma del texto del Gobierno atribuye un privilegio injustificado a los créditos con garantía real, que de ordinario suelen ser financieros, además de ser contraria a uno de los criterios rectores de la Ley Concursal que es, por utilizar la expresión de su exposición de motivos, la «poda de privilegios». NÚM. 4 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Uno. 5. De modificación. La letra b) del apartado 5 del artículo 94 de la Ley Concursal, modificado en el número 5 del apartado uno del artículo único, queda redactada en los siguientes términos: «b) En caso de bienes inmuebles, el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España. Dicha sociedad deberá haber sido designada por el administrador concursal y el informe deberá haber sido emitido dentro de los seis meses anteriores a la fecha en la que se pretenda hacerlo valer.» MOTIVACIÓN Explicitar, por un lado, que es el administrador concursal quien designa a la sociedad de tasación y, por otro lado, aplicar la regla general de que la eficacia de esos informes se limita a seis meses, más aún cuando el mercado de bienes inmuebles es tan volátil. NÚM. 5 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Uno. 5. De modificación. El párrafo que sigue a la letra c) del apartado 5 del artículo 94 de la Ley Concursal, modificado en el número 5 del apartado uno del artículo único, queda redactado en los siguientes términos: «El informe previsto en la letra c) no será necesario cuando dicho valor hubiera sido determinado por experto independiente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de declaración de concurso, ni cuando se trate de efectivo, cuentas corrientes, dinero electrónico o imposiciones a plazo fijo.» MOTIVACIÓN En el caso de bienes inmuebles, entendemos que la regla contenida en la letra b) no debe admitir excepciones.
4 Pág. 7 NÚM. 6 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Uno. 8. De modificación. El primer inciso del apartado 2 del artículo 100 de la Ley Concursal, modificado en el número 8 del apartado uno del artículo único, queda redactado en los siguientes términos: «2. La propuesta de convenio podrá contener, además, proposiciones alternativas para todos o algunos de los acreedores, con excepción de los acreedores públicos y laborales ordinarios.» MOTIVACIÓN Proteger a los créditos laborales en las mismas condiciones que tienen los créditos públicos. NÚM. 7 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Uno. 8. De modificación. El último párrafo del apartado 2 del artículo 100 de la Ley Concursal, modificado en el número 8 del apartado uno del artículo único, queda redactado en los siguientes términos: «Las proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el adquiriente de la continuidad de la actividad empresarial o profesional propia de las unidades productivas a las que afecte. En estos casos, deberá negociarse esta operación con los representantes de los trabajadores en los términos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y normativa complementaria.» MOTIVACIÓN Pudiendo afectar esta operación a las condiciones laborales, es obligado negociar con los representantes de los trabajadores, tal y como se establece en la normativa ordinaria aplicable e, incluso, en el artículo 64 de la propia Ley Concursal. NÚM. 8 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Uno. 17.
5 Pág. 8 De modificación. La letra a) del apartado 1 del artículo 124 de la Ley Concursal, modificado en el número 17 del apartado uno del artículo único, queda redactada en los siguientes términos: «a) Si hubiera votado a favor del mismo, al menos, un 50 por ciento del pasivo ordinario, quedarán sometidos, salvo los acreedores públicos o laborales, a las quitas iguales o inferiores a la mitad del importe del crédito; a las esperas, salvo los acreedores públicos o laborales, ya sean de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad adecuada, con un plazo no superior a cinco años; o, en el caso de acreedores distintos de los públicos o los laborales, a la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo.» MOTIVACIÓN Debe protegerse a los acreedores públicos y laborales por tener un interés jurídico necesitado de una protección singular. NÚM. 9 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Uno. 17. De modificación. La letra b) del apartado 1 del artículo 124 de la Ley Concursal, modificado en el número 17 del apartado uno del artículo único, queda redactada en los siguientes términos: «b) Si hubiera votado a favor del mismo un 65 por ciento del pasivo ordinario, quedarán sometidos, salvo los acreedores públicos o laborales, a las esperas con un plazo de más de cinco años, pero en ningún caso superior a diez; a las quitas superiores a la mitad del importe del crédito, salvo los acreedores públicos o laborales; y, en el caso de acreedores distintos de los públicos o los laborales, a la conversión de deuda en préstamos participativos por el mismo plazo y a las demás medidas previstas en el artículo 100.» MOTIVACIÓN Debe protegerse a los acreedores públicos y laborales por tener un interés jurídico necesitado de una protección singular. NÚM. 10 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Uno. 19.
6 De modificación. El número 19 del apartado uno del artículo único, queda redactado como sigue: «19. Se añade un apartado 3 al artículo 134, en los siguientes términos: 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los acreedores privilegiados, salvo los públicos o laborales, ( ). ( ) BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES Pág. 9 En el caso de acreedores con privilegio especial, el cómputo de las mayorías se hará en función de la proporción de las garantías aceptantes sobre el valor total de las garantías otorgadas dentro de cada clase. En este cómputo no se tendrán en cuenta los créditos públicos o laborales. En el caso de los acreedores con privilegio general, el cómputo se realizará en función del pasivo aceptante sobre el total del pasivo que se beneficie de privilegio general dentro de cada clase. En este cómputo no se tendrán en cuenta los créditos públicos o laborales.» MOTIVACIÓN Debe protegerse a los acreedores públicos y laborales por tener un interés jurídico necesitado de una protección singular. NÚM. 11 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Uno. Apartado nuevo. Se añade un nuevo número en el apartado uno del artículo único, con la siguiente redacción: «2 bis (nuevo). El ordinal 1.º del apartado 1 del artículo 90, queda redactado en los siguientes términos: Artículo 90. Créditos con privilegio especial. 1. Son créditos con privilegio especial: 1.º Los créditos garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con prenda sin desplazamiento, sobre los bienes o derechos hipotecados o pignorados. Los créditos laborales y, en su caso, los que ostente el Fondo de Garantía Salarial por subrogación de aquellos y que se deriven de un acuerdo de refinanciación o de un acuerdo regulado en el apartado 2 del artículo 71 bis de esta Ley, hayan sido homologados o no, tendrán preferencia de cobro sobre los bienes o derechos inscribibles en un registro público o sus productos directos, ciertos o presuntos, sobre cualquier otro acreedor o adquiriente.»
7 Pág. 10 MOTIVACIÓN Se propone crear una hipoteca legal tácita a favor de los créditos laborales y, en caso de subrogarse en estos, del FOGASA, para proteger de manera adecuada los derechos de los trabajadores en las empresas que en una situación preconcursal acometen acuerdos de reestructuración y refinanciación, a fin de dotarles de una cierta y limitada protección frente a los demás acreedores que participen en dichos acuerdos. NÚM. 12 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Uno. Apartado nuevo. Se añade un nuevo número en el apartado uno del artículo único, con la siguiente redacción: «3 bis (nuevo). El ordinal 1.º del artículo 91, queda redactado en los siguientes términos: Artículo 91. Créditos con privilegio general. Son créditos con privilegio general: 1.º Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, las indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, devengados con anterioridad a la declaración de concurso. Esta calificación se extiende a las prestaciones anteriores a la declaración de concurso que satisfaga el Fondo de Garantía Salarial conforme a su normativa específica. Igual privilegio ostentarán los capitales coste de Seguridad Social de los que sea legalmente responsable el concursado, y los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, siempre que sean devengadas con anterioridad a la declaración de concurso.» MOTIVACIÓN Resulta necesario extender la calificación de créditos con privilegio general a los que pueda ostentar el FOGASA por haber satisfecho las prestaciones a las que se refiere este precepto. NÚM. 13 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Uno. Apartado nuevo.
8 Pág. 11 Se añade un nuevo número en el apartado uno del artículo único, con la siguiente redacción: «8 bis (nuevo). Se añade un nuevo apartado 6 en el artículo 100, que queda redactado en los siguientes términos: 6 (nuevo). Toda propuesta de convenio deberá contemplar de manera expresa las consecuencias laborales colectivas e individuales, directas e indirectas, que se deriven de dicha propuesta. A tal fin, el proponente del convenio deberá comunicar por escrito a los representantes de los trabajadores dichas consecuencias con el fin de abrir un periodo de consultas con los mismos. El documento que recoja el resultado de estas consultas formará parte, a todos los efectos y con todas las consecuencias legales, tanto formales como materiales, de la propuesta de convenio. En caso de no llegarse a acuerdo entre las partes se estará a lo establecido en la legislación laboral para las negociaciones colectivas, debiendo incorporarse a la propuesta de convenio la resolución que se dicte al respecto.» MOTIVACIÓN Resulta necesario proteger de manera adecuada los derechos de los trabajadores en toda propuesta de convenio, que se basa en la continuidad de la actividad económica del deudor. NÚM. 14 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Dos. 3. De modificación. El apartado 4 del artículo 146 bis de la Ley Concursal, añadido en el número 3 del apartado dos de artículo único, queda redactado en los siguientes términos: «4. La transmisión no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el adquiriente la hubiera asumido expresamente o existiese disposición legal en contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo La exclusión establecida en el párrafo anterior no se aplicará cuando los adquirientes de las unidades productivas sean personas especialmente relacionadas con el concursado. En todo caso, lo dispuesto en el párrafo primero de este apartado no será de aplicación a los créditos públicos o laborales.» MOTIVACIÓN Además de una corrección técnica (las reglas no se describen sino que se establecen), debe protegerse a los acreedores públicos y laborales por tener un interés jurídico necesitado de una protección singular. NÚM. 15 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Dos. 4.
9 Pág. 12 De modificación. El apartado 5 del artículo 148 de la Ley Concursal, añadido en el número 4 del apartado dos de artículo único, queda redactado en los siguientes términos: «5. Salvo para los acreedores públicos o laborales, ( ).» MOTIVACIÓN Debe protegerse también a los acreedores laborales por tener un interés jurídico especialmente necesitado de una protección singular. NÚM. 16 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Dos. 4. De modificación. El apartado 6 del artículo 148 de la Ley Concursal, añadido en el número 4 del apartado dos de artículo único, queda redactado en los siguientes términos: «6. El juez, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar la retención de hasta un 20 por ciento de la masa activa del concurso en una cuenta del juzgado. Dichos activos serán preferentemente monetarios y, en todo caso, el montante de la retención deberá bastar para cubrir el pago de los créditos públicos o laborales. Este montante, ( ).» MOTIVACIÓN El 15 por ciento del texto del Gobierno es insuficiente. Además, los activos deben ser monetarios para cumplir su función, puesto que de lo contrario su realización podría dar lugar a una disminución de su importe. Por último, debe asegurarse el cobro de los créditos públicos o laborales por tener un interés jurídico necesitado de una protección singular. NÚM. 17 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Dos. 5. De modificación.
10 Pág. 13 El segundo párrafo de la regla 1.ª del apartado 1 del artículo 149 de la Ley Concursal, modificado en el número 5 del apartado dos del artículo único, queda redactado en los siguientes términos: «La enajenación del conjunto o, en su caso, de cada unidad productiva se hará mediante subasta. No obstante, el juez podrá acordar la realización a través de enajenación directa o a través de persona o entidad especializada cuando la subasta quedare desierta o cuando, a la vista del informe de la administración concursal, considere que es la forma más idónea para salvaguardar los intereses del concurso. Para la elaboración de dicho informe se oirá, necesariamente, a los acreedores públicos y a los representantes de los trabajadores. La transmisión mediante entidad especializada se realizará con cargo a las retribuciones de la administración concursal.» MOTIVACIÓN La importancia del informe de la administración concursal para excluir la aplicación de la regla general de la subasta en la enajenación de unidades productivas, impone escuchar a los acreedores públicos y a los representantes de los trabajadores, debido a que dicha operación constituye una verdadera sucesión de empresa. NÚM. 18 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Dos. 5. De modificación. La regla 3.ª del apartado 1 del artículo 149 de la Ley Concursal, modificado en el número 5 del apartado dos del artículo único, queda redactada en los siguientes términos: «5.ª No obstante lo previsto en la regla 1.ª, entre ofertas cuyo precio no difiera en más del 15 por ciento de la inferior, deberá el juez acordar la adjudicación a esta siempre que se garantice el mantenimiento del empleo para la continuidad de la empresa o en su caso de las unidades productivas y de los puestos de trabajo, así como siempre que se garanticen los créditos de los acreedores laborales, incluidas las indemnizaciones por movilidad geográfica.» MOTIVACIÓN La continuidad de la empresa y de los puestos de trabajo es una prioridad absoluta. Se propone por tanto sustituir «podrá» por «deberá» en lo relativo a la actitud del juez en materia de adjudicación entre ofertas. Además, la subrogación en el ámbito laboral se justifica en la protección de los derechos de los trabajadores y en que el mantenimiento del empleo es una necesidad para el crecimiento económico. NÚM. 19 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Dos. 5.
11 Pág. 14 De supresión. Se propone suprimir en el apartado 4 del artículo 149 de la Ley Concursal, modificado en el número 5 del apartado dos del artículo único, desde «En tal caso,, hasta colectivas de trabajo.» MOTIVACIÓN Si a efectos laborales y de Seguridad Social existe sucesión de empresas, la legislación ya es clara al respecto. Los incisos que se propone suprimir atentan directamente contra los derechos laborales más elementales. NÚM. 20 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Dos. Apartado nuevo. Se añade un nuevo número en el apartado dos del artículo único, con la siguiente redacción: «7 bis (nuevo). El número 2.º del apartado 2 del artículo 176 bis, queda redactado en los siguientes términos: 2.º Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago y las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional.» MOTIVACIÓN Se propone configurar el pago de los créditos laborales, en caso de insuficiencia de la masa activa, en los mismos términos que reconoce el artículo 91 con la debida regulación de las indemnizaciones y los salarios. NÚM. 21 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.
12 Pág. 15 Se añade un nuevo apartado en el artículo único, con la siguiente redacción: «Uno pre (nuevo). Modificaciones en materia de preconcurso. 1. El artículo 5 bis queda redactado en los siguientes términos: Artículo 5 bis. Comunicación de negociaciones y efectos. 1. El deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación de los previstos en el artículo 71 bis.1 y en la Disposición adicional cuarta o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio en los términos previstos en esta Ley. En el caso en que solicite un acuerdo extrajudicial de pago, una vez que el mediador concursal propuesto acepte el cargo, el registrador mercantil o notario al que se hubiera solicitado la designación del mediador concursal deberá comunicar, de oficio, la apertura de las negociaciones al juzgado competente para la declaración de concurso. 2. Esta comunicación podrá formularse en cualquier momento antes del vencimiento del plazo establecido en el artículo 5. Formulada la comunicación antes de ese momento, no será exigible el deber de solicitar la declaración de concurso voluntario. 3. El secretario judicial ordenará la publicación en el Registro Público Concursal del extracto de la resolución por la que se deje constancia de la comunicación presentada por el deudor o, en los supuestos de negociación de un acuerdo extrajudicial de pago, por el notario o por el registrador mercantil, en los términos que reglamentariamente se determinen. Caso de solicitar expresamente el deudor el carácter reservado de la comunicación de negociaciones, no se ordenará la publicación del extracto de la resolución. El deudor podrá solicitar el levantamiento del carácter reservado de la comunicación en cualquier momento. 4. Desde la presentación de la comunicación y hasta que se formalice el acuerdo de refinanciación previsto en el artículo 71 bis.1, o se dicte la providencia admitiendo a trámite la solicitud de homologación judicial del acuerdo de refinanciación, o se adopte el acuerdo extrajudicial, o se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio o tenga lugar la declaración de concurso, no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o extrajudiciales de bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Las ejecuciones de dichos bienes o derechos que estén en tramitación quedarán suspendidas con la presentación de la resolución del secretario judicial dando constancia de la comunicación. Las limitaciones previstas en los incisos anteriores quedarán en todo caso levantadas una vez transcurridos los plazos previstos en el apartado siguiente. Tampoco podrán iniciarse o, en su caso, quedarán suspendidas las ejecuciones singulares promovidas por los acreedores de pasivos financieros a los que se refiere la disposición adicional cuarta, siempre que se justifique que un porcentaje no inferior al 51 por ciento de pasivos financieros han apoyado expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas a la suscripción del acuerdo de refinanciación, comprometiéndose a no iniciar o continuar ejecuciones individuales frente al deudor en tanto se negocia. Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no impedirá que los acreedores con garantía real ejerciten la acción real frente a los bienes y derechos sobre los que recaiga su garantía sin perjuicio de que, una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado mientras no hayan transcurrido los plazos previstos en el primer párrafo de este apartado. Quedan, en todo caso, excluidos de las previsiones contenidas en este apartado los procedimientos de ejecución que tengan por objeto hacer efectivos créditos de derecho público y créditos laborales. 5. Transcurridos tres meses desde la comunicación al juzgado, el deudor, haya o no alcanzado un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos o las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente, a menos que ya lo hubiera solicitado el mediador concursal o no se encontrara en estado de insolvencia. De la comunicación al juzgado, éste dará traslado al Fondo de Garantía Salarial. 6. Formulada la comunicación prevista en este artículo, no podrá formularse otra por el mismo deudor en el plazo de un año. 7. Todo acuerdo de refinanciación deberá contemplar de manera expresa las consecuencias laborales colectivas e individuales, directas e indirectas, que se deriven de dicho acuerdo. A tal fin, el deudor
13 Pág. 16 deberá comunicar por escrito a los representantes de los trabajadores dichas consecuencias con el fin de abrir un periodo de consultas con los mismos. El documento que recoja el resultado de estas consultas formará parte, a todos los efectos y con todas las consecuencias legales, tanto formales como materiales, de los documentos que acompañan al acuerdo de refinanciación. En caso de no llegarse a acuerdo entre las partes se estará a lo establecido en la legislación laboral para las negociaciones colectivas, debiendo incorporarse al acuerdo de refinanciación la resolución que se dicte al respecto. 8. A los efectos de este artículo, tendrán la consideración de acreedores de pasivos financieros los titulares de cualquier endeudamiento financiero sometidos a supervisión financiera. Quedan excluidos de tal concepto los acreedores por operaciones comerciales y los acreedores de pasivos de derecho público. 2. El ordinal 3.º de la letra b) del apartado 1 del artículo 71 bis queda redactado en los siguientes términos: 3.º El acuerdo haya sido formalizado en instrumento público al que se habrán unido todos los documentos que justifiquen su contenido y el cumplimiento de los requisitos anteriores. En particular, deberán unirse a dicho instrumento público los documentos establecidos en el apartado 7 del artículo 5 bis de esta Ley. 3. La letra e) del apartado 2 del artículo 71 bis queda redactada en los siguientes términos: e) Que el acuerdo haya sido formalizado en instrumento público otorgado por todas las partes intervinientes en el mismo, y constancia expresa de las razones que justifican, desde el punto de vista económico, los diversos actos y negocios realizados entre el deudor y los acreedores intervinientes, con especial mención de las condiciones previstas en las letras anteriores. En particular, deberán unirse a dicho instrumento público los documentos establecidos en el apartado 7 del artículo 5 bis de esta Ley. 4. Se añade un nuevo apartado 5 en el artículo 71 bis, que queda redactado en los siguientes términos: 5 (nuevo). A los efectos de este artículo, tendrán la consideración de acreedores de pasivos financieros los titulares de cualquier endeudamiento financiero sometidos a supervisión financiera. Quedan excluidos de tal concepto los acreedores por operaciones comerciales y los acreedores de pasivos de derecho público. 5. El apartado 5 del artículo 231 queda redactado en los siguientes términos: 5. Tampoco será posible iniciar el acuerdo extrajudicial si cualquiera de los acreedores del deudor, que necesariamente debieran verse vinculados por el acuerdo, hubiera sido declarado en concurso. Los créditos de derecho público y los créditos laborales no podrán verse afectados por el acuerdo extrajudicial. Los créditos con garantía real únicamente podrán incorporarse al acuerdo extrajudicial y verse afectados por el mismo si así lo decidiesen los acreedores que ostentan su titularidad, mediante la comunicación expresa prevista por el apartado 4 del artículo 234. En todo caso, y sólo si así lo decidiesen los trabajadores afectados o por acuerdo de la representación de los trabajadores con el deudor, podrán verse afectados los créditos laborales solo en la parte que exceda de la responsabilidad a cargo del Fondo de Garantía Salarial. No podrán acudir al procedimiento previsto en este Título las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 6. El primer párrafo del apartado 2 del artículo 232 queda redactado en los siguientes términos: 2. La solicitud se hará mediante instancia suscrita por el deudor, en la que el deudor hará constar el efectivo y los activos líquidos de que dispone, los bienes y derechos de que sea titular, los ingresos regulares previstos, una lista de acreedores con expresión de la cuantía y vencimiento de los respectivos créditos, una relación de los contratos vigentes y una relación de gastos mensuales previstos. Esta lista de acreedores también comprenderá a los titulares de préstamos o créditos con garantía real o de derecho público o laboral sin perjuicio de que puedan no verse afectados por el acuerdo. 7. El apartado 2 del artículo 235 queda redactado en los siguientes términos: 2. Desde la publicación de la apertura del expediente y por parte de los acreedores que pudieran verse afectados por el posible acuerdo extrajudicial de pagos, no podrá iniciarse ni continuarse ejecución
14 Pág. 17 alguna sobre el patrimonio del deudor mientras se negocia el acuerdo extrajudicial hasta un plazo máximo de tres meses. Se exceptúan los acreedores de créditos con garantía real, en cuyo caso, el inicio o continuación de la ejecución dependerá de la decisión del acreedor. El acreedor con garantía real que decida iniciar o continuar el procedimiento no podrá participar en el acuerdo extrajudicial. Practicada la correspondiente anotación de la apertura del procedimiento en los registros públicos de bienes, no podrán anotarse respecto de los bienes del deudor instante, embargos o secuestros posteriores a la presentación de la solicitud del nombramiento de mediador concursal, salvo los que pudieran corresponder en el curso de procedimientos seguidos por los acreedores de derecho público, derecho laboral y los acreedores titulares de créditos con garantía real que no participen en el acuerdo extrajudicial. 8. El apartado 1 del artículo 236 queda redactado en los siguientes términos: 1. Tan pronto como sea posible, y en cualquier caso con una antelación mínima de veinte días naturales a la fecha prevista para la celebración de la reunión, el mediador concursal remitirá a los acreedores, con el consentimiento del deudor, un plan de pagos de los créditos pendientes de pago a la fecha de la solicitud, en el que la espera o moratoria no podrá superar los tres años y en el que la quita o condonación no podrá superar el 25 por ciento del importe de los créditos. El plan de pagos se acompañará de un plan de viabilidad y contendrá una propuesta de cumplimiento regular de las nuevas obligaciones, incluyendo, en su caso, la fijación de una cantidad en concepto de alimentos para el deudor y su familia, y de un plan de continuación de la actividad profesional o empresarial que desarrollara. El plan de pagos incluirá necesariamente una propuesta de negociación de las condiciones de los préstamos y créditos así como copia del acuerdo o solicitud de aplazamiento de los créditos de derecho público o, al menos, de las fechas de pago de los mismos, si no van a satisfacerse en sus plazos de vencimiento. El plan de pagos no podrá contener aplazamiento de los créditos laborales. 9. El apartado 4 del artículo 236 queda redactado en los siguientes términos: 4. El mediador concursal deberá solicitar de inmediato la declaración de concurso de acreedores si, dentro del plazo mencionado en el apartado 3 de este artículo, decidieran no continuar con las negociaciones los acreedores que representasen al menos la mayoría del pasivo que necesariamente pudiera verse afectados por el acuerdo, excluidos los créditos con garantía real cuyos titulares no hubiesen comunicado su voluntad de intervenir en el mismo o cualquier acreedor de derecho público o derecho laboral. 10. El tercer párrafo del apartado 1 de la disposición adicional cuarta queda redactado en los siguientes términos: A los efectos de esta disposición, tendrán la consideración de acreedores de pasivos financieros los titulares de cualquier endeudamiento financiero sometidos a supervisión financiera. Quedan excluidos de tal concepto los acreedores por operaciones comerciales y los acreedores de pasivos de derecho público. 11. Se añade un nuevo apartado 14 en la disposición adicional cuarta, que queda redactado en los siguientes términos: 14. Para la admisión a trámite y concesión de la homologación, será inexcusable, y sin excepción alguna, aportar junto con la solicitud los documentos establecidos en el apartado 7 del artículo 5 bis de esta Ley. 12. Se añade una nueva disposición adicional novena, que queda redactada en los siguientes términos: Disposición adicional novena. Intervención de los representantes de los trabajadores en la elaboración de los planes de viabilidad vinculados a los acuerdos de refinanciación y a los acuerdos extrajudiciales de pagos. Cuando el deudor haya iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación de los previstos en el artículo 71 bis.1 y en la disposición adicional cuarta de esta Ley o para obtener adhesiones
15 Pág. 18 a una propuesta anticipada de convenio en los términos previstos en esta Ley, o solicite un acuerdo extrajudicial de pagos, o cualesquiera otras fórmula de preconcurso, el correspondiente plan de viabilidad que implique necesariamente la adopción de medidas laborales que puedan repercutir en el empleo o en las condiciones de trabajo, deberá acreditar que ha cumplido las previsiones establecidas en la legislación laboral en materia de información y consulta de los representantes de los trabajadores en la empresa. Ello se entiende sin perjuicio de que las medidas laborales que en su caso se prevean en dicho plan se sometan a la legislación laboral para determinar su validez y eficacia, correspondiendo a la jurisdicción social el conocer sobre las mismas. 13. Se añade una nueva disposición adicional décima, que queda redactada en los siguientes términos: Disposición adicional décima. Acceso al Fondo de Garantía Salarial en situaciones preconcursales. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 5 bis de esta Ley en lo que respecta a la no paralización de los procedimientos de ejecución que tengan por objeto hacer efectivos créditos de derecho laboral, el Fondo de Garantía salarial abonará a los trabajadores los créditos previstos en el Artículo 33 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores a causa de insolvencia, acuerdo extrajudicial de pago o concurso de acreedores. En los supuestos de acuerdo extrajudicial de pago, la obligación del Fondo de Garantía Salarial nace desde la comunicación del inicio de las negociaciones.» MOTIVACIÓN Se proponen diversas modificaciones en materia de preconcurso porque entendemos necesario que se asegure un mecanismo procesal que cumpla con la necesidad de atender de forma efectiva el pago de las deudas laborales con cargo al patrimonio empresarial, sin perjuicio de asegurar cuando sea posible la propia continuidad de la empresa. Así, resulta necesario proteger de manera adecuada los derechos de los trabajadores en las empresas que, en una situación preconcursal, acometen acuerdos de reestructuración y refinanciación, adelantando la respuesta tuitiva sin esperar a que se conforme un marco financiero y económico inamovible que dificulte dicha protección. También se propone que la situación en la que se encuentra la empresa sea conocida directamente por el FOGASA, para evitar la oposición en las ejecuciones singulares y al objeto de agilizar el pago a los trabajadores de los créditos pendientes. Además, la regulación vigente sólo excluye de los acuerdos extrajudiciales de pagos a los créditos de derecho público y a los créditos de garantía real. Pero no alude a los créditos laborales, lo que puede generar su afectación al acuerdo extrajudicial con gravísimo perjuicio a la situación de los acreedores laborales, situación que es especialmente delicada para el trabajador por su dependencia para asegurar su subsistencia y la de su familia con el cobro de dichos créditos, más aun en la situación económica actual. También en relación a los créditos de los trabajadores, se propone habilitar el acuerdo colectivo o individual para que los mismos puedan participar en tales acuerdos, en tanto que se considere necesario para buscar fórmulas de viabilidad empresarial y la preservación de los puestos de trabajo, sin que las quitas o esperas puedan afectar al importe garantizado por el FOGASA. Se propone añadir una nueva disposición adicional en la Ley Concursal sobre la intervención de los representantes de los trabajadores en la elaboración de los planes de viabilidad vinculados a los acuerdos de refinanciación y a los acuerdos extrajudiciales de pagos. Cuando los planes de viabilidad incorporan medidas laborales, la actuación del deudor en su elaboración presupone la necesidad de cumplir la legislación laboral, que por otra parte es mera aplicación de la normativa europea e internacional en materia de información, consulta y participación de los representantes de los trabajadores en la empresa. La completa omisión de la Ley Concursal de este referente normativo introduce dudas interpretativas serias sobre la vigencia y el cumplimiento de esa normativa internacional en situaciones preconcursales. No se trata de incorporar requisitos adicionales, sino de garantizar el cumplimiento de los derechos de información y consulta establecidos, eliminando además conflictividad e inseguridad jurídica ante la eventual, en otro caso, actuación unilateral del deudor. Igualmente debe salvaguardarse la vigencia de la legislación laboral para articular tales planes de viabilidad con el cumplimiento de las exigencias a las que se someten las medidas laborales tanto en el
16 Pág. 19 Estatuto de los Trabajadores como en la propia Ley Concursal, eliminando la inseguridad que la omisión normativa puede generar sobre la plena vigencia de este bloque normativo. Se añade otra disposición adicional en la que se propone la posibilidad de acceder al FOGASA en situaciones preconcursales, ya que la regulación actual no contempla la responsabilidad del FOGASA ante la paralización de las ejecuciones mientras opera un expediente preconcursal. Esto genera un perjuicio a los trabajadores por cuanto se paraliza la ejecución laboral, pues puede suponer un retraso en la declaración de la insolvencia y en el acceso a la cobertura por el FOGASA. Tampoco se ha previsto de forma expresa que el FOGASA asuma la responsabilidad en las deudas laborales en caso de alcanzarse un acuerdo extrajudicial de pagos que afecte a deudas laborales imponiendo retrasos o quitas en su importe. La falta de articulación con el FOGASA genera la aparente ausencia de responsabilidad de este organismo e implica una manifiesta desprotección de los trabajadores y trabajadoras de la empresa, sin contemplarse ninguna fuente de garantía ante la situación de insolvencia de la empresa. Por otro lado y por último, se propone considerar exclusivamente a los acreedores sometidos a supervisión financiera en lo que afecta a las negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o una propuesta anticipada de convenio. No pueden tener el mismo trato los acreedores sometidos a supervisión y los no sometidos a la misma, ya que sería discriminatorio para el que esté sujeto a supervisión financiera que tiene que cumplir requisitos, como la constitución de reservas, ajenos al que no está sometido a dicha supervisión. De no considerar esta cautela podría protegerse, por ejemplo, a los fondos buitres cuya actuación es contraria a la finalidad declarada de este proyecto de ley, que es asegurar la continuidad de las empresas. NÚM. 22 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional primera. Se añade un nuevo párrafo al final de la disposición transitoria primera, con la siguiente redacción: «Lo previsto en esta disposición no será de aplicación a los créditos públicos o laborales.» MOTIVACIÓN Debe protegerse a los acreedores públicos y laborales por tener un interés jurídico necesitado de una protección singular. NÚM. 23 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.
17 Pág. 20 Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente redacción: «Disposición adicional (nueva). Procedimiento concursal especial para consumidores o usuarios. Uno. Objeto y ámbito de aplicación. Se establece un procedimiento concursal específico para los consumidores o usuarios que, en lo no dispuesto por esta disposición adicional, se regirá por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Dos. Procedimiento negociador previo. 1. Con carácter previo a la declaración de concurso, el deudor consumidor o usuario podrá comunicar al Juzgado su voluntad de iniciar un procedimiento negociador con sus acreedores de duración no superior a tres meses, a fin de alcanzar adhesiones a una propuesta anticipada de convenio o a un acuerdo de refinanciación. Reglamentariamente se establecerá un modelo normalizado de reparto por asociaciones de consumidores, colegios de abogados y juzgados de uso común para contener tal solicitud. 2. El juez nombrará a un representante de las asociaciones de consumidores o usuarios más representativas a designar de una lista de asesores consumeristas que conservará el Consejo de Consumidores y Usuarios y comunicará semestralmente al Consejo General del Poder Judicial, a fin de que fije el activo y pasivo del deudor consumidor y usuario en el plazo de quince días y auxilie a éste en el procedimiento negociador. 3. El plazo para la solicitud del procedimiento negociador será de dos meses desde que el deudor se encuentre en situación de insolvencia. No serán de aplicación a estos efectos las medidas cautelares establecidas en el artículo 17.2 de la Ley Concursal. Tres. Efectos del procedimiento negociador sobre las obligaciones del deudor. Desde el momento en que el deudor comunique al Juzgado su voluntad de iniciar un período de negociación con sus acreedores, en los términos establecidos en el apartado anterior, no podrán iniciarse o continuarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales. Tampoco podrán los acreedores con garantía real sobre la vivienda familiar del concursado iniciar ejecución o realización forzosa de la garantía hasta la apertura de la liquidación. Cuatro. El concurso especial y sus fases. 1. Dentro del mes siguiente a la finalización del periodo indicado en el apartado dos de esta disposición, en caso de que subsista la insolvencia, si se hubiese alcanzado una propuesta anticipada de convenio, el deudor lo comunicará al Juzgado a fin de que éste apruebe o rechace tal convenio anticipado. Para lograr la aceptación de la propuesta anticipada de convenio será necesario obtener el voto favorable de la mitad del pasivo de los acreedores ordinarios. La propuesta anticipada podrá contener una quita de hasta el 50 por ciento del pasivo y esperas de hasta quince años, pudiendo acumular ambas. 2. Si el deudor no hubiere logrado las adhesiones necesarias a su propuesta anticipada de convenio en los términos establecidos en el número 1 de este apartado, deberá comunicar al Juzgado tal circunstancia a fin de que el juez resuelva en los términos establecidos en el número 3 de este apartado. En su comunicación al Juzgado el deudor justificará su estado de insolvencia. Asimismo, el deudor deberá acreditar que comunicó al Juzgado la iniciación de un procedimiento negociador con sus acreedores a fin de alcanzar adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. 3. Presentada la solicitud de concurso, el juez, en el plazo de tres días, dictará auto en los términos establecidos en la Sección Tercera del Capítulo Segundo del Título Primero de la Ley Concursal, declarando o rechazando la declaración del concurso del deudor. Esta resolución podrá ser recurrida en apelación. 4. En la resolución que acuerde la declaración del concurso se incluirá el nombramiento de un asesor consumerista, representante de una de las asociaciones de consumidores y usuarios más representativas, en los términos establecidos en número 2 del apartado dos de esta disposición, que ejercerá funciones de asesoramiento al consumidor y usuario y a la Administración Concursal durante todo el proceso hasta su finalización. Reglamentariamente se determinarán las facultades, funciones y obligaciones del asesor consumerista.
18 Pág. 21 En caso de sustitución, el importe de los alimentos del deudor, que se pagará con cargo a la masa activa, no podrá ser inferior a un tercio de sus ingresos habituales, ni superior a tres veces el Salario Mínimo Interprofesional. 5. Los gastos de defensa y representación del deudor consumidor o usuario se realizarán con cargo a financiación pública en los términos que disponga la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y la normativa que la desarrolle. 6. En el Concurso especial de consumidores o usuarios los créditos por recargos e intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, se clasificarán siempre como créditos subordinados. Cinco. El Administrador Concursal único. 1. La remuneración del Administrador Concursal, en los términos previstos por la normativa que regula los honorarios a devengar a los administradores concursales, no podrá ser superior al uno por ciento de la masa pasiva y se pagará en los términos previstos en el artículo 34 la Ley Concursal. 2. Los plazos de presentación de informes a los que venga obligada la Administración Concursal serán los mismos que los prevenidos para el procedimiento abreviado. Seis. La fase de liquidación. 1. Si finalmente transcurridos los modos y plazos prevenidos para el procedimiento abreviado no hubiere sido posible alcanzar un convenio, el juez ordenará, en los términos del artículo 143 de la Ley Concursal, la apertura de la fase de liquidación de oficio a instancia del deudor o de la Administración Concursal. No obstante, con carácter previo a la apertura de la fase de liquidación, el deudor, sobre la base del informe elaborado por el Administrador concursal y el asesor consumerista, podrá elevar en el plazo de cinco días al juez un plan de pagos específico. El juez, a la vista del mismo, podrá dar su aprobación. En caso de rechazo de este plan de pagos específico, el juez acordará la apertura de la fase de liquidación. En esta resolución se acordará la intervención de las facultades de administración y disposición del deudor consumidor o usuario. 2. En ningún caso el deudor consumidor o usuario podrá ser privado de su derecho de alimentos, con cargo a la masa activa, en los términos establecidos en el número 4 del apartado cuatro de esta disposición. 3. El Administrador Concursal, con la avenencia del asesor consumerista, elaborará un plan de liquidación de los bienes del deudor en el plazo de cinco días hábiles desde la notificación del auto que ordene la apertura de la fase de liquidación, que someterá al juez del Concurso para su aprobación por éste dentro del plazo de cinco días. 4. El plan de liquidación contendrá el modo en que con cargo al activo del deudor se hará frente al pasivo mediante la enajenación de los bienes y derechos del deudor. Los bienes se enajenarán atendiendo a una prelación en la que prime el mantenimiento de los medios esenciales de vida del deudor. 5. Para el caso de que se enajenase el domicilio familiar habitual del deudor, sujeto a garantía hipotecaria, el acreedor hipotecario se lo adjudicará en pago por el importe fijado en la subasta, quedando extinguida la deuda por este concepto. Si la adjudicación se realizase por un importe superior al de la deuda, el exceso se aplicará al pago de los demás créditos en los términos establecidos en la Ley Concursal. En todo caso, el deudor tendrá derecho a seguir residiendo en dicha vivienda a título de arrendamiento por un periodo de cinco años desde la fecha de la adjudicación. El importe de la renta mensual del arrendamiento no podrá ser superior al 30 por ciento de los ingresos mensuales del arrendatario. 6. La deuda generada por el capital pendiente de amortizar y por los intereses devengados de los créditos financieros destinados a la adquisición de bienes legalmente inembargables, quedará extinguida. 7. Concluido el concurso en los términos del Título VII, Capítulo Único de la Ley Concursal, determinándose la inexistencia de bienes y derechos del deudor, no podrán iniciarse nuevas acciones por deudas contraídas con anterioridad a la finalización del mismo, ni podrá ordenarse la reapertura del mismo.» MOTIVACIÓN La principal dificultad de muchas familias para llegar a fin de mes tiene un origen principal en la excesiva carga que soportan por la deuda hipotecaria u otras contraídas con motivo de aquélla. En muchas economías domésticas el pasivo exigible es muy superior a su activo, que está compuesto sobre
19 Pág. 22 todo por su vivienda y que además fue sobrevalorada en su día por las tasadoras controladas por bancos y cajas de ahorros. Ante esta situación de endeudamiento al límite los consumidores se quedan sin margen de maniobra para reaccionar ante situaciones adversas no previstas. Los contenidos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal resultan de aplicación, al menos sobre el papel, tanto a la insolvencia empresarial como a la de la persona física y al nuevo concepto de deudor consumidor o usuario. Sin embargo, el de la Ley Concursal es un régimen prácticamente pensado en exclusiva para la insolvencia empresarial. Así, la Ley Concursal se ha demostrado como un mecanismo completamente ineficaz e inadecuado como solución a las situaciones por las que atraviesan cientos de miles de consumidores. Frente a una situación de sobreendeudamiento, los consumidores no se acogen al procedimiento de la Ley Concursal, aunque en teoría la ley lo permite. Esto se debe a que el proceso, tal y como está hoy día planteado, aboca a una penosísima situación personal que acaba en muchas ocasiones en la plena liquidación y ruina absoluta de la persona concursada y no ofrece garantías al consumidor en la protección de sus derechos, además de resultar un proceso excesivamente caro. Por todo ello, se propone un mecanismo que garantice los derechos del deudor consumidor especialmente en dos ámbitos. Por un lado, se pretende lograr que el concurso de persona física no sea un seguro destino hacia la ruina civil o a un continuo proceso de concursos y reapertura de los mismos, manteniendo en constante inseguridad jurídica a los deudores consumidores. Por otro lado, se pretende asegurar la protección de la vivienda habitual con garantía hipotecaria y la posibilidad de extinción total de la deuda en la parte no pagada por inexistencia de bienes, Asimismo, se propone la conversión de la vivienda adjudicada por la entidad financiera en un alquiler social a favor del ocupante, con unos importes de renta situados en un porcentaje que pueda ser asumible por el arrendatario. También se establece la extinción de los créditos financieros destinados a la adquisición de bienes inembargables. La propia Ley Concursal establece que los bienes legalmente inembargables (mobiliario y menaje de la casa de carácter no suntuario o instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión) no se integrarán en la masa activa y por lo tanto, no responderán de las deudas del concursado. Carece pues de sentido que las deudas contraídas para la adquisición de los bienes inembargables se cobren a costa de los demás bienes, más aún cuando dichas deudas pueden haber sido contraídas por una concesión abusiva de crédito y cuando aquellos bienes son necesarios para que el deudor tenga una efectiva, no meramente nominal, segunda oportunidad. En suma, se regula lo que en otros ordenamientos jurídicos se denomina «fresh start», para permitir al consumidor o usuario no arrastrar perpetuamente una deuda que condicione su vida laboral y social. NÚM. 24 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición transitoria tercera. 5. De modificación. El apartado 5 de la disposición transitoria tercera queda redactado como sigue: «5. Lo previsto en esta disposición no será aplicable a los acreedores públicos o laborales, que quedarán excluidos del cómputo y de las mayorías previstas en este precepto.» MOTIVACIÓN Debe protegerse también a los acreedores laborales por tener un interés jurídico especialmente necesitado de una protección singular.
20 Pág. 23 NÚM. 25 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición transitoria cuarta. Apartado nuevo. Se añade un nuevo apartado 4 en la disposición transitoria cuarta del siguiente tenor literal: «4 (nuevo). A los procesos de ejecución hipotecaria tramitados de acuerdo con lo establecido en el Capítulo V del Título IV del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los que el bien hipotecado sea la vivienda habitual del deudor, si no se ha celebrado la Subasta en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, les será de aplicación lo establecido en los artículos y 579 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En los procesos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual en los que se haya celebrado subasta en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, el ejecutante no podrá pedir que se despache la ejecución dineraria. En caso de que ya se hubiese iniciado la ejecución dineraria en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, el Secretario judicial dictará decreto dando por terminada la ejecución, quedando extinguida la deuda principal, junto con los intereses y costas.» MOTIVACIÓN La aplicación de las reformas propuestas deberá realizarse con carácter retroactivo. En los procesos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual en los que se haya celebrado subasta en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, el ejecutante no podrá pedir que se despache la ejecución dineraria. Y en caso de que ya se hubiese iniciado la ejecución dineraria en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, podrá dictarse un decreto dando por terminada la ejecución, quedando extinguida la deuda principal, tal como en su día establecía la iniciativa legislativa popular de la Plataforma de afectados por las hipotecas (PAH). NÚM. 26 De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX) y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX) El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final tercera. De modificación. La disposición final tercera queda redactada como sigue: «Disposición final tercera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en los siguientes términos: Uno. El apartado 4 del artículo 695 queda redactado en los siguientes términos: 4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución, la inaplicación de una cláusula abusiva o la desestimación de la oposición por las causas previstas en el apartado 1. 1.º, 2.º, 3.º y 4.º anterior, podrá interponerse recurso de apelación.

References: artículo 107
 artículo 107
 artículo 94
 artículo 91
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 artículo 107
 artículo 94
 artículo 107
 artículo 94
 artículo 107
 artículo 94
 artículo 107
 artículo 94
 artículo 107
 artículo 100
 artículo 107
 artículo 100
 artículo 64
 artículo 107
 artículo 124
 artículo 107
 artículo 124
 artículo 100
 artículo 107
 artículo 134
 artículo 107
 artículo 90
 Artículo 90
 artículo 71
 artículo 107
 artículo 91
 Artículo 91
 artículo 107
 artículo 100
 resolución 
 artículo 107
 artículo 146
 artículo 107
 artículo 148
 artículo 107
 artículo 148
 artículo 107
 artículo 149
 artículo 107
 artículo 149
 artículo 107
 artículo 149
 artículo 107
 artículo 176
 artículo 91
 artículo 107
 artículo 5
 Artículo 5
 artículo 71
 artículo 5
 resolución 
 artículo 71
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 artículo 71
 artículo 5
 artículo 71
 artículo 5
 artículo 71
 artículo 231
 artículo 234
 artículo 232
 artículo 235
 artículo 236
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 artículo 5
 artículo 71
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 Artículo 33
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 17
 resolución 
 resolución 
 artículo 34
 artículo 143
 resolución 
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 695