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Timestamp: 2020-08-12 00:27:23+00:00

Document:
﻿ Sentencia 2012-00033 de mayo 10 de 2013
AUTO 2012-00033 DE 10 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:POSESIÓN DE BIEN BALDÍO. LOS ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE INDEBIDA OCUPACIÓN DEL TERRENO BALDÍO ES UNA PRUEBA INDISPENSABLE PARA EL DEBATE PROBATORIO EN UN LITIGIO SOBRE LA POSESIÓN DE UN PREDIO QUE SERÍA PROPIEDAD DEL ESTADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL, TERRENO BALDÍO, POSESIÓN, ACCIÓN DE REVISIÓN DE LA SENTENCIA, INSPECCIÓN JUDICIAL OCULAR
Sentencia 2012-00033 de mayo 10 de 2013
Rad.: 110010326000-2012-00033-00
Número interno: 43710
Ref.: acción de revisión
Actor: Unión de Constructores Conusa SAS, en liquidación.
Demandado: La Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder
Procede el despacho a determinar la procedencia, o no, de los medios probatorios solicitados por la parte actora, quien, en la demanda, pidió el decreto de las siguientes pruebas:
“1. Solicito una vez llegue al honorable Consejo de Estado el expediente respectivo se tenga como prueba la actuación surtida ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, antes Incora, en los procesos agrarios a que se ha hecho referencia en esta demanda, en especial el de recuperación de baldíos, donde se declaró que mi mandante ejerce indebida ocupación en “Isla Pavitos I” y se ordena la restitución a Incoder. Acto administrativo este que culminó con la Resolución 2409 de noviembre de 2006, materia del recurso.
2. Le solicito tener como prueba el pleito entre el Cabildo de Cartagena y la Real Audiencia en donde se discutió la validez del cedulario y el privilegio especial del Cabildo de Cartagena para repartir tierras. Le pido sea solicitado mediante exhorto por las autoridades competentes al Archivo de Indias o, comisiónese a un funcionario de su despacho, para que se traslade a costa de los interesados al Real Archivo de Indias, ubicado en la ciudad de Sevilla (España), para que mediante una visita de inspección ocular, constate la existencia de los documentos a que hago referencia como prueba en este expediente.
3. Le solicito tener como prueba, el documento en el que el gobierno de Cartagena solicita al Rey, la orden para hacer “el Becerro”, donde se sientan los pueblos y los repartimientos. Le solicito tener como prueba, el primer libro becerro donde se sentaron los pueblos de indios y los repartimientos. Ya está aportado al proceso desde el primer memorial de fecha 28 de abril de 2004, como también están los demás documentos relacionados en los distintos memoriales y que el Incoder calla.
4. Téngase como prueba en su totalidad el pleito de Francisco Sarmiento de Sotomayor vs. Isabel de Herrera, por las tierras de Barú. Documento que consta de más de cien folios y que Incoder, solo se refiere a una pequeña parte de este.
5. Téngase como prueba en todo su valor probatorio “El Cedulario de Cartagena” o el “Libro de registro de las mercedes de tierras concedidas por el Cabildo de Cartagena a diferentes personas y que comprende los años de 1589 a 1631”, y que se encuentra en las oficinas centrales de Incoder en Bogotá, D.C., en el expediente de clarificación de la Isla de Barú.
6. Trasládese del expediente de clarificación de la isla de Barú los folios que van del 193 V. a 195 V. En dicho momento se certifica la autenticación y la validez probatoria del cedulario.
7. En caso de no acceder a la visita de inspección ocular al archivo de indias, le pido solicítese a dicho archivo, por medio de exhorto, la copia íntegra del expediente del pleito de Cartagena con el fiscal, por las tierras otorgadas por el cabildo a los particulares.
8. Téngase como prueba todos los documentos entregados en el decurso procesal a Incoder, que deben reposar en el expediente.
9. Ténganse como pruebas los tres planos que ubican a la isla grande frente a la isla de arenas. Dos de esos mapas son coloniales y [el] tercero confeccionado durante la República. Su procedencia es la mapoteca del Archivo General de la Nación, los cuales han sido anexados a varios recursos de reposición anteriores, por ejemplo en el que se presentó contra la Resolución 833 de 9 mayo de 2006, y por tanto figuran en los archivos de la entidad.
10. Téngase como prueba la fotocopia de las resoluciones 2409 de 29 de noviembre de 2006, 1233 de julio 17 de 2006, 188 de marzo 27 de 2002, 4393 de septiembre 15 de 1986.
11. Como prueba además aporto fotocopia escritura de compraventa posesión material 1.240 de la Notaría 27 de Medellín”.
En relación con la primera solicitud, se trata de los antecedentes administrativos del procedimiento que culminó con la expedición de la Resolución 2409 del 29 de noviembre de 2006, expedida por el Incoder, decisión demandada en el presente asunto. Por lo tanto, el despacho observa que es indispensable decretar esta prueba, toda vez que el objeto del litigio radica en la expedición de la mencionada resolución y, pese a que el despacho había requerido esos documentos de manera previa, lo cierto es que solamente se allegaron las resoluciones expedidas por el Incoder más no los documentos aportados por la sociedad demandante. Por esta razón resulta indispensable que se allegue toda la documentación que hizo parte de la actuación administrativa llevada a cabo ante el Incoder respecto de la expedición de la Resolución 2409 de 2006.
En relación con las pruebas solicitadas en los numerales 3º, 4º, 5º, 6º, 8º y 9º antes transcritos, conviene señalar que la representante legal de la sociedad demandante afirma que todos los documentos allí mencionados se encuentran en poder del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural —Incoder— y, por tal razón, se le ordenará a esta entidad allegarlos.
Acerca de los numerales 10 y 11 se tendrán como pruebas, con el valor que de su autenticidad se derive, junto con los demás documentos que fueron aportados con la demanda.
Por consiguiente, se dispondrá el traslado al demandado de tales documentos, por el término de cinco (5) días siguientes a la notificación de este auto (CPC, art. 289, inc. 1º).
Ahora bien, en lo que concierne a las pruebas solicitadas en los numerales 2º y 7º, el despacho encuentra una identificación equívoca respecto de las mismas, dado que, en primer lugar, en el numeral 2º al referirse al “pleito”, la parte demandante no es clara acerca de cuáles son realmente los documentos que desea incorporar al proceso; si es todo un expediente respecto de una litis llevada entre el Cabildo de Cartagena y la Real Audiencia, o si es un documento en particular; en su defecto solicitó comisionar a un funcionario del despacho para que se traslade al Real Archivo de Indias, ubicado en Sevilla (España) para que realice una inspección ocular; subsidiariamente, en el numeral 7º, indicó que en caso de no acceder a la visita de inspección ocular, se solicite “por medio de exhorto, la copia íntegra del expediente del pleito de Cartagena con el fiscal, por las tierras otorgadas por el cabildo a los particulares”.
De esta manera se advierte ausencia de claridad acerca de la prueba requerida, toda vez que identifica primero al “pleito” entre el Cabildo de Cartagena y la Real Audiencia, pero después alude al “pleito” de Cartagena con “el fiscal”, sin explicar si se trata del mismo proceso o de uno diferente.
Ahora bien, al efectuar una interpretación de la totalidad de la demanda, de su lectura es posible inferir que la sociedad demandante persigue que se constate la existencia de los documentos que ya fueron aportados en el proceso que se tramitó ante el Incoder —antes Incora— y que habían sido obtenidos del Archivo de Indias, ubicado en España; así mismo, al analizar el expediente en su conjunto, el despacho infiere que en los numerales 2º y 7º del acápite de pruebas de la demanda se está hablando del mismo “pleito”, razón por la cual y con el propósito de garantizar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, se dará ese entendimiento a la solicitud en examen y en esa perspectiva será resuelta.
Aclarado lo anterior, el despacho advierte que el argumento central de la demanda radica en sostener que la ocupación de la sociedad Conusa sobre el predio denominado Pavito I, el cual forma parte de las Islas del Rosario ubicadas en Cartagena, sí sería legítima, contrario a aquello que el Incoder consignó en la Resolución 2409 de 2006 (resolución demandada), por lo tanto, para el despacho la prueba solicitada sería pertinente para el presente asunto, toda vez que la sociedad demandante persigue probar que adquirió la posesión material de un predio que no sería de propiedad del Estado, por cuanto en la época de la Corona Española habrían sido repartidos esos predios a particulares; en ese sentido solicita tener en cuenta la sentencia que puso fin al “pleito” entre el Cabildo de Cartagena y la Real Audiencia, proceso en el cual, al parecer, se habría discutido el privilegio especial del aludido cabildo para repartir tierras y se habría determinado que los predios que aparecen en el registro de las mercedes no eran baldíos de propiedad de la Corona, predios dentro de los cuales estaría el que ahora es objeto del presente debate.
No obstante lo anterior, se pasa a analizar la solicitud probatoria con más detenimiento.
a) Solicitud de exhorto del pleito entre el Cabildo de Cartagena y la Real Audiencia
Según lo afirma la parte actora, su petición probatoria está encaminada a probar que el Cabildo de Cartagena tenía la facultad para repartir tierras y confirmar la validez del Cedulario de Cartagena, el cual es el mismo libro becerro de registro de las mercedes de tierras otorgadas por el Cabildo de Cartagena, en el cual, al parecer, consta que el predio Pavito I fue entregado a particulares; estas cuestiones se habrían discutido en el pleito referido y se concretaron en un fallo, el cual, según lo afirma la propia parte demandante, se encuentra en el Incoder, junto con una nota obligatoria de su observancia proveniente del Rey de España, dirigida a las autoridades de Cartagena de la época, además de otras piezas procesales no especificadas.
b) Visita de Inspección ocular
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta innecesario comisionar a un funcionario del despacho para que realice la visita de inspección ocular al Archivo de Indias con el propósito de constatar sobre la existencia de los documentos a que se refiere la actora en la demanda si, tal y como lo afirma, los mismos ya se encuentran en Colombia.
Añádase a lo anterior la improcedencia de la prueba solicitada, puesto que el despacho no encuentra apoyo en tratado o convenio alguno vigente en la actualidad —bilateral o multilateral—, vinculante tanto para el Reino de España como para la República de Colombia, que faculte a las autoridades judiciales de ésta última a desplazarse al territorio de aquél y ejercer en él jurisdicción mediante la práctica y recaudo de pruebas como la mencionada inspección ocular y/o judicial.
Por lo expuesto, la petición del decreto de la prueba consistente en la inspección que habría de realizarse al Archivo de Indias en España, por parte de un funcionario de la jurisdicción de lo contencioso administrativo de Colombia será denegada.
c) Solicitud de exhorto de la copia íntegra del expediente del pleito de Cartagena con “el fiscal”
Una vez aclarado que la copia que se requiere respecto del anunciado pleito de Cartagena con el fiscal corresponde al mismo anunciado en la letra a) y que algunas de sus piezas procesales ya obran en el procedimiento administrativo llevado ante el Incoder, el despacho denegará el decreto del exhorto puesto que se dispondrá, en su lugar, oficiar a la entidad demandada para que allegue los documentos que obren en su poder.
En ese orden de ideas, el despacho denegará la solicitud probatoria elevada por la sociedad demandante en los numerales 2º y 7º del acápite de pruebas de la demanda y, en su lugar, ordenará oficiar a la entidad demandada para que allegue la totalidad de los antecedentes que obran en el procedimiento administrativo que culminó con la expedición de la Resolución 2409 de 2006 en el Incoder y los demás documentos solicitados por la sociedad demandante, a costa de esta última.
1. TÉNGANSE como pruebas, con el valor que la ley les asigne, los documentos allegados por la parte demandante junto con la demanda.
2. TÉNGANSE como pruebas, con el valor que en derecho corresponda, los documentos aportados por la parte demandada.
3. Por secretaría de la sección, CÓRRASE traslado a las partes y al Ministerio Público, por el término de cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente providencia, de los documentos decretados como pruebas en los numerales anteriores.
4. Por Secretaría de la sección, OFÍCIESE al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural —Incoder—, con el fin de que remita copia íntegra y auténtica de todos los documentos que obran en el procedimiento que culminó con la expedición de la Resolución 2409 de 29 de noviembre de 2006 y los demás documentos solicitados por la parte actora que según la demanda se encuentran en su poder, a costa de la sociedad accionante.
5. Una vez se reciban del Incoder los documentos a que hace referencia el numeral anterior, en los términos del artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, por secretaría de la sección se pondrán a disposición de las Partes y del Ministerio Público por el término de cinco (5) días, sin necesidad de nuevo auto que así lo disponga; de dicho traslado la Secretaría dejará expresa constancia en el expediente.
6. DENIÉGANSE las solicitudes probatorias elevadas por la sociedad demandante a través de los numerales 2º y 7º del acápite de pruebas de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa del presente proveído.
7. RECONÓCESE personería al doctor John Lincoln Cortés, portador de la tarjeta profesional 153.211 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de la parte demandada, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural —Incoder—, en los términos del poder obrante a folio 205 del cuaderno principal.

References: Resolución 
 Resolución 
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 artículo 289