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Timestamp: 2019-11-18 05:38:38+00:00

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Morgan & Morgan participó del International Maritime Law Seminar 2019
viernes, 08 November 2019 por webmaster
Londres, 3 de octubre de 2019. Luis G. Raven, socio del Departamento de Litigios Marítimos de Morgan & Morgan, participó en la reunión The International Maritime Law Seminar (IMLS), evento que se celebra anualmente en la ciudad de Londres con el objetivo de analizar temas de actualidad legal en la industria marítima.
Más de 250 ejecutivos y abogados del sector marítimo atendieron el seminario el cual contó con presentaciones de representantes de más de 15 prestigiosos bufetes de abogados de diferentes continentes. Luis Raven participó en el panel de discusión “Issues and Solutions Arising from IMO 2020 ULSFO Requirements”, ocasión que aprovecho para enfatizar sobre los pasos que está tomando Panamá para garantizar la implementación y el cumplimiento del Anexo VI del Convenio MARPOL.
Publicado en 2019, Luis Raven, news, Shipping and Admiralty Ligitation
María Eugenia Brenes contribuyó en la guía Patentes 2020
lunes, 07 October 2019 por webmaster
Panamá, 7 de octubre de 2019. María Eugenia Brenes, asociada del Departamento de Propiedad Intelectual de Morgan & Morgan, contribuyó con el capítulo de Panamá de la guía Patentes 2020, publicación que cubre temas comunes relacionados con las leyes y regulaciones del sector de patentes, en 36 jurisdicciones.
La publicación completa se encuentra disponible aquí.
Publicado en 2019, Maria Brenes, news
martes, 24 September 2019 por webmaster
Por: Ramón Varela
Durante las últimas décadas, Panamá ha establecido asociaciones público-privadas (“APP”) en proyectos de diversa índole, como autopistas, plantas de tratamiento de agua, puertos, redes de telecomunicaciones y la generación y distribución de electricidad. Sin embargo, en su gran mayoría, estos proyectos se han creado y administrado bajo una ley general (aunque insuficiente para los estándares actuales) de concesiones, la cual data de 1988; leyes específicas sobre industrias (y, a veces, proyectos), promulgadas a mediados y finales de los años ‘90; o la ley de contratación pública, promulgada en 2006.
En años recientes, la Asamblea Nacional debatió una ley marco de APP, pero ésta fue rechazada en 2011. Otra ley marco para APP fue considerada en diversos momentos entre 2014 y 2018, pero nunca fue sometida a debate en el Órgano Legislativo. Mientras tanto, un estudio de 2017 encargado por el Banco Interamericano de Desarrollo y realizado por The Economist Intelligence Unit, colocó a Panamá en el puesto 18 (de los 19 países enumerados, únicamente por encima de Venezuela), en términos de marcos regulatorios para APP en la región[1].
Ante estas circunstancias, el gobierno panameño ha dado un paso decisivo para desarrollar un marco legislativo APP actualizado (y más completo), con miras a: a) proporcionar una opción para desarrollar grandes proyectos de infraestructura sin comprometer los niveles de endeudamiento del gobierno, b) fomentar la inversión privada y la creación de empleos, y c) fortalecer la posición competitiva de Panamá frente a otros países latinoamericanos (muchos de los cuales desde hace años promulgaron legislaciones exitosas en materia de APP). El 31 de julio de 2019, apenas un mes después de asumir el cargo, la administración del presidente Laurentino Cortizo presentó un proyecto de ley de APP ante la Asamblea Nacional, el cual fue aprobado por ésta el 11 de septiembre de 2019 y promulgado como Ley No. 93 de 19 de septiembre 2019.[2] Con esta nueva ley, se crea el marco regulatorio e institucional necesario para permitir el desarrollo de grandes proyectos, sin que ello requiera que el Estado desembolse fondos sustanciales a corto plazo.
La nueva ley busca atraer capital de inversionistas privados que aporten experiencia, conocimientos, equipos, tecnología y capacidades técnicas y financieras. Estos recursos se utilizarán para crear, desarrollar, mejorar, operar y/o mantener infraestructura pública para la prestación de servicios públicos durante un período de tiempo especificado en el contrato correspondiente. La ley establece una duración máxima de 30 años para los contratos APP, período que puede extenderse hasta 10 años adicionales. Por lo tanto, la idea es que el Estado establezca asociaciones a largo plazo con inversionistas que tengan la experiencia necesaria para no solo construir, sino también operar y mantener estos proyectos, cumpliendo con los estándares de servicio y calidad establecidos en los documentos de licitación y en el contrato APP correspondiente.
El marco institucional para las APP también es una innovación de la nueva ley, ya que los contratos de APP involucran no solo a la entidad pública contratante y al contratista de APP (como ocurren en contratos suscritos bajo las leyes vigentes antes de la Ley N° 93), sino también a tres nuevas entidades gubernamentales:
Un Ente Rector), conformado por el Ministro de la Presidencia (quien lo presidirá), el Ministro de Obras Públicas, el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Comercio e Industrias y el Ministro de Relaciones Exteriores, así como el Contralor General de la República (el cual solamente tendrá derecho a voz). Entre otras funciones, el Ente Rector autorizará la elaboración de informes técnicos sobre proyectos que puedan ser objeto de implementación a través la modalidad de APP, la formulación de proyectos bajo la modalidad de APP y la elaboración de los pliegos de cargos y modelos de contratos de APP, así como de cualquier cambio en el contrato APP una vez que el mismo entre en vigencia;
Una Secretaría Nacional de APP, adscrita al Ministerio de la Presidencia y cuyas funciones incluyen – entre otras – actuar como unidad de apoyo técnico y operativo del Ente Rector, así como elaborar los criterios de selección de proyectos de APP, las directrices de asignación de riesgos y otorgamiento de garantías, así como los lineamientos para el diseño del pliego de cargos y de los contratos de APP; y
Un Comité Consultivo, conformado por cuatro miembros del sector empresarial, dos miembros del sector académico y docente, y dos miembros de los grupos organizados de trabajadores. El Comité Consultivo puede elevar recomendaciones al Ente Rector, a través de la Secretaría Nacional de APP, para proponer proyectos para su posible formulación bajo la modalidad de APP.
Antes de que un proyecto pueda ser licitado bajo la modalidad de APP, se deben realizar estudios preliminares basados ​​en los seis elementos de elegibilidad establecidos en la ley (beneficios sociales, análisis económico de costo-beneficio, asignación de riesgos, indicadores de servicio, estudios de factibilidad, así como aspectos ambientales y legales). La Entidad Pública Contratante debe entonces elaborar un informe técnico, sujeto a la opinión y observaciones de la Secretaría Nacional de APP, las cuales deben ser remitidas al Ente Rector, para que éste decida si aprueba que se licite el proyecto.
Los proyectos con un valor inferior a quince millones de Balboas no pueden ser licitados bajo la modalidad APP, salvo que se trate de proyectos municipales, en cuyo caso se reglamentarán los criterios para licitar proyectos con valores inferiores bajo la modalidad APP. Tampoco se pueden licitar proyectos bajo la modalidad APP cuando: a) la suma de los compromisos firmes y contingentes cuantificables acumulados derivados del conjunto de proyectos ya contratados exceda el 30% de las inversiones efectivamente realizadas en el año anterior, b) la suma de los compromisos firmes y contingentes cuantificables anuales de los contratos vigentes en los cinco años subsiguientes excede el 30% de la inversión proyectada de la entidad pública contratante, a realizarse de acuerdo con el Plan Quinquenal de Inversiones en los ejercicios respectivos, o c) el valor presente total acumulado de los compromisos firmes y contingentes cuantificables asumidos por el Sector Público No Financiero en los contratos de APP exceda el 7% del producto interno bruto nacional.
La selección de los contratistas de APP se hará bajo criterios objetivos, ya que el contrato se adjudicará al proponente que cumpla con los requisitos obligatorios y presente la mejor oferta económica. Además, existen límites claros sobre los plazos y montos por los cuales se pueden modificar los contratos de APP. Estas disposiciones buscan eliminar factores subjetivos en la adjudicación de proyectos de APP, así como evitar adiciones excesivamente onerosas a los contratos de APP.
Para facilitar las estructuras de financiamiento, ya sea a través de créditos sindicados o a través de los mercados de capitales, la ley establece la opción (o, en caso de que el proyecto sea un proyecto de APP cofinanciado a través de subsidios o contribuciones del gobierno, la obligación) de que los activos involucrados en el proyecto se aporten a un fideicomiso, que deberá ser administrado por un fiduciario con licencia en Panamá. Esto protegerá a los proyectos y sus activos relacionados, en caso de que el contratista enfrente reclamos de terceros durante la ejecución del contrato.
La nueva ley también incluye las causales de inhabilitación actualmente contempladas en la ley de contrataciones públicas y se establecen causales adicionales, así como un plazo de tiempo mayor para las inhabilitaciones a empresas condenadas por actos de corrupción, blanqueo de capitales, etc. (10 años, mientras que la ley de contrataciones públicas establece un plazo de 5 años).
Es importante tener en cuenta que la Ley N° 93 excluye ciertos servicios e instituciones de su ámbito de aplicación. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Autoridad del Canal de Panamá, la Caja del Seguro Social y las entidades financieras y reguladoras gubernamentales, no pueden contratar ninguna obra o servicio bajo el procedimiento y modalidad establecidos en la Ley N° 93. Además, los servicios de salud pública, educación y seguridad pública tampoco pueden ser contratados por ninguna entidad gubernamental bajo la Ley N° 93. El tiempo dirá si, una vez que las APP comiencen a implementarse bajo la nueva ley, el clima político permite que las entidades y/o servicios excluidos entren dentro del ámbito de aplicación de la misma.
En conclusión, la Ley N° 93 constituye un hito importante para alinear el marco regulatorio de APP en Panamá con los de otros países latinoamericanos, lo que se espera dé inicio a una nueva era de éxito en inversiones en infraestructura.
[2] https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28864_B/GacetaNo_28864b_20190919.pdf
Publicado en 2019, news, Publicaciones, Ramon Varela
Nuevos requisitos para solicitar rehabilitación de Residencia Permanente en Panamá
viernes, 06 September 2019 por webmaster
Resolución No. 17405 del 29 de agosto de 2019.
A partir del 4 de septiembre de 2019, el Servicio Nacional de Migración (en adelante “SNM”) estableció nuevos requisitos para solicitar Rehabilitación de Residencia Permanente (en adelante “Rehabilitación”), para los extranjeros que hayan permanecido fuera de Panamá por más de dos (2) años y hasta seis (6) años.
Los extranjeros a quienes el SNM les ha cancelado su permiso de residencia permanente por haberse ausentado por más de dos (2) años de Panamá y hasta un máximo de seis (6) años, podrán solicitar la restitución de su permiso de residencia permanente mediante el proceso de Rehabilitación, con requisitos simplificados.
Anteriormente para solicitar la Rehabilitación, el extranjero debía presentar (i) todos los requisitos de la categoría migratoria anteriormente aprobada, debidamente actualizados; y (ii) una declaración jurada ante Notario Público, indicando el motivo por el cual se ausentó de Panamá.
Con la Resolución No. 17405 del 29 de agosto de 2019, la Rehabilitación se podrá solicitar con los siguientes documentos:
Copia de la resolución del permiso de residencia permanente o copia del carné de residente permanente emitido por el SNM.
Copia de las generales del pasaporte y del sello de registro.
Copia del carné de residente permanente emitido por Tribunal Electoral, debidamente autenticado.
Declaración Jurada ante Notario Público, manifestando los motivos por los cuales se ausentó de Panamá.
Se establece un tiempo límite de (i) treinta (30) días hábiles para presentar la solicitud de Rehabilitación, contados a partir de la fecha de ingreso a Panamá; y (ii) hasta seis (6) años desde que se ausento de Panamá. Después de estos términos no se podrá solicitar la Rehabilitación.
Excepciones: la Rehabilitación no podrá ser solicitada por los extranjeros que tengan (i) permiso de residencia permanente por Convenio Panamá-Italia; o (ii) permiso de residencia temporal por Crisol de Razas y Regularización Migratoria Extraordinaria.
martes, 13 August 2019 por webmaster
Siguiendo directrices internacionales en materia de transparencia de operaciones comerciales, el gobierno de Panamá promulgó en su Gaceta Oficial la Ley 52 de 27 de octubre de 2016 mediante la cual establece la obligación a las sociedades panameñas y otras entidades a mantener registros contables, financieros y documentos de respaldo de todas las transacciones realizadas en los últimos cinco (5) años, de forma tal que su estado financiero pueda ser fácilmente determinado con razonable precisión.
Los registros y documentación correspondientes deben ser suficientes para demostrar y evidenciar las transacciones ejecutadas por la sociedad con exactitud.
¿A quiénes aplica esta Ley?
La Ley 52 fue reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo No. 258 del 13 de septiembre de 2018, y es aplicable a las personas jurídicas que no realicen operaciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos dentro de la República de Panamá.
Persona Jurídica es toda sociedad anónima, de responsabilidad limitada o de cualquier otro tipo con fines mercantiles, así como fundación de interés privado, constituida y vigente de acuerdo con las leyes de la República de Panamá.
Normas establecidas en la Ley
Los registros contables deben ser mantenidos por el agente residente; de lo contrario, es obligatorio que los clientes informen al agente residente de la ubicación física de los mismos y el nombre y datos de contacto de su custodio. Adicionalmente, si dicha ubicación cambia por cualquier motivo, el cliente deberá informar al agente residente de la nueva dirección dentro de los próximos quince (15) días.
Si la información no es mantenida por el agente residente, la misma deberá ser entrega a éste dentro de los siguientes quince (15) días desde que es solicitada.
Adicionalmente, los agentes residentes están obligados a mantener copia de los registros de acciones y accionistas de las sociedades bajo su administración.
El Agente Residente estará obligado a renunciar como tal de la persona jurídica que no presente los registros contables dentro del período mencionado de quince (15) días, no se podrá inscribir un nuevo Agente Residente hasta se subsanen las causales que dieron origen a la sanción.
Los datos de donde reposan los registros contables son relevantes dentro de la Ley 52 en su Artículo 5, tales como:
Dirección física donde se encuentran los registros contables y, nombre de la persona que mantiene bajo custodia los registros contables y documentación de respaldo.
Los registros deberán ser preparados y refrendados por un Contador Público Autorizado de la República de Panamá.
Las personas jurídicas que no cumplan con las obligaciones establecidas en la Ley 52, serán sancionadas por las autoridades competentes con multa de $1,000.00 y multa de $100.00 por cada día en que transcurra sin que se subsane la causa que dio lugar al incumplimiento.
Karla Pinilla, CPA
karla.pinilla@maservicescorp.com
Publicado en 2019, news
martes, 25 June 2019 por webmaster
Angélica Ortiz, abogada del Departamento de Impuestos de Morgan & Morgan
La Ley 37 de 5 de junio de 2018, adiciona el numeral 9 al artículo 709 del Código Fiscal, que guarda relación con las deducciones anuales a la cual tienen derecho las personas naturales, con respecto a los gastos escolares incurridos por el contribuyente con sus dependientes. Adicionalmente, el Decreto Ejecutivo 368 de 26 de diciembre de 2018 y la Resolución Nº 201-1635 de 13 de mayo de 2019, establecen las reglas aplicables a la deducción de dichos gastos.
De las normas indicadas anteriormente, resaltamos los siguientes aspectos:
Podrán ser considerados como deducibles de la renta gravable los gastos escolares, incluyendo la matrícula y mensualidad escolar, así como los útiles escolares, uniformes escolares y transporte escolar, en que incurran los contribuyentes con respecto a sus dependientes menores de edad.
Gastos escolares relativos al pago de la matrícula y horas crédito en que incurran los contribuyentes con respecto a sus dependientes mayores de edad que se encuentren bajo su tutela, que cursen el tercer nivel de enseñanza o educación superior.
La deducción podrá practicarse hasta por un monto máximo anual de B/.3,600.00, por cada dependiente; y podrá ser aplicada también a los contribuyentes que cubren sus propios estudios, siempre y cuando presente su declaración jurada de rentas.
Los asalariados contribuyentes del Impuesto sobre la renta, para poder hacer la deducción deberán: i) presentar una declaración jurada del período fiscal en que incurrió en esos gastos y ii) presentar un memorial solicitando la deducción, debidamente acompañado del detalle de los gastos escolares y el documento (facturas) que lo sustente.
Las facturas o documentos equivalentes que sustenten los gastos escolares que se deducirán deberán estar emitidas a nombre del padre, madre o quien ostente la tutela legal del estudiante. Igualmente, podrán estar emitidas a nombre del dependiente.
La deducción de los gastos escolares será reconocida únicamente por pagos realizados en el territorio panameño.
La obligación económica de los padres con sus hijos mayores de edad, será hasta los 25 años.
Se podrá deducir la totalidad de los gastos escolares incurridos por los contribuyentes con respecto a sus dependientes con un grado de discapacidad que no les impida asistir a un centro educativo o universitarios.
Los gastos escolares serán deducibles en la declaración jurada de rentas del año 2019, y que se liquida en el año 2020.
Publicado en 2019, Angelica Ortiz, news, Publicaciones, Taxation, Taxation-es

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 5
 artículo 709
 Resolución