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Timestamp: 2020-03-30 04:23:40+00:00

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Sentencia nº 3167 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 9 de Diciembre de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 283460083
Número de Expediente: 02-2154
Magistrado-Ponente: J.M.D.O..
El 4 de septiembre de 2002, el ciudadano J.I.R.D., venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad n° 2.218.534, en su carácter de FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, designado por la Asamblea Nacional en sesión del 20 de diciembre de 2000, según consta en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 37.105 del 22 del mismo mes y año, interpuso ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, solicitud de interpretación sobre el contenido y alcance del artículo 29 de la Constitución, en cuanto a la investigación y juzgamiento por los tribunales ordinarios de los delitos contra los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad.
En esa misma ocasión, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado doctor J.M.D.O., quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 3 de octubre del corriente, esta Sala Constitucional acordó acumular a la presente causa, el expediente n° 02-1493, contentivo de la solicitud de interpretación del artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela formulada por los ciudadanos P.H.R., P.D.B., C.T.H., L.L., P.P.A., C.P.V., E.M., E.M., C.B.G. y E.A., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 3.480.174, 5.565.911, 3.840.634, 4.046.065, 3.288.450, 4.094.459, 5.623.688 y 7.761.751, respectivamente, en su condición de DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL, asistidos por los abogados G.E.L.M. y D.T.G., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 42.156 y 58.696.
[...] 1.- ADMITE el recurso de interpretación interpuesto el 4 de septiembre de 2002, por el ciudadano J.I.R.D., en su carácter de Fiscal General de la República, sobre el contenido y alcance del artículo 29 de la Constitución.
3.- ORDENA notificar de la presente decisión al Defensor del Pueblo y a la Procuradora General de la República, a fin de que conozcan de la apertura del presente procedimiento y dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la fecha en que conste en autos haber sido practicada la última de las notificaciones ordenadas, argumenten, mediante escrito, lo que consideren conveniente.
4.- ORDENA notificar por medio de Edicto a todos los interesados en coadyuvar en cuanto al sentido que ha de darse a la interpretación solicitada, para que comparezcan por ante la Secretaría de esta Sala, dentro del lapso de diez (10) días de despacho a partir de que conste en autos la publicación del Edicto y consignen, si lo creyeren conveniente, sus respectivos escritos.
5.- ACUERDA la medida cautelar innominada solicitada, y en consecuencia, ordena la paralización de la causa n° 1349-02, nomenclatura del Tribunal Trigésimo Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, instruida con ocasión de la denuncia incoada por los ciudadanos J.C.G.C., O.C., O.C.T. y José Rafael Parra Saluzzo por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, a propósito de los hechos acaecidos durante los días 11, 12, 13 y 14 de abril del corriente, y ordena asimismo al mencionado Juzgado no requerir del Ministerio Público la remisión de las investigaciones efectuadas por ese órgano instructor, hasta tanto sea resuelto el presente recurso de interpretación
I CONTENIDO DE LA SOLICITUD de Interpretación
- De acuerdo con los artículos 26, 284 y 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 11.1. y 21.22 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Fiscal General solicita a esta Sala determine el contenido y alcance del artículo 29 constitucional, el cual establece que los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios.
- Al efecto, el Fiscal vincula la solicitud planteada con la decisión del Juzgado Trigésimo Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, del 11 de julio de 2002, mediante la cual admitió la denuncia incoada por los ciudadanos J.C.G.C., O.C., O.C.T. y José Rafael Parra Saluzzo por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, a propósito de los hechos acaecidos durante los días 11,12,13 y 14 de abril del corriente, y requirió del Ministerio Público la remisión de las investigaciones que al respecto había efectuado.
-Luego de referir la competencia de la Sala para conocer de la interpretación constitucional, el máximo representante del Ministerio Público afirma que dicho órgano tiene la legitimación necesaria para ejercer la presente solicitud, toda vez que tiene un interés jurídico actual, legítimo, personal, directo y fundado en una situación jurídica concreta y específica, ello con apoyo en las disposiciones contenidas en los artículos 285 del Texto Constitucional, 1; 11, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 13; 13 y 21, numerales 1, 2 y 22, todos de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y 108, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 y 18 y 283 del Código Orgánico Procesal Penal.
- Afirma el peticionante que la decisión del Juzgado Trigésimo Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, antes indicada “[...] viola competencias constitucionales de la institución que presido, establecidas en el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también, constituyen una trasgresión de las garantías constitucionales institucionales del Ministerio Público a la autonomía e independencia consagradas en el artículo 273 del Texto Fundamental, el principio de división de poderes, consagrado en el artículo 136 de la Constitución; el derecho al debido proceso y concretamente el derecho al juez natural, previsto en el artículo 49 de la Carta Magna, cuya observancia corresponde garantizar al Ministerio Público e indudablemente, al Fiscal General de la República así como el principio de la legalidad, establecido en el artículo 137 de la referida Constitución de la República, por cuyo cumplimiento también debe velar el Ministerio Público”.
- A continuación dedica un capítulo a las condiciones de admisibilidad y procedencia de la solicitud de interpretación presentada, para lo cual cita jurisprudencia de esta Sala Constitucional.
- Expone que [...] el Estado Constitucional de Derecho impide la imposición de la interpretación del Ministerio Público como órgano del Poder Público y, concretamente, del Poder Ciudadano, sobre la interpretación del referido Juez de Control, en virtud de que conforme al artículo 335 del Texto Fundamental, es tarea de esa Sala Constitucional la interpretación de las normas constitucionales”.
- El Fiscal General de la República pide a esta Sala Constitucional que aclare la ambigüedad que surge del contenido de las disposiciones 29 y 285 constitucionales, de un modo tal que las haga congruentes con la Carta Magna y con los principios que la rigen. En este sentido, habrá que determinar si el primero de ellos –artículo 29- constituye una excepción a las competencias del Ministerio Público establecidas en los artículos 285 de la Carta Magna, 1; 11, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 13; 13 y 21, numerales 1, 2 y 22 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y 108, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 y 18 y 283 del Código Orgánico Procesal Penal.
- Aduce que dicho artículo debe ser interpretado respecto a la expresión “tribunales ordinarios”, para que pueda aplicarse de modo congruente con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual permitiría determinar si el Juzgado Trigésimo Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas actuó fuera de su competencia, si se ha extralimitado y excedido de sus funciones jurisdiccionales.
- Afirma que una interpretación de dicho precepto en el sentido de que la investigación, enjuiciamiento y sanción de los delitos de lesa humanidad se lleve a cabo con prescindencia de la instrucción y acusación previas, desconocería los principios sobre los cuales descansa el sistema acusatorio y pondría el procedimiento penal bajo el amparo del sistema inquisitivo que sostenía el abrogado Código de Enjuiciamiento Criminal; que como está reconocido, colide con el sistema procesal penal actual, en el cual, el Fiscal del Ministerio Público juzga sobre la suficiencia de los elementos que conforman la investigación, sea para acusar, sea para solicitar el sobreseimiento de la causa o el archivo de las actas procesales.
- Arguye el Fiscal General de la República que en el sistema acusatorio venezolano, la titularidad de la acción penal corresponde al Estado a través del Ministerio Público, órgano que debe ordenar y dirigir la investigación para determinar la comisión de los hechos punibles denunciados y todas las demás circunstancias que puedan influir en su calificación jurídica y en la responsabilidad de los autores. Asimismo y de ser pertinente, dicho órgano podrá solicitar el aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles que sean objetos activos o pasivos del delito investigado. De allí que afirme que el Juzgado Trigésimo Séptimo de Control usurpó funciones al respecto (Artículos 300 y 301 del Código Orgánico Procesal Penal) al haber admitido, en desconocimiento del iter procesal previsto en la Constitución, una denuncia por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad.
- Seguidamente, el recurrente indica que el Juez de Control, como su nombre lo indica, debe ceñir sus actuaciones a la supervisión y control judicial de las investigaciones adelantadas por el Ministerio Público, mas no puede realizar pesquisas, toda vez que excedería los límites establecidos en la Constitución y las leyes.
- Con respecto a la expresión “tribunales ordinarios”, prevista en el artículo 29 constitucional, señala que la intención del constituyente fue evitar que tribunales militares o de excepción pudieran enjuiciar los delitos consagrados en dicho precepto fundamental, impidiéndose de esta forma la sustracción de su enjuiciamiento al juez penal ordinario. Refiere que en ese sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con ocasión de delimitar la competencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción militar, casos: C.P., del 30 de mayo de 1999 y Barrios Altos, del 14 de marzo de 2001.
- El recurrente llama la atención sobre la excesiva literalidad con que el referido Juzgado de Control interpretó dicha norma, esto es, la lectura realizada fue aislada del Texto Constitucional y asistemática, toda vez que [...] la doctrina universal es unívoca en cuanto a señalar que es condición necesaria para calificar a un proceso como acusatorio, el que las tareas del juez y del acusador se encuentren separadas [...]. Si no se cumple esta condición, el proceso es inquisitivo... ‘No hay acusador ni acusado sino solamente el juez (el inquisidor) –que investiga y juzga- y el objeto de su actividad (el inquirido)’. Rige, según el renombrado profesor de la Universidad de Munich, el axioma ‘donde no hay acusador no hay juez’”.
- Refiere el solicitante el tratamiento que a los derechos humanos ha dado la jurisprudencia internacional, la cual enfatiza la separación de las funciones de investigar y juzgar, y lo vincula con la imparcialidad del juez, ya que lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar en la sociedad y, en lo que concierne a procedimientos penales, la confianza en el acusado, de modo que “[...] cualquier contaminación inquisitiva viola el derecho humano a ser juzgado por un tribunal imparcial”.
- Argumenta que la actual Constitución consagra el derecho de las personas a ser juzgadas por un tribunal competente, independiente, imparcial y predeterminado por la ley. Por otra parte, el artículo 23 otorga jerarquía constitucional a los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, en la medida en que contengan disposiciones más favorables.
- Asimismo, denuncia que la decisión del Juzgado Trigésimo Séptimo de Control vulneró el principio de legalidad, previsto en el artículo 137 de la Constitución, toda vez que la competencia que se arrogó no le ha sido conferida por disposición alguna.
Por su parte, los ciudadanos P.H.R., P.D.B., C.T.H., L.L., P.P.A., C.P.V., E.M., E.M., C.B.G. y E.A., ya identificados, luego de hacer una breve reseña de los hechos acaecidos el 11 de abril del corriente, solicitaron a esta Sala que, de conformidad con el artículo 335 constitucional, fije el sentido y alcance que debe atribuírsele al artículo 29 eiusdem.
Al respecto, solicitan expresamente que se establezca: a) quién es el juez competente para investigar tales hechos; b) quién es el juez competente respecto del Presidente de la República, cuando sea señalado como responsable de los delitos señalados en el precepto fundamental, cuya interpretación se invoca; c) qué proceso es el que debe regir para su investigación y juzgamiento, si el inquisitivo o si el acusatorio; d) qué participación tiene el Ministerio Público en estos procesos; y e) cuáles textos normativos sirven para determinar la responsabilidad por los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de guerra.
El 21 del corriente, la ciudadana L.B. de OSORIO, abogada, mayor de edad, titular de la cédula de identidad n° 4.394.787 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 48.312, actuando por delegación de la ciudadana MARISOL PLAZA IRIGOYEN, PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, según consta en oficio n° DP 0450 del 15.11.02, emanado del despacho de la prenombrada funcionaria, presentó, en tiempo hábil, escrito contentivo de opinión en la presente solicitud de interpretación incoada por el Fiscal General de la República en cuanto al contenido y alcance del artículo 29 constitucional.
Una lectura detenida del escrito en mención arroja su concordancia, en un todo, con las alegaciones vertidas por el máximo representante del Ministerio Público en la interpretación impetrada, las cuales fueron resumidas al comienzo de esta narrativa.
Por su parte, el 26 del corriente se agregaron al expediente los siguientes recaudos:
- Escrito presentado por los ciudadanos A.R. PALENCIA, ARAZULIS ESPEJO SÁNCHEZ y V.C.S., venezolanos, mayores de edad y abogados inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 65.600, 71.275, 65.650 y 75.192, quienes actúan por delegación del ciudadano GERMÁN MUNDARAÍN, DEFENSOR DEL PUEBLO, de acuerdo con las atribuciones conferidas en los artículos 280 y 281, numerales 2 y 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
- Escrito presentado por los ciudadanos C.I.A.G. y S.P.G., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 5.972.455 y 11.310.631, y abogados inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 81.875 y 76.508, actuando en su propio nombre y representación, al objeto de opinar en la solicitud de interpretación incoada.
- Escrito presentado por los ciudadanos M.C. APONTE, MOHAMED MERHI, CATALINA PALENCIA, MARY ARELLANO JANFRI QUERALES, M.I. ROJAS, J.C. SERRANO, A.T. y F.J.S.C., venezolanos y titulares de las cédulas de identidad números 4.165.390, 11.735431, 2.588.516, 4.976.633, 14.260.263, 3.665.984, 13.139.289, 11.313.840 y 11.202.043 respectivamente, representados por los abogados A.R.S., G.H.S., E.M.G., A.R.M. y J.C.S.A., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 48.287, 48.459, 61.465, 57.727 y 48.541, en su orden, quienes en su condición víctimas en la causa n° 02-0047 que cursa en la Sala Plena de este Supremo Tribunal, esgrimen una seria de argumentos a fin de coadyuvar en cuanto al sentido que ha darse al artículo 29 de la Constitución, cuya interpretación fue solicitada.
En relación con el escrito presentado por la Defensoría del Pueblo, la Sala no hará consideración alguna vista su extemporaneidad, toda vez que dicho órgano fue el 30.10.02, oportunidad en que también fue notificada a la Procuraduría General de la República, y, por disposición expresa de la decisión de esta Sala de la misma fecha, se le otorgaron diez (10) días de despacho siguientes a la última de las notificaciones ordenadas para argumentar lo que estimaren conveniente, los cuales vencieron el 21.11.02, y así se declara.
En lo que atañe al escrito presentado tempestivamente por los ciudadanos C.I.A.G. y S.P.G., la Sala da cuenta de que los argumentos que lo contienen guardan relación con lo aducido por el Fiscal General de la República, los cuales serán respondidos en la motivación del presente fallo.
En lo atinente al escrito presentado también tempestivamente por los ciudadanos M.C. APONTE, MOHAMED MERHI, CATALINA PALENCIA, MARY ARELLANO JANFRI QUERALES, M.I. ROJAS, J.C. SERRANO, A.T. y F.J.S.C., representados por los abogados A.R.S., G.H.S., E.M.G., A.R.M. y J.C.S.A., la Sala, luego de una lectura detenida del mismo da cuenta que el mismo contiene tres aspectos: a) por lo que toca a la inadmisibilidad de la interpretación solicitada, se ratifica, lo dicho en el fallo que admitió la presente solicitud; b) en lo que se refiere al avocamiento de la Sala Plena para resolver la presente solicitud de interpretación, se estima que ello no guarda relación con la naturaleza de la interpretación constitucional impetrada; y c) en lo que se refiere al sentido que debe dársele al contenido del artículo 29 constitucional, todos y cada uno de los argumentos explanados por los identificados ciudadanos quedarán resueltos en la motivación que sigue.
El Fiscal General de la República y los ciudadanos P.H.R., P.D.B., C.T.H., L.L., P.P.A., C.P.V., E.M., E.M., C.B.G. y E.A. solicitaron a esta Sala Constitucional que fije el contenido y alcance del precepto constitucional contenido en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece, entre otras cosas, que los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios cuyo texto se trascribe de seguida:
se refiere a la persona perseguida en el proceso de investigación, es decir, “procesado” desde la interposición de la acusación y, a partir del acto de apertura a juicio oral (en el procedimiento principal), una vez admitida la acusación, “acusado”.
La figura del fiscal, tal como se advirtió poco antes, está vinculada desde su nacimiento al principio acusatorio, según el cual no puede haber juicio sin acusación. Antiguamente, en el sistema llamado “acusatorio puro” no podía haber juicio sin la acusación del agraviado o víctima. En la medida en que el sistema ingresa en un contexto de mayor estabilidad, el fiscal va a ocupar el lugar de la víctima; lo hace, claro está, con características muy particulares, esto es, como funcionario del Estado (cf. Binder, A.M., Introducción al Derecho Procesal Penal, Buenos Aires-Argentina, Ad-Hoc S.R.L., 1999, págs. 322 a la 327).
1.Garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República
7. Solicitar, cuando corresponda, el sobreseimiento de la causa o la absolución del imputado; [...]
Artículo 281.Alcance. El Ministerio Público en el curso de la investigación hará constar no sólo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado, sino también aquellos que sirvan para exculparle. En este último caso, está obligado a facilitar al imputado los datos que lo favorezcan
La interpretación constitucional posibilita el giro del proceso hermenéutico alrededor de las normas y principios básicos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha previsto. Ello significa que la protección de la Constitución y la jurisdicción constitucional que la garantiza exigen que la interpretación de todo el ordenamiento jurídico ha de hacerse conforme a la Constitución (verfassungskonforme Auslegung von Gesetze). Tal conformidad requiere del cumplimiento de varias condiciones, unas formales, como la técnica fundamental (división del poder, reserva legal, no retroactividad de las leyes, generalidad y permanencia de las normas, soberanía del orden jurídico, etc.) [Ripert. Les Forces créatrices du droit, Paris, LGDJ, 1955, pp. 307 y ss.]; y otras axiológicas (Estado social de derecho y de justicia, pluralismo político y preeminencia de los derechos fundamentales, soberanía y autodeterminación nacional), pues el carácter dominante de la Constitución en el proceso interpretativo no puede servir de pretexto para vulnerar los principios axiológicos en que descansa el Estado constitucional venezolano. Interpretar el ordenamiento jurídico conforme a la Constitución significa, por tanto, salvaguardar a la Constitución misma de toda desviación de principios y de todo apartamiento del proyecto político que ella encarna por voluntad del pueblo.
Artículo 29 de la Constitución, Sistema Acusatorio y su dependencia del orden constitucional
Sostiene el tratadista L.F. que el principio del juez natural "impone que sea la ley la que predetermine tales criterios de forma rígida y vinculante, de modo que resulte excluida cualquier elección ex post factum del juez o tribunal a quien le sean confiadas las causas". Según este mismo autor, dicho principio se manifiesta en las siguientes tres realidades, relacionadas entre sí: (a) la necesidad de un juez preconstituido por la ley; (b) la inderogabilidad y la indisponibilidad de la competencia; y (c) la prohibición de jueces de excepción. Todas ellas relacionadas de forma estrecha con los principios de imparcialidad e igualdad al estar dirigidas a impedir intervenciones instrumentales de carácter individual o general sobre la formación del juez, y para satisfacer los derechos de todos a tener los mismos jueces y los mismos procesos.
Para ilustrar el aserto anterior, es importante acudir al origen de lo que por "especial" y "especialización" debemos entender. G.C., Diccionario enciclopédico de derecho usual, 21a. ed., Buenos Aires, Heliasta, t. III, p. 547, 1998, define por "especial" y "especialidad" lo siguiente:
ESPECIAL. Singular, privativo, particular, exclusivo, adecuado, propio, extraordinario, fuera de lo común o corriente. Que requiere determinados conocimientos, con misión asignada para el caso, fuera de código o reglamentación ordinaria, excepcional. Anómalo. De mejor calidad. De mayor rendimiento a solidez. De individualidad singular, referido a los delitos, los tipificados y sancionados en norma distinta al código penal, personal o a medida
ESPECIALIDAD. Singularidad, particularidad, condición privativa. Caso particular. Conocimientos teóricos o prácticos de índole genuina en una ciencia o arte. Intensificación del estudio o del ejercicio en alguna de las ramas concretas de la Enciclopedia Jurídica y de las actividades conectadas con ella
Beneficios en el proceso penal (Indulto y Amnistía)
La entonces Corte Suprema de Justicia, al analizar la figura del antejuicio de mérito, en su sentencia del 25.06.92, recaída en el caso: A.R. estableció que dicha figura no constituye sino una etapa previa al posible enjuiciamiento de aquellos funcionarios respecto de los cuales la ley fundamental de la República lo consagra como una forma de resguardar el cumplimiento de sus funciones, ya que dicho procedimiento evita el entorpecimiento producido por la instrucción de causas penales posiblemente temerarias o infundadas. En el antejuicio no se dicta propiamente una sentencia de condena, sino que tiene como fin último, eliminar un obstáculo procesal para que un ciudadano comparezca en juicio, donde tendrá oportunidad para invocar la garantía de la presunción de inocencia.
- Cuando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela habla de tribunales ordinarios se refiere tanto a ordinarios como a especiales, los cuales deben atender, como antes se apuntó, a la reserva legal, toda vez que la obligación por parte del Estado de investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad cometidos por sus autoridades, establece, sin excepción, que serán investigados por los tribunales ordinarios, al objeto de excluir a los tribunales militares o de excepción de cualquier investigación al respecto.
- La interpretación que debe darse al artículo 29 de la Constitución a fin de hacerlo compatible con el proyecto axiológico de ella y con el sistema acusatorio –proceso penal venezolano-, es que en las causas por la presunta comisión de los delitos de lesa humanidad, la investigación corresponde exclusivamente al Ministerio Público o a los órganos que estén bajo su supervisión y el juzgamiento a los tribunales ordinarios, en el sentido indicado supra, en atención al debido proceso, previsto en el artículo 49 constitucional, en concordancia con el artículo 257 eiusdem.
- En los casos del Presidente de la República, del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros o Ministras, del Procurador o Procuradora General, del Fiscal o la Fiscal General, del Contralor o Contralora General de la República, del Defensor o Defensora del Pueblo, los Gobernadores o Gobernadoras, oficiales, generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional y de los jefes o jefas de misiones diplomáticas de la República, el artículo 377 del Código Orgánico Procesal Penal prevé expresamente que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena -artículo 266 constitucional, numerales 2 y 3- declarar si hay o no mérito para su enjuiciamiento, pero “previa querella del Fiscal General de la República”. También debe mediar la autorización del enjuiciamiento por parte del órgano que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 378 eiusdem, en concordancia con el referido artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, preceptos que no excluyen ningún delito, sea común o político, de este procedimiento.
- El proceso que debe seguirse para la investigación y juzgamiento de la presunta comisión de delitos de lesa humanidad es el establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, fundamentalmente de corte acusatorio, donde la instrucción está encomendada al Ministerio Público –fase preparatoria- y el juzgamiento a los Tribunales de Control –fase intermedia- y Tribunales de Juicio –fase de juicio oral-.
- La responsabilidad penal en las causas por delitos de lesa humanidad (delitos comunes) se determinará según lo disponen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional suscrito por Venezuela, en cuanto a la parte sustantiva; y el Código Orgánico Procesal Penal en cuanto a la parte adjetiva.
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara RESUELTA la solicitud de interpretación interpuesta por los ciudadanos J.I.R.D., en su carácter de FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, designado por la Asamblea Nacional en sesión del 20 de diciembre de 2000, según consta en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 37.105 del 22 del mismo mes y año; y P.H.R., P.D.B., C.T.H., L.L., P.P.A., C.P.V., E.M., E.M., C.B.G. y E.A., en su condición de DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL, asistidos por los abogados G.E.L.M. y D.T.G., sobre el contenido y alcance del artículo 29 de la Constitución.
Vista la declaratoria anterior, esta Sala, como garante de la supremacía constitucional, ORDENA al Juzgado Trigésimo Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas remita al Fiscal General de la República, las actuaciones practicadas en la causa identificada alfanumérico 37C-1206-02, nomenclatura de dicho juzgado, instruida con ocasión de la denuncia incoada por los ciudadanos J.C.G.C., O.C., O.C.T. y José Rafael Parra Saluzzo por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, para que formen parte del conjunto de elementos a ser considerados en la investigación que se practique sobre el particular. Ofíciese lo conducente.
Quienes suscriben, Magistrados A.J.G. GARCIA y P.R.R.H., salvan su voto pues disienten del criterio que sostiene la mayoría sentenciadora, conforme al cual se ha declarado resuelta la solicitud de interpretación acerca del artículo 29 del Texto Fundamental, que interpuso el ciudadano J.I.R., con el carácter de Fiscal General de la República, y la que intentaron los ciudadanos P.H.R., P.D.B., C.T.H., L.L., P.P.A., C.P.V., E.M., E.M., C.B.G. y E.A., en su condición de Diputados de la Asamblea Nacional.
P.R.R.H. Disidente

References: artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 285
 artículo 273
 artículo 136
 artículo 49
 artículo 137
 artículo 335
 artículo 29
 artículo 23
 artículo 137
 artículo 335
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29

Artículo 281

Artículo 29
 artículo 29
 artículo 49
 artículo 257
 artículo 377
 artículo 378
 artículo 266
 artículo 29
 artículo 29