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Timestamp: 2017-09-20 20:10:27+00:00

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B.O.E. Nº 310 de 25/12/2008
Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devoluciÃ³n mensual en el Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria.
Esta Ley tiene por objeto la introducciÃ³n de diversas modificaciones en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificaciÃ³n de los aspectos fiscales del RÃ©gimen EconÃ³mico Fiscal de Canarias, el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. AdemÃ¡s, se introducen sendas disposiciones en el Ã¡mbito del Impuesto sobre Actividades EconÃ³micas y del Impuesto sobre las Primas de Seguros para dar cumplimiento a los Acuerdos alcanzados por la AdministraciÃ³n General del Estado con los representantes del sector del transporte por carretera con el fin de paliar los efectos que la elevaciÃ³n del precio de los combustibles viene ocasionando en dicho sector.
Las modificaciones que afectan al Impuesto sobre Sociedades responden principalmente a la necesidad de adaptar la legislaciÃ³n fiscal a la reforma contable que ha sido completada con la aprobaciÃ³n de un nuevo Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, que viene a desarrollar la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptaciÃ³n de la legislaciÃ³n mercantil en materia contable para su armonizaciÃ³n internacional con base en la normativa de la UniÃ³n Europea.
La mencionada Ley 16/2007 ha instrumentado un proceso de armonizaciÃ³n de las normas contables espaÃ±olas al marco contable de las Normas Internacionales de Contabilidad adoptadas en la UniÃ³n Europea. Estas normas internacionales ya se habÃ­an incorporado con carÃ¡cter obligatorio desde el 1 de enero de 2005 exclusivamente para las cuentas anuales consolidadas de los grupos con sociedades cotizadas, por lo que la Ley 16/2007 ha hecho posible incorporar, con carÃ¡cter general, criterios convergentes con los contenidos en el marco contable comunitario en las cuentas anuales individuales de todas las compaÃ±Ã­as espaÃ±olas, cotizadas o no.
La aprobaciÃ³n del nuevo Plan General de Contabilidad hace necesario introducir modificaciones en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, dada la vinculaciÃ³n existente entre el resultado contable y la base imponible de dicho Impuesto, algunas de las cuales son meramente tÃ©cnicas y responden a la nueva terminologÃ­a utilizada en el PGC recientemente aprobado, asÃ­ como al nuevo tratamiento contable por el cual determinados dividendos no se contabilizan en la cuenta de pÃ©rdidas y ganancias como ingresos, sino minorando el valor contable de la inversiÃ³n.
Dado que esta reforma mercantil tiene efectos respecto de los ejercicios que se inicien a partir de 1 de enero 2008, el PGC contiene tambiÃ©n el rÃ©gimen transitorio para la aplicaciÃ³n por primera vez del mismo. Al respecto, la disposiciÃ³n transitoria Ãºnica de la Ley 16/2007 establece que, para la elaboraciÃ³n de las cuentas anuales que correspondan al primer ejercicio que se inicie a partir de 1 de enero de 2008, las empresas elaborarÃ¡n un balance de apertura al comienzo de dicho ejercicio, el cual se realizarÃ¡ de acuerdo con las normas establecidas en dicha Ley y en sus disposiciones de desarrollo. En particular, las disposiciones transitorias del PGC desarrollan los criterios para elaborar dicho balance de apertura de acuerdo con los criterios de valoraciÃ³n, calificaciÃ³n y registro incorporados en el nuevo marco contable, lo cual supondrÃ¡ realizar ajustes como consecuencia de la primera aplicaciÃ³n del PGC, cuya contrapartida, con carÃ¡cter general, se registrarÃ¡ en cuentas de reservas.
Dada la conexiÃ³n seÃ±alada entre resultado contable y base imponible del Impuesto sobre Sociedades deben regularse las consecuencias fiscales, por motivos de seguridad jurÃ­dica, de los ajustes contables derivados de la primera aplicaciÃ³n del Plan General de Contabilidad. La regla general serÃ¡ que los cargos y abonos a cuentas de reservas que se generen con ocasiÃ³n de los ajustes de primera aplicaciÃ³n tengan plenos efectos fiscales, es decir, deberÃ¡n tenerse en consideraciÃ³n para la determinaciÃ³n de la base imponible del ejercicio 2008, en la medida que tengan la consideraciÃ³n de ingresos y gastos de acuerdo con lo establecido en el artÃ­culo 36 del CÃ³digo de Comercio.
No obstante, al objeto de conseguir la mÃ¡xima neutralidad en los efectos fiscales de la reforma contable, se regula que determinados cargos y abonos a reservas no tendrÃ¡n consecuencias fiscales cuando respondan a ingresos y gastos, siempre que estos Ãºltimos no hubiesen tenido la consideraciÃ³n de provisiones cuando se dotaron, que se devengaron y contabilizaron en ejercicios anteriores a 2008 segÃºn la aplicaciÃ³n de los anteriores criterios contables y, ademÃ¡s, se integraron en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades correspondientes a dichos ejercicios, siendo que por aplicaciÃ³n de los nuevos criterios contables esos mismos ingresos o gastos se devengarÃ¡n de nuevo a partir del ejercicio 2008, estableciÃ©ndose que estos Ãºltimos tampoco tendrÃ­an efectos fiscales por cuanto que sus efectos se consolidaron cuando se contabilizaron en aquellos ejercicios.
A este fin responde la introducciÃ³n de una disposiciÃ³n transitoria vigÃ©simo sexta en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Por lo que se refiere a la reforma contable, cabe destacar, por Ãºltimo, que la adecuaciÃ³n del marco contable aplicable a las entidades aseguradoras al entorno normativo de las Normas Internacionales de Contabilidad adoptadas en la UniÃ³n Europea, y a la armonizaciÃ³n producida en esta materia por la citada Ley 16/2007, habrÃ¡ de motivar una revisiÃ³n del Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras.
Dicho Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras va a introducir un cambio en la forma de contabilizar la Â«reserva de estabilizaciÃ³nÂ», modificaciÃ³n que tambiÃ©n afectarÃ¡ de forma especial a la primera aplicaciÃ³n del nuevo Plan, en particular, su dotaciÃ³n no se registrarÃ¡ en la cuenta de pÃ©rdidas y ganancias. Dado que esta reserva tiene la consideraciÃ³n de provisiÃ³n tÃ©cnica, y que su origen y aplicaciÃ³n sigue siendo el mismo con independencia de su reconocimiento contable, debe modificarse el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades al objeto de que no se alteren los efectos fiscales y, por tanto, alcanzar la neutralidad fiscal en este cambio de criterio contable.
Otro conjunto de modificaciones que se introduce en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, referido a los artÃ­culos 12.3, 21.1 y 107.15 de este, tiene por objeto evitar una posible vulneraciÃ³n del Derecho comunitario en materia de discriminaciÃ³n y de restricciÃ³n de la libertad de movimiento de capitales.
Por ello, tales modificaciones pretenden evitar dichas discriminaciones y restricciones a la mencionada libertad, generalizando la aplicaciÃ³n de determinadas medidas a todos los Estados miembros de la UniÃ³n Europea, a condiciÃ³n de que el sujeto pasivo acredite que la constituciÃ³n de la entidad en Ã©ste Ã¡mbito responde a motivos econÃ³micos vÃ¡lidos y, ademÃ¡s, realiza actividades empresariales.
TambiÃ©n se modifica el mencionado Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para adaptar este a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 13 de marzo de 2008, por concluir esta que la deducciÃ³n de actividades de investigaciÃ³n y desarrollo e innovaciÃ³n tecnolÃ³gica regulada en aquel es contraria al ordenamiento comunitario al ser menos favorable para los gastos realizados en el extranjero que para los efectuados en EspaÃ±a, a cuyo fin se eliminan las restricciones existentes de manera que la deducciÃ³n se aplica de igual manera con independencia de que esas actividades se efectÃºen en EspaÃ±a, en cualquier Estado miembro de la UniÃ³n Europea o del Espacio EconÃ³mico Europeo.
En el Ã¡mbito del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se modifica la regulaciÃ³n de los procedimientos amistosos para establecer que durante su tramitaciÃ³n no se devengarÃ¡n intereses de demora.
Asimismo se articula una serie de modificaciones de orden procedimental para posibilitar la aplicaciÃ³n efectiva de la exenciÃ³n de los rendimientos a favor de los inversores en Deuda PÃºblica y otros instrumentos de renta fija.
El Impuesto sobre el Patrimonio se estableciÃ³ en el aÃ±o 1977 como un tributo de carÃ¡cter extraordinario, en el marco de la profunda reforma del sistema tributario iniciada ese aÃ±o.
La vigente Ley del impuesto, la Ley 19/1991, de 6 de junio, supuso la incorporaciÃ³n con carÃ¡cter estable del Impuesto al sistema tributario, con un triple objetivo: efectuar una funciÃ³n de carÃ¡cter censal y de control del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas; conseguir una mayor eficacia en la utilizaciÃ³n de los patrimonios y la obtenciÃ³n de una mayor justicia redistributiva complementaria de la aportada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas.
Sin embargo, desde el momento de su establecimiento, las transformaciones, tanto del entorno econÃ³mico internacional como las mismas modificaciones introducidas en el tributo, han hecho que pierda su capacidad para alcanzar de forma eficaz los objetivos para los que fue diseÃ±ado.
En el actual contexto, resulta necesario suprimir el gravamen derivado de este impuesto mediante la fÃ³rmula mÃ¡s idÃ³nea para asegurar su eliminaciÃ³n efectiva e inmediata. Dicha eliminaciÃ³n del gravamen se produce tanto para la obligaciÃ³n real como para la obligaciÃ³n personal de contribuir.
En consecuencia, el precepto que modifica determinados artÃ­culos de la Ley 19/1991, al igual que la derogaciÃ³n que afecta a otras disposiciones de dicha Ley, tiene por objeto eliminar el gravamen por este impuesto, sin necesidad de modificar al mismo tiempo la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiaciÃ³n de las Comunidades AutÃ³nomas de rÃ©gimen comÃºn y Ciudades con Estatuto de AutonomÃ­a, puesto que cualquier modificaciÃ³n de esta Ley debe ser objeto de un examen conjunto en el marco del proceso de reforma del sistema de financiaciÃ³n de las Comunidades AutÃ³nomas.
La constante y acelerada elevaciÃ³n que viene experimentando el precio de los combustibles desde hace meses ha provocado importantes dificultades econÃ³micas al sector del transporte por carretera. Como consecuencia de dicha subida se han venido manteniendo contactos entre representantes de la AdministraciÃ³n General del Estado y del sector del transporte. A resultas de ellos, se han alcanzado una serie de acuerdos respecto de los cuales el Consejo de Ministros ha tomado conocimiento y a los que se ha dado publicidad mediante la Orden PRE/1664/2008, de 13 de junio, y la Orden PRE/1773/2008, de 20 de junio, en relaciÃ³n con el transporte de mercancÃ­as y de viajeros, respectivamente.
Mediante esta Ley se procede a dar ejecuciÃ³n a las iniciativas acordadas en materia fiscal que se refieren a la reducciÃ³n del 75% del Impuesto sobre las Primas de Seguros durante los aÃ±os 2008 y 2009 y a la bonificaciÃ³n del 50% de las cuotas del Impuesto sobre Actividades EconÃ³micas para el transporte por carretera para el ejercicio 2008.
Las modificaciones que se incorporan a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, IVA en lo sucesivo, responden a diversas circunstancias.
En primer lugar, se especifica en la norma que a las entidades mercantiles se les presume la condiciÃ³n de empresario o profesional salvo prueba de lo contrario. Con ello, se da entrada en la norma a la jurisprudencia comunitaria sobre la materia, que no permite afirmar, sin mÃ¡s, que es empresario o profesional una entidad mercantil por el mero hecho de su condiciÃ³n de tal.
En segundo lugar, se actualizan los supuestos de no sujeciÃ³n de las transmisiones globales de patrimonio, adecuando la norma legal a la jurisprudencia comunitaria, bÃ¡sicamente, a la sentencia de 27 de noviembre de 2003, recaÃ­da en el Asunto C-497/01, Zita Modes Sarl, resolviendo las diversas dudas planteadas en aplicaciÃ³n del precepto que se modifica, el artÃ­culo 7.1.Âº de la Ley antes citada.
La siguiente modificaciÃ³n que se introduce se efectÃºa en los artÃ­culos 34 y 35 de la misma Ley, el primero de los cuales ve revisado su importe, a la vez que se adecua el segundo al contenido de la Directiva 2007/74/CE, de 20 de diciembre de 2007, relativa a la franquicia del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido y de los Impuestos Especiales de las mercancÃ­as importadas por viajeros procedentes de terceros paÃ­ses.
Se modifica, asimismo, el plazo que debe transcurrir para poder proceder a la reducciÃ³n de la base imponible relativa a las operaciones total o parcialmente incobrables previsto en la condiciÃ³n 1.Âª del artÃ­culo 80.cuatro de la Ley 37/1992, pasando a ser de un aÃ±o desde el devengo del Impuesto repercutido.
Se da nueva redacciÃ³n al artÃ­culo 97.uno.3.Âº de la Ley 37/1992, de forma que el mismo se ajuste al momento en que nace el derecho a la deducciÃ³n del IVA correspondiente a las importaciones y operaciones asimiladas de acuerdo con la normativa vigente, que vincula este momento a la realizaciÃ³n de la operaciÃ³n y no ya al pago de las cuotas. En igual sentido, se ajusta el contenido del artÃ­culo 99.cuatro de la citada Ley, adecuando su redacciÃ³n a la derogaciÃ³n del artÃ­culo 98.dos de la Ley.
Finalmente, se introducen diversas modificaciones en los artÃ­culos 115 y 116 al objeto de instrumentar el cambio en el sistema de devoluciones del IVA.
De entrada, el sistema que se mantiene como general es el de solicitud a final de aÃ±o del saldo pendiente del cual el contribuyente no se haya podido resarcir con anterioridad. Como excepciÃ³n al anterior sistema, se dispone la posibilidad, para aquellos contribuyentes que opten por ello, de aplicar un sistema consistente en la solicitud del saldo a su favor pendiente al final de cada periodo de liquidaciÃ³n. Los contribuyentes que opten por esta posibilidad deberÃ¡n liquidar el IVA con periodicidad mensual en todo caso. Esta posibilidad se abre a cualquier contribuyente, con independencia de la naturaleza de sus operaciones y del volumen de estas, con remisiÃ³n a las condiciones, tÃ©rminos, requisitos y procedimiento que reglamentariamente se establezcan.
El mismo procedimiento se establece cuando resulte de aplicaciÃ³n el rÃ©gimen especial del grupo de entidades, modificÃ¡ndose al efecto el artÃ­culo 163 nonies. cuatro de la Ley 37/1992.
En este contexto, se matizan las posibilidades de actuaciÃ³n de la AdministraciÃ³n tributaria cuando se solicita una devoluciÃ³n y el proceder respecto a esta mientras dura dicha actuaciÃ³n.
AsÃ­, se especifica igualmente en la norma que a las entidades mercantiles se les presume la condiciÃ³n de empresario o profesional salvo prueba de lo contrario.
En segundo lugar, se actualizan los supuestos de no sujeciÃ³n de las transmisiones globales de patrimonio, de manera coincidente con los cambios que se realizan en la Ley 37/1992, aunque con un aÃ±adido para tener en cuenta las especificidades del rÃ©gimen especial del comercio minorista existente en el IGIC.
Las modificaciones citadas suponen modificaciones en paralelo en el IVA y en el IGIC, aunque en este no resulte aplicable la jurisprudencia comunitaria dictada en aplicaciÃ³n de las normas comunitarias armonizadoras de los impuestos generales sobre ventas, como ha seÃ±alado recientemente el mismo Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Auto de 16 de abril de 2008, recaÃ­do en el Asunto C-186/07).
La siguiente modificaciÃ³n que se introduce se efectÃºa en el artÃ­culo 14, relativo a exenciones en las importaciones, en lÃ­nea con las modificaciones realizadas en el IVA, aunque en este caso no haya Directiva que transponer.
Se da nueva redacciÃ³n a los artÃ­culos 31.1.2.Âº y 32, de forma tal que el derecho a la deducciÃ³n del impuesto pagado en importaciones nazca con ocasiÃ³n de su realizaciÃ³n y no del pago de la cuota que corresponda. Se trata de una modificaciÃ³n equivalente a la que se efectÃºa en los artÃ­culos 97 y 99 de la Ley 37/1992 en relaciÃ³n con el IVA.
Se modifica, asimismo, el plazo que debe transcurrir para poder proceder a la reducciÃ³n de la base imponible relativa a las operaciones total o parcialmente incobrables previsto en la condiciÃ³n 1.Âª del artÃ­culo 22.7 de la Ley 20/1991, pasando a ser de un aÃ±o desde el devengo del Impuesto repercutido.
Finalmente, se introducen diversas modificaciones en los artÃ­culos 45 y 46, al objeto de instrumentar un cambio equivalente al nuevo sistema de devoluciones del IVA.
De entrada, el sistema que se mantiene como general es el de solicitud a final de aÃ±o del saldo pendiente del cual el contribuyente no se haya podido resarcir con anterioridad. Como excepciÃ³n al anterior sistema, se dispone la posibilidad, para aquellos contribuyentes que opten por ello, de aplicar un sistema consistente en la solicitud del saldo a su favor pendiente al final de cada periodo de liquidaciÃ³n. Los contribuyentes que opten por esta posibilidad deberÃ¡n liquidar el IGIC con periodicidad mensual en todo caso. Esta posibilidad se abre a cualquier contribuyente, con independencia de la naturaleza de sus operaciones y del volumen de estas, con remisiÃ³n a las condiciones, tÃ©rminos, requisitos y procedimiento que reglamentariamente se establezca.
El mismo procedimiento se establece cuando resulte de aplicaciÃ³n el rÃ©gimen especial del grupo de entidades, modificando al efecto el artÃ­culo 58.octies.cuatro de la Ley 20/1991.
En la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados se introducen diversas modificaciones, unas derivadas de la necesaria mejora y simplificaciÃ³n de la gestiÃ³n del impuesto y otras de la transposiciÃ³n de la Directiva 7/2008/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentraciÃ³n de capitales.
Respecto al primer grupo de medidas, cabe destacar que se cambia el cÃ¡lculo del valor real de las concesiones en las que se haya seÃ±alado un canon, precio, participaciÃ³n o beneficio mÃ­nimo que deba satisfacer el concesionario periÃ³dicamente, cuando la duraciÃ³n de la concesiÃ³n fuese superior al aÃ±o, capitalizÃ¡ndose segÃºn el plazo de la concesiÃ³n, al 10 por 100 la cantidad anual que satisfaga el concesionario, para evitar una capitalizaciÃ³n simple como en la actualidad, ajustando la base a la verdadera realidad de estas concesiones.
Una medida importante para mejorar la situaciÃ³n de los particulares en el mercado inmobiliario es la relativa al tratamiento fiscal de la cesiÃ³n de crÃ©ditos o derechos de adquisiciÃ³n de inmuebles en construcciÃ³n, conocidos vulgarmente como Â«pasesÂ», cuya regulaciÃ³n determinaba una base imponible cuantificada en funciÃ³n del valor total construido de los inmuebles, que se modifica para que se ajuste al valor real del inmueble en construcciÃ³n en el momento de la cesiÃ³n del derecho privado de compra, lo que permitirÃ¡ su transmisiÃ³n a los actuales contratantes que tengan dificultades para seguir con la adquisiciÃ³n y una mayor flexibilidad a este mercado.
La limitaciÃ³n de la base imponible al valor real que tenga el bien en el momento de la transmisiÃ³n del crÃ©dito o derecho se dirige especialmente a los supuestos de transmisiÃ³n entre particulares del derecho de adquisiciÃ³n de una vivienda en construcciÃ³n. Es una modificaciÃ³n necesaria para evitar un gravamen impositivo que, sumado al que se produce por el IVA que satisface el nuevo propietario del derecho cuando adquiere la vivienda, hacÃ­a, en la prÃ¡ctica, casi imposible la transmisiÃ³n de estos derechos. Teniendo en cuenta la coyuntura actual del mercado inmobiliario, tambiÃ©n resulta conveniente incentivar la transmisiÃ³n de derechos de adquisiciÃ³n de vivienda, considerando especialmente a los particulares que compraron tales derechos con unas expectativas de evoluciÃ³n de los precios de los inmuebles y de oferta hipotecaria que en la actualidad no concurren.
Por otra parte, se adecua la vigente regulaciÃ³n de la exenciÃ³n de las viviendas de protecciÃ³n oficial (VPO) a la situaciÃ³n actual, mediante la agrupaciÃ³n de su normativa dispersa y cierre de algunas posibilidades de fraude. En concreto, se reÃºnen en un solo precepto todos los requisitos para gozar de las exenciones en este impuesto, facilitando asÃ­ su aplicaciÃ³n a este tipo de viviendas. Asimismo, se incluye, como una norma de vigencia indefinida, lo establecido en la disposiciÃ³n transitoria duodÃ©cima de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
El fomento de la vivienda protegida requiere, como pilar bÃ¡sico, un rÃ©gimen jurÃ­dico tributario fÃ¡cilmente interpretable, que evite problemas de aplicaciÃ³n. Para el cumplimiento de este objetivo se clarifican los supuestos de exenciÃ³n aplicables al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados relativos a las viviendas de protecciÃ³n oficial.
La regulaciÃ³n de la titulizaciÃ³n de activos financieros se iniciÃ³ en EspaÃ±a con la promulgaciÃ³n de la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre rÃ©gimen de las sociedades y fondos de inversiÃ³n inmobiliaria y sobre fondos de titulizaciÃ³n hipotecaria, ciÃ±Ã©ndose en este primer momento a los crÃ©ditos hipotecarios movilizados mediante participaciones hipotecarias.
En dicha Ley solamente se establecieron los citados fondos de titulizaciÃ³n hipotecaria, cualificados por ser patrimonios cerrados sin personalidad jurÃ­dica que transformaban flujos hipotecarios en valores de renta fija -los denominados bonos de titulizaciÃ³n hipotecaria-, con el objetivo principal de contribuir a abaratar los prÃ©stamos para adquisiciÃ³n de viviendas, como especificaba en su preÃ¡mbulo el referido texto legal.
Dado ese carÃ¡cter cerrado, que no permite su ampliaciÃ³n o modificaciÃ³n posterior, en el Ã¡mbito fiscal se otorgÃ³ a dichos fondos la exenciÃ³n de la modalidad de operaciones societarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados en el momento de su constituciÃ³n.
Posteriormente, al considerarse que esta regulaciÃ³n resultaba insuficiente para extender o aplicar el proceso financiero a la titulizaciÃ³n de otros crÃ©ditos diferentes a los de carÃ¡cter hipotecario, se estableciÃ³ en el Real Decreto-Ley 3/1993, de 26 de febrero, sobre medidas urgentes en materias presupuestarias, tributarias, financieras y de empleo, que el Gobierno, previo informe de la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores y del Banco de EspaÃ±a, podÃ­a extender el rÃ©gimen previsto para la titulizaciÃ³n de participaciones hipotecarias a otros prÃ©stamos y derechos de crÃ©dito.
Dicha previsiÃ³n fue refrendada y completada en la disposiciÃ³n adicional quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, de adaptaciÃ³n de la legislaciÃ³n espaÃ±ola en materia de entidades de crÃ©dito a la Segunda Directiva de CoordinaciÃ³n Bancaria. Posteriormente, y como consecuencia de la financiaciÃ³n de los resultados de la moratoria nuclear, en 1994 se promulgÃ³ la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de OrdenaciÃ³n del Sistema ElÃ©ctrico Nacional, norma que regula, como una modalidad especÃ­fica de los fondos de titulizaciÃ³n de activos, los denominados Â«Fondos de TitulizaciÃ³n de la Moratoria NuclearÂ».
La anterior normativa se desarrollÃ³ mediante el Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan los fondos de titulizaciÃ³n de activos y las sociedades gestoras de fondos de titulizaciÃ³n, que configurÃ³ estos nuevos fondos de titulizaciÃ³n en dos tipos de estructuras, al objeto de acomodar el esquema de titulizaciÃ³n a las diversas clases de flujos que van a entrar en el proceso. AsÃ­, se regulan tanto estructuras cerradas -similares a los fondos de titulizaciÃ³n hipotecaria- como estructuras abiertas, ya sea por el activo, por el pasivo o por ambos. Con esta Ãºltima variedad se abre paso a la titulizaciÃ³n de flujos a corto y medio plazo, muy comunes en otros sistemas financieros donde se vienen desarrollando estos procesos.
El mencionado Reglamento estableciÃ³, ademÃ¡s, que, salvo lo dispuesto en el mismo, a los fondos de titulizaciÃ³n de activos se les aplicarÃ¡n las reglas contenidas para los fondos de titulizaciÃ³n hipotecaria regulados en la citada Ley 19/1992, en tanto resultasen de aplicaciÃ³n, atendiendo a su naturaleza especÃ­fica, lo que ha servido a las Administraciones tributarias competentes de las Comunidades AutÃ³nomas para considerarlos exentos de la modalidad de operaciones societarias.
Sin embargo, ninguna de las citadas normas legales regulaba los aspectos fiscales relativos a los nuevos fondos de titulizaciÃ³n que a partir de entonces podÃ­an constituirse, por lo que, teniendo en cuenta la identidad de estructura y fines de los nuevos fondos de titulizaciÃ³n respecto a los fondos de titulizaciÃ³n hipotecaria y, sobre todo, que su propia esencia es la titulizaciÃ³n por pequeÃ±as diferencias entre los activos que conforman estos fondos, es imprescindible, para la existencia y desarrollo de estos instrumentos financieros, aunque fuera lÃ³gico entender que estaban exentos de la modalidad de operaciones societarias, se considera mÃ¡s acorde con el principio de seguridad jurÃ­dica, establecer en una norma de rango legal y con efectos retroactivos la exenciÃ³n total de estos fondos de la modalidad de operaciones societarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados.
En otro orden de cosas, se introduce una regla de cuantificaciÃ³n del valor de los bienes y derechos en el procedimiento de comprobaciÃ³n de valores por parte de la AdministraciÃ³n consistente en fijar dicho valor, al menos, en el precio o contraprestaciÃ³n de la operaciÃ³n de que se trate, puesto que, como mÃ­nimo, alcanza tal valor para las partes.
Con el fin de simplificar la gestiÃ³n de este tributo, se establece de forma definitiva que la fecha del documento privado que prevalezca a efectos de prescripciÃ³n, conforme a lo dispuesto en la normativa del impuesto, determinarÃ¡ todos los aspectos del rÃ©gimen jurÃ­dico aplicable a la liquidaciÃ³n que proceda por el acto o contrato incorporado al mismo, lo que implica que ya no quedarÃ¡n dudas de que la valoraciÃ³n, la base, el tipo y los demÃ¡s elementos del tributo que se aplican a este tipo de actos, contratos o negocios, serÃ¡n los que estÃ©n vigentes en la fecha que se tome para la prescripciÃ³n.
Asimismo, con el fin de aclarar las competencias de las Administraciones tributarias de las Comunidades AutÃ³nomas, se modifica el requisito para inscribir los documentos que sean objeto de este impuesto, concretando que deben ser presentados en la AdministraciÃ³n tributaria competente, sin cuya constataciÃ³n no podrÃ¡n ser inscritos en el Registro correspondiente, evitÃ¡ndose asÃ­ cualquier intento de elusiÃ³n del pago del impuesto.
De forma complementaria a la anterior, se establece que la competencia para la aplicaciÃ³n del impuesto y el ejercicio de la potestad sancionadora corresponden a la AdministraciÃ³n tributaria de la Comunidad AutÃ³noma o del Estado a la que se atribuya su rendimiento de acuerdo con los puntos de conexiÃ³n aplicables segÃºn las normas reguladoras de la cesiÃ³n de impuestos a las Comunidades AutÃ³nomas, para aclarar cualquier duda que pudiera tenerse respecto a actuaciones con Administraciones no competentes.
El Consejo de la UniÃ³n Europea aprobÃ³ recientemente la Directiva 2008/7/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentraciÃ³n de capitales, que ha entrado en vigor el dÃ­a 12 de marzo de este aÃ±o, Directiva que sustituye a la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentraciÃ³n de capitales, Directiva que queda derogada con efectos a partir del dÃ­a 1 de enero de 2009.
La Directiva 2008/7/CE incide sustancialmente en las disposiciones legales del Derecho interno espaÃ±ol que regulan el llamado impuesto sobre las aportaciones de capital, que constituye la modalidad de operaciones societarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados regulada en el TÃ­tulo II, Â«Operaciones societariasÂ», del Texto Refundido de la Ley del citado Impuesto, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, razÃ³n por la cual procede la adaptaciÃ³n de diversos preceptos del citado Texto Refundido.
La Directiva 2008/7/CE establece las operaciones que tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de Â«aportaciones de capitalÂ», concepto del que se excluyen algunas operaciones que la Directiva 69/335/CEE sÃ­ consideraba incluidas en dicho concepto. AsÃ­, desaparecen los hechos imponibles referentes al traslado de un Estado miembro a otro Estado miembro de la sede de la direcciÃ³n efectiva de una entidad considerada como sociedad de capital en este Ãºltimo Estado miembro, pero no en el primero, asÃ­ como al traslado de un Estado miembro a otro Estado miembro del domicilio social de una entidad con la sede de su direcciÃ³n efectiva en un tercer paÃ­s y considerada sociedad de capital en este Ãºltimo Estado miembro, no estÃ¡ndolo en el otro Estado miembro.
A este respecto, el artÃ­culo 10 de la Directiva 2008/7/CE determina que un Estado miembro podrÃ¡ someter al impuesto sobre las aportaciones de capital las aportaciones de capital de aquellas sociedades de capital cuya sede de direcciÃ³n efectiva estÃ© situada en dicho Estado miembro en el momento en que se realice la aportaciÃ³n de capital, o de aquellas que, estando su sede de direcciÃ³n efectiva en un tercer paÃ­s, tengan en el Estado miembro su domicilio social. Dicho precepto tambiÃ©n dispone que un Estado miembro podrÃ¡ someter al impuesto sobre las aportaciones de capital la aportaciÃ³n de inmovilizado o de capital circulante a una sucursal situada en un Estado miembro, cuando su domicilio social y la sede de direcciÃ³n efectiva se encuentren en un tercer paÃ­s.
Asimismo, el artÃ­culo 5 determina que los Estados miembros no someterÃ¡n a las sociedades de capital a ninguna forma de imposiciÃ³n indirecta, entre otras operaciones, por el traslado, de un Estado miembro a otro Estado miembro, de la sede de direcciÃ³n efectiva o del domicilio social de una sociedad de capital, ni las llamadas Â«operaciones de reestructuraciÃ³nÂ» definidas en su artÃ­culo 4.
Esta nueva regulaciÃ³n comunitaria obliga a modificar el contenido de los preceptos del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados que definen los hechos imponibles de la modalidad de operaciones societarias de este tributo. Igualmente, la no sujeciÃ³n de las llamadas operaciones de reestructuraciÃ³n a dicha modalidad del impuesto obliga tambiÃ©n a modificar los preceptos referentes, respectivamente, al sujeto pasivo, responsables subsidiarios y base imponible de operaciones societarias, a fin de excluir a aquellas. AdemÃ¡s, resulta necesario modificar el mencionado Texto Refundido para suprimir, por una parte, los supuestos de exenciÃ³n relativos a las operaciones de fusiÃ³n, escisiÃ³n, aportaciÃ³n de activos y canje de valores (ahora, de reestructuraciÃ³n), que deben convertirse en supuestos de no sujeciÃ³n; y, por otra, para introducir una exenciÃ³n en las modalidades de transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurÃ­dicos documentados, documentos notariales, aplicable a las operaciones de reestructuraciÃ³n y a los traslados de la sede de direcciÃ³n efectiva o del domicilio social de entidades de un Estado miembro a otro que, al quedar no sujetas a la modalidad de operaciones societarias, podrÃ­an quedar sometidas a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas o, en su caso, a la de actos jurÃ­dicos documentados, documentos notariales.
Por Ãºltimo, tambiÃ©n resulta conveniente derogar el apartado 2 de la disposiciÃ³n adicional segunda del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, precepto que contiene las referencias sobre las definiciones de las operaciones de fusiÃ³n y escisiÃ³n a efectos de la modalidad de operaciones societarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados, pues, si bien se considera oportuno mantener las definiciones a efectos de operaciones societarias en la norma legal del Impuesto sobre Sociedades, parece razonable que la referencia se ubique en el Texto Refundido de la Ley de aquel tributo.
En el Ã¡mbito de los Impuestos Especiales, se modifica la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, para adaptar la normativa interna a la ya citada Directiva 2007/74/CE, disposiciÃ³n comunitaria que mantiene los actuales lÃ­mites cuantitativos establecidos para las labores de tabaco a la vez que se modifican los fijados para las bebidas alcohÃ³licas, en lo relativo al vino (cuya franquicia pasa de dos a cuatro litros) y a la cerveza (para la que se establece por primera vez una franquicia cuantitativa, que se fija en diecisÃ©is litros).
La circunstancia de que, en determinados vehÃ­culos cuya primera matriculaciÃ³n definitiva en EspaÃ±a estÃ¡ sujeta al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, una parte de su precio de venta y, por tanto, de la base imponible de este impuesto no estÃ¡ formada por el precio del vehÃ­culo en sÃ­, sino por el del equipamiento propio de una vivienda aconseja que, en esos casos, se reduzca la base imponible en la cuantÃ­a que se estima que representa este equipamiento en su precio de venta, por no estar directamente asociado a su capacidad de circulaciÃ³n como vehÃ­culo. Por lo que se refiere a los cuadriciclos ligeros, habida cuenta sus pequeÃ±as dimensiones y sus consiguientemente reducidas emisiones de CO2, y que las pautas de su utilizaciÃ³n no sean especialmente perjudiciales para el medio ambiente, parece conveniente retrotraer la tributaciÃ³n de estos vehÃ­culos a la que tenÃ­an con anterioridad al 1 de enero de 2008, por la vÃ­a de declarar su no sujeciÃ³n al IEDMT.
Con el objeto de adecuar a la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la configuraciÃ³n de la base imponible del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte cuando es exigible sobre aquellos que ya estÃ¡n usados, se modifica el pÃ¡rrafo b) del artÃ­culo 69 de la Ley 38/1992. La modificaciÃ³n consiste en el establecimiento de una minoraciÃ³n del valor de mercado que se toma como base imponible del medio de transporte en la parte de aquel que es imputable al importe residual de los impuestos indirectos que habrÃ­an sido exigibles en el caso de que el mismo medio de transporte hubiese sido objeto de primera matriculaciÃ³n definitiva en EspaÃ±a en estado nuevo.
TambiÃ©n se modifica la citada Ley 38/1992 para establecer niveles de emisiones de CO2 delimitadores de las categorÃ­as de tributaciÃ³n especÃ­ficamente aplicables en relaciÃ³n con las motocicletas. Con ello se mantiene la coherencia de la inspiraciÃ³n medioambiental de la reforma introducida por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protecciÃ³n de la atmÃ³sfera, a la vez que se evita que las motocicletas se vean favorecidas por una reducciÃ³n o desapariciÃ³n de su tributaciÃ³n en el Ã¡mbito del IEDMT que no vaya acompaÃ±ada de una reducciÃ³n de sus actuales emisiones de CO2. AdemÃ¡s, dada la elevada siniestralidad asociada a las motocicletas de potencia igual o superior a 100 CV (74 kW) se someten todas ellas, con independencia de sus emisiones de CO2, al tipo impositivo mÃ¡s elevado.
Con la finalidad de adaptar a la normativa comunitaria la responsabilidad subsidiaria que la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, impone a los agentes y comisionistas de aduanas cuando actÃºan en representaciÃ³n directa, se procede a la modificaciÃ³n del apartado e) del nÃºmero 1 del artÃ­culo 43 de dicha Ley, con el objeto de excluir a la deuda aduanera de la responsabilidad subsidiaria que el referido artÃ­culo establece, toda vez que de lo dispuesto en el CÃ³digo Aduanero ha de entenderse que al agente de aduanas que actÃºa en representaciÃ³n directa no se le puede exigir esta responsabilidad por no tener el carÃ¡cter de deudor ante la Aduana.
Esta exclusiÃ³n se limita a la deuda aduanera, que es el Ã¡mbito afectado por la normativa comunitaria que se adapta, pero no afecta a la deuda tributaria correspondiente a tributos internos como el Impuesto sobre el Valor AÃ±adido o los Impuestos Especiales, respecto de la cual se mantiene la responsabilidad subsidiaria de agentes y comisionistas de aduanas que actÃºen en la modalidad de representaciÃ³n directa.
Uno. El apartado 3 del artÃ­culo 12 queda redactado de la siguiente forma:
Â«3. La deducciÃ³n en concepto de pÃ©rdidas por deterioro de los valores representativos de la participaciÃ³n en el capital de entidades que no coticen en un mercado regulado no podrÃ¡ exceder de la diferencia positiva entre el valor de los fondos propios al inicio y al cierre del ejercicio, debiendo tenerse en cuenta las aportaciones o devoluciones de aportaciones realizadas en Ã©l. Este mismo criterio se aplicarÃ¡ a las participaciones en el capital de entidades del grupo, multigrupo y asociadas en los tÃ©rminos de la legislaciÃ³n mercantil.
Para determinar la diferencia a que se refiere este apartado, se tomarÃ¡n los valores al cierre del ejercicio siempre que se recojan en los balances formulados o aprobados por el Ã³rgano competente.
No serÃ¡n deducibles las pÃ©rdidas por deterioro o correcciones de valor correspondientes a la participaciÃ³n en entidades residentes en paÃ­ses o territorios considerados como paraÃ­sos fiscales, excepto que dichas entidades consoliden sus cuentas con las de la entidad que realiza el deterioro en el sentido del artÃ­culo 42 del CÃ³digo de Comercio, o cuando las mismas residan en un Estado miembro de la UniÃ³n Europea y el sujeto pasivo acredite que su constituciÃ³n y operativa responde a motivos econÃ³micos vÃ¡lidos y que realizan actividades empresariales.
En las condiciones establecidas en este apartado, la referida diferencia serÃ¡ fiscalmente deducible en proporciÃ³n a la participaciÃ³n, sin necesidad de su imputaciÃ³n contable en la cuenta de pÃ©rdidas y ganancias, cuando los valores representen participaciones en el capital de entidades del grupo, multigrupo y asociadas en los tÃ©rminos de la legislaciÃ³n mercantil, siempre que el valor de la participaciÃ³n, minorado por las cantidades deducidas en perÃ­odos impositivos anteriores, exceda del valor de los fondos propios de la entidad participada al cierre del ejercicio que corresponda a la participaciÃ³n, corregido en el importe de las plusvalÃ­as tÃ¡citas existentes en el momento de la adquisiciÃ³n y que subsistan en el de la valoraciÃ³n. La cuantÃ­a de la diferencia deducible no puede superar el importe del referido exceso.
A estos efectos, los fondos propios se determinarÃ¡n de acuerdo con lo establecido en el CÃ³digo de Comercio y demÃ¡s normativa contable de desarrollo, siendo corregida dicha diferencia, en su caso, por los gastos del ejercicio que no tengan la condiciÃ³n de fiscalmente deducibles de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
Las cantidades deducidas minorarÃ¡n el valor de dichas participaciones, teniendo la consideraciÃ³n, a efectos fiscales, de correcciÃ³n de valor, depreciaciÃ³n o deterioro de la participaciÃ³n. Estas cantidades se integrarÃ¡n como ajuste positivo en la base imponible del perÃ­odo impositivo en el que el valor de los fondos propios al cierre del ejercicio exceda al del inicio, debiendo tenerse en cuenta las aportaciones o devoluciones de aportaciones realizadas en Ã©l, con el lÃ­mite de dicho exceso.
En la memoria de las cuentas anuales se informarÃ¡ de las cantidades deducidas en cada perÃ­odo impositivo, la diferencia en el ejercicio de los fondos propios de la entidad participada, asÃ­ como las cantidades integradas en la base imponible del perÃ­odo y las pendientes de integrar.
Dos. Los apartados 1 y 4 del artÃ­culo 13 quedan redactados de la siguiente forma:
Â«1. No serÃ¡n deducibles los siguientes gastos:
a) Los derivados de obligaciones implÃ­citas o tÃ¡citas.
b) Los relativos a retribuciones a largo plazo al personal. No obstante, serÃ¡n deducibles las contribuciones de los promotores de planes de pensiones regulados en el Texto Refundido de la Ley de RegulaciÃ³n de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, asÃ­ como las realizadas a planes de previsiÃ³n social empresarial. Dichas contribuciones se imputarÃ¡n a cada partÃ­cipe o asegurado, en la parte correspondiente, salvo las realizadas a planes de pensiones de manera extraordinaria por aplicaciÃ³n del artÃ­culo 5.3.d) del citado Texto Refundido de la Ley de RegulaciÃ³n de los Planes y Fondos de Pensiones. SerÃ¡n igualmente deducibles las contribuciones para la cobertura de contingencias anÃ¡logas a las de los planes de pensiones, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
2.Âº Que se transmita de forma irrevocable el derecho a la percepciÃ³n de las prestaciones futuras.
3.Âº Que se transmita la titularidad y la gestiÃ³n de los recursos en que consistan dichas contribuciones.
Asimismo, serÃ¡n deducibles las contribuciones efectuadas por las empresas promotoras previstas en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisiÃ³n de fondos de pensiones de empleo, siempre que se cumplan los requisitos anteriores, y las contingencias cubiertas sean las previstas en el artÃ­culo 8.6 del Texto Refundido de la Ley de RegulaciÃ³n de los Planes y Fondos de Pensiones.
c) Los concernientes a los costes de cumplimiento de contratos que excedan a los beneficios econÃ³micos que se esperan recibir de los mismos.
d) Los derivados de reestructuraciones, excepto si se refieren a obligaciones legales o contractuales y no meramente tÃ¡citas.
f) Los de personal que se correspondan con pagos basados en instrumentos de patrimonio, utilizados como fÃ³rmula de retribuciÃ³n a los empleados, tanto si se satisface en efectivo o mediante la entrega de dichos instrumentos.
4. Los gastos relativos a las provisiones tÃ©cnicas realizadas por las entidades aseguradoras, serÃ¡n deducibles hasta el importe de las cuantÃ­as mÃ­nimas establecidas por las normas aplicables. Con ese mismo lÃ­mite, el importe de la dotaciÃ³n en el ejercicio a la reserva de estabilizaciÃ³n serÃ¡ deducible en la determinaciÃ³n de la base imponible, aun cuando no se haya integrado en la cuenta de pÃ©rdidas y ganancias. Cualquier aplicaciÃ³n de dicha reserva se integrarÃ¡ en la base imponible del perÃ­odo impositivo en el que se produzca.
Las correcciones por deterioro de primas o cuotas pendientes de cobro serÃ¡n incompatibles, para los mismos saldos, con la dotaciÃ³n para la cobertura de posibles insolvencias de deudores.Â»
Tres. El apartado 9 del artÃ­culo 15 queda redactado de la siguiente forma:
Â«9. A los efectos de integrar en la base imponible las rentas positivas obtenidas en la transmisiÃ³n de elementos patrimoniales del activo fijo o de estos elementos que hayan sido clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta, que tengan la naturaleza de bienes inmuebles, se deducirÃ¡ el importe de la depreciaciÃ³n monetaria producida desde el dÃ­a 1 de enero de 1983, calculada de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Se multiplicarÃ¡ el precio de adquisiciÃ³n o coste de producciÃ³n de los bienes inmuebles transmitidos y las amortizaciones acumuladas relativas a aquÃ©llos por los coeficientes que se establezcan en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
b) La diferencia entre las cantidades determinadas por la aplicaciÃ³n de lo establecido en el pÃ¡rrafo anterior se minorarÃ¡ en el valor contable del elemento patrimonial transmitido.
c) La cantidad resultante de dicha operaciÃ³n se multiplicarÃ¡ por un coeficiente determinado por:
1.Âº En el numerador: el patrimonio neto.
2.Âº En el denominador: el patrimonio neto mÃ¡s pasivo total menos los derechos de crÃ©dito y la tesorerÃ­a.
Las magnitudes determinantes del coeficiente serÃ¡n las habidas durante el tiempo de tenencia del elemento patrimonial transmitido o en los cinco ejercicios anteriores a la fecha de la transmisiÃ³n, si este Ãºltimo plazo fuere menor, a elecciÃ³n del sujeto pasivo.
Lo previsto en este pÃ¡rrafo no se aplicarÃ¡ cuando el coeficiente sea superior a 0,4.Â»
Cuatro. El apartado 1 del artÃ­culo 21 queda redactado de la siguiente forma:
Â«1. EstarÃ¡n exentos los dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes en territorio espaÃ±ol, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el porcentaje de participaciÃ³n, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad no residente sea, al menos, del cinco por ciento.
Se considerarÃ¡ cumplido este requisito, cuando la entidad participada sea residente en un paÃ­s con el que EspaÃ±a tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposiciÃ³n internacional, que le sea de aplicaciÃ³n y que contenga clÃ¡usula de intercambio de informaciÃ³n.
En ningÃºn caso se aplicarÃ¡ lo dispuesto en este artÃ­culo cuando la entidad participada sea residente en un paÃ­s o territorio calificado reglamentariamente como paraÃ­so fiscal, excepto que resida en un Estado miembro de la UniÃ³n Europea y el sujeto pasivo acredite que su constituciÃ³n y operativa responde a motivos econÃ³micos vÃ¡lidos y que realiza actividades empresariales.
SÃ³lo se considerarÃ¡ cumplido este requisito cuando al menos el 85 por ciento de los ingresos del ejercicio correspondan a:
1.Âº Rentas que se hayan obtenido en el extranjero y que no estÃ©n comprendidas entre aquellas clases de renta a que se refiere el apartado 2 del artÃ­culo 107 como susceptibles de ser incluidas en la base imponible por aplicaciÃ³n del rÃ©gimen de transparencia fiscal internacional. En cualquier caso, las rentas derivadas de la participaciÃ³n en los beneficios de otras entidades, o de la transmisiÃ³n de los valores o participaciones correspondientes, habrÃ¡n de cumplir los requisitos del pÃ¡rrafo 2.Âº siguiente.
4.Âª Aseguradoras y reaseguradoras, cuando los riesgos asegurados se encuentren en el paÃ­s o territorio en el que resida la entidad participada o en cualquier otro paÃ­s o territorio diferente del espaÃ±ol, siempre que aquÃ©llas se efectÃºen a travÃ©s de la organizaciÃ³n de medios personales y materiales de que disponga la entidad participada.
2.Âº Dividendos o participaciones en beneficios de otras entidades no residentes respecto de las cuales el sujeto pasivo tenga una participaciÃ³n indirecta que cumpla los requisitos de porcentaje y antigÃŒedad previstos en el pÃ¡rrafo a), cuando los referidos beneficios y entidades cumplan a su vez, los requisitos establecidos en los demÃ¡s pÃ¡rrafos de este apartado. Asimismo, rentas derivadas de la transmisiÃ³n de la participaciÃ³n en dichas entidades no residentes, cuando se cumplan los requisitos del apartado siguiente.
Para la aplicaciÃ³n de este artÃ­culo, en el caso de distribuciÃ³n de reservas se atenderÃ¡ a la designaciÃ³n contenida en el acuerdo social y, en su defecto, se considerarÃ¡n aplicadas las Ãºltimas cantidades abonadas a dichas reservas.Â»
Cinco. El apartado 4 del artÃ­culo 30 queda redactado de la siguiente forma:
Â«4. La deducciÃ³n prevista en los apartados anteriores no se aplicarÃ¡ respecto de las siguientes rentas:
a) Las derivadas de la reducciÃ³n del capital o de la distribuciÃ³n de la prima de emisiÃ³n de acciones o participaciones, sin perjuicio de lo previsto en el Ãºltimo pÃ¡rrafo del apartado anterior.
Cuando conjuntamente con las operaciones referidas en el pÃ¡rrafo anterior se produzca la distribuciÃ³n de dividendos o participaciones en beneficios, se aplicarÃ¡ la deducciÃ³n sobre ellos de acuerdo con las normas establecidas en este artÃ­culo.
b) Las previstas en los apartados anteriores, cuando con anterioridad a su distribuciÃ³n se hubiere producido una reducciÃ³n de capital para constituir reservas o compensar pÃ©rdidas, el traspaso de la prima de emisiÃ³n a reservas, o una aportaciÃ³n de los socios para reponer el patrimonio, hasta el importe de la reducciÃ³n, traspaso o aportaciÃ³n.
Lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior no se aplicarÃ¡ respecto de las rentas distribuidas que se hubieran integrado en la base imponible sin haberse producido respecto de aquÃ©llas la compensaciÃ³n de bases imponibles negativas, excepto que la no compensaciÃ³n hubiese derivado de lo previsto en el apartado 2 del artÃ­culo 25 de esta Ley.
c) Las distribuidas por el fondo de regulaciÃ³n de carÃ¡cter pÃºblico del mercado hipotecario.
d) Los dividendos o participaciones en beneficios que correspondan a acciones o participaciones adquiridas dentro de los dos meses anteriores a la fecha en que aquÃ©llos se hubieran satisfecho cuando con posterioridad a esta fecha, dentro del mismo plazo, se produzca una transmisiÃ³n de valores homogÃ©neos.
e) Cuando la distribuciÃ³n del dividendo o la participaciÃ³n en beneficios no determine la integraciÃ³n de renta en la base imponible o cuando dicha distribuciÃ³n haya producido una pÃ©rdida por deterioro del valor de la participaciÃ³n. En este caso la reversiÃ³n del deterioro del valor de la participaciÃ³n no se integrarÃ¡ en la base imponible.
Lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior no se aplicarÃ¡ cuando:
1.Âº El sujeto pasivo pruebe que un importe equivalente a la pÃ©rdida por deterioro del valor de la participaciÃ³n se ha integrado en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades tributando a alguno de los tipos de gravamen previstos en los apartados 1, 2 y 7 del artÃ­culo 28 o en el artÃ­culo 114 de esta Ley, en concepto de renta obtenida por las sucesivas entidades propietarias de la participaciÃ³n con ocasiÃ³n de su transmisiÃ³n, y que dicha renta no haya tenido derecho a la deducciÃ³n por doble imposiciÃ³n interna de plusvalÃ­as.
En este supuesto, cuando las anteriores entidades propietarias de la participaciÃ³n hubieren aplicado a las rentas por ellas obtenidas con ocasiÃ³n de su transmisiÃ³n la deducciÃ³n por reinversiÃ³n de beneficios extraordinarios, la deducciÃ³n serÃ¡ del 18 por ciento del importe del dividendo o de la participaciÃ³n en beneficios.
La deducciÃ³n se practicarÃ¡ parcialmente cuando la prueba a que se refiere este pÃ¡rrafo e) tenga carÃ¡cter parcial.
2.Âº El sujeto pasivo pruebe que un importe equivalente al deterioro del valor de la participaciÃ³n se ha integrado en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, en concepto de renta obtenida por las sucesivas personas fÃ­sicas propietarias de la participaciÃ³n, con la ocasiÃ³n de su transmisiÃ³n. La deducciÃ³n se practicarÃ¡ parcialmente cuando la prueba a que se refiere este pÃ¡rrafo e) tenga carÃ¡cter parcial.
En este supuesto, la deducciÃ³n no podrÃ¡ exceder del importe resultante de aplicar al dividendo o a la participaciÃ³n en beneficios el tipo de gravamen que en el Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas corresponde a las ganancias patrimoniales integradas en la parte especial de la base imponible o en la del ahorro, para el caso de transmisiones realizadas a partir de 1 de enero de 2007.
En caso de que el dividendo o participaciÃ³n en beneficios no determine la integraciÃ³n de renta en la base imponible por no tener la consideraciÃ³n de ingreso, procederÃ¡ aplicar la deducciÃ³n cuando el sujeto pasivo pruebe que un importe equivalente a ese dividendo o participaciÃ³n en beneficios se ha integrado en la base imponible de las personas o entidades propietarias anteriores de la participaciÃ³n, en los tÃ©rminos establecidos en este pÃ¡rrafo e).
f) Los dividendos o participaciones en beneficios correspondientes a entidades de la Zona Especial Canaria procedentes de beneficios que hayan tributado a los tipos indicados en el apartado 8 del artÃ­culo 28 de esta Ley. A estos efectos, se considerarÃ¡ que las rentas recibidas proceden en primer lugar de dichos beneficios.Â»
Seis. El apartado 5 del artÃ­culo 32 queda redactado de la siguiente forma:
Â«5. No se integrarÃ¡ en la base imponible del sujeto pasivo que percibe los dividendos o la participaciÃ³n en beneficios la pÃ©rdida por deterioro del valor de la participaciÃ³n derivada de la distribuciÃ³n de los beneficios, cualquiera que sea la forma y el perÃ­odo impositivo en que dicha pÃ©rdida se ponga de manifiesto, excepto que el importe de los citados beneficios haya tributado en EspaÃ±a a travÃ©s de cualquier transmisiÃ³n de la participaciÃ³n.
En caso de que el dividendo o participaciÃ³n en beneficios no determine la integraciÃ³n de renta en la base imponible por no tener la consideraciÃ³n de ingreso, procederÃ¡ aplicar la deducciÃ³n cuando el sujeto pasivo pruebe que un importe equivalente a ese dividendo o participaciÃ³n en beneficios ha tributado en EspaÃ±a a travÃ©s de cualquier transmisiÃ³n de la participaciÃ³n, en los tÃ©rminos establecidos en este artÃ­culo. El lÃ­mite a que se refiere el apartado 3 de este artÃ­culo se calcularÃ¡ atendiendo a la cuota Ã­ntegra que resultarÃ­a de la integraciÃ³n en la base imponible del dividendo o participaciÃ³n en beneficios.Â»
Siete. Los apartados 1, 2, 3 y 4 del artÃ­culo 35 quedan redactados de la siguiente forma:
Â«1. DeducciÃ³n por actividades de investigaciÃ³n y desarrollo.
La realizaciÃ³n de actividades de investigaciÃ³n y desarrollo darÃ¡ derecho a practicar una deducciÃ³n de la cuota Ã­ntegra, en las condiciones establecidas en este apartado.
a) Concepto de investigaciÃ³n y desarrollo.
Se considerarÃ¡ tambiÃ©n actividad de investigaciÃ³n y desarrollo la materializaciÃ³n de los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseÃ±o, asÃ­ como la creaciÃ³n de un primer prototipo no comercializable y los proyectos de demostraciÃ³n inicial o proyectos piloto, siempre que Ã©stos no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o para su explotaciÃ³n comercial.
Asimismo, se considerarÃ¡ actividad de investigaciÃ³n y desarrollo el diseÃ±o y elaboraciÃ³n del muestrario para el lanzamiento de nuevos productos. A estos efectos, se entenderÃ¡ como lanzamiento de un nuevo producto su introducciÃ³n en el mercado y como nuevo producto, aquel cuya novedad sea esencial y no meramente formal o accidental.
TambiÃ©n se considerarÃ¡ actividad de investigaciÃ³n y desarrollo la concepciÃ³n de software avanzado, siempre que suponga un progreso cientÃ­fico o tecnolÃ³gico significativo mediante el desarrollo de nuevos teoremas y algoritmos o mediante la creaciÃ³n de sistemas operativos y lenguajes nuevos, o siempre que estÃ© destinado a facilitar a las personas discapacitadas el acceso a los servicios de la sociedad de la informaciÃ³n. No se incluyen las actividades habituales o rutinarias relacionadas con el software.
La base de la deducciÃ³n estarÃ¡ constituida por el importe de los gastos de investigaciÃ³n y desarrollo y, en su caso, por las inversiones en elementos de inmovilizado material e intangible excluidos los inmuebles y terrenos.
Se considerarÃ¡n gastos de investigaciÃ³n y desarrollo los realizados por el sujeto pasivo, incluidas las amortizaciones de los bienes afectos a las citadas actividades, en cuanto estÃ©n directamente relacionados con dichas actividades y se apliquen efectivamente a la realizaciÃ³n de Ã©stas, constando especÃ­ficamente individualizados por proyectos.
La base de la deducciÃ³n se minorarÃ¡ en el 65 por ciento de las subvenciones recibidas para el fomento de dichas actividades e imputables como ingreso en el perÃ­odo impositivo.
Los gastos de investigaciÃ³n y desarrollo que integran la base de la deducciÃ³n deben corresponder a actividades efectuadas en EspaÃ±a o en cualquier Estado miembro de la UniÃ³n Europea o del Espacio EconÃ³mico Europeo.
Igualmente tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de gastos de investigaciÃ³n y desarrollo las cantidades pagadas para la realizaciÃ³n de dichas actividades en EspaÃ±a o en cualquier Estado miembro de la UniÃ³n Europea o del Espacio EconÃ³mico Europeo, por encargo del sujeto pasivo, individualmente o en colaboraciÃ³n con otras entidades.
Las inversiones se entenderÃ¡n realizadas cuando los elementos patrimoniales sean puestos en condiciones de funcionamiento.
1.Âº El 30 por ciento de los gastos efectuados en el perÃ­odo impositivo por este concepto.
En el caso de que los gastos efectuados en la realizaciÃ³n de actividades de investigaciÃ³n y desarrollo en el perÃ­odo impositivo sean mayores que la media de los efectuados en los dos aÃ±os anteriores, se aplicarÃ¡ el porcentaje establecido en el pÃ¡rrafo anterior hasta dicha media, y el 50 por ciento sobre el exceso respecto de Ã©sta.
AdemÃ¡s de la deducciÃ³n que proceda conforme a lo dispuesto en los pÃ¡rrafos anteriores se practicarÃ¡ una deducciÃ³n adicional del 20 por ciento del importe de los gastos de personal de la entidad correspondientes a investigadores cualificados adscritos en exclusiva a actividades de investigaciÃ³n y desarrollo.
2.Âº El 10 por ciento de las inversiones en elementos de inmovilizado material e intangible, excluidos los inmuebles y terrenos, siempre que estÃ©n afectos exclusivamente a las actividades de investigaciÃ³n y desarrollo.
La deducciÃ³n establecida en el pÃ¡rrafo anterior serÃ¡ compatible con la prevista en el artÃ­culo 42 de esta Ley e incompatible para las mismas inversiones con las restantes deducciones previstas en los demÃ¡s artÃ­culos de este CapÃ­tulo.
Los elementos en que se materialice la inversiÃ³n deberÃ¡n permanecer en el patrimonio del sujeto pasivo, salvo pÃ©rdidas justificadas, hasta que cumplan su finalidad especÃ­fica en las actividades de investigaciÃ³n y desarrollo, excepto que su vida Ãºtil conforme al mÃ©todo de amortizaciÃ³n, admitido en el pÃ¡rrafo a) del apartado 1 del artÃ­culo 11, que se aplique, fuese inferior.
2. DeducciÃ³n por actividades de innovaciÃ³n tecnolÃ³gica.
La realizaciÃ³n de actividades de innovaciÃ³n tecnolÃ³gica darÃ¡ derecho a practicar una deducciÃ³n de la cuota Ã­ntegra en las condiciones establecidas en este apartado.
Esta actividad incluirÃ¡ la materializaciÃ³n de los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseÃ±o, la creaciÃ³n de un primer prototipo no comercializable, los proyectos de demostraciÃ³n inicial o proyectos piloto y los muestrarios textiles, de la industria del calzado, del curtido, de la marroquinerÃ­a, del juguete, del mueble y de la madera, siempre que no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o para su explotaciÃ³n comercial.
1.Âº Actividades de diagnÃ³stico tecnolÃ³gico tendentes a la identificaciÃ³n, la definiciÃ³n y la orientaciÃ³n de soluciones tecnolÃ³gicas avanzadas, con independencia de los resultados en que culminen.
2.Âº DiseÃ±o industrial e ingenierÃ­a de procesos de producciÃ³n, que incluirÃ¡n la concepciÃ³n y la elaboraciÃ³n de los planos, dibujos y soportes destinados a definir los elementos descriptivos, especificaciones tÃ©cnicas y caracterÃ­sticas de funcionamiento necesarios para la fabricaciÃ³n, prueba, instalaciÃ³n y utilizaciÃ³n de un producto, asÃ­ como la elaboraciÃ³n de muestrarios textiles, de la industria del calzado, del curtido, de la marroquinerÃ­a, del juguete, del mueble y de la madera.
Los gastos de innovaciÃ³n tecnolÃ³gica que integran la base de la deducciÃ³n deben corresponder a actividades efectuadas en EspaÃ±a o en cualquier Estado miembro de la UniÃ³n Europea o del Espacio EconÃ³mico Europeo.
Igualmente, tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de gastos de innovaciÃ³n tecnolÃ³gica las cantidades pagadas para la realizaciÃ³n de dichas actividades en EspaÃ±a o en cualquier Estado miembro de la UniÃ³n Europea o del Espacio EconÃ³mico Europeo, por encargo del sujeto pasivo, individualmente o en colaboraciÃ³n con otras entidades.
c) Porcentaje de deducciÃ³n.
El 10 por ciento de los gastos efectuados en el perÃ­odo impositivo por este concepto.
a) Las actividades que no impliquen una novedad cientÃ­fica o tecnolÃ³gica significativa. En particular, los esfuerzos rutinarios para mejorar la calidad de productos o procesos, la adaptaciÃ³n de un producto o proceso de producciÃ³n ya existente a los requisitos especÃ­ficos impuestos por un cliente, los cambios periÃ³dicos o de temporada, excepto los muestrarios textiles y de la industria del calzado, del curtido, de la marroquinerÃ­a, del juguete, del mueble y de la madera, asÃ­ como las modificaciones estÃ©ticas o menores de productos ya existentes para diferenciarlos de otros similares.
a) Para la aplicaciÃ³n de la deducciÃ³n regulada en este artÃ­culo, los sujetos pasivos podrÃ¡n aportar informe motivado emitido por el Ministerio de Ciencia e InnovaciÃ³n, o por un organismo adscrito a Ã©ste, relativo al cumplimiento de los requisitos cientÃ­ficos y tecnolÃ³gicos exigidos en la letra a) del apartado 1 de este artÃ­culo para calificar las actividades del sujeto pasivo como investigaciÃ³n y desarrollo, o en la letra a) de su apartado 2, para calificarlas como innovaciÃ³n, teniendo en cuenta en ambos casos lo establecido en el apartado 3. Dicho informe tendrÃ¡ carÃ¡cter vinculante para la AdministraciÃ³n tributaria.
b) El sujeto pasivo podrÃ¡ presentar consultas sobre la interpretaciÃ³n y aplicaciÃ³n de la presente deducciÃ³n, cuya contestaciÃ³n tendrÃ¡ carÃ¡cter vinculante para la AdministraciÃ³n tributaria, en los tÃ©rminos previstos en los artÃ­culos 88 y 89 de la Ley 58/2003, deÂ 17 de diciembre, General Tributaria.
A estos efectos, los sujetos pasivos podrÃ¡n aportar informe motivado emitido por el Ministerio de Ciencia e InnovaciÃ³n, o por un organismo adscrito a Ã©ste, relativo al cumplimiento de los requisitos cientÃ­ficos y tecnolÃ³gicos exigidos en la letra a) del apartado 1 de este artÃ­culo para calificar las actividades del sujeto pasivo como investigaciÃ³n y desarrollo, o en la letra a) de su apartado 2, para calificarlas como innovaciÃ³n tecnolÃ³gica, teniendo en cuenta en ambos casos lo establecido en el apartado 3. Dicho informe tendrÃ¡ carÃ¡cter vinculante para la AdministraciÃ³n tributaria.
A estos efectos, los sujetos pasivos podrÃ¡n aportar informe motivado emitido por el Ministerio de Ciencia e InnovaciÃ³n, o por un organismo adscrito a Ã©ste, relativo al cumplimiento de los requisitos cientÃ­ficos y tecnolÃ³gicos exigidos en la letra a) del apartado 1 de este artÃ­culo, para calificar las actividades del sujeto pasivo como investigaciÃ³n y desarrollo, o en la letra a) de su apartado 2, para calificarlas como innovaciÃ³n tecnolÃ³gica, teniendo en cuenta en ambos casos lo establecido en el apartado 3, asÃ­ como a la identificaciÃ³n de los gastos e inversiones que puedan ser imputados a dichas actividades. Dicho informe tendrÃ¡ carÃ¡cter vinculante para la AdministraciÃ³n tributaria.Â»
Ocho. La letra a) del apartado 1 del artÃ­culo 81 queda redactada de la siguiente forma:
Â«a) Las eliminaciones pendientes de incorporaciÃ³n se integrarÃ¡n en la base imponible del grupo fiscal correspondiente al Ãºltimo perÃ­odo impositivo en el que sea aplicable el rÃ©gimen de consolidaciÃ³n fiscal.
Lo anterior no se aplicarÃ¡ cuando la entidad dominante adquiera la condiciÃ³n de sociedad dependiente de otro grupo fiscal que estuviese tributando en rÃ©gimen de consolidaciÃ³n fiscal o sea absorbida por alguna sociedad de ese otro grupo en un proceso de fusiÃ³n acogida al rÃ©gimen especial establecido en el CapÃ­tulo VIII del TÃ­tulo VII de esta Ley, al cual se integran todas sus sociedades dependientes en ambos casos. Los resultados eliminados se incorporarÃ¡n a la base imponible de ese otro grupo fiscal en los tÃ©rminos establecidos en el artÃ­culo 73 de esta Ley.Â»
Nueve. El apartado 3 del artÃ­culo 89 queda redactado de la siguiente forma:
Â«3. Los bienes adquiridos se valorarÃ¡n, a efectos fiscales, de acuerdo con lo establecido en el artÃ­culo 85 de esta Ley.
No obstante, cuando la entidad adquirente participe en el capital de la entidad transmitente, en al menos, un cinco por ciento, el importe de la diferencia entre el precio de adquisiciÃ³n de la participaciÃ³n y los fondos propios se imputarÃ¡ a los bienes y derechos adquiridos, aplicando el mÃ©todo de integraciÃ³n global establecido en el artÃ­culo 46 del CÃ³digo de Comercio y demÃ¡s normas de desarrollo, y la parte de aquella diferencia que no hubiera sido imputada serÃ¡ fiscalmente deducible de la base imponible, con el lÃ­mite anual mÃ¡ximo de la veinteava parte de su importe, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la participaciÃ³n no hubiere sido adquirida a personas o entidades no residentes en territorio espaÃ±ol o a personas fÃ­sicas residentes en territorio espaÃ±ol, o a una entidad vinculada cuando esta Ãºltima, a su vez, adquiriÃ³ la participaciÃ³n a las referidas personas o entidades.
El requisito previsto en este pÃ¡rrafo a) se entenderÃ¡ cumplido:
1.Âº TratÃ¡ndose de una participaciÃ³n adquirida a personas o entidades no residentes en territorio espaÃ±ol o a una entidad vinculada con la entidad adquirente que, a su vez, adquiriÃ³ la participaciÃ³n de las referidas personas o entidades, cuando el importe de la diferencia mencionada en el pÃ¡rrafo anterior ha tributado en EspaÃ±a a travÃ©s de cualquier transmisiÃ³n de la participaciÃ³n.
Igualmente procederÃ¡ la deducciÃ³n de la indicada diferencia cuando el sujeto pasivo pruebe que un importe equivalente a esta ha tributado efectivamente en otro Estado miembro de la UniÃ³n Europea, en concepto de beneficio obtenido con ocasiÃ³n de la transmisiÃ³n de la participaciÃ³n, soportando un gravamen equivalente al que hubiera resultado de aplicar este impuesto, siempre que el transmitente no resida en un paÃ­s o territorio considerado como paraÃ­so fiscal.
2.Âº TratÃ¡ndose de una participaciÃ³n adquirida a personas fÃ­sicas residentes en territorio espaÃ±ol o a una entidad vinculada cuando esta Ãºltima, a su vez, adquiriÃ³ la participaciÃ³n de las referidas personas fÃ­sicas, cuando se pruebe que la ganancia patrimonial obtenida por dichas personas fÃ­sicas se ha integrado en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas.
b) Que la entidad adquirente y la transmitente no formen parte de un grupo de sociedades segÃºn los criterios establecidos en el artÃ­culo 42 del CÃ³digo de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligaciÃ³n de formular cuentas anuales consolidadas.
El requisito previsto en este pÃ¡rrafo b) no se aplicarÃ¡ respecto del precio de adquisiciÃ³n de la participaciÃ³n satisfecho por la persona o entidad transmitente cuando, a su vez, la hubiese adquirido de personas o entidades no vinculadas residentes en territorio espaÃ±ol.
Cuando se cumplan los requisitos a) y b) anteriores, la valoraciÃ³n que resulte de la parte imputada a los bienes del activo fijo adquirido tendrÃ¡ efectos fiscales, siendo deducible de la base imponible, en el caso de bienes amortizables, la amortizaciÃ³n contable de dicha parte imputada, en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 11, siendo igualmente aplicable la deducciÃ³n establecida en los apartados 6 y 7 del artÃ­culo 12 de esta Ley.
Cuando se cumpla el requisito a), pero no se cumpla el establecido en el pÃ¡rrafo b) anterior, las dotaciones para la amortizaciÃ³n de la diferencia entre el precio de adquisiciÃ³n de la participaciÃ³n y los fondos propios serÃ¡n deducibles si se prueba que responden a una depreciaciÃ³n irreversible.Â»
Diez. El apartado 15 del artÃ­culo 107 queda redactado de la siguiente forma:
Â«15. Lo previsto en este artÃ­culo no serÃ¡ de aplicaciÃ³n cuando la entidad no residente en territorio espaÃ±ol sea residente en otro Estado miembro de la UniÃ³n Europea, siempre que el sujeto pasivo acredite que su constituciÃ³n y operativa responde a motivos econÃ³micos vÃ¡lidos y que realiza actividades empresariales.Â»
Once. Se deroga el apartado 2 de la disposiciÃ³n adicional segunda.
Doce. Se aÃ±ade una disposiciÃ³n adicional undÃ©cima, que queda redactada de la siguiente forma:
1. Las inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias afectos a actividades econÃ³micas, puestos a disposiciÃ³n del sujeto pasivo en los perÃ­odos impositivos iniciados dentro de los aÃ±os 2009 y 2010, podrÃ¡n ser amortizados libremente siempre que, durante los veinticuatro meses siguientes a la fecha de inicio del perÃ­odo impositivo en que los elementos adquiridos entren en funcionamiento, la plantilla media total de la entidad se mantenga respecto de la plantilla media de los doce meses anteriores. La deducciÃ³n no estarÃ¡ condicionada a su imputaciÃ³n contable en la cuenta de pÃ©rdidas y ganancias.
2. Lo establecido en el apartado anterior no serÃ¡ de aplicaciÃ³n a las inversiones cuya puesta a disposiciÃ³n tenga lugar dentro de los perÃ­odos impositivos establecidos en dicho apartado, que correspondan a elementos nuevos encargados en virtud de contratos de ejecuciÃ³n de obras o proyectos de inversiÃ³n cuyo perÃ­odo de ejecuciÃ³n, en ambos casos, requiera un plazo superior a dos aÃ±os entre la fecha de encargo o de inicio de la inversiÃ³n y la fecha de su puesta a disposiciÃ³n o en funcionamiento. No obstante, en estos casos, la libertad de amortizaciÃ³n a que se refiere el apartado anterior se aplicarÃ¡ exclusivamente sobre la inversiÃ³n en curso realizada dentro de los perÃ­odos impositivos iniciados dentro de los aÃ±os 2009 y 2010.
3. TratÃ¡ndose de inversiones correspondientes a elementos encargados en virtud de contratos de ejecuciÃ³n de obras o proyectos de inversiÃ³n cuyo perÃ­odo de ejecuciÃ³n, en ambos casos, requiera un plazo superior a dos aÃ±os entre la fecha de encargo o de inicio de la inversiÃ³n y la fecha de su puesta a disposiciÃ³n o en funcionamiento, aunque Ã©stas Ãºltimas se produzcan con posterioridad a los perÃ­odos indicados en el apartado primero, la libertad de amortizaciÃ³n se aplicarÃ¡ exclusivamente sobre la inversiÃ³n en curso realizada dentro de los perÃ­odos impositivos iniciados dentro de los aÃ±os 2009 y 2010.Â»
Trece. Se aÃ±ade una disposiciÃ³n transitoria vigÃ©simo sexta, que queda redactada de la siguiente forma:
Â«DisposiciÃ³n transitoria vigÃ©simo sexta. RÃ©gimen fiscal de los ajustes contables por la primera aplicaciÃ³n del Plan General de Contabilidad.
1. Los cargos y abonos a partidas de reservas que tengan la consideraciÃ³n de gastos o ingresos, respectivamente, como consecuencia de la primera aplicaciÃ³n del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, o del Plan General de Contabilidad de PequeÃ±as y Medianas Empresas y los criterios contables especÃ­ficos para microempresas, aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, se integrarÃ¡n en la base imponible del primer perÃ­odo impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2008 de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
A estos efectos, se considerarÃ¡n gastos e ingresos, respectivamente, los decrementos e incrementos en el patrimonio neto descritos en el artÃ­culo 36.2 del CÃ³digo de Comercio, por lo que no tendrÃ¡ la consideraciÃ³n de gasto la baja de la partida relativa a instrumentos de patrimonio propio.
No tendrÃ¡n efectos fiscales los referidos cargos y abonos a reservas que estÃ©n relacionados con gastos, que no fueron dotaciones a provisiones, o con ingresos, devengados y contabilizados de acuerdo con los principios y normas contables vigentes en los perÃ­odos impositivos iniciados antes de dicha fecha siempre que se hubiesen integrado en la base imponible de dichos perÃ­odos. En este caso, no se integrarÃ¡n en la base imponible esos mismos gastos o ingresos contabilizados de nuevo con ocasiÃ³n de su devengo segÃºn los criterios contables establecidos en las referidas normas.
2. Lo establecido en el apartado anterior se aplicarÃ¡ a los ajustes cuya contrapartida sea una partida de reservas derivados de la aplicaciÃ³n del Plan General de Contabilidad, del Plan General de Contabilidad de PequeÃ±as y Medianas Empresas y del abandono de los criterios especÃ­ficos aplicables por las microempresas, consecuencia de lo establecido en la disposiciÃ³n adicional Ãºnica del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y las disposiciones adicionales primera y segunda del Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.Â»
Catorce. Se aÃ±ade una disposiciÃ³n transitoria vigÃ©simo sÃ©ptima, que queda redactada de la siguiente forma:
Â«DisposiciÃ³n transitoria vigÃ©simo sÃ©ptima. RÃ©gimen fiscal de los ajustes contables por la primera aplicaciÃ³n de las nuevas normas contables de las entidades aseguradoras.
1. Lo establecido en la disposiciÃ³n transitoria vigÃ©simo sexta de esta ley serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los ajustes contables que las entidades aseguradoras deban realizar como consecuencia de aplicar los nuevos criterios contables que resulten aprobados a efectos de su adaptaciÃ³n al nuevo marco contable, teniendo efectos en la base imponible del perÃ­odo impositivo correspondiente al ejercicio en el que deban realizarse tales ajustes.
2. No se integrarÃ¡ en la base imponible el importe del abono a reservas derivado de la baja de la provisiÃ³n de estabilizaciÃ³n.
3. Lo establecido en el artÃ­culo 15.1 de esta Ley, sobre revalorizaciones contables serÃ¡ de aplicaciÃ³n a la revalorizaciÃ³n de los inmuebles a su valor razonable en la fecha de transiciÃ³n al nuevo marco contable.Â»
Quince. Se aÃ±ade una disposiciÃ³n transitoria vigÃ©simo octava que queda redactada de la siguiente manera:
Â«DisposiciÃ³n transitoria vigÃ©simo octava. IntegraciÃ³n en la base imponible de los ajustes contables por la primera aplicaciÃ³n del Plan General de Contabilidad.
1. Los cargos y abonos a cuentas de reservas, en cuanto tengan efectos fiscales de acuerdo con lo establecido en la disposiciÃ³n transitoria vigÃ©simo sexta de esta Ley, se computarÃ¡n conjuntamente con la cantidad deducida en el primer perÃ­odo impositivo iniciado a partir de 1 de enero de 2008 por la aplicaciÃ³n de lo establecido en la disposiciÃ³n transitoria vigÃ©simo novena de esta Ley. El sujeto pasivo podrÃ¡ optar por integrar el saldo neto, positivo o negativo, que haya resultado de dicho cÃ³mputo, por partes iguales en la base imponible correspondiente a cada uno de los tres primeros perÃ­odos impositivos que se inicien a partir de dicha fecha.
Cuando alguno de esos abonos se correspondan con provisiones por depreciaciÃ³n de la participaciÃ³n tenida en el capital de otras entidades y en alguno de esos perÃ­odos impositivos se produjese una correcciÃ³n de valor de esa participaciÃ³n fiscalmente deducible en los tÃ©rminos establecidos en el apartado 3 del artÃ­culo 12 de esta Ley que no se haya computado para calcular el saldo a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior, se integrarÃ¡ en la base imponible como ajuste positivo, ademÃ¡s, un importe equivalente a dicha correcciÃ³n de valor, hasta completar dicho saldo y, en su defecto, el saldo que reste se distribuirÃ¡ por partes iguales entre los restantes perÃ­odos impositivos.
Asimismo, cuando alguno de esos abonos a reservas se corresponda con diferencias de cambio en moneda extranjera positiva, la integraciÃ³n se realizarÃ¡ de acuerdo con lo establecido en el primer pÃ¡rrafo de este apartado. No obstante, el saldo de dicho abono pendiente de integraciÃ³n se incorporarÃ¡ en la base imponible de aquel perÃ­odo impositivo a que se refiere dicho pÃ¡rrafo, en que venzan o se cancelen los bienes o derechos de los que proceda dicha diferencia de cambio.
De la misma manera, la incorporaciÃ³n del saldo pendiente de integraciÃ³n tambiÃ©n procederÃ¡ en el perÃ­odo impositivo en que cause baja del balance cualquier elemento.
Caso de extinciÃ³n del sujeto pasivo dentro de ese plazo, el saldo pendiente se integrarÃ¡ en la base imponible del Ãºltimo perÃ­odo impositivo.
En la memoria de las cuentas anuales de los ejercicios correspondientes a dichos perÃ­odos impositivos deberÃ¡ mencionarse el importe de dicho saldo, asÃ­ como las cantidades integradas en la base imponible y las pendientes de integrar.
2. Lo establecido en el apartado anterior tambiÃ©n se aplicarÃ¡ a los ajustes contables por la primera aplicaciÃ³n de las nuevas normas contables de las entidades aseguradoras, a que se refiere la disposiciÃ³n transitoria vigÃ©simo sÃ©ptima de esta Ley. La integraciÃ³n se realizarÃ¡ por partes iguales en la base imponible del perÃ­odo impositivo correspondiente al ejercicio en el que deban realizarse tales ajustes y en los dos periodos impositivos inmediatos siguientes.Â»
DiecisÃ©is. Se aÃ±ade una disposiciÃ³n transitoria vigÃ©simo novena que queda redactada de la siguiente forma:
Â«DisposiciÃ³n transitoria vigÃ©simo novena. CÃ¡lculo para el perÃ­odo impositivo 2008 de las correcciones de valor de participaciones en el capital de otras entidades.
Con efectos exclusivos para el primer perÃ­odo impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2008, para determinar la base imponible de dicho perÃ­odo se podrÃ¡ deducir, sin necesidad de imputaciÃ³n contable en la cuenta de pÃ©rdidas y ganancias, la diferencia positiva que resulte de aplicar lo establecido en el apartado 3 del artÃ­culo 12 de esta Ley, para lo cual se computarÃ¡n los fondos propios al inicio del ejercicio en el que se adquiriÃ³ la participaciÃ³n y los fondos propios al cierre del primer ejercicio iniciado en 2008, con el lÃ­mite y demÃ¡s condiciones establecidas en dicho precepto, siempre que la parte de esa diferencia imputable a perÃ­odos impositivos iniciados antes de dicha fecha se corresponda con provisiones fiscalmente deducibles en dichos perÃ­odos y que se abonen a cuentas de reservas con ocasiÃ³n de la primera aplicaciÃ³n del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, o del Plan General de Contabilidad de PequeÃ±as y Medianas Empresas y los criterios contables especÃ­ficos para microempresas, aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.Â»
ArtÃ­culo segundo. ModificaciÃ³n del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.
Uno. Se aÃ±ade un segundo pÃ¡rrafo a la letra a) del apartado 4 del artÃ­culo 31, que queda redactado de la siguiente forma:
Â«No obstante, dicha obligaciÃ³n de declaraciÃ³n no serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los rendimientos a que se refiere el artÃ­culo 14.d).Â»
Dos. Se deroga el artÃ­culo 33.
Tres. Se modifica el apartado 5 y se aÃ±ade un apartado 6 en la disposiciÃ³n adicional primera, que quedan redactados de la siguiente forma:
Â«5. Durante la tramitaciÃ³n de los procedimientos amistosos no se devengarÃ¡n intereses de demora.
6. 1.Âº En los procedimientos amistosos, el ingreso de la deuda quedarÃ¡ suspendido automÃ¡ticamente a instancias del interesado cuando se garantice su importe y los recargos que pudieran proceder en el momento de la solicitud de la suspensiÃ³n, en los tÃ©rminos que reglamentariamente se establezcan.
No se podrÃ¡ suspender el ingreso de la deuda, de acuerdo con lo previsto en el pÃ¡rrafo anterior, mientras se pueda solicitar la suspensiÃ³n en vÃ­a administrativa o jurisdiccional.
2.Âº Las garantÃ­as admisibles para obtener la suspensiÃ³n automÃ¡tica a la que se refiere el nÃºmero anterior serÃ¡n exclusivamente las siguientes:
a) DepÃ³sito de dinero o valores pÃºblicos.
b) Aval o fianza de carÃ¡cter solidario de entidad de crÃ©dito o sociedad de garantÃ­a recÃ­proca o certificado de seguro de cauciÃ³n.
3.Âº Si los procedimientos amistosos no se refieren a la totalidad de la deuda, la suspensiÃ³n prevista en este apartado se limitarÃ¡ al importe afectado por los procedimientos amistosos.Â»
ArtÃ­culo tercero. ModificaciÃ³n de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.
Uno. El artÃ­culo 33 queda redactado de la siguiente forma:
Â«ArtÃ­culo 33. BonificaciÃ³n general de la cuota Ã­ntegra.
Sobre la cuota Ã­ntegra del impuesto se aplicarÃ¡ una bonificaciÃ³n del 100 por ciento a los sujetos pasivos por obligaciÃ³n personal o real de contribuir.Â»
Dos. Se derogan los artÃ­culos 6, 36, 37 y 38, y la disposiciÃ³n transitoria.
ArtÃ­culo cuarto. BonificaciÃ³n en el Impuesto sobre Actividades EconÃ³micas para el transporte por carretera para el aÃ±o 2008.
1. Se aplicarÃ¡ una bonificaciÃ³n del 50 por ciento en las cuotas del Impuesto sobre Actividades EconÃ³micas correspondiente al aÃ±o 2008 para las actividades clasificadas en los grupos 721 y 722 de la secciÃ³n primera de las Tarifas aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las Tarifas y la InstrucciÃ³n del Impuesto sobre Actividades EconÃ³micas.
Las compensaciones correspondientes a la bonificaciÃ³n en las cuotas municipales del Impuesto sobre Actividades EconÃ³micas y al recargo provincial aplicables sobre las mismas se reconocerÃ¡n previa solicitud de cada ayuntamiento o diputaciÃ³n afectados, junto con la documentaciÃ³n que, en su caso, se requiera por el Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda.
3. A la entrada en vigor de esta Ley, las cuotas correspondientes a 2008 liquidadas sin la bonificaciÃ³n prevista en este artÃ­culo se entenderÃ¡n automÃ¡ticamente reducidas con efectos desde el momento de su liquidaciÃ³n en un 50 por ciento, sin necesidad de acto expreso alguno que asÃ­ lo declare, y sin que, con tal motivo, se altere ni la validez y eficacia ni la situaciÃ³n de exigibilidad de las liquidaciones por la parte no reducida.
Si como consecuencia de la citada reducciÃ³n procediese efectuar alguna devoluciÃ³n de ingresos, la misma se acordarÃ¡ sin mÃ¡s trÃ¡mite y se ejecutarÃ¡ de forma inmediata.
ArtÃ­culo quinto. ModificaciÃ³n de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido.
Uno. El apartado dos del artÃ­culo 4 queda redactado de la siguiente forma:
Â«Dos. Se entenderÃ¡n realizadas en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional:
a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por las sociedades mercantiles, cuando tengan la condiciÃ³n de empresario o profesional.
b) Las transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o parte de cualesquiera de los bienes o derechos que integren el patrimonio empresarial o profesional de los sujetos pasivos, incluso las efectuadas con ocasiÃ³n del cese en el ejercicio de las actividades econÃ³micas que determinan la sujeciÃ³n al Impuesto.Â»
Dos. El apartado uno del artÃ­culo 5 queda redactado de la siguiente forma:
Â«Uno. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se reputarÃ¡n empresarios o profesionales:
a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artÃ­culo.
No obstante, no tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a tÃ­tulo gratuito, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente.
c) Quienes realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que supongan la explotaciÃ³n de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo.
En particular, tendrÃ¡n dicha consideraciÃ³n los arrendadores de bienes.
d) Quienes efectÃºen la urbanizaciÃ³n de terrenos o la promociÃ³n, construcciÃ³n o rehabilitaciÃ³n de edificaciones destinadas, en todos los casos, a su venta, adjudicaciÃ³n o cesiÃ³n por cualquier tÃ­tulo, aunque sea ocasionalmente.
e) Quienes realicen a tÃ­tulo ocasional las entregas de medios de transporte nuevos exentas del Impuesto en virtud de lo dispuesto en el artÃ­culo 25, apartados uno y dos de esta Ley.
Los empresarios o profesionales a que se refiere esta letra sÃ³lo tendrÃ¡n dicha condiciÃ³n a los efectos de las entregas de los medios de transporte que en ella se comprenden.Â»
Tres. El nÃºmero 1.Âº del artÃ­culo 7 queda redactado de la siguiente forma:
Â«1.Âº La transmisiÃ³n de un conjunto de elementos corporales y, en su caso, incorporales que, formando parte del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo, constituyan una unidad econÃ³mica autÃ³noma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios, con independencia del rÃ©gimen fiscal que a dicha transmisiÃ³n le resulte de aplicaciÃ³n en el Ã¡mbito de otros tributos y del procedente conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 4, apartado cuatro, de esta Ley.
QuedarÃ¡n excluidas de la no sujeciÃ³n a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior las siguientes transmisiones:
b) Las realizadas por quienes tengan la condiciÃ³n de empresario o profesional exclusivamente conforme a lo dispuesto por el artÃ­culo 5, apartado uno, letra c) de esta Ley, cuando dichas transmisiones tengan por objeto la mera cesiÃ³n de bienes.
A estos efectos, se considerarÃ¡ como mera cesiÃ³n de bienes la transmisiÃ³n de bienes arrendados cuando no se acompaÃ±e de una estructura organizativa de factores de producciÃ³n materiales y humanos, o de uno de ellos, que permita considerar a la misma constitutiva de una unidad econÃ³mica autÃ³noma.
c) Las efectuadas por quienes tengan la condiciÃ³n de empresario o profesional exclusivamente por la realizaciÃ³n ocasional de las operaciones a que se refiere el artÃ­culo 5, apartado uno, letra d) de esta Ley.
A los efectos de lo dispuesto en este nÃºmero, resultarÃ¡ irrelevante que el adquirente desarrolle la misma actividad a la que estaban afectos los elementos adquiridos u otra diferente, siempre que se acredite por el adquirente la intenciÃ³n de mantener dicha afectaciÃ³n al desarrollo de una actividad empresarial o profesional.
En caso de que los bienes y derechos transmitidos, o parte de ellos, se desafecten posteriormente de las actividades empresariales o profesionales que determinan la no sujeciÃ³n prevista en este nÃºmero, la referida desafectaciÃ³n quedarÃ¡ sujeta al Impuesto en la forma establecida para cada caso en esta Ley.
Los adquirentes de los bienes y derechos comprendidos en las transmisiones que se beneficien de la no sujeciÃ³n establecida en este nÃºmero se subrogarÃ¡n, respecto de dichos bienes y derechos, en la posiciÃ³n del transmitente en cuanto a la aplicaciÃ³n de las normas contenidas en el artÃ­culo 20, apartado uno, nÃºmero 22.Âº y en los artÃ­culos 92 a 114 de esta Ley.Â»
Cuatro. El artÃ­culo 34 queda redactado de la siguiente forma:
Â«EstarÃ¡n exentas del Impuesto las importaciones de bienes cuyo valor global no exceda de 150 euros.
Se exceptÃºan de lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior:
1.Âº Los productos alcohÃ³licos comprendidos en los cÃ³digos NC 22.03 a 22.08 del Arancel Aduanero.
2.Âº Los perfumes y aguas de colonia.
3.Âº El tabaco en rama o manufacturado.Â»
Cinco. El artÃ­culo 35 queda redactado de la siguiente forma:
Â«ArtÃ­culo 35. Importaciones de bienes en rÃ©gimen de viajeros.
Uno. EstarÃ¡n exentas del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido las importaciones de los bienes contenidos en los equipajes personales de los viajeros procedentes de paÃ­ses terceros, con las limitaciones y requisitos que se indican a continuaciÃ³n:
1.Âº Que las mencionadas importaciones no tengan carÃ¡cter comercial, en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 21, nÃºmero 2.Âº, letra A), letra d).
2.Âº Que el valor global de los citados bienes no exceda, por persona, de 300 euros. No obstante, cuando se trate de viajeros que lleguen al territorio de aplicaciÃ³n del impuesto por vÃ­a marÃ­tima o aÃ©rea, este importe ascenderÃ¡ a 430 euros.
En todo caso, tratÃ¡ndose de viajeros menores de quince aÃ±os de edad, el valor global admitido con exenciÃ³n serÃ¡ 150 euros.
Cuando el valor global exceda de las cantidades indicadas, la exenciÃ³n se concederÃ¡ hasta el lÃ­mite de dichas cantidades, exclusivamente para aquellos bienes que, importados separadamente, hubiesen podido beneficiarse de la exenciÃ³n.
Para la determinaciÃ³n de los lÃ­mites de exenciÃ³n seÃ±alados anteriormente no se computarÃ¡ el valor de los bienes que sean objeto de importaciÃ³n temporal o de reimportaciÃ³n derivada de una previa exportaciÃ³n temporal, ni el de los medicamentos necesarios para uso normal del viajero.
Dos. A los efectos de esta exenciÃ³n, se considerarÃ¡n equipajes personales de los viajeros, el conjunto de equipajes que presenten a la Aduana en el momento de su llegada, asÃ­ como los que se presenten con posterioridad, siempre que se justifique que, en el momento de la salida, fueron registrados en la empresa responsable de su transporte como equipajes acompaÃ±ados.
a) Los contenidos en los depÃ³sitos normales de combustible de los medios de transporte motorizados.
b) Los contenidos en depÃ³sitos portÃ¡tiles de combustible hasta un mÃ¡ximo de 10 litros.
Tres. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado uno, estarÃ¡n exentas del Impuesto las siguientes importaciones de bienes:
Puritos (cigarros con un peso mÃ¡ximo 3 gramos unidad): 100 unidades;
Para todo viajero, la franquicia se podrÃ¡ aplicar a cualquier combinaciÃ³n de labores del tabaco, siempre que el total de los porcentajes utilizados de cada franquicia autorizada no supere el 100 por ciento.
b) Alcoholes y bebidas alcohÃ³licas:
Bebidas destiladas y bebidas espirituosas de una graduaciÃ³n alcohÃ³lica superior a 22 por 100 vol.; alcohol etÃ­lico, no desnaturalizado, de 80 por 100 vol. o mÃ¡s: 1 litro en total;
Bebidas destiladas y bebidas espirituosas, aperitivos a base de vino o de alcohol, tafia, sake o bebidas similares de una graduaciÃ³n alcohÃ³lica igual o inferior a 22 por 100 vol; vinos espumosos y generosos: 2 litros en total;
Para todo viajero, la franquicia se podrÃ¡ aplicar a cualquier combinaciÃ³n de los tipos de alcohol y bebidas alcohÃ³licas mencionados, siempre que el total de los porcentajes utilizados de cada franquicia autorizada no supere el 100 por ciento.
El valor de estos bienes no se computarÃ¡ para la determinaciÃ³n de los lÃ­mites de valor global seÃ±alados en el apartado uno precedente.
Los viajeros menores de diecisiete aÃ±os de edad no se beneficiarÃ¡n de las exenciones seÃ±aladas en este apartado.
Cuatro. Cuando el viajero proceda de un paÃ­s tercero en rÃ©gimen de trÃ¡nsito, y acredite que los bienes han sido adquiridos en las condiciones normales de tributaciÃ³n de otro Estado miembro, la importaciÃ³n de dichos bienes efectuada al amparo del rÃ©gimen de viajeros estarÃ¡ exenta, sin sujeciÃ³n a los lÃ­mites de valor global y de cantidad establecidos en los apartados uno y tres anteriores. A estos efectos, no se considerarÃ¡n en rÃ©gimen de trÃ¡nsito los pasajeros que sobrevuelen el territorio de aplicaciÃ³n del impuesto sin aterrizar en Ã©l.
Cinco. Los lÃ­mites previstos para la exenciÃ³n del Impuesto que se establecen en este artÃ­culo se reducirÃ¡n a la dÃ©cima parte de las cantidades seÃ±aladas cuando los bienes a que se refieran se importen por el personal de los medios de transporte utilizados en el trÃ¡fico internacional y con ocasiÃ³n de los desplazamientos efectuados en el ejercicio de sus actividades profesionales.Â»
Seis. El apartado cuatro del artÃ­culo 80 queda redactado de la siguiente forma:
Â«Cuatro. La base imponible tambiÃ©n podrÃ¡ reducirse cuando los crÃ©ditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables.
3.Âª Que el destinatario de la operaciÃ³n actÃºe en la condiciÃ³n de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de aquella, Impuesto sobre el Valor AÃ±adido excluido, sea superior a 300 euros.
4.Âª Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamaciÃ³n judicial al deudor.
La modificaciÃ³n deberÃ¡ realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalizaciÃ³n del periodo de un aÃ±o a que se refiere la condiciÃ³n 1.Âª del pÃ¡rrafo anterior y comunicarse a la AdministraciÃ³n Tributaria en el plazo que se fije reglamentariamente.
No obstante lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior, cuando el sujeto pasivo desista de la reclamaciÃ³n judicial al deudor, deberÃ¡ modificar nuevamente la base imponible al alza mediante la emisiÃ³n, en el plazo de un mes a contar desde el desistimiento, de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente.Â»
Siete. El nÃºmero 3.Âº del apartado uno del artÃ­culo 97 queda redactado de la siguiente forma:
Â«3.Âº En el caso de las importaciones, el documento en el que conste la liquidaciÃ³n practicada por la AdministraciÃ³n o, si se trata de operaciones asimiladas a las importaciones, la autoliquidaciÃ³n en la que se consigne el Impuesto devengado con ocasiÃ³n de su realizaciÃ³n.Â»
Ocho. El apartado cuatro del artÃ­culo 99 queda redactado de la siguiente forma:
Â«Cuatro. Se entenderÃ¡n soportadas las cuotas deducibles en el momento en que el empresario o profesional que las soportÃ³ reciba la correspondiente factura o demÃ¡s documentos justificativos del derecho a la deducciÃ³n.
Si el devengo del Impuesto se produjese en un momento posterior al de la recepciÃ³n de la factura, dichas cuotas se entenderÃ¡n soportadas cuando se devenguen.
En los casos a los que se refiere el artÃ­culo 165 de esta Ley, las cuotas se entenderÃ¡n soportadas en el momento en el que se expida la factura a la que se refiere este artÃ­culo, salvo que el momento del devengo sea posterior al de dicha emisiÃ³n, en cuyo caso dichas cuotas se entenderÃ¡n soportadas en el momento del devengo de las mismas.
En el caso al que se refiere el artÃ­culo 98, apartado cuatro de esta Ley, las cuotas deducibles se entenderÃ¡n soportadas en el momento en que nazca el derecho a la deducciÃ³n.Â»
Nueve. El artÃ­culo 115 queda redactado de la siguiente forma:
Â«ArtÃ­culo 115. Supuestos generales de devoluciÃ³n.
Uno. Los sujetos pasivos que no hayan podido hacer efectivas las deducciones originadas en un perÃ­odo de liquidaciÃ³n por el procedimiento previsto en el artÃ­culo 99 de esta Ley, por exceder la cuantÃ­a de las mismas de la de las cuotas devengadas, tendrÃ¡n derecho a solicitar la devoluciÃ³n del saldo a su favor existente a 31 de diciembre de cada aÃ±o en la autoliquidaciÃ³n correspondiente al Ãºltimo perÃ­odo de liquidaciÃ³n de dicho aÃ±o.
Dos. No obstante, tendrÃ¡n derecho a solicitar la devoluciÃ³n del saldo a su favor existente al tÃ©rmino de cada perÃ­odo de liquidaciÃ³n los sujetos pasivos a que se refiere el artÃ­culo 116 de esta Ley.
Tres. En los supuestos a que se refieren este artÃ­culo y el siguiente, la AdministraciÃ³n procederÃ¡, en su caso, a practicar liquidaciÃ³n provisional dentro de los seis meses siguientes al tÃ©rmino del plazo previsto para la presentaciÃ³n de la autoliquidaciÃ³n en que se solicite la devoluciÃ³n del Impuesto. No obstante, cuando la citada autoliquidaciÃ³n se hubiera presentado fuera de este plazo, los seis meses se computarÃ¡n desde la fecha de su presentaciÃ³n.
Cuando de la autoliquidaciÃ³n o, en su caso, de la liquidaciÃ³n provisional resulte cantidad a devolver, la AdministraciÃ³n tributaria procederÃ¡ a su devoluciÃ³n de oficio, sin perjuicio de la prÃ¡ctica de las ulteriores liquidaciones provisionales o definitivas, que procedan.
El procedimiento de devoluciÃ³n serÃ¡ el previsto en los artÃ­culos 124 a 127, ambos inclusive, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su normativa de desarrollo.
Si la liquidaciÃ³n provisional no se hubiera practicado en el plazo establecido en el primer pÃ¡rrafo de este apartado, la AdministraciÃ³n tributaria procederÃ¡ a devolver de oficio el importe total de la cantidad solicitada, sin perjuicio de la prÃ¡ctica de las liquidaciones provisionales o definitivas ulteriores que pudieran resultar procedentes.
Transcurrido el plazo establecido en el primer pÃ¡rrafo de este apartado sin que se haya ordenado el pago de la devoluciÃ³n por causa imputable a la AdministraciÃ³n tributaria, se aplicarÃ¡ a la cantidad pendiente de devoluciÃ³n el interÃ©s de demora a que se refiere el artÃ­culo 26.6 de la Ley General Tributaria, desde el dÃ­a siguiente al de la finalizaciÃ³n de dicho plazo y hasta la fecha del ordenamiento de su pago, sin necesidad de que el sujeto pasivo asÃ­ lo reclame.
Reglamentariamente se determinarÃ¡n el procedimiento y la forma de pago de la devoluciÃ³n de oficio a que se refiere el presente apartado.Â»
Diez. El artÃ­culo 116 queda redactado de la siguiente forma:
Â«ArtÃ­culo 116. Solicitud de devoluciones al fin de cada perÃ­odo de liquidaciÃ³n.
Uno. Los sujetos pasivos podrÃ¡n optar por solicitar la devoluciÃ³n del saldo a su favor existente al tÃ©rmino de cada perÃ­odo de liquidaciÃ³n conforme a las condiciones, tÃ©rminos, requisitos y procedimiento que se establezcan reglamentariamente.
El perÃ­odo de liquidaciÃ³n de los sujetos pasivos que opten por este procedimiento coincidirÃ¡ con el mes natural, con independencia de su volumen de operaciones.
Dos. En los supuestos a que se refiere el artÃ­culo 15, apartado dos de esta Ley, la persona jurÃ­dica que importe los bienes en el territorio de aplicaciÃ³n del Impuesto podrÃ¡ recuperar la cuota correspondiente a la importaciÃ³n cuando acredite la expediciÃ³n o transporte de los bienes a otro Estado miembro y el pago del Impuesto en dicho Estado.Â»
Once. El apartado cuatro del artÃ­culo 163 nonies queda redactado de la siguiente forma:
Â«Cuatro. La entidad dominante, sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones propias, y con los requisitos, lÃ­mites y condiciones que se determinen reglamentariamente, serÃ¡ responsable del cumplimiento de las siguientes obligaciones:
1.Âª Comunicar a la AdministraciÃ³n tributaria la siguiente informaciÃ³n:
a) El cumplimiento de los requisitos exigidos, la adopciÃ³n de los acuerdos correspondientes y la opciÃ³n por la aplicaciÃ³n del rÃ©gimen especial a que se refieren los artÃ­culos 163 quinquies y sexies de esta Ley. Toda esta informaciÃ³n deberÃ¡ presentarse en el mes de diciembre anterior al inicio del aÃ±o natural en el que se vaya a aplicar el rÃ©gimen especial.
b) La relaciÃ³n de entidades del grupo que apliquen el rÃ©gimen especial, identificando las entidades que motiven cualquier alteraciÃ³n en su composiciÃ³n respecto a la del aÃ±o anterior, en su caso. Esta informaciÃ³n deberÃ¡ comunicarse durante el mes de diciembre de cada aÃ±o natural respecto al siguiente.
c) La renuncia al rÃ©gimen especial, que deberÃ¡ ejercitarse durante el mes de diciembre anterior al inicio del aÃ±o natural en que deba surtir efecto, tanto en lo relativo a la renuncia del total de entidades que apliquen el rÃ©gimen especial como en cuanto a las renuncias individuales.
d) La opciÃ³n que se establece en el artÃ­culo 163 sexies.cinco de esta Ley, que deberÃ¡ comunicarse durante el mes de diciembre anterior al inicio del aÃ±o natural en que deba surtir efecto.
2.Âª Presentar las autoliquidaciones periÃ³dicas agregadas del grupo de entidades, procediendo, en su caso, al ingreso de la deuda tributaria o a la solicitud de compensaciÃ³n o devoluciÃ³n que proceda. Dichas autoliquidaciones agregadas integrarÃ¡n los resultados de las autoliquidaciones individuales de las entidades que apliquen el rÃ©gimen especial del grupo de entidades.
Las autoliquidaciones periÃ³dicas agregadas del grupo de entidades deberÃ¡n presentarse una vez presentadas las autoliquidaciones periÃ³dicas individuales de cada una de las entidades que apliquen el rÃ©gimen especial del grupo de entidades.
El perÃ­odo de liquidaciÃ³n de las entidades que apliquen el rÃ©gimen especial del grupo de entidades coincidirÃ¡ con el mes natural, con independencia de su volumen de operaciones.
Cuando, para un perÃ­odo de liquidaciÃ³n, la cuantÃ­a total de los saldos a devolver a favor de las entidades que apliquen el rÃ©gimen especial del grupo de entidades supere el importe de los saldos a ingresar del resto de entidades que apliquen el rÃ©gimen especial del grupo de entidades para el mismo perÃ­odo de liquidaciÃ³n, se podrÃ¡ solicitar la devoluciÃ³n del exceso, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro aÃ±os contados a partir de la presentaciÃ³n de las autoliquidaciones individuales en que se originÃ³ dicho exceso. Esta devoluciÃ³n se practicarÃ¡ en los tÃ©rminos dispuestos en el apartado tres del artÃ­culo 115 de esta Ley. En tal caso, no procederÃ¡ la compensaciÃ³n de dichos saldos a devolver en autoliquidaciones agregadas posteriores, cualquiera que sea el perÃ­odo de tiempo transcurrido hasta que dicha devoluciÃ³n se haga efectiva.
En caso de que deje de aplicarse el rÃ©gimen especial del grupo de entidades y queden cantidades pendientes de devoluciÃ³n o compensaciÃ³n para las entidades integradas en el grupo, estas cantidades se imputarÃ¡n a dichas entidades en proporciÃ³n al volumen de operaciones del Ãºltimo aÃ±o natural en que el rÃ©gimen especial hubiera sido de aplicaciÃ³n, aplicando a tal efecto lo dispuesto en el artÃ­culo 121 de esta Ley.
3.Âª Disponer de un sistema de informaciÃ³n analÃ­tica basado en criterios razonables de imputaciÃ³n de los bienes y servicios utilizados directa o indirectamente, total o parcialmente, en la realizaciÃ³n de las operaciones a que se refiere el artÃ­culo 163 octies.uno de esta Ley. Este sistema deberÃ¡ reflejar la utilizaciÃ³n sucesiva de dichos bienes y servicios hasta su aplicaciÃ³n final fuera del grupo.
El sistema de informaciÃ³n deberÃ¡ incluir una memoria justificativa de los criterios de imputaciÃ³n utilizados, que deberÃ¡n ser homogÃ©neos para todas las entidades del grupo y mantenerse durante todos los perÃ­odos en los que sea de aplicaciÃ³n el rÃ©gimen especial, salvo que se modifiquen por causas razonables, que deberÃ¡n justificarse en la propia memoria.
Este sistema de informaciÃ³n deberÃ¡ conservarse durante el plazo de prescripciÃ³n del Impuesto.Â»
ArtÃ­culo sexto. ModificaciÃ³n de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificaciÃ³n de los aspectos fiscales del RÃ©gimen EconÃ³mico Fiscal de Canarias.
Uno. El artÃ­culo 5.2 queda redactado de la siguiente forma:
Â«2. A los efectos de este Impuesto se reputarÃ¡n empresarios o profesionales:
1.Â° Las personas o entidades que realicen habitualmente actividades empresariales o profesionales.
No obstante, no tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a tÃ­tulo gratuito, sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente.
2.Â° Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario.Â»
Dos. El artÃ­culo 5.6 queda redactado de la siguiente forma:
Â«6. Se entenderÃ¡n realizadas en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional, en todo caso:
b) Las transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o parte de cualesquiera bienes o derechos que integren el patrimonio empresarial o profesional de los sujetos pasivos, incluso las efectuadas con ocasiÃ³n del cese en el ejercicio de las actividades econÃ³micas que determinen la sujeciÃ³n al Impuesto.Â»
Tres. El artÃ­culo 9.1.Âº queda redactado de la siguiente forma:
Â«1.Âº La transmisiÃ³n de un conjunto de elementos corporales y, en su caso, incorporales que, formando parte del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo, constituyan una unidad econÃ³mica autÃ³noma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios, con independencia del rÃ©gimen fiscal que a dicha transmisiÃ³n le resulte de aplicaciÃ³n en el Ã¡mbito de otros tributos y del procedente conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 4.4 de esta Ley.
QuedarÃ¡n excluidas de la no sujeciÃ³n a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior, las siguientes transmisiones:
b) Las de los bienes muebles o semovientes que, formando parte de las existencias del patrimonio empresarial que se transmite, se lleven a cabo por quien tenga la condiciÃ³n de comerciante minorista de acuerdo con lo dispuesto en el artÃ­culo 10.3 de esta Ley, y, en funciÃ³n del destino previsible, el adquirente tenga derecho a la deducciÃ³n, total o parcial, del Impuesto que se encuentre implÃ­cito en la contraprestaciÃ³n en los tÃ©rminos establecidos en el artÃ­culo 29.3 de esta Ley.
A estos efectos, Ãºnicamente estarÃ¡ exenta del Impuesto, por aplicaciÃ³n del artÃ­culo 10.1.27.Âº de esta Ley, la transmisiÃ³n de los bienes muebles y semovientes que constituyan las existencias del patrimonio empresarial.
c) Las realizadas por quienes tengan la condiciÃ³n de empresario o profesional exclusivamente conforme a lo dispuesto por el artÃ­culo 5.4.a) de esta Ley, cuando dichas transmisiones tengan por objeto la mera cesiÃ³n de bienes.
A estos efectos, se considerarÃ¡ como mera cesiÃ³n de bienes la transmisiÃ³n de bienes arrendados cuando no se acompaÃ±e de una estructura organizativa de factores de producciÃ³n materiales y humanos o de uno de ellos, que permita considerar a la misma constitutiva de una unidad econÃ³mica autÃ³noma.
d) Las efectuadas por quienes tengan la condiciÃ³n de empresario o profesional exclusivamente por la realizaciÃ³n ocasional de las operaciones a que se refiere el artÃ­culo 5.4.b) de esta Ley.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, resultarÃ¡ irrelevante que el adquirente desarrolle la misma actividad a la que estaban afectos los elementos adquiridos u otra diferente, siempre que se acredite por el adquirente la intenciÃ³n de mantener dicha afectaciÃ³n al desarrollo de una actividad empresarial o profesional.
Los adquirentes de los bienes y derechos comprendidos en las transmisiones que se beneficien de la no sujeciÃ³n establecida en este nÃºmero se subrogarÃ¡n, respecto de dichos bienes y derechos, en la posiciÃ³n del transmitente en cuanto a la aplicaciÃ³n de las normas contenidas en el artÃ­culo 10.1.22.Âº y en los artÃ­culos 37 a 44 de esta Ley.Â»
Cuatro. El artÃ­culo 10.1.28.Âº queda redactado de la siguiente forma:
Â«28.Âº Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por sujetos pasivos personas fÃ­sicas cuyo volumen total de operaciones realizadas durante el aÃ±o natural anterior no hubiera excedido de 28.000 euros. Este lÃ­mite se revisarÃ¡ automÃ¡ticamente cada aÃ±o por la variaciÃ³n del Ã­ndice de precios al consumo en Canarias.
A los efectos de este apartado, se considerarÃ¡ volumen de operaciones el importe total de las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por el sujeto pasivo durante el aÃ±o natural anterior, con independencia del rÃ©gimen tributario o territorio donde se entreguen o presten.
Esta exenciÃ³n podrÃ¡ ser objeto de renuncia en los tÃ©rminos y requisitos que establezca el Gobierno de Canarias. La renuncia a la exenciÃ³n operarÃ¡ respecto a la totalidad de sus actividades empresariales o profesionales.Â»
Cinco. El artÃ­culo 14.3.27.Âº queda redactado de la siguiente forma:
Â«27.Âº A) Los bienes contenidos en los equipajes personales de los viajeros, con las limitaciones y requisitos que se indican a continuaciÃ³n:
Que las mencionadas importaciones no tengan carÃ¡cter comercial.
A efectos de este artÃ­culo, se considerarÃ¡ que los bienes conducidos por viajeros no constituyen una expediciÃ³n comercial cuando se trate de bienes adquiridos ocasionalmente, que se destinen al uso personal o familiar de los viajeros o a ser ofrecidos como regalos y que, por su naturaleza y cantidad, no pueda presumirse que sean el objeto de una actividad comercial.
B) A los efectos de esta exenciÃ³n, se considerarÃ¡n equipajes personales de los viajeros, el conjunto de equipajes que presenten en la oficina de la AdministraciÃ³n Tributaria Canaria en el momento de su llegada, asÃ­ como los que se presenten con posterioridad, siempre que se justifique que, en el momento de la salida, fueron registrados en la empresa responsable de su transporte como equipajes acompaÃ±ados.
Los contenidos en los depÃ³sitos normales de combustible de los medios de transporte motorizados.
Los contenidos en depÃ³sitos portÃ¡tiles de combustible hasta un mÃ¡ximo de 10 litros.
C) Sin perjuicio de lo establecido en la letra A) anterior, estarÃ¡n exentas del Impuesto las siguientes importaciones de bienes:
El valor de estos bienes no se computarÃ¡ para la determinaciÃ³n de los lÃ­mites de valor global seÃ±alados en la letra A) precedente.
Los viajeros menores de diecisiete aÃ±os de edad no se beneficiarÃ¡n de las exenciones seÃ±aladas en las letras a) y b) anteriores.
D) Los lÃ­mites previstos para la exenciÃ³n del Impuesto que se establecen en este apartado se reducirÃ¡n a la dÃ©cima parte de las cantidades seÃ±aladas cuando los bienes a que se refieran se importen por el personal de los medios de transporte utilizados en el trÃ¡fico exterior y con ocasiÃ³n de los desplazamientos efectuados en el ejercicio de sus actividades profesionales.Â»
Seis. El artÃ­culo 14.11 queda redactado de la siguiente forma:
Â«11. Las importaciones de bienes cuyo valor global no exceda de 150 euros.
a) Los productos alcohÃ³licos comprendidos en los cÃ³digos NC 22.03 a 22.08 del Arancel Aduanero.
c) El tabaco en rama o manufacturado.Â»
Siete. El apartado 7 del artÃ­culo 22 queda redactado de la siguiente forma:
Â«7. La base imponible tambiÃ©n podrÃ¡ reducirse cuando los crÃ©ditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables.
1. Que haya transcurrido un aÃ±o desde el devengo del Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crÃ©dito derivado del mismo.
3. Que el destinatario de la operaciÃ³n actÃºe en la condiciÃ³n de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de aquella, Impuesto General Indirecto Canario excluido, sea superior a 300 euros.
4. Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamaciÃ³n judicial al deudor.
La modificaciÃ³n deberÃ¡ realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalizaciÃ³n del periodo de un aÃ±o a que se refiere la condiciÃ³n 1 del pÃ¡rrafo anterior y comunicarse a la AdministraciÃ³n Tributaria Canaria en el plazo que se fije reglamentariamente.
Ocho. La letra f) del apartado 1.Âº del nÃºmero 1 del artÃ­culo 27 queda redactada de la siguiente forma:
Â«f) Las ejecuciones de obras, con o sin aportaciÃ³n de materiales, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista, que tengan por objeto la construcciÃ³n y rehabilitaciÃ³n de las viviendas calificadas administrativamente como de protecciÃ³n oficial de rÃ©gimen especial, asÃ­ como la construcciÃ³n o rehabilitaciÃ³n de obras de equipamiento comunitario. A los efectos de esta Ley, se considerarÃ¡n de rehabilitaciÃ³n las actuaciones dirigidas a la reconstrucciÃ³n mediante la consolidaciÃ³n y el tratamiento de estructuras, fachadas o cubiertas y otras anÃ¡logas siempre que el coste global de las operaciones de rehabilitaciÃ³n exceda del 25 por ciento del precio de adquisiciÃ³n si se hubiese efectuado Ã©sta durante los dos aÃ±os inmediatamente anteriores al inicio de las obras de rehabilitaciÃ³n o, en otro caso, del valor de mercado que tuviera la edificaciÃ³n o parte de la misma en el momento de dicho inicio. A estos efectos, se descontarÃ¡ del precio de adquisiciÃ³n o del valor de mercado de la edificaciÃ³n la parte proporcional correspondiente al suelo.
A los efectos de este pÃ¡rrafo y del anterior, se entenderÃ¡ por equipamiento comunitario aquel que consiste en:
Nueve Se aÃ±aden dos letras al artÃ­culo 27.1.1.Âº que quedan redactadas del modo siguiente:
Â«t) Las entregas de biodiesel, bioetanol y biometanol.
u) Las entregas de los productos del refino del petrÃ³leo mezclados con biodiesel, bioetanol y biometanolÂ».
Diez. El artÃ­culo 31.1.2.Âº queda redactado de la siguiente forma:
Â«2.Âº En el caso de las importaciones, el documento en el que conste la liquidaciÃ³n practicada por la AdministraciÃ³n o, si se trata de operaciones asimiladas a importaciones, la autoliquidaciÃ³n en la que se consigne el Impuesto devengado con ocasiÃ³n de su realizaciÃ³n.Â»
Once. El artÃ­culo 32 queda redactado de la siguiente forma:
Â«ArtÃ­culo 32. Nacimiento del derecho a deducir.
El derecho a la deducciÃ³n nace en el momento en que se devengan las cuotas deducibles.Â»
Doce. El artÃ­culo 33.4 queda redactado de la siguiente forma:
Â«4. Se entenderÃ¡n soportadas las cuotas deducibles, asÃ­ como la carga impositiva implÃ­cita en las adquisiciones a comerciantes minoristas, en el momento en que el empresario o profesional que las soportÃ³ reciba la correspondiente factura o demÃ¡s documentos justificativos del derecho a deducir.
En los supuestos de inversiÃ³n del sujeto pasivo que se regulan en el apartado 2.Â° del nÃºmero 1 del artÃ­culo 19 y 58 ter.6 de esta Ley, y en el supuesto de sustituciÃ³n a que se refiere el apartado 6 del artÃ­culo 25 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, las cuotas se entenderÃ¡n soportadas en el momento en el que se expida la factura a la que se refieren los artÃ­culos citados, salvo que el momento del devengo sea posterior al de dicha emisiÃ³n, en cuyo caso dichas cuotas se entenderÃ¡n soportadas en el momento del devengo de las mismas.Â»
Trece. El artÃ­culo 45 queda redactado de la siguiente forma:
Â«ArtÃ­culo 45. Supuestos generales de devoluciÃ³n.
Uno. Los sujetos pasivos que no hayan podido hacer efectivas las deducciones originadas en un perÃ­odo de liquidaciÃ³n por el procedimiento previsto en el artÃ­culo 33 de esta Ley, por exceder la cuantÃ­a de las mismas de las cuotas devengadas, tendrÃ¡n derecho a solicitar la devoluciÃ³n del saldo a su favor existente a 31 de diciembre de cada aÃ±o en la autoliquidaciÃ³n correspondiente al Ãºltimo perÃ­odo de liquidaciÃ³n de dicho aÃ±o.
Dos. No obstante, tendrÃ¡n derecho a solicitar la devoluciÃ³n del saldo a su favor existente al tÃ©rmino de cada perÃ­odo de liquidaciÃ³n los sujetos pasivos a que se refiere el artÃ­culo 46 de esta Ley.
Tres. En los supuestos a que se refieren este artÃ­culo y el siguiente, la AdministraciÃ³n Tributaria Canaria procederÃ¡, en su caso, a practicar liquidaciÃ³n provisional dentro de los seis meses siguientes al tÃ©rmino del plazo previsto para la presentaciÃ³n de la autoliquidaciÃ³n en que se solicite la devoluciÃ³n del Impuesto. No obstante, cuando la citada autoliquidaciÃ³n se hubiera presentado fuera de este plazo, los seis meses se computarÃ¡n desde la fecha de su presentaciÃ³n.
Cuando la autoliquidaciÃ³n o, en su caso, de la liquidaciÃ³n provisional resulte cantidad a devolver, la AdministraciÃ³n Tributaria Canaria procederÃ¡ a su devoluciÃ³n de oficio, sin perjuicio de la prÃ¡ctica de las ulteriores liquidaciones provisionales o definitivas, que procedan.
Si la liquidaciÃ³n provisional no se hubiera practicado en el plazo establecido en el primer pÃ¡rrafo de este apartado, la AdministraciÃ³n Tributaria Canaria procederÃ¡ a devolver de oficio el importe total de la cantidad solicitada, sin perjuicio de la prÃ¡ctica de las liquidaciones provisionales o definitivas ulteriores que pudieran resultar procedentes.
Reglamentariamente el Gobierno de Canarias determinarÃ¡ el procedimiento y la forma de pago de la devoluciÃ³n de oficio a que se refiere el presente nÃºmero.Â»
Catorce. El artÃ­culo 46 queda redactado de la siguiente forma:
Â«ArtÃ­culo 46. Solicitud de devoluciones al fin de cada perÃ­odo de liquidaciÃ³n.
Los sujetos pasivos podrÃ¡n optar por solicitar la devoluciÃ³n del saldo a su favor existente al tÃ©rmino de cada perÃ­odo de liquidaciÃ³n conforme a las condiciones, tÃ©rminos, requisitos y procedimiento que establezca reglamentariamente el Gobierno de Canarias.
El perÃ­odo de liquidaciÃ³n de los sujetos pasivos que opten por este procedimiento coincidirÃ¡ con el mes natural, con independencia de su volumen de operaciones.Â»
Quince. El artÃ­culo 58 octies.cuatro queda redactado de la siguiente forma:
Â«Cuatro. La entidad dominante, sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones propias, y con los requisitos, lÃ­mites, plazos y condiciones, que se determinen reglamentariamente por el Gobierno de Canarias, serÃ¡ responsable del cumplimiento de las siguientes obligaciones:
1.Âª Comunicar a la AdministraciÃ³n tributaria canaria la siguiente informaciÃ³n:
a) El cumplimiento de los requisitos exigidos, la adopciÃ³n de los acuerdos correspondientes y la opciÃ³n por la aplicaciÃ³n del rÃ©gimen especial a que se refieren los artÃ­culos 58 quÃ¡ter y quinquies de esta Ley.
b) La relaciÃ³n de entidades del grupo que apliquen el rÃ©gimen especial, identificando las entidades que motiven cualquier alteraciÃ³n en su composiciÃ³n respecto a la del aÃ±o anterior, en su caso.
d) La opciÃ³n que se establece en el artÃ­culo 58 quinquies.cinco de esta Ley.
El perÃ­odo de liquidaciÃ³n de las entidades que apliquen el rÃ©gimen especial del grupo de entidades serÃ¡ determinado por el Gobierno de Canarias.
Cuando, para un perÃ­odo de liquidaciÃ³n, la cuantÃ­a total de los saldos a devolver a favor de las entidades que apliquen el rÃ©gimen especial del grupo de entidades supere el importe de los saldos a ingresar del resto de entidades que apliquen el rÃ©gimen especial del grupo de entidades para el mismo perÃ­odo de liquidaciÃ³n, se podrÃ¡ solicitar la devoluciÃ³n del exceso, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro aÃ±os contados a partir de la presentaciÃ³n de las autoliquidaciones individuales en que se originÃ³ dicho exceso. Esta devoluciÃ³n se practicarÃ¡ en los tÃ©rminos dispuestos en el nÃºmero tres del artÃ­culo 45 de esta Ley. En tal caso, no procederÃ¡ la compensaciÃ³n de dichos saldos a devolver en autoliquidaciones agregadas posteriores, cualquiera que sea el perÃ­odo de tiempo transcurrido hasta que dicha devoluciÃ³n se haga efectiva.
En caso de que deje de aplicarse el rÃ©gimen especial del grupo de entidades y queden cantidades pendientes de compensaciÃ³n para las entidades integradas en el grupo, estas cantidades se imputarÃ¡n a dichas entidades en proporciÃ³n al volumen de operaciones del Ãºltimo aÃ±o natural en que el rÃ©gimen especial hubiera sido de aplicaciÃ³n, aplicando a tal efecto lo dispuesto en el artÃ­culo 51 de esta Ley.
3.Âª Disponer, en los tÃ©rminos que reglamentariamente se establezcan por el Gobierno de Canarias, de un sistema de informaciÃ³n analÃ­tica basado en criterios razonables de imputaciÃ³n de los bienes y servicios adquiridos a terceros y utilizados directa o indirectamente, total o parcialmente, en la realizaciÃ³n de las operaciones a que se refiere el artÃ­culo 58 septies.Uno. Este sistema deberÃ¡ reflejar la utilizaciÃ³n sucesiva de dichos bienes y servicios hasta su aplicaciÃ³n final fuera del grupo.
DiecisÃ©is. Se aÃ±ade un nÃºmero Segundo al Anexo IV, pasando el actual contenido de dicho Anexo a ser el nÃºmero Primero, que queda redactado de la siguiente forma:
Â«Segundo. TributarÃ¡ a 0 euros por mil litros el biodiesel, bioetanol y biometanol que se considere incluido en determinada cantidad en los siguientes bienes:
2710114100	Las demÃ¡s gasolinas con un contenido en plomo igual o inferior a 0,013 g. por litro con un octanaje inferior a 95.
2710114500 Las demÃ¡s gasolinas con un contenido en plomo igual o inferior a 0,013 g. por litro con un octanaje igual o superior a 95 pero inferior a 98.
2710114900 Las demÃ¡s gasolinas con un contenido en plomo igual o inferior a 1,013 g. por litro con un octanaje igual o superior a 98.
2710194100 Aceites pesados o gasÃ³leos que se destinen a otros usos con un contenido en azufre inferior o igual a 0,05 por 100.
2710194500 Aceites pesados o gasÃ³leos que se destinen a otros usos con un contenido en azufre superior al 0,05 por 100 pero inferior o igual a 0,2 por 100.
2710194900 Aceites pesados o gasÃ³leos que se destinen a otros usos con un contenido en azufre superior al 0,2 por 100.
A la parte de la mezcla que no es biocarburante le serÃ¡ de aplicaciÃ³n el tipo impositivo que le corresponda conforme a lo establecido en el nÃºmero anterior.
El Consejero de EconomÃ­a y Hacienda del Gobierno de Canarias regularÃ¡ el procedimiento y requisitos para la aplicaciÃ³n de este tipo.
Las definiciones de biodiesel, bioetanol y biometanol son las contenidas en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.Â»
ArtÃ­culo sÃ©ptimo. ModificaciÃ³n del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre:
Uno. El apartado 3 del artÃ­culo 13 queda redactado de la siguiente forma:
Â«3. Como norma general, para determinar la base imponible, el valor real del derecho originado por la concesiÃ³n se fijarÃ¡ por la aplicaciÃ³n de la regla o reglas que, en atenciÃ³n a la naturaleza de las obligaciones impuestas al concesionario, resulten aplicables de las que se indican a continuaciÃ³n:
b) Si la AdministraciÃ³n seÃ±alase un canon, precio, participaciÃ³n o beneficio mÃ­nimo que deba satisfacer el concesionario periÃ³dicamente y la duraciÃ³n de la concesiÃ³n no fuese superior a un aÃ±o, por la suma total de las prestaciones periÃ³dicas. Si la duraciÃ³n de la concesiÃ³n fuese superior al aÃ±o, capitalizando, segÃºn el plazo de la concesiÃ³n, al 10 por 100 la cantidad anual que satisfaga el concesionario.
c) Cuando el concesionario estÃ© obligado a revertir a la AdministraciÃ³n bienes determinados, se computarÃ¡ el valor neto contable estimado de dichos bienes a la fecha de reversiÃ³n, mÃ¡s los gastos previstos para la reversiÃ³n. Para el cÃ¡lculo del valor neto contable de los bienes se aplicarÃ¡n las tablas de amortizaciÃ³n aprobadas a los efectos del Impuesto sobre Sociedades en el porcentaje medio resultante de las mismas. Â»
Dos. El apartado 1 del artÃ­culo 17 queda redactado de la siguiente forma:
Â«1. En la transmisiÃ³n de crÃ©ditos o derechos mediante cuyo ejercicio hayan de obtenerse bienes determinados y de posible estimaciÃ³n se exigirÃ¡ el impuesto por iguales conceptos y tipos que las que se efectÃºen de los mismos bienes y derechos. Sin embargo, en el caso de inmuebles en construcciÃ³n, la base imponible estarÃ¡ constituida por el valor real del bien en el momento de la transmisiÃ³n del crÃ©dito o derecho, sin que pueda ser inferior al importe de la contraprestaciÃ³n satisfecha por la cesiÃ³n.Â»
Tres. El artÃ­culo 19 queda redactado de la siguiente forma:
1.Âº La constituciÃ³n de sociedades, el aumento y disminuciÃ³n de su capital social y la disoluciÃ³n de sociedades.
2.Âº Las aportaciones que efectÃºen los socios que no supongan un aumento del capital social.
3.Âº El traslado a EspaÃ±a de la sede de direcciÃ³n efectiva o del domicilio social de una sociedad cuando ni una ni otro estuviesen previamente situados en un Estado miembro de la UniÃ³n Europea.
2. No estarÃ¡n sujetas:
1.Âº Las operaciones de reestructuraciÃ³n.
2.Âº Los traslados de la sede de direcciÃ³n efectiva o del domicilio social de sociedades de un Estado miembro de la UniÃ³n Europea a otro.
3.Âº La modificaciÃ³n de la escritura de constituciÃ³n o de los estatutos de una sociedad y, en particular, el cambio del objeto social, la transformaciÃ³n o la prÃ³rroga del plazo de duraciÃ³n de una sociedad.
4.Âº La ampliaciÃ³n de capital que se realice con cargo a la reserva constituida exclusivamente por prima de emisiÃ³n de acciones.Â»
Cuatro. El artÃ­culo 20 queda redactado de la siguiente forma:
Â«ArtÃ­culo 20.
1. Las entidades que realicen, a travÃ©s de sucursales o establecimientos permanentes, operaciones de su trÃ¡fico en territorio espaÃ±ol y cuyo domicilio social y sede de direcciÃ³n efectiva se encuentren en paÃ­ses no pertenecientes a la UniÃ³n Europea vendrÃ¡n obligadas a tributar, por los mismos conceptos y en las mismas condiciones que las espaÃ±olas, por la parte de capital que destinen a dichas operaciones.
2. Las entidades cuyo domicilio social y sede de direcciÃ³n efectiva se encuentren en un Estado miembro de la UniÃ³n Europea distinto de EspaÃ±a no estarÃ¡n sujetas a la modalidad de operaciones societarias cuando realicen, a travÃ©s de sucursales o establecimientos permanentes, operaciones de su trÃ¡fico en territorio espaÃ±ol. Tampoco estarÃ¡n sujetas a dicho gravamen por tales operaciones las entidades cuya sede de direcciÃ³n efectiva se encuentre en paÃ­ses no pertenecientes a la UniÃ³n Europea si su domicilio social estÃ¡ situado en un Estado miembro de la UniÃ³n Europea distinto de EspaÃ±a.Â»
Cinco. El artÃ­culo 21 queda redactado de la siguiente forma:
Â«ArtÃ­culo 21.
A los efectos del gravamen sobre operaciones societarias tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de operaciones de reestructuraciÃ³n las operaciones de fusiÃ³n, escisiÃ³n, aportaciÃ³n de activos y canje de valores definidas en el artÃ­culo 83, apartados 1, 2, 3 y 5, y en el artÃ­culo 94 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.Â»
Seis. El artÃ­culo 23 queda redactado de la siguiente forma:
a) En la constituciÃ³n de sociedades, aumento de capital, traslado de sede de direcciÃ³n efectiva o domicilio social y aportaciones de los socios que no supongan un aumento del capital social, la sociedad.
b) En la disoluciÃ³n de sociedades y reducciÃ³n de capital social, los socios, copropietarios, comuneros o partÃ­cipes por los bienes y derechos recibidos.Â»
Siete. El artÃ­culo 24 queda redactado de la siguiente forma:
SerÃ¡n subsidiariamente responsables del pago del impuesto en la constituciÃ³n de sociedades, aumento y reducciÃ³n de capital social, aportaciones de los socios que no supongan un aumento del capital social, disoluciÃ³n y traslado de la sede de direcciÃ³n efectiva o del domicilio social de sociedades, los promotores, administradores, o liquidadores de las mismas que hayan intervenido en el acto jurÃ­dico sujeto al impuesto, siempre que se hubieran hecho cargo del capital aportado o hubiesen entregado los bienes.Â»
Ocho. El artÃ­culo 25 queda redactado de la siguiente forma:
2. Cuando se trate de operaciones realizadas por sociedades distintas de las anteriores y en las aportaciones de los socios que no supongan un aumento del capital social, la base imponible se fijarÃ¡ en el valor neto de la aportaciÃ³n, entendiÃ©ndose como tal el valor real de los bienes y derechos aportados minorado por las cargas y gastos que fueren deducibles y por el valor de las deudas que queden a cargo de la sociedad con motivo de la aportaciÃ³n.
3. En los traslados de sede de direcciÃ³n efectiva o de domicilio social, la base imponible coincidirÃ¡ con el haber lÃ­quido que la sociedad, cuya sede de direcciÃ³n efectiva o domicilio social se traslada, tenga el dÃ­a en que se adopte el acuerdo.
4. En la disminuciÃ³n de capital y en la disoluciÃ³n, la base imponible coincidirÃ¡ con el valor real de los bienes y derechos entregados a los socios, sin deducciÃ³n de gastos y deudas.Â»
Nueve. El artÃ­culo 45.I.B).10 queda redactado de la siguiente forma:
Â«10. Las operaciones societarias a que se refieren los apartados 1.Âº, 2.Âº y 3.Âº del artÃ­culo 19.2 y el artÃ­culo 20.2 anteriores, en su caso, en cuanto al gravamen por las modalidades de transmisiones patrimoniales onerosas o de actos jurÃ­dicos documentados.Â»
Diez. El artÃ­culo 45.I.B).12 queda redactado de la siguiente forma:
Â«12.a) La transmisiÃ³n de terrenos y solares y la cesiÃ³n del derecho de superficie para la construcciÃ³n de edificios en rÃ©gimen de viviendas de protecciÃ³n oficial. Los prÃ©stamos hipotecarios solicitados para la adquisiciÃ³n de aquellos, en cuanto al gravamen de actos jurÃ­dicos documentados.
b) Las escrituras pÃºblicas otorgadas para formalizar actos o contratos relacionados con la construcciÃ³n de edificios en rÃ©gimen de Â«viviendas de protecciÃ³n oficialÂ», siempre que se hubiera solicitado dicho rÃ©gimen a la AdministraciÃ³n competente en dicha materia.
c) Las escrituras pÃºblicas otorgadas para formalizar la primera transmisiÃ³n de viviendas de protecciÃ³n oficial, una vez obtenida la calificaciÃ³n definitiva.
d) La constituciÃ³n de prÃ©stamos hipotecarios para la adquisiciÃ³n exclusiva de viviendas de protecciÃ³n oficial y sus anejos inseparables, con el lÃ­mite mÃ¡ximo del precio de la citada vivienda, y siempre que este Ãºltimo no exceda de los precios mÃ¡ximos establecidos para las referidas viviendas de protecciÃ³n oficial.
e) La constituciÃ³n de sociedades y la ampliaciÃ³n de capital, cuando tengan por exclusivo objeto la promociÃ³n o construcciÃ³n de edificios en rÃ©gimen de protecciÃ³n oficial.
Para el reconocimiento de las exenciones previstas en las letras a) y b) anteriores bastarÃ¡ que se consigne en el documento que el contrato se otorga con la finalidad de construir viviendas de protecciÃ³n oficial y quedarÃ¡ sin efecto si transcurriesen tres aÃ±os a partir de dicho reconocimiento sin que obtenga la calificaciÃ³n o declaraciÃ³n provisional o cuatro aÃ±os si se trata de terrenos. La exenciÃ³n se entenderÃ¡ concedida con carÃ¡cter provisional y condicionada al cumplimiento que en cada caso exijan las disposiciones vigentes para esta clase de viviendas. En el supuesto de las letras a) y b) de este apartado, el cÃ³mputo del plazo de prescripciÃ³n previsto en el artÃ­culo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, comenzarÃ¡ a contarse una vez transcurrido el plazo de tres o cuatro aÃ±os de exenciÃ³n provisional.
Las exenciones previstas en este nÃºmero se aplicarÃ¡n tambiÃ©n a aquÃ©llas que, con protecciÃ³n pÃºblica, dimanen de la legislaciÃ³n propia de las Comunidades AutÃ³nomas, siempre que los parÃ¡metros de superficie mÃ¡xima protegible, precio de la vivienda y lÃ­mite de ingresos de los adquirentes no excedan de los establecidos en la norma estatal para las viviendas de protecciÃ³n oficial.Â»
Once. El artÃ­culo 45.I.B).20 queda redactado de la siguiente forma:
Â«20.1 Las operaciones de constituciÃ³n y aumento de capital de las sociedades de inversiÃ³n de capital variable reguladas en la Ley de Instituciones de InversiÃ³n Colectiva, asÃ­ como las aportaciones no dinerarias a dichas entidades, quedarÃ¡n exentas en la modalidad de operaciones societarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados.
2. Los fondos de inversiÃ³n de carÃ¡cter financiero regulados en la ley citada anteriormente gozarÃ¡n de exenciÃ³n en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados con el mismo alcance establecido en el apartado anterior.
3. Las instituciones de inversiÃ³n colectiva inmobiliaria reguladas en la Ley citada anteriormente que, con el carÃ¡cter de instituciones de inversiÃ³n colectiva no financieras, tengan por objeto social exclusivo la adquisiciÃ³n y la promociÃ³n, incluyendo la compra de terrenos, de cualquier tipo de inmueble de naturaleza urbana para su arrendamiento, siempre que, ademÃ¡s, las viviendas, las residencias estudiantiles y las residencias de la tercera edad, en los tÃ©rminos que reglamentariamente se establezcan, representen conjuntamente, al menos el 50 por ciento del total del activo, tendrÃ¡n el mismo rÃ©gimen de tributaciÃ³n que el previsto en los dos apartados anteriores.
Del mismo modo, dichas instituciones gozarÃ¡n de una bonificaciÃ³n del 95 por ciento de la cuota de este impuesto por la adquisiciÃ³n de viviendas destinadas al arrendamiento y por la adquisiciÃ³n de terrenos para la promociÃ³n de viviendas destinadas al arrendamiento, siempre que, en ambos casos, cumplan los requisitos especÃ­ficos sobre mantenimiento de los inmuebles establecidos en las letras c) y d) del artÃ­culo 28.5 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, salvo que, con carÃ¡cter excepcional, medie la autorizaciÃ³n expresa de la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores.
4. Los fondos de titulizaciÃ³n hipotecaria y los fondos de titulizaciÃ³n de activos financieros estarÃ¡n exentos de todas las operaciones sujetas a la modalidad de operaciones societarias.Â»
Doce. El apartado 3 del artÃ­culo 46 queda redactado de la siguiente forma:
Â«3. Cuando el valor declarado por los interesados fuese superior al resultante de la comprobaciÃ³n, aquÃ©l tendrÃ¡ la consideraciÃ³n de base imponible. Si el valor resultante de la comprobaciÃ³n o el valor declarado resultase inferior al precio o contraprestaciÃ³n pactada, se tomarÃ¡ esta Ãºltima magnitud como base imponible.Â»
Trece. El apartado 2 del artÃ­culo 50 queda redactado de la siguiente forma:
Â«2. A los efectos de prescripciÃ³n, en los documentos que deban presentarse a liquidaciÃ³n, se presumirÃ¡ que la fecha de los privados es la de su presentaciÃ³n, a menos que con anterioridad concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el artÃ­culo 1.227 del CÃ³digo Civil, en cuyo caso se computarÃ¡ la fecha de la incorporaciÃ³n, inscripciÃ³n, fallecimiento o entrega, respectivamente. En los contratos no reflejados documentalmente, se presumirÃ¡, a iguales efectos, que su fecha es la del dÃ­a en que los interesados den cumplimiento a lo prevenido en el artÃ­culo 51. La fecha del documento privado que prevalezca a efectos de prescripciÃ³n, conforme a lo dispuesto en este apartado, determinarÃ¡ el rÃ©gimen jurÃ­dico aplicable a la liquidaciÃ³n que proceda por el acto o contrato incorporado al mismo.Â»
Catorce. El apartado 1 del artÃ­culo 54 queda redactado de la siguiente forma:
Â«1. NingÃºn documento que contenga actos o contratos sujetos a este impuesto se admitirÃ¡ ni surtirÃ¡ efecto en Oficina o Registro PÃºblico sin que se justifique el pago de la deuda tributaria a favor de la AdministraciÃ³n Tributaria competente para exigirlo, conste declarada la exenciÃ³n por la misma, o, cuando menos, la presentaciÃ³n en ella del referido documento. De las incidencias que se produzcan se darÃ¡ cuenta inmediata a la AdministraciÃ³n interesada. Los Juzgados y Tribunales remitirÃ¡n a la AdministraciÃ³n tributaria competente para la liquidaciÃ³n del impuesto copia autorizada de los documentos que admitan en los que no conste la nota de haber sido presentados a liquidaciÃ³n en dicha AdministraciÃ³n.
La justificaciÃ³n del pago o, en su caso, de la presentaciÃ³n del referido documento se harÃ¡ mediante la aportaciÃ³n en cualquier soporte del original acreditativo del mismo o de copia de dicho original.Â»
Quince. El apartado 4 del artÃ­culo 56 queda redactado de la siguiente forma:
Â«4. La competencia para la aplicaciÃ³n del impuesto y el ejercicio de la potestad sancionadora corresponderÃ¡ a la AdministraciÃ³n tributaria de la Comunidad AutÃ³noma o del Estado a la que se atribuya su rendimiento de acuerdo con los puntos de conexiÃ³n aplicables segÃºn las normas reguladoras de la cesiÃ³n de impuestos a las Comunidades AutÃ³nomas.Â».
ArtÃ­culo octavo. ModificaciÃ³n de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
Uno. El pÃ¡rrafo a) del apartado 2 del artÃ­culo 21 queda redactado de la siguiente forma:
Â«a) Las conducidas personalmente por los viajeros mayores de diecisiete aÃ±os procedentes de paÃ­ses terceros, siempre que no superen los limites cuantitativos siguientes:
1.Âº Un litro de alcohol o bebidas derivadas; o
2.Âº Dos litros de productos intermedios o vinos espumosos y bebidas fermentadas, y
3.Âº Cuatro litros de vino tranquilo y diecisÃ©is litros de cerveza.Â»
Dos. El punto 4 del artÃ­culo 65.1.a) queda redactado del siguiente modo:
Â«4. Los ciclomotores de dos o tres ruedas y los cuadriciclos ligeros.Â»
Tres. Se aÃ±ade un nuevo apartado 5 al artÃ­culo 66, Â«Exenciones, devoluciones y reduccionesÂ», con la siguiente redacciÃ³n:
Â«5. La base imponible del impuesto, determinada conforme a lo previsto en el artÃ­culo 69, serÃ¡ objeto de una reducciÃ³n del 30 por ciento de su importe respecto de los siguientes vehÃ­culos:
a) VehÃ­culos definidos como Â«autocaravanasÂ» en la versiÃ³n vigente al dÃ­a 30 de junio de 2007 del Anexo II del Reglamento General de VehÃ­culos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
b) VehÃ­culos acondicionados para ser utilizados como vivienda a los que se refieren el Ãºltimo pÃ¡rrafo del nÃºmero 1.Âº y el Ãºltimo pÃ¡rrafo del nÃºmero 8.Âº, ambos del apartado 1.a) del artÃ­culo 65.Â»
Cuatro. El pÃ¡rrafo b) del artÃ­culo 69 queda redactado de la siguiente forma:
Â«b) En los medios de transporte usados, por su valor de mercado en la fecha de devengo del impuesto.
Cuando se trate de medios de transporte que hubieran estado previamente matriculados en el extranjero y que sean objeto de primera matriculaciÃ³n definitiva en EspaÃ±a teniendo la condiciÃ³n de usados, del valor de mercado se minorarÃ¡, en la medida en que estuviera incluido en el mismo, el importe residual de las cuotas de los impuestos indirectos que habrÃ­an sido exigibles, sin ser deducibles, en el caso de que el medio de transporte hubiera sido objeto de primera matriculaciÃ³n definitiva en EspaÃ±a hallÃ¡ndose en estado nuevo. A estos efectos, el citado importe residual se determinarÃ¡ aplicando sobre el valor de mercado del medio de transporte usado en el momento del devengo un porcentaje igual al que, en su dÃ­a, hubieran representado las cuotas de tales impuestos en el precio de venta, impuestos incluidos, del indicado medio de transporte en estado nuevo.
Los sujetos pasivos podrÃ¡n utilizar, para determinar el valor de mercado, los precios medios de venta aprobados al efecto por el Ministro de EconomÃ­a y Hacienda que estuviesen vigentes en la fecha de devengo del impuesto. En los casos en que sea aplicable la minoraciÃ³n a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior, el Ministro de EconomÃ­a y Hacienda establecerÃ¡ el procedimiento para determinar la parte de dichos precios medios que corresponde al importe residual de las cuotas de los impuestos indirectos soportadas.
Cuando los sujetos pasivos declaren un valor de mercado determinado conforme a lo previsto en el pÃ¡rrafo anterior, la AdministraciÃ³n tributaria no podrÃ¡ comprobar por los otros medios previstos en el artÃ­culo 57 de la Ley General Tributaria el valor asÃ­ declarado.Â»
Cinco. Los apartados 1 y 2 del artÃ­culo 70 quedan redactados de la siguiente forma:
Â«1. Para la determinaciÃ³n de los tipos impositivos aplicables se establecen los siguientes epÃ­grafes:
EpÃ­grafe 1.Âº
a) VehÃ­culos cuyas emisiones oficiales de CO2 no sean superiores a 120 g/km, con excepciÃ³n de los vehÃ­culos tipo Â«quadÂ» y de los vehÃ­culos comprendidos en los epÃ­grafes 6.Âº, 7.Âº, 8.Âº y 9.Âº
b) VehÃ­culos provistos de un solo motor que no sea de combustiÃ³n interna, con excepciÃ³n de los vehÃ­culos tipo Â«quadÂ».
EpÃ­grafe 2.Âº VehÃ­culos cuyas emisiones oficiales de CO2 sean superiores a 120 g/km y sean inferiores a 160 g/km, con excepciÃ³n de los vehÃ­culos tipo Â«quadÂ» y de los vehÃ­culos comprendidos en el epÃ­grafe 9.Âº
EpÃ­grafe 3.Âº VehÃ­culos cuyas emisiones oficiales de CO2 no sean inferiores a 160 g/km y sean inferiores a 200 g/km, con excepciÃ³n de los vehÃ­culos tipo Â«quadÂ» y de los vehÃ­culos comprendidos en el epÃ­grafe 9.Âº
EpÃ­grafe 4.Âº
a) VehÃ­culos cuyas emisiones oficiales de CO2 sean iguales o superiores a 200 g/km, con excepciÃ³n de los vehÃ­culos tipo Â«quadÂ» y de los vehÃ­culos comprendidos en el epÃ­grafe 9.Âº
b) VehÃ­culos respecto de los que sea exigible la mediciÃ³n de sus emisiones de CO2, cuando estas no se acrediten.
c) VehÃ­culos comprendidos en las categorÃ­as N2 y N3 acondicionados como vivienda.
d) VehÃ­culos tipo Â«quadÂ». Se entiende por vehÃ­culo tipo Â«quadÂ» el vehÃ­culo de cuatro o mÃ¡s ruedas, con sistema de direcciÃ³n mediante manillar en el que el conductor va sentado a horcajadas y que estÃ¡ dotado de un sistema de tracciÃ³n adecuado a un uso fuera de carretera.
e) Motos nÃ¡uticas. Se entiende por 'moto nÃ¡utica' la embarcaciÃ³n propulsada por un motor y proyectada para ser manejada por una o mÃ¡s personas sentadas, de pie o de rodillas, sobre los lÃ­mites de un casco y no dentro de Ã©l.
EpÃ­grafe 5.Âº
a) VehÃ­culos no comprendidos en los epÃ­grafes 1.Âº, 2.Âº, 3.Âº, 4.Âº, 6.Âº, 7.Âº, 8.Âº Ã³ 9.Âº
b) Embarcaciones y buques de recreo o de deportes nÃ¡uticos, con excepciÃ³n de las motos nÃ¡uticas.
c) Aviones, avionetas y demÃ¡s aeronaves.
EpÃ­grafe 6.Âº Motocicletas no comprendidas en la letra c) del epÃ­grafe 9.Âº cuyas emisiones oficiales de CO2 no sean superiores a 80 g/km.
EpÃ­grafe 7. Motocicletas no comprendidas en la letra c) del epÃ­grafe 9.Âº cuyas emisiones oficiales de CO2 sean superiores a 80 g/km y sean inferiores a 100 g/km.
EpÃ­grafe 8.Âº Motocicletas no comprendidas en la letra c) del epÃ­grafe 9.Âº cuyas emisiones oficiales de CO2 no sean inferiores a 100 g/km y sean inferiores a 120 g/km.
EpÃ­grafe 9.Âº
a) Motocicletas no comprendidas en la letra c) de este epÃ­grafe cuyas emisiones oficiales de CO2 sean iguales o superiores a 120 g/km.
b) Motocicletas no comprendidas en la letra c) de este epÃ­grafe cuyas emisiones oficiales de CO2 no se acrediten.
2. Los tipos impositivos aplicables serÃ¡n los siguientes:
a) Los tipos que, conforme a lo previsto en el artÃ­culo 43 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiaciÃ³n de las Comunidades AutÃ³nomas de rÃ©gimen comÃºn y Ciudades con Estatuto de AutonomÃ­a, hayan sido aprobados por la Comunidad AutÃ³noma.
b) Si la Comunidad AutÃ³noma no hubiese aprobado los tipos a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior, se aplicarÃ¡n los siguientes:
EpÃ­grafes
PenÃ­nsula e
1.Âº y 6.Âº 0,00 por 100 0,00 por 100
2.Âº y 7.Âº 4,75 por 100 3,75 por 100
3.Âº y 8.Âº 9,75 por 100 8,75 por 100
4.Âº y 9.Âº 14,75 por 100 13,75 por 100
5.Âº 12,00 por 100 11,00 por 100
c) En Ceuta y Melilla se aplicarÃ¡n los siguientes tipos impositivos:
1.Âº y 6.Âº 0 por 100
2.Âº y 7.Âº 0 por 100
3.Âº y 8.Âº 0 por 100
4.Âº y 9.Âº 0 por 100
5.Âº 0 por 100Â»
ArtÃ­culo noveno. BonificaciÃ³n en el Impuesto sobre las Primas de Seguros de las operaciones de seguro de transporte pÃºblico urbano y por carretera.
Durante los aÃ±os 2008 y 2009 tendrÃ¡n una bonificaciÃ³n del 75 por 100 en el Impuesto sobre las Primas de Seguros las operaciones de seguro relacionadas con el transporte pÃºblico urbano y por carretera de mercancÃ­as o viajeros en las que concurran las siguientes circunstancias:
b) Que la prima del seguro se devengue en el aÃ±o 2008 Ã³ 2009, con una cobertura mÃ¡xima de un aÃ±o y cuyo periodo de cobertura se inicie en el mismo ejercicio.
En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, las entidades aseguradoras regularizarÃ¡n la repercusiÃ³n del Impuesto, aplicando la bonificaciÃ³n a los tomadores de los contratos de seguros que tengan derecho a la misma respecto de las primas devengadas entre el inicio de 2008 y la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.
ArtÃ­culo dÃ©cimo. ModificaciÃ³n de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Se modifica el pÃ¡rrafo e) del apartado 1 del artÃ­culo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que queda redactado de la siguiente forma:
Â«e) Los agentes y comisionistas de aduanas, cuando actÃºen en nombre y por cuenta de sus comitentes. No obstante, esta responsabilidad subsidiaria no alcanzarÃ¡ a la deuda aduanera.Â»
DisposiciÃ³n adicional primera. Medidas para incentivar la polÃ­tica de vivienda.
El Gobierno presentarÃ¡ en el plazo de tres meses un plan de medidas que incentiven, en el marco de la normativa de la UniÃ³n Europea, la promociÃ³n de viviendas para destinarlas al arrendamiento con opciÃ³n de compra y que fomenten la rehabilitaciÃ³n de viviendas.
DisposiciÃ³n adicional segunda. Lealtad institucional.
El Gobierno, de conformidad con el principio de lealtad institucional, procederÃ¡ a evaluar bilateralmente en el marco de la reforma del sistema de financiaciÃ³n el importe correspondiente a las pÃ©rdidas de ingresos que supongan la supresiÃ³n del Impuesto sobre el Patrimonio y hacer efectiva la compensaciÃ³n correspondiente.
DisposiciÃ³n adicional tercera. AnÃ¡lisis de nuevas figuras que fomenten la creaciÃ³n de pequeÃ±as y medianas empresas.
El Gobierno analizarÃ¡ las fÃ³rmulas que existen en el derecho comparado para fomentar la creaciÃ³n de pequeÃ±as y medianas empresas y el apoyo a los emprendedores, y que responden a la denominaciÃ³n de Â«business angelsÂ», con el objeto de estudiar su viabilidad en EspaÃ±a y, en su caso, el rÃ©gimen jurÃ­dico y fiscal que les resultarÃ­a de aplicaciÃ³n.
DisposiciÃ³n transitoria primera. Efectos de la exenciÃ³n en la modalidad de operaciones societarias de los fondos de titulizaciÃ³n.
La exenciÃ³n de la modalidad de operaciones societarias de todas las operaciones que realicen los fondos de titulizaciÃ³n hipotecaria y los fondos de titulizaciÃ³n de activos financieros, establecida en el artÃ­culo 45.I.B).20 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, resultarÃ¡ aplicable a cualesquiera que hayan realizado desde su constituciÃ³n, incluida esta.
DisposiciÃ³n transitoria segunda. Renuncia al rÃ©gimen especial del grupo de entidades.
Las entidades que hayan optado por la aplicaciÃ³n del rÃ©gimen especial del grupo de entidades de acuerdo con las condiciones establecidas en el artÃ­culo 163 sexies de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido y en el artÃ­culo 58 sexies de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificaciÃ³n de los aspectos fiscales del RÃ©gimen EconÃ³mico Fiscal de Canarias, podrÃ¡n renunciar al mismo hasta el 31 de enero de 2009, sin que, a estos efectos, les sea de aplicaciÃ³n el plazo de tres aÃ±os a que se refieren dichos artÃ­culos.
DisposiciÃ³n transitoria tercera. ModificaciÃ³n de la base imponible del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido y del Impuesto General Indirecto Canario.
Los sujetos pasivos que sean titulares de crÃ©ditos total o parcialmente incobrables correspondientes a cuotas repercutidas por la realizaciÃ³n de operaciones gravadas para los cuales, a la entrada en vigor de esta Ley, haya transcurrido mÃ¡s de un aÃ±o pero menos de dos aÃ±os y tres meses desde el devengo del Impuesto, podrÃ¡n proceder a la reducciÃ³n de la base imponible en el plazo de los tres meses siguientes a dicha entrada en vigor, siempre que concurran todos los requisitos a que se refiere el artÃ­culo 80.cuatro de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, con exclusiÃ³n del referido en la condiciÃ³n 1.Âª de dicho precepto, y el artÃ­culo 22.Âº 7 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificaciÃ³n de los aspectos fiscales del RÃ©gimen EconÃ³mico Fiscal de Canarias, con exclusiÃ³n del referido en la condiciÃ³n 1.Âª de dicho precepto.
No podrÃ¡n acogerse a lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior los sujetos pasivos que durante el plazo de los tres meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley puedan reducir la base imponible conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 80.tres de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, y en el artÃ­culo 22.Âº 6 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificaciÃ³n de los aspectos fiscales del RÃ©gimen EconÃ³mico Fiscal de Canarias.
DisposiciÃ³n final primera. Beneficios fiscales aplicables al Symposium Conmemorativo del 90 Aniversario del SalÃ³n Internacional del AutomÃ³vil de Barcelona 2009.
Uno. El Programa correspondiente al Symposium Conmemorativo del 90 Aniversario del SalÃ³n Internacional del AutomÃ³vil de Barcelona tendrÃ¡ la consideraciÃ³n de acontecimiento de excepcional interÃ©s pÃºblico a los efectos de lo dispuesto en el artÃ­culo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de rÃ©gimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duraciÃ³n de este programa serÃ¡ de 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2010.
Tres. La certificaciÃ³n de la adecuaciÃ³n de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa serÃ¡ competencia de un Consorcio que se crearÃ¡ conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 27.2.b) de la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serÃ¡n las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreciÃ³n en planes y programas de actividades se realizarÃ¡ por el Consorcio al que se ha hecho referencia en el apartado anterior.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serÃ¡n los mÃ¡ximos establecidos en el artÃ­culo 27.3 de la Ley 49/2002.
DisposiciÃ³n final segunda. ModificaciÃ³n de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversiÃ³n, recursos propios y obligaciones de informaciÃ³n a los intermediarios financieros.
Se modifica la redacciÃ³n del apartado 3 de la DisposiciÃ³n adicional segunda que queda redactado de la siguiente forma:
Â«3. La entidad de crÃ©dito dominante de un grupo o subgrupo consolidable de entidades de crÃ©dito tendrÃ¡ la obligaciÃ³n de informar a la AdministraciÃ³n tributaria y a las instituciones encargadas de la supervisiÃ³n financiera, en la forma en que reglamentariamente se establezca, de las actividades realizadas por las filiales a que se refiere el pÃ¡rrafo a) del apartado 1 de esta disposiciÃ³n adicional y de la identidad de los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas y los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, que sean titulares de los valores emitidos por aquÃ©llas, asÃ­ como los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que obtengan rentas procedentes de tales valores mediante establecimiento permanente situado en territorio espaÃ±ol.Â»
DisposiciÃ³n final tercera. ModificaciÃ³n de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Se modifica el artÃ­culo 34 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que quedarÃ¡ redactado de la siguiente forma:
Â«ArtÃ­culo 34. Normas generales.
1. La competencia para la gestiÃ³n y liquidaciÃ³n del impuesto corresponderÃ¡ a las Delegaciones y Administraciones de Hacienda o, en su caso, a las oficinas con anÃ¡logas funciones de las Comunidades AutÃ³nomas que tengan cedida la gestiÃ³n del tributo.
2. Las Comunidades AutÃ³nomas podrÃ¡n regular los aspectos sobre la gestiÃ³n y liquidaciÃ³n de este impuesto segÃºn lo previsto en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiaciÃ³n de las Comunidades AutÃ³nomas de rÃ©gimen comÃºn y Ciudades con Estatuto de AutonomÃ­a. Cuando la Comunidad AutÃ³noma no hubiese regulado dichos aspectos, se aplicarÃ¡n las normas establecidas en esta Ley.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la competencia para establecer como obligatorio el rÃ©gimen de autoliquidaciÃ³n del Impuesto corresponde al Estado, que introducirÃ¡ en la Ley del Impuesto las Comunidades AutÃ³nomas en las que se haya establecido dicho rÃ©gimen.
4. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se establece el rÃ©gimen de autoliquidaciÃ³n del impuesto con carÃ¡cter obligatorio en las siguientes Comunidades AutÃ³nomas:
Comunidad AutÃ³noma de AndalucÃ­a.
Comunidad AutÃ³noma de Canarias.
Comunidad de Castilla y LeÃ³n.
Comunidad AutÃ³noma de Galicia.
Comunidad AutÃ³noma de la RegiÃ³n de Murcia.Â»
DisposiciÃ³n final cuarta. Actividad de incubaciÃ³n avÃ­cola.
El Gobierno se compromete a analizar la actividad de incubaciÃ³n avÃ­cola y su adecuada clasificaciÃ³n en el IAE en el contexto de la reforma del sistema de financiaciÃ³n local.
Esta Ley entrarÃ¡ en vigor el dÃ­a siguiente al de su publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ». No obstante:
a) Los apartados uno a diez, ambos inclusive, trece, catorce, quince y diecisÃ©is del artÃ­culo primero serÃ¡n de aplicaciÃ³n a los perÃ­odos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2008.
b) El artÃ­culo tercero serÃ¡ aplicable a partir del 1 de enero de 2008.
c) Los apartados cuatro y cinco del artÃ­culo quinto, los apartados cinco y seis del artÃ­culo sexto y el apartado uno del artÃ­culo octavo, entrarÃ¡n en vigor el 1 de diciembre de 2008.
d) Los apartados nueve a once, ambos inclusive, del artÃ­culo quinto y once a trece, ambos inclusive, del artÃ­culo sexto serÃ¡n aplicables a los perÃ­odos de liquidaciÃ³n que se inicien a partir del 1 de enero de 2009.
e) Los apartados once y doce del artÃ­culo primero y los apartados tres a nueve, ambos inclusive, del artÃ­culo sÃ©ptimo serÃ¡n de aplicaciÃ³n a partir del 1 de enero de 2009.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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