Source: https://tc.vlex.es/vid/-58123062
Timestamp: 2020-07-05 08:13:31+00:00

Document:
ATC 320/1992, 26 de Octubre de 1992 - Jurisprudencia - VLEX 58123062
Número de Recurso: 1334/1992
Inadmisión. Principio de igualdad: falta término de comparación. Tutela efectiva de Jueces y Tribunales: derecho no violado. Contenido constitucional de la demanda: carencia.
Doña Cayetana de Zulueta Luchsinger, Procuradora de los Tribunales y de doña María Paz Ortega Serrano, interpone recurso de amparo contra la Sentencia que el 7 de febrero de 1992 dictó la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se desestima el recurso interpuesto por la actora contra la Resolución de 12 de enero de 1990 del Ministerio de Sanidad y Consumo. La demanda nos cuenta que la actora, médico especialista en Anatomía Patológica, fue excluida del Concurso convocado para la provisión de plazas de Facultativos Especialistas de la Seguridad Social en la especialidad mencionada, exclusión que el Tribunal de oposiciones fundamentó en el incumplimiento del art. 62.2 del Estatuto Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social (E.P.M.S.S.) que exige la práctica de un año de trabajo en la especialidad respectiva, pues llevaba solamente seis meses en el Hospital General Yagüe de Burgos.
A su vez el Ministerio de Sanidad y Consumo publicó una Circular interpretando el mencionado art. 62.2 del E.P.M.S.S. que lleva fecha 29 de septiembre de 1989 y como consecuencia de ella la Dirección Provincial del INSALUD de Madrid dictó la Resolución de 12 de enero de 1990 acordando la revisión de los expedientes de los aspirantes inicialmente excluidos, revisión no extensible a los concursantes que, como la demandante, ya se habían examinado. Contra tal Resolución se interpuso recurso de alzada y contra su desestimación el contencioso-administrativo, que fue también desestimado por Sentencia de 7 de febrero de 1992, contra la cual se formula el presente recurso de amparo.
En providencia de 25 de agosto de 1992, la Sala de Vacaciones acordó abrir un plazo común de diez días para que el Ministerio Fiscal y la demandante alegaren cuanto estimaren pertinente en relación con la posible recurrencia de dos motivos de inadmisibilidad: uno, carecer la demanda manifiestamente de contenido que justifique una decición por parte de este Tribunal Constitucional [art. 50.1 c) de la LOTC] y dos, no haberse invocado el derecho constitucional vulnerado en el proceso judicial previo [art. 50.1 a) en relación con el art. 44.1 c) de la misma Ley].
El Fiscal en su escrito de 11 de septiembre muestra su aquiescencia a la inadmisión del recurso por carecer manifiestamente de contenido constitucional. En efecto, lo que en realidad pretende la solicitante del amparo es la aplicación retroactiva del criterio interpretativo del art. 62.2 del E.P.M.S.S. contenido en la Circular del Ministerio de Sanidad y Consumo. La propia Circular deja claro que tales criterios se aplicarán «en lo sucesivo». La recurrente no aporta ningún ejemplo de alguien que se encuentre en idéntica situación a la suya y a quien se haya aplicado retroactivamente lo que a ella se le niega. No existe, pues, término de comparación para fundamentar el trato discriminatorio, pues las diferencias de fechas respecto a otras convocatorias de plazas distintas no son suficientes. Tampoco es atendible el «agravio comparativo» que se achaca a la instrucción 2. de la Resolución de 12 de enero de 1990, pues la diferencia de trato tiene un fundamento objetivo y razonable, ya que, una vez publicada en el «Boletín Oficial del Estado» la lista de aprobados, la seguridad jurídica obliga a extremar la regla general de irretroactividad de las normas.
En otro aspecto no debe olvidarse que la indefensión proscrita por el art. 24.1 de la Norma suprema se halla en principio ligada a la tutela judicial, no siendo los órganos administrativos quienes están encargados de prestarla. Las irregularidades han podido ser alegadas y salvadas en vía jurisdiccional. Por lo que respecta a la omisión de la debida tutela judicial que se imputa a la Sentencia por no contemplar ni aplicar al caso enjuiciado el punto B.2 de la Circular del Ministerio de Sanidad, basta su mera lectura para constatar que en ella se tiene en cuenta el punto mencionado. Si la interpretación efectuada es o no correcta escapa de la competencia de este Tribunal, pues nos encontramos ante una resolución fundada. Una vez establecida la firmeza de la exclusión de la recurrente a la oposición, huelga hablar de error en el criterio valorativo del Tribunal examinador, pues la demandante había perdido su derecho a la plaza, máxime si se recuerda que no recurrió ni la exclusión ni la relación de admitidos. En cuanto a la segunda causa de inadmisibilidad puesta de manifiesto (falta de invocación del derecho fundamental vulnerado en el proceso judicial previo), el Fiscal reconoce que sería aplicable al art. 23.2 C.E., pero como se alega también el art. 14 la trascendencia del defecto apuntado sería nula.
La demandante, en su escrito de 11 de septiembre, alega que la resolución judicial impugnada es notoria y evidentemente contraria al art. 14 C.E., porque el trato discriminatorio sufrido desde el momento mismo en que firmó la convocatoria no se ha enmendado por el Tribunal Superior de Justicia. De la misma manera, la Sentencia ha lesionado los derechos contemplados en el art. 23.2 C.E. referidos a la igualdad de trato y oportunidades que también le asisten a la recurrente desde la óptica del desempeño de la función pública, como es la sanitaria. Asimismo, ha lesionado el derecho de los actores a la tutela judicial efectiva, puesto que no contempla ni aplica correctamente las normas específicas de la convocatoria. Por lo que se refiere al requisito de la invocación del derecho fundamental en el proceso judicial previo, se nos dice que un simple repaso de la demanda permite apreciar si hubo tal invocación reiteradamente como lo habían sido también en la vía administrativa previa.
La demanda de amparo tiene como soporte tres principios constitucionales, uno de ellos (la seguridad jurídica) desprovisto de la protección privilegiada, más intensa, que significa el amparo ante este Tribunal por estar enunciado en el art. 9 de la Constitución. Otro el de igualdad, conectado a dos normas, genérica una -el art. 14- y específica la otra para la función pública -el art. 23-, invocado aquél en la vía jurisdiccional contencioso-administrativa previa, pero no éste, silencio que por la íntima conexión de ambas no tiene trascendencia procesal alguna. Y finalmente el que veda la indefensión de cualquier ciudadano en el art. 24, conectado a la efectividad de la tutela judicial. Un análisis somero de las tres alegaciones pondrá de manifiesto su falta de consistencia como fundamento de la pretensión de amparo.
En efecto el principio de igualdad exige, por una parte, la existencia de dos supuestos como términos hábiles para la comparación. Lo que se predica en el fondo es la aplicación retroactiva de la Circular del Ministerio de Sanidad donde se fija el sentido y alcance del tiempo de práctica exigido por el art. 62.2 del Estatuto a los candidatos para ocupar plazas de Facultativos Especialistas, criterio interpretativo que se enuncia con vocación explícita de futuro, utilizable pues «en lo sucesivo» (Apéndice III). En la demanda de amparo, como tampoco en el proceso contencioso-administrativo, no se menciona ningún caso donde alguien, en idénticas circunstancias que la suya, haya sido admitido por la aplicación retroactiva de tal criterio, dándole lo que a ella se le negó.
En la misma línea discursiva tampoco se puede alegar con éxito el llamado «agravio comparativo» que se reprocha a la Resolución de 12 de enero de 1990 (instrucción 2.), pues la diferencia de trato allí contenida ofrece un sustrato objetivo y una finalidad razonable. Una vez hecha pública la relación de aprobados en unas pruebas selectivas (caso de la demandante) el principio de seguridad jurídica exige el respeto más escrupuloso al principio de irretroactividad de las normas. Otro cantar sería si el procedimiento de selección estuviera en curso o abierto. En suma, no hay por aquí tampoco quebrantamiento de la igualdad ni discriminación.
No se ha producido además indefensión alguna, como pone de manifiesto la lectura atenta de la propia demanda, cuyo alegato al respecto se basa en que no se reconocen a la demandante los derechos que por Ley y méritos propios le corresponden. Aquí se pone toda la carga polémica en lo sustantivo, en lo que constituye la controversia enjuiciada, dando por supuesto que la interesada ha podido ejercitar su derecho de impugnar y defender, alegar y probar en toda su extensión y sin cortapisa alguna. Ha habido un procedimiento ante la Administración, un proceso judicial y una Sentencia, que es la respuesta reflexiva, razonada y fundada en Derecho con la cual, desde la perspectiva constitucional, queda cumplida la efectiva tutela judicial, aun cuando no se satisfaga la pretensión. Este derecho no conlleva el ganar pleitos y se agota cuando existe una resolución judicial, cualquiera que sea su sentido, favorable o adverso.
Por lo expuesto, la Sección acuerda no admitir el presente recurso de amparo y el archivo de las actuaciones.Madrid, a veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y dos.
AAP Madrid 291/2003, 17 de Julio de 2003
STSJ Islas Baleares 33/2008, 17 de Enero de 2008

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución