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Timestamp: 2019-01-22 23:02:27+00:00

Document:
STC 48/2013, 28 de Febrero de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 431063586
Número de Recurso: 6330-2003
STC 048/2013
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 24 de octubre de 2003 la Letrada de la Generalitat de Cataluña, en la representación que legalmente ostenta, promueve conflicto positivo de competencia frente al Gobierno de la Nación contra los arts. 3, 4, 6.3, 7, 9, 15.1, 19; la disposición final primera; y los anexos I, II y III, del Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las enseñanzas comunes de la educación secundaria obligatoria.
Así, un primer grupo de preceptos del Real Decreto 831/2003, por el que se establece la ordenación general y las enseñanzas comunes de la educación secundaria obligatoria (concretamente los arts. 3, 4, 6.3, 7 y 9, y los anexos I, II y III), se impugnan por entender que la regulación de las enseñanzas comunes efectuada en el Real Decreto 831/2003 impide su desarrollo por la Comunidad Autónoma. Teniendo en cuenta que el Real Decreto 831/2003 pretende, de acuerdo con lo establecido en el art. 8.2 de la Ley Orgánica de calidad de la educación, fijar las enseñanzas comunes definidas como los elementos básicos del curriculum , sostiene la Letrada de la Generalitat de Cataluña que el Estado no puede regular las enseñanzas comunes, más allá de las enseñanzas mínimas (STC 88/1983, de 27 de octubre, FJ 3), tal y como estaban previstas en los arts. 4.2 y concordantes de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo, con la finalidad de garantizar un nivel mínimo de homogeneidad en la formación de los escolares. Ese cambio de “enseñanzas mínimas” a “enseñanzas comunes” es sustantivo, ya que encierra un cambio de concepción y una extensión de lo básico que deja de ser un mínimo común y se convierte en una regulación homogeneizadora que ya no responde a objetivos de formación común, sino que se extiende a todo el espacio regulador, lo que implica que se pasa de un sistema en el que la regla de mínimos marcaba el contenido de la formación común que debía ser impartida a todos los alumnos a otro en el cual el contenido de esa formación pretende ser determinado unilateralmente por el Estado. De este modo, los preceptos impugnados del Real Decreto 831/2003 no se limitan a establecer lo que consideran como elementos básicos del currículo, sino que lo hacen de forma tal que dejan vacías de contenido las competencias de la Generalitat de Cataluña en materia de educación, dado el grado de detalle de los aspectos que configuran el contenido básico de la etapa educativa y la exigencia de que los elementos básicos que configuran el currículo se impartan “en sus propios términos”, lo que imposibilita que el contenido del currículo sea desarrollado o estructurado libremente por la Generalitat de Cataluña, que sólo podrá efectuar el diseño del 45 por 100 del mismo. Por ello la Letrada de la Generalitat considera que los arts. 3, 4, 6.3, 7 y 9, y los anexos I, II y III del Real Decreto 831/2003 suponen una extralimitación competencial por no “establecer esas bases de forma suficientemente amplia y flexible como para permitir que las Comunidades Autónomas con competencias normativas en la materia puedan adoptar sus propias alternativas políticas en función de sus circunstancias específicas” (STC 131/1996, FJ 3).
Mediante providencia de la Sección Primera del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre de 2003 se acordó admitir a trámite el conflicto positivo de competencia interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con los arts. 3, 4, 6.3, 7, 9, 15.1 y 19; la disposición final primera; y los anexos I, II y III, del Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las enseñanzas comunes de la educación secundaria obligatoria. Asimismo se acordó dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno de la Nación, por conducto de su Presidente, para que en el plazo de veinte días y, por medio de la representación procesal que determina el art. 82.2 LOTC, aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes. Igualmente se acordó comunicar la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, por si ante la misma estuvieran impugnados o se impugnaren los citados preceptos del referido real decreto, en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto, según dispone el art. 61.2 LOTC, así como publicar la incoación del conflicto en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña”.
La Abogada del Estado se personó en el presente proceso constitucional en nombre del Gobierno de la Nación y formuló alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal el 2 de enero de 2004, solicitando que se dictase Sentencia desestimatoria del conflicto conforme a los argumentos que seguidamente se exponen.
Mediante providencia de 26 de febrero de 2013 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 28 del mismo mes y año.
En el presente proceso constitucional hemos de resolver el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra diversos preceptos del Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las enseñanzas comunes de la educación secundaria obligatoria.
Con carácter previo al examen de fondo de los preceptos impugnados procede efectuar determinadas precisiones de orden procesal que condicionan el alcance de dicho examen de fondo.
En primer lugar es necesario determinar la incidencia que pueda tener en este proceso constitucional el hecho de que el real decreto objeto del conflicto no se encuentre en vigor en el momento de dictar la presente Sentencia.
Expuesto cuanto antecede, debemos seguidamente delimitar el objeto del presente proceso constitucional, teniendo en cuenta que, como ha reiterado nuestra doctrina (por todas, STC 207/2012, de 14 de noviembre, FJ 2), el enjuiciamiento que se solicita de este Tribunal debe contraerse exclusivamente a los preceptos que se contienen en el suplico de la demanda del conflicto, en la que, como señala el Abogado del Estado, no aparece ninguna mención a la disposición adicional segunda del Real Decreto 831/2003 (atención a los alumnos con necesidades educativas específicas), por lo que el citado precepto no debe ser enjuiciado en el presente conflicto de competencia. Y ello sin perjuicio de advertir que de nuevo estamos ante una impugnación que reproduce la planteada en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra la Ley Orgánica de calidad de la educación, que también encontró respuesta en la citada STC 212/2012, FJ 4, por lo que tampoco subsiste aquí necesidad de preservar los ámbitos respectivos de competencia.
Finalmente, habrá de tenerse en cuenta que, de acuerdo con nuestra doctrina sobre el ius superveniens en procesos de naturaleza competencial (por todas, SSTC 137/1986, de 6 de noviembre, FJ 2, y 83/2012, de 18 de abril, FJ 2), las cuestiones que se controvierten se decidirán a la luz de la delimitación de competencias resultante de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), apreciando el alcance que sus prescripciones puedan tener, en su caso, sobre la controversia trabada.
Centrados así los términos del debate procesal hemos de considerar seguidamente la cuestión relativa al encuadramiento de la cuestión controvertida en el sistema material de distribución de competencias. Al respecto es patente que su ámbito natural de encuadramiento es, como coinciden ambas partes procesales, la materia de educación, en concreto en su vertiente no universitaria.
Finalmente, y como ya dijimos en la STC 15/2013, de 31 de enero, FJ 3, en respuesta a una queja idéntica a la presente, planteada también por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña (en aquel caso en el conflicto positivo de competencia interpuesto contra el Real Decreto 830/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas comunes de la educación primaria), puesto que lo discutido es el régimen previsto por el Estado para la enseñanza de la lengua castellana en relación con el de la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, cumple ahora recordar, a fin de completar el canon de enjuiciamiento, nuestra doctrina en torno a la utilización de las lenguas oficiales en la enseñanza. Doctrina esta última que, como recuerda la STC 31/2010, FJ 24, descarta desde un principio toda pretensión de exclusividad de una de las lenguas oficiales en materia de enseñanza, pues tal enseñanza de las lenguas oficiales es una de las consecuencias inherentes a la cooficialidad (STC 87/1983, de 27 de octubre, FJ 5). Así, hemos señalado que “corresponde a los poderes públicos competentes, en atención a los objetivos de la normalización lingüística en Cataluña y a los propios objetivos de la educación, organizar la enseñanza que ha de recibirse en una y otra lengua en relación con las distintas áreas de conocimiento obligatorio en los diferentes niveles educativos para alcanzar un resultado proporcionado con estas finalidades; y ello al objeto de garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir, durante los estudios básicos en los centros docentes de Cataluña, enseñanza en catalán y en castellano. Derecho que se deriva no sólo de los arts. 3 y 27 C.E. sino del art. 3 del E.A.C.” (STC 337/1994, de 23 de diciembre, FJ 10).
Señalado todo lo anterior estamos ya en condiciones de responder a la principal queja competencial que se nos suscita, si bien, dado el planteamiento formulado por la Generalitat de Cataluña, es preciso advertir, en primer lugar, que no corresponde a este Tribunal determinar cuál sea la opción didáctica o pedagógica más adecuada para que el sistema educativo garantice el conocimiento de las dos lenguas cooficiales, sino tan solo confrontar la norma cuestionada con el orden constitucional y estatutario de distribución de competencias, razón por la cual no podemos entrar a examinar los reproches que se dirigen al anexo I del Real Decreto 831/2003, en cuanto a la determinación de los elementos básicos del currículo de educación secundaria obligatoria en el área correspondiente a la enseñanza de la lengua castellana.
Procede que examinemos a continuación la queja competencial que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña plantea respecto del art. 15.1 del Real Decreto 831/2003, basada en que este precepto invade las competencias autonómicas en materia de organización de centros docentes, en cuanto determina la composición del equipo de evaluación que debe decidir sobre la promoción de los alumnos. El precepto impugnado dispone lo siguiente:
Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo de evaluación, integrado por el conjunto de profesores de cada grupo de alumnos y coordinado por el profesor tutor de dicho grupo, decidirá, de acuerdo con lo establecido en los apartados siguientes, sobre la promoción de cada alumno al curso siguiente teniendo en cuenta su madurez y posibilidades de recuperación y de progreso en los cursos posteriores
La desestimación de las anteriores impugnaciones lleva consigo necesariamente la de la disposición final primera del Real Decreto 831/2003, referida a los títulos competenciales, pues ya hemos advertido que dicha impugnación no es autónoma, sino que la demanda fundamenta este reproche simplemente en la conexión que la referida disposición tiene con el resto de los contenidos impugnados del Real Decreto 831/2003, que han sido examinados en los términos expuestos.
Declarar extinguido, por desaparición sobrevenida de su objeto, el presente conflicto positivo de competencia en lo que respecta a los arts. 3, 4, 6.3, 7, 9, y 19, y el anexo III del Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las enseñanzas comunes de la educación secundaria obligatoria.
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References: Real Decreto 
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