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México – Panorama Jurídico | observatoriointernacional.com
Posted on July 16, 2015 By admin Informes
Por Mauricio Contró Rodríguez
El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”.
Dentro del Código Civil Federal, se establece que “desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente Código”
El Código Penal Federal define al aborto como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez” (Artículo 329) , y será sancionado con uno a tres años de prisión a quien haga abortar a la mujer, si se hizo con consentimiento de la mujer embarazada; o bien, de tres a seis años si faltó el consentimiento. La pena será mayor si medió violencia física o moral, además de la suspensión de la profesión si lo causare un médico, cirujano, comadrón o partera.
Es atenuante de la pena el hecho de realizar el aborto si concurre que quien lo realice no tenga mala fama, que se haya logrado ocultar el embarazo y que éste sea fruto de una unión ilegítima. Asimismo, excluye de responsabilidad el aborto causado por imprudencia de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea resultado de una violación. De igual manera no se aplicará sanción “cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada o el producto corran peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuera posible y no sea peligrosa la demora.” (Artículo 334)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al aborto legal como la interrupción de un embarazo tras la implantación de un huevo fecundado en el endometrio antes de que el feto haya alcanzado viabilidad (antes de las 22 semanas de edad gestacional con peso fetal de 500 gr. y longitud céfalo nalgas de 25 cm.
Se desprende de esto que una de las consideraciones para despenalizar el aborto es que el producto de la concepción se encuentre dentro del período en que se considera no viable: capaz de vivir fuera del seno materno con ayuda de los medios médicos necesarios.
Únicamente el Distrito Federal considera al aborto como la interrupción del embarazo a partir de la décima segunda semana de gestación. Para que éste se realice se debe de tomar en cuenta el estado de salud de la mujer embarazada y el criterio del médico, gineco-obstetra o del cirujano general que realice el procedimiento. La Nueva Ley de Salud del Distrito Federal prevé que “las instituciones públicas de salud del Gobierno deberán proceder a la interrupción del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos permitidos en el Código Penal para el Distrito Federal, cuando la mujer interesada así lo solicite (…)”
Otra legislación referente al aborto en México:
– Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aprobada en París por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948
– Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana, celebrada en la ciudad de Bogotá, Colombia, adoptada el 2 de mayo de 1948
– Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aprobado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 16 de diciembre de 1966, al cual se adhirió México el 24 de marzo de 1981
– Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”. San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969. Aprobada por la Cámara de Senadores de la República el 18 de noviembre de 1980
– Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
– Reglamento de la Ley de Salud del Distrito Federal
– Lineamientos Generales de Organización y Operación de los Servicios de Salud Relacionados con la Interrupción del Embarazo en el Distrito Federal
– Manual de Procedimientos para la Interrupción Legal del Embarazo en las Unidades Médicas
El Código Civil Federal no define lo que es el matrimonio, por lo que cada entidad federativa tiene la facultad en lo particular de establecerlo a su manera propia.
El Distrito Federal lo define como “la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua”.
El matrimonio celebrado entre personas del mismo sexo debe de ser reconocido en todas las jurisdicciones de la República, y es posible el matrimonio por vía judicial mediante el amparo en aquellas entidades federativas que no contemplen expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en Junio de 2015 estableció lo siguiente:
“Matrimonio entre personas del mismo sexo. No existe razón de índole constitucional para no reconocerlo. Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución. En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran “ciudadanos de segunda clase”, lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de “separados pero iguales”. La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad.”
Otra Tesis publicada en la misma fecha establece lo siguiente: “Matrimonio. La ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquél es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”.
El artículo 4 establece que “el varón y la mujer son iguales ante la Ley. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. (…) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.”
El Reglamento de la Ley General de Población establece en su artículo 13 que “es el ejercicio del derecho de toda persona a decidir, de manera libre, responsable e informada, sobre el número y el espaciamiento de sus hijos y a obtener la información especializada y los servicios idóneos.” Existirán por lo tanto programas de planificación familiar integrados y coordinados con los de salud, salud reproductiva, educación, seguridad social e información pública y otros destinados a lograr el bienestar de los individuos y de la familia (art. 15).
La esterilización quirúrgica está contemplada y permitida en toda la Nación bajo los requisitos de que previo a su realización se haya ofrecido el servicio de consejería, medie una autorización por escrito con el consentimiento de la usuaria, la oclusión tubaria bilateral debe efectuarse por personal médico debidamente capacitado para su realización, y debe de efectuarse cuando se esté razonablemente seguro de que no hay embarazo. El procedimiento puede manejarse como cirugía de corta estancia en el puerperio de bajo riesgo, en el posaborto y en el intervalo, y debe de realizarse bajo las normas quirúrgicas y de esterilización establecidas. Siempre que se cumplan los criterios para la selección del método, la edad y paridad de la mujer no serán factores de contraindicación del método.
La Ley General de Educación establece que la educación que imparta el Estado buscará desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana (…) .
La Secretaría de Salud prestará, a través del Consejo Nacional de Población, el asesoramiento que para la elaboración de programas educativos en materia de planificación familiar y educación sexual le requiera el sistema educativo nacional .
La Ley General para la Protección de las Niñas, los Niños y los Adolescentes establece lineamientos generales para prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos adolescentes.
En lo referente a la legislación interna, la Ley General de Salud no se pronuncia explícitamente sobre la clonación. La referencia que hace es únicamente que “En las instituciones de salud, bajo la responsabilidad de los directores o titulares respectivos y de conformidad con las disposiciones aplicables, se constituirán: una comisión de investigación; una comisión de ética, en el caso de que se realicen investigaciones en seres humanos (…).”, y de igual forma menciona que la investigación en seres humanos siempre se desarrollará conforma a la adaptación a los principios científicos y éticos que justifican la investigación médica, especialmente a lo que se refiere a su posible contribución a la solución de problemas de salud y al desarrollo de nuevos campos de la ciencia médica.
El Distrito Federal y el Estado de México prevén la clonación como un tipo penal (manipulación genética), sancionando a quien “con finalidad distinta a la eliminación o disminución de enfermedades graves o taras, manipulen genes humanos de manera que se altere el genotipo; fecunden óvulos humanos con cualquier fin distinto al de la procreación humana; y creen seres humanos por clonación o realicen procedimientos de ingeniería genética con fines ilícitos”.
El Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina establece que cuando la experimentación con embriones in vitro esté admitida por la ley, ésta deberá garantizar una protección adecuada del embrión. Asimismo, se prohíbe la constitución de embriones humanos con fines de experimentación.
El Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las Aplicaciones de la Biología y la Medicina, por el que se Prohíbe la Clonación de Seres Humanos, con fecha de 7 de Enero de 2000, afirma que “se prohíbe toda intervención que tenga por finalidad crear un ser humano genéticamente idéntico a otro ser humano vivo o muerto. Por ser humano genéticamente idéntico a otro ser humano se entiende un ser humano que comparta con otro la misma serie de genes nucleares”.
Otros documentos internacionales que se pronuncian respecto a la clonación son la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos de la Persona Humana, la Declaración Bioética de Gijón, Resolución de la Asociación Médica Mundial sobre la Clonación, Resolución A/RES/56/96 sobre la Convención Internacional contra la Clonación de Seres Humanos con Fines de Reproducción, Resolución WHA50.37. de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre clonación de seres humanos con fines de reproducción, Resolución WHA51.10. de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre clonación de seres humanos con fines de reproducción, Parlamento Europeo de la Unión Europea, Comunicado final de la Cumbre de los Ocho de Denver, VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno sobre Democracia y Ética, y la Recomendación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).
En cuanto a la reproducción asistida, el Congreso de la Unión tiene la facultad de legislar en materia de salubridad (artículo 73 Constitucional), y si bien la Ley General de Salud dispone que es materia de salubridad general el “control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes y células” , no existe actualmente una legislación reglamentaria o específica en dicha materia, por lo que existe un vacío en el ordenamiento jurídico mexicano a pesar de las iniciativas que han sido presentadas ante el Poder Legislativo, mismas que no han sido aprobadas.
La Ley General de Salud establece en su Título Octavo Bis que los enfermos en situación terminal tienen derechos tales como dar su consentimiento informado por escrito para la aplicación o no de tratamientos, medicamentos y cuidados paliativos adecuados a su enfermedad, necesidades y calidad de vida; solicitar al médico que le administre medicamentos que mitiguen el dolor; y renunciar, abandonar o negarse en cualquier momento a recibir o continuar el tratamiento que considere extraordinario.
En casos de urgencia médica, y que exista incapacidad del enfermo en situación terminal para expresar su consentimiento, y en ausencia de familiares, representante legal, tutor o persona de confianza, la decisión de aplicar un procedimiento médico quirúrgico o tratamiento necesario, será tomada por el médico especialista y/o por el Comité de Bioética de la institución.
Los médicos y el personal sanitario tienen la obligación de informar al enfermo en situación terminal sobre las opciones que existan de cuidados paliativos.
Los médicos tratantes podrán suministrar fármacos paliativos a un enfermo en situación terminal, aun cuando con ello se pierda estado de alerta o se acorte la vida del paciente, siempre y cuando se suministren dichos fármacos paliativos con el objeto de aliviar el dolor del paciente.
Podrán hacer uso, de ser necesario de acuerdo con lo estipulado en la presente Ley, de analgésicos del grupo de los opioides. En estos casos será necesario el consentimiento del enfermo.
Queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal.
En el Distrito Federal se promulgó la Ley de Voluntad Anticipada, la cual permite a la persona enferma declarar unilateralmente su decisión personal de ser sometido o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar la vida cuando se encuentre en etapa terminal y por razones médicas sea imposible mantenerla de manera natural. En el estado de Coahuila la Ley Protectora de la Dignidad del Enfermo Terminal, busca evitar el ensañamiento terapéutico con enfermos terminales, permitiendo de igual manera la renuncia anticipada a tratamientos médicos extraordinarios y a la obstinación terapéutica.
El artículo 24 de la Constitución estipula que “Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado”.
La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público garantiza en favor de los individuos de la Nación el no ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas.
Esta misma ley establece para todo individuo en su artículo primero:“Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes”.
En lo relativo al aborto, la legislación del Distrito Federal permite a los médicos la objeción de conciencia. De igual manera se prevé en la capital para el personal de salud para que se le permita abstenerse de intervenir en la atención de pacientes terminales en los términos de la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal.
La ley de salud del estado de Jalisco prevé en cuanto a la objeción de conciencia sanitaria que el personal puede “excusarse de participar en todos aquellos programas, actividades, prácticas, tratamientos, métodos o investigaciones que contravengan su libertad de conciencia con base en sus valores, principios éticos o creencias religiosas (…) siempre y cuando no implique poner en riesgo la salud o la vida de un paciente.”
El artículo 1 de la Constitución estipula que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
Además del marco general establecido por la Constitución y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la discriminación, cada estado cuenta con legislación local enla materia. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por efecto u objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.
Dentro de esa ley incluso se prevé que se destine una cantidad del Presupuesto de Egresos de la Federación para promover la igualdad de oportunidades.
En el artículo 10 se establecen una serie de medidas positivas y compensatorias para llevar a cabo la igualdad de oportunidades para las mujeres, dentro de las cuales se incluye el incentivar la educación mixta y fomentando la permanencia en el sistema educativo de niñas y mujeres en 4 todos los niveles educativos; ofrecer salud completa en materia de salud reproductiva y métodos anticonceptivos, así como procurar la creación de centros de desarrollo infantil y guarderías asegurando el acceso a los mismos para sus hijas e hijos cuando ellas lo soliciten.
En los términos del artículo cuarto de la Constitución, el cual establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, se promulgó la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la cual tiene por objeto la equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres a través de la promoción, protección y difusión de las mismas.
La Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece los derechos para la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Dicha ley desarrolla varios de los derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño creando también una obligación para las autoridades encargadas de la procuración de justicia a fin de que cuenten con personal capacitado para la efectiva procuración de los derechos recogidos en dicho texto normativo.
La Ley General de Desarrollo Social establece que la política de desarrollo social se sujetará a los principios de respeto a la diversidad con reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias. De igual manera establece que los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con dicha ley, y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil se establece que se impulsará a las organizaciones civiles a que promuevan la perspectiva de género.

References: artículo 4
 artículo 4
 artículo 13
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 24
 artículo 1
 artículo 10