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Timestamp: 2019-10-15 06:09:27+00:00

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STC 19/1995, 24 de Enero de 1995 - Jurisprudencia - VLEX 15355597
STC 19/1995, 24 de Enero de 1995
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 3.561/1993
1. Este Tribunal tiene declarado que aunque, en principio, la vía de la aclaración o de la rectificación de errores materiales no puede utilizarse como remedio de la falta de fundamentación de la resolución judicial aclarada, ni para corregir errores iniciales de calificación jurídica o subvertir las conclusiones probatorias, y en consecuencia, es inadecuada para anular y sustituir una resolución judicial por otra de fallo contrario, sin embargo cabe admitir excepcionalmente la operatividad de este remedio procesal cuando el error material consiste en un mero desajuste o contradicción patente, e independiente de cualquier juicio valorativo o apreciación jurídica, entre la doctrina establecida en los fundamentos jurídicos y el fallo de la resolución judicial. No puede descartarse, pues, en tales supuestos la operatividad de este remedio procesal, «aunque comporte revisión del sentido del fallo, si se hace evidente, por deducirse con toda certeza del propio texto de la Sentencia, sin necesidad de hipótesis, deducciones o interpretaciones, que el órgano judicial simplemente se equivocó al trasladar el resultado de su juicio al fallo» (STC 23/1994) [F.J. 2].
Sentencia citada en: 933 sentencias, 15 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo núm. 3.561/93, promovido por doña Josefa F. C. representada por el Procurador de los Tribunales don Luis Suárez Migoyo y asistida por el Letrado don Ismael Campo Rodríguez, contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 8 de noviembre de 1993, dictado en aclaración de la Sentencia núm. 2.084/93, de 14 de octubre, recaída en recurso de suplicación núm. 946/93 en autos sobre invalidez permanente total. Han comparecido, además, el Ministerio Fiscal y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, representado por el Procurador de los Tribunales don Ramiro Reynolds de Miguel y asistido por la Letrada doña María José Merinos Pollán. Ha actuado como Ponente el Magistrado don Vicente Gimeno Sendra, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 29 de noviembre de 1993, don Luis S. M. Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de doña Josefa F. C. interpuso recurso de amparo contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 8 de noviembre de 1993, dictado en aclaración de la Sentencia núm. 2.084/93, de 14 de octubre.
a) Doña Josefa F. C. . de amparo- interpuso recurso de suplicación contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Oviedo, de 1 de febrero de 1993, desestimatoria de la demanda que había promovido contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social en reclamación del reconocimiento de la situación de invalidez permanente total derivada de enfermedad común.
El recurso se articuló, al amparo del art. 190, b), y c) de la L.P.L., en base a dos motivos. Mediante el primero se solicitaba la revisión del hecho tercero de los declarados probados en la Sentencia de instancia, en el que se recogían las dolencias que padecía la actora. En el segundo de los motivos se denunciaba la infracción del art. 135.1, b), y 4 de la L.G.S.S., al entender aquélla que se hallaba en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual.
b) La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictó Sentencia, con fecha 14 de octubre de 1993, en cuya parte dispositiva se estima el recurso de suplicación y, en consecuencia, revocando la Sentencia de instancia, se declara a la actora en situación de invalidez permanente total derivada de enfermedad común y se condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social a abonarle una pensión vitalicia por importe del 55 por 100 de una base reguladora de 51.170 pesetas, con efectos de 1 de mayo de 1992.
El examen de los motivos del recurso de suplicación es abordado en el fundamento de Derecho segundo de la Sentencia. Respecto al primero -mediante el que se propugnaba la revisión del hecho tercero de los declarados probados en la Sentencia de instancia- se dice que no puede prosperar, pues corresponde a la libertad del juzgador (arts. 87.2 L.P.L. y 632 L.E.C.) la elección para determinar, entre los distintos medios de prueba practicados y aportados, aquéllos en los que ha de basar los hechos que declaró probados, infiriéndose éstos de las pruebas aportadas y practicadas en el acto de juicio oral con las debidas garantías de inmediación, oralidad e igualdad de armas, libremente valoradas por el Juez a quo, sin que se advierta que su interpretación sea equivocada o errónea. Por lo que se refiere al segundo de los motivos -en el que se denunciaba la infracción del art. 135.1, b), y 4 de la L.G.S.S.- se razona literalmente en la Sentencia que «del inalterado relato fáctico se desprende que dichas secuelas no reúnen uno de los requisitos que el art. 132.3 exige para que se pueda decir que nos encontramos ante una invalidez permanente, a saber, reducción anatómica o funcional grave, ya que las mismas permiten la realización de las fundamentales tareas de lo que constituye la profesión habitual de labradora». Razonamiento al que se añade la apreciación de la Sala de que resulta ajustada y correcta «la valoración efectuada por el Juzgador a quo de las secuelas invalidantes que han sido médicamente objetivizadas», concluyendo seguidamente el examen de este segundo motivo y de la fundamentación jurídica de la Sentencia con la afirmación de que «el motivo del recurso ha de ser estimado».
3. La representación procesal de la demandante de amparo invoca, frente al Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.), dado que la mencionada resolución judicial, so pretexto de un recurso de aclaración, revoca íntegramente el fallo de una Sentencia definitiva, lo que excede de lo que un recurso de aclaración permite. De conformidad con el art. 267 de la L.O.P.J., después de dictada Sentencia definitiva sólo cabe «aclarar algún concepto» o «suplir cualquier omisión que contenga», pero no la revocación de la parte dispositiva de la Sentencia en su integridad, como en este caso se ha efectuado mediante el Auto impugnado, que, como resulta de su lectura, ni aclara ningún concepto oscuro, ni suple omisión alguna.
5. La Sección Segunda, por nuevo proveído de 28 de febrero de 1994, acordó tener por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Oviedo; tener por personado y parte al Procurador de los Tribunales don Ramiro Reynolds de Miguel, en nombre y representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social; así como, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52 de la LOTC, dar vista de las actuaciones, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a los Procuradores señores S. M. y R. M. para que dentro de dicho término presentasen las alegaciones que a su derecho convengan.
Tras delimitar el objeto del recurso de amparo, señala que, aunque el derecho fundamental reconocido por el art. 24.1 de la C.E. actúa como límite que impide a los Tribunales revisar las Sentencias y demás resoluciones firmes al margen de los supuestos taxativamente previstos por la Ley, incluso en la hipótesis de que con posterioridad entendieran que la decisión judicial no se ajusta a la legalidad (SSTC 67/1984, 189/1990, 231/1991, 142/1992 y 134/1993), los arts. 267.1 de la L.O.P.J. y 363 de la L.E.C., a través del llamado recurso de aclaración, abren un cauce excepcional de modificación de los fallos de las resoluciones judiciales que se orienta a hacer posible a los órganos judiciales «como excepción, aclarar algún concepto, suplir alguna omisión o corregir algún error material sobre los puntos discutidos en el litigio»; vía aclaratoria que el Tribunal Constitucional ha estimado plenamente compatible con el principio de intangibilidad de las Sentencias firmes (STC 380/1983, fundamento jurídico tercero). El alcance del recurso de aclaración -continúa- ha sido delimitado por la jurisprudencia constitucional en el sentido de estar destinado únicamente a «...simples errores materiales o evidentes omisiones en la redacción o transcripción del fallo que puedan deducirse con toda certeza del propio texto de la Sentencia ...» (STC 119/1988, fundamento jurídico tercero), sin que ello «...implique un juicio valorativo, apreciaciones de consecuencias jurídicas o nuevas... ni suponga resolver cuestiones discutibles u opinables por evidenciarse el error directamente al deducirse con toda certeza del propio texto de la Sentencia sin necesidad de hipótesis, deducciones o interpretaciones ...» (STC 231/1991); este remedio procesal «no consiente que sea rectificado lo que se derive de los fundamentos jurídicos ...». Asimismo, tiene declarado también este Tribunal Constitucional que no integra el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1) el beneficiarse de simples errores materiales o de evidentes omisiones en la redacción o transcripción del fallo, pues es posible como excepción que los órganos judiciales puedan aclarar algún concepto, suplir alguna omisión o corregir algún error material que contengan las resoluciones judiciales a través de las vías previstas en la Ley (STC 190/1990).
Por otra parte, en relación con la alegación de la recurrente relativa al no cumplimiento por parte de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias del plazo previsto en la L.O.P.J. para resolver el recurso de aclaración, sostiene que el art. 267.2, en relación con el art. 267.3, ambos de la L.O.P.J., y la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencia de 8 de octubre de 1990), amplían el ámbito temporal de la posible aclaración o rectificación cuando se trata de simples errores materiales, cual es el supuesto que nos ocupa, resultando en cualquier caso esa extemporaneidad que se denuncia una mera irregularidad que en nada perjudicó a la actora.
Después de referirse con carácter general a la doctrina constitucional sobre el principio de inmodificabilidad de la cosa juzgada y el derecho a la ejecución de las Sentencias en sus propios términos, aplicable a supuestos excluidos del art. 267 de la L.O.P.J., afirma que la diversidad de casos ya enjuiciados por este Tribunal ha hecho necesario que se precise aún más en torno a las variedades que puede encerrar la modificación del fallo de una Sentencia y que son tolerables o no desde el prisma constitucional, como así acontece en la STC 23/1994 en relación con el recurso de aclaración, cuyo fundamento jurídico primero in fine, reproduce textualmente.
En el presente supuesto, la actora solicitó en el recurso de suplicación que se revisara el hecho tercero de los declarados probados en la Sentencia de instancia, añadiendo más lesiones que no se hicieron constar en aquél, lo que, a su juicio, resultaba de todos los informes médicos obrantes en autos; y que se reexaminara el derecho aplicado, al entender que se hallaba en la situación que contempla el art. 135.1, b), y 4 de la L.G.S.S. La Sentencia de suplicación, después de resumir en el primer fundamento jurídico el objeto del recurso, analiza separadamente en el segundo fundamento jurídico cada uno de los motivos. En cuanto al primero, se dice que «el motivo y la revisión pretendida no pueden prosperar», razonando en párrafos separados y numerados que la fijación de los hechos probados corresponde al juzgador y que aquéllos son los inferidos de las pruebas libremente valoradas por aquél, sin que se advierta interpretación errónea o equivocada. Se desprende, pues, con naturalidad que, en cuanto a este motivo, se sanciona la redacción de hechos probados llevada a cabo por el Juez de lo Social (in claris non fit interpretatio). Respecto al segundo, la Sala parte del relato fáctico inalterado en orden a interpretar si tales lesiones y secuelas son subsumibles en el concepto legal de invalidez permanente, productoras o no de una reducción anatómica grave, objetiva y definitiva y, a continuación, relaciona todo ello con la profesión de labradora de la recurrente. La conclusión de la Sala es la de que «del inalterado relato fáctico se desprende que dichas secuelas no reúnen uno de los requisitos que el art. 132.3 exige para que se pueda decir que nos encontramos ante una invalidez permanente, a saber, reducción anatómica o funcional grave, ya que las mismas permiten la realización de las fundamentales tareas de lo que constituye la profesión habitual de labradora». Concluye el tan repetido fundamento jurídico segundo con una contradicción, toda vez que después de apreciar que la valoración hecha por el juzgador es correcta, se proclama que «el motivo del recurso ha de ser estimado».
La ilación con esta última afirmación provoca el signo del fallo que es de estimación del recurso y las declaraciones subsiguientes, acogiéndose a aquélla la recurrente para sostener que el fallo de la Sentencia es congruente con la declaración de la Sala de la estimación del motivo. Sin embargo, un estudio lógico y sistemático del cuerpo de la fundamentación debe conducir a aseveraciones de signo opuesto que se compadecen más con el discurso de la motivación. En efecto, carece por completo de sentido, y al margen del motivo primero respecto al cual no cabría ninguna duda en cuanto a su desestimación, que, declarando la Sala que no concurre el requisito de la reducción anatómica grave y que la trabajadora puede realizar sus tareas habituales, se falle que la invalidez permanente total existe. Asimismo, no tiene ninguna lógica que se afirme o fundamente que la valoración del Juez es correcta, es decir, que no procede la calificación jurídica de invalidez, para, acto seguido, señalar que el recurso «ha de ser estimado», pues tal estimación supone que la valoración fue incorrecta y por tanto que la tan repetida invalidez debería haber sido declarada. La interpretación más adecuada, vista la explicación que se da en el fundamento jurídico único del Auto de aclaración, es que debió decirse que el motivo había de ser desestimado. La confusión habida se traslada después al fallo, que no halla un encaje relacionado con la redacción de la Sentencia y que, como dice el Auto de aclaración, contradice la fundamentación jurídica. Sólo, pues, la frase sin explicación de que «el motivo ha de ser estimado» se muestra acorde con el fallo, ya que el resto de la Sentencia nada tiene que ver con lo resuelto.
2. Delimitada en los términos expuestos la cuestión suscitada, es necesario recordar la reiterada doctrina de este Tribunal de que el principio de invariabilidad o inmodificabilidad de las resoluciones judiciales es una exigencia del principio de seguridad jurídica recogido en el art. 9.3 de la C.E., pero a su vez, en lo que respecta a las garantías del justiciable, debe considerarse parte del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales consagrado en el art. 24.1 de la C.E., puesto que este derecho asegura a los que han sido partes en un proceso que las resoluciones judiciales definitivas dictadas en el mismo no sean alteradas o modificadas fuera de los cauces legales establecidos para ello. De modo que el derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 de la C.E. actúa como límite que impide a los Jueces y Tribunales variar o revisar las resoluciones judiciales definitivas y firmes al margen de los supuestos taxativamente previstos por la Ley, incluso en la hipótesis de que con posterioridad entendieran que la decisión judicial no se ajusta a la legalidad (SSTC 16/1986; 119/1988; 231/1991; 101/1992; 142/1992; 16/1993;304/1993; 352/1993; 380/1993; 23/1994).
No obstante, no es ocioso recordar que la protección constitucional de la inmodificabilidad de las resoluciones judiciales definitivas y firmes no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para garantizar la efectividad del derecho a la tutela judicial, de cuyo contenido no forma parte el beneficiarse de simples errores materiales o de evidentes omisiones en la redacción o transcripción del fallo, que puedan deducirse, con toda certeza, del propio texto de la resolución judicial (SSTC 118/1988; 16/1991; 101/1992; 304/1993). En este sentido, en relación con la posibilidad de que mediante la rectificación de errores materiales manifiestos se pueda alterar el fallo de las resoluciones judiciales, este Tribunal tiene declarado que aunque en principio, dado que no puede utilizarse como remedio de la falta de fundamentación de la resolución judicial aclarada, ni para corregir errores iniciales de calificación jurídica o subvertir las conclusiones probatorias, habría que deducir que la vía de la aclaración o de la rectificación es inadecuada para anular y sustituir una resolución judicial por otra de fallo contrario, sin embargo cabe admitir excepcionalmente la operatividad de este remedio procesal cuando el error material consiste en un mero desajuste o contradicción patente, e independiente de cualquier juicio valorativo o apreciación jurídica, entre la doctrina establecida en los fundamentos jurídicos y el fallo de la resolución judicial (STC 23/1994, fundamento jurídico primero). No puede descartarse, pues, en tales supuestos la operatividad de este remedio procesal, «aunque comporte revisión del sentido del fallo, si se hace evidente, por deducirse con toda certeza del propio texto de la Sentencia, sin necesidad de hipótesis, deducciones o interpretaciones, que el órgano judicial simplemente se equivocó al trasladar el resultado de su juicio al fallo» ibidem.
3. En el presente supuesto es notorio que el Auto dictado en aclaración de Sentencia, e impugnado en amparo, varía radicalmente el sentido de la parte dispositiva de ésta, que pasa de ser estimatoria del recurso de suplicación a desestimar el mismo y confirmar íntegramente la Sentencia del Juzgado de lo Social. Decisión que el Tribunal Superior de Justicia basó, según resulta de la fundamentación del Auto aclaratorio, en la consideración de que había incurrido en un error material manifiesto al transcribir el fallo de la Sentencia, el cual resultaba incardinable en los supuestos del art. 267 de la L.O.P.J., razonando en este sentido que «los argumentos utilizados por la Sala, para concluir en el fallo de la Sentencia, contradicen el tenor literal expresado en el mismo, ya que después de argumentar la desestimación del recurso y por tanto la consecuencia ineludible de la confirmación de la Sentencia de instancia, sin embargo se falla, por evidente error, estimando el recurso».
Para ello ha de tenerse en cuenta que el recurso de suplicación contra la Sentencia del Juzgado de lo Social desestimatoria de la pretensión actora se articuló, al amparo del art. 190, b) y c), de la L.P.L., en base a dos motivos, a cuyo análisis se procede separadamente en el fundamento de Derecho segundo de la Sentencia objeto de aclaración. Respecto al primer motivo, mediante el que se solicitaba la revisión del hecho tercero de los declarados probados en la Sentencia de instancia, en el que se recogían las dolencias que padecía la demandante, se dice expresamente en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia que «el motivo y la revisión pretendidos no pueden prosperar», razonándose en párrafos separados y numerados que la fijación de los hechos declarados probados en la Sentencia de instancia corresponde al juzgador y que éstos se infieren de las pruebas libremente valoradas por aquél, aportadas y practicadas en el acto del juicio con las debidas garantías procesales, sin que se advierta que su valoración sea equivocada o errónea. En relación con el segundo de los motivos, en el que se denunciaba la infracción del art. 135.1, b), y 4 de la L.G.S.S., al considerar la actora que se encontraba en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual, la Sala parte para su enjuiciamiento del relato fáctico de la Sentencia de instancia en orden a interpretar si las lesiones y secuelas descritas eran subsumibles en el concepto legal de invalidez permanente y llega a la conclusión de que «dichas secuelas no reúnen uno de los requisitos que el art. 132.3 exige para que se pueda decir que nos encontramos ante una invalidez permanente, a saber, reducción anatómica o funcional grave, ya que las mismas permiten la realización de las fundamentales tareas de lo que constituye la profesión habitual de labradora». Razonamiento al que se añade la ya expuesta apreciación de la Sala, en relación con el primer motivo del recurso, de que resultaba ajustada y correcta «la valoración efectuada por el Juez a quo de las secuelas invalidantes que han sido médicamente objetivadas».
En el supuesto que nos ocupa, como evidencia con toda nitidez la lectura de la fundamentación jurídica de la Sentencia, el Tribunal Superior de Justicia razonó y argumentó la desestimación de los dos motivos en los que la ahora demandante de amparo basó el recurso de suplicación que interpuso contra la Sentencia del Juzgado de lo Social y mediante el que pretendía su revocación. Resulta obvio, por lo indicado, que la redacción originaria de la parte dispositiva de la Sentencia, en el sentido de estimar el recurso de suplicación, es incongruente e incompatible y no tiene relación alguna con la fundamentación jurídica que le precede, de manera que carece de toda base jurídica, dado que se argumenta sobre la desestimación de los dos motivos del recurso de suplicación y, por consiguiente, sobre la confirmación de la Sentencia del Juzgado de lo Social y, sin embargo, se falla estimando el recurso de suplicación y revocando la Sentencia de instancia. Así pues, es claro que en el presente supuesto el órgano judicial, como se razona en el Auto de aclaración y puede deducirse con toda certeza del propio texto de la Sentencia sin necesidad de hipótesis, deducción e interpretación alguna, se equivocó al trasladar el resultado de su juicio al fallo, incurriendo en un error material al proceder a la transcripción de la parte dispositiva de la Sentencia. Error que quizás, como señala el Ministerio Fiscal, pudo venir provocado por la afirmación que se desliza, en relación con el segundo de los motivos del recurso de suplicación, al final de la fundamentación jurídica de la Sentencia al decir que «el motivo del recurso ha de ser estimado». Mas esta aislada afirmación, totalmente descontextualizada del razonamiento que la antecede, en modo alguno puede alterar la conclusión alcanzada, pues en nada se compadece con el discurso de la motivación y carece por completo de sentido cuando previamente se ha concluido que las lesiones que padecía la actora no reunían uno de los requisitos que el art. 132.3 de la L.G.S.S. exige para que pudiera ser declarada en situación de invalidez permanente total -reducción anatómica o funcional grave- y que dichas lesiones le permitían la realización de las tareas fundamentales de su profesión habitual, lo que lógicamente implicaba la desestimación del motivo.
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por doña Josefa F. C.
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