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Timestamp: 2020-05-27 05:54:34+00:00

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COVID-19: Medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en relación con la prestación de los servicios públicos (agua, electricidad y telecomunicaciones)
martes, 26 May 2020 por webmaster
Actualizada el 26 de mayo de 2020.
Mediante Resolución de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, el Consejo de Gabinete decretó un estado de emergencia nacional.
Ante el Estado de Emergencia Nacional decretado por el Consejo de Gabinete de la República de Panamá, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), mediante Resolución AN No.1073-ADM de 18 de marzo de 2020, instruyó a las empresas prestatarias de servicios públicos regulados por ASEP, que adopten las medidas necesarias para garantizar la prestación de los servicios públicos de manera eficiente, continua e ininterrumpida mientras se mantenga esta disposición.
Adicionalmente, mediante Decreto Ejecutivo N° 490 de 17 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud decretó un toque de queda nacional entre 10:00 p.m. y 5:00 a.m., el cual posteriormente fue ampliado a 24 horas mediante Decreto Ejecutivo N° 507 de 24 de marzo de 2020 (corregido mediante Fe de Errata publicada el 25 de marzo de 2020), y modificado por el Decreto Ejecutivo N° 513 de 27 de marzo de 2020.
También, mediante Decreto Ejecutivo N°500 de 19 de marzo de 2020, modificado mediante Decreto Ejecutivo N°541 de 21 de abril de 2020, el Ministerio de Salud ordenó el cierre temporal de establecimientos comerciales y empresas de personas naturales o jurídicas en todo el territorio nacional.
No obstante, la vela la pena mencionar que las empresas prestatarias de servicios públicos, y sus colabores, están exceptuadas de las medidas de toque de queda, para lo cual deben tramitar los respectivos salvoconductos con la autoridad competente.
Suspensión de términos y otras normativas de carácter general:
Entre otras disposiciones, el artículo 9 del Decreto Ejecutivo N° 507 de 24 de marzo de 2020 ordenó la suspensión de todos los términos en los procesos administrativos ante las distintas entidades del Gobierno.
Por su parte, ASEP ordenó la suspensión de todos los términos en los procesos administrativos ante esta autoridad, mediante Resolución AN No. 1072-ADM de 13 de marzo de 2020, prorrogada mediante Resolución AN No. 1076-ADM de 3 de abril de 2020, Resolución AN No. 1078-ADM de 30 de abril de 2020 y Resolución AN No. 1081-ADM de 15 de mayo de 2020. En virtud de esta última disposición, la suspensión de términos se mantiene efectiva hasta el 8 de junio de 2020, sin que ello implique el cierre de las oficinas de ASEP. Esta medida implica la interrupción de los términos de caducidad y prescripción de los diferentes procesos administrativos ante ASEP. No obstante, dicha suspensión de términos no es aplicable a (i) los actos administrativos ejercidos por ASEP durante el período de Emergencia Nacional, (ii) las actuaciones llevadas a cabo a través del Sistema de Administración de las Telecomunicaciones (SATEL) con relación a expedientes administrativos que cuenten con un procedimiento transitorio aprobado por ASEP que permita el trámite de manera electrónica o digital, ni (iii) a los trámites electrónicos o digitales de recepción de reclamaciones de clientes.
Adicionalmente, mediante Resolución AN No. 1075 -ADM de 25 de marzo de 2020, ASEP determinó lo siguiente:
Todas las comunicaciones y actos administrativos que deba hacer la autoridad, serán notificados a las partes mediante correo electrónico mientras dure el Estado de Emergencia declarado por el Gobierno Nacional.
El correo electrónico que usará ASEP para realizar estas notificaciones es aquél que repose en los archivos de la entidad o el que los agentes respectivos registren con la entidad para tal efecto.
Las comunicaciones y actos administrativos remitidos vía correo electrónico se tendrán por notificados el día y hora en que el mensaje sea registrado como enviado en el buzón electrónico de origen de ASEP.
Una vez concluya el Estado de Emergencia, se adjuntará una copia de la constancia de envío del correo electrónico al expediente correspondiente.
Entre otras medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, mediante Decreto Ejecutivo N°506 de 24 de marzo de 2020, se ordenó la suspensión temporal de la actividad de la construcción en todos los proyectos actualmente en desarrollo, con excepción de aquellos que, de manera expresa, disponga la autoridad sanitaria, efectivo a partir de las 11:59 p.m. del 25 de marzo de 2020 hasta por un plazo de treinta días calendarios. Mediante Decreto Ejecutivo N°548 de 24 de abril de 2020, esta suspensión fue prorrogada por un período adicional de treinta días calendarios y, adicionalmente, por quince días calendarios a través del Decreto Ejecutivo N°637 de 25 de mayo de 2020. Esta medida afecta también la construcción de proyectos de servicios públicos que se encuentren actualmente en etapa de construcción o previos a iniciar dicha actividad, salvo que cuenten con la autorización expresa de la autoridad sanitaria.
Ley 152 de 4 de mayo de 2020, que adopta medidas sociales especiales para la suspensión temporal del pago de servicios públicos y otras medidas, en atención al Estado de Emergencia Nacional:
El 4 de mayo de 2020 entró en vigencia la Ley 152 la cual establece lo siguiente:
Se suspende por el término de cuatro meses, a partir del 1 de marzo de 2020, el pago de los servicios públicos de energía eléctrica, telefonía fija y móvil e Internet. El pago de estos servicios públicos se reanudará al vencimiento de este período, debiendo ser prorrateado por un plazo de 3 años.
La suspensión de pagos de servicios públicos no generará ningún tipo de interés ni afectará el historial crediticio de los clientes.
Esta ley es aplicable únicamente a:
Personas cuyo ingreso familiar percibido sea menor de dos mil balboas mensuales (B/.2,000.00);
Personas cuyo ingreso familiar haya sido reducido;
Personas que hayan sido destituidas o que no estén laborando por motivo de la declaración de urgencia nacional;
Personas que sean jubilados o pensionados;
Personas que, a partir del 1 de marzo de 2020, han sido afectados con una medida de terminación, suspensión de su relación laboral o reducción de jornada laboral;
Trabajadores por cuenta propia, micro y pequeñas empresas, que han sido afectados en sus ingresos; y
Dueños de restaurantes, bares, casinos, y de medios de transporte de servicio público y privado, que han sido afectados en sus ingresos.
Esta ley establece, además, que es de orden público y de interés social y tiene efectos retroactivos hasta el 1 de marzo de 2020.
Es importante aclarar que lo dispuesto en esta Ley no es de aplicación general a todos los clientes de servicios públicos de energía eléctrica, telefonía fija y móvil e Internet, sino únicamente a los clientes que cumplan con cualquiera de las condiciones establecidas en dicha Ley. Es decir, todos aquellos clientes que no se encuentren en ninguna de las situaciones previstas en la Ley, deberán continuar pagando dichos servicios públicos, de lo contrario, se devengarán los intereses moratorios aplicables, con la consecuente afectación del historial de crédito.
Procedimiento de Reclamos Virtuales:
Mediante Resolución AN No.1077-ADM de 22 de abril de 2020, ASEP estableció el procedimiento transitorio para la presentación, tramitación y decisión de las reclamaciones que presenten los clientes de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario, electricidad, telecomunicaciones y televisión pagada, por motivo de la Emergencia Nacional a causa del COVID-19.
Esta medida requiere que los prestadores habiliten medios no presenciales para la presentación y tramitación de reclamos, incluyendo la apertura de una línea telefónica directa, la creación de un correo electrónico para la recepción y tramitación de los reclamos, WhatsApp y otros medios digitales.
El prestador no puede condicionar la atención del reclamo al pago previo de la factura reclamada, como tampoco al pago de los saldos adeudados. Adicionalmente, mientras exista un reclamo en trámite, las facturas posteriores no pueden incorporar la deuda reclamada ni sus intereses por mora. Tampoco se podrá interrumpir el servicio mientras dure el trámite del reclamo.
El reclamo se debe presentar a la empresa a más tardar dentro de los 15 días calendarios siguientes a la fecha en que ocurrió el evento, en el caso de que se trate de un reclamo del sector eléctrico, o a más tardar dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha en que ocurrió el evento, para reclamos de los demás servicios públicos. La empresa debe indicar al cliente el plazo máximo en que contestará el reclamo. En caso de disconformidad, el cliente puede acudir ante ASEP hasta dentro de los 30 días calendarios siguientes. ASEP tendrá un plazo de 30 días hábiles para resolver el reclamo.
La decisión de ASEP admite recurso de reconsideración y de apelación. Las partes pueden decidir interponer cualquiera de los dos recursos, pero en cualquier caso deberán impugnar la decisión de ASEP a más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes.
El trámite ante ASEP también se tramitará de manera electrónica o digital.
Normativas del Sector Eléctrico:
Descuento extraordinario a los clientes finales:
En cuanto a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional que impactan directamente a los clientes finales, vale la pena destacar la aprobación de un descuento extraordinario, aprobado mediante Resolución de Gabinete N°19 de 31 de marzo de 2020, que será aplicado a los clientes finales del servicio de distribución de energía eléctrica en los meses de abril, mayo y junio de 2020 de la siguiente manera:
para los clientes de tarifa de baja tensión simple (BTS) con consumo de hasta 300kWh, un descuento total de 50% respecto a la facturación de la tarifa vigente;
para clientes de tarifa baja de tensión simple (BTS) con consumo de 301 a 1000kWh, un descuento de 30% respecto a la facturación de la tarifa vigente;
para clientes con tarifa de baja tensión con demanda (BTD) y los de tarifa de baja tensión horaria (BTH), un descuento del 30% respecto a la facturación de la tarifa vigente; y
para los clientes de la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. del área de Almirante, Guabito, Las Tablas, Changuinola y áreas circunvecinas, que mantienen la misma tarifa que pagaban cuando la concesión era operada por la Oficina de Electrificación Rural, recibirán un descuento del 30% en la factura a pagar.
Estos descuentos no aplican a los Grandes Clientes que contratan su suministro a través del mercado de contratos o mercado ocasional del Mercado Mayorista de Electricidad, ni son aplicables al Cargo Variable por Combustible (CVC).
Dicha Resolución de Gabinete aprueba también que el Estado otorgue un aporte extraordinario proveniente del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) para compensar a las empresas distribuidoras por los montos dejados de percibir con motivo del descuento extraordinario aprobado.
Medidas con Relación a los Grandes Clientes:
Mediante comunicado de 27 de marzo de 2020, ASEP anunció la suspensión de la recepción y trámite de sus contratos de suministro, efectivo a partir de dicha fecha y hasta nuevo aviso.
Adicionalmente, mediante Nota DSAN No. 0806 de 7 de abril de 2020, ASEP comunicó al Centro Nacional de Despacho (CND), para que éste comunique a su vez a los Participantes del Mercado y a los Grandes Clientes, ciertos criterios que debe seguir el CND previendo el incumplimiento de la demanda mínima establecida en el artículo 1.5 de los Criterios y Procedimientos para la Venta de Energía y Potencia a los Grandes Clientes, exclusivamente durante el período que duren las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno Nacional ante el Estado de Emergencia Nacional.
Entre dichos criterios se ha establecido que, aquellos Grandes Clientes que no cumplan con el requisito de Demanda Mínima mensual de 100kW por cuatro (4) meses consecutivos, no serán desvinculados siempre que el Gran Cliente y el Generador hayan decidido expresa y conjuntamente acogerse a la cláusula de caso fortuito o fuerza mayor de su contrato de suministro, ya sea que lo comuniquen previo al incumplimiento al CND, o que así se lo notifiquen al CND una vez éste los contacte ante el cuarto incumplimiento.
Otras medidas aplicables a los Agentes del Mercado:
Mediante Resolución N°4709 de 17 de marzo de 2020, la Secretaría Nacional de Energía solicitó la presentación o actualización de los planes de contingencia a los agentes del mercado eléctrica, los cuales deberán ser coordinados con el Centro Nacional de Despacho y deberán atender las recomendaciones establecidas en la referida resolución.
Dicha resolución también estableció la conformación temporal del Comité de Gestión y Continuidad para evaluar riesgos y coordinar acciones para solventar la incidencia de la pandemia del COVID-19 en el sector energético.
Contactos en ASEP (de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 pm.):
chat en línea asep.gob.pa
correo electrónico: atencionalusuario@asep.gob.pa
línea gratuita: 800-3333
Whatsapp: 6271-2230
COVID-19: Medidas adicionales, excepcionales y temporales adoptadas por la Superintendencia de Bancos de Panamá y la Asociación Bancaria de Panamá.
jueves, 21 May 2020 por webmaster
Actualizado el 21 de mayo de 2020.
Acuerdo 2-2020, modificado por el Acuerdo 3-2020 de la Superintendencia de Bancos de Panamá (en adelante, “SBP”).
El 16 de marzo de 2020 la SBP emitió el Acuerdo 2-2020, que posteriormente fue modificado por el Acuerdo 3-2020 (en adelante, el “Acuerdo 2-2020”) y que “establece medidas adicionales, excepcionales y temporales para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo 4-2013 sobre riesgo de crédito”.
El Acuerdo 2-2020 crea una nueva modalidad de créditos denominada “créditos modificados” y permite a las entidades bancarias, mediante acuerdo con sus deudores, modificar las condiciones originalmente pactadas sin que esto se considere un crédito reestructurado.
Algunos temas relevantes a efectos de este acuerdo son:
Estos créditos deben: (i) a través de sus nuevos términos y condiciones, atender criterios de viabilidad financiera teniendo en cuenta la capacidad de pago del deudor y las políticas de crédito del banco; (ii) ser objeto de monitoreo especial por parte del banco; y (iii) reconocerse como créditos reestructurados, en caso de que se incumplan sus nuevos términos y condiciones;
se pueden modificar los préstamos clasificados como normales y mención especial, así como préstamos reestructurados que no tengan atrasos en pagos;
los contratos que sean modificados deben ser identificados para especial monitoreo por la SBP;
durante la vigencia de las medidas excepcionales y temporales, los bancos tomarán en cuenta la situación actual que atraviesa el país en la negociación, especialmente en cuanto a plazos e intereses;
la modificación de los créditos está exenta de cargos y comisiones por el banco, a excepción de gastos legales, notariales y registrales pagados a terceros;
la modificación de los créditos estará exenta del requerimiento de actualización del avalúo;
la entidad bancaria establecerá políticas y procedimientos específicos para la gestión y seguimiento de las solicitudes de modificación de las condiciones de estos créditos;
la fecha de modificación será la fecha en que el deudor haya aceptado las modificaciones por cualquier medio o modalidad (incluyendo medios electrónicos, aceptación tácita, aceptación presunta por silencio, etc.); y
Se establece como medida excepcional y temporal que los bancos podrán utilizar hasta 80% de la provisión dinámica para la constitución de provisiones específicas. Para utilizar más del 80% deberá obtener autorización de la SBP. Los bancos sólo podrán efectuar el pago de dividendos una vez hayan restituido el monto de la provisión dinámica que le corresponde de acuerdo con su cartera de crédito.
Circular No. SBP-DR- 0118-2020 de fecha 8 de abril de 2020.
La SBP emitió la circular para:
solicitar a las entidades bancarias asegurarse de que no cobren intereses sobre intereses, interés por mora, ni la capitalización de intereses sobre los créditos que han sido modificados de conformidad con el Acuerdo 2-2020;
recordar que los créditos modificados están exentos de aplicación de comisiones y cargos, pero sí se deberán pagar los gastos legales, notariales y registrales a terceros; e
instar a las entidades financieras a administrar la tasa de interés aplicable a los créditos modificados para no desmejorar, en la manera de lo posible, la situación financiera de los clientes.
Comunicado Oficial del Acuerdo de Extensión de Moratoria hasta diciembre 2020, emitido por la Asociación Bancaria de Panamá (en adelante, “ABP”).
El 4 de mayo de 2020, la ABP emitió el comunicado oficial sobre el acuerdo de extensión de moratoria (en adelante, el “Acuerdo de Compromiso”) hasta diciembre 2020, en el cual la ABP anuncia la extensión e incorporación de nuevas medidas de alivio financiero para apoyar a sus clientes afectados por COVID-19.
El Acuerdo de Compromiso establece que:
Los beneficios que se otorgan conforme al Acuerdo de Compromiso son para “las personas a quienes se les ha suspendido o cesado su contrato laboral, los trabajadores independientes y comerciantes cuya actividad se ha visto afectada por las medidas sanitarias establecidas por el Órgano Ejecutivo” y consisten principalmente en extender la moratoria hasta diciembre 2020;
El Acuerdo de Compromiso aplica a préstamos hipotecarios residenciales, préstamos personales, préstamos de autos, tarjetas de crédito, préstamos a la pequeña y mediana empresa, préstamos comerciales, préstamos al sector transporte y préstamos al sector agropecuario; y
Durante el resto del año 2020 se mantiene el compromiso de los bancos a no ejecutar garantías hipotecarias residenciales de clientes.
Publicado en Kharla Aizpurua, Banking and Commercial Law_covid_esp
Guía de Impuestos de Chambers & Partners 2020
martes, 19 May 2020 por webmaster
Panamá, 19 de mayo de 2020. Inocencio Galindo, socio; Amanda Barraza, asociada senior; y Angélica Ortíz, asociada; contribuyeron con la Guía de Impuestos 2020 de Chambers & Partners. Esta edición destaca las principales características de los regímenes fiscales, el pago de impuestos derivados de la inversión extranjera, la tributación de las corporaciones no locales, y los BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, por sus siglas en inglés).
O puede descargar la opción PDF aquí. (Disponible en inglés).
Publicado en news, Angelica Ortiz, Inocencio Galindo, Barraza Amanda, Taxation_publi
¿Por qué organizar tu Startup en Panamá?
Existe, en el mundo empresarial, una nueva ola de negocios, conocidos como “startups”, los cuales crecen rápidamente gracias a que están altamente relacionadas con el uso general de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y las últimas tendencias empresariales. Dado el rápido crecimiento y escalabilidad que generalmente caracteriza a un startup exitoso, una de las consideraciones iniciales a la hora de emprender en un negocio de este tipo, y que afectará significativamente la manera en la que se maneja la empresa y las relaciones con y entre accionistas e inversionistas, es la ley bajo la cual la empresa se organiza.
Con esto en mente, y como introducción a la serie de artículos que publicáremos dirigidos a los startups, hacemos a continuación una breve síntesis de las razones por las que organizar un startup bajo ley panameña podría ser provechoso para su creación, capitalización, contratación de personal, operación, financiamiento, y eventual venta o salida al mercado de capitales.
Antes de entrar en detalle sobre los beneficios de someterse a la legislación panameña, cabe recalcar que según el reporte de Doing Business 2020[1] del Banco Mundial, Panamá obtuvo un puntaje de 92 de 100 respecto a la facilidad de empezar un negocio, y uno de 80 de 100 en la facilidad de obtener crédito. El puntaje promedio para Latinoamérica y el Caribe es de 79 y 52, respectivamente, lo que posiciona a Panamá como un país líder en la región. Esto, en combinación con el hecho de que la moneda en curso legal es el dólar de los Estados Unidos de América y como país el punto geográfico de interconectividad que ofrece en la región, deja en evidencia que Panamá se encuentra entre los mejores países latinoamericanos para emprender un negocio.
Una vez un emprendedor tiene una idea concreta que desea desarrollar y comercializar, el primer paso que debe tomar al adentrarse al mundo de los startups es la creación de una sociedad. La principal ventaja de crear un negocio a través de una sociedad es el hecho de que las sociedades gozan de personalidad jurídica propia y distinta a la del fundador y sus socios para todos sus actos y contratos.[2] No es recomendable que un fundador lleve a cabo su actividad comercial a título personal por los riesgos implícitos de cada negocio, por lo que tener una estructura que limite la responsabilidad de los accionistas es clave. Sin duda, el vehículo con personería jurídica más común en Panamá es la sociedad anónima, regulada por la Ley No. 32 del 26 de febrero de 1927 (la “Ley de Sociedades Anónimas”), la cual detalla los requisitos para su constitución, estructura accionaria, órganos administrativos, entre otros. La Ley de Sociedades Anónimas dicta que para constituir una sociedad anónima se necesita que dos o mas personas de cualquier nacionalidad y domicilio suscriban un pacto social frente a un notario público local. Una vez suscrito el pacto social en Escritura Pública, el mismo se inscribe en el Registro Publico, lo que hará efectiva la personalidad jurídica de la sociedad.[3] Este proceso de inscripción es relativamente sencillo y puede tomar entre 4 – 6 días hábiles. Sin embargo, es importante contar con la asesoría de un abogado idóneo quien a su vez puede actuar como agente residente, en cumplimiento del requisito de la Ley de Sociedades Anónimas y las normas que rigen a los agentes residentes, y se asegure de que el pacto social contenga todo lo que la Ley de Sociedades Anónimas requiera se cumpla, incluyendo los requisitos previos de debida diligencia que el agente residente de la sociedad requerirá para actuar en dicho rol, y que el proceso se lleve a cabo correctamente a fin de que surtan todos los efectos de la ley y se cumpla con las necesidades practicas del negocio respectivo.
Es importante mencionar también, que en Panamá existen otros tipos de sociedades comerciales, como como lo son las sociedades de responsabilidad limitada (“SRL”), por ejemplo. Sin embargo, para efectos de un startup, las sociedades anónimas son la persona jurídica preferible por su flexibilidad a la hora de ofrecer participaciones accionarias al publico, entre otras razones. Una de las maneras mas comunes en las que un startup obtiene capital para financiar sus operaciones es a través de la venta de acciones a inversionistas (generalmente los “angel investors” o “venture capital investors” pedirán acciones a cambio de su inversión). Si el startup esta organizado como una SRL, se deberá modificar el pacto social de la sociedad, el cual es un documento que consta en el Registro Público, cada vez que se le venden cuotas de participación a un inversionista y, por lo tanto, se deberá inscribir en el Registro Público cada una de esas ventas.[4] Además, los socios que hayan pagado totalmente su participación social en la SRL tendrán derecho a voto en las deliberaciones de dicha SRL[5], lo que indica que las SRL no pueden emitir cuotas de participación que cuenten únicamente con derechos económicos. En cambio, una sociedad anónima puede emitir o transferir sus acciones mediante documentos privados, y dichas acciones pueden ser de clases distintas con diferentes derechos económicos y de votación (por ejemplo, derechos especiales de votación para la clase de acciones que suscriben los fundadores del startup). Esto último es relevante a la hora de colocar las acciones para la venta al público, o inclusive para colocaciones privadas dirigidas a inversionistas sofisticados.
En el ámbito fiscal, el sistema tributario de Panamá se rige bajo el Principio de Territorialidad el cual establece que una persona natural o jurídica esta sujeta al pago de impuestos sobre la renta únicamente sobre las rentas se generen dentro de Panamá, es decir, por operaciones o actividades que se realicen dentro del territorio.[6] Nuestro Código Fiscal establece que actividades como dirigir, desde una oficina en Panamá, operaciones fuera del territorio, y distribuir dividendos que provienen de rentas no producidas dentro del territorio, por ejemplo, no producen renta gravable en Panamá. Esto significa que un startup organizado bajo ley panameña solamente pagaría impuestos sobre las rentas que emanen de sus operaciones panameñas, lo que puede representar un ahorro importante para una empresa en su “seed stage”.
Adicionalmente, en Panamá existe una serie de incentivos fiscales que podrían ser aplicables a un startup dependiendo de su negocio. Existen leyes que eximen del pago de ciertos impuestos y otorgan créditos fiscales, entre otros incentivos, a empresas industriales de manufactura, agroindustriales y de transformación de recursos marinos[7]; empresas que se dedican a la investigación e innovación en campos científicos, tecnológicos humanísticos y culturales ubicadas dentro del complejo Fundación Ciudad del Saber[8]; empresas establecidas dentro del Área de Panamá-Pacifico[9]: empresas establecidas dentro de Zonas Francas[10]; empresas turísticas e inversionistas en empresas turísticas[11]; las sedes para empresas multinacionales[12] y a las micro, pequeñas y medianas empresas, entre otros. Nuestro segundo articulo tratará en detalle estos temas, por lo tanto, estén al pendiente de los futuros artículos de esta serie.
También existen incentivos migratorios para aquellos startups que requieran importar talento desde el extranjero, como lo son los permisos de residente temporal en calidad de personal de confianza, ejecutivos, expertos y/o técnicos, entre otros. Esto podría resultar ventajoso para aquellos startups interesados en tener asesores o mentors en posiciones claves de sus startups para que guíen al fundador en rondas de financiamiento, entre otras cosas.
Dicho todo esto, importante cada idea de negocio sea evaluada en consideración a las disposiciones de la ley a fin de que se tomen decisiones en base a los particulares de cada caso y que las ventajas que ofrece la legislación panameña sean aprovechada a su máximo nivel. Estamos a la orden para cualquier consulta que puedan tener sobre estos temas.
Para mayor información en estos temas, por favor contactar a:
Email: kharla.aizpurua@morimor.com Miguel Arias M.
[2] Artículo 251, Código de Comercio de la República de Panamá.
[3] Artículo 1, Ley de Sociedades Anónimas.
[4] Ver Ley 4 de 9 de enero de 2009.
[5] Artículo 13, Ley 4 de 9 de enero de 2009.
[6] Artículo 694, Código Fiscal.
[7] Ley No. 76 de 23 de noviembre de 2009, como ha sido modificada hasta la fecha.
[8] Decreto Ley No. 6 del 10 de febrero de 1998.
[9] Ley 41 de 20 de julio de 2004, como ha sido modificada hasta la fecha.
[10] Ley 32 de 5 de abril de 2011.
[11] Ley 80 de 8 de noviembre de 2012.
[12] Ley 47 de 24 de agosto de 2007, como ha sido modificada hasta la fecha.
Publicado en startups_esp
lunes, 18 May 2020 por webmaster
En esta guía, miembros de la región latinoamericana del Employment Law Alliance (ELA, por sus siglas en inglés) elaboraron un resumen con las respuestas a las principales interrogantes que abordan las empresas durante la pandemia del COVID-19.
María Teresa Mendoza, socia de Morgan & Morgan, colaboró con el capítulo de Panamá de esta guía.
Haga clic aquí para leer: Guía Latinoamericana para Empleadores, 2da Edición (disponible en inglés)
Publicado en Maria Teresa Mendoza, Labor and immigration_covid_esp
El Servicio Nacional de Migración y la Autoridad Aeronáutica Civil extienden las medidas adoptadas en razón del Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19
Actualizado el 18 de mayo de 2020.
Servicio Nacional de Migración:
La vigencia de los Permisos de Residencia se extiende hasta el 31 de mayo. Esta medida es válida desde el 13 de marzo.
Se extiende la suspensión de los procesos, actuaciones y atención al público, ante esta autoridad, hasta el 31 de mayo.
Autoridad Aeronáutica Civil:
Se prorroga la suspensión de todos los vuelos internacionales por treinta (30) días calendario adicionales, hasta el 22 de junio.
Se reitera que solo se permitirá el ingreso al Territorio Nacional a vuelos humanitarios y aquellos que transportan carga y productos, equipos médicos-hospitalarios, medicamentos, vacunas y cualquier otro insumo necesario para afrontar la pandemia del COVID-19.
Estos periodos de suspensión pueden seguir siendo prorrogados según el Estado de Emergencia Nacional y la evolución de la emergencia sanitaria.
Publicado en Albalira Montúfar, Labor and immigration_covid_esp
COVID-19: Medidas relacionadas con los contratos de arrendamiento y procesos de lanzamiento y desalojo.
jueves, 14 May 2020 por webmaster
Mediante el Decreto Ejecutivo N° 145 de 1 de mayo de 2020 (el “Decreto Ejecutivo”), promulgado mediante Gaceta Oficial 29,015 de la misma fecha, se dictaron medidas relacionadas con los contratos de arrendamiento y procesos de lanzamiento y desalojo.
Entre sus considerandos, la norma recién promulgada indica “que la crisis sanitaria producida por la pandemia causada por el COVID-19, ha producido la pérdida de empleos, la suspensión de los efectos de los contratos y actividades comerciales e industriales, lo que imposibilita el pago puntual de los cánones de arrendamientos de bienes inmuebles destinados a habitación, uso comercial, profesional, industrial y docente, lo que hace necesario la intervención del Órgano Ejecutivo, para el establecimiento de mecanismos que garanticen el cumplimiento de los derechos y obligaciones de ambas partes de la relación”.
Entre los efectos del Decreto Ejecutivo están:
La suspensión de los “trámites de los procesos de lanzamiento y desalojo de bienes inmuebles destinados para uso habitación [sic], establecimientos comerciales, uso profesional, actividades industriales y docente”,
El congelamiento de los cánones de arrendamiento, las clausulas de incremento y/o penalización por terminación unilateral del contrato y las relativas a intereses por mora.
La penalización de aquellos arrendatarios que se nieguen a pagar los cánones no pagados durante el Estado de Emergencia Nacional decretado por Resolución de Gabinete No. 11 de 13 de marzo de 2020, y a aquellos arrendatarios que no paguen sus cánones de arrendamiento a pesar de no haber sido afectados económicamente por el estado de emergencia.
Aquellos arrendadores que suspendan servicios como gas, agua, electricidad, etc., para presionar al arrendatario a abandonar el inmueble también serán penalizados.
Como observación general, es preciso tener en cuenta que el Estado, al no ser parte de contratos regulados por el derecho privado, no puede modificar — vía decreto — los términos y condiciones convenidos por las partes en un documento privado. Esto es algo que solo las partes de dicho contrato pueden hacer. Por otra parte, el Código Civil de la República de Panamá es claro al indicar que en materia contractual se entienden incorporados a los contratos las leyes vigentes al tiempo de su celebración. La aplicación — vía decreto — de un nuevo régimen de arrendamientos a relaciones de derecho privado que ya están en vías de ejecución es debatible.
Producto de los vacíos y ambigüedades que el Decreto Ejecutivo ha dejado sobre los contratos de arrendamiento, los cuales pueden tener serias consecuencias sobre las relaciones contractuales entre arrendadores y arrendatarios, hacemos ciertas observaciones adicionales que deberían ser consideradas por un arrendador o un arrendatario al momento de aplicar el Decreto Ejecutivo.
El Decreto Ejecutivo no establece de manera expresa que sus disposiciones aplican exclusivamente a aquellos contratos de arrendamiento habitacional, comercial, “profesional, industrial y docente”, cuyos arrendatarios hayan sido afectados por la declaratoria de emergencia nacional, y por las demás ordenes y decretos que han establecido toques de queda y cierres de establecimientos comerciales.
El artículo 5 es de especial preocupación porque habla del congelamiento de los cánones de arrendamiento, cláusulas de incremento y/o de penalización por terminación unilateral del contrato y las relativas a intereses por mora. Lo que el Decreto Ejecutivo no aborda es la capacidad o incapacidad del arrendatario de terminar un contrato de arrendamiento de manera unilateral y anticipada. En esa situación, no queda claro que sucede con la penalización por terminación anticipada, si la misma se debe pagar después o si la misma queda eliminada por completo. El Artículo 7 no ayuda en este análisis ya que solo habla de la obligación de pagar los cánones de arrendamiento que fueron dejados de pagar durante el estado de emergencia nacional, no de las penalidades.
Por otro lado, nada en el Decreto establece expresamente que los arrendatarios que hayan sufrido tales afectaciones quedan exentos de la obligación de pagar sus cánones mensuales durante el estado de emergencia nacional. Si bien el Decreto habla de “congelar” los cánones, esto – como ya indicamos – se puede interpretar como una prohibición de variar los cánones durante dicho período. Así las cosas, no queda claro por qué el Artículo 6 habla de sanciones para los arrendatarios que no paguen los cánones devengados durante la vigencia del estado de emergencia nacional, “después de haber cesado los efectos de la declaratoria de estado de emergencia nacional”.
El Artículo 9 deja entrever que todo arrendatario que no haya sido afectado económicamente por la declaratoria de estado de emergencia nacional debe seguir pagando sus cánones conforme lo establezcan los términos del contrato de arrendamiento correspondiente. Asumiendo que este sea el sentido con el que se redactó la disposición, un incumplimiento a dicha disposición dejaría a los arrendatarios sujetos a penalidades. Dependiendo de los montos involucrados, esto podría ser un remedio insuficiente para los arrendadores, toda vez que durante el estado de emergencia nacional no se podrán cobrar intereses por mora ni iniciar procesos de lanzamiento y/o desalojo.
Adicionalmente, y como mencionamos en el punto anterior, dado que el Artículo 9 habla de que aquellos que no hayan sido afectados económicamente por la declaratoria de estado de emergencia nacional deben seguir pagando sus cánones, se podría entender entonces que quienes sí hayan sido afectados, podrían verse excusados del pago de dichos cánones. Esto, a su vez, genera dudas sobre qué constituye una “afectación económica”. Esto se podría entender de la forma más amplia posible y excusar del pago de los cánones de arrendamiento a prácticamente todos los comercios en el territorio nacional. Si bien es cierto que, por ejemplo, aquellos comercios que fueron obligados a cerrar mediante decreto ejecutivo, han sufrido los impactos más evidentes, inclusive los que no han tenido que cerrar han sido afectados económicamente.
Por último, el Artículo 11 establece que será la Dirección General de Arrendamiento del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) la entidad competente para conocer, tramitar y decidir “sobre quejas entre el arrendador y arrendatario que surjan con relación a los efectos jurídicos” del Decreto Ejecutivo, lo que podría entrar en conflicto directo con aquellos contratos de arrendamiento en los que las partes hayan decidido someter a arbitraje cualquier disputa que pudiese surgir entre ellas.
Posteriormente, el MIVIOT emitió la Resolución No. 247-2020 de 14 de mayo de 2020, mediante la cual establece un “procedimiento transitorio y adecuado” para registrar, ante esa institución, todos los contratos de arrendamiento que no hayan sido inscritos y que cuyos arrendador y arrendatarios hayan decidido dirimir por mutuo acuerdo los conflictos originados de los cánones de arrendamiento dejados de pagar, de conformidad con el artículo 7 del Decreto Ejecutivo. Dichos arrendadores y arrendatarios quedan exceptuados de consignar, con el MIVIOT, una suma igual al canon de arrendamiento en concepto de depósito, lo que sería una obligación del arrendatario conforme al artículo 13 de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973.
El MIVIOT también aprobó un formulario mediante el cual los arrendatarios y arrendadores pueden suscribir el mutuo acuerdo estipulado en el artículo 7 del Decreto Ejecutivo.
En caso de cualquier consulta adicional, favor contactar a Ramón Varela (ramon.varela@morimor.com) o Miguel Arias (miguel.arias@morimor.com).
Publicado en Ramon Varela, Banking and Commercial Law_covid_esp, Miguel Arias_exp_es
Régimen de insolvencia (Webinar)
miércoles, 13 May 2020 por webmaster
Compartimos el Webinar “Aspectos prácticos del régimen de insolvencia para la reorganización de empresas”, organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. El mismo contó con la participación de nuestros socios José Carrizo y Aristides Anguizola, quienes expusieron sobre el tema a más de 200 miembros de este gremio.
Haga clic aquí para ver: Aspectos prácticos del régimen de insolvencia para la reorganización de empresas
Publicado en Banking and Commercial Law_covid_esp

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 9
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 251
 Artículo 1
 Artículo 13
 Artículo 694
 Resolución 
 artículo 5
 Artículo 7
 Artículo 6
 Artículo 9
 Artículo 9
 Artículo 11
 Resolución 
 artículo 7
 artículo 13
 artículo 7