Source: https://actualicese.com/sentencia-1394-01-de-16-06-2008/
Timestamp: 2020-05-29 22:55:38+00:00

Document:
1. La demandante convocó al Banco de Bogotá para que éste fuera declarado responsable de los perjuicios que ella recibió, con ocasión del incumplimiento del contrato de cuenta corriente número 000-31932-7; por tanto, solicitó que la entidad demandada fuera condenada a pagar como indemnización, además del daño emergente y el lucro cesante, la suma de $78.800.000 por haber hecho el pago indebido del cheque número H5697610. Así mismo, la demandante exigió el pago de la indexación a partir del momento en que se produjeron los perjuicios, más los intereses comerciales moratorios liquidados desde el día siguiente de la ejecutoria de la sentencia y hasta que se produzca efectivamente el pago total.
2. Los hechos que son fuente de las pretensiones se compendian como sigue:
2.1. Clara Inés Solano de Roa era titular de la cuenta corriente distinguida con el número 000-31932-7, cuenta abierta en el Banco demandado; el 21 de septiembre de 1995 la demandante advirtió un faltante de $78.800.000.oo, suma que, según averiguaciones posteriores, fue pagada a Clara Eugenia Constain, persona que hizo efectivo el cheque número “H2601704” (sic).
2.2. La demandante concurrió al Banco de Bogotá para comprobar la información recibida, encontrando que la firma puesta en el cheque no correspondía a la que ella tenía registrada ante la entidad demandada.
2.3. Admite la demandante que el talonario del que se tomó el cheque, fue sustraído por una empleada a su servicio, persona que lo usó o permitió que lo emplearan para la defraudación.
3. La demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, a cuyo propósito destacó el incumplimiento contractual de la demandante, quien como cuenta habiente faltó a la obligación de custodiar adecuadamente el talonario de cheques recibidos, pues reconoció expresamente que el instrumento fue sustraído por una empleada a su servicio; añadió en su defensa que la presunta falsedad en la firma, ni es notoria, ni la pérdida le fue avisada de manera oportuna y se produjo por culpa de la demandante, quien además no desvirtúo la presunción de autenticidad que acompaña al título valor, según las normas previstas en los códigos de comercio y procesal civil.
De otra parte, manifestó que la imposibilidad de la confirmación telefónica del cheque, por no estar contemplada como causal de devolución, obliga a la entidad crediticia a efectuar el pago del título, siempre y cuando sea librado en los formatos de la entidad, existan los fondos suficientes y no se impida el pago mediante orden previa, o prevención sobre el extravío de los formularios.
Afirma finalmente que se encuentra acreditada la culpa de la actora por haber sido negligente en la custodia de los formularios y por la imprudencia en la elección y vigilancia del personal a su servicio, así como plantea que la demandada pagó de buena fe.
4. El juzgado, tras considerar no probadas las excepciones formuladas, acogió las pretensiones de la demanda, declaró que la entidad demandada incumplió el contrato de cuenta corriente y la condenó a pagar la suma de $78.800.000.oo, actualizada a partir del 15 de septiembre de 1995, junto con los intereses moratorios comerciales causados desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia.
5. El Tribunal revocó la decisión del juzgado y en su lugar acogió las excepciones denominadas por él como “inexistencia de responsabilidad del banco”, “culpa exclusiva de la demandante” e “inexistencia de culpa del banco de Bogotá falsedad irreconocible”; esta sentencia ocupa ahora la atención de la Corte, en virtud del recurso de casación propuesto por la parte demandante.
1. De las pretensiones y de la causa petendi se infiere que la demandante reclama la responsabilidad derivada del contrato de cuenta corriente que celebró con la entidad demandada, en cuyo desarrollo fue girado el cheque como una orden de pago que el cuentacorrentista libró contra el banquero que, por tanto, estaba obligado a prestarle el servicio de caja.
2. La responsabilidad del banco por el pago de cheque falso o adulterado, se gobierna por los artículos 732, 733 y 1391 del Código de Comercio, normas que prevén circunstancias particulares a las que se aplican tratamientos jurídicos diferentes.
Acreditada la culpa levísima de la cuentacorrentista y por no ser notoria la falsedad de la firma de la giradora, el ad quem arribó a la exoneración de responsabilidad del banco por el pago de cheque falso y, por tanto, revocó la sentencia estimatoria de las pretensiones de primera instancia.
Con fundamento en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente formuló un cargo contra la sentencia de segundo grado, con este propósito, acusa que hubo violación directa de la ley sustancial, por interpretación errónea de los artículos 732, 733 y 1382 del Código de Comercio, como también de los artículos 63, 1602 y 1618 del Código Civil.
A juicio del casacionista, las citas jurisprudenciales visibles en el fallo acusado, dan cuenta de una fase regresiva de la posición de la Corte Suprema de Justicia sobre la doctrina de la responsabilidad de las entidades financieras, que se inició con la calificación de actividad por riesgo, continúo con la de responsabilidad empresarial, para actualmente trasladar al usuario el riesgo de la actividad bancaria y las deficiencias administrativas en la confrontación de la firma puesta en los títulos valores.
Según el censor, debe aplicarse la presunción legal de responsabilidad del banco por cualquier modalidad de pago irregular de cheques, atendiendo el estado actual de la tecnología y la calificación profesional de la intermediación financiera que le exige eficiencia profesional en detectar anomalías en los títulos presentados para el pago.
Atribuye a la entidad financiera la función de desplegar un mayor cuidado y diligencia en el desempeño del encargo efectuado, responsabilidad de la que no se sustrae por el solo hecho de alegar la entrega del talonario al cuentacorrentista; según su criterio, a éste solamente incumbe elevar la reclamación a causa del perjuicio originado en el pago indebido.
El casacionista, para mostrar el error del Tribunal sobre el tema de la culpa, destacó que en materia civil y penal la definición de ésta es distinta, y que no es posible reclamar del cuentacorrentista diligencia extrema en el cuidado de una chequera, exigencia que ni siquiera se le hace a los propios bancos; por lo tanto, no es usual que una mujer al llegar a su casa tome tantas precauciones como guardar la chequera en una caja fuerte.
El recurrente cierra sus consideraciones, afirmando que el Tribunal elaboró una interpretación excesiva y lesiva para los intereses de los usuarios del sector bancario, cuando atribuyó culpa al cuentacorrentista en caso de hurto del cheque cometido por su dependiente, sin que dentro de las funciones de éste se halle el manejo de la chequera.
Pidió finalmente la ruptura de la sentencia impugnada y la confirmación del fallo de primera instancia.
Frente al rigorismo de la época, que impuso la ley sobre instrumentos negociables, la Sala de Casación Civil, haciendo uso de la función creadora del derecho, abrió el camino al examen de la conducta del custodio de los formularios, sus dependientes, factores o representantes, como eximente de la responsabilidad atribuida de modo general a la entidad bancaria, doctrina que con el paso del tiempo vino a integrarse tanto en el inciso 2º del artículo 732 como en el inciso 1º del artículo 1391 del Código de Comercio.
Así, en la providencia de 9 de diciembre de 1936, la Corte doctrinó que en todo caso, “los principios generales de la legislación civil no son los que inspiran la ley de instrumentos negociables. Apenas será necesario recordar el origen anglo-americano de esta ley y el modo de recepción global como fue adoptada. (En la exposición de motivos del proyecto de la Ley 46 de 1923 se lee: ‘El proyecto está calcado en las legislaciones inglesa y estadounidense sobre instrumentos negociables, los cuales han sido el fruto de largos estudios, hechos por eminentes abogados y hombres de negocios y de una larga experiencia en estos asuntos, y constituyen el cuerpo más completo de legislación sobre la materia que la Misión conoce. Esta sola circunstancia bastaría para recomendar el proyecto a la consideración del Gobierno y el pueblo colombianos, pues siendo Inglaterra y los Estados Unidos los países con los cuales Colombia cultiva y está llamada a cultivar por largo tiempo más extensas relaciones comerciales y financieras, la armonía de su legislación sobre tan importante materia con las de aquellos dos países será de un valor inapreciable para el mantenimiento y desarrollo de tales relaciones’. Anales de la Cámara de Representantes, Sesiones extraordinarias. Serie 2ª. Lunes 9 de julio de 1923, número 38, página 164.) El hecho es que el art. 191 de dicha Ley 46 de 1923 por su contexto consagra el sistema del riesgo creado: es decir, el aludido principio de que la responsabilidad por el pago del cheque falso es el riesgo normal del comercio de banco, ‘Todo banco será responsable a un depositante por el pago que aquél haga de un cheque falso o cuya cantidad se haya aumentado’. Pero según se ha visto, el sistema legal del riesgo creado no impide que el banco pueda exonerarse de responsabilidad demostrando una culpa, malicia, negligencia o imprudencia del parte del girador o de sus empleados. Sólo que la carga de la prueba de esas circunstancias corresponde darla al Banco”.
Frente al caso específico de la culpa del cuentacorrentista que por desidia pierde el cheque, la sentencia de casación del 26 de noviembre de 1965, época en la que no se había recogido aún el supuesto fáctico en un enunciado normativo particular, afirmó la Corte que el titular “de la cuenta corriente no es un extraño sino la persona que se encuentra ligada por relación de clientela con el banco que le recibe sus depósitos en la seguridad de que manejará con pulcritud y esmero el libramiento de los cheques respectivos, del propio modo que custodiará en adecuada forma y bajo su directa responsabilidad el talonario que le permite disfrutar de todas las ventajas que se derivan del empleo de ese perfeccionado instrumento de pago.
A este propósito es de ver como en sentido semejante al artículo 733 del Código de Comercio Colombiano, expresa el artículo 124 del Proyecto de Ley Uniforme de Títulos Valores para América Latina, preparado en 1966 por el Instituto para la Integración de América Latina INTAL, cuando se refiere a que “El librador que habiendo perdido el formulario o los formularios proporcionados por el librado no hubiere dado aviso a éste oportunamente, sólo podrá objetar el pago si la alteración o la falsificación fueren notorias”.
A su vez el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito de México, promulgada el 26 de agosto de 1932, en su artículo 194, dispone que “La alteración de la cantidad por la que el cheque fue expedido, o la falsificación de la firma del librador, no pueden ser invocadas por éste para objetar el pago hecho por el librado, si el librador ha dado lugar a ellas por su culpa, o por la de sus factores, representantes o dependientes. Cuando el cheque aparezca extendido en esqueleto de los que el librado hubiere proporcionado al librador, éste sólo podrá objetar el pago si la alteración o la falsificación fueren notorias, o si, habiendo perdido el esqueleto o el talonario, hubiere dado aviso oportuno de la pérdida al librado. Todo convenio contrario a lo dispuesto en este artículo es nulo”, reglas que permiten rastrear los antecedentes y conexiones de nuestro ordenamiento.
Entonces, la línea jurisprudencial de la Sala, a partir de la inteligencia del artículo 191 de la Ley 46 de 1923, como de los artículos 732, 733 y 1391 del Código de Comercio, había sido constante en adoptar el postulado general de responsabilidad del banco por el pago de cheque falso, excluido en veces por la culpa del cuentacorrentista o de sus empleados, casos en que esta opera como eximente de responsabilidad, incluido cuando el cuentacorrentista pierde el instrumento, suceso en que se restringía la forma de objetar el pago, en la medida en que el riguroso principio se quiebra, “si por culpa del cuentacorrentista, de sus dependientes, factores o representantes, se dio lugar al pago del cheque con firma falsificada, o alterado, cesando la responsabilidad para el banco en el caso de no haber sido noticiado por el cuentacorrentista sobre la falsedad o adulteración del cheque dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se le envió la información sobre tal pago (art. 1391 del C, de Co.); en el evento de no haber dado oportuno aviso al banco, se restringe la posibilidad al cuentacorrentista de objetar el pago, al hecho de que la alteración o falsificación fueren notorias. (art. 733 C. de Co.)” (Sent. Cas. Civ. de 31 de julio de 2001, Exp. No. 5831).
“Pronto se avista así cómo a partir de un supuesto fáctico singular, esto es, el de la ‘pérdida’ de uno o varios formularios de cheque, se modifica la forma como habrán de endilgarse los efectos derivados del pago de los mismos ilegítimamente diligenciados, puesto que tal hipótesis se sustrae de la regla general de responsabilidad a cargo del banco establecida, según se vio, en los artículos 732 y 1391 del C. de Co” (Sent. Cas. Civ. de 8 de septiembre de 2003 Exp. No. 6909).
Es claro entonces que en el fallo recién aludido, apartándose del criterio expuesto en la sentencia de 30 de septiembre de 1986, se liberó a la entidad bancaria de la carga de acreditar la culpa del cuentacorrentista en la pérdida del título, por cuanto el artículo 733 no prevé sino la simple “pérdida”, y le impone al titular de la cuenta, la tarea de demostrar la notoriedad de la falsedad del cheque, conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.
De este modo la Sala precisó la tesis vigente hasta ese momento, que indiscriminadamente había recalcado que “el Banco estaba en el deber no sólo de acreditar la pérdida culposa del formulario, sino, además, que la falsificación no fue notoria, o sea, de difícil verificación, porque no se puede desplazar la responsabilidad del Banco por el exclusivo hecho de la pérdida del cheque sin que se colme el otro supuesto previsto en el artículo 733 del Código de Comercio” (Sent. Cas. Civ. de 30 de septiembre de 1986, G.J. t, CLXXXIV, Pág. 290)”, para aclarar que“la carga probatoria que allí se atribuye al librado [arts. 732, 733 y 1391 del Código de Comercio] en forma alguna comprende la demostración de la culpa del cuentacorrentista en la pérdida del esqueleto o esqueletos de cheque, ya que ello sería exigir la satisfacción de un requisito que la ley no prevé, pues, se reitera, el tratamiento particular que ofrece el citado artículo 733 parte de la simple y llana ‘pérdida’, seguida, eso sí, de la falta de enteramiento al banco o del anuncio extemporáneo. En lo que hace a la notoriedad de la falsedad es de verse que si, por mandato del artículo 177 del C. de P.C., concierne a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen, no resulta adecuado esperar que el banco sea el encargado de traer al proceso la evidencia de que ‘la falsificación no fue notoria, o sea, de difícil verificación’, habida cuenta que si el cuentacorrentista que ha extraviado el título y no lo ha comunicado al banco -o lo ha comunicado por fuera del término- es quien pretende reservarse el derecho de objetar el pago efectuado por el librado, es a él, y sólo a él, al que compete el cumplimiento de la carga de acreditar que el instrumento contenía una falsedad o alteración palpable, más si se tiene en cuenta que la consecuencia que se desprendería de dicha demostración, esto es, mantener a salvo la posibilidad de que el establecimiento pagador le reembolse la suma entregada, redundará en beneficio exclusivo del cuentahabiente” (Sent. Cas. Civ. de 8 de septiembre de 2003 Exp. No. 6909).
Entonces, la doctrina actual de la Corte es la que se halla expuesta en el precedente citado ahora, en el cual la Sala estableció que “a partir de un supuesto fáctico singular, esto es, el de la ‘pérdida’ de uno o varios formularios de cheque, se modifica la forma en que habrán de endilgarse los efectos derivados del pago de los mismos ilegítimamente diligenciados, puesto que tal hipótesis se sustrae de la regla general de responsabilidad a cargo del banco establecida, según se vio, en los artículos 732 y 1391 del C. de Co”.
Y ese criterio fue reiterado en la sentencia de 15 de junio de 2005, en que la Sala expresó frente a ese específico evento que “sin importar que la pérdida del instrumento haya sido culposa o no, se invierte la regla de responsabilidad a cargo del librado que se adopta en las disposiciones anteriores, para imponérsela al cliente, en el entendido de que si ha recibido el talonario respectivo, sin ningún reparo, de traspapelar uno o más formularios, ‘…a él le será atribuible semejante desatención en su custodia…’” .
3. Así las cosas, salvo alguna incoherencia en el tratamiento de la culpa que no trascendió a la sentencia acusada, en lo fundamental, el Tribunal guardó fidelidad a la hermenéutica que del artículo 733 del Código de Comercio hizo la Corte en los fallos de 8 de septiembre de 2003, 15 de junio de 2005, 29 de septiembre de 2006 y 17 de octubre de 2006, y por tanto acertó al considerar que la ausencia de notoriedad de la falsedad del título (fls. 76 y 77 Cdno. 5), libera al banco demandado de la responsabilidad por el pago del cheque espurio, presupuesto de exoneración que exige la norma cuando se trata, como en el presente caso, del evento en el cual el cuentacorrentista no dio aviso oportuno de la pérdida del título. Entonces, a pesar de que se equivocó el ad quem al incursionar, sin que fuera materia de estudio en este tipo de responsabilidad, en el análisis del grado de culpa de la parte actora en el incumplimiento de la obligación de guarda y custodia de la chequera, (fls. 71 a 74, Cdno. No. 5), en el fondo el Tribunal siguió cabalmente la doctrina de la Corte, y como el recurso puesto apenas muestra el malestar con la línea precedente, sin abonar razones para cambiar el rumbo de la jurisprudencia, el fracaso de la acusación es evidente.
En suma, la censura en nada descaece los fundamentos de la decisión del Tribunal, porque no existe el yerro que se denuncia en la tarea de interpretación de las normas que aplicó, por cuanto, al margen de la apreciación del grado de culpa de la cuentacorrentista en la guarda y custodia de la chequera, el ad quem dedujo un adecuado entendimiento de la inteligencia del artículo 733 del Código de Comercio, para exonerar de responsabilidad del Banco demandado por el pago del cheque, a partir de la ausencia de la notoriedad en la falsedad del título, tema éste que no abordó el recurrente en casación.
G. J. t. CLII, 522.
G. J. t. CCXXXI, 830.
Las sentencias de 9 de septiembre de 1999, 11 de julio de 2001, 31 de julio de 2001, 17 de septiembre de 2002 y 8 de septiembre de 2003, entre otras, califican la responsabilidad bancaria como empresarial y profesional.
Exp. No. 1999 00444 01.
G. J. t. CVII, 10.
G.J. t. CXIV, 205 y 206.
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 artículo 732
 artículo 1391
 artículo 733
 artículo 124
 artículo 194
 artículo 194
 artículo 191
 artículo 733
 artículo 177
 artículo 733
 artículo 733
 artículo 177
 artículo 733
 artículo 733