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⭐I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO
I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO
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Juan Antonio Torres Miranda
1 REPÚBLICA DE COLOMBIA SALA CIVIL- FAMILIA Guadalajara de Buga, quince de septiembre de dos mil diez Referencia: PROCESO EJECUTIVO (con título hipotecario) propuesto por BANCO AV VILLAS S.A. (cuyos derechos litigiosos fueron cedidos a RESTRUCTURADORA DE CRÉDITOS DE COLOMBIA Ltda.) y FOGAFÍN contra CARLOS EMILIO GUZMÁN CAMPOS. Radicación (15264) Instancia: APELACIÓN DE SENTENCIA ( ) Ponente: MARÍA PATRICIA BALANTA MEDINA Esta providencia fue discutida y aprobada por la Sala mediante Acta No. 170 de la fecha. I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO Decidir el recurso de apelación que ambas partes propusieron contra la sentencia 043 del 5 de diciembre de 2007, proferida por el Juzgado 2 Civil del Circuito de Palmira dentro del proceso de la referencia. II. ANTECEDENTES 2.1 Los títulos cobrados. En desarrollo del contrato contenido en la escritura pública 1395 del 6 de abril de 1995, otorgada ante la Notaría 3ª del Círculo de Palmira, se suscribió el pagaré del 11 de mayo de 1995, en el que CARLOS EMILIO GUZMÁN CAMPOS prometió pagar incondicionalmente a la -en ese entonces- CORPORACIÓN DE AHORRO Y VIVIENDA LAS VILLAS (Hoy, Banco AV VILLAS S.A. cuyos derechos litigiosos en esta causa fueron cedidos a la RESTRUCTURADORA DE CRÉDITOS DE COLOMBIA Ltda.), la cantidad de 5.617, 9775 UPAC s valoradas a la fecha en $ , Página 1 de 242 mediante 180 cuotas mensuales consecutivas a partir del 11 de julio de 1995 hasta el 11 de mayo de 2010, con las siguientes tasas: interés de plazo mensual 16% EA, interés de mora 32%EA. 1 En la precitada escritura pública 1395 del 6 de abril de 1995 otorgada ante la Notaría 3ª del Círculo de Palmira, CARLOS EMILIO GUZMÁN CAMPOS, otorgó garantía hipotecaria abierta hasta por UPAC s a favor de LAS VILLAS, sobre el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria Posteriormente, mediante el pagaré del 11 de abril de 1999, CARLOS EMILIO GUZMÁN CAMPOS prometió pagar incondicionalmente al FONDO DE GARANTÍAS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFÍN, la suma de $ , mediante 120 cuotas mensuales consecutivas a partir del 11 de mayo de 1999 hasta el 11 de abril de 2009, con una tasa de interés del IPC+5%, advirtiendo que también estaba garantizado con la hipoteca a favor de LAS VILLAS a quien le fue endosado en procuración éste último título valor Demanda y mandamiento de pago ejecutivo. El 20 de septiembre de 2000, LAS VILLAS -a través de apoderadodemandó ejecutivamente exigiendo el cumplimiento de la garantía hipotecaria a CARLOS EMILIO GUZMÁN CAMPO ante el Juzgado Civil del Circuito de Palmira, alegando que el demandado se encontraba en mora en el pago de las cuotas de amortización desde el 11 de agosto de 1999, por lo que imploró que librara mandamiento ejecutivo de pago contra el deudor por , 1619 UVR respecto del primer pagaré a su favor, y 9.348, 8231 UVR en relación con el otro a favor de FOGAFÍN, más los intereses del 1 Folio 2 del primer cuaderno. 2 Folios 5 a 15 ib. 3 Folios 2 y 4 ib. Página 2 de 243 19,06% EA sobre cada capital desde la presentación de la demanda hasta el pago total de la obligación. 4 Luego de subsanada en los defectos advertidos, el Juzgado 2 Civil del Circuito de Palmira -a quien por reparto le correspondió el conocimiento de la demanda en primera instancia- mediante auto 746 del 30 de octubre de 2000, libró mandamiento ejecutivo de pago en contra del demandado por los valores implorados en la demanda presentada, además de los otros ordenamientos del caso Integración del contradictorio y defensa del ejecutado. En apretada síntesis basta con reseñar que el demandado en un primer momento fue emplazado, luego de lo cual se profirió sentencia que se revisó en sede de consulta por esta misma Sala, cuando por solicitud del aparecido ejecutado se decretó la nulidad de todo lo actuado por la indebida notificación que se le había hecho del mandamiento de pago. 6 En este sentido, como por mandato del art. 330 del C.P.C. -con la reforma que introdujo la ley 794 de el deudor quedó notificado del mandamiento de pago con el enteramiento del proveído en el que el a quo se estuvo a lo resuelto por la Sala, las excepciones que luego presentó fueron extemporáneas como bien lo estimó la Juez de primera instancia Recaudo probatorio y alegaciones. Con la demanda se presentó no sólo el poder del abogado para obrar, sino también los títulos cobrados, la copia de la escritura de constitución de hipoteca, el certificado de tradición del inmueble 4 Folios 58 a 64 ib. 5 Folios 65 a 67 ib. 6 Cfr. folios 78 a 100 ib. y cuaderno 2 con numeración interna Folios 101 a 1414 del cuaderno 1. Página 3 de 244 hipotecado, la reliquidación del crédito de UPAC a UVR, y otra documentación que no vale la pena individualizar. 8 Estando el presente asunto en estado de dictar nueva sentencia de primera instancia, la a quo decretó un dictamen pericial para liquidar el crédito, trabajo que aunque aclarado y adicionado, fue objetado por error grave, lo que motivó que se practicara otra experticia sobre el mismo punto. 9 Así las cosas, el Juzgado a quo concedió el término de traslado para alegar, del cual sólo hizo uso la parte demandada para manifestar que el proceso debía terminarse por la falta de reliquidación. 10 III. SENTENCIA APELADA y SUSTENTO DE LA IMPUGNACIÓN Mediante la sentencia 043 del 5 de diciembre de 2007, la a quo resolvió seguir adelante la ejecución pero modificando el mandamiento de pago que libró, puntualmente acogiendo la liquidación que se realizó en la segunda experticia. Como fundamento de la decisión la funcionaria de primera instancia estimó centralmente que carecía de lógica que la deuda cobrada se incrementara luego de realizar abonos, agregando que el Banco no demostró haber dado aplicación a las diferentes sentencias de la Corte Constitucional sobre la eliminación de la DTF, la prohibición de capitalizar intereses, el establecimiento de una tasa de interés con base en el IPC; resolviendo finalmente continuar la ejecución en pesos para darle claridad a las partes Folios 1 a 57 ib. 9 Folios 157, 189 a 212, 216, 217, 222, y 232 a 245 ib. 10 Folios 252 a 255 ib. 11 Folios 258 a 268 ib. Página 4 de 245 Oportunamente, ambas partes apelaron la sentencia. 12 El demandado reitera la nulidad por la falta de reliquidación del crédito; 13 y por otro lado, el demandante fundamenta su recurso en que se basó en un dictamen que sufre de graves errores como los de eliminar retroactivamente la DTF y utilizar una tasa de interés distinta. 14 También resulta conveniente precisar que los derechos litigiosos del Banco AV Villas S.A. fueron cedidos a la REESTRUCTURADORA DE CRÉDITOS DE COLOMBIA Ltda., y que en esta alzada se practicó una oficiosa adición al dictamen pericial fundamento de la sentencia atacada. 15 Relatados en apretada síntesis los bemoles del sub judice, la Sala procede a definir la instancia bajo las siguientes, IV. CONSIDERACIONES 1. En primer lugar se debe señalar que de conformidad con el literal a del numeral 1 del art. 26 del C.P.C., corresponde a la Sala Civil Familia de este Tribunal Superior, conocer del recurso de apelación en el presente juicio que tramitó en primera instancia el Juzgado 2 Civil del Circuito de Palmira. Establecida la competencia que le asiste a la corporación para resolver la impugnación formulada, el Tribunal se ocupará en primer momento de la procedencia de la alzada que en esta oportunidad merece especial referencia, luego de lo cual podrán ser abordados los temas que involucra la alzada, sin la limitación de la no reformatio in pejus por cuanto ambas partes apelaron. 12 Folios 46 a 49 ib. 13 Folios4 a 8 de esta instancia. 14 Folios 9 a 11 y 32 a 34 ib. 15 Folios 13 a 29, 35, 36, 62 y 63 ib. Página 5 de 246 2. Para dilucidar el tema de la procedibilidad de la apelación contra la sentencia proferida en primera instancia, debemos recordar que se trata de un proceso ejecutivo en el que oportunamente no se formularon excepciones, por lo que en principio el fallo de primer grado que ordenó seguir adelante con la ejecución del crédito sería inapelable conforme el art. 507 del C.P.C. Empero, la Sala estima que atendiendo la teleología de la norma, en la presente causa la alzada no se encuentra restringida, pues lo que la norma gobierna son los eventos en los que el deudor no se defiende oportunamente de la ejecución, y la sentencia simplemente ordena la continuación del proceso; en estas hipótesis, para evitar que el deudor dilate la actuación, se restringe la posibilidad de apelar a quien ni siquiera se molestó en resistir tempestivamente la pretensión ejecutiva. 3. Ahora bien, en la presente causa la sentencia no ordenó simplemente seguir adelante la ejecución promovida, sino que, acogiendo una pericia recaudada por la iniciativa oficiosa de la Juez a quo, se redujo ostensiblemente el valor cobrado y hasta se modificó la especie cobrada, pues de UVR s se cambió a PESOS COLOMBIANOS. Así, como en la sentencia se alteró protuberantemente el mandamiento de pago, no se puede decir que la decisión simplemente ordenó seguir adelante la ejecución del crédito, y en este sentido se abre paso la procedibilidad de la alzada. 4. Esclarecido como quedó que a pesar de que (i) el deudor oportunamente no propuso excepciones y (ii) la sentencia ordenó seguir adelante la ejecución, (iii) tal providencia resulta pasible de impugnación por haber modificado en gran medida el mandamiento Página 6 de 247 de pago, a continuación la corporación abordará la posibilidad de continuar la ejecución respecto del pagaré del 11 de abril de Como el presente asunto aborda la temática del juicio ejecutivo con título hipotecario, es menester que las obligaciones que se cobren tengan garantía real, y en tratándose de hipoteca como la que se involucra en esta causa, es preciso que la misma conste en escritura pública debidamente registrada tal como lo disponen los arts y 2435 del C.C. 5. Revisando el título hipotecario que se enrostra en esta oportunidad, vemos que en la escritura pública 1395 del 6 de abril de 1995 otorgada ante la Notaría 3ª del Círculo de Palmira, sobre las deudas garantizadas se estableció lo siguiente: 17 ( ) Que para garantizar el pago de las deudas y el cumplimiento de todas las obligaciones que haya contraído o llegare a contraer conjunta, solidaria o separadamente quienes integran la PARTE HIPOTECANTE, LA PARTE HIPOTECANTE (vale la repetición), además de comprometer su responsabilidad personal, constituye a favor de LA CORPORACIÓN DE AHORRO Y VIVIENDA LAS VILLAS que en adelante se denominará LA CORPORACIÓN, hipoteca abierta de PRIMER GRADO ( ) Entonces, de la referida escritura no cabe duda que con la hipoteca sólo se garantizan las deudas de CARLOS EMILIO GUZMÁN CAMPOS a favor de LAS VILLAS, motivo por el cual debemos estudiar la siguiente cláusula del pagaré que ahora ocupa nuestra atención: 18 ( ) 10. Los abajo firmantes, expresamente declaramos que las garantías hipotecarias que hayamos constituido o que constituyamos en el futuro, conjunta o separadamente, a favor de la CORPORACIÓN DE AHORRO Y VIVIENDA LAS VILLAS, garantizan la presente obligación. ( ) 16 Folios 3 y 4 del primer cuaderno. 17 Folio 8 fte. y vto. ib. 18 Folio 4 ib. Página 7 de 248 6. Entonces, aparentemente el referido pagaré sí cuenta con garantía hipotecaria, pero conforme con el material probatorio y las exigencias de orden sustancial, tal afirmación no pasa de ser eso, una apariencia, pues si la hipoteca se constituyó (por escritura pública debidamente registrada) únicamente a favor de LAS VILLAS, para ampliar la garantía a favor de FOGAFÍN -lo que sin temor se puede definir como otra hipoteca-, indudablemente debía celebrarse este nuevo convenio con el lleno de las formalidades legales comentadas. Es que si se pretende modificar para extender los alcances de un contrato solemne como lo es la hipoteca que requiere escritura pública, misma que para su publicidad debe ser registrada, la modificación también debe observar la requisitoria de la convención que se quiere alterar, pues de lo contrario las exigencias sustanciales perderían eficacia en el mismo momento en que se permitiera que actos puramente consensuales pudieran alterar lo solemne. 7. En otras palabras, como la garantía real del pagaré a favor de FOGAFÍN se intentó constituir el título valor cuando se estableció que era la misma HIPOTECA a favor de LAS VILLAS, por mandato del art. 265 del C.P.C., en concordancia con el canon 2434 del C.C., se tiene que tal contrato de hipoteca no se ha celebrado por no haberse elevado a escritura pública que luego debía ser registrada. Ahora bien, aunque la hipoteca correctamente constituida cubre las deudas que el hipotecante tenía y llegara a tener con LAS VILLAS, el endoso en procuración que se hizo del pagaré de FOGAFÍN al acreedor hipotecario resulta insuficiente para beneficiar dicha obligación con la prenda inmobiliaria, pues de conformidad con el art. 658 del C.Co., dicho endoso no transfirió la Página 8 de 249 propiedad del instrumento crediticio. 8. Por tanto tenemos que (i) LAS VILLAS es la única acreedora hipotecaria, en tanto la escritura de constitución sólo se hizo a su favor -pues de quererse ampliar los beneficiarios debían seguirse las solemnidades del caso-, y (ii) dicha entidad tan sólo es la acreedora del pagaré , (iii) por lo que el pagaré de propiedad de FOGAFÍN no podía acumularse en esta causa por cuanto su ejecución debía seguir un trámite distinto. En este sentido, resulta clarísimo que se ocurrió una indebida acumulación de pretensiones, pues es imposible ejecutar una obligación sin garantía real en un proceso ejecutivo hipotecario, surgiendo de paso otro aspecto a resolver, esto es, cómo proceder ante tal inconsistencia? 9. Lo primero a descartar es la nulidad procesal, pues el defecto más próximo sería el indebido trámite en tanto una ejecución con simple acción personal se surtió como si tuviera título hipotecario; empero, no puede anularse la actuación por cuanto no existe un único trámite que permita surtir al mismo tiempo ambas ejecuciones, la que tiene garantía real y la que no, 19 por lo que sería imposible renovar la actuación. Así las cosas, LA SALA NO PODRÁ CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN RESPECTO DEL PAGARÉ , pues no se puede decidir de fondo el asunto, ante todo por la flagrante limitación al derecho de defensa del deudor a quien en esta causa se le ignoraron por extemporáneas las excepciones que presentó, 19 La Sala no olvida la existencia de ejecuciones con acción mixta de que trata el inc. 5 del art. 554 del C.P.C.; empero, si el acreedor hipotecario no persigue otros bienes como sucede en la presente causa, el trámite es el hipotecario al cual no puede acumularse una obligación con simple acción personal, y en tal sentido no sería posible que se anulara esta actuación para reanudarse bajo las reglas de la acción mixta, siendo que, se repite, no se ha perseguido bien distinto del garantizado con la hipoteca. Página 9 de 2410 cuando de habérsele demandado por dicha obligación en proceso separado, el término de defensa se le hubiera duplicado, de 5 a 10 días. 10. Esclarecidos los temas preliminares de procedibilidad de la alzada e imposibilidad de continuar con la ejecución respecto del pagaré , la colegiatura puede ya con tranquilidad ocuparse del tema decidendum, para lo cual en primer momento se analizaran las razones de la a quo para modificar el mandamiento de pago, luego de lo cual se deberá abordar puntualmente la pericia que finalmente acogió. Con este propósito, la corporación primero reiterará unas consideraciones generales sobre el sistema de financiación de vivienda a largo plazo, 20 pues de este modo resulta más sencillo abordar los tópicos que se acaban de señalar. Aparición del UPAC. 11. Mediante el decreto 677 de 1972, se adoptó como sistema de financiación para adquisición de vivienda, las UNIDADES DE PODER ADQUISITIVO CONSTANTE UPAC, con la teleología de mantener actualizado el valor de las obligaciones dinerarias a largo plazo, y brindar protección contra la pérdida del poder adquisitivo de la moneda que genera la inflación. Las UPAC genéricamente hacen referencia al proceso de ajuste de una obligación dineraria con un índice determinado, que para el caso concreto, permite la actualización del valor de las obligaciones dinerarias, con el fin de brindar protección contra la pérdida del poder adquisitivo de la moneda que genera la inflación, con base en la corrección monetaria. 20 Se reproducen las mismas reflexiones genéricas de la sentencia proferida por ésta misma Sala el pasado 9 de julio de 2009, dentro del consecutivo interno Página 10 de 2411 Inicialmente el cálculo de la corrección monetaria en la UPAC se encontraba ligado al índice de precios al consumidor -IPC-, pero a partir de 1980 las fórmulas para la corrección monetaria se desligaron de éste, para tener en cuenta la variación de las tasas de interés correspondiente a los certificados de depósito a término en bancos y corporaciones. Posteriormente, conforme al decreto 1319 de 1988, la actualización del valor se calculó conforme al promedio ponderado de la inflación y la DTF. Más tarde, la Junta Directiva del Banco de la República mediante la resolución externa # 6 de 1993, determinó como criterio para fijar el valor de la corrección monetaria el costo ponderado de las captaciones de dinero del público, sustituida luego por las resoluciones externas 26 de 1994 y 18 de 1995, conforme a las cuales la corrección monetaria se fijaba finalmente en un 74% de la DTF. Las anteriores fórmulas ocasionaron especialmente que en el año de 1998 se presentara un crecimiento inusual, lo que a la postre ocasionó un desbordado crecimiento en pesos de las obligaciones adquiridas en esta unidad de valor. La exclusión de la DTF en el cálculo del UPAC. 12. El 21 de mayo de 1999 la Sección 4ª del Consejo de Estado 21 -considerando que para el cálculo de la UPAC-, el artículo 134 del decreto 663 de 1993 establecía que debe tenerse en cuenta el IPC y no únicamente un precio como lo sería el del dinero a que alude la DTF, al tomar únicamente dicho factor para el cálculo en cuestión, la Junta Directiva del Banco de la República, al expedir la resolución externa 18 del 30 de junio 1995, quebrantó en forma directa los artículos 16, literal f) de la ley 31 de 1992, y 134 del 21 Radicación 9280, Nulidad contra una parte del artículo 1 de la Resolución Externa No. 18 de 30 de junio de 1995, de la Junta Directiva del Banco de la República. Página 11 de 2412 decreto 663 de 1993, e indirectamente, los artículos 372 y 373 de la Carta, por lo que declaró la nulidad de dicha resolución. Posteriormente, el 27 de mayo de 1999, la Sala Plena de la Corte Constitucional, 22 estimó que la determinación del valor en pesos de la UPAC procurando que ésta también refleje los movimientos de la tasa de interés en la economía, como lo establecía el artículo 16, literal f) de la ley 31 de 1992, era INEXEQUIBLE por ser contraria materialmente a la Constitución, lo que significaba que no podía tener aplicación alguna en lo referente a las nuevas cuotas causadas por créditos adquiridos con anterioridad, y a los créditos futuros. Así las cosas, la Junta Directiva del Banco de la República expidió la resolución 10 del 1º de junio de 1999, mediante la cual adoptó una nueva fórmula de cálculo del UPAC que excluía la tasa de la DTF, y establecía que la corrección monetaria sería equivalente al promedio aritmético de las tasas anuales de inflación, medidas con base en el IPC de los 12 meses anteriores a aquél en el cual se hacía el cálculo. Inconstitucionalidad del UPAC. 13. La inminente desaparición del UPAC tuvo como preludio las providencias señaladas ut supra, y posteriormente el 7 de julio de la misma Corte Constitucional declaró que la actividad del Banco de la República para mantener la capacidad adquisitiva de la moneda debe ejercerse en coordinación con la política económica general, lo cual implicaba que la Junta no podía desconocer los objetivos de desarrollo económico y social previstos por la Carta. 22 Sentencia C-383/ Sentencia C-481/99. Página 12 de 2413 Ya el 16 de septiembre de 1999, 24 la máxima autoridad de la jurisdicción constitucional declaró la inexequibilidad de las normas que estructuraban el sistema UPAC en el decreto 663 de 1993, al considerar que el Presidente de la República carecía de competencia para expedirlas, contrariando el art. 113 superior al desconocer las reglas previstas en los arts. 51, lit. D num. 19 del 150, nums. 24 y 25 del 189, y 335 Ibídem. Sin embargo, los efectos de esa sentencia, en relación con la inejecución de las normas declaradas inconstitucionales se difirieron hasta el 20 de junio del año 2000, sin perjuicio de que en forma inmediata se diera estricto, completo e inmediato cumplimiento, a la sentencia que eliminaba la DTF en el cálculo del UPAC. Finalmente el 6 de octubre de la Corte Constitucional -luego de la declaratoria de inconstitucionalidad del UPAC, pero antes de la expedición de la nueva ley de vivienda- advirtió que cuando se trata de créditos para la adquisición de vivienda, la capitalización de intereses resulta violatoria del art. 51 superior, pues impide el derecho a vivienda digna siendo que dicho anatocismo era contrario a las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, e impedía promover planes de vivienda de interés social y sistemas adecuados de financiación a largo plazo. Así las cosas, se declaró la inexequibilidad del num. 3 del art. 121 del decreto ley 663 de 1993, así como la de la expresión que contemplen la capitalización de intereses contenida en el num. 1 de la norma en mención, únicamente en cuanto a los créditos para la financiación de vivienda a largo plazo, inexequibilidad cuyos efectos también fueron diferidos hasta el 20 de junio del 24 Sentencia C-700/ Sentencia C-747/99. Página 13 de 2414 año 2000, como fecha límite para que el Congreso expidiera la Ley Marco correspondiente. La nueva ley de vivienda. 14. La nueva ley de vivienda -ley 546 de contiene los siguientes aspectos relevantes: (i) crea la UVR que se calcula en pesos únicamente con base en el IPC; (ii) ordena que todas las obligaciones constituidas en UPAC, fueran convertidas a UVR; (iii) establece un abono para las deudas en UPAC por parte del Estado a través de FOGAFÍN, calculada mediante una reliquidación del crédito; y (iv) prohibió la capitalización de intereses en cuanto a los créditos para la financiación de vivienda a largo plazo. La referida Ley Marco de vivienda -que se modificó por las leyes 964 de 2005 y 1114 de 2006-, fue analizada inicialmente 26 por la Corte Constitucional el 26 de julio de 2000, 27 resaltan los siguientes diez aspectos: sentencia de la que se (i) El Congreso no incurrió en vicios de trámite. (ii) Las entidades que otorguen créditos de vivienda deben hallarse sometidas al control, vigilancia e intervención por el Estado, y en los préstamos que otorguen debe garantizarse la democratización del crédito y la efectividad del derecho a una vivienda digna mediante sistemas adecuados de financiación a largo plazo. (iii) La Junta Directiva del Banco de la República debe establecer el valor de la UVR y el monto máximo de los intereses remuneratorios, de tal manera que corresponda exactamente al IPC, y la tasa de interés remuneratoria no incluya la inflación y sea siempre inferior a la menor tasa real que se esté cobrando en las demás operaciones crediticias en la actividad financiera. (iv) Las funciones confiadas al Consejo Superior de Vivienda son únicamente de asesoría. (v) Los créditos que se encuentren vigentes al momento de la comunicación de la providencia, deberán reducirse al tope máximo indicado que será aplicable a todas las cuotas futuras. 26 Ver entre otras sentencias: C-1051/00, C-1140/00, C-1146/00, C-1265/00, C-1337/00, C- 1377/00, C-1411/00 y C-1192/ Sentencia C-955/00 Página 14 de 2415 (vi) Los intereses remuneratorios se calcularán sólo sobre los saldos insolutos del capital, actualizados con la inflación. (vii) En todas las cuotas, desde la primera, deben contemplar amortización a capital con el objeto de que el saldo vaya disminuyendo, sin que ello se pueda traducir en ningún caso en incremento en el valor de las cuotas que se vienen pagando, para lo cual, si es necesario, podrá ampliarse el plazo inicialmente pactado. (viii) En las cuotas mensuales, si así lo quiere el deudor, se irá pagando la corrección por inflación a medida que se causa. (ix) La reestructuración del crédito pedida por el deudor dentro de los dos primeros meses de cada año, si hay condiciones objetivas para ello, debe ser aceptada y efectuada por la institución financiera. En caso de controversia sobre tales condiciones objetivas, decidirá la Superintendencia Bancaria. Y (x) El Banco de la República es la autoridad competente para los efectos de fijar las condiciones de financiación de créditos de vivienda de interés social, las cuales deben ser las más adecuadas y favorables, a fin de que consulten la capacidad de pago de los deudores y protejan su patrimonio familiar. La ley 546 de 1999 y la conversión o redenominación de los créditos. 15. El artículo 39 de la ley 546 de 1999 preceptúa que los pagarés mediante los cuales se instrumenten las deudas así como las garantías de las mismas, cuando estuvieren expresadas en UPAC o en pesos, se entenderán por su equivalencia, en UVR, por ministerio de la presente ley. Analizada esta disposición normativa por la Corte Constitucional, 28 la misma fue declarada exequible por encontrarse acorde con la Constitución Política. Esa corporación consideró que dicha norma era una de las consecuencias del cambio de sistema de financiación de los créditos de vivienda adoptado por el legislador para aliviar la carga económica provocada por el sistema anterior. Expresamente dijo que resultaba constitucional que por ministerio 28 C-955/00. Página 15 de 2416 de la Ley, los pagarés mediante los cuales se instrumenten las deudas así como las garantías de las mismas, cuando estuvieren expresadas en UPAC o en pesos, se entiendan por su equivalencia en UVR, previa -desde luego- la reliquidación. La Corte, como consecuencia de lo anterior, en sentencias posteriores proferidas por diferentes Salas de Revisión, 29 ha señalado que no hay lugar a dudas en torno al tema de la obligatoriedad que constituyó para las corporaciones financieras la aplicación de los contenidos normativos del artículo 39 de la ley 546 de En este sentido, ha expresado que la conversión de los créditos pactados ya fuera en moneda legal colombiana o en UPAC a UVR, operaba por ministerio de la ley, sin que se hiciera depender de interpretaciones al respecto. La reliquidación de los créditos contratados bajo el sistema UPAC en la ley 546 de El legislador, al dictar la ley 546 de 1999, reguló en sus disposiciones transitorias el tema de la reliquidación de los créditos adquiridos bajo el sistema UPAC. Específicamente, una reliquidación frente a las obligaciones contratadas con establecimientos de crédito para la financiación de vivienda individual a largo plazo, en cuanto a los valores que fueron cancelados entre los años de 1993 a 1999, tal como se desprende de la lectura del numeral 2 del artículo 41. Lapso éste en que fueron aplicadas las normas declaradas contrarias al ordenamiento constitucional. Significa lo anterior que con la expedición de la ley en mención - diciembre 23 de 1999-, los deudores de vivienda a largo plazo que contrataron sus créditos bajo el sistema UPAC, además de contar con la posibilidad de hacer uso de las vías legales para obtener, 29 T-212/04 y T-993/05. Página 16 de 2417 según sea el caso, el pago de una indemnización, la revisión de los contratos de mutuo, el reembolso de lo que se hubiese pagado de más, etc., tienen la opción de reclamar la reliquidación de sus créditos directamente a las entidades con las que tienen suscrito el contrato respectivo, para que éstas efectúen el abono a que puedan tener derecho en los términos de la ley 546 de 1999, e incluso obtener la suspensión del proceso que, por mora en el pago de la obligación hipotecaria pueda estar en curso, suspensión que debe decretar en forma automática el juez que esté conociendo del proceso. Es más, el propio legislador, previendo que el Estado y/o las entidades podían ser demandadas por los usuarios del sistema UPAC, para que éstos reconozcan indemnizaciones o hagan las devoluciones de los dineros que pudieron cancelar de más, por la aplicación de normas que principalmente estaban desconociendo el derecho a adquirir vivienda con sistemas adecuados de financiación a largo plazo, estipuló en el artículo 43 de la ley 546 de 1999, que en los procesos que lleguen a adelantarse en contra de los establecimientos de crédito o en contra del Estado, los mencionados abonos constituirán, dentro del proceso respectivo, una excepción de pago parcial o total. Del caso concreto 17. Descendiendo finalmente al sub judice, claramente se advierte que la decisión de la a quo estuvo orientada por una concepción plana de los tópicos que se acaban de reseñar, pues la suspicacia que reflejó la sentencia -esto es, que después de 5 años una deuda haya incrementado su capital en $ , pierde fuerza ante una explicación como la que ofreció el acreedor apelante. Página 17 de 2418 Como ya se vio (punto 11), por tratarse de sistemas de financiación a largo plazo, los créditos para vivienda se otorgan en unidades (piénsese en divisas como trató de ilustrarlo pedagógicamente el censor), que se actualizan con el tiempo para impedir que la corrección monetaria altere el equilibrio económico del contrato de mutuo en perjuicio del acreedor, motivo suficiente para entender lo desatinada que fue la Juez de primera instancia cuando, sin más, dispuso que el crédito se tomara en pesos para dar mayor claridad. 18. En este sentido, para saber si el crédito ha aumentado o disminuido, no se puede comparar el valor en pesos sino el número de unidades; entonces, si tomamos los $ mutuados el 11 de mayo de según el pagaré , y los dividimos en $51, 5108 suma que según la resolución 2896 de 1999 equivale la UVR para la fecha del préstamo, encontramos que la deuda original ascendería a , UVR, y como se están reclamando , 1619 UVR, evidentemente LA DEUDA SÍ HA DISMINUIDO EN MÁS DE UVR, que a la fecha del fallo de primera instancia 30 correspondían a $ , 64. Lo que pasó fue que como el valor de tal unidad al momento de la presentación de la demanda ya no estaba en los $51, cotización para la época del crédito-, sino en $111, 3915, es lo que explica que aunque se haya disminuido la deuda en UVR, la obligación en pesos sea muy superior, efecto que se justifica por la corrección monetaria debido a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, a lo que se suma el no pago. 19. Ahora bien, sobre los dos (2) aspectos puntuales que a la sentencia apelada le recrimina el demandante, la corporación se pronunciará detenidamente, empezando con el reproche de haber 30 Al 5 de diciembre de 2007, la UVR costaba 168, 0868, según consulta en la siguiente página de internet del Banco de la República: Página 18 de 24 Mostrar más
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 artículo 16
 resolución 
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 41
 artículo 43
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 artículo 232
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ARTÍCULO 531
 artículo 19
 artículo 206
 RESOLUCIÓN 
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 Artículo 553
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