Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1994-0332-de-julio-7-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_abac3ed404ba0238e0430a0101510238&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-13 01:09:21+00:00

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SENTENCIA 1994-0332 DE 07 DE JULIO DE 2011
CONTENIDO:EN CUANTO UN ACTO TERRORISTA SE DIRIJA CONTRA LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO, PERO SE LOCALICE MATERIALMENTE EN EL PERJUICIO EXCEPCIONAL Y ANORMAL RESPECTO DE UN CIUDADANO O GRUPO DE CIUDADANOS MUY REDUCIDO, SERÁ TODA LA SOCIEDAD LA QUE SOPORTE, DE FORMA EQUITATIVA, ESTA CARGA. EN EFECTO, LA SOLIDARIDAD FUNDAMENTARÍA LA ATRIBUCIÓN DE ESOS DAÑOS AL ESTADO. LA SOLIDARIDAD IMPONE EL DEBER DE REPARAR, EL FIN RESIDE EN NO DEJAR A LA VICTIMA DESPROTEGIDA ANTE UN DAÑO INJUSTO, QUE NO TENGA EL DEBER DE SOPORTAR, DE ALLÍ QUE SE PRODUZCA LA AMPLIACIÓN DE LOS FACTORES DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:POLICÍA NACIONAL, NEXO DE CAUSALIDAD, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, TERRORISMO
Bogotá, D. C, siete de julio de dos mil once.
“Fue víctima de explosión de un carro bomba el 10 de nov./92 sufrió TEC [trauma craneoencefálico] Permaneció incosciente (sic) por 20 días en cuidados intensivos con respirador. Todo el tiempo lo pasó en estado de rigidez de descerebración.
“Cuadriparesia espástica leve. Ataxia de la marcha. Incoordinación motriz general. Amnesia anterógrada verbal moderada. Amnesia anterógrada no verbal. Leve amnesia retrógrada. Trastornos moderados de memoria lógico- semántica. Anomia moderada. Baja fluencia categorial apraxia orolinguofacial. Apraxia manual. Lentitud general. Dificultades en razonamiento abstracto y lógico matemático.
“...se le informa que a la señora Myriam Gómez de Cuartas... le reconoció derecho a la pensión de invalidez mediante Resolución 2528 de septiembre 1º de 1993, efectiva a partir del 27 de julio del mismo año.
“Si, desde la misma noche del 10 de noviembre siendo aproximadamente las 8:30 supe por una llamada telefónica de una compañera de trabajo que había explotado una bomba en el CAI de San Lucas. Inmediatamente llamamos a la casa de Miryam pues queda muy cerca y la empleada del servicio, respondió que al parecer doña Miryam estaba herida. Durante toda esa noche, estuvimos llamando para intentar saber donde la habían llevado. Supimos que la tenían en la clínica de la Vegas y que las lesiones eran gravísimas, situación por la cual los médicos determinaron, en la madrugada, que debía trasladarse a la Clínica de Medellín. A esta clínica me dirigí a las 6:30 de la mañana, y puede constatar que Miryam, mi compañera, se encontraba en cuidados intensivos, y con las lesiones de suma gravedad principalmente en la cabeza. Esa misma noche, me enteré de que también el CAI de la cra. 92 con la calle 35 en el Barrio Santa Mónica, había sido volado. Menciono esto, porque allí está localizada una institución de la Secretaría de Bienestar Social del Municipio y durante el día 10 personalmente había sido informada por la directora de dicha institución, mediante 3 llamadas telefónicas que me hizo durante el día, que el CAI lo iban a volar. Ella se había enterado de esto, por intermedio del comandante del CAI que le había advertido que debía evacuar la Unidad, puesto que había amenaza de volar todos los CAI y las personas que trabajaban en la institución corrían riesgo permaneciendo dentro de la misma. Yo había tratado de comunicarme con Miryam Gómez durante el día y no me fue posible para comunicarle esa situación...Tengo entendido que la policía tenía orden de abandonar los CAI y ubicarse a una distancia o sencillamente dejarlos porque sus vidas corrían peligro... Hasta donde pude conocer no se había tomado absolutamente ninguna medida de seguridad alrededor de los CAI, de ninguno de ellos... En parte existía ese comentario [que iban a volar el CAI de Santa Mónica], pero además existía de una manera oficial aunque velada, la indicación de tener precaución en las entidades oficiales que quedaban en la cercanía de los CAI y aclaro, que supe de la directora de la Unidad de Sta. Mónica que ella se comunicó a las oficinas Centrales de la Secretaría y la orden que recibió fue de evacuar la institución... No sé exactamente si esta familia [Cuartas Gómez] había solicitado la protección, si se que ellos consideraban el CAI muy seguro, tal vez el más seguro de la ciudad, puesto que estaba blindado y según ellos tenía conocimiento era un CAI que difícilmente lo volaban, si se, que Miryam mantenía desde hacía aproximadamente un mes, una tremenda angustia por el CAI, porque ella me lo comunicó como pensando especialmente en los niños. Vivía preocupada de pensar que sus hijos debían pasar por el CAI en el momento de una explosión y de eso concretamente, estuvimos conversando el día anterior 9 de noviembre, en la cafetería de la plazoleta de la Alpujarra cuando terminamos una jornada, de encuentro con indigentes en la que las dos coordinamos la parte logística. Ella me dijo casi textual lo puedo asegurar: Gloria tengo mucho miedo de que a mis muchachitos les pasé algo, ellos están solos en la casa y yo trabajando y no puedo cuidarlos. Al otro día fue el accidente (fls. 100 y 101, 103 y 104, cdno. ppal.).
“El 10 de noviembre de 1992, por ahí a las 6 o 7 de la noche más o menos, venían Miriam y Hernán salían de su casa con los niños que iban a comer, ellos vivían cerca al CAI de San Lucas, en el momento en que pasaron por el CAI de San Lucas estalló la bomba, el carro de ellos quedó voltiado (sic) completamente, Miryam quedó debajo del carro, para poderla sacar tuvieron que voltear el carro y la sacaron pensamos que muerta; la llevaron a la clínica La Vegas, inconsciente completamente y con muchos daños cerebrales, todo lo que tenía. De allí pasaron a la clínica de Medellín con mucho riesgo de trayecto a la clínica porque en ese momento habían más aparatos para lo que Miryam tenía, estuvo un mes en cuidados intensivos un mes o dos meses, muy mal completamente perdida, Hernán tuvo en la cabeza una abertura, sin embargo, él tenía que atender a Miryam, su trabajo y dos hijos que tenía menores, uno de 10 años y una niña de 13 años... [El día de la explosión] Yo estaba muy cerca de unas (sic) 4 cuadras donde una amiga, yo estaba pendiente de que ellos me llamaran porque somos muy amigos... solo sé que los vecinos se habían quejado porque es CAI no tenía oficio, sino que era un peligro para todos los vecinos, era un CAI abandonado... Si ese día volaron uno por al (sic) América” (fls. 107 a 109, cdno. ppal.).
“En ese momento yo trabajaba con el esposo de ella y cuando llegué por la mañana a la oficina todos los compañeros me contaron del accidente, me dijeron que había sido ellos, yo inmediatamente me comuniqué con la casa del dr. Cuartas y una hermana me contó la noticia... En ese momento tengo entendido que todos los CAI estaban todos abandonados, lo digo porque nosotros a la mitad de la cuadra de mi casa había uno desocupado. Ya habían volado 3 CAI, uno que es vecino de nosotros... Si todo el mundo decía lo mismo [que los iban a volar]... Lo que yo sé de la familia Cuartas comentábamos algunos veces lo mismo [el temor de que el CAI de San Lucas fuera volado] que les daba miedo, que si a mí no me daba miedo por el CAI de Santa Mónica tan cerquita; si comentábamos del miedo (fl. 106 y 107, cdno. ppal.)
“Para el año de 1992 en total de atentados terroristas fueron de 72. Es de anotar que en este año se incrementaron los atentados contra las patrullas policiales, Estaciones de Policía y muertes a miembros de la Fuerza pública. También se efectuó una escalada terrorista contra entidades crediticias. Para este año se incrementó la oleada terrorista con carros bomba los cuales eran accionados mediante sistema de control remoto en total fueron 6 carros bombas, así: 7 de enero - 4 de agosto - 28 de noviembre - 3 de diciembre - 24 de diciembre - 28 de diciembre” (fl. 80, cdno. de pruebas).
“En respuesta a su oficio... me permito informar a ese despacho que revisados los archivos de la oficina de planeación e Informática, no aparecen antecedentes (planes u órdenes de servicio), elaboradas para la protección a las personas que transitaban por el CAI de San Lucas, para el 101192” (fl. 70, cdno. de pruebas).
Mediante decreto de estado de sitio 677 del 28 de marzo de 1990, los organismos de policía local pasaron al control directo de la Policía Nacional; en obedecimiento del anterior decreto, el alcalde de Medellín, mediante Decreto 192 del 29 de marzo de 1990, determinó que el Departamento de Orden Ciudadano, DOC, no ejercería “ninguna función similar o paralela al asignada a la Policía Nacional” (fl. 249 y 250, cdno. ppal.).
Lo dicho no debe entenderse como un reducto de arbitrariedad del juez, fruto exclusivo de su personal idea de justicia. Por el contrario, este tipo de razonamiento es el que se exige de todos y cada uno de los operadores jurídicos, quienes al momento de aplicar la ley deben permear su interpretación con los principios constitucionales vigentes dentro del sistema jurídico(19), sobre todo a partir de la entrada en rigor de la nueva Constitución, norma que incorpora los valores y principios como un elemento axial dentro de su estructura, algo que debe reflejarse en la concepción del derecho que tengan los operadores jurídicos que funcionan dentro del sistema.
“la equidad —al hacer parte de ese momento de aplicación de la ley al caso concreto— permite una graduación atemperada en la distribución de cargas y beneficios a las partes. En este sentido, el operador, al decidir, tiene en cuenta no las prescripciones legales, sino los efectos concretos de su decisión entre las partes”(20) (resaltado dentro del texto de la sentencia).
Esta aproximación sirve para reforzar la idea de que la equidad en ningún momento debe entenderse como consecuencia del arbitrio judicial; por el contrario, se trata de el uso de la discrecionalidad que permite —e incluso, en algunos casos exige— el ordenamiento para eventos en que la vía excepcional es la que cumple con el valor de justicia material que se busca(21).
“El primero es la importancia de las particularidades fácticas del caso a resolver. La situación en la cual se encuentran las partes —sobre todo los hechos que le dan al contexto empírico una connotación especial— es de suma relevancia para determinar la solución equitativa al conflicto. El segundo es el sentido del equilibrio en la asignación de cargas y beneficios. La equidad no exige un equilibrio perfecto. Lo que repugna a la equidad son las cargas excesivamente onerosas o el desentendimiento respecto de una de las partes interesadas. El tercero es la apreciación de los efectos de una decisión en las circunstancias de las partes en el contexto del caso. La equidad es remedial porque busca evitar las consecuencias injustas que se derivarían de determinada decisión dadas las particularidades de una situación”(22).
“Los actos dañinos derivados del uso de la fuerza legítima, son indemnizados bajo dos fundamentos, a saber, uno el de la solidaridad nacional según el cual el Estado social de derecho debe asumir las cargas generales que incumben a su misión, tal el evento de lesiones personales o daños materiales infringidos con el objeto de reprimir una revuelta, o por causa de esta. Otro, el deber de asumir los riesgos inherentes a los medios empleados particularmente en sus actividades peligrosas o riesgosas”(25).
“Dicho principio es de obligatoria observancia en las actuaciones administrativas, pues la función de aplicar el derecho en un caso concreto no es misión exclusiva del Juez, sino también de la administración cuando define situaciones jurídicas o actúa sus pretensiones frente a un particular en desarrollo de las competencias y prerrogativas que le son propias”(26).
(...) “socavar las instituciones, lo que se explica por la selección del personaje contra el cual se ejecutó. El fenómeno violento se dirigió, pues, contra la organización estatal con el fin de destruirla, o a la búsqueda de concesiones importantes”(30).
Los protagonistas de la comisión de estos actos terroristas pueden ser miembros de organizaciones no estatales y sus cómplices, sean Estados o no, de darles apoyo o asilo. De otro lado, también están comprendidos aquellos Estados que utilizan, de modo explícito o implícito, sus servicios de inteligencia y sus agentes”.
“Resulta pertinente traer a colación lo expuesto en un agudo estudio, donde se detalla como en Francia, el principio de la indemnización de los daños causados por hechos de guerra, inspiró al legislador la Ley 26 de diciembre de 1914 que adoptó la noción de solidaridad como principio fundante de las indemnizaciones, se comenta así: “... El legislador consagró un sistema de reparación totalmente autónomo, fundado en la noción de solidaridad nacional: la igualdad destrozada en detrimento de algunas personas solamente puede restablecerse porque existe en el corazón de la nación un sentimiento de solidaridad. La solidaridad es un principio único, eterno, en el que reside su grandeza, por el que la nación debe extraer el motivo de su obligación: la deuda de la nación es impuesta a su soberanía por la solidaridad... la unidad nacional no sería más que una metáfora sino engendrara, para toda la nación, al tiempo beneficiaria y tributaria de esta unidad, la obligación de vincularla, no en consideración de una infracción de la nación, sino en consideración de ella misma(31)”(31). La justicia, en términos de Rawls, el teórico contemporáneo más importante en el tema, en palabras sencillas, se fundamenta en una concepción solidarista entre quienes comparten una relación de convivencia, y a partir de su modelo contractual es posible aspirar a un mínimo de ella.
“Con motivo de las acciones terroristas se dota de prerrogativas especiales a los gobiernos, no sólo en cuanto a la prevención y represión de las mismas, lo que paradójicamente puede dar origen a la modificación de la construcción teórica que se tenga del Estado, y que hoy día plantea un delicado problema de orden constitucional, en razón de la normatividad de los Estados de excepción o estatutos antiterroristas que ponen límites a los derechos fundamentales, donde se traza una peligrosa línea fronteriza entre la legalidad y la ilegalidad de Estado, Colombia tiene una amplia experiencia en el uso de dicha normatividad excepcional. Esta es la actual encrucijada de los Estados democráticos, el cómo afrontar este tipo de violencia respetando los límites del Estado de derecho lo cual se traduce en una lucha entre el “eficientismo” y el “garantismo”, en Colombia señalan ese horizonte “el estatuto de seguridad”, “el estatuto antiterrorista” y el “el estatuto para la defensa de la democracia”(32).
“Existe también un precio o un costo para reducir el terrorismo —y no eliminarlo totalmente—, pero sí a través del derecho limitarlo al máximo posible, a efectos de no tener que resarcir las víctimas de los atentados de esta forma especial de violencia; ante el criterio economicista no debe olvidarse que el contrato social o pacto original tiene consecuencias vinculantes que obliga a los Estados a legitimarse a través de la eficacia o pactum solutionis, de lo contrario: “Si los costes de tolerar el terrorismo se hacen demasiado elevados, se deberán pagar otros costes con el fin de reducir el riesgo. Este riesgo no podrá reducirse hasta cero, pero tampoco es posible reducir hasta cero ninguna de las otras molestias”(33).
“Los jueces en desarrollo de su función, se repite, deben hacer una interpretación de la normatividad que involucre los principios y valores constitucionales, a efectos de dar prevalencia a los derechos de los asociados. Por lo tanto, éstos, en su labor interpretativa, no pueden dejar de lado la doctrina constitucional, pues ella, precisamente, plasma el sentido y orientación que debe darse al ordenamiento jurídico. Se requiere, entonces, una acción conjunta dentro de la jurisdicción que imprima un sentido de unidad no sólo en la interpretación sino en la aplicación del conjunto normativo existente, a la luz de los principios y valores que emanan de la constitución... No puede olvidarse que la función de los jueces, en el marco de un Estado social de derecho (...) es, precisamente, materializar en sus decisiones, los principios y fines del Estado, entre los que se encuentra no sólo el mantenimiento de un orden justo sino la efectividad de los derechos de todas y cada una de las personas que habitan el territorio colombiano, artículo 2º”(35).
“Es el Estado, como sujeto pasivo intelectual de los delitos terroristas, quien, en aplicación positiva de los valores de los que en este texto se hace eco, y como verdadero destinatario del perjuicio que se personaliza en las víctimas que, de una u otra manera, garantizan esos valores, quien debe asumir la insolvencia de los terroristas que irrogan sus perjuicios - desde una perspectiva exclusivamente económica - indiscriminadamente sobre algunos de sus miembros.
La ley, y el reglamento que la desarrolla, a través de sus articulados, establecen que será el Estado quien asuma la responsabilidad de indemnizar a las víctimas de los delitos de terrorismo y, a su vez, atraiga para sí, como no puede ser de otro modo, las acciones propias de reclamar a sus responsables —cabría añadir y responsables subsidiarios— las indemnizaciones de las que, si las víctimas optan por acogerse a ésta vía, éstas eran acreedoras, asumiendo con ello el derecho a su cobro y los demás inherentes.
La ley, sin ser perfecta, pues pierde la oportunidad de compensar con mayor generosidad tantos años de olvido, satisface, por lo menos en el terreno económico, muchas de las frustradas pretensiones de quienes hasta hoy eran doblemente víctimas. Víctimas de una barbarie que destrozó sus vidas y víctimas de verse condenados a la condición de perpetuidad acreedora... Esta medida solidaria y necesaria para poner fin al laberinto de reclamar a quien es insolvente cuando no anónimo, debiera ser un verdadero cause de transmisión de derechos, no válvula de escape para la huida de la responsabilidad de los autores”(38).
“Función indemnizatoria, que igualmente, la ley la cumple en Francia, donde se ha reconocido que la víctima del acto terrorista, es víctima inocente de un riesgo social, difícil o imposible de contener por ser un acto de guerra en tiempo de paz y en consecuencia debe ser indemnizado por toda la colectividad, de allí que “las normas jurídicas correspondientes expresan el crecimiento del papel del Estado en las relaciones individuales de responsabilidad civil y la pretensión de reparar las injusticias sociales causadas por los límites propios de las reglas ordinarias de la responsabilidad civil clásica(82)”(39).
“En nuestro medio la normatividad que deviene desde 1993, de manera reiterada ha invocado no solo el mismo principio, sino además el del “daño especial” que reciben las víctimas, pero en el plano de la realidad lo contemplado en dichas disposiciones se torna insuficiente porque no cumple un verdadero papel indemnizatorio, se trata como allí se destaca de una simple asistencia humanitaria coyuntural, lo que demanda indudablemente ante su insuficiencia que el juez en el horizonte de esos dos principios —solidaridad y daño especial—, encumbre el estado actual de la jurisprudencia, para realizar lo que la normatividad enuncia pero no cumple ante su propia limitación de “asistencia humanitaria”, que le da más un entorno de retórica legislativa que de verdadero compromiso con las víctimas inocentes de una guerra que no les pertenece. Puede el juez, teniendo como punto de partida la unidad del ordenamiento jurídico, desarrollar y dar aplicación al bloque de constitucionalidad y a las leyes de ayuda humanitaria, para encontrar los fundamentos de imputación que predican algunos como algo insustituible y sacramental que les permite seguir anclados en el universo utópico de los conceptos, ignorando el incumplimiento de los fines del Estado que son los que justifican su existencia. De allí que “El concepto de “bloque de constitucionalidad”, tan arraigado ya en nuestra doctrina y en la jurisprudencia, no es sino expresión de ese fenómeno, en el cual la Constitución formal y la legislación ordinaria establecen una potente alianza normadora que afecta los elementos básicos del ordenamiento jurídico, a sus principios esenciales”(40).
“Y no puede por último dejarse pasar desapercibido la teoría de D’ahuteville(41), citada dentro de las conclusiones de la obra del profesor José María Fuster - Fabra Torrellas, al puntualizar:
“4. En todo caso, y en aplicación de la teoría de D’Ahuteville, la producción del atentado terrorista es siempre consecuencia de una anomalía del Estado; anomalía que no tiene su origen, en nuestro Estado de derecho, en una situación de injusticia social, sino en un sistema que no es capaz de evitar la comisión y proliferación de los mismos. Esa consecuencia derivada de la estructura organizativa y protectora del Estado, entendido como sociedad en la que se desenvuelve el individuo, debe ser reparada, en último caso, por el Estado que es quien debe garantizar a sus súbditos las condiciones necesarias de protección y seguridad(42)” (43).
“en el caso sub examine, el daño resulta antijurídico, porque un grupo de personas, o una sola de éstas, no tiene porque soportar los daños que se generan con motivo de la defensa del orden institucional, frente a las fuerzas de la subversión, el actuar de la administración, en estos casos, es lícito, pero ello no la libera del deber jurídico de indemnizar los daños que cause con tal motivo”(49).
Por lo que queda expuesto, instrumentalizar el daño especial como criterio de imputación en el presente caso, implica la realización de un análisis que acorde con el artículo 90 Const., tome como punto de partida el daño antijurídico que sufrieron los demandantes; que se asuma que el daño causado, desde un punto de vista jurídico y no simplemente de las leyes causales de la naturaleza, se debe entender como fruto de la actividad lícita del Estado; y, que, por consiguiente, concluya que es tarea de este, con fundamento en el principio de solidaridad interpretado dentro del contexto del Estado social de derecho, equilibrar nuevamente las cargas que como fruto de su actividad, soporta en forma excesiva uno de sus asociados, alcanzando así una concreción real el principio de igualdad.
La teoría del daño especial es conveniente, no solo porque brinda una explicación mucho más clara y objetiva sobre el fundamento de la responsabilidad estatal, sino por su gran basamento iusprincipialista que nutre de contenido constitucional la solución que en estos casos profiere la justicia contencioso administrativa. Sin descartar desde luego, que en algunos eventos de actos terroristas, podrán aplicarse los otros regímenes de responsabilidad —falla del servicio y riesgo excepcional—, si las facticidades que se juzgan así lo reclaman, pues se itera, la teoría del daño especial es subsidiaria, en el entendimiento de que solo se aplica, si los hechos materia de juzgamiento no encuentran tipicidad, en alguno de aquéllos otros sistemas de responsabilidad administrativa a los que ya se aludió.
“El departamento Médico y Odontológico del municipio de Medellín, le brindó la atención médico quirúrgica a partir de noviembre 10 de 1992 a las 0:30 a.m. y continua brindándosela ya que figura como pensionada de esta institución.
[Cita los nombres de los médicos especialistas que la han atendido y que médicos generales y de medicina ocupacional también lo han hecho].
“Se anexa fotocopia del oficio enviado a la Clínica Medellín, solicitando copia de la factura cancelada por el Municipio de Medellín, con relación a los gastos generados por la atención de la señora Miriam Gómez de Cuartas” (fls. 122 y 123, cdno. ppal.).
Con la contestación de la demanda, el municipio de Medellín adjuntó una copia de la comunicación del jefe del Departamento Médico y Odontológico dirigido al gerente de la Clínica Medellín, con fecha del 25 de noviembre de 1992, en el que manifiesta que la paciente Myriam Gómez de Cuartas, quien se encontraba en la unidad de cuidados intensivos, era empleada del Municipio de Medellín, “por lo tanto autorizo a la Clínica para que nos envíe una factura de cobro por los gastos generados durante la hospitalización de la señora” (fl. 92 del cdno. ppal.).
“Entre los gastos que puedo menciona (sic) extraordinarios que tenía la familia, está por ejemplo el pago de una enfermera permanente día y noche, para vigilar todos los movimientos y dar a Miryam la droga; también hubo que encargar una droga especial a EE.UU. según entiendo muy costosa, recomendada por el neurólogo para la recuperación. En gastos de droga sé porque me tocó muchas veces comprarla personalmente que se le dio una atención nutricional especializada con droga muy costosa y nutrientes que ayudaran al proceso de regeneración de su organismo. Igualmente tuvieron que costear fisioterapeutas a domicilio, para la atención diaria de Miryam, puesto que sus condiciones de parálisis total hacia necesario que tuviera un ejercicio permanente un cuidado en su cuerpo, que el mpio. de Medellín no proporcionaba dentro de la atención que estaba determinada para Miryam. Tuvieron también que comprar una serie de aparatos ortopédicos y de manejo que eran necesarios para la completa recuperación... Entiendo que los sufragó [los gastos hospitalarios] el mpio. de Medellín aunque tengo entendido que algunos de los tratamientos hubo de costearlos por la familia... Había una serie de tratamientos bastante especializados que no entraban en consideración de lo estipulado por el mpio., para la supervivencia de Miryam... el mpio. de Medellín, en este momento no realiza para Miryam ningún tipo de tratamiento hasta donde yo puedo saber (fls. 102 a 105, cdno. ppal.).
“...los pocos pesos que tenían, se empezaron a acabar con los tratamientos para Miryam que costaron mucha plata. Ya para los 2 o 3 meses pasaron a Miryam para la casa pero ella seguía mal, perdida completamente, hubo la necesidad de ponerle una enfermera que la atendiera porque Hernán tenía que ver por el resto de la casa, toda la familia quedó sicológicamente muy mal y por la parte económica peor... (fls. 107 a 109, cdno. ppal.).
“Finalmente, tampoco comparte la Sala el argumento de la demandada en cuanto al enriquecimiento sin causa que generaría una condena en este proceso ya que la Policía Nacional “...estaría pagando dos veces la misma causa, se repite, pues aquél ya recibió los salarios por el tiempo de lucro cesante consolidado que determinó el despacho y aun sigue recibiendo sus salarios y puede solicitar si lo desea su pensión por invalidez...”, pues tal y como lo ha sostenido la corporación, las fuentes y causas de la indemnización laboral y la derivada de un proceso de responsabilidad extracontractual del Estado, son bien diferentes y, por lo tanto, no hay lugar ni a exclusión ni a descuento, aunque ciertamente, como se verá, en el presente caso no hay lugar a reconocimiento alguno por concepto de lucro cesante, puesto que el mismo no se produjo” (negrilla fuera de texto).
La suma de $535.600 debe ser adicionada en un 25%, correspondiente al valor de las prestaciones sociales, y la suma obtenida, correspondiente a $669.500, que es la renta actualizada.
Víctima: Myriam Gómez de Cuartas
Fecha de nacimiento: 12 de marzo de 1951
Vida probable: 34,53 años = 414,36 meses
Renta actualizada: $669.500
Sumados los valores de la indemnización vencida y futura, por concepto de lucro cesante, se obtiene un total de $353.554.502.
“... además el Dr. Cuartas tuvo que hacer uso de su tiempo laboral en una forma extraordinaria puesto que la situación de Miryam lo obligaba a estar permanentemente con ella... algunos de los amigos, que inicialmente estuvieron con ellos rodeándolos, los dejaron solos y a las familia, les tocó enfrentar posteriormente, la pérdida de trabajo del Dr. Hernán Cuartas según entiendo porque está sacando mucho tiempo para su hogar y porque estaba demandando a la empresa una situación que la empresa no estaba en situación de considerarla. También tengo entendido que al hacer la liquidación le descontaron una serie de gastos que al parecer inicialmente se había hecho por la empresa pero luego él tuvo que asumir con un alto monto. Económicamente, por tanto, también la familia se vio también muy afectada... En estos momentos sin embargo, ella todavía no podemos decir que está recuperada. En la última evaluación médica y neurológica que le hizo el mpio. de Medellín a Miryam hace aproximadamente un mes, se determinó nuevamente que no está en condiciones de trabajar ni física ni psíquicamente. Esto lo supe por ella y la angustia profundamente porque el neurólogo le comunicó que en su concepto nunca volvería a trabajar pues algunas áreas no se iban a recuperar... en la familia Cuartas Gómez nada volvió a ser normal. El Dr. Cuartas ha venido de trabajo en trabajo, como una diría yo, pérdida de seguridad personal a raíz de que su situación laboral no se ha podido recuperar ni normalizar. En este momento por ejemplo, puedo decir que él está sin trabajo y la familia está recibiendo como ingreso hasta donde yo sé solo la pensión que el mpio. determinó darle a Miryam por su accidente...es una pensión temporal que debe ser revisada cada 6 meses la han citado para evaluarla de nuevo... (fls. 102 a 105, cdno. ppal.).
“...Hernán tuvo en la cabeza una abertura, sin embargo, él tenía que atender a Miryam, su trabajo y dos hijos que tenía menores, uno de 10 años y una niña de 13 años. A raíz de esto Hernán perdió su puesto, porque naturalmente lo tuvo que descuidar para atender lo demás, fuera de la parte sicológica empezaron a atravesar una parte económica pésima porque al quedarse Hernán sin puesto, los pocos pesos que tenían, se empezaron a acabar con los tratamientos para Miryam que costaron mucha plata... No ella no está en capacidad de trabajar y necesitan en la casa del trabajo de ella...Él en este momento está sin empleo, está muy mal económicamente. Está pasando una crisis económica bastante mala (fls. 107 a 109, cdno. ppal.).
“En ese momento yo trabajaba con el esposo de ella... El estaba vincula en ese momento y 4 meses después le pidieron renuncia... El motivo exacto no estoy seguro cuál fue, pero me supongo que él a raíz del accidente de la esposa, por la atención y todos los problemas fue como descuidando un poquitico el manejo de la empresa. Pero no sé si sería ese el motivo... Consideró que si [que cambio la situación de la familia Cuartas Gómez], sicológicamente todos; los niños el dr., doña Miryam por consiguiente, que perdió todas sus facultades, ella quedó como yo la conocía una persona totalmente diferente era una mujer activa con dos profesiones, estaba muy atenta de su esposo, sus hijos su hogar, para mi cambió radicalmente... Después de que se retiro de la empresa estuvo varios meses sin trabajo y en este momento está sin trabajo otra vez. Para mí es una persona que se volvió muy nerviosa se mantiene con una inestabilidad emocional...” (fl. 106 y 107, cdno. ppal.)
CONDÉNASE a la Nación —Ministerio de Defensa, Policía Nacional— y al Municipio de Medellín, a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, a Myriam Gómez de Cuartas, la suma de trescientos sesenta y un millones setecientos noventa y siete mil novecientos ochenta y siete pesos ($361.797.987).
Aunque comparto la decisión adoptada en la sentencia del 7 de julio de 2011, debo manifestar que me aparto de la decisión en los siguientes aspectos: i) la ausencia de una línea jurisprudencial sobre el tema y ii) el régimen de responsabilidad a aplicar: daño especial y riesgo excepcional.
I. Ausencia de línea jurisprudencial sobre el tema.
Aunque en la sentencia suscrita se hace un extenso recuento jurisprudencial sobre el daño especial como régimen de responsabilidad aplicable desde 1947, debo precisar que no existe continuidad en el precedente de esta corporación en cuanto a este título de imputación.
No se trata, sólo, de buscar el sustento en la recopilación indiscriminada de piezas jurisprudenciales, ya que como la doctrina sostiene:
“Mientras que el case law del derecho anglosajón siempre se ha basado en la conexión analógica entre caso nuevo y caso antiguo, la utilización de la jurisprudencia en el derecho continental europeo ha sido marcadamente conceptualista. El análisis jurisprudencial usual en Colombia no se elabora en torno a situaciones fácticas bien delimitadas, sino, más bien, en torno a un referente conceptual común. Por esta razón la búsqueda de jurisprudencia relevante se hace con la ayuda de tesauros conceptuales y no a través de la identificación de analogías fácticas entre sentencias.
En este tipo de citaciones, la jurisprudencia no resulta, como en el caso anterior, controlante o decisiva. Como ya se dijo, los tribunales que utilizan mayoritariamente citas conceptuales les tienden a poseer una noción de jurisprudencia indicativa y no de precedente vinculante”(1).
Así las cosas, es necesario poner de presente que el precedente, para que pueda constituirse en una sub regla o norma adscrita controlante de un caso futuro, debe contar con una ratio decidendi elaborada a partir de supuestos fácticos similares con el caso actual que es objeto de decisión. Así, en el presente asunto, considero que no es posible, si quiera, elaborar una línea jurisprudencial que contenga elementos fácticos tan amplios como lo puede ser la responsabilidad por actos o atentados terroristas, en razón a que dentro de dicho ámbito se incluyen escenarios tan disímiles como puede ser, por ejemplo, la responsabilidad por i) daños causados a civiles con ocasión de ataques terroristas a instalaciones de la fuerza pública, o ii) atentados contra un centro comercial o un lugar de alta concurrencia, etc.; tal configuración de los hechos conllevaría, desde luego, a valorar las situaciones específicas del caso y, a la postre, variar las tesis que regulen la decisión que se adopte.
Así, valoradas las consideraciones que se plasmaron en la sentencia del sub lite, se podría llegar a la errónea conclusión que en un asunto como el que ocupa la atención se resuelve únicamente con sustento del régimen del daño especial, afirmación que desconocería la tormentosa e irregular jurisprudencia de la Sala en donde se ha aplicado, en hechos similares, la doctrina del riesgo excepcional.
II. Diferenciación entre los regímenes de riesgo excepcional y daño especial.
A lo largo de la jurisprudencia de la corporación, el manejo de los regímenes de daño especial y riesgo excepcional no ha sido pacifico, a tal punto, que en asuntos que guardan relación fáctica se encuentran decisiones que pueden decantarse por algunos de estos dos regímenes.
Así, urge para la Sala, a fin de garantizar la coherencia de su jurisprudencia, entrar a establecer criterios que diferencien de manera clara los supuestos en los cuales tiene aplicación el régimen de daño especial y el de riesgo excepcional; esta labor, de seguro dificultosa, traerá como consecuencia el establecimiento de límites racionales, objetivos y controlables intersubjetivamente de la decisión que se adopten en asuntos en los que se debata la responsabilidad del Estado por actos terroristas, de forma que no sea el ánimo que le imprima cada juzgador la resolución de un caso en concreto.
El régimen de riesgo excepcional, que ha sido desarrollado por la Sala guarda una relación cercana con la regla jurídica del artículo 2356 del Código Civil e incluso, ha sido admitida por algunos como una formulación adaptada del derecho civil(2), esto es, un régimen de responsabilidad objetiva con prescindencia de la valoración de la culpa, cuando se está en presencia de actividades peligrosas. En jurisprudencia reciente la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia sostuvo:
“En rigor, en estas hipótesis, no se trata de una responsabilidad subjetiva, por culpa presunta o probada, ni opera una presunción iuris tantum o iuris et de iuris, de culpabilidad, responsabilidad o peligrosidad, pues la norma en su estructura legis no establece expressis verbis (C.C., art. 66) presunción alguna, exigiendo tan solo la probanza plena de una actividad peligrosa, el daño y el nexo causal, desde luego que, en afán de exactitud, una actividad peligrosa puede desarrollarse con la adopción de toda la diligencia o sin esta, de donde, no es coherente, deducir en todo caso, per se y de suyo, una culpa por el simple ejercicio de una actividad de esta clase y, análogamente, tal postura encuentra un escollo insalvable en la exigencia del elemento extraño para la exoneración y envuelve una contradicción entre autoría y la calificación subjetiva de la conducta, porque presumida la culpa, la responsabilidad o peligrosidad, en términos lógicos, la prueba contraria eximiría de responsabilidad, pero la jurisprudencia con acierto, no la admite”(3).
Por lo tanto, el basamento de este sistema de responsabilidad se encuentra en la existencia de la realización de actividades generadoras de cierto riesgo, pero que son admisibles socialmente por la utilidad que ellas reportan y, en algunos casos, la imposibilidad de prescindir de las mismas, (v. gr. la conducción de energía eléctrica), esto es, un riesgo creado, o riesgo beneficio; pero, habrá lugar a imputar la responsabilidad del Estado en los casos en que ese riesgo se realice en un daño antijurídico.
Por otra parte, el daño especial, como régimen de responsabilidad ha sido elaborado a partir de la concepción de igualdad de las cargas públicas que pesan sobre los administrados; esto implica considerar i) que las cargas ordinarias o normales que se aplican sobre todos los ciudadanos o sectores específicos de ellos deben ser asumidas como un sacrificio o carga ordinaria frente al Estado, pero ii) los sacrificios particulares a que se vea abocado un ciudadano a consecuencia de un acción lícita del Estado corresponde a una situación anormal que amerita ser compensada; así las cosas, aquí se prescinde por completo de la noción de actividad riesgosa.
La especialidad es una condición inherente a la responsabilidad por ruptura de la igualdad ante las cargas públicas: esta no puede en efecto considerarse como realizada sino cuando un ciudadano administrado puede prevalerse de un tratamiento especialmente desfavorable que le haya impuesto sacrificios particulares(4).
Partiendo de estas diferencias, someramente expuestas, es necesario que la jurisprudencia de la Sala otorgue una mayor precisión conceptual en la aplicación de estos dos criterios de responsabilidad a futuro.
(3) La misma información fue brindada por el director de la División Jurídica del Municipio de Medellín (fl. 1, cdno. de pruebas).
(4) García de Enterría Eduardo y Fernández Tomás-Ramón, curso de derecho Administrativo, t. II, ed. Civitas, Madrid, 1999, pág. 369.
“Insistimos en señalar que los factores objetivos de atribución constituyen un catálogo abierto sujeto a la expansión. Por ello la mención sólo puede ser enunciativa. Al principio sólo se mencionaba el riesgo creado; un análisis posterior desprendido del perjuicio subjetivista permitió vislumbrar a la equidad y la garantía. Hoy conocemos también otros factores, como la igualdad ante las cargas públicas, que es de creación netamente jurisprudencial” (resaltado fuera de texto).
(7) Consejo de Estado, sentencia de julio 27 de 1947, C.P. Gustavo A. Valbuena.
“Se ha reconocido por la doctrina y la jurisprudencia que se compromete la responsabilidad patrimonial de la administración pública cuando ésta, en ejercicio de sus competencias y obrando dentro del marco de las disposiciones legales, causa con su actuación un perjuicio de naturaleza especial y anormal a un administrado, un daño que excede el sacrificio que el común de los ciudadanos debe normalmente soportar en razón de la peculiar naturaleza de los poderes públicos y de la actuación estatal”.
(9) Entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, número de radicación 16205, de agosto 1º de 2005, C.P. María Helena Giraldo, caso de las lesiones sufridas por un conscripto.
(10) Entre otros, Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 4493, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; y Consejo de Estado, Sección Tercera, número de radicación 24671, diciembre 13 de 2005, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(11) En la ya mencionada sentencia del Consejo de Estado, de julio 27 de 1947, C.P. Gustavo A Valbuena. [En esa ocasión, el Consejo de Estado tuvo la oportunidad de examinar aquella situación tan singular en la cual el presidente de la República, Alfonso López, fue detenido por unidades militares en la ciudad de Pasto, lo que originó una crisis y propició que ocupara la presidencia de manera transitoria, el primer designado, quien en virtud de sus facultades otorgó poderes de policía al Ministro de la Defensa para que dictara una resolución tomando posesión y censura de todos los periódicos y revistas del país; a uno de los diarios que no se le designó censor fue al periódico El Siglo, que luego se debió proteger paradójicamente por la misma fuerza pública frente a las turbas enardecidas que iban a atacar sus instalaciones, y por esa protección que le prestó el Estado, se vio en la imposibilidad circular derivándose así un perjuicio].
(12) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de octubre de 1976, radicación: 1.482, M.P. Jorge Valencia Arango.
(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 7716, C.P. Julio César Uribe Acosta, 17 de junio de 1993.
(26) Sentencia T-429 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de tres de mayo de 2007, expediente: 16.696 (06081), actor: Luz Marina Ramírez Barrios y otros, C.P. Enrique Gil Botero.
(28) García de Enterría Eduardo y Fernández Tomás-Ramón, curso de derecho Administrativo, t. II, ed. Civitas, Madrid, 1999, pág. 369.
(30) Apartes trascritos en Consejo de Estado, Sección Tercera, Rad. 8577, septiembre 23 de 1994, C.P. Julio César Uribe Acosta “Los actos terroristas y el derecho privado” en El seguro en la propiedad horizontal y ante los actos terroristas, Medellín, 1986, pág. 76 y 77.
(31) Véase. J.O. Deb., 1º de junio de 1915, año X 1904.
(31) Gustavo Quintero Navas, Conflicto armado y responsabilidad del Estado: análisis del derecho colombiano a la luz del derecho francés, Revista 10 de derecho público Universidad de los Andes, 1999, pág. 173.
(34) Juan Carlos Peláez Gutiérrez, Ob. cit., pág. 144.
(35) Sentencia SU-846 de 2000.
(36) En el derecho español, acontece igual, a la par de la vía jurisdiccional, el régimen legal está conformado por la siguiente normatividad: Real Decreto 1211 del 18 de julio de 1997 por el cual se aprueba el reglamento de ayudas y resarcimiento a las víctimas de delitos de terrorismo; Real Decreto-Ley 13 de 1997 por el cual se autorizó la celebración de un sorteo de la lotería nacional a favor de las víctimas de terrorismo; orden del 12 de septiembre de 1997 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones a las asociaciones representativas y de defensa de las víctimas de terrorismo y a las entidades que realicen actividades asistenciales a favor de las mismas; Real Decreto 73 de 1998 del 23 de enero por el que se regulan los criterios de asignación de las ayudas a víctimas de terrorismo derivadas de los beneficios obtenidos en el sorteo de la lotería nacional del 18 de octubre de 1997. Finalmente la Ley 32 de 1999 mediante la cual se alcanza la solidaridad con las víctimas del terrorismo, y el Real Decreto 1912 de 1999 reglamento de ejecución de la Ley 32 de 1999. Como también la Ley 2 de 2003, modificatoria de la Ley 32 de 1999, y el Real Decreto 288 de 2003 por el que se aprueba el reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo.
(82) Baudouin, La responsabilité civile délictuelle, Québec, 1985, pág. 488 y ss.
(39) Fuster - Fabra Torrellas, Ob. cit., pág. 146.
(41) D’ahuteville: Indemnity of damges sustained by victims of terrorism. The new system of French laws, en AIDA-Newsletter, Nº 29, enero-marzo de 1988, pág. 458 y ss.
(43) Gil Botero, Enrique, Temas de responsabilidad extracontractual del Estado, Bogotá, Comlibros, tercera edición, 2006, pág. 225 a 234.
(45) López Mesa, Algunos excesos en materia de responsabilidad del Estado. “¿Es posible aplicar al Estado la doctrina del riesgo creado?”. En Revista de Derecho Administrativo, cit., año 10, Nº 27/29, págs. 437 y ss; ídem, Curso, cit., T III, pág. 67; Zavala de González, Resarcimiento de daños, cit., t. 4, pág. 85.
(46) Zavala de González, Resarcimiento de daños, cit., t. 4, pág. 86; CSJN, 27/2/97, “Compañía Swift de La Plata c. Estado nacional”, Ley 1998-D-128; ídem, 21/3/95, “Rebesco, Luis M. C. Estado nacional-Policía Federal“, ED, 166-377; Cám. Nac. Fed. CC, Sala II, 16/9/97, “Carranza, Julia A. y otros c. municipalidad de Buenos Aires”, La Ley, 1999-C-794, J. Agrup., caso 13.935.
(47) La CSJN ha decidido que cuando la actividad lícita estatal, aunque inspirada en propósitos de interés colectivo, se constituye en causa eficiente del perjuicio para los particulares —cuyo derecho se sacrifica por aquél interés general— los daños- en el caso, muerte a raíz de los disparos efectuados por un policía durante la persecución de delincuentes – deben ser atendidos en el campo de la responsabilidad Portu obrar lícito (CSJN, 10/4/01, “C. de G., F. c. Provincia de Buenos Aires”, DJ, 2001 -3- 866).
(49) Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 8577, cit.
(50) Sobre el carácter de la presunción bajo las reglas de la experiencia el tratadista Gustavo Humberto Rodríguez manifestó: “La presunción como regla de experiencia. – La acción humana va siempre acompañada de conocimiento. El hombre conoce la realidad en la cual actúa, por medio de dos instrumentos: la experiencia y la ciencia. Con la experiencia conoce empíricamente, objetivamente, llevando por la observación a que se ve impelido por la acción. Con las ciencia sistematiza sus conocimientos, profundiza críticamente en ellos, los verifica y los explica metódicamente. El análisis empírico lo lleva a formular juicios de experiencia; el científico lo conoce a expresar juicios científicos, que serán absolutos mientras la misma ciencia no los desvirtúe. A su vez, los juicios o reglas de la experiencia, en virtud de ese carácter meramente empírico o práctico, solo expresan un conocimiento inconcluso o de probabilidad. La experiencia es un conjunto de verdades de sentido común, dentro de las cuales hay muchos grados que lindan con el científico…” (Gustavo Humberto Rodríguez. Presunciones. Pruebas Penales Colombianas, tomo II. Ed. Temis, Bogotá 1970 pág. 127 y ss. Quiceno Álvarez Fernando. Indicios y presunciones. Compilación y extractos. Editorial Jurídica Bolivariana. Reimpresión 2002) (negrilla de la Sala).
(52) Expediente 5001-23-31-000-1992-1484-01 (15791), ver también sentencia de 11 de febrero de 2009, expediente 52001-23-31-000-1996-07818-01 (16586).
(1) López Medina, Diego Eduardo. El derecho de los jueces. 2ª Edición. 2006. Bogotá, Legis, págs. 115-116.
(2) Paillet, Michel. La Responsabilidad Administrativa. [Traducción: Jesús María Carrillo] 1º Edición, 2001, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, pág. 184.
(3) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 24 de agosto de 2009. Radicado: Expediente 11001-3103-038-2001-01054-01.
(4) Paillet, Michel. La Responsabilidad Administrativa. [Traducción: Jesús María Carrillo] 1º Edición, 2001, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, pág. 219-221.

References: Resolución 
 artículo 2
 artículo 90
 resolución 
 artículo 2356
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto