Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2016/08/31/por-falta-de-pruebas-indemnizan-por-despido-a-empleador-bancario-acusado-penalmente-de-haber-vendido-dolares-de-modo-irregular/
Timestamp: 2019-06-27 10:00:30+00:00

Document:
Por falta de pruebas, indemnizan por despido a empleador bancario acusado penalmente de haber vendido dólares de modo irregular. – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: B. N. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires S.A. s/ ordinario – otros
Cita: MJ-JU-M-99625-AR | MJJ99625
Ilegitimidad del despido con causa del empleado bancario, ya que la demandada no logró acreditar que el actor hubiera confeccionado tres boletos apócrifos para la compraventa de dólares. Cuadro de rubros indemnizatorios.
1.-Cabe hacer lugar a los rubros emergentes del despido incausado, pues la demandada ninguna prueba aportó para dar certeza sobre el incumplimiento denunciado al trabajador, esto es, haber confeccionado tres boletos de compraventa de dólares apócrifos, y menos aún demostró la buena fe patronal que requiere la LCT al momento de decidir la extinción del contrato, resultando peor aún su empecinada y vacua posición procesal de defender la causa extintiva.
2.-Frente al supuesto incumplimiento formal del actor, la demandada decidió despedirlo, pero jamás demostró un análogo rigor de control con sus empleados jerarquizados en el seguimiento de tan estricto protocolo de actuación, ya que como consecuencia del amplificado escándalo de una sucursal, la entidad bancaria ni siquiera sancionó a ninguno de los cuadros intermedios y jerárquicos de la misma, mucho menos a quien fuera su gerente, de cuyo deficiente desempeño hay acabadas pruebas.
3.-A los efectos del resultado del proceso, en absoluto contribuye a la posición del demandado el endilgar que una falta grave (dejar abierto su logeado informático ) tiene la entidad suficiente para constituirse en causal de extinción; siendo que para ello dejó de atribuir al actor un actuar fraudulento y la generación de operaciones apócrifas , lo cual resulta discordante con la prueba generada por el mismo banco.
4.-Corresponde acoger el daño moral reclamado, pues el banco ha denunciado penalmente al actor, profundizando su posición al constituirse en querellante en esa causa, y ha dado amplia difusión pública de los hechos, agraviando su honor y buen nombre con imputaciones falsas e irreales que le han producido un gran pesar, tanto a título personal como a su familia.
VILLA MARIA, 31/03/2016.
Y VISTOS: estos autos caratulados “B., N. C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A., – ORDINARIO – OTROS” (EXPTE. Nº 332250),En la ciudad de Villa María, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil dieciséis, ante el Secretario actuante, se constituye la Cámara Única del Trabajo, integrada de manera unipersonal por el Sr. Vocal Dr. Marcelo José Salomón, con el fin de la lectura de la Sentencia, en estos autos caratulados “B. N. C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A.- ORDINARIO – OTROS” Expte. Nº 332250, de los que surge:
1) Que a fs. 1/22 comparece el Sr. N. B., DNI XX.XXX.XXX e interpone demanda en contra de Banco de la Provincia de Córdoba S.A., reclamando el pago de la suma de cuatrocientos cincuenta mil setenta y dos con treinta y cuatro centavos($450.072,34) los que se desagregan en los rubros que especifica en su planilla (pto. V) de la demanda. Expone que se desempeñó en relación de dependencia económica jurídica para el BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A., en categoría laboral de Auxiliar, en forma ininterrumpida desde el día doce de febrero de 2007, sin inconvenientes y sin sanciones disciplinarias de ningún tipo hasta el dieciocho de septiembre de 2009, fecha en la que recibe comunicación de despido, por injurias graves. Manifiesta que para ingresar a trabajar para la empleadora atravesó un proceso de selección de personal iniciado por el Banco, habiendo efectuado exámenes de habilidades y un técnico sobre matemática. Seguidamente describe el contexto en que se produjo el despido. Asevera que la relación laboral se desarrolló con total normalidad hasta el 18/09/2009 en que se le notificó el despido, poniendo la patronal a su disposición la certificación de servicios en la gerencia de Recursos Humanos del Banco, en la ciudad de Córdoba y la liquidación final fue depositada en su caja de ahorro, en Villa María.Detalla que el despido se dispuso sin sumario administrativo interno previo, se concretó por decisión del Directorio, sin basarse en sumario interno ni en causa penal. La notificación de despido se realizó a su domicilio, mediante acta notarial, invocando “pérdida de confianza”. Que ante tal comunicación remitió telegrama, el que no fue contestado, por lo que acciona judicialmente para reclamar el perjuicio sufrido y las indemnizaciones por daño moral y despido sin causa. Expone que la real causa que provocó el distracto es la atribución que efectúa la demandada de tres hechos que denunció penalmente, entiende que esa actitud es arbitraria e ilegal, ya que la pérdida de confianza se fundó en hechos en los que no ha intervenido, conforme sobreseimiento en causa penal, lo que transforma el despido en uno sin causa. Que respecto de la causa penal “B., N., D. E. P. D. E. P. M. p.s.s. coautores DEFRAUDACIÓN CALIFICADA”, manifiesta que fue imputado por el delito de defraudación calificada y que mediante sentencia del juzgado de control de fecha 19/11/2010, se lo sobresee, por no haber sido los hechos cometidos por él. Alega que solicita reparación por daño moral, atento que el Banco de Córdoba, ha desplegado en su contra una conducta antijurídica adicional, ajena al contrato de trabajo, que le causaron padecimientos espirituales. Aclara que al hecho de la denuncia penal y la constitución como querellante particular en su contra, se le adicionó la difusión pública de los hechos penales denunciados esbozando según su apreciación calumnias e injurias contra su persona. Cita publicaciones editadas por periódicos locales, las que según posición del actor configuran una conducta de carácter ilícito contractual de tal magnitud que violenta el principio de buena fe, aduciendo que el empleador ha causado un perjuicio distinto al generado normalmente por un despido injustificado, excediendo la indemnización tarifada del art. 245 de la LCT.Efectúa la exposición sobre la valuación del daño moral, la que fija en la suma de pesos cuatrocientos mil ($400.000). Invoca doctrina y jurisprudencia que entiende abona su postura. Finalmente expone detalladamente los rubros que solicita y requiere la admisión plena de los mismos con costas. Esta es una acotada reseña de la demanda a cuyo contenido íntegro se remite (art. 329 CPCC)
2) Que a fs. 46 consta acta de la audiencia de conciliación (art. 47 LPT) en la que comparecen el actor con su letrada Ab. M. E. G. de V. y por la demandada, lo hace su apoderado el Ab. E. R. sin que las partes logren conciliación alguna. En ese estadio, la actora ratifica en todo su demanda y la accionada solicita el rechazo de la misma por las razones que expone en su memorial respectivo (fs.35/45) y opone excepciones de falta de acción y de pago. En su defensa la patronal realiza una negación específica de varios ítems de la demanda por lo que niega y rechaza que el actor tenga derecho a percibir los rubros que exige. La empleadora, manifiesta que en la sucursal Villa María ocurrieron irregularidades en el sector de compraventa de moneda extranjera, se confeccionaron a través del sistema informático del banco, formularios de compra de dólares, operaciones que se completaban con extracciones de caja de ahorro de titularidad de los supuestos clientes compradores , siendo dichas operaciones apócrifas. Que al efectuarse reclamos por los clientes afectados la entidad promovió actuaciones internas destinadas a determinar a los eventuales dependientes involucrados y el grado de participación y responsabilidad. Que constatadas las irregularidades, el Banco en uso de sus facultades de dirección y administración, dispuso despedir con causa a los Sres. G. D., D. P. y M. P. La demandada afirma, que en virtud de lo ocurrido efectuó denuncia por ante el Sr.Ayudante Fiscal “contra todas aquellas personas, que por acción u omisión hayan participado en calidad de autores, coautores, cómplices y/o encubridores y que necesariamente surgirán de la investigación que se deberá efectuar”, en dicha denuncia se efectuó una relación circunstanciada de los hechos, haciendo referencia a las tres personas que tuvieron directa participación en los hechos investigados -D., P. Y P.-, sin alusión directa ni indirecta respecto de B. Que el Sr. Fiscal de 2do. Turno, Dr. G. A., imputó a N. B., como coautor de defraudación calificada. La imputación fue efectuada por tres hechos , cuya conducta el funcionario describió “.abusando de la confianza delegada por las autoridades de dicha entidad en el manejo de intereses ajenos, con el fin de obtener un lucro indebido, y aprovechando las facilidades propias de la función de cada uno de ellos, de común acuerdo, concretaron la siguiente maniobra defraudatoria: Primeramente a las 11.23 horas ese día , el imputado N. B. mediante la utilización de su clave personal U155100 (otorgada para desempeñar su función) y en circunstancias en que cumplía tareas en el sector compra venta de dólares, a los fines de justificar la comercialización de dicha moneda , confeccionó (pro forma oficial) un boleto de Compra-Venta de moneda estadounidense, haciendo figurar como parte compradora del mismo a uno de los tantos clientes de la mencionada entidad, Sr. Teodoro Pérez.”. El representante del Banco afirma, que nadie parece haber denunciado a N. B., pero resultó imputado, atento a que las tres operaciones constatadas fueron realizadas desde la terminal de computación del Sr. N. B., utilizando su usuario y clave, lo que genera un hecho de extrema gravedad con perjuicio económico, causando injuria grave a la patronal. Asevera el apoderado de la demandada, que de los elementos acercados como prueba por el Banco, el Sr. Fiscal entendió que además de las tres empleados mencionados por el Banco, el Sr. N. B. tenía responsabilidad, y decide imputarlo, el día 11-09-2009.Aclara la demandada, que no endilgó al actor la comisión de ningún hecho ilícito, sino que para disponer la medida tomada -Despido Causado-, con fecha 1709/2009, se alegó la pérdida de confianza en su gestión dependiente. Manifiesta que el despido fue operado luego de haberse realizado actuaciones internas, en las que N. B. fue citado. Asevera que el actor en su demanda pretende trasladar su actuar desidioso al Banco, adjudicando cualquier irregularidad a lo que denomina “sistemas deficientes” implementados por la patronal, cuando en realidad se debe a su propio comportamiento deficiente; y afirma que en la jerga bancaria dejar abierto con clave de usuario colocada, un sistema informático, equivale a dejar la caja fuerte abierta. Opone excepción de falta de acción y afirma que el actor erra en su apreciación de la necesidad de efectuarse un sumario administrativo, toda vez que el Banco de la Provincia de Córdoba como entidad autárquica del estado provincial, desde el año 1992 adhirió al Régimen general de la Ley de Contrato de trabajo 20.744, y por ella se rige, por lo que no es necesario la confección de sumario administrativo alguno. Que las investigaciones internas que se efectuaron tiene otros objetivos, y en general el actuar con premura. Que el actor reclama rubro vacaciones no gozadas y SAC, a lo que se opone excepción de pago, ya que cuando se efectuó liquidación final con fecha 30/06/2009, y la misma fue depositada en caja de ahorro del actor, se liquidaron dichos rubros. Entiende que debe desestimarse el reclamo por Indemnización art. 2 ley 25.323, atento que el actor efectuó meras reservas de accionar en los términos del art. 245 LCT, sin haber efectuado una intimación concreta al pago de los rubros emergentes del despido, en mérito a ello, deja interpuesta excepción de falta de acción.Manifiesta el demandado que el reclamo por daño moral, parte de una base errada de afirmar que el banco lo ha denunciado, lo que no se ajusta a la realidad de los hechos, como tampoco su afirmación de que en sede penal se concluyó que no incurrió en ningún tipo de irregularidad, ya que allí se concluyó en todo caso que tal conducta no configuró un delito. Y que en definitiva lo resuelto no involucra en ma nera alguna ya que la entidad bancaria jamás imputó a B. delito alguno. Por último consigna la demandada, que respecto a lo dicho por el actor de la difusión pública de los hechos denunciados por parte del Banco, esbozando calumnias e injurias en su contra, se opone ya que de las notas periodísticas invocadas no surgen términos calumniantes y no se menciona el nombre de N. B. Que no existió por parte del banco actitud injuriosa alguna que pudiera haber afectado moralmente al actor Invoca doctrina que abona su postura. Por lo expuesto solicita el rechazo de la demanda con costas. Esta es una acotada reseña de la posición de la accionada a cuyo contenido íntegro se remite (art. 329 CPCC).
3) Que ofrecidas y admitidas las pruebas (actora fs. 64/74 y demandada fs.61/63), se produce la colecta probatoria, en donde las partes reconocieron parte de la prueba documental (acta notarial, contratos de trabajo a plazo fijo, recibos de haberes) También luce el informe pericial contable a fs.211/212, y diferentes informes de terceros.
4) Que elevado el expediente a la Cámara, se lleva adelante la audiencia de la vista de la causa, según consta en actas de fs. 227 y 230 (apertura de audiencia y recepción de pruebas confesionales y testimoniales) y en acta de fs. 255(audiencia de alegatos). 5) Que clausurado el debate, el Sr. Vocal, Dr. M. S., se formula las siguientes cuestiones,
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el reclamo impuesto por el actor?
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué resolución hay que adoptar? A la PRIMERA CUESTIÓN, el Sr.Vocal dijo:
I) Que con el fin de garantizar el Debido Proceso se hace necesario reflejar la colecta probatoria llevada adelante ante este Tribunal en la Vista de la Causa. Allí se colectó la prueba confesional de la demandada, la que se configuró como ficta ante la ausencia de la demandada, a tenor del pliego de posiciones que luce agregado fs. 226. También expusieron diferentes testigos, a saber:
a) W. O. R. (DNI XX.XXX.XXX): quien afirmó ser Gerente de la sucursal mientras B. trabajaba en tareas plazo fijo y venta de dólares. Estuvo a cargo del puesto por casi dos años. Describe el procedimiento del movimiento de compra de dólares: identificación de cliente, se labraba el boleto, pasaba por caja para materializar la compra/venta. Cada empleado tiene una clave, que es el número de legajo del empleado. Describe el procedimiento lógico del trabajo con las computadoras. La clave es privada solamente la puede usar otro empleado si se la da a conocer un empleado a otro. No recuerda el caso de un empleado “C.”. El movimiento de sucursal era muchísimo. No recuerda si el sector de B. tenía jefe pero le parece que no. Sabe que fueron separados del cargo P., D., B. y P. por mal uso de las funciones. Pero no sabe nada de los hechos que se le imputan a B. Solo se anotició porque un cliente viene y hace un reclamo y se entera que un señor de apellido C. presenta una nota a la Cra. P. donde señala que le faltaba el dinero de su plazo fijo.
b) J. A. M. (DNI XX.XXX.XXX): quien afirma que trabaja en la Subgerencia de fraude y prevención. Que conoce a B. por la investigación que realizó. Que ésta se inició con un cliente que reclama que le hicieron una extracción sin autorización, que da motivo a la investigación sobre cuentas que no “se movían” y que de pronto empezaron a tener movimientos. En el caso de B. hubo tres ventas de dólares a fallecidos.En la investigación se ve que la confección del boleto surge que era con la clave de B. Que en su investigación se ven las operaciones con la clave de B., pero no puede afirmar si las hizo él, si la delegó (a la clave) o lo hizo en forma personal con acuerdo de otros empleados. Lo único claro es que los dólares salieron. La clave la crea el empleado y se vence en treinta días. Para la venta tiene que haber una autorización. No recuerda que B. haya estado autorizado. Quien decide la posición patronal final es el Directorio del Banco. Por decisión del Tribunal, como medida de mejor proveer, se decidió ampliar la testimonial, y en la segunda oportunidad el testigo dijo: Expuso que el Directorio del Banco no le dio ninguna directiva especial respecto a este caso. Afirmó que la investigación sostuvo que B. “realizó” los boletos de compra-venta porque estaba identificado como su “usuario personal”. Ratificó que cerró la investigación porque dieron por sentado que B. lo hizo, porque el número de usuario era el de él. Ratificó que no se exploró la línea investigativa si otros empleados utilizaban las claves de sus compañeros, pues no se puede “dejar abierta la clave”. Afirmó que se da por sentada que quien deja abierta la clave, la presta. Expuso que no era habitual realizar investigaciones por “usuario abierto”. Afirma que no participo en las investigaciones internas de las empleadas Romina Duarte, Cabrera y Nieto. Ratifica que no se exploró si era otra persona le “uso la clave” a B., expone que de los empleados de la sucursal Villa Maria, ninguno quería hablar y que no colaboraban con los testimonios, que no se pudo recrear el escenario, que todos los empleados se ampararon en el Secretario Gremial. Afirma que en la investigación no se confrontaron las firmas registradas en los boletos de Compra-Venta de Dólares y que había un sello, que nadie se hacía cargo del mismo.
c) M. De S.(DNI XX.XXX.XXX): Trabaja en la parte contable actualmente, fue compañera de B. y no recuerda la fecha, pero que lo fue por más de un mes. Afirma que tuvo una operatoria con su firma falsificada, no recuerda el cliente. Al exhibírsele comprobante de compraventa de moneda extranjera a nombre de la Sra. E. G. (fs. 50 de la Investigación 2009/71 Ampliación – operación de $14.354), la testigo manifestó que la firma inserta en el comprobante no era de ella. La autorización dependía de ella. Nadie puede pasar la venta y/o compra sin venta autorizada. Sobre las operaciones en particular dijo que no veía a las personas que requerían la operación de compra, solo las autorizaba, y que era el empleado que realizaba la operación quien debía identificar al cliente. Declara que B. no tenía firma autorizada. Expresa que se enteró de la denuncia de C., no recuerda bien lo que pasó, sabe que hubo inconveniente pero no recuerda cual. Afirma que de manera frecuente veía a P. en la máquina de B., que pudo estar trabajando con la clave propia, o con la de B. d) J. L. G. (DNI XX.XXX.XXX): afirmó que es Tesorero desde el 2010 y Subtesorero en el período 2008-2009. Recuerda que B. trabajaba en plazo fijo y venta de dólares, ubicado al fondo de la sala. Allí estaban B. y P. El que autorizaba era el contador. Explicó que la operatoria de venta de moneda extranjera requería de una firma autorizada; que una vez emitido el boleto debía ser autorizado por M. de S. o la persona que tenía firma autorizada; dijo que la firma Autorizada avala la operación y luego pasa por caja. Quien debe verificar es el responsable, pero que se debe trabajar con la confianza del otro empleado porque sería imposible de otra forma. Reitera es una cuestión de “confianza” entre empleados. Veía como “cosa rara” que P. salía mucho del Banco y que conversaba mucho con D.Manifiesta que B. le comentó que veía “cosas raras” con estos empleados y que él le planteo el tema a R. (gerente) para que los hablara, no sabe que pasó después. Expone que era una práctica levantarse de su escritorio para buscar firma autorizada, lo que podía significar dejar la máquina abierta y que era habitual que el sistema quedara abierto con usuario y clave. Expresó que a partir de lo sucedido en 2009, se cambió el sistema informático, para que en la actualidad la sesión caduque a un determinado tiempo sin actividad. Calificó como “inhumano” la rutina laboral de tener que levantarse del puesto de trabajo y buscar “firmas autorizadas” para “cerrar” la operación. e) N. D. E. (DNI XX.XXX.XXX): Afirma que él no tenía atención al público, que estaba en la parte operativa. En el movimiento de la compra de dólares, no se podía físicamente comprobar la identidad y menciona que se trabaja en confianza entre empleados. En cuanto a la operatoria de dólares, agregó que no realizaba tales operaciones pero sí las autorizaba en ocasiones, cuando el empleado encargado del sector lo visitaba en su oficina a fin de requerir la validación Recuerda que en una fiesta se comentó el reintegro de B. y que una reunión en el hotel Howard Johnson el Presidente del Banco anunció que iban a ser reincorporado al Banco.
II) Que confrontando las posturas asumidas por las partes en la Litis, éstas han coincidido en los extremos de la relación laboral, las fechas de ingreso y egreso y el marco general de las prestaciones como asimismo, la plataforma fáctica que puso punto final al contrato de trabajo, aunque radicalmente disienten sobre el encuadre jurídico que aquella debe tener.Por ello, el conflicto a resolver en esta sentencia se asienta en meritar si el empleador debe la liquidación final reclamada, si el despido con causa impuesto por la patronal es “procedente” y si -en su caso- el demandado con su desempeño procesal -laboral y penal- ha dañado la imagen y personalidad del actor por datos y hechos injuriosos. Para mayor claridad expositiva y de lectura de esta resolución, se desagregara el análisis de cada tópico reclamada en la demanda.
III) Rubros integrantes de la liquidación final: En este punto se aborda el reclamo identificado en la demanda como: “5) Vacaciones no gozadas” y “6) S.A.C proporcional”. Es por todos reconocido que la extinción de un contrato de trabajo, forja de manera directa e inexcusable la generación de los créditos que componen la llamada “liquidación final” independientemente de la motivación de la extinción y su reclamo estará impetrado al no pago de esos rubros por parte de quien fuera el empleador. En este expediente, es inexplicable el sostenimiento a lo largo del proceso del reclamo del actor por estos rubros, pues en propia demanda (fs. 2) reconoce expr esamente que le fue depositada tal liquidación en su caja de ahorro. A más de ello, la patronal en su memorial de contestación le antepone a estos rubros la “excepción de pago” y la pericia contable realizada en autos (fs. 212) ratifica tal pago. Pese a todo ello, el actor siguió sosteniendo hasta esta instancia el reclamo de estos rubros. Por encontrarse reconocido (confesión judicial del actor) y acreditado (perica contable) el pago de los rubros referidos, su procedencia debe ser rechazada de plano.
IV) Rubros derivados del despido causado: Que en este acápite se emprenderá el estudio de los rubros identificados en la demanda como: “1) Indemnización por antigüedad, 2) Indemnización sustitutiva de preaviso, 3) Integración mes de despido”. Que realizando un abordaje teórico al conflicto, se destaca que el art. 242 LCT textualmente expresa:”Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación. La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso.”. Va de suyo que el llamado “despido causado” (independientemente de quien lo invoque) es una forma de extinción del contrato laboral que se asienta en el incumplimiento que uno de los contratantes le imputa al otro, cuya entidad y suficiencia hace imposible la continuación del vínculo laboral y cuyo examen final de procedencia corresponde ser realizado por el tribunal de mérito, ejerciendo una valoración prudencial de tal denuncia a fin de admitir o no su procedencia judicial. Dicha “ruptura” debe también congraciarse con los arts. 62 y 63 de la LCT, esto es que las partes -en especial la denunciante- hayan actuado con la prudencia y buena fe que corresponde a su posición contractual. Adicionalmente, debe remarcarse que en las relaciones laborales bancarias no existe ninguna obligación -ni legal ni convencional- que imponga a la patronal realizar un sumario interno previo con conocimiento del trabajador como requisito formal anterior a la decisión de un despido. Esta prieta síntesis enmarca los andariveles del análisis y el razonamiento que se llevará adelante para dilucidar el presente problema.
V) Que ingresando a la causa específica de despido, según la comunicación notarial (cfr.prueba documental), la misma puede sintetizarse en el reproche patronal al actor de haber “.cometido irregularidades de entidad suficiente para injuriar gravemente los intereses de la entidad bancaria al haber procedido indebidamente y confeccionar tres boletos de compraventa de dólares apócrifos, pues quienes figuraban como compradores no habían requerido tales operaciones, siendo este irregular accionar del actor base fáctica para extracciones apócrifas de fondos de diferentes cajas de ahorro”, identificando las operaciones como “casos 1, 2 y 3”, de los clientes Teodoro Pérez, Lidia Orsi y Expediente Euralia García. Concretamente: el banco hace responsable a B. de un actuar fraudulento, generando tres operaciones bancarias apócrifas (compraventa de dólares), en las cuales el trabajador violentó el instructivo de procedimiento establecido para tales casos, adicionando que con ese acto se permitió una posterior defraudación mayor.
VI) Que en primer orden, corresponde verificar si la plataforma fáctica denunciada (actuar fraudulento y generación de operaciones apócrifas por parte de B.) sucedió tal como lo refiere la patronal; recién luego correspondería valorarla judicialmente en clave de mérito según lo establecen los arts. 243 y ccs. de la LCT. En este punto, el actuar procesal de la patronal luce espasmódico en su colecta probatoria denotando una actitud jurídica procesal rayana con la desidia y la indolencia, no propia de una entidad bancaria señera como se autotitula la accionada. Esta afirmación no es un juicio apresurado del suscripto ni una opinión generalizada de los empleados (que fueron testigos de la presente causa) o una impresión de los medios gráficos locales sobre el conflicto; en realidad es poner en palabras -de manera lisa y llana- la consecuencia directa de la valoración de la propia prueba aportada por la demandada y de la lectura de sus posiciones en este proceso, tal como se observará a continuación.
VII) Que la oferta probatoria de la accionada centralmente estuvo compuesta por:a) testimonios (cuyas expresiones fueron reflejadas supra), b) una investigación administrativa interna, c) una pericial contable y d) la incorporación total del expediente penal instruido por el Sr. Fiscal de Instrucción de 2do. Turno y finalizado por la Sra. Jueza de Control (ambos de la Sede) en cuanto a la participación del actor. De toda esta prueba, no existe ningún elemento que pueda generar -ni siquiera indiciariamente- la convicción judicial de que los hechos atribuidos en la causal de despido sucedieron como lo describe la comunicación extintiva. En verdad, la prueba propuesta por el Banco repele tal afirmación y exhibe con grado de “certeza y fijación judicial” la no participación de B. en el irregular actuar denunciado. Más claramente: la prueba instrumental ofrecida por la propia demandada (investigación penal) es lapidaria y contundente en refractar el supuesto actuar injurioso de B. En dicho expediente judicial, al trabajador se lo ha sobreseído del delito denunciado por “no haber participado en los hechos” (art. 350, inciso 1º del CPP); es decir, por no ser el autor material de las infracciones que el Banco le imputa. Nótese lo contundente que es la sentencia exculpatoria cuando afirma: “.la prueba incorporada y analizada por el Fiscal conduce a la certeza negativa de la participación de B. en el hecho. Es decir, de la valoración probatoria que el titular de la acción efectúa surgen una serie elementos que desincriminan al encartado por falta de intervención en los hechos. Así, se advierte que ha quedado probado que B., al carecer de firma autorizada, debía transitar por el banco en busca de un empleado o funcionario que pudiera firmar los documentos que él confeccionaba; que era él quien tenía en su escritorio los formularios de plazo fijo, lo que justificaba que P. se acercara a dicho escritorio; que el escritorio de P. se ubicaba cerca del de B.; que P. efectivamente utilizaba la computadora de B. en ausencia de éste, circunstancia que fue observada en algunas oportunidades por otra empleada.También se ha probado que la actitud de B. fue siempre demostrativa de responsabilidad y lealtad con el Banco y sus deberes como empleado del mismo. Por todo ello, resulta evidente que N. B. no participó en la comisión de los delitos que se le atribuyen.” (Cfr. Sentencia 120 del año 2010, Juzgado de Control y Faltas, Villa María). Corresponde resaltar que el Banco de la Provincia de Córdoba (quien se había constituido como querellante en la causa) aceptó y consintió esta decisión jurisdiccional en el mes de noviembre del año 2011, es decir seis meses antes de la interposición de la demanda laboral que hoy se resuelve. Frente a esta situación, ninguna de las pruebas de este expediente laboral logra, ni tan siquiera someramente, remover la contundente decisión jurisdiccional absolutoria. Los testimonios vertidos en la Audiencia de la Vista de la Causa (todos empleados de la propia demandada) ratifican lo ya declarado en la causa penal, siendo coincidentes y contestes en acreditar dos “realidades” que la accionada pretende desconocer: a) B. era un muy buen empleado en su desempeño laboral, comprometido con su función y con su rol dentro del Banco; b) la operatoria diaria de trabajo y la estrictez del instructivo de procedimiento establecido para operaciones cambiarias era de cumplimiento imposible con los recursos humanos y técnicos disponibles en la sucursal Villa María a la fecha de los acontecimientos. Concretamente: los testimonios acreditaron que el Banco pretendía que sus “empleados rasos” (aquellos sin mayores responsabilidades, como era el caso de B.) cumplieran procedimientos, autorizaciones administrativas y operativas sin brindarles el “hábitat operativo” para desarrollar acabadamente tal cometido. Frente a ese supuesto “incumplimiento formal” la demandada decidió despedir a B., pero jamás demostró un análogo rigor de control con sus empleados jerarquizados en el seguimiento de tan estricto protocolo de actuación (verbigracia:como consecuencia del amplificado escándalo de la sucursal Villa María, la entidad bancaria ni tan siquiera sancionó a ninguno de los cuadros intermedios y jerárquicos de la sucursal, mucho menos a quien fuera su gerente (Sr. Rodríguez) de cuyo deficiente desempeño -en ambas causas judiciales- hay acabadas pruebas.
VIII) Que el testimonio del Sr. Méndez (quien se desempeñaba en la Subgerencia de Fraude y Prevención) es una muestra clara y contundente del errático desempeño patronal, en el ejercicio de las facultades de investigación y control interno, cuando describió: “.la investigación sostuvo que B. “realizó” los boletos de compra-venta porque estaba identificado como su “usuario personal”. Ratificó que cerró la investigación porque dieron por cierto que B. lo hizo, pues el número de usuario era el de él. Ratificó que no se exploró la línea investigativa si otros empleados utilizaban las claves de sus compañeros, pues no se puede “dejar abierta la clave”. Afirmó que se da por sentada que quien deja abierta la clave, la presta. Expuso que no era habitual realizar investigaciones por “usuario abierto”. Afirma que no participo en las investigaciones internas de las empleadas Romina Duarte, Cabrera y Nieto. Ratifica que no se exploró si otra persona le “usó la clave” a B. y que en la investigación no se confrontaron las firmas registradas en los b oletos de Compra-Venta de Dólares y que había un sello, que nadie se hacía cargo del mismo.” Es decir, el Directorio del Banco -frente a las incontrastables irregularidades que su propia investigación interna le detectaba e indicaba- en vez de profundizar su tarea llegando a las verdaderas causas y reales responsables laborales de tales incumplimientos, decidió extinguir el contrato a B., dando por cierto la confección apócrifa de operaciones cambiarias con un único elemento (la identificación de usuario-operador del sistema) y desechando la propia declaración de B. como de los demás empleados de la sucursal.Este sinuoso derrotero se corona con el mérito final que el Banco realiza de la presente causa, cuando en su alegato pretende modificar la plataforma fáctica del despido (contrariando lisa y llanamente el art. 243 de la LCT). Así la accionada dice: “.Ningún delito imputó el Banco de la Provincia de Córdoba a B., solo una irregularidad operativa que existió, toda vez que incurrió en una falta grave. Pudo actuar siguiendo instrucciones, buscando a diestra y siniestra un Jefe que autorizara las operaciones que realizaba en su terminal de computador, pudo haber sido traicionado por empleados infieles y malos compañeros, pero nada de ello excluye su obligación primigenia que es mantener la confidencialidad de su clave y además, salir del sistema cada vez que abandonaba su puesto, lo cual no es ni tan engorroso ni tan imposible, dado que con accionar una sola tecla ello es posible y al retornar no debía más que volver a tipiar su clave. Las normas resultan de observancia estricta, incluyendo en tal concepto a la normativa vigente en el ámbito de la demandada y a la cual toda la planta debe adecuar su accionar, conducta y comportamiento; por ello no resulta viable alegar el desconocimiento o pretender justificar los incumplimientos en otras cuestiones, como en el caso, donde el reclamante y otros testigos de la causa penal justifican los graves hechos acontecidos en presuntas deficiencias en los sistemas implementados por el Banco.” (Conf.: alegato de la accionada, fs. 246/247). Pareciera que al final del proceso, el Banco de la Provincia de Córdoba ha recapacitado sobre el actuar de B. y ahora le pretende endilgar que una falta grave (dejar abierto su “logeado informático”) tiene la entidad suficiente para constituirse en causal de extinción.Es decir, ya no le atribuye un “actuar fraudulento y la generación de operaciones apócrifas”, sino que se le endilga una falta grave al no “cerrar su puesto de trabajo”. Esta novedosa posición patronal también es discordante con la prueba generada por el mismo Banco (prueba documental “Caso 209/083 INFORME DE GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA”) en la que consta que a dos empleadas de la sucursal Villa María (Srtas. Laura Cabrera y Vanesa Nieto), en el mes de noviembre de 2009, el Directorio de la entidad decidió aplicarles siete (7) días de suspensión por la irregularidad de “.no haber tomado los recaudos para mantener en adecuada reserva y confidencialidad la clave de usuario del sistema de computación.” (cfr. Informe del Subgerente de Legales, fs. 305/307 y resolución de fs. 308/314 de la citada prueba documental). Más claramente: una misma infracción -en tiempo contemporáneo y con empleados en similar situación operativa- para uno (B.) es causal de despido y para otros (Cabrera y Nieto) sólo es causal de suspensión. A modo de conclusión: la demandada ninguna prueba aportó para dar certeza sobre el incumplimiento denunciado al trabajador, menos aún demostró la buena fe patronal que requiere la LCT al momento de decidir la extinción del contrato y peor aún fue su empecinada y vacua posición procesal de defender la causa extintiva. Por todo lo antedicho, corresponde hacer lugar a los rubros emergentes del despido incausado.
IX) Rubro identificado como artículo 2° ley 25.323: el actor exige el pago de la sanción indemnizatoria que el legislador ha establecido en la ley 25.323 para aquellos empleadores que son reacios y refractarios a cancelar sus acreencias. Al establecer el supuesto de aplicación, textualmente en el art. 2 se dice:”Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744 (texto ordenado en 1976) y los artículos 6° y 7° de la Ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%”. El supuesto legal determina dos fases para la activación de la sanción: a) una intimación previa y fehaciente del trabajador hacia el empleador incumplidor; y b) la procedencia de las indemnizaciones establecidas por los arts. 231, 245 y cc de la LCT. En autos, el actor no ha acreditado la intimación cursada en los términos del art. 2 de la ley 25.323, pues solamente ha acompañado (como prueba documental) una Carta Documento, de fecha 22/09/09, en la que realiza una intimación general de pago. Pero dicha misiva ha sido expresamente desconocida en su recepción por la patronal (audiencia de fs. 88) y ninguna prueba adicional (léase informativa al Correo Argentino) ha gestado el actor para demostrar fehacientemente tal intimación, no pudiéndose tampoco tomar como “intimación previa” la presentación de la demanda judicial, pues es allí -en ese momento procesal- cuando debe ser valorado el cumplimiento -en tiempo- de las exigencias formales de procedencia de la norma. Por ello, no habiéndose efectuado uno de los requisitos de la norma (intimación en tiempo y forma) corresponde rechazar el rubro requerido en este tópico.X) Rubro reclamado como “Daño Moral”: Finalmente corresponde abordar el reclamo que el trabajador califica como “daño moral” y que cuantifica en la suma de pesos cuatrocientos mil ($400.000). Que desde el plano teórico, puede decirse que el Congreso Nacional al estructurar las normas centrales del derecho del trabajo, por su contenido esencialmente contractualista, estableció un sistema objetivo y estructurado en torno a las indemnizaciones, las que se calculan en base a parámetros predeterminados (antigüedad, remuneración, condiciones personales, etc.). Como consecuencia de ello, la legislación laboral originariamente se ha mantenido alejada y distanciada -en la pauta general- de la llamada reparación integral y especial de daños contenida en las normas del Derecho Civil (hoy Derecho Privado). No obstante, la jurisprudencia y la doctrina desde hace varias décadas han avanzado y permeabilizado tal pauta sesgada, admitiendo -bajo los presupuestos de procedencia y causalidad establecidos en el Código Civil, hoy CCC- la reparación de algún daño que exceda la “prevención económica de la pérdida del puesto de trabajo” (típica contenido patrimonial del art. 245 LCT y ccs). A modo expositivo de esta argumentación, desde hace largo tiempo calificada doctrina -a la cual el suscripto adhiere plenamente- expresa: “Por nuestra parte pensamos que la ausencia de normas que resuelvan en forma expresa la cuestión no puede ser interpretada como rechazo al resarcimiento del daño moral (o patrimonial) por incumplimiento de obligaciones laborales, cuando no opere la extinción del contrato de trabajo. Una solución semejante sería inconstitucional, por violentar el principio del neminem laedere que, conforme lo ha dicho reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene jerarquía constitucional. La solución propiciada guarda armonía con el deber de buena fe que surge de los arts. 62 a 66 y 68, L.C.T., cuya inobservancia genera consecuencias resarcitorias plenas.Por lo demás, la sola existencia de un contrato de trabajo en curso de ejecución no puede erigirse en un bill de indemnidad, para agraviar impunemente la dignidad del trabajador.” (Pizarro, Ramón Daniel, Ramón Daniel Pizarro, Daño Moral, Hammurabí, Bs. As., 1996, pág. 606); también se ha dicho “. la indemnización por despido, le corresponde a todo trabajador que ha sido dejado cesante sin justa causa. . cualquier otro acto del empleador, producido antes, durante o, incluso, después del distracto, y que implique el incumplimiento de una obligación contractual o que signifique la comisión de un delito, generará la obligación de resarcir el daño causado, de modo integral, independientemente de la indemnización.” (ACKERMAN, Mario (1978), Indemnizaciones tarifadas y reparación integral. Posibilidad de su concurrencia y acumulación, LT XXVI, 481.). Similar posición puede observarse en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Cimero (CSJN), pues desde antaño admite su procedencia debiendo, remitirse en ese sentido, a la postura sostenida en autos “Dmitrik Artemio Vicente c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) s/ Despido” (02/11/1982) y posteriores resoluciones ratificando y profundizando dicha posición. En concreto: es posible que del acto extintivo (un despido laboral) se pueda configurar un “daño adicional” que -de existir- concierne ser reparado por fuera de la tarifa legal de la LCT. Por lo tanto, en la presente causa deberá verificarse si se configuran los extremos que habilitan el reclamo adicional por daño moral o espiritual.
XI) Que en este punto, el actor entiende que el Banco lo ha denunciado penalmente, que ha profundizado su posición al constituirse en Querellante en esa causa, y que ha dado amplia difusión pública de los hechos, agraviando su honor y buen nombre con imputaciones falsas e irreales que le han producido un gran pesar, tanto a título personal como a su familia.Analizando detalladamente la causa penal (prueba común propuesta por las partes en este proceso laboral) y la abundante prueba documental aportada por el actor debe decirse, en rigor de verdad, que la secuencia de hechos y actos que el trabajador sindica como realizados por el Banco no son tales.
XII) Que la causa penal se inicia con una denuncia efect uada por el Banco de la Provincia de Córdoba S.A., el día 24/08/2009, en contra de los empleados P. y D. y en ninguna de sus expresiones la denuncia vincula a B. con los hechos (cfr. fs. 1/9, Expte. 320144/09, primer cuerpo). La causa sigue el trámite impuesto por la Instrucción y es el propio Fiscal de 2do. Turno quien -por la prueba colectada- decide imputar a B. como posible autor de los delitos investigados (cfr. decreto de fecha 11/09/2009). Recién el día 09/11/2009 el Banco amplía su denuncia y allí sí señala al ya imputado B. en otros dos hechos, siendo cierto también que la entidad bancaria se constituyó en Querellante Particular con fecha 09/04/10. De la secuencia procesal del expediente queda clara -y es de suma importancia para el rubro que está en análisis- que la “incorporación penal” de B. fue decisión propia del Fiscal Instructor y no motivada en una denuncia del Banco. Que el trabajador haya debido transitar la larga etapa investigativa en condición de “imputado” no es sindicable al actuar del Banco de la Provincia de Córdoba ni puede ser esta “permanencia penal” la causal de una reparación económica que deba ser resarcida por la patronal. En su caso, si B. abriga la convicción de que ha sido injustamente “imputado” (y como tal ultrajado su nombre por tal condición) deberá cursar su reclamo ante el Estado Provincial por el actuar de sus funcionarios, pero bajo ningún punto corresponde cargar dicho peso en espaldas del Banco de la Provincia de Córdoba S.A.Respecto a la difusión pública del escándalo bancario -de lo que dan cuenta las diferentes publicaciones de los periódicos locales obrantes como prueba documental- debe observarse que en ninguna de ellas las autoridades del Banco o su representante legal han incriminado a B. hechos, actuares, incumplimientos o defraudaciones precisas y personalizadas. La lectura detallada de cada una de las ediciones, en rigor de verdad, denota una exposición de la noticia con una “impronta periodística” incisiva, insinuadora, con giros idiomáticos potenciales pero que, en ninguna de los casos, permiten inferir categóricamente que sea el Banco quien esté actuando en directa alusión y recriminación al Sr. B. En este tópico, si B. se siente injuriado corresponderá cursar su reclamo ante las entidades periodísticas editoras de la noticia, pero por estas publicaciones tampoco corresponde cargar sanción económica en espaldas del Banco de la Provincia de Córdoba S.A.
XIII) Que no obstante todo lo dicho, queda aún una esfera de responsabilidad por valorar y es la propia actuación del Banco como empleador, en especial en el modo y forma en que decidió extinguir el contrato del hoy actor. Aquí es donde anida la causal que dará lugar al resarcimiento económico del daño reclamado. Observando el desempeño del Banco como “empleador” fundamentalmente en los momentos finales de tal vinculo, se trasunta -sin lugar a dudas- que tal desempeño se desplegó por andariveles que sobrepasan los valladares propios de la relación laboral que vinculaba a las partes. Endilgar a B., como lo hace la comunicación de despido, la comisión de hechos de una contundencia tal como fraudulentos y apócrifos, adicionando en su aseveración la comprobación de deslealtades laborales (las que no fueron ni corroboradas ni verificadas) francamente arrolla los deberes de buena fé y colaboración mutua (art. 62, 63 y cc de la LCT) que deben campear en toda relación laboral.Adviértase que la empleadora siempre tuvo a su disposición rescindir el vínculo laboral por otros motivos propios del trabajo específico, sin necesidad de recalar en el falso accionar engañoso y tramposo que le encarta a B., pero a pesar de ello, decide tomar este camino vejatorio para el actor.
XIV) Que de acuerdo a la prueba colectada y al razonamiento general que se ha expuesto supra, adelanto que toca hacer lugar a la reparación del daño en cuanto se ha vulnerado injustificadamente, sin razón ni prueba, la imagen laboral y el honor personal del Sr. N. B., agravio cometido por el Banco de la Provincia de Córdoba S.A en su desempeño como empleador, quien actuó imprudentemente, con liviandad y negligencia al momento de ejercer su facultad de denuncia del contrato de trabajo (art. 243 LCT). No debe soslayarse que la empleadora no es un persona física de escaso nivel de culturización, todo lo contrario, estamos en presencia de una persona jurídica que cuenta con departamentos y secciones especializados que la obliga a ajustar su accionar de una manera más rigurosa aún (cfr. Arts. 909 C.C.-1725 C.C.C.). A pesar de todo ese soporte técnico-jurídico, la entidad bancaria decide atribuir y difundir -como lo hizo en su comunicación extintiva- la “conducta simulada” del empleado, de la cual B. fue liberado -en ambas causas judiciales- nada menos que por falta de participación en los hechos. En otros términos: en el expediente penal el actor no fue liberado de culpa y cargo por cuestiones técnicas de encuadramiento de la figura penal ni por prescripción, fue sobreseído por no haber llevado a cabo la actividad denunciada en la comunicación de despido que le fue arrogada por su patronal y en esta causa laboral fue exculpado porque la patronal no demostró los hechos que invocó. La circunstancia que estemos ante una relación laboral no implica que el empleador goce de un “amplio decisorio patronal” (solamente resarcible con la indemnización del art.245 y cc LCT) pudiendo mancillar el honor de sus empleados bajo el ropaje de que su conducta solo debe ser calificada como un devenir propio de las relaciones laborales. Reiteramos nuevamente, la patronal disponía de otras medios para disolver el vínculo, a pesar de ello escoge atribuir una conducta tramposa al empleado, por lo cual su proceder debe ser analizado con la severidad y gravedad que amerita dicha condición. Se adiciona una complicación al desenvolvimiento ya gravosa de la patronal, como es el entorno y el momento en que le encarta a B. su actuación fraudulenta. El Banco cuando despidió no fue ni “prudente” ni “diligente” en su decisión, y fue “indiferente de los derechos laborales” del Sr. B., pues debió sopesar, valorar y meritar que el contenido de tal decisión extintiva tendría -como las tuvo- fastidiosas consecuencias personales para el trabajador. Más claramente: el Banco de la Provincia de Córdoba no pudo pasar por alto que al tiempo en que efectuó su denuncia penal por los ilícitos detectados -en el contexto general y laboral de la sucursal Villa María- cualquier decisión patronal que imputara a otros empleados algún tipo de vinculación con estos ilícitos, esos otros trabajadores “en la mirada del hombre de a pie” como cómplices o participes de tales estafas. Por todo ello, verificándose en la causa los supuestos legales que requieren las normas de la responsabilidad civil, corresponde hacer lugar a la reclamación de reparación al agravio del honor y la imagen personal del trabajador, cuya cuantificación se procede a determinar en el acápite siguiente.
XV) Que Finalizando este punto de examen, debe agregarse que la normativa aplicable es la que regía al momento en que se verifica el accionar y el perjuicio – consecuencia padecido por el actor (art 7º C.C.C – ART 3º C.C.). En este orden, tanto el accionar de la demandada como las consecuencias y perjuicios que padece el actor se comprueban durante la vigencia del código civil, siendo ésta la norma aplicable en la especie.En cuanto a la condena y condiciones de cumplimiento de la misma se advierte que se trata de un segmento regido por la nueva ley, como consecuencia del efecto inmediato de ésta (art 7º C.C.C.) y por tal motivo el C.C.C. vigente al momento de dictar esta resolución es la norma que rige la condiciones de cumplimiento de condena y accesorios y entre estos tenemos que la novel normativa contempla expresamente el art 1740 C.C.C. cuya aplicación ha sido requerida por el actor en su alegato.
XVI) Que a los fines de materializar la reparación plena del daño causado, debe decirse que como regla general existe amplia aceptación, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, que el daño moral se reputa acreditado “in re ipsa”, en tanto su resultado lesivo es congruente con el suceso que lo ha generado; es decir para reputar un perjuicio espiritual, no es necesario probar llanto, sufrimiento o depresión; esencialmente el daño espiritual se configura ante un contexto que altere el equilibrio existencial de las personas, como ha sucedido -acreditado con la abundante prueba colectada en la causa- en el caso particular en estudio. Por lo ante dicho, el suscripto entiende que la reparación al daño espiritual y al buen nombre y honor de N. B. debe conformarse de dos prestaciones: a) una prestación dineraria; y b) una prestación accesoria que será la publicación en medios gráficos locales de una parte de esta resolución que se identificara infra, según lo reglado en el art. 1740 CCC.
XVII) Que respecto a la cuantificación económica del daño “extra laboral”, el suscripto está persuadido que la reparación al daño causado a B. no puede estar fijada por una cifra como la planteada en la demanda que esté desvinculada a parámetros objetivos de la relación laboral y cuya verificación sea de difícil comprobación.Si de acuerdo a la Carta Magna Nacional y su reparto de competencias constitucionales, corresponde al Congreso Nacional -en ejercicio de los criterios de oportunidad, merito y conveniencia- fijar las pautas reglamentarias de los derechos; y si la expresión parlamentaria en el ámbito laboral siempre ha sido (a excepción del art. 95 y ccs. LCT) la de fijar “parámetros económicos de cálculos” (pudiendo citarse como ejemplos de ello el resarcimiento por embarazo/matrimonio, las penalidades por despidos en la tutela sindical, las indemnizaciones de la ley 24.013, o los mecanismos indemnizatorios aplicables a los riesgos del trabajo, entre muchos otros) no pareciera sensato que el juez del trabajo a la hora de cuantificar un dañ o se aparte de tan consolidado precepto legislativo, más aún en un supuesto factico-legal que se encuentra vacuo de reglamentación específica. Por ello, estimo prudente aplicar al presente caso la tarifación establecida en el art. 182 de la Ley de Contrato de Trabajo y como tal condenar al Banco de la Provincia de Córdoba al pago de la misma. La valoración estimativa que llevó a esta convicción ha tenido especial ponderación de las condiciones personales de B. (quien como se dijo fue un empleado leal y noble a los interés del banco), a su falta total de antecedentes penales, a los efectos de la difusión masiva -en el ámbito laboral- del despido y las consecuencias previsibles que tanto él como su familia han padecido en su interactuación social en una comunidad pequeña como la de Villa María. Finalmente se deja expresamente indicado que la indemnización impuesta (art. 182 LCT) es debida desde el momento del despido y por lo tanto le corresponde los mismos términos de cumplimiento de los rubros emanados del despido incausado.Por otro costado, y como prestación adicional, corresponde imponer a la accionada la obligación de publicar, a su costo y cargo, en los periódicos “El Diario del Centro del País” y “Puntal Villa María” una solicitada cuya dimensión nunca podrá ser inferior a un octavo de página, publicación que se deberá reproducir cuatro veces con una alternancia de cinco días durante el lapso de un mes corrido a contar desde que la presente resolución quede firme. El texto a publicar es el siguiente: “Por Sentencia N°94 de fecha 31 de marzo de 2016 de la Cámara del Trabajo de la ciudad de Villa María, se impone al Banco de la Provincia de Córdoba la obligación de publicar, a su costo y cargo, la presente solicitada informando al público en general que en el juicio laboral identificado como “B. N. C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A.- ORDINARIO – OTROS” Expte. 332250″ el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. debe abonar una indemnización equivalente a la establecida en el art. 182 de la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto ha dañado injustificadamente, sin razón ni prueba, la imagen laboral y el honor personal del Sr. N. B., al imputarle una conducta laboral fraudulenta en la confección de tres boletos de compraventa de dólares apócrifos, no habiendo podido dicha entidad demostrar tal grave imputación por no haber participado el Sr. B. en dichos hechos. La presente publicación, forma parte como prestación accesoria de la reparación del daño causado al dependiente, según lo dispuesto por el art. 1740 del Código Civil y Comercial de la Argentina.”
A la SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Vocal dijo: Por el razonamiento efectuado en el abordaje de la Cuestión Primera, postulo que debe rechazarse el reclamo de los rubros identificados como: “5) Vacaciones no gozadas”, “6) S.A.C proporcional” y “Art. 2 ley 25.323”, imponiendo al respecto las costas por el orden causado (art.28 in fine LPT) ya que razonablemente el actor pudo interpretar y sentir factibilidad real de acreditar sus dichos. Por otra parte, propongo que se haga lugar a los rubros identificados como: Indemnización sustitutiva preaviso; indemnización por antigüedad (art. 245); integración mes de despido. Igualmente entiendo corresponde hacer lugar al daño moral reclamado por N. B. condenando al Banco de la Provincia de Córdoba S.A. a abonar una indemnización equivalente a la establecida en el art. 182 de la Ley de contrato de Trabajo y a publicar la parte pertinente de esta resolución, tal como se especifica en el considerando respectivo. Los rubros cuya procedencia se admiten deberán ser calculados y ajustados, desde que son debidos hasta su efectivo pago, con la aplicación de la formula derivada de la Tasa Pasiva Promedio Mensual (TPPM) que publica el BCRA más un interés del 2 % mensual según la pacífica doctrina elaborada por el TSJ en autos “Hernández Juan Carlos c/ Matricería Austral S.A.”(rEF:EDJ5547) Sent. 39/2002 ratificada en sucesivas posteriores resoluciones, cuyo cálculo final será realizado según el procedimiento establecido en el art. 812 y concordantes del CPCC, imponiendo al condenado al pago que el mismo deberá efectuarse a los diez días de notificación el auto aprobatorio, bajo apercibimiento de ejecución forzosa. Que de acuerdo a lo establecido en la ley 9459 corresponde tomar postura respecto a los honorarios profesionales de los abogados actuantes. No existiendo base económica firme (Art. 26) toca diferir la regulación definitiva para cuando la misma exista, haciéndose saber se efectuará de acuerdo a las pautas y patrones que determinan los arts. 31, 36, 39 y cc del citado cuerpo legal. Habiendo finalizado el proceso ordinario, corresponde regular de manera provisoria (art. 28) los honorarios profesionales, a cuyo fin postulo la asignación de una suma equivalente a veinte (20) JUS para cada parte actuante de manera conjunta y en proporción de ley, montos todos que serán considerados integrativos de la regulación final.También corresponde regular los honorarios del perito actuante, lo que serán fijados de manera definitiva. No verificándose la condición tributaria de aquellos, se los invita a denunciar la misma como condición previa a la emisión de orden de pago. No habiéndose pagado la tasa de justicia y los aportes previsionales, corresponde efectuar las intimaciones de ley. Este es el sentido y el temperamento del voto que propongo para la sentencia, haciendo saber que fue valorada la totalidad de la prueba colecta, más allá de la expresamente mencionada (art. 327 CPCC) y que se ha obviado lo reglado en el art. 36 CPCC por no ser el mismo un requisito de legalidad intrínseco de la sentencia. Por las razones dadas y las normas legales citadas,
1) Rechazar parcialmente la demanda impuesta por N. B. en contra de Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en cuanto se reclama los rubros identificados como “5) Vacaciones no gozadas”, “6) S.A.C proporcional” y “Art. 2 ley 25.323”, imponiendo al respecto las costas por el orden causado (art. 28 in fine LPT).
2) Hacer lugar parcialmente a la demanda impuesta por N. B. en contra de Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en cuanto se exigen los rubros identificados como Indemnización sustitutiva preaviso; indemnización por antigüedad (art. 245) e integración mes de despido, con costas a la vencida.
3) Hacer lugar al daño moral reclamado por N. B. condenando al Banco de la Provincia de Córdoba S.A. a abonar una indemnización equivalente a la establecida en el art. 182 de la Ley de Contrato de Trabajo y a publicar la parte pertinente de esta resolución, tal como se especifica en el considerando respectivo, con costas a la vencida.
4) Diferir la regulación definitiva de honorarios para cuando exista base económica final, haciéndose saber que la misma se efectuará de acuerdo a las pautas y patrones que determinan los arts. 31, 36, 39 y cc de la ley 9459. Regular de manera provisoria los honorarios profesionales de los abogados actuantes, a cuyo fin se asigna una suma equivalente a veinte (20) JUS para cada parte de manera conjunta y en proporción de ley, montos todos que serán considerados integrativos de la regulación final. Regular los honorarios profesionales del perito actuante, Cr. Miguel Ángel Perez, de manera definitiva, en la suma equivalente a doce (12) JUS los que deberán cuantificarse al momento del efectivo pago. Invitar a los abogados actuantes a denunciar su condición tributaria como requisito previo a la emisión de orden de pago.
5) Requerir el cumplimiento del pago de tasa de justicia y aportes previsionales, bajo apercibimiento de lo reglado en las leyes. Protocolícese, notifíquese y hágase saber.
VOCAL DE CAMARA MORELLO
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