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Timestamp: 2019-06-18 10:59:57+00:00

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Como ya se ha señalado en anteriores ocasiones, con motivo de otras consultas, en el ámbito de las competencias del Ministerio del Interior, la normativa de seguridad privada ha procedido a regular aquellos aspectos del régimen jurídico de los detectives privados que, en cuanto personal de seguridad privada, se consideran necesarios para el cumplimiento de las normas establecidas, en orden a garantizar el correcto funcionamiento del sector. Concretamente, por lo que se refiere a la formación de los detectives privados, únicamente se han determinado los centros en los que debe impartirse la formación, la duración de los cursos y las materias que podrían calificarse como de contenido mínimo o necesario, las cuales deben incluirse necesariamente en los programas académicos que establezcan los Institutos de Criminología u otros centros oficiales habilitados.
Así, el apartado segundo de la Resolución de 19 de enero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se determinan aspectos relacionados con el personal de seguridad privada, en cumplimiento de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 7 de julio de 1995, se limita a señalar que "los programas de los cursos de detectives privados que establezcan los Institutos de Criminología u otros centros oficiales habilitados por el Ministerio de Educación y Ciencia para la obtención del diploma de detective privado, en todo caso habrán de incluir las materias que se enuncian en el anexo 5 de esta Resolución".
En el citado anexo, efectivamente, se regulan los contenidos teóricos que deben incluir los cursos de detectives privados y asimismo las prácticas que han de llevarse a cabo.
La parquedad de la regulación normativa en esta materia y el hecho de que se otorgue una amplio margen de libertad a los citados centros para impartir dichas enseñanzas (salvo la duración de los cursos y las materias mínimas de los programas formativos), permiten considerar que el intervencionismo administrativo en el régimen jurídico de los detectives privados no alcanza al modo en que los Institutos de Criminología o centros oficiales habilitados deben impartir o desarrollar las enseñanzas correspondientes, cuestión que corresponde al ámbito interno de los mismos, en las condiciones y con los requisitos que establezcan las normas sectoriales que les sean de aplicación en materia de enseñanza.
1. Sobre si las Universidades o los Institutos de Criminología o los centros oficiales adecuados y habilitados por el Ministerio de Educación y Ciencia pueden llegar a acuerdos con centros de formación de personal de seguridad privada, autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad u otros centros de formación para impartir cursos de Detective Privado:
El artículo 54.5.b) del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, establece como requisito específico de habilitación de los aspirantes a detective privado el de "estar en posesión del diploma de detective privado, reconocido a estos efectos en la forma que se determine por Orden del Ministerio del Interior y obtenido después de cursar las enseñanzas programadas y de superar las correspondientes pruebas".
En desarrollo de dicho artículo, el apartado séptimo de la Orden de 7 de julio de 1995 dispone que "a los efectos de habilitación para el ejercicio de la profesión de detective privado, el diploma acreditativo a que se refiere el artículo 54.5.b) del Reglamento de Seguridad Privada habrá de corresponder a la formación a que se refiere el apartado quinto de la presente Orden y será el expedido por los institutos y centros que en el mismo se mencionan".
Por su parte, el apartado quinto de la misma Orden establece que "los aspirantes a detective privado habrán de superar en los Institutos de Criminología o en otros centros oficiales adecuados y habilitados por el Ministerio de Educación y Ciencia, los programas que éstos establezcan, que, en todo caso, han de incluir las materias que determine la Secretaría de Estado de Interior, y comprenderán ciento ochenta créditos, cada uno de ellos correspondiente a diez horas de enseñanza, desarrollados al menos durante tres cursos lectivos".
Así, el anexo 5 de la Resolución de 19 de enero de 1996, de la entonces Secretaría de Estado de Interior, estableció los contenidos teóricos que deben incluir los cursos de detectives privados y, asimismo, dentro del área técnico-profesional, dispuso la realización de las siguientes prácticas: de identificación fotoscópica, de analítica y de investigación.
Pues bien, desde el punto de vista de las competencias de este Ministerio, y en relación con las funciones que están llamados a desempeñar los detectives privados en cuanto personal auxiliar y colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su labor de prevención y represión de hechos delictivos, la normativa de seguridad privada se limita a establecer la formación que, como mínimo, debe adquirir y acreditar dicho personal para el desempeño de tales funciones con todas las garantías.
Según la Orden de 7 de julio de 1997, dicha formación habrá de ser impartida por los Institutos de Criminología o por "otros centros oficiales adecuados y habilitados por el Ministerio de Educación y Ciencia". A este respecto, deben tenerse en cuenta las siguientes circunstancias: primero, que la determinación de qué "otros centros oficiales" son adecuados y pueden ser habilitados para impartir la citada formación, no corresponde a este Departamento, sino al Ministerio de Educación y Ciencia; y segundo, que la normativa de referencia data del año 1995, es decir, de hace diez años, período durante el cual los procesos formativos y educativos han sufrido cambios, no sólo por lo que se refiere a los contenidos -que, en este caso, están determinados en la normativa específica reguladora-, sino también en cuanto a las modalidades y condiciones de impartición de los mismos.
Por tanto, una cosa es que se cumplan los objetivos que persigue la normativa de seguridad privada en cuanto a la formación de los aspirantes a detective privado, respecto de los cuales no ha habido modificaciones, y otra distinta es que dicho cumplimiento no pueda lograrse a través de fórmulas distintas o alternativas contempladas en las normas sectoriales, como la suscripción de acuerdos con centros privados para impartir determinadas formaciones.
En cualquier caso, como se ha dicho anteriormente, al margen de los Institutos de Criminología y, obviamente, de las Universidades, que se encuentran directamente facultados para impartir las enseñanzas conducentes a la obtención del diploma de detective privado, cualquier otro centro que pretenda impartir dichas enseñanzas a los mismos efectos, deberá estar habilitado por el Ministerio de Educación y Ciencia.
A este respecto, debe señalarse también que la habilitación o autorización que otorga la Secretaría de Estado de Seguridad a los centros de formación y actualización de personal de seguridad privada (vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo), no faculta a los mismos para impartir las enseñanzas correspondientes a la profesión de detective privado, ni sustituye a la habilitación que debe otorgar el Ministerio de Educación y Ciencia.
2.- Si, a efectos de habilitación de detectives, se pueden considerar títulos propios, distintos al de detective privado, que contengan el programa que determina la Secretaría de Estado de Seguridad, titulación suficiente para la citada habilitación:
Tal y como se ha señalado con anterioridad, el apartado séptimo de la repetida Orden de 7 de julio de 1995 dispone que "a los efectos de habilitación para el ejercicio de la profesión de detective privado, el diploma acreditativo a que se refiere el artículo 54.5.b) del Reglamento de Seguridad Privada habrá de corresponder a la formación a que se refiere el apartado quinto de la presente Orden y será el expedido por los institutos y centros que en el mismo se mencionan".
A juicio de este Centro Directivo no se está estableciendo un requisito académico consistente en estar en posesión de un determinado nivel de estudios o de un título oficial (como es la exigencia del título de bachiller o la formación profesional de segundo grado), sino un requisito de habilitación que exige acreditar una formación suficiente y adecuada, a través de la obtención de lo que se ha dado en llamar "diploma de detective privado". Por ello dice el apartado séptimo, antes trascrito, que el diploma se corresponderá con la formación recibida, la cual, en todo caso, debe incluir las materias que determine la Secretaría de Estado de Seguridad y comprenderá ciento ochenta créditos, cada uno de ellos correspondiente a diez horas de enseñanza, desarrollados al menos durante tres cursos lectivos.
En consecuencia, entiende esta Secretaría General Técnica que, siempre que se den tales circunstancias, es decir, que la formación sea impartida por un centro habilitado por el Ministerio de Educación y Ciencia; que el programa de materias incluya las contenidas en el anexo 5 de la Resolución de 19 de enero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior; y que su duración sea de tres años lectivos, comprendiendo ciento ochenta créditos, la formación obtenida debe ser considerada válida para obtener la habilitación para el ejercicio de la profesión de detective privado, y a tales efectos debe expedirse el correspondiente diploma por los institutos o centros en los cuales se haya impartido.
Y todo ello con independencia de que en tales institutos o centros se impartan otras enseñanzas o se expidan otros títulos diferentes al específico de detective privado. Entender lo contrario llevaría al absurdo de considerar que el poseer una formación más amplia que la que corresponde a la titulación de detective privado (por ejemplo, una licenciatura en criminología), no serviría como titulación suficiente a efectos de la habilitación necesaria para el ejercicio de dicha profesión, por el sólo hecho de que adopte una denominación distinta, a pesar de que se hayan superado sobradamente los conocimientos y materias establecidos como mínimos por la Secretaría de Estado de Seguridad.
3. Si centros de formación vinculados a Universidades extranjeras pueden impartir la formación de detective privado y si este título puede admitirse como titulación suficiente para la habilitación en el caso de que el programa se ajuste al aprobado por la Secretaría de Estado.
La respuesta a esta cuestión ha de ser necesariamente igual a la del punto 1, es decir, debe ser el Ministerio de Educación y Ciencia el que otorgue, a solicitud del centro concreto.. la correspondiente habilitación para impartir la formación conducente a la obtención del diploma de detective privado. Teniendo en cuenta que la concesión de tal habilitación habrá de estar supeditada, entre otros requisitos, a que su programa se ajuste al aprobado por la Secretaría de Estado de Seguridad, debe concluirse que, en el supuesto de que el Ministerio de Educación y Ciencia concediese habilitación a un centro vinculado a una Universidad extranjera, el título que expida dicho centro servirá como titulación suficiente a efectos de habilitación para el ejercicio de la profesión de detective privado.
4. Si cualquier centro de formación vinculado a una Universidad puede impartir la formación de detective privado. Esta cuestión se considera, asimismo, contestada con las consideraciones anteriormente expuestas.
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References: Resolución 
 artículo 54
 Real Decreto 
 artículo 54
 Resolución 
 artículo 54
 Resolución