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Timestamp: 2020-07-04 18:51:49+00:00

Document:
STS 580/2014, 21 de Julio de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 523367562
Número de Resolución: 580/2014
DELITOS. ATENTADO CONTRA AGENTE DE LA AUTORIDAD. ELEMENTOS. Se recurre en casación una sentencia que condena a los acusados por un delito de atentado contra un agente de la autoridad. Se alega que la escasa entidad del acometimiento implica más un forcejeo que un ataque. La figura del atentado abarca tanto el acometimiento o la fuerza como la resistencia activa, también grave, contra la autoridad o sus agentes en el ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas. Se desestima la casación.
En el recurso de casación por quebrantamiento de forma, infracción de Ley y de precepto constitucional que ante Nos pende, interpuesto por las representaciones legales de los acusados Evaristo y Jorge , contra Sentencia núm. 76/2013, de 25 de junio de 2013 de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, dictada en el Rollo de Sala núm. 51/2011 , dimanante del P.A. 7862/2008 del Juzgado de Instrucción núm. 22 de los de dicha Capital, seguido por delitos de atentado y otros contra Evaristo , Jorge , Roman , Jose Miguel , Abilio , Ceferino , Faustino y Jacobo ; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación, votación y Fallo, bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Julian Sanchez Melgar; siendo parte el Ministerio Fiscal y estando los recurrentes representados por: Evaristo por la Procuradora de los Tribunales Doña María Teresa Fernández Tejedor y defendido por la Letrada Doña Rosa María Remesal Bárcena, y Jorge por la Procuradora de los Tribunales Doña María Teresa Fernández Tejedor y defendido por el Letrado Don José Gabriel Remilla Sánchez.
El Juzgado de Instrucción núm. 22 de los de Madrid, incoó P.A. núm. 7862/2008 por delito de atentado y otros contra Evaristo , Jorge , Roman , Jose Miguel , Abilio , Ceferino , Faustino y Jacobo , y una vez concluso lo remitió a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de dicha Capital, que con fecha 25 de junio de 2013 dictó Sentencia núm. 76/2013 , que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:
"El día 28 de noviembre de 2008 sobre las 4.30 horas el acusado Evaristo , que caminaba por la calle Carranza de Madrid junto el también acusado Jorge y seguidos a unos metros del acusado Abilio , arrojó un contenedor de basura a la calzada cuando circulaba por ella un vehículo taxi cuyo conductor tuvo que dar un volantazo para esquivarlo deteniendo en ese momento el vehículo y descendiendo del mismo para recriminar a Evaristo lo que había hecho; en ese momento circulaba por el lugar un vehículo de la policía nacional camuflado en el que viajaban los agentes del Cuerpo Nacional de Policía Ceferino (carnet profesional núm. NUM000 ) Faustino (carnet profesional NUM001 ) y Jacobo (carnet profesional núm. NUM002 ) que se encontraban de servicio vestidos de paisano y que al ver lo que acababa de ocurrir detuvieron la marcha del vehículo descendiendo del mismo y dirigiéndose hacia el lugar en el que se encontraba el taxista y los acusados que se han citado identificándose como policías y pidiéndoles la documentación reaccionando tanto Evaristo como Jorge de forma violenta, de forma que Evaristo dio un puñetazo al agente NUM000 teniendo que ser reducido por este agente, que el al tiempo pedía refuerzos por el equipo de transmisión que tenía en la mano, junto con su compañero el agente NUM001 , mientras que el agente NUM002 recibió un golpe en el cuello que le propina Jorge agarrándole el agente para tratar de reducirle cayendo los dos al suelo golpeándose Jorge en la cara y el agente en una mano. Mientras esto sucedía habían llegado al lugar en el que estaban desarrollándose estos hechos un grupo de unas cinco o siete personas entre las que se encontraban los acusados Roman y Jose Miguel y algunos de los integrantes de este grupo lanzó golpes o patadas a los tres agentes sin que esté suficientemente acreditado que alguno de ellos fuera Roman o Jose Miguel .
El agente con carnet NUM000 como consecuencia del puñetazo que le propinó Evaristo sufrió lesiones consistentes en contusión en región malar derecha de la que curó a los siete días con la primera asistencia facultativa.
El agente con carnet NUM001 sufrió lesiones consistentes en dolor en región dorsal y edema en mano y cuarto dedo de la mano izquierda producida por alguna patada lanzada contra él por persona no identificada y curó de estas lesiones a los siete días con una única asistencia facultativa.
El agente con carnet NUM002 como consecuencia del golpe que le propinó Jorge sufrió lesiones consistentes en erosión y dolor en región cervical sufriendo también un edema inflamatorio en dorso de la mano derecha al golpearse con ella en el suelo al caer junto con su agresor.
Jorge tuvo que ser asistido de una herida inciso contusa en región superciliar derecha que precisó para su curación la aplicación de puntos de sutura, hematoma periorbitario y hematoma contuso en región malar izquierda curando a los 12 días de los que 9 estuvo impedido.
Evaristo tuvo lesiones consistentes en hematoma periorbitario derecho, contusión en labio inferior y contusión en tórax durante una única asistencia facultativa a los 12 días."
"1.- Que debemos absolver y absolvemos a los acusados Roman , Jose Miguel y Abilio del delito de atentado y de la falta de lesiones de las que venían siendo acusados declarando de oficio tres octavas partes de las costas procesales.
2.- Que debemos absolver y absolvemos a los acusados Ceferino , Faustino y Jacobo del delito contra la integridad moral del que venían siendo acusados, así como a los dos primeros de la falta de lesiones y al tercero del delito de lesiones de los que también eran acusados declarando de oficio tres octavas partes de las costas procesales.
3.- Que debemos condenar y condenamos a los acusados Evaristo y Jorge como responsables en concepto de autores a cada uno de ellos de un delito de atentado y de una falta de lesiones, concurriendo la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, a las penas siguientes: un año de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo por el delito y un mes de multa con una cuota diaria de 6 euros con responsabilidad personal subsidiaria caso de impago por la falta, debiendo indemnizar Evaristo al agente con carnet profesional NUM001 en la cantidad de 350 euros y Jorge al agente con carnet profesional NUM002 en 350 euros, así como al pago cada uno de ellos de una octava parte de las costas procesales.
Notificada en forma la anterior resolución a las partes personadas se preparó recurso de casación por quebrantamiento de forma, infracción de Ley y de precepto constitucional por las representaciones legales de los acusados Evaristo y Jorge , que se tuvo anunciado; remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente Rollo y formalizándose el recurso.
El recurso de casación formulado por la representación legal de Evaristo se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
- Por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 de la LECrim ., por aplicación indebida de los arts. 550 y 551 del C. penal y por inaplicación indebida del art. 556 del C. penal .
Por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 de la LECrim ., por inaplicación indebida del art. 634 del C. penal .
- Por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 por inaplicación como como muy cualificada de la circunstancia atenuante analógica de la responsabilidad criminal del art. 21.6 del C. penal .
- Por infracción de Ley al amparo del art. 849.2 de la LECrim ., al existir error en la apreciación de la prueba basado en documentos obrantes en autos, en concreto informes médicos fotografía e informes médicos forenses obrantes en las actuaciones.
- Por infracción de Ley al amparo del art. 852 de la LECrim ., por infracción de la presunción de inocencia, del art. 24.2 de la CE , y art. 5.4 de la LOPJ .
- Por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 de la LECrim ., por inaplicación del art. 175 del C penal , por inaplicación del art. 147.1 del C. penal o subsidiariamente y en su caso por inaplicación indebida del art. 152.1 del citado cuerpo legal .
- Por infracción de Ley al amparo del art. 849.2 de la LECrim ., al existir error en la apreciación de la prueba basada en documentos obrantes en autos, en concreto informes médicos, fotografías e informes médico forenses obrantes en las actuaciones.
- Por quebrantamiento de forma al amparo del art. 851.2 de la LECrim ., al expresar la sentencia que los hechos alegados por esta acusación no se han probado, sin hacer expresa relación de los que resultaren probados.
El recurso de casación formulado por la representación legal del acusado Jorge , se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
- Por infracción de Ley al amparo de lo establecido en el art. 849 de la LECrim ., en relación con el art. 556 del C. penal .
- Por infracción de Ley al amparo de lo establecido en el art. 849.2 de la LECrim .
- Por infracción de precepto constitucional, art. 24.1 y 2 de la CE derecho a la tutela judicial de los jueces y derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes del art. 850.3 de la LECrim .
Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto no estimó necesaria la celebración de vista para su resolución e impugnó todos los motivos por las razones expuestas en su informe de fecha 8 de abril de 2014; la Sala admitió el mismo quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.
Hecho el señalamiento para el Fallo se celebraron la deliberación y votación prevenidas el día 10 de julio de 2014, sin vista.
PRIMERO.- La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, tras diversos pronunciamientos absolutorios, condenó a Evaristo y Jorge como autores criminalmente responsables de un delito, cada uno de ellos, de atentado a agente de la autoridad y de una falta de lesiones, igualmente a cada uno de ellos, a las penas que dejamos expuestas en nuestros antecedentes, frente a cuya resolución judicial han interpuesto este recurso de casación los aludidos acusados en la instancia, recursos que pasamos seguidamente a analizar y resolver.
SEGUNDO.- Este recurrente ha sido condenado por la comisión de un delito de atentado frente al agente de la policía nacional número NUM000 , así como la causación de una falta de lesiones, formalizando su primer motivo por estricta infracción de ley, al amparo de lo autorizado en el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , invocando la indebida aplicación de los artículos 550 y 551 del Código Penal , y reclamando en suma, la concurrencia en su actuar el art. 556, esto es, considerando que su conducta puede ser calificada como de delito de resistencia.
Los argumentos que se mantienen por el autor del recurso son dos: primeramente, dada la escasa entidad del acometimiento «realizado por mi cliente, fruto más bien del forcejeo que de una voluntad de atentar contra la integridad del agente de la autoridad»; y en segundo lugar, porque se dice que el ahora recurrente, de nacionalidad filipina, no entendía el idioma español (hubo de ser asistido por intérprete de tagalo), y desconocía la condición de funcionarios de la autoridad de los policías actuantes.
En efecto, desde la primera perspectiva porque la actuación del recurrente no puede ser calificada de escasa entidad. Los hechos probados -intangibles en esta vía casacional- narran que, tras arrojar Evaristo un contenedor de basura a la calzada, provocando que un taxi que por allí transitaba hubiera de hacer una maniobra de evasión, fue pedida su documentación por unos policías que, identificados como tales, pasaban en aquel momento por dicho lugar en un vehículo camuflado, reaccionado este recurrente -como así lo hizo el también acusado Jorge - con violencia, propinando un puñetazo al agente número NUM000 , teniendo que ser reducido por este policía (que hubo de pedir inmediatamente refuerzos), mientras que el agente NUM002 recibió un golpe en el cuello que le propinó Jorge , golpeándose éste en la cara al caer al suelo, tal y como señala la resultancia fáctica de la recurrida. El citado funcionario NUM000 sufrió como consecuencia de la agresión lesiones consistentes en contusión en región molar derecha (de la que curó a los siete días, tras una primera asistencia facultativa).
La figura del atentado, contemplada en el artículo 550 del Código Penal , abarca tanto el acometimiento o la fuerza como la resistencia activa, también grave, contra la autoridad o sus agentes en el ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas. En consecuencia, la figura delictiva del artículo 556 del Código Penal , cuya aplicación pretende el recurrente, queda limitada a la resistencia no grave o pasiva a la que se equipara la desobediencia grave.
Un acto típico constituido por el acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa también grave. Acometer equivale a agredir y basta con que tal conducta se de con una acción directamente dirigida a atacar a la autoridad (a sus agentes o a los funcionarios), advirtiendo la jurisprudencia que el atentado se perfecciona incluso cuando el acto de acometimiento no llegar a consumarse. Lo esencial es la embestida o ataque violento. Por ello se ha señalado que este delito no exige un resultado lesivo del sujeto pasivo, que si concurre se penará independientemente ( SSTS 672/2007 de 19.7 y 309/2003 de 15.3 ), calificando el atentado como delito de pura actividad, de forma que aunque no se llegue a golpear o agredir materialmente al sujeto pasivo, tal delito se consuma con el ataque o acometimiento ( SSTS 652/2004 de 14.5 , 146/2006 de 10.2 ), con independencia de que el acometimiento se parifica con la grave intimidación, que puede consistir en un mero acto formal de iniciación del ataque o en un movimiento revelador del propósito agresivo.
El elemento subjetivo del injusto integrado por el dolo de ofender, denigrar o desconocer el principio de autoridad, que "va insito en los actos desplegados cuando no constan circunstancias concurrentes que permitan inferir otra motivación ajena a las funciones públicas del ofendido", entendiéndose que quien agrede, resiste o desobedece conociendo la condición del sujeto pasivo "acepta la ofensa de dicho principio como consecuencia necesaria cubierta por dolo directo de segundo grado", matizándose que "la presencia de un animus o dolo específico ... puede manifestarse de forma directa, supuesto de perseguir el sujeto con su acción la ofensa o menoscabo del principio de autoridad o de la función pública, o merced al dolo de segundo grado, también llamado de consecuencias necesarias, cuando, aún persiguiendo aquél otras finalidades, le consta la condición de autoridad o funcionario del sujeto pasivo y acepta que aquel principio quede vulnerado por causa de su proceder" ( STS 431/1994, de 3 de marzo ; SSTS 602/1995, de 27 de abril y 231/2001, de 15 de febrero ). También esta Sala Segunda, ha declarado que tal ánimo se presume y que "el dolo de este delito, en tanto conocimiento de los elementos del tipo objetivo contiene ya todos los elementos que demuestran que el autor quiso obrar contra un agente de la autoridad, pues quien atenta contra quien sabe que se está desempeñando como tal, quiere también hacerlo contra la autoridad que el agente representa" , sin que se requiera "una especial decisión del autor de atentar contra la autoridad, diferente a la decisión de realizar la acción" de modo que el dolo consistirá en agresión, resistir o desobedecer a los agentes de la autoridad en el desempeño de sus funciones y deberes, con conocimiento de esa condición y voluntad de ejecutar la acción típica ( STS 743/2004 de 9.6 ).
Es así que la jurisprudencia y la doctrina consideran que la resistencia típica, consiste en el ejercicio de una fuerza eminentemente física, que supone el resultado exteriorizado de una oposición resuelta al cumplimiento de aquello que la autoridad a sus agentes conceptúan necesario, en cada caso, para el buen desempeño de sus funciones. Si esta resistencia se manifiesta de forma activa y alcanza los caracteres de grave, entra en juego la figura del artículo 550 del Código Penal . También existe atentado en los supuestos en que existe un acometimiento físico consistente en una acción dirigida frontalmente contra las autoridades o sus agentes. La jurisprudencia ha equiparado el acometimiento mediante actos corporales (puñetazo, patada), con la utilización de medios agresivos materiales ( STS 18-3-2000 , entre otras muchas posteriores). El ánimo de ofensa, menosprecio o falta de respeto va ínsito en los actos desplegados cuando no constan circunstancias concurrentes que permitan inferir otra motivación ajena a las funciones públicas del ofendido. Cuando la autoridad o el agente -y el funcionario público- actúa en el ámbito de sus atribuciones y dicha condición es conocida del sujeto, la acción violenta sobre su persona, dentro de las especificaciones objetivas de dicho artículo y directamente relacionadas con el ejercicio de tales funciones o con ocasión de las mismas, evidencien la voluntad de acometer, emplear fuerza, intimidar o resistir, y el ánimo de vulnerar o dejar malparado el principio de autoridad ( STS 23-5-2000 ).
TERCERO.- En el tercer motivo se solicita que la atenuante de dilaciones indebidas sea conceptuada como muy cualificada. La Sala sentenciadora de instancia entendió que desde que se recibió el procedimiento en sede de la Audiencia Provincial hasta que pudo señalarse fecha para la celebración del acto del juicio oral transcurrieron prácticamente dos años, siendo así que han tardado casi cinco años en enjuiciarse.
Aunque la tardanza merece la estimación de la atenuante y la rebaja de penalidad que ha establecido la Audiencia situando la pena en su mínima extensión posible, lo que posibilitará la suspensión de la condena en fase de ejecución si se cumplen los demás requisitos, es lo cierto que nuestra jurisprudencia ha exigido paralizaciones más largas para conceder la meritada atenuante en el grado de muy cualificada.
CUARTO.- En el motivo cuarto, y al amparo de lo autorizado en el art. 849-2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , el autor del recurso invoca como documentos literosuficientes un informe médico, fotografías y partes de baja y alta que evidencian que Evaristo sufrió lesiones consistentes en un hematoma y diversas contusiones que «hace inviable cualquier agresión hacia el policía que practicó la detención, pues mi defendido, una vez agredido, fue inmovilizado en el suelo por dos policías».
De los documentos esgrimidos por el recurrente en el desarrollo del motivo no se deduce la conclusión que quiere alcanzar el recurrente, sino que exclusivamente se reflejan, objetivándolas, las lesiones sufridas por el mismo, en el curso de su pelea con los policías a causa de la petición de documentarse ante ellos, razón por la cual el motivo no puede prosperar.
QUINTO.- El quinto motivo se articula por vulneración de la presunción constitucional de inocencia, al amparo de lo autorizado en el art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
Dice el recurrente que su condena se basa en las manifestaciones efectuadas por los agentes de la Policía Nacional y por los taxistas que comparecieron como testigos. A continuación quiere ver ciertas contradicciones entre las versiones dadas por los policías, lo que significa, sin embargo, que la Audiencia contó con suficiente prueba de cargo, que fue completada con las declaraciones de los propios acusados, y la documental obrante en autos, junto a los partes de lesiones, acervo probatorio suficiente para tener por enervada la presunción de inocencia del recurrente.
SEXTO.- Este recurrente igualmente formaliza tres motivos en concepto de acusación particular, ya que en la instancia interesó la condena de los tres policías actuantes como autores de un delito contra la integridad moral, una falta de lesiones y un delito de la propia naturaleza.
El motivo se formaliza por el cauce autorizado en el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por la inaplicación del art. 175 del Código Penal , y 147.1 o subsidiariamente art. 152.1 de citado Cuerpo legal .
Sin embargo, en su desarrollo expositivo, abandonando este planteamiento expositivo, denuncia que el Tribunal sentenciador entendió que en el relato del escrito de acusación no se imputaban hechos concretos determinados para cada uno de los acusados, sino una actuación por la que se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones. En efecto, únicamente se destaca en tales conclusiones de la acusación que los funcionarios de policía, incumpliendo su deber de mesura y proporcionalidad, recurrieron a una violencia innecesaria mediante un uso innecesario e injustificado de la fuerza. Pues, bien, por amplio que sea el concepto de atentado contra la integridad moral de una persona que tipifica el art. 175 del Código Penal , han de concretarse actos relativos a tal conculcación delictiva, fuera de una genérica extralimitación de funciones.
Nos parece razonable que ante el hecho de que los recurrentes tiraran un contenedor de basura invadiendo la calzada y obstaculizando el tráfico en la vía pública, al punto que un taxi estuvo a punto de sufrir un accidente de circulación, la policía actúe de inmediato solicitando la documentación de los implicados en tan ilícita acción, por lo que no vemos extralimitación alguna en tal comportamiento.
SÉPTIMO.- En el segundo motivo de casación, desde su posición acusadora, este recurrente, al amparo de lo autorizado en el art. 849-2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , denuncia error en la apreciación de la prueba basada en documentos obrantes en autos, y en concreto, informes médicos, fotografías e informe médico forense, de donde deduce que las lesiones padecidas por el mismo no son compatibles con una resistencia de la detención, sino a un puñetazo o patadas efectuadas por los funcionarios actuantes. Sin embargo, el documento literosuficiente ha de acreditar con toda evidencia aquello pretendido por el recurrente, es decir, en este caso, que tales lesiones no son compatibles con esa situación de activa resistencia y claro enfrentamiento frente a la actuación de los policías, siendo así, por otro lado, que las lesiones referidas han sido ya reflejadas en el factum de la sentencia recurrida, por lo que no puede achacarse error alguno en la apreciación probatoria de lo ya consignado en dicha resolución judicial.
OCTAVO.- Finalmente en el tercer motivo pretende el recurrente ver el vicio sentencial consistente en que la Sentencia declara que los hechos no se han probado, sin hacer expresa mención de los que resultaren probados.
El motivo, sin apenas desarrollo expositivo, no puede prosperar.
Como es de ver en la resultancia fáctica de la sentencia recurrida los jueces «a quibus» exponen todos aquellos avatares de los elementos de hecho que han tenido como probados, tras la práctica de la prueba ante ellos producida, relatando las consecuencias lesivas de los hechos, sin que hayan consignado una extralimitación de funciones sencillamente porque no apreciaron tal concurrencia en la actuación de los agentes.
NOVENO.- En el primer motivo, este recurrente pretende la subsunción jurídica de los hechos enjuiciados en los parámetros legales del art. 556 del Código Penal , reproche casacional que coincide con el propugnado por el anterior recurrente en su motivo también primero, por lo que ha de correr igual suerte desestimatoria, reproduciendo aquí nuestras anteriores consideraciones jurídicas.
En el segundo motivo, esta vez por «error facti», al amparo de lo autorizado en el art. 849-2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , al no invocarse documento literosuficiente alguno, sino que es un corolario del motivo anterior, esta queja se encuentra carente de todo fundamento jurídico.
Y finalmente, en el tercero, se invoca el derecho a obtener la tutela judicial efectiva y el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, todo ello al amparo de lo proclamado en el art. 24 de nuestra Carta Magna , siendo así que no se consignan otros argumentos que el proceder, a su juicio, a aplicar la atenuante de dilaciones indebidas en concepto de muy cualificada.
En consecuencia, esta censura casacional en su conjunto no puede prosperar.
DÉCIMO.- Al proceder a la desestimación de ambos recursos, se está en el caso de condenar en costas procesales a los recurrentes por imperativo legal ( art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ).
Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por las representaciones legales de los acusados Evaristo y Jorge , contra Sentencia núm. 76/2013, de 25 de junio de 2013 de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid . Condenamos a dichos recurrentes al pago de las costas procesales ocasionadas en la presente instancia por sus respectivos recursos.
STS 326/2008, 6 de Junio de 2008 (Delitos, Atentado, Elementos del tipo)
STS 946/2013, 16 de Diciembre de 2013 (Delito de atentado, Lesiones)
SAP Barcelona 641/2004, 28 de Septiembre de 2004
STSJ Andalucía 5/2006, 24 de Marzo de 2006

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 550
 artículo 556
 artículo 550
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