Source: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/RAP/SUP-RAP-00023-2000.htm
Timestamp: 2019-03-24 09:48:14+00:00

Document:
SUP-RAP-023-2000
EXPEDIENTE: SUP-RAP-023/2000
RECURRENTES: AQUILES MAGAÑA GARCÍA Y BALDEMAR HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
México, Distrito Federal a veintiuno de junio del año dos mil.
VISTOS para resolver los autos del expediente indicado al rubro, integrado con motivo del recurso de apelación, interpuesto por Aquiles Magaña García y Baldemar Hernández Jiménez, en contra de la resolución emitida en el expediente JGE/QAMG/CG/031/2000, por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en sesión ordinaria de veintisiete de abril del año en curso, mediante la cual se determinó declarar improcedente, por un lado, e infundada, por otro, la queja presentada por los hoy recurrentes en contra del Partido de la Revolución Democrática, y
I. El dieciséis de marzo de dos mil, Aquiles Magaña García y Baldemar Hernández Jiménez, en su carácter de militantes del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, escrito por el que denunciaron presuntas violaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales por parte de su propio partido, derivadas de la inobservancia de las normas estatutarias de dicho instituto político, respecto a los procedimientos para la selección de sus candidatos, misma que se registró bajo la clave JGE/QAMG/CG/031/2000.
II. La Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, el diecinueve de abril de este año, aprobó el dictamen correspondiente a las denuncias precisadas en el apartado anterior.
III. En sesión ordinaria de veintisiete de abril del año en curso, el Consejo General del Instituto Federal Electoral resolvió declarar improcedente, por un lado, e infundada, por otro, la queja precisada en el resultando I de este fallo, respecto a la solicitud de declarar la nulidad de determinadas actuaciones internas de ese partido, y por lo que hace a las presuntas violaciones a los procedimientos estatutarios del mismo, respectivamente.
La resolución en comento es del tenor literal siguiente:
"A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 16 de marzo del año dos mil, se recibió en la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Federal Electoral, escrito de fecha 15 de marzo del presente año, signado por los CC. AQUILES MAGAÑA GARCIA Y BALDEMAR HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, en su carácter de militantes del Partido de la Revolución Democrática, por medio del cual denuncian presuntas violaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales por parte del Partido de la Revolución Democrática, manifestado entre otras cosas que:
‘...1.- Los suscritos en pleno uso de nuestros derechos civiles y políticos y con el carácter de militantes del Partido de la Revolución Democrática solicitamos en base a la convocatoria a la elección de candidatos a senadores y diputados federales que serán postulados por el Partido de la Revolución Democrática dentro de la coalición ‘Alianza por México’, al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido en que militamos, se extendiera la constancia de aval para registrar nuestra candidatura al senado de la república (sic), contestándonos entre otras cosas dicho presidente que en nuestra solicitud no se establecía bajo que principio deseábamos registrarnos, ni mucho menos lo fundamentábamos.
2.- Ante tal respuesta y además teniendo información fehaciente del resultado del pleno del IV Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, celebrado el 22 de enero del año 2000 en la Ciudad de México, donde el Comité Ejecutivo Nacional le informó al indicado pleno que: No había informe del Consejo Estatal ni el Comité Ejecutivo Estatal (Tabasco), sobre las candidaturas a senadores por la primera y segunda fórmula. Además ante la ausencia del Presidente y los Consejeros Estatales del Partido (Tabasco), en el mencionado pleno, el pleno del IV Consejo nacional acordó, en pleno uso de su soberanía y las facultades que le otorga el artículo 32 del Estatuto y los numerales 2, 2.1, 2.2 y 2.3, de la convocatoria a la elección de candidatos a senadores y diputados federales que serán postulados por el Partido de la Revolución Democrática dentro de la Coalición ‘Alianza por México’, que ambas candidaturas quedan para candidatos internos, AQUILES MAGAÑA GARCÍA, mediante nuevo escrito de fecha 26 de enero del año 2000, le reitero al Presidente del PRD, en Tabasco, la solicitud para recibir el aval del Comité Ejecutivo Estatal, para contender como candidato único interno a senador de la República por la primera fórmula (sin que dicha petición fuera contestada).
3.- Ante la falta de otorgamiento del aval solicitado, con fecha primero de febrero del año 2000, solicitamos por escrito ante el Comité Estatal del Servicio Electoral del Instituto Político al cual pertenecemos, se otorgará el registro como candidatos titular y suplente, respectivamente, a Senador de la República por el Estado de Tabasco en la primera fórmula, anexando documentos que contienen 8547 firmas de militantes y ciudadanos en apoyo a dicha candidatura. Con fecha 5 de febrero del presente año el Comité Estatal del Servicio Electoral del multicitado Instituto Político, nos notificó por escrito, respecto a la petición formulada para que se nos otorgara el registro a senador de la República en la primera fórmula, el resolutivo siguiente:
PRIMERO.- No se acepta el registro interpuesto por los CC. AQUILES MAGAÑA GARCÍA, propietario y BALDEMAR HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, suplente, para Senador de la República por el Estado de Tabasco en la primera fórmula; en consecuencia es de desecharse y se desecha por infundados e improcedentes la solicitud presentada.
SEGUNDO.- En acatamiento a lo dispuesto, notifíquese personalmente al promovente en el domicilio que para tales efectos señaló, sito, marcado con el número 100 Avenida Industria Nacional Mexicana, Ciudad Industrial de esta Ciudad Capital.
TERCERO.- Los registros de precandidatos a diputados y senadores de Representación proporcional, para ser electos en la convención nacional electoral, se realizará ante el Comité General del Servicio Electoral.
CUARTO.- Los registros de precandidatos a diputados y senadores de representación proporcional, para ser electos en el Consejo Nacional se realizaran ante la Directiva del IV Consejo Nacional.
QUINTO.- Notifíquese al Comité General del Servicio Electoral del Partido de la Revolución Democrática para los efectos legales procedentes.
Inconformes con la determinación y resolutivos que se han transcrito acudimos ante el Comité General del Servicio Electoral del Partido de la Revolución Democrática, señalando que dichos resolutivos eran contradictorios con la petición de registro formulada ya que se solicitó se otorgara el registro como candidato titular y suplente respectivamente a senador de la República por el estado de Tabasco en la primera fórmula y en el segundo párrafo del mencionado documento los responsables del Comité Estatal del Servicio Electoral dicen que: ‘se reunieron para analizar la procedencia del registro del C. AQUILES MAGAÑA GARCÍA y su suplente a senador por el principio de mayoría relativa y representación proporcional y que es resuelto improcedente y rechazado, derivándose de ello una confusión por parte del referido Comité Estatal del Servicio Electoral, por cuanto a los términos mayoría relativa y representación proporcional, ya que los peticionarios los hicimos basados en el registro de la primera fórmula, o sea por el principio de mayoría relativa, y que en el afán de negarnos sin fundamento el registro solicitado al emitir su determinación se precipitó y prejuzgó sobre la legitima petición, pues antes de entrar al estudio de ésta declara literalmente lo siguiente: ‘...y que es resuelto improcedente y rechazado...’, transgrediendo los principios de imparcialidad, legalidad, equidad y profesionalismo sobre los cuales descansa la emisión de actos de tal naturaleza, y que enmarca el artículo 2 del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática.
Ante el Comité del Servicio Electoral del Instituto Político que aquí se señala como responsable de las omisiones, transgresiones e inobservancia a la legalidad, se hicieron valer los argumentos de peso fundados y debidamente motivados, allegándose el material probatorio que corrobora nuestras alegaciones, para el efecto de que en base al recurso de revisión que se hizo valer se emitiera resolución y se ordenara otorgar el registro correspondiente.
4.- El comité del Servicio Electoral al que nos hemos venido refiriendo emitió con fecha veinticinco de enero del año en curso SEGÚN SE DESPRENDE de la propia resolución, el fallo correspondiente al recurso de revisión 043/TAB/00, mediante el cual resuelve declarar improcedente el medio de impugnación hecho valer por considerarlo extemporáneo, así sin más trámite y sin estudio de fondo, determinó en la resolución mencionada notificarlo a través de la Comisión Electoral en el Estado de Tabasco, debemos decir que incluso tal resolución solo fue firmada por cinco de los nueve integrantes de dicho Comité sin que constara la circunstancia por la cual no fue firmada por los integrantes restantes, ya sea porque no asistieron al pleno o por inconformidad manifiesta de éstos, o criterios encontrados, lo cual de suyo hace pensar sería, fundada y coherentemente lo anormal e injusto de una resolución en ese sentido tomada.
5.- Por tratarse de una determinación tomada por el Comité del Servicio Electoral del Instituto Político en el cual militamos y del que ahora nos quejamos, acudimos con las formalidades debidas ante la Comisión de Garantías y Vigilancia de dicho Partido, interponiendo el recurso de queja, en donde emitimos nuestras argumentaciones en conceptualizaciones de hecho y de derecho, plasmando los antecedentes, hechos, elementos probatorios y solicitando la suspensión del acto reclamado en términos del artículo 24 del Reglamento de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia.
6.- Con fecha siete de marzo del año en curso la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia emitió resolución dentro del expediente número 100/NAL/00, mediante la cual resolvió ratificar el resolutivo del Comité General del Servicio Electoral mediante el cual declaró extemporáneo el recurso de revisión que con toda oportunidad se hizo valer, dejando a salvo nuestros derechos para promover ante el órgano jurisdiccional lo que a nuestro interés conviniera, en cuanto a las conductas presuntamente violatorias de los estatutos, debemos señalar que dicha resolución también únicamente fue firmada por tres de los integrantes de dicha comisión, por circunstancias que desconocemos.
Como se podrá apreciar el principio jurídico de definitividad se ha agotado, esto es, hemos intentado todos los recursos legales internos en busca de una solución congruente y legal ante nuestros justas legitimas pretensiones que tienen el aval de militantes y ciudadanos tabasqueños que pretenden a través del Instituto Político al cual pertenecemos que por nuestro conducto su voz sea llevada al Senado de la República, y en franca y abierta violación a la ley fundamental del país, a los propios estatutos que rigen la vida interna del partido, así como a las leyes reglamentarias de las disposiciones constitucionales que rigen y norman el actuar de los partidos políticos, los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional A TRAVÉS DE SUS ÓRGANOS INTERNOS que se erigen en instancia resolutoras de las cuales dicho sea de paso no admiten recurso alguno por señalar la normatividad interna aplicable la no admisión de medio de impugnación alguno. Razón por la cual acudimos ante esta H. Autoridad Electoral, la cual tiene la facultad de precisar a los partidos políticos la observancia de la legalidad.
7.- Constitucionalmente así como de acuerdo al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde al Instituto Federal Electoral y concretamente al Consejo General y su presidencia velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, y la observancia de disposiciones constitucionales en la materia, así como dentro de sus atribuciones se encuentra también el de vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a las leyes reglamentarias, es la razón por la cual acudimos ante esta instancia, para efectos de que sean revisados todas y cada una de las actuaciones de las instancias internas en las cuales se agotaron los recursos pertinentes, y haciendo un análisis exhaustivos de dichas actuaciones se llegue a la firme convicción y la certidumbre de lo ilegal e injusto de su actuar, y desde luego sea aplicado el correctivo correspondiente, siendo que en su oportunidad se emita resolución mediante la cual sea declarada la nulidad de las actuaciones procedimentales, y con plena autonomía se emita otra por parte de los órganos internos electorales y se admita el registro de los suscritos a la candidatura que oportuna y legítimamente solicitamos’.
1.- Copia simple de la convocatoria a la elección de candidatos senadores y diputados federales que serán postulados por el Partido de la Revolución Democrática dentro de la coalición ‘Alianza por México’.
2.- Escrito mediante el cual se interpone el recurso de revisión ante los integrantes del Comité General del Servicio Electoral del Partido de la Revolución Democrática de fecha 22 de febrero del 2000.
3.- Resolución del recurso de revisión dentro del expediente 043/TAB/00 emitido por el Comité General del Servicio Electoral.
4.- Escrito mediante el cual se interpone queja ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática recibido con fecha 29 de febrero del año 2000.
5.- Resolución emitida por la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia dentro del expediente 100/NAL/00.
6.- Credencial de elector y credencial de afiliado al PRD, copias de los firmantes.
II.- El día 5 de abril del presente año, concluyó el plazo señalado para que el Partido de la Revolución Democrática, contestará lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas pertinentes, sin que este produjera su contestación, ni aportara pruebas por lo que con fundamento en el artículo 270, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a formular la resolución correspondiente, con los elementos que cuenta esta autoridad.
III.- Desahogado en sus términos el procedimiento administrativo previsto en el artículo 270, párrafo 1 al 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en ejercicio de la atribución conferida por los numerales 85, párrafo 1, y 86, párrafo 1, incisos d) y l) del ordenamiento legal invocado, la Junta General Ejecutiva aprobó el dictamen correspondiente en sesión ordinaria de fecha diecinueve de abril del año dos mil, en el que se estimó dentro de los considerandos 8, 9 y 10 lo siguiente:
‘...8.- Que previo al estudio de lo señalado en el considerando que antecede conviene dejar asentado que se trata de hechos atribuidos a un partido político nacional. Al respecto, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, disposición jurídica invocada por los denunciantes como fundamento de la queja planteada, debe decirse que la competencia de los órganos colegiados del Instituto Federal Electoral para iniciar el procedimiento administrativo previsto en el precepto señalado se da sólo cuando se actualice alguno de los supuestos del párrafo 2 del artículo 269 del código mencionado, y en el presente caso se advierte que no resulta aplicable dicho numeral. Asimismo la competencia de los órganos electorales no puede extenderse a declarar la ilegalidad del acto que se combate y mucho menos la nulidad de las actuaciones procedimentales, tampoco que emita otra resolución que admita el registro de los quejosos a la candidatura que solicitaron, pues lo único a lo que está facultada esta autoridad electoral en el procedimiento aludido es a imponer las sanciones contenidas en el párrafo 1 del artículo 269 del código electoral, motivo por el cual debe declararse improcedente la queja interpuesta por lo que hace a esa solicitud, y únicamente se analizarán presuntas violaciones estatutarias.
Al realizar una interpretación sistemática y funcional de los preceptos estatutarios comentados, así como los de la legislación secundaria que les dieron origen, se percibe claramente que fue idea del legislador otorgar a los partidos políticos la facultad de determinar sus normas para postular candidatos a cargos de elección popular, así como los correspondientes procedimientos y medios de defensa, incluyendo a los órganos encargados de su sustanciación y la de postular candidatos en las elecciones federales conforme a lo señalado en el numeral 36, incisos a) y d) del código electoral. Al respecto es importante señalar que los CC. Aquiles Magaña García y Baldemar Hernández Jiménez, agotaron las instancias internas correspondientes ante el Partido de la Revolución Democrática, como se desprende del considerando siete de este dictamen, de lo cual se advierte que no existe otra instancia partidaria para recurrir los actos que supuestamente les causan agravios.
9.- Previo al estudio de las irregularidades denunciadas conviene precisar que conforme a los artículos 38, párrafo 1, inciso a) y 82, párrafo 1, inciso h) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que textualmente dicen:
1.- Son obligación de los partidos políticos nacionales:
a) Conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.
1.- El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:
h) Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a este código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos.
A la autoridad electoral le corresponde vigilar que los partidos políticos nacionales cumplan con las obligaciones a que están sujetos como lo es conducir sus actividades dentro de los cauces legales, es decir, los órganos estatutarios del partido denunciado; las Comisiones Estatal y General del Servicio Electoral y la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, están obligados a conducir sus procedimientos sobre el trámite y substanciación de los medios de impugnación que hicieron valer los denunciantes, con apego a lo que establecen los Estatutos, el Reglamento General de Elecciones y el Reglamento de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 22, párrafo 3, del código electoral, los Partidos Políticos Nacionales son entidades de interés público y tienen personalidad jurídica propia; gozan de derechos, prerrogativas y están sujetos a las obligaciones que establece la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y dentro de esas obligaciones, de acuerdo al artículo 24, párrafo 1, inciso a), de la legislación electoral vigente, está la de formular una declaración de principios y, en congruencia con ellos su Programa de Acción y los Estatutos que norman sus actividades. Por su parte el numeral 27, párrafo 1, incisos d), e) y g), del mismo ordenamiento legal dispone que los estatutos contendrán las normas para postulación de sus candidatos.
En esta tesitura, resulta procedente citar la parte conducente de los estatutos del Partido de la Revolución Democrática vigentes, mismos que forman parte integrante del presente expediente, los cuales se transcriben a continuación:
La democracia es un orden interno del partido y en su principio político fundamental. En consecuencia se requiere la votación libre, igualitaria y mayoritaria de los afiliados o de sus delegados o representantes para decidir:
1.- Las políticas del partido en cumplimiento de sus principios, su estatuto y su programa;
II.- La integración de sus órganos de dirección, representación y resolución;
III.- La postulación de sus candidatos a puestos de elección popular.
Para el nombramiento de delegados o representantes y de los afiliados, los órganos de dirección garantizarán, en las convocatorias respectivas, el principio de que a cada uno de los afiliados corresponde un poder de decisión igual.
Los órganos de dirección del partido así como sus candidatos a cargo de elección popular, en todos los niveles, se eligirán mediante el sistema de voto universal, directo y secreto de los afiliados o, por acuerdo de dos tercios de los integrantes del órgano que convoca, mediante la elección en convención del partido en el nivel correspondiente, salvo los casos excepcionales que señala el presente estatuto.
El Consejo Nacional emitirá el reglamento general de elecciones que tendrá plena vigencia en todo el partido, y normará la formación y el funcionamiento del servicio electoral encargado de los procesos electorales internos con base en los principios de imparcialidad, legalidad, equidad y profesionalismo.
En todo proceso electoral, el servicio electoral establecerá las relaciones y acuerdos para su conducción, con las instancias del partido en los ámbitos respectivos.
El partido postulará y registrará candidatos para los puestos de elección popular que, en todo caso, deberán cumplir la plataforma electoral nacional, estatal, municipal o distrital, aprobada por la convección respectiva, dependiendo de la elección de que se trate.
Cualquiera miembro del partido tiene derecho a postular y ser postulado precandidato a cualquier puesto de elección popular, siempre que satisfaga los requisitos estatutarios procedentes para el mismo y sus precandidatura cumpla con los requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente, los que en ningún caso podrán ser candidatos plurinominales aquellos legisladores locales o federales que asumieron el cargo por esta vía en el periodo inmediato anterior, para pasar de legisladores locales a federales o viceversa.
La convocatoria para elecciones internas, será inmediata por la instancia competente por lo menos con 45 días de anticipación, excepto cuando se realicen elecciones extraordinarias, en cuyo caso el plazo será por lo menos de un mes.
Las elecciones internas se realizarán conforme las siguientes reglas:
I.- La elección se realizará a través del voto secreto, directo y universal en urnas de los afiliados al partido;
II.- No se realizarán elecciones cuando existe candidato único registrado de conformidad con la convocatoria;
III.- Los requisitos para registrar las candidaturas se establecerán en la convocatoria correspondiente;
IV.- Los candidatos a legisladores federales y locales por el principio de representación proporcional serán elegidos de la siguiente manera:
a) La mitad de los candidatos será elegida por la convención estatal o nacional que corresponda;
b) Hasta un 20 por ciento serán candidatos externos y los eligirá el consejo respectivo;
c) El resto será elegido por el consejo respectivo.
La lista definitiva se integrará alternando la lista de los candidatos resultantes de los procesos anteriormente descritos de conformidad con el reglamento general de elecciones internas y atendiendo las garantías de género, jóvenes, étnias y representatividad contenidas en este estatuto, en la legislación estatal o federal respectiva, el Consejo Nacional expedirá el reglamento general de elecciones internas, que tendrá plena vigencia para los procesos en todos los niveles del partido.
10.- Que en relación a los argumentos de los quejosos en el sentido de que el Comité Estatal del Servicio Electoral, incurrió en un error al no considerar que el registro de candidatura solicitada fuera por el principio de mayoría relativa, al señalar que era por primera fórmula, debe decirse que omiten señalar el perjuicio que les causa, además que interpusieron el recurso correspondiente.
Por lo que hace a que la resolución del Comité General del Servicio Electoral, sólo fue firmada por 5 de sus 9 integrantes, es de tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 20 del Reglamento General de Elecciones Internas del Partido de la Revolución Democrática, los comités del servicio electoral funcionarán en sesiones formales y reuniones de trabajo, el quórum se establecerá con mas de la mitad de sus integrantes. Las resoluciones y acuerdos se tomarán con la mayoría de sus integrantes presentes.
De lo anterior se infiere que el hecho de no estar firmada la resolución por 4 de los integrantes de dicha comisión, además de que no señalan el perjuicio que les causa, fue aprobada por la mayoría, con lo que se cumplen las formalidades del procedimiento.
Finalmente, por lo que respecta a la resolución dictada por la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática en la que se alega que fue firmada por 3 de sus 5 integrantes, es de hacer notar que de acuerdo al artículo 6° del Reglamento de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia de ese instituto político, cada una de las Salas que integran el Pleno de la Comisión Nacional se integra con cinco comisionados propietarios, de los cuales uno fungirá como su Presidente, otro como su Secretario y los tres restantes como Vocales. Asimismo el artículo 7° de la misma norma estatutaria señala que las resoluciones que se dicten por el Pleno y las Salas se adoptarán por mayoría de voto, por lo que esta situación tampoco causa perjuicio a los quejosos y mucho menos es violatoria de disposición estatutarias.
A mayor abundamiento se debe considerar el hecho de que, del contenido de las constancias que conforman el expediente de actuaciones, no se advierte que en la substanciación de los procedimientos en las instancias precedentes se hayan violentado dispositivos constitucionales, legales o reglamentarios en perjuicio de los derechos y garantías constitucionales de los signantes de la queja.
En virtud de lo antes expuesto es de concluirse que resulta improcedente la queja presentada por los CC. Aquiles Magaña García y Baldemar Hernández Jiménez, en lo que respecta a la solicitud de que sea declarada la nulidad de las actuaciones procedimentales, e infundada por lo que hace a las presuntas violaciones estatutarias ya que se desprende que el Partido de la Revolución Democrática actuó con apego a sus estatutos...’
IV.- En tal virtud y visto el dictamen relativo al expediente número JGE/QAMG/CG/031/2000, se procede a determinar lo conducente, al tenor de lo siguiente:
2.- Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del código electoral, es obligación de los partidos y agrupaciones políticas nacionales conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar su conducta, así como la de sus militantes, a los principios del estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.
3.- Que el dispositivo 39, párrafos 1 y 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el incumplimiento de las obligaciones de los partidos y agrupaciones políticas se sancionará en los términos de lo dispuesto en el Título Quinto, del Libro Quinto, del ordenamiento legal invocado y, que la aplicación de las sanciones administrativas es facultad del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
5.- Que el diverso 82, párrafo 1, incisos h) y w), del código de la materia, consigna como atribución del Consejo General, el vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego al código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos, así como, conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que corresponda.
7.- Que en consideración a que se ha realizado el análisis respectivo de la queja, en la forma y términos que se consignan en el dictamen aprobado por la Junta General Ejecutiva del Instituto, el diecinueve de abril del año dos mil, el cual se tiene por reproducido a la letra, se dictaminó declarar improcedente e infundada la presente queja.
Lo que se robustece tomando en cuenta que los quejosos, al interponer el recurso de revisión el día 22 de febrero del año en curso ante el Comité General del Servicio Electoral de su propio partido político, incurrieron en la causal de improcedencia prevista en el inciso c), del artículo 110, así como del artículo 113 del Reglamento General de Elecciones Internas, mismo que debieron interponer dentro de los dos días siguientes a aquel en que se dictó la resolución o emitió el acto impugnado, toda vez que el acto que pretendían impugnar les fue notificado el día 5 de febrero del 2000.
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, con fundamento en los artículos 38, párrafo 1, incisos a) y s); 39, párrafos 1 y 2; 40, párrafo 1; 73; 82, párrafo 1, inciso h); 269 y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en ejercicio de la atribución conferida por el numeral 82, párrafo1, incisos h), w) y z), del ordenamiento legal antes invocado, este Consejo General emite la siguiente:
PRIMERO.- Se declara improcedente la queja presentada por los CC. Aquiles Magaña García y Baldemar Hernández Jiménez, en contra del Partido de la Revolución Democrática, por lo que hace a la solicitud de declarar la nulidad de las actuaciones del Partido de la Revolución Democrática, con base en las consideraciones expuestas en la presente resolución.
SEGUNDO.- Se declara infundada la queja por lo que hace a las presuntas violaciones a los procedimientos estatutarios del Partido de la Revolución Democrática, en términos de lo considerado en la presente resolución.
TERCERO.- Se ordena el archivo del presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido".
IV. Inconformes con el sentido de dicha resolución, Aquiles Magaña García y Baldemar Hernández Jiménez interpusieron escrito denominado recurso de "inconformidad", en el que hicieron valer como conceptos de queja, lo que a continuación se transcribe.
1.- Los suscritos somos miembros del Partido de la Revolución Democrática, lo cual justificamos con las respectivas constancias de afiliación que al efecto acompañamos en el escrito de queja, de donde emana la resolución impugnada.
2.- Para efectos de contender en el presente proceso federal electoral 1999-2000, el P.R.D. integró una coalición electqoral denominada ‘Alianza por México’ integrada por cinco organismos políticos, los cuales a saber son: el Partido de la Revolución Democrática; el Partido del Trabajo, Partido Político Convergencia por la Democracia, Partido de la Sociedad Nacionalista y Partido Alianza Social.
En el marco de dicha coalición se celebró un acuerdo político en donde se formularon sus propios estatutos, más un reglamento de la coordinación nacional ejecutiva y que daba su calidad de documentos públicos, los mismos deben obrar en los archivos del Instituto Federal Electoral, por lo cual se solicita se requiera a dicho Instituto para que los remita en copia certificada, porque los suscritos carecemos de medio idóneo para obtenerlos.
3.- Nuestro Partido el de la Revolución Democrática, expidió una convocatoria el 8 de enero del año 2000 en la que se fijaron las bases para mediante una elección interna el P.R.D., eligiera a sus candidatos de Mayoría Relativa a Senadores de la República, solicitando al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido en el cual militamos extendiera la constancia de aval para registrar nuestra candidatura al Senado de la República, contestándonos entre otras cosas que no establecíamos en dicha solicitud bajo que principio deseábamos registrarnos, ni mucho menos fundamentábamos nuestra petición. Ante tal respuesta acudimos nuevamente reiterando nuestra solicitud señalando que era por la primera fórmula, sin que dicha solicitud fuera debidamente contestada. Una vez agotados los recursos internos de impugnación ante nuestro partido, sin que se haya hecho análisis exhaustivos y razonados de nuestros planteamientos, acudimos ante el Instituto Federal Electoral en queja formal por haberse violentado la normatividad electoral y los propios estatutos del instituto político al cual pertenecemos, emitiéndose la resolución que ahora estamos impugnado a través del presente recurso de inconformidad.
4.- Necesario es señalar y precisar ante esta Instancia Electoral que con fecha 22 de Enero del año en curso que del resultado del pleno del IV Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido le informó al pleno que: ‘No había informe del Consejo Estatal ni del Comité Ejecutivo Estatal de Tabasco, sobre las candidaturas a Senadores por la primera y segunda fórmula, además ante la ausencia del Presidente y de los Consejeros Estatales del Partido en Tabasco, en el mencionado pleno del IV Consejo Nacional, acordó en uso de su soberanía y las facultades que le otorga el artículo 32 del Estatuto así como los numerales 2, 2.1, 2.2, y 2.3, de la convocatoria a la elección de candidatos a senadores y diputados federales que serían postulados por el Partido de la Revolución Democrática, dentro de la coalición ‘Alianza por México’, que ambas candidaturas quedaban para candidatos internos.
Extraoficialmente y a través de los medios masivos de información nacionales nos hemos enterado que se han registrado ante el I.F.E., por parte de Alianza por México como candidato a senador por la primera fórmula por el Estado de Tabasco a CESÁR RAÚL OJEDA ZUBIETA como propietario, ignorando quién sea su suplente, quienes incluso no perteneces a ninguno de los cinco partidos que integran la coalición y que obviamente, nunca han participado en ningún proceso de elección interna en el P.R.D., ni tampoco fueron elegidos de acuerdo a la normatividad interna de cada uno de los partidos coaligados, además de que nunca se acreditó que la fórmula presuntamente registrada y que es externa no rebasaba el 20% de las candidaturas a las que podía acceder la sociedad civil, esto es, los ciudadanos sin partido.
Como esta autoridad electoral podrá apreciar con meridiana precisión en el dictamen que ahora se impugna se atropella y desconoce nuestro derecho constitucional a ser electos y votados como candidatos de la primera fórmula a senadores por el estado de Tabasco, violentando toda la normatividad aplicable, de tal suerte que el Instituto Federal Electoral, quién tiene el carácter de autoridad responsable, omitió en forma por demás infundada aplicar la normatividad de la coalición ‘Alianza por México’, a pesar de estar obligado dicho Instituto Federal Electoral a cerciorarse del cumplimiento cabal de dichas normas, lo cual evidentemente genera a los suscritos los siguientes:
PRIMERO.- Irroga agravios a los suscritos promoventes la resolución de la autoridad responsable que aprueba el dictamen que ahora se impugna en su considerando 8 y resolutivos primero y segundo, toda vez que literalmente la autoridad responsable en el dictamen que se alude, señaló lo siguiente:
‘...De acuerdo a lo preceptuado por el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, disposición jurídica, invocada por los denunciantes, como fundamento de la queja planteada, debe decirse que la competencia de los órganos colegiados del Instituto Federal Electoral, para iniciar el procedimiento administrativos previsto en el precepto señalado, se da sólo cuando se actualice alguno de los supuestos del párrafo 2 del artículo 269 del código mencionado, y en el presente caso se advierte, que no resulta aplicable dicho numeral. Así mismo la competencia de los órganos electorales no puede extenderse a declarar la ilegalidad del acto que se combate y mucho menos la nulidad de las actuaciones procedimentales, tampoco que emita otra resolución que admita el registro de los quejosos a la candidatura que solicitaron, pues lo único a que está fucultada esta autoridad electoral en el procedimiento aludido es a imponer las sanciones contenidas en el párrafo 1 del artículo 269 del código electoral, motivo por el cual, debe declararse improcedente la queja interpuesta, por lo que hace a esta solicitud, y únicamente se analizarán presuntas violaciones estatutarias...’
Nada más equívoco como el argumento que esgrime la autoridad responsable en la transcripción literal del considerando que se combate a través del presente recurso de inconformidad y que es causa de agravios, en atención a lo siguiente: Los artículos 1 y 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, disponen que las disposiciones de dicha ley, son de orden público y de observancia general en el país, así como las obligaciones de los partidos políticos nacionales y el artículo 41 de la Constitución Federal, reconoce la autoridad del Instituto Federal Electoral en la materia, otorgándosele por disposición de ley, el conocer de las irregularidades en que incurran los institutos políticos legítimamente reconocidos, en esa tesitura, la facultad de la autoridad responsable, bajo ningún concepto se pidió se extendiera, sino que dentro del marco de la normatividad vigente, se solicitó la intervención de ésta para que en base a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, revisara los actos de las instancias internas del partido político al que pertenecemos e hiciera un análisis exhaustivo de sus actuaciones y derivado de ello, emitiera una resolución con apego a derecho, la cual en todo momento debería motivarse y fundarse para que, en términos del artículo 269 del código invocado, se aplicara la sanción correspondiente y en términos del artículo 270, se tomaran en cuenta las circunstancias y gravedad de la falta y evidentemente con ello resarcir en el goce de nuestros derechos a los suscritos actores, circunstancia ésta, que inobservó la autoridad impugnada y que consecuentemente es causa de agravios, que se hace valer ante esta instancia revisora. Al efecto es aplicable el criterio sostenido por el Tribunal Federal Electoral y que a continuación se transcribe:
‘PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO GENÉRICO EN MATERIA ELECTORAL. LA INVESTIGACIÓN DEBE INICIARSE CUANDO UN ÓRGANO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL TIENE CONOCIMIENTO DE ALGUNA VIOLACIÓN. La facultad de iniciar un procedimiento administrativo de investigación sobre irregularidades o faltas administrativas, que eventualmente culminaría con la aplicación de una sanción, no necesariamente parte del supuesto de que se haya presentado una queja o denuncia de un partido político por escrito, pues también corresponde a la Junta General Ejecutiva ejercer dicha facultad cuando un órgano del Instituto Federal Electoral se lo informe, en virtud de haber tenido conocimiento, con motivo del ejercicio de sus atribuciones constitucional y legalmente conferidas, de que se ha violado una disposición del código, en relación con el sistema disciplinario en materia electoral y con respecto al contenido del párrafo 2 del artículo 270, en relación con los diversos preceptos 82, párrafo 1, inciso h), y 86, párrafo 1, inciso l), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En efecto, cualquier órgano del propio Instituto Federal Electoral tiene no sólo la posibilidad sino la obligación de hacer del conocimiento de las instancias competentes cualquier circunstancia que pueda constituir un acto de los sancionados por la legislación electoral, ya que el artículo 41, fracción III, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, disponen que en el ejercicio de su función estatal, el Instituto Federal Electoral tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, razón por la cual ninguno de los órganos que integran dicha institución, al ejercer las atribuciones que se prevén a su cargo en la ley, podría ignorar o dejar pasar una situación que constituyera una irregularidad en la materia y, en consecuencia, ser omiso en hacer del conocimiento de la Junta General Ejecutiva dicha circunstancia sino, por el contrario, tiene la obligación de informarlo, porque de no hacerlo incurriría en responsabilidad.
Sala Superior. S3EL 039/99
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-RAP-020/98. Partido Revolucionario Institucional. 17 de noviembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Secretario: Carlos Vargas Baca.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-RAP-009/99. Cruzada Democrática Nacional, Agrupación Política Nacional. 19 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Secretario: Carlos Vargas Baca’.
SEGUNDO.- Irroga agravios a los suscritos promoventes la resolución que aprueba el dictamen que ahora se impugna en su considerando 10 y resolutivos primero y segundo, toda vez que literalmente la autoridad responsable en el dictamen que se alude, señaló lo siguiente:
‘Que en relación a los argumentos de los quejosos en el sentido de que el Comité Estatal del Servicio Electoral, incurrió en un error al no considerar que el registro de candidaturas solicitada fuera por el principio de mayoría relativa, al señalar que era por primera fórmula, debe decirse que omiten señalar el perjuicio que les causa, además que interpusieron el recurso correspondiente.
Por lo que hace a que la resolución del Comité General del Servicio Electoral, solo fue firmada por cinco de sus nueve integrantes, es de tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 20 del Reglamento General de Elecciones Internas del Partido de la Revolución Democrática, los comités del servicio electoral funcionarán en sesiones formales y reuniones de trabajo, el quórum se establecerá con más de la mitad de sus integrantes. Las resoluciones y acuerdos se tomarán con la mayoría de sus integrantes presentes’. De lo anterior se infiere que el hecho de no estar firmada la resolución por cuatro de los integrantes de dicha comisión, además de que no señalan el perjuicio que les causa, fue aprobada por la mayoría, con lo que se cumplen las formalidades del procedimiento.
Finalmente, por lo que respecta a la resolución dictada por la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática, en la que se alega que fue firmada por tres de sus cinco integrantes, es de hacer notar que de acuerdo al artículo 6° del Reglamento de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia de ese instituto político, cada una de las salas que integran el Pleno de la Comisión Nacional, se integra con cinco comisionados propietarios, de los cuales una fungirá como su Presidente, otro como su Secretario y los tres restantes como Vocales. Así mismo el artículo 7° de la misma norma estatutaria, señala que las resoluciones que se dicten por el Pleno y las Salas, se adoptarán por mayoría de votos, por lo que esta situación tampoco causa perjuicios a los quejosos y mucho menos, es violatoria de disposiciones estatutarias’.
Lo sostenido por la autoridad responsable en el considerando que se transcribió, se traduce en una franca y abierta violación al contenido de los artículos 2°, 3° y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en razón de que infundada e inmotivadamente la autoridad resolutora señala que el actuar de los órganos internos que se erigen en instancias decisorias de los medios de impugnación internos, estuvo ajustado a derecho y que no señalamos el perjuicio que nos causaba el error del Comité Estatal del Servicio Electoral del Instituto político denunciado, sin que dicho argumento ofrezca a cabalidad un razonamiento jurídico en donde se exprese la norma de legitima y apoya el argumento de la autoridad responsable, es más para el colmo de males, esgrime que la resolución o resoluciones de los órganos internos se adoptaron por mayoría de votos en razón de que el Reglamento de la Comisión Nacional de Garantías y el Reglamento General de Elecciones Internas del Partido de la Revolución Democrática, faculta a los integrantes del Comité General del Servicio Electoral y de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia a aprobar por mayoría de votos las resoluciones y acuerdos que se tomen en el ejercicio de sus funciones según lo dispone el artículo 20 del Reglamento General de Elecciones Internas del Partido de la Revolución Democrática, lo que no señala la autoridad resolutora es el hecho de que según lo dispone el reglamento antes aludido, los comités del servicio electoral, es que ningún voto es válido en ausencia y que los suplentes asumen las funciones de los propietarios en ausencia temporal o definitiva de estos y que como claramente se expresó en la denuncia presentada con toda oportunidad, el Instituto Político denunciado, a través de sus órganos internos que resolvieron los recursos interpuestos, transgredieron los principios de imparcialidad, legalidad, equidad y profesionalismo, enmarcados por el artículo 2 del Estatuto que rige la vida interna del partido al que pertenecemos, y que el hecho de no haber asentado en las resoluciones que se emitieron, la causa o motivo por el cual no firmaron los integrantes de dichos órganos, y si estos estuvieron presentes o no en las sesiones en donde trataron los recursos que resolvieron, evidentemente que no se trata solamente de violaciones de forma, sino de fondo ya que, si bien es cierto que pueden resolver por mayoría, cierto es también, que deben precisarse las circunstancias en que se desarrolla la sesión, esto es, si se encuentra reunido el quórum suficiente para sesionar, si hay un argumento o voto particular que desienta en todo o en parte de los criterios que sobre el particular se emitan, si uno de los integrantes se abstiene de votar o emita un voto razonado, pues de lo contrario, se pensaría, fundada y coherentemente, que una sola persona realice o formule la resolución y solamente se dedique a recabar las firmas de los integrantes de los órganos resolutores internos, pues valga la comparación, deben de conducirse los encargados de resolver los recursos que se plantean, como órganos colegiados impartidores de justicia, circunstancia ésta, que no valora la autoridad impugnada a través del presente recurso de inconformidad y que se hace valer como un agravio más, que debe ser reparado por este Tribunal Federal Electoral. A mayor abundamiento y retomando las disposiciones estatutarias a los que aludió en la resolución impugnada, la autoridad señalada como responsable y específicamente el artículo 7° del Reglamento de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia en vigor, especifica que: ‘De toda sesión que celebre el pleno o las salas se levantará, por el secretario, el acta que contenga relación pormenorizada de los asuntos tratados en ella y de los acuerdos tomados’, circunstancia esta que no aconteció en las resoluciones que se emitieron por los órganos internos resolutores, y que llama la atención a esta parte inconforme, ya que el instituto político denunciado no produjo contestación a la queja que en su contra se interpuso, asumiendo con esto, de una manera tácita, su proceder incorrecto e ilegal hacia con la vida interna de las normas estatutarias, con grave perjuicio a los derechos políticos de los hoy recurrentes, y que además con el acervo probatorio que se acompañó a la queja, se demostró que dicho Instituto Político incurrió en las causales que al efecto señala el artículo 269, párrafo 2 del código electoral y como consecuencia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 82 incisos b) y w), 85, párrafo 1 de dicho código, debió haber resuelto la queja planteada, declarando la procedencia de la misma y fundada, por lo que toca a las violaciones a los procedimientos estatutarios del Partido de la Revolución Democrática, y al no haberlo hecho, causa consecuentemente un agravio más que se hace valer ante este Tribunal Federal Electoral, para el efecto de que emita una resolución revocando la que pronunció la Junta General Ejecutiva del Consejo General del Instituto Federal Electoral, pues claro que la autoridad responsable omitió el principio de exhaustividad, al considerar insatisfechas las formalidades esenciales del procedimiento, siendo aplicable al respecto el criterio sostenido por la máxima autoridad electoral y que a continuación se transcribe, para mayor claridad en los argumentos que se esgrimen:
‘EXHAUSTIVIDAD, MODO DE CUMPLIR ESTE PRINCIPIO CUANDO SE CONSIDEREN INSATISFECHAS FORMALIDADES ESENCIALES. Las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, cuyas resoluciones sobre acreditamiento o existencia de formalidades esenciales o presupuestos procesales de una solicitud concreta, admitan ser revisadas en un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar, primordialmente, si tienen o no facultades (jurisdicción y/o competencia) para conocer de un procedimiento o decidir la cuestión sometida a su consideración; y si estiman satisfecho ese presupuesto fundamental, proceder al examen completo de todos y cada uno de los demás requisitos formales, y no limitarse al estudio de alguno que en su criterio no esté satisfecho, y que pueda ser suficiente para desechar la petición. Ciertamente, si el fin perseguido con el principio de exhaustividad consiste en que las autoridades agoten la materia de todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, mediante el examen y determinación de la totalidad de las cuestiones concernientes a los asuntos de que se ocupen, a efecto de que no se den soluciones incompletas, se impone deducir, como consecuencia lógica y jurídica, que cuando se advierta la existencia de situaciones que pueden impedir el pronunciamiento sobre alguno o algunos de los puntos sustanciales concernientes a un asunto, el principio en comento debe satisfacerse mediante el análisis de todas las demás cuestiones no comprendidas en el obstáculo de que se trate, pues si bien es cierto que la falta de una formalidad esencial (o de un presupuesto procesal) no permite resolver el contenido substancial atinente, también es verdad que esto no constituye ningún obstáculo para que se examinen los demás elementos que no correspondan a los aspectos sustanciales, por lo que la omisión al respecto no encuentra justificación, y se debe considerar atentatoria del principio de exhaustividad. Desde luego, cuando una autoridad se considera incompetente para conocer o decidir un asunto, esto conduce, lógicamente, a que ya no se pronuncie sobre los demás requisitos formales y menos sobre los de carácter sustancial, pero si se estima competente, esto la debe conducir al estudio de todas las otras exigencias formales. El acatamiento del principio referido tiene relación, a la vez, con la posibilidad de cumplir con otros principios, como el de expeditez en la administración y en la justicia, dado que a medida que la autoridad electoral analice un mayor número de custiones, se hace factible que en el medio de impugnación que contra sus actos se llegue a presentar, se resuelva también sobre todos ellos, y que de este modo sea menor el tiempo para la obtención de una decisión definitiva y firme de los negocios, ya sea porque la autoridad revisora lo resuelva con plenitud de facultades, o porque lo reenvíe a la autoridad revisada por una sola ocasión con todos los aspectos formales decididos, para que se ocupe de lo substancial, evitando la multiplicidad de recursos que puedan generarse si una autoridad administrativa o jurisdiccional denegara una petición en sucesivas ocasiones, porque a su juicio faltara, en cada ocasión, algún requisito formal distinto. Por tanto, si no se procede de manera exhaustiva en el supuesto del análisis de los requisitos formales, también puede provocar retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino también podría llevar finalmente a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral previsto en los artículos 41 fracción III, y 116 fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sala Superior. S3EL 026/99
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-RAP-001/99. Partido de la Revolución Democrática. 23 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Ángel Ponce Peña’.
En este orden de ideas, es claro que el dictamen emitido por la autoridad responsable, es carente de toda lógica jurídica, al ser infundado e inmotivado y, como consecuencia, generador de agravios para esta parte recurrente, por lo que se solicita la revocación de dicho dictamen y el pronunciamiento de una resolución que declare procedente la queja formulada con toda oportunidad y fundados los argumentos de las presuntas violaciones imputadas al instituto político denunciado, pues del estudio de las constancias que integran la queja referida, da como resultado esto y no otra cosa, que declarar la procedencia de la denuncia presentada ante la autoridad responsable, así como lo fundado de la misma, y desde este momento, solicitamos se tengan por reproducidos como si a la letra se insertasen, todos y cada uno de los argumentos hechos valer en la queja que se presentó con toda oportunidad.
TERCERO.- El resolutivo 7 de la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral resulta causa de agravios a los suscritos inconformes, ya que se señala que la autoridad responsable analizó la queja en la forma y términos que se consignan en el dictamen que aprobó la Junta General Ejecutiva del Instituto el día 19 de abril del año en curso, y el cual tuvo por reproducido al pie de la letra, mediante el cual se dictaminó declarar improcedente e infundada la queja respectiva, y como ya se ha expresado incluso argumentando en los agravios que anteceden, el análisis fue incorrecto e ilegal, argumentos los cuales se solicita se tengan por reproducidos como si a la letra se insertasen en este apartado, para los efectos legales correspondientes, incluso como se ha señalado con toda oportunidad el Instituto Político no ajustó sus actos a las reglas esenciales del procedimiento interno, y ahora la autoridad electoral precisa que se incurrió en la causal de improcedencia por la extemporaneidad del recurso, nada mas equívoco como lo que aquí se precisa, ya que siendo rigoristas en sus apreciaciones debería serlo mas en sus acciones y actos jurídicos el Instituto Político del cual nos quejamos, puesto que en ningún momento al resolver los recursos internos adecuo sus actos a las reglamentaciones internas, como lo es el hecho de haber levantado el acta circunstanciada en las sesiones en donde supuestamente resolvió nuestras inconformidades, razón por la cual y fundados en el principio de legalidad electoral acudimos ante la instancia electoral para que resolviera nuestra queja, y ahora acudimos ante el Tribunal Electoral, sobre la base de dicho principio, el cual ha sido definido en criterio adoptado por la Sala Superior en la tesis que literalmente se transcribe a continuación:
‘PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL. De conformidad con las reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II, y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3o. de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral cuya trascendencia radica en que por primera vez en el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales.
Sala Superior. S3EL 040/97
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-085/97. Partido Acción Nacional. 5 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez’"
V. La autoridad responsable tramitó el citado medio de impugnación como recurso de apelación, y mediante oficio SCG/255/2000, de doce de mayo del año en curso, recibido en la misma fecha por la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, suscrito por el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, remitió el expediente ATG-024/2000, formado con motivo de este recurso, integrado, entre otros documentos, con el original del libelo de la demanda y anexos, copia certificada de la resolución impugnada, cédulas y razones de publicitación, y el informe circunstanciado de ley.
VI. Mediante acuerdo del suscrito Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de fecha quince de mayo del presente año, se ordenó, entre otros aspectos, integrar el expediente respectivo con la clave SUP-RAP-023/2000, así como turnar a la ponencia del mismo, el asunto de mérito, para los efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Dicho acuerdo se cumplió mediante oficio TEPJF-SGA-553/2000, signado por el Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior, y
I. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene competencia y ejerce jurisdicción para conocer y resolver sobre la materia que versa esta ejecutoria, mediante actuación colegiada y plenaria, en términos de los artículos 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, párrafo primero, fracción III, inciso a), y 189, párrafo primero, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 44, párrafo 2, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un medio ordinario de defensa interpuesto contra una resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, emitida durante el presente proceso electoral federal, por el que se determinó declarar improcedente, por un lado, e infundado, por otro, la queja interpuesta en contra del Partido de la Revolución Democrática, que motivó el inicio de un procedimiento disciplinario genérico.
Lo anterior, se corrobora por lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia de esta Sala Superior, identificada con la clave S3COJ 01/99, publicada en Justicia Electoral, Revista de este Tribunal, suplemento 3, año 2000, páginas 17 y 18, bajo el rubro y contenido siguiente:
"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR. Del análisis de los artículos 189 y 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, destinadas a regir la sustanciación de los juicios y recursos que competen a la Sala Superior del Tribunal Electoral, se desprende que la facultad originaria para emitir todos los acuerdos y resoluciones y practicar las diligencias necesarias de la instrucción y decisión de los asuntos, está conferida a la sala, como órgano colegiado, pero que, con el objeto de lograr la agilización procedimental que permita cumplir con la función de impartir oportunamente la justicia electoral, en los breve plazos fijados al efecto, el legislador concedió a los magistrados electorales, en lo individual, la atribución de llevar a cabo todas las actuaciones necesarias del procedimiento que ordinariamente se sigue en la instrucción de la generalidad de los expedientes, para ponerlos en condiciones, jurídica y materialmente, de que el órgano jurisdiccional los resuelva colegiadamente, pero cuando éstos se encuentren con cuestiones distintas a las ordinarias o se requiere el dictado de resoluciones o la práctica de actuaciones que puedan implicar una modificación importante en el curso de procedimiento que se sigue regularmente, sea porque se requiera decidir respecto a algún presupuesto procesal, en cuanto a la relación que el medio de que se trate tenga con otros asuntos, sobre su posible conclusión sin resolver el fondo ni concluir la sustanciación, etcétera, la situación queda comprendida en el ámbito general del órgano colegiado, para lo cual a los magistrados instructores sólo se les faculta para formular un proyecto de resolución y someterlo a la decisión plenaria de la sala.
Recurso de Apelación. SUP-RAP-015/99. Ismael Enrique Yánez Centeno Cabrera. 10 de agosto de 1999. Unanimidad de votos.
Juicio para derimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Federal Electoral. SUP-JLLI-031/99. Incidente de nulidad de actuaciones. Heriberto Castañeda Rosales. 6 de septiembre de 1999. Unanimidad de 6 votos.
Juicio de Revisión Constitucional Electoral. SUP-JRC-152/99. Herminio Quiñónez Osorio y Ángel García Ricardez, quienes se ostentan como representantes de la Asamblea Comunitaria del Municipio de Tlacolulita, Distrito Judicial de San Carlos Yautepec, Oaxaca. 11 de noviembre de 1999. Unanimidad de votos."
II. El recurso de apelación tramitado por la responsable es improcedente, por los razonamientos que se expresan a continuación.
Esta Sala Superior advierte que la resolución impugnada consiste en la que emitió el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en sesión ordinaria de veintisiete de abril del año en curso, por la que se aprueba el dictamen de la Junta General Ejecutiva del propio Instituto, relacionado con la denuncia de Aquiles Magaña García y Baldemar Hernández Jiménez, por la supuesta violación de las normas estatutarias del Partido de la Revolución Democrática para la postulación de sus candidatos.
En contra de dicha resolución, los hoy accionantes interpusieron recurso de "inconformidad"; sin embargo, la autoridad responsable lo tramitó como recurso de apelación, por considerar que éste era el medio de impugnación idóneo previsto por la ley, para modificar o revocar la resolución combatida.
En esta virtud, cabe mencionar que en términos del artículo 41, párrafo 2, base IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso numeral 3, apartado 1, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se estableció un sistema de medios de impugnación que tiene como finalidad garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales, se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad.
Asimismo, ha sido criterio reiterado por esta Sala Superior que de estas disposiciones se desprende un control de constitucionalidad y de legalidad que debe ser ejercido con relación a la amplia gama de actos o resoluciones que emitan las diversas autoridades electorales; en estos términos, los vicios o irregularidades en que incurra la autoridad, motu proprio o por habérsele provocado al presentársele una falsa representación de la realidad, al margen de esa causalidad, si el acto o resolución se apartan del marco normativo, tal ilicitud debe ser objeto de estudio en los fallos que emitan las autoridades competentes al conocer de los juicios o recursos que se promuevan o interpongan, cuando se haga valer tal irregularidad en la forma y términos que precisa el ordenamiento aplicable. Este criterio consta en la ejecutoria dictada al expediente SUP-JDC-037/2000, aprobada por esta Sala Superior en sesión pública de diecisiete de mayo del año en curso.
El respeto al principio que informa al Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la garantía efectiva de que todos los actos de las autoridades electorales se apeguen al marco de constitucionalidad y legalidad, según lo dispone nuestra Ley Fundamental, implica, justamente, que todos los actos de las autoridades electorales se sujeten invariablemente a derecho, pero no que cualquier sujeto pueda, válidamente, cuestionar y combatir todas y cada una de las actuaciones de la autoridad electoral, mediante la interposición de los medios de impugnación reconocidos por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Ahora bien, como se adelantó, el presente recurso de apelación resulta improcedente porque si bien los ciudadanos en general se encuentran legitimados para interponerlo, ésto sólo ocurre en aquellos casos en los que se hubiese determinado y aplicado una sanción.
En efecto, de los artículos 40, 41, y 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que el recurso de apelación sólo procede cuando se actualice alguna de las hipótesis siguientes:
a) Durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales federales, y durante la etapa de preparación del proceso electoral federal, contra las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión previstos en el Título Segundo del libro Segundo de la ley en comento, y los actos o resoluciones de cualquiera de los órganos del Instituto Federal Electoral que no sean impugnables a través del recurso de revisión y que causen un perjuicio al partido político o agrupación política con registro, que teniendo interés jurídico lo promueva.
b) En la etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones, para combatir las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión promovidos en los términos del párrafo 2 del artículo 35 de la propia ley.
c) El informe de que rinda la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a la Comisión Nacional de Vigilancia y al Consejo General del Instituto, relativo a las observaciones hechas por los partidos políticos a las listas nominales de electores.
d) En cualquier tiempo, para impugnar la determinación y, en su caso, la aplicación de sanciones que en los términos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales realice el Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Por su parte, el artículo 45, párrafo 1, inciso b), de la ley general en cita, establece que los ciudadanos, por su propio derecho, sin que sea admisible representación alguna, podrán interponer el recurso de apelación en contra de la imposición de sanciones, en los términos previstos por el artículo 42 de ese ordenamiento legal.
De las disposiciones legales en estudio, se desprenden las hipótesis de procedencia del recurso de apelación, y respecto de la legitimación de los ciudadanos, esta Sala Superior considera que el único caso en que éstos pueden interponer el medio de impugnación en comento, sería cuando el propio Consejo General del Instituto Federal Electoral determine y, en su caso, aplique una sanción a los propios ciudadanos.
Ahora bien, en el caso concreto, los accionantes combaten la resolución del citado Consejo General, recaída a la queja interpuesta, en la que se alegaron violaciones a los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, con relación a los procedimientos para la selección de candidatos.
Sobre estas bases, cabe señalar que aunque la resolución impugnada se generó en la etapa de preparación del proceso electoral federal, no es de aquéllas que pongan fin a un recurso de revisión previsto por la ley de la materia, ni tampoco es de las que pueden combatirse por dicho medio de impugnación, porque no se advierte que pueda causar perjuicio a algún partido político o agrupación política con registro, pues se trata de la declaración de improcedencia, por un lado, y desestimación, por otro, respecto de la denuncia presentada por los ciudadanos hoy recurrentes, de donde se infiere que en modo alguno podría causarse perjuicio a alguna de las instituciones políticas mencionadas, aunado a que de acuerdo con el artículo 45 de la citada ley de medios, sólo éstas últimas están legitimadas para interponer el recurso en cuestión en las hipótesis señaladas en el inciso a).
El caso concreto, tampoco encuadra en los supuestos de los incisos b) y c), puesto que la resolución impugnada no se emitió en la etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones, ni recayó a un recurso de revisión promovido en los términos del párrafo 2 del artículo 35 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; asimismo, dicha resolución no se refiere o está vinculada con el informe que rinde la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a la Comisión Nacional de Vigilancia y al Consejo General del Instituto, con motivo de las observaciones hechas por los partidos políticos a las listas nominales de electores.
Por último, no se actualiza la hipótesis contemplada en el inciso d), porque en la resolución que se combate el Consejo General del Instituto Federal Electoral no determinó la imposición de alguna sanción, sino que se limitó a declarar improcedente, por un lado, e infundada, por otro, la queja interpuesta por los hoy recurrentes, en la que alegaron violaciones a las normas estatutarias del Partido de la Revolución Democrática, respecto de los procedimientos para la selección de sus candidatos.
III. Como quedó precisado, la resolución impugnada no encuadra en alguno de los supuestos de procedencia del recurso de apelación, por lo que debe verificarse si procede el cambio de vía, en términos de la tesis de jurisprudencia S3ELJ 01/97, aprobada por esta Sala Superior, publicada en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Año 1997. Suplemento número 1, página 26, bajo el rubro y contenido siguiente:
"MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA. Ante la pluralidad de posibilidades que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral da para privar de efectos jurídicos a los actos y resoluciones electorales, es factible que algún interesado exprese que interpone o promueve un determinado medio de impugnación, cuando en realidad hace valer uno diferente, o que, al accionar, se equivoque en la elección del recurso o juicio legalmente procedente para lograr la corrección o la satisfacción de la pretensión que se propone. Sin embargo, si: a) se encuentra identificado patentemente el acto o resolución que se impugna; b) aparece manifestada claramente la voluntad del inconforme de oponerse y no aceptar ese acto o resolución; c) se encuentran satisfechos los requisitos de procedencia del medio de impugnación legalmente idóneo para invalidar el acto o resolución contra el cual se opone reparo o para obtener la satisfacción de la pretensión, y d) no se priva de la intervención legal a los terceros interesados; al surtirse estos extremos, debe darse al escrito respectivo el trámite que corresponda al medio de impugnación realmente procedente, porque debe tenerse en cuenta que conforme a la fracción IV del artículo 41 constitucional, uno de los fines perseguidos con el establecimiento de un sistema de medios de impugnación consiste, en garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales; por tanto, dentro de los derechos electorales reconocidos en la Carta Magna a los ciudadanos, agrupados o individualmente, destaca el de cuestionar la legalidad o la constitucionalidad de los actos o resoluciones electorales que consideren les causa agravio, cuestionamiento que se sustancia en un proceso de interés público, cuyo objeto, por regla general, no está a disposición de las partes, por estar relacionado con derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Esto debe complementarse con la circunstancia de que el artículo 23, párrafo 3, de la ley secundaria citada previene que, si se omite el señalamiento de preceptos jurídicos presuntamente violados o se citan de manera equivocada, en la resolución que se emita deben tomarse en consideración las disposiciones que debieron ser invocadas o las que resulten aplicables al caso concreto. En observancia a lo anterior, se arriba a la solución apuntada, pues de esta manera se verá colmado el referido fin del precepto constitucional invocado, con la consiguiente salvaguarda de los derechos garantizados en él, lo que no se lograría, si se optara por una solución distinta, que incluso conduciría a la inaceptable conclusión de que esos derechos pudieran ser objeto de renuncia.
Recurso de apelación. SUP-RAP-008/97. Partido de la Revolución Democrática. 12 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González."
Ahora bien, a juicio de este Órgano Jurisdiccional no se actualizan los supuestos necesarios para la corrección de la vía elegida; toda vez que del contenido de la citada tesis de jurisprudencia, se desprende la necesidad de la concurrencia de diversos elementos para tal efecto, entre otros, el identificado en el inciso c), relativo a que se encuentren satisfechos los requisitos de procedencia del medio de impugnación legalmente idóneo para invalidar el acto o resolución contra el cual se opone reparo o para obtener la satisfacción de la pretensión.
En efecto, del análisis de los medios de impugnación regulados por la legislación federal para lograr la pretensión de los inconformes, relativa a la restitución en el uso y goce de sus derechos político-electorales, se desprende que la única vía a la cual pudieran acudir para la defensa de las violaciones de las que, supuestamente, fueron objeto, sería el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano; porque según lo dispuesto por los artículos 99, cuarto párrafo, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso f) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 79 y 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en lo que interesa, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos; siempre y cuando el ciudadano, por sí mismo, y en forma individual, promueva este medio de impugnación.
Sin embargo, como se expuso en párrafos precedentes, el cambio de vía no produciría ningún beneficio útil a los demandantes, puesto que la pretensión substancial ya fue materia de estudio y resolución por este Órgano Jurisdiccional, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con número de expediente SUP-JDC-020/2000; consecuentemente, la verdad jurídica plasmada en dicho asunto surte eficacia en la controversia planteada en este medio de impugnación.
En este orden de ideas, cabe mencionar que esta Sala Superior al dictar sentencia en el expediente SUP-JRC-155/98, consideró que la autoridad de cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada, para impedir la prolongación indefinida de los conflictos jurídicos, lo que ocurriría si se mantuvieran abiertas las posibilidades de impugnar indefinidamente los fallos emitidos en cada uno de los procesos jurisdiccionales, ya fuera mediante recursos u otros procesos, provocando nuevos y constantes juzgamientos, y por lo tanto la incertidumbre en la esfera jurídica de los involucrados en los asuntos, así como de todos los demás que con ellos entablan relaciones de derecho.
Asimismo, que los elementos uniformemente admitidos por la doctrina y la jurisprudencia, para la determinación sobre la eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre la que recaen las pretensiones de las partes de la controversia y la causa invocada para sustentar dichas pretensiones. Empero, la cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras distintas.
La primera, que es la más conocida, se denomina eficacia directa, y opera cuando los citados elementos: sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las dos controversias de que se trate; la segunda, es la eficacia refleja, con la cual se robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas identidades, sino que sólo se requiere que las partes del segundo proceso hayan quedado vinculadas, con la sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta se haya hecho un pronunciamiento o tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda suscitada entre las partes; y que en un segundo proceso que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente con el primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como elemento igualmente determinante para el sentido de la resolución del litigio. Esto ocurre especialmente con relación a la causa de pedir, es decir, a los hechos o actos invocados por las partes como constitutivos de sus acciones o excepciones; por ejemplo, si en un juicio se invoca como causa para pedir alimentos que el demandado es padre del actor, lo que se apoya en el acta de nacimiento del actor, pero se dicta sentencia absolutoria al acogerse la excepción de nulidad de la partida del registro civil, si al fallecer el demandado se volviera a presentar la misma acta de nacimiento para reclamar la herencia, la sucesión podría invocar y el juez acoger la eficacia refleja de la sentencia del primer juicio, respecto a la nulidad del acta; o si en un juicio de usucapión se opone la excepción de que el demandado es propietario del inmueble, con base en un contrato de compraventa, y prospera un incidente de nulidad del contrato, si a la postre se ejerce la acción de cumplimiento de la compraventa, la decisión incidental de nulidad se podría hacer valer en ese segundo juicio, por la eficacia refleja de la cosa juzgada.
Por último, en la ejecutoria en estudio se determinó que para mejor comprensión de esta modalidad, se precisó por separado los elementos que deben concurrir para que se produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada; mismos que son los siguientes:
d) Que las partes del segundo proceso hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero.
f) Que en la sentencia ejecutoria se sustenta un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento presupuesto lógico.
g) Que para la solución del segundo juicio requiera asumir también un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado.
Ahora bien, en el presente caso concurren todos los elementos mencionados, tal y como se señala a continuación.
A) Esta Sala Superior estima imprescindible puntualizar que los hoy accionantes en diverso juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (el cual se registró con la clave SUP-JDC-020/2000 y se resolvió en sesión pública de diecisiete de mayo del año en curso), combatieron el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, de dos de abril de este año, por el que se otorgó el registro de candidatos a senadores por el principio de mayoría relativa en el Estado de Tabasco, postulada por la coalición denominada Alianza por México.
De la ejecutoria del juicio precisado en el párrafo precedente, se desprende, fundamentalmente, que contrario a lo alegado por los accionantes el Consejo General del Instituto Federal Electoral no tiene atribución alguna para verificar que los candidatos registrados cumplan con las normas estatutarias del partido político o coalición que los postuló. Además, se determinó que las candidaturas en cuestión no estaban reservadas para candidatos internos del Partido de la Revolución Democrática, sino para candidatos externos a dicho instituto político; razones por las cuales se consideró que no se violó el derecho político-electoral de ser votado de los entonces enjuiciantes.
En efecto, de la ejecutoria en comento se aprecia que los entonces accionantes manifestaron como motivos de inconformidad, en lo que importa, lo siguiente:
"... que el Instituto Federal Electoral, al otorgar el registro de los candidatos propuestos por la Coalición Alianza por México para el cargo de senadores por el principio de mayoría relativa respecto de la primera fórmula por el Estado de Tabasco, omitió aplicar la normatividad de la referida coalición relativa a la postulación de candidatos, a pesar de estar obligado a cerciorarse de su cumplimiento cabal, irrogando con tal actitud, los siguientes agravios:" (página 34 del fallo en consulta).
"1. Que el acuerdo impugnado excluye a los promoventes de las candidaturas para el cargo de senador por el principio de mayoría relativa correspondiente a la primera fórmula por el Estado de Tabasco, al destacar la determinación tomada por el Pleno del IV Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, en el sentido de que tales candidaturas debían ser internas, esto es, conforme a sus estatutos y reglamento general de elecciones."
"2. Que la Coalición Alianza por México desplazó a los ahora enjuiciantes como integrantes de la primera fórmula de candidatos a senadores, contraviniendo lo dispuesto por la fracción III del artículo 23 de los Estatutos de la Coalición Alianza por México, que establece, entre otras cuestiones, que corresponderá al partido con mayor antigüedad en su registro, proponer el cincuenta por ciento de las candidaturas, lo que, en concepto de los accionantes, correspondía al Partido de la Revolución Democrática, del que son militantes, a través de sus normas internas."
"3. Que el registro realizado por la Coalición ‘Alianza por México’, impide que los actores puedan ser votados como candidatos de la primera fórmula al cargo de senadores por el Estado de Tabasco, al no respetarse ni ‘el acuerdo político celebrado en noviembre de mil novecientos noventa y nueve’ –a través del cual los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Alianza Social, de la Sociedad Nacionalista y Convergencia por la Democracia, se obligaron a conformar la Coalición denominada Alianza por México-, ni el ‘Reglamento de la Coordinación Nacional Ejecutiva’, de conformidad con los cuales la solución de las discrepancias en la postulación de candidaturas, debía darse mediante consenso entre los partidos integrantes de la referida coalición, o bien, a través de encuestas."
Por su parte, este Órgano Jurisdiccional consideró que no les asistía la razón a los demandantes, por las consideraciones que, en lo que interesa, se exponen a continuación:
"... es infundado el alegato vertido por los actores en el sentido de que Instituto Federal Electoral, para otorgar el registro a los candidatos... estaba obligado a cerciorarse del cumplimiento cabal de la normatividad existente en la referida coalición, toda vez que del sistema legal vigente en nuestro orden jurídico electoral no es posible advertir ninguna disposición que otorga al citado instituto atribución alguna sobre el particular..." (página 36 del fallo en consulta).
"En relación con el agravio que se analiza, de acuerdo con lo dispuesto en forma expresa por el artículo 178, párrafo 3, del código federal electoral, en la solicitud de registro de candidatos a cargos de elección popular, el partido o coalición correspondiente, únicamente debe realizar la manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de conformidad con sus normas estatutarias; sin embargo, del citado precepto legal no se advierte que se otorgue la facultad o se imponga la obligación al Instituto Federal Electoral para que verifique la certeza de tal manifestación, esto es, si el candidato cuyo registro solicita un partido o coalición efectivamente fue seleccionado de conformidad con la normatividad interna de éstos..." (página 43 del fallo en consulta).
"En el presente caso, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, dio debido cumplimiento a lo anterior, al otorgar el registro de las candidaturas presentadas por la coalición denominada Alianza por México para el cargo de senador por el principio de mayoría relativa respecto de la primera fórmula por el Estado de Tabasco, tal como se desprende del contenido del considerando identificado con el numeral 11 del acuerdo... que constituye el acto reclamado..." (página 44 del fallo en consulta).
"Por las anteriores razones, esta Sala Superior considera que el actuar de la autoridad responsable, en este aspecto que se analiza, no resulta violatorio de los derechos político-electorales de que se quejan los enjuiciantes, sin perjuicio de que ante una violación flagrante de los procesos democráticos de elección popular, los inconformes cumpliendo con los requisitos que la ley establece, puedan hacerla valer en el medio impugnativo que resulte procedente" (página 48 del fallo en consulta).
Por otra parte, a juicio de esta Sala, son infundados los argumentos que hace consistir en que con el acuerdo impugnado se excluye a los promoventes de las candidaturas a senadores por el principio de mayoría relativa, respecto de la primera fórmula por el Estado de Tabasco, por la Coalición Alianza por México, por no estimarse, según los promoventes, que de conformidad con la determinación tomada por el Pleno del IV Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, de que las candidaturas a senadores correspondían a candidatos internos y no externos, incumpliéndose por tanto con lo dispuesto por la fracción III del artículo 23 de los Estatutos de la coalición..." (página 48 del fallo en consulta).
"Como se observa, la pretensión fundamental de los enjuiciantes, consiste en que se deje sin efectos el acuerdo emitido por el Consejo General ... mediante el cual otorgó el registro a los candidatos a senadores por el principio de mayoría relativa propuestos por la coalición ‘Alianza por México’, en razón de que dichas candidaturas por el Estado de Tabasco, correspondían a candidatos internos del Partido de la Revolución Democrática y no a candidatos externos, como son los ciudadanos a los que se les otorgó el registro aludido..." (página 49 del fallo en consulta).
"... de las constancias que informan a los presentes autos, tampoco se desprende elemento de prueba que acredite que, en la sesión llevada a cabo el día ... el Pleno del IV Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, haya tomado la determinación de que las senadurías internas por el Estado de Tabasco correspondían a candidaturas internas de dicho partido... Por el contrario, en autos obra copia fotostática de la documental consistente en ‘RESOLUTIVO QUE EMITA EL COMITÉ ESTATAL DEL SERVICIO ELECTORAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE TABASCO, CON MOTIVO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO CANDIDATO TITULAR A SENADOR DE LA REPÚBLICA POR EL ESTADO DE TABASCO EN LA PRIMER FÓRMULA DEL C. AQUILES MAGAÑA GARCÍA Y SU SUPLENTE’, y de la que se advierte, en el párrafo tercero del segundo considerando que no se aceptó el registro solicitado por los ahora accionantes, en virtud de que ‘del análisis realizado a la solicitud de registro interpuesto, se advierte que no llegan a reunirse todos los requisitos que exige la convocatoria mencionada toda vez que el IV Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Tabasco con fecha 21 de enero del año dos mil, emitió resolutivo, mediante cual se reserva la primera fórmula de la candidatura uninominal a senador del Estado para un candidato externo, y por consiguiente, no es éste materia del proceso electoral interno’, documento que igualmente prueba en su contra, en términos de la valoración antes efectuada, al haber sido ofrecida por los inconformes, y de la que se obtiene que la candidatura multicitada correspondería a candidatos externos, y no a internos, como lo aseveran los enjuiciantes, determinación que sí bien fue impugnada mediante los recursos previstos en las normas internas de su partido, la misma fue confirmada por haberse cuestionado en forma extemporánea" (páginas 52 a 54 del fallo en consulta).
"Por tanto, al no quedar con medio de convicción alguno que la designación de la primera fórmula de candidatos al senado por el estado de Tabasco, correspondía a candidatos internos del Partido de la Revolución Democrática, es incuestionable que el acto de autoridad impugnado, no afecta el derecho político-electoral de ser votado en los términos que alegan los accionantes, al no ser titulares de los derechos que se pudieran ver afectados con el acto del Consejo General del Instituto Federal Electoral que reclaman, y como consecuencia, no sería posible la reparación del derecho que estima el lesionado, pues ello sólo es posible cuando se es titular del mismo; de ahí que, si existe la presunción de que los candidatos de los cuales se solicito su registro fueron seleccionados en términos de la convocatoria al efecto publicada, no existiendo prueba en contrario que lo desvirtúe, es claro que no podría ordenarse la cancelación del registro otorgado" (páginas 54 y 55 del fallo en consulta).
De las diversas consideraciones fácticas y jurídicas de la ejecutoria dictada al expediente SUP-JDC-020/2000, antes transcritas, en lo que interesa, se desprende fundamentalmente que resultó inatendible la pretensión de los entonces actores de revocar el acuerdo impugnado, porque de los elementos probatorios que obraban en autos se arribó a la convicción de que "... el IV Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Tabasco con fecha 21 de enero del año dos mil, emitió resolutivo, mediante cual se reserva la primera fórmula de la candidatura uninominal a senador del Estado para un candidato externo, y por consiguiente, no es éste materia del proceso electoral interno".
Este documento al haber sido ofrecido por los entonces enjuiciantes actuó en su propio perjuicio, puesto que en la ejecutoria en estudio se consideró que "... en términos de la valoración antes efectuada, y de la que se obtiene que la candidatura multicitada correspondería a candidatos externos, y no a internos, como lo aseveran los enjuiciantes, determinación que sí bien fue impugnada mediante los recursos previstos en las normas internas de su partido, la misma fue confirmada por haberse cuestionado en forma extemporánea".
Finalmente, como corolario de la sentencia de que se viene comentando, se consideró lo siguiente:
B) Por otra parte, existe un segundo proceso, identificado con el número de expediente SUP-RAP-023/2000, mismo que deriva de la resolución que pone fin a un procedimiento disciplinario genérico motivado por la queja interpuesta por los hoy actores, en contra del Partido de la Revolución Democrática.
En este asunto, del último párrafo del capítulo de antecedentes del escrito de demanda, se desprende que los promoventes manifiestan que les causa agravio la resolución del Consejo General precisada en el resultando III de este fallo, porque "... atropella y desconoce su derecho constitucional de ser electos y votados como candidatos de la primera fórmula a senadores por el estado de Tabasco por la coalición que integra su partido; además de que la responsable omitió aplicar la normatividad de la coalición Alianza por México, a pesar de tener la obligación de cerciorarse del cumplimiento cabal de dichas normas...", lo que les genera, diversos agravios, mismos que, en síntesis, son los siguientes:
1) Los inconformes manifiestan que les irroga agravio el acto de autoridad, en su considerando VIII y resolutivos primero y segundo, ya que los artículos 1 y 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen, el primero, que las normas de ese ordenamiento legal son de orden público y de observancia general; y, el segundo, las obligaciones de los partidos políticos nacionales; asimismo, el Instituto Federal Electoral tiene la facultad de conocer de las irregularidades en que incurran dichos institutos políticos, por lo que en ningún momento se solicitó extender los efectos de la queja, sino que dentro de la normatividad vigente se pidió que dicho instituto interviniera para que revisara determinados actos del Partido de la Revolución Democrática e hiciera un análisis exhaustivo de sus actuaciones, para que, derivado de ello, impusiera y aplicara la sanción correspondiente, en términos de los artículos 269 y 270 del código invocado; y con ello se restituya en el uso y goce de los derechos violados.
2) Causa agravio el considerando 10 de la resolución impugnada, traduciéndose en una violación a los artículos 2, 3 y 270 del código antes mencionado, en razón de que sin fundar y motivar su resolución, la autoridad responsable considera que la actuación de los órganos internos que se erigieron en instancias decisorias de los medios de impugnación internos del Partido de la Revolución Democrática, estuvo ajustada a derecho, además de que, en su concepto, no se expresó el perjuicio que causó a los hoy recurrentes el error del comité estatal del servicio electoral del instituto político denunciado.
En este tenor, los inconformes manifiestan que contrario a lo considerado por la autoridad responsable, en las resoluciones de los comités del servicio electoral "ningún voto es válido en ausencia" y los suplentes asumen las funciones de los propietarios. Asimismo, en la denuncia se expuso que los órganos internos de dicho instituto político transgredieron los principios establecidos en artículo 2 del estatuto, por el hecho de no asentar en las resoluciones que se emitieron en las instancias internas, la causa o motivo por el cual no firmaron algunos de los integrantes de dichos órganos, y si éstos estuvieron presentes o no en las sesiones en donde se trataron los recursos que se resolvieron; por lo que a juicio de los quejosos, no se trata solamente de violaciones de forma sino de fondo; ya que si bien es cierto que éstas se pueden resolver por mayoría, también lo es que deben precisarse las circunstancias en que se desarrolla la sesión, esto es, si se encuentra reunido el quórum para sesionar, si hay un argumento o voto particular que disienta en todo o parte de los criterios que sobre el particular se emitan, si uno de los integrantes se abstiene de votar o emite un voto razonado; pues de lo contrario, se pensaría que una sola persona es la que formula la resolución y únicamente se dedica a recabar las firmas de los integrantes de dichos órganos, circunstancia que no valora la autoridad responsable y que se hace valer como un agravio más.
3) Los enjuiciantes argumentan que en términos del artículo 7 del Reglamento de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática, de toda sesión que celebre el pleno o las salas, el secretario levantará el acta que contenga una relación pormenorizada de los asuntos tratados en ella y de los acuerdos tomados, circunstancia que no aconteció en las resoluciones que emitieron los órganos internos de ese partido; máxime que el instituto político denunciado no formuló contestación alguna respecto a la queja interpuesta en su contra, asumiendo con ello, de manera tácita, su proceder incorrecto e ilegal hacia las normas estatutarias, afectando, los derechos políticos de los hoy recurrentes.
4) Adicionalmente señalan que con el acervo probatorio que se acompañó a la queja, se demostró que dicho instituto político incurrió en las causales señaladas por el párrafo 2 del artículo 269 del código de la materia, por lo que, la responsable en uso de sus facultades debió declarar la procedencia de la queja respecto a las violaciones a los procedimientos estatutarios del Partido de la Revolución Democrática, y al no haberlo hecho, les causa una afectación a su esfera jurídica.
5) La responsable no observó el principio de exhaustividad al considerar insatisfechas las formalidades esenciales del procedimiento.
6) La resolución impugnada adolece de debida fundamentación y motivación, y solicitan se tengan por reproducidos como si a la letra se insertasen todos y cada uno de los argumentos hechos valer en la queja cuya resolución hoy se combate.
7) Los actores manifiestan que el resolutivo 7 les causa agravios, ya que en éste se señala que la responsable analizó la queja en la forma y términos que se consignan en el dictamen que aprobó la Junta General Ejecutiva, y como ya se ha expresado, el análisis fue incorrecto e ilegal, puesto que el citado partido político no ajustó sus actos a las reglas esenciales del procedimiento interno; y la responsable precisa que se incurrió en la causal de improcedencia por la extemporaneidad del recurso interno, situación que es equívoca, ya que dicho instituto político fue muy rigorista en su actuar, pero en ningún momento al resolver los procedimientos se adecuó a los estatutos, como es el hecho de no levantar el acta circunstanciada en las sesiones en donde supuestamente se resolvieron sus inconformidades.
C) Ahora bien, como se adelantó, no procede la corrección de la vía jurisdiccional planteada, debido a que los dos pleitos se encuentran estrechamente unidos, en una relación de conexidad prácticamente inescindible, esto es por la identidad substancial de lo resuelto en el diverso juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-020/2000, con los argumentos expuestos en vía de agravio en el presente asunto.
En efecto, esta Sala Superior advierte de manera nítida que la causa petendi de los demandantes en el primer juicio consistió en intentar acreditar que los candidatos registrados a Senadores de mayoría relativa por el Estado de Tabasco, postulados por la Coalición Alianza por México no cumplían los requisitos estatutarios de la coalición, ni los del Partido de la Revolución Democrática, ya que afirmaban que dichas candidaturas estaban reservadas para militantes del propio partido y no para sujetos externos; mientras que en el juicio que nos ocupa, la pretensión se circunscribe a tratar de poner en evidencia la ilegalidad de la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante la cual pone fin a un procedimiento disciplinario genérico, con el objeto de que esta Sala modifique o revoque dicha resolución, y en su lugar se dicte otra mediante la cual, por un lado, se determine e imponga una sanción al Partido de la Revolución Democrática; y, por otro, para que se sigan las formalidades esenciales de los procedimientos incoados de carácter partidario que agotaron los hoy inconformes, respecto a su derecho para ser candidatos internos de su partido y ser postulados por la citada coalición para las candidaturas antes mencionadas.
D) En ambos medios impugnativos, comparecen Aquiles Magaña García y Baldemar Hernández Jiménez, en su carácter de parte actora, y el Consejo General del Instituto Federal Electoral, como autoridad responsable; con lo cual se deja en evidencia que ambas partes quedaron vinculadas desde la ejecutoria dictada en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-020/2000.
E) Como ya quedó expuesto con anterioridad, la eficacia o utilidad práctica del presente medio de impugnación consistiría en la restitución a los accionantes en el uso y doce de los derechos que supuestamente fueron violados, es decir, tendría como objetivo revocar o modificar la resolución impugnada, y derivado de ello, advertir las supuestas irregularidades que se presentaron en la substanciación y resolución de los medios partidarios de defensa que agotaron éstos; lo que implicaría que el Comité General del Servicio Electoral del partido en mención analizara el fondo de la queja presentada por los hoy enjuiciantes, y determinara si éstos pueden participar en una contienda interna de su partido, para ser postulados como candidatos a senadores por el principio de mayoría relativa, primera fórmula, en el Estado de Tabasco, por la Coalición Alianza por México. Sin embargo, es indudable que los hoy demandantes parten de la premisa falsa de que las candidaturas de referencia están reservadas para candidatos internos del Partido de la Revolución Democrática.
Consecuentemente, al partir los enjuiciantes de un presupuesto erróneo, en nada les beneficiaría que esta Sala Superior se avocara al estudio de los agravios invocados en este asunto, porque, como quedó precisado, este Órgano Jurisdiccional ya se pronunció sobre la situación de que las candidaturas a senadores por el principio de mayoría relativa, primera fórmula, por el estado de Tabasco, de la Coalición Alianza por México no están reservadas para candidatos internos del Partido de la Revolución Democrática, y por tanto, no constituyen materia del proceso electoral interno de ese partido.
F) Como se puede advertir, en la ejecutoria del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-020/2000 se tomó una decisión precisa, clara e indubitable sobre el presupuesto lógico de la decisión tomada.
G) Finalmente, aun en el supuesto caso de que los motivos de inconformidad expuestos en el presente medio de impugnación sean fundados, en cuanto a que la resolución impugnada adolece de debida motivación y fundamentación, puesto que a juicio de los promoventes se acreditaron diversas irregularidades en la substanciación y resolución de los medios de defensa de carácter partidario que agotaron, situación que generaría, a decir de los propios recurrentes, que este tribunal federal ordenara la reparación de la infracción y, en su caso, se dictara una nueva resolución en la que, como consecuencia de lo anterior, se ordenara a las instancias internas del Partido de la Revolución Democrática, admitir los escritos de los hoy accionantes y estudiar el fondo de la cuestión planteada ante éstas (último párrafo del agravio segundo del escrito de demanda); tal circunstancia no es suficiente para que se altere el sentido de la ejecutoria a la que se ha hecho mención, puesto que en ésta se determinó que las candidaturas en cuestión no son materia de una selección interna de ese instituto político. Además de que dicha sentencia goza de las características de definitividad e inatacabilidad, según lo dispone el artículo 99, cuarto párrafo de la Constitución federal y 25 de la ley general antes citada.
Consecuentemente, ante la concurrencia de los elementos examinados, se llega a la convicción de que debe desecharse de plano el presente medio de impugnación.
Por lo expuesto, y fundado además en los artículos 9, apartado 3, en relación con el diverso numeral 25, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se:
UNICO. Se desecha el presente medio de impugnación interpuesto por Aquiles Magaña García y Baldemar Hernández Jiménez, en contra de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en sesión ordinaria de veintisiete de abril del año en curso, en el expediente JGE/QAMG/CG/031/2000.
Notifíquese: personalmente tanto a Aquiles Magaña García y Baldemar Hernández Jiménez, en su carácter de promoventes, en el domicilio ubicado en la calle Avenida Juárez número 30, interior 402, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc; como a la coalición "Alianza por México", por conducto de su representante Jesús Ortega Martínez, en el inmueble ubicado en el número 100 de Viaducto Tlalpan y Periférico Sur, Edificio A, planta baja, colonia Arenal Tepepan, delegación Tlalpan; ambos en esta ciudad; y por oficio a la autoridad responsable, anexando copia certificada del presente fallo.
ALFONSINA BERTA NAVARRRO HIDALGO

References: resolución 
 resolución 
 artículo 32
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 270
 resolución 
 artículo 270
 artículo 270
 artículo 269
 resolución 
 artículo 269
 artículo 24
 resolución 
 artículo 20
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 38
 artículo 110
 artículo 113
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 32
 resolución 
 artículo 270
 artículo 269
 resolución 
 artículo 269
 artículo 41
 resolución 
 artículo 269
 artículo 270
 artículo 270
 artículo 41
 artículo 73
 resolución 
 resolución 
 artículo 20
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 7
 resolución 
 artículo 20
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 artículo 7
 artículo 269
 artículo 82
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 19
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 41
 resolución 
 artículo 35
 artículo 45
 artículo 42
 resolución 
 resolución 
 artículo 45
 resolución 
 artículo 35
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 41
 artículo 23
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
e contrario
 artículo 23
 artículo 178
 artículo 23
 resolución 
 resolución 
 resolución 
e contrario
 artículo 2
 resolución 
 artículo 7
 artículo 269
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 99
 resolución