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Timestamp: 2019-08-18 11:06:23+00:00

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Sentencia nº 656 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 30 de Junio de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 283520635
Fecha de Resolución: 30 de Junio de 2000
Número de Expediente: 00-1728
SALA CONSTITUCIONAL Magistrado-Ponente: J.E. Cabrera Romero
En fecha 31 de mayo de 2000, la abogada D. P. G., en su carácter de Defensora del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, y los abogados J. N. M. y J. C. G., en su carácter de Director General de la Defensoría del Pueblo y Director General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, respectivamente, interpusieron de forma oral acción de amparo constitucional en contra de la Comisión Legislativa Nacional “...al existir en la actualidad, amenaza de violación de los Derechos y Garantías Constitucionales establecidos en los artículos 62 y 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 293 último aparte y artículos 294 y 296 ejusdem”.
El 5 de junio de 2000, los accionantes expusieron ante esta Sala que, en vista de que no existe pronunciamiento respecto a la admisibilidad de la acción, y que resulta un hecho público y notorio que la Comisión Legislativa Nacional procedió a designar los nuevos miembros a integrar el C.N.E. “y su juramentación está prevista para el día de hoy”, procedieron a ampliar la solicitud de amparo.
Fundamentos de la Acción de A.C.
Señalan los accionantes en su exposición oral del 5 de junio, que la Comisión Legislativa Nacional mediante acto de fecha 03 de junio procedió a designar los miembros del C.N.E., por lo cual se materializó la amenaza de violación de los artículos 62, 70 y 296, que fuera denunciada en la exposición oral del 31 de mayo. En efecto, señalan que el órgano legislativo, vulneró sus derechos constitucionales al prescindir del procedimiento de postulación establecido en el artículo 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al llamar a una mesa de diálogo, la cual estuvo integrada por organizaciones de la sociedad civil, quienes tuvieron la posibilidad de postular y evaluar candidatos. La situación anterior, colocó –a su decir- en posición desigual a los candidatos propuestos por otros sectores. Además, indican que el período de oposición fue sumamente breve, lo cual se traduciría –según alegan- en la violación de derechos y garantías constitucionales.
Señalan igualmente que en el procedimiento realizado por la Comisión Legislativa Nacional: “1) No hubo representatividad ni igualdad de oportunidades, por cuanto en la ‘mesa de diálogo’, no se encontraban los diversos sectores de la sociedad civil, se encontraba la iglesia católica, mas no representantes de otros credos, se encontraban los representantes de los empresarios, mas no representantes de los trabajadores, en consecuencia, no estaba representado el pueblo de Venezuela. 2) No hubo igualdad de condiciones, por la dualidad de funciones de postulación y evaluación de los miembros de mesa hacia los postulados. 3) No hubo diálogo suficiente, que permitiera la evaluación objetiva de los postulados, conforme al perfil requerido para ocupar el cargo”.
En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo, y a tal efecto observa que la misma ha sido ejercida en contra de la designación que el 3 de junio de 2000 realizara la Comisión Legislativa Nacional de los miembros del C.N.E..
Mediante sentencias del 20 de enero del presente año, recaídas sobre los casos E.M. y D.R.M., este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, determinó el régimen competencial aplicable en materia de amparo constitucional, a la luz de las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableciendo que corresponde a esta Sala el conocimiento -en única instancia- de las acciones de amparo a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, incoadas contra los órganos y altos funcionarios a que se refiere dicho artículo, así como contra los funcionarios que actúen por delegación de las atribuciones de los anteriores.
El contenido del artículo citado, en concordancia con el criterio establecido en las sentencias mencionadas, establece un fuero especial a favor de los titulares de los órganos de mayor jerarquía del Poder Público Nacional, que faculta a esta Sala para conocer de las acciones de amparo intentadas en contra de ellos. En tal virtud, esta Sala considera que la enumeración realizada en el artículo transcrito es enunciativa y no taxativa, en tanto que existen órganos con rango similar –dada su naturaleza y atribuciones- a los cuales debe extenderse, necesariamente, la aplicación del fuero especial consagrado en el mismo.
Tal es el caso de la Comisión Legislativa Nacional, creada de conformidad con el artículo 5 del Régimen de Transición del Poder Público, dictado por la Asamblea Nacional Constituyente y publicado en la Gaceta Oficial de la República Nº 36.859 del 29 de diciembre de 1999, reimpreso por error de copia según Gaceta Oficial Nº 36920 de fecha 28 de marzo de 2000. En relación con las atribuciones conferidas a dicha Comisión, éstas son las que establecen los artículos 6 y 10 del Decreto que regula el Régimen de Transición antes aludido, y a su vez asume los derechos y obligaciones contraídas por la República, por órgano del Congreso de la República (artículo 9). Lo anterior conlleva a dicho organismo a poseer rango similar al de los órganos y funcionarios mencionados en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en razón de que la comisión goza de rango constitucional –pues fue creada mediante un acto constituyente- y tiene competencia nacional. Atendiendo a tales características, esta Sala Constitucional es competente para conocer, en única instancia, la presente acción de amparo, y así se declara.
El artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa que Venezuela es un Estado Social de Derecho y de Justicia. Esto significa, que dentro del derecho positivo actual y en el derecho que se proyecte hacia el futuro, la ley debe adaptarse a la situación que el desarrollo de la sociedad vaya creando, como resultado de las influencias provenientes del Estado o externas a él. Son estas influencias las que van configurando a la sociedad, y que la ley y el contenido de justicia que debe tener quien la aplica, deben ir tomando en cuenta a fin de garantizar a los ciudadanos una calidad integral de vida, signada por el valor dignidad del ser humano. El Estado constituido hacia ese fin, es un Estado Social de Derecho y de Justicia, cuya meta no es primordialmente el engrandecimiento del Estado, sino el de la sociedad que lo conforma, con quien interactúa en la búsqueda de tal fin.
El Estado así concebido, tiene que dotar a todos los habitantes de mecanismos de control para permitir que ellos mismos tutelen la calidad de vida que desean, como parte de la interacción o desarrollo compartido Estado-Sociedad, por lo que puede afirmarse que estos derechos de control son derechos cívicos, que son parte de la realización de una democracia participativa, tal como lo reconoce el Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Como derechos cívicos, destinados a proteger la calidad de la vida, a ellos se les pueden resaltar varios caracteres. Uno, el que formando parte de los derechos otorgados a la ciudadanía, mecanismos legales para precaver el bien común, cualquier miembro de la sociedad, con capacidad para obrar en juicio, puede –en principio- ejercerlos. Dos, que siendo ellos deferidos como parte de una interacción social, que actúan como elementos de control de la calidad de la vida comunal, no pueden confundirse con los derechos subjetivos individuales que buscan la satisfacción personal, ya que su razón de existencia es el beneficio del común, y lo que se persigue con ellos es lograr que la calidad de la vida sea óptima. Esto no quiere decir que en un momento determinado un derecho subjetivo personal no pueda, a su vez, coincidir con un derecho destinado al beneficio común.
El citado artículo 26 no define qué son derechos o intereses difusos, y ello lleva a esta Sala a conceptualizarlos.
Independientemente del concepto que rija al derecho o interés difuso, como parte que es de la defensa de la ciudadanía, su finalidad es satisfacer necesidades sociales o colectivas, antepuestas a las individuales. El derecho o interés difuso, debido a que la lesión que lo infringe es general (a la población o a extensos sectores de ella), vincula a personas que no se conocen entre sí, que individualmente pueden carecer de nexo o relaciones jurídicas entre ellas, que en principio son indeterminadas, unidas sólo por la misma situación de daño o peligro en que se encuentran como miembros de una sociedad, y por el derecho que en todos nace de que se les proteja la calidad de la vida, tutelada por la Constitución. Desde el punto de vista del interés, el cual también se encuentra tutelado, él es diverso y opuesto al interés personal que nace del vínculo creado por una relación jurídica, y como puede abarcar a muchas o a varias personas, el profesor venezolano J.R.U. llama al interés difuso: transpersonal, en oposición al interés de las personas vinculadas entre sí por relaciones jurídicas; mientras que otros lo llaman suprapersonal, como R.M. y Marín (Bienes Jurídicos Intermedios y Delitos de Peligro. Granada 1997); o supraindividual, como lo hace M.I.G.C. (La Protección de los Intereses Legítimos en el P.A.. Tirant. Monografías. Valencia 1997), aunque esto no sea la característica decisiva para reconocer estos derechos e intereses.
Estas ideas llevan, a su vez a la Sala a delimitar qué debe entenderse por calidad de vida. Desde un punto de vista estricto, que es el que interesa a esta Sala, la calidad de vida es el producto de la satisfacción progresiva y concreta de los derechos y garantías constitucionales que protegen a la sociedad como ente colectivo, como cuerpo que trata de convivir en paz y armonía, sin estar sometida a manipulaciones o acciones que generen violencia o malestar colectivo, por lo que ella, en sentido estricto, no es el producto de derechos individuales como los contenidos puntualmente en el Capítulo de los Derechos Humanos, sino del desenvolvimiento de disposiciones constitucionales referidas a la sociedad en general, como lo son –sólo a título enunciativo- los artículos 83 y 84 que garantizan el derecho a la salud; el 89, que garantiza el trabajo como hecho social; los derechos culturales y educativos contenidos en los artículos 99, 101, 102, 108, 111, 112 y 113 de la Carta Fundamental; los derechos ambientales (artículos 127 y 128 eiusdem); la protección del consumidor y el usuario (artículos 112 y 114), el derecho a la información adecuada y no engañosa (artículo 117) y, los derechos políticos, en general.
De la idea anterior surge otro de los elementos esenciales para calificar la existencia de un derecho o interés difuso o colectivo, cual es que el obligado (estado o particular) debe una prestación indeterminada, que puede hacerse concreta debido a la intervención judicial. Desde este punto de vista, lo importante es que el objeto jurídico que se exija al obligado es de carácter general, opuesto a las prestaciones concretas señaladas por la ley.
Ahora bien, la Constitución vigente (artículo 26) se refiere a acciones para tutelar derechos e intereses difusos o colectivos, lo que pudiera interpretarse como que ellos forman una sola categoría. No comparte esta Sala tal interpretación.
Si bien es cierto que hay bienes jurídicos transpersonales o suprapersonales, en contraposición con los individuales, no es menos cierto que el derecho o interés difuso se refiere a un bien que atañe a todo el mundo, a personas que en principio no conforman un sector poblacional identificable e individualizado, sino que es un bien asumido por los ciudadanos (pluralidad de sujetos), que sin vínculo jurídico entre ellos, se ven lesionados o amenazados de lesión. Ellos se fundan en hechos genéricos, contingentes, accidentales o mutantes que afectan a un número indeterminado de personas y que emanan de sujetos que deben una prestación genérica o indeterminada. Los daños al ambiente o a los consumidores, por ejemplo, así ocurran en una determinada localidad, tienen efectos expansivos que perjudican a los habitantes de grandes sectores del país y hasta del mundo, y responden a la prestación indeterminada de protección al ambiente o de los consumidores. Esa lesión a la población, que afecta con mayor o menor grado a todo el mundo, que es captado por la sociedad conforme al grado de conciencia del grupo social, es diferente a la lesión que se localiza concretamente en un grupo, determinable como tal, aunque no cuantificado o individualizado, como serían los habitantes de una zona del país, afectados por una construcción ilegal que genera problemas de servicios públicos en la zona. Estos intereses concretos, focalizados, son los colectivos, referidos a un sector poblacional determinado (aunque no cuantificado) e identificable, aunque individualmente, dentro del conjunto de personas existe o puede existir un vínculo jurídico que los une entre ellos. Ese es el caso de las lesiones a grupos profesionales, a grupos de vecinos, a los gremios, a los habitantes de un área determinada, etc. A estos intereses focalizados se contraponen los que afectan sin distingo a todo el mundo, o a amplias categorías o capas de la población, así la mayoría no se sienta lesionada, ya que muchas veces la cultura colectiva que es la que permite concientizar la lesión, puede fallar en reconocerla. Son los difusos los de mayor cobertura, donde el bien lesionado es más generalizado, ya que atañe a la población en extenso, y que al contrario de los derechos e intereses colectivos, surgen de una prestación de objeto indeterminado; mientras que en los colectivos, la prestación puede ser concreta, pero exigible por personas no individualizables.
Planteado así lo relativo a estas acciones, tiene también esta Sala que determinar quiénes son los legitimados para intentarlas, siendo claro que el interés procesal lo tiene –en principio- cualquier miembro de la sociedad que necesite de la declaración jurisdiccional, en beneficio del común.
Pero, en cuanto a la legitimación del actor, no se está ante una acción popular donde cualquier ciudadano está legitimado para incoarla, ya que como dice J.M.A. (La Legitimación en el P.C.. Edit. Civitas, 1994), la acción por intereses difusos o colectivos no implica conceder a los ciudadanos un derecho material (lo que sería discutible en Venezuela), sino sólo un derecho procesal, por lo que es necesario que el actor esgrima su derecho subjetivo, no individual, sino común, por tratarse de un derecho de incidencia colectiva en el sentido amplio de la palabra. De allí que G.J.B.C. en su obra El Acceso a la Justicia (Edit. Civitas, 1994), explica: “Solamente en materia de intereses difusos o colectivos no se exige interés concreto, propio, inmediato y diferente al de cualquier otro sujeto. El interés es compartido, pero hay invocación de una porción subjetiva del interés común o colectivo, o de un derecho de incidencia colectiva...” (subrayado de la Sala). Mientras que J.P. (“Legitimaciones Atípicas”) señala que: “...Estamos asistiendo –ya desde hace algún tiempo- a un evidente ‘ensanchamiento’ del concepto de legitimación procesal. Sus nuevos límites son más dilatados que los anteriores, pero en modo alguno invalidan los valiosos desarrollos efectuados por la procesalística clásica que resultan, en rigor de verdad, simplemente enriquecidos con los aportes estimulados por la aparición de nuevas realidades (la de los intereses difusos, por ejemplo) que, perentoriamente, reclaman solución y cauce”.
En consecuencia, cualquier persona procesalmente capaz, que va a impedir el daño a la población o a sectores de ella a la cual pertenece, puede intentar una acción por intereses difusos o colectivos, y si ha sufrido daños personales, pedir sólo para sí (acumulativamente) la indemnización de los mismos. Esta interpretación fundada en el artículo 26, hace extensible la legitimación activa a las asociaciones, sociedades, fundaciones, cámaras, sindicatos, y demás entes colectivos, cuyo objeto sea la defensa de la sociedad, siempre que obren dentro de los límites de sus objetivos societarios, destinados a velar por los intereses de sus miembros en cuanto a lo que es su objeto. El artículo 102 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, sigue esta orientación.
Lo que sí dimana del estado actual de la legislación venezolana, es que un particular no puede demandar una indemnización para el colectivo dañado, cuando acciona por intereses difusos, correspondiendo tal pedimento a entes como el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo, por ejemplo.
Igualmente, cuando los daños o lesiones atentan contra grupos de personas vinculadas jurídicamente entre sí, o pertenecientes a la misma actividad, la acción por intereses colectivos, cuya finalidad es idéntica a la de los intereses difusos, podrá ser incoada por las personas jurídicas que reúnan a los sectores o grupos lesionados, y aun por cualquier miembro de ese sector o grupo, siempre que obre en defensa de dicho segmento social.
Resulta absurdo que alguien obtenga un fallo favorable que evite o elimine la lesión a la situación jurídica colectiva en que se encuentra, y que a pesar de ese fallo, las personas del sector que están en igual situación, tengan que sufrir la lesión o la amenaza.
De la Legitimación de la Defensoría del Pueblo para ejercer la presente Acción de Amparo
Establecido lo anterior sobre los derechos e intereses difusos o colectivos, y quiénes pueden ejercerlos judicialmente, esta Sala observa:
De esta forma y de pleno derecho, la Defensoría queda legitimada para interponer acciones cuyo objeto es hacer valer los derechos o intereses difusos y colectivos, sin que pueda plantearse cuestión alguna sobre si para accionar se requiere de la aquiescencia de la sociedad que representa para que ejerza la acción. Por mandato del Derecho Objetivo, la Defensoría del Pueblo, adquiere –además- interés legítimo para obrar procesalmente en defensa de un derecho que le asigna la propia Constitución, y que consiste en proteger a la sociedad o a grupos dentro de ella, en los supuestos del artículo 281 eiusdem.
Artículo 62.- “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.
Artículo 70.- “Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en la social y económico: las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.
En consecuencia, el fallo a dictarse –sobre todo en los juicios ordinarios- puede condenar al demandado a realizar determinadas obligaciones de hacer o no hacer, y hasta indemnizar a la colectividad, o a grupos dentro de ella, en la forma como ordene el juez, con señalamiento de cuáles instituciones sociales o públicas, o cuáles personas, serán acreedoras de la indemnización. Esto último no es ventilable mediante amparos.
Como aun no se ha dictado una ley procesal especial que regule estas acciones, y mientras ella se promulga, esta Sala Constitucional es competente para conocer de ellas, a menos que la ley le atribuya el conocimiento a otro tribunal, tal como se apuntó antes.
En sentencias de esta Sala de fechas 26 de enero, 27 de enero y 18 de mayo, del presente año (recaídas en los casos: E.G.; M.G. y otros; y, E.G. y otros, respectivamente), ella ha sostenido que los actos dictados por la Asamblea Nacional Constituyente equivalen a disposiciones de naturaleza constitucional, en todo lo relativo al régimen de transición que no haya sido previsto en las Disposiciones Transitorias de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En el Régimen de Transición del Poder Público, se creó la Comisión Legislativa Nacional, a la cual en el numeral 11 del artículo 6 se le atribuyó: “Designar los miembros del C.N.E.. Dicha designación será con carácter provisorio hasta que la Asamblea Nacional lo haga definitivamente de conformidad con la Constitución aprobada”. Igualmente, el artículo 40 eiusdem reza: “La Asamblea Nacional Constituyente designará a los integrantes del C.N.E.. Las designaciones contenidas en el presente artículo son de carácter provisorio hasta que la Asamblea Nacional haga las designaciones definitivas de conformidad con la Constitución aprobada”.
Entiende esta Sala, que en la designación provisoria de los miembros del C.N.E., la Comisión Legislativa Nacional no tendría que ceñirse a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que expresamente la norma comentada explicó que es la designación definitiva de los miembros la que hará la Asamblea Nacional de conformidad con la Constitución.
En consecuencia, tal como la Sala lo expresó en fallos de fecha 28 de marzo de 2000, dentro de la transitoriedad hacia la instalación de la Asamblea Nacional, así como en la elección sobrevenida de los miembros provisorios del C.N.E., no es obligante para la Comisión Legislativa Nacional ceñirse al artículo 296 de la vigente Constitución. Igualmente no será necesario para la Comisión Legislativa Nacional la aplicación estricta de dicho artículo para la elección de otros miembros provisorios del C.N.E., que vienen a sustituir a los miembros renunciantes, y que son a quienes se refiere la acción de amparo incoada por la Defensoría del Pueblo, y así se declara.
A pesar de lo anterior, quiere hacer esta Sala, debido al celo demostrado por la Defensoría del Pueblo, algunas acotaciones sobre el artículo 296 señalado. Dicho artículo se funda en un régimen de postulaciones ante la Asamblea Nacional, el cual aún no ha sido reglamentado, motivo por el cual, la Comisión Legislativa Nacional está en la imposibilidad de cumplir con él. Sin embargo, observa esta Sala, que según noticias de prensa, no controvertidas, y difundidas coetáneamente por los medios de comunicación social escritos, radiofónicos y audiovisuales, por lo que se trata de un hecho comunicacional que demuestra la veracidad de la noticia, los electos como miembros provienen de asociaciones u organizaciones no políticas, así como de universidades, por lo que este requisitos sobre las condiciones de los electos –para lo cual la Comisión Legislativa Nacional no aplicó el artículo 296- sin embargo, coincide con el espíritu de dicha norma constitucional.
Así, entre los miembros principales designados se encuentra la profesora I.R., quien proviene de una universidad nacional, la Universidad del Zulia, y que fue postulada por dicha Universidad y la Cooperativa S. deM.; mientras que los otros miembros principales (según noticias coincidentes de prensa, en especial, la que toma la Sala del diario El Nacional, edición del 4 de junio de 2000), fueron postulados por instituciones civiles, tales como el Movimiento Refundación Gremial 200 y FACUR (Rómulo Rangel); Primero Justicia (César Peña Vigas); Fedecámaras (Alfredo Avella); Fedeindustria (Vicente González).
Se trata de personas que no provienen de partidos políticos, ni que han sido postulados por éstos, tal como es el espíritu del artículo 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicha norma exige que el C.N.E. definitivo, como desarrollo de la constitucionalidad plena, esté conformado por tres miembros postulados por la sociedad civil, uno por las facultades de ciencias políticas y jurídicas de las universidades nacionales, y otro por el Poder Ciudadano.
En la actualidad no hay disposiciones legales que reglamenten quiénes conforman la sociedad civil, y cómo ella hará la escogencia de quienes la representen -sociedad que es de todos los venezolanos- que se contrapone a las organizaciones políticas, y del cual deben excluirse –igualmente- las instituciones militares y eclesiásticas, ya que los componentes de ambas instituciones tienen en las leyes una serie de limitaciones que a juicio de esta Sala demuestran que debido a ellas, no podrían ser los legítimos representantes de esa sociedad no política.
No existe en la actual legislación, normas que regulen al C.M.R., al cual pertenece por derecho propio la institución accionante, ni cómo se elige su Presidente, ni cuál es su organización y forma de funcionamiento, ya que ello lo establecerá una Ley Orgánica (artículo 273 de la vigente Constitución) aun no promulgada, y aunque era conveniente, a juicio de esta Sala, el que se hubiere consultado a los integrantes de derecho del C.M.R., para la elección de los miembros del C.N.E., la ausencia de esta consulta no viola la Constitución, mientras el C.M.R. no se encuentre legalmente constituido y regulado, por lo que la Comisión Legislativa Nacional no infringió ley alguna.
Por todas estas razones, considera esta Sala que la Comisión Legislativa Nacional no requería en esta oportunidad, recibir postulaciones de los entes señalados en el artículo 296 de la vigente Constitución, lo que no eliminaba, sin ser vinculante, en que al menos los componentes del Poder Ciudadano, acudieran ante ella para ser oídos, y para postular –si lo creyeren conveniente- candidatos a miembros del C.N.E..
Durante el régimen de transición, previsto en el Régimen de Transición del Poder Público, que finalizará con la instauración de la Asamblea Nacional, los nombramientos de funcionarios emanados del poder constituyente se mantendrán, hasta que se promulguen las diversas leyes orgánicas o leyes que regulen los entes a los cuales pertenezcan dichos funcionarios, y que por tanto señalarán con respecto a la estructura de estos organismos, cómo se elegirán sus miembros y funcionarios. De ese sistema no escapa el C.N.E., pero debido a la renuncia de la directiva, y el vacío que en el organismo causó tal renuncia, la Comisión Legislativa Nacional, en base al numeral 11 del artículo 6 del Régimen de Transición del Poder Público quedó facultada para designar, a los miembros del C.N.E. provisorio, quienes ocuparán los cargos hasta que, conforme al artículo 40 eiusdem, la Asamblea Nacional haga las designaciones definitivas, de conformidad con la Constitución vigente.
Es por las anteriores consideraciones, que este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara in limine litis Improcedente, la acción de amparo interpuesta por los representantes de la Defensoría del Pueblo, en contra del acto de nombramiento de los miembros del C.N.E., de fecha 3 de junio de 2000.
M.A.T. V
Quien suscribe, Magistrado M.A.T. Villarreal, visto el tenor de la sentencia que antecede, salva su voto en los términos siguientes:
Según la Sala, cuando la acción de amparo es manifiestamente improcedente, puede ser desestimada de plano, sin necesidad de tramitar el respectivo proceso.
A juicio de quien suscribe, el proceso de amparo constitucional se halla regido también por los principios de igualdad ante la ley, defensa y contradictorio, de modo que el juicio sobre el fundamento de la pretensión de amparo y, por tanto, sobre su procedencia, no puede pronunciarse sin el trámite previo de un proceso en el cual tanto el accionante como su contraparte tengan la posibilidad de hacer efectivos los citados principios.
En este contexto, la tesis que sostiene la Sala, en la sentencia que antecede, es incompatible con la orientación del orden constitucional e internacional en materia de derechos fundamentales de alcance procesal.
HECTOR PEÑA TORRELLES JOSÉ M. DELGADO OCANDO
M.A.T. VILLARREAL
Magistrado - Disidente
MATV/sn.-
EXP. 00-1728
Decisión nº 85 de Tribunal Cuarto de Protección del Niño y Adolescente de Zulia (Extensión Maracaibo), de 16 de Julio de 2008

References: artículo 296
 artículo 8
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 102
 artículo 281

Artículo 62

Artículo 70
 artículo 6
 artículo 40
 artículo 296
 artículo 296
 artículo 296
 artículo 296
 artículo 296
 artículo 6
 artículo 40

Decisión nº