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Timestamp: 2013-05-25 19:06:10+00:00

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Dirección Nacional de Derechos Humanos | Ministerio de Seguridad
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1. Promover la incorporación de una perspectiva de derechos humanos en el diseño y ejecución de las políticas de prevención y operativas en el marco del proceso de fortalecimiento institucional democrático de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, tanto en su relación con actores externos (Estado – Sociedad Civil) como en el ámbito de las relaciones internas institucionales.
Colaborar con las áreas competentes del Ministerio en el desarrollo de estándares y protocolos de actuación para las fuerzas policiales vinculados al respeto de la normativa internacional de Derechos Humanos vinculada al accionar de las fuerzas policiales y de seguridad.
Atender peticiones, denuncias y presentaciones que involucren a personal de las fuerzas policiales y de seguridad, cuando de ellas surjan elementos que puedan implicar una violación de los Derechos Humanos.
Desarrollar una política de vigilancia y mejora de las condiciones de detención en unidades de las fuerzas dependientes del Ministerio.
Desarrollar una política de vigilancia y prevención de la violencia institucional a través del análisis de casos y el desarrollo de protocolos que garanticen la no repetición.
Desarrollar una política coordinada y centralizada de actuación con los demás organismos del Estado encargados de promover políticas de reivindicación de derechos, instituciones y mecanismos de vigilancia de derechos y garantías, tales como la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación y la Xenofobia y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como otras representaciones estatales del sector a nivel provincial y local.
2. Desarrollar iniciativas de capacitación, formación y difusión en materia de derechos humanos, destinada a integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad. Acciones:
Identificar áreas prioritarias para capacitar en problemáticas relacionadas con la vigencia de los derechos humanos y desarrollar acciones de coordinación institucional para asegurar la participación la participación de otras instancias especializadas en las temáticas a abordar.
Revisar las instancias de formación existentes a fin de asegurar su la inclusión de la perspectiva de derechos humanos como eje transversal.
3. Implementar acciones dirigidas a generar condiciones de trato equitativo entre hombres y mujeres dentro de las fuerzas policiales y de seguridad; como así también de asistir a las áreas competentes del Ministerio en el diseño y ejecución de las políticas de prevención y operativas que incluyan la perspectiva de género.
Diagnosticar las condiciones en las que mujeres y varones prestan funciones en las fuerzas policiales y de seguridad y promover las reformas institucionales necesarias para su correcto desarrollo profesional.
Atender las necesidades específicas de las mujeres que integran el sector mediante la incorporación de una perspectiva de equidad de género.
Implementar las políticas referidas al trato de las víctimas de violencia de género.
4. Colaborar activamente, dentro de las competencias del sector, en la política del Gobierno Nacional de lucha por la memoria, la verdad y contra la impunidad por las graves violaciones a los Derechos Humanos.
Promover medidas tendientes a la localización y consecuente protección de documentación con valor histórico o judicial perteneciente a las Fuerzas de Seguridad o Policiales y avanzar con su digitalización.
Promover medidas de reparación simbólica en el ámbito de las fuerzas por violaciones a los derechos humanos de sus integrantes, ya sea durante el terrorismo de estado o desde la recuperación democrática.
Asistir al poder judicial en los requerimientos relacionados con causas por sustracción de menores de 10 años o retención indebida de menores de edad o falsificación de documentos públicos o supresión de identidad originados durante la vigencia del terrorismo de Estado en el período comprendido entre los años 1976 y 1983.
Intervenir en la tramitación de los requerimientos efectuados por las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal vinculados con causas e investigaciones relativas a los delitos de lesa humanidad cometidos durante la vigencia del terrorismo de Estado.
5. Promover las reformas legales y reglamentarias que resulten indispensables para la adecuación de la regulación vigente en el sector a las exigencias que en materia de derechos humanos ordena la Constitución Nacional y los Instrumentos Internacionales de Protección mediante los cuales el Estado Argentino se ha obligado en el ámbito internacional.
Proponer reformas relacionadas con la carrera policial y los sistemas disciplinarios vigentes que permitan adecuarlos a los estándares internacionales de derechos humanos sobre la materia.
Área denuncias y presentaciones: De acuerdo al Decreto N° 2009/2010, una de las acciones encomendadas a la Dirección Nacional de Derechos Humanos consiste en entender en lo atinente a la recepción, seguimiento y supervisión de las peticiones, denuncias y presentaciones y en la tramitación de procedimientos disciplinarios y/o sumariales que involucren a personal de las fuerzas policiales y de seguridad, cuando de ellas surjan elementos que puedan implicar una violación de los Derechos Humanos.
La Dirección Nacional de Derechos Humanos recibe y tramita denuncias relativas a discriminación, abuso de autoridad, violencia intrafamiliar, violencia laboral, acoso sexual, entre otros. Tal como lo establece su decreto de creación, en estos casos, la Dirección se da seguimiento y se supervisan los procesos disciplinarios y sumariales que se inician al personal perteneciente a la Fuerzas Policiales y de Seguridad.
Se propició el dictado de la Resolución N° 1019/11 que prohíbe a los jefes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, tomar como falta disciplinaria o aplicar medidas correctivas al personal que presente denuncias sobre irregularidades y/o delitos presumiblemente cometidos por miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad ante el Ministerio de Seguridad y/o autoridades competentes
Vigilancia y Prevención de la Violencia Institucional
Se dictó la Resolución N° 413/2011 y su complementaria Resoluciónque prohíben el alojamiento, en todas las dependencias de la Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina y de la Policía Federal Argentina, de aquellas personas que transportan en su organismo sustancias que presumiblemente podría tratarse de estupefacientes, disponiendo su traslado al hospital público más cercano al lugar de detención, a fin de aguardar la totalidad del proceso de expulsión de cápsulas. Asimismo, se establece que deberá realizarse la comunicación en forma inmediata a la autoridad judicial interviniente, quedando a cargo de la custodia de la persona detenida la fuerza que efectuó la detención, siempre que así lo establezca la autoridad judicial.
El Ministerio de Seguridad celebró un Convenio Marco con Defensoría General de la Nación (Convenio MS 08/11) con la finalidad de crear ámbitos de trabajo que permitan el intercambio de información entre ambas jurisdicciones. Dicho Convenio, dio origen a un Acta Complementaria que tiene como finalidad el intercambio de información entre la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de hechos de Tortura y otras formas de Violencia Institucional dependiente del Ministerio Público de la Defensa y la Dirección Nacional de Derechos Humanos, con la finalidad específica de recabar información sobre los casos de violencia institucional que se sustancien en el ámbito de las Fuerzas de Seguridad y aquellos en los que se encuentre vinculado su personal.
En el marco del Convenio de Cooperación N° 08/2011 ya mencionado, se suscribió una segunda acta complementaria a fin de capacitar al personal de la PFA sobre las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en Condiciones de Vulnerabilidad. A partir de los primeros días de octubre, se encuentra en marcha la capacitación de los integrantes de las Divisiones de Investigaciones de Drogas y de Asuntos Internos, Jefes de Servicio, Oficiales de Guardia y Oficiales de Judiciales, ya que este es el personal que toma contacto cotidiano con quienes concurren a las dependencias policiales, tanto en calidad de imputados como damnificados. Dicha capacitación se realizó en dependencias de la Universidad de la Policía, siendo la cantidad de personal que participó cercano a las 700 personas. Este tipo de capacitación fue la primera en América Latina que se proporcionó a funcionarios policiales. Al finalizar la capacitación se realizaron encuestas a fin de conocer las opiniones de los cursantes.
Políticas de Género Grupo de Trabajo para Estudio de las Condiciones de Acceso, Permanencia y Progreso de Mujeres y Varones en el ámbito de las Fuerzas Policiales y de Seguridad (Resolución N° 58/2011)
Se creó este grupo con el fin de: recopilar la normativa vigente en el ámbito de las Fuerzas vinculada con el acceso, permanencia y progreso de mujeres embarazadas, mujeres lactantes y personal con niños/as a cargo; y de elaborar un informe con recomendaciones para la regulación, modificación y/o derogación de la normativa antes referida. En este marco se elaboró un Informe Final con recomendaciones que, una vez aprobado por la Sra. Ministra, se han plasmado en sucesivas normas.
Medidas implementadas a partir de las recomendaciones del Grupo
Resolución N° 472/11: Prohibición de acciones que impidan el ingreso y permanencia a los Institutos de Formación/Reclutamiento de personas con hijos/as a cargo o personas legalmente a cargo y mujeres embarazadas y lactantes.
Resolución N° 469/11: Instruye a las Fuerzas a adoptar las Pautas Mínimas para los Regímenes de licencia por maternidad y lactancia en el ámbito de las Fuerzas Policiales y de Seguridad y para el Régimen de guardias, actividades de tiro, ejercicios de combate, de instrucción y otros para mujeres embarazadas y en período de lactancia. La adopción de las pautas mínimas será sin perjuicio de que en el caso de que existan previsiones más favorables para el personal, serán de aplicación estas últimas.
Asimismo, se dictó una instrucción aclaratoria en lo referido al régimen de lactancia. En tal sentido, se instruyó a los jefes de las fuerzas dependientes del Ministerio que dispusieran los plazos que refieren al período de lactancia puedan interrumpirse cuando la persona cuente con acreditación médica expedida mediante el correspondiente certificado suscrito por un profesional competente que indique que la misma puede someterse a las exigencias físicas que le sean requeridas.
Resolución N° 548/11: Instruye a la Policía Federal Argentina y a la Prefectura Naval Argentina para que adecuen todo acto administrativo, reglamento y práctica en el ámbito interno de modo tal que se elimine la solicitud y la autorización para contraer matrimonio como requisito previo para su realización.
Resolución N° 1079/11: Prohibición de acciones que limiten las condiciones de ascender o de realizar cursos condicionantes de ascenso que se encuentren embarazadas o en período de lactancia.
Creación de Centros Integrales de Género. A través de la Resolución N° 1021/11, se dispuso la creación de Centros Integrales de Género en el ámbito de las direcciones de personal y de recursos humanos de las Fuerzas. Los Centros Integrales de Género están destinados a ser espacios de orientación y asesoramiento en vistas a fortalecer la integración de las mujeres en las Fuerzas. Como los Centros se localizarían en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con el fin de estimular la difusión y el acceso a los mismos en todo el territorio, se va a conformar un sistema de referentes. Aquellos/as que sean designados por las Fuerzas para conformar los Centros Integrales de Género o ser referentes en su destino, realizaron una capacitación virtual de "Introducción a los Derechos Humanos y la perspectiva de género en las Fuerzas Policiales y de Seguridad", que se organizó conjuntamente con la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Se encuentra en proceso realización una investigación, a través de un convenio con la Universidad Nacional de Quilmes, que tiene como objetivo principal indagar en las condiciones laborales de hombres y mujeres en las fuerzas en relación a los siguientes ejes: situación socioeconómica, educativa, composición familiar, motivos por los cuales se integra la Fuerza, las ventajas y desventajas de pertenecer, cómo cree que la sociedad ve al personal y cómo evalúa las tareas, la evaluación del grado de acuerdo ante la presencia de mujeres en las Fuerzas, condiciones que limitan la carrera y si las instalaciones son adecuadas para las mujeres y los hombres, criterios percibidos en relación al régimen de ascensos, nivel de conocimiento sobre el régimen de licencias de maternidad y paternidad, percepciones sobre situaciones de violencia y acoso sexual en su ámbito laboral, la relación jerárquica de quién la sufrió y si realizaron la denuncia, entre otras cuestiones. Se prevé tener los resultados en noviembre.
El Ministerio de Seguridad celebró un Convenio Marco de Cooperación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tiene como objetivos, entre otros, diseñar y desarrollar cursos, seminarios, talleres y/o cualquier otra actividad de formación, capacitación, difusión y/o promoción vinculadas con el acceso a justicia de aquellas personas que se encuentren en circunstancias de especial vulnerabilidad por hallarse afectadas por cuestiones de violencia doméstica; y planificar y desarrollar otras iniciativas conjuntas que promuevan el acceso a justicia de aquellas personas que se encuentren en circunstancias de especial vulnerabilidad por hallarse afectadas por cuestiones de violencia doméstica.
El Convenio se inscribe con el objetivo de garantizar el curso de las denuncias de violencia hacia las mujeres, la rapidez de la elevación de las mismas al ámbito judicial y una intervención policial eficaz y adecuada.
Este convenio formaliza el trabajo conjunto que viene llevando adelante el Ministerio de Seguridad con el equipo la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) en materia de capacitación y formación del personal policial en los casos de violencia de género, y prevé la posibilidad de ampliar las tareas conjuntas a otras acciones de promoción del acceso a la justicia de personas afectadas por la violencia doméstica.
En el mes de octubre de este año, se lanzó una capacitación de la Oficina de Violencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el tratamiento de los casos de violencia doméstica por parte de la administración de justicia. El objetivo del curso, que finalizó en el mes de noviembre, fue reforzar el cumplimiento de las medidas protectoras dictadas por los/las jueces/juezas en los casos de violencia de género, a través de la transmisión de experiencias cotidianas.
Fueron capacitados Jefes de Servicio, Oficiales de Guardia y Oficiales de Judiciales de la Policía Federal Argentina, llegando a un total de 600 personas. Esta capacitación brindó un conjunto de herramientas y premisas destinadas a mejorar el modo en que cumplen cotidianamente sus funciones los hombres y las mujeres que se desempeñan como Jefes de Servicio, Oficiales de Guardia y Oficiales de Judiciales en las 53 comisarías de la ciudad de Buenos Aires.
Al finalizar la capacitación se realizaron encuestas para conocer la opinión de los cursantes.
En el mes de diciembre, se realizó una capacitación similar para el personal de Prefectura Naval Argentina que cumple funciones de modo permanente en el Operativo Cinturón Sur y en Puerto Madero. Fueron capacitados/as alrededor de 1300 integrantes de la Fuerza. Al finalizar, también hemos llevado a cabo una encuesta, para conocer la opinión de los cursantes. Próximamente, se replicará la experiencia para el personal de la Gendarmería Nacional que cumple funciones en el Operativo Cinturón Sur y en el Operativo Centinela
Resolución N° 1167/11 relativa a la actuación ante casos de violencia sexual. Esta resolución compila una serie de directivas trabajadas en conjunto con el Programa de la Víctimas contra las Violencias, asegurando un abordaje homogéneo a la problemática de los delitos sexuales entre las tres fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad que se encuentran desplegadas en el área metropolitana de Buenos Aires.
A través de la Resolución N° 1181/2011 se instruyó a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a respetar la identidad de género adoptada por personas travestis, transexuales y transgénero. Según lo dispuesto en esta resolución, las personas “trans” deberán ser reconocidas por la identidad de género adecuada a su percepción, tanto en el trato personal como para cualquier tipo de trámite, comunicación o publicación al interior de las Fuerzas.
Asimismo, en relación a las personas trans ajenas a las Fuerzas dependientes del Ministerio, se establece directivas para que el personal de las Fuerzas respete el género y nombre de pila adoptado por ellos o ellas. El alojamiento de personas trans en dependencias policiales se realizará en la celda correspondiente según el género autopercibido que la persona detenida informe, al igual que el uso del resto de las instalaciones diferenciadas por sexo en las dependencias. En el caso que el/la detenida/o entienda que existe un riesgo potencial para su integridad personal, si en el momento de informar su género no se identifica con ninguno del binomio masculino/femenino, podrá solicitar ser albergada/o en una celda separada.
Actualmente, se encuentran en proceso de revisión las directivas operacionales de las 4 fuerzas en relación a esta temática.
Género y Operaciones de Paz
La Representación Especial para temas de la Mujer de la Cancillería Argentina convocó al Ministerio de Seguridad, a través de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, a participar en la elaboración de un Plan Nacional de Aplicación de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de incorporación de perspectiva de género en el marco de las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz.
Los días 6 y 7 de octubre del corriente, el Ministerio de Seguridad participó en el “Taller para la elaboración de un Plan de acción sobre la Resolución 1325 (2000) en el cual se realizaron aportes desde el punto de vista del ámbito de la Seguridad.
En la actualidad el documento producto del trabajo del taller se encuentra a consideración para la convalidación de los titulares de los organismos estatales intervinientes.
A través de la Resolución N° 181/2011, se asigna a la Dirección Nacional de Derechos Humanos la función de entender en el trámite de los requerimientos efectuados por las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal vinculados con causas e investigaciones relativas a los delitos de lesa humanidad cometidos durante la vigencia del terrorismo de Estado. Asimismo, se coordinan y tramitan las solicitudes de información y documentación cursadas por otros organismos gubernamentales vinculadas al Terrorismo de Estado Coordinación del Auxilio de las Fuerzas Policiales o de Seguridad a la Justicia en el marco de causas por delitos de lesa humanidad. En virtud de lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 181/11, se coordina con las autoridades judiciales y de Ministerio Público Fiscal el auxilio de las Fuerzas en el marco de causas por delitos de lesa humanidad. Asimismo, las Fuerzas de Seguridad y Policiales elevan al Ministerio de Seguridad informes quincenales que dan cuenta de la realización de tareas de auxilio en el marco de causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad. Dichas tareas comprenden: custodias, averiguaciones; detenciones; traslados; allanamientos; pericias; excavaciones; seguridades; investigaciones sobre prófugos; intervenciones en investigaciones sobre amenazas a testigos de juicios de lesa humanidad, entre otras.
A través de la Resolución N° 166/11, que creó en el ámbito de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, el Grupo Especial de Asistencia Judicial se aseguró la existencia de instancias institucionales para coordinar la ejecución de allanamientos, registros, pesquisas y secuestros de objetos a los fines de la obtención de ADN en el marco de causas por sustracción de menores de 10 años o retención indebida de menores de edad o falsificación de documentos públicos o supresión de identidad originados durante la vigencia del Terrorismo de Estado en el período comprendido entre los años 1976 y 1983.
Se inició el proceso de revisión de los fondos documentales de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, que pudieran contener información de utilidad para las investigaciones judiciales y/o de interés para la sociedad en su conjunto, para ser conservados en el marco de las políticas referidas a la preservación de la memoria. A fin de institucionalizar el compromiso, mediante la Resolución Ministerial N° 544/11, se creó en el ámbito de la Dirección Nacional de Derechos Humanos el Grupo Especial de Relevamiento Documental cuya función consiste en relevar y analizar la documentación y coordinar con las instancias estatales para el adecuado desarrollo del proceso de búsqueda y producción de información referida a los procesos por violaciones a los derechos humanos durante la vigencia del terrorismo de Estado.
Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad y el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba (ratificado por Resolución N° 588/11) Mediante este convenio se autoriza al Archivo Provincial a relevar y obtener información vinculada al accionar del Terrorismo de Estado en el período 1976 - 1983 existente en dependencias del Ministerio de Seguridad ubicada en la provincia de Córdoba.
Asimismo, el convenio prevé que el Ministerio pondrá en conocimiento del Archivo Nacional de la Memoria los informes periódicos producidos por el Archivo Provincia en el marco de dicho convenio a fin de asegurar su inclusión en su acervo documental.
Mediante Resolución N° 180/11 se autorizó la colocación de placas recordatorias mediante solicitud expresa y fundada de la Secretaría de Derechos Humanos en establecimientos pertenecientes a las Fuerzas Policiales y de Seguridad donde hubieran funcionado centros clandestinos de detención en el período comprendido entre los años 1976-1983. En abril del presente año se descubrió la primera de ellas en el edificio de la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejo –sita en la calle Moreno 1417 de esta Ciudad– edificio que, según las investigaciones judiciales y las denuncias obrantes en el Archivo Nacional de la Memoria, funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio, conocido como Superintendencia de Seguridad Federal (Coordinación Federal).
Asimismo, se descubrieron colocaron las siguientes señalizaciones:
Delegación Posadas de la Policía Federal Argentina - Provincia de Misiones.
Delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina – Provincia de Entre Ríos.
Centro Clandestino de Detención Garage Azopardo.
Superintendencia de Seguridad Federal (Coordinación Federal).
El Escuadrón de la Gendarmeria Nacional de la Ciudad de Ledesma, Jujuy.
Se aprobó la Resolución N° 400/11 que prohibió honores, homenajes y/o actos de reconocimientos institución a personas vivas o fallecidas que hubieren sido formalmente acusadas y/o condenadas por haber cometido delitos de lesa humanidad, delitos contra el orden democrático o la seguridad de la nación, u otros delitos cometidos en ocasión de su función o valiéndose de ella o de su condición militar o policial, incluso cuando lo hubieran hecho obedeciendo órdenes superiores, o cuando hubieren hecho apología de los mismos o los hubieran reivindicado en forma pública o hubieran ocupado puestos políticos u administrativos de cualquier nivel de la administración y en cualquiera de los poderes del Estado valiéndose de la usurpación ilegítima del poder. Mediante Resolución N° 739/11 se estableció la revisión de todas las designaciones de personal retirado reintegrado al servicio, asegurando la intervención del Ministerio de Seguridad en ellas y exigiendo que se motivaran pormenorizadamente los actos administrativos respectivos, fundando los motivos que hacen necesaria la reincorporación y sometiendo las propuestas —así como las designaciones vigentes a esa fecha— a una evaluación de antecedentes.

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