Source: https://jurisprudencia.vlex.cl/vid/751538729
Timestamp: 2020-01-20 20:52:23+00:00

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Sentencia nº Rol 3421-17 de Tribunal Constitucional, 18 de Diciembre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 751538729
Con fecha 3 de abril de 2017, a fojas 1, la Asociación Nacional de Magistrados de Chile, requiere de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1°, incisos tercero y octavo, de la Ley N° 20.975, para que surta efectos en los autos sobre recurso de protección, caratulados “Asociación Nacional de Magistrados de Chile con Corporación Administrativa del Poder Judicial”, de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol N° 2270-2017.
Ley N° 20.975
El reajuste establecido en el inciso primero no regirá para el Secretario del Senado, S. de la Cámara de Diputados y Director de la Biblioteca del Congreso Nacional. Tampoco se aplicará el reajuste del inciso primero al sueldo base de las categorías A, B y C establecidos en el artículo 2 del acuerdo complementario de la ley N° 19.297. Asimismo, no se reajustarán las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones, o no imponibles, asociadas a las categorías antes señaladas y aquellas a que tengan derecho dichos trabajadores.
Refieren que accionaron de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, contra la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en razón de ser privados arbitrariamente, señalan, del reajuste de 3.2% consagrado en el artículo 1° de la Ley N° 20.975, generando un perjuicio económico a los recurrentes respecto de sus sueldos base y otras asignaciones.
Indican que la Ley N° 20.975, de tramitación extraordinariamente breve, no entregó criterios de razonabilidad que permitan explicar la discriminación arbitraria en perjuicio de los funcionarios del Poder Judicial que perciben remuneraciones líquidas en el tramo previsto por la norma.
Hacen presente que la dignidad es un pilar fundamental en nuestra Constitución, el que debe ser utilizado como criterio de interpretación de todos los derechos consagrados en la Carta. Dicho principio, consagrado en el artículo 1° constitucional, así como en los artículos 5.1 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reafirma el valor intangible de la dignidad, por lo que su respeto y protección es obligación de todo poder público. Es un derecho fundamental individual que se concreta en el resto de los derechos fundamentales. En dicho sentido, la merma en las remuneraciones de jueces, exponen, atenta contra su dignidad intrínseca, lesionando su independencia, con grave infracción a lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución, desestimulando la pertenencia a la estructura del Poder Judicial.
Luego, enuncian que la normativa impugnada vulnerada la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19, numeral 2° de la Constitución y en los artículos 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Exponen que el legislador, a través de la Ley N° 20.975 en su parte impugnada, generó diferencias arbitrarias, vulnerando la igual protección que la ley debe dispensar en el ejercicio y goce de derechos. La composición de remuneraciones por categorías se relaciona con su antigüedad. Conforme la norma reprochada, sólo se incrementará el sueldo de funcionarios con menor cantidad de tiempo ejerciendo sus cargos. Se trata, en definitiva, de una discriminación arbitraria de facto, en que es la propia disposición normativa la que, utilizando criterios injustificados e irracionales, limita a los afectados de un reajuste salarial.
Exponen que la exclusión y limitación del reajuste de 3.2% del sector público atenta contra derechos consagrados en la Constitución Política, estableciendo diferencias arbitrarias entre personas que desempeñan iguales funciones, carente de justificación y racionalidad debido a que algunos jueces sí recibirán dicho reajuste, otros percibirán uno inferior y otros, derechamente, serán apartados del mismo.
Agregan que los reajustes de remuneraciones obedecen a la pérdida del valor de la moneda por la inflación, incrementándose progresivamente los precios de bienes y servicios con la consiguiente disminución del valor real de las remuneraciones. Así el reajuste permite mantener su valor de poder adquisitivo...

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 80
 artículo 19