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Timestamp: 2019-01-22 19:25:25+00:00

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﻿ Sentencia 40603 de marzo 6 de 2013
SENTENCIA 40603 DE 06 DE MARZO DE 2013
CONTENIDO:DIFERENCIAS ENTRE LEY 782 DE 2002 Y LEY 975 DE 2005. LA DEJACIÓN DE ARMAS INDIVIDUAL ACAECIDA AL AMPARO DE LA LEY 782 DE 2002 ORIENTADA A FACILITAR EL DIÁLOGO Y LOS ACUERDOS CON LOS GRUPOS ILEGALES Y, LA DESMOVILIZACIÓN EFECTUADA A LA LUZ DE LA LEY 975 DE 2005- LEY DE JUSTICIA Y PAZ DIRIGIDA A LOGRAR LA INCORPORACIÓN A LA VIDA CIVIL DE LOS MIEMBROS DE DICHAS ORGANIZACIONES QUE CONTRIBUYAN EFECTIVAMENTE A LA PAZ NACIONAL, NO PUEDE SER EQUIPARADA PORQUE CADA UNA OBEDECE A UN MARCO NORMATIVO DIFERENTE Y DA PASO A PRERROGATIVAS DIVERSAS CON DISÍMILES CONSECUENCIAS JURÍDICAS. EL FIN DE LA LEY 782 DE 2002 ERA EXCLUIR DE LOS BENEFICIOS A LOS AUTORES DE DELITOS GRAVES MIENTRAS QUE EL DE LA LEY 975 DE 2005 ERA CONCEDER LA ALTERNATIVIDAD PENAL A TODAS LAS CONDUCTAS PUNIBLES, SIEMPRE Y CUANDO EL POSTULADO CONTRIBUYA A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN. POR TANTO, LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS Y LA FORMA DE VINCULACIÓN A CADA LEY SON DIFERENTES Y NO PUEDEN SER EQUIPARADAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:LEY DE JUSTICIA Y PAZ, PROCESO PENAL, GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY, BENEFICIOS DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ, PENA ALTERNATIVA, PERSONA DESMOVILIZADA
Sentencia 40603 de marzo 6 de 2013
De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 27 de la Ley 1592 de 2012, en concordancia con el artículo 68 ibídem y con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, esta colegiatura es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la providencia proferida por la magistrada de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga, por cuyo medio denegó la sustitución de la medida de aseguramiento solicitada por el postulado Dicson Giovanny Botía Jácome.
“ART. 18A.—Sustitución de la medida de aseguramiento y deber de los postulados de continuar en el proceso. El postulado que se haya desmovilizado estando en libertad podrá solicitar ante el magistrado con funciones de control de garantías una audiencia de sustentación de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, sujeta al cumplimiento de lo establecido en el presente artículo y a las demás condiciones que establezca la autoridad judicial competente para garantizar su comparecencia al proceso de que trata la presente ley. El Magistrado con funciones de control de garantías podrá conceder la sustitución de la medida de aseguramiento en un término no mayor a veinte (20) días contados a partir de la respectiva solicitud, cuando el postulado haya cumplido los siguientes requisitos:
PAR.—En los casos en los que el postulado haya estado privado de la libertad al momento de la desmovilización del grupo al que perteneció, el término previsto como requisito en el numeral 1 del inciso primero del presente artículo será contado a partir de su postulación a los beneficios que establece la presente ley” (resaltado fuera de texto).
“En los casos en los que el postulado haya estado privado de la libertad al momento de la desmovilización del grupo al que perteneció, el término previsto como requisito en el numeral 1 del inciso primero del presente artículo será contado a partir de su postulación a los beneficios que establece la presente ley”.
En efecto, las reglas previstas en las leyes 418 de 1997 y 782 de 2002 prorrogada por la Ley 1106 de 2006 y la Ley 975 de 2005, funcionan como normas complementarias. Así lo consagró expresamente el legislador en el artículo 62 de la Ley de Justicia y Paz al estipular que: “...Complementariedad. Para todo lo no dispuesto en la presente ley se aplicará la Ley 782 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal”.
Además los objetivos de dichos ordenamientos encaminados a: “facilitar los procesos de paz y la reincorporación a la vida civil de los miembros de los grupos armados al margen de la ley” y “dotar al Estado colombiano de instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado social y democrático de derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundamentales”, si bien en sentido estricto difieren indudablemente guardan una relación no excluyente.
2.2. Por otra parte, como ha tenido oportunidad la Corte de advertirlo en múltiples pronunciamientos(2), existen sustanciales diferencias entre los ordenamientos mencionados(3), que se destacaron en el siguiente pronunciamiento(4):
Esos beneficios están previstos para conductas constitutivas de delito político, salvo actos atroces de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro, genocidio, homicidio cometido fuera de combate o colocando a la víctima en estado de indefensión. (L. 418/97, art. 50, modificada L. 782/2002).
“Para estos efectos, se tramitará la solicitud de acuerdo con los artículos anteriores y, una vez verificados los requisitos, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá la solicitud al tribunal correspondiente, o a la Dirección de Fiscalía ante la cual se adelante el trámite, quienes deberán emitir de plano, la providencia que decida la respectiva solicitud, en los términos legales, observando el principio de celeridad”. (L. 418/97, art. 60, modificada por la L. 782/2002).
Por manera que incurren en error trascendental quienes argumentan que la prórroga dispuesta en la Ley 1106 de 2006 para las disposiciones de las leyes 418 de 1997 y 782 de 2002 hasta el 21 de diciembre de 2010, también afecta a la Ley 975 de 2005 —incluido el artículo 72— porque, se insiste, son ordenamientos diferentes con objetivos relacionados pero diversos y con ámbitos de aplicación también distintos” (resaltado fuera de texto)(5).
Así, la Ley 782 permite acceder a los beneficios de indulto, amnistía, resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación del procedimiento, según sea el caso, respecto de los delitos políticos cometidos con ocasión de la pertenencia a un grupo armado ilegal, más no así respecto de los punibles de naturaleza común, los cuales deben investigarse y juzgarse por la justicia permanente. Esa es la expectativa razonable generada en quienes voluntariamente deciden dejar las armas y someterse a ese régimen jurídico.
“PAR. 2º—Los miembros de grupos armados la margen de la ley, que se hallen privado de la libertad, y se hubieren desmovilizados previamente de conformidad con la Ley 782 de 2002, podrán solicitar ante el Ministerio de Defensa Nacional su postulación, siempre y cuando entreguen información que, en la medida de sus posibilidades de cooperación, contribuya al desmantelamiento de la organización armada a la que perteneció” (resaltado propio).
(1) Exposición de motivos de las modificaciones introducidas por los ponentes el 8 de octubre de 2012 en el segundo debate en el Senado al proyecto de Ley 193 de 2011; Gaceta del Congreso de la República 681 de 2012.
(6) Los procesos en que Dicson Giovanny Botía Jácome fue condenado, acorde con lo plasmado en la carpeta anexa, son: i) Juzgado Primero Especializado de Bucaramanga, radicado 083-04, homicidio de Guillermo Torres Valdivieso, condenado a 18 años y 4 meses de prisión; ii) Juzgado Primero Especializado de Bucaramanga, radicado 2009-0025, homicidio de Héctor Javier Sánchez y Edward Alonso Sánchez, condenado a 19 años y 1 mes de prisión; iii) Juzgado Primero Especializado de Bucaramanga, radicado 2005-411, homicidio de Armando Beleño Lobo, Jesús Manrique Figueroa, Óscar Sarmiento Pérez y Simón Sequeda Ríos, condenado a 18 años y 6 meses y 4 días de prisión; iv) Juzgado Tercero Especializado de Bucaramanga, radicado 2009-209, homicidio de Farito Edgardo María, condenado a 24 años de prisión; v) Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga, radicado 2005-0108, homicidio de Luis Alberto Salazar, condenado a 201 meses de prisión; vi) Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bucaramanga, radicado 2006-0483, homicidio de Ferney Barajas Ochoa y Jesús Álvarez Maldonado, condenado a 306 meses y 20 días de prisión; vii) Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga, radicado 2004-464, homicidio de Karol Viviana y Orquídea Ramos, condenado a 29 años y 4 meses de prisión.

References: artículo 26
 artículo 68
 artículo 32
 artículo 62
 artículo 72
 resolución