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Timestamp: 2019-01-20 13:31:20+00:00

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﻿ SENTENCIA T-942 DE JULIO 24 DE 2000
SENTENCIA T-942 DE 24 DE JULIO DE 2000
CONTENIDO:PAGO OPORTUNO DE MESADAS PENSIONALES. LA CORTE REITERA CUANDO PROCEDE LA ACCIÓN DE TUTELA Y RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DADA EN UN FALLO DE TUTELA, NO TIENE COMO ÚNICA RESPUESTA JUDICIAL EL INCIDENTE DE DESACATO, SINO QUE LA PRINCIPAL RESPUESTA ES HACER CUMPLIR LO ORDENADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, MESADA PENSIONAL, INCIDENTE DE DESACATO, DERECHO AL MÍNIMO VITAL, PAGO DE LA MESADA PENSIONAL, DESACATO DE LA SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA
Sentencia T-942 de julio 24 de 2000
Sent. T-942, jul. 24/2000. Exps. T-296205, 304905, 306472, 307645, 308186.
Acciones de tutela instauradas por Pablo José Marino y otros.
Procedencia: Juez 19 Laboral de Bogotá, Sala Civil de Familia del Tribunal Superior de Cúcuta, Juzgado 4º penal Municipal de Pasto, Tribunal Superior de San Andrés, Tribunal Administrativo de Norte de Santander, Juzgado 2º Civil del Circuito de Guamo.
Dentro del proceso de revisión de las siguientes providencias:
Las del Juez 19 Laboral de Bogotá del 24 de noviembre de 1999 y de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá del 27 de enero de 2000 en la tutela instaurada por Pablo José Marino Caicedo contra Fanarrad.
La de la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior de Cúcuta del 1º de febrero de 2000 en la tutela instaurada por el presidente de la asociación de jubilados de Cúcuta contra el alcalde de Cúcuta.
La del Juzgado 4º Penal Municipal de Pasto de 18 de febrero de 2000 en la tutela instaurada por Antonio María Zambrano Burbano contra el gobernador del departamento de Nariño.
La del 23 de febrero de 2000 del Tribunal Superior de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas en la tutela de Dagoberto Peña Fandiño contra el Gobernador de dicho departamento.
La del 2 de marzo de 2000 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en la tutela de Virginia Ibarra Ramírez contra el alcalde de Cúcuta.
La del 22 de febrero de 2000 del Juzgado 2º Civil del Circuito de Guamo en la tutela instaurada por Pablo Adán Rodríguez contra el alcalde de Guamo.
1.1. Hechos en la T-296205.
Pablo José Mariño Caicedo instaura tutela contra la empresa Fanarrad, Fábrica Nacional de Radiadores, Manufactura de Radiadores Ltda. M. Radiadores Ltda., representada según el peticionario por Sergio García Benavides, por cuanto venía disfrutando desde 1993 de una pensión de vejez de $ 478.395, siendo éste el único medio de sustento para él y su familia. Dice que desde julio hasta noviembre de 1999 no le han cancelado las mesadas. La tutela se instauró en noviembre de dicho año. Considera que hay violación al derecho fundamental de pago oportuno de la pensión.
Pide que se le cancelen las mesadas y el retroactivo desde enero de 1998.
1.2. Hechos en la T-298395.
El señor Ermes Abreo Barrera, en su condición de presidente de la asociación de jubilados de Cúcuta, con personería vigente, entabló acción de tutela contra el alcalde de Cúcuta por cuanto dicho municipio no ha pagado la mesada de diciembre ni la prima de navidad de 1999 y "ya casi se va a causar la del mes de enero de 2000". (La tutela se presentó en ene. 19/2000).
Agrega el peticionario que "La pensión o jubilación es el único medio de la subsistencia de la mayoría de los jubilados municipales sin bienes de fortuna y por su avanzada edad no tiene acceso a ningún empleo en lo privado y menos aún en lo oficial". Y se refiere a un caso particular en la siguiente forma: "He creído del caso anexar el desprendible correspondiente al jubilado Nicomedes Pérez, por la mesada de diciembre de 1999 y en cuya parte inferior se afirma que la suma de la jubilación fue consignada en UPAC Colpatria, en la cuenta Nº 10696-5, lo cual no es cierto y es un engaño que podría generar una falsedad en documentos públicos".
1.3. Hechos en la T-304905.
Antonio Zarama Burbano, instaura tutela contra el gobernador del departamento de Nariño porque desde agosto de 1999 hasta febrero de 2000 no se le han pagado las mesadas pensionales lo cual lo está afectando personal y familiarmente, "ya que me encuentro debiendo servicios públicos como son agua, luz, teléfono, deudas con el banco y acudir a personas inescrupulosas que nos cobran altos intereses por los préstamos, ya no nos fían los alimentos por lo que se está debiendo".
El departamento reconoce que se adeudan tales mesadas pero se disculpa diciendo que el interesado ya antes había presentado tutela (pero por otras mesadas). Dice que se han radicado 3.573 turnos (en razón de que en Pasto se acostumbra que se pagan las mesadas según el orden resultante de las fechas de las sentencias de tutela, lo cual obliga a que un jubilado presente varias tutelas y entra nuevamente en turno), reconociendo que sólo se han cancelado 1.410. Pone de presente que la deuda con los jubilados en el departamento de Nariño es de $ 17.000 millones de pesos y que del Fonpet no les han girado y cuando lo hagan sólo 3.000 millones se destinarán para el departamento de Nariño.
1.4. Hechos en la T-306472.
Dagoberto Peña Fandiño instaura tutela contra el gobernador del departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas porque desde mayo de 1999 no se le han pagado las mesadas pensionales. Dice que a consecuencia de lo anterior se encuentra en mora con el Banco Superior en $ 2.752.651, con Bancolombia en $ 170.320.881, y un sobregiro de 1.591.659, y, además, se le ha afectado el mínimo vital como son alimentos, vestidos, servicios de él y su familia.
Pide que se ordene pagar las mesadas de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1999 la prima semestral y la de navidad y que se restituyan los servicios médicos y de seguridad social.
1.5. Hechos en la T-307645.
Virginia Ibarra Ramírez en escrito muy corto y confuso dice que goza de pensión de sobrevivientes como beneficiaria de su esposo Rafael Castellanos y que tiene 79 años de edad. Acude a la tutela en febrero de 2000 porque hace tres meses el municipio de Cúcuta no le cancela las mesadas debidas. Indica que deriva su sustento "de la pírrica pensión".
1.6. Hechos en la T-308186.
Pablo Adán Rodríguez, dice ser ajeno a la situación económica del municipio del Guamo donde está pensionado y recibe una mesada de $ 327.784. Instaura la tutela porque no se han pagado las mesadas de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1999.
Aunque expresamente se dice que "se decrete el amparo de tutela a mi favor" luego pide que se "cancelen las mesadas atrasadas a los pensionados", pero no demuestra que tiene la vocería de tales pensionados.
El municipio del Guamo informa que es cierto que Pablo Adán Rodríguez es pensionado y que se le adeuda de octubre a diciembre; pero que el 7 de octubre prosperó una tutela que incluía el pago de Rodríguez del mes de septiembre de 1999.
2.1. Pruebas en la T-296205.
Declaración juramentada de que la pensión de Pablo José Mariño es el único ingreso del peticionario y el único sostenimiento para su familia.
Recibos de pago de pensiones anteriores y fotocopias de los respectivos cheques, la última de ellas de mayo de 2000.
Expresión de la apoderada de Noel Benavides indicando que la fábrica se cerró, que es improcedente la tutela y que "no ha sido posible cancelarle al señor Mariño Caicedo varias mesadas, lo cual hará tan pronto le sea materialmente posible". Pero posteriormente la misma abogada como apoderada de Sergio García indica que Pablo Mariño "no ha tenido contrato o relación laboral con esta empresa" (se refiere a Manufactura de Radiadores Ltda.). Y, en el memorial de impugnación el apoderado de la demandada indica: "Es procedimental y jurídico que se conmine al señor Noel Benavides Mariño como representante de Fanarrad pero no a manufacturas cuyo representante es Sergio García y sus propietarios son otras personas diferentes a Noel Benavides Mariño y este está dispuesto a cancelar las mesadas tan pronto le sea posible...".
Certificado de la cámara de comercio sobre existencia de la entidad Manufactura de Radiadores Ltda., constituida por escritura del 4 de noviembre de 1998.
Factura de la empresa Fanarrad, con dirección carrera 40 Nº 8-35.
2.2. Pruebas en la T-298395.
El auto que reconoció la junta directiva de la asociación de jubilados municipales de Cúcuta y el reconocimiento de la personería jurídica de dicha asociación.
Relación de los socios activos de la mencionada asociación.
Una comunicación del tesorero de Cúcuta indicando que la mesada de diciembre y la prima de navidad no se han pagado por falta de ingresos.
El desprendible del pago de diciembre al señor Nicomedes Pérez y una aclaración del departamento jurídico del municipio de Cúcuta diciendo que se incurrió en un error.
Acuerdo que adopta el presupuesto municipal.
Un informe del departamento jurídico, de 7 de febrero de 2000, dirigido al juez de tutela, diciendo que se están adelantando diligencias para obtener recursos.
2.3. Pruebas en la T-304905.
Constancia de que se pagó a los pensionados hasta julio de 1999.
Constancia de que la entidad no cuenta con capacidad de endeudamiento.
Informes escritos del departamento reconociendo que se le debe al señor Antonio María Zarama.
Copia de la sentencia de tutela del Juzgado 5º Penal del Circuito de Pasto, del 24 de mayo de 1999 que ordenó pagar la mesada a numerosos jubilados del departamento de Nariño, entre ellos el señor Antonio Zarama y se previno para en adelante no se incurriera en mora.
2.4. Pruebas en la T-306472.
Constancia de que el sueldo bruto que recibe Dagoberto Peña es de $ 4.383.582, de los cuales se le descuenta para salud $ 336.771, y por deuda de banco: $ 526.030; y constancia de que se le adeuda desde mayo de 1999 lo correspondiente a pensiones.
Resolución que concedió la pensión.
Certificación del Banco Popular sobre deuda del solicitante a dicha institución, respaldada en libranza e indicación que se le descuenta de la pensión "directamente".
Certificación del Banco Superior sobre deuda de Peña Fandiño.
Certificación del Banco de Colombia sobre deuda de Peña Fandiño por $ 170.320.881, y sobregiro por $1.691.659.
Certificación de Cajanal sobre suspensión de los servicios de salud a Dagoberto Peña Fandiño por el no pago de aportes.
Declaración juramentada de Dagoberto Peña Fandiño, donde indica que tiene 65 años de edad, que el no pago de su pensión lo ha afectado en su mínimo vital, agrega que tenía una joyería pero se la robaron y un hotel y agrega una escritura pública de hipoteca de primer grado otorgada el 6 de diciembre de 1999.
Informe de la gobernación de San Andrés reconociendo que se le adeudan las mesadas al solicitante pero que el servicio médico se presta a través del hospital Timothy Britton.
Solicita el gobernador(es) que se señale "... un plazo superior a las 48 horas, que avocaría a la administración a entrar en desacato por imposibilidad de cumplir con lo fallado. Ruego a usted comprender la crisis financiera del departamento y conceder plazos superiores a los dos meses para el pago de lo que llegue a ordenar el fallo de esta tutela, siendo consecuente con la situación que se vive en el departamento".
2.5. Prueba en la T-307645.
Informe del tesorero de Cúcuta al juez de tutela diciendo que no se han cancelado las mesadas por falta de ingresos, pero no se refiere a Virginia Ibarra.
2.6. Pruebas en la T-308186.
Constancia de que Pablo Adán Rodríguez es pensionado y se le debe de octubre a diciembre de 2000.
Comunicación de la Sala Penal del Tribunal de Ibagué donde se trascribe la parte resolutiva de una tutela, fallada el 7 de octubre de 1999, que dice: "Tutelar los derechos invocados por el accionante Pablo Adán Rodríguez y en consecuencia ordenar al municipio del Guamo, por conducto de su representante legal, que en el plazo de cinco días contados a partir de la notificación de la presente sentencia se hagan las gestiones indispensables para que se le cancelen, con prioridad a cualquier otro pago, las mesadas pensionales debidas al peticionario".
Oficio de un banco (no se sabe cuál) negando un crédito al municipio.
3.1. En la T-296205.
Hubo unas actuaciones procesales, previas al fallo, que merecen resaltarse:
El 10 de noviembre de 1999 se aceptó dar trámite a la tutela y se envió notificación tanto al señor Sergio García como al representante legal de Fanarrad el 12 de noviembre de 1999 Sergio García, otorga poder a la doctora María Leonor Romero. (La fecha la puso quien otorgó el poder, pero el memorial sólo se presentó al juzgado en nov. 24).
El 13 de noviembre de 1999 a la misma profesional del derecho se le otorgó poder por Noel Benavides, sin especificarse en cuál condición (la fecha aparece en el poder pero éste sólo se presentó en nov. 24). Se adjuntaron dos telegramas (de otros juicios) dirigidos a "Fanarrad".
Con posterioridad a lo anteriormente mencionado se profirió la sentencia que se revisa, o sea la del Juez 19 Laboral de Bogotá del 24 de noviembre de 1999 que concedió la tutela y ordenó pagar las mesadas debidas.
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 27 de enero de 2000 revocó la decisión del a quo "porque al parecer no se trata de una pensión plena".
3.2. En la T-298395.
La de la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior de Cúcuta del 1º de febrero de 2000 en la tutela instaurada por el presidente de la asociación de jubilados de Cúcuta contra el alcalde de Cúcuta. Concedió la tutela y, en lo concreto determinó que se iniciaran "las gestiones concernientes a conseguir los dineros para la pronta cancelación de las sumas adeudadas, anotándose que es una obligación, una vez conseguidos los mismos, cancelar a la menor brevedad posible. No obstante lo anterior, se previene al señor alcalde municipal, lo mismo a quien en el futuro haga sus veces, que debe adoptar los mecanismos necesarios para garantizar el pago oportuno de las mesadas en referencia a los pensionados". Y ordenó cancelar los intereses moratorios.
La Defensoría del Pueblo pidió que se seleccionara la tutela porque la orden dada no es concreta.
3.3. En la T-304905.
La del Juzgado 4º Penal Municipal de Pasto de 18 de febrero de 2000 en la tutela instaurada por Antonio María Zambrano Burbano contra el gobernador del departamento de Nariño. No prosperó porque en sentir del juez de instancia ya había orden de tutela que indicaba que en el futuro no se volviera a incurrir en mora en el pago de las mesadas pensionales y porque no se puede llegar a una cadena interminable de acciones de tutela como lo ha dicho la misma Corte Constitucional.
3.4. En la T-306472.
La del 23 de febrero de 2000 del tribunal Superior de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas en la tutela de Dagoberto Peña Fandiño contra el gobernador de dicho departamento que declaró improcedente la acción porque no se afecta el mínimo vital "entendiendo éste como el ingreso necesario para sobrevivir", y porque hay otro medio judicial para reclamar; además, se dijo, en los problemas de salud éstos se están prestando en el hospital Timothy Britton.
3.5. En la T-307645.
La del 2 de marzo de 2000 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en la tutela de Virginia Ibarra Ramírez contra el alcalde de Cúcuta. No se concedió "porque no se encuentra demostrada la edad y el estado civil de la accionante".
3.6. En la T-308186.
La del 22 de febrero de 2000 del Juzgado 2º Civil del Circuito de Guamo en la tutela instaurada por Pablo Adán Rodríguez contra el alcalde de Guamo, que negó la petición porque en su sentir no está probado el perjuicio y hay otro medio de defensa.
Esta Corte es competente para conocer de los fallos materia de revisión, de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional y del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes; por la escogencia de los casos hecha por la Sala de Selección y por la acumulación decretada.
1. Pago de mesadas pensionales por tutela.
La jurisprudencia contenida en la sentencia T-666 de 1999 dice:
"... la jurisprudencia de la Corte ha venido brindando protección inmediata a personas que por su edad han adquirido su derecho pensional, luego de cumplir los requisitos establecidos por la ley para tal fin y se encuentran retirados del mercado laboral. Como bien se ha referido la jurisprudencia, el ser pensionado no es un privilegio, sino una compensación (1) , y es deber de los jueces no sólo mirar el medio probatorio aportado, sino analizar y confirmar la prueba en el contexto "vital y circunstancial" que le presentan los demandantes, para no incurrir en decisiones que lesionen derechos fundamentales y nieguen de plano la protección reclamada, que constituye, como está probado en el expediente, el ingreso mínimo vital de quienes ya trabajaron y de quienes aún mantienen vigente su relación laboral".
(1) Sentencia Corte Constitucional T-278 de 1997. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
En la SU-90 de 2000 y en la T-140 de 2000 se ratificó la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En dichas sentencias se fijaron las pautas para la procedencia excepcional de la acción de tutela respecto al pago de las mesadas pensionales. Dice la T-140 de 2000:
"a) El derecho a la seguridad social, que puede hacerse efectivo a través del pago oportuno de las mesadas pensionales, adquiere el rango de fundamental cuando su incumplimiento vulnera o amenaza los derechos a la vida o a la salud del pensionado. Sentencias T-147 y T-156 de 1995, T-554 de 1998, T-658 de 1998, SU-430 de 1998.
b) Por regla general, el pago oportuno de las mesadas pensionales debe reclamarse a través del proceso ejecutivo laboral. Sin embargo, en casos excepcionales, procede la acción de tutela para proteger el mínimo vital del pensionado. Sentencias T-01 de 1997, T-118 de 1997, T-544 de 1998, T-387 de 1999, T-325 de 1999, T-308 de 1999.
c) El concepto de mínimo vital o "mínimo de condiciones decorosas de vida" (2) deriva del principio de dignidad humana y de los derechos al trabajo y a la igualdad de los trabajadores y de los pensionados. Sentencias T-011 de 1998, T-072 de 1998, T-384 de 1998 y T-365 de 1999, entre muchas otras.
(2) Sentencia SU-995 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
d) La valoración del mínimo vital del pensionado no es una calificación objetiva, sino que depende de las situaciones concretas del accionante. Por consiguiente, el concepto de mínimo vital no se identifica con el monto de las sumas adeudadas o a "una valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas por satisfacer para subsistir, sino con la apreciación material del valor de su trabajo" (3) . De ahí pues que la jurisprudencia ha considerado que son factores importantes, pero no exclusivos, para su análisis, la edad del pensionado y la dependencia económica de la mesada pensional. Sentencias SU-995 de 1999 y T-011 de 1998.
(3) Sentencia SU-995 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
e) La cesación prolongada e indefinida de pagos de las mesadas pensionales "hace presumir la vulneración del mínimo vital del trabajador, del pensionado y de los que de ellos dependen". De ahí pues que le corresponde a "la entidad de encargada de pagar esta prestación, desvirtuar tal presunción" (4) . Sentencias T-308 de 1999, T-259 de 1999 y T-554 de 1998.
(4) Sentencia T-259 de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
f) El mínimo vital de los pensionados "no sólo resulta vulnerado por la falta de pago de las mesadas pensionales sino, también, por el retraso injustificado en la cancelación de las mismas" (5) . Por consiguiente, a través de la acción de tutela, la orden judicial que protege el derecho al pago oportuno de la mesada pensional puede ser de dos formas: la reanudación del pago (hacia el futuro) o la cancelación de las mesadas pensionales dejadas de percibir (hacia el pasado). Sentencias T-299 de 1997, T-788 de 1998 y T-014 de 1999.
(5) Sentencia SU-090 de 2000. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz..
g) la crisis económica o presupuestal por la que pueda estar atravesando el empleador o la entidad responsable del pago de la pensión, no la exime de la obligación de pagar oportunamente la mesada pensional. Sentencias T-387 de 1999, T-259 de 1999 y T-286 de 1999.
h) La acción de tutela sólo ampara el derecho al pago oportuno de mesadas pensionales ciertas e indiscutibles, pues aquellos montos que se discuten o que no hubieren sido expresamente reconocidos, deberán cobrarse en la justicia ordinaria laboral sentencias T-637 de 1997 y T-135 de 1993.
i) Los intereses moratorios de las acreencias laborales no pueden ser cobrados a través de la acción de tutela, como quiera que es un asunto que involucra aspectos eminentemente legales, como son la valoración y liquidación de intereses. Sentencias T-435 de 1998 y T-323 de 1996".
2. Subsidiariedad de la tutela.
En cuanto a la viabilidad de la acción de tutela, como mecanismo transitorio, para reclamar las mesadas en mora, vale la pena hacer referencia a la SU-995 de 1999, que si bien es cierto se refirió a salarios, también se predica de las mesadas pensionales, en el sentido de que es posible reclamarlas mediante tutela si se está ante un perjuicio irremediable que afecta el mínimo vital y pone en peligro el derecho fundamental a la subsistencia y los demás derechos conexos, "en todos los casos en los que no se encuentre debidamente acreditado que el trabajador cuenta con rentas suficientes y distintas de las que provienen de su trabajo".
3. Mínimo vital.
Mínimo vital no es, como lo afirma una de las sentencias que se revisan en el presente fallo, el ingreso necesario para sobrevivir. El mínimo vital debe apreciarse con un criterio cualitativo no cuantitativo (T-439/2000). En la sentencia que se acaba de citar (tutela instaurada por un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia) se indicó que para calificar el mínimo vital hay factores como la dignidad que deben tenerse en cuenta porque el trabajador se plantea en la sociedad propósitos para él y su familia, en lo educativo, en la forma de vivir, y por consiguientes el trabajador adecua esas metas a su salario, luego esa proyección de la dignidad debe protegerse constitucionalmente. Consiste pues el mínimo vital en "las aspiraciones del trabajador a un mejor nivel de vida, y las posibilidades de planear la distribución de sus ingresos, todo a partir de la asignación económica establecida en la ley o en el contrato de trabajo" (SU-995/99).
4. Prueba del mínimo vital.
En cuanto a la prueba del mínimo vital: si hay elemento de juicio que indica que el trabajador o el pensionado tiene ingresos suficientes que le permiten subsistir sin el salario o sin la mesada pensional, en la connotación cualitativa antes indicada, la tutela no prospera. Pero la Corte no ha dicho que el trabajador o el pensionado tenga que probar que no tiene otros ingresos porque se llegaría a la prueba diabólica. Si el ex trabajador afirma que la pensión es un único ingreso y relaciona las circunstancias que demuestran que ha sido afectado por la mora, se considera que es una manifestación de buena fe (que obviamente puede admitir prueba en contrario) que debe aceptarse mientras no sea contradicha, máxime si la mesada que recibe es pequeña porque esto indica que es necesario para ese ex trabajador recibirla oportunamente. Si además hubiere prueba testimonial, o documental o indicios que confirmen que la demora en el pago del salario o la pensión ha ocasionado perjuicios como p. ej.: no pago de deudas o de la educación de los hijos, con mayor razón prospera la acción de tutela.
Por otro aspecto, para el mínimo vital importan más los ingresos que los bienes que el peticionario tuviere. De ahí que la Corte en la SU-995 de 1999 precisó: "Sólo en los casos en los que esté acreditado que el actor cumple con los requisitos establecidos por las leyes tributarias para estar obligado a presentar declaración de renta y complementarios, es del caso que el juez de amparo juzgue qué tan largo debe ser el lapso durante el cual la omisión del pago de su salario no le causa un perjuicio irremediable que amerite la procedencia de la tutela".
En conclusión, en primer lugar debe estar demostrado que el solicitante es pensionado (bien sea porque el interesado en la tutela directamente lo prueba o porque la entidad prestadora del servicio acepta que el peticionario sí es pensionado); y que la entidad encargada de la seguridad social en pensiones está en mora de pagar la mesada (para esto último basta la afirmación en la solicitud de tutela, le corresponde a la entidad la prueba en contrario). En segundo lugar, debe haber elementos de juicio que le permitan al juez de tutela apreciar que se afectó el mínimo vital, al menos se deben señalar los hechos concretos que permitan deducir que ocurre un perjuicio irremediable porque el juez no se los puede imaginar, por supuesto que no se necesitan términos sacramentales, pero debe existir una indicación seria que le permita al juzgador tener la confianza de que en verdad se halla el peticionario en una situación grave y apremiante que lo afecta a él y a su familia.
Si se trata de pensión de sobrevivientes debe estar demostrado que quien interponer la tutela es él o la beneficiaria.
Es de sentido común que si un pensionado demuestra que lo es, afirma (sin prueba que lo contradiga) que no se le ha pagado la mesada o las mesadas y que de ellas depende tanto el pensionado como su familia, (con mayor razón si hay prueba que lo corrobore), pues se concluye que se le ha ocasionado un perjuicio irremediable por el no pago oportuno y en esta circunstancia prospera la tutela.
5. La orden.
Respecto a la orden que en la parte resolutiva pueda dar un juez de tutela respecto a la protección al salario mínimo vital, la sentencia SU-995 de 1999 precisó que para lograr la completa protección de los derechos fundamentales comprometidos, la orden debe extenderse no solo a las sumas adeudadas sino a la garantía de pago de las futuras. Y, tratándose de entidades públicas, si hay carencia de recursos, también el juez de tutela debe ordenar que se cree la partida presupuestal correspondiente.
5. El incumplimiento de la orden dada en una fallo de tutela, no tiene como única respuesta judicial el incidente de desacato, sino que la principal respuesta es hacer cumplir lo ordenado.
Las órdenes que se den en una sentencia de tutela son para obedecerlas. Si ocurre lo contrario, en muchas ocasiones se acude al incidente de desacato, que requiere de responsabilidad subjetiva para que prospere. Pero lo anterior no quiere decir que el juez, una vez tramitado el desacato, se desentienda y archive el expediente. El desacato es un simple incidente.
Lo principal es hacer cumplir la orden, mientras esto no ocurra, el juez de primera instancia no pierde la competencia. Precisamente en un caso de pensionados del departamento de Nariño la Corte Constitucional en la T-140 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) dijo:
"De igual manera, la Sala reitera que le corresponderá a los jueces de instancia verificar y exigir el estricto cumplimiento de esta sentencia, por lo que aquéllos mantienen la competencia hasta tanto el fallo se cumpla en su integridad. Así mismo, la Sala recuerda que, de acuerdo con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, los jueces de tutela disponen de un mecanismo expedito para asegurar el cumplimiento de la orden proferida por el juez constitucional".
En efecto, el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 ordena:
"Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirlo sin demora.
6. Funciones del juez de primera instancia en cuanto al cumplimiento de la orden de tutela.
Es obligatorio para el juez de primera instancia, en cuanto no pierde competencia para ello, hacer cumplir la orden de tutela. Para ello debe dar los siguientes pasos:
1. Hacer cumplir en todos sus términos la sentencia que hubiere concedido la tutela (bien sea que la sentencia favorable a quien interpuso la acción fuese la de primera o de segunda instancia o la sentencia de revisión). El término para el cumplimiento figura en la parte resolutiva del fallo. Tratándose de tutelas que prosperan por el incumplimiento en el pago de las mesadas pensionales, dice la jurisprudencia: “(...) se ordenará el pago de la totalidad de las sumas adeudadas al momento de presentar la tutela y, se ordenará garantizar la oportuna cancelación de los salarios futuros, siempre y cuando aquéllos continúen siendo parte del mínimo vital de los trabajadores”. (T-081/2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero).
2. En la jurisprudencia antes citada (T-081/2000) se dio un plazo de tres meses (pudiera ser otro, lo importante es que sea razonable). La redacción adoptada en dicho fallo se orientó hacia el siguiente propósito: “(...) que las autoridades administrativas deberán adelantar las diligencias pertinentes para garantizar la existencia de las partidas presupuestales correspondientes, dentro del término perentorio de 3 meses. De igual manera, los ordenadores del gasto deberán garantizar que los pagos que se originan en las obligaciones laborales sean prioritarios y prevalentes respecto de otros pagos”. Esos(sic) términos para garantizar partidas y pagos es perentorio.
3. Si fenece el plazo dado en el fallo y pasan 48 horas y el juez tiene conocimiento del incumplimiento, entonces, ese juzgador de primera instancia se dirigirá al superior del incumplido y lo requerirá para dos efectos:
a) Que el superior haga cumplir al inferior la orden de tutela.
b) Que el superior inicie u ordene iniciar un procedimiento disciplinario contra el funcionario remiso.
7. En la tutela ¿quién es el “superior” del funcionario que no cumple el fallo?
Tratándose de funcionarios respecto de quienes se sabe quién es su superior, no hay problema práctico: el juez se dirige al superior y éste en el término de cuarenta y ocho horas debe hacer que su inferior cumpla la orden y ordenar la iniciación del procedimiento disciplinario.
Surge la inquietud cuando se trata de los funcionarios electos popularmente como el gobernador o el alcalde, en estos casos ¿a quién se dirige, por el juez de primera instancia, la comunicación que se oriente al cumplimiento de la orden de tutela?
En el caso del incumplimiento de la tutela, el superior del gobernador ¿sería el Presidente de la República?
Si bien es cierto que “El presidente y los gobernadores, en los casos taxativamente señalados por la ley, suspenderán o destituirán a los alcaldes” (C.P., art. 314) y que “El Presidente de la República, en los casos taxativamente señalados por la ley, suspenderá o destituirá a los gobernadores” (C.P., art. 304) y que la República está establecida de manera unitaria en el artículo 1º de la Constitución Política, puesto que “Las gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado, forman parte de la rama ejecutiva” (C.P., art. 115) y este mismo artículo constitucional dice que “El Presidente de la República es jefe del Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa”, también es cierto que el Presidente de la República no puede iniciar investigaciones contra los gobernadores.
Tratándose de los alcaldes (excepto el de la capital del país) la Ley 136 de 1994 le permite al gobernador examinar actos administrativos del alcalde (art. 91, num. 7º), actuar para concesión de renuncias, permisos y licencias (art. 100), en la declaración de vacancia (art. 101), en cuanto a medidas necesarias para hacer efectiva la declaratoria de nulidad de la elección (art. 102), o las conducentes en caso de interdicción judicial del alcalde (art. 103), inclusive puede destituir en determinadas circunstancias al alcalde (art. 104), o poder suspenderlo (art. 105), inclusive la de designación o encargo de alcaldes (art. 106). pero, al igual que en el caso anterior, los gobernadores no puede investigar.
De lo anteriormente expuesto se deduce que la denominación “superior” se entendiera como superior jerárquico se correría el peligro de que una garantía constitucional se convertiría en letra muerta cuando un funcionario electo popularmente se niegue a cumplir un fallo de tutela. Esto sería perverso e inconcebible en un Estado social de derecho.
De manera que con un criterio teleológico, hay que indagar quién es la autoridad que constitucionalmente está facultada para vigilar el cumplimiento de las decisiones judiciales; resulta que esta función le corresponde al Procurador General de la Nación (C.P., art. 277). Inclusive, el artículo 278 ibídem expresamente señala como función específica del Procurador General de la Nación “Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante resolución motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley (...)”.
Es palpable la violación a la Constitución cuando un juez, protegiendo un derecho fundamental constitucional, profiere una sentencia en ejercicio de la función pública que le corresponde, dando órdenes que son de inmediato cumplimiento (C. P, art. 86) y el funcionario público a quien se dirige tal orden no la cumple, en este evento no solamente se viola el artículo 86 de la Constitución Política, sino la norma constitucional que establece el derecho fundamental que se ha infringido.
Se podrá argüir que el procurador sí puede iniciar la investigación y sancionar pero no puede dar la orden de cumplimiento de la sentencia de tutela; se responde diciendo que precisamente investigar y sancionar es una manera de darle eficacia sociológica a los fallos y que la parte final del artículo 277 dice: “Para el cumplimiento de sus funciones la procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial y podrá interponer las acciones que considere necesarias”.
8. La función de la procuraduría en cuanto al cumplimiento de las sentencias de tutela.
Si esa autoridad superior, o sea el Procurador General de la Nación, no procede a cumplir lo que el juez de tutela indica, (investigar y sancionar hasta con la destitución al funcionario que no cumple con una orden de tutela), el funcionario judicial que ha conocido en primera instancia la tutela ordenará abrir proceso contra el Procurador General de la Nación para lo cual comunicará a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. Todo lo anterior sin perjuicio del incidente de desacato ni de las investigaciones penales a que hubiere lugar. Lo central es que se protejan los derechos fundamentales garantizados mediante una sentencia de tutela que debe cumplirse.
9. Deber final del juez de primera instancia.
Si agotadas las etapas anteriores no se cumple con la orden de tutela, el juez de primera instancia, debe adoptar directamente, todas las medidas para el cabal cumplimiento de las órdenes dadas en la tutela. No se trata de dictar una sentencia nueva sino de adoptar medidas hacia el cumplimiento de aquélla. Todo lo anterior implica que, como lo dice la T-081 de 2000, “no es indispensable la nueva presentación de una acción de tutela“.
Sin embargo, si el afectado considera que puede interponer nueva tutela porque hay nuevos hechos (por ejemplo, incumplimiento en el pago de mesadas posteriores al primer fallo de tutela) puede instaurar una nueva acción.
Si, como ocurre frecuentemente en las sentencias que protegen al pensionado en cuanto a las mesadas debidas, en la parte resolutiva del respectivo fallo se dice que se previene para que en el futuro se paguen oportunamente las mesadas, esta determinación es obligatoria porque no tiene sentido que exista una cadena interminable de tutelas presentada por la misma persona (cada vez que le incumplen con el pago su pensión). Pero lo anterior no quiere decir que el afectado, si eso es lo prudente, no pueda volver a interponer tutela. Corresponderá al juez de tutela, en la nueva acción, analizar qué es lo más conveniente para la efectividad de los derechos fundamentales violados y perfectamente puede volver a dictar sentencia favorable por las mesadas debidas (posteriores a las del primer fallo) y por las futuras. El juez no debe olvidar que la tutela no es formalista y que lo principal es garantizar los derechos fundamentales constitucionales.
C. Casos concretos:
1. En la T-296205.
En el caso del señor Pablo José Marino Caicedo, él afirma que desde hace varios años se le había venido pagando la pensión por la empresa Fanarrad. Que la pensión sea o no plena (tema que para el ad quem fue la base para revocar la decisión el a quo) no incide en la garantía constitucional. Lo que hay que analizar es si le afectó o no el mínimo vital al jubilado. En este aspecto, el señor Marino no solamente afirma que él y su familia dependen de la pensión que devenga sino que tal expresión la hizo bajo juramento y no está desvirtuada.
En cuanto a la entidad demandada, esta trata de eludir el pago con el argumento de que es una nueva empresa diferente a la que le reconoció la pensión, puesto que dicha nueva empresa se constituyó mediante escritura suscrita el 4 de noviembre de 1998; este alegato pierde fuerza frente a la prueba documental presentada por el peticionario y consistente en recibos y fotocopias de los cheques con los cuales se le pagaron las mesadas hasta mayo de 1999, o sea, hasta medio año después de haberse constituido la nueva sociedad. Pero es necesario aclarar que ni los cheques ni las constancias de recibo dicen ni permiten deducir que tales cheques hubieran sido girados por la entidad contra la cual se encausó la tutela, ni que estuvieren firmados por la persona que fue notificada de la demanda de tutela, señor Sergio García. Pero, ocurre que se integró el contradictorio, desde la primera instancia, con la presencia del señor Noel Benavides Mariño, quien tuvo como apoderada a la misma abogada de la entidad demandada y del señor Sergio García, y, en dos oportunidades, tanto por la inicial apoderada como luego por el apoderado sustituto, expresamente le dijeron por escrito al juez de tutela que el señor Noel Benavides pagaría las mesadas, tan pronto le sea materialmente posible, y, sin que nadie se lo hubiera pedido, adjuntaron dos telegramas de juzgados (en otros casos de tutela) dirigidos a la empresa Fanarrad Ltda. En conclusión quedó saneada cualquier nulidad que pudiera surgir en lo referente al señor Noel Benavides. Superado el inconveniente surge la necesidad de proteger al jubilado, luego la orden se dará contra Noel Benavides y Fanarrad Ltda. Además, esta situación de cambio de razón social no puede afectar al pensionado.
2. En la T-298395.
En reiteradas oportunidades la Corte ha admitido que la acción de tutela puede ser presentada por organizaciones sindicales o de pensionados, a nombre de sus afiliados, como ha ocurrido en el presente caso. Si se indica además quiénes integran la asociación, aparece un elemento ilustrador que permite saber quiénes irían a ser protegidos por la orden, si es que la tutela prosperara. En el presente caso se hizo tal relación. En consecuencia, son afiliados a la organización:
Abreo Barrera Hermes, Acevedo Mendoza Antonio, Acosta Nicomedes, Alarcón Gutiérrez Alcides, Alcina Alcina Heriberto, Alvarado Ganica Hernando, Álvarez Luz Helena, Anguita Ortiz Luis Francisco, Antolínez Contreras Florelia, Araque Sierra José Manuel, Arias Bonza Isías, Arias Ismael, Arias Rivera María Elena, Astidias Luis Alfonso, Báez Báez José Baltazar, Barajas Mantilla Pedro Antonio, Barboza Silva Miguel, Barrera Melgarejo José del Carmen, Barrios Riveros Félix María, Rayona Ardila Ramón Agustín, Rayona Vda. de Vega María, Boada Osorio Lilia Buitrago Álvarez José Anibal, Bustamante Olga Teresa, Calixto Carmen, Cañas de Toloza Carmen, Carrillo Jaimes Feliz María, Carrillo Luis Olinto, Carvajal Carvajal Juan, Casadiego Gregorio, Casas Cruz , Castellanos García José Rafael, Castellanos Hermelina, Castellanos Juan de Dios, Casteblanco Rojas Gustavo, Castilla Jácome Luis Felipe, Castro Galvis Luis Erasmo, Chacón Luis Edmundo, Chona Mario, Conde Juan Francisco, Contreras Carlos Segundo, Contreras de Díaz Carmen Cecilia, Contreras de Durán Hilda Celina, Contreras Flórez Ana Dolores, Cote Becerra Adelaida, Corzo Sebastián, Dávila Mateo, Delgado Vergel William, Duarte García Demetrio, Durán Mendoza Luis Jesús, Escalante Mogollón José del Carmen, Espitia Lucio Artidoro, Echeverría Bentancour Jaime, Figueroa Cáceres Pablo Antonio, Flórez de Rosales Rita Julia, Flórez de Pérez Custodia, Fonseca Hernández Alirio, Galván de Núñez Juana, García Contreras Victor Julio, Gil de Rodríguez Julia Adela, Gómez de Camargo Teresa, Gómez de Rivera Flor de María, Gómez José Antonio, Gómez José Ramón, Gómez Wilson Samuel, Guerrero Carmen Cecilia, González Morales Enrique, González Ordóñez Armando, Guillén José Rafael, Guillén Ramírez Merardo, Granados Luis Alberto, Hernández Chacón Francisco, Hernández Medina Andrés, Hernández Reyes Inés, Hernández de Salamanca Adelina, Herrera Teresa, Herrera María Leonide, Hurtado Irene, Ibarra Ibáñez Hernández Amilda, Ibarra María Inés, Ibarra María Isolina, Ibarra Rafael Edmundo, Jácome María Natividad, Jaimes María Helena, Jaimes Hurtado Myriam, Jaimes Sánchez Samuel Esteban, Jauregui Carmen Teresa, Jauregui Granados Pedro Ramón, Joya Sarmiento Álvaro, Leal de Mora Marina, León Arias José Venedicto, Lizarazo Montanez Gabriel, López Ávila Juan de la Cruz, López Luis Alberto, López Teodomiro, Flórez de Macías, Ana Teresa, Malpica Peñaranda Alfredo, Manrique Rojas Gregorio, Mansilla Osuna Sergio Enrique, Marciales Ostracina, Marín Félix Enrique, Medina de Sierra Elena, Lelo Bautista Helio, Mantilla Molona Camilo, Méndez Antonio María, Mendoza Ortega Noé, Meneses Carlos Arturo, Miranda Ragel, Medina de Saravia María Helena, Mojica Duitama Cipriano, Mojica Victor Manuel, Molero Rojas David Julio, Molina Riveros Luis Antonio, Monsalve Carlos Enrique, Mora Omaña Valdemar, Morantes Sánchez Efigenio, Muñoz María Benilda, Navarro Álvaro, Navarro Manuel Salvador, Navarro Ramona, Niño Santander Apolinar, Numa Clavijo Jorge Eliécer, Numa Clavijo Lucy Estela, Núñez de Mejía Gladys, Núñez Serrano Alirio, Ochoa Angarita Manuel Dolores, Ochoa Vera Rafael Ignacio, Ortega Anastacio, Ortega Ordulio, Ortiz Vda. de Rangel Celia, Pérez Tarazona Alcides, Palacios Pérez Ciro A., Palacios Pérez Gilberto, Pacheco María Luisa, Parada Digna María, Pedraza José Antonio, Peñaranda Peruti Mario, Pérez de Jaimes Ana de Dios, Pérez Isabel Teresa, Pérez María Eugenia, Pérez Montes Marco Tulio, Pérez Pauselina, Pérez Suárez Luz Esther, Perdomo Rubiano Óscar T., Pineda Jairo Alberto, Pineda Piña Luis Alberto, Portilla Roque Julio, Pabón Evelio, Poveda de Ruiz María del Carmen, Prada José Raúl, Prieto Blanco José de Jesús, Quintero de Santañe Rosalba, Quintero Joya Anacleto, Ramírez Colobón Pedro, Ramírez de Urbina Ana Matilde, Ramírez González Germán Antonio, Ramírez Herrera José, Ramírez José Gregorio, Ramírez Moreno Victor Julio, Ramírez Peñaranda José de J., Ramírez Villamizar Manuel Antonio, Ramírez Waldo María Mercedes, Rincón de Laguado Matilde, Rincón Silva María de la Paz, Riveros Peñaranda Daniel A., Rodríguez Ana de Dios, Rodríguez Ana Gloria, Rodríguez del Alejandrina, Rodríguez de Santafé Carmen, Rodríguez Jorge Enrique, Rodríguez Josefina, Rodríguez Sánchez José Ascención, Rojas de Rojas Josefina, Rojas Eduardo, Román Blanco Miguel A., Romero Jorge Enrique, Rubio González María Dolores, Ruiz Bernabé, Salas Hernández Carmen Inés, Sánchez Alvarado Adán, Sánchez Chacón Ana Virginia, Santos de Cárdenas Antonia, Santos de Omaña Nora Margarita, Saravia Peña María Eugenia, Sarmiento de Tibaduiza Josefina, Serrano Herrera Esperanza, Soler Durán Ciro Alfonso, Suárez Ortega Jorge, Suárez de Vargas María Victoria, Sus Sus Juan Alfredo, Tafur Noira Liry, Uribe Calderón José Rafael, Vargas Acuña Aracely, Vargas Acuña Germán, Vargas Carrillo Pedro Luis, Vargas Manrique Daniel, Vargas Sánchez Rosmira, Valero Suárez Juvenal, Vega Pérez Fernando, Quintero Olga Cecilia, Veloza Castillo Francisco, Gutiérrez Vera Úrsula Rocío, Viancha Viancha Luis Felipe, Villamizar Canal Francisco, Villamizar de Lara Isabel Teresa, Villamizar González Henry, Villamizar Manuel Antonio, Villamizar de Yánez Teresa, Vivas Guevara Heraclio Antonio, Vda. de Castellanos Laura, Yánez Bayona Jesús Ernesto, Zambrano Calderón Luis Enrique , Zambrano Vargas Eugenio, Zequeda Hernández Alfonso, Gómez Carmen Ligia, Acevedo Archila Ramiro, Jordán V. Victor.
Consta en el expediente que evidentemente no se les ha pagado la mesada de diciembre, en enero se instauró la tutela, el 1º de febrero de 2000 se dicta la sentencia que tutela y ordena en 48 horas se inicien las diligencias para pagar las mesadas debidas.
Lo que hay que examinar a continuación es si es la tutela el mecanismo que podría servir para reclamar lo debido, es decir, si hay algún elemento de juicio que permita deducir que se ha afectado el mínimo vital de los asociados . Resulta que ni siquiera se indicó cuáles son las cuantías de las mesadas que están recibiendo los jubilados, cuestión que hubiera podido servir como elemento de juicio. Es más, el presidente de la asociación de jubilados expresamente dice que “la pensión o jubilación es el único medio de subsistencia de la mayoría de los jubilados”, es decir no lo es de todos los jubilados, pero no se dijo quiénes integran esa mayoría, por lo tanto tal expresión se convierte en un obstáculo para que se considere a la tutela como el mecanismo adecuado ya que el mismo que la instauró debilita la apreciación de estarse ante un perjuicio irremediable. En consecuencia la tutela, así como está formulada, no puede prosperar. Lo anterior no significa que los pensionados ya no puedan acudir a la garantía constitucional perfectamente pueden instaurar, en el el futuro, la tutela si se dan y se demuestran las afectaciones al mínimo vital de cada uno de esos pensionados, y, si lo hicieren, no puede predicarse en contra de ellos la temeridad.
En la T-304905.
Si bien es cierto, en el caso de Antonio Zarama Burbano, se produjo en mayo de 1999 una sentencia de tutela que posibilitó el pago de las mesadas hasta esa fecha, la verdad es que desde junio de ese año nuevamente se ha incurrido en mora y se ha afectado el derecho fundamental al pago oportuno de las mesadas pensionales. El afectado podía haber acudido ante el juez de tutela de primera instancia de aquél entonces para exigir el cumplimiento del llamado a prevención pero también puede presentar nueva tutela. Optó por lo segundo ante el hecho concreto de que en Pasto se acostumbra (por parte de los funcionarios administrativos de la gobernación) que se van evacuando los pagos de las mesadas pensionales según las fechas de los fallos de tutela y entonces esa costumbre conlleva que pagado lo debido hasta la fecha de la sentencia el pensionado se ve precisado a interponer otra acción para volver a entrar en turno. Eso no debería ser así pero es una realidad y por consiguiente el funcionario judicial, si se presenta tutela por mesadas diferentes a las pagadas, entrar a proteger al afectado, como eso no ocurrió, y el juez no concedió la tutela, se impone revocar la sentencia objeto de revisión.
En la T-306472.
El señor Dagoberto Peña Fandiño ha demostrado que es jubilado, que se le deben las mesadas desde mayo de 1999 y que por la demora se ha visto obligado a no pagar deudas, tanto que está probado que le debe a bancos, que ha hipotecado un inmueble, que le descontaban de la pensión para una acreencia y como es lógico para la salud. Es decir, se le ha afectado un ingreso. Si bien es cierto tiene unos bienes que le pueden dar ingresos, también es cierto que son ya muchos los meses que se le adeudan y en la sentencia SU-995 de 1999 se dejó a la ponderación del juez el análisis de cuándo una demora en el pago de salarios (se aplica por analogía al caso de mesadas pensionales) es lo suficientemente extensa como para considerar que se afecta al jubilado, pues bien, es indudable que si desde mayo de 1999 no se le paga pensión, así tuviere otros bienes, la afectación es indudable. Por otro aspecto, lo expresado por el gobernador (e) de que se le presta o se le puede prestar la atención en un hospital de San Andrés, esta opción no incide en el hecho de que hay que aportar a una EPS y es sabido que si pasan seis meses sin aportar se corre el peligro de quedar por fuera del sistema. Por último, el mismo gobernador (e) reconoce la omisión y pide que la orden se dé con un plazo de dos meses, indicio de comportamiento que fortifica una ponderación en favor de conceder la tutela al señor Peña Fandiño.
En la T-307645.
Hay la afirmación de la señora Virginia Ibarra Ramírez de ser jubilada y no pagársele la mesada por la alcaldía de Cúcuta en los tres meses anteriores a febrero del 2000. Dentro del listado de afiliados a la organización de jubilados (presentada en la tutela que se inició por dicha asociación y que se acumula en el presente fallo) no figura la señora Virginia Ibarra. Tampoco hay prueba alguna de que sea beneficiaria de una pensión de sobrevivientes. Por otro lado hay la afirmación de que la señora tiene 79 años. El juzgador de instancia consideró indispensable que se anexara la prueba del estado civil y de ingresos económicos de la accionante, la señora recibió la comunicación y no contestó. Es decir, no hay la más mínima prueba para una sentencia favorable. Lo anterior no impide que la señora pueda posteriormente volver a reclamar siempre y cuando presente al menos prueba sumaria de lo que afirma y claridad en la solicitud de tutela ya que su petición no es solamente escueta y confusa sino que la dirigió a un juez y la presentó en un tribunal.
En la T-308186.
Está demostrado que el solicitante señor Pablo Adán Rodríguez es pensionado y que no se le han pagado mesadas por el municipio del Guamo. Surge el problema de que existe una orden de tutela, genérica en su planteamiento, pero que podría indicar que uno de los meses reclamados (sep./99) quedaría incluido en la orden precedente. Luego por dicha mesada no prosperará la tutela pero sí respecto de las otras mesadas porque no solamente expresa que sus necesidades son apremiantes y no dan espera sino porque la exigua suma que recibe permite inferir que constituye su mínimo vital. Sobra agregar que no prospera en cuanto habla a nombre de sus compañeros porque no demostró personería alguna que sustente su propósito.
1. REVOCAR el fallo de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá del 27 de enero de 2000 en al tutela instaurada por Pablo José Mariño Caicedo contra Fanarrad y en su lugar CONFIRMAR el del Juez 19 Laboral de Bogotá del 24 de noviembre de 1999, y ORDENAR que en el término de treinta días se pague por el señor Noel Benavides Mariño como representante de Fanarrad las mesadas debidas a Pablo Mariño como representante de Fanarrad las mesadas debidas a Pablo José Mariño y se lo previene para que en el futuro no vuelva a incurrir en mora.
2. REVOCAR el fallo de la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior de Cúcuta del 1º de febrero de 2000 en la tutela instaurada por el presidente de la asociación de jubilados de Cúcuta contra el alcalde de Cúcuta, y en su lugar NO CONCEDER la tutela por las razones expuestas en la parte motiva.
3. REVOCAR la sentencia del Juzgado 4º Penal Municipal de Pasto de 18 de febrero de 2000 en la tutela instaurada por Antonio María Zambrano Burbano contra el gobernador del departamento de Nariño y en su lugar CONCEDERLA por las razones expuestas en el presente fallo.
4. REVOCAR la sentencia del 23 de febrero de 2000 del Tribunal Superior de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas en la tutela de Dagoberto Peña Fandiño contra el gobernador de dicho departamento y en su lugar CONCEDERLA por las razones expuestas en el presente fallo.
5. REVOCAR PARCIALMENTE la del 22 de febrero de 2000 del Juzgado 2º Civil del Circuito de Guamo en la tutela instaurada por Pablo Adán Rodríguez contra el alcalde de Guamo y en su lugar CONCEDERLA a partir del mes de octubre de 1999 en adelante, por las razones expuestas en el presente fallo.
6. En los casos indicados en los puntos tercero, cuarto y quinto de esta parte resolutiva se concede la tutela respecto de las mesadas ya causadas y se previene para que en adelante no se vuelva a incurrir en mora. Por consiguiente, se dan las siguientes ÓRDENES a los funcionarios departamentales y municipales contra quienes las tutelas se dirigieron: En el término de treinta días harán las diligencias necesarias pagar conseguir los fondos y en el término de las cuarenta y ocho horas siguientes pagarán las mesadas debidas a quienes figuran como solicitantes de las tutelas que son objeto del presente fallo. Si pasado el plazo no se cumple con lo anterior, se hará por el juzgador de primera instancia uso del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 a saber: si en el término de cuarenta y ocho horas posteriores al plazo otorgado no se cumple la sentencia se comunicará al Procurador General de la Nación, para que en cuarenta y ocho horas actúe de acuerdo con la norma antes mencionada y si el Procurador General de la Nación no cumple lo anterior el juzgador de primera instancia ordenará abrir proceso contra dicho superior y adoptará directamente el juzgador de primera instancia todas las medidas para el cabal cumplimiento de la orden de tutela. El juzgador de primera instancia mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho, no solamente respecto de las mesadas ya causadas sino de las que en futuro se causaren.
7. CONFIRMAR la del 2 de marzo de 2000 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en la tutela de Virginia Ibarra Ramírez contra el alcalde de Cúcuta, por las razones expuestas en la presente sentencia.
8. REMITIR copia del presente fallo al Procurador General de la Nación, esto sin perjuicio de que los juzgadores de primera instancia posteriormente hagan uso del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 como se expresó en el punto sexto de esta parte resolutiva.
9. Por secretaría líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
Magistrados: Alejandro Martínez Caballero —Fabio Morón Díaz—Vladimiro Naranjo Mesa.

References: Resolución 
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 1
 artículo 278
 resolución 
 artículo 86
 artículo 277
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 36