Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2016/as2016201386.html
Timestamp: 2019-03-24 11:39:23+00:00

Document:
as2016201386
Auto Supremo: 1386/2016
Expediente: LP-13-16-S
Partes: Miriam Yolanda Rojas Trocchi c/ Asociación Mutual de ahorro y préstamo para la vivienda La Paz y otras.
Proceso: Prescripción extintiva o liberatoria, nulidad, anulabilidad de Escrituras Públicas, más pago de daños y perjuicios.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 809 a 813 y vta., interpuesto por Miriam Yolanda Rojas Trocchi, contra el Auto de Vista N° S-200/15 de fecha 10 de julio de 2015, cursante de fs. 797 a 798 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de prescripción extintiva o liberatoria, nulidad, anulabilidad de Escrituras Públicas, mas pago de daños y perjuicios, seguido por la recurrente contra la Asociación Mutual de Ahorro y préstamo para la vivienda La Paz; el Auto de concesión del Recurso de fs. 817; los antecedentes del proceso; y:
El Juez Quinto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia N° 372/2011 de fecha 11 de noviembre de 2011, cursante de fs. 715 a 722 y vta., declarando PROBADA EN PARTE la demanda interpuesta por Miriam Yolanda Rojas Trocchi en lo referente únicamente a la prescripción extintiva o liberatoria, declarando en consecuencia extinguidas las obligaciones contenidas en las Escrituras Públicas de préstamo de dinero Nº 507/92 de fecha 15 de junio de 1992 relativa a la Escritura Pública de préstamo de dinero con intereses y garantía hipotecaria que efectuó la Asociación Mutual de ahorro y préstamo para la vivienda “La Paz” en favor de la señora Miriam Yolanda Rojas Trocchi con la garantía hipotecaria (según la cláusula sexta) del lote de terreno Nº 04 con 348 Mts.2 de superficie ubicado en el manzano A-P sobre la calle “J” zona Seguencoma Alto de la ciudad de La Paz de propiedad de Yolanda Rojas Trocchi; así como la contenida en la Escritura Pública Nº 77/97 de fecha 12 de septiembre de 1997, relativa a un préstamo de dinero en dólares americanos con garantía hipotecaria, que fue conferida por la Mutual de Ahorro y Préstamo para la vivienda “La Paz” a favor de Miriam Yolanda Rojas Trocchi con la garantía hipotecaria (según cláusula sexta) del lote de terreno Nº 4 con una superficie de 348 Mts.2 ubicado en el mazando “A-P” calle 7 Nº 150 de la zona de Alto Seguencoma de la ciudad de La Paz de propiedad de la Sra. Yolanda Rojas Trocche; así como en lo referente a la anulabilidad de la Escritura Publica Nº 782/2004 declarando por tanto la anulabilidad de la referida Escritura Pública Nº 782/2004 relativo a la Escritura Pública de aclaración de Resolución de contrato suscrita por María Isabel Rivas García y la Asociación Mutual de ahorro y crédito para la vivienda “La Paz”, e IMPROBADA en cuanto a la nulidad de los documentos privados suscritos con María Isabel Rivas García y Mercedes del Rosario García Soruco con fecha 10 de julio de 1990 ambos, de la Escritura Publica testimonio Nº 740/1998 relativa a una compra venta del inmueble, préstamo de dinero a interés con garantía hipotecaria y levantamiento de gravamen anterior, suscrita por Yolanda Rojas Trocchi a favor de la señora María Isabel Rivas García por el monto de $us. 80.000.-, préstamo de dinero a intereses con garantía hipotecaria, que efectúa la asociación Mutual de Ahorro y préstamo para la vivienda La Paz, a favor de la compradora o prestataria, por el monto de $us. 60.000 y levantamiento de gravamen anterior; de la Escritura Pública Nº 256/1999, relativa a una Resolución de contrato que suscribió la Asociación mutual de ahorro y préstamo para la vivienda “La Paz” a favor de las señoras Yolanda Rojas Trocchi y María Isabel Rivas García; así como el pago de daños y perjuicios, con costas.
De igual forma el Juez de la causa, en virtud a la solicitud de fs. 734 interpuesta por Yolanda Rojas Trocchi, emitió el Auto Complementario de fecha 24 de enero de 2012 cursante a fs. 735 y vta., donde aclaró y complementó la Sentencia citada supra, disponiendo: 1) Que en ejecución de Sentencia se notifique a la Notaria correspondiente que emitió la Escritura Pública Nº 782/2004 para que en los archivos correspondientes consigne la anulabilidad dispuesta en la Sentencia. 2) Con relación a la petición de dejar sin efecto en la oficina de Derechos Reales, los trámites que la solicitante señala, toda vez que estos no tienen su origen en la referida Escritura Pública Nº 782/2004, no corresponde su aclaración ni enmienda, en consecuencia tampoco corresponde declarar subsistente las partidas anteriores. Finalmente con relación al pago de daños y perjuicios, habiendo sido declarada improbada en la referida Sentencia, esta pretensión tampoco corresponde que se determinen los mismos.
Resoluciones que puestos en conocimiento de las partes, dio lugar a que la Asociación mutual de ahorro y préstamo para la vivienda “Mutual La Paz” representada por Iván Freddy Sotomayor Bravo, mediante memorial cursante a fs. 724 y vta. y fs. 738 a 742, interpusiera Recurso de Apelación.
En mérito a esos antecedentes, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista N° S-200/15 de fecha 10 de julio de 2015, cursante de fs. 797 a 798 y vta., donde los jueces de Alzada en lo central de su fundamentación y en virtud al principio de congruencia señalaron que si bien el Juez A quo en el penúltimo párrafo del último considerando del fallo impugnado expresamente estableció que: al no haberse demostrado la nulidad de las Escrituras Públicas Nº 740/98 y la Nº 256/1999, quedaron vigentes las obligaciones contenidas en las Escrituras Públicas Nº 507/92 y Nº 77/97, de ahí se establece que desde aquel momento la actora volvió hacer deudora de la Mutual “La Paz”, es decir desde abril de 1999, fecha desde la cual la entidad acreedora pudo haber ejercitado su derecho a la acción legal para obligar el cumplimiento de la obligación contraída, sin embargo al no haberse ejercido dicho derecho por la parte actora durante cinco años, habría operado la prescripción; sin embargo, los Jueces de Alzada, citando los arts. 1507, 1503 y 1505 del Código Civil, señalaron que la Ley ha previsto causas que interrumpen o suspenden la prescripción de las obligaciones, produciéndose de esta manera la prescripción cuando una de las causas establecidas por la Ley destruye o deja sin efecto todo el tiempo anteriormente transcurrido, comenzando un nuevo cómputo de la prescripción después de la interrupción, por lo que amparados en ese marco legal, advirtieron que en el caso de autos a fs. 539 a 553, cursan cartas de fechas 18 de enero de 1999, 10 de abril de 1999, 28 de julio de 1999, 14 de noviembre de 2002, 7 de enero de 2004, 24 de marzo de 2004, suscritas por la demandante y dirigidas al Presidente del Directorio de la Mutual La Paz, y el Gerente General de la Mutual La Paz, con los correspondientes sellos de recepción de la mencionada entidad, por lo que la deudora ahora demandante pide “se le conceda un término de 10 días para poner al día sus obligaciones pendientes”, y en otra de las cartas manifiesta su deseo de cumplir con lo que legalmente corresponde con el fin de “evitar se acumulen intereses, e ir solucionando lo adeudado”; extremos que si bien fueron advertidos por el Juez A quo, empero esta autoridad no habría considerado que con dichas declaraciones la deudora habría interrumpido el plazo de la prescripción de acuerdo a lo señalado en el art. 1505 del Código Civil. Consecuentemente al haberse formulado la demanda en fecha 28 de enero de 2005, concluyeron que no ha transcurrido el plazo señalado en el art. 1507 del Sustantivo Civil, por lo que o ha operado la prescripción del derecho patrimonial de la entidad acreedora insertos en las Escrituras Públicas Nº 507/92 de 15 de junio de 1992 y Nº 77/97 de 12 de septiembre de 1997, ambos de préstamo de dinero con garantía hipotecaria, situación que no ha sido tomada en cuenta por el Juez A quo, por lo que REVOCA en parte la Sentencia Nº 372/2011 de fecha 11 de noviembre de 2011 cursante a fs. 715 a 722, consecuentemente declaró IMPROBADA la demanda principal respecto a la prescripción extintiva o liberatoria pretendida por la actora Miriam Yolanda Rojas Trocchi, manteniéndose por lo demás firme y subsistente lo determinado en el mencionado fallo, sin costas por la revocatoria.
Resolución que dio lugar al Recurso de Casación interpuesto por Miriam Yolanda Rojas Trocchi, el mismo que se pasa a considerar y resolver:
II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN.
La recurrente previamente a exponer los reclamos en los cuales funda su recurso de casación, realizó una exposición de los antecedentes que hacen al presente proceso.
Posteriormente en el punto II de su recurso, amparada en los incisos 1), 2) y 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, acusa que entre lo señalado por la Juez A quo y lo manifestado por el Tribunal de Alzada, existe un criterio contradictorio en cuanto a un mismo hecho, como es la valoración de las cartas cursantes de fs. 539 a 553, extremo por el cual puntualiza que en su demanda de fs. 55 a 63 en el punto 2 habría señalado de manera precisa que los asesores de la Mutual “La Paz” fueron quienes forjaron la escritura de venta, préstamo de dinero y cancelación de gravámenes hipotecarios, a la cual ella únicamente se habría adherido, pues la habrían convencido que con la presentación del desistimiento del proceso Coactivo Civil se iba a terminar el problema, por lo que ella aceptó el mismo de manera llana y simple. Sin embargo, refiere que a fs. 352 se encuentra este documento presentado por la Mutual La Paz a la entonces Superintendencia de Bancos, desistimiento que fue informado mediante Nota SL/E/43/2009 de fecha 14 de enero de 2009 donde el Gerente General de la entidad financiera a requerimiento de la Superintendencia de Bancos informó a fs. 334; empero, la recurrente acusa que los jueces de instancia no se refirieron a este documento donde la Mutual La Paz informa a la superintendencia de Bancos que la demanda Coactiva Civil que fue presentada ante el Juez de Partido en lo Civil, fue desistida por la Mutual en razón a que su persona ya no era propietaria de la totalidad del inmueble, habiendo sido resueltos los contratos de préstamo de las EE.PP. Nº 507/92 y 77/97; quedando así demostrado que la entidad financiera desistió a su derecho a cobrar la obligación por existir subrogación de la obligación a un tercero.
En virtud a lo expuesto acusa que los jueces de instancia no aplicaron correctamente los hechos al derecho positivo en lo que se refiere al desistimiento arts. 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, así como la extinción de la obligación art. 351 del Código Civil, pues la EE.PP. Nº 740/98 de fecha 12 de agosto de 1998, donde la Mutual La Paz otorga en favor de la prestataria María Isabel Rivas García la suma de $us. 60.000.- en calidad de préstamo con intereses, fueron destinados a la compra de un inmueble y el pago de los prestamos Nº 00-34-020506-8 y Nº 00-34-0102068-2 de la vendedora Miriam Yolanda Rojas Trocchi, por lo que debe operar la extinción de la obligación.
Finalmente reconoce haber enviado las cartas cursantes de fs. 539 a 553, oferta de pago que lo hizo por una tercera persona en el entendido de que el inmueble dado en garantía continuaba en su posesión, porque la compradora a último momento DESISTIÓ de efectivizar la operación, cuando ya se había realizado el registro de su derecho propietario en Derechos Reales y desembolsado el préstamo, por lo que la obligación quedaría extinguida, pues las ofertas de pago que realizó fue en previsión a los acuerdos a los que arribaron posteriormente y que se encuentran plasmados en la EE.PP. Nº 258/1999 de Resolución de contrato, la cual no habría surtido sus efectos por errores que no se le pueden atribuir.
Por lo expuesto solicita casar de manera total el Auto de Vista y la sentencia de primera instancia, fallando en lo principal aplicando las normas que hizo presente en su recurso.
Señalan que el Auto de Vista recurrido en casación cumple con todas las formalidades que las normas procesales establecen, por lo que no se ha violentado norma alguna.
Respecto al recurso de casación interpuesto por la parte actora señala que el mismo no cumple con lo previsto por los arts. 253 o 254 del Código de Procedimiento Civil, ya que en su desarrollo lo único que hace es reiterar los extremos manifestados en la demanda, sin que haya explicado ni demostrado los requisitos de fondo que prevé el art. 253 del código citado supra, y existiría la fundamentación jurídica por lo que no se demostró las supuestas infracciones.
Por lo expuesto solicita se dicte Auto Supremo declarando improcedente o infundado el recurso, con costas.
En razón a dichos antecedentes, diremos que:
III. DOCTRINA APLICABLE AL CASO.
III.1.- De la prescripción extintiva o liberatoria y su interrupción.
Con la finalidad de tener una idea precisa de lo que es la prescripción extintiva o liberatoria, así como de las causas que interrumpen a esta, resulta pertinente referirnos, entre otros Autos Supremos emitidos por este Tribunal Supremo de Justicia, al Nº 622/2015 de 3 de agosto de 2015, que sobre el particular señalo lo siguiente: “La prescripción es una institución jurídica por la cual se extingue el derecho por el transcurso ininterrumpido del tiempo determinado en ley. El fundamento de la prescripción es de mantener el orden social y resguardar la seguridad jurídica, que hace necesario el de establecer la temporalidad de disposición del derecho, impidiendo el ejercicio intempestivo del mismo.
En ese marco, la doctrina establece dos presupuestos para la prescripción, al respecto Díez-Picazzo y Gullón (Instituciones del Derecho Civil, Vol. I/1, pág. 282) señala que: “Pero el transcurso fijado en ley no es suficiente para perfilar la prescripción. Es uno de sus dos presupuestos. El otro lo constituye la falta de ejercicio del derecho. La falta de ejercicio del derecho es la inercia o la inactividad del titular ante su lesión (p. ej., acreedor que no reclama el pago de la deuda, propietario que no impide que un tercero usufructúe su finca). No obstante, esta falta de ejercicio debe ir unida a una falta de reconocimiento del derecho por parte del deudor o sujeto pasivo de la pretensión que contra él se tiene.”
En tal caso, la norma presenta dos escenarios de interrupción vía judicial y extrajudicial. La primera mediante actos desarrollados ante tribunales jurisdiccionales, aun incompetentes, y la otra, es oponer un acto que sirva para constituir en mora al deudor…. (sic)
Por otro lado, la prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito del derecho que haga el deudor a favor del acreedor, conforme estipula el art. 1505 del Código Civil, que como efecto lógico de la interrupción hace que se inicie un nuevo periodo quedando sin efecto el transcurrido anteriormente, en aplicación del art. 1506 de la misma norma Sustantiva.” (Las negrillas pertenecen a la presente Resolución).
Ahondando en este último párrafo concerniente a la interrupción de la prescripción por reconocimiento del derecho que haga el deudor, resulta atinado citar al Autor Carlos Morales Guillén que en su libro titulado “Código Civil Concordado y Anotado, cuarta edición Tomo II”, refiriéndose al art. 1505 del Sustantivo Civil en su pag. 1936 señala: “El art. establece que se llama en la doctrina la interruptio fictitia, por virtud de la cual el acreedor permanece dispensado de interrumpir por sí la prescripción, cuando el deudor se toma este encargo, reconociendo la deuda (Georgi)….. (sic.)
El reconocimiento debe ser hecho por el deudor, no supone una renuncia a la prescripción ganada… El reconocimiento interrumpe la prescripción, por lo tanto, esta debe estar corriendo (Scaevola. Giorgi), No es necesario que el reconocimiento este dirigido al acreedor, porque aquel no tiene necesidad de ser aceptado y puede concretarse en un acto unipersonal del deudor (Giorgi)… El acreedor que alega el reconocimiento para contrarrestar la prescripción, debe dar la prueba de él. El reconocimiento interruptivo, además conserva su efecto, aun cuando el acto quede rescindido o anulado, con tal que el vicio de que provenga la anulación no violente la voluntad”.
IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.
Expuestos como están los fundamentos que hacen a la doctrina aplicable al caso de Autos, a continuación corresponde referirnos a los reclamos expuestos en el Recurso de Casación.
Respecto a la contradicción que existiría entre los jueces de instancia sobre un mismo hecho, como es la valoración de las cartas cursantes de fs. 539 a 553; sobre el particular es preciso señalar que la contradicción que acusa la recurrente no se adecua a ninguna de las causales de procedencia del recurso de casación, las cuales se hallan inmersas en el art. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil (aplicable al caso de autos), pues si bien el inc. 2) del art. 253 ya citado, indica que el recurso de casación procede cuando existe contradicciones, empero la misma está referida cuando en una misma Resolución existen disposiciones contradictorias, extremo que para nada se adecua a lo acusado por la recurrente, siendo lo correcto, en caso de que la recurrente no haya estado conforme con el razonamiento del Tribunal de Alzada, acusar el error de hecho o de derecho en la valoración de dichas pruebas, y no limitarse a acusar que el fundamento expuesto por dicho Tribunal no condice con la Sentencia de primera instancia, toda vez que ante la emisión de la Sentencia de primera instancia que, entre otros puntos, declaró probada la prescripción extintiva o liberatoria interpuesta por la parte actora, la entidad demandada, interpuso Recurso de Apelación, que entre los agravios expuestos en dicho memorial, acusó que el Juez A quo a momento de dictar Resolución debió analizar y dar cumplimiento a lo señalado por el art. 1505 del Código Civil, interrupción por reconocimiento del derecho y reanudación de su ejercicio, es decir que acusó que el juzgador debió tomar en cuenta que el reconocimiento de sus obligaciones para con la Mutual La Paz, que en todo momento mantiene la Sra. Miriam Yolanda Rojas Trocchi, interrumpe la prescripción; pues es justamente en razón a dicho reclamo que el Tribunal de Alzada, en aplicación del principio de congruencia (art. 236 del Código de Procedimiento Civil), y advertido de que lo acusado por el apelante resultaba evidente, dispuso revocar la sentencia de primera instancia en lo que respecta a la prescripción extintiva o liberatoria, declarándola improbada. De esta manera se advierte que lo acusado por la recurrente, respecto a este primer punto, resulta infundado.
Ahora bien, con relación al hecho de que los jueces de instancia no se habrían referido al informe que cursa a fs. 334 de obrados, donde la Mutual “La Paz” habría hecho conocer a la Superintendencia de Bancos, en virtud a las afirmaciones realizadas en los puntos cuatro y cinco, que la demanda coactiva civil presentada ante el Juez Séptimo de Partido en lo Civil fue desistida por la Mutual en razón a que ya no era propietaria de la totalidad del inmueble, habiendo sido resueltos los contratos de préstamo de las EE.PP Nº 507/92 y 77/97; con relación a este reclamo y previamente a constatar si el mismo resulta o no evidente, así como la trascendencia que esta tendría en el caso de autos, debemos señalar que, de la revisión minuciosa de obrados, específicamente de la prueba acusada de omitida, donde la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la vivienda “La Paz”, con el objeto de aclarar la solicitud presentada por la señora Rojas Trocchi y dar respuesta a dicho requerimiento, en el punto 4 referido a la “Demanda iniciada contra Mutual La Paz”, realizó un informe pormenorizado de los actuados procesales que se fueron tramitando en el presente proceso, es así que refiriéndose al Auto de Relación Procesal, transcribió los hechos que el Juez de la causa dispuso sean demostrados por las partes, entre ellos encontramos los puntos 4 y 5, los cuales fueron transcritos por la parte recurrente en su memorial de casación como si se trataren de afirmaciones realizadas por dicha entidad, cuando en realidad estos únicamente se limitaron a informar sobre los extremos a ser demostrados por la parte actora en la etapa probatoria, por lo que la apreciación que realiza la recurrente sobre estos puntos, al considerarlos como afirmaciones, resulta errónea y falto a la verdad, por lo que no puede alegar que la omisión que acusa en casación, como emergencia de las supuestas afirmaciones inmersas en los puntos 4 y 5, demuestren que el proceso Coactivo Civil instaurado por la Mutual demandada fue desistida por las razones que la recurrente considera, más aun cuando en dicho informe la Mutual no hace conocer extremo alguno relacionado con el desistimiento del proceso coactivo civil. De esta manera, al quedar aclarado el contenido del informe citado supra, y al no constituirse los puntos 4 y 5 del mismo en afirmaciones, y menos estar referido a hacer conocer las razones por las cuales la Mutual presentó desistimiento en el proceso Coactivo Civil, es que el reclamo acusado carece de sustento.
Sin embargo, al margen de lo ya expuesto, y toda vez que la recurrente acusa que los jueces de instancia no aplicaron correctamente las normas referidas al desistimiento; con relación a este reclamo debemos señalar que el Juez A quo en la Sentencia de primera instancia, tercer Considerando, numeral 4 de los Hechos no Probados, refirió que en el caso de autos no se probó que el proceso coactivo civil instaurado por Mutual La Paz contra la actora Yolanda Rojas Trocchi, haya concluido en forma extraordinaria con el desistimiento del proceso, toda vez que la literal de fs. 31 resultaría ser una fotocopia simple que no contiene el proveído respectivo; fundamento que es confirmado por la recurrente en su memorial de recurso de casación, cuando señala que en su memorial de demanda, específicamente en el otrosí 4to, solicitó a la Juez de la causa, se oficie al juzgado Séptimo de Partido en lo Civil, para que franquee copia debidamente legalizada del proceso coactivo civil, adjuntando como prueba una copia simple de dicho proceso a fs. 31, que por un descuido de sus anteriores abogados no habría adjuntado la prueba ofrecida, es decir una copia legalizada del desistimiento presentado por la Mutual La Paz en su favor. De esta manera, se advierte que el Juez de primera instancia, si se refirió al punto relacionado al desistimiento, así como también expuso las razones por las cuales dicho extremo no habría sido demostrado. Asimismo, si bien es evidente, como señala la recurrente, que a fs. 352 cursa este documento, es decir el memorial de desistimiento que hubiese sido presentado por la Mutual La Paz, dentro del proceso coactivo civil, documental que habría sido presentado por la entidad demandada a la Superintendencia de Bancos, empero dicha documental al igual que la cursante a fs. 31, también se constituye en una fotocopia simple que no contiene el proveído respectivo; consecuentemente y toda vez que la parte recurrente, consiente de su descuido, reconoce no haber adjuntado la documental idónea para acreditar el desistimiento del proceso coactivo, se infiere que dicha acción, así como los efectos que esta genera no fueron considerados por los jueces de instancia, por lo que no resulta lógica que se acuse la aplicación incorrecta de los arts. 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil.
Continuando con el análisis de los reclamos expuestos en el recurso de casación, debemos señalar que la extinción de la obligación a la cual hace referencia la recurrente, por las razones expuestas en el Auto de Vista, no aconteció, pues la prescripción extintiva o liberatoria que pretendió fue interrumpida, tal y como lo reconoce en su mismo recurso de casación, cuando señala que es cierto que su persona envió las cartas de oferta de pago de fs. 539 a 553, arguyendo que lo hizo por una tercera persona en el entendido de que el inmueble dado en garantía continuaba en su posesión, debido a que la compradora a último momento habría desistido de efectivizar la operación inmersa en la EE.PP. Nº 740/98 de fecha 12 de agosto de 1998, no operando en ese sentido la extinción de la obligación que arguye la recurrente; empero, si bien la Escritura Pública citada supra se mantiene vigente por no haberse demostrado la causal de nulidad demandada en el caso de autos, no menos cierto es el hecho de que también se mantiene vigente la Escritura Publica Nº 256/99 de 27 de abril de 1999, relativa a la Resolución de contrato que suscribió la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la vivienda La Paz a favor de las señoras Yolanda Rojas Trocchi y María Isabel Rivas García (EE.PP. Nº 740/98), donde las partes acordaron dejar sin efecto las transacciones realizadas, debiendo proseguir la señora Yolanda Rojas Trocchi como deudora de la Mutual La Paz con la garantía del bien inmueble anotado, es decir que a raíz de este documento de Resolución de contrato, quedó sin efecto la compra venta del inmueble de propiedad de la recurrente, así como también quedó sin efecto la subrogación de la deuda por parte de la señora María Isabel Rivas García por ante la Mutual La Paz, por consiguiente también se mantienen vigentes las Escrituras Públicas Nº 507/92 y 77/97.
De esta manera, se entiende que la obligación debió ser exigida por la entidad demandada a partir del momento en que se suscribió la EE.PP. Nº 256/99 de 27 de abril de 1999 (Resolución de la EE.PP. Nº 740/98), empero y toda vez que la recurrente envió cartas a la Mutual La Paz (fs. 539 a 553), que datan inclusive de fecha posterior a la Escritura Publica citada anteriormente, donde claramente reconoce la deuda que tiene con dicha entidad, se infiere que dichas cartas, en aplicación del art. 1505 del Sustantivo Civil, son considerados como interrupción a la prescripción, tal y como lo señalaron los jueces de Alzada, por lo que al ser la última carta enviada por la recurrente a la Mutual La Paz de fecha 24 de marzo de 2004, hasta el momento de la presentación de la demanda de prescripción extintiva o liberatoria que data del mes de febrero de 2005, se infiere que no transcurrió el tiempo necesario para que opere la prescripción alegada.
En consecuencia, al no ser evidentes ni fundados los reclamos acusados por la recurrente, corresponde emitir Resolución conforme lo establece el art. 220.II del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código de Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 809 a 813 y vta., interpuesto por Miriam Yolanda Rojas Trocchi, contra el Auto de Vista N° S-200/15 de fecha 10 de julio de 2015, cursante de fs. 797 a 798 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas y costos.
Se regula honorarios del abogado profesional en la suma de Bs. 1.000.-

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