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Timestamp: 2019-12-14 13:45:43+00:00

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Algunos aspectos sobre la situación de los Cerros Orientales | PGP Abogados
Sin embargo, ni el Acuerdo 30 de 1976, así como tampoco la Resolución del Gobierno Nacional que lo aprobó en el año 1977, adoptaron la cartografía que representara el alinderamiento de las áreas de reserva, por lo que las autoridades administrativas encargadas, no procedieron con el registro de la declaratoria de Reserva, en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios afectados por aquella.Por ese motivo, al no haberse hecho oponible a los particulares, la decisión administrativa de declarar como reserva forestal protectora, la zona del Bosque Oriental de Bogotá, mediante el registro de la afectación ambiental en los certificados de libertad y tradición de los predios incorporados en dicha declaratoria, ello ocasionó que los propietarios de tales predios, iniciaran o continuaran con el desarrollo urbanístico y constructivo de los mismos.
“Si bien el artículo 10° del Acuerdo 30 de 1976 (30 de septiembre), aprobado mediante la Resolución 76 de 1977 (31 de marzo), ordenó que la afectación de reserva forestal protectora fuera inscrita en el registro inmobiliario, y ello únicamente se realizó en abril de 2005, (…) lo cierto es que ello no afecta la validez de la resolución, pero naturalmente determina que la limitación, carga o gravamen de reserva forestal no resulte oponible a terceros, quienes en el caso bajo estudio son los propietarios de los bienes inmuebles ubicados en la zona”.Y más adelante agrega: “(…) la sala concluye que no es posible que la declaratoria de reserva forestal limitara el derecho al goce sobre los inmuebles ubicados en el área protectora, sin que se hubiese inscrito la afectación correspondiente en el folio de matrícula inmobiliaria de los predios respectivos, a menos que por determinadas actuaciones se demostrara que el propietario, poseedor o tenedor conocía inequívocamente que su predio se encontraba afectado por el área protegida”.
Bajo el anterior contexto, la sala plena del Consejo de Estado encontró que debían respetarse los derechos adquiridos de quienes obtuvieron licencia de construcción y/o construyeron legamente en la franja de adecuación y en la zona de recuperación ambiental, ubicada dentro de lareserva forestal protectora, antes de la anotación registral de la afectación a la reserva del predio respectivo.
Luego de haber transcurrido veintiocho años desde la aprobación efectuada mediante la Resolución 76 de 1977 del Acuerdo 30 de 1976, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante la Resolución 463 del 14 de abril de 2005, adoptó la cartografía y redelimitó la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, fijó su zonificación y reglamentación de usos, y estableció las determinantes para el ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales de Bogotá.El Ministerio en virtud del referido acto administrativo, consideró la realidad y transformación que los Cerros Orientales habían sufrido desde su declaratoria como reserva en el año 1977, teniendo en cuenta para efectuar su redelimitación, que en algunos sectores, se presentaron procesos de cambio de los usos del suelo, toda vez que coexistían diferentes usos de tipo urbanístico en su zona de borde, uso minero y agropecuario, con relevantes impactos y efectos ambientales sobre los ecosistemas y sobre los servicios ambientales que prestan a comunidades locales que se benefician de ella, por lo que para el Ministerio, era necesario contar con un instrumento de planificación, ordenamiento y manejo, para restaurar, recuperar y armonizar las condiciones sociales, económicas y ambientales del área.Por lo anterior, la redelimitación que hizo el Ministerio, a través de la Resolución 463 de 2005, buscó excluir de la reserva, el área que ya no contaba con las condiciones ambientales que le dieran la connotación de reserva ambiental, con el fin de que, dicha zona, equivalente a 973 hectáreas que pertenecían inicialmente a la reserva forestal, y que, se denominó a partir de la mencionada Resolución de 2005, como Franja de Adecuación, tuviera por objetivo constituir un espacio de consolidación de la estructura urbana y una zona de amortiguación y contención definitiva, de los procesos de urbanización de los Cerros Orientales.Así mismo la Resolución 463 de 2005, previó, como determinante ambiental, que el entonces Departamento Administrativo de Planeación Distrital -DAPD-, debía precisar los límites del perímetro urbano en los límites con la reserva forestal, tomando como base la redelimitación de la Reserva determinada en el artículo 1º de la Resolución 463, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 del Decreto 469 de 2003, consagrando que en todo caso, el perímetro urbano no podría exceder el límite de la reserva forestal protectora, Bosque Oriental de Bogotá.Al respecto el citado artículo 117 del Decreto 469 de 2003, por el cual se revisó el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, consagra que el DAPD, está facultado para determinar dicho límite, con base en las decisiones del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, cuando expida los respectivos actos administrativos, como es el caso de la Resolución 463 de 2005, la cual determinó la zonificación y adoptó la cartografía de los Cerros Orientales de Bogotá.Por lo anterior, la administración Distrital debió observar los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través de la Resolución 463 de 2005, al momento de definir el perímetro urbano de la ciudad, lo cual fue desconocido por la Secretaría Distrital de Planeación, al expedir en marzo del año 2015, la Resolución 228, con la cual precisó el límite del Perímetro Urbano de Bogotá. Dicho desconocimiento, radica en que la Resolución 228 de 2015, determinó que el perímetro urbano de Bogotá, colinda con la Reserva Forestal delimitada en el Acuerdo 30 del 1976, sin tener en cuenta la Franja de Adecuación, creada a partir de la sustracción de la reserva Bosque Oriental de Bogotá, del área equivalente a 973 hectáreas, efectuada por la Resolución 463 de 2005.
Otro antecedente que sirvió como fundamento para que el Consejo de Estado ordenara respetar los derechos adquiridos por aquellos propietarios de predios ubicados en la franja de adecuación, fue la existencia de la Resolución 1582 del 26 de octubre de 2005, acto administrativo expedido por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial que creó un primer escenario de reconocimiento de dichos derechos, a quienes se encontraran en algunas de las situaciones en él previstas, dentro de las cuales vale la pena mencionar, las siguientes:Predios con decretos de legalización anteriores a la expedición del Decreto 619 de 2000 y aquellos que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237 del Acuerdo 6 de 1990 contaran con orden de legalización proferida por el Alcalde Mayor de la ciudad en la fecha de entrada en vigencia del Decreto 619 de 2000, que hubiesen obtenido decreto de legalización antes del 14 de abril de 2005.Predios ubicados dentro del perímetro urbano señalado por el Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollan, que hubiesen radicado u obtenido en debida forma licencia de urbanismo y/o construcción antes del 14 de abril de 2005, conforme a las normas existentes a la fecha de su expedición.Predios cobijados por proceso de concertación tramitados ante el Departamento Administrativo de Planeación Distrital que contaran con acta final de acuerdo sobre el decreto de asignación de tratamiento en la fecha de entrada en vigencia del Decreto 619 de 2000 que hubiesen obtenido decreto de incorporación en las condiciones del numeral 4 del artículo 515 del citado decreto y que cumplan con todas las condiciones previstas en el decreto de asignación de tratamiento, en la licencia de urbanismo y en las normas posteriores que regulen la materia.Predios cobijados por Decretos de Asignación de Tratamiento expedidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial de 2000 que hubieren obtenido licencia de urbanismo y/o construcción con anterioridad a la entrada en vigencia del citado decreto o dentro del plazo previsto por el numeral 2 del artículo 284 del Decreto 469 de 2003 (artículo 479 del Decreto 190 de 2004) y se cumplan todas las condiciones previstas en el decreto de asignación de tratamiento, en la licencia de urbanismo y en las normas posteriores que establezcan disposiciones urbanísticas, reconocimiento de edificaciones y legalización de asentamientos urbanos.Predios dotacionales de carácter nacional, departamental, distrital o privados, existentes a la fecha de expedición del Decreto 619 de 2000; (…)”.Adicionalmente la Resolución 1582 de 2005, dejó previsto que las licencias urbanísticas otorgadas para los predios antes señalados, sus modificaciones, prórrogas, etapas posteriores, vigencia del plan general urbanístico, la obtención de licencias de construcción o cualquiera otra licencia derivada de ellas, se rigen únicamente y para todos los efectos legales, por las prescripciones señaladas en el Decreto 1052 de 1998(2), y aquellos que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.Teniendo en cuenta lo anterior, la administración distrital debe adoptar las medidas necesarias para darle correcta aplicación a las órdenes impartidas por el Consejo de Estado en su providencia, con miras a regular tanto las áreas comprendidas por la reserva, como aquella que le fue extraída en el año 2005 (franja de adecuación), con el fin de reconocer la realidad que presentan los Cerros Orientales, y adoptar las políticas públicas que permitan su sostenibilidad, así como el amparo y reconocimiento efectivo de los derechos que adquirieron particulares propietarios de predios localizados en franja de adecuación, mediante la obtención de licencias y ejecución de obras al amparo de las mismas, y que reúnan las condiciones claramente establecidas por la Sala Plena del Consejo de Estado, para que proceda su reconocimiento.

References: Resolución 
 artículo 10
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 117
 artículo 117
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 237
 artículo 515
 artículo 284
 Resolución