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Timestamp: 2017-04-24 01:22:38+00:00

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chema marco | Blog de: Jose Maria Marco Lazaro, Mi experiencia en el Control de Gestión
Posibilidad de una tercera comprobación de valor por parte de la Administración
Posibilidad de realizar una tercera comprobación de valor por parte de la Administración
En esta Resolución el Tribunal analiza las circunstancias que deben concurrir para que la Administración tenga vedado practicar una tercera valoración en virtud del criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal interpreta que un acto de liquidación anulado por motivos formales puede y debe ser repetido por la Administración, siempre que no reincida en el mismo error que determinó su anulación.
En este sentido, es necesario que el error cometido (en este caso el déficit de motivación de la comprobación de valor) surta efectos jurídicos frente al obligado tributario, es decir, que se incorpore a un acto administrativo, que ese acto sea anulado en vía administrativa (ya sea con ocasión de la interposición de un recurso de reposición o de una reclamación económico-administrativa) o en vía jurisdiccional, por apreciar la existencia de ese error o defecto y, finalmente, que la Administración dicte nueva resolución sobre el mismo asunto incurriendo en el mismo defecto.
Es necesario, en suma, que haya dos actos administrativos sobre un mismo asunto que incidan en el mismo error para que quede vedada a la Administración la posibilidad de practicar una tercera valoración. En caso contrario, la Administración podrá valorar por tercera vez.
T.E.A.C. Resolución nº 05240/2016, de 19 de enero de 2017
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Fiscalidad/Profesional, Normativa
Resolución del TEAC Nº 01510/2013/00/00, de 4 de abril de 2017, en la que se considera que la compensación de bases imponibles negativas (BIN’s) en el Impuesto sobre Sociedades es una “opción” que se ejercita con la presentación de la declaración, en los términos del artículo 119.3 de la LGT: “Las opciones que según la normativa tributaria se deban ejercitar, solicitar o renunciar con la presentación de una declaración no podrán rectificarse con posterioridad a ese momento, salvo que la rectificación se presente en el período reglamentario de declaración”.
En concreto, cuando el contribuyente tiene BIN’s de ejercicios anteriores, este criterio se concreta en lo siguiente:
Si en un ejercicio tiene una base imponible previa nula o negativa, no pudo compensar, entendiéndose que no ha ejercicio ninguna opción y, por lo tanto, posteriormente podrá optar por compensar en complementaria, rectificación de la autoliquidación o comprobación administrativa.
Si en un ejercicio tiene una base imponible previa positiva y decide compensarla toda con BIN’s, se entiende implícitamente que el contribuyente optó por compensarse el importe máximo y, por consiguiente, si posteriormente se incrementa la base por el propio contribuyente o en una comprobación, mantendrá el derecho a compensar el saldo compensable y no compensado.
Si en un ejercicio tiene una base imponible previa positiva y decide no compensar en absoluto o un importe menor a la base previa, se entiende que el contribuyente optó por no compensar BIN’s o hacerlo solo en parte, por lo que, posteriormente y fuera del plazo de autoliquidación, no podrá aprovechar el saldo de las bases compensables, sea vía rectificación o en un procedimiento de comprobación.
Si el contribuyente no declaró, se entiende que no ejercitó el derecho a compensar BIN’s, por lo que, posteriormente, ni mediante la presentación de autoliquidación ni en una comprobación, podrá compensar las bases negativas compensables.
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Boletines Fiscales, Control de Gestión, Empresa, Fiscalidad/Profesional
Para deducir las cuotas soportadas en los gastos por servicios de desplazamiento, hostelería y restauración en el IVA se exige que dichos gastos sean deducibles a efectos del IRPF o del I.Soc.
Para deducir las cuotas soportadas en los gastos por servicios de desplazamiento, hostelería y restauración en el IVA se exige que dichos gastos sean deducibles a efectos del Impuesto sobre la Renta o del Impuesto sobre Sociedades, sin que sea necesario comprobar esos impuestos directos
La cuestión controvertida en el presente recurso consiste en determinar si la regla recogida en la ley del Impuesto, por la cual se excluyen del derecho a deducir las cuotas de los servicios de desplazamiento, hostelería y restauración, salvo que el importe de los mismos tuviera la consideración de gasto fiscalmente deducible a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o del Impuesto sobre Sociedades (IS), exige o no para su aplicación que la Administración acredite que dichos gastos han sido objeto de regularización en los impuestos directos correspondientes.
En este sentido, el Tribunal entiende que la regla aludida hace referencia a la necesidad de cumplir los requisitos objetivos de deducibilidad contemplados en los impuestos directos, pero en ningún momento determina o exige que la verificación de dichos requisitos haya de hacerse necesariamente o en primer término en el seno de una comprobación concerniente a estos impuestos directos.
Por tanto, para que las cuotas del IVA soportadas por estos servicios sean deducibles es preciso que el importe de los mismos sea también deducible a efectos del IRPF o el IS, y a la inversa, si el importe de los servicios no es fiscalmente deducible en estos impuestos directos, tampoco lo será la cuota soportada por el IVA correspondiente.
Se trata pues de una regla de vinculación objetiva, no procedimental. Lo que debe examinarse es si el gasto responde objetivamente a un concepto que se considere deducible en el IRPF o en el IS, con independencia de que el obligado tribute o no por dichos impuestos. Por este motivo no cabe condicionar la verificación de esos requisitos de deducibilidad, de cara a la regularización de las cuotas de IVA, a que haya de realizarse en el seno de una comprobación formal encaminada a regularizar los citados impuestos directos.
T.E.A.C. Resolución nº 01968/2016, de 26 de enero de 2017 (Fuente: REAF)
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La protección social de los trabajadores españoles traslados por sus empresas al extranjero
1ª Cuando el traslado al extranjero por la empresa de sus trabajadores se produzca en relación con un país con el que España no tenga suscrito Convenio u otra norma internacional de coordinación en materia de Seguridad Social, dichos trabajadores, a tenor de la Orden de 27 de enero de 1982, quedarán en situación asimilada a la de alta en el Régimen General, debiendo cotizarse por los mismos en iguales términos a los existentes en el momento de causar baja en dicho régimen. Esto podría traer como consecuencia, si en el país de destino existiera la obligación de cotizar al sistema propio, un doble esfuerzo contributivo tanto de la empresa como del trabajador.
2ª Cuando dicho traslado tenga lugar con respecto a un país con el que el nuestro se halle vinculado por una norma internacional de coordinación en materia de Seguridad Social, se podrán dar diversas circunstancias:
A) En principio, y durante un período de tiempo variable (fijado en cada instrumento internacional), en su condición de “destacado”, el trabajador permanecerá vinculado al Régimen General de la Seguridad Social, como si no se hubiese producido dicho desplazamiento.
B) Transcurrido el período máximo previsto para el trabajador destacado, procederá seguir lo que sobre legislación aplicable determine la respectiva norma internacional, que, habitualmente y en función del principio de territorialidad, determinará como tal la del país en el que se desarrolla la actividad laboral.
C) Si el aseguramiento obligatorio en el sistema del país extranjero comportara la ausencia de cobertura de alguna contingencia de las que quedan amparadas en el Régimen General de la Seguridad Social, respecto de esa misma operaría la asimilación al alta a que se refiere la repetida Orden de 1982, lo que comportaría la cotización, aunque sólo por la contingencia de que se trate.
D) El aseguramiento obligatorio en el sistema de la Seguridad Social del país de destino no impedirá que el trabajador, a título individual, pueda acogerse voluntariamente a la protección de la Seguridad Social, mediante la suscripción del Convenio especial común regulado en la Orden TAS/2865/2003, en tanto acredite haber cotizado previamente a dicho sistema un mínimo de 1.080 días.
E) Las cotizaciones satisfechas al sistema español durante la vigencia del Convenio especial, pueden causar efectos en una doble vía:
En el marco de la norma internacional, no podrán ser totalizadas con los períodos de seguro obligatorio acreditados en el país de destino para acceder al derecho a una o varias prestaciones internacionales. No obstante, en algunos ámbitos (todavía reducidos), como el comunitario y el propio de algunos Convenios, esas cotizaciones satisfechas en un régimen voluntario sí serán tenidas en cuenta para incrementar las cuantías de las prestaciones por invalidez, jubilación y supervivencia.
En el ámbito interno, dichas cotizaciones se podrán computar con el resto de las acreditadas para, si se alcanzan todos los requisitos, poder acceder al derecho a la prestación de que se trate, aplicando exclusivamente la legislación española (lo que podría dar ocasión a una acumulación con la prestación que, en virtud exclusivamente de la legislación del otro país, pudiera ser reconocida por éste).
F) A la vista de lo enumerado, no cabe apreciar, en general, especiales casos de desamparo por la Seguridad Social española de los trabajadores desplazados al extranjero ni la necesidad de establecer un nuevo Convenio especial ad hoc para los mismos.
G) La única carencia protectora se vendría a producir en el caso de que el trabajador no pudiera acreditar cotizaciones a la Seguridad Social española por un espacio de tiempo igual o superior a 1.080 días. En tal hipótesis no sería factible suscribir el Convenio especial común al que se ha venido haciendo referencia.
No obstante, en tales supuestos sí sería viable acogerse a la modalidad de Convenio especial prevista para los emigrantes españoles e hijos de éstos que trabajen en el extranjero, regulada en el Real Decreto 996/1986, de 25 de abril, y en el artículo 15 de la repetida Orden TAS/2865/2003. A raíz de las modificaciones operadas en dicha regulación, en el momento presente se puede (en contra de lo que regía hasta el año 2003) suscribir este tipo de Convenio especial con independencia no sólo de que con anterioridad se haya estado o no afiliado a la Seguridad Social española sino también de que con el país en el que se vaya a trabajar el nuestro tenga o no suscrito Acuerdo o Convenio en materia de Seguridad Social. El inconveniente que en este caso representa este modelo de Convenio, con respecto al general, reside en que la base de cotización única y obligatoria coincide con la base mínima de cotización que se halle prevista, en cada momento, para el Régimen General, lo que se ha de traducir en unas prestaciones de cuantía acorde con el importe de dicha base.
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Empresa, Laboral, Normativa
El arrendamiento de vivienda está exento de IVA, si el arrendatario es una persona jurídica y se indica la persona que utilizará la vivienda
El arrendamiento de vivienda está exento, en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en el caso de que el arrendatario sea una persona jurídica y se indique en el contrato la persona concreta que utilizará la vivienda
El Tribunal unifica criterio a través de dos Resoluciones desestimatorias y análogas que permiten apreciar los requisitos formales del contrato de arrendamiento exigidos en el caso de que, siendo el arrendatario una persona jurídica, el inmueble vaya a constituir la vivienda habitual de alguno de sus trabajadores.
En este sentido el Tribunal interpreta que, en base a la finalidad de la norma, la exención debe alcanzar a todos aquellos supuestos en los que el contrato de arrendamiento tiene como finalidad servir de vivienda a una persona concreta, sin que exista un negocio jurídico posterior por el que se ceda el uso de la vivienda.
En sentido contrario, el Tribunal entiende que no se incluirá en el ámbito de aplicación de la exención aquel contrato por el que se faculte al arrendatario a designar a las personas que vayan a ocupar la vivienda, pues en ese caso tendría lugar una cesión o subarriendo que impedirían la aplicación de la exención.
Por tanto, a efectos de la exención, es necesario que el contrato de arrendamiento contemple expresamente la persona que utilizará la vivienda, de tal forma que se impida la cesión a distintas personas de manera discontinua o por periodos inferiores al fijado en el contrato de arrendamiento.
T.E.A.C. Resolución nº 03857/2013, de 15 de diciembre de 2016
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Actualidad, Empresa, Fiscalidad/Profesional, Normativa
Normativa Estatal…..
Orden HFP/1895/2016, de 14 de diciembre Se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
B.O.E. de 17 de diciembre de 2016
Se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.
Orden HFP/1970/2016, de 16 de diciembre
Se modifica el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril.
B.O.E. de 28 de diciembre de 2016
Se aprueba el Real Decreto-ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.
B.O.E. de 21 de enero de 2017
Resolución de 3 de enero de 2017, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Se modifica la de 11 de julio de 2014, en la que se recogen las instrucciones para la formalización del documento único administrativo (DUA).
B.O.E. de 5 de enero de 2017
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Posibles nulidadesen notificación electrónica…..
Las hojas en blanco que rompen el formato habitual de una notificación electrónica pueden hacerla nula
Este Recurso de casación versa sobre una Sentencia de la Audiencia Nacional en la cual, a causa de una notificación electrónica mal maquetada, la empleada de la entidad encargada de recoger la notificación hizo caso omiso de la misma. La Audiencia en este caso considera que el error de la Administración es de mayor trascendencia jurídica que el del contribuyente, que no revisó el archivo debidamente, interpretando que se trataba de un error informático.
Tras este pronunciamiento, la Administración recurre en casación al Tribunal Supremo, el cual recuerda que en materia de notificaciones lo relevante no es el cumplimiento de las normas formales que regulan la materia, sino el hecho de que los administrados lleguen a tener conocimiento del acto notificado, pues el desconocimiento de lo que se notifica hace imposible cualquier tipo de defensa.
Finalmente el Tribunal falla a favor del contribuyente, entendiendo que hacerlo en sentido contrario le colocaría en una situación de indefensión pues, cuando se trata de notificar un acto sancionador, la jurisprudencia exige extremar el celo en lo referente a la notificación del mismo.
Tribunal Supremo, Nº de Recurso 2841/2015, de 16 de noviembre de 2016
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Actualidad, Empresa, Normativa
Los ingresos financieros no ordinarios no se incluyen en el importe neto de la cifra de negocios
En esta sentencia se analiza si los ingresos financieros que percibe el contribuyente deben formar parte del importe neto de la cifra de negocios, cuestión que incide directamente en la posibilidad de acogerse al régimen fiscal previsto para las empresas de reducida dimensión.
En este caso, la actividad principal de la compañía es la intermediación en mercados de renta variable. La Inspección defiende que los ingresos procedentes de la enajenación de acciones tienen su origen en la actividad de negociación por cuenta de terceros, de manera que la entidad no actúa como poseedor de bienes y derechos, sino que nos encontramos ante una prolongación directa, permanente y necesaria de la propia actividad principal. Lo contrario sostiene la parte recurrente interpretando que sus ingresos ordinarios están integrados por las comisiones que obtiene por la prestación de sus servicios y no por los de compra-venta de participaciones.
El Tribunal recuerda que el concepto de importe neto de la cifra de negocios se encuentra estrechamente ligado con la actividad ordinaria de la entidad, entendiendo por tal aquella que se realiza regularmente por la empresa y de la que se derivan ingresos periódicamente. Por este motivo procede entender que los ingresos procedentes de la enajenación de acciones de la cartera permanente de la compañía, en tanto esta operación no es representativa de la actividad de la actora, no deberán ser tenidos en cuenta para la determinación del importe neto de la cifra de negocios.
Audiencia Nacional, Nº de Recurso 331/2014, de 30 de junio de 2016
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Boletines Fiscales, Empresa, Fiscalidad/Profesional, Normativa
Entidades patrimoniales
Debe prestar atención a los balances trimestrales para saber si una sociedad tiene o no la condición de entidad patrimonial y calcular la media de los activos de los balances trimestrales. Si más de la mitad del activo está formado por bienes no afectos, o bien por acciones y participaciones, la entidad será patrimonial. Las acciones o participaciones se consideran bienes afectos cuando otorguen al menos el 5 por 100 del capital y se posean como mínimo durante un año con la finalidad de dirigir y gestionar la participación, siempre que se disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales para ello.
A estos efectos no se computarán ni el dinero ni los derechos de crédito procedentes de la transmisión de elementos patrimoniales afectos a actividades económicas o valores, que se haya realizado en el período impositivo o en los dos períodos impositivos anteriores.
Si una sociedad tiene la consideración de entidad patrimonial tenga en cuenta que:
No podrá aplicar ningún incentivo de los regulados para las ERD.
Si vende acciones de una sociedad patrimonial no se podrá aplicar la exención para evitar la doble imposición por la parte del beneficio de la venta de las participaciones que se corresponda con la plusvalía tácita.
No podrá aplicar el tipo de gravamen reducido del 15 por 100 si la empresa es de nueva creación.
No podrá compensar las bases imponibles negativas si se adquiere una sociedad patrimonial en la que se participa en más del 50 por 100 si, al final del periodo impositivo en que se generó la base negativa, se ostentaba un porcentaje inferior al 25 por 100.
El saldo de tesorería generado por el beneficio procedente de las actividades ordinarias, como son las ventas o las prestaciones de servicios, no convierten a una entidad en sociedad patrimonial, al no computarse dicho saldo como bien no afecto (DGT V3440-15).
Si ha transmitido activos de inmovilizado y ha obtenido beneficios extraordinarios tenga en cuenta que, si no se reinvierten los importes correspondientes a esos beneficios en un plazo máximo de 3 años, es posible que pase a ser sociedad patrimonial ya que dicho saldo de tesorería pasa a computar como bien no afecto.
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Concepto de actividad económica: arrendamiento de inmuebles
Si tiene inmuebles en alquiler y pretende que el arrendamiento sea considerado como actividad económica y, por lo tanto, que estén afectos dichos activos, debe disponer de una persona que gestione los arrendamientos a jornada completa y con contrato laboral.
– Según criterio administrativo es necesario probar que existe una carga administrativa mínima de trabajo que justifique la necesidad de contratar a la persona (T.E.A.C., Resolución de 2 de febrero de 2012).
– El requisito de la persona se puede alcanzar subcontratando con un tercero el servicio de gestión de los arrendamientos. En estos casos lo relevante no es el personal que el subcontratado tenga en nómina sino qué parte de ese personal se destina y qué tiempo emplea en la gestión de la actividad de la entidad que subcontrata (DGT V0133-16).
– En el caso de grupo mercantil, a los efectos de determinar si las entidades que lo componen realizan o no una actividad económica, los requisitos se han de cumplir a nivel del grupo y no individualmente. Es decir, en el caso de arrendamientos, una entidad puede ser la titular de los inmuebles y otra del grupo tener contratada a la persona.
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Cierre fiscal del Impuesto sobre Sociedades 2016
El período impositivo que las empresas están a punto de cerrar, segundo año de aplicación de la reforma fiscal, se caracteriza por la escasez en la publicación de normativa tributaria, sobre todo si se compara con la vorágine normativa desmesurada de los años precedentes. No obstante, traemos a colación tres normas que afectan directamente al Impuesto: la Resolución de 4 de abril (B.O.E. de 6 de abril de 2016) en la que la Dirección General de Tributos estableció la plena deducibilidad de los intereses de demora derivados de actas de inspección después de la reforma, el Real Decreto-Ley 2/2016 (B.O.E. el 30 de septiembre de 2016), que aumentó el importe a satisfacer por el segundo y tercer pago fraccionado a las empresas que facturan más de 10.000.000€, y el Real Decreto-ley 3/2016 que introdujo diversas modificaciones, alguna de las cuales son aplicables ya para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016.
Recogemos en un solo documento las novedades más significativas para 2016 así como diferentes aspectos que hay que tener en cuenta cuando preparamos el cierre fiscal de las empresas. Asimismo es conveniente reseñar algunos criterios interpretativos tanto de la Administración como de los diferentes Tribunales de Justicia para, de esta manera, poder obrar en consecuencia.
Está integrado por la cuantía de las ventas, así como de las prestaciones de servicios y del resto de ingresos procedentes de las actividades ordinarias. No se incluyen los importes por descuentos o bonificaciones, los impuestos especiales, ni el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Es la magnitud que va a determinar si procede aplicar el régimen especial de empresas de reducida dimensión (ERD).
Si en 2016 se ha iniciado una actividad económica el INCN a tener en cuenta es el correspondiente al tiempo en el que se ha desarrollado la actividad efectiva.
Si la entidad se constituyó en 2016 y el periodo impositivo fue inferior al año, o la actividad se desarrolló durante un plazo inferior al año, el INCN se eleva al año.
Los ingresos de ventas de acciones cuando sean operaciones no representativas de la actividad no forman parte INCN (Audiencia Nacional, de 30 de junio de 2016).
En entidades con INCN a partir de 20 millones de euros en los 12 meses anteriores al primer ejercicio iniciado en 2016, verán limitada la compensación de bases imponibles negativas y la reversión de determinados créditos fiscales al 50 ó 25% de la base imponible previa a la reducción por reserva de capitalización en función de que no se llegue a 60 millones o se supere dicha cifra, respectivamente, pudiendo compensar el importe mínimo de 1 millón de euros.
También cuando se ha llegado en los 12 meses anteriores a un INCN de 20 millones de euros al menos, se limita al 50% de la cuota íntegra la cuantía de la aplicación de las deducciones por doble imposición interna e internacional generadas en el ejercicio o de las pendientes de períodos anteriores.
Es la referencia que determina si se deben documentar las operaciones realizadas entre partes vinculadas y si ha de ser íntegra, simplificada o aportar la información país por país.
Es la cuantía sobre la que se fija el importe total de los gastos por atenciones a clientes o proveedores que son deducibles. Recordamos que la deducción fiscal se limita al 1 por 100 del INCN.
A partir del segundo pago fraccionado de 2016, si el INCN supera los 10.000.000€ la entidad deberá ingresar, con carácter general, un 24 por 100 de la base imponible o, bien, el 23 por 100 del resultado contable positivo, si esta última cuantía supera a la anterior.
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Boletines Fiscales, Control de Gestión, Empresa, Fiscalidad/Profesional, Normativa
Gastos contables que no son fiscalmente deducibles
Gastos contables que no son fiscalmente deducibles o tiene limitada su deducibilidad
Los gastos ocasionados por la retribución de fondos propios no son deducibles. Enumeramos algunos de ellos:
Los correspondientes a dividendos en especie, como es el gasto de compras de regalos que se entregan a los socios el día de la Junta de accionistas.
Los gastos financieros derivados de la remuneración a los titulares de acciones sin voto o de acciones rescatables. Esta nueva calificación fiscal es aplicable a partir de 1 de enero de 2015, con independencia de la fecha de emisión de los instrumentos financieros. (Es indiferente, por tanto, que estuvieran reconocidos como pasivo en períodos impositivos iniciados antes de esa fecha).
La remuneración de los préstamos participativos otorgados por entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Su remuneración se considera como un dividendo, aunque se contabilicen como gastos financieros, con derecho, si procede, a la exención para evitar la doble imposición interna o internacional. (No aplicable a préstamos participativos otorgados antes de 20-06-14. Además, no se ven afectados por el límite de los gastos financieros (30 por 100 del Bº operativo). Es decir, estos préstamos participativos no deben ser considerados como deuda a los efectos de dicho límite (DGT V3503-15).)
Si la entidad recibe un préstamo participativo de una persona física, los intereses del mismo serán gastos fiscalmente deducibles porque no provienen de un préstamo otorgado por una entidad del grupo, pero sí podrá limitarse su deducibilidad según el artículo 16 (DGT V2007-15).
Gastos por donativos y liberalidades
No se permite la deducibilidad de estos gastos, pero existen algunos expresamente excluidos de este concepto de liberalidad.
Así ocurre con los gastos por atenciones a clientes y proveedores, aunque se limita el importe del gasto deducible al 1 por 100 del INCN del propio ejercicio en que se contabilizan.
No se considera liberalidad la retribución que cobra un administrador por el desempeño de funciones de alta dirección, como por ejemplo por el cargo de gerente. No es necesario que en los estatutos de la empresa figure la retribución por dichas funciones ejecutivas para que el gasto sea deducible. (Las que no son deducibles son las retribuciones de consejeros y administradores percibidas por el ejercicio del cargo si no está remunerado según Estatutos.)
La retribución que percibe el administrador por una relación laboral común es deducible sin que sea necesario que la misma figure en Estatutos.
Si los miembros del Consejo de Administración incurren en gastos para realizar su labor, tales como gastos de desplazamiento o alojamiento, y estos son abonados por la entidad, serán deducibles cuando la entidad ponga a disposición del miembro del Consejo los medios para asistir a las reuniones del órgano del que forma parte, por ejemplo, satisfaciendo el desplazamiento o el alojamiento o cuando se compense al consejero estrictamente por el gasto en que haya incurrido.
Intereses de demora procedentes de actas de Inspección
Por un lado, la Dirección General de Tributos considera que los intereses de demora tributarios son deducibles, porque contablemente se califican como gastos financieros (Resolución de 4 de abril de 2016) y, por otro lado, determina que estos intereses no encajan como gastos que provienen de una actuación contraria al ordenamiento jurídico porque, para que así fuera, el gasto tiene que ser ilícito, como es por ejemplo un soborno. ( Recordamos que desde 2015 no son deducibles los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. ) Este criterio solo está claro en ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2015.
La Resolución del ICAC de 9 de febrero de 2016 señala que los intereses de demora del ejercicio en curso se contabilizan en la partida de “Gastos financieros”, y que los intereses de ejercicios anteriores se contabilizan mediante cargo a Reservas cuando, habiendo procedido provisionarlos en ejercicios anteriores, no se hubiera hecho. No obstante, si el reconocimiento se realiza por información adicional, mayor experiencia o conocimiento de nuevos hechos, se cargará en cuentas del subgrupo 66 (gastos financieros).
No son deducibles los gastos derivados de deudas con entidades del grupo destinados a adquirir, a otras empresas del grupo, participaciones en fondos propios o a aportar capital a entidades del grupo.
En el resto de los casos, los gastos financieros se limitan al 30 por 100 del beneficio operativo del ejercicio, con un mínimo de 1.000.000€, no existiendo límite temporal para compensar los gastos no deducidos por esta limitación.
Existe una limitación adicional al límite anterior a la deducibilidad de los gastos que se producen cuando se adquieren con apalancamiento participaciones en entidades y, después, la entidad adquirida es objeto de una fusión no acogida al régimen especial, o pasa a formar grupo con la adquirida (son las denominadas operaciones LBO). En este caso opera también como límite el 30 por 100 del beneficio operativo de la entidad que realizó dicha adquisición, sin incluir el beneficio operativo correspondiente a cualquier entidad que se fusione con aquella o que forme grupo fiscal con ella en los 4 años posteriores a la adquisición (si no aplica régimen reestructuración). Asimismo, se aplicará simultáneamente el límite general de la empresa fusionada o del grupo.
Este límite adicional no resulta de aplicación en el período impositivo en que se adquieran las participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades si la adquisición se financia con deuda en un 70 por 100 o menos del precio de adquisición. Tampoco se aplicará en períodos siguientes siempre que el importe de esa deuda se minore, desde el momento de su adquisición, en la parte proporcional que corresponda, en los 8 años siguientes, para que la deuda pueda representar, como máximo, el 30 por 100 del precio de adquisición al final de dicho plazo.
Es importante chequear las siguientes cuentas contables: (661), (662), (664) y (665) para detectar cuáles son los gastos financieros del ejercicio. Pero hay que tener en cuenta que no se incluyen como gasto o ingreso financiero los intereses devengados y no cobrados de un derecho de crédito objeto de deterioro de valor; las diferencias de cambio que se integren en la cuenta de Pérdidas y Ganancias y que deriven de cualquier endeudamiento afectado por aplicación del artículo 20 de la ley; las coberturas financieras vinculadas al endeudamiento; o los resultados, tanto positivos como negativos, que correspondan al partícipe no gestor de las cuentas en participación.
Créditos comerciales y no comerciales
Los gastos derivados de pérdidas por deterioro de créditos de insolvencias contabilizadas solo serán deducibles cuando, a la fecha de devengo del Impuesto, han transcurrido 6 meses desde que venció la obligación, salvo que el deudor se encuentre en alguno de los siguientes casos, pues en estos casos el gasto es deducible:
Declarado en situación de concurso, siendo suficiente con el auto que lo declare.
Procesado por delito de alzamiento de bienes, siendo suficiente que esté simplemente procesado por dicho delito, aunque no haya sentencia judicial firme.
Cuando las obligaciones han sido reclamadas judicialmente o son objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.
Aunque no son deducibles los gastos por insolvencias cuando el deudor es un ente público, sí será deducible cuando el crédito es objeto de un procedimiento arbitral o judicial sobre su existencia o cuantía.
Lo mismo ocurre con los gastos por insolvencias cuando el deudor es un vinculado, el gasto será deducible solo si el deudor vinculado ha entrado en fase de liquidación en el concurso.
Todos los posts publicados sobre el impuesto de sociedades en estos días hacen referencia al ejercicio 2.016
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Limitación cuantitativa a la compensación
Se vuelve a la limitación de la compensación de BIN’s y de la reversión de determinados créditos fiscales al 50% de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización para entidades con INCN, en los 12 meses anteriores al inicio del período impositivo, de al menos 20 millones de euros. El límite será del 25% si el INCN fue de 60 millones de euros o más. Sigue vigente el importe mínimo de compensación de 1 millón de euros.
Las entidades con INCN menor de 20 millones de euros seguirán aplicando en 2016 el límite del 60% y el mínimo del millón de euros. En 2017, si la norma no cambia, estos contribuyentes aplicarán el 70%.
Limitación a la compensación de bases negativas cuando se adquieren entidades
Aunque la propia sociedad que genera la base imponible negativa es la que tiene derecho a la compensación, salvo casos de reestructuración empresarial o consolidación fiscal, hay que tener presente una serie de cautelas que impiden tal compensación.
No se pueden compensar cuando la entidad que tiene las bases imponibles negativas es adquirida por persona/as vinculada/as que, teniendo menos del 25 por 100 de titularidad en el ejercicio en que se generó la base negativa, adquieren, con posterioridad, una participación que les otorga, al menos, el 50 por 100 del capital y, además, concurre alguna de las siguientes circunstancias:
La entidad hubiera estado inactiva dentro de los 3 meses antes de la adquisición.
La actividad económica en los 2 años siguientes a la adquisición sea diferente de la realizada con anterioridad (según CNAE) y la cifra de negocios sea superior al 50 por 100 del INCN de los 2 años anteriores.
Se trate de una sociedad patrimonial.
Se haya dado de baja en el índice de entidades por no presentar, durante 3 períodos impositivos consecutivos, la declaración del Impuesto sobre Sociedades.
Si la sociedad es de nueva creación y aplica el tipo del 15 por 100, puede ser interesante no compensar las bases imponibles negativas en los dos primeros años que obtenga bases positivas y aplazar dicha compensación a partir del tercer año, que es cuando comienza a tributar al tipo general, en lugar de hacerlo al reducido.
Si el período impositivo es inferior al año, el importe de la base imponible negativa que puede ser compensada es el resultado de multiplicar 1.000.000€ por la proporción existente entre la duración del periodo impositivo con respecto al año entero.
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Hay que verificar si las amortizaciones contables coinciden con las fiscales. De no ser así habrá que realizar ajustes extracontables para adaptar el gasto contable al fiscal.
Adquisición de elementos de escaso valor
Chequee los elementos patrimoniales nuevos que ha adquirido durante el ejercicio y, si el precio de adquisición unitario de los mismos no excede de 300€ y la suma en conjunto de 25.000€, podrá aplicar la libertad de amortización por cada uno de ellos.
Adquisición de elementos usados
Si en su balance tiene algún elemento patrimonial usado podrá amortizarlo aplicando el porcentaje máximo de tablas que le corresponda multiplicado por 2. Dicho porcentaje se aplicará sobre el precio de adquisición o, si no conoce el precio de adquisición originario sobre el resultante de una peritación. No se consideran usados los edificios con antigüedad menor de 10 años a estos afectos.
No es aplicable el método de amortización para bienes usados si se adquieren a entidad del grupo mercantil.
Regla especial de amortización 2013 y 2014
Hay que tener en cuenta que en 2016 sigue revertiendo el 30 por 100 del gasto por amortización que no fue fiscalmente deducible en los años 2013 y 2014. Las empresas que vieron limitado este gasto son las que no tenían la condición de empresas de reducida dimensión en 2013 y 2014.
A partir de 2015 se recupera el gasto no deducido de forma lineal en 10 años siguientes, salvo que hubiera optado por recuperarlo durante la vida útil restante del elemento patrimonial. Si se vendiera el activo se recuperaría vía ajuste negativo en el ejercicio de la transmisión.
Activos adquiridos en 2003 y 2004
Detecte si la empresa aún mantiene activos que fueron adquiridos entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2004. Si es así y aún se amortizan, los coeficientes lineales máximos se multiplican por 1,1.
Libertad de amortización Se permite aplicar libertad de amortización a:
Los elementos de inmovilizado material e intangible, excluidos edificios, afectos a I+D. Los edificios afectos a I+D se amortizan linealmente en 10 años.
Los gastos de Investigación y Desarrollo (I+D) activados como inmovilizado intangible (salvo amortización de elementos que aplican libertad de amortización).
Los elementos del inmovilizado material nuevos cuyo precio de adquisición no exceda de 300€, con límite anual de 25.000€.
Los activos mineros.
A la hora de aplicar la libertad de amortización se tendrá en cuenta siempre la amortización contabilizada como amortización fiscal mínima. No es posible, por lo tanto, en virtud de una libertad de amortización hacer un ajuste extracontable negativo por la totalidad de la inversión (DGT V2016-12).
Aunque a partir de 2016 el fondo de comercio se amortiza en un plazo de 10 años (10 por 100), desde el punto de vista fiscal solo se permite una deducción máxima anual del 5 por 100 (20 años). Esta diferencia tiene la consecuencia de tener que realizar en la base imponible un ajuste positivo por la diferencia entre la amortización contable y la fiscal.
Ya no es posible deducir el fondo de comercio que surge como consecuencia de una fusión, al quedar exento el beneficio obtenido en la transmisión de participaciones. Recordamos que antes de 2015 no se aplicaba la deducción para evitar la doble imposición a la parte del beneficio que correspondía a la plusvalía tácita.
Tampoco es necesario dotar una reserva indisponible por el importe del valor del fondo de comercio. Este último requisito ha sido eliminado tanto en la norma del Impuesto sobre Sociedades como en la normativa mercantil.
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Exenciones relativas a las exportaciones
Se ofrece la posibilidad de establecer un sistema electrónico para realizar una mejor gestión de las devoluciones a los viajeros. Para ello el vendedor deberá expedir la factura y, además, un documento electrónico de reembolso que estará disponible en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Dicho documento deberá contener la identidad, fecha de nacimiento y número de pasaporte del viajero.
El viajero podrá acreditar la salida de los bienes en la aduana de exportación como hasta ahora con el visado en la factura o también por el documento electrónico de reembolso. Posteriormente las entidades colaboradoras remitirán las facturas o bien los documentos electrónicos de reembolso a los proveedores, quienes estarán obligados a efectuar el reembolso.
Se amplía el plazo para presentar las declaraciones-liquidaciones que podrá realizarse durante los 30 días naturales del mes siguiente al correspondiente periodo de liquidación mensual (antes en los primeros 20 días del mes siguiente).
La declaración-liquidación mensual correspondiente al mes de enero se podrá presentar hasta el último día del mes de febrero.
Los sujetos pasivos del impuesto con período de liquidación mensual deberán llevar los libros registro a través de la sede electrónica de la AEAT.[1]
Los sujetos pasivos no obligados a presentar declaración mensual podrán optar por llevar los libros registro a través de la Sede electrónica de la AEAT.
Los sujetos pasivos titulares de diversos establecimientos en el territorio de aplicación del Impuesto (TAI) llevarán unos únicos libros registro en los que se anotarán las operaciones de todos los establecimientos situados en el TAI.
El suministro electrónico de los registros de facturación se realizará a través de la Sede electrónica de la AEAT mediante un servicio web o, en su caso, a través de un formulario electrónico.
Los sujetos pasivos que apliquen el SII llevarán el libro registro de facturas expedidas a través de la Sede electrónica de la AEAT mediante el suministro electrónico de los registros de facturación.
En el libro registro de facturas expedidas se inscribirán una a una las facturas expedidas con la opción de consignar, como hasta ahora, el tipo impositivo o, como novedad, se podrá optar por poner la expresión de” IVA incluido”.
Los sujetos pasivos que apliquen el SII deberán incluir la siguiente información específica (excede a las que contenían los libros y a la de las propias facturas):
Tipo de factura expedida, indicando si se trata de una factura completa o, simplificada.[2]
Identificación, en su caso, de si se trata de una rectificación registral.
En el caso de facturas rectificativas se deberán identificar como tales e incluirán la referencia a la factura rectificada o, en su caso, las especificaciones que se modifican.
En el caso de facturas que se expidan en sustitución o canje de facturas simplificadas expedidas con anterioridad, se incluirá la referencia de la factura que se sustituye o de la que se canjea o, en su caso, las especificaciones que se sustituyen o canjean.
Las menciones específicas establecidas para los sujetos pasivos que realicen operaciones del régimen especial de oro de inversión, de grupo de entidades, los preceptos en que se basan las exenciones, o, en su caso, las inversiones del sujeto pasivo, del régimen especial del criterio de caja, así como otras específicas reguladas en el Reglamento de facturación.
Periodo de liquidación de las operaciones que se registran a que se refieren las facturas expedidas.
Indicación de que la operación no se encuentra, en su caso, sujeta al IVA.
En el caso de que la factura haya sido expedida en virtud de una autorización en materia de facturación, se incluirá la referencia a la autorización concedida.[3]
Respecto a los asientos resúmenes que sustituyen a la anotación individualizada de las facturas se suprime el requisito de que en las operaciones documentadas en ellas les sea aplicable el mismo tipo impositivo. Se pueden hacer como hasta ahora, pero separando las bases correspondientes a cada tipo impositivo.
Los sujetos pasivos que aplican el SII deberán llevar el libro registro de facturas recibidas a través de la Sede electrónica de la AEAT mediante el suministro electrónico de los registros de facturación que deberán incluir la siguiente información específica (que excede a la de los libros en la actualidad):
Número y, en su caso, serie que figure en la factura, que sustituirá al número de recepción utilizado por quienes no lleven los libros a través de la Sede electrónica.
Las menciones a que se refieren las operaciones intragrupo así como otras específicas reguladas en el Reglamento de facturación.
Cuota tributaria deducible correspondiente al periodo de liquidación en que se realiza la anotación.
En el supuesto de operaciones de importación, se consignará la fecha de contabilización de la operación y el número del correspondiente documento aduanero.[4]
Anotación individualizada de las facturas: se autoriza la anotación de una factura en varios asientos correlativos cuando incluyan operaciones que tributen a distintos tipos.
Respecto a los asientos resúmenes que sustituyen a la anotación individualizada de las facturas, se puede hacer como hasta ahora, pero separando las bases correspondientes a cada tipo impositivo.
Los sujetos pasivos que presenten las declaraciones-liquidaciones con carácter mensual llevarán este libro de bienes de inversión a través de la Sede electrónica de la AEAT mediante el suministro electrónico de los registros de facturación, debiendo remitirse la totalidad de los registros dentro del plazo de presentación correspondiente al último periodo de liquidación de cada año natural.
No obstante, si dichos sujetos pasivos causaran baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, deberán suministrar la totalidad de los registros dentro del plazo de presentación correspondiente a la última declaración-liquidación del Impuesto que tengan la obligación de presentar, salvo en los supuestos de baja de oficio en que el plazo de presentación será el correspondiente al último periodo de liquidación de cada año natural.
Los sujetos pasivos que presenten las declaraciones-liquidaciones con carácter mensual, llevarán este libro a través de la Sede electrónica de la AEAT, mediante el suministro electrónico de la información del detalle de cada una de las operaciones que se deben anotar en el mismo.
Contenido de los documentos registrales
Como sabemos, los Libros Registros deben permitir determinar con precisión en cada período de liquidación el importe total del IVA repercutido y el importe total del IVA soportado, siendo novedad que se deba consignar también la cuota tributaria deducible.
Opción por la llevanza electrónica de los libros registros
Los sujetos pasivos que no estén obligados a llevar libros registros electrónicamente y quieran hacerlo, deberán ejercer la opción durante el mes de noviembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto mediante la presentación de la correspondiente declaración censal. No obstante, quienes hubieran iniciado la realización de actividades empresariales o profesionales en el año natural en curso, podrán optar por este sistema de llevanza de los libros registro al tiempo de presentar la declaración de comienzo de la actividad, surtiendo efecto dicha opción en el año. La opción se entenderá prorrogada para los años siguientes en tanto no se produzca la renuncia a la misma.
Quienes opten por este sistema deberán cumplir con el suministro de los registros de facturación durante al menos el año natural para el que se ejercita la opción.
La renuncia a la opción deberá ejercitarse mediante la correspondiente declaración censal y se deberá formular en el mes de noviembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto.
Los sujetos pasivos inscritos en el registro de devolución mensual que queden excluidos del mismo, quedarán asimismo excluidos de la obligación de llevar los libros registro a través de la Sede electrónica de la AEAT, con efectos desde el primer día del período de liquidación en el que se haya notificado el respectivo acuerdo de exclusión.
El cese en la aplicación del régimen especial del grupo de entidades determinará, con efectos desde que se produzca aquel, el cese de la obligación de llevar los libros registro a través de la Sede electrónica de la AEAT.
Lo establecido en los dos párrafos anteriores no será de aplicación cuando se trate de empresarios o profesionales cuyo periodo de liquidación siga siendo mensual.[5]
Los sujetos pasivos que lleven los libros a través de la Sede electrónica deberán suministrar los registros de facturación en los siguientes plazos:
La información correspondiente a las facturas expedidas, en el plazo de 4 días naturales desde la expedición de la factura, salvo que se trate de facturas expedidas por el destinatario o por un tercero, en cuyo caso dicho plazo será de 8 días naturales. En ambos supuestos el suministro deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se hubiera producido el devengo del Impuesto correspondiente a la operación que debe registrarse. Se excluirán los sábados, los domingos y los declarados festivos nacionales.
La información correspondiente a las facturas recibidas, en un plazo de 4 días naturales desde la fecha en que se produzca el registro contable de la factura y, en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al periodo de liquidación en que se hayan incluido las operaciones correspondientes. se excluirán los sábados, los domingos y los declarados festivos nacionales.
En el caso operaciones de importación, los 4 días naturales se deberán computar desde que se produzca el registro contable del documento en el que conste la cuota liquidada por las aduanas y, en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al final del periodo al que se refiera la declaración en la que se hayan incluido. Se excluirán los sábados, los domingos y los declarados festivos nacionales.
La información de las operaciones intracomunitarias, en un plazo de 4 días naturales desde el momento de inicio de la expedición o transporte o, en su caso, desde el momento de la recepción de los bienes a que se refieren. Se excluirán los sábados, los domingos y los declarados festivos nacionales.
El suministro de la información correspondiente a las operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja deberá realizarse en los plazos establecidos en los apartados anteriores, como si a dichas operaciones no les hubiera sido de aplicación dicho régimen especial, sin perjuicio de los datos que deban suministrarse en el momento en que se efectúen los cobros o pagos totales o parciales de las operaciones.
En el caso de rectificaciones registrales el suministro de los registros de facturación que recojan tales rectificaciones deberá hacerse antes del día 16 del mes siguiente al final del periodo al que se refiera la declaración en la que deban tenerse en cuenta.
Cuando se trate de bienes de inversión, la única novedad es que las rectificaciones deben de identificarse como tales.
Período de liquidación mensual
Las declaraciones-liquidaciones de los sujetos pasivos que apliquen el SII deberán presentarse durante los 30 primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente período de liquidación mensual, o hasta el último día del mes de febrero en el caso de la declaración-liquidación correspondiente al mes de enero.
Real Decreto 669/1986, de 21 de marzo, por el que se precisa el alcance de la sustitución de determinados impuestos por el Impuesto sobre el Valor Añadido, en aplicación de convenios con los Estados Unidos de América
Se actualiza este Real Decreto para adaptarse a las normativas posteriores que han superado la regulación de dicho Real Decreto.
Límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca para el ejercicio 2017.
En consonancia con la disposición transitoria decimotercera de la ley, para el ejercicio 2017, la magnitud de 150.000€ de ingresos del año anterior a partir de la cual se excluye al sujeto pasivo de la tributación tanto por el régimen simplificado como por el especial de la agricultura, ganadería y pesca, se fija en 250.000€.
Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores La declaración del alta en el Censo servirá para optar por la llevanza de los libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT.
La declaración del alta en el Censo servirá para comunicar la opción por el cumplimiento de la obligación de expedir factura por los destinatarios de las operaciones o por terceros en el caso de los sujetos pasivos que apliquen el SII.
Declaración de modificación en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores
La declaración de modificación servirá para optar por la llevanza de los libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT y para revocar dicha opción.
La declaración de modificación servirá para comunicar la opción del cumplimiento de la obligación de expedir factura por los destinatarios de las operaciones o por terceros, en el caso de los sujetos pasivos que apliquen el SII.
Personas o entidades excluidas de la obligación de presentar declaración anual de operaciones con terceras personas -modelo 347-
No están obligados a presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas los sujetos pasivos que apliquen el SII.
Dilaciones por causa no imputable a la Administración Se añade una nueva causa de dilación en el procedimiento que no es imputable a la Administración tributaria:
El incumplimiento de la obligación de llevanza de los libros registro de IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT por los sujetos pasivos que aplican el SII.
La dilación se computará desde el inicio de un procedimiento en el que pueda surtir efectos, hasta la fecha de su presentación o registro.
Los sujetos pasivos que apliquen el SII, que hayan optado por el cumplimiento de la obligación de expedir factura por los destinatarios de las operaciones o por terceros, deberán presentar una declaración censal comunicando dicha opción, la fecha a partir de la cual la ejercen y, en su caso, la renuncia a la misma y la fecha de efecto.
La obligación de remisión de las facturas deberá cumplirse en el mismo momento de su expedición o bien, cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal, antes del día 16 del mes siguiente (hasta ahora en el plazo de un mes desde la fecha de expedición) a aquél en que se haya producido el devengo del Impuesto correspondiente a la citada operación o en el caso de las operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se hubiera realizado la misma.
Facturación de determinadas entregas de energía eléctrica
El Reglamento (UE) 2015/1222, de la Comisión, de 24 de julio de 2015 por el que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión de las congestiones (DOUE L 197 de 25 de julio) define diferentes aspectos que afectan a la regulación del mercado de producción de energía eléctrica y a determinados sujetos. Así, define a los denominados «operadores designados para el mercado de electricidad» (NEMOs) y establece que éstos deberán actuar como contraparte de las transacciones de los mercados diario e intradiario. La obligada adaptación a dicha normativa ha determinado la necesidad de modificar la disposición adicional tercera del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
Obligación de remitir los registros de facturación correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de junio de 2017.
Los sujetos pasivos que presenten las declaraciones-liquidaciones con carácter mensual estarán obligadas a remitir los registros de facturación correspondientes al primer semestre de 2017 durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017.
Opción por la llevanza electrónica de los libros registro para el ejercicio 2017.
La opción de aplicar el nuevo sistema de llevanza de libros registros desde el 1 de julio de 2017, se deberá realizar durante el mes de junio de 2017.
Exoneración de la presentación de la declaración informativa -modelo 340-
La exoneración de presentar la declaración informativa sobre los libros registro del IVA, modelo 340, afectará a las declaraciones relativas a la información a suministrar a partir del periodo correspondiente a julio de 2017 para los sujetos pasivos que apliquen el SII.
Comunicación del cumplimiento de la obligación de expedir factura por los destinatarios de las operaciones o por terceros.
La comunicación del cumplimiento de la obligación de expedir factura por los destinatarios de las operaciones o por terceros que surta efecto a partir de 1 de julio de 2017, se podrá realizar a partir del mes de junio de 2017.
Plazos para la remisión electrónica de los registros de facturación durante el año 2017
El plazo de 4 días naturales para la remisión electrónica del suministro de los registros de facturación, queda fijado en 8 días naturales para:
Las facturas expedidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2017.
Las facturas recibidas y los documentos en los que consten las cuotas liquidadas por las aduanas cuyo registro contable se realice desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2017.
Los correspondientes a operaciones intracomunitarias cuyo inicio de la expedición o transporte, o, en su caso, el momento de la recepción de los bienes a que se refieren, se produzca desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2017.
Con carácter general todo lo regulado entra en vigor el día 1 de julio de 2017, salvo los siguientes casos:
El día 7 de diciembre de 2017:
Las modificaciones relativas a los convenios con los Estados Unidos de América.
La opción por aplicar el SII.
La consideración de la dilación indebida de la falta de llevanza de los registros electrónicos.
El 1 de enero de 2017:
Las modificaciones relativas a las entregas en régimen de viajeros.
El nuevo límite de 250.000€ para aplicar el régimen simplificado y el especial de la agricultura, ganadería y pesca.
[1] Aquéllos cuyo volumen de operaciones hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04€.
Los inscritos en el Registro de devolución mensual (REDEME).
Los que apliquen el régimen especial de grupo de entidades.
[2] Los campos de registro electrónico que se aprueben por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública podrán exigir que se incluyan otras especificaciones que sirvan para identificar determinadas facturas, como el caso de las facturas expedidas por terceros, así como la identificación de aquellos recibos y otros documentos de uso en el ejercicio de la actividad empresarial o profesional.
[3] El Ministro de Hacienda y Función Pública podrá mediante Orden ministerial determinar que, junto a lo anterior, se incluya aquella otra información con transcendencia tributaria a que se refieren los artículos 33 a 36 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
[4] El Ministro de Hacienda y Función Pública podrá mediante Orden ministerial determinar que junto a lo anterior se incluya aquella otra información con transcendencia tributaria a que se refieren los artículos 33 a 36 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
[5] Aquéllos que hubiesen efectuado la adquisición de la totalidad o pate de un patrimonio empresarial o profesional cuando la suma de su volumen de operaciones del año natural inmediato anterior y la del volumen de operaciones que hubiese efectuado en el mismo periodo el transmitente de dicho patrimonio mediante la utilización del patrimonio transmitido hubiese excedido de 6.010.121,04€.
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