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Timestamp: 2018-11-20 20:25:43+00:00

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DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LAS COOPERATIVAS.
De conformidad con el mandato contenido en el artículo 129.2 de la Constitución Española, el Estado reconoce como tarea de interés público la promoción, estimulo y desarrollo de las sociedades cooperativas y de sus estructuras de integración económica y representativa, cuya libertad y autonomía garantiza.
El Gobierno actuará en el orden cooperativo, con carácter general, a través del Ministerio de trabajo y seguridad social, al que dotará de los recursos y servicios necesarios para el cumplimiento de sus funciones de promoción, difusión, formación, inspección y registral, sin perjuicio de las facultades de los otros departamentos ministeriales en función de la actividad empresarial que desarrollen las cooperativas para el cumplimiento de su objeto social.
1. Cuando en una cooperativa concurran circunstancias que pongan en peligro intereses de terceros o de los socios, la administración pública podrá acordar las siguientes medidas:
La designación de uno o mas funcionarios con la facultad de establecer el orden del día de la Asamblea General, convocarla y presidirla, a fin de que pueda adoptar los pertinentes acuerdos.
La intervención temporal de la cooperativa por los funcionarios que se designen, sin cuya aprobación los acuerdos adoptados y las decisiones tomadas por los órganos rectores de la cooperativa, no tendrán validez y serán nulos de pleno derecho.
La suspensión temporal de la actuación de los órganos sociales de la cooperativa, nombrando uno o varios administradores provisionales que asumirán las funciones de aquellos.
2. Para la adopción de las medidas señaladas en el numero anterior, será preciso el previo informe del Consejo Superior del Cooperativismo que deberá emitirlo en un plazo de diez días, teniéndose por evacuado transcurrido dicho plazo.
La adopción de la medida a que se refiere el apartado a del numero anterior, será competencia del Ministro de trabajo y seguridad social.
Corresponderá al consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de trabajo y seguridad social, el acuerdo de adoptar las medidas señaladas en los apartados b y c, que será ejecutivo desde el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado .
1. La función inspectora sobre el cumplimiento de la legislación cooperativa, se ejercerá por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la inspección de trabajo y seguridad social, sin perjuicio de las funciones inspectoras que correspondan a los distintos departamentos ministeriales en razón a la legislación especifica aplicable.
2. Las sociedades cooperativas son sujetos responsables de las acciones y omisiones contrarias a esta Ley y a los estatutos de la cooperativa, así como los miembros del Consejo Rector, los interventores y los liquidadores en cuanto que les sean personalmente imputables.
No acreditar las aportaciones al capital social en títulos o libretas de participación nominativos.
Carecer o no llevar al día los libros sociales enumerados en el numero 1 del artículo 90.
No llevar al día los libros de contabilidad obligatorios, por tiempo superior a seis meses, contados desde el ultimo asiento practicado.
No formular por escrito, en el plazo legalmente establecido, el interventor o interventores, su informe sobre las cuentas anuales.
No renovar o cubrir los cargos de los órganos sociales cuando corresponda por imperativo legal o estatutario.
Incumplir las normas establecidas sobre participación del personal asalariado de la cooperativa en el Consejo Rector o en los excedentes disponibles.
Fijar, abonar o acreditar por las aportaciones al capital social un tipo de interés superior al establecido legalmente como máximo o, en su caso, inferior al establecido legalmente como mínimo.
Acreditar retornos cooperativos a quien no tenga la condición de socio, o por causas distintas a las operaciones, servicios o actividades cooperativizadas realizadas por el socio.
No imputar las perdidas del ejercicio económico o imputarlas vulnerando las normas establecidas en la Ley, los estatutos o los acuerdos de la Asamblea General.
No destinar o dotar al fondo de reserva obligatorio o al de educación y promoción, en los supuestos y por el importe que establecen la Ley, los estatutos o los acuerdos de la Asamblea General.
La transgresión de los derechos de los socios o, en su caso, de los asociados, en materia de información; como elector y elegible para los cargos de los órganos sociales; a participar, por si o por delegación, con voz y voto en la Asamblea General; a participar en la actividad empresarial que desarrolla la cooperativa para el cumplimiento de su fin social, sin ninguna discriminación y demás derechos que resulten de la presente Ley.
No someter las cuentas anuales a auditoria externa, realizada conforme a las normas legales, en los supuestos en que lo establezcan la Ley, los estatutos, los acuerde la Asamblea General o lo solicite el 15 por 100 de los socios de la cooperativa.
Repartir entre los socios los fondos de reserva o, en el supuesto de liquidación de la cooperativa, el activo sobrante.
3. Las infracciones leves, graves y muy graves, se graduarán a efectos de su correspondiente sanción, en grado mínimo, grado medio y grado máximo, atendiendo al numero de socios afectados, repercusión social, malicia o falsedad y capacidad económica de la cooperativa:
Las faltas leves se sancionarán con multa, en su grado mínimo, de 5.000 a 10.000 pesetas; en su grado medio, de 10.001 a 25.000 pesetas; y, en su grado máximo, de 25.001 a 50.000 pesetas.
Las faltas graves se sancionarán con multa, en su grado mínimo, de 50.001 a 75.000 pesetas; en su grado medio, de 75.001 a 150.000 pesetas; y, en su grado máximo, de 150.001 a 250.000 pesetas.
Las faltas muy graves se sancionarán con multa, en su grado mínimo, de 250.001 a 500.000 pesetas; en su grado medio, de 500.001 a 1.000.000 de pesetas; y, en su grado máximo, de 1.000.001 a 5.000.000 de pesetas.
4. No obstante lo dispuesto en los números anteriores, cuando las circunstancias del caso lo aconsejen en atención al volumen económico de la cooperativa, incidencia social de la misma, así como el numero y condición de sus socios, podrá imponerse la sanción correspondiente a la calificación de la infracción inmediata inferior.
5. La persistencia en una infracción, cuando haya sido previamente objeto de expediente sancionador cuya resolución haya causado Estado en vía administrativa, constituirá una nueva infracción sancionable.
6. Las infracciones se sancionarán con multa, a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hasta un millón de pesetas y por el consejo de Ministros, a propuesta del de trabajo y seguridad social, hasta cinco millones de pesetas.
7. La tramitación de los expedientes sancionadores se desarrollará con arreglo al procedimiento administrativo especial de imposición de sanciones por infracción de leyes sociales y para la liquidación de cuotas de la seguridad social, si bien para la resolución del expediente sancionador por infracciones muy graves será preceptivo el previo informe del Consejo Superior del Cooperativismo, que lo emitirá en el termino de cuarenta días, teniéndose por evacuado si no lo hubiese emitido en dicho plazo.
1. Podrá ser causa de descalificación de una sociedad cooperativa:
Las señaladas en el artículo 103, sobre causas de disolución, a excepción de las previstas en los números 1, 8 y 10.
Comisión de infracciones graves de normas imperativas o prohibitivas de la presente Ley.
2. El procedimiento para la descalificación se ajustará a la Ley de procedimiento administrativo, con las siguientes particularidades:
Deberá informar preceptivamente la inspección de trabajo y seguridad social, así como el Consejo Superior del Cooperativismo, y si no se hubiesen emitido los informes en el plazo de treinta días, se tendrán por evacuados.
En el tramite de audiencia a la sociedad, se personará el Consejo Rector o, en su defecto, un numero de socios no inferior a tres. Cuando no se produjese o no fuese posible dicha comparecencia, el tramite se cumplirá publicando el correspondiente aviso en el Boletín Oficial de la provincia o de la Comunidad Autónoma del domicilio social de aquella.
La resolución administrativa de descalificación será revisable en vía judicial y, si se recurriera, no será ejecutiva mientras no recaiga sentencia firme.
Será competente para acordar la descalificación el Ministro de trabajo y seguridad social.
1. Las Cooperativas de Consumidores y Usuarios, además de la condición de mayoristas, prevista en el artículo 155, por lo que les serán de aplicación los precios o tarifas correspondientes, tendrán también, a todos los efectos, la condición de consumidores directos para abastecerse o suministrarse de terceros de productos o servicios que les sean necesarios para sus actividades.
2. Se considerarán, a todos los efectos, actividades cooperativas internas y tendrán el carácter de operaciones de transformación primaria las que realicen las Cooperativas Agrarias y las cooperativas de segundo o ulterior grado que las agrupen, con productos o materias, incluso suministradas por terceros, siempre que estén destinadas exclusivamente a las explotaciones de sus socios.
3. Las Cooperativas de Trabajo Asociado y las de segundo o ulterior grado que las agrupen, gozarán de prioridad en caso de empate en los concursos y subastas para los contratos de obras o servicios del Estado y de los demás entes públicos.
4. Las Cooperativas de Viviendas tendrán derecho a la adquisición de terrenos de gestión pública por el sistema de adjudicación directa, para el cumplimiento de sus fines específicos.
5. Las cooperativas que concentren sus empresas por fusión o por constitución de otras cooperativas de segundo o ulterior grado, así como mediante uniones temporales, disfrutarán de todos los beneficios otorgados en la legislación sobre agrupación y concentración de empresas.
1. Las cooperativas designarán libremente el notario autorizante en todos los actos y contratos en que sean parte. Se exceptúan únicamente los actos y contratos en que intervengan también personas u organismos sujetos a turno de reparto.
2. Los aranceles notariales, en los casos en que la escritura pública o cualquier otro instrumento público notarial venga impuesto por la legislación cooperativa, tendrán una reducción igual a la que se le concede al Estado.

References: artículo 129
 artículo 90
 resolución 
 resolución 
 artículo 103
 resolución 
 artículo 155