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Timestamp: 2018-09-22 00:18:54+00:00

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﻿ Sentencia 2004-08387 de 8 de abril de 2010
SENTENCIA 2004-08387 DE 08 DE ABRIL DE 2010
CONTENIDO:PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS. EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL EN COLOMBIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADO PÚBLICO, PRESTACIONES SOCIALES DEL SERVIDOR PÚBLICO, PRESTACIONES SOCIALES ESPECIALES, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PRIMA DE SERVICIOS
Sentencia 2004-08387 de 8 de abril de 2010
Exp.: 25000232500020040838701
Número interno: 0115-08
Actor: Manuel Antonio Saray Gutiérrez
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2007, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda instaurada por Manuel Antonio Saray Gutiérrez contra La Nación - Fiscalía General de la Nación.
Problema jurídico. Corresponde determinar en esta providencia si debió la Fiscalía General de la Nación liquidar de nuevo el auxilio de cesantías y demás prestaciones reconocidas al demandante, para incluir en el cómputo como base liquidatoria el 30% que a título de prima especial de servicios percibió el demandante desde el año 1992.
Cuestión previa. Se examinará, en primer término, la necesidad de agotar la vía gubernativa, en lo que concierne a cada uno de los actos mediante los cuales se liquidaron anualmente las cesantías que fueron reconocidas al demandante.
Como muestra la demanda, el demandante dice tener derecho a que la “prima especial” sea tomada como factor para incrementar el cómputo de las cesantías a que tiene derecho porque, según su apreciación, la invalidación de los decretos que la excluían como factor salarial, ahora le otorga ese carácter de que antes carecía y, por tanto, debe tener incidencia en el cálculo no sólo de las cesantías, sino de las demás prestaciones sociales.
No era menester ni posible exigir al demandante el agotamiento de la vía gubernativa para cada uno de los actos mediante los cuales se liquidaron anualmente las cesantías, pues no podía anticiparse el interesado a la nulidad de las reglas que por entonces limitaban su derecho, pues mientras ellas no fueran excluidas del ordenamiento conservaban la presunción de legalidad. Si tiempo después, la jurisdicción contenciosa administrativa anuló la norma que excluía la prima especial de servicios como componente del salario, a partir de ahí se generó la expectativa legítima del ciudadano a exigir que se rehiciera la liquidación.
2. Los hechos probados. Como premisas fácticas constitutivas del reclamo propuesto por el señor Manuel Antonio Saray Gutiérrez, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
— Obra el escrito contentivo del derecho de petición de 11 de mayo de 2004, elevado por el demandante ante la Fiscalía General de la Nación, por medio del cual solicitó la reliquidación de sus prestaciones sociales teniendo en cuenta el 30 % de prima especial (fls. 8, 9, 96 y 97, cdno. ppal.).
— Mediante Resolución 8498 (fl. 10), de 16 de junio de 2004, la entidad demandada respondió el derecho de petición arriba citado, en la contestación solo admitió la posibilidad de cubrir el año 1999, negó los demás reclamos del actor, y nada dijo de los recursos posibles contra ese acto.
— Se allegó certificación expedida por la tesorera de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía de Cundinamarca, en la cual constan los pagos realizados por nómina al Dr. Manuel Antonio Saray Gutiérrez, entre 1993 y 2004 (fls. 68 a 78, cdno. único).
No se configura la prescripción trienal de que trata el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, porque la primera sentencia que decretó la nulidad de la expresión “sin carácter salarial” contenida en el Decreto 50 de 1998, fue emitida el 14 de febrero de 2002, al paso que la primera petición de la demandante fue hecha el 11 de mayo de 2004 (fl. 8), de lo cual se sigue que no pasaron los tres años que se toman para la prescripción. Como se aprecia, el primer límite de la prescripción, está en el momento en que la sentencia retiró del ordenamiento la norma que impedía el ejercicio del derecho a que el 30% se tomara como salario. Es notorio entonces que no puede correr la prescripción contra quien no sabe que tiene un derecho o si este no ha nacido. Y justamente es lo que acontece en este caso, pues la existencia del derecho a que se liquiden las cesantías y prestaciones, con inclusión de la prima especial como factor salarial, emerge de la sentencia que declaró nula la exclusión de dicho factor, y si la sentencia se dictó el 14 de febrero de 2002, gozaba la parte demandante de tres años para formular su reclamación, la que hizo oportunamente el 11 de mayo de 2004.
Tampoco se configura la caducidad porque la demanda fue presentada dentro de los 4 meses siguientes a cuando hubo el silencio administrativo por ausencia de respuesta a la petición hecha por la parte demandante.
La Ley 4ª de 1992 señaló los criterios que en lo sucesivo debía observar el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos; así, estableció en el artículo 14 la posibilidad de crear una prima especial, sin carácter salarial, no inferior al 30%, ni superior al 60% del salario básico devengado por los fiscales delegados ante el Tribunal Nacional y el Tribunal de Distrito; los jueces regionales y de circuito; el secretario general, los directores regionales y seccionales; los jefes de oficina, División y Unidad de Policía Judicial; el fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia y el fiscal delegado ante los jueces municipales y promiscuos.
‘Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del Distrito Capital y los niveles directivo y asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
‘PAR.—Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad".
“La prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, para los funcionarios allí mencionados y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí consagrada, que se jubilen en el futuro, o que teniendo reconocida la pensión de jubilación aún se encuentren vinculados al servicio harán parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecidas por la ley”.
“Aclárase el artículo 1º de la Ley 332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión a la Ley 4 de 1992, no se refiere a los fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la de servicios a que se refiere el artículo 6º del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan o lo adicionan, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación”.
Al desaparecer del concierto jurídico el artículo 7º del Decreto 38 de 1999 que otorgó al 30% del salario básico mensual de esos funcionarios el carácter de prima especial de servicios, sólo subsiste el artículo 4º del citado decreto mediante el cual, se insiste, se fijó la escala salarial de los citados servidores públicos, sin que se hiciera precisión en él acerca de que determinado porcentaje de dicha remuneración ostentara la connotación de prima especial de servicios.
“...Debe añadirse, con el propósito de rectificar parte de la jurisprudencia contenida en el fallo de fecha 14 de febrero de 2002, del expediente 197 de 1999, que al decretarse la nulidad deprecada por el actor respecto de la referida prima especial sin carácter salarial a que se contrae el artículo 8º del Decreto 2743 del 27 de diciembre de 2000, se reduce el ingreso mensual de los funcionarios a que esta norma se refiere en un 30%, pues este porcentaje en que consiste la prima establecida constituye un sobresueldo que contraviene, como ya quedó explicado, el mandato del artículo 14 de la Ley 4 de 1992. A esta conclusión se llega luego de examinarse la propuesta hecha en tal sentido por la H. Conjuez que intervino en el debate del presente asunto.
“...Se declarará la nulidad sólo de los artículos 7º del Decreto 50 de 1998 y 8º del Decreto 2729 de 2001, en cuanto que respecto de las restantes normas acusadas debe estarse a lo resuelto en las sentencias de fecha 15 de julio de 2004 (Exp. 11001-03-25-000-2002-0178-01 (3531-02) y 3 de marzo de 2005 (Exp. 11001-03-25-000-1997-17021-01 (17021), advirtiendo que, como consecuencia de tal declaración, los servidores públicos enlistados en tales disposiciones que habían optado por el régimen se salarios de la Fiscalía General de la Nación con efectos fiscales a partir del primero (1º) de enero de 1993, para efectos de liquidación de las prestaciones sociales a que haya lugar, no eran los destinatarios de la referida prima especial sin carácter salarial.
“Se advierte igualmente que como consecuencia de la declaración de nulidad de las disposiciones aquí atacadas, no se les reducen sus ingresos mensuales, en razón a que tales normas no habían establecido un “sobresueldo”, como se expresó en la sentencia de 14 de abril de 2004 dictada en el proceso 712-02, actor: Everardo Venegas Avilan”.
4. Como quedó condensado precedentemente, la parte demandante dice tener derecho a que la “prima especial” sea tomada como factor para incrementar el cómputo de las cesantías y prestaciones en su favor porque, según su apreciación, la invalidación de los decretos que la excluían como factor salarial, ahora le otorga ese carácter de que antes carecía y, por tanto, debe tener incidencia en el cálculo, no sólo de las cesantías, sino de las demás prestaciones.
A este propósito debe tomarse en cuenta que el Consejo de Estado en la sentencia del4 de marzo de 2010(2), en un caso de idénticos perfiles al presente, determinó que la declaración de nulidad de los decretos 50 de 1998, 38 de 1999 y 2729 de 2001 tenía efectos positivos para los empleados, en tanto en ellos se definió que el porcentaje del 30 % constitutivo de la prima especial de servicios no era un sobresueldo sino que hacía parte del salario, lo cual debe tener necesario influjo sobre la base salarial a partir de la cual deberían hacerse las liquidaciones.
En esa misma providencia, se dispuso el restablecimiento del derecho para que en lo que toca con los años 1998, 1999 y 2001, el cálculo para la liquidación de cesantías y prestaciones se hiciera tomando el 30% de la prima especial como parte del salario. La identidad de la situación debatida en el precedente citado, permite su aplicación al caso del cual ahora se ocupa el Consejo de Estado, para acceder parcialmente a las súplicas de la demanda.
Dispuesto que se haga de nuevo la liquidación por obra del presente fallo, ella deberá ser actualizada en los términos del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, dando aplicación a la siguiente fórmula:
REVÓCASE la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2007, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda instaurada por Manuel Antonio Saray Gutiérrez contra La Nación - Fiscalía General de la Nación, en su lugar,
1. DECRÉTASE la nulidad del Oficio 8498 de 16 de junio de 2004, que negó el pago de las prestaciones con el 30% de prima especial como factor salarial para los años 1998, 1999 y 2001, según lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho,
2. CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar al señor Manuel Antonio Saray Gutiérrez, la suma que resulte como diferencia por todos los conceptos salariales y prestacionales relacionados en la petición aludida, dejados de percibir durante los años 1998, 1999 y 2001, tomando en cuenta el salario base y sin deducir en el cómputo la denominada prima especial de servicios.

References: Resolución 
 artículo 102
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 178