Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1039
Timestamp: 2020-01-22 20:51:39+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 98/1988
SENTENCIA 98/1988, de 31 de mayo
ECLI:ES:TC:1988:98
En el recurso de amparo núm. 263/1987, interpuesto por doña Monserrat Navarro Trull, representada por el Procurador de los Tribunales don Eduardo Morales Price, asistido por el Letrado don Francisco Suelves Cambra, impugnando la Sentencia dictada con fecha 28 de enero de 1987 de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona, recaída en los autos 218/85, sobre denegación presunta, por silencio administrativo, de una reclamación de haberes de la recurrente, por supuesta vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocida en el art. 24 de la Constitución.
En el recurso de amparo ha sido parte la Entidad Menor Ayuntamiento de Valldoreix, representada por el Procurador de los Tribunales don Enrique Sorribes Torra, asistido por el Letrado don Tomás Pou Viver, y el Ministerio Fiscal.
1. Con fecha 27 de febrero del pasado año, se registró en este Tribunal un escrito mediante el cual don Eduardo Morales Price, Procurador de los Tribunales, interpuso un recurso de amparo constitucional, en nombre y representación de doña Monserrat Navarro Trull, contra la Sentencia dictada con fecha 28 de enero de dicho año por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona en los autos 218/85, por la que se desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la actora y que versó sobre su derecho a la percepción de haberes correspondientes a los meses de junio de 1981 a marzo de 1984, ambos incluidos, como funcionaria del Ayuntamiento de Valldoreix.
a) La actora, funcionaria del Ayuntamiento de Valldoreix desde el año 1974, pidió su reincorporación al trabajo, tras una baja por enfermedad, recibiendo escrito de 19 de febrero de 1981, de la citada Entidad, en el que se «rogaba» a la funcionaria «que no volviera al trabajo hasta que se recibiera informe médico sobre su estado de salud». Frente a esta respuesta dedujo doña Monserrat Navarro Trull recurso de reposición, denunciando la mora el día 26 de octubre de 1981. Con fecha 27 de noviembre del mismo año, el Ayuntamiento desestimó el recurso, declarando a la interesada en situación de excedencia voluntaria.
3. La Sección Primera de este Tribunal, con fecha 1 de abril de 1987, acordó admitir a trámite la demanda de amparo constitucional de doña Monserrat Navarro Trull y, en virtud de ello y de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica de este Tribunal, dirigir comunicación al Ayuntamiento de Valldoreix a fin de que remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al expediente seguido, y a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona, a fin de que se remitiera certificación o fotocopia de las actuaciones correspondientes al recurso contencioso-administrativo núm. 218/85, emplazando a quienes hubieran sido parte en dicho recurso, a fin de que dentro del término legal pudieran comparecer ante este Tribunal.
Dentro del plazo antes mencionado, compareció en nombre de la Entidad Menor Valldoreix el Procurador de los Tribunales don Enrique Sorribes Torra, asistido por el Letrado don Tomás Pou Viver, a quien se tuvo por parte en el recurso.
Ha presentado escrito de alegaciones asimismo la representación de la Entidad Local Menor de Valldoreix, quien, en su escrito, solicitó que se declarase inadmisible este recurso de amparo y, subsidiariamente, que se desestimen íntegramente las pretensiones procesales de la señora Navarro. Señala el escrito de alegaciones de la Entidad Local Menor de Valldeoreix que la recurrente no indica en qué consiste la supuesta infracción o violación del art. 24.1 de la Constitución, siendo tal manifestación una petición de principio, ya que no prueba lo que debería probar. Deben ciertamente los ciudadanos ser amparados en sus derechos e intereses, sin que pueda producirse indefensión, pero, en el presente caso, esta indefensión no es alegada, ni se dice en qué hechos se funda, ya que sólo se alega que la situación creada por la Sentencia de autos le produce una situación de indefensión, que no prueba. Por ello, la recurrente no funda su recurso de amparo en los arts. 14 a 29 de la Constitución, únicos que, conforme a la Ley de este Tribunal, permiten el recurso de amparo.
La Sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona es totalmente conforme a Derecho y no puede jurídicamente ser anulada en vía de recurso de amparo, ya que la situación de autos se produjo por el abandono expreso de sus derechos por la señora Navarro, que consintió y no recurrió ante el Tribunal contencioso-administrativo el Acuerdo de la Entidad Local Menor de 28 de febrero de 1986, que le reconoció parte de lo que había solicitado, a pesar de que tal Acuerdo se le notificó debidamente e interpuso contra el mismo un recurso de reposición que fue desestimado por Acuerdo de la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Valldoreix de 16 de mayo de 1986.
Era clara la obligación jurídica de la Entidad Local Menor de Valldoreix de resolver la petición de la señora Navarro. Esta obligación es independiente del derecho que, tras el silencio administrativo, tenga el administrado para impugnar ante los Tribunales la desestimación presunta por silencio. Tal derecho no significa eliminar la obligación de la Administración de dictar resolución expresa, como establece el art. 94 de la Ley de Procedimiento Administrativo y reconoce la Exposición de Motivos de la Ley de la Jurisdicción.
Será preciso recordar, llegados a este punto -dice el Fiscal- que no corresponde a este Tribunal examinar los juicios de legalidad reconsiderando la interpretación de las normas legales efectuada por los órganos del poder judicial, que es cometido propio de éstos conforme a los arts. 117.3 y 123.1 de la Constitución. «Unicamente en el caso de que la aplicación de la legalidad revistiese sólo de apariencia lo que no es en realidad una satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, por carecer manifiestamente de todo fundamento razonable, podríamos examinar dicha interpretación de la legalidad ordinaria por considerar que se ha violado la garantía constitucional prevista en el art. 24 de la Constitución» ha dicho el reciente Auto de esta misma Sala de 13 de mayo (recurso de amparo 147/1987), siempre, como se subraya en el mismo, distinguiendo cuidadosamente entre el juicio sobre la arbitrariedad y falta de fundamento jurídico de la resolución judicial y las discrepancias que puedan tenerse con la forma que el Juez ordinario interpreta y aplica las leyes.
5. La conclusión a que se ha llegado en el apartado anterior obliga a situar el objeto del presente recurso de amparo en el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 de la Constitución. En definitiva, lo que motiva la queja constitucional de doña Monserrat Navarro Trull es la actuación de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona, consistente en desestimar su recurso, por apreciar una sobrevenida carencia de objeto del mismo, en la Sentencia de 28 de enero de 1987, no obstante haber rechazado previamente el mismo órgano judicial, en el Auto de 30 de junio de 1986, la petición inicial de la Administración demandada, basada en la adopción de un acto expreso tras la interposición del recurso. Comprendida en estos términos, la demanda de amparo constitucional encierra, frente a la Sentencia impugnada, un reproche por denegación de la debida tutela, producida al no haber resuelto sobre el fondo de la pretensión mantenida por la recurrente, en virtud de un obstáculo -la sobrevenida desaparición del objeto- examinada ya y desestimada en una resolución anterior del mismo órgano judicial. Este planteamiento requiere, sin embargo, alguna matización, para poder apreciar debidamente la posible relevancia constitucional. Ante todo, hay que decir que la resolución adoptada en la Sentencia que se impugna, no es, considerada en sí misma, objetable desde la perspectiva del derecho fundamental de referencia. Aunque la llamada «acumulación por inserción», en el recurso contencioso-administrativo, mediante la ampliación de la demanda formulada contra la denegación presunta por silencio a los actos administrativos expresos dictados posteriormente, a que se refiere el art. 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, tiene en dicho precepto legal, de modo general, un carácter simplemente facultativo para la parte («el demandante podrá solicitar la ampliación del recurso...»), la jurisprudencia del al Supremo ha considerado que es carga del recurrente llevar a cabo la ampliación y ha considerado a ésta necesaria cuando el Acuerdo dictado expresamente modifique el presumido por silencio, ya que, como se dijo en las Sentencias de 25 de noviembre de 1970, 12 de mayo de 1972 y 6 de octubre de 1973, entre otras muchas, si así no fuera, los actos expresos llegarían a ser firmes y consentidos y quedarían sustraídos a la jurisdicción, sin que, por consiguiente, la Sentencia que se dicta con respecto a los actos inicialmente combatidos pudieran alcanzarse en sus consecuencias. No nos compete a nosotros enjuiciar esta doctrina jurisprudencial, a la que, desde el punto de vista constitucional, no se ha formulado objeción alguna.
No obstante la corrección externa de la Sentencia en sí misma considerada, hay datos en el caso actual que obligan a concluir que no se ha preservado debidamente el derecho de la señora Navarro Trull a una tutela judicial efectiva, entendido como derecho que primeramente tiene por objeto obtener una Sentencia de fondo sobre las pretensiones deducidas en el proceso y que, sólo por excepción puede consistir en una decisión de inadmisión, en virtud de un obstáculo procesal, cuando éste se encuentre fundado en una causa legal, y ésta sea interpretada de modo razonable y proporcionado. En el presente caso, es manifiesto que no se ha producido la Sentencia de fondo y que la decisión, aunque recogida en Sentencia, es una decisión de inadmisión que contiene lo que en términos generales puede llamarse un obstáculo al examen de fondo. La decisión se funda en la falta sobrevenida del objeto del proceso por satisfacción extraprocesal de la pretensión y en el consentimiento tácito prestado a la resolución expresa de la Administración, por falta de ampliación de la demanda. Sin embargo, ninguna de tales razones son suficientes, de acuerdo con una interpretación de los preceptos legales acorde con los postulados de la tutela judicial efectiva para llegar a la conclusión a que la Audiencia de Barcelona llega, pues lo cierto es, por un lado, que doña Monserrat Navarro Trull, en virtud del acto administrativo expreso, sólo recibió una satisfacción parcial a sus pretensiones y por otro lado no puede hablarse de un consentimiento prestado a la resolución expresa dictada por la Administración, pues, como señaló la propia Sala en el Auto de 30 de junio de 1986, en los hechos 5.° y 7.° de la demanda contencioso-administrativa, la recurrente manifestó su oposición a la resolución de 28 de febrero, de manera que el único defecto que en su actitud procesal puede encontrarse es no tanto el de no haber combatido la resolución expresa de la Administración, porque esto lo hizo en la demanda (hechos 5.° y 7.°), cuanto no haber manifestado de manera formal que producía una ampliación de la demanda, que sin embargo, se encontraba implícita en su escrito y en sus pretensiones. Resulta claro por ello que la Sentencia, al adoptar su criterio sobre un entendimiento rígido y formalista de la demanda, en contradicción con los propios razonamientos anteriores vertidos en el Auto de 30 de junio de 1986, erigió un obstáculo al examen y a la decisión sobre el fondo del asunto, que resulta desproporcionado, falto de razonabilidad y suficiente para considerar violado el derecho de doña Monserrat Navarro Trull a una tutela judicial efectiva.
1.° Otorgar el amparo solicitado por doña Monserrat Navarro Trull.
Don Francisco Tomás y Valiente, don Francisco Rubio Llorente, don Luis Díez-Picazo y Ponce de León, don Antonio Truyol Serra y don Eugenio Díaz Eimil.
Número y fecha BOE [Núm, 143 ] 15/06/1988 Corrección 1 Corrección 2
Tipo y número de registro Recurso de amparo 263-1987
Contra Sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona. Inadmisión de recurso contencioso- administrativo lesiva a la tutela
A este Tribunal concierne determinar si han sido o no vulnerados los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero no puede ni debe decidir sobre los restantes derechos subjetivos de naturaleza civil o administrativa que los ciudadanos hayan vertido en los procesos seguidos ante los Tribunales de justicia. [F.J. 3]
Vulnera el derecho a una tutela judicial efectiva la decisión de inadmisión de un recurso que, si bien fundada en doctrina cuya «corrección externa» no cabe en sí misma discutir (falta sobrevenida de objeto del proceso por satisfacción extraprocesal de la pretensión, de un lado, y consentimiento tácito a la resolución de la Administración por falta de ampliación de la demanda, de otro), erige un obstáculo al examen y a la decisión sobre el fondo del asunto que resulta desproporcionado y falto de razonabilidad. [F.J. 5]
Acumulación de acciones por inserciónAcumulación de acciones por inserción, f. 5

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