Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:41988A0592
Timestamp: 2020-01-19 09:15:15+00:00

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Diario Oficial n° L 319 de 25/11/1988 p. 0009 - 0048
1. en materia contractual, ante los tribunales del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda; en materia de contrato individual de trabajo, dicho lugar será aquél en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo y, si el trabajador no desempeñare habitualmente su trabajo en un único Estado, ese lugar será aquél en que estuviere situado el centro de actividades a través del cual hubiere sido contratado;
2. en materia de alimentos, ante el tribunal del lugar del domicilio o de la residencia habitual del acreedor de alimentos o, si se tratare de una demanda incidental a una acción relativa al estado de las personas, ante el tribunal competente según la ley del foro para conocer de ésta, salvo que tal competencia se fundamentare exclusivamente en la nacionalidad de una de las partes;
5. si se tratare de litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualesquiera otros establecimientos, ante el tribunal en que se hallaren sitas;
6. en su condición de fundador, trustee o beneficiario de un trust constituido ya en aplicación de la ley, ya por escrito o ya por un acuerdo verbal confirmado por escrito, ante los tribunales del Estado contratante en cuyo territorio estuviere domiciliado el trust;
4. en materia contractual, si la acción pudiere acumularse con otra en materia de derechos reales inmobiliarios
3. si se tratare de un coasegurador, ante el tribunal del Estado contratante que enteendiere de la acción entablada contra el primer firmante del coaseguro.
El asegurador podrá, además, ser demandado ante el tribunal del lugar en que se hubiere producido el hecho dañoso cuando se tratare de seguros de responsabilidad o de seguros relativos a inmuebles. La misma regla será de aplicación cuando se tratare de seguros que se refirieren a inmuebles y a bienes muebles cubiertos por una misma póliza y afectados por el mismo siniestro.
En materia de seguros de responsabilidad civil, el asegurador podrá ser demandado igualmente ante el tribunal que
conociere de la acción de la persona perjudicada contra el asegurado, cuando la ley de este tribunal lo permitiere.
2. que permitieren al tomador del seguro, al asegurado o al beneficiario formular demandas ante tribunales distintos de los indicados en la presente Sección, o
3. que, habiéndose celebrado entre un tomador de seguro y un asegurador, domiciliados o con residencia habitual en el mismo Estado contratante en el momento de la celebración del contrato, atribuyeren, aunque el hecho dañoso se hubiere producido en el estranjero, competencia a los tribunales de dicho Estado, a no ser que la ley de éste prohibiere tales convenios, o
4. celebrados con un tomador de seguro que no estuviere domiciliado en un Estado contratante, a no ser que se tratare de un seguro obligatorio o se refiriere a un inmueble sito en un Estado contratante, o
Los riesgos contemplados en el artículo 12, apartado 5, son los siguientes:
a) resultante de la utilización o la explotación de los buques, instalaciones o aeronaves, de conformidad con la letra a) del apartado 1, cuando la ley del Estado contratante en el que estuviere matriculada la aeronave no prohibiere los convenios atributivos de jurisdicción en el aseguramiento de tales riesgos;
b) por las mercancías durante uno de los transportes contemplados en la letra b) del apartado 11;
3. Toda pérdida pecuniaria ligada a la utilización o a la explotación de buques, instalaciones o aeronaves de conformidad con la letra a) del apartado 1, en particular la del flete o el beneficio del fletamento;
4. Todo riesgo accesorio a cualquiera de los contemplados en los apartados 1 a 3.
En materia de contrato celebrado por una persona para un uso que pudiere considerarse ajeno a su actividad profesional, en lo sucesivo denominada «el consumidor», la competencia quedará determinada por la presente Sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y en el apartado 5 del artículo 5:
a) la celebración del contrato hubiere sido precedida, en el Estado del domicilio del consumidor, de una oferta especialmente hecha o de publicidad; y
La presente Sección no se aplicará al contrato de trans-
1. a) En materia de derechos reales inmobiliarios y de arrendamiento de bienes inmuebles, los tribunales
del Estado contratante donde el inmueble se hallare sito;
b) no obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles celebrados para uso particular durante un plazo máximo de seis meses consecutivos, son igualmente competentes los tribunales del Estado contratante donde estuviere domiciliado el demandado, siempre que el arrendatario fuere una persona física y que ninguna de las partes estuviere domiciliada en el Estado contratante en el que el inmueble se hallare sito;
4. En materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, los tribunales del Estado contratante en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún convenio internacional;
3. N° surtirán efectos los convenios atributivos de competencia ni las estipulaciones similares de documentos constitutivos de un trust si fueren contrarios a las disposiciones de los artículos 12 y 15 o si excluyeren la competencia de tribunales exclusivamente competentes en virtud del ar-
tículo 16.
4. Cuando se celebrare un convenio atributivo de competencia en favor de una sola de las partes, ésta conservará su derecho de acudir ante cualquier otro tribunal que fuere competente en virtud del presente Convenio.
Comprobación de la competencia judicial y de la
El tribunal de un Estado contratante, que conociere a título principal de un litigio para el que los tribunales de otro Estado contratante fueren exclusivamente competentes en virtud del artículo 16, se declarará de oficio incom-
Las disposiciones del párrafo precedente se sustituirán por las del artículo 15 del Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, si la cédula de emplazamiento hubiere de ser remitida al extranjero, en cumplimiento del presente Convenio.
Cuando se presentaren demandas conexas ante tribunales de Estados contratantes diferentes y estuvieren pendientes en primera instancia, el tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior podrá suspender el procedi-
También podrá denegarse el reconocimiento de las resoluciones en uno de los casos previsto en el párrafo 3 del artículo 54 ter, apartado 3 y en el artículo 57, apartado 4.
Sin perjuicio de las disposiciones de los párrafos primero y segundo, no podrá procederse a la fiscalización de la competencia del tribunal del Estado de origen; el orden público contemplado en el artículo 27, apartado 1, no afectará a las reglas relativas a la competencia judicial.
Las resoluciones dictadas en un Estado contratante que allí fueren ejecutorias se ejecutarán en otro Estado contratante cuando, a instancia de la parte interesada, se hubiere otorgado su ejecución.
N° obstante, en el Reino Unido, estas resoluciones se ejecutarán, en Inglaterra y el País de Gales, en Escocia o en Irlanda del Norte, previo registro con fines de ejecución, a instancia de la parte interesada, en una u otra de esas partes del Reino Unido, según el caso.
- en Bélgica, ante el «Tribunal de première instance» o «Rechtbank van eerste aanleg»,
- en Dinamarca, ante el «byret»,
- en la República Federal de Alemania, ante el Presidente de una sala del «Landgericht»,
- en Grecia, ante el ìïíïìåëÝó ðñùôïäéêåï,
- en España, ante el Juzgado de Primera Instancia,
- en Francia, ante el Presidente del «Tribunal de grande instance»,
- en Irlanda, ante la «High Court»,
- en Islandia, ante el «héraäsdómari»,
- en Italia, ante la «Corte d'appello»,
- en Luxemburgo, ante el Presidente del «Tribunal d'arrondissement»,
- en los Países Bajos, ante el Presidente del «Arrondissementsrechtbank»,
- en Noruega, ante el «Herreds» o «Byrett» en calidad de namsrett,
- en Austria, ante el «Landesgericht» o el «Kreisgericht»,
- en Portugal, ante el «Tribunal Judicial de Círculo»,
- en Suiza:
a) si se tratare de resoluciones por las que se condenare al pago de una cantidad de dinero, ante el «juge de la mainlevée»/«Rechtsöffnungsrichter»/«giudice competente a pronunciare sul rigetto dell'opposizione», de conformidad con el procedimiento de levantamiento de embargo regulado por los artículos 80 y 81 de la ley federal sobre el proceso de reclamación de cantidad y sobre la quiebra/«Bundesgesetz über Schuldbeitreibung und Konkurs»/«legge federale sulla esecuzione e sul fallimento»,
b) si se tratare de resoluciones por las que no se condenare al pago de una cantidad de dinero, ante el «juge cantonal d'exequatur compétent»/«zuständiger kantonaler Vollstreckungsrichter»/«giudice cantonale competente a pronunciare l'exequatur»,
- en Finlandia, ante el «Ulosotonhaltija/överexekutor»,
- en Suecia, ante el «Svea hovrätt»,
c) en Irlanda del Norte, ante la «High Court of Justice» o, si se tratare de una resolución en materia de alimentos, ante la «Magistrates' Court», por mediación del «Secretary of State»;
El solicitante deberá elegir domicilio para la notificación del procedimiento en un lugar que correspondiere a la competencia judicial de la autoridad que conociere de la solicitud. N° obstante, si la ley del Estado en el que se solicitare la ejecución no conociere la elección de domicilio, el solicitante designará un mandatario ad litem.
Si dicha parte estuviere domiciliada en un Estado contratante distinto de aquél en el que se dictare la resolución por la que se otorgare la ejecución, el plazo será de dos meses a partir del día en que tuviere lugar la notificación, ya fuere personal, ya en su domicilio. Dicho plazo no admitirá prórroga en razón de la distancia.
- en Dinamarca, ante el «Landsret»,
- en la República Federal de Alemania, ante el «Oberlandesgericht»,
- en Grecia, ante el «åöåôåßï»,
- en España, ante la Audiencia Provincial,
- en Francia, ante la «Cour d'Appel»,
- en Luxemburgo, ante la «Cour supérieure de Justice» reunida para entender en materia de apelación civil,
- en los Países Bajos, ante el «Arrondissementsrechtbank»,
- en Noruega, ante el «Lagmannsrett»,
- en Portugal, ante el «Tribunal da Relação»,
- en Suiza, ante el «Tribunal Cantonal»/«Kantonsgericht»/«Tribunale cantonale»,
- en Finlandia, ante el «Hovioikeus/hovrätt»,
a) en Inglaterra y País de Gales, ante la «High Court of Justice» o, si se tratare de una resolución en materia de alimentos, ante la «Magistrates' Court»,
b) en Escocia, ante la «Court of Session» o, si se tratare de una resolución en materia de alimentos, ante la «Sheriff Court»,
- en Bélgica, Grecia, España, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, de un recurso de casación,
- en Dinamarca, de un recurso ante el «Højesteret», previa autorización del Ministro de Justicia,
- en la República Federal de Alemania, de una «Rechtsbeschwerde»,
- en Irlanda, de un recurso sobre una cuestión de derecho ante la «Supreme Court»,
- en Islandia, de un recurso ante el »Hæstiréttur«,
- en Noruega, de un recurso (kjæremål o anke) ante el «Hoyesteretts Kjaeremalsutvalg« o «Hoyesterett»,
- en Austria, en el supuesto de un recurso, de un «Revisionrekurs» y, en el supuesto de una oposición, de un recurso («Berufung») con la facultad eventual de una «Revisión»,
- en Portugal, de un recurso sobre una cuestión de derecho,
- en Suiza, de un «recours de droit public devant le tribunal fédéral»/«staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht»/«ricorso di diritto pubblico davanti al tribunale federale»,
- en Finlandia, de un recurso ante el «Korkein oikeus/högsta domstolen»,
- en Suecia, de un recurso ante el «Högsta Domstolen»,
- en Bélgica, ante la «Cour d'Appel» o el «Hof van Beroep»,
- en los Países Bajos, ante el «Gerechtshof»,
b) en Escocia, ante la «Court of Session», o, si se tratare de una resolución en materia de alimentos, ante la «Sheriff Court»,
- en Dinamarca, de un recurso ante el «Hojesteret», previa autorización del Ministro de Justicia,
- en Islandia, de un recurso ante el «Hæstiréttur»,
- en Noruega, de un recurso (kjæremål o anke) ante el «Hoyesteretts kjaeremalsutvalg» o «Hoyesterett»
- en Austria, de un «Revisionrekurs»,
- en el Reino Unido, de un recurso sobre una cuestión de derecho.
De no presentarse los documentos mencionados en el artículo 46, apartado 2 y en el artículo 47, apartado 2, el tribunal podrá fijar un plazo para la presentación de los mismos, aceptar documentos equivalentes o dispensar de ellos si se considerare suficientemente ilustrado.
N° se exigirá legalización ni formalidad análoga alguna en lo que se refiriere a los documentos mencionados en los artículos 46, 47 y en el artículo 48, párrafo segundo, y en su caso, al poder para pleitos.
Si, mediante escrito anterior a la entrada en vigor del presente Convenio, las partes en litigio a propósito de un contrato hubieren acordado aplicar a este contrato el derecho irlandés o el derecho de una parte del Reino Unido, los tribunales de Irlanda o de esta parte del Reino Unido conservarán la competencia para conocer de este litigio.
Artículo 54 bisDurante los tres años siguientes a la entrada en vigor del presente Convenio en Dinamarca, Grecia, Irlanda, Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia, respectivamente, la competencia en materia marítima en cada uno de estos Estados se determinará no sólo con arreglo a las disposiciones del Título II sino también con arreglo a los apartados 1 a 7 del presente artículo. Sin embargo, estas disposiciones dejarán de ser aplicables en cada uno de estos Estados cuando el Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de embargo preventivo de buques, firmado en Bruselas el 10 de mayo de 1952, entrare en vigor con respecto a cada uno de ellos.
Una persona domiciliada en un Estado contratante podrá ser demandada por un crédito marítimo ante los tribunales de uno de los Estados antes mencionados cuando el buque al que se refiriere el crédito o cualquier otro buque de su propiedad hubiere sido objeto de embargo judicial en el territorio de este último Estado en garantía del crédito, o hubiere podido ser objeto de embargo pero se hubiere prestado fianza u otra garantía, en los casos siguientes:
El acreedor podrá embargar el buque al que se refiriere el crédito marítimo o cualquier otro buque perteneciente a quien fuere propietario del buque al que se refiriere el crédito cuando se originó el crédito marítimo. N° obstante, cuando se tratare de los créditos previstos en las letras o), p), o q) del apartado 5, sólo podrá ser embargado el buque al que se refiriere el crédito.
Se reputará que los buques tienen el mismo propietario cuando todas las partes de la propiedad pertenecieren a una misma persona o a las mismas personas.
En el caso de fletamento de un buque con cesión de la gestión náutica, cuando el fletador fuere el único responsable de un crédito marítimo relativo a dicho buque, podrá el demandante embargar dicho buque o cualquier otro que perteneciere al fletador, pero no podrá ser embargado en virtud de tal crédito marítimo ningún otro buque perteneciente al propietario. La misma regla será de aplicación en los casos en que de un crédito marítimo respondiere una persona distinta del propietario.
Se entenderá por «crédito marítimo» la alegación de un derecho o de un crédito que tuviere una o varias de las causas siguientes:
m) salarios del capitán, oficialidad o tripulación;
En Dinamarca, la expresión «embargo judicial» incluirá, en lo relativo a los créditos marítimos previstos en las letras o) y p) del apartado 5, el «forbud», siempre que este procedimiento fuere el único admitido respecto de tal crédito en los artículos 646 a 653 de la Ley de enjuiciamiento civil («Lov om rettens pleje»).
En Islandia, en lo referente a los créditos marítimos contemplados en las letras o) y p) del apartado 5 del presente artículo se considerará que la expresión «embargo» incluye el «lögbann», siempre que este procedimiento fuere el único admitido respecto de tal crédito en virtud del Capítulo III de la ley en materia de embargo y mandamiento («lög um kyrrsetningu og lögbann»).
Artículo 54 ter1. El presente Convenio no impedirá la aplicación por parte de los Estados miembros de las Comunidades Europeas del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968, y del Protocolo relativo a la interpretación de dicho Convenio por el Tribunal de Justicia, firmado en Luxemburgo el 3 de junio de 1971, modificados por los Convenios de Adhesión a dicho Convenio y a dicho Protocolo de los Estados adheridos a las Comunidades Europeas. Dichos Convenios y Protocolo se denominarán en lo sucesivo «Convenio de Bruselas».
2. N° obstante, el presente Convenio se aplicará en cualquier caso:
a) en materia de competencia, cuando el demandado estuviere domiciliado en un Estado contratante del presente Convenio que no fuere miembro de las Comunidades Europeas o cuando los artículos 16 ó 17 del presente Convenio otorgaren competencia a los tribunales de dicho Estado contratante;
b) en los supuestos de litispendencia o conexidad previstos en los artículos 21 y 22 del presente Convenio, cuando se presentaren las demandas en un Estado contratante que no fuere miembro de las Comunidades Europeas y en un Estado contratante miembro de las Comunidades Europeas;
c) en materias de reconocimiento y ejecución, cuando el Estado de origen o el Estado requerido no fuere miembro de las Comunidades Europeas.
3. Además de por las causas contempladas en el Título III, podrá denegarse el reconocimiento o la ejecución cuando la regla de competencia judicial en que se hubiere basado la
resolución difiriere de la resultante del presente Convenio y la persona contra la que se pidiere el reconocimiento o la ejecución tuviere su domicilio en un Estado contratante no miembro de las Comunidades Europeas, a menos que la resolución pudiere ser reconocida o ejecutada con arreglo al derecho del Estado requerido.
- el Convenio entre la Confederación Suiza y Francia sobre competencia judicial y ejecución de sentencias en materia civil, firmado en París el 15 de junio de 1869,
- el Tratado entre la Confederación Suiza y España sobre ejecución recíproca de las sentencias definitivas o firmes en materia civil y mercantil, firmado en Madrid el 19 de noviembre de 1896,
- el Convenio entre la Confederación Suiza y el Reich alemán relativo al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y laudos arbitrales, firmado en Berna el 2 de noviembre de 1929,
- el Convenio entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia sobre reconocimiento y ejecución de sentencias, firmado en Copenhague el 16 de marzo de 1932,
- el Convenio entre la Confederación Suiza e Italia sobre el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, firmado en Roma el 3 de enero de 1933,
- el Convenio entre Suecia y la Confederación Suiza sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y laudos arbitrales, firmado en Estocolmo el 15 de enero de 1936,
- el Convenio entre el Reino de Bélgica y Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de resoluciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia de obligaciones alimentarias, firmado en Viena el 25 de octubre de 1957,
- el Convenio entre la Confederación Suiza y Bélgica sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y laudos arbitrales, firmado en Berna el 29 de abril de 1959,
- el Convenio entre la República Federal de Alemania y Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de las resoluciones y las transacciones judiciales, y de los documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Viena el 6 de junio de 1959,
- el Convenio entre el Reino de Bélgica y Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de resoluciones judiciales, laudos arbitrales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil firmado en Viena el 16 de junio de 1959,
- el Convenio entre Austria y la Confederación Suiza sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, firmado en Berna el 16 de diciembre de 1960,
- el Convenio entre Noruega y el Reino Unido sobre reconocimiento recíproco y ejecución de sentencias en materia civil, firmado en Londres el 12 de junio de 1961,
- el Convenio entre el Reino Unido y Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Viena el 14 de julio de 1961, acompañado de un Protocolo firmado en Londres el 6 de marzo de 1970,
- el Convenio entre el Reino de los Países Bajos y Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de resoluciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en La Haya el 6 de febrero de 1963,
- el Convenio entre Luxemburgo y Austria sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judicales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Luxemburgo el 29 de julio de 1971,
- el Convenio entre Noruega y la República Federal de Alemania sobre reconocimiento y ejecución de sentencias y documentos ejecutivos en materia civil y mercantil, firmado en Oslo el 17 de junio de 1977,
- el Convenio entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia sobre reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil, firmado en Copenhague el 11 de octubre de 1977,
- el Convenio entre Austria y Suecia sobre reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil, firmado en Estocolmo el 16 de septiembre de 1982,
- el Convenio entre Austria y España sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de resoluciones y transacciones judiciales, y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Viena el 17 de febrero de 1984,
- el Convenio entre Noruega y Austria sobre reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil, firmado en Viena el 21 de mayo de 1984 y
- el Convenio entre Finlandia y Austria sobre reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil, firmado en Viena el 17 de noviembre de 1986.
2. El presente Convenio no impedirá que un tribunal de un Estado contratante que fuere parte en un convenio contemplado en el apartado 1 pudiera fundamentar su competencia en dicho convenio, aunque el demandado estuviere domiciliado en un Estado contratante no parte en tal Convenio. El tribunal que conociere del asunto aplicará, en todo caso, el artículo 20 del presente Convenio.
4. Sin perjuicio de las causas comprendidas en el Título III, el reconocimiento o la ejecución podrá denegarse si el Estado requerido no fuere parte en un convenio de los contemplados en el apartado 1 y la persona respecto de la que se pidiere el reconocimiento o la ejecución estuviere domiciliada en dicho Estado, a menos que la resolución pudiere ser reconocida o ejecutada con arreglo a la ley del Estado requerido.
a) los Estados que, en el momento de la apertura a la firma del presente Convenio, fueren miembros de las Comunidades Europeas o de la Asociación Europea de Libre Cambio;
b) los Estados que, después de la apertura a la firma del presente Convenio, lleguen a ser miembros de las Comunidades Europeas o de la Asociación Europea de Libre Cambio;
2. El Convenio será sometido a la ratificación de los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Consejo Federal Suizo.
3. El Convenio entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente a la fecha en que dos Estados, uno de ellos miembro de las Comunidades Europeas y el otro miembro de
la Asociación Europea de Libre Cambio, hubieren depositado sus instrumentos de ratificación.
4. Con respecto a cualquier otro Estado signatario, el Convenio surtirá efectos el primer día del tercer mes siguiente al depósito de su instrumento de ratificación.
1. Podrán adherirse al presente Convenio, tras su entrada en vigor,
a) los Estados contemplados en la letra b) del artículo 60,
b) los demás Estados que hubieren sido invitados a adherirse a instancia de un Estado contratante dirigida al Estado depositario. El Estado depositario sólo invitará a adherirse al Estado de que se tratare si, tras haber puesto en conocimiento de los Estados signatarios así como de los Estados contratantes señalados en las letras a) y b) del artículo 60 el contenido de las comunicaciones que ese Estado se propusiere hacer en aplicación del artículo 63, hubiere obtenido el acuerdo unánime de dichos
2. Si un Estado adherente deseare introducir especificaciones con arreglo a las disposiciones del Protocolo N° 1, se entablarán negociaciones a tal fin. El Consejo Federal Suizo convocará una conferencia de negociación.
4. N° obstante, cuando se tratare de un Estado adherente de los contemplados en las letras a) o b) del apartado 1, el Convenio sólo surtirá efectos en las relaciones entre el Estado adherente y los Estados contratantes que no hubieren formulado objeciones a dicha adhesión antes del primer día del tercer mes siguiente a la fecha del depósito del instrumento de adhesión.
Todo Estado que se adhiriere deberá efectuar, en el momento del depósito de su instrumento de adhesión, las comunicaciones procedentes en virtud de los artículos 3, 32, 37, 40, 41 y 55 del presente Convenio e indicar, en su caso, las precisiones que se establecieren en la negociación del Protocolo N° 1.
3. Transcurrido el período inicial de cinco años, cualquier Estado parte podrá, en cualquier momento, denunciar
el Convenio, mediante notificación a tal efecto, dirigida al Consejo Federal Suizo.
Se adjuntan al presente Convenio:
- un Protocolo N° 1, relativo a determinados problemas de competencia, procedimiento y ejecución;
- un Protocolo N° 2, relativo a la interpretación judicial uniforme del Convenio;
- un Protocolo N° 3, relativo a la aplicación del artículo 57.
Cualquier Estado contratante podrá solicitar la revisión del presente Convenio. A tal fin, el Consejo Federal Suizo convocará una conferencia de revisión en el plazo de seis meses a partir de la fecha de la solicitud de revisión.
El Consejo Federal Suizo notificará a los Estados que hubieren estado representados en la Conferencia diplomática de Lugano y a los Estados que se adhirieren al Convenio posteriormente:
a) el depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión,
b) las fechas de entrada en vigor del presente Convenio para los Estados contratantes,
c) las denuncias recibidas de conformidad con el artículo 64,
d) las declaraciones recibidas en aplicación del artículo I bis del Protocolo N° 1,
e) las declaraciones recibidas en aplicación del artículo I ter del Protocolo N° 1,
f) las declaraciones recibidas en aplicación del artículo IV del Protocolo N° 1,
g) las comuncaciones hechas en aplicación del artículo VI del Protocolo N° 1.
PROTOCOLO Ng 1 relativo a determinados problemas de competencia, procedimiento y ejecución
LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES HAN CONVENIDO LAS SEGUIENTES DISPOSICIONES ANEJAS AL CONVENIO:
Artículo I bis1. La Confederación Suiza se reserva el derecho de declarar, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, que una resolución dictada en otro Estado contratante no será reconocida ni ejecutada en Suiza cuando se reunieren las condiciones siguientes:
a) que la competencia del tribunal que hubiere dictado la resolución estuviere fundada exclusivamente en el artículo 5, apartado 1 del presente Convenio;
b) que el demandado estuviere domiciliado en Suiza en el momento de la presentación de la demanda; a efectos del presente artículo, una sociedad o cualquier otra persona jurídica se considerará con domicilio en Suiza cuando tuviere en este Estado su sede estatutaria y el centro efectivo de sus actividades; y
Artículo I terCualquier Estado contratante podrá, mediante declaración hecha en el momento de la firma o del depósito de su
instrumento de ratificación o de adhesión, reservarse, no obstante las disposiciones del artículo 28, el derecho de no reconocer ni ejecutar resoluciones dictadas en otros Estados contratantes cuando la competencia del tribunal de origen se hubiere fundado, en aplicación del artículo 16, apartado 1, letra b), exclusivamente en el hecho de que el demandado tuviere su domicilio en el Estado de origen y el inmueble estuviere situado en el Estado que hubiere formulado la reserva.
N° obstante, el tribunal que conociere del asunto podrá ordenar la comparecencia personal; si ésta no tuviere lugar, la resolución dictada sobre la acción civil sin que la persona encausada hubiere tenido la posibilidad de defenderse podrá no ser reconocida ni ejecutada en los demás Estados contratantes.
El Estado requerido no percibirá impuesto, derecho ni tasa alguna, proporcional al valor del litigio, en el procedimento de exequatur.
A no ser que el Estado de destino se oponga a ello mediante declaración formulada al Consejo Federal Suizo, tales documentos también podrán ser enviados directamente por las personas autorizadas al efecto en el Estado en que se extendieren los documentos, a las personas autorizadas al efecto en el Estado en que se encontrare el destinatario del documento. En este caso, la persona autorizada al efecto en el Estado de origen, transmitirá una copia del documento a la persona habilitada al efecto en el Estado requerido, que sea competente para hacerla llegar al destinatario. Esta entrega se hará en la forma prevista por la ley del Estado requerido.
Se dejará constancia de la misma mediante certificación enviada directamente a la persona autorizada al efecto en el Estado de origen.
La competencia judicial prevista en el artículo 6, apartado 2 y en el artículo 10, para la demanda sobre obligaciones de garantía o para la intervención de terceros en el proceso, no podrá ser invocada en la República Federal de Alemania, en España, en Austria ni en Suiza. Toda persona domiciliada en otro Estado contratante podrá ser demandada ante los tribunales de:
- la República Federal de Alemania, en aplicación de los artículos 68 y 72, 73 y 74 de la Ley de Enjuiciamiento Civil («Zivilprozessordnung») sobre litis denuntiatio;
- España, en aplicación del artículo 1482 del Código Civil;
- Austria, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil («Zivilprozessordnung») sobre litis denuntiatio;
- Suiza, en aplicación de las disposiciones apropiadas sobre la litis denuntiatio de las Leyes de Enjuiciamiento Civil cantonales.
Las resoluciones dictadas en los demás Estados contratantes en virtud del artículo 6 apartado 2 y del artículo 10 serán reconocidas y ejecutadas en la República Federal de Alemania, en España, en Austria y en Suiza de conformidad con el Título III. Los efectos frente a terceros producidos en aplicación de las disposiciones mencionadas en el párrafo anterior, por resoluciones dictadas en dichos Estados, serán igualmente reconocidos en los demás Estados contratantes.
Artículo V bisEn materia de alimentos, los términos «juez», «tribunal» y «jurisdicción» comprenderán las autoridades administrativas danesas, islandesas y noruegas.
En materia civil y mercantil, los términos «juez», «tribunal» y «jurisdicción» comprenderán al «ulosotonhaltija/överexekutor» finlandés.
Artículo V terEn los litigios entre el capitán y un miembro de la tripulación de un buque matriculado en Dinamarca, Grecia, Irlanda, Islandia, Noruega, Portugal o Suecia, relativos a las remuneraciones y demás condiciones del servicio, las jurisdicciones de un Estado contratante deberán comprobar si el agente diplomático o funcionario consular competente respecto al buque, ha sido informado del litigio. Deberán suspender el procedimiento en tanto no se haya informado a dicho agente. Deberán, incluso de oficio, inhibirse si este agente, debidamente informado, hubiere ejercitado las competencias que en la materia le reconozca un convenio consular o, a falta de tal convenio, hubiere formulado objeciones sobre la competencia en el plazo fijado.
Artículo V quater(Sin contenido)
Artículo V quintoSin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes según el Convenio sobre la patente europea, firmado en Munich el 5 de octubre de 1973, los tribunales de cada Estado contratante serán los únicos competentes, sin consideración del domicilio, en materia de registro o validez de una patente europea expedida para este Estado y que no fuere una patente comunitaria por aplicación de las disposiciones del artículo 86 del Convenio relativo a la patente europea para el mercado común, firmado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1975.
PROTOCOLO Ng 2 sobre la interpretación uniforme del convenio
CONSIDERANDO que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en virtud del Protocolo de 3 de junio de 1971 es competente para pronunciarse sobre la interpretación de las disposiciones del Convenio de Bruselas,
CONSIDERANDO que la negociaciones que condujeron a la celebración de este Convenio se fundamentaron en el Convenio de Bruselas interpretado por dichas resoluciones,
PROTOCOLO Ng 3 relativo a la aplicación del artículo 57
1. A los efectos del Convenio, las disposiciones que en materias particulares regulen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de resoluciones y que estuvieren o llegaren a estar contenidas en actos de las Instituciones de las Comunidades Europeas quedarán asimiladas a los convenios contemplados en el apartado 1 del artículo 57;
2. Si, a juicio de un Estado contratante, una disposición de un acto de las Instituciones de las Comunidades Europeas no fuere compatible con el Convenio, los Estados contratantes considerarán sin demora la posibilidad de enmendarlo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 66, sin perjuicio de la aplicación del procedimiento establecido por el Protocolo N° 2.
DECLARACIÓN de los Representantes de los Gobiernos de los Estados signatarios del Convenio de Lugano miembros de las Comunidades Europeas, sobre el Protocolo N° 3 relativo a la aplicación del artículo 57 del Convenio
En el momento de la firma del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil celebrado en Lugano el 16 de septiembre de 1988,
declaran que, en la elaboración de los actos comunitarios contemplados en el apartado 1 del Protocolo N° 3 relativo a la aplicación del artículo 57, adoptarán todas las medidas a su alcance para garantizar el respeto de las reglas de competencia judicial y de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales establecidas por el Convenio.
DECLARACIÓN de los Representantes de los Gobiernos de los Estados signatarios del Convenio de Lugano miembros de las Comunidades Europeas
DECLARACIÓN de los Representantes de los Gobiernos de los Estados signatarios del Convenio de Lugano miembros de la Asociación Europea de Libre Cambio
declaran que consideran apropiado que sus juzgados y tribunales al interpretar el Convenio de Lugano tengan debidamente en cuenta los principios contenidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y de los tribunales de los Estados miembros de las Comunidades Europeas relativa a las disposiciones del Convenio de Bruselas sustancialmente reproducidas en el Convenio de Lugano.
DEL GOBIERNO DEL REINO DE BÉLGICA,
DEL GOBIERNO DEL REINO DE DINAMARCA,
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA,
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA HELÉNICA,
DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA,
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA,
DEL GOBIERNO DE IRLANDA,
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ISLANDIA,
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA,
DEL GOBIERNO DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO,
DEL GOBIERNO DEL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS,
DEL GOBIERNO DEL REINO DE NORUEGA,
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE AUSTRIA,
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PORTUGUESA,
DEL GOBIERNO DEL REINO DE SUECIA,
DEL GOBIERNO DE LA CONFEDERACIÓN SUIZA,
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE FINLANDIA,
DEL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE,
reunidos en Lugano el dieciséis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, en la conferencia diplomática sobre la competencia judicial en materia civil, han comprobado que en el seno de dicha conferencia han quedado establecidos los textos siguientes:
I. el Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil;
II. los protocolos siguientes que son parte integrante del Convenio:
- N° 1, relativo a determinados problemas de competencia, procedimiento y ejecución;
- N° 2, sobre la interpretación uniforme del Convenio;
- N° 3, relativo a la aplicación del artículo 57;
III. las declaraciones siguientes:
- Declaración de los Representantes de los Gobiernos de los Estados signatarios del Convenio de Lugano miembros de las Comunidades Europeas sobre el Protocolo N° 3 relativo a la aplicación del artículo 57 del Convenio;
- Declaración de los Representantes de los Gobiernos de los Estados signatarios del Convenio de Lugano miembros de las Comunidades Europeas;
- Declaración de los Representantes de los Gobiernos de los Estados signatarios del Convenio de Lugano miembros de la Asociación Europea de Libre Cambio.

References: artículo 12
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 16
 artículo 15
 artículo 54
 artículo 57
 artículo 27
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 48

Artículo 54

Artículo 54

resolución 
 resolución 
 artículo 20
 resolución 
 artículo 60
 artículo 60
 artículo 63
 artículo 57
 artículo 64
 resolución 
 resolución 
 artículo 5
 artículo 28
 artículo 16
 resolución 
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 1482
 artículo 21
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 86
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 66
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 57