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Referencia: Expediente D-10990
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 26 (parcial) del Acto Legislativo 2 de 2015, “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”
Magistrado ¨Ponente:
Bogotá D. C., 1 de junio de dos mil dieciséis (2016)
En ejercicio de la acción pública de constitucionalidad, el ciudadano Carlos Santiago Pérez Pinto presentó demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 15 (parcial), 16, 17, 18, 19 y 26 (parcial) del Acto Legislativo 02 de 2015, cuyo texto se transcribe y subraya a continuación:
“ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2015
Diario Oficial No. 49.560 de 1 de julio de 2015
Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones.
ARTÍCULO 15. El artículo 254 de la Constitución Política quedará así:
ARTÍCULO 16. El artículo 255 de la Constitución Política quedará así:
La Gerencia de la Rama Judicial es la encargada de ejecutar las decisiones del Consejo de Gobierno Judicial, proveer apoyo administrativo y logístico a este órgano, administrar la Rama Judicial, elaborar para aprobación del Consejo de Gobierno Judicial el proyecto de presupuesto que deberá ser remitido al Gobierno, y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso, elaborar planes y programas para aprobación del Consejo de Gobierno Judicial, formular modelos de gestión e implementar los modelos procesales en el territorio nacional, administrar la Carrera Judicial, organizar la Comisión de Carrera Judicial, realizar los concursos y vigilar el rendimiento de los funcionarios y los despachos. El Gerente de la Rama Judicial representará legalmente a la Rama Judicial. Ejercerá las demás funciones que le atribuya la ley.
ARTÍCULO 17. Deróguese el artículo 256 de la Constitución Política.
ARTÍCULO 18. TRANSITORIO. El Gobierno Nacional deberá presentar antes de 1o de octubre de 2015 un proyecto de ley estatutaria para regular el funcionamiento de los órganos de gobierno y administración judicial.
Las siguientes disposiciones regirán hasta que entre en vigencia dicha ley estatutaria:
l. Los órganos de gobierno y administración judicial serán conformados así:
a) Los miembros del Consejo de Gobierno Judicial deberán ser designados o electos dentro de dos meses contados a partir de la entrada en vigencia de este Acto Legislativo. Las elecciones del representante de los magistrados de tribunal y los jueces y del representante de los empleados judiciales serán realizadas por voto directo de sus pares de la Rama Judicial. Las elecciones serán organizadas por la Comisión Interinstitucional de mla Rama Judicial.
b) Los miembros permanentes y de dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial deberán ser elegidos dentro del plazo de dos meses posteriores a la elección o designación de los demás miembros del primer Consejo de Gobierno Judicial.
Para la primera conformación del Consejo de Gobierno Judicial, uno de los tres miembros permanentes y de dedicación exclusiva será elegido para un período de dos años, y otro será elegido para un período de tres años.
c) Para el primer Consejo de Gobierno Judicial, los miembros de este, excluyendo el Gerente de la Rama Judicial, tendrán un plazo de dos meses a partir de su elección, para elegir al Gerente de la Rama Judicial.
d) La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en adelante se denominará Gerencia de la Rama Judicial y todas las dependencias de aquella formarán parte de esta. Todas las dependencias adscritas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura pasarán a formar parte de la Gerencia de la Rama Judicial, sin perjuicio de lo que disponga la ley o el Consejo de Gobierno Judicial.
e) La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, continuarán ejerciendo sus funciones hasta que sea integrado el Consejo de Gobierno Judicial y sea elegido el Gerente de la Rama Judicial. Estos órganos deberán realizar una rendición de cuentas sobre el ejercicio de sus funciones contempladas en la ley dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo.
f) Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial continuarán ejerciendo sus funciones hasta que se expida la ley estatutaria. También ejercerán la función prevista en el artículo 85, numeral 18, de la Ley 270 de 1996.
g) Se garantizarán, sin solución de continuidad, los derechos de carrera de los Magistrados y empleados de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, mediante la incorporación, transformación o vinculación en cargos de las corporaciones judiciales o cualquier otro de igual o superior categoría, según lo defina la ley estatutaria. También se garantizan los derechos de carrera de los empleados del Consejo Superior de la Judicatura.
h) Los concursos de méritos que en la actualidad adelanta la Unidad de Carrera Judicial seguirán su trámite por parte de la Gerencia de la Rama Judicial sin solución de continuidad.
2. Mientras se expide la ley estatutaria, el Consejo de Gobierno Judicial ejercerá las funciones previstas en el artículo 79, numerales 1, 2, 4, 5, 6 y 7; artículo 85, numerales 5, 6, 9, 10, 13, 19, 22, 25, 27 y 29; artículo 88, numerales 2 y 4; y artículo 97, numerales 1 y 2 de la Ley 270 de 1996. Además reglamentará provisionalmente los procesos de convocatoria pública que deba adelantar la Gerencia de la Rama Judicial.
3. Mientras se expide la ley estatutaria, la Gerencia de la Rama Judicial ejercerá las funciones previstas en el artículo 79, numeral 3; artículo 85, numerales 1, 3, 4, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24 y 28; artículo 88, numeral 1; artículo 99, numerales 1 a 9; y será la autoridad nominadora para los cargos previstos en el artículo131, numeral 9 de la Ley 270 de 1996. Las funciones previstas en el artículo 85, numerales 8 y 11, serán ejercidas bajo la supervisión de la Comisión de Carrera.
4. La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” ejercerá, además de las funciones ya asignadas a ella, la prevista en el artículo 85, numeral 23, de la Ley 270 de 1996.
5. Las Altas Cortes y los Tribunales continuarán ejerciendo la función de autoridad nominadora prevista en el artículo 131, numerales 5 y 7 de la Ley 270 de 1996. En el ejercicio de esta función deberán respetar siempre las listas de elegibles.
6. La autoridad nominadora para las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial será la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La autoridad nominadora para las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, mientras subsistan, será el Consejo de Gobierno Judicial.
7. Las autoridades nominadoras previstas en el artículo 131, numerales 1, 2, 3, 4 y 8 de la Ley de 270 de 1996 continuarán ejerciendo esta función.
Quedan derogados los numerales 3, 4, 5 y 7 del artículo 97 y el numeral 6 del artículo 131 de la Ley 270 de 1996.
ARTÍCULO 19. El artículo 257 de la Constitución Política quedará así:
ARTÍCULO 26. CONCORDANCIAS, VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. Sustitúyase la expresión “Consejo Superior de la Judicatura” por la de “Comisión Nacional de Disciplina Judicial” en el artículo 116 de la Constitución Política.
Sustitúyase la expresión “Consejo Superior de la Judicatura” por la de “Consejo de Gobierno Judicial” en el artículo 156 de la Constitución Política.
Elimínese la expresión “y podrán ser reelegidos por una sola vez” en el artículo 264 de la Constitución Política.
Elimínese la expresión “Podrá ser reelegido por una sola vez y” en el artículo 266 de la Constitución Política.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes mencionada en el artículo 178 de la Constitución Política, no será una de las comisiones permanentes previstas en el artículo 142 de la misma.
Sustitúyase la expresión “Consejo Superior de la Judicatura” con “Consejo de Gobierno Judicial” en el artículo 341 de la Constitución Política.
Sustitúyase el encabezado del Capítulo 7o del Título VIII con el de “Gobierno y Administración de la Rama Judicial”.
Deróguese el artículo 261 de la Constitución Política y reenumérese el artículo 262 que pasará a ser el 261.”.
Según el demandante, el nuevo modelo de gobierno y administración de la Rama Judicial previsto en el Acto Legislativo 02 de 2015 suprimió los principios esenciales del texto constitucional que orientaron la definición de la estructura del Estado en general, y la del Poder Judicial en especial: la independencia y la autonomía judicial.
A juicio del actor, estos dos principios son elementos definitorios del ordenamiento superior que no podían ser sustituidos o eliminados por el Congreso mediante un Acto Legislativo, ya que constituyeron el fundamento de la organización del Estado, de las relaciones entre los poderes públicos y de la configuración especial de la Rama Judicial.
Según el peticionario, la revisión del proceso constituyente revela que los principios de autonomía y de independencia judicial irradiaron todo el modelo de Estado previsto en la Constitución de 1991, modelo que por lo demás, estaría orientada a materializar los principios y derechos constitucionales.
Es así como en el marco del proceso constituyente, el entonces Presidente de la República César Gaviria y los asambleístas Álvaro Gómez Hurtado y Jaime Fajardo Landaeta habrían insistido en la necesidad de dotar al Poder Judicial de estas dos garantías, y de crear unos órganos capaces de gobernarlo y conducirlo autónomamente, sin interferencias de otros actores externos a la misma Rama. Así, el entonces Presidente de la República sostuvo que “para revitalizar el poder judicial, la propuesta de reforma planea la creación de organismos autónomos de dirección, administración y manejo de su presupuesto, y abre las posibilidades para que se ejerza la potestad reglamentaria en materias relacionadas con su propia organización administrativa”. Por su parte, el asambleísta Jaime Fajardo Landaeta afirmó que la creación del Consejo Superior de la Judicatura respondía la necesidad de existiese un órgano dentro de la propia Rama Judicial asumiera las funciones atinentes a la conducción de este órgano, que antes se encontraban dispersas en distintas instancias gubernamentales: “El Consejo Superior de la Judicatura ha sido concebido como una unidad jurídico-administrativa que englobe aquellas funciones, hoy dispersas, en las cuales se afiance la eficacia de la administración de justicia (…) se trata de una auténtica creación de derecho público, con autonomía constitucionalmente consagrada, para que englobe también la capacidad jurisdiccional inherente a su condición de ser un tribunal disciplinario (…) La unidad que se busca pretende convertir al Consejo en la institución responsable del funcionamiento integral de la administración de justicia. Por eso reúne, contrariando la dispersión que siempre ha existido, funciones tan disímiles como las de servir de instancia en asuntos disciplinarios relacionados con jueces y abogados, la de actualizar y vigilar la operación de la carrera administrativa, la de utilizarla para el suministro de candidatos a las posiciones judiciales, la de arreglar conflictos jurisdiccionales y la de preparar y ejecutar el presupuesto de toda la Rama”. De este modo, entonces, los principios de independencia y de autonomía judicial habrían inspirado al constituyente para definir la estructura y el funcionamiento del Estado y de los poderes públicos.
Asimismo, la fundamentalidad de la independencia y de autonomía judicial se derivaría, a juicio del demandante, del propio texto constitucional, en la medida en que ambas directrices irradiaron todo el ordenamiento superior.
Es así como el demandante reseña las disposiciones constitucionales que serían la expresión o materialización de los referidos principios. Como el artículo el artículo 113 superior, que establece el principio de separación de poderes, y los preceptos que crearon el Consejo Superior de la Judicatura, órgano de la propia Rama Judicial encargado de su conducción, para finalmente concluir que a todo el diseño institucional del Estado subyacen los referidos principios de independencia y autonomía judicial.
Pese a lo anterior, el nuevo modelo de gobierno y administración del Poder Judicial previsto en el Acto Legislativo 02 de 2015 habría trastocado definitivamente estos dos elementos estructurales de la Constitución.
En primer lugar, el nuevo diseño institucional favoreció un clima de dependencia de la Rama Judicial frente a las dos ramas del poder público y al interior de la propia rama judicial, así: (i) de una parte, los miembros del Consejo de Gobierno Judicial ya no son de dedicación exclusiva, porque cumplen fundamentalmente funciones judiciales; es el caso de los presidentes del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, que tienen ante rol un rol judicial, además del rol propio de la presidencia de la respectiva corporación; lo propio ocurre con el representante de los jueces y de los magistrados de tribunales, que desarrollan actividades jurisdiccionales en su calidad de juez o de magistrado, y con el representante de los empleados judiciales, que se dedica a otras labores ajenas a la dirección de la Rama Judicial: “los miembros del Consejo ya no son funcionarios de dedicación permanente sino accidental, como accidental y temporal es la dignidad de ser presidente de una Alta Corte, a tal punto que en algunos casos, las respectivas Corporaciones Judiciales tardan incluso años en elección de quien los va a representar, sino que se despojan de su condición de jueces para cumplir la función administrativa, por lo cual no se cumple el presupuesto de dedicación exclusiva en la función administrativa; (ii) también se avala expresamente la facultad del Ejecutivo para intervenir en la gestión de la Rama Judicial, pues los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos pueden participar en las reuniones del Consejo de Gobierno Judicial; este tipo de mediación interfiere directamente con el funcionamiento autónomo del Poder Judicial, pues significa que las instancias gubernamentales pueden interferir en la conducción de un poder que debería funcionar separada y autónomamente de los demás; (iii) tampoco se da continuidad a la gestión de la rama judicial, como quiera que el Consejo de Gobierno Judicial se encuentra integrado por los presidentes de las altas corporaciones judiciales, y estos ejercen la dignidad por un solo año; (iv) finalmente, el gerente de la Rama Judicial cumple dos roles incompatibles entre sí, como es la participación en el Consejo de Gobierno Judicial, que define las políticas en la gestión del Poder Judicial, y la ejecución de tales directrices; este doble rol afecta la conducción de la administración de justicia, pues “el control que debería radicarse en el órgano colegiado, queda radicado en el mismo órgano controlado”.
Pero además, el nuevo modelo de gestión de la Rama Judicial corresponde en su integridad al sistema pre-constituyente previsto en el Decreto 052 de 1987, que justamente fue eliminado de manera consciente y deliberada en la Constitución de 1991, para dotar a la Rama Judicial de la autonomía interna y externa de la que carecía hasta entonces. Dentro de este viejo esquema, el órgano encargado de la gestión de la Rama Judicial, el denominado Consejo Superior de la Administración de Justicia, estaba integrado por delegados de la Corte Suprema, del Consejo de Estado y del Tribunal Disciplinario, así como por un representante de los funcionarios de la Rama Jurisdiccional y de los empleados judiciales. En este orden de ideas, si el esquema institucional plasmado en la Constitución de 1991 respondió al objetivo de dotar de independencia y autonomía a la Rama Judicial, por oposición al existente con anterioridad, y si el Acto Legislativo 02 de 2015 retornó a este último esquema, la forzosa conclusión es que el constituyente secundario no solo suprimió un organismo constitucional, sino también que, al hacerlo, lo hizo en perjuicio de los principios de autonomía y de independencia que inspiraron al Constituyente de 1991: “El Consejo Superior de la Judicatura nació con la Constitución Política de 1991 y fue creado para darle independencia a la Rama Judicial, la cual se pierde para retornar al modelo preconstitucional de 1886 “1.
A partir de las consideraciones anteriores, el accionante concluye que el los preceptos demandados del Acto Legislativo 02 de 2015 adolecen de un vicio competencial, en la medida en que el Congreso se excedió en el ejercicio del poder de reforma, al sustituir principios esenciales de la Carta Política que no eran susceptibles de ser eliminados mediante por el constituyente en un acto legislativo, como son los principios de independencia y de autonomía judicial.

References: ARTÍCULO 15
 artículo 254

ARTÍCULO 16
 artículo 255

ARTÍCULO 17
 artículo 256

ARTÍCULO 18
 artículo 85
 artículo 79
 artículo 85
 artículo 88
 artículo 97
 artículo 79
 artículo 85
 artículo 88
 artículo 99
 artículo131
 artículo 85
 artículo 85
 artículo 131
 artículo 131
 artículo 97
 artículo 131

ARTÍCULO 19
 artículo 257

ARTÍCULO 26
 artículo 116
 artículo 156
 artículo 264
 artículo 266
 artículo 178
 artículo 142
 artículo 341
 artículo 261
 artículo 262
 artículo 113