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Timestamp: 2019-09-15 14:53:02+00:00

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﻿ SENTENCIA SP1844-2018/46287 DE MAYO 23 DE 2018
SENTENCIA SP1844-2018 DE 23 DE MAYO DE 2018
CONTENIDO:REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE CAUSAL TERCERA DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN, BAJO LEY 600. SE EXPLICAN LOS PRESUPUESTOS PARA QUE PROCEDA LA CAUSAL TERCERA DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 220 LEY 600 DE 2000. SE DESTACA QUE ESTA CAUSAL FACULTA LA APERTURA A TRÁMITE DE LA ACCIÓN CUANDO DESPUÉS DE LA SENTENCIA CONDENATORIA APAREZCAN HECHOS NUEVOS O SURJAN PRUEBAS NO CONOCIDAS AL TIEMPO DE LA CONTROVERSIA. AL RESPECTO, SE AFIRMA QUE SE REQUIEREN TRES PRESUPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO Y SON: (I) QUE EL PRONUNCIAMIENTO CONTRA EL CUAL SE DIRIGE EL ATAQUE SEA DE CARÁCTER CONDENATORIO, (II) QUE DESPUÉS DE SU EJECUTORIA APAREZCAN HECHOS O PRUEBAS ORIGINALES NO ADVERTIDAS AL TIEMPO DE LOS DEBATES Y (III) QUE LOS ASPECTOS FÁCTICOS QUE SE ADUCEN COMO DESCONOCIDOS, O LOS MEDIOS DE CONOCIMIENTO QUE SE POSTULAN NOVEDOSOS, DEMUESTREN “LA INOCENCIA DEL PROCESADO O SU INIMPUTABILIDAD” O TORNEN CUESTIONABLE LA VERDAD DECLARADA EN EL FALLO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2000, PRUEBA NUEVA, SENTENCIA CONDENATORIA, REVISIÓN DE LA SENTENCIA, ACCIÓN DE REVISIÓN DE LA SENTENCIA
Sentencia SP1844-2018/46287 de mayo 23 de 2018
SP1844-2018
Radicación: 46.287
El representante de la sentenciada inicia identificando la actuación procesal, para luego, bajo el amparo de las causales 3ª y 6ª del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, indicar que, con posterioridad al fallo de condena, emergieron nuevos elementos de juicio que remueven la estructuración del reproche plasmado en las providencias de los juzgadores.
Refiere que, el 13 de marzo de 2013, L.Y.G.T. radicó una petición ante la Fiscalía General de la Nación con el objeto de que se investigara por falso testimonio a H.T.B., con ocasión de las afirmaciones con las que la involucró en los hechos materia de revisión.
A instancias del ente acusador, se estableció que H.T.B. estuvo postulado en Justicia y Paz, pero, renunció, además, se recopilaron las declaraciones de M.M.O., M.E.M.R., E.G.E. y Y.E.B.F., así como la de los desmovilizados F.M.Q.C., N.N.C., I.A.O.S., J.G.O. y C.M.O.L., material probatorio con base en el cual H.T.B., finalmente, fue condenado por falso testimonio y fraude procesal, el 7 de abril de 2015, por el juzgado séptimo penal del circuito de Bucaramanga.
Por tanto, solicita la libertad provisional de L.Y.G.T. y la nulidad del proceso que nos ocupa.
Trámite ante la Corte
1. Tras ser admitida la demanda(3), al constatarse el cumplimiento de los requisitos del artículo 222 del Código de Procedimiento Penal, la Ley 600 de 2000, se dispuso allegar el proceso que culminó con el cuestionado fallo.
2. Una vez se surtió la notificación de aquella providencia(4), se verificó el traslado previsto en el artículo 224 de la Ley 600 de 2000, con el propósito de que los sujetos procesales solicitaran pruebas(5), haciéndolo en término el Ministerio Público y el demandante(6).
Con proveído AP6967-2016, 5 oct. 2016, rad. 46287(7), la Sala negó la testimonial y la documental impetrada. En su lugar decretó la incorporación de la copia auténtica de la sentencia del juzgado séptimo penal del circuito de conocimiento de Bucaramanga proferida el 7 de abril de 2015, dentro del expediente con radicado 110016099046201300012 y de las declaraciones de F.M.Q.C., L.Y.G.T., M.M.O., M.E.M., N.N.C., I.A.O.S., J.G.O., E.G.E., C.M.O.L. y Y.E.B.F.
También se ordenó oficiar a la Fiscalía General de la Nación, para que remita duplicado de la Resolución 024 del 30 de abril de 2013, emitida por el jefe del grupo de trabajo para la investigación de falsos testigos que adjudicó el trámite, por reparto, a la Fiscalía cuarta delegada ante los jueces penales del circuito especializado y, a la Unidad de Justicia y Paz —despacho 6º—, para que expidiera certificación de la fecha de postulación de H.T.B. y su situación actual.
3. Perfeccionado el recaudo probatorio(8), se ordenó correr traslado a los intervinientes para que alegaran. Presentaron manifestaciones conclusivas la procuradora y el litigante(9).
Alegatos de los intervinientes
La delegada identifica antecedentes, hechos y actuación, con lo que procede a señalar que pese a que el demandante no realiza una sustentación individual de cada postulación, formula la petición al amparo de las causales 3ª y 6ª del artículo 192 del estatuto adjetivo de 2004, con el objeto de “levantar los efectos de la cosa juzgada formal y material de la sentencia de condena”.
Señala que, encuentra fundada la causal tercera porque luego del fallo, la Fiscalía General de la Nación adelantó una investigación, a petición de L.Y.G.T., en la que se descartó la participación de la interesada en los hechos por los que fue condenada.
Por su parte, en relación con la sexta, de igual forma, la aprecia acreditada en razón a que con la providencia proferida en contra de H.T.B., descarta la participación de L.Y.G.T. en los acontecimientos por los cuales se encuentra privada de su libertad.
Es así como cierra solicitando dejar sin efectos la providencia y conceder la libertad a la penada, “siempre que no esté requerida por otra autoridad”.
El profesional sintetiza los fundamentos de la demanda e insiste en que con posterioridad al fallo aparecieron pruebas que acreditan la inocencia de su poderdante, víctima de una fraudulenta incriminación al no acceder a las extorsiones de H.T.B., quien, precisamente, en razón de esa circunstancia, fue inculpado por los delitos de fraude procesal y falso testimonio.
Alega que, los elementos de conocimiento nuevos son los que sustentaron la condena a H.T.B. y tienen la virtud de modificar el juicio de reproche que pesa sobre L.Y.G.T.
Hace una breve reseña de los relatos de los desmovilizados del EPL, para señalar que H.T.B. mintió porque no era integrante de la organización subversiva y G.T. tampoco hizo parte del secuestro.
Por todo, solicita dejar sin valor la sentencia recurrida.
De conformidad con el artículo 75-2 de la Ley 600 de 2000, corresponde a la Sala de Casación Penal conocer de la revisión promovida contra el fallo condenatorio ejecutoriado proferido por el Tribunal Superior de Cúcuta, Norte de Santander.
Tal como se precisó en el auto que admitió la demanda, por la fecha de los hechos, técnicamente, el estudio corresponde a las causales 3ª y 5ª del canon 220 del Código Procesal Penal de 2000, esto, pese a que en el líbelo se invocan las 3ª y 6ª del artículo 192 de la Ley 906 de 2004. Se insiste en esta distinción en razón a que el recurrente en los alegatos llega, incluso, a la confusión de citar los numerales 2 y 6 de la última disposición en cita.
Causal de revisión —numeral 3º artículo 220 Ley 600 de 2000—.
La presente vía faculta la apertura a trámite de la acción cuando, después de la sentencia “condenatoria”, aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de la controversia, que establezcan la inocencia del procesado o su inimputabilidad.
Se ha decantado para su reconocimiento los siguientes presupuestos a saber: (i) que el pronunciamiento contra el cual se dirige el ataque sea de carácter condenatorio, (ii) que después de su ejecutoria aparezcan hechos o pruebas originales no advertidas al tiempo de los debates, y (iii) que los aspectos fácticos que se aducen como desconocidos, o los medios de conocimiento que se postulan novedosos, demuestren “la inocencia del procesado o su inimputabilidad” o tornen cuestionable la verdad declarada en el fallo.
Pruebas en el trámite de revisión:
En respaldo de la reclamación, se acopiaron los siguientes:
(i) Fue allegada copia de la Resolución 024 del 30 de abril de 2013(10), por medio de la cual se asigna a la Fiscalía cuarta delegada ante los juzgados penales del circuito especializado, adscrita al grupo de trabajo para la investigación de falsos testigos, la indagación con base en la comunicación radicada por L.Y.G.T., en la que informa que fue inculpada con sustento en el testimonio de H.T.B., “alentado por la negativa a pagar una extorsión”.
(ii) Asimismo, se adjuntó la Resolución 02348 del 24 de junio de 2013(11), en la que se hace la designación especial a los fiscales delegados adscritos al grupo de trabajo para la investigación de falsos testigos, del conocimiento, entre otros, del asunto puesto a consideración por L.Y.G.T.
(iii) Se decretó la incorporación de las declaraciones rendidas por los exintegrantes del EPL F.M.Q.C.(12), N.N.C.(13), I.A.O.S.(14), y C.M.O.L.(15), dentro del proceso identificado con radicado 110016099046201300012, seguido en contra de H.T.B.
(iv) De igual manera, del expediente referido se arrimaron los testimonios de las siguientes personas: M.M.O.(16), M.E.M.R.(17), Y.E.B.F.(18), la fiscal E.G.E.(19) y la condenada, L.Y.G.T.(20).
Examen de la causal invocada.
Se advierte, de las resoluciones emitidas por la Fiscalía General de la Nación que, posterior a la condena y con ocasión a una denuncia radicada por L.Y.G.T., el ente acusador inició una investigación en contra de H.T.B., en la que se recopilaron diferentes declaraciones como material probatorio, el cual, estima el libelista, modifica los fundamentos de hecho que soportaron la censura de su poderdante.
Pues bien, en el presente asunto, la pretensión, con base en los elementos de conocimiento acompañados por la defensa, no tiene vocación de prosperidad porque la senda fáctica propuesta no ostenta la virtud de derruir la certeza que condujo a los falladores a proferir las decisiones cuestionadas, pues, los medios de convicción no acreditan circunstancias desconocidas, pero además, N.N.C., M.M.O. y Y.E.B.F. testificaron en juicio, por manera que carecen de originalidad.
Para el efecto, resulta pertinente destacar que son pilares fácticos de la responsabilidad atribuida a G.T., establecidos probatoriamente, que la sentenciada acompañaba a la menor de edad al momento de su secuestro, la sacó de la casa con el pretexto de llevarla a una reunión de Yanbal, no reparó en obtener el permiso de los padres y la niña no sabía en dónde era el encuentro.
Lo anterior, no sólo con estribo en la declaración de H.T.B., sino del examen riguroso de todos los medios dispuestos en el diligenciamiento, los cuales, develaron que el día 23 de enero de 2000, aproximadamente a las 2:15 p.m., en el municipio de Ábrego, tres sujetos secuestraron a J.P.G. y se la llevaron primero en un taxi y luego en una camioneta.
Al momento del plagio, la víctima se encontraba con L.Y.G.T., quien la había invitado a una exhibición de productos de la marca Yanbal y la recogió junto con M.M.O., también menor de edad, y la propia hija de la condenada. De la casa de J.P.G., la procesada no se dirigió al lugar del prometido encuentro, sino donde vivía la abuela de su hija, pero, como no la halló continúo buscándola y realizó un innecesario recorrido, incluso, en contravía, hasta que fueron interceptadas por los perpetradores.
Para los falladores, no cabe duda de que la coyuntura entre la condenada, J.P.G. y los secuestradores, lejos de ser una situación accidental o fortuita, fue el resultado de un plan estructurado y mentado con el inequívoco propósito de aprehender a P.G.
Subrayaron que, con antelación al plagio de la menor de edad, su padre, M.M.P.A., sufrió un intento de secuestro, incluso, con cruce de disparos, pero, sin lograr los forajidos someter a su contendiente. Por lo tanto, el atentado fallido y la actitud asumida por P.A., de no volver a salir de su casa, robustecieron las consideraciones del plagio de su hija J.P.G. y la necesidad de la estrategia para su consumación.
Además, L.Y.G.T. persistió en sacar a la niña, de tan sólo 13 años, a una reunión con fines comerciales, cuyo padre estaba amenazado y sin claudicar en obtener autorización familiar, aspectos de los cuales, más allá de la mera casualidad, emerge el propósito abyecto de la sentenciada.
La precisión antecedente, resulta relevante porque las pruebas invocadas en esta sede por el censor están orientadas a desvirtuar la convicción sobre la pertenencia de L.Y.G.T. a la organización guerrillera y, en consecuencia, su participación en el secuestro de J.P.G.
A través de las exposiciones de F.M.Q.C., N.N.C., I.A.O.S., J.G.O. y C.M.O.L., desmovilizados del EPL, así como las de M.M.O., M.E.M.R., E.G.E. y Y.E.B.F., el defensor pretende demostrar que: la presencia de Y.G.T. en el momento del secuestro fue circunstancial, su vínculo con los hechos se originó por no acceder a las amenazas extorsivas de H.T.B., quien finalmente terminó atestiguando en su contra, y que la condenada no pertenecía al EPL.
Al respecto, las declaraciones rendidas por los ex integrantes del EPL, F.M.Q.C., N.N.C., I.A.O.S., y C.M.O.L., dentro del expediente identificado con radicado 110016099046201300012, seguido a H.T.B., resultan irrelevantes, en razón a que se limitaron a indicar que no conocieron en la agrupación a una integrante de nombre L.Y.G.T., ni tampoco a alguien con el alias de “La P.”, empero, nada aportaron en cuanto a refutar la participación de la condenada en el secuestro o en la planificación y ejecución de la entrega de la menor a los guerrilleros.
De la misma forma, la pertenencia de G.T. o no al grupo subversivo no hizo parte del juico de reproche y en nada inquieta su contribución en la creación de las condiciones para posibilitar el rapto de la niña.
Además, ese asunto también fue planteado en las instancias, oportunidad en la que se puso de presente que, justamente, con ocasión de la utilización “del secreto como arma para dificultar la acción del estado, la confidencialidad y el principio de compartimentación, con los que se busca preservar la clandestinidad”, el acceso a la identificación de los miembros de esa clase de organizaciones al margen de la ley no es generalizado.
Ahora, N.N.C. no es un testigo novedoso, en atención a que rindió testimonio al interior de la causa, pero sumado a ello, su narración fue desestimada y tachada de “amañada por pretender favorecer a la acusada” por los falladores. Así las cosas, no es de recibo su postulación en este trámite.
Por su parte, la lectura de la versión suscrita por I.A.O.S., también desmovilizado, permite advertir que señala a H.T.B. de ser un miliciano, para el año 2005, hermano de otro integrante conocido como “La C.”, sin embargo, más adelante, afirma que sólo era un campesino al que le encargaban “mandados” y, al final de su declaración, solicita que “se solucione lo antes posible la situación en la que está involucrada” la sentenciada.
Lo manifestado por I.A.O.S., suscita prevención, ya que, en un inicio señala a T.B. de “miliciano” para luego asignarle el simple rol de colaborador, pero, lo que más inquieta, sin dudas, es el particular y evidente interés que exteriorizó por favorecer a L.Y.G.T. con su relato. Circunstancias que afectan su valor suasorio.
Por otra parte, en relación con la declaración de M.M.O., indica que nunca “la citaron” antes a testificar en el trámite, pero lo cierto es que esa afirmación no corresponde con la realidad como quiera que sí rindió atestación en el proceso, incluso, sus aseveraciones sirvieron de apoyo a las inferencias fácticas de las determinaciones de instancia. Con sustento en lo dicho por M.M.O., los juzgadores resaltaron que mientras M.O. ubicó a la hermana de la víctima como la interesada en las manillas, la inculpada señaló a la secuestrada, para ahora asegurar, en esta instancia, que la invitación provino de ella. En ese orden, la carencia de originalidad y la discordancia actualmente exhibida, excluyen su estimación.
Similar situación ocurre con Y.E.B.F., quien también declaró en la actuación objeto de estudio, es esa oportunidad, acerca de una presunta extorsión contra L.Y.G.T. por parte de H.T.B., en donde aseguró que, como abogada, conoció de una “carta extorsiva” que G.T. le remitió por fax, pero, el documento nunca apareció y no sugirió a la condenada interponer las denuncias pertinentes. Por manera que, en razón a la amistad que ostentaba con la procesada y a que la presunta nota argüida no se adujo como prueba porque tampoco se halló, ni hizo referencia alguna a su contenido, su declaración fue descartada.
En lo que compete a M.E.M.R., aun cuando no acudió al juicio, su relación con los acontecimientos fue expuesta por la encausada dentro de la tesis defensiva, al referirla, en un principio, como la persona en donde se iba a realizar la reunión de Yanbal, empero, la misma L.Y.G.T. varió esa afirmación en la ampliación de indagatoria y señaló a una persona llamada M.V. de ser la responsable de organizar el encuentro, no obstante, dijo que era imposible ubicarla porque ya no residía en Ábrego.
En todo caso, ahora la declarante se limita a explicar que, en efecto, en su casa se realizó la referida asamblea de Yanbal y que L.Y.G.T. nunca llegó, circunstancia que en nada modifica la realidad declarada en la condena debido a que, precisamente, ese era el móvil para obtener que J.P.G. saliera de la vivienda, siendo indiferente su realización en razón a que, en efecto, bajo esa excusa la menor fue secuestrada.
Por su parte, las manifestaciones de la fiscal E.G.E. consistentes en que tuvo conocimiento de una solicitud indebida de dinero que H.T.B. realizó a una víctima de Justicia y Paz y que, debido a que el postulado seguía delinquiendo desde la cárcel, se estaba recopilando información para su exclusión del sistema de justicia transicional, resultan impertinentes, como quiera que no guardan relación con los hechos materia de estudio o la pretensión rescisoria y se basa en suposiciones sin soporte probatorio.
Por último, se aporta la declaración de L.Y.G.T., la cual se circunscribe a reproducir la senda fáctica propuesta en el trámite y que fue vencida en juicio.
Hechas las claridades que anteceden, la Corte observa que los medios de conocimiento invocados por el apoderado resultan insuficientes para superponerse a la realidad declarada en los fallos de instancia, e incluso, algunos son repetitivos y carecen del elemento de la originalidad. Así las cosas, la ruta fáctica propuesta no se contrapone a la adoptada por los juzgadores en las providencias y, en ese orden, es claro que no se cumplen los presupuestos exigidos para declarar fundada la causal de revisión alegada en este evento.
Causal de revisión —numeral 5 artículo 220 de la Ley 600 de 2000—.
El demandante invoca, también, el numeral quinto que autoriza la revisión del juicio “cuando se demuestre, en sentencia en firme, que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó en prueba falsa”.
De acuerdo con el contenido de esta postulación, dos son los supuestos para su configuración: (i) que exista decisión judicial en firme donde haya sido declarada la falsedad de un medio de prueba que hace parte del proceso cuya revisión se solicita y (ii) que el medio de prueba haya determinado el sentido del fallo, o de la decisión objeto de revisión.
Pruebas en el trámite de revisión.
Con el propósito de corroborar la proposición, se decretó la incorporación, adicionalmente, de los siguientes elementos de conocimiento:
(i) Sentencia proferida por el juzgado séptimo penal del circuito de Bucaramanga, el 7 de abril de 2015(21), mediante la cual condenó a H.T.B. por los delitos de falso testimonio y fraude procesal, por “comprometer en el reato de secuestro de la menor Y.P. a la señora L.Y.G.T.”.
(ii) Descansa, igualmente, el oficio número 01541 del 10 de noviembre de 2016(22), de la dirección nacional de análisis y contextos de la Fiscalía General de la Nación, en el que informa que H.T.B. fue postulado de la Ley de Justicia y Paz y que, a través de resolución del 11 de julio de 2011, se resolvió aceptar su solicitud de renunciar a ese procedimiento.
A la petición se anexa providencia de condena en contra de H.T.B. por el delito de falso testimonio y fraude procesal al haber faltado a la verdad en las versiones rendidas en el proceso seguido a L.Y.G.T.; el cuerpo de la decisión subraya que, G.T. elevó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que H.T.B. fuera investigado por falso testimonio.
Producto de esa solicitud, el ente acusador expidió la Resolución 024 del 30 de abril de 2013(23), por medio de la cual asignó a la Fiscalía cuarta delegada ante los juzgados penales del circuito especializado, adscrita al grupo de trabajo para la investigación de falsos testigos, la indagación de las aseveraciones de L.Y.G.T.
Luego, el asunto se adjudicó a la unidad especial de fiscales delegados adscritos al grupo de trabajo para la investigación de falsos testigos, a través de la Resolución 02348 del 24 de junio de 2013(24).
Como resultado de las averiguaciones, se recopilaron elementos materiales probatorios consistentes en las declaraciones de los testigos del apartado precedente, que, de forma expresa señala el litigante, lograron desvirtuar (i) la pertenencia de L.Y.G.T. al EPL, (ii) el conocimiento de H.T.B. de L.Y.G. para la época en la que presuntamente se vinculó como miliciana, (iii) su calidad de testaferro y (iv) la participación en el secuestro de Y.P.G.
Según se entiende, por juzgar el citado fallo a H.T.B., en razón a las aserciones que hizo frente a L.Y.G.T., dicha determinación incide, de manera favorable, en la condena de G.T., por lo que el libelista solicita rescindir la sanción en contra de su mandante.
En contraste, pese a que, formalmente, se adjunta un pronunciamiento en la que se sanciona por falso testimonio a H.T.B. y a la trascendencia de su declaración en la causa escrutada, esas solas circunstancias no son suficientes para afirmar la configuración de la ruta de ataque invocada, en razón a que la providencia no ostenta el poder de erigirse como medio de prueba que permita afirmar la irrealidad de la situación fáctica declarada.
Lo anterior, debido a que el litigante se limita a hacer ostensible la sola tacha a la versión de H.T.B., sin realizar manifestación alguna en relación con otros aspectos que comprometen a la sentenciada en los acontecimientos.
Tal como se puede verificar de los fallos, quedó demostrado, “a través de la prueba testimonial”, la ocurrencia del hecho materia de investigación, consistente en el secuestro de J.P.G., —quien fue despojada en el momento en el que se encontraba con L.Y.G.T.—, el pago de dinero para su liberación y que los ejecutores señalaron pertenecer al EPL.
También mencionan, en relación al día del rapto, que aun cuando la procesada dijo realizar la invitación a J.P.G., a la exposición de Yanbal, “ocho días antes”, la propia víctima informó que fue ese mismo día, a las 10 a.m. Además, G.T. insistió en sacar a la menor de su casa pese a no ser “allegada”, pues, la conoció tan sólo un mes antes del insuceso y sin que fuera ella la directa interesada en las manillas, debido a que la atraída era la hermana de J.P.
Agregan el desconocimiento de J.P.G. del lugar a dónde sería llevada y las inusuales maniobras desplegadas por L.Y.G.T., previas a la retención, ya que, en vez de dirigirse al sitio prometido, efectuó un recorrido innecesario arguyendo buscar a la abuela de su hija, inclusive, tomó una vía en sentido contrario, hasta que, finalmente, fue interceptada por los subversivos.
Todo lo anterior, llevó a los juzgadores, por vía de inferencia, a censurar a la procesada, en atención a que, conforme a la sana crítica, los secuestros son planificados de forma rigurosa por los grupos guerrilleros y en el, sub judice, la intervención de L.Y.G.T., en virtud de lo probado, no fue resultado de la mera casualidad, sino de un programa criminal con el inequívoco propósito de arrebatar a J.P.G.
Frente a esa realidad fáctica, el recurrente no realiza ninguna confrontación sino que se limita a mencionar de forma genérica que H.T.B. fue procesado por falso testimonio sin controvertir las circunstancias cardinales del juicio de reproche.
Adicionalmente, los elementos de conocimiento aducidos contra H.T.B., como quedó expresado en el acápite anterior, aunque sustenten su condena, no se erigen concluyentes ni trascienden frente a las inferencias que soportan la de L.Y.G.T., cuyos comprometedores nexos con los hechos persisten incólumes y no se modificaron con ocasión a las declaraciones anexas al libelo.
Debe añadirse que, la responsabilidad atribuida a G.T. radicó, no en la pertenencia al EPL, sino en la concertación y participación en la privación de Y.P.G., suceso que no se logró desvirtuar en esta sede extraordinaria.
Por su parte, el documento relativo a la condición y desvinculación de H.T.B. como postulado de Justicia y Paz, tampoco aporta a la comprobación de la pretensión, además, su renuncia fue voluntaria.
En síntesis, no se cumplen los presupuestos exigidos para declarar fundada la causal de revisión alegada, pues, la providencia argüida, junto con los medios de convicción adjuntados, en nada inquietan el juicio de reproche objeto de examen.
1. DECLARAR INFUNDADAS las causales 3ª y 5ª de revisión invocadas por el apoderado judicial de L.Y.G.T., según lo descrito en la parte motiva de esta providencia.
2. DEVOLVER el expediente allegado en calidad de préstamo, al juzgado de origen.
3. Contra esta decisión no proceden recursos.
3 Folios 194 a 196 ibídem.
4 Folio 205 ibídem, informe secretarial de notificación al Ministerio Público, abogado defensor, sentenciada y Unidad de fiscalías especializadas de Cúcuta. Folio 15 cuaderno Nº 2 de la Corte, informe secretaria notificación de las víctimas.
5 Folio 206 cuaderno Nº 1 de la Corte.
6 Folio 347 ibídem.
7 Folios 17 al 36 cuaderno Nº 2 de la Corte.
8 Folio 192 ibídem.
9 Folio 224 ibídem.
10 Folios 47 al 49 ibídem.
11 Folios 50 al 52 ibídem.
12 Folios 113 a 117 ibídem. Fecha declaración 19 de febrero de 2014.
13 Folios 156 a 166 ibídem. Fecha declaración 9 de abril de 2014. Folios 145 a 147 ibídem. Fecha declaración 25 de julio de 2014.
14 Folios 171 a 175 ibídem. Fecha declaración 8 de mayo de 2014. Folios 167 a 170 ibídem. Fecha declaración 17 de junio de 2014.
15 Folios 180 a 184 ibídem. Fecha declaración 6 de agosto de 2014.
16 Folios 139 a 141 ibídem. Fecha declaración 20 de marzo de 2014.
17 Folios 142 a 144 ibídem. Fecha declaración 19 de marzo de 2014.
18 Folios 187 a 190 ibídem. Fecha declaración 26 de septiembre de 2014.
19 Folios 176 a 179 ibídem. Fecha declaración 1 de agosto de 2014.
20 Folios 121 y 122 ibídem. Fecha declaración 6 de noviembre de 2013.
21 Folios 105 al 112 ibídem.
22 Folios 77 y 78 cuaderno Nº 2 de la Corte.
23 Folios 47 al 49 ibídem.
24 Folios 50 al 52 ibídem.

References: ARTÍCULO 220
 artículo 192
 artículo 222
 artículo 224
 Resolución 
 artículo 192
 artículo 75
 artículo 192
 artículo 220
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 220
 resolución 
 Resolución 
 Resolución