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Timestamp: 2019-06-25 10:53:38+00:00

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Plazo para contradecir empieza a correr desde la notificación de la demanda y sus anexos [Casación 2144-2016, Junín] | Legis.pe
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Fundamento destacado: Décimo.- Sin embargo, este Tribunal Supremo considera que en el caso de autos se ha vulnerado el derecho de defensa y por ende el derecho al debido proceso de los demandados, al habérseles declarado rebeldes como consecuencia de un cómputo erróneo del plazo de absolución por parte del juzgador; ello en virtud a que si bien la Resolución número dos, que corrige la Resolución número uno, les fue notificada a los recurrentes el día 28 de octubre de 2014, lo cierto es que el escrito de demanda y anexos fueron recién notificados mediante la Resolución número uno, el día 29 de octubre de 2014, y lógicamente, es a partir de ésta en que se hace efectivo el derecho de los demandados de contradecir la demanda y ofrecer los medios probatorios que consideren pertinentes.
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Sumilla.- Debido proceso. Se vulnera el debido proceso y el derecho de
defensa si en autos ha quedado acreditado que los demandados fueron declarados
rebeldes, a consecuencia del cómputo erróneo del plazo para la contestación de la
Es objeto de examen el recurso de casación interpuesto por los demandados Irma Inga Castro y Wenceslao Samaniego Astete, mediante escrito que obra a fojas trescientos treinta y cuatro, contra la sentencia de vista de fecha 21 de marzo de 20161, que confirmó la sentencia apelada del 15 de diciembre de 201 52, que declaró fundada la demanda sobre otorgamiento de escritura pública.
Mediante escrito presentado el 01 de setiembre de 20143, Miriam Inga Castro interpone demanda de otorgamiento de escritura pública contra Irma Inga
Castro y Weceslao Samaniego Astete, respecto del contrato de compra venta del lote de terreno signado con número 04 ubicado en Jirón Bolognesi, sin número, Distrito El Tambo, de la Provincia de Huancayo, con una extensión de 43.125 metros cuadrados.
Primigeniamente, el inmueble objeto de pretensión, fue adquirido por los padres de la demandante, Víctor Inga Galvan y Clara Castro de Inga, de sus anteriores propietarios don Alejandro Aliaga Aliaga y esposa, mediante escritura pública de compraventa del 09 de abril de 1962, inscrita en el asiento
de fojas cuatrocientos cincuenta y ocho del tomo noventa y cinco del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral de Huancayo. Posteriormente, se independiza el área de 250 metros cuadrados, a favor de sus padres en la Partida número 11029916 del Registro de Predios de Huancayo.
A la muerte de sus padres, el bien antes referido pasó a ser de propiedad -por sucesión hereditaria- de la actora, la demandada Irma y sus hermanos Elmer, Martha, Elza, Alicia, Lorenzo, y José Inga Castro; la traslación de dominio a título sucesorio se encuentra inscrita en la partida registral antes mencionada.
La actora afirma que ha adquirido la propiedad del área correspondiente a la demandada, Irma Inga Castro y a su esposo Wenceslao Samaniego Astete, mediante contrato de compraventa de fecha 29 de abril de 20114, por el precio de dos mil ochocientos tres soles (S/. 2,803.00), el cual fue cancelado a la entera satisfacción de los vendedores según se desprende de la referida minuta; sin embargo, pese a sus requerimientos, los demandados se rehúsan a formalizar el contrato, por lo que se ve en la necesidad de iniciar este proceso.
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Mediante Resolución número cuatro de fecha 25 de noviembre de 2014[1], se declaró rebelde a los demandados Irma Inga Castro y a su esposo Wenceslao Samaniego Astete.
Mediante audiencia[2], se fijaron los siguientes puntos controvertidos:
El Juez del Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, expidió la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2015[3], declarando fundada la demanda, bajo los siguientes argumentos:
En ejercicio de su derecho de propiedad, los demandados Irma Inga Castro y su esposo Wenceslao Samaniego Astete, celebran un contrato de compraventa con la actora Miriam Inga Castro con fecha 29 de abril de 2011, ante la Notaria Pública Llubiza Tovar Pineda, a través del cual le transfieren en propiedad el lote de terreno signado con el número 04 ubicado en el Jirón Bolognesi, sin número, del Distrito El Tambo, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín, con una extensión superficial de 43.125 metros cuadrados, con los linderos y medidas perimétricas que figuran en la minuta de fojas diecisiete a dieciocho. Asimismo, en el mencionado contrato de compraventa, en la cláusula tercera, se pactó como precio del bien objeto de venta, la suma de dos mil ochocientos tres soles (S/. 2,803.00), suma de dinero que los vendedores declaran haber recibido al contado y en efectivo, en su totalidad8.
Los demandados interponen recurso de apelación mediante escrito presentado el 21 de diciembre de 20159, señalando los siguientes argumentos:
La Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Junín, mediante Resolución número veinticinco, de fecha 21 de marzo de 201610, confirmó la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda de otorgamiento de escritura pública, bajo los siguientes fundamentos:
El recurso de casación, de fojas trescientos treinta y cuatro, que interponen los demandados Irma Inga Castro y Wenceslao Samaniego Astete, ha sido declarado procedente, mediante auto calificatorio, de fojas ciento siete del cuaderno de casación, el 09 de noviembre de 2016, por las causales que a continuación se detallan:
“En la doctrina y la jurisprudencia nacionales han convenido en que el debido proceso es un derecho fundamental de toda persona -peruana o extranjera, natural o jurídica- y no sólo un principio o derecho de quienes ejercen la función jurisdiccional. En esa medida, el debido proceso comparte el doble carácter de los derechos fundamentales: es un derecho subjetivo y particular exigible por una persona y, es un derecho objetivo en tanto asume una dimensión institucional a ser respetado por todos, debido a que lleva implícito los fines sociales y colectivos de justicia (…)[4]”.
Este derecho, “por su naturaleza misma, se trata de un derecho muy complejamente estructurado, que a la vez está conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se refieren a las estructuras, características del Tribunal o instancias de decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa”12.
A través de esto último se garantiza el derecho que tienen las partes en un proceso o procedimiento a que la resolución se sustente en la interpretación y aplicación adecuada de las disposiciones vigentes, válidas y pertinentes del orden jurídico para la solución razonable del caso, de modo que la decisión en ella contenida sea una conclusión coherente y razonable de tales normas”[5].
CUARTO.- El derecho de defensa se encuentra reconocido en el artículo 139 inciso 14 de la Constitución Política del Estado, y constituye un elemento clave de la configuración de la tutela procesal efectiva y el debido proceso, puesto que un proceso no puede considerarse como respetuoso de la persona si no se le permite la posibilidad de presentar sus argumentos, estrategia y elementos de respaldo jurídico necesarios. Así, la defensa también es un derecho-regla de la tutela procesal efectiva[6].
La posibilidad de su ejercicio presupone, en lo que aquí interesa, que quienes participan en un proceso judicial para la determinación de sus derechos y obligaciones jurídicas tengan conocimiento, previo y oportuno, de los diferentes actos procesales que los pudieran afectar, a fin de que tengan la oportunidad de ejercer, según la etapa procesal de que se trate, los derechos procesales que correspondan[7].
NOVENO.- El juez de primera instancia emitió la Resolución número cuatro de fecha 25 de noviembre de 2014[8], declarando rebeldes a los demandados por considerar que su contestación de demanda fue presentada de manera extemporánea, el 06 de noviembre de 2014[9], computando el plazo de absolución desde la fecha de la notificación con la Resolución número dos.
[1] Fojas 58
[2] Fojas 87
[3] Fojas 246
[4] Landa, César. Derecho fundamental al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. En: http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4 uibd.nsf/C0C8578C81370C4005257BA600724852/ $FILE/con art12.pdf
[5] EXP. N.° 02467-2012-PA/TC
[6] EXP. N.° 6712-2005-HC/TC
[7] EXP N ° 00748-2012-PA/TC
[8] Fojas 58
[9] Fojas 38

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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 artículo 139
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