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Timestamp: 2018-03-20 07:56:04+00:00

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RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE UNA SITUACIÓN DE ACOSO ESCOLAR | Abogalista.com
RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE UNA SITUACIÓN DE ACOSO ESCOLAR
Responsabilidad Civil Extra-contractual (Art. 1903 Cc)
I.- La Prescripción; El Art. 1.968 del Código Civil establece que “la acción para exigir la responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1.902 es de un año, desde que lo supo el agraviado”. Como limitación que es al ejercicio extemporáneo y tardío de las acciones en beneficio de la seguridad jurídica, excluye una aplicación rigorista, al ser una institución que, por no hallarse fundada en la justicia intrínseca, ha de merecer un tratamiento restrictivo, criterio especialmente aplicable en las prescripciones cortas (de plazo anual o similar). Y en todo caso, la conducta del perjudicado solicitando la indemnización, aparece opuesta a la inactividad que sustenta la institución en la presunción de abandono de su titular, eliminándose el fundamento subjetivo sobre el que se mantiene, sin olvidar el objetivo de protección del deudor -determinante pero compatible con el anterior- en tanto no se vulneran las exigencias de seguridad y certeza, de conformidad con lo reiteradamente declarado por la jurisprudencia -Sentencias de 7 julio 1982, 27 mayo 1983, 16 julio 1984, 6 mayo 1985, 19 septiembre 1986, 3 febrero 1987 y 20 octubre 1988, entre otras-.
Asimismo, y a los efectos de autos, ha de puntualizarse que:
a) Incoado un proceso penal, el plazo anual queda interrumpido por la tramitación de la vía penal preferente, debiendo de computarse desde el momento en que se concluyó la causa criminal, como mínimo y salvo supuestos específicos no aplicables en la litis,
y b) La interrupción de la prescripción, de conformidad con el artículo 1974 del Código Civil, en las obligaciones solidarias, aprovecha o perjudica por igual a todos los acreedores y deudores, lo cual significa que cualquier acción intentada contra alguno de ellos es oponible frente a los demás.
II.- Falta de Legitimación Pasiva, por cuanto la responsabilidad de las personas o entidades titulares de un Centro docente de enseñanza no superior que establece el art. 1903, párrafo quinto del Código Civil, conforme a la reforma operada por la Ley 1/1991, de 7 de enero, se basa en un deber de vigilancia dimanante de las funciones que desempeñan estos centros sobre sus alumnos menores de edad.
La responsabilidad de las personas o entidades titulares de un Centro docente de enseñanza no superior que establece el art. 1903, párrafo quinto del Código Civil, conforme a la reforma operada por la Ley 1/1991, de 7 de enero, se basa en un deber de vigilancia dimanante de las funciones que desempeñan estos centros sobre sus alumnos menores de edad.
Deber de vigilancia que ha de exigirse con mayor rigurosidad cuanto más pequeño es el menor. Además el mencionado precepto, tras la reforma indicada, soslaya el principio culpabilístico para establecer una responsabilidad prácticamente objetiva, conforme declaró la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1997. Por lo que, una vez se ha comprobado que ha ocurrido el hecho que nos ocupa en horas escolares, dentro del centro, siendo agresores y agredida dos alumnas del colegio demandado, se pone de relieve una negligencia en el control de los alumnos, debiendo ser la demandada la que acredite que agoto el deber de diligencia que le es exigible.
El Tribunal Supremo en numerosas Sentencias acentúa la exigencia de diligencia -medidas de previsión, vigilancia, atención y cuidado- en aras de la protección de los menores. Así cabe citar las SS. de 11 de julio de 1990, 22 de febrero de 1991, 7 de enero de 1992, 24 de febrero de 1993, 24 de marzo de 1995, 4 de mayo de 1995, 25 de septiembre de 1996, 31 de mayo de 1997, 31 de diciembre de 1997, 13 de abril de 1998, 30 de junio de 1998, 15 de marzo y 18 de mayo de 1999.
Por todo ello, considero que existiría FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA AD CAUSAM (Art. 10 LEC) O SUBSIDIARMENTE FALTA DE LISTISCONSORCIO PASIVO NECESARIO (Art. 12 LEC) en el hipotético caso en que la parte actora demandara únicamente a los padres del alumno acosador en vez de demandar al centro escolar. Y ello conforme el Art. 1.903 Cc, ya que una de las principales obligaciones de cualquier colegio, velar por la seguridad, por el buen comportamiento de todos los alumnos y por el buen funcionamiento del centro.
III.- El acoso escolar también conocido como "bullying", según se define en la "Instrucción 10/05 de la Fiscalía del Estado sobre Tratamiento del Acoso Escolar" comprende un catálogo de conductas, en general permanentes o continuadas en el tiempo y desarrolladas por uno o más alumnos sobre otro, susceptibles de provocar en la víctima sentimientos de terror, de angustia e inferioridad idóneos para humillarle, envilecerle y quebrantar, en su caso, su resistencia física y moral (SAP Madrid, sec. 10ª, 18-12-2008, n° 737/2008, rec. 355/2008).
Por su parte la SAP de Madrid 6/11/2010 de 15 de noviembre se define que: "El "bullying" es un fenómeno que ha sido objeto de observación en fechas relativamente recientes (finales de los años 70 y principios de los 80) fundamentalmente en países del norte de Europa, y puede ser definido como una conducta de persecución física y/o psicológica intencionada y reiterada o repetida por algún tiempo. Es así preciso que la parte actora acredite cumplidamente la situación de acoso mantenido, para determinar si la actuación del Centro Escolar y su profesorado fue o no negligente, pues para la apreciación del acoso escolar no es suficiente un incidente aislado, sino varios actuaciones mantenidas en el tiempo, esto es, una persistencia en la agresión, todo ello, presidido por la voluntad de causar un mal (daño o miedo) a la víctima y situaría en un plano de inferioridad respecto del agresor o de un grupo".
Es así esencial para justificar el acoso antes definido, que concurra una situación repetida o reiterada en el tiempo y en condiciones tales de gravedad que sea susceptible de llegar a generar ese daño o menoscabo en la integridad física y moral del menor, produciéndose además dentro del ámbito escolar y en el ámbito de vigilancia y control que todo centro educativo ha de prestar a sus alumnos, en tanto ejercen las facultades de guarda y custodia de los mismos, en sustitución de sus progenitores. Es por ello que se impone a tales guardadores la responsabilidad que establece el artículo 1.902 del CC EDL 1889/1, con un grado adicional de exigencia si cabe, que llega casi a convertirse en una responsabilidad objetiva.
Continúa así la SAP Madrid 737/08 EDJ2008/247765 referida con cita de la doctrina del Tribunal Supremo que recoge la sentencia de 10 de marzo de 1997 EDJ1997/1205, y que afirma que: "La nueva redacción del artículo 1903, establece según el general sentir de la doctrina y de la jurisprudencia de esta Sala, una responsabilidad prácticamente objetiva, en cuanto señala que las personas o entidades que sean titulares de un Centro docente de enseñanza no superior, responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad, durante los periodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del Centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias". Es decir, se soslaya prácticamente el elemento de culpabilidad.
Por otra parte cabe hacer hincapié, en lo que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, tiene declarado con reiteración, en orden a la aplicación de la acción ejercitada es la acción de responsabilidad por culpa extracontractual del artículo 1902 del Código Civil en relación con el 1903, que requiere para su apreciación de la concurrencia de los siguientes requisitos:
1º) una acción u omisión culposa o negligente que pueda imputarse al demandado,
2º) la causación de un daño efectivo y real y
3º) un necesario nexo de causalidad entre el daño y la conducta culposa.
Pese a la tendencia a objetivizar esta clase de responsabilidad, conforme abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, no se ha privado a la misma del condicionamiento subjetivo, determinante ya en la "Lex Aquilias", como elemento necesario para poder ser exigida dicha responsabilidad. Además el artículo 1903 del Código Civil, párrafo 5º, dispone: "las personas o entidades que sean titulares de un centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los periodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias. La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que cumplieron toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño». Tras la reforma de este precepto, operada por la Ley 1/1991 de 7 de enero, se ha acentuado ese criterio proclive a la objetivización de este tipo de responsabilidad pero, según destaca la jurisprudencia interpretativa de este precepto, no se ha llegado a afirmar la existencia de una nítida responsabilidad objetiva, es decir, la simple atribución del deber resarcitorio por razón de la producción de un daño susceptible de indemnización. Del inciso final de dicho precepto se puede deducir que, a nivel de derecho positivo, existe una presunción de culpa en quien debe responder por hecho ajeno, cualificadamente en una situación como la de autos, es decir, la responsabilidad del centro docente por los daños y perjuicios que puedan causar a sus alumnos durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control y vigilancia de sus profesores, desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias. Pero esa presunción tiene sólo un alcance procesal que no es iuris et de iure, su ámbito de operabilidad propio se centra definitivamente en el marco probatorio y, para que opere, debe existir, en definitiva, un indicio de culpa y así lo establece el Tribunal Supremo en sentencia de 10 de marzo de 1997 (RJ 19972483 ).
Profundizando más, la presente demanda alude no solo el incidente de 13 de mayo de 2010 sino también a la situación de acoso escolar o "bullying" (término anglosajón), que venía padeciendo el menor durante los últimos dos años. Un alumno se convierte en víctima cuando está expuesto de forma repetida y durante un tiempo a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos. La victimización entre iguales es una conducta de persecución física y/p psicológica que realiza el alumno o alumna contra otro al que elige como víctima de ataques repetidos. Esta acción negativa e intencionada sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus medios. Las conductas de acoso escolar exigen la presencia de una serie de condiciones para que puedan ser consideradas tales y establecer medidas precisas de prevención y eliminación.
Para que pueda hablarse de acoso escolar es necesario que concurran los siguientes elementos:
1.- Su presencia no puede limitarse a un acontecimiento asilado sino que se repite y se prolonga durante cierto tiempo aumentando el riesgo del menor que sufre el acoso.
2.- Que la situación se produzca en el marco de desigualdad, debido a que el acosador o acosadora suele estar apoyado por un grupo que le facilita y potencia la conducta violenta, mientras que la víctima se manifiesta incapaz de salir por si misma de la situación de acoso.
3.- Que se mantengan en el tiempo entre otras razones, por la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente.
Así como debemos recordar al actor que, a tenor de lo establecido en el art. 1.903 del Código Civil, que lo primero que ha de determinarse es si la en autos que ciertamente acreditan la situación psicológica de la hija de la demandante, han acreditado también que la misma está derivada de esa situación de acoso escolar, y si esa situación no fue evitada o corregida por la demandada pudiendo hacerlo, siendo la conjunción de los tres requisitos la determinante del éxito de la acción, a saber: a) un daño, en este caso, psicológico, b) causado por la inactividad o pasividad del Centro escolar, c) ante una situación de acoso.
IV.- Respecto la indemnización de los daños y perjuicios derivados del presunto acoso; los daños morales son indemnizables, es necesario señalar que los órganos judiciales no disponen de prueba que les permita cuantificar con criterios económicos la indemnización procedente en estos supuestos, lo que no determina que el no estar de acuerdo con los Griteríos del juez a quo sean motivos suficientes para concederla indemnización interesada porta adora. En tal sentido el juez a quo en la resolución recurrida señala que los daños morales están incluidos en los puntos concedidos por secuelas y para su determinación ha contado con lo reflejado en la sentencia penal referente a las lesiones y secuelas, fijándolas en base al baremo que establece la L.R.C.S.C.V.M. que si bien no es vinculante en supuestos como el presente para el juzgador, no cabe duda que supone un instrumento útil para la determinación de la indemnización, determinación que esta Sala considera ponderada a las circunstancias del hecho y al resultado producido, por lo que no argumentándose otras razones por el apelante más que su apreciación del montante indemnizatorio por daños morales, procede desestimar el motivo aducido por dicha representación.
En la SAP Barcelona, sec. 1ª, 27-1-2010, n° 28/2010, rec. 580/2008, se fijó la cuantificación del daño moral que los hechos considerados probados hayan podido causar al menor, debemos ratificar la decisión de la instancia que fija la cantidad de 13.000 euros. Y en la SAP Madrid, sec. 10ª, 18-12-2008, n° 737/2008, rec. 355/2008 , por cuanto concierne a la cuantía dado que la Sentencia del TS de 21 de octubre de 1996 EDJ1996/6432 permite que: "...Si bien es cierto que el precepto civil 1106 CC establece la forma normativa para regular los daños y perjuicios de condición exclusivamente material, no lo es menos ante la concurrencia de efectivos daños de no apreciación tangible -los llamados daños morales-, cuya valoración no puede obtenerse de una prueba objetiva, habiendo resuelto la jurisprudencia de esta Sala (desde la antigua STS de 19-12-49 y posteriores de 22-4-83 , 25-6-84 , 3-6-91 EDJ1991/5778 , 27-7-94 y 3-11-95 , entre otras), que su cuantificación puede ser establecida por los Tribunales de Justicia teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes...". Se concluye que: "Ciertamente es difícil concretaren cuanto se puede calibrar el sufrimiento de un niño, ante una situación de este tipo, viéndose solo, humillado, atacado de manera continua y sin protección alguna por aquellos que deberían habérsela dispensado, en una edad preadolescente, los once años, en la que tan necesaria es para la formación de la propia estima, la seguridad que proporcionan las relaciones con los amigos y compañeros del colegio, y la tutela de aquellos que asumen la dirección de su formación, pues estos hechos se producen en un ámbito que escapan al cuidado de los padres, ajenos a lo que sucede con la vida de su hijo durante el tiempo que es confiado al Centro Escolar. Entiende la Sala que aun siendo difícil una concreción económica la suma peticionada como indemnización no es excesiva y cumple la función reparadora del daño causado, por lo que procede estimar la demanda en cuanto a la cantidad reclamada, reconociendo a los padres del menor, como sus representantes la suma de 30.000.-€ como indemnización por el daño moral causado a su hijo". SAP Valencia, sec. 7ª, 13-10-2006, nº 579/2006, rec. 611/2006; once mil doscientos veintiuno euros, con veintiuno céntimos. Este criterio, de determinar la responsabilidad del centro escolar en supuestos de acoso a uno de los alumnos por parte de otro, y en el horario escolar ha sido objeto de estudio en la sentencia dictada por la SAP Álava, sec. 1ª, 27-5-2005, núm. 120/2005, rec. 117/2005; "la suma de 12.000 euros, más los intereses legales desde la fecha de la presente resolución, con imposición a la demandada de las costas procesales causadas", así como en la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 6ª, de 20-12-2004, rec. 3999/2001.
Así como respecto a la cuantía indemnizatoria procedente no resulta vinculante en este caso la aplicación del Baremo referido a accidentes de tráfico, tal y como admiten las partes, si bien es habitual acudir al Baremo como criterio orientativo o de referencia. Así en las SAP Madrid 5-5-04 y 16-6-08, se explica que "en la cuantificación de la indemnización para el resarcimiento de daños corporales (inclusivos psíquicos), es habitual acudir a los criterios señalados en el baremo valorativo de la Ley sobres Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor y que si bien es cierto que dicho baremo es vinculatorio exclusivamente para los accidentes de tráfico, sirve como útil orientados, máxime cuando el propio perjudicado lo pide". Manifestación de lo expuesto la encontramos en la STS de 22 de julio de 2008 EDJ2008/127984, que señala al respecto que: "Si bien es cierto que esta Sala se mostró en principio renuente a aplicar el referido sistema como criterio orientativo en otros ámbitos de la responsabilidad civil - Sentencia de 19 de junio de 1997 -, no lo es menos que su doctrina más reciente admite sin problemas que pueda ser uno de los criterios de referencia para los jueces y tribunales de instancia, tal y como pone de manifiesto la Sentencia de 20 de febrero de 2008, en recurso de casación núm, 5274/2000 EDJ2008/56436, con cita de las Sentencias de 27 de noviembre de 2006 en recurso núm. 5382/99 EDJ2006/319015 , 17 de mayo de 2007, en recurso núm. 2591/00 EDJ2007/36041 , 19 de julio de 2007, en recurso núm. 3500/00 EDJ2007/92309 y 26 de septiembre de 2007, en recurso núm. 3653/00 EDJ2007/159261, entre las más recientes. En virtud de esta doctrina, siendo indiscutible que el único principio que ha de tener en cuenta el juzgador para fijar el monto de la indemnización debida, atendidos los hechos probados, es el de indemnidad de la víctima, al amparo de los artículos 1106 y 1902 del Código Civil , no es menos cierto que la determinación de la cuantía que ha de servir de compensación de los daños ocasionados al actor es el resultado de una actividad de apreciación que corresponde al juzgador, para lo que goza de amplia libertad que abarca la posibilidad de servirse de sistemas objetivos; como el del Baremo a efectos orientativos, con la consecuencia de que la cuantía de la indemnización así concedida no pueda revisarse en casación- Sentencia de 28 de marzo de 2005, Recurso de casación núm. 4185/98 EDJ2005/33585, y Sentencia de 10 de febrero de 2006, Recurso núm. 2280/1999 EDJ2006/8422, entre otras muchas-, salvo que "las probanzas practicadas en juicio arrojen un resultado sensiblemente diferente de los términos que se recogen en el Baremo"- Sentencia de 27 de noviembre de 2006, Recurso núm. 5382/1999 EDJ2006/319015-, esto es, en caso de irrazonable desproporción de la cuantía fijada - Sentencia de 23 de noviembre de 1999 EDJ1999/40358-, especialmente cuando las razones en que se apoya su determinación no ofrecen la consistencia fáctica y jurídica necesarias y adolecen de desajustes apreciables mediante la aplicación de una racionalidad media - Sentencias de 20 de octubre de 1988 EDJ1988/8212 , 19 de febrero de 1990 EDJ1990/1675 , 19 de diciembre de 1991 , 25 de febrero de 1992 , 15 de diciembre de 1994 EDJ1994/10335 , 5 de diciembre de 2000 EDJ2000/44146 , 21 de abril de 2005 EDJ2005/55108 y 10 de febrero de 2006 -, pues sólo en este caso la discrecionalidad de la que puede hacer uso el tribunal, se convertiría en arbitrariedad, proscrita por el ordenamiento.".

References: artículo 1
 artículo 1974
 artículo 1
 artículo 1903
 artículo 1902
 artículo 1903
 resolución