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Timestamp: 2019-09-23 10:09:48+00:00

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Acuerdo y Sentencia 762/2014 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 762/14
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los dos días del mes de Septiembre del año dos mil catorce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y JOSE RAUL TORRES KIRMSER, por ante mí, el Secretario autorizante, se trajo el expediente caratulado: "ARNALDO SANCHEZ Y OTROS S / ESTAFA", a fin de resolver el recurso extraordinario de casación planteado contra el Acuerdo y Sentencia N° 61 de fecha 7 de Diciembre de 2011, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal Cuarta Sala de Capital.
A los efectos de establecer el orden de votación se realizó el sorteo de ley que arrojó el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BLANCO y TORRES KIRMSER.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, LA DOCTORA PUCHETA DE CORREA DIJO: Los abogados Miguel Angel Brítez y Diego Gómez, en representación de Ernesto Escobar y Amado Ayala respectivamente y en sendos escritos, interponen Recurso Extraordinario de Casación contra el fallo más arriba individualizado, confirmatorio de la sentencia dictada en primera instancia.
Por Sentencia Definitiva N° 193 de 3 de Junio de 2010, el Tribunal de Sentencias dispuso tener por comprobado el hecho punible de Lesión de Confianza, la autoría de los citados procesados y condenar a los mismos a la pena privativa de libertad de dos años.-
En primer término corresponde efectuar el ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD del pedido de casación: En cuanto a la impugnabilidad objetiva: Los recurrentes plantean sus recursos de casación en fecha 2 de Enero de 2012, estando dicha presentación planteada en tiempo, ya que las notificaciones a los abogados defensores fueron realizadas por cédula de notificación en fecha 19 de Diciembre de 2011, sin encontrarse notificaciones personales a los condenados, por lo que se hallan dentro del plazo establecido por el artículo 468 del Código Procesal Penal.
El 1o recurrente impugna la sentencia definitiva de la Cámara de Apelación arriba señalado, bajo el amparo de las normas 477 y 478 incisos 1 y 3 del Código Ritual; el segundo recurrente lo hace bajo el amparo del inciso 3 de la misma norma, esta resolución pone fin al procedimiento, por lo que el objeto de la Casación contenido en el Art. 477 del Código Procesal Penal se halla cumplido. Los recurrentes invocaron como motivos que ameritan la procedencia del recurso las causales previstas en los numerales 1o y 3o del Art. 478 del Código Ritual (condena superior a diez años con violación de la
Constitución Nacional y falta de fundamentación).
En cuanto al motivo 1o señalado, el mismo no puede atendido, en atención a que es claro que en el caso de autos no nos encontramos con una condena de diez años de pena privativa de libertad o más, con lo que este motivo no puede ser atendido.
En cuanto al motivo dado en el inciso 3o, para determinar su presencia debe analizarse ya la sentencia impugnada.
Con relación a la impugnabilidad subjetiva, los recurrentes son defensores de los condenados, se hallan debidamente legitimados a recurrir en casación, por lo dispuesto en el artículo 449 del Código Procesal Penal, segundo párrafo.
En consecuencia, al hallarse verificadas todas las exigencias formales, corresponde DECLARAR ADMISIBLE para estudio el recurso deducido. ES MI VOTO.
A su turno, los Doctores BLANCO y TORRES KIRMSER manifiestan que se adhieren al voto de la Ministra preopinante, por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada la Doctora PUCHETA DE CORREA prosigue diciendo: Se debe analizar previamente la naturaleza del recurso de casación. Este recurso es extraordinario, y por medio del mismo la Corte Suprema de Justicia debe corregir* la aplicación del Derecho en un proceso judicial, vigilando para que dentro del mismo se observen y se apliquen correctamente los preceptos legales; la Corte Suprema de Justicia puede hacer esto sin salir de los marcos previstos por el artículo 478 del Código Procesal Penal. Así, el motivo aceptado como estudio de casación en el presente juicio es el de sentencia manifiestamente infundada.
El primer recurrente ha elevado ante esta Corte Suprema, como agravios para ser estudiados por la misma, los siguientes cuestionamientos: 1) El Tribunal de Apelación no trató ni estudió la vigencia del Reglamento para ver la responsabilidad y configuración del hecho punible y 2) el Tribunal de Sentencia no explicó la tipificación penal del caso.
El segundo recurrente ha elevado ante esta Corte Suprema, como agravios para ser estudiados por la misma, los siguientes cuestionamientos: 1) el Tribunal de Apelación dicta un fallo erróneo por no haber atendido una prueba introducida legalmente y, 2) el Tribunal de Apelación atiende exclusivamente a ciertos tipos probatorios ingresados en su momento.
Viendo el fondo de la cuestión se pasa a responder los agravios de los recurrentes, observándose que poseen entre ambos una similar plataforma cuestionadora, por lo que pueden ser respondidos en conjunto. Los agravios dirigidos por los defensores en contra del fallo de alzada adolecen en primer lugar de un defecto conjunto muy grave, que ya obstaculiza el avance de sus recursos; dicho error es que los cuatro cuestionamientos hace mucho al fallo de primera instancia y no así al fallo de Cámara de Apelación, objeto de estudio de una casación.
Esto se observa claramente pese a que los defensores han indicado siempre el objeto de recurso, fallo de segunda instancia, pero lo que ellos reclaman a este fallo, que piden sea solucionado por esta Corte, son cuestiones que hacen al trabajo de los jueces de méritos ya que no se puede pedir a la Cámara de Apelación que dicte su fallo atendiendo a la masa probatoria en general, como ser el caso del segundo recurrente, o que estudie una prueba específica, el Reglamento de Campaña, como lo solicita el primer recurrente.
Estos agravios son todos dirigidos a primera instancia y no valen para un recurso de casación porque sabido es que en alzada, por Principio de Inmediación, no pueden ser analizados estos cuestionamientos, sino solo el razonamiento que provocaron ellos en los jueces de méritos.
Se observa además, que los recurrentes presentan sus reclamos, a más de este defecto, con el claro interés de que vuelva a analizarse las cuestiones referidas a tipificación, en la tesitura que por haberse dejado de lado una evidencia o basarse exclusivamente en un conjunto de ellas, sus representados fueron condenados, y que si esto no hubiera cometido la Cámara de Apelación, habría entonces una absolución.
Se repite la imposibilidad de esta petición porque como se explicó, no hace a la competencia del Tribunal de Apelación y, mucho menos de la Corte, pero observando este Alto Tribunal las constancias de autos, vemos que en primer lugar, ninguna prueba fue soslayada por los jueces de méritos, y menos la referente al Reglamento de Campaña, notándose así que lo que agravia a los recurrentes fue el valor que a ella se le ha dado, y por otro lado, se ve que existieron muchas evidencias en contra de los procesados, con lo que queda claro que no existió una ausencia probatoria, y que los jueces de Primera Instancia no es que se basaron exclusivamente en una pequeña parte de evidencias, sino que las pruebas de la defensa no impresionaron en sus ánimos, y sí las de la acusación, por ello el resultado del juicio.
Por tanto, corresponde rechazar los recursos de casación intentados en contra del Acuerdo y Sentencia N° 61 de fecha 7 de Diciembre de 2011, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal Cuarta Sala de Capital.
A su turno el Doctor BLANCO manifiesta que: Comparto el voto emitido por la Ministra Primer Opinante, en cuanto a la primera cuestión que declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa técnica del encausado ERNESTO ESCOBAR CHAVEZ, invocando el inc. 1o del art. 478 del CPP, así como la admisibilidad de dicho recurso bajo la causal del inc. 3° (sentencia infundada), invocada por las defensas de los encausados ERNESTO ESCOBAR CHAVEZ y AMADO CIRILO AYALA LOPEZ.
Respecto a la procedencia del recurso, formulo mi voto en los siguientes términos: Luego de un integral análisis de los autos, disiento con la decisión adoptada por la colega que me antecedió en la emisión del voto, en razón de que considero que corresponde hacer lugar al recurso de casación impetrado, encuadrado dentro del motivo previsto por el art. 478 inc. 3o del C.P.P., por las siguientes consideraciones.
El Tribunal de Apelación, Cuarta Sala, de la capital, tras el estudio del recurso de apelación especial, por voto en mayoría, resolvió: " 1) DECLARAR la competencia...; 2) ADMITIR los recursos de apelación especial...; 3) CONFIRMAR el decisorio impugnado de conformidad a lo expresado en la parte analítica de la presente resolución...".
Contra esta decisión se pronuncian los recurrentes, a tenor de los fundamentos que exponen respectivamente, en sus escritos de interposición del recurso de casación, señalando en términos simulares que la resolución dictada por el Tribunal de Apelaciones, se halla infundada, por cuánto que la alzada no se ha pronunciado en torno a los planteamientos puestos a consideración, específicamente lo relativo a la omisión de estudio de un elemento de convicción de valor decisivo, en la estructura de fundamentación, puesto que no ha sido considerado el texto originario de la Resolución MAG N° 17 del 25 de agosto de 2006, por lo que tal error modificó la construcción lógica y cronológica de los hechos, es decir, que el tribunal ha partido de premisas erróneas, arribando a una conclusión también errónea, en perjuicio de sus defendidos. Terminó su exposición ofreciendo como propuesta de solución jurídica, que se resuelva favorablemente a sus intereses el recurso interpuesto y, disponga la absolución de sus representados.
En prosecución de los trámites propios del recurso, también la Abog. María Soledad Machuca Vidal, Fiscal Adjunta, contestó los traslados que le fueron corridos y, en los dictámenes correspondientes, alegó en síntesis, que el fallo del Tribunal de Alzada es manifiestamente infundado, puesto que no ha contestado los planteamientos concretamente propuestos en oportunidad del estudio de la apelación especial de sentencia, lo que convierte a la decisión impugnada en una decisión citrapetita y por ende, pasible de casación. Propone que se declare la nulidad de la sentencia impugnada y se disponga el reenvío de la presenta causa a otro Tribunal de Apelaciones, en cumplimiento al Art. 473 y 480 del CPP.- Abierta pues, la vía para el estudio de la segunda cuestión propuesta en esta resolución, corresponde adentrarnos al análisis que nos lleve a determinar si el Acuerdo y Sentencia N° 61 - impugnado - cumple con los presupuestos indispensables como para ser considerado un pronunciamiento jurisdiccional fundado o, si bien, adolece del defecto que los recurrentes le atribuyen, como argumento para solicitar su casación. En este contexto, fue alegado y fundado el dictado por el Tribunal de Apelaciones, de un fallo manifiestamente infundado, por haber omitido otorgar una respuesta a los agravios que le fueron expuestos oportunamente - a decir de los términos de las Defensas - ante la promoción del recurso de apelación especial interpuesto.
En este sentido, resultará indispensable el estudio de las razones consideradas por el Órgano de Alzada para confirmar la sentencia de condena, dictada por el Tribunal de Mérito; lo que sin duda alguna, servirá para controlar su función motivadora o, en caso contrario, advertir su insuficiencia o inadecuada respuesta a los agravios que le fueron expuestos, en este caso concreto por las defensas de los encausados ERNESTO ESCOBAR CHAVEZ y AMADO CIRILO AYALA LOPEZ. .
Realizado el estudio resalta que, el Miembro del Tribunal de apelaciones y segundo opinante Abog. Arnulfo Arias, al ingresar a la parte analítica de los agravios expuestos por la Defensa, sostuvo: " ...Las afirmaciones tienen sustento en las pruebas testimoniales recibidas en el juicio MOISES ELIAS MONTIEL... .JOSE DOMINGO COLMAN...y en el Reglamento que organiza el procedimiento para el otorgamiento de los créditos. ..De cualquier manera, si del balance final del ente resultó que no se han podido recuperar las sumas referidas, quiere decir que existe un faltante y en este caso la responsabilidad era de quienes tenían a su cargo controlar y exigir la contrapartida que sirva de garantía para evitar el resultado indeseado. Finalmente el tribunal ha comprobado la participación de los mismos en el hecho y decidido por la condena de los mismos. Estas decisiones han sido el resultado de la convicción que obtuvo el a-quo durante la sustanciación de la audiencia del juicio oral y público, oportunidad en que las partes han presentado las pruebas que hacen a sus derechos y argumentado, finalmente sobre sus pretensiones para lograr el convencimiento de los jueces sobre una u otra postura asumida en sus alegatos finales, habiendo sido aceptada la tesis del Ministerio Público".
Luego observamos que la Miembro Natividad Meza, formuló adhesión al voto, cuya parte medular quedó expuesta más arriba, conformándose con ello, la mayoría necesaria para la confirmación de la sentencia impugnada.
De las normas que consagran el deber de fundamentación de las resoluciones judiciales, Art. 256 de la Constitución de la República, en concordancia con el Art. 125 del Código Procesal Penal, podemos notar que la normativa legal impone a los jueces la obligación de fundar sus decisiones, expresando las cuestiones que los llevan a concluir de un determinado modo y no de otro. En ese sentido, esta Sala viene sosteniendo que una sentencia carece de fundamentación cuando no expresa los motivos que justifican la convicción del juez en cuanto a su decisión y las razones jurídicas que la determinan, comprendiendo todas las cuestiones sometidas a decisión. La resolución del tribunal debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica.
Efectivamente, a fin de cumplir con el requisito de completitud se ha sostenido que a través de la sentencia, el órgano jurisdiccional debe brindar respuesta a las cuestiones que las partes han planteado, a los argumentos y razones que ellos le han sometido a consideración y decisión. Por lo tanto, no pueden cancelar - por si - las razones de las partes; pueden si, considerarlas no atendibles, pero dando cuenta del porqué, previa realización de un examen crítico.
En este contexto y a la vista de los argumentos vertidos en la resolución cuestionada, se percibe que, efectivamente el Órgano de Alzada, no ha respondido adecuadamente a los agravios que expusieran los representantes de las respectivas Defensas, en oportunidad de interponer las mismas el recurso de apelación especial, buscando obtener un pronunciamiento jurisdiccional que se expida sobre los puntos del fallo de primera instancia que fueron directamente atacados por los apelantes. Ciertamente, los Recurrentes invocaron que la alzada no se ha pronunciado en torno a los planteamientos puestos a consideración, específicamente lo relativo a la omisión de estudio de un elemento de convicción de valor decisivo, en la estructura de fundamentación, puesto que no ha sido considerado el texto originario de la Resolución MAG N° 17 del 25 de agosto de 2006, por lo que tal error modificó la construcción lógica y cronológica de los hechos, lo cual produjo que el tribunal haya partido de premisas erróneas, arribando a una conclusión también errónea, en perjuicio de sus defendidos.
Evidentemente, el reclamo efectuado por los Representantes de las Defensas, constituye un agravio que afecta el ejercicio pleno del derecho a la defensa en juicio y del debido proceso, garantías que se hallan consagradas en la Constitución Nacional y Código Procesal Penal vigentes, que a su vez se halla entre los motivos del recurso de apelación especial - inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal- que vicia una resolución judicial, a tenor de lo dispuesto por el Art. 467 del CPP, y por lo tanto, habilitaba la interposición del recurso de apelación especial. No obstante, el Tribunal de alzada no ha abordado el estudio adecuadamente. Con la respuesta otorgada en el fallo, el Tribunal no hizo más que brindar- afirmaciones genéricas con respecto a la "responsabilidad" acreditada durante el juicio, vacías de contenido, es decir, sin referencia alguna a los agravios expuestos por las Defensas y las actuaciones efectivamente verificadas en el expediente. Ante esta forma de respuesta, pusieron en evidencia una deficitaria función motivadora, pues, estas conclusiones no resultan acordes con el deber de fundamentación.
Vale apuntar que este extremo también ha sido advertido, por la Fiscal Adjunta, al momento de evacuar los recursos de casación interpuestos, quien incluso, solicito la acogida favorable de los recursos.
En efecto, el Tribunal ante la promoción de tales agravios por los recurrentes, debe analizar y expedirse sobre la aplicación al caso concreto de las normas penales de fondo y de forma, a fin de responder si ellas fueron aplicadas por el Tribunal correctamente o, si en caso contrario, se advierte "la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal" que amerite su corrección por una de las vías previstas en la ley.
Además, es preciso puntualizar que para tal función, es innecesaria la modificación del caudal fáctico y además estas cuestiones resultan esenciales para la solución del conflicto, especialmente, cuando quien recurre la sentencia es el propio condenado, con derecho de conocer y aguardar una resolución judicial que se expida sobre la corrección jurídica de la resolución judicial que justamente lo declara reprochable por un hecho punible.
Ello guarda relación directa con el ejercicio pleno del derecho a la defensa en juicio y del debido proceso, a la luz de instrumentos internacionales ratificados por el Paraguay, en especial el Pacto de San José de Costa Rica.
La solución aparece reforzada con las disposiciones de los Artículos 467 y 475 del CPP, cuando dispone: "MOTIVOS. El recurso de apelación contra la sentencia definitiva sólo procederá cuando ella se base en la inobservancia o la errónea aplicación de un precepto legal" y RECTIFICACIÓN. Los errores de derecho en la fundamentación de la resolución impugnada...serán corregidos en la nueva sentencia...".
Por lo tanto, la resolución dictada en las condiciones trascriptas precedentemente, se halla infundada. Ciertamente, no ha otorgado una respuesta jurisdiccional adecuada a los agravios expuestos por los recurrentes al interponer recurso de apelación especial - incongruencia por citra petita - y, a más de ello, el voto en Mayoría, se limitó a realizar afirmaciones sin ningún sustento, en razón de que dicho Órgano confirmó el fallo del inferior, pero sin esbozar las razones por las que estimó que lo resuelto por el A quo, se halla ajustado a derecho.
La fundamentación -señala JOSE I. CAFFERATA NORES - "...permite que los interesados puedan conocer las razones que sostienen el decisorio y las premisas que otorgan sustento al pronunciamiento, ya sea con el fin de resolver su acatamiento o para fundar la respectiva impugnación que el ordenamiento legal concede. Asimismo, ello brindará al Tribunal a quem la disposición de los elementos necesarios para efectuar su control" JOSE I. CAFFERATA NORES. La prueba en el proceso penal. Pag. 51, Quinta Edición.
En las condiciones apuntadas anteriormente, es notorio que el fallo trasgredió el principio de congruencia, que debe primar en todo proceso penal, ignorando además la prescripción contenida en el Art. 398 del CPP, que consigna como requisito ineludible de la sentencia, el voto de los jueces sobre cada una de las cuestiones planteadas, con la exposición de los motivos que lo fundan. En tal sentido, el Art. 456 del Código Ritual, al definir la competencia del Tribunal consagra el principio: "tantum apellatum quantum devolutum", según el cual, los agravios del recurrente son lo que definen la competencia del tribunal superior, que debe resolver sobre ellos y limitado a los aspectos contenidos en los mismos. Al obviar el estudio y pronunciamiento de las cuestiones impugnadas en segunda instancia, el tribunal inobservó las disposiciones legales citadas precedentemente, que rigen el procedimiento en alzada, convirtiendo el fallo, en una decisión citra petita.
A este respecto, la doctrina señaló: "la sentencia penal debe dar respuesta a todos y cada una de las pretensiones jurídicas sostenidas por las partes del enjuiciamiento. Su inobservancia da lugar a la denominada incongruencia omisiva o "fallo corto", en la que el tribunal de instancia dicta una sentencia incongruente con la solicitud de las partes, en definitiva, sin dispensar la tutela judicial efectiva proclamada en la Constitución que en su manifestación sobre el contenido de la sentencia exige que el tribunal de una respuesta jurídica a las pretensiones deducidas estimándolos o no, pero siempre resolviendo lo solicitado por las partes". (Andrés Martínez Arrieta. El Recurso de Casación penal. Segunda Edición. Editorial Comares, Granada 1996).
Por tanto, la decisión se halla viciada del defecto de incongruencia y, ante la manifiesta existencia del defecto, corresponde que esta Sala Penal, disponga la nulidad del Acuerdo y Sentencia N° 61, del 07 de diciembre de 2011, dictada por el Tribunal de Apelaciones, cuarta sala de la capital y en consecuencia, de conformidad al Artículo 473 del CPP, por la expresa remisión efectuada por el Art. 480 del mismo cuerpo legal, ordenar el reenvío de la presente causa a otro Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de la capital, a fin de que proceda al estudio y resolución de la cuestión, con el alcance señalado en la presente resolución. Finalmente, con respecto a la imposición de costas ante esta Instancia, estimo razonable su imposición, en el orden causado, sustentado en el Art. 261 del CPP y, fundado especialmente en que esta decisión ha resuelto la nulidad del fallo de segunda instancia, debiéndose procederse nuevamente a un nuevo estudio de los puntos impugnados oportunamente. De esta manera, pronuncio mi voto.
A su turno, el Doctor TORRES KIRMSER manifiesta que: me adhiero al voto de la Ministra preopinante por compartir los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO JOSÉ RAÚL TORRES KIRMSER PROSIGUIÓ DICIENDO: comparto la opinión de la Ministra Alicia Pucheta, pero me permito agregar las siguientes consideraciones:
Interponen recurso extraordinario de casación las defensas técnicas de los señores Amado Cirilo Ayala López -representada por el abogado Diego Gómez Morassi-; y Ernesto Escobar Chávez, representada por el abogado Miguel Ángel Brítez Pereira.
Como refieren los Ministros que me antecedieron, la resolución impugnada es el Acuerdo y Sentencia No. 61, de fecha 7 diciembre de 2011, dictada por el Tribunal de Apelación, 4ta. Sala, que resolvió confirmar la Sentencia Definitiva No. 193, de fecha 3 de junio de 2010, dictada por el Tribunal de Sentencia integrado por los Jueces Víctor Hugo Alfieri, Sandra Farías y María Lourdes Sanabria. La resolución impugnada confirma la condena impuesta en primera instancia a los señores Amado Cirilo Ayala López y Ernesto Escobar Chávez, por la comisión del hecho punible de Lesión de Confianza.
La defensa del condenado Ernesto Escobar Chávez funda su recurso en los incisos 1ro y 3ro del Art. 478, del Código Procesal Penal, argumentado que: a) la resolución del Tribunal de Alzada vulnera elementales principios del debido proceso, previsto en el Art. 256 de la Constitución Nacional, que exige que las resoluciones se funden en normas positivas vigente; b) no da argumentos y persiste en las deducciones del Tribunal de Sentencia, dado a que en modo alguno trató lo relativo a la vigencia de los reglamentos que determinaron la responsabilidad de su defendido; c) los elementos de pruebas que la defensa utilizó para demostrar la inocencia del procesado, no fueron mencionados y en consecuencia fueron dejados sin ningún análisis serio; y d) no se aplicaron las reglas de la sana crítica respecto a los hechos probados en el juicio y consecuentemente la valoración ha sido incorrecta.
Por su parte, la defensa del condenado Amado Cirilo Ayala López funda su recurso en el inciso 3ro. del Art. 478, del Código Procesal Penal, argumentando: a) existe error en el juicio efectuado por el Tribunal de Alzada en la apreciación lógica y valoración de las pruebas; b) el error deriva de una incongruencia omisiva del argumento jurisdiccional porque ignora una probanza de valor completamente decisivo, los reglamentos operativos de la campaña algodonera 2006/2007, para la conclusión del proceso, y en consecuencia; c) la motivación del pronunciamiento de segunda instancia riñe con el principio de razón suficiente, pues se afirma como cierto que los requisitos para los acopiadores debieron ser cumplidos y certificados por Amado Cirilo Ayala López, y ello no fue así, pues con la prueba documental del reglamento operativo modificado y aprobado, no surge como medio probatorio para afirmar tal cosa.
Ambos casacionistas coinciden en fundar sus recursos en el Art. 478, inciso 3ro., del Código Procesal Penal, alegando argumentos similares respecto a la supuesta "falta de fundamentación" de la resolución recurrida.
Como he dicho, comparto la opinión de la Ministra Alicia Pucheta, a la cual me adinero, respecto a la improcedencia del recurso interpuesto por ambos casacionistas, mas entiendo pertinente realizar consideraciones puntuales respecto a la "falta de fundamentación".
Señalan, pues, la existencia de dos reglamentos operativos para la campaña algodonera 2006/2007, -uno originario y otro posterior, que amplió el primero-; cuyos contenidos y alcance fueron confundidos por el Tribunal de Sentencia.
Sobre el punto, ambos casacionistas manifiestan que el Tribunal de Sentencia consideró que todos los recaudos que debían cumplir los acopladores para calificar al acceso del kit algodonero, dispuestos recién desde el reglamento modificado, estaban previstos y presentes desde el inicio mismo de la campaña algodonera, es decir, desde el primer reglamento. Con ello, sostienen que la situación descripta demuestra que no existía obligación alguna de los condenados, Amado Cirilo Ayala López y Ernesto Escobar Chávez, de controlar los requisitos para la adquisición de los kits algodoneros ante la inexistencia de los mismos en el reglamento operativo originario.
De este razonamiento, surge el agravio reclamado con la interposición del recurso de apelación especial interpuesto ante el Tribunal de Alzada y que, al parecer de las respectivas defensas, no fue respondido.
En este contexto, encontramos el Decreto No. 7996, de fecha 17 de agosto de 2006, y el Decreto No. 8160, de fecha 11 de septiembre de 2006, a través de los cuales se aprueba y organiza la campaña algodonera 2006/2007, y de los que surgen los reglamentos operativos que rigieron durante la misma.
Naturalmente, las normas que integran el derecho positivo nacional no son objeto de prueba, porque se presumen conocidas y su aplicación es obligatoria. En este caso, los decretos mencionados de ninguna manera pueden ser valorados como, parte del caudal probatorio del juicio, dado que se tratan de normas legales que integran el derecho positivo nacional y, como tales, no pueden ser prueba.
Al respecto, es importante señalar que la Sentencia Definitiva No. 193, de fecha 3 de junio de 2010, dictada por el Tribunal de Sentencia interviniente, refiere acabadamente los decretos y reglamentos operativos que regularon la campaña algodonera 2006/2007, los cuales sirvieron al Tribunal para acreditar la existencia del hecho punible y la autoría de quienes resultaron condenados.
Por su parte, el Tribunal de Alzada contestó los agravios de las respectivas defensas sobre la fundamentación de la Sentencia recurrida y su legalidad; ello atendiendo a los términos en que fue impetrado el recurso que se refería a cuestiones probatorias del juicio.
No obstante, y habiendo los casacionistas alegado cuestiones que hacen al alcance de normas que integran el derecho positivo como son los decretos publicados, más la importancia que tendría determinar la vigencia de los mismos durante la campaña algodonera 2006/2007, con sus consecuentes reglamentos; resulta necesario despejar toda duda sobre los mismos; ello, sin pretender juzgar la rectitud de la conclusión del Tribunal de Apelación Penal, conclusión que, en definitiva, confirmamos.
Para ello se impone una breve reseña sobre el marco legal en que se desarrolló la campaña algodonera 2006/2007.
Así, tenemos que por Decreto No. 7996, de fecha 17 de agosto de 2006, el Poder Ejecutivo aprobó el programa de apoyo al sector algodonero para la campaña algodonera 2006/2007 y autorizó a las instituciones involucradas a realizar las gestiones pertinentes para la eficaz ejecución del programa.
Como resulta de la lectura del apartado individualizado como "Considerando" en el decreto señalado, el programa para la campaña algodonera 2006/2007 respondía a la necesidad de apoyar al productor campesino en la provisión de insumos técnicos básicos para el inicio de la siembra, y servicios de asistencia para aumentar la productividad del rubro y elevar los ingresos de la unidad productiva familiar campesina. Asimismo, se observa que el Crédito Agrícola de Habilitación asume la responsabilidad de distribuir las doscientas sesenta mil bolsas de semilla de algodón y tubos mata-picudos, para lograr las metas del programa en cuestión.
En el mismo decreto, Art. 6, se estableció que los productores algodoneros que pretendían ser beneficiarios del programa, debían abonar la suma de Gs. 30.000 (Guaraníes Treinta Mil) al Crédito Agrícola de Habilitación para acceder a los insumos previstos, ingresos que serían destinados a recursos extraordinarios para la financiación de gastos y expansión de programas del Crédito Agrícola de Habilitación.
En el Art. 4 autoriza al Crédito Agrícola de Habilitación para la adquisición y distribución de los insumos establecidos en el programa de apoyo al sector algodonero para la citada campaña, y en el Art. 8 encarga al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Crédito Agrícola de Habilitación, la elaboración del reglamento operativo para la ejecución del programa de apoyo al sector algodonero.
Posteriormente, a través de la Resolución No. 17, de fecha 25 de agosto de 2006, se resuelve aprobar el reglamento operativo que regiría en la campaña algodonera 2006/2007.
Entonces, vemos que las afirmaciones de los casacionistas no tienen sustento en cuanto a que no existían requisitos que verificar al momento de acceder a los kits algodoneros. El decreto No. 7996 establecía condiciones específicas para que el productor campesino pueda ser beneficiario del programa de apoyo al sector algodonero, además de señalar, en forma clara, que el Crédito Agrícola de Habilitación asumía la responsabilidad de distribución de insumos y captación de montos previstos en el Programa.
Posteriormente, por Decreto del Poder Ejecutivo No. 8160, de fecha 11 de septiembre de 2006, se amplía el Decreto No. 7996 en cuanto a que autoriza al Crédito Agrícola de Habilitación a entregar los insumos previstos en el programa, a productores asociados a la Asociación Paraguaya de Acopiadores de Algodón y a la Cámara Algodonera del Paraguay, bajo la modalidad de pago al final de la cosecha, previa presentación de las garantías correspondientes, exigidas por la institución, para que los mismos procedan a la redistribución de los insumos a los productores a los que asisten y beneficien.
En este punto, es importante señalar que el reglamento de este decreto ampliatorio recién se aprueba en noviembre de 2006, y reglamenta la presentación de las garantías correspondientes para acceder a la entrega de insumos y al beneficio de pago al final de la cosecha. Sin embargo, ello no implica afirmar que no existían requisitos que verificar para la adquisición de los kits algodoneros pues, como se ha dicho, el Decreto No.7996 y reglamento operativo ya establecían requisitos específicos para que el productor campesino pueda ser beneficiado por el programa de apoyo al sector algodonero, además de precisar la responsabilidad del Crédito Agrícola de Habilitación en la adquisición y distribución de insumos así como la captación de importes provenientes de los mismos. Es por ello que, si bien el decreto ampliatorio aún no estaba reglamentado en cuanto a cuáles eran las garantías suficientes para respaldar la concesión de crédito, ello no excluye la responsabilidad del Crédito Agrícola de Habilitación de verificar condiciones mínimas que permitan respaldar la solvencia de quienes resultarían beneficiarios con dicha modalidad de pago, en este caso, los acopladores beneficiados con los kits bajo el sistema de pago a futuro, de lo que resultó el perjuicio patrimonial demostrado y probado enjuicio.
Así, en juicio se demostró, a través de los diferentes medios probatorios y dentro del marco legal que establecían los decretos y sus reglamentos operativos de referencia, que los acopladores solicitantes no cumplían con requisitos mínimos para la adquisición de insumos y beneficio de pago al final de la cosecha, sin embargo, firmaron pagarés por sumas altísimas por la cantidad de kits que le fueron adjudicados sin que se haya acreditado su capacidad económica para garantizar la recuperación de las sumas adeudadas.
La Gerencia de Planificación y Asistencia Técnica, a cargo de Ernesto Chávez, no rechazó las solicitudes presentadas, así como Amado Cirilo Ayala López, en su carácter de presidente del Crédito Agrícola de Habilitación, firmó los contratos de compromiso con los acopladores, otorgándole la línea de crédito con respecto a los insumos de algodón.
No cabe entonces la afirmación de las respectivas defensas sobre la errónea interpretación que el Tribunal de Sentencia dio a los diferentes decretos y sus reglamentos operativos que rigieron la campaña algodonera 2006/2007.
Esta afirmación forma parte de los agravios que fundamentaron los recursos en segunda instancia, los cuales incluyen a los reglamentos operativos dentro del caudal probatorio que fuera debatido en el juicio respectivo y, puesta a su consideración en tal sentido, fue resuelta la cuestión por el Tribunal de Alzada.
Es así que en el Acuerdo y Sentencia recurrido, existe una fundamentación, tal vez sucinta, pero que responde en forma suficiente a los agravios presentados por las partes en cuanto a la valoración de pruebas. La resolución expresa: "Las afirmaciones tienen sustento en las pruebas testimoniales recibidas en juicio de MOISÉS ELÍAS MONTIEL -Jefe de Mesa de Entrada-, JOSÉ DOMINGO COLMÁN -Gerente del Área Administrativa- NIMIA RAMONA SANABRIA SPELT -Secretaria de la Gerencia Administrativa del CAH y en el Reglamento que organiza el procedimiento para el otorgamiento de créditos. Los testigos citados, son funcionarios de la misma institución donde los acusados ejercían funciones y relataron sobre el incumplimiento por parte de estos de sus obligaciones, lo que dio motivo a la imputación, acusación y condena de los mismos, que fue admitido por el tribunal como fundamento de la sentencia. De cualquier manera, si del balance final del ente resultó que no se han podido recuperar las sumas referidas, quiere decir que existe un faltante y en este caso la responsabilidad era de quienes tenían a su cargo controlar y exigir la contrapartida que sirva de garantía para evitar el resultado indeseado. Finalmente el tribunal ha comprobado la participación de los mismos en el hecho y decidió por la condena de los mismos. Estas decisiones han sido el resultado de la convicción que obtuvo el a-quo durante la sustanciación de la audiencia del juicio oral y público, oportunidad en que las partes han presentado las pruebas que hacen a sus derechos y argumentado, finalmente, sobre sus pretensiones para lograr el convencimiento de los jueces sobre una u otra postura asumida en sus alegatos finales, habiendo sido aceptada la tesis del Ministerio Público" (Sic).
Debemos tener presente que los Tribunales de Alzada no pueden volver a valorar pruebas, caso contrario se estaría violentando el principio de inmediación que rige nuestro proceso penal. Dicho así, en el proceso penal los Tribunales de Alzada deben circunscribirse a examinar la corrección jurídica del fallo en cuanto a la sujeción a la Ley y a las formas esenciales del proceso, sobre la relación fáctica que ha sido definitivamente fijada por el Tribunal de Sentencia, consecuencia directa del material probatorio discutido en el juicio oral y público.
Al respecto, el Art. 467 del Código Procesal Penal establece:
"Motivos. El recurso de apelación contra la sentencia definitiva sólo procederá cuando ella se base en la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal...".
De la transcripción pertinente de la resolución impugnada encontramos que el Tribunal de Alzada nunca desconoció la legalidad de los reglamentos en cuestión, a los cuales consideró parte fundamental del decisorio del Tribunal de Sentencia.
El Tribunal de Alzada dio estricto cumplimiento al transcripto Art. 467, al limitar su tarea a controlar la legalidad del fallo impugnado sin entrar a revalorizar las pruebas producidas en juicio. Al resolver la cuestión, el Tribunal de Alzada respondió los agravios de los casacionistas al señalar que el Tribunal de Sentencia valoró todas y cada una de las pruebas, ellas en armonía con los decretos y reglamentos operativos que regían la campaña algodonera 2006/2007. De ello surgió la comprobación del hecho atribuido a Amado Cirilo Ayala López y a Ernesto Escobar Chávez, con la condena respectiva. Así señala que la sentencia condenatoria no se fundó en una sola prueba; al contrario, para resolver la cuestión se valoraron todos los elementos probatorios discutidos en juicio, todo ello de acuerdo a las reglas de la sana crítica, acreditándose con ello la legalidad del fallo impugnado.
Al respecto, el Art. 175 del Código Procesal Penal dispone: "Valoración. Las pruebas obtenidas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El tribunal formará su convicción de la valoración conjunta y armónica de todas las pruebas producidas".
En síntesis, los agravios en contra de la resolución del Tribunal de Sentencia, que resolvió condenar a Amado Cirilo Ayala López y a Ernesto Escobar Chávez, fueron suficientemente respondidos en Alzada, por lo que se puede afirmar que la "falta de fundamentación manifiesta", alegada por los casacionistas, no se percibe en el fallo impugnado.
Asunción, 2 de Septiembre de 2014.
1.- DECLARAR LA ADMISIBILIDAD de los Recursos Extraordinarios de Casación planteados por las defensas de Ernesto Escobar y Amado Ayala.
2.- NO HACER LUGAR a los Recursos Extraordinarios de Casación planteados contra el Acuerdo y Sentencia N° 61 de fecha 7 de Diciembre de 2011, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal Cuarta Sala de Capital, por los fundamentos expuestos en esta resolución.
Raul Torres Kirmser. Ministro

References: artículo 468
 resolución 
 artículo 449
 artículo 478
 resolución 
 Resolución 
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 Resolución 
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 resolución 
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 Artículo 473
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