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Timestamp: 2019-04-23 10:16:56+00:00

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Boletin GAL 2147 | Luis Alberto Gallegos
Boletin GAL 2147
Nº 2.147. Miércoles 16 de mayo de 2018. Año XIII. Boletín Electrónico de Medio Ambiente. Santiago de Chile. Editor, Luis Alberto Gallegos Mendoza. Lectores(as): 33.091. Contacto: luisalbertogmz@gmail.com Móvil 9-63761205
ESPECIAL: GOBIERNO LANZA OFENSIVA CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
Agenda Pro-inversión: Instrumento de coacción hegemónica sobre el Estado o atentado al medio ambiente
Santiago, Chile, miércoles 16 de mayo de 2018, por Luis Alberto Gallegos M., Boletín GAL.- ¡Y se nos vino encima el chaparrón! Lo esperábamos en algún momento, pero no tan pronto. Piñera develó otro de sus rostros o máscaras. Y quizá este desastre llegue para quedarse…o para ser revertido por la ciudadanía organizada.
¿Qué medida constituye el ariete de esta ofensiva neoliberal? Lo dice el propio gobierno:
“El presidente Piñera suscribió el proyecto de ley de Agenda Pro-inversión y el decreto que establece la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) (…) para impulsar los proyectos de inversión, cuyos niveles actualmente han ido disminuyendo o están estancados al enfrentarse a una excesiva burocracia estatal (…) y que tendrán como objetivo restablecer la confianza y darle un fuerte impulso a la inversión, competitividad, innovación y emprendimiento (…) coordinar y agilizar el proceso de autorización de los grandes proyectos de inversión del país, sean públicos o privados”. (1)
Naturalmente, nadie se va a pronunciar públicamente que está en contra del crecimiento económico y de las inversiones necesarias para sostenerlo. Chile lo necesita. El dilema es ¿cómo hacerlo? Porque, además, Piñera nos anuncia la promesa no fundamentada técnicamente de incrementar en 250.000 empleos adicionales si se le acepta las 12 medidas que plantea. La “zanahoria”…
Lo señalamos el 9/5/2018 en el BGAL 2144: “hoy el poder de la Infraestructura Económica ya en manos de las grandes corporaciones desde y con el beneplácito de la dictadura, se ha extendido hacia uno de los componentes fundamentales de la Superestructura Política: el Estado” (2). Es decir, la clase económica neoliberal “requiere del dominio del Estado para darle fluidez, certezas y estabilidad a sus proyectos productivos y a mitigar la tendencia al descenso de la tasa de ganancia” (3).
¿Por qué la Agenda Pro-inversión condensa las dos características de ser instrumento de coacción hegemónica sobre el Estado y, al mismo tiempo, de una violación al medio ambiente?
Porque tiene cuatro objetivos connotativos políticos reales que pretenden ser disimulados por el discurso.
Primer objetivo: Debilita la institucionalidad del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y, en particular, las funciones y atribuciones del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) (4), restándoles poderes, otorgándoselos a los municipios y abriendo brechas de posibles conflictos entre ambas instancias (Medidas 1 y 2) (5). Quizá para allanar este camino Piñera despidió a 30 funcionarios técnicos del MMA.
Segundo objetivo: Resuelve por vía administrativa el otorgamiento del derecho de los recursos marinos y el aprovechamiento del Agua, que es un actual tema de debate parlamentario (Medidas 4 y 5) (6)
Tercer objetivo: Afina la estrategia de defensa corporativa de las empresas en proceso del SEA, burlando la participación ciudadana calificándola de “demandas infundadas” (Medida 7).
Cuarto objetivo: Elimina los informes técnicos y pronunciamientos de los servicios públicos sobre un proyecto en proceso, cuando el SEA lo considere no fundado. Es decir, por ejemplo, enfrentar a la Dirección General de Aguas (DGA) con la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) (Medida 10). (7)
Todos estos objetivos –a los que se podría sumar quizá otros-, son graves. No obstante, aparte de pretender hacer más servicial y benevolente al Estado en favor de las empresas, el gobierno desea deshacerse de un actor clave, aunque incómodo, en los procesos de evaluación ambiental: la sociedad civil.
Atentado a la participación ciudadana
La Agenda Pro-inversión arriesga convertirse en un boomerang para el gobierno. Quizá es menester recordarle que la sociedad civil tiene “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente” (Art. 8° Constitución de Chile) (8)
Además, “Es deber del Estado facilitar la participación ciudadana y permitir el acceso a la información ambiental. Por lo anterior, es que la participación ciudadana en el SEIA comprende los derechos a acceder y conocer el expediente físico o electrónico de la evaluación, formular observaciones y obtener respuesta fundada de ellas; siendo obligación del SEA establecer mecanismos que aseguren la participación informada de la comunidad y dar respuesta (considerar) a las observaciones ciudadanas admisibles” (9).
Cualquier persona natural o jurídica podrá formular observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, ante el organismo competente. Para ello dispondrán de un plazo de sesenta días, contado desde el día hábil siguiente a la última publicación del extracto (10).
A nuestro juicio, este atentado a la participación ciudadana en el SEA, debiera ser atendido debidamente por las organizaciones socioambientales, las ONG, gremios, academia y las empresas sustentables, como las Empresas del Sistema B (11).
1. Incluir el conocimiento técnico ambiental en los procesos de gestión ciudadana, a fin de poder aprehender y dominar fundadamente los contenidos a veces complejos de los informes técnico-científicos de los proyectos en el SEA.
2. Avanzar en el diseño de catastros comunales y regionales de los actuales proyectos en proceso del SEA a fin de identificarlos técnica y políticamente, aplicándoles la metodología de análisis FODA desde la perspectiva y demandas de la comunidad (12).
3. Descentralizar efectivamente la evaluación de impacto ambiental de los proyectos en el SEA, colaborando, mediante una participación vinculante de la sociedad civil, con los Seremi del MMA en la constitución de Mesas Comunales o Regionales respecto a las normativas y políticas públicas que se deriven de la Agenda Pro-inversión anunciada por el presidente Piñera. VER: http://luisalbertogmz.blogia.com/
(1) Cfr. https://www.gob.cl/noticias/presidente-pinera-anuncio-medidas-para-impulsar-la-inversion-poner-en-marcha-estos-proyectos-es-fundamental-para-que-chile-vuelva-a-crecer-con-fuerza/
(2) Cfr. http://luisalbertogmz.blogia.com/
(4) Cfr. http://www.sea.gob.cl/
(5) Cfr. https://www.gob.cl/noticias/presidente-pinera-anuncio-medidas-para-impulsar-la-inversion-poner-en-marcha-estos-proyectos-es-fundamental-para-que-chile-vuelva-a-crecer-con-fuerza/
(7) Cfr. http://www.dga.cl/Paginas/default.aspx
(8) Cfr. https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302
(9) Cfr. http://www.sea.gob.cl/que-es-la-participacion-ciudadana-en-el-seia
(10) “Las personas podrán conocer el contenido del Estudio de Impacto Ambiental y el tenor de los documentos acompañados (A excepción de los documentos o piezas que contengan los antecedentes técnicos, financieros y otros que, a petición del interesado, se estimare necesario substraer del conocimiento público, para asegurar la confidencialidad comercial e industrial o proteger las invenciones o procedimientos patentables del proyecto o actividad. (Según lo establecido en artículo 22 del Reglamento del SEIA)), en cualquier etapa de tramitación del procedimiento. Los interesados en acceder al contenido del Estudio de Impacto Ambiental podrán solicitar, a su costa, reproducciones parciales o totales del ejemplar que se encuentra a disposición de la comunidad en los lugares que indica la publicación, el que podrá ser entregado en medios magnéticos o electrónicos.
Formulación de observaciones ciudadanas: Cualquier persona natural o jurídica podrá formular observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, ante el organismo competente. Para ello dispondrán de un plazo de sesenta días, contado desde el día hábil siguiente a la última publicación del extracto.
Las observaciones a que se refiere el inciso anterior, deberán formularse por escrito, contener sus fundamentos y referirse a la evaluación ambiental del proyecto o actividad. Dichas observaciones deberán señalar, al menos, el nombre del proyecto o actividad de que se trata, el nombre completo y Rut de la persona natural o de la persona jurídica y de su representante que las hubiere formulado, y los respectivos domicilios. En caso que las observaciones se expresen a través de medios electrónicos, se deberá suplir la indicación del domicilio por el señalamiento de una dirección de correo electrónico, caso en el cual las notificaciones electrónicas, se efectuarán en dicha dirección.
Asimismo, en el caso de las personas jurídicas, éstas deberán acreditar su personalidad jurídica y representación, además de la vigencia de ambas, la que no podrá exceder de seis meses. Si durante el procedimiento se decreta una nueva etapa de participación ciudadana, según lo establece el artículo 92 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el proceso de evaluación del proyecto o actividad se suspenderá de pleno derecho por 30 días, periodo en el cual las personas podrán ser informadas y formular observaciones al proyecto o actividad”. Cfr. http://www.sea.gob.cl/como-se-realiza-en-estudios-de-impacto-ambiental-eia
(11) Cfr. https://sistemab.org/espanol/comunidad-empresas-b/empresas-b-america-latina/
(12) Cfr. http://www.analisisfoda.com/
Gobierno lanza medidas para impulsar la inversión y reactivar el crecimiento del país
Santiago, Chile, miércoles 16 de mayo de 2018, Gobierno de Chile.- El proyecto de ley de Agenda Pro-inversión y el decreto que establece la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), firmados hoy por el Presidente Sebastián Piñera, son dos de las instancias que buscan agilizar y reimpulsar los procesos de inversión en Chile y que permitirán mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Para impulsar los proyectos de inversión, cuyos niveles actualmente han ido disminuyendo o están estancados al enfrentarse a una excesiva burocracia estatal, es que el Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley Agenda Pro-inversión y el decreto que establece la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS). VER: https://www.gob.cl/noticias/presidente-pinera-anuncio-medidas-para-impulsar-la-inversion-poner-en-marcha-estos-proyectos-es-fundamental-para-que-chile-vuelva-a-crecer-con-fuerza/
Piñera anuncia su estrategia para evadir la evaluación de impacto ambiental de sus proyectos
Santiago, Chile, miércoles 16 de mayo de 2018, por Patricia Marchetti Michels, El Mercurio.- Las 12 iniciativas pro inversión con las que Piñera le declaró "una guerra a la burocracia". El Mandatario aseguró que "hoy tenemos una cartera de proyectos de inversión que están estancados o paralizados que superan los US.000 millones". Destacó algunas medidas del gobierno de Bachelet. Con el crecimiento y el desarrollo como objetivo, el Presidente Sebastián Piñera firmó hoy el proyecto de Ley Agenda Pro-Inversión y el decreto que establece la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS). Así, acompañado del ministro de Economía José Ramón Valente, el Mandatario aseguró que "hoy tenemos una cartera de proyectos de inversión que están estancados o paralizados que superan los US.000 millones". VER: http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/05/14/906118/Pinera-le-declara-la-guerra-a-la-burocracia-y-anuncia-12-medidas-pro-inversion.html
Santiago, Chile, miércoles 16 de mayo de 2018, por Francisco Velásquez, Radio Universidad de Chile.- El mandatario dio a conocer la primera iniciativa económica proinversión para el país. Dicho anuncio tiene como fundamento aminorar los tiempos de aprobación de los proyectos empresariales, mientras que nuestro país asume cada vez con mayor complejidad conflictos socio ambientales generados por los impactos extractivitas en las diferentes regiones. El Presidente Sebastián Piñera, junto al ministro de Economía, José Ramón Valente, firmó este lunes el proyecto de ley de Agenda Proinversión. También rubricó un decreto que establece la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS). La nueva institucionalidad se encargará de agilizar la aprobación de nuevas inversiones empresariales puesto, que según el mandatario, hay proyectos detenidos por un monto total de 65 mil millones de dólares, que según el Jefe de Estado, no han sido aprobados por la burocracia. VER: http://radio.uchile.cl/2018/05/14/pinera-anuncia-medidas-proinversion-y-contra-el-medioambiente/
Empresarios aplauden anuncios por las modificaciones al Servicio de Evaluación Ambiental
Santiago, Chile, miércoles 16 de mayo de 2018, por Patricia Marchetti y Alfonso González, El Mercurio.- Anuncios de Piñera pro inversión son valorados por empresarios y por un ex ministro de Bachelet. El Mandatario anunció un paquete de 12 medidas que buscan reactivar la inversión en el país, eliminando "lomos de toro" en los procesos de tramitación. Esta mañana el Presidente Sebastián Piñera le declaró "una verdadera guerra a la burocracia excesiva, a la negligencia y a la incompetencia" con la firma de un proyecto de Ley pro-inversión y el decreto de creación de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS). Así, a la salida de la ceremonia llevada a cabo en el Palacio de La Moneda, diversas fueron las reacciones desde el empresariado, desde el Gobierno y desde también la Administración anterior. Todas, en un tono positivo. "Lo que hoy día se ha anunciado hay que aplaudirlo y hay que tratar de sacarlo adelante porque va en la dirección que todos queremos que tenga Chile que es un aumento fuerte en la inversión, en el crecimiento y esto ayuda a derrotar la pobreza y a generar mejores empleos", dijo el ex ministro de Economía del gobierno anterior, Jorge Rodríguez Grossi. VER: http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/05/14/906142/Anuncios-de-Pinera-son-bien-valorados.html
Santiago, Chile, miércoles 16 de mayo de 2018, Editorial de El Mercurio.- Es razonable la idea de promover una participación ciudadana temprana que posibilite un diálogo antes de que se hayan tomado decisiones demasiado definitivas sobre las características de un proyecto específico. Una de las mayores dificultades de nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental es que se han hecho impredecibles los resultados de sus tramitaciones y también los plazos para tener certeza de si un proyecto se puede o no llevar adelante. Dada la heterogeneidad de los proyectos y la multiplicidad de variables que inciden en los mismos es difícil obviar un grado de incertidumbre respecto de la evaluación de sustentabilidad de cada uno de ellos. Pero si se percibe universalmente que el proceso no tiene un marco que permita estimar razonablemente esos riesgos, se puede transformar en un obstáculo para la presentación de proyectos que tal vez habrían tenido buenos estándares ambientales. VER: http://www.elmercurio.com/blogs/2018/04/03/59216/Modernizar-la-evaluacion-ambiental.aspx
A nivel global Chile es el país con más conflictos por el Agua
Santiago, Chile, miércoles 16 de mayo de 2018, El Mostrador.- Chile es uno de los países con más conflictos ambientales en el mundo. Chile es uno de los países con más conflictos ambientales en el mundo. Esto, de acuerdo a un análisis del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (Cnid), organismo asesor de la Presidencia de la República, que entre otras misiones identifica los principales obstáculos para el desarrollo del país. En total, Chile tiene 46 conflictos. Chile es uno de los países del mundo con más conflictos ambientales por habitantes, de acuerdo a un análisis del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (Cnid), organismo asesor de la Presidencia de la República, que entre otras misiones identifica los principales obstáculos para el desarrollo del país. VER: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/04/22/chile-es-uno-de-los-paises-con-mas-conflictos-ambientales-en-el-mundo/
Agua: Santiago rumbo a Ciudad del Cabo
Santiago, Chile, miércoles 16 de mayo de 2018, por André Jouffé, Radio Universidad de Chile.- Efectivamente, una familia de tres personas puede vivir con cinco litros de agua al día, incluida la utilizada en el inodoro. Todo depende de la administración del líquido y su reciclaje doméstico. La industria fabrica en forma masiva máquinas desalinizadoras, única solución para un problema previsto para el 2015 en que efectivamente no habrá agua potable para la ciudad. Estas máquinas muy efectivas desde la Guerra del Pacífico en versión moderna, tienen eso sí un alto costo de consumo de energía, de seguro térmica. En el sector Oriente se consumen 600 litros de agua por persona, en los barrios populares, 125. Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, reparte en la actualidad entre ricos y pobres cinco litros diarios por una política sin prevención, de descuido y corrupción. VER: http://radio.uchile.cl/2018/05/13/santiago-rumbo-a-ciudad-del-cabo/
Algunos problemas con los impuestos ambientales en Chile
Santiago, Chile, miércoles 16 de mayo de 2018, por Cristián Marcelo Muñoz, El Mostrador.- La ley N° 20.780 introdujo el pago de impuestos a las emisiones locales y de carbono provenientes principalmente de las centrales termoeléctricas. Su aplicación comenzó en 2017, sin embargo, no han implicado una mejora sustancial en la calidad del medio ambiente. En Chile, tras una larga discusión, en septiembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°20.780, que entre otras materias, dispuso en su artículo 8vo la incorporación de un impuesto a las emisiones de material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2), y dióxido de carbono (CO2). Los tres primeros gases son contaminantes locales del aire que afectan la salud de las personas, mientras que el CO2 es el principal gas de efecto invernadero, con consecuencias de largo plazo en el clima del planeta. Estos gases son el resultado no deseado de la combustión del petróleo, carbón y gas, con fines energéticos. VER: http://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2018/05/14/algunos-problemas-con-los-impuestos-ambientales-en-chile/
Reglamentos ambientales mal concebidos
Santiago, Chile, miércoles 16 de mayo de 2018, escrito el 11/10/2012, por Patricio Herman, CIPER Chile.- El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad advierte que, con escasa información para los ciudadanos, se están desarrollando dos reglamentos que tendrán un alto impacto en cómo se construirán a futuro nuestras ciudades. Uno es el Reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y el segundo es el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En esta columna, Patricio Herman valora ambas iniciativas porque “constituyen un aporte al proceso de planificación”, pero sostiene que estos proyectos, tal como están siendo concebidos por las autoridades, contienen “disposiciones que es necesario revisar para evitar males mayores”. VER: http://ciperchile.cl/2012/10/11/reglamentos-ambientales-mal-concebidos/
ONU: La peor amenaza mundial es el cambio climático
Viena, Austria, miércoles 16 de mayo de 2018, Expansión.- António Guterres busca crear una "sensación de urgencia" para que haya más ambición en el combate al cambio climático. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió este martes en Viena que el cambio climático es la mayor amenaza que enfrenta el mundo y pidió más ambición para enfrentarlo. "El cambio climático es, simplemente, una amenaza existencial para la mayoría de la vida en el planeta, incluyendo y especialmente, la vida de los seres humanos", advirtió Guterres, que participa en la R20 Austrian World Summit, una cumbre sobre los objetivos de desarrollo de la ONU, con especial atención al clima. VER: https://expansion.mx/mundo/2018/05/15/el-cambio-climatico-es-la-peor-amenaza-del-mundo-dice-guterres
Los peligros se ciernen sobre California debido al cambio climático
California, EEUU, miércoles 16 de mayo de 2018, por Jorge Luis Ulloa Ortiz, Blasting News.- California: problemas relacionados con el cambio climático sigue siendo víctima de los efectos de los gases de efecto invernadero. Seis incendios, 200.000 evacuados en California. Seis incendios, 200.000 evacuados en California. El estado de California está librando una guerra contra el cambio climático, pero se encuentra en una posición precaria, ya que sigue siendo blanco de un aumento de los gases de efecto invernadero que está afectando a todos los ámbitos de la vida. El clima es más cálido y seco, mientras que los animales migran a terrenos más elevados y el aire acondicionado se está convirtiendo en una necesidad. Para aumentar los problemas, el deshielo de la primavera se ha reducido y es difícil satisfacer las demandas de agua para granjas y ciudades. Los Angeles Times informa que un estudio realizado por quienes cuidan el medio ambiente en el estado ha revelado que hay peligros que se ciernen y que deben ser detenidos. VER: https://mx.blastingnews.com/mundo/2018/05/los-peligros-se-ciernen-sobre-california-debido-al-cambio-climatico-002575487.html
Los Ángeles, EEUU, miércoles 16 de mayo de 2018, por Robert Hunziker, periodista especializado en medio ambiente y residente en Los Ángeles, Rebelión, Counterpunch.- Hace 10 años, Kevin J. Surace pronunció una fascinante charla TED titulada “El peor escenario de cambio climático” (*). Su brillante resumen de lo que ocurriría en el peor de los casos, según las hipótesis previstas en 2008, tenía varios objetivos: exponer el asunto, crear polémica y obligar a la gente a pensar sobre las posibles perspectivas, si todo iba según las peores previsiones. No pretendía afirmar que fuera a producirse la peor situación posible, sino animar a los asistentes a aprender más sobre el tema y actuar en consecuencia. Han pasado 10 años, tiempo suficiente para que nos preguntemos cómo han evolucionado esas previsiones. Desgraciadamente, tal y como se explica en este artículo, el peor escenario que se contemplaba sigue estando vigente 10 años después y posiblemente sea aun peor de lo esperado. VER: https://www.counterpunch.org/2018/05/07/climate-change-10-year-check-up/
Santiago, Chile, miércoles 16 de mayo de 2018, Gobierno de Chile.- El proyecto de ley de Agenda Pro-inversión y el decreto que establece la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), firmados hoy por el Presidente Sebastián Piñera, son dos de las instancias que buscan agilizar y reimpulsar los procesos de inversión en Chile y que permitirán mejorar la calidad de vida de todos los chilenos
Para impulsar los proyectos de inversión, cuyos niveles actualmente han ido disminuyendo o están estancados al enfrentarse a una excesiva burocracia estatal, es que el Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley Agenda Pro-inversión y el decreto que establece la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS).
Estas iniciativas pro-inversión comprenden una serie de medidas y propuestas para darle un gran impulso a nuestra economía con el fin de que Chile vuelva a crecer con fuerza y pueda reiniciar la senda que lo lleve a ser un país desarrollado. Además, tendrán como objetivo restablecer la confianza y darle un fuerte impulso a la inversión, competitividad, innovación y emprendimiento.
Cabe destacar que la reactivación es uno de los compromisos y prioridades del Programa de Gobierno del Presidente Piñera para que Chile llegue a ser en la próxima década, el primer país de América Latina en alcanzar un desarrollo integral, inclusivo y sustentable.
Las iniciativas pro-inversión
La nueva Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables tendrá por objetivo coordinar y agilizar el proceso de autorización de los grandes proyectos de inversión del país, sean públicos o privados. Para ello, generará todas las coordinaciones con los distintos servicios públicos encargados de emitir permisos y autorizaciones para asegurar que se cumplan los plazos que establece la regulación y transparentar los procesos de licencias y permisos.
Un catastro del Ministerio de Economía determinó que, actualmente, existen inversiones pendientes por US.000 millones, que podrían crear 250.000 empleos adicionales.
“Poner en marcha estos proyectos es fundamental para que Chile vuelva a crecer con fuerza”, dijo el Mandatario en el lanzamiento de estas medidas.
Para llevar a cabo esta propuesta, el Jefe de Estado anunció 12 medidas concretas que reimpulsarán los proyectos de inversión. A esto se va a sumar el trabajo del grupo para un gran Acuerdo Nacional para el Desarrollo del país que se va a dar a conocer en los próximos días.
12. Reforzar al Servicio de Evaluación Ambiental como una ventanilla única respecto de todos los permisos sectoriales que tenga que entregar el Estado para la evaluación de un proyecto de inversión. VER: https://www.gob.cl/noticias/presidente-pinera-anuncio-medidas-para-impulsar-la-inversion-poner-en-marcha-estos-proyectos-es-fundamental-para-que-chile-vuelva-a-crecer-con-fuerza/
Santiago, Chile, miércoles 16 de mayo de 2018, por Patricia Marchetti Michels, El Mercurio.- Las 12 iniciativas pro inversión con las que Piñera le declaró "una guerra a la burocracia". El Mandatario aseguró que "hoy tenemos una cartera de proyectos de inversión que están estancados o paralizados que superan los US.000 millones". Destacó algunas medidas del gobierno de Bachelet.
Con el crecimiento y el desarrollo como objetivo, el Presidente Sebastián Piñera firmó hoy el proyecto de Ley Agenda Pro-Inversión y el decreto que establece la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS). Así, acompañado del ministro de Economía José Ramón Valente, el Mandatario aseguró que "hoy tenemos una cartera de proyectos de inversión que están estancados o paralizados que superan los US.000 millones".
"Con esta oficina GPS le hemos declarado una verdadera guerra a la burocracia excesiva, a la negligencia y a la incompetencia que muchas veces tiene a nuestro país paralizado" Sebastián Piñera Ante ello, recalcó que "ningún país puede darse el lujo, y mucho menos uno que aspira a ser desarrollado, de mantener paralizados por años proyectos de inversión necesarios para el país".
Además, Piñera indicó que poner en marcha dichos proyectos estancados "significarían 250.000 nuevos empleos adicionales a los que vamos a crear con el crecimiento de la economía y significará un mejoramiento sustancial en los salarios que reciben los trabajadores".
De esta forma, la nueva oficina tendrá como objetivo "volver a posicionar a nuestro país en la senda del progreso y del desarrollo", agilizando y coordinando los procesos de autorización de los grandes proyectos -públicos y privados- del país. 203 proyectos se encuentran actualmente paralizados por temas regulatorios, entre ellos Dominga.
Respecto al proyecto de Ley Agenda Pro Inversión, el Presidente recalcó que "incluye iniciativas de nuestro primer gobierno y del gobierno anterior (…) así es como los países deben construirse, recogiendo lo bueno de gobiernos anteriores sin escrúpulos, sino que con alegría".
1.- "Permitir a las municipalidades la entrega, de manera inmediata, de la patente provisoria por dos años para todos aquellos locales que cumplan con los requisitos que establece la ley".
2.- "Implementar una plataforma digital para hacer los trámites electrónicos ante las direcciones de obras municipales y dar mayor certeza jurídica a los permisos que emanan de esos organismos".
3.- "Reducir significativamente los tiempos de aprobación de los proyectos de obras hidráulicas que hoy día toman años, evitando la innecesaria doble aprobación por unidades del mismo ministerio. Como es el caso de la Dirección de Aguas y la Dirección de Obras Hidráulicas".
4.- "Permitir que se constituyan garantías, prendas o hipotecas sobre los derechos de concesiones marítimas. Si el Estado otorga una concesión marítima, esa concesión debe facilitar el financiamiento para poder llevar adelante el proyecto asociado a ello".
5.- "Crear una plataforma digital para recibir y tramitar todas las presentaciones relacionadas con los derechos de aprovechamiento de aguas que hoy día toma mucho tiempo y a veces genera mucha incertidumbre".
6.- "Permitir que Sernageomin mantenga actualizado el catastro de concesiones mineras usando las publicaciones de los boletines oficiales de minería de forma tal de que todos sepan cuáles son las concesiones mineras que están otorgadas o en trámite".
7.- "Regular la suspensión provisoria de la obra nueva evitando que muchas veces demandas infundadas paralicen grandes proyectos de inversión".
8.- "Facilitar los procedimientos administrativos para la adquisición o ejercicios de los derechos permitiendo que revisores independientes puedan hacer las inspecciones que muchas veces que el sector público se demora años en hacer".
9.- "Permitir que los planes de prevención y descontaminación puedan distinguir entre distintos tipos de fuentes contaminantes para q se puedan concentrar sus esfuerzos de mitigación en aquellas fuentes que son las más dañinas".
10.- "Facilitar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para omitir el pronunciamiento de servicios cuando estos no están fundados para evitar que esta proliferación de opiniones sin fundamentos que a la larga lo único que hace es que a los proyectos de inversión les tome años poder lograr los necesarios permisos de evaluación ambiental. Esto sin sacrificar la calidad de la evaluación ambiental para proteger nuestro ambiente y naturaleza".
11.- "Establecer un procedimiento que permita que los interesados en presentar un proyecto a evaluación ambiental puedan pedir y obtener un pronunciamiento previo de parte de la autoridad competente para saber si es pertinente o no dicha evaluación".
12.- "Reforzar al SEA con una ventanilla única respecto de todos los permisos sectoriales que tenga que entregar para la evaluación de un proyecto de inversión y no tener ventanillas múltiples muchas veces contradictorias que dificultan y encarecen la inversión en nuestro país". VER: http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/05/14/906118/Pinera-le-declara-la-guerra-a-la-burocracia-y-anuncia-12-medidas-pro-inversion.html
Santiago, Chile, miércoles 16 de mayo de 2018, por Francisco Velásquez, Radio Universidad de Chile.- El mandatario dio a conocer la primera iniciativa económica proinversión para el país. Dicho anuncio tiene como fundamento aminorar los tiempos de aprobación de los proyectos empresariales, mientras que nuestro país asume cada vez con mayor complejidad conflictos socio ambientales generados por los impactos extractivitas en las diferentes regiones.
Al respecto, lo que se está privilegiando con la nueva herramienta digital, es ampliar el mercado del agua, en vez de planificar una gestión territorial de las cuencas y avanzar hacia la comprensión de un desarrollo sustentable que tenga como motor la explotación ecológica de los acuíferos. Esto porque, el tipo de uso es relevante, ya que el agua usada en la minería no retorna a un ciclo natural de recuperación del agua, mientras que la agricultura si lo hace. En este sentido, si se comprende el tipo de uso se podría generar una mejor lectura de las necesidades territoriales. VER: http://radio.uchile.cl/2018/05/14/pinera-anuncia-medidas-proinversion-y-contra-el-medioambiente/
Santiago, Chile, miércoles 16 de mayo de 2018, por Patricia Marchetti y Alfonso González, El Mercurio.- Anuncios de Piñera pro inversión son valorados por empresarios y por un ex ministro de Bachelet. El Mandatario anunció un paquete de 12 medidas que buscan reactivar la inversión en el país, eliminando "lomos de toro" en los procesos de tramitación.
Esta mañana el Presidente Sebastián Piñera le declaró "una verdadera guerra a la burocracia excesiva, a la negligencia y a la incompetencia" con la firma de un proyecto de Ley pro-inversión y el decreto de creación de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS).
Así, a la salida de la ceremonia llevada a cabo en el Palacio de La Moneda, diversas fueron las reacciones desde el empresariado, desde el Gobierno y desde también la Administración anterior. Todas, en un tono positivo. "Lo que hoy día se ha anunciado hay que aplaudirlo y hay que tratar de sacarlo adelante porque va en la dirección que todos queremos que tenga Chile que es un aumento fuerte en la inversión, en el crecimiento y esto ayuda a derrotar la pobreza y a generar mejores empleos", dijo el ex ministro de Economía del gobierno anterior, Jorge Rodríguez Grossi.
Además, consultado por la serie de guiños que se hicieron a la administración de Michelle Bachelet y el bajo desempeño económico, el ex titular de Economía declaró: "Creo que seguir peleando por la interpretación de lo que le ha pasado a la economía en Chile en los últimos años es un poquito inútil".
Por la parte del empresariado, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, indicó que "es un muy buen primer paso, tenemos un desafío mayor". "Como país tenemos que volver a dar facilidades a la inversión (…) por lo tanto creo que es una medida muy importante, a tiempo, pero el desafío que tenemos por delante es bastante grande", agregó el líder gremial.
En la misma línea, Bernardo Larraín Matte, presidente de la Sofofa, tildó las iniciativas firmadas hoy por el Presidente como "una buena señal". Lo anterior, "porque es un primer paso positivo. Se hacen modificaciones al Servicio de Evaluación Ambiental que creo que es relevante y a la Dirección General de Aguas que son las dos principales agencias por donde pasa el flujo de inversión en Chile".
"Aquí lo relevante es que los vientos a favor que estamos viendo en la economía chilena se traduzcan en un motor que le dé una sustentabilidad en el largo plazo y para eso es fundamental reactivar la inversión", recalcó el empresario.
Mientras que el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández, calificó como una muy buena noticia para el país el anuncio de Piñera. "Iniciativas que estamos seguros permitirán incentivar la inversión y destrabar importantes proyectos que, por distintas razones, no se han materializado hasta el momento".
Valente: "No se trata de reducir estándares, sino que plazos"
Con un discurso enfocado en la importancia de la creación de empleo de calidad, el ministro de Economía, José Ramón Valente, enfatizó que "re-lanzar la inversión en nuestro país, que viene alicaída desde hace cuatro años, es fundamental". "Aquí no se trata de reducir los estándares, se trata de reducir los plazos manteniendo el cuidado del medio ambiente, manteniendo el buen diálogo con las comunidades y respetando toda nuestra legislación", agregó el secretario de Estado.
250.000 empleos podrían generarse con el destrabe de los proyectos hoy paralizados "Esperamos reducir en al menos seis meses la tramitación de proyectos en nuestro país, lo cual es muy significativo si pensamos que la tramitación ambiental hoy se demora en promedio cerca de 2,3 años y la tramitación total de un proyecto se demora entre 4 y 5 años", destacó Valente.
En tanto, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, indicó que "este proyecto de ley, que contempla una serie de medidas, permitirá que este verdadero lomo toro que significa la burocracia que tenemos en el país, y que desincentiva la inversión, se pueda al menos reducir". VER: http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/05/14/906142/Anuncios-de-Pinera-son-bien-valorados.html
Santiago, Chile, miércoles 16 de mayo de 2018, Editorial de El Mercurio.- Es razonable la idea de promover una participación ciudadana temprana que posibilite un diálogo antes de que se hayan tomado decisiones demasiado definitivas sobre las características de un proyecto específico. Una de las mayores dificultades de nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental es que se han hecho impredecibles los resultados de sus tramitaciones y también los plazos para tener certeza de si un proyecto se puede o no llevar adelante.
Dada la heterogeneidad de los proyectos y la multiplicidad de variables que inciden en los mismos es difícil obviar un grado de incertidumbre respecto de la evaluación de sustentabilidad de cada uno de ellos. Pero si se percibe universalmente que el proceso no tiene un marco que permita estimar razonablemente esos riesgos, se puede transformar en un obstáculo para la presentación de proyectos que tal vez habrían tenido buenos estándares ambientales.
Sin desconocer las dimensiones políticas del problema, en distintos países se busca tener un análisis muy técnico y en lapsos sensatos de los proyectos que tienen impacto en el medio ambiente. Esa forma de proceder parece asegurar un mejor balance de los proyectos de inversión disponibles asegurando un mayor equilibrio entre crecimiento y protección del medio ambiente. En ese sentido, son interesantes las declaraciones del nuevo director del Servicio de Evaluación Ambiental, que parece dispuesto a moverse en esa dirección. Certera es su visión de que el sistema de evaluación de impacto ambiental no se puede traducir en un espacio de debate de políticas públicas, sino efectivamente de medición de los impactos. El Congreso es el lugar para tal discusión y no es tarea del Servicio hacer un juicio respecto de la institucionalidad y políticas vigentes. Esta "despolitización" no siempre ha estado presente y sería naturalmente bienvenida.
Es muy razonable también la idea de promover una participación ciudadana temprana que posibilite un diálogo antes de que se hayan tomado decisiones demasiado definitivas sobre las características de un proyecto específico. Ello produce confianzas que luego reditúan tanto a los inversionistas como a las comunidades en el proceso de evaluación de un proyecto específico. La experiencia internacional sitúa esta práctica entre aquellas que facilitan un proyecto de inversión con impacto ambiental. Además, en una fase temprana es posible identificar los intereses comunitarios más directos. En fases más tardías surgen voces externas que, a menudo, tienen un interés secundario en la zona afectada, pero que persiguen objetivos de otro alcance, diluyendo las apreciaciones de las comunidades locales.
Utilizando buenas prácticas que se recogen de la experiencia internacional, la labor del Servicio de Evaluación Ambiental ganaría en efectividad. En muchos casos, la aplicación de ellas no requiere de un cambio legal, sino que una forma de gestión renovada. En ese mismo espíritu podría, como ha sugerido la ministra Cubillos, resolverse en plazos breves la suerte de aquellos proyectos que tienen una baja o nula posibilidad de superar exitosamente una evaluación de impacto ambiental. Ello permitiría evaluar más apropiadamente los restantes proyectos y armonizar mejor las tensiones entre medio ambiente y crecimiento. Al mismo tiempo, aseguraría que no dejarán de presentarse proyectos valiosos que hoy día seguramente se restan frente a las incertidumbres existentes y a la incapacidad de predecir los costos de una tramitación llena de sorpresas. VER: http://www.elmercurio.com/blogs/2018/04/03/59216/Modernizar-la-evaluacion-ambiental.aspx
Santiago, Chile, miércoles 16 de mayo de 2018, El Mostrador.- Chile es uno de los países con más conflictos ambientales en el mundo. Chile es uno de los países con más conflictos ambientales en el mundo. Esto, de acuerdo a un análisis del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (Cnid), organismo asesor de la Presidencia de la República, que entre otras misiones identifica los principales obstáculos para el desarrollo del país. En total, Chile tiene 46 conflictos.
Chile es uno de los países del mundo con más conflictos ambientales por habitantes, de acuerdo a un análisis del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (Cnid), organismo asesor de la Presidencia de la República, que entre otras misiones identifica los principales obstáculos para el desarrollo del país.
Xaviera de la Vega, encargada de Medio Ambiente y Desarrollo del Cnid, detalla que Chile ocupa el lugar doce en el Atlas de la Justicia Ambiental, con un total de 46 conflictos; De la Vega, además, explica que Chile sube al quinto puesto si la cifra se analiza por número de habitantes, informa La Tercera.
La especialista asegura que la mayoría de los conflictos están vinculados al agua. De hecho, el Cnid encargó una investigación sobre los conflictos ambientales relacionados con este recurso desde 1998 (un año después de la puesta en marcha del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) hasta 2015.
Dicho estudio detectó que 49 megaproyectos, cuyas inversiones superan los US$ 100 millones, han estado o están envueltos en controversias desde la década de 1990.
Entre las inversiones en conflicto aparecen los casos de la planta de celulosa de Nueva Aldea, Alto Maipo, Pascua Lama e HidroAysén, entre otros, que demandan altas cantidades de agua para sus procesos productivos o la generación de energía.
Según el estudio, los motivos que más se repiten en todos los conflictos analizados son el reclamo al derecho de la participación ciudadana y consulta indígena; la solicitud de incorporar el conocimiento de los habitantes del territorio; demanda por ordenamiento territorial, y localización de proyectos en el borde costero, entre otros.
El estudio, elaborado por la consultora Agea y fechado en marzo pasado, añade que del total de megaproyectos con conflictos, el 57,1% corresponden a la industria de energía, el 30,6% a la industria minera y el 12,2% al sector silvoagropecuario (agroindustrial, embalses y celulosas).
El informe agrega que de las 28 iniciativas energéticas en conflicto, 17 corresponden a centrales termoeléctricas, 10 a centrales hidroeléctricas y un proyecto eólico.
Cabe destacar que entre los conflictos latentes está HidroAysén, que consiste en la construcción de cinco centrales hidroeléctricas. A pesar de que el gobierno le cerró la puerta al proyecto en 2014, la firma impugnó la decisión. En su memoria anual 2016, publicada hace pocos días, el gerente general de HidroAysén, Camilo Charme, detalla que el año pasado han estado concentrados en una activa participación en la discusión de la Política Energética para la Región de Aysén y la legalidad de la evaluación ambiental del proyecto de las centrales hidroeléctricas.
“Hemos mantenido nuestra defensa jurídica de la evaluación ambiental del proyecto de centrales hidroeléctricas, respecto de nuestro ordenamiento ambiental vigente, y estamos a la espera de la sentencia que dictará el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago”, dice Charme en su carta a los accionistas. VER: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/04/22/chile-es-uno-de-los-paises-con-mas-conflictos-ambientales-en-el-mundo/
Santiago, Chile, miércoles 16 de mayo de 2018, por André Jouffé, Radio Universidad de Chile.- Efectivamente, una familia de tres personas puede vivir con cinco litros de agua al día, incluida la utilizada en el inodoro. Todo depende de la administración del líquido y su reciclaje doméstico.
Gente con algunos recursos, aunque sean escasos, adquieren propiedades de Valdivia al sur, donde el fenómeno puede llegar en medio siglo, aunque todas las previsiones optimistas han fallado al respecto. El caso del desmembramiento de la Antártica y el adelgazamiento de la plancha de hielo, son evidencias incontrarrestables.
Faltas menos de siete años, y se abordan temas obsoletos, como ocurre en las escuelas donde se tratan materias inútiles para el futuro cuando los niños sean adultos. El sismo masivo migratorio hacia el sur es una evidencia innegable. La adquisición de terrenos en Magallanes por parte de inversionistas del norte crece y no precisamente por el clima adorable. VER: http://radio.uchile.cl/2018/05/13/santiago-rumbo-a-ciudad-del-cabo/
Santiago, Chile, miércoles 16 de mayo de 2018, por Cristián Marcelo Muñoz, El Mostrador.- La ley N° 20.780 introdujo el pago de impuestos a las emisiones locales y de carbono provenientes principalmente de las centrales termoeléctricas. Su aplicación comenzó en 2017, sin embargo, no han implicado una mejora sustancial en la calidad del medio ambiente.
En Chile, tras una larga discusión, en septiembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°20.780, que entre otras materias, dispuso en su artículo 8vo la incorporación de un impuesto a las emisiones de material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2), y dióxido de carbono (CO2). Los tres primeros gases son contaminantes locales del aire que afectan la salud de las personas, mientras que el CO2 es el principal gas de efecto invernadero, con consecuencias de largo plazo en el clima del planeta. Estos gases son el resultado no deseado de la combustión del petróleo, carbón y gas, con fines energéticos.
El Ministerio del Medio Ambiente es el encargado de publicar anualmente un listado de los establecimientos afectos al impuesto ambiental a las emisiones, mientras que la Superintendencia de Medio Ambiente debe consolidar en marzo de cada año las emisiones informadas por cada contribuyente en el año calendario anterior.
El gravamen se aplica sobre las emisiones de fuentes fijas constituidas por calderas o turbinas que, individualmente o en su conjunto, sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megawatt térmico). En buenas cuentas, la aplicación de estos impuestos afecta principalmente a las centrales termoeléctricas, de modo que, fácilmente se puede desprender un cargo variable en la forma de dólares por megawatt-hora generado.
Estos gravámenes comúnmente son conocidos como “impuestos ambientales” o “impuestos verdes”, y, bien diseñados, entregan una señal de eficiencia al productor, el cual emite sólo lo socialmente óptimo.
Problemas con los impuestos ambientales
En Chile la aplicación de los impuestos ambientales considera algunos aspectos un tanto novedosos y algo distantes de la academia.
Según la ley, los impuestos ambientales se aplican sólo a algunas fuentes emisoras, situación que dista de ser una política costo eficiente. En efecto, en una política que busca el óptimo social todas las fuentes emisoras deben ser gravadas con un impuesto, de manera que, el costo marginal de abatir una tonelada del contaminante sea igual al beneficio derivado del daño social que se evita.
Este es el principio de equimarginalidad, del cual, se deriva una política óptima de reducción de emisiones.
Respecto del cálculo de los gravámenes, la ley estableció las fórmulas matemáticas que permiten obtener sus valores en dólares por cada tonelada emitida. En el caso de los contaminantes locales o de corto plazo, si bien, la fórmula busca obtener el daño social que provocan, la ley considera sólo como población expuesta a la comuna en donde se ubica la fuente. En rigor, la función de daño social de un contaminante debe considerar a toda la población expuesta a las emisiones, la cual, no necesariamente se limita a la comuna en donde se localiza la fuente.
Por su parte, para el carbono se establece un gravamen explícito de 5 dólares por cada tonelada emitida de CO2. El origen de este valor no es claro y es posible que haya sido definido siguiendo el ejemplo de México, país que había establecido un valor similar algunos meses antes del inicio de las discusiones en Chile. Cabe señalar que el precio del carbono debe ser coherente con las reducciones comprometidas por el país y se desprende de la curva de abatimiento del país, también conocida como curva de McKinsey.
La ley también establece que el Coordinador de la Operación del Sistema Interconectado no considere estos cargos al elaborar la planificación óptima de la operación, y en consecuencia, tampoco en el precio spot del sistema costo marginal de la energía de corto plazo. Esta situación origina que las centrales termoeléctricas más caras que operan en el sistema no recuperen todos sus costos operacionales, dando lugar a una compensación que involucra a todos los generadores que efectúan retiros de energía del sistema, de esta manera, cada generador participa en esta compensación a prorrata de sus retiros de energía.
Una consecuencia inesperada de esta compensación es que algunas centrales de energía renovable deban pagar parte de los cargos asociados a las emisiones de las termoeléctricas. A raíz de las protestas de los generadores de energías renovables, la Comisión Nacional de Energía intentó corregir en parte esta problemática con la Resolución Exenta N°659 de noviembre de 2017, la cual, fue parcialmente corregida en en ero de 2018 con la Resolución Exenta N°52.
Con todo, las reducciones de las emisiones de gases locales y CO2 en el país más que un resultado de las leyes de energías renovables, o de la aplicación de impuestos ambientales locales, son más bien, la consecuencia de la irrupción imprevista de los bajos precios de las tecnologías de energías renovables. En efecto, China ha inundado los mercados del mundo con sus paneles solares fotovoltaicos, arrasando de paso con la industria solar estadounidense y alemana. A modo de ejemplo, hace tan sólo algunos años atrás una central solar fotovoltaica, conectada en alta tensión, costaba alrededor de USD 5.000 por cada kW instalado, mientras que hoy cuesta poco más de USD 1.000. En consecuencia, difícilmente se instalarán nuevas centrales termoeléctricas en el país, pues, sencillamente, no pueden competir con los bajos precios de las centrales de energía renovable.
La situación es algo diferente para las centrales a carbón ya existentes en el sistema y que operan como respaldo de las centrales de energía renovable. En este caso, para que estas centrales sean desplazadas por centrales que emitan menos, se requerirá de un aumento sustancial en el precio del carbono, o bien, de medidas equivalentes, como por ejemplo, cuotas de emisiones, o normas de emisión de carbono, como las que se están aplicando en los Estados Unidos y Europa, o bien, esperar a que sean reemplazadas naturalmente por sistemas de almacenamiento.
Por otra parte, la incertidumbre en la evolución de los impuestos ambientales ha derivado en que algunos clientes libres no sometidos a precios regulados, entre ellos, algunas empresas mineras, estén revisando las cláusulas de aplicación de estos cargos en sus contratos de suministro. Con mayor razón, si el impuesto al carbono en Chile de USD5/tCO2, pareciera ser un valor piso.
Como sea, no hay mayor evidencia de que los impuestos ambientales en Chile hayan inducido la sustitución de tecnologías, o el abatimiento de emisiones. Así, la consecuencia más directa es que los consumidores de energía transferirán montos importantes hacia el Estado y hacia los dueños de centrales que no emiten. VER: http://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2018/05/14/algunos-problemas-con-los-impuestos-ambientales-en-chile/
Santiago, Chile, miércoles 16 de mayo de 2018, escrito el 11/10/2012, por Patricio Herman, CIPER Chile.- El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad advierte que, con escasa información para los ciudadanos, se están desarrollando dos reglamentos que tendrán un alto impacto en cómo se construirán a futuro nuestras ciudades. Uno es el Reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y el segundo es el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En esta columna, Patricio Herman valora ambas iniciativas porque “constituyen un aporte al proceso de planificación”, pero sostiene que estos proyectos, tal como están siendo concebidos por las autoridades, contienen “disposiciones que es necesario revisar para evitar males mayores”.
En Chile más del 85% de la población vive en áreas urbanas, es decir, la calidad de vida de las personas se relaciona directamente con habitar en la ciudad y, en consecuencia, con los conflictos y trances derivados de la ausencia del desarrollo urbano sustentable forjado en la planificación, en el ordenamiento territorial y en el manejo integrado de cuencas hidrográficas.
En condiciones normales es deber del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo potenciar las aptitudes ambientales de los barrios y ciudades; como asimismo, proteger el medio ambiente previniendo y mitigando con seriedad el deterioro que se podría generar por la ocupación y uso del territorio.
Como consecuencia del desinterés generalizado en abordar esta temática, por parte de los distintos gobiernos, recientemente el Presidente Sebastián Piñera convocó a un grupo de 29 expertos de su confianza y del ministro del ramo, Rodrigo Pérez, para que conformaran una comisión encargada de diseñar una Política Nacional de Desarrollo Urbano, cuyos resultados se conocerán en marzo de 2013. Sin embargo, en el intertanto seguimos sufriendo los coletazos de la ausencia de una política pública directora.
Pues bien, volviendo al tema específico que nos preocupa, en enero de 2010 se publicó la Ley Nº 20.417 que modificó sustancialmente la Ley Nº 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y con ese motivo en la actualidad se desarrollan dos reglamentos que incidirán en la forma como se construyen nuestras ciudades:
a) El Reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que define el mecanismo mediante el cual se evaluarán ambientalmente todos los instrumentos de planificación urbana.
b) El Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que establece el procedimiento para evaluar proyectos de inversión de todo tipo.
Si bien ambos proyectos constituyen un aporte al proceso de planificación y su implementación, contemplan algunas disposiciones que es necesario revisar para evitar males mayores.
Se elimina la EAE para cambios en planes reguladores que generan grandes impactos en la ciudad.
Para empezar ¿qué dice el Ministerio de Medio Ambiente acerca de la EAE?
“Es el procedimiento realizado por el Ministerio sectorial respectivo, para que se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable, al proceso de formulación de las políticas y planes de carácter normativo general, que tengan impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en la dictación de la respectiva política y plan, y sus modificaciones sustanciales. De este modo, la Ley abre una oportunidad para identificar y prevenir las externalidades ambientales generadas por el modelo de toma de decisiones chileno”.
Digamos que nuestra EAE es una especie de mala copia de la que se aplica en los países del primer mundo y mientras la documentación oficial emanada del ministerio sectorial dice que la EAE se caracteriza por “permitir el diálogo entre los diversos actores públicos y privados”, la forma como se ha reglamentado da cuenta de todo lo contrario.
Ahora bien, la idea de someter los planes reguladores a una EAE no es nueva. Supimos de ella a mediados del 2008, cuando el Ejecutivo de la época ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley destinado a crear la nueva institucionalidad ambiental. En el mensaje de la ley se reconocía, algo que era evidente, que la evaluación ambiental de los planes reguladores, siempre bajo la modalidad de “Declaración” dentro del SEIA, no era la más adecuada, toda vez que el sistema fue diseñado para evaluar proyectos de inversión y no “planes”. Recordemos que la “Declaración” impide la participación ciudadana y así fue cómo se propuso un procedimiento más apropiado para éste y otros temas.
Luego de una larga discusión en el Parlamento se aprobó la Ley Nº 20.417 que crea el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia Ambiental y los Tribunales Ambientales, incorporando en la Ley Nº 19.300 la EAE.
Debemos tener en cuenta que un elevado porcentaje de las 345 comunas que existen en el país no cuentan con un Plan Regulador, lo que significa que todas estas comunas tendrán que someter sus futuros planes reguladores a las correspondientes EAE, pero esta exigencia recae también en sus modificaciones denominadas “significativas”.
La ley ordena que un Reglamento deberá establecer solamente el procedimiento y plazos en virtud del cual se tramitará este tipo de evaluación, detallando las materias puntuales de su contenido, pero lamentablemente a los diputados y senadores que aprobaron esta ley se les olvidó incluir la obligación de definir qué se entiende por “modificación significativa”.
Recientemente se sometió a consulta pública el proyecto de Reglamento de la EAE, pero si bien su texto regula las materias encomendadas por la ley asociadas al procedimiento de tramitación, el Ministerio de Medio Ambiente, sin mandato legal y en forma liviana, especificó lo que se entiende por “modificación significativa”. Con ello se atenta gravemente contra dos aspectos esenciales para el desarrollo sustentable de nuestras ciudades y que tradicionalmente han sido fuente de conflictos ciudadanos: las áreas verdes en sus distintas tipologías (Parques Metropolitanos, Parques Intercomunales, Parques Comunales y Áreas Verdes Complementarias) y los cambios de uso de suelo.
En relación a las áreas verdes, dicho proyecto dispone que se entenderá por “modificación sustancial” de un plan regulador intercomunal, entre otras materias, la disminución o traslado de áreas verdes, no obstante más adelante agrega la frasecita “Todo lo anterior en forma parcial, sucesiva o total en un porcentaje igual o superior a 20% de la superficie con dichos usos vigentes para cada comuna o en un porcentaje igual o superior a 20% de la superficie total del plan regulador intercomunal o metropolitano” (sic).
Esto significa que la autoridad de turno podrá disminuir en un 20% las áreas verdes de un plan intercomunal, vale decir, 1 de cada 5 áreas verdes existentes, sin tener que evaluar el impacto ambiental y la sustentabilidad de esta medida.
Por otra parte, el reglamento dispone para el caso de los planos reguladores comunales, que se entenderá por “modificación sustancial” cuando se trasladen las áreas verdes de la comuna o se disminuyan éstas últimas por sobre el 20% de la superficie vigente en el plan destinada al uso de suelo área verde, o por sobre el 5% de la superficie de área verde vigente cuando éstas tengan la calidad de bienes nacionales de uso público. En todo caso, siempre se considerará “modificación sustancial” de un plan regulador, cuando se reduzca la cantidad de áreas verdes en más de 20.000 m2 de manera continua.
Lo anterior significa que las municipalidades podrán disminuir en un 20% las áreas verdes y por sobre un 5% las áreas verdes que tengan la calidad de bienes nacionales de uso publico, sin que se realice la EAE y se analice la sustentabilidad de esta medida.
La exclusión de la EAE en las modificaciones de los planes reguladores que eliminan importantes superficies de áreas verdes constituye un atentado contra la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes. Con esta errónea medida las autoridades no solo no se hacen cargo del deber de incentivar la creación de áreas verdes y mantener las existentes, sino que establecen un incentivo perverso facilitando que las autoridades eliminen fácilmente las áreas verdes de todo el país. Lo anterior, es particularmente peligroso considerando el generalizado déficit de áreas verdes sobre todo en las comunas pobres.
También se dejó fuera del concepto “modificación significativa”, los cambios de uso de suelo que afectan a zonas residenciales. Si bien la ley considera como “modificación significativa” el cambio de uso de suelo de residencial a industrial o infraestructura, nada menciona en relación a los cambios de uso de suelo de residencial a equipamiento y entre equipamientos entre sí. En los últimos años hemos visto como este tipo de modificaciones han ocasionado no solo la protesta ciudadana de los sectores afectados sino del país entero e incluso, en algunos casos, ha sido necesario someter los cambios urbanísticos a plebiscito comunal. Lo razonable sería que este tipo de modificaciones se sometan a la EAE.
Reglamento del SEIA elimina la participación ciudadana en los proyectos inmobiliarios
Partiendo de la base que nunca los proyectos inmobiliarios han sido sometidos a Estudios de Impacto Ambiental (EIA), sino tan solo a simples Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), a pesar del gran impacto que algunos de ellos generan en la ciudad, la tan anhelada participación ciudadana en las DIA de estos proyectos, al parecer tendrá que seguir esperando.
Pues bien, de acuerdo al artículo 30º bis de la ley 19.300, sólo se podrá decretar la realización de un proceso de participación ciudadana en las DIA cuando se refieran a proyectos o actividades que generen cargas ambientales para las comunidades próximas.
La misma ley dispone que “Se entenderá que provocan cargas ambientales aquellos proyectos o actividades que generan beneficios sociales y que ocasionan externalidades ambientales negativas en localidades próximas durante su construcción u operación”. “Se considera que generan cargas ambientales únicamente los proyectos o actividades cuyas tipologías correspondan a las letras a.1, b), c), d), e), f), j), y o) del artículo 3 de este Reglamento o que contengan partes, obras o acciones a las que apliquen dichas tipologías, así como cualquier otro proyecto o actividad cuyo objetivo consista en satisfacer necesidades básicas de la comunidad, tales como proyectos de saneamiento, agua potable, energía, entre otros”.
Como se puede apreciar, a pesar de cumplir con la definición de “cargas ambientales”, por tratarse de proyectos con un indiscutible beneficio social y por otra parte en la mayoría de los casos por ser generadores de externalidades negativas, el proyecto de norma excluye las tipologías de las letras g) y h) del artículo 3 del reglamento, las que contemplan todo tipo de proyectos inmobiliarios, léase malls, centros comerciales, estadios, hospitales, cementerios, clínicas, centros de eventos, etc.
Recapitulando, es bueno recordar que una de las 150 medidas contenidas en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de la región metropolitana de Santiago, de 1997, ordenaba lo siguiente:
“Se mantendrán como Parques Metropolitanos, Parques Intercomunales, Áreas Verdes Complementarias, Áreas de Valor Natural y Áreas de Interés Silvoagropecuario aquellas definidas como tales en los Instrumentos de Planificación Territorial, especialmente en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). Se pretende preservar grandes áreas verdes existentes, tales como La Platina, Antumapu, Parque Laguna Carén, Estadios, Clubes, Colegios, etc. por ser éstos pulmones verdes de la ciudad que oxigenan, limpian y ventilan el aire regional”.
Indiscutiblemente, para facilitarse el crecimiento económico sin esas incómodas trabas administrativas, esta medida pronto se eliminó del PPDA y por ello, entre otros motivos, sus metas de reducción de concentraciones, con el fin de alcanzar el cumplimiento de las normas de calidad del aire al 2010, no se lograron.
Con la modificación del artículo 59º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) que fijó caducidades para las declaratorias de utilidad pública de las distintas categorías de calles e improcedentemente de parques intercomunales y comunales, ya se están produciendo sus perjudiciales efectos en la ciudad, tal como quedó en evidencia en un reportaje publicado recientemente en El Mostrador.
Por último, consideramos impropio que se sigan eliminando las pocas áreas verdes que aún tenemos, pero aquellos que ejercen el poder político dicen lo contrario. Así las cosas, observamos con intranquilidad que el denominado Comité Interministerial de Agilización de Inversiones instaurado al alero del Ministerio de Economía está “haciendo la pega” encomendada por La Moneda para hacer más laxa la institucionalidad.
Según las noticias publicadas recientemente, en los próximos días la ministra María Ignacia Benítez le entregará estos dos reglamentos al Presidente Piñera, quien los firmará sin mayores consultas a su obediente colaboradora. Enseguida serán enviados a la Contraloría General de la República para que tome razón de ellos, organismo fiscalizador que, a la luz de lo sucintamente relatado, debiera poner orden en la casa.
Pero, antes de ello se podría producir un milagro y el Ministerio de Medio Ambiente, en un súbito arranque de responsabilidad pública, se allane a revisar estos reglamentos con la idea de que sus contenidos en el ámbito de la ciudad respondan a las legítimas demandas de sus habitantes. VER: http://ciperchile.cl/2012/10/11/reglamentos-ambientales-mal-concebidos/
Viena, Austria, miércoles 16 de mayo de 2018, Expansión.- António Guterres busca crear una "sensación de urgencia" para que haya más ambición en el combate al cambio climático. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió este martes en Viena que el cambio climático es la mayor amenaza que enfrenta el mundo y pidió más ambición para enfrentarlo.
"Pero no tienen que ser así. las economías del Sol y el viento están de nuestra parte", indicó Guterres, quien pidió más colaboración tanto de los Gobiernos y las autoridades como de la comunidad económica y los inversores. VER: https://expansion.mx/mundo/2018/05/15/el-cambio-climatico-es-la-peor-amenaza-del-mundo-dice-guterres
California, EEUU, miércoles 16 de mayo de 2018, por Jorge Luis Ulloa Ortiz, Blasting News.- California: problemas relacionados con el cambio climático sigue siendo víctima de los efectos de los gases de efecto invernadero. Seis incendios, 200.000 evacuados en California. Seis incendios, 200.000 evacuados en California
El estado de California está librando una guerra contra el cambio climático, pero se encuentra en una posición precaria, ya que sigue siendo blanco de un aumento de los gases de efecto invernadero que está afectando a todos los ámbitos de la vida. El clima es más cálido y seco, mientras que los animales migran a terrenos más elevados y el aire acondicionado se está convirtiendo en una necesidad. Para aumentar los problemas, el deshielo de la primavera se ha reducido y es difícil satisfacer las demandas de agua para granjas y ciudades.
Los Angeles Times informa que un estudio realizado por quienes cuidan el medio ambiente en el estado ha revelado que hay peligros que se ciernen y que deben ser detenidos.
Advirtieron que el aumento de las temperaturas significa incendios forestales y el aumento del nivel del mar, y el resultado neto es una amenaza cada vez mayor no solo para el medio ambiente, sino también para la salud pública y la vitalidad económica.
El estudio ha tenido en cuenta todos los parámetros relevantes del cambio climático que se cree que se debe a los gases de efecto invernadero [VIDEO]. Este gas es CO2 que se genera cuando se queman los combustibles fósiles, y el clima en California está recibiendo una paliza. Las personas, las plantas, la vida silvestre y el medio ambiente tienen que cargar con el peso de este ataque.
Una de las observaciones es que las noches se calientan más en el sur de California . Las olas de calor nocturnas han aumentado desde la década de 1970.
Un segundo aspecto es el calentamiento del agua. La temperatura del agua en uno de los lagos ha aumentado en un grado desde 1970, y el grado de calentamiento está mostrando una tendencia al alza que es motivo de preocupación.
Otro problema importante es el de los incendios forestales que son cada vez más destructivos. De los 20 incendios forestales más grandes registrados desde 1932, más de la mitad se han producido desde 2000.
Esto no es una buena señal para la salud del medio ambiente.
El nivel del mar también está aumentando. Ha aumentado 7 pulgadas desde 1900 en San Francisco y por 6 pulgadas desde 1924 en La Jolla. Estos representan serias amenazas para quienes viven en las regiones costeras porque el aumento del nivel del mar podría provocar inundaciones y dañar los ecosistemas.
Según funcionarios ambientales del estado, la solución radica en reducir las emisiones de carbono no solo en California sino en todo el mundo. La mejor manera de lograr esto es prohibir los combustibles fósiles [VIDEO] que generan CO2 cuando se queman y dañan el medio ambiente.
El acuerdo de París 2015 sobre el cambio climático ha despertado la conciencia y muchos países han decidido prohibir los vehículos que funcionan con combustibles fósiles. Esto ha abierto las puertas para explorar fuentes alternativas de energía.
La conclusión es que los combustibles fósiles deben ir si el mundo quiere sobrevivir. Las empresas que dependen de ellos para obtener sus ingresos deben buscar opciones alternativas porque será en beneficio de nuestras generaciones futuras. VER: https://mx.blastingnews.com/mundo/2018/05/los-peligros-se-ciernen-sobre-california-debido-al-cambio-climatico-002575487.html
Los Ángeles, EEUU, miércoles 16 de mayo de 2018, por Robert Hunziker, periodista especializado en medio ambiente y residente en Los Ángeles, Rebelión, Counterpunch.- Hace 10 años, Kevin J. Surace pronunció una fascinante charla TED titulada “El peor escenario de cambio climático” (*). Su brillante resumen de lo que ocurriría en el peor de los casos, según las hipótesis previstas en 2008, tenía varios objetivos: exponer el asunto, crear polémica y obligar a la gente a pensar sobre las posibles perspectivas, si todo iba según las peores previsiones. No pretendía afirmar que fuera a producirse la peor situación posible, sino animar a los asistentes a aprender más sobre el tema y actuar en consecuencia.
Para conocer el contexto actual del tema, citamos el dato proporcionado por National Geographic: “En el tiempo que le cuesta leer este artículo, un área de la selva brasileña superior a 200 campos de fútbol habrá quedado destruida. Las fuerzas del mercado de la globalización están invadiendo la Amazonía”.
Surane explicó un acontecimiento paleoclimático que se produjo hace 55 millones de años, cuando los clatratos (que habían encerrado metano helado durante eones) se abrieron, elevando la temperatura del océano varios grados, lo que continuó con la destrucción de clatratos durante los siguientes 10 años, mientras la temperatura aumentaba en poco tiempo 10ºC, provocando una extinción masiva. Ello ocurrió hace millones de años.
VER: https://www.counterpunch.org/2018/05/07/climate-change-10-year-check-up/
16/05/2018 08:22 Luis Gallegos Enlace permanente. sin tema

References: artículo 22
 artículo 92
 artículo 8
 artículo 8
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 30
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 59