Source: https://es.scribd.com/doc/158378417/Monografia-Proceso-Contencioso-Administrativo-Autoguardado
Timestamp: 2018-03-19 16:53:27+00:00

Document:
Cargado por Tony Cabrera
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
FACULTAD CICLO TURNO CURSO TEMA DOCENTE ALUMNOS
DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS III. NOCHE. DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PIZANGO ISUIZA, JANOVER FLORES CABRERA, TONY PRADA RENGIFO, TREISY ROSILEY ROMERO SILVA, LIZ ZAMORA ACHO, IDELSO
PUCALLPA - UCAYALI 2013
NUESTRO AMIGO EN COMÚN Dr. JULIO CÉSAR POR SUS CONSEJOS, MOTIVACIÓN Y ORIENTACIÓN REFERIDOS AL CAMPO DE ESTUDIO DEL DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS.
El presente trabajo es el resultado de la investigación y el análisis de las diferentes doctrinas y opiniones que realizaron diversos juristas y doctrinarios relacionado al Proceso Contencioso Administrativo y como se aplica en nuestro país, para resolver las diferentes controversias a nivel Administrativo según la Ley 27584, la Ley del Silencio Administrativo N° 29069 y la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444 dentro del marco Constitucional. Con un breve repaso por la historia internacional y su nacimiento en Francia tras la Revolución en 1879 del Derecho Administrativo, y así mismo, su evolución en nuestro país siendo una disciplina relacionada con el Derecho Constitucional. El Derecho Comparado, como materia de análisis no puede estar ajeno a esta investigación, ya que del estudio y análisis de los mismos podemos acercarnos más a la uniformidad del Derecho y a la aplicación de la Ley en aras de la correcta administración de justicia. Asimismo, la Jurisprudencia juega un papel muy importante cuando se busca administrar justicia equitativa y justa, por ello hacemos mención de algunas jurisprudencias de distinta controversia referidas al Proceso Contencioso Administrativo, y además doctrinas que ayudan al sustento de la aplicación de la Ley en sus diversas interpretaciones. Finalmente, presentamos este trabajo para su aprobación y comentario pertinente.
Flores Tony, Prada Treysi, Romero Liz, Zamora Idelso. Grupo # 3
INDICE I.1. Principio de integración b). FUNDAMENTOS a). Los derechos constitucionales y el reconocimiento de las demás situaciones jurídicas de los particulares. FINALIDAD 3.3. La necesidad de control del poder del Estado 10 V. Principio de favorecimiento del proceso d). Principio de igualdad procesal c). El estado constitucional y el principio de constitucionalidad b). NACIONALES 2. c). MARCO LEGAL 10 IV.2. APLICACIÓN 3.1. CONCEPTO 3.1. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO a). INTERNACIONALES 6 9 5 III.2. INTRODUCCIÓN II. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. ANTECEDENTES 2. Otros Principios aplicables 12 4 . Principio de suplencia de oficio 5. d).
VIA PROCEDIMENTAL 8. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 25 25 25 5 . Procedimiento Especial 15 IX. DOCTRINA 24 XI. SENTENCIA 18 19 19 20 21 21 22 23 X. MEDIOS PROBATORIOS G. PLAZOS PARA INTERPONER DEMANDA D.1. TIPOS DE SILENCIO ADMINISTRATIVO Silencio administrativo positivo Silencio administrativo negativo C. SUJETOS DEL PROCESO a.2.1. AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA A. JURISPRUDENCIA 11. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO B. DEMANDA E. OBJETO DEL PROCESO 14 VII. Competencia territorial b.1. PRETENCIONES F.1. TIPOS DE JURISPRUDENCIA 11.VI. Competencia funcional 15 VIII. Proceso Urgente 8.
1. DERECHO COMPARADO 12. CASUISTICA 39 XIV.3. MOTIVOS DE OPOSICIÓN A LA PROVIDENCIA DE APREMIO 12.1. CONCLUSIONES 40 XV.1.3. EFECTOS DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO 12. EL TRIBUNAL SERVIR 11.2.1.11.3.1. ANEXOS 41 BIBLIOGRAFIA 67 6 .1.2.2.1. CARACTERISTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO 12.1.4. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL SERVIR 26 27 27 XII.1. PROCEDIMIENTO ARGENTINO 28 28 29 30 30 31 35 XIII.1. PROCEDIMIENTO ESPAÑOL 12. SENTENCIAS DEL PLENO JURISDICCIONAL 11. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO 12.
la de tener una Ley especial con principios especiales que regulan dicho proceso. Bajo estas consideraciones. además. Ley que regula el proceso contencioso administrativo. los operadores del Derecho.I. en especial los vinculados al Sistema de Administración de Justicia. La entrada en vigencia de la Ley 27584. 7 . INTRODUCCIÓN Con la finalidad de buscar el conocimiento teórico y práctico de la materia Derecho Contencioso Administrativo. una efectiva tutela de las situaciones jurídicas de los particulares que se hallen lesionados o amenazados por las actuaciones administrativas. que nos van a permitir tener un alcance de cómo se fue formando a través del tiempo. tal vez sea. entre otros aspectos. nos situamos en la conveniencia de estudiar y establecer en primer término los conceptos básicos que rige la materia en cuestión. La más importante modificación. trajo importantes novedades a la tradicional regulación que había tenido el proceso contencioso administrativo en el Perú. y que. cómo intentarlo. además. deben profundizar en el conocimiento de los principios e instituciones del proceso contencioso administrativo. Por último se considera un pequeño resumen del inicio y la evolución histórica del derecho Administrativo y por ende del proceso contencioso administrativo. cuándo intentarlo. lo que ha permitido incorporar a la Ley que regula el proceso contencioso administrativo institutos que permiten un control efectivo por parte del Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública y. a fin de sentar las bases de lo que se procederá a efectuar en el ejercicio de la profesión. según lo establecido en la Ley de Proceso Contencioso Administrativo. cuya lógica resulta ser diferente de los procesos civiles y constitucionales. predominando en la actualidad el contencioso administrativo en materia previsional y laboral pública. sus recursos. Asimismo junto a esto surge la necesidad de aplicar dichos conocimientos primordiales a un caso concreto en específico. se caracteriza por su especialización atendiendo a las diversas ramas del Derecho Administrativo.
Y tuvo que ser el propio Poder Ejecutivo. se dictó la Ley Orgánica Del Poder Judicial de 1991. Sin embargo. Y fue recién la ley Orgánica del Poder Judicial de 1963 la que. Es decir. existía un marco constitucional que facilitaba el desarrollo a nivel legislativo del Proceso Contencioso Administrativo éste se dio casi 15 años después. pues el Parlamento no lo hizo. el hito más importante dentro del desarrollo del proceso contencioso administrativo se encuentra constituido por la Constitución de 1979 la que. cuyo artículo 130 establecía que: “La ley determinará la organización de los tribunales contenciosos – administrativos. la posibilidad de cuestionar ante el Poder Judicial los actos de la Administración Pública. en su artículo 240° estableció que “las acciones contencioso administrativas ” podían interponerse” contra cualquier acto o resolución que cause estado”. ANTECEDENTES 2. Como vemos. Posteriormente. el proceso contencioso administrativo. el propio ente controlado tuvo que dictar las normas que regulen su forma de control. Sin embargo. Sin embargo. NACIONALES.II. quien dicte una regulación sobre el Proceso Contencioso Administrativo (D.S. el anteproyecto de Constitución elaborado por la Comisión Villarán propuso asignarle al Poder Judicial la resolución de los “recursos contencioso administrativos” para lo cual se hacía necesario agotar la vía administrativa. la misma que reguló el Proceso Contencioso Administrativo.1. en su artículo 12°. dicha norma tuvo una efímera existencia pues. dicha propuesta no fue recogida en la Constitución de 1933. Hubo que esperar varios años para que recién se consagre. 8 . Y a pesar que ya. al menos a nivel legislativo. y lo relativo al nombramiento de sus miembros” Posteriormente. ante dicha comisión legislativa. 037-90 – TR). En el Perú el antecedente del Proceso Contencioso Administrativo puede ser ubicado en la constitución de 1867. con dicho Proyecto se apostaba por una jurisdiccionalización del control de la Administración Pública. dicho capítulo fue prontamente derogado por el decreto Legislativo 767. consagró con carácter general.
creemos que no era la constitucionalmente aceptaba. M. Posteriormente. al momento de regular el proceso contencioso. si bien era correcta para algunos. bajo la designación “impugnación de acto o resolución administrativa”. lo que determinó que en muchos casos se pensara que en el Proceso Contencioso Administrativo solo era posible un control de legalidad del acto como en el viejo sistema francés. cual es el proceso contencioso administrativo. aunque el avance fue sustancial. tiene cuatro notas caracterizadoras: Tiene el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva como el eje central de su contenido. un proceso de distinta naturaleza. el Proceso Contencioso Administrativo no solo debía brindar una efectiva tutela a las situaciones jurídicas de los particulares. mediante R. Luego de su promulgación. Sin embargo. limitándose con ello la efectividad de la tutela jurisdiccional de los particulares que acudían a dicho proceso. 174-2000-JUS se creó una Comisión a la que se le encargó elaborar un proyecto de ley que regule el Proceso Contencioso Administrativo. Dicha Comisión concluyó su labor. si la constitución de 1993 consagraba el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva . a nuestro modo de ver. Podemos decir que la ley. La ley del Proceso Contencioso Administrativo (Ley 27584) fue publicada en el diario Oficial el Peruano. por el pleno del Congreso de la República. Finalmente. Dicha interpretación. pues era evidente que. sin que pudiera pronunciarse sobre el fondo de la decisión administrativa. 9 . Cabe precisar que. aunque con algunas normas cuya crítica elaboraremos en la presente investigación. dos problemas. fue el Código Procesal Civil de 1993 el que reguló el proceso contencioso administrativo. el 7 de Diciembre del 2001. El segundo de ellos era que el Código Procesal Civil . dicho Proyecto fue adoptado por la Comisión de Justicia del Congreso de la República y luego aprobado. dispuso en su artículo 540 que la demanda tenía por finalidad que se declare la invalidez o ineficacia de un acto administrativo. con algunas modificaciones.Luego. y que la labor del Poder Judicial se veía restringida a ello. se dieron diversas normas especiales dependiendo de la entidad que expedía el acto impugnado. dicha regulación tenía. y el 05 de Julio de 2001 fue pre publicado el proyecto de ley del Proceso Contencioso Administrativo. además del régimen general del proceso contencioso administrativo contenido en el Código Procesal civil. El primero de ellos era regular dentro de un cuerpo que regulaba el proceso civil.
es decir. sino a un control que se supone brindar una efectiva tutela a los derechos e intereses de los administrados. de suspender los efectos de la ley. La razón de ello era fundamentalmente una: el artículo 42 de la ley que regulaba el trámite de la ejecución de sentencias de obligación de dar suma de dinero contra el Estado generaba un alto costo a éste.2001 mediante el cual se ampliaba el plazo de la entrada en vigencia de la ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo por 180 días. Sin embargo. Concibe al Proceso Contencioso Administrativo como un proceso distinto y autónomo respecto del proceso civil. Asimismo. fecha desde la cual se encuentra vigente. Posteriormente. a través de un inconstitucional Decreto de Urgencia. el 26 de abril de 2002 se publicó la ley 27709 que modificó la competencia por razón del grado en el proceso contencioso administrativo. Ahora bien. y ello suponía la obligación del Estado de cumplir con las sentencias. el 16 de marzo de 2002 se publicó la ley 27684 que modificaba el artículo 42 de la ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. el 21 de diciembre de 2001 salió publicado en el diario oficial “El Peruano” el Decreto de Urgencia 136. conforme a lo dispuesto en la Tercera Disposición Final de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo.Propicia un Proceso Contencioso Administrativo a favor de los particulares. En efecto. pues la naturaleza de los conflictos que está llamado a resolver es absolutamente distinta a la naturaleza de los conflictos que está llamado a resolver el proceso civil. en la medida que el texto original de la Ley preveía un trámite para la ejecución de sentencias de obligación de dar suma de dinero. modificó la norma que regulaba la ejecución de sentencias contra el Estado. Establece un Proceso Contencioso Administrativo de “plena jurisdicción” o “subjetivo”. debió haber entrado en vigencia el 08 de enero de 2002. el propio Poder Ejecutivo se encargó. pues predica un control jurisdiccional plena de los actos administrativos que no se restringe a su solo control de legalidad. es decir. El proceso contencioso administrativo dentro del derecho procesal y sus diferencias con el proceso civil 10 . la ley debería haber entrado en vigencia a los treinta días naturales siguientes a su publicación. disponiéndose además que la ley debería entrar en vigencia el 17 de Abril de 2002.
“sea más fuerte el que domina y no el que tiene el mejor derecho”.2. esa jurisdicción especializada constituya un elemento esencial para la existencia del derecho administrativo en Francia Tuvo su origen en un hecho histórico (la desconfianza de los hombres de la Revolución frente a los jueces de la época). con lo que se intentaba lograr un equilibrio entre los particulares y el poder público – la administración en este caso –. y no deben confundirse. comenzó un momento histórico que fue progresivamente delineando los principios y reglas especiales que hoy constituyen la realidad del derecho administrativo en muchos países del mundo. originario de la Revolución Francesa de 1789. como rama especializada del derecho. pero posteriormente consolidó su justificación por la existencia efectiva de un derecho nuevo. conformado por reglas y principios diferentes. En esa evolución jugó un papel de primera referencia la aparición en Francia de una jurisdicción especializada que. 11 . como menciona el Maestro Fix Zamudio. el concepto de Estado de derecho. se han buscado los mecanismos para lograr una verdadera igualdad entre gobierno y gobernados. fue la creadora de los grandes principios. A partir de ese momento. INTERNACIONALES. encentra como antecedente general y próximo. sin que. y como tal comparte todos los principios comunes que inspiran a todos los procesos. puede afirmarse que el concepto propiamente dicho del derecho administrativo. y evitar que en la justicia. El proceso contencioso administrativo tiene una propia identidad frente al proceso civil. deben tenerse presente dos presupuestos: contencioso El proceso contencioso administrativo es un procedimiento. independiente de los antecedentes remotos respecto de la formación y el régimen aplicable a su propia administración pública. La justicia administrativa surge en el siglo XIX con los movimientos liberales post revolucionarios franceses. Desde el punto de vista conceptual. que naturalmente se encuentra en cada comunidad nacional y de algunas posiciones particulares.Para poder establecer los principios del proceso administrativo. al mismo tiempo. finalmente. De ahí en adelante. 2.
con pleno sometimiento a la ley y al derecho. respecto del referente histórico francés y de la evolución en ese mismo país. APLICACIÓN Cuando se pretenda algo contra la Administración. FINALIDAD Tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. así como de la resolución de los posibles conflictos entre la Administración y los ciudadanos.2. los diferentes países que han adoptado esa filosofía han venido consolidando su derecho administrativo con rasgos propios que derivan de sus necesidades y conveniencias específicas. con mayor o menor influencia o autonomía. CONCEPTO Es el orden jurisdiccional que se encarga de controlar la correcta actuación de la Administración.No obstante. y siempre que el sustento de dicho pedido se base en una actuación que haya realizado la Administración en ejercicio de una prerrogativa. mediante la interposición de los correspondientes recursos contenciosos-administrativos por cualquier persona en defensa de su derechos e intereses. 3. 3. 3. III. a partir de la idea fundamental que está en la base del concepto administrativo. según el caso.3. como conjunto de reglas y principios especiales y obligatorios para regular la administración del Estado. Es un proceso que tiende a ser subjetivo y de plena jurisdicción. 12 . cuando estos se hayan visto lesionados por la actuación (o la falta de ella) de la Administración.1. MARCO LEGAL La Ley Nº 27584 contiene innovaciones sustanciales al régimen de control jurisdiccional de la actuación de la Administración Pública.
IV. cualquier acto administrativo dictado en contravención de la Constitución o la Ley debe ser eliminado del mundo jurídico. finalmente. c). de lo contrario. Debido a ello es que se hace preciso diseñar un mecanismo adecuado que brinde una tutela efectiva a las situaciones jurídicas de los particulares que se encuentren amenazadas o lesionadas por una actuación de la administración sujeta al Derecho Administrativo. creemos que los siguientes son los fundamentos del proceso contencioso administrativo: a). y. además de ello se les debe garantizar que el proceso al cual acceden se desarrolle dentro de las garantías mínimas. Los derechos constitucionales y el reconocimiento de las demás situaciones jurídicas de los particulares Si dentro de un Estado se reconoce a los particulares la titularidad de algunas situaciones jurídicas (constitucionales o legales) se hace preciso que el ordenamiento jurídico prevea mecanismos para poder asegurar la efectiva vigencia de dichas situaciones jurídicas. Por ello. que la sentencia que se dicte al término del proceso contencioso administrativo pueda ser ejecutada. De esta forma. FUNDAMENTOS Sabido es que el proceso contencioso administrativo es uno de los mecanismos de control del poder que se encuentran previstos por el Estado constitucional para evitar que el ejercicio del poder por parte de algunos de los órganos del Estado sea arbitrario y para evitar o reparar la lesión a las situaciones jurídicas de los particulares producidas por las actuaciones de la Administración Pública que se encuentren sujetas al Derecho Administrativo. b). Ello quiere decir que se le debe asegurar a los ciudadanos un acceso real a la jurisdicción para solicitar la tutela jurisdiccional de las situaciones jurídicas que se alegan han sido lesionadas o amenazadas. 13 . El Estado constitucional y el principio de constitucionalidad Pues conforme a él todos los actos dentro de un Estado deben estar conformes y sometidos a lo dispuesto por la Constitución y la Ley. el reconocimiento de las mismas sería un acto absolutamente declarativo. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva precisamente parte de la hipótesis que se hace necesario que la tutela jurisdiccional que brinda el Estado a las situaciones jurídicas de los particulares sea realmente efectiva.
La necesidad de control del poder dentro del Estado Dentro de un Estado constitucional. Por ello. b) Principio de igualdad procesal. integradora y creativa. además de los principios del derecho administrativo deberán aplicar los principios correspondientes a la rama del derecho que regula la controversia que ha sido sometida a su conocimiento. se hace preciso que todos aquellos que ejercen una porción de poder deban ser controlados de manera efectiva. V. sin perjuicio de la aplicación supletoria de los principios del derecho procesal civil en los casos que sea compatible: a) Principio de integración. aclarar que la controversia administrativa planteada ante el Poder Judicial puede versar sobre los más diversos temas: cuestiones laborales. En estos casos. a). los jueces. Sobre el principio de integración resulta necesario además. aduaneras. Principio de integración El principio de integración del proceso contencioso administrativo. generando con ello un ejercicio arbitrario del mismo. e) Principio de favorecimiento del proceso d) Principio de suplencia de oficio.d). dicho poder puede desbordarse. de lo contrario. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO Los principios son los lineamientos preferentes del Derecho a los cuales la disciplina jurídica les otorga tres funciones: una función interpretativa. mineras. etc. tributarias. 14 . el contencioso administrativo se erige como un mecanismo de control del poder que ejerce el Poder Judicial frente a la Administración Pública. es una derivación de la obligación que tiene el órgano jurisdiccional de pronunciarse sobre el fondo de la controversia aún en aquellos casos en los cuales no exista norma jurídica aplicable al conflicto de intereses propuesto ante el órgano jurisdiccional. El proceso contencioso administrativo se rige por los principios que se enumeran a continuación y por los del derecho procesal.
Si bien el principio de igualdad es un principio que rige a todos los procesos en general. Dicho principio 15 . Por ello. Asimismo. cualquier defecto procesal que advierta en el proceso. pues la Administración tiene. y ello no se logra concibiendo a las dos partes del mismo como exactamente iguales. independientemente de su condición de entidad pública o administrada. siempre que exista un defecto de cualquier acto procesal que por su naturaleza sea subsanable. Y esa situación no es una situación de igualdad. en dicha relación. el Juez debe conceder un plazo y la oportunidad para hacerlo. cualquier acto procesal. corregir. sino procurando en el proceso que las partes que en realidad no son iguales. deberá preferir darle trámite a la misma. en realidad debe ser entendida teniendo en consideración la real situación de las partes en el conflicto de intereses. pues es el proceso contencioso administrativo uno de los escenarios donde la desigualdad procesal se hace más evidente. el enunciado del principio de igualdad establecido en la Ley que pareciera suponer la adopción de una igualdad formal. o en general. por ello. en la medida que esté a su alcance. sin tener que esperar que lo haga la parte. El principio de favorecimiento del proceso debe ser entendido también en el sentido que. Principio de suplencia de oficio El principio de la suplencia de oficio permite que el Juez pueda. un instrumento “igualizador”. de oficio. Principio de favorecimiento del proceso El Juez no podrá rechazar laminarmente la demanda en aquellos casos en los que por falta de precisión del marco legal exista incertidumbre respecto del agotamiento de la vía previa.b). en caso de que el Juez tenga cualquier otra duda razonable sobre la procedencia o no de la demanda. El proceso debe ser el instrumento que equipare a las partes. c). la Ley ha querido regular de manera expresa dicho principio para el caso del proceso contencioso administrativo. Debe. una serie de privilegios que no puede trasladar al proceso. lo sean. ser restrictiva la facultad del Juez de rechazar de plano la demanda. d). Principio de igualdad procesal Las partes en el proceso contencioso administrativo deberán ser tratadas con igualdad.
Ley Nº 27854). y en particular. sino el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma.1. se establece como deber del Juez que supla cualquier deficiencia en la que puedan haber incurrido las partes. con lo cual el Juez debe asumir un rol mucho más activo dentro del proceso. entre ellas. 5. 16 . deberá conceder un plazo a las partes para la subsanación. OTROS PRINCIPIOS APLICABLES • • • • • • • • Defensa Contradicción Exclusividad de la Función Jurisdiccional Independencia del Órgano Jurisdiccional Imparcialidad del Órgano Jurisdicción Dirección del Proceso Impulso de Oficio Economía y Celeridad Procesal VI. un compromiso para velar que el proceso cumpla con su finalidad procurando que éste no se vea entorpecido por cualquier deficiencia de tipo formal. la indemnización de daños y perjuicios. con la finalidad de evitar que el proceso concluya o se dilate por una deficiencia formal. y el segundo el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. en cuyo caso. siempre que la deficiencia sea subsanable. su acumulación y requisitos. que dicha deficiencia no pueda ser suplida por el Juez. claro está. Es por ello que el Juez deberá suplir las deficiencias salvo. De esta forma.tiene dos fundamentos: el primero es la concepción del Juez como director del proceso. OBJETO DEL PROCESO Solicitar al órgano jurisdiccional no sólo la nulidad. total o parcial o ineficacia de actos administrativos. Define las facultades del Órgano Jurisdiccional. 5. (Art. cuando proceda. Determinar la exclusividad del Proceso Establecer las Actuaciones Impugnables Definir el Planteamiento de las Pretensiones.
VIII. el juez del lugar del domicilio del demandado o del lugar donde se produjo la actuación impugnante. el Tribunal Fiscal. en la que el juez verifica que los tres requisitos se encuentren presentes concurrentemente: El interés tutelable cierto y manifiesto. PROCESO URGENTE El proceso urgente ha sido incorporado recientemente en la modificación realizada al proceso contencioso administrativo a través del Decreto Ley 1067 (publicado el 28 de Junio del 2008 que modifica los Artículos 26 y 27 de la Ley 27584. en primera instancia el juez especializado en lo contencioso administrativo salvo que se desee impugnar un acto administrativo expedido por la Superintendencia de Banca y Seguros. b. quien actuará en primera instancia.VII: SUJETOS DEL PROCESO a. Competencia funcional: Es competente para conocer el proceso contencioso administrativo. La tutela de urgencia es destinada en suma a asegurar la tutela en casos particulares. tenga fundados motivos que ello sea amenazado con un prejuzgamiento anticipado e irreparable. inspirado claramente en la doctrina procesal civil que tienden a asegurar provisoriamente los efectos de la decisión de fondo y pueden ser requeridos por la parte que. durante el tiempo que haga valer su derecho en la vía ordinaria. Se trata de un instituto procesal. para lo cual el solicitante deberá invocar concurrentemente específicas situaciones reguladas por ley para que el juzgador emita la resolución correspondiente cautelando la situación. a elección del demandante. Competencia territorial: Es competente para conocer el proceso contencioso administrativo. en cuyo caso la competencia recaerá en la Sala contencioso administrativo. el Tribunal del INDECOPI y otros organismos. la necesidad impostergable de tutela y que sea la única vía eficaz para la tutela del derecho invocado. VIA PROCEDIMENTAL 8.1. Ley del Proceso Contencioso Administrativo) sustituyendo el antiguo “proceso sumarísimo” como un modo de posibilitar la tutela de casos de extrema gravedad de urgencia que no consientan mayor dilación. 17 .
Para los casos que no cumplan con los tres requisitos. es decir. en el supuesto de ampararse en ésta. Para conceder la tutela urgente se requiere que del mérito de la demanda y sus recaudos. Necesidad impostergable de tutela. el juez dictará en la Sentencia la medida que corresponda a la pretensión invocada dentro del plazo de cinco días. prevé que con la demanda se corre traslado al demandado por el término de tres días. vencido el plazo. se tramitarán como proceso especial. Cuando la norma se refiere a “interés tutelable cierto y manifiesto” se está refiriendo a que del acto administrativo en cuestión se pueda desprender una situación jurídica que coloque a las accionantes en calidad de acreedoras frente a la administración. permitiéndole. La necesidad impostergable de tutela debe entenderse como aquella respuesta oportuna y adecuada que el órgano jurisdiccional debe dar al justiciable ante la formulación de una pretensión. b). Las pretensiones que se pueden incorporar en los procesos urgentes de acuerdo al artículo 26° de la ley 27584 son únicamente tres: a) El cese de cualquier actuación material que no se sustente en acto administrativo. exista: a). c) Las relativas a materia previsional en cuanto se refieran al contenido esencial del derecho a la pensión. con o sin contestación. El procedimiento para la tramitación del proceso urgente. 18 . Interés tutelable cierto y manifiesto. que el derecho del justiciable sea preservado. con la facultad de exigirle un comportamiento determinado. Las dos primeras pretensiones ya estaban reguladas y se tramitaban antes de la modificación vía proceso sumarísimo. b) El cumplimiento por la administración de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme.
la vía jurisdiccional será el único medio por el que debe hacer valer el derecho invocado. Las demandas cuyas pretensiones no satisfagan los requisitos para la tutela urgente.2. En este proceso. 8. los plazos aplicables son los siguientes: • Tres días para interponer tacha u oposiciones a los medios probatorios. el plazo para tramitar una demanda como medida urgente previo traslado a la otra parte será de tres días. Plazos para demanda URGENTE (Art. Cuando se busque eficacia en la tutela del derecho.1. se tramitarán conforme a las reglas establecidas para el proceso especial. PROCEDIMIENTO ESPECIAL El procedimiento especial creado por la Ley N° 27584 se aplica a las pretensiones no comprendidas en el proceso urgente. Vencido el plazo.c) Que sea la única vía eficaz para la tutela del derecho invocado. contados a partir de su notificación y se concede con efecto suspensivo. 27°) De acuerdo a lo señalado en el artículo 27° de la Ley N° 27584. • Cinco días para interponer excepciones o defensas. contados desde la notificación de la resolución que los tiene por ofrecidos. existe obligación de solicitar informe del Ministerio Público y puede solicitarse informe oral por las partes. El plazo para apelar la sentencia es de cinco días. 8. contados desde la notificación de la demanda. con o sin absolución de la demanda.1. se puede prescindir de la audiencia de pruebas cuando así se considere pertinente. 19 . contados desde la notificación de la resolución que la admite a trámite. • Diez días para contestar la demanda. En el procedimiento especial no es procedente la reconvención de la demanda. el Juez dictará en la sentencia la medida que corresponda a la pretensión invocada dentro del plazo de cinco días.
contados desde la expedición del Auto de Saneamiento o de la realización de la audiencia de pruebas. • Tres días para solicitar informe oral. es decir. Cuando ante la existencia de una decisión de la máxima autoridad contra la cual ya no puede interponerse recurso jerárquico alguno. • Quince días para emitir sentencia. el acto materia del proceso no pueda ser cuestionado a través de los recursos administrativos previstos por la Ley de Procedimiento Administrativo General (Ley 27444). En tal caso. se exceptúa de este requisito al administrado cuando: • La demanda sea interpuesta por una entidad administrativa en el supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 11° de la Ley N° 27584. IX. Que ha operado el silencio administrativo definitivo. según sea el caso • Cinco días para apelar la sentencia. 20 . • La pretensión formulada en la demanda sea la prevista en el numeral 4 del artículo 5° de la Ley N° 27584. Excepciones Sin embargo. según sea el caso. el administrado deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad el cumplimiento de la actuación omitida. el administrado podrá presentar la demanda. Que se haya declarado la nulidad de las resoluciones administrativas aun cuando haya quedado consentida.• Quince días para emitir el dictamen fiscal. contados desde la notificación del dictamen fiscal a las partes o desde la realización del informe oral. AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA Para que proceda el inicio del proceso contencioso administrativo. contados desde su notificación. siempre que agravien el interés público. Si en el plazo de quince días contados desde el día siguiente de presentado el reclamo la entidad no cumpliese con el requerimiento. contados desde la notificación del dictamen fiscal a las partes. la actuación impugnada debe haber agotado la vía administrativa.
b) Decreto Legislativo 1029. publicada el 7 de julio de 2007. Cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida al contenido esencial del derecho a la pensión y. publicada el 24 de junio de 2008. el administrado deberá dar por denegada su solicitud o recurso cuando la entidad no emita su pronunciamiento en el plazo previsto para tal efecto. una vez transcurrido el plazo legal para pronunciarse. haya sido denegada en la primera instancia de la sede administrativa. TIPOS DE SILENCIO ADMINISTRATIVO . A.Silencio administrativo positivo: El silencio administrativo positivo o también llamado estimatorio da lugar al nacimiento de un acto presunto. cuando corresponda aplicar el silencio administrativo negativo. En tal situación. SILENCIO ADMINISTRATIVO El silencio administrativo es un mecanismo por el cual se le atribuye sentido a la ausencia de pronunciamiento por parte de la entidad administrativa. Ley del Silencio Administrativo. el silencio administrativo negativo puede ser objeto de impugnación en el proceso contencioso administrativo. B. 21 .• • La demanda sea interpuesta por un tercero al procedimiento administrativo en el cual se haya dictado la actuación impugnable. mediante la cual se modifica la Ley de Procedimiento Administrativo General y la Ley del Silencio Administrativo. de tal manera que. siempre que el pedido se ajuste al ordenamiento jurídico. por cuanto se entiende concedido o aprobada la solicitud o recurso en sus propios términos. Es importante indicar la normativa que regula el Silencio Administrativo: a) Ley 29060. se entenderá denegada u otorgada la petición o el recurso formulado por los particulares u otras administraciones.
salvo que se transfiera facultades de la administración pública o que habilite para realizar actividades que se agoten instantáneamente en su ejercicio. 5 y 6 del artículo 4° de esta ley. Si la administración no resuelve una petición del administrado su abstención o silencio equivale por mandato de la ley a una denegación o negativa y acceder a la siguiente instancia. .Los procedimientos de evaluación previa sujetos a silencio positivo. PLAZOS PARA INTERPONER DEMANDA De acuerdo al artículo 19° de la ley N° 27584 Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo la demanda deberá ser interpuesta dentro de los siguientes plazos: 1. 2. salvo disposición legal que establezca plazo distinto. 22 . es no pronunciarse dentro de un determinado plazo acerca de algo solicitado. Cuando el objeto de la impugnación sean las actuaciones a que se refieren los numerales 1. el plazo será el establecido en la ley de procedimiento administrativo general. 4. e) Otros casos que la ley establece.Silencio administrativo negativo: El silencio administrativo negativo o llamado también desestimatorio. b) Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo. son los siguientes: a) Solicitudes que habiliten derechos preexistentes. 3. el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento o notificación de la actuación impugnada. por lo cual la ley le da efecto desestimatorio a la petición. c) Cuando la decisión final no pueda repercutir directamente en administrados distintos del peticionario. d) Los no sujetos a silencio administrativo negativo. Cuando la ley faculte a las entidades administrativas a iniciar el proceso contencioso administrativo de conformidad al segundo párrafo del artículo 13° de la presente ley. C.
4. Los plazos a los que se refiere el presente artículo son de caducidad. Si el acto expreso se produce antes de dicha notificación. DEMANDA La demanda puede ser modificada de acuerdo al interés del demandante antes de la notificación o antes de la sentencia. Cuando se trate de silencio administrativo negativo. La declaración de nulidad. Cuando se trate de silencio administrativo positivo por transcurso del plazo previsto en la ley del procedimiento administrativo general o por normas especiales. Carece de eficacia el pronunciamiento hecho por la administración una vez que fue notificada con la demanda. Cuando se pretenda impugnar actuaciones materiales que no se sustenten en actos administrativos el plazo será de tres meses a contar desde el día siguiente en que se tomó conocimiento de las referidas actuaciones. los plazos previstos en el presente artículo serán computados desde que el tercero haya tomado conocimiento de la actuación impugnada. Cuando se trate de inercia o cualquier otra omisión de las entidades distintas del silencio administrativo negativo. pues consideramos que el derecho nos asiste. el plazo para el tercero legitimado será de tres meses. no se computara plazo para interponer la demanda. 23 . E. Es la solicitud de un reconocimiento. PRETENCIONES La pretensión es el petitorio de la demanda. el órgano jurisdiccional podrá. a solicitud del actor. D. 5.5 del artículo 188° de la ley No 27444 ley del procedimiento administrativo general.3. total o parcial o ineficacia de actos administrativos. se observara lo establecido en el numeral 188. Cuando la pretensión sea planteada por un tercero al procedimiento administrativo que haya sido afectado con la actuación administrativa impugnable. 1. incorporar como pretensión la impugnación de dicho de acto expreso o concluir el proceso. siempre y cuando que del proceso resulten pruebas que contribuyan al objeto del proceso.
siempre y cuando se plantee acumulativamente a alguna de las pretensiones anteriores. El reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines. Exige que los actos procesales sean ejecutados en las etapas procesales señaladas por el ordenamiento. Se admitirán excepcionalmente medios probatorios extemporáneos. 5. En cualquiera de estos supuestos. conforme al artículo 238 de la Ley Nº 27444. 24 . la actividad probatoria se restringe a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo.2. ofreciendo los medios probatorios pertinentes. vinculados directamente a las pretensiones postuladas. en cualquier caso. F. Los medios probatorios deberán ser ofrecidos por las partes en los actos postulatorios. podrá acompañarse los respectivos medios probatorios. MEDIOS PROBATORIOS . En el caso de acumularse la pretensión indemnizatoria. podrán alegarse todos los hechos que le sirvan de sustento. . 4. La indemnización por el daño causado con alguna actuación impugnable. 30) En el proceso contencioso administrativo. salvo que se produzcan nuevos hechos o que se trate de hechos que hayan sido conocidos con posterioridad al inicio del proceso. Se ordene a la administración pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme.Oportunidad (Art. 31) El principio de oportunidad o de preclusión. 3. cuando estén referidos a hechos ocurridos o conocidos con posterioridad al inicio del proceso. su ejecución no tendrá ningún valor.Actividad probatoria (Art. acompañándose todos los documentos y pliegos interrogatorios. La declaración de contraria a derecho y el cese de una actuación material que no se sustente en acto administrativo. pues de lo contrario se perderá el derecho a realizarlos o.
de acuerdo a lo demandado. deberá indicar dicha circunstancia en su escrito de demanda o de contestación. logrando de esta manera la ansiada paz social en justicia. precisando el contenido del documento y la entidad donde se encuentra con la finalidad de que el órgano jurisdiccional pueda disponer todas las medidas necesarias destinadas a la incorporación de dicho documento al proceso. aquel que concibe al proceso no como un instrumento conferido a las partes para solucionar sus conflictos de intereses. Si el particular que es parte del proceso no tuviera en su poder algún medio probatorio y éste se encuentre en poder de alguna entidad administrativa. puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere convenientes. total o parcial. 2. La nulidad. 25 . aun cuando no hayan sido pretendidas en la demanda. Si a consecuencia de la referida incorporación es necesaria la citación a audiencia para la actuación de un medio probatorio. 32°) La iniciativa probatoria otorgada a los Jueces supone la máxima expresión de un modelo procesal publicístico.La prueba de oficio (Art. El restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para el restablecimiento o reconocimiento de la situación jurídica lesionada. el Juez dispondrá su realización. SENTENCIA El Artículo 41° de la ley que regula el Procedimiento Contencioso Administrativo señala que la sentencia que declare fundada la demanda podrá decidir en función de la pretensión planteada lo siguiente: 1. sino también como un medio por el cual el Estado impone la plena vigencia del derecho objetivo. o ineficacia del acto administrativo impugnado. el Juez correrá traslado a la parte contraria por el plazo de tres días. Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción. tornándolo eficaz y respetado. el Juez en decisión motivada e inimpugnable.De presentarse medios probatorios extemporáneos. . G.
sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público el incumplimiento para el inicio del proceso penal correspondiente y la determinación de los daños y perjuicios que resulten de dicho incumplimiento.3. 26 . El plazo en el que la administración debe cumplir con realizar una determinada actuación a la que está obligada. 4. sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público el incumplimiento para el inicio del proceso penal correspondiente y la determinación de los daños y perjuicios que resulten de dicho incumplimiento. 5. El monto de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. La cesación de la actuación material que no se sustente en acto administrativo y la adopción de cuanta medida sea necesaria para obtener la efectividad de la sentencia.
a). identificada como ley Nº 1624 de agosto de 1970. La nueva regulación del proceso contencioso administrativo debería consagrar la universalidad del control jurisdiccional de las actuaciones administrativas realizadas en ejercicio de potestades públicas. DOCTRINA ANGLOSAJONA El sistema angloamericano. cuando interpreta la Constitución en los procesos que son de su conocimiento. que plantea la igualdad e independencia entre ellos. no reconociéndose la existencia de ámbitos de la actividad administrativa que puedan considerarse exentos o inmunes al control jurisdiccional. DOCTRINA FRANCESA El sistema francés nació de la exégesis que los revolucionarios franceses hicieron del principio de la división de poderes. prohibiendo a los jueces de perturbar de cualquier forma las operaciones de los cuerpo administrativos. orientaciones y principios establecidos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. se determinó la independencia de las funciones judiciales y administrativas. porque su fuerza no reside en su naturaleza sino en la fuerza de la ley que aplican. por lo que se opusieron a que los actos del poder ejecutivo fueran juzgados por tribunales. DOCTRINA PERUANA La nueva ley debería potenciar el rol del proceso contencioso administrativo en atención a su doble objeto de control judicial de la legalidad de las decisiones de la administración pública y garantía de los derechos e intereses de los particulares. con una diferente interpretación de la división de poderes.X. los que conforme a la fuerza vinculante de la jurisprudencia son de obligatorio cumplimiento por parte de los propios tribunales de justicia. atribuye a los órganos judiciales la facultad de conocer y resolver todo tipo de controversias. así como por los poderes públicos y los particulares. ya que las partes en los litigios deben ser sometidas por igual a la jurisdicción por igual a la jurisdicción. b). C ). debido a que los actos de la administración no tienen ola presunción de la legalidad que los sustente. puesto que si su actuación quedaba supeditada a los órganos judiciales. habría subordinación de un poder a otro por lo que el artículo 13 de la primera constitución revolucionaria. DOCTRINA Es aquel conjunto de criterios. 27 .
ni a los odontólogos. sí les corresponde a los administrativos del Sector Salud categorizados. TIPOS DE JURISPRUDENCIA • • • Sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. Resoluciones emitidas por el tribunal de SERVIR. ni a las enfermeras profesionales. En resumen. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CASO 1 EXP. ni a las obstetrices. en cambio sí les corresponde a los administrativos del Sector Educación sean profesionales. En otras palabras. no así a los escalafonados 28 . técnicos y auxiliares de dicho sector.1.XI.1. Sentencias emitidas por el Pleno Jurisdiccional. 11. la jurisprudencia es el conjunto de sentencias que han resuelto casos iguales o similares de la misma manera o en el mismo sentido 11. en cambio.1. 2616-2004-AC-TC A quienes corresponde la aplicación del Beneficio del Decreto de Urgencia N° 037-94. constituyéndose en Fuente del Derecho. no corresponde la aplicación del Decreto de Urgencia 037-94 ni a los médicos. es decir. la aplicación del Decreto de Urgencia 037-94 no les corresponde a los profesores de aula y. JURISPRUDENCIA Es la interpretación jurídica que realizan órganos competentes con la finalidad de aclarar posibles lagunas de la ley y es posible crearla a través de las reiteradas interpretaciones que hacen los tribunales en sus resoluciones. en el Sector Salud no les corresponde a los profesionales de la Salud.
por ejemplo).. la dualidad de procedimientos (por ejemplo. contrario a las garantías propias del Estado de Derecho... impide que una persona sea sancionada o castigada dos (o más veces) por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto.. 1670-2003-AA-TC El principio ne bis in idem tiene una doble configuración: por un lado. 11. Su aplicación. Cuando lo que se solicita no es solo la anulación del acto sino el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medias adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma. b) En su vertiente procesal. hecho y fundamento. puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador. b.) nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho (. Con ello se impide. que se inicien dos procesos con el mismo objeto. si se quiere. Cuando lo que se solicita del Órgano Jurisdiccional es meramente la anulación del acto. expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción.1. es decir..CASO 2 EXP.)”. el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administrativos con el mismo objeto. pues. por un lado. que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o. uno de orden administrativo y otro de orden penal) y. por otro. 29 . por otro.) Nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos (.2. tal principio significa que “(.. SENTENCIAS DEL PLENO JURISDICCIONAL Son aquellas emitidas: a. una versión sustantiva y.)”... una connotación procesal a) Desde el punto de vista material. “(. el enunciado según el cual.
cuando la ONP ha expresado su renuencia a reconocer el Derecho pensionario reclamado. proceso disciplinario.Sobre Potestad Sancionadora  Las Resoluciones del Pleno sustituyen a la autoridad administrativa. Su misión es garantizar la adecuada aplicación del marco legal y la protección de los derechos de los trabajadores. Cabe señalar que la implementación del TSC se realiza de manera progresiva para garantizar su adecuado funcionamiento y evitar saturación y retrasos. evaluación y progresión en la carrera y terminación de la relación de trabajo.    11. la sanción que impongan será menor a la impuesta en sede administrativa. no es exigible el agotamiento de la vía administrativa. el Juez debe interpretar los requisitos de admisibilidad de las demandas en el sentido que más le favorezca al administrado. EL TRIBUNAL SERVIR En Enero de 2010 se designó a los vocales y se implementó la Primera Sala del TSC. En mayo del 2011. En materia previsional. El TSC conoce en última instancia administrativa los recursos de apelación derivados de los conflictos entre el Estado y sus empleados en temas referidos a acceso al servicio civil. - Consolida las líneas jurisprudenciales Aplica la normatividad sobre la materia Mejora la Gestión de las SALAS - 30 . El TSC cuenta con una Secretaría Técnica cuya función principal es dirigir el proceso que siguen los expedientes que serán sometidos a decisión de los vocales. El Tribunal del Servicio Civil (TSC) forma parte de SERVIR pero cuenta con independencia funcional. se abrió la Segunda Sala con similares responsabilidades. Sin embargo.1. Por principio de Pro Actione. porque pueden imponer sanciones luego de anular el acto administrativo derivado de un procedimiento sancionador y/o disciplinario.3. abocada a resolver casos del Gobierno Nacional. así como brindar soporte técnico y administrativo para el adecuado funcionamiento del TSC.
3.00 (Ciento Treinta y Siete y 00/100 Nuevos Soles) en favor de la señora INÉS EUGENIA DE LA O! LLANOS. 31 .1.1. 137.037.11. El Tribunal del Servicio Civil no es competente para pronunciarse sobre la pretensión del señor GILBERTO HUERTAS CHANDUVÍ en el sentido que se ordene a la jefatura de la Oficina de Asuntos Financieros de la PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS el pago de S/. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL SERVIR EXPEDIENTE 154-2010-SERVIR/TSC PRIMERA SALA Sobre DU. por concepto de descuento judicial por alimentos ordenado por el Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima.
56º y 57º Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -LRJPAC). 32 .AUTOTUTELA DE EJECUCIÓN FORZOSA. excluyente. teniendo la misma fuerza que una sentencia judicial. . necesario y suficiente para que se inicie el procedimiento de apremio. Implica que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad y legitimidad.AUTOTUTELA DECLARATIVA. DERECHO COMPARADO 12. Los requisitos esenciales conforme lo establecido en el artículo citado son: • • La identificación de la deuda pendiente. PROCEDIMIENTO ESPAÑOL (Procedimiento de apremio). 129º se establece que el procedimiento de apremio será exclusivamente administrativo. 127º de la Ley General TributariaLGT surge que el procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al deudor en la que se identificará la deuda pendiente y requerirá para que efectúe su pago con el recargo correspondiente la providencia de apremio puede definirse como el título formal. teniendo inicio e impulso de oficio y en que no tiene plazo máximo de duración. ejecutivo.AUTOTUTELA EJECUTIVA. . Faculta a la Administración a crear sus propios títulos ejecutivos. El procedimiento español es exclusivamente administrativo y se encuentra contenido en el artículo 126º a 130º de la LGT. De un análisis pormenorizado del art. sin necesidad de sentencia judicial previa (art. Dicho procedimiento es la manifestación del Principio de la Auto tutela administrativa en sus tres modalidades: . exclusivo. En el art.XII. salvo el que determine la prescripción de la acción de cobro. Requerimiento al deudor para que efectúe el pago con el recargo correspondiente. Se caracteriza principalmente por ser administrativo. Todos los actos administrativos pueden ser objeto de ejecución forzosa.1. que los hace de cumplimiento necesario. siendo competente para entender y resolver todos sus incidentes la Administración Tributaria.
de haber expirado el pago de ingreso en voluntaria y del comienzo del devengo de intereses de demora. se iniciarán las actuaciones tendientes al embargo de sus bienes.1. denominación.65º de la LGT establece los siguientes supuestos de suspensión: En los casos previstos en la normativa de los recursos y reclamaciones económico-administrativas y demás previstos en la normativa tributaria (básicamente. Concepto. En cuanto a los requisitos de forma se pueden señalar los siguientes: Nombre. razón social.1. Expedición por órgano competente. Es un procedimiento exclusivamente administrativo. Sólo se suspende en los supuestos previstos en la normativa tributaria. En la misma se establece que si no se paga dentro del plazo establecido en ella se procederá al embargo de los bienes del contribuyente. apellidos. En este sentido. c) Suspensión del procedimiento de apremio. el artículo 1. Cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material. artículos 224º y 233º de la LGT). b) Inicio e impulso de oficio en todos sus trámites. a) Concurrencia con otros procedimientos de ejecución. La competencia para entender del mismo y resolver todas sus incidencias corresponde únicamente a la Administración Tributaria. aritmético o de hecho en la determinación de la deuda o que ésta se ha 33 . Fecha de expedición. importe de la deuda y período a que corresponde. localidad y domicilio del deudor y si consta número de identificación fiscal. Indicación expresa de que la deuda no ha sido satisfecha. CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO.• • • • • • Apercibimiento al deudor que de no efectuarse el pago en el plazo. • Dicha providencia tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los contribuyentes. El procedimiento de apremio no se acumulará a los judiciales ni a otros procedimientos de ejecución. 12.
5º de la LGT. EFECTOS DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO. se contemplan los siguientes efectos: • La Administración Tributaria podrá ejercer sus potestades ejecutivas para el cobro de la deuda pendiente. Tercerías.2. 12. consignándose el importe obtenido. El procedimiento de apremio se inicia mediante la notificación al obligado tributario de la providencia de apremio en la que se identifica la deuda pendiente. Es obvio que también podrá realizar el ingreso en cualquier momento del periodo ejecutivo: antes de la notificación de la providencia de apremio o después de finalizar el plazo del artículo 62. • 34 .3.5º de la LGT.1. la Administración podrá iniciar el procedimiento de apremio. condonación. En la tercería de mejor derecho el procedimiento seguirá hasta la realización de los bienes.1. ha sido aplazada o está suspendida. Según se comentó anteriormente. 12. Iniciado el periodo ejecutivo. el periodo ejecutivo se inicia automáticamente al día siguiente de finalizar el periodo voluntario de pago. se liquidan los recargos del periodo ejecutivo y se le requiere para que efectúe el pago. el obligado tributario tendrá otro plazo de ingreso contemplado en el artículo 62. sino que deberá transcurrir el plazo a que se refiere el artículo 62. La diferencia entre realizar el ingreso en cada momento estará en el diferente recargo del periodo ejecutivo y los intereses de demora que habrá que liquidar según lo dispuesto en el artículo 28º de la LGT. Plazo de ingreso. Iniciado el procedimiento. esta reclamación sólo suspenderá el procedimiento cuando se trate de una tercería de dominio. Deberá plantear una reclamación de tercería ante el órgano competente. pero para ello deberá notificar un acto administrativo: la providencia de apremio. compensación o prescripción). sin que el obligado tributario realice el pago de la deuda pendiente. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO. Un tercero pretende el levantamiento del embargo por entender que le pertenece el dominio o tiene derecho a ser reintegrado de su crédito con preferencia a la Hacienda Pública.5º de la LGT. La suspensión se producirá sin necesidad de prestar garantía. Estas potestades no pueden ejercitarse inmediatamente tras la notificación de la providencia de apremio. Tras la notificación de la providencia de apremio.extinguido (por ingreso. La providencia de apremio que dicta la Administración se considera título suficiente para iniciar el procedimiento y tiene la misma fuerza ejecutiva que una sentencia judicial para proceder contra el patrimonio del obligado tributario. básicamente mediante la ejecución de las garantías y la práctica de embargos.
los intereses de demora. Finalizado este plazo. 35 . Una vez notificada la providencia de apremio. Por tanto. Se prevén dos supuestos en que la Administración podrá embargar y enajenar bienes y derechos aunque existan garantías constituidas: cuando la garantía no sea proporcionada a la deuda garantizada o cuando el obligado lo solicite señalando bienes al efecto. El embargo deberá respetar siempre el principio de proporcionalidad.1.4. Ejecución de garantías (artículo 168º). por tanto. el obligado tributario no podrá oponer otro motivo que no esté comprendido en esta enumeración. No obstante.5º de la LGT. Solicitud de aplazamiento. MOTIVOS DE OPOSICIÓN A LA PROVIDENCIA DE APREMIO. la Administración podrá proceder contra el patrimonio del obligado al pago. fraccionamiento o compensación en periodo voluntario y otras causas de suspensión. El artículo 167. • El embargo de los bienes y derechos.3º de la LGT dice que sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición. Anulación de la liquidación. • Orden de embargo Se establecen unos criterios que determinan el orden a seguir en el embargo: Acuerdo con el obligado tributario. recargos del periodo ejecutivo y costas del procedimiento de apremio. Falta de notificación de la liquidación. el obligado tributario podrá realizar el pago en el plazo del artículo 62. Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o la deuda apremiada. Los motivos tasados son: • • • • • • Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago. debiendo embargarse bienes y derechos del obligado hasta que se cubran la deuda no ingresada. no pueden embargarse bienes y derechos por importe superior a las cantidades anteriores. Es una enumeración cerrada. si la deuda estuviera garantizada se procederá en primer lugar a ejecutar la garantía (antes de embargar) a través del procedimiento de apremio. A solicitud del obligado tributario se podrá alterar el orden de embargo siempre que los bienes señalados garanticen el cobro con la misma eficacia y prontitud y sin perjuicio de terceros.12.
existen dos reglas especiales: Se embargarán en último lugar aquellos bienes y derechos para cuya traba sea necesaria la entrada en el domicilio del obligado tributario. Establecimientos mercantiles e industriales. Estas diligencias deben notificarse A la persona con que se entienda la actuación. Sueldos. Diligencia de embargo. • • • Las actuaciones de embargo se realizan mediante la diligencia de embargo. orfebrería y antigüedades. así como a otros terceros. 36 . cotitulares o al cónyuge si son bienes gananciales. Bienes muebles y semovientes. No se embargarán dos tipos de bienes. Realizada la traba se notifican al obligado tributario. Bienes inmuebles. Por ejemplo. Metales preciosos. salarios y pensiones. Por ejemplo.Si no hay acuerdo se embargarán los bienes teniendo en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el obligado. No obstante. piedras finas. En su defecto se seguirá el siguiente orden: • • • • • • • • • • • Dinero en efectivo o depositado en entidades de crédito. Aquellos que pueden realizarse en plazo no superior a seis meses. Derechos y valores realizables a largo plazo (realizables en más de seis meses). Derechos y valores realizables a corto plazo. obras de arte depositadas en el domicilio del obligado tributario. Los declarados inembargables por las leyes. Intereses. etcétera. Los bienes y derechos conocidos se embargarán según el orden anterior hasta que se presuma cubierta la deuda. los derechos consolidados en un fondo de pensiones. joyería. los útiles con que se ejerza el oficio. frutos y rentas. Especial relevancia tiene la parte inembargable del sueldo o salario.
• • Embargo de bienes inscribibles en Registro Público. pero sólo por los siguientes motivos tasados: • • • • • Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago. la diligencia de embargo de una cuenta abierta en entidad de crédito primero se notifica a la sucursal bancaria. En el embargo de estos bienes se contemplan las siguientes reglas. Como regla general prevalecerá el orden registral de las anotaciones de embargo. Una vez que se notifique. Además del embargo se prevé que un funcionario pueda asumir las funciones de administrador o que intervenga la gestión del negocio fiscalizando previamente a su ejecución determinados actos. Embargo de establecimiento Mercantil e Industrial. Previa audiencia del titular del negocio u órgano de administración de la entidad. deberá ejercitar la Tercería de mejor derecho.Por ejemplo. la diligencia de embargo puede ser objeto de recurso o reclamación. Si la Administración quiere invocar el derecho de prelación general del artículo 77º de la LGT. • • • La continuidad de las personas que ejercen la dirección perjudica la solvencia. Pueden destacarse las siguientes modalidades. La LGT regula específicamente determinados embargos de bienes y derechos. Falta de notificación de la providencia de apremio. La Administración tiene derecho a que se practique anotación preventiva de embargo en el Registro mediante un mandamiento expedido por el órgano de recaudación. la diligencia se notificará al obligado tributario. Deben cumplirse los siguientes requisitos. Normas especiales de embargo. Realizada la traba. Embargo de bienes y derechos en Entidad de Crédito o Depósito: 37 . Suspensión del procedimiento de recaudación. Incumplimiento de las normas del embargo contenidas en la LGT.
No obstante. En el caso de fondos o valores depositados a nombre de varios titulares. El importe a tener en cuenta será el ingresado en el mes del embargo o. sólo se embarga la parte del obligado al pago. el saldo de las cuentas se presume dividido en partes iguales.3º de la LGT. se embargará la cuarta parte del saldo. excepto fuerza mayor.5º de la LGT). Enajenación de bienes embargados. Si en la cuenta se abonan sueldos. No podrá solicitarse el aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria (artículo 65. La enajenación se realizará mediante subasta. Por ejemplo.3º de la LGT). Una vez notificado se prevén las siguientes reglas. en su defecto. títulos u otros bienes en una determinada oficina de entidad de crédito o depósito deberá seguir el siguiente procedimiento. tan sólo podrían oponerse los motivos de oposición contra las diligencias de embargo del artículo 170.3º de la LGT. Dictará diligencia de embargo identificando bienes o derechos conocidos. En ese caso. cuando exista riesgo de pérdida de valor o que el obligado lo solicite. el embargo se extenderá al resto de bienes o derechos existentes en la oficina sin necesidad de identificación previa.• Cuando la Administración conozca la existencia de fondos. El obligado tributario podrá liberar los bienes embargados si extingue la deuda tributaria y las costas. salarios o pensiones. salarios o pensiones. Sólo podrá ser impugnado si las diligencias de embargo se han tenido por notificadas según el artículo 112. el anterior. Si el valor de los bienes o derechos excede del importe a embargar. La Administración no podrá enajenar los bienes embargados hasta que el acto de liquidación de la deuda tributaria sea firme. Salvo prueba en contrario. la diligencia sólo detalla una cuenta corriente y en la entidad también existe una cuenta de ahorro. Por ejemplo. concurso o adjudicación directa.  El acuerdo de enajenación deberá notificarse al obligado en todo caso (artículo 112. bienes perecederos. • • • • • •    38 . deberán respetarse los límites del embargo de sueldos. deberán concretarse los bienes o derechos trabados. si la cuenta es indistinta a nombre de cuatro hermanos. valores.
Por ejemplo.1º de la LGT): deuda no ingresada. Acuerdo que declare el crédito total o parcialmente incobrable. que la deuda tributaria ha sido compensada con una devolución tributaria. sino que éste seguirá por la cantidad pendiente. recargos. intereses y costas.Terminación del procedimiento de apremio. El pago de una parte de la deuda tributaria no impide la continuación del procedimiento de apremio. Si el patrocinio conocido sólo alcanza a cubrir una parte de la deuda será fallido parcial. El acuerdo que declare el crédito incobrable no extingue la deuda tributaria. una vez que se declaran fallidos todos los obligados al pago. salvo que con anterioridad se reanude el procedimiento por tener conocimiento de la solvencia de algún obligado al pago. 39 . El procedimiento de apremio termina: • Con el pago de la cantidad debida (artículo 169. La declaración de fallido de un obligado al pago se produce cuando la Administración ignora la existencia de bienes o derechos embargables o realizables para el cobro del débito. ésta se extinguirá por prescripción del derecho a exigir el pago. • • Con el acuerdo por el que se extinga la deuda por cualquier otra causa.
Por su parte. estableciéndose como únicas excepciones admisibles las siguientes: pago total documentado. 5 del 31/12/1999. o ante la Mesa General de Entradas de la Cámara de Apelaciones u Órgano de Superintendencia Judicial pertinentes en caso de tener que asignarse el juzgado competente. el nombre del demandado. del Cap. el agente fiscal representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos 40 . La sentencia de ejecución o la revocación del auto de intimación de pago y embargo. En el texto de 1. concepto y monto reclamado. 618/97). La Ley 11. 81º. 18º inc. en la Sección 4ta.2. Este artículo fue sustituido por la Ley 25239 en su art. legislado ahora a partir del artículo 92º de la Ley 11683. II del Título III. “Cumplidos los recaudos contemplados en el párrafo precedente y sin más trámite. pudiendo la Dirección General Impositiva librar nuevo título de deuda y el ejecutado de repetir por la vía establecida en el art. adeudados al fisco nacional. El artículo 92º prescribe que “a los efectos del procedimiento se tendrá por interpuesta la demanda de ejecución fiscal con la presentación del agente fiscal ante el Juzgado con competencia tributaria. Con la Ley 23. Asignado el tribunal competente. En particular al juicio de ejecución fiscal que sustituyó por un procedimiento de cobro.683. su domicilio y carácter del mismo. el sistema argentino quedó estructurado de la siguiente forma: se inicia mediante la ejecución fiscal del título ejecutivo denominado Boleta de Deuda que fuera emitida por la Dirección General Impositiva . PROCEDIMIENTO ARGENTINO.683 (1998). se impondrá de tal asignación a aquél con los datos especificados en el párrafo precedente”. secuestros y notificaciones. deberá informarse las medidas precautorias a trabarse. informando según surja de la boleta de deuda. el Código Procesal Civil de la Nación.989). prescripción e inhabilidad de título. embargos. Este procedimiento es exclusivamente judicial. en su caso son inapelables. multas e intereses etc.Una vez intimada la deuda si no se procediere al pago quedará citado de venta.658 (1. Art. La ley 25239 introdujo importantes modificaciones a la Ley 11683. estableciéndose un sistema mixto que consta de una parte administrativa y otra judicial. 604º y 605º se ocupa de la ejecución fiscal con remisión a la legislación fiscal respectiva y a las normas del proceso ejecutivo en concordancia con lo establecido por el art. regula la ejecución fiscal como procedimiento para el cobro compulsivo de los impuestos.998 se reforma nuevamente sustituyéndose la Dirección General Impositiva por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Dcto. En su caso. arts. 596º del mismo cuerpo legal. espera documentada. 92º Ley 11. así como el domicilio legal fijado por la demandante para sustanciar trámites ante el Juzgado y el nombre de los oficiales de justicia ad-hoc y personas autorizadas para intervenir en el diligenciamiento de requerimientos de pago.12.
fondos y valores depositados en entidades financieras. “En cualquier estado de la ejecución podrá disponer el embargo general de los fondos y valores de cualquier naturaleza que los depositados tengan depositados en las entidades financieras regidas por la Ley 21526. indicando también la medida precautoria dispuesta. La Administración Federal de Ingresos Públicos está autorizada por la ley a librar el título ejecutivo y con fundamento en éste título que ella crea. según resulta de los párrafos transcriptos del artículo 92º.estará facultado a librar bajo su firma mandamiento de intimación de pago y eventualmente embargo si no indicase otra medida alternativa. el juez asignado interviniente y la sede del Juzgado. o de bienes de cualquier tipo o naturaleza. disposiciones de esta clase. 41 . puede disponer. La Ley 11683. inaudita parte. no rigiendo a tales fines el secreto que establece el artículo 39º de la Ley 21526” . medidas cautelares. El sentido común se resiente cuando dicha ponderación queda librada a la apreciación del propio ejecutante. quedando el demandado citado para oponer las excepciones previstas en el presente artículo. Dentro de los quince (15) días de notificadas de la medida. otorga a la Administración Federal de Ingresos Públicos facultades que de acuerdo a los principios elementales y fundamentales de la Constitución Nacional están reservados al Poder Judicial. inhibiciones generales de bienes y adoptar otras medidas cautelares tendientes a garantizar el recupero de la deuda en ejecución”. la ley ignora la garantía constitucional de la defensa en juicio que consagra el artículo 18º de la Constitución Nacional. En efecto. “La Administración Federal de Ingresos Públicos por intermedio del agente fiscal estará facultada para trabar por las sumas reclamadas las medidas precautorias alternativas indicadas en la presentación de prevención o que indicare en posteriores presentaciones al Juez asignado”. “La Administración Federal de Ingresos Públicos por intermedio del agente fiscal podrá decretar el embargo de cuentas bancarias. por la suma reclamada especificando su concepto con más el quince por ciento (15%) para responder a intereses y costas. cuáles son la de examinar la procedencia de la medida cautelar pretendida y controlar la entidad de la medida en relación al derecho que se quiere asegurar. De tal modo. conceden a la Administración facultades que corresponde al Poder Judicial. “Asimismo podrá controlar su diligenciamiento y efectiva traba”. Con el mandamiento se acompañará copia de la boleta de deuda en ejecución. dichas entidades deberán informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos acerca de los fondos y valores que resulten embargados.
La Constitución Nacional reserva la facultad de “juzgar” al Poder Judicial y el desconocimiento de este principio básico de nuestra forma republicana de gobierno por parte del Poder Legislativo implica negar el principio de división de poderes y arrogarse la potestad de otorgar al Poder Ejecutivo las funciones propias y reservadas por la Constitución Nacional al Poder Judicial. como se dijo. se incorporaron a la Constitución Nacional. el derecho de defensa en juicio. como la Ley 25239. en 1994. La flagrante violación de los derechos de propiedad y a la tutela judicial (arts. 42 . Las leyes que. deben ajustarse a lo que la Constitución Nacional prevé. Los procedimientos para efectivizar la percepción de los créditos fiscales. razonabilidad y alcance de las medidas adoptadas por el agente fiscal quedarán sometidas a las disposiciones del artículo 1112º del Código Civil. se afirman en principios que niegan los derechos antes enunciados y desconocen el principio esencial de que el Estado no está sobre la Constitución que lo vertebra. Frente a esta norma. el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de propiedad. no se atenúa ni se resuelve estableciendo que la responsabilidad por la procedencia. y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella. El artículo 17º de la Constitución Nacional dispone que “La propiedad es inviolable. el sistema de nuestra Constitución asigna a un juez del Poder Judicial las suficientes atribuciones para ello. derechos estos últimos que la Nación proclama a través de Pactos Internacionales. en un estado de derecho. consagran las atribuciones que motivan este comentario. algunos de los cuales. sino sometido a ella. sino en virtud de sentencia fundada en ley”. sin perjuicio de la responsabilidad profesional pertinente ante su entidad de matriculación. la cuestión no es reparar sino evitar que los perjuicios se produzcan y para ello. La norma del artículo 92º. 17º y 18º de la Constitución Nacional) que infringe la norma. el principio del debido proceso. viola el principio de separación de poderes.
Que asimismo no obra en autos que el recurrente haya interpuesto recurso de queja contra las actuales notificaciones de acuerdo a lo establecido con el art. Tarapacá 295 y por Jr. sin embargo se deja a salvo el derecho del recurrente para que lo haga valer en la forma correspondiente. 21 de agosto de 2008 Que. 38º de la Ley 26979. 43 . Exp. 9º del Código Procesal Constitucional. del Procedimiento de Ejecución Coactiva. allí corresponde seguir un proceso contencioso administrativo en vía urgente. CASUISTICA CASUISTICA DU 037-94 Cuando se pide la nulidad de resoluciones administrativas que denegaron la aplicación del Decreto de Urgencia 037-94 corresponde el proceso especial CASO DU 037-94 VIA URGENTE El Decreto de Urgencia 037-94 tiene casos en los cuales la administración pública reconoce el derecho del trabajador administrativo pero no cumple con el pago por razones presupuestarias. Que los procesos constitucionales carecen de estación probatoria tal como lo prescribe el art. en autos obran copias simples de las notificaciones de cobranza coactiva de fecha 31 de octubre de 2007. por lo que se declara Improcedente la demanda. ni tampoco que correspondan al inmueble sito en Jr. Junín del distrito de Magdalena del Mar.XIII. 3138-2008-PA/TC Caso Juno Fernando MannarelliCavagnari Lima. sin embargo no se identifica en ellas que correspondan a los períodos impugnados.
N° 1067. merece la conclusión de la evolución histórica del Proceso Contencioso Administrativo. 44 . Mención aparte. CONCLUSIONES Finalmente podemos concluir que. cuando el objeto de la impugnación sean las actuaciones a que se refieren los numerales 1. en el que se empieza a dar forma el Derecho Administrativo. Asimismo. 5 y 6 del artículo 4 de esta ley. Leg. teniendo como abanderado a Francia y a la Revolución Francesa de 1879. cabe señalar los plazos que la ley establece para interponer la demanda. señala en sus diferentes artículos los procedimientos que debe seguir el administrado en busca de tutela jurisdiccional y los mecanismos de defensa. 4.XIV. adjuntando para esto los medios probatorios a fin de obtener una resolución favorable a sus pretensiones y también mediante el silencio administrativo que el organismo de administración de justicia puede aplicar para terminar en una sentencia firme. 3. diseminándose por Europa y el resto del mundo. el Proceso Contencioso Administrativo regulado por la Ley N° 27584 y modificado por el D. llegando hasta nuestro País en donde tras muchas jornadas se ha logrado independizar del Derecho Civil.
XV. ANEXOS 45 .
º 037-94. revocando la apelada. toda vez que su artículo 7º. García Toma y Vergara Gotelli. de fojas 120. Bardelli Lartirigoyen.º 019-94-PCM.º 037-94. que declara infundada la acción de cumplimiento de autos. mediante la cual se establecen los criterios de aplicación y ejecución del pago de la bonificación dispuesta por el Decreto de Urgencia N. conservando su eficacia al no haberse declarado su invalidez en un proceso contenciosoadministrativo. declara fundada la demanda.º 118-2003-GGR. por considerar que la resolución cuyo cumplimiento se solicita. Vicepresidente. declara infundada la demanda argumentando que al demandante no le corresponde la bonificación concedida por el Decreto de Urgencia N. inciso d). El Juzgado Mixto de Chachapoyas. de fecha 8 de setiembre de 2003. su fecha 14 de junio de 2004.º 037-94. ha quedado firme. Nº 2616-2004-AC /TC AMAZONAS AMADO NELSON. excluye a los servidores que vienen percibiendo la bonificación establecida por el Decreto Supremo N. solicitando el cumplimiento de la Resolución de Gerencia General Regional N.º 019-94-PCM. del Decreto de Urgencia N. con fecha 26 de enero de 2004. Gonzales Ojeda. Presidente. inciso d). el pleno del Tribunal Constitucional. La recurrida. el recurrente interpone acción de cumplimiento contra el Director Regional de Educación del Consejo Transitorio de Administración Regional de Amazonas. La Dirección Regional de Educación de Amazonas y el Procurador Público del Gobierno Regional de Amazonas contestan la demanda en forma individual. y que.CASO 1 EXP. ANTECEDENTES Con fecha 5 de enero de 2004. pronuncia la siguiente sentencia ASUNTO Recurso extraordinario interpuesto por don Amado Nelson Santillán Tuesta contra la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. SANTILLAN TUESTA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima. a los 12 días del mes de setiembre de 2005. con asistencia de los magistrados Alva Orlandini. 46 . alegando que el demandante ha venido percibiendo los aumentos del Decreto Supremo N. de conformidad con el artículo 7º. no le corresponde la bonificación prevista en el citado decreto de urgencia.
& Ámbito de aplicación del Decreto Supremo N. han creado confusión. sin embargo. publicado el 30 de marzo de 1994. puesto que esta era la condición de la propia norma para no colisionar con la bonificación dispuesta por el Decreto Supremo N. Este Tribunal ha venido pronunciándose al respecto. & Criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional en relación con el Decreto de Urgencia 037-94 2.º 3149-2003-AA/TC.) que a partir del 1 de abril de 1994 se otorgará una bonificación especial a los profesionales de la salud y docentes de la carrera del Magisterio Nacional de la Administración Publica. pues se estimó que debido a que los montos de la bonificación del Decreto de Urgencia N. conforme lo establece el propio Decreto de Urgencia N. así como 47 . Unión de Obras de Asistencia Social y de los Programas de Salud y Educación de los Gobiernos Regionales”. tanto a los operadores de justicia como a los justiciables.º 019-94-PCM. el Tribunal Constitucional consideró que el Decreto de Urgencia 037-94 no podía ser aplicado a ningún servidor administrativo activo o cesante que ya percibía el aumento señalado en el Decreto Supremo N. así como a los trabajadores asistenciales y administrativos de los Ministerios de Salud y Educación y sus Instituciones Públicas Descentralizadas.º 037-94 aquellos servidores que hubieran alcanzado el nivel directivo o jefatural de la Escala N. en su artículo 7º. teniendo en cuenta diversos criterios que en función de cada caso concreto.º 019-94-PCM. criterio establecido en la sentencia recaída en el expediente N. dispone que “(. 6. incluyéndose a aquellos que venían percibiendo la bonificación del Decreto Supremo N. El Decreto Supremo N.º 01994-PCM. correspondía que sea la bonificación mayor y más beneficiosa la que se otorgue a todos los servidores públicos.º 11 del Decreto Supremo N. 3. el Tribunal estimó que sólo debían ser favorecidos con la bonificación del Decreto de Urgencia N..º 051-91-PCM. establece “(.. técnicos y auxiliares. Sociedades de Beneficencia Pública. El Decreto de Urgencia Nº. Posteriormente. tal como se expuso en la sentencia recaída en el expediente N. disponiéndose al efecto que se proceda a descontar el monto otorgado por la aplicación de la norma mencionada.. 4. tal como se ordenó en la sentencia N.) a partir del 1 de julio de 1994. En un momento.º 037-94. por lo tanto.º 019-94-PCM y del Decreto de Urgencia N.FUNDAMENTOS 1. es conveniente unificar las consideraciones y emitir un pronunciamiento que permita esclarecer el tema. publicado el 21 de julio de 1994. La demanda tiene por objeto que se otorgue la bonificación prevista en el Decreto de Urgencia 037-94.º 019-94-PCM. se otorgará una bonificación especial a los servidores de la Administración Publica ubicados en los niveles F-2. profesionales..º 03794 5. F-1. 037-94. en su artículo 1º. en su artículo 2º.º 019-94-PCM.º 3654-2004-AA/TC. El último criterio responde a una interpretación más favorable al trabajador.º 037-94 son superiores a los fijados por el Decreto Supremo N.º 3542-2004-AA/TC.
8.º 037-94.Escala 10: Escalafonados.Escala 7: Profesionales . profesionales.º 051-91-PCM.Escala 2: Magistrados del Poder Judicial . 7. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.. En ese sentido.Escala 8: Técnicos . es necesario concordarlo con el Decreto Supremo N.1-91-PCM & Servidores públicos comprendidos en el Decreto Supremo Nº 019-94-PCM y Decreto de Urgencia N.Escala 3: Diplomáticos . el decreto supremo referido determina los siguientes niveles remunerativos: . directivos. cuando el Decreto de Urgencia Nº 037-94 otorga una bonificación a los servidores de la Administración Pública ubicados en los niveles F-2. no se refiere a los grupos ocupacionales determinados en el Decreto Legislativo Nº 276.Escala 1: Funcionarios y directivos .Escala 11: Personal comprendido en el Decreto Supremo N. el Decreto Supremo N. administrativos del Sector Salud ..º 051-91-PCM. Carrera Pública y Sistema Único de las Remuneraciones y Bonificaciones. Con el propósito de realizar una interpretación conforme el artículo 39º de la Constitución Política del Perú de la aplicación del Decreto Supremo Nº 019-94-PCM y del Decreto de Urgencia N. Así.º 11 del Decreto Supremo N. técnicos y auxiliares.Escala 4: Docentes universitarios .º 051-91-PCM que desempeña cargos directivos o jefaturales. Por su parte. de conformidad con los montos señalados en el anexo que forma parte del presente Decreto de Urgencia (. previstas en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.º 032.al personal comprendido en la Escala N. en concordancia con las escalas señaladas en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 48 .Escala 9: Auxiliares .)”. F-1. sino que hace referencia a las categorías remunerativas-escalas. dispositivo al que se remite el mismo decreto de urgencia.Escala 6: Profesionales de la Salud . servidores y pensionistas del Estado en el marco del Proceso de Homologación.º 037-94.Escala 5: Profesorado . publicado el 6 de marzo de 1991. regula en forma transitoria las normas reglamentarias orientadas a determinar los niveles remunerativos de los funcionarios.
9. Habiéndose realizado el análisis de cada una de las normas legales pertinentes y elaborado la tabla comparativa de las escalas remunerativas, se llega a establecer que se encuentran comprendidos en los alcances del Decreto Supremo Nº 019-94-PCM aquellos servidores públicos: a) Que se encuentren ubicados en la Escala Remunerativa Nº 4, esto es, los docentes universitarios. b) Que se encuentren en la Escala Remunerativa Nº 5, esto es, el profesorado. c) Que se encuentren comprendidos en la Escala Remunerativa Nº 6, esto es, los profesionales de Salud. d) Que se encuentren comprendidos en la Escala Remunerativa Nº 10, esto es, los escalafonados del Sector Salud. e) Que sean trabajadores asistenciales y administrativos ubicados en la escalas remunerativas Nos 8 y 9, es decir, los técnicos y auxiliares que presten sus servicios en los ministerios de Salud y Educación y sus instituciones públicas descentralizadas, sociedades de Beneficencia Pública, Unión de Obras de Asistencia Social y de los programas de Salud y Educación de los Gobiernos Regionales. 10. En virtud del Decreto de Urgencia Nº 037-94, corresponde el otorgamiento de la bonificación especial a los servidores públicos: a) Que se encuentren en los niveles remunerativos F-1 y F-2 en la Escala Nº 1. b) Que ocupen el nivel remunerativo incluido en la categoría del grupo ocupacional de los profesionales, es decir, los comprendidos en la Escala Nº 7. c) Que ocupen el nivel remunerativo incluido en la categoría del grupo ocupacional de los técnicos, es decir, los comprendidos en la Escala Nº 8. d) Que ocupen el nivel remunerativo incluido en la categoría del grupo ocupacional de los auxiliares, es decir, los comprendidos en la Escala Nº 9. e) Que ocupen el nivel remunerativo en la Escala Nº 11, siempre que desempeñen cargos directivos o jefaturales del nivel F-3 a F-8, según anexo del Decreto de Urgencia Nº 037-94. 11. No se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia Nº 03794, los servidores públicos que regulan su relación laboral por sus respectivas leyes de carrera y tienen sus propias escalas remunerativas, que son los ubicados en: a) b) c) d) e) f) La Escala Nº 2: Magistrados del Poder Judicial; La Escala Nº 3: Diplomáticos; La Escala Nº 4: Docentes universitarios; La Escala Nº 5: Profesorado; La Escala Nº 6: Profesionales de la Salud, y La Escala Nº 10 Escalafonados, administrativos del Sector Salud
12. Del análisis de las normas mencionadas se desprende que la bonificación del Decreto de Urgencia Nº 037-94 corresponde que se otorgue a los servidores públicos ubicados en los grupos ocupacionales de los técnicos y auxiliares, distintos del Sector Salud, en razón de que los servidores administrativos de dicho sector se encuentran escalafonados y pertenecen a una escala distinta, como es la Escala Nº 10. Cabe señalar que a los servidores administrativos del sector Salud, desde el inicio del proceso de aplicación del Sistema Único de Remuneraciones, Bonificaciones y Pensiones de los Servidores del Estado, se les estableció una escala diferenciada. 13. En el caso de los servidores administrativos del sector Educación, así como de otros sectores que no sean del sector Salud, que se encuentren en los grupos ocupacionales de técnicos y auxiliares de la Escala Nos 8 y 9 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, por no pertenecer a una escala diferenciada, les corresponde que se les otorgue la bonificación especial del Decreto de Urgencia N.º 037-94, por ser económicamente más beneficiosa, pues la exclusión de estos servidores conllevaría un trato discriminatorio respecto de los demás servidores del Estado que se encuentran en el mismo nivel remunerativo y ocupacional y que perciben la bonificación otorgada mediante el Decreto de Urgencia Nº 037-94. 14. El Tribunal Constitucional, en sesión de pleno jurisdiccional, por las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, y en mérito de lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, acuerda apartarse de los precedentes emitidos con anterioridad respecto al tema sub exámine, y dispone que los fundamentos de la presente sentencia son de observancia obligatoria. 15. En el presente caso, de autos se acredita que mediante el artículo 1º de la Resolución de Gerencia General Regional N.º 118-2003-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS /GGR, de fojas 17, se estableció la validez de las resoluciones de la Dirección Regional Sectorial Nos 0646 y 0835-2001CTAR-AMAZONAS/ED, de fojas 21 y 22, mediante las cuales se otorgó al recurrente la bonificación especial prevista en el Decreto de Urgencia Nº 037-94, con deducción de lo percibido por concepto de la bonificación otorgada por el Decreto Supremo Nº 019-94-PCM. Siendo así, la resolución cuyo cumplimiento se solicita, contiene derechos reconocidos a favor del demandante, y tiene la calidad de cosa decidida al haber quedado consentida, resultando, por ende, de cumplimiento obligatorio. 16. El demandante acredita haber cesado en el cargo de Técnico de Personal II, con el nivel de administrativo VIII, Servidor Técnico A; es decir, que pertenece al Escalafón Nº 8, establecido por el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; consecuentemente, se encuentra entre los servidores comprendidos en el Decreto de Urgencia N.º 037-94, y, por ello, procede que se le otorgue dicha bonificación con la deducción de los montos que se le hayan otorgado en virtud del Decreto Supremo Nº 019-94-PCM. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, HA RESUELTO
2. Ordena que la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional de Amazonas cumpla con la Resolución de Gerencia General Regional Nº 118-2003-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, abonando al demandante la bonificación especial prevista en el Decreto de Urgencia Nº 037-94, con deducción de lo percibido por concepto de la bonificación otorgada por el Decreto Supremo Nº 019-94-PCM. 3. Ordena que los operadores judiciales cumplan con lo dispuesto en el fundamento 14 supra, y que tengan en consideración que a los servidores y cesantes que corresponde la bonificación dispuesta en el Decreto de Urgencia Nº 037-94 son los mencionados en el fundamento 10 de la presente sentencia. Publíquese y notifíquese. SS. ALVA ORLANDINI BARDELLI LARTIRIGOYEN GONZALES OJEDA GARCÍATOMA VERGARA GOTELLI
° 1670-2003-AA/TC LAMBAYEQUE JOSÉ SANTIAGO GARCÍA CABALLERO SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima. Aguirre Roca y Gonzales Ojeda. se le apertura proceso administrativo por las recomendaciones contenidas en el Informe N. pronuncia la siguiente sentencia ASUNTO Recurso extraordinario interpuesto por don José Santiago García Caballero contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. integrada por los señores magistrados Alva Orlandini. su fecha 13 de mayo de 2003. Presidente. que resuelve abrirle proceso administrativo disciplinario.° 049-2001-CG-SCH.° 902-A-2002. en agravio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. que declaró infundada la acción de amparo de autos. que a su vez reproduce las observaciones del Examen Especial N. N. de otro. el proceso judicial. el recurrente interpone acción de amparo contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo. agregando que ello significa que. motivo de la denuncia penal que se le interpuso ante el Quinto Juzgado Penal de Chiclayo. la misma que contenía los mismos cargos que la resolución materia de litis. solicitando que se deje sin efecto la Resolución de Alcaldía N. siendo los hechos exactamente los mismos. y que con ello no se agravia el derecho del 52 . en cumplimiento de las obligaciones que tiene el titular de cautelar los intereses del gobierno local. Manifiesta que mediante la citada resolución. alegando que la resolución de alcaldía cuestionada dispone la instauración de proceso administrativo disciplinario contra el demandante. a los 26 días del mes de abril de 2004. al debido proceso y a la subordinación de la administración pública a la autoridad judicial.CASO 2 EXP.° 037-2001-CG-SCH. La Municipalidad Provincial de Chiclayo contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente. en su caso. ANTECEDENTES Con fecha 30 de setiembre de 2002. por atentar contra sus derechos constitucionales del non bis in idem. así como cualquier acto administrativo posterior que devenga de dicha resolución. de fojas 234. hay un doble enjuiciamiento: de una parte el proceso administrativo disciplinario y. la Sala Primera del Tribunal Constitucional.
que el derecho a no ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho. antes bien..° 276. a tenor del cual: “(. no aislada. el principio del ne bis in idem “procesal”. impide que una persona sea sancionada o castigada dos (o más veces) por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto. N. está implícito en el derecho al debido proceso reconocido por el artículo 139°. los derechos y libertades fundamentales se aplican e interpretan conforme a los tratados sobre derechos humanos en los que el Estado peruano sea parte. conforme lo establece el artículo 26° del Decreto Legislativo N. no está prohibido. por otro. no obstante que en el proceso penal y en el proceso administrativo seguido contra el accionante se configura la identidad de sujeto y hecho. Y el derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el artículo 8. le permite esclarecer su comportamiento funcional dentro de un debido proceso. 3.4° de la Convención Americana de Derechos Humanos. FUNDAMENTOS 1. puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador. en plena igualdad. el enunciado según el cual. contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. pues. de fecha 5 de setiembre de 2002. en el proceso administrativo instaurado. El principio ne bis in idem tiene una doble configuración: por un lado. por los mismos fundamentos. de acuerdo con la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución.)”. Este Colegiado ha precisado. mediante la cual se dispuso abrirle proceso administrativo disciplinario. notificada con fecha 9 de setiembre de 2002. expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción. por considerar que. Esta condición. de contenido implícito de un derecho expreso. hecho y fundamento.) El inculpado absuelto por una sentencia firme. solicita que se deje sin efecto cualquier acto administrativo posterior derivado de dicha resolución. de nuestro ordenamiento jurídico se puede concluir que la prosecución de diversos procesos derivados de un mismo hecho. una connotación procesal: a) Desde el punto de vista material. de la Constitución. El Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo. y que de la interpretación conjunta. esto es. declaró infundada la demanda.° 902-A-2002. una versión sustantiva y. no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”.° 2050-2002-AA/TC. 2.. La recurrida confirmó la apelada. Asimismo. “(.. el fundamento no es el mismo.. se debe a que. aplicar sanción por falta disciplinaria. con fecha 31 de octubre de 2002. toda persona tiene derecho... a las garantías mínimas: “(.. Su aplicación. inciso 3). El recurrente pretende que se deje sin efecto la Resolución de Alcaldía N. siempre que las pretensiones no sean las mismas. 53 .. en la sentencia recaída en el Exp.) nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho (. pretendiéndose. contra una misma persona.trabajador.) Durante el proceso.
por ejemplo). Lo que 54 . uno de orden administrativo y otro de orden penal) y. el enjuiciamiento y la calificación que en el plano jurídico pueda producirse... tal principio significa que “(. del Decreto Legislativo N.) El principio no bis in idem determina una interdicción de la duplicidad de sanciones administrativas y penales respecto de unos mismos hechos. bajo responsabilidad de la citada autoridad.. prescribe que: “(.. Del estudio de autos se desprende que no se ha afectado el principio del ne bis in idem. que se inicien dos procesos con el mismo objeto.. El artículo 173° del Reglamento de la Carrera Administrativa. de Procedimiento Administrativo General. d). inciso 10) de la Ley N.)”. 5.. por haber incurrido en las faltas graves de carácter disciplinario tipificadas en el artículo 28° incisos a).° 276. (de fojas 5) se dispuso abrir proceso administrativo al demandante.) No se podrá interponer sucesiva o simultáneamente una pena o una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto. y en cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento y una calificación de unos mismos hechos. 7. pero que no pueda ocurrir lo mismo en lo que se refiere a la apreciación de los hechos.) El proceso administrativo disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año (1) contado a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de la falta disciplinaria. pero conduce también a la imposibilidad de que. toda vez que mediante la Resolución N. En el caso de autos.. “(.. se hagan con independencia.)”. el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administrativos con el mismo objeto. hecho y fundamento (. que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o.° 27444.. el artículo 230°. 8.. aprobado mediante Decreto Supremo N. la dualidad de procedimientos (por ejemplo. establece que: “(.) Nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos (. sino además que la pretensión sea la misma. de lo que se concluye que el proceso administrativo seguido al accionante es totalmente diferente a la instrucción que se le sigue por el delito de peculado y abuso de autoridad en agravio del Estado. 4. si resultan de la aplicación de normativa diferente.. La recurrida ha sostenido que “(.) La alegada violación del principio del ne bis in idem no es tal...)”.° 902-A-2002.... cuando el ordenamiento permite una dualidad de procedimientos.b) En su vertiente procesal. en el proceso administrativo lo que se persigue es la calificación de la conducta del empleado o funcionario público de acuerdo a las normas del derecho administrativo (...)”. Asimismo... pues es claro que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado (. Con ello se impide. que en el proceso penal lo que se busca es la imposición de una sanción penal por la comisión de un delito. Como ya lo ha declarado este Tribunal en reiterada jurisprudencia. el recurrente alega haber sido objeto de dos procesos distintos por los mismos hechos.)”. si se quiere. 6. se declarará prescrita la acción sin perjuicio del proceso civil o penal a que hubiera lugar (. es decir. e) y f). En caso contrario. por otro. pues no sólo presupone una identidad en razón a la persona y los hechos.° 005-90-PCM. por un lado.
el órgano administrativo queda inexorablemente vinculado a lo que en el proceso penal se haya declarado como probado o improbado. con la autorización que la Constitución Política del Perú le confiere. no se ha afectado el principio del ne bis in idem. 9. en el supuesto de existencia de una dualidad de procedimientos. Publíquese y notifíquese. razón por la cual la demanda no puede ser estimada. no se han vulnerado los derechos constitucionales invocados. Por tanto.significa que. FALLO Por los fundamentos expuestos. ALVA ORLANDINI AGUIRRE ROCA GONZALES OJEDA 55 . en el presente caso. Ha resuelto Declarar INFUNDADA la demanda. consecuentemente. el Tribunal Constitucional. SS.
al amparo del Artículo 148º de la Constitución Política del Perú.1.DEMANDA DE PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO Exp. con domicilio real en la Jr. que declara Infundado la Solicitud de Reposición Laboral. Sec. identificado con DNI Nº 41906066. Sáenz Peña Nº 940. 28°. 29° y siguientes del Decreto Supremo 0132008-JUS. me presento y digo: I.Contenido en el acto administrativo contenido en la Resolución de Alcaldía Nº 1246-2011MPCP de fecha 04 de Noviembre del 2011 y notificada 08 de Noviembre del mismo año.2. PETITORIO: Encontrándome dentro del término de Ley. que regula el PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ECRITO: 01 SUMILLA: DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO LABORAL DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO: JOSE ANTONIO WONG RIOS. 60 . y señalando domicilio procesal en Av. a Usted con el debido respeto. 28°. a lo establecido en la Ley Nº 27584 modificado por el Decreto Legislativo N° 1067 y regulado por los artículo 28°. solicitando tutela jurídica efectiva a través de la presente demanda Contenciosa Administrativa. acudo a su judicatura a fin de IMPUGNAR EL ACTO ADMINISTRATIVO: . Ramírez Hurtado Nº 270 – Pucallpa.
en forma injustificada y arbitraria. a quien se la deberá de notificar en Jr. debiendo tramitar el presente proceso en la VÍA DE PROCESO ABREVIADO. SOLICITANDO A SU JUDICATURA QUE MEDIANTE SENTENCIA FIRME DECLARE LA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS MENCIONADOS y ORDENE la Reposición Laboral del recurrente al cargo Apoyo al Custodio de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana. Tacna Nº 480. el recurrente fue contratado por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo desde el 01 de Abril del 2007 hasta el 31 de Diciembre de 2010 (3 años. en atención a las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas que en forma clara y precisa paso a exponer: II. bajo la modalidad de contrato administrativos de servicios. comprendido éste desde el 01 de Abril del 2007 hasta el 30 de Junio del 2008. posteriormente. a consecuencia de 10 contratos ininterrumpidos en la calidad de Apoyo al Custodio de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana. fecha última en que la entidad demandada SIN PREVIA COMUNICACIÓN. 3 meses de labores aproximadamente. conforme se encuentran debidamente acreditados con los medios probatorios que se adjunta a la presente. y siendo que dentro de dicho periodo. así como a la PROCURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo la misma que deberá emplazarse en el edificio Municipal. que adjunto a la postulada. es decir.Acción Contenciosa Administrativa que la dirijo contra la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo debidamente Representada por su Alcalde Don Víctor David Yamashiro Shimabukuro. suscribimos en forma sucesiva el contrato de Locación de Servicios. me negó el ingreso a mi Centro de Laboral al siguiente día hábil. conforme al Acta de Constatación Policial de fecha 03 de Enero del 2011. FUNDAMENTOS DE HECHO: PRIMERO: Señor Juez. desde el 01 Julio de 2008 hasta el 31 de Diciembre de 2010 seguí prestando mis servicios también como Apoyo al Custodio de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana. 9 meses aproximadamente). constituido éste en un primer periodo de 1 año. violando de esta manera mis derechos fundamentales como es el derecho al trabajo y a la estabilidad 61 . con todos los derechos reconocidos constitucionalmente.
modalidades cuya dimensión y naturaleza real no variaron desde un inicio. puesto que la esencia de la labor que el accionante venía desempeñando dentro de la institución demandada fue el de Apoyo al Custodio de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana. me desempeñé como servidor público. puesto que me encontraba laborando sujeto a un horario rígido. Leg. el recurrente laboró en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo en forma consecutiva bajo una primera modalidad de Servicios no Personales y.laboral consagrados en los artículos 22º. y en concordancia con el artículo 1º de la Ley 24041. sino laboral. bajo la modalidad de Contrato de Administración de Servicios. corresponde al suscrito mantenérsele dentro de dicho puesto laboral. supeditado a órdenes del Sub Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. es decir que las actividades que desarrollaba en virtud del referido contrato no eran de naturaleza civil. siendo la entrada de 7:30 am. conforme se tiene expuesto. por lo que en mérito al PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD. en un lugar fijo de trabajo. 62 . y las cuales se encuentra legalmente obligado a dar observancia. por ende el suscrito califica como trabajador de la demandada. y de salida horas 14:45 pm. conforme así se advierte del contenido de los contratos que aparejamos a la presente. trastocando las normas de carácter público que se invocan en la presente demanda como válido fundamento legal. no obstante de ello. 23º y 27º de nuestra Constitución Política concordante con la Ley Nº 24041. si bien es completamente cierto que el recurrente fue contratado a través del primer contrato por Locación de Servicios. es decir desde un primer momento el contrato de Locación de Servicios se vio desnaturalizado. en una segunda. fue distinta a la naturaleza establecida en el contrato. ahora. la solicitud de Reposición Laboral interpuesto oportunamente fueron denegados por la administración en forma arbitraria. y en virtud a que se trata de una entidad pública regida en materia laboral y para el caso específico por el D. SEGUNDO: En este sentido. 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. las condiciones bajo las que realizaba mi labor.
TERCERO : Asimismo. han tenido las características de subordinación. desde el 01 de Abril del 2007 y así sucesivamente hasta el 31 de Diciembre de 2010. lo fugaz o perentorio en el tiempo. lo que ahora la institución edil pretende desconocer bajo el argumento que el contrato bajo el régimen de Contrat ación Administrativa de Servicios del suscrito culminó el 31 de Diciembre de 2010. dependencia y permanencia. fue sustituido por el del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios . en ningún extremo dicha situación menoscaba mis derechos ya adquiridos. 09 meses aproximadamente de labores como Apoyo al Custodio de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana. reitera desempeñó labores de naturaleza permanente . CUARTO: Por otro lado. como se desprende de los contratos que se anexan como medios probatorios. siendo la otra razón en virtud al Principio de Primacía de la Realidad. por lo que el recurrente tiene derecho a la estabilidad laboral y al retorno a mi puesto de trabajo. habiendo la demandada declarado improcedente la petición de reposición laboral generando grave perjuicio económico y moral a mi persona. resultando evidente que las labores. si bien es cierto que el contrato de locación de servicios. es decir. tratándose de 03 años. el recurrente. que venía desempeñado.CAS. por el contrario ese periodo extenso no refleja sino la naturaleza permanente de la labor cómo Apoyo al Custodio de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana. 63 . y que por ende no resulta aplicable el régimen procesal de eficacia restitutiva. pues la temporalidad significa lo circunstancial. pues una de las primeras razones es que. por lo que en mérito a ello. al margen de la apariencia temporal y la modalidad del contrato reflejado en los contratos. es que debe considerarse que la labor que desempeñaba era de naturaleza permanente y que en definitiva s e encuentra acreditada con los contratos. por cuanto éste fue firmado últimamente. no resiste al menor análisis que una labor o función que tenga tan extenso periodo de duración pueda considerarse razonablemente como una labor o servicio de carácter “temporal”. mismo que resulta ser consecuencia de los primeros contratos. pues siempre he laborado en Apoyo al Custodio de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.
refiere que (…) los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente. que refiere textualmente lo siguiente: La contratación de un servidor para realizar labores administrativas de naturaleza permanente no puede renovarse por más de tres años consecutivos. superaron ampliamente el periodo de un año consecutivo. determinándose claramente que se trata de un contrato de trabajo en forma permanente. debe advertirse que el periodo de dicho contrato y sus renovaciones. que tengan más de un año ininterrumpido de servicios. por cuanto para ello debe ser de aplicación los establecido en el artículo 15º del Decreto Legislativo Nº 276. Vencido este plazo. y de naturaleza permanente. si bien la parte in fine del referido artículo 1º de la Ley Nº 24041 expresa que “ …sin perjuicio de la establecido en el artículo 15 de la misma ley”. utiliza la expresión “los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente”. 09 meses aproximadamente de labor prestada en mi condición de “Locador de Servicios”. acreditándose perfectamente que la labor que desempeñaba dentro de la institución Edil era de forma subordinada. computándose 3 años. es decir. tenemos que el artículo 1º de la Ley 24041. en este orden de ideas fácticas y jurídicas. Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a los servicios que por su propia naturaleza sean de carácter accidental o temporal. de lo precedentemente expuesto. el servidor que haya venido desempeñando tales labores podrá ingresar a la carrera administrativa. que el artículo 1º de la Ley Nº 24041 no debe interpretarse como el generativo del derecho de nombramiento de un servidor público en la entidad administrativa. conforme a los medios 64 . ahora bien. QUINTO: Así las cosas. supeditado a órdenes del Sub Gerente de Seguridad Ciudadana de dicha Área. aún cuando fue contratado en prima fase bajo la modalidad de contrato de locación de servicios. no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él…. debe interpretarse esta precisión como la aplicación de lo establecido en el artículo 15º del Decreto Legislativo Nº 276. SEXTO: Ahora bien.sujeto a un horario rígido. se colige que el suscrito. reconociéndosele el tiempo de servicios prestados como contratado para todos sus efectos. previa evaluación favorable y siempre que exista la plaza vacante.
S.1.. 937-2002-AA/TC. en concordancia con el Art. Ley Nº 27584 modificado por el Decreto Legislativo N° 1067 y regulado por los artículo 28°. 1358-2002-AA/TC-Lima. entiéndase por servidor público al ciudadano en ejercicio que presta servicios en entidades de la Administración Pública con nombramiento o contrato de autoridad competente”. por lo que mal puede la institución demanda en concluir mi contrato de trabajo en forma arbitraria e ilegal. que regula el PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – inciso 6º del Artículo 489º del Código Procesal Civil. como es el caso de sub materia de análisis. 125/2002-AA/TC-Moquegua. conforme es el criterio del Tribunal Constitucional tal como lo señala el autor Jorge Tayama Miyagusuku en su obra Instituciones del Derecho Laboral. 3° del D. tiene derecho a la estabilidad laboral. 26º . el Tribunal Constitucional sostiene que la prestación de servicios de carácter permanente e ininterrumpido por más de un año garantiza el acceso a la estabilidad laboral ( en virtud de la Ley Nº 24041) ”. derecho que se encuentra amparado por la Ley Nº24041 artículo 1º señalado líneas arriba. derecho de defensa. primera edición del 2004. 598-2000-AA/TC-Puno y 2371-2002-AA/TCLa Libertad.27º de la Constitución Política del Estado que señala “La Ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”. del mismo modo y con los mismos criterios también se puede observar en Diálogo con la jurisprudencia Nº 61. 28°. FUNDAMENTACION JURIDICA: Artículo 22º. 1275-97-AA/TC. sentencias de amparo recaídas en los expedientes Nº s. existiendo indefensión del trabajador para impugnar su despido si no hay una causa expresado por escrito al trabajador. que refiere: “En el caso de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad pública. 28°. hechos que incluso lesionan otros derechos constitucionales procesales como es el debido proceso. 137. 27º y 148º de la Constitución Política del Estado. 29° y siguientes del Decreto Supremo 013-2008-JUS.2. 296-297 recaída con los expedientes Nº s. buscando tutela jurisdiccional efectiva y accesoriamente el Artículo VII del Título Preliminar del Código 65 . 23872002-AA/TC-La Libertad. III. Pág. Octubre del 2003. Gaceta Jurídica. el suscrito en su condición de servidor público tal cual lo establece el Art. Nº 005-90-PCM que señala “para efectos de la Ley. 23º. Pág.probatorios mencionados y adjuntados al presente.
de conformidad con lo dispuesto en el Art. con la pertinencia de acreditar mi vínculo laboral de carácter ininterrumpido con la entidad demandada. VII. (…) ” IV.Ley Orgánica de Municipalidades. con la pertinencia de acreditar mi vínculo laboral de carácter ininterrumpido con la entidad demandada. con la pertinencia de acreditar mi vínculo laboral de carácter ininterrumpido con la entidad demandada. en su ARTÍCULO SEGUNDO se da por Agotada la Vía Administrativa. VI. corresponde al Procedimiento Especial tipificada en el artículo 28° del Decreto Supremo 013-2008-JUS. El mérito del Contrato de Locación de Servicio Nº 2325-2008-MPCP del 02 de Enero al 31 de Marzo. V. éste resulta inapreciable en dinero. VIA PROCEDIMENTAL: Para la tramitación de la presente demanda. MEDIOS PROBATORIOS Año 2007 1. El mérito del Contrato de Locación de Servicio Nº 0853-2007-MPCP del 01 de Abril al 30 de Setiembre. Año 2008 3. 50º de la Ley Nº 27972. El mérito del Contrato de Locación de Servicio Nº 1231-2007-MPCP del 01 de Octubre al 31 de Diciembre. MONTO DEL PETITORIO: Por la naturaleza del petitorio. 2. AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA: Mediante Resolución de Alcaldía Nº 1246-2011-MPCP de fecha 08 de Noviembre del 2011.Procesal Civil con respecto a que: “El Juez debe aplicar el Derecho que corresponda al proceso aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. 66 .
El mérito del Contrato Administrativo de Servicios Nº 290-2010-MPCP del 01 de Enero al 30 de Junio. con la pertinencia de acreditar mi vínculo laboral de carácter ininterrumpido con la entidad demandada. con la pertinencia de acreditar mi vínculo laboral de carácter ininterrumpido con la entidad demandada. El mérito del Contrato Administrativo de Servicios Nº 0095-2009-MPCP del 01 de Enero al 30 de Junio. 10. El mérito del Contrato Administrativo de Servicios Nº 684-2010-MPCP del 01 de Julio al 31 de Diciembre. con la pertinencia de acreditar mi vínculo laboral de carácter ininterrumpido con la entidad demandada. con la pertinencia de acreditar mi vínculo laboral de carácter ininterrumpido con la entidad demandada. 67 . El mérito del Contrato Administrativo de Servicios Nº 1091-2008-MPCP del 01 de Julio al 30 de Setiembre. El mérito del Contrato de Locación de Servicio Nº 1477-2008-MPCP del 01 de Octubre al 31 de Diciembre. 8. con la pertinencia de acreditar mi vínculo laboral de carácter ininterrumpido con la entidad demandada. Año 2010 9. 6. Año 2009 7.4. con la pertinencia de acreditar mi vínculo laboral de carácter ininterrumpido con la entidad demandada. con la pertinencia de acreditar mi vínculo laboral de carácter ininterrumpido con la entidad demandada. El mérito del Contrato Administrativo de Servicios Nº 632-2009-MPCP del 01 de Julio al 31 de Diciembre. El mérito del Contrato de Locación de Servicio Nº 0662-2008-MPCP del 01 de Abril al 30 de Junio. 5.
PRIMER OTROSÍ DIGO: Conforme lo dispuesto por el Artículo 74º.O. 1-H.P. 1-G. que acredita que la demandada me negó el ingreso a mi centro de labores el primer día hábil del año 2011. CAU Nº 501. para que en mi nombre y representación pueda presentar toda clase de escritos en el presente proceso. 1-D. otorgo facultades generales de representación al Abogado Cliff Richard Alegría Flores. 12. Papeleta de Habilitación de Abogado.. VIII. 1-E. Tres (03) Tasas por Cédula de Notificación. Artículo 290º de la L. Copia Fedatada de los Contratos de Locación de Servicios del 01 de Abril del 2007 al 30 de Junio de 2008. 22 de la Ley Nº 27584. El mérito de la Constatación Policial del 03 de Enero de 2011. con Reg. 80º del Código Procesal Civil. ANEXOS: 1-A. Original de la Resolución de Alcaldía Nº 1246-2011-MPCP de fecha 08 de Noviembre del 2011. El mérito de la Resolución de Alcaldía Nº 1246-2011-MPCP de fecha 08 de Noviembre del 2011. 13. que obra en poder de la entidad demandada. Copia de DNI del demandante.11. con la pertinencia de acreditar que se dio por Agotada la Vía Administrativa. El mérito del Expediente Administrativo de Trámite Externo Nº 34207-2011 y todos sus actuados. declarando estar instruido de los alcances de la representación otorgada. esto es el 03 de Enero del 2011. modificada por Ley Nº 26624.J. 68 . Copia Legalizada de la Constatación Policial del 03 de Enero de 2011. 1-B. Tasa por Ofrecimiento de Pruebas. Copia Fedatada de los Contratos Administrativos de Servicios del 01 de Julio de 2008 al 31 de Diciembre de 2010. 1-F. por lo que se le deberá oficiar de conformidad al Art. 1-C.
proveer conforme a Ley y en su oportunidad declararla fundada en todos sus extremos. POR TANTO: Sírvase señor Juez. Pucallpa. lugar donde solicito se me hagan llegar las providencias recaídas en la misma. Sáenz Peña Nº 940. 47º de la Constitución Política del Estado. 22 de la Ley Nº 27584 que regula – EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. admitir a trámite la presente demanda. 16 de Noviembre del 2011 69 .SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Por convenir a mí derecho señalo mi domicilio procesal en Av. TERCERO OTROSÍ DIGO: Se adjunta copia de la presente demanda y anexos a fin que se notifique al Procurador Público Municipal de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo de conformidad al Art. CUARTO OTROSÍ DIGO: Se Solicite la remisión del expediente administrativo a la entidad demandada de conformidad al Art.
org.com/web/revitem/43_12212_59205. 2010. Cedam. Nueva Ley Procesal del Trabajo. Jurisprudencia del proceso contencioso administrativo y del proceso de amparo en Perú. p. Editorial San Marcos E. Alvaro García Manrrique.p. 708-709 Revista – Derecho y Cambio Social.pe/item/60046/sentencias-estimatorias-en-el-procesocontencioso-administrativo.pe/csjica LibardoRodriguez R.RICHARD SAUSA CORNEJO Abogado egresado de la PUCP. http://www.pe/El%20proceso%20urgente%20en%20el%20proceso%20cont encioso.htm http://www. Ley 29497.X. http://blog.edu.unmsm. “Diritto Processuale Civile”.caln. BIBLIOGRAFIA. Lima.pj.pdf 70 . Ley No27584 Ley No27444 Ley 29060 Corte Superior de Justicia de Ica .edu. 293.pucp. pág. 971. http://www. 1996.gob.L.pe/bibvirtual/tesis/human/Martel_Ch_R/titulo_6.R. El Proceso Contencioso Administrativo – Universidad César Vallejo 1. La Explicación Histórica del Derecho Administrativo p. el Nuevo Proceso Laboral GOMEZ VALDEZ.html Salvatore Satta y Carmine Punzi.www. Derecho del Trabajo. 315.gob. Francisco.aempresarial.I. Máster por la Universidad deBologna(Italia)..pe/wps/wcm/connect/36dadf8046e50098a0d0a144013c2be7/EXP _504-2010-CA_120411.pj.pdf? http://sisbib.
Documents Similar To Monografia Proceso Contencioso Administrativo (Autoguardado)
El Proceso No Contencioso
monografia-PROCESOS-NO-CONTENCIOSOS-EN-LA-VíA-NOTARIAL..docx
El Proceso Urgente en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
Proceso Contencioso y No Contencioso Tributario
La Actividad Probatoria en El Proceso Contencioso Administrativo
Monografia Proceso Contencioso Administrativo
DERECHO ADUANERO MONOGRAFIAS TERMINADO.pdf
El Proceso Contencioso Administrativo en Materia Tributaria
Absolucion de Excepcion.
Los abogados en el Perú
FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN EN VALORES
More From Tony Cabrera
Libro La_Prueba.pdf
Ley que incorpora el artículo 108-A Ley 30054 06-06-2013
Recursos Naturales Estudio Echecopar

References: artículo 130
 artículo 240
 resolución 
 resolución 
 artículo 12
 resolución 
 artículo 540
 artículo 42
 artículo 42
 resolución 
 resolución 
 artículo 26
 artículo 27
 resolución 
 resolución 
 artículo 11
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 19
 artículo 13
 artículo 188
 artículo 238
 Artículo 41
 artículo 13
 artículo 126
 artículo 1
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 28
 artículo 167
 artículo 62
 artículo 77
 artículo 170
 artículo 112
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 39
 artículo 18
 artículo 1112
 artículo 17
 artículo 92
 artículo 4
 resolución 
 artículo 7
 resolución 
 Resolución 
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 39
 artículo 1
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 139
 artículo 26
 artículo 8
 Resolución 
 artículo 173
 artículo 28
 Resolución 
 artículo 230
 Artículo 148
 Resolución 
 artículo 28
 artículo 1
 artículo 15
in fine
 artículo 1
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 15
 artículo 28
 Artículo 489
 artículo 1
 Artículo 22
 artículo 28
 Resolución 
 Artículo 74
 Artículo 290
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 108