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Caso Merchan Tenorio
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Actualizado con la ley Nº 586 Ley de descongestionamiento y efectivización del
sistema procesal penal y LEY Nº 913 “ley de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas”
Prologo: Marco L. Maymura Milán
Comentarios técnicos de litigación,
Anotado con Doctrina, convenios y tratados internacionales.
Concordancia puntual
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional Gestiones
2001 – 2017 Doctrina legal aplicable penal - Tribunal Supremo de Justicia
Gestiones 2001 – 2017
Plazos y términos de procedimiento penal
Selección de jurisprudencia penal (Tribunal Supremo de Justicia 2015 – 2017)
ACTUALIZADA, AUMENTADA Y CORREGIDA
La Paz – Bolivia 2017
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENA
1° Edición DEPOSITO LEGAL:
©Marco Antonio Condori Mamani
Impreso en Bolivia - Printed in Bolivia ©Editorial e imprenta La Paz – Bolivia Se terminó de imprimir en JUNIO del 2017 Email: Corpmarkito@gmail.com Cel: 75360340
Diseño y composición: Marco Antonio Condori Mamani
libro puede reproducirse o
trasmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico
incluyendo fotocopias, grabación magnética o cualquier
almacenamiento de información y sistema de recuperación sin
permiso del Autor y del Editor. Aquellos que se encuentren
comerciando copias piratas de la presenta obra serán
aprehendidos para su debido proceso conforme a las
disposiciones de procedimiento penal.
A mi hijo Luis Matías, que pronto tendré en mis brazos, que el gran esfuerzo que hice para concluir este libro sea una inspiración y ejemplo para su vida, que tal vez que cuando nazca no tenga la noción de lo que significa este libro, pero sé que en un futuro entenderá el valor y apreciara el legado que dejare para él.
Para comenzar les envío un cordial saludos a todos los colegas Bolivianos, que siempre están con las puertas abiertas al conocimiento y que sin prejuicios valoran mis obras intelectuales, lo que para mi persona es gratificante. En esta oportunidad me dirijo a todos ustedes con la presente obra, que se podría denominar Enciclopedia del Procedimiento Penal Boliviano con lo último de las disposiciones legales vigentes. Esta obra está elaborada consultando más 30.000 Sentencias Constitucionales (TCP) y Autos Supremos (TSJ), también con los instrumentos internacionales de Derechos humanos (Convenios y Tratados internacionales), además de anotaciones doctrinales.
La obra “Análisis Doctrinal y Jurisprudencial del Código de
Procedimiento Penal” contiene la información más puntual, desarrollada y útil para todos los estudiosos de los derechos ávidos en conocimiento, con el que podrán llenar los vacíos legales que se les presenta en cada proceso judiciales. La presente obra es de consulta obligatoria, y un aporto a la carrera de Derecho.
Esperando que disfruten la presente y sea de gran ayuda en todos escritorios de aquellos que amamos el derecho, y trabajamos por brindar un buen servicio legal contribuyendo a la sociedad boliviana.
Director de Estrategias Legales Condori
Abogado y Consultor Empresarial.
MARCOS L. MAYMURA MILÁN 1 Catedrático de Derecho Constitucional y Derecho Penal
La primera edición de la obra “Código de Procedimiento Penal, Análisis Doctrinal y Jurisprudencial” del Dr. Marco
Antonio Condori Mamani, fue un rotundo éxito. Hoy tengo la oportunidad de realizar el Prólogo a la segunda edición
de esta obra, que sin lugar a dudas es de muchísima utilidad, publicada con el propósito de buscar constantemente una
correcta administración de justicia en materia penal. Queda claro que para interpretar la Ley, es necesario acudir al
estudio de la doctrina y la jurisprudencia.
Se puede afirmar que en Bolivia, el Derecho Penal Sustantivo y Adjetivo, han sufrido notables cambios, vivimos una
época muy turbulenta y se puede constatar una sociedad que está constantemente pidiendo a gritos, un cambio en
nuestro sistema penal, por considerarlo insuficiente e injusto. El sistema acusatorio introducido en nuestro país por la
Ley N O 1970 de 25 de marzo de 1999, promulgada por el gobierno del General Banzer, no ha podido satisfacer las
principales demandas tanto de quienes administran justicia (jueces y tribunales), como de aquellos que la piden, sean
las partes, los abogados y fiscales. El sistema acusatorio prometió mucho a principios del nuevo milenio, especialmente
me refiero a los cinco primeros años de entrada en vigencia (1999-2005). Hay muchos quienes consideran que ha sido
una gran decepción, porque en la práctica se protege más al delincuente qua a la víctima. Asimismo, también existen
aquellos que creen que ha significado un gran avance con relación al reconocimiento del “Debido Proceso”, con todos
los derechos fundamentales y garantías establecidas por la Constitución.
El proceso penal boliviano en la actualidad, está dividido en las siguientes etapas: etapa preparatoria, etapa del juicio
oral, etapa de los recursos y de ejecución de sentencias. La etapa fundamental del proceso es la etapa preparatoria,
que de acuerdo a la SC 1036 de 29 de agosto de 2002, está dividida en tres fases: 1) actos iniciales; 2) desarrollo de
la etapa preparatoria y, 3) actos conclusivos. Estableciendo que el Proceso Penal, comienza desde la notificación con
la imputación formal. En mi opinión creo que hemos avanzado, considerando que la Ley 1970, nos introdujo a un
Sistema Acusatorio, que es propio de un Estado de Derecho democrático, aunque obviamente tiene sus imperfecciones.
Siguiendo a José M a Asencio Mellado, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante, “el Proceso
Penal (…) constituye una garantía del propio Estado de Derecho, de su dignidad, de su adaptación a fines democráticos.
No es posible en un Estado de estas características la existencia de un Proceso Penal atentatorio u opuesto a los valores
de la cultura democrática, cuando ello sucede debe dudarse de la autenticidad del sistema y concluir que solo
aparentemente, tiene esa consideración. Así lo sostuvo GOLDSCHMIDT, cuando afirmó que “la estructura del Proceso
Penal de una Nación no es otra cosa que el termómetro de los elementos corporativos y autoritarios de su Constitución”
(ASENCIO MELLADO, José María, “El Proceso Penal con todas sus garantías”, Derecho Procesal Penal, Estudios
Fundamentales, 1ª ed., INPECCP, CENALES, Perú, 2016, pp. 34-35).
1 Marcos L. Maymura Milán (Abogado Constitucionalista), ha realizado estudios de Postgrado en Derecho Constitucional, Derecho Civil y Educación Universitaria. Ha sido Catedrático en la “Escuela Militar de Ingeniería” (EMI), “Universidad NUR” de Santa Cruz de la Sierra y en la “Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz de la Sierra” (UTEPSA), dictando materias de investigación, Derecho Constitucional, Derecho Penal y Derecho Civil. Es el autor de los siguientes libros: “Cómo Prepararse para un Examen de Grado de Derecho” (1ª y 2ª edición, 2007-2008), y “Presidentes de Bolivia y Derecho Constitucional”, 1ª edición 2015. El Dr.
Maymura Milán, dedica gran parte de su tiempo a la Cátedra, la investigación científica, y también se desempeña como asesor de
“Examen de Grado de Derecho”.
Evidentemente nuestro Código de Procedimiento Penal ha sufrido modificaciones por la Ley N O 007 (Modificaciones
al Sistema Normativo Penal), Ley N O 045 de Lucha contra el Racismo, Ley N O 548 (Código niñ@ y adolescentes),
Ley N 0 004 de Lucha contra la Corrupción denominada Marcelo Quiroga Santa Cruz, y Ley N O 586 de
descongestionamiento y efectivización del sistema procesal penal. De todo esto, es posible recapitular las principales
consecuencias: 1) Se produce una ampliación en los plazos de las actuaciones policiales en la investigación preliminar
a 60 días, 80 días en caso de investigar organizaciones criminales y 120 días en caso de delitos financieros y
cooperación internacional (plazos que en la práctica no se cumplen); 2) En lo referente a la Suspensión Condicional
de la Pena y el Perdón Judicial, no beneficia a personas condenadas por delitos de corrupción; 3) La Etapa Intermedia
y los Jueces Ciudadanos, prácticamente han desaparecido. Creando grandes susceptibilidades, porque se cree que es
una clara violación al principio del “Debido Proceso” y al principio del “Control Social” en la administración de
justicia penal. 4) Se establece un Procedimiento inmediato para el caso de Delitos Flagrantes; 5) Existe un
procedimiento especial para el caso de delitos cometidos por menores de edad (Ley N O 548).
En estos días, la última novedad es la Ley N O 913 de “Lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas”,
que junto a la Ley N O 906 de la Coca, y la futura “Ley del Sistema Penal en Bolivia” tratan de sepultar la cuestionada
Ley N O 1008, promulgada durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Dije que la Ley 1008 es cuestionada,
precisamente porque siempre fue considerada inconstitucional, pero la nueva Ley de lucha contra el narcotráfico,
también está impregnada de aspectos inconstitucionales. En países como Bolivia, siempre tendremos este problema,
porque los derechos y las garantías constitucionales, se encuentran con un límite al tratarse de la investigación de
organizaciones criminales ligadas al narcotráfico. Considero que, en una futura Asamblea o reforma de la Constitución,
deberá tratarse con más seriedad el tema de los derechos fundamentales, ya que los mismos no son absolutos, sino que
admiten excepciones, que deben estar expresamente determinadas en la Constitución como norma jurídica suprema
del Estado, para de esta manera, no tener ningún inconveniente en la investigación de los delitos.
Es posible destacar los aspectos más importantes de la nueva Ley de Lucha contra el Narcotráfico (Ley 913), de la
siguiente manera: 1) Establece la nacionalización de la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas (art. 6).
2) La acción de pérdida de dominio de bienes a favor del Estado, es de naturaleza jurisdiccional, especial e
independiente de cualquier otra acción judicial o administrativa. La acción de pérdida de dominio de bienes a favor
del Estado, se ejercerá en cualquier momento, por ser bienes de procedencia ilícita vinculados a actividades de tráfico
ilícito de sustancias controladas que no pueden configurar un derecho de propiedad por carecer de título legítimo; (…).
El Estado garantiza y respeta los derechos adquiridos de buena fe en la acción de pérdida de dominio de bienes. Para
iniciar la acción de pérdida de dominio de bienes a favor del Estado, no es necesario que el titular del derecho, poseedor
o tenedor del bien, haya participado en la actividad ilícita que compromete los bienes, ya que es independiente de la
existencia de un proceso penal por delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas (art. 70). Es posible
que ya no se requiera de una Sentencia Condenatoria ejecutoriada para la incautación de bienes a favor del Estado. 3)
Se crean los Juzgados Especializados en Pérdida de Dominio, los cuales tendrán competencia para conocer y resolver
procesos de pérdida de dominio de bienes ilícitos por actividades de tráfico de sustancias controladas (Art. 71). 4)
“Toda persona que sin ser parte del proceso, tenga un derecho sobre el bien objeto de la acción de pérdida de dominio
podrá apersonarse e intervenir en el mismo. Su derecho podrá ser ejercido en todo momento, incluso en ejecución de
sentencia”, señala textualmente el Artículo 75. Esto se debe a que la Constitución garantiza el derecho de propiedad
obtenido de buena fe (art. 56 CPE). 5) En la acción de pérdida de dominio de bienes a favor del Estado proceden las
siguientes Medidas Cautelares Reales: Anotación Preventiva, Secuestro, Incautación, Retención de fondos en cuentas
bancarias (art. 82). 6) La sentencia emitida en el proceso de pérdida de dominio que alcance su ejecutoria tendrá el
valor de cosa juzgada material; ningún Juez o Tribunal ordinario puede declararse competente para su revisión (art.
116). 7) Aquellos que proporcionen valiosa información sobre el tráfico de sustancias controladas recibirán una
recompensa económica (art. 9). 8) Los Sentenciados o imputados por narcotráfico pueden obtener una reducción de su
pena en el primer caso, y la aplicación de una sanción menor en el segundo, con la condición de prestar ayuda en la
investigación del caso por el cual se lo procesa o en otro similar. 9) Un Juez puede ordenar la intervención de
telecomunicaciones en la etapa preparatoria de la investigación de un caso. Esto no podrá extenderse por más de seis
meses (arts. 11-14). Esta disposición es inconstitucional, ya que la Constitución establece la inviolabilidad de las
comunicaciones privadas y no admite excepción alguna. La Constitución establece: “Ni la autoridad pública, ni
persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalación que
las controle o centralice. La información y prueba obtenidas con violación de correspondencia y comunicaciones en
cualquiera de sus formas no producirán efecto legal (Art. 25 parágrafos III y IV)”. De esto, surge la pregunta: ¿Son
necesarios los pinchazos telefónicos? La respuesta es Sí. Precisamente, voy a enfatizar que, este aspecto deberá ser
tratado en una futura Asamblea Constituyente, estableciendo una excepción para el caso de investigar organizaciones
criminales ligadas al narcotráfico. 10) En una investigación por drogas no se podrá invocar la confidencialidad en
materia comercial, de valores, seguros, tributaria o financiera (art. 15). 11) Toda persona natural o jurídica, que requiera
manejar, manipular o realizar cualquier actividad lícita con sustancias controladas, tiene la obligación de registrarse
ante la instancia competente del Ministerio de Gobierno o del Ministerio de Salud, según corresponda (art. 16). 12)
Las empresas públicas y privadas, cooperativas, sindicatos y asociaciones de transporte aéreo, terrestre, marítimo,
lacustre y fluvial, deberán exigir a los consignatarios de las mercancías de manera obligatoria, la autorización emitida
por el Ministerio de Salud o del Ministerio de Gobierno, según corresponda, para la internación, transporte o salida de
territorio aduanero nacional de sustancias controladas (art. 21). 13) El Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico
Ilícito de Drogas - CONALTID es el máximo organismo para el diseño, aprobación, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas. El CONALTID está
conformado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Gobierno,
Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud. Será presidido por la o el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
y en su ausencia por la o el Ministro de Gobierno (art. 38). 14) Se crea el “Observatorio Boliviano de Seguridad
Ciudadana y Lucha Contra las Drogas” para reunir información sobre criminalidad transnacional y delitos varios. 15)
Se crea el “Centro de Investigaciones Técnico Científico en Toxicología y Sustancias Controladas”, dependiente del
Instituto de Investigaciones Técnico Científico de la Universidad Policial (IITCUP). En resumen la Ley de Lucha
Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas contiene 124 artículos, 11 disposiciones transitorias, siete
disposiciones adicionales, cuatro disposiciones abrogatorias y derogatorias, tres disposiciones modificatorias, cinco
disposiciones finales, anexos con cinco listas y una resolución ministerial.
El libro del Dr. Condori Mamani, se ha constituido en una pieza clave para entender la evolución de la administración
de justicia penal en Bolivia. La obra contiene un análisis doctrinal y jurisprudencial, de nuestro Código de
Procedimiento Penal, tomando en cuenta las principales jurisprudencias dictadas por el Tribunal Constitucional y
Tribunal Supremo de Justicia 2001-2016, con todas las modificaciones que ha sufrido a lo largo de prácticamente
17 años de haber sido puesto en vigencia. Para concluir, podría decirles con toda seguridad que, es una obra especial
para todas aquellas personas estudiosas del Derecho Penal en Bolivia sean Estudiantes, Jueces, Fiscales y Abogados.
Al mismo tiempo, expreso mi agradecimiento al autor, por haberme tomado en cuenta para comentar al principio de
esta obra, y además felicitarle por demostrar constantemente su deseo de contribuir para que el estudio del Derecho,
evolucione favorablemente en nuestro país, con el “único propósito de alcanzar la Justicia, que es el fin del
Derecho”. ¡Dios Bendiga a Bolivia!
Santa Cruz de la Sierra 11 de mayo de 2017
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C.N.N.A.
L.D.D.P.
Ley de Defensa Publica
Ley de Ejecución Penal y Supervisión.
14 | 852
LEY Nº 1970
Artículo 1º.- (Ninguna condena sin juicio previo y proceso legal)
Artículo 2º.- (Legitimidad)
Artículo 3º.- (Imparcialidad e independencia)
Artículo 4º.- (Persecución penal única)
Artículo 5º.- (Calidad y derechos del imputado)
Artículo 6º.- (Presunción de inocencia)
Artículo 7º.- (Aplicación de medidas cautelares y restrictivas)
Artículo 8º.- (Defensa material)
Artículo 9º.- (Defensa Técnica)
Artículo 10º.- (Intérprete)
Artículo 11.- (Garantía de la Víctima)
Artículo 12º.- (Igualdad)
Artículo 13º.- (Legalidad de la prueba)
Artículo 14º.- (Acciones)
Artículo 15º.- (Acción Penal)
Artículo 16º.- (Acción penal pública)
Artículo 17º.- (Acción penal pública a instancia de parte)
Artículo 18º.- (Acción penal privada)
ARTÍCULO 19. (DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA A INSTANCIA DE PARTE)
Artículo 20º.- (Delitos de acción privada)
Artículo 21º.- (Obligatoriedad)
Artículo 22º.- (Efectos)
Artículo 23º.- (Suspensión condicional del proceso)
Artículo 24º.- (Condiciones y Reglas)
Artículo 25º.- (Revocatoria)
“Artículo 26. (CONVERSIÓN DE ACCIONES)
Artículo 27º.- (Motivos de extinción)
Artículo 28º.- (Justicia comunitaria)
Artículo 29º.- (Prescripción de la acción)
Artículo 29 Bis. (Imprescriptibilidad).
Artículo 30º.- (Inicio del término de la prescripción)
Artículo 31º.- (Interrupción del término de la prescripción)
Artículo 32º.- (Suspensión del término de la prescripción)
Artículo 33º.- (Efectos)
Artículo 34º.- (Tratados internacionales)
Artículo 35º.- (Prohibiciones y limitaciones en el ejercicio de la acción penal)
Artículo 36º.- (Acción civil)
Artículo 37º.- (Ejercicio)
Artículo 38º.- (Concurrencia de acciones)
Artículo 39º.- (Cosa juzgada penal)
Artículo 40º.- (Cosa juzgada civil)
Artículo 41º.- (Ejercicio de la acción civil por el fiscal)
Artículo 42º.- (Jurisdicción)
Artículo 43º.- (Órganos)
Artículo 44º.- (Competencia, carácter y extensión)
Artículo 45º.- (Indivisibilidad de juzgamiento)
Artículo 46º.- (Incompetencia)
Artículo 47º.- (Convalidación)
Artículo 48º.- (Jurisdicción ordinaria y especial)
Artículo 49º.- (Reglas de competencia territorial)
Artículo 50º.- (Corte Suprema de Justicia)
Artículo 51º.- (Cortes Superiores de Justicia)
Artículo 52. (TRIBUNALES DE SENTENCIA)
Artículo 53. (Jueces de Sentencia)
Artículo 54. (Jueces de Instrucción)
Artículo 55º.- (Jueces de Ejecución Penal)
Artículo 56º.- (Secretarios)
Artículo 57º.- (Jueces ciudadanos. Requisitos)
Artículo 58º.- (Impedimentos)
Artículo 59º.- (Padrón General)
Artículo 60º.- (Lista de ciudadanos)
Artículo 61º.- (Sorteo de los jueces ciudadanos)
Artículo 62º.- (Audiencia de constitución del Tribunal)
Artículo 63º.- (Circunstancias extraordinarias)
Artículo 64º.- (Deberes y atribuciones de los jueces ciudadanos)
Artículo 65º.- (Sanción)
Artículo 66º.- (Remuneración)
Artículo 67º.- (Casos de conexitud)
Artículo 68º.- (Efectos)
Artículo 69º.- (Función de Policía Judicial)
Artículo 70º.- (Funciones del Ministerio Público)
Artículo 71º.- (Ilegalidad de la prueba)
Artículo 72º.- (Objetividad)
Artículo 73º.- (Actuaciones fundamentadas)
POLICIA NACIONAL E INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORENSES
Artículo 74º.- (Policía Nacional)
Artículo 75º.- (Instituto de Investigaciones Forenses)
Artículo 76º.- (Víctima)
Artículo 77º.- (Información a la víctima)
Artículo 78º.- (Querellante)
Artículo 79º.- (Derechos y facultades del querellante)
Artículo 80º.- (Pluralidad de querellantes)
Artículo 81º.- (Representación convencional)
Artículo 82º.- (Deber de atestiguar)
Artículo 83º.- (Identificación)
Artículo 84º.- (Derechos del imputado).
Artículo 85. (ADOLESCENTES EN EL SISTEMA PENAL)
Artículo 86º.- (Enajenación mental)
Artículo 87º.- (Rebeldía)
Artículo 88º.- (Impedimento del imputado emplazado)
Artículo 89º.- (Declaratoria de rebeldía)
Artículo 90. (Efectos de la Rebeldía)
Artículo 91º.- (Comparecencia)
Artículo 91 Bis. (Prosecución del Juicio en Rebeldía)
Artículo 92º.- (Advertencias preliminares)
Artículo 93º.- (Métodos prohibidos para la declaración)
Artículo 94º.- (Abogado defensor)
Artículo 95º.- (Desarrollo de la declaración)
Artículo 96º.- (Varios imputados)
Artículo 97º.- (Oportunidad y autoridad competente)
Artículo 98º.- (Registro de la declaración)
Artículo 99º.- (Careo del imputado)
Artículo 100º.- (Inobservancia)
Artículo 101º.- (Incompatibilidad de la defensa)
Artículo 102º.- (Número de defensores)
Artículo 103º.- (Defensor común)
Artículo 104º.- (Renuncia y abandono)
Artículo 105º.- (Sanción por abandono malicioso)
Artículo 106º.- (Defensor mandatario)
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Artículo 107º.- (Defensa Estatal)
Artículo 108º.- (Exención)
Artículo 109º.- (Representación sin mandato)
Artículo 110º.- (Responsabilidad)
Artículo 111º.- (Idioma)
Artículo 112º.- (Copias)
Artículo 113º.- (Audiencias)
Artículo 114º.- (Sentencia)
Artículo 115º.- (Interrogatorios)
Artículo 116º.- (Publicidad)
Artículo 117º.- (Oralidad)
Artículo 118º.- (Día y hora de cumplimiento)
Artículo 119º.- (Lugar)
Artículo 120º.- (Actas)
Artículo 121º.- (Testigos de actuación)
Artículo 122°.- (Poder coercitivo)
Artículo 123°.- (Resoluciones)
Artículo 124°.- (Fundamentación)
Artículo 125°.- (Explicación, complementación y enmienda)
Artículo 126°.- (Resolución ejecutoriada)
Artículo 127°.- (Copia auténtica)
Artículo 128°.- (Mandamientos)
Artículo 129°.- (Clases de mandamientos)
Artículo 130°.- (Cómputo de plazos)
Artículo 131°.- (Renuncia o abreviación)
Artículo 132°.- (Plazos para resolver)
CONTROL DE LA RETARDACION DE JUSTICIA
Artículo 133°.- (Duración máxima del proceso)
Artículo 134°.- (Extinción de la acción en la etapa preparatoria)
Artículo 135°.- (Retardación de justicia)
COPERACION INTERNA
Artículo 136º.- (Cooperación Directa)
Artículo 137º.- (Exhortos y Ordenes instruidas)
COOPERACION JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA INTERNACIONAL
Artículo 138°.- (Cooperación)
Artículo 139°.- (Requisitos)
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Artículo 140°.- (Negación o suspensión de asistencia)
Artículo 141°.- (Devolución de documentos)
Artículo 142°.- (Asistencia de las partes)
Artículo 143°.- (Gastos)
Artículo 144°.- (Asistencia de la autoridad requeriente)
Artículo 145°.- (Exhortos)
Artículo 146°.- (Residentes en el extranjero)
Artículo 147°.- (Pericias)
Artículo 148°.- (Investigaciones internacionales)
Artículo 148 Bis. (Recuperación de Bienes en el Extranjero)
Artículo 149°.- (Extradición)
Artículo 150°.- (Procedencia)
Artículo 151°.- (improcedencia)
Artículo 152°.- (Pena más benigna)
Artículo 153°.- (Ejecución diferida)
Artículo 154°.- (Facultades del tribunal competente)
Artículo 155°.- (Concurso de solicitudes)
Artículo 156°.- (Extradición activa)
Artículo 157°.- (Extradición pasiva)
Artículo 158°.- (Procedimiento)
Artículo 159°.- (Preferencia)
Artículo 160°.- (Notificaciones)
Artículo 161°.- (Medios de notificación)
Artículo 162°.- (Lugar de notificación)
Artículo 163°.- (Notificación personal)
Artículo 164°.- (Requisitos de la notificación)
Artículo 165°.- (Notificación por edictos)
Artículo 166°.- (Nulidad de la notificación)
Artículo 167°.- (Principio)
Artículo 168°.- (Corrección)
Artículo 169°.- (Defectos absolutos)
Artículo 170°.- (Defectos relativos)
Artículo 171°.- (Libertad probatoria)
Artículo 172°.- (Exclusiones probatorias)
Artículo 173°.- (Valoración)
Artículo 174°.- (Registro del lugar del hecho)
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Artículo 175°.- (Requisa personal)
Artículo 176°.- (Requisa de vehículos)
Artículo 177°.- (Levantamiento e identificación de cadáveres)
Artículo 178°.- (Autopsia o necropsia)
Artículo 179°.- (Inspección ocular y reconstrucción)
Artículo 180°.- (Allanamiento de domicilio)
Artículo 181°.- (Facultades coercitivas)
Artículo 182°.- (Mandamiento y contenido)
Artículo 183°.- (Procedimiento y formalidades)
Artículo 184°.- (Entrega de objetos y documentos. Secuestros)
Artículo 185°.- (Objetos no sometidos a secuestro)
Artículo 186°.- (Procedimiento para el secuestro)
Artículo 187°.- (Locales públicos)
Artículo 188°.- (Secuestro y destrucción de sustancias controladas)
Artículo 189°.- (Devolución)
Artículo 190°.- (Incautación de correspondencia, documentos y papeles)
Artículo 191°.- (Apertura y examen).
Artículo 193°.- (Obligación de testificar)
Artículo 194°.- (Capacidad de testificar y apreciación)
Artículo 195°.- (Tratamiento especial)
Artículo 196°.- (Facultad de abstención)
Artículo 197°.- (Deber de abstención)
Artículo 198°.- (Compulsión)
Artículo 199°.- (Declaración por comisión)
Artículo 200°.- (Forma de la declaración)
Artículo 201°.- (Falso Testimonio)
Artículo 202°.- (Informantes de la policía)
Artículo 203°.- (Testimonios especiales)
Artículo 204°.- (Pericia)
Artículo 205°.- (Peritos)
Artículo 206°.- (Examen médico)
Artículo 207°.- (Consultores Técnicos)
Artículo 208°.- (Impedimentos)
Artículo 209°.- (Designación y alcances)
Artículo 210°.- (Excusa y Recusación)
Artículo 211°.- (Citación y aceptación del cargo)
Artículo 212°.- (Ejecución)
Artículo 213°.- (Dictamen)
Artículo 214°.- (Nuevo. Ampliación)
Artículo 216°.- (Documentos)
Artículo 217°.- (Documentos y elementos de convicción)
Artículo 218°.- (Informes)
Artículo 219°.- (Reconocimiento de personas)
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Artículo 220°.- (Careo)
Artículo 221°.- (Finalidad y alcance)
Artículo 222. (Carácter)
MEDIAS CUATELARES DE CARÁCTER PERSONAL
Artículo 223. (Presentación espontánea)
Artículo 224°.- (Citación)
Artículo 225°.- (Arresto)
Artículo 226. (Aprehensión por la Fiscalía)
Artículo 227°.- (Aprehensión por la policía)
Artículo 228°.- (Libertad)
Artículo 229° (Aprehensión por particulares)
Artículo 230° (Flagrancia)
Artículo 231°.- (Incomunicación)
Artículo 232°.- (Improcedencia de la detención preventiva)
Artículo 233. (Requisitos para la detención preventiva)
Artículo 234. (Peligro de Fuga)
Artículo 235. (Peligro de Obstaculización)
Artículo 235 bis. (PELIGRO DE REINCIDENCIA)
Artículo 235 ter. (Resolución)
Artículo 236°.- (Competencia, forma y contenido de la decisión)
Artículo 237°.- (Tratamiento)
Artículo 238°.- (Control)
Artículo 239. (CESACIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA)
Artículo 240. (Medidas Sustitutivas a la Detención Preventiva)
Artículo 241°.- (Finalidad y determinación de la fianza)
Artículo 242. (Fianza Juratoria)
Artículo 243. (Fianza Personal)
Artículo 244°.- (Fianza real)
Artículo 245°.- (Efectividad de la libertad)
Artículo 246°.- (Acta)
Artículo 247. (CAUSALES DE REVOCACIÓN)
Artículo 248°.- (Ejecución de las fianzas)
Artículo 249°.- (Cancelación)
Artículo 250º.- (Carácter de las decisiones)
Artículo 251. (APELACIÓN)
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Artículo 252. (Medidas Cautelares Reales)
PROCEDIMIENTO DE INCAUTACIÒN
Artículo 253. (Solicitud de Incautación).
Artículo 253 Bis. (Tramite de Incautación en Delitos de Corrupción)
Artículo 254º.- (Resolución de incautación)
Artículo 255º.- (Incidente sobre la calidad de los bienes)
Artículo 256º.- (Incidente sobre acreencias)
Artículo 257ª.- (Dependencia y Atribuciones de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes
Incautados)
Artículo 258º.- (Régimen de Administración de Bienes Incautados)
Artículo 259º.- (Forma de administración)
Artículo 260º.- (Administración y destino de bienes confiscados y decomisados)
Artículo 261º.- (Bienes vacantes)
Artículo 262º.- (Registro de empresas Administradoras)
Artículo 263º.- (Selección de la Empresa Administradora)
Artículo 264º.- (Contenido)
Artículo 265º.- (Imposición)
Artículo 266º.- (Costas al imputado y al Estado)
Artículo 267º.- (Denuncia falsa o temeraria)
Artículo 268º.- (Incidentes)
Artículo 269º.- (Recursos)
Artículo 270º.- (Acción Privada)
Artículo 271º.- (Resolución)
Artículo 272º.- (Liquidación y ejecución)
Artículo 273º.- (Beneficio de gratuidad)
Artículo 274º.- (Revisión)
Artículo 275º.- (Determinación)
Artículo 276º.- (Fondo de Indemnizaciones)
22 | 852
Artículo 277º.- (Finalidad)
Artículo 278º.- (Persecución penal pública e investigación fiscal)
Artículo 279º.- (Control jurisdiccional)
Artículo 280º.- (Documentos de la investigación)
Artículo 281º.- (Reserva de las actuaciones)
Artículo 282. (Agente encubierto)
Artículo 283º (Entrega vigilada)
Artículo 284º.- (Denuncia)
Artículo 285º.- (Forma y contenido)
Artículo 286º.- (Obligación de denunciar)
Artículo 287º.- (Participación y responsabilidad)
Artículo 288º.- (Denuncia ante la policía)
Artículo 289º.- (Denuncia ante la Fiscalía)
Artículo 290º.- (Querella)
Artículo 291º.- (Objeción)
Artículo 292º.- (Desistimiento y abandono)
Artículo 293º.- (Diligencias preliminares)
Artículo 294º.- (Atención Médica)
Artículo 295º.- (Facultades)
Artículo 296º.- (Aprehensión)
Artículo 297º.- (Dirección Funcional)
Artículo 298º.- (Informe al fiscal)
Artículo 299º.- (Control)
Artículo 300. (TÉRMINO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR)
Artículo 301. (Estudio de las actuaciones policiales)
Artículo 302º.- (Imputación formal)
Artículo 303º.- (Detención en sede policial)
Artículo 304º.- (Rechazo)
Artículo 305º.- (Procedimiento y efectos)
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Artículo 306º.- (Proposición de diligencias)
Artículo 307º.- (Anticipo de prueba)
Artículo 308. (EXCEPCIONES)
Artículo 309º.- (Perjudicialidad)
Artículo 310º.- (Incompetencia)
Artículo 311º.- (Conflicto de competencia)
Artículo 312º.- (Falta de acción)
Artículo 313º.- (Otras excepciones)
Artículo 314. (TRÁMITES)
Artículo 315. (RESOLUCIÓN)
Artículo 316º.- (Causales de excusa y recusación)
Artículo 317º.- (Interesados)
Artículo 318. (TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE EXCUSAS)
Artículo 319. (OPORTUNIDAD DE RECUSACIÓN)
Artículo 320. (TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE LA RECUSACIÓN)
Artículo 321. (EFECTOS DE LA EXCUSA Y RECUSACIÓN)
Artículo 322º.- (Separación de secretarios)
Artículo 323. (Actos Conclusivos)
Artículo 324º.- (Impugnación del Sobreseimiento)
Artículo 325. (PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTO CONCLUSIVO)
Artículo 326. (ALCANCE DE SALIDAS ALTERNATIVAS)
Artículo 327. (CONCILIACIÓN)
Artículo 328. (TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE SALIDAS ALTERNATIVAS)
Artículo 329º.- (Objeto)
Artículo 330º.- (Inmediación)
Artículo 331º.- (Participación de los medios de comunicación)
Artículo 332º.- (Prohibiciones para el acceso)
Artículo 333º.- (Oralidad)
Artículo 334. (CONTINUIDAD)
Artículo 335º.- (Casos de suspensión)
Artículo 336º.- (Reanudación de la audiencia)
Artículo 337º.- (Imposibilidad de asistencia)
Artículo 338º.- (Dirección de la audiencia)
Artículo 339º.- (Poder ordenador y disciplinario)
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Artículo 340. (PREPARACIÓN DEL JUICIO)
Artículo 341. (CONTENIDO DE LA ACUSACIÓN)
Artículo 342º.- (Base del juicio)
Artículo 343º.- (Señalamiento de la audiencia)
Artículo 344º.- (Apertura)
Artículo 344 Bis. (Procedimiento de Juicio Oral en Rebeldía por Delitos de Corrupción)
Artículo 345. (TRÁMITE DE LOS INCIDENTES)
Artículo 346º.- (Declaración del imputado y presentación de la defensa)
Artículo 347º.- (Facultad del imputado)
Artículo 348º.- (Ampliación de la acusación)
Artículo 349º.- (Pericia)
Artículo 350º.- (Prueba testifical)
Artículo 351º.- (Interrogatorio)
Artículo 352º.- (Moderación del interrogatorio)
Artículo 353º.- (Testimonio de menores)
Artículo 354º.- (Contradicciones)
Artículo 355º.- (Otros medios de prueba)
Artículo 356º.- (Discusión final y clausura del debate)
Artículo 357º.- (Juez de sentencia)
Artículo 358º.- (Deliberación)
Artículo 359º.- (Normas para la deliberación y votación)
Artículo 360º.- (Requisitos de la sentencia)
Artículo 361º.- (Redacción y lectura)
Artículo 362º.- (Congruencia)
Artículo 363º.- (Sentencia absolutoria)
Artículo 364º.- (Efectos de la absolución)
Artículo 365º.- (Sentencia condenatoria)
Artículo 366. (Suspensión Condicional de la Pena)
Artículo 367º.- (Efectos)
Artículo 368. (Perdón Judicial)
Artículo 369º.- (Responsabilidad Civil)
Artículo 370.- (Defectos de la sentencia)
REGISTRO DEL JUICIO
Artículo 371º.- (Formas de registro)
Artículo 372º.- (Valor de los registros)
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y
MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO COMÚN
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Artículo 373. (PROCEDENCIA)
Artículo 374º.- (Trámite y resolución)
PROCEDIMIENTO POR DELITOS DE ACCION PENAL PRIVADA
Artículo 375º.- (Acusación particular)
Artículo 376º.- (Desestimación)
Artículo 377º.- (Conciliación)
Artículo 378º.- (Retracción)
Artículo 379º.- (Procedimiento posterior)
Artículo 380º.- (Desistimiento)
Artículo 381º.- (Abandono de la querella)
PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACION DEL DAÑO
Artículo 382º.- (Procedencia).
Artículo 383º.- (Demanda)
Artículo 384º.- (Contenido)
Artículo 385º.- (Admisibilidad)
Artículo 386º.- (Audiencia y resolución)
Artículo 387º.- (Recursos y ejecución)
Artículo 388º.- (Caducidad)
MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO COMUN
Artículo 389º.- (Menores imputables)
Artículo 390º.- (Violencia doméstica)
Artículo 391º.- (Diversidad cultural)
Artículo 392. (Juzgamiento de Jueces)
Artículo 393º.- (Privilegio constitucional)
Artículo 393 Bis. (PROCEDENCIA)
Artículo 393 Ter. (AUDIENCIA)
Artículo 393 Quater. (ACTOS PREPARATORIOS DE JUICIO INMEDIATO)
Artículo 393 Quinquer. (JUICIO INMEDIATO)
Artículo 393 sexter. (Sentencia)
Artículo 394º.- (Derecho de recurrir)
Artículo 396º.- (Reglas generales)
Artículo 397º.- (Efecto extensivo)
Artículo 398º.- (Competencia)
Artículo 399º.- (Rechazo sin trámite)
Artículo 400º.- (Reforma en perjuicio)
Artículo 401.- (Procedencia)
Artículo 402.- (Trámite y resolución)
Artículo 403º.- (Resoluciones apelables)
Artículo 404º.- (Interposición)
Artículo 405º.- (Emplazamiento y remisión)
Artículo 406º.- (Trámite)
RECURSO DE APELACION RESTRINGIDA
Artículo 407º.- (Motivos)
Artículo 408º.- (Interposición)
Artículo 409º.- (Emplazamiento y remisión)
Artículo 410º.- (Ofrecimiento de prueba)
Artículo 411º.- (Trámite)
Artículo 412º.- (Audiencia de prueba o de fundamentación)
Artículo 413º.- (Resolución del recurso)
Artículo 414º.- (Rectificación)
Artículo 415º.- (Libertad del imputado)
Artículo 416º.- (Procedencia)
Artículo 417º.- (Requisitos)
Artículo 418º.- (Admisión del recurso)
Artículo 419º.- (Resolución del recurso)
Artículo 420º.- (Efectos)
Artículo 421º.- (Procedencia)
Artículo 422º.-(Legitimación)
Artículo 423º.- (Procedimiento)
Artículo 424º.- (Sentencia)
Artículo 425º.- (Nuevo juicio)
Artículo 426º.- (Efectos)
Artículo 427º.- (Rechazo)
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Artículo 428º.- (Competencia)
Artículo 429º.- (Derechos)
Artículo 430.- (Ejecución)
Artículo 431º.- (Ejecución diferida)
Artículo 432º.- (Incidentes)
Artículo 433º.- (Libertad condicional)
Artículo 434º.- (Trámite)
Artículo 435º.- (Revocación de la libertad condicional)
Artículo 436º. - (Multa)
Artículo 437º. - (Inhabilitación)
Artículo 438º. - (Perdón del ofendido)
Artículo 439º.- (Medida de seguridad)
Artículo 440º.- (Registro de antecedentes penales)
Artículo 441º.- (Cancelación de antecedentes)
Artículo 442º.- (Reserva de la información)
Primera.- (Causas en trámite)
Segunda.- (Aplicación anticipada)
Tercera.- (Duración del proceso)
Cuarta.- (Disposiciones orgánicas transitorias)
Quinta.- (Bienes incautados)
Primera.- (Vigencia)
Segunda.- (Comisión Nacional de Implementación de la Reforma)
Tercera.- (Comité Ejecutivo de Implementación)
Cuarta.- (Atribuciones del Comité Ejecutivo de Implementación)
Quinta.- (Presupuesto)
Sexta.- (Derogatorias y Abrogatorias)
Séptima.- (Modificaciones)
Octava.- (Abrogatorias, derogatorias y modificaciones)
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NOTA IMPORTANTE DEL AUTOR: LEY Nº 348, DE 9 DE MARZO DE 2013, LEY INTEGRAL PARA
GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN CUANTO AL
PROCEDIMIENTO, SEÑALA LO SIGUIENTE:
ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las
juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios
establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:
1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones,
notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortos, órdenes
instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas.
2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar
estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento.
4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente
obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad.
5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público,
resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima.
6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará
durante el menor número de días consecutivos.
7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para
salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales
de las mujeres en situación de violencia.
8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no
solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización.
9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni
impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables.
10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo
remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente.
11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra
las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple.
12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad
física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público.
13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente
las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer
durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las
14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y
tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten
a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y
oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho.
15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que
haya sufrido violencia.
ARTÍCULO 87 (DIRECTRICES DE PROCEDIMIENTO). En todos los procedimientos administrativos,
judiciales e indígena originario campesinos, se aplicarán las siguientes directrices:
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3. Disposición de medidas de protección para salvaguardar a mujeres en situación de violencia.
4. Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia
ARTÍCULO 88. (ATENCIÓN PERMANENTE). Las y los jueces de Instrucción en materia de violencia hacia las
mujeres, por turno, deberán estar disponibles las veinticuatro (24) horas para adoptar las medidas de protección y
restricción necesarias.
ARTÍCULO 89. (RESERVA). El proceso por hechos de violencia es reservado, salvo que la propia mujer, previa
información, libre y oportuna, solicite la total o parcial publicidad. En todos los casos se mantendrá en estricta reserva
el nombre de la víctima.
ARTÍCULO 90. (DELITOS DE ORDEN PÚBLICO). Todos los delitos contemplados en la Presente Ley, son
delitos de acción pública.
ARTÍCULO 91. (DECLARATORIA DE REBELDÍA). En los casos de delitos previstos en la presente Ley, se
declarará rebelde al imputado cuando no se presente a la primera audiencia señalada por la autoridad jurisdiccional,
después de haber sido notificado legalmente.
ARTÍCULO 92. (PRUEBA). Se admitirán como medios de prueba todos los elementos de convicción obtenidos, que
puedan conducir al conocimiento de los hechos denunciados. La prueba será apreciada por la jueza o el juez,
exponiendo los razonamientos en que se funda su valoración jurídica.
ARTÍCULO 93. (MEDIOS ALTERNATIVOS). Para la presentación de la prueba, la mujer en situación de violencia
podrá decidir si se acoge al procedimiento regular o a los medios optativos siguientes:
ARTÍCULO 94. (RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO). Ninguna mujer debe tener la
responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su
situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las
pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer
agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización.
En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante,
será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios
gratuitos de los Servicios Integrales de Atención.
La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia
contra la mujer por su situación de riesgo.
ARTÍCULO 95. (PRUEBA DOCUMENTAL). Además de otras establecidas por Ley se admitirá como prueba
documental, cualquiera de las siguientes:
1. Certificado médico expedido por cualquier institución de salud pública o privada, homologado por médico
2. Informe psicológico y/o de trabajo social, expedido por profesionales que trabajen en instituciones públicas o
privadas especializadas en la temática y reconocidas legalmente.
ARTÍCULO 96. (VALORACIÓN DE ANTECEDENTES DE PERSONAS FALLECIDAS). Los antecedentes de
víctimas o testigos que no puedan comparecer a la audiencia de juicio oral en razón de su fallecimiento, siempre y
cuando consten en actas escritas y recibidas según procedimiento, serán valoradas como prueba por la autoridad
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ARTÍCULO 97. (APRECIACIÓN DE LA PRUEBA). Las pruebas pueden ser presentadas junto a la denuncia,
contestación, audiencia o antes de emitirse la resolución; la falta de prueba a tiempo de plantear la denuncia o demanda,
no impedirá la admisión de la misma.
ARTÍCULO 98. (RESPONSABILIDAD CIVIL). Ejecutoriada la sentencia, la autoridad judicial procederá a la
calificación y reparación del daño civil.
II. Las opiniones expertas se limitan a una opinión que orientará la comprensión del hecho, podrán presentarse en
cualquier momento del proceso, antes de que la sentencia sea dictada y no tendrán calidad de parte ni derecho a
cobrar honorarios.
ARTÍCULO 100. (DENUNCIA O ACUSACIÓN FALSA). Quien hubiere sido falsamente denunciado o acusado
como autor y/o participe en la comisión de un delito contemplado en la presente Ley, podrá iniciar la acción
correspondiente, con la resolución fiscal de rechazo de la denuncia o de sobreseimiento, o concluido el proceso con
sentencia absolutoria ejecutoriada.
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Artículo 1º.- (Ninguna condena sin juicio previo y proceso legal) 2 . Nadie será condenado a sanción alguna si no es
por sentencia ejecutoriada, dictada luego de haber sido oído previamente en juicio oral y público, celebrado conforme
a la Constitución, las Convenciones y Tratado internacionales vigentes y este Código.
C.P.P.: Art. 2 a 13 ; 42 ; 44 ; 45 ; 48 ; 72 ; 73 ; 116 ; 117; 123 ; 124 ; 279 ; 329 ; 330 ; 333 ; 334 ; 362 ; 365 ; 375 ;
389 ; 394 ; 428.
C.P.E.: Art. 13 , IV ; 110 ; 113 ; 115 ; 117 , I ;
L.T.C.: Art. 1 ; 3 ; 4 ; 42 ; 44 , I).
120 , I ; 122 ; 123 ; 137 ; 139 , II ; 180 , I y II ; 256 ; 257 , I.
COMENTARIO TECNICO PARA ARGUMENTAR:
Esto significa que el individuo debe ser acusado de la comisión de un hecho ilícito concreto, presentándose pruebas en
su contra; y debe tener la oportunidad de defenderse alegando sus derechos y presentando las pruebas que tenga para
Entonces, en base a estos elementos, el juez juzgara los hechos y finalmente dictara sentencia, absolviendo o
condenando; solo en este último caso, mediante sentencia condenatoria surgida del debido ¨juicio previo¨, el individuo
podrá ser castigado.
La normativa internacional señalada por el bloque de constitucionalidad, también plasma el derecho al debido proceso
comprendiendo en él las garantías de tipo sustantivo y procesal y en ésta última el derecho a un plazo razonable, es así
que el art. 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), prevé que todo acusado de un
delito tiene derecho “A ser juzgado sin dilaciones indebidas”; por su parte la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, establece que dicha garantía es un elemento básico del debido proceso legal, expresando en su art. 8, que
toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías “dentro de un plazo razonable” y en su art. 7.5 dispone
que: “…toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por
la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en
libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso…”.
La referida normativa, es concordante con lo previsto por el art. 115 de la CPE, que dispone: “I. Toda persona será
protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II.
El Estado garantiza el derecho a la defensa y a una justica plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y
sin dilaciones”.
A su vez, la jurisprudencia sentada por éste Tribunal, en la SCP 0110/2012 de 27 de abril, señaló que: “En el Estado
Plurinacional Boliviano, la Norma Fundamental consagra determinados derechos estatuidos con la finalidad de limitar
el poder del Estado, ya exigiendo una abstención o asignando un deber de prestación. Dentro del derecho penal, la
Constitución Política del Estado ofrece un sistema de control ante los órganos jurisdiccionales, por tal motivo
2 CADH: Art. 7. Derecho a la Libertad Personal.- 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
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ha incorporado una variedad de principios, encontrándose entre ellos el de la 'celeridad', que obliga a que el
imputado sea juzgado dentro de un plazo razonable.
En el nuevo y vigente orden constitucional, el art. 115 de la CPE, determina la protección oportuna y efectiva de las
partes por el órgano jurisdiccional en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, así como garantiza el derecho
al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; precepto
constitucional que se sustenta, conforme se anotó, en el principio de celeridad, previsto por el art. 180.I cuando señala:
'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad,
celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido
proceso e igualdad de las partes ante el juez´; en consecuencia, la celeridad, es entre otros requisitos, la exigencia
esencial de la administración de justicia y, es por ello, que la Ley del Órgano Judicial, en su art. 3.7. adopta este
principio el cual 'comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia”.
PROTECCIÓN TUTELAR DEL DEBIDO PROCESO Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
S.C.P. 0094/2015 – S1 de Sucre, 13 de febrero de 2015
En cuanto a los elementos o derechos que lo componen, a partir de la interpretación sistemática, axiológica y
teleológica de los arts. 115.II, 117.I y II; y, 180 en relación al 13 de la Norma Suprema, se concluye que el debido
proceso, constituido en la mayor garantía constitucional de la administración de justicia, lleva inmerso en su núcleo
una gran cantidad de derechos y garantías, como ser: 1) Derecho a la defensa; 2) Derecho al juez natural e imparcial;
3) Garantía de presunción de inocencia; 4) Derecho a ser asistido por un traductor o intérprete; 5) Derecho a un
proceso público; 6) Derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable; 7) Derecho a recurrir; 8)
Derecho a la legalidad de la prueba; 9) Derecho a la igualdad procesal de las partes; 10) Derecho a no declarar
contra sí mismo y a no confesarse culpable; 11) Derecho a la congruencia entre acusación y condena, de donde se
desprende el derecho a una debida fundamentación y motivación de los fallos judiciales; 12) La garantía del non bis
in idem; 13) Derecho a la valoración razonable de la prueba; 14) derecho a la comunicación previa de la acusación;
15) Concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; 16) Derecho a la comunicación privada con su
defensor; y, 17) Derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no
tuviere medios o no nombrare un defensor particular.
No obstante, debe tomarse en cuenta que el cúmulo de derechos previamente enumerados, no se constituyen en un
parámetro limitativo del campo de protección que abarca el debido proceso, sino que permiten establecer el contenido
expansivo de aquellos otros derechos que en el tiempo, y de acuerdo a las nuevas necesidades de la sociedad
cambiante, puedan desprenderse de ellos.
Es precisamente en atención a estos elementos constitutivos del debido proceso, que la jurisprudencia constitucional,
le ha reconocido una triple dimensión a su ámbito de aplicación; es decir, como derecho fundamental de los
justiciables, como principio procesal y como garantía de la administración de justicia.
En ese marco, se reconoce al debido proceso como derecho fundamental, porque se halla destinado a proteger al
ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, originado no solo en actuaciones u omisiones procesales, sino
también en las decisiones que se adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones
jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de
las autoridades a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico.
Del mismo modo y de acuerdo al contenido del art. 178.I de la CPE, el debido proceso se constituye también en un
principio que rige a la administración de justicia ordinaria; en tal sentido, deberá concebírselo como un ideal
orientador en la estructuración del Órgano Judicial respecto a sus competencias y al establecimiento de
procedimientos que aseguren, entre otras cosas, el ejercicio del derecho a la defensa; sin embargo, no podemos
apartarnos de su verdadera esencia que se trasunta en la obligatoriedad impuesta a los administradores de justicia
de asegurar y garantizar la emisión de decisiones correctas, razonables e imparciales que, enmarcadas dentro de los
cánones legales, materialicen el mayor fin del Estado: Construir una sociedad justa y armoniosa para vivir bien (arts.
8. II y 9.I de la CPE).
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En su dimensión de garantía jurisdiccional, se le atribuye la particularidad de constituirse en un medio de protección
de otros derechos fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso como la motivación
de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, la facultad de recurrir, entre otros, y que se aplican a
toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales
inherentes al debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades, pero también las partes
intervinientes en el proceso, en aplicación y resguardo del principio de igualdad.
En consecuencia, el debido proceso, se sustenta en la observancia obligatoria e ineludible de las formas propias de
cada proceso, mismas que se encuentran previamente establecidas en el ordenamiento jurídico y que señalan con
claridad las actuaciones, actos, diligencias y resoluciones de la iniciación del proceso, de su desarrollo y definición,
en todas las instancias y etapas previstas de cada caso en particular.
Entonces, y atendiendo la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, concebida como un mecanismo
judicial extraordinario destinado a la protección inmediata de derechos fundamentales cuando éstos resulten
vulnerados o amenazados, el procedimiento que se siga para su restablecimiento, protección y ejercicio, se encuentra
pues consagrado a través del debido proceso como derecho en sí mismo, como principio y como garantía
jurisdiccional, que por mandato constitucional obliga a su aplicación a través de la observancia y respecto de todo el
acervo normativo, se trate de disposiciones constitucionales, jurisprudencia, leyes, reglamentos, etc., que garantizan
la efectivización de derechos y garantías constitucionales establecidas y reconocidas por la Ley Fundamental.
Así lo ha establecido este Tribunal a través de la reiterada jurisprudencia, habiendo insistido en que, de forma especial
e implícita, este mecanismo extraordinario de tutela, debe observar la relación entre los derechos esenciales que se
vinculen con el debido proceso a objeto de su protección y/o restitución.
EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO A LA DEFENSA EN PROCESOS
S.C.P. 0184/2017-S3 Sucre, 13 de marzo de 2017
La SCP 0722/2015-S3 de 1 de julio, haciendo referencia a la SC 0239/2010-R de 31 de mayo, sostuvo que: “En
definitiva, teniendo en cuenta que la Constitución Política de Estado rige para todos los bolivianos, y por sus efectos
o irradiación del derecho al juez natural, a la defensa y a la presunción de inocencia, previstos como garantías
jurisdiccionales, son también aplicables a los procesos administrativos, y a todos aquellos procesos que se presentan
en la esfera privada de las instituciones, asociaciones o cooperativas en las que se ventile o se tenga que determinar
una situación con efectos jurídicos y que indudablemente repercuten en los derechos de las personas…”.
Continuando con la mencionada Sentencia, la misma estableció que: “El debido proceso es el derecho de toda persona
a un proceso justo y equitativo. Comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias
procesales, a fin de que una persona a quien se le imputa la comisión de un delito o contravención, pueda defenderse
adecuadamente. Su cumplimiento es obligatorio, así lo determinó la SC 0119/2003-R de 28 de enero, que sostuvo:
derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o
administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el constituyente para proteger la
libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales’.
La jurisprudencia constitucional, precisó en la SC 2801/2010-R de 28 de diciembre: “Conforme prevé el art. 115.II
de la CPE, el Estado garantiza el derecho al debido proceso y a la defensa; respecto al debido proceso, la amplia
jurisprudencia constitucional desarrollada, indica que es de aplicación inmediata, vinculante a todas las autoridades
judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal, prevista por el Constituyente para
proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales. Además
este derecho tienes dos connotaciones: la defensa de la que gozan las personas sometidas a un proceso con
formalidades específicas, a través de una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del
mismo modo, respecto a quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan conocimiento y acceso a
los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones, conforme al procedimiento preestablecido; por ello,
el derecho a la defensa es inviolable por los particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio. Al
respecto la SC 0121/2010-R de 10 de mayo, indicó que: ‘El debido proceso, entendido como el derecho de toda
persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas
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generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, consagrado en nuestro texto
constitucional en una triple dimensión, en los arts. 115.II y 117.I como garantía, en el art. 137 como derecho
fundamental y en el art. 180 como principio procesal; y en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como derecho humano
El debido proceso en su triple dimensión, no solo es aplicable en materia penal, por el contrario su alcance es general
y la amplia jurisprudencia constitucional ha sentado un precedente contundente al establecer que toda sanción, sea
en el ámbito privado o público, debe ser impuesta previo a un proceso, en el cual se respeten los derechos y garantías
reconocidos en la Norma Suprema. En ese marco, la SC 0026/2007-R de 22 de enero, señaló: ‘
sentado que la garantía del debido proceso, no es únicamente aplicable en materia penal, sino a toda la esfera
sancionadora en la que una persona se le atribuye la comisión de una falta que vulnera el ordenamiento
administrativo’.
Por su parte la SCP 1293/2014 de 23 de junio, estableció que: ‘
entendimiento asumido no es ajeno al ámbito
privado, el cual también se encuentra sometido al imperio de la Constitución, por tanto cualquier sanción que se
aplique en ámbitos societarios privados, deben ser determinados, observando los contenidos mínimos del derecho al
debido proceso. Cita la SCP 1419/2012 de 24 de septiembre, que expone lo que sigue: ‘En ese entendido, para la
separación o expulsión de un asociado, corresponde indicar que la decisión que se asuma no debe ser arbitraria,
sino por el contrario, debe responder a las normas legales, estatutarias y reglamentarias que rigen a la asociación
y que de manera clara deben establecer las causales y procedimientos de separación y expulsión, debiendo el
asociado conocer los motivos de su expulsión o separación para que en su caso pueda impugnar la decisión, lo
contrario desconocería el núcleo esencial del derecho de asociación’.
Respecto al caso analizado, se debe confrontar si dentro de los hechos denunciados, evidentemente se vulneraron los
derechos al debido proceso y a la defensa” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
Igualmente, la SCP 1259/2015-S3 de 9 de diciembre, concluyó que: “Los alcances del debido proceso implica el
derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el cual se respeten los derechos de las partes, adecuándose
los mismos a disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar. En
cuanto a la obligatoriedad de su respeto, la SC 0119/2003-R de 28 de enero, sostuvo que: ‘…el derecho al debido
proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una
garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la
fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales…’.
Por otra parte, debe recordarse que el debido proceso se encuentra ligado de manera intima al derecho a la defensa,
así la SC 1534/2003-R de 30 de octubre, señaló lo siguiente: ‘El debido proceso comprende a su vez el derecho a la
defensa, previsto por el art. 16.II de la CPE, como potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio
presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le
franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas
condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de
acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos’.
En el ámbito de relaciones societarias privadas y las sanciones que puedan imponerse al interior de las mismas, el
debido proceso, regula y limita la potestad sancionatoria, estableciendo los elementos mínimos que deben ser
observados de manera previa a la imposición de una sanción, siendo uno de ellos la prohibición de sancionar sin
la existencia de un previo proceso; es decir, el ejercicio efectivo del derecho a la defensa, la posibilidad de que quien
está acusado de algo, tenga la posibilidad de conocer los motivos, presentar sus descargos, las pruebas que estime
convenientes, acceder a los medios de impugnación, concluyéndose de esta manera que cuando no se observaran estos
requisitos y se impone una determinada sanción, se considerara a la misma como a una medida arbitraria de facto,
siendo viable su impugnación directa a través de la acción de amparo constitucional.
Este Tribunal en una problemática donde se denunciaba la imposición de una sanción sin la existencia de un proceso
previo, en la SC 1787/2011-R de 7 de noviembre determinó que el ‘El debido proceso es transversal a todo
procedimiento sancionatorio, haciendo a su esencia misma, en razón a que no podrá aplicarse sanción alguna sin
haber previamente escuchado los argumentos de defensa de la parte acusada. El ámbito particular no puede apartarse
del respeto absoluto al debido proceso’”
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GESTIONES PARA INDAGAR y DESARROLLAR EL
Principio de legalidad antecedentes históricos legislativos.– S.C. Nº 0440/2003 – R de 8 de abril.
Principio de legalidad. – derecho penal liberal – S.C. 0038/2007 de 7 de agosto.
Derecho al debido proceso, convención americana sobre derechos humanos.- S.C. Nº 009/2003 – R de 5
Inexistencia de procesamiento indebido, antes de la imputación formal.- S.C. Nº 0282/2004 –R de 1 de
Derecho fundamental a la seguridad jurídica.- S.C. Nº0054/2002 – R de 17 de enero.
Debido proceso (concepto, su alcance y su contexto).- S.C. 0732/2011 –R; S.C. 1053/2010 –R; S.C.
1006/2010 – R ; S.C. 1007/2010 – R ; S.C. 0163/2010 – R ; S.C. 0119/2010 –R ; S.C. 1145/2010 – R ; S.C.
0612/2011 – R ; 0683/2011 –R ; S.C. 0053/2012 – R.
Debido proceso penal (motivación de las resoluciones).- S.C.P. 1360/2014 de 7 de julio.
Protección tutelar del debido proceso y sus elementos constitutivos.- S.C.P. 0094/2015-S1 de 13 de
El derecho al debido proceso y el derecho a la defensa en procesos sancionatorios.- S.C.P. 0184/2017-
S3 Sucre, 13 de marzo de 2017.
AUTO SUPREMO Nº 345/2015-RRC Sucre, 03 de junio de 2015
En el ordenamiento jurídico boliviano, el debido proceso se encuentra reconocido en la Constitución Política del Estado
en una triple esfera tanto como derecho, garantía y principio. El debido proceso como derecho se encuentra establecido
en el art. 115.11 de la Constitución Política del Estado (CPE) que señala: "El Estado garantiza el derecho al debido
proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones"; por otro lado,
como garantía, dispone el art. 117.1 de la referida norma que: "Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido
oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad
judicial competente en sentencia ejecutoriada"; finalmente, como un principio procesal, el art. 180.I. de la CPE,
establece que: "La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad,
transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez,
verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez".
Entonces se entenderá al debido proceso como un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas
garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir la oportunidad
de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez o tribunal, quienes deben observar los derechos
fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de
los derechos subjetivos; la Constitución Política del Estado, reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al
constituirse en fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar
el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en ella. Debe añadirse que
el debido proceso está referido al cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales en materia de
procedimiento; en este contexto, se encuentra presente en todas las etapas del proceso penal, desde la investigación
inicial ante la comisión de un hecho ilícito, hasta la ejecutoria de la Sentencia.
Debido proceso, garantías – A.S. Nº 233 de 4 de julio de 2006.
Legalidad, principio – A.S. Nº 210 de 16 de agosto de 2008.
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Debido proceso, garantía del consagrado en la Constitución y el Código de procedimiento Penal – A.S.
Nº 646 de 21 de octubre de 2004.
Garantía Del Debido Proceso.- A.S. Nº 370/2015-RRC de 12 de junio de 2015.
Debido Proceso.- A.S. Nº 203 de 16 de julio de 2013.
Derecho Al Debido Proceso.- A.S. Nº 043/2016-RRC de 21 de enero de 2016.
Debido proceso.- A.S. Nº 345/2015-RRC de 03 de junio de 2015
Artículo 2º.- (Legitimidad). Nadie será juzgado por comisiones o tribunales especiales ni sometido a otros órganos
jurisdiccionales que los constituidos conforme a la Constitución y a la ley, con anterioridad al hecho de la causa.
C.P.P.: Art. 1 ; 3 ; 42 a 44 ; 48 ; 50 a 55 ; 279 ; 389 a 391 ; 393.
C.P.: Art. 37.
C.P.E.: Art. 116 , II ; 117 , I ; 120 , I ; 122 ; 123.
L.O.J.: Art. 1 , 1) , 2) , 5) , 7) , 9) , 12) ; 2 ; 3 ; 25 ; 26.
Al respecto corresponde señalar que el debido proceso legal, se funda entre otros, en la garantía del Juez natural, que
está integrada por los elementos de la competencia, la independencia y la imparcialidad del juzgador. La
competencia, en cuanto medida de la jurisdicción, solo emana de la ley, es indelegable e improrrogable, salvo por
razón de territorio, en este último caso, los actos de quienes usurpen funciones que no les competen así como los actos
de quienes ejerzan jurisdicción o potestad que no emana de la ley, son nulos por mandato del artículo 122 de la
Constitución Política del Estado. El poder jurisdiccional del Estado que se atribuye al conjunto de jueces, sean estos
ordinarios o especializados está limitado en razón de su competencia, que se determina mediante parámetros que
claramente se establecían en la Ley de Organización Judicial abrogada, vigente en el momento de la emisión de los
fallos de instancia, y en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley del Órgano Judicial. En consecuencia, al ser la competencia
la medida de la jurisdicción también es de orden público, indelegable y nace únicamente de la ley.
EL DEBIDO PROCESO EN SU ELEMENTO DEL JUEZ NATURAL
0289/2015-S2
Sucre, 26 de febrero de 2015
F.J.III.5(
)conforme
al Fundamento Jurídico III.3, el derecho al Juez natural como una vertiente del debido proceso,
se tiene claramente establecido como el derecho que tiene toda persona a ser oída por una autoridad jurisdiccional
competente, independiente e imparcial, no pudiendo ser sometido a otras jurisdicciones que las establecidas con
anterioridad al hecho de la causa; así como la garantía de la existencia de un proceso justo y equitativo donde sus
derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales, las mismas que son aplicables a todos
aquellos casos que se encuentran en situación similar( ) ...
PRECEDENTE REITERADO:
F.J.III.3.La SCP 1373/2014 de 7 de julio, con relación al debido proceso en su elemento del Juez natural, recoge los
razonamientos de este Tribunal, a través de la SCP 2033/2013 de 13 de noviembre, dejando establecido que: “El
derecho al juez natural está inmerso en el art. 120.I de la CPE, que establece: 'Toda persona tiene derecho a ser oída
por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones
especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa'.
La previsión constitucional transcrita, constituye una garantía para toda persona que deba ser sometida a un proceso,
sea en materia penal, disciplinaria, administrativa, civil, familiar, laboral, tributaria y en general a todo ámbito donde
se desarrolle una causa en la que quien esté sometida a ella, tiene que ser oída y juzgada, necesariamente por un juez
predeterminado, que además tenga competencia y que actúe con independencia e imparcialidad; es decir que, la
competencia de quien tenga a su cargo un proceso, debe ser de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas,
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teniendo en cuenta los criterios de territorio, materia y cuantía; pero además, para resolver la cuestión puesta en su
conocimiento, debe estar libre de toda injerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado, garantizando
su independencia, así como también su imparcialidad, exento de todo interés o relación personal con el problema, de
tal forma que al momento de adoptar una decisión y emitir su resolución, lo haga de la forma más objetiva posible para
alcanzar el valor de la justicia. El derecho al juez natural, compone uno de los elementos de la garantía del debido
proceso, entendida esta última como: '…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus
derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen
en una situación similar…'( ) ...
PRECEDENTE: SC 0418/200-R de 2 de mayo
Juez natural y competente.- S.C. Nº 0053/2005 –R de 20 de enero.
El Derecho Del Juez Natural.- S.C. Nº 0055/2014 de 3 de enero.
El Debido Proceso En Su Elemento Del Juez Natural.- S.C.P. Nº 0289/2015-S2 de 26 de febrero.
El derecho al juez natural en su elemento competencia se tutela a través de la acción de amparo
constitucional.- S.C.P. Nº 0089/2016 –S3 de 14 de enero.
JUEZ IMPARCIAL COMO GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO Y EL INSTITUTO DE LA
AUTO SUPREMO Nº 176/2016-RRC
Este Tribunal Supremo de Justicia, ha sentado doctrina sobre los razonamientos referidos al Juez imparcial como
garantía del debido proceso e instituto de la recusación, en varios Autos Supremos, entre ellos el 324/2013-RRC de 6
de diciembre; por el cual, se tiene el siguiente marco doctrinal:
“Entre los derechos y garantías reconocidos a las partes en general que intervienen en una contienda jurisdiccional,
está el debido proceso, que tiene una triple dimensión, pues desde el enfoque de la nueva Constitución Política del
Estado, es concebido como derecho, garantía y principio. Uno de los elementos que lo componen y que hacen a su
configuración garantista de derechos y garantías dentro de un proceso, en este caso penal, está el derecho a un juez
imparcial, entendido como la garantía de que la autoridad competente para conocer una determinada causa, esté
libre de prejuicios o influencias negativas respecto de las partes o al objeto del proceso que está bajo su conocimiento,
factores que de estar presentes, podrían influir en la resolución justa del caso; dicho de otro modo, el Juez imparcial
como componente del debido proceso, exige que aquel que decida la controversia judicial sometida a su
conocimiento, se halle exento de todo interés o relación personal con el conflicto, manteniendo una posición
objetiva al momento de adoptar una decisión y emitir una Resolución. Manuel Osorio, en su Diccionario de Ciencias
Jurídicas, Políticas y Sociales, señala: “…la imparcialidad constituye la principal virtud de los jueces. La parcialidad
del Juzgador, si es conocida, puede dar motivo a su recusación”.
Siguiendo esa línea de análisis, la normativa adjetiva penal, prevé el instituto de la recusación, que es entendida como
la facultad que tienen las partes litigantes de pedir que un juez se abstenga de administrar justicia en un determinado
proceso por considerar que tiene interés en el mismo o concurre una o varias de las causales expresamente señaladas
por ley, cuestionando su imparcialidad; de modo que, su finalidad es la de garantizar el respeto al derecho al “juez
imparcial”.”
Con la finalidad de evitar dilaciones indebidas en el desenvolvimiento procesal, que produce retardación de justicia,
en aplicación del principio de celeridad como elemento de la garantía del debido proceso, se puso en vigencia la Ley
586 de 30 de octubre de 2014, de “Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal”, que entre los
institutos que modificó, se encuentra el nuevo régimen de las Excusas y Recusaciones incursos en los arts. 316 a 322
del CPP, habiendo modificado específicamente los arts. 318 (Trámite y Resolución de Excusas), 319 (Oportunidad de
Recusar), 320 (Trámite y resolución de Recusación) y 321 (Efectos de la excusa y recusación), de la citada norma
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Con la finalidad de resolver el caso concreto, es preciso establecer que, existiendo alguna de las causales de excusa
previstas en el art. 316 de la norma procesal penal, la autoridad jurisdiccional debe seguir el trámite establecido al
efecto, conforme se advierte del art. 318 del CPP, con la modificación de la ley en actual vigencia, que dispone:
“I. La o el Juez comprendido en alguna de las causales establecidas en el artículo 316 del presente Código, está
obligado a excusarse en el término de veinticuatro (24) horas mediante resolución fundamentada, apartándose de forma
inmediata del conocimiento del proceso.
II. La o el Juez que se excuse, remitirá en el día la causa a la o el Juez que deba reemplazarlo, quien asumirá
conocimiento del proceso inmediatamente y proseguirá su curso sin interrupción de actuaciones y audiencias;
asimismo, remitirá en el día copias de los antecedentes pertinentes ante la Sala Penal correspondiente del Tribunal
Departamental de Justicia, la que sin necesidad de audiencia debe pronunciarse en el plazo improrrogable de cuarenta
y ocho (48) horas de recibidos los actuados, bajo alternativa de incurrir en retardación de justicia, sin recurso ulterior.
Si el Tribunal Superior acepta o rechaza la excusa, según el caso, ordenará a la o el Juez reemplazante o a la o el Juez
reemplazado que continúe con la sustanciación del proceso. Todas las actuaciones de uno y otro Juez conservarán
III. Cuando la o el Juez que se excusa integra un Tribunal, pedirá a éste que lo separe del conocimiento del proceso,
sin suspender actuados procesales, el mismo Tribunal se pronunciará sobre la aceptación o rechazo de la excusa, en
caso de ser aceptada, se elevarán copias de los antecedentes ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de
Justicia, la que se pronunciará en el plazo improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, desde su recepción, bajo
responsabilidad, sin recurso ulterior.
IV. Cuando el número de excusas impida la existencia de quórum o se acepte la excusa de alguno de sus miembros, el
Tribunal se complementará de acuerdo a lo establecido en las disposiciones orgánicas” (negrillas nuestras).
Ahora bien, en cuanto a las recusaciones, el art. 319 del CPP, modificado en el art. 8 de la Ley 586, dispone:
“I. La recusación podrá ser interpuesta por una sola vez:
1. En la etapa preparatoria, dentro de los tres (3) días de haber asumido la o el Juez, conocimiento de la causa.
2. En la etapa del juicio, dentro del término establecido para los actos preparatorios de la audiencia; y,
3. En los recursos, dentro del plazo para expresar o contestar agravios.
II. Cuando la recusación se funde en una causal sobreviniente, podrá plantearse dentro de los tres (3) días de conocida
la causal, acompañando la prueba pertinente, indicando de manera expresa la fecha y circunstancias del conocimiento
de la causal invocada, hasta antes de la clausura del debate o resolución del recurso.
III. En ningún caso la recusación podrá recaer sobre más de la mitad de una sala plena o Tribunal de Sentencia, y no
se podrá recusar a más de tres (3) Jueces sucesivamente”.
Entre las modificaciones previstas en el art. 8 de la Ley 586, se encuentran los fundamentos del art. 320 del CPP, que
determina la forma de resolución de la recusación, señalando los siguientes acápites:
“I. La recusación se presentará ante la o el Juez o Tribunal que conozca el proceso, mediante escrito fundamentado,
ofreciendo prueba pertinente.
II. Si la o el Juez recusado admite la recusación promovida, continuará el trámite establecido para la excusa. En caso
de rechazo se aplicará el siguiente procedimiento:
1. Cuando se trate de una o un Juez unipersonal, elevará antecedentes a la Sala Penal de turno del Tribunal
Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro (24) horas de promovida la recusación, acompañando el escrito
de interposición junto con su decisión fundamentada, sin suspender el proceso. El Tribunal Superior se pronunciará
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de recibidos los actuados, sobre la aceptación o rechazo de la
recusación, sin recurso ulterior, bajo responsabilidad. Si el Tribunal Departamental de Justicia acepta la recusación,
reemplazará a la o el Juez recusado conforme a lo previsto en las disposiciones orgánicas; si la rechaza, ordenará a la
o el Juez que continúe con el conocimiento del proceso, quien no podrá ser recusada o recusado por las mismas
2. Cuando se trate de una o un Juez que integre un Tribunal, el rechazo se formulará ante el mismo Tribunal, quien
resolverá en el plazo y forma establecidos en el numeral anterior.
3. La recusación deberá ser rechazada cuando no se funde en causal sobreviniente o no se haya indicado la fecha y
circunstancias de la causal invocada, sea manifiestamente improcedente o se presente sin prueba.
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III. Cuando el número de recusaciones impida la existencia de quórum o se acepte la recusación de uno de sus
miembros, el Tribunal se completará de acuerdo a lo establecido en las disposiciones orgánicas”.
En cuanto a sus efectos, el art. 321 del CPP dispone:
“I. Producida la excusa o recusación, la o el Juez reemplazante no podrá suspender el trámite procesal; aceptada la
excusa o la recusación, la separación de la o el Juez será definitiva, aun cuando desaparezcan las causales que las
2. Sea manifiestamente improcedente;
3. Se presente sin prueba; o
4. Habiendo sido rechazada, sea reiterada en los mismos términos.
III. Las excusas rechazadas deberán ser puestas en conocimiento de la autoridad disciplinaria competente; si se rechaza
la recusación in límine, se impondrá multa equivalente a tres (3) días de haber mensual de una o un Juez técnico;
en caso de recusaciones rechazadas consecutivamente, la multa deberá ser progresiva en tres (3) días de haber
mensual de una o un Juez técnico.
IV. La tramitación de la excusa o la recusación suspenderá en su caso los plazos de la prescripción, de la duración de
la etapa preparatoria y de la duración máxima del proceso.
V. En caso de rechazo de una recusación que hubiere sido declarada manifiestamente infundada, temeraria o
alertamente dilatoria, se interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa
preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos.
Consecuentemente la o el Juez o Tribunal, previa advertencia en uso de su poder coercitivo y moderador impondrá a
la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos (2) salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será
depositado en la cuenta del Órgano Judicial. En caso de continuar con la actitud dilatoria, la o el Juez o Tribunal
apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular designado a un defensor público o de oficio”.
Ante el fenómeno creciente de retardación de justicia, el juzgador vio la necesidad de realizar algunas modificaciones
en institutos inmersos en la normativa Procesal Penal vigente, entre estos el de las Excusas y Recusaciones; toda vez,
que estas fueron mal utilizadas vulnerando el principio de celeridad procesal, por ello se incorporó el rechazo in
limine (del latín en el lumbral), a través de la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, habiéndose mantenido dicha forma de
rechazo en la Ley 586.
Sobre esta temática, la jurisprudencia constitucional, a fin de aclarar el procedimiento y efectos del rechazo in liminede
la recusación, a través de la Sentencia Constitucional 038/2012 de 26 de marzo, estableció:
“(…) en una interpretación literal del art. 321 de la Ley 007, acorde con pautas teleológicas y sistémicas, se tiene que
la prohibición de conocimiento de ulteriores actos procesales una vez promovida la recusación, es un presupuesto
aplicable para las recusaciones formuladas en el marco del art. 320 del CPP; empero, considerando que el rechazo
in límine no contempla las causales del art. 320 del CPP, sino por el contrario, sus presupuestos son distintos, del
tenor literal del art. 321, se establece que no existe una regulación normativa expresa del procedimiento de rechazo
in límine de recusaciones formuladas en procesos penales, razón por la cual, de acuerdo a pautas objetivas de
interpretación, a la luz del debido proceso, deberán interpretarse los postulados a seguirse…”
La citada Sentencia Constitucional agregó: “En el contexto señalado, siguiendo un criterio teleológico de
interpretación, se tiene que el primer supuesto del art. 321 del CPP en el marco de las causales reguladas por el art.
320 del mismo cuerpo adjetivo, cuando establece la prohibición de realización de actos procesales ulteriores bajo
sanción de nulidad, tiene una finalidad concreta, que es asegurar el principio de imparcialidad como elemento del
debido proceso. Ahora bien, la finalidad de establecer un rechazo in límine cuando se presenten los supuestos
regulados en la última parte del artículo 321 del CPP, los cuales por su naturaleza no se encuentran contemplados
en el artículo 320, de acuerdo a una pauta teleológica y sistémica, tiene la finalidad de evitar dilaciones procesales
indebidas y asegura así la consagración del principio de celeridad como presupuesto de un debido proceso penal.
En base al razonamiento antes esbozado, considerando que la teleología de un rechazo in límine de recusaciones es
el resguardo del principio de celeridad y por ende del plazo razonable de juzgamiento, toda vez que su finalidad es
evitar dilaciones procesales indebidas, no sería coherente con esta interpretación teleológica, atribuirle a este
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supuesto los mismos presupuestos disciplinados para la tramitación de recusaciones enmarcadas en las causales
plasmadas en el art. 320 del CPP, por cuanto, a la luz de esta interpretación teleológica, es razonable señalar que en
este supuesto (rechazo in límine), los jueces o tribunales ordinarios, precisamente para asegurar esa celeridad
procesal, en caso de enmarcarse la recusación a una causal de rechazo in límine, deberán establecer de manera
previa y motivada este rechazo, luego de lo cual, a diferencia del primer supuesto disciplinado en el art. 321 de la
Ley 007, deberán continuar de manera inmediata con el conocimiento y resolución de la causa, aspecto que de
ninguna manera vicia de nulidad los actos procesales ulteriores”.
Derecho al juez natural – competencia.- A.S. Nº 33 de 26 de enero de 2007.
 Juez Imparcial Como Garantía Del Debido Proceso Y El Instituto De La Recusación.- A.S. Nº 176/2016-
RRC de 8 de marzo.
Artículo 3º.- (Imparcialidad e independencia). Los jueces serán imparciales e independientes, sometidos únicamente
a la Constitución, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y a las leyes.
Por ningún motivo, los órganos estatales, ni personas naturales o jurídicas interferirán en la sustanciación de un proceso
concreto. En caso de intromisión, el Juez informará a la Corte Suprema de Justicia sobre los hechos que afecten su
independencia. Cuando la intromisión provenga del propio Poder Judicial, el informe será presentado al Consejo de la
Judicatura o al Congreso Nacional.
C.P.P.: Art. 1; 2 ; 279 ; 316 A 318 ; 392 .
C.P.E. : Art. 12,I ; 13,IV ; 178,I ; 179,I y II ; 180
L.O.M.P.: Art. 3
L.O.J.: Art. 1,1) ; 3, 2) y 3) ; 6 ; 7 ; 15,II-14) ; 24 ; 38,12) y 13).
L.T.C.P.: Art. 28,8) ; 149 ; 151
P.I.D.D.C.P.- Art. 14,I
Cuando un ciudadano acude a los tribunales espera y tiene derecho a que quien ha de juzgar su caso lo haga de una
forma imparcial. Por esta razón la garantía de imparcialidad del juez aparece expresamente reconocida en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y en los Tratados y Acuerdos internacionales que sobre este tema han
sido ratificados por Bolivia, de conformidad con los cuales han de interpretarse las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce en el artículo 120 la cual establece los siguiente” Toda
persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá
ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con
anterioridad al hecho de la causa.” este precepto constitucional ha originado una abundante jurisprudencia del Tribunal
Constitucional Plurinacional en vía de la Acción de Amparo Constitucional hasta el punto de afirmar que la mayoría
de dichas acciones, de una u otra manera se tratan de fundamentar o versan sobre él.
LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO Y EL JUEZ NATURAL
S.C.P. Nº0031/2016 de 1 de marzo
El Tribunal Constitucional señaló que el debido proceso consiste en: "…el derecho de toda persona a un proceso
justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables
a todos aquellos que se hallen en una situación similar (…) comprende 'el conjunto de requisitos que deben observarse
en las instancias procesales', a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto
emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” (SC 1276/2001-R de 5 de diciembre, indicado también en las
SSCC 418/2000-R y 0119/2003-R, entre otras).
Al respecto, la SC 0999/2003-R de 16 de julio, estableció que: "La importancia del debido proceso está ligada a la
búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un
proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de
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la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter
fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos
mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello
los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se
lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes".
Asimismo, la SC 1896/2010-R de 25 de octubre, asumiendo el entendimiento de la SC 0299/2010-R de 7 de junio,
entre otras, señaló que: “…‘Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas
las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el
Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones
judiciales…’”.
En lo referente al juez natural se tiene que la SCP 1115/2012 de 6 de septiembre, estableció que: "La SC 0585/2005-
R de 31 de mayo, conforme a las normas internacionales previstas por los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica
y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), citando la SC 0491/2003-R de 15 de abril,
desarrolló las definiciones de los elementos del juez natural, señalando que es: 'Juez competente aquel que de acuerdo
a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado
para conocer y resolver una controversia judicial; Juez independiente aquel que, como se tiene referido, resuelve la
controversia exenta de toda injerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado; y Juez imparcial
aquel que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento exento de todo interés o relación personal con
el problema, manteniendo una posición objetiva al momento de adoptar su decisión y emitir la resolución'".
Respecto al juez imparcial este veta la posibilidad de que una persona, una institución o un colectivo se constituya en
juez y parte al mismo tiempo, pues ello vulneraría el debido proceso en su elemento juez natural (SSCC 2487/2010-R
y 0349/2010-R, entre otras).
INDAGAR y DESARROLLAR EL
Principio de división de poderes – Estado democrático de derecho.- S.C. Nº 0491/2003 – R de 15 de abril.
Principios de independencia e imparcialidad.- S.C. Nº 0129/2004 de 10 de noviembre.
Debido proceso presupuesto de imparcialidad e independencia.- S.C. 0491/2003 –R de 15 de abril.
Garantía de imparcialidad.- S.C. Nº 0029/2005 de 28 de abril.
La Garantía Del Debido Proceso Y El Juez Natural.- S.C.P. Nº 0031/2016 de 1 de marzo.
El juez natural se constituye en una de las garantías del debido proceso.- Auto Constitucional 0018/2016-
CA de 11 de febrero.
Debido proceso, garantía del juez imparcial e independiente.- A.S. Nº 33 de 26 de enero de 2007.
Artículo 4º.- (Persecución penal única). Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho,
aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias. La sentencia ejecutoriada dictada en el
extranjero sobre hechos que puedan ser conocidos por los tribunales nacionales producirá efecto de cosa juzgada.
C.P.P. : Art. 1 ; 3 ; 42 a 44 ; 48 ; 50 a 55 ; 279 ; 389 ; 391 ; 393.
C.P. : Art. 37.
C.P.E. : Art. 116, II ; 117, II ; 120 , I ; 122 ; 123.
L.O.J. : Art. 1 , 1) , 2) , 5) , 6) , 7) , 9) , 12) ; 2 ; 3 ; 4 ; 25 ;
42 | 852
El principio “non bis in idem” 3 en términos generales, implica la imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a
una persona por los mismos hechos. En la doctrina y jurisprudencia española, el principio implica la prohibición de
imponer una doble sanción, cuando existe identidad de sujeto, del hecho y del fundamento respecto a una conducta
que ya fue sancionada con anterioridad.
NO EXISTE DOBLE JUZGAMIENTO SI EXISTEN HECHOS DISTINTOS
S.C.P. 0726/2014 Sucre, 10 de abril de 2014
F.J.III.4. “…si bien los delitos por los que se imputa actualmente a la ahora accionante, son los mismos por los que
fue denunciada en la gestión 2010; es decir, la presunta comisión del delito contra la salud pública, previsto y
sancionado en el art. 216.2 del CP, concordante con el art. 105 de la LMA y la denuncia presentada el 2012, hace
referencia a la contaminación ambiental en la Cuenca La Lava, contra la empresa minera agrícola Kumurana y otras,
de manera general en base a informes técnicos; sin embargo, de acuerdo a lo establecido por el Fiscal de Materia,
en su calidad de director de las investigaciones, los hechos u omisiones ahora atribuidos en los que hubiera
incurrido la parte accionante en su condición de representante legal por los cuales es investigada, no son los
mismos, conforme se tiene expresado precedentemente.
Por todo lo expuesto, se concluye que en el presente caso no se ha evidenciado la vulneración del derecho al debido
proceso en su elemento del non bis in ídem, al no concurrir el componente procesal, referido al doble juzgamiento
por un mismo hecho por el que se encontraría siendo procesada la accionante, toda vez que se ha establecido que
el hecho por el que fueron denunciadas las empresas mineras, entre ellas Kumurana en mayo de 2010, fue por la
contaminación de la Cuenca del río de La Lava, y la imputación formalizada por el Fiscal de Materia, está referida a
hechos distintos en los que hubiera incurrido la parte accionante; consecuentemente, no se hace viable conceder la
tutela impetrada”.
PRECEDENTE REITERADO
F.J.III.3. “Al respecto, la SC 1764/2004-R de 9 de noviembre, refiriéndose a este principio, señaló: “Según la doctrina
el principio del non bis in idem consiste en la exclusión de la doble sanción por unos mismos hechos, es decir, que no
recaiga la duplicidad de sanciones en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento; tiene
por finalidad la protección del derecho a la seguridad jurídica a través de la prohibición de un ejercicio reiterado
del ius puniendi del Estado, impidiendo sancionar doblemente a una persona por un mismo hecho. El principio non
bis in idem tiene su alcance en una doble dimensión, pues, de un lado, está el material, es decir, que nadie puede ser
sancionado dos veces por el mismo hecho y, de otro, el procesal referido al proceso o al enjuiciamiento en sí, es decir,
que ante la existencia de identidad de sujeto, objeto y causa, no sólo que no se admite la duplicidad de resolución por
el mismo delito, sino también que es inadmisible la existencia de un nuevo proceso o juzgamiento con una repetición
de las etapas procesales”.
SC 1764/2004-R de 9 de noviembre.
PERSECUCIÓN ILEGAL O INDEBIDA
S.C.P. 0211/2017-S2 Sucre, 13 de marzo de 2017
La libertad es un derecho fundamental de carácter primario, protegido y consagrado por el art. 23.I de la CPE que
establece que toda persona tiene derecho a la libertad personal, y que ésta, sólo podrá ser restringida en los límites
señalados para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales, por
su parte, el parágrafo tercero del mismo precepto constitucional dispone que nadie será detenido, aprehendido o privado
de su libertad, salvo en los casos y según las formas determinadas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá
3 Non bis in idem, escrito en español (No dos veces por lo mismo), también conocido como autrefois acquit ("ya perdonado" en francés) o double jeopardy ("doble riesgo" en inglés), es una defensa en procedimientos legales. En muchos países como los Estados Unidos, México, Argentina,Venezuela, Canadá, Perú, España, Colombia, Australia,República Dominicana e India es un derecho fundamental reconocido por la Constitución que prohíbe que un acusado sea enjuiciado dos veces por un mismo delito. En otro sentido implica que no pueda valorarse dos veces un mismo hecho o fenómeno para calificar la tipicidad de un delito o evaluar la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Ante un tribunal un acusado además de declararse inocente o culpable puede manifestar que autrefois acquit (en francés: Ya he sido exculpado) si ya ha sido encontrado inocente en un juicio previo así como autrefois convict (en francés: Ya he sido condenado) si el acusado ya fue enjuiciado y condenado.
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que éste previamente hubiere emanado de autoridad competente y que sea emitido por escrito. Condiciones de validez
que han sido ampliamente analizadas y desarrolladas por este Tribunal. Es ese orden, el sistema constitucional de
nuestro país, en concordancia con el derecho comparado, previó un mecanismo procesal especializado de protección
al citado derecho, como es la acción de libertad.
De la naturaleza jurídica de esta acción, así como de la norma constitucional transcrita precedentemente, se identifica
la existencia de presupuestos de activación, entre los que se encuentran, los actos u omisiones que constituyan
persecución ilegal o indebida, configuración que por ser atinente a la problemática planteada y para fines pedagógicos,
pasaremos a analizar a continuación. En ese cometido, de la revisión jurisprudencial constitucional encontramos que,
en las SSCC 0419/2000-R, 0266/2001-R, 0379/2001-R, 0384/2001-R y 1287/2001-R, se afirmó que, la persecución
ilegal o indebida debe ser entendida: “…como la acción de un funcionario público o autoridad judicial que busca,
persigue u hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno ni una orden expresa de captura emitida por
autoridad competente en los casos establecidos por la ley, o cuando se emite una orden de detención, captura o
aprehensión al margen de los casos previstos por ley e incumpliendo las formalidades y requisitos de ella"; requisitos
que imprescindiblemente deben concurrir para que sean objeto de análisis a través de la acción de libertad, así como:
“…los hechos denunciados como persecución indebida deben incidir directamente con el derecho a la libertad de los
recurrentes, caso contrario, la alegada persecución, no puede ser dilucidada a través del hábeas corpus, conforme se
ha establecido en las SSCC 0200/2002-R, 0486/2004-R; esta circunstancia, impide conocer el fondo del recurso y
determina su improcedencia” (SC 1738/2004-R de 29 de octubre).
En un caso similar, en el que se demandó acción de libertad alegando persecución indebida, resuelto mediante la SC
1616/2005-R de 12 de diciembre, se estableció lo siguiente: “…consiguientemente, no se advierte que el actor hubiera
estado indebida e ilegalmente perseguido, por cuanto, (…) no se libró mandamiento de aprehensión en su contra y
menos se ejecutó el mismo y por ende, en los hechos no fue objeto de persecución u hostigamiento…”.
Bajo esta perspectiva, la SC 0237/2010-R de 31 de mayo, asumiendo el entendimiento adoptado por la SC 0036/2007-
R de 31 de enero, señaló que la persecución ilegal o indebida, implica la existencia de los siguientes presupuestos: “1)
la búsqueda u hostigamiento a una persona con el fin de privarle de su libertad sin motivo legal o por orden de una
autoridad no competente, y 2) la emisión de una orden de detención, captura o aprehensión al margen de lo previsto
por ley” .
Ahora bien, bajo el contexto de la nueva carta constitucional, en la SC 0641/2011-R de 3 de mayo, se definió la
persecución ilegal a partir de sus dos causes configurativos, los que darían lugar a la activación de la acción de libertad
restringida y preventiva. “En efecto, bajo el primer cauce configurativo de este presupuesto de activación de la acción
de libertad, se establece que la persecución ilegal o indebida, debe ser entendida como toda acción ilegal cometida
por un funcionario público o un particular, conducta que implica una manifiesta y evidente persecución, acoso,
búsqueda u hostigamiento, sin que exista una justa causa fundada en derecho, destinada a suprimir, restringir,
perturbar o limitar el derecho a la libertad física, la vida o algún otro derecho estrictamente vinculado a éstos dos
últimos; afectaciones que por su naturaleza, inequívocamente deben ser tuteladas a través de la acción de libertad,
aspecto que a la luz de la tipología de la acción de libertad ya desarrollada por la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se
enmarca dentro de lo que en doctrina se conoce como 'Habeas Corpus' restringido. Asimismo, debe precisarse que el
segundo cauce configurativo de la persecución ilegal tutelable a través de la acción de libertad, está constituido por
todo acto que merced a una orden de detención, captura o aprehensión, que no cumpla con los presupuestos procesales
establecidos para su legal emisión, esté destinada a suprimir, restringir o limitar el derecho a la libertad física o
incluso a la vida, supuestos fácticos que deben ser protegidos a través de la acción de libertad bajo la figura conocida
en doctrina como 'Habeas Corpus preventivo' y desarrollada por la SC 0044/2010-R de 20 de abril entre otras”.
Finalmente, y siguiendo la doctrina penal, la SC 0021/2011-R de 7 de febrero, dispone que: “…se entiende que la
persecución indebida debe verse materializada en actos o acciones que permitan concluir la existencia de una
amenaza a este derecho, en consecuencia, si no se advierte la orden o emisión de ningún mandamiento que disponga
la privación de libertad personal o de locomoción del actor, no es posible admitir que éste estuviera indebida o
ilegalmente perseguido, por cuanto, es irracional suponer que podría ejecutarse una disposición que no existe ni
existió jamás, y en los hechos, el accionante nunca pudo ni podrá ser objeto de persecución ni hostigamiento”.
De lo anotado, se concluye que la persecución ilegal o indebida como presupuesto de activación de la acción de
libertad, comprende a su vez, dos supuestos, el primero referido al hostigamiento sin motivo legal, ni orden de privación
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de libertad física y/o de locomoción emitida por autoridad competente; y el segundo, relativo a las órdenes de
restricción de libertad al margen de los casos previstos por ley y sin cumplir con los requisitos y formalidades legales
exigidas. En el primer caso, como indica la jurisprudencia, estamos frente a lo que la doctrina menciona como, hábeas
corpus restringido y tanto que la segunda forma está relacionada con el hábeas corpus preventivo.
En conclusión, el hábeas corpus restringido está destinado a la protección de la libertad física y/o libertad de
locomoción, cuando éstas sufren molestias, obstáculos, incomodidades, interrupciones o perturbaciones sin que medie
fundamento legal, encuentra su cimiento en los arts. 125 de la CPE y 66.2 de la Ley del Tribunal Constitucional
Plurinacional (LTCP), por tanto, vía acción de libertad, se protegerán los derechos citados supra, aun cuando no se
evidencie una amenaza inminente de privación de libertad, pero su ejercicio se vea afectado de alguna manera, en
virtud a que la teleología de este medio de defensa tiende a la protección de bienes jurídicos de carácter primario, como
son la vida y la libertad; no obstante ello, a tiempo de su activación deberá demostrarse que la amenaza es cierta y
evidente, y no conjetural o presuntiva, lo que significa que es un requisito para la procedencia de la acción, la
demostración de la existencia positiva y material de la amenaza o restricción de la libertad.
Persecución penal única o “non bis in idem”.- S.C. Nº 1564/2011-R de 11 de octubre.
El debido proceso en sus vertientes de derecho a la motivación y fundamentación de las resoluciones,
el derecho a la defensa material y técnica y la garantía del non bis in ídem.- S.C. Nº 2263/2013 de 16 de

References: Artículo 75
 resolución 

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

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Artículo 28

Artículo 29

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Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

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Artículo 34

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Artículo 89

Artículo 90

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Artículo 148

Artículo 148

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Artículo 235

Artículo 235

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Artículo 239

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Artículo 241

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Artículo 317

Artículo 318
 RESOLUCIÓN 

Artículo 319

Artículo 320
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Artículo 321

Artículo 322

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Artículo 327

Artículo 328
 RESOLUCIÓN 

Artículo 329

Artículo 330

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Artículo 333

Artículo 334

Artículo 335

Artículo 336

Artículo 337

Artículo 338

Artículo 339

Artículo 340

Artículo 341

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Artículo 344

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Artículo 393

Artículo 393

Artículo 393

Artículo 393

Artículo 393

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