Source: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00115-2009.htm
Timestamp: 2019-05-25 15:46:59+00:00

Document:
SUP-RAP-115/2009
EXPEDIENTE: SUP-RAP-115/2009
SECRETARIO EJECUTIVO EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
SECRETARIA: MARCELA ELENA FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
México, Distrito Federal, a primero de julio de dos mil nueve.
VISTOS, para resolver los autos del recurso de apelación identificado al rubro, interpuesto por el Partido Socialdemócrata para impugnar la resolución contenida en el oficio SCG/745/2009, de veinticuatro de abril de dos mil nueve, mediante el cual, el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, determinó que la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación es la autoridad competente para conocer de la violación denunciada por el partido político apelante, y
De lo narrado por el recurrente en su escrito de demanda y de las constancias de autos se advierte lo siguiente:
PRIMERO. El veinte de abril de dos mil nueve, el Partido Socialdemócrata denunció ante el Instituto Federal Electoral actos que presuntamente constituyen una infracción a la normativa electoral, por el proselitismo electoral a favor y en contra de los partidos políticos que enarbolan determinados temas en su plataforma electoral, cuya comisión atribuyó a: "la Iglesia Católica Apostólica Romana en México, A.R.; a la Conferencia del Episcopado Mexicano A.R.; a la Diócesis de Cuernavaca; al Obispo de Toluca, Monseñor Francisco Javier Chavolla Ramos; Obispo de la diócesis de Cuernavaca, Monseñor Florencio Olvera Ochoa y al Prelado Raúl Martínez, Coordinador de Pastoral Social de la Providencia Eclesiástica de Tlalnepantla".
SEGUNDO. El veinticuatro de abril de dos mil nueve, el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió el oficio número SCG/745/2009, del tenor literal siguiente:
"Oficio: SCG/745/2009
Distrito Federal, 24 de abril de 2009
C. MIGUEL MEDARDO GONZÁLEZ COMPEAN
Representante Propietario del Partido Socialdemócrata
Hago referencia al escrito de fecha veinte de abril del año en curso, a través del cual se hace del conocimiento de esta autoridad, diversos acontecimientos que en su concepto podrían constituir infracciones a la normativa comicial federal, atribuibles a: "la Iglesia Católica Apostólica Romana en México, A.R.; a la Conferencia del Episcopado Mexicano, A.R.; a la Diócesis de Cuernavaca; al obispo de Toluca, Monseñor Francisco Javier Chavolla Ramos; Obispo de la diócesis de Cuernavaca, Monseñor Florencio Olvera Ochoa; y contra el prelado Raúl Martínez, Coordinador de Pastoral Social de la Provincia Eclesiástica de Tlalnepantla"; cuyas manifestaciones le causan agravios que a su decir tienen trascendencia en el campo electoral, al estar dirigidas a promover o inhibir el ejercicio de voto.
Al respecto, me permito comentarle que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales carece de la facultad de sancionar a los sujetos corno los mencionados en su escrito de queja. Ello más bien es competencia de la Secretaría de Gobernación.
Ahora bien, de la interpretación sistemática e integral de los artículos 341, párrafo 1, inciso I); 353 y 355, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los numerales 76, 77 y 78 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, se advierte que dicho ordenamiento legal prevé determinadas conductas por parte de los ministros de culto y su feligresía, como faltas administrativas; empero, el mismo cuerpo normativo refiere que en caso de advertirse una probable infracción, ello debe comunicarse a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que proceda conforme a sus atribuciones.
Tales preceptos establecen lo siguiente:
"Artículo 341
1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en este Código:
I) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión; y
1. Constituyen infracciones al presente Código de los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión:
a) La inducción a la abstención, a votar por un candidato o partido político, o a no hacerlo por cualquiera de en los lugares destinados al culto, en locales de uso público o en los medios de comunicación;
4. Cuando el Instituto tenga conocimiento de la comisión de una infracción por parte de los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, informará a la Secretaría de Gobernación para los efectos legales conducentes."
REGLAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
"Artículo 76
1. El presente Título tiene por objeto regular el procedimiento para el conocimiento de las presuntas faltas cometidas por autoridades federales, estatales y municipales, notarios públicos, extranjeros, ministros de culto, asociaciones vinculadas a partidos, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta, a que se refieren los artículos 341, incisos d), f), g), h), i), j), k), I) y m); 347, 348, 349, 350, 351, 352 y 353 del Código, así como el Titulo Primero, Segundo del presente Reglamento.
Procedimiento a cargo de la Secretaría
1. La Secretaría será la responsable de integrar el expediente a que se refiere este capítulo y remitirlo mediante oficio a la autoridad competente.
2. Para tal efecto, una vez que tenga conocimiento de una presunta infracción, procederá a integrar el expediente respectivo con las constancias que tenga a su alcance y señalará, en su caso, las constancias que obren en otros archivos.
1. La Secretaría procederá de inmediato, de conformidad a lo señalado en el artículo anterior, con la sola presunción de la existencia de una conducta que se considere violatoria de las disposiciones del Código."
Asimismo es menester mencionar que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 27, establece lo siguiente:
"Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
XVIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas;"
Finalmente, es importante aclarar que la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación es la autoridad autorizada para iniciar el procedimiento administrativo previsto en el Título quinto, Capítulo primero, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en específico los artículos 29 y 30, por presuntas infracciones al realizar proselitismo a favor de algún partido político, por lo que en ese sentido, se mantiene la obligación del Instituto Federal Electoral de remitir los casos de infracciones a la Secretaría de Gobernación, atento a lo ordenado por los artículos 355, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los numerales 76, 77 y 78 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral. Lo anterior como se aprecia a continuación:
"ARTÍCULO 29.- Constituyen infracciones a la presente ley, por parte de los sujetos a que la misma se refiere:
I. Asociarse con fines políticos, así como realizar proselitismo o propaganda de tipo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política algunos;
ARTÍCULO 30.- La aplicación de las sanciones previstas en esta ley, se sujetará al siguiente procedimiento:
I. El órgano sancionador será una comisión integrada por funcionarios de la Secretaria de Gobernación conforme lo señale el Reglamento y tomará sus resoluciones por mayoría de votos;"
Por lo anterior se hace de su conocimiento que el expediente respectivo se remitió a la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de esa dependencia, a través del oficio SCG/744/2009, del cual anexo copia al presente.
Lo que se hace de su conocimiento, en términos del artículo 8º constitucional, para los efectos legales a que haya lugar."
El oficio de referencia fue notificado al Partido Socialdemócrata el seis de mayo de dos mil nueve.
TERCERO. Inconforme con esa determinación, por escrito presentado el nueve siguiente, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, el representante propietario del Partido Socialdemócrata ante el Consejo General de dicho Instituto, interpuso recurso de apelación, haciendo valer el siguiente:
"AGRAVIO Y PRECEPTOS VIOLADOS
AGRAVIO ÚNICO.- Causa agravio a mi representada la resolución del Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral contenida en el oficio No.: SCG/745/2009 emitido por dicho funcionario en virtud de que no se encuentra debidamente fundado y motivado con lo que viola la garantía de legalidad en perjuicio de mi representada y el principio constitucional de legalidad en materia electoral y, en consecuencia, es violatorio de lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
FUENTE DEL AGRAVIO: El oficio No.: SCG/745/2009 emitido por el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Concepto de agravio y preceptos violados:
Causa agravio a mi representada la resolución contenida en el oficio No.: SCG/745/2009 emitido por el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral en virtud de que la misma es claramente violatoria del principio de legalidad electoral y de la garantía de legalidad contenida en los artículos 41 y 14 y 16 constitucionales, respectivamente, en virtud de que la misma no se encuentra debidamente fundada y motivada, pues el Secretario del Consejo General del Instituto Federal no señala los preceptos legales o reglamentarios en los que apoya su determinación de no iniciar el procedimiento sancionador ordinario por los hechos denunciados por mi representada, ni los motivos con base en los cuales procede no atender la denuncia presentada y, en consecuencia, sin fundar ni motivar su determinación, en perjuicio de mi representada, no da trámite al procedimiento sancionador correspondiente, además de que resulta evidente que al analizar la denuncia presentada por el Partido Socialdemócrata el Secretario del Consejo General no fue exhaustivo, pues dejó de analizar los razonamientos de mi representada relacionados con la violación al principio de equidad por parte de las personas físicas y morales denunciadas, con lo que violó flagrantemente los principios esenciales del debido proceso legal, todo lo cual se demostrará con lo expuesto más adelante.
En efecto, al presentar el escrito inicial de queja o denuncia, mi representada narró con claridad los hechos que a su juicio son violatorios de diversas disposiciones constitucionales y legales, hechos que, valorados a la luz de los elementos de prueba aportados, son suficientes para generar, al menos, indicios que, en términos del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, dan lugar a iniciar un procedimiento sancionador, sobre todo si se toma en cuenta que en términos de lo que dispone el artículo 1 del citado reglamento, las disposiciones de ese ordenamiento de orden público, por lo que el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en su carácter de órgano tramitador de la queja, debió dar cauce al procedimiento respectivo ante los hechos y las pruebas presentados por el denunciante, con la finalidad de realizar la investigación correspondiente y determinar si, como lo señaló mi representada en la denuncia, existieron violaciones a la constitución, a la ley electoral federal y a principios en materia electoral en perjuicio del Partido Socialdemócrata.
Es importante recordar que en términos de lo que dispone el artículo 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, los procedimientos previstos en ese ordenamiento tienen por finalidad:
a) Determinar la existencia de faltas a la normatividad electoral federal y
b) En su caso, determinar la responsabilidad administrativa de los infractores.
Además, el citado artículo del reglamento en comento señala que las finalidades mencionadas se deben alcanzar mediante la valoración de los medios de prueba e indicios que aporten las partes y, en su caso, de aquellos que se obtengan de la investigación que realice la autoridad electoral.
Es decir, que la determinación de la responsable de no iniciar el procedimiento sancionador ordinario, sin fundar ni motivar su determinación, impide el cumplimento de la finalidad del ordenamiento que se analiza, lo cual es violatorio del principio de legalidad electoral y contrario al orden público con lo que viola los artículos 14, 16 y 41 constitucionales; 361 al 366 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 1, 3 y 4, párrafo 2, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral.
Sirve de apoyo a lo afirmado la siguiente jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
"PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL". (Se transcribe).
Ahora bien, del escrito de denuncia presentado por mi representada se desprende claramente que la denuncia se enderezó en contra de diversas personas físicas y morales a las que, con independencia de la profesión, actividad o función social que desempeñen, se imputaron diversas acciones que desde el punto de vista de mi representada constituyen violaciones a diversas disposiciones constitucionales y legales, en particular lo dispuesto por los artículos 41 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 353 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y que vulneran la equidad en la contienda en perjuicio del Partido Socialdemócrata al realizar actividades contrarias a las normas constitucionales y legales citadas, pues han venido realizando una "abierta invitación de diversos miembros de esa asociación religiosa a no votar por ciertos partidos que enarbolen determinados temas en su plataforma electoral, e incluso, llamando a ciudadanía a emitir el sufragio por ciertos partidos políticos, lo que sin lugar a dudas otorga una situación de ventaja a esa propuesta política que está siendo impulsada por la Iglesia."
Como se señaló, las violaciones a la constitución y a la ley electoral imputadas a las personas físicas y morales que se mencionan en la denuncia a que nos referimos, causan una grave afectación a mi representada en el presente proceso electoral y generan condiciones de inequidad en su perjuicio, por lo que es necesario que la autoridad electoral tome medidas urgentes para evitar graves e irreparables daños al Partido Socialdemócrata durante la presente elección. Para que tal situación suceda es preciso que el Consejo General del Instituto Federal Electoral conozca de los hechos denunciados y se pronuncie al respecto para que, al quedar demostradas las infracciones a la constitución y a la ley denunciadas por mi representada se tomen las medidas necesarias para resarcir al Partido Socialdemócrata en el pleno goce de sus derechos.
Tal y como se desprende de la denuncia presentada, mi representada solicitó que se diera trámite a la denuncia presentada, por las violaciones constitucionales y legales mencionadas en la misma, para que fuera la propia autoridad electoral la que determinara la existencia de las violaciones y las medidas a tomar para evitar la inequidad en la contienda y, en términos de lo dispuesto por el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, lo procedente era que el Secretario del Consejo General diera trámite a la denuncia presentada por la vía del procedimiento sancionador ordinario conforme a lo que señalan la parte final del párrafo 2 del artículo 4, y los artículos 15, 16, y 20 al 61, en lo que resulten aplicables, todos del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral.
Sin embargo, como se desprende de la resolución impugnada, el Secretario del Consejo General incumplió con su obligación de tramitar la denuncia presentada con eficacia para cumplir la finalidad del ordenamiento que regula los procedimientos de sanción en materia electoral. En efecto, como se pude observar con claridad de la resolución que se impugna, el Secretario del Consejo General no fue exhaustivo al analizar el escrito de denuncia, pues en su resolución se limita a comentarle al denunciante de manera por demás imprecisa que:
"Que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales carece de la facultad de sancionar a los sujetos como los mencionados en su escrito de queja. Ello más bien es competencia de la Secretaría de Gobernación."
Como se desprende de la resolución impugnada, la autoridad responsable, además del "comentario" impreciso que hace al denunciante en relación con "su escrito de queja", no realiza razonamiento alguno que tienda a motivar las razones por las que no procede al inicio del procedimiento sancionador ordinario y se limita a citar una serie de normas con base en las cuales pretende fundar su decisión de remitir la queja a la Secretaría de Gobernación para su trámite en términos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, sin que en ningún momento se pronuncie respeto de la procedencia o no de iniciar el procedimiento sancionador respectivo por las infracciones a la ley electoral, con independencia de las que correspondan por violaciones a otras leyes, y particularmente por lo que hace la violación al principio de equidad que se ha visto afectado por las conductas de las personas denunciadas.
Por lo antes expuesto, resulta evidente que la decisión de la autoridad responsable de no iniciar el procedimiento sancionador ordinario, sin fundar y motivar tal determinación es ilegal, pues no basta con que se mencionen determinadas normas presuntamente aplicables al asunto que se resuelve para que se tenga por fundada una resolución, sino que es imperante que la autoridad que emita una determinación de tal naturaleza, enuncie y relacione todas las consideraciones lógico-jurídicas aplicables al caso en específico, además de abordar todos y cada uno de los argumentos vertidos por el quejoso, refutándolos o desestimando su aplicación con el fin de otorgarle la suficiente motivación a su resolución; en el presente caso, al no haber realizado tal labor, su determinación es claramente violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que deviene ilegal y causa un grave perjuicio y agravia a mi representada pues no sólo favorece la impunidad, sino que provoca que la inequidad en la contienda que se ha generado con acciones como las denunciadas cause una afectación en la esfera de derechos del Partido Socialdemócrata que puede ser determinante para el resultado de la elección.
Finalmente, es necesario hacer notar a esta Sala Superior las inconsistencias del oficio que en este acto se impugna, a fin de crear certeza de que, en efecto, tal documento carece de una adecuada fundamentación y motivación:
Establece el Secretario Ejecutivo en el instrumento mencionado lo siguiente:
"...Ahora bien, de la interpretación sistemática e integral de los artículos 341, párrafo 1, inciso I); 353 y 355, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los numerales 76, 77 y 78 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, se advierte que dicho ordenamiento legal prevé determinadas conductas por parte de los ministros de culto y su feligresía, como faltas administrativas; empero, el mismo cuerpo normativo refiere que en caso de advertirse una probable infracción, ello debe comunicarse a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que proceda conforme a sus atribuciones..."
Debe advertirse entonces en primer lugar, que el Secretario Ejecutivo omite dentro de su fundamentación hacer referencia a diversos artículos ofrecidos en mi escrito inicial, a fin de analizarlos para su consecuente aceptación o desestimación.
No obstante lo anterior, es quizás más grave la tergiversación realizada al artículo 355 párrafo 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al añadir un elemento que cambia totalmente el sentido de tal precepto, de acuerdo a la redacción de Secretario Ejecutivo:
"...refiere que en caso de advertirse una probable infracción..." (primer foja del oficio impugnado).
Para tal efecto, es necesario citar la redacción exacta del artículo antes mencionado:
"Artículo 355.
4. Cuando el Instituto tenga conocimiento de la comisión de una infracción por parte de los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, informará a la Secretaría de Gobernación para los efectos legales conducente."
Como puede notarse, la palabra "probable" que añade el Secretario Ejecutivo altera de manera sustantiva el sentido de la norma.
La realidad es que el Código Electoral Federal habla de la comisión de una infracción como hecho consumado y acreditado, y jamás hace referencia a la posibilidad de comisión de una acción.
Al ser esta tergiversación el punto de partida para el razonamiento contendido en el oficio impugnado, es dable afirmar que el mismo adolece de una imperfecta fundamentación, agravada por supuesto, por la ausencia de motivación alguna.
Por lo antes expuesto, respetuosamente solicito a este honorable tribunal que, en plenitud de jurisdicción, modifique la resolución impugnada por lo que hace a la decisión de no iniciar procedimiento sancionador ordinario por parte de la autoridad electoral en contra de los denunciados, con independencia del procedimiento administrativo a que haya lugar en términos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para que, en términos de lo dispuesto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, se ordene el inicio del procedimiento sancionador ordinario para que el Consejo General del Instituto Federal Electoral esté en aptitud de proceder en términos de lo que dispone el artículo 15 del de (sic) Asociaciones Religiosas y Culto Público para que conozca de las infracciones y, en su caso, imponga las sanciones a que haya lugar.
CUARTO. Por oficio SCG/950/2009, fechado el catorce de mayo del año en curso, la mencionada autoridad remitió a este Tribunal el recurso de apelación, el informe circunstanciado de ley, así como las demás constancias atinentes.
QUINTO. Durante la tramitación del recurso no comparecieron terceros interesados.
SEXTO. El quince siguiente, el Magistrado Presidente por Ministerio de Ley de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó acuerdo en el que ordenó integrar el expediente respectivo; registrarlo con la clave SUP-RAP-115/2009 y turnarlo a la Ponencia del Magistrado Constancio Carrasco Daza, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Lo anterior fue cumplimentado mediante oficio TEPJF-SGA-1547/09, suscrito por el Secretario General de Acuerdos.
SÉPTIMO. Para la debida integración del recurso de apelación identificado al rubro, por auto dictado el veinte de mayo del año en curso, el Magistrado Instructor ordenó radicar el expediente y requirió diversa documentación al Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, así como a la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.
OCTAVO. Una vez que fue cumplimentado el requerimiento formulado a las autoridades aludidas en el resultando que antecede, mediante proveído de dos de junio del presente año, el Magistrado Instructor admitió a trámite la demandada presentada por el supracitado instituto político y al no haber trámite pendiente por desahogar, por acuerdo de dieciséis del propio mes y año, se declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de resolución.
PRIMERO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al rubro indicado, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción III y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso a), y 189, fracciones I, inciso c) y II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 40, párrafo 1, inciso b), 42 y 44, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en contra de una resolución de un órgano central del Instituto Federal Electoral; en virtud de que el Partido Socialdemócrata combate la determinación contenida en el oficio SCG/745/2009, de veinticuatro de abril de dos mil nueve, emitido por el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante el cual, el mencionado funcionario consideró, que la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación es la autoridad competente para conocer la denuncia presentada por el partido político apelante en contra de las asociaciones religiosas y ministros de culto señalados en su escrito de queja, a quienes atribuye la comisión de conductas infractoras a la normatividad electoral.
SEGUNDO. Requisitos de la demanda. En el recurso de apelación que se analiza, se colman los requisitos de procedibilidad previstos en los artículos 8°; 9°, párrafo 1; 40, párrafo 1, inciso b) y 45, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de conformidad con lo siguiente:
1. Requisitos formales de la demanda. Se cumplen los requisitos esenciales previstos en el artículo 9, párrafo 1, de la ley adjetiva invocada, dado que la demanda fue presentada ante la autoridad responsable; además, satisface las exigencias formales previstas en el citado precepto legal, a saber: el señalamiento del nombre del recurrente; el domicilio para recibir notificaciones; la identificación del acto o resolución impugnado y la autoridad responsable; la mención de los hechos y los agravios que el instituto político promovente aduce le causa el oficio reclamado, así como el asentamiento del nombre y firma autógrafa de la persona que lo interpone en nombre y representación del apelante.
2. Oportunidad. El recurso de apelación que se resuelve se promovió oportunamente, ya que la resolución impugnada fue notificada personalmente al apelante el seis de mayo de dos mil nueve, según se advierte de la constancia atinente –la cual obra agregada a fojas 53 y 54 del expediente citado al rubro-; por tanto, si la demanda se presentó el nueve siguiente, es evidente que se hizo dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
3. Legitimación. El recurso de apelación fue promovido por el Partido Socialdemócrata, esto es, por un partido político nacional; por ende, es claro que se colma la exigencia prevista en el artículo 45, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
4. Interés jurídico. El Partido Socialdemócrata promueve el recurso de apelación que se analiza, a fin de impugnar la determinación emitida por el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante la cual se consideró que la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación es la autoridad competente para conocer de la violación denunciada por dicho partido en su escrito de queja, presentado en contra de las asociaciones religiosas y ministros de culto que ahí se precisan, siendo que esa decisión, en consideración del partido inconforme, lesiona sus derechos.
Lo anterior evidencia que el recurrente cuenta con interés jurídico, ya que el aspecto referente a la competencia de la autoridad que debe conocer de las violaciones en materia electoral cometidas por los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, está relacionada con la denuncia presentada por el apelante.
5. Personería. El medio de impugnación mencionado al rubro, fue promovido por Miguel Medrano González Compeán, en su carácter de representante propietario del Partido Socialdemócrata acreditado ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, quien cuenta con personería suficiente para hacerlo, en términos de lo dispuesto en los artículos 13, párrafo 1, inciso a), fracción I, y 45, del ordenamiento procesal citado, en virtud de que tal representación le fue reconocida por la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, párrafo 2, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
6. Definitividad. Se satisface este requisito de procedibilidad, en atención a que la determinación dictada por el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General, no admite medio de defensa alguno que deba ser agotado previamente a la promoción del recurso de apelación que se resuelve, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40, párrafo 1, inciso b), de la supracitada ley general de medios de impugnación.
Al estar colmados los requisitos de procedibilidad antes indicados, sin que la Sala Superior advierta la existencia de alguna causal de improcedencia, lo conducente es analizar y resolver el fondo de la litis planteada.
TERCERO. Agravios. En síntesis, el partido recurrente aduce en su único concepto de inconformidad, que la resolución impugnada carece de la debida fundamentación y motivación, transgrediéndose la garantía de legalidad contenida en los artículos 14, 16 y 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior, porque el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral omite citar los preceptos legales y reglamentarios, así como expresar los motivos en los que sustenta la decisión de dejar de iniciar el procedimiento sancionador ordinario, con base en los hechos denunciados por el apelante.
Asimismo, que en violación al principio de exhaustividad, la responsable dejó de analizar los planteamientos expuestos en la queja, relacionados con la vulneración al principio de equidad por parte de las personas físicas y morales denunciadas, no obstante que en dicho ocurso narró con claridad los hechos que, en consideración del partido político, transgreden diversas disposiciones constitucionales y legales, los que valorados a la luz de las pruebas aportadas, son suficientes para generar, al menos, indicios que dan lugar a la instauración de un procedimiento sancionador, en términos de lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral.
En esas condiciones, alega el recurrente que el funcionario responsable en su carácter de órgano tramitador de la queja, debió dar cauce al procedimiento sancionador respectivo, a fin de realizar las investigaciones correspondientes, tomar las medidas urgentes para evitar que se causara al denunciante un daño irreparable y determinar si existieron las violaciones denunciadas, las cuales fueron atribuidas a diversas personas físicas y morales, las que con independencia de la actividad o función social que desempeñan, han infringido los artículos 41 y 130 de la Constitución Federal, así como el artículo 353 del código federal electoral, dado que han venido haciendo una "abierta invitación de diversos miembros de esa asociación religiosa de no votar por ciertos partidos que enarbolen determinados temas en su plataforma electoral, e incluso, llamando a la ciudadanía a emitir el sufragio por ciertos partidos políticos, lo que sin lugar a dudas otorga una situación de ventaja a esa propuesta política que está siendo impulsada por la Iglesia", para lo cual, es menester que el Consejo General conozca de los hechos denunciados y se pronuncie respecto de las infracciones a la Constitución Federal y al código electoral federal.
Manifiesta el apelante que corresponde a la autoridad electoral administrativa federal efectuar las investigaciones conducentes, a fin de contar con los elementos necesarios que permitan establecer la responsabilidad en que incurrieron las asociaciones religiosas y ministros de culto denunciados, por la realización de actos de proselitismo que lleven a cabo a favor y en contra de los partidos políticos que enarbolan determinados temas en su plataforma electoral, por lo que en esa tesitura, debió dar trámite a su queja por la vía del procedimiento sancionador ordinario, conforme a lo establecido en los artículos 4, párrafo 2, 15, 16 y 20 a 61 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral; sin embargo, la responsable incumplió con tal obligación, limitándose a señalar "Que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales carece de facultades para sancionar a los sujetos como los mencionados en su escrito de queja. Ello más bien es competencia de la Secretaría de Gobernación", siendo que esa consideración además de ser imprecisa, no entraña un razonamiento tendente a motivar las razones por las cuales es improcedente incoar el procedimiento sancionador ordinario.
Al respecto, aduce el inconforme que es insuficiente la cita de las normas en las que la autoridad pretende fundar la decisión de remitir la queja a la Secretaría de Gobernación, dado que en ningún momento se pronuncia en torno a la procedencia o improcedencia de iniciar el procedimiento sancionador por cuanto hace a las infracciones a la ley electoral, las cuales son independientes de las que pudieran cometerse en relación a otros ordenamientos.
Agrega, que el Secretario del Consejo General omite dentro de su fundamentación, hacer referencia a diversos artículos invocados en su denuncia, amén de tergiversar el artículo 355, párrafo 4, del código comicial federal, al añadir un elemento que cambia totalmente su sentido, como es el relativo a "que en caso de advertirse una probable infracción", dado que la disposición invocada alude a la "comisión de una infracción" como hecho consumado y acreditado.
Así, solicita que se modifique la resolución impugnada, para que en términos de lo dispuesto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, se ordene iniciar el procedimiento sancionador ordinario para que el Consejo General de ese organismo esté en aptitud de proceder en términos de lo que dispone la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y, en su caso, imponga las sanciones a que haya lugar.
CUARTO. Estudio de fondo. Del contexto de los agravios expresados por el apelante, se advierte que la litis en el presente el asunto, se reduce a determinar, por una parte, si la responsable fundó y motivó su resolución; y por otra, si corresponde a la autoridad electoral administrativa federal efectuar las investigaciones necesarias, a fin de de contar con los elementos que permitan establecer las responsabilidades que derivan de las violaciones denunciadas, e imponer las sanciones que resulten aplicables, mediante el inicio del procedimiento sancionador ordinario, o si por el contrario, el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, estuvo en lo correcto al remitir, sin mayor trámite, la queja presentada por el recurrente a la Secretaria de Gobernación por ser la autoridad competente para conocer de las infracción consistente en hacer el proselitismo electoral a favor y en contra de los partidos políticos que enarbolan determinados temas en su plataforma electoral, cuya comisión se atribuye a "la Iglesia Católica Apostólica Romana en México, A.R.; a la Conferencia del Episcopado Mexicano A.R.; a la Diócesis de Cuernavaca; al Obispo de Toluca, Monseñor Francisco Javier Chavolla Ramos; Obispo de la diócesis de Cuernavaca, Monseñor Florencio Olvera Ochoa y al Prelado Raúl Martínez, Coordinador de Pastoral Social de la Providencia Eclesiástica de Tlalnepantla".
Realizada la especificación que antecede, en concepto de este órgano jurisdiccional, el motivo de inconformidad expresado por el recurrente en el sentido de que la resolución impugnada carece de fundamentación y motivación, resulta infundado.
Lo anterior es así, porque del análisis del oficio combatido, se advierte que el funcionario responsable citó los preceptos legales y reglamentarios en los que fundó su decisión sobre la incompetencia para conocer de la queja incoada por el recurrente, además de expresar los motivos por los que estimó, que el caso particular encuadra dentro de las hipótesis normativas contenidas en los dispositivos invocados.
En efecto, el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral para sustentar su decisión de remitir la queja presentada por el promovente a la Dirección General de Asociaciones Religiosas, de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, dependientes de la Secretaría de Gobernación, por considerarse incompetente para conocer de las violaciones consistentes en realizar proselitismo a favor o en contra de algún partido político, imputadas a las mencionadas asociaciones religiosas y ministros de culto, se fundó en los artículos 341, párrafo 1, inciso I); 353 y 355, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 76, 77 y 78 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral; artículo 27, fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; así como en los artículos 29 y 30 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Con el objeto de motivar su determinación, el funcionario responsable señaló que de la interpretación sistemática e integral de los artículos 341, párrafo 1, inciso I); 353 y 355, párrafo 4, del código federal electoral, así como de los numerales 76, 77 y 78 del señalado reglamento, se obtiene que el ordenamiento legal en mención, prevé como faltas administrativas determinadas conductas por parte de los ministros de culto y su feligresía; empero, que el propio cuerpo normativo refiere que en caso de advertirse una probable infracción, ello debe comunicarse a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que proceda conforme a sus atribuciones.
Agregó, que en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Gobernación vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas; destacando además, que la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación es la autoridad autorizada para iniciar el procedimiento administrativo previsto en el Título quinto, Capítulo primero, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en específico los artículos 29 y 30, por presuntas infracciones al realizar proselitismo a favor o en contra de algún partido político.
Con base en lo anterior, concluyó que en los casos en que se denuncie la comisión de infracciones imputadas a las Iglesias, asociaciones religiosas y ministros de culto, consistentes en realizar proselitismo a favor o en contra de algún partido político, como son las que se hacían valer por el denunciante en su escrito de queja, se mantiene la obligación del Instituto Federal Electoral de remitir esa clase de asuntos a la Secretaría de Gobernación, atento a lo ordenado por los artículos 355, párrafo 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los numerales 76, 77 y 78 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral.
Por las razones expresadas, con apoyo en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hizo del conocimiento del apelante que el expediente formado con su queja, mediante oficio número SCG/744/2009, había sido remitido a la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Como puede observarse, en oposición a lo sostenido por el recurrente, el oficio reclamado se encuentra fundado y motivado, toda vez que la autoridad citó los preceptos legales y reglamentarios en los que apoyó su decisión; amén de expresar las razones por las que consideró, que de acuerdo con las normas invocadas, la competencia para conocer de los hechos denunciados, y en su caso, para imponer las sanciones correspondientes de llegarse a acreditar las violaciones alegadas, se fincaba a favor de la Secretaría de Gobernación; de ahí lo infundado del disenso en análisis.
En distinto orden, se califica como parcialmente fundado, el motivo de inconformidad en que se aduce, que el funcionario responsable en forma indebida remitió la queja presentada por el ahora apelante, a la Secretaría de Gobernación, ya que el Instituto Federal Electoral estaba obligado a efectuar las investigaciones necesarias, a fin de contar con los elementos que permitan establecer, bajo las circunstancias fácticas del caso, la responsabilidad en que incurrieron las asociaciones religiosas y ministros de culto denunciados, por la presunta realización de los actos de proselitismo que llevaron a cabo a favor y en contra de los partidos políticos que enarbolan determinados temas en su plataforma electoral; así como para imponerles las sanciones procedentes por la comisión de esas conductas.
Con el objeto de establecer las razones que orientan el asunto que se juzga, es menester establecer el marco constitucional y legal que rige al presente asunto.
El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte relativa, es del tenor siguiente.
"Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y ocho consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. […]
Del trasunto precepto constitucional se obtiene lo siguiente:
- La organización de las elecciones federales para la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo –que se realiza mediante elecciones libres, auténticas y periódicas-, constituye una función estatal que se encuentra encomendada a un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, el cual es autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. Asimismo, en el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.
- El Instituto Federal Electoral de acuerdo con la norma constitucional, tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, la declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, el cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales.
- Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señala la propia Constitución y la ley; dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de la Ley Fundamental.
En esas condiciones, el Instituto Federal Electoral como autoridad electoral responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, tiene el deber de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en la materia, así como velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas sus actividades.
Por su parte, el artículo 130, de la Constitución Federal, establece:
e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.
Las autoridades federales, de los estados y de los municipios tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que determine la ley."
De la disposición constitucional transcrita se desprende lo siguiente:
- El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, orienta las normas contenidas en dicho precepto.
- La facultad exclusiva conferida al Congreso de la Unión para legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas; dejándose a la ley reglamentaria respectiva -la cual se determina que será de orden público- desarrollar y concretar, entre otras, las disposiciones siguientes:
- 1) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas.
- 2) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas;
- 3) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados.
- 4) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.
- 5) Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.
- 6) Las autoridades federales, de los estados y de los municipios tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que determine la ley.
De la exposición que antecede, se colige que en nuestro régimen constitucional vigente, se asienta el principio histórico de la separación de las Iglesias y el Estado, y la relación con las agrupaciones religiosas, que impone la obligación a la Iglesia de sujetarse a la ley civil, por lo que la razón y fin de la norma de referencia, es regular las relaciones entre la Iglesia y el Estado, preservando su separación absoluta e intentando asegurar que, de ninguna manera, puedan mezclarse o interferir unas con otras.
A partir de lo anterior, se determina que en la ley reglamentaria del artículo en cita, se desarrollarán y concretarán las normas atinentes a los requisitos que deben cumplir las iglesias y las agrupaciones religiosas para obtener su registro constitutivo a fin de que pueda reconocérseles personalidad jurídica; las prohibiciones que tienen las Iglesias, asociaciones religiosas y los ministros de culto, entre las que destaca, la proscripción de hacer proselitismo electoral a favor o en contra de algún partido político o candidato; así como los aspectos referentes a que ninguna autoridad podrá intervenir en la vida interna de las asociaciones religiosas; y que las facultades y responsabilidades que tendrán las autoridades federales, de los estados y de los municipios en esta materia, se determinarán por la propia ley reglamentaria.
Lo expuesto, permite deducir que el control y vigilancia sobre el cumplimiento que deben guardar al supracitado principio histórico las Iglesias, asociaciones religiosas y ministros de culto, es regulado en la ley reglamentaria del artículo 130 constitucional, en la cual se establecen las facultades que en relación a dicha materia se confiere a las autoridades, lo cual se explica, en virtud de que la Constitución Federal pretende salvaguardar que no exista una injerencia indebida por parte de las Iglesias y sus ministros de culto en los asuntos civiles y políticos del país, así como evitar que las autoridades se inmiscuyan indebidamente en los asuntos religiosos, a partir de que el mencionado principio histórico reconoce la existencia de dos órdenes, a saber: a) El espiritual que corresponde atender a las iglesias; y b) El político que corresponde atender al Estado.
Establecido el marco constitucional que antecede, corresponde esclarecer –bajo las circunstancias fácticas del caso que se analiza- a qué autoridades compete vigilar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales a que se encuentran sujetas las Iglesias, asociaciones religiosas y ministros de culto, así como sancionar las conductas que entrañen una violación a la normatividad electoral, concretamente, en lo tocante a la prohibición que tienen de hacer proselitismo a favor o en contra de los partidos políticos y de los candidatos, para lo cual, es menester tomar en consideración lo que al efecto se dispone en los artículos 1º, 3º, 6º, 8º, fracción I, 14, 25, 29, 30, 31, 32 y 33; de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; 27, fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 341, párrafo 1, inciso l), 353, párrafo 1, inciso a), 354 y 355, párrafo 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como los numerales 76, 77, 78 y 79, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral.
"Articulo 1.- La presente ley, fundada en el principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias, así como en la libertad de creencias religiosas, es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto publico. Sus normas son de orden público y de observancia general en el territorio nacional.
Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes
Artículo 3.- El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de las leyes, conservación del orden y la moral públicos y la tutela de derechos de terceros. El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa.
I.- Sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, y respetar las instituciones del país;
Artículo 14.- Los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio de cualquier culto, tienen derecho al voto en los términos de la legislación electoral aplicable. No podrán ser votados para puestos de elección popular, ni podrán desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años en el primero de los casos, y tres en el segundo, antes del día de la elección de que se trate o de la aceptación del cargo respectivo. Por lo que toca a los demás cargos, bastarán seis meses.
Artículo 25.- Corresponde al Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación la aplicación de esta ley. Las autoridades estatales y municipales, así como las del Distrito Federal, serán auxiliares de la Federación en los términos previstos en este ordenamiento.
Artículo 29.- Constituyen infracciones a la presente ley, por parte de los sujetos a que la misma se refiere:
I.- Asociarse con fines políticos, así como realizar proselitismo o propaganda de cualquier tipo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna;
II.- Agraviar a los símbolos patrios o de cualquier modo inducir a su rechazo;
III.- Adquirir, poseer o administrar las asociaciones religiosas, por sí o por interpósita persona, bienes y derechos que no sean, exclusivamente, los indispensables para su objeto, así como concesiones de la naturaleza que fuesen;
IV.- Promover la realización de conductas contrarias a la salud o integridad física de los individuos;
V.- Ejercer violencia física o presión moral, mediante agresiones o amenazas, para el logro o realización de sus objetivos;
VI.- Ostentarse como asociación religiosa cuando se carezca del registro constitutivo otorgado por la Secretaría de Gobernación;
VII.- Destinar los bienes que las asociaciones adquieran por cualquier título, a un fin distinto del previsto en la declaratoria de procedencia correspondiente;
VIII.- Desviar de tal manera los fines de las asociaciones que éstas pierdan o menoscaben gravemente su naturaleza religiosa;
IX.- Convertir un acto religioso en reunión de carácter político;
X.- Oponerse a las Leyes del País o a sus instituciones en reuniones públicas;
XI.- Realizar actos o permitir aquellos que atenten contra la integridad, salvaguarda y preservación de los bienes que componen el patrimonio cultural del país, y que están en uso de las iglesias, agrupaciones o asociaciones religiosas, así como omitir las acciones que sean necesarias para lograr que dichos bienes sean preservados en su integridad y valor; y,
XII.- Las demás que se establecen en la presente ley y otros ordenamientos aplicables.
I.- El órgano sancionador será una comisión integrada por funcionarios de la Secretaría de Gobernación conforme lo señale el Reglamento y tomará sus resoluciones por mayoría de votos;
II.- La autoridad notificará al interesado de los hechos que se consideran violatorios de la ley, apercibiéndolo para que dentro de los quince días siguientes al de dicha notificación comparezca ante la comisión mencionada para alegar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas; y,
III.- Una vez transcurrido el término referido en la fracción anterior, haya comparecido o no el interesado, dicha comisión dictará la resolución que corresponda. En caso de haber comparecido, en la resolución se deberán analizar los alegatos y las pruebas ofrecidas.
Artículo 31.- Las infracciones a la presente ley se sancionarán tomando en consideración los siguientes elementos:
I.- La naturaleza y gravedad de la falta o infracción;
II.- La posible alteración de la tranquilidad social y el orden público que suscite la infracción;
III.- Situación económica y grado de instrucción del infractor; y,
IV.- La reincidencia, si la hubiere.
Artículo 32.- A los infractores de la presente ley se les podrá imponer una o varias de las siguientes sanciones, dependiendo de la valoración que realice la autoridad de los aspectos contenidos en el artículo precedente:
II.- Multa de hasta veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
III.- Clausura temporal o definitiva de un local destinado al culto público;
IV.- Suspensión temporal de derechos de la asociación religiosa en el territorio nacional o bien en un Estado, municipio o localidad; y,
V.- Cancelación del registro de asociación religiosa.
Artículo 33.- Contra los actos o resoluciones dictados por las autoridades en cumplimiento de esta ley se podrá interponer el recurso de revisión, del que conocerá la Secretaría de Gobernación. El escrito de interposición del recurso deberá ser presentado ante dicha dependencia o ante la autoridad que dictó el acto o resolución que se recurre, dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquel en que fue notificado el acto o resolución recurrido. En este último caso, la autoridad deberá remitir, a la Secretaría mencionada, en un término no mayor de diez días hábiles, el escrito mediante el cual se interpone el recurso y las constancias que, en su caso, ofrezca como pruebas el recurrente y que obren en poder de dicha autoridad.
Sólo podrán interponer el recurso previsto en esta ley, las personas que tengan interés jurídico que funde su pretensión."
XVIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto religioso, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas."
l) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión; y
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código;
V. La violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código se sancionará con multa; durante las precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá sancionar con la suspensión parcial de las prerrogativas previstas en los artículos 56 y 71 de este ordenamiento; y
VI. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
b) Respecto de las agrupaciones políticas nacionales:
III. Con la suspensión o cancelación de su registro, que en el primer caso no podrá ser menor a seis meses;
d) Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos, o de cualquier persona física o moral:
II. Respecto de los ciudadanos, o de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos: con multa de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en este Código, o tratándose de la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral; y
III. Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en la fracción anterior: con multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en este Código, o tratándose de la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral;
e) Respecto de observadores electorales u organizaciones de observadores electorales:
II. Con la cancelación inmediata de la acreditación como observadores electorales y la inhabilitación para acreditarlos como tales en al menos dos procesos electorales federales; y
III. Con multa de hasta doscientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, tratándose de las organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales.
III. Cuando no transmitan, conforme a las pautas aprobadas por el Instituto los mensajes, a que se refiere este capítulo, además de la multa que en su caso se imponga, deberán subsanar de inmediato la omisión, utilizando para tal efecto el tiempo comercializable o para fines propios que la ley les autoriza.
V. Cuando la sanción anterior haya sido aplicada y el infractor reincida en forma sistemática en la misma conducta, el Consejo General dará aviso a la autoridad competente a fin de que aplique la sanción que proceda conforme a la ley de la materia, debiendo informar al Consejo.
g) Respecto de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos:
II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta; y
III. Con la cancelación del procedimiento tendente a obtener el registro como partido político nacional;
h) Respecto de las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de partidos políticos:
I. Con amonestación pública; y
4. Cuando el Instituto tenga conocimiento de la comisión de una infracción por parte de los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, informará a la Secretaría de Gobernación para los efectos legales conducentes.
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral.
"TULO CUARTO
Otros Procedimientos Administrativos para el Conocimiento de Faltas al Código
Remisión por Parte de la Secretaría a las Autoridades Competentes
1. El presente Título tiene por objeto regular el procedimiento para el conocimiento de las presuntas faltas cometidas por autoridades federales, estatales y municipales, notarios públicos, extranjeros, ministros de culto, asociaciones vinculadas a partidos, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta, a que se refieren los artículos 341, incisos d), f), g), h), i), j), k), l) y m); 347, 348, 349, 350, 351, 352 y 353 del Código, así como el Título Primero, Capítulo Segundo del presente Reglamento.
1. La Secretaría procederá de inmediato, de conformidad a lo señalado en el artículo anterior, con la sola presunción de la existencia de una conducta que se considere violatoria de las disposiciones del Código.
1. El Presidente del Consejo girará oficio a la Secretaría de Gobernación o a la Secretaría de Relaciones Exteriores, según corresponda, a efecto de que dichas dependencias le comuniquen las medidas adoptadas en aquellos casos de presuntas infracciones de las que se les hubiese informado."
De las trasuntas disposiciones, en lo que al caso interesa, se obtiene lo siguiente:
- La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, fundada en el principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias –contemplado en el artículo 130 de la Ley Fundamental-, así como en la libertad de creencias religiosas –consagrada en el artículo 24 del propio ordenamiento constitucional-, es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto publico.
- Se determina que corresponde al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Gobernación la aplicación de la referida ley; que las demás autoridades colaborarán con dicha Secretaría en los términos señalados en ese ordenamiento; y que las autoridades federales, estatales y municipales no intervendrán en los asuntos internos de las asociaciones religiosas. Así, se pone en evidencia que las obligaciones y prohibiciones impuestas a esa clase de sujetos –como es la atribuida en la queja, consistente en realizar proselitismo electoral a favor y en contra de partidos políticos-, son objeto de control por parte de la Secretaría de Gobernación, ya que esa entidad gubernamental tiene a su cargo la aplicación de las normas atinentes –en tanto, en la ley invocada, como se verá a continuación, contempla como una infracción por parte de esta clase de sujetos, realizar actos de proselitismo y de propaganda de cualquier clase a favor o en contra de los partidos políticos y/o de los candidatos, estableciendo además las sanciones que pueden imponerse por la violación a esa prohibición-.
- Se establece que constituyen infracciones por parte de las Iglesias, asociaciones y agrupaciones religiosas, así como de los ministros de culto, entre otras, realizar proselitismo o propaganda de cualquier tipo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna, además de señalar –por vía de remisión- que también se consideran como infracciones las que se establezcan en otros ordenamientos aplicables.
- Se regula el procedimiento que habrá de seguirse para la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
- Se contempla el catálogo de sanciones que podrán imponerse a los infractores de dicha ley, las cuales pueden consistir en apercibimiento, multa, clausura temporal o definitiva de un local destinado al culto público, suspensión temporal de derechos de la asociación religiosa y en la cancelación del registro de asociación religiosa.
- Se precisa que la imposición de las sanciones es competencia de la Secretaría de Gobernación, determinándose que el órgano sancionador será una comisión integrada por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con lo preceptuado en el Reglamento, la que tomará sus resoluciones por mayoría de votos.
- Se prevé un recurso para impugnar los actos o resoluciones dictados en cumplimiento a ley en mención, del cual conoce la propia Secretaría de Gobernación.
- En concordancia con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la Ley de la Administración Pública Federal, determina que es facultad de la Secretaría de Gobernación vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto religioso, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas.
- El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que son sujetos de responsabilidad, por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contempladas en ese ordenamiento, entre otros, los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión.
- Asimismo, prevé que constituyen infracciones a la normatividad electoral, por parte de los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, entre otras, la inducción a la abstención, a votar por un candidato o partido político, o a no hacerlo por cualquiera de ellos, en los lugares destinados al culto, en locales de uso público o en los medios de comunicación.
- Finalmente, determina que cuando el Instituto Federal Electoral tenga conocimiento de la comisión de una infracción por parte de los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, informará a la Secretaría de Gobernación para los efectos legales conducentes.
- En consonancia con el código federal electoral, el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, al regular el procedimiento para el conocimiento de las faltas que presuntivamente pudieran haberse cometido, entre otros, por los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta, determina que la Secretaría Ejecutiva será la responsable de integrar el expediente con las constancias que tenga a su alcance, señalando, en su caso, las constancias que obren en otros archivos, y una vez realizado lo anterior, deberá remitirlo mediante oficio a la autoridad competente.
- Se estatuye que la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral procederá de inmediato en los términos apuntados, con la sola presunción de la existencia de una conducta que se considere violatoria de las disposiciones del código federal electoral.
- Asimismo, se determina que el Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral deberá girar oficio a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que dicha dependencia le comunique las medidas adoptadas en aquellos casos de presuntas infracciones de las que se le hubiese informado.
Ahora bien, para desentrañar el sentido de las aludidas normas, conviene tener presente que el respeto al principio de seguridad jurídica, implica que en su interpretación debe considerarse al ordenamiento jurídico como un sistema, buscando encontrar el sentido lógico objetivo de una disposición en conexión con otras que existen dentro del propio orden normativo; el cual no debe interpretarse de manera aislada, sino en su conjunto y de acuerdo con la intención del legislador, en tanto que el alcance y sentido de las disposiciones se encuentra condicionada por las demás normas del sistema del cual forma parte.
Por tanto, al momento de interpretar las normas debe procurarse la coherencia entre las diversas disposiciones del sistema jurídico que regulan determinada situación en específico.
En esas condiciones, en la especie, es exigible una interpretación sistemática de los artículos 41 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto en los diversos 1º, 3º, 6º, 8º, fracción I, 14, 25, 29, 30, 31, 32 y 33; de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; 27, fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 341, párrafo 1, inciso l), 353, párrafo 1, inciso a), 354 y 355, párrafo 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 76, 77, 78 y 79, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, conduce a sostener que es competencia de la Secretaría de Gobernación, a través de la comisión que al efecto se forme, determinar la existencia de la infracción y en su caso, imponer las sanciones procedentes, con motivo de las violaciones que se atribuyan a las Iglesias, asociaciones religiosas y ministros de culto, por su responsabilidad derivada de la realización de actos de proselitismo o inducción al voto ciudadano a favor o en contra de los partidos políticos y/o de sus candidatos, como acontece en la especie.
A la anterior conclusión se arriba, porque del examen de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en comento, se advierte que todas ellas buscan garantizar el estricto cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 130, en el cual se establece una reserva legal, que faculta al legislador secundario a desarrollar, entre otras, las normas sobre la materia de culto público, iglesias y agrupaciones religiosas; la determinación de la autoridad facultada para vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales por parte de las Iglesias, asociaciones religiosas y ministros de culto; las prohibiciones a que se encuentran sujetos, como es la consistente en hacer proselitismo a favor o en contra de algún partido político o candidato –como son las que bajo las circunstancias fácticas del caso, se hacen valer en la queja presentada por el partido político apelante-; el establecimiento de las infracciones y sanciones que pueden imponerse, así como el procedimiento que debe seguirse para la aplicación de éstas.
De esa forma se pretende dar plena vigencia al mandato constitucional respecto a la separación absoluta entre la Iglesia y el Estado, a fin de que los señalados sujetos no se inmiscuyan en la vida civil y política del país, y las autoridades tampoco interfieran en la vida interna de las Iglesias y asociaciones religiosas, instituyéndose para tales efectos, a la Secretaría de Gobernación como autoridad para vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales por parte de éstas, así como para imponerles las sanciones que correspondan, cuando se demuestre que incurrieron en la comisión de alguna infracción, como es la relativa a la transgresión de la prohibición de realizar actos de proselitismo o propaganda de cualquier tipo a favor o en contra de las partidos políticos y/o de los candidatos.
En este contexto, el código federal electoral acorde con el sistema jurídico previsto para este tipo de asociaciones, garantiza también el acatamiento de lo ordenado en la norma constitucional, ya que en concordancia con lo dispuesto en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público –reglamentaria del artículo 130 constitucional- ordena al Instituto Federal Electoral –lo que de acuerdo con el Reglamento de Quejas y Denuncias, se realiza por conducto del Secretario Ejecutivo, mediante la integración del expediente respectivo- informar a la Secretaría de Gobernación respecto de la comisión de infracciones a la normatividad electoral –como es la atribuida en la queja presentada por el recurrente- por parte de los supracitados sujetos –Iglesias, asociaciones religiosas o ministros de culto- para que proceda conforme a sus atribuciones, dando así plena vigencia al mandato constitucional.
En ese sentido, debe mencionarse que la norma de prohibición que se establece en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en que se puede ubicar a las Iglesias, asociaciones religiosas y ministros de culto –como son las conductas transgresoras que se imputan en la queja presentada por el apelante-, es acorde a la necesidad de que ambas instancias coadyuven en la salvaguarda de la norma constitucional.
Así, el ordenamiento jurídico revela que todas las normas encuentran conexión, en la restricción a los sujetos mencionados de intervenir en la vida política del país, mediante la prohibición que tienen en dos ordenamientos jurídicos, de hacer proselitismo a favor o en contra de los partidos políticos y de los candidatos.
Lo anterior se corrobora, a través del análisis de las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicadas en el Diario Oficial de la Federación de catorce de enero de dos mil ocho, en cuya exposición de motivos se señaló, que desde la promulgación del Código en mil novecientos noventa, éste había carecido de disposiciones que regularan suficientemente los procedimientos para sancionar conductas prohibidas en la Constitución y en la propia Ley, por lo que a fin de subsanar la omisión apuntada, en la iniciativa se propuso un nuevo Libro Séptimo, correspondiente a los procedimientos para la imposición de sanciones a los sujetos que incurrieran en conductas prohibidas, en la que se buscó establecer con precisión las sanciones aplicables.
Al respecto, en la exposición de motivos se indicó:
"Para los propósitos antes señalados, en el título primero del nuevo libro se definen los sujetos que pueden incurrir en infracciones, se tipifican las conductas sancionables y se determinan las sanciones aplicables por parte de la autoridad administrativa, es decir, por el Consejo General del Instituto Federal Electoral".
En el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados (en su calidad de cámara revisora) se retoma el señalamiento de las omisiones en que incurría el Código anterior, para establecer sanciones aplicables a conductas violatorias de la norma; asimismo, en dicho dictamen, con relación al capítulo primero del nuevo Libro Séptimo, se destaca lo siguiente:
"En el capítulo primero se establece quiénes pueden ser sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las normas del Código, las conductas sancionables y las sanciones que pueden ser impuestas. Se incorporan como sujetos sancionables a los aspirantes a cargos de elección popular, los ciudadanos, o cualquier persona física o moral; las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobiernos municipales; órganos de gobiernos de Distrito Federal, órganos autónomos, y cualquier otro ente público; los concesionarios y permisionarios de radio o televisión; las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar partido político; las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes.
El apartado de infracciones se ha sistematizado para agrupar este tipo de faltas de acuerdo al sujeto infractor. De esta manera se enlistan las infracciones de los partidos políticos, de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, de las personas físicas y morales. También se incorporaron al texto del código nuevas infracciones que pueden ser cometidas por las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los poderes de la unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público; las infracciones de los notarios públicos, los concesionarios o permisionarios de radio y televisión, las conductas infractoras de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos, así como de las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos. En relación con los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, se perfeccionó la redacción de la norma precedente.
El catálogo de sanciones a imponer por las infracciones de las normas del código se reorganizó tomando como criterio al sujeto infractor. Así mismo, al final del capítulo se fijan reglas para la individualización de la sanción."
Las expresiones vertidas tanto en la exposición de motivos como en el dictamen de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, cobran concreción puntual en la implementación del nuevo Libro Séptimo denominado "De los regímenes sancionador electoral y disciplinario interno".
En el título primero de dicho libro, denominado "De las faltas electorales y su sanción", tiene relevancia su primer capítulo por su vinculación primordial al presente estudio, dado que se refiere a sujetos, conductas sancionables y sanciones.
El capítulo en comento está integrado por los artículos 340 a 355, que para efectos esquemáticos (específicamente) corresponderían a los tres grupos a que se refiere el capítulo: a) sujetos, b) conductas infractoras y c) sanciones.
Del procedimiento legislativo antes mencionado, destaca la expresa intención del legislador de esquematizar las infracciones en orden al carácter de los sujetos responsables, de lo que se obtiene que, por criterio legal expreso, el catálogo de sanciones referido a cada sujeto responsable es taxativo y excluyente, lo que significa que se separaron las infracciones y las sanciones en que podría incurrir cada sujeto, con la intención de no mezclar o confundir las conductas ilícitas en que cada uno podría incurrir, amén de establecer la manera en que debe proceder el Instituto Federal Electoral en relación a la imposición de las sanciones.
El carácter excluyente de la sistematización legal de las conductas consideradas como ilícitas, se traduce en que las infracciones que el legislador determinó por separado para un sujeto, no son aplicables a otro diferente, ya que para cada uno rige el conjunto de infracciones previamente determinado por el legislador, respecto de las cuales, también se estatuye la autoridad a la que corresponde conocer de la violación, a efecto de imponer la sanción procedentes, para el evento de que quede acreditada la comisión de la conducta ilícita.
Esta circunstancia expresamente manifestada por el legislador, consistente en su voluntad de sistematizar las infracciones en orden al carácter concreto y específico del sujeto responsable, constituye un principio de interpretación que orienta la forma de resolver el caso sometido a esta Sala Superior.
Tomando en consideración lo expuesto, se abordará el análisis, con relación particular a la materia de estudio, es decir, a los presuntos actos de proselitismo a favor y en contra de partidos políticos que enarbolan determinados temas en su plataforma electoral, cuya comisión se atribuye por el apelante a las asociaciones religiosas y ministros de culto, precisados en su queja, a la cual le recayó la resolución impugnada en el recurso de apelación que se resuelve.
1) Sujetos. En el artículo 341 se particulariza quiénes son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en el Código, y en los incisos que componen el párrafo 1 de ese numeral, se precisan los distintos grupos de sujetos de responsabilidad, de los que son de destacarse los identificados en el inciso l)
"Artículo 341.
l) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones religiosas.
2) Infracciones. Asimismo, el legislador estableció el catálogo de infracciones que se pueden imputar a cada uno de los grupos de sujetos responsables, y al respecto debe resaltarse que en el grupo específico de las Iglesias, asociaciones y agrupaciones religiosas, y ministros de culto, en el artículo 353 del código electoral federal, puntualmente, señaló las conductas ilícitas que les son atribuibles:
"Artículo 353
1.Constituyen infracciones al presente Código de los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión:
b) Realizar o promover aportaciones económicas a un partido político, aspirante o candidato a cargo de elección popular; y
c) El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas este Código.
3) Sanciones. Por último se estima pertinente mencionar que en el artículo 354 se establecen las sanciones que se pueden imponer a cada uno de los sujetos responsables, y de manera diferenciada, se determinan las que se pueden imponer a:
b) Agrupaciones políticas nacionales.
c) Aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular.
d) Ciudadanos, dirigentes y afiliados a los partidos políticos o de cualquier persona física o moral.
e) Observadores electorales u organizaciones de observadores electorales.
f) Concesionarios o permisionarios de radio y televisión.
g) Organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos.
h) Organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes en lo relativo a la creación y registro de partidos políticos.
La enumeración de sanciones aplicables a los sujetos relacionados en los incisos anteriores, encuentran correspondencia con los especificados en el artículo 341 (referido a los sujetos de responsabilidad) salvo los identificados en los incisos f), g), h) y l) de dicho artículo, que se enlistan a continuación.
l) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión;
Respecto de estos sujetos responsables –entre los que se encuentran, según se observa, los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión-, en el artículo 355, párrafos 1, 2, 3 y 4 se dan los lineamientos respectivos para el trámite que debe seguirse, y se puede advertir de manera general, que la autoridad administrativa electoral federal toma conocimiento de la infracción, integra el expediente y procede a remitirlo a la autoridad conducente (Auditoría Superior o equivalente a la entidad federativa; Colegio de Notarios; Secretaría de Relaciones Exteriores o Secretaría de Gobernación, según el caso) para los efectos que establezcan las leyes aplicables.
En efecto, el citado precepto en su parte conducente dispone.
"Artículo 355
1.Cuando las autoridades federales, estatales o municipales incumplan los mandatos de la autoridad electoral, no proporcionen en tiempo y forma la información que les sea solicitada, o no presten el auxilio y colaboración que les sea requerida por los órganos del Instituto Federal Electoral, se estará a lo siguiente:
a) Conocida la infracción, la Secretaría Ejecutiva integrará un expediente que será remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, para que éste proceda en los términos de ley;
b) El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá comunicar al Instituto las medidas que haya adoptado en el caso; y
2. Cuando el Instituto conozca del incumplimiento por parte de los notarios públicos a las obligaciones que el presente Código les impone, la Secretaría Ejecutiva integrará un expediente que se remitirá a la autoridad competente, para que proceda en los términos de la legislación aplicable; estos últimos deberán comunicar al Instituto, dentro del plazo de un mes, las medidas que haya adoptado y las sanciones impuestas. En todo caso, la autoridad competente ordenará las medidas cautelares a fin de que la conducta infractora cese de inmediato.
3. Cuando el Instituto tenga conocimiento de que un extranjero, por cualquier forma, pretenda inmiscuirse o se inmiscuya en asuntos políticos, tomará las medidas conducentes y procederá a informar de inmediato a la Secretaría de Gobernación, para los efectos previstos por la ley. Si el infractor se encuentra fuera del territorio nacional, el Instituto procederá a informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para los efectos a que haya lugar.
Por último en los párrafos 5 a 7 del artículo 355, se dan los lineamientos para la individualización de las sanciones que habrá de aplicar la autoridad administrativa electoral, respecto de las infracciones cometidas por los partidos políticos; agrupaciones políticas nacionales; aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular; ciudadanos, dirigentes y afiliados a los partidos políticos o de cualquier persona física o moral; observadores electorales u organizaciones de observadores electorales; concesionarios o permisionarios de radio y televisión; organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos; organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes en lo relativo a la creación y registro de partidos políticos.
En el contexto apuntado, debe destacarse que si bien en el artículo 341, párrafo 1, inciso d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en ese ordenamiento, "los ciudadanos, o cualquier persona física o moral", tal circunstancia no puede ser interpretada en el sentido de que en esa porción normativa puedan quedar comprendidos los demás sujetos que se especifican en los restantes incisos del precepto en cita, en tanto que, por un lado, todos ellos, finalmente forman parte de los géneros de personas físicas o personas morales, según sea el caso, y por otro, el principio de legalidad exige en materia de imposición de sanciones, que ésta se encuentre expresamente prevista por una conducta atribuida a un sujeto, al ser incuestionable que los componentes de los principios de exacta aplicación de la ley y de tipicidad, como son: la preexistencia de una lex certa, una predeterminación normativa clara y precisa tanto de la infracción como de la sanción y la univocidad de la norma, son exigibles en la confección legislativa que se haga de las infracciones en materia administrativa.
En ese sentido, las reglas relacionadas con la tipicidad, guardan aplicación también en la materia electoral, al ser una vertiente del derecho administrativo sancionador.
Así, en el ámbito electoral los preceptos jurídicos que sirvan para justificar una sanción deben ilustrar con un grado suficiente de certeza cuál es la hipótesis sancionable y en su caso, la sanción que ha de imponerse en caso de que se configure la infracción, por lo que no sería dable imponer por analogía, la contemplada en forma específica para determinados sujetos responsables a otros sujetos responsables que tienen un carácter o calidad diferente.
Esto, porque una intelección de la norma en el sentido apuntado, no permitiría entender la lógica seguida por el legislador, al señalar a los diversos sujetos responsables, a partir de su especial y concreto carácter o calidad, lo que traería por consecuencia, soslayar la sistematización que se pretendió establecer, a partir de los sujetos, infracciones y sanciones que en forma diferenciada se buscó prescribir, en forma taxativa y excluyente, en la implementación que orientó al nuevo diseño sancionador electoral.
En tales condiciones, es válido concluir que si bien los ministros de culto, forman parte del género personas físicas, y las Iglesias, asociaciones y agrupaciones religiosas son personas morales, tal situación no cabe ser tomada en cuenta, para efectos de determinar las infracciones que pueden cometer o de las sanciones que deben imponerse por la transgresión a las disposiciones electorales, al ser insoslayable, que en el catálogo de sujetos infractores, el legislador los contempló y diferenció –al igual que a los demás sujetos responsables- a partir de su particular y específica calidad o carácter.
Así, en función de las afirmaciones realizadas en la exposición de motivos de la iniciativa de modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, del dictamen de la Cámara de Diputados y del análisis de las disposiciones del texto vigente de dicho Código, es posible concluir que el Instituto Federal Electoral cuenta con atribuciones para sancionar a los sujetos precisados en el parágrafo que antecede, cuando se acredite su responsabilidad por la comisión de conductas violatorias de la normatividad electoral; mientras que en tratándose de los sujetos mencionados en los incisos f), g), h) y l), del artículo 341, del citado ordenamiento, la intervención de dicho organismo electoral en relación a esta clase de sujetos, consiste en la integración del expediente respectivo, una vez que tenga conocimiento de la conducta presumiblemente infractora, el cual después de debidamente integrado, lo remitirá a la autoridad competente, con el objeto de que ésta determine la infracción, y en su caso, imponga las sanciones procedentes.
Similar criterio se sostuvo por este órgano jurisdiccional al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-22/2009, cuya parte relativa, es del tenor siguiente:
El apelante agrega que se transgrede el artículo 41, párrafo 2, base III, apartado C y 134, párrafos octavo y noveno de la Carta Magna, en relación con el artículo 347, incisos c) y d), del Código Federal, en virtud de que se vulneró la equidad en la competencia electoral al no respetarse la libre participación política de los demás partidos políticos, ajenos a la propaganda motivo de denuncia.
Estos argumentos son infundados, dado que no ha lugar a considerar que el denunciado, en su carácter de partido político, pueda ser sujeto responsable de la violación a los artículos precitados, con motivo de la propaganda en comento.
Al respecto se estima pertinente analizar el contenido de los dispositivos citados, así como de aquellos que regulan la propaganda concerniente a los programas sociales, y el ejercicio de los recursos en ellos involucrados.
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia."
"Artículo 134.
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público."
"Artículo 347
1. Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:
d) Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución;"
Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos.
"2. .Se considerará propaganda político electoral contraria a la ley, aquella contratada con recursos públicos, difundida por instituciones y poderes públicos federales, locales, municipales, o del Distrito Federal, órganos autónomos, cualquier ente público de los tres órganos de gobierno o sus servidores públicos; a través de radio, televisión, prensa, mantas, bardas, anuncios espectaculares, volantes u otros medios similares que contenga alguno de los elementos siguientes:
h) Cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos."
El contenido de estos artículos permite advertir que sus disposiciones están dirigidas a sujetos específicos como son autoridades, órganos de gobierno y servidores públicos, sin que en ninguno de las hipótesis se haga referencia a partidos políticos.
Esto es así porque el artículo 41 habla de propaganda gubernamental; el 134 de servidores públicos de la federación y de las entidades federativas, así como de los municipios y delegaciones del Distrito Federal; el 347 de las autoridades o los servidores públicos en los distintos ámbitos de gobierno, y el 2 del Reglamento de Instituciones, a poderes públicos y órganos en los ámbitos de gobierno.
La referencia a los partidos políticos, que hacen las disposiciones transcritas, está vinculada a los efectos y consecuencias que pueden producirse con motivo de las conductas infractoras en que pueden incurrir esas autoridades, instituciones, órganos de gobierno y servidores públicos, en virtud de que se afecte la equidad en la competencia electoral; mas no con relación a que dichos partidos políticos puedan considerarse responsables, con motivo de propaganda que lleven a cabo los sujetos antes descritos.
Esto resulta lógico, dado que a los partidos políticos no se les confiere, dentro de sus atribuciones, el manejo de los recursos a cargo de esas autoridades, instituciones, órganos y servidores públicos, como para responsabilizarlos con motivo de la propaganda en donde se promocione a un partido político determinado.
En consecuencia, contra lo que pretende el recurrente no existe base legal para estimar, que con motivo de la propaganda que dio origen a la denuncia, el Partido Acción Nacional puede transgredir alguna de las disposiciones pretranscritas.
No obsta a la conclusión anterior, que en el artículo 347, párrafo 1, in fine, del Código Federal, esté contenida la denominación cualquier otro ente público, pues como se verá a continuación, no existe base legal para identificar a un partido político con dicha denominación.
Para ello es necesario analizar las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicadas en el Diario Oficial de la Federación de catorce de enero de dos mil ocho.
En la exposición de motivos de la iniciativa de modificación, se estimó que desde la promulgación del Código en mil novecientos noventa, éste había carecido de disposiciones que regularan suficientemente los procedimientos para sancionar conductas prohibidas en la Constitución y en la propia Ley.
A efecto de subsanar la omisión apuntada, en la iniciativa se propuso un nuevo Libro Séptimo, correspondiente a los procedimientos para la imposición de sanciones a los sujetos que incurrieran en conductas prohibidas, y en la que se quiso establecer con precisión las sanciones aplicables.
Al respecto, en la exposición de motivos se señala que:
En el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados (en su calidad de cámara revisora) se retoma el señalamiento de las omisiones en que incurría el Código anterior, para establecer sanciones aplicables a conductas violatorias de la norma; así mismo, en dicho dictamen, con relación al capítulo primero del nuevo Libro Séptimo, se destaca lo siguiente:
Las expresiones vertidas en la exposición de motivos y en el dictamen precedentes, cobran concreción puntual en la implementación del nuevo Libro Séptimo denominado De los regímenes sancionador electoral y disciplinario interno.
En el título primero de dicho libro De las faltas electorales y su sanción, tiene relevancia su primer capítulo por su vinculación primordial al presente estudio, dado que se refiere a Sujetos, conductas sancionables y sanciones.
Del procedimiento legislativo antes mencionado, destaca la expresa intención del legislador de organizar las infracciones en orden a los sujetos responsables, de lo que se obtiene que, por criterio legal expreso, el catálogo de sanciones referido a cada sujeto responsable es de carácter taxativo y excluyente, lo que significa que se separaron las infracciones y las sanciones en que podría incurrir cada sujeto, con la intención de no mezclar o confundir las conductas ilícitas en que cada uno podría incurrir.
El carácter excluyente de la organización legal de las conductas consideradas como ilícitas, se traduce en que las infracciones que el legislador sistematizó por separado para un sujeto, no son aplicables a otro diferente, ya que para cada uno rige el conjunto de infracciones previamente determinado por el legislador.
Esta circunstancia expresamente manifestada por el legislador, consistente en su voluntad de sistematizar las infracciones en orden al sujeto responsable, constituye un principio de interpretación que orienta la forma de resolver el caso sometido a esta Sala Superior.
Tomando en consideración lo expuesto, se abordará el análisis, con relación particular a la materia de estudio, es decir, a la propaganda del Partido Acción Nacional motivo de denuncia, que involucra temas atinentes a partidos políticos, propaganda y programas de gobierno.
En el artículo 341 se particulariza quiénes son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en el Código, y en los incisos que componen el párrafo 1 de ese numeral, se precisan los distintos grupos de sujetos de responsabilidad, de los que son de destacarse los identificados con los incisos a), c) y f):
c) Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular.
f) Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los poderes de la unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos y cualquier otro ente público.
Es evidente que al mencionarse en incisos diferentes a los partidos políticos y a los demás sujetos de responsabilidad, el legislador quiso diferenciar los grupos de sujetos imputables, por lo que no habría razón, para considerar que en la denominación ente público —inciso f)— deba considerarse también a los partidos políticos.
Lo anterior se ve reforzado porque como se verá a continuación, el legislador establece el catálogo de infracciones que se pueden imputar a cada uno de los grupos de sujetos responsables, y al respecto debe resaltarse que en el grupo específico de los partidos políticos se relacionan, puntualmente, las conductas sancionables que le son atribuibles.
b) Conductas infractoras.
Con relación a los partidos políticos, en el artículo 342, párrafo 1 incisos a), e), g), h) y j), se prevén hipótesis sancionables que vinculan propaganda.
Esas hipótesis se refieren a lo siguiente:
1. El cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 38 del propio Código, que en materia de propaganda política o electoral, se refieren a abstenerse de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas; así como abstenerse de utilizar símbolos religiosos, expresiones, alusiones o fundamentos de carácter religioso.
2. Realización anticipada de actos de precampaña o campaña.
3. Realización de actos de precampaña o campaña en territorio extranjero, cuando se acredite que se hizo con consentimiento de algún partido político, sin perjuicio de que se determine la responsabilidad de quien hubiera cometido la infracción.
4. Incumplimiento de las demás disposiciones atinentes a precampañas y campañas electorales.
5. Difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos.
Con relación a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular debe tenerse en cuenta lo que dispone el artículo 344, párrafo 1, incisos a) y f), en donde se establece como infracción, que realicen actos anticipados de precampaña o campaña; así como el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código.
Por último respecto de autoridades y servidores públicos, en lo que interesa a este estudio, el artículo 347, párrafo 1 inciso e) dispone a la letra:
"Artículo 347.
1. Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los poderes de la unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público (…).
e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato; (…)"
En esa transcripción se hace evidente que la utilización de programas y de sus recursos con fines electorales está prohibido específicamente a los servidores públicos y a las autoridades descritas en la transcripción precedente.
Por último se estima pertinente mencionar que en el artículo 354 se establecen las infracciones que se pueden imponer a cada uno de los sujetos responsables, y de manera diferenciada, se determinan las que se pueden imponer a:
"f) Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los poderes de la unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público;
h) Los extranjeros; (…)
l) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión; (…)"
Respecto de estos sujetos responsables, en el artículo 355, párrafos 1, 2, 3 y 4 se dan los lineamientos respectivos para el trámite que debe seguirse, y se puede advertir de manera general, que la Autoridad Administrativa Electoral toma conocimiento de la infracción, integra expediente y remite a la autoridad conducente (Auditoría Superior o equivalente a la entidad federativa; Colegio de Notarios; Secretaría de Gobernación) para los efectos que establezca las leyes aplicables.
Por último en los párrafos 5 a 7 del artículo 355 se dan los lineamientos para la individualización de las sanciones que habrá de aplicar la Autoridad Administrativa Electoral.
Así, en función de las afirmaciones realizadas en la exposición de motivos de la iniciativa de modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, del dictamen de la Cámara de Diputados y del análisis de las disposiciones del texto vigente de dicho Código, es posible arribar a las conclusiones siguientes.
— A los sujetos responsables, que ya relacionaba el texto anterior del Código, se incorporaron otros, que realizaban conductas que el Código no tipificaba como sancionables de manera expresa.
— En el capítulo primero del Libro Séptimo se clasifica claramente a los distintos grupos de sujetos responsables. Entre esos grupos diferenciados se encuentran, entre otros: a) los partidos políticos; b) aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, y c) las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los poderes de la unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público.
— En las hipótesis de conductas que dan lugar a fincar responsabilidad a los partidos políticos, no se especifica alguna que describa como hecho sancionable el hacer propaganda con referencia a programas sociales.
— Entre la descripción de conductas que producen infracción, vinculadas a programas sociales, se encuentran únicamente las imputables a las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los poderes de la unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público, al prohibírseles utilizar programas sociales y sus recursos con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político.
— Aunque en la relación de los sujetos responsables del párrafo anterior se incluye la denominación cualquier otro ente público, en esta categoría no es posible ubicar a los partidos políticos, pues éstos corresponden a un grupo específico diverso de sujetos responsables, y de igual forma, se establecen las infracciones particulares que se pueden imputar a dichos partidos políticos.
— El análisis previo a estas conclusiones permite observar, que el legislador ordinario racionalmente estableció determinados grupos de sujetos responsables; los catálogos de conductas imputables a cada uno de esos grupos, y las sanciones que en su caso se pueden imponer a la mayoría de esos grupos de sujetos responsables.
— Entonces no hay base admisible, para sustentar que hipótesis de conductas sancionables atribuibles a los servidores públicos, a las autoridades y a los órganos de gobierno (vinculados específicamente con programas sociales y sus recursos) puedan ser trasladadas al ámbito de los partidos políticos, ya que si ésta hubiera sido la intención del legislador, esas conductas las habría considerado también dentro del catálogo de conductas sancionables respecto de los partidos políticos.
— Por tanto la denominación cualquier otro ente público debe referirse a órganos de gobierno (no relacionados en el artículo 341, párrafo 1, inciso f)), que por sus propias atribuciones manejen programas sociales y sus recursos, como podría ser una empresa de participación estatal mayoritaria.
— Ante la falta de hipótesis legal en donde se establezca responsabilidad de partidos políticos por realizar propaganda vinculada a programas sociales, no hay duda que se está ante la falta o ausencia de tipicidad, cuando un partido político realiza actos de la índole apuntada, y ante la exigencia de estricta tipicidad que rige en el Derecho Administrativo Sancionador Electoral, no es posible tomar elementos de supuestos legales concernientes a servidores públicos y autoridades, para aplicarlos a los partidos políticos y encuadrar su conducta como sancionable.
Todas estas consideraciones dan lugar a sostener que conforme al análisis de los artículos que conforman el capítulo primero del Libro Séptimo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no existe disposición que describa como infractora una conducta, en la que un partido político realice propaganda con referencia a programas sociales.
En las condiciones apuntadas, es incuestionable que la participación del Instituto Federal Electoral se concreta a la fase de integración del expediente motivo de la denuncia, esto es, instruir la investigación conducente a fin de allegarse de la información y documentación que el caso requiera, la cual queda a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 355, párrafo 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 76, 77, 78 y 79, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, cuando se presente ante el Instituto Federal Electoral una denuncia por la comisión de infracciones por parte de las Iglesias, asociaciones religiosas y ministros de culto, con motivo de la violación a alguna de las prohibiciones que tienen impuestas, como es la referente a llevar a cabo actos de proselitismo o propaganda de cualquier tipo a favor o en contra de algún partido político y/o candidato, el Secretario Ejecutivo de la mencionada autoridad electoral administrativa federal debe remitir la queja a la Secretaría de Gobernación para que ésta proceda conforme a sus atribuciones, para lo cual, deberá integrar el expediente con la denuncia y pruebas que se hayan aportado, y en su caso, deberá agregar cualquier otra constancia que tenga en su poder en relación a los hechos denunciados, con el objeto de que la Secretaría de Gobernación esté en aptitud de actuar conforme a sus atribuciones.
Es menester apuntar, que cuando el artículo 355, párrafo 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que tratándose de infracciones cometidas por las iglesias, asociaciones o agrupaciones religiosas y ministros de culto, el Instituto informará de ello a la Secretaría de Gobernación para los efectos de su competencia, sin especificar, en forma expresa, que debe integrar el expediente respectivo, esta norma debe interpretarse de manera sistemática con lo previsto en los artículos 76 y 77 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, numerales que disponen que en el supuesto de que se trata, la autoridad electoral administrativa tendrá que integrar el expediente atinente.
De esa suerte, el alcance de la norma legal ha de entenderse en correspondencia con la norma reglamentaria, por ser ésta la que instrumenta la disposición legal en comento; de lo que es factible concluir válidamente, que el Instituto, tendrá que integrar el expediente correspondiente.
Ahora bien, con el objeto de establecer en qué consiste la obligación de integrar el expediente que debe remitirse en términos de lo dispuesto en los artículos 355, párrafo 4, del código electoral federal, y 76, 77 y 78 del Reglamento de Quejas y Denuncias, las disposiciones en cita, deben interpretarse a la luz de lo estatuido por los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del 118, párrafo 1, inciso t), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que para esclarecer el sentido de un precepto, según se apuntó, es menester procurar la coherencia entre las diversas disposiciones del sistema jurídico que regulan determinada situación en específico.
De acuerdo con la invocada norma constitucional debe tenerse presente que el Instituto Federal Electoral como autoridad electoral responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, tiene el deber de velar por el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en la materia, así como de que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas sus actividades, para lo cual, el legislador confirió al mencionado organismo electoral, la atribución de llevar a cabo las investigaciones conducentes, cuando se esté en presencia de hechos que afecten de modo relevante los derechos de los partidos políticos o el proceso electoral.
El ejercicio de la señalada potestad tiene como sustento la propia obligación que la Constitución Federal impone al Instituto de vigilar que en los procesos electorales se respeten las normas constitucionales y legales a fin de imprimir de legalidad y certidumbre a los comicios federales que se celebren para la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, razón que explica, que esa facultad investigadora siempre la conserva el Instituto, ya que ningún precepto restringe la posibilidad de ejercer tal atribución, a partir de la calidad de los sujetos inmiscuidos en la posible violación a la normatividad electoral.
Por el contrario, la operatividad y funcionalidad de la disposición que establece la potestad investigadora del Instituto Federal Electoral, para realizar las indagaciones que estime conducentes, ante la existencia de hechos que puedan afectar el proceso comicial, en los que eventualmente se encuentren inmiscuidos ministros de culto, Iglesias, asociaciones o agrupaciones religiosas con motivo de la realización de actos de proselitismo a favor o en contra de partidos políticos y/o de candidatos, se refracta en la obligación que se impone de integrar el expediente que habrá de remitirse de acuerdo con lo dispuesto en los invocados artículos 355, párrafo 4, del código federal electoral, 76, 77 y 78 del Reglamento de Quejas y Denuncias.
Es decir, la autoridad electoral administrativa federal ante la existencia de una infracción a la normatividad electoral por parte de las Iglesias, asociaciones o agrupaciones religiosas y ministros de culto, se encuentra constreñida a integrar el expediente, porción normativa que debe interpretarse en un sentido funcional, esto es, que permita al Instituto recabar al efecto, todos aquellos elementos que se encuentren a su alcance y que puedan derivarse de los indicios que se desprendan de las pruebas aportadas por el denunciante o que obren en autos, ello, evidentemente, respetando las garantías mínimas del debido proceso.
En efecto, el término "integrar el expediente" a que se refiere el artículo 77 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, debe interpretarse en la connotación y alcance que a dicho vocablo se le ha dado en el derecho positivo mexicano, conforme al cual, el vocablo "integrar", procesalmente puede asimilarse a substanciar, esto es, que indistintamente son indicativos de atribuir a la persona o institución a quien se le otorga la facultad correspondiente, para recibir, recabar y desahogar todos aquellos elementos probatorios necesarios para la acreditación de una conducta ilícita, que conforme a sus atribuciones le permitan poner en estado de resolución la causa o expediente correspondiente.
Lo anterior es así, dado que las facultades conferidas al mencionado órgano electoral, a quien la Constitución Federal encomienda la función estatal de organizar los procesos comiciales, así como vigilar que se cumplan con las disposiciones constitucionales y legales en la materia electoral, en modo alguno se reducen a la de ser simplemente un receptor de documentos; por el contrario, su vital función implica que debe realizar todas las actividades e investigaciones que permitan esclarecer si existen transgresiones a la normatividad electoral.
De lo hasta ahora expuesto, se deriva que, cuando se denuncien hechos por la realización de actos de proselitismo a favor o en contra de los partidos políticos y/o candidatos, atribuidos a las Iglesias, asociaciones o agrupaciones religiosas y ministros de culto, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, como órgano encargado de la integración de los expedientes, tendrá las facultades necesarias para investigar por los medios a su alcance los hechos respectivos, entendiéndose por "investigar" lo que define la Real Academia de la Lengua Española -"hacer diligencias para descubrir una cosa"-, razón por la que esta expresión debe entenderse como la atribución que tiene de solicitar la información y documentación con que cuenten las instancias competentes del propio Instituto o, en su caso, realizar las diligencias que estime necesarias relacionadas con los hechos denunciados, que pudiera resultar relevante para la debida integración de la queja presentada; respetando para ello, se insiste, las garantías mínimas del debido proceso, inherentes a los procedimientos administrativos.
Así, una vez que esté debidamente integrado el expediente respectivo, la señalada autoridad del Instituto Federal Electoral lo remitirá de inmediato, en términos de lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 4, del código electoral federal, así como en los numerales 76, 77 y 78 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral.
Como se observa, la intervención del Instituto de ninguna manera se limita a remitir, sin mayor trámite, la queja a la Secretaría de Gobernación, ya que según se apuntó, se encuentra obligado a integrar el expediente, lo cual conlleva, efectuar las indagaciones necesarias, recabando la información, pruebas y documentos que se encuentren a su alcance, así como determinar, si en su concepto existe una infracción a la normativa electoral por parte de las asociaciones religiosas y ministros de culto denunciados en la queja, a efecto de que la Secretaría de Gobernación, por conducto de la comisión a la que se refiere el artículo 30, párrafo 1, de la Ley de Asociaciones y Culto Público, cuente con elementos indispensables para actuar conforme a sus atribuciones.
En las relatadas circunstancias, en concepto de la Sala Superior, el agravio en examen resulta parcialmente fundado, ya que no asiste razón al recurrente, en lo tocante a que es competencia del Instituto Federal Electoral aplicar las sanciones procedentes, por la realización de actos de proselitismo a favor y en contra de los partidos que enarbolan determinados principios en su plataforma electoral, cuya comisión atribuye a "la Iglesia Católica Apostólica Romana en México, A.R.; a la Conferencia del Episcopado Mexicano A.R.; a la Diócesis de Cuernavaca; al Obispo de Toluca, Monseñor Francisco Javier Chavolla Ramos; Obispo de la diócesis de Cuernavaca, Monseñor Florencio Olvera Ochoa y al Prelado Raúl Martínez, Coordinador de Pastoral Social de la Providencia Eclesiástica de Tlalnepantla", en virtud de que ha quedado evidenciado, que tal facultad corresponde a la Secretaría de Gobernación.
Empero, este órgano jurisdiccional estima que resulta fundado el agravio, en la porción donde el recurrente sostiene que en forma indebida, el funcionario responsable, sin mayor trámite, se circunscribió a remitir su queja a la Secretaría de Gobernación, ya que el Instituto Federal Electoral estaba obligado a realizar las investigaciones conducentes, a fin de integrar debidamente el expediente, recabando la información, pruebas y documentos que se encuentren a su alcance, a efecto de que la comisión que determina la Ley de Asociaciones y Culto Público, cuente con elementos indispensables para actuar conforme a sus atribuciones.
En consecuencia, lo procedente es revocar la resolución impugnada, a efecto de que el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, para la debida integración del expediente, realice las investigaciones conducentes, recabando la información, pruebas y documentos que se encuentren a su alcance, a partir de los indicios que se desprendan de la denuncia, y en su caso, se determine por el Instituto Federal Electoral si se actualiza una infracción a la normativa electoral por parte de los sujetos denunciados en la queja presentada por el ahora apelante; y una vez integrado el expediente, bajo los parámetros apuntados, proceda en términos de lo dispuesto en los artículos 355, párrafo 4, del código federal electoral, 76, 77 y 78 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral.
Asimismo, deberá informar a la Sala Superior el cumplimiento que dé a la presente ejecutoria, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a que lo anterior tenga lugar.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se
ÚNICO. Se revoca la resolución contenida en el oficio SCG/745/2009, de veinticuatro de abril de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para los efectos precisados en la parte final del considerando cuarto de la presente ejecutoria.
NOTIFÍQUESE personalmente, al Partido Socialdemócrata, en el domicilio señalado en autos; por oficio, con copia certificada anexa de la presente resolución, al Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral y por su conducto, a la Secretaría de Gobernación; por estrados, a los demás interesados, de conformidad con lo previsto por los artículos 26, 27 y 28, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
En su oportunidad, devuélvanse los documentos atinentes, debiéndose remitir al Instituto Federal Electoral el expediente enviado a la Sala Superior por la Secretaría de Gobernación, a fin de que el mencionado organismo electoral atienda lo ordenado en esta ejecutoria; realizado lo anterior, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido.
Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Rúbricas.

References: resolución 
 artículo 27

ARTÍCULO 30
 artículo 8
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 resolución 
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 4
 resolución 
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 resolución 
 resolución 
 artículo 355
 resolución 
 artículo 15
 artículo 19
 resolución 
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 45
 artículo 18
 artículo 40
 resolución 
 artículo 3
 artículo 353
 artículo 355
 resolución 
 resolución 
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 8
 artículo 41
 artículo 99
 artículo 130
 artículo 130

Artículo 3

Artículo 14

Artículo 25

Artículo 29
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Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33
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 artículo 38
 artículo 130
 artículo 24
 artículo 130
 artículo 130
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 artículo 341
 artículo 353
 artículo 354
 artículo 341
 artículo 355
 artículo 355
 artículo 341
 artículo 341
 artículo 41
 artículo 347
 artículo 134
 artículo 41
 artículo 347
in fine
 artículo 341
 artículo 342
 artículo 38
 artículo 344
 artículo 347
 artículo 354
 artículo 355
 artículo 355
 artículo 341
 artículo 355
 artículo 77
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 artículo 355
 artículo 30
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