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Timestamp: 2020-02-21 05:47:33+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 18, de 05/07/2019
cve: BOCG-13-D-18
010/000010 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas ... (Página3)
031/000010 Composición de la Junta de Portavoces. Altas y bajas ... (Página3)
162/000006 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre pensiones ... (Página4)
162/000007 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre salario mínimo y derogación de la reforma laboral ... (Página5)
162/000008 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre transferencia de las competencias pendientes ... (Página6)
162/000009 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la derogación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ... (Página7)
162/000010 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a garantizar la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria mediante una financiación adecuada al coste real de la enseñanza concertada ... (Página8)
162/000011 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre la aprobación urgente de un Plan para el impulso y el desarrollo de la España rural ... (Página10)
162/000012 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a impulsar la industria de la automoción y fabricantes de equipos y componentes para la automoción ... (Página11)
232/000007 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 5334/2017, interpuesto por el Presidente del Gobierno, contra los artículos 2.2 e) [que por su ubicación sistemática debería ser el 2.2 i)], 4 e), 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16.3, 19, 21.4, 24.3 y .4, 40 a 50, 51.1 (inciso final), 51.3, apartados a) y b), 52.1 y .3, disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y séptima, disposición transitoria tercera y disposiciones finales quinta y sexta, de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático ... (Página14)
232/000008 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 5049/2017, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, contra los artículos 35; 36.1.a; 46.1 y .3; 59; 60.3, .4, .5 y .6; 61.1; 63.1; 65.2; 68.3; 69.1; 94.3; 102.1; 103.4, .7 y .8; 114.1; 122.3; 123; 126; 128 d; 144.3 y .6; 150.4; 154; 165.3; 174.2; 184.3; y la disposición transitoria primera de la Ley canaria 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias ... (Página15)
120/000006 Acuerdo de la Mesa de la Cámara admitiendo el escrito presentado por don Manuel Nicolás Martos García de Veas, por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular para la regulación del personal longevo al servicio de las Administraciones Públicas ... (Página17)
ROLDÁN MONÉS, Antonio 26-06-2019
010/000010
Grupo Parlamentario Ciudadanos (010/000005)
Número de miembros al 3 de julio de 2019: 56
031/000010
Grupo Parlamentario Ciudadanos (031/000005)
ROLDÁN MONÉS, Antonio ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 24-06-2019
BAL FRANCÉS, Eduardo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 24-06-2019
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy, en relación con las siguientes Proposiciones no de Ley y, considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Pleno, ha acordado admitirlas a trámite conforme al artículo 194 del Reglamento, entendiendo que, en el caso de su eventual aprobación, estarían dirigidas al Gobierno que se constituya, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Iñaki Ruiz de Pinedo, Diputado de EH Bildu, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre pensiones, para su debate en Pleno.
El acceso a una pensión que permita llevar una vida digna a las personas que deben percibirla es un derecho que debe ser garantizado por los poderes públicos, algo que está lejos de ser una realidad a día de hoy y en serio riesgo de empeorar a futuro si no se toman medidas correctoras de forma inmediata.
Desde la aprobación del Real Decreto 1/1994 que regula el Sistema General de la Seguridad Social y ampara de forma directa el sistema de pensiones y protección social, lejos de lograr este objetivo, las políticas aplicadas han llevado a amplios sectores de la ciudadanía a no poder acceder a una pensión digna, realidad que se ha extendido a miles de personas más a consecuencia de las reformas realizadas en los últimos años.
Estas reformas no han sido derogadas ni los recortes revertidos por el Gobierno del PSOE, que no ha traducido sus promesas en hechos, y sigue permitiendo que las pensiones no alcancen umbrales suficientes para asegurar una vida digna para todas las personas pensionistas.
Por ello es urgente, inaplazable, garantizar las pensiones presentes y futuras, partiendo de una premisa clara: las personas pensionistas tienen derecho a percibir unos ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades vitales.
Ello supone conseguir un sistema que garantice que la cuantía de las mismas no sea inferior al umbral de la pobreza, que según define la Carta Social de la UE debe calcularse sobre el equivalente al 60 % del salario medio de los trabajadores de su entorno.
En Euskal Herria existe una mayoría social, política y sindical contraria a las políticas aplicadas en esta materia en los últimos años, así como una demanda de contar con instrumentos propios para hacer frente a las necesidades de las personas pensionistas. Es una opinión cada vez más extendida que lo que no es viable, lo que no asegura nuestras pensiones, es el sistema actual español, y que tenemos que transitar a un sistema con capacidad de decisión y gestión propia.
Por eso somos de la opinión de que las transferencias pendientes en materia de Seguridad Social nos permitirían avanzar en una mejor gestión del sistema actual y supondría además poner en práctica los mecanismos para la gestión del futuro sistema propio. Todo ello sin olvidar que la mencionada transferencia es una capacidad reconocida por el Estatuto y el Amejoramiento, en una ley básica de obligado cumplimiento.
Por todo lo anterior, y sin perjuicio de las competencias propias que en estas materias corresponden a la Comunidad Autónoma Vasca y Foral de Navarra, se plantea a este Congreso la adopción de la presente
"Instando al Gobierno en los términos siguientes:
a) Proceder a la Transferencia inmediata a la Comunidad Autónoma Vasca y Foral de Navarra de todas las competencias pendientes relativas a la Seguridad Social, referentes al desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.
b) Proceder a garantizar que no habrá pensiones por debajo del umbral de la pobreza, tomando como referencia: La UE define que el umbral de la pobreza se debe calcular sobre el equivalente al 60 % del salario medio de los trabajadores del entorno, y La Carta Social Europea, suscrita por el Estado Español sitúa la cuantía del SMI en un valor igual al 60 % del salario medio neto. En el caso de Euskal Herria equivale a 1.080 euros."
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2019.-Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano, Diputado.-Oskar Matute García de Jalón, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000007
Oskar Matute García de Jalón, Diputado de EH Bildu, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre salario mínimo y derogación reforma laboral, para su debate en Pleno.
El principal indicador del mercado laboral actual es la precarización general, y, en consecuencia, la amenaza permanente de la pobreza y la exclusión social. Tener un empleo ya no es garantía de una vida digna. Esa realidad que muestran permanentemente los datos es una de las principales características del nuevo panorama postcrisis, y, desde ese punto de vista, no es en absoluto extraño, sino lógico, que la mayor preocupación de la ciudadanía en estos últimos tiempos esté relacionada con las condiciones laborales.
De igual manera, las reformas laborales llevadas a cabo en Madrid en 2010 por el PSOE y en el 2012 por el PP, han acabado con el equilibrio de las relaciones laborales, o, mejor dicho, han incrementado el desequilibrio que ya favorecía a los empresarios. Esto ha tenido un impacto negativo y nefastas consecuencias para los y las trabajadoras de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Navarra como también para los y las trabajadoras del Estado en su conjunto. Una de las consecuencias, además de abaratar el despido y la precarización de las condiciones laborales, ha sido la estatalización de la negociación colectiva, lo que ha venido en detrimento de nuestros trabajadores y trabajadoras.
Porque, en definitiva, el nuevo marco de relaciones laborales que ha establecido la reforma laboral, además de dejar sin contenido y hacer inaplicables las medidas en defensa de la igualdad en el empleo de la Ley para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, tendrá una incidencia negativa sobre la posición laboral de las mujeres y contribuirá a incrementar la discriminación laboral por razón de sexo. La reforma disminuye las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral rompiendo definitivamente con el criterio de corresponsabilidad y depositando la responsabilidad del cuidado enteramente en las familias.
El PSOE aseguró que derogaría la reforma laboral, y cuenta con los apoyos para ello pero, faltando a su palabra, sigue sin materializar dicha derogación.
En ese sentido, una de las funciones más destacadas de las políticas públicas debe ser la de conocer y medir debidamente esa realidad estable y permanente, y, en aras a revertirla, acordar y poner en vigor las medidas pertinentes, utilizando las herramientas necesarias para ello. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la precarización laboral es uno de los problemas más graves, junto con la brecha salarial existente
entre hombres y mujeres, la labor de dignificación de las condiciones laborales y de fomento de empleos de calidad debe de ser el primer reto, compromiso y objetivo de las instituciones públicas.
En ese contexto, entre otras herramientas, un salario mínimo interprofesional adecuado podría ser un hito significativo en esa lucha por las condiciones laborales y un avance en la dignificación de los salarios, especialmente para los sectores más precarizados como son las mujeres o los jóvenes, así como la determinación para derogar las reformas laborales y poner en vigor un modelo propio y específico para las relaciones laborales y la negociación colectiva a nivel de la CAV y Navarra. Un mínimo que permita idear, llevar a cabo y desarrollar proyectos de vida, y que supone un soporte sólido y fiable para diferentes derechos, prestaciones y reivindicaciones legítimas; por tanto, un mínimo que esté estrechamente ligado a la realidad socioeconómica y el modelo productivo del territorio. En nuestro caso, aplicando los criterios establecidos por la Carta Social Europea, y atendiendo a las reivindicaciones promovidas por diferentes agentes y sindicatos, podemos establecer ese mínimo en 1.200 euros, con 14 pagas.
a) Vincular de manera especial el salario mínimo interprofesional con la realidad, el nivel de vida y el modelo productivo de cada territorio. Por tanto, transferir a la Comunidad Autónoma Vasca y a la Comunidad Foral de Navarra, la capacidad y competencia para establecer un Salario Mínimo interprofesional propio y acorde a la realidad económica de cada territorio.
b) Adoptar la implantación en la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra de un salario mínimo interprofesional neto de al menos 1.200 euros, con 14 pagas.
c) Derogar las reformas laborales del 2010 y el 2012."
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2019.-Oskar Matute García de Jalón, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000008
Mertxe Aizpurua Arzallus, Diputada de EH Bildu, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre transferencia de las competencias pendientes, para su debate en Pleno.
Tras 40 años de haberse aprobado el Estatuto de Gernika, 36 competencias recogidas en dicho Estatuto, y que, por lo tanto, según la ley y el derecho corresponden a la sociedad vasca, siguen pendientes de transferirse. Además, 25 competencias recogidas en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra 37 años después siguen sin haberse transferido a la Comunidad Foral de Navarra (CFN).
Esta situación ha generado que la ciudadanía de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y de la CFN no haya podido desarrollar, como le compete y en plenitud de sus funciones, una serie de derechos que le corresponden.
En este sentido, a lo largo de estos años, la actuación de bloqueo de los diferentes ejecutivos españoles ha evidenciado un sistema de relación basado en la subordinación de las instituciones de la CAV y Navarra, además de la voluntad del Estado de seguir dando continuidad a un fraude que dura ya casi 40 años.
Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a presentar un calendario de ejecución de las transferencias pendientes, la propuesta realizada al respecto dejó claro, en el caso de la CAV, la falta de
voluntad de cumplir la ley, excluyendo la competencia de la Seguridad Social del calendario previsto, además de no concretar nada respecto de la transferencia de prisiones.
Tampoco en la Comisión Mixta compuesta por los ejecutivos de Sanchez y Urkullu ha habido avances sustanciales, y el calendario que se marcó a desarrollar en seis meses, no se ha cumplido.
Otro tanto ha ocurrido en el caso de Navarra; no se han dado pasos por parte de los ejecutivos del Estado para transferir las competencias pendientes.
En ambos casos, las comisiones que se han constituido han pretendido ser marcos de negociación sobre competencias recogidas por leyes de obligado cumplimiento, en lugar de actuar como meros marcos de implementación de desarrollo de lo que marcan el Estatuto de Gernika y la LORAFNA.
Dada la gravedad de la situación, urge la transferencia de las 36 competencias pendientes a la CAV, y de las 25 a Navarra en su integridad, sin demoras, e incluida la transferencia inmediata sobre la gestión del régimen económico de la Seguridad Social por ser urgente e imprescindible.
Además, se debe superar el actual modelo de relación entre la CAV-CFN y el Estado español para construir un nuevo modelo de relación entre iguales.
a) Incluir con carácter prioritario en el plan y calendario de trabajo remitido al Gobierno Vasco para el traspaso de las competencias pendientes recogidas en el Estatuto de Gernika, las competencias referidas al Régimen Económico de la Seguridad Social y Prisiones, para su posterior cumplimiento de acuerdo a los términos requeridos por el Parlamento Vasco en junio del 2018.
b) Incluir con carácter prioritario en el plan y calendario de trabajo a desarrollar, la transferencia a la CFN de las 25 competencias pendientes recogidas en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, que deberá de materializarse en un máximo de seis meses.
c) Establecer con la CAV y la CFN un marco de relaciones entre iguales y sin subordinaciones, donde las Comisiones Mixtas que se constituyan, sean marcos de implementación y desarrollo del Estatuto de Gernika y de la LORAFNA."
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2019.-Mertxe Aizpurua Arzallus, Diputada.-Oskar Matute García de Jalón, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000009
Mertxe Aizpurua Arzallus, Diputada de EH Bildu, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para su debate en Pleno.
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera - que desarrolla el artículo 135 de la Constitución Española- estableció la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar al Gobierno del Estado toda la información necesaria para el control y cumplimiento de la citada Ley.
La aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria supone un ataque frontal a las Entidades Locales, sus competencias y su propia existencia. Esta ley del Gobierno Rajoy tiene un marcado carácter recentralizador, mermando y limitando el funcionamiento de las distintas administraciones al servicio de la ciudadanía.
Las obligaciones impuestas y derivadas de esta Ley no hacen más que confirmar que Las Entidades Locales han sido las que han pagado principalmente la situación de crisis estructural del Estado Español en perjuicio claro del sistema público, de los servicios públicos y en beneficio claro de la Administración Central. Esta Ley configura los límites de déficit y deuda pública de las Administraciones Públicas, desde una única perspectiva recentralizadora, sin contemplar las competencias y las diferentes realidades económico-financieras de las propias Administraciones. La aplicación de estas medidas y el fortalecimiento en la responsabilidad de la figura del secretario-interventor hace que la labor política de las Entidades Locales se diluya en la gestión. A la vez, se focaliza en un mayor control sobre el personal que presta sus servicios en las Administraciones Públicas y en sus entidades dependientes. En definitiva, se crea un control más férreo y menor capacidad de autonomía de Las Entidades Locales en perjuicio de la ciudadanía.
Esta Ley ataca frontalmente a todo el entramado institucional y sobre todo a la autonomía de los Municipios. Representa la implantación de un modelo de "administración local" que debilita esencialmente la autonomía municipal. La idea del autogobierno municipal se desvanece y no refleja los principios ni la filosofía de la Carta Europea de Autonomía Local.
1. El Congreso de los Diputados rechaza el contenido de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada y aplicada por el Gobierno de Madrid el 12 de abril del 2012.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar urgentemente las medidas necesarias para derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en el espacio de tiempo más breve posible."
162/000010
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria mediante una financiación adecuada al coste real de la enseñanza concertada, para su debate en Pleno.
La Constitución española establece que la enseñanza básica debe ser obligatoria y gratuita (artículo 27, apartado 4 CE). El artículo 9 de la Constitución señala además que corresponde a los poderes públicos "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas".
Teniendo en cuenta estos preceptos constitucionales, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, define el sistema educativo en España como un sistema de carácter mixto o dual de redes complementarias, que faciliten el ejercicio de las familias a elegir en libertad el modelo educativo de sus hijos. Para ello se instauró la figura del concierto educativo, en virtud del cual y mediante la financiación con fondos públicos de centros privados que reúnan los requisitos señalados en la ley, las familias pueden optar, no solo entre los distintos centros públicos, sino también entre centros de iniciativa social, distintos de los promovidos por los poderes públicos.
Según los datos del informe del Ministerio de Educación y Formación Profesional, "Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2018", el gasto público en educación se elevó a 46.597,8 millones de euros en el año 2015, y de ellos 5.915,9 millones de euros se dedicaron a financiar la enseñanza privada concertada, lo que representa un 14,1 % del gasto público en educación. Se trata por tanto, de un porcentaje que no se corresponde con la verdadera representación de esta red de escolarización, que acoge al 25, % de los alumnos del sistema educativo español.
Se calcula que si una plaza escolar pública tiene un coste aproximado de 6.000 euros, la plaza de un centro concertado está siendo financiada con la mitad, aproximadamente 3.000 euros. En el curso 2016-2017, las familias que eligieron un centro concertado fueron una de cada cuatro, representando al 25,7 % del alumnado. En algunas. Comunidades Autónomas como el País Vasco ese porcentaje alcanza hasta el 48,4 %, seguido de Navarra con un 34,5 % o Madrid con un 30,1 % y en la Comunidad Autónoma de menos porcentaje, Castilla La Mancha, tiene un 15,2 % de alumnado escolarizado en centros de enseñanza concertada.
Se trata de un modelo de financiación que se da en el resto de los países de nuestro entorno, salvo algunas excepciones. España, con un 25,7 % de entidades privadas financiadas con fondos públicos se sitúa en cuarto lugar, por detrás de Bélgica (57,2 %), Reino Unido (51,1 %) o Malta (27,7 %) y por encima de la media de la Unión Europea, que se sitúa en un 16,7 %.
Las administraciones educativas deben garantizar a todos los alumnos un puesto escolar gratuito, y para ello debe dotar a los centros públicos y a los privados concertados de los recursos humanos y materiales necesarios para compensar la situación de los alumnos que tengan especiales dificultades para alcanzar los objetivos de la educación obligatoria, a causa de sus condiciones sociales, y garantizar así la libertad de enseñanza.
Pero la reforma educativa impulsada por el Gobierno la pasada legislatura no contempla la existencia de esta diferencia de financiación, y por ende tampoco de propuestas para salvar esta infradotación de la educación concertada por parte de las Administraciones Públicas.
1. Defender la red de centros concertados como garantes de la existencia de una oferta plural y complementaria de la red pública; y por lo tanto, de la libertad de elección de las familias y la igualdad de oportunidades en su ejercicio.
2. Garantizar la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria en el marco constitucional del derecho a la libertad de enseñanza que estipula el artículo 27 de la Constitución Española.
3. Adecuar el modelo de financiación de la escuela concertada con el fin de garantizar el acceso a la misma de todas las familias en condiciones de igualdad. A tal efecto, fijará un calendario razonable de tiempo para adecuar el módulo del concierto al coste real de la enseñanza.
4. En tanto se alcance una equiparación real y efectiva de la financiación de la educación concertada se modificará la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, para reforzar que las aportaciones realizadas por las familias a
entidades sin ánimo de fuero acogidas a la citada Ley y dedicadas a la educación concertada, sean deducibles en los términos recogidos en el artículo 17 de la citada ley."
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2019.-María Sandra Moneo Díez, Diputada.-José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
162/000011
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la urgente aprobación de un Plan para el impulso y el desarrollo de la España rural, para su debate en Pleno.
Todos los ciudadanos, independientemente de donde residan, deben tener garantizada la igualdad de derechos, el acceso a servicios de calidad y oportunidades de desarrollo profesional. Hoy esto no sucede así y la España rural adolece de un déficit de inversiones que es necesario reconocer.
Durante las últimas décadas se viene produciendo una pérdida masiva de habitantes en gran parte del territorio rural debido, fundamentalmente, a dos procesos: el demográfico y el migratorio. En relación al primero, la baja natalidad y el envejecimiento demográfico provocan una pérdida natural de población que es, de por sí, más acusada en el mundo rural.
En relación al segundo, el desplazamiento de cada vez más ciudadanos desde los pequeños municipios de las zonas rurales a los núcleos urbanos más poblados se debe a que estas personas buscan en las ciudades mejores oportunidades laborales, mayores salarios, mejores equipamientos o servicios y, en definitiva, un mayor nivel de bienestar.
El resultado de ambas inercias es una pérdida de habitantes que está haciendo que las zonas rurales de España entren en un declive que puede ser irreversible si no se desarrolla, con determinación y urgencia, un plan para evitarlo.
Como recoge el documento del Acuerdo de la Conferencia de Presidentes sobre la estrategia nacional frente al reto demográfico de enero de 2017, el 70 % del territorio de España concentra solo el 10 % de la población. Treinta y seis provincias han perdido población en los últimos años y según Eurostat, el 62 % de los municipios españoles tiene menos de 1.000 habitantes.
Además, en algunos casos, como la zona conocida como la Ibérica, un territorio montañoso que aglutina 1.632 municipios de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, la Comunidad Valenciana y La Rioja, más del 76 por 100 de las localidades son remotas, en el 40 por 100 de los municipios la edad media de sus habitantes supera los 50 años, y la densidad media de población es de 7'9 habitantes por km2.
Para la gran mayoría de estos territorios la despoblación sigue avanzando, suponiendo un grave problema hasta el punto de que hay pueblos que corren el riesgo de desaparecer si no se adoptan medidas de manera urgente. El perfil de las personas que emigran a la ciudad suelen ser jóvenes y adultos activos, en edad de trabajar y de emprender, lo que conlleva a un envejecimiento de la zona y a una pérdida a nivel económico. Además, ello deriva en un descenso de la natalidad ya que disminuye la población más joven y en edad de procrear. En definitiva, el declive demográfico y el declive económico suelen ir de la mano.
Conscientes de este problema y de la importancia de apoyar a los pequeños núcleos poblacionales y zonas rurales, el anterior Gobierno del Partido Popular aprobó en 2018 medidas como; (i) el Plan 300 x 100, dotado con 525 millones de euros para el periodo 2018-2021, consistente en llevar fibra óptica al 100 % de los núcleos de población de España para cerrar la brecha digital y, (ii) el Plan estatal de vivienda que ofrecía ayudas para la rehabilitación y adquisición de viviendas en el medio rural o en municipios de menos de 5000 habitantes.
También, desde el Grupo Popular Europeo, se ha defendido incluir la despoblación como indicador positivo en la adjudicación de Fondos Estructurales para el próximo programa operativo.
El pasado 29 de marzo, el Gobierno socialista aprobó un "Acuerdo sobre las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico" que no es más que una declaración de intenciones y
un punto de partida, pero la España rural requiere acciones concretas que se pongan en marcha de forma inmediata. Luchar contra la despoblación es trabajar por la igualdad y la libertad de los españoles. Todos los ciudadanos, independientemente de donde residan, deben tener garantizada la igualdad de derechos, el acceso a servicios de calidad y oportunidades de desarrollo profesional. Se trata de que todos aquellos que quieran desarrollar su proyecto de vida en el mundo rural puedan hacerlo en las mismas condiciones que quienes viven en las ciudades.
Hay que para reforzar los servicios y fomentar el empleo en las zonas rurales y de escasa población con la finalidad de atraer nueva población a los territorios afectados a la vez que retener la población existente.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con urgencia y en el plazo de seis meses, un Plan de Impulso y Desarrollo de la España Rural para fomentar la actividad económica, la diversificación, la creación de empleo y el emprendimiento.
Este Plan incluirá, entre otros:
1. El acceso y movilidad en los núcleos con escasa población o con problemas de despoblación, desarrollando programas de transporte público, adecuados y adaptados a las necesidades del territorio, tales como el transporte a demanda.
2. Un tratamiento fiscal favorable en las zonas rurales con escasa población o problemas de despoblación.
3. Medidas que fomenten el emprendimiento y el empleo, con medidas como la extensión de la tarifa plana para nuevos autónomos que se instalen en municipios de menos de 5.000 habitantes.
4. Líneas de ayuda en los planes de Vivienda para favorecer el acceso a la vivienda y el establecimiento de nuevos vecinos en las zonas rurales con escasa población, incluyendo ayudas adicionales a la rehabilitación para los propietarios que ofrezcan su vivienda al mercado de alquiler.
5. La aprobación de planes sectoriales que pongan en valor los recursos culturales, naturales y turísticos de regiones rurales que requieren de una especial atención.
6. Planes de apoyo de todas aquellas actividades ligadas al mundo rural que permitan su desarrollo y contribuyan a fijar la población.
7. Culminar el Programa de Extensión de Banda Ancha y el Plan 300x100 para la conectividad total con alta velocidad de todos los núcleos de población de la España rural.
8. Garantizar una financiación suficiente que permita aprobar un Plan por la Sanidad y la Escuela Rural para atraer a profesionales con unas condiciones especiales que incentiven su permanencia y arraigo, y que garantice el acceso a servicios de calidad en el medio rural, poniendo especial énfasis en las infraestructuras y recursos educativos y sanitarios, sociales y de atención a la dependencia.
- Incluir la perspectiva rural en todas las leyes sectoriales que se aprueben, con el fin de conocer el impacto de las mismas en el mundo rural y concienciar del grave problema que supone la despoblación para nuestro país."
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2019.-José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000012
de Ley relativa a impulsar la industria de la automoción y fabricantes de equipos y componentes para la automoción, para su debate en Pleno.
La automoción es uno de los sectores estratégicas en la industria española, ya que cuenta con una historia con una sólida base manufacturera en la que sustentar el crecimiento económico y social.
A grandes rasgos, España es el segundo productor europeo de vehículos y el octavo a nivel mundial. En 2018, con más de 280.000 empleos directos y con una facturación que supera los 100.000 millones de euros, fue el primer sector exportador de mercancías. Es más, se estima que por cada puesto de trabajo directo en las fábricas de vehículos se crean cuatro en las fábricas de componentes y entre siete y ocho en el sector servicios, por lo que el sector representa el 40 % de la industria nacional, el 10 % del PIB y el 9 % de empleo tanto directo como indirecto.
En 2018, en torno al 81,7 % de la producción que se realizaba en las plantas de automoción se destinaba a la exportación, lo que supuso la exportación de un total de 2,3 millones de vehículos. España es el segundo país exportador europeo, tras Alemania. En España se fabrican 42 modelos, de los cuales 20 son en exclusiva mundial. Nuestra industria se ha consolidado como una referencia a nivel mundial.
Asimismo, la industria de la automoción se caracteriza por su alta inversión en I+D (más de 1.700 ME anuales), que tiene como consecuencia que sea un sector cuya competitividad está basada principalmente en la innovación, especialmente en áreas relacionadas con la seguridad y arquitectura de los vehículos, la energía y el medio ambiente, la productividad y calidad de procesos industriales. Es el tercer sector industrial por inversión en I+D, representando más del 10 % del total de la industria española. Y los resultados son de indudable interés. A modo de ejemplo, las inversiones realizadas en I+D+i permite fabricar vehículos cada vez más limpios y eficientes. Los vehículos nuevos diesel emiten un 84 % menos de emisiones NOx y un 91 % menos de partículas que los vehículos de hace quince años.
En la actualidad, el sector de automoción está abordando un proceso de transformación tecnológica de manera acelerada necesaria para mantener su competitividad. La industria de automoción continúa trabajando intensamente en la búsqueda de una movilidad conectada, más sostenible y con el uso de energías alternativas. Un gran reto competitivo que requiere de la acción de apoyo necesaria por parte del Gobierno. De hecho, el Plan Estatal de Ciencia, Tecnología y de Innovación (2017-2020) diseña nuevos modelos de financiación de la I+D+i a través de grandes proyectos tractores inspirados en sectores con características peculiares, como es el de automoción.
El sector se enfrenta actualmente a grandes retos que van desde la búsqueda de la eficiencia y competitividad de tecnologías maduras a la necesidad de desarrollar tecnologías de propulsión bajas en emisiones y vehículos propulsados con energías alternativas, en línea con su Compromiso con la movilidad sostenible, Asimismo, el sector debe incorporar también a sus productos la demanda de conectividad que permita una conducción más segura y eficiente, reduciendo tiempo y consumo de energía.
A estos retos definidos por el propio sector, se añade el reto de recuperarse de los efectos perniciosos derivados de los anuncios del Gobierno de España que están afectando negativamente al sector, especialmente a la venta de vehículos diesel. Frente a las noticias con las que vivimos, el sector, con evidencias producidas por investigadores y expertos, pide prudencia y moderación con respecto al diésel en particular y a los motores de combustión interna en general. Primero fue el señalar al diésel, después el acceso al centro de las ciudades o el anuncio de prohibir la venta de vehículos turismos y comerciales ligeros propulsados con combustibles fósiles a partir de 2040 e impedir su circulación a partir de 2050.
Porque no es cierto que, a día de hoy, los vehículos diésel sean más contaminantes que los de gasolina y es necesario desmentir afirmaciones inexactas para evitar que, por repetición, acaben tomándose como verdaderas, con las graves consecuencias que ello conlleva. No se pueden plantear
marcos de actuación sin un plan, sin una transición, sin dialogar con todos los agentes implicados (fabricantes de automóviles, petroleras y gasolineras, y consumidores y usuarios).
En 2017, el sector en su totalidad presentó la agenda sectorial de la industria de la automoción en la que se incluía una hoja de ruta para que la automoción fuera uno de los líderes de la industrialización en España. Una Agenda Sectorial configurada como un conjunto de medidas que definen un marco estratégico que debe coordinarse con todos los agentes y que necesita una implicación del Gobierno. En concreto, la Agenda Sectorial de la Industria de Automoción define 20 medidas para el año 2020 con las que mejorar los siete factores que contribuyen al posicionamiento competitivo de este sector: productividad y flexibilidad, logística, fiscalidad y financiación, I+D+i capital humano, internacionalización y regulación.
Sin embargo, aunque la automoción española está plenamente comprometida con la modernización, la competitividad, la descarbonización del transporte y la movilidad con cero y bajas emisiones, las afirmaciones e intenciones del Gobierno sobre el diésel han provocado que, a pesar de la recuperación económica, el 2018 haya sido uno de los peores años en la venta de coches diésel desde los años noventa. La transición debe hacerse de una forma progresiva y ordenada, con tecnologías, medidas y soluciones consensuadas que faciliten la movilidad de los ciudadanos al tiempo que consolide la competitividad de una industria ejemplar que proporciona trabajo a más de 280.000 personas directamente y supone el 9 % del empleo nacional como tractora en el resto de sectores tanto en el aprovisionamiento como en la distribución.
Las matriculaciones de turismos y todoterrenos se situaron hasta mayo de 2019 en 592.274, lo que supone un 5,1 % menos respecto al 2018. Los coches impulsados por gasóleo suponen solo el 28,2 % del total de los vehículos matriculados en el acumulado del año. Y a pesar de todo, y en datos de la Agencia Tributaria, la media de emisiones de los coches vendidos este año supera en varios gramos de CO2 por vehículo a los coches vendidos el pasado año.
No se puede afirmar que el diésel tiene los días contados ni aportar datos distintos a las evidencias que demuestran los avances tecnológicos y con los que el Gobierno ha conseguido el rechazo de fabricantes de automóviles, petroleras y gasolineras así como generar incertidumbre entre los consumidores. El Gobierno debería, en todo caso, establecer una estrategia y ayudas para reemplazar los viejos vehículos diesel contaminantes por nuevos vehículos cuyo impacto es muy inferior gracias al resultado de años de inversión en I+D+i.
2. Declarar como estratégico al sector de automoción atendiendo al Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación respecto a los programas de Iniciativas Estratégicas Sectoriales de Innovación Empresarial, de programas estratégicos de l+D+i orientados a la búsqueda de soluciones en el ámbito de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible así como programas de I+D+i orientados a la búsqueda y aplicación, a medio y largo plazo, de soluciones en el marco de los grandes retos y agendas estratégicas del país.
3. Que no se restrinja ninguna tecnología, de modo directo o indirecto, especialmente las relacionadas con el diesel ni se genere incertidumbre innecesaria en la ciudadanía, porque afecta negativamente al mercado, a las inversiones, al empleo directo e indirecto del sector y genera inseguridad y pérdida de valor a los compradores recientes de vehículos diésel, a pesar que las evidencias científicas y técnicas demuestran que los nuevos motores diesel producen menos emisiones contaminantes y son más eficientes en términos de emisiones de CO2, que vehículos propulsados por otro tipo de combustibles.
- Reformar la tributación de vehículos, reduciendo el peso de la tributación en la compra y reformando la tributación sobre el uso para fomentar la compra de vehículos más eficientes.
- Contribuir al desarrollo efectivo de las infraestructuras de recarga de energías de cero y baja emisiones, prestando especial atención a los territorios extrapeninsulares e insulares, así como a las grandes ciudades."
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2019.-Tristana María Moraleja Gómez, Diputada.- José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
232/000007
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 5334/2017, interpuesto por el Presidente del Gobierno, contra los artículos 2.2 e) [que por su ubicación sistemática debería ser el 2.2 i)], 4 e), 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16.3, 19, 21.4, 24.3 y .4, 40 a 50, 51.1 (inciso final), 51.3, apartados a) y b), 52.1 y .3, disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y séptima, disposición transitoria tercera y disposiciones finales quinta y sexta, de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático.
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 5334-2017, interpuesto por el presidente del Gobierno contra los artículos 2.2 e) [que por su ubicación sistemática debería ser el 2.2 i)], 4 e), 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16.3, 19, 21.4, 24.3 y 4, 40 a 50, 51.1 (inciso final), 51.3, apartados a) y b), 2.1 y 3, disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y séptima, disposición transitoria tercera y disposiciones finales quinta y sexta, de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático. Han comparecido el Congreso de los Diputados y el Senado. Han comparecido y formulado alegaciones el Parlamento y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
1.º Estimar en parte el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar que son inconstitucionales y nulos los siguientes artículos o apartados o incisos de artículos de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático: del artículo 4, el apartado e); del artículo 7, el apartado 3; del artículo 19, las letras a) [inciso "con el objetivo de reducir el consumo final de energía al menos un 2 % anual para llegar como mínimo al 27 % en el año 2030, excluyendo los usos no energéticos"] y c) del apartado 1, el apartado 2, el apartado 4, y el primer inciso del apartado 6 ("La planificación energética debe incorporar los objetivos de reducción de emisiones establecidos por la presente ley"); del artículo 21, el apartado 4; del artículo 24, el apartado 3, inciso final ("y para que el sector de la automoción pase de un modelo exclusivo de caballos fiscales a uno de emisiones contaminantes"), y el apartado 4; del artículo 51, la letra b) del apartado 3; la disposición adicional primera; la disposición adicional séptima; y el inciso de la disposición final quinta que dice "los ingresos obtenidos de la subasta de derechos de emisión del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que se acuerden con el Estado y".
Dada en Madrid, a 20 de junio de 2019.
232/000008
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 5049/2017, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, contra los artículos 35; 36.1.a; 46.1 y .3; 59; 60.3, .4, .5 y .6; 61.1; 63.1; 65.2; 68.3; 69.1; 94.3; 102.1; 103.4, .7 y .8; 114.1; 122.3; 123; 126; 128 d; 144.3 y .6; 150.4; 154; 165.3; 174.2; 184.3; y la disposición transitoria primera de la Ley canaria 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 5049-2017, promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, contra los artículos 35; 36.1 a); 46.1 y 3; 59; 60.3, 4, 5 y 6; 61.1; 63.1; 65.2; 68.3; 69.1; 94.3; 102.1; 103.4, 7 y 8; 114.1; 122.3; 123; 126; 128 d); 144.3 y 6; 150.4; 154; 165.3; 174.2; 184.3; y disposición transitoria primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias. Han comparecido y formulado alegaciones el Gobierno y el Parlamento de Canarias. Ha sido ponente el magistrado don Alfredo Montoya Melgar.
1.º Declarar la inconstitucionalidad y la nulidad de los siguientes preceptos de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias:
b) El inciso "con independencia de su clasificación y calificación urbanística" del artículo 1214.
c) El inciso "A tales efectos, se entenderá que no se estima que puedan generarse efectos apreciables en los casos en que, teniendo en cuenta el principio de cautela, quepa excluir, sobre la base de datos objetivos, que dicho proyecto pueda afectar al lugar en cuestión de forma importante", del artículo 174.2.
2.º Son conformes a la Constitución el término "instalaciones" del artículo 36.1 a) y el inciso "sin perjuicio del carácter autorizado desde la ley de los actos subsumibles en lo que establece el artículo 36.1 a) de la presente ley" del artículo 63.1; los incisos "extractivo" y "de infraestructura" del
artículo 59.1 y los apartados 3 y 4 del mismo precepto; y el artículo 126 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias, siempre que se interpreten tal y como se ha indicado, respectivamente, en los fundamentos jurídicos 6, 8 B) a) y 10 B) de esta sentencia.
Autor: Don Nicolás Martos García de Veas.
Proposición de Ley para la regulación del personal longevo al servicio de las Administraciones Públicas.
Admitir a trámite el escrito por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular, comunicando este acuerdo a la Comisión Promotora, a la Junta Electoral Central y al Senado, publicándolo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, conforme a los artículos 5.3 y 7.1 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.

References: artículo 194
 Real Decreto 
 artículo 135
 artículo 193
 artículo 9
 artículo 27
in fine
 artículo 17
 artículo 193
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 19
 artículo 21
 artículo 24
 artículo 51
 artículo 1214
 artículo 174
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 63

artículo 59
 artículo 126