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Timestamp: 2020-06-04 21:30:06+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 602, de 22/09/2010
Año 2010 IX Legislatura Núm. 602
celebrada el miércoles, 22 de septiembre de 2010
- Sobre el derecho de los consumidores y la protección de la infancia ante los transgénicos. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001052.) ... (Página 2)
- Sobre legibilidad de los contratos y protección de los consumidores.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001225.) ... (Página 5)
- Relativa a la creación de un espacio sociosanitario en el Sistema Nacional de Salud. Presentada por Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001653.) ... (Página 8)
- Relativa a la reinstauración del teléfono de información gratuito para la obtención del DNI electrónico. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001406.) ... (Página 10)
- Para el reconocimiento de la migraña como enfermedad crónica. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001622.) ... (Página 12)
- Sobre la modificación de la Ley 14/2006. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001856.) ... (Página 14)
- Relativa al cuidado de los hijos con cáncer. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001864.) ... (Página 16)
- Sobre la creación de una red de laboratorios de seguridad alimentaria.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001871.) ... (Página 19)
- Sobre la aplicación de la directiva 2009/48/ce del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad de los juguetes. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001889.) ...
- SOBRE EL DERECHO DE LOS CONSUMIDORES Y LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA ANTE LOS TRANSGÉNICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001052.)
El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión. Como saben en esta Comisión tenemos nueve puntos en el orden del día, todos ellos son proposiciones no de ley. Habida cuenta de la costumbre ya establecida en esta Comisión mantendremos para la defensa de las proposiciones no de ley en torno a seis o siete minutos, para las enmiendas en torno a cinco minutos y para la fijación de posiciones, que no suele utilizarse por parte de los grupos parlamentarios, tres minutos. Eso nos permitiría terminar, aproximadamente, entre las siete menos cuarto y las siete de la tarde y, con mucha suerte, más cerca de las seis y media. Si mantenemos estos tiempos podremos terminar de forma ágil.
Comenzamos el orden del día con una salvedad y es que se mantienen los puntos 1 y 2 en su orden y, sin embargo, con respecto al punto 5, la creación del espacio sociosanitario, nos ha pedido su portavoz que lo traslademos antes del punto 3. Por tanto, alteraremos en ese sentido el orden del día pasando el punto 5 al punto 3 y luego correlativamente, el 3 al 4 y así sucesivamente. Comenzamos con el orden del día previsto. El punto 1, sobre el derecho de los consumidores y la protección de la infancia ante los transgénicos. El autor es el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Debo decirles que nuestra posición ya es conocida: Estamos en contra de la producción y comercialización de transgénicos hasta que no exista un consenso en la comunidad científica sobre la inocuidad para la salud de estos productos, pero hoy no planteamos exactamente esto. Hoy planteamos aquí un problema importante, a nuestro entender, que tiene mucho que ver con la verificación de esos productos atendiendo a que su finalidad y su objetivo es la comercialización. De hecho, hemos podido ver en las noticias de los últimos días que este mismo debate existe en Estados Unidos respecto al salmón transgénico y, al margen de la polémica sobre su comercialización, el punto más conflictivo es respeto al derecho de los consumidores a saber si el salmón que comen es transgénico o no. Esto es precisamente lo que reclamamos en el primer punto de nuestra proposición no de ley: Garantizar el derecho de los consumidores y consumidoras a conocer si los productos que compran son o no son transgénicos. A nuestro entender no es suficiente con que se indiquen los ingredientes de manera ambigua o en algún otro lugar de la etiqueta en letra, eso sí, pequeña. Reclamamos que sea visible, porque hay una parte de la población que está interesada en ello al considerar que los transgénicos perjudican la salud. No obstante, existe una gran falta de información respecto a los productos
que contienen o no transgénicos. De hecho, ni siquiera existe una clara trazabilidad del producto que permita garantizar esta información al consumidor o consumidora. Por tanto, la persona -si me permiten la expresión- concienciada solo tiene dos opciones: una, aproximarse a los comercios especializados en agricultura ecológica y buscar el sello de garantía o, dos, acudir a la guía que realiza Greenpeace sobre las marcas que trabajan o no con transgénicos. En este caso, Greenpeace suple un vacío estatal respecto al control de los productos que contienen transgénicos y además deja, al menos en parte, en evidencia la falta de información de los productos. De manera que el consumidor, que procura velar por su salud y llevar a cabo un determinado tipo de alimentación libre de transgénicos, ve lesionado su derecho a ello. Por esto, entiendo que lo que planteamos no solamente es de actualidad, sino que atañe a la responsabilidad con que nosotros queremos actuar y con la que deseamos que actúe la ciudadanía, pero hay que facilitar, vehicular y dar instrumentos para que este objetivo se pueda llevar a cabo.
Queremos recordar un hecho que, a nuestro entender, ustedes tendrán muy presente para que sepamos con lo que estamos jugando. Ustedes recordarán Monsanto, el principal impulsor de la mundialización de los transgénicos que tiene un historial un tanto lúgubre, porque ocultó durante décadas la contaminación de PCB que provocó la muerte a decenas de personas y provocó graves daños a otras. Es decir, no estamos instalados en el paraíso terrenal ni caemos ahora del guindo al pensar que todo lo que estamos debatiendo es ajeno a grandes intereses económicos y a historias recientes -en una cierta perspectiva histórica- francamente muy duras.
Por eso cualquier avance para nosotros es muy importante.
Debo decirles que nuestra proposición no de ley contenía exactamente dos puntos: la creación de un sello para informar y, en el segundo punto, para impulsar, en todas las instancias oportunas, el establecimiento de una moratoria en la comercialización de los productos de nutrición infantil, atendiendo al hecho de que es una población muy vulnerable y que sería interesante que se contemplara. Debo decirles que hemos llegado a una trasnacional con las compañeras, del Grupo Socialista y del Grupo Popular, que también complementarán la información. Con la transaccional que hemos redactado -repito- conjuntamente -y que las compañeras leerán y explicarán-, estamos satisfechos puesto que -repito- insta al Gobierno a verificar los contenidos de los productos y a mejorar la información atendiendo -repito- a la responsabilidad, al derecho que tiene el consumidor y a la necesidad de proteger a la población infantil que es la más vulnerable.
El señor PRESIDENTE: Se han presentado dos enmiendas. En primer lugar, y por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Do Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Como bien ha anunciado el señor Tardà, hemos llegado a una transaccional, independientemente de ello voy a defender en este turno la postura del Grupo Popular con respecto a los dos puntos de esta proposición no de ley que se enmiendan, independientemente de que reitero otra vez nuestro apoyo a esa transaccional. Este no es un tema nuevo a debatir en esta Cámara, ya en otras ocasiones ha sido planteado en esta Comisión y en la Comisión de Agricultura. Es un tema que también, como se ha dicho, es de actualidad hoy, es de actualidad en Estados Unidos y también es de actualidad en la Unión Europea, donde precisamente el próximo día 27 de este mes se va a debatir acerca de los cambios en las políticas sobre transgénicos con el fin de dar más libertad para que los gobiernos decidan si permiten o prohíben su cultivo y donde nuestro país tendrá que tener una opinión clara. Quiero recordar que España es el país con mayor superficie de cultivo de transgénicos, con un 80 por ciento de la plantación de maíz en la Unión Europea y con una extensión nacional que ronda las 76.000 hectáreas. A esto también hemos de añadir el importante número de incremento de productos que están importados de otros países en los que también tienen organismos modificados genéticamente.
Hoy el señor Tardà nos afirma sus dudas sobre el método utilizado para la declaración de un organismo modificado genéticamente como seguro, pero podemos estar de acuerdo con que puede ser positivo que se incremente la investigación en los productos transgénicos y lo que pueden ser sus efectos en la salud y, en concreto, en lo que se refiere a los productos de nutrición infantil. De todas las maneras, desde nuestro grupo parlamentario tenemos que decir que ya existen en la actualidad controles sobre todo este tipo de productos y es por lo que, a día de hoy, se está permitiendo el cultivo y la comercialización. De la misma manera, tenemos que incidir que, desde abril de 2004, todos los productos modificados genéticamente elaborados a partir de un transgénico, incluso cuando se trate de un mínimo ingrediente, ya tiene que indicarlo en el envase, desde que entraron en vigor esos dos nuevos reglamentos europeos sobre el etiquetado y sobre el seguimiento de este tipo de alimentos.
También hemos de añadir que incluso las propias asociaciones de consumidores, en el año 2004, cuando se elaboraron estos nuevos decretos, veían positiva esta medida, pero también hay que tener claro que el etiquetado no solo se ve como una advertencia, porque nosotros entendemos que los productos sí son seguros, sino que también debe de ser como una información para que el usuario pueda decidir mejor lo que está comiendo.
Es verdad también que las propias asociaciones de consumidores -y aquí quiero utilizar las propias palabras de los representantes de este sector- decían que, en las encuestas que habían realizado, el 95 por ciento de los consumidores lo habían pedido, pero que quieren su derecho a elegir. Así se explicó en su día desde el departamento
técnico de la organización de consumidores y usuarios. Ellos mismos decían que el que el producto esté etiquetado garantiza este derecho, pero esa información también es verdad que no es el único factor de decisión en una compra, tenemos que tener en cuenta otros factores como puede ser el precio. De hecho, incluso una experta de la OCU decía que para la mayoría de la gente el nuevo etiquetado iba a pasar desapercibido, ya que la normativa no establecía un distintivo específico, sino que se indicaba la presencia de transgénicos en la lista de ingredientes o incluso en la propia comida envasada que no lleva este tipo de listado, la mención tiene que aparecer en la etiqueta, o cuando se trata de productos a granel, se debe de indicar en el expositor. De ahí nuestra enmienda en la que pedimos que se mejore la información y el etiquetado de todos los productos que contengan OMG, de cara a que el propio consumidor tenga esa información dentro de lo que deben de ser las normas que marca el mercado de la Unión Europea. Es verdad que hoy en día los alimentos autorizados por la Unión Europea han superado exigentes pruebas de seguridad, sobre todo si es transgénico, con el objeto de proteger al consumidor. Hoy en día tenemos una legislación europea, con más precauciones incluso de las que en algún momento los propios investigadores han recomendado. También es verdad que existe mucha información sobre esta materia, pero en algunos casos también nosotros entendemos que debe ser mejorable.
Con respecto al segundo punto de la enmienda a la proposición no de ley del señor Tardà, nosotros decíamos que no podíamos entenderlo, porque nosotros entendemos que lograr un consenso en la comunidad científica de la inocuidad de estos productos en nutrición infantil que contienen organismo modificados genéticamente no puede frenar la comercialización de estos productos que hoy, legal y sanitariamente, son aptos para el consumo, en este caso, de los niños. Sí veríamos positivo el incremento de mayores controles a los existentes en los productos de nutrición infantil y de ahí ese segundo punto de nuestra enmienda en el que instamos a intensificar, dentro de los propios programas de control y de seguridad alimentaria de los productos de nutricional infantil, la atención a aquellos productos que contengan OMG, así como a las propias nuevas líneas de investigación de estos productos. Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos -y ya voy finalizando, señor presidente- que tanto la Organización Mundial de la Salud, la FAO, los ministerios de Sanidad de los países desarrollados, las sociedades científicas y muchos investigadores y especialistas afirman que no hay riesgos para la salud asociados a los organismos modificados genéticamente por el hecho de que sean transgénicos. Aún así, insistimos en esa necesidad de seguir incrementando esos controles de seguridad alimentaria en estos productos y aún más si cabe en los productos de nutrición infantil. De ahí el objeto de nuestra enmienda, pero de todas formas vemos con buenos ojos que hayamos llegado a una transaccional.
El señor PRESIDENTE: A continuación para defender su enmienda tiene la palabra la señora Aburto, por el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora ABURTO BASELGA: Efectivamente, nos alegramos de la intención que tiene esta proposición no de ley y también nos alegramos de haber llegado a un consenso. En primer lugar, me alegro también de que la OMS vuelva a estar recibiendo la confianza, en general, de toda esta Comisión, porque con lo que ha llovido me alegro mucho y más porque ahora España también va a pasar a la representación europea en la OMS y, en ese sentido, esperamos que siga teniendo el mayor consenso para todo el mundo.
En cuanto a los transgénicos, la verdad es que pedir que haya un consenso científico en un tema es bastante complicado, por no decir prácticamente imposible, porque consensos científicos apenas hay ninguno, como no sea en matemáticas, pero en química me parece que es muy difícil. Además no es el principal problema en cuanto a seguridad alimentaria, porque ciertamente podemos poner dos polos: la agricultura ecológica o la transgénica, pero todas son necesarias. El arranque de la iniciativa, que es una propuesta de la OMS, se refiere bastante más, no a Europa donde la seguridad alimentaria está muy asegurada, como decía la compañera del Grupo Popular, es el sitio más seguro del mundo, sino que se refiere quizá a otros países donde los problemas son fundamentalmente de hambre y si la alternativa es no tomar algo absolutamente seguro, que para mi grupo es bastante seguro, aunque seguro no hay nada en la vida, en cualquier caso, ante el hambre o la no total seguridad, pensamos que es preferible saciar el hambre.
En Europa, que es donde estamos, rigen dos reglamentos fundamentales: uno, el 1830/2003, en el que se regula todo lo relativo a la trazabilidad y etiquetado de organismos modificados genéticamente y el otro, el 1829/2003, en el que se asegura el nivel elevado a la protección de la vida, la salud de las personas y los intereses de los consumidores. Estos dos reglamentos están vigentes desde el año 2003, porque son reglamentos que han sido traspuestos y, en cualquier caso, son reglamentos que entran en vigor inmediatamente, por lo que están rigiendo en este momento.
Francamente, la intención de la proposición no de ley me parece que lleva toda la buena intención y más si se refiere a niños, porque al fin y al cabo tengo una especial sensibilidad, porque soy pediatra, y hay cosas bastante más importantes de las que se podrían hablar en esta Comisión con respecto a la alimentación infantil, porque, señorías, vivimos en España, un país, una nación o un Estado, como le quieran llamar, donde los alimentos son especialmente sanos, abundantes y variados y admitir que un niño se está alimentando con alimentos envasados francamente para mí es un pecado mortal, sobre todo cuando
son zumos, y perdonen que me salga un poquito del tema, pero esto realmente es importantísimo. Como pediatra, y cuando ejercía, he tenido problemas con Farmaindustria, porque todos ustedes saben que los médicos vamos a los congresos financiados por Farmaindustria. De otra manera no podríamos ir, porque son demasiado caros, pero si te metes con sus preparados, tienes problemas. Sin embargo, hay que defender que se cocine, que es mucho más sano, que es mucho más barato y, desde luego, es mucho más seguro. Entre la ecología y los transgénicos, naturalmente la ecología, porque entre otras cosas es socialmente también muchísimo mejor, pero evidentemente eso económicamente no es tan sostenible y no vivimos en el mejor de los mundos. En cualquier caso, como hemos llegado a un acuerdo para mejorar la información a los consumidores y para seguir asegurando -y nosotros creemos que lo estamos haciendo, pero no nos importa repetirlo- que se controlen todos los alimentos que contengan transgénicos, se verifiquen y especialmente los que están destinados a alimentación infantil y que -repito- ojalá no lo estuvieran. Como hemos llegado a un acuerdo, supongo que no habrá ningún problema para votar esta proporción no de ley.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún grupo que quiera fijar posición? (Pausa.) Tiene tres minutos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Así será -y además, tumba por tierra la tentación que tenía de responder como madre, en su día, novel y talibana en la alimentación, a la portavoz socialista, que me jorobó las vacaciones, lo diré en estos términos, porque mi hijo no quería comer un potito- para decir simplemente, señor presidente, que el Grupo Mixto ha firmado la transaccional que firmaban el proponente, el Grupo Popular y el Grupo Socialista, en la convicción y en el convencimiento de que efectivamente la información al consumidor es garantía, en cualquier caso, en todos los procesos y en este caso también y además compartiendo, como digo, ese ánimo por la alimentación natural, aunque a veces molesta, con la portavoz socialista, y no está de más que en este caso también contemos con una información especial y especialmente cuidadosa para con los más pequeños. Creo que no he agotado los tres minutos, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo parlamentario quiere fijar posición? (Pausa.)
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001225.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día que se corresponde con el punto 2, sobre legibilidad de los contratos y protección de los consumidores. Tiene la palabra en nombre del Grupo Mixto, UPyD, doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Como SS.SS. habrán visto de la lectura de la exposición de motivos, sobre todo, y también naturalmente de la proposición que paso a defender, el objetivo de la misma es mejorar los derechos de los consumidores en una cuestión muy básica que tiene que ver con las cláusulas limitativas de derechos que nos pasan desapercibidas.
Esto es algo muy común a todos los ciudadanos en su conjunto, me preguntaría en alto a quién de nosotros no le ha ocurrido alguna vez que firme un contrato y haya una parte del contrato con una letra tan pequeña, tan mal contrastada sobre el fondo, que se le pasan desapercibidas cantidad de cosas que debiera de haber conocido antes de firmar el contrato. Esto es algo tan común que ha merecido la atención naturalmente de instancias políticas y también del Gobierno de la nación.
Ha habido regulación, como les expresaré concretamente de algunas comunidades autónomas específicamente sobre esta cuestión. Una buena regulación que quiero traer a colación como referencia para que propongamos algo común para toda España y también hay una regulación europea que también voy a traer como referencia. En definitiva, se trata de instar al Gobierno a que nos ayude a resolver un problema que en alguna medida -estoy segura- a lo largo de nuestra vida hemos sufrido o estamos a punto de sufrir cualquiera de nosotros. Se trata de evitar, en definitiva, ese uso abusivo en los contratos de lo que coloquialmente llamamos la letra pequeña, esto que no vemos. Expresión que ha alcanzado un uso común para referirnos a esas cláusulas que siempre son limitadoras de los derechos de los consumidores y que nos pasan, como decía antes, inadvertidas.
Las normas vigentes de protección de los consumidores vienen recogiendo desde hace ya mucho tiempo los requisitos de claridad -se dice expresamente-, legibilidad de las cláusulas contractuales y ello tanto en regulación europea, como les decía, como en la estatal y autonómica. El real decreto legislativo del año 2007 es el último que he podido ver al respecto en el que expresamente se habla de la accesibilidad y legibilidad, de forma que se permita conocer por parte del consumidor o usuario el conocimiento de lo que está suscribiendo. El problema es que son, hasta el momento presente, salvo en legislación autonómica, que a continuación citaré, definiciones de amparo de los consumidores demasiado inconcretas. Este requisito de que sea legible no está suficientemente concretado y las consecuencias jurídicas de su incumplimiento también se vienen quedando en el aire. No se concreta lo que se quiere decir cuando se dice que hay que garantizar que sea legible y tampoco se concreta qué ocurre cuando se incumple, cuando no es legible y cuando alguien, una vez que ya lo ha firmado, observa que sencillamente no se había dado cuenta.
Como les decía al principio, algunas comunidades autónomas han abordado con acierto, desde mi punto de vista, la definición del concepto jurídico e indeterminado de legibilidad. La Junta de Castilla y León es un ejemplo desde el año 2001 en este sentido y también lo ha hecho la Generalitat de Catalunya, a través de una orden del año 2003. Muchas comunidades autónomas tienen competencias en esta materia, algunas compartidas y otras exclusivas. Algunas comunidades, como estas dos que les acabo de citar, han hecho una regulación que da mucha seguridad a los consumidores. Tanto una como la otra han regulado que la letra de este tipo de contratos, en estas cláusulas que tienen que ver con derechos, no sea inferior a 1,5 milímetros y tenga además determinadas condiciones en cuanto al contraste de la letra y el fondo del documento, porque a veces las letras tienen el tamaño, pero están sobre un fondo tan oscuro o casi tan oscuro como la letra, de forma que es imposible, salvo con lupa, enterarse de lo que se está diciendo en las cláusulas de ese documento, que tiene una letra del tamaño adecuado, pero no un fondo que contraste.
A nuestro juicio, desde el punto de vista de la defensa de los consumidores, es lógico que este tipo de regulación se generalice, al amparo de lo previsto en el artículo 149. 1. 6ª de la Constitución Española, de forma que todos los consumidores españoles estén igualmente protegidos, sin perjuicio de lo que hayan hecho las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias.
El segundo aspecto que trata de regular esta proposición no de ley, como les decía al principio, son las consecuencias jurídicas de la falta de cumplimiento. Esta es otra cuestión que, a nuestro juicio, hasta el momento presente está en el aire, porque no solamente no se concreta lo primero, el tamaño y el contraste, sino que además, cuando no se cumple, no pasa nada; pasa, sí, que te fastidias -si me permiten la expresión coloquial-, y aquel que ha sido engañado, entre comillas, pero además engañado a ciencia y a conciencia, se queda sin otra posibilidad más que el pataleo, porque no está clarificado en modo alguno como se persigue a quien le ha engañado y todo depende, si va a los tribunales, del juez que le toque y de cómo interprete en cada momento la situación y el daño que se ha hecho al consumidor. Es todo tan ambiguo, está todo tan abierto, que se está demasiado en manos de quien vea el caso, si el consumidor o cliente toma la a veces heroica decisión de ir a los tribunales. Por tanto, no hay regulación estatal más allá de la genérica, que plantea el problema, pero no las soluciones, y sobre todo no lo concreta. Hay regulación autonómica en algunas comunidades autónomas, no en todas -les he citado las dos regulaciones que me parecen más claras y más concretas-, y hay también una directiva europea que apunta a lo mismo, a la letra de 1,5 milímetros y a todo aquello que introduzca limitaciones, restricciones o excepciones a una oferta o promoción. Quiero hacer esta referencia porque no solo estamos hablando de los contratos, sino también de las ofertas publicitarias o promocionales en las que la publicidad tiene un tamaño, pero detrás hay otras cláusulas que contradicen la letra grande y contrastada y generan el mismo efecto de engaño. Por tanto, hay que incluir no solamente contratos, sino también publicidad o promociones, porque -insisto- estamos tratando de defender los derechos de los consumidores y clientes.
Ese es el objetivo de la proposición no de ley, que se concreta en cuatro puntos que no voy a leer, porque SS.SS. ya lo habrán hecho. Aprovecho para expresarlo todo en esta intervención, porque tengo que irme a otra comisión. A esta proposición de ley se han presentado dos enmiendas, que serán defendidas por sus enmendantes, el Grupo Popular y el Grupo Socialista. Estoy trabajando para encontrar una fórmula de consenso, una transaccional que pueda ayudarnos a que salga un acuerdo que nos permita caminar en esta dirección, una dirección útil en la que creo que todos estamos de acuerdo en que hay que progresar respecto a la situación actual. En todo caso, agradezco a SS.SS. su atención y a los enmendantes el interés que han prestado. Si llegamos a una transacción, se la pasaré a la Mesa; si no, solicitaré que se vote tal y como está redactada o quizás incluyendo alguna de las enmiendas. En todo caso, eso será a posteriori.
El señor PRESIDENTE: Se han presentado dos enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gutiérrez Molina.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Señorías, intervengo para defender la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha planteado a esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la señora Díez.
Hemos leído la proposición no de ley con la atención que merece y estamos de acuerdo en que esta parece la ocasión oportuna para dar un paso más en la línea de evitar el uso abusivo en los contratos de la coloquialmente llamada letra pequeña, como ha dicho la portavoz del Grupo Mixto. Tal como dice en la exposición de motivos la proponente, el problema que se trata de resolver con esta proposición es la definición del requisito de legilibilidad de las cláusulas y el establecimiento de las consecuencias jurídicas de su incumplimiento, puntos que en realidad quedan muy en el aire -la señora portavoz lo ha dicho hoy aquí-, a expensas de una interpretación judicial o del desarrollo que hagan algunas comunidades autónomas, que -como ha dicho la proponente- han sentado posición e incluso jurisprudencia. Por eso estamos de acuerdo en gran parte de lo que la señora Díez ha defendido hoy aquí. No podía ser de otra forma, habida cuenta de la presente situación de crisis económica, que aconseja, con independencia de la adopción de las medidas pertinentes desde el punto de vista macroeconómico, fijar la atención en la mejora de los derechos de los consumidores.
El Grupo Popular siempre ha defendido la mejora de los derechos de los consumidores para evitar los abusos que se puedan cometer. Sin embargo, tras examinar la proposición no de ley y aunque estamos de acuerdo en la mayoría de los puntos, concretamente en los tres primeros, hemos presentado una enmienda de supresión del punto 4, porque creemos que no desvirtúa el objeto ni el fondo de la cuestión que se debate hoy en esta Comisión, sino que, por el contrario, subsana algunos enojosos procedimientos que podrían darse de mantenerse dicho punto. La aprobación de este punto 4, tal como está redactado en la proposición no de ley, supondría la exigencia de revisión de muchísimos contratos, de millones de contratos, tanto públicos como privados. Lo mejor es enemigo de lo bueno siempre, también en política, también a la hora de debatir la proposición no de ley. Como la aprobación supondría la exigencia de revisar muchísimos contratos, tanto públicos como privados -esto nadie lo pone en duda-, traería una consecuencia posterior tan indeseable como la primera, y es que su incumplimiento supondría un aumento de los litigios en torno a los contratos. Esa confrontación, primero, de revisión, y luego, de litigio, supondría, señor presidente, que lo que iba en buena dirección se enroque después en un fárrago legal y administrativo y -tomando el copyright a la intervención de doña Rosa Díez- los que tuviesen la osadía -perdón por la expresión- de ir a litigar a los tribunales se encontrarían muchas veces en un callejón sin salida de difícil solución y de enojoso procedimiento. Esa es la justificación de esta enmienda de supresión, en el bien entendido de que en el fondo y en la forma estamos de acuerdo con la proposición no de ley que el Grupo Mixto, a través de doña Rosa Díez, ha presentado esta tarde aquí. Creemos que la supresión del punto 4 no difumina lo que la señora Díez presenta y nuestro grupo acepta. Como dije antes, estamos siempre a favor de los derechos de los consumidores y esta supresión no desvirtúa en modo alguno su defensa ante los abusos en su perjuicio, que es lo que la señora Díez ha pretendido aquí esta tarde al presentar esta proposición no de ley.
Estamos abiertos a una transaccional con todos los grupos, porque la proposición no de ley lo merece y nuestra enmienda tiene suficiente justificación. A lo largo de la tarde tendremos ocasión de debatir y de presentar a la Presidencia y a la Mesa un acuerdo, que ojalá sea posible, entre todos los grupos parlamentarios de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: A continuación, para defender su enmienda, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cano Díaz.
La señora CANO DÍAZ: Señor presidente, señorías, en mi intervención voy a explicar la posición de mi grupo respecto a la iniciativa presentada por el Grupo Mixto.
No pasa desapercibido para el Grupo Parlamentario Socialista que una parte importante de las reclamaciones que presentan los consumidores van dirigidas al hecho de que, en la contratación de servicios y suministros, algunas cláusulas del contrato están recogidas en una letra pequeña que dificulta y obstaculiza su apreciación, poniendo en riesgo al consumidor y vulnerando todos sus derechos. Los ciudadanos tienen derecho a que los contratos que firmen sean legibles y comprensibles. Así lo recoge la legislación estatal vigente, en la Ley 7/1998, sobre condiciones generales de contratación, o en el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general para la defensa de consumidores y usuarios, y así lo regulan la Comunidad Europea y la legislación autonómica dentro de sus competencias.
Por otra parte, con la entrada en vigor de la Ley 29/2009, de 31 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y la publicidad, para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, se ha dado un paso más en lo que se refiere a la información precontractual y contractual y a las prácticas abusivas en materia de protección a consumidores y usuarios. En los textos mencionados de la legislación vigente existen previsiones e instrumentos para evitar que la utilización de la letra pequeña perjudique los intereses de los consumidores y usuarios en lo que se refiere a esa información precontractual y contractual, pero entendemos el carácter preciso y detallado de la propuesta y el beneficio para el consumidor de la misma. Esto nos ha llevado a valorar que sea en el seno de la Comisión de Cooperación de Consumo, órgano competente en el que están representadas la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y en el que hay grupos de trabajo responsables de áreas específicas en el ámbito del consumo, como el arbitraje, la educación o la normativa y el control, donde se regule el tamaño mínimo de la letra de los contratos. Quiero subrayar que para el Grupo Parlamentario Socialista y para el Gobierno cualquier propuesta tendente a reforzar la situación de los consumidores en las relaciones de mercado y en su protección jurídica es bien acogida siempre. Ahora bien, es necesario que valoremos las circunstancias, factores y viabilidad de la propuesta del grupo mixto. Para ello hemos presentado una enmienda en la que instamos al Gobierno a que, en el seno de la Comisión de Cooperación de Consumo, establezca la regulación con carácter obligatorio de un tamaño mínimo de la letra de los contratos, cuando esta contenga información relevante para los consumidores y usuarios.
Para finalizar mi intervención, esperamos llegar a un acuerdo a lo largo la tarde y del desarrollo de la Comisión con el Grupo Mixto y con el resto de los grupos para poder realizar una transaccional.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario no enmendante quiere hacer uso del turno de fijación de posición? (Pausa.)
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN ESPACIO SOCIOSANITARIO EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. PRESENTADA POR GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001653.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto, que, como habíamos comentado al inicio, es el quinto en el orden del día, relativo a la creación de un espacio sociosanitario en el Sistema Nacional de Salud. Para su defensa tiene la palabra doña Lourdes Méndez Monasterio, por el Grupo Parlamentario Popular.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: La proposición no de ley que nuestro grupo presenta para su debate y aprobación tiene como objetivo instar al Gobierno a que presente en el Consejo Interterritorial de Salud, en el plazo de seis meses, una propuesta de financiación, gestión y distribución de los recursos necesarios para atención sociosanitaria, concretando sus servicios en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y dando cumplimiento tanto a la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, como a los mandatos de la Ley de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas dependientes, y para que presente en un plazo de tres meses una memoria económica que cuantifique los gastos hospitalarios derivados del cuidado de los mayores dependientes y los contraponga en términos presupuestarios a la posibilidad de utilizar las residencias de mayores, estableciendo un número determinado de plazas medicalizadas, de manera que se evite ocupar camas hospitalarias de manera innecesaria.
La Ley 16/2003, de 28 mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en su artículo 7, referente al catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, cita la atención sociosanitaria entre aquellas prestaciones que debe comprender dicha cartera de servicios. A lo largo de mucho tiempo todos los grupos parlamentarios hemos venido afirmando la necesidad de la creación de un espacio sociosanitario, sin que hasta la fecha se haya hecho nada, excepto una foto, el día 24 febrero, de la actual ministra con los consejeros de Sanidad y Política Social de los distintos gobiernos autonómicos, cuando dijeron que iban a hacer un libro blanco.
Nuestro grupo, durante el proceso de aprobación de la actual Ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, ya presentó una enmienda en la que reclamaba la necesidad de la creación de una comisión en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Dependencia, para conseguir una mayor integración y coherencia de las actuaciones dirigidas a las personas en situación de dependencia, coordinando las actuaciones de los servicios sociales y de salud de las comunidades autónomas. En la Ley de Dependencia, en su artículo 11.c), se aprobó establecer los procedimientos de coordinación sociosanitaria, creando en su caso los órganos de coordinación que procedan para garantizar una efectiva atención. Últimamente, en abril de 2010, en esta última comisión, se aprobó una proposición no de ley sobre impulso de la eficacia de la evaluación prevista en la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando al Gobierno para que se centrara en el análisis de diversos temas.
Nuestro grupo volvió a hacer hincapié mediante una enmienda en que se tuviera en cuenta la coordinación sociosanitaria en relación con las comunidades autónomas. En este caso, el Grupo Parlamentario Socialista, impulsor de aquella PNL, no tuvo en cuenta nuestra enmienda, aunque su ministra había anunciado el 24 febrero el inicio de la actividad para la creación de este espacio; entonces ya se había hecho la foto a la que anteriormente he hecho alusión.
La creación de un espacio sociosanitario en España es de absoluta necesidad. En primer lugar, no hace falta reseñar el envejecimiento poblacional que se está produciendo desde hace ya unos años y la inversión de la pirámide demográfica y, en segundo lugar, hay que destacar la rigidez de nuestro sistema sanitario y de nuestro sistema social. La falta de coordinación entre ambos sistemas produce una inadecuada atención a los usuarios, una duplicidad de recursos y, en fin, una ineficiencia en la gestión, más importante en estos momentos en los que la eficiencia en la gestión es uno de los objetivos que debe perseguir este Gobierno, ya que debe extremar el más óptimo aprovechamiento de los recursos. Ha de existir por tanto una voluntad política para abordar estos cambios necesarios. Hay que definir desde una cartera de servicios, pasando por una financiación expresa o común, hasta una formación de profesionales, un protocolo para todo el proceso de derivación o un sistema de información compartida. Lo que se debe conseguir es que ambos sistemas, el sanitario y el social, se pongan en marcha de manera integrada para aquellas personas que lo precisen. Ni tan siquiera se trata de pretender que haya unos recursos y centros propios sociosanitarios, sino que los propios centros, sanitarios o sociales, puedan prestar servicios del otro sector. Todo esto no se resuelve de la noche a la mañana, pero no es de recibo que desde la aprobación de la Ley de Dependencia, va a hacer ya cuatro años, solo haya existido por parte del Gobierno una foto y una esperanza de realización de un libro blanco.
No ha habido ninguna reunión posterior al 24 de febrero y ese hipotético libro blanco no puede ser la excusa para no acometer medidas que hagan efectiva esa coordinación. La tendencia lógica al incremento en el gasto sanitario y en el gasto social, que además se produce por la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, puede minimizarse con una eficaz gestión. Es un gran error que se esté implantando la Ley de Dependencia sin tener en cuenta este espacio. Por eso, desde nuestro grupo no entendemos por qué no se ha abordado de una manera seria esa política que no precisa incrementar recursos sino todo lo contrario, se trata de una apuesta seria de gobierno. Entendemos que es difícil emplearse
en algo que cuesta esfuerzo y empeño cuando se tienen puestas las miras, como es el caso de la actual ministra, en procesos electorales de su partido, restando muchas horas a su actividad como ministra; ministra de Sanidad y Política Social que ha disminuido los derechos sociales y que no se ha enfrentado de forma seria a la creación de este espacio sociosanitario que prometió en su día. Deben ponerse en marcha servicios sustitutorios de la hospitalización tradicional y recursos alternativos.
En la actualidad hay muchas personas, grandes dependientes, que requieren no solo cuidados de los servicios sociales sino también servicios sanitarios. Hay usuarios que precisan puntualmente la atención en ambos sectores y otros que, por el tiempo e intensidad de la intervención, precisan una atención conjunta. En la mayoría de los casos, la enfermedad es la que causa la dependencia; en concreto, cuando la dependencia surge en personas mayores, generalmente están aquejadas de una enfermedad crónica que continúa en la situación de dependencia. Estos usuarios sufren la descoordinación de ambos sistemas, una visible confusión de competencias y problemas cuando deben realizarse traslados, lo que acaba perjudicando a las personas dependientes y a sus familias. Por eso creemos que hay que abordar de una manera seria la creación de este espacio sociosanitario y solicitamos a los demás grupos que voten favorablemente esta proposición no de ley.
Termino diciendo que no podemos aceptar en ningún caso la única enmienda presentada a esta PNL por el Grupo Parlamentario Socialista, porque, como supongo que ahora explicará, se trata de la elaboración de un libro blanco. Lógicamente, la elaboración de ese libro blanco fue prometida por la ministra el día 24 febrero, hace ya casi ocho meses, y nosotros no podemos estar mareando la perdiz, y ahora, después de que el Gobierno haya prometido esa elaboración, venir al Congreso de los Diputados a decir que lo sigan elaborando. Lo que hay que hacer es acometer un tema de estas características de manera seria y eficaz, sobre todo en el momento en el que nos encontramos, que es realmente oportuno y necesario para hacer cualquier tipo de política encaminada a la creación de ese espacio sociosanitario.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Socialista se ha presentado una enmienda. Tiene la palabra la señora Esteve Ortega.
La señora ESTEVE ORTEGA: Lamento, señora Méndez, que esta enmienda no nos sirva al menos para poder debatir un poquito más fundamentadamente por qué hasta estos momentos no tenemos un modelo diseñado a nivel de Estado español para ese espacio que usted llama sociosanitario. Voy a intentar explicarlo, aunque quizás al final acabemos hablando de lo mismo o quizás no.
Es evidente, usted lo ha dicho, que todos los grupos consideramos una necesidad la coordinación de todos los sistemas de bienestar, más allá de los dos a los que estamos haciendo referencia, que tienen puntos de intersección, como lo expresan la Ley de 2003, que defiende la creación de la coordinación sociosanitaria, y la Ley de Dependencia, de 2006.
Recuerdo haber debatido muchísimo, personalmente y con mis compañeros, la necesidad de la coordinación sociosanitaria y, posteriormente, el decreto que en la cartera no hace referencia a ello. Vamos a intentar fundamentar el porqué.
Vamos a ver la sanidad y los servicios sociales. Estamos hablando de dos sistemas que son competencia de las comunidades autónomas. Yo no puedo entrar en su proposición no de ley cuando lo primero que señala es: Dando cumplimiento a la ley, fináncieme usted, Gobierno, hágame una memoria económica, dígame cuántas plazas medicalizadas se necesitan y defina usted la atención sociosanitaria. Estamos hablando de temas que están descentralizados a las comunidades autónomas y cuyas competencias les corresponden a ellas. Esto no lo puede hacer el Gobierno motu proprio sin abrir un conflicto.
En segundo lugar, usted habla de este tema como si realmente hubiéramos empezado a crear los sistemas hace dos días, pero no partimos de cero.
Desde hace muchos años las comunidades autónomas y los distintos centros prestadores de servicios de salud y servicios sociales han puesto en marcha experiencias de coordinación solventes. Me imagino que usted las conoce; yo he trabajado directamente en ellas. Estas experiencias tienen un problema, y es que han quedado muchas veces para sí y no han permitido generar un cuerpo teórico-práctico unitario para el conjunto de España.
Si usted me dice que esto es un handicap, yo le voy a decir que es un handicap importante. ¿Hay que poner el hilo a la aguja? Efectivamente.
¿Qué es lo que nos debemos contestar? ¿Por qué no se ha resuelto antes? Vamos a ver algunos elementos que explican por qué no se ha resuelto antes, porque esto parece que es un deseo y, como si fuera Alí Babá o la lámpara maravillosa, de repente aquí tenemos el espacio de coordinación, y a lo mejor no es un espacio. Vamos a verlo.
Primero está el marco competencial, al cual ya me he referido. Segundo, la necesidad particular de consolidar cada uno de los sistemas. Fíjese usted, en el año 2003 no había sistema de servicios sociales ni lo hay hoy. Por tanto, es muy difícil establecer un protocolo sociosanitario cuando existen unos sistema asimétricos, uno universal, que constituye derecho para todo el Estado español, y uno graciable, con competencias en las comunidades autónomas, y hasta hace poco no hemos conseguido homologar los mínimos sistemas de información necesarios para poder tener una visión conjunta además de hacer apuestas conjuntas de trabajo. Esta es la realidad, nos guste o no. Hay diecisiete leyes de servicios sociales, que nos han ayudado muchísimo, pero que tienen este handicap que no nos ha permitido homologar un sistema. Otro elemento son los cambios en la demanda ciudadana: envejecimiento de la población. En 2003 los departamentos de medicina interna de los hospitales no
estaban saturados como lo están hoy. El envejecimiento de la población lleva a la cronicidad. Hemos hablado también de la asimetría en los sistemas. Voy deprisita, ya estoy acabando. Ello ha dado lugar a experiencias territoriales interesantes pero diversas, lo que no nos permite hoy asegurar la calidad de la atención, el continuo asistencial y la necesaria optimización de los recursos, pero sobre todo considerar al ciudadano un ser global y por tanto ofrecerle una atención global y no fragmentada. Hasta aquí estamos de acuerdo. La Ley de Dependencia, del año 2006, la que nos ofrece un marco privilegiado para abordar la coordinación sociosanitaria, como también lo hacen las nuevas leyes de servicios sociales de las distintas comunidades autónomas -entre ellas las suyas-, aunque menos, porque no todas tienen una cartera propia de servicios sociales de carácter universal y esto es un handicap. Por tanto, tenemos un problema en este sentido.
Para acabar, ¿dónde estamos ahora? Después de regular todos los aspectos imprescindibles y urgentes para la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, hoy podemos abordar un tema que, siendo importante no era el más urgente en la puesta en marcha de dicha ley, porque ya era urgente con anterioridad. Ahora, el consejo interterritorial -usted lo ha citado- se plantea el trabajo conjunto, consensuado, como se debe hacer, en cooperación, comunidades autónomas y Gobierno, para elaborar en forma de libro un compendio de buenas prácticas, una transferencia del conocimiento que nos diga el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el para qué, es decir, que permita la prestación del servicio con la máxima optimización y la toma de decisiones. Así lo entendió en su día el Grupo de Convergència i Unió cuando pidió la evaluación de la ley, poniendo de relieve este tema; también Esquerra Republicana, y nos comprometimos con ellos, además de con ustedes, a que este tema había que trabajarlo. ¿Por qué esta enmienda? Porque trabajar un modelo de intervención...
La señora ESTEVE ORTEGA: Con esto acabo.
Trabajar un modelo de intervención nos permitiría contemplar la especificidad y responsabilidad de cada sistema, las necesidades de las personas y de los profesionales de referencia del caso, los recursos a asignar y los recursos humanos que intervienen en las diferentes partes del proceso, evitar malbaratar los recursos y asegurar una respuesta integrada que no fragmente a la persona. Esto no quiere decir en ningún momento que primero tengamos el presupuesto, porque si hemos de optimizar y de evitar duplicidades, a lo mejor lo que hay que hacer es cambiar prácticas y dotar del presupuesto necesario, pero lo más fundamental es que esto no lo puede hacer el Estado solamente, sino que lo tiene que hacer en cooperación con las comunidades autónomas. Y ahora tenemos una oportunidad más. Acabamos ahora el pacto de la sanidad, en el que este tema ha salido de manera recurrente, y tenemos una oportunidad para seguir trabajando en subcomisión, también en sede parlamentaria, un tema tan importante como éste y abordar desde aquí la coordinación sociosanitaria.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. ¿Acepta las enmiendas o mantenemos abierta la posibilidad de un acuerdo?
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Como había adelantado en mi exposición, conociendo la enmienda que se había presentado, no podemos aceptarla, ya que se trata de la elaboración de un libro blanco que la ministra prometió el día 24 de febrero. Es una actuación de Gobierno que la ministra había prometido y en la cual no ha hecho nada.
El señor PRESIDENTE: Solamente es para que me diga si la votamos en sus términos.
- RELATIVA A LA REINSTAURACIÓN DEL TELÉFONO DE INFORMACIÓN GRATUITO PARA LA OBTENCIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001406.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al cuarto punto del orden del día, que anteriormente era el tercero, relativo a la reinstauración del teléfono de información gratuito para la obtención del DNI electrónico.
Esta proposición ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular y tiene la palabra su portavoz en materia de consumo, doña Dolors Nadal.
La señora NADAL I AYMERICH: Lo primero que quiero decir es que esta proposición no de ley fue registrada en diciembre de 2009. Ha pasado el tiempo y eso justifica que hayamos presentado una autoenmienda a la que luego me referiré.
La propuesta del Grupo Popular que sometemos esta tarde a votación en esta Comisión viene a dar respuesta a las quejas presentadas por los consumidores, puesto que para la obtención de información sobre los trámites del Documento Nacional de Identidad electrónico existía un teléfono gratuito de la Dirección General de la Policía que fue sustituido en el año 2009 por un número 902 que, como ustedes saben, se trata de un número de tarificación especial y, por tanto, de superior coste para el usuario que el de un teléfono convencional que en muchos casos, además, está incluido en las tarifas planas de voz que ofertan las compañías telefónicas. Se trataba de unas llamadas gratuitas para conseguir esta información y para poder avanzar en la sociedad de la información, pero actualmente, los ciudadanos se ven obligados a llamar a un número 902 en busca de asesoramiento, con el consiguiente coste económico.
Ante la implantación en las administraciones públicas de los números 902, los consumidores se han organizado, y quiero mencionar especialmente la creación de una plataforma denominada No más números 900, que a través de un buscador permite identificar el número convencional que está vinculado a algún prefijo 901 ó 902. Esto es posible porque las empresas que utilizan estos números en los servicios de atención al cliente deben tener un número convencional al que llamar que no tiene el abusivo coste de los números de tarificación especial. Si ustedes consultan la página web que les he mencionado, el de la plataforma No más números 900, podrán comprobar la utilidad de este buscador, pero solo cuando se trata de números de privados, no de números pertenecientes a administraciones públicas, es decir, para las compañías que los usan en sus servicios de atención al cliente, pero no cuando el número está vinculado a un organismo público. De hecho, señorías, si se toman la molestia de entrar en esta página web, verán que son tantas las quejas que han motivado el cambio en la forma de obtener información para tener el DNI electrónico que incluso hay notas que dicen: Oiga, deje de preguntar cuál es el número vinculado al 902 para la obtención del DNI electrónico porque no lo podemos saber; no hay manera de saberlo porque el Ministerio del Interior no tiene la obligación de identificar el número convencional vinculado a ese 902.
Las asociaciones de consumidores se han hecho eco de esta situación -especialmente quiero referirme a Facua, que se ha mostrado muy activa en la canalización de las quejas de los consumidores- con el fin de terminar con los números de teléfono de tarificación especial y poder utilizar estos mecanismos en las administraciones públicas. Pero lo cierto es que esta situación no se da solo en la Administración General del Estado sino también en otras administraciones públicas, y he de reconocer -no me duelen prendas- que son de todos los colores políticos; pero, señorías, si me permiten la licencia diré que mal de muchos, epidemia. Lo que quiere el Grupo Popular es avanzar en la desaparición de esas líneas 900 para que los consumidores dispongan, también cuando se trata de una administración pública, de números de teléfono convencionales.
He de decir que este debate ya se ha producido en esta Comisión en otras ocasiones; de hecho, en el mes de mayo pasado fue aprobada una proposición no de ley del Grupo Mixto que solicitaba que se publicitaran los números fijos asociados a los 901 y 902 y con anterioridad al mes de mayo, doña Belén do Campo, en representación del Grupo Popular, había defendido la misma solicitud cuando se debatió una proposición no de ley relativa a la desconexión voluntaria para los usuarios del acceso a las líneas de tarificación especial; también es cierto que en el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, se establece que los organismos públicos o las compañías privadas pueden utilizar estos números para atender a los ciudadanos.
La proposición no de ley del Grupo Popular tiene por objeto avanzar en la desaparición de las líneas 901 y 902 utilizadas por organismos públicos.
Por ello solicitamos en nuestra proposición no de ley que se reinstaure el número de atención gratuito para la obtención del DNI electrónico; que el Gobierno elabore un plan y adopte las medidas oportunas para avanzar que en un plazo máximo de seis meses a partir de la aprobación de esta iniciativa los servicios de atención telefónica del resto de organismos públicos, no solo el Ministerio del Interior para DNI electrónico, tengan un número de teléfono gratuito para el usuario. Esto responde a que han llegado a nuestro grupo parlamentario multitud de peticiones para que desaparezcan de otras administraciones, por ejemplo, de la Agencia Tributaria, etcétera. Nuestra autoenmienda pretende que haya un compromiso político por parte del Gobierno en el sentido de hacer desaparecer de la Administración General del Estado -porque es lo que nos ocupa, es nuestra responsabilidad, es lo que nos compete desde aquí- los números de tarificación especial. Con la amplia cláusula que plantea hoy el Grupo Popular también se pretende aligerar esta Comisión y no bombardearla con iniciativas recurrentes sobre diferentes quejas que vayan planteando las distintas plataformas y asociaciones de consumidores. Nos sorprende que por parte del Gobierno socialista no haya esa voluntad política cuando nos viene diciendo que mantienen una apuesta firme y decidida por avanzar en la sociedad de la información. Saben que en el año 2006 se puso en marcha el DNI electrónico y se nos dice que aporta seguridad, rapidez, comodidad, inmediata realización de trámites administrativos y comerciales, el compromiso con la sociedad de la información, etcétera, pero resulta muy chocante, incomprensible que se nos diga todo esto y que después se pongan trabas a la extensión de la sociedad de la información, a un instrumento tan práctico y tan idóneo como es el DNI electrónico.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas. Para fijar su posición, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cediel Martínez.
La señora CEDIEL MARTÍNEZ: La proposición que el Partido Popular trae hoy a esta Comisión, por su especificidad creo que debería haber sido debatida en la Comisión de Interior; bien es verdad que con la enmienda de modificación alcanza a todos los organismos públicos. Una vez dicho esto, paso a manifestar la posición de mi grupo.
El 16 de marzo de 2006 se inició en el equipo de Burgos la emisión del modelo electrónico de Documento Nacional de Identidad. Tras unos meses de prueba se inicia la implantación en el resto de equipos distribuidos por todo el territorio, siendo total en los equipos fijos a principios del mes de diciembre de 2008; por tanto, durante dos años y medio coexistieron equipos que
expedían el DNI electrónico y su modelo anterior. Para facilitar a los ciudadanos la información, resolver las dudas que pudiese suscitar el uso informático que incorporaba este DNI y, en general, facilitar cuanta información requerían los ciudadanos sobre el nuevo documento, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Real Casa de la Moneda, creó un servicio de atención al ciudadano que inició su prestación en el mes de enero de 2007. Las vías habilitadas para la prestación del servicio por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se hizo mediante una línea 900 gratuita para el ciudadano y una cuenta de correo electrónico. El acceso telefónico puede realizarse en horario de lunes a viernes, solo de ocho a diecinueve horas, disponiendo el ciudadano del servicio de veinticuatro horas los trescientos sesenta y cinco días del año mediante el correo electrónico.
Desde su inicio, el servicio creció de forma espectacular en el año 2008: con la línea gratuita 900, en el mes de enero se recibieron 8.177 llamadas; en el mes de marzo ya fueron 37.013; en el mes de julio 55.853, mostrando una clara y fuerte tendencia alcista y, lo que es peor, estaba siendo utilizado en un porcentaje muy elevado por los ciudadanos para todo tipo de consultas: dudas sobre pasaporte, NIF, vida laboral, Registro Civil, incluso informaciones sobre actividades ajenas a las prestaciones de la Administración Pública. Con el establecimiento de la línea 902 se ha producido un descenso muy considerable en los mismos meses aludidos en el anterior párrafo: en los meses de enero, marzo y junio respectivamente el número de usuarios ha sido de 10.000, 14.000 y 22.000; es decir muy inferior a las cifras del servicio con la línea 900.
El coste para el ciudadano es mínimo, menor que el de las llamadas provinciales y además es válido para toda España.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista no considera conveniente reinstaurar la línea 900 para el servicio de atención al ciudadano del DNI electrónico, ya que ello representaría volver a incrementar las llamadas recibidas y disminuir la calidad del servicio por su masificación, además de que, señores del Partido Popular, aumentaría muy considerablemente los costes del servicio, pero esto ustedes parece no preocuparles. Día a día les escuchamos, por una parte, reclamar el control del gasto y la disminución del déficit y, por otra, también día a día les vemos plantear iniciativas y propuestas que o bien reducen los ingresos o aumentan el gasto, justo lo contrario de lo que predican. Esto se llama hipocresía. La enmienda de modificación que plantean, en la que, además, hacen extensiva la gratuidad a todos los servicios de atención telefónica de todos los organismos públicos, no es asumible en los tiempos que atravesamos de recorte del gasto y creemos, además, que puede invadir competencias, puesto que están también las instancias locales, las comunitarias, etcétera. Una nueva incoherencia del Partido Popular. Por ello, nuestro voto será negativo.
- PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA MIGRAÑA COMO ENFERMEDAD CRÓNICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001622.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al punto quinto, cuarto en el orden del día, que tiene que ver con el reconocimiento de la migraña como enfermedad crónica.
Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra el señor Landaluce.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Antes de comenzar mi intervención quisiera agradecer el trabajo realizado por mis compañeros, los doctores Ana Pastor y Mario Mingo, en la redacción de esta proposición no de ley y en las distintas reuniones que han tenido con los colectivos afectados por estas patologías.
Todos conocemos las consecuencias de la migraña. Si afortunadamente no nos encontramos entre estos casi cinco millones de españoles que desgraciadamente padecen la enfermedad, si es verdad que todos tenemos algún familiar, algún amigo, algún conocido que sí la sufre y, por tanto, todos conocemos las dificultades de quien la tiene. A pesar de haber sido considerada históricamente como una patología menor y calificada como un síndrome o consecuencia de otras patologías, nunca ha sido considerada como una enfermedad en sí misma, solo quienes la padecen conocen verdaderamente la incapacidad que conlleva, aunque, como decía anteriormente, señorías, todos tenemos algún caso cerca y sabemos cómo su padecimiento es realmente incapacitante.
Aunque la migraña es el motivo de consulta más frecuente de los servicios de neurología, sigue siendo la gran desconocida tanto para la sociedad civil como para la propia sociedad científica, que no dispone de expertos especializados en el nada fácil manejo de esta enfermedad y en su tratamiento. Esta falta de especialización puede derivar en un mal diagnóstico, en un mal tratamiento que puede llevar a cronificar la enfermedad e incluso ocasionar el aumento del número de crisis en el tiempo. Se han descrito 150 posibles causas desencadenantes de la migraña, pero aún se desconoce cómo se produce y el mecanismo que la desencadena. No existen pruebas de laboratorio o de imagen que confirmen el diagnóstico, ya que la migraña no es visible a través de ninguna prueba o analítica; la única forma de llegar a un diagnóstico más preciso, y aún así no definitivo, es la anamnesis, lo que requiere una primera visita con tiempo suficiente para poder realizar un diagnóstico diferencial. Hablamos, señorías, señor presidente, como usted bien conoce como profesional, de cinco millones de personas en toda España. Hoy por hoy un 5 por ciento de la población sufre más de quince crisis al mes, mientras que hace cinco años este porcentaje estaba en torno a un 3 por ciento.
Si bien nos preocupan principalmente los aspectos sanitarios, también son preocupantes las consecuencias económicas que acarrea la incapacidad que provoca su padecimiento. En España, el padecimiento de estas también conocidas como jaquecas ocasiona la pérdida de unos veinte millones de jornales de trabajo anuales, lo que se traduce en un coste estimado de unos 2.000 millones de euros, cifra que a nivel europeo se eleva hasta 27.000 millones, como consecuencia de la reducción de la productividad y de la pérdida de días de trabajo, todo ello sin añadir el sufrimiento personal y lo que ello acarrea. No sólo se pierden jornadas laborales, sino que seis de cada diez pacientes manifiestan que bajan su rendimiento laboral cuando sufren una crisis, de hecho, la mitad de estas personas es incapaz de mantener su actividad habitual como consecuencia del dolor.
Tanto es así, que la Sociedad Española de Neurología, la SEN, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Migraña, que tuvo lugar el domingo día 12 del presente mes de septiembre, incidió en que este desorden neurológico crónico puede ocasionar una disminución por debajo del 50 por ciento en el rendimiento en el trabajo, conocido también como presentismo laboral. A modo de curiosidad cabe resaltar que si bien el condicionante de la aparición de la migraña es genético según la Sociedad Española de Neurología, el estrés laboral, motivado por la situación económica, puede intensificarla. La SEN ha denunciado que nuestro país no dispone de los medios necesarios para el adecuado tratamiento de estos pacientes, que necesitan unidades especializadas, hospitales de día para tratamientos intravenosos, posibilidad de ingresos y lugares especiales en las urgencias hospitalarias. La Asociación Española de Pacientes con Cefalea participó la semana pasada en una reunión en Bruselas con europarlamentarios para pedir más atención, más información, mejores tratamientos y más investigación para la migraña y las cefaleas incapacitantes. Esta asociación califica la migraña como una de las afecciones más dolorosas y más frustrantes de la medicina y asegura que las personas afectadas ven su migraña como malévola, destructiva de la calidad de vida, costosa y hasta incluso humillante.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud la ha calificado como una enfermedad altamente discapacitante, clasificándola como la decimosegunda causa de discapacidad en el mundo entre las mujeres, la decimonovena en el total. Por estos motivos, los expertos vienen reclamando mayores inversiones para investigar esta enfermedad al considerar que la inversión en la investigación y el desarrollo sobre la migraña ha venido siendo ridícula en comparación con la registrada a favor de otro tipo de enfermedades neurológicas.
Termino, señor presidente. El Grupo Parlamentario Popular propone que el Congreso insiste al Gobierno a que en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se cree un grupo de trabajo que estudie la etiopatogenia de la migraña, su diagnóstico precoz, la atención especializada y su posible consideración como enfermedad crónica.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor Cabañes Andrés.
El señor CABAÑES ANDRÉS: La migraña es, con diferencia, la cefalea primaria sobre la que más se ha escrito y estudiado, sobre la que más se ha avanzado en el conocimiento fisiopatológico y sobre la que más avances terapéuticos se han obtenido, tanto desde el punto de vista del tratamiento de las crisis como de la prevención de las mismas. Se trata de un síndrome de prevalencia familiar consistente en ataques o crisis recurrentes de dolor de cabeza de intensidad y caracteres variables; es mucho más frecuente, más o menos cuatro a uno, en mujeres que en hombres por la gran influencia hormonal y la padece el 12 por ciento de la población entre los 18 y los 65 años; es una enfermedad suficientemente importante para que tenga un día, y el 12 septiembre pasado fue el Día Mundial de la Migraña; es el motivo neurológico de consulta frecuente y su repercusión, tanto a nivel socioeconómico como sobre la calidad de vida, es importante. Como bien ha dicho el señor Landaluce, la Organización Mundial de la Salud la clasifica en el puesto diecinueve dentro de las causas de años de vida perdidos por discapacidad. Es una enfermedad muy discapacitante en el momento de la crisis, tanto social como laboralmente, y efectivamente el coste laboral estimado en España está alrededor de los 2.000 millones de euros, con un coste por paciente activo de 730 euros al año y una pérdida total de jornadas laborales de alrededor de dieciséis millones de días al año.
Un diagnóstico rápido y correcto, la prescripción del tratamiento adecuado a cada paciente, la adscripción a una estrategia estratificada de tratamiento y la adherencia al tratamiento prescrito son elementos cruciales en el éxito terapéutico de las crisis de migrañas. Sin embargo, llama la atención que muchos pacientes no acuden al médico, que otros abandonan el tratamiento y/o tienen un largo peregrinar por la asistencia sanitaria. Ni las sociedades científicas ni el Gobierno han permanecido inactivos ante este panorama; ya existen diversos estudios muy actuales de la Sociedad Española de Neurología que tiene en su seno un grupo específico de estudio de la cefalea, con una atención especial para la migraña. En el año 2004, la citada sociedad inició un plan de acción contra la migraña; existen recomendaciones para la migraña del año 2004 y del año 2006; en el año 2007 se celebró la Conferencia Nacional sobre Migrañas, en la que se aprobó un documento, que ha sido editado por el Ministerio de Sanidad y Política Social, que se llama consejos para la mujer migrañosa. Por otra parte, el Sistema Nacional de Salud financia toda la atención sanitaria a estos pacientes, tanto los estudios y consultas como los tratamientos.
A pesar de esto, todos estaríamos de acuerdo en la creación del grupo de trabajo que propone el Partido Popular; seguramente unos pensemos que es más necesario este grupo y otros que menos, ya que existe mucho trabajo realizado, pero todos aceptaríamos. Lo que no entendemos, o no lo tenemos tan claro, es que uno de los fines de ese grupo sea dilucidar si la migraña debe ser considerada como una enfermedad crónica. La migraña no es una enfermedad crónica; no hay enfermedades crónicas, hay enfermos crónicos. No podemos considerar que todo paciente con migraña o toda paciente con migraña sea enfermo crónico, dependerá del número de las crisis, de las características de las mismas, del tipo de migraña y de un largo etcétera. No es lo mismo una joven de 18 años con una crisis única de migraña menstrual que una paciente con múltiples estatus migrañosos.
Además, siempre está en manos del médico que atiende a pacientes con migrañas graves la posibilidad de valorar su incapacitación para el trabajo y esto conllevaría para los mismos las ayudas establecidas por el Estado. En resumen, vuelvo a decir que creo que debemos hablar de enfermos crónicos y no de enfermedades crónicas.
Por otra parte, el Sistema Nacional de Salud no califica las patologías a efectos de su financiación sino que lo que califica son los medicamentos, los que son clasificados según sus indicaciones y el grupo terapéutico.
En este sentido, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud existe un amplio consenso respecto a no incrementar el coste de la cartera de servicios, salvo que se trate de actuaciones que no supongan una mejora en la eficacia y calidad asistencial. No es este el caso, pues las novedades terapéuticas como el bótox o los antagonistas del CGRP son estudios iniciales en el primer caso o como mucho en fase III en el segundo y, por tanto, no han mostrado aún su eficacia, sus beneficios y sus riesgos, etcétera.
Debido a lo anteriormente expuesto, hemos propuesto una enmienda que, recogiendo todo el sentir de la proposición no de ley del Grupo Popular, propone una redacción alternativa que exclusivamente suprime el párrafo de "y su posible consideración como enfermedad crónica" y lo sustituye por el párrafo "y valore la oportunidad de abordaje por los servicios de salud de programas específicos de prevención e información sobre la enfermedad". Creemos que este binomio de información y prevención se ajusta más a la realidad presente y al futuro de los pacientes con migrañas y al acercarnos a un conocimiento más profundo y a un diagnóstico más acertado y temprano daremos una mejor solución y una mejor calidad de vida de los pacientes, permitiéndoles una mejor integración en la sociedad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular para expresar si acepta la enmienda o si va a votar directamente su propuesta.
El señor LANDALUCE CALLEJA: En el Grupo Popular hubiésemos entendido una enmienda de adición, pero nunca una enmienda de sustitución. En el trabajo previo realizado con el diputado señor Cabañes hemos tratado de buscar ese reconocimiento de cronicidad en algunos pacientes. Usted lo sabe perfectamente porque ha estado presidiendo...
El señor PRESIDENTE: No puede argumentar, tiene que decir concretamente qué va a hacer.
El señor LANDALUCE CALLEJA: No vamos a admitir esa enmienda de sustitución y vamos a someter a votación nuestra propuesta.
- SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 14/2006. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001856.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al sexto punto del orden del día: sobre la modificación de la Ley 14/2006, relativa a técnicas de reproducción humana asistida, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra doña Carmen Montón.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señorías, en la legislatura pasada el Gobierno inició el reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, llevando a España a ser uno de los países pioneros en alcanzar la plena igualdad de derechos. No se trataba de realizar una legislación específica para las personas homosexuales sino de extender la legislación ya existente al conjunto de la ciudadanía, con independencia de su orientación sexual, pasando de normativas restrictivas exclusivas para heterosexuales a inclusivas para todo el conjunto de la ciudadanía. En ello tuvo especial relevancia la reforma del matrimonio civil, con lo que a partir de ese momento se reconocen en igualdad los derechos y las obligaciones de todos los matrimonios, independientemente de la orientación sexual de sus miembros, y se establece que todas las referencias al matrimonio contenidas en nuestro ordenamiento jurídico han de entenderse aplicables tanto al matrimonio entre dos personas del mismo sexo como de sexo distinto. Pero a pesar de esto, en la actualidad nos encontramos con que las solicitudes de matrimonios de lesbianas que pedían la utilización de técnicas de reproducción asistida, a fin de que el óvulo fecundado de una de ellas pasase a ser gestado por su pareja, respetando, por supuesto, el anonimato del donante de gametos masculinos, según lo legalmente previsto, han sido rechazadas, impidiéndoles ampliar su familia por esta vía y que las dos sean madres biológicas. Con esto, las lesbianas quedan excluidas del acceso a las técnicas de reproducción asistida en igualdad de condiciones con las parejas de personas de distinto sexo, basándose en interpretaciones restrictivas que argumentan que se trata de un caso de donación sujeto a confidencialidad, en lugar de
una cesión de gametos de una cónyuge a otra, que es de lo que realmente estaríamos hablando.
En esta situación se suman dos factores importantes de discriminación: la orientación sexual y el género. Estamos hablando de mujeres lesbianas a las que no se les permite se madres y disfrutar plenamente de sus derechos individuales, como matrimonio y como familia, por hacerse una interpretación, como digo, restrictiva de la ley y excluyente para los matrimonios no heterosexuales. Esto es algo que nunca debería haber sucedido, pero que desgraciadamente delata las resistencias que, aún en nuestros días, existen a la igualdad y al disfrute pleno de los derechos de ciudadanía de las mujeres, en general, y de las lesbianas, en particular.
Señorías, frente a esta aplicación excluyente de la legislación, en primer lugar, hay que destacar que en ningún momento la Ley 14/2006 establece la prohibición de la cesión de gametos, en este caso de ovocitos, dentro de la pareja. Si atendemos al artículo 5 de la citada ley vemos que establece el anonimato de la persona donante, siempre y cuando no proceda de la pareja que solicite la reproducción asistida, y que la legislación aprobada permite de manera expresa la cesión de gametos entre los cónyuges. Por tanto, reitero el argumento de que como ocurre al tratarse de parejas de distinto sexo, la cesión de gametos no se puede considerar donación cuando se realiza dentro de la pareja. Además, al impedir que los matrimonios de lesbianas accedan a las técnicas de reproducción asistida se entra en contradicción con la doctrina reiterada por el Tribunal Constitucional que establece que las leyes siempre deben interpretarse en el sentido más favorable al ejercicio de los derechos individuales, si de la literalidad de la ley no se desprende otra cosa.
También quiero apoyarme en el informe de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida que se muestra favorable a la cesión de gametos de lesbianas y a la modificación de la ley. Aunque podría seguir enumerando argumentos jurídicos, lo fundamental es que estamos hablando de algo que atañe a sentimientos muy primarios, muy íntimos y muy potentes, como son los de la maternidad, y lo fundamental es que estamos hablando de dos mujeres que han decidido casarse y formar una familia, con el deseo de ser madres, y no puedo explicarme que alguien pueda estar en contra e impedírselo si no recurro, en algunos casos, a condicionamientos moralistas, caducos, a condicionamientos discriminatorios o relativistas, a la idea de un modelo único de familia, incluso a condicionamientos machistas y homófobos. Por eso, señorías, pido que revisemos y que reflexionemos sobre el fondo de los argumentos que nos llevaría a votar esto en contra. Como estoy convencida de que debemos desterrar esos posicionamientos de nuestra sociedad y, por supuesto, de esta Cámara, el Grupo Parlamentario Socialista trae la propuesta de esta modificación legal de tal modo que no se pueda hacer una aplicación restrictiva de la ley, algo que por otra parte no está en el espíritu de nuestro ordenamiento jurídico, pero que en la práctica se ha comprobado que existe. Además, con este mismo convencimiento, pido a todos los grupos, sin distinción, a todos, su voto favorable para que las mujeres lesbianas en la práctica puedan ejercer su derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida y, consecuentemente, ser madres biológicas.
El señor PRESIDENTE: No hay enmiendas. Por tanto, para turno de fijación de posiciones tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, el señor Gutiérrez Molina.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Adelantamos ya nuestro voto negativo y en contra de la proposición no de ley que trae hoy el Grupo Socialista.
Vamos a intentar explicar nuestro voto con toda tranquilidad, también con toda convicción y, desde luego, sin caer, ya de antemano y a priori, antes de escuchar siquiera la intervención del Grupo Popular, a través de este modesto portavoz, en supuestos ni moralistas -que podíamos entrar- ni caducos ni machistas ni homófonos ni cosa que remotamente se le parezca. Quiero dejarlo muy claro, porque si no entramos en una especie de trampa saducea que, desde luego, vicia de entrada la posición del Grupo Popular y vicia de entrada la intervención de este portavoz.
Sentada esta posición, señor presidente, hemos leído, con la atención que merece, esta proposición no de ley y ciertamente nos costaba trabajo sentar posición. No porque no tuviéramos claro, desde un punto de vista sereno e imparcial, lo que aquí se debate esta tarde, sin caer en este tipo de adjetivos calificativos que, sin escuchar siquiera la posición -insisto- del Grupo Popular, se nos ha dicho aunque sea de forma indirecta. Nos costaba trabajo sentar posición, señor presidente, porque creemos que no era el ámbito de esta Comisión el sitio adecuado para debatir la modificación de la Ley 14/2006, aunque tuviera un reflejo indirecto sobre los aspectos de salud, de salud reproductiva o de sanidad, porque, señor Presidente, no basta con modificar o pedir la modificación de la Ley 14/2006 en esta Comisión. En otra proposición no de ley, otra portavoz decía que no era éste el ámbito de debatir un aspecto determinado, sino que era en otra Comisión, me pareció entender que era en la Comisión de Interior. En este caso creemos que tampoco era éste el ámbito sucesivo, sino que era la Comisión de Igualdad el ámbito específico, puesto que en la exposición de motivos e inclusive en el petitum de la proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Socialista trae para nuestra consideración, aparte de asuntos sanitarios, que seguramente por mi torpeza no acabo de ver, se trataba más de colisión de derechos fundamentales y de aspectos jurídicos determinados o indeterminados de distintas sentencias o de interpretaciones restrictivas de las normas de uso consuetudinario. No basta tampoco, señor presidente -de ahí que estemos en el segundo punto de nuestra justificación de nuestro voto negativo-,
con esgrimir el compromiso del Gobierno con la igualdad de trato y la discriminación en materia de derechos civiles y de libertades; cuestión a la que nadie, nadie, señor presidente, va a entrar en colisión y cuestión de la que habría mucho que hablar en otros aspectos y que no es cuestión de abordar, habida cuenta de la hora y de la argumentación que se nos trae.
En tercer lugar, vamos a votar que no, señor presidente, tranquilamente, serenamente y estudiando la proposición no de ley del Grupo Socialista, porque creemos que subyace una especie de autoenmienda para instar ahora -ahora- al Gobierno, por parte del Grupo Socialista que le da soporte, para iniciar, en el plazo más breve posible, cuando estamos ya en el ecuador de la legislatura, la reforma de una ley, la Ley 14/2006, cuando lo ideal sería madurarlo con calma y con mesura en aspectos que, como dije antes al principio de mi intervención, se extralimitan con mucho del estudio y, desde luego, del estrecho espacio reglamentario que contemplan las proposiciones no de ley.
Tampoco vemos, por mucho que lo hemos buscado -y ya termino, señor presidente-, nada en derecho comparado con los países de nuestro entorno.
No vemos en derecho comparado nada de lo que justifica el Grupo Parlamentario Socialista. Sus señorías pueden mirar cuanto gusten el derecho comparado y verán que razones de prudencia necesaria impelen, en este instante, a ser circunspecto en este tema, aunque comprendemos los agradecimientos del ayer y las esperanzas del mañana al presentar esta proposición no de ley. Por si fuera poco, en una situación de crisis, de listas de espera en las técnicas de reproducción asistida, de prioridades en la salud, que van mucho más allá de la invocación general y aleatoria de un debate sobre si la Ley 14/2006 establece la prohibición de la cesión de ovocitos dentro de una pareja ni mucho menos en el estrecho límite, como dije antes, del debate, de la valoración, de los aspectos que entran o no en contradicción con la doctrina del Tribunal Constitucional, pero aunque así fuera, la ley debería interpretarse en el sentido más favorable en el ejercicio de los derechos individuales -y estamos de acuerdo-, pero también para afirmar que el interés superior de una persona, de un niño, no reside en rodearle afectivamente de personas que se ocupan de él, sino vivir en las mismas condiciones de filiación.
Por último, hago gracia de invocar argumentos científicos, señor presidente, por coherencia con mi intervención, aunque no era este el momento del debate, pero se han dejando aparte la protección y los mecanismos que la ley permite, como los mecanismos de adopción, y sinceramente creemos que con este haz de razonamientos hemos justificado plenamente, sin necesidad de recurrir a otros epítetos, la consideración negativa que, a juicio de este grupo parlamentario, merece la proposición no de ley que esta tarde ha venido a colación a través del Grupo Parlamentario Socialista.
- RELATIVA AL CUIDADO DE LOS HIJOS CON CÁNCER. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001864.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 7 relativo al cuidado de los hijos con cáncer, a iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra doña Conchita Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÁS: Señorías, tengo entendido que esta proposición no de ley que presenta mi grupo, el Grupo Parlamentario Catalán, no es la primera vez que se presenta en este sentido en este Congreso los Diputados. Tengo entendido que en el año 2004, entonces no era diputada por lo que no lo pude seguir, se presentó una iniciativa similar, pero que decayó a lo largo de la legislatura y no se llegó a debatir. Han pasado seis años desde entonces y sinceramente creemos que hoy en día se necesita que lleguemos ya a regular y que lleguemos a dar transparencia a esas necesidades que nos estamos encontrando, día a día, en casos de hospitalización de niños afectados por cáncer u otras enfermedades graves que requieren hospitalización. Hago aquí hincapié -y añado- en lo de otras enfermedades graves que también requieren hospitalización, ya que es una autoenmienda que ha hecho mi grupo parlamentario. Además también la ha hecho el Grupo Popular y, en este sentido, el Grupo Socialista también ha presentado una enmienda en la que también recoge estas otras enfermedades, aunque luego me referiré un poco más al resto de esta enmienda.
Señorías, tengo que decir que en mi tiempo de diputada en este Congreso pocas iniciativas habían suscitado tantos correos, llamadas y demanda de soporte, que decían adelante con esta iniciativa, de asociaciones, de familiares de niños con cáncer, de Afanoc, otra asociación de niños con cáncer existente en Cataluña y también tengo que nombrar una asociación, porque esta asociación se ha dirigido muchísimas veces a nuestro grupo parlamentario desde hace ya mucho tiempo apelando a que elaborásemos esta iniciativa, que es la Asociación Fadam, Familiares y Amigos de Ángel Manzanares. Una asociación cuyo presidente, Antonio Manzanares, padre de Ángel, al que desgraciadamente ya perdimos, lleva luchando muchos años en este tema. Pero no es única, porque son muchos. Quiero nombrar a Maribel y Gabriel, con su hijo Ferrán, que nos sensibilizaron también muchísimo respecto de lo que han padecido para poder estar al lado de su hijo durante su tratamiento, sus ingresos hospitalarios, durante el tiempo del trasplante y la quimioterapia. Creemos que es un derecho de los niños poder estar con sus padres y una obligación de los padres estar al menos uno de ellos, si los dos trabajan, al lado de sus hijos en estos momentos graves. Todas las familias se resienten cuando hay un niño con cáncer, cualquier persona de cualquier edad o cualquier familiar afecta mucho, pero cuando estamos hablando de niños
todavía es muchísimo más importante que esto lo tengamos en cuenta. Hoy en día, todo el mundo conocemos, cómo estos padres, agobiados por poder estar con sus hijos, si no tienen la suerte de estar en según qué empresas o en según qué lugares donde se les pueda dar algún permiso, están buscando la complicidad, la mayor parte de las veces, de los médicos de familia para conseguir una baja, mayoritariamente muchas veces por depresión. Claro está que esos padres muy bien no están cuando tienen un diagnóstico como este respecto de su hijo y el padecimiento que esto conlleva. Nosotros nos preguntamos: ¿Por qué no se puede hacer con transparencia? ¿Por qué no se les puede dar un permiso laboral retribuido a estos padres con total transparencia? Que no tenga que ser con la complicidad de médicos de familia o de sus empresas, que a los tres meses si están de baja, a veces, tienen que pasar a revisión, que luego a veces tienen que coger el alta, coger bajas por lumbalgias, ir tirando como pueden para estar al lado de ese hijo que los necesita. Hay otros que no tienen suerte, de esos me he encontrado muchos y me han hablado mucho estos días, que han tenido que dejar su trabajo, con graves problemas económicos, pero cuya prioridad para ellos son esos niños.
Por este motivo nosotros hemos presentado esta proposición no de ley. Esta proposición no de ley no dice nada más que instar al Gobierno a realizar las modificaciones legales pertinentes al objeto de contemplar que uno de los padres pueda acogerse a un permiso retribuido, cuyo coste salarial, a partir del tercer día, sea asumido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, de forma equiparable a las prestaciones económicas por incapacidad temporal para el cuidado, durante la hospitalización y el tratamiento, de un hijo diagnosticado de cáncer o enfermedad grave que requiera hospitalización. Hoy en día esas bajas las están consiguiendo -y vuelvo a repetir que a veces se puede decir que de dónde se va a sacar dinero para ese importe económico-, pero estos padres contaban que están consiguiendo esas bajas con tapujos, con problemas y con muchas dificultades, por lo que queremos que ese mismo dinero se consiga con transparencia y que sea un derecho de ellos.
Quiero decir aquí que la enmienda del Grupo Popular me parece muy oportuna y la vamos a recoger. En cuanto a la enmienda del Grupo Socialista, espero que cuando llegue el momento de la votación hayamos podido llegar a un tipo de acuerdo, porque tal y como está esta enmienda no la podemos aceptar, porque ellos hablan de estudiar también la forma de permisos retribuidos de acuerdo con los objetivos del Pacto de Toledo y nosotros creemos que una cosa tan concreta, donde existe gran consenso, no es un tema ya del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo está para buscar consensos en otros temas y para buscar también otros tipos de acuerdo.
Nosotros creemos que ya es hora de buscar soluciones, de buscar alternativas y de instar al Gobierno para que legisle, para que estos permisos sean transparentes y sean un derecho de esos padres en estos casos. Espero que todos los grupos parlamentarios puedan dar soporte a esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Además de la autoenmienda, hay dos enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Murcia Barceló.
El señor MURCIA BARCELÓ: Intervengo con brevedad, por cuanto nuestras aspiraciones a la hora de presentar nuestras enmiendas se han visto reflejadas y aceptadas por el grupo proponente, al cual vamos a dar soporte, porque entendemos que, tanto por las manifestaciones que ha hecho en este acto de la Comisión su portavoz como por el tenor de la autoenmienda, cumplen las expectativas que nosotros teníamos.
Concretamente una era que, para que los padres pudieran acogerse a este permiso, fueran en los casos en que ambos trabajaran, por cuanto que habría una laguna, en el caso de prosperar la proposición no de ley, que dificultaría el desarrollo de la norma. Asimismo, al establecerse de forma explícita en nuestra enmienda, se despeja tal duda y sería más fácil el desarrollo normativo de la mencionada norma. Asimismo queremos decir que el cáncer, aparte de ser un problema que acarrea a los padres una gran dosis de estrés en lo psíquico y en lo social, como puede ser ver en peligro su trabajo o como el hecho de tener que estar, como ha dicho muy bien quien me ha precedido en el uso de la palabra, a la bondad del empresario o bien a la complicidad de un tribunal que le dé una baja por depresión, como viene sucediendo muy habitualmente para conseguir poder estar con los niños enfermos de larga hospitalización, hace que si en este caso uno de los padres, el padre o la madre, pueda dedicar tiempo completo al menor, está científicamente probado que los niños muestran mejorías después del tratamiento al identificar respuestas emocionales correctas. Por tanto, esa descarga emocional de tener el alma en vilo, tanto por la enfermedad como por la situación personal y laboral, haría que aligeraría este estrés y esto sería en beneficio del niño. Asimismo la calidad de la relación entre el niño y sus padres es una variable que modula el riesgo en la enfermedad y mejora la calidad de vida durante la enfermedad. No se sabe en estos casos cuál puede ser el final, pero evidentemente lo que es cierto es que los pediatras y oncólogos quieren que los padres sean parte activa del problema y que sean ellos los que vayan modulando o pudiendo explicar o pudiendo convivir con ese problema, sea cual sea su solución.
En otro orden de cosas, también hemos visto cumplido el párrafo que introducimos en nuestra enmienda, en cuanto a que se extendiera, con un carácter más ambicioso, a otras enfermedades graves, no solo oncológicas, que impliquen un ingreso de larga estancia en el hospital y es por lo que -termino- daremos apoyo y soporte a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: A continuación para defender su enmienda tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Sanz Carrillo.
La señora SANZ CARRILLO: Señorías, la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo tiene como una de sus señas de identidad el interés de todos los grupos políticos en alcanzar el mayor consenso posible que nos permita el máximo de beneficios y de justicia para la ciudadanía y, más concretamente, para aquellos más desprotegidos. En este sentido, no es de extrañar pensar que las demandas que puedan derivarse de las patologías de los niños enfermos estén orientadas en esta Comisión, pero la problemática socioeconómica de la familia quizás encajase mejor en otra Comisión de esta Cámara.
Dicho esto, quiero comenzar mi exposición recordando cómo en abril de 2005 comparecía, en la Comisión de Discapacidad, la coordinadora de la Comisión de Sanidad de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, con el objetivo, en esos momentos, de exponer las necesidades prioritarias, que entonces estaban en relación con la creación de unidades de referencia en oncología pediátrica o la necesidad de atención psicológica desde el momento del diagnóstico, tanto para los niños como para sus padres. En este sentido debemos de valorar muy positivamente los avances experimentados en oncología pediátrica o cómo, en la estrategia nacional de cáncer, se desarrolla una línea específica sobre atención y asistencia en niños y adolescentes diagnosticados de cáncer, con el fin de que se realice en unidades multidisciplinares que favorezcan la atención psicosocial, unidades de Hemato-Oncología Pediátrica que existen ya en casi todas las comunidades autónomas, donde son derivados los niños afectados por estas enfermedades.
Señorías, se recordaba también en ese momento cómo el cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad en edad pediátrica y cómo su incidencia es de 120 nuevos casos anuales por cada millón de niños menores de quince años, enfermando cada año unos mil niños o cómo el promedio de duración del tratamiento es de seis meses a dos años, aunque algunos de estos niños sufren procesos más largos por recaídas y/o efectos colaterales del tratamiento. En este contexto y reiterando lo ya dicho por mis antecesores, también quiero insistir en cómo el diagnóstico de cáncer en un miembro de la familia, mucho más si se trata de un menor, produce un gran impacto psicológico. Sabemos que todo el núcleo familiar y más que nadie el padre y la madre deben reorganizar el funcionamiento y la dinámica familiar. Está claro también y está en el pensamiento de todos nosotros que los padres no podemos abandonar a los niños, lo que obliga a que el padre o la madre -y la mayoría de las veces esta- tenga que permanecer durante días, semanas o meses a su lado.
La Organización Mundial de la Salud y la Carta europea sobre niños hospitalizados hablan del derecho de los niños, pero no solo de los niños oncológicos, a tener a su lado a los padres o tutores durante su hospitalización. En esta línea argumental la proposición no de ley que hoy debatimos hace referencia a la posibilidad de que uno de los padres pueda acogerse a un permiso retribuido mediante una prestación equiparable a la de incapacidad temporal. Señorías, cabe recordar que en el vigente ordenamiento jurídico está prevista la posibilidad de que el trabajador pueda disfrutar de un determinado número de días de permiso retribuido en supuestos como el planteado y ello al amparo del Estatuto de los Trabajadores y del Estatuto básico del empleado público. Asimismo, en situaciones como la suscitada, el trabajador tiene derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario y, además, si se trata de un funcionario, cabe la solicitud de una reducción de hasta el 50 por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave.
Respecto a la posibilidad de acceder a las prestaciones por incapacidad laboral, señorías, debemos recordar que dicha situación no es equiparable a la incapacidad temporal, puesto que para que el trabajador pueda considerarse en situación de incapacidad laboral ha de estar impedido para el trabajo y ha de precisar asistencia sanitaria. En este caso, la alteración de la salud que hace precisa la asistencia sanitaria afecta al hijo, pero no al trabajador. Por otra parte, la proposición resulta difusa en cuanto a la determinación de los sujetos protegibles, ya que se refiere únicamente a los hijos diagnosticados de cáncer, sin especificar la edad de los mismos y deja fuera a otros posibles sujetos igualmente susceptibles de protección, como pueden ser los menores acogidos, los ascendientes o los cónyuges, entre otros, en los que la incidencia de la enfermedad pueda requerir gran dedicación. Además la proposición está redactada en términos generales, sin definir todos los requisitos y condiciones bajo los que se reconocería la prestación y sin definir de manera explícita la duración de la misma. Asimismo, debe tenerse en cuenta que existen otras situaciones que derivan bien de otras enfermedades graves o bien de accidentes que afectan a menores y que pueden dar lugar a periodos de hospitalización o tratamientos prolongados, por lo que la articulación de una medida como la propuesta generaría inevitablemente una protección desigual frente a situaciones de necesidad análogas, dando lugar a situaciones de discriminación.
Por último, quiero insistir en cómo el término coste salarial es un término muy amplio.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora Sanz.
La señora SANZ CARRILLO: Termino, señor presidente.
No obstante, se agrega en la proposición que sería de forma equiparable a las prestaciones económicas por incapacidad temporal, lo que en este último caso supondría un coste para la Seguridad Social y también para el
empresario. En resumen, nuestro grupo, como el resto de grupos parlamentarios, estamos de acuerdo en impulsar cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar, tanto a los pacientes como a su familia, una mejoría de la calidad de vida. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista propuso una enmienda, que hemos modificado con el objetivo de llegar a una transaccional que pasaré a leer.
El señor PRESIDENTE: Por favor, no nos lea la enmienda, es que ya estamos fuera de tiempo. Resúmamela si es posible y terminamos.
La señora SANZ CARRILLO: En dicha transaccional aceptábamos parte de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, también hacíamos referencia a la existencia de un permiso retribuido, pero lo importante era que tenía que estar de acuerdo con los objetivos de sostenibilidad del Pacto de Toledo y que no generase discriminación.
Para finalizar, quiero insistir en que me parece muy importante que en este momento de dificultad económica debemos saber todos qué pasos debemos dar para que estos pasos sean definitivos y positivos, pero no frustrantes para todos y especialmente frustrantes para los pacientes y su familia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señora Tarruella, para aceptar o no las enmiendas.
La señora TARRUELLA TOMÁS: Aceptamos una transaccional con el Grupo Popular y esperaremos a última hora para ver si podemos llegar a un acuerdo para que se sume el Grupo Socialista. En estos momentos, tal como está redactada, todavía no, pero espero que de aquí a la votación, si fuera posible, se puedan sumar.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señora Tarruella.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001871.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 8 del orden del día -vamos muy bien de tiempo-, sobre la creación de una red de laboratorios de seguridad alimentaria. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre tiene la palabra doña Guadalupe Martín.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Señorías, si han podido leer la exposición de motivos de esta proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Socialista afirma con convicción que los laboratorios que realizan el control oficial de los alimentos son imprescindibles dentro del Sistema europeo de salud alimentaria. Afirmábamos también la importancia del papel de las comunidades autónomas, que son las administraciones que realizan las actuaciones del control oficial, y constatamos también que, dentro de las competencias de la Administración General del Estado, son varios los departamentos ministeriales que se deben coordinar con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Cada administración dispone de distintos tipos de laboratorios implicados en los diferentes aspectos de la seguridad alimentaria, añadiendo a esto los diferentes laboratorios de la iniciativa privada. En este momento, la legislación alimentaria europea hace necesaria la plena implantación de sistemas de calidad y acreditación y es imprescindible la colaboración de todas las administraciones públicas impulsando una propuesta, unánime, que dé respuesta a esa necesidad. Nos gustaría que todos los grupos parlamentarios impulsaran de forma unánime esta iniciativa de creación de una red de laboratorios de seguridad alimentaria, que permita la optimización de los diferentes recursos analíticos, coordinada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Esta red debe tener como objetivo fundamental la cooperación y la coordinación, pero también otros objetivos: garantizar una adecuada capacidad analítica a nivel nacional, mejorar la competencia técnica y la calidad de los laboratorios, ordenar los distintos recursos analíticos, acreditar los métodos analíticos utilizados en los diferentes laboratorios, promover la cooperación científica para facilitar la evaluación y el desarrollo de nuevos métodos analíticos, optimizar los recursos materiales y humanos de forma que se logre una mayor eficiencia, con el acuerdo de la creación de una cartera de servicios compartida e integrada en la red. Nos consta el trabajo ya avanzado por la agencia española en este sentido y la implicación de las diferentes comunidades autónomas. Esta proposición no de ley fue presentada en julio de 2010 y, como han podido ver en el texto aprobado el pasado 3 de septiembre en el Consejo de Ministros, dentro del proyecto de ley de seguridad alimentaria se encuentra la propuesta, que nos parece acertada. Aun teniendo en cuenta esto, señorías, hemos mantenido esta proposición no de ley para apoyar en el seno de esta Comisión una iniciativa que entendemos como una necesidad inaplazable. Los ciudadanos valorarán nuestro apoyo, unánime si es posible, en un tema tan sensible como preocupante: la garantía de la seguridad alimentaria. Esperamos el apoyo de todos los grupos.
¿Algún grupo parlamentario quiere hacer uso del turno? Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Pilar Fernández Pardo.
La señora FERNÁNDEZ PARDO: Señor presidente, intervengo en nombre de mi grupo para manifestar nuestra posición.
Lo primero que quiero decir es que, sinceramente, al Grupo Popular la lectura de esta proposición no de ley le causa sorpresa y a la vez le genera dudas. En primer lugar, ¿qué sentido tiene que presenten esta proposición no de ley en el orden del día del 10 de septiembre cuando en esas mismas fechas estaba entrando en la Cámara el proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutrición, aprobado en el Consejo de Ministros, como muy bien ha dicho la portavoz socialista, una semana antes, es decir, el 3 de septiembre? ¿Buscan ustedes acaso engordar su estadística de iniciativas del Grupo Socialista aprobadas o más bien la de cumplimiento por parte del Gobierno de mandatos de la Cámara? Dicho esto, quiero anunciar que mi grupo va a apoyarla. No puede ser de otra manera, sobre todo porque tenemos en cuenta que, por lo que ustedes mismos dicen en el proyecto de ley, ya llegamos tarde. Digo esto porque la necesidad de una red nacional de laboratorios de seguridad alimentaria es un requisito que la Unión Europea lleva tiempo demandando a los Estados miembros, usted lo sabe. Incluso el Gobierno, en su memoria de análisis de impacto normativo del proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutrición, explica que, ya desde 1999, la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión Europea ha emitido año tras año numerosas recomendaciones a España acerca de la necesidad de que los laboratorios que lleven a cabo los controles oficiales tengan un adecuado nivel de acreditación y validación de métodos. Su regulación ya fue insinuada por la Comisión en el año 2002 y se reguló de manera más concreta en 2004. La necesidad de instaurar la red de laboratorios de seguridad alimentaria se explica más todavía si tenemos en cuenta los datos que recoge el Gobierno en su análisis de impacto normativo del proyecto de ley, en el que explican que en varias comunidades autónomas no hay ni un solo laboratorio acreditado en alguna de las materias reseñadas y que en el 50 por ciento de las materias no hay laboratorios de control acreditados, incluso mencionan que en algún caso no existe acreditado en España más que el Laboratorio Nacional de Referencia, lo que significa, señorías, que las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia de control, carecen en muchos casos de los laboratorios acreditados para ejercer dichas competencias. Con todo ello, aunque la proposición no de ley del Grupo Socialista nos parece extemporánea, no vamos a dejar de aprobarla. Repito, en la Cámara está ya el proyecto de ley de seguridad alimentaria, que va a ser objeto de tratamiento y de debate.
- SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 2009/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVA A LA SEGURIDAD DE LOS JUGUETES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001889.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última proposición no de ley que tiene que debatir hoy esta Comisión, sobre la aplicación de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad de los juguetes. La presenta el Grupo Parlamentario Socialista y su portavoz es la señora Tortosa.
La señora TORTOSA URREA: Señorías, intervengo en nombre de mi grupo para defender la proposición no de ley que hemos presentado, relativa a la aplicación de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, referente a la seguridad de los juguetes, en la que en concreto proponemos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a aprobar y publicar lo más pronto posible el real decreto de trasposición, y a que, en coordinación con las autoridades autonómicas responsables de consumo, se refuercen las actuaciones pertinentes de información y asesoramiento a los agentes económicos involucrados en la cadena de suministro, tanto fabricantes como importadores, distribuidores, mayoristas y minoristas, que posibiliten un profundo conocimiento de las nuevas exigencias a cumplimentar con la entrada en vigor del real decreto traspuesto.
Señorías, esta no es la primera vez que la preocupación por la seguridad de los juguetes ocupa el debate de esta Comisión, debate que en definitiva muestra nuestra máxima preocupación por la protección de los niños y niñas ante los juguetes que puedan presentar algún tipo de peligro, posición totalmente justificada por la gran afección que tienen en los cerca de 40.000 incidentes infantiles o casos de mayor o menor gravedad que anualmente se producen en España. El mismo día en el que se aprobó la Directiva de Seguridad en los Juguetes, concretamente el 18 de junio de 2009, esta Comisión aprobaba una transacción a la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, en la que todos los grupos parlamentarios instábamos al Gobierno a seguir impulsando la mejora en el nivel de seguridad de los juguetes de acuerdo con las comunidades autónomas y con el sector del juguete. La anterior directiva de 1988 se adoptó en el contexto del establecimiento del mercado interior y aunque la experiencia de su vigencia mostró muy buenos resultados, que deben mantenerse en el sector, los avances tecnológicos en el mercado de los juguetes plantean nuevos problemas en cuanto a su seguridad y suscitan inquietud entre los consumidores, por lo que la nueva directiva revisa y mejora la anterior en muchos de sus aspectos. Esta nueva directiva, que debe trasponerse a nuestro ordenamiento interno antes del 20 de enero de 2011, es el elemento fundamental para poder responder de manera eficaz a los nuevos requisitos de seguridad planteados por la oferta tecnológica innovadora que antes resultaba desconocida, para mejorar la aplicación práctica en todo el territorio de la Unión Europea y para clarificar el campo de aplicación, así como los conceptos utilizados. Además, en esta directiva se definen las nuevas responsabilidades de los operadores económicos según su función en la cadena de distribución, reforzándose las exigencias de seguridad con renovadas disposiciones aplicables a sustancias
químicas, precauciones sobre asfixia, requerimientos particulares para la presencia de juguetes en alimentos y refuerzo de las advertencias.
Por otra parte, con el ánimo de acercarles a la importancia que tiene en España esta industria, les diré que, según la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, el censo de fabricantes españoles está constituido por unas 219 empresas, que ocupan directamente a más de 4.300 personas. La actividad del juguete se concentra principalmente en dos zonas de nuestro país, la Comunidad Valenciana, donde se aglutina casi la mitad de las empresas del sector, y Cataluña. Destaca particularmente la provincia de Alicante, siendo la principal región juguetera del territorio español.
Señorías, me van a permitir que como diputada por Alicante, natural de Villena, a pocos kilómetros de las localidades de Ibi, Onil, Castalla, Tibi y Biar, donde se concentra gran parte de esta industria, incida en el gran esfuerzo que la industria juguetera está realizando, de un lado, en la modernización de sus productos, con una oferta innovadora, y de otro, con un control cada vez más riguroso de los procesos de producción, con el fin de dotar de la máxima fiabilidad a los juguetes fabricados, en consonancia con la creciente inquietud de los consumidores por la seguridad. Fíjense que esto conlleva que, a la hora de realizar compras de juguetes, el consumidor, cada vez más sensibilizado, es más exigente y no valora únicamente su diseño, sino cuestiones como el carácter educativo del juego y el fomento de valores como la solidaridad y la coeducación, lo que requiere también garantizar su seguridad. Muestra de la gran implicación de nuestras industrias es el hecho de que ya desde hace varios meses la propia Asociación Española de Fabricantes de Juguetes informa y da acceso desde su página web a las fichas de ayuda para la nueva directiva, que elaboraron en su día la Federación Europea y la Comisión Europea, que pretenden orientar a los fabricantes de juguetes de toda la Unión Europea. Aunque la directiva entró en vigor el 20 de julio de 2009, las disposiciones generales serán aplicables a los juguetes comercializados a partir del 20 de julio de 2011, mientras que los requisitos en materia química serán aplicables a los juguetes comercializados a partir del 20 de julio de 2013, por el periodo adicional de transición de dos años sobre las propiedades químicas. Por ello, señorías, es necesario disponer cuanto antes del real decreto de trasposición, con el objeto de que los agentes económicos puedan disponer del mayor periodo de tiempo posible para adaptarse a los nuevos requerimientos. Además -y voy terminando- esta misma asociación viene reclamando al Ministerio de Sanidad y Política Social que se refuercen los controles de calidad de los juguetes procedentes de otros países, especialmente extracomunitarios, ante la preocupación que hay en dicho sector por la entrada de productos no sujetos a las normativas europeas.
Por ello es importante la garantía que ofrece la nueva directiva, para que todos los agentes económicos que intervienen en la cadena de suministro y distribución adopten obligatoriamente las medidas oportunas para asegurarse de que, en condiciones de utilización normal y razonablemente previsibles, los juguetes que comercializan no ponen en peligro la seguridad y la salud de los niños y las niñas y de que solo comercializan juguetes conformes con la legislación comunitaria pertinente. En definitiva, estas son las razones por las que, en nombre de mi grupo, defiendo la proposición que hemos presentado, con el convencimiento, señorías, de que con su aprobación vamos a impulsar de manera decidida la labor que tanto el Ministerio de Sanidad y Política Social como las autoridades competentes en esta materia están realizando para que los ciudadanos adquieran juguetes con las máximas medidas de seguridad.
Por otra parte, el Grupo Popular ha presentado una enmienda. Hemos llegado a un acuerdo. Supongo que ya se habrá presentado la transaccional que vamos a admitir.
El señor PRESIDENTE: Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra su portavoz, la señora Vázquez Blanco.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para defender la enmienda que nuestro grupo ha presentado a esta proposición no de ley del Grupo Socialista relativa a la seguridad de los juguetes.
En primer lugar, aplaudimos, cómo no, la idoneidad de esta proposición no de ley; la aplaudimos, porque, como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, el Gobierno está incumpliendo de forma reiterada los compromisos adquiridos en esta Cámara. Quiero comenzar como finalizó su intervención hace unos meses mi compañera y portavoz de consumo en esta Comisión, la diputada Nadal, que en una iniciativa sobre la seguridad de los juguetes y sobre el control que debía ejercer el Gobierno de España en la frontera sobre los juguetes decía: La seguridad no es un lujo.
Siguiendo estas palabras pronunciadas aquí, en esta Comisión, tengo que decir que aplaudimos esta iniciativa, porque nos consta que no se está cumpliendo lo que a comienzos de esta legislatura aprobó esta Comisión a instancias del Grupo Parlamentario Popular. Todavía el 20 de septiembre podemos ver noticias como: Incautados 260.000 juguetes procedentes de China. Cada día entran en España miles y miles de juguetes con una carencia total de seguridad. Esta directiva marca un plazo para su trasposición, que es el 20 de enero... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora portavoz. Un momento.
Señorías, no hemos terminado todavía la sesión de la Comisión. Ruego que se cierre la puerta y se esté en silencio respetando a la portavoz.
Como decía, esta directiva ordena su trasposición antes del 20 de enero de 2010. Esto ya es de obligado cumplimiento, por lo que el Grupo Socialista no debería verse en la obligación de instar a su propio Gobierno a que lleve a cabo la trasposición de una directiva que está obligado a realizar.
En aras de la brevedad y cumpliendo con los cinco minutos que tenemos para defender esta iniciativa, termino diciendo que esta directiva debe trasponerse. En ella se hace hincapié en unos requisitos principales para los juguetes, como es la evaluación de seguridad, la declaración de conformidad con la Unión Europea, el control de producción interno, la documentación técnica y el cumplimiento químico. España es el país que más juguetes peligrosos denuncia. Esto es lo que se desprende del informe de la Comisión Europea sobre Rapex, que es el Sistema de alerta rápida para productos peligrosos no alimentarios. España ha sido el país que más notificaciones ha transmitido, 220, y en lo que a productos se refiere una gran parte ha sido sobre juguetes. Por tanto, es normal que en estos momentos sea urgente la trasposición de esta directiva.
Cabe destacar que España no se unió a los trece países que durante 2009 participaron en un seguimiento conjunto de la seguridad de los juguetes, que se centró fundamentalmente en los juguetes para niños menores de tres años. De ahí mi perplejidad de que ahora se inste al Gobierno, pero al mismo tiempo mi alegría por que el Grupo Socialista se dé cuenta de que el Gobierno estaba incumpliendo en materia de seguridad en juguetes.
Hemos presentado una enmienda en la que establecemos un plazo en el que se debe realizar la trasposición de la Directiva 2009/48 y al mismo tiempo instamos a que España esté presente en futuras ediciones del programa de seguimiento conjunto de la seguridad de los juguetes, liderado por Prosafe, el Foro europeo de refuerzo de la seguridad de los productos, que en 2009 contó con la participación de trece países de la Unión Europea más Turquía y Chipre. España no estaba entre esos trece países. Por eso solicitamos que, como país invitado que es y ya que está obligado a participar, participe, porque así daremos realmente cumplimiento a los mandatos de esta Cámara. Hoy, un año y medio después, volvemos a debatir una proposición no de ley sobre incumplimientos del Gobierno en materia de seguridad de los juguetes.
Como decía hace unos meses la portavoz del Grupo Popular: La seguridad no es un lujo. Hoy me alegro de que el Grupo Socialista se sume a esta idea y apueste por que la seguridad en los juguetes no sea un lujo.
El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el último punto del orden del día.
Votaremos a partir de las seis y media. Suspendemos la sesión hasta la hora de la votación, a no ser que haya acuerdo por parte de todos los grupos parlamentarios para adelantarla. ¿Estamos todos? (Denegaciones)
Suspendemos por dos minutos. (Pausa.)
¿Estamos todos? (Asentimiento.) Pasamos a las votaciones.
Al primer punto del orden del día, sobre la protección de la infancia ante los transgénicos, se ha presentado una transaccional. ¿Algún grupo pide que se lea?
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Pasamos a leer la transacción: Que se realice la verificación por parte de las autoridades competentes de la presencia de organismos modificados genéticamente en los productos alimentarios ofrecidos a los consumidores y el cumplimiento de todos los requisitos que se exigen para la comercialización de los mismos, atendiendo especialmente a la oferta de productos de nutrición infantil, en atención a la mayor vulnerabilidad de este segmento de población y a la necesidad de mejorar la información y etiquetado de aquellos productos que contengan organismos modificados genéticamente. Esa es la propuesta que pasamos a votar.
Segundo punto del orden del día, sobre legibilidad de los contratos y protección de los consumidores. ¿Algún grupo parlamentario pide que se lea la transacción? (Pausa.)
Pasamos a votar esta iniciativa.
Punto tercero, relativo a la reinstauración del teléfono de información gratuito para la obtención del DNI. Se vota en sus términos, con la autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Pasamos al cuarto punto del orden del día, también mediante transacción, relativo a la migraña como enfermedad crónica. ¿Algún grupo parlamentario pide la lectura de la transacción? (Pausa.)
Pasamos directamente a votarla.
Punto quinto, relativo a la creación de un espacio sociosanitario en el Sistema Nacional de Salud. Se vota en sus términos.
Pasamos al sexto punto del orden del día, sobre la modificación de la Ley 14/2006, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Se vota en sus términos.
Pasamos al punto séptimo del orden del día, relativo al cuidado de los hijos con cáncer. Hay una transaccional. ¿Algún grupo parlamentario plantea la lectura de la misma? (Pausa.)
Punto octavo del orden del día, sobre la creación de la red de laboratorios de seguridad alimentaria. Se vota en sus términos.
Último punto del orden del día, sobre aplicación de la Directiva 2009/48 CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad de los juguetes. Ha habido una modificación de la propuesta inicial, es decir, una transacción entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular. ¿Algún grupo plantea la lectura de la misma? (Pausa.)
Pasamos a su votación directamente.

References: real decreto 
 artículo 149
 artículo 80
 Real Decreto 
 artículo 7
 artículo 11
 Real Decreto 
 artículo 5
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto