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Timestamp: 2020-04-03 18:17:45+00:00

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ADMINISTRATIVO Archives - Abogados Urbanistas Valencia
¿Prescriben las obras ilegales en dominio público?
Se nos plantea la cuestión relativa a si las construcciones realizadas sin licencia de obra en dominio público prescriben. Por ejemplo la construcción de un muro.
Para contestar esta pregunta debemos tener en cuenta que el apartado primero del articulo 30 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas establece que:
“Los bienes y derechos de dominio público o demaniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables.”
Por lo tanto, no puede llegarse a otra conclusión que la de entender que ninguna acción puede prescribir para reponer a su estado anterior el suelo donde se alzó el muro. Es decir, estaríamos ante una actuación ilegal permanente que cesaría únicamente cuando se restableciera el dominio público a su situación primitiva.
En este sentido, se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia 1132/2015 de 21 Diciembre 2015 (Rec. 209/2013), disponiendo en su fundamento de derecho cuarto expresamente lo siguiente:
(…) la primera que tal y como hemos dicho nos encontramos ante la infracción tipificada en el artículo 116.3 e) del TRLA, y en segundo lugar que tal y como hemos señalado de manera reiterada se trata de una infracción permanente, por lo que el plazo de prescripción no comienza hasta que cesa la actividad ilegal, tal y como ha dicho esta Sala y Sección de manera reiterada como en la sentencia de 27 de noviembre de a la 2015, recurso 132/2013, donde hemos dicho:
«TERCERO.- La alegación de la actora relativa a la prescripción de las infracciones administrativas que le atribuye la Administración no puede prosperar.
Como se señala en las resoluciones impugnadas, las infracciones que se imputan a la recurrente son de carácter permanente, al consistir los hechos perpetrados por ésta en la ocupación de cauce público, por lo que la prescripción de tales infracciones no empieza a contar hasta que la infractora cesa en la actuación ilícita. No puede, por tanto, considerarse como dies a quo para el cómputo de la prescripción de la infracción el día en que se extendieron las actas de infracción, citándose por todas, en este sentido, la STS 3ª, Sección 5ª, de 20 de septiembre de 2012 -recurso de casación número 4482/2009 (LA LEY 146320/2012) -, sentencia que, remitiéndose a otras anteriores, considera como infracciones permanentes
«aquellas conductas antijurídicas que persisten en el tiempo y no se agotan con un solo acto, determinando el mantenimiento de la situación antijurídica a voluntad del autor, caso del desarrollo en el tiempo de actividades sin las preceptivas autorizaciones y otros supuestos semejantes».
En estos casos la actuación punible, según especifica la mencionada STS de 20 de septiembre de 2012 , es constitutiva de un único ilícito, que se mantiene durante un espacio prolongado de tiempo por la persistencia de la voluntad del sujeto que, en cualquier momento, puede poner fin a la misma, y se le impone una única sanción. La referida STS añade que en tales casos el cómputo del plazo para la prescripción comienza desde el cese de la actividad ilegal o desde que se elimina la situación ilícita.
Esta entrada fue publicada en ADMINISTRATIVO el 27 febrero, 2017 por abogadov.
Procedimiento para la reclamación de indemnizacion por vía de hecho de la Administración
Procedimiento para la reclamación de indemnización por vía de hecho de la Administración
Así, el Tribunal Supremo, de forma reiterada, ha reconocido una indemnización de daños y perjuicios consistente en el justiprecio de dichos bienes incrementado en un 25 por 100, porcentaje en que la jurisprudencia ha cifrado el “plus” de daños y perjuicios derivados de la ilegalidad de la ocupación, pues de no reconocerse esta indemnización adicional resultarían equivalentes los actos legales a los ilegales, esto es, la Administración expropiante o el beneficiario de la expropiación pagarían el mismo precio por expropiar legal o ilegalmente. (STS 11-11-1993; 21-6-1994; 18-4-1995; 8-11-1995; 11-11-1996; 27-11-1999; 27-12-1999; 4-3-2000; 27-1-2001; 29-10-2002).”Ha sido jurisprudencia establecida el reconocimiento de la indemnización consistente en el incremento en un 25% del valor de los bienes ocupados por la Administración en vía de hecho, respecto de los cuales no cabe la restitución in natura, incluyéndose como tal los supuestos en que se declaraba la nulidad del acto que amparaba la ocupación, como podía ser la declaración de nulidad de un proyecto de expropiación.
La solicitud de esta indemnización se ha venido realizando en el mismo procedimiento de impugnación del acto, reconociéndose en la sentencia que ponía fin a ese procedimiento.
Sin embargo, la Ley Disposición Final Segunda de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre de 2012, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, introdujo en su apartado cuarto una solución completamente distinta, al establecer, con efectos de 1 de enero de 2013 y con vigencia indefinida, una disposición adicional modificativa y complementaria de la Ley de Expropiación Forzosa en los siguientes términos:
«En caso de nulidad del expediente expropiatorio, independientemente de la causa última que haya motivado su nulidad, el derecho del expropiado a ser indemnizado estará justificado siempre que éste acredite que haber sufrido por dicha causa un daño efectivo e indemnizable en la forma y en condiciones del art. 139 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común».
Por tanto, desde el 1 de enero de 2013, para poder ser beneficiarios de la indemnización tras el reconocimiento de vía de hecho, debe acreditarse los daños sufridos de forma efectiva e individualizable.
La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, desde 2014, viene denegando la indemnización en base a la aplicación de dicha modificación, amparándose en la ausencia de justificación de los daños, citamos aquí la sentencia de Veinticinco de febrero de dos mil quince:
“Tal norma obliga, por imperativo legal, a proceder de esa manera, por su indudable vigencia en este momento procesal, ya que es esta sentencia la que declara la nulidad del procedimiento expropiatorio-con independencia de la derivada de la sentencia anterior respecto a la Resolución y Decreto antes mencionados, que no pueden aplicarse con carácter retroactivo- y, a la vista de que la parte recurrente no ha acreditado daño o perjuicio alguno derivado de la declaración de nulidad ahora acordada, pudiendo deducirse incluso que en alguno casos ni siquiera se había procedido a la ocupación de la finca o discutido su posible afectación, problemas que, lógicamente, habrán de aclarase en fase de ejecución de sentencia, las peticiones indemnizatorias que superen la cantidad correspondiente al justiprecio no pueden ser estimadas, por lo que esta pretensión del recurso ha de rechazarse, siendo de significar que tampoco en fase de conclusiones- cuando ya estaba efectivamente vigente la nueva normativa-la representación procesal de la actora hizo la más mínima alusión a que sus pedimentos pudieran verse afectados y limitados por ella.”
Estas sentencias han sido recurridas para unificación de doctrina aludiendo a la reiterada jurisprudencia que establecía el 25% de indemnización en los supuestos de vía de hecho, sin embargo, el Tribunal Supremo ha confirmado las sentencias de dicha Sala de lo contencioso administrativo del TSJ de Galicia, al entender procedente la resolución por ser ya de aplicación la modificación introducida por la ley 17/2012, y por tanto no existir igualdad de supuestos. Así, dispone en su sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil quince:
“Lo que lleva a la sentencia de instancia a rechazar esa doctrina que, insistimos, estima como constitutiva de jurisprudencia, es que en el presente caso es ya de aplicación la Disposición Adicional de la vieja Ley de Expropiación Forzosa, que fue introducida por la Disposición Final Segunda, párrafo cuarto, de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre. Y es precisamente la aplicación de la mencionada Disposición Final Segunda de la Ley de expropiación la que sirve de fundamento a la decisión adoptada en la sentencia de instancia, en el bien entendido de que en el razonamiento completo que se hace en el fundamento cuarto de la sentencia, lo que concluye la Sala de instancia es que procedería aplicar la doctrina jurisprudencial que se invoca, pero que precisamente es la mencionada Disposición la que excluye dicha aplicación. Que ello es así lo pone de manifiesto los argumentos que se hacen en el mencionado fundamento — «… Tal norma obliga, por imperativo legal, a proceder de esa manera, por su indudable vigencia en este momento procesal, ya que es esta sentencia la que declara la nulidad del procedimiento expropiatorio—, sin que pueda desconocerse que es precisamente la aplicación de dicha norma, unido a la falta de prueba de daños concretos en el supuesto enjuiciado, a la vista de la prueba —ausencia de prueba— obrante en autos, lo que llevan a rechazar la pretensión en la forma pretendida por la recurrente.
Pues bien, sería suficiente lo expuesto para rechazar que en el caso de autos la pretendida infracción de la jurisprudencia que se dice plasmada en las sentencias que se citan de contraste, porque ninguna de dichas sentencias se dicta al amparo de lo establecido en la mencionada Disposición Adicional, lo que excluye ya de entrada la identidad referida a la misma causa y, por tanto, procede la desestimación del motivo.”
Por tanto, las solicitudes de indemnización por vía de hecho en caso de declaraciones de nulidad de los expedientes expropiatorios deberán ir justificadas de los daños producidos para que puedan ser reconocidas por sentencia.
Esta entrada fue publicada en Vía de hecho el 11 enero, 2017 por abogadov.
¿Se puede solicitar indemnización por el ruido del camión de la limpieza viaria?
El artículo 26 de la 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local enuncia la obligación de los Ayuntamientos de prestar unos servicios mínimos en función de su población. Así, en su apartado a) establece como servicio mínimo obligatorio a prestar por todos los municipios el de recogida de residuos y limpieza viaria.
Siendo la Administración Local la responsable de prestar este servicio deberá cerciorarse al ejecutarlo adoptando una serie de medidas y precauciones mínimas para reducir en todo lo posible los ruidos. Así, se desprende del artículo 36 del mismo cuerpo normativo.
Para el caso de que de que el correspondiente Ayuntamiento no vigile ni realice la correspondiente inspección de ruidos y los ciudadanos prueben que se ha extralimitado en la emisión sonora, procederá declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración Local reconociendo la consiguiente indemnización.
En este sentido se ha pronunciado el Tribunal superior de Justicia de Castilla y León de Valladolid, Sala de lo Contencioso administrativo, Sentencia 2581/2015 de 12 de Noviembre de 2015 (Rec. 64/2015) indicando en su fundamento de derecho segundo expresamente lo siguiente:
“Establece el art. 22 de la Ley 5/2009 que » la prestación por parte de la comunidad autónoma, de los Ayuntamientos con más de 20.000 habitantes y de las Diputaciones provinciales del servicio de control del ruido, tendrá la consideración de servicio de prestación obligatoria «, y el art. 36 de la misma Ley dispone » Limpieza viaria y recogida de residuos», » El servicio público de limpieza viaria y recogida de residuos se realizará adoptando las medidas y precauciones necesarias para minimizar los ruidos, tanto en el transporte, como en la manipulación de contenedores». Como se indica en la sentencia apelada: «De lo expuesto se desprende que la limpieza viaria y la recogida de basuras es un servicio mínimo obligatorio que tiene que prestar el Ayuntamiento de Medina del Campo, y por lo tanto es dicho Ayuntamiento el que asume la responsabilidad por la adecuada prestación de su servicio dentro de su término municipal, al margen de que sea prestado el servicio directamente por la administración o mediante contratos de concesión o de gestión indirecta o mediante el sistema de agrupación de municipios, lo cierto es que cada municipio agrupado responde de la prestación adecuada y correcta del mismo en el término municipal, sin perjuicio de la relación interna o reclamaciones internas que pueda efectuar la administración con sus concesionarios o gestores indirectos por las irregularidades en la prestación pero ello, no es oponible frente al ciudadano «. Y son plenamente acertadas las siguientes conclusiones de la sentencia recurrida: «Por todo ello y consecuencia, acreditada la realidad de los ruidos, la relación de causalidad entre éstos y la pasividad e inactividad del Ayuntamiento demandado constatada la recepción de ruidos en la vivienda de los actores superando los dB señalados como límite máximo en la Ley del ruido y así procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración demandada en virtud de los arts. 106 De la C .E., 54 de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, de Bases del régimen local y 139 y 145 de la Ley 30/1992 y en consecuencia procede estimar que la resolución impugnada no resulta conforme a derecho, al concurrir en este caso los requisitos exigidos legal y jurisprudencialmente establecidos para que nazca dicha responsabilidad expuestos en el Fundamento de derecho segundo de esta sentencia». Finalmente se indica que en modo alguno es excesiva la indemnización de 8.000 €, por los daños morales causados reconocida al actor en la sentencia apelada, que se encuentra plenamente justificada en las razones ofrecidas en dicha sentencia, que en este lugar se dan por reproducidas.”
Esta entrada fue publicada en ADMINISTRATIVO el 15 junio, 2016 por abogadov.
¿Qué ocurre si no se presenta la Declaración responsable para abrir un negocio?
La Declaración responsable se encuentra regulada en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Así, dispone el referido artículo expresamente lo siguiente:
“1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.”
De este modo la falta de presentación o inexactitud, falsedad u omisiónde la declaración responsable supondrá la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada. Así, se desprende del artículo 71 .4 bis del mismo Cuerpo normativo que dispone literalmente que:
“4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.”
Este artículo resulta de aplicación en el supuesto de las actividades que no estén sometidas, atendiendo a su escasa incidencia ambiental, ni al régimen de autorización ambiental integrada ni de licencia ambiental, y que no puedan considerarse inocuas.
Así, cuando un particular quiera instalar una de estas actividades, deberá presentar ante el Ayuntamiento de la ciudad en la que pretenda instalarla un documento mediante el cual declara que el local donde desarrollara la actividad en cuestión, cumple con las condiciones necesarias para ello. El encargado de vigilar que el local cumpla con las condiciones necesarias es el Ayuntamiento del municipio en el que se ubique dicho establecimiento.
En la Comunidad Valenciana, el régimen de declaración responsable se regula en los artículos 66 y siguientes de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, y, en coherencia con el aducido artículo 71.4, en el supuesto de que no se presente la Declaración Responsable, la Administración correspondiente deberá incoar un expediente para proceder al cierre del negocio, otorgando un plazo de audiencia. Así lo dispone el artículo 69.4 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, diciendo que:
“En caso de incumplimiento debidamente constatado, o en el supuesto de haberse detectado en la visita de comprobación deficiencias insubsanables, el ayuntamiento dictará resolución motivada de cese de la actividad, previa audiencia del interesado.”
Esta entrada fue publicada en ADMINISTRATIVO el 13 junio, 2016 por abogadov.

References: artículo 116
 Resolución 
 resolución 
 artículo 26
 artículo 36
 resolución 
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 69
 resolución