Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2012/as201221100.htm
Timestamp: 2019-03-23 00:31:02+00:00

Document:
201204-Sala Civil-1-100
Auto Supremo: 100/2012
Expediente: CB - 16 - 12 - S
Partes: Susana Beatriz Guzmán Saavedra c/ Rodrigo Julio Mariaca Reyna
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fojas 149 a 151, interpuesto por Susana Beatriz Guzmán Saavedra contra el Auto de Vista REG/S.CII/ASEN.433/28.12.2011, de fojas 143 y vlta., emitido el 28 de diciembre de 2011 por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba (ahora Tribunal Departamental de Justicia) en el proceso de divorcioseguido por la recurrente contra Rodrigo Julio Mariaca Reyna; la concesión de fojas 153 Vlta., los antecedentes del proceso; y
Que, la Juez Tercero de Partido de Familia de la ciudad de Cochabamba, el 10 de septiembre de 2010 pronunció la Sentencia cursante de fojas 73 a 74 de obrados, por la cual declaró probada la demanda principal de divorcio de fs. 19 a 20 vlta., por la causal contenida en el art. 131 del Código de Familia, e improbada las excepciones opuestas por la defensora a fs. 32; en consecuencia, disuelto el vínculo matrimonial que une a los esposos: Susana Beatriz Guzmán Saavedra y Rodrigo Julio Mariaca Reyna, por culpa de ambos esposos, sin costas.- Una vez ejecutoriada esta resolución se notificará a la Dirección del Registro Civil para que proceda a la cancelación de la partida en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 398 del Código de Familia.- Con relación a la existencia de bienes gananciales, dispuso que su averiguación y distribución será en ejecución de sentencia. Con relación a la Asistencia Familiar para la esposa, dispuso que se mantenga hasta la notificación con la sentencia, después de ello pierde ese derecho al ser también culpable del fracaso de la unión.
Contra esa resolución de primera instancia la actora principal interpuso recurso de apelación, en cuyo merito la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba emitió el Auto de Vista el 28 de diciembre de 2011, confirmando la resolución impugnada.
Contra el referido fallo de segunda instancia la demandante Susana Beatriz
Guzmán Saavedra interpone recurso de casación en el fondo.
Que, la recurrente manifiesta en el recurso interpuesto, que fue rechazada la complementación solicitada al Auto de Vista de fs. 143 y Vlta., y que el magistrado relator sin una adecuada compulsa de antecedentes, aclaró que el Auto de Vista de 28 de diciembre de 2011 es concreto en su redacción por lo que no amerita complementación y enmienda alguna, demostrando falta de sensibilidad humana y de cumplimiento a la Ley. Señala que el auto recurrido incurre en error de hecho y de derecho por lo que al amparo de los arts. 250, 253-1) y 3), 254, 255, 257 del Código de Procedimiento Civil, interpone formalmente Recurso de Casación en la forma y en el fondo contra el Auto de Vista sin número de 17 de enero de 2010, cursante a fs. 146 de obrados, pidiendo por ante el Tribunal Supremo de Justicia Casar el referido Auto de Vista y complemente el mismo en mérito a lo siguiente:
Refiere que el Auto recurrido al haber ratificado lo determinado en la sentencia, disponiendo que la cónyuge ya no tiene derecho a la asistencia familiar, ha violado, interpretado erróneamente y aplicado indebidamente el art. 143 inc. 1) del Código de Familia, así mismo ha violado el Inc. 3) del citado art. 253 al haber incurrido en error de hecho y de derecho en la apreciación de la abundante prueba que cursa en obrados respecto a la apropiación de todos los recursos de la familia por parte de su ex esposo, incluyendo el capital patrimonial de su pertenencia. Con el advertido de que el demandado jamás negó los extremos, silenció que constituye presunción de verdad conforme el art. 460 del Código Civil.
La recurrente indicó que a lo largo de todo el proceso ha expuesto acompañando prueba sobre el tema de la pensión de asistencia en su favor y que el Tribunal Ad quem simplemente ha omitido pronunciarse sobre el punto que afecta directamente a su supervivencia y al futuro de sus hijos.
Acusa que se omitió por la Aquo en la parte dispositiva de la sentencia, que fue apelado y también omitido por el Ad quem, el contenido en el art. 390 del Código de Familia. El dinero ganancial se encuentra dentro de esta previsión legal por lo que debió ordenar la entrega a su persona del 50% de todo lo reclamado en la demanda respaldado con prueba documental, evitando que el demandado se apropie ilícitamente de todo, dejándoles en la calle y a sus hijos sin la posibilidad de estudiar.
Señaló que en el punto 5 del 2do. otrosí de la demanda informó a la juez sobre un deposito y el silencio de la juez y la omisión de la Sala Civil II ha permitido que el demandado saque de la Universidad todo el dinero depositado en la modalidad de préstamo con interés a la Universidad Privada Boliviana UPB suma $us. 25.000.- para los estudios de su hijo Andrés, por lo que solicitó disponer que el demandado le entregue el 50% del dinero retirado, por tratarse de capital ganancial, pese a que el art. 142 del Código de Familia claramente dispone que "Los bienes no separados se dividen de acuerdo a lo que dispone la sentencia" confía se redima estos abusos, ordenando la devolución del referido capital.
Manifiesta que en el punto 6 del 2do otrosí de la demanda, que el 3 de febrero de 2006 cancelaron a la National American University de la ciudad de Santa Cruz, la suma de $us. 5.000.- por la carrera de Marketing de su hijo Julio Rodrigo, y que retiró el padre del hijo, que también era dinero ganancial, hecho que fue omitido por la juzgadora y el Tribunal de alzada, y pide que el Tribunal Supremo corrija esa grave omisión y ordenar la devolución de los US$us. 5.000.- a Julio Rodrigo.
También refiere que en el punto 7 del 2do otrosí de la demanda consta que durante el matrimonio depositaron en el Fondo Financiero Portafolio Cta. Nº 10470111, US$ 30.142.60.- gananciales, de los que el demandado había retirado US$ 25.000.- que pidió a la juez disponer se le restituya el 50% del monto retirado, que también fue omitida por la juez y por el Tribunal de Alzada, pese a que presentó toda la prueba necesaria.
Refiere que en virtud del Art. 143 del Código de Familia, solicitó al Tribunal de Alzada revoque la decisión de la juez de primera instancia de privarle de la asistencia y se fije una de Bs. 5.000.- que les permita a ella y sus hijos una subsistencia digna.
Por lo que pidió Casar el referido Auto de Vista y el Auto de vista complementario, en lo que respecta a la pensión de asistencia familiar en su favor y a los montos de dinero que omitieron ordenar se le devuelvan y disponer el cumplimiento de las disposiciones ignoradas en el proceso.
Que, interpuesto el recurso de casación en el fondo y en la forma, corresponde diferenciar entre ambos, se entiende por recurso de casación en la forma, denominado también recurso de nulidad, aquel que tiene por finalidad subsanar los defectos formales o procesales en que se hubiera incurrido en la tramitación del proceso, defectos que no hubieran sido subsanados por autoridades judiciales de instancias inferiores, vale decir, aquel error que tiene que ver con el quebrantamiento de las formas previstas por ley, cuya infracción están sancionados con nulidad de obrados, al respecto el profesor Enrique Vesconi, citado por Gonzalo Castellanos Trigo, dice. "el recurso de nulidad tiene por objeto impugnar una resolución Judicial que contenga un vicio formal o que derive de un procedimiento violatorio de las reglas establecidas, a fin de rescindir (anular) dicha providencia. Se debe tratar de la imputación de un vicio formal, lo que se llaman errores in procedendo, y no iudicando, por lo cual la decisión aparece imputada de una irregularidad que normalmente deriva de un acto del procedimiento, aun cuando, también pueda emanar de la propia sentencia". Se entiende por recurso de casación en el fondo como aquel que tiende a proteger la defensa del derecho sustantivo, es decir, pretende lograr la correcta aplicación de la Ley en los fallos judiciales, cuando los jueces o tribunales, a tiempo de resolver, infringieron leyes expresas y terminantes para que el Tribunal de casación dicte una nueva resolución en el fondo aplicando correctamente la Ley infringida.
Al respecto sobre la casación en los procesos de divorcio, el Dr. Julio Ortiz Linares, en su obra El Proceso Civil y los Procesos de Familia y de la Niñez y Adolescencia, en la doctrina y práctica procesal TOMO I, de modo general dice: la sentencia en el divorcio establece dos partes; una principal y otra accesoria. La principal: define la desvinculación conyugal conforme a la causal que se demanda y otorga a los esposos un nuevo estado civil, la sentencia en esta parte adquiere la calidad de cosa juzgada por tanto inamovible. En cambio la parte accesoria de la sentencia: comprende la situación de los hijos, pensiones a estos, y la división y partición de bienes gananciales, estos no adquiere estado y es revisable en cualquier momento, en consecuencia no cabe duda que es el juez de divorcio el único llamado a resolver todas las cuestiones accesorias a la demanda de divorcio que no causan estado ni son definitivas.
En ese marco el recurso de casación en la forma interpuesta por Susana Beatriz Guzmán Saavedra, que acusa la vulneración del art. 254 inc. 4) del Código de Procedimiento Civil, esto es: que el juez de primera instancia ni el Tribunal de alzada se habría pronunciado con respecto a la petición de entrega del 50% del dinero ganancial que el demandado habría retirado de la Universidad Privada Boliviana UPB, luego señala que el padre de sus hijos, en este caso el demandado hubiera retirado de la National American University de la ciudad de Santa Cruz 5.000 $us. dinero depositado para el estudio de unos de sus hijos, los mismos que no hubieran sido devuelto a su hijo Julio Rodrigo, en otro acápite hace mención que el demandado habría retirado del Fondo Financiero Portafolio Cta. Nº 10470111, US$ 25.000.oo de los cuales no le ha restituido porque ese dinero también seria ganancial. En la Sentencia de fs. 73 a 74 de obrados en su parte resolutiva dispone lo siguiente "con relación a la existencia de bienes gananciales, su averiguación y distribución será en ejecución de sentencia" resolución que fue confirmada por el Auto de Vista de fs. 143 y Vlta.; la defensora de oficio contesta la demanda de fs. 32, manifestando que la existencia de bienes gananciales se deje abierta a su averiguación para la etapa de ejecución de sentencia; por su parte el demandado Rodrigo Julio Mariaca Reyna apersonándose mediante memorial de fs. 43 y vlta., manifiesta que no existe bienes gananciales por cuanto los mismos han sido dispuestos de acuerdo a lo establecido por el Juez Primero de Partido de Familia; por otra parte en obrados no consta prueba, que los dineros mencionados hubieran sido retirados por el demandante, y corresponde contar con mayores elementos de juicio conforme al los arts. 111, 113 y 116 del Código de Familia, por lo que se concluye que no hubo infracción alguna al art. 254 inc 4), del Código Pdto. Civil y arts. 143 y 390 del Código de Familia, asimismo no existen vicios procesales que den lugar a la anulación.
Respecto al recurso de casación en el fondo planteada, por el que la recurrente reclama que se habría vulnerado el art. 253 inc. l) del Pdto. Civil y se hubiera aplicado indebidamente el art. 143 inc. l) del Código de Familia, al respecto el parágrafo 4to. del Código de Familia señala que, "En caso de divorcio declarado con apoyo del art. 13l se fijará una pensión de asistencia familiar al cónyuge que la necesite", en aplicación de esta disposición la Juez de primera instancia en la sentencia valora las pruebas aportadas, y de la revisión de obrados se evidencia que no existe ninguna prueba literal, ni testifical que acredite la necesidad que tuviera la demandante para señalar una asistencia familiar en su favor, por lo que el Tribunal de alzada ha obrado correctamente confirmado la sentencia.
Por las razones expuestas no siendo evidente las infracciones acusadas en el recurso de casación en la forma ni en el fondo, corresponde fallar en la forma prevista por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 149 a 151, interpuesto por Susana Beatriz Guzmán Saavedra. Con costas.
Se regula el honorario del abogado en Bs. 700.-

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