Source: https://www.scribd.com/document/111666255/Ley-Sobre-Relaciones-Familiares-1917
Timestamp: 2019-01-21 05:43:01+00:00

Document:
Southworth, J .R. - Sinaloa Ilustrado
Elementos Constitutivos de Derecho Prehispanico Tarea
MATRIMONIO FILIACIÓN Y GENERO.pdf
SECRETARIA DE ESTADO ≡≡≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡
Expedida por el C. Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación.
EDICION OFICIAL ≡≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡
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El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación se ha servido dirigirme el siguiente Decreto: “VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, en uso de las facultades de que me hallo investido, y CONSIDERANDO: Que en el informe que presentó esta Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista al Congreso Constituyente, se expresó de una manera terminante que pronto se expedirían leyes para establecer la familia “sobre bases más racionales y justas, que eleven a los consortes a la alta misión que la sociedad y la naturaleza ponen a su cargo, de propagar la especie y fundar la familia”; Que la promulgación de la ley del divorcio y las naturales consecuencias de éste, hacen necesario adaptar al nuevo estado de cosas, los derechos y obligaciones entre los consortes, así como las relaciones concernientes a la paternidad y filiación, reconocimiento de hijos, patria potestad, emancipación y tutela, tanto por causa de minoridad, como por otras incapacidades: Que las ideas modernas sobre igualdad, ampliamente difundidas y aceptadas en casi todas las instituciones sociales, no han llegado a influir convenientemente en las constituciones familiares, que salvo los temperamentos naturales aportados por la civilización, continúan basándose en el rigorismo de las viejas ideas romanas conservadas por el derecho canónico: Que siendo la familia entre los romanos, no sólo fuente de derechos civiles, sino también, desde muchos puntos de vista, una institución política, era natural que estuviera, como estuvo, constituida sobre la base de la autoridad absoluta del páter familias, lo hacía dueño de su s personas y de sus bienes por un tiempo ilimitado, y sobre la mujer, un poder semejante, pues al caer ésta bajo la potestad del marido, in manu viri, quedaba en la familia en la situación de una hija, loco filiae: Que el cristianismo no influyó directamente sobre la organización de la familia, pues el derecho canónico aceptó las relaciones familiares establecidas por el derecho romano, en todo aquello que no fue influido por el carácter de sacramento que se dió al matrimonio; carácter que, lejos de disminuir la autoridad del marido sobre la mujer, la robusteció cuando menos, desde el punto de vista moral, pues al comparar al marido con Cristo y a la mujer con la iglesia, dió tanto poder a aquél, que los mismos teólogos llegaron
a sostener que al celebrarse el matrimonio el sacerdote oficiaba como testigo y no como ministro, pues el verdadero ministro era el contrayente: Que las legislaciones posteriores, aunque reconocieron al matrimonio como contrato, no llegaron a modificar las antiguas relaciones que producía por los aspectos políticos y religiosos con que fue considerado, sino antes bien, al aceptar la idea canónica de la indisolubilidad del vínculo matrimonial, llegaron a darle, con relación a los bienes de los cónyuges, el carácter de una sociedad universal, duradera por tiempo ilimitado, que sólo dejaba de subsistir por voluntad expresa de los cónyuges, y previa autorización judicial, que no debía otorgarse sino por causa grave, idea que no se compadece con el objeto actual del matrimonio, ya que, siendo sus objetos esenciales la perpetuación de la especia y la ayuda mutua, no es de ninguna manera indispensable una indisolubilidad que, en muchos casos, puede ser contraria a los fines de las nupcias, ni mucho menos una autoridad absoluta de uno solo de los consortes, con perjuicio de los derechos del otro, cuando en realidad lo que se necesita es una cooperación libre y espontánea de ambos, ya que los dos contribuyen en esferas insubstituibles a los fines del matrimonio; y produciéndose, además el absurdo de que, mientras la Constitución de 57 establecía en su artículo 5º. la ineficacia de cualquier pacto que tuviera por objeto la pérdida, menoscabo o irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, el Código Civil por el sólo hecho de que la mujer celebrara un contrato de matrimonio, la incapacitaba por completo, privándola de su libertad hasta el grado de dejarla impedida para celebrar el convenio más insignificante, pasando por alto el precepto categórico del artículo constitucional citado. Que no sólo por las razones expuestas, sino también por el hecho de que las trascendentales reformas políticas llevadas a cabo por la Revolución, no pueden implantarse debidamente sin las consiguientes reformas a todas las demás instituciones sociales, y dicho muchas veces, la familia es la base de la sociedad, se hace indispensable realizar cuanto antes la promesa hecha en el mencionado informe, reglamentando el matrimonio de tal manera, que se aseguren los intereses de la especie y los de los mismos cónyuges, sobre todo, de aquel que, por razones de educación u otras análogas, está expuesto a ser una víctima , más bien que un colaborador de tan importante función social: Que, de la misma manera, no siendo ya la patria potestad una institución que tiene por objeto conservar la unidad de la familia, para funciones políticas, sino la reglamentación de los deberes que la naturaleza impone en beneficio de la prole, es necesario reformar las reglas establecidas para el ejercicio de ese derecho, así como las que rigen respecto a la legitimación, cuyos beneficios deben ampliarse al reconocimiento de los hijos naturales, cuya filiación debe ser protegida contra la mancha infamante que las leyes actuales conservan con el nombre de designación de hijos espurios; a las pruebas de paternidad y otras disposiciones análogas, entre las cuales debe considerarse muy especialmente la adopción, cuyo establecimiento, novedad entre nosotros, no hace más que reconocer la libertad de afectos y consagrar la libertad de contratación, que, para este fin, no sólo tiene un objeto lícito, sino con frecuencia, muy noble: Que por idénticas razones se hace también necesario reformar las leyes sobre tutela, a fin de que se imparta una protección eficaz a los sujetos a ella, remediando los innumerables abusos que constantemente se cometen:
Que las modificaciones más importantes, relativas a las instituciones familiares deben ocuparse desde luego de facilitar el matrimonio, suprimiendo las publicaciones que la práctica ha demostrado que son inútiles; pero sin que esto sea óbice para que se cuiden los intereses de los contrayentes y de la sociedad, exigiendo de ellos y de los testigos que presenten sobre su aptitud legal para casarse, bajo penas severas y no irrisorias como las actuales, que se produzcan con toda verdad y con plena conciencia, a cuyo fin debe exigirse a los testigos que garanticen haber conocido a los pretendientes, con bastante anterioridad al acto; y sin que la facilidad que se quiere dar para contraer matrimonio impida que se exija al pretendiente menor de edad, no sólo el consentimiento del padre, sino también el de la madre, pues ambos progenitores están igualmente interesados en el porvenir de su hijo y ambos tienen sobre él los derechos y obligaciones e la naturaleza les otorga, aunque sí debe prevenirse un discenso irracional, ordenando que el ascendiente que haya dado su consentimiento, no pueda revocarlo sin motivo justificado: Que asimismo es necesario, en interés de la especie, aumentar la edad requerida para contraer matrimonio, a fin de que los cónyuges sean lo suficientemente aptos para llenar las funciones fisiológicas y morales que les están encomendadas y por la misma causa, conviene también incapacitar legalmente a los incapacitados ya que la naturaleza para las funciones matrimoniales, es decir, a los que padezcan de impotencia física incurable, a los enfermos de sífilis, tuberculosis o cualquiera otra enfermedad crónica e incurable, que sea además contagiosa o hereditaria, así como a los ebrios habituales, pus todos los que se encuentran en los casos mencionados dejan a sus descendientes herencias patológicas que los hacen débiles e incapaces de un trabajo eficiente, tanto en el orden físico como en el intelectual y trasmiten a su vez a las generaciones posteriores su misma debilidad, redundando todo ello en perjuicio de la patria, cuyo vigor depende de la fuerza de sus hijos y en perjuicio también de la misma especie, que, para perfeccionarse, necesita que a la selección natural se añada una cuerda y prudente selección artificial en caminada a orientar y mitigar los rigores de aquélla: Que siendo de alta trascendencia para los fines de la unión conyugal que ésta se contraiga de una manera espontánea, no sería conveniente obligar a cumplir la promesa del matrimonio; pero tampoco sería justo dejar, como hasta ahora, sin responsabilidad al que elude el cumplimiento de ella, toda vez que ese género de proposiciones, si no se hacen con fines inmorales, cuando menos originan para el que las acepta, la pérdida de un tiempo precioso para él y la sociedad, y en muchas ocasiones perjuicios pecuniarios, se ha juzgado conveniente establecer, en caso de falta de cumplimiento de tal promesa, la obligación de indemnizar los daños y perjuicios que se causen al burlado, aunque exigiendo, a fin de evitar los abusos que pudieran sobrevenir, un principio de prueba por escrito: Que los derechos y obligaciones personales de los consortes deben establece sobre una base de igualdad entre éstos y no en el imperio que, como resto de la manus romana, se ha otorgado al marido, y deben, además, consignarse en los preceptos legales las prácticas que emanan de la costumbre, a fin de hacer que la ley sea suficientemente respetable y debidamente respetada; por todo lo cual, se ha creído conveniente determinar de un modo expreso que ambos cónyuges tienen derecho a consideraciones iguales en el seno del hogar; que la mujer está dispensada de vivir con su marido, cuando éste se establezca en lugar insalubre o inadecuado a la posición social de la mujer; que el marido está obligado a sostener el hogar, sin perjuicio de que la mujer coadyuve, si tiene bienes o trabaja; que la
falta de cumplimiento de esas obligaciones, por parte del marido, constituye un delito; que el cuidado directo del hogar y de la prole corresponde a la mujer, y como consecuencia de esto último, que ella no puede obligarse a prestar servicios personales a extraños, sin el previo consentimiento del marido: Que en las relaciones pecuniarias de los esposos es en donde más se deja sentir la influencia de las antiguas ideas, pues mientras el marido sea administrador de los bienes comunes y representante legítimo de la mujer, quien no puede celebrar ningún acto ni contrato sin la autorización de aquél, se conserva prácticamente el sistema romano que colocaba por completo a la mujer bajo la potestad del marido; y como por otra parte la indisolubilidad del vínculo matrimonial estableciendo la comunidad perpetua de vida, dió origen a la de intereses creando así la sociedad legal, salvo el caso de que previamente se estableciera una voluntaria o se pactara la separación de bienes, la mujer, y muy especialmente la mexicana, que es toda ab negación y ternura, ha sido frecuentemente víctima de explotaciones inicuas que el Estado debe impedir, y mucho más ahora que, establecido el divorcio, se hace necesario evitar que, satisfecha la codicia de los aventureros o arruinada la mujer, sea ésta abandonada, después de haber perdido su belleza y su fortuna, sin que el marido conserve para con ella más que obligaciones insignificantes y con frecuencia poco garantizadas; y así, pues, no habiendo necesidad ya de presumir la sociedad legal, se dispone expresamente que los bienes comunales, mientras permanezcan indivisos, sean administrados de común acuerdo; que cada uno de los cónyuges conserve la administración y propiedad de sus bienes personales, así como de los frutos de éstos, y la completa capacidad para contratar y obligarse; pero sin perjuicio de la unidad de la familia y sin excluir la ayuda mutua, pues se deja en libertad a ambos consortes para conferirse mandato y para comunicarse los frutos de sus bienes, aunque aceptándose como medidas de protección en favor de la mujer, que ésta no reciba del marido menos de lo que ella le dá, que no pueda otorgar fianza en favor de aquél y que no se obligue jamás solidariamente con el marido, en negocio de éste: Que establecida la separación de bienes entre los esposos, la tranquilidad del hogar no quedaría debidamente asegurada si la impericia de uno u otro, su prodigalidad, o simplemente la falta de éxito en los negocios, trajera como resultado la enajenación, gravamen o embargo de la casa y muebles destinados al hogar, ya pertenezcan a ambos cónyuges o a uno solo de ellos, pues el interés de los hijos y de la misma sociedad exige que la culta, impericia o negligencia de uno de los consortes, separado por completo del otro en materia de intereses, no recaiga sobre extraños, causándoles perjuicios, ha sido necesario establecer que la casa en que resida el matrimonio y los muebles de ella, ya sean comunes o ya sean de uno solo de los esposos, no se puedan enajenar, ni gravar, sin el consentimiento de ambos, ni estén sujetos a embargo; pero como esta disposición podría prestarse a abusos, se ha limitado el susodicho privilegio al caso de que los mencionados bienes valga menos de diez mil pesos, y de la misma manera se establece qué debe hacerse cuando el matrimonio tenga varias casas para su residencia y cómo deben entenderse estas disposiciones, cuando los esposos vivan en el campo, en casa que tenga terrenos anexos: Que por lo que se refiere al divorcio, sólo tendrá que añadirse a los considerandos de la ley respectiva que, a fin de que ésta no sirva para eludir las disposiciones legales de los diversos Estados de la República, o de algún país extranjero, se ha prevenido que no se podrá promover divorcio ante los Jueces del Distrito y Territorios Federales, si los que lo
solicitan no tienen cuando menos un año de domiciliados en la jurisdicción del juez correspondiente. Que en materia de paternidad y filiación, ha parecido conveniente suprimir la clasificación de hijos espurios, pues no es justo que la sociedad los estigmatice a consecuencia de faltas que no les son imputables, y menos ahora que, considerando el matrimonio como contrato, la infracción a los preceptos que lo rigen sólo debe perjudicar a los infractores y no a los hijos, terceros en el contrato, que antes se perjudicaban solamente porque, reputado el matrimonio un sacramento, se veían privados de los efectos de la gracia, razón que no puede subsistir hoy que nuestra sociedad liberal no debe estigmatizar con designaciones infamantes a los inocentes, a quienes la ley era la primera en desprestigiar, tanto más cuanto que, dada la disolubilidad del vínculo matrimonial, es fácil ya, no sólo reconocer, sino aun legitimar a algunos de los hijos que antes sólo se podrían designar, y por idénticas razones, se ha facilitado el reconocimiento de los hijos y aumentado los casos especiales en que puede promoverse la investigación de la paternidad o maternidad, aunque restringiendo los derechos de los hijos naturales a la sola facultad de llevar el apellido de su progenitor, a fin de darles una posición definida en la sociedad, evitando, a la vez que fomentar las uniones ilícitas, los abusos que la concesión de otros derechos pudiera originar; y teniendo presentes los derechos y obligaciones de la mujer, en caso de matrimonio, se previene que ella no pueda reconocer a sus hijos naturales, sin consentimiento del marido, y que éste, pudiendo reconocer a los suyos, no tenga facultad de llevarlos a vivir al domicilio conyugal, sin permiso de la esposa: Que en cuanto a la patria potestad no teniendo ya por objeto beneficiar al que la ejerce, y teniendo en cuenta la igualdad de derechos entre hombre y mujer, se ha creído conveniente establecer que se ejerza conjuntamente por el padre y la madre, y en defecto de éstos, por abuelo y abuela, pues ningún motivo hay para excluir de ella a la mujer que, por razones naturales, se ha sacrificado por el hijo más que el mismo padre, y ordinariamente le tiene más cariño, y que asimismo, por lo que respecta a los bienes del hijo, se ha creído oportuno suprimir la clasificación establecida por el Código Civil, la cual no es sino reminiscencia de los peculios que establecía el derecho romano y tenía más objeto que beneficiar al padre por todo lo cual se ha creído conveniente establecer que los bienes del hijo sean administrados de acuerdo con los ascendientes que ejerzan la patria potestad, quienes en cualquier caso disfrutarán como remuneración por sus trabajos, la mitad del usufructo de dichos bienes, mitad que será divisible entre ambos ascendientes: Que en materia de tutela, a fin de que ésta llene debidamente el objeto para que fue instituída, se ha creído conveniente desde luego, extenderla no solamente a los incapacitados que menciona el Código Civil, sino también a los ebrios habituales, cuya conducta ya se considere el resultado de un vicio, ya la consecuencia de una enfermedad, amerita que se tomen cuidados constantes en la persona y bienes del interesado, quien no podría proporcionárselos por si mismo, debido al estado patológico en que se encuentra; que las demás modificaciones hechas en tan importante materia, tienen por objeto hacer más eficaz la protección concedida a los incapacitados y más efectiva la vigilancia que sobre los tutores deben ejercer las autoridades: Que, con relación a la emancipación, debe tenerse en cuenta que, si en muchos casos es conveniente y aun necesario conceder cierta libertad de acción al menor, es absurdo,
después de concedida, estarlo sujetando a cada momento a tutelas interinas y especiales para determinados casos, y como al mismo tiempo sería imprudente concederle todo género de libertades por lo que se refiere a los bienes y a su capacidad para comparecer en juicio, pues en el caso típico de emancipación, que es la que se produce como consecuencia del matrimonio del menor, el nuevo estado que éste adquiere hace indispensable que se le conceda libertad en cuanto a su persona; pero no desvanece la presunción legal de que el menor no tiene todavía la experiencia necesaria para administrar debidamente sus intereses, y, por tanto, no sería conveniente exponerlo a él y a su familia a los funestos resultados de un manejo defectuoso de los negocios, por cuyas razones se ha creído conveniente establecer el sistema que consiste en dar, por medio de la emancipación, libertad a la persona, sacándola de la patria potestad o tutela; más conservándola, por lo que a los bienes toca, bajo la guarda de los ascendientes o tutor, sin perjuicio de que, llegado el menor a loas diez y ocho años y acreditada su buena conducta, se le conceda la administración de sus bienes, bajo la vigilancia de los respectivos ascendientes o tutor: Que se ha dejado subsistente para la mayor edad el mismo número de años establecido por el Código Civil, por no haber motivo alguno que haga necesario el cambio, y sólo ha parecido conveniente establecer que, desde esa edad, son válidas las obligaciones que los extranjeros hayan contraído en México o que deban ejecutarse en el país, disposición que, a primera vista, parece contraria a las ideas comunmente admitidas sobre el estatuto personal; pero si se analiza a fondo el precepto, se ve que no se trata de determinar por completo la capacidad d ellos extranjeros, sino sólo de estatuir sobre la validez de los actos que se celebren en el Distrito y Territorios Federales, o que hayan de ejecutarse en ellos, y considerada así la disposición, aparece como perfectamente natural y legítima, pues, por una parte, de no dictarla respecto de los extranjeros, tampoco podría aplicarse a los mexicanos de los diversos Estados de la República, circunstancia que dificultaría muchísimo las transacciones, ya que a cada momento sería preciso estarse inconformando de la nacionalidad o domicilio de origen de los contratantes; y como el Estado tiene interés directo en facilitar las transacciones y evitar litigios inútiles, es obvio que la disposición de referencia es perfectamente legítima, ya que los mismos partidarios de la doctrina italiana reconocen como excepción a la aplicación de la ley personal, el caso en que ésta sea contraria a los intereses públicos del país extranjero en que se pretenda su aplicación; y como por otra parte, la doctrina de la personalidad de las leyes, más o menos buena desde el punto de vista teórico, en la práctica sólo es conveniente para los países que pueden exigir y obtener la reciprocidad correspondiente, en tanto que la territorialidad de4 la ley es un p4rincipio protector de la soberanía que, debidamente aplicado, sirve también para el desarrollo libre del comercio, como lo demuestra la experiencia de los Estados Unidos, donde ese principio se aplica con todo rigor, se hace evidente que la disposición susodicha no está en contravención con los principios científicos y sí satisface nuestras necesidades prácticas: Que, tratándose de ausencia, las disposiciones del Código Civil satisfacen en lo general el objeto para que fueron dictadas; pero expedidos en una época en que las comunicaciones eran muy difíciles, establecieron plazos muy largos para la declaración de la ausencia y de la presunción de muerte, plazos que, en la actualidad, no sólo son inútiles, sino también perjudiciales, pues durante ellos los bienes del ausente se demeritan y no explotan debidamente, lo cual redunda en perjuicio de los herederos presuntos y de la misma sociedad que tiene esencial interés en la debida explotación de la riqueza:
Que los razonamientos anteriore4s demuestran la conveniencia, necesidad y urgencia de las reformas susodichas, y que por tanto, no debe esperarse para su implantación la completa reforma del Código Civil, tarea que sería muy laboriosa y dilatada, sino legislarse cuanto antes sobre las relaciones de familia y demás similares, a fin de ponerlas a la altura que les corresponde. Por las consideraciones expuestas, y he tenido a bien decretar la siguiente: LEY SOBRE RELACIONES FAMILIARES CAPITULO I DE LAS FORMALIDADES PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE MATRIMONIO Artículo 1º. Las personas que pretendan contraer matrimonio, presentarán personalmente o por medio de apoderado legítimamente constituido, ante el Juez del Estado Civil a que esté sujeto el domicilio de cualesquiera de los pretendientes, un escrito en que conste: I. El nombre y apellido completos de cada uno de los solicitantes, el lugar de su nacimiento, el de su residencia, su edad, ocupación y si alguno de ellos o los dos han sido casados, expresando, en caso afirmativo, el nombre de la persona con quien se celebró el anterior matrimonio, la causa de su disolución y la fecha en que ésta se verificó; II. El nombre y apellido completos del padre y la madre de cada uno d ellos pretendientes, si viven o son ya difuntos, el lugar de su nacimiento, el de su última residencia, su edad y ocupación; III. IV. Que no tienen impedimento legal para celebrar el contrato de matrimonio; y Que es su voluntad unirse en matrimonio legítimo.
Esta solicitud deberá ir firmada por los pretendientes, y si no pudieren o no supieren escribir, firmará, por el que no pudiere o supiere hacerlo, un testigo conocido, mayor de edad y vecino del lugar. Firmarán también la solicitud, en caso de que los pretendientes o alguno de ellos sea menor de edad, sus padres o tutores. Si alguno de los pretendientes fuere menor de edad, y no tuviese padre o tutor, se acompañará a la solicitud, autorización del Juez de Primera Instancia del lugar de su domicilio, que lo faculte para contraer matrimonio con la persona que en unión de él forma dicha solicitud. Si alguno de los pretendientes hubiere estado en tutela por causa de demencia o idiotismo, se acompañará igualmente a la solicitud la resolución del Juez que haya declarado la cesación de la tutela por haber desaparecido la causa que la motivó.
Los pretendientes pueden acompañar a la misma solicitud las constancias expedidas por dos o más médicos titulados, en las que, bajo la protesta de decir verdad, se asegure que dichos pretendientes no tienen impedimento para celebrar el matrimonio que desean contraer, por estar en el uso expedito de sus facultades mentales, no tener alguna de las enfermedades que menciona la ley, ni defecto físico que les impida entrar en el estado matrimonial. La solicitud deberá ser autorizada también por dos testigos mayores de edad, vecinos del lugar, que conozcan a los pretendientes, cuando menos, tres años antes de la fecha de ella, los que lo declararán así bajo la protesta de decir verdad, asegurando, además, que saben y les consta de ciencia cierta que aquéllos tienen la edad requerida por la ley para poder contraer matrimonio y que carecen de impedimento legal para celebrarlo. Si no hubieren dos testigos que conozcan a la vez a los dos pretendientes, deberán presentarse dos testigos por cada uno de ellos que llenen el requisito indicado. Artículo 2º. El Juez del Estado Civil a quien se presentare una solicitud de matrimonio con los requisitos antes mencionados, o haciendo que se subsanen los defectos que tuviere, procederá inmediatamente a hacer que los pretendientes, testigos y demás personas que la subscriben, ratifiquen ante él, separadamente su contenido; y en seguida, a continuación de las mismas diligencias, determinará que se proceda a la celebración del matrimonio, por estar satisfechos los requisitos exigidos por la ley para poder contraerlo, señalando, al efecto, dentro de los ocho días siguientes, día, hora y lugar para dicha celebración. Artículo 3º. El día y hora designados para la celebración del matrimonio, deberán estar presentes ante el Juez del Estado Civil, en el lugar que éste hubiere fijado, los contrayentes en persona o por medio de apoderado especial legítimamente constituido, más dos testigos por cada uno de los mismos pretendientes para acreditar su identidad, así como los padres o tutores de éstos, si los tuvieren y quisieren concurrir a la ceremonia. Acto continuo, el Juez del Estado Civil dará o hará que se dé lectura a la solicitud de matrimonio, a los documentos que con ella se hayan presentado y a las demás diligencias practicadas; en seguida interrogará a los testigos si los pretendientes que están presentes son las mismas personas a que se refiere la solicitud, preguntando después a cada uno de dichos pretendientes si es su voluntad unirse en matrimonio, y, si cada uno de ellos respondiere afirmativamente, los declarará unidos en nombre de la ley y de la sociedad, con todos los derechos y prerrogativas que aquélla otorga y con las obligaciones que impone. Inmediatamente se levantará el acta en que conste el cumplimiento de las formalidades antes expresadas, acta que firmarán el Juez del Estado Civil, los contrayentes, si supieren y pudieren hacerlo, los testigos y demás personas que intervinieren en el acto. Las diligencias que procedan a la celebración del matrimonio, se marcarán con el número del acta y se unirán al apéndice que corresponda.
Artículo 4º. La celebración del matrimonio se hará en público y en el día, hora y lugar señalados al efecto. Los testigos que firmen una solicitud de matrimonio o que estén presentes al celebrarse éste, podrán ser parientes o extraños a los contrayentes. Artículo 5º. En el acta de matrimonio, además de las formalidades que expresamente exige el artículo 3º., deberán hacerse constar: I. Los nombres, apellidos, edad, profesiones, domicilios y lugar del nacimiento de los contrayentes; II. Si éstos son mayores o menores de edad; III. IV. Los nombres, apellidos, profesiones y domicilios de los padres; El consentimiento de los padres, abuelos o tutores, o la habilitación de edad;
V. Que no hubo impedimento o que se dispensó; VI. La declaración de los pretendientes de ser su voluntad unirse en matrimonio, tomándose y entregándose mutuamente por marido y mujer; y la de haber quedado unidos, que hará el Juez en nombre de la sociedad; VII. Los nombres, apellidos, edad, estado, profesiones y domicilios de los testigos, su declaración sobre si son o no parientes de los contrayentes, y, silo son, en qué grado y en qué línea. Artículo 6º. Los pretendientes que aseguren de una manera maliciosa un hecho falso, lo mismo que los testigos que dolosamente afirmaren la exactitud de las declaraciones de aquéllos o su identidad, serán castigados con una pena que no bajará de dos ni excederá de seis años de prisión, sin perjuicio de la pena que corresponda al que contrajere segundo matrimonio sin haberse disuelto el primero. Las personas que falsamente se hicieren pasar por padres o tutores de los pretendientes o que depongan falsamente sobre la capacidad de éstos para celebrar el matrimonio, serán castigados con la misma pena. Artículo 7º. El Juez del Estado Civil que tenga conocimiento de que los pretendientes tienen algún impedimento para celebrar el matrimonio, consignará el caso al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del lugar, el que inmediatamente citará a los pretendientes, al Representante del Ministerio Público y a la persona que haya denunciado el impedimento, para el día y hora que al efecto señalare, recibiendo en audiencia pública o privada, según lo estime conveniente, las pruebas que se le presentaren, y, oyendo los alegatos que produjeren los interesados, dictará acto continuo la resolución que fuere procedente en derecho, la que será apelable en ambos efectos. Artículo 8º. El Juez del Estado Civil que reciba una solicitud de matrimonio, está plenamente autorizado para exigir de los pretendientes, bajo promesa de decir verdad, todas las declaraciones que estime convenientes y conducentes a la identidad de ellos, de su edad
para contraer matrimonio, de su falta de impedimento legal para celebrarlo; así como también para exigir, bajo la misma protesta, iguales declaraciones de los testigos que los pretendientes presenten para justificar su identidad y aptitud legal. También podrá exigir iguales declaraciones, bajo protesta de decir verdad, de las personas que se presenten como padres o tutores de los pretendientes, o de los médicos que subscriban algún documento en que se haga constar la habilidad de los solicitantes para contraer matrimonio. Artículo 9º. Los Jueces del Estado Civil solamente podrán negar la licencia para la celebración de un matrimonio, cuando por los términos de la solicitud, por las investigaciones que ellos hicieren, por su conocimiento personal o por denuncia escrita que se les presentare, tuvieren noticia de que alguno de los pretendientes o los dos, carecen de la edad requerida por la ley o tienen algún impedimento legal. Artículo 10. El Juez del Estado Civil que autorice un matrimonio teniendo conocimiento de que hay impedimento legal, o de que se ha presentado alguna denuncia, será castigado con una pena que no bajará de dos ni excederá de seis años de prisión. El Juez del Estado Civil que retardare indebidamente la celebración de un matrimonio sin motivo alguno justificado, por más tiempo que el que la ley permite, será castigado por primera vez, con una multa de cien pesos, y por segunda, con la destitución de su cargo. Artículo 11. El Juez del Estado Civil, cobrará por cada solicitud de matrimonio que reciba, cinco pesos y una suma igual por su celebración, cantidades que se enterarán en la Tesorería Municipal correspondiente; pero las personas notoriamente pobres, estarán exentas de pagar esas sumas, probando su insolvencia con la certificación que les expida la autoridad municipal del lugar de la residencia de cada uno de los pretendientes. Si la celebración del matrimonio no se verificare en la oficina del Juez del Estado Civil, sino en alguna casa particular, además de las sumas indicadas, se cobrarán veinte pesos, que también se enterarán en la Tesorería Municipal. Artículo 12. Una copia certificada del acta a que se refiere el artículo 3º., hará prueba plena de que se ha celebrado el matrimonio legítimo, el que surtirá todos sus efectos legales entre tanto no se disuelva por muerte de uno de los contrayentes, o se declare por sentencia ejecutoriada que el acto a que se refiere dicha acta es nulo o ha quedado sin efecto por causa de divorcio. CAPITULO II DEL MATRIMONIO Y DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONTRAERLO Artículo 13. El matrimonio es un contrato civil entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen en vínculo disoluble para perpetuar su especie y ayudarse a llevar el peso de la vida.
Artículo 14. La promesa de matrimonio no obliga a celebrar el contrato; pero si fuere hecha por escrito, obligará al que la hace, a responder a la otra parte de los daños y perjuicios que le ocasionare por la falta de cumplimiento de dicha promesa. Artículo 15. El matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con todas las formalidades que ella exige. Artículo 16. Cualquiera condición contraria a los fines esenciales del matrimonio, se tendrá por no puesta. Artículo 17. Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio: I. La falta de edad requerida por la ley, cuando no haya sido dispensada; II. La falta de consentimiento del que o los que ejercen la patria potestad, del tutor o del Juez en sus respectivos casos; III. El error, cuando sea esencialmente sobre la persona;
IV. El parentesco de consanguinidad legítima o natural, sin limitación de grado en la línea recta ascendente y descendente. En la línea colateral igual, el impedimento se extiende a los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, y al contrario, siempre que estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa. La computación de estos grados se hará en los términos que previene esta ley; V. La relación de afinidad en línea recta sin limitación alguna; VI. El atentado contra la vida de alguno de los casados para casarse con el que quede libre; VII. La fuerza o miedo graves. En caso de rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y la robada, mientras ésta no sea restituida a lugar seguro, donde libremente manifieste su voluntad; VIII. La embriaguez habitual, la impotencia por causa física para entrar en el estado matrimonial, siempre que sea incurable; la sífilis, la locura y cualquiera otra enfermedad crónica e incurable, que sea, además contagiosa o hereditaria; IX. El matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con quien se pretende contraer; y X. El fraude, las maquinaciones y artificios para inducir en error a alguno de los contrayentes, siempre que versen sobre hech9os substanciales, que si hubieran sido conocidos de la otra parte, no habría ésta consentido en celebrar el matrimonio, y que dichos hechos se prueben por escrito procedente de la parte que empleó el fraude, las maquinaciones o los artificios.
De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en la línea colateral desigual. Artículo 18. Solamente pueden contraer matrimonio el hombre que ha cumplido 16 años y la mujer que ha cumplido 14. El Gobernador del Distrito Federal o de un territorio, puede conceder dispensa de edad en casos excepcionales y por causas graves y justificadas, siempre que el hombre tenga doce años cumplidos. Artículo 19. Los hijos de ambos sexos quien o hayan cumplido veintiún años, no pueden contraer matrimonio sin consentimiento del padre y de la madre, si vivieren ambos, o del que de ellos sobreviviere, aun cuando, en caso de que sólo exista la madre, ésta haya pasado a segu8ndas nupcias. A falta de padres, se necesita el consentimiento de los abuelos paternos, si vivieren ambos, o del que de ellos sobreviviere; a falta de abuelos paternos, se requiere el consentimiento de los abuelos maternos, si los dos existieren, o del que de ellos sobreviviere, a menos que el último de los ascendientes que en cada grado ejerza la patria potestad, al morir, haya nombrado tutor para sus hijos. Artículo 20. Faltando padres y abuelos, se necesita el consentimiento de los tutores; y faltando éstos, el Juez de Primera Instancia del lugar de la residencia del menor, suplirá el consentimiento.Artículo 21. El ascendiente o tutor que ha prestado su consentimiento, firmando la solicitud y ratificando ésta ante el Juez del Estado Civil, no puede revocarlo después, a menos que haya justa causa para ello. Si el ascendiente o tutor que firmó y ratificó la solicitud de e matrimonio, falleciere antes de que éste se celebrare, su consentimiento no podrá ser revocado por la persona que, en su defecto, tendría el derecho de otorgarlo, siempre que el matrimonio se verifique dentro del término fijado por la ley. Artículo 22. El Juez que hubiere autorizado a un menor para contraer matrimonio, no podrá revocar el consentimiento Artículo 23. Cuando los ascendientes, tutores o Jueces nieguen su consentimiento o lo revoquen después de otorgarlo y su discenso no parezca racional, podrá recurrir el interesado al Gobernador del Distrito Federal o del Territorio que corresponda, quien, después de levantar información sobre el particular, suplirá dicho consentimiento, según lo estime conducente a los intereses del menor; pero sin esta habilitación el matrimonio no podrá celebrarse. Artículo 24. El tutor no puede contraer matrimonio con la persona que ha estado o está bajo su guarda, a no ser que obtenga dispensa, la que no se concederá por el Gobernador del Distrito Federal o Territorio que corresponda, sino cuando hayan sido aprobadas las cuentas de la tutela.
Esta prohibición comprende también al curador y a los descendientes de éste y del tutor. Artículo 25. Si el matrimonio se celebrare en contravención a lo dispuesto en el artículo anterior, el Juez nombrará inmediatamente un tutor interino que reciba los bienes y los administre, mientras que obtiene la dispensa. Artículo 26. El matrimonio celebrado, entre extranjeros fuera del territorio nacional, y que sea válido con arreglo a las leyes del país en que se celebró, surtirá todos los efectos civiles en el Distrito Federal y Territorios de la Federación. Artículo 27. El matrimonio celebrado en el extranjero entre mexicanos o entre mexicano y extranjera o entre extranjero y mexicana, también producirá efectos civiles en el territorio nacional, si se hace constar que ser celebró con las formas y requisitos que en el lugar de su celebración establezcan las leyes, y que el mexicano no ha contravenido a las disposiciones de esta ley, relativas a impedimentos, aptitud para contraer matrimonio y consentimiento de los ascendientes. Artículo 28. En caso de urgencia, que no permita recurrir a las autoridades de la República, suplirán el consentimiento de los ascendientes y dispensarán los impedimentos que sean susceptibles de dispensa, el Ministro o Cónsul Residente en el lugar donde haya de celebrarse el matrimonio, o el más inmediato si no lo hubiere en dicho lugar; prefiriendo en todo caso el Ministro al Cónsul. Artículo 29. En caso de peligro de muerte próxima, y no habiendo en el lugar Ministro ni Cónsul, el matrimonio será válido, siempre que se justifique con prueba plena que concurrieron esas dos circunstancias, y, además, que el impedimento era susceptible de dispensa y que se dió a conocer al funcionario que autorizó el contrato. Artículo 30. Si el caso previsto en el artículo anterior ocurriere en el mar, a bordo de un buque nacional, regirá lo dispuesto en él, autorizando el acto el capitán o patrón del buque. Artículo 31. Dentro de tres meses después de haber regresado a la República el que haya contraído en el extranjero un matrimonio, con las circunstancias que especifican los artículos anteriores, se trasladará el acta de la celebración al Registro Civil del domicilio del consorte mexicano. La falta de esta transcripción no invalida el matrimonio; pero mientras no se haga, el contrato no producirá efectos civiles. CAPITULO III DEL PARENTESCO, SUS LINEAS Y GRADOS Artículo 32. La ley no reconoce más parentescos que los de consanguinidad y afinidad.
Artículo 33. Consanguinidad es el parentesco entre personas que descienden de una misma raíz o tronco. Artículo 34. Afinidad es el parentesco que se contrae por el matrimonio consumado o por cópula ilícita, entre el varón y los parientes de la mujer, y entre la mujer y los parientes del varón. Artículo 35. Cada generación forma un grado, y la serie de los grados constituye lo que se llama línea de parentesco. Artículo 36. La línea es recta o transversal: la recta se compone de la serie de grados entre personas que descienden unas de otras; la transversal se compone de la serie de grados entre personas que no descienden unas de otras, bien que procedan de un progenitor o tronco común. Artículo 37. La línea recta es descendente o ascendente; ascendente es la que liga a cualquiera a su progenitor o tronco de que procede; descendente, es la que liga al progenitor a los que de él proceden. La misma línea es, pues, ascendente o descendente, según el punto de partida y la relación a que se atiende. Artículo 38. En la línea recta, los grados se cuentan por el número de generaciones o por el de las personas, excluyendo al progenitor. Artículo 39. En la línea transversal, los grados se cuentan por el número de generaciones, subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra, o por el número de personas que hay de uno a otro de los extremos que se consideran, exceptuando la del progenitor o tronco común. CAPITULO IV DE LOS DERECHOS Y OBLIGACVIONES QUE NACEL DEL MATRIMONIO Artículo 40. Los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad, a contribuir cada uno por su parte a los objetos del matrimonio y a socorrerse mutuamente. Artículo 41. La mujer debe vivir con su marido; pero no estará obligada a hacerlo cuando éste se ausentare de la República, o se estableciere en lugar insalubre, o en lugar no adecuado a la posición social de aquélla. Artículo 42. El marido debe dar alimentos a la mujer y hacer todos los gastos necesarios para el sostenimiento del hogar; pero si la mujer tuviere bienes propios, o desempeñare algún trabajo, o ejerciere alguna profesión, o tuviere algún comercio, deberá también contribuir para los gastos de la familia, siempre que la parte que le corresponda no exceda de la mitad de dichos gastos, a menos que el marido estuviere imposibilitado de trabajar y no tuviere bienes propios, pues entonces, todos los gastos serán de cuenta de la mujer y se cubrirán con los bienes de ésta.
Artículo 43. El marido y la mujer tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales; por lo mismo, de común acuerdo arreglarán todo lo relativo a la educación y establecimiento de los hijos, y a la administración de los bienes que a éstos pertenezcan. En caso de que el marido y la mujer no estuvieren de acuerdo sobre alguno de los puntos indicados, el Juez de Primera Instancia del lugar, sin forma ni solemnidad alguna, procurará ponerlos de acuerdo, y en caso de que no lo logre, resolverá lo que fuere más conveniente al interés de los hijos. Artículo 44. La mujer tiene la obligación de atender a todos los asuntos domésticos.: por lo que, ella será la especialmente encargada de la dirección y cuidado de los hijos y del gobierno y dirección del servicio del hogar. En consecuencia, la mujer sólo podrá con licencia del marido, obligarse aprestar servicios personales a favor de personas externas, o a servir un empleo, o ejercer una profesión, o a establecer un comercio. El marido, al otorgar la licencia, deberá fijar el tiempo preciso de ella; pues de lo contrario, se entenderá concedida por tiempo indefinido, y el marido, para terminarla, deberá hacerlo saber por escrito a la mujer con dos meses de anticipación. La mujer no necesitará de la autorización del marido para prestar servicios personales a favor de persona extraña, para servir un empleo o atender un comercio o ejercer una profesión, cuando el marido hubiere abandonado el hogar, o cuando, sin haberlo abandonado, no tuviere bienes propios y estuviere imposibilitado de trabajar. Cuando el marido autorice a la mujer para comprometerse a prestar un servicio determinado, la licencia se entenderá concedida por el tiempo en que deba prestarse dicho servicio. Artículo 45. El marido y la mujer tendrán plena capacidad, siendo mayores de edad, para administrar sus bienes propios, disponer de ellos y ejercer todas las acciones que les competan, sin que al efecto necesite el esposo el consentimiento de la esposa, ni ésta, de la autorización o licencia de aquél. Artículo 46. La mujer, siendo mayor de edad, podrá sin licencia del marido, comparecer en juicio para ejercitar todas las acciones que le correspondan o para defenderse de las que se intenten contra de ella. Artículo 47. La mujer puede, igualmente, sin necesidad de la licencia marital, celebrar toda clase de contratos con relación a sus bienes. Artículo 48. La mujer no podrá, en ningún caso, contratar con el marido, para transmitirle o adquirir de él bienes raíces, derechos reales o de cualquiera otra calase. Tampoco podrá ser fiador del marido ni obligarse solidariamente con él en asunto que a éste corresponda.
Artículo 49. La mujer casada, mayor de edad, puede dar poder a su marido para que administre los bienes que le pertenezcan, o los bienes que poseyere en común; pero podrá revocar dicho poder cuando así le conviniere. En este caso, la mujer podrá exigir cuentas al marido en cualquier tiempo, exactamente lo mismo que si se tratase de un mandatario extraño. Artículo 50. El marido y la mujer, durante el tiempo del matrimonio, podrán ejercitar aquél contra ésta y ésta contra aquél, todas las acciones que les correspondan, con anterioridad al matrimonio o que adquieran durante éste a título de herencia. No obstante esta disposición, la prescripción entre los consortes no correrá durante el tiempo del matrimonio. CAPITULO V DE LOS ALIMENTOS Artículo 51. La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los dá tiene a su vez el derecho de pedirlos. Artículo 52. Los cónyuges, además de la obligación general que impone el matrimonio, tienen la de darse alimentos en los casos de divorcio y otros que señala la ley. Artículo 53. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes, por ambas líneas, que estuvieren más próximos en grado. Artículo 54. Los hijos están obligados a dar alimentos a sus padres. A falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado. Artículo 55. A falta o por imposibilidad de los ascendientes y descendientes, la obligación recae en los hermanos del padre y madre; en defectos de éstos en los que fueren de madre solamente, y en defecto de ellos, en los que lo fueren sólo de padre. Artículo 56. Los hermanos sólo tienen obligación de dar alimentos a sus hermanos menores, mientras éstos llegan a la edad de diez y ocho años. Artículo 57. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. Artículo 58. Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. Artículo 59. El obligado a dar alimentos cumple la obligación, asignando una pensión competente al acreedor alimentario, o incorporándole a su familia, excepto en el caso de que se trate de un cónyuge divorciado que reciba alimentos del otro.
Artículo 60. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que deba darlos y a la necesidad del que deba recibirlos. Artículo 61. Si fueren varios los que deban dar los alimentos, y todos tuvieren posibilidad para hacerlo, el Juez repartirá el importe entre ellos, con proporción a sus haberes. Artículo 62. Si sólo algunos tuvieren posibil8iad, entre ellos se repartirá el importe de los alimentos; y si uno sólo la tuviere, él únicamente cumplirá la obligación. Artículo 63. La obligación de dar alimentos no comprende la de dotar a los hijos ni la de proveerlos de capital para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado. Artículo 64. Tienen acción para pedir la aseguración de los alimentos: I. El acreedor alimentario; II. El ascendiente que le tenga bajo su patria potestad; III. El tutor; IV. Los hermanos; V. El Ministerio Público. Artículo 65. Si la persona que a nombre del menor pide la aseguración de alimentos, no puede o no quiere representarle en juicio, se nombrará por el Juez un tutor interino. Artículo 66. La aseguración podrá consistir en hipoteca, fianza o depósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos. Artículo 67. El tutor interino dará garantía por el importe anual de los alimentos. Si administrare algún fondo destinado a ese objeto, por él dará la garantía legal. Artículo 68. En los casos en que los que ejercen la patria potestad gocen de la mitad del usufructo de los bienes del hijo, el importe de los alimentos se deducirá de dicha mitad, y si ésta no alcanza a cubrirlos, el exceso será de cuenta de los que ejerzan dicha patria potestad. Artículo 69. Si la necesidad del alimentista proviene de mala conducta, el Juez, con conocimiento de causa, puede disminuir la cantidad destinada a los alimentos, poniendo al culpable, en caso necesario, a disposición de la autoridad competente. Artículo 70. Cesa la obligación de dar alimentos: I. Cuando el que la tiene carece de medios de cumplirla; II. Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos.
Artículo 71. El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto de transacción. Artículo 72. Cuando el marido no estuviere presente, o, estándolo, se rehusare a entregar a la mujer lo necesario para los alimentos de ella y de los hijos y para la educación de éstos y las demás atenciones de la familia, será responsable de los efectos o valores que la esposa obtuviere por dichos objetos; pero solamente en la cuantía estrictamente necesaria al efecto, y siempre que no se trate de objetos de lujo. Artículo 73. Toda esposa que, sin culpa suya, se vea obligada a vivir separada de su marido, podrá ocurrir al Juez de Primera Instancia del lugar de su residencia y pedirle que obligue al esposo a que la mantenga durante la separación y le suministre todo lo que haya dejado de darle desde que la abandonó; y el Juez según las circunstancias del caso, fijará la suma que deba darle mensualmente, dictando las medidas necesarias para que dicha cantidad le sea debidamente asegurada, así como también para que el marido pague los gastos que la mujer haya tenido que erogar con tal motivo. Artículo 74. Todo esposo que abandone a su esposa y a sus hijos sin motivo justificado, dejando a aquélla o a éstos o a ambos en circunstancias aflictivas, cometerá un delito que se castigará con pena que no bajará de dos meses ni excederá de dos años de prisión; pero dicha pena no podrá ser efectiva si el esposo paga todas las cantidades que dejó de ministrar para la mantención de la esposa y de los hijos, y da fianza u otra caución de que en lo sucesivo pagará las mensualidades CAPITULO VI DEL DIVORCIO Artículo 75. El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Artículo 76. Son causas de divorcio: I. El adulterio de uno de los cónyuges; II. El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio un hijo concebido antes de celebrarse el contrato, y que judicialmente sea declarado ilegítimo; III. La perversión moral de alguno de los cónyuges, demostrada por actos del marido para prostituir a la mujer, no solo cuando lo haya hecho directamente, sino también cuando haya recibido cualquiera remuneración con el objeto expreso de que otro tenga relaciones ilícitas con ella; por la incitación o la violencia de uno de los cónyuges al otro para cometer algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal; por el conato de cualquiera de ellos para corromper a los hijos o la simple tolerancia en su corrupción, o por algún otro hecho inmoral tan grave como los anteriores;
IV. Ser cualquiera de los cónyuges incapaz para llenar los fines del matrimonio, o sufrir sífilis, tuberculosis, enajenación mental incurable, o cualquiera otra enfermedad crónica incurable, que sea, además contagiosa o hereditaria; V. El abandono injustificado del domicilio conyugal por cualquiera de los consortes, durante seis meses consecutivos; VI. La ausencia del marido por más de un año, con abandono de las obligaciones inherentes al matrimonio; VII. La sevicia, las amenazas o injurias graves o los malos tratamientos de un cónyuge para el otro, siempre que éstos y aquéllas sean de tal naturaleza que hagan imposible la vida común; VIII. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que mere<zca pena mayor de dos años de prisión; IX. Haber cometido uno de los cónyuges un delito por el cual tenga que sufrir una pena de prisión o destierro mayor de dos años; X. El vicio incorregible de la embriaguez; XI. Cometer un cónyuge contra la persona o los bienes del otro, un acto que sería punible en cualquiera otra circunstancia o tratándose de persona distinta de dicho consorte, siempre que tal acto tenga señalada en la ley una pena que no baje de un año de prisión; XII. El mutuo consentimiento.
Artículo 77. El adulterio de la mujer, es siempre causa de divorcio el del marido lo es solamente cuando con él concurre alguna de las circunstancias siguientes: I. Que el adulterio haya sido cometido en la casa común; II. Que haya habido concubinato entre los adúlteros, dentro o fuera de la casa conyugal; III. Que haya habido escándalo o insulto público hecho por el marido a la mujer legítima; IV. Que la adúltera haya maltratado, de palabra o de obra, o que por su causa se haya maltratado de alguno de esos modos, a la mujer legítima. Artículo 78. Es causa de divorcio el conato del marido o de la mujer para corromper a los hijos, ya lo sean éstos de ambos, o de uno solo de ellos. La tolerancia debe consistir en actos positivos, sin que sean causa de divorcio las simples omisiones. Artículo 79. Cuando un cónyuge haya pedido el divorcio o la nulidad del matrimonio, por causa que no haya justificado o que haya resultado insuficiente, el
demandado tiene a su vez el derecho de pedir el divorcio; pero no podrá hacerlo sino pasados tres meses de la notificación de la última sentencia. Durante esos tres meses la mujer no puede ser obligada a vivir con el marido. Artículo 80. Cuando ambos consortes convengan en divorciarse, no podrán verificarlo sino ocurriendo por escrito al Juez y en los términos que expresan los artículos siguientes: en caso contrario, aunque vivan separados se tendrán por unidos para todos los efectos legales del matrimonio. Artículo 81. Los cónyuges que piden de conformidad su divorcio, deberán acompañar en todo caso a su demanda un convenio que arregle la situación de los hijos y la manera de liquidar sus relaciones en cuanto a los bienes. Artículo 82. El divorcio por mutuo consentimiento, no puede pedirse sino pasado un año de la celebración del matrimonio. Presentada la solicitud, el Juez de Primera Instancia del domicilio de los cónyuges remitirá extracto de ella al Juez del Estado Civil del mismo lugar, para que éste la haga publicar en la tabla de avisos, y citará a los solicitantes a una junta, en la cual procurará restablecer entre ellos la concordia y cerciorarse de la completa libertad de ambos para divorciarse. Si no lograre avenirlos, se celebrarán todavía, con el mismo objeto, dos juntas más, que el Juez citará a petición de ambos cónyuges. Esta petición no podrá hacerse sino después de transcurrido un mes desde la última junta celebrada. Entre una y otra junta deberá mediar cuando menos un mes. Artículo 83. Si, celebradas las tres juntas mencionadas, los cónyuges se mantuvieren firmes en el propósito de divorciarse, el Juez aprobará el arreglo con las modificaciones que crea oportunas, oyendo al efecto al Ministerio Público y cuidando de que no se violen los derechos de los hijos o de tercera persona. Artículo 84. Mientras se celebran las juntas y se declare el divorcio aprobando el convenio de los interesados, el Juez autorizará la separación de los consortes de una manera provisional, y dictará las medidas necesarias para asegurar la subsistencia de los hijos menores. Artículo 85. Si el procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento quedare en suspenso por más de seis meses, no podrá reanudarse sino volviendo a efectuarse las publicaciones en las tablas de avisos de la Oficina del Juez del Estado Civil y las juntas de que habla el artículo 82. Artículo 86. Los cónyuges que hayan solicitado el divorcio por mutuo consentimiento, podrán reunirse de común acuerdo en cualquier tiempo; pero en este caso no podrán volver a solicitar su divorcio en la misma forma, sino pasado un año desde su reconciliación. Artículo 87. Cuando las enfermedades enumeradas en la fracción IV del artículo 76, no sean utilizadas por un cónyuge como fundamento del divorcio, podrán sin embargo, ser motivo para que el Juez, con reconocimiento de causa y a instancia de uno de los consortes, pueda suspender breve y sumariamente, en cualquiera de dichos casos, la obligación de
cohabitar, quedando, no obstante, subsistentes las demás obligaciones para con el cónyuge desgraciado. Artículo 88. El divorcio sólo puede ser demandado por el cónyuge que no haya dado causa a él, y dentro de seis meses después que hayan llegado a su noticia los hechos en que se fundó la demanda. Artículo 89. Ninguna de las causas enumeradas en el artículo 76 puede alegarse para pedir el divorcio, cuando haya mediado perdón o remisión expresa o tácita. Artículo 90. La reconciliación de los cónyuges pone término al juicio o al procedimiento de divorcio voluntario, en cualquier estado en que se encuentre, si aún no hubiere sentencia ejecutoriada; pero los interesados deberán denunciar su nuevo arreglo al Juez, sin que la omisión de esta noticia destruya los efectos producidos por la reconciliación. Artículo 91. La ley presume la reconciliación cuando después de presentada una demanda de divorcio, ha habido cohabitación entre los cónyuges. Artículo 92. El cónyuge que no ha dado causa al divorcio, puede, antes de que se pronuncie sentencia que ponga fin al litigio, prescindir de sus derechos y obligar al otro a reunirse con él; más en este caso no puede pedir de nuevo el divorcio por los mismos hechos que motivaron el juicio anterior, pero sí por otros nuevos, aunque sean de la misma especie. Artículo 93. Al admitirse la demanda de divorcio, o antes si hubiere urgencia, se adoptarán provisionalmente, y sólo mientras duren los procedimientos judiciales, las disposiciones siguientes: I. Separar a los cónyuges en todo caso; II. Depositar en casa de persona decente a la mujer, si se dice que ésta ha dado causa al divorcio y el marido pidiere el depósito. La casa que para esto se destine, será designada por el Juez. Si la causa por la que se pide el divorcio no supone culpa en la mujer, ésta no se depositará sino a solicitud suya; III. Poner a los hijos al cuidado de uno de los cónyuges o de los dos, observándose lo dispuesto en los artículos 94, 95 y 96; IV. Señalar y asegurar alimentos a la mujer y a los hijos que no queden en poder del padre; V. Dictar las medidas conducentes para que el marido no cause perjuicios en sus bienes a la mujer; VI. Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la ley establece respecto a las mujeres que quedan en cinta.
Artículo 94. Ejecutoriado el divorcio, quedarán los hijos o se pondrán bajo la potestad del cónyuge no culpable; pero si ambos lo fueren y no hubiere ascendientes en quienes recaiga la patria potestad, se proveerá a los hijos de tutor conforme a la ley. Artículo 95. Sin embargo de lo dispuesto en los artículos anteriores, antes de que se provea definitivamente sobre la patria potestad o tutela de los hijos, podrán acordar los tribunales, a pedimento de los abuelos, tíos o hermanos mayores, cualquiera providencia que se considere benéfica a los menores. Artículo 96. El padre y madre, aunque pierdan la patria potestad, quedan sujetos a todas las obligaciones que tienen para con sus hijos. Artículo 97. El cónyuge que diere causa al divorcio, perderá todo su poder y derechos sobre la persona de sus hijos, mientras viva el cónyuge inocente; pero los recobrará muerto éste, si el divorcio se ha declarado por las causas VI, VII, VIII y IX del artículo 76. La madre que conserve la patria potestad de sus hijos, la perderá si vive en mancebía o tiene un hijo ilegítimo. Artículo 98. En los demás casos, y no habiendo ascendiente en quien recaiga la patria potestad, se proveerá de tutor a los hijos, a la muerte del cónyuge inocente. Artículo 99. El cónyuge que diere causa al divorcio, perderá todo lo que se le hubiere dado o prometido por su consorte o por otra persona en consideración a éste; el cónyuge inocente conservará lo recibido y podrá reclamar lo pactado en su provecho. Artículo 100. Ejecutoriado el divorcio, se procederá desde luego a la división de los bienes comunes, si los hubiere; y en todo caso, se tomarán todas las precauciones necesarias para asegurar las obligaciones que queden pendientes entre los cónyuges o con relación a sus hijos. Los consortes divorciados tendrán obligación de contribuir, en proporción a sus bienes, a la subsistencia y educación de los hijos varones hasta que lleguen a la mayor edad, y de las hijas, hasta que contraigan matrimonio, aunque sean mayores de edad, siempre que vivan honestamente. Artículo 101. Si la mujer no ha dado causa al divorcio, tendrá derecho a alimentos, mientras no contraiga nuevas nupcias y viva honestamente. El marido inocente sólo tendrá derecho a alimentos cuando esté imposibilitado de trabajar y no tenga bienes propios con que subsistir. El cónyuge que deba pagar los alimentos podrá librarse de esa obligación, entregando desde luego el importe de las pensiones alimenticias correspondientes a cinco años. Artículo 102. Por virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera capacidad para contraer un nuevo matrimonio, salvo lo dispuesto en el artículo 140 y cuando el divorcio se haya declarado por causa de adulterio, pues en este último caso el cónyuge culpable no podrá contraer un nuevo matrimonio sino después de dos años de pronunciada la sentencia de divorcio.
Artículo 103. La muerte de uno de los cónyuges, acaecida durante el juicio de divorcio, pone fin a él en todo caso, y los herederos del muerto tienen los mismos derechos y obligaciones que tendrían si no hubiere existido dicho juicio. Artículo 104. En todo juicio de divorcio, las audiencias serán secretas, y se tendrá como parte al Ministerio Público. Artículo 105. Ejecutoriada una sentencia sobre divorcio, el Juez de la. Instancia remitirá copia de ella al del Estado Civil, ante quien se celebró el matrimonio, para que ponga nota al margen del acta respectiva, expresando la fecha en que se df3eclaró el divorcio y el tribunal que lo declaró, y, además, haga publicar un extracto de la resolución, durante quince días, en las tablas destinadas a ese efecto. Artículo 106. No se podrá pedir divorcio voluntario ni entablar demanda de divorcio ante un Juez de Primera Instancia del Distrito Federal o de un Territorio, sino cuando los cónyuges tengan su domicilio en la jurisdicción de dicho Juez, por lo menos un año antes de la fecha de la misma demanda. CAPITULO VII DE LOS MATRIMONIOS NULOS E ILICITOS Artículo 107. Son causas de nulidad las siguientes: I. Que el matrimonio se haya celebrado concurriendo alguno de los impedimentos enumerados en el artículo 17 de esta ley. II. Que se haya celebrado en contravención a lo dispuesto en los artículos 1 a 5. Artículo 108. La edad menor de 16 años en el hombre y de 14 en la mujer, dejará de ser causa de nulidad: I. Cuando haya habido hijos; y II. Cuando no habiendo habido hijos, el menor hubiese llegado a los 21 años y ni él ni el otro cónyuge hubieren intentado de nulidad. Artículo 109. La nulidad por falta de consentimiento de los ascendientes, sólo podrá alegarse por aquél o aquéllos a quienes tocaba prestar dicho consentimiento, y dentro de treinta días, contados desde aquél en que tengan conocimiento del matrimonio. Artículo 110. Cesa esta causa de nulidad: I. Cuando han pasado los treinta días sin que se haya pedido aquélla; II. Cuando, aun durante ese término, el ascendiente ha consentido expresa o tácitamente en el matrimonio, ya dotando a la hija, ya haciendo donación al hijo en consideración al matrimonio, o recibiendo a los consortes a vivir en su casa, o
presentando a la prole como legítima al Registro Civil, o practicando otros actos que a juicio del Juez sean tan conducentes al efecto como los expresados. Artículo 111. La nulidad por falta de consentimiento del tutor o del Juez podrá alegarse en todo tiempo por cualquiera de los cónyuges o del tutor durante la menor edad; pero dicha causa de nulidad cesará si durante ese tiempo y antes de pedirse o presentarse demanda en forma sobre ella, se obtiene la ratificación del tutor o la autorización judicial confirmando el matrimonio, así como también cesará por el hecho de llegar los cónyuges a la mayor edad sin haberla solicitado. Artículo 112. El parentesco de consanguinidad no dispensado, anula el matrimonio; pero si después se obtuviere la dispensa, y ambos cónyuges, reconocida la nulidad, quisieren espontáneamente reiterar su consentimiento, lo que se hará por medio de una acta ante el Juez del Registro Civil, quedará revalidado el matrimonio y surtirá todos sus efectos legales desde el día en que primeramente se contrajo. Artículo 113. La acción que nace de esta causa de nulidad puede deducirse por cualquiera de los cónyuges y por sus ascendientes, y seguirse también a instancia del Ministerio Público. Artículo 114. El error respecto a la persona, anula el matrimonio, sólo cuando entendiendo un cónyuge contraerlo con una persona determinada, lo ha contraído con otra. Artículo 115. La acción que hace de esta causa de nulidad, sólo puede deducirse por el cónyuge engañado; pero si éste no denuncia el error inmediatamente que lo advierta, se tiene por ratificado el consentimiento, y queda subsistente el matrimonio, a no ser que exista otro de los impedimentos dirimentes. Artículo 116. El miedo y la violencia serán causas de nulidad si concurren las circunstancias siguientes: I. Que uno u otra importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes. II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cónyuge o a la persona o personas que le tenían bajo su patria potestad o tutela al celebrarse el matrimonio; y III. Que uno u otra hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
La acción que nace de estas causas de nulidad, sólo puede deducirse pro el cónyuge agraviado, y dentro de sesenta días contados desde la fecha en que cesó la violencia o intimidación. Artículo 117. El vínculo de un matrimonio anterior existente al tiempo de contraerse el segundo, anula éste, aunque se contraiga de buena fe, creyéndose fundadamente que el consorte anterior había muerto. La acción que hace de esta causa de nulidad, puede deducirse por el cónyuge del matrimonio primero, por los hijos y herederos
de aquél, y por los cónyuges que contrajeron el segundo. No deduciéndola ninguna de las personas mencionadas, el Juez si tiene conocimiento de dicha causa, podrá proceder a instancia del Ministerio Público. Artículo 118. La nulidad que se funda en la falta de formalidades esenciales para la validez del matrimonio, puede alegarse por los cónyuges y por cualquiera que tenga interés en probar que no hay matrimonio. También podrá declararse esa nulidad a instancia del Ministerio Público. Artículo 119. No se admitirá a los cónyuges la demanda de nulidad por falta de solemnidades contra el acta de matrimonio celebrado ante el Juez del Registro Civil, cuando a la existencia del acta se una la posesión de estado matrimonial. Artículo 120. La nulidad que se funda en el parentesco de afinidad en línea recta, puede ejercitarse por cualquiera de los cónyuges, por sus ascendientes y por el Ministerio Público. Artículo 121. La nulidad que se funda en alguna de las causas de la fracción VIII del artículo 17, sólo puede ser pedida por los cónyuges y por el tutor del incapacitado. Artículo 122. La nulidad que se funda en la fracción X del artículo 17, sólo podrá ser pedida por el cónyuge engañado y dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento del fraude, maquinaciones o artificios empleados para inducirlo en error. Artículo 123. El matrimonio, una vez contraído, tiene a su favor la presunción de ser válido: sólo se considerará nulo cuando así lo declare una sentencia que cause ejecutoria. Artículo 124. Acerca de la nulidad, no hay lugar a transacción entre los cónyuges, ni a compromiso en árbitros. Artículo 125. El Ministerio Público será oído en todo juicio de nulidad de matrimonio. Artículo 126. El derecho para demandar la nulidad del matrimonio, no corresponde sino a aquellos a quienes la ley lo concede expresamente y no es transmisible por herencia ni de cualquier otra manera. Sin embargo, los herederos podrán continuar la demanda de nulidad entablada por aquel a quien heredan. Artículo 127. Ejecutoriada la sentencia que declare la nulidad, el Tribunal de oficio enviará copia certificada de ella al Juez del Registro Civil ante quien pasó el matrimonio, para que al margen del acta respectiva, ponga nota circunstanciada, en que conste: el contenido de la sentencia, su fecha, el tribunal que la pronunció y el número con que se marque la copia, que será depositada en el archivo. Artículo 128. El matrimonio contraído de buena fe, aunque sea declarado nulo, produce todos sus efectos civiles en favor de los cónyuges, mientras dura; y en todo tiempo, en favor de los hijos nacidos antes de su celebración, durante él, y trescientos días después
de la declaración de nulidad, si no se hubieren separado antes los consortes, o desde la separación de éstos, en caso contrario. Artículo 129. Si ha habido buena fe de parte de uno solo de los cónyuges, el matrimonio produce efectos civiles únicamente respecto de él y de los hijos. Artículo 130. La buena fe en estos casos se presume: para destruir esta presunción, se requiere prueba plena. Artículo 131. Si la demanda de nulidad fuere instaurada por uno de los cónyuges, se dictarán desde luego, las medidas provisionales que establece el artículo 93. Artículo 132. Luego que la sentencia sobre nulidad cause ejecutoria, los hijos varones , mayores de cinco años, quedarán al cuidado del padre, y las hijas al cuidado de la madre, si de parte de ambos cónyuges hubiera habido buena fe. Artículo 133. Si sólo uno de o los cónyuges ha procedido de buena fe, quedarán todos los hijos bajo su cuidado. Artículo 134. En todo caso, lo mismo que en el caso de divorcio, los hijos e hijas menores de cinco años, hasta que cumplan esta edad, se mantendrán al cuidado de la madre, a menos que ésta se dedicare públicamente a la prostitución o a algún otro comercio ilícito, o hubiere contraído el hábito de la embriaguez, o tuviere alguna enfermedad contagiosa o constituyere por su conducta un peligro grave para la moralidad de los hijos. Artículo 135. Declarada la nulidad del matrimonio, se procederá a la división de los bienes comunes que durante él se hayan adquirido. Si éstos procedieren de frutos de los bienes de uno de los dos consortes y los dos hubieren procedido de buena fe, la división se hará entre ellos por partes iguales o en los términos que hubieren convenido en las capitulaciones matrimoniales al efecto celebradas; pero si sólo hubiere habido buena fe por parte de uno de los cónyuges, a este se le aplicarán íntegramente dichos bienes. Artículo 136. Declarada la nulidad del matrimonio, la dote se restituirá sin sus frutos a la persona que la haya constituído, si hubiere habido buena fe por parte del marido; pero si hubiere habido mala fe, por parte de éste, los frutos de dicha dote se entregarán íntegros a la mujer si hubiere habido buena fe de parte de ella, y en caso contrario, a la persona que constituyó la dote. Artículo 137. Declarada la nulidad del matrimonio, las donaciones que se hayan hecho a los dos cónyuges en atención al matrimonio, se repartirán entre ellos por partes iguales, si los dos hubieren procedido de buena fe; si sólo uno de ellos hubiere tenido buena fe, a éste se aplicarán por entero con todos sus frutos; si los dos cónyuges obraron de mala fe, las donaciones quedarán sin efecto, a no ser que hubiere hijos, en cuyo caso pertenecerán a éstos. Artículo 138. Si la Donación se hubiere hecho por uno de los cónyuges al otro y los dos hubieren procedido de mala fe, la donación con sus frutos quedará en favor de los hijos
si los hubiere, y en caso contrario, el cónyuge donante no podrá hacer, con motivo de ella, reclamación alguna. Si la donación fuere hecha por el cónyuge inocente al cónyuge de mala fe, la donación quedará sin efecto yolas cosas que fueren objeto de ella se devolverán al donante con todos sus productos. Si la donación fuere hecha por el cónyuge culpable al cónyuge inocente, quedará subsistente. Si la donación fuere hecha por un extraño al cónyuge inocente, quedará también subsistente; pero si fuere hecha al cónyuge culpable, quedará en favor de los hijos, si los hubiere, con y todos sus frutos, y si no hubiere hijos, se devolverá al donante. Artículo 139. Si, al declararse la nulidad del matrimonio, la mujer estuviere en cinta, se dictarán las precauciones a que se refiere la fracción VI del artículo 93, si no se han dictado al tiempo de instaurarse la acción de nulidad. Artículo 140. La mujer no puede contraer segundo matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la disolución del primero. En los casos de nulidad o de divorcio puede contarse ese tiempo desde que se interrumpió la cohabitación. Artículo 141. Es ilícito, pero no nulo, el matrimonio: I. Cuando se ha contraído pendiente la decisión de un impedimento que sea susceptible de dispensa; II. Cuando no se ha otorgado la previa dispensa que refieren los artículos 24 y 25; III. Cuando no ha transcurrido el tiempo que la ley fija a la mujer o al cónyuge que dió causa al divorcio, para contraer nuevo matrimonio. Artículo 142. Los que infrinjan el artículo anterior lo mismo que sus cómplices, y los que contraigan, siendo mayores de edad, matrimonio con un menor, sin la autorización de sus padres, del tutor o del Juez, o que autoricen dicho acto, serán castigados con una pena que no bajará de seis meses ni excederá de dos años de prisión. CAPITULO VIII DE LA PATERNIDAD Y FILIACION DE LOS HIJOS LEGITIMOS Artículo 143. Se presumen por derecho legítimos: I. Los hijos nacidos después de 180 días, contados desde la celebración del matrimonio;
II. Los hijos nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio, ya provenga ésta de nulidad del contrato, ya de muerte del marido o de divorcio. Artículo 144. Contra esta presunción no se admitirá otra prueba que la de haber sido físicamente imposible al marido tener acceso con su mujer en los primeros ciento veint4e días de los trescientos que han precedido al nacimiento. Artículo 145. El marido no podrá desconocer a los hijos alegando adulterio de la madre, aunque ésta declare contra la legitimidad, a no ser que el nacimiento se le haya ocultado o haya acaecido durante una ausencia de más de diez meses. Artículo 146. El marido podrá desconocer al hijo nacido después de trescientos días contados desde que judicialmente y de hecho tuvo lugar la separación definitiva por divorcio; pero la mujer, el hijo o el tutor de éste pueden sostener en estos casos la legitimidad. Artículo 147. El marido no podrá desconocer la legitimidad de un hijo nacido dentro de los ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio: I. Si se probase que supo antes de casarse el embarazo de su futura consorte: para esto se requiere un principio de prueba por escrito; II. Si asistió al acta de nacimiento; y si ésta está firmada por él o contiene su declaración de no saber firmar; III. IV. Si ha reconocido expresamente por suyo al hijo de su mujer; Si el hijo no nació capaz de vivir.
Artículo 148. Las cuestiones relativas a la filiación y legitimidad del hijo nacido después de trescientos días de la disolución del matrimonio, podrán promoverse en cualquier tiempo por la persona a quien perjudique la filiación o la legitimidad del hijo. Artículo 149. En todos los casos en que el marido tenga derecho de contradecir la legitimidad del hijo, deberá deducir su acción dentro de sesenta días, contados desde el del nacimiento, si está presente; desde el día en que llegue al lugar, si estaba ausente; y desde el día en que descubra el fraude, si se le ocultó el nacimiento. Artículo 150. El marido está en tutela por causa de denuncia, imbecilidad y otro motivo que lo prive de inteligencia, este derecho puede ser ejercido por su tutor, Si éste no lo ejerciere, podrá hacerlo el marido, después de haber salido de la tutela; pero siempre en el plazo antes designado, que se contará desde el día en que legalmente se declare haber cesado el impedimento. Artículo 151. Cuando el marido, teniendo o no tutor, ha muerto sin recobrar la razón, los herederos pueden contradecir la legitimidad en los casos en que podría hacerlo el pobre.
Artículo152. Los herederos del marido, excepto en el caso del artículo anterior, no podrán contradecir la legitimidad de un hijo nacido dentro de los ciento ochenta días de la celebración del matrimonio, cuando él no haya comenzado esta demanda. En los demás casos, si el marido ha muerto sin hacer la reclamación dentro del término hábil para hacerla, los herederos tendrán para proponer la demanda, sesenta días desde aquél en que el hijo haya sido puesto en posesión de los bienes del marido, o desde que los herederos se sean turbados por él en la posesión de la herencia. Artículo 153. Si la viuda o divorciada cuyo matrimonio fuere declarado nulo contrajere segundas nupcias dentro del período prohibido para celebrar un nuevo matrimonio, la filiación del hijo que naciere, contraído aquél, se establecerá conforme a las reglas siguientes: I. Se presume que el hijo es el del segundo marido, si naciere después de 270 días de contraído el segundo matrimonio; II. Se presume que el hijo es del primer marido, si naciere antes de ese término, pero dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio; III. Se presume que el hijo es del primer marido, si naciere después de 270 días de disuelto el primer matrimonio, pero antes de los trescientos días que siguieron a su disolución y antes de 180 días de contraído el segundo. El que negare su legitimidad en este caso y en el anterior, deberá probar plenamente la imposibilidad física de que el hijo sea del primer marido. IV. Se presume que el hijo es natural, si naciere después de los trescientos días de disuelto el primer matrimonio y dentro de los 180 días siguientes a la celebración del segundo. En los demás casos que puedan presentarse, no comprendidos en las cuatro reglas que preceden, las dificultades que ocurran se resolverán combinando dichas reglas con las que establece el artículo 143. Artículo 154. El desconocimiento de un hijo, de parte del marido o de sus herederos, se hará por demanda en forma ante el Juez competente. Todo acto de desconocimiento practicado de otra manera es nulo. Artículo 155. En el juicio de contradicción de la legitimidad, serán oídos la madre y el hijo, a quien, si fuere menor, se proveerá de un tutor interino. Artículo 156. Para los efectos legales sólo se reputa nacido el feto que, desprendido enteramente del seno materno, nace con figura humana, y que o vive veinticuatro horas naturales o es presentado vivo al Registro Civil. Faltando alguna de estas circunstancias, nunca y por nadie podrá entablarse demanda de legitimidad.
Artículo 157. No puede haber sobre la filiación legítima, ni transacción ni compromiso en árbitros. Artículo 158. Esta prohibición no quita a los padres la facultad de reconocer a sus hijos, ni a los hijos mayores la de consentir en el reconocimiento. Artículo 159. Puede haber transacción o arbitramento sobre los derechos pecuniarios que ce la filiación, legalmente declarada, pudieran deducirse; sin que las concesiones que se hagan al que se dice hijo, importen la adquisición de estado de hijo legítimo. CAPITULO IX DE LAS PRUEBAS DE LA FILIACION DE LOS HIJOS LEGITIMOS Artículo 160. La filiación de los hijos legítimos se prueba por la partida de nacimiento; y en caso de que no hayan existido registros, o se hayan perdido, o estuvieren rotos o borrados, o faltaren las hojas en que se pueda suponer que estaba el acta, se podrá recibir prueba del acto por instrumentos o testigos; pero si uno solo de los registros se ha inutilizado existe el duplicado, de éste deberá tomarse la prueba, sin admitirla de otra clase. Cuando se cuestione la validez del matrimonio de los padres,. Debe presentarse además el acta de matrimonio de éstos, sin perjuicio de lo prevenido en el artículo siguiente. Artículo 161. Si hubiere hijos nacidos de dos personas que han vivido públicamente como marido y mujer, y ambos hubieren fallecido, o por ausencia o enfermedad les fuere imposible manifestar el lugar en que se casaron, no podrá disputarse a los hijos su legitimidad por sólo la falta de presentación del acta del matrimonio, siempre que se pruebe esta legitimidad por la posesión de estado de hijos legítimos, a la cual no contradiga el acta de nacimiento. Artículo 162. Si un individuo ha sido reconocido constantemente como hijo legítimo de otro por la familia de éste y en la sociedad, quedará probada la posesión de estado de hijo legítimo, si además concurre alguna de las circunstancias siguientes: I. Que el hijo haya usado constantemente el apellido del que pretende ser su padre, con anuencia de éste; II. Que el padre le ha tratado como a su hijo legítimo, proveyendo a su subsistencia, educación y establecimiento. Artículo 163. Estando conforme el acta de nacimiento con la posesión actual de estado de hijo legítimo, no se admite acción en contra, a no ser que el matrimonio sea declarado nulo por mala fe de ambos cónyuges. Artículo 164. Si el acta de nacimiento fuere judicialmente declarada falsa, o si hubiere en ella omisión en cuanto a los nombres de los padres, puede acreditarse la filiación
por los medios ordinarios de prueba que el derecho establece. De la sentencia que declare la filiación, se remitirá testimonio al Juez el Estado Civil para que levante acta, insertando en ella la sentencia; esta acta producirá los mismos efectos que las demás actas de nacimiento. Artículo 165. Las acciones civiles que se intenten contra el hijo por los bienes que ha adquirido durante su estado de hijo legítimo, aunque después resulte no serlo, se sujetarán a las reglas comunes para la prescripción. Artículo 166. La acción que compete al hijo para reclamar su estado, es imprescriptible para él y sus descendientes legítimos. Artículo 167. Los demás herederos del hijo podrán intentar la sesión de que trata el artículo anterior: I. Si el hijo ha muerto antes de cumplir 25 años; y II. Si el hijo cayó en demencia antes de cumplir los 25 años y murió después en el mismo estado. Artículo 168. Los herederos podrán continuar la acción intentada por el hijo, a no ser que éste hubiere desistido totalmente de ella, o nada hubiere promovido judicialmente durante un año contado desde la última diligencia. También podrán contestar toda demanda que tenga por objeto disputarle la condición de hijo legítimo. Artículo 169. Los acreedores, legatarios y donatarios tendrán los mismos derechos que a los herederos conceden los artículos 167 y 168, si el hijo no dejó bienes suficientes para pagarles. Artículo 170. Las acciones de que hablan los tres artículos que preceden, prescriben a los cuatro años contados desde el fallecimiento del hijo. Artículo 171. Siempre que la presunción de legitimidad del hijo fuere impugnada en juicio, durante su menor edad, el Juez nombrará un tutor interino que le defienda. En dicho juicio será oída la madre. Artículo 172. La posesión de la filiación legítima no puede perderse sino por sentencia ejecutoriada en juicio ordinario, que admitirá los recursos que den las leyes en los juicios de mayor interés. Artículo 173. La posesión de la filiación legítima no puede adquirirse por el que no la tiene, sino con arreglo a las prescripciones del artículo 164. Artículo 174. Si el que está en posesión de los derechos de padre o hijo legítimo, fuere despojado de ellos o perturbado en su ejercicio sin que preceda sentencia por la que deba perderlos, podrá usar de las acciones que establecen las leyes, para que se le ampare o restituya en la posesión.
Artículo 175. La prueba de la filiación no basta por sí sola para justificar la legitimidad; ésta se rige además por las reglas sobre validez de los matrimonios y las establecidas en el capítulo VIII de esta ley. CAPITULO X DE LA LEGITIMACION Artículo 176. Pueden ser legitimados todos los hijos habidos fuera de matrimonio. Artículo 177. El único medio de legitimación es el subsiguiente matrimonio de los padres. Artículo 178. El subsiguiente matrimonio legitima a los hijos, aunque sea declarado nulo, si uno de los cónyuges por lo menos tuvo buena fe al tiempo de celebrarlo. Artículo 179. Para legitimar a un hijo natural, los padres deben reconocerle expresamente antes de la celebración del matrimonio Artículo 180. Si el hijo fue reconocido por el padre antes del matrimonio, y en su acta de nacimiento consta el nombre de la madre, no se necesita el reconocimiento expreso de ésta para que la legitimación surta sus efectos legales por el subsiguiente matrimonio. Artículo 181. Tampoco se necesita el reconocimiento del padre si se expresó el nombre de éste en el acta de nacimiento. Artículo 182. Los hijos legitimados tienen los mismos derechos que los legítimos; y los adquieren desde el día en que se celebró el matrimonio de sus padres, aunque el reconocimiento sea posterior. Artículo 183. Pueden ser legitimados los hijos que, al tiempo de celebrarse el matrimonio, hayan fallecido, dejando descendientes. Artículo 184. Pueden serlo también los hijos no nacidos, si el padre al casarse declara que reconoce al hijo de quien la mujer está en cinta o que le reconoce s aquélla estuviera en cinta. Artículo 185. La legitimación de un hijo aprovecha a sus descendientes. CAPITULO XI DE LOS HIJOS NATURALES Artículo 186. Todo hijo nacido fuera de matrimonio es natural.
Artículo 187. Queda absolutamente prohibida la investigación de la paternidad y maternidad de los hijos nacidos fuera de matrimonio. La prohibición es absoluta, tanto en favor como en contra del hijo, salvas las excepciones establecidas en los artículos 197 y 211. Los Jueces que infrinjan esta disposición, cualquiera que sea la causa que para ello alegaron, serán castigados con la pena de destitución de empleo e inhabilitación para obtener otro por un término que no bajará de dos ni excederá de cinco años. CAPITULO XII DEL RECONOCIMIENTO DE LOS HIJOS NATURALES Artículo 188. El reconocimiento es el medio que la ley otorga para comprobar las relaciones de parentesco entre los padres y los hijos habidos fuera de matrimonio. Artículo 189. El reconocimiento sólo surtirá efectos legales cuando se haga en los términos y con las formalidades aquí establecidas. Artículo 190. Toda persona mayor de edad puede reconocer a sus hijos naturales; puede también reconocerlos un menor si tiene un año más de la edad requerida para contraer matrimonio. Artículo 191. Los padres de un hijo natural pueden reconocerlo de común acuerdo. Artículo 192. El reconocimiento sólo produce efectos legales respecto del que lo hace. Artículo 193. El reconocimiento de un hijo natural deberá hacerse de alguno de los modos siguientes: I. En la partida de nacimiento, ante el juez del Registro Civil; II. Por acta especial ante el mismo Juez; III. IV. Por escritura pública; Por testamento;
V. Por confesión judicial directa y expresa. Artículo 194. En los casos de las fracciones III, IV y V del artículo anterior, el reconocimiento no surtirá sus efectos sino hasta que se levante el acta respectiva ante el Juez del Registro Civil, a cuyo efecto a instancia de la parte interesada, se le pasará copia certificada de las constancias correspondientes. Artículo 195. Cuando el padre o la madre reconozcan separadamente a un hijo, no podrán revelar en el acto del reconocimiento el nombre de la persona con quien fue habido,
ni exponer ninguna circunstancia por donde aquélla puede ser conocida. Las palabras que contengan la revelación, se testarán de oficio, de modo que queden absolutamente ilegibles. Artículo 196. El Juez del registro Civil, el ordinario en su caso y el notario que consientan en la violación del artículo que precede, serán castigados con la pena de destitución de empleo e inhabilitación para desempeñar otro por un término que no baje de dos ni exceda de cinco años. Artículo 197. El hijo que está en la posesión de estado de hijo natural, de un hombre o de una mujer, podrá obtener el reconocimiento de aquél o ésta o de ambos, siempre que la persona cuya paternidad o maternidad se reclame, no esté ligada con vínculo conyugal al tiempo en que se pida el reconocimiento, salvo el caso en que el padre y la madre se hayan casado yo el hijo quiera que lo reconozcan para quedar legitimado. Artículo 198. La posesión de estado, para los efectos del artículo anterior, se justificará probando el hijo, por los medios ordinarios, todos los hechos que constituyen aquélla: pero no se admitirán esas pruebas si no hubiere un principio de prueba por escrito. Artículo 199. La obligación contraída de dar alimentos no constituye por sí sola prueba y ni aun presunción de paternidad o maternidad. Tampoco puede alegarse como razón para investigar ésta. Artículo 200. Todo reconocimiento puede ser contradicho por un tercero interesado, después de muerto el que lo hizo. Artículo 201. La mujer que cuida o ha cuidado de la lactancia de un niño al que le ha dado su nombre o permitido que lo lleve, y el que públicamente ha presentado y reconocido como hijo suyo, cuidando de su educación y subsistencia, podrá contradecir el reconocimiento que un hombre haya hecho o pretenda hacer de dicho h8ijo, a cuyo efecto no se le podrá separar de su lado en caso de que viva con ella o esté a su disposición, a menos que consintiere en entregarlo o que fuere obligada a hacer esa entrega por sentencia ejecutoriada. Artículo 202. Cuando la madre contradiga el reconocimiento hecho sin su consentimiento, quedará aquél sin efecto yo el hijo no conservará ninguno de los derechos que le haya dado el referido reconocimiento. Artículo 203. El hijo mayor de edad no puede ser reconocido sin su consentimiento, ni el menor sin el de su tutor, si lo tiene, o de uno que el Juez le nombrará especialmente para el caso. Artículo 104. Puede reconocerse al hijo que aun no ha nacido y al que ha muerto si ha dejado descendencia. Artículo 205. Si el hijo reconocido es menor, puede reclamar contra el r4econocimiento cuando llegue a la mayor edad.
Artículo 206. El término para deducir esta acción será el de cuatro años, que comenzarán a correr desde que el hijo sea mayor, si antes de serlo tuvo noticia del reconocimiento; y si entonces no la tenía, desde la fecha en que la adquirió. Artículo 207. El reconocimiento no es revocable por el que lo hizo; y si se ha hecho en testamento, aunque éste se revoque, no se tiene por revocado aquél. Artículo 208. El menor de edad no puede reconocer a un hijo sin el consentimiento del que o de los que ejercen sobre él la patria potestad, o de la persona bajo cuya tutela se encuentre, o a falta de éste, sin la autorización judicial. Artículo 209. No obstante esto, el reconocimiento hecho por un menor es revocable, si prueba que sufrió engaño al hacerlo; y puede intentar la revocación hasta cuatro años después de la mayor edad. Artículo 210. El reconocimiento solamente confiere al reconocido el derecho de llevar el apellido del que lo hace. Artículo 211. En los casos de rapto o violación, cuando la época del delito coincida con la concepción, podrán los tribunales, a instancia de las partes interesadas, declarar la paternidad. Artículo 212. Las acciones de investigación de paternidad o maternidad, sólo pueden intentarse en vida de los padres. Artículo 213. Si los padres hubieren fallecido durante la menor edad de los hijos, tienen éstos derecho de intentar la acción antes de que se cumpla Artículo 214. En caso de que las acciones de investigación no hubieren podido intentarse durante la vida de los padres por estar éstos casados, los hijos podrán intentar la acción correspondiente dentro de los cuatro años siguientes a la muerte de aquéllos, si fueren mayores de edad o en el término que queda, establecido su fueren menores. Artículo 215. La mujer casada no podrá reconocer sin el consentimiento de su marido a un hijo natural, habido antes de su matrimonio. Artículo 216. El marido podrá reconocer a un hijo natural habido antes de su matrimonio o durante éste; pero no tendrá derecho de llevarlo a vivir a la habitación conyugal, si no es con el consentimiento expreso de la mujer. Artículo 217. El hijo de una mujer casada no podrá ser reconocido como hijo natural por otro hombre distinto del marido, sino cuando éste lo haya desconocido y por sentencia ejecutoriada se haya declarado que no es hijo suyo. Artículo 218. Cuando el padre y la madre reconozcan al; y en caso de que no lo hicieren, el Juez de Primera Instancia del lugar, oyendo a los padres y al Ministerio Público, resolverá lo que mejor creyere conveniente a los intereses del menor.
Artículo 219. En caso de que el reconocimiento se efectúe sucesivamente por los padres, ejercerá la patria potestad el que primero hubiere reconocido, salvo que se conviniere otra cosa entre los interesados, o que el Juez de Primera Instancia del lugar creyere necesario modificar esa situación por causa grave y con audiencia de los interventores y del Ministerio Público. CAPITULO XIII DE LA ADOPCION Artículo 220. Adopción es el acto legal por el cual una persona mayor de edad, acepta a un menor como hijo, adquiriendo respecto de él todos los derechos que un padre tiene y contrayendo todas las responsabilidades que el mismo reporta, respecto de la persona de su hijo natural. Artículo 221. Toda persona mayor de edad, sea hombre o mujer, que no esté unida a otra en legítimo matrimonio, puede adoptar libremente a un menor. Artículo 222. El hombre y la mujer que estuvieren casados, podrán adoptar a un menor cuando los dos estén conformes en tenerlo como hijo de ambos. La mujer sólo podrá hacer una adopción por su exclusiva cuenta, cuando el marido lo permita. Este sí podrá verificarlo sin consentimiento de la mujer, aunque no tendrá derecho en llevar al hijo adoptivo a vivir en el domicilio conyugal. Artículo 223. Para que la adopción pueda tener lugar, deberán consentir en ella: I. El menor, si tuviere doce años cumplidos. II. El que ejerza la patria potestad sobre el menor que se trate de adoptar, o la madre, en el caso de que se trate de un menor que viva con ella y la reconozca como madre y no hubiere persona que ejerza sobre él la patria potestad, o tutor que lo represente; III. El tutor del menor en caso de que éste se encuentre bajo tutela;
IV. El juez del lugar de la residencia del menor, cuando no tenga padres conocidos y carezca de tutor. Artículo 224. Si el tutor o el juez, sin razón justificada no quisiere consentir en la adopción, podrá suplir su consentimiento el Gobernador del Distrito Federal o el del Territorio en que resida el menor, si encontrare que dicho acto es notoriamente conveniente para los intereses morales y materiales del mismo menor. Artículo 225. El que quiera verificar una adopción, deberá presentar un escrito ante el Juez de Primera Instancia de la residencia del menor, expresando su propósito de verificar tal acto, adquiriendo todos los derechos y contrayendo todas las responsabilidades de padre.
La solicitud deberá ir subscrita por la persona bajo cuya tutela o guarda se encontrare el menor, así como por el mismo menor, si ya tuviere doce años cumplidos. A dicho escrito se acompañará la constancia en que el Juez haya autorizado la adopción en los casos en que dicha autorización fuere necesaria, o la autorización del Gobernador cuando este funcionario haya suplido el consentimiento del tutor o del Juez. Artículo 226. El Juez de Primera Instancia que reciba un escrito solicitando hacer una adopción, citará inmediatamente a la persona o personas que lo subscriban, y, oyendo a éstas y al Ministerio Público, decretará o no la adopción, según que la considere conveniente o inconveniente a los intereses morales y naturales de la persona del menor. Artículo 227. La resolución judicial que se dicte negando una adopción, será apelable en ambos efectos. Con la resolución judicial que se dicte autorizando una adopción, quedará ésta consumada tan luego como aquella cause ejecutoria. Artículo 228. El Juez que dictare auto autorizando una adopción, remitirá copia de las diligencias respectivas al Juez del Estado Civil del lugar, para que levante acta, en el libro de actas de reconocimiento, en la que inserte literalmente dichas diligencias, las que conservará en el archivo con el número que les corresponda. Artículo 229. El menor adoptado tendrá los mismos derechos y las mismas obligaciones para con la persona o personas que lo adopten como si se tratara de un hijo natural. Artículo 230. El padre o padres de un hijo adoptivo tendrán respecto de la persona del menor los mismos derechos y obligaciones que respecto de la persona de los hijos naturales. Artículo 231. Los derechos y obligaciones que confiere e impone la adopción se limitarán única y exclusivamente a la persona que la hace y a aquélla respecto de quien se hace, a menos que, al hacer la adopción, el adoptante exprese que el adoptado es hijo suyo, pues entonces se considerará como natural reconocido. Artículo 232. La adopción voluntaria puede dejarse sin efecto, siempre que así lo solicite el que la hizo y consientan en ella todas las personas que consintieron en que ser efectuase. El Juez decretará que la adopción quede sin efecto, si satisfecho de la espontaneidad con que se solicita, encuentra que ésto es conveniente para los intereses morales y materiales del menor. Artículo 233. El decreto del Juez aceptando una abrogación, deja sin efecto la adopción y restituye las cosas al estado que guardaban antes de verificarse.
Artículo 234. La demanda de abrogación se presentará ante el Juez de Primera Instancia del domicilio del adoptante y se acompañarán con ella los documentos exigidos para la adopción. Artículo 235. Si al hacerse la adopción de una persona, el adoptante o los adoptantes declarasen que el adoptado es su hijo natural, la adopción no podrá ser abrogada. Artículo 236. Las resoluciones que dictaren los Jueces aprobando una abrogación, se comunicarán al Juez del Estado Civil del lugar en que aquella se dicte, para que cancele el acta de adopción. CAPITULO XIV DE LA MENOR EDAD Artículo 237. Las personas de ambos sexos que no hayan cumplido veintiún años, son menores de edad CAPITULO XV DE LA PATRIA POTESTAD Artículo 238. Los hijos, cualesquiera que sean su estado, edad y condición, deben honrar y respetar a sus padres y demás ascendientes. Artículo 239. Los hijos menores de edad no emancipados, están bajo la patria potestad, mientras exista alguno de los ascendientes a quienes corresponde aquélla, según la ley. Artículo 240. La patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos legítimos, de los hijos legitimados, de los naturales y de los adoptivos. Artículo 241. La patria potestad se ejerce: I. Por el padre y la madre; II. Por el abuelo y la abuela paternos; III. Por el abuelo y la abuela maternos.
Artículo 242. Solamente por falta o impedimento de todos los llamados preferentemente, entrarán al ejercicio de la patria potestad los que sigan en el orden establecido en el artículo anterior. Si sólo faltare una de las dos personas a que en el orden indicado corresponde la patria potestad, el que quede, continuará en el ejercicio de ese derecho.
Artículo 243. Mientras estuviere el hijo en la patria potestad, no podrá dejar la casa de los que la ejercen, sin permiso de ellos o decreto de la autoridad judicial competente. Artículo 244. A los que tienen al hijo bajo su patria potestad, incumbe la obligación de educarle convenientemente. Los que ejercen la patria potestad, tienen la facultad de corregir y castigar a sus hijos templada y mesuradamente. Artículo 245. Las autoridades auxiliarán a los padres en el ejercicio de ésta y las demás facultades que les concede la ley, de una manera prudente y moderada, siempre que sean requeridos para ello. Artículo 246. El que está sujeto a la patria potestad no puede comparecer en juicio, ni contraer obligación alguna, sin expreso consentimiento del que o de los que ejercen aquel derecho. CAPITULO XVI DE LOS EFECTOS DE LA PATRIA POTESTAD RESPECTO DE LOS BIENES DEL HIJO Artículo 247. Los que ejercen la patria potestad son los legítimos representantes de los que están bajo de ella, y tienen la administración legal de los bienes que les pertenecen, conforme a las prescripciones de la ley. Artículo 248. Cuando la patria potestad se ejerza a la vez por el padre y por la madre, y por el abuelo y la abuela; el administrador de los bienes será el padre o el abuelo; pero consultará en todos los negocios a su consorte y requerirá su consentimiento expreso para los actos más importantes de la administración. El padre o el abuelo, en su caso, representará también a sus hijos en juicio; pero no podrá celebrar ningún arreglo para terminarlo, sino es con el consentimiento expreso de su consorte, y con la autorización judicial cuando la ley lo requiera expresamente. Artículo 249. Los que ejerzan la patria potestad tendrán sobre los bienes del hijo, mientras dure la administración, la mitad del usufructo de ellos. Artículo 250. Los réditos y rentas que se hayan vencido antes de que los padres o abuelos entren en posesión d ellos bienes cuya propiedad corresponda al hijo, pertenecerán a éste, y en ningún caso serán frutos de que deberá gozar el que o los que ejercen la patria potestad. Artículo 251. El usufructo de los bienes concedido a los que ejercen la patria potestad, lleva consigo las obligaciones que expresa el capítulo V de esta ley, y además, las impues6tas a los usufructuarios, con excepción de la de afianzar.
Artículo 252. Los que ejercen la patria potestad no pueden enajenar ni gravar de ningún modo los bienes inmuebles y muebles preciosos que correspondan al hijo, sino por causa de absoluta necesidad o evidente utilidad, y previa la autorización del Juez competente. Artículo 253. El derecho de usufructo concedido a los que ejercen la patria potestad se extingue: I. Por la mayor edad de los hijos; II. Por la pérdida de la patria potestad; III. Por renuncia.
Artículo 254. La renuncia del usufructo hecha a favor del hijo, será considerada como donación. Artículo 255. Los que ejercen la patria potestad no tienen obligación de dar cuenta de su gerencia más que respecto de los bienes y frutos que no les pertenezcan. Artículo 256. En todos los casos en que los que ejercen la patria potestad tengan un interés opuesto al de sus hijos menores, serán éstos representados en juicio y fuera de él por un tutor nombrado por el juez para cada caso. Artículo 257. Siempre que el juez conceda licencia a los que ejercen la patria potestad para enajenar un bien inmueble o un mueble precioso perteneciente al menor, tomará las medidas necesarias para asegurar que el producto de la venta se dedique al objeto a que se destina, y para que le resto se invierta adquiriendo un inmueble, o se imponga con segura hipoteca en favor del menor. Artículo 258. Los jueces tienen facultad de tomar las medidas necesarias para asegurar los bienes del hijo, siempre que el que ejerce la patria potestad los administre mal, derrochándolos o haciéndoles sufrir pérdidas de consideración. Estas medidas se tomarán a instancia de la madre o de la abuela, cuando fuere el padre o el abuelo el que administre o el del abuelo cuando fuere la madre la que estuviere administrando, o de los hermanos mayores del menor, o de éste mismo cuando hubiere cumplido catorce años, o del Ministerio Público. CAPITULO XVII DE LOS MODOS DE ACABARSE Y SUSPENDERSE LA PATRIA POTESTAD Artículo 259. La patria potestad se acaba: I. Por la muerte del que ejerce, si no hay otra persona en quien recaiga;
II. Por la mayor edad del hijo; III. Por la emancipación en los términos del artículo 479.
Artículo 260. La patria potestad se pierde cuando el que la ejerce es condenado a alguna pena que importe la pérdida de este derecho, y en los casos señalados por los artículos 94 y 99,. Artículo 261. Los tribunales pueden privar de la patria potestad al que la ejerce, o modificar su ejercicio, si trata a los que están en ella con excesiva severidad, no los educa, o les impone preceptos inmorales, o les da ejemplos o consejos corruptores. Artículo 262. La patria potestad se suspende: I. Por incapacidad declarada judicialmente en los casos II, III y IV del artículo 299; II. Por la ausencia declarada en forma; III. Por sentencia condenatoria que imponga como pena esa suspensión.
Artículo 263. Los que ejerzan la patria potestad conservan su derecho al usufructo de los bienes del hijo menor, si por demencia han quedado suspensos en el ejercicio de ella. Artículo 264. Los abuelos y abuelas pueden siempre renunciar su derecho a la patria potestad o al ejercicio de ésta; la cual en ambos casos recaerá en el ascendiente o ascendientes a que corresponda según la Ley. Si no los hubiere, se proveerá a la tutela del menor conforme a derecho. Artículo 265. El ascendiente que renuncie a la patria potestad, no puede recobrarla. Artículo 266. La madre o abuela viuda que ejerza la patria potestad perderá el derecho a ella, si vive en mancebía o dá a luz un hijo ilegítimo. La abuela no tendrá derecho a entrar en el ejercicio de la patria potestad si viviera en mancebía o diere a luz un hijo ilegítimo antes de que recaiga en ella ese derecho. Artículo 267. La madre o abuela que pasa a segundas nupcias pierde la patria potestad. Si no hubiere persona en quien recaiga, se proveerá a la tutela conforme a la ley. Artículo 268. La tutela en ningún caso podrá recaer en el segundo marido. Artículo 269. La madre o abuela que volviese a enviudar, recobrará los derechos perdidos por haber contraído segundas nupcias. CAPITULO XVIII DEL CONTRATO DE MATRIMONIO CON RELACION A LOS BIENES DE LOS CONSORTES
Artículo 270. El hombre y la mujer, al celebrar el contrato de matrimonio, conservarán la propiedad y administración de los bienes que respectivamente les pertenecen; y, por consiguiente, todos los frutos y accesiones de dichos bienes no serán comunes, sino del dominio exclusivo de la persona a quien aquéllos correspondan. Artículo 271. Serán también propios de cada uno de los consortes los salarios, sueldos, honorarios y ganancias que obtuviere por servicios personales, por el desempeño de un empleo o ejercicio de una profesión, o en un comercio o industria. Artículo 272. El hombre y la mujer, antes o después de contraer matrimonio, pueden convenir en que los productos de todos los bienes que poseen o de alguno o algunos de ellos, especificándolos en todo caso, serán comunes; pero entonces fijarán de una manera clara y precisa la fecha en que se ha de hacer la liquidación y presentar las cuentas correspondientes. Artículo 273. El hombre y la mujer, antes de celebrar el contrato de matrimonio, pueden convenir en que los productos de su trabajo, profesión, industria o comercio se dividirán entre ellos en determinada proporción, siempre que la mujer tenga en los productos del marido la misma representación que ella conceda a éste en los suyos. Esto mismo se observará en el caso del artículo anterior. La infracción de este precepto, será causa de nulidad del contrato. Artículo 274. El marido puede conceder a la mujer en los productos que obtuviere por su trabajo o con sus bienes, una representación mayor que la que la mujer le conceda en los suyos. El marido puede también conceder a la mujer una parte de los productos de su trabajo, profesión, comercio o industria o de sus bienes, aunque la mujer no preste ningún trabajo, ni ejerza alguna profesión, comercio o industria, o no tenga bienes propios. Artículo 275. Los pactos a que se refiere el artículo anterior, solo surtirán efectos con relación a y tercero, siempre que consten en escritura pública debidamente registrada, si se tratare de bienes raíces y que no comprendan más de la mitad de los frutos o productos. Artículo 276. El cónyuge que faltare a lo convenido, dará derecho al otro, o para pedir el cumplimiento del contrato, o para pedir su rescisión para lo sucesivo yo el cumplimiento de él hasta la fecha de la demanda. Artículo 277. La mujer tendrá siempre derecho preferente sobre los productos de los bienes del marido y sobre sus sueldos, salarios u honorarios para pagarse de las cantidades que correspondan para alimento de ella y de sus hijos menores. También tendrá derecho preferente para igual objeto sobre los mismos bienes propios del marido, después que se paguen con el valor de éstos los créditos hipotecarios o prendarios legalmente establecidos. Artículo 278. El marido tendrá el derecho que a la mujer confiere el artículo anterior, cuando ésta tenga que contribuir en todo o en parte para los gastos de la familia y del hogar.
Artículo 279. Los bienes que los cónyuges adquieran en común por donación, herencia, legado o por cualquier otro título gratuito u oneroso o por donde la fortuna, entretanto se hace la división, serán administrados por ambos o por uno de ellos con acuerdo del otro; pero en este caso, el que administre, será considerado como mandatario del otro. Artículo 280. Ni el marido podrá cobrar a la mujer, ni ésta a aquél retribución u honorario alguno por los servicios personales que le prestare o por los consejos y asistencia que le diere; pero si uno de los consortes por ausencia, enfermedad o impedimento del otro se encargare temporalmente de la administración de sus bienes, tendrá derecho a que se le *atribuya por ese servicio en proporción a su importancia y al resultado que produjere. Artículo 281. Cuando el marido y la mujer ejercieren la patria potestad, se4 dividirán entre sí por partes iguales el producto de la mitad del usufructo que la ley les concede. Artículo 282. El marido responde a la mujer y ésta a aquél de los daños y perjuicios que le cause su dolo, culpa o negligencia. Artículo 283. Las sentencias que se pronunciaren en contra del marido, no podrán hacerse efectivas en contra de la mujer, y de la misma manera las que se pronunciaren en contra de ésta, no podrán afectar al marido. Artículo 284. La casa en que esté establecida la morada conyugal y los bienes que le pertenezcan, sean propios de uno de los cónyuges o de ambos, no podrán ser enajenados sino es con el consentimiento expreso de los dos; y nunca podrán ser hipotecados o de otra manera gravados, ni embargados por los acreedores del marido o de la mujer o de ambos, siempre que dichos objetos no tengan en junto un valor mayor de diez mil pesos. Si la residencia conyugal estuviere en el campo, ella y los objetos que le pertenezcan tampoco podrán ser enajenados sino con consentimiento expreso de ambos consortes; y en ningún caso podrán ser hipotecados o de otra manera gravados juntamente con los terrenos que le correspondan, si no valen en conjunto más de diez mil pesos. Cuando un matrimonio tuviere varias casas o propiedades en que resida en distintos períodos del año, deberá designar ante la autoridad municipal del lugar en que esté ubicada la residencia que quiera señalar, cual es la que ha gozar del privilegio que le concede esta disposición. En caso de que no se hiciere esta manifestación, a todas ellas se aplicará lo prevenido en este artículo para los casos de enajenación, hipoteca o gravamen; y, en caso de embargo, se respetará solamente la que ocupare el matrimonio en el momento de la diligencia. CAPITULO XIX DE LAS DONACIONES ANTENUPCIALES
Artículo 285. Se llaman antenupciales, las donaciones que antes del matrimonio hace un esposo al otro, cualquiera que sea el nombre que la costumbre les haya dado. Artículo 286. Son también donaciones antenupciales las que un extraño hace a alguno de los esposos o a entrambos, en consideración al matrimonio. Artículo 287. Las donaciones antenupciales entre los esposos, aunque fueren varias, no podrán acceder, reunidas, de la sexta parte de los bienes del donante. En el exceso, la donación será inoficiosa. Artículo 288. Las donaciones antenupciales hechas por un extraño, serán inoficiosas en los términos en que lo fueren las comunes. Artículo 289. Para calcular si es inoficiosa una donación antenupcial, tienen el esposo donatario y sus herederos, la facultad de eregir la época en que se hizo la donación o la del fallecimiento del donador. Artículo 290. Si al hacerse la donación no se formó inventario de los bienes del donador, no podrá elegirse la época en que aquélla se otorgó. Artículo 291. Las donaciones antenupciales no necesitan, para su validez, de aceptación expresa. Artículo 292. Las donaciones antenupciales no se revocan por sobrevenir hijos al donante. Artículo 293. Tampoco se revocarán por ingratitud, a no ser que el donante fuere un extraño, que la donación haya sido hecha a ambos esposos, y que ambos sean ingratos. Artículo 294. Las donaciones antenupciales son revocables y se entienden revocadas por el adulterio o el abandono injustificado del domicilio conyugal por parte del donatario, cuando el donante fuere el otro cónyuge. Artículo 295. Los menores pueden hacer donaciones antenupciales, pero sólo con intervención de sus padres o tutores y con aprobación judicial. Artículo 296. Las donaciones antenupciales quedarán sin efecto si el matrimonio dejare de verificarse. Artículo 297. Son aplicables a las donaciones antenupciales las reglas de las donaciones comunes, en todo lo que no fueren contrarias a este capítulo. CAPITULO XX DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LA TUTELA
Artículo 298. El objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes de los que no estando sujetos a la patria potestad, tienen incapacidad natural y legal, a sólo la segunda, para gobernarse por sí mismos. La tutela, puede también tener por objeto la representación interina del incapaz en los casos especiales que señala la ley. Artículo 299. Tienen incapacidad natural y legal: I. Los menores de edad; II. Los mayores de edad privados de inteligencia por locura, idiotismo e imbecilidad, aún cuando tengan intervalos lúcidos; III. IV. Los sordo-mudos que no saben leer ni escribir; Los ebrios habituales.
Artículo 300. Tienen incapacidad legal para la administración de sus bienes y para los negocios judiciales, los menores de edad emancipados. Artículo 301. La tutela se desempeña por el tutor con intervención del curador, en los términos establecidos por la ley. Artículo 302. Ningún incapaz puede tener a un mismo tiempo más de un tutor definitivo y un curador. Artículo 303. Un tutor y un curador pueden desempeñar la tutela de varios incapaces. Artículo 304. Los cargos de un tutor y curador de un incapaz, no pueden ser desempeñados por una misma persona. Tampoco pueden desempeñarse por personas que tengan entre sí parentesco en cualquier grado en la línea recta o dentro del cuarto en la colateral. Artículo 305. La tutela es un cargo personal, de que ninguno puede eximirse sino por causa legítima. Artículo 306. Cuando fallezca una persona que ejerza la patria potestad sobre un menor o incapacitado a quien deba nombrarse tutor, el ejecutor testamentario y en caso de intestado los parientes y personas con quienes haya vivido el difunto, están obligados a da parte del fallecimiento dentro de ocho días al Juez del lugar, a fin de que se provea a la tutela, bajo pena de veinticinco a cien pesos de multa. Artículo 307. El cargo del tutor se defiere; I. En testamento; II. Por elección del mismo menor confirmada por el mismo Juez;
Por nombramiento exclusivo del Juez; Por la ley.
Artículo 308. El cargo de curador se defiere por los tres primeros modos. Artículo 309. Ninguna tutela puede deferirse sin que previamente se declare, en los términos que disponga el Código de Procedimientos, el estado de la persona que va a quedar sujeta a ella. Artículo 310. El menor de edad que fuere demente, idiota, imbécil o sordo-mudo, estará sujeto a la tutela de menores, mientras no llegue a la mayor edad. Si al cumplirse ésta continuare el impedimento, el incapaz se sujetará a la nueva tutela, previo juicio de interdicción formal, en el que serán oídos el tutor y curador anteriores. Artículo 311. Los hijos menores de un incapacitado, quedarán bajo la patria potestad del ascendiente que corresponda conforme a la ley, y no habiéndolo, se les proveerá de tutor legalmente. Artículo 312. La tutela del demente, idiota, sordo-mudo o ebrio, durará el tiempo que dure la interdicción, si fuere ejercida por el cónyuge, por los hijos o por los ascendientes. Si fuere ejercida por cualquier otra persona, podrá cesar a los diez años, si el tutor la renuncia; en cuyo caso, se proveerá de nuevo conforme a la ley. Artículo 313. La interdicción no cesará por la muerte del incapacitado o por sentencia definitiva, que se pronunciará en juicio seguido conforme a las mismas reglas establecidas para el de interdicción. CAPAITULO XXI DEL ESTADO DFE INTERDFICCION Artículo 314. Son nulos todos los actos de administración, ejecutados y los contratos celebrados por los menores de edad, antes y después del nombramiento de tutor, si éste no los autoriza. En cuanto a los actos de administración ejecutados y los contratos celebrados por los demás sujetos a interdicción antes del nombramiento de tutor, serán nulos si la causa de la interdicción era patente y notoria en la época en que se ejecutó el acto administrativo o se celebró el contrato. Artículo 315. Son también nulos los actos de administración y los contratos celebrados por los menores emancipados, que sean contrarios a las restricciones legales. Artículo 316. Por último, son nulos todos los actos y contratos de los demás incapacitados, posteriores al nombramiento de tutor interino, si no son autorizados por éste o por el tutor definitivo en su caso.
Artículo 317. La nulidad a que se refieren los artículos anteriores, sólo pude ser alegada, sea como acción, sea como excepción, por el mismo incapacitado, o en su nombre, por sus legítimos representantes; pero no por las personas con quienes contrató, ni por los fiadores que se hayan dado al tiempo de otorgarse la obligación, ni por los mancomunados con ella. Artículo 318. La acción para pedir la nulidad, prescribe en los mismos términos en que prescriben las acciones personales o reales, según la naturaleza del acto, cuya nulidad se pretende. Artículo 319. Los menores de edad no pueden alegar la nulidad de que hablan los artículos 312, 313 y 314, en las obligaciones que hubieren contraído sobre materias propias de la profesión o arte en que sean peritos. CAPITULO XXII DE LA TUTELA TESTAMENTARIA Artículo 320. El último ascendiente que ejerciere la patria potestad, en cada grado, tiene derecho aunque fuere menor de nombrar tutor, en su testamento, aquellos sobre quienes la ejerce, con inclusión del póstumo. Artículo 321. El nombramiento de tutor testamentario, hecho por el último ascendiente que, en cada grado ejerza la patria potestad, excluye de ésta a los ascendientes de ulteriores grados. Artículo 322. En el caso del artículo anterior, si el ascendiente excluido de la patria potestad estuviere incapacitado para ejercerla o se encontrare ausente, la tutela subsistirá aunque cuando cese el impedimento, a menos que el ascendiente que hizo el nombramiento de tutor haya expresado que éste sólo duraría el tiempo que subsistiere la incapacidad o impedimento del ascendiente excluido. Artículo 323. El que en su testamento, aun cuando sea un menor no emancipado, deja bienes, sea por legado, sea por herencia, a un incapaz, que no está en su patria potestad ni en la de otro, puede nombrar tutor sólo para la administración de los bienes que le deja. Artículo 324. Si fueren varios los menores, podrá nombrárseles un tutor común, o conferirse a persona diferente la tutela de cada uno de ellos. Artículo 325. En el primer caso, si los intereses de alguno o algunos de los menores fueren opuestos a la de los otros, el tutor lo pondrá en conocimiento del Juez, quien nombrará un tutor especial que defienda los intereses de los menores que él mismo designe, mientras se decide el punto de oposición. Artículo 326. El padre que ejerce la tutela de un hijo sujeto a la interdicción por incapacidad intelectual puede nombrarle tutor testamentario, si la madre ha fallecido o no puede legalmente ejercer la tutela.
Artículo 327. La madre, en su caso, podrá hacer el nombramiento de que trata el artículo anterior. Artículo 328. En ningún otro caso, hay lugar a la tutela testamentaria del incapacitado. Artículo 329. Siempre que se nombren varios tutores, desempeñará la tutela el primer nombrado, a quien substituirán los demás por el orden de su nombramiento en los casos de muerte, incapacidad, excusa o remoción. Artículo 330. Lo dispuesto en el artículo anterior no regirá cuando el testador haya establecido el orden en que los tutores deben sucederse en el desempeño de la tutela. Artículo 331. Deben observarse todas las reglas, limitaciones y condiciones puestas por el testador para la administración de la tutela, que no sean contrarias a las leyes, a no ser que el Juez, oyendo al tutor y al curador, las estime dañosas a los menores, en cuyo caso, podrá dispensarlas o modificarlas. Artículo 332. Si por un nombramiento condicional de tutor o por cualquier otro motivo, faltare temporalmente el tutor testamentario, el Juez proveerá de tutor interino al menor, conforme a las reglas generales sobre el nombramiento de tutores. CAPITULO XXIII DE LA TUTELA LEGITIMA DE LOS MENORES Artículo 333. Hay lugar a la tutela legítima: I. En los casos de suspensión o pérdida de la patria potestad, o de impedimento del que o los que han de ejercerla; II. Cuando no hay tutor testamentario; III. Cuando debe nombrarse tutor por causa de divorcio.
Artículo 334. La tutela legítima corresponde: I. A los hermanos varones, prefiriéndose a los que lo sean por ambas líneas; II. Por falta o incapacidad de los hermanos, a los tíos, hermanos del padre o de la madre. Artículo 335. Si hubiere varios hermanos de igual vínculo, o varios tíos de igual grado, el Juez elegirá entre ellos al que le parezca más apto para el cargo; pero si el menor hubiere cumplido ya catorce años, él hará la elección.
Artículo 336. La falta temporal del tutor legítimo, se suplirá en los términos establecidos en los artículos anteriores. CAPITULO XXIV DE LA TUTELA LEGITIMA DE LOS DEMENTES, IDIOTAS, IMBECILES, SORDO-MUDOS Y EBRIOS Artículo 337. El marido es tutor legítimo y forzoso de su mujer, y ésta lo es de su marido. Artículo 338. Los hijos varones mayores de edad son tutores de su padre o madre viudos. Artículo 339. Cuando haya dos o más hijos, será preferido el que viva en compañía del padre o de la madre; y siendo varios los que estén en el mismo caso, el Juez elegirá al que le parezca más apto. Artículo 340. El padre y por su muerte o incapacidad, la madre que se conserve viuda, son de derecho tutores de sus hijos legítimos o naturales reconocidos, solteros o viudos, que no tengan hijos varones que puedan desempeñar la tutela. Artículo 341. A falta de tutor testamentario y de persona que, con arreglo a los artículos anteriores, deba desempeñar la tutela, serán llamados a ella el abuelo paterno; en falta de éste, el materno; en falta de éste, los hermanos del incapacitado; en falta de ellos, los tíos paternos; y en la de éstos, los maternos. Respecto de los hermanos y de los tíos, se observará lo dispuesto en los artículos 335 y 336. Artículo 342. El tutor de un incapacitado que tenga hijos menores en su patria potestad, será también tutor de ellos, si no hay otro ascendiente a quien la ley llame al ejercicio de aquél derecho. CAPAITULO XXV DE LA TUTELA LEGITIMA DE LOS HIJOS ABANDONADOS Artículo 343. La ley coloca a los expósitos bajo la tutela de la persona que los haya recogido; la cual tendrá las obligaciones, facultades y restricciones establecidas para los demás tutores. Artículo 344. Los directores de las inclusas, hospicios y demás casas de beneficencia, donde se reciben niños abandonados, desempeñarán la tutela de éstos con arreglo a las leyes y a lo que prevengan los estatutos del es6tablecimiento. Artículo 345. En el caso del artículo anterior, no es necesario discernimiento del cargo.
CAPITULO XXVI DE LA TUTELA DATIVA Artículo 346. El tutor dativo será nombrado por el Juez, si el menor no ha cumplido catorce años. Si es mayor de esta edad, él mismo nombrará el tutor, y el Juez confirmará el nombramiento, si no tiene justa causa en contrario. Para reprobar los ulteriores nombramientos que haga el menor, se oirá además a un defensor que el mismo menor elegirá. Artículo 347. La tutela dativa tiene lugar: I. Cuando no hay tutor testamentario ni persona a quien conforme a la ley corresponda la tutela legítima; II. Cuando el tutor testamentario está impedido temporalmente de ejercer su cargo, y no hay ningún pariente de los designados en el artículo 334. CAPITULO XXVII DE LAS PERSONAS INHABILES PARA LA TUTELA Y DE LAS QUE DEBEN SER SEPARADAS DE ELLA Artículo 348. No pueden ser tutores, aunque estén anuentes en recibir el cargo: I. Las mujeres, excepto en los casos de los artículos 337 y 340; II. Los menores de edad; III. Los mayores de edad que se encuentren bajo tutela;
IV. Los que hayan sido removidos de otra tutela en los casos de las fracciones I, II y III del artículo 349; V. Los que por sentencia que cause ejecutoria, hayan sido condenados a la privación de este cargo o a la inhabilitación para obtenerlo; VI. Los que no tengan oficio o modo de vivir conocido o sena notoriamente de mala vida; VII. Los que al deferirse la tutela, tengan pleito pendiente con el menor;
VIII. Los deudores del menor en cantidad considerable, a juicio del Juez; a no ser que el que nombre tutor testamentario, lo haya hecho con conocimiento de la deuda, declarándolo así expresamente al hacer el nombramiento;
IX. Los jueces, magistrados y demás funcionarios o empleados de la administración de justicia; X. El extranjero que no esté domiciliado, respectivamente, en el Distrito o en los Territorios Federales; XI. Los empleados públicos de hacienda que por razón de su destino, tengan responsabilidad pecuniaria actual, o la hayan tenido y no la hubieren cubierto. XII. Los demás a quienes les prohiba la ley.
Artículo 349. Serán separados de la tutela: I. Los que, sin haber caucionado su manejo conforme al capítulo XXIX, ejerzan la administración de la tutela; II. Los que se condujeren mal en el desempeño de la tutela, ya sea respecto de la persona, ya respecto de la administración de los bienes del menor; III. Los comprendidos en el artículo 349, desde que sobrevenga o se averigüe su incapacidad. IV. El tutor en el caso prevenido en el artículo 24.
Artículo 350. No pueden ser tutores ni curadores del demente los que hayan sido causa de la demencia, ni de los que la hayan fomentado directa o indirectamente. Artículo 351. Lo dispuesto en el artículo anterior, se aplicará, en cuanto fuere posible, a la tutela de los idiotas, imbéciles, sordo mudos y ebrios. Artículo 352. La separación del tutor se hará siempre con su audiencia y por sentencia judicial. Artículo 353. El tutor que fuere acusado por cualquier delito, quedará suspenso del ejercicio de su encargo, desde que se prevea el auto motivado de prisión, hasta que se pronuncie sentencia irrevocable en su favor. Artículo 354. En el caso de que se trata en el artículo anterior, se proveerá la tutela conforme a la Ley. Absuelto el tutor, volverá al ejercicio de su encargo. CAPITULO XXIII DE LAS EXCUSAS DE LA TUTELA Artículo 355. Pueden excusarse de ser tutores de cualquier clase: I. Los empleados y funcionarios públicos;
II. Los militares en servicio activo; III. Los que tengan bajo su patria potestad tres o más descendientes legítimos;
IV. Los que fueren tan pobres que no puedan atender a la tutela sin menoscabo de sus subsistencia; V. Los que por el mal estado habitual de su salud, o por no saber leer ni escribir, no puedan atender debidamente a la tutela; VI. VII. Los que no tengan sesenta años cumplidos; Los que tengan a su cargo otra tutela o curaduría.
Artículo 356. El que teniendo excusa legítima para ser tutor, acepta el cargo, renuncia por el mismo hecho, a la excusa que le concede la ley. Artículo 357. Los impedimentos y excusas para la tutela deben proponerse ante el juez competente. Artículo 358. El tutor debe proponer sus impedimentos o excusas dentro de diez días después de sabido el nombramiento; disfrutando un día más por cada veinte ik8ilómetros que medien entre su domicilio y el lugar de la residencia del juez competente. Artículo 359. Cuando el impedimento o la causa legal de excusa ocurrieren después de la admisión de la tutela, los términos señalados en el artículo anterior, correrán desde el día en que el tutor conoció el impedimento o la causa legal de la excusa. Artículo 360. Por el lapso de los términos se entiende renunciada la excusa. Artículo 361. Si el tutor tuviere dos o más excusas, las pondrá simultáneamente dentro del plazo; y si propone una sola, se tendrán por renunciadas las demás. Artículo 362. Durante el juicio de impedimento o de excusa, el juez nombrará un tutor interino con los requisitos legales. Artículo 363. El tutor testamentario que se excusare de la tutela, perderá todo derecho a lo que le hubiere dejado el testador. Artículo 364. El tutor de cualquiera clase que, sin excusa, o desechada la que hubiere propuesto, no desempeñe la tutela, pierde el derecho que tenga para heredar al menor que muera intestado, y es responsable de los daños y perjuicios que por su renuncia hayan sobrevenido al menor. En igual pena incurre la persona a quien corresponda la tutela legítima, si legalmente citado no se presenta al juez manifestando su parentesco con el incapaz.
Artículo 365. Muerto un tutor que esté administrando la tutela, sus herederos o ejecutores testamentarios están obligados a dar aviso al juez, quien proveerá inmediatamente al menor, del tutor que corresponda según la ley. CAPITULO XXIX DE LA GARANTIA QUE DEBEN PRESTAR LOS TUTORES PARA ASEGURAR SU MANEJO Artículo 366. El tutor antes de que se le discierna el cargo, prestará caución para asegurar su manejo. Esta caución consistirá: I. En hipoteca; II. En fianza. Artículo 367. No se admitirá la fianza, sino cuando el tutor no tenga bienes en que constituir la hipoteca. Artículo 368. Cuando los que tengan no alcancen a cubrir la cantidad que ha de asegurarse conforme al artículo siguiente, la garantía podrá consistir, parte en hipoteca, parte en fianza, o solo en fianza, a juicio del juez y previa audiencia del curador. Artículo 369. La hipoteca, y a su vez la fianza, se darán: I. Por el importe de las rentas que deban producir los bienes raíces en dos años y los réditos de los capitales impuestos, durante el mismo tiempo; II. Por el de los bienes muebles y de los enseres y semovientes de las fincas rústicas; III. Por el de los productos de las mismas fincas en dos años, graduados por peritos o por término medio en un quinquenio, a elección del Juez; IV. Por el de las utilidades anuales en las negociaciones mercantiles o industriales, calculadas por los libros, si están llevados en debida forma, o a juicio de peritos. Artículo 370. Si los bienes del menor enumerados en el artículo que precede, aumentan o disminuyen durante la tutela, podrán aumentarse o disminuirse proporcionalmente la hipoteca y la fianza, a pedimento del tutor, del curador o del Ministerio Público. Artículo 371. Si el tutor dentro de tres meses después de aceptado su nombramiento, no pudiere dar la garantía por las cantidades que fija el artículo 368, se procederá al nombramiento de nuevo tutor.
Artículo 372. Durante los tres meses señalados en el artículo precedente, desempeñará la administración de los bienes un tutor interino, quien los recibirá por inventario solemne y no podrá ejecutar otros actos de administración, que los que le sean expresamente determinados por el juez, y siempre con intervención del curador. Artículo 373. Están exceptuados de la obligación de dar garantía: I. Los tutores testamentarios, cuando expresamente los haya relevado de esta obligación el testador; II. Los tutores de cualquier clase que sean, siempre que el incapaz no esté en posesión efectiva de sus bienes, y sólo tenga crédito o derechos litigosos; III. El padre, la madre y los abuelos, en los casos en que conforme a la ley son llamados a la tutela de sus descendientes; salvo lo dispuesto en el artículo 376; IV. Los que recojan a un expósito y lo alimenten y eduquen convenientemente por más de diez años, a no ser que hayan recibido pensión para cuidar de él. Artículo 374. Los comprendidos en la fracción I del artículo anterior, sólo estarán obligados a dar garantía, cuando con posterioridad a su nombramiento haya sobrevenido causa ignorada por el testador, que haga necesaria aquélla, a juicio del juez y previa audiencia del curador. Artículo 375. En el caso de la fracción II del artículo 372, luego que se realicen algunos créditos o derechos, o se recobren los bienes, aun cuando sea en parte, estará obligado el tutor a dar la garantía correspondiente. El curador vigila4rá, bajo su más estrecha responsabilidad, el cumplimiento de este artículo. Artículo 376. Cuando la tutela del incapacitado recaiga en el cónyuge, en los ascendientes o en los hijos, no se dará garantía; salvo el caso de que el juez, con audiencia del curador, lo crea conveniente. Artículo 377. Siempre que el tutor sea también coheredero del incapaz, y éste no tenga más bienes que los hereditarios, no se podrá exigir al tutor otra hipoteca que la de su misma porción hereditaria; a no ser que esta porción no iguale a una mitad de la del incapaz, en cuyo caso, se integrará la garantía con hipoteca de bienes propios del tutor o con fianza. Artículo 378. Al presentar el tutor su cuenta anual, el curador debe promover información de supervivencia o idoneidad de los fiadores dados por aquél. También podrá promover esta información siempre que la estime conveniente. El Ministerio Público tiene igual facultad, y aun el juez puede de oficio exigir esa información. En todo caso, será citado para ella el Ministerio Público. Artículo 379. Es también obligación del curador vigilar el estado de las fincas hipotecadas por el tutor, dando aviso al juez de los deterioros y menoscabos que en ellas
hubiere, para que, si es notable la disminución del precio, se exija al tutor que asegure con otros, los intereses que administra. Artículo 380. Siendo varios los menores o incapacitados, cuyo haber consista en bienes procedentes de una herencia, indivisa, si son varios los tutores, solo se exigirá a cada uno de ellos la hipoteca o fianza por la parte que corresponda a su representado. CAPITULO XXX DEL DESEMPEÑO DE LA TUTELA Artículo 381. Cuando el tutor tenga que administrar bienes, no podrá entrar a la administración sin que antes se nombre curador, excepto en el caso del artículo 435. Artículo 382. El tutor que entre a la administración de los bienes sin que se haya nombrado curador, y será responsable de los perjuicios que cause al menor, además separado de la tutela; mas ningún extraño puede rehusarse a tratar con él judicial o extrajudicialmente, alegando la falta de curador. Artículo 383. El tutor está obligado a alimentar y educar al menor; a cuidar de su persona; a administrar sus bienes, y a representarle en juicio y fuera de él en todos los actos civiles, con excepción del matrimonio, el reconocimiento de hijos, el testamento y otros de la misma clase. Artículo 384. El menor debe respetar a su tutor. Este tiene respecto de aquél, las mismas facultades que a los ascendientes conceden los artículos 242 y 243. Artículo 385. Los gastos de alimentos y educación del menor deben regularse de manera que nada necesario le falte, según su condición y riqueza. Artículo 386. Cuando el tutor entre en el ejercicio de su cargo, el Juez fijará con audiencia de aquél, la cantidad que haya de invertirse en los alimentos y educación del menor, sin perjuicio de alterarla, según el aumento o disminución del patrimonio y otras circunstancias. Por las mismas razones, podrá el juez alterar la cantidad que el que nombre tutor hubiere señalado para dicho objeto. Artículo 387. El tutor, dentro del primer mes de ejercer su cargo, fijará, con aprobación del juez, la cantidad que haya de invertirse en gastos de administración y el número y sueldo de los dependientes necesarios para ella. Ni el número ni el sueldo de los empleados podrá aumentarse después, sino con aprobación judicial. Artículo 388. Esta prohibición no liberta al tutor de justificar, al rendir sus cuentas, que efectivamente han sido gastadas dichas sumas en sus respectivos objetos. Artículo 389. El tutor destinará al menos a la carrera u oficio que éste elija, según sus circunstancias.
Artículo 390. Si el que tenía patria potestad sobre el menor lo había dedicado a alguna carrera, el tutor no variará ésta sin aprobación del Juez, quien decidirá este punto prudentemente y oyendo en todo caso al mismo menor. Artículo 391. Si las rentas del menor no alcanzan a cubrir los gastos de sus alimentos y educación, el Juez decidirá si ha de ponérsele en oficio o adoptarse otro medio, para evitar la enajenación de los bienes; y sujetará a la renta de éstos los alimentos. Artículo 392. El tutor está obligado a formar inventario solemne y circunstanciado de cuanto constituye el patrimonio del menor, en el término que el Juez designe y con intervención del curador. Este término no podrá ser mayor de seis meses. Artículo 393. La obligación de hacer inventario no puede ser dispensada ni aun por los que tienen derecho de nombrar tutor testamentario. Artículo 394. El tutor está obligado a inscribir en el inventario el crédito que tenga contra el menor; si no lo hace, pierde el crédito. Artículo 395. Los bienes que el menor adquiera después de la formación del inventario, se incluirán inmediatamente en él, con las mismas formalidades prescritas en el artículo 392. Artículo 396. Hecho el inventario, no se admite al tutor a probar contra él en perjuicio del menor, ni antes ni después de la mayor edad de éste, ya sea que litigue en nombre propio o con la representación del menor. Artículo 397. El inventario formado por el tutor no hace fe contra un tercero. Artículo 398. Si se hubiere omitido la mención de algunos bienes en el inventario, el menor mismo, antes o después de la mayoría de edad, y el curador o cualquier pariente, pueden ocurrir al Juez, pidiendo que los bienes omitidos se listen; y el Juez, oído el tutor, determinará en justicia. Artículo 399. Si el padre o madre del menor ejercían algún comercio o industria, el Juez con informe de dos peritos, decidirá si ha de continuar o no la negociación: a no ser que los padres hubieren dispuesto algo sobre este punto, en cuyo caso, se respetará su voluntad, en cuanto no ofrezca grave inconveniente, a juicio del Juez. Artículo 400. El dinero que resulte sobrante, después de cubiertas las cargas y atenciones de la tutela; el que proceda de las redenciones capitales, y el que se adquiera de cualquier otro modo, será impuesto por el tutor, dentro de tres meses contados desde que se hubieren reunido dos mil pesos, sobre segura hipoteca, calificada bajo su responsabilidad, teniendo en cuenta el precio de la finca, sus productos y la depreciación que pueda sobrevenir al realizarla. Artículo 401. Si para hacer la imposición dentro del término señalado en el artículo anterior, hubiere algún inconveniente grave, el tutor lo manifestará al Juez, quien podrá ampliar el plazo por otros tres meses.
Artículo 402. Los bienes inmuebles, los derechos anexos a ellos y los muebles preciosos, no pueden ser gravados ni hipotecados por el tutor, sino por causa de absoluta necesidad o evidente utilidad del menor, debidamente justificadas, y previas la conformidad del curador y la autorización judicial. Artículo 403. Cuando la enajenación se haya permitido para cubrir con su producto algún objeto determinado, el Juez señalará al tutor un plazo dentro del cual deberá acreditar que le producto de la enajenación se ha invertido en su objeto. Artículo 404. La venta de bienes raíces del menor es nula si no se hace en subasta pública y judicial. En la enajenación de alhajas y muebles preciosos, el Juez decidirá si conviene o no la almoneda, pudiendo dispensarla, acreditada la utilidad del menor. Artículo 405. Cuando se trate de enajenar, gravar o hipotecar a título oneroso, bienes que pertenezcan al incapacitado como copropietario, se comenzará pro mandar justipreciar dichos bienes para fijar con toda precisión el valor que tienen y la parte que en ellos representa el menor, a fin de que el Juez resuelva si conviene o no que se dividan materialmente dichos bienes para que aquél reciba en plena propiedad su porción, o si, por el contrario, es conveniente la enajenación, gravamen o hipoteca, fijando en este caso, las condiciones y seguridades con que debe hacerse, pudiendo, si lo estimare conveniente, dispensar la almoneda, siempre que consientan en ello el tutor y el curador. Artículo 406. Ni con licencia judicial, ni en almoneda o fuera de ella, puede el tutor comprar o arrendar los bienes del menor, ni hacer contrato alguno respecto a ellos, para sí, para su mujer, hijos o hermanos por consanguinidad o afinidad. Artículo 407. Cesa la prohibición del artículo anterior, respecto a la venta de bienes, en el caso de que el tutor, su mujer, hijos o hermanos sean coherederos, partícipes o socios del menor. Artículo 408. Ella tutor no podrá hacer pago de sus créditos contra el menor, sin la conformidad del curador y la aprobación judicial. Artículo 409. Ella tutor no puede aceptar para sí mismo, a título gratuito u oneroso, la cesión de ningún derecho o crédito contra el menor. Sólo puede adquirir esos derechos por herencia. Artículo 410. Durante la tutela no corre prescripción entre el tutor y el menor. Artículo 411. El tutor no puede dar en arrendamiento los bienes del menor, por más de cinco años, sino en caso de necesidad o utilidad, previos el consentimiento del curador y la autorización judicial; observándose en su caso, lo dispuesto en el artículo 405. Artículo 412. El arrendamiento hecho en conformidad del artículo anterior, subsistirá por el tiempo convenido, aun cuando se acabe la tutela; pero será nula toda anticipación de rentas o alquileres por más de dos años.
Artículo 413. Sin autorización judicial no puede el tutor recibir dinero prestado en nombre del menor, ya sea que se constituya o no hipoteca en el contrato. Artículo 414. El tutor tiene obligación de admitir las donaciones simples, legados y herencias dejados al menor. Artículo 415. Para todos los gastos extraordinarios que no sean de conservación o reparación, necesita el tutor autorización del juez. Artículo 416. El tutor no puede hacer donaciones a nombre del menor. Artículo 417. Se requiere licencia judicial para que el tutor pueda transigir o comprometer en árbitros los negocios del menor. Artículo 418. El nombramiento de árbitros hecho por el tutor, deberá sujetarse a la aprobación del juez. Artículo 419. La transacción que se haga sobre propiedad de bienes inmuebles u otro derecho real, o sobre bienes muebles cuyo valor excede de quinientos pesos, o que sean inestimables, no podrán llevarse a efecto sin aprobación judicial. Artículo 420. Para conformarse el tutor con la demanda entablada contra el menor sobre propiedad de bienes muebles preciosos, bienes raíces u otro derecho real, cualquiera que sea su cuantía, necesita del consentimiento del curador y la aprobación judicial otorgada con audiencia de éste. Artículo 421. La expropiación por causa de utilidad pública, de bienes de incapacitados, no se sujetará a las reglas antes establecidas, sino a lo que dispongan las leyes de la materia. Artículo 422. El tutor de un demente está obligado a presentar en el mes de enero de cada año, al juez del domicilio, un certificado en el que dos facultativos declaren el estado del demente, a quien para el efecto reconocerán en presencia del curador. El juez se cerciorará del estado que guarde el incapacitado y tomará todas las medidas que estime convenientes para mejorar su condición. Artículo 423. Las rentas y, si fuere necesario, aun los bienes del demente, se aplicarán de preferencia a su curación. Artículo 424. Para seguridad, alivio y mejoría del demente, el tutor adoptará las medidas que juzgue oportunas, previa la autorización judicial que se otorgará con audiencia del curador. Las medidas que fueren muy urgentes, podrán ser ejecutadas por el tutor, quien dará cuenta inmediatamente al Juez, para obtener la debida aprobación. Artículo 425. Cuando haya de contraer matrimonio el hijo de un incapacitado, el tutor de éste propondrá al Juez lo que haya de dársele de los bienes del padre. También propondrá todo lo concerniente a las capitulaciones matrimoniales, si se tratare de un hijo menor.
El juez, oyendo al hijo y al curador del incapacitado, resolverá lo que estime conveniente sobre el particular. Cuando el hijo fuere menor, se oirá a su tutor, y si éste estuviere impedido o no lo hubiere, se le nombrará un tutor interino para el caso. Artículo 426. Cuando el tutor no hiciere la propuesta de que habla el artículo anterior, el juez podrá exigirle que lo verifique; y si no lo hiciere, hará la propuesta el mismo hijo. Artículo 427. Cuando el hijo mayor de edad intenta casarse, esté desempeñando la tutela del padre o de la madre, promoverá el nombramiento de un tutor interino para que haga la propuesta a que se refiere el artículo 425. Artículo 428. Cuando sea tutor el marido, continuará ejerciendo respecto de su mujer incapacitada, los derechos conyugales con las siguientes modificaciones: I. En los casos en que conforme a derecho fuere necesario el consentimiento de la mujer, se suplirá éste por el Juez con audiencia del curador; II. La mujer, en los casos en que puede querellarse de su marido, o demandarlo, para asegurar sus derechos violados o amenazados, será representada por un tutor interino que el juez nombrará. Es obligación del curador promover este nombramiento; y si no lo cumple, será responsable de los perjuicios que se sigan a la incapacitada. Artículo 429. Cuando la tutela del incapacitado recayere en su mujer, ejercerá ésta la autoridad de aquél, como jefe de la familia; pero no podrá gravar ni enajenar los bienes raíces, ni los derechos, ni los muebles preciosos del marido, sin previa autorización judicial y audiencia del curador. Artículo 430. En caso de malos tratamientos, de negligencia en los cuidados debidos al incapacitado, o de mala administración de sus bienes, podrá la mujer ser removida de la tutela, a petición del curador o de dos parientes del marido. Artículo 431. Cuando la tutela recaigas en cualquiera otra persona, se ejercerá conforme a las reglas establecidas para la de los menores. Artículo 432. El tutor tiene derecho a una retribución sobre los bienes del menor, que podrán fijar el ascendiente o extraño que conforme a derecho le nombre en su testamento, y en defecto de ellos, para los tutores legítimos y dativos, el juez. Artículo 433. En ningún caso bajará la retribución del cuatro, ni excederá del diez por ciento de las rentas líquidas de dichos bienes. Artículo 434. Si los bienes del menor tuvieren un aumento extraordinario en sus productos, debido exclusivamente a la industria y diligencia del tutor, tendrá éste derecho a
que se le aumente la remuneración hasta una mitad más del diez por ciento que fija el artículo anterior. La calificación del aumento se hará por el Juez, con audiencia del curador. Artículo 435. Para que pueda hacerse en la retribución de los tutores el aumento extraordinario que permite el artículo anterior, será requisito indispensable que por lo menos en dos años consecutivos, haya obtenido el tutor la aprobación absoluta de su cuenta. CAPITULO XXXI DE LAS CUENTAS DE LA TUTELA Artículo 436. El tutor está obligado a rendir al Juez cuenta detallada de su administración, en el mes de enero de cada año, sea cual fuere la fecha en que se le hubiere discernido el cargo. La falta de presentación de la cuenta en los tres meses siguientes al de enero, motivará la remoción del tutor como sospechoso. Artículo 437. La cuenta de administración comprenderá, no solo las cantidades en numerario que hubiere recibido el tutor por producto de los bienes y la aplicación que les hubiere dado, sino en general, todas las operaciones que hubieren practicado, e irá acompañada de un balance del estado de los bienes. Artículo 438. El tutor es responsable del valor de los créditos activos, si dentro de sesenta días contados desde el vencimiento de su plazo, no ha obtenido su pago, o garantía que asegure éste, o no ha pedido judicialmente el uno o la otra. Artículo 439. Si el menor no está en posesión de algunos bienes a los que tenga derecho, será responsable el tutor de la pérdida de ellos, si dentro de dos meses contados desde que tuvo noticia del derecho del menor, no entabla a nombre de éste judicialmente las acciones conducentes para obtener el recobro de la indemnización. Artículo 440. Lo dispuesto en el artículo anterior, se entiende sin perjuicio de la responsabilidad que después de intentadas las acciones, pueda resultar al tutor por culpa o negligencia en el desempeño de su encargo. Artículo 441. Las cuentas deben darse en el lugar en que se desempeña la tutela. Artículo 442. Deben abonarse al tutor todos los gastos hechos debida y legalmente, aunque los haya anticipado de su propio caudal, y aunque de ellos no haya resultado utilidad al menor, si esto ha sido sin culpa del primero. Artículo 443. Ninguna anticipación ni crédito contra el menor se abonará al tutor si excede de la mitad de renta anual de los bienes de aquél, a menos que al efecto haya sido autorizado por el Juez, con audiencia del curador. Artículo 444. El tutor será igualmente indemnizado, según el prudente arbitrio del Juez, del daño evidente que haya sufrido por causa de la tutela y en desempeño necesario de ella, cuando no haya intervenido de su parte culpa o negligencia.
Artículo 445. La obligación de dar cuentas no puede ser dispensada en contrato o última voluntad, ni aún por el mismo menor; y si esa dispensa se pusiere como condición en cualquier acto, se tendrá por no puesta. Artículo 446. La obligación de dar cuenta a los herederos del tutor; y si alguno de ellos sigue administrando los bienes de la tutela, su responsabilidad será la misma que la de aquél. Artículo 447. La garantía dada por el tutor no se cancelará sino cuando las cuentas hayan sido aprobadas. CAPITULO XXXII DE LA EXTINCION DE LA TUTELA Artículo 448. La tutela se extingue: I. Por la muerte del tutor; por su ausencia declarada en la forma legal; por su remoción, o por excusa o impedimento supervenientes; II. Por la muerte, por la cesación del impedimento, y por la emancipación del incapacitado. En este último caso, la tutela acaba respecto de la persona del menor, pero no respecto de sus bienes, observándose lo que disponen los artículos 475 y 476. CAPITULO XXXIII DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Artículo 449. Acabada la tutela, el tutor está obligado a dar cuenta de su administración al menor o a quien le represente. Esta cuenta debe comprender desde la fecha en que se hubiere rendido la cuenta anterior. Artículo 450. El tutor, o en su falta quien le represente, rendirá las cuentas en el término de un mes, contado desde el día en que fenezca la tutela. El juez podrá prorrogar este plazo por un mes más, si circunstancias extraordinarias así lo exigieren. Artículo 451. El tutor, concluida la tutela, está obligado a entregar todos los bienes de ella y todos los documentos que le pertenezcan, conforme al balance que se hubiere presentado en la última cuenta aprobada. Artículo 452. La obligación de entregar los bienes no se suspende por estar pendiente la rendición de cuentas. La entrega debe ser hecha durante el mes siguiente a la terminación de la tutela: cuando los bienes sean muy cuantiosos o estuvieren ubicados en diversos lugares, el Juez puede fijar un término prudente para su conclusión; pero en todo caso, deberá comenzarse en el plazo antes señalado.
Artículo 453. El tutor que entre al cargo, sucediendo a otro, está obligado a exigir la entrega de bienes y cuentas al que le ha precedido, en los términos que disponer este capítulo. Si no lo exige, es responsable de todos los daños y perjuicios que por su omisión se siguieren al menor. Artículo 454. La entrega de los bienes y la cuenta de la tutela, se efectuará a expensas del menor. Si para realizarlas no hubiere fondos disponibles del menor, el juez podrá autorizar al tutor para que se proporcione los necesarios para la primera, y el tutor adelantará los relativos a la segunda, los cuales le serán reembolsados con los primeros fondos de que se pueda disponer. Artículo 455. Cuando intervenga dolo o culpa de parte del tutor, serán de su cuenta todos los gastos. Artículo 456. El convenio celebrado entre el tutor y el que estuvo bajo su guarda, dentro del mes siguiente a la terminación de la tutela, vale contra el tutor, pero no contra el menor. Artículo 457. El balance que resulte en pro o en contra del tutor, producirá interés legal. Este en el primer caso, correrá desde que el menor, previa entrega de sus bienes, sea requerido para el pago; y en el segundo, desde la rendición de cuentas, si hubiesen sido dadas dentro del término designado por la ley; y si no, desde que expire el mismo término. Artículo 458. Cuando en la cuenta resulte alcance contra el tutor aunque por un arreglo con el menor o sus representantes se otorguen plazos al responsable o a sus herederos para satisfacerlo, quedarán vivas las hipotecas u otras garantías dadas para la administración, hasta que se verifique el pago; a menos que se haya pactado expresamente lo contrario en el arreglo. Artículo 459. Si la caución fuere de fianza, el convenio que conceda nuevos plazos al tutor, se hará saber al fiador: si este consiente, no hará espera, y el menor podrá exigir la solución inmediata, o la subrogación del fiador por otro igualmente idóneo, que acepte el convenio. Artículo 460. Si no se hiciere saber el convenio al fiador, éste no permanecerá obligado. Artículo 461. Todas las acciones del menor contra el tutor, sus fiadores y garantes por hechos relativos a la administración de la tutela, quedan extinguidas por el lapso de cuatro años contados desde el día en que el menor, siendo ya mayor, haya recibido los bienes y la cuenta de la tutela. Artículo 462. Si el tutor cometió dolo o fraude en la entrega de los bienes, o si hubiere falsedad, omisión o error de cálculo, en la formación de la cuenta, el cargo que resulte al tutor y la duración de las acciones, se sujetarán a las reglas que para esos casos prescriban las leyes.
Artículo 463. Lo dispuesto en el artículo anterior se observará en el caso de que, fenecida la tutela, el menor, siendo ya mayor de edad, celebre algún convenio con quien fuere su tutor, ya sobre los actos administrativos de éste, ya sobre los resultados de las cuentas. Artículo 464. Si la tutela hubiere fenecido durante la minoridad, el menor podrá ejercitar las mismas acciones contra el primer tutor y los que le hubieren sucedido en el cargo, computándose entonces los términos desde el día en que llegue a la mayor edad. CAPITULO XXIV DEL CURADOR Artículo 465. Todos los sujetos a tutela, ya sea testamentaria, legítima o dativa, además del tutor, tendrán un curador, excepto cuando la tutela sea interina y no haya que administrar bienes. Artículo 466. Lo dispuesto sobre impedimentos y excusas de los tutores, regirá igualmente respecto de los curadores. Artículo 467. Los que tienen derecho de nombrar tutor, lo tienen también de nombrar curador. Artículo 468. Nombrarán por sí mismos el curador con aprobación judicial: I. Los comprendidos en el artículo 346, con la limitación que expresa el mismo artículo; II. Los comprendidos en el artículo 300. Artículo 469. El curador de todos los demás sujetos a tutela, será nombrado por el juez. Artículo 470. El curador está obligado: I. A defender los derechos del incapacitado en juicio o fuera de él, exclusivamente en el caso de que estén en oposición con los del tutor; II. A vigilar la conducta del tutor y poner en conocimiento del juez cuanto crea que puede ser dañoso al incapacitado; III. A dar aviso al juez para el nombramiento del tutor, cuando éste faltare o abandonare la tutela; y IV. A cumplir las demás obligaciones que la ley le señale.
Artículo 471. El curador que no llene los deberes prescritos en el artículo precedente, será responsable de los daños y perjuicios que por ello resultaren al menor.
Artículo 472. Las funciones del curador cesarán: cuando el incapacitado salga de la tutela; pero si sólo se variaren las personas de los tutores, el curador continuará en la curaduría. Artículo 473. El curador tiene derecho a ser relevado de la curaduría pasados diez años desde que se encargó de ella. Artículo 474. En los casos en que, conforme a este Código, tenga que intervenir el curador, cobrará el honorario que señale el arancel a los procuradores, sin que por ningún otro motivo pueda pretender mayor retribución. Si hiciere algunos gastos regirá respecto de él lo dispuesto en el artículo 442. CAPITULO XXXV DE LA EMANCIPACION Artículo 475. El matrimonio del menor produce de derecho la emancipación de éste, el que no volverá a recaer en la patria potestad, aunque el matrimonio se disuelva por muerte o divorcio. Artículo 476. La emancipación sólo sufrirá efecto respecto de la persona del menor; pero no respecto de sus bienes, los que continuarán en la administración del que o d ellos que ejercen la patria potestad o del tutor en su caso. El menor emancipado seguirá representado en juicio por el que ejerza la patria potestad o tutor, hasta que llegue a la mayor edad. Artículo 477. Los Jueces, oyendo al que o a los que ejercen la patria potestad, o al tutor en su caso, y al menor, podrán acordar que se conceda a éste una vez que haya cumplido 18 años, la administración provisional de sus bienes, siempre que se acredite su buena conducta y su aptitud para el manejo de sus intereses; pero quedará sujeto siempre a la vigilancia y dirección del que o los que ejercen la patria potestad o del tutor, no pudiendo hacer contratos que impongan obligaciones, ni enajenar, gravar o hipotecar sus bienes raíces si no es con los requisitos y formalidades establecidas por la ley. CAPAITULO XXXVI DE LA MAYOR EDAD Artículo 478. La mayor edad comienza a los 21 años cumplidos. Artículo 479. El mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes. Sin embargo, las mujeres mayores de 21 años, pero menores de 30, no podrán dejar la casa paterna sin licencia del padre o de la madre, en cuya compañía se hallen, si no fuere para casarse, o cuando el padre o la madre hayan contraído nuevo matrimonio o ésta observe mala conducta.
Artículo 480. Los extranjeros menores de edad residentes en el país, se considerarán mayores de edad luego que tengan 21 años cumplidos, cualquiera que sea la edad que para tener dicha mayoría fijen las leyes del país de su origen; por lo tanto, tendrán plena capacidad para disponer libremente de su persona, así como de los bienes que tengan en el país, y contraer toda clase de obligaciones que deban hacerse efectivas en éste, luego que lleguen a dicha edad. CAPITULO XXXVII DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES EN CASO DE AUSENCIA Artículo 481. El que se hubiere ausentado del lugar de su residencia ordinaria y tuviere apoderado constituido antes o después de su partida, se tendrá como presente para todos los efectos civiles y sus negocios se podrán tratar con el apoderado hasta donde alcanzare el poder. Artículo 482. Cuando una persona haya desaparecido y se ignore el lugar en que se halle y quien la represente, el Juez, a petición de parte o de oficio, nombrará un depositario de sus bienes, la citará por edictos publicados en los principales periódicos de la República, señalándole para que se presente un término que no bajará de tres meses, ni pasará de seis, y dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes. Artículo 483. Al publicar los edictos, remitirá copia a los cónsules mexicanos en el extranjero, a fin de que les den publicidad de la manera que crean conveniente. Artículo 484. Si el ausente tiene hijos menores que estén bajo su patria potestad y no hay ascendiente que deba ejercerla conforme a la ley, ni tutor testamentario, ni legítimo, el Ministerio Público pedirá que se nombre tutor en los términos prevenidos en el artículo 347. Artículo 485. Las obligaciones y facultades del depositario, serán las que la ley asigna a los depositarios judiciales. Artículo 486. Si cumplido el término del llamamiento, el citado no compareciere por sí ni por apoderado legítimo, ni por medio de tutor o de pariente que pueda representarle, se procederá al nombramiento del representante. Artículo 487. Lo mismo se hará cuando en iguales circunstancias caduque el poder conferido por el ausente, o sea insuficiente para el caso. Artículo 488. Tienen acción para pedir el nombramiento de depositario y representante, el Ministerio Público y cualquiera a quien interese tratar o litigar con el ausente o defender los intereses de éste. Artículo 489. El cónyuge ausente será representado por el presente: los ascendientes, por los descendientes, y éstos por aquéllos.
Artículo 490. Si el cónyuge ausente fuere casado en segundas o ulteriores nupcias, y hubiere hijos del matrimonio o matrimonios anteriores, el Juez dispondrá que el cónyuge presente y los hijos del matrimonio o matrimonios anteriores, nombren de acuerdo el representante; mas si no estuvieren conformes, el Juez le nombrará libremente. Artículo 491. A falta de cónyuge, de descendientes y de ascendientes, será representante el heredero presuntivo. Si hubiere varios con igual derecho, ellos mismos elegirán el que debe representarle. Si no se ponen de acuerdo en la elección, la hará el Juez, prefiriendo al que tenga más interés en la conservación de los bienes del ausente. Artículo 492. El representante del ausente es el legítimo administrador de los bienes de éste, y tiene respecto de ellos las mismas obligaciones, facultades y restricciones que los tutores. Artículo 493. El representante del ausente disfrutará la misma retribución que a los tutores señala el artículo 437. Artículo 494. No pueden ser representantes de un ausente, los que no pueden ser tutores, a excepción de la mujer y la madre. Artículo 496. Será removido del cargo de representante el que deba serlo del de tutor. Artículo 497. El cargo de representante acaba: I. Con el regreso del ausente; II. Con la presentación de apoderado legítimo; III. IV. Con la muerte del ausente; Con la posesión provisional.
Artículo 498. Todos los años, en el día que corresponda a aquél en que hubiere sido nombrado el representante, se publicarán nuevos edictos llamando al ausente. En ellos constarán el nombre y el domicilio del representante, y el número de años que falte para que se cumpla el plazo que señalan los artículos 501 y 502 en su caso. Artículo 499. Los edictos se publicarán por tres meses, con intervalo de quince días, en los principales periódicos de la República, y se remitirán a los cónsules, como previene el artículo 483. Artículo 500. El representante está obligado a promover la publicación de los edictos. La falta de cumplimiento de esa obligación hace responsable al representante, de los daños y perjuicios que se sigan al ausente, y es causa legítima de remoción. CAPITULO XXXVIII
DE LA DECLARACION DE AUSENCIA Artículo 501. Pasados tres años desde el día en que haya sido nombrado el representante, habrá acción para pedir la declaración de ausencia. Artículo 502. En el caso de que el ausente haya dejado o nombrado apoderado general para la administración de sus bienes, no podrá pedirse la declaración de ausencia, sino pasados cinco años, que se contarán desde la desaparición del ausente, si en ese período no se tuvieren ningunas noticias suyas, o desde la fecha en que se hayan tenido las últimas. Artículo 503. Lo dispuesto en el artículo anterior se observará aún cuando el poder se haya conferido por más de cinco años. Artículo 504. Pasados dos años, que se contarán del modo establecido en el artículo 502 el Ministerio Público y las personas que cesan?, el artículo 506, pueden pedir que el apoderado garantice en los mismos términos en que debe hacerlo el representante, y el Juez así lo dispondrá si hubiere motivo fundado. Artículo 505. Si el apoderado no quiere o no puede dar la garantía, se tendrá por terminado el poder, y se procederá al nombramiento de representante de la manera dispuesta en los artículos 489, 490 y 491. Artículo 506. Pueden pedir la declaración de ausencia: I. Los presuntos herederos legítimos del ausente; II. Los herederos instituídos en testamento abierto; III. Los que tengan algún derecho u obligación que dependa de la vida, muerte o presencia del ausente; y IV. El Ministerio Público.
Artículo 507. Si el Juez encuentra fundada la demanda, dispondrá que se publique durante tres meses, con intervalos de quince días en el Periódico Oficial y en los demás de la república, que crea conveniente, y la remitirá a los Cónsules, conforme el artículo 483. Artículo 508. Pasados seis meses desde la fecha de la última publicación y no antes, si no hubiere noticias del ausente, ni oposición de algún interesado, el Juez declarará en forma la ausencia. Artículo 509. Si hubiere algunas noticias u oposición, el Juez no declarará la ausencia, sin repetir las publicaciones que establece el artículo 507, y hacer la averiguación por los medios que el oponente proponga y por los que el mismo Juez crea oportunos. Artículo 510. La declaración de ausencia se publicará tres veces por los periódicos, con intervalo de quince días, remitiéndose a los cónsules como está prevenido respecto de
los edictos. Ambas publicaciones se repetirán cada cinco años, hasta que se declare la presunción de muerte. Artículo 511. El fallo que se pronuncie en el juicio de declaración de ausencia, tendrá las mismas instancias que el Código de Procedimientos asigne para los negocios de mayor interés. CAPITULO XXXIX DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACION DE AUSENCIA Artículo 512. Declarada la ausencia, si hubiere un testamento cerrado, la persona en cuyo poder se encuentre, lo presentará al Juez dentro de quince días, contados desde la última publicación de que habla el artículo 515. Artículo 513. Si son varios los herederos y los bienes admiten cómoda división, cada uno administrará la parte que le corresponda. Artículo 514. Los herederos testamentarios, y en su defecto, los que lo fueren legítimos, al tiempo de la desaparición del ausente, o al tiempo en que se hayan recibido las últimas noticias, serán puestos en posesión provisional de los bienes, dando fianza que asegure las resultas de la administración, si fueren mayores. Si estuvieren bajo la patria potestad o tutela se procederá conforme a derecho. Artículo 515. Si son varios los herederos y los bienes admiten cómoda división, cada uno administrará la parte que le corresponda. Artículo 516. Si los bienes no admiten cómoda división, los herederos elegirán de entre ellos mismos un administrador general, y si no se pusieren de acuerdo, el Juez lo nombrará, escogiéndose de entre los mismos herederos. Artículo 517. Si una parte de los bienes fuere cómodamente divisible y otra no, respecto de esta se nombrará el administrador general. Artículo 518. Los herederos que no administren, podrán nombrar un interventor, que tendrá las facultades y obligaciones señaladas a los curadores. Su horario será el que le fijen los que le nombren, y se pagará por éstos. Artículo 519. El que entre en la posesión provisional, tendrá, respecto de los bienes, las mismas obligaciones, facultades y restricciones que los tutores. Artículo 520. En el caso del artículo 515, cada heredero dará la garantía que corresponda a la parte de bienes que administre. Artículo 521. En el caso del artículo 514, el administrador general será quien dé la garantía legal.
Artículo 522. Los legatarios, los donatarios y todos los que tengan sobre los bienes del ausente, derechos que dependan de la muerte o presencia de éste, podrán ejercitarlos, dando la garantía que corresponda, según el artículo 369. Artículo 523. Los que tengan con relación al ausente, obligaciones que deban cesar a la muerte de éste, podrán también suspender su cumplimiento bajo la misma garantía. Artículo 524. Si no pudiere darse la garantía prevenida en los cinco artículos anteriores, el Juez, según las circunstancias de las personas y de los bienes, y concediendo el plazo fijado en el artículo 371, podrá disminuir el importe de aquélla; pero de modo que no baje de la tercia parte de los valores señalados en el artículo 369. Artículo 525. Mientras no se dé la expresada garantía, no cesará la administración del representante. Artículo 526. No están obligados a dar garantía: I. El cónyuge que, como heredero, entre en la posesión de los bienes del ausente, por la parte que le corresponda; II. El ascendiente que entre en la posesión como heredero o que administre los bienes de los descendientes menores en ejercicio de la patria potestad, por la parte que a éstos o a él corresponda. Si hubiere legatarios, el ascendiente y el cónyuge darán la garantía legal por la parte que a éstos corresponda, si no hubiere división ni administrador general. Artículo 527. Los que entren en la posesión provisional tienen derecho de pedir cuentas al representante del ausente, y éste entregará los bienes y dará las cuentas en los términos prevenidos en los capítulos XXXI y XXXIII de esta ley. El plazo señalado en el artículo 448 se contará desde el día en que el heredero haya sido declarado con derecho a la referida posesión. Artículo 528. Si hecha la declaración de ausencia no se presentaren herederos del ausente, el Ministerio Público pedirá o la continuación del representante, o la elección del otro, que en nombre de la hacienda pública, entre en la posesión provisional conforme a los artículos que anteceden. Artículo 529. Muerto el que haya obtenido la posesión provisional, le sucederán sus herederos en la parte que le haya correspondido, bajo las mismas condiciones y con iguales garantías,. Artículo 530. Si el ausente se presenta o se prueba su existencia antes de que sea declarada la presunción de su muerte, recobrará sus bienes con deducción de la mitad de los frutos y rentas, que quedarán a beneficio de los que han tenido la posesión provisional. CAPITULO XL DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL
AUSENTE CASADO Artículo 531. Declarada la ausencia se procederá con citación de los herederos presuntivos, al inventario de los bienes no comunes que el ausente tuviere con su cónyuge. Artículo 532. Los bienes del ausente se entregarán a sus herederos en los términos prevenidos en el capítulo anterior. Artículo 533. Si el cónyuge presente entrare como heredero en la posesión provisional, en el caso previsto en el artículo 527, hará suyos todos los frutos y rentas de los bienes que haya administrado. Artículo 534. Si el cónyuge presente no fuere heredero, ni tuviere bienes propios, podrá nombrar un interventor en los términos prevenidos en el artículo 516, y tendrá alimentos.
CAPITULO XLI DE LA PRESUNCION DE LA MUERTE DEL AUSENTE Artículo 535. Cuando hayan transcurrido quince años desde la declaración de ausencia, el Juez, a instancia de la parte interesada, declarará la presunción de muerte. Artículo 536. Hecha esta declaración se abrirá el testamento del ausente, si no estuviere ya publicado, conforme el artículo 515; los poseedores provisionales darán cuenta de su administración, en los términos prevenidos en el artículo 527, y los herederos y demás interesados entrarán en la posesión definitiva de los bienes sin garantía alguna. La que, según la ley se hubiere dado, quedará cancelada. Artículo 537. Si llega a probar la muerte del ausente, la herencia se defiere a los que debieron heredarla al tiempo de ella; pero el poseedor o poseedores de los bienes hereditarios, al restituirlos, se reservarán la mitad de los frutos correspondientes a la época de la posesión provisional, y todos ellos desde que obtuvieron la posesión definitiva. Artículo 538. Si el ausente se presentare o se probare su existencia, después de otorgada la posesión definitiva, recobrará sus bienes en el estado en que se hallen, el precio de los enajenados, o los que se hubieren adquirido con el mismo precio; pero no podrá reclamar frutos ni rentas. Artículo 539. Cuando hecha la declaración de ausencia o la presunción de muerte de una persona, se hubieren aplicado sus bienes a los que por testamento o sin él, se tuvieren
por herederos, y después se presentaren otros pretendiendo que ellos deben ser preferidos en la herencia, y así se declarare por sentencia que cause ejecutoria, la entrega de los bienes se hará a éstos en los mismos términos en que, según los artículos 533 y 538, debiera hacerse al ausente si se presentara. Artículo 540. Los poseedores definitivos darán cuenta al ausente y a sus herederos. El plazo legal correrá desde el día en que el primero se presente por sí o por su apoderado legítimo, o desde aquél en que por sentencia que cause ejecutoria, se haya deferido la herencia. Artículo 541. La posesión definitiva termina: I. Con el regreso del ausente; II. Con la noticia cierta de su existencia; III. IV. Con la certidumbre de su muerte; y Con la sentencia que cause ejecutoria, en el caso del artículo 539.
Artículo 542. En el caso segundo del artículo anterior, los poseedores definitivos serán considerados como provisionales desde el día en que se tenga noticia cierta de la existencia del ausente. Artículo 543. La sentencia que declare la presunción de muerte de un ausente casado, pone término a la comunidad de bienes. Artículo 544. En el caso previsto por el artículo 532, el cónyuge sólo tendrá derecho a los alimentos. CAPITULO XLII DE LOS EFECTOS DE LA AUSENCIA RESPECTO DE LOS DERECHOS EVENTUALES DEL AUSENTE Artículo 545. Cualquiera que reclame un derecho referente a una persona, cuya existencia no esté reconocida, deberá probar que esta persona vivía en el tiempo en que era necesaria su existencia para adquirir aquél derecho. Artículo 546. Si se defiere una herencia, a la que sea llamado un individuo declarado ausente, entrarán sólo en ella los que debían ser coherederos de aquél o suceder por su falta; pero deberán hacer inventario en forma de los bienes que reciban. Artículo 547. En este caso, los coherederos o sucesores se considerarán como poseedores provisionales o definitivos de los bienes que por la herencia debían corresponder al ausente, según la época en que la herencia se defiera.
Artículo 548. Lo resuelto en los dos artículos anteriores, debe entenderse sin perjuicio de las acciones de petición de herencia y de otros derechos que podrán ejercitar el ausente, sus representantes acreedores o legatarios, y que no se extinguirán sino por el lapso de tiempo fijado para la prescripción. Artículo 549. Los que hayan entrado en la herencia harán suyos los frutos percibidos de buena fe, mientras el ausente no comparezca, o que sus acciones no sean ejercitadas por sus representantes, o los que por contrato o cualquier otra causa, tengan con él relaciones jurídicas.
CAPITULO XLIII DISPOSICIONES GENERALES Artículo 550. El representante de los poseedores provisionales y definitivos, en sus respectivos casos, tiene la legítima procuración del ausente en juicio y fuera de él. Artículo 551. Todos los actos que ejecuten dentro de la órbita de sus facultades legales, son válidos, y obligan al ausente. Artículo 552. Por causa de ausencia, no se suspenden los términos que fija la ley para la prescripción. Artículo 553. El ausente y sus herederos, tienen acción para reclamar los daños y perjuicios que el representante o loas poseedores hayan causado por exceso de sus facultades, culpa o negligencia. Artículo 554. El Ministerio Público velará por los intereses del ausente, y será oído en todos los juicios que tengan relación con él y en las declaraciones de ausencia y presunción de muerte. Artículo 555. El juez competente, para todos losa negocios relativos a ausencia, es el del último domicilio del ausente; y si éste se ignora, el del lugar donde se hallen la mayor parte de los bienes. DISPOSICIONES VARIAS Artículo 1º. Los extranjeros casados residentes en el país, o que en lo sucesivo vinieren a radicarse a él o que en él contrajeren matrimonio legítimo, quedan sujetos a las disposiciones de esta ley por lo que toca a los bienes que posean en la República y a los efectos que en ésta deba producir su matrimonio.
Artículo 2º. Las disposiciones de esta ley, no son renunciables, ni pueden ser modificadas por convenio. Artículo 3º. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a los matrimonios celebrados con anterioridad y actualmente en vigor. Artículo 4º. La sociedad legal en los casos en que el matrimonio se haya celebrado bajo ese régimen, se liquidará en los términos legales, si algunos de los consortes lo solicitare; de lo contrario, continuará dicha sociedad como simple comunidad regida por las disposiciones de esta ley. Artículo 5º. La separación de bienes, en los casos en que el matrimonio se haya contraído bajo ese régimen, continuará regida por sus estipulaciones en todo lo que no pugne con las prescripciones de esta ley. Artículo 6º. En el caso de que haya dote, ésta continuará hasta la disolución del matrimonio, regida por las disposiciones de esta ley que hasta hoy ha estado vigente y a las estipulaciones del contrato en que se constituyó; a no ser que los interesados de común acuerdo, quisieren ponerle término desde luego. Artículo 7º. Las demandas de divorcio que estén actualmente pendientes, podrán ser aceptadas por los demandados para el efecto de dejar roto el vínculo y proceder a la liquidación de los bienes comunes, continuando el juicio únicamente para resolver a cargo de quién deben quedar los hijos menores y lo relativo a alimentos. Artículo 8º. Los menores de edad emancipados que a la fecha de esta ley, aún no cumplieren la mayor edad, tendrán la libre administración de sus bienes; pero necesitarán autorización judicial para la enajenación, gravamen o hipoteca de sus bienes raíces y de un tutor especial para los negocios judiciales. Artículo 9º. Quedan derogados el Capítulo VI del Título IV; el Capítulo I, II, III, IV, V y VI del Título quinto; los Capítulos I, II, III y IV del Título octavo; los Capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV del Título noveno; el Título décimo; los Capítulos I y II del Título undécimo; los Capítulos I, II, III, IV, V, VI y VII del Título duodécimo del libro primero y los Capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del Título décimo del libro tercero del Código Civil publicado por el decreto de 15 de mayo de 1884. Artículo 10º. Esta ley comenzará a regir desde la fecha de su publicación. Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio Nacional de la ciudad de México, a los nueve días del mes de abril de mil novecientos diez y siete. V. Carranza, Rúbrica.
Al C. Lic. Roque Estrada, Secretario de Estado y del Despacho de Justicia.Presente.” Lo que tengo el honor de transcribir a usted para su conocimiento y demás fines, protestándole mi atenta consideración. Constitución y Reformas.-México, 12 de abril de 1917.-El Secretario de Estado y del Despacho de Justicia. R. Estrada, Rúbrica. Al C………………………………………………………………..
EXPEDICION: 9 DE ABRIL DE 1917. PUBLICACION: PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE JALISCO DE 14 DE JULIO DE 1917, TOMO LXXXIV, NO. 3. COMPAGINACION ESPECIAL VIGENCIA:
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 Artículo 110
 Artículo 111
 Artículo 112
 Artículo 113
 Artículo 114
 Artículo 115
 Artículo 116
 Artículo 117
 Artículo 118
 Artículo 119
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 Artículo 267
 Artículo 268
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 Artículo 282
 Artículo 283
 Artículo 284

Artículo 285
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 Artículo 289
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