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Timestamp: 2018-01-20 20:53:03+00:00

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Gonzalez Torres Abogados SL: julio 2015
EL TRIBUNAL SUPREMO ENTIENDE QUE ES IMPROCEDENTE EL DESPIDO DE UN TRABAJADOR QUE SE HA PRESENTADO O PROCLAMADO COMO CANDIDATO A LAS ELECCIONES SINDICALES
EL TRIBUNAL SUPREMO ENTIENDE QUE ES IMPROCEDENTE EL DESPIDO DE UN TRABAJADOR QUE SE HA PRESENTADO O PROCLAMADO COMO CANDIDATO A LAS ELECCIONES SINDICALES SIEMPRE QUE LA EMPRESA CONOZCA LA CONDICIÓN DE CANDIDATO DEL TRABAJADOR DESPEDIDO Y ESTE HAYA RESULTADO ELEGIDO TRAS EL CESE, AL SER UNA INJERENCIA DE LA EMPRESA EN EL PROCESO ELECTORAL.
1º) La sentencia del Tribunal Supremo, Sala 4ª de lo Social de 25 de junio de 2012,rec. 2370/2011, desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la actora contra sentencia que, confirmando la improcedencia de su despido, concedió la opción entre readmisión o indemnización a la demandada. Según la Sala, este derecho contemplado en el art. 56,4 ET no sólo corresponde a quien en el momento del despido fuera representante legal de los trabajadores o delegado sindical, sino también al que se ha presentado o ha sido proclamado como candidato, ya que ésta es una interpretación más acorde con la realidad social.
Para ello, continua el TS, es necesario que el proceso electoral esté abierto, la empresa conozca la condición de candidato del trabajador despedido y éste haya resultado elegido tras el cese, y en el caso de autos, la recurrente se presenta como candidata cuando ya no era trabajadora de la empresa, pues había sido despedida horas antes de la apertura del proceso, y la fundación deportiva para la que trabajaba no tenía conocimiento de su intención de presentarse a las elecciones, por lo que se excluye cualquier posible injerencia de ésta en el proceso electoral que justificase la concesión de la opción a la despedida.
2º) El artículo 56.4 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, establece que: “Si el despedido fuera un representante legal de los trabajadores o un delegado sindical, la opción corresponderá siempre a éste. De no efectuar la opción, se entenderá que lo hace por la readmisión. Cuando la opción, expresa o presunta, sea en favor de la readmisión, ésta será obligada. Tanto si opta por la indemnización como si lo hace por la readmisión, tendrá derecho a los salarios de tramitación a los que se refiere el apartado 2º.
3º) ANTECEDENTES DE HECHO: La previa sentencia del TSJ Galicia 25/05/11 (rec. 276/11) estimó parcialmente el recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia JS/Uno de Santiago de Compostela 04/10/2010 (autos 309/10) y declaró que el derecho de opción entre readmisión e indemnización reconocido por la decisión de instancia a favor de la trabajadora, correspondía a la empresa. Confirmando la declaración de improcedencia del despido por el que se accionaba.
A) Pronunciamiento que se recurre por la trabajadora con dos motivos: a) con carácter principal se solicita la declaración de nulidad del despido, señalándose como decisión de contraste la STS 24/12/90 (-rcud 2359/89-) y acusándose la infracción de los arts. 55.5 ET, 108.2 y 179.2 LPL, en relación con diversa jurisprudencia y doctrina constitucional; y b) de forma subsidiaria, se interesa que el derecho de opción sea reconocido a favor de la trabajadora, y al efecto se señala como contradictoria la STSJ Castilla y León/Valladolid 9/07/96 (rec. 1453/96), denunciando la vulneración de los arts. 56.4 ET y 110.2 LPL, interpretados a la luz de los arts. 3 y 6.4 del Código Civil.
La adecuada resolución del debate que se suscita en este trámite impone la exposición previa del resumen de los hechos declarados probados: a) a las 12,30 horas del 25/01/10 se inició en la empresa demandada proceso electoral que fue anulado por Laudo arbitral de 10/02/10; b) se inició segundo proceso electoral el 22/02/10; b) a las 14,30 horas de ese mismo día 22/02/10 la demandante fue despedida por razones disciplinarias; c) a las 18,55 horas -también del mismo día 22/02/10- el Sindicato UGT presentó sus candidatos y entre ellos la actora; d) a las 16,39 horas del 23/02/10, la Mesa Electoral admitió las candidaturas presentadas y entre ellas la de la actora; e) acto continuo, a las 18,55 horas de ese mismo día, el Gerente de la entidad demandada impugnó la aceptación de la candidatura de la Sra. Paloma, lo que fue rechazado sucesivamente por la Mesa Electoral (15,44 horas del 24/02/10), Laudo arbitral (09/03/10) y la jurisdicción social (06/05/10); f) «la empresa no conocía la intención de la actora de presentarse a las elecciones sindicales hasta el momento de presentación de las candidaturas»; g) la sentencia de instancia declara la improcedencia del despido por considerar que si bien en gran medida se han acreditado las imputaciones efectuadas en la carta de cese, de todas formas entiende que no revisten gravedad suficiente para justificar el despido; y h) el TSJ confirma este pronunciamiento, si bien también razona al efecto no sólo la falta de gravedad suficiente de los hechos acreditados, sino también el insubsanable defecto formal de falta de la debida concreción en la exposición de las imputaciones.
B) El objeto de debate en el caso de autos es la protección del derecho de libertad sindical solicitada por una candidata en proceso de elecciones y que si bien en esta materia la prevalencia de los derechos fundamentales y la dificultad probatoria de toda vulneración en el marco de amplias facultades directivas determinan la inversión de la carga de la prueba, de todas formas para que opere este desplazamiento al empresario del «"onus probandi"» no basta simplemente con que el trabajador afirme el carácter discriminatorio o represaliante de la medida empresarial (STC 266/1993, de 20/Septiembre, FJ 2), sino que ha de acreditar la existencia de indicio que «debe permitir deducir la posibilidad de que aquélla (la vulneración constitucional) se haya producido» (SSTC 114/1989, de 22/Junio, FJ 5; 85/1995, de 6/Junio, FJ 4; 144/2005, de 6/Junio, FJ 3; y 171/2005, de 20/Junio, FJ 3), que genere una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor de semejante afirmación; es necesario que por parte del actor se aporte una «prueba verosímil» ( STC 207/2001, de 22/Octubre, FJ 5) o «principio de prueba» revelador de la existencia de un panorama discriminatorio general o represaliante de los que surja la sospecha vehemente de esa censurable actitud empresarial, sin que sea suficiente la mera afirmación por el afectado (por todas, STC 308/2000, de 18/Diciembre, FJ 3).
Y precisamente por ello, es afirmación reiterada de la Sala que «... en materia de valoración de los indicios que puedan dar pie a la apreciación de la vulneración de algún derecho fundamental de los trabajadores, tienen indiscutible importancia no sólo los hechos, sino incluso también las circunstancias concurrentes en ellos; de modo que cualquier divergencia entre los hechos y circunstancias de cada caso, puede justificar perfectamente que se adopten distintas decisiones, tal como ha venido señalando la doctrina de esta Sala» (SSTS 14/06/01 -rcud 1992/00-... 14/10/10 -rcud 1787/09-; 14/10/10 -rcud 3071/09-; y 15/10/10 -rcud 1820/09-).
Pues bien, en el examen comparativo de las sentencias a contrastar en el primer motivo del recurso, aparte de muchas otras diferencias de hecho existe una sola -tal como acertadamente pone de manifiesto el Ministerio Fiscal- que por sí ya es decisiva a los efectos de que tratamos, cual es la que de que en la hoy recurrida se declara probado (en el cuarto de los fundamentos de Derecho, pero con innegable valor fáctico: recientes, SSTS 26/06/08 -rco 18/07-; 12/05/09 -rcud 2153/07-; 21/12/10 -rco 208/09-; 27/09/11 -rco 134/10-; y 22/12/11 -rco 216/10-) que «la empresa no conocía la intención de la actora de presentarse a las elecciones sindicales hasta el momento de presentación de las candidaturas», en tanto que en la decisión referencial se afirma que «la empresa, al decidir el despido, conocía la candidatura del trabajador al que despedía» y «siendo ello así, se ha de convenir que la actuación empresarial incidió negativamente en el derecho de libertad sindical del hoy recurrente, al impedirle su presentación como candidato... sin que hubiera motivos disciplinarios que fundaran su decisión extintiva». Diferencia de supuestos de hecho que justifica la diversidad de pronunciamientos judiciales e impide que entre ellos pueda apreciarse la exigible contradicción.
C) La sentencia del TJ Castilla y León/Valladolid 09/07/1996 (rec. 1453/96), se atribuye el derecho de opción al trabajador cuyo despido fue declarado improcedente, aún siendo así que la decisión extintiva se había producido el 09/02/96 y la presentación del trabajador como candidato había tenido lugar en fecha inconcreta pero posterior al 13/02/96 (acto de constitución de la Mesa Electoral), de forma que incluso podríamos hablar de contradicción «a fortiori» (SSTS 22/05/97 -rcud 3930/96-... 30/05/11 -rcud 2598/10-; 28/11/11 -rcud 107/11-; 07/12/11 -rcud 777/11 -; y 27/02/12 -rcud 1563/11-), habida cuenta de que en autos el despido había precedido a la presentación de la candidatura en pocas horas y no en días como en el caso referencial, que justifica su criterio argumentando que la garantía contenida en el art. 56.4 ET, no sólo se halla establecida a favor del representante, sino de sus propios representados.
4º) De acuerdo a consolidada doctrina de la Sala 4º del TS, el derecho que confiere el art. 56.4 ET-de optar entre la readmisión y la indemnización en el concreto supuesto de despido declarado judicialmente improcedente- no solamente corresponde a quien en el momento del despido fuera «un representante legal de los trabajadores o un delegado sindical», sino que igualmente ha de atribuirse al presentado o proclamado como candidato a la elección de representante de los trabajadores, pues una interpretación acorde a la realidad social (art. 3 del Código Civil) de la expresión «representantes legales de los trabajadores» impone que deba comprender también a los candidatos proclamados que hayan resultado electos, siendo así que «una interpretación restrictiva pudiera llevar a un fraude de ley tendente a evitar accesión a la condición de representantes de quienes fueron elegidos en elecciones regularmente celebradas» ( SSTS 22/12/89; 20/06/00 -rcud 3407/99-; 30/10/00 -rcud 659/00-; 02/12/05 -rcud 6380/03-; y 28/12/10 -rcud 1596/10-). En palabras de la resolución dictada en último lugar - STS 28/12/10 -rcud 1596/10-, «... la protección que el art. 56.4 del E.T. da a los representantes de los trabajadores cubre también a aquellos empleados cuya candidatura electoral no se haya presentado formalmente antes de su despido, siempre que el proceso electoral este iniciado, la empresa conozca su condición de candidato y haya resultado elegido tras el cese. La razón que apoya esta solución es la misma que funda la protección del candidato proclamando o presentado: si a estos se les protege para evitar las injerencias de la empresa en el proceso electoral iniciado, cuando ella conoce su condición de candidatos, también debe protegerse al candidato que aunque no ha sido presentado formalmente, la empresa conoce que lo va a ser. La identidad de razón lleva a aplicar la misma regla para evitar injerencias empresariales en el proceso electoral, siempre, claro esta, que el proceso electoral se haya iniciado y que el candidato haya resultado elegido». Y como aclara la misma sentencia «conviene destacar que esta doctrina es aplicable a los supuestos de declaración judicial de despido improcedente, esto es cuando ya se ha descartado la existencia de un móvil sindical o discriminatorio».
Y es justamente esa alusión a la finalidad de «evitar injerencias empresariales en el proceso electoral» y la de evitar el fraude de ley que impida el acceso a la condición de representante de quienes «fueron elegidos en elecciones regularmente celebradas» la que si bien lleva a extender la garantía al mero candidato aunque no se haya presentado formalmente, en todo caso impone la exigencia -razonable- de que el hipotético autor de la injerencia o fraude tenga conocimiento de aquella cualidad de aspirante a la representación de los trabajadores, pues sin ese componente subjetivo decae la posible intencionalidad --lesiva del derecho fundamental- de interferencia en el proceso. Y aunque se presente sugestiva la tesis mantenida por la sentencia de contraste, considerando que la garantía opera de forma objetiva y por el mero hecho de la elección como representante, lo cierto es que tal interpretación no se ajusta no sólo a los términos del art. 56.4 ET y al texto interpretativo que significa la Recomendación OIT num. 143 -III, 7.1- (STC 138/1981, de 23/Noviembre, FJ 4), sino que no se ajusta a la eficacia extintiva del acto de despido, que finaliza el contrato de trabajo sin que deba esperarse a la resolución judicial para que dicha extinción se produzca (entre tantas otras anteriores y posteriores, SSTS SG 31/01/07 -rcud 3797/05-; 16/01/09 -rcud 88/08-; 30/03/10 -rcud 2660/09-; 10/11/10 -rcud 3693/09-; y 08/11/11 -rcud 767/11-); y de esta forma, no puede aceptarse que la protección -garantía- pueda alcanzar a quien se presenta candidata cuando ya no era trabajadora de la empresa, por haber sido despedida por razones disciplinarias cuando la empresa no tenía conocimiento de su intención de presentarse a las elecciones y -por lo mismo- era excluible todo propósito de injerencia en el proceso electoral en marcha; como tampoco consta que algo lo hiciese sospechar, habida cuenta de que incluso no se había presentado en el inmediatamente anterior proceso anulado. Las conjeturas que al efecto se hacen en el recurso -pretendiendo otra conclusión- no tienen valor alguno, en tanto que carecen del necesario soporte en los HDP y tampoco pueden variarlos en este recurso extraordinario de casación para la unificación de doctrina (SSTS 04/10/91 -rcud 34/91-... 31/01/11 -rcud 855/09-; 18/07/11 -rcud 2049/10-; 27/09/11 -rcud 4299/10-; y 05/12/11 -rcud 905/11-).
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Etiquetas: Los trabajadores proclamados candidatos a elecciones sindicales pueden ser despedidos.
EL 15% SERA LA NUEVA RETENCIÓN TRIMESTRAL A EFECTOS DEL IRPF PARA LOS AUTÓNOMOS
En el BOE del 11 de julio de 2015, se ha publicado el Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico.
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LOS INTERESES DE DEMORA DE LAS OPERACIONES COMERCIALES SERÁN DEL 8,05 EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2015
LOS INTERESES MORATORIOS EN LAS OPERACIONES COMERCIALES DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2015, serán del 8,05 por 100.
B) APLICACIÓN PROCESAL: Esos intereses de demora no solo se pueden reclamar en un juicio civil declarativo, sino en un procedimiento monitorio, al poderse calcular mediante sencillas operaciones aritméticas. Máxime en un proceso de la naturaleza del monitorio en el que su esencia radica en la posición que adopte el deudor frente al requerimiento de pago hecho en debida forma, pues la clave de dicho proceso monitorio se encuentra en la correcta citación del deudor y en la respuesta que dé al requerimiento que se le efectúe, pues es posible que el deudor no haga uso de la objeción que con rigor y con carácter "ad limine" señala el Juzgador, pues la facultad del Juzgador de rechazar "ad limine" las solicitudes para su inicio debe de ser objeto de un uso restrictivo. Lo cual ha sido confirmado entre otras Audiencias Provinciales por la de Vizcaya (15 de abril de 2002 y 21 de septiembre de 2004), al entender que los intereses moratorios en operaciones comerciales en nada se diferencian de los demás, en cuanto pueden ser calculados mediante una simple operación aritmética.
Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor, además del interés de demora fijado en el contrato o del legal si este no se fija (devengado automáticamente si no se paga en el plazo pactado o legal, sin necesidad de requerimiento previo), una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal, pudiendo reclamar además al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen la cantidad indicada en el párrafo anterior.
C) La Resolución de 29 de junio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2015, establece que el tipo legal de interés de demora a aplicar durante el segundo semestre natural de 2015 es el 8,05 por 100.
Etiquetas: 05 %, El tipo legal de interés de demora a aplicar durante el segundo semestre natural de 2015 es el 8
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