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Timestamp: 2018-03-21 18:47:26+00:00

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Primer Reporte [29 de abril de 2016] | Misión de Observación
Primer Reporte [29 de abril de 2016]
Primer reporte de observación de la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas en los Municipios de Hopelchén y Tenabo [29 de abril de 2016]
31 de marzo- 29 de abril de 2016
Para: Autoridades competentes: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados; Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Poder Judicial Federal; Gobierno estatal de Campeche; Gobierno Municipal de Hopelchén, Gobierno Municipal de Tenabo.
De: Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada.
Asunto: Primer reporte de observación de la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas en los Municipios de Hopelchén y Tenabo
El derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada y transparente es un derecho colectivo de los pueblos y comunidades indígenas y se encuentra respaldado por los artículos 6 y 7 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los artículos 2 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De acuerdo con los instrumentos y leyes anteriores, al adoptar o aplicar medidas legislativas, administrativas o de otro carácter que pudieran tener un impacto directo en los pueblos y comunidades indígenas, el Estado está obligado a llevar a cabo una consulta con ellos para obtener su consentimiento, en este caso, respecto de la solicitud de Liberación al Ambiente en etapa comercial de Soya Genéticamente Modificada número 007_2012, solución Faena tolerante al herbicida glifosato, en los pueblos y comunidades indígenas de los municipios de Hopelchén y Tenabo.
A partir de la publicación de la convocatoria dirigida a los pueblos y comunidades indígenas de Hopelchén y Tenabo, y a solicitud de dichos pueblos y comunidades, un conjunto de organizaciones y personas nos conformamos como “Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada” (de ahora en adelante: “Misión de Observación”) en los estados de Campeche y Yucatán.
La Misión de Observación participó atestiguando el desarrollo de las actividades de “pre-consulta” y en las dos primeras sesiones de la fase de “Acuerdos Previos” del proceso de consulta, con el objetivo de contribuir, a partir de sus observaciones, a que dicha consulta se realice en apego a los más altos estándares internacionales de derechos humanos desde una posición objetiva e imparcial.
La Misión de Observación considera importante visibilizar el proceso de consulta que se está llevando a cabo para que el pueblo mexicano y la comunidad internacional estén informados al respecto.
Los criterios de observación, registro y reporte de la Misión de Observación se basan en los referidos en el Convenio 169 de la OIT que establece que la consulta debe ser libre, previa, informada, de buena fe, culturalmente adecuada y transparente, y que el Estado tiene la obligación internacional de agotar todos los esfuerzos posibles y razonables para obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas para que el proyecto proceda de conformidad con la decisión de los pueblos y comunidades.
Los pasados 31 de marzo y 1 de abril de 2016, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), convocaron a las comunidades mayas de los municipios de Hopelchén y Tenabo para iniciar la fase de “Acuerdos Previos” de la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas sobre la siembra de soya genéticamente modificada, correspondiente a la solicitud número 007_2012.
En dichas convocatorias se establece que la consulta se desarrollará en cinco fases, denominadas: Acuerdos Previos, Informativa, Deliberativa, Consultiva y de Ejecución y seguimiento de acuerdos, y que se llevará a cabo de conformidad con los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas. Las convocatorias fueron públicas, se difundieron parcialmente a través del periódico de circulación regional Tribuna, por medio de perifoneo en español y en maya en algunas comunidades, y en carteles y lonas colocados en los palacios de ambos municipios y en los edificios conocidos como “comisarías” (ejidales ó municipales) en muchas de las comunidades.
La entrega de dichas convocatorias se hizo en dos juntas que forman parte de la etapa de “pre-consulta”; una en Hopelchén, Campeche, el día 31 de marzo, en la Comisaría Ejidal de Hopelchén; y otra en Tenabo, Campeche, el día 1 de abril, en la Comisaría Ejidal de Tenabo. En estas reuniones sólo se convocó a autoridades ejidales y no a los demandantes y, en el primer caso, las autoridades ejidales y municipales fueron convocadas la noche anterior al evento. En la sesión de Hopelchén no estuvo presente la CDI, a pesar de que es una de las autoridades convocantes y que se trata de una consulta en materia indígena. En cambio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) sí estuvo en ambas reuniones a pesar de no ser una autoridad convocante. En ninguna de estas dos sesiones hubo traductores-intérpretes.
La Misión de Observación tuvo conocimiento de que antes de que se realizaran las primeras sesiones del proceso de consulta el 31 de marzo y el 1 de abril, las autoridades realizaron una reunión sobre la convocatoria de la consulta en Hopelchén, el 17 de marzo de este año. La reunión fue a puerta cerrada y no permitieron la entrada a apicultores y demandantes.
En la primera semana de sesiones de la fase de “Acuerdos Previos” se realizaron dos sesiones: una en Hopelchén, el 14 de abril, en el Centro Cultural “Los Chenes” (calle 23, núm. 24, Zona Centro, Hopelchén); y otra en Tenabo, el 15 de abril, en la Comisaría ejidal de Tenabo (calle 19 s/n.). El objetivo de ambas sesiones fue presentar los “Protocolos Específico de Consulta” para los pueblos y comunidades indígenas de Hopelchén y Tenabo; esto fue declarado verbalmente al inicio de cada sesión, pero no fue explicitado en las respectivas convocatorias.
En las sesiones estuvieron presentes representantes de la CDI, CIBIOGEM, SENASICA, SAGARPA, autoridades municipales de Hopelchén y Tenabo, un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, representantes de alrededor de 13 comunidades indígenas de Hopelchén y una de Tenabo (debidamente seleccionados y nombrados por sus respectivas asambleas), otros habitantes y autoridades de comunidades mayas de ambos municipios (que aún no contaban con representaciones oficiales para la consulta), traductores certificados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI, uno en cada sesión), integrantes de la Misión de Observación, miembros del Partido de la Revolución Democrática (en Hopelchén), estudiantes de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán (en Tenabo), investigadores de El Colegio de la Frontera Sur (en Tenabo).
En ambas sesiones, un servidor público de CIBIOGEM dio la bienvenida, explicó el objetivo de la sesión, y preguntó si los asistentes requerían traducción a lengua maya. En ambos casos, los asistentes respondieron afirmativamente.
En las dos sesiones, el servidor público de la CIBIOGEM procedió a identificar a los sujetos de la consulta. Se hizo el pase de lista de las 34 comunidades indígenas a ser consultadas en Hopelchén, y de las 6 en Tenabo. En el caso de Hopelchén, sólo asistieron representantes formalmente nombrados de 13 comunidades; mientras que en Tenabo sólo estuvieron representantes formalmente nombrados de una comunidad (Emiliano Zapata).
En el caso de Hopelchén, los asistentes consideraron que, en tanto que la mayor parte de las comunidades a ser consultadas no estaban formalmente representadas, no podrían aceptar la recepción de la propuesta del “Protocolo Específico de Consulta” para continuar con el proceso de consulta. Más adelante se describen también otras inconformidades expresadas por representes de comunidades en esa sesión. No obstante, se llegó a los siguientes acuerdos: a) las autoridades otorgaron un periodo de dos meses y medio a partir de esa fecha para que todas las comunidades elijan a sus representantes y se reanude la fase de “Acuerdos Previos”, mismo que fue solicitado por las comunidades explicando que ello corresponde a sus usos y costumbres; b) los representantes de las comunidades indígenas se comprometieron a entregar los datos de contacto para que las autoridades responsables hagan entrega de la carpeta básica de información, así como el proyecto de “Protocolo Específico de Consulta”, entrega que será realizada dentro de un mes posterior a este acto; y c) las autoridades competentes se comprometieron a pagar los gastos de traslado para que los representantes electos de las comunidades puedan atender a la próxima sesión, a realizarse el 30 de junio de 2016.
En Tenabo, un servidor público de la CDI realizó una presentación sobre el derecho a la consulta, con traducción en lengua maya, y un servidor público de CIBIOGEM presentó el proyecto de “Protocolo Específico de Consulta”. Las comunidades expresaron a su vez varias inconformidades que se detallan más adelante. Después de las presentaciones y una larga deliberación, se llegó a los siguientes acuerdos: a) la representación de la comunidad de Emiliano Zapata firmó el acta con el acuerdo de llevarse la Propuesta de Protocolo Específico de Consulta presentado por las autoridades participantes para ser analizado en su asamblea; b) el viernes 29 de abril de 2016, la CDI o la CIBIOGEM acudirán con los representantes de Emiliano Zapata a efecto de que se indique el día y la hora en que las autoridades competentes podrán realizar la exposición de los temas a la comunidad de Emiliano Zapata, dando inicio, así, a la fase “Informativa”. Los representantes de esta comunidad expresaron que esa misma fecha darían a conocer a las autoridades la respuesta de su asamblea insistiendo que la informarían y tomarían decisiones de acuerdo a sus usos y costumbres.
III. Vicios procesales
A partir de la observación directa en las cuatro sesiones antes descritas, la Misión de Observación presenta algunos puntos con la intención de que sean considerados por las autoridades encargadas de la consulta, de otras autoridades coadyuvantes y de los juzgadores de los casos, en sus respectivos procesos de documentación y decisión sobre la presente consulta. Estos puntos han sido documentados y respaldados en audios, videos, fotografías, así como en testimonios escritos de los integrantes de la misión y de las partes participantes entrevistadas, y podrían coadyuvar para que todo el proceso de consulta se lleve a cabo en apego a los más altos estándares internacionales en derechos humanos.
1. Traducción e interpretación.
Las sesiones de entrega de la convocatoria a las comunidades se realizaron en lengua castellana y no estuvieron presentes traductores-intérpretes a lengua maya. Este es un hecho grave toda vez que algunos asistentes expresaron que hablan principalmente la lengua maya. Un asistente comentó que “nosotros queremos que se haga en maya y español, porque yo no sé español, más que poquito”.
Si bien en las sesiones de “Acuerdos Previos” para presentar el protocolo específico de consulta estuvieron presentes traductores certificados por el INALI (uno por cada sesión), y que los asistentes solicitaron que estos llevaran a cabo el trabajo de traducción del maya al español y del español al maya, en ambos casos los traductores sólo tradujeron algunas intervenciones, lo hicieron de manera incompleta, y las interrumpieron hacia la mitad de la sesión (retomando eventualmente la traducción hacia el final de la sesión en el caso de Hopelchén).
Del mismo modo, en la sesión de Hopelchén del 14 de abril los asistentes pusieron en entredicho la interpretación hecha por el traductor y exigieron que no sólo se hiciera la traducción, sino también la interpretación de todas las intervenciones. Asimismo, cuestionaron que el Acta circunstanciada, que fue leída y proyectada en el salón, no recogía los testimonios en lengua maya y se limitaba a indicar frases como “Una persona inició un discurso en lengua maya dirigiéndose a los presentes”, lo cual contradice de fondo los principios de la consulta indígena, pues varias de las opiniones expresadas por las comunidades no han quedado incluidas en las actas, que son la constancia escrita del proceso de consulta. Por lo tanto, exigieron que en el equipo de redacción del acta se incluyera a alguien que escribiera también en lengua maya, y que no se excluyan o minusvaloren los testimonios de las y los mayahablantes. Principios violados: carácter informado, culturalmente adecuado.
2. Falta de información clara, precisa y culturalmente adecuada.
En las sesiones del 31 de marzo y del 1 de abril, los asistentes señalaron que no habían sido correctamente convocados: se convocó con un día de anticipación, sólo fueron convocadas las autoridades ejidales y municipales, no fueron convocados los demandantes, y no había claridad sobre el objetivo de las sesiones.
Por otra parte, en las sesiones del 14 y 15 de abril, de “Acuerdos previos”, hubo diversas dificultades para llegar a acuerdos, ya que entre los asistentes y autoridades no había claridad sobre el objetivo de la sesión, sobre qué es un “protocolo de consulta”, sobre qué es la “OIT”, sobre en qué consiste la fase de “Acuerdos Previos”, entre otros. No había una comunicación clara entre los servidores públicos y los asistentes: mientras que los primeros insistían en que se debía llegar a acuerdos sobre el Protocolo y trataban cuestiones meramente procedimentales, los segundos insistían en que no firmarían ningún documento en esa sesión hasta no hacer el análisis y tomar decisiones según sus usos y costumbres, tal como se explica más adelante.
Al mismo tiempo, en ambas sesiones las comunidades abordaban cuestiones sustantivas vinculadas al permiso de siembra comercial, al derecho al medio ambiente sano, a la salud, a las tierras, territorios y recursos naturales, insistiendo en que éstas cuestiones deberían quedar incluidas en el objeto y el proceso de la consulta. Dado que las autoridades se concentraron en insistir en la importancia de los procedimientos y no respondieron sobre dichas preocupaciones de las comunidades, no se logró en estas primeras sesiones una mediación entre estas dos perspectivas distintas sobre la consulta. También cabe destacar que, en la sesión de Hopelchén, diversos asistentes señalaron que la consulta se estaba haciendo tarde, que la siembra de soya transgénica comenzó desde hace años y que ya hay afectación: muerte de abejas, contaminación del agua, daños a la salud. La información proporcionada no fue la misma en las sesiones. En la sesión de Hopelchén del 14 de abril no se ofreció información sobre qué es el derecho a la consulta, y la que sí se brindó en Tenabo el 15 de abril sobre dicho tema fue de carácter técnico, no del todo comprensible para los asistentes. Principios violados: carácter informado, culturalmente adecuado.
3. Presión para apegarse a calendario y procedimientos previamente planificados por las autoridades.
En las sesiones de entrega del Protocolo específico de consulta las autoridades explicaron que el objetivo de dichas sesiones era acordar el protocolo y, a lo largo de ellas, intentaron lograrlo con gran insistencia. En varias ocasiones los representantes de las comunidades, autoridades y otras mujeres y hombres mayas explicaron que, de acuerdo con sus usos y costumbres, un representante recoge información y la lleva a la asamblea de su comunidad, donde se analiza y se acuerda, y solo después transmite dichos acuerdos en sesiones futuras.
Mientras que la argumentación de los representantes de las comunidades fue aceptada en la sesión de Hopelchén del 14 de abril, en la que sólo habían representantes de 13 de las 34 comunidades a ser consultadas, fue desoída abiertamente en la reunión de Tenabo del 15 de abril en la que sólo habían representantes de 1 de las 6 comunidades a ser consultadas. Las autoridades actuaron de manera diferenciada en ambas sesiones, y no respetaron el hecho de que sólo hubiese 1 comunidad representada en Tenabo, la de Emiliano Zapata, y ejercieron presión a dichos representantes para que aprobaran la propuesta del Protocolo Específico de Consulta. Resulta particularmente preocupante la actitud del visitador de la CNDH, ya que fue uno de los que más insistió en la firma de los acuerdos, incumpliendo así su papel imparcial y de vigilancia para el cumplimiento de las propias recomendaciones de la CNDH.
También hubo presión por parte de las autoridades cuando insistieron en que los representantes de Emiliano Zapata hicieran llegar sus observaciones en un tiempo máximo de 10 días, toda vez que son las propias comunidades las que deben definir los tiempos y procedimientos que consideren adecuados.
Los integrantes de esta Misión de Observación reconocen, a partir del conocimiento y experiencia que tienen en el tema de usos y costumbres de las comunidades mayas, que éstos corresponden con lo que las comunidades expusieron en ambas sesiones. En el caso de la sesión de Tenabo, estos usos y costumbres no fueron respetados para la comunidad de Emiliano Zapata. Principios violados: carácter libre, informado, culturalmente adecuado.
4. Falta de imparcialidad por parte de las autoridades y ambiente de desconfianza.
En las sesiones del proceso de consulta se ha advertido la presencia de autoridades que ponen en duda los principios de buena fe, de imparcialidad y de carácter libre de la consulta y que generan un ambiente de desconfianza.
Como ya ha sido señalado, en las sesiones del 31 de marzo y de 1 de abril, en Hopelchén y Tenabo, respectivamente, estuvo presente la SEMARNAT, aunque ésta no era una de las autoridades convocantes.
Uno de los hechos que más preocupa a la Misión de Observación es que el SENASICA figura en calidad de “coordinación y coadyuvancia” de la CDI y la CIBIOGEM en la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas los municipios de Hopelchén y Campeche. A pesar de la Recomendación No. 23/20015 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la participación de SENASICA en la consulta, la Misión de Observación considera que la participación de dicha dependencia es un elemento que viola la buena fe e imparcialidad de la consulta, toda vez que es una de las partes implicadas y demandadas.
Asimismo, la presencia de la Delegación de la Procuraduría Agraria en Campeche en la sesión de Tenabo del 15 de abril es un factor de confusión para las comunidades, toda vez que involucra temas y problemáticas relacionadas con el despojo de tierras que no tienen que ver con la consulta.
Adicionalmente se encontraron diferencias entre el tema para el que se convoca (lo que se asienta en la convocatoria), lo que se trata en la asamblea, y lo que aparece al final en el acta. Estos y otros factores generan un ambiente de desconfianza entre comunidades y autoridades, que fue patente en ambas asambleas. Al final de la asamblea de Hopelchén del 14 de abril, uno de los asistentes por parte de las comunidades usó las siguientes palabras en su intervención: “somos personas, podemos pensar y no somos animales”. Normalmente nadie se expresa así en el micrófono y en público si se siente en un ambiente de confianza y respeto.
Asimismo, partes de los acuerdos de la sesión de Tenabo —el consentimiento como objetivo de la consulta, las fechas propuestas por los representantes de Emiliano Zapata para continuar con la fase “Informativa”— no quedaron registradas en el Acta Circunstanciada. La Misión de Observación considera que los acuerdos que están en el acta no reflejan los que se tomaron en forma completa y exacta, lo que acentúa la sensación de desconfianza entre las partes, y podría afectar cualquier próxima reunión del proceso de consulta.
También resultan preocupantes algunas acciones por parte de las autoridades que buscan influir en la decisión de los asistentes. Antes de que iniciara la sesión de Hopelchén del 31 de marzo, un funcionario público de SEMARNAT abordó a una de las demandantes y le señaló que el daño ya estaba hecho y que sólo debía repararse, agregando que se podía llegar a acuerdos para beneficiar a los afectados con obras de infraestructura. Esta información nos fue proporcionada por la demandante y fue documentada con fotografías.
En la sesión de Tenabo del 1 de abril, el servidor público de CIBIOGEM explicó ante los asistentes que no es verídico que la miel campechana haya sido contaminada con polen de soya genéticamente modificada, dijo contar con una investigación científica y minimizó la información que ha sido publicada sobre el tema en medios de comunicación, y declaró que la producción de soya no afecta a la miel. Este tipo de declaraciones resultan inadecuadas, pues no corresponden a la fase de “Acuerdos previos” de la consulta.
En esta misma sesión en Tenabo, un representante de la CDI, que no se identifcó, le ofreció una carretera de unos 50 kilómetros al comisario ejidal.
Asimismo, cuando finalizó la sesión de Hopelchén del 14 de abril, una funcionaria de CIBIOGEM les dijo a los asistentes que las abejas van a pecorear (a los cultivos de soya) sólo cuando tienen necesidad, cuando hay falta de alimento, que no lo van a hacer todo el tiempo. Los apicultores respondieron que han visto que las abejas sí lo hacen. Asimismo, se acercó con varios apicultores para hablarles sobre los beneficios de la soya transgénica, incluso proporcionó información falsa, negándoles que en Europa haya numerosos países en los que esté prohibida la siembra de transgénicos.
La Misión de Observación también documentó la actuación indebida de las autoridades responsables de la consulta en sesiones que no forman parte del proceso de consulta. Así, el 24 de abril se llevó a cabo una asamblea ejidal en Tenabo, en donde las autoridades —entre ellas CDI y CIBIOGEM— abordaron el tema de los organismos genéticamente modificados. A la Misión de Observación le resulta preocupante que se aborden los temas relativos a la consulta en espacios no consensuados por las comunidades, limitados al ámbito ejidal.
Por último, la Misión de Observación registró una declaración de personal de CIBIOGEM, la cual hacía referencia a una declaración anterior del apoderado legal de MONSANTO hecha a los medios de comunicación relativa a que en la temporada 2016 se va a sembrar la soya genéticamente modificada en comunidades y municipios de Campeche donde no hay demandantes, así como en ranchos privados. Esto contraviene el punto séptimo de los Considerandos de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al amparo en revisión 499/2015, sobre los Efectos de la suspensión otorgada. Estas declaraciones generan un ambiente de confusión para los actores de la consulta, que pueden impulsar la comisión de delitos federales (a la siembra dentro de los 8 municipios incluidos en la suspensión). Las declaraciones son graves cuando las hacen terceros, pero mucho más graves al ser hechas por partes de las instancias convocantes de la consulta. Esto representa una gran preocupación en la Misión de Observación, que probablemente nos llevará a solicitar y participar en mecanismos de vigilancia de que dichos delitos no se lleven a cabo. Principios violados: libre, de buena fe, imparcial, culturalmente adecuada (respeto de usos y costumbres).
5. Falta de pago de los gastos de las comunidades para poder participar en las actividades de la consulta.
Los servidores públicos de CDI, CIBIOGEM y SENASICA no aceptaron la solicitud de los asistentes de que les fuera reembolsado su gasto de traslado para poder asistir a las sesiones de la consulta, a pesar de que el “Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” de la CDI (aprobado por el Pleno de la Asamblea del Consejo Consultivo de la CDI en la XXXIII Sesión ordinaria, febrero de 2013) señala que “Los costos que resulten de la realización del plan de trabajo estarán a cargo de la entidad pública responsable de consultar. Incluyendo los que requiera la parte indígena para asegurar su participación y los que se generen por la producción de estudios o asesorías especializadas” (p. 43), y de que el “Protocolo Específico de Consulta Indígena para el Municipio de Tenabo, Campeche” señala que “Los gastos de transportación de los representantes de las comunidades indígenas serán cubiertos por las autoridades responsables, a fin de garantizar que la participación de los mismos en aquellas sesiones de la consulta que se desarrollen fuera de su comunidad” (apartado VI. Presupuesto y financiamiento). Principios violados: de buena fe.
1. Sobre la traducción e interpretación:
1.1. Que se cuente con uno o varios traductores-intérpretes de confianza de las comunidades, mismos que deben presentar la información en un lenguaje culturalmente apropiado para los consultados y, a su vez, transmitir a las autoridades y demás participantes en forma fiel todas las intervenciones de las comunidades mayas.
1.2. Que en el equipo de redacción de las actas circunstanciadas se cuente con alguien que comprenda y escriba en lengua maya. Que esa persona incluya en el acta todas las participaciones en lengua maya de los consultados.
2. Sobre la falta de información clara, precisa y culturalmente adecuada.
2.1. Que el proyecto de protocolo específico sea entregado a los representantes de las comunidades de los consultados para su análisis y estudio, antes de pedir su firma de aceptación. Que las comunidades puedan elegir a los asesores que les generen confianza para resolver las dudas que de este análisis les surjan. Que, en aquellas comunidades que lo soliciten, las propias autoridades expliquen claramente y de manera culturalmente adecuada tanto el contenido del proyecto de protocolo para la presente consulta, como lo que en sí es una consulta indígena y un protocolo de consulta.
2.2. Que el proyecto de protocolo y toda la información necesaria para que las comunidades consultadas entiendan este proceso de consulta previa (qué es la OIT, qué es el Convenio OIT 169, qué dispuso la sentencia de la SCJN, entre otros), sea explicado y difundido en lengua maya a través de en un programa radial o televisivo en lengua maya producido por las autoridades responsables, para ser reproducido durante las asambleas en las comunidades consultadas.
2.3. Que en las convocatorias emitidas por las autoridades se exponga con claridad el objeto de cada una de las juntas y asambleas, y que éste se cumpla en las juntas y asambleas. Que no se convoque para un objetivo y durante la asamblea se busque otro.
2.4. Que las invitaciones a las comunidades se hagan llegar al menos con 3 ó 4 días de anticipación y que se les especifique que los gastos que su desplazamiento genere serán cubiertos por las instituciones responsables de la consulta.
3. Sobre la presión para apegarse a calendario y procedimientos previamente planificados por las autoridades. Que se respete en todo momento los tiempos y usos y costumbres que las comunidades consideren propios para informarse, analizar y tomar decisiones en las diferentes etapas de la consulta. En este sentido, que las autoridades pregunten a las comunidades qué plazo razonable requieren para consultar y reflexionar al interior de las mismas y para tomar una decisión.
4. Sobre la falta de imparcialidad por parte de las autoridades y ambiente de desconfianza.
4.1. Para que el proceso de consulta sea completamente imparcial, es necesario que la autoridad demandada —en este caso SENASICA— no participe en la organización, coordinación y coadyuvancia del proceso de consulta.
4.2. Que ninguna autoridad de las que participen en el proceso de consulta presione de ninguna forma a las comunidades ya sea en materia de tiempos, de decisiones sobre procedimientos o en la decisión central de aceptación o no del permiso en consulta.
4.3. Que las autoridades participantes en la consulta se abstengan de hacer declaraciones públicas que contravienen a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4.4. Que ninguna autoridad convocante de la consulta, institución o parte participante promueva la firma de actas en blanco o con espacios en blanco. Esto sucedió en la reunión previa en la que se dio a conocer la convocatoria, en Hopelchén, el pasado 31 de marzo.
5. Sobre la falta de pago de los gastos de las comunidades para poder participar en las actividades de la consulta. Que las autoridades cubran todos los gastos de traslados, alimentación y hospedaje de los consultados para las actividades de la consulta, así como otros gastos necesarios para informar de manera sencilla y culturalmente adecuada a las comunidades sobre lo que es la consulta, sobre el proyecto de protocolo de esta consulta, y en su momento (fase informativa) sobre los impactos positivos y negativos del permiso materia de la presente consulta.
6.1. Que se considere en el objetivo de la consulta: la obtención del consentimiento de los consultados para el permiso en cuestión, así como la reparación de daños ya provocados por la siembra de soya genéticamente
modificada de la aprobación del permiso al presente.
6.2. Que las comunidades consultadas puedan elegir con libertad a las y los asesores que les den confianza, y que dichos asesores puedan intervenir en las asambleas de la consulta, evitando que suceda lo que ocurrió el 15 de abril en Tenabo, cuando las autoridades no permitieron la intervención de los asesores legales de la misma.
6.3. Que las partes analicen el único borrador o propuesta de protocolo para la consulta que por ahora existe, es decir, el que se adjunta al acta de la asamblea realizada en Tenabo el pasado 15 de abril, como base para que las asambleas comunitarias comprendan mejor lo que es la consulta, analicen el documento, pidan opinión a sus asesores, formulen contrapropuestas y regresen en la fecha en que mejor convenga según sus tiempos y usos y costumbres, y se pueda llegar a una versión aceptable para todas las partes involucradas. Mientras esto no suceda, las autoridades deberán abstenerse de iniciar cualquier otra actividad de la consulta, incluyendo aquellas de etapas posteriores como la informativa y la deliberativa, a riesgo de perder la confianza de las partes.
6.4. Que se tomen en cuenta las siguientes debilidades y errores identificados por esta Misión de Observación en el borrador de protocolo escrito entregado en Tenabo (adjunto al acta de la asamblea del pasado 15 de abril):
a) El objeto propuesto para la consulta indica permitir a las comunidades participar para dar su opinión sobre el permiso en cuestión. Esta redacción cambia el sentido de la Resolución de la Suprema Corte de Justicia, diluyendo la importancia del resultado de la consulta. Las partes, en especial las comunidades, deberán revisar cuidadosamente esto y proponer una redacción que se apegue a la resolución y que valore en su justa medida el esfuerzo que para todos representa la presente consulta indígena.
b) Las actas de asambleas de Hopelchén (14 de abril) y Tenabo (15 de abril), señalan que en mayo se distribuirá la carpeta básica de información. Esto viola los principios de la consulta y el protocolo general emitido por la CDI, ya que esta acción corresponde a la etapa informativa de la consulta, misma que aún no ha comenzado y que, de acuerdo con el acta de la asamblea de Hopelchén, no comenzará sino hasta después de la asamblea del 30 junio en la que se discutirá el borrador del protocolo para tratar de consensar sobre el mismo (lo cual aún forma parte de la etapa de acuerdos previos según el propio protocolo del gobierno federal).
c) La propuesta de protocolo entregada en Tenabo dice que en la etapa deliberativa las comunidades pueden solicitar más información, lo cual parece incorrecto, porque no sería en esa etapa, sino en la informativa que se debe agotar todas las solicitudes de información hechas por las comunidades.
La Misión de Observación continuará colaborando para que la consulta a los pueblos y comunidades indígenas mayas se desarrolle en apego al Convenio 169 de la OIT, según lo mandata la resolución respectiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, promoviendo el respeto a la cultura de las comunidades, así como sus tiempos, usos y costumbres.
La consulta que ya dio inicio es una gran oportunidad del Estado mexicano para marcar un precedente en la implementación de los más altos estándares en materia de derechos humanos, con lo cual demostraría su voluntad para respetar y garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas que en su territorio son susceptibles del desarrollo de proyectos con el potencial de impactar de manera significativa su cultura y su vida comunitaria, y respetar su voluntad y decisiones con respecto a la manera en que desean el desarrollo en su tierra y territorio.
Ciudad de México, Mérida y Campeche, 29 de abril de 2016
Segundo Reporte (17 y 19 de mayo) [7 de junio de 2016]

References: artículo 19
 resolución 
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