Source: http://joaquinmejiarivera.blogspot.com/2017/04/
Timestamp: 2017-11-24 12:51:51+00:00

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ABOGADOS POR LOS DERECHOS HUMANOS : abril 2017
Al ACNUDH también le preocupa la militarización del Estado y la sociedad
A finales de marzo de este año, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos (ACNUDH) dio a conocer su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Honduras. Este es su primer informe desde la firma del acuerdo entre dicha Oficina y el Estado de Honduras en mayo de 2015.
Como parte de su mandato, el ACNUDH supervisa el respeto y promoción de los derechos humanos en el país y elabora un informe que es presentado al Consejo de Derechos Humanos, al Estado de Honduras y a la sociedad con el fin de aportar elementos que permitan mejorar la situación.
Uno de los aspectos en los que se centra el informe es el tema de la criminalidad. El ACNUDH reconoce una reducción en los índices de homicidios, sin embargo, la violencia y la inseguridad persisten y siguen condicionando la forma de vida de la mayoría de la población.
Para el ACNUDH esta situación se ve agravada por la debilidad de las instituciones, la deficiente coordinación entre los organismos de seguridad, la corrupción y los altos niveles de desigualdad y de exclusión social.
A su vez, la violencia afecta particularmente a quienes “desafían las normas sociales o el statu quo, como los defensores de los derechos humanos, los pueblos indígenas, las mujeres y las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales”. El asesinato de Berta Cáceres se inscribe en este contexto.
Por otro lado, al ACNUDH le preocupa el profundo proceso de militarización con su impacto significativo en el presupuesto nacional que en materia de seguridad y defensa ha experimentado un aumento gradual que alcanzó alrededor del 13,6% del presupuesto propuesto para 2017, y ha consumido el 87% de los recursos de la tasa de seguridad.
También preocupa que la estrategia de seguridad del actual gobierno se ha centrado en las Fuerzas Armadas y que a pesar que el Estado ha indicado en foros internacionales como el Comité contra la Tortura que habría un repliegue progresivo de los militares, hasta el momento se observa un incremento de la presencia militar.
El ACNUDH se suma a otras voces nacionales e internacionales como la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido “que el despliegue de fuerzas militares para realizar funciones de seguridad ciudadana debe hacerse solamente en circunstancias excepcionales, ser limitado en el tiempo y estar bajo un control civil estricto”.
Frente a ello, el gobierno de Juan Orlando Hernández sigue sordo ante tales cuestionamientos y continúa empecinado en atacar únicamente con la fuerza de las armas y a cualquier costo, una situación cuyas causas se enraízan en lo más profundo de la desigualdad y la exclusión social.
En el país existen tres grupos de ciudadanas y ciudadanos plenamente identificables. En un primer grupo están aquellas y aquellos que trabajamos por el cumplimiento de la promesa constitucional de un Estado de derecho que garantice el bienestar económico, social, cultural, político y ambiental de la población, y cuyo norte sea la protección de la dignidad humana.
Para estos ciudadanos y ciudadanas el Estado y sus instituciones deben garantizar que todas y todos estemos sometidos a la Constitución y a las leyes, que exista un equilibrio entre los poderes públicos y se evite el absolutismo, que las actuaciones de la administración pública sean acordes con la legalidad y que el respeto y realización de los derechos humanos sea un objetivo estratégico.
En un segundo grupo están aquellas y aquellos que sin tapujos han apostado por el control y sometimiento absoluto de la institucionalidad, por la profundización de un modelo autoritario, excluyente y militarizado, y por el rompimiento del orden constitucional y el uso de la fuerza como mecanismo para lograr sus fines particulares, limitar gravemente las libertades y debilitar la presión social y la crítica pública.
Para estos ciudadanos y ciudadanas, el Estado y sus instituciones son un botín y una herramienta para garantizar la concentración de la propiedad y la riqueza social en su beneficio. Con su imagen de demócratas se esconden detrás de lo que Fernando Bustamante llama, “mafias y corporaciones disfrazadas de partidos políticos”.
Y en un tercer grupo se encuentra una masa de personas que navega en la indecisión y creencia que estos asuntos están alejados de su realidad, y que no le afectan en su vida cotidiana, ignorando que la corrupción política constituye una sustracción de los recursos destinados a la realización de la dignidad humana.
¿Usted a qué grupo de ciudadanos y ciudadanas pertenece? Su decisión es vital para garantizar en el presente y futuro cercano si transformamos al Estado para incrementar sus capacidades de reducir la injusticia y la violencia, o si continúa por la senda de la corrupción, la impunidad y el autoritarismo.
Publicado por Joaquín A. Mejía Rivera en 04:23 No hay comentarios:
No hay que olvidarnos de las reformas penales antidemocráticas
A pesar que las estadísticas oficiales señalan una reducción en la tasa de homicidios, existen dos elementos que son perversamente utilizados para aprobar una serie de reformas que cercenan nuestras libertades y colocan en riesgo nuestros derechos fundamentales.
En primer lugar, la percepción ciudadana de una grave situación de criminalidad y violencia que se mantiene, y en segundo lugar, un sentimiento de desprotección y desconfianza en las instituciones que constitucionalmente son las responsables de brindarnos protección y reducir los índices delictivos dentro del marco de un Estado democrático de derecho.
El más reciente sondeo de opinión pública realizado por el ERIC-SJ lo confirma cuando la población consultada señala que la violencia y la inseguridad son uno de los fracasos del gobierno actual, y considera a la Policía Nacional, al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia como las instituciones menos confiables.
Esta percepción y desconfianza es un terreno fértil para que el gobierno asuma un papel populista mediante la adopción de medidas de emergencia que debilitan aún más a la institucionalidad democrática, y se desatienda de iniciar una reforma profunda e integral que permita apuntar hacia las causas estructurales generadoras de la violencia.
Una de las características de las medidas adoptadas es su ambigüedad que otorga una peligrosa discrecionalidad a policías, militares, fiscales, jueces y juezas para incluir dentro de las conductas prohibidas, otras conductas legítimas de defensa de los derechos humanos, y que pueden ser utilizadas como mecanismos de control social.
Por ello es que frente a las reformas penales recientemente aprobadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han señalado que pueden dar lugar a tergiversaciones deliberadas “para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos humanos”.
Hacemos un llamado a los diferentes sectores sociales y políticos comprometidos con los valores democráticos a seguir insistiendo en la ilegalidad e ilegitimidad de tales reformas, y exigimos al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que se sume a las peticiones de inconstitucionalidad de las mismas ante la Sala de lo Constitucional, y a ésta que dé una respuesta congruente con la Constitución de la República y los estándares internacionales en la materia.
Publicado por Joaquín A. Mejía Rivera en 18:45 No hay comentarios:
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Publicado por Joaquín A. Mejía Rivera en 18:38 No hay comentarios:
Las reformas penales como mecanismos de control social en Honduras
Las recién aprobadas reformas penales deben situarse en un contexto marcado por cuatro características fundamentales para entender la realidad hondureña: Primero, el control y sometimiento de la institucionalidad democrática al Poder Ejecutivo; segundo, el deslizamiento de la toma de decisiones en materia de seguridad y justicia desde el Congreso Nacional hacia el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que más que un órgano de coordinación de poderes e instituciones, se ha convertido en un supra gobierno presidido por el Presidente Juan Orlando Hernández.
Tercero, la profundización de un modelo autoritario, excluyente y militarizado que no admite críticas ni disenso, y que como lo señala Global Witness en su más reciente informe sobre Honduras, utiliza el asesinato, las amenazas, las intimidaciones constantes, los ataques físicos y los cargos falsos como instrumentos para silenciar a quienes adoptan una actitud firme frente al mismo1. Y cuarto, la preparación de unas condiciones normativas para utilizar más efectivamente el derecho penal como instrumento de control social durante el último año de gobierno del Presidente Hernández y de sus próximos 4 años si no sucede algo extraordinario que impida sus ilegales planes reeleccionistas.
Así, pese a la reducción oficial de la tasa de homicidios, la grave situación de inseguridad, la percepción de la violencia por parte de la ciudadanía y su sentimiento de desprotección y desconfianza en las instituciones2, han sido un terreno fértil para que germine el peligroso “populismo de la seguridad” abanderado por el gobierno, el cual ignora la necesidad de poner en marcha una reforma profunda e integral del sistema de seguridad y justicia que permita apuntar hacia objetivos y acciones democráticamente idóneas, y se centra en adoptar un conjunto de medidas de emergencia sin importar los impactos en los derechos y las libertades fundamentales.
Dentro de estas medidas, la aprobación de las reformas penales mediante la llamada Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad, genera una enorme preocupación debido a la falta de claridad, certeza y precisión de las conductas prohibidas, cuya ambigüedad brinda una amplia discrecionalidad a las autoridades estatales para determinar la configuración de delitos que no corresponden con la gravedad y la naturaleza de los hechos, y que pueden ser utilizadas como instrumentos de control social a través del miedo a la sanción penal.
En este sentido, hay dos reformas por adición relacionadas con el delito de terrorismo establecido en el artículo 335 del Código Penal que pueden tener un impacto negativo en las libertades de quienes colectivamente ejercen la defensa de sus derechos en los espacios públicos y que atentan contra el principio de legalidad que exige que “los tipos penales estén formulados sin ambigüedades, en términos estrictos, precisos e inequívocos, que definan con claridad las conductas penalizadas como delitos sancionables, estableciendo con precisión cuáles son sus elementos y los factores que les distinguen de otros comportamientos que no constituyen delitos sancionables o son sancionables bajo otras figuras penales”3.
En primer lugar, la eliminación de la finalidad político-subversiva del delito de terrorismo, dejándolo de la siguiente manera: “Se aplicarán las penas contempladas en el artículo precedente a quien en forma personal o como integrante de organizaciones criminales de cualquier tipo, busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado, tales como el control territorial, así como el monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza por parte de las diferentes instituciones de la justicia penal, atemorizando, poniendo en grave riego o afectando sistemáticamente e indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población o parte de ella, la seguridad interna del Estado o la estabilidad económica del país”.
Esta reforma ignora que el terrorismo se diferencia de otros delitos comunes o del crimen organizado por la motivación de los presuntos responsables para alcanzar ciertos fines de carácter político, religioso, ideológico o de ruptura del orden constitucional establecido mediante la comisión de ilícitos graves. Por muy severo que sea el impacto sobre la paz y la seguridad de un país los actos de violencia cometidos por el crimen organizado, no pueden equipararse al delito de terrorismo a la luz del derecho internacional, ya que no necesariamente persiguen los fines mencionados.
En palabras de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), “[l]a grave alteración de la paz y el orden público no se configuran como fines, sino como medios en el delito de terrorismo para la subversión de un orden político-jurídico determinado. La confusión, no obstante, entre medios y fines, hace que esta propuesta de redacción no sea acertada conforme a los estándares internacionales por desnaturalizar el concepto de terrorismo, siendo particularmente esta redacción más cercana al delito de desórdenes públicos, cuyo bien jurídico protegido son la seguridad colectiva y la paz pública en su sentido restringido”4.
En ese mismo orden de ideas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la OACNUDH han señalado que las definiciones de terrorismo demasiado amplias pueden “dar lugar a tergiversaciones deliberadas del término, para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos humanos”5 y de esta forma reducir al mínimo la presión de los sectores sociales y la crítica pública, que son fundamentales en una sociedad democrática.
En segundo lugar, la criminalización de las expresiones relativas al terrorismo, que de acuerdo con la reforma queda de la siguiente forma: “Quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento a este, será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión”.
Un grave problema de esta reforma es que no establece que los principios de intención, contexto y causalidad son condiciones esenciales para demostrar si una determinada expresión o divulgación de noticias puede ser considerada apología del terrorismo. Una norma de este tipo que puede tener un impacto significativo en el ejercicio de la libertad de expresión a través de sanciones penales, debe tener como presupuesto la prueba actual, cierta, objetiva y contundente de que la persona no estaba manifestando simplemente una opinión, sino que tenía la clara intención de promover el terrorismo, así como la capacidad de lograr este objetivo y que ello signifique un verdadero riesgo de daños6.
En este sentido, la imposición de sanciones ulteriores por la divulgación de opiniones o información solo es permitida mediante leyes claras y previsibles, y que no sean extremadamente amplias o vagas, cuya finalidad sea legítima y que contengan sanciones proporcionales al tipo de perjuicio que buscan evitar. Además, el Estado tiene la obligación de no penalizar la apología del terrorismo “sin el requisito adicional de que se demuestre el intento de incitar a la violencia ilegal u otra acción similar y la probabilidad de éxito”7.
Como lo señala la CIDH y la OACNUDH, el Estado no debe “limitar los reportajes periodísticos sobre actos, amenazas o promoción del terrorismo y otras actividades violentas a menos que el reportaje en sí tenga la intención de incitar a la violencia inminente, sea probable que incite a tal violencia y exista una conexión directa e inmediata entre el reportaje y la probabilidad u ocurrencia de ese tipo de violencia”8.
No cabe duda que la criminalidad es un grave problema en Honduras, sin embargo, cualquier medida para enfrentarla debe tener en cuenta que los derechos y libertades consagradas en la Constitución y en los tratados internacionales son el punto de partida y también el límite para las normas de carácter penal, y que además ejercen una función civilizadora del Estado para evitar que se convierta en un violento “Leviatán” del relato político de Thomas Hobbes, o en un misionero convertido en caníbal de acuerdo con la imagen derivada de la frase atribuida al escritor irlandés George Bernard Shaw, en el sentido que “aunque es malo que los caníbales se coman a los misioneros, sería terrible que los misioneros se comieran a los caníbales”.
La simplicidad de esta frase encierra una máxima que debe cumplir todo Estado en un sistema democrático: el rechazo a la idea de combatir el crimen con el crimen y de justificar la utilización de cualquier medio para acabar con la violencia, contrariando los principios y propósitos básicos del Estado de derecho, entre los que destacan, los principios de participación ciudadana, de rendición de cuentas, de no‐discriminación y de respeto a los derechos humanos que se constituyen en guía y límite infranqueable para las intervenciones del Estado. Si bien es cierto que el derecho penal debe estar al servicio de la persona humana, no puede intentar protegerla de cualquier modo y sin ningún límite, ya que existe el riesgo de que la seguridad devore a la libertad y llegar a las llamadas “dictaduras dulces” nacidas de la renuncia de los valores democráticos y de la libertad en favor de la seguridad9. Honduras camina con paso firme hacia ese peligro.
1. Global Witness, Honduras. El lugar más peligroso para defender el planeta, Global Witness, Londres, enero de 2017, p. 8.
2. El 81% de la población afirma que los operadores de justicia, sean juezas, jueces, magistradas, magistrados o fiscales, defienden los intereses de los ricos, poderosos y corruptos del país, en Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Sondeo de Opinión Pública. Séptima edición. Percepciones sobre la situación hondureña en el año 2016, ERIC-SJ, El Progreso, Yoro, Honduras, enero 2017, p. 10.
3. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Fondo, reparaciones y costas), párr. 121.
4. Observaciones de la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la propuesta de reformas legislativas para el fortalecimiento y efectividad de la Política de Seguridad de Honduras, OACNUDH, Tegucigalpa, pp. 4-5.
5. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras expresan su preocupación ante la aprobación de reformas al código penal hondureño regresivas para los derechos humanos y la libertad de expresión. Comunicado conjunto, Washington, D.C. y Tegucigalpa, 23 de febrero de 2017, p. 1.
6. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009, Washington, D.C., 30 diciembre 2009, p. 170, párr. 525.
7. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre terrorismo y derechos humanos, Washington, D.C., 22 octubre 2002, p. 273.
8. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras… op. cit., p. 2.
9. DOMÍNGUEZ VIA, Andrés. “Hacia una seguridad ciudadana”, en AA. VV., Estudios básicos de derechos humanos. Tomo III, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 1995, pp. 295-296.
Publicado en Blog de la Fundación para el Debido Proceso el 16 de marzo de 2017.
Fuente: https://dplfblog.com/2017/03/16/las-reformas-penales-como-mecanismos-de-control-social-en-honduras/
Publicado por Joaquín A. Mejía Rivera en 21:24 No hay comentarios:
Consumado el rompimiento del orden constitucional en Honduras
La reciente inscripción de la candidatura del presidente Juan Orlando Hernández por parte del Tribunal Supremo Electoral hondureño no puede entenderse sin el contexto de subordinación y control casi absoluto de la institucionalidad democrática por parte del Poder Ejecutivo, desde la Corte Suprema de Justicia, pasando por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, hasta las Fuerzas Armadas.
La decisión del Tribunal Supremo Electoral viene a ratificar una nueva ruptura del orden constitucional que tuvo su origen en la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró inaplicable la prohibición de la reelección. Aunque en otros contextos la permisibilidad de la reelección presidencial no genera controversia, debido al largo periodo de gobiernos autoritarios y golpes de Estado que provocaron una profunda inestabilidad política en Honduras, su proscripción se constituyó en un elemento esencial de nuestra forma de gobierno, a tal punto que fue establecida en una cláusula pétrea en nuestra Constitución nacional.
Reelección y suplantación de la soberanía popular
Su establecimiento en una cláusula de este tipo implicó blindarla y reforzarla para evitar que fuera modificada por los poderes constituidos, es decir, por los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, ya que al representar uno de los principios supremos y sustanciales de nuestro orden político y constitucional, fueron sustraídos de la competencia y facultad reformadora de dichos poderes, y su modificación, a la luz del artículo 2 de la Constitución, quedó exclusivamente en manos del único sujeto legitimado que puede ejercer el poder constituyente por ser titular de la soberanía popular: el pueblo hondureño.
Por esta razón, la propia Sala de lo Constitucional reconoció en su sentencia que “no tiene la atribución de reformar la Constitución”1 y por tanto, aunque no tuvo la rigurosidad técnica ni la voluntad política de plantearlo expresamente, nadie puede ignorar que la prohibición de la reelección, al estar contenida en un artículo pétreo, no puede ser derogada o modificada ni por el Congreso Nacional ni por el Poder Ejecutivo ni por la Corte Suprema de Justicia. La razón es simple, tales instituciones son poderes constituidos que emanan de la soberanía popular y no tienen la facultad de reformar las cláusulas pétreas que operan contra ellos para evitar que se transformen en poder constituyente.
En consecuencia, es absolutamente ilegal que dos poderes constituidos, es decir, la Sala de lo Constitucional con sus 5 magistrados y magistradas, y el Congreso Nacional con los 55 diputados y diputadas que votaron en contra del plebiscito para consultarle al pueblo hondureño sobre la reelección, puedan reformar la cláusula pétrea que la prohíbe. Al hacerlo, suplantaron la soberanía popular que reside en los más de 4 millones de hondureños y hondureñas habilitados para votar, y que son los únicos legitimados como titulares del poder constituyente.
Se debe dejar claro que la prohibición o permisión de la reelección no es el problema de fondo, ya que las normas pueden adecuarse a los cambios políticos y sociales que una sociedad atraviesa, sin embargo, es un asunto que debe ser debatido en un amplio espacio democrático de participación directa, ya que su modificación o eliminación fue reservada por la Constitución exclusivamente al poder constituyente, es decir, al pueblo hondureño, el único sujeto político legítimamente facultado para reformar aquellos principios incluidos en cláusulas pétreas por ser considerados fundamentales.
Reelección y alteración del orden legítimo de suceder a la presidencia
El último párrafo del artículo 4 de la Constitución hondureña establece que “[l]a alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria”. De acuerdo con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, la alternabilidad “procura que exista una rotación en el poder”2 y según el Diccionario de Derecho Constitucional emitido por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, la alternabilidad implica que “las personas deben turnarse sucesivamente en los cargos, o que los cargos deben desempeñarse por turnos”3.
En otras palabras y en caso que aceptáramos la permisión de la reelección únicamente si así lo decidiera el titular del poder constituyente, el principio de alternabilidad obliga a que la persona titular de la Presidencia de la República cambie periódicamente y prohíbe a quien ostenta actualmente ese cargo, ejercerlo por otro período consecutivo sin mediar el intervalo de un período. En palabras del ex Fiscal General del Estado, Edmundo Orellana, “por este principio no podría admitirse la reelección sucesiva o continua, aunque no sea prohibida la reelección”4.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras en ningún momento discutió o declaró inaplicable la totalidad del artículo 4 constitucional y en consecuencia, “[a]unque aceptáramos el absurdo de que la sentencia de marras es legal, tendríamos que convenir, entonces, que el único que no puede postularse como candidato a Presidente, es el actual Presidente, porque se lo impide el principio de la ‘alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia’”5. En otras palabras, el señor Juan Orlando Hernández no debía ser inscrito como candidato presidencial pues tendría que esperar al menos a que pase un período de 4 años.
Por tanto, la decisión del Tribunal Supremo Electoral de inscribir la candidatura del presidente Hernández constituye una grave violación a la Constitución y sus magistrados se han convertido en corresponsables de los delitos de traición a la patria, contra la forma de gobierno por alteración del orden legítimo de suceder a la presidencia y de abuso de autoridad, y violación de los deberes de los funcionarios que, de acuerdo con el artículo 25 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público tiene la obligación de perseguir de oficio.
En el año 2009, quienes ejecutaron el golpe de Estado justificaron el uso de las armas y la violencia para detener las presuntas intenciones reeleccionistas del ex presidente Manuel Zelaya Rosales, quien no contaba con el apoyo del resto de la institucionalidad del Estado; en 2016, el presidente Hernández ha venido tejiendo una inmensa de red de favores y controles hasta lograr la subordinación absoluta de toda la institucionalidad, incluidas las Fuerzas Armadas, lo cual explica por qué a estas alturas hay un silencio total de las instituciones que deberían estar actuando en defensa de la Constitución y por qué sus planes reeleccionistas siguen viento en popa arropadas por un falso discurso de legalidad que no puede ocultar este nuevo golpe a la frágil democracia hondureña.
1. Sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del Recurso de Inconstitucional vía Acción RI-1343-2014 acumulada con el RI-0243-2015, de fecha de fecha 22 de abril de 2015, considerando 18.
2. Poder Judicial, Principios desarrollados en la jurisprudencia constitucional, Sala Constitucional, Escuela Judicial, San José, Costa Rica, 2014, p. 10.
3. RICHTER, Marcelo Pablo Ernesto, Diccionario de derecho constitucional: con definiciones y conceptos jurídicos emitidos por la Corte de Constitucionalidad, Corte de Constitucionalidad, Guatemala, 2009.
4. ORELLANA, Edmundo, “La reelección en Honduras”, en Revista Envío-Honduras, Año 14, N° 50, Tegucigalpa, Septiembre de 2016, p. 15.
Publicado en Blog de la Fundación para el Debido Proceso el 29 de diciembre de 2016.
Fuente: https://dplfblog.com/2016/12/29/consumado-el-rompimiento-del-orden-constitucional-en-honduras/
Publicado por Joaquín A. Mejía Rivera en 21:20 No hay comentarios:
Uno de los puntos centrales de dicho plan ha sido asegurar el control absoluto de las instituciones democráticas y exaltar su figura personal desde una lógica mesiánica que proyecta al presidente Hernández como el único “hombre” capaz de manejar con mano dura las riendas del país. Para ello, él y sus partidarios han logrado concentrar el poder en su persona pero guardando las apariencias formales de la democracia representativa.
El control de la institucionalidad como condición previa para el proyecto continuista
En la madrugada del 12 de diciembre de 2012, Juan Orlando Hernández y su partido se basó en acusaciones vagas de vinculación con el crimen organizado para destituir ilegalmente a cuatro magistrados de la anterior Sala de lo Constitucional, que había declarado inconstitucional uno de sus proyectos estrellas, la “Ley de las Ciudades Modelo”, y en el mismo acto nombraron a cuatro nuevos magistrados afines que posteriormente revirtieron esa decisión.
El único magistrado sobreviviente a las destituciones fue Óscar Chinchilla, quien fue el único que votó a favor de la constitucionalidad de dicho proyecto, y ocho meses después fue nombrado Fiscal General del Estado por el parlamento anterior en una cuestionada elección debido a que en el proceso de preselección había sido descartado por la Junta Nominadora y a que conforme a la Constitución debía ser elegido por el parlamento actual.
Bajo esta misma lógica de control de instituciones claves, se eligió al nuevo Procurador General del Estado y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, se integró el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, cuya ley de creación fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional actual, provocando que sus funciones se concentren en la figura del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, hombre de confianza del presidente Hernández.
La elección de la actual Corte Suprema de Justicia que quedó integrada por 8 magistrados afines al Partido Nacional del mandatario y 7 al Partido Liberal, también se enmarca dentro de esa misma lógica. A su vez, se activó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que más que un órgano de coordinación entre los poderes del Estado, tiene todas las características de un supra gobierno presidido por el Presidente de la República.
Las Fuerzas Armadas tampoco han escapado de tal control, ya que el presidente Hernández ha logrado colocar a familiares, amigos y ex compañeros del Liceo Militar del Norte en puestos claves tales como, la Universidad de Defensa, el Estado Mayor Presidencial, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, las Fuerzas Especiales, la Fuerza Aérea Hondureña y la comandancia general del Ejército. Y para cerrar el círculo, se creó la Policía Militar de Orden Público que además de otorgarle las mismas facultades de la Policía Nacional, mediante una reforma a su ley constitutiva se le asignó todas aquellas funciones y acciones que le ordene el Presidente de la República.
Existen dos razones fundamentales por las cuales la reelección presidencial sigue siendo ilegal e ilegítima pese a la sentencia que la declara inaplicable: Primero, su prohibición está contenida en un artículo pétreo que ningún poder constituido como el Congreso, el Ejecutivo o la Corte Suprema pueden anular, ya que solo el pueblo hondureño, como titular del poder constituyente de acuerdo al artículo 2 constitucional, tiene la facultad de modificar o eliminar.
Segundo, el artículo 4 constitucional que establece la obligatoriedad de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia sigue vigente y por tanto, es obligatorio que la persona titular de la Presidencia de la República cambie periódicamente y es prohibitivo que quien ostenta actualmente ese cargo, lo ejerza por otro período consecutivo sin mediar el intervalo de un período.
Aún si aceptáramos la legalidad de la reelección, todos los expresidentes podrían optar a un segundo mandato menos Juan Orlando Hernández porque se lo impide el principio de la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia que le obliga a esperar al menos a que pase un período presidencial. Pese a la contundencia de estas razones constitucionales, toda la institucionalidad del Estado defiende la supuesta legalidad de la reelección y con una pobreza argumentativa impresionante se limitan a señalar que la reelección es legal porque hay una sentencia que dice que es legal.
Finalmente, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos solicitó al Congreso Nacional derogar los artículos constitucionales que prohíben la reelección a pesar de su ilegalidad e ilegitimidad, y el Ministerio Público sigue guardando un silencio sepulcral pese a su obligación de iniciar investigaciones de oficio por el delito de traición a la patria en virtud de la suplantación de la soberanía popular y la transgresión del principio de alternabilidad.
Indudablemente nos encontramos frente a un nuevo rompimiento del orden constitucional que no puede comprenderse sin el contexto de subordinación absoluta de las instituciones al Poder Ejecutivo. En 2009, quienes ejecutaron el golpe de Estado justificaron el uso de las armas y la violencia para detener las presuntas intenciones reeleccionistas del ex presidente Manuel Zelaya Rosales; en 2017, el presidente Hernández ha consolidado una inmensa de red de favores y controles para colocar al frente de la institucionalidad a fieles partidarios que no entorpecerán sus planes continuistas aunque para ello se cometan aberraciones jurídicas inimaginables en un Estado de derecho y que representan un nuevo golpe a la frágil democracia hondureña.
Publicado en El Faro.net el 23 de enero de 2017.
Fuente: https://elfaro.net/es/201701/columnas/19828/El-ABC-de-un-nuevo-golpe-de-Estado-en-Honduras.htm
Publicado por Joaquín A. Mejía Rivera en 21:14 No hay comentarios:
Publicado por Joaquín A. Mejía Rivera en 21:13 No hay comentarios:
Para evitarlo, es necesario adoptar al menos tres medidas urgentes: convocar un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie sobre la reelección, la aprobación de una ley de audiencias que reduzca la politización partidista en la elección de las altas autoridades del Estado —particularmente del Tribunal Supremo Electoral— y la adopción de una ley de financiamiento de las campañas que reduzca el peligro del uso de los recursos y bienes del Estado en beneficio de la continuidad del presidente Hernández.
Publicado en The York Times el 17 de octubre de 2016.
Fuente: https://www.nytimes.com/es/2016/10/17/el-despotismo-amenaza-a-honduras/
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References: artículo 335
 artículo 2
 artículo 4
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 artículo 25
 artículo 2
 artículo 4