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Timestamp: 2019-08-23 05:40:13+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 290, de 13/11/2009
162/000513 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre modificación de la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil ... (Página 3)
162/000514 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al incremento de violencia ejercida por menores en el ámbito familiar ... (Página 4)
162/000515 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre modificación de la enajenación de viviendas del Ministerio de Defensa ... (Página 5)
162/000516 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para limitar las retribuciones variables de los altos ejecutivos de las empresas ... (Página 6)
162/000517 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para la retirada de los símbolos religiosos de los centros educativos públicos ... (Página 7)
162/000518 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la prórroga de la financiación proporcionada por el ICO a los ayuntamientos.... (Página 8)
162/000519 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre puesta en marcha de los controles al Sistema de Interceptación de las Comunicaciones (SITEL), utilizado por el Gobierno desde diciembre de 2004 ... (Página 9)
173/000099 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la política del Gobierno sobre ayudas a las flotas afectadas por los paros biológicos ... (Página 11)
173/000100 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de garantizar la suficiencia financiera de los municipios para el año 2010 ... (Página 11)
173/000101 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la indefensión de los buques atuneros españoles que faenan en el Océano Índico y la incapacidad del Gobierno para tomar medidas que atajen esta situación ... (Página 12)
173/000102 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre balance que hace el Gobierno de la Ley de Memoria Histórica, así como intenciones que tiene respecto a su desarrollo futuro ... (Página 14)
093/000017 Convenio de Colaboración entre Comunidades Autónomas para el reconocimiento recíproco de las licencias de caza y pesca recreativa en aguas interiores ... (Página 15)
430/000003 Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en los artículos 14 y 17 del texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, se aprueba el Plan Económico Financiero de Reequilibrio de la Administración General del Estado ... (Página 18)
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000513
Proposición no de Ley sobre modificación de la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil.
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que se insta al Gobierno al ejercicio de su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada doña Rosa Díez González de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley al objeto de modificar la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil, para su debate en Pleno.
La aprobación de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil supuso un paso en la democratización de la Guardia Civil, aunque no fue suficiente. Así, la citada Ley recogía entre otros supuestos la desaparición de la sanción del arresto entre las posibles sanciones a aplicar cuando un agente incurriera en una infracción del régimen disciplinario. Pero, sin duda, uno de los extremos más importantes que recogió la citada norma fue la no aplicación del Código Penal militar a los agentes de la Benemérita, salvo, como se recoge en la disposición adicional cuarta, "en tiempos de guerra, durante la vigencia del estado de sitio, durante el cumplimiento de misiones de carácter militar o, cuando el personal del citado cuerpo, se integrara en Unidades militares". De esta forma, se acababa con un anacronismo que suponía la aplicación del Código de Justicia militar a unos funcionarios que desarrollan sus funciones en el ámbito civil, salvo en excepcionales situaciones.
Si bien éste era el sentido y finalidad de la reforma, desde hace meses la Sala Militar del Tribunal Supremo, en sentencias como la del 16 de abril de 2009, 20 de abril de 2009, 16 de junio de 2009, 8 de mayo de 2009, entre otras, se realiza una interpretación que se aleja del espíritu de la norma de forma que el Código Penal se aplica a los agentes no sólo en los casos que prevé la disposición adicional cuarta, sino también en situaciones en las que los guardias no se encuentran de servicio y en los casos en los que, aun estando de servicio policial, el hecho en sí no forma parte de los actos propios del mismo.
Esta interpretación -que no es pacífica en la Sala ya que existen en todas las sentencias votos particulares que no comparten el criterio-, supone en la práctica que, cuando un Guardia Civil esté de servicio, no le será aplicable el CPM, pero cuando lo termine sí lo será. Esta interpretación lleva a resultados escandalosos, como que si, por ejemplo, un Guardia Civil insulta, o desobedece a un superior durante el servicio, será sancionado por el Régimen Disciplinario a un determinado
número de días de suspensión de empleo, pero si lo hace no estando de servicio acabará cumpliendo pena de cárcel.
Los guardias civiles son funcionalmente policías y jurídicamente militares. Y esta circunstancia, nada más que ésta, es la que permite que carezcan de muchos derechos o bien que el ejercicio de los mismos sea tan limitado. La Guardia Civil realiza las mismas funciones que encomienda la Constitución a los Cuerpos de Seguridad, dichas funciones son compartidas a nivel estatal por el Cuerpo Nacional de Policía. No obstante, los componentes de ambos Cuerpos disfrutan de un ejercicio de sus derechos con diferencias abismales de forma que los guardias civiles son susceptibles de ser encarcelados por meras infracciones administrativas y carecen de cualquier órgano de representatividad, sean sindicatos o asociaciones profesionales.
En su virtud el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que
El artículo 1 de la Disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil que se añada un nuevo apartado para que quede redactado de la siguiente forma:
"1. El presente Código Penal Militar sólo se aplicará a los Guardias Civiles en tiempo de guerra, durante la vigencia del estado de sitio, durante el cumplimiento de misiones de carácter militar en el extranjero o cuando el personal del citado Cuerpo se integre en Unidades militares y, en ningún caso, cuando no se encuentren de servicio.
a) Que dicha norma no se aplique a ningún caso a los Guardias Civiles en supuestos distintos a los expresamente referidos en este artículo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.-Rosa Díez González, Diputada.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000514
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al incremento de violencia ejercida por menores en el ámbito familiar, para su debate en Pleno.
En los últimos tiempos hemos conocido un importante incremento de casos de violencia ejercida por los hijos adolescentes sobre sus progenitores. La Fiscalía General del Estado ha alertado recientemente del "preocupante" crecimiento de este tipo de agresiones.
Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2008, las fiscalías de menores abrieron más de 4.200 expedientes por agresiones de hijos a padres, frente a los 2.683 incoados el año anterior. No todas las denuncias dan lugar a la apertura de expedientes judiciales, muchas se archivan tras el ejercicio de las labores de mediación. A pesar de que denunciar a los hijos por malos tratos es una decisión muy dura, según los expertos, la realidad es que este tipo de denuncias van en aumento.
La violencia doméstica, cuando se trata de hijos agresores, no entiende de clases sociales, tipos de familia o edades. También puede aparecer en edades muy tempranas.
Según el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid entre las causas de este tipo de conductas están "unos déficit y unas carencias educativas importantes, entre ellas, una falta de límites y de respeto". También considera que hay otros casos que se deben a causas patológicas.
Se hace necesaria una profunda reflexión desde las instituciones, partidos políticos, centros educativos, progenitores y la sociedad en su conjunto que detecten las causas, así como las posibles soluciones ante el incremento de violencia en los hogares familiares.
Desde el punto de vista educativo hay que hacer un importante esfuerzo preventivo, para que los menores no lleguen a cometer estas agresiones.
Debe reforzarse el respeto a los progenitores en los hogares familiares y el de los profesores en las aulas, así como fomentar una educación basada en los valores de diálogo, respeto y tolerancia, para evitar que se produzcan esquemas de comportamiento violento.
Hasta hace bien poco el artículo 154 del Código Civil permitía a los padres ejercer la autoridad sobre sus hijos corrigiéndolos de forma razonable. Sin embargo, en el año 2007 se modifico el Código Civil eliminando la frase final del artículo que establecía los padres "podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos". Por el contrario, el espectacular aumento de casos de violencia ejercida por los hijos respecto de sus padres, un año después de haberse suprimido tal la potestad correctora, debe llevar a la reflexión sobre la conveniencia de llevar a cabo las oportunas modificaciones legales.
Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos necesario establecer medidas en los diversos ámbitos educativos, sociales y culturales, con el fin de que no se produzcan casos de violencia doméstica por parte de menores, y por ello se formula la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas ante el incremento de violencia ejercida por menores en el ámbito familiar:
1.º Fomentar una educación basada en los valores de diálogo, respeto y tolerancia.
2.º Potenciar y desarrollar la Red Nacional de Equipos Multidisciplinares formados por: educadores de calle, educadores familiares, educadores 12-17 años, educadores tiempo libre, psicólogos, trabajadores sociales y orientadores.
3.º Llevar a cabo las modificaciones legales oportunas con el objeto de reforzar el respeto y la autoridad de los progenitores con el fin de evitar que se produzcan situaciones de conflicto en el ámbito familiar.
4.º Crear espacios de prevención y apoyo psicológico a las familias, en colaboración con las Comunidades Autónomas, ante las dificultades que puedan surgir en el ámbito de la convivencia familiar."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2009.-Alfonso Alonso Aranegui, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000515
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada doña Rosa Díez González de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para modificar la enajenación de viviendas del Ministerio de Defensa, para su debate en Pleno.
I.1. La presente proposición no de ley, tiene su antecedente fundamental en la iniciativa del mismo rango aprobada -por unanimidad- en Comisión de Defensa, el 21 de mayo de 1997: Comisión de Defensa 161/000229; que fue presentada por el Grupo Parlamentario IU-IC y publicada en el "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, núm. 126, de .14 de abril de 1997.
I.2. Este acuerdo no fue ejecutado de forma voluntaria por el Ministerio de Defensa, sino que hubo de ser impuesto por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en sentencia dictada el 3 de abril de 2000, en el Recurso núm. 344/98. Contra precitada sentencia, la Abogacía del Estado interpuso recurso de casación que fue inadmitido por Auto de fecha 17 de junio de 2000, dictado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El criterio aprobado por el Congreso de los Diputados, fue ratificado jurisprudencialmente por el Tribunal Supremo, mediante las sentencias de fechas de 11 de abril de 2006 y 2 de octubre de 2007, dictadas en sendos recursos de casación contra la ejecución acordada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
I.3. Para resolver de manera definitiva el problema, a propuesta del Gobierno, las Cortes Generales aprobaron la Ley 26/1999 de Medidas de Apoyo a la Movilidad Geográfica de los Miembros de las Fuerzas Armadas.
Como no podía ser de otra forma, la nueva ley, respeta los límites máximos y prescripciones fundamentales de las normas autonómicas en materia de vivienda que son competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas. Así, precitada Ley 26/1999 establece la forma de cálculo del precio de venta de las viviendas del Ministerio de Defensa, en el apartado 1.b) de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 26/1999. Esta Disposición nos remite a su Reglamento: R.D. 991/2000 y el artículo 25 del mismo, a la Orden del Ministerio de Economía ECO/805/2003, de 27 de marzo. Los artículos 5, 8, 45 y 46 de esta Orden nos remiten concretamente a los límites máximos y prescripciones de la normativa que regula regímenes de protección pública de las viviendas, como no podía ser de otra forma, para no invadir las competencias en dicha materia, asumidas en exclusiva por todas y cada una de las Comunidades Autónomas al amparo de lo dispuesto en el artículo 148.1.3.ª de la Constitución Española.
II.1. El Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS) viene contratando las tasaciones de las viviendas en venta con empresas privadas legalmente competentes en dicha materia. El INVIFAS facilita a los compradores una certificación de estas empresas, en la que se hace constar que han sido realizadas. "...tomando como base el método de comparación, procedimientos, criterios e instrucciones técnicas señaladas en la Orden del Ministerio de Economía ECO/805/2003, de 27 de marzo de 2003".
Simultáneamente, las mismas empresas tasadoras reconocen en los informes que facilitan al INVIFAS que se trata de una "tasación no ajustada a normativa, no cumpliendo todos los requisitos exigidos en la Orden del Ministerio de Economía ECO/805/2003, de 27 de marzo de 2003".
II.2. Esa falta de respeto a la legalidad vigente y a las propias prescripciones de la Orden ECO/805/2003 ha producido situaciones injustas hacia el personal del Ministerio de Defensa que ha visto como tras adquirir sus viviendas al sobreprecio impuesto por el INVIFAS, contraviniendo la normativa reguladora, al tratar de
vender sus viviendas años después comprobaban que las administraciones autonómicas, competentes en esta materia, hacían una valoración de las mismas sensiblemente inferior (en torno a un 20 %) al precio de su adquisición. En algunas situaciones personales incluso se vieron algunos propietarios impedidos para arrendarlas o liberarlas de la calificación de VPO. Así, hace algunos años, el INVIFAS enajenó sus viviendas en Cádiz (C/ Tolosa Latour), supuestamente siguiendo las prescripciones de la Ley 26/99, pero no las de la Orden ECO/805/2003. El precio de las viviendas ascendió a la cantidad de 126.042,75 euros. Por motivos económicos, de innecesaria justificación, una compradora de dichas viviendas intentó venderla pero la Junta de Andalucía, ejerciendo su competencia exclusiva en la materia, fijó el precio máximo de venta en 1.223,48 euros por cada uno de los 70,90 metros cuadrados útiles lo que supuso un importe de 86.744,73 euros. A mayor abundamiento, la Comunidad Autónoma no permitió descalificar la vivienda mientras no transcurriera el plazo legalmente establecido para la caducidad del régimen de VPO. La compradora tampoco pudo dedicar la vivienda a arrendamiento, ni modificar su distribución, etcétera.
Las situaciones se complican según las Comunidades Autónomas, el INVIFAS enajenó a un miembro de las FF AA la vivienda sita en Madrid (C/Arqueros) aplicándole las prescripciones de la Ley 26/99 pero, al igual que en las viviendas de Cádiz, sin respetar los límites impuestos por la Orden ECO/805/2003. Consiguientemente el precio ascendió a la cantidad de 161.084,71 euros. La vivienda tiene igualmente el carácter de protección oficial y promoción pública por lo que el comprador solicitó las ayudas previstas para la compra. La Consejería de Vivienda de Madrid, ejerciendo su competencia exclusiva en la materia, denegó la ayuda porque el precio de venta del INVIFAS superaba el máximo legalmente establecido para poder acceder a este tipo de ayudas que era de 130.971,11 euros. Otros compradores, de la misma promoción, adquirieron sus viviendas por 158.325,39 euros sin ayuda de la Comunidad Autónoma ya que para poder acceder a ella el precio máximo legal debería haber sido de 112.539,06 euros.
En resumen, hace pocos años, el Ministerio de Defensa, a través del INVIFAS, vendió las viviendas militares a su personal, a un precio muy superior al que hoy permiten revenderlas las Comunidades Autónomas, por superar los umbrales legalmente establecidos.
La situación expuesta demuestra que a los miembros de las Fuerzas Armadas les han sido vendidas y continúan siéndoles vendidas unas viviendas de protección oficial, a un precio muy superior al legalmente establecido por las Comunidades Autónomas. Esta anómala situación tiene su origen en el incumplimiento de las prescripciones de la Orden ECO/805/2003 a la que remite la normativa de desarrollo de la Ley 26/1999. Con ello se produce una discriminación y un grave perjuicio económico a las familias del personal del Ministerio de Defensa respecto al resto de ciudadanos que adquieren viviendas de promoción pública (también de VPO) en todo el territorio nacional. Esa discriminación conculca el art. 14 de la Constitución Española y la propia Ley 26/1999.
Consecuentemente, para evitar la grave discriminación que causa esta aplicación de la Ley 26/1999, se presenta la:
IV Proposición no de Ley para someter a aprobacion.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, con respecto a los procesos de venta de. las viviendas del Ministerio de Defensa:
1.º Revise, a instancia de los interesados, las resoluciones del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas que fijaron los precios de venta de las viviendas que fueron promovidas en su día bajo algún régimen de protección oficial, adaptándolos a las prescripciones de los artículos 5, 8, 45 y 46 de la Orden del Ministerio de Economía ECO/805/2003 (o la precedente, de 30 de noviembre de 1994), a la cual remite el artículo 25 del R.D. 991/2000, que desarrolla el apartado 1.b) de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 26/1999 de Medidas de Apoyo a la Movilidad Geográfica de los Miembros de las Fuerzas Armadas.
2.º Que por el Ministerio de Defensa sean realizadas las devoluciones que procedieren, con sus intereses de demora, a aquellos compradores de sus viviendas que las hubieren adquirido por encima del precio máximo legalmente establecido por dicha norma.
3.º Que por el Ministerio de Defensa sean ejercitadas las acciones oportunas para el resarcimiento, por parte de las empresas tasadoras, de los perjuicios causados con su incumplimiento -reconocido- de las prescripciones de la Orden ECO/805/2003 o la de 30 de noviembre de 1994, que la precedió."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2009.-Rosa Díez González, Diputada.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de ley sobre medidas para limitar las retribuciones variables de los altos ejecutivos de las empresas, para su debate en el Pleno.
Los casos de "bonus" millonarios que han cobrado algunos ejecutivos de empresas que han sorteado la crisis gracias a la adjudicación de ayudas financieras por parte de los gobiernos, y en algunos casos tras ajustes en el empleo que han generado un elevado coste social, han escandalizado a gran parte de la sociedad. En el caso del sistema financiero de Estados Unidos, se ha considerado a los sistemas de incentivos de sus ejecutivos como una de las causas de la crisis financiera. Pero el problema es extensible también a las empresas de carácter no financiero.
La Comisión Europea está proponiendo limitar los "bonus" de los directivos y consejeros para evitar que éstos puedan cobrar esos incentivos en función de la presentación al mercado de unos determinados resultados que, posteriormente, se recalculan y en los que se pasa de tener beneficios a presentar pérdidas. También propone, entre otras cuestiones, que los Estados miembros adopten medidas para limitar las indemnizaciones por despido, que se prohíban cuando la rescisión del contrato se basa en malos resultados económicos, que en los pagos con acciones se exija que los adjudicatarios las mantengan durante al menos tres años antes de ejecutarlas, y que una parte de ellas se mantenga hasta la extinción del empleo.
Se trata, en suma, de ligar estas remuneraciones a resultados sostenibles en el tiempo y no recompensar los fracasos. Porque los sistemas de incentivos para los ejecutivos de las empresas han conducido, en demasiados casos, a adoptar decisiones de gestión a corto plazo tomando riesgos excesivos y, en muchos casos también, a remunerar los fiascos empresariales.
La lógica que permite a una empresa recompensar a aquellos ejecutivos que han generado costes elevados a las finanzas públicas o a muchos trabajadores, además de poco ética, es absurda desde el punto de vista económico. Si este sistema se mantiene después de la crisis, los ejecutivos de las empresas pueden volver a alimentar una situación similar. Hoy está aceptado que hay desajustes en el funcionamiento de los sistemas de incentivos, y esos desajustes no son ajenos a la actual crisis económica.
La cuestión de estas remuneraciones e incentivos de los ejecutivos afecta al interés general. Por tanto, la sociedad está legitimada a exigir medidas que cambien esa lógica de tal forma que sólo se incentive a los ejecutivos cuando éstos generen un valor para la sociedad.sostenible y a largo plazo.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para:
- Lograr mayor grado de transparencia en relación a las remuneraciones de los miembros de los consejos de administración y los altos ejecutivos de las empresas.
- Limitar la retribución variable o "bonus" y condicionar estos pagos a los resultados positivos de la empresa.
- Asegurar que la retribución variable premie los resultados a largo plazo.
- Dar más poder a las juntas generales de accionistas para fijar la estructura de remuneración de los ejecutivos.
- Ligar las retribuciones variables, además de a objetivos financieros, a objetivos ambientales y sociales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2009.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
162/000517
Proposición no de Ley sobre medidas para la retirada de los símbolos religiosos de los centros educativos públicos.
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que se insta al Gobierno al ejercicio de su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, al Grupo Parlamentario proponente y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del Portavoz Joan Ridao i Martín y del diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la retirada de los símbolos religiosos de los centros educativos públicos, para su debate en Pleno.
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dictaminado en una sentencia que la presencia de crucifijos en las aulas públicas vulnera el artículo 9 de la Convención de los Derechos Humanos, al restringir el derecho de los padres de educar a sus hijos en sus propias convicciones y de libertad religiosa del alumnado. Estas consideraciones del Tribunal europeo están de acuerdo con los artículos 16 y 27.3 de la Constitución Española, que garantizan tanto el derecho de libertad religiosa y de culto, como el derecho de los padres a que sus hijos reciban "la formación moral y religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones".
Así, según la jurisprudencia creada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo estos derechos se ponen en cuestión por la presencia de los crucifijos en las escuelas públicas, de manera que deberían ser retirados.
Según la sentencia, los crucifijos en las escuelas públicas son incompatibles con un Estado que debe ser neutro y no discriminatorio, ya que al permitirlo "el Estado otorga a la religión católica una situación privilegiada que se traduciría en una injerencia estatal en el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión".
Esta sentencia estaría en relación con la efectuada por el Juzgado de lo contencioso n.º 2 de Valladolid que consideraba que los crucifijos en las aulas vulneraban el artículo 16 de la Constitución española, así como el 14, que establece el derecho a no ser discriminado por razón de religión o creencia. La sentencia afirmaba que la presencia de este tipo de símbolos puede provocar en los menores de edad, que se encuentran en proceso de formación, "el sentimiento de que el Estado está más cercano a la confesión con la que guardan relación los símbolos, que a otras confesiones respecto de las que no está presente ningún símbolo en el centro público".
Asimismo, la retirada de los símbolos religiosos de las escuelas garantiza los derechos de los creyentes de otras religiones y de los no creyentes, pero sin lesionar ningún derecho de los creyentes de la religión que mantiene los símbolos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2009.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
162/000518
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la prórroga de la financiación proporcionada por el ICO a los Ayuntamientos, para su debate en Pleno.
La situación financiera por la que atraviesan los ayuntamientos provocó que se abriera por parte del Instituto de Crédito Oficial una línea de financiación para que estas administraciones pudiesen satisfacer las obligaciones de pago que tenían contraídas con sus empresas proveedoras en un intento de aliviar la penuria financiera en la que se encuentran muchas pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, llegado el momento de la devolución por parte de los ayuntamientos al ICO de las cantidades obtenidas surge de nuevo el problema de la falta de recursos de las corporaciones locales para poder hacer frente a los pagos correspondientes como consecuencia de la actual situación. Por este motivo, el abono de estas cantidades llevaría a los ayuntamientos acogidos a este programa a una situación financiera límite.
La recuperación de ingresos por parte de las corporaciones locales se producirá cuando la economía se recupere y cuando se desarrolle el nuevo modelo de financiación local. Consecuentemente parece necesario posibilitar una prórroga en el pago de las cantidades adeudadas al ICO, en espera a una futura recuperación
de la situación financiera de estas administraciones públicas.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a prorrogar el vencimiento de las cantidades solicitadas a las Corporaciones Locales por el Instituto de Crédito Oficial en relación con la financiación obtenida para hacer frente al pago de las deudas que éstas tenían con sus proveedores."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2009.-Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000519
Proposición no de Ley sobre puesta en marcha de los controles al Sistema de Interceptación de las Comunicaciones (SITEL), utilizado por el Gobierno desde diciembre de 2004.
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que el informe al que se alude en su apartado 2.º se elaboraría, en su caso, por el cauce reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, al Grupo Parlamentario proponente y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para poner en marcha los controles al Sistema de Interceptación de las Comunicaciones (SITEL), utilizado por el Gobierno desde diciembre de 2004, para su debate en Pleno.
Las comunicaciones electrónicas constituyen la infraestructura por la que se construye la sociedad del conocimiento, pero el crimen organizado se sirve también de ellas. En momentos en los que la sociedad está siendo castigada con frecuencia por determinados delitos que generan especial alarma social, se puede tener la tentación de establecer un sistema en el que el afán de control prime sobre la libertad en las comunicaciones, sacrificando los derechos civiles, y comprometiendo gravemente el ejercicio de las libertades individuales.
SITEL es un avanzado sistema informático gestionado por el Ministerio del Interior, que permite la interceptación de las comunicaciones y la recogida de un conjunto de datos conocidos como "información asociada a la comunicación". Estos datos incluyen los generados por la propia comunicación, los datos de identificación como el IMEI (identidad internacional de cada equipo móvil) o el IMSI (identidad internacional del abonado a un móvil), que hacen posible seguir interceptando una comunicación, aunque se cambie de teléfono o de tarjeta SIM, también la localización geográfica de los interlocutores o el trafico de llamadas, los mensajes SMS, accesos a Internet e información generada por la navegación en Internet. Es decir, se aporta mucha más información sobre la persona a la que se investiga que la mera conversación a la que generalmente se refiere el juez cuando autoriza una interceptación telefónica. No sólo se puede vulnerar el derecho de las comunicaciones, sino también el derecho a la intimidad.
El Gobierno como consecuencia del desarrollo de las nuevas redes de comunicación electrónica y del auge de la telefonía móvil, se planteó en 2001 la necesidad de mejorar los sistemas de interceptación de las comunicaciones adaptándolas a las nuevas tecnologías. Eso supuso una doble actuación, por un lado tecnológica, para generar el software y por otra jurídica, para adecuarlo a nuestro Ordenamiento. Para hacerlo, pidió informes sobre la legalidad del mismo a los Ministerios de Justicia y Defensa además de al Consejo General del Poder Judicial. Dichos informes pusieron de manifiesto importantes deficiencias en la cobertura legal para ponerlo en funcionamiento, entre ellas, la necesidad de que se aprobase una Ley Orgánica para regular esta materia.
Esto supuso la paralización de su implantación, aunque el sistema comenzó a utilizarse en diciembre
de 2004. Posteriormente para darle cobertura legal se dictó un Reglamento, el R.D. 424/2005, de 15 de abril, en desarrollo de la Ley General de Comunicaciones, Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y más tarde una insuficiente Ley de carácter ordinario, la Ley 25/2007, de conservación de datos relativos a las comunicaciones que modifica, en su disposición final, el artículo 33 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. Además de la falta de carácter orgánico, presenta rasgos de dudosa constitucionalidad. Así, en el apartado 8.º obliga a las operadoras de telefonía a facilitar datos personales de sus clientes a la policía con carácter previo a la orden de interceptación y en el 6.º y 7.º a facilitar información sensible aunque la orden de interceptación no lo solicite.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que los soportes originales de las grabaciones que en este momento se están utilizando de SITEL y se aportan a los Tribunales, no están firmadas electrónicamente ni garantizadas por ninguna autoridad que garantice su autenticidad, incumpliendo por tanto los requisitos exigidos por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica que exige la existencia de garantías sobre la autenticidad y la encriptación para evitar filtraciones indeseadas.
No discutimos que SITEL y la tecnología en general pueda ser un eficaz medio para combatir la criminalidad, pero el Estado de Derecho exige además de un fin loable, legalidad, proporcionalidad de los medios utilizados en la investigación y respeto a las garantías constitucionales. En este sentido, la extracción de información sobre las comunicaciones y la vida privada de los ciudadanos debe respetar escrupulosamente todas las exigencias de legalidad constitucional, pues en otro caso, la intromisión en la esfera de la privacidad de las personas quedaría invalidada como medio de prueba, cuestión ésta a la que no podemos ceder.
Por cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente
"1.º El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a la Cámara, en el plazo de dos meses, un Proyecto de Ley Orgánica que regule la interceptación de las comunicaciones.
Dicha regulación deberá establecer, entre otras, las siguientes medidas:
- La exclusiva competencia de la autoridad judicial para la gestión de todos los sistemas y software de interceptación de las comunicaciones entre los ciudadanos.
- La designación de un funcionario responsable identificado de los centros de interceptación de las comunicaciones y de cada interceptación.
La utilización de estos sistemas y software para interceptar y grabar las comunicaciones requerirá:
- Que el juez especifique en la Resolución qué sistema de interceptación se debe utilizar.
- Que el juez especifique y motive individualizadamente qué datos además del contenido de la comunicación deben ser interceptados.
- En el supuesto que por cuestiones técnicas se acceda a datos no autorizados, éstos deberán destruirse de forma inmediata.
- La destrucción obligatoria de forma fehaciente de cualquier soporte informático en el que pudieran haber quedado registradas las grabaciones que no se incorporen al procedimiento.
- Los soportes digitales en los que se realice la grabación de datos deberán estar firmados por una autoridad certificadora de autenticidad para evitar la manipulación de los datos grabados. Al mismo tiempo, la entrega de los ficheros digitales a la autoridad judicial también deberá estar firmada electrónicamente para evitar su manipulación y encriptada para evitar filtraciones, de forma que esos discos se constituyan en originales "evidencia legal", tal y como exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una vez aportados al proceso, deberán destruirse todas las copias existentes, incluidos los datos obrantes en los servidores de SITEL.
- Limitar la autorización de la interceptación a un mes con prórrogas de quince días hasta un período máximo de un año. Tanto la autorización como las prórrogas sucesivas deberán revestir la forma de auto y estar suficientemente motivadas.
- Regular con carácter específico las investigaciones referentes a los delitos de terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, pederastia y pornografía infantil que, dentro del respeto a la Ley, garantice la mayor eficiencia en la lucha contra estas graves formas de delincuencia.
- La Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados del Congreso de los Diputados conocerá, con carácter anual, un informe sobre la utilización del Sistema de Interceptación de las Comunicaciones, SITEL, y otros software similares que le puedan sustituir, sin perjuicio de las facultades que corresponden a las autoridades judiciales.
2.º La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados antes de un año elaborará un informe sobre el impacto de las innovaciones tecnológicas en los derechos civiles al ser utilizadas por la Administración Pública."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2009.-Esteban González Pons, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Moción consecuencia de interpelación urgente relativa a la política del Gobierno sobre ayudas a las flotas afectadas por los paros biológicos.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Olaia Fernández Davila, Diputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de la interpelación urgente para conocer la política del Gobierno sobre ayudas a las flotas afectadas por los paros biológicos.
- Proceder, de forma urgente, al pago de las ayudas correspondientes a los marineros afectados por los paros biológicos obligatorios establecidos para el año 2008, y que un año más tarde aún no han cobrado, especialmente tripulantes de la flota del Gran Sol y Nafo.
- Simplificar y agilizar los trámites administrativos para la obtención de las subvenciones del Fondo Europeo por las paralizaciones temporales de la actividad pesquera, a fin de evitar que los tripulantes prefieran recurrir al seguro de desempleo.
- A tal efecto, proceder al pago de las ayudas a los marineros afectados por los paros de 2009, a mes vencido, justo después de la realización del periodo de paralización obligatorio.
- Modificar en las futuras órdenes ministeriales relativas a las ayudas a los tripulantes los siguientes criterios: el plazo de solicitud, el plazo de resolución, el plazo de notificación y el plazo de pago, de modo que se eviten las importantes demoras en el pago de las subvenciones, tal y como ocurrió con los paros de 2008.
- Respecto a los tripulantes que recurren en primera instancia al cobro del seguro por desempleo: reestablecer el criterio anterior, según el cual a los marineros se les descontaba del pago proveniente del Fondo Europeo la cantidad cobrada durante la prestación por desempleo, en lugar de tener que devolver la totalidad de lo cobrado antes de percibir las ayudas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2009.-Olaia Fernández Davila, Diputada.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
173/000100
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la necesidad de garantizar la suficiencia financiera de los municipios para el año 2010.
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una Moción consecuencia de la interpelación urgente sobre la necesidad de garantizar la suficiencia financiera de los municipios para el año 2010.
"El Congreso de los Diputados constata la grave situación económica que afecta a las entidades locales, que son la administración más próxima y deben asumir un creciente número de servicios a la ciudadanía, y considera necesario garantizar la suficiencia financiera de los municipios para el año 2010, mediante la adopción de las siguientes medidas:
a) En el ámbito de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010:
i. Compensar, para el año 2010, a las. Entidades Locales por la disminución de los ingresos en la participación de los ingresos del Estado respecto a los percibidos el año 2009, incluida la liquidación definitiva de ejercicios anteriores percibida el año 2009.
ii. Incrementar la dotación del Fondo especial para la financiación a favor de los municipios de población no superior a 20.000 habitantes para que estos municipios dispongan en 2010 de la misma financiación por habitante que en 2009.
iii. Elevar el porcentaje de las entregas a cuenta de la participación en los ingresos del Estado del 95 al 98 %.
iv. Flexibilizar la aplicación de la estabilidad presupuestaria para la exención de la presentación de los planes económico-financieros de reequilibrio a las entidades locales con un déficit no superior al 4,81 %.
v. Ampliar los actuales plazos para la financiación de remanentes de tesorería negativos.
b) En el ámbito del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad local 2010:
i. Permitir a los Ayuntamientos destinar hasta el 30 % del nuevo Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad local a gastos corrientes relacionados a las políticas sociales.
ii. Modificar los criterios de distribución del Fondo entre los municipios mediante criterios que permitan primar la asignación de los recursos a los municipios pequeños y medianos (menos de 20.000 habitantes).
iii. Retornar a los municipios el IVA de las inversiones del nuevo Fondo, así como del fondo del año 2009, para hacer frente a sus gastos corrientes en materia de políticas sociales.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar con urgencia, en todo caso antes de finalizar el primer periodo de sesiones del año 2010, un Proyecto de Ley de financiación local, que permita un incremento substancial de los recursos incondicionados de los entes locales a lo largo de los próximos años."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2009.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
173/000101
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la indefensión de los buques atuneros españoles que faenan en el Océano Índico y la incapacidad del Gobierno para tomar medidas que atajen esta situación.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de la interpelación urgente al Gobierno, sobre la indefensión de los buques atuneros españoles que faenan en el Océano
Índico y la incapacidad del Gobierno para tomar medidas que atajen esta situación.
Como es público y notorio, la flota atunera española que faena en aguas internacionales del Océano Índico está siendo acosada por piratas, que no sólo dificultan enormemente la libre realización de su labor pesquera, sino que llegan a amenazar las vidas y la libertad de los pescadores mediante el asalto y el secuestro.
El pasado 2 de octubre el atunero español Alakrana caía en manos de los asaltantes somalíes. Este hecho desgraciado, junto a lo acontecido con el Playa de Bakio el año pasado, nos recuerda la plena vigencia de un problema que se lleva denunciando en esta Cámara desde hace años, y nos señala la obligación que tiene el Estado de garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, como avala la Convención sobre el Derecho del Mar, celebrada en Montego Bay de 1982.
Es cierto que España está participando en una misión internacional -Atalanta- apoyada por Naciones Unidas y diseñada para evitar problemas a las embarcaciones que transitan por aguas del Golfo de Adén, así como dar cobertura a los buques de los programas de ayuda de varias organizaciones internacionales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la zona de operaciones de esta misión no es para nada coincidente con aquella en la que los buques pesqueros desarrollan su actividad. De nada sirve que el Gobierno vuelque su responsabilidad en los pescadores, acusándoles de faenar fuera de la zona recomendada como segura, o alegando incluso que se trata de empresas privadas realizando actividades privadas.
El Parlamento le pidió al Gobierno que tomase nuevas medidas cuanto antes para atajar la inseguridad en la que desarrollaban sus labores los pescadores. La Ministra de Defensa se comprometió en esta Cámara a tomar varias medidas, entre las que destacaban la cobertura de la costa sur de Somalia, la colaboración más estrecha con los armadores y la autorización de servicios de seguridad con armas ligeras de largo alcance, a los que ahora dice que va a contribuir económicamente. Sin embargo, los hechos han demostrado que estas medidas ni han sido completamente implementadas, ni son suficientes, no habiendo satisfecho el Gobierno el mandato parlamentario.
El secuestro del Alakrana es la lamentable comprobación de que la situación en la zona sigue empeorando y que las medidas del Gobierno no llegan. A pesar del esfuerzo de manipulación estadística de la Ministra en el Pleno del Congreso, el Buró Internacional Marítimo (IMB) publicó el pasado 21 de octubre su informe-resumen trimestral. El esclarecedor título era "Escalada sin precedentes de la piratería somalí", y las cifras que se desgranaban en el mismo llegan a cuadriplicar las del año anterior, en el caso de la costa este del país africano, y doblan las de todo el año anterior en el Golfo de Adén, teóricamente la zona mejor protegida. Estas cifras demuestran bien a las claras que, como solicitamos en una Proposición no de ley registrada y todavía no debatida:
- Son muy necesarios el incremento de medios y efectivos de la misión, que sin embargo la Ministra considera suficientes.
- Es imprescindible cubrir más territorio, estrechamente ligado a disponer de más efectivos.
- Es necesario proteger más y mejor a nuestra flota. A pesar de la satisfacción ministerial, 16 españoles están secuestrados.
- A pesar de que el Gobierno todavía no nos ha concretado qué disposiciones legales y qué artículos impiden el despliegue de soldados españoles, no se atisban esfuerzos para remover los supuestos impedimentos técnicos y jurídicos.
- Es necesario reforzar los acuerdos de colaboración con Francia, ya que consideramos se puede avanzar un poco más en los mismos por el bien de la flota española.
- Es urgente la inmediata tipificación específica de los delitos de piratería en el Código Penal, más aún cuando la Ministra dice haberlo propuesto hace un año.
A pesar del voluntarismo de la señora Ministra, las previsiones de los organismos internacionales son que continúe deteriorándose la seguridad del área afectada, coincidiendo con el pico de actividad de nuestras pesquerías una vez pasado el Monzón. En estas circunstancias, se hace imprescindible poner remedio inmediato a la indefensión de los pescadores españoles y a la angustia de sus familias.
1. Incrementar de manera inmediata la seguridad de los buques pesqueros que faenan en aguas internacionales próximas a Somalia.
2. Adoptar medidas similares a aquellas implementadas por países de nuestro entorno que se han mostrado eficaces en la lucha contra la piratería, mientras se toman en consideración otras encaminadas a evitar, en la medida de lo posible, que ningún buque vuelva a ser secuestrado o amenazado en las aguas del Índico oeste, debiendo priorizar las siguientes:
- Despejar los impedimentos técnicos y jurídicos que pudiesen dificultar la necesaria protección de los buques españoles en aguas internacionales por parte de miembros de las Fuerzas Armadas.
- Promover la tipificación específica de este tipo de delitos de piratería en el Código Penal de forma inmediata."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2009.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
173/000102
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre balance que hace el Gobierno de la Ley de Memoria Histórica, así como intenciones que tiene respecto a su desarrollo futuro.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de acuerdo con lo establecido en el artículo 184.2 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente sobre el desarrollo y ejecución de la denominada Ley de Memoria Histórica, Ley 52/2007 de 26 de diciembre.
La aprobación de la conocida como Ley de la Memoria Histórica supuso un acuerdo político entre diversas formaciones que ha sido desvirtuado a través del desarrollo reglamentario que ha hecho el Gobierno al suponer un retorno a planteamientos iniciales de la ley que fueron corregidos durante su tramitación. Del mismo modo la actuación política del Gobierno ha carecido del impulso necesario para lograr la aplicación de muchas de las medidas previstas, dejando en manos de la judicatura tareas que corresponderían al ejecutivo. En consecuencia se presenta la siguiente
1. Que proceda a modificar el Real Decreto 1803/2008 de 3 de noviembre y más concretamente:
- Incluirá en el artículo 14 las lesiones que constituyan incapacidad permanente total e incapacidad permanente parcial y las lesiones permanentes no invalidantes, equiparando en el artículo 15 las cuantías a percibir con las establecidas en relación al artículo 6 de la Ley de Solidaridad de las Víctimas del Terrorismo.
- Modificará el artículo 9 de manera que la expresión "cuando dependieren económicamente de la persona fallecida" sólo se refiera a los hijos de la persona conviviente.
- Suprimirá el párrafo 2 del punto 1 del artículo 2.
- Suprimirá el punto 2 del artículo 2.
2. El gobierno será agente activo en las tareas de localización e identificación de las victimas de manera que:
- Cumplimente el artículo 11.2 de la denominada Ley de Memoria Histórica elaborando en el plazo de tres meses un plan de trabajo para las actividades de localización e identificación de víctimas, de manera que dé impulso y dote de coherencia a las actuaciones que se realicen en este ámbito.
- Cumplimente el artículo 12.1 de la citada ley elaborando en un periodo de tres meses un protocolo de actuación científica y multidisciplinar que asegure la colaboración institucional y una adecuada intervención en las tareas de exhumación.
- Cumplimente el artículo 12.3 en el plazo de un año determinando el procedimiento y procediendo a confeccionar un mapa integrado de enterramientos que comprenda todo el territorio del Estado. Establecerá asimismo en el plazo de tres meses un reglamento para la especial preservación por sus titulares. de las áreas en las que se localicen dichos enterramientos.
- Elabore en el plazo de seis meses un mapa de las actuaciones de exhumación realizadas en la última década, con identificación de quienes han intervenido en ellas y en qué circunstancias lo han hecho a fin de obtener una imagen completa del punto en el que nos encontramos.
3. Que en el plazo de tres meses elabore un Decreto para impulsar el cumplimiento del artículo 15 de la denominada Ley de Memoria Histórica de manera que se señale expresamente la retirada de toda subvención y
ayuda a aquellos propietarios públicos o. privados que no actúen en consonancia con lo dispuesto en dicho artículo. Asimismo elaborará en el plazo de seis meses un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura cumplimentando el apartado 3 del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica.
4. Procederá a la modificación de la instrucción de 4 de noviembre de 2008 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre acceso a la consulta de los libros de defunciones de los Registros Civiles, dictada en desarrollo de la Disposición Adicional octava de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre en el siguiente sentido:
- Modificar su artículo 1 de manera que cualquier persona pueda acceder a los datos sin necesidad de argumentar interés legítimo fundado en la realización de investigaciones académicas o científicas sobre la guerra civil, el franquismo, el exilio o la transición.
- Modificar su artículo 3 de manera que las notas simples informativas que se expidan no queden limitadas a datos abstractos sin identificación individual de las personas.
5. Que en el plazo de 10 días el Gobierno resuelva las alegaciones presentadas por las asociaciones de memoria histórica a las líneas de subvención 3536/2008 cuyos importes eran para su utilización en este ejercicio 2009."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2009.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
093/000017
AUTOR: Comunidad Autónoma de Castilla y León- Cortes.
Convenio de Colaboración entre Comunidades Autónomas para el reconocimiento recíproco de las licencias de caza y pesca recreativa en aguas interiores.
Trasladar a la Comisión Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.1 del Reglamento de la Cámara, así como comunicar al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, poniéndolo en conocimiento de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y del Parlamento de la citada Comunidad Autónoma.
Valladolid a 23 de febrero de 2009
En el III Encuentro de Comunidades Autónomas para el desarrollo de sus Estatutos de Autonomías:
El Excmo. Sr. D. José Antonio de Santiago-Juárez López, Consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León,
el Excmo. Sr. D. Gaspar Zarrías Arévalo, Vicepresidente Primero y Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía,
el Excmo. Sr. D. José Ángel Biel Rivera, Vicepresidente del Gobierno de Aragón,
el Hble. Sr. D. Joan Saura i Laporta, Conseller de Interior, Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat de Cataluña,
el Hble. Sr. D. Serafín Castellano Gómez, Conseller de Gobernación de la Generalitat Valenciana,
y el Hble. Sr. D. Albert Moragues Gomila, Conseller de Presidencia del Govern de les Illes Balears.
Reconociéndose todos ellos su representación,
Las Comunidades Autónomas que han reformado sus Estatutos de Autonomía se reúnen de forma periódica en el marco de una nueva política de cooperación entre ellas y de cohesión del Estado Autonómico.
Uno de los objetivos de los Encuentros de Comunidades Autónomas para el desarrollo de sus Estatutos de Autonomía es promover una correcta coordinación de
sus competencias que se traduzca en un beneficio para sus ciudadanos.
El reconocimiento recíproco de licencias de caza y de pesca recreativa y la coordinación de unos criterios de convergencia evitará que pescadores y cazadores se vean obligados a repetir los mismos trámites y gestiones administrativas en cada una de las Comunidades Autónomas donde deseen cazar o pescar, y a su vez, las distintas Administraciones Autonómicas ahorrarán esfuerzos y gastos, lográndose así una gestión más eficiente de los recursos públicos.
Primero. Promover la tramitación que proceda para la eficacia del texto de Convenio sobre el reconocimiento recíproco de las licencias de caza y de pesca recreativa en aguas interiores, que se acompaña como Anexo, conforme a sus Estatutos de Autonomía y normas propias de organización y funcionamiento.
Segundo. En el caso de que se ultime la tramitación y se obtengan las autorizaciones que procedan, se dará conocimiento de la firma del Convenio al resto de Comunidades Autónomas como constancia de su efectividad y para su notificación inmediata a las Cortes Generales.
Y para que conste y en prueba de conformidad, firman el presente Acuerdo, por sextuplicado ejemplar, en el lugar y la fecha en el inicio indicados.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA EL RECONOCIMIENTO RECÍPROCO DE LAS LICENCIAS DE CAZA Y DE PESCA RECREATIVA EN AGUAS INTERIORES
Las Comunidades Autónomas firmantes con competencia exclusiva en materia de caza y pesca.
La cooperación entre las Comunidades Autónomas resulta imprescindible en la nueva etapa de consolidación del Estado Autonómico. Los ciudadanos exigen esta colaboración horizontal, para una mejor prestación de los servicios públicos de competencia autonómica, que supondría asimismo una gestión más eficiente de los recursos.
Actualmente, para el ejercicio de las actividades cinegéticas y de pesca recreativa resulta preciso contar con una licencia de caza o pesca diferente para cada Comunidad Autónoma. La caza y la pesca se practican en todo el territorio español, lo que exige una colaboración entre el mayor número posible de Comunidades Autónomas para evitar que los cazadores y pescadores tengan que repetir todos los trámites administrativos y acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos, tantas veces como licencias necesiten obtener para ejercer su derecho en distintas Comunidades Autónomas.
Con el fin de reconocer recíprocamente las licencias de caza y de pesca recreativa en aguas interiores en los diferentes territorios de las Comunidades Autónomas firmantes con independencia de cuál sea la Comunidad parte que las hubiera expedido, se considera necesaria la suscripción de este Convento con arreglo a las siguientes
El objeto de este Convenio es establecer un marco de colaboración en virtud del cual las Comunidades Autónomas firmantes reconocen recíprocamente en su territorio las licencias de caza y de pesca recreativa en aguas interiores expedidas por las demás Comunidades Autónomas que sean parte, con arreglo a las cláusulas previstas en el presente Convenio. Este reconocimiento recíproco se formalizará mediante un documento común con efectos interautonómicos.
Segunda. Salvaguarda de las competencias autonómicas.
El presente Convenio se firma con la salvaguarda de las competencias exclusivas que cada una de las Comunidades que lo firman ostenta en materia de caza y pesca.
Tercera. Normativa aplicable al ejercicio de la caza y la pesca.
El ejercicio de las actividades de caza y pesca se regirá en cada territorio por la normativa dictada por la respectiva Comunidad Autónoma.
Cuarta. Condiciones para el reconocimiento de validez de las licencias con efectos interautonómicos.
Para que las Comunidades Autónomas firmantes reconozcan en su territorio la licencia de caza o de pesca expedida por cualquiera de ellas, será necesario:
a) Que la licencia de caza o de pesca haya sido expedida por la Comunidad Autónoma donde el interesado tenga su vecindad administrativa.
b) Que el beneficiario cuente con la edad mínima para el ejercicio de las actividades de caza y pesca, que establezca la normativa autonómica en cuyo territorio pretenda su ejercicio.
c) El abono de la tasa exigida por la Comunidad Autónoma donde el pescador o cazador desee ejercitar su derecho. A estos efectos, todas las Comunidades Autónomas firmantes del presente Convenio deberán facilitar el pago electrónico de la tasa prevista en su normativa.
Quinta. Efectos del reconocimiento recíproco.
La expedición de la licencia de caza y pesca por una Comunidad Autónoma firmante de acuerdo con lo dispuesto en el presente Convenio surtirá en el territorio de cualquier Comunidad Autónoma que sea parte los mismos efectos que si hubiera sido otorgada por ella misma.
El titular de una licencia de caza o de pesca con efectos interautonómicos podrá ejercitar su derecho en el territorio de cualquiera de las Comunidades Autónomas firmantes. Los efectos lnterautonómicos tendrán la duración de la licencia otorgada por cada Comunidad Autónoma, con una duración máxima de diez años.
Durante el ejercicio de estas actividades en el territorio de cualquiera de las Comunidades signatarias, el cazador o pescador deberá portar:
a) La licencia de caza o pesca con efectos interautonómicos.
b) El justificante que acredite el pago de la tasa anual de dicha Comunidad para el ejercicio de la caza o la pesca.
c) La demás documentación exigible en la Comunidad Autónoma en cuyo territorio esté cazando o pescando, como los seguros obligatorios.
Sexta. Formato de la licencia con efectos interautonómicos.
La licencia de caza y pesca emitida conforme a este Convenio tendrá un elemento distintivo común de sus efectos interautonómicos. Las Comunidades Autónomas podrán fijar una tasa común para la primera expedición y para su renovación. El desarrollo de la aplicación informática para la emisión de esta licencia será conjunto entre las Comunidades signatarias.
Séptima. Régimen sancionador.
Cada Comunidad Autónoma aplicará sus propias disposiciones en materia sancionadora respecto a las infracciones que se cometan en su territorio.
Octava. Intercambio de información.
Cada una de las Comunidades parte de este Convenio se compromete a adoptar las medidas adecuadas para facilitar al resto de las Comunidades signatarias, la información relativa al otorgamiento de licencias con efectos interautonómicos de caza y pesca en aguas interiores acordadas por su Administración, así como para el intercambio de comunicaciones de interés común mediante sistemas de información y comunicación registrales.
A estos efectos, será necesaria la creación del soporte informático preciso para un intercambio automático de la información entre las distintas Comunidades Autónomas firmantes del Convenio.
Novena. Comisión sectorial de desarrollo y seguimiento.
En el plazo máximo de dos meses desde la comunicación a las Cortes Generales, se constituirá una Comisión sectorial de desarrollo y seguimiento, con la finalidad de dar cumplimiento al presente Convenio, formada por todas las Comunidades Autónomas firmantes a través de sus representantes en la materia.
Esta Comisión sectorial se encargará de desarrollar, antes de los correspondientes períodos de caza y pesca del año 2012, los criterios de convergencia entre las diferentes Comunidades Autónomas firmantes relativos a las condiciones de aptitud, la duración de las licencias y los requisitos administrativos, así como el sistema de actuación a seguir durante dicho periodo transitorio para la ejecución del presente Convenio.
La Comisión sectorial resolverá de común acuerdo las divergencias que pudieran surgir en la aplicación y ejecución de este Convenio.
Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, dada la naturaleza administrativa del presente Convenio.
Undécima. Plazo de vigencia.
Este Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2010 y tendrá una duración indefinida.
Duodécima. Adhesión de otras Comunidades Autónomas.
Las Comunidades Autónomas firmantes promoverán las acciones necesarias para que el resto de Comunidades Autónomas que lo deseen se adhieran al presente Convenio.
Decimotercera. Extinción y modificación del Convenio.
El Convenio se extinguirá por el común acuerdo entre las partes o por el incumplimiento de las obligaciones asumidas en el mismo.
Cualquiera de las Comunidades Autónomas firmantes podrá promover la revisión de alguno de los términos del Convenio. Las modificaciones deberán incorporarse al Convenio y ser suscritas por todas las partes.
Decimocuarta. Separación del Convenio de Colaboración.
Cualquiera de las Comunidades Autónomas podrá separarse del Convenio previa comunicación, con una antelación mínima de dos meses, a las restantes por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, La separación producirá efectos desde el 1 de enero del año siguiente.
En caso de separación de cualquiera de las Comunidades firmantes, el Convenio continuará en vigor respecto a las restantes Comunidades Autónomas.
En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio para que surta efectos con criterios de reciprocidad con todas las Comunidades Autónomas que, ostentando competencias exclusivas en materia de caza y pesca, lo suscriban.
Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en los artículos 14 y 17 del texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, se aprueba el Plan Económico Financiero de Reequilibrio de la Administración General del Estado.
Someter a la deliberación del Pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14.3 y 8.3 del Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, y en el artículo 74 del Reglamento de la Cámara y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
ACUERDO POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, SE APRUEBA EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DE REEQUILIBRIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
De acuerdo con el artículo 14 del texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (TRLGEP), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, cuando se presenten los presupuestos de la Administración General del Estado incumpliendo el objetivo de estabilidad con un mayor déficit del fijado o, de manera excepcional, en posición de déficit, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un plan económico-financiero de reequilibrio, que contendrá la definición de las políticas de ingresos y gastos que sea preciso aplicar para corregir dicha situación en el plazo máximo de los tres ejercicios presupuestarios siguientes.
Por su parte, el artículo 17 de dicho texto refundido señala que en el supuesto de que la liquidación de los presupuestos de la Administración General del Estado presente una situación de déficit incumpliendo el objetivo de estabilidad, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un plan económico-financiero de reequilibrio.
De conformidad con el artículo 14.3, el plan económico-financiero de reequilibrio se tramitará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.3, es decir, deberá seguirse el mismo procedimiento que el establecido para el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se contenga el objetivo de estabilidad presupuestaria.
El presupuesto de la Administración General del Estado para 2008 se liquidó con un déficit de 2,8 por ciento del PIB, habiéndose aprobado un objetivo de
superávit presupuestario del 0,3 por ciento del PIB. Por su parte, el objetivo aprobado para 2009 fue de práctico equilibrio presupuestario (+0,02 por ciento del PIB). El presupuesto finalmente aprobado presentaba un déficit del -1,5 por ciento del PIB. Por tanto, se cumplen los supuestos previstos en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Con relación a 2010, las Cortes Generales aprobaron un objetivo de déficit del -5,7 por ciento del PIB para la Administración General del Estado. El Gobierno ha presentado un proyecto de presupuestos que mejora este objetivo en tres décimas, iniciando así el proceso de consolidación fiscal.
En consecuencia, y cumpliendo las obligaciones establecidas en el TRLGEP, se propone la adopción del siguiente
Primero. Se aprueba el Plan económico-financiero de reequilibrio de la Administración General del Estado que se incluye como anexo del presente Acuerdo.
Segundo. Por la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia se remitirá el presente Acuerdo a las Cortes Generales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14.3 y 8.3 del Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.
PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO DE REEQUILIBRIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Elaborado en cumplimiento de los artículos 14 y 17 del Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre
La crisis económica que afecta a la economía española desde hace más de un año se ha visto reflejada en la evolución de las cuentas públicas, tanto por efecto de los estabilizadores automáticos como por el impacto de las medidas de estímulo fiscal y reactivación económica adoptadas desde el inicio de la crisis. Después de tres años consecutivos de superávit se ha pasado a un déficit público del 4 por ciento del PIB en 2008 para el conjunto de las administraciones públicas, siendo la previsión para 2009 del 9,5 por ciento del PIB.
El empeoramiento de las cuentas públicas ha llevado a poner en marcha los mecanismos de corrección presupuestaria previstos tanto en la normativa comunitaria (Pacto de Estabilidad y Crecimiento) como en la española (leyes de estabilidad presupuestaria).
En el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el Consejo de la Unión Europea abrió formalmente el 27 de abril de 2009 el procedimiento de déficit excesivo (PDE) para nuestro país, estableciendo la obligación de corregir el déficit público en un plazo de tres años. Por tanto, y de acuerdo con el procedimiento aprobado, en 2012 debería alcanzarse un déficit público igual o por debajo del límite del 3 por ciento del PIB.
Mientras que el PDE se aplica al conjunto de administraciones públicas, las leyes de estabilidad presupuestaria establecen mecanismos de prevención y corrección de las situaciones de déficit de forma individualizada para cada una de las administraciones: central, autonómicas y locales. Con ello se pretende visualizar la responsabilidad y el esfuerzo que debe realizar cada administración en el objetivo común de lograr una situación de sostenibilidad y equilibrio a medio plazo en el conjunto de nuestras finanzas públicas.
El Plan económico-financiero de reequilibrio que presenta en este documento el Gobierno de España se refiere, por tanto, exclusivamente a la Administración del Estado. Sin embargo, la consolidación fiscal supone un esfuerzo que no se puede afrontar únicamente desde la Administración central, sino que debe ser fruto de la actuación coordinada de todas las administraciones públicas, que deben contribuir y compartir el compromiso fiscal con la disciplina presupuestaria. Por ello, las comunidades autónomas deberán presentar si procede, en los términos previstos en la Ley de Estabilidad y en el Acuerdo en el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria 2010-2012, sus respectivos planes de corrección de los déficits en los que hayan podido incurrir.
De acuerdo con el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (TRLGEP), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, cuando se presenten los presupuestos de la Administración central incumpliendo el objetivo de estabilidad con un mayor déficit del fijado o, de manera excepcional, en posición de déficit, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un plan económico-financiero de reequilibrio, que contendrá la definición de las políticas de ingresos y gastos que sea preciso aplicar para corregir dicha situación en el plazo máximo de los tres ejercicios presupuestarios siguientes.
Por su parte, el artículo 17 señala que en el supuesto de que la liquidación de los presupuestos de la Administración central presente una situación de déficit incumpliendo el objetivo de estabilidad, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un plan económico-financiero de reequilibrio.
El presupuesto de la Administración central para 2008 se liquidó con un déficit de -2,8 por ciento
1 Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de junio de 2009, aprobado por las Cortes Generales el 8 de julio de 2009.
del PIB, habiéndose aprobado un objetivo de superávit presupuestario del 0,3 por ciento del PIB. Por su parte, el objetivo aprobado para 2009 fue de práctico equilibrio presupuestario (+0,02 por ciento del PIB). El presupuesto finalmente aprobado presentaba un déficit del -1,5 por ciento del PIB. Por tanto, se cumplen los supuestos previstos en la ley de estabilidad.
Con relación a 2010, las Cortes Generales aprobaron un objetivo de déficit del -5,7 por ciento del PIB para la Administración central. El Gobierno ha presentado un proyecto de presupuestos que mejora este objetivo en tres décimas, iniciando así el proceso de consolidación fiscal diseñado en este plan.
Cumpliendo las obligaciones establecidas en el TRLGEP, el Gobierno ha elaborado el presente Plan de corrección del déficit de la administración central en el que se realiza un diagnóstico de la situación y previsiones de la economía española y se recoge la estrategia diseñada para reconducir el déficit público hacia la senda de equilibrio a medio plazo.
2. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y PERSPECTIVAS.
Desde finales de 2008, la economía española atraviesa una situación de recesión que se inscribe en un contexto de crisis económica generalizada a nivel mundial. La crisis financiera y su posterior traslado al sector real, así como los desequilibrios propios de nuestra economía, han conducido a un retroceso en nuestro Producto Interior Bruto (PIB), cifrado en un 4,2 por ciento interanual en el segundo trimestre de 2009.
El ajuste de la actividad ha estado determinado por la progresiva desaceleración de la demanda nacional, reflejo del cambio de tendencia sufrido por el empleo, del deterioro de las expectativas y del endurecimiento de las condiciones de financiación. Este debilitamiento de la demanda interna se ha visto parcialmente compensado por la mejora en el comportamiento de la demanda externa neta debida, principalmente, al significativo recorte de las importaciones.
A la contracción de la demanda nacional han contribuido sus principales componentes, en especial el consumo privado, la inversión en construcción y la inversión en bienes de equipo, acusando los efectos negativos derivados de la corrección a la baja de los precios de los activos, del deterioro del mercado laboral, de la elevada incertidumbre económica y del endurecimiento de las condiciones de financiación.
Aunque la trayectoria de crecimientos negativos se ha prolongado en la primera mitad del presente ejercicio, los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral muestran que la caída se ha moderado en el segundo trimestre. Este mejor comportamiento de la economía española que ya se empieza a registrar, se ha visto favorecido por la menor adversidad del entorno exterior, la disminución de las tensiones financieras y la eficacia de las medidas de política económica puestas en marcha por el Gobierno.
Aunque en el conjunto del año 2009 se registrará una contracción del PIB del 3,6 por ciento, la situación irá mejorando hasta alcanzar tasas de crecimiento intertrimestrales positivas a lo largo de 2010. Conforme se vaya recuperando el dinamismo económico, irá elevándose la aportación de la demanda nacional al crecimiento, que pasará a ser positiva a partir de 2011, mientras que la del sector exterior irá reduciéndose hasta desaparecer en 2012.
Así, se espera una progresiva recuperación del consumo privado, que pasará de una caída del 4,1 por ciento en 2009 a un crecimiento casi nulo en 2010 y a aumentos del 1,2 por ciento en 2011 y del 2,1 por ciento en 2012. Mejorará también la formación bruta de capital fijo, desde la reducción del 14,1 por ciento en 2009 hasta una menor disminución del 4,6 en 2010 y un crecimiento ya positivo, del 2,5 por ciento, en el siguiente año.
El desempleo alcanzará su tasa máxima, un 18,9 por ciento, en 2010, comenzando a disminuir a lo largo del año 2011 y situándose en el 17,1 por ciento en 2012.
De acuerdo con este perfil, el PIB retrocederá en media anual el 3,6 por ciento en 2009 y el 0,3 por ciento en 2010, para crecer después a una tasa del 1,8 por ciento en 2011 y del 2,7 por ciento en 2012. Hay que destacar que el comportamiento negativo en promedio en 2010 se debería a un efecto arrastre desfavorable proveniente del año anterior, pues el crecimiento intertrimestral del PIB alcanzaría valores positivos en el primer semestre del próximo ejercicio.
En síntesis, se espera que la economía española alcance su punto más bajo en 2009, para iniciar una leve recuperación al año siguiente, logrando tasas de crecimiento intertrimestrales positivas a lo largo de 2010 que se irán intensificando en 2011 y 2012.
3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTARIA EN 2008 Y 2009.
3.1 Saldo de las administraciones públicas en 2008.
El objetivo de estabilidad presupuestaria aprobado para 2008 por las Cortes Generales para el conjunto de administraciones públicas fue un superávit del 1,15 por ciento del PIB. Cuando se fijó este objetivo las previsiones de crecimiento de la economía española todavía eran positivas, por encima del 3 por ciento del PIB. Sin embargo, en los meses posteriores se registró una desaceleración que llevó a cerrar el ejercicio con una tasa de crecimiento interanual del 0,9 por ciento, aunque ya en el último trimestre se registró una tasa negativa de crecimiento. Para hacer frente a esta desaceleración, el Gobierno puso en marcha desde el principio de la legislatura un amplio paquete de medidas de estímulo fiscal y reactivación económica, en lo que constituye el mayor impulso público a la actividad económica de nuestra democracia.
Las medidas de carácter discrecional adoptadas y los efectos de los estabilizadores automáticos en el presupuesto -que se refleja en la menor recaudación y el aumento de los gastos en prestaciones por desempleo- han tenido un impacto negativo en las cuentas públicas. Frente al objetivo de superávit del 1,15 por ciento del PIB, las administraciones públicas cerraron el ejercicio con un déficit del 4 por ciento.
Como pone de manifiesto el cuadro 2, el mayor déficit público se registró en la Administración central (2,8 por ciento del PIB), debido a que el Estado soporta la mayor parte del coste de la crisis a través del juego
2 El objetivo para 2008 fue fijado en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2007, siendo aprobado por las Cortes Generales en junio de 2007.
de los estabilizadores automáticos y de una política fiscal muy activa.
3.2 Ejecución del presupuesto del Estado en 2008.
La desviación del objetivo de estabilidad del Estado en 2008 se explica fundamentalmente por la caída de los ingresos. La recaudación fue 29.422 millones de euros inferior a los ingresos presupuestados, lo que representa una desviación equivalente a 2,7 puntos del PIB. Las mayores caídas se registraron en los ingresos tributarios, especialmente en el impuesto de sociedades y en el IVA.
La ejecución del gasto fue, por el contrario, muy ajustada a las previsiones presupuestarias. Aunque las modificaciones han supuesto un aumento de los créditos inicialmente aprobados de 12.499 millones de euros, ello se debió fundamentalmente a los créditos extraordinarios aprobados para financiar el Fondo Estatal de Inversión Local, con un importe de 8.000 millones de euros, y el Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo, que se eleva a 3.000 millones de euros, ambos fondos creados por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre.
Además, hay que mencionar las ampliaciones de créditos destinadas a operaciones de mantenimiento de la paz llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas y a la cancelación de anticipos concedidos a comunidades autónomas y entidades locales, así como el crédito extraordinario de 200 millones de euros aprobado por Real Decreto-Ley 1/2008, de 18 de enero, destinado a programas de integración de inmigrantes.
En términos de obligaciones reconocidas, que es la magnitud que mejor refleja el grado de desviación presupuestaria, en 2008 las obligaciones por operaciones no financieras alcanzaron un volumen de 158.925 millones de euros, frente un presupuesto inicial aprobado de 152.331 millones de euros. Esta evolución, sin embargo, está condicionada por la creación del Fondo Estatal de Inversión Local. Los créditos consignados de 8.000 millones de euros se han reconocido íntegramente en 2008, lo que explica la desviación producida. Si se excluye el importe de este Fondo, las obligaciones del presupuesto no financiero del Estado se habrían situado por debajo del presupuesto inicial.
En todo caso, debe tenerse en cuenta que, en términos de contabilidad nacional, los dos fondos mencionados no producen efectos en el déficit publico de 2008, ya que se trata de inversiones que se van a realizar en este año 2009.
Por tanto, desde la perspectiva del gasto se puede decir que la ejecución del presupuesto del Estado ha sido rigurosa.
3.3 Previsiones presupuestarias para 2009.
Para 2009 se fijó inicialmente un objetivo de superávit del 0,82 por ciento del PIB para el conjunto de las administraciones públicas. El escenario de referencia que se utilizó para fijar dicho objetivo, a pesar de reflejar un entorno de desaceleración económica y advertir del alto grado de incertidumbre existente, estimaba todavía una tasa de crecimiento del PIB del 2,3 por ciento.
El agravamiento de la crisis económica, más intenso de lo esperado, llevó al Gobierno y a los organismos internacionales a sucesivas revisiones a la baja de las previsiones económicas y de las finanzas públicas.
3 Los objetivos 2009-2011 fueron fijados en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, aprobados por las Cortes Generales en junio de 2008.
En este contexto, el Gobierno ha actualizado las previsiones económicas y presupuestarias. Para el conjunto de administraciones públicas se prevé un déficit en 2009 del 9,5 por ciento del PIB y del 8,1 por ciento para el Estado. Estas previsiones reflejan, al igual que en 2008, el impacto tanto de la crisis económica como de las medidas que ha seguido implementando el Gobierno en la primera parte del año 2009.
Por lo que se refiere al Estado, el aumento del déficit respecto al contemplado inicialmente en el presupuesto es consecuencia de la caída de ingresos, el aumento del coste de la prestación por desempleo y los gastos derivados de las medidas anticíclicas, incluyendo los intereses de la deuda pública emitida para su financiación. A ello hay que unir los recursos adicionales del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas y la compensación por la supresión del impuesto sobre el patrimonio.
4. UNA POLÍTICA ECONOMICA ORIENTADA A LA RECUPERACIÓN Y HACIA UN MODELO DE CRECIMIENTO MÁS SOSTENIBLE.
La política económica del Gobierno persigue dos objetivos principales: por una parte, acelerar la recuperación económica y creación de empleo y, por otra, promover el cambio de modelo de crecimiento hacia una economía más sostenible, innovadora y productiva.
Las medidas de impulso fiscal, incluidas en el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, para ayudar a familias y empresas a soportar la crisis, han alcanzado un 1,8 por ciento del PIB en 2008 y más de un 2 por ciento en 2009. Estas medidas se han adoptado tanto desde el lado de los ingresos (rebajas fiscales, apoyo a la liquidez, etc.) como desde el lado de los gastos (Fondo Estatal de Inversión Local, Fondo Especial para la Dinamización de la Economía y Empleo, Programa temporal de protección por desempleo e inserción, etc.).
Además de paliar el impacto de la crisis, la política económica sienta las bases para un modelo de crecimiento más equilibrado a largo plazo, tanto a través de medidas presupuestarias, para lo cual se sigue priorizando el gasto productivo en infraestructuras, I+D y educación, como a través como la Ley de Economía Sostenible -que configurará las bases de un modelo sostenible de crecimiento en su triple dimensión económica, social y medioambiental- y la transposición de la Directiva de Servicios -que permitirá dotar a nuestro sector servicios de un entorno regulatorio más eficiente, transparente, simplificado y predecible para los agentes económicos-.
5. ESTRATEGIA DE POLÍTICA FISCAL.
En consonancia con el contexto económico previsto, la economía española comienza un período de recuperación económica que, sin embargo, durante algunos meses convivirá con la prolongación de los efectos negativos de la crisis, especialmente en el ámbito del empleo, lo que obliga a seguir manteniendo el esfuerzo en política social.
Por otra parte, es el momento de diseñar la estrategia de salida de la crisis e ir retirando paulatinamente las medidas excepcionales de impulso económico, al tiempo que se aseguran las bases que conducen hacia el modelo de crecimiento sostenible.
En este ámbito de política económica, la estrategia de política fiscal debe incidir en dos ámbitos complementarios que se refuerzan mutuamente.
Por una parte, las perspectivas sobre las cuentas públicas y la credibilidad
de la política fiscal son factores clave para aumentar la confianza de los mercados financieros y agentes económicos. Por ello resulta esencial reforzar el compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo. Este compromiso debe plasmarse en una dinámica de ingresos y gastos públicos que, una vez absorbidos los efectos de las medidas de impulso económico, garantice una evolución favorable y sostenible de la deuda pública.
Por otra parte, la política fiscal debe seguir fomentando, a través de los gastos y de los ingresos públicos, políticas activas que contribuyan a la recuperación del potencial de crecimiento de la economía española a medio plazo.
En julio de 2009, el Congreso de los Diputados aprobó los objetivos de estabilidad presupuestaria propuestos por el Gobierno para el período 2010-2012, a través de una senda que permitirá alcanzar en 2012 un déficit para el conjunto de administraciones públicas del 3 por ciento del PIB. Este objetivo cumple con los requerimientos del procedimiento de déficit excesivo y refleja una evolución que es coherente con las previsiones económicas y adecuada a las exigencias de estabilidad macroeconómica a medio plazo que requiere el crecimiento sostenible de nuestra economía.
El objetivo de estabilidad presupuestaria supone una senda exigente para todas las administraciones públicas. No debe olvidarse, en este sentido, que aunque la política fiscal es una competencia del Gobierno de la nación, el grado de descentralización administrativa y fiscal alcanzado en España exige una responsabilidad compartida por todas las administraciones. La sostenibilidad presupuestaria es un objetivo de interés común y por ello debe preservarse en todos los niveles de la administración pública, sin perjuicio de que el mayor esfuerzo de ajuste presupuestario lo asuma el Estado.
Las leyes de estabilidad presupuestaria establecen límites normativos al déficit público que, para el conjunto de las administraciones públicas, no podrá superar, incluyendo el déficit para inversiones, el 1,5 por ciento del PIB. Sin embargo, el mantenimiento de estos límites no resultaría compatible con la política que requiere el momento actual, que exige aprovechar al máximo los márgenes fiscales existentes para acelerar la recuperación de la actividad económica y el empleo. La crisis económica ha generado una reducción de los ingresos tributarios y un aumento de las prestaciones por desempleo, a la vez que ha exigido el uso de políticas fiscales contracíclicas que contribuyan, junto con los estabilizadores automáticos, a paliar sus consecuencias. En esta coyuntura, es necesario utilizar los mecanismos de flexibilidad que ofrecen las leyes de estabilidad presupuestaria empleando, en concreto, los planes económico-financieros de reequilibrio.
Por ello, la senda aprobada de consolidación fiscal está condicionada a la presentación por parte de las distintas administraciones de los planes que permitan reducir paulatinamente los déficit públicos. Se trata de unos niveles de déficit extraordinarios que irán desapareciendo por efecto tanto de la recuperación económica como de las medidas discrecionales que adopten las distintas administraciones públicas. El compromiso con la estabilidad presupuestaria a medio plazo sigue siendo, por tanto, firme, no sólo porque lo exija la normativa presupuestaria, nacional y europea, sino porque constituye la política ortodoxa que debe aplicarse para iniciar y mantener la senda del crecimiento equilibrado y sostenible.
Desglosados por administraciones, los objetivos contemplan una senda de déficit decrecientes para el Estado y comunidades autónomas. El mayor esfuerzo se va realizar en la Administración central, con una reducción del déficit de 6,1 puntos del PIB entre 2009 y 2012. Para las comunidades autónomas se prevé una mejoría en el mismo período de 0,2 puntos, aunque con una desviación al alza del déficit en 2010 hasta -2,5 por ciento.
Las previsiones para los próximos ejercicios muestran que la recuperación económica se consolidará a partir de 2010, lo que debe permitir una mejoría cíclica de las cuentas de todas las administraciones. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que es el Estado el que está asumiendo la mayor parte del coste de las medidas de recuperación adoptadas, incluyendo la carga financiera de la deuda emitida para financiar estas medidas, así como las prestaciones al desempleo. Además, el Estado ha realizado el esfuerzo adicional que supondrá aportar de manera progresiva más de 11.000 millones de euros como consecuencia del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. Esto justifica que las comunidades autónomas pueden asumir razonablemente la senda propuesta de déficit, sin perjuicio de que deban aportar también su esfuerzo, basado en una política de austeridad y contención del gasto público que contribuya a reforzar los efectos positivos de la recuperación económica cuando ésta se produzca.
Por lo que se refiere al resto de administraciones, la posición financiera global de las entidades locales debería ir mejorando paulatinamente a partir de 2011, con una reducción modesta de una décima de PIB desde 2009, mientras que la Seguridad Social seguirá
manteniendo en todo el período una situación de superávit, gracias a la sólida posición de partida, que irá aumentando de nuevo a medida que se consolide la senda de crecimiento y creación de empleo.
6. POLÍTICA DE CORRECCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO DEL ESTADO 2010-2012.
6.1 Componentes del déficit público previsto para el conjunto de administraciones públicas.
A la hora de analizar la magnitud del ajuste requerido para reconducir las cuentas públicas a una situación de equilibrio presupuestario a medio plazo, es preciso tener en cuenta los distintos componentes del déficit público:
- Una parte se debe al momento cíclico de la economía. El cambio de signo hacia una fase de recuperación y gradual crecimiento económico permitirá la mejora de los saldos públicos a través de los estabilizadores automáticos.
- Otra parte responde a las medidas transitorias de impulso económico adoptadas (como los Fondos de Inversión Local y el Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo). El impacto presupuestario de estas medidas es temporal y, por tanto, sus efectos en el déficit revertirán cuando se agote el tiempo de su ejecución.
- La carga financiera de la deuda pública es otro de los componentes del déficit. Su evolución depende tanto de los tipos de interés como del volumen de deuda pública. La inflexión hacia un tendencia decreciente provendrá del propio proceso de consolidación presupuestaria. Aunque a medida que avance el ciclo, el crecimiento de la ratio de intereses se ralentizará, no se espera en el período 2010-2012 una contribución positiva de este componente a la reducción del déficit público.
- Por tanto, la política fiscal debe actuar en la parte restante del déficit público mediante medidas discrecionales de ajuste, toda vez que la corrección de los anteriores componentes está directa o indirectamente ligada al comportamiento de la economía.
En suma, para restablecer el equilibrio de las cuentas públicas no basta con el efecto positivo de la recuperación económica, ni con la retirada gradual de las medidas temporales de estímulo, sino que es necesaria una política fiscal activa que permita eliminar el déficit estructural en el medio plazo.
El cuadro 9 proporciona una estimación de la cuantía, en términos de PIB, de los distintos componentes del déficit para 2010. De los 8,1 puntos de PIB previstos para el conjunto de administraciones públicas, 2,1 puntos corresponden al saldo cíclico, 0,5 puntos a las medidas discrecionales de carácter transitorio que tendrán efecto en 2010, como el nuevo Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local, y 2,6 puntos a la carga de intereses. El saldo resultante es, por tanto, de 2,9 puntos del PIB para el conjunto de administraciones públicas, sobre el cual deben aplicarse las medidas discrecionales de la política fiscal para reconducir las cuentas públicas hacia el equilibrio a medio plazo.
Como se ha señalado, la eliminación del déficit estructural es una tarea que deben llevar a cabo todas las administraciones públicas, no sólo la Administración central. El Estado sólo gestiona una quinta parte del gasto público total y, en consecuencia, comunidades autónomas y entidades locales deben de asumir su parte de responsabilidad en el reequilibrio presupuestario.
6.2 Senda de corrección del déficit del Estado 2010-2012.
El esfuerzo de consolidación fiscal del Estado es más notable si se tiene en cuenta que su presupuesto absorbe el déficit del Servicio Público de Empleo Estatal y el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. Además, debe tenerse en cuenta que la crisis va a tener un efecto duradero en diversos ámbitos económicos, en especial el sector inmobiliario, y eso conllevará una merma estructural en los ingresos públicos.
Con los Presupuestos Generales del Estado para 2010 el Gobierno ha iniciado el proceso de consolidación fiscal. La estrategia consiste en la combinación de un incremento moderado de los ingresos unida a una firme restricción del gasto.
Desde la perspectiva de los ingresos, la política del Gobierno se desarrolla en dos ámbitos. En primer lugar, se procederá a una retirada paulatina de algunos estímulos fiscales a medida que se confirmen las expectativas de recuperación económica. En segundo lugar, se adoptan medidas impositivas que permitirán una gradual recuperación estructural de los ingresos públicos. Los principales elementos de esta reforma son:
- Aumento de la progresividad en la tributación de las rentas de ahorro.
Se eleva el tipo impositivo del 18 al 19 por ciento para los primeros 6.000 euros de rentas del capital y hasta el 21 por ciento para cantidades mayores a ese importe.
- En el ámbito del IRPF se contempla la supresión de la deducción de 400 euros.
- Incremento del tipo general del IVA en dos puntos, pasando del 16 al 18 por ciento, y del reducido en un punto, pasando del 7 al 8 por ciento.
Esta subida del IVA se empezará a aplicar desde el 1 de julio de 2010, cuando previsiblemente la economía española ya esté en crecimientos trimestrales positivos.
El efecto conjunto de estas medidas fiscales supone unos ingresos adicionales de casi 11.000 millones de euros anuales. A ello hay que unir las subidas del impuesto sobre las Labores del Tabaco y del impuesto sobre Hidrocarburos acordadas en junio de 2009.
Por el lado del gasto, los presupuestos para 2010 son los más austeros de la democracia española, preservando sin embargo las prioridades en materia de recuperación económica, fortalecimiento de la protección social y transición hacia el modelo de economía productiva y sostenible.
El gasto no financiero del Estado disminuye un 3,9 por ciento respecto al gasto que se va a alcanzar en 2009. Sin embargo, teniendo en cuenta el incremento para las políticas prioritarias, el descenso real del gasto de los Ministerios es en conjunto del 5,4 por ciento. La restricción se ha aplicado a todas las partidas no prioritarias y se ha extendido a todos los capítulos de gasto.
Tomando como punto de partida los presupuestos para 2010, la estrategia de consolidación fiscal que se va a mantener en los próximos años se apoya en tres ejes básicos:
1. Continuar la política de austeridad del gasto compatible con el mantenimiento del gasto social y las prioridades del gasto productivo.
Los presupuestos de los próximos años van a seguir manteniendo la firme política de austeridad y restricción del gasto. Pero la política fiscal del Gobierno es, ante todo, una política que protege a los ciudadanos más vulnerables. Por ello, el gasto social va a seguir siendo prioritario en los presupuestos. Junto a ello, el cambio de modelo hacia una economía sostenible exige seguir apostando por las inversiones generadoras de empleo y de capital productivo.
Esto plantea la necesidad de reconsiderar año a año todas las actuaciones de los departamentos ministeriales, de forma que se puedan obtener márgenes fiscales para financiar los incrementos de las actuaciones prioritarias. Esta política exige adoptar medidas muy severas, entre las que deben mencionarse las siguientes:
- Mantenimiento de la Oferta de Empleo Público restrictiva.
- Adecuación de la política retributiva al marco previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, especialmente por lo que se refiere a los incentivos de productividad.
- Estudio de una estrategia integral relativa a las políticas de recursos humanos de la Administración General del Estado, que conduzcan a una mayor eficiencia en la utilización de este factor productivo. Este proceso se llevará a cabo mediante la adecuada negociación dentro del proceso de diálogo social.
- Aprobación por parte de cada departamento ministerial de un plan de austeridad, en el cual deberán cuantificarse los ahorros que se produzcan en los gastos de funcionamiento de los distintos servicios. Esta obligación se extenderá también a las entidades del sector público empresarial.
- Impulsar reorganizaciones administrativas que supongan una reducción del gasto real, lo cual incorpora la posibilidad de suprimir organismos cuyas funciones puedan ser absorbidas por los ministerios correspondientes o por otros organismos.
- Revisión de las actuaciones de cada departamento ministerial a efectos de determinar qué líneas de actuación pueden suspenderse o aplazarse a ejercicios futuros.
Por otra parte, y como se ha señalado anteriormente, es necesario involucrar a las administraciones territoriales en la consecución de los objetivos de estabilidad a medio plazo del conjunto de las administraciones públicas. Por ello, el Gobierno propondrá un acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local, para que las comunidades autónomas y las entidades locales impulsen planes de austeridad y contención del gasto público en sus respectivas áreas de competencia.
2. Impulsar reformas fiscales moderadas, equitativas y minimizando las posibles distorsiones sobre la actividad económica.
La caída estructural de ingresos y la prioridad de la sostenibilidad de las finanzas públicas exige explorar los espacios fiscales existentes.
Por una parte, las modificaciones de impuestos que se han incluido en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 son moderados y tienen como objetivo lograr mayor equidad social y de minimizar las posibles distorsiones sobre la actividad económica. Por otra, se procederá a revisar el esquema actual de beneficios fiscales de nuestro sistema tributario con criterios de eficiencia económica, incentivo de actividades productivas y mejora de la equidad del marco fiscal.
3. Lucha contra el fraude fiscal.
El último elemento que va a apoyar la estrategia de política fiscal es la intensificación de la lucha contra el fraude fiscal, reforzando el Plan de Prevención del Fraude, que fue actualizado a finales de 2008, especialmente a partir de medidas preventivas y actuaciones de control en economía sumergida.

References: Real Decreto 
 artículo 194
 artículo 1
 artículo 193
 artículo 154
 artículo 25
 artículo 148
 artículo 25
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 9
 artículo 16
 artículo 193
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 33
 Resolución 
 artículo 184
 artículo 184
 artículo 184
 Real Decreto 
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 166
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 74
 artículo 14
 Real Decreto 
 artículo 17
 artículo 14
 artículo 8
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 14
 Real Decreto 
 artículo 17