Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2017/06/registro-oficial-no-5--jueves-01-de-junio-de-2017
Timestamp: 2019-10-17 20:32:41+00:00

Document:
Registro Oficial No.5- Jueves 01 de Junio de 2017
Última modificación: Martes, 08 de agosto de 2017 | 16:27
Jueves, 01 de Junio de 2017 (R. O. 5, 1°-junio-2017)
Autorícese la delegación al gestor privado, el proyecto iniciativa privada para la construcción y operación del puerto Providencia
Modifíquese el Decreto Ejecutivo No. 798 de 22 de junio del 2011, publicado en el Registro Oficial No. 485 de 6 de julio de 2011
Concédese el indulto presidencial a favor del señor David Alejandro Picco Pérez
Nómbrese al Embajador del Servicio Exterior, Diego Fernando Morejón Pazmiño, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Concurrente de la República del Ecuador ante el Gobierno de la República Checa, con sede en Berlín, Alemania
Confiérese la Condecoración de la Orden Nacional ?Al Mérito? en el Grado de Oficial, al señor Norberto Enrique Vargas Mármol
Expídese el Reglamento sobre autorizaciones para la comunicación pública de obras o presentaciones protegidas por derecho de autor y regulación de la tutela administrativa
Colóquese en situación de disponibilidad de las Fuerzas Armadas, al señor Vicealmirante Carlos Horacio Vallejo Game
Agradécense los servicios prestados y acéptese la renuncia irrevocable presentada por la señora María Fernanda Espinosa Garcés, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República del Ecuador ante la ONU, con sede en Ginebra-Suiza
Cancélese la solicitud de viaje No. 56934
Expídese la ?Metodología para la Gestión Integral de Riesgos del Ministerio de Finanzas?
Subróguense las funciones del Ministro, al licenciado Carlos Fernando Soria Balseca, Viceministro
Ingeniero Víctor Rubén Tobar Horna, Director Nacional de Egresos Permanentes
Abogada Carola Yánez, Asesora del Despacho Ministerial
Ingeniero José Romero Callay, Asesor Ministerial
Ingeniero Romero Callay, Asesor Ministerial
Ingeniero Callay, Asesor Ministerial
RE-2017-040
Ing. Bladimir Sebastián Pesántez Rivadeneira, como Director Regional de Control de Hidrocarburos y Combustibles Centro (E)
RE-2017-043
Ing. Guillermo Santiago Tapia Noboa, en su calidad de Director Regional de Control Técnico de Hidrocarburos y Combustibles ARCH ? Peninsula
RE-2017-046
Ing. Cristhian Xavier Benalcázar Orosco, en calidad de Coordinador de Gestión de Control Técnico de la Comercialización de Derivados del Petróleo
RE-2017-047
Ing. Jorge Xavier Patiño Lojan, como Director Regional de Control de Hidrocarburos y Combustibles Azuay (E)
RE-2017-048
Abg. Manuel Fernando Quizhpe Briceño, como Director Regional de Control de Hidrocarburos y Combustibles Loja (E)
RE-2017-049
Extiéndese hasta el 30 de junio de 2017, la vigencia de los certifi cados de control anual 2016 sobre la infraestructura a cargo de los sujetos de control
YACHAY-EP-GG-2017-0003A
Deróguese la Resolución Nro. YACHAY-EPGG-2017-0003 de 09 de de 2017
-Camilo PonceEnríquez: Que regula el proceso de legalización de bienes mostrencos ubicados en el área urbana, zonas de expansión urbana, cabeceras parroquiales y centros poblados
-Cantón ElEmpalme: Del nuevo límite urbano
-Cantón SanMiguel de Ibarra: Sustitutiva que regula la implantación de estructuras fijas de soporte de antenas y su infraestructura relacionada para el Servicio Movil Avanzado (SMA)
-A la publicación de la Resolución Nº PLECPCCS-447-28-12-2016, emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, efectuada en el Registro Oficial 944 de 14 de febrero de 2017
Que el artículo 227 de la Constitución de la República, determina que la administración pública se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;
Que el artículo 314 ibídem, establece que el Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias y los demás que determine la Ley;
Que según este mismo artículo, el Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad y dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, para lo cual establecerá su control y regulación;
Que el segundo inciso del artículo 316 de la Constitución de la República, determina que el Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley;
Que la letra h) del artículo 5 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, determina que el Estado promoverá un desarrollo logístico y de infraestructura, para lo cual generará las condiciones para promover la eficiencia del transporte marítimo, aéreo y terrestre, bajo un enfoque integral y una operación de carácter multimodal;
Que conforme lo prevé el artículo 100 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en forma excepcional debidamente decretada por el Presidente de la República, cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el interés público, colectivo o general, cuando no se tenga la capacidad técnica o económica o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas, el Estado o sus instituciones podrán delegar a la iniciativa privada o a la economía popular y solidaria, la gestión de los sectores estratégicos y la provisión de los servicios públicos de electricidad, vialidad, infraestructuras portuarias o aeroportuarias, ferroviarias y otros;
Que el Reglamento de Aplicación del Régimen Excepcional de Delegación de Servicios Públicos de Transporte, establece el procedimiento a seguir para que el Estado, a través de sus instituciones y, dentro del ámbito de sus competencias, pueda delegar a empresas privadas o de la economía popular y solidaria, la facultad de proveer y gestionar de manera integral servicios públicos del sector transporte, entre otros provistos mediante las infraestructuras viales;
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 del antes mencionado Reglamento, procede la delegación cuando, entre otras razones, de manera justificada se demuestre la necesidad o conveniencia de satisfacer el interés público, colectivo o general mediante la modernización y desarrollo de infraestructura para la prestación y/o gestión integral de servicios de transporte y logística;
Que con Resolución Ministerial Nro. 044-2017 de 19 de abril de 2017, el Ministro de Transporte y Obras Públicas declaró la viabilidad técnica, económica y jurídica para la delegación al gestor privado del proyecto iniciativa privada para la construcción y operación del puerto Providencia, mediante la modalidad de asociación público-privada; y,
En ejercicio de la atribución que le confieren el número 13 del Artículo 147 de la Constitución de la República, y la letra f) del Artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,
Artículo 1- Autorizar con carácter excepcional la delegación al gestor privado, el proyecto iniciativa privada para la construcción y operación del puerto Providencia, mediante la modalidad de asociación público-privada.
Este Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 3 de mayo de 2017.
Quito, 15 de mayo del 2017, certifico que el que antecede es fiel copia del original.
Que, los números 3, 5 y 6 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador establecen entre las atribuciones y deberes del Presidente de la República el definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva, dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir decretos necesarios para su integración, organización, regulación, y control, así como, crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades e instancias de coordinación;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 798 de 22 de junio del 2011, publicado en el Registro Oficial No. 485 de 6 de julio de 2011, se creó la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, correspondiéndole ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Gestión Inmobiliaria del Sector Público; y, mediante Decreto Ejecutivo No. 50 de 22 de julio del 2013, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 57 del 13 de agosto del 2013, se transformó dicha secretaría en el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR, el cual tiene un Comité encargado de coordinar la política intersectorial de gestión inmobiliaria, integrado por el Secretario Nacional de la Administración Pública o su delegado permanente, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo o su delegado permanente y, el Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda o su delegado permanente; Decreto Ejecutivo éste que ha sido materia de posteriores reformas;
Que, se ha identificado la existencia de una serie de bienes inmuebles que están contabilizados y bajo uso y administración de diversas instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y dependencias de la Función Ejecutiva, no obstante se encuentran catastrados y registrados a nombre del Gobierno Nacional en los Registros de la Propiedad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales correspondientes.
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 147, numerales 3, 5 y 6 de la Constitución de la República del Ecuador
Artículo Único.- En el artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 798 de 22 de junio del 2011, publicado en el Registro Oficial No. 485 de 6 de julio de 2011, agréguese el siguiente numeral:
?17. Autorizar, suscribir y/o celebrar los actos, convenios, contratos y demás instrumentos, jurídicos y administrativos que fueren necesarios, incluyendo la gestión referente a procesos de transferencia de bienes inmuebles, relacionados con los bienes inmuebles que estando contabilizados y en uso de diversas instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y dependencias de la Función Ejecutiva, se encuentren registrados a nombre del Gobierno Nacional en los Registros de la Propiedad.?
Dado en el Palacio Nacional, a 3 de mayo de 2017.
DE LA PRESIDENCIA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 461 de 29 de septiembre de 2014, promulgado en el (Registro Oficial No. 351 de 9 de octubre de 2014) R. O. (2SP) oct. 09 No. 351 de 2014, se expidió el Reglamento para Concesión de Indulto, Conmutación o Rebaja de Penas, el cual establece los requisitos y el trámite correspondiente para acceder al indulto presidencial;
Que el señor David Alejandro Picco Pérez ha solicitado al señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, el indulto de la pena de cinco años que le impuso la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, por haberle encontrado responsable de la comisión del delito tipificado y sancionado en el artículo 127 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial vigente a la fecha de los hechos;
Que mediante oficio No. 0091, recibido el 24 de enero de 2017, la señora Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, remite el Informe motivado sobre la solicitud de Indulto Presidencial referente a la solicitud de tal beneficio que fue presentada por el señor David Alejandro Picco Pérez; instrumento que en lo pertinente recomienda la concesión de Indulto Presidencial a favor de la persona privada de la libertad David Alejandro Picco Pérez;
Que el señor David Alejandro Picco Pérez ha manifestado expresamente su arrepentimiento y ha solicitado disculpas a las víctimas por el delito cometido y por los daños que se produjeron como consecuencias; y,
Artículo 1.- Concédase al Indulto Presidencial favor del señor David Alejandro Picco Pérez, el cual consiste en el perdón de la pena impuesta, manteniéndose la sanción pecuniaria.
Artículo 2.- De la ejecución del presente Decreto, encárguese el Ministro Humanos de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
Este Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial
Que, el Gobierno de la República Checa ha otorgado el beneplácito de estilo, para la designación del Embajador del Servicio Exterior, Diego Fernando Morejón Pazmiño, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Concurrente de la República del Ecuador ante el Gobierno de la República Checa, con sede en Berlín, Alemania; y,
ARTÍCULO PRIMERO.- Nombrar al Embajador del Servicio Exterior, Diego Fernando Morejón Pazmiño, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Concurrente de la República del Ecuador ante el Gobierno de la República Checa, con sede en Berlín, Alemania.
Que, el señor Norberto Enrique Vargas Mármol, conocido artísticamente como ?Aladino?, ha tenido una destacada trayectoria artística en la historia de nuestro país, brindando un invalorable aporte en la difusión y promoción de la música nacional;
Que, el señor Norberto Enrique Vargas Mármol, con más de tres décadas de carrera profesional, se ha constituido en verdadero Embajador del arte de nuestro país, otorgando así una invalorable contribución al desarrollo cultural del Ecuador a nivel internacional;
Que, Que es deber del Estado ecuatoriano y deseo del Gobierno Nacional, reconocer los méritos y virtudes de quienes, como el señor Norberto Enrique Vargas Mármol, han brindado su valioso aporte al desarrollo y promoción del arte y cultura musical de nuestro País; y,
En virtud de las disposiciones que le confiere el artículo 6 del Decreto número 3109 de 17 de septiembre del 2002, publicado en el Registro Oficial 671 de 26 de los mismos mes y año, mediante el cual reglamenta la concesión de la Medalla de la Orden Nacional ?Al Mérito? creada por Ley de 8 de octubre de 1921,
Art. 1º Se confiere la Condecoración de la Orden Nacional ?Al Mérito? en el grado de OFICIAL, al señor Norberto Enrique Vargas Marmol.
Art. 2º Encargase ejecución Decreto, al señor Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Dado en Quito, en el Palacio Nacional, el 3 de mayo de 2017.
Que la Asamblea Nacional expidió el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación;
Que según el Artículo 573 del referido Código, el organizador de un espectáculo público que vaya a realizar la comunicación pública de obras o prestaciones protegidas por Derechos de Autor, debe contar con la autorización o licencia de los titulares de los derechos o sus representantes, para lo cual debe realizarse un intercambio de información entre los involucrados;
Que según el mismo artículo, mediante reglamento debe regularse el otorgamiento de las autorizaciones o licencias antes aludidas;
Que según el Artículo 560 del mismo Código, la autoridad competente puede ordenar la adopción de medidas cautelares, cuando se advierta la posible infracción de un derecho protegido;
Que en este contexto, por disposición de la Ley, debe expedirse el Reglamento correspondiente que aborde los asuntos antes señalados; y.
En ejercicio de la atribución conferida por el numeral 13 del Artículo 147 de la Constitución de la República.
Reglamento sobre autorizaciones para la comunicación pública de obras o presentaciones protegidas
por Derecho de Autor y regulación de la tutela
De los espectáculos públicos y la autorización Previa
Artículo 1.- Para efectos de la presente norma, se considerarán espectáculos públicos a las representaciones artísticas en vivo, en teatro, en danza, en música, de magia y de circo, así como todas las posibles prácticas derivadas o creadas a partir de la imaginación y conocimiento del ser humano, que congregan al público fuera del ámbito doméstico, y que han sido organizados a fin de presenciar actividades, exhibiciones o dichas representaciones.
Las prácticas y representaciones comprenderán la expresión artística y cultural, la reunión de personas en un determinado sitio y espacios de entretenimiento, encuentro y de convivencia ciudadana. Para efectos de este artículo, no se considerarán espectáculo público los eventos: cinematográficos, deportivos, ferias artesanales, desfiles de modas, reinados, atracciones mecánicas, carreras, desfiles en sitios públicos, de intereses colectivos de carácter civil, religioso o militar.
Artículo 2.- Autorización para espectáculos públicos.- El organizador de un espectáculo público, en el que se vaya a realizar comunicación pública de obras protegidas por Derecho de Autor, previo a la realización del espectáculo público, deberá obtener la autorización o licencia por parte de los titulares de derechos o de su representante.
La autorización se conferirá de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos siguientes.
Artículo 3.- Intercambio de información.- El organizador del espectáculo público y el titular del derecho de autor o su representante, deberán intercambiar al menos la siguiente información:
Por parte organizador:
Las obras que posiblemente serán comunicadas públicamente en el espectáculo, y,
La taquilla puesta a la venta.
Por parte del titular o su representante:
La titularidad sobre las obras que posiblemente serán comunicadas públicamente en el espectáculo la acreditación de su representación, y
La administración y vigencia de los derechos autor sobre las obras que posiblemente serán comunicadas.
La información intercambiada deberá ser tomada en cuenta para determinar la tarifa aplicable, con base a las tarifas aprobadas para el efecto.
Artículo 4.- Determinación de la tarifa.- tarifa por comunicación pública en el espectáculo público, se pagará a la sociedad de gestión de derechos de autor titular de los derechos o mandataria del titular, según la tarifa publicada y aprobada por la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, de conformidad con los siguientes parámetros:
La cantidad de obras protegidas que posiblemente se vayan a comunicar en el espectáculo; y,
La taquilla puesta a la venta del espectáculo público.
En los casos que no exista taquilla puesta a la venta del espectáculo público se cancelará el valor acordado entre el titular o su representante con el organizador o, en su defecto, la tarifa correspondiente establecida por la sociedad de gestión colectiva y autorizada por la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales.
Cuando el titular de una obra no forme parte de una sociedad de gestión colectiva, la tarifa será la que resulte de la negociación con el organizador del evento, observando los parámetros determinados en este artículo.
Tratándose de eventos que no excedan el ámbito privado, al tenor del Artículo 123 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, la comunicación de las obras no ocasionará el reconocimiento de derechos patrimoniales.
No se considerará significativa para los efectos del Artículo 573 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y, por tanto, no requerirá la autorización supradicha, la comunicación pública realizada en reuniones o eventos privados sin fines de lucro o en reuniones o eventos que se realicen por razones de beneficencia pública o para fines de interés social.
Artículo 5.- Garantía.- Para el otorgamiento de la autorización, el organizador deberá asegurar el pago por la comunicación pública de las obras, a través de las siguientes opciones: 1. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera establecida y autorizada en el país, o por intermedio de ellas; 2. Fianza instrumentada en un póliza de seguros, incondicional e irrevocable y de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguros establecida y autorizada en el país, entre otras que expresa y formalmente acuerden las partes. Cualquier garantía será otorgada en favor del titular del derecho o de su representante, y cubrirá al menos la tarifa determinada conforme el artículo anterior; o, 3. Cualquier forma de garantía que las partes convengan aceptar y goce de validez jurídica, en el que claramente consten las obligaciones de cada una de ellas y su voluntad de cumplimiento.
Una vez entregada garantía, el titular de los derechos o su representante deberá entregar la autorización al organizador del espectáculo público, observando los parámetros de los contratos en materia de Derecho de Autor previstos en el Artículo 166 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.
Artículo 6.- Liquidación.- Dentro de los diez días laborables posteriores a la realización del espectáculo público, el organizador deberá efectuar la liquidación correspondiente y determinar el valor efectivo a ser pagado al titular de los derechos o su representante.
En la liquidación deberá precisarse el número de boletos vendidos, con especial indicación de aquellos con descuento del 50%, conforme a los Artículos 15 y 72 de las Leyes del Anciano y Orgánica de Discapacidades, respectivamente.
Para esta liquidación, se aplicará la tarifa autorizada, en proporción al número de obras protegidas efectivamente comunicadas. Hecho el pago, se devolverá la garantía otorgada por el organizador.
Artículo 7. - Cobro de garantía por incumplimiento.- A falta de liquidación y pago, conforme prevé el numeral anterior, el titular de los derechos o su representante podrá ejecutar la garantía entregada por el organizador del espectáculo público.
Artículo 8.- Autorización múltiple.- Los organizadores de espectáculos públicos podrán obtener autorizaciones de los titulares de derechos o sus representantes, por las que se autorice la comunicación pública de obras protegidas, para más de un espectáculo público. Estas autorizaciones se otorgarán siempre que se cumpla con las disposiciones precedentes.
Cualquier espectáculo que realice el organizador, que no se encuentre establecido en una autorización múltiple, será objeto de nueva autorización o licenciamiento, de conformidad con lo establecido en esta norma.
Artículo 9.- Rendición de cuentas de sociedades de gestión colectiva.- Las sociedades de gestión colectiva deberán entregar un informe semestral de los dineros recaudados y repartidos por concepto de autorizaciones para la comunicación pública en espectáculos públicos, a la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales. Estos informes deberán publicarse en la página web de la sociedad de gestión colectiva.
Artículo 10.- Exención de autorización de la Sociedad de Gestión Colectiva para espectáculos públicos.- El organizador del evento podrá acogerse a la exención de autorización de la Sociedad de Gestión Colectiva para la comunicación pública de obras establecidas en el Artículo 573 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. En caso de controversias entre el titular de derechos de autor o su representante y el usuario, la Autoridad Nacional Competente en materia de derechos intelectuales deberá evaluar si se configura una de las causales establecidas en la mencionada norma
En obras a ser utilizadas, que han pasado a dominio público, conforme dispone el Artículo 201 y siguientes del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad Innovación, no se requerirá autorización de parte de los titulares de derechos o de sus representantes. De no obrar tal condición, los titulares o sus representantes acreditarán, conforme vigencia a la presente norma, la vigencia de los derechos dentro del respectivo procedimiento de observancia.
Artículo 11.- Tutela administrativa por comunicación pública sin autorización en espectáculos públicos.- Cuando se conozca que se ha realizado o que se realizará un espectáculo, en el que se comunique públicamente obras protegidas por el Derecho de Autor sin la autorización del titular de derechos o de su representante, este podrá iniciar una acción de tutela administrativa contra el organizador del espectáculo público.
Esta acción deberá ser presentada ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, al menos 15 días hábiles antes de la realización del espectáculo público.
La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales verificará el cumplimiento de los requisitos los requisitos necesarios para la admisión a trámite, la autoridad ordenará el archivo del expediente.
Artículo 12.- Requisitos para accionar.- Para la presentación de una tutela administrativa ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, contra el organizador de un espectáculo público en el que se vaya a realizar la comunicación pública de obras, el titular de los derechos de autor o su representante, deberá acreditar dicha calidad.
Cuando el representante sea una sociedad de gestión colectiva, deberá presentar los siguientes documentos:
Estatutos de la Sociedad de Gestión Colectiva;
Nombramientos de sus Representantes Legales;
Mandatos o Contratos de adhesión o de representación;
Contratos de representación recíproca, en caso de obras extranjeras;
Documentación que acredite que la Sociedad Extranjera, representada en territorio nacional, es efectivamente titular mandataria de los titulares de los derechos a ser tutelados.
En caso que la documentación presentada para la legitimación de la peticionaria conste previamente en los archivos de la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, bastará hacer constar en la solicitud de tutela remisión a dichos documentos.
Artículo 13.- De las medidas cautelares.- El titular de un derecho de autor o su representante, dentro de un proceso de tutela administrativa, previa presentación de indicios suficientes que permitan presumir la comunicación pública de obras sin autorización, podrá solicitar las medidas cautelares previstas en el Artículo 565 de Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en particular la suspensión del espectáculo público previsto.
Al avocar conocimiento de la petición de tutela, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales ordenará la medida cautelar que considere razonable para cesar el cometimiento de la infracción, y notificará a las partes con la providencia debidamente motivada para su cumplimiento y ejecución.
Una vez dictada la medida cautelar, se oficiará a la Intendencia de Policía del lugar en el que se vaya a llevar a cabo el espectáculo público, solicitando se revoque el permiso para la realización del evento y suspendiendo el espectáculo público.
Artículo 14.- Contracautela.- Cuando a criterio de la autoridad administrativa, el actor deba constituir garantía suficiente, según el Artículo 561 del Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, se establecerá siguiendo las mismas reglas previstas en este Reglamento, para aquellas orientadas a hacer cesar las medidas cautelares.
Art. 15.- Del Procedimiento.- La tutela administrativa por la presunta infracción de los derechos de autor por comunicación pública de obras en espectáculos públicos, deberá observar los principios generales establecidos en el Capítulo I del Título I del Libro III del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y el procedimiento fijado en los artículos siguientes.
Artículo 16.- De la petición.- La petición de tutela administrativa deberá contemplar los siguientes parámetros:
Requisitos para accionar, establecidos en la presente normativa;
Determinación clara del organizador del espectáculo público y su domicilio para efectos de notificación;
Especificar claramente la identificación del espectáculo público que debe incluir, nombre del mismo, fecha, lugar y hora en que vaya a llevarse a cabo;
Determinación expresa de las medidas cautelares que se solicitan, incluso aquellas tendientes a suspender la actividad presuntamente infractora
Valor estimado de la tarifa, calculado de conformidad con los principios establecidos en esta normativa; y,
Los demás requisitos establecidos para las tutelas administrativas de propiedad intelectual.
Artículo 17.- De la calificación.- Una vez presentada la petición de tutela administrativa, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, deberá calificarla en el término de dos días hábiles y, de ser el caso, dictará la medida cautelar de suspensión del espectáculo, siempre que quien solicite la tutela, acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción acusada o su inminencia.
Se notificará al organizador del espectáculo público con la providencia de calificación y toma de medidas cautelares provisional.
En los casos en que no se haya logrado determinar la identidad del organizador del espectáculo público, ni su domicilio, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, notificará a la Intendencia, a fin de que se revoque el permiso concedido para la realización del espectáculo público mencionado en dicha providencia.
En el caso de que no se cuente con esta autorización al momento de la notificación con la providencia que ordena la suspensión del espectáculo público, el Intendente no otorgará la autorización para la realización del mismo.
Artículo 18.- De la contestación.- El organizador del espectáculo público en el término de tres días contados a partir de la fecha de notificación de la providencia, deberá contestar la petición de tutela administrativa y presentar pruebas de descargo que permitan a la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, revocar la medida cautelar provisional; y de ser necesario solicitar que se convoque a audiencia. La pertinencia de la audiencia será analizada por la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, en virtud de los elementos de convicción que existan dentro del proceso.
Una vez presentada la contestación, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales notificará al titular de los derechos de autor o a su representante. Ante la falta de contestación, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales continuará con la medida cautelar provisional y la sustanciación del proceso hasta su resolución.
Artículo 19.- De las pruebas.- Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la realización del espectáculo público sin autorización, y ante la falta de ejecución de la medida cautelar, el titular de los derechos sobre las obras comunicadas públicamente o su representante, deberá presentar las pruebas que demuestren la vulneración de sus derechos, así como las pruebas de descargo que el organizador del espectáculo público considere pertinentes.
Artículo 20.- Suspensión de medidas cautelares.- Cuando se haya ordenado medida cautelar, podrá el organizador del espectáculo público hacerla cesar inmediatamente, rindiendo la garantía a que se refiere el Artículo 5 de este Reglamento, que será regulada por la autoridad administrativa.
Artículo 21.- De la resolución.- Una vez aportadas las pruebas por parte del titular de los derechos de autor o su representante, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales resolverá sobre las sanciones a que haya lugar, así como sobre las ejecuciones de las garantías rendidas.
Artículo 22.- Desistimiento del proceso.- El titular de los derechos de autor o su representante, podrá desistir de la petición de tutela administrativa y de las medidas cautelares solicitadas en cualquier etapa del proceso.
Articulo 23.- Sanciones.- El organizador que realice la comunicación pública de obras protegidas con derechos de autor en un espectáculo público y no cuente con la autorización del titular o de su representante, será sancionado por la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales con una multa que se fijará según lo previsto en el Artículo 569 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y atendiendo a los siguientes criterios:
Taquilla efectivamente vendida en el espectáculo público;
Las regalías conforme el tarifario autorizado por la Autoridad Nacional competente en materia de derechos intelectuales, publicado en el correspondiente Registro Oficial; y,
El impacto del evento, tomando en consideración la correspondiente difusión en los medios de comunicación.
El pago de la multa a la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, no exime al organizador de la obligación de cancelar los valores adeudados a la Sociedad de Gestión Colectiva, la misma que de ser el caso podrá interponer las acciones judiciales necesarias para hacer efectivo el cobro de los mismos.
Artículo 24.- Auxilio de la fuerza pública.- En caso que la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales establezca medidas cautelares dentro de un proceso de tutela administrativa, por la comunicación pública no autorizada de obras en espectáculos públicos, la policía nacional estará obligada a prestar el auxilio necesario a los servidores de la autoridad competente, que requieran para el cumplimiento de sus funciones.
Este Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Palacio Nacional en Quito, a 3 de mayo de 2017.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 227
 artículo 314
 artículo 316
 artículo 5
 artículo 100
 artículo 2
 Resolución 
 Artículo 147
 Artículo 11

Artículo 1
 artículo 147
 artículo 147
 artículo 4
 artículo 127

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 6
 Artículo 573
 Artículo 560
 Artículo 147

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4
 Artículo 123
 Artículo 573
in fine

Artículo 5
 Artículo 166

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10
 Artículo 573
 Artículo 201

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13
 Artículo 565

Artículo 14
 Artículo 561

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20
 Artículo 5

Artículo 21

Artículo 22
 Artículo 569

Artículo 24