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Timestamp: 2018-12-12 21:44:08+00:00

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﻿ SENTENCIA C-213 DE ABRIL 28 DE 1994
SENTENCIA C-213 DE 28 DE ABRIL DE 1994
CONTENIDO:DELITO DE SECUESTRO, LIBERTAD PROVISIONAL DEL PROCESADO
TEMAS ESPECÍFICOS:LIBERTAD PROVISIONAL DEL PROCESADO, REVOCACIÓN DE LA LIBERTAD PROVISIONAL DEL PROCESADO, DELITO DE SECUESTRO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:271 DE JULIO DE 1994, PÁG.852
Sentencia C-213 de abril 28 de 1994
LIBERTAD PROVISIONAL DEL PROCESADO
EXTRACTOS: «La Corte, ahora, solamente habrá de resolver sobre la constitucionalidad de los artículos 3º, 4º, 7º inciso segundo, 9º, 15 y 32, que hacen parte de los demandados en los procesos acumulados D-426 y D-433. Esto, porque ya la Corporación, en sentencias anteriores se pronunció sobre otras normas de la misma ley, entre las cuales se cuentan algunas de las contenidas en estas demandas, así:
En la sentencia C-565/93, de diciembre 7 de 1993, fueron declarados exequibles los artículos 1º, 28, 29 y 30.
4. Análisis de las normas demandadas en el Proceso D-426.
a) Inciso segundo del artículo 7º.
El artículo 7º dice así:
“Favorecimiento: El que teniendo conocimiento de un delito de secuestro y sin concierto previo, ayudare a eludir la acción de la autoridad, o a entorpecer la investigación correspondiente, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años.
En la misma pena incurrirá quien, a sabiendas de que el dinero resultante de una transacción va a destinarse al pago de la liberación de un secuestrado, participe en dicha transacción” (se resalta lo demandado).
Lo primero que llama la atención en esta norma, es la impropiedad lexicológica, al usar la palabra transacción con el significado de negocio. Pues, si bien en el lenguaje corriente una transacción es un acuerdo comercial, en especial el contrato de compraventa, en el léxico jurídico designa específicamente el contrato que el artículo 2469 del Código Civil define como aquel “en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”.
Y no se diga que ésta es una observación baladí. Por el contrario: si en alguna materia es importante la precisión en el manejo del idioma, es en la ley. Pues la primera condición para hacer fácil su interpretación, es el empleo de las palabras en su preciso significado. No puede aceptarse que una palabra definida por una ley, y nada menos que por el primero de los códigos, tenga en otra ley un significado diferente. Y menos que esto ocurra cuando el idioma tiene varias palabras que expresan con propiedad, inequívocamente, lo que se quiso decir en el artículo séptimo: negocio, negociación, trato, contrato, convención, etc.
“13. Cuándo no es aceptable la intervención en el pago del rescate: los móviles determinantes.
El pagar el rescate es, en sí, un acto indiferente, ni bueno, ni malo. Lo que determina su naturaleza moral es la finalidad que se busque. Por esto se ha visto que quien interviene en el pago por necesidad de salvar la vida y recobrar la libertad, propias o ajenas, obedece a un móvil altruista reconocido universalmente por el derecho.
Claramente se observa, en consecuencia, que la constitucionalidad del artículo 12 de la Ley 40 de 1993, está subordinada a los fines del autor de la acción que en él se describe. Así habrá de declararlo la Corte Constitucional”.
Siendo esto así, hay que partir de la base de que, según la Corte “el pagar el rescate es, en sí, un acto indiferente, ni bueno ni malo. Lo que determina su naturaleza moral es la finalidad que se busque”.
La anterior afirmación de la Corte, y su consecuencia, es decir, la declaración de exequibilidad condicional, rompen la conexión que existía entre el artículo 12 y el inciso segundo del artículo 7º. Pues este último sólo se explica si el pagar para obtener la liberación de un secuestrado es de suyo un acto ilícito, un delito.
Despojado de su ilicitud el acto al cual se refiere el citado artículo 12, es evidente que tal acto pierde la posibilidad de tornar ilícito el acto jurídico contemplado en el inciso segundo del artículo 7º. Porque, ¿cómo puede ser delito el participar en un trato “a sabiendas de que el dinero resultante” va a destinase al pago de la liberación de un secuestrado? Es bueno recordar que en la misma sentencia C-542/93, la Corte, yendo más allá, afirmó: “Pues bien: ¿cómo negar que obra en legítimo ejercicio de un derecho, quien emplea sus bienes en la defensa de la vida o de la libertad, propias o ajenas? ¿Habrá, acaso, un destino más noble para el dinero que la salvación de la vida o de la libertad propias, o de un semejante unido por los lazos de la sangre o del afecto? Y más altruista aún la acción de quien sacrifica sus bienes para salvar la vida y la libertad del extraño”.
Pero, se dirá que el que participa en el negocio descrito en el inciso que se analiza puede conocer el móvil innoble o bajo de quien pagará el rescate, y que esta circunstancia hará punible su conducta. Tal razonamiento se enfrenta a un obstáculo insalvable: la buena fe. En efecto, veamos.
La buena fe, uno de los principios universales que Josserand llamó “los dogmas eternamente verdaderos del derecho”, se consagró en el artículo 83 de la Constitución. Por esto, erigir como delictuosa una conducta de suyo lícita, basándose en presumir la mala fe de su autor, es desconocer la presunción de buena fe, no sólo en un caso particular, sino en forma general, pues tal desconocimiento se hace por ley. En el fondo, si bien se mira, hay, además un desconocimiento de la presunción general de inocencia establecida por el artículo 29 de la misma Constitución.
b) El artículo 9º de la Ley 40 de 1990.
“Artículo 9º—Omisión de informes. El que conociendo de los planes o actividades encaminadas a la ejecución de un delito de secuestro no diere aviso oportuno a las autoridades, o no denunciare un secuestro de cuyos autores o partícipes tenga conocimiento, incurrirá en la pena establecida en el artículo anterior”.
En relación con esta norma, hay que advertir que en la demanda D-426 se limita el cargo de inexequibilidad a la “segunda parte”, es decir, a esta frase: “... o no denunciare un secuestro de cuyos autores o partícipes tenga conocimiento, incurrirá en la pena establecida en el artículo anterior”. La inexequibilidad alegada es “únicamente en lo que hace referencia a los familiares”. En la demanda D-433, por el contrario, el cargo es contra toda la norma, con base en la supuesta violación del artículo 33 de la Constitución.
En el primer caso, es evidente que todas las personas están obligadas a hacer cuanto esté a su alcance para impedir la comisión de un delito. Esta obligación nace no solamente del respeto al orden jurídico, en general, sino del texto del artículo 95, inciso segundo, de la Constitución, que establece como deber de la persona y del ciudadano, entre otros, “obrar conforme al principio de la solidaridad social...”. Esta norma impone la obligación de actuar en situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Por este motivo, quien omite el aviso de que se trata, infringe “la Constitución y las leyes” y se pone él mismo en la situación prevista en el artículo 6º de la Constitución en relación con los particulares.
No hay, pues, quebrantamiento de la Constitución por este primer aspecto. Al respecto escribía el doctor Carlos Lozano y Lozano: “Finalmente, nada se opone a que se erija en delito la omisión de un denuncio oportuno respecto de determinadas infracciones y en casos particularmente graves; y en efecto, casi todas las legislaciones presentan ejemplos que ilustran esta tesis”. (Elementos de Derecho Penal, Ed. Lerner, Bogotá 1961).
Pero, tampoco la hay porque la norma erija en delito el no denunciar el secuestro. De tiempo atrás, ha regido en Colombia la obligación, de todo aquel que tenga noticia de la comisión de un delito, de denunciarlo. Ahora, el numeral 7º del artículo 95 de la Constitución, agrega un elemento nuevo para considerar: la obligación de todos los residentes en Colombia de “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia”. Quien, por consiguiente, no denuncia el delito de secuestro, existiendo la norma que expresamente le ordena hacerlo y penaliza su desconocimiento, incumple la obligación impuesta por la Constitución.
La alegada inconstitucionalidad basada en el artículo 33 de la Constitución, no tiene asidero, sencillamente porque quienes se encuentren en la situación prevista en esta norma, sencillamente podrán alegar ante el funcionario competente la causal de justificación o excusa correspondiente, fundada, nada menos que en el propio texto constitucional. Una cosa, en conclusión, es que un sindicado de este delito pueda basar su defensa en el artículo 33 de la Constitución; y otra, muy diferente, por cierto, que la norma sea inconstitucional. Lo primero dependerá de que se den las circunstancias previstas en la norma, circunstancias cuya comprobación corresponde al funcionario competente en su momento; lo segundo, se descarta, sencillamente, porque no se legisla para casos concretos; y porque los hechos o las normas que impiden la aplicación de una norma en un caso particular, no la hacen contraria a la Constitución.
De todo lo dicho se concluye que la norma demandada no viola ninguna disposición de la Constitución: ni las señaladas en la demanda, ni ninguna otra. Así, será declarada exequible.
5. Análisis de las normas demandadas en el Proceso D-433.
a) El artículo 3º de la Ley 40 de 1993:
“Artículo 3º—Circunstancias de agravación punitiva. La pena señalada en el artículo 1º se aumentará entre ocho (8) y veinte (20) años más, si concurriere alguna de las siguientes circunstancias:
PAR.—La pena señalada en el artículo 2º de la presente ley, se aumentará hasta en la mitad cuando concurriere alguna de las circunstancias anteriores”.
Las mayores penas señaladas en este artículo, son la consecuencia de las circunstancias de agravación punitiva previstas en el mismo. Tales circunstancias indican o demuestran una peligrosidad mayor en el autor del delito, como es ostensible en las descritas en los numerales 1º, 2º, 4º, 7º y 13; o más dañosas consecuencias del delito, por el aspecto social o por el particular de la víctima, como ocurre en aquellas a las cuales se refieren los numerales 3º, 9º, 10, 11 y 12; o, finalmente, un abuso de la condición de servidor del Estado que se tiene o se ha tenido, como sucede en la circunstancia prevista por el numeral 5º; o el delito tiene por víctima a alguien que presta sus servicios al Estado u ocupa una posición destacada en razón de sus servicios a la comunidad.
No se ve porqué sea contrario a la Constitución el establecer penas más severas cuando el hecho punible se agrava por la concurrencia de una de las circunstancias previstas en esta disposición. Para la sociedad en general, y en consecuencia para el legislador, no pueden carecer de significación las circunstancias en que el delito se comete, los móviles de su autor y las consecuencias dañosas para la víctima y para la comunidad. ¿Cómo decir, por ejemplo, que esta norma conspira contra un orden justo, si la justicia, aún en la medida imperfecta en que el hombre puede realizarla, implica el castigo de los delitos en relación directa con su gravedad?
Con base en estas consideraciones, la Corte declarará exequible el artículo 3º, que no quebranta norma alguna de la Constitución.
b) El artículo 4º de la Ley 40 de 1993:
“Artículo 4º—Circunstancias de atenuación punitiva. Si dentro de los quince (15) días siguientes al secuestro, se dejare voluntariamente en libertad a la víctima, sin que se hubiere obtenido alguno de los fines previstos en el artículo 1º de esta ley, la pena se disminuirá hasta la mitad.
En los eventos del artículo 2º habrá lugar a igual disminución de la pena si el secuestrado, dentro del mismo término fuere dejado voluntariamente en libertad.
No habrá lugar a la atenuación si concurriere una de las circunstancias señaladas en los numerales 2º, 5º, 6º, 7º, 10 y 11, del artículo anterior”.
c) El artículo 32 de la Ley 40 de 1993:
“Artículo 32.—Modificación del artículo 355 del Código Penal. El artículo 355 del Decreto Ley 100 de 1980, Código Penal, quedará así:
Art. 355.—Extorsión. El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de cuatro (4) a veinte (20) años.
Quien forme parte de organización o grupo de personas que tenga como uno de sus fines o propósitos la comisión de hecho punible de los descritos en los incisos anteriores, o ayude a eludir la acción de la autoridad, o a entorpecer la investigación correspondiente, o a ocultar o asegurar el producto del delito, o lo adquiera o enajene, incurrirá por ese solo hecho en la sanción prevista en el inciso primero disminuida en una tercera parte.
Del mismo modo, quien conociendo de los planes y actividades de uno de los mencionados grupos u organizaciones de personas en relación al delito de extorsión, omitiere informar oportunamente sobre aquellos a la autoridad, o no denuncie una extorsión de cuyos autores o partícipes tenga conocimiento, incurrirá en la pena establecida en el inciso primero disminuida en la mitad”.
Contra esta norma, también en la demada D-433, se esgrimen dos clases de argumentos: unos de fondo y otro, solamente uno, de forma.
d) El artículo 15 de la Ley 40 de 1993:
“Artículo 15.—Exclusión de beneficios y subrogados. Salvo lo dispuesto en el artículo 17 de este estatuto, en el artículo 37 y la rebaja por confesión previstos en el Código de Procedimiento Penal, los sindicados o condenados por los delitos de que trata esta ley no tendrán derecho a la condena de ejecución condicional, libertad condicional ni a subrogados administrativos. En los casos del delito de secuestro, no podrán otorgarse la suspensión de la detención preventiva ni de la condena. La libertad provisional sólo podrá concederse por pena cumplida”.
Lo anterior, en cuanto al artículo en general. Pero, la Corte habrá de referirse a su última frase, que dice: “La libertad provisional sólo podrá concederse por pena cumplida”.
En concepto de la Sala, esta expresión debe ser declarada inexequible, por las siguientes razones:
Primera. La Ley 40 de 1993 fue expedida el 19 de enero de 1993, pero el estudio de la expresión citada, hay que hacerlo a la luz de la Ley 81 de 1993, de fecha 2 de noviembre de 1993, por su estrecha relación con el principio de favorabilidad en materia penal, consagrado en el artículo 29, inciso 3º de la Constitución.
Segunda. La Ley 81 del 2 de noviembre de 1993 “Por la cual se introducen modificaciones al Código de Procedimiento Penal”, en su artículo 55, señaló:
“El artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, quedará así:
Artículo 415.—Causales de libertad provisional. Además de lo establecido en otras disposiciones, el sindicado tendrá derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución juratoria o prendaria en los siguientes casos: (...)
2. Cuando en cualquier estado del proceso hubiere sufrido el sindicado en detención preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena privativa de la libertad por el delito que se imputa, habida consideración de la calificación que debería dársele.
La libertad provisional a que se refiere este numeral será concedida por la autoridad que esté conociendo de la actuación procesal al momento de presentarse la causal aquí prevista. (...)
4. Cuando vencido el término de ciento veinte días de privación efectiva de la libertad, no se hubiere calificado el mérito de la instrucción. Este término se ampliará a ciento ochenta días, cuando sean tres o más los imputados contra quienes estuviere vigente detención preventiva. Proferida la resolución de acusación, se revocará la libertad provisional, salvo que proceda causal diferente.
No habrá lugar a la libertad provisional cuando la audiencia se hubiere iniciado, o si ésta se encuentre suspendida por cualquier causa o cuando habiéndose fijado fecha para la celebración de la misma, no se hubiere podido realizar por causa atribuible al sindicado o a su defensor. (...)
Parágrafo. En los delitos de competencia de los jueces regionales, la libertad provisional procederá únicamente en los casos previstos en los numerales 2º, 4º y 5º de este artículo. En los casos de los numerales 4º y 5º los términos para que proceda la libertad provisional se duplicarán.
Parágrafo transitorio. En los procesos de competencia de los jueces regionales en los que a la entrada en vigencia de la presente ley, los sindicados hayan permanecido privados de la libertad efectivamente un tiempo igual o mayor a la mitad del contemplado en el parágrafo anterior, el término máximo de detención sin que se hubiere calificado o vencido el término para presentar alegatos en el juicio, según el caso, será de seis meses contados a partir de la fecha de su sanción. En caso de que el término disponible para la calificación contemplado en el artículo 329 de este Código fuere inferior a seis (6) meses, el término máximo de detención será el término máximo de instrucción”.
Tercera. En relación con la vigencia de la citada Ley 81, el artículo 63 dice:
“Vigencia. La presente ley rige a partir de su sanción, deroga y subroga todas las disposiciones que le sean contrarias, tanto del Código de Procedimiento Penal, como de las disposiciones adoptadas como legislación permanente conforme a lo establecido en el artículo 8º transitorio de la constitución Política” (negrilla fuera de texto)
Cuarta. Con la entrada en vigencia de la Ley 81, la Corte debe declarar inexequible la expresión “la libertad provisional sólo podrá concederse por pena cumplida”, porque es restrictiva al desconocer otras causales de libertad provisional consagradas para los delitos de competencia de los jueces regionales, hecho que en sí mismo desconoce el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 29 inciso tercero de la Constitución, según el cual “En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”.
1. En relación con los artículos 12, 18, 19, 20, 21, 24, 25 y 26 de la Ley 40 de 1993, ESTESE a lo resuelto en la sentencia C-542 de 1993.
2. En relación con los artículos 1º, 28, 29 y 30 de la Ley 40 de 1993, ESTESE a lo resuelto en la sentencia C-565 de 1993.
3. En relación con los artículos 10, 14 y 37 de la Ley 40 de 1993, ESTESE a lo resuelto en la sentencia C-069 de 1994.
4. Decláranse EXEQUIBLES los artículos 3º, 4º, 9º y 32 de la Ley 40 de 1993.
5. Declárase EXEQUIBLE el artículo 15, salvo la frase final que establece “la libertad provisional sólo podrá concederse por pena cumplida” que es INEXEQUIBLE.
6. Declárase INEXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 7º de Ley 40 de 1993.
Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».
(Sentencia C-213 de abril 28 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).
Los suscritos Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa, salvan parcialmente su voto en el asunto de la referencia C-213/94, por no compartir la decisión mayoritaria de la Sala Plena de la Corte Constitucional, del día 28 de abril de 1994, que declaró inexequible el inciso 2º del artículo 7º de la Ley 40 de 1993, cuyo tenor es el siguiente: “En la misma pena incurrirá quien, a sabiendas de que el dinero resultante de una transacción va a destinarse al pago de la liberación de un secuestrado, participe en dicha transacción”.
Consideramos los suscritos Magistrados que declarar inexequible el inciso 2º del artículo 7º, equivale a desconocer la acción de solidaridad que obliga a todas las personas frente al delito; consideramos además, un contrasentido amparar, en aras de un supuesto estado excepcional de necesidad —que cobija sólo a determinadas personas en eventos particulares que el juez deberá prudentemente examinar en justicia y equidad—, a la generalidad de las personas que incurran en la acción de colaboración económica con los delincuentes. Es erróneo pensar que la situación excepcional del hombre que se halla en estado de extrema necesidad —la cual se sobreentiende que es legítima sin necesidad de ser invocada expresamente en una ley— se extienda a todos los que incurran en el delito.
La excepción no puede ser elevada a regla general en ningún supuesto, ya que la ley prohíbe determinadas conductas que vulneran el interés general, prevalente siempre, sin discriminar. Si el agente en el caso particular ha obrado en estado de extrema necesidad, es algo que el juez —se repite— debe valorar en cada evento particular.
Declarar inexequible el inciso mencionado equivale a desconocer el espíritu de las disposiciones ya declaradas inexequibles por esta Corte, puesto que, siguiendo un orden sistemático, la norma declarada inexequible es extensión y complemento de las revisadas y avaladas en su constitucionalidad por la Corporación. La impunidad cuenta, pues, así con un elemento eficaz para lograr sus propósitos, porque al legitimar los efectos del secuestro, facilita los medios que conducen a este atroz delito.
1. El artículo 33 de la Constitución, dispone: “Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.
Y el artículo 26 del Código de Procedimiento Penal reproduce, en esencia, al tratar de la denuncia, el contenido de la disposición citada, añadiendo a la lista de las personas señaladas en la norma constitucional, aquellas que se hallan vinculadas por el secreto profesional. Y es apenas lógico que se les exima de la obligación de denunciar, pues la denuncia no es nada distinto de una declaración, sujeta en un todo a las reglas relativas al testimonio.
2. Al examinar la constitucionalidad del artículo 12 de la misma Ley 40/93, que prohíbe intervenir en la celebración de contratos tendientes a asegurar el pago de un secuestro, o en la intermediación del rescate pedido por un secuestrado, la Corte lo declaró exequible, “salvo si el agente actúa en alguna de las circunstancias de justificación del hecho previstas en la ley penal” (sentencia Nº 542/93). Sobre el punto, razonó la Corte:
“¿Cómo negar que obra en legítimo ejercicio de un derecho, quien emplea sus bienes en la defensa de la vida o de la libertad, propia o ajenas? ¿Habrá, acaso, un destino más noble para el dinero que la salvación de la vida o de la libertad propias, o de un semejante unido por los lazos de la sangre o del afecto?” (subrayas fuera del texto).
Es claro, entonces, que la Corte juzga lícito pagar un rescate para lograr la libertad y poner a salvo la vida de un pariente, aun por fuera de los estrechos límites de parentesco o relación familiar señalados en la Constitución. Para abundar en razones, enfatizó entonces la Corte: “El secuestrado y sus allegados no tienen el deber jurídico de afrontar el peligro...” (aludiendo a la hipótesis del estado de necesidad).
3. Para ser coherente, ha debido, esta Corporación, hacer las mismas consideraciones que hemos transcrito, al examinar la constitucionalidad del artículo 10 que ahora nos ocupa. Porque la pregunta parece obvia: ¿cómo es posible que si, como pariente, se me permite negociar el secuestro, se me obligue a la vez a denunciar ante los funcionarios competentes, la ocurrencia del hecho? Es claro que la actuación de las autoridades de policía puede obstaculizar, y aun imposibilitar, el pago del rescate y, consecuencialmente, impedir la obtención del propósito perseguido, consistente en poner a salvo la libertad y la vida del secuestrado.
No se trata, entonces, como equivocadamente lo dice la sentencia, de que una cosa es declarar contra sí mismo o contra una persona ligada a uno por los vínculos de la sangre y del afecto, y otra muy distinta denunciar un hecho delictivo del que las mencionadas personas son víctimas. El asunto es más bien este: que la filosofía que informa la norma constitucional y la que debe informar la de la ley, ha de ser la misma, a saber: que cuando se trata de poner a salvo un bien fundamental de uno mismo o de un pariente, la exención de ciertos deberes, que bajo otras circunstancias son exigibles, no es un despropósito. Antes bien: se halla a tono con la orientación humanística que inspira a nuestra Carta. Como atinadamente lo dijo alguno de los Magistrados en la Sala Plena: lo que parece una auténtica incongruencia es que resulten tratados con más benevolencia los parientes de los secuestradores (esos sí exentos de la obligación de denunciar) que los de la víctima, legítimamente empeñados en ponerla a salvo.
Jorge Arango Mejía—Carlos Gaviria Díaz.

References: artículo 7
 artículo 7
 artículo 2469
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 7
 artículo 12
 artículo 7
 artículo 83
 artículo 29
 artículo 9
 artículo 33
 artículo 95
 artículo 6
 artículo 95
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 32
 artículo 355
 artículo 355
 artículo 15
 artículo 17
 artículo 37
 artículo 29
 artículo 55
 artículo 415

Artículo 415
 resolución 
 artículo 329
 artículo 63
 artículo 8
 artículo 29
 artículo 15
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 33
 artículo 26
 artículo 12
 artículo 10