Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2000/A141-00.htm
Timestamp: 2017-11-18 10:05:13+00:00

Document:
A141-00
Auto 141/00
Referencia: expediente ICC-155. Conflicto de competencia entre el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Tribunal Superior de Montería Sala Penal, en la acción de tutela promovida por Orlando Cárdenas Cárdenas contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-.
El ciudadano Orlando Cárdenas Cárdenas presentó, ante el Juzgado Tercero Penal de Circuito de Montería, acción de tutela contra la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN -, en la que solicitó se le amparara el derecho al trabajo, que consideró vulnerado por la omisión de entregar una mercancía decomisada, por parte de la accionada. El mencionado juzgado, amparó el derecho al trabajo del accionante y ordenó a la DIAN la entrega de la mercancía. Impugnada la decisión, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería en auto del 14 de septiembre del presente año, decretó la nulidad del fallo de primera instancia, al considerar que el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería no era competente para conocer de la acción de tutela, según lo prescrito por el numeral 1º del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000.
Posteriormente, el accionante por intermedio de apoderado, instauró la misma acción ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual mediante providencia del 5 de octubre del corriente año, se declaró incompetente para conocer de la acción de tutela, pues consideró que según lo dispuesto por el inciso 1º del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, el competente es el Juez del Circuito, toda vez que la vulneración o amenaza del derecho invocado por el actor, tiene origen en la ciudad de Montería pues fue allí en donde se decomisó la mercancía por parte de la DIAN, que es una entidad descentralizada del orden nacional, en consecuencia, ordenó la remisión del expediente al Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria.
El Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, en auto del 19 de octubre de 2000 decidió inhibirse de conocer del conflicto planteado, al considerar que según lo ha determinado la Corte Constitucional, en relación con los conflictos de competencia derivados de los asuntos de tutela que se presenten entre jueces y tribunales de distinta jurisdicción, la autoridad competente para dirimirlos es la Corte Constitucional y dispuso su remisión a esta Corporación.
Los despachos judiciales en conflicto, fundan su incompetencia en la aplicación del Decreto 1382 de 2000 “Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”. Al respecto cabe anotar, que esta Corporación en varios pronunciamientos[1], ha inaplicado, por ser manifiestamente contrario a la Carta Política, el artículo 1 del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, con fundamento en que: i) La regulación de la acción de tutela corresponde al legislador conforme lo dispone el artículo 150 de la C.P.; ii) El Presidente de la República, al expedir el decreto 1382 de 2000 so pretexto de ejercer la potestad reglamentaria (num. 11 art. 189 de la C.P.), en realidad modificó las reglas de competencia que pretendía reglamentar del decreto ley 2591 de 1991; iii) El decreto en mención desconoce el artículo 86 de la Constitución, al limitar la competencia asignándola a distintos despachos judiciales teniendo en cuenta la categoría de las autoridades públicas contra las que se dirige la acción, pues ya no puede el afectado ejercer la acción "en todo momento y en todo lugar" como lo dispone la norma superior y iv) Por consiguiente, se hace evidente que el decreto 1382 de 2000, reformó el artículo 86 de la Carta Política sin ceñirse a ninguno de los procedimientos fijados en los artículos 374 a 379 de la Carta.
En este orden de ideas, en el caso concreto y con fundamento en las mismas razones que tuvo la Sala en esa providencia, se procederá a inaplicar el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, no sin antes observar que a ninguno de los Tribunales le asiste la razón, pues conforme lo ordena el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el Juez competente para conocer de esta acción si era el Juez Tercero Penal del Circuito de Montería, quien conoció a prevención pues tiene jurisdicción en el lugar donde ocurrieron los hechos materia de la presunta vulneración o amenaza que motivaron la presentación de la solicitud de tutela. Hay que aclarar que no lo era por los argumentos aducidos por el Tribunal Administrativo de Antioquia, toda vez que para esto se basó en el Decreto 1382 de 2000 que es manifiestamente inconstitucional.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería profirió sentencia concediendo la tutela, la cual fue impugnada por parte de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales y que La Sala Penal del Tribunal Superior de Montería declaró la nulidad por falta de competencia de la sentencia del a quo con fundamento en una norma (Decreto 1382 de 2000), que esta Corporación considera contraria a la Constitución Política y que, como se mencionó anteriormente, no se aplica para el presente caso, lo que se ha presentado es un aparente conflicto de competencia, pues existe un fallo de tutela que fue impugnado y no se ha surtido la correspondiente instancia legal. En consecuencia, lo procedente es declarar que no existe conflicto de competencia, dejar sin efecto la decisión del Tribunal Superior de Montería - Sala Penal - y ordenará a esta Corporación dar trámite a la segunda instancia.
Primero. Declarar que, en el presente caso no existe conflicto de competencia.
Segundo. Inaplicar, para el presente caso, por ser manifiestamente contrario a la Constitución Política, el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.
Tercero. Dejar sin efecto la decisión de fecha 14 de septiembre de 2000, por medio de la cual el Tribunal Superior de Montería - Sala Penal - declaró la nulidad de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esa ciudad y en su lugar ORDENAR a dicho Tribunal, que de el tramite correspondiente a la segunda instancia de la tutela interpuesta por el señor Orlando Cárdenas Cárdenas en contra de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN -.
Cuarto. Remitir el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería –Sala Penal- para lo de su competencia y comunicar lo aquí decidido al Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Segunda de Decisión -, para los fines legales pertinentes.

References: artículo 1
 artículo 1
e contrario
 artículo 1
 artículo 150
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 37
e contrario
 artículo 1