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Discapacidad Archivos - Página 2 de 7 - Derecho a la Salud-Abogados Castelar
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Leyes, Jurispruencia, Doctrina. Capital Federal y Provincia.
Aspectos Legales, Amparos
GUIA de infermedades Raras. Indice alfabetico de las mismas
Publicado el agosto 22, 2013 febrero 22, 2015 por ESTUDIO JURÍDICO DVA
GUIA de infermedades Raras. Indice alfabetico de las mismas, ENTRAR EN: INTRAMED.NET, seguir el Link:
http://www.intramed.net/userfiles/2010/file/Maria/guia_03_2010web.pdf
Nueva Ley de Salud Mental. Reglamentacion.- Resolución 961/2013. Hay un registro de personas internadas por motivos de salud mental??
SE CREA EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS INTERNADAS POR MOTIVOS DE SALUD MENTAL
Resolución 961/2013
Créase el Registro Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental.
Bs. As., 30/7/2013
VISTO el Expediente Nº 2002-19965-12-2, del Registro del MINISTERIO DE SALUD, la Ley Nº 26.657 de Salud Mental y Adicciones y la Resolución del MINISTERIO DE SALUD Nº 883 del 2 de agosto de 2007 que aprobó la creación del SISTEMA NACIONAL UNICO DE INFORMACION SANITARIA (S.U.I.S.), y CONSIDERANDO: Que el artículo 35 de la Ley Nº 26.657 establece que dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos de su sanción, la Autoridad de Aplicación debe realizar un censo nacional en todos los centros de internación en salud mental del ámbito público y privado para relevar la situación de las personas internadas, discriminando datos personales, sexo, tiempo de internación, existencia o no de consentimiento, situación judicial, situación social y familiar, y otros datos que considere relevantes. Que dicho censo debe efectivizarse con una periodicidad de DOS (2) años y se debe promover la participación y colaboración de las jurisdicciones para su realización. Que el artículo 14 de la Ley Nº 26.657 determina que la internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo, y sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social y que debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de salud interviniente. Que el artículo 15 de la Ley Nº 26.657, en el mismo sentido, afirma que la internación debe ser lo más breve posible, en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. Tanto la evolución del paciente como cada una de las intervenciones del equipo interdisciplinario deben registrarse a diario en la historia clínica. En ningún caso la internación, puede ser indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda, para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos públicos competentes. Que el artículo 18 de la Ley Nº 26.657 instaura que la persona internada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la internación. En todos los casos en que las internaciones voluntarias se prolonguen por más de SESENTA (60) días corridos, el equipo de salud a cargo debe comunicarlo al órgano de revisión creado en el artículo 38 y al juez. El juez debe evaluar, en un plazo no mayor de CINCO (5) días de ser notificado, si la internación continúa teniendo carácter voluntario o si la misma debe pasar a considerarse involuntaria, con los requisitos y garantías establecidos para esta última situación. Que el artículo 27 de la Ley Nº 26.657 prohíbe la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados y estipula que en el caso de los ya existentes se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Que el artículo 28 de la Ley Nº 26.657 determina que las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales. A tal efecto los hospitales de la red pública deben contar con los recursos necesarios. El rechazo de la atención de pacientes, ya sea ambulatoria o en internación, por el solo hecho de tratarse de problemática de salud mental, será considerado acto discriminatorio en los términos de la Ley Nº 23.592. Que el artículo 30 de la Ley Nº 26.657 expresa que las derivaciones para tratamientos ambulatorios o de internación que se realicen fuera del ámbito comunitario donde vive la persona sólo corresponden si se realizan a lugares donde la misma cuenta con mayor apoyo y contención social o familiar. Los traslados deben efectuarse con acompañante del entorno familiar o afectivo de la persona. Si se trata de derivaciones con internación, debe procederse del modo establecido en el Capítulo VII de dicha ley. Que se hace necesario contar con información actualizada y permanente por lo cual se consideró necesario y eficaz contar con un REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS INTERNADAS POR MOTIVOS DE SALUD MENTAL. Que la DIRECCION NACIONAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES es la autoridad de aplicación de la Ley Nº 26.657. Que atento a la existencia del SISTEMA NACIONAL UNICO DE INFORMACION SANITARIA (S.U.I.S.) del MINISTERIO DE SALUD, corresponde que dicho Registro Nacional se enmarque como una de sus actividades, el cual aportará datos de salud mental a la información que ya provee el S.U.I.S. de todo el país. Que asimismo cabe señalar que el SISTEMA NACIONAL UNICO DE INFORMACION SANITARIA (S.U.I.S.) está registrado en la Dirección de Protección de Datos Personales, garantizando la seguridad de los mismos. Que la implementación del Registro Nacional permitirá conocer la cantidad de personas internadas por motivos de salud mental, su caracterización sociodemográfica, sus condiciones de internación, su situación judicial, social y familiar permitiendo planificar acciones para orientar las políticas públicas en la materia. Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de su competencia. Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por la “Ley de Ministerios t.o. 1992” modificada por Ley Nº 26.338. Por ello,
Artículo 1° — Créase el REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS INTERNADAS POR MOTIVOS DE SALUD MENTAL (RESAM) incorporándolo al SISTEMA NACIONAL UNICO DE INFORMACION SANITARIA (S.U.I.S.).
Art. 2° — La DIRECCION NACIONAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES dependiente de la SECRETARIA DE DETERMINANTES DE LA SALUD Y RELACIONES SANITARIAS será la autoridad nacional responsable de la gestión del REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS INTERNADAS POR MOTIVOS DE SALUD MENTAL (RESAM).
Art. 3° — Incorpórase al REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS INTERNADAS POR MOTIVOS DE SALUD MENTAL (RESAM) todos los datos de las personas que se encuentren internadas en los centros de salud mental y adicciones correspondientes al sector público, privado y de la seguridad social, para relevar su situación, discriminando datos personales, sexo, tiempo de internación, existencia o no de consentimiento, situación judicial, situación social y familiar, y otros datos que considere relevantes.
Art. 4° — Regístrese, comuníquese a quienes corresponda, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Juan L. Manzur.
ESTUDIO JURIDICO DVA. ZONA OESTE. ESPECIALISTAS EN DERECHO A LA SALUD
46270825- 1551077902 DE 17 A 20 HS
RESOLUCIÓN 1685/2012 MINISTERIO DE SALUD AUMENTOS PARA PRESTADORES EN DISCAPACIDAD
Publicado el octubre 31, 2012 octubre 31, 2012 por ESTUDIO JURÍDICO DVA
INFOJUS - 2012
Buenos Aires, 16/10/2012.
Fecha de publicación: B.O. 22/10/2012.
VISTO el expediente Nº 2002-20510/09-0 del registro del MINISTERIO DE SALUD, la Ley 24.901, los decretos Nros. 1193 del 8 de octubre de 1998 y 1277 del 23 de mayo de 2003 y las Resoluciones Ministeriales Nros. 428 de fecha 23 de junio de 1999, 1749 de fecha 6 de diciembre de 2005, 1977 de fecha 20 de diciembre de 2006, 147 de fecha 14 de febrero de 2007, 767 de fecha 29 de junio de 2007, 1030 de fecha 21 de agosto de 2007, 219 de fecha 26 de marzo de 2008, 1074 de fecha 26 de septiembre de 2008, 314 de fecha 26 de marzo de 2009, 523 de fecha 26 de octubre de 2009, 57 del 13 de enero de 2010, y 2299 de fecha 28 de diciembre de 2010, 1534 del 16 de septiembre de 2011 y 2032 de 30 de noviembre de 2011, y
Que por el artículo 1º de la Resolución Nº 428/99 del entonces MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL, se aprobó el NOMENCLADOR DE PRESTACIONES BASICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Que por el artículo 1º de la resolución Nº 1749/2005 del entonces MINISTERIO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE, se procedió a readecuar los aranceles de las prestaciones del SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Que por Resolución Nº 1977 de la fecha 20 de diciembre de 2006 y Resolución Nº 167 de fecha 14 de febrero de 2007 del MINISTERIO DE SALUD, se procedió a modificar la resolución Nº 1749/05 del entonces MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE, readecuándose los aranceles de las prestaciones del SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Que por Resolución Nº 767 de la fecha 29 de julio de 2007 del MINISTERIO DE SALUD, se procedió a modificar la Resolución Nº 1977/06 y el artículo 1º de la Resolución Nº 167/07, readecuándose los aranceles del SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Que por Resolución Nº 1030 de la fecha 21 de agosto de 2007 del MINISTERIO DE SALUD, se sustituyó el artículo 1º de la Resolución Nº 767/07, incorporando las prestaciones Escolaridad Primaria Jornada Simple y Escolaridad Primaria Jornada Doble, que no figuraban en el artículo sustituido, y sí se encontraban agregadas en el Anexo I de dicha Resolución.
Que por Resolución Nº 219 de fecha 26 de marzo de 2008 del MINISTERIO DE SALUD, se modificaron las resoluciones Nº 167/07 y 767/07 a fin de readecuar los aranceles del SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Que por Resolución Nº 1074 de fecha 26 de septiembre de 2008 del MINISTERIO DE SALUD, se modificó la Resolución Nº 219/2008 en sus artículos 1º y 2º a fin de readecuar los aranceles de las prestaciones del SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
incrementándolos para el período de septiembre de 2008 a agosto de 2009, la aplicación sobre estos últimos aranceles del 7,2% de incremento.
Que por Resolución Nº 314 de fecha 23 de marzo de 2009, del MINISTERIO DE SALUD, se modificó la Resolución Nº 1074 de la fecha del 26 de septiembre de 2008, a fin de readecuar el arancel vigente del SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD respecto al valor de la prestación Transporte en un TREINTA POR CIENTO (30%), quedando establecido el mismo en PESOS UNO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1,78-) por KILOMETRO (Km).
Que por Resolución Nº 523 de fecha 26 de octubre de 2009, del MINISTERIO DE SALUD, se procedió a readecuar los aranceles de las prestaciones del SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD en un QUINCE COMA DOS POR CIENTO (15,2%) a partir del 1º de septiembre de 2009.
Que por Resolución Nº 57 de fecha 13 de enero de 2010, del MINISTERIO DE SALUD, se procedió a readecuar los aranceles de las prestaciones del SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, con un incremento del CINCO POR CIENTO (5%) a partir del 1º de diciembre de 2009 y del CINCO POR CIENTO (5%) a partir del 1º de abril de 2010. El valor diario de ALIMENTACION se incrementó hasta PESOS CATORCE ($ 14-) y el TRANSPORTE por kilómetro se incrementó en un DIEZ POR CIENTO (10%), a partir del 1º de diciembre de 2009.
Que por Resolución Nº 2299 de fecha 28 de diciembre de 2010 del MINISTERIO DE SALUD, se procedió a readecuar los aranceles de las prestaciones del SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD con un incremento del QUINCE POR CIENTO (15%) a partir del 1º de agosto de 2010 y de un DIEZ COMA CUATRO POR CIENTO (10,4%) más a partir del 1º de diciembre de 2010.
Que en reunión ordinaria del DIRECTORIO DEL SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, de fecha 1º de septiembre de 2011, se trató la adecuación de todos los aranceles establecidos.
Que en el Acta Nº 268 del citado Directorio, de fecha 1º de septiembre de 2011, se aprobó por unanimidad la propuesta de readecuación de los aranceles vigentes para las prestaciones en un QUINCE POR CIENTO (15%) a partir del 1º de agosto de 2011.
Que todos los valores, que surgen de la aplicación de los porcentajes precedentemente indicados sobre los aranceles vigentes, son referenciales y aplicables hasta los montos resultantes.
Que por Resolución Nº 1534 de fecha 16 de septiembre de 2011 del MINISTERIO DE SALUD, se procedió a readecuar los valores del nomenclador del SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, con un incremento del QUINCE POR CIENTO (15%) el que comenzaría a regir a partir del 1º de agosto del mismo año.
Que asimismo por Resolución Nº 2032 de fecha 30 de noviembre de 2011 del MINISTERIO DE SALUD, se realiza una nueva readecuación de todos los aranceles vigentes del SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD el que comenzó a regir en forma retroactiva al 1º de noviembre de 2011.
Que resultando necesario establecer un nuevo incremento en los aranceles antes referenciados, se lleva a cabo una reunión ordinaria del DIRECTORIO DEL SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD en fecha 4 de octubre del año en curso.
Que por el Acta Nº 288 del citado Directorio, de fecha 4 de octubre de 2012 se aprueba por mayoría un incremento de todos los aranceles en un VEINTE POR CIENTO (20%) sobre los valores vigentes que comenzará a regir retroactivamente al 1º de octubre de 2012.
Que por otra parte en dicha reunión ordinaria se acuerda la no derogación del artículo dos de la Resolución Nº 2032/11 que establecía que todos los valores que surgen del ANEXO I de tal resolución son referenciales y aplicables hasta los montos resultantes.
Que en consecuencia, es necesario readecuar los aranceles fijados por la Resolución Ministerial vigente, precedentemente indicada.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios - T.O. 1992, modificada por su similar Ley 26.338.
Artículo 1º — Modifícase la Resolución del MINISTERIO DE SALUD Nº 2032 de fecha 30 de noviembre de 2011, a fin de readecuar todos los aranceles vigentes del SISTEMA DE
PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD readecuándose las prestaciones de Hogar Permanente con Pre- primaria, Hogar Permanente con Primaria, Hogar Permanente con Formación Laboral, Hogar lunes a viernes con Pre- Primaria, Hogar lunes a viernes con Primaria, Hogar lunes a viernes con Formación Laboral, Hogar lunes a viernes con Centro de Educación Terapéutica, Hogar lunes a viernes con Centro de día, Residencia lunes a viernes, Residencia permanente, Pequeño Hogar lunes a viernes, Pequeño Hogar permanente, Centro de Día- Jornada Simple, Centro de Día- Jornada Doble, Centro de Educación terapéutica- Jornada Simple, Centro de Educación Terapéutica- Jornada Doble, Hogar lunes a viernes, Hogar permanente, Hogar Permanente con Centro de Día, Hogar Permanente con Centro de Educación Terapéutica, Escolaridad Pre-primaria- Jornada Simple, Escolaridad Pre-primaria- Jornada Doble, Escolaridad Primaria- Jornada Simple, Escolaridad Primaria- Jornada Doble, Escolaridad Formación Laboral Jornada Simple, Escolaridad Formación Laboral Jornada Doble, Estimulación Temprana, Prestaciones de apoyo, Módulo de Apoyo a la Integración Escolar, Rehabilitación- Módulo Integral Intensivo, rehabilitación en todas sus modalidades, con un incremento del VEINTE POR CIENTO (20%) a partir del 1º de octubre de 2012 según se detalla en el ANEXO I, el que forma parte integrante de la presente Resolución.
Impulsan en el Senado proyecto para garantizar la atención de niños con TGD
Publicado el septiembre 12, 2012 septiembre 12, 2012 por ESTUDIO JURÍDICO DVA
El senador del FPV Aníbal Fernández presentó un proyecto de ley para garantizar la atención de niños con Trastornos Generales del Desarrollo (TGD), entre ellos, el autismo. El texto no sólo contempla quelas prestaciones se incluyan en el Programa Médico Obligatorio (PMO), sino también licencias para padres así pueden acompañar a sus hijos en el tratamiento.
“El autismo no es una enfermedad, sino que es un trastorno. Si se detecta tempranamente, se mejora la atención”, indicó Fernández, quien enfatizó en la importancia de mejorar el diagnóstico.
En concreto, el proyecto busca “modificar el artículo 6 de la Ley 24.901 sobre Discapacidad, para garantizar las prestaciones a estos chicos”, con el fin de “ganar tiempo, ya que los padres tienen que acudir a la Justicia para pedirlas y, por supuesto, se las otorgan”, dijo el senador del FPV en declaraciones televisivas.
Por último, contempla “una licencia de 6 meses sin goce de sueldo para que los padres puedan acompañar a sus chicos durante su tratamiento”, receso que debe ir acompañado con “asignaciones familiares para cubrir gastos”, especificó Fernández.
Absórbase la Administración de Programas Especiales dentro de la estructura organizativa de la Superintendencia de Servicios
Publicado el julio 19, 2012 julio 19, 2012 por ESTUDIO JURÍDICO DVA
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Decreto 1198/2012
Absórbase la Administración de Programas
Especiales dentro de la estructura organizativa
de la Superintendencia de Servicios
Bs. As., 17/7/2012
VISTO el Expediente Nº 212530/12 del Registro
DE SALUD, organismo descentralizado en
el ámbito del MINISTERIO DE SALUD, las
Leyes Nº 23.660 y Nº 23.661, sus modificaciones,
normas reglamentarias y complementarias,
y los Decretos Nº 1615 de fecha
23 de diciembre de 1996, Nº 405 de fecha
13 de abril de 1998, Nº 1576 de fecha 30
de diciembre de 1998, Nº 1305 de fecha 22
de diciembre de 2003, Nº 53 de fecha 15
de enero de 1998, Nº 1547 de fecha 6 de
noviembre de 2007 y Nº 366 de fecha 12 de
marzo de 2012, y
Que mediante el Decreto Nº 1615/96 se dispuso
la creación de la SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE SALUD, Organismo
descentralizado de la Administración Pública
Nacional, en jurisdicción del hoy MINISTERIO
DE SALUD, con personalidad jurídica
y con un régimen de autarquía administrativa,
económica y financiera y en calidad
de ente de supervisión, fiscalización y control
de los agentes que integran el SISTEMA
NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD.
Que a través del dictado del Decreto
Nº 405/98 se aprobó la estructura orgánicofuncional
de transición de dicho organismo,
la que fue definitivamente aprobada con el
Decreto Nº 1576/98, cuyo organigrama se
encuentra descripto en el Anexo I de la referida
norma, luego modificada por los Decretos
Nros. 1305/03 y 1547/07.
Que el citado Organismo se constituyó
como consecuencia de la fusión de TRES (3)
organismos en jurisdicción del hoy MINISTERIO
DE SALUD, el INSTITUTO NACIONAL
DE OBRAS SOCIALES, la DIRECCION
NACIONAL DE OBRAS SOCIALES y la ADMINISTRACION
NACIONAL DEL SEGURO
DE SALUD, con la finalidad de permitir un
correcto desenvolvimiento del Sistema Nacional
del Seguro de Salud, ya que algunos
contenían objetivos, competencias, funciones
y responsabilidades superpuestas.
Que en oportunidad de su constitución,
la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
DE SALUD conservó los objetivos, competencias,
de la ADMINISTRACION NACIONAL DEL
SEGURO DE SALUD (ANSSAL) uno de los
tres organismos fusionados, a excepción
de la competencia relativa a la atención de
los Programas Especiales financiados de
acuerdo con el artículo 24, apartado 4, inciso
b), de la Ley Nº 23.661 que se transfirió
a la Dirección de Programas Especiales, la
que por Decreto Nº 53/98 fue reemplazada
por la ADMINISTRACION DE PROGRAMAS
ESPECIALES, creada a tales efectos
como organismo descentralizado de la ADMINISTRACION
PUBLICA NACIONAL en
jurisdicción del ex MINISTERIO DE SALUD
Y ACCION SOCIAL - SECRETARIA DE POLITICA
Y REGULACION DE SALUD - SUBSECRETARIA
DE REGULACION Y FISCALIZACION,
con personalidad jurídica propia y
con un régimen de autarquía administrativa,
económica y financiera.
Que la creación de la ADMINISTRACION
DE PROGRAMAS ESPECIALES tuvo como
objetivo la implementación y la administración
de los recursos afectados al apoyo
financiero de los agentes de salud y a los
planes y programas de salud destinados a
los beneficiarios del Sistema, conforme a la
Ley Nº 23.661.
Que por Decreto Nº 366/12 se transfirió a la
órbita de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
DE SALUD, la ADMINISTRACION
DE PROGRAMAS ESPECIALES, como
organismo desconcentrado, la que actúa
a través de la GERENCIA GENERAL de la
citada Superintendencia, manteniendo los
objetivos, funciones, personal de revista,
incluyendo al personal jerárquico y al personal
contratado, bienes que integren su patrimonio
y demás cuestiones que hagan a la
continuidad jurídica del Organismo.
Que a fin de consolidar paulatinamente el
proceso de reordenamiento que permita
concretar las metas de racionalización y eficiencia
en la gestión pública previstas en el
Decreto precitado, el PODER EJECUTIVO
NACIONAL considera oportuno disponer la
absorción de la ADMINISTRACION DE PROGRAMAS
ESPECIALES dentro la estructura
organizativa de la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS DE SALUD reasumiendo objetivos,
funciones y competencias atribuidas
a aquel organismo por Decreto Nº 53/98,
a efectos de asegurar un contexto de mayor
control y cumplimiento de las funciones
esenciales del Estado.
Que han tomado la intervención de su competencia
los servicios jurídicos de la SECRETARIA
LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA
DE LA NACION, del MINISTERIO
DE SALUD y de la SUPERINTENDENCIA DE
Que la presente medida se dicta en virtud
de las facultades conferidas por el artículo
99, incisos 1) y 2), de la CONSTITUCION
Artículo 1° — ABSORBASE la ADMINISTRACION
DE PROGRAMAS ESPECIALES dentro de
la estructura organizativa de la SUPERINTENDENCIA
descentralizado de la ADMINISTRACION PUBLICA
NACIONAL en jurisdicción del MINISTERIO
Art. 2° — La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
DE SALUD en el plazo de NOVENTA
(90) días presentará al MINISTERIO DE SALUD
la propuesta de estructura organizativa del organismo
correspondiente al primer nivel operativo,
de acuerdo con la normativa vigente en la
materia, Decreto Nº 1545/94 y Resolución de la
Secretaría de la Función Pública Nº 422/94, adecuando
los recursos humanos a las competencias,
objetivos y funciones que se le han asignado
a la citada entidad por el Decreto Nº 1615/96,
con las limitaciones impuestas por el artículo 7°,
último párrafo de la Ley 24.629.
Art. 3° — INSTRUYASE a la SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE SALUD a impulsar,
ante las autoridades competentes, las adecuaciones
presupuestarias que resultaren necesarias,
de acuerdo con la normativa vigente, a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE
KIRCHNER. — Juan M. Abal Medina. — Juan
L. Manzur.
Las Compañías de Medicina Prepaga Deberán Fijar el Pecio de la Cuota para Mayores de 65 años
Publicado el junio 4, 2012 junio 4, 2012 por ESTUDIO JURÍDICO DVA
A través de la resolución 419 de la Superintendencia de Servicios de Salud, publicada la semana pasada en el Boletín Oficial, se fijó la obligación de las empresas de medicina privada a presentar el valor de las cuotas de los planes para los mayores de 65 años que se quieran afiliar.
En tal sentido, el Gobierno le otorgó un plazo de 15 días a las prepagas para realizar la acción ante la Superintendencia y, además, se intimará a las compañías que recibieron solicitudes de adhesión de personas mayores de 65 años a admitirlas de forma inmediata.
Cabe señalar que una vez que se autoricen los valores fijados, los mismos regirán para aquellos usuarios que ingresen al sistema y superen el tope de edad estipulado por la nueva normativa. Además, se deberá presentar el caso a la Superintendencia “dentro de las 48 horas producidas la admisión” luego de haber fijado el valor de la cuota respectiva.
Por otro lado, se aclaró que las prepagas deberán tener planes de salud de idénticas características en cada una de las diversas franjas etarias que se establezcan. Asimismo, el precio entre la primera franja de edad y la última no podrá superar las tres veces.
Es necesario recordar que la ley sancionada por el Congreso estableció que la cuota abonada por aquellos afiliados de 65 años o más con una antigüedad igual o superior a los 10 años en la prepaga no podrá experimentar un incremento por razones de edad.
En mayo del 2012 las prepagas solo podrán aumentar un 5%.
Publicado el abril 20, 2012 abril 20, 2012 por ESTUDIO JURÍDICO DVA
La suba fue autorizada en una reunión que las empresas mantuvieron el lunes con funcionarios nacionales, luego de que la Superintendencia analizara las estructuras de costos de las empresas. “Las empresas habían pedido un 5,5% a aplicarse en febrero, pero se terminó autorizando el 5% para mayo”, explicó a Tiempo Argentino el doctor Federico Díaz Mathé, vocero de Cimara.
El aumento regirá para las empresas grandes, como Swiss Medical, OSDE, Galeno y Omint; para las pequeñas y los hospitales comunitarios
CELIACOS Obras sociales y Prepagas, deberán cubrir parte de costo de los productos alimenticios Resolución N º 407/2012 del Ministerio de Salud de la Nación.
Publicado el abril 12, 2012 abril 12, 2012 por ESTUDIO JURÍDICO DVA
Las personas que sufren celiaquía –una enfermedad crónica provocada por la intolerancia al gluten, que está presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno (T.A.C.C)– recibirán a partir de ahora cobertura por parte de obras sociales y prepagas para afrontar parte del costo de los productos alimenticios que deben consumir por indicación médica.
Así fue establecido por la Resolución N º 407/2012 del Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Juan Manzur, publicada hoy en el Boletín Oficial. Según determina la norma, “las entidades alcanzadas por el Artículo 9° de la Ley 26.588 deberán brindar a cada persona con celiaquía cobertura en concepto de harinas y premezclas libres de gluten por un monto mensual de $ 215” , importe que “deberá actualizarse periódicamente”.
“Se sabe, y era una demanda de las personas afectadas por esta enfermedad, que en el mercado las harinas que ellas pueden consumir son relativamente más caras que las convencionales, por eso tomamos una decisión que va a aliviar a las familias que deben sobrellevar este problema”, indicó el ministro.
Manzur inscribió la medida en una política más amplia, vinculada a “la reglamentación de la Leyde Celiaquía (26.588) por parte de la Presidente Cristina de Kirchner, que garantizó a los pacientes celíacos mejores estándares de calidad alimentaria y el acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno”, afirmó en un comunicado oficial.
El año pasado, con la reglamentación de la Ley, fueron oficialmente incorporadas al Programa Médico Obligatorio (PMO) prácticas de pesquisa para la detección de la celiaquía a través del marcador sérico IgA y la biopsia del duodeno proximal para el diagnóstico de dicha enfermedad.
También se avanzó en la aprobación de un logo oficial para la identificación de los alimentos sin T.A.C.C., símbolo que fue consensuado con las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a esta problemática, a través del trabajo dela Comisión Nacional de Alimentos.
La celiaquía, que en Argentina afecta a alrededor de 500 mil pacientes, es una enfermedad intestinal crónica que se caracteriza por la intolerancia al gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, la avena, la cebada y el centeno (T.A.C.C). Es hereditaria y autoinmunitaria, ya que debilita la capacidad del intestino para absorber los nutrientes en forma adecuada, lo que provoca síntomas intestinales, retraso de crecimiento en niños, del desarrollo, de la pubertad y talla baja, entre otras afecciones.
La medida se justifica en el hecho de que la reglamentación dela Ley26.588, através del Decreto 528/11, obliga a las entidades mencionadas a brindar una cobertura a sus afiliados del 70% de la diferencia del costo de harinas y premezclas libres de gluten de aquellas que sí lo poseen.
El mismo decreto dispuso además que el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que depende de la cartera sanitaria, fuera el encargado de establecer las cantidades de harinas y premezclas que deben consumir los celíacos en base a criterios nutricionales, las cuales deben ser cubiertas mensualmente.
“El INAL indicó –en un estudio avalado porla Sociedad Argentinade Nutrición- el consumo recomendado, por día y por persona, de harinas libres de gluten y de premezclas para elaborar alimentos libres de gluten”, señala el texto de la resolución, que agrega que “a los fines de establecer los costos mensuales a cubrir por todas las entidades alcanzadas por la normativa,la Direcciónde Economía dela Salud(de la cartera sanitaria nacional) elaboró un informe con una estimación de los costos adicionales que deben afrontar las personas con enfermedad celíaca debido a que se enfrentan a alimentos con precios más elevados”.
La Ley 26.588 declaró de interés nacional la atención médica de la enfermedad celíaca, al igual que la investigación clínica y epidemiológica; la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad; y la difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten.
Fuente: www.docsalud.com.ar
Como acredito que soy discapacitado? Certificado de discapacidad.¿Dónde se tramita?. ¿Cómo se tramita?. Que ventajas tengo al tener el certificado de discapacidad?
Publicado el marzo 14, 2012 marzo 16, 2012 por ESTUDIO JURÍDICO DVA
La persona que lo posee padece una alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.(Ley 24.901).
Tiene igual valor que el Documento Nacional de Identidad por lo que ante su pérdida debe efectuarse la denuncia inmediata.
No afecta a la vida civil de la persona, ni su capacidad civil.
No tiene relación con el porcentaje de discapacidad, ni con la declaración judicial de insania o inhabilitación que determina la designación de curador.
A nivel nacional en el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de las Personas con Discapacidad. Debe solicitar turno personalmente. (No se dan turnos por teléfono)
Dirección: Ramsay 2250 – C.A.B.A.
Días y Horarios: de Lunes a Viernes de 8.30 a 12 hs.
Asesoramiento telefónico: llame al 4783-9077 (interno 39)
Contacto: snr@snr.gov.ar
El día que tiene el turno asignado deberá concurrir la persona con discapacidad junto con el cumplimiento de los requisitos que aquí detallamos:
Certificado expedido por un Médico Especialista, «original y autorizado» (no más de seis meses). Este certificado será retenido. No se aceptan fotocopias.
Documento Nacional de Identidad, Cédula de Identidad, Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica de la persona con discapacidad, «original y legible».
Dos fotocopias de la primera y segunda hoja del D.N.I.
Dos fotocopias del último recibo de sueldo si la persona trabaja. Si no trabaja, del familiar que lo tenga a cargo
Dos fotocopias del carnet de Obra Social del paciente
De acuerdo al tipo de discapacidad deberá llevar determinados estudios complementarios.
La certificación de discapacidad deberá ir acompañada de la orientación prestacional que cada caso requiere
ESTUDIO JURIDICO DVA , ABOGADOS ESPECIALISTAS EN DERECHO A LA SALUD -DISCAPACIDAD MEDICINA LEGAL. ABOGADOS EN ZONA OESTE, MORON, CASTELAR, VILLA TESEI, ,PARTIDO DE MERLO, SAN ANTONIO DE PADUA, LIBERTAD, PARTIDO DE ITUZAINGO, PARQUE LELOIR, VILLA UDAONDO, PARTIDO DE LA MATANZA, LOMAS DEL MIRADOR, VILLA LUZURIAGA, RAMOS MEJIA, LA TABLADA, SAN JUSTO TEL DE CONTACTO 4627-0825 CONSULTENOS GRATIS POR ESTA VIA
¿QUÉ PASA CUANDO LLEGA LA JUBILACIÓN? PUEDO MANTENER MI OBRA SOCIAL?
Publicado el marzo 7, 2012 marzo 16, 2012 por ESTUDIO JURÍDICO DVA
¿QUÉ PASA CUANDO LLEGA LA
as Sociales
Afiliados a obras
sociales: ¿Qué pasa
cuando llega la
Defensoría del Pueblo dela Ciudadde Buenos Aires
Dra. Nerina Da Rin
Abogada (UCA). Ex jefa del área de Derechos Humanos,
Administración de Justicia, Acción Social, Minoridad y
Adolescentes dela Defensoríadel Pueblo dela Nación(1995-
2002). Ex profesora adjunta de Derecho Internacional Privado (UCA
1984-2001). Ex representante argentina antela Conferenciade la
Haya de Derecho Internacional Privado. Actualmente es profesora
asociada a la cátedra Derecho Internacional Privado dela UB
(2002-2003) y colabora conla Defensoríadel Pueblo dela Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en temas de usuarios y consumidores.
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28 Papeles de trabajo
Quienes se jubilan tienen derecho a ser mantenidos en la
obra social a la que pertenecían al momento de retirarse.
Este derecho surge en forma diáfana de la jurisprudencia
y de la normativa vigente, que es minuciosamente
analizada en este artículo, a raíz de los reiterados
reclamos efectuados en la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires que dieron cuenta de bajas
dispuestas por una obra social a sus afiliados, que habían
obtenido el beneficio de la jubilación ordinaria.
La Defensoríadel Pueblo requirió oportunamente a esa obra social
que «informe detalladamente las razones que se tuvieron en
cuenta para denegar la solicitud de afiliación», pero las
contestaciones fueron idénticas: fundamentaban el rechazo de las
afiliaciones invocando el artículo 8 de la disposición 36/03, en el
que se argumenta que «simplemente se produce la baja como
beneficiaria titular en virtud de lo establecido por la ley 23.660 y se
rechaza su solicitud de afiliado adherente, en virtud de la
normativa vigente en materia de socios adherentes, lo cual de
ninguna manera significa excluir a un afiliado.» Más adelante,
agregaba que «en el caso no existe constancia alguna que permita
llevar a esa Defensoría a convencimiento alguno del presunto
derecho de la reclamante, resultando improcedente la presente
denuncia. Podría hablarse de un reclamo que va más allá de lo
estipulado por la ley».
Esta aplicación de la ley 23.660, además de resultar arbitraria y
desconocer la finalidad tenida en cuenta por el legislador, genera
una situación de colisión entre normas de la misma ley que tienen
diferente objeto, y produce un efecto derogatorio del inciso b) del
artículo 8º. La interpretación y aplicación que la obra social realiza
y que sustentala Superintendenciade Servicios de Salud en su
dictamen del 8 de noviembre de 2005 – vinculada a los artículos 8º,
inciso b), 10° y 20 de la mencionada ley- es contraria a la que ha
efectuado y viene efectuando la jurisprudencia dela Justicia
Nacional del Trabajo, el Fuero Federal en lo Civil y Comercial de la
ciudad yla Corte Supremade Justicia dela Nación, todos
organismos competentes según lo dispuesto por el artículo 38 de
la misma ley. Por ello se generó la necesidad de emitir un
pronunciamiento al respecto dirigido a la entidad en cuestión y a la
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Defensoría del Pueblo dela Ciudadde Buenos Aires 29
El contenido de la normativa vigente
Marco legal de tutela de los derechos humanos a la salud y de
los consumidores y usuarios
En las denuncias se encuentran involucrados el derecho a la salud y
el de los consumidores y usuarios, merecedores -como lo sostiene el
artículo 42 dela Constitución Nacional-a un trato equitativo y digno
y a una información adecuada y veraz. La primera norma
internacional que consagró expresamente el derecho a la salud fue la
Constitución dela Organización Mundialdela Salud, sancionada en
1946, que refiere como uno de los derechos fundamentales «el
disfrute del más alto nivel posible de salud».
Posteriormente aparece consagrado en el artículo 25 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 12 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y en el artículo 10.1 del Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominado
«Protocolo de San Salvador», ratificado porla República Argentina.
Salvo este último, todos han sido receptados con jerarquía
constitucional (Conf. C.N. artículo 75°, inciso 22).
La Declaración Universalde Derechos Humanos, en su artículo 25
establece que «toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure la salud, y en especial la asistencia
médica». Asimismo, el derecho a la salud se consagra en el artículo
12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, al establecer que los Estados parte «deberán tomarse
las medidas necesarias para la creación de condiciones que
aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso
de enfermedad para asegurar a toda persona el disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental». En el punto 2.b del
citado artículo se establece «el mejoramiento en todos sus
aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente», y en el
punto 2.c se especifica «la prevención y el tratamiento de
enfermedades epidémicas, endémicas y la lucha contra ellas».
Por su parte, el Protocolo de San Salvador establece en su artículo
10.1 el derecho a la salud, en los siguientes términos: «toda
persona tiene derecho a la salud entendida como el disfrute del
más alto nivel de bienestar físico, mental y social». En el punto 10.2
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30 Papeles de trabajo
señala que «con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los
estados partes se comprometen a reconocer la salud como un
bien público y particularmente adoptar las siguientes medidas para
garantizar este derecho: a) la atención primaria de la salud,
entendiendo como tal la de asistencia sanitaria esencial puesta al
alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b) la
extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los
individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c) la total
inmunización con las principales enfermedades infecciosas; d) la
prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas…».
Por otra parte,la Constitución Nacionalestablece en su artículo 42
que»los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud,
seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y
veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo
y digno».
La ley 23.660
El artículo 8° del texto legal establece que «quedan
obligatoriamente incluidos en calidad de beneficiaros de las obras
sociales los jubilados y pensionados nacionales y los de la
Municipalidad dela Ciudadde Buenos Aires», y su artículo 10
instituye que «el carácter de beneficiario en el inciso a) del artículo
8° y en los incisos a) y b) del artículo 9° de esta ley subsistirá
mientras se mantenga el contrato de trabajo o la relación de
empleo público y el trabajador o empleado reciba remuneración
del empleador, con las siguientes salvedades:
a) En caso de extinción del contrato de trabajo, los trabajadores
que se hubieran desempeñado en forma continuada durante más
de tres (3) meses mantendrán su calidad de beneficiarios durante
un período de tres (3) meses, contados de su distracto, sin
obligación de efectuar aportes;
b) En caso de interrupción del trabajo por causa de accidente o
enfermedad inculpable, el trabajador mantendrá su calidad de
beneficiario durante el plazo de conservación del empleo sin
percepción de remuneración, sin obligación de efectuar aportes;
c) En caso de suspensión del trabajador sin goce de remuneración,
éste mantendrá su carácter de beneficiario durante un período de
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Defensoría del Pueblo dela Ciudadde Buenos Aires 31
tres (3) meses. Si la suspensión se prolongare más allá de dicho
plazo, podrá optar por continuar manteniendo ese carácter,
cumpliendo con las obligaciones del aporte a su cargo y de la
contribución a cargo del empleador;
d) En caso de licencia sin goce de remuneración por razones
particulares del trabajador, éste podrá optar por mantener durante
el lapso de la licencia la calidad de beneficiario cumpliendo con las
obligaciones de aportes a su cargo y contribución a cargo del
empleador;
e) Los trabajadores de temporada podrán optar por mantener el
carácter de beneficiarios durante el período de inactividad y
mientras subsista el contrato de trabajo cumpliendo durante ese
período con las obligaciones del aporte a su cargo y de la
contribución a cargo del empleador que establece la presente ley.
Este derecho cesará a partir del momento en que, en razón de otro
contrato de trabajo, pasen a ser beneficiarios titulares en los
términos previstos en el artículo 8º inciso a) de la presente ley;
f) En caso que el trabajador deba prestar servicio militar obligatorio
por llamado ordinario, movilización o convocatorias especiales,
durante el período que aquél no perciba remuneración por esta
causa mantendrá la calidad de beneficiario titular, sin obligación de
efectuar aportes;
9) La mujer que quedare en situación de excedencia podrá optar por
mantener su calidad de beneficiaria durante el período de la misma,
contribución a cargo del empleador que establece la presente ley;
h) En caso de muerte del trabajador, los integrantes de su grupo
familiar primario mantendrán el carácter de beneficiarios, por el
plazo y en las condiciones del inciso a) de este artículo. Una vez
vencido dicho plazo podrán optar por continuar en ese carácter,
cumpliendo con los aportes y contribuciones que hubieren
correspondido al beneficiario titular. Este derecho cesará a partir
del momento en que por cualquier circunstancia adquieran la
calidad de beneficiarios titulares prevista en esta ley.
En los supuestos de los incisos precedentes, el mantenimiento de
la calidad de beneficiario del trabajador en relación de
dependencia se extiende a su respectivo grupo familiar primario.
La autoridad de aplicación estará facultada para resolver los casos
no contemplados en este artículo, como también los supuestos y
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32 Papeles de trabajo
condiciones en que subsistirá el derecho al goce de las
prestaciones, derivados de los hechos ocurridos en el período
durante el cual el trabajador o su grupo familiar primario revestían
la calidad de beneficiarios, pudiendo ampliar los plazos de las
coberturas cuando así lo considere».
El artículo 20 de la misma ley establece que «los aportes a cargo
de los beneficiarios mencionados en los inciso b) y c) del artículo
8º serán deducidos de los haberes jubilatorios de pensión o de
prestaciones no contributivas que les corresponda percibir, por
los organismos que tengan a su cargo la liquidación de dichas
prestaciones, debiendo transferirse a la orden de la respectiva
obra social en la forma y plazo que establezca la reglamentación».
La ley 19.032
El artículo 16 de la ley 19.032 (modificada por la ley 25.615 B.O.
23/7/2002) ordena que: «A partir de la vigencia de esta ley los
jubilados y pensionados obligatoriamente comprendidos en
cualquiera de las obras sociales mencionadas en el artículo 1 de la
ley 18.160, modificado por ley 18.980, aportarán únicamente al
Instituto creado por la presente, manteniendo su afiliación a
aquellas, con todos los derechos y obligaciones que los
respectivos estatutos orgánicos y reglamentaciones determinen.
En tal supuesto, se aplicarán los montos o porcentajes que rijan en
esas obras sociales, si fueran mayores que los establecidos en el
artículo 8. Sin perjuicio de los dispuesto en los párrafos anteriores,
los jubilados y pensionados podrán optar por incorporarse
directamente al presente régimen, en cuyo caso cesarán las
obligaciones recíprocas de aquellos y de las obras sociales a las
que se encontraban afiliados».
La interpretación jurisprudencial de los artículos 8 inciso b) y 10 de
la ley 23.660 y del artículo 16 de la ley 19.032
La jurisprudencia ha sido clara respecto de la interpretación que
corresponde a la normativa señalada. En la causa «D., E. E. c.
I.O.S. s/amparo», el juez hizo lugar a la acción promovida por E. E.
D., condenando a la obra social Unión Personal, perteneciente a la
Unión del Personal Civil dela Nación, a restablecer en forma
inmediata las prestaciones asistenciales pertinentes y a abonar las
costas del proceso.La Cámara Nacionalde Apelaciones en lo Civil
y Comercial Federal, sala II, 2000/02/08 en su fallo 100.586
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Defensoría del Pueblo dela Ciudadde Buenos Aires 33
sostuvo que «una persona que se jubila no pasa automáticamente
a pertenecer al PAMI, sino que subsiste en la esfera de la
autonomía de la voluntad del ex trabajador el derecho a
permanecer en la obra social que podía acudir hasta entonces.
Esta conclusión se ve corroborada por el artículo 20 de la ley
23.660 y su reglamentación, en cuanto dispone que los aportes a
cargo de los beneficiarios comprendidos en el inciso b) del artículo
8º (jubilados y pensionados) serán deducidos de sus haberes por
prestaciones, debiendo ser transferidos a la respectiva obra social
dentro de los quince (15) días posteriores a cada mes vencido
(conf. causa 39.356/95, «Quirque Dapena Encarnación Mercedes
y otros c. I. O. S. S/ amparo» del 13/2796, y numerosos
precedentes posteriores). Por las razones expuestas, se resuelve
confirmar la sentencia apelada con costas».
También resulta importante recordar el contenido de la resolución
dela Cámara Nacionalde Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal, en la causa 474/2002: «Ch., A. y Otro c/ obra social Unión
Personal, dela Uniónde Personal Civil dela Nación S/ incidente de
Apelación Medida Cautelar». En esa oportunidad el tribunal le
ordenó a la demandada que «continúe brindando atención médica
y social a las peticionarias, incluyendo la rehabilitación de sus
carnets. Como las accionantes se han desvinculado laboralmente –
en virtud de haberse acogido a la jubilación -por aplicación del
artículo 10, inciso c), de la ley 23.660, su obligación como obra
social sólo subsiste por un plazo de tres meses a partir de
entonces (…) Cabe recordar que la naturaleza de las medidas
precautorias no exige a los magistrados el examen de certeza sobre
la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud, y
que el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición
a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender
a aquello que no exceda del marco de lo hipotético, dentro del cual,
asimismo, agota su virtualidad (Fallos: 306: 2060; esta sala, causas
39.380/95 del 19-3-96; 21106/96 del 17-7-97; 1251/97 del 18-12-
97; 436/99 del 8-6-99; 7298/98 del 11-3-99; 7936/99 del 14-3-2000
y 2849/2000 del 30-5-2000).
En este orden de ideas, la verosimilitud del derecho se refiere a la
posibilidad de que éste exista y no a una incontestable realidad, la
cual sólo se logrará al agotarse el trámite (cfr. Fenochietto-Arazi,
Código Procesal comentado Tomo 1, página 742):
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34 Papeles de trabajo
«Y en cuanto al peligro en la demora, teniendo en cuenta que este
requisito se refiere a la necesidad de disipar un temor de daño
inminente, acreditado prima facie o presunto (cfr, Fassi-Yañez,
Código Procesal comentado, tomo 1, página 48 y sus citas de la
nota N° 13; Podetti; J.R. Tratado de las medidas cautelares,
página 77, N° 19; esta sala, causa 6655/98 del 7-5-99; 436 del 8-
6-99; 2974/99 del 6-7-99; 1056/99 del 16-12-99 y 7841/99 del 7-
2-2000; CNCiv, Sala D, del 26-2-85, LL 1985, -C, 398), la decisión
adoptada por la obra social, en el sentido de que no continuaría
prestando su cobertura más allá del límite temporal ya
mencionado, conduce a tener por acreditado tal recaudo.
En relación al argumento desarrollado por la recurrente -vinculado
con el artículo 10 inciso c) de la ley de obras sociales- corresponde
recordar en este marco cautelar que el artículo 8°, inciso b) de esa
ley establece que quedan obligatoriamente incluidos, en calidad de
beneficiarios de las obras sociales, los jubilados y pensionados
nacionales, en tanto que el artículo 20 prevé que sus aportes serán
deducidos de los haberes jubilatorios por los organismos que
tengan a su cargo la liquidación de esas prestaciones, debiendo
trasferirse a la orden de la respectiva obra social.
Asimismo, el artículo 10 dispone el carácter de beneficiario,
otorgado en el inciso a) del artículo 8°, y en los incisos a) y b) del
artículo 9 de la misma ley, subsistirá mientras se mantenga el
contrato de trabajo o la relación de empleo público y el trabajador
o empleado reciba remuneración del empleador, salvo en el caso
de extinción de contrato de trabajo, en cuyo caso los trabajadores
que se hubiesen desempeñado en forma continuada durante más
de tres meses, mantendrán su calidad de beneficiarios durante un
período de tres meses, contados desde su distracto, sin obligación
de efectuar aportes (inciso a).
En este contexto normativo se debe interpretar que el distracto
que la norma contempla no es el que tiene lugar con motivo de la
jubilación del trabajador, sino el que se verifica por otras
circunstancias, como son las previstas en los distintos incisos del
artículo, pues de otro modo quedaría sin contenido el artículo 8° de
la ley 23.660, en cuanto establece en su inciso b), con carácter
general, que quedan obligatoriamente incluidos en calidad de
beneficiarios los jubilados (cfr. esta Sala, causas 5931/98 del 18-
11-99; 3889/98 del 23-5-2000; 4905/98 del 10-4-2001 y
7170/2000 del 19-4-2001, Sala II, causa 2132/97 del 28-12-99).
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Defensoría del Pueblo dela Ciudadde Buenos Aires 35
Resulta igualmente inadmisible el planteo formulado en el sentido de
que el decisorio apelado implicó un prejuzgamiento, pues se resolvió
sobre el fondo del asunto: «En este caso concreto, la medida
decretada por el Señor Juez se presenta como la única susceptible
de cumplir con la cautela del derecho invocado (cfr. artículo 230,
inciso 3°, del Código Procesal) y de evitar que la conducta observada
por la demanda influya en la sentencia o convierta su ejecución en
ineficaz o imposible (cfr. artículo 230, inciso 2°)».
Tampoco resultan atendibles las razones concernientes a los
decretos 292 y 492 -ambos del año 1995-, pues el derecho de las
accionantes radicaría en el vínculo de origen que las une con la
obra social, y no en la opción que prevén dichas normas. Por lo
demás, tales decretos, aparte de alentar la posibilidad de que los
beneficiarios del Sistema Nacional de Seguro de Salud elijan al
Agente de Salud que les brindará la prestación, no impiden que
quienes ya gozan de una cobertura continúen en ella (cfr. esta sala,
causa 2151/99 del 17-2-2000 y sus citas).
Finalmente, se debe destacar que la solución alcanzada es la que
mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya
protección cautelar se pretende -que comprende la salud e
integridad física de las personas (cfr. Corte Suprema, Fallos: 302:
1284)-, reconocido por los pactos internacionales (artículo 25, inciso
1, dela Declaración Universalde los Derechos Humanos y artículo
12, inciso 2, apartado D, del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (cfr.
artículo 75, inciso 22, dela Constitución Nacional; esta Sala, causas
22.354/95 del 2-6-95; 53.078/95 del 18-4-96; 1251 del 18-12-97;
436/99 del 8-6-99; 53/2001 del 15-2-2001 y 7179/2000, cit.; en igual
sentido CS Mendoza; Sala I, del 1-3-93, voto dela Dra. Kemelmajer
de Carlucci, E.D. 153, 163; Cfed.La Plata, Sala 3, del 8-5-2000, E.D.
edición del 5-9-2000) Por lo expuesto, el tribunal resuelve confirmar
la providencia de fs. 14. Sin costas».
Por otra parte,la Cámara Nacionalde Apelaciones del Trabajo, en
la causa «Criunzeilles», sostuvo que el artículo 16 de la ley 19.032
prevé que mientras los jubilados y pensionados mantengan su
vínculo con las obras sociales preexistentes, el PAMI deberá
convenir con estas los reintegros que correspondan.
En el mismo sentido se sostiene en la ley (t. 2000-D) «el derecho del
jubilado o pensionado a mantener su afiliación a su anterior obra
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36 Papeles de trabajo
social: es indudable que derecho judicial en esta materia, ha
establecido como doctrina que el trabajador que se jubila, por sí,
puede decidir mantener su afiliación a la obra social que le proveía
la prestación médico asistencial, en virtud del ámbito de
comprensión personal y territorial del convenio colectivo que regía
la actividad en que desarrolló su tarea o de la resolución del órgano
administrativo que dispuso el encuadramiento de la categoría
profesional en un determinado agente del seguro de salud. Al
facilitarse a través de varias disposiciones administrativas
reglamentarias -entre otros, los decretos 292/95, 492/95 y 504/98
(Adla, LV-D, 4578; LVIII-B, 1757)-, la posibilidad de libre elección
del agente del seguro (dentro de las prescripciones legales y de las
decisiones adoptadas por éstos al respecto), se ha ampliado el
ejercicio que confiere el régimen obligatorio del referido seguro de
salud. Ello en cuanto se refiere a la elección del prestador, con lo
que se ha pasado de un régimen que no daba esa posibilidad -en
cuanto determinaba quién era éste- a uno que establece un
razonable marco de opción, aunque sería conveniente que se
amplíe más allá de las obras sociales sindicales del beneficiario.
Resulta evidente que el jubilado o pensionado puede mantener su
afiliación en la obra social que le correspondía durante su período
de actividad, o aquella otra de su preferencia, inscripta en el
respectivo registro abierto al efecto. Por lo tanto, ante la decisión de
la obra social de desafiliarlo puede ejercer la respectiva acción
judicial a fin de mantener su anterior status».
La Corte Supremade Justicia dela Nación, en el recurso de hecho
de 2001 planteado en autos «Albónico, Guillermo Rodolfo y otro c/
Instituto Obra Social» afirmó que «el principio consagrado en el
artículo 16 de la ley 19.032 aparece corroborado, además, con el
dictado de sucesivas normas legales y reglamentarias destinadas a
ampliar y garantizar paulatinamente la libertad de elección de los
prestadores médicos por parte de los beneficiarios, lo que enfatiza
la necesidad de evitar soluciones que puedan desvirtuar el ejercicio
de ese derecho al entrar en pasividad En tal sentido cabe mencionar
la posibilidad que se ha reconocido a los jubilados y pensionados de
optar por la atención sanitaria de entidades que se inscriban en un
registro especial previsto para esa finalidad, sin que ello altere la
facultad de conservar las prestaciones que ya estaban a cargo de
otros agentes del seguro de salud con relación a ese sector (conf.
artículo 25, ley 23.661; decretos 9/93, 292/95 y 492/95 -en especial,
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Defensoría del Pueblo dela Ciudadde Buenos Aires 37
los artículos 14 y 13 respectivamente- y 446/2000; resolución
ANSSAL 3203/95, entre otras). Por ello, oído el Procurador Fiscal, se
declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la
sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que,
por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo según lo expresado
en los considerandos que anteceden».
La jurisprudencia -como interpretación última de la ley- ha
efectuado una aplicación congruente de la ley 23.660 con los
principios rectores de los Derechos Humanos en materia de salud
y asistencia médica, como también en lo atinente al derecho del
consumidor a ser informado adecuada y verazmente y a recibir un
trato digno y equitativo.
Estas decisiones se erigen como medidas de acción positiva en
casos sustancialmente análogos a los que se analizaron en el
presente y que dieron lugar a la recomendación 2.635/05 de la
Defensora del Pueblo dela Ciudadde Buenos Aires.
Como corolario del análisis efectuado puede sostenerse que en el
presente quienes se jubilan tienen derecho a ser mantenidos en la
obra social a la que pertenecían al momento de retirarse. Este
derecho surge en forma diáfana de la jurisprudencia y de la
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ESTUDIO JURIDICO DVA , ABOGADOS ESPECIALISTAS EN DERECHO A LA SALUD -AMPAROS- DISCAPACIDAD- MEDICINA LEGAL- MALA PRAXIS MEDICA- ASESORAMIENTO LEGAL A PROFESIONALES E INSTITUCIONES DE LA SALUD. ABOGADOS EN ZONA OESTE, MORON, CASTELAR, VILLA TESEI, ,PARTIDO DE MERLO, SAN ANTONIO DE PADUA, LIBERTAD, PARTIDO DE ITUZAINGO, PARQUE LELOIR, VILLA UDAONDO, PARTIDO DE LA MATANZA, LOMAS DEL MIRADOR, VILLA LUZURIAGA, RAMOS MEJIA, LA TABLADA, SAN JUSTO TEL DE CONTACTO 4627-0825 CONSULTENOS GRATIS POR ESTA VIA
¿QUE DERECHOS TIENEN LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES EN UNA RELACION DE CONSUMO?, CARÁCTER CONSTITUCIONAL Y CRITERIOS DETERMINADOS EN LA LEY 24240 LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, PROTECCION A LA SALUD SEGURIDAD E INTERESES ECONOMICOS, UNA INFORMACION ADECUADA Y VERAZ, LIBERTAD DE ELECCION, CONDICIONES DE TRABAJO EQUITATIVO Y DIGNO.
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