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Timestamp: 2020-07-07 18:44:28+00:00

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DECRETO-LEY NUMERO 125/91 | Portal ANAP Cuba
HAGO SABER: Que el Consejo de Estado ha aprobado lo siguiente:
POR CUANTO: El Artículo 21 de la Constitución de la República establece que el pequeño agricultor tiene derecho a vender la tierra con autorización previa de los organismos determinados por la Ley, y en todo caso el Estado tiene derecho preferente a la adquisición mediante el pago de su precio justo.
POR CUANTO: El Artículo 24 de la propia Constitución dispone que la tierra de los agricultores pequeños sólo es heredable por los herederos que la trabajan personalmente, salvo las excepciones que establece la Ley.
POR CUANTO: La Ley número 59, de 16 de julio de 1987, Código Civil, establece en su Disposición Final Primera que se regirá por la legislación especial todo lo concerniente al régimen de posesión, propiedad y herencia de la tierra y demás bienes destinados a la producción agropecuaria y forestal.
POR CUANTO: El Decreto-Ley número 63, de 30 de diciembre de 1982, establece las normas que regulan la herencia de la tierra propiedad de agricultores pequeños, y por la experiencia acumulada en su aplicación, se requiere sustituirlo.
POR CUANTO: El desarrollo de las relaciones de la producción socialista en la agricultura requiere regulaciones jurídicas adecuadas, en particular las referentes al régimen de posesión, propiedad y herencia de la tierra y bienes agropecuarios.
POR TANTO: El Consejo de Estado, en uso de las atribuciones que le están conferidas por el Artículo 88, inciso c) de la Constitución de la República, resuelve dictar el siguiente
DECRETO-LEY NUMERO 125
REGIMEN DE POSESION, PROPIEDAD Y HERENCIA DE LA TIERRA Y BIENES AGROPECUARIOS
ARTICULO 1.- El objeto de este Decreto-Ley es regular:
a) el régimen de posesión, propiedad y herencia de la tierra y de los bienes agropecuarios que pertenezcan a cooperativas de producción agropecuaria o agricultores pequeños; y
b) la asignación de tierras que integren el patrimonio estatal.
ARTICULO 2.- A los efectos de este Decreto-Ley, los términos que a continuación se expresan, se entenderán en la forma siguiente:
a) tierra, la correspondiente a las que fueron declaradas como rústicas el 17 de mayo de 1959, las de todos los beneficiarios de la Ley de Reforma Agraria; las destinadas a la explotación agropecuaria y forestal ubicadas tanto dentro como fuera del perímetro urbano, y las que siendo de origen rústico se encuentren dentro de un asentamiento poblacional, si su área excediera de 800 metros cuadrados;
b) bienes agropecuarios, los animales, las instalaciones, las plantaciones, equipos o los instrumentos destinados a la producción agropecuaria, liquidaciones y amortizaciones, y las viviendas ubicadas en la tierra de un agricultor pequeño;
c) trabajo permanente y estable en la tierra, el trabajo personal que se realice habitualmente y en forma continuada según los requerimientos de la producción agropecuaria a la que esté destinada la tierra, y cualquier otro relacionado con la atención de la tierra que resulte necesario;
ch) agricultor pequeño, a la persona natural propietaria, copropietaria o poseedora legítima de tierra;
d) precio de la tierra y demás bienes agropecuarios, el que se determine según la tabla oficial de precios establecida, y cuyo pago se hará mediante una de las formas aprobadas;
e) ingresos propios, los no provenientes de la explotación de la tierra cuya cuantía sea superior al mínimo establecido a la pensión otorgada a los agricultores pequeños por la venta de su tierra;
f) dependencia económica, la situación del que careciendo de ingresos propios su subsistencia proceda de la producción de la tierra;
g) cooperativas, las cooperativas de producción agropecuaria; y
h) parcelación de tierras, el deslinde y la segregación de áreas de tierra, ya sea para dedicarlas a la explotación agropecuaria y forestal o a otros fines.
TIERRA DE PROPIEDAD DEL ESTADO
ARTICULO 3.- La tierra propiedad del Estado será permutable con cooperativas o agricultores pequeños, cuando el fin sea lograr una integración física racional.
Además, la tierra de propiedad del Estado podrá ser entregada en usufructo.
La permuta y la entrega en usufructo a que se refieren los párrafos anteriores deberán ser aprobadas por el Ministerio de la Agricultura, oído el parecer de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y del Ministerio del Azúcar cuando corresponda.
ARTICULO 4.- Las asignaciones de tierra a entidades estatales para su parcelación, urbanización y otros usos no agropecuarios requerirá igualmente la aprobación previa del Ministerio de la Agricultura.
TRANSMISION DE TIERRA DE PROPIEDAD DE UNA COOPERATIVA
ARTICULO 5.- La tierra propiedad de una cooperativa se podrá transmitir sólo en los casos siguientes:
a) permuta entre cooperativas;
b) permuta entre una cooperativa y el Estado;
c) compraventa entre cooperativas;
ch) fusión y división de cooperativas; y
d) venta al Estado.
El Ministro de la Agricultura podrá, excepcionalmente, autorizar otras transmisiones de tierra propiedad cooperativa, cuando así se requiera por razones de utilidad pública o interés social.
TIERRA DE AGRICULTORES PEQUEÑOS
ARTICULO 6.- La tierra propiedad de agricultores pequeños, cualquiera que sea la forma de transmisión, sólo se podrá dividir con autorización previa del Ministerio de la Agricultura, cuando el objetivo de la división sea entregar a una cooperativa la parte perteneciente a un copropietario, o aportarla al Estado por cualquier título, o cuando haya otro interés social debidamente fundamentado.
ARTICULO 7.- En caso de que haya una comunidad o copropiedad sobre la tierra, su administrador será la persona que éstos designen por mayoría, y de entre ellos los copropietarios; cuando no haya acuerdo lo decidirá el Ministerio de la Agricultura, oído el parecer de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.
ARTICULO 8.- Todo agricultor pequeño estará en la obligación de explotar la tierra de su propiedad o en usufructo conforme a las regulaciones sobre la posesión, uso y aprovechamiento de la tierra establecidas por el Ministerio de la Agricultura, o el Ministerio del Azúcar según el caso, en interés del desarrollo económico y social del país.
ARTICULO 9.- Se considerará infracción de la obligación a que se refiere el Artículo anterior:
a) el abandono negligente de la tierra o su deficiente aprovechamiento;
b) el empleo de mano de obra asalariada con infracción de las disposiciones dictadas al efecto por el Ministerio de la Agricultura;
c) la no venta a las entidades estatales correspondientes de las producciones susceptibles de ser acopiadas;
ch) la comercialización ilícita de las producciones agropecuarias;
d) no utilizarlas en la línea fundamental de producción establecida; y
e) el establecimiento de relaciones de aparcería, arrendamiento u otras que impliquen cesión parcial o total de la tierra.
ARTICULO 10.- La comisión de la infracción de la obligación a que se refieren los incisos a) al d), ambos inclusive, del Artículo 9, cuando fuere de carácter grave o de forma reiterada sin causa justificada, o la del inciso e) será considerada como causa para iniciar el proceso judicial de expropiación forzosa de la tierra y demás bienes agropecuarios propiedad del agricultor pequeño, ya que se considerará de utilidad pública e interés social su adquisición por el Estado, debiéndose dictar por el Ministerio de la Agricultura, oído el parecer de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, y del Ministerio del Azúcar, cuando proceda, la correspondiente Resolución fundada.
Iniciada la expropiación forzosa, el tribunal procederá de inmediato a dar posesión de la tierra y demás bienes agropecuarios a la entidad que señale el Ministerio de la Agricultura.
La utilidad y necesidad de la expropiación forzosa no podrá ser impugnada por la parte demandada.
El importe de lo expropiado será pagado en efectivo y equivaldrá al precio legal de la tierra y demás bienes agropecuarios objeto del proceso, según los precios aprobados oficialmente.
ARTICULO 11.- La infracción por los usufructuarios de lo dispuesto en el Artículo 8, cuando fuere de carácter grave o de forma reiterada será considerada como causa para que el Ministerio de la Agricultura, oído el parecer de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, y del Ministerio del Azúcar cuando proceda, disponga el cese del usufructo concedido así como el inicio del proceso judicial de expropiación forzosa de los bienes agropecuarios propiedad del agricultor pequeño, conforme a lo establecido en el Artículo precedente.
Parcelación y Transmisión de Tierra por Agricultores Pequeños
ARTICULO 12.- Los agricultores pequeños sólo podrán parcelar sus tierras con autorización del Ministerio de la Agricultura, y con cumplimiento previo de los requisitos legales exigidos.
ARTICULO 13.- La propiedad de la tierra de un agricultor pequeño sólo se podrá transmitir a cualquier entidad estatal, cooperativa o agricultor pequeño, con autorización previa del Ministerio de la Agricultura.
ARTICULO 14.- La transmisión de tierra de un agricultor pequeño a una entidad estatal o una cooperativa, ya sea por compraventa, o mediante la integración del agricultor pequeño a una cooperativa como miembro de ésta, deberá comprender la totalidad de la tierra.
ARTICULO 15.- De forma excepcional, cuando convenga a una entidad estatal o una cooperativa, y con la autorización expresa del Ministerio de la Agricultura, oído el criterio de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, y del Ministerio del Azúcar cuando proceda, se podrán adquirir parte de la tierra propiedad de un agricultor pequeño, excepto cuando se trate de la incorporación de éste a una cooperativa como miembro, en cuyo caso la integración siempre implicará la transmisión de la totalidad de la tierra.
ARTICULO 16.- En toda transmisión de tierra, bienes agropecuario o del valor de estos se requerirá que por quien corresponda se liquiden previamente con el Banco Nacional de Cuba los adeudos relativos a la explotación agropecuaria.
ARTICULO 17.- La parcelación y transmisión de tierra propiedad de un agricultor pequeño sin autorización del Ministerio de la Agricultura será nula, y se considerará por tanto que su propietario ha infringido lo dispuesto en el Artículo 8, por lo que se podrá proceder por el citado Ministerio conforme a lo establecido en el Artículo 10.
Transmisión de Tierra y Bienes Agropecuarios o su Precio,
por Fallecimiento de un Agricultor Pequeño
ARTICULO 18.- Tendrán derecho a heredar la tierra y bienes agropecuarios que hayan sido propiedad y estado en posesión de un agricultor pequeño fallecido, y a su adjudicación en proporciones iguales, sus hijos, padres, hermanos y el cónyuge sobreviviente, siempre que hayan trabajado la tierra en forma permanente y estable desde cinco años antes de la muerte del causante.
Los nietos y sobrinos siempre que reúnan los requisitos establecidos en el párrafo anterior se considerarán con derecho cuando sus progenitores hayan fallecido, o cuando éstos vivos no tengan derecho a la tierra.
No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, el Ministerio de la Agricultura podrá disponer que la adjudicación no se realice en igual proporción, sino en correspondencia con la forma en que se haya explotado la unidad de producción.
ARTICULO 19.- La declaración de quienes deban ser herederos del causante en relación con la tierra y los bienes agropecuarios la harán funcionarios del Ministerio de la Agricultura, conforme a lo establecido en este Decreto-Ley y sus disposiciones complementarias.
ARTICULO 20.- Tendrán derecho al cobro del precio de la tierra, y de los bienes agropecuarios, las personas a que se refiere el Artículo 18 que no estuvieran trabajando la tierra en el momento del fallecimiento del agricultor pequeño, cuando carezcan de ingresos propios y hayan tenido dependencia económica desde cinco años antes de dicho fallecimiento del agricultor pequeño, y hayan mantenido dicha dependencia hasta la fecha de la adjudicación, comprendiéndose en estos casos los siguientes:
a) el cónyuge sobreviviente;
b) los padres, las hijas o las hermanas del causante;
c) los impedidos temporalmente para trabajar la tierra por causa ajena a su voluntad, siempre que antes del impedimento lo hayan hecho por un término no inferior de cinco años;
ch) los que por causas físicas o mentales estén totalmente impedidos para el trabajo; y
d) los que hayan arribado o no a la edad laboral legalmente establecida, dentro del término de cinco años anteriores al fallecimiento del causante.
ARTICULO 21.- Igual derecho que el referido en el Artículo anterior tendrán los que, aún disponiendo de ingresos económicos y no estando dedicados al trabajo de la tierra en el momento del fallecimiento del agricultor pequeño, estén en alguna de las situaciones siguientes:
a) cumpliendo el Servicio Militar General o misiones internacionalistas, siempre que antes de su incorporación a esas tareas hayan trabajado la tierra y la suma del tiempo trabajado, y el del que se encuentre prestando el servicio o la misión, sea no menor de cinco años;
b) teniendo edad laboral estén cursando estudios en la educación general, politécnica y laboral, o en la educación técnica y profesional, dentro de los límites de edad establecidos; y
c) habiendo egresado de centros superiores estén cumpliendo el servicio social.
ARTICULO 22.- A los que por razón de su edad no se les pueda exigir el término de cinco años sólo será necesario que acrediten su dependencia económica.
ARTICULO 23.- En los casos señalados en los artículos 20, 21 y 22, el Ministerio de la Agricultura dispondrá el traspaso de la tierra y demás bienes agropecuarios al Estado, en la proporción que corresponda. No obstante, cuando las personas referidas en los artículos 20 y 21 demostraran que podrían incorporarse a trabajar la tierra personalmente dentro de un término prudencial, el Ministro de la Agricultura, oído el parecer de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, y del Ministerio del Azúcar cuando proceda, podrá disponer que se les adjudiquen la tierra y los bienes agropecuarios.
ARTICULO 24.- Los demás bienes no relacionados con la explotación de la tierra se transmitirán de acuerdo con la legislación civil común.
ARTICULO 25.- Las transmisiones de tierra realizadas en vida antes del 24 de febrero de 1976, por propietarios actualmente fallecidos, a favor de algunas de las personas señaladas en el Artículo 18 de este Decreto-Ley, darán derecho a éstas para solicitar la adjudicación de la tierra que ocupen, siempre que hayan trabajado permanente y establemente en esa tierra.
ARTICULO 26.- Para adquirir la propiedad de la tierra de agricultores pequeños, fallecidos con anterioridad al 24 de febrero de 1976, se exigirá que el trabajo de esa tierra se haya realizado en forma permanente y estable desde antes de la promulgación de la Constitución de la República, y no desde cinco años antes del fallecimiento del causante.
ARTICULO 27.- De no haber persona alguna con derecho a la adjudicación de la tierra y los bienes agropecuarios de un agricultor pequeño fallecido, o su precio, estos pasarán a propiedad del Estado.
ARTICULO 28.- En ningún caso se podrá disponer por testamento de la tierra y los demás bienes agropecuarios a que se refiere este Decreto-Ley.
ARTICULO 29.- El que por causas ajenas a su voluntad dejara de trabajar temporalmente la tierra sobre la cual tenga derechos, le haya sido o no adjudicada, podrá mantener el derecho a su propiedad sin trabajarla por el término de un año contado a partir de la fecha en que dejara de hacerlo, transcurrido el cual se podrá proceder a su adquisición por el Estado mediante compra, incluidos los demás bienes agropecuarios, o cuando corresponda, al inicio del correspondiente proceso de expropiación forzosa conforme a lo establecido en la legislación vigente y en el Artículo 10, y siempre que no existieran familiares que, debidamente autorizados por el Ministerio de la Agricultura, pudieran garantizar su atención.
Con independencia de lo expuesto en el párrafo anterior, el Estado adoptará las medidas que resulten pertinentes para garantizar provisionalmente la explotación de la tierra que resulte temporalmente abandonada.
Si el agricultor Pequeño fuera un usufructuario la adquisición por el Estado mediante compra o la expropiación forzosa estarán referidas a los demás bienes agropecuarios.
ARTICULO 30.- Dentro del término de 90 días siguientes al fallecimiento de un agricultor pequeño, las personas que consideren tener derecho sobre la tierra y bienes agropecuarios propiedad del fallecido, deberán presentar ante la representación territorial del Ministerio de la Agricultura su solicitud de declaración de derechos y adjudicación, y demás documentos que sustenten su petición, según haya establecido dicho organismo.
La representación territorial del Ministerio de la Agricultura dictará, dentro del término de 90 días, la resolución correspondiente, sin perjuicio de lo que de inmediato disponga en cuanto a la administración provisional de la unidad de producción.
ARTICULO 31.- Si transcurrido el término para la presentación de una solicitud de declaración de derechos y adjudicación se acreditara por persona interesada la imposibilidad de haberla presentado dentro del referido término, el Ministerio de la Agricultura podrá fijar uno nuevo de hasta 90 días, transcurrido el cual no se admitirá solicitud alguna, y se considerarán traspasados al Estado la tierra y los bienes agropecuarios correspondientes, sin perjuicio del derecho a su cobro por los herederos, cuando proceda.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se justifique plenamente no haberse presentado los documentos requeridos, el Ministerio de la Agricultura podrá prorrogar prudencialmente el plazo para su entrega.
ARTICULO 32.- El Ministro de la Agricultura, oído el parecer del Presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, y del Ministro del Azúcar cuando proceda, podrá resolver que a una persona que no haya reunido todos los requisitos establecidos para la adjudicación de una tierra le sean reconocidos los derechos sobre ésta.
TRANSMISION DE BIENES DE UN COOPERATIVISTA FALLECIDO
VINCULADO CON EL TRABAJO EN UNA COOPERATIVA
ARTICULO 33.- La tierra y los bienes agropecuarios que formen parte del patrimonio de la cooperativa no serán objeto de transmisión hereditaria.
ARTICULO 34.- Los anticipos pendientes de cobro, la participación en las utilidades a distribuir y la amortización pendiente de los bienes aportados por un cooperativista que fallezca se transmitirán en primer término a sus herederos vinculados con la cooperativa o que hayan dependido económicamente del causante, y en ausencia de éstos a los que corresponda conforme a la legislación civil común, una vez deducidas, según el caso, las obligaciones del causante con el Banco Nacional de Cuba.
La transmisión hereditaria a que se refiere el párrafo anterior se efectuará sin perjuicio de los derechos que le correspondan al cónyuge sobreviviente que hubiera sido copropietario.
El procedimiento para la adjudicación se establecerá en las disposiciones complementarias de este Decreto-Ley.
ARTICULO 55.- A los efectos de la aplicación de este Decreto-Ley, quien se considere perjudicado por lo resuelto por la representación territorial del Ministerio de la Agricultura podrá interponer recurso de apelación para ante el Ministro de la Agricultura, dentro del término de los 30 días siguientes a la notificación de la resolución.
Dicho recurso de apelación se deberá interponer a través de la autoridad que haya dictado la resolución impugnada, que deberá elevarlo al Ministro de la Agricultura dentro de los 15 días siguientes al de su recibo.
ARTICULO 36.- La interposición de un recurso de apelación suspenderá la ejecución de lo dispuesto en la resolución impugnada. No obstante, cuando lo resuelto sea la integración de la tierra al patrimonio estatal se podrá disponer la ocupación cautelar de dicha tierra, cuando así se requiera para garantizar la integridad de la unidad de producción o mantener la actividad productiva de ésta.
ARTICULO 37.- Si de lo expuesto por el reclamante en un recurso de apelación se evidenciara la improcedencia de lo resuelto, la autoridad que hubiera dictado la resolución apelada podrá modificarla dentro del término de 15 días contados a partir de la presentación del citado recurso y en consecuencia no elevará éste. En este caso la resolución sólo se podrá modificar en el sentido demandado por el reclamante.
ARTICULO 38.- Contra lo resuelto en el supuesto a que se refiere el Artículo anterior se podrá interponer recurso de apelación para ante el Ministro de la Agricultura, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de notificación de la nueva resolución.
ARTICULO 39.- Contra una resolución firme se podrá iniciar, de oficio o a instancia de parte, procedimiento de revisión ante el Ministro de la Agricultura, dentro de año siguiente a la firmeza de la resolución, siempre que concurra una de las causas siguientes:
a) se aporten nuevos elementos que, aunque anteriores, no conociera en su momento el interesado;
b) apreciación inadecuada de un elemento de hecho o de derecho; o
c) razones excepcionales que justifiquen la revisión.
En el caso previsto en el inciso a), el año comenzará a transcurrir a partir del conocimiento por el interesado de los nuevos elementos a que dicho inciso se refiere.
ARTICULO 40.- La autoridad competente, antes de dictar una resolución para decidir cualquier conflicto o reclamación, o en los casos de procedimiento de revisión, oirá el parecer del nivel correspondiente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, y del Ministerio del Azúcar, cuando proceda.
ARTICULO 41.- Contra lo resuelto por el Ministro de la Agricultura no cabrá recurso ni procedimiento alguno en la vía judicial, donde sólo serán admisibles las reclamaciones relativas a inconformidad con el precio de lo pagado por quien se considere perjudicado con las medidas a que se refieren los artículos 10 y 11.
PRIMERA: El Ministerio de la Agricultura será el organismo facultado para adquirir la tierra de propiedad individual y cooperativa, autorizar su transmisión o adquisición, así como acreditar su posesión legal mediante las certificaciones emitidas por el Registro a su cargo.
Para la transmisión o la adquisición será necesario el cumplimiento previo de los requisitos legales que haya establecido el Ministerio de la Agricultura, y de las disposiciones que en cuanto a la transmisión y la adquisición de la tierra haya dictado el Comité Estatal de Finanzas.
Toda transmisión o adquisición realizada con infracción de lo dispuesto anteriormente será nula, y el Ministerio de la Agricultura dispondrá, cuando proceda, el inicio de los trámites para la expropiación forzosa de la tierra y demás bienes agropecuarios conforme a lo establecido en el Artículo 10, y por ende la incorporación de la tierra al patrimonio estatal. En caso de que la adquisición o transmisión se haya producido a favor de una entidad estatal, el referido organismo podrá determinar su mejor destino.
SEGUNDA: Cuando una tierra que se pretendiera adquirir o transmitir esté vinculada con actividades económicas que no fueran propias del Ministerio de la Agricultura, se oirá el parecer del organismo rector de la actividad con la que esté vinculada.
TERCERA: El Ministerio de la Agricultura, en los casos de tierras del patrimonio estatal que hubieran sido ocupadas ilegalmente, declarará el carácter ilegal de dichas ocupaciones, y dispondrá la extracción de sus ocupantes.
CUARTA: Todo procedimiento de expropiación de tierras y bienes agropecuarios a iniciar a instancia de cualquier entidad estatal con capacidad para solicitarlo, requerirá de autorización previa del Ministro de la Agricultura.
El Ministro de la Agricultura, para otorgar la autorización a que se refiere el párrafo anterior, oirá el criterio del Presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, y del Ministro del Azúcar, cuando proceda.
QUINTA: No serán aplicables las disposiciones contenidas en este Decreto-Ley relativas a la transmisión hereditaria a las personas que aunque careciendo de documentos probatorios, hubieran estado en posesión de tierras de propietarios individuales fallecidos antes de la vigencia del Decreto-Ley número 63, de 1982, si el Instituto Nacional de Reforma Agraria, o el Ministerio de la Agricultura hubieran convalidado hechos y actos que implicaran el reconocimiento de su condición de propietarios de la tierra.
SEXTA: Las personas que estén ocupando viviendas ubicadas en tierras pertenecientes a agricultores pequeños sobre las cuales no hayan tenido derecho, o en tierras estatales, continuarán ocupándolas hasta que se trasladen por sus propios medios o sean reubicadas, de conformidad con las regulaciones que conjuntamente dicten el Instituto Nacional de la Vivienda y el Ministerio de la Agricultura, y el del Azúcar, cuando proceda.
SEPTIMA: La tierra propiedad de un agricultor pequeño fallecido que estuviera sujeta al pago de renta, compensación o subsidio pasará a propiedad del Estado, con independencia de las personas que tengan derecho a cobrar su precio, incluyendo el cónyuge en la parte que le corresponda en la comunidad matrimonial de bienes, y en consecuencia se procederá a la cancelación total del pago de la renta a partir de la fecha del fallecimiento.
OCTAVA: Tendrán derecho a cobrar el precio de la tierra y los bienes agropecuarios que se transmitan al Estado al amparo de lo establecido en la Disposición anterior las personas que se relacionan, siempre que carezcan de ingresos propios y hayan dependido económicamente del agricultor pequeño fallecido propietario desde cinco años anteriores al fallecimiento, comprendiéndose en estos casos los siguientes:
a) el cónyuge sobreviviente; y
b) los hijos solteros menores de 17 años de edad, y los mayores incapacitados para el trabajo en el momento del fallecimiento del causante;
los hijos menores de 5 años de edad sólo tendrán que acreditar la dependencia económica del agricultor pequeño.
También tendrán derecho los hijos mayores de 17 años de edad que hayan trabajado el área de autoconsumo en forma permanente y estable, desde cinco años antes del fallecimiento del agricultor pequeño.
NOVENA: Se modifica el párrafo primero del Artículo 149 del Código Civil, el cual quedará redactado de la forma siguiente:
“Las tierras de las cooperativas solamente pueden ser vendidas al Estado o a otras cooperativas y no pueden ser embargadas ni gravadas”.
DECIMA: Se faculta al Consejo de Ministros para que regule la adquisición de fincas de propiedad privada mediante el otorgamiento de pensiones.
PRIMERA: En los casos de personas a las que se haya otorgado el derecho a la propiedad de la tierra al amparo del Decreto-Ley número 63, de 1982, y no se hayan incorporado a trabajarla de forma permanente y estable, se les concederá un plazo de sesenta días a partir de la publicación de este Decreto-Ley en la Gaceta Oficial de la República para que lo hagan, decursado el cual, si lo dispuesto no se hubiera cumplido, se dispondrá al traspaso de la tierra al Estado mediante compra o expropiación forzosa al amparo de lo establecido en el Artículo 10.
SEGUNDA: Cualquier procedimiento, reclamación o conflicto sobre la propiedad o posesión de tierra que esté siendo conocido por los tribunales, aún cuando se hubiera dictado sentencia, si ésta no fuera firme pasará a la competencia del Ministerio de la Agricultura dentro del término de cuarenta y cinco días, contados a partir de la publicación de este Decreto-Ley en la Gaceta Oficial de la República.
TERCERA: Se concede un término de ciento ochenta días, contados a partir de la publicación de este Decreto-Ley en la Gaceta Oficial de la República, para que las personas que al amparo del Decreto-Ley número 63, de 1982, no hubieran presentado la solicitud de adjudicación de la tierra y demás bienes agropecuarios quedados al fallecimiento de agricultores pequeños para que lo hagan.
CUARTA: Salvo lo dispuesto en la Disposición Quinta, este Decreto-Ley será aplicable a todos los casos en tramitación, o pendientes de tramitación, sobre tierras correspondientes a propietarios o copropietarios individuales fallecidos después del 17 de mayo de 1959.
PRIMERA: El Ministro de la Agricultura, oído el parecer de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y del Ministerio del Azúcar, cuando proceda, dictará las disposiciones legales complementarias a este Decreto-Ley.
SEGUNDA: El Ministerio de la Agricultura y el Ministerio del Comercio Interior, en lo que a cada uno competa, dictarán las regulaciones relativas a la comercialización de la producción agropecuaria.
TERCERA: Se derogan el Decreto-Ley número 63, de 30 de diciembre de 1982; el Decreto número 106, de 30 de septiembre de 1982, así como cuantas más disposiciones legales o reglamentarias se opongan al cumplimiento de lo establecido en este Decreto-Ley, que comenzará a regir a partir del día 1ro. de abril del año actual.
DADO en el Palacio de la Revolución, en la Ciudad de La Habana, a 30 de enero de 1991.
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References: Artículo 21
 Artículo 24
 Artículo 88
 Artículo 9
 Resolución 
 Artículo 8
 Artículo 8
 Artículo 10
 Artículo 18
 Artículo 18
 Artículo 10
 resolución 
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 Artículo 10
 Artículo 149
 Artículo 10