Source: http://nlrabogadosalicante.com/noticias/2015/07/
Timestamp: 2017-09-23 23:49:23+00:00

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﻿ julio | 2015 | Noticias | Navarro & La Rosa | ABOGADOS ALICANTE
¿Cómo se obtiene la Libertad condicional?
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El Código Penal en su Art. 90 dice que: “El juez de vigilancia penitenciaria acordará la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión y concederá la libertad condicional al penado que cumpla los siguientes requisitos:
El juez de vigilancia penitenciaria valorará la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas.
Se podrá denegar la libertad condicional si el interno no hubiese satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito.
No obstante, también se podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional a los penados que cumplan los siguientes requisitos:
Excepcionalmente, el juez de vigilancia penitenciaria podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional a los penados en que concurran los siguientes requisitos:
En los Art. 91 y 92 del Código Penal, también se prevén casos excepcionales para la concesión de la libertad condicional, como pueden ser por razón de la edad del interno, enfermedad grave o en cuanto a la concesión de la libertad condicional a los internos condenados a la pena de prisión permanente revisable.
Otra legislación a tener en cuenta a la hora de obtener la libertad condicional son la Ley Orgánica General Penitenciaria y su Reglamento que lo desarrolla.
En Navarro&La Rosa Abogados Alicante, entendemos que al existir muchos factores y requisitos para la obtención de la suspensión de la ejecución de la pena y concesión de la libertad condicional, vemos necesaria la intervención de un Abogado Penalista para el asesoramiento y realización de las actuaciones necesarias encaminadas a la obtención para el cliente de la, tan ansiada, libertad condicional.
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En Agosto, el Servicio de Urgencias continúa activo.
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En Agosto, el Servicio de Urgencias – 24 Horas de Navarro & La Rosa Abogados Alicante continúa activo para aquellas situaciones que requieren el consejo o la intervención inmediata de un abogado. Pueden contactar con nosotros en el teléfono 628.924.698.
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¿Puedo reclamar si tengo un accidente por un objeto en la carretera?
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Desde Navarro & La Rosa Abogados Alicante, como especialistas en accidentes de tráfico, le recomendamos que si tiene un accidente de circulación por un objeto que se encuentra en mitad de la carretera, llame a la Guardia Civil de Tráfico o en su caso a la Policía Local, al objeto de que quede constancia de las circunstancias por las que se ha producido el accidente, mediante el correspondiente Atestado o en su caso Parte de intervención en dicho siniestro.
¿A quién reclamar los daños y/o lesiones producidas? En este punto, es donde debemos distinguir si el objeto causante del accidente se ha desprendido de un vehículo desconocido o es otro objeto cualquiera.
Si el objeto se ha desprendido de un vehículo desconocido, se tendrá que reclamar al Consorcio de Compensación de Seguros conforme al Artículo 11 del Texto Refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de Octubre y el también Art. 11 del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor señala que el perjudicado tendrá acción directa contra el Consorcio de Compensación de Seguros en los casos señalados en dicho artículo, entre los que se encuentra, si el causante de un accidente de circulación fuera un vehículo desconocido, como sería el caso.
Por el contrario, si el objeto causante del accidente no procediera de ningún vehículo, se tendría que reclamar al titular de la carretera mediante la correspondiente Reclamación patrimonial.
Se considera imprescindible y necesario el asesoramiento legal por parte de un Letrado al perjudicado por un accidente de circulación y le recomendamos si es posible que este profesional sea especialista en accidentes de circulación, habida cuenta de que no todo Abogado es especialista en este tipo de procedimientos.
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La conducción bajo los efectos del alcohol: ¿infracción administrativa o penal?
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Desde el despacho Navarro & La Rosa Abogados en Alicante vamos a tratar sobre la conducta consistente en la conducción de cualquier vehículo bajo los efectos del alcohol.
Hoy día todos somos conscientes de que si conducimos con unos determinados niveles de alcohol en la sangre superiores a los permitidos podemos ser sancionados con una multa económica, con pérdida de puntos, con la retirada del carnet, con trabajos en beneficio a la comunidad, etc. No obstante, dependerá de las circunstancias concretas del caso, y muy especialmente de los niveles de impregnación etílica que se arrojen, lo que conllevará a que la sanción venga impuesta por una autoridad administrativa, por ejemplo, una Jefatura Provincial de Tráfico, o por un Juzgado, debiendose por tanto diferenciar estos dos supuestos:
Cuando un conductor ha ingerido alcohol y al realizar la prueba supera la tasa permitida que dispone la normativa de tráfico, es decir, 0,25 mg/l en aire espirado o 0,5 gr/l en sangre, (profesionales y titulares de permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,15 mg/l en aire o 0,3 gr/l en sangre), podría ser sancionado con multa de hasta 1.000 euros y la retirada de hasta 6 puntos.
Por lo que atañe a los derechos que le asisten al conductor y presunto responsable de esta infracción administrativa, esto son: solicitar la prueba dos veces con un intermedio de tiempo de al menos 10 minutos, y si no estuviese de acuerdo con los resultados obtenidos podrá solicitar un análisis de sangre, que en el caso de que dé positivo, los gastos correrán a su cargo. Lógicamente, también tendrá derecho a ser notificada la incoación del procedimiento y, así mismo, a formular las alegaciones que estime oportunas en su defensa.
Infracción penal.
Establece el. art. 379 del Código Penal que aquel que diese una tasa de alcohol de en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro, será condenado a una pena de prisión de 3 a 6 meses o con la de multa de 6 a 12 meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de de 31 a 90 días, y en cualquier caso, con la de retirada del permiso de concudir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta 4 años.
La entrada en vigor de la reciente reforma del Código Penal el pasado día 1 de julio de 2015 no ha modificado esta conducta, ni tampoco su pena a imponer, por lo que permanece igual.
Es reseñable en este delito que, aunque resulta obligatorio someterse a las pruebas de alcoholemia habida cuenta que la negativa podria suponer la condena por un delito de desobediencia, es importante apuntar unas matizaciones:
a) Este delito sólo puede cometerse por quien sea conductor. Por tanto, quedaría fuera del tipo delictivo quienes no estén realizando la acción de conducir, como por ejemplo, quienes aún no se han subido al vehículo, o no lo han puesto en marcha, o lo han abandonado hace tiempo. Es decir, si no se conduce el vehículo no hay riesgo para la seguridad vial, que en definitiva es el bien que se pretende proteger.
b) Para una hipotética condena penal por alcoholemia, deben superarse las tasas de alcohol señaladas en el Código Penal:
– 0,60 mg/l cuando soplamos en el aparato de la Guardia Civil o Policía.
– 1,2 gr/l cuando nos sometemos a la pruebas de detección de alcohol en sangre.
Por debajo de estos índices no se seguiría un procedimiento penal, aunque realmente el conductor podría ser sancionador por una presunta infracción administrtiva de las que se han tratado anteriormene.
Cuando superamos las tasas permitidas por el Código Penal, como regla general, se celebraría en el Juzgado competente un juicio rápido por tales hechos. Además es muy probable que, si del atestado se deduce sin ninguna duda que el imputado pudiera ser condenado, se llegue a una conformidad con el Ministerio Fiscal, ya que de esta manera el acusado puede acogerse por ley a una rebaja de un tercio de la condena solicitada por el Ministerio Público.
Por lo que atañe a los derechos que le asisten al imputado por tales hechos, estos son: derecho a nombrar a un abogado para la celebración del juicio, en el se ponderarán todos los medios de prueba obrantes en autos, o posibilidad de aceptar los hechos y aceptar la pena en un juicio rápido.
Esta entrada se publicó en Derecho Contencioso Administrativo, Derecho Penal y está etiquetada con Abogados, alcoholemia, Alicante, atestado, delitos contra la seguridad del tráfico, derecho penal, juicios rápidos, multa administrativa, penalistas en 07/21/2015 por AdminNoticias.
SABÍAS QUE… el nacimiento de nuevos hijos no basta para reducir la pensión alimenticia de los hijos de una relación anterior.
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Es muy habitual el caso en que uno los progenitores, con más frecuencia el padre, contribuye a los gastos ordinarios de su(s) hijo(s) de una relación anterior mediante el abono de una pensión alimenticia. Si bien, puede darse el caso en que el alimentante, en el curso de una relación de pareja posterior, tenga un(os) nuevo(s) hijo(s) lo que, por sí solo, no bastará para predicar una reducción de la pensión alimenticia.
Efectivamente, esta cuestión la aborda el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) en su Sentencia num. 250/2013 de fecha 30.04.2013 (descargar AQUÍ) que unifica los criterios jurídicos hasta entonces discrepantes entre las Audiencias Provinciales con relación a la modificación de las medidas alimenticias como consecuencia del nacimiento de otros hijos fruto de una nueva relación de pareja del progenitor alimentante.
El Tribunal Supremo señala que “sin duda el nacimiento de nuevos hijos, tanto en sede matrimonial normalizada como en otra posterior tras la ruptura, determina una redistribución económica de los recursos económicos de quienes están obligados a alimentarlos para hacer frente a sus necesidades.” (…) “sin que exista un crédito preferente a favor de los nacidos en la primitiva unión respecto de los habidos de otra posterior fruto de una nueva relación de matrimonio o de una unión de hecho del alimentante.” Ahora bien, el Tribunal Supremo continúa argumentando que “lo importante será conocer el caudal o medios con los que cuenta la nueva unidad familiar” y para ello se hace preciso probar los ingresos de la nueva pareja para determinar su contribución al sustento de ese(os) nuevo(s) hijo(s.).
El Tribunal Supremo, por tanto, declara como doctrina jurisprudencial que el nacimiento de nuevos hijos fruto de una relación posterior, no supone, por sí solo, causa suficiente para dar lugar a la modificación de las pensiones alimenticias establecidas a favor de los hijos de una anterior relación, sino que es preciso conocer si la capacidad patrimonial o medios económicos del alimentante es insuficiente para hacer frente a esta obligación ya impuesta y a la que resulta de las necesidades de los hijos nacidos con posterioridad.
Esta entrada se publicó en Derecho de Familia y está etiquetada con Abogados, Alicante, demanda, derecho de familia, divorcio, modificación de medidas, pensión alimenticia, pensión de alimentos, separación en 07/17/2015 por AdminNoticias.
Algunas notas sobre Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana
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Pese a las numerosas protestas y modificaciones, un recurso ante el Tribunal Constitucional y una promesa firme de la oposición a derogarla, el pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor, aprobada solo con votos de PP, la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana. Puedes descargarla AQUI.
Dada la importancia del contenido de dicha Ley, desde Navarro & La Rosa Abogados Alicante queremos ofrecer un resumen de los cambios, a fin de dar a conocer algunas de las principales conductas tipificadas y las sanciones a las que pueden enfrentarse los ciudadanos.
La nueva norma sanciona el ejercicio extralimitado del derecho de reunión y manifestación pues “ toda perturbación grave de la seguridad ciudadana” que se produzca frente a las sedes del Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos será castigada, aunque los representantes públicos no se encuentren reunidos en ese momento. En estos casos de alteración de la seguridad ciudadana, se establecen las medidas a tomar para restablecer la normalidad.
Con el fin de proteger la celebración de las mismas, quedan reguladas las medidas a adoptar por parte de las autoridades, así como las sanciones a imponer en caso de perturbación del ejercicio de este derecho fundamental cuando no constituyan delito.
El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista el riesgo de ocasionar daños a las personas o a los bienes, los actos que busquen impedir desahucios o las sentadas pacíficas, también se encuentran recogidos como sanción, en la nueva Ley.
Quedan regulados por primera vez los registros corporales externos, pudiendo realizarse sólo cuando existan motivos suficientes para suponer que pueden conducir al hallazgo de elementos relevantes en la función de investigación y prevención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dichos registros, deberán ser efectuados por un agente del mismo sexo que la persona a la que se practique y ocasionando el menor perjuicio a la dignidad de la misma.
Coincidiendo con la legislación sobre la responsabilidad penal del menor, se exime a los menores de catorce años autores de conductas típicas. Los padres, tutores, curadores o guardadores legales de los menores de 18 años no emancipados o de personas con capacidad modificada judicialmente, responderán solidariamente con él por los daños causados por el mismo.
Con el fin de sancionar de modo más eficaz las conductas reiteradas, se crea un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana, mediante el cual se podrá apreciar la reincidencia de los infractores.
Se incluye una disposición transitoria en la que por primera vez se regulan las “entregas en caliente” a través de la cual los extranjeros detectados en la línea fronteriza podrán ser rechazados, a fin de impedir su entrada ilegal en España.
Las infracciones administrativas tipificadas en esta Ley prescribirán a los seis meses, al año o a los dos años de haberse cometido, según sean leves, graves o muy graves, respectivamente.
Quedan recogidas en la misma cuatro faltas muy graves (art.35) cuyas sanciones van de los 30.001 a los 600.000 euros, veintitrés faltas graves (art. 36) con unas sanciones entre 601 y 30.000 euros y diecisiete faltas leves (art. 37) con sanciones entre 100 y 600 euros.
Se consideran infracciones muy graves las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad así como celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública, entre otras.
Se considerarán infracciones graves la creación de desorden en los espacios públicos, obstaculización de la vía pública con barricadas, las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia así como la desobediencia o la resistencia a la autoridad o la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes, entre otros.
Por último, entre las faltas leves se incluyen la celebración de manifestaciones sin comunicar a las autoridades, la exhibición de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio, el incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario de un acto público cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo y las faltas de respeto y consideración a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones.
Esta entrada se publicó en Derecho Contencioso Administrativo y está etiquetada con Abogados, Alicante, derecho administrativo, derecho contencioso-administrativo, ley de protección de la seguridad ciudadana en 07/14/2015 por AdminNoticias.
¿Que ocurre en un divorcio si existen hijos mayores de edad?
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Se quiere decir que el divorcio entre ambos cónyuges es independiente a la existencia o no de hijos, lo que ocurre es que la existencia de hijos determinará, si procede o no, una pensión de alimentos hacia éstos.
En cuanto a si procede o no la petición de una pensión de alimentos hacia los hijos mayores, es lo que se analizará en esta noticia, aquí entra en juego lo que se denomina la “dependencia económica”.
La dependencia económica existe cuando los hijos mayores, dependen económicamente de sus progenitores y por tanto, continúan necesitando de la ayuda de éstos para alcanzar una formación adecuada para lograr su independencia económica (finalizando su formación académica o encontrando un empleo).
Pero quién puede solicitar la pensión de alimentos para éstos hijos mayores de edad, pues es el progenitor con quien éste hijo mayor de edad desea convivir y conforme al Art. 93 del Código Civil en relación con los artículos 142 y ss del mismo texto legal, éste se encuentra legitimado para solicitar la mencionada pensión de alimentos a favor del hijo mayor de edad dependiente económicamente de los padres.
En Navarro&La Rosa Abogados, como especialistas en derecho de familia, defendemos los intereses de nuestros clientes pero siempre teniendo en cuenta los más beneficioso para los hijos, ya sean menores o mayores de edad dependientes económicamente de los progenitores.
Esta entrada se publicó en Derecho de Familia y está etiquetada con Abogados, Alicante, derecho de familia, hijos mayores, pensión de alimentos en 07/09/2015 por AdminNoticias.
¿Se puede imponer una orden de alejamiento por el delito de quebrantamiento de una orden de alejamiento?
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El delito de quebrantamiento de una orden de alejamiento se encuentra tipificado en el artículo 468.2 del Código Penal, donde se dice que: “Se impondrá en todo caso la pena de prisión de seis meses a un año a los que quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuesta en procesos criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, así como a aquellos que quebrantaren la medida de libertad vigilada.”
Como se puede observar, en este tipo de delitos sólo se podrá imponerse la pena de prisión, sin perjuicio de su sustitución conforme a los artículos 80 y ss., del vigente Código Penal, pero en ningún caso se podrá imponer una orden de alejamiento.
El Despacho Navarro & La Rosa Abogados Alicante intervino recientemente en un asunto en el que, ante un supuesto delito de quebrantamiento de una orden de alejamiento impuesta por Sentencia con una duración de seis meses, ésta Orden se quebrantó a los cuatro meses y en la condena por éste Quebrantamiento se le impuso otra orden de alejamiento (circunstancia no prevista en el Código Penal) y a los cuatro meses de la condena por el Quebrantamiento, se produjo otro Quebrantamiento de la Orden de alejamiento.
La intervención de éste Despacho de Abogados fue fundamental para que se produjera el Sobreseimiento de éste último delito de Quebrantamiento de Orden de Alejamiento, habida cuenta que se puso en conocimiento del Juzgado de Instrucción el error en el que se incurrió al imponer una nueva orden de alejamiento en la resolución de condena del primer Quebrantamiento, pues no se encuentra prevista como pena otra orden de alejamiento y sólo cabe imponer la pena de prisión en éste tipo de delitos.
Esta entrada se publicó en Derecho Penal y está etiquetada con Abogados, Alicante, derecho penal en 07/01/2015 por AdminNoticias.

References: Artículo 11
 Real Decreto 
 artículo 468
 artículo 48
 artículo 173
 resolución