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BOE.es - Documento BOE-A-2008-4062
Documento BOE-A-2008-4062
«BOE» núm. 54, de 3 de marzo de 2008, páginas 12866 a 12886 (21 págs.)
BOE-A-2008-4062
El capítulo I contiene las medidas tributarias derivadas de las competencias normativas otorgadas a la Comunidad de Madrid, en relación con los tributos estatales cedidos, por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y, en relación con los tributos propios, por los artículos 157 de la Constitución Española y 17.b) de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se deflacta en un dos por ciento la tarifa aprobada en la Ley 4/2006, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, igualando los tramos de la base imponible de dicha tarifa a los aprobados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008.
En el Impuesto sobre el Patrimonio se mantiene el mínimo exento general establecido para la Comunidad de Madrid en la Ley 4/2006, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, y se reduce la tarifa del impuesto, con lo que se pretende minorar la presión fiscal del patrimonio de los madrileños en consonancia con el carácter extraordinario del tributo y con la regulación llevada a cabo en los últimos años en otros países de nuestro entorno. En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se mantienen las reducciones de la base imponible aplicables a las adquisiciones «mortis causa», la tarifa, los coeficientes correctores de la cuota, y las bonificaciones en cuota vigentes durante el año 2007.
En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se mantienen los tipos impositivos aplicables a las transmisiones de inmuebles en la modalidad «Transmisiones Patrimoniales Onerosas» y a los documentos notariales en la modalidad «Actos Jurídicos Documentados vigentes durante el año 2007. En la tributación sobre el juego, con el fin de racionalizar los gravámenes sobre el bingo y mejorar su gestión, se derogan el Impuesto sobre los Premios del Bingo y el Impuesto sobre la modalidad de los Juegos Colectivos de Dinero y Azar Simultáneos-Bingo Simultáneo y se ajusta en la cuantía necesaria el tipo de gravamen de la Tasa Fiscal sobre el Juego del Bingo aplicable también al Bingo Simultáneo.
En relación a las Tasas y Precios Públicos, se establecen dos nuevas tasas en materia de vivienda, se modifican las tarifas de diversas tasas en materia de juego, industria, transporte y sanidad y se suprime una tarifa en materia de juego.
Mediante la modificación de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid se dota de un tratamiento unitario a los gastos plurianuales de las letras b) y h) del apartado 2 del artículo 55 de la citada ley, al objeto de unificar el cálculo del límite de porcentaje aplicable a ejercicios futuros.
5.431,38
Sólo tendrán derecho a practicar la deducción los padres que convivan con los hijos nacidos o adoptados. Cuando los hijos nacidos o adoptados convivan con ambos progenitores el importe de la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos si optaran por tributación individual. Para determinar el número de orden del hijo nacido o adoptado se atenderá a los hijos que convivan con el contribuyente a la fecha de devengo del impuesto, computándose a dichos efectos tanto los hijos naturales como los adoptivos.
Se entenderá que la adopción tiene carácter internacional cuando así resulte de las normas y convenios aplicables a esta materia. Esta deducción es compatible con la deducción por nacimiento o adopción de hijos regulada en el apartado Dos.1 de este artículo.
b) 750 euros si se trata del segundo menor en régimen de acogimiento familiar. c) 900 euros si se trata del tercer menor en régimen de acogimiento familiar o sucesivo.
4. Por acogimiento no remunerado de mayores de sesenta y cinco años y/o discapacitados.–Los contribuyentes podrán deducir 900 euros por cada persona mayor de sesenta y cinco años o discapacitada con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, que conviva con el contribuyente durante más de ciento ochenta y tres días al año en régimen de acogimiento sin contraprestación, cuando no diera lugar a la obtención de ayudas o subvenciones de la Comunidad de Madrid.
5. Por arrendamiento de vivienda habitual por menores de treinta y cinco años.–Los contribuyentes menores de treinta y cinco años podrán deducir el 20 por 100, con un máximo de 840 euros, de las cantidades que hayan satisfecho en el período impositivo por el arrendamiento de su vivienda habitual. Sólo se tendrá derecho a la deducción cuando las cantidades abonadas por el arrendamiento de la vivienda habitual superen el 10 por 100 de la base imponible, entendiendo como tal la suma de la base imponible general y la del ahorro del contribuyente.
6. Por donativos a fundaciones.–Los contribuyentes podrán deducir el 15 por 100 de las cantidades donadas a fundaciones que cumplan con los requisitos de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, y persigan fines culturales, asistenciales o sanitarios o cualesquiera otros de naturaleza análoga a éstos.
a) Sólo tendrán derecho a la aplicación de las deducciones establecidas en el apartado Dos, números 1, 3, 4 y 5 anteriores, aquellos contribuyentes cuya base imponible, entendiendo como tal la suma de la base imponible general y la del ahorro, no sea superior a 25.620 euros en tributación individual o a 36.200 euros en tributación conjunta.
Uno. Mínimo exento.–Con vigencia desde la entrada en vigor de esta ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.1.a) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y en el artículo 28 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, el mínimo exento en el Impuesto sobre el Patrimonio se fija:
Dos. Tipo de gravamen.–Con vigencia desde la entrada en vigor de esta Ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.1.b) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y en el artículo 30 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, la base liquidable del impuesto será gravada conforme a la siguiente escala:
Grupo III: adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y descendientes por afinidad, 8.000 euros. Grupo IV: en las adquisiciones por colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños, no habrá lugar a reducción.
3. En los casos en los que en la base imponible de una adquisición «mortis causa» que corresponda a los cónyuges, descendientes o adoptados de la persona fallecida, estuviese incluido el valor de una empresa individual, de un negocio profesional o participaciones en entidades a los que sea de aplicación la exención regulada en el artículo 4.Ocho de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, o de derechos de usufructo sobre los mismos, para obtener la base liquidable se aplicará en la base imponible, con independencia de las reducciones que procedan con arreglo a los apartados anteriores, otra del 95 por 100 del mencionado valor neto, siempre que la adquisición se mantenga, durante los cinco años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciese el adquirente dentro de este plazo.
Del mismo porcentaje de reducción, con el límite de 123.000 euros para cada sujeto pasivo y con el requisito de permanencia señalado anteriormente, gozarán las adquisiciones «mortis causa» de la vivienda habitual de la persona fallecida, siempre que los causahabientes sean el cónyuge, ascendientes o descendientes de aquél, o bien pariente colateral mayor de sesenta y cinco años que hubiese convivido con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento.
Cuando en la base imponible correspondiente a una adquisición «mortis causa» del cónyuge, descendientes o adoptados de la persona fallecida se incluyeran bienes comprendidos en los del artículo 4, apartados Uno, Dos y Tres de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, en cuanto integrantes del Patrimonio Histórico Español o Cultural de las Comunidades Autónomas, se aplicará asimismo una reducción del 95 por 100 de su valor con los mismos requisitos de permanencia señalados en el primer párrafo.
Tres. Tarifa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.–Con vigencia desde la entrada en vigor de esta ley, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.1.b) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, la tarifa prevista en el número 1 del artículo 21, de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, será la siguiente:
1. Bonificación en adquisiciones «mortis causa».–Los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II de los previstos en el artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aplicarán una bonificación del 99 por 100 en la cuota tributaria derivada de adquisiciones «mortis causa» y de cantidades percibidas por beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen al resto de bienes y derechos que integren la porción hereditaria del beneficiario.
2. Bonificación en adquisiciones «inter vivos».–En las adquisiciones «inter vivos», los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II de parentesco de los previstos en el artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aplicarán una bonificación del 99 por 100 en la cuota tributaria derivada de las mismas. Será requisito necesario para la aplicación de esta bonificación que la donación se formalice en documento público.
2. Se aplicará el tipo reducido del 4 por 100 a las transmisiones de inmuebles en las que se adquiera, por personas físicas, la propiedad de viviendas ubicadas dentro del Distrito Centro del Municipio de Madrid, incluidos los anejos y garajes que se transmitan conjuntamente con aquéllas, siempre que se cumplan simultáneamente los requisitos siguientes:
d) Se aplicará el tipo 1 por 100 cuando se transmitan viviendas cuyo valor real sea superior a 180.000 euros. En la determinación del valor real de la vivienda transmitida se incluirán los anejos y plazas de garaje que se transmitan conjuntamente con aquélla, aun cuando constituyan fincas registrales independientes.
Uno. Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite y azar.–Con vigencia desde la entrada en vigor de esta Ley y de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y en relación con la Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite y azar, la previsión normativa contenida en el artículo 3, apartados tercero y cuarto, del Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar y apuestas, queda sustituida por la siguiente:
1. Máquinas de tipo “B” o recreativas con premio programado:
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo “B”, en los que puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultánea y siempre que el juego de cada uno de ellos sea independiente del realizado por otros jugadores, serán de aplicación las siguientes cuotas:
2. Máquinas de tipo “C” o de azar: Cuota anual: 5.400 euros.
3. Máquinas de tipo “D” o máquinas recreativas con premio en especie: Cuota anual: 500 euros.
Cuatro. En caso de modificación del precio máximo de 20 céntimos de euro autorizado para la partida en máquinas de tipo “B” o recreativas con premio programado, la cuota tributaria de 3.600 euros de la Tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar, se incrementará en 70 euros por cada 4 céntimos de euro en que el nuevo precio máximo autorizado exceda de 20 céntimos de euro. Si la modificación se produjera con posterioridad al devengo de la tasa, los sujetos pasivos que exploten máquinas autorizadas en fecha anterior a aquella en que se autorice la subida deberán autoliquidar e ingresar la diferencia de cuota que corresponda en la forma y plazos que determine la Consejería de Hacienda. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la autoliquidación e ingreso será sólo del 50 por 100 de la diferencia, si la modificación del precio máximo autorizado para la partida se produce después del 30 de junio.»
2. Determinación de la base. Para la determinación de las bases podrán utilizarse los regímenes de estimación directa o estimación objetiva, regulados en los artículos 51 y 52 de la Ley General Tributaria. Podrá igualmente determinarse, mediante convenios, sirviendo en todo caso como signos, índices o módulos el número y valor de los billetes, boletos o resguardos de participación, sea cual fuere el medio a través del cual se hubieran expedido o emitido, el importe de los premios y las bases de población. En los supuestos de participación a través de medios técnicos, telemáticos o interactivos, estos medios deberán contener el procedimiento o los elementos de control necesarios que garanticen exactitud en la determinación de la base imponible.
d) Las rifas benéficas de carácter tradicional, que durante los últimos diez años han venido disfrutando de un régimen especial más favorable, tributarán sólo al 1,5 por 100 sobre el importe de los billetes distribuidos. Este beneficio se limitará al número e importe máximo de los billetes que se hayan distribuido en años anteriores.
d) Las apuestas gananciosas, de las denominadas “traviesas” celebradas en el interior de los frontones y hechas con la intervención de corredor, satisfarán el 1,5 por 100.
b) En las apuestas, la tasa se devengará cuando se celebren.
b) En las apuestas, los sujetos pasivos deberán presentar en los veinte primeros días naturales de cada mes una declaración-liquidación referente a las apuestas devengadas en el mes anterior.»
«No obstante lo previsto en el apartado anterior, la gestión, liquidación y recaudación de las tasas corresponde a las Consejerías, Organismos Autónomos y Entes Públicos competentes por razón de la materia, salvo que las deudas se hallen en periodo ejecutivo, en cuyo caso la competencia reside en la Consejería de Hacienda.»
«No obstante, la gestión, liquidación y recaudación de los precios públicos corresponde a los Centros Gestores de las Consejerías, Organismos Autónomos y Entes Públicos competentes por razón de la materia, salvo que las deudas se hallen en periodo ejecutivo, en cuyo caso la competencia reside en la Consejería de Hacienda.»
1.º El epígrafe «F» pasa a tener la siguiente denominación:
«Tasas en materia de Edificación, obras públicas y vivienda.»
2.º El apartado «F» pasa a tener el siguiente contenido:
«F) Tasas en materia de Edificación, obras públicas y vivienda:
La tasa por actuaciones y servicios en materia de certificaciones de eficiencia energética de viviendas y edificios, regulada en el Capítulo LXXIX de este Título.»
Cuatro. Se modifica el artículo 32.1, letra «T», modificándose la referencia a la «tasa por ejecución de inspecciones y emisión de informes de la Dirección General de Salud Pública», quedando redactada de acuerdo con el siguiente tenor literal:
«La tasa por inspecciones o auditorias y autorizaciones administrativas de Salud Pública, regulada en el Capítulo LVIII de este Título.»
Cinco. Dentro de la «Tasa por servicios administrativos de ordenación y gestión del juego», regulada en el Capítulo V del Título IV, se modifica el artículo 56, Tarifas, en el siguiente sentido:
1. Se suprime la tarifa 5.03., por Acreditaciones profesionales.
2. Se modifica el título de la tarifa 5.04., que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Tarifa 5.04 Expedición de autorizaciones y permisos de máquinas recreativas, recreativas con premio y de azar y de máquinas auxiliares de apuestas.»
3. Se introducen dos nuevas subtarifas en la tarifa 5.04., con el siguiente tenor literal:
«504.9. Autorización de explotación de máquinas recreativas y de juego: 16,12 euros.
504.10 Renovación de la autorización de explotación de máquinas recreativas y de juego: 16,12 euros.»
4. Se crean dos nuevas tarifas, con el siguiente tenor literal:
«Tarifa 5.13 Expedición de autorizaciones para la organización y comercialización de apuestas.
513.1 Autorización para la organización y comercialización de apuestas: 281,65 euros.
513.2 Renovación, modificación o transmisión de la autorización para la organización y comercialización de apuestas: 85,51 euros.
Tarifa 5.14 Expedición de autorizaciones para la organización y comercialización de juegos y apuestas por medios o sistemas informáticos, interactivos o de comunicación a distancia.
514.1 Autorización para la organización y comercialización de juegos por medios o sistemas informáticos, interactivos o de comunicación a distancia: 281,65 euros.
514.2 Renovación, modificación o transmisión de la autorización para la organización y comercialización de juegos por medios o sistemas informáticos, interactivos o de comunicación a distancia: 85,51 euros.»
Seis. Dentro de la «Tasa por emisión de informe sobre el valor de bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión», regulada en el Capítulo VII del Título IV, se modifican los artículos 65, 66 y 67, que quedan redactados de acuerdo con el siguiente tenor literal:
«Artículo 65. Establecimiento.
Constituye el hecho imponible de la tasa la emisión, a solicitud de los interesados y a los efectos de los tributos cuya gestión corresponde a la Comunidad de Madrid, de informes sobre el valor de los bienes inmuebles que, situados en el territorio de su competencia, vayan a ser objeto de adquisición o de transmisión, salvo que éstos se obtengan directamente por los medios telemáticos que a tal efecto establezca la Comunidad de Madrid.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten de la Administración de la Comunidad de Madrid la práctica de la actividad administrativa que integra su hecho imponible.»
Siete. Dentro de la «Tasa por ordenación de instalaciones y actividades industriales, energéticas y mineras» regulada en el Capítulo IX del Título IV, y dentro del artículo 79:
1. Se adicionan dentro de la tarifa 9.18 «Instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico e instalaciones radiactivas», tres nuevas subtarifas, con el siguiente tenor literal:
«918.7 Solicitud de baja de empresas de venta y asistencia técnica de equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico: 33,51 euros.
918.8 Solicitud de baja de instalaciones de rayos X en el registro de instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico: 33,51 euros.
918.9 Tramitación de traslados intracomunitarios de sustancias radiactivas: 19,40 euros.»
2. Se adiciona una nueva tarifa 9.20, con el siguiente tenor literal:
«Tarifa 9.20 Registro de instalaciones petrolíferas para consumo en la propia instalación y para suministro a vehículos.
920.1 Tramitación de expedientes singulares: 27 euros.
920.2 Tramitación de expedientes con memoria: 18 euros.»
3. Se adiciona una nueva tarifa 9.21, con el siguiente tenor literal:
«Tarifa 9.21.–Registro de instalaciones de producción de energía eléctrica de la Comunidad de Madrid, Sección de Producción en Régimen Especial.
921.1 Solicitud de inclusión en el régimen especial: 33,51 euros.
921.2 Solicitud de inscripción previa: 33,51 euros.
921.3 Solicitud de inscripción definitiva: 33,51 euros.
921.4 Modificaciones y cambios de titularidad: 33,51 euros.»
Ocho. Dentro de la «Tasa por inspección técnica y emisión de certificados de características de vehículos», regulada en el Capítulo X del Título IV, y dentro del artículo 85:
1. Se modifica dentro de la tarifa 10.01 «Inspecciones Técnicas», la subtarifa 1001.4, que queda redactada de acuerdo con el siguiente tenor literal:
«1001.4 Motocicletas, vehículos de tres ruedas, cuadriciclos, quads, ciclomotores de dos y tres ruedas y cuadriciclos ligeros: 25,69 euros.»
2. Se modifican, dentro de la tarifa 10.02 «Inspecciones previas a matriculación de vehículos procedentes de la Unión Europea o importados, incluidos los traslados de residencia», las subtarifas 1002.1 y 1002.2., que quedan redactadas de acuerdo con el siguiente tenor literal:
«1002.1 Vehículos de cualquier tipo, excepto motocicletas, vehículos de tres ruedas, cuadriciclos, quads, ciclomotores de dos y tres ruedas y cuadriciclos ligeros: 136,95 euros.
1002.2 Motocicletas, vehículos de tres ruedas, cuadriciclos, quads, ciclomotores de dos y tres ruedas y cuadriciclos ligeros: 25,69 euros.»
Nueve. Dentro de la «Tasa por la ordenación del transporte», regulada en el Capítulo XXII del Título IV, y dentro del artículo 139:
1. Se establece una nueva tarifa de acuerdo con el siguiente tenor literal:
«Tarifa 22.07 Solicitud de emisión de tarjeta de tacógrafo digital.
2207.1 Emisión de tarjeta de tacógrafo digital: 30 euros.»
2. Se establece una nueva tarifa de acuerdo con el siguiente tenor literal:
«Tarifa 22.08 Solicitud de servicios para la cualificación inicial y formación contínua de conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera (Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio):
2208.1 Homologación/Autorización de Centros de Formación: 240 euros.
2208.2 Homologación de Cursos de Formación: 91,80 euros.
2208.3 Exámenes de cualificación conductores: 29,27 euros.
2208.4 Expedición del certificado de aptitud profesional: 19 euros.
2208.5 Otorgamiento y renovación de Tarjetas de Conductor Profesional: 31,23 euros.»
Diez. Dentro de la «Tasa por autorizaciones/homologaciones de centros sanitarios, certificaciones, acreditaciones sanitarias y homologaciones del personal de transporte sanitario», regulada en el Capítulo LIV del Título IV, se modifica, en su artículo 272, la denominación de la Tarifa 54.05 (manteniéndose la actual redacción de sus dos subtarifas 5405.1 y 5405.2), quedando redactada de acuerdo con el siguiente tenor literal:
«54.05 Centros de Diagnóstico Analítico.»
Once. Se modifica la «Tasa por ejecución de inspecciones y emisión de informes de la Dirección General de Salud Pública», regulada en el Capítulo LVIII del Título IV, quedando redactada con el siguiente tenor literal:
«CAPÍTULO LVIII
Tarifa 58.01: Por cada inspección o auditoría en empresas alimentarias, mayoristas, laboratorios u otros establecimientos en el ámbito de la Salud Pública: 56 euros.
Tarifa 58.02: Por cada autorización concedida: 10 euros.
La tasa se devenga con la presentación de la solicitud, momento en que los sujetos pasivos deberán autoliquidar e ingresar la tasa en la forma y condiciones que se determinen mediante orden del Consejero de Sanidad, previo informe favorable de la Consejería de Hacienda. Mientras no se haya efectuado el pago correspondiente, no se llevarán a cabo actuaciones por parte del Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, ni se expedirá la autorización por la Dirección General de Salud Pública y Alimentación.»
Doce. Se modifican las «Tasas por inspecciones y controles sanitarios de animales y sus productos», reguladas en el Capítulo LIX del Título IV, dando nueva redacción a los artículos 291 a 301, ambos inclusive y quedando sin contenido los artículos 302 y 303; todo ello de acuerdo con el siguiente tenor literal:
«CAPÍTULO LIX
d) Toma de muestras para investigaciones analíticas rutinarias o programadas.
e) Investigaciones analíticas a efectuar in situ.
f) Retención de canales y despojos hasta la obtención de resultados analíticos.
a) Inspecciones y controles sanitarios “ante mortem” para la obtención de carnes frescas de ganado bovino, porcino, ovino, caprino y otros rumiantes, conejos y caza de cría y caza silvestre, solípedos/équidos y aves de corral.
c) Control documental de la información de la cadena alimentaria y del resto de las operaciones realizadas en el establecimiento.
d) El control y, en su caso, estampillado de las canales, vísceras y despojos, destinados al consumo humano, así como el marcado o marchamado de las piezas obtenidas en las salas de despiece.
e) Control de las operaciones de almacenamiento de carnes frescas para el consumo humano, en aquellos supuestos que, por motivos de salud pública o de sanidad animal, deban ser objeto de intervención sanitaria.
f) Control de determinadas sustancias y residuos en animales y sus productos, en la forma prevista por la normativa vigente así como cualquier prueba analítica necesaria para garantizar la aptitud para el consumo humano de la carne fresca.
a) En el caso de las tasas relativas a las inspecciones y controles sanitarios oficiales “ante mortem” y “post mortem” de los animales sacrificados, estampillado de canales, vísceras y despojos destinados al consumo humano, los titulares de los establecimientos donde se lleva a cabo el sacrificio, o se practique la inspección, ya sean personas físicas o jurídicas.
c) En las tasas relativas a control de almacenamiento de carnes, y en los supuestos indicados en el párrafo e) del artículo 292.2, las personas físicas o jurídicas titulares de los citados establecimientos.
2. Las cuotas tributarias relativas a la inspección y control “ante mortem” y “post mortem”, control documental de las operaciones realizadas, del estampillado de las canales, vísceras y despojos y, en su caso, toma de muestras para investigaciones analíticas de rutina o programadas con inclusión del control de sustancias y residuos:
mayor de 218 kg de peso por canal: 5,00 euros/animal.
menor de 218 kg de peso por canal: 2,00 euros/animal.
b) Solípedos/équidos: 3,00 euros/animal.
c) Carne de porcino: animales de un solo canal:
de menos de 25 kg: 0,50 euros/animal.
superior o igual a 25 kg: 1,00 euros/animal.
d) Carne de ovino y de caprino:
animales de un peso en canal:
de menos de 12 kg: 0,15 euros/animal.
superior o igual a 12 kg: 0,25 euros/animal.
de vacuno, porcino, solípedos/équidos, ovino y caprino: 2,00 euros.
de caza, silvestre y de cría.
de ratites (avestruz, emú, ñandú): 3,00 euros.
de verracos y rumiantes: 2,00 euros.
4. Las cuotas tributarias relativas a la inspección y control “post mortem”, control documental de las operaciones realizadas, del estampillado de las canales, vísceras y despojos y, en su caso, toma de muestras para investigaciones analíticas de rutina o programadas con inclusión del control de sustancias y residuos.
6. Para los titulares de establecimientos dedicados al sacrificio de aves de corral y lagomorfos que, previa autorización de la Autoridad competente y bajo supervisión del veterinario oficial, posibiliten que miembros de su personal presten asistencia en los controles oficiales mediante la realización de determinadas pruebas específicas en relación con la producción de carne de aves de corral y lagomorfos, la cuota se verá reducida en un 30%.
7. Los titulares de establecimientos dedicados al sacrificio de ganado tendrán una deducción en el importe de la tasa del 40% cuando el establecimiento cuente con un sistema de autocontrol verificado y basado en los principios de análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC).
A su vez, los titulares de establecimientos dedicados al despiece de canales tendrán una deducción en el importe de la tasa del 50% cuando el establecimiento cuente con un sistema de autocontrol verificado y basado en los principios de análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC).
a) Primera comercialización de la pesca y de la acuicultura:
1,00 euro por tonelada para las primeras 50 toneladas de cada mes.
c) Primera venta en caso de falta o de gradación insuficiente de frescura o de tamaño de conformidad con el Reglamento (CEE) n1 103/76 del Consejo, de 19 de enero de 1976, por el que se establecen las normas comunes de comercialización para ciertos pescados frescos o refrigerados, y con el Reglamento (CEE) n1 104/76 del Consejo, de 19 de enero de 1976, por el que se establecen normas comunes de comercialización para las quisquillas del tipo ‘’Crangon spp.’’:
En todo caso para las especies a que se refiere el anexo II del Reglamento (CEE) n1 3703/85, de 23 de diciembre de 1985, por el que se establecen las modalidades de aplicación relativas a las normas comunes de comercialización para determinados pescados frescos o refrigerados, no excederá de 50,00 euros por remesa.
Los titulares de los establecimientos dedicados a la producción y comercialización de productos de la pesca y de acuicultura, tendrán una deducción en el importe de la tasa del 50% cuando el establecimiento cuente con un sistema de autocontrol verificado y basado en los principios de análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC).
1. Los sujetos pasivos están obligados a presentar una declaración dentro de los 15 primeros días de cada mes relativa al objeto tributario en cuyos hechos imponibles hayan incurrido a lo largo del mes anterior, cuantificando en la misma la deuda tributaria.
Sobre las cuotas que resulten a ingresar por los sujetos pasivos no se concederá exención, reducción o bonificación alguna.»
b) El visado de contratos de compraventa y contratos de arrendamiento de viviendas protegidas conforme a la legislación vigente.
c) El examen de la documentación técnica y jurídica y emisión de los informes necesarios para otorgar autorizaciones de uso y venta, cambios de titularidad, subrogaciones y descalificaciones de viviendas protegidas conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
a) En el caso de la solicitud de calificación provisional y calificación definitiva de actividades protegibles en materia de vivienda, las personas físicas o jurídicas y las entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que, actuando como promotores de proyectos de obras u otras actuaciones protegibles, soliciten la calificación provisional y la calificación definitiva de obras de nueva construcción, rehabilitación o cualquier otra actividad integrante del hecho imponible o, no siendo precisa la solicitud, resulten destinatarias de la actuación administrativa.
b) En el caso de la solicitud de visado de contratos de compraventa o arrendamiento de vivienda protegida, así como en el caso de la solicitud de autorizaciones de uso y venta, cambios de titularidad, subrogaciones y descalificaciones de vivienda protegida, aquellas personas físicas o jurídicas y entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten, conforme a la legislación vigente, dicha actuación administrativa o, no siendo precisa la solicitud, resulten destinatarias de la actuación administrativa.
Tarifa 78.01 Calificaciones de actividades protegidas en materia de vivienda.
7801.1 Calificación provisional de viviendas con protección pública de nueva construcción. Se aplicará un tipo de gravamen del 0,12% a la cantidad resultante de multiplicar la superficie útil de la vivienda (incluidos anejos) o edificación objeto de calificación provisional por el módulo de venta aplicable atendiendo a la tipología de la vivienda y a la zona geográfica correspondiente, conforme a la normativa que fija los precios, vigente en el momento de presentar la solicitud de calificación provisional.
7801.2 Calificación definitiva de viviendas con protección pública de nueva construcción. Se abonará en todo caso 10 euros (cantidad fija) con motivo de la solicitud de calificación definitiva. Además, en el caso de proyectos en los que se apruebe el incremento de la superficie útil prevista inicialmente, se girará una liquidación complementaria (cantidad variable) aplicando, para dicho exceso, el mismo porcentaje a que se refiere el párrafo anterior, sobre la base resultante obtenida también según los criterios allí determinados.
7801.3 Calificación provisional de obras de rehabilitación y demás actuaciones protegibles. Se aplicará un tipo de gravamen del 0,12% sobre el presupuesto protegido de dichas obras o actuaciones.
7801.4 Calificación definitiva de obras de rehabilitación y demás actuaciones protegibles. Se abonará en todo caso 20 euros (cantidad fija) con motivo de la solicitud de calificación definitiva. Además, en el caso de proyectos en los que se apruebe el incremento del presupuesto previsto inicialmente, se girará una liquidación complementaria (cantidad variable) aplicando, para dicho exceso de presupuesto, el mismo porcentaje a que se refiere el párrafo anterior.
Tarifa 78.02 Visados de contratos de compraventa y contratos de arrendamiento: 20 euros.
Tarifa 78.03 Autorizaciones de uso y venta, cambios de titularidad, subrogaciones y descalificaciones de viviendas protegidas: 47,87 euros.
La tasa se devenga en el momento de presentar la solicitud de actuación administrativa o acordarse de oficio la misma, que no se iniciará hasta tanto no se haya efectuado el pago correspondiente.»
«CAPÍTULO LXXIX
a) La prestación de los servicios y actividades administrativas referentes al reconocimiento de la aptitud de las empresas, entidades y profesionales para la realización de certificaciones de eficiencia energética de viviendas y edificios, y que incluye:
La acreditación o renovación. La inspección de seguimiento.
b) La inscripción, en el Registro Público de Certificaciones de Eficiencia Energética de Viviendas y Edificios, de las certificaciones provisionales de eficiencia energética de los proyectos de obra nueva o rehabilitación de viviendas y edificios, o parte de los mismos, y de las certificaciones definitivas de eficiencia energética de viviendas y edificios, o parte de los mismos, construidos o rehabilitados, conforme a lo establecido en la normativa vigente.
7901.1 Por la inspección previa a la acreditación ó renovación: 328,24 euros en un área; cuando en un solo acto se realice simultáneamente la acreditación de las dos áreas: 492,30 euros.
7901.2 Por la acreditación o renovación: 562,75 euros en un área; cuando en un solo acto se realice simultáneamente la acreditación o renovación de las dos áreas: 860,87 euros.
7901.3 Por inspección de seguimiento: 328,24 euros en un área; cuando en un solo acto se realice simultáneamente la inspección de las dos áreas: 492,30 euros.
a) La primera área se corresponde con la acreditación para certificar la eficiencia energética de viviendas colectivas y unifamiliares.
b) La segunda área se corresponde con la acreditación para certificar la eficiencia energética de edificios, o parte de los edificios, de carácter agrícola o industrial (salvo en la parte destinada a talleres, procesos industriales y agrícolas no residenciales), terciarios y dotacionales.
Tarifa 79.02 Inscripción de certificaciones de eficiencia energética de viviendas y edificios en el Registro Público de Certificaciones de Eficiencia Energética de Viviendas y Edificios.
7902.1 Por vivienda colectiva: la superficie construida de la vivienda multiplicada por el coeficiente multiplicador 1. En todo caso, la tarifa mínima a devengar será de 75 euros y la máxima de 175 euros.
7902.2 Por vivienda unifamiliar: la superficie construida de la vivienda multiplicada por el coeficiente multiplicador 1,3. En todo caso, la tarifa mínima a devengar será de 90 euros y la máxima de 200 euros.
7902.3 Por edificio, o parte del edificio, de carácter agrícola o industrial (salvo en la parte destinada a talleres, procesos industriales y agrícolas no residenciales), terciario o dotacional:
a) De superficie construida inferior a 2.000 metros cuadrados: 300 euros.
b) De superficie construida de 2.000 metros cuadrados a 5.000 metros cuadrados: 400 euros.
c) De superficie construida superior a 5.000 metros cuadrados: 500 euros.
7902.4 Por renovación o actualización de la certificación energética definitiva inscrita, en los casos establecidos en la legislación vigente, se abonará el 50% de la tarifa a aplicar al mismo tipo de edificación, y con la misma superficie, existente en el momento en el que se produzca la renovación o actualización.
La tasa se devenga en el momento de presentar la solicitud de actuación administrativa, o acordarse de oficio la misma, que no se iniciará hasta tanto no se haya realizado el pago correspondiente.»
«4. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en los supuestos a), b), g) y h) del apartado 2 no será superior a cuatro. Asimismo, en los casos a) y g), el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió, los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 100; en el segundo ejercicio, el 60 por 100, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50 por 100. En el caso de los gastos referidos en los supuestos b) y h) del apartado 2, el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió el porcentaje del 100 por 100.»
«Artículo 10. De los pagos.
c) En ambos casos, la posibilidad, límites y requisitos de concesión deberán contemplarse expresamente en las bases reguladoras, que fijarán las garantías que se deban aportar. Dichas garantías se constituirán por el beneficiario, con carácter previo al cobro, mediante efectivo, aval, certificado de seguro de caución o valores anotados, en la forma y con las condiciones, modelos y requisitos establecidos reglamentariamente. La garantía se constituirá por un importe igual a la cantidad del pago a cuenta o anticipado más los intereses de demora que, en su caso, pudieran devengarse hasta la justificación completa y definitiva del cumplimiento de las obligaciones o requisitos que se hubieran establecido para la subvención.
La Consejería de Hacienda, previa solicitud motivada del órgano concedente, podrá autorizar, de forma excepcional, la inclusión en las bases reguladoras de la exención de constituir garantías para efectuar los pagos a cuenta o anticipados.
Las bases reguladoras destinadas a subvencionar a las Entidades locales y sus organismos autónomos, cuando contemplen la posibilidad de abonos o anticipos a cuenta no precisarán la autorización previa de la Consejería de Hacienda para la exención de constituir garantías.»
«Artículo 11. De los reintegros.
e) En el supuesto contemplado en el artículo 7.3 de esta ley, por el exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.
f) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control que se establecen en el artículo 12.4.
4. Una vez acordado el reintegro y trascurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, si las cantidades a reintegrar estuviesen garantizadas en los términos dispuestos en el artículo 10.1.c) de esta ley, se procederá a su ejecución por la Caja de Depósitos, a instancias del órgano competente para acordar el reintegro, en la forma establecida en la normativa reguladora de la Caja de Depósitos para la incautación de garantías.
6. Las cantidades a reintegrar podrán ser aplazadas o fraccionadas con los procedimientos y garantías que se establecen en la Ley General Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación.»
«3. Además en suelo urbanizable no sectorizado podrán realizarse e implantarse con las características resultantes de su función propia y de su legislación específicamente reguladora, las obras e instalaciones y los usos requeridos por los equipamientos, infraestructuras y servicios públicos estatales, autonómicos o locales que precisen localizarse en terrenos con esta clasificación.»
«2. Además, en el suelo no urbanizable de protección podrán realizarse e implantarse con las características resultantes de su función propia y de su legislación específicamente reguladora, las obras e instalaciones y los usos requeridos por los equipamientos, infraestructuras y servicios públicos estatales, autonómicos o locales que precisen localizarse en terrenos con esta clasificación. El régimen de aplicación sobre estas actuaciones será el mismo que se regula en los artículos 25 y 161 de la presente Ley.»
Tres. Se adiciona una nueva letra f) al artículo 57 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid con la siguiente redacción:
«f) Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de tramitación de las modificaciones puntuales del planeamiento urbanístico cuando no supongan modificaciones sustanciales, no siéndoles de aplicación el procedimiento establecido en el presente artículo. El Reglamento definirá estas modificaciones no sustanciales a las que no serán de aplicación las limitaciones previstas en los artículos 68 y 69 de la presente Ley. Los informes sectoriales que deban emitirse en la tramitación de estas modificaciones deberán evacuarse en el plazo máximo de un mes. Si no se emitieran en dicho plazo se entenderán favorables a la tramitación de la modificación.»
«, así como lo dispuesto en el artículo 57.f).»
«3. A estos efectos, para el sistema de redes públicas supramunicipales, deberá cederse a la Comunidad de Madrid, gratuitamente y libre de cargas, terreno en la cuantía de 20 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados construidos de cualquier uso. Del total de cada cesión, en sectores con uso característico residencial, deberá destinarse la tercera parte, como mínimo, a la red de viviendas públicas o de integración social.
a) Si no se hubieran adscrito al sector o, en su caso, a las unidades de ejecución en que se divida, terrenos destinados por el planeamiento territorial o, en su defecto, por el planeamiento general a redes públicas supramunicipales en superficie suficiente a este deber de cesión, el promotor podrá cumplir el mismo de la siguiente forma:
1.º Adquiriendo y cediendo a la Comunidad de Madrid la superficie que falta de terreno en el mismo área de reparto.
2.º En aquellos supuestos en los que no sea posible el cumplimiento del deber de cesión en la forma indicada en el apartado anterior, adquiriendo y cediendo a la Comunidad de Madrid terreno situado en otro sector e incluso en otro municipio distinto a los del sector o unidad de ejecución, y cuyo valor económico sea equivalente al de la superficie de suelo que falta.
3.º Con carácter subsidiario, abonando a la Comunidad de Madrid el valor económico equivalente a la superficie que falta.»
La letra b) del artículo 91.3 mantiene su actual redacción.
Seis. Lo dispuesto en el artículo 57 f) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, prevalecerá sobre las legislaciones sectoriales afectadas en lo referente a la tramitación y al plazo de emisión de los informes necesarios requeridos.
Artículo 11. Compatibilidad de servicios de carácter asistencial en el sector público sanitario por razones de interés público.
1. El personal sanitario dependiente de la Consejería de Sanidad y de sus organismos autónomos, empresas públicas y entes del sector público de la Comunidad de Madrid adscritos, podrá compatibilizar un segundo puesto de trabajo de carácter asistencial o ejercer una segunda actividad en el sector público, si así lo exigiera el interés del propio servicio público.
2. Se declara de interés público, a efectos de compatibilizar dos puestos de trabajo en el sector público sanitario de la Comunidad de Madrid, la prestación de servicios de carácter asistencial en los centros sanitarios públicos de Atención Primaria, Especializada y SUMMA 112.
3. En consecuencia, se podrá conceder autorización de compatibilidad, en razón del interés público, para el ejercicio de una segunda actividad de carácter asistencial en el sector público sanitario de la Comunidad de Madrid en los ámbitos delimitados en el apartado 2 de este artículo. Esta autorización no supondrá modificación de jornada de trabajo y horario en ningún de los dos puestos compatibilizados y se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.
Introducir entre los términos «... Naturaleza ...» y «... o cualquier otro tipo de infraestructura ...», el término «..., actividades deportivas ...».
Uno. Creación de la Agencia Madrileña para la Emigración.
1. Se crea la Agencia Madrileña para la Emigración, configurada como ente de Derecho público de los previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y adscrita a la Consejería competente en materia de emigración.
2. La Agencia Madrileña para la Emigración tendrá personalidad jurídica propia y gozará de plena capacidad jurídica y de obrar y autonomía de gestión.
Dos. Régimen jurídico general.
1. La Agencia se regirá por lo dispuesto en la presente ley y en las disposiciones que la desarrollen y, supletoriamente, por lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
2. La Agencia, como ente institucional de Derecho público, podrá ejercer, para el mejor cumplimiento de sus fines y objetivos y la necesaria agilización y racionalización de sus procedimientos, las potestades administrativas que se deriven del ámbito de aplicación de esta ley y de sus facultades de organización y actuación.
3. Cuando la Agencia actúe en el ejercicio de potestades administrativas, será de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. Las resoluciones dictadas en el ejercicio de estas potestades por los órganos de gobierno de la Agencia pondrán fin a la vía administrativa y contra aquéllas podrá interponerse recurso de reposición o recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa en los términos previstos por las leyes.
5. Los contratos que celebre la Agencia se regirán por la legislación sobre contratos del sector público, en lo que le sea de aplicación.
6. La Agencia podrá constituir o participar en el capital de toda clase de entidades que adopten la forma de sociedad mercantil y cuyo objeto social esté vinculado con los fines y objetivos de aquélla, en los términos previstos en la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. A este fin la Agencia podrá encargar a estas entidades la realización de las actividades y contrataciones necesarias.
Tres. Fines.
1. La Agencia Madrileña para la Emigración tiene como finalidad el diseño, elaboración, planificación, gestión, ejecución y evaluación de las políticas de emigración de la Comunidad de Madrid, conforme a las directrices establecidas por el Consejo de Gobierno y por la Consejería competente por razón de la materia, dirigidas a:
a) Los españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en la Comunidad de Madrid, conforme a lo dispuesto en el artículo 7, apartados 2 y 3 del Estatuto de Autonomía.
b) Los descendientes directos de los anteriores, hasta el grado que se determine reglamentariamente, inscritos como madrileños en el correspondiente Consulado.
c) Los madrileños emigrantes que hayan retornado o retornen a España para fijar su residencia en la Comunidad de Madrid, siempre que ostentaran la nacionalidad española antes del regreso.
2. Corresponde en exclusiva a la Agencia Madrileña para la Emigración el cumplimiento de los objetivos que, en materia de emigración, constituyan la política del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la atención, ayuda y promoción de los madrileños residentes en el exterior, así como para el apoyo a las colectividades, centros y casas regionales para el desarrollo de programas asistenciales y culturales a favor de aquéllos.
Cuatro. Funciones.
1. Corresponden a la Agencia Madrileña para la Emigración las siguientes funciones:
a) La elaboración, en coordinación con el resto de Consejerías competentes, del proyecto del Plan de Ayuda para la Emigración de la Comunidad de Madrid.
b) La coordinación, ejecución y evaluación del Plan de Ayuda para la Emigración de la Comunidad de Madrid.
c) El desarrollo de las acciones y la consecución de los objetivos que sean específicamente encomendados por el Consejo de Gobierno o por la Consejería competente por razón de la materia.
d) La colaboración con la Administración General del Estado y el resto de las Administraciones públicas en materia de emigración.
e) La representación de la Comunidad de Madrid, cuando no corresponda a su Presidente o al titular de la Consejería competente por razón de la materia, en los órganos estatales o autonómicos destinados a coordinar las políticas de emigración.
f) La formulación de propuestas en relación con las acciones de ayuda, protección y apoyo a los madrileños residentes en el exterior.
g) La emisión de informes sobre las iniciativas propuestas por las distintas Consejerías que puedan afectar a la ayuda, protección y apoyo de los madrileños en el exterior.
h) La emisión de estudios e informes relacionados con la situación de la población emigrante de la Comunidad de Madrid.
i) La celebración de los convenios de colaboración con cualesquiera personas jurídicas públicas o privadas que contribuyan, con medios propios o ajenos, al desarrollo de las políticas de emigración.
j) El desarrollo de cualesquiera otras funciones que impliquen el ejercicio de las competencias en materia de emigración.
2. En el ejercicio de sus funciones, la Agencia actuará con plena autonomía financiera y de gestión.
Cinco. Órganos de gobierno.
1. Son órganos de gobierno de la Agencia Madrileña para la Emigración los siguientes:
2. Bajo la supervisión del Consejo de Administración, podrán establecerse órganos de dirección que tendrán la función de ejercer la dirección superior de las unidades y los servicios de la Agencia, para asegurar su funcionamiento y operatividad, así como la del personal a su servicio, su vigilancia y control, y todas aquellas funciones que les sean delegadas y encomendadas por sus órganos de gobierno.
Seis. El Consejo de Administración.
1. El Consejo de Administración de la Agencia Madrileña para la Emigración estará compuesto por el Presidente del Consejo, el Director y los vocales.
2. Son vocales del Consejo de Administración:
a) El Viceconsejero de la Consejería a la que esté adscrita la Agencia.
b) El Secretario General Técnico de la Consejería a la que esté adscrita la Agencia.
c) El Viceconsejero competente en materia de inmigración y cooperación.
d) Hasta tres vocales más, nombrados por el Presidente del Consejo de Administración.
3. El Consejo de Administración, a propuesta de su Presidente, designará un Secretario que habrá de ser licenciado en Derecho y preferentemente funcionario público. El Secretario convocará las reuniones del Consejo por decisión de su Presidente y asistirá a las mismas con voz pero sin voto.
4. Los miembros del Consejo de Administración no podrán cobrar retribuciones por el ejercicio de sus funciones como tales, pero sí devengar dietas por asistencia en la forma que dispongan las normas reguladoras correspondientes.
a) La aprobación del proyecto de Plan de Ayuda para la Emigración de la Comunidad de Madrid, con carácter previo a su sometimiento al Consejo de Gobierno.
b) La aprobación del programa de actuación anual que desarrolle el Plan de Ayuda para la Emigración de la Comunidad de Madrid.
c) El seguimiento, la supervisión de la ejecución y la evaluación del Plan de Ayuda a la Emigración.
d) El seguimiento y la supervisión del programa de actuación anual y de las acciones en materia de emigración específicamente encomendadas a la Agencia.
e) La definición de la posición de la Agencia en las relaciones interadministrativas con la Administración General del Estado y el resto de las Administraciones autonómicas en materia de emigración.
f) La aprobación de las propuestas en relación con las acciones de ayuda, protección y apoyo a los madrileños residentes en el exterior.
g) El conocimiento de los informes evacuados por el Director sobre las iniciativas propuestas por las distintas Consejerías que puedan afectar a la ayuda, protección y apoyo de los madrileños en el exterior.
h) La creación de órganos de dirección que tengan la función de ejercer la dirección de unidades o servicios de la Agencia para asegurar su funcionamiento y operatividad.
i) La aprobación del anteproyecto de presupuesto de la Agencia, que se integrará en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
j) La aprobación de las cuentas anuales y de la memoria anual de las actividades de la Agencia, que serán presentadas al titular de la Consejería de adscripción.
k) La aprobación de acuerdos sobre la administración del patrimonio de la Agencia.
l) La adopción de decisiones que puedan corresponder a la Agencia en relación con las sociedades anónimas en las que tuviera participación.
m) La propuesta, cuando así corresponda, del nombramiento y sustitución de los miembros de los consejos de administración de las empresas públicas que pudieran ser creadas o participadas por la Agencia.
6. El régimen de acuerdos del Consejo de Administración será el previsto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Siete. El Presidente del Consejo de Administración.–El Presidente del Consejo de Administración será el titular de la Consejería competente en materia de emigración y velará por la consecución efectiva de los objetivos y fines asignados. Además, le corresponden las siguientes funciones:
a) La representación institucional superior de la Agencia.
b) El control directo de la actuación del Director.
c) La suscripción, en nombre de la Agencia, de convenios, conciertos y demás instrumentos de colaboración, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos de la Comunidad de Madrid, así como de los contratos de la Agencia, en cuanto órgano de contratación de ésta.
d) La decisión sobre la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración y el establecimiento del orden del día de aquéllas, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones y sugerencias de los demás miembros formuladas con la antelación suficiente.
e) La presidencia de las sesiones, la dirección y moderación del desarrollo de los debates y su suspensión cuando concurran causas justificadas.
f) La facultad de dirimir con su voto los empates que se produzcan en las votaciones, a efectos de la adopción de acuerdos.
g) El visado de las actas y certificaciones de los acuerdos del Consejo de Administración.
h) El desempeño del resto de competencias que pueda atribuirle el ordenamiento jurídico.
i) Cualesquiera otras funciones del Consejo de Administración que, por acuerdo de éste, pudieran serle delegadas.
Ocho. El Director.
1. El Director de la Agencia Madrileña para la Emigración será nombrado y cesado mediante decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del Presidente del Consejo de Administración.
2. Corresponden al Director las funciones siguientes:
a) Asegurar la ejecución de los acuerdos del Consejo de Administración, velando por su cumplimiento.
b) La elaboración y propuesta al Consejo de Administración, con carácter bienal, del proyecto del Plan de Ayuda a la Emigración.
c) La elaboración y propuesta al Consejo de Administración del programa de actuación anual.
d) La ejecución del Plan de Ayuda a la Emigración y del programa de actuación anual, siguiendo las instrucciones que, en su caso, hayan sido formuladas por el Consejo de Administración o su Presidente.
e) La ejecución de las acciones específicamente encomendadas a la Agencia, siguiendo las instrucciones que, en su caso, hayan sido formuladas por el Consejo de Administración o su Presidente.
g) La elaboración de informes sobre las iniciativas propuestas por las distintas consejerías que puedan afectar a la ayuda, protección y apoyo de los madrileños en el exterior.
h) La representación de la Agencia en el Consejo de Madrileños en el Exterior.
i) La llevanza del Registro de Asociaciones y Centros de Madrileños en el Exterior.
j) La elaboración y propuesta al Consejo de Administración del anteproyecto de presupuesto de la Agencia, la ejecución presupuestaria y la rendición de cuentas al Consejo de Administración de su cumplimiento.
k) La autorización de los gastos y la ordenación de los pagos.
l) La jefatura superior de personal.
m) La propuesta a la Consejería de Hacienda, para su aprobación, de la relación de puestos de trabajo y sus correspondientes plantillas presupuestarias, así como sus modificaciones.
n) El control directo de la actuación de los órganos de dirección, en su caso, sin perjuicio de las funciones de supervisión del Consejo de Administración.
ñ) El ejercicio de las funciones que le hayan sido delegadas y de cualesquiera otras que, siendo de competencia de la Agencia, no estén específicamente atribuidas a otro órgano.
Nueve. Delegaciones.–Las funciones de los distintos órganos de gobierno y dirección, podrán ser ejercidas por suplencia o ser objeto de delegación, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para la mayor agilidad y eficiencia en su ejercicio y en la operatividad de la Agencia.
Diez. Hacienda.–La Hacienda de la Agencia está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad le corresponde, y se regirá por la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Once. Patrimonio.
1. El Patrimonio de la Agencia está constituido por el conjunto de sus bienes y derechos, cualesquiera que sean su naturaleza y el título de su adquisición o aquél en virtud del cual le hayan sido atribuidos.
2. El régimen jurídico del Patrimonio de la Agencia se regirá por la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, y por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
3. Corresponde a la Agencia, en todo caso, la titularidad patrimonial sobre todo bien material o lógico afecto o necesario para la prestación de los servicios que tiene encomendados en su ámbito de actuación.
Doce. Presupuesto.
1. La Agencia Madrileña para la Emigración someterá su régimen presupuestario a lo establecido en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
2. La Agencia elaborará y aprobará con carácter anual el correspondiente anteproyecto de presupuesto, con la estructura que determine la Consejería competente en materia presupuestaria y lo remitirá a ésta para su elevación al Consejo de Gobierno y posterior remisión a la Asamblea.
3. El presupuesto de la Agencia tendrá carácter limitativo por su importe global. Las variaciones en la cuantía global serán aprobadas por la Asamblea, el Consejo de Gobierno o el titular de la Consejería competente en materia de hacienda, según lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Las variaciones en los créditos que no alteren la cuantía global del presupuesto serán acordadas por el Director.
1. La Agencia queda sometida al régimen de contabilidad pública en los términos señalados en el Título VI de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
2. La Agencia estará sometida a control financiero, en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, excepto en la gestión de la actividad subvencional, que se sujetará al ejercicio de la función interventora según lo determinado en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
Catorce. Régimen jurídico de personal.
1. El personal de la Agencia Madrileña para la Emigración estará integrado por personal funcionario y laboral, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
2. El personal funcionario se regirá por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y restante legislación básica estatal y la normativa sobre función pública de la Comunidad de Madrid.
3. El personal laboral de la Agencia se regirá por la normativa legal y convencional que le sea aplicable.
4. La Agencia tendrá autonomía de gestión de su personal para el más ágil y eficaz cumplimiento de sus fines y objetivos, dentro del marco legislativo y presupuestario aplicable.
1. Se crea, dependiente de la Consejería competente en materia de sanidad, la Unidad Central de Radiodiagnóstico, como empresa pública con forma de entidad de Derecho público, de las previstas en el artículo 2.2.c).2) de la Ley 1/1984, de 19 de enero, Reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid.
2. La Unidad Central de Radiodiagnóstico ostenta personalidad jurídica propia y cuenta con patrimonio propio y plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines.
1. La Unidad Central de Radiodiagnóstico tendrá como objeto la gestión y explotación de los servicios de diagnóstico y tratamiento que conlleven la aplicación de alta tecnología sanitaria, de las empresas públicas: Hospital del Norte, Hospital de Vallecas, Hospital del Sur, Hospital del Henares, Hospital del Sureste y Hospital del Tajo.
2. Asimismo, la Consejería competente en materia de sanidad, le podrá asignar la gestión de tales servicios en otros hospitales o centros, con la extensión y ámbito que se determine, así como aquellas otras funciones específicas que, relacionadas con su objeto, le sean encomendadas.
1. Mediante decreto del Gobierno se aprobarán los estatutos de la Unidad Central de Radiodiagnóstico.
2. La constitución efectiva de dicha empresa pública tendrá lugar en el momento de la entrada en vigor de sus estatutos.
1. La Unidad Central de Radiodiagnóstico se regirá por la presente ley, por sus estatutos y por las restantes normas que le sean de aplicación.
2. El régimen presupuestario, económico financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero de la Unidad Central de Radiodiagnóstico será el establecido en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y en las demás disposiciones que le sean de aplicación.
3. En el ejercicio de potestades administrativas, se someterá a las normas de Derecho administrativo.
4. La contratación de la Unidad Central de Radiodiagnóstico se regirá, en lo que le resulte aplicable, por la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
5. Los contratos, convenios y demás negocios jurídicos que celebre la Unidad Central de Radiodiagnóstico sobre bienes y derechos patrimoniales se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y por la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, y en lo no dispuesto en las mismas, por la legislación de contratos de las Administraciones públicas. Sus efectos y extinción se regirán por las normas de Derecho privado.
1. El personal estatutario que desempeñe sus funciones en la Unidad Central de Radiodiagnóstico tendrá la condición de personal estatutario en servicio activo, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, gozando de los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal estatutario de la Red Pública Asistencial.
2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, la Unidad Central de Radiodiagnóstico, de acuerdo con sus necesidades y objetivos, podrá contar con otros empleados públicos contratados en régimen laboral, en la forma y con las condiciones que se determinen en sus estatutos y en la normativa de desarrollo de esta ley.
3. No obstante lo anterior, el personal estatutario y funcionario de la Unidad Central de Radiodiagnóstico podrá optar voluntariamente a su integración directa como personal laboral.
1. La Unidad Central de Radiodiagnóstico quedará sujeta al régimen de contabilidad pública establecido en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y en las demás disposiciones aplicables.
2. La referida empresa pública quedará sujeta al control financiero de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y normas de desarrollo, excepto en la gestión de la actividad subvencional, que se sujetará al ejercicio de la función interventora, según lo determinado en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
3. La Unidad Central de Radiodiagnóstico estará sometida al control de eficacia ejercido por la Consejería competente en materia de sanidad.
Siete. Extinción y disolución.–La extinción y disolución de la Unidad Central de Radiodiagnóstico deberá ser acordada por ley de la Asamblea, de conformidad con lo previsto en el artículo 69 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, Reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid. Las condiciones de dicha extinción y disolución se determinarán reglamentariamente, garantizando, en su caso, la continuidad y la correcta prestación de los servicios que se vean afectados.
«2. El Gobierno, mediante decreto, a propuesta de la Consejería de Sanidad y previo informe vinculante de la Consejería de Hacienda, podrá establecer los trámites a seguir para dotar de personalidad jurídica y de autonomía económico-financiera a los restantes hospitales integrados en la Red Sanitaria Única de Utilización Pública de la Comunidad de Madrid, así como a cualesquiera centros, órganos o unidades del ámbito sanitario existentes, con la finalidad de mejorar su gestión y bajo la supervisión, control y coordinación de los órganos competentes de la Consejería de Sanidad.»
Uno. Se adiciona un último inciso al apartado 5 a) de la disposición adicional primera de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, con el siguiente tenor literal:
«..., así como las que le corresponda en su ámbito general respecto a las comunicaciones de voz y datos, puestos de trabajo ofimáticos y las acciones de todo tipo necesarias para el funcionamiento ordinario de los mismos.»
Dos. Se adiciona un segundo párrafo al apartado 5 b) de la disposición adicional primera de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, con el siguiente tenor literal:
«Están comprendidos en esta categoría, en particular, los sistemas de información para las transacciones económico-financieras, para la gestión de personal, para la contratación de bienes y servicios, los sistemas de información geo-referenciados, los sitios web y los portales de internet e intranet.»
Tres. Se suprime la expresión «vinculante» del apartado 5 c) de la disposición adicional primera de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, que queda redactado en los siguientes términos:
«c) La emisión de informe sobre los contenidos de los pliegos de condiciones y demás documentos de contratación de los del apartado 4 de esta disposición adicional, en aquellos aspectos relacionados con su ámbito de actuación ordinario, la correspondiente coordinación institucional y la compatibilidad informática.»
1. Con carácter bienal, el Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de emigración, aprobará el Plan de Ayuda a los Emigrantes, que concretará las acciones en materia de emigración de la Comunidad de Madrid.
2. Entre los objetivos del Plan de Ayuda a los Emigrantes se encontrarán, cuando sea necesario, los que deben ser considerados de especial atención conforme al artículo 3 de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, y por sus normas de desarrollo.
El plazo de permanencia de cinco años, establecido en el artículo 3, apartado Uno, número 3, párrafo primero, resultará aplicable también a los bienes o derechos adquiridos por transmisión «mortis causa» antes de la entrada en vigor de esta ley.
1. Para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 de esta ley, a partir del 1 de enero de 2008, por los cartones del juego del bingo sobre los que se haya ingresado la tasa al tipo del 20 % y todavía no se haya efectuado su venta al jugador, deberá autoliquidarse por los sujetos pasivos de la Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite y azar, el 2% restante mediante el modelo 043, dentro de los veinte primeros días del mes de enero de 2008.
2. Se podrán suministrar y comercializar, hasta el agotamiento de existencias, los cartones para el juego del bingo y los pliegos de cartones para el juego del bingo simultáneo, fabricados con el texto del reverso conteniendo la tributación vigente hasta la entrada en vigor de esta ley. En las salas de bingo, antes de proceder a la venta de estos cartones, se pondrá de manifiesto esta circunstancia.
1. Establecimientos de categoría A. Los porcentajes del 9 por 100 y 55 por 100 pasan a ser del 8 por 100 y 54 por 100, respectivamente.
2. Establecimientos de categoría B. Los porcentajes del 9 por 100 y 54 por 100 pasan a ser del 8 por 100 y 53 por 100, respectivamente.
Dos. La retribución de los premios del juego del bingo simultáneo a que se refiere el artículo 39.2 de la norma citada en el apartado anterior queda fijada en el 60 por 100 del valor facial de la totalidad de los cartones vendidos para la partida en el conjunto de las salas participantes con independencia de los premios que se otorguen en cada partida.
SE DEROGA el art. 13, por Ley 6/2011, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-2980).
SE MODIFICA el art. 13.Ocho.2 y la disposición adicional 2, por Ley 9/2010, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2011-8629).
SE DEROGA la disposición transitoria 2, por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre (Ref. BOCM-m-2010-90068).
SE MODIFICA el art. 10.3, por Ley 10/2009, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2010-4183).
SE DEROGA los arts. 1 a 5 y SE MODIFICA el art. 11, por Ley 3/2008, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-4514).
DEROGA Ley 12/1994, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-1995-7159).
DEJA SIN EFECTO los arts. 302 y 303 y MODIFICA determinados preceptos de la Ley de Tasas y Precios Públicos, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre (Ref. BOE-A-2003-5183).
Disposición final 1.2 de la Ley 4/2006, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-9769).
Disposición adicional 1.5 de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2006-3668).
arts. 26, 29.2, 57, 67.1 y 91.3 de la Ley 9/2001, de 17 de julio (Ref. BOE-A-2001-18984).
art. 86.1 de la Ley 16/1995, de 4 de mayo (Ref. BOE-A-1995-19108).
arts. 10.1 y 11 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo (Ref. BOE-A-1995-11843).
art. 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre (Ref. BOE-A-1991-413).
En su ámbito los arts. 38 y 40 del Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre (Ref. BOE-A-1966-20178).

References: artículo 55
 artículo 39
 artículo 28
 artículo 39
 artículo 30
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 40
 artículo 21
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 42
 artículo 3
 artículo 32
 artículo 56
 artículo 35
 artículo 79
 artículo 85
 artículo 139
 artículo 272
 artículo 292
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 7
 artículo 12
 artículo 10
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 91
 artículo 57

Artículo 11
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 17
 artículo 2
 artículo 63
 artículo 69
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 39