Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2016/as2016201396.html
Timestamp: 2019-03-19 10:17:13+00:00

Document:
as2016201396
Auto Supremo: 1396/2016
Sucre: 05 de diciembre 2016 Expediente: O-1-16-S
Partes: Mariel Gelma Ramallo Contreras c/ Engelbert Burgos Tejerina y Doris Colque Achá de Ramírez.
Proceso: Ordinario, comprobación de bien ganancial, nulidad de contrato de transferencia, cancelación de registro en Derechos Reales, cancelación de gravámenes, pago de daños y perjuicios y otros.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 473 a 478 interpuesto por Doris Colque Achá de Ramírez y el “recurso de casación o nulidad” de fs. 482 a 485 interpuesto por Mariel Gelma Ramallo Contreras, ambos contra el Auto de Vista Nº 215/2015 de 6 de noviembre de 2015 de fs. 453 a 469 pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso ordinario de comprobación de bien ganancial, nulidad de contrato de transferencia, cancelación de registro en Derechos Reales, cancelación de gravámenes, pago de daños y perjuicios y declaratoria de vigencia de partida en registro de DD.RR., seguido por Mariel Gelma Ramallo Contreras contra Engelbert Burgos Tejerina y Doris Colque Achá de Ramírez, con reconvencional de esta última por daños y perjuicios; la respuesta de fs. 484 vta., a 485 y 490 a 491 vta., el Auto de concesión de fs. 492 y demás antecedentes.
I.1.- Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Cuarto de Familia de la ciudad de Oruro, mediante Sentencia Nº 117/2009 de 09 de octubre de 2009 de fs. 323 a 326 y vta., declaró PROBADA en parte la demanda de fs. 21-22 vta., solo en cuanto a la comprobación de bien ganancial, nulidad de Escrituras Nº 155/2007 y Nº 52/2007 inscritas en Derechos Reales el 6 de marzo y 14 de julio de 2007 respectivamente y en cuanto a mantener vigente e incólume la Matrícula Nº 4.01.1.01.0010034; no así en cuanto a la cancelación de los gravámenes que pesan en la referida matrícula; IMPROBADAS tanto la demanda reconvencional de fs. 83-84, subsanada a fs. 86 por daños y perjuicios, así como las excepciones de falta de acción y derecho en la reconvencionista y opuestas por la demandante a fs. 124-125. Sin costas.
Como consecuencia, declaró la nulidad de las referidas escrituras públicas dejando sin efecto las mismas disponiendo la cancelación en DD.RR. de los Asientos respectivos.
I.2.- Apelada que fue la indicada Sentencia por los demandados Doris Colque Achá de Ramírez y Engelbert Burgos Tejerina de manera separada conforme se evidencia de los memoriales de fs. 329 a 332 y 335 a 336; la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en cumplimiento al Auto Supremo anulatorio Nº 517/2015-L de 6 de julio, emitió el Auto de Vista Nº 215/2015 de 6 de noviembre de fs. 453 a 469, CONFIRMANDO y REVOCANDO en parte la Sentencia; CONFIRMA en lo atinente a la declaratoria de nulidad del documento o minuta de fecha 2 de junio de 2007 contenido en la Escritura Pública 52/2007 de 23 de junio; CONFIRMA en cuanto a la declaratoria de improbada de la demanda reconvencional, así como las excepciones de falta de acción y derecho opuesta por la demandante; declarando no haber lugar a la declaratoria de nulidad del documento de transferencia reflejado en la E.P. Nº 155/2007 suscrito entre Gery Percy Vargas Sarmiento y Engelbert Bustos Tejerina, salvando los derechos de la parte actora a registrar conforme a derecho el documento privado sobre transferencia de fs. 264 a 269 y vta.
Aclara que la nulidad declarada de la E.P. 52/2007 afecta directamente a la minuta de fecha 2 de junio de 2007 contenida en dicho instrumento público, disponiendo la notificación al Notario de Fe Pública y DD.RR. para que se proceda a cancelar el Asiento A-3 de la Matrícula 4.01.1.01.0010034, debiendo quedar como vigente el Asiento A-2 y su titular Engelbert Bustos Tejerina, disponiendo la cancelación de los Asientos en la columna de gravámenes de la matrícula referida, Asiento B-1 y B-2. Finalmente declaró IMPROBADA los daños y perjuicios pretendido por la parte actora principal, siendo en lo esencial los fundamentos del Ad-quem conforme se resume a continuación:
Con relación al recurso de apelación de la demandada Doris Colque Achá, realiza una exposición doctrinaria sobre el consentimiento y la autonomía de la voluntad, la ineficacia, nulidad, invalidez y/o anulabilidad del acto o negocio jurídico; seguidamente se refiere a la falta de concurrencia de uno de los cónyuges en la disposición de los bienes gananciales indicando que este aspecto no implica la nulidad del contrato sino más bien amerita demandar la anulabilidad para que se declare su ineficacia respecto al cónyuge que no intervino en el contrato, porque el acto jurídico nacido válidamente, adolece de un elemento intrínseco de singular importancia, cual es la ausencia de legitimación del cónyuge transferente.
Respecto a la transferencia del inmueble realizado por Gery Percy Vargas Sarmiento (esposo de la actora) a favor de Engelbert Burgos Tejerina cuyo contrato se encuentra inserto en la E.P. 155/2007 registrado bajo el Asiento A-2, indica que este contrato es válido ya que concurrieron todos los presupuestos o requisitos de formación exigidos en un contrato, esto es (actitud subjetiva trasuntada en la capacidad de obrar, voluntad no viciada o libre consentimiento, objeto idóneo y causa lícita); sin embargo concurre en el vendedor (esposo) falta de legitimidad o falta de consentimiento de su cónyuge, aspecto que lo constituye en un acto ineficaz e inoponible respecto al otro cónyuge que viene a ser la demandante, por lo mismo dicha transferencia podía haber sido atacada vía acción de anulabilidad que prevé el art. 554 del Código Civil. Sin embargo el comprador mediante documento de 24 de mayo de 2007 transfirió nuevamente su derecho propietario a su anterior vendedor; ante esa situación, aun en el hipotético caso no consentido, así se declarase su nulidad, son los mismos contratantes que truncaron sus efectos jurídicos de transmisión, ya que el objeto de la venta volvió al patrimonio del vendedor.
Con relación a la transferencia a favor de la co-demandada Doris Colque Achá contenida en el Testimonio Nº 52/2007 reflejada en el Asiento A-3, indica que de acuerdo al principio de verdad material, carece de objeto debido a que el vendedor y poderdante Engelbert Burgos Tejerina al haber procedido a trasferir el inmueble a favor de su anterior vendedor, ya no contaba con el derecho propietario para realizar posteriormente una nueva transferencia a través de apoderado a favor de la indicada co-demandada, correspondiendo declarar su nulidad de dicha transferencia, no siendo evidente lo afirmado por la demandada recurrente cuando refiere que adquirió la propiedad del de cujus Gery Percy Vargas Sarmiento.
Respecto a la apelación de Engelbert Burgos Tejerina (fs. 335 a 336) refiere que dicho recurso fue planteado fuera de plazo legal y consiguientemente no se apertura la competencia del Tribunal para realizar su consideración. En cuanto a la apelación de la demandante Mariel Gelma Ramallo Contreras, indica que la parte actora no logró demostrar los daños y perjuicios demandados.
En contra del indicado Auto de Vista, la demandada Doris Colque Achá de Ramírez interpuso recurso de casación y la demandante Mariel Gelma Ramallo Contreras, recurso de casación o nulidad.
II. DEL CONTENIDO DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA:
II.1.- Recurso de Doris Colque Achá de Ramírez (fs. 473 a 478).
Acusa al Auto de Vista de ser contradictorio en sus propios fundamentos ya que en el inc. e) (fs. 461 vta.), el Tribunal habría indicado que el inmueble objeto de litigio es un bien ganancial (por tanto partible por igual entre los esposos), sin embargo de manera ilógica habría dispuesto en la parte resolutiva no haber lugar a la declaratoria de nulidad del documento de transferencia contenido en la E.P. Nº 155/2007 no obstante que la actora principal demandó la comprobación de bien ganancial y consiguiente nulidad de dicha transferencia al no haber participado como esposa, aspecto que afectaría el fondo del Auto recurrido ya que la venta indicada continua latente pese a que el documento privado de fs. 264 a 269 vta., no surtió sus efectos, cuya infracción afectaría el debido proceso, acusando al mismo tiempo que no existe fundamentación ni congruencia en el Auto de Vista ya que el Tribunal no se habría pronunciado de manera expresa, clara y concreta incurriendo en parcialización.
Refiere error de hecho ya que se habría omitido el Informe de DD.RR. de fs. 18 y vta., donde se advierte la concurrencia de comprador y vendedor con relación a la E.P. 155/2007 cuyo instrumento público no cursa en obrados, aspecto que impediría observar en qué sentido se habría llegado a convenir la venta.
Acusa falta de apreciación de las pruebas lo que implicaría error de hecho, haciendo referencia a las documentales de fs. 30 a 34, 274 a 275 y 281 y vta., este último daría cuenta que su vendedor habría comprado el inmueble con dineros propios declarando ser un bien parafernal, consiguientemente el Tribunal incurrido en error de hecho, ya que dichas pruebas así como las testificales confirmarían que su persona adquirió de buena fe el inmueble, habiendo sido burlado por su vendedor que actuó de mala fe al haber transferido a otra persona.
Concluye manifestando que su persona adquirió de buena fe el inmueble, habiendo sido víctima de su vendedor en su condición de abogado; que si bien la demandante comprobó que el inmueble objeto de litis es un bien ganancial, siendo por esa situación partible al 50% para ambos esposo, sin embargo el Tribunal no habría dispuesto la devolución del dinero cancelado por la compra, el cual debe ser devuelto por los herederos del finado esposo de la actora.
En base a esos argumentos en su petitorio solicita que se case el Auto de Vista impugnado.
II.2.- Recurso de Mariel Gelma Ramallo Contreras (fs. 482 a 485).
Indica que en el Auto de Vista de manera expresa se habría afirmado que el codemandado Engelbert Burgos Tejerina ha plateado recurso de apelación fuera de plazo y como tal la Sentencia para él se encuentra ejecutoriada y pese a esa situación en la parte dispositiva concluye no haber lugar a la declaratoria de nulidad del documento de transferencia suscrito entre su esposo Gery Percy Vargas Sarmiento y Engelbert Burgos Tejerina.
Refiere que en el caso se habría invocado erróneamente el art. 549 del CC., porque los hechos fácticos se adecuarían a los alcances del art. 454 inc. 1) respecto a la falta de consentimiento para la formación del contrato y que se estaría ante un caso de anulabilidad, sin embargo contradictoriamente se dispone la anulación de la trasferencia a favor de la co-demandada Doris Colque Achá.
Reiterando los hechos expuestos en su demanda, refiere que la acción planteada corresponde su tramitación dentro del ámbito familiar; haciendo referencia a los arts. 101, 102, 116 y arts. 1 y 5 del Código de Familia, manifiesta que la transferencia se efectuó en pleno proceso de divorcio a espaldas del otro cónyuge desconociendo normas especiales de orden público de preferente aplicación, solo con el fin de burlar derechos gananciales fraguando ventas ficticias ilícitas a todas luces de manera dolosa, es por ello que la acción también encuentra sustento en el art. 549 inc. 1) y 3) del CC., ya que dichas transferencias no pueden confirmarse y desde ningún punto de vista legal se puede señalar que correspondía demandar la anulabilidad.
Reitera que al haberse afirmado de manera expresa en el Auto de Vista que el recurso de apelación del co-demandando Engelbert Burgos Tejerina es extemporáneo, es un contrasentido considerar de oficio dicho recurso ya que la Sentencia para la indicada persona se encontraba ejecutoriada, aspecto que constituiría causa de nulidad.
Señala también que el indicado co-demandado en el otrosí 2º de su memorial de contestación a la demanda, de manera espontánea habría confesado los hechos demandados; acusa la violación del art. 5 de la Ley Organización Judicial indicando que se antepuso disposiciones civiles frente a disposiciones familiares.
Continúa acusando la violación de los arts. 1, 5, 101, 102, 116, 336 y 380 del Código de Familia, ya que las dos primeras normas sancionarían su incumplimiento con nulidad y no con anulabilidad como se habría establecido en el Auto de Vista respecto al co-demandado Engelbert Burgos Tejerina.
Refiere interpretación errónea del art. 554 num. 1) del Código Civil ya que no concurrían los requisitos de anulabilidad por existir dolo y malicia y como tal ilicitud en las transferencias ficticias y por disposición de la ley familiar serian nulas de pleno derecho, ajustándose los hechos secundariamente a lo establecido en el art. 549 del Código Civil.
Bajo esos argumentos concluye indicando que correspondería casar el Auto de Vista con relación a lo asumido a la ilegal transferencia del bien inmueble a favor de Engelbert Burgos Tejerina o considerando la abierta contradicción respecto al planteamiento extemporáneo de su recurso de apelación de la indicada persona, anular obrados hasta el vicio correspondiente.
II.3.- En el otrosí del memorial de recurso de casación, Mariel Gelma Ramallo Contreras contesta al recurso de casación de la co-demandada Doris Colque Achá indicando que no tiene argumento valedero y tergiversa los hechos, solicitando su rechazo por considerar que no cumple con los requisitos del art. 258 inc. 2) del CPC. invocando se declare improcedente dicho recurso.
Por su parte la co-demandada Doris Colque Achá mediante memorial de fs. 490 a 491 vta., contesta al recurso de casación de la actora principal, manifestando ser los argumentos contradictorios donde solicita se case el Auto de Vista y al mismo tiempo pide que se anule obrados; indica que fue la actora quien argumentó en su demanda en base a normas civiles; manifiesta que su persona actuó de buena fe en la adquisición del inmueble y fue engañada por su vendedor pidiendo se considere este aspecto; indica también que al ser el inmueble un bien ganancial es partible al 50% para cada una de los esposos, correspondiendo a la demandante restituir el dinero que recibió como pago su esposo.
III.1.- Respecto a las nulidades procesales:
Este Tribunal Supremo de Justicia en atención a los principios constitucionales que rige la administración de justicia y los principios específicos propios de las nulidades procesales, ha modulado la jurisprudencia trazada por la Ex Corte Suprema de Justicia, superando aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento de las formalidades o el acaecimiento de un vicio procesal en resguardo simplemente de las formas previstas por la ley procesal; lo que en definitiva debe analizarse a tiempo disponer la nulidad es, si realmente se transgredieron las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes en litigio recayendo en una injusticia, cuya situación no pueda ser remediada de algún otro modo; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en conflicto hagan valer sus derechos dentro del marco del debido proceso y en un plano de igualdad de condiciones ante un juez natural y competente; esta posición de ningún modo implica desconocer los principios que rigen las nulidades procesales, tales como el de especificidad o legalidad, trascendencia, convalidación entre otros, más por el contrario deben ser acatados y cumplidos dichos principios; dentro de esa corriente se configura precisamente el espíritu de los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y los arts. 105 y 106 de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil; en ese sentido se tiene emitidos varios Autos Supremos por parte de este Tribunal, entre los cuales se citan a los A.S. Nº 223/2013 de 6 de mayo; 336/2013 de 5 de julio; 78/2014 de 17 de marzo; 514/2014 de 8 de septiembre, entre otros.
III.2.- Con relación a la nulidad y anulabilidad del contrato:
Carlos Miguel Ibáñez en su Obra “Derecho de los Contratos”, Primera Edición 2010 Buenos Aires se refiere a la ineficacia contractual en sentido amplio, donde se hallan comprendido diversos supuestos de invalidez de naturaleza heterogénea, entre estos, la nulidad, anulabilidad, resolución, recisión, revocación, inexistencia, inoponibilidad y la propia ineficacia en sentido estricto, cuya característica común de todos estos supuestos, está dada por la circunstancia de que el contrato no produce efectos.
Con respecto a la nulidad indica: “La nulidad o invalidez es una sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico, en virtud de una falla en su estructura simultánea con su formación”; distingue al mismo tiempo diversas clases de nulidades señalando como características comunes, que la nulidad es una sanción impuesta por la ley que no se origina en la voluntad de las partes, ni puede ser creación de los jueces; la causa de la nulidad es originaria que existe en el momento de la celebración del acto y no es sobreviniente a aquel; implica la existencia de un vicio en la estructura del acto jurídico o contrato concomitante a su celebración; la nulidad provoca el aniquilamiento de los efectos propios o específicos del acto jurídico que las partes quisieran constituir.
Sobre el tema en cuestión, este Tribunal en el Auto Supremo Nº 514/2014 de 8 de septiembre dejó establecido lo siguiente:
“La doctrina ha vinculado la ineficacia estructural a los casos de nulidad, teniendo como premisa siempre la fase de formación del contrato, es decir el vicio debe encontrarse coetáneo a la celebración del contrato. Al respecto, Compagnucci de Caso (El Negocio Jurídico, 1992 pág. 508) señala que, es nulo un negocio que tiene un defecto genético e intrínseco que lo hace ineficaz. Como lo destacamos en el título se trata de ineficacia de mayor grado que se encuentra en la estructura del negocio, y de allí su carácter de intrínseca, y cuya causa se ubica en la génesis del acto. Respecto al consentimiento y los vicios que afectan a éste en la formación del contrato, el art. 473 del Código Civil indica: No es válido el consentimiento prestado por error, o con violencia o dolo, situación normativa que se correlaciona la sanción impuesta a esta forma de obtener el consentimiento sancionada con anulación del contrato conforme precisa el art. 554 de la misma norma sustantiva”.
III.3.- Con relación a la falta de participación o consentimiento de uno de los cónyuges en la disposición de bienes gananciales:
De igual modo, en el Auto Supremo Nº 196/2012 de 28 de junio, realizando una interpretación sistemática de las normas del Código de Familia con relación al Código Civil, se asumió el siguiente criterio:
“Sin embargo, cabe aclarar con relación al punto 5 en la que se hace análisis del art. 116 del Código de Familia al referir que ésta al contener la expresión anularse y que al ser genérico este texto pudiera entenderse que no se refiere solo y estrictamente al proceso de anulabilidad -dando a entender que pudiera también demandarse la nulidad-, este razonamiento no es correcto ni tiene sustento legal con relación al tema específico en cuestión cual es la acción que pudiera intentarse en sujeción a la norma abordada, es decir, art. 116 del Código de Familia, siendo claro que la misma prevé que "Para enajenar, hipotecar, gravar o empeñar los bienes comunes es indispensable el consentimiento..." y evidentemente, a efectos de conseguir la protección de sus derecho sobre la comunidad de gananciales puede interponer cualquier proceso que la ley ponga a su disposición a fin de defender sus derechos, pero en sujeción a lo establecido por el art. 554 del Código Civil ante la taxatividad de la norma especial que rige el orden familiar, al ser norma de orden público y de cumplimiento obligatorio al tenor de lo establecido por el art. 5 del mismo Código de Familia.
En otros términos, cuando el referido art. 116 del Código de familia, hace referencia a que los actos de disposición o de imposición de derechos reales, de uno de los cónyuges, respecto de los bienes comunes sin que hubiese mediado consentimiento del otro cónyuge, pueden anularse a demanda de éste, hace mención en forma genérica a la invalidez de ese acto de disposición patrimonial, la cual debe hacerse valer a través de la acción que corresponda y ésta de conformidad al art 554 num. 1) del Código Civil, no es otra que la acción de anulabilidad, toda vez que el presupuesto que habilita a la invalidez demandada es precisamente la falta de consentimiento del cónyuge afectado, falta de consentimiento que constituye causal de anulabilidad y no de nulidad conforme dispone el citado art. 554 num. 1) del Código Civil; en consecuencia, el razonamiento del Tribunal de Alzada en sentido de que pudiere interponerse cualquier acción a efectos de defender su derecho no estando limitado el proceso a la acción de anulabilidad, resulta imprecisa e incorrecta, por los razonamientos antes expuestos”.
IV.1.- Recurso de Doris Colque Achá de Ramírez (fs. 473 a 478)
Indica que el Auto de Vista fuera contradictorio en sus fundamentos donde el Tribunal habría afirmado que el inmueble objeto de litigio es un bien ganancial, sin embargo en la parte resolutiva dispuso no haber lugar a la declaratoria de nulidad del documento de transferencia contenido en la Escritura Pública Nº 155/2007; aparejado a dicho reclamo se encuentra la denuncia de inexistencia de fundamentación y congruencia y que la Resolución impugnada carecería de pronunciamiento expreso, claro y concreto; al respecto la recurrente debe tener presente que interpuso únicamente recurso de casación en el fondo cuyo petitorio es por la casación del Auto de Vista, empero los argumentos descritos se encuentran dirigidos a atacar la forma de la resolución, aspecto que debió haber sido planteado a través del recurso de casación en la forma y no en el fondo; así lo estableció la Sala Civil de este Máximo Tribunal en innumerables Autos Supremo; ante el errado planteamiento del reclamo, hace inviable su consideración.
Refiere también error de hecho por haber omitido el Informe de Derechos Reales de fs. 18 donde se advertiría la concurrencia de comprador y vendedor con relación a la Escritura Pública Nº 155/2007, afirmando que la misma no cursa en obrados, aspecto que impediría observar en qué sentido se habría llegado a convenir la venta; la omisión extrañada que refiere la recurrente no es evidente, toda vez que el Ad-quem en el Segundo Considerando del Auto de Vista, incisos G) y H) (fs. 464) se refiere de manera expresa a la literal de fs. 18 y vta., otorgándole la fe probatoria reconocido por el art. 1296 del Código Civil, habiendo sido dicha prueba valorada como corresponde en derecho y en el supuesto caso de existir error en la asignación del valor probatorio, lo que correspondía era denunciar error de derecho y no de hecho; al margen de lo señalado, cuando la recurrente hace referencia a la E.P. 155/2007, desvía su reclamo a favor del co-demandado Engelbert Burgos Tejerina reclamando derechos por esta persona sin tener legitimidad para ello, ya que dicho documento corresponde al testimonio de compra-venta de la indicada persona, dejando de lado el suyo propio contenido en la E.P. Nº 52/2007.
Continúa denunciando error de hecho por falta de apreciación de las pruebas, haciendo referencia a las documentales de fs. 30 a 34 vta., 274 a 275, 281 y vta., las cuales darían cuenta que su vendedor habría comprado el inmueble con dineros propios declarando ser un bien parafernal y que su persona adquirió de buena fe el inmueble; con relación a las documentales extrañadas se debe indicar que la de fs. 30 a 34 vta., se trata del testimonio de la Escritura Pública Nº 52/2007 de transferencia de inmueble a favor de la recurrente registrado en Derechos Reales en fecha 14 de julio de 2007 bajo la Matrícula 4011010010034, Asiento A-3, siendo precisamente este uno de los documentos objeto de demanda de nulidad en el presente proceso; con relación a la documental aludida el Ad-quem al momento de resolver el recurso de apelación deducido por la hoy recurrente contra la Sentencia, realiza una amplia consideración cuyos fundamentos se encuentran en el Segundo Considerando del Auto de Vista incisos G) y K) (fs. 464, 466 a 467), donde llega a la conclusión de que el contrato de transferencia contenida en el referido instrumento público carece de objeto lo que hace viable su nulidad, ya que el vendedor Engelbert Burgos Tejerina quien actuó mediante apoderados, al momento de otorgar el Poder Nº 679/2007 de 25 de mayo a favor de Gery Percy Vargas Sarmiento, ya no contaba con el derecho propietario sobre el inmueble que fue objeto de negocio jurídico a través de dicho documento por haber transferido en calidad de venta a su propio apoderado mediante minuta de fecha 24 de mayo de 2007 (fs. 265 y vta.), es decir un día antes a la otorgación del referido poder; consiguientemente, no es evidente lo aseverado por la recurrente de que no se habría valorado la indicada prueba consistente en la E.P. Nº 52/2007 que cursa de fs. 30 a 34 y vta., y menos se advierte error de hecho en su valoración.
Es preciso dejar establecido que el indicado apoderado, en la misma fecha de la otorgación del Poder de referencia y en uso de esa facultad procedió a realizar la transferencia del inmueble a favor de la hoy recurrente Doris Colque Achá mediante documento privado reconocido de 25 de mayo de 2007 que cursa de fs. 281 a 282 sin la protocolización y menos cuenta con el registro en Derechos Reales, empero este contrato no fue objeto de demanda de nulidad en el presente proceso y el hecho de que el apoderado haya afirmado en dicho documento a título personal de que el bien que transfiere es propio de su persona no sujeto a división, no desvirtúa la presunción de ganancialidad que establecía el art. 113 del Código de Familia vigente al momento de dicha transferencia, toda vez que el inmueble motivo de conflicto fue adquirido dentro del matrimonio de los esposos Vargas-Ramallo, aspecto que es reconocido por la propia recurrente en su memorial de casación cuando indica que la demandante demostró que el inmueble objeto de litis es un bien ganancial, sin embargo contradictoriamente indica que no se tomó en cuenta lo afirmado por el apoderado respecto a la titularidad del inmueble.
Las documentales de fs. 274 a 275 corresponden a pago de impuestos del inmueble por las gestiones 2006 y 2007, mismas que no enervan en modo alguno el vicio de nulidad sustantiva por falta de objeto que afecta a la transferencia contenida en la Escritura Pública Nº 52/2007.
Finalmente, la recurrente argumenta haber adquirido el inmueble de buena fe y ante la nulidad declarada de su documento de propiedad, el Tribunal no habría dispuesto la devolución del dinero cancelado por la compra; con relación a este reclamo debe tenerse presente las dos sucesivas transferencias realizadas a favor de la recurrente, correspondiendo la primera al documento privado reconocido de fecha 25 de mayo de 2007 que cursa de fs. 281 a 282 ya referido anteriormente, donde el apoderado vendedor Gery Percy Vargas Sarmiento (esposo de la demandante) puso en conocimiento de su compradora hoy recurrente, que se encontraba en problemas judiciales de divorcio con su esposa; al margen de esa transferencia, el mismo apoderado posteriormente sustituye su mandato a favor de Miguel Pinto Nogales a través del Testimonio de Poder Nº 1608/2007 de 01 de junio y es esta persona quien realiza una nueva transferencia a título de venta del mismo inmueble a favor de la recurrente mediante minuta de fecha 02 de junio de 2007, contrato que fue protocolizado en la Escritura Pública Nº 52/2007 de 23 de junio y registrado en Derechos Reales bajo el Asiento A-3 de la Matrícula Nº 4.01.1.01.0010034, llegando de esta manera la recurrente a realizar dos compras sucesivas e independientes debidamente consensuadas con distintos apoderados vendedores sobre un mismo inmueble haciendo figurar montos abismales por cada compra, aspecto que jurídicamente no es concebible en un negocio jurídico normal, constituyendo elementos suficientes para que la recurrente entre en razón de la existencia de litigiosidad sobre el bien inmueble motivo de doble transferencia, no siendo además este el primer inmueble que adquirió ya que la indicada persona tiene registrado a su nombre varios inmuebles (62 en total) conforme da cuenta la documental de fs. 295 y 319.
En cuanto a los efectos de la nulidad del contrato, se debe indicar que a la luz del art. 547 del Código Civil, la nulidad declarada judicialmente produce efectos retroactivos, reponiendo las cosas al estado anterior al mismo y como consecuencia de ello se extinguen las obligaciones incumplidas y en caso de haberse cumplido total o parcialmente el contrato, las partes deben restituirse mutuamente lo que hubieren recibido, ya que un contrato nulo es jurídicamente considerado inexistente, desprovisto de todo efecto jurídico; con relación al tema, el Ad-quem ha dejado claramente establecido que la existencia del vicio de nulidad sustantiva que afecta al contrato de transferencia contenido en la Escritura Pública Nº 52/2007 es originario ocurrido al momento de la celebración de dicho contrato por carecer el mismo de objeto, por lo tanto la nulidad declarada tiene efecto retroactivo (ex tunc), es decir retrotrae las cosas al estado que tenían al momento de su celebración, siendo este aspecto una consecuencia que prevé la norma legal respecto a la decisión asumida por la autoridad judicial y el hecho de que el Ad-quem no haya determinado ese tema de manera expresa en la parte dispositiva de la Resolución impugnada, no constituye óbice para no proceder conforme manda la Ley, sin embargo como se tiene indicado, los efectos retroactivos de la nulidad fue tema de amplio tratamiento en la parte considerativa del fallo, debiendo en todo caso darse cumplimiento a la indicada norma legal del art. 547 del Código Civil por ser de obligatoria observancia.
Por las consideraciones realizadas, el recurso de casación analizado deviene en infundado, correspondiendo emitir Resolución en ese sentido.
IV.2.- Recurso de Mariel Gelma Ramallo Contreras (fs. 482 a 485).
Cuando la recurrente interpone su recurso bajo la denominación de “recurso de casación o nulidad”, aparentemente daría a entender que se refiere a ambos términos como sinónimos; sin embargo del contenido del memorial de impugnación claramente se puede colegir la existencia de argumentos de forma y fondo, como también en su petitorio solicita de manera alternada la casación de la Resolución recurrida y la nulidad de obrados, lo que denota el planteamiento de ambos medios extraordinarios de impugnación (forma y fondo); ante esa situación y no obstante la incertidumbre en la concesión de dichos recursos en el Auto Nº 130 de fs. 492, en observancia de la garantía de impugnación previsto en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado y lo establecido en la SCP 2210/2012 de 08 de noviembre, se ingresa a realizar su consideración, absolviendo primeramente los argumentos de forma.
1.- Se tiene como primer reclamo de forma, la acusación vertida contra el Ad-quem de haber afirmado que el recurso de apelación deducido por co-demandado Engelbert Burgos Tejerina contra la Sentencia habría sido interpuesto fuera de plazo, sin embargo de oficio habría considerado dicho recurso revocando la Sentencia a favor del apelante otorgando validez al contrato de transferencia de inmueble suscrito entre el esposo de la recurrente Gery Percy Vargas Sarmiento a favor de la indicada persona, argumento que se encuentra reiterado a lo largo del memorial de impugnación y con ello denuncia incongruencia externa en la Resolución impugnada; al respecto, si bien el Ad-quem revocó en parte la Sentencia disponiendo no haber lugar a la declaratoria de nulidad del documento de transferencia contenido en la Escritura Pública Nº 155/2007 suscrito entre las nombradas personas, empero lo hizo en atención al recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia por la co-demandada Doris Colque Achá y no así en función al recurso de apelación de Engelbert Burgos Tejerina cuya impugnación fue considerada extemporánea, absteniéndose de ingresar a su consideración.
Fue la co-demandada Doris Colque Achá quien argumentó en su recurso de apelación deducido contra la Sentencia (fs. 329 a 332), indicando que los hechos expuestos en la demanda principal vinculados a la falta de consentimiento de la actora Mariel Gelma Ramallo Contreras en las transferencias del inmueble realizada por su esposo Gery Percy Vargas Sarmiento a favor de Engelber Burgos Tejerina contendida en la E.P. 155/2007, además de la inserta en la E.P. 52/2007, se acomodan a la causal de anulabilidad prevista en el art. 554 num. 1) del Código Civil, cuyos argumentos se encuentran resumidos en el Primer Considerando de Auto de Vista (fs. 455 y vta.) y en función a los cuales en el Segundo Considerando luego de resolver las apelaciones diferidas, ingresa al tratamiento del indicado recurso, cuyos fundamentos del Ad-quem se encuentran desde fs. 459 in fine a 467 disgregado en varios incisos y es ahí donde realiza de manera amplia el análisis de ambas transferencias demandadas de nulidad y en base a los cuáles decidió revocar parciamente la Sentencia en los términos que ya se tienen señalados. Mientras que el recurso de apelación del co-demandado Engelbert Burgos Tejerina fue tratado de manera separada sin haber ingresado a su análisis de fondo por considerarlo extemporáneo conforme se puede evidenciar de la pieza procesal saliente a fs. 467 in fine y vta., aspectos que se encuentran claramente expuestos en el Auto de Vista y ante esa realidad objetiva no se advierte incongruencia en la Resolución recurrida que amerite disponer su nulidad, más aún si se considera que anteriormente el proceso ya fue objeto de anulación, debiendo en todo caso tenerse presente la doctrina aplicable que se encuentra descrita en el Punto III.1 de la presente Resolución.
La recurrente continua denunciando incongruencia en el Auto de Vista indicando que el Tribunal habría afirmado que se invocó erróneamente el art. 549 del Código Civil ya que los hechos fácticos se adecuarían a la falta de consentimiento que es causal de anulabilidad del contrato, sin embargo de manera contradictoria habría dispuesto la nulidad de la transferencia realizada a favor de la co-demandada Doris Colque Achá; con el planteamiento de este reclamo se advierte que la recurrente no logró comprender en su verdadera dimensión el contenido del Auto de Vista, donde el Ad-quem claramente expuso que la falta de consentimiento denunciado por la actora en su calidad de cónyuge en la transferencia del inmueble realizado por su esposo a favor de Engelbert Burgos Tejerina protocolizado en la Escritura Pública Nº 155/2007, no es causal de nulidad de dicho contrato, sino más bien de anulabilidad, criterio asumido en base al Auto Supremo Nº 196/2012 de 28 de junio.
Cosa distinta resulta el contrato de transferencia de inmueble realizado mediante apoderado por Engelbert Burgos Tejerina a favor de la co-demandada Doris Colque Achá contenido en la Escritura Pública Nº 52/2007, respecto al cual el Ad-quem estableció que concurre la falta de objeto y por consiguiente es causal de nulidad a la luz del art. 549 num. 1) del Código Civil, toda vez que el vendedor un día antes a la otorgación del Poder Nº 679/2007, ya se desprendió del derecho propietario del inmueble en cuestión disponiendo en calidad de venta a favor de Gery Percy Vargas Sarmiento (esposo de la recurrente) mediante documento de fecha 24 de mayo de 2007 (fs. 264 a 269), consiguientemente no podía nuevamente facultar a su apoderado a realizar una nueva transferencia del mismo inmueble a favor de otra persona (co-demandada Doris Colque Achá) cuando ya no contaba con el derecho propietario sobre dicho inmueble. El Tribunal deja además salvado el derecho de la recurrente de hacer valer la transferencia realizada en favor de su esposo procediendo con los trámites respectivos y su registro en Derechos Reales.
2.- Como argumentos de fondo la recurrente refiere que la acción planteada corresponde su tramitación dentro del ámbito familiar y al haberse efectuado las transferencias desconociendo normas especiales de orden público del Código de Familia de preferente aplicación, cuyo incumplimiento se encontraría sancionado con nulidad y no con anulabilidad y por esa situación su acción planteada también encontraría sustento en el art. 549 inc. 1) y 3) del Código Civil y desde ningún punto de vista se puede señalar que corresponde demandar la anulabilidad como se habría establecido en el Auto de Vista respecto al co-demandado Engelbert Burgos Tejerina; en torno a esa ponencia se encuentran reiterados la mayor parte de los argumentos del recurso.
Sobre el particular, corresponde nuevamente hacer referencia al Auto Supremo Nº 196/2012 de 28 de junio emitido por esta misma Sala de este Máximo Tribunal Supremo de Justicia, donde realizando una interpretación sistemática de los arts. 116 y 5 del Código de Familia (hoy abrogado) con relación al art. 554 num. 1) del Código Civil, se estableció que la acción adecuada para invalidar las transferencias de bienes gananciales realizadas por uno solo de los cónyuges, es la anulabilidad por falta de consentimiento y no así la nulidad como pretende la recurrente, criterio jurisprudencial que se encuentra expuesto en el Punto III.3 de la presente Resolución como doctrina aplicable, debiendo tenerse presente la misma.
Por otra parte, indica existir confesión espontánea por parte del co-demandado Engelbert Burgos Tejerina en la respuesta a la demanda, aspecto que no es evidente ya que en el memorial de respuesta de fs. 52 y vta. niega y rechaza los argumentos de la demanda y en su memorial de excepción de fs. 39 expone supuestos hechos ilícitos orientados al ámbito penal, no correspondiendo emitir criterio de fondo sobre esa temática ya que la jurisdicción ordinaria civil no es la competente para conocer esa situación.
Refiere también violación del art. 5 de la Ley de Organización Judicial indicando que se antepuso disposiciones civiles frente a disposiciones familiares; la Ley de Organización Judicial Nº 1455 a la cual hace referencia la recurrente quedó abrogada con puesta en vigencia plena de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial que operó a partir del año 2012 y el Auto de Vista objeto de impugnación fue emitido el 06 de noviembre de 2015 en cuyo contenido no se advierte ninguna referencia a la norma acusada de infringida, ni mucho menos el Ad-quem podía valerse de su aplicación por encontrarse abrogada al momento de la emisión de la Resolución recurrida; en todo caso la recurrente con los argumentos que expone, pudo haber hecho referencia al art. 15 de la Ley Nº 025, empero no lo hizo, basando su reclamo en una norma abrogada y por lo mismo la acusación resulta fuera de contexto.
No obstante lo indicado, se hace notar que fue la propia recurrente, al margen de hacer referencia a la normativa del Código de Familia (hoy abrogado), sustentó su demanda de nulidad en base a las normas del Código Civil, habiendo el Ad-quem realizado la consideración de ambas disposiciones legales conforme al planteamiento de la demanda.
Por otra parte, acusa interpretación errónea del art. 554 num. 1) del Código Civil indicando que no concurrían los requisitos de anulabilidad por existir dolo y malicia en las transferencias y por disposición de la Ley familiar serian nulas de pleno derecho, ajustándose los hechos secundariamente a lo establecido en el art. 549 del Código Civil; al respecto indicar que la referida norma no se trata de su interpretación sino más bien de su aplicación al caso concreto; al margen de esta errada acusación, es de hacer notar que la recurrente hace referencia a la existencia de dolo y malicia en las transferencias; ambos términos son sinónimos, el dolo constituye uno de los vicios del consentimiento conforme lo establecen de manera expresa los arts. 473 y 482 del Código Civil y como se dijo anteriormente, la falta de consentimiento o la existencia de consentimiento viciado, es causa de anulabilidad del contrato al tenor del art. 554 num. 1) del mismo cuerpo legal; ante esa situación el Ad-quem al haber establecido que la falta de consentimiento reclamado por la recurrente en la transferencia del inmueble realizado por su esposo a favor de Engelbert Burgos Tejerina, constituye causa de anulabilidad del contrato y no de nulidad, tomando en cuenta que fueron los propios contratantes quienes truncaron los efectos de ese negocio jurídico al haber el comprador nuevamente transferido el inmueble a su vendedor, en atención a tales circunstancias revocó parcialmente la Sentencia disponiendo no haber lugar a la nulidad de la primera transferencia por considerar ya innecesaria declarar su ineficacia, decisión que se la considera correcta en términos de razonabilidad.
La recurrente debe tener presente que una de sus pretensiones, es lograr la ineficacia de los contratos de transferencia contenidos en las Escritura Públicas Nº 155/2007 y 52/2007, y sin bien el Ad-quem no declaró la nulidad ni la anulabilidad del primer contrato por las razones precedentemente explicadas, sin embargo salvó el derecho de la recurrente de hacer valer el documento de transferencia de fecha 24 de mayo de 2007 realizado por Engelbert Burgos Tejerina a favor del que en vida fue Gery Percy Vargas Sarmiento, cuyo documento se encuentra reconocido judicialmente donde participó la demandante de este proceso reconociendo voluntariamente la firma de su nombrado esposo, mismo que cursa de fs. 264 a 269 y vta., el cual una vez protocolizado y registrado en Derechos Reales quedará debidamente consolidado el derecho propietario a favor de la recurrente sobre el inmueble que reclama en su condición de propietaria y heredera de su fallecido esposo; mientras que respecto a la otra transferencia contenida en la Escritura Pública Nº 52/2007, se declaró su nulidad en el presente proceso conforme lo solicitó la actora, habiendo sido de esta manera satisfecha en sus pretensiones, no teniendo mayores razones para reclamar de la Resolución recurrida.
Finalmente, con relación a las respuestas a los recursos de casación, ambas partes recurrentes deben tener presente lo establecido en la SCP 2210/2012 de 08 de noviembre, la misma que puso a un segundo plano los extremados formalismos restringiendo declarar la improcedencia de los recursos de casación por defectos formales y exigencias de tecnicismo en su planteamiento; en atención a la misma, este Tribunal ingresó a considerar los recurso planteados.
Por todas las consideraciones realizadas, los recursos de casación analizados devienen en infundados, correspondiendo emitir Resolución para los medios de impugnación deducidos por ambas partes litigantes, en la forma prevista por el art. 220.II de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220.II de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 473 a 478 interpuesto por Doris Colque Achá de Ramírez, así como el “recurso de casación o nulidad” de fs. 482 a 485 interpuesto por Mariel Gelma Ramallo Contreras; ambos contra el Auto de Vista Nº 215/2015 de 6 de noviembre de 2015 de fs. 453 a 469 pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, debiendo el A-quo tomar en cuenta los fundamentos de la presente Resolución con relación a los efectos de la nulidad sustantiva declarada. Sin costas y costos por ser ambas partes recurrentes.

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