Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-1994-04605-de-febrero-8-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_bc545348e6e50080e0430a0101510080&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-15 06:44:30+00:00

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﻿ Auto 1994-04605 de febrero 8 de 2012
AUTO 1994-04605 DE 08 DE FEBRERO DE 2012
CONTENIDO:PROTECCIÓN DEL ESTADO. EL ESTADO TIENE EL DEBER CONSTITUCIONAL DE PROTEGER LA VIDA DE TODAS LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL TERRITORIO NACIONAL, MÁS AÚN CUANDO VEN AMENAZADA SU INTEGRIDAD EN RAZÓN DE SU CONDICIÓN POLÍTICA, IDEOLÓGICA, RELIGIOSA O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, ADEMÁS LA RESPONSABILIDAD DE LA FUERZA PÚBLICA POR OMISIÓN EN SU DEBER DE ADOPTAR MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN, CONFIGURÁNDOSE ASÍ UNA FALLA DEL SERVICIO, PUES SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE RIESGO QUE ENFRENTABA LA PERSONA Y, AUN ASÍ, OMITIÓ SU PROTECCIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:FUERZA PÚBLICA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO
Auto 1994-04605 de febrero 8 de 2012
Rad.: 50001-23-31-000-1994-04605-01(22373)
Ref.: apelación sentencia; acción de reparación directa
Actor: Luz Helena Sánchez Negrete
6. El Consejo de Estado es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta en un proceso que, por su cuantía, determinada al momento de la interposición de la demanda, tiene vocación de doble instancia(3). Se aplican en este punto las reglas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998.
7. A los documentos que fueron aportados en copia simple por la parte demandante, incluyendo los que hacen parte de la investigación disciplinaria 015138786 adelantada por la Procuraduría General de la Nación, la Sala no les conferirá valor probatorio. Se reitera que por expresa remisión que el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo hace al régimen probatorio previsto en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto a la admisibilidad, práctica y valoración de la prueba documental, las copias de documentos públicos y privados solo pueden ser aducidas o apreciadas como prueba dentro de un proceso judicial, si reúnen las exigencias contenidas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, entre las cuales se encuentra la diligencia de autenticación.
8. Respecto de los documentos públicos y privados, y de los informes técnicos elaborados por instituciones oficiales que el Tribunal Administrativo del Meta, mediante auto del 4 de mayo de 1999 (fl. 301, cdno. ppal.), ordenó trasladar del proceso penal 1224, seguido por la Dirección Regional de Fiscalías de Oriente(4), se tiene que gozan de mérito probatorio debido a que fueron aportados en copia auténtica (fl. 391, cdno. ppal.) y a que estuvieron a disposición de la parte demandada, la cual tuvo, entonces, la oportunidad de objetarlas y controvertirlas.
9. La misma determinación se adoptará en relación con la copia autenticada de la decisión judicial que puso fin al proceso penal pues, de acuerdo con reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, las sentencias condenatorias y absolutorias o su equivalente (resolución de preclusión, cesación de procedimiento), en tanto son definitivas y hacen tránsito a cosa juzgada, sirven para acreditar la absolución proferida, y la existencia del hecho que fue objeto de investigación(5).
10.1. El 26 de noviembre de 1992, aproximadamente a las 18:30 horas, el señor José Rodrigo García Orozco fue atacado frente a su lugar de residencia en la ciudad de Villavicencio por sicarios que se desplazaban en una motocicleta y que le propinaron varios disparos, causándole la muerte de forma inmediata (copia autenticada del acta de levantamiento del cadáver —fl. 1, cdno. de pruebas 3—; copia autenticada de la providencia de 18 de agosto de 1994, proferida por la Unidad Especializada de Terrorismo de la Fiscalía General de la Nación, mediante la cual se resolvió la situación jurídica de Germán Ramírez Devia —fl. 474-481, cdno. de pruebas 4—).
10.2. En el momento de su muerte, el señor García Orozco se desempeñaba como diputado de la asamblea departamental del Meta para el período constitucional 1992-1994, cargo para el cual había sido elegido en representación del partido político Unión Patriótica (original de la constancia expedida por la asamblea departamental del Meta —fl. 320, cdno. ppal.—; copia autenticada del acta de posesión 001 de 1992, correspondiente a la sesión de instalación de la asamblea departamental del Meta, realizada el 1º de octubre de 1992 —fl. 321-335, cdno. ppal.—; copia autenticada del acta parcial del escrutinio de votos para Asamblea de las elecciones realizadas el 8 de marzo de 1992, expedidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil —fl. 306, cdno. ppal.–).
10.3. La investigación penal por el homicidio de José Rodrigo García Orozco, terminó el 11 de marzo de 1996 con la decisión, adoptada por la Dirección Regional de Fiscalías de Oriente, de precluir la investigación a favor del sindicado Germán Ramírez Devia (copia autenticada de la resolución de preclusión de la investigación —fl. 384-389, cdno. de pruebas 3—).
10.4. Pocos meses antes del homicidio del diputado José Rodrigo García Orozco, su esposa, María Mercedes Méndez de García, quien ocupó el cargo de alcaldesa de El Castillo (Meta) en representación de la Unión Patriótica, también fue asesinada junto con otros de sus copartidarios (copia autenticada del registro civil de defunción —fl. 134, cdno. ppal.—; copia autenticada del informe 307 de fecha 16 de noviembre de 1995, elaborado por el CTI regional oriente de la Fiscalía General de la Nación —fl. 335, cdno. de pruebas 3—).
11. Compete a la Sala determinar, en primer término, si existe en este caso una falta de legitimación en la causa por pasiva por no ser el Ministerio de Defensa la entidad llamada a proteger la vida y la integridad personal del diputado a la asamblea departamental del Meta y militante de la Unión Patriótica, José Rodrigo García Orozco. Luego, deberá establecer si el daño alegado por las demandantes era previsible en consideración a las circunstancias políticas del momento y si el mismo es imputable al Estado a título de falla del servicio por haber omitido adoptar medidas efectivas para conjurarlo o prevenirlo.
12. En su escrito de apelación, la representante del Ministerio de Defensa Nacional sugiere que el daño alegado por las demandantes no le es imputable en consideración a que esta entidad no tenía a su cargo la protección del diputado José Rodrigo García Orozco.
13. La Sala no comparte el anterior razonamiento pues la demanda fue presentada contra la Nación, que es la persona jurídica con capacidad para comparecer al proceso. A lo sumo, el asunto haría referencia a una indebida representación, que tampoco se presenta en este caso, pues la entidad demandada estuvo debidamente representada.
14. En efecto, al momento de presentación de la demanda, la Nación estaba representada por el “ministro (...) [o] en general, por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho”, de acuerdo con el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, vigente para esa época. Sin duda, los hechos de la demanda, se dirigen, en conjunto, a imputar la omisión de la administración en la protección a la vida del diputado José Rodrigo García Orozco, respecto de actuaciones que involucran a las autoridades encargadas de tal deber, que se encuentran bajo la dirección del Ministerio de Defensa.
15. De acuerdo con lo expuesto, la Nación estuvo debidamente representada y ejerció su derecho de defensa de manera adecuada a través de la entidad a la que se imputa la responsabilidad que se demanda, en este caso el Ministerio de Defensa, de allí que no se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la apelante.
16. La Sala encuentra acreditado el daño pues está probado dentro del expediente que el señor José Rodrigo García Orozco falleció el 26 de noviembre de 1992 en la ciudad de Villavicencio, a consecuencia de varios disparos propinados por desconocidos que se movilizaban en una motocicleta.
17. En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable, la parte demandante alega que la muerte del señor José Rodrigo García Orozco es imputable al Estado por haber omitido adoptar medidas efectivas para proteger su vida y su integridad personal pese a que conocía que aquel se encontraba en una situación especial de riesgo por causa de su pertenencia al partido político Unión Patriótica. Agrega que la falla del servicio en este caso es ostensible porque las directivas de la UP formularon varias solicitudes formales de protección y porque la Policía Nacional retiró inexplicablemente el servicio de escolta asignado al señor García Orozco poco antes de su fallecimiento.
18. La jurisprudencia de la Sala ha admitido que el incumplimiento del deber especial de protección a cargo de las autoridades compromete la responsabilidad patrimonial del Estado. Con base en este criterio, ha indicado que cuando el daño es causado por un agente no estatal, la administración será obligada a reparar si existe prueba de que la víctima o la persona contra la cual estaba dirigido el atentado solicitó protección a las autoridades y que estas la retardaron, la omitieron o la prestaron de forma ineficiente(6).
19. Ahora, es cierto que si el daño es previsible, dadas las circunstancias políticas y sociales del momento, no es necesario que la víctima solicite expresamente que se preserve su vida o su integridad personal para que surja a cargo del Estado la obligación de adoptar medidas especiales de protección y prevención. Basta con demostrar que las autoridades tenían conocimiento de las amenazas o del peligro que enfrentaba la persona(7). Al respecto, ha dicho la Sala:
Si bien el Estado colombiano tiene el deber constitucional de proteger la vida de todas las personas residentes en el territorio nacional, dicha obligación cobra mayor fuerza cuando ciertas personas, bien por su condición política, ideológica, económica, religiosa o de cualquier otra índole, ven amenazada su integridad personal, como ocurrió en el presente caso particular con la muerte del dirigente político asesinado, crimen que pudo evitarse puesto que el Gobierno Nacional sabía de las amenazas de muerte que se cernían en su contra y no hizo nada para evitarla o al menos disuadir a los victimarios(8).
20. La parte actora en este caso no logró acreditar que la víctima hubiera solicitado protección a las autoridades. No obstante, ello por sí solo no desvirtúa la falla del servicio imputada a la administración pues, se insiste, basta con demostrar que esta tenía conocimiento de la situación de riesgo que enfrentaba la persona y que, aun así, omitió adoptar medidas especiales para protegerla.
22. La persecución y asesinato de los miembros de la UP es un hecho suficientemente conocido y documentado. En el ámbito interno existen diversas fuentes escritas(9) que confirman que los atentados, intimidaciones y seguimientos contra sus militantes no constituyen hechos aislados sino que hicieron parte de un plan sistemático de exterminio, cuya existencia fue denunciada por los líderes de la UP ante distintas autoridades nacionales. De hecho existe una condena contra el Estado colombiano, proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos(10), por el incumplimiento de la obligación de proteger y garantizar la vida de uno de los dirigentes de este partido político —el senador Manuel Cepeda Vargas— en un contexto conocido de ataques repetidos y sistemáticos contra sus integrantes.
23. Por su parte, el Consejo de Estado también ha reconocido, a través de distintas y reiteradas decisiones, que la persecución emprendida contra los miembros de la Unión Patriótica en el país a finales de la década de 1980 y principios de los años 90 es un hecho notorio(11) y, de esta forma, ha declarado la responsabilidad patrimonial de la administración por la muerte violenta de varios miembros de esta organización política, sobre la base de que existe, en todos estos casos, un incumplimiento del deber especial de protección a cargo del Estado.
24. Por ejemplo, al resolver la demanda de reparación directa presentada por los familiares del doctor Jaime Pardo Leal, ocurrida el 11 de octubre de 1987, en el municipio de Tena, Cundinamarca, esta corporación se refirió al peligro real que corrían los dirigentes de las organizaciones políticas de izquierda en el país y a la omisión de las autoridades de brindarles seguridad a pesar de tener conocimiento de esta situación, por lo que declaró la responsabilidad patrimonial del Estado, en los siguientes términos:
En el caso concreto, se sabe que el doctor Pardo Leal participó en abril de 1986 en las elecciones presidenciales como candidato del Movimiento Unión Patriótica —UP— Partido Comunista Colombiano (fl. 2, cdno. 2) y desde el 11 de junio de 1987, hasta el día de su muerte, actuó como presidente del Partido Unión Patriótica (fl. 5 ib.) aunque en agosto de 1986 firmaba en tal calidad (fl. 42, cdno. 2, p. 20) documentos expedidos por ese movimiento político, sometido a la más implacable persecución mediante la eliminación física de sus militantes, hecho de notoriedad nacional que fue denunciado en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes celebrada el 24 de septiembre de 1986 (fl. 42, cdno. 2).
En el caso que se examina, conforme lo relatado por los testigos... apenas sí ante las reiteradas peticiones del doctor Pardo y de dirigentes de su movimiento, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, asignó un precario servicio de escoltas personales, sin relevos, que únicamente lo acompañaban en los desplazamientos que hacía. No permanecían en su residencia, en muchas ocasiones no tenían vehículo, no existía una vigilancia permanente. Incluso no se encontraban prestando servicio el día de los hechos, sin que se sepa el motivo de la ausencia, pues mientras el testigo Luis Ernesto Flórez dice que el doctor Pardo le comentó que no sabía si “no había escolta disponible para que lo acompañara o los carros estaban varados” (fl. 38, cdno. 2), el DAS informa que los detectives manifestaron después de los hechos que el doctor Jaime Pardo y su esposa dijeron no requerir escolta ese fin de semana porque permanecerían en su residencia (fl. 44, cdno. 2)(12).
25. Por lo demás, las pruebas obrantes dentro del expediente indican que para la época en que se produjo el homicidio del diputado García Orozco ocurrieron hechos similares en el departamento del Meta contra miembros de la Unión Patriótica(13), incluyendo a la ex alcaldesa del municipio de El Castillo (Meta) y esposa de la víctima, señora María Mercedes Méndez de García(14).
26. Se tiene así que las autoridades tenían conocimiento de la situación de peligro que enfrentaban todos los miembros de la UP por cuenta de los asesinatos e intimidaciones cometidas en su contra en distintas regiones del país, y especialmente, en el departamento del Meta. En consecuencia, con independencia de que la víctima hubiera solicitado o no protección a las autoridades, estas tenían la obligación de adoptar, de oficio, medidas especiales para preservar su vida y su integridad personal.
27. Las pruebas aportadas al proceso indican, sin embargo, que el diputado García Orozco no contaba, para la época de los hechos, con protección especial a cargo del Estado. Así consta en el oficio 1173 del 30 de agosto de 1996, suscrito por el comandante operativo del departamento de policía del Meta (fl. 151, cdno. ppal.):
Para el año de 1992, el señor José Rodrigo García Orozco se desempeñaba como inspector municipal (sic), no se tienen antecedentes de ningún estamento de esa localidad acerca de si tenía escolta para su seguridad. Por parte de la Policía no se tenía escolta, puesto que había sido levantada el día 170392, después de haber sido asaltada por la guerrilla. En la estación de Policía San Carlos de Guaroa no existen archivos anteriores a la toma por parte de la subversión, los cuales fueron destruidos en ese hecho.
28. Esta omisión en la que incurrieron las autoridades estatales al no brindarle protección al diputado García Orozco constituye, a juicio de la Sala, la fuente del daño alegado por las demandantes pues, sin duda alguna, esta circunstancia puso a la víctima a merced de los sicarios, que no encontraron ningún obstáculo para cumplir su propósito criminal.
29. Le asiste razón, entonces, al tribunal a quo cuando señala que, al margen de que la víctima no hubiera solicitado protección, su muerte es imputable al Estado por no haber adoptado medidas especiales para preservar su vida pese a que el daño era previsible teniendo en cuenta que el diputado García Orozco pertenecía a un partido político de izquierda —Unión Patriótica—, cuyos miembros para ese momento y desde hacía varios años eran objeto de graves y repetidos ataques en distintas regiones del país.
30. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia apelada en cuanto declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional por la muerte violenta del diputado de la asamblea departamental del Meta y militante de la Unión Patriótica, José Rodrigo García Orozco.
31. Ahora bien, teniendo en cuenta que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cursa una petición colectiva por violaciones de los derechos humanos cometidas contra miembros de la Unión Patriótica, el cual ya cuenta con informe de admisibilidad(15), se ordenará remitir una copia de esta sentencia con destino al Ministerio de Relaciones Exteriores, despacho de la viceministra de asuntos multilaterales, para lo pertinente.
32. El Tribunal Administrativo del Meta condenó al Ministerio de Defensa Nacional al pago de mil (1000) gramos a favor de cada una de las demandantes —Jenny Paola, Hada Luz, Linda Carol y Tania Marinela García Méndez—, cuyo parentesco con el señor José Rodrigo García Orozco se encuentra acreditado a través de las copias autenticadas de los correspondientes registros civiles de nacimiento (fl. 5, 7, 8 y 237, cdno. ppal.).
33. Si bien este punto de la sentencia no fue objeto de apelación, la Sala modificará la condena en consideración a que la jurisprudencia abandonó el criterio de remisión al oro, de manera que en la actualidad las indemnizaciones se fijan en moneda legal colombiana y su quantum se determina por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio, pero partiendo de la base que el Consejo de Estado ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(16), como ocurre en este caso, en el que se demanda indemnización por la muerte de un familiar.
34. De acuerdo con lo anterior, el valor de la indemnización debida a Jenny Paola, Hada Luz, Linda Carol y Tania Marinela García Méndez por concepto de perjuicios morales se fija en la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una de ellas.
35. En cuanto a los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la Sala se limitará a actualizar el valor de las sumas ya reconocidas debido a que ninguna de las partes impugnó este aparte de la decisión pese a que el tribunal tomó el monto menor de los ingresos del occiso certificado por la asamblea departamental del Meta ($ 1 152 000)(17) y a que el diputado García Orozco tenía en realidad cinco hijas —la menor de las cuales es parte dentro de un proceso distinto promovido por los mismos hechos(18)— por lo cual el valor de la renta actualizada debía distribuirse entre todas ellas por partes iguales, dando como resultado una indemnización menor.
36. Aplicando la fórmula reiteradamente utilizada por la jurisprudencia, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica multiplicada por el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia (ene. 2012), dividido por el índice vigente en el mes en que se dictó la sentencia de primera instancia (sep. 2001).
Demandante Indemnización primera instancia
Linda Carol García Méndez $ 71 193 100 $ 118 064 575
Hada Luz García Méndez $ 94 513 990 $ 156 739 264
Jenny Paola García Méndez $ 113 128 020 $ 187 608 232
Tania Marinela García Méndez $ 131 842 606 $ 218 643 960
37. Por último, la Sala no hará ninguna referencia a la decisión del tribunal de negar el reconocimiento del daño emergente solicitado en la demanda en consideración a que este punto de la sentencia no fue apelado por la parte interesada.
38. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
1. CONFIRMAR la sentencia de fecha veintiocho (28) de septiembre de 2001, dictada por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Meta, en cuanto declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional por la muerte del señor José Rodrigo García Orozco, ocurrida el 26 de noviembre de 1996.
2. MODIFICAR el valor de las indemnizaciones que la Nación, Ministerio de Defensa Nacional deberá pagar a las demandantes como consecuencia de lo resuelto en el punto anterior, las cuales quedarán así:
1. Por concepto de perjuicios morales subjetivos para cada una de las demandantes Linda Carol, Hada Luz, Jenny Paola y Tania Marinela García Méndez, representada esta última por la señora Luz Helena Sánchez Negrete o quien la haya sustituido, el valor equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2. Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las siguientes sumas de dinero: a Linda Carol García Méndez: $ 118 064 575; a Hada Luz García Méndez: $ 156 739 264; a Jenny Paola García Méndez: $ 187 608 232 y a Tania Marinela García Méndez: $ 218 643 960.
5. Remitir, por conducto de la secretaría de esta sección, copia de esta sentencia al Ministerio de Relaciones Exteriores, despacho de la viceministra de asuntos multilaterales, para lo pertinente.
(3) En la demanda, presentada el 21 de noviembre de 1994, la pretensión mayor, correspondiente al lucro cesante, fue estimada en $ 43 200 000. Por estar vigente al momento de la interposición del recurso de apelación que motiva esta sentencia, se aplica en este punto el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que dispone que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 1994 fuera de doble instancia, debe ser superior a $ 9 610 000.
(4) Inicialmente la investigación penal por el homicidio de José Rodrigo García Orozco correspondió a la unidad especializada de terrorismo, con sede en Bogotá, de la Fiscalía General de la Nación, y se radicó con el 16.460. Su reparto a la Dirección Regional de Fiscalías de Oriente se ordenó mediante auto del 13 de septiembre de 1995 (fl. 223, cdno. de pruebas 3).
(5) Al respecto, véase, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 2 de junio de 1994, Exp. 9047, C.P. Daniel Suárez Hernández; 19 de noviembre de 1998, Exp. 12.124, C.P. Daniel Suárez Hernández, y 21 de septiembre de 2000, Exp. 11.766, C.P. Alier Eduardo Hernández.
(6) Este fue el título de imputación a partir del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, Exp. 9040, C.P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, Exp. 9266, C.P. Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, Exp. 9459, C.P. Juan de Dios Montes; y del 29 de marzo de 1996, Exp. 10.920, C.P. Jesús María Carrillo.
(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2007, Exp. 16.894, C.P. Enrique Gil Botero. En el mismo sentido, véanse las sentencias de 19 de junio de 1997, Exp. 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández, de 27 de marzo de 2008, Exp. 16.234, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, de 25 de febrero de 2009, Exp. 18.106, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de 1º de abril de 2009, Exp. 16.836, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de octubre de 2007, Exp. 15.985, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(9) Véase, por ejemplo, el Informe del Defensor del Pueblo para el Gobierno, el Congreso y el Procurador General de la Nación titulado “Estudio de casos de homicidio de miembros de la Unión Patriótica y Esperanza, Paz y Libertad”, octubre de 2002; Iván David Ortiz, El Genocidio Político contra la Unión Patriótica, Universidad Nacional de Colombia, 2009; La resistencia al olvido. La prolongación de la existencia a pesar del genocidio político contra la Unión Patriótica, Universidad Nacional de Colombia, Unijus, 2006; Martín Emilio Rodríguez, Podrán matar la flor pero no la primavera: el genocidio de la Unión Patriótica, Bogotá, 2005, entre otros.
(11) Véanse, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 1º de abril de 2009, Exp. 16.836, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, 20 de noviembre de 2008, Exp. 20.511, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, 3 de octubre de 2007, Exp. 15.985, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 1997, Exp. 10.958, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
(13) El fragmento del reporte elaborado por la Fundación Reiniciar, trasladado del proceso penal 1224, da cuenta de cuatro homicidios y dos intentos de homicidio cometidos contra miembros de la UP en el departamento del Meta ocurridos entre agosto de 1989 y noviembre de 1992 (fl. 473, cdno. de pruebas 4). De acuerdo con la información consignada en su página web, Reiniciar es “una organización no gubernamental dedicada a exigir el disfrute de los derechos y libertades de colombianos y colombianas, conforme a las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado y consagradas en la Constitución”. www.reiniciar.org.
(14) El 3 de junio de 1992, la señora Méndez de García fue asesinada junto con otras cuatro personas, todas pertenecientes al partido político Unión Patriótica, en el sitio conocido como Caño Sibao en la vía que conduce del municipio de Granada a la población de El Castillo, en el departamento del Meta. Por estos hechos, ya existe una condena proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional. Véase la sentencia de 11 de febrero de 2009, Exp. 23.067, C.P. Enrique Gil Botero.
(15) Informe 5/97, caso 11.227, 12 de marzo de 1997.
(17) Obran dentro del expediente dos certificaciones distintas expedidas por la pagadora de la asamblea departamental del Meta acerca del valor de los ingresos mensuales del occiso. La primera, aportada al proceso por la parte demandante, indica que estos ascendían a la suma de $ 1 800 000, incluyendo sueldo básico mensual y gastos de representación (fl. 13, cdno. ppal.). La segunda, remitida al proceso por solicitud del a-quo, señala que el occiso devengó, en su condición de diputado, la suma de $ 1 152 000 (c. 319, cdno. ppal.).
(18) El proceso se encuentra radicado con el 50001-23-31-000-1994-04604-01, Exp. 20089, actor: Elizabeth Neira Benavides.

References: artículo 168
 artículo 254
 resolución 
 artículo 149
 artículo 55
 artículo 2
 artículo 132