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Timestamp: 2019-11-22 23:57:13+00:00

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SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 5/2015, así como el Voto Concurrente formulado por el Ministro José Ramón Cossío Díaz
SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 5/2015, así como el Voto Concurrente formulado por el Ministro José Ramón Cossío Díaz.
- El Decreto 314 que contiene el Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el veintidós de diciembre de dos mil catorce.
Aduce, que únicamente se establece un monto determinado en número de días de salario mínimo general vigente del Estado, con base a porcentajes de votación que obtengan los partidos políticos, sin garantizar por lo menos, que parte del presupuesto anual para el financiamiento público y sea distribuido en forma equitativa
entre todos los partidos políticos con registro nacional o estatal vigentes y la otra parte de manera proporcional a su votación. Es decir, con este esquema o disposición, los partidos políticos no pueden acceder al financiamiento público en su totalidad de manera proporcional y equitativa, sino que su prerrogativa constitucional se ve limitada al porcentaje de votación en relación con un monto determinado por número de salarios mínimos generales vigentes en el Estado.
Por tanto, manifiesta que de una interpretación sistemática de lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso g), 73, fracción XXIX-U, de la Constitución Federal, con el artículo 51, párrafos 2 y 3, de la Ley General
de Partidos Políticos, se colige que los partidos políticos que hubieran obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, incluidos los partidos políticos nacionales con registro local, tienen derecho a acceder al financiamiento público local en los términos de la citada ley general, es decir, la parte proporcional que corresponda a la anualidad, respecto del dos por ciento del monto que por financiamiento total le corresponda, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como participar en el financiamiento público para actividades específicas en la parte que se distribuye igualitariamente.
Señala que respecto del penúltimo párrafo de la base I del artículo 30 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, se advierte que para las actividades específicas, los partidos políticos sólo podrán disponer del dos por ciento del monto total anual que les corresponda, luego entonces, si se atiende a lo establecido por la Constitución Federal, por lo menos el monto actual de financiamiento por actividades específicas a que tiene acceso el partido político actor, sería duplicado.
En ese sentido, de una interpretación sistemática de lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso g) y 73, fracción XXIX-U, de la Constitución Federal, con el artículo 51, párrafos 2 y 3, de la Ley General de Partidos Políticos, se colige que los partidos políticos que hubieran obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, incluidos los partidos políticos nacionales con registro local, tienen derecho a acceder al financiamiento público local en los términos de la citada ley general, es decir, la parte proporcional que
corresponda a la anualidad, respecto del dos por ciento del monto que por financiamiento total le corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como participar en el financiamiento público para actividades específicas en la parte que se distribuye igualitariamente.
CUARTO. Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de veintiuno de enero de dos mil quince, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 5/2015, promovida por el Coordinador Ejecutivo Nacional del Partido Humanista, y por razón de turno, se designó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para que fungiera como instructor en el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.
- Con relación al primer concepto de invalidez, donde sostiene el promovente que el artículo 30, fracción I, incisos a) al ñ) y p) y su penúltimo párrafo, del Código Electoral del Estado de Hidalgo, es inconstitucional, por contravenir lo dispuesto en el artículo 41, fracción II, inciso a) y 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal; el referido ente señala que el esquema de financiamiento previsto en el Código Electoral del Estado de Hidalgo, salvaguarda el principio de equidad en el financiamiento público de los partidos políticos, ya que fue legislado atendiendo a la autonomía otorgada al Congreso del Estado por el artículo 52, párrafo segundo, de la Ley General de Partidos Políticos, el cual faculta a las legislaturas locales, para determinar las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos en sus legislaciones respectivas.
- En atención al segundo concepto de invalidez, donde el Partido Humanista, combate la inconstitucionalidad de la fracción II del artículo 30 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, por considerar que se transgreden las fórmulas que por financiamiento para gastos de campaña establece la Constitución Federal; la emisora reitera lo aducido en el párrafo anterior, agregando que las entidades federativas, cuentan con libertad de normar el esquema de financiamiento local de los partidos políticos, con la limitante de respetar el principio de equidad y justa distribución, sin ser exigibles que se prevea a la letra, conforme a las bases que a nivel de financiamiento federal establece la Constitución Federal.
SÉPTIMO. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. El Gobernador del Estado de Hidalgo,
presentó su informe en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el treinta de enero de dos mil quince, en el que señala, que en su carácter de Gobernador, realizó la promulgación y publicación del Decreto 314, en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el veintidós de diciembre de dos mil catorce, que contiene el Código Electoral del Estado de Hidalgo y que le fue remitido por el Congreso del Estado de Hidalgo, sin hacer observación alguna en el sentido de que con la entrada en vigor de ese Código, se da cabal cumplimiento al artículo tercero transitorio de la Ley General de Partidos Políticos, más aún con la promulgación de ese Código quedaron colmados todos los temas y aspectos pendientes de armonizarse con las leyes generales en materia electoral.
El veintitrés de mayo de dos mil catorce, fueron emitidos los decretos en los cuales se expidieron la Ley
General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, las cuales prevén un nuevo marco de carácter general, en el que se establecen las bases y parámetros del sistema electoral mexicano tanto a nivel federal como local.
Al respecto suscribe el escrito de acción de inconstitucionalidad, Javier Eduardo López Macías, en su carácter de Coordinador Ejecutivo Nacional del Partido Humanista, lo que acredita con la certificación del Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, en la que manifiesta que el accionante se encuentra registrado como Coordinador Ejecutivo Nacional del Partido Humanista, según documentación que obra en los archivos de dicho instituto(4).
Respecto del inciso p), de la fracción y precepto indicado, aduce que contraviene lo dispuesto por el artículo 51, apartado 2, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, pues el inciso señala que los partidos políticos que no tengan antecedente electoral en la elección de diputados, se les otorgará un determinado monto fijado en salarios mínimos, siendo que el último de los preceptos establece que los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado el registro legal no cuenten con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o Congreso Local, tendrán derecho a que se les otorgue el 2% del financiamiento público total que les corresponde a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como participar en el financiamiento público para actividades específicas en la parte que se distribuye igualitariamente.
V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público
Por otra parte, en el punto 2 se estatuye que los partidos políticos (nuevamente nacionales y locales) que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o en el Congreso local, por lo que hace a los partidos locales, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público, debiéndose otorgar a cada partido político, el dos por ciento del monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, precisándose que las cantidades serán entregadas en la parte proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro y tomando en cuenta el
calendario presupuestal aprobado para el año. Tendrán derecho asimismo, en el año de la elección de que se trate, al financiamiento para gastos de campaña que corresponda con base en lo precisado anteriormente y que participarán del financiamiento público para actividades específicas sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria.
f. Los partidos que hubieren obtenido más del 12.5% hasta el 15% de la votación en la última elección ordinaria de Diputados Locales, percibirán una cantidad igual a la
suma de cinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro salarios mínimos generales vigentes en el Estado;
h. Los partidos que hubieren obtenido más del 17.5% hasta el 20% de la votación en la última elección ordinaria de Diputados Locales, percibirán una cantidad igual a la suma de seis mil quinientos cuarenta y seis salarios mínimos generales vigentes en el Estado;
Aunado a lo anterior, los partidos políticos recibirán por concepto de actividades de educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales, financiamiento público por un monto total anual equivalente al dos por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades generales a que se refiere esta fracción, el monto total será distribuido y regulado con base en los
lineamientos que emita el Instituto Estatal Electoral.
Como se advierte, aun cuando el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, establece que las leyes de los Estados en materia electoral deberán ser acordes con las bases establecidas en la propia Norma Fundamental y en las leyes generales respectivas y, la Ley General de Partidos Políticos, establece bases precisas respecto de cómo debe calcularse el monto del financiamiento público para actividades de los partidos políticos nacionales y locales, la legislación electoral estatal en las fracciones I y II del artículo 30 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, no establece una fórmula para cuantificar el financiamiento público anual de los partidos políticos, ni prevé el procedimiento para la distribución de dichos recursos, pues únicamente desarrolló un catálogo en el que se precisan diversos porcentajes para calcular el monto del financiamiento que se debe otorgar tanto de partidos nacionales como locales, que van desde haber obtenido
el 1% y hasta un 35% o más, de la votación en la última elección ordinaria, otorgando en el caso que se ubique, para su financiamiento un determinado número de salarios mínimos generales vigentes en el Estado, el cual es muy variado, como se visualiza en la siguiente tabla:
VIGENTES PARA EL ESTADO
De igual manera, como lo señala el Partido accionante, se incumple con la estipulación relativa a que los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación alguna en el Congreso local, por lo que hace a los partidos locales, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público, debiéndose otorgar a cada partido político, el dos por ciento del monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes; asimismo, al financiamiento para gastos de campaña que pertenezca en la parte proporcional que corresponda y que participarán del financiamiento público para actividades específicas, sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria. Pues, como se ha venido destacando, el precepto impugnado parte de una base diferente a
la de la Ley General y en este rubro, sólo estipula que el monto se determinará con base en la prerrogativa que por actividades ordinarias permanentes reciba cada partido político, mismo que no podrá exceder de tres veces la cantidad mensual que por este concepto reciba durante seis meses.
De ahí que, si el Congreso del Estado de Hidalgo, al instaurar el esquema de distribución del financiamiento público que recibirán los partidos políticos en las fracciones I y II, del artículo 30, del Código Electoral del Estado de Hidalgo, tanto para actividades ordinarias permanentes, el cual se asigna a partir de porcentajes específicos de votación alcanzados en la última elección ordinaria de diputados locales, en correspondencia con montos de salarios mínimos generales vigentes en el Estado de Hidalgo y para partidos políticos sin antecedente electoral en la elección de diputados, se les asignará un monto determinado de salarios mínimos vigentes en el Estado de Hidalgo, menor al que sí tiene antecedente electoral; así como para actividades específicas, el cual se aplica a partir de un monto total anual equivalente al 2% del que corresponda en el mismo año para las actividades generales, cuyo monto total será distribuido y regulado con base en los lineamientos que establezca el Instituto Estatal Electoral; y para gastos de campaña, cuyo monto se determina con base en la prerrogativa que por actividades ordinarias permanentes reciba cada partido político, mismo que no podrá exceder de tres veces la cantidad mensual que por este concepto reciba durante seis meses. No estableció una fórmula para cuantificar el financiamiento público anual de los partidos políticos, ni se ajusta a las bases para la distribución de dichos recursos, por lo que, debe decirse que dicho precepto impugnado no guarda congruencia con las directrices señaladas en la Ley General de Partidos Políticos, en consecuencia es contrario a la Constitución Federal.
SÉPTIMO. Efectos. De conformidad con los artículos 41, fracción IV, y 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, las sentencias dictadas en acciones de inconstitucionalidad deberán establecer sus alcances y efectos, fijando con precisión, las normas o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda(11).
Así, de acuerdo con la parte considerativa de este fallo, se declara la invalidez del artículo 30, fracciones I y II, del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado mediante Decreto número 314, dado a conocer a través del Periódico Oficial de la entidad el veintidós de diciembre de dos mil catorce, determinación que surtirá efectos a partir de que se notifiquen los puntos resolutivos del presente fallo al Congreso del Estado de Hidalgo.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz,
Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto de los considerandos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto relativos, respectivamente, a la competencia, a la precisión de la litis, a la oportunidad, a la legitimación y a las causas de improcedencia.
El Ministro Presidente, Luis María Aguilar Morales.- Rúbrica.- El Ministro Ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo.- Rúbrica.- El Secretario General de Acuerdos, Rafael Coello Cetina.- Rúbrica
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de veintisiete fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con la sentencia de quince de junio de dos mil quince, dictada por el Tribunal Pleno en el expediente de la acción de inconstitucionalidad 5/2015. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- México, Distrito Federal, a veinticinco de agosto de dos mil quince.- Rúbrica.
VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ RESPECTO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 5/2015
En sesión del quince de junio de 2015, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el asunto citado al rubro, en el que debía pronunciarse sobre la validez constitucional del artículo 30 del Código Electoral del Estado de Hidalgo.
Si bien estoy de acuerdo con el resultado de inconstitucionalidad de la norma impugnada, no comparto las consideraciones plasmadas en el considerando sexto, en el que se trató el tema relativo a las bases constitucionales para el correcto financiamiento público de los partidos políticos.
El Partido Humanista impugnaba la constitucionalidad del artículo 30 fracciones I y II del Código Electoral del Estado de Hidalgo, ya que argumentaba que dicho precepto era contrario a las bases constitucionales y requisitos legales de financiamiento público de partidos políticos al tenor de los siguientes argumentos.
Por un lado, el partido actor se dolía de que el artículo en comento señala que se financiará a los partidos políticos de acuerdo a los porcentajes de la votación obtenida, mientras que la Constitución indica que un porcentaje del presupuesto anual deberá ser repartido equitativamente (30%) mientras que otro porcentaje (70%) deberá ser repartido en función del porcentaje de votos totales que hayan tenido los partidos políticos y que, por tanto, el artículo era inconstitucional.
El partido actor también argumenta que el artículo 30 impugnado es inconstitucional, ya que prevé que en algunos supuestos, los partidos políticos nacionales que obtengan del 1% hasta el 2% de la votación total estatal tendrán derecho a financiamiento público, mientras que la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos mandatan que los partidos políticos deberán contar con un mínimo de 3% de votos para estar en posibilidad de conservar su registro como partido político y por ende, recibir financiamiento del Estado.
Adicionalmente, se argía por parte del partido actor que la fórmula para la asignación de financiamiento para partidos de registro nuevo o de partidos sin representación en el Congreso de la Unión o en el Congreso Local, que se establecieron en el artículo impugnado era inconstitucional ya que en virtud de este, los partidos
que actualicen la hipótesis normativa recibirían 650 salarios mínimos vigentes del estado de Hidalgo, mientras que el artículo 51, apartado 2, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos indica que los partidos políticos en estas circunstancias serán acreedores al dos por ciento del monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a las que se refiere la Ley en el mismo artículo.
Razones de la mayoría
Respecto de los argumentos antes descritos, la mayoría de los ministros determinó que son fundados y que el artículo 30 del Código Electoral de Hidalgo es inconstitucional, pues no respeta las bases del financiamiento público a partidos políticos que la Constitución mandata.
La mayoría concluyó que el método de asignación de recursos públicos a los partidos políticos locales, previsto en el Código Electoral de Hidalgo, en virtud del cual los partidos reciben recursos para las actividades ordinarias permanentes en función de la cantidad de votos obtenidos en la elección anterior, es contrario a la Constitución y a la Ley General de Partidos, toda vez que estas normas indican que un porcentaje será repartido equitativamente mientras que otro porcentaje del monto de financiamiento publico total será asignado en función de los votos que cada partido obtenga.
Asimismo, se determinó que no se atiende a la base relativa a que en el año de la elección en que se renueven el Poder local y el Congreso de alguna entidad federativa, a cada partido político se otorgue un monto equivalente al cincuenta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año; y cuando se renueve solamente el Congreso, se le otorgue para gastos de campaña un monto equivalente al treinta por ciento del financiamiento público, que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes corresponda ese año.
De igual manera, se sostuvo que se incumple con la estipulación relativa a que los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, o aquellos partidos locales que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación alguna en el Congreso local, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público, debiéndose otorgar a cada partido político, el dos por ciento del monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes; asimismo, al financiamiento para gastos de campaña que pertenezca en la parte proporcional que corresponda y que participarán del financiamiento público para actividades específicas, solo en la parte que se distribuya en forma igualitaria. Pues, como se ha venido destacando, el precepto impugnado parte de una base diferente a la de la Ley General de Partidos Políticos y en este rubro, solo estipula que el monto se determinará con base en la prerrogativa que por actividades ordinarias permanentes reciba cada partido político, mismo que no podrá exceder de tres veces la cantidad mensual que por este concepto reciba durante seis meses.
Dicho lo anterior se concluyó que dicho sistema de asignación de recursos es transgredido dado que el Código Electoral Hidalguense prevé que los partidos que reúnan las características mencionadas en el párrafo anterior recibirán un monto fijo en salarios mínimos vigentes del Estado de Hidalgo.
Ahora bien, el análisis material específico de cada uno de los conceptos de invalidez hechos valer por el partido accionante, estuvieron basados en una metodología de aplicación normativa particular, en virtud de la cual la mayoría optó por contrastar la norma local impugnada a contraluz de la Constitución Federal y la Ley General de Partidos Políticos, las cuales funcionaron en conjunto como un parámetro de validez normativa.
Este ejercicio normativo fue posible por la premisa fundamental de que los artículos 116 y 41 constitucionales, a través de una cláusula de reserva a las leyes generales, habilitaban la aplicación de la Ley General de partidos políticos como parámetro de validez en la materia.
Es decir, el control de constitucionalidad era respecto no solo del contenido de la Carta Magna sino de la Ley, por una habilitación absoluta en virtud de la reserva de ley contenida en la fracción IV del artículo 116 constitucional.
Es precisamente por esta construcción funcional del sistema competencial electoral que formulo el presente voto, pues me parece que el sistema descrito en la sentencia distorsiona la forma de entender la delegación de competencias a las entidades federativas y la forma en que se definen las atribuciones de las autoridades federales y locales.
Si bien comparto la conclusión a la cual la mayoría de mis compañeros llegaron en el asunto citado al rubro, llego a dichas conclusiones por consideraciones diferentes, pues a mi parecer el sistema competencial en materia electoral no funciona de la manera descrita en la sentencia.
Al respecto, considero que la Ley General de Partidos Políticos no puede aplicar simplemente por la habilitación abierta del artículo 116 fracción IV constitucional, y que no puede funcionar como parámetro de validez normativa como si fuera parte formal de la Constitución.
Por tanto, el artículo 50 de la Ley General de Partidos Políticos no resultaría aplicable a los partidos locales como parámetro de regularidad constitucional a, por lo que habría libertad de configuración para el legislador local. Como sostuve en la acción de inconstitucionalidad 42/2014 y sus acumuladas 55, 61 y 71/2014, de la lectura del artículo 116, inciso g), fracción IV, deriva que la Constitución y las Leyes Generales establecen bases para el financiamiento de los partidos y no, como sostuvo la mayoría, un sistema residual en el cual la Federación se reserva un amplio margen competencial para regular la materia electoral a través de la multicitada Ley General de Partidos Políticos y de manera residual otorgar competencias regulatorias a los estados. En este sentido, me parece que la Federación no tiene una amplia competencia para regular la materia a través de la Ley General, sino que el funcionamiento de un mecanismo de bases invierte esta mecánica dejando a los estados un amplio margen regulatorio, siempre que se respeten las bases constitucionales, de manera tal que la aplicación de la Ley General es solo para los partidos nacionales y no para los locales, pues la reserva de ley que hace la Constitución no hace referencia expresa a la Ley aludida y por tanto ésta no puede aplicarse como parámetro de validez normativa para los partidos locales, ya que la regulación complementaria de éstos corresponde al legislador y leyes locales.
No obstante lo anterior, me parece que del estudio de las bases constitucionales para el financiamiento de los partidos, se deriva que forzosamente un porcentaje del monto total para el financiamiento público de los partidos políticos debe ser asignado de manera equitativa a través de un monto fijo para el financiamiento de las actividades permanentes de los partidos que les permitan alcanzar sus objetivos constitucionales, establecidos de manera general en el artículo 41, donde los identifica como entidades de interés público que tienen como fin el promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principio e ideas que postulan. Por lo anterior considero que efectivamente el artículo impugnado es violatorio de la base constitucional contenida en el artículo 116, fracción IV, g), en la cual se establece que la asignación del financiamiento público para las actividades ordinarias permanentes deberá ser de manera equitativa, lo cual debe forzosamente desembocar en el establecimiento de un monto fijo por cada partido político, no dependiente, en términos absolutos, del porcentaje de votos obtenidos, para el cumplimiento de sus objetivos constitucionales que van más allá que el ser meras máquinas de financiamiento de votos, sino como entidades de interés público que fomentan la participación del pueblo en la vida democrática, lo cual deben realizar al conseguir la representación mínima, pero independientemente de su porcentaje de votación.
Las consideraciones anteriores, al igual que el razonamiento de la mayoría, llevan a la declaración de invalidez de la totalidad de la fracción I impugnada, ya que establece un sistema de reparto de financiamiento para actividades ordinarias cuya racionalidad obedece exclusivamente al porcentaje de votos obtenido en la última elección sin contemplar ningún tipo de monto fijo equitativo entre los partidos.
Dicho lo anterior, me parece que, dado que la operatividad de la fracción II del artículo 30 impugnado es dependiente del funcionamiento de la fracción I, también se debe invalidar.
Por último, considero que ya definido el primer concepto de invalidez, me parece innecesario el estudio del concepto de invalidez restante, relativo al 2% de votación obtenida para el mantenimiento del registro.
Por las razones previamente apuntadas, me separo respetuosamente de las consideraciones de la mayoría en la presente acción de inconstitucionalidad.
El Ministro, José Ramón Cossío Díaz.- Rúbrica.
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de cuatro fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original del voto concurrente formulado por el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz en la sentencia de quince de junio de dos mil quince dictada por el Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 5/2015. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- México, Distrito Federal, a veinticinco de agosto de dos mil quince.
La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de
todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

References: artículo 116
 artículo 51
 artículo 30
 artículo 116
 artículo 51
 resolución 
 artículo 30
 artículo 41
 artículo 52
 artículo 30
 artículo 51
 artículo 116
 artículo 30
 artículo 30
 Artículo 105
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 51
 artículo 30
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 50
 artículo 116
 artículo 41
 artículo 116
 artículo 30