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Timestamp: 2020-05-30 02:07:17+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 632, de 16/10/2018
cve: DSCD-12-CO-632
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 632
- Relativa al impulso de estilos de vida sostenible y economía verde. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000783) ... (Página2)
- Relativa a impulsar la Hoja de Ruta 2030 para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores difusos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000960) ... (Página6)
- Sobre el impulso de la eficiencia y el ahorro energético. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001380) ... (Página10)
- Relativa a la separación real y efectiva de los grupos verticalmente integrados del sector eléctrico. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002600) ... (Página14)
- Relativa a la elaboración de un plan nacional de salud y medio ambiente. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/003084) ... (Página17)
- Sobre la subestación eléctrica de Patraix. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/003203) ... (Página20)
- Sobre autoconsumo fotovoltaico para el sector agrícola. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/003369) ... (Página36)
- Relativa a impulsar las actuaciones de abastecimiento y regadío asociadas a la presa de Siles (Jaén). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003415) ... (Página24)
- Por la que se insta al Gobierno a estudiar, elaborar y ejecutar un proyecto de estabilización de la playa de La Carihuela. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003614) ... (Página27)
- Sobre la reforma de la fiscalidad en la factura de la luz. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/003638) ... (Página31)
Votaciones ... (Página39)
- RELATIVA AL IMPULSO DE ESTILOS DE VIDA SOSTENIBLE Y ECONOMÍA VERDE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000783).
El señor PRESIDENTE: Buenos días, bienvenidos a todos y a todas.
Un par de cuestiones de orden y de organización. Tenemos una Comisión con diez proposiciones no de ley; advertirán ustedes de que no tenemos hoy taquígrafos ni taquígrafas que sigan la Comisión pero va a ser grabada íntegramente, por tanto sus palabras quedarán recogidas perfectamente en el acta.
Tenemos que ordenar el debate adecuadamente, como se habló en la Mesa. En torno a cinco minutos el proponente y tres minutos la réplica, dando un margen de cuatro minutos a quien haya presentado enmiendas. Confío en que todas sus señorías se ajusten a ese tiempo para agilizar el debate. En segundo lugar, al final de la Comisión está convocada la Mesa para tratar algunos asuntos de interés para la misma.
Sin más dilación, empezamos con el punto número 1 del orden del día, relativo al impulso de estilos de vida sostenible y economía verde. El autor de esta proposición no de ley es el Grupo Parlamentario Socialista. En su nombre toma la palabra el señor García Mira.
Estamos ante una iniciativa que está muy directamente relacionada con el Acuerdo de París que ha sido adoptado dentro de la Convención marco sobre cambio climático de Naciones Unidas, hace ya casi tres años y volvemos a retomar esta iniciativa que ya pasara con esta Cámara en relación con las acciones que los Gobiernos que firmaron el acuerdo, entre los que se encuentra el Gobierno español, debe impulsar para conseguir una mitigación de los efectos e impactos del cambio climático, en cuatro dimensiones. Una, es el papel que juega la educación e incluye promover una mayor conciencia y promoción de la participación pública. En segundo lugar está el compromiso tanto del Gobierno a todos los niveles como de los diferentes actores sociales en la adopción de respuestas eficientes para promover crecimiento económico y desarrollo sostenible. En tercer lugar se resalta la necesidad de adoptar estilos de vida sostenible y de promover patrones de producción y consumo sostenible. Finalmente, el acuerdo reconoce el apoyo al desarrollo tecnológico que debe contribuir a la aceleración de la innovación en esta materia.
La respuesta institucional a este reto de la sostenibilidad contenido en los acuerdos de París hasta el momento ha estado muy fragmentada y a pesar de que se han promovido programas de educación ambiental, campañas de concienciación ambiental y se cuenta hoy con recursos informativos de apoyo a la toma de decisiones en materia ambiental, hay algunos aspectos que son aun controvertidos; por ejemplo, no está claro hasta qué punto los ciudadanos están afrontando desafíos ambientales mediante cambios concretos en sus estilos de vida. Cambiar estilo de vida exige introducir cambios en el diseño de los modelos económicos si queremos observar de verdad algún tipo de impacto de estos cambios de vida en la vida cotidiana de cada día. Como políticos y como sociedad no está claro que se estén creando
mecanismos efectivos para promover la participación y la cooperación para una transición firme hacia la sostenibilidad y este es el sentido fundamental de esta iniciativa. Aunque todavía estemos lejos de que la adopción de estilos de vida verdaderamente sostenible sea un hecho a gran escala, existen sin embargo un buen número de iniciativas que ya trabajan sobre estos nuevos estilos de vida y están creando espacios para un tipo de actividades, que son responsables desde el punto de vista ecológico, como también algunas investigaciones que se desenvuelven en el ámbito de la Unión Europea están poniendo de manifiesto y están haciendo evidentes los resultados en esta dirección. Son iniciativas empresariales que plantean desafíos de cambio hacia estilos de vida más sostenibles e innovación social, y vienen ejerciendo un liderazgo todavía discreto en relación a estos esfuerzos. Las acciones que proponen suponen en muchos casos un avance mayor que el propuesto desde entidades institucionales y estas iniciativas la ventaja que tienen es que poseen un conocimiento local, están enraizadas en el territorio y apoyarlas puede significar avanzar en ese cambio, en esa escalada de la iniciativa local a la iniciativa global.
La Comisión Europea, por ejemplo, ha puesto en marcha una estrategia para impulsar innovación en materia de estilos de vida sostenibles y economía verde a través de su programa Horizonte 2020 durante todos los años anteriores y para el periodo hasta el año 2020, lo que ha permitido implementar programas de investigación e innovación específicos que conecten los estilos de vida con cambios en los modelos económicos. Como resultado del trabajo que se ha hecho hasta el momento hay un análisis de diferentes iniciativas en toda Europa y en España en concreto, que muestran que aun cuando no hay un respuesta colectiva para afrontar el cambio climático hay una evidencia a nivel concreto de que es posible caminar hacia esta economía verde y cometer cambios en las concepciones, todavía muy enraizadas, sobre lo que es la auto realización y el consumo y lo que significan para la mayor parte de la ciudadanía.
Traducir todo esto en acción política significa hacer un esfuerzo en tender puentes adecuados entre investigación y política, y las soluciones tecnológicas también reconocemos que necesitan cada vez más un enfoque desde las ciencias sociales si queremos entender bien cómo funcionan las sociedades humanas y cómo alcanzar la eficiencia en nuestra acción política mediante la adopción de iniciativas bajo un enfoque de producción conjunta de conocimiento y construyendo conjuntamente, de manera continuada, ideas, valores y estrategias políticas que mejoren el conocimiento del problema y la respuesta innovadora al reto de la sostenibilidad.
Por tanto, proponemos este diálogo entre innovadores, entre investigadores y otros actores sociales; proponemos consultar a estas iniciativas empresariales, integrarlas como parte del conocimiento que debe servir de base a la toma de decisiones en el ámbito político y proponemos que se ponga en marcha un programa de apoyo e incentivación económica a estas iniciativas.
Termino, señor presidente, para decirle que todo esto no será posible sin un sistema de información pública y una campaña de educación, así como un programa de inventivos que garantice el éxito de la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: A usted, señoría, que ha cumplido estrictamente con el tiempo que le correspondía.
A continuación, y por parte de los grupos que han enmendado esta iniciativa, tomaría la palabra el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña; no está. Pasaríamos al segundo enmendante que es el Grupo Ciudadanos. En su nombre toma la palabra el señor Martínez.
Nos parece una buena iniciativa esta PNL que trae el Partido Socialista y en este sentido anunciamos ya el voto afirmativo, aunque hemos presentado una enmienda de adición que vienen a mejorarla y enriquecerla. La semana pasada el Pleno rechazó un proyecto de ley de cambio climático del Partido Popular no porque no fuera necesaria una ley de cambio climático sino porque era insuficiente. Entonces hay que seguir trabajando en este sentido y la Administración tiene que asumir el papel ejemplarizante que le corresponde. Mediante esta PNL estamos pidiendo una toma de conciencia y un impulso en modo de vida sostenible a los ciudadanos y sin embargo la Administración a fecha de hoy seguimos sin una ley de cambio climático o sobre una ley de estrategia circulas y esas son partes de las enmiendas que hemos presentado a esta PNL. Lo que no tenemos es tiempo, y cada vez el tiempo se agota. Recientemente, la semana pasada, el panel de científicos de cambio climático reunido en Seúl nos alertó de las consecuencias terribles que tendría si no tomamos las medidas que tenemos que tomar y no impulsamos los Acuerdos de París. Estamos ya en el escenario de 2030 prácticamente del incremento de 1,5 grados
de temperatura y eso puede tener consecuencias catastróficas sobre nuestro país, y los científicos nos piden que tomemos medidas y emprendamos una transición sin precedentes. En este sentido, no solo la Administración, como digo, con su papel ejemplarizante, sino los ciudadanos también, juegan un importante papel que les obliga a cambiar sus comportamientos, desde consumo. En este sentido nosotros también hemos realizado durante esta legislatura numerosas iniciativas que iban en este sentido, porque la toma de conciencia de los ciudadanos puede ayudar a mitigar en parte también el cambio climático; un ciudadano medio está arrojando al año 5,8 toneladas de CO2 y cambiar nuestros hábitos y nuestro estilo de vida puede ayudar a reducir estas emisiones, y además con simples gestos. Las iniciativas que presentamos sobre bolsas de plástico; un ciudadano español arroja deshechos plásticos a vertederos por 23 kilos anuales; el uso que hacemos eficiente de los edificios, el 85 % de nuestra vida estamos dentro de edificios donde consumimos, dormimos, trabajamos, practicamos el ocio y cambiar hábitos nos puede ayudar a luchar contra el cambio climático con todas estas cosas. En este sentido nos parece una buena iniciativa y esperamos que se acepten nuestras enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría, también por atenerse al tiempo.
Por parte del Grupo Mixto da por defendida la enmienda.
En este momento vuelve a tomar la palabra el señor García Mira para señalar su posición sobre tres las enmiendas.
El señor GARCÍA MIRA: El Grupo Socialista no tiene inconveniente en aceptar la enmienda de Esquerra Republicana de Cataluña. En el caso de Ciudadanos nos gustaría llegar a una transaccional.
El señor PRESIDENTE: Vamos al turno de fijación de posición.
Por el Grupo Vasco no tenemos ningún representante. A continuación Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Luis..
Nos parece realmente interesante esta proposición que hace el Partido Socialista acerca de los hábitos y de los modelos en los que nos basamos que afectan de forma directa al cambio climático; el reciente premio Nobel fue dado precisamente por las influencias del cambio climático dentro del desarrollo económico y que el PSOE aquí plantea con una perspectiva que creemos que quizá es un poco de abrir juego, de ver por dónde pueden ir las ideas. El trabajo que nuestro grupo hizo cuando se elaboró nuestra proposición de ley de cambio climático y transición energética fue la de crear espacios y en concreto resultó particularmente interesante el constituido por los profesionales expertos de la educación formal y no formal, los medios de comunicación, los centros de formación ambiental, en el cual fuimos desgranando algunas de las propuestas que propusimos en la proposición de ley que tienen a su disposición y que nos parecen fundamentales no solo para que este tipo de iniciativas lleguen a buen puerto sino para que se consoliden en el tiempo y duren.
Todas estas medidas entendemos que deben ir en una ley de cambio climático y transición energética y que incluyan la comunicación, concienciación, participación y comunicación y educación para la sostenibilidad. Por ello nuestro grupo ha incorporado precisamente en la proposición de ley un capítulo quinto, dentro del título IV precisamente dedicado a la garantía de la existencia de estos medios e instrumentos para el cambio de estilos de vida. En primer lugar, garantizar el cambio climático se convierte en un eje del sistema educativo; en segundo consideramos que es esencial que el CIS incluya de manera permanente un seguimiento y evaluación de los valores sociales, la percepción y opinión respecto a los problemas de sostenibilidad, porque me imagino que sus señorías sabrán que el CIS ha eliminado las preguntas relacionadas con estos temas, y que además es esencial entrar de ello respecto de la comunicación para la sostenibilidad. El plan anual de comunicación y publicidad de la Administración General del Estado debe incluir de manera constante los contenidos adecuados en materia de cambio climático.
Podríamos pensar en la posibilidad de impulsar un código de autorregulación en cuanto a los argumentos ambientales utilizados en la publicidad o, de igual forma, los medios de comunicación públicos deberían facilitar la visibilidad de expertos del mundo científico. Hay muchas propuestas; ya digo que las hemos ido desgranando poco a poco y, en definitiva, nuestro grupo considera que esa parte sea una parte esencial de la futura ley de transición energética y por ello, dentro del acuerdo presupuestario, hemos
llegado al acuerdo con el Gobierno de incluir un punto 10.1 de crear de manera inmediata un grupo de trabajo para acordar el proyecto de ley de cambio climático y transición energética en el que esto debe ser un punto fundamental.
El señor LUIS BAIL: Gracias a usted, señor Luis.
Por cortesía parlamentaria, si les parece, acaba de llegar el portavoz del Grupo de Esquerra Republicana, aunque ya se ha admitido su enmienda por parte del grupo proponente, ¿quiere tomar la palabra durante tres minutos que le corresponden?
El señor diputado de Esquerra Republicana: Será solo para disculparme en menos de medio minuto, agradeciendo la buena fe del grupo que acepta la enmienda. Por ello les ahorro a ustedes un discurso repetitivo. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Por último, en el turno de posición, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular y en su nombre el portavoz don Manuel Torres.
El señor TORRES HERRERA: Gracias, presidente, buenos días.
Señorías, esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista a esta Comisión contiene dos programas de incentivos, uno para transporte y otro para empresas, un programa de etiquetado, dos campañas de información, una encuesta y una apuesta en común. Con estas cuatro líneas, señorías, pretende el Grupo Parlamentario Socialista resolver el cumplimiento de las recomendaciones del Acuerdo de París. Sabemos que el origen de esta proposición no de ley es un estudio dirigido inicialmente por el señor García Mira, firmante de esta proposición no de ley y que los resultados se presentaron a la par que esta iniciativa.
Como deberían conocer sus señorías, el Gobierno del Partido Popular puso en marcha la Estrategia española de economía circular, en marzo de 2017, como respuesta a los retos y desafíos globales a los que debemos hacer frente y que además del Acuerdo de París abarcan necesariamente la Agencia 2030 para el desarrollo sostenible, así como la declaración de la Asamblea de Naciones Unidas sobre medio ambiente. Esta estrategia, que de momento no sabemos si cuenta con el plácet del actual Ministerio para la Transición Ecológica, propone una visión a largo plazo y está planteada a través de sucesivos planes de acción a corto plazo que permitirán incorporar los ajustes necesarios para culminar la transición en el año 2030. Para ello la Estrategia española de economía circular se acompañaba del primer plan de acción 2018-2020, en un diseño detallado, coordinado por el Gobierno del Partido Popular y expuesto en información pública entre el 12 de febrero y el 12 de marzo de este mismo año 2018. Se identificaban cinco sectores prioritarios de la actividad, construcción, agroalimentación, industria, de los bienes de consumo y turismo, en los que incorporar este reto para conseguir una España circular. Además, cuenta con cinco líneas principales de actuación: producción, consumo, gestión de residuos, materias primas secundarias y reutilización del agua. Además, con carácter transversal, se incorporan tres más: sensibilización y participación, investigación, innovación y competitividad y empleo y formación. Señorías, este primer plan de acción incluye setenta actuaciones identificadas por los distintos departamentos ministeriales implicados, a poner en marcha durante el periodo 2018-2020 y se dotó con un presupuesto de más de 836 millones de euros.
El compromiso de Gobierno del Partido Popular con una economía circular sostenible y baja en emisiones era evidente, pero ustedes pretender hace r borrón y cuenta nueva como si nada de los trabajado y puesto en funcionamiento con anterioridad existiera. Con este panorama, señorías, la PNL que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista no aporta nada nuevo. Los aspectos que se proponen en la misma están ya incluidos en la estrategia desarrollada por el Partido Popular, pero este abarca de forma detallada en su primer plan de acción setenta actuaciones, en vez de siete, como ahora se contemplan. Tampoco, señorías, aporta nada nuevo esta PNL en el marco estricto de los programas de lucha contra el cambio climático. Ya se contienen las medidas genéricas que ahora se proponen en el plan nacional de adaptación al cambio climático que en España fue aprobado en el año 2006. Por tanto, a no ser que el Partido Socialista tenga previsto ahora abandonar la Estrategia de economía circular y los planes de lucha contra el cambio climático para sustituirlo por estas siete líneas que se contienen en esta PNL ésta carece de sentido. Además, señorías del Partido Socialista, presentar esta PNL después de haber sido rechazada la proposición de ley de cambio climático y transición energética que presentó este
grupo parlamentario hace justo una semana, parece un claro despropósito y pone en evidencia que ni siquiera se leyeron ustedes el texto articulado de la proposición de ley, como ya se temía mi compañera proponente de la misma, doña Valentina Martínez ...
El señor PRESIDENTE: Señoría, está ya superando su tiempo.
El señor TORRES HERRERA: ..., despreciaron un texto solo por el hecho de no ser el suyo, pero sin duda la inclusión en esta PNL de una referencia al reto de cambiar la conducta de la gente y la adopción de un estilo de vida real, no hace posible concluir sin una referencia a la misma. Pensamos, señorías, que en este tema, como en otros muchos, los ciudadanos deben contar con toda la información disponible de manera clara, veraz y accesible; darles a conocer todas las alternativas posibles, con sus consecuencias, pero no pretendan secuestrar la libertad individual de decidir. Consideramos claramente improcedente, desde esta instancia parlamentaria invocar un cambio de conducta en la gente, señorías; los españoles sabemos tomar nuestras propias decisiones...
El señor PRESIDENTE: Señorías, tiene que ir terminando. Perdone señor Torres.
El señor TORRES HERRERA: ... y la llamada a mudar el estilo de vida comporta una decisión personal en la que solo deben inmiscuirse aquellos que en su caso sean llamados por la persona con plena capacidad de obrar.
Con todo, señorías, después de su gesto y menosprecio a la proposición de ley de cambio climático que quizá les ruborice leer en el Diario de Sesiones del pasado 9 de octubre, nos traer ahora una PNL obsoleta y completamente desfasada. Hoy podríamos estar consensuando aspectos y detalles de una ley general de lucha contra el cambio climático, y estamos donde estamos porque ustedes no son conscientes del problema al que debemos hacer frente. Esperamos, señores del Grupo Socialista, que sean capaces de asumir esta responsabilidad por el bien de todos los españoles.
Me parece indecoroso tener que interrumpir pero se ha ido usted a cinco minutos, que es el tiempo del proponente. Le pido a usted y a su grupo que se atengan al tiempo para ser justos y equitativos también el debate.
- RELATIVA A IMPULSAR LA HOJA DE RUTA 2030 PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN LOS SECTORES DIFUSOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 161/000960).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la segunda proposición no de ley, relativa a la Hoja de Ruta 2030 para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores difusos. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora González Guinda.
La Unión Europea establecía en el año 2008 objetivos concretos para 2020 en materia de energías renovables, eficiencia energética y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, al aprobar el paquete europeo de energía y cambio climático 2013-2020 y obligaba a reducir las emisiones de CO2 en un 20 % respecto al 90 para el conjunto de la Unión. El Gobierno español presentó en octubre de 2014 la Hoja de Ruta de los difusos hasta el año 2020, que incluye 43 medidas con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los denominados sectores difusos: el residencial, el de transporte, el agrícola, ganadero, de residuos, gases fluorados y la industria no sujeta al comercio de derechos de emisión. La iniciativa, consensuada con sindicatos, organizaciones empresariales, mundo académico, ONG y resto de ministerios y administraciones, se enmarca en la estrategia tanto en el ámbito internacional como europeo para que los países de doten de instrumentos para un desarrollo bajo en carbono. La Hoja de Ruta de los sectores difusos realiza un análisis de posibles escenarios de emisiones a futuro y los compara con los objetivos de reducción del 10 % en 2020 de las emisiones difusas respecto de los niveles de 2005, derivados de la decisión de reparto del esfuerzo para los Estados miembros de la Unión Europea.
Pues bien, señorías, quiero recalcar aquí la firma determinación del Partido Popular mientras ha gobernado con sus compromisos en materia de emisiones y en todo lo relativo a medidas para minorar el cambio climático y con los esfuerzos que han de hacerse al respecto. El 80 % de las medidas de esta Hoja de Ruta 2020 de los sectores difusos han sido activadas. Pues bien, parece ser y se puso así de manifiesto en la proposición de ley de cambio climático y transición energética que trajo el PP la semana pasada a la Cámara, que ustedes están empeñados en pretender demostrar que solo los partidos de izquierdas están comprometidos con este tema y por tanto, ante la proposición de ley su voto en contra estaba justificado porque la presentaba el Partido Popular. Señorías, repito, el 80 % de las medidas han sido activadas, déjense de Saulo de Tarso o del primo de, obras son amores. Somos conscientes de las dificultades que se presentan y de las actuaciones que todos los sectores están haciendo, pero tengan la seguridad que en esta lucha está el PP y la tengan porque a España le importa más que a otros países del entorno. Por nuestra situación sur, por nuestra orografía vemos que ya estamos sintiendo estos efectos del cambio climático en desbordamientos, como los torrentes de Mallorca que hemos visto estos días -desde aquí nuestra solidaridad con las familias de las víctimas-, los incendios reiterados en Galicia y la zona noreste. No lo dudan, el Partido Popular está y ha estado comprometido con este tema y ustedes lo saben, señorías del PSOE y a pesar de ello lo negaban en sede parlamentaria la semana pasada y sin embargo en el boletín del día 5 de octubre, y lo leo textualmente, dice: "La decidida apuesta por la descarbonización de la economía que ha asumido la Unión Europea con España a la cabeza". Este boletín viene firmado por Pedro Sánchez, reconoce él mismo, con España a la cabeza de la Unión Europea.
Señorías del PSOE no creo que España esté en boca de su presidente a la cabeza por el trabajo hecho por ustedes en estos pocos más de tres meses, vamos a ser serios. Siguiendo el mandato de Europa instamos a impulsar la Hoja de Ruta 2030 que establezca la estrategia para cumplir con nuestras obligaciones internacionales en materia de reducción de gases de efecto invernadero y de desarrollo de políticas de energías renovables y eficiencia energética. Instamos asimismo a participar activa y constructivamente, en coordinación con esta Hoja de Ruta, en las políticas de energía y cambio climático que aplicará la Unión Europea 2021-2030, así como en los procesos de negociaciones con Naciones Unidas. Ya hay trabajo hecho, así nos consta, pónganse a trabajar en el plan nacional integrado de energía donde se insertan los trabajos que están hechos ya de la Agenda 2030 y contarán con toda nuestra colaboración y apoyo. Asimismo también nos brindamos al consenso intentando aceptar enmiendas tantos de su partido como de otros partidos que las han presentado.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a usted, señoría.
Pasamos a los turnos de los grupos enmendantes. En este caso, por orden de llegada de las enmiendas, toma la palabra en primer lugar el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En su nombre señor López de Uralde.
En primer lugar me gustaría contextualizar que a partir de esta semana creo que los debates sobre la lucha contra el cambio climático tienen que venir marcados necesariamente por el último informe del panel intergubernamental de cambio climático que lo que nos viene a recordar es, en primer lugar, que lo que se está haciendo es insuficiente, que con los compromisos del Acuerdo de París no se va a llegar a evitar un cambio climático catastrófico y que el nuevo objetivo debe ser impedir un aumento por encima de 1,5 grados centígrados de las temperaturas medias. Este informe del panel intergubernamental de cambio climático claramente aborda la diferencia de lo que puede suponer un aumento de dos grados que hasta ahora era, digamos, el objetivo a batir a un aumento de 1,5 grados centígrados y en ese sentido creo que todas las políticas, en línea con lo que dice el informe y si nos atenemos a la necesidad de llegar a ese objetivo, creo que todas las políticas establecidas hasta ahora deben revisarse y renovarse y, sin lugar a dudas, deben hacerlo con el objetivo marcado por el IPCC de una reducción para el año 2030, es decir, para prácticamente pasado mañana, del 45 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. Creo que esto es una realidad ineludible, creo que es una urgencia en la que tenemos que embarcarnos y en ese sentido consideramos que también en lo que se refiere a los sectores difusos los planes y las hojas de ruta deben ser revisadas al alza, porque lo que tenemos hasta este momento, de cumplirse, sería insuficiente para abordar el problema tan grave al que estamos haciendo frente. Y digo de cumplirse porque realmente lo que nos encontramos hasta ahora y que desmiente un poco el discurso de la portavoz del Grupo Popular es que los objetivos no se han cumplido. Realmente en el año 2017 el incremento de las emisiones
globales en España fue importante, pero además contribuyeron a ese aumento el incremento de las emisiones de los sectores difusos, en concreto el sector industrial el 3,2 %, el transporte por carretera supuso un aumento del 2,5 % o la agricultura el 2,9 %. Por tanto, también los sectores difusos aportaron a esa no bajada de las emisiones; por tanto, el seguir como hasta ahora es no abordar la realidad de la necesaria reducción de las emisiones en esos sectores que, sin lugar a dudas son importantes; hablamos de sectores como la edificación, como la movilidad y el transporte, que suponen globalmente el 25 % del total de las emisiones, por tanto no es un sector menor; el sector agrario, que en este momento está cuestionado especialmente por la emisión de gases de la ganadería extensiva, los residuos, etcétera.
En definitiva, y a la luz del nuevo informe del IPCC, nosotros presentamos una enmienda en la que pretendemos es que precisamente se aborde lo que hemos estado diciendo, es decir, la necesidad de generar una nueva hoja de ruta con objetivos mucho más ambiciosos en la línea de ese objetivo de una reducción del 45 % para el año 2030.
A continuación, en nombre del Grupo Ciudadanos, toma la palabra el señor Martínez.
En sectores como el transporte residencial y el primario o la industria, no solo tienen una importancia fundamental por su incidencia económica y valor social, sino también por la aportación que hacen a las emisiones difusas de las que hablamos, y si bien hay sectores como el eléctrico donde se ha realizado un gran esfuerzo de descarbonización en las últimas décadas, pero en estos sectores el esfuerzo de modernización y optimización ha sido más escaso, incluso el esfuerzo normativo. Es por ello por lo que se debe poner la atención también en estos sectores. La Unión Europea planteó una reducción para 2020 de los sectores difusos y en este esfuerzo repartido a España le correspondían un 10 %, pero como ha apuntado la anterior portavoz, en estos sectores las emisiones de CO2 siguen creciendo; de hecho, en su conjunto, para 2017 han crecido un 0,6 %. Por tanto hay ahí un amplio campo para trabajar y para desarrollar políticas que ayuden a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido hemos presentado nuestra enmienda. Tiene especial importancia el sector del transporte y el residencial y la agricultura, que suponen la mayoría de estas emisiones. Además el transporte no solo por reducir las emisiones sino por la afectación que tiene sobre la salud humana, y en este aspecto se ha trabajado poco; aquí tienen mucho que decir las comunidades autónomas y los ayuntamientos que están realizando políticas de mejora en la calidad del aire.
Una de las enmiendas que presentamos hace mención al sector residencial, donde también queda mucho por trabajar; no hemos cumplido los objetivos de rehabilitación del 3 % de los edificios públicos y tenemos un parque de viviendas, sobre todo en el aspecto de público hay casi 1,7 millones de edificios públicos que no están rehabilitados y un parque de cinco millones de viviendas que son ineficientes energéticamente, que nos daría para hacer políticas en este sentido que no solo ayudarían a mitigar los gases de efecto invernadero sino que también fomentarían el desarrollo económico. Por tanto, hay aquí todo un campo para trabajar en el sector del transporte; las mercancías la mayoría se siguen haciendo por carretera y se utiliza muy poco el ferrocarril; también se puede avanzar en la electrificación del transportes. En este sentido la iniciativa nos parece bien, la vamos a apoyar y esperamos que se apoyen también nuestras enmiendas que vienen a reducir en este sentido una estrategia nacional de descarbonización del transporte, en impulsar el plan de rehabilitación de viviendas y en promover patrones de cultivo más sostenible en la agricultura.
A continuación, en nombre del Grupo Mixto, el señor Campuzano tiene dos enmiendas que defiende conjuntamente.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, por un error de nuestros servicios administrativos una de las enmiendas se ha colgado de esta proposición no de ley cuando no era lo previsto. No sé si podríamos conseguir que se debatiese en la proposición no de ley que pretendíamos presentar que es la proposición no de ley del Grupo Ciudadanos sobre fiscalidad de la factura de la luz. Si fuese posible se lo agradecería si no la retiraríamos de esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Campuzano. ¿El grupo proponente aceptaría ese cambio? (Asentimiento). Sin problemas.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Se lo agradezco a la portavoz de Ciudadanos.
Yendo a la cuestión de la enmienda que planteamos, efectivamente en la política de reducción del cambio climático en los sectores difusos, estamos convencidos de que una de las debilidades que tiene en estos momentos la política pública en el Estado español es que precisamente los recursos obtenidos de las subastas de los derechos de emisión no se están dedicando prioritariamente a estas políticas, tan solo un 10 % de esos recursos se destinan a las políticas que afectan a los sectores difusos. Por tanto, planteamos una enmienda que vaya en la dirección de destinar esos recursos a esas políticas. En segundo lugar, planteamos una cuestión que los Gobiernos de Cataluña vienen planteando desde hace años que es la necesidad de proceder a movilizar el grueso de estos recursos. Porque básicamente las políticas que afectan a los sectores difusos son políticas vinculadas al ámbito competencial de las comunidades autónomas, singularmente en transporte y vivienda. Si los Gobiernos autonómicos tuviesen la capacidad de movilizar esos recursos que son importantes, su capacidad para poder actuar de manera decidida en los sectores difusos sería decisiva. Espero, por tanto, que estas enmiendas sean aceptadas.
El señor PRESIDENTER: A usted, señoría, por la brevedad y claridad.
El siguiente grupo es el Grupo Socialista. El señor Antón toma la palabra para defender su enmienda.
La proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular es un intento de poner en valor la política del anterior Gobierno en materia de cambio climático que, a nuestro parecer, se caracterizó principalmente por plantearse unos objetivos poco ambiciosos por no decir excesivamente conservadores.
El actual Gobierno tiene planteamientos más ambiciosos en relación a los objetivos de esta iniciativa, más allá de los marcados por la Unión Europea y que se plasmarán en el plan nacional integrado de energía y clima 21-30, cuyo borrador se hará llegar a Bruselas a finales de este año. El compromiso del nuevo Gobierno socialista en lucha contra el cambio climático lo dejó claro la ministra Ribera en la reunión del Consejo de Energía en Luxemburgo el pasado mes de junio, marcando unos objetivos mucho más comprometidos de los que marcaba el Gobierno anterior. Por poner un ejemplo, en materia de renovables al menos un 34 % de renovables para el 20-30 respecto al 27 % de partida. En eficiencia España apostó por establecer el objetivo más elevado, del 33 % en 2030 respecto al 30 % de partida, y el compromiso, por supuesto, de la eliminación del impuesto al sol, así como cualquier traba al desarrollo del autoconsumo. Además, el objetivo que se marca este Gobierno a largo plazo para 2050 es la neutralidad climática, para lo cual trabaja en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora de la eficiencia energética y el incremento de la penetración de renovables que se reflejará en el citado plan.
Concretamente, en relación a la reducción de emisiones en los sectores difusos, el objetivo es una reducción en 2030 del 20 % en relación con los valores de 1990, lo que supone un objetivo mucho más ambicioso al tomar como referencia este año. El plan se configura en un contexto a largo plazo; por ello se parte de la base central de alcanzar esta neutralidad climática en 2050, pero lo cierto es que partimos de un escenario complicado. Al finalizar el año 2017 las emisiones en España fueron un 18 % superiores a las de 1990; además, las emisiones aumentaron un 4,46 % respecto al año 2016, el mayor incremento de los últimos quince años. Si queremos alcanzar la neutralidad climática tenemos que actuar ahora y de forma decidida. Para ello necesitamos reducir en el año 2030 una de cada tres toneladas de CO2, equivalentes que se emiten actualmente.
Además, España cuenta con un elevado potencial de recursos renovables, que permitirán una transformación de un sistema actual con un mix energético con fuerte dependencia energética del exterior y combustibles fósiles, por un sistema eficiente, limpio y seguro. El plan nacional integrado de energía y clima o de energía y clima 2021-2030, viene a cambiar una tendencia donde apenas se ha logrado desacoplar en términos absolutos el crecimiento de la economía de las emisiones de gases de efecto invernadero, maximizando la eficiencia energética y la penetración de las energías renovables en nuestro sistema, protegiendo a los más vulnerables y defendiendo una oportunidad de cambio.
Por todo ello, la proposición no de ley que se presenta hoy y se debate aquí, si bien es aceptable es muy poco ambiciosa; la Hoja de Ruta es tan solo un libro blanco y este Gobierno quiere un plan nacional más ambicioso, más allá incluso de lo que demanda la Unión Europea, porque este Gobierno sí está
comprometido en la lucha contra el cambio climático y la exigida transición energética que lo haga posible. El plan nacional integrado de energía y clima 2021-2023...
El señor PRESIDENTE: Señoría, tiene que ir terminando.
El señor ANTÓN CACHO: ... será presentado a la Comisión Europea de manera que nuestro país contribuya de forma proactiva en el fortalecimiento del liderazgo global de la Unión Europea en la reconducción del cambio climático y la modernización de la economía.
Hemos presentado una enmienda, que si es aceptada o es transaccionada valoraremos el apoyo a esta proposición no de ley.
A continuación tiene la palabra el Grupo Popular para indicar si acepta o no las enmiendas.
La señora GONZÁLEZ GUINDA: Estamos trabajando en ello, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, lo vemos al final de la sesión.
El Grupo Vasco no está presente. Grupo de Esquerra Republicana, señor Capdevila. Pasa palabra.
- PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE EL IMPULSO DE LA EFICIENCIA Y EL AHORRO ENERGÉTICO. (Número de expediente 161/001380).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 3 del orden del día. En este caso, una proposición no de ley sobre el impulso de la eficiencia y el ahorro energético cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista. Defiende esta iniciativa el señor Lamuà.
La PNL para el impulso de la eficiencia y el ahorro energético que presentamos tiene lugar en la importancia de la transición energética como uno de los grandes retos políticos y económicos del presente global. Debemos apostar, evidentemente, por estrategias a la corta pero también a la larga, que ayuden a enfocar un modelo más sostenible, competitivo y más igualitario.
Hasta hace muy poco estábamos en manos de un Gobierno cuyo grupo parlamentario en Europa había votado en contra a la directiva sobre eficiencia energética o que había recortado de manera significativa el IDAE, demostrando así que la eficiencia energética no estaba entre sus principales preocupaciones inmediatas. El compromiso del actual ejecutivo en estas materias es sensiblemente superior, primero porque este ejecutivo socialista cree en el nuevo paradigma al que apunta el sistema energético, un nuevo sistema que tiene como bases la descarbonización, la descentralización de la generación, la electrificación de la economía, la participación más activa de los consumidores y un uso mucho más sostenible de los recursos globales y colectivos.
Debemos abordar las reformas estructurales que el sistema eléctrico necesita, es decir, una reforma del mercado mayorista, una regulación y racionalización de la generación y una coherencia mucho más realista del sistema fiscal respecto al sistema eléctrico. Para acometer este tipo de medidas es cierto que debemos todavía tener acabados análisis mucho más en profundidad de las posibles opciones y de las afectaciones que van a tener en los distintos agentes, como ocurre en estas afectaciones. Es por eso que se trata de actuaciones menos inmediatas. Para paliar la necesidad de la inmediatez es por lo que el Gobierno aprobó el real decreto ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores; acometer la reforma del bono social para que se amplíe su cobertura, además de plantear una nueva estrategia nacional contra la pobreza energética, son iniciativas que tendrán que darse en los próximos tiempos para, como decíamos, afrontar con garantías los retos que nos plantea hoy en día a nuestro sistema eléctrico actual, un nuevo bono, por ejemplo, que debería ser multicombustible, de adjudicación automática, con un principal criterio basado en las rentas sí pero sin olvidar nunca otros criterios importantes, como menores en el hogar, dependientes, personas con discapacidad dependientes de ese hogar, etcétera.
Una protección y empoderamiento del consumidor eléctrico, evidentemente es uno de los lindes en los que debemos andar, debido a la necesidad evidente de atajar las prácticas abusivas por parte de algunas
comercializadoras, prohibir la contratación, por ejemplo, se ha hablado mucho del suministro eléctrico y de gas puerta a puerta, así como asegurar que todos los operadores del mercado lo hacen cumpliendo con sus obligaciones y penalizando prácticas fraudulentas que a lo largo de los años se han ido implantando en las operaciones de este sector. Hemos empezado a andar ya la senda del fomento del autoconsumo, con el fin del impuesto al sol; deberemos también incentivar este autoconsumo, debemos incentivar la cogeneración entre nuestros conciudadanos; hemos implementado la suspensión del 7 % del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.
En resumen, debemos seguir persistiendo en el esfuerzo que requiere la transición energética, ser más eficientes, ahorrar más energía pero, ante todo no perder nunca de vista que debemos ser partícipes de una transición que sea justa, que sea lo más justa posible, y que tenga a la ciudadanía como punto focal del centro de toda acción política que se derive de ella. Para eso trabajamos este grupo y el ejecutivo al que damos apoyo. En este sentido va esta proposición no de ley. Y con la seguridad de que en todo lo que hemos contado, en el mismo vagón que nosotros están el resto de grupos de esta Comisión, les pedimos el apoyo a esta proposición no de ley.
En el turno de enmiendas, toma la palabra el señor Capdevila. (Pausa). Pasa usted palabra, muy bien.
A continuación la señora Rodríguez, en nombre del Grupo Ciudadanos, toma la palabra.
Hablar de eficiencia energética es una buena noticia puesto que hasta hace poco no se hablaba demasiado y la mejor energía es aquella que no se consume. En las distintas exposiciones o ponencias o comparecencias de la ministra, le hemos preguntado reiteradamente sobre la situación en la que se encontraba el real decreto sobre eficiencia energética que estaba en consulta pública, y en ese momento desconocía el contenido del mismo. De esta manera nosotros creemos que es importante que se persiga realmente, que los usuarios cada vez reduzcamos o cambiemos nuestros patrones de consumo, que tengamos consumos mucho más eficientes para reducir de esa manera la demanda y para eso todavía desde la parte política hay que hacer muchísimo más. Como saben, vivimos en un mundo en constante expansión e interconexión, en la que cada vez dependemos más de distintos recursos y que si hacemos los deberes y reducimos nuestra dependencia en nuestros hogares, fomentaremos a que no se siga disparando la necesidad o el incremento de la demanda. Los recursos que tenemos son finitos, ya lo sabemos, los renovables en este caso no tanto pero sí los fósiles y en este momento la dependencia de los combustibles fósiles es alta, así que tenemos que empezar a hacer los deberes, ya no solamente por nosotros sino por nuestro entorno y por el medio ambiente que queremos que perdure y cómo queremos que perdure.
Para poder mantener este nivel de vida, sin poner en peligro la sostenibilidad, es necesario, como ya dije, apostar por medidas eficientes; hemos de pasar de las palabras buenas a los hechos. Cuando en edificación hablamos de eficiencia energética, y lo digo porque ahí tengo la gran suerte de haber trabajado en un estudio de sostenibilidad y que además trabajaba en concreto con edificaciones de consumo nulo y también de haber visto lo que son las certificaciones energéticas y haber realizado algunas en mi etapa profesional, en este país se estableció un modelo de certificación energética que no nos ha servicio para nada porque ni nos ha servido para saber cómo tenemos el parque edificatorio público y privado en nuestro país, no sabemos cuáles son las condiciones y además tenemos que tener claro, por lo menos desde el punto de vista profesional, que gran parte de las certificaciones que se han hecho se han hecho no vamos a decir deprisa y corriendo pero al final los valores que se han dado para obtener una calificación determinada van a ser medidas que son imposibles de asumir por los usuarios, con lo cual estamos hablando de que se ha mal utilizado una herramienta que se creó para controlar o para saber qué parque teníamos y que al final se ha convertido en una especulación o en un a ver quién da más porque necesito el certificado para poder vender o para poder alquilar y no con la finalidad que estaba pensada.
Creemos, y por eso hemos enmendado en distintos puntos, añadiendo, creemos, que un poquito de ambición a dicha iniciativa, que los edificios públicos tienen que dar ejemplo, tienen que ser los primeros. de hecho planteamos que haya un plan de eficiencia nacional para aumentar al menos un 3 % anual al renovación de edificios públicos. Creemos que si desde la parte pública se empieza a dar ejemplo, la parte privada continuará. Creemos también que dentro de este plan ha de buscarse y evaluar la eficiencia energética de los edificios más sensibles, es decir, colegios,, residencias, hospitales, etcétera. Creemos que buscar el confort óptimo también siendo más eficientes y reduciendo la dependencia energética de
esos edificios, intentando que incluso se conviertan en edificios de consumo energético casi nulo, será una manera de seguir apuntalando la confianza en materia de eficiencia.
Asimismo también hemos planteado desarrollar el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico -y voy terminando, presidente- de la certificación de la eficiencia energética de los edificios a través de la reforma del código técnico de la edificación para fijar también qué términos deberán cumplir los edificios de energía casi nulos. Como digo, se trata de iniciativas para ir un poco más allá y también creemos que es indispensable apuntar por inversiones en materia de eficiencia energética, priorizando aquellos consumidores que son extremadamente vulnerables; no solo vale con un bono social si no hacemos para que se reduzca también la dependencia energética de estos hogares. Así que invertir en materia de eficiencia también en esos hogares más desfavorecidos, creo que hará que todos tengamos no solamente una conciencia mayor, cambiemos nuestros patrones, sino que además se reduzca la dependencia energética y aumente la eficiencia de nuestros edificios.
Hago un paréntesis porque el señor proponente del Grupo de Esquerra Republicana, del punto 7, como es el único miembro, me pide que les proponga yo si se puede alterar ese punto, adelantarlo, atrasarlo al final, que tiene que ver con autoconsumo fotovoltaico en la agricultura. Lo digo ya que es el único miembro y es proponente. (Pausa). El punto 7 se pasa al décimo.
A continuación toma la palabra el Grupo Socialista, para la consideración de las enmiendas que se han presentado.
El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Aceptamos la enmienda de Ezquerra Republicana y estamos trabajando con el Grupo Ciudadanos para llegar a un acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Y al final lo manifiestan. De acuerdo.
Pasamos al turno de fijación de posición. El Grupo Mixto, señor Campuzano, no toma la palabra. Del Grupo Vasco no hay ningún miembro. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Luis Bail tiene la palabra.
El señor LUIS BAIL: Cabe decir que en este asunto tenemos un gran consenso con el Partido Socialista y que precisamente por ello hemos llegado a un punto dentro de los acuerdos presupuestarios para este próximo ejercicio, que resume bastante esta proposición en su punto 10.6, en el que apostamos por el ahorro y la eficiencia energética.
Hablando de concretar algunos de estos puntos que ha relatado el ponente, podemos decir que en lo que hemos acordado Gobierno y el Grupo Confederal, hablamos de poner en marcha un plan estatal de la rehabilitación de viviendas a partir de 2019, con una duración de cuatro años, una movilización de 400 millones de euros cada año. El plan responderá a criterios de eficiencia energética e incluirá zonas destinadas prioritariamente a edificios ubicados en zonas y colectivos vulnerables, como dice la proposición, a los cuales se destinará una cantidad que supondrá el 20 % del total, es otro de los datos que se pueden introducir en esta proposición.
Hablamos también de que en este proceso de implantación y de desarrollo se llevará a cabo con entidades locales y regionales, con la participación de empresas del sector, se dotará de continuidad al fondo nacional de eficiencia energética, que nos parece una herramienta básica. Este fondo se dotará de al menos 200 millones de euros por año, aportado por las empresas comercializadoras de electricidad. Otro de los datos que se podrían aportar.
En cuanto a la movilidad, el punto 4 de la proposición, se especifica anteriormente en el acuerdo que se pondrán en marcha ayudas económicas para el vehículo eléctrico, estables e ininterrumpidas hasta el año 2020, evitando que las ventas se concentren en momentos determinados y queden paralizadas hasta la aprobación de nuevas ayudas, como ocurrió en los presupuestos del Partido Popular.
El plan contará en 2020 con al menos el 30 % de la recaudación de impuestos en cuanto a cambio climático. Creemos que es algo que es fundamental y que hay que empezar a poner en marcha, y si no empezamos ya y tenemos pasado mañana la convalidación del real decreto de medidas urgentes, no será a tiempo. Si no, cualquier grupo que aquí ponga pegas tendrá que venir a Huesca a decir por qué tenemos tormentas tropicales y por qué se están produciendo ese tipo de alteraciones del clima, debida a la acción contra el clima.
Para finalizar este punto, toma la palabra el último grupo, el Popular, y en su nombre el señor Herrero.
El señor HERRERO BONO: Gracias, presidente.
Señorías, el Partido Socialista presenta esta proposición no de ley y lo primero que me produce es cierto sonrojo; me produce sonrojo porque es una proposición no de ley ciertamente caduca. Me pregunta si podrían actualizar este tipo de proposición, porque es una proposición que indica el nulo esfuerzo por parte de su grupo político y la falta de respeto que tienen hacia esta institución.
Ustedes hablan en esta proposición no de ley dirigiéndose al anterior Gobierno del Partido Popular, cuando ustedes ya llevan más de 120 días en el cargo, y es verdad que ahora mismo no se sabe muy bien quién está en el Gobierno, si es que hay alguien, porque todos los días nos desayunamos con una crisis de Gobierno que ha afectado prácticamente ya a la totalidad de sus ministerios. Sin ir más lejos, un día la ministra de Transición Ecológica dice que va a subir el diesel, al otro día el doctor Sánchez lo desmiente, para finalmente ir contemplando en los presupuestos de 2019 y suponer así un hachazo de más de 670 millones de euros a todos los conductores. Ese es solo un ejemplo de que ustedes no tienen ni tenían un programa para el desarrollo económico y energético de este país. En fin, que es verdad que desde que están ustedes en el Gobierno España es un despropósito.
Señalan en su exposición de motivos que son únicamente dos los ejes fundamentales que deben impulsar en esta transición ecológica, el de la eficiencia energética y las energías renovables. Y por lo que veo les da igual el precio, les da igual el coste de la energía que tengan que pagar todos los españoles. Con ello confirman y queda demostrado que antes con las políticas del señor Zapatero y hoy con las del señor Sánchez, llevarnos a la quiebra técnica a nuestra país no fue casualidad sino que fue y va a ser la consecuencia del Gobierno de su partido político.
No me queda claro dónde han estado ustedes en estos últimos siete años con el Gobierno del Partido Popular y en los que mi Gobierno ha tomado numerosas medidas legislativas, primero para atajar la crisis económica en la que ustedes nos habían metido; segundo, equilibrar el sistema de gastos e ingresos del sistema energético de nuestro país y luego para aumentar y mejorar así la eficiencia energética de nuestro país. Se tomaron numerosas medidas para la mejora de la eficiencia y el ahorro energético, como ese Real Decreto 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, en el que también incluyeron medidas de mayor vulnerabilidad social en sus programas de rehabilitación energética de edificios, pero que estamos abiertos a mejorarlo.
Otra de las medidas que también ha expuesto el portavoz de Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, es la creación de ese fondo nacional de eficiencia energética, que es gestionado por el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, que fue dotado con esos 200 millones de euros y que hoy, en el acuerdo del Partido Socialista y Unidos Podemos han usado en esa misma cifra la cuantía. Un fondo que establece acciones concretas con la finalidad de alcanzar un notable ahorro de energía acumulado en el periodo 2014-2020 y cuya ejecución esta permitiendo alcanzar los objetivos de ahorro y eficiencia energética, y prueba de ello es que España ya comunicó a la Comisión Europea un incremento de ahorro del ya establecido de 659 kiloteps.
El señor HERRERO BONO: Otra prueba de ese esfuerzo que hizo este Gobierno por mejorar la eficiencia energética son los planes de ayuda a la compra de vehículos de energías alternativas, como aquí ya se ha dicho, el Plan Movalt o que sucede al Plan Movea y que dispone de una cuantía en los presupuestos de 20 millones.
En definitiva, señores del Partido Socialista, seamos más rigurosos en la presentación, en la exposición y en el debate de esta proposición no de ley porque los españoles necesitan que el Gobierno ejecute y siga ampliando las medidas llevadas a cabo del anterior de forma rigurosa, firme y sensata, sin rectificaciones ni mensajes contradictorios que pongan en peligro la toma de decisiones de las empresas involucradas en la mejora por la eficiencia energética.
Se ha presentado una enmienda transaccional; la haremos llegar a la Mesa y en función de ello votaremos.
El señor PRESIDENTE: Observo que las señorías que traen escritas las intervenciones son las que se alargan, no tiene sentido. Traigan escritos los tres minutos que corresponden; la verdad es que es una
paradoja pero es una invitación también por el buen destino de esta Comisión y de los debates de la misma. En ese sentido espero colaboración.
- PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LA SEPARACIÓN REAL Y EFECTIVA DE LOS GRUPOS VERTICALMENTE INTEGRADOS EN EL SECTOR ELÉCTRICO (Número de expediente 161/002600).
El señor PRESIDENTE: El cuarto punto del orden del día es una iniciativa relativa a la separación real y efectiva de los grupos verticalmente integrados del sector eléctrico. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Para su defensa tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente, buenos días.
La crisis de precios que estamos viviendo pone en evidencia aun más los problemas estructurales del sistema energético español. Esta proposición no de ley quiere poner el foco en uno de estos problemas, que es la posición de dominio que tienen sobre el mercado unas pocas empresas, cinco en concreto, dos empresas muy grandes, una mediana y otras dos más pequeñas. Estos grupos empresariales tienen una posición de oligopolio sobre el mercado, controlan la generación, la distribución y la comercialización y en el caso de este último segmento, la comercialización, controlan alrededor del 95 % del mercado; está en sus manos, además, las comercializadoras de referencia que son las que pueden otorgar el bono social.
¿Qué efectos tiene esta situación de oligopolio? Tiene diferentes consecuencias. Primero, tener la posición dominante en alguna de las actividades en u n sistema energético interrelacionado, especialmente la distribución, que es lo que se llama un monopolio natural, hace que las empresas dispongan de información privilegiada sobre los puntos de conexión de nuevas instalaciones de generación. Normalmente las empresas que controlan la distribución en un territorio tienden a instalar en ese territorio sus centros de generación, dificultando la implantación de la generación que obedezca a criterios de sostenibilidad territorial, de impulso a la transición energética o de transición no justa en las comarcas donde puede afectar más la transición a un nuevo modelo energético. En determinados territorios se producen situaciones de monopolio, como es el caso de Endesa en Cataluña. En segundo lugar, los cambios de comercializadora de los clientes suelen ser más ágiles cuando se hacen a favor de una comercializadora que forma parte del grupo integrado y con menos tasa de rechazo, como ha señalado reiteradamente la CNMC en sus informes, y eso supone un claro perjuicio para el resto de comercializadoras que compiten con esos grandes grupos. En tercer lugar es difícil para los clientes la distinción entre comercializadoras distintas, entre operadores, distribuidoras y comercializadoras de mercado libre y comercializadoras de último recurso, de ahí que la CNMC haya obligado a las empresas a cambiar la denominación social, la marca, logos, web, para que la clientela pueda distinguir entre diferentes comercializadoras. En cuarto lugar, el control que tienen unas pocas empresas sobre todas las actividades del sector dificulta la entrada efectiva de nuevas empresas en un mercado que teóricamente es libre; por ejemplo, en el caso de las comercializadoras, donde existen pocas barreras en principio, la cuota de mercado de las no integradas, como se decía antes, es muy reducida. Las comercializadoras de las grandes empresas tienen un enorme poder de mercado, tienen mucha más información y ventajas competitivas que dificultan la entrada de otros actores. En quinto lugar, la falta de competencia efectiva de un mercado más abierto, con una mayor diversificación, dificulta que los precios bajen; con una afectiva separación de actividades la preocupación de la distribuidora sería conseguir precios más bajos para sus clientes, para competir mejor. Actuarían así en su único y propio interés. En cambio ahora, lo que ocurre, es que al estar participadas con empresas con intereses en la generación, que ofrecen electricidad en el mercado, actúan en función de ese interés y no tienen el incentivo de competir y, por tanto, también de reducir el precio.
En resumen, el oligopolio es negativo para la ciudadanía, es negativo para las empresas, especialmente las pequeñas y las medianas, pues tiende, como he dicho, a elevar los precios, y también plantea, hay que decirlo, un problema democrático. Estas grandes empresas, asociadas en un loby, han tenido históricamente un gran poder, no solo de mercado, sino un gran poder de condicionar la decisión política. Por tanto, también quería subrayar la recesión política en relación a la política energética; por tanto también quería subrayar ese elemento.
Ante esto, la regulación en España se ha demostrado débil, no es eficaz para garantizar esa separación de actividades; creemos que no se cumplen adecuadamente las directivas europeas; las
medidas de separación comprendidas en la ley del sector eléctrico no son estructurales, son las llamadas de comportamiento, que limitan el derecho de las empresas pero que no han sido efectivas. Otro caso es el transporte, en el transporte sí que se produce esa separación, las empresas eléctricas no pueden tener más de un 5 % de acciones en Red Eléctrica Española y solo un 1 % de los derechos políticos.
Por tanto, lo que planteamos hay que situarlo en un marco de transición a un nuevo modelo energético cien por cien renovables, donde no se trata solo de un cambio tecnológico, sino que se trata también de un cambio en sí del modelo energético, de pasar de grandes empresas, de un modelo oligopolístico a otro modelo distribuido, descentralizado, democratizado con la participación de muchos más actores. La PNL -y termino- lo que propone simplemente es que el Congreso inste al Gobierno a presentar una regularización que garantice la libre competencia y que la posición dominante en una actividad de un grupo empresarial nunca pueda beneficiar a una empresa de otros segmentos de actividad. Esa es la cuestión fundamental.
A esta proposición no de ley se ha presentado una única enmienda por parte del Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra su portavoz.
Señorías, efectivamente existe un mandato europeo a través de varias directivas por el cual se impone a los Estados miembros la separación efectiva de las empresas integradas en el sector eléctrico, que la legislación española lo contempla en el artículo 12 de la Ley del sector eléctrico, en línea con la directiva sobre mercado interior de electricidad, por la que las sociedades mercantiles que desarrollen alguna de las actividades de transporte, distribución y operación del sistema, deberán tener como objeto social exclusivo el desarrollo de las mismas, sin que puedan, por tanto, realizar actividades de producción, de comercialización o de servicios de recarga energética ni tomar participación en empresas que realicen estas actividades. Además, las empresas obligadas a la separación de actividades, y en particular la separación funcional, remiten al ministerio competente y a la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia, un código de conducta antes del 31 de marzo de cada año con relación al ejercicio anterior. En este código se deben exponer las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de los requisitos preestablecidos de separación de actividades en el que se establecen obligaciones específicas para los empleados y su cumplimiento será objeto de la adecuada supervisión y evaluación por la persona u órgano competente designado por la sociedad a tal efecto. El encargado de evaluar el cumplimiento debe ser totalmente independiente y tiene acceso a toda la información de la sociedad y de cualquiera de sus empresas filiales que requiera para el desempeño de su función. Por otra parte, el artículo 64 de la Ley del sector eléctrico regula como infracciones muy graves las derivadas del incumplimiento de lo establecido en la ley sobre estas cuestiones. Es función del Mercado Nacional del Mercado de Competencia, la defensa de la competencia efectiva, la objetividad y la transparencia en el funcionamiento de los sistemas energéticos, en beneficio de los consumidores y agentes que operan en estos sectores; de hecho en su función de supervisor del funcionamiento y del grado de competencia en el mercado eléctrico, tanto en el mercado mayorista como en el minorista, realiza periódicamente informes de supervisión en ambos mercados; el último, publicado el 20 de septiembre de 2018, supervisión de las subastas de contratación a plazo, seguimiento de los precios, entre otros.
Por todo esto, señorías, de momento parece que la regulación en materia de separación de las diferentes actividades del sector es suficiente. Pero dicho esto, el informe reciente de la CNMC sobre cambio de comercializadora y al que hace referencia la PNL en su exposición de motivos en su anexo 2, analiza la integración vertical en el mercado minorista y verifica, entre otras cuestiones, en primer lugar que si bien es cierto que los porcentajes del total de altas del distribuidor, que son comercializadoras del mismo grupo empresarial, se reducen en el periodo 2014-2017, es innegable la importancia de la integración vertical con el distribuidor de la zona en el suministro a las nuevas altas de energía eléctrica; en segundo lugar concluye que permanece una elevada inercia de cambio de comercializador desde el comercializador de referencia al comercializador libre del mismo grupo empresarial, aunque ocurre, como en el caso anterior, el porcentaje ha disminuido durante el periodo objeto de análisis, pasando de un 79 % en 2014 a un 70 % en 2017, siendo la reducción media anual del 3 %. Y en el sector gasista, aunque en menor medida que en el sector eléctrico, se registra una inercia al cambio de comercializador desde el comercializador de último recurso del gas al comercializador libre del mismo grupo empresarial.
Por tanto, señorías, nos parece razonable que se pida adoptar cuantas medidas se consideren oportunas para garantizar la separación efectiva y real de los grupos verticalmente integrados del sector eléctrico, pero siempre teniendo en cuenta las recomendaciones que emita la Comisión Nacional del Mercado de Competencia y en el caso de que la inercia observada y verificada por el regulador realmente no garantizara la libre competencia y la defensa del consumidor.
Por todo ello les hemos presentado una enmienda y espero que alcancemos una transaccional.
Para señalar si admite la enmienda o no tiene la palabra el señor Vendrell.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Tenemos una propuesta de transaccional que haremos llegar a los grupos.
A continuación, para fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, el Grupo Mixto, no está; el Grupo Vasco tampoco está. Esquerra Republicana, tampoco está. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Cantó.
Desde Ciudadanos siempre hemos apostado por la promoción de una auténtica, de verdad, liberalización del sector, que además habilite inversión, innovación y protección de consumidores. En ese sentido nosotros hemos registrado una iniciativa encaminada a agilizar el cambio de comercializadora, pidiendo, además, que ese cambio se pueda producir en 48 horas como límite máximo. También nos hemos mostrado como que compartimos buena parte del contenido del Real Decreto 15/2018, recientemente publicado, en el que se acordaban medidas, como la prohibición de contratar puerta a puerta, lo cual redundaba en una posición de privilegio para determinadas empresas. Creemos que sí, que es de vital importancia impulsar una comercialización eficaz que asegure la información y la gestión de los consumidores de cara a una gestión óptima de su demanda para mayor beneficio propio. Asimismo ampliando el foco en todo el sector y la protección del consumidor, apostamos por reforzar el papel del regulador, despolitizando su gestión, su dirección y dotándole de mayores recursos y competencias, entre ellas la supervisión reguladora será la que se encargue de establecer retribuciones y condiciones de servicio de las actividades reguladas en las que la mayor dificultad existe para establecer una auténtica competencia en beneficio de los consumidores.
Queremos recordar también que nos preocupa especialmente, aparte de lo que dice Europa, el tema de las puertas giratorias en el ámbito del que estamos hablando ahora mismo, como despolitización también necesaria, y el tema de las ocurrencias. El grupo proponente, sin ir más lejos, en el Ayuntamiento de Barcelona está llevando a cabo alguna que otra; incluso los grupos ecologistas han sido muy críticos con la eléctrica que promueve la señora Colau y que vende energía limpia, por poner un ejemplo, que no es tal, que es sucia, que es como la que podría consumir cualquiera. Ese tipo de ocurrencias a la altura de esa moneda, por ejemplo, que se ha inventado estos días la señora Carmena con su madroño, etcétera, nos parecen también peligrosas para el sector. Repito, hay que apartar a los políticos y a sus ocurrencias de este campo tan necesario; podríamos recordar también que las ocurrencias del Partido Socialista con las renovables las están pagando y las seguiremos pagando todos los españoles durante mucho tiempo en nuestra factura. Actualmente, además, el poder político acapara competencias relacionadas con las retribuciones de esas actividades y contraviene de esa forma lo que están diciendo las indicaciones de la Unión Europea. Nosotros, desde luego, cumpliremos con nuestro compromiso europeo en defensa de los consumidores y pelearemos por suprimir el poder político sobre aspectos que no le competen, como sucede en este caso. Votaremos a favor de la propuesta.
Para la fijación de posiciones del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Postigo.
Buenos días a todos. Aun estando de acuerdo en el fondo de esta PNL presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, en la forma nos sorprenden
dos cuestiones. En primer lugar, porque es una propuesta del 21 de noviembre del año pasado, hace casi un año, y las cosas han cambiado mucho desde entonces hasta hoy. Da la sensación que al populismo se le han agotado algo las ideas en que han sido incapaces de actualizar esta PNL. En el petitum que solicitan se habla de propuestas generales, pero no plantean ni una sola acción concreta ni idea para llevar a cabo respecto a lo que solicitan. Y digo esto porque o no han querido o no han sabido tener en cuenta el informe del órgano supervisor del año 2017, presentado por la Comisión del Mercado de la Competencia el pasado 28 de junio de este año 2018. No lo sé, no quiero hacer ningún tipo de juicio de valor, pero de haberlo hecho algunas de sus preguntas o interrogantes se las hubieran ahorrado, pues tienen respuesta en dicho informe a muchas de ellas.
Quisiera llamar su atención en un aspecto concreto. Ya en el año 2013, a través de la Ley 24/2013, el Gobierno de Mariano Rajoy planteó, y así se aprobó, exigir a los ejemplos de marca de distintas empresas para las comercializadoras del último recurso y reforzando los requisitos de información a la CNMC. Por otro lado, el pasado 16 de marzo, también la propia CNMC abrió un procedimiento, jurídicamente vinculante, sobre la obligación de los grupos energéticos, verticalmente integrados, de no crear confusión a los consumidores en la información y la presentación de su marca e imagen de marca. Una medida que cambiará radicalmente el actual mapa del mercado eléctrico y del gas si se traduce en una obligación normativa.
En cuanto a la segunda cuestión que nos preocupaba, créanme, los preocupaba y les digo por qué. En el petitum que se solicita se insta al Gobierno a que eleve al Parlamento las propuestas legislativas necesarias para garantizar la separación real y efectiva de los grupos verticalmente integrados del sector eléctrico y sin embargo no dicen nada del gas, no dice absolutamente nada, se olvidan de consumidores de gas, se olvidan, en definitiva, de 7,8 millones de consumidores de gas que se encuentran en el mismo problema del sector eléctrico.
Acabo, presidente. El sentido de nuestra propuesta de esta PNL inicialmente es correcto y aprobaremos la misma siempre y cuando, y así se lo hemos propuesto, como hemos tenido la oportunidad de decírselo personalmente al señor Vendrell, un importante, importantísimo matiz, que es una enmienda in voce para que en lugar de hablar del sector eléctrico se hable de sectores energéticos o sector eléctrico y sector gasístico.
Muchísimas gracias, presidente. Pasaremos la transaccional.
- RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN PLAN NACIONAL DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/003684).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley relativa a la elaboración de un plan nacional de salud y medio ambiente. Por parte del grupo proponente de Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Uralde.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Gracias, presidente.
Con esta proposición no de ley pretendemos avanzar lo que ya el pasado miércoles planteamos a la ministra en el Pleno del Congreso de los Diputados, y es nuestra preocupación por los efectos que los cambios ambientales, las modificaciones ambientales están teniendo en la salud de las personas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los factores de riesgo ambientales conocidos y evitables, provocan al menos trece millones de muertes al año y aproximadamente un cuarto de la carga mundial de morbilidad. Para confrontar esta situación los países deben enfrentar una combinación de problemas ambientales y sanitarios nuevos, y pendientes de resolución desde hace tiempo. Estos problemas abarcan desde la falta de acceso universal a energías limpias, agua potable y saneamiento, hasta las consecuencias del desarrollo insostenible, como la contaminación del aire, el agua y el suelo, y la exposición a productos químicos peligrosos y las exposiciones combinadas más complejas y crónicas en los entornos laborales y residenciales, pasando por el envejecimiento de las infraestructuras, el estancamiento de los progresos relativos a la salud ambiental y el aumento de las desigualdades.
Por poner algunas cifras a toda esta información, la contaminación atmosférica causó la muerte prematura a 487 000 personas en cuarenta y un países de la Unión Europea; 31 520 en España, según la
Agencia Europea de Medio Ambiente. La contaminación atmosférica es el principal riesgo de salud medioambiental en Europa, reduce la esperanza de vida y contribuye a la aparición de enfermedades cardíacas, respiratorias y cáncer, además de tener un considerable impacto económico, aumentar los costes médicos y dañar bosques, lagos, suelos y semillas. En España la contaminación atmosférica causa diez veces más muertes al año que los accidentes de tráfico.
Por otro lado, el cambio climático supone un aumento de las catástrofes naturales que causan cada vez más víctimas, olas de calor, inundaciones, huracanes, cada vez más intensos. Además, el cambio en las condiciones climáticas facilita la expansión de enfermedades tropicales ajenas hasta ahora a nuestras latitudes. En definitiva, la lista de efectos sobre la salud de las alteraciones negativas a las condiciones ambientales es amplísima: exposición a compuestos químicos peligros, contaminación del agua, exposición a la radioactividad. Aunque los ayuntamientos del cambio están haciendo mucho para prevenir estos daños, no pueden hacerlo solos y por eso entendemos que es imprescindible la implicación el Gobierno.
La buena noticia es que desde el año 2007 descansa en algún cajón del ministerio el informe elaborado por el Centro de Sanidad Ambiental del Instituto Carlos III, titulado Informe base para la elaboración de un plan nacional de salud y medio ambiente. Por tanto, el trabajo esta hecho y lo único que pedimos es que ese trabajo ya realizado se ponga en marcha. El otro día en el Pleno del Congreso la ministra de Sanidad ya anunció su disposición a ponerlo en marcha y con este PNL lo que hacemos es concretarlo todavía un poquito más y pedir que ese plan nacional de medio ambiente que prácticamente esta elaborado, se ponga en marcha en el plazo de un año, de tal manera que no nos volvamos a encontrar otra vez con la situación de retraso que se ha vivido hasta ahora.
En el turno de presentación de enmiendas, en primer lugar toma la palabra el Grupo Ciudadanos y en su nombre el señor Cantó.
Que estemos discutiendo esto aquí, que se podría discutir en Sanidad es una muestra más de lo transversal que es todo este tema tan importante del cambio climático. Queremos recordar que la contaminación atmosférica, que es de lo que estamos hablando, causa más de diez mil muertos al año en España y agrava, además, otras enfermedades respiratorias, cardiovasculares y está relacionada con otros cánceres, como el de pulmón, mama, digestivo, etcétera; que las olas de calor y frío que se están produciendo a partir de este cambio climático atacan y sobre todo desprotegen a los más vulnerables. En las últimas décadas se ha producido en España un resurgimiento de algunas enfermedades transmitidas por vectores que hasta ahora se creían bajo control; que también han aparecido algunos vectores, algunas enfermedades que son nuevas. Y recordar que, para Ciudadanos los rectores de las políticas del cambio climático deberían ser siempre ciencia, liderazgo, planificación y simplificación; liderazgo inclusivo, que fomente la participación, porque las administraciones deben escuchar a todos, involucrar a todos y sobre todo predicar con el ejemplo. Es fundamental que el rigor científico esté en el centro de nuestras políticas de clima para lograr los objetivos fijados mediante indicadores, transparencia, evaluación y seguimiento de esas políticas por técnicos independientes; creemos que en un entorno de incertidumbres los poderes públicos deben contribuir mediante planificación y previsibilidad a evitar improvisaciones y ofrecer, por tanto, una claridad y una seguridad jurídica a los ciudadanos y a las empresas.
Por último, queremos recordar que no nos gusta, no queremos, no debemos solapar reformas, normas, tasas e impuestos; hay que hacer normas eficaces que puedan ser cumplidas sin imponer obstáculos y trabas. Apoyamos la simplificación, pero a nosotros -y eso es bueno recordárselo al grupo proponente- siempre nos han gustado mucho más los incentivos que los impuestos, cosa que a ellos, que ahora sustentan al Gobierno socialista, parece que no. Hay que recordar que a veces es mucho más sencillo proponer incentivos para que los coches que no contaminan tanto aparquen libremente sin tener que pagar, que ponerle un impuestazo al diesel que al final va a hacer que los trabajadores de este país, la clase media y la clase trabajadora sufran de lo que están sufriendo.
Teníamos un problema con la enmienda. Nos parece que no es necesario armar un nuevo chiringuito para controlar lo que se está proponiendo, creemos que ya hay herramientas en la Administración para poder llevar a cabo este tipo de políticas. La proliferación de chiringuitos políticos para nosotros es otro tipo de contaminación contra la que intentamos trabajar; por tanto, si no se
acepta esa enmienda en la que proponemos realizar este trabajo con lo que ya tenemos, hay suficientes funcionarios y políticos que podrían llevar a cabo este trabajo sin necesidad de crear otro chiringuito, nos tendremos que abstener.
El señor PRESIDENTE: A usted, señoría, por atenerse al tiempo con tanta brevedad y claridad.
A continuación toma la palabra, en nombre del Grupo Mixto, el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente hemos presentado un enmienda a esta iniciativa; compartimos la preocupación que expresa la misma en relación a los problemas de contaminación, de polución, a los problemas del aire, afecta singularmente a las grandes ciudades y ahí hemos de recordar que Barcelona y Madrid están bajo la amenaza de expedientes correspondientes de la Comisión Europea, precisamente por no haber desarrollado políticas adecuadas en esa reducción de la contaminación en esas grandes aglomeraciones. Ahí también queremos recordar que desde la perspectiva precisamente de los problemas de polución del aire, de contaminación, el transporte es un elemento fundamental y que al menos en el área metropolitana de Barcelona la insuficiencia del conjunto de los servicios de cercanías explican parte de ese problema; una buena reducción de la contaminación, no tan solo de las emisiones de CO2, sino de la contaminación, de la polución del aire en el área de Barcelona va muy ligada a un transporte público y de cercanías mucho más sólido, extensivo, fiable y serio que el que existe, y eso tiene que ver con las políticas que el Gobierno del Estado, las inversiones que el Gobierno del Estado debería realizar en esta materia.
La enmienda que hemos planteado desde el Partit Demócrata pone el acento en una cuestión muy evidente. En esta materia vinculada transversalmente a las políticas ambientales pero también a las políticas de salud pública, las iniciativas que tome el Gobierno deben de hacerse de acuerdo con las comunidades autónomas y respetando sus competencias exclusivas y compartidas. Es evidente que sin esa implicación de los Gobiernos autonómicos no hay política posible de salud pública y de medio ambiente. Estoy seguro que Unidos Podemos y el portavoz de Ecuo aceptarán nuestra enmienda.
A continuación, por el Grupo Popular, para la defensa de su enmienda, toma la palabra la señora Bajo Prieto.
Comparto con el grupo proponente que el cambio climático supone un reto para la salud pública porque influye en los determinantes sociales y medioambientales de la salud y puede afectar a las vías de transmisión de enfermedades, la disponibilidad del agua y de alimentos, así como a la calidad del aire que respiramos.
Por tanto, el cambio climático constituye una nueva e importante amenaza para la salud y modifica la manera en la que debemos considerar la protección de poblaciones vulnerables. Pero discrepo que esta amenaza deba abordarse solo desde la perspectiva medioambiental, como aquí propone Podemos con la elaboración de un plan nacional de salud y medio ambiente. Creo que es evidente que para afrontar esta amenaza para la salud conlleva obligatoriamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante mejoras en el transporte, en el uso de la energía y en la reducción de la contaminación atmosférica. Y creo que tenemos la oportunidad de afrontar este reto a través de una futura ley de cambio climático y transición energética. No nos quedemos en un plan nacional de salud y medio ambiente, seamos más ambiciosos y afrontemos esta amenaza de una manera más efectiva, más completa, más transversal a través del paraguas de la futura ley de cambio climático.
Por eso mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda por la que se insta al Gobierno a que en la futura ley se incluya la elaboración de un plan sectorial de adaptación sobre salud, medio ambiente y cambio climático, coordinado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica, que aportará datos específicos sobre los escenarios climáticos y las tendencias más relevantes en factores con incidencia en la salud. Y asimismo proponemos que sea el observatorio del cambio climático que cree la ley el que valore las medidas relacionadas y que se encargue del seguimiento y evaluación de dicho plan.
No se trata, señorías, de crear organismos, parece que Podemos quiere crear organismos para todo; eso conlleva más gasto y no creo que sea más eficaz. Creo que se trata de crear un organismo que esté colgado y bajo el paraguas de la ley y valore toda la incidencia del cambio climático y el medio ambiente en la salud.
Señor López de Uralde, tiene la palabra para pronunciarse sobre las enmiendas.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Aceptamos la enmienda del PDeCAT y me gustaría pedir en la enmienda in voce que se pongan correctamente los nombres de los ministerios responsables, porque se han quedado obsoletos los nombres.
El señor PRESIDENTE: Me parece razonable y lógico.
Para terminar el debate, por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Pérez Herraiz.
Los factores medioambientales siempre repercutieron en la salud, pero esa repercusión es mayor y, por tanto, más preocupante con los cambios medioambientales derivados del calentamiento global. La Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera de 2007, establece en su artículo 27.6 que el Ministerio de Sanidad realizará el seguimiento del impacto de la contaminación del aire en la salud. También en 2007 el Ministerio de Sanidad encargó un informe al Instituto Carlos III previo a la elaboración de un plan nacional de salud y medio ambiente. La Ley de salud pública de 2011, en los artículos 30 y 31 habla de la importancia de la sanidad ambiental y de la necesidad de que las administraciones elaboren programas para identificar y minimizar los riesgos ambientales, que estos programas tienen que estar coordinados y que la estrategia de salud pública tiene que incluir el análisis del estado de la sanidad ambiental y sus determinantes, y que incorporará actuaciones para que el entorno sea más favorable para la salud. Pero con el Gobierno del Partido Popular hasta ahora esa ley tuvo escaso desarrollo y ninguno en este tema.
Por otra parte, el Parlamento Europeo aprobó en noviembre de 2013 el séptimo programa general de acción de la Unión en materia de medio ambiente para un periodo hasta 2020 y entre otros objetivos el número 3 es proteger a los ciudadanos de la Unión frente a las presiones y riesgos medioambientales para la salud y el bienestar. En septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas acordó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que España asume y con la que trabaja para conseguir, entre otros, el objetivo 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.
Para eso hay que tener en cuenta, como ya comentamos, el cuidado del medio ambiente en nuestro entorno y en el mundo y, como propugna también la Agenda 2030, la coherencia necesaria entre todas las acciones para poder conseguir los fines que se buscan.
Por todo esto, y como ya dijo el proponente, la ministra de Sanidad anunció aquí la semana pasada en dos ocasiones que el Ministerio de Sanidad desarrollará un plan sobre salud y medio ambiente y el Ministerio para la Transición Ecológica colaborara en todo lo que sea necesario para mejorar la eficacia de dicho plan. Así que apoyaremos esta iniciativa.
- SOBRE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE PATRAIX. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/003203).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, por tanto al punto 6 del orden del día, sobre la subestación eléctrica de Patraix. El grupo proponente es el Grupo Mixto. En su nombre toma la palabra el señor Bataller.
Señorías, imagínense ustedes que en pleno centro de la ciudad de Valencia y en una avenida muy populosa, dentro de un barrio igualmente muy populoso, tenemos una instalación industrial consistente en una subestación de transformación eléctrica, en un punto ubicado, como digo, entre viviendas, en un punto de tránsito de numerosos escolares, en un punto además que es camino obligado de paso para uno
de los principales hospitales de referencia de Valencia y su comarca. Ahí es donde Iberdrola emplazó una subestación eléctrica que desde el primer momento suscitó el rechazo del vecindario. El Ayuntamiento de Valencia en principio entendió que esa actividad era calificada, debía tramitarla como tal, y por tanto debían tomarse las precauciones suficientes en cuanto a separación de las zonas pobladas. Inopinadamente al final en Ayuntamiento de Valencia cambió de idea y permitió que se realizara la instalación donde está y al final lo que se pensaba que iba a pasar ocurrió. El día 15 de mayo de 2007 hubo una explosión en la subestación que provocó, evidentemente, un gran pánico en el vecindario aunque afortunadamente no hubo que lamentar desgracias personales. A raíz de esto sí que el Ayuntamiento de Valencia, y eso quiero remarcarlo, reaccionó prontamente, decretó el cierre cautelar y el 31 de mayo de 2007, por unanimidad en el ayuntamiento Gobernado en ese momento por el Partido Popular por mayoría absoluta, decidió ratificar el cierre cautelar de la subestación de Patraix, requerir al Ministerio de Industria para la redacción de un plan energético de abastecimiento de la ciudad, y ofrecer en permuta unos terrenos ubicados en un espacio poco poblado para que ahí se trasladase la subestación y se construyese una nueva instalación. Pues bien, desde que el Ayuntamiento de Valencia tomó esta determinación, 31 de mayo de 2007, hasta el día de hoy, más de once años después, estamos igual. El sentido de esta proposición no de ley es que de una vez por todas se confirme, se materialice el traslado de la subestación y la población de la zona deje de estar viviendo bajo la amenaza de incendios, explosiones y otros factores de riesgo como son, por ejemplo, la contaminación electromagnética sobre la cual abundantes estudios inciden en la idea de que aumenta la posibilidad de cánceres como leucemia, linfomas y otros.
Por tanto, es aquí un problema de tranquilidad pública, es un problema de salubridad y no hay que esperar más. El 16 de octubre de 2015 el Gobierno sacó la subestación Nuevo Cauce, aquella que debía suplir a la de Patraix, la sacó, repito, de la planificación estatal, pero posteriormente y en una fecha posterior también a la presentación de esta proposición no de ley por nuestra parte, el actual Gobierno, por un acuerdo de 27 de julio del presente año, volvió a incluir esta instalación la del Nuevo Cauce, la sustitutiva, en la programación estatal. Esto es lo que ha motivado por nuestra parte que nos hayamos autoenmendado para coger esta nueva realidad; entendemos que ya a partir de julio de este año ya se entiende que la nueva subestación se ejecutará, como se dice en la modificación del acuerdo, en el periodo 2015-2020, y lo que nos cabe es instar al Gobierno a que rápidamente materialice esa actuación y asimismo a que destine las partidas presupuestarias suficientes para verificar el traslado.
Agradezco a los grupos Socialista y Ciudadanos las enmiendas que nos han presentado; anuncio ya a la Comisión que estoy trabajando con estos grupos para la transacción que espero poder presentar a la Mesa y entiendo que la unanimidad que en su día suscitó el cierre de esta subestación y su traslado a otro sitio en el Ayuntamiento de Valencia, entiendo que con esta unanimidad no hay motivo para que en esta Comisión no se reproduzca hoy en la votación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bataller, por su posición también, señor secretario de esta Mesa y por haber adelantado ya la posición del grupo sobre las enmiendas. Pasamos por tanto a defenderlas por parte de los distintos grupos, en primer lugar el Grupo Mixto, que tiene dos, pero una es una autoenmienda. En este sentido, la da por defendida.
Pasaríamos a dar la palabra al Grupo Ciudadanos, y en su nombre al señor Cantó.
La PNL que presenta hoy Comprimís y que ya adelanto que vamos a apoyar, es una derivada del punto 1 de una declaración institucional que ya fue firmada por todos los grupos políticos en la sesión plenaria de junio de 2017 en el Ayuntamiento de Valencia. Por tanto, nosotros ya firmamos una petición parecida y nos parece importante recordar que esto viene, procede de uno de los tantísimos errores que tuvo el Partido Popular en la época en la que gobernaba el Ayuntamiento de Valencia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya declaró en enero de 2016 nula la licencia de actividad inocua por entender que la actividad que se está haciendo ahora mismo en ese lugar, que a todas luces es un lugar inconveniente y que además tiene muy preocupados a los vecinos de la zona, es peligrosa y por tanto instaba a que todo esto se cambiara. En palabras del concejal Narciso Estellés, de nuestro partido, en el Ayuntamiento de Valencia, la subestación parece seguir en funcionamiento pleno, por lo que instamos al tripartito a que realice una inspección y tome medidas. Recordamos al grupo proponente,
Comprimís, lo importante que es que se quiten la camiseta de la oposición y recuerden que ahora tanto en el ayuntamiento como en la Comunidad Valenciana forman parte del Gobierno y por tanto tienen que tener una actitud más activa en la solución de los problemas.
Hemos presentado una enmienda en la que pedíamos que todas las partes también se sienten y hagan su trabajo. En la enmienda los citábamos a todos, desde el ayuntamiento a la Generalitat, a la empresa y a Red Eléctrica. Narciso Estellés, nuestro concejal, también denunció otra cosa, decía que la zona posterior al solar de la estación presenta una degradación progresiva, asentamientos, situaciones nocturnas molestas para los vecinos y desde nuestro partido a esa derivada también de esta estación y su actividad también pedíamos que se le pusiera una solución. Creemos que el barrio de Patraix durante mucho tiempo y en especial esta zona del barrio ha sido maltratado por la Administración; durante esta legislatura, repito, gobernado por el partido proponente todavía esa situación no se ha revertido y nos parece importante que se solucione el tema de una vez por todas.
A continuación toma la palabra, en nombre del Grupo Socialista, el señor Quintana.
Buenos días, señorías. Como ustedes son conocedores, mediante resolución del 30 de julio de 2018, desde la Secretaría de Estado de Energía se procedió a publicar el acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de julio del mismo año, por el que se modificaban aspectos puntuales del documento Planificación energética, plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020. Conforme establece el artículo 4.4 de la Ley 24/2013, del 26 de diciembre, del sector eléctrico, estas modificaciones deben de estar justificadas. Uno, de acuerdo con los criterios de planificación establecidos, se haya presentado un hecho imprevisto que pudiera afectar de manera significativa a la garantía y seguridad del suministro; dos, surjan nuevos suministros cuya elementación por motivos técnicos únicamente pueda realizarse desde la red de transporte y ésta no pudiera realizarse bajo la planificación de la red de transporte vigente; tres, concurran razones de eficiencia de economía del sistema.
Por otra parte, dentro del anexo 2 de la planificación energética 2015-2020, este anexo incluye como nuevas actuaciones en Valencia, justificadas en el primer punto de los anteriores enumerados, en aras de la garantía y seguridad del suministro. A) Las líneas de 220 cabeas posteriores a 2020, alta de entrada y salida; cable de subestación nueva, cauce subestación Patraix; alta entrada y salida cable subestación Nuevo Cauce Torrente y alta entrada, salida línea, cable subestación Patraix Torrente. B) Las subestaciones de 220 cabeas de Nuevo Cauce.
Estas actuaciones están relacionadas con el traslado de la subestación de Patraix tras el incendio de 2007 y que están incluidas en este documento. Por ese motivo, señorías, presentamos esta transaccional que estamos trabajando con los dos grupos anteriormente nombrados para instar al actual Gobierno, ya que para el anterior no fue un tema prioritario, que valore y acelere los plazos para que se puedan ejecutar en la actual planificación y en su defecto incluirla en la próxima planificación energética para que de una vez por todas la subestación de Patraix pase a ser una infraestructura de reserva y acabemos con las demandas de los vecinos y vecinas de dicho barrio.
A continuación vamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Pastor.
La planificación energética de la provincia de Valencia ha tenido alguna laguna importante y esa laguna fue el incidente sufrido en la subestación de Patraix, una subestación ubicada en el corazón mismo del centro del núcleo urbano, en un barrio muy densamente poblado, como ya se ha destacado.
Las infraestructuras deficientes han contribuido a que se generara un problema de orden público, habiéndose demorado en exceso las soluciones que vienen reclamando desde hace ya muchos años la ciudadanía y muy en especial los vecinos y vecinas del barrio afectado. Esta subestación no debería haberse construido nunca, no debería haberse ubicado nunca en el espacio que ahora ocupa.
El Plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020, durante el periodo del Gobierno del Partido Popular hizo caso omiso a incorporar posibles soluciones alternativas que paliaran la situación existente en la subestación eléctrica. La Ley del sector eléctrico permite la aprobación de eventuales modificaciones del instrumento de planificación de las redes de transporte de electricidad; por tanto, es posible, siguiendo los trámites establecidos, adecuar los planes de desarrollo cuando se produce alguna circunstancia tasada, es decir, que prevé la ley. Sin duda, la sucesión de accidentes en la subestación de Patraix se encontraba ya en ese supuesto, pero las autoridades competentes no mediaron ni intervinieron para habilitar ninguna solución, incluso hasta que acabó produciéndose la explosión en la subestación en el año 2007, una explosión que dejó sin servicio al menos cincuenta mil personas, en una zona, como hemos dicho, densamente poblada y poniendo en riesgo la proximidad de vecinos, vecinas y de las viviendas.
Ante el estupor de todos y a pesar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que dejó sin efecto la licencia de actividad, Patraix volvió a ser encendida; tanto Iberdrola como Red Eléctrica recurrieron la sentencia y dejaron sin efecto la reversión de esa licencia de actividad.
Este grupo quiere recordar que aquí el Estado tiene una participación del 20 % en el capital de Red Eléctrica de España, como operador del sistema eléctrico o gestor de la red de transporte. Nuestro grupo parlamentario ya ha presentado propuestas para que el Estado incremente progresivamente el porcentaje de participación en capital de Red Eléctrica, hasta alcanzar el cien por cien del capital y que de este modo dispongamos de instrumentos efectivos de actuación inmediata para que no se vuelvan a repetir incidentes irresponsables como este, que ha obligado a muchas personas a padecer por su propia integridad física.
En ese sentido, nuestro grupo parlamentario ya demostró su compromiso en los pasados Presupuestos Generales del Estado, donde presentamos una enmienda que pedía el desmantelamiento y traslado de la subestación eléctrica de Patraix. En la misma exigíamos al Gobierno que ante Red Eléctrica y ante la compañía Iberdrola se realizaran las actuaciones necesarias para promover el traslado fuera del casco urbano.
Recientemente, como ya se ha dicho, el Ministerio de Industria se ha comprometido a que se actuará para que pueda suplirse y sacar la subestación del casto de Patraix. Nosotros consideramos que esta medida hubiera podido ser llevada a cabo hace seis meses, evitando el sufrimiento innecesario durante ese tiempo de la población, pero verdaderamente esta enmienda que presentamos a los Presupuestos Generales del Estado no gozó de la aprobación del Grupo Popular ni del Grupo Ciudadanos que hoy se ha mostrado tan diligente y tan preocupado. Hace seis meses este grupo parlamentario presentó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que hubiera podido ser aprobada en los mismos términos que la que hoy se plantea. Por tanto votaremos a favor de esta propuesta; nunca es tarde si la dicha es buena. Con todas las disculpas por estos retrasos que deberían pedir el Partido Popular y el Grupo Ciudadanos a los vecinos y vecinas de Patraix.
Para cerrar el debate, tiene la palabra el Grupo Popular. En este caso le representa la señora Hoyos.
Señorías, hace once años, efectivamente, se produjo la explosión en la subestación del barrio de Patraix de Valencia, una explosión que no solo alertó a todos los vecinos de ese barrio que, efectivamente es un barrio muy numeroso, sino a toda la ciudad, a todos los valencianos. Por ello, desde ese momento el Partido Popular tuvo una posición clara, manifestada de forma muy clara a través del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia. Nuestra posición era clara, debía cerrarse esa subestación pero para que no se produjera en ningún caso un desabastecimiento de energía en la ciudad, tenía que abrirse una nueva, y se propuso la apertura de una subestación en el Nuevo Cauce, como bien se ha dicho. Pues bien, esta posición era compartida por el resto de grupos municipales en el Ayuntamiento de Valencia; todas las proposiciones, todas las mociones aprobadas por el pleno en el Ayuntamiento de Valencia han sido aprobadas por unanimidad y creo que aquí no tendría que ser de otra manera; creo que todos deberíamos votar conjuntamente esta proposición no de ley y por ello anuncio el voto afirmativo por parte de mi grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señorías.
- RELATIVA A IMPULSAR LAS ACTUACIONES DE ABASTECIMIENTO Y REGADÍO ASOCIADAS A LA PRESA DE SILES (JAÉN). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003415).
El señor PRESIDENTE: Señorías, como se advirtió anteriormente, vamos a debatir el punto 8, pues el 7 pasó, a petición del proponente, al final del orden del día. El punto 8 es el relación a impulsar las actuaciones de abastecimiento y regadío asociadas a la presa de Siles, en Jaén. Por parte del proponente, el Grupo Popular, toma la palabra el señor Calvente.
Buenos días, señorías. La comarca de la sierra de Segura, en la provincia de Jaén, en general, y los habitantes y agricultores de los municipios de Siles, Benatae, Torres de Albanchez, Segura de la Sierra, Orcera, La Puerta de Segura, Puente de Génave, Génave y Arroyo Luján en particular, no pueden ni deben esperar más el cumplimiento de los objetivos que motivaron la construcción de la presa de Siles que fueron, primero, la mejora del abastecimiento de miles de habitantes de la sierra de Segura, en concreto los municipios que he relacionado anteriormente. En segundo lugar, proteger a esta zona frente a las avenidas y, en tercer lugar, mejorar una zona regable de miles de hectáreas.
Señorías, quiero recordar que fue un Gobierno del Partido Popular el que en el año 1997 anuncia el concurso para la contratación de servicios técnicos de colaboración en el estudio de viabilidad desde el punto de vista socioeconómico de la presa. En 1999 se inicia el pliego de bases de asistencia técnica para estudio y redacción del proyecto, que es adjudicado en el año 2000. Tras la elaboración del proyecto, el 18 de enero de 2001 se inicia el trámite de evaluación de impacto ambiental. La obra de la presa de Siles es incluida en el anexo segundo de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, declarándola de interés general del Estado por la propia ley, con los efectos previstos en el artículo 44.2 y 119 de la Ley de Aguas y 10 de la Ley de expropiación forzosa respecto de la utilidad pública implícita en los planes de las obras del Estado.
Señorías, hoy no es día de confrontar, hoy es día de buscar una solución entre los grupos políticos, y yo desde aquí quiero agradecer la disponibilidad de todos los grupos presentes en esta Comisión de Transición Ecológica, que gracias a la voluntad de todos hemos instado una enmienda transaccional en esta proposición no de ley relativa a impulsar las actuaciones de abastecimiento y regadío asociadas a la presa de Siles, en Jaén, que son las siguientes: Instar a la Junta de Andalucía a la delimitación, con carácter urgente, de las zonas regables para la presa de Siles. Es decir, si no hay delimitación con carácter urgente difícilmente podremos seguir las actuaciones.
En segundo lugar, en el día de hoy, después de muchos de conflictos de si la competencia la tenía atribuida la Junta de Andalucía o la tenía la Administración General del Estado, disipamos esta duda e instamos a la Junta de Andalucía para que solicite a la Administración General del Estado la declaración de interés general de la conducción de la presa de Siles a la zona de riego.
En tercer lugar, todos los grupos aquí representados en la Comisión, entendemos que se debe de trabajar, y así establecemos la tercer enmienda transaccional, coordinadamente, junto con los responsables de la Administración autonómica de Andalucía, para establecer los mecanismos de colaboración que aseguren la ejecución de las actuaciones de abastecimiento y regadío vinculadas con la presa de Siles, en el periodo más breve posible.
En cuarto lugar, una vez delimitada la zona regable, se inste a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a que abra un periodo de información pública y clara sobre los cánones y tarifas a cubrir por los futuros usuarios a fin de que se establezcan los compromisos de pago.
Señorías, hoy es un día importante para la comarca de Segura y para la provincia de Jaén, toda vez que disipamos todas las dudas, todos los conflictos, dejamos tranquilos y evitamos la zozobra que estaban padeciendo todos los ayuntamientos, que estaban padeciendo las organizaciones agrarias y estaban padeciendo, en definitiva, los habitantes y los agricultores de la zona de la comarca de Segura y de los pueblos citados. Por tanto, hoy damos un claro ejemplo de que con consenso, con diálogo, se establecen las fórmulas necesarias para crear una hoja de ruta que pongan, por fin, y den solución a este conflicto que dura ya muchos años, y haga viable que se cumplan los objetivos que se establecían y que yo he mencionado al principio, que se restablezcan y se mejore el abastecimiento de los miles de habitantes que viven en la zona, para que se mejore la zona regable y nos pongamos en marcha para que el Segura genere riqueza, genere empleo a través de su presa que para eso se construyó y se generó desde el año
1992, que un alcalde, don José Cano Chinchilla, alcalde de Siles, del Partido Popular, fue visionario y en definitiva, después de más de 25 años, por fin ponemos solución a la presa de Siles.
Agradezco no solo la colaboración y la sensibilidad de todos los grupos políticos, sino que también espero del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía, que se pongan a trabajar y en definitiva que se haga realidad lo que hoy acordamos a través de esta proposición no de ley.
Muchas gracias, señorías, muchas gracias, señor presidente.
Hay una enmienda en vías de transacción, si no me equivoco del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En su nombre, el señor Arrojo Agudo.
En efecto, como se ha explicado, la presa de Siles ya está acabada, pero debo decir, como tantas otras, podría citar decenas, se declaró de interés general sin definir claramente los usos y los futuros beneficiarios y sin garantizar la información pertinente sobre los costes que deberán asumir en forma de cánones y tarifas esos futuros beneficiarios, a fin de certificar que en efecto están en disposición y compromiso de pago. Podría decir que en Aragón hay tres grandes obras ya acabadas desde hace años y que los beneficiarios una vez hecha dicen "no, no, yo eso no lo pago" y están paradas, están muertas, millones y millones de euros públicos gastados de manera irresponsable. No es lo mismo preguntar quién quiere regar que preguntar quién quiere pagando tanto o cuanto. Y eso hay que hacerlo, hay que ser responsables. Al igual que no puede seguirse asumiendo como buena y de interés general per se cualquier obra hidráulica de regulación sin entrar en sus usos finales, porque eso entra en flagrante contradicción con la legislación europea y con la legislación española vigente en estos momentos.
Lo cierto es que la legislación vigente ofrece solapes entre las competencias estatales y autonómicas en esta materia, porque, por un lado, el texto refundido de la Ley de Aguas establece que, en efecto, las obras que sean necesarias, leo literalmente "para la regulación y conducción del recurso hídrico en cuencas de competencia estatal, tendrán consideración de obras hidráulicas de interés general y por tanto del Estado". Pero, por otro lado, las competencias de regadío están en las comunidades autónomas y por tanto puede entenderse que el transporte y la ejecución de la obra puede ser de la Junta de Andalucía. Por ello, cuando hemos discutido con el Partido Popular la transacción, creo que es razonable, lo ha explicado él. En primer lugar, que la Junta de Andalucía defina la zona regable y cuidado, que lo haga teniendo en cuenta el cambio climático, no vale decir hay treinta hectómetros cúbicos de capacidad; hay que mirar cuánto puede regular realmente esa presa en perspectivas de cambio climático; que establezca las correspondientes dotaciones esperadas en esas zonas de riego. Sobre esa base razonable, que la Junta solicite que sea declarada de interés general la conducción central; se hace normalmente, no tendría por qué no ser allí, se hace normalmente en este tipo de grandes obras. En tercer lugar, lo que nunca se hace, no conozco ningún caso, ningún caso en todo el Estado, a lo mejor hay alguno y yo no lo conozco, que la Confederación Hidrográfica, previamente a poner en marcha todo, haga información pública sobre cuáles son los cánones y tarifas que esos usuarios, previamente definidos, tienen que comprometerse a pagar en el futuro, y que lo hagan, que se comprometan, porque igual hay ocho mil que dicen yo quiero regar pero dicen a ese precio resulta que son cuatro mil. Entonces cambian los cánones, cambian las tarifas, y no hagamos luego un conflicto de algo que tiene que ser bueno en principio.
Esos son los acuerdos y a mí me parece interesante. Agradezco también que haya habido esa flexibilidad en todos los grupos.
Vamos al turno de toma de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto. (Pausa). El Grupo Esquerra Republicana (Pausa). Por el Grupo Ciudadanos toma la palabra el señor Gómez Balsera.
Nosotros hemos defendido la necesidad de estas actuaciones y de estas obras relacionadas con la presa de Siles de manera reiterada, tanto a nivel autonómico como a nivel provincial. En concreto en el Parlamento autonómico creo que se ha debatido incluso hasta en tres ocasiones, tres iniciativas relacionadas con la presa de Siles, y en todas ellas nos hemos posicionado de la misma manera como lo vamos a hacer en esta ocasión, advirtiendo sobre la urgencia, sobre la necesidad de poner en marcha esta infraestructura, pero al mismo tiempo denunciando el escaso margen de cooperación entre
administraciones, que venimos observando hasta la fecha. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han tratado de diluir su responsabilidad de manera mutua, se han estado pasando la pelota y evidenciando que ni siquiera creen en el Estado autonómico como un modelo de gestión efectiva de cara a los ciudadanos, sino como un modo de evadir sus respectivas responsabilidades.
Por tanto, aunque compartimos la parte propositiva que se plantea, nosotros creemos que es conveniente advertir y señalar el doble rasero que exhibe el Partido Popular en esta materia. No es casualidad, repito, no es casualidad, que las dos iniciativas que se discuten en esta Comisión relacionadas con Andalucía hayan sido registradas con posterioridad al abandono del Partido Popular de sus responsabilidades del Gobierno a nivel nacional. El Partido Popular ha venido argumentando que esto era competencia exclusiva de la Junta de Andalucía hasta el día de hoy, y por su parte la Junta de Andalucía ha venido manteniendo que correspondía al Gobierno central acometer esta obra y esta infraestructura, incluso decía que el ministerio y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir habían ejecutado obras de canalización en las provincias de Huelva y Sevilla y que no hacían lo propio en la provincia de Jaén. A nosotros esta confrontación nos parece completamente estéril, nos parece penoso que haya una obra que esté realizada, que esté inaugurada y que no dé servicio a la comarca y a los municipios; este es un ejemplo más de cómo del bipartidismo mantiene como rehenes o como víctimas colaterales, a los ciudadanos de Andalucía.
Así las cosas, nuestra posición no puede ser otra que la de votar a favor de esa enmienda transaccional que se ha presentado, pero instando a las administraciones central y autonómica a que hagan una puesta en común del problema y a que busquen, en definitiva, soluciones a este problema real. Los andaluces no queremos ser moneda de cambio, los andaluces no queremos privilegios, los andaluces queremos que no se pongan trabas a nuestro desarrollo ni a la creación de empleo.
Finalmente, por el Grupo Socialista, toma la palabra el señor Sicilia.
El señor SICILIA ALFEREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, buenas tardes. Si hay un ejemplo claro de cómo el Partido Popular se ha olvidado sistemáticamente de mi provincia, de la provincia de Jaén, ese es el ejemplo de la presa de Siles. Ahora el portavoz del Partido Popular vendrá a presumir de todo lo que supuestamente hicieron para el desarrollo de esta comarca, y uno de los puntos importantes para desarrollar la comarca de Segura era la construcción de la presa de Siles y por tanto permitir que diferentes hectáreas de olivar pudieran tener un mayor rendimiento gracias al regadío. Pues miren, en ocho años del Gobierno de Aznar no hicieron absolutamente nada, mucho papel, mucha información pero obra ninguna, por más que presuma el portavoz del Partido Popular, y en siete años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prácticamente terminamos la presa, la dejamos a un 80 %, prácticamente terminada. Esa es la apuesta del PP por la comarca de Segura, olvidada completamente, en disquisiciones administrativas, que luego vienen a presumir de ellas, pero la realidad es que la primera piedra la puso un gobierno socialista y la dejamos prácticamente terminada. Llegó el Gobierno del señor Rajoy y, ¿cuánto hubo que esperar para que apenas terminaran el 20 % de la presa, que se la dejamos al 80 % de ejecución? Pues tuvimos que esperar otros cuatro años más, y mira por donde, en 2015 va la ministra e inaugura la presa de Siles, la inaugura después, insisto, de cuatro años de parálisis, cuatro años para hacer apenas un 20 %.
Y ahora la sorpresa, señorías, nos encontramos con una presa en la que el Partido Popular solo hace el 20 % pero, ojo, la parte principal, que es la canalización principal para que se pueda llevar a cabo el regadío no la terminan, es como si construyen una casa y no le hacen la toma de agua, como si construyen una autovía y luego dicen que no le ponen las señalas. Por tanto, hemos tenido una presa hecha, llena de agua y sin poderlo aprovechamos; vamos, como si construimos una autovía y la dejamos cerrada por que el PP decía que no podía poner las señales de tráfico, porque no podía poner la canalización. Y claro, algo tan nimio, tan minúsculo, después de más de 50 millones de euros que ha supuesto esa presa, resulta increíble que el Partido Popular se negara a hacer algo tan evidente como era la canalización principal. La presa está declarada de interés general, la presa de construye por parte del Estado, ¿cómo no se va a hacer la conducción general? Pues, insisto, como si hacemos una casa y no le ponemos las tuberías.
Bueno, pues otros cuatro años, en los que el Partido Popular ha estado mareando la perdiz para no hacer esa conducción, con informes para arriba y para abajo, que si era competencia de la Junta o si era
del Estado. En definitiva, no queriendo hacer una inversión necesaria que hubiese permitido que los regantes de la comarca de Segura ya pudieran estar aprovechando el agua que allí está ya embalsada.
Voy terminando, señor presidente. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo y lo vamos a seguir diciendo, gobierne el Partido Popular o como ahora, gobierne el Partido Socialista con Pedro Sánchez. Esa canalización la tiene que hacer el Estado con la colaboración evidentemente con la Junta de Andalucía, con diálogo con la Administración autonómica, pero esa es una obra de interés general que tiene que hacer el Estado, insisto, con la colaboración de la Junta de Andalucía. Seguimos diciendo lo mismo: esa presa tiene capacidad suficiente como para poder regar más de lo que ahora mismo hay planteado. Por tanto, se debe disponer de 15 hectómetros cúbicos para riego y 1,20 para abastecimiento y no los 6 que ahora mismo tiene.
Señor Caliente, por más que ustedes se empeñan, ahora que estamos ya en precampaña electoral en Andalucía, en querer hablar de cuestiones andaluzas, en Jaén sabemos bien de los incumplimientos del PP y usted especialmente. Mire, una portada, mayo del año 2015: Fomento anuncia el enlace de Baeza a la autovía 32. Señor Caliente, su ciudad, lo anunciaron ustedes a bombo y platillo; después de tantos años de incumplimiento por fin la señora Pastor iba a cumplir. El enlace está todavía sin hacer, lo mismo que las canalizaciones de la presa de Siles, sin hacer, y es que ustedes en Jaén lo han dejado todo sin hacer. Nosotros ahora vamos a deshacer todo el desaguisado que ustedes han hecho en estos años de gobierno.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ESTUDIAR, ELABORAR Y EJECUTAR UN PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DE LA PLAYA DE LA CARIHUELA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003614).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente, que es el número 9, que trata sobre la elaboración y ejecución de un proyecto de estabilización de la playa de La Carihuela, que propone el Grupo Parlamentario Popular. En su nombre, la señora España.
La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que para mí es un honor como malagueña poder defender esta proposición no de ley del Grupo Popular, para instar al Gobierno precisamente a estudiar y ejecutar un proyecto de estabilización en la playa de La Carihuela, en Torremolinos, Málaga. Les invito a todos ustedes, a los que no conocen esta parte de l geografía malagueña a que vengan a conocer La Carihuela, que es un barrio marinero típico, muy tradicional, que respira sol y playa, una zona única; seguramente habrán oído hablar del pescaíto frito de La Carihuela.
Pues bien, en los últimos tiempos, la playa de La Carihuela ha sufrido una importante pérdida de arena, sobre todo la parte de levante, como consecuencia de los temporales; esto ha producido una disminución en la anchura de la playa que ha obligado en los últimos años a que el Gobierno haya tenido que hacer reposiciones de arena de forma constante, unas aportaciones de arena que han solventado puntualmente el problema pero que no le han da do una solución definitiva y esta erosión de la playa de forma intensa, como he dicho, cuando vienen los temporales. Por eso, desde el Grupo Popular creemos absolutamente necesario darle una solución definitiva para estabilizar esta playa de La Carihuela, ya sean espigones, ya sean escolleras o lo que técnicamente resulte.
Entendemos que la solución no pueden ser los aportes continuos de arena. Estamos hablando de estabilidad en las playas y las playas para Málaga, para Torremolinos y para La Carihuela es actividad económica, es turismo, es riqueza, es empleo y esto no se nos puede ni se nos debe olvidar. Hace un año, desde el Partido Popular decidimos apoyar las justas reivindicaciones de los empresarios de playa y de los vecinos y después de muchas reuniones con el presidente de la Asociación de empresarios de playa de la Costa del Sol, Manuel Villafaina, así como el presidente también de los hosteleros de La Carihuela, Miguel Sierra, vimos la posibilidad de establecer un convenio de colaboración público-privada, porque para nosotros es fundamental ir siempre de la mano de los empresarios de playa, que son los que conocen realmente la problemática, una colaboración público-privada donde estarían presentes aparte del ministerio lógicamente la mancomunidad de municipios de la Costa del Sol, la Diputación de Málaga, ambas gobernadas por el Partido Popular, los empresarios de playas pero también cuantas administraciones quieran participar en este proyecto. Asimismo podría ser el Ayuntamiento de Torremolinos y la propia Junta de Andalucía, gobernados por el Partido Socialista.
En abril de este año, la diputada malagueña Celia Villalobos, la concejala por el PP por el Ayuntamiento de Torremolinos, Margarita del Cid y yo misma, tuvimos una reunión en el Ministerio de Medio Ambiente, en concreto con la secretaria de Estado de Medio Ambiente, la directora general de Costas, le presentamos el borrador de este convenio, les explicamos la necesidad de alcanzar una solución definitiva para la playa de La Carihuela y el ministerio que, efectivamente había tenido un compromiso constante con el litoral malagueño, vio con buenos ojos este proyecto, le gustó el convenio de colaboración público-privada y adquirieron el compromiso de poner en marcha este proyecto; estaban analizando el convenio y haciendo las oportunas correcciones y, como saben ustedes, en junio hubo un cambio de Gobierno y ahora gobierna el Partido Socialista.
A nosotros nos pareció bastante coherente y oportuno registrar esta proposición no de ley, que se registró en agosto, para que el nuevo Gobierno del Partido Socialista continuara con la tramitación de este proyecto que impulsó e inició el Gobierno popular. También hemos solicita una reunión con la secretaria de Estado de Medio Ambiente y la verdad es que hasta la fecha no nos han contestado ni tampoco nos han recibido. Yo espero que el resto de partidos políticos apoyen este proyecto, que voten que sí a la estabilización de la playa de La Carihuela y que el ministerio cuanto antes atienda nuestra petición, nos reciba, firme el convenio y se encargue, por fin el proyecto y el estudio de impacto ambiental.
La verdad es que Málaga tiene muchos atractivos, culturales, tecnológicos, climatológicos, pero sin duda para Málaga, para Torremolinos y para La Carihuela es turismo de sol y playa y por tanto nuestras playas son el corazón de nuestro litoral y estamos obligados a darles respuesta y a darles solución a los empresarios playa y a los vecinos. Por tanto, nosotros entendemos que la playa de La Carihuela se merece esta solución y desde el Partido Popular no vamos a parar hasta conseguirla.
Con respecto a las enmiendas presentadas, termino presidente, Ciudadanos ha presentado una enmienda que la vamos a aceptar porque es de adición para todas las playas españolas, pero la enmienda del Partido Socialista, que es de sustitución y que no habla para nada de La Carihuela, solo de hacer una estrategia para proteger toda la costa litoral de Málaga no podemos aceptarla porque entendemos que esto es otra proposición no de ley. Además, estos estudios ya se pusieron en marcha por parte del anterior Gobierno del Partido Popular. Creo que lo que tenemos que hacer aquí es sacar adelante este proyecto de estabilización de la playa de La Carihuela. En cualquier caso les digo que seguiremos trabajando desde la mancomunidad, desde Málaga, desde la Diputación para conseguir que sea una realidad la escollera de La Carihuela, como ya hemos impulsado desde el Partido Popular la estabilización de la playa de Marbella, la de Torrox, la de Benalmádena, etcétera. Por tanto espero que ustedes acepten esta proposición no de ley, que sea una realidad la escollera de La Carihuela.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señoría, por haber fijado ya la posición sobre las enmiendas y también por recordarnos las bondades de Málaga y abrirnos de camino el apetito en todos los sentidos.
Tiene la palabra a continuación, para el turno de enmiendas, el Grupo Ciudadanos y en su nombre la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Buenas tardes, presidente.
Está claro que los distintos temporales que se van dando sobre todo en este caso en la parte de levante de la costa malagueña hace que tengamos un dèjá vu constante cundo llega el invierno y las actuaciones que hay que hacer en verano por la disminución de anchos de playa, etcétera. En lugares como Málaga capital ya se realizó una estabilización con los espigones, por ejemplo, de la playa Caleta, también se ha visto que esas actuaciones han tenido resultados aceptables, también en la playa de Torrox y desde Ciudadanos nuestro discurso siempre ha tenido el cuenta la defensa de estudios en este sentido, estudios también para Baños del Carmen, para San Andrés, para Sacadavic ??? y Guadalmar.
Lo que tenemos claro es que no es solo venir y trabajarlo aquí, sino que también hay que dar ejemplo cuando se trabaja allí. Por eso quiero recordar que presentamos en el pleno de Málaga una moción de urgencia en la que se pedían estudios en profundidad y a largo plazo para determinar todos los puntos negros que puede tener el litoral malagueño para evitar improvisaciones o correr a última hora cuando vemos los resultados de los distintos temporales. También hemos presentado distintas preguntas parlamentarias al Gobierno saliente de Mariano Rajoy en las que preguntábamos el estado de tramitación de la construcción de los distintos espigones que estaban proyectados en las costas de Málaga. Además queremos decir que se utilizó en campaña electoral, en junio de 2016 y vamos a decir que con una
proximidad pasmosa de las elecciones, que se iba a acabar ese paseo marítimo y que se iba a reconstruir toda esa zona y a día de hoy todavía no se ha ejecutado.
Creemos que lo que se está debatiendo hoy es algo importante, que hay que dejar los oportunismos a un lado y hemos enmendado simplemente por la razón de decir: tenemos 6000 kilómetros de costa en España; lo que le está pasando a la playa de La Carihuela le está pasando a muchísimas playas de nuestro país. Yo vengo de Canarias, como saben, que tenemos kilómetros de costa también, que vemos los efectos de los temporales adversos de cada invierno en nuestras playas, cómo desaparecen o se reducen los anchos de playa y cómo luego hay que ir haciendo inversiones corriendo para que en la temporada estival todo esté listo para la llegada en este caso de turistas, sobre todo en las zonas que son estacionales, como es la playa de La Carihuela; en zonas, por ejemplo, como en Canarias hay un ciclo turístico un poco más amplio.
Pero lo que está claro es que votaremos que sí, por supuesto, a esta iniciativa, creemos que es importante que se acabe de desarrollar todo esto para la playa de La Carihuela y también agradecemos que se haya aceptado la enmienda para que se extienda también y se haga un plan sobre todo nuestro litoral, ya que, como digo, no es un problema único de esta playa sino que está afectando a los 6000 kilómetros de costa. Está en una buena comisión el debate, porque los efectos del cambio climático, la subida del nivel del mar, los temporales cada vez más desproporcionados, con unas alturas de olas mayores, hacen que la preocupación por nuestras costas tenga que ser un debate continuo en esta Comisión. Agradecemos la iniciativa traída y también agradecemos que se haya aceptado nuestra enmienda.
A continuación, en nombre del Grupo Socialista, el señor Heredia toma la palabra.
Señorías, tres reflexiones en relación a esta cuestión. La primera de ellas, ¿cómo no se le cae la cara de vergüenza al Partido Popular al traer esta iniciativa? ¿Por qué insulta a la inteligencia de los malagueños y malagueñas con una propuesta cuando estuvo siete años en el Gobierno, siete, y no hizo absolutamente nada en materia de costas? ¿Qué gestión hizo el Partido Popular en siete años en materia de playas en la provincia de Málaga? Se lo diré: hizo una nefasta y lamentable gestión. El Gobierno del Partido Popular colocó a Málaga, colocó a la Costa del Sol como la provincia quinte en inversiones en materia de playas, algo incomprensible e intolerable. Porque procedente del sector turístico de la Costa del Sol van a parar muchos miles de euros a las arcas del Estado, y lo que los socialistas hemos defendido siempre es que al menos una parte de ese dinero revierta en actuaciones de mejora para la materia prima de nuestro sector turístico, que son las playas. Y no podemos hacer en tres meses lo que en Partido Popular no hizo en siete años. (Rumores).
Segunda reflexión. Plantea el Partido Popular una cuestión sobre La Carihuela, con la que podríamos estar de acuerdo, pero le diré que La Carihuela no es una isla (Rumores). Señor presidente, le pediría que la señora Villalobos guardase un mínimo silencio respetuoso; yo sé que eso le cuesta a ella, pero sería importante para que yo pudiera continuar con mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Lleva usted razón. Señora Villalobos, si es tan amable. (La señora Villalobos Talero pronuncia palabras que no se perciben). Bueno, pero no le he dado la palabra, no hay que aclarar nada.
Toma la palabra el señor Heredia y le pido que mantenga silencio, señora Villalobos.
El señor HEREDIA DÍAZ: Como les decía, La Carihuela no es una isla y hay que llevar una actuación, haciéndola, que podría afectar a otras playas de Torremolinos, de Benalmádena o de Málaga capital; no es la primera vez que ocurre esto. Las playas presentan una dinámica litoral, resultado de los movimientos del mar, resultado de los vientos, y una actuación de estabilización en un punto puede tener efectos en las playas colindantes. Por esto, el planteamiento que siempre hemos defendido los socialistas y que este Gobierno va a llevar a acabo, es iniciar los trabajos para redactar una estrategia para la protección de la costa de Málaga, en donde se analice la totalidad del litoral malagueño y a partir de ahí adoptar las medidas que correspondan derivadas de ese estudio, un estudio que va a financiar la Comisión Europea con fondos europeos y que va a comenzar el próximo mes. La idea es continuar con la tramitación de lo poco que hizo el anterior Gobierno y adaptarlo a este plan.
En nuestra provincia tenemos ciento veinte playas; necesitamos un estudio para conocer cómo y dónde estabilizar esas playas; si hay que construir espigones, si hay que construir escolleras, arrecifes artificiales o lo que corresponda. No podemos estar permanentemente echando arenas en las playas, hay que buscar soluciones que consoliden esa arena, necesitamos soluciones más duraderas en el tiempo que a la larga son menos costosas.
Tercera y última reflexión. En su iniciativa plantea que para que un proyecto de estas características en La Carihuela se lleve a cabo, incluye la Mancomunidad de municipios de la Costa del Sol y el ministerio, cuando gobernaba el Partido Popular, pero a mí me surge una duda, ¿por qué no ha contado, dentro de esa iniciativa, y ha incluido al Ayuntamiento de Torremolinos, porque algo tendrá que decir el ayuntamiento? ¿Cuál es el problema? Que está gobernado por José Ortiz, que es alcalde del Partido Socialista Obrero Español quien, por cierto, recientemente también planteó una iniciativa al respecto. Seamos serios, todas las instituciones con competencias en las playas deben colaborar para abordar la mejor solución para nuestro litoral. Insisto, necesitamos una estrategia para la protección de todo el litoral malagueño, que permita playas en las mejores condiciones para nuestro sector turístico.
Por tanto -y concluyo-, pudiendo estar de acuerdo con su iniciativa, la de estabilizar la playa de La Carihuela, consideramos necesario realizar previamente ese plan de todo el litoral de la Costa del Sol para conocer qué medidas y establecer las prioridades de la estabilización. Es fundamental, como digo, establecer cuáles son todas las actuaciones que hay que llevar a cabo y priorizarlas. Ese es el planteamiento del Partido Socialista.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, el Grupo Mixto, señor Bataller. (Pausa). El Grupo Vasco acaba de llegar, ¿algo que decir sobre Málaga? Nada más que bondades. El Grupo Esquerra Republicana, lo mismo.
Por último, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea cierra el debate. El señor López de Uralde toma la palabra.
Después de la presentación de la proposición de ley sobre cambio climático, cuando leímos la iniciativa que nos presentan pensamos que el Partido Popular realmente había sufrido una conversión hacia el ecologismo, peo es que el sentido de sus palabras y las nuestras es distinto y cuando ustedes hablan de proyecto de estabilización de la playa de La Carihuela quieren decir, de nuevo, aporte de áridos y construcción de una escollera. Ustedes siguen aplicando las mismas recetas para una situación en la que el cambio climático lo cambia todo. El pasado nos ha enseñado que la franja costera y la línea de costas son altamente dinámicas y que presentan una variabilidad natural intrínseca. Pretender la estabilización sin más, como objetivo en este entorno equivale a artificialización; por el contrario, entender esa variabilidad nos puede ayudar a interpretar y a hacer un pronóstico de cómo podría cambiar la costa en el futuro, y así fortalecer la resiliencia de los ecosistemas litorales, pero no solo, también la resiliencia de las comunidades costeras y sus actividades económicas y sociales.
La urbanización desmesurada de las últimas décadas, la construcción de infraestructuras en el litoral y la disminución del caudal sólido de los ríos ha modificado la línea de costa de forma alarmante, destruyendo dunas y cordones literales desecando marismas y lagunas costeras, aumentando la erosión y haciendo más rígido el litoral mediante diques y espigones. El 25,3 % de la costa malagueña está degradada y sometida a presiones, junto con Barcelona y Alicante conforma el TOP 3 de la artificialización costera. A pesar de que la línea de playa está ya saturada en un 83,6 %, el proceso continua, tanto en la línea de mar como en la segunda línea de costa.
No nos damos cuenta que precisamente esta estrategia dará al traste con la gallina de los huevos de oro de la que ustedes hablan, el turismo de sol y playa. Nuestro grupo está absolutamente convencido de que es posible compatibilizar la sostenibilidad del litoral y las costas y sus ecosistemas, con un aprovechamiento turístico de mejor calidad que entre otras cosas venda, precisamente, la calidad ambiental de los entornos que promocionamos. Sabemos que a ustedes, señores del Partido Popular, estas cosas les dan igual, pero es que la realidad de los estudios disponibles indican que la totalidad de los servicios ecosistémicos y los ecosistemas que los proporcionan y que son los que garantizan la sostenibilidad de la costa malagueña, todos, mantienen una tendencia al deterioro destacable. La estrategia permanente desde hace más de dos décadas de aporte constante de áridos para recuperar la zona perdida no es la solución. Recordaremos algunos episodios épicos, como cuando se extrajo la arena
de la zona junto a Puerto Marina, también en La Carihuela, para luego verterla en la playa de Santa Ana, al otro lado del puerto. Entonces ya advertimos y denunciamos que era una aberración y que traería malas consecuencias, como así fue, a pesar de que el ayuntamiento, entonces del PP, hizo oídos sordos. Pero todavía peor fue la extracción de arena de la playa de Benajarafe de Vélez Málaga, una práctica que eliminó una parte importante de la vegetación espontánea, entre las que se encuentran algunas de las especies más protegidas por la legislación andaluza y que eliminó el espigón natural en la zona.
La estrategia tampoco es la construcción de espigones artificiales para frenar los temporales de levante, aunque estén a ras del nivel del mar y de esta manera no tengan impacto visual. Seguimos sin entender que el litoral es un ecosistema que se configura también por el efecto de las mareas y lo que arrastra con ellas; las consecuencias a largo plazo de este tipo de obras serán negativas en otras zonas aledañas.
Todas estas actuaciones son desconcertantes para la comunidad científica, porque solo obedecen a la presión de los ayuntamientos del litoral para disponer de playas en todo su territorio y a toda costa. La estrategia de adaptación del cambio climático de la costa española, aprobada en diciembre de 2016 supuso un punto de inflexión coherente con el Plan nacional de adaptación al cambio climático. Precisamente trata de desarrollar todas las evidencias científicas acumuladas en el conocimiento y comprensión de nuestras costas y traducirlas en actuaciones y medidas adecuadas a los retos del futuro.
Nuestro grupo está absolutamente convencido de que es posible compatibilizar la sostenibilidad del litoral y las costas y sus ecosistemas con un aprovechamiento turístico de mejor calidad que, entre otras cosas, venda precisamente la calidad ambiental de los entornos.
- SOBRE LA REFORMA DE LA FISCALIDAD EN LA FACTURA DE LA LUZ. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/003638).
El señor PRESIDENTE: Abordamos el punto décimo del orden del día pero penúltimo; recuerdo a sus señorías que queda todavía la proposición no de ley que iba en el punto 7.
Proposición no de ley sobre la reforma de la fiscalidad en la factura de la luz. El grupo proponente es Ciudadanos. Vuelve a tomar la palabra su portavoz la señora Rodríguez.
No es la primera vez que se debate, bueno, sí, en la Comisión de Transición Ecológica pero no en la de Energía en esta legislatura. Hemos traído en distintas ocasiones la revisión de la fiscalidad de la factura de la luz y nunca hemos tenido el apoyo de los partidos que aquí se dan; curiosamente ahora parece que ha habido un cambio de tendencia y esperamos que sea aceptada nuestra propuesta.
Como ya hemos visto y hemos debatido, los precios que se están alcanzando de la luz, el precio pool ha alcanzado record histórico en nuestro país, se ha situado, además, por encima de 70 euros el megavatio hora durante muchísimo tiempo, llegando incluso algunos días a estar cercano a los 80 euros megavatio/hora. Podríamos decir que tiene sentido pero no si tenemos en cuenta que al agua embalsada, nuestras reservas hídricas han aumentado un 15 % si lo comparamos con el mismo tramo del año anterior. La única explicación es la que ya hemos dado en distintos debates, es que el precio del CO2 se ha disparado, se ha multiplicado por cinco y que mientras nuestro mix energético siga teniendo fuentes de generación energética altamente contaminantes seguirá incrementándose el precio de la luz.
Como ya hemos dicho en distintas ocasiones, las características del mercado marginalista dictan que la tecnología más cara, la que cierra ese día, es la que dictamina el precio medio de retribución al resto de tecnologías y por eso es importante resaltar que si seguimos teniendo fuentes de emisión con gran emisión de CO2 seguirán siendo los precios más y más altos. En España, además, ya veníamos diciendo desde hace tiempo que tenemos una de las facturas más altas de Europa, y no lo hemos dicho solo nosotros, lo dicen distintas organizaciones internacionales y también, como dato hacia esos precios de la luz, podemos decir que uno de cada diez hogares de nuestro país no son capaces de mantener su vivienda por encima de los 18 grados centígrados de calefacción. Eso, ¿qué quiere decir? Que el que se hayan disparado los precios de la luz ha incrementado exponencialmente el número de hogares vulnerables de manera energética. Por esto es necesario apostar por distintas reformas.
Nosotros creemos que al tratarse de un mercado liberalizado tenemos que actuar allá donde podemos y donde podemos actuar en este caso es en los costes fijos. Lo hemos traído, como digo, innumerables
veces a debate. Los costes fijos son un 70 % de la factura de la luz y son fruto de la mala planificación energética de los distintos gobiernos, si no es por uno ha sido por otros y si no por los anteriores, pero al final la realidad es que lo que hoy pagamos los ciudadanos en nuestra factura de la luz, en más del 70 % son errores políticos por falta de planificación energética y por falta de entender que la política energética ve sus resultados a 25 o 30 años y no en lo que dura una legislatura, que son cuatro años. Lo que nos avisa también el diseño de nuestra factura es que da igual si tenemos un patrón de consumo que sea eficiente, porque como los costes fijos son tan altos, da igual si nuestros ciudadanos encienden o no encienden la luz, da igual si define un patrón de consumo que sea eficiente porque al final el resultado es que la luz, su factura, seguirá siendo elevada.
Dentro de esos costes fijos voy a nombrar distintos impuestos que se encuentran dentro: el impuesto sobre el valor añadido; el impuesto sobre la electricidad, repito, a este impuesto ya se votó la eliminación en esta Cámara, nosotros trajimos y salió denegada por la mayoría alegando que este dinero ayudaba a financiar las comunidades autónomas, cosa que nos parecía del todo sonrojante; la tasa municipal; impuesto de generación eléctrica, que es el que la ministra ahora ha dicho que va a suspender, lo cual nos parece una buena solución pero también hay que dejar claro que lo que afecta a la factura de la luz, la suspensión de ese impuesto es menor a lo que va a subir, con lo cual a los ciudadanos les va a seguir subiendo la luz en los próximos meses; también se encuentra la tasa hidroeléctrica; tasas nucleares; tasas Enresa; costes extrapeninsulares; fomento de las energías renovables, etcétera.
Creo que queda clarísimo, y por eso hemos apostado por volver a traer esta iniciativa, pero ahondando más en detalles, que si nosotros realmente queremos tener unos precios de la luz aceptables, si queremos que nuestros ciudadanos puedan pagar la luz, lo que no hay que hacer es seguir metiendo costes y costes y costes en la parte fija. Por eso pedimos en esta iniciativa que se haga una auditoría junto con la Comisión Nacional de Mercados y Competencias para determinar qué gastos de la factura de la luz tienen que estar en la factura de la luz, qué gastos no tienen que estar en la factura de la luz y cómo se han de asumir dichos cargos, porque lo que no tiene sentido, repito, es que los ciudadanos cada día paguen los errores de otros partidos políticos o de otros gobiernos, porque es muy bonito o queda muy bien en los titulares hablar de que se va a reestructurar un bono social para esconder realmente que lo que hay que hacer es que las facturas sean reales, que obedezcan a los precios reales de generación para que no se tenga que seguir hablando de bono social, que queda muy bien en titulares pero quedaría mejor que los ciudadanos tengan una factura de la luz que tenga relación a lo que realmente están consumiendo. Por eso en el punto 2 también impulsamos una reforma normativa que modifique la base imponible del puesto sobre el valor añadido y el impuesto eléctrico que, como ya he dicho, el impuesto eléctrico se utiliza para financiar autonomías, y en este momento la financiación autonómica tiene que ir a la reforma de la financiación autonómica si es que hay tiempo para hacerla, porque ya la ministra ha dicho que de eso ni hablar; no desde que es ministra, cuando estaba en la Junta de Andalucía sí que quería hacer la reforma de financiación autonómica.
Para ir acabando, creemos que lo que está claro es que en la factura eléctrica solo tienen que ir los costes asociados, en este caso a la producción, a lo que consuman nuestros ciudadanos y a lo que la CNMC dictamine. Para terminar, les repito, presidente, que la factura de la luz tiene que dejar de funcionar como una herramienta recaudatoria y lo que está claro es que tiene que dejar de ser una losa para los ciudadanos de nuestro país. Está bien las medidas que han tomado en estos momentos pero no van a paliar que siga subiendo la luz; hay que ser más ambiciosos e ir realmente al fondo de la cuestión, que es la fiscalidad de la factura.
Muchas gracias y disculpe por el tiempo, presidente.
A continuación, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista comparte con el grupo proponente la necesidad de garantizar un precio competitivo de la energía y para conseguirlo valoramos positivamente su predisposición a reflexionar sobre los conceptos que deberían formar parte de la factura eléctrica pero, como saben, el mercado eléctrico tiene una arquitectura compleja, son muchas y variadas las interrelaciones entre sus elementos y, por tanto, son también muchas y variadas sus soluciones. Y hay que ser cautos en la adopción de medidas para que no supongan un desequilibrio económico y financiero
del sistema que ustedes no tienen en cuenta, así como para que no generen cambios que puedan provocar inseguridad jurídica y retroactividad. Además, algunos de los factores están determinados en el ámbito europeo, sin que los Estados miembros puedan adoptar cambios de manera unilateral al margen del ámbito comunitario.
Por tanto, no podemos compartir la literalidad de la propuesta de acuerdo que nos plantea, simplemente por cuestiones de viabilidad normativa. En concreto, con su propuesta pretende excluir de la base imponible del impuesto del valor añadido, de manera permanente, tributos y gravámenes que recaen sobre las operaciones gravadas y que por mandato de la directiva europea y traspuesta en el artículo 75 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, sí deben incluirse en la base del impuesto y, por tanto, no se pueden excluir.
En lo que se refiere al ámbito objetivo del impuesto sobre la electricidad, como bien sabe, y veo que no quiere escuchar, su exigibilidad resulta obligatoria, conforme a lo establecido en la Directiva 2003/96, del Consejo de 23 de octubre de 2003, por lo que tampoco se puede excluir de manera permanente de la base imponible. Señoría, no es una cuestión de financiación autonómica, es una cuestión de mandato europeo.
Dicho esto, la cuestión que hoy nos plantea no es un tema menor y por ello el Gobierno de España está ocupado en adoptar medidas viables que profundicen en esta cuestión. El horizonte que guía la acción del Gobierno en este ámbito es el de las modificaciones estructurales que nuestro modelo energético precisa, y es abordar una reforma del mercado eléctrico en profundidad, que elimine sus distorsiones, a través de una reforma del mercado mayorista, donde nos encontramos con un mercado retributivo claramente deficiente, con una brecha entre precios y costes de distintas tecnologías. Dos, la regulación y la racionalización del almacenamiento, ya que la transición energética requiere un incremento muy importante de la penetración de las energías renovables no gestionables. Y, tres, por supuesto, la coherencia del sistema fiscal ya que la fiscalidad existente proporciona señales contradictorias. Pero mientras se aborda, señorías, es preciso actuar ya con medidas urgentes, de choque, que ofrezcan protección a los colectivos más vulnerables, nuestra prioridad, y que al mismo tiempo vayan introduciendo señales del modelo hacia el cual debemos avanzar, reorientándolo. De hecho, como ustedes son conocedores, el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros un real decreto ley para adoptar, entre otras medidas, aquellas que consigan moderar la evolución de los precios en el mercado mayorista de electricidad. Y para ello, entre otras, sí, se han adoptado medidas de carácter fiscal, alguna de ellas de carácter transitorio, durante seis meses, que sin duda es viable y ayuda al objetivo que persigue la medida. En definitiva, se trata de que en estos seis meses de plazo transitorio poder ir trabajando en las grandes medidas estructurales que supongan la reforma del funcionamiento del mercado.
Para terminar he de decirles que hemos presentado una enmienda que nos llama la atención que la proponente no haya querido ni siquiera hacer referencia a ella, ni siquiera intentar negociarla y que intentaremos transaccionar en lo que sea posible.
A continuación tiene la palabra para defender la enmienda el Grupo Mixto. El señor Bataller la da por defendida. Muchas gracias.
Señora Rodríguez para aceptar o no, o para fijar posición sobre esas enmiendas, tiene usted la palabra.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Hemos aceptado la enmienda del PDeCAT, la presentada por el Grupo Mixto. Agradezco la enmienda del Partido Socialista pero no la podemos aceptar porque creemos que distorsiona el punto 2 que es el que hace referencia a la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones, tiene la palabra, si lo desea el Grupo Vasco. (Pausa). Pasa palabra. ¿El Grupo de Esquerra Republicana? (Pausa). Pasa palabra. ¿El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea? (Pausa).
Señor Bataller, tiene la palabra, perdón.
Desde Comprimís compartimos el espíritu de esta proposición no de ley porque evidentemente apunta hacia una cuestión que es muy problemática y que para resumir podemos decir por qué en España cada
cien euros que pagamos en una factura de la luz, únicamente 28 sirven para retribuir el consumo y el resto son impuestos, peajes, etcétera. Evidentemente en España hay un problema con la factura de la luz, que es cara y además es opaca. Es muy cara porque se están incluyendo numerosos conceptos impositivos que deberían revisarse, además conceptos impositivos, como el del IVA mal calculados porque no se aplican sobre el consumo sino por la suma de todos los importes, que eso es algo claramente improcedente, va contra la naturaleza de lo que es el IVA como un impuestos al consumo y al mismo tiempo también se nos intenta hacer pagar, como ya se ha puesto de manifiesto, la ineficiencia del sistema y su inexcusable retraso en su transición a las renovables. Pero además de cara es que es una factura opaca; la persona media no puede entender toda esta suma de conceptos. Nosotros entendemos que el precio de la factura debería expresarse por una cantidad por kilovatio que fuera inteligible; además, debería presentarse una factura unificada energética, que englobase el coste de la luz y del gas y además debería entenderse, y en eso coincido también con el grupo proponente, que conceptos tales como el bono social dejarían de ser necesarios en un futuro si realmente hiciésemos una factura, como nosotros entendemos que debe ser, estructurada en tramos, con un primer tramo de carácter vital económico muy barato, accesible para todo el mundo, un tramo que estuviese exento de IVA o cuanto menos un IVA súper reducido al 4 %, donde además los beneficios estuviesen limitados para los operadores y a partir de ahí unos siguientes tramos con una fuerte progresividad que fuesen cada vez más penalizando los consumos que mostrasen despilfarro o simplemente un carácter suntuario.
En cualquier caso es cierto que hace falta que se llegue a un cambio del sistema de fijación de precios porque hay que entender que la composición de los precios de la energía debe dejarse verdaderamente a las fuerzas del mercado, a la competitividad, y no a todas estas situaciones, a estas alteraciones que estamos viendo actualmente. Nosotros entendemos que deben contemplarse otras cuestiones, como la necesidad de la eficiencia en el servicio que se presenta. En cualquier caso vamos a apoyar esta proposición no de ley; nos gustaría que se llegase a una transaccional pero, como digo, compartimos su espíritu.
A continuación por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, toma la palabra el señor Vendrell.
La proposición no de ley que presenta el Grupo Ciudadanos tiene un hilo conductor que ahora la portavoz, doña Melisa, ha precisado, que es que el problema de la factura de la electricidad, de los elevados precios en España, se debe a factores como el incremento del CO2 pero fundamentalmente que el problema estructural son los costes fijos, los costes regulados que hay en la factura, en una cantidad tan elevada, se dice en la PNL del 79 % que creemos que no es así, que es menor, que no es exactamente esa cantidad. Por el Grupo Ciudadanos siempre hay un problema, que es la fiscalidad, los cargos que en este caso tiene la factura eléctrica, que avanzo que nosotros creemos que es un problema en tanto que está mal diseñado, en tanto que no responde a los criterios también europeos de quien contamina paga, que no tiene ese elemento ni de proporcionalidad ni de carácter ecológico que debería tener la fiscalidad sobre la energía; la paradoja es que en este país, de alguna forma, también estamos subvencionando fiscalmente a los combustibles fósiles.
Nosotros creemos que los problemas son la dependencia de las renovables, el país del sol, por la política realizada por el Gobierno anterior del Partido Popular, no tiene suficiente energía renovables que está demostrado que produce una bajada de los precios; porque tenemos un diseño de mercado absurdo como consecuencia de una mala regulación, que se convierte en un privilegio para las grandes eléctricas, los llamados beneficios caídos del cielo, que hace que energías ya amortizadas en un marco regulatorio anterior, como nucleares y energía hidráulica reciban la misma remuneración que la más cara que entra en el mercado, como por ejemplo el gas; eso no tiene ningún sentido, es absurdo, no pagamos el precio real por lo que cuesta, por los costes variables de producir esa energía; por el mal diseño de la factura, que no es una factura que evite a la eficiencia y al ahorro energético y no hay garantizado un mínimo vital, como pasa, para decirlo rápido con el recibo del agua en muchas comunidades, y con unos peajes de transporte, por ejemplo, y de distribución sobrevalorados, como ha indicado la propia CNMC. Esos creemos que son el problema. España, de hecho, en fiscalidad ambiental está lejos de la Unión Europea.
Por tanto, la solución que se plantea no nos parece la adecuada, nosotros estamos de acuerdo con el primer punto, porque lo hemos pedido muchas veces, el tema de la auditoría, una auditoría que no tendría que ser solo sobre la actual factura eléctrica sino sobre cargas heredadas, como los costes de transición a la competencia u otras cuestiones que nos afectan ahora, como, por ejemplo, el déficit de tarifa. Y no estamos de acuerdo en la formulación que se hace del segundo punto; creemos que no tendría efectos en la factura eléctrica remarcables, que donde hay que insistir es en acabar con esos beneficios caídos del cielo, en revisar cuestiones como los pagos por capacidades en una reforma estructural e integral del mercado eléctrico y también de su fiscalidad y las cargas. Pero nosotros creemos -y ahí hay una crítica velada- que sí forman parte de los costes del sistema eléctrico, no se puede decir que sean ajenos el fomento a las energías renovables o las tasas sobre las nucleares.
Termino ya. La última pregunta a hacer al Grupo Ciudadanos, es ¿por qué ustedes no hicieron eso o no modificaron debidamente el bono social, que es una de las cosas que se han dicho antes, cuando podían influir y eran ustedes decisivos en el Gobierno? Es en ese momento, quizá, cuando deberían que haberlo planteado.
Por último, cierra este debate el Grupo Popular. El señor Juncal toma la palabra.
El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Mucha gracias, señor presidente.
El Grupo Ciudadanos, aprovechando la coyuntura de una subida puntual unos días de la subida de la luz presenta una iniciativa pidiendo la auditoría de la factura. Si nos vamos a la liquidación del año 2017, vemos que lo que es coste de energía de mercado, transporte y distribución, que son costes fijos, alcanza el 52 %; el resto, el 48 % es la suma de 9913 que corresponden 7000 a las primas de renovables, 2800 a los déficit de tarifa anualizables, 1828 a sistemas extrapeninculares y 7800 a impuestos. No voy a desgranar por falta de tiempo.
Aquí lo que hay que plantearse no es que haya que auditar el recibo; sabemos perfectamente que está auditado el recibo por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por Red Eléctrica, competencia, etcétera, lo que hay que tomar es la decisión política y decir: no lo imputamos en el recibo y lo llevamos a los Presupuestos Generales del Estado. Señores de Ciudadanos, ustedes ayudaron a este Gobierno a llegar al poder, pero les aseguro que para incrementar déficit e impuestos no necesitan ninguna ayuda que ya se valen solos ellos perfectamente, no les demos más ideas porque lo que va a generar precisamente, con la política que están llevando a cabo, es un incremento del déficit y de la imposición.
En cuanto a lo que se dice de costes, también, se van ustedes a tablas que hay en Internet y se puede acceder a ellas y pueden ver la fotovoltaica y la termosolar a lo largo de su evolución desde 2008 hasta 2017. Vemos que la fotovoltaica terminó en 2017 pagándose a 350 euros megavatio; la termosolar a 298 y el pool esa donde están todas las que ustedes critican, nuclear, hidráulica, térmica, etcétera, resulta que han oscilado entre 70 en 2008 y 61 el año pasado. Si se van ustedes también a los datos que están publicados, y observamos producción con retribuciones totales, vemos que precisamente la solar fotovoltaica y la termosolar son las que menos aportan al sistema y son las que más cobran por la energía que suministran. Simplemente apuntar que la nuclear y el carbón han aportado el 40 % de la producción del sistema, cosa que habría que reflexionar en función de cómo están haciendo el resto de países de la Unión Europea con respecto al carbón, porque aquí vamos encaminados a cerrar las centrales térmicas, que está claro que el Partido Popular apuesta por la descarbonización del sistema y por apostar por las renovables, pero como decimos en mi tierra, con sentidiño, con sentidiño, porque indudablemente esa supresión del 40 % de la capacidad de producción de la térmica y de la nuclear va a provocar un incremento, pero seguro, porque es una fórmula matemática, añadimos y quitamos los que más producen y que son los que menos cobran resulta que los tenemos que sustituir por otras energías que salen más caras, indudablemente el resultado del precio va a ser mayor.
En definitiva, sentémonos a hablar sin demagogias del tema pero por este camino, señorías, lo único que vamos a conseguir es incremento de precios, incremento de déficit tarifario.
Me pide la palabra para una aclaración el grupo proponente. La señora Rodríguez toma la palabra.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: El resto de portavoces está un poco confundido con la enmienda del PDeCAT. Me gustaría que el señor Campuzano estuviese aquí porque como había varias enmiendas del PDeCAT tampoco lo tenemos claro. Nosotros habíamos dicho que sí a una pero tampoco tenemos claro cuál de las enmiendas habían movido para este y tanto el Partido Socialista... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Si les parece hablamos fuera de micrófono.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Vale, pero para que el resto de portavoces lo sepa, que esto se votó anteriormente que la enmienda pasaba este punto.
- SOBRE AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO PARA EL SECTOR AGRÍCOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/003369).
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al último punto que era el que figuraba en el orden del, día como número 7. Es del Grupo Ezquerra Republicana sobre autoconsumo fotovoltaico para el sector agrícola. Señor Capdevila, tiene la palabra.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchísimas gracias, señor presidente, a usted y al resto de portavoces por su paciencia y por su amabilidad al permitirme alterar el orden.
Esquerra Republicana les presenta hoy una PNL que tiene como objetivo facilitar el autoconsumo en el sector agrícola, un asunto que, no se le oculta a nadie, está teniendo estos días mucho protagonismo en sede parlamentaria como es el caso de la semana pasada con la toma en consideración de proposición de ley sobre generación de energía eléctrica para el consumo de la Asamblea de Murcia, o el debate que reemprenderemos este jueves cuando se debata en el Pleno el Real Decreto 15/2018, de transición energética y protección a los consumidores. En ese aspecto nos satisface comprobar que parece ser que hay un consenso mayoritario favorable a realizar ciertas modificaciones, como en el artículo 9 de la Ley 24/2013, del sector eléctrico o algunos preceptos del Real Decreto 900/2015.
Venimos de un marco regulatorio claramente desincentivador para las energías renovables, con trabas administrativas, técnicas, económicas, que contradicen con la persecución de los objetivos medioambientales recogidos en el Acuerdo de París. Cabe destacar, por cierto, que a nivel de causas de cambio climático el Grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático, en el informe publicado en el año 2014 identifica la generación de energía eléctrica como una de las principales razones del incremento de las emisiones de efecto invernadero en nuestro planeta. De ahí la importancia de fomentar todas aquellas medidas de generación eléctrica con tecnologías renovables, pero si profundizamos en el impacto de estas tecnologías en el tejido productivo, nos encontramos que es el sector agrario el único donde el autoconsumo fotovoltaico ha cobrado algo de protagonismo, concretamente, según agentes del sector, el 25 % de las instalaciones de consumo fotovoltaico en España se concentran en estos sectores. Así, en los últimos tres años se han instalado 25 megavatios de potencia solar que permiten ahorrar a los regantes hasta un 60 % de su factura eléctrica.
Valorando el peso que tiene el sector agrícola en la economía y el gran consumo de energía que realiza este sector, promover la energía fotovoltaica se traduciría en una mejora en la competitividad de las empresas del sector, con el consecuente efecto positivo y en cadena a la mejora en la economía y, por supuesto, en la consecución de los objetivos medioambientales que he citado anteriormente. Ustedes saben que por cada megavatio de energía solar producida se evita la emisión de 267 kilos de CO2 a la atmósfera. Además, quiera hacer hincapié en que aparte de los múltiples beneficios en el sector agrícola, la industria agroalimentaria también se verá beneficiada por esta tecnología limpia que durante la fase operativa de producción no genera gases de efecto invernadero, es silencioso y además no consume agua durante su funcionamiento.
Por tanto, y siendo más que justificadas las razones de las cuales se nutre esta proposición no de ley, nuestro grupo parlamentario apuesta porque, anticipándonos en cierta medida a todo aquello recogido por el real decreto de transición energética y ante la expectativa de su convalidación, se reconozca el derecho a consumir energías sin ningún tipo de cargos sobre la energía consumida. Y, muy importante, no debe contribuir adicionalmente a sufragar los costes del sistema eléctrico ya que en ningún momento lo utiliza. En el real decreto que se nos va a proponer el jueves se eliminan los cargos al consumo, se deroga lo que hemos venido llamando el impuesto al sol. Que se habilite la posibilidad de que la instalación de autoconsumo sea gestionada por un tercero, como así reza en el real decreto, que abre la puerta al
autoconsumo compartido. Así también la legalización de las instalaciones pequeñas, inferiores a 15 kilovatios, como también se recoge en el real decreto. Que se valoren los descendentes de energía inyectados en la ley con criterios objetivos, de acuerdo con una nueva directiva de renovables. En el real decreto se habla de que a la energía excedente se le dé la misma retribución que en otras instalaciones de generación, por lo cual recibirá también retribución. Que se adapte el régimen sancionador y, por último, que se decida en una tramitación administrativa simplificada, simplificada y adecuada a las características de las instalaciones.
No veo ninguna luz y por su gesto me parece intuir que se me terminó el tiempo. Solo gastar dos segundos de su paciencia para decir que agradecemos e incorporamos a nuestro texto en forma de enmienda de transacción y que en breve circularemos, las enmiendas de PSOE y de Podemos.
Efectivamente, no tenemos luz, estamos controlando manualmente el tiempo, pero ya le adelanto que tengo que agradecerles a todas sus señorías el rigor con el que estamos llevando los debates.
El único grupo que ha hecho una enmienda es el Grupo Socialista. En su nombre la señora Blanquer tiene la palabra.
Señorías, en primer lugar quiero poner en valor el fomento de la utilización de las energías renovables y la importancia del autoconsumo también, cómo no, en el sector agrícola. De hecho, el diputado proponente ya ha dado suficientes argumentos para abundar en ello.
Por tanto déjenme aborde dos cuestiones por las que también presentamos enmienda a esta proposición no de ley. En primer lugar quiero recordar que en la defensa del autoconsumo y de la utilización de las renovables siempre ha habido un consenso en esta Cámara, y de hecho en la X Legislatura aprobamos una proposición de ley que todos los grupos apoyamos, pero que el Grupo Popular tumbó, igualmente que en la XI Legislatura, exceptuando el PP, también se presentaron varias iniciativas que contaron con el consenso de toda esta Cámara. Realmente el Gobierno del Partido Popular no solo fue incapaz de consensuar iniciativas, sino que además impidió cualquier iniciativa que supusiera un avance en materia de energías renovables, las castigó e hizo incluso inviable la inversión en ellas y creó una enorme inseguridad jurídica.
Por tanto es ahora, con el cambio de Gobierno, cuando el Gobierno ha incluido en la agenda esta cuestión, cuando está planteando iniciativas, como ha planteado también en su intervención, y por tanto no podemos más que apoyar esta iniciativa, si bien es cierto que en la enmienda que presentamos lo que pretendemos es incluir un punto en el que se añada que ya se está planteando en el real decreto ley, aprobado en el Consejo de Ministros y que será convalidado o esperemos que sea convalidado, el próximo jueves, en el que efectivamente se realiza una modificación profunda en la regulación del autoconsumo en España, con el fin de que los consumidores, productores y la sociedad puedan beneficiarse de las ventajas que pueda acarrear esta actividad en términos de menores necesidades de red, mayor independencia energética y menores emisiones de gases de efecto invernadero. Además, este real decreto ley asume el contenido de la proposición de ley sobre autoconsumo, presentada por la mayoría de los grupos políticos del Congreso, como reflejo del amplio consenso existente en la materia y a la que he hecho referencia al principio de mi intervención. En particular se han introducido determinadas modificaciones en las que se ha modificado el artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y mediante la derogación de varios artículos del real decreto 900/2015, de 9 de octubre, como también ha hecho referencia el diputado que me ha precedido.
Dado que se nos ha admitido esta enmienda, votaremos a favor de la transaccional propuesta al respecto.
Para fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, el señor Campuzano toma la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Simplemente, señor presidente, para expresar el apoyo de nuestros diputados a la proposición del señor Capdevila.
Señor Agirretxea. (Pausa). Pasamos al Grupo Ciudadanos. Toma la palabra el señor Martínez.
Esta iniciativa viene a abundar en las normas y disposiciones que nos vienen de Europa en los paquetes de energía y clima y que ya, como ha anunciado el ponente, se ha iniciado con la ley de autoconsumo de generación eléctrica renovable que vino del Parlamento murciano y con el decreto ley que se nos anuncia y que no es otra cosa que poner en el centro de la política energética al propio consumidor. El paquete de energía y clima fija tres premisas que son: derecho de los consumidores a producir y consumir su propia energía, a participar de los mercados energéticos y el acceso en información como herramienta de gestión y eficiencia.
En Ciudadanos siempre hemos apostado por la generación distribuida y el autoconsumo; la revolución renovable debe habilitar que cada usuario que así lo decida se genere su propia energía, libre de cualquier cargo o impuesto, así como devolver a la red los propios excedentes de energía y ser usados de forma eficiente en otros puntos de consumo. En este sentido, siempre hemos apoyado y defendido iniciativas. Esta proposición, que ya anunciamos que vamos a apoyar, viene a incidir en otra cosa que es una traba para la competitividad de España y es el diferencial que tenemos por la factura energética que llega a ser de hasta 20 puntos con respecto a otros países europeos, con lo cual si esta norma sale adelante, esta proposición va a ser una buena aportación para un sector como es la agricultura, donde el aumento de la eficiencia en el regadío ha supuesto un aumento en el consumo de energía y, por tanto, una pérdida de rentabilidad. Pensamos que con medidas como éstas se va a facilitar que un sector difuso, como es la agricultura, que tiene una aportación casi del 17 % en gases de efecto invernadero, evidentemente va a disminuir la emisión de estos gases, nos va a ayudar en el sector a disminuir los costes energéticos, va a aumentar la rentabilidad de los cultivos y va a aumentar la sostenibilidad de los alimentos, aparte de que la monitorización y las tecnologías permiten una gestión óptima del agua y los recursos. Por tanto nos parece una buena iniciativa, que vamos a apoyar.
Finalmente toma la palabra en este turno el señor Luis.
El señor LUIS BAIL: Hemos enmendado in voce pero lo hemos adelantado por escrito para que tuviéramos tiempo de negociar y poder hacerlo.
Les voy a contar una anécdota personal. Cuando tuvimos un desayuno con inversores, la CNMC, otros reguladores, la patronal eléctrica, en aquel desayuno recuerdo que se me acercó uno de los inversores y me dijo ¿por qué desde vuestro grupo tenéis tanto interés en el tema del autoconsumo, si eso es para gente que tiene una vivienda unifamiliar a las afueras y se puede poner una placa solar? Recuerdo que lo que le contesté fue que estaba perdiendo una perspectiva interesante, que era la perspectiva del mundo rural. En el mundo rural tenemos mucho espacio, tenemos la capacidad y sabemos lo que son los residuos y gestionar esos residuos porque te los vas a encontrar a la salida de casa y si existe un sector óptimo y con el potencial necesario para el autoconsumo desde luego son aquellos que tienen su acción y su ámbito en el mundo rural. En una explotación ganadera de leche de la zona de Cantabria, se gasta alrededor de 300 euros de electricidad al mes, eso son 3600 euros de electricidad al año. Son algunos de los datos que da el sector y que tiene mucho que ver con esta iniciativa. Se calcula, desde ese mismo sector, que el aporte que tendría el autoconsumo ya directamente en instalaciones no aisladas, en aislada sería unos 2200 euros al año, que sería un aporte sustancial.
La aportación que hemos querido hacer a esta iniciativa es trasladar que tiene que haber una unidad en las estrategias que se toman en todas las políticas, y esto tiene mucho que ver con la política agraria común. En este ámbito, en las negociaciones que se están teniendo para el periodo 2021-2027, están siendo bastante insuficientes y no están llegando en los últimos borradores a concretar en cuanto a los objetivos de lucha y mitigación del cambio climático y de eficiencia en la agricultura. No olvidemos que el 40 % de los fondos de la nueva PAC deberán estar destinados directamente a objetivos de cambio climático.
Tenemos un excelente marco ahora mismo de la reforma de la política agraria para dar un impulso de transición ecológica y energética, pero debemos ser ambiciosos para poder fortalecer esta proposición con este tipo de orientaciones. Estamos, además, en un momento súper oportuno en cuanto a la negociación ahora y la aprobación, esperemos, del Decreto ley de 2018, de medidas urgentes, y esperamos que este tipo de iniciativas, junto con la que venía del Parlamento de Murcia sobre autoconsumo, se puedan sustanciar en esa futura ley de cambio climático y transición energética.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Carreño.
Respecto al autoconsumo y contrato de acceso eléctrico para regadío, decir que hay dos temas incorporados en la Ley 1/2018, del 6 de marzo, aprobada por el Gobierno del Partido Popular para ayudar a los agricultores, por la que se adoptaron medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas; se modificó el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y se añadieron una serie de disposiciones finales relativas, entre otras cuestiones, a los contratos de acceso a las redes de transporte y distribución eléctrica por regadíos.
Por tanto, señorías, se modificaron tanto la Ley del sector eléctrico y otras sobre determinadas categorías de consumidores en la modalidad de suministro con autoconsumo, caracterizados por ser intensivos en consumo energético o sujetos a estacionalidad. Una de las posibilidades que se contempla a los regantes es que puedan firmar un contrato de temporada para los meses de máximo consumo. Y otra, con una potencia mínima el resto del año para el mantenimiento de los equipos. Por tanto una medida que evita pagar todo el año por un servicio que solo utilizan durante la campaña de riego, lo que incrementa injusta e innecesariamente el gasto de electricidad.
Por tanto, los regantes disponen hoy de dos potencias diferentes a lo largo de los doce meses, en función de la necesidad de suministro para la actividad donde los precios del término de potencia no sufren incremento alguno respecto a las tarifas de aplicación. Y todo esto sumado a que se podrán establecer reglamentariamente reducciones a los peajes y carga para determinadas categorías de consumidores en la modalidad de suministro con autoconsumo energético o sujetos a estacionalidad.
Por tanto, señorías, más del 95 % de instalaciones de este país no pagan ningún tipo de peaje. Con la legislación actual, el autoconsumo en instalaciones aisladas no está prohibido ni gravado con ningún impuesto. El Partido Popular ha propuesto medidas, como la supresión del 7 % del impuesto a la generación eléctrica, el bono social, la reducción de emisiones en el transporte o medidas que recogen los Presupuestos Generales del estado de 2018, del Partido Popular. Nuestra preocupación debe estar con el regreso de la política energética socialista, porque lo hicieron dejaron el sistema eléctrico al borde del colapso económico y financiero, con un déficit de tarifa de más de 25 000 millones de euros, lo hicieron incrementando el recibo de la luz hasta un 70 %. Nuestra preocupación es que lo vuelve a hacer; en tan solo cien días han subido la luz un 10 % y nuestra preocupación es que el gasto de superávit acumulado de ingresos del sector eléctrico, para ser aplicado a los desajustes que van a provocar, va a tener como consecuencia que se van a gastar nuestros ahorros. Y todo eso sumado al golpe fiscal que le van a dar con la subida de dos impuestos que afectarán a todo el sector agrícola, al sector ganadero, a todo el sector agroalimentario, a las familias, a los autónomos, con los 670 millones que tendrán que pagar por el impuesto del diesel o la subida de casi un 12,5 % para los autónomas.
El señor PRESIDENTE: Agradezco a todos el desarrollo de esta Comisión. Queda el momento crucial de la misma, que es la votación. Damos tres minutos para cerrar las transacciones y los detalles que tengan pendientes sus señorías. Tres minutos de reloj. (Pausa).
Para aquellos grupos que falte algún miembro, vamos a proceder a votar en un momento.
Vamos a tener la Comisión del día 30 aprobada por la Mesa, con el experto del grupo que hizo un informe sobre la transición energética, día 30 de noviembre, y estamos pendientes en la próxima Mesa de arbitrar o bien el martes o miércoles de la semana que viene, estaríamos hablando de 23-24 para sustanciar el debate de dos leyes cuyas ponencias terminan en esta semana sus trabajos. Por tanto les adelanto que seguramente tendremos Comisión la semana que viene y la del día 30 que ya se les anunció.
Votamos la primera proposición no de ley, que promovía el Grupo Parlamentario Socialista. Lleva una transacción que está firmada. Se vota en los términos de la transacción.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 23; votos en contra 14.
Pasamos al segundo punto, relativo a impulsar la Hoja de Ruta para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores difusos. Se acepta la enmienda de Ciudadanos. Con esa enmienda incorporada, procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 19; abstenciones 18.
Pasamos al tercer punto, que lleva también una transacción. La van a repartir a los grupos pero está firmada por los mismos, con lo cual podemos proceder a ir votando, si no tienen inconveniente. Proposición no de ley sobre eficiencia y ahorro energético, del Grupo Parlamentario Socialista.
Pasamos a la cuarta iniciativa, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que lleva una transaccional también.
El punto número 5, también de Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre temas de salud y medio ambiente. Acepta una enmienda del Grupo Mixto, que se trata de una corrección técnica, si no me equivoco, y de esa manera la sometemos a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 20; abstenciones 17.
Pasamos a votar la número 6 en el orden del día, del Grupo Mixto, sobre Patraix. Tiene una transacción por parte de varios grupos políticos. Por tanto, procedemos a votarla en esos términos.
El punto 7 es una iniciativa sobre el sector agrícola, que acabamos de ver, del Grupo de Esquerra Republicana. Lleva dos transacciones que se incorporan. En esos términos la votamos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 23; abstenciones 14.
Punto 8, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la presa de Siles. Lleva también una transaccional y se vota en esos términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 36; abstenciones 1.
Punto 9, sobre La Carihuela, en Málaga. El grupo proponente ha aceptado la enmienda de Ciudadanos. Pasamos por tanto a su votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 18; abstenciones 19.
Por último, el punto número 10, que tiene que ver con la fiscalidad de la factura de la luz, del Grupo Ciudadanos. Acepta una enmienda del Grupo Mixto. Pasamos a votarla en esos términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 6; votos en contra 30; abstenciones 1.
Lo lamento por el grupo proponente en este día.
Deseo agradecerles de nuevo su colaboración. Nos quedamos los miembros de la Mesa para una reunión de diez minutos, no más.

References: real decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 12
 artículo 64
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 27
 resolución 
 artículo 4
 artículo 44
 artículo 75
 real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 9
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 9
 real decreto 
 Real Decreto