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Timestamp: 2019-10-17 09:35:49+00:00

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Camara | Constitución | Elecciones
El fallo de la Cámara que habilita a mudar fiscales.
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Elecciones y Sistema Electoral en Cuba Entre 1900 y 1908. Un Análisis Científico-político
11.12.DEMOCRACIACOMOREGIMENPOLITICO
REGLAMENTO ELECTORAL 2013.pdf
CAUSA: “Alianza Cambiemos s/formula petición – interpone acción declarativa de certeza” (Expte. N° CNE 7142/2017/CA1) SANTA FE
///nos Aires, 17 de octubre de 2017.-
s/formula petición
interpone acción declarativa
certeza” (Expte. N° CNE 7142/2017/CA1) venidos del juzgado federal con competencia electoral de Santa Fe en virtud de los recursos de apelación interpuestos y fundados a fs. 26/29 vta. y a fs. 32/33 vta. contra la resolución de fs. 19/23, obrando el dictamen del señor fiscal actuante en la instancia a fs. 76/80, y CONSIDERANDO:
1°) Que a fs. 8/15 se presentan los apoderados de la alianza Cambiemos del distrito Santa Fe e interponen “acción declarativa de certeza […] a fin de que se fije el correcto alcance del art[ículo] 58 del Código Electoral Nacional […] aclarando que la condición de ‘ser electores del distrito en que pretendan actuar’ […] debe
requisito no
nombramiento]
distritos para actuar como fiscales partidarios en es[a]
jurisdicción en las próximas elecciones”
Fecha de firma: 17/10/2017 Firmado por: SANTIAGO H. CORCUERA, Firmado por: ALBERTO RICARDO DALLA VIA, Firmado(ante mi) por: HERNÁN GONÇALVES FIGUEIREDO, Secretario de Actuación Judicial
#30231659#190856791#20171017181701935
inconstitucionalidad, en ese punto, del art[ículo citado]”
(cf. fs. cit.).-
A fs. 19/23 el señor juez de primera
“[d]eclarar
electoral, podrán
designar como fiscales de mesa y/o fiscales generales a ciudadanos electores hábiles que se encuentren figurando en el padrón de otros distritos electorales” (cf. fs.
elemento esencial de la legitimación para desempeñarse
condición de elector del distrito, sino en su designación
por parte de alguna de las fuerzas que participe en la
desempeñarse” (cf. fs. 21 vta.).- Contra esa decisión, la apoderada del Frente Justicialista y el señor fiscal de grado apelan y
expresan agravios a fs. 26/29 vta. y a fs. 32/33 vta.,
“[]el
arroga[] las
funciones de legislador modificando
sentido de la norma en cuestión” (cf. fs. 26 vta.) y que
“no corresponde hacer lugar a una interpretación amplia del […] articulo [58] toda vez que expresamente se ha de estar a la primera regla de interpretación de una norma que consiste en respetar su letra” (cf. fs. 32 vta.), el
“que no exige mayor esfuerzo interpretativo que el literal
[…] por lo que cabe su directa aplicación, prescindiendo de consideraciones que exceden una interpretación lineal”
A fs. 46 se ordena dar intervención a
todos los partidos políticos y alianzas participantes del
proceso electoral –en todo el país-
respectivas contestaciones en las actuaciones agregadas
por cuerda, en 425 fojas.-
A fs. 76/80 emite dictamen el señor fiscal actuante en la instancia, quien considera que debe declararse la inconstitucionalidad del artículo 58 del
fiscales partidarios sean electores “del distrito en que pretendan actuar”.-
Afirma que se trata de un “requisito
irrazonable” pues no persigue
restringir la posibilidad de fiscalización (cf. fs. 77
En tal sentido, agrega el señor fiscal que el aludido requisito constituye una “causa obstructiva al avance de la actividad de control electoral, que así
Nacional Electoral, la
designación de delegados o de mayores empleados destinados a colaborar en los actos electorales, también traslada a las fuerzas políticas una mayor disponibilidad de fiscales
controlar un
aumento” (cf. fs. 78).-
ante “planteos
similares formulados
distintos distritos[,] […] [en] primera instancia […] [se
adoptaron] interpretaciones diversas sobre cuesti[ón] […] traída a estudio” (cf. fs. 45).-
En efecto, de las actuaciones agregadas por cuerda a la presente causa surge que -además de la resolución aquí apelada- existen pronunciamientos de
los señores jueces
seis distritos -Capital
63/68),
Córdoba (cf.
94/98),
240/244),
Tucumán (cf. fs. 299/302 vta.) y Tierra del Fuego (cf. fs.
335/338 vta.), que expresan dos criterios contrapuestos acerca de la posibilidad de que las agrupaciones políticas nombren como fiscales a electores de un distrito diferente de aquel para el cual pretenden designarlos.-
señalada no puede ser mantenida, pues conspira contra la
calidad y la transparencia de los procesos electorales, al tiempo que perjudica la adecuada formación de los fiscales
quienes debe dirigirse
clara y unívoca.-
3°) Que encontrándose en debate una
país, no es dudosa la necesidad de que el Tribunal ejerza -con carácter inmediato- la función eminente que le ha
interpretación de la legislación electoral.- En tal sentido, debe recordarse que la
ley de su creación (19.108 y modif.) confiere a esta
esencial, al
decisiones tienen carácter obligatorio para los señores
nacionales (cf. art. 6º y sentencia del 11 de septiembre
de 2014 en Expte. N° CNE 1001151/2013/1).-
dictado de decisiones
contradictorias y el consecuente escándalo jurídico que de
(Fallos CNE
1912/95; 1921/95; 3100/03;
3444/05; 4387/10 y sus citas). La legitimidad del sistema democrático se sustenta en la existencia de reglas claras e interpretaciones uniformes. La obligatoriedad legalmente
a los pronunciamientos
alcanzar dicho cometido, pues tratándose de la autoridad
superior en la materia
(ley 19.108,
decisiones constituyen los antecedentes a ser considerados como principios rectores en el comportamiento electoral (Fallo CNE 3100/03, entre otros), ejerciendo con ello una
función que caracteriza a todo tribunal de “casación” y, en particular, explica la especialización del Tribunal.-
justamente, la institución responsable
generales de obligada observancia, "consiguiendo con ello la universalidad y la uniformidad que debe subyacer a la aplicación e interpretación de los códigos en la doble vertiente: la doctrinal y la procedimental" (cf. Helen
e instrumentos jurídicos.
La Casación,
Revista Procuradores, octubre 2005, p. 50 53).-
"contralor" que le fue asignada a esta Cámara como labor propia a todo tribunal de casación, la convierte en el
único tribunal competente
corrientes de interpretación de las normas que conforman nuestro ordenamiento legal en materia electoral (cf. Fallo CNE 4887/12).-
planteada reclama –entonces- la actuación de esta Cámara
establecer un criterio uniforme en relación con una de las
condiciones requeridas para la designación de los fiscales
partidarios.-
Ello, en atención a la trascendencia
cronograma electoral, en el que la incidencia del tiempo reviste carácter esencial (cf. Fallos CNE 5028/13; 5159/13 y Expte. N° CNE 1858/2015/CA1, sentencia del 16 de junio de 2015).-
motiva una intervención
jurisdiccional de este Tribunal en la cuestión. En tal
sentido, resulta imprescindible recordar que en materia
/// procesal electoral prima la necesidad de dar certeza y
poner fin a las disputas mediante la rápida definición de situaciones jurídicas conflictivas que trascienden el
314:1784
328:175, entre otros).- Por ello, el tratamiento procesal de los asuntos de derecho público electoral no es siempre asimilable al que rige los de derecho privado, ni aun
siquiera los de derecho público que no están sometidos a
improrrogables (Fallos CNE 1881/95;
1882/95; 1883/95;
1894/95;
1912/95; 1921/95;
3060/02; 3511/05; 3524/05;
3534/05; 3545/05; 3560/05; 3565/05;
3551/05;
3555/05; 3558/05; 3559/05;
3596/05; 3854/07;
3855/07; 3862/07;
3970/07, entre muchos otros).-
reiterar que –tal como ya se comunicó (cf. fs. 46/vta.)-
la presente decisión prevalecerá sobre los criterios de las Juntas Electorales Nacionales y de los juzgados de primera instancia (cf. art. 6º de la ley 19.108 y art. 51 del Código Electoral Nacional).-
obsta,
aclarar, que
algunas de las resoluciones de primera instancia no hayan sido motivo de recurso. Ello, por una parte, pues las autoridades competentes para aplicar la norma en cuestión en las elecciones del próximo 22 de octubre son las Juntas
Electorales Nacionales (cf. artículos 52 y 59 del Código
correspondería definir
sometido a su consideranción. Por lo demás, uno de los
exista cosa
sentencia haya recaído en un proceso contencioso, pues son
adquirir tal calidad
los llamados procesos
voluntarios (cf.
873/90,
4893/12).-
planteada en el caso.- A este efecto, es necesario recordar que es un principio de derecho político y electoral básico -que debe garantizar la justicia electoral- el asegurar la expresión genuina de la voluntad del pueblo a través del
cuerpo electoral. Este postulado reconoce su raíz en la soberanía del pueblo y en la forma republicana de gobierno que la justicia debe afirmar (Fallos 318:2271, disidencia de los jueces Carlos S. Fayt y Gustavo A. Bossert y Fallos CNE 3321/04, entre otros).- En aplicación de dicho principio, el
último perseguido
mantener la pureza del sufragio como base de la forma
representativa de gobierno sancionada por la Constitución
contribuir a alterarla, dando al pueblo representantes que
/// no sean los que él ha tenido la voluntad de elegir (Fallos
9:314 y 331:866).-
En particular, debe resaltarse que “el
grado de calidad de los procesos electorales es una de las dimensiones que definen la calidad de la democracia, y por ello en la medida en que estos se realizan en mejores
de información, imparcialidad
mayor será la calidad de la democracia" (cf. José E.
"Elecciones en América Latina
electorales" en Cuadernos de CAPEL Nº 52, año 2008, págs.
13/14).-
6°) Que para el logro de los objetivos
expresados, el legislador asignó a los partidos políticos una función de fiscalización insustituible, en conexión
carácter de “instituciones fundamentales
democrático”, según
Nacional (cf. art. 38).-
Como es sabido, “los mecanismos de fiscalización electoral son la expresión más concreta de garantía a los derechos constitucionales y políticos, a los intereses legítimos de partidos políticos, candidatos
democrático representativo” (cf. Diccionario Electoral,
IIDH, 2000, T. I, págs. 594/595). En el proceso electoral,
aquellos medios de vigilancia y control electorales, por
parte de las autoridades competentes, con el objeto de
legislación electoral y traduzcan
espontánea y auténtica de los ciudadanos (cf. cit.).-
actuación de las agrupaciones contendientes adquiere un protagonismo central, pues –a través de sus representantes
votación- tienen
determinantes para asegurar la libre y genuina expresión
de voluntad de los electores.-
establece que “[l]os partidos políticos, reconocidos en el
distrito respectivo y que se presenten a la elección, pueden nombrar fiscales para que los representen ante las
También podrán designar
fiscales generales de la sección que tendrán las mismas
habilitados para actuar
simultáneamente con el fiscal acreditado ante cada mesa” (cf. art. 56).-
Al respecto, se ha explicado que uno
misión de los fiscales de controlar y verificar, durante
integridad, y en el supuesto
incumplimiento, hacer la protesta correspondiente a fin de que las autoridades resuelvan en consecuencia (cf. Fallos
CNE 3946/07 y sus citas y Acordada Extraordinaria Nº CNE
128/11).-
El mencionado Código
fiscales partidarios a controlar la existencia del elector en el padrón y verificar su identidad (cf. artículo 89).
que entendiesen
hubiere falseado
del elector,
artículo 91).-
También los habilita para presenciar el escrutinio de mesa (cf. artículo 101); asistir a las operaciones de escrutinio a cargo de la Junta y examinar la documentación correspondiente (cf. artículo 108).- Por otra parte, les encomienda vigilar
y custodiar las urnas y los documentos electorales, desde el momento en que se entregan al Correo hasta que son recibidos en la Junta Electoral (cf. artículo 106).- Finalmente, asigna a los partidos el control de la recolección y transmisión de los datos del escrutinio provisorio (cf. artículo 108).-
preponderante y
políticos en el control de los comicios –que, como se
documentación, el escrutinio, entre otros- pues, a través
los representan
proceso electoral se desarrollen con apego a la legalidad
y al principio de transparencia.- Bien se ha dicho, en este sentido, que
“los fiscales partidarios son un actor clave el día de la
elección: cuidan
mutuamente. En nuestro sistema
electoral, este control
cruzado garantiza la integridad de los comicios en cada
votación. Por
presencia de fiscales de las fuerzas en competencia es crucial para la equidad, la transparencia y la integridad
del proceso” (cf. Pomares, J.; Page, M.; Zárate, S. y
los votos?”;
Públicas/Recomendación
Nº149.
Buenos Aires: CIPPEC, pág. 2).- 8°) Que adicionalmente a la función de
fiscalización involucrada en el planteo del caso, no puede dejar de tenerse en cuenta que en el marco de las normas legales que instrumentan el modo de votación -en las que la provisión de boletas de sufragio es responsabilidad
alianzas o confederaciones
participantes- el Código Electoral Nacional dispone que los fiscales entregarán a las autoridades de mesa los mazos de boletas oficiales (cf. artículo 82, inciso “5”) para su colocación en el cuarto oscuro.-
directamente con el instrumento utilizado para expresar la
indispensable para ejercer el derecho al sufragio (cf. Fallos 338:628).-
Al respecto, deviene imprescindible
señalar que la tarea que la ley
encomienda a las
sus fiscales-
constituye un medio idóneo para contrarrestar la debilidad que el actual sistema de boletas presenta, pues tal como
esta Cámara ha tenido ocasión de señalar -en
oportunidades (cf. Fallos CNE 4072/08; 4137/09; 4138/09;
4177/09; 4702/11; 4703/11; 5144/13 y Acordada CNE 87/11)-
mencionado sistema ha
suscitado, “debe[n] inexorablemente conllevar el debate
sobre los medios instrumentales que el régimen jurídico establece para canalizar la oferta electoral y ejercer el derecho de sufragio”.- 9°) Que, conforme se desprende de todo lo expresado, el bien jurídico a tutelar en el sub examine
compromete el correcto
comicios; su
transparencia, legitimidad e integridad. De modo tal que,
además de existir un indiscutible interés particular de
políticas contendientes,
también concurre un interés político general en fortalecer los medios que el legislador ha previsto al confiarles a aquéllas el control del acto electoral.-
requisito según el cual los fiscales partidarios deben ser
electores “del
pretendan actuar” (cf.
Nacional) debe
condición no esencial
nombramiento; o que de lo contrario, resulta una exigencia
inconstitucional por cuanto dificulta indebidamente la
cobertura de todas las mesas. De modo tal que, al afectar
ejercer una
adecuada fiscalización, se encontrarían vulneradas las
argumentación, basta señalar que el texto de la norma no
distingue entre requisitos esenciales y no esenciales, por lo que la interpretación ensayada sobre esa base no puede prosperar, pues, como es sabido, no cabe distinguir donde la ley no lo hace.-
corresponde examinar el planteo de inconstitucionalidad
formulado.-
En primer término, cabe destacar que
motiva dicho
vinculada con la protección de principios fundamentales
derecho, derivados
garantía constitucional al “pleno
principio de la soberanía popular y de las leyes que se
nuestra Constitución recoge una tradición institucional que se remonta a sus primeros inspiradores, entre quienes
cabe mencionar a Esteban Echeverría, que predicaba que la raíz de todo sistema democrático es el sufragio, o a Juan
Alberdi, cuando
libertades” (“Obras selectas”, t. 17,
encuentra en su camino la sanción de la ley 8.871 de 1912
(Adla, 1889-1919,844) que impuso
sufragio universal, secreto y obligatorio (cf. Expte. N°
CNE 405/2016/CA1, sentencia del 16/03/17).- En análogo sentido, vale señalar que
los derechos de participación política –a elegir y ser elegido, entre otros- integran el universo de derechos
humanos reconocidos
internacionales que, con la reforma de 1994, nuestro país
incorporó al derecho interno con jerarquía constitucional
(cf. artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional), como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.-
encuentra limitada por normas internacionales establecidas
desproporcionadas, irrazonables o discriminatorias.-
Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que los
ejercicio y goce de los derechos políticos “[s]iempre que
restricciones]
irrazonables” (cf. “Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos”, sentencia del 6 de agosto de 2008, pto. 155).- En idéntica orientación, señaló que la reglamentación de los derechos políticos “debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática” y que “[c]uando hay varias opciones para alcanzar […] [el] fin [perseguido], debe escogerse la que restrinja menos al derecho protegido y
persigue” (cf. Caso “Yatama vs. Nicaragua”, sentencia del
23 de junio de 2005).- Es
derechos fundamentales de raigambre constitucional, la regla de interpretación debe ser la no restricción del derecho humano y su reglamentación debe ser razonable,
esto es, debe guardar suficiente relación con la finalidad
3451/2014/CA1, sentencia del 24/05/16).- 11) Que el domicilio electoral de los
fiscales partidarios no encuentra ninguna vinculación con su función de representantes de las agrupaciones políticas
votación, por
–careciendo de
finalidad alguna- no guarda razonabilidad la restricción
derechos políticos, como es el ejercicio del control de
desarrollado precedentemente.-
Tribunal que es responsabilidad de los partidos políticos
seleccionar entre sus
personas más idóneas para que los representen en las mesas
de votación, y que a tales fines debieran poder acudir a los electores de los distritos correspondientes. Tampoco se desconoce que, sobre esa base, podría considerarse –en
aproximación- que el
acreditaría el gravamen
gravedad como la declaración de inconstitucionalidad de
una disposición legal, que constituye la última ratio del
331:2068;
333:447, entre otros).-
conocimiento -y ha sido, de hecho, un recurrente punto en
cuestión en cada uno de los últimos procesos electorales-
contendientes tiene posibilidades reales de
controlar todas las mesas de votación, porque no cuentan
con la cantidad necesaria de fiscales.-
estudio sobre los comicios de 2013 en
Buenos Aires ha constatado que “solo 2 de las 10 alianzas que compitieron en la elección legislativa […] lograron
fiscales en
votación”
asimetrías en
fiscalización hacen
competencia política no ocurra en igualdad de condiciones” (cf. Pomares, J.; Page, M.; Zárate, S. y Abdala, B. -marzo de 2015- ¿Quién cuida los votos?”. Documento de Políticas Públicas/Recomendación Nº149. Buenos Aires: CIPPEC, pág.
En esa inteligencia, en las últimas
elecciones nacionales (año 2015) existió
declarativa –consentida
intervinientes- que permitió a las agrupaciones políticas designar como fiscales a electores de distritos diferentes
al de su actuación, bien que con el argumento de que los
comicios comprendían la categoría presidencial,
desarrolla en “distrito único” (cf. art. 94 C.N.), pero con idéntico resultado práctico que el pretendido en estos autos (cf. Resolución N° 66/2015 del juzgado federal con competencia electoral de la Capital Federal, del 27/07/15 en Expte. 5304/2015).-
12) Que por otra parte, cabe recordar que mediante las leyes 26.744 y 26.774 se introdujeron modificaciones al Código Electoral Nacional entre las que se estableció -en lo que aquí interesa- la prohibición de
electoral de la mesa en que actúan (cf. artículo 87 del
Código Electoral Nacional).-
En tal sentido, y toda vez que para
cumplir con su cometido los fiscales de las agrupaciones
procurar estar presentes
durante todo el acto electoral para desempeñar su misión esencial de control, se explicó que la actuación como
fiscal en un lugar diferente a aquel en el que tales personas deben votar, se entiende como razón de “fuerza mayor” suficiente para la justificación de la no emisión del voto (artículo 12, inciso “d”, del código citado) (cf. Acordada Nº 37/13 CNE).-
reglamentar la organización del Registro de Infractores
(cf. Ac. cit. y Acordada Nº 45/15 CNE) este
adoptó un procedimiento general y uniforme para que la
justificaciones y excluya a los fiscales partidarios, que por tal condición se vieron imposibilitados de concurrir a votar, de la nómina de infractores.-
dejado de lado una práctica histórica habilitada por la legislación, que permitía a esas personas ser agregadas –de modo manuscrito- al padrón para votar en la mesa en
que actuaban, se ha eliminado una circunstancia que le daba razón de ser al requisito aquí cuestionado.- Por otra parte, cabe hacer notar que
la eventual imposibilidad de votar derivada del hecho de
registrado como elector, puede darse tanto por encontrarse aquél en otro distrito como por actuar en otro local de
votación dentro
circunstancia carece de relevancia para la resolución del
13) Que tal como se adelantó, no se verifican razones de representatividad, de organización
electoral, de preservación del proceso, de fortalecimiento del sistema democrático, o de cualquier otra índole, que
Fallos 336:760,
ejercer su
derecho de fiscalización del proceso electoral.- La restricción cuestionada en el caso
no tiende a fortalecer en forma alguna la transparencia e
posibilidades de control que la legislación encomienda a las agrupaciones políticas y, en última instancia, afecta el interés público en asegurar la genuina expresión de voluntad política que debe tutelarse.- Como ha explicado la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, “el Estado no puede implementar un sistema electoral que coloque en mejor condición a unas pocas agrupaciones políticas por sobre el resto. Dentro del proceso electoral, el rol del Estado es decisivo” (cf. Fallos cit., consid. 40).- En efecto, el Estado tiene un interés
preservar la “integridad”
electoral, asegurando que el derecho a votar no se vea
menoscabado por la confusión o una influencia indebida en la voluntad de los electores (cf. arg. Fallos 328:1825,
voto concurrente de los jueces Fayt y Maqueda, consid.
exigencia que aquí se cuestiona, contenida en el artículo 58 del Código Electoral Nacional, lejos de proteger la
electoral (cf. Fallos cit.), establece una barrera para la
designación de fiscales de mesa que, por no responder a
electoral, así
dificulta la distribución y reposición de las boletas de
votación.-
Por otra parte, la solución que aquí se adopta, además de propender a una mayor fiscalización del proceso electoral, pone en igualdad de condiciones a todas las agrupaciones políticas contendientes -y ningún
puede generarles- pues tendrán
misma facultad de designar como fiscales a electores de
cualquier distrito.-
fiscales partidarios sean electores “del distrito en que
pretendan actuar”.-
señor fiscal actuante en la instancia, la Cámara Nacional
Electoral RESUELVE: Confirmar la resolución apelada en los términos del considerando 13.- Regístrese, notifíquese, hágase saber a las Juntas Electorales Nacionales de los distritos, comuníquese y, oportunamente, vuelvan los autos al juzgado de origen.-
encontrarse vacante el restante cargo de Juez de Cámara (cf. art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).-
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References: resolución 
 artículo 58
 resolución 
 artículo 89

artículo 91
 artículo 101
 artículo 108
 artículo 106
 artículo 108
 artículo 82
 artículo 75
 Resolución 
 artículo 87
 resolución 
 artículo 58
 resolución