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Timestamp: 2019-11-19 01:13:00+00:00

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﻿ Sentencia 1994-08507 de agosto 19 de 2011
SENTENCIA 1994-08507 DE 19 DE AGOSTO DE 2011
CONTENIDO:CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA. LOS MÁS RECIENTES PRECEDENTES DE LA SALA PARECE SUPERAR LA CONSTRUCCIÓN JURÍDICA QUE AFIRMABA QUE EL HECHO O CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA TIENE ALCANCE SUBJETIVO, ESTABLECIENDO QUE EL JUEZ SOLO DEBE CONSTATAR SI FUE DETERMINANTE, ÚNICA O EFICIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DAÑO, LO QUE NO PERMITE ENERVAR LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, EJÉRCITO NACIONAL, HECHO DE TERCERO
Sentencia 1994-08507 de agosto 19 de 2011
Rad.: 54 001 23 31 000 1994 08507 01 (20028)
Actor: Teódulo Rodríguez Medina y otros
1. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 15 de septiembre de 2000 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, Norte de Santander y Cesar, Sala de Descongestión, mediante la que se declaró administrativamente responsable a las entidades demandadas y se les condenó al pago de las indemnizaciones por perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) y morales.
3. Previo a abordar el fondo del asunto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia según la cual no tiene vocación de prosperidad la excepción de “indebida representación de las partes”. En relación con esta cuestión, la Sala entiende que los requisitos para el otorgamiento de los poderes se encuentran contenidos en los artículos 63 y 65 del Código de Procedimiento Civil, por lo que no puede exigirse, como lo pretendió la parte demandada al formular la excepción mencionada, lo consagrado en el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo(1), sino que excluso es extensible lo consagrado en el artículo 142 del Código Contencioso Administrativo que habilita la autenticación de la demanda tanto ante juez, como ante notario.
De acuerdo con el precedente jurisprudencial constitucional(2), el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil (que es aplicable a los poderes) establece que las firmas de los poderes deberán autenticarse por los que suscriben, mediante comparecencia o presentación personal [facultativa] ante el secretario de cualquier despacho judicial, ante cualquier notario.
La Sala encuentra oportuno sostener, como en su precedente(3), que el acto de apoderamiento se sujeta a las reglas legales, y no a la interpretación caprichosa que se quiera hacer y que represente una suerte de vulneración del derecho constitucional de acceso a la administración de justicia. Por lo tanto, la Sala concluye que debe confirmarse que la excepción de indebida representación no tiene vocación de prosperidad, tal como lo decidió el a quo.
4. De igual manera, la Sala confirmará que la excepción propuesta de “omisión de las normas y el concepto de violación” no tiene vocación de prosperidad a tenor de lo consagrado expresamente en el numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, al exigirse como requisito que debe cumplir la demanda en ejercicio de la acción de reparación directa expresar los “fundamentos de derecho de las pretensiones”. En el mismo numeral de dicho artículo se consagró otro presupuesto formal de la demanda, que no es aplicable con se ejerce la acción de reparación, sino que, como lo señala el precedente de la Sala, es una “exigencia normativa que, como ha señalado la jurisprudencia, al mismo tiempo demarca para el demandado el terreno de su defensa y delimita los estrictos y precisos términos del problema jurídico puesto en conocimiento del juzgador y, por ende, el campo de decisión del mismo. Por manera que en el terreno de la justicia administrativa, orientada por el principio dispositivo, el juzgador —tal y como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia— requiere para hacer su pronunciamiento de la individualización de las peticiones anulatorias, debidamente apoyadas en las razones de derecho contentivas del concepto de la violación que a juicio del actor conduzcan a la invalidación del acto administrativo atacado. En tal virtud, en tratándose de las acciones que tienen por objeto ejercer un control de legalidad de los actos administrativos, el accionante al formular la causa petendi tiene la carga procesal ineludible de enunciar en forma puntual y específica las normas que estima infringidas lo mismo que el concepto de la violación, habida consideración que el control asignado al contencioso administrativo no reviste, en estos casos, un carácter general, sino que, por el contrario, se encuentra estrictamente delimitado por los aspectos que el actor le solicite sean revisados”(4). Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala confirma la decisión del a quo de declarar que tiene vocación de prosperidad la excepción mencionada.
5. El análisis de la impugnación se circunscribirá a los argumentos expuestos y desarrollados por la demandada en el recurso de apelación, específicamente a la existencia de una causal exonerativa de responsabilidad como es el hecho o culpa exclusiva de la víctima, de manera que no cabe atribuir fáctica y jurídicamente la responsabilidad patrimonial a las entidades demandadas por el daño antijurídico causado como consecuencia de las lesiones sufridas por Teódulo Rodríguez Medina, en hechos ocurridos el 13 de agosto de 1994. Así mismo, la Sala se pronunciará en cuanto al reconocimiento y tasación de los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante), sin perjuicio de proceder a la actualización a la que haya lugar respecto a todos los perjuicios.
6. Con la Carta Política de 1991 se produjo la “constitucionalización”(5) de la responsabilidad del Estado(6) y se erigió como garantía de los derechos e intereses de los administrados(7) y de su patrimonio(8), sin distinguir su condición, situación e interés(9). De esta forma se reivindica el sustento doctrinal según el cual la “acción administrativa se ejerce en interés de todos: si los daños que resultan de ella, para algunos, no fuesen reparados, estos serían sacrificados por la colectividad, sin que nada pueda justificar tal discriminación; la indemnización restablece el equilibrio roto en detrimento de ellos”(10). Como bien se sostiene en la doctrina,
7. Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado(13) tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(14) tanto por la acción, como por la omisión.
10. Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad(23), según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica(24). Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”(25).
11. En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”(26). Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”(27).
12. Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que estos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”(28). Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no(29). Es más, se sostiene doctrinalmente “que la responsabilidad objetiva puede llegar a tener, en algunos casos, mayor eficacia preventiva que la responsabilidad por culpa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad objetiva, aunque no altere la diligencia adoptada en el ejercicio de la actividad (no afecte a la calidad de la actividad), sí incide en el nivel de la actividad (incide en la cantidad de actividad) del sujeto productor de daños, estimulando un menor volumen de actividad (el nivel óptimo) y, con ello, la causación de un número menor de daños”(30).
13. Dicha tendencia es la que marcó el precedente jurisprudencial constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad(31) es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación(32) que el juez está llamado a aplicar, de tal manera que se aplique como máxima que: “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”(33).
16. En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí(sic) una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante”(39).
14. Dicha formulación no debe suponer, lo que debe remarcarse por la Sala, una aplicación absoluta o ilimitada de la teoría de la imputación objetiva, o de la construcción jurídica de la responsabilidad objetiva que lleve a un desbordamiento de los supuestos que pueden ser objeto de la acción de reparación directa, ni a convertir a la responsabilidad extracontractual del Estado como herramienta de aseguramiento universal, teniendo en cuento que el riesgo, o su creación, no debe llevar a “una responsabilidad objetiva global de la administración, puesto que no puede considerarse... que su actuación [de la administración pública] sea siempre fuente de riesgos especiales”(40).
4. El uso, disposición y manejo de minas antipersonales por parte del Estado.
16. En el derecho internacional humanitario y en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, el uso de las minas antipersonales ha sido regulado tanto para conflictos internacionales, como para aquellos que no lo son [en el lenguaje del artículo 3º común a los convenios de Ginebra]. En ese sentido, cuando se revisó la Convención de 1980 en la materia, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) convocó a un grupo de expertos militares que concluyó en el año 1996: “Las aterradoras consecuencias humanitarias del empleo de minas antipersonal supera con creces la limitada ventaja militar. Sobre esta base, los gobiernos y toda la comunidad internacional deberían hacer todo lo posible para lograr, como una cuestión de vida o muerte, su prohibición y su eliminación”(41).
17. Conceptualmente, las “minas antipersonal son artefactos explosivos de pequeña dimensión, que explotan al recibir una pequeña presión sobre una parte de su superficie. Concebidas inicialmente como armas defensivas, su descontrolada utilización en los conflictos actuales las ha convertido en uno de los armamentos más destructivos y perversos, tanto en tiempos de guerra como en períodos de paz, puesto que tienen una vida media superior a los 20 años. Pueden incluso llegar a los 50 años”(42).
18. De acuerdo con la Convención de Ottawa “sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción”, de 1997, el sustento para que se prohíba o restrinja el uso de minas antipersonales se encuentra en la aplicación del principio del derecho internacional humanitario “según el cual el derecho de las partes en un conflicto armado a elegir los métodos o medios de combate no es ilimitado, en el principio que prohíbe el empleo, en los conflictos armados, de armas, proyectiles, materiales y métodos de combate de naturaleza tal que causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios”. En nuestro ordenamiento jurídico dicha convención se incorporó mediante la Ley 554 de 2000, la cual fue objeto de control de constitucionalidad por la Corte Constitucional, en cuyo precedente sostuvo,
El Estado colombiano suscribió dicho instrumento internacional en desarrollo de una política de defensa de los derechos humanos de sus habitantes, de humanización de sus conflictos, de protección al medio ambiente sano y de búsqueda, consecución y mantenimiento de la paz, compromiso que también ha guiado la participación en otros acuerdos internacionales. Este es un caso ejemplarizante de la adopción de un instrumento que incentiva el desarrollo del derecho internacional humanitario, al establecer límites a la conducción de la guerra, y que a la vez concientiza a los Estados hacia la necesidad de adoptar acciones preventivas frente al control o la prohibición de ciertas armas que resultan incompatibles con ese derecho”(43).
19. Al expediente fue allegado oportunamente y cumpliendo las exigencias legales un material probatorio, del que se relaciona:
— Certificado de nacimiento de Teódulo Rodríguez Medina, hijo de Carlos Julio Rodríguez Peña y Alix Medina Rodríguez, expedido por la Notaría Única del Círculo de Salazar de las Palmas (Norte de Santander), quien aparece registrado en el folio 475 del año 1967 (fl. 12, cdno. 1).
— Certificado de nacimiento de Carmen Graciela Serrano Rodríguez, hija de Óscar Emilio Serrano y Carmen Edilia Rodríguez, expedido por la Notaría Única Villacaro (Norte de Santander), quien aparece registrada en el folio 112 del año 1961 (fl. 13, cdno. 1).
— Certificación del registro de matrimonio de Teódulo Rodríguez Medina y Graciela Serrano Rodríguez, expedida por la Notaría Única de Villacaro (Norte de Santander), según la cual en el “Indicativo serial 120327 del archivo del libro registro civil de matrimonios correspondiente al año de 1993” aparece la partida de matrimonio de aquellos (fl. 14, cdno. 1).
— Certificado de nacimiento de Elkin Leonardo Rodríguez Serrano, hijo de Teódulo Rodríguez Medina y Graciela Serrano Rodríguez, expedido por la Notaría Única del Círculo de Salazar de las Palmas (Norte de Santander), quien aparece registrado en el folio 6047223 del año 1991 (fl. 15, cdno. 1).
— Certificado de nacimiento de Claudia Edilia Rodríguez Serrano, hija de Teódulo Rodríguez Medina y Graciela Serrano Rodríguez, expedido por la Notaría Única del Círculo de Salazar de Las Palmas (Norte de Santander), quien aparece registrada en el folio 9153989 del año 1986 (fl. 16, cdno. 1).
— Certificado de nacimiento de Carlos Alexander Rodríguez Serrano, hijo de Teódulo Rodríguez Medina y Graciela Serrano Rodríguez, expedido por la Notaría Única del Círculo de Salazar de las Palmas (Norte de Santander), quien aparece registrado en el folio 2718171 del año 1988 (fl. 17, cdno. 1).
— Certificado de nacimiento de Alix Medina Luna, expedido por la Notaría Única del Círculo de Salazar de las Palmas (Norte de Santander), quien aparece registrada en el serial 112 del año 1943 (fl. 18, cdno. 1).
— Oficio 00134/BR5-GMMAZ-S2-INT-252, de 24 de enero de 1995, del comandante del grupo mecanizado 5 Maza, en el que se dio cuenta de los hechos acaecidos el 13 de agosto de 1993.
— Oficio 039/BR5-GMMAZ-J25-IPM-775, de 13 de febrero de 1995, del Juez 25 de Instrucción Penal Militar, mediante el cual se informó que ese despacho “no adelantó investigación alguna por hechos ocurridos el día 13 de agosto de 1993, en la base militar de Los Alpes, municipio de Salazar, en los cuales resultó lesionado el señor Teódulo Rodríguez Medina” (fl. 76, cdno. 1).
— Oficio DAM-2001-314, de 19 de mayo de 1994, de la jefe de división atención médica del Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, por medio del cual se allegó copia auténtica “de la historia clínica 686102 de Teódulo Rodríguez Medina, quien ingresa por el servicio de urgencias el 13 de agosto de 1993 por presentar Amputación (sic) Parcial (sic) de Pie (sic) Izquierdo (sic) al pisar una “mina” de explosivo” (fl. 22, cdno. 1). Dicha historia clínica contenía: i) Hoja de historia clínica simplificada de trauma donde se consignó que ingresó el 13 de agosto de 1993; ii) Epicrisis.
— Oficio 000755/BR5-BISAN-S1-SL-746, de 26 de febrero de 1997, del comandante del batallón de infantería 15 “Santander”, según el cual el “Juzgado que adelantó la investigación es el Juzgado 26 de Instrucción Penal Militar con sede en Ocaña” (fl. 104, cdno. 1).
— Oficio 4706-93-RM, de 16 de septiembre de 1993, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, seccional Norte de Santander, en el que se recoge los resultados del examen y valoración realizada a Teódulo Rodríguez Medina.
— Testimonio rendido por Florentino Rincón Rodríguez.
— Testimonio rendido por Ramón Eduardo Niño Blanco.
20. De lo anterior se pueden plantear como problemas jurídicos: 1) ¿cabe endilgar la responsabilidad patrimonial a las entidades demandadas por los daños causados como consecuencia de las lesiones sufridas por Teódulo Rodríguez Medina al pisar una mina “quiebrapatas” al interior de una instalación militar, en atención a que el resultado perjudicial no estaban ni este, ni sus familiares obligados a soportar, o ha operado la culpa exclusiva de la víctima como causa eximente de responsabilidad? 2) Siendo responsable las entidades demandadas, ¿cabe reconocer los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) y en qué tasación?
21. La Sala, mediante el análisis de los medios de prueba obrantes en el expediente, considera demostrado el daño antijurídico causado a Teódulo Rodríguez Medina consistente en la “amputación parcial del pie izquierdo”, como consecuencia de haber pisado una mina “explosiva” cuando se encontraba trabajando junto a Florentino Rincón aserrando madera al interior de la base militar “Los Alpes” ubicada en el municipio de Salazar (Norte de Santander).
22. De acuerdo con el oficio DAM-2001-314, de 19 de mayo de 1994, de la jefe de división atención médica del Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, por medio del cual se allegó copia auténtica “de la historia clínica 686102 de Teódulo Rodríguez Medina, quien ingresa por el servicio de urgencias el 13 de agosto de 1993 por presentar Amputación (sic) Parcial (sic) de Pie (sic) Izquierdo (sic) al pisar una “mina” de explosivo” (fl. 22, cdno. 1). Dicha historia clínica contenía:
i) Hoja de historia clínica simplificada de trauma donde se consignó que ingresó el 13 de agosto de 1993, presentando una lesión abierta debida a onda explosiva en miembro inferior, presentando fractura en falanges (abierta), presentando como diagnóstico “Amputación parcial pie [enmendado] izquierdo por explosión”. Además, en las observaciones se indicó: “Pte (sic) que consulta por presentar amputacion (sic) parcial del pie [enmendado] al pisar una mina + (sic) laceración 4 Dedo (sic) mano izq (sic)”. Así mismo se consignó,
“13-/93 Ortopedia
20:00 - 25 años
— Traumatismo pie izquierdo por estallido de mina. Amputación.
23:30 Nota operatoria
Bajo anestesia (ilegible) se practica exploración (ilegible) de muñón, de pie izquierdo por amputación traumática” (fl. 23 ambas caras, cdno. 1).
ii) Epicrisis en la que se consignó,
“B. Diagnóstico, procedimiento y tratamiento
Estallido pie izquierdo por explosivo.
Amputación traumática parcial pie izquierdo.
Procedimientos quirúrgicos u obstétricos exploración - Lavado - Desbridamiento muñón.
Paciente de 25 años quien llega a urgencias por presentar amputación parcial de pie izquierdo al pisar una “mina” de explosivos. Es llevado a cirugía el mismo día, donde se realiza exploración, lavado, debridamiento y cierre parcial de muñón, bajo anestesia epidural; sin complicaciones” (fl. 26, cdno. 1).
Se trata de un daño que la víctima, Rodríguez Medina, no estaba llamado a soportar como una carga ordinaria, ni siquiera extraordinaria, en atención al respeto de su dignidad humana y de sus derechos constitucionales a la vida y a la integridad personal, que es incuestionable en un Estado social de derecho(44). Sin embargo, no siendo suficiente constatar la existencia del daño antijurídico, es necesario realizar el correspondiente juicio de imputación, que permita determinar si cabe atribuirlo fáctica y jurídicamente a las entidades demandadas, o si opera alguna de las causales exonerativas de responsabilidad, o se produce un evento de concurrencia de acciones u omisiones en la producción del daño.
23. La Sala al abordar la imputación de la responsabilidad encuentra, en primer lugar, un escaso acervo probatorio que le exige valorar el mismo y acudir al sustento de la prueba indiciaria para poder construir jurídicamente el fundamento que permita determinar si se acreditó o no la atribución del daño antijurídico sufrido por Teódulo Rodríguez Medina en cabeza de las entidades demandadas.
24. En ese sentido, las circunstancias de tiempo, modo y lugar se acreditan a partir del oficio 134/BR5-GMMAZ-S2-INT-252, de 24 de enero de 1995, del comandante del grupo mecanizado 5 Maza, en el que se dio cuenta de los hechos acaecidos el 13 de agosto de 1993 en los siguientes términos:
“a. Por los hechos ocurridos para la fecha y lugar, esta unidad no adelantó informativo contra el comandante de la base.
c. Se desempeñaba como comandante de la base el señor Sargento Viceprimero Alberto Torres González, CM 7723649.
d. Inicialmente el comandante de la base le pidió el favor de acerrar unas tablas, al señor, Florentino Ramírez, hubo un contrato verbal el cual consistía en lo siguiente:
El aserrador sacaba tablas y se le pagaba en especie con la misma madera, asumiendo el comando de la base los gastos del motor (aceite y gasolina). Se llegó al acuerdo y al tercer día llegaron a trabajar, personalmente el comandante de la base le comunicó que existía un campo minado a una distancia considerable y que no podían transitar hacia ese sector, el cual se encontraba con su debida señalización. Luego el comandante de la base los condujo hacia el sitio de trabajo, laboraron durante el día sacando un promedio de 48 tablas. Al otro día iniciaron nuevamente los trabajos aproximadamente hasta las 12:00 horas posteriormente al reiniciar el trabajo de un árbol que habían talado en la mañana necesitaban de una palanca para moverlo, fue entonces cuando el aserrador envió al ayudante de quien se desconoce su nombre a conseguir dicha palanca, y este se dirigió hacia el campo minado teniendo conocimiento del peligro con tan mala suerte que pisó una de las minas y se produjo el accidente. Inmediatamente se le prestaron los primeros auxilios, siendo trasladado al hospital de Salazar de Las Palmas. Y luego por coordinación del comandante del grupo mecanizado 5 Maza, señor Teniente Coronel Henry Domínguez Monsalve ante el gerente de Ecopetrol se logró el apoyo para trasladarlo al Hospital Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta.
Hago anotar, informado por el Señor (sic) SV. Torres González Alberto, comandante de la base militar que el señor Teódulo Rodríguez Medina, en ningún momento fue contratado por la base militar, para realizar el corte de la madera sino que fue contratado por el señor Florentino Ramírez.
El comandante del grupo para el 13 de agosto de 1993 era el señor Teniente Coronel Henry Domínguez Monsalve, y al parecer tuvo conocimiento de los hechos sucedidos” (fls. 64 y 65, cdno. 1).
Así mismo, obra el testimonio rendido por Florentino Rincón Rodríguez en el que afirmó,
“Preguntado: Sírvase decir si el señor Capitán Alberto Torres, comandante de la Base militar (sic) Los Alpes lo contrató o mejor celebró un contrato con Ud. (sic), y el señor Teódulo Rodríguez Medina en caso positivo en qué consistió dicho contrato? Contestó: Sí yo hice el contrato él me dijo que fuera y le cortara las tablas mas (sic) o menos unas 200 si de precio si no hablamos que a los que las cortara buscara madera y me hiciera yo pago de la misma madera pero al fín (sic) no se llevó a cabo porque como sucedió la vaina esa al segundo día de estar trabajando no acabé yo el contrato. Preguntado: Sírvase decir la fecha en que Ud, (sic) y Teódulo Rodríguez iniciaron ese trabajo? Contestó: Eso si no me acuerdo la fecha, pero fue en el /93 va a hacer dos años. Preguntado: Sírvase decir qué oficio comenzó a desempeñar ese día el señor Teódulo Rodríguez Medina? Contestó: Pues ese día cortamos el primer palo ya al segundo día nos mandó cortar el segundo palo en toda la base que fue cuando pasó el caso y el (sic) estaba con nosotros al caer el palo yo mandé al ayudante a Teódulo lo mandé cortar una palanca para mover la rola en ese momento fue el caso y ahí fue donde totió (sic) la mina si(sic) enseguida lo echamos pa (sic) cá (sic) a él le trozó casi la patica lo llevamos al hospital, le cortaron o sea allá mismo el quedo sin pie, le quedó el mero tubillo enseguida lo echamos pacá (sic) pal (sic) hospital y de ahí el Sargento sin duda que asustado llamó a Cúcuta al batallón y el helicóptero en tanto llegó, ya había llegado a la laguna cuando el helicóptero lo recigió (sic) y lo llevaron para Cúcuta al Hospital Herasmo (sic)... Preguntado: Dígale al despacho si Ud, (sic) y Teódulo Rodríguez Medina habían preguntado en varias oportunidades a los militares si existía algún peligro o qué peligros existian (sic) en la zona donde iban Uds (sic) a realizar su trabajo? en (sic) caso positivo qué respuesta obtuvieron de los militares? Contestó: Que no existía peligro ninguno y nosotros confiados nos metimos a trabajar... lo operaron pero fue por cuenta de la familia claro que el (sic) manda mas (sic) el Coronel en Cúcuta nos dijo que ellos se hacian (sic) cargo de los gastos y nos ofreció dos marranos por cuenta de él y no cumplió” (fls. 80 y 83, cdno. 1).
25. De los anteriores medios probatorios cabe extraer: i) es cierto que el Sargento Alberto Torres González permitió el acceso de Florentino Rincón y de su ayudante Teódulo Rodríguez Medina a las instalaciones de la base militar para realizar una actividad, específicamente para aserrar una madera; ii) que en la mencionada instalación militar había un “campo minado”; iii) que los mencionados señores realizaron la actividad manifestada desde el 12 y hasta el 13 de agosto de 1993, fecha esta en la que ocurrió el hecho dañoso; iv) el día 13 de agosto de 1993, cuando realizaban la actividad acordada con el Sargento Torres González, Florentino Rincón envío a su ayudante Teódulo Rodríguez Medina a buscar una palanca, necesaria para seguir desarrollando su trabajo, y en su trayecto pisó una mina “explosiva”, que le ocasionó las lesiones que ya han sido objeto de valoración como daño antijurídico que no estaba llamado a soportar Teódulo Rodríguez Medina; v) es cierto, también, que a Teódulo Rodríguez Medina le prestaron la atención médica inicial y lo trasladaron a un centro médico del municipio de Salazar, para luego transferirlo al Hospital Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta.
Por otra parte, no encuentra la Sala prueba completa y determinante, o indirecta y suficiente respecto a: i) que tanto Florentino Rincón, como Teódulo Rodríguez Medina hubieran sido avisados, informados u orientados, en la base militar a donde se les permitió el acceso, con relación a áreas o zonas restringidas de acceso o que representaban riesgo, específicamente de la existencia de un campo minado en su interior. Solo obra el oficio 00134/BR5-GMMAZ-S2-INT-252, de 24 de enero de 1995, que como prueba no se encuentra corroborada, o contrastada con cualquier otro medio probatorio que permitiera alcanzar la convicción respecto a la acción desplegada por el Sargento Torres quien los contactó directamente, o del comandante o mando militar que tenía la dirección de la base para el día de los acontecimientos; ii) no se logra demostrar que el Sargento Torres González o alguno de los mandos militares, o subordinados hayan conducido a Rincón y a Rodríguez Medina hasta el lugar donde iban a realizar la actividad, esto es, donde debían aserrar la madera; iii) no se conoce con base en qué tipo o modalidad de acuerdo, contrato o servicio los señores Florentino Rincón y Teódulo Rodríguez Medina pactaron con el Sargento Torres González, solo que si se realizaron actividades laborales al interior de la instalación militar durante los días 12 y 13 de agosto de 1993.
26. La Sala, apreciando el acervo probatorio fundado en el principio de la sana crítica y en un análisis conjunto, armónico y coherente, aborda lo relativo a la existencia de una causal exonerativa de responsabilidad como es el hecho o culpa exclusiva de la víctima [propuesto por la demandada en su recurso de apelación]. En cuanto a esta causal, para la Sala cabe aproximar [brevemente], y con el objetivo de dotar de continuidad al precedente, el tratamiento que se ha dado a dicha causal.
Uno de los primeros precedentes de la Sala, en plena transición entre la vigencia de la Carta Política de 1991 y la superación de aquella de 1886, señaló que el hecho o culpa exclusiva de la víctima debe reunir unas características:
“Para que la culpa de la víctima se tipifique se deben dar los siguientes elementos: a) Una relación causal entre el hecho de la víctima y el daño. Si la víctima no contribuye en alguna forma a la producción del evento perjudicial, su conducta no puede tener repercusiones en el campo de la responsabilidad; b) El hecho de víctima debe ser extraño y no imputable al ofensor, y c) Debe ser ilícito y culpable. Cualquier circunstancia particular del caso no puede aceptarse como hecho de la víctima, pues se corre el riesgo de pecar por informalidad jurídica en la aplicación de la ley y el derecho, al caso concreto”(45).
Posteriormente, el precedente se orientó hacia el fundamento de esta causal en una dimensión subjetiva, entendiendo “que la conducta de la víctima, contribuyó a la realización del resultado dañoso”(46), de tal manera que se indagaba si voluntariamente o no el sujeto que demandaba la indemnización se había asumido el evento que representaba un potencial riesgo, total o parcialmente. Dicho precedente tuvo una matización en u otro precedente de la Sala, en el que se sostuvo que la “la ausencia de valoración del riesgo por parte de las víctimas constituye una conducta negligente relevante”, de tal manera que se llega a valorar que “la causa eficiente y adecuada del daño sí fue, efectivamente, la culpa exclusiva de las víctimas”(47).
En otros precedentes, la Sala funda la aplicación del hecho o culpa exclusiva de la víctima, causal exonerativa de responsabilidad, en los criterios de imprevisibilidad e irresistibilidad, adoptados como criterios genéricos que operan para las denominadas “causas extrañas” [fuerza mayor y hecho de un tercero, además]. De acuerdo con este precedente,
“La Sala, en numerosas sentencias, ha reconocido la imprevisibilidad e irresistibilidad del suceso invocado por la entidad demandada como eximente de responsabilidad, bajo la modalidad del hecho exclusivo de la víctima, circunstancias que deberán examinarse en cada caso concreto”(48).
Sin embargo, en los más recientes precedentes las Sala parece superar la construcción jurídica que afirmaba que el hecho o culpa exclusiva de la víctima tiene alcance subjetivo, estableciendo que el juez solo debe constatar si fue determinante, única o eficiente para la producción del daño, lo que no permite enervar la responsabilidad extracontractual del Estado. En ese sentido, se sostiene que para,
“(...) efectos de que opere el hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad, es necesario determinar si su proceder —activo u omisivo— tuvo injerencia, o no, en el daño y en qué medida... se insiste, para definir si habría sido la actividad de la víctima la causa eficiente del daño, deben analizarse sus actos y las consecuencias... En ese orden de ideas, debe reiterarse que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, resulta necesario que la conducta desplegada por la víctima sea causa del daño y que constituya la raíz determinante del mismo”(49).
El anterior precedente ha tenido continuidad, y ha sido ampliado argumentándose,
“En otros términos, no es la voluntariedad del hecho de la víctima lo que determina la causa del daño, por lo tanto, esta puede actuar de manera involuntaria o aún sin consciencia de lo que hace, su actuación se puede explicar por el descuido de quien tenía su guarda y, sin embargo, ese hecho cuando sea la causa eficiente del daño exonerará de responsabilidad a la entidad demandada... Cabe reiterar, como lo ha precisado la Sala que en los eventos en los cuales la actuación de la víctima resulta ser causa única o concurrente del daño, carece de relevancia la valoración de su subjetividad, porque si la causalidad constituye un aspecto objetivo, material de la responsabilidad, la labor del juez frente a un daño concreto debe limitarse a verificar si dicha conducta fue o no la causa eficiente del daño, sin que para ello importe establecer si al realizarla, su autor omitió el deber objetivo de cuidado que le era exigible, o si su intervención fue involuntaria. Por tal razón, resulta más preciso señalar que la causal de exoneración de responsabilidad del demandado es el hecho de la víctima y no su culpa. En pocos términos: en el campo de la responsabilidad patrimonial del Estado la valoración objetiva de la intervención causal tanto de la administración como de la propia víctima resultan suficientes para determinar si la causa eficiente del daño lo fue la actuación del ente demandado o de la víctima, con el fin de establecer si hay lugar a condenar a aquella o a absolverla por haberse producido una causal excluyente de responsabilidad, o si ambas concurrieron en la producción del daño y, entonces, reducir el valor de la indemnización en proporción directa a la mayor o menor contribución de la conducta de la víctima en su producción”(50).
En atención a lo anterior, la Sala dará continuidad al precedente en la materia de manera que para el caso concreto no se encuentra demostrado, por ninguno de los medios probatorios aprehensibles, que el hecho o culpa de Teódulo Rodríguez Medina de desplazarse por las instalaciones de la base militar “Los Alpes” haya sido determinante, o fácticamente eficiente o único elemento a considerar por el juez, y que lleve a concluir que no hay lugar a formular la atribución jurídica del daño a las entidades demandadas, por el contrario lo determinante [y sin que haya lugar a considerar si se omitió deber objetivo de cuidado alguno por parte de la víctima] está constituido por el cúmulo de omisiones y de incumplimientos que se producen por parte de la entidad demandada, a los que la Sala llega fundándose indiciariamente en los presupuestos de los hechos probados, consistentes en i) permitir el ingreso de personal civil a la base militar sin un control adecuado a las normas y reglamentos institucionales; ii) la falta de aviso, información o advertencia [corroborado por el propio Florentino Rincón, quien fue contactado para realizar la labor por parte del Sargento Torres González] de las áreas, zonas o lugares que representaban riesgo o amenaza, o que estaban restringidos en su acceso a personal civil, mucho más cuando en el oficio de 24 de enero de 1995 se aceptó que en la instalación militar existía un campo minado, que conforme a las normas, reglamentos y reglas de la experiencia supone la necesidad de estar debidamente señalizado, o por lo menos debe contar con una advertencia de área o zona restringida para cualquier desplazamiento, no solo por parte del propio personal militar, sino con mayor rigor del personal civil permanente, ocasional o temporal que acuda, frecuente o permanezca en la base militar por diferentes motivos, para nuestro caso en actividades laborales; iii) la falta de control y supervisión por parte del comandante, o de quien se encontraba al mando de la instalación del personal civil que se encuentra al interior de una instalación militar, incumpliendo mandatos no solo de seguridad, sino también de diligencia cuando se trata de lugares o ubicaciones en los que se debe responder con mayor rigor con el control de actividades, desplazamientos y movimientos.
27. La Sala llega, sin duda, a la conclusión que los indicios derivados del examen conjunto de los medios probatorios allegados al proceso permiten establecer que el daño antijurídico causado a Teódulo Rodríguez Medina es atribuible a las entidades demandadas a título de falla del servicio, por el incumplimiento a los mandatos de defensa y seguridad de toda base militar sujeta a manuales y reglamentos internos, que no fueron observados debidamente por el Sargento Torres González, ya que no se acreditó por las entidades demandadas que se haya adoptado algún control respecto a la acción desplegada por el militar mencionada, ni que se hubiera investigado disciplinariamente su conducta, pese a poder haberse incumplido reglas militares de seguridad, control y vigilancia.
28. De igual manera, por haberse permitido el ingreso de civiles sin la adopción de las más elementales medidas de seguridad, especialmente aquellas destinadas a supervisar el área donde debían realizar la actividad y, a indicar o, por lo menos advertir clara y concretamente qué áreas o zonas de la base militar tenían un acceso restringido al personal civil, a sabiendas que en la misma existía un campo minado, que por razones de defensa y seguridad no podía divulgarse o desvelarse a cualquier individuo, lo que no impedía, ni permitía que no se cumpliera con la diligencia debida que se esperaba para evitar un accidente como el que se produjo y que le representó a Rodríguez Medina la pérdida parcial de su pie izquierdo, que no se resolvía con la simple indicación circunstancial que se señaló en el oficio de 24 de enero de 1995, sino que exigía un deber de cuidado cualificado en cabeza de las entidades demandadas, y específicamente del comandante, oficial o suboficial que haya sido encargado de supervisar la presencia de los civiles durante su trabajo.
29. Es propicio para la Sala este evento, para considerar que cabe reforzar su encuadramiento en el título de la falla del servicio afirmando la posibilidad de que la falla se consolide no solo por el incumplimiento u omisión de las entidades demandadas, sino que también por no haber observado los deberes positivos a los que debió sujetarse en este caso específico, al momento de permitir el acceso de personal civil ya que el Estado se convierte en garante [posición de garante de vigilancia], a tenor de lo manifestado por el precedente de la Sala según el cual “el Estado asume un papel de garante que se desprende de la obligación que emana del artículo 2º de la Constitución Política, disposición según la cual ” las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”(51).
30. Con base en los anteriores argumentos, la Sala confirmara la sentencia del a quo que declaró administrativamente responsables a las entidades demandadas y procederá a valorar lo apelado por estas en cuanto a los perjuicios reconocidos en el fallo de instancia, no sin antes advertir que con fundamento en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 que establece como principios sustanciales de la reparación del daño su integralidad y la equidad, la Sala actualizará en caso de ser procedente, conforme a lo que se demuestre, las sumas de dinero por concepto de perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) y morales a que haya lugar. Dichos principios sustancialmente no implican vulneración alguna del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.
31. En su apelación la parte demandada solicitó que no se reconociera los perjuicios por concepto de lucro cesante por haberse demostrado la disminución de la capacidad laboral sufrida por Teódulo Rodríguez Medina, así como que no se reconociera el daño emergente al no haber sido ratificadas las facturas allegadas al proceso.
32. En cuanto al lucro cesante, cuando se trata de lesiones en su liquidación el juez contencioso administrativo debe observar el precedente de la Sala, especialmente que obre prueba, como un dictamen médico laboral, para que pueda reconocerse y liquidarse el lucro cesante futuro, esto es, aquel que se proyecta hasta su vida probable. Para el caso concreto no obra medio probatorio alguno que permita demostrar cuál y en qué medida se produjo la pérdida de capacidad laboral de Teódulo Rodríguez Medina, sino que solo aparece el oficio 4706-93-RM, de 16 de septiembre de 1993, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, seccional Norte de Santander, en el que se recoge los resultados del examen y valoración realizada a Teódulo Rodríguez Medina, consignándose,
“Examinado hoy a las 11 y 45, al examen fisico (sic) presenta amputación del tercio distal del pie izquierdo con cicatriz granulante en extremo del muñón.
Incapacidad médico legal provisional (45) cuarenta y cinco días” (fl. 30, cdno. 1).
Luego, la Sala encuentra que debe estudiarse si procede el reconocimiento y la liquidación del lucro cesante consolidado, en función del término de la incapacidad prescrita y, solo a favor del lesionado, ya que no obra prueba diferente al testimonio de Ramón Eduardo Niño Blanco, quien es amigo de la familia y resulta insuficiente y sospechoso, por la cercanía a la familia del lesionado, al afirmar,
“Preguntado: Sírvase decir, si uno o todos de los señores que acaba de mencionar para el año 1993, contribuían al sostenimiento económico de Carlos Julio Rodríguez Peña y Alix Medina de Rodríguez. Contestó: Este muchacho Teodulo, que le dicen TUTO, el contribuía con su trabajo ayudándole a don Carlos Julio porque es un señor de edad y está enfermo. Preguntado: Sabe Ud. (sic) em (sic) que (sic) proporción económica ayudaba Teódulo Rodríguez a su padre. Contestó: En un ochenta por ciento, o sea le ayudaba a trabajar en la finca, porque el que estaba al frente de la finca era él, y también ayudaba por fuera en la cuestión de madera, ayudante de aserrador de madera. Preguntado: Dígale al despacho cómo eran las relaciones afectivas entre Teódulo Rodríguez Medina y sus señores padres. Contestó: Se llevaban muy bien, como hijo apadre (sic) y padre a hijo ellos se llevaban muy bien” (fl. 78, cdno. 1).
Apreciado el testimonio, se encuentra que por razón de sus sentimientos y cercanía el declarante no podía ofrecer credibilidad que hubiese permitido el reconocimiento del lucro cesante a favor de los actores, máxime cuando en el expediente no obra otro medio probatorio con el que se pueda de manera conjunta y armónica determinar si Teódulo Rodríguez Medina se dedica principal u ocasionalmente a la actividad de aserrar, o si realizaba cualquier otra, de manera que resulta inadmisible el reconocimiento del lucro cesante en cabeza de los demandantes, razón por la que se modificará la sentencia de primera instancia en cuanto a este aspecto no solo por no haberse acreditado la pérdida de capacidad laboral, que habría permitido el reconocimiento y liquidación del lucro cesante futuro, sino porque no se acreditó la realización de actividad productiva alguna, ni que de ella existiera dependencia o ayuda económica a sus padres, a su compañera permanente y a sus hijos. Sin perjuicio, y aclara la Sala, de entender que el hecho dañoso se produce dentro de una actividad que no quedó plenamente establecida si generaba remuneración económica alguna tanto Florentino Rincón, como a Teódulo Rodríguez Medina. De esta manera, la Sala da continuidad al precedente según el cual,
“(...) el Código Civil el lucro cesante es la ganancia o el provecho que deja de reportarse (art. 1614), esto es la pérdida de un interés futuro a un bien que todavía no corresponde a una persona. Este daño como cualquiera otro debe indemnizarse, si se prueba, y en lo causado. La explicación que se da a esa regla se apoya en otro principio general del derecho: si el daño se indemniza por encima del realmente causado, se produce un enriquecimiento sin justa causa a favor de la ‘víctima’; si el daño se indemniza por debajo del realmente causado, se genera un empobrecimiento sin justa causa para la víctima; por ello el daño es la medida del resarcimiento”(52).
33. En cuanto al daño emergente, encuentra la Sala que la sentencia de primera instancia no reconoció, ni liquidó indemnización alguna por este rubro, razón por la cual encuentra que no le asiste razón en su apelación a la parte demandada, y no habiendo lugar a pronunciarse acerca del mismo en atención al respeto que exige lo consagrado en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.
34. Finalmente, la Sala confirmará la condena impuesta a las entidades demandadas por concepto de perjuicios morales, y procederá a su valoración conforme a los siguientes criterios, teniendo como fundamento lo establecido en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.
Ahora bien, respecto de los perjuicios morales en cabeza de los demandantes con ocasión de la lesión sufrida por Teódulo Rodríguez Medina, y con base en las reglas de la experiencia, se presume que para él su lesión(53), en las circunstancias en que ocurrió, y para sus parientes inmediatos debió implicar un profundo dolor, angustia y aflicción, teniendo en cuenta que dentro del desarrollo de la personalidad y del individuo está la de hacer parte de una familia como espacio básico de toda sociedad(54). Y se afirma que se trate de parientes cercanos, ya que dicha presunción, al no existir otro medio probatorio en el expediente, reviste sustento jurídico solamente respecto del núcleo familiar vital, esto es, aquel que se comprende dentro del mandato constitucional del artículo 42 de la Carta Política(55).
Si bien a partir de 2001 la jurisprudencia viene aplicando como criterio de tasación de los perjuicios morales el salario mínimo mensual legal vigente (en una suerte de equivalencia con los gramos oro reconocidos en la primera instancia), no deja de seguir siendo un ejercicio discrecional (arbitrio iudicis) del juez, sin lograr, aún, la consolidación de criterios objetivos en los que pueda apuntalarse la valoración y tasación de los mismos, con lo que se responda a los principios de proporcionalidad y razonabilidad con base en los cuales debe decidir el juez y, no simplemente sustentarse en una “cierta discrecionalidad”.
“En torno al perjuicio moral es de recordar que su indemnización no obedece a un criterio compensatorio, desde luego que la vida humana es inconmensurable, sino a uno satisfactorio, destinado a mitigar en lo posible la enorme pena que en el fondo queda ante la ausencia de un ser amado, razón por la cual en a su apreciación han de considerarse el dolor de quien lo sufre, la intensidad de su congoja, la cercanía con el ser perdido, entre otras cosas, para con cimiento en la equidad arribar al más justo valor, distante por lo general de la matemática exactitud con que se escruta el daño material”(56).
De las funciones que cumple el principio de proporcionalidad en el control constitucional de la legislación y en la tutela de los derechos fundamentales depende en gran parte la efectividad del Estado social de derecho, el respeto de la dignidad humana y la inalienabilidad de los derechos de la persona. Es por ello que se hace necesario un manejo adecuado del principio de proporcionalidad, diferenciando su sentido general —como máxima de interpretación que evita el desequilibrio, la desmesura o el exceso en el ejercicio del poder público— de su sentido específico como parte constitutiva del juicio de igualdad(57). Tal distinción entre un sentido genérico y uno específico con que se usa el concepto de proporcionalidad conduce al problema de los métodos para su aplicación. 8.2. Un uso general, no técnico, del concepto de proporcionalidad en el control de constitucionalidad, prescinde de un método para su aplicación. La relación de equilibrio entre dos magnitudes, instituciones, conductas, etc., se establece en forma intuitiva, conectada muchas veces a un juicio de grado. Se afirma, por ejemplo, que un acto es proporcionado, desproporcionado, leve o manifiestamente desproporcionado. La inexistencia de método para establecer el grado a partir del cual dicho acto pierde la proporción hasta el punto de verse afectada su constitucionalidad, conlleva la concentración en el juez de la facultad de decidir discrecionalmente sobre la juridicidad de las actuaciones de otros órganos del poder público. Tal consecuencia no es compatible en un Estado democrático de derecho donde los órganos del Estado cumplen funciones separadas. Es por ello que el uso coloquial de la proporcionalidad o desproporcionalidad, en el sentido de exceso o desmesura, requiere ser sustituido por métodos objetivos y controlables que permitan al juez constitucional ejercer su misión de salvaguarda de la Constitución y de los derechos constitucionales, dentro de un marco jurídico respetuoso de las competencias de las demás autoridades públicas, en especial del legislador democrático. La proporcionalidad concebida como principio de interpretación constitucional puede adoptar la forma de dos mandatos: la prohibición de exceso y la prohibición de defecto. El primero tiene que ver principalmente con la limitación del uso del poder público de cara a las libertades fundamentales. El segundo se aplica por lo general respecto de los deberes positivos del Estado y la protección de los derechos que comprometen la actuación de las autoridades para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. El método de aplicación del principio de proporcionalidad es la ponderación. Generalmente, el objeto de la ponderación son intereses enfrentados que han recibido alguna protección constitucional, la cual es mayor en el caso de intereses cobijados por derechos fundamentales. Los intereses ponderados también se concretan en medidas y fines estatales. Se pondera, por una parte, las medidas y los fines estatales y, por otra parte, la afectación de parámetros formales o materiales consagrados en la Constitución. Existe, por lo tanto, una clara relación conceptual entre la proporcionalidad y la ponderación. La primera es establecida mediante la segunda, puesto que siendo la primera un concepto relacional, los extremos de dicha relación han de ser comparados y sopesados, esto es, ponderados con el fin de establecer si ellos mantienen el equilibrio, el balance o la medida debida o, por el contrario, se desconocen las prohibiciones de exceso o defecto.
Por lo anterior, el análisis de proporcionalidad del límite de mil salarios mínimos legales, se hará de conformidad con el siguiente método: (i) identificar y clarificar cuáles son los intereses enfrentados regulados por la norma; (ii) sopesar el grado de afectación que sufre cada uno de esos intereses por la aplicación del límite fijado en la norma; (iii) comparar dichas afectaciones; (iv) apreciar si la medida grava de manera manifiestamente desproporcionada(58) uno de los intereses sopesados protegidos por la Constitución, y, en caso afirmativo, (v) concluir que resulta contraria a la Constitución”(59) (resaltado fuera de texto).
“Frente a los llamados perjuicios morales objetivables, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, ha estimado que en algunos casos pueden ser valorados pecuniariamente(60), con base en criterios como el dolor infligido a las víctimas(61), el perjuicio estético causado(62) o el daño a la reputación(63). Si de la aplicación de tales criterios surge que dichos perjuicios superan el límite fijado por el legislador, habría una afectación grave del interés de las víctimas por lograr una indemnización integral de los perjuicios que se le han ocasionado y cuyo quantum ha sido probado. Al igual que con los perjuicios materiales, el límite resultaría manifiestamente desproporcionado frente al derecho de las víctimas a la reparación integral, comoquiera que el riesgo de arbitrariedad del juez es menor cuando el valor de los perjuicios ha sido acreditado en el juicio por factores que no dependen de su apreciación subjetiva.
Esta desproporción resulta más evidente si se tiene en cuenta que ni en la jurisdicción civil ni en la jurisdicción contencioso administrativa existe una disposición legal que restrinja la discrecionalidad del juez para decidir la reparación de perjuicios morales. En dichas jurisdicciones se ha fijado una cifra para la valoración de ciertos perjuicios que depende de consideraciones puramente subjetivas y cuyo quantum ha sido reconocido tradicionalmente hasta por 1.000 gramos oro, o más recientemente hasta por 2.000 y 4.000 gramos oro(64)”(65).
El fundamento, por lo tanto, del test de proporcionalidad no es otro, según los precedentes anteriores, el cual, a su vez, comprende tres sub-principios que son aplicables al mencionado test: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en el sentido estricto(66).
Para el caso concreto, la lesión sufrida por Teódulo Rodríguez Medina es una circunstancia que debía producir una afectación evidente y sustancial en su esfera moral, y la de sus inmediatos familiares, atendiendo a los nexos o lazos propios a la construcción de la idea de familia, garantizada nuclearmente por el artículo 42 de la Carta Política. Y sin duda, se trata de un perjuicio cuya intensidad, necesidad y proporcionalidad debe orientarse hacia sus efectos imborrables y perennes, cuando se trata de valorar el socavamiento de los sentimientos relacionados con la huella que representa permanentemente verse con dicha lesión en su miembro inferior izquierdo, cuya superación no se encuentra solo en la compensación económica.
Pese a esto, la Sala mantiene el fundamento compensatorio de valoración y tasación del perjuicio moral, advirtiendo que el mismo no es suficiente para dejar indemne a aquel que lo sufre, ni para responder a la máxima de la restitutio in integrum. Lo anterior, tiene sustento doctrinal cuando se afirma que el “hombre libre y su integridad física están muy por encima de semejante tasación pecuniaria (liberum corpus nullam aestimationem recipit, D.9,1,3; D.9,3,7)”(67). La compensación económica, por lo tanto, ofrece solo una forma de satisfacción que obra en virtud del sentimiento de justicia y de la búsqueda del reequilibrio del bienestar del afectado(68).
En atención a lo sostenido, la Sala reconocerá los perjuicios morales y los tasara conforme al factor establecido en el precedente de la Sala de 2001. Con base en lo anterior, la Sala liquidará la indemnización por los perjuicios morales a favor de los demandantes, en las cantidades siguientes:
En cuanto al lesionado, la tasación se hará conforme a la intensidad, necesidad y proporcionalidad que representa moralmente la angustia, la tristeza y la aflicción de verse con la amputación parcial de su pie izquierdo. De acuerdo con lo anterior, los perjuicios morales quedarán tasados para los actores de la siguiente manera:
Teódulo Rodríguez Medina (lesionado) 60 smlmv
Graciela Serrano de Rodríguez (esposa) 50 smlmv
Claudia Edilia Rodríguez Serrano (hija) 50 smlmv
Carlos Alexander Rodríguez Serrano (hijo) 50 smlmv
Elkin Leonardo Rodríguez Serrano (hijo) 50 smlmv
Carlos Julio Rodríguez Peña (padre) 10 smlmv
Alix Medina de Rodríguez (madre) 10 smlmv
35. Finalmente, no habrá lugar a condenar en costas porque para el momento en que se dicta este fallo la Ley 446 de 1998 indica, en el artículo 55, que solo hay lugar a su imposición cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente, y en este proceso no se demuestra y señala la temeridad de las partes.
1. MODIFICAR la sentencia apelada de 15 de septiembre de 2000 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, Norte de Santander y Cesar, Sala de Descongestión, la que quedará en su parte resolutiva de la siguiente manera:
“PRIMERO: DECLÁRESE administrativamente responsable la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por los daños y perjuicios sufridos por los demandantes Teódulo Rodríguez Medina, Carlos Julio Rodríguez Peña, Alix Medina de Rodríguez, Graciela Serrano de Rodríguez, Claudia Edilia, Carlos Alexander Y (sic) Elkin Leonardo Rodríguez Serrano como consecuencia de las lesiones de que fue víctima el primero de los citados, en las circunstancias descritas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDÉNASE a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, a reconocer y pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes cantidades, en su equivalente en salarios mínimos legales mensuales vigentes: a favor de Teódulo Rodríguez Medina la suma equivalente a sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes; a favor de Graciela Serrano de Rodríguez, su cónyuge, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes; a favor de Carlos Julio Rodríguez Peña y Alix Medina de Rodríguez, la suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno; a favor de Claudia Edilia, Carlos Alexander Y (sic) Elkin Leonardo Rodríguez Serrano, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.
CUARTO. La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
(1) Lo que ha sido sostenido en el precedente de la Sala: sentencia de 28 de junio de 1994. Exp. 6806.
(2) Corte Constitucional, Sentencia C-646 de 2002.
(3) En el precedente se sostiene: “Comoquiera que la Constitución garantiza el acceso a la administración de justicia, esto es, se reitera, protege la posibilidad que tiene cualquier ciudadano de solicitar a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley, siempre y cuando, como complemento de esa garantía, acudir a través de un abogado, salvo que la ley disponga otra cosa, puede concluirse que el apoderado constituido para estos efectos —en los eventos en los cuales, precisamente, actúe en nombre y representación de otra persona— se encuentra habilitado para intervenir en el proceso desde el mismo momento del acto de apoderamiento, es decir, desde el momento en el cual el poderdante u otorgante, a través de un acto jurídico unilateral, recepticio, faculta a otra llamada apoderado, mandatario, procurador (entre otros calificativos) para que actúe o celebre, en nombre y por cuenta del primero, uno o varios negocios jurídicos, actuación que tendrá la connotación de judicial cuando dicha facultad se otorgue en relación con la intervención ante la administración de justicia. En efecto, toda vez que cualquier persona puede intervenir ante la administración de justicia, el apoderado que deba actuar en su representación podrá acudir y acceder ante los órganos judiciales, desde el momento en el cual el interesado lo hubiere autorizado y expresamente facultado, situación que ocurre desde el momento en el cual se otorga el poder correspondiente. Desde el momento en el cual un profesional del derecho acepta prestar sus servicios, se encuentra en el deber, dentro de muchos otros, de atender sus encargos profesionales con una “celosa” diligencia, la cual tratándose de los procesos judiciales está encaminada principalmente a desarrollar las labores adecuadas y necesarias para defender los intereses de su poderdante, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, la atención de los procesos y de su desarrollo, presentar las solicitudes y recursos pertinentes, al igual que le corresponde estar pendiente de los términos y de las oportunidades procesales y, en general, le incumbe estar al tanto de todas las situaciones que se originen en desarrollo y en ejecución del proceso respectivo. Ahora bien, cabe advertir que no existe norma jurídica alguna que condicione la intervención y actuación del apoderado hasta tanto el órgano judicial dicte la providencia que le reconozca personería, en otras palabras, en parte alguna del ordenamiento se encuentra previsto que solo a partir del momento de ejecutoria del auto que se reconozca personería al nuevo apoderado, lo habilita para actuar en el proceso, de lo contrario, esto es en el evento en que el mencionado reconocimiento fuere un presupuesto para la intervención y actuación del abogado, este ni siquiera podría presentar la demanda, lo cual sería a todas luces violatorio del derecho al acceso a la administración de justicia y con este del derecho de acción, además de que sería contrario a toda lógica jurídica. De lo anterior pueden deducirse dos afirmaciones: i) que el pronunciamiento que haga el operador judicial en el sentido de reconocer personería tiene efectos declarativos y no constitutivos, en la medida en que se acepta que el apoderado que decía actuar en nombre de determinada parte reúne las condiciones y requisitos para ejercer válidamente esa representación; y como consecuencia de lo anterior; ii) que cualquier pronunciamiento que sobre este aspecto se realice, sea reconocer, o no, personería, podría eventualmente afectar la validez o eficacia de los actos desarrollados por el apoderado con anterioridad al dicho pronunciamiento o afectar, en igual sentido, los actos que pretenda cumplir con posterioridad, para lo cual habría que darse el tratamiento previsto en los artículos 140 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, según corresponda, pero en ningún momento tendría el efecto de habilitar el inicio de la intervención y actuaciones del apoderado, como lo alegó el recurrente, puesto que, se reitera, dicha habilitación surge con el acto de apoderamiento. En el caso concreto se encuentra que mediante memorial allegado al despacho del tribunal a quo el 10 de noviembre de 2008, la parte demandante otorgó poder a un nuevo apoderado para que ejerciera su defensa judicial. Analizado el poder puede observarse que el poderdante lo confirió el 4 de noviembre de 2008, según consta en la nota de presentación personal correspondiente. En consecuencia, desde el 4 de noviembre de 2008 estaba habilitado el apoderado para intervenir y actuar en el proceso, a quien ya le era exigible el deber de la “celosa” diligencia que resulta predicable de un profesional del derecho que por sus conocimientos especializados en relación con las normas sustanciales y procesales, debía poner todo su empeño en la realización de las actividades pertinentes y adecuadas para defender los intereses de su poderdante. En este sentido no resulta acertado lo que alega el apoderado del recurrente en el sentido de justificar su falta de actuación en el proceso en la omisión por parte del tribunal de reconocerle personería, en la medida, se reitera, que la habilitación para intervenir no surge de la citada providencia sino del acto de apoderamiento. Así pues, no había razón alguna para que el representante judicial se abstuviera de atender el proceso y estar al tanto de las actuaciones que se presentaran en este, entre ellas la sentencia y su notificación, con miras a interponer los recursos a que hubiere lugar o iniciar el incidente de regulación de perjuicios de manera oportuna”. Auto de 25 de noviembre de 2009. Exp. 37451.
(4) Sentencia de 7 de octubre de 2009. Exp. 18509.
(5) En precedente jurisprudencial constitucional se indica: “El Estado de derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado. La garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no se preserva solamente con la exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley sino que también es esencial que si el Estado en ejercicio de sus poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare íntegramente”. Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001.
(6) La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y este sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Postura que fue seguida en la Sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, Sentencia C-892 de 2001.
(7) Derechos e intereses que constitucional o sustancialmente reconocidos “son derechos de defensa del ciudadano frente al Estado”. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords.). Cátedra Ernesto Garzón Valdés. 1ª reimp. México, Fontamara, 2007, p. 49.
(8) “La responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene como fundamento un principio de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos”. Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001.
(9) La “razón de ser de las autoridades públicas es defender a todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir tales funciones entraña la responsabilidad institucional y la pérdida de legitimidad. El estado debe utilizar todos los medios disponibles para que el respeto de la vida y derechos sea real y no solo meramente formal”. Sentencia de 26 de enero de 2006, exp. AG-2001-213. En la doctrina puede verse Starck, Boris. Essai d’une théorie general de la responsabilité civile considerée en sa doublé fonction de garantie et de peine privée. Paris, 1947.
(10) Rivero, Jean. Derecho administrativo. 9ª ed. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1984, p. 293. Puede verse también esta construcción doctrinal en: Berlia. “Essai sur les fondements de la responsabilité en droit public francais”, en Revue de Droit Public, 1951, p. 685; Bénoit, F. “Le régimen et le fondement de la responsabilité de la puissance publique”, en JurisClasseur Publique, 1954. T.I, V. 178.
(12) MIR Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema, ob. cit., pp. 120-121.
(17) Corte Constitucional, sentencias C-333 de 1996; C-832 de 2001.
(20) “por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sentencia de 14 de septiembre de 2000. Exp. 12166.
(26) “El derecho se dirige a hombre y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando este fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionadas por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”. Gimbernat Ordeig, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, pp. 77 y ss.
(29) Jakobs, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994. Sin embargo, como lo sostiene el precedente de la Sala: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo… No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia”. Sentencia de 24 de febrero de 2005. Exp. 14170.
(31) “El principio de proporcionalidad se compone de tres subprincipios: el principio de idoneidad; el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Estos principios expresan la idea de optimización... En tanto que exigencias de optimización, los principios son normas que requieren que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dadas sus posibilidades normativas y fácticas. Los principios de idoneidad y de necesidad se refieren a la optimización relativa a lo que es fácticamente posible por lo que expresan la idea de optimalidad de Pareto. El tercer subprincipio, el de proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la optimización respecto de las posibilidades normativas. Las posibilidades normativas vienen definidas, fundamentalmente, por la concurrencia de otros principios; de modo que el tercer subprincipio podría formularse mediante la siguiente regla: Cuanto mayor ser el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro. Esta regla puede denominarse: “ley de la ponderación” (subrayado fuera de texto). Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés, ob. cit., p. 62.
(33) Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords.). Cátedra Ernesto Garzón Valdés, ob. cit., p. 62. Sin embargo, se advierte que Habermas ha planteado objeciones a la ponderación: “… la aproximación de la ponderación priva de su poder normativo a los derechos constitucionales. Mediante la ponderación —afirma Habermas— los derechos son degradados a nivel de los objetivos, de las políticas y de los valores; y de este modo pierden la “estricta prioridad” característica de los “puntos de vista normativos”. Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms, Trad. William Rehg, Cambridge, 1999, p. 259. A lo que agrega: “… no hay criterios racionales para la ponderación: Y porque para ello faltan criterios racionales, la ponderación se efectúa de forma arbitraria o irreflexiva, según estándares y jerarquías a los que está acostumbrado”. Para concluir que: “La decisión de un tribunal es en sí misma un juicio de valor que refleja, de manera más o menos adecuada, una forma de vida que se articula en el marco de un orden de valores concreto. Pero este juicio ya no se relaciona con las alternativas de una decisión correcta o incorrecta”. Habermas, Jürgen. “Reply to Symposium Participants”, en Rosenfeld, Michel; Arato, Andrew. Habermas on Law and Democracy. Los Angeles, Berkeley, 1998, p. 430.
(35) Cfr. Günther Jakobs. Regressverbot beim Erfolgsdelikt.Zugleich eine Untersuchung zum Gruñd der strafrechtlichen Haftung bei Begehung. ZStW 89 (i977)(sic). Págs 1 y ss.
(40) MIR Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema, ob. cit., p. 204.
(41) JAR Couselo, Gonzalo. “Las minas antipersonal: ¿una cuestión resuelta?, en Ramón Chornet, Consuelo (ed). Los retos humanitarios del siglo XXI. Valencia, Tirant lo Blanch, 2003, p. 75. La Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 32/152, de 19 de diciembre de 1977, en su preámbulo estableció un fundamento aplicable, desde aquella época, a las minas antipersonales: “los sufrimientos de la población civil y de los combatientes podrían reducirse si se lograra un acuerdo general sobre la prohibición o restricción del empleo, por razones humanitarias, de determinas armas convencionales, incluidas todas aquellas que puedan considerarse excesivamente dañinas o de efectos indiscriminados”. Alonso Ollacarizqueta, Lucía. “Las minas antipersonal”, en Centro de Investigación para la Paz. Guerras periféricas, derechos humanos y prevención de conflictos. 1ª ed. Barcelona, Icaria, 1998, p. 151.
(42) “Existe una gran variedad de minas antipersonal, que podríamos agrupar en dos apartados: clásicas y dispersables. Las minas clásicas pueden estallar dando un salto, explotando a medio metro de altitud; pueden disparar 700 bolitas de acero, o dispersar trozos de metal en un radio de 100 metros. Desde hace un par de decenios suelen ser de plástico e indetectables, lo cual las convierte en un arma temida por las poblaciones”. Fisas, Vincec. Cultura de paz y gestión de conflictos. 5ª reimp. Barcelona, Unesco; Icaria, 2006, pp. 306-307. De acuerdo con la convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, de 1997, se define en su artículo 2º: Por “mina antipersonal” se entiende toda mina concebida para que explosione por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que incapacite, hiera o mate a una o más personas. Las minas diseñadas para detonar por la presencia, la proximidad o el contacto de un vehículo, y no de una persona, que estén provistas de un dispositivo antimanipulación, no son consideradas minas antipersonal por estar así equipadas. 2. Por “mina” se entiende todo artefacto explosivo diseñado para ser colocado debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebido para explosionar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o un vehículo”.
(43) Corte Constitucional, Sentencia C-991 de 2 de agosto de 2000. Exp. LAT-168.
(44) “La Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia administración [Sent. C-333/96]. Igualmente ha considerado que se ajusta a distintos principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución [Sent. C-832/2001]”. Corte Constitucional, Sentencia C-038 de 2006.
(45) Sentencia de 17 de octubre de 1991. Exp. 6644. Dichas características fueron matizadas, o si se quiere ajustadas en un precedente posterior, sentencia de 10 de agosto de 2005. Exp. 15127, en el que se vino a sostener que la “culpa de la víctima para que se constituya en exonerante de responsabilidad, como en este caso, debe contener las siguientes características; primera: que sea causal a la realización del daño y segunda: que no sea imputable al demandado, es decir que este no haya provocado el daño”.
(46) Sentencia de 9 de noviembre de 1995. Exp. 10823. Construcción jurídica que tuvo continuidad en la sentencia de 10 de febrero de 2000. Exp. 11582, según la cual: “Los antecedentes probados dan cuenta que ese hecho tuvo como causa una conducta irregular del Estado, nacida del comportamiento de agente suyo con arma de dotación oficial. En cuanto a la concurrencia de la víctima en la causación del daño, la Sala no encuentra configurada de ninguna manera, culpa atribuible a la víctima con potencialidad de justificar la reducción del quantum indemnizatorio. Sobre este particular la Sala desea precisar que el comportamiento de la víctima que habilita al juzgador para reducir el quantum indemnizatorio (C.C., art. 2.357) es el que contribuye en la producción del hecho dañino —concausa—; es decir, cuando la conducta de la persona dañada participa de manera cierta y eficaz en el desenlace del resultado”. Así mismo, en las sentencias de 20 de febrero de 2003. Exp. 14144; de 29 de enero de 2004. Exp. 14590.
(47) Sentencia de 1º de marzo de 2006. Exp. 13764.
(48) Sentencia de 23 de abril de 2008. Exp. 16235.
(49) Sentencia de 4 de febrero de 2010. Exp. 18320.
(50) Sentencia de 18 de febrero de 2010. Exp. 17179.
(51) Sentencia de 9 de junio de 2010. Exp. 19849.
(52) Sentencia de 1º de marzo de 2006. Exp. 17256.
(53) Con lo que se da continuidad al precedente de la Sala según el cual: “Si bien en el plenario no obran pruebas concretas que acrediten directamente la existencia y entidad de tales sentimientos de tristeza y dolor, la Sala entiende que, con base en las reglas de la experiencia ampliamente reconocidas por la jurisprudencia, ese dolor puede válidamente inferirse en la persona de la víctima del daño antijurídico causado por el Estado, señor Forigua Panche, así como en las de sus padres, hija menor de edad y cónyuge o compañera permanente, razón por la cual, sin que se haga necesario ahondar en mayores argumentaciones, se reconocerá y dispondrá el pago de este rubro del perjuicio a los demandantes”. Sentencia de 4 de diciembre de 2006. Exp. 13168.
(54) Sentencias del 18 de marzo de 2010, Expedientes: 32651 y 18569.
(55) Con lo que se da continuidad al precedente de la Sala según el cual: “En relación con el perjuicio moral, debe precisarse que la Sala en recientes pronunciamientos ha señalado que este se presume en los grados de parentesco cercanos, puesto que la familia constituye el eje central de la sociedad en los términos definidos en el artículo 42 de la Carta Política. En tal sentido, el juez no puede desconocer la regla de la experiencia que pone de manifiesto que el núcleo familiar cercano se aflige o acongoja con el daño irrogado a uno de sus miembros”. Sentencia de 26 de febrero de 2009. Exp. 16727.
(56) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, sentencia de 15 de abril de 2009. Exp. 1995-10351.
(57) Sobre la proporcionalidad como elemento del juicio de igualdad únicamente cuando el test es estricto, ver la Sentencia C-673 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; aclaración de voto de Jaime Araújo Rentería.
(58) Ver entre otras la Sentencia C-758 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Allí la Corte justifica que en materia de sanciones el límite entre lo constitucionalmente inadmisible y lo permitido se traza con el criterio de la desproporción manifiesta
(59) Corte Constitucional, Sentencia C-916 de 2002.
(60) Ver entre otras las sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera del 13 de abril de 2000, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Radicación 11892; 19 de julio de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Radicación 13086; 10 de mayo de 2001, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Radicación 13.475 y del 6 de abril de 2000, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Radicación 11.874. Ver también, por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal del 29 de mayo de 1997, M.P. Juan Manuel Torres Fresneda, Radicación 9536.
(61) Consejo de Estado, Sección Tercera, 6 de agosto de 1982, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, Expediente 3139, donde se reconoció como perjuicio moral el “malestar psíquico” sufrido a raíz del accidente. Consejo de Estado, Sección Tercera, 4 de abril de 1997, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, Expediente 12007, que reconoció como perjuicio moral por el hecho de que la víctima “estuvo sometida al miedo, la desolación, a la zozobra, a la tristeza, mientras se produjo su liberación”.
(62) Consejo de Estado, Sección Tercera, 31 de julio de 1989, C.P. Antonio José de Irisarri Restrepo, expediente 2852. Consejo de Estado, Sección Tercera, 6 de mayo de 1993, C.P. Julio César Uribe Acosta, expediente 7428.
(63) Consejo de Estado, Sección Tercera, 30 de marzo de 1990, C.P. Antonio José de Irisarri Restrepo, expediente 3510.
(64) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 25 de septiembre de 1997, Sección Tercera, expediente 10.421, que fijó una indemnización por perjuicios morales de 2.000 gramos oro. Sentencia del 19 de julio de 2000, expediente 11.842, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, que fijó una indemnización por perjuicios morales de 4.000 gramos oro.
(65) Corte Constitucional, Sentencia C-916 de 2002.
(66) La doctrina señala que “la propia estructura del principio de proporcionalidad consiste, en efecto, en la aplicación del conocido test tripartito sobre una medida determinada, adoptada de ordinario por un sujeto distinto a aquel que desarrolla el juicio de control”. Arroyo Jiménez, Luis. “Ponderación, proporcionalidad y derecho administrativo”, en Ortega, Luis; Sierra, Susana de la (Coords.). Ponderación y derecho administrativo. Madrid, Marcial Pons, 2009, p. 33.
(67) Fischer, Hans. A. Los daños civiles y su reparación. Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1928, p. 227.
(68) “Si la indemnización en metálico no puede restablecer por sí el equilibrio perturbado de nuestro bienestar, puede procurar la adquisición de otros bienes que mitiguen el daño”. Fischer, Hans. A. Los daños civiles y su reparación. Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1928, p. 228.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la corporación, procedo a señalar los motivos por los cuales si bien compartí la decisión adoptada el 19 de agosto de 2011, aclaro el voto en relación con un aspecto contenido en la parte motiva.
En el proveído, en cuanto concierne a la reparación del perjuicio moral se señaló que el mismo se determinaría de conformidad con el principio de proporcionalidad y, por lo tanto, se indicó una metodología para determinar el quantum indemnizatorio de conformidad con un sistema escalonado que se presenta a través de cuadros, con empleo del sistema cartesiano, y tiene en cuenta los siguientes escenarios o hipótesis (págs. 35 a 42 de la sentencia):
“De conformidad con las normas citadas, resulta claro que cuando se expida una copia del registro civil de nacimiento o un certificado del mismo y en él consten los nombres de los progenitores del inscrito, dicho documento constituirá prueba suficiente para acreditar el parentesco de consanguinidad existente entre este y aquellos. En efecto, si tales nombres fueron indicados en el correspondiente folio o certificado, es porque se cumplieron los requisitos ya indicados para que pueda darse fe del nombre de la madre del inscrito, y en cuanto al padre, porque aquél nació dentro de un matrimonio legalmente celebrado o, siendo hijo extramatrimonial, fue reconocido por este o se declaró judicialmente su paternidad.
“(...) El principio de proporcionalidad cumple la función de estructurar el procedimiento interpretativo para la determinación del contenido de los derechos fundamentales que resulta vinculante para el legislador y para la fundamentación de dicho contenido en las decisiones de control de constitucionalidad de las leyes. De este modo, este principio opera como un criterio metodológico, mediante el cual se pretende establecer qué deberes jurídicos imponen al legislador las disposiciones de los derechos fundamentales tipificadas en la Constitución. El significado de esta función solo puede comprenderse cabalmente sobre la base del entendimiento previo de la estructura de los derechos fundamentales y de la estructura del control de constitucionalidad de las leyes, tal como observaremos a continuación”(2) (se resalta).
“El arbitrio es un criterio de la toma de decisión. El juez adopta sus resoluciones siguiendo o bien un criterio de legalidad o bien un criterio de su propio arbitrio o bien —como es lo más frecuente— combinando ambos de tal manera que la decisión es fijada con su arbitrio dentro de las posibilidades que le ofrece la legalidad. Si la ley diera una solución precisa y unívoca al conflicto, no habría lugar para el arbitrio. Pero como esto sucede muy pocas veces, dado que la naturaleza general y abstracta de la ley no le permite entrar en las peculiaridades del caso concreto, es imprescindible la intervención de un ser humano que conecte ambos polos de la relación —la ley y el caso— utilizando al efecto primero la técnica de interpretación de la norma y luego su adaptación al caso concreto... El arbitrio es el factor humano que el juez añade a los datos aportados por el ordenamiento jurídico. El arbitrio es fruto del árbol de la prudencia, madurado al sol de la justicia (del sentimiento de justicia) con el transcurso de la experiencia. El arbitrio hace que la sentencia sea una obra humana y no el mero resultado de una ecuación lógica o de un proceso mecanisista. Rechazar el arbitrio no es solo desconocer una práctica manifiesta, es negar la condición ética del juez, del que se desconfía hasta el punto que se supone que cuando se introduce un elemento distinto de la lógica tradicional, se despeña inevitablemente en la arbitrariedad”(9).
“De acuerdo con una opinión jurisprudencial bastante difundida, el daño podrá recaer sobre bienes susceptibles per se de evaluación pecuniaria inmediata u objetiva o respecto de “intereses que según la conciencia social no son susceptibles de valorización económica” (C. M. Bianca, Diritto civile, vol. 5, La responsabilità (1994), reimpresión, Milán, Giuffrè, 1999, p. 166), esto es, afectar valores vitales, consustanciales, inmanentes e intrínsecos del sujeto, inherentes a su personalidad y esfera afectiva, ora extrínsecos y externos al mismo, es decir, ostentar naturaleza material (Dommages matériels), ora inmaterial (Dommages immatériels), bien patrimonial (Vermögensschaden), ya extrapatrimonial (nicht Vermörgensschaden).
“3. El daño moral, en sentido lato, está circunscrito a la lesión de la esfera sentimental y afectiva del sujeto, “que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo” (Cas. Civ., Sent. mayo 13/2008, SC-035-2008, exp. 11001-3103-006-1997-09327-01), de ordinario explicitado material u objetivamente por el dolor, la pesadumbre, perturbación de ánimo, el sufrimiento espiritual, el pesar, la congoja, aflicción, sufrimiento, pena, angustia, zozobra, perturbación anímica, desolación, impotencia u otros signos expresivos, concretándose en el menoscabo “de los sentimientos, de los afectos de la víctima, y por lo tanto, en el sufrimiento moral, en el dolor que la persona tiene que soportar por cierto evento dañoso” (Renato Scognamiglio, voz Danno morale, en Novissimo Digesto italiano, vol. V, Turín, Utet, 1960, p. 147; ID., Il danno morale, Milano, 1966; El daño moral-Contribución a la teoría del daño extracontractual, trad. esp. Fernando Hinestrosa, Universidad Externado de Colombia, Antares, Bogotá, 1962, pp. 14 y ss.), o sea, son daños pertenecientes al ámbito de los padecimientos del ánimo, las sensaciones, sentimientos, sensibilidad, aptitud de sufrimiento de la persona y por completo distintos de las otras especies de daño.
“Por ello, la Corte, partiendo del legítimo derecho a la reparación del daño moral causado, ante las vicisitudes que su apreciación económica apareja, al “no referirse al daño pecuniario en la hacienda y patrimonio del damnificado” (XXXI, p. 83) y tratarse de valores “... económicamente inasibles ...” (CXLVIII, p. 252 y CLII, p. 143, CXLVIII, p. 252 y CLII, p. 143), en cuanto “esta especie de daño se ubica en lo más íntimo del ser humano, por ende, como medida de relativa satisfacción, que no de compensación económica, desde luego que los sentimientos personalísimos son inconmensurables y jamás pueden ser íntegramente resarcidos, es dable establecer su quantum a través del llamado arbitrium judicis”, “tarea que, por lo demás, deberá desplegarse teniendo en cuenta que las vivencias internas causadas por el daño, varían de la misma forma como cambia la individualidad espiritual del hombre, de modo que ciertos incidentes que a una determinada persona pueden conllevar hondo sufrimiento, hasta el extremo de ocasionarle severos trastornos emocionales, a otras personas, en cambio, puede afectarlos en menor grado. “Aparte de estos factores de índole interna, dice la Corte, que pertenecen por completo al dominio de la psicología, y cuya comprobación exacta escapa a las reglas procesales, existen otros elementos de carácter externo, como son los que integran el hecho antijurídico que provoca la obligación de indemnizar, las circunstancias y el medio en que el acontecimiento se manifiesta, las condiciones sociales y económicas de los protagonistas y, en fin, todos los demás que se conjugan para darle una individualidad propia a la relación procesal y hacer más compleja y difícil la tarea de estimar con la exactitud que fuera de desearse la equivalencia entre el daño sufrido y la indemnización reclamada ...’ (G. J. Tomo LX, pág. 290)”. (Sent. mar. 10/94)” (Cas. Civ., sentencias de mayo 5 de 1999, exp. 4978; 25 de noviembre de 1999, exp. 3382; diciembre 13 de 2002, exp. 7692; 15 de octubre de 2004, S-165-2004, exp. 6199).
“5. Superadas algunas corrientes adversas y, admitida por esta Corte la reparación del daño moral sin más restricciones para fijar su cuantía que las impuestas por la equidad (ex bono et aequo) conforme al marco concreto de circunstancias fácticas (Cas. Civ., sentencias de 21 de julio de 1922, XXIX, 220; 22 de agosto de 1924, XXXI, 83), a partir de la sentencia de 27 de septiembre de 1974, es su criterio inalterado, la inaplicabilidad de las normas penales para su tasación, remitiéndose al arbitrium iudicis, naturalmente, ponderado, razonado y coherente según la singularidad, especificación, individuación y magnitud del impacto, por supuesto que las características del daño, su gravedad, incidencia en la persona, el grado de intensidad del golpe y dolor, la sensibilidad y capacidad de sufrir de cada sujeto, son variables y el quantum debeatur se remite a la valoración del juez.
“Por lo anterior, consultando la función de monofilaquia, hermenéutica y unificadora del ordenamiento que caracteriza a la jurisprudencia, la Sala periódicamente ha señalado al efecto unas sumas orientadoras del juzgador, no a título de imposición sino de referentes (Cas. Civ., sentencia de 28 de febrero de 1990, G.J. Nº 2439, pp. 79 ss.; así en sentencia sustitutiva de 20 de enero de 2009, exp. 170013103005 1993 00215 01, reconoció por daño moral, cuarenta millones de pesos).
(2) Bernal Pulido, Carlos “El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales”, Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005, págs. 37 a 39 y 77.
(5) Cita de Robert Alexy dentro del texto de Carlos Bernal Pulido. Ibídem, pág. 99.
(6) Ibídem, pp. 101 a 103.
(12) “Porque en la Constitución de 1991, más claramente que en el Código Civil, la familia no es un producto necesariamente surgido de manifestaciones afectivas. Es un producto y es una institución en donde está clara una visión de solidaridad entre seres humanos y una visión de solidaridad que adquiere todo su sentido, sobre todo frente a los niños, porque los niños tienen el derecho fundamental y prevalente a tener una familia. Tienen ese derecho fundamental y prevalente por encima de las coyunturas en los afectos de sus padres… Aquí viene a ponerse de presente, como la concepción de familia de la Constitución de 1991, es una concepción solidarista —no individualista—. No depende del íntimo querer del marido y mujer o, de hombre y mujer. Depende de lo que exija esa realidad social de la familia. Los conflictos son importantes, muestran desacuerdos, malformaciones, a veces hasta patologías, pero no son los límites a la existencia de esa unidad familiar”. Angarita Barón, Ciro “La familia en la nueva Constitución”, Talleres macro regionales sobre conciliación - Memorias, ICBF, págs. 4 y 6.
La sentencia sostiene que “(...) si bien a partir de 2001 la jurisprudencia viene aplicando como criterio de tasación de los perjuicios morales el salario mínimo mensual legal vigente (en una suerte de equivalencia con los gramos oro reconocidos en la primera instancia), no deja de seguir siendo un ejercicio discrecional (arbitrio iudicis) del juez, sin lograr aún, la consolidación de criterios objetivos en los que pueda apuntalarse la valoración y tasación de los mismos, con lo que se responda a los principios de proporcionalidad y razonabilidad con base en los cuales debe decidir el juez y, no simplemente sustentarse en una “cierta discrecionalidad” (resaltado fuera de texto).
Conforme a lo anterior, considero que la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en el sentido estricto, son los criterios objetivos que deberán tenerse en cuenta al momento de tasar los perjuicios morales en el siguiente sentido:
3. Para su tasación, en principio, se siguió lo que definiera el dictamen pericial cuya práctica se ordenara con el fin de tasar el daño moral. Posteriormente, en virtud de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, se estableció el arbitrio judicial para cuantificar el perjuicio moraI(7), no obstante poderse valer de peritos para determinar la existencia misma y la intensidad del sufrimiento alegado con el daño causado. Para lograrlo, se siguió lo dispuesto en el artículo 95 del Código Penal de 1936, en virtud del cual en caso de no ser fácil o posible avaluar pecuniariamente el daño moral ocasionado por un delito, el juez tenía la potestad de fijar el monto (quantum) de la indemnización sin exceder de la suma de dos mil pesos, de acuerdo con su prudente arbitrio o discrecionalidad judicial, teniendo siempre en cuenta la intensidad del daño que se encuentre demostrada dentro del proceso.
(4) Corte Suprema de Justicia; Sala de Negocios Generales; Sentencia del 20 de noviembre de 1933; M.P. Enrique Becerra; Gaceta Judicial T. XXXIX, p. 197.
(8) Ver. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 14 de febrero de 1992; Exp. 6477; C.P. Carlos Betancur Jaramillo. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 25 de septiembre de 1997; Exp. 10421; C.P. Ricardo Hoyos Duque. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 19 de julio de 2000; Exp. 11842; C.P. Alier Hernández Enríquez. Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 6 de septiembre de 2011; Exp. 13232-15646; C.P. Enrique Gil Botero. Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Tercera; Sentencia del 19 de octubre de 2007; C.P. Enrique Gil Botero; Exp. 29273.
(10) CFed San Martín 8/11/91, “B., J. O. c/Transportes automotores Luján S.A.” LL, 1992-C-570.
(11) CNContAdmFed, Sala I, 25/6/91, “M., N. V. y otro c/Estado nacional/Policía Federal y otro”, LL, 1992-E-53, con nota de Sandra Wierzba y Silvia A. Muller.

References: artículo 137
 artículo 142
 artículo 85
 artículo 137
 artículo 90
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 16
 artículo 357
 artículo 357
 artículo 16
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 55
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 86
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 42
 artículo 95