Source: https://elblogdelabogadoblog.com/2017/04/05/practica-iii-de-derecho-internacional-privado-ii-de-la-universidad-de-burgos/
Timestamp: 2018-03-22 13:31:58+00:00

Document:
Práctica III de Derecho Internacional Privado II de la Universidad de Burgos – El blog del abogado blog
El señor D. Óscar Vargas, con domicilio en Lerma, pero residencia habitual en Burgos, y gran aficionado a la música y en particular a la guitarra eléctrica, decide comprar a través de un catálogo publicitario una guitarra eléctrica con un precio de 6.000 $ americanos puesto que la empresa vendedora (Hetfield & Ulrich guitar) tiene su sede en la Bay Area (San Francisco, Estados Unidos).
A las dos semanas le llega la mercancía, y se percata que la guitarra tiene un pequeño desperfecto en el mástil. D. Óscar se pone en contacto con Hetfield & Ulrich para comentarles el estado en el que ha llegado su guitarra y que, bien le devuelvan el dinero o le envíen otra nueva. A lo que la empresa le responde que cuando ellos enviaron la guitarra, ésta estaba en perfecto estado y que no se hacen responsables de lo que le haya podido ocurrir bien en el viaje, bien una vez recepcionada por el cliente, y que la única manera de reclamar sería a través de la vía judicial.
Ante esta situación, D. Óscar decide no abonar el precio pactado, y la empresa decide interponer demanda por impago ante los tribunales de San Francisco. D. Óscar, tenía previsto acudir a Los Ángeles a recibir clases de guitarra eléctrica por un periodo de tres años, sin intención de cambiar su domicilio habitual. Una vez que llega a Los Ángeles viaja a San Francisco y no plantea declinatoria contestando al fondo del asunto.
¿A qué normativa habrá que acudir para determinar la competencia judicial internacional?
¿Qué tribunales van a terminar conociendo el asunto? Motiva la respuesta.
En cuanto a la normativa a aplicar, debido a la materia de que se trata, habría que aplicar el Reglamento Roma I, en atención a lo establecido en sus artículos 1 y 2 de este Reglamento, y que disponen lo dispuesto a continuación.
En cuanto a los tribunales que son competentes en este asunto, habrá que estar a lo previsto en el artículo 4 del Reglamento Roma I, que establece la ley aplicable, pero teniendo en cuenta también el artículo 3 del mismo reglamento, y, por tanto, se trataría de una determinación de los tribunales competentes en la materia.
Por tanto, en atención a lo previsto en este artículo 5 del Reglamento, serían competentes los tribunales de Estados Unidos, pues este artículo 4 establece que, a falta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, y sin perjuicio con lo previsto en los artículos 5 a 8, la ley aplicable, y, por tanto, los tribunales que han de conocer, se determinará de este modo, y aquí, en el apartado a), dice que en el contrato de compraventa de mercaderías, como es el caso, se regirá por la ley del país donde el vendedor tenga su residencia habitual.
Por todo esto, en atención a esto, los tribunales competentes para conocer del caso serían los tribunales de Estados Unidos, que es donde el vendedor tiene su residencia habitual. Y esto en atención a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento Roma I, el cual establece la residencia habitual de una persona jurídica.
El hecho de que conozcan los tribunales de San Francisco se haría por sumisión tácita. Se debería tener en cuenta el Reglamento Bruselas I bis, concretamente en el apartado relativo a la protección de consumidores y usuarios, y, en un principio, sería aplicable el artículo 18 de este Reglamento.
El problema que surge es que, como se trata de un tráfico jurídico extracomunitario, en principio, no sería aplicable este Reglamento Bruselas I bis. La legislación aplicable sería el artículo 22 quinquies, letra a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Al final, los países que van a acabar conociendo son los tribunales españoles, conforme a este artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Rocío Araya de 37 años de edad, de nacionalidad chilena y con domicilio y residencia habitual en Buenos Aires (Argentina), mientras se encuentra de viaje de negocios en Mataró (Barcelona) sufre un cuadro severo de esquizofrenia. Puesto que viajaba con su marido y ante la gravedad de los hechos, éste plantea una demanda de incapacitación ante los juzgados de Barcelona. ¿Van a ser competentes los juzgados de Barcelona para conocer de este asunto? Y si, en lugar de tener la residencia habitual en Buenos Aires la tuviese en París, ¿los juzgados de qué país serían competentes?
En primer lugar, hay que decir que es de aplicación la normativa interna española en la materia que se pretende, pues los Reglamentos Europeos en cuanto a la competencia de los tribunales para conocer de estos supuestos, es decir, el Reglamento 1215/2012 no resulta de aplicación, según lo dispuesto en el artículo 1, apartado 2, de este reglamento, no será de aplicación este reglamento.
Por tanto, habrá que acudir, en primer lugar, al artículo 9, apartado primero, del Código civil, el cual establece que la ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad, la cual regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia, y la sucesión por causa de muerte, así como que el cambio de ley personal no afectará a la mayoría de edad adquirida de conformidad con la ley persona anterior.
Según esto, no serían competentes para conocer del caso los tribunales de Barcelona, sino que lo serían los tribunales de Chile. En el caso de que tuviera su residencia habitual en París, en vez de en Buenos Aires, habría que acudir a lo establecido en las normas francesas, por lo que establece el Reglamento 1215/2012.
Será aplicable el artículo 22 quáter b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por una parte, puede ser que los tribunales españoles sean competentes por razones de importancia. Uno de los problemas que se plantea es la relación familiar sucesoria. En los dos casos serían competentes los tribunales españoles, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 sexies b), que es el realmente aplicable.
La empresa “Tinta por un Tubo S. L.” con domicilio en Huelva y que dedica su actividad a la fabricación de cartuchos de impresora, firma un contrato mercantil con una importante firma del mundo de las telecomunicaciones y la electrónica con sede en Seúl. En este compromiso se recoge un acuerdo de sumisión a favor de los tribunales coreanos. Una vez que surgen las discrepancias entre las partes, la empresa “Tinta por un Tubo S.L.” es demandada ante los tribunales de Madrid. ¿Van a tener competencia para conocer del asunto dichos tribunales? ¿Tiene relevancia el acuerdo de sumisión que se pactó entre las partes?
Habría que estar a lo previsto en la Convención de La Haya de compraventa de mercaderías. No se puede aplicar el Reglamento Roma I por el hecho de que las partes han decidido a qué tribunal someterse.
Según lo previsto en esta Convención de La Haya, no serán competentes, en principio esta no impide la sumisión por las partes de los tribunales a los que ellos quiera. En este caso, como pactaron someterse a los tribunales coreanos, serán éstos los competentes.
Habrá que aplicar la Ley Orgánica del Poder Judicial, concretamente hay que acudir al artículo 22 bis, relacionándolo con los artículos 55 y 56 del mismo cuerpo legal.

References: artículo 4
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 18
 artículo 22
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 22