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Timestamp: 2018-08-19 04:08:46+00:00

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﻿ SENTENCIA T-831 DE SEPTIEMBRE 1 DE 2004
SENTENCIA T-831 DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2004
CONTENIDO:SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA. MECANISMOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA QUE ENTRE LAS PERSONAS QUE SOLICITEN EL SUBSIDIO EXISTAN CONDICIONES ESTRICTAS DE IGUALDAD Y TENGAN LAS MISMAS OPORTUNIDADES PARA RECIBIRLO.
TEMAS ESPECÍFICOS:SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA, DERECHO A LA IGUALDAD, MECANISMOS DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA
Sentencia T-831 de septiembre 1º de 2004
Sentencia T-831 de 2004
Ref.: Expediente T-884255
Acción de tutela instaurada por Jaime Espinosa Rodríguez y Blanca Aliria Aragón Homez contra la Caja Colombiana de Subsidio Familiar “Colsubsidio”.
En el proceso de revisión de los fallos adoptados por el Juzgado Treinta y Siete (37) Civil Municipal de Bogotá y el Juzgado Veintiséis (26) Civil del Circuito de Bogotá respectivamente, dentro del trámite de la acción de tutela promovida por Jaime Espinosa Rodríguez y Blanca Aliria Aragón Homez, “ contra la Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio.
1. Trámite de la acción de tutela.
Los demandantes interpusieron el día trece (13) de noviembre de 2003 acción de tutela por intermedio de apoderado judicial contra La Caja Colombiana de Compensación Familiar Colsubsidio, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, vivienda digna y propiedad privada, consagrados en la Constitución Política en los artículos 13, 51 y 58 respectivamente.
Manifiestan los accionantes que adelantaron los trámites necesarios para la obtención del subsidio familiar de vivienda ante la Caja Colombiana de Compensación Familiar Colsubsidio, atendiendo la normatividad vigente sobre la materia.
Con fecha primero (1º) de octubre de 2002, la entidad accionada notificó a los demandantes el otorgamiento del subsidio por un valor de $ 7.725.000. Así mismo relatan que fueron beneficiarios de la adjudicación de una solución de vivienda de interés social en el proyecto colectivo denominado Nuevo Milenio-Vivienda Digna en el Municipio de Chía de acuerdo con la Resolución 13 del 16 de diciembre 2002 proferida por el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, IVIS del municipio de Chía.
Una vez obtenidos los mencionados subsidios, procedieron a la adquisición de una solución de vivienda en el precitado proyecto, cuyo valor ascendió a la suma de $ 13.702.000, según la Escritura Pública 703 del 30 de diciembre de 2002, suscrita en la Notaría Segunda del Círculo Notarial del municipio de Chía, inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 50N-20364445.
Exponen los demandantes que después de esperar por más de ocho meses, y una vez diligenciada la documentación necesaria, Colsubsidio, se ha negado a ordenar el desembolso del subsidio al Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, IVIS del municipio de Chía, quien debe destinarlo a la sociedad constructora F.F. Soluciones S.A.
Sostienen que el proyecto colectivo se efectuó por etapas, y la segunda etapa se adelantó por el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, IVIS del municipio de Chía, bajo la modalidad “Con esfuerzo municipal” para 51 beneficiarios, quienes a su vez serían beneficiarios del subsidio familiar de vivienda otorgado por el Gobierno Nacional a través del Inurbe, hoy en liquidación, amparados por la Resolución 705 de 2001, y 49 hogares postulantes en forma individual y con destino a beneficiarios de las diferentes cajas de compensación familiar. Los primeros fueron beneficiarios del proyecto y hoy son propietarios de las respectivas soluciones de vivienda. Los segundos por las cajas de compensación familiar, que con excepción de 17 hogares, que corresponden a los beneficiarios del subsidio otorgado por Colsubsidio a quienes no se les ha resulto la aplicación del mencionado subsidio, ya cuentan con su solución de vivienda.
Finalizan los accionantes agregado que como consecuencia del no pago del subsidio por parte de la entidad accionada, la sociedad constructora ha requerido el pago del saldo del precio del valor de la vivienda, representado en la cantidad que corresponde al valor del ya precitado subsidio.
La conducta desplegada por la demandada, vulnera según los demandantes su derecho a la igualdad, puesto que afirman que para el mismo proyecto, en su “I etapa” se cancelaron sin problema alguno el valor correspondiente a los subsidios de los demás beneficiarios del proyecto.
Sostiene el apoderado que el 23 de agosto de 2002, los demandantes presentaron a Colsubsidio postulación al subsidio de familia de vivienda bajo la modalidad individual, para acceder a una vivienda tipo 2. En el formulario que debieron diligenciar, los accionantes omitieron manifestar que contaban con un subsidio en especie otorgado por el municipio de Chía, el cual le había sido otorgado por el Acuerdo 3 de 2000, de fecha 15 de noviembre de 2000, situación que de no presentarse, hubiese generado de forma inmediata el rechazo de su postulación, ya que en ese evento y de acuerdo con la legislación, correspondería a una postulación colectiva.
Con fecha 30 de septiembre de 2002, Colsubsidio asignó a los accionantes el subsidio familiar de vivienda bajo la postulación individual, sin conocer el otorgamiento del subsidio en especie.
El 12 de marzo de 2003, Colsubsidio fue requerido para el pago del mencionado subsidio por el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, IVIS, del municipio de Chía, en su calidad de oferente responsable del proyecto, solicitud a la cual anexó la escritura pública de compraventa 703 del 30 de diciembre de 2002, el respectivo certificado de tradición y libertad, autorización suscrita por el hogar a Colsubsidio para el pago al oferente y acta de entrega y recibo a satisfacción del inmueble, suscrita por el hogar beneficiado.
Argumenta la entidad demanda que el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, IVIS, del municipio de Chía, radicó en Colsubsidio la resolución de elegibilidad número 705 del 24 de diciembre de 2001, expedida por el Inurbe, por la cual se declaró exigible un proyecto colectivo para la adquisición de vivienda nueva, llamado “Vivienda digna”, conformado por 51 viviendas, para postulantes al subsidio familiar de vivienda esfuerzo municipal.
Recibida dicha solicitud, Colsubsidio en comunicación fechada el día 17 de marzo de 2003, expresó que no era viable aplicar los subsidios asignados con recursos del Fovis (Fondo de Vivienda de Interés Social), en un proyecto que cuenta con recursos del presupuesto nacional, puesto que los precitados proyectos gozan ya con subsidios departamentales o municipales.
Indica el apoderado de la caja de compensación demandada que el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, IVIS del municipio de Chía, radicó en las dependencias de Colsubsidio otra elegibilidad sobre el mismo proyecto, con fecha 10 de marzo de 2003, posterior a la aplicación de su subsidio, es decir con fecha posterior a la escritura de compraventa. Esta nueva elegibilidad fue otorgada por Findeter bajo el número CCF-2003-0018, sin fundamento legal alguno, para un proyecto conformado por 15 soluciones de vivienda, que además no coinciden con las 16 escrituras de compraventas radicadas por el IVIS dentro de las cuales se encuentra la del señor Jaime Espinosa Rodríguez, proyecto que se encuentra consolidado, construido y escriturado a los mismos hogares afiliados a Colsubsidio, ni tampoco coincide con las 51 viviendas que conforman el proyecto el cual había sido declarado elegible en su momento por parte del Inurbe con la Resolución 705 de 2001 para postulantes al subsidio familiar de vivienda, esfuerzo municipal.
Finaliza su defensa el apoderado de Colsubsidio, aclarando que los demandantes por encontrarse afiliados a una caja de compensación familiar, con cuociente de recaudo nacional superior al 80%, no se encontraban facultados para acceder al subsidio otorgado por el gobierno con recursos del presupuesto nacional, mediante la bolsa esfuerzo municipal, ni postularse individualmente ante la caja de compensación demandada.
Sostiene la caja de compensación demandada que los accionantes admiten haber obtenido dos subsidios, lo que además de contradecir la postulación individual presentada por el señor Jaime Espinosa Rodríguez bajo la gravedad del juramento, es contrario a la ley, pues ocultó información acerca del subsidio otorgado por el municipio de Chía.
Si los demandantes tenían el subsidio en especie otorgado por el municipio de Chía, debieron en calidad de solicitantes del subsidio, junto con el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, IVIS del municipio de Chía en su calidad de oferente, presentar la postulación bajo la modalidad colectiva y con elegibilidad otorgada para afiliados de Colsubsidio y no para concurso esfuerzo municipal y postulación individual.
3. Coadyudancia del señor Pablo Cortés Rodríguez, gerente (E) del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, IVIS de Chía.
Asegura el señor Cortés Rodríguez que el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, IVIS del municipio de Chía, en ejercicio de sus funciones propias y con aplicación del artículo 51 de la Constitución Política, asumió la ejecución del proyecto colectivo para la adquisición de vivienda denominado “Vivienda digna” en el municipio de Chía, para la solución de vivienda a favor de doscientas familias.
Argumenta que el precitado proyecto colectivo se ejecutó en un inmueble de propiedad del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, IVIS del municipio de Chía, que fue adquirido a través de la escritura pública 955 del 27 de septiembre de 2000 de la Notaría Segunda del Círculo Notarial de Chía, con matrícula inmobiliaria 50N-20338649 de la oficina de instrumentos públicos de Bogotá. Dicho lote fue objeto de loteo, previa determinación predial que culminó con el otorgamiento de matrículas inmobiliarias independientes para cada unidad, y del trámite de las respectivas cédulas catastrales, proyecto siempre con la calidad de vivienda de interés social ejecutado no por persona natural, sino por un ente público de orden municipal. El proyecto contó con la licencia de construcción 224 del 30 de septiembre de 1999, expedida por la oficina de planeación de Chía.
El proyecto colectivo se desarrollo en dos etapas, los beneficiarios eran partícipes de la financiación correspondiente al desarrollo progresivo y debían cumplir con los requisitos exigidos para la obtención del subsidio familiar de vivienda a nivel nacional y del subsidio de vivienda a nivel municipal otorgable en especie y que correspondía al lote urbanizado.
Colsubsidio se ha negado a pagar los subsidios, alegando que no es procedente acceder a la cancelación, al considerar que el proyecto está amparado por la modalidad con esfuerzo municipal, por cuya razón no se pueden afectar los recursos Inurbe (Gobierno Nacional) - Cajas de compensación familiar, hecho contrarío a la verdad, ya que no tiene declaratoria de elegibilidad a nombre de la caja, situación también contraria a la realidad.
La negativa de Colsubsidio según el gerente (e) del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del municipio de Chía, pone en peligro la solución de vivienda a favor de los adjudicatarios, puesto que la sociedad constructora exige el pago del saldo derivado de su cofinanciación, que no es otra que la que corresponde al subsidio familiar otorgada a sus afiliados.
La conducta desplegada por Colsubsidio, genera que el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, IVIS del municipio de Chía no pueda cumplir con el pago del saldo de la construcción de las viviendas, causándose así un daño patrimonial al instituto, por cuanto existen 17 soluciones sin cancelar. Así mismo el afiliado, hoy adjudicatario, se expone a ser perseguido judicialmente, por la falta de pago del subsidio de Colsubsidio de la cual es afiliado.
• Acta de entrega real y material de la casa de habitación identificada: Lote (168), manzana (N), casa (1), en donde consta que el adjudicatario es el señor Jaime Espinosa Rodríguez (fl. 4).
• Certificado de tradición y libertad 50N-20364445, del inmueble arriba relacionado (fl. 5).
• Escritura pública 703 de fecha 30 de diciembre de 2002, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo Notarial de Chía, en donde aparecen como compradores los accionantes (fls. 6-11).
• Derecho de petición presentado por Jaime Espinosa a Colsubsidio el día 14 de abril de 2003, en donde solicita el pago de subsidio de vivienda (fls. 14-16).
• Respuesta dada por Colsubsidio el 5 de mayo de 2003 al derecho de petición presentado por Jaime Espinosa, en donde manifiesta que no se procederá al pago del subsidio de vivienda (fls. 18-20).
• Resolución 13 de 2002, proferida por el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, IVIS del municipio de Chía, por medio del cual se adjudican lotes de terreno urbanizados, como aporte en especie en el proyecto colectivo denominado “Vivienda digna”, en el municipio de Chía, departamento de Cundinamarca (fls. 21-25).
• Comunicación de fecha 1º de octubre de 2002, por medio de la cual Colsubsidio le asigna a los accionantes un subsidio familiar de vivienda por valor de $ 7.725.000 (fl. 58).
• Formulario de inscripción de postulantes para vivienda nueva diligenciado el 23 de agosto de 2002, por parte de los demandantes (fls. 216-217).
Por reparto, conoció de la presente acción de tutela el Juzgado Décimo (10) Civil del Circuito de Bogotá, que mediante auto fechado el dieciocho (18) de noviembre de 2003, rechazó la presente acción de tutela por falta de competencia, ordenando remitir las diligencias a la oficina judicial para que se efectuase el correspondiente reparto a los juzgados civiles municipales de la ciudad de Bogotá.
Establece el Juzgado treinta y siete (37) Civil Municipal mediante fallo del cinco (5) de diciembre de 2003 que no está acreditado que la situación de los accionantes frente a las demás personas beneficiarias del subsidio fuese la misma. La entidad accionada no vulneró los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y vivienda digna, puesto que su actuación se sujetó a los parámetros legales.
El Juzgado Veintiséis (26) Civil del Circuito de Bogotá, mediante fallo de fecha dieciséis (16) de marzo de 2004, confirmó la sentencia del inferior jerárquico, aduciendo que no se observa vulneración alguna de derechos fundamentales, afirma el sentenciador de segunda instancia que lo que persigue la normatividad en asuntos de subsidios de vivienda, es que todos los hogares que por su condición económica precaria, no puedan acceder a vivienda por medios propios, se les beneficie con esta clase de subsidios, pero impone la condición de que este debe otorgarse por una sola vez, pues de otra forma no sería equitativo para todos el hecho de que unos pudieran beneficiarse con más de un subsidio y otros no.
III. Insistencia presentada por la defensoría del pueblo
De acuerdo con las facultades conferidas en los artículos 86, 282, de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, el Defensor del Pueblo decidió insistir mediante escrito presentado a la Corte Constitucional el día 27 de mayo de 2004, para la revisión del presente proceso de tutela.
Debe la Corte Constitucional establecer sí la negativa de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio de desembolsar, luego de otorgado, los dineros del subsidio familiar de vivienda a los accionantes, vulnera su derecho a la igualdad, vivienda digna y propiedad privada consagrados en el artículo 13, 51 y 58 de la Constitución Política.
1. Normatividad vigente para la época de solicitud por parte de los demandantes del subsidio familiar de vivienda, SFV.
Con fecha 23 de agosto de 2002, los demandantes presentaron ante Colsubsidio postulación para acceder al subsidio familiar de vivienda (fls. 216-217).
“ART. 5º— Se entiende por solución de vivienda, el conjunto de operaciones que permite a un hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura, o iniciar el proceso para obtenerlas en el futuro.
“ART. 9º—Los subsidios se otorgarán para facilitar las soluciones de vivienda propuesta por el beneficiario, pero si ella forma parte de un conjunto o de un plan de soluciones éstas deberán cumplir las condiciones y especificaciones que señale la autoridad competente, después de evaluar sus características sanitarias, técnicas y económicas”.
Posteriormente se expidió el 18 de diciembre de 2000 el Decreto 2620, por medio de cual se reglamentó parcialmente la Ley 3ª de 1991 en relación con el subsidio familiar de vivienda en dinero y en especie para áreas urbanas, la Ley 49 de 1990, en cuanto a su asignación por parte de las cajas de compensación familiar y la Ley 546 de 1999, en relación con la vivienda de interés social.
“ART. 2º—Noción. El subsidio familiar de vivienda de que trata este decreto es un aporte estatal en dinero o en especie, que se otorga por una sola vez al beneficiario, sin cargo de restitución por parte de éste, que constituye un complemento de su ahorro, para facilitarle la adquisición, construcción o mejoramiento de una solución de vivienda de interés social. El aporte en especie puede estar representado en lotes de terreno de propiedad de entidades públicas nacionales (negrillas fuera de texto).
“ART. 4º—Cobertura. El subsidio familiar de vivienda de interés social tiene cobertura nacional y se aplica en todas las zonas definidas como suelo urbano en los planes de ordenamiento territorial, de acuerdo con lo establecido en el capítulo IV de la Ley 388 de 1997. En tanto los municipios adopten el plan de ordenamiento territorial se entiende por zona urbana las cabeceras municipales y los centros poblados de los corregimientos que concentren una población igual o superior a los dos mil quinientos habitantes” (negrillas fuera de texto)
c) En el caso de adquisición o construcción de vivienda nueva, cuando alguno de los miembros del hogar sea propietario o poseedor de una solución de vivienda a la fecha de postular;
En las ciudades en donde las cajas de compensación familiar no tengan la obligación de constituir fondos para vivienda de interés social, Fovis, o, en los casos en donde se hayan asignado la totalidad de los recursos presupuestados para la respectiva vigencia anual o cuando el cuociente de recaudo sea menor o igual al ochenta por ciento (80%), el Inurbe deberá aceptar y tramitar las solicitudes de subsidio familiar de vivienda, para los afiliados a tales cajas de compensación familiar con ingresos familiares hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales. Los solicitantes de subsidio familiar de vivienda en el Inurbe deberán acreditar en la respectiva postulación la condición anteriormente mencionada de la caja de compensación familiar, mediante certificación emitida por la misma.
“ART. 33.— Duplicidad de postulaciones. Ningún hogar podrá acceder al sistema de información del subsidio con más de una solicitud de postulación, así sea a través de diferentes registros de las personas integrantes del hogar. Si se infringe esta prohibición, las solicitudes correspondientes serán eliminadas de inmediato mediante el mecanismo que se establezca al efecto. Si se detectare su infracción con posterioridad a la asignación del subsidio, éste no será pagado y si ya ha sido pagado en parte o totalmente, se ordenará su restitución indexado con el índice de precios al consumidor, IPC, desde la fecha en que se asignó (negrillas fuera de texto).
La infracción de esta norma implicará la pérdida del derecho a nuevas postulaciones durante un período de diez (10) años”.
En las postulaciones colectivas, el valor del subsidio se consignará, previa autorización del beneficiario, en una cuenta establecida para tal fin por parte de la organización promotora del proyecto, una vez ésta entregue a la entidad otorgante la garantía establecida para el giro anticipado del subsidio. Cuando no se entregue la garantía establecida de que trata el artículo 59 del presente decreto, el valor del subsidio se consignará en las mismas condiciones de las postulaciones individuales.
PAR. 3º—En los casos de proyectos financiados con recursos de promoción de oferta de los Fovis de las cajas de compensación familiar, el giro del subsidio se podrá realizar directamente al constructor para abonar a su deuda con el Fovis respectivo, una vez se entregue la autorización del beneficiario del subsidio para su giro al constructor y éste último cumpla con las garantías establecidas por la entidad otorgante.
2. Condiciones socioeconómicas de acuerdo con los puntajes del Sisben, que evidencien mayor nivel de pobreza, en el caso de postulantes que presenten carné o certificación municipal del puntaje Sisben.
De acuerdo con la normatividad precedente, se puede concluir que el subsidio familiar de vivienda, SFV, es un aporte estatal que se entrega por una sola vez al beneficiario, el cual puede estar representado en especie o en dinero, y está dirigido a que personas con escasos recursos económicos puedan acceder a una vivienda o a mejorar la que ya tiene.
Dada la escasez de recursos existentes para la cobertura total de las necesidades de vivienda, el postulante que omita información o incurra en falsedad, será sancionado privándosele de recibir el subsidio y prohibiéndosele postularse nuevamente por un lapso de tiempo.
2. Derechos fundamentales presuntamente vulnerados.
Los demandantes manifiestan que la negativa por parte de Colsubsidio de no entregar los dineros correspondientes al subsidio familiar de vivienda, SFV, ha vulnerado sus derechos fundamentales a la vivienda digna, a la propiedad privada y a la igualdad.
“[El] derecho a la vivienda digna es un derecho de carácter asistencial que requiere un desarrollo legal previo y que debe ser prestado directamente por la administración o por las entidades asociativas que sean creadas para tal fin, sin olvidar que su aplicación exige cargas recíprocas para el Estado y para los asociados que pretendan beneficiarse de los programas y subsidios.
Así, las autoridades deben facilitar la adquisición de vivienda, especialmente en los sectores inferiores y medios de la sociedad, donde aparece detectado un déficit del servicio; para tal efecto los particulares deben cumplir con los requisitos establecidos por la ley.
El derecho a la vivienda digna y el subsidio familiar de vivienda, SFV.
El Gobierno Nacional para la distribución de los recursos que hacen parte del subsidio familiar de vivienda, anualmente abre dos procesos de postulación. El primero de ellos a través de la llamada bolsa ordinaria, en donde competirán para la obtención de los subsidios todos los hogares del país, que cumplan los requisitos exigidos, con esto se garantiza la igualdad de oportunidades para que todas las familias de un departamento puedan concursar por el subsidio familiar de vivienda. El segundo proceso de postulación es el denominado bolsa de esfuerzo territorial, en donde participan las familias residentes de aquellos municipios pertenecientes a las categorías 3, 4, 5 y 6 de acuerdo con la Ley 617 de 2000.
“Los subsidios directos a la demanda (como es el subsidio familiar de vivienda) constituyen uno de los mecanismos más utilizados por los programas focalizados de asistencia social a los grupos más pobres de la población. A diferencia de los subsidios a la oferta, los subsidios a la demanda permiten una mayor eficiencia en la gestión, en la medida en que el Estado entrega los recursos directamente a los beneficiarios, obviando los costos burocráticos que implica la provisión directa de los bienes a los cuales el subsidio permite acceder” (2) .
En conclusión, el subsidio familiar de vivienda, SFV, puede ser considerado como aquella herramienta con que cuenta el Estado, para lograr que los ciudadanos, con escasos recursos económicos puedan acceder a una vivienda en condiciones dignas, dando así aplicación al derecho consagrado constitucionalmente en el artículo 51.
“Atendiendo al sentido y alcance del artículo 58 de la Constitución, la adquisición y ejercicio de la propiedad privada puede ser susceptible de una serie de condicionamientos y cargos impuestos por el Estado, en razón de que la propiedad no se concibe como un derecho absoluto sino relativo, lo cual se deriva del principio constitucional solidarista de que la propiedad es una función social que implica obligaciones (3) .
El derecho a la propiedad privada además de ser un derecho de naturaleza económica es un derecho social, por lo que buscar su protección constitucional a través de acción de tutela en principio no es viable, salvo que se presente una relación de conexidad entré este y un derecho fundamental, por lo que se deberá observar siempre el caso en concreto. En cuanto a la naturaleza del derecho de propiedad esta corporación argumentó:
La propiedad es un derecho económico y social a la vez. En consecuencia, la posibilidad de considerarlo como fundamental depende de las circunstancias específicas de su ejercicio. De aquí se concluye que tal carácter no puede ser definido en abstracto, sino en cada caso concreto. Sin embargo, esto no significa que tal definición pueda hacerse de manera arbitraria...
... Sólo en el evento en que ocurra una violación del derecho a la propiedad que conlleve para su titular un desconocimiento evidente de los principios y valores constitucionales que consagran el derecho a la vida, a la dignidad y a la igualdad, la propiedad adquiere naturaleza de derecho fundamental y, en consecuencia, procede la acción de tutela. Dicho en otros términos, la propiedad debe ser considerada como un derecho fundamental, siempre que ella se encuentre vinculada de tal manera al mantenimiento de unas condiciones materiales de existencia, que su desconocimiento afecte el derecho a la igualdad y a llevar una vida digna...” (4) .
Se concluye, que los derechos fundamentales que son aplicables indirectamente son los económicos, sociales o culturales, que tienen un estrecho vínculo de conexidad con aquellos de aplicación directa. La propiedad es un derecho de naturaleza económico y social, por lo que considerarlo como fundamental dependerá del estudio que el juez constitucional realice en el caso concreto.
El derecho fundamental a la igualdad
El derecho a la igualdad supone siempre efectuar una comparación mínimo de dos situaciones para determinar si efectivamente se transgrede o no la igualdad. En Sentencia T-861 de 1999 (5) , M.P. Carlos Gaviria Díaz, se dijo lo siguiente:
“... el derecho establecido por el costituyente en el artículo 13 de la Carta implica un concepto relacional, es decir, que su aplicación supone la comparación de por lo menos dos situaciones para determinar si, en un caso concreto, ambas se encuentran en un mismo plano y, por ende merecen el mismo tratamiento o si, por el contrario, al ser distintas un trato diferente ameritan.
La aplicación del principio de igualdad en los términos referidos, tiene como finalidad determinar, en cada caso concreto entendida la discriminación como el trato diferente a situaciones iguales o simplemente el trato diferente que no tiene justificación“.
En este orden de ideas, la discriminación se presenta, cuando la diferencia de trato se hace sin fundamento constitucional que tenga un carácter objetivo y razonable“ (6) .
El subsidio familiar de vivienda y el principio de igualdad
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, no es válido introducir distinciones frente a personas que manifiestan similitud de intereses. Por eso, en materia de subsidio familiar de vivienda se vulneraría el principio a la igualdad, si por ejemplo el procedimiento para la asignación del subsidio quebranta normas de rango constitucional, o cuando a pesar que el procedimiento de selección de beneficiarios del subsidio se adecue a las normas de la Carta Suprema, sin justificación válida se excluya a un postulante.
En conclusión, el subsidio familiar de vivienda, SFV, pretende que 1 colombianos más necesitados puedan adquirir una solución de vivienda, p lo cual se han creado los mecanismos administrativos necesarios para que la personas que lo soliciten, en condiciones estrictas de igualdad, tengan la mismas oportunidades para recibirlo.
Debe la Corte entrar a determinar ¿Si la negativa por parte de la dirección administrativa de Colsubsidio de entregar a los demandantes los dineros del subsidio familiar de vivienda, el cual les fue asignado el día 1º de octubre de 2002 (fl. 58), goza de respaldo constitucional?, o si por el contrario, dicha conducta vulnera los derechos de los demandantes consagrados en los artículos 13, 51 y 58 de la Carta Fundamental.
De las pruebas que se encuentran dentro del expediente se puede afirmar que la alcaldía del municipio de Chía (Cundinamarca) elaboró el proyecto colectivo para la adquisición de vivienda llamado “Vivienda digna”, el cual fue desarrollado en el inmueble ubicado en la calle 29 Nº 04 -00.
El precitado proyecto se desarrolló en un inmueble de propiedad del Instituto de Vivienda de Interés Social del municipio de Chía, IVIS, adquirido mediante la escritura pública 955 del 27 de septiembre de 2000 otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Chía, con matrícula inmobiliaria 50N-20338649 de la oficina de instrumentos públicos de Bogotá. Así mismo, aparece probado dentro del expediente que el proyecto contó con la licencia de construcción 224 del 30 de septiembre de 1999 expedida por la oficina de planeación de Chía, con una vigencia de 24 meses y prorrogada mediante la licencia 30175 del 24 de agosto de 2001 (fl. 79).
Igualmente se constató que el proyecto fue ejecutado en dos etapas, siendo la “II etapa”declarada elegible con la Resolución 705 del 24 de diciembre de 2001 expedida por el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe (fl. 64).
Así mismo, mediante el Acuerdo 3 del 15 de noviembre de 2000 proferido por el concejo municipal de Chía, se resolvió adjudicar definitivamente como subsidio familiar de vivienda, aporte en especie, un lote de terreno construido a ciertos beneficiarios dentro de los cuales se encuentran plenamente identificados los demandantes (fls. 72-75).
La “I etapa” de acuerdo con la Resolución 1667 de 2000 expedida por el Inurbe, (fls. 201-202) contó con una financiación total garantizada. La “II etapa”con la misma cantidad de soluciones de vivienda de interés social se adelantó por el Instituto de Vivienda de Interés Social del municipio de Chía, IVIS, bajo la modalidad “con esfuerzo municipal”, la cual estaba amparada por la Resolución 705 expedida por el Inurbe.
Encuentra la Corte probado, que los accionantes obtuvieron el subsidio familiar de vivienda en especie otorgado por la junta directiva del Instituto de Vivienda de Interés Social del municipio de Chía, IVIS, así como se beneficiaron del otorgamiento del subsidio por parte de Colsubsidio (fl. 58).
Por lo anterior, los demandantes adquirieron el derecho de propiedad del inmueble ubicado en la manzana N, lote Nº 168, casa Nº 1, correspondiente al proyecto “Vivienda digna” en su “II etapa”, según consta en la escritura pública 703 del 30 de diciembre de 2002 otorgada por la Notaría Segunda del Circulo de Chía (fls. 6-11).
Así mismo, los accionantes de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del expediente se encuentran ejerciendo el derecho real de dominio sobre el bien inmueble ubicado en la manzana N, lote Nº 168, casa Nº 1, correspondiente al proyecto “Vivienda digna” en su “II etapa” por haberlo recibido real y materialmente de acuerdo al acta de entrega de fecha 21 de diciembre de 2002 (fl. 4).
• Se entrega al beneficiario por una sola vez. De acuerdo con la definición de subsidio familiar de vivienda que traía el artículo 2º del Decreto 2620 de 2000, norma vigente al momento de la solicitud del aporte por parte de los demandantes, éste solo se entrega por una sola vez. Lo anterior responde a uno de los principales postulados del Estado Social de Derecho que pretende que todas las personas puedan gozar de los mismos beneficios en condiciones de igualdad.
Teniendo en cuenta la fecha en que los demandantes presentaron a Colsubsidio la postulación para ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, 23 de agosto de 2002, la normatividad que regía en aquel momento se podía condensar en la Ley 49 de 1990, Ley 3ª de 1991, Ley 546 de 1999 y en el Decreto 2620 de 2000.
Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo en materia de subsidio familiar de vivienda no es dotar de vivienda de manera absoluta a cada uno de los ciudadanos necesitados; sino de colaborarles en la obtención de ésta. Teniendo nuestro país un alto grado de pobreza, no es lógico que se le colabore varias veces a una misma persona, es por eso que el artículo 33 del Decreto 2620 de 2002, establecía la prohibición de duplicidad en las postulaciones.
En el caso concreto, los demandantes fueron beneficiarios de un subsidio en especie por parte del Instituto de Vivienda de Interés Social del municipio de Chía, IVIS, (fls. 21-25), al paso que presentaron postulación a Colsubsidio para acceder al subsidio familiar de vivienda en dinero, situación que a claras luces contraría el precitado artículo 33.
En efecto, el artículo 33 del Decreto 2620 de 2000, estableció que en el evento de existir una duplicidad de postulaciones que se detectaren con posterioridad a la asignación del subsidio, éste no será pagado.
1. Presunta vulneración por parte de Colsubsidio del derecho a la igualdad.
Los demandantes manifiestan que la negativa de Colsubsidio de desembolsar los dineros del subsidio familiar de vivienda, que previamente les había asignado, violó su derecho a la igualdad consagrado constitucionalmente en el artículo 13, debido a que dicha caja de compensación sí canceló aquellos recursos a los beneficiarios del proyecto de la “I etapa”.
a) De acuerdo con la Resolución 155 del 6 de septiembre de 2002 expedida por el Inurbe (fls. 191-192), el oferente del proyecto en la “I etapa” es la alcaldía municipal de Chía, mientras que en la Resolución 705 del 24 de diciembre de 2001 expedida igualmente por el Inurbe (fls. 26-27), el oferente en la “II etapa” es el Instituto de Vivienda de Interés Social del municipio de Chía, IVIS.
b) El nombre del proyecto en la “I etapa” fue “Vivienda digna de la alcaldía de Chía III” y el lugar de construcción fue en Mercedes de Calahorra del municipio de Chía, ubicado en la manzana C de los lotes 12 al 14 y manzana E, lotes 1 al 8, mientras que la “II etapa” se llamó “Vivienda digna” y se desarrolló en la calle 29 Nº 4-00 del municipio de Chía.
c) De acuerdo con la Resolución 155 de 2000, los subsidios de vivienda de interés social en la “I etapa” fueron entregados para los postulantes afiliados a Colsubsidio, al paso que con la Resolución 705 se declaró elegible un proyecto colectivo para la adquisición de vivienda nueva para postulantes al subsidio familiar de vivienda (esfuerzo municipal).
En conclusión, la Corte encuentra que no existió vulneración al derecho a la igualdad, ya que los parámetros de comparación son diversos y los elementos para el precitado juicio resultan insuficientes.
2. Presunta vulneración del derecho a la vivienda digna y a la propiedad privada.
Esta corporación constata que los demandantes fueron beneficiarios de un subsidio en especie, razón por la cual adquirieron la propiedad del inmueble ubicado en la manzana N, lote Nº 168, casa Nº 1, correspondiente al proyecto “Vivienda digna” en su “II etapa” (fls. 6-11).
El hecho de que los demandantes adeuden a la sociedad constructora los dineros que supuestamente debería girar Colsubsidio, a título de subsidio familiar de vivienda, no trae como consecuencia que se pierda el derecho del uso y disfrute del citado inmueble. Los accionantes de acuerdo con la escritura pública 703 del 30 de diciembre de 2002 (fls. 6-11) son los propietarios del inmueble ubicado en la manzana N, lote Nº 168, casa Nº 1, correspondiente al proyecto llamado “Vivienda digna” en su segunda etapa, por lo que el derecho a la vivienda digna y a la propiedad privada no ha sido vulnerado.
Por las anteriores consideraciones, esta corporación encuentra que no existió vulneración de los derechos alegados por demandantes por lo que confirmará las decisiones de instancia.
1. CONFIRMAR la sentencia de tutela del dieciséis (16) de marzo de 2004, proferida por el” Juzgado Veintiséis (26) Civil del Circuito de Bogotá, en segunda instancia, dentro del proceso de tutela de Jaime Espinosa Rodríguez y Blanca Aliria Aragón Homez, contra la Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio.
(1) Ver Sentencia T-495 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, citada en la Sentencia T-1027 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(2) Ver Sentencia T-499 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(3) Ver Sentencia C-536 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(4) Ver Sentencia T-506 de 1992, citada por la Sentencia T-756 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(5) En igual sentido ver Sentencia T-133ª de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(6) Ver Sentencia T-1122 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(7) Ver Sentencia T-499 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(8) Ver Sentencia C-038 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(9) Respecto del tema se puede consultar la Sentencia T-056 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 51
 Resolución 
 artículo 13
 artículo 59
 artículo 51
 artículo 58
 artículo 13
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 13
 Resolución 
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