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Timestamp: 2018-07-23 13:18:05+00:00

Document:
INFORME JURIDICO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGUROS
bogartcasablanca el Sáb Jul 02, 2011 10:47 pm
En contestación a los escritos de fecha de entrada en este Centro Directivo de 12 de mayo de 2011, solicitando un dictamen jurídico a petición de la asociación de afectados del impago de APRA LEVEN, se pone en su conocimiento los siguientes extremos.
Este órgano supervisor no tiene entre sus competencias la emisión de dictámenes jurídicos, no obstante y de acuerdo con el artículo 19.1.k del Real Decreto 1127/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda consideramos su escrito como una consulta y en relación a las preguntas planteadas en su escrito le transmite las siguientes consideraciones:
1- En relación a su cuestión sobre si el Consorcio de Compensación de Seguros u otro organismo español se hace cargo de la presunta insolvencia del Asegurador APRA LEVEN.
APRA LEVEN es una entidad aseguradora de nacionalidad belga autorizada para operar en España en régimen de derecho de establecimiento (con clave administrativa E0188) y libre prestación de servicios (con clave administrativa L0526).
Al tratarse de una entidad de nacionalidad no española, la liquidación de APRA LEVEN se llevará a cabo conforme está establecido en la legislación de Bélgica, correspondiendo la competencia a la autoridad supervisora belga (National Bank of Belgium, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 BRUSSELS, http://www.nbb.be) .
La actividad en España de entidades aseguradoras domiciliadas en otros países miembros del espacio económico europeo se encuentra regulada en nuestra Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre (TRLOSSP) en los artículos 78 y siguientes, siendo el artículo 80.4 el que recoge que la normativa aplicable es la del país de origen, sin que por tanto sea aplicable el procedimiento de liquidación recogido en TRLOSSP para las entidades españolas, que incluye la posible intervención del Consorcio de Compensación de Seguros en los artículos 31 y siguientes.
El TRLOSSP en los aspectos mencionados anteriormente traspone la directiva 92/96/CEE del Consejo de 10 de noviembre de 1992, que supuso la recepción en el derecho español de la “autorización administrativa única”.
En todo caso, en dicho proceso de liquidación, deberá garantizarse la no discriminación de los tomadores en razón de su nacionalidad.
2- Sobre si algún organismo belga se hace cargo de la presunta insolvencia del asegurador.
Como hemos mencionado en el punto anterior es la legislación belga la competente para regular el proceso de liquidación y habrá por tanto que estar a lo en ella recogido.
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones no conoce, ni tiene competencias para interpretar dicha normativa. Por comunicaciones recibidas del supervisor belga conocemos que el proceso se regula por una ley belga del 9 de julio de 1975 de supervisión de compañías aseguradoras, siendo el Banco Nacional de Bégica el organismo supervisor belga competente para conocer de los procedimientos de liquidación de entidades aseguradoras de dicha nacionalidad.
3- Respecto a si el tomador del seguro es responsable civil en el supuesto de impago total o parcial por parte del asegurador.
En relación con la cuestión formulada, desde el punto de vista de la normativa aseguradora, y de la normativa de planes y fondos de pensiones en materia de exteriorización de compromisos por pensiones, este Centro Directivo traslada las siguientes consideraciones:
a) En primer lugar cabe destacar lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 8 del Texto Refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002 de 29 de noviembre:
Los compromisos asumidos por las empresas con los trabajadores que extingan su relación laboral con aquellas y pasen a situación legal de desempleo a consecuencia de expediente de regulación de empleo, que consistan en el pago de prestaciones con anterioridad a la jubilación, podrán ser objeto de instrumentación, con carácter voluntario, de acuerdo con el régimen previsto en la disposición adicional primera de esta Ley, en cuyo caso se someterán a la normativa financiera y fiscal derivada de esta.”
El apartado 3 de la Disposición adicional primera del Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, recoge idéntica previsión respecto al carácter voluntario de la instrumentación de los compromisos asumidos por las empresas con los trabajadores que extingan su relación laboral y pasen a situación legal de desempleo a consecuencia de expediente de regulación de empleo, y añade:
“3. …… Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a las prestaciones pagaderas al trabajador afectado por el expediente de regulación de empleo en
tanto no acceda a la jubilación, así como a las reversiones de tales prestaciones por fallecimiento producidas antes del acceso a la jubilación.
Estarán sujetos necesariamente a la referida disposición adicional primera del texto refundido de la Ley los compromisos referidos al personal afectado por el expediente de regulación de empleo vinculados específicamente a las contingencias de incapacidad permanente, dependencia, las prestaciones pagaderas a dicho personal por o a partir de la jubilación, así como las de fallecimiento antes o después de la jubilación distintas de las reversiones señaladas en el párrafo anterior”.
Por tanto, en relación al régimen aplicable a la instrumentación de los compromisos asumidos por la empresa con trabajadores que hayan extinguido su relación laboral y pasado a situación legal de desempleo a consecuencia de expediente de regulación de empleo, la normativa distingue los siguientes supuestos:
- Cuando los compromisos asumidos por las empresas consistan en el pago de prestaciones con anterioridad a la jubilación, la instrumentación de tales compromisos con sujeción a lo dispuesto en la Disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de regulación de Planes y Fondos de Pensiones, tiene carácter voluntario. Es decir, habrá que estar a lo dispuesto en el contrato o acuerdo alcanzado por las partes para conocer el régimen aplicable a la instrumentación de los compromisos asumidos por la empresa, y si, en su caso, se somete a lo previsto en la Disposición adicional primera del texto refundido de la Ley.
- En el caso de compromisos vinculados a las contingencias de incapacidad permanente, dependencia, o prestaciones pagaderas a dicho personal por o a partir de la jubilación, así como las de fallecimiento antes o después de la jubilación, éstos deberán instrumentarse, en todo caso, con arreglo a lo dispuesto en la Disposición adicional primera de la Ley.
b) De esta forma, en el supuesto de que los compromisos asumidos por la empresa se hayan exteriorizado mediante un contrato de seguro celebrado con la compañía aseguradora Apra Leven NV, Sucursal en España, al amparo del régimen de instrumentación previsto en la referida disposición adicional primera de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, resultará de aplicación la normativa financiera y fiscal derivada de aquélla.
Así, sería de aplicación la Disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, que prevé que una vez instrumentados los compromisos, la obligación y responsabilidad de las empresas por los referidos compromisos por pensiones se circunscribirán exclusivamente a las asumidas en dichos contratos de seguros y planes de pensiones y, por tanto, la empresa tomadora no respondería en caso de impago total o parcial por parte del asegurador.
c) No obstante lo anterior, se informa que este Centro Directivo carece de competencias en materia laboral, por lo que no puede pronunciarse sobre la eventual existencia de responsabilidad de las empresas en el caso de incumplimiento ya sea de la normativa que regula los expedientes de regulación de empleo o bien de los compromisos asumidos con sus trabajadores en tales expedientes.
4- En relación a si la jurisdicción española es competente para resolver de una demanda del asegurado frente al tomador por el impago total o parcial del asegurador, indicarles que se trata de una cuestión procesal que depende de diversos criterios o puntos de conexión por lo que no puede resolverse a priori. Además siendo la jurisdicción una cuestión de orden público su conocimiento corresponde a los tribunales de acuerdo con el principio de improrrogabilidad.
Sin embargo parece plausible que pudiera ser competente en el caso de que la nacionalidad de tomador y asegurado sean españolas y que en el contrato que lo regule no se prevea otra cosa distinta.
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE INSPECCION. Dirección General de Seguros. Ministerio de Economía y Hacienda.
Luis Bautista Jiménez.
Ana Belen el Dom Jul 03, 2011 12:30 pm
estoy leyendo y releyendo este escrito y no logro sacar nada en claro....¿podria alguien explicar en sencillas palabras que se nos dice?
Re: INFORME JURIDICO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGUROS
bogartcasablanca el Dom Jul 03, 2011 10:12 pm
Pero yo creo, y no soy abogado, que viene a decir que la legislación española no nos ampara, que la legislación belga no saben si nos ampara, y que si el tomador del seguro es español y los beneficiarios también somos españoles -que es nuestro caso- es posible que un juzgado español se puede considerar competente. O sea, blanco y en botella, reclamemos judicialmente nuestros derechos. Y sin perder tiempo.
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Fecha y hora actual: Lun Jul 23, 2018 1:18 pm

References: artículo 19
 Real Decreto 
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 artículo 80
 artículo 8
 Real Decreto 
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