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TSJ Castilla y León Noticias Judiciales TSJ Castilla y León URL: http://www.poderjudicial.es
Updated: 1 day 22 hours ago Cinco de los doce acusados por los disturbios en el barrio burgalés de Gamonal condenados a seis meses de prisión por atentado a la autoridad
Mon, 06/19/2017 - 15:00
La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Burgos. Categories: Jurisprudencia El TSJCyL resuelve el primer recurso de apelación penal introducido por la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal
Fri, 06/09/2017 - 12:29
En el presente caso, el recurrente interesa la revocación de una sentencia condenatoria por infracción de ley y por vulneración del principio de presunción de inocencia. Categories: Jurisprudencia El TS confirma que hubo vulneración en el honor de un letrado de la Junta Castilla y León en una querella contra él por falsedad
Fri, 06/02/2017 - 11:56
El Pleno de la Sala I, de lo Civil, del Tribunal Supremo, ha confirmado una sentencia de la Audiencia de Segovia que consideró vulnerado el honor de un letrado de la Junta de Castilla y León por un hombre que se querelló contra él por delito de falsedad, relacionado con el ejercicio de su cargo, en una causa penal que finalizó por auto de sobreseimiento libre por inexistencia de delito alguno.
Se adjunta nota de la Sala. Categories: Jurisprudencia El TS rechaza los recursos de Agua León y del ayuntamiento de la ciudad por anular las nuevas tasas municipales de agua
Wed, 05/03/2017 - 14:40
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento de León y por Aguas de León y ha confirmado la sentencia del TSJ de Castilla-León que declaró nulos, por su disconformidad con el ordenamiento jurídico, la fijación de la cuantía de 50 euros por la tasa única por cambio de titular del contrato de suministro de agua, el establecimiento de una nueva tasa por conservación de contadores de agua y el establecimiento de una nueva tasa por la conservación de saneamiento.
Dicha sentencia estimó parcialmente la demanda interpuesta por la Asociación de la Cámara de la Propiedad Urbana de León y provincia contra el Acuerdo Definitivo de establecimiento y/o modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de las Tasas Municipales, adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de León, con fecha 20 de diciembre de 2013, en lo relativo al establecimiento de nuevas tasas, actualización de las existentes y modificación de la Ordenanza reguladora de las Tasas por Suministro de Agua Potable y Servicios Complementarios; anulando el mismo sólo en los puntos citados.
El Tribunal Supremo afirma en su sentencia que lo que subyace con la creación de las nuevas tarifas es incrementar los ingresos de Aguas de León para poder hacer frente a la devolución de 25.000.000 de euros que, en virtud del pliego de cláusulas administrativas, tiene que hacer a Aquona Gestión de Aguas de Castilla SA (antes Aquagest, S.A.). En este sentido, afirma que si Aquagest S.A en su día pagó este canon inicial en nombre de la Sociedad Aguas de León y este importante montante económico no se destinó al servicio sino a sufragar gastos generales del Ayuntamiento (sueldos y otros gastos fijos ajenos al objeto de la Tasa) es por ello que, figurando todos los años en las cuentas de Aguas de León SL la devolución de 1.000.000 de euros a Aquagest (hoy Aquona), se está vulnerando el ordenamiento jurídico dado que con la recaudación de la tasa solo se debe pagar el coste del servicio.
El establecimiento de nuevas tasas, indica la sentencia, exige la existencia de un verdadero Informe técnico-económico que, además, no puede ser elaborado por personal ajeno al Ayuntamiento en el que el técnico municipal no aporte ningún dato de comprobación y justificación de lo facilitado por la empresa adjudicataria del servicio, que es parte interesada. En este caso, señala, que el cálculo de las tasas se hace con datos interesados y de la propia sociedad, sin comparación alguna con datos del mercado como exige la ley por lo que no debe obviarse que queda al arbitrio de la propia sociedad suministradora del servicio decidir cuándo procede o no la conservación de las acometidas concretas.
A este respecto, afirma la Sala Tercera, la Sociedad Mixta Aguas de León, S.L. decide de esta forma el cómo, el cuándo y el precio de las reparaciones a realizar, basándose en sus propios antecedentes, y sin introducir datos de competencia y mercado, cuando es generalmente admitido que la ausencia de competencia se considera una de las causas fundamentales de las deficiencias de los servicios públicos.
La sentencia recuerda que Aguas de León afirma en su recurso que el Interventor no intervino en la modificación de la Ordenanza, pero indica que lo cierto es que el interventor no intervino en la tramitación de la creación de las nuevas tasas, pues no consta en el expediente ningún informe a este respecto. El hecho que sea Consejero de la Sociedad Mixta de Aguas no sustituye su labor como técnico municipal de informar en el expediente de aprobación de la Ordenanza para que los ciudadanos puedan tener conocimiento de su criterio. Más aún, cabe poner en duda la compatibilidad de ambos cargos, lo cual motiva también la impugnación de la modificación. La Ley de Sociedades de Capital en sus artículos 227, 228 y 229 establecen unas obligaciones de los Administradores de las Sociedades que entran en conflicto con los intereses de los ciudadanos que cómo técnico municipal debe defender, pues no siempre coinciden los intereses generales con los de una sociedad de tipo capitalista donde el 49% del capital social pertenece a un particular que busca su propio beneficio y del que el interventor municipal es Consejero. Categories: Jurisprudencia El jurado declara al acusado culpable de haber causado intencionadamente la muerte de la peregrina estadounidense
Wed, 04/05/2017 - 13:20
El jurado ha dado lectura este miércoles en la Audiencia Provincial de León al veredicto conforme al cual se declara al acusado Miguel Ángel M. B. culpable (mayoría de 8 votos contra uno) de haber causado intencionadamente la muerte de Denise Pikka Thiem de forma sorpresiva y sin que la víctima pudiera advertirlo o se pudiera defender.
El jurado declara además al acusado culpable, por unanimidad, de haber sustraído y hecho suyos, con ánimo de lucro, objetos de la víctima.
El Jurado declara no probado y, por lo tanto, rechaza que el acusado, en el momento de cometer los hechos, padeciese una grave enfermedad psíquica que anulase totalmente, limitase gravemente o afectase ligeramente sus normales capacidades de conocimiento y voluntad.
Finalmente, el jurado emite por una unanimidad su criterio contrario a que se pida en la sentencia el indulto para el acusado. Categories: Jurisprudencia El TSJCyL reconoce el derecho a la carrera profesional del personal sanitario interino de larga duración
La Sala viene aplicando una doctrina que va en la línea de la declarada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para reconocer derechos al personal interino de larga duración. Categories: Jurisprudencia Un juzgado condena al Ayuntamiento de Burgos a devolver el impuesto de plusvalías a un ciudadano que vendió un inmueble con pérdidas
Fri, 03/31/2017 - 11:44
El TC ha dictado una segunda resolución hace unos días en este mismo sentido en la que insiste en que “en ningún caso se puede establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial o, lo que es lo mismo, en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia”. Categories: Jurisprudencia El TSJCyL considera que el horario de Religión en Primaria fijado por la Junta se ajusta a derecho
Fri, 03/31/2017 - 08:51
Por otro lado, la Sala señala que no se acredita, y tampoco se alega, que el horario establecido no permita impartir la asignatura en las mismas condiciones que las demás específicas, ni que sea insuficiente para su impartición. Así mismo, no se aprecia que el horario fijado sea irrelevante o no sea reconocible en el conjunto de las específicas. Categories: Jurisprudencia El TSJCyL desestima el recurso contra la modificación del PGOU de Valladolid que permitía la construcción del nuevo complejo ferroviario
La finalidad de la modificación no es tanto obtener la reclasificación de suelo urbanizable residencial sino la de conseguir la obtención de suelo de equipamiento para llevar a cabo el nuevo complejo ferroviario, completando las determinaciones de ordenación general exigibles para el suelo urbanizable, lo que además compagina con un dato fáctico cual es que de la totalidad de la superficie a la que afecta la modificación (1.593.278,38 m2) la mayor parte se desglosa como Sistema General de Equipamiento y de Espacios Libres, destinando a Sistema General de equipamiento EQ63 una superficie de 727.740,95 m2, siendo precisamente el SG EQ63 el contemplado para albergar el denominado Nuevo Complejo Ferroviario, y destinando 658.334,39 m2 para el Sector 53- para el que se establece el uso global “Residencial”. Categories: Jurisprudencia El TSJ de Castilla y León confirma la sentencia que da razón a una maestra embarazada que no tomó posesión como interina
La Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJCyL ha confirmado una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Valladolid, que declaraba la nulidad de una resolución de la Dirección Provincial de Educación de Burgos por la que se acordaba no formalizar contrato de interinidad para sustituciones en el cuerpo de Maestros del curso 2015/2016 a una aspirante en situación de embarazo.
La sentencia parte del hecho de que no nos encontramos ante un proceso específico de enfermedad de lumbalgia ordinaria, sino que -como recogen todos los partes médicos de baja y de confirmación- se trata de una lumbalgia durante el embarazo, por lo que dicha baja médica se ha realizado contemplando el embarazo.
La Sala entiende, por tanto, que la condición de embarazada es la que ha impedido a la aspirante acceder al régimen funcionarial, en condición de interina en el cuerpo de Maestros para el inicio del curso 2015/2016. Para evitar la discriminación, se deben producir la plenitud de efectos propios del nombramiento como funcionaria, sin perjuicio de su ulterior baja por enfermedad. Categories: Jurisprudencia La Audiencia Provincial de León condena a 21 años de prisión al autor material del crimen de Roberto Larralde
Tue, 03/21/2017 - 15:38
La Audiencia Provincial de León ha condenado a José Ramón V.M. como autor criminalmente responsable en grado de consumación, de un delito de asesinato, con alevosía, concurriendo la circunstancia agravante de precio, recompensa o promesa, a la pena de 20 años de prisión. Además, ha sido condenado a inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y prohibición de aproximación a los padres, hermanos e hijos del fallecido en una distancia inferior a doscientos metros y durante un tiempo de 22 años. También ha sido condenado como autor de un delito de tenencia ilícita de armas a la pena de un año de prisión.
La Audiencia ha condenado igualmente al acusado Julio L.D. como autor criminalmente responsable en grado de consumación de un delito de asesinato, con alevosía, a la pena de 18 años de prisión. Además, ha sido condenado a inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y prohibición de aproximación a los padres, hermanos e hijos del fallecido en una distancia inferior a 200 metros y durante un tiempo de 20 años.
La Audiencia también ha condenado a la acusada Miriam C.J. como autora criminalmente responsable en grado de consumación de un delito de asesinato con alevosía, concurriendo la circunstancia agravante mixta de parentesco, a la pena de 17 años y siete meses de prisión. Además, ha sido condenada a inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y prohibición de aproximación a los padres y hermanos del fallecido en una distancia inferior a 200 metros y durante un tiempo de 19 años. Además, la audiencia ha resuelto la pérdida de la patria potestad sobre sus hijos menores.
La Audiencia ha condenado así mismo al acusado Froilán A.S. como autor criminalmente responsable en grado de consumación de un delito de asesinato, con alevosía, a la pena de 15 de prisión. Además, ha sido condenado a inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y prohibición de aproximación a los padres y hermanos del fallecido en una distancia inferior a 200s metros y durante un tiempo de 17 años.
Por su parte, el acusado Antonio G.R. ha sido condenado, como autor criminalmente responsable de un delito de tenencia ilícita de armas, concurriendo la circunstancia atenuante de confesión, a la pena de un año de prisión.
El acusado Adrián M.R. ha sido condenado, como autor criminalmente responsable de un delito de tenencia ilícita de armas, concurriendo la circunstancia atenuante de confesión, a la pena de un año de prisión.
La Audiencia ha absuelto al acusado Carlos H.R.C. del delito de asesinato por el que venía siendo acusado, con todos los pronunciamientos favorables, y dejando sin efecto cuantas medidas se hubiesen acordado en relación con el mismo.
Los acusados José Ramón V.M., Julio L.D., Miriam C.J. y Froilán A.S. indemnizarán conjunta y solidariamente a cada uno de los dos hijos del fallecido en la persona de su representante legal, en la cantidad de 145.519 euros y a cada uno de los padres del fallecido en la cantidad de 12.653 euros. Categories: Jurisprudencia El TSJ de Castilla y León reduce la superficie de explotación de la mina de Borobia (Soria)
Fri, 03/17/2017 - 14:38
La Sala Contencioso-administrativo del TSJCyL, con sede en Burgos, ha estimación parcialmente el recurso interpuesto por la comunidad autónoma de Aragón contra la resolución de la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León de 17 de septiembre de 2013 por la que se desestima el requerimiento previo formulado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón contra la Resolución de 4 de junio de 2013 de la citada Dirección General de Energía y Minas por la que se otorga a Magnesitas y Dolomías de Borobia, S.L. la concesión directa de la explotación San Pablo nº 1373 para recursos de magnesita en Borobia (Soria) con una superficie de 16 cuadrículas mineras.
Por lo tanto, de la mencionada resolución de 4 de junio de 2013, la Sala ha anulado el extremo relativo a que la concesión lo es “con una superficie de 16 cuadrículas mineras”, por no ser conforme a derecho, para en su lugar disponer que el otorgamiento de la concesión directa de la explotación denominada “San Pablo” nº 1373 para recursos de magnesita lo es para “la superficie de las seis cuadrículas mineras a que se refiere la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en su apartado de 1.Actividad evaluada”.
La Sala ha tomado esta decisión porque el proyecto de concesión minera está sujeto a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y esa declaración no se realizó sobre las 16 cuadrículas mineras sino sobre seis.En los fundamentos jurídicos decimotercero a decimoctavo de la resolución se explica todo lo relativo al impacto ambiental. En el vigesimosegundo, puede consultarse la decisión de otorgar la concesión directa de la explotación para seis cuadrículas en lugar de las 16 previstas.
Categories: Jurisprudencia El TSJCyL anula parcialmente un concurso de méritos de 2014 para la provisión de algunas plazas de funcionarios
Fri, 03/17/2017 - 12:47
En concreto, el magistrado señala que “no se puede partir, como dogma, de un principio general que obligue a la Administración a sacar todos los puestos vacantes a concurso, sino más bien de la existencia de una potestad de autoorganización cuyo ejercicio exige motivar el ámbito objetivo del concurso que convoca, según resulta del artículo 50.1, que ya no contempla este tipo de concursos como una excepción, y del artículo 81.1, citado ahora como pauta interpretativa, aun cuando aquí no sea de aplicación”. Categories: Jurisprudencia Un juzgado de Burgos archiva la investigación por maltrato a una joven en varias sesiones de exorcismo
Tue, 03/14/2017 - 14:52
El Juzgado de Instrucción 2 de Burgos ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa que investigaba los delitos de malos tratos físicos y psíquicos, amenazas, coacciones y contra la integridad moral presuntamente cometidos en el ámbito familiar y en varias sesiones de exorcismo por una profesora de religión, un catequista, un sacerdote y unos padres contra una joven cuando era menor de edad.
La jueza señala, en un auto con fecha 10 de marzo, que “siguen sin existir indicios racionales de criminalidad suficientes de la comisión de los delitos imputados a los investigados tras realizar las diligencias de prueba ordenadas por la Audiencia Provincial en el auto de 13 de abril de 2015”. Pruebas que se completaron en su totalidad, excepto el informe de credibilidad del equipo psicosocial, “dada la negativa de la joven a ser reconocida y la imposibilidad manifestada por la perito de elaborar dicho informe prescindiendo de tal reconocimiento”.
El 7 de julio de 2016, la joven compareció en el Juzgado para prestar declaración en relación con el escrito de renuncia presentado el 27 de mayo de 2015 y aclarar su contenido. En la comparecencia, la joven manifestó que se acogía a su derecho a no declarar y presentó un nuevo escrito en el que se ratificaba en este sentido. Así, expuso que “su deseo de no declarar era voluntario y no sometido a ninguna presión” y explicó que “en el momento de su primera declaración en el Juzgado no veía las cosas como eran en realidad y que la versión que se ajusta más a la realidad es la que daba en el escrito que aportaba ese día y en el de mayo de 2015”.
Por otro lado, el informe médico forense del 27 de febrero de 2017 concluye que “no existe información objetiva alguna que permita dudar de la voluntariedad de la joven al realizar el manuscrito y llevar a cabo la comparecencia de mayo de 2015”. Además, dicho informe señala que “no hay datos para admitir un empeoramiento o agravación del estado de la joven por consecuencia de la práctica de los exorcismos, ni se constata la aparición de nuevas alteraciones que podrían ser consideradas como lesión psíquica”.
La jueza ha recordado que en la resolución de sobreseimiento provisional dictada el 6 de octubre de 2015, revocada posteriormente por la Audiencia Provincial, se efectuaba un examen de la prueba practicada hasta ese momento y se llegaba a la conclusión que procedía dicho archivo.
Según la resolución, “la única prueba de cargo existente era la declaración de la víctima, quien el 27 de mayo de 2015 efectuó una comparecencia en este Juzgado manifestando que renunciaba a las acciones civiles y penales que le pudieran corresponder derivadas de las presentes actuaciones”, aportando un escrito el mismo sentido.
“La denunciante no mantenía su declaración inicial, ni en instrucción ni en el acto del juicio, de abrirse el mismo, acogiéndose previsiblemente a la dispensa del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y no concurriendo tampoco, en caso de llegar a declarar en juicio, los requisitos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sentado para dictarse sentencia condenatoria basada únicamente en la declaración de la víctima”, señala el auto. Categories: Jurisprudencia El Tribunal Supremo avala la nueva autorización ambiental de la planta residuos de Ólvega (Soria)
Mon, 03/13/2017 - 10:30
La Sala III del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la asociación Ecologistas en Acción Burgos contra la sentencia del TSJ de Castilla y León que consideró ajustada a derecho la orden de 10 de julio de 2014 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, por la que se concedió a la entidad Distiller, S.A., autorización ambiental para el proyecto de instalación de planta de gestión, tratamiento y recuperación de residuos en el término municipal de Ólvega (Soria).
El Supremo destaca que la nulidad decretada tanto por el TSJ castellanoleonés como por el Supremo de una autorización ambiental anterior, de 2009, otorgada por la Consejería autonómica de Medio Ambiente a la misma entidad para la planta de Ólvega, no tiene incidencia alguna en la que ahora han estudiado, que es de 10 de julio de 2014. Y ello es así porque la nueva orden “es consecuencia de un nuevo e íntegro proyecto, para el que se solicita el otorgamiento de una nueva autorización ambiental integrada, y no de una modificación de la anterior e inicial autorización de 24 de noviembre de 2009”, que había sido anulada.
“En relación con este nuevo e íntegro proyecto se aprobó el correspondiente Estudio de impacto ambiental, mediante Resolución de 30 de mayo de 2014 (Expediente 39/08 EIA), constando, igualmente, Informe de compatibilidad urbanística del nuevo proyecto en relación con la normativa urbanística de aplicación, emitido en fecha de 23 de mayo de 2013. A mayor abundamiento, por el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León se elaboró Propuesta de Resolución de Autorización Ambiental Integrada que sería concedida por la Orden impugnada de 10 de julio de 2014”, indica el TS.
Categories: Jurisprudencia Confirmada la validez de contratos swap firmados por la Real Fundación Hospital de la Reina de León con el Banco Santander Central
Thu, 03/09/2017 - 08:05
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de León que rechazó la demanda interpuesta por la Real Fundación Hospital de la Reina contra el Banco Santander Central solicitando la nulidad de los contratos de confirmación de permuta financiera de tipo de interés que firmó en 2006 y 2007 con dicha entidad bancaria. La sentencia recurrida consideró que la acción para anular el primero de los contratos había caducado por el transcurso de más de cuatro años entre la fecha de su cancelación anticipada (20 abril 2007) y la de presentación de la demanda (17 de mayo de 2012).
En relación con el vicio de consentimiento, concluyó que la Real Fundación conocía los riesgos o posibles efectos negativos de los productos contratados, incluido su coste de cancelación. El Tribunal Supremo comparte ese fallo y afirma que desde el 20 de abril de 2007 que se produce la primera liquidación negativa de intereses, por importe de 134.551 euros, la demandante conocía la operativa comercial del producto y sus efectos nocivos, por lo que transcurrieron más de cuatro años hasta que interpuso la demanda, motivo por el que de acuerdo con el artículo 1301 del Código Civil debe confirmarse la caducidad de la acción de anulabilidad por error.
Como consecuencia de lo anterior, la Sala Primera no entra a valorar el resto de los motivos alegados por la Real Fundación para demostrar la existencia de error en la contratación de los swap que la Audiencia Provincial rechazó en la sentencia que ha sido confirmada ahora por el Tribunal Supremo.
Categories: Jurisprudencia Un juzgado de Segovia encausa a seis directivos de Caja Segovia
Tue, 03/07/2017 - 11:00
Por otra parte, en el auto se deniegan las diligencias de investigación solicitadas por la representación procesal de “Fundación Caja Segovia”, toda vez que la Audiencia Provincial de Segovia ha ordenado que sólo se practiquen aquellas diligencias de investigación que sean rigurosamente imprescindibles para determinar los hechos indiciariamente punibles y la determinación de sus autores, y las solicitadas no lo son. Este auto se dicta en cumplimiento de lo ordenado por la Audiencia Provincial de Segovia el pasado 27 de enero, que revocó el sobreseimiento libre acordado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2. Dicho archivo, apoyado por la Fiscalía Provincial de Segovia, fue dictado antes de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo emitiera la sentencia (700/2016, de 9 de septiembre, recurso de casación núm. 41/2016) que enjuició las prejubilaciones de los directivos de “Novacaixa Galicia”, resolución que ha sido principalmente tomada en consideración por la Audiencia Provincial de Segovia para revocar el sobreseimiento.
Contra este auto cabe interponer recurso de reforma ante el Juzgado en el plazo de tres días hábiles y/o recurso de apelación (directa o subsidiaria) ante la Audiencia Provincial de Segovia en el plazo de cinco días hábiles. Categories: Jurisprudencia - Dejar un mensaje al Webmaster sobre la página, realizar aportaciones, documentos, informar de enlaces rotos, etc -

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 50
 artículo 81
 resolución 
 artículo 416
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1301
 resolución