Source: https://www.scribd.com/document/387329175/conflicto
Timestamp: 2019-08-26 02:37:00+00:00

Document:
Uploaded by Rodolfo Quijada
saveSave conflicto ... For Later
resumen division de poderes y jerarquia de leyes.docx
“CONFLICTO ENTRE PODERES: LEGISLATIVO, EJECUTIVO, JUDICIAL, CIUDADANO Y ELECTORAL: AÑOS 2016-2017”
1. Los valores y principios políticos sobre la regulación, limitación y control del ejercicio del poder
público, como fundamento a su separación o distribución en sistemas de gobierno bajo un criterio
2. Las ideas políticas formuladas sobre cómo se puede o se debe regular, limitar y controlar el
3. Los arreglos orgánico-funcionales por los que se trata de regular, limitar y controlar el ejercicio
4. Los hechos ocurridos a partir de la elección de la nueva Asamblea Nacional en diciembre de
5. El conflicto interpoderes y el incumplimiento de las regulaciones constitucionales que pudieran
6. La naturaleza y convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, sus bases comiciales y
distintas posiciones al respecto.
CRONOLOGÍA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
http://www.ghm.com.ve/wp-content/uploads/2017/01/rrghm-al-5-de-enero.pdf
EL CONTROL DEL PODER EN LA TEORÌA CONSTITUCIONAL
En el ámbito constitucional se observa un complejo de funciones y de órganos, que actúan de manera autónoma e independiente y cuya nota común es la de limitar y controlar el poder. Efectivamente, el control es un elemento inseparable del concepto de Constitución si se quiere dotar de operatividad al mismo, es decir, si se desea que la Constitución se “realice”, en expresión bien conocida de Hesse; o, en otras palabras, que sólo si existe control de la actividad estatal puede la Constitución desplegar su fuerza normativa, y sólo si el control forma parte del concepto de Constitución puede ser entendida ésta como norma. 1 Visto de esta manera, se puede considerar una evidente e íntima relación entre Constitución y control, que la teoría de éste deberá ser incluida en la teoría de aquella y a la vez, cualquier intento de teorización del control ha de dotar a éste de un sentido unívoco que sea capaz de englobar coherentemente las variadas formas que el control adopta en el Estado constitucional. Tal sentido no es otro que el de considerar a los medios de control, orientados de tal forma de responder objetivamente a un único fin: fiscalizar la actividad del poder 2 estatal para evitar sus abusos, pudiendo así la Constitución desplegar su fuerza normativa a favor de la libertad y de la democracia. Sin embargo, existe una gran variedad de significaciones que originan una pluralidad de conceptos de control, bajo las diversas formas (parlamentario, judicial, social, etc.) del control del poder y bajo las diversas facetas (freno, vigilancia, revisión, inspección, regulación, limitación, etc.) que tal control puede revestir, yace una idea común y es la de hacer efectivo el principio de la limitación del poder.
LOS PARADIGMAS DEL CONTROL DE PODER Y EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN LA TEORÍA CONSTITUCIONAL
En la siguiente Tabla Nº 1 se muestra un breve repaso de las diferentes teorías del control del poder a través de la historia.
1 Aragon, Manuel: CONSTITUCIÓN, DEMOCRACIA Y CONTROL, pp 81 2 Ibidem, pp. 84
ISBN: 9789586163972
De los “frenos recíprocos”, “controles recíprocos”, “retenciones o
La teoría británica en el siglo XVIII:
reservas recíprocas”, equilibrium of powers, en suma, resulta el gobierno libre o liberal. Controles que no son únicamente entre órganos, sino también de los ciudadanos sobre las instituciones públicas, mediante la opinión pública, un poder especial: el “poder de censura”. También aparece, al menos tácticamente en Hume, todo ello sin contar con la aportación de Locke.
la “Constitución bien equilibrada”
El equilibrio, es requisito para que en esas relaciones humanas exista libertad. El sistema de frenos y contrapesos, de controles mutuos, se presentará así, como un delicado artificio producido, poco a poco, por la historia de la teoría y de la práctica constitucional británica está calculado para mantener la libertad civil. En el momento en que cada órgano del Estado entra en funcionamiento y afecta a la totalidad, su procedimiento es examinado y fiscalizado por los otros órganos
La interpretación de Montesquieu
Montesquieu sabía que la Constitución británica no “tiene por objeto la gloria del Estado, sino la libertad política de los ciudadanos” 3 . Se plantea el problema de la necesidad de colaboración entre los poderes, pero lo hace de una forma relativamente simple: “Estos poderes deberían conducir a una situación de reposo o a una inacción (por los frenos mutuos); pero, dado el movimiento necesario de las cosas, esos poderes se verán forzados a moverse, y se verán forzados a concertarse” 4 . El gobierno bien equilibrado es más complejo, y su funcionamiento está regido más por “ artificios” jurídico políticos que por “ el movimiento necesario de las cosas”
La desaparición, o mitigación, del control en la democracia “ rousseauniana” y algunas de sus consecuencias: la separación de poderes de la Constitución francesa de 1791 y el régimen de asamblea
Frente al “liberalismo” de Locke, se ha dicho, el estatalismo” de Rousseau ofrecerá al hombre muy escasas garantías frente a la acción del poder una fuerte mitigación de los controles. Mitigación acentuada por la misma idea rousseauniana de la democracia que negaba el pluralismo de poderes, el equilibrio entre ellos producto de frenos y controles, y sólo aceptaba, en puridad, la autolimitación, es decir, el dogma de la voluntad de la mayoría
El Federalista proclamará con toda claridad: la división de poderes no es más que la garantía de la libertad 5 ; la división es, al
3 Montesquieu, El Espíritu de las Leyes, París, Gallimard, 1970, libro XI, caps. 5 y 7, pp. 124, 125, 133 y 134.
5 Alexander Hamilton, James Madison y John Jay; El Federalista, Núm. XLVII, 1o. de febrero de 1788
La influencia en el constitucionalismo norteamericano de la teoría del “equilibrio de poderes”
mismo tiempo, interdependencia de poderes, de tal modo que se garantice que unos pueden controlar a los otros 6 ; la base sustentadora del Estado es el “ equilibrio constitucional del sistema de gobierno” 7 ; además del control del pueblo sobre el gobierno es preciso asegurar los controles de los distintos poderes entre sí 8 ; “han de organizarse y dividirse las autoridades de tal manera que cada una pueda constituir un control sobre la obra de la otra” 9 ; “ el régimen republicano no sirve sólo para salvaguardar a la sociedad de la eventual tiranía de su gobierno, sino también para garantizar a una parte de la misma contra los eventuales abusos de la otra parte” 10
La situación en Europa: debilidad de los instrumentos de control en el siglo XIX y recuperación de la idea de la Constitución bien equilibrada en el siglo XX
La idea de división y equilibrio entre poderes desaparece en esta construcción y, por lo mismo, el control no será elemento ni de la Constitución ni de su teoría. Ni el Estado ni su máxima expresión, la ley, tendrán límites externos que los frenen, pues la única limitación coherente con el sistema es la que resulta del sometimiento de la administración a la ley (sometimiento no enteramente completo, por otro lado, en virtud de la doctrina de la distinción entre ley en sentido material y ley en sentido formal). El corolario de todo ello no será sólo el entendimiento de la Constitución como mera (y cualquiera) ordenación fundamental del Estado, sino, sobre todo, la negación de la fuerza normativa de la propia Constitución. Una teoría así no podía conducir, desde luego, a otro resultado.
El control como elemento clave en la constitución del Estado de derecho democrático y social
El sistema de “ restricciones efectivas al poder” que se potencia a partir, de la segunda posguerra mundial se organizará bajo la denominación de Estado de derecho democrático y social: Control tanto más necesario en cuanto que en el Estado social se manifiesta, además de una gran extensión del poder, una corriente recíproca de socialización del Estado y estatalización de la sociedad que requiere, en mayor medida que en tiempos pasados, la efectividad de las limitaciones, y control, por lo demás, estrechamente conectado con la concepción de la democracia pluralista, de la manera muy bien expresada (pues en ella se concilian el doble carácter legitimador e instrumental del pluralismo democrático)
Teorías del control del poder a través de la historia
(Fuente: Resumen del libro CONSTITUCIÓN, DEMOCRACIA Y CONTROL 11 )
Visto lo anterior, se puede argumentar que no es concebible, pues, la Constitución como norma, si no descansa en la existencia y efectividad de los controles, los cuales se han ampliado y enriquecido en la teoría y en la práctica constitucional de nuestro tiempo, como garantías de una compleja división y limitación del poder, o, si se quiere, de un complicado sistema pluralista al que la Constitución, preservando y regulando su equilibrio, es capaz de
dotar de unidad, en cuanto que ésta comprende, de un lado, la fijación de los fines del poder y, de
6 Ibidem, Núm. XLVIII, 1o. de febrero de 1788
7 Ibidem, Núm. XLIX,
8 Ibidem Núm. LI, 8 de febrero de 1788.
9 Idem 10 Idem
11 Aragon, Manuel: CONSTITUCIÓN, DEMOCRACIA Y CONTROL pp 86-97
otro, la regulación de su estructura de manera congruente con los fines que se pretende alcanzar. 12 Manuel Aragón cita varios autores que utilizan el concepto de control, relacionado con la existencia del Estado social y democrático de derecho:
Se ha dicho (por ejemplo, entre otros, N. Bobbio) que la participación es inescindible de la responsabilidad y del control; que la democracia pluralista sólo es posible cuando se articula sobre un sistema general de controles (Sartori); que
la democracia “concordada” o “proporcional” no supone la aminoración del
control, sino su potencialización; que el Estado social no puede concebirse sin control (García-Pelayo); que el Estado de derecho no significa sólo que el Estado esté controlado por el derecho, sino que también existe el derecho a controlar al Estado (Krüger). Sin los instrumentos de control, en suma, no es posible la
existencia del Estado social y democrático de derecho. 13
De ahí que el control entendido en sentido general, al dotar con su existencia de eficacia a las garantías, sea el elemento indispensable para asegurar la vigencia de los principios y las reglas materiales de la Constitución democrática, es decir, para la “realización” de los valores constitucionales propugnados como fines. El control es el elemento que, al no separar los medios de los fines, pone en conexión precisamente el doble carácter instrumental y legitimador de la Constitución, impide que ambos caracteres puedan disociarse. De la Tabla Nº1 puede observarse que uno de los supuestos constitucionales del control es la división de poderes. Estos poderes, entendidos como órganos del Estado, entre
los cuales se divide la competencia del mismo, además de tener la facultad de ejercer el poder público de acuerdo con su esfera competencial, tienen la obligación de funcionar como órganos de control (“freno y contrapeso”) de los demás Poderes: el Legislativo respecto del Ejecutivo, éste controla al anterior, y el Judicial a ambos. Para Blanco Valdés 14 esta división de poderes, así como la separación por las distintas y especializadas funciones, son la “condición previa para el equilibrio de poderes, que habrá de conseguirse mediante la disposición de su recíproco control, mediante la disposición de toda una serie de mecanismos de coordinación, o lo que es lo mismo, de
frenos y contrapesos entre ellos”.
Por otro lado, Lucas Verdú sostiene que la separación de poderes es
12 Aragón, Manuel: obra citada, pp 116
13 Aragón, Manuel: obra citada, pp 119
14 Blanco Valdés, R. (1994): El valor de la constitución. Madrid: Alianza Editorial, pag. 70
“un principio dogmático del Estado constitucional liberal, puesto que considera indispensable para asegurar la libertad de los ciudadanos, en la medida que limita el poder político, atribuyendo a órganos distintos, correspondientes a instituciones diferentes, el ejercicio de cada función estatal de modo que un individuo, un grupo de individuos, o una asamblea, no puedan, al mismo tiempo dictar leyes y aplicarlas por vía administrativa o judicial” 15
A modo de resumen con respecto a la evolución teórica de la doctrina de la división de poderes, véase la siguiente Tabla Nº 2 comparativa:
Tabla 2 Comparación de modelos teóricos de la división de poderes 16
Vista la Tabla y de acuerdo con lo establecido por Díaz Elías:
“La separación de poderes constituye, en efecto, el resultado histórico de la lucha
contra el absolutismo de los reyes en nombre de los derechos del pueblo:
legislativo popular, pues, intentando limitar el poder omnímodo del ejecutivo, en amplia medida dominado por el rey. Y junto a ello, lucha por la independencia de la función judicial. El sentido histórico e ideológico del principio de la separación de poderes es, así, evitar la concentración de poder en manos, sobre todo, del titular del poder ejecutivo, a fin de lograr el respeto a los derechos y libertades de
15 Lucas Verdú. Curso de derecho político, v. II, p. 133.
16 García Marín, Ignacio; Las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo en el Perú (2001-2016), Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2018; pp. 53
los ciudadanos que, representados democráticamente, constituyen ahora el poder legislativo”. 17
En este mismo orden de ideas y tal como sostiene Pérez Royo:
“En el proceso de imposición y de desarrollo inicial del Estado en el continente
europeo, a lo más que se llegaría es a la afirmación abstracta de los derechos
fundamentales, y de la división de poderes como condición necesaria, pero también suficiente, para controlar el ejercicio del poder estatal, identificándose con ellos el propio concepto de Constitución (art. 16 DDHC). El tránsito de la política al derecho todavía estaba muy lejos.” 18
En la opinión de Manuel Aragón, 19 la división de poderes no es una separación, sino la concurrencia, la cooperación funcional, con actos complejos, controles mutuos, frenos y contrapesos; con la mezcla de división de poderes y una forma mixta de gobierno se logra una Constitución bien equilibrada. Desde el punto de vista epistemológico, Karl Schmitt sostiene el origen “racionalista” y
no “empirista” de la teoría del equilibrio de poderes, y la conecta inmediatamente con una concepción mecanicista del mundo físico y moral. Es cierto, como dice el mismo Schmitt, que:
Con la diferenciación de varios «poderes» se anuda el ulterior
... pensamiento orgánico de introducir más amplias divisiones en el seno de los campos así diferenciados de la actividad del Estado para alcanzar un alto grado de controles y frenos (checks and controls). La diferenciación no sirve sólo a la separación, porque entonces surgiría una pluralidad de actividades estatales aisladas, sin conexión ninguna, sino que tiene el fin de producir un equilibrio. La idea del equilibrio, de un contrapeso de fuerzas opuestas, domina el pensamiento europeo desde el siglo XVI; se manifiesta en la teoría del equilibrio internacional; del equilibro entre importación y exportación en la balanza del comercio; en la teoría del equilibrio de afectos egoístas y altruistas en la filosofía moral; en el equilibrio de atracción y reacción en la teoría de la gravitación de Newton.” 20
En esta misma visión, para Loewenstein 21 el modelo de estricta y rígida separación de poderes que tanto en los Estados Unidos como en Francia se manifestó con fuerza:
“…el concepto de «poderes» tiene un sentido más figurativo que estructural y debería ser sustituido por el concepto de «funciones», con lo que quedarían designados los diferentes ámbitos de la actividad estatal. La concepción defendida en la época de creación de los Estados Unidos sobre una estricta y rígida separación de funciones, vigente tanto en la teoría como en la práctica constitucional americana y francesa, se nos aparece hoy como un producto artificial del racionalismo especulativo de la Ilustración, debiendo su
17 Díaz, Elías, Estado De Derecho y Sociedad Democrática, Ed. Taurus, Madrid. 1998, pp. 47.
18 Pérez Royo, Javier, "Del derecho político al derecho constitucional: las garantías constitucionales", Revista Del Centro De Estudios Constitucionales, Nº 12, Madrid, pp. 236
19 Aragón, Manuel, “La función legislativa de los parlamentos y sus problemas actuales”, Perspectivas actuales del derecho, México, ITAM, 1991, p. 38.
20 Schmitt, Teoría de la Constitución, Editora Nacional, 1961, nota 8, p. 213.
21 LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la constitución. Editorial Ariel, 1982; p. 131.
nacimiento al traspaso de los principios mecanicistas de la física de Newton a la realidad sociopolítica. Este intento estaba inspirado por la creencia de que con el establecimiento de un equilibrio entre los diversos detentadores del poder se produciría una armonía permanente en la sociedad estatal. Pero esta suposición de que detentadores del poder equilibrados se dedicarían voluntariamente a cooperar al bien común no estaba fundamentada psicológicamente, y descuidaba peligrosamente el carácter demoníaco de la dinámica del poder. La coexistencia de diversos detentadores del poder rígidamente aislados fue una ilusión inútil, como quedó demostrado claramente en la Constitución francesa de 1791, que intentó poner en práctica la separación de funciones de Montesquieu.”
De esta manera desde el punto de vista ontológico el principio de separación de poderes contribuye a construir dos tipos de sujetos interdependientes: un sujeto colectivo y un sujeto individual. El sujeto colectivo que articula es un Estado antropomórfico fragmentado alrededor de un flujo de información entre tres elementos que se complementan, tal como se muestra en la siguiente Figura Nº 1.
tripartita del
armónica para
e sus funciones
de frenos y
Figura Nº 1 Ontología y el principio de separación de poderes (Fuente: Elaboración Propia)
Visto desde esta perspectiva, se busca reflexionar sobre las diversas formas que podría tomar el Estado para materializar el principio de separación de poderes, es decir, se concentra sobre las características que tendrían distintas armazones estatales, así como sus ventajas y desventajas, las combinaciones de frenos y contrapesos que se adecuarían de mejor manera a las distintas comunidades políticas; en sus niveles de efectividad y las consecuencias positivas o negativas que ha generado en comunidades jurídicas particulares; así como también si sus interpretaciones dominantes encuadran bien con las nuevas realidades sociales de un país o región particulares; si el principio debería interpretarse de manera distinta para las democracias liberales consolidadas y para aquellas que están en proceso de consolidación; si las diferencias entre el principio entendido idealmente y las realidades sociales de los Estados contemporáneos deberían tener como consecuencia una reinterpretación del principio o una transformación de los contextos en donde se aplica; y cuál es la mejor manera de interpretar el principio de separación de poderes de manera que sirva apropiadamente a los valores que dice proteger, entre otros, la democracia, la eficacia estatal y los derechos fundamentales. En opinión de Brewer Carías el principio de la separación de poderes es tan importante para la democracia pues,
“…en definitiva, del mismo dependen todos los demás elementos y componentes esenciales de la misma. En efecto, en definitiva, sólo controlando al Poder es que puede haber elecciones libres y justas, así como efectiva representatividad; sólo controlando al poder es que puede haber pluralismo político; sólo controlando al Poder es que podría haber efectiva participación democrática en la gestión de los asuntos públicos; sólo controlando al Poder es que puede haber transparencia administrativa en el ejercicio del gobierno, así como rendición de cuentas por parte de los gobernantes; sólo controlando el Poder es que se puede asegurar un gobierno sometido a la Constitución y las leyes, es decir, un Estado de derecho y la garantía del principio de legalidad; sólo controlando el Poder es que puede haber un efectivo acceso a la justicia de manera que ésta pueda funcionar con efectiva autonomía e independencia; y en fin, sólo controlando al Poder es que puede haber real y efectiva garantía de respeto a los derechos humanos. De lo anterior resulta, por tanto, que sólo cuando existe un sistema de control efectivo del poder es que puede haber democracia, y sólo en esta es que los ciudadanos pueden encontrar asegurados sus derechos
debidamente equilibrados con los Poderes Públicos…” 22
EL CONCEPTO DEL CONTROL DEL PODER EN
22 Brewer-Carías, Allan: Sobre la mutación del principio de la separación de poderes en la jurisprudencia constitucional, Revista de Derecho Público N° 132/2012 - 13-06-2013.pdf 201
http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDPUB/132/rdpub_2012_132_201-2013.pdf
LA TEORÍA CONSTITUCIONAL MODERNA
Al hablar del control siempre será político, pues el objeto que tiene es limitar el poder político 23 mismo que se institucionaliza con la generación y organización del Estado, a través de normas provenientes de una habilitación expresa de la Constitución, y esto es debido a la tendencia de quien ostenta el poder político a aumentarlo y por lo tanto surge la necesidad de restringirlo, de regularlo, de limitarlo y sujetarlo a medios de control, pues el poder político que no es controlado degenera, no sólo a los hombres, sino también a las formas de gobierno. Para Karl Loewenstein 24 , el punto determinante de la función de control político está en la posibilidad de exigir responsabilidad política. Existe responsabilidad política cuando un determinado detentador del poder tiene que dar cuenta a otro detentador del poder sobre el cumplimiento de la función que le ha sido asignada, por ejemplo el gobierno al parlamento, el parlamento al gobierno y, en el último término ambos al electorado. En consecuencia, es necesario para el buen funcionamiento de un Estado, que el poder político sea controlado a través de la Constitución como ley suprema e instrumento idóneo para articular sistemas de control, a través de un conjunto de disposiciones encaminadas a limitar las esferas de competencia de los detentadores del poder y, a la vez
asegurar ciertos derechos a los ciudadanos y principios constitucionales. Visto de esta manera, por virtud de la necesidad de limitar el ejercicio del poder político, éste se convierte en objeto de control. Conocemos el objeto y sus características, pero: ¿Qué es el control? ¿Cómo distinguir entre limitación y control? ¿Y entre control y garantías?
Para Manuel Aragón, “el control efectivas las limitaciones del poder” 25 .
[es] el vehículo a través del cual se hacen
23 Vidart Campos al referirse al poder político dice: “El poder del Estado es político porque la actividad que engendra y desarrolla es política (política arquitectónica cuando dirige, política agonal cuando lucha, política plenaria cuando comparte mancomunadamente la actividad de los gobernados en un quehacer común). El poder del Estado o poder político es el centro de gravedad de la política, porque exterioriza, impulsa, conduce y despliega la dinámica política, que es propia y esencial de todo estado o régimen político” (“Lecciones Elementales de Política”, Ed. Ediar, Bs. As., 1997, pág. 209.
24 Karl Loewenstein: “Teoría de la Constitución”; Ed. Ariel, Barcelona, 1982, pág. 69 y ss ..
25 Aragón, Manuel, “Interpretación de la Constitución y el carácter objetivado del control jurisdiccional”, Revista Española de Derecho Constitucional, año 6, núm. 17, mayo-agosto de 1986, p. 87.
De acuerdo con Francisco Rubio Llorente, “…al quedar el poder sujeto al Derecho, queda asegurado por un eficaz control jurídico…” 26 , por lo que la regulación del ejercicio y control del poder político proviene del orden jurídico. Por su parte para Manuel Aragón, “…la limitación resulta de una norma abstracta y el órgano de control es actualizador de una limitación preestablecida.” 27 En su opinión, los límites buscan preservar la supremacía constitucional, y el control es la garantía del acatamiento de las limitaciones. Así, el control asegura la vigencia de la limitación. En efecto, el equilibrio de poderes se apoya no sólo en la red de limitaciones sino en la existencia de múltiples controles a través de los cuales las limitaciones se articulan. Por tanto, el poder limitado es poder controlado. Las limitaciones están institucionalizadas cuando están vigiladas por controles institucionalizados políticos y jurídicos. Por otro lado, las limitaciones que no son institucionalizadas si sus controles no son institucionalizados, pero no por ello son inefectivos. Por ejemplo, la opinión pública o los medios de presión social. Estos medios son controles sociales 28 . En la Figura Nº 2 se muestra un resumen de las características de los tres tipos de poder supra.
.-Es subjetivo y voluntario por parte del poder u
órgano de control, y recae sobre razones
conveniencia y la racionalidad
.-Quien limita es quien controla y puede poner
en marcha otros controles ejercitados por otros
.-El agente de control limita, frena y manda.
.-Es objetivo y necesario,
independiente e imparcial, y se ejerce sobre bases
jurídicas, como la constitucionalidad, la legalidad y la
.- Se ejerce sobre la base de una norma abstracta y el
sujeto de control actualiza la limitación preestablecida
por otro agente, el constituyente o el legislador, para
asegurar que las limitaciones del poder se cumplan.
Son generales y difusos. Por su carácter difuso y
su condición genérica, en las limitaciones no
institucionalizadas, unas veces el agente que
limita es a su vez el sujeto que controla. Otras
veces el sujeto de control es el que garantiza las
limitaciones producidas por terceros o las
establecidas en abstracto.
26 “El control parlamentario”, Revista Parlamentaria de Habla Hispana, Madrid, núm. 1, Cortes Generales, 1985.
27 Aragón, Manuel, “ Interpretación de la Constitución y el carácter objetivado del control jurisdiccional” , Revista Española de Derecho Constitucional, año 6, núm. 17,
28 Duque Corredor, Román, Temario de Derecho Constitucional y de Derecho público; Editorial Legis. 2008, pp. 132
Figura Nº 2 Características de los tres tipos de poder
(Fuente: Resumen a partir del libro CONSTITUCIÓN, DEMOCRACIA Y CONTROL 29 )
Ahora bien, el control es una garantía pero no es todas las garantías existentes. Unas veces opera como única garantía. Otras hace efectivas garantías preexistentes y otras pone en marcha garantías subsiguientes. El término garantía, por tanto, es más amplio el de control. Por otro lado, las limitaciones del poder se garantizan y se regulan a través de la consagración de diversos principios, como la reserva legal, la rigidez constitucional, la universalidad, indivisibilidad y preeminencia de derechos humanos, la independencia entre poderes, los diversos tipos de ley, las competencias constitucionales, los procedimientos de control, etc.; pero son los diversos instrumentos de control los que aseguran la efectividad de esas garantías. En concreto, las limitaciones al poder descansan precisamente en las garantías generales y constitucionales. 30 Ahora bien, Huerta Ochoa elabora un concepto de control como sistema, al decir
que es “…el conjunto de medios que garantizan las limitaciones establecidas al ejercicio del poder; la forma en que se asegura la vigencia de la libertad y de los derechos fundamentales del ser humano. El control es, pues, un sistema de vigilancia que asegura la
observancia del sistema jurídico.” 31 De esta manera el control puede ser ejercido por la sociedad misma y por los órganos de poder, lo cual se expondrá infra cómo se articulan los mecanismos de control entre los órganos del Estado, que por el sistema de frenos y contrapesos en ocasiones se configurarán como órgano controlante y en otras como órgano controlado, dependiendo de la función desempeñada. Así, para que dichos mecanismos actúen en forma eficiente es necesario, además de la atribución de funciones estatales y la delimitación de facultades en el orden jurídico (potestad que tiene un órgano para limitar los actos de otro o de intervenir en él), la existencia de una interrelación de estructuras constitucionales que faciliten el establecimiento de controles recíprocos entre los órganos del poder y la Sociedad, para lograr el equilibrio entre poderes, para evitar que la autoridad se exceda en el ejercicio del poder, y no permitir que abusen de sus facultades en perjuicio de los gobernados,
29 Aragón, Manuel: CONSTITUCIÓN, DEMOCRACIA Y CONTROL pp. 129-131)
30 Duque Corredor, Román, obra cit., pp. 133
31 Huerta Ochoa, Carla; Mecanismos constitucionales para el control del poder político, Universidad Nacional Autónoma de México, México 2010, pp.29
manteniendo así el equilibrio de fuerzas entre los poderes. Visto de esta manera, se observa la forma en que se han venido utilizando los conceptos y categorías propias de la Teoría de Sistemas 32 y la Cibernética en la disciplina académica del derecho constitucional. Tales teorías aparecen como los mejores instrumentos analíticos para dar cuenta de lo complejo de la realidad política- constitucional, en la medida que nos permitirá considerar la relación, articulación e intercambio entre los tres principales poderes o subsistemas (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). En ese sentido, el análisis sistémico representa un espectro amplio que al menos posibilita una visión global de los elementos centrales de un modelo analítico de estas características, como son: el sistema, el ambiente, la respuesta y la retroalimentación. Como señala Alberto Montbrun: 33
“…el pensamiento sistémico plantea una teoría del conocimiento que en vez de orientarse hacia las cosas o los objetos se orienta hacia las relaciones, interacciones y procesos. Postula que la realidad no se puede escindir o fragmentar para entenderla, porque la realidad no está hecha de elementos que interactúan, sino de procesos en retroalimentación dinámica y multinivélica. La realidad es percibida como un todo integrado y no como una discontinua
colección de partes aisladas…”
En cuanto a la cibernética:
“…lo que estabiliza y coordina el funcionamiento de sistemas complejos como los seres vivos o las sociedades y les permite hacer frente a las variaciones del ambiente y presentar un comportamiento más o menos complejo es el control que le permite al sistema seleccionar los ingresos (inputs) para obtener ciertos egresos (outputs) predefinidos. Este control está compuesto por una jerarquía de regulaciones interrelacionadas que tienen como función el arbitraje entre ellas. La regulación está constituida por los mecanismos que permiten al sistema mantener su equilibrio dinámico y alcanzar o mantener un estado. La clave para el entendimiento de los sistemas cibernéticos es tener muy presente que son siempre muy superiores a la simple suma de sus partes constitutivas. Sólo son inteligibles en cuanto sean sistemas en funcionamiento. Un concepto muy importante, casi diríamos fundamental, en cibernética es el de la retroalimentación. La retroalimentación (o feedback) parte del principio de que todos los elementos de una totalidad sistémica deben comunicarse entre sí para poder desarrollar interrelaciones coherentes. Sin comunicación no hay orden y sin orden no hay totalidad, lo que rige tanto para los sistemas físicos como para los biológicos y los sociales. La retroalimentación es negativa cuando su función consiste en contener o regular el cambio-fuerza estabilizadora (p. ej. frenos en un automotor). Es positiva si amplifica o multiplica el cambio en una dirección determinada- fuerza desestabilizadora (ejemplo: la carrera armamentista). Por tanto la
32 Grün, Ernesto, Una visión sistémica y cibernética del Derecho; Abeledo Perrot, Bs. As., 1996; Sistema jurídico y sistema ecológico, Suplemento Actualidad Rev. L.L., 19 de agosto de 1993; Un nuevo enfoque para la teoría general del derecho, LL 1988-A-789; Un enfoque sistémico-cibernético de la mediación, en La Ley 1996-E,112. 33 Grün, Ernesto: La aplicación de la sistémica y la cibernética al derecho; Panóptica, ano 1, n. 7, mar. – abr. 2007, pp 161
retroalimentación negativa disminuye -y la positiva aumenta- las desviaciones del sistema de lo que podría admitirse como su logro adaptativo o meta viable. Se habla de la retroalimentación compensada cuando un regulador ejerce alternadamente retroalimentaciones positivas o negativas, según las necesidades del mantenimiento de la estabilidad dinámica del sistema o subsistema regulado…” 34
De acuerdo con lo inmediato anterior, el paradigma sistémico permeó notablemente en la ciencia política hasta finales de los años sesenta, en donde Deutsch 35 con su modelo de sistema cibernético, plantea que el propósito del análisis sistémico es entender cómo un sistema político persiste ante tensiones que el ambiente ejerce sobre él. El que un sistema político tenga capacidad para mantener su integridad así como auto conducirse, requiere de un flujo completo de información acerca del mundo exterior, del pasado, sobre sí mismo y sobre sus partes. Este proceso de permanente aprendizaje le devuelve al sistema político la capacidad para producir reordenamientos internos que posibiliten la readecuación de su comportamiento con el ambiente. La información, entonces, constituye el factor energético del sistema político y, en esa medida, el poder concentrado en la estructura burocrática se refleja en la eficacia con que se toman las decisiones gubernamentales. Por su lado Easton 36 propone que el objetivo del análisis sistémico, es revelar cómo un sistema político puede persistir en un mundo de cambio. Se trata de un enfoque interdisciplinario que permite un análisis integral al relacionar el sistema con el ambiente., en donde no existe una forma única de conceptualizar toda la diversidad y complejidad de la conducta política. En ese sentido, el análisis sistémico representa un espectro amplio que al menos posibilita una visión global de los elementos centrales de un modelo analítico de estas características, como son: el sistema, el ambiente, la respuesta y la retroalimentación, tal como se muestra en la Figura Nº 3.
34 Grün, Ernesto, obra cit., pp. 164
35 Deutsch, K. W., Los nervios del gobierno. Modelos de comunicación y control político, México, Paidós. 1985, pp. 158
36 Easton, David, Esquema para el análisis político, Buenos Aires, Amorrortu. 1999
Figura Nº 3 Modelo de Sistema Político de respuesta dinámica (Fuente: Easton, pp. 154)
Visto lo anterior es forzoso determinar qué es el concepto de un sistema de control y para ello es bueno exponer la teoría del control como una teoría que se preocupa del comportamiento de los sistemas dinámicos, en donde el output (salida) deseado en un sistema, se le denomina referencia. Así cuando uno o más output pueden variar en un sistema, se necesita que cada cierto tiempo, los output sigan una cierta referencia, así un controlador lo que hace es manipular los inputs de un sistema para obtener el efecto deseado en el output del sistema. De esa forma aplicando dicha teoría en el control constitucional, podemos decir que lo que hace un control es ver si el output del Poder Público (Políticas Públicas, decisiones, leyes y reglamentos, sentencias) del sistema (jurídico-político) ha alcanzado la referencia (libertad y división del poder). Si no se ha alcanzado la referencia (peligro de la democracia) dicha información debiese realimentarse y transformarse en un input, tanto en el sistema (jurídico-político) como en la Sociedad, lo cual debería generar un nuevo output (Corrección de Políticas Públicas, decisiones, leyes y reglamentos) para así con este nuevo output, alcanzar la referencia (fundamentos constitutivos de libertad y división de poderes), todo lo cual puede observarse en la Figura Nº 4.
Figura Nº 4 Modelo de Sistema Control Constitucional del Poder Público (Fuente: Elaboración Propia)
Consecuentemente, podemos concluir que controlar tiene que ver con cómo se cumplen en la práctica los objetivos (principios constitucionales) previamente definidos. Se debe estudiar el output del sistema y ver si este es el output deseado previamente. En otras palabras, se debe determinar si los órganos del Poder Público cumplen los objetivos planteados en la parte material de la Constitución o no. Cuestión que el controlador debe informar, tanto a los diferentes Poderes (quiénes son los que gestionan, si usamos la terminología de administración) para corregir sus decisiones: Políticas Públicas, decisiones, leyes, reglamentos o sentencias; como a la Sociedad en general, para que así decidir si mantiene o hace cambios en la organización del Poder Público. Desde el punto de vista del mecanismo de control entre los órganos del Poder (intraorgánico), la ubicación constitucional es independiente de la relación de control, pues esta última se manifiesta ante conductas concretas que están sujetas a ser controladas. Si el principio de “división de poderes” implica una división equilibrada del poder estatal, el
ejercicio del control no significará que el órgano controlante “sea más poderoso” que el órgano controlado, sino que se encuentra habilitado por la Constitución para ejercer “su poder” con mayor intensidad en esta relación. No debe existir en la estructura constitucional la subordinación de un órgano al otro, sólo existe una relación de subordinación en todo aquello que pueda ser materia de control, con la subsiguiente limitación al poder llegado el caso y lo cual no solo resulta de impedir que se realice un acto no prestando colaboración o consentimiento, o impidiendo que se efectivice sino también interviniendo en la integración del órgano controlado. Por lo tanto para que el control sea eficaz, la independencia del órgano controlante es entonces un presupuesto básico, y debe resultar de una estructura funcional autónoma, que sus miembros puedan actuar sin presiones ni interferencias con amplia autonomía frente al órgano controlado y que cuente con los medios necesarios para hacer efectivo el control. Respecto independencia del órgano controlante, para Carlos Ignacio Salvadores 37 implica el presupuesto de no-identidad. Es decir,
“No basta que los órganos sean diferentes sino que substancialmente no tengan la misma naturaleza política tanto en composición como en atribuciones. El órgano que por si o por otros con los que tiene identidad no crea una relación de control. El presupuesto de no-identidad entre los órganos que componen la relación de control tiene inmediata relación con la periodicidad de los mandatos en cuanto mantiene vivo y actual los intereses o inquietudes sociales y evita que se consoliden situaciones que conspiran contra la diferenciación de la representación. La periodicidad en las funciones con elecciones parciales, constituye un mecanismo no solo para asegurar las libertades sino también para garantizar la relación adecuada entre los intereses del electorado y el órgano conforme con el dinamismo que esos intereses reflejen, de tal manera que si existe identidad política en la composición de los órganos surgirá de la voluntad popular y se mantendrá en la medida que dicha circunstancia tenga consenso. Este supuesto de identidad no afectará la relación de control mientras existan mandatos periódicos con renovaciones parciales.”
Para este mismo autor la efectividad del control institucional se cuando produce un resultado, por lo tanto el órgano será controlante si puede hacer tal o cual cosa solo, independientemente del controlado o de otro órgano. “En el caso que no obre un resultado será por voluntad del mismo órgano y no del controlado o de un tercero.”
37 Salvadores de Arzuaga, Carlos Ignacio: El Poder Público nacional: su división y control Provincia, , 2005, pp. 113-133 Universidad de los Andes Mérida, Venezuela (Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=5550990)
DEL PODER PÚBLICO EN VENEZUELA
El Poder Público es la potestad constitucional, basada en la soberanía popular de la cual deriva, para el ejercicio de la voluntad colectiva por parte del Estado, a través de
legítimos representantes elegidos para tal fin por medio del sufragio, consagrado lo expresado en la Constitución venezolana de 1999 (CRBV), en su artículo 5, expresado en los términos siguientes:
Así mismo la CRBV denomina el Título IV de su parte orgánica: "Del Poder Público", y establece la distribución, organización, asignación de competencias y funcionalidad de los órganos del Estado, como el desarrollo del principio fundamental contenido en el Artículo 5, quedando así claramente establecido el soporte constitucional del Poder Público, y como todo Estado de Derecho moderno también establece los principios que rigen la manera en cómo se ejerce dicho Poder Público, los cuales se encuentran expresamente plasmados en la Tabla Nº 2.
El principio de separación y de colaboración entre los poderes
Artículo 139, Artículo 140 y artículo 259
Tabla Nº 2 Principios constitucionales relativos al ejercicio del Poder Público (Fuente: Elaboración Propia)
Ahora bien, la CRBV se diferencia de la distribución funcional tripartita y adoptó un novedoso sistema de separación orgánica del Poder Público Nacional, al hacerlo entre cinco Poderes, agregando a los tradicionales Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, dos nuevos, los Poderes Ciudadano y Electoral. Por lo tanto son cinco manifestaciones de
funcionalidad del poder, “funciones propias” que deben colaborar “en la realización de los fines del Estado” (art. 136 CRBV). Las atribuciones de los órganos las “definen” la
Constitución y la ley (art. 137 CRBV). De esta forma corresponde su ejercicio a cinco
complejos orgánicos diferenciados y separados. Estos son, respectivamente, la Asamblea Nacional; el Presidente, sus Ministros y el resto de los órganos del denominado “Ejecutivo
Nacional”; el Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales de la República, así como la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y los otros órganos de gobierno y administración del Poder Judicial; el Ministerio Público o Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo; y el Consejo Nacional Electoral, sus Comisiones y Juntas. Estos cinco conjuntos orgánicos se encuentran separados, son autónomos e independientes entre sí, y en virtud del principio de legalidad cada uno de ellos tiene sus competencias constitucionales y legales específicas, es decir, el Estado se vale del Derecho para organizarse, fijar los límites de la actuación de sus órganos y ejercer el control de los mismos, tal como se establece en los Artículos 7 y 137 de CRBV:
MECANISMOS CONSTITUCIONALES DE CONTROL DEL PODER PÚBLICO EN VENEZUELA
Tradicionalmente, el objeto central del control es el Poder Ejecutivo. Sin embargo veremos como en el sistema de controles en la CRBV, se prescriben mecanismos de control intra-órganos, inter-órganos y de control social (extraorgánicos). La Constitución venezolana de 1999 establece; una compleja red de normas de control y equilibrio institucional, a través de las limitaciones al ejercicio del poder y la
garantía de que los órganos que lo representan se mantengan dentro del marco jurídico.
En el Cuadro 1, Cuadro 2 y Cuadro 3 se intentan descifrar de manera objetiva y meramente descriptiva, ese sistema de controles contenido en la CRBV, resaltando la importancia que para el Estado de Derecho tiene el apego de la actividad pública al orden normativo integrador que es la Constitución.
Cuadro 1 Control Político de acuerdo a CRBV (Fuente: Elaboración Propia)
Cuadro 2 Control Jurídico de acuerdo a CRBV (Fuente: Elaboración Propia)
Cuadro 3 Control Social de acuerdo a CRBV (Fuente: Elaboración Propia)
En este punto debemos anotar la presencia constitucional del Poder Ciudadano, el cual es autónomo y con poder de actuación a escala nacional y está destinado a prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública, la moral administrativa, así como velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, y el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado. Como parte del control inter-órganos, en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano (25 de octubre de 2001 Gaceta Oficial Nº 37.310) se establece en su Artículo 10 las competencias, entre otras, de: a) Efectuar la segunda preselección de los candidatos o candidatas a magistrados o magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la cual será presentada a la Asamblea Nacional; b) Postular ante la Asamblea Nacional a un miembro principal del Consejo Nacional Electoral y a sus dos suplentes; c) Calificar las faltas graves que hubieren cometido los magistrados o las magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, para luego enviar a la Asamblea Nacional para su posible destitución; d) Intentar por órgano del Ministerio Público las acciones a que haya lugar, para hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios públicos o funcionarias públicas que hayan sido objeto, en ejecución del control parlamentario de declaración de responsabilidad política por la Asamblea Nacional. En la Figura Nº 5 se observa en forma gráfica el Modelo de Sistema Control Constitucional del Poder Público establecido en CRBV. Es evidente la existencia de múltiples controles inter-órganos y los controles sociales, a través de los cuales las limitaciones podrían articularse. Agregar dos poderes hace el sistema sea de alta complejidad, siendo necesario un monitoreo constante de los grados de libertad del
ciudadano, de la calidad de la democracia, de respuestas “sin retardos” a emergencias o
desafíos y de capacidad de anticipar con eficacia nuevas realidades, de tal manera que alguna falla en cualquiera de los controles tienda a desestabilizar el sistema en general y alejarlo de un equilibrio de poderes aceptable como objetivo estratégico, es decir, que estas cinco ramas actúen coordinadamente de manera eficaz. Cuando esto último no se logra nos encontramos en presencia de una patología que es tanto o más peligrosa que el mal que la división de poderes pretendía evitar: anular la base garantista de la libertad, de los derechos fundamentales y de la democracia.
Figura Nº 5 Modelo de Sistema Control Constitucional del Poder Público en CRBV (Fuente: Elaboración Propia)
La Sala Constitucional, en su decisión aporta una concepción relacionada con la Figura Nº 5 y ha considerado el principio de la separación de poderes como uno de los principios tradicionales del derecho público venezolano al afirmar en 2009, que el Constituyente de 1999:
“ha ensayado una distribución del Poder Público en niveles político-territoriales, así como una división en cada nivel. Esta distribución y división se cumplen mediante una asignación de tareas de diverso orden. Hay, por supuesto, potestades (legislar o resolver conflictos mediante actos con autoridad de cosa juzgada), tareas (satisfacer en lo concreto necesidades públicas), fines (denunciar la violación de derechos fundamentales), que caracterizan a dichos conjuntos de órganos. Pero ello no debe confundir al estudioso o al intérprete. En algunos casos, los efectos del acto que se emite sólo son propios de un grupo de órganos (la cosa juzgada); en otros la potestad es exclusiva (dirigir las relaciones exteriores de la República); y en no menor medida, la potestad es de uso común, aunque puede darse el caso que domine las tareas de un órgano en particular (por ejemplo, el control de la Administración Pública que comparten tanto la Asamblea Nacional como la Contraloría General de la República). Pero de lo que no caben dudas es que todos los Poderes, según el caso, comparten mecanismos, instrumentos, métodos y fines. El Poder Legislativo nacional no sólo legisla, sino que también controla, con lo cual se acerca a la función contralora y a la judicial al
mismo tiempo (art. 187.3); interviene en la discusión y aprobación del presupuesto, lo que ha sido catalogado como una tarea propia de la Administración (187.6), e interviene en el proceso judicial de destitución del Presidente de la República (art. 266.2). El Presidente de la República debe regular el ejercicio del derecho que se restrinja mediante decretos de estado de excepción (236.7 y 339), con lo cual ejerce una potestad normativa; concede indultos, incidiendo así directamente en la función judicial (236.19). El Poder Ciudadano puede investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa, para lo cual tendrá que valerse de técnicas que se asemejan a las que utiliza el Poder Judicial (274). El Poder Electoral dicta Reglamentos, los cuales contienen normas, es decir, es una técnica similar a la que usualmente ejerce el Poder Legislativo (293.1). Por último, el Poder Judicial se subroga a la Administración Pública en los casos que resuelve la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.” 38
En relación al modelo de Sistema Control Constitucional del Poder Público en CRBV de la Figura Nº 5, realizamos las siguientes preguntas: En la actualidad ¿Se cumple el principio de separación en la práctica? ¿Hay tendencia a un equilibrio entre los Poderes Públicos? Es importante advertir como anotamos supra, controlar tiene que ver con cómo se logran en la práctica los objetivos (principios constitucionales) previamente definidos; sin embargo no podemos dar por descontados los objetivos de las autoridades de los Poderes Públicos, tal como establece David Easton 39 :
No es necesario que éstas se muestren siempre deseosas de alentar el apoyo a un sistema; aunque por lo común se identificarán con el sistema existente, hay casos en que están interesadas en modificarlo radicalmente o en destruirlo por completo. Convenía a las intenciones de Hitler llegar al poder aprovechando el sistema de la República de Weimar, pero tenía prisa por reducirlo a cenizas y reemplazarlo por el Tercer Reich. Desde su posición de autoridad, De Gaulle logró acabar con el apoyo residual prestado a la Cuarta República y transformarla en un régimen que invirtió las relaciones entre los poderes legislativo y ejecutivo. En casos como ésos, la información retransmitida a las autoridades se emplea para socavar el orden antiguo, más que para apoyarlo.
En ese sentido y en el contexto de afectación de la separación de poderes, en algunos casos y tal como veremos infra, han sido las decisiones de la propia Sala Constitucional el vehículo utilizado por los otros poderes del Estado para secuestrar y tomar control directo de otras ramas del Poder Público, a través de los supuestos de invasión o injerencia ilegitima: la Obstrucción, la Inhibición, la Conducción o el Congraciamiento. Las sentencias de la Sala Constitucional: N° 3 de 22 de enero de 2003 (Caso: Darío Vivas y otros), Nº 32 de 19 de marzo de 2003 (Caso: Darío Vivas y otros), Nº 2073 de 4 de agosto de 2003 (Caso: Hermánn Escarrá Malaver y otros) y Nº 2341 del 25 de agosto de
38 Ver http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/1049-23709-2009-04-2233.html
39 Easton, David, Esquema para el análisis político, Buenos Aires, Amorrortu. 1999, pp. 177
2003 (Caso: Hemann Escarrá y otros), son prueba suficiente que significaron en la práctica, la parálisis total y absoluta del Poder Electoral, y la consecuencia de todo ello ha sido que las elecciones que se han celebrado en Venezuela durante los últimos quince años, han sido organizadas por una rama del Poder Público supuestamente independiente pero tácticamente controlada por el gobierno, totalmente parcializada. Ello es explica que se pudiera sancionar la Ley Orgánica de los Procesos Electorales en 2008, para materialmente, en fraude a la Constitución, eliminar la representación proporcional en la elección de los diputados a la Asamblea Nacional, al punto de que en las elecciones legislativas de septiembre de 2010, con una votación inferior al cincuenta por ciento de los votos, el partido oficial obtuvo casi los 2/3 de diputados a la Asamblea Nacional. En este mismo sentido, a partir de su sentencia de fecha 2004, la Sala Constitucional 40 ha afirmado que el principio de la separación de poderes “no es un principio
ideológico, propio de la democracia liberal, sino un principio técnico del cual depende la vigencia de la seguridad jurídica como valor fundante del derecho.” En agosto de 2008 el propio
Presidente de la República llegó a decir simplemente: “Yo soy la Ley. Yo soy el Estado,” 41 repitiendo así las mismas frases que él mismo ya había dicho en 2001, cuando entonces dijo “La Ley soy yo. El Estado soy yo” 42 -, al referirse también en aquella oportunidad a la sanción inconsulta de cerca de 50 decretos leyes violando la Constitución. Luego, cinco años después la misma Sala Constitucional dictó la sentencia Nº 1049 de 23 de julio de 2009, 43 reafirmando el carácter instrumental de “la llamada división,
distribución o separación de poderes,” en el sentido de que “la Constitución de 1999 no refleja una estructura organizativa en la que la distribución de tareas entre los distintos Poderes corra paralela a una asignación de potestades homogéneas, exclusivas o excluyentes entre los mismos.”,
“…la llamada división, distinción o separación de poderes fue, al igual que la teoría de los derechos fundamentales de libertad, un instrumento de la doctrina liberal del Estado mínimo,” concebido no como “un mero instrumento de organización de los órganos del Poder Público, sino un modo mediante el cual se pretendía asegurar que el Estado se mantuviera limitado a la protección de los intereses individualistas de la clase dirigente…”
40 Sentencia Nº 3098 de la Sala Constitucional (Caso: Nulidad artículos Ley Orgánica de la Justicia de Paz) de 13-12- 2004, en Gaceta Oficial Nº 38.120 de 02-02-2005
41 http://lasarmasdecoronel.blogspot.com/2008/10/yo-soy-la-leyyo-soy-el-estado.html
42 Ver El Universal, Caracas 4–12–01, pp. 1,1 y 2,1.
43 Ver http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/1049-23709-2009-04-2233.html
La misma Sala Constitucional emitió la sentencia 1.049 de 23 de julio de 2009 en donde negó los fundamentos liberales de la CRBV 44 . Estas afirmaciones de la Sala Constitucional, se consideraron el comienzo de un viraje anti democrático de la jurisprudencia constitucional a tal punto que en el mes de diciembre de 2009 la propia Presidenta 45 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, afirmó a la prensa en diciembre de 2009, simplemente que “la división de poderes debilita al Estado”, y que “hay que reformarla.” Para esa misma época, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó la gravedad del problema, al punto de que en su Informe Anual de 2009, después de analizar la situación de los derechos humanos en
Venezuela y el deterioro institucional que ha sufrido el país, apuntó que todo ello “indica la
ausencia de la debida separación e independencia entre las ramas del gobierno en Venezuela.” 46 Ahora bien, ¿Qué significó en la práctica este proceso tendiente a desvirtuar y reducir el principio de la separación de poderes a ser un mero instrumento técnico? Es de notar de la Figura Nº 5, entre otra observaciones, que del Poder Ciudadano fluyen lazos de control hacia los otros cuatro Poderes, a través de su competencia establecida en el Artículo 274 CRBV: “Prevenir, investigar y sancionar los hechos que
atenten contra la ética pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de
la legalidad en toda la actividad administrativa del
Estado...”.
Por su parte en el Artículo
222 CRBV, en ejercicio del control parlamentario la Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante el mecanismo de las investigaciones, pudiendo declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos. Entonces, aparentemente existe una duplicidad de funciones entre estos dos Poderes, debido a que en la práctica jurídica procesal la separación entre el concepto de la Responsabilidad Política y el concepto
Responsabilidad ética pública y moral administrativa es difusa, lo que podría originar la intromisión de subjetividades e ideologías en las investigaciones, causando la interferencia efectiva del Poder Ciudadano en el normal funcionamiento del Poder
44 Herrera Orellana y otros; Del Estado social de derecho al Estado Total, Ediciones Funeda, Caracas 2010
45 Ver http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasde prensa/notasdeprensa.asp?codigo=7342
46 IACHR, 2009 Annual Report, pag. 472, en http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009eng/Chap.IV.f.eng.htm.
Legislativo; que en opinión de Jorge Malem Sena 47 ocurre la patología de la obstrucción, es decir:
“La obstrucción se caracteriza por la interferencia efectiva de un poder en el normal
funcionamiento de otro. Existe interferencia cuando un poder del Estado de modo deliberado impide que otro adopte ciertas decisiones que deberían —de acuerdo con la distribución de funciones— quedar libradas a su arbitrio. De este modo, la obstrucción se caracteriza por dos elementos: requiere la acción de un poder estatal y tiene por finalidad
evitar que otro poder actúe dentro de su ámbito de competencia…”
En este mismo orden de ideas el numeral 10 del Artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano (25 de octubre de 2001 Gaceta Oficial Nº 37.310), el Consejo Moral Republicano como órgano de expresión del Poder Ciudadano tiene la competencia de calificar las faltas graves que hubieren cometido los magistrados o las magistradas del Tribunal Supremo de Justicia.”, a través “Del Procedimiento por Falta” establecido en los artículos 32, 33 y 34, ejusdem. De esto informará por escrito a la Asamblea Nacional los hechos pormenorizados de la conducta del magistrado o magistrado. Es evidente que ni con la Asamblea Nacional anterior (2010-2015) y menos con la actual Asamblea, a ninguno de los Magistrados ha sido sometido por el Poder Ciudadano a este Procedimiento por Falta, y en caso de haberse sometido, la decisión siempre será desestimada configurándose el Congraciamiento 48 con el Poder Judicial, la cual es una patología donde “…el poder de
interferencia que un poder estatal tiene sobre las decisiones de otro, provoca que este ultimo adopte decisiones que considera pueden ser del agrado del primero…”. Así la mera posibilidad
de interferencia es lo que determina que un poder intente congraciarse con otro alineando sus decisiones con las preferencias de este último. Unido a lo anterior, ni la Asamblea Nacional 2010-2015, ni el Poder Ciudadano de esa fecha ni el actual, ejercieron sus respectivos controles en lo referente al Artículo 296 CRBV, en donde el Consejo Nacional Electoral no puede estar integrado por miembros vinculados a organizaciones con fines políticos. Así mismo sucedió (y sucede) con el Artículo 256 (CRBV) donde se niega rotundamente que “los magistrados, jueces, fiscales del Ministerio Público y defensores públicos, desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo político”.
47 Malem Sena, Jorge: Patologías de la división de poderes, DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 36 (2013), pp.
48 Ibidem, pp. 290
Brewer Carias anunció en su momento la desmantelación progresiva del principio de la separación de poderes, a pesar de su uso frecuente, por la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo al reducirlo a un simple principio de organización, pretendiéndole quitar su base garantista de la libertad, de los derechos fundamentales y de la democracia. Por lo tanto;
“No es difícil, por tanto, que ha sido precisamente por la ausencia de una efectiva
separación de poderes Venezuela, que la democracia haya sido tan afectada en la última década, período en le cual se ha producido un proceso continuo y sistemático de desmantelamiento de la democracia, mediante el proceso paralelo de concentración del poder, y que ha conducido, entre otro aspectos graves, al desmantelamiento de la autonomía e independencia del poder judicial en su conjunto, y en particular, al control político por parte del Ejecutivo nacional del Tribunal Supremo y de su Sala Constitucional, los cuales han sido puestos al servicio del autoritarismo,23 afectando su rol de garantes de la Constitución y de los derecho humanos…” 49
Visto desde el paradigma del sistema de control constitucional, el principio de división de poderes debe considerarse el como objetivo a lograr (output deseado), en caso contrario, todo proceso tendiente a desvirtuarlo y reducirlo a ser un mero instrumento técnico, maleable por el poder, permitirá su concentración en uno de los poderes del Estado, lo cual es el signo más característico de todos los autoritarismos.
LOS HECHOS OCURRIDOS A PARTIR DE LA ELECCIÓN DE LA NUEVA ASAMBLEA NACIONAL EN DICIEMBRE DE 2015.
El resultado electoral del 6 diciembre de 2915 reflejó que la Mesa de la Unidad (MUD) tuvo un total de 7.707.422 de votos (56,5%) y quedó sobrerrepresentada en la Asamblea Nacional con 67% de los curules (incluyendo la representación indígena), mientras la coalición del oficialismo, Gran Polo Patriótico (GPP), liderada por el PSUV, tuvo 5.599.025 de los votos (41,0%) y 33% de los curules. Las otras opciones, al margen de los dos grandes bloques políticos, recibieron .5% de la totalidad de los votos pero no tendrán representación en la Asamblea Nacional.
49 Brewer-Carías, Allan: Sobre la mutación del principio de la separación de poderes en la jurisprudencia constitucional, Revista de Derecho Público N° 132/2012 - 13-06-2013.pdf 201; Allan R. Brewer-Carías, Dismantling Democracy. The
Chávez Authoritarian Experiment, Cambridge University Press, New York 2010
El triunfo de la oposición representó un sismo político. El resultado final tras la más alta participación histórica en Venezuela del 74% de la población habilitada para votar en elección parlamentaria fue: 112 Diputados por la Oposición (Mesa Unidad Democrática) y 55 por las listas del régimen. Resultado abultado e incontrovertible que superó todas las encuestas y los mismos cálculos tanto del gobierno como de la oposición. Con artimañas, fuera de todo su aparato oficial y dinero el oficialismo había tenido éxito en elección anterior de 2011 --configurando a su amaño e interés las circunscripciones electorales de modo que el oficialismo obtuviera mayor número de diputados donde era minoritario en número de votos y viceversa, a la oposición se le redujeran sus diputados donde era fuerte--. Así se obtuvo un resultado claramente paradójico y contradictorio, pero persistente en la composición ventajista de la actual Cámara parlamentaria hasta ese 6 de diciembre 2015. Al conocerse y reconocerse oficialmente por el CNE la realidad electoral, casi todo el país reventó en alegría y festejos, que duraron todo el día lunes 7 con ejemplar disciplina y tolerancia, sin que hubiera que lamentar hechos violentos fuera de unos muy pocos pero controlados como fue la irrupción de un grupo de ´chavistas´ exaltados que interrumpió una mesa redonda de dos ex ministros del comandante Chávez que parecía estaban aceptando la “derrota” y sus errores cometidos. En términos institucionales, la mayoría calificada de los dos tercios lograda por la MUD le otorgó amplios poderes. En Tabla Nº 2 se observa claramente lo que se puede hacer con ese umbral, según la Constitución (CRBV):
Someter a referendo proyectos de ley en discusión por la Asamblea Nacional, si el referendo concluye en un sí aprobatorio (se necesita la concurrencia del veinticinco por ciento de los electores en el referendo), el proyecto correspondiente será sancionado como ley
Someter a referendo los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales
Admitir y modificar las Leyes Orgánicas. Las leyes Orgánicas son aquellas que se dictan para organizar los Poderes Públicos o para desarrollar los derechos constitucionales, así como las que sirvan de marco normativo a otras leyes. Las leyes que la Asamblea Nacional haya calificado de orgánicas serán remitidas, antes de su promulgación a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que éste se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico
Delegar poderes de Ley Habilitante al Presidente o Presidenta de la República, que podrá decretar con fuerza de ley
Artículo 203 y 236
Remover a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, previa audiencia concedida al interesado, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano
Escoger los titulares de los órganos del Poder Ciudadano (Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General) que sean propuestos a su consideración por parte del Comité de Evaluaciones de Postulaciones del Poder Ciudadano convocado por el Consejo Moral Republicano. En caso que no esté convocado el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, la Asamblea Nacional procederá independiente y asignará los titulares de los poderes dentro de los lapsos que define la Constitución
Tener la iniciativa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución, tampoco los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente
Aprobar una moción de censura al Vicepresidente Ejecutivo que implica su remoción por una votación no menor de las tres quintas partes de los integrantes de la Asamblea Nacional.
Aprobar la moción de censura a los Ministros, la cual implicará su remoción
Designar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral
El famoso escritor Mario Vargas Llosa, premio Nobel, conocido por sus comentarios políticos sobre países latinoamericanos, dedicó en su momento (“Venezuela libre”, 12 diciembre 2015, El País) a Venezuela tras las elecciones del 6 diciembre de 2015, en donde sentenció:
“…El chavismo y su arrogante etiqueta ideológica (“el socialismo del siglo XXI”), han comenzado a desmoronarse luego de las elecciones del domingo
pasado y la aplastante victoria de las fuerzas de oposición agrupadas en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Un viento de libertad corre ahora por la tierra venezolana, devastada por 17 años de estatismo, colectivismo, represión política,
demagogia y corrupción que han llevado a la ruina y al caos a uno de los países potencialmente más ricos del mundo…” “Aunque, como ocurre siempre con las alianzas en el seno de una
democracia, hay entre las fuerzas de oposición tendencias diversas, lo peor que podría ocurrirle a Venezuela en estos momentos es una querella interna en la MUD. Una oposición dividida sería un verdadero regalo de los dioses para el régimen chavista que, a consecuencia de la brutal derrota electoral que acaba de
recibir, comienza a dar síntomas de divisiones y discordias internas
... podría ocurrirle a Venezuela en estos momentos es una querella interna en la
Ante esta situación la Asamblea Nacional del período 2010-2015, en connivencia con el Poder Ciudadano y el Poder Judicial, designó 13 nuevos magistrados del TSJ en sesión extraordinaria, a través de un procedimiento calificado como un “fraude a la Constitución” por juristas y especialistas, quedando la Sala Electoral de dicho Tribunal
Supremo integrada en su totalidad por magistrados miembros del partido oficial (alguno, incluso recién nombrado, luego de ser candidato perdedor de dicho partido en las elecciones del 6 de diciembre) 50 y tras finalizar el período legislativo establecido en la Constitución, el 23 de diciembre de 2015 con la mayoría de los diputados del bloque del PSUV y sus aliados, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, en intento de golpe judicial electoral publica la sentencia de la Sala Constitucional Nº 1.758 de 22 de diciembre de 2015, al “interpretar” sobre la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional después del 15 de diciembre de 2015, “decretó” de antemano, como se lo había solicitado el Presidente de la Asamblea que terminaba su período constitucional el 4 de enero de 2016, la posibilidad inconstitucional de que el mismo se extendiera, sugiriendo que podía hasta ser más allá de esa fecha, hasta “el día inmediatamente anterior al que se instale la nueva Asamblea Nacional.” De esta manera la Sala Electoral que había entrado en vacaciones judiciales luego de las elecciones parlamentarias, resolvió como por arte de magia suspender “sus vacaciones para recibir los recursos del Partido Socialista Unido de Venezuela,” y proceder
a dar despacho “los días 28, 29 y 30 de diciembre;” todo ello a los efectos de admitir las
acciones interpuestas y proceder a decidir sobre los amparos cautelares y medida de suspensión de efectos, formulados contra los actos de votación de las elecciones de diputados, por miembros del partido de gobierno el día 28 de diciembre de 2015, ante la Sala Electoral, impugnando las elecciones parlamentarios en siete circuitos electorales en los cuales los candidatos a diputados de la oposición habían ganado por estrecho margen (Circunscripción 01 del estado Amazonas, la Circunscripción 02 en el estado Yaracuy, para la representación indígena de la región Sur y para la Circunscripción 02, 03 y 04 del estado Aragua), y el día 29 de diciembre de 2015, al impugnarse la totalidad de la elección de diputados en el Estado Amazonas. A pesar que los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática recusaron a los magistrados antes de dictar sentencia y dicha recusación fue ignorada en la misma 51 , el día siguiente, 30 de diciembre de 2015, la Sala Electoral del TSJ a través de la sentencia
50 En la Sala Electoral se designó como magistrado al ex diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Christian Zerpa. Véase en http://versionfinal.com.ve/politica-dinero/calixto-ortega-ychristian- zerpa-entre-magistrados-principales- del-tsj/. 51 “MUD recusó a magistrados de la Sala Electoral en el caso de impugnaciones,” en Beatriz Arias Contreras, El Nuevo País. Zeta, 30 de diciembre de 2015, en http://enpaiszeta.com/11669-2/
Nº 260 (Caso: Nicia Marina Maldonado Maldonado vs. Elecciones Estado Amazonas) la declaró procedente y ordenó como medida cautelar:
“…de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena en el proceso electoral realizado el 6 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas para elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional.”
La decisión afectó a tres diputados electos de la MUD en el estado Amazonas y uno del PSUV, hasta que se investiguen los hechos. Pero consecuencialmente se deduce de la
sentencia referida que la Sala Electoral lo que había hecho en la práctica, para lo cual
carecía de competencia, era “suspender la proclamación” de los cuatro (4) diputados electos
en el Estado Amazonas, que ya habían sido proclamados y gozaban incluso de inmunidad parlamentaria (art. 200 CRBV), por lo que así sea “provisionalmente” el Estado Amazonas quedó sin representación popular, lo que de por sí es contrario al principio democrático. Por ello, con razón, la Mesa de la Unidad Democrática calificó las impugnaciones formuladas
que originaron la sentencia como un “golpe judicial” contra la democracia venezolana,
considerando que con ello se buscaba poner en peligro la mayoría calificada que había logrado la oposición democrática en la Asamblea nacional. Sin embargo, a pesar de que lo que se pudo haber querido era arrebatarle para el momento de la instalación de la Asamblea Nacional, la mayoría calificada logró en las elecciones 112 diputados de un total de 167, frente a 55 del gobierno; si se hubiera acatado la viciada sentencia, la oposición quedaría “provisionalmente” con 109 diputados de un total de 163, frente a 54 del gobierno. Con este resultado la Asamblea Nacional debió comenzar por todos los medios constitucionales a restablecer el principio de separación de poderes en el país, abriendo la posibilidad de controlar el ejercicio del poder y evitar correr
el riesgo de que el oficialismo bloqueara sus actuaciones y detuviera la necesaria reconstrucción del régimen democrático, que fue lo que efectivamente ocurrió desde los primeros meses del año 2016 hasta el presente. En efecto, el 6 de enero de 2016, se juramentaron a los Diputados electos en el Estado Amazonas, en virtud de que los mismos habían sido debidamente proclamados por las autoridades electorales, hecho que se consideró desacato de la sentencia número 260,
emanada de la misma Sala Electoral, que nada menos declaró:
“nulos absolutamente los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se dictaren, mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos sujetos de la decisión N° 260 del 30 de diciembre de 2015 y del presente fallo.”
Para Brewer Carías era difícil de imaginar mayor conflicto entre los poderes públicos en Venezuela,
“…pues con la sentencia N° 1 de 11 de enero de 2016 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo, con falsa motivación y errada en derecho, simplemente se buscó paralizar al órgano legislativo. No hay otra forma de entender esta sentencia, por supuesto, que no sea entendiendo que en Venezuela no existía un sistema de gobierno basado en el principio de la separación de poderes, que ante todo exige que el órgano judicial sea realmente independiente y autónomo…” 52
En consecuencia, al controlar la oposición la nueva Asamblea Nacional, con un TSJ maleable al servicio del Ejecutivo y del partido de gobierno, comenzarían a decidir conforme a las peticiones del partido de gobierno, como ocurrió con la sentencia Nº 1 de la Sala Electoral, mediante la cual dicho Tribunal Supremo irrumpió contra la voluntad popular, desconociéndola y privó a un Estado de la República de representación en la Asamblea Nacional; la paralizó totalmente al declarar nulos todos sus actos pasados y futuros que pudieran haber sido o fueran dictados con los diputados cuestionados.
La sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo, en todo caso, por la parálisis inconstitucional que en la práctica provocó en el país al materialmente impedir que la Asamblea Nacional pudiera funcionar, condujo a que la misma, como órgano político, con el objeto de desbloquear la parálisis institucional impuesta, terminara aceptando la decisión de los diputados electos por el Estado Amazonas que se habían juramentado de dejar sin efecto
la juramentación que habían hecho. Ello ocurrió el realizarse una
sesión ordinaria de la Asamblea, en la cual se dejó sin efecto la juramentación de los tres diputados del Estado Amazonas.
52 Brewer-Carías, Allan: El desconocimiento judicial de la elección popular de diputados, Revista de Derecho Público, No. 145-146, (enero-junio 2016), Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2016, pp. 285- 318.
LA NATURALEZA Y CONVOCATORIA DE UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, SUS BASES COMICIALES Y DISTINTAS POSICIONES AL RESPECTO.
INTERPRETACIÓN LÓGICO LITERAL
Si el Ejecutivo pretende que el Decreto se justifique racionalmente ante todo aquél que la escuche o la lea; esto quiere decir, que sea comprensible y explicable a partir de su propia estructura lógico formal y de sus fundamentos de hecho y derecho; significa una adecuada y suficiente motivación del mismo, tal como lo exige un Debido Proceso y lo establecen nuestra norma constitucional y los stándares mínimos de derechos fundamentales reconocidos por la mayoría de declaraciones de derechos humanos y pactos internacionales. En ese orden de ideas, en la presente sección nos aproximaremos con los conceptos teóricos y técnicos esenciales, que nos ayuden adetectar si la decisión del Ejecutivo en el Decreto es lógica, es decir si se corresponde lógicamente con las premisas que se proponen como su sustento en un primer nivel denominado Justificación Interna, y otro segundo nivel denominado Justificación Externa, que tiene que ver con la corrección o fundamentación racional del contenido de las premisas usadas en la justificación interna 53 . De acuerdo con la lecturadel Decreto N° 2.830, las premisas menores (o fundamentos de hecho) establecidas en el mismo son lascircunstancias sociales, políticas y económicas actuales, en las que“… severas amenazas internas y externas de factores antidemocráticos y de marcada postura antipatria…”, se ciernen sobre el orden constitucional establecido; y las premisas mayores (o fundamentos de derecho) del Decreto N° 2.830 es, en primer lugar, el artículo 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 70, 236 numeral 1 y 347 ejusdem. En esta tarea, el Ejecutivo intenta hacer uso del SILOGISMO como estructura mínima de razonamiento lógico-formal, para lograr la JUSTIFICACION INTERNA o lógica de su decisión de “…convocar una ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE,
53 ALEXY, Robert: TEORIA DE LA ARGUMENTACION JURIDICA, Palestra Editores, Lima, 2010, pp. 306.
tomando como fundamento el proceso popular constituyente, Legado del Comandante Hugo Chávez, y la Constitución pionera y fundacional de 1999, para que nuestro pueblo, como Poder Constituyente Originario, exprese su férrea voluntad y máxima garantía de defensa de los sagrados derechos y logros sociales conquistados…” (subrayado nuestro).
De las premisas menores (o fundamentos de hecho)
De lo anterior se evidencia que el término “severas amenazas internas y externas”
sintetiza el conjunto de circunstancias que justifican el acto
(la convocatoria a una
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE). Sin embargo, en el Decreto estas amenazas en ninguna parte están enumeradas de forma sintética y sistemática, así como tampoco se hace referencia a la seguridad ciudadana establecida en el
artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que:
Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial. Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley. (Subrayado nuestro)
Tampoco hace referencia sobre la seguridad de la Nación establecida en la LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN (Gaceta Oficial Número:37.594 del 18- 12-02), la cual dictamina:
Seguridad de la Nación Artículo 2. La seguridad de la Nación está fundamentada en el desarrollo integral, y es lacondición, estado o situación que garantiza el goce y ejercicio de los derechos y garantías en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico,ambiental y militar de los principios y valores constitucionales por la población, las instituciones y cada una de las personas que conforman el Estado y la sociedad, con proyección generacional, dentro de un sistema democrático, participativo y protagónico, libre de amenazas a su sobrevivencia, su soberanía y a la integridad de su territorio y demás espacios geográficos.
Zonas de Seguridad Artículo 47. Se entiende por Zonas de Seguridad, los espacios del territorio nacional, que por su importancia estratégica, características y elementos que los conforman, están sujetos a regulación especial, en cuanto a las personas, bienes y actividades que ahí se encuentren, con la finalidad de garantizar la protección de estas zonas ante peligros o amenazas internas o externas. El Reglamento respectivo regulará todo lo referente a la materia.
Zona de Seguridad Fronteriza Artículo 49.
A los efectos de esta Ley, se entiende por Zona de Seguridad Fronteriza, un área delimitada que comprende una franja de seguridad de fronteras, así como una extensión variable del territorio nacional, adyacente al límite político territorial de la República, sujeta a regulación especial que estimule el desarrollo integral, con la finalidad de resguardar las fronteras y controlar la presencia y actividades de personas nacionales y extranjeras, quienes desde esos espacios geográficos, pudieran representar potenciales amenazas que afecten la integridad territorial y por ende la seguridad de la Nación.
En este mismo orden de ideas, en el Decreto se estipula que las severas amenazas internas y externas se ciernen sobre el orden constitucional, sin determinar lo que constituye tal amenaza, tales como por ejemplo la de disidentes violentos o grupos terroristas o las amenazas potenciales al desorden social que surgen de programas extremos contra ciertos grupos de la sociedad, tales como grupos étnicos particulares (generalmente llamados "discursos de odio") u otros países ("propaganda de guerra"); y lo más importante a considerar es el tipo y el alcance de la amenaza percibida contra la violación de los derechos humanos y civiles de libertad de conciencia, de expresión, de asociación y de reunión. Dadas estas imprecisiones acudiremos al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ( RAE 2001), libro al cual debemos referirnos cuando queremos saber fundadamente, en nuestra lengua española, el origen de una palabra o concepto, el cual señala que Amenaza se define como: i) Acción de amenazar; ii) Dicho o hecho con que se amenaza y iii). Delito consistente en intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de un mal grave para él o su familia. Ahora bien, Amenazar, verbo provenientedel concepto de amenaza se define como: i) Dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien y ii). Dar indicios de estar inminente algo malo o desagradable. De esta primera aproximación podemos deducir claramente lo siguiente: primero, que para que exista la amenaza debe haber una voluntad o un actor que está dispuesto a llevarla a cabo; segundo,que ese actor considera en ese acto producir un daño a otro actor, o al menos mostrar la intención de hacerlo; y tercero, que la amenaza no es banal sinoque tiene la intención de hacer o provocar un mal o daño grave, para el otro actor y
actoresrelacionados con él, lo suficientemente seria que se pueda percibir como una intimidación.
La Declaración de Bridgetown, adoptada en la Asamblea General de Junio del 2002
por la Organización de los Estados Americanos (OEA), reconoce los siguientes tres grupos de amenazas:
1. Las amenazas relacionadas con la seguridad convencional o defensa clásica, lo relativo al empleo de fuerzas militares en sentido tradicional de defensa, contra la agresión externa de un Estado. Este grupo incluiría las disputas territoriales, la agresión armada, la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otras.
2. Las amenazas a la seguridad: afectan de forma importante los niveles de seguridad de los Estados. Su tratamiento es a través del fortalecimiento de la democracia, de la gobernabilidad y del desarrollo económico y social. Como ejemplo: la pobreza extrema, la inestabilidad económica, la fragilidad de los gobiernos democráticos, los abusos contra los Derechos Humanos, las enfermedades endémicas, los desastres naturales, entre otros.
3. Las amenazas no tradicionales a la seguridad, se originan en actores no- estatales pero que constituyen un peligro que expone al Estado, a sus instituciones y a la ciudadanía a grandes riesgos, como, por ejemplo: el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción, el tráfico ilícito de armas, los niveles elevados de violencia e inseguridad pública.
Según nuestro Consejo de Defensa de la Nación (CODENA) las amenazas serían:
 Pobreza extrema
 Latifundio (inequidad en la Tenencia de tierra)
 Dependencia Agroalimentaria
 Corrupción
 Exclusión social
 Narcotráfico y crimen organizado
 Violencia social
 Confrontación entre Estados
 Intervención militar
 Golpes de estado, subversión, separatismo, conflicto regional
Ahora bien, el término “amenazas internas y externas” también podría encontrarse
disgregadas en los discursos del presidente y demás voceros de la iniciativa, enumeradas en los considerandos de los sucesivos decretos de estado de excepción y emergencia económica promulgados hasta el presente. Paso a enumerar, grosso modo, en particular las circunstancias políticas:
 La hostilidad de sectores privados de la economía nacional e internacional;
 El desconocimiento por parte de los partidos políticos opositores que hacen mayoría en la Asamblea Nacional de los restantes poderes públicos y sus reiterados intentos por defenestrarlos;
 La injerencia del gobierno de EE.UU. y otros países en la vida nacional;
 y, por último, la existencia de grupos criminales y paramilitares vinculados a
los mencionados factores de oposición, tanto externos como internos. De todo lo anterior, del Decreto se desprende que la situación ante la cual quiere responder la medida, es decir, la severas amenazas internas y externas, puede definirse como de hostilidad sobre el orden constitucional y a los poderes establecidos, sin determinar los actores (activos) dispuestos a llevarla a cabo, sin clasificar ni precisar la
magnitud de los actos de agresión, llevados a cabo por esos actores, que en adelante pueden ser calificados como enemigos o como sujetos fuera-de-ley, en contra de otro actor (pasivo) y actores (pasivos)relacionados con ellos y los cuales tampoco son determinados.
postura antipatria de
referirnos al concepto de Patria 54 , de lo cual Cabanellas nos dice que es:
Lugar, ciudad o nación en que se nace. El conjunto sagrado de la tierra, la historia, la vida presente y las nobles aspiraciones del país y del pueblo al que nos unen el nacimiento ola sangre de los padres. Políticamente, sinónimo de nación.
Ahora bien,al intentar establecer precisiones y límites al concepto de patria, entran en juego nociones y políticas que, incluso, pueden modificarse con los años. De acuerdo a ciertas posturas, la patria siempre está asociada a un Estado nación; esto es lo mismo que decir que el territorio de la propia nación está fuertemente vinculado con todos los valores de la patria 55 .
54 Cabanellas de Torres, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental EDITORIAL HELIASTA S.R.L
55 https://definicion.de/patria/
Pero estas nociones olvidan que la patria la conforman las personas que en ella viven y que sin personas no hay patria. Por tanto,
“…el patriotismo debe expresarse sobre todo en el cuidado y el bienestar de las personas que conforman una nación. Entender así la patria es consecuente con la prioridad que tiene la persona humana en la concepción cristiana de la vida. Y ello cambia la noción de lo que es patriótico. Y lo será todo lo que colabora para que un pueblo tenga vida y vida en abundancia; por el contrario, será antipatriótico todo aquel acto que atente contra la vida
de un pueblo…” 56
Tiene la patria su teología, como su teoría política y jurídica. En esto el cristianismo ha superado al mundo clásico, por cuanto los valores sobrenaturales superan a los meramente humanos y naturales. Así, León XIII enseñaba que el amor patrio no es obligación impuesta por la ley positiva, sino deber de la ley natural que ha de ser uno de nuestros principales afectos, que ha de llevarnos a defender el suelo natal hasta rendir la vida 57 .
El autor Argotti 58 expresa que el valor ético del patriotismo no consiste en defender la patria “por la defensa en sí misma”, sino cuando dicho patriotismo tenga un fin moral en
sí mismo, el cual consiste, por ejemplo, en la lucha por la reinvindicación de los derechos del pueblo soberano, tal como lo expuso Bolívar al señalar los objetivos de servir la
gloriosa carrera de las armas en función del pueblo: “…Yo sigo la carrera gloriosa de las armas sólo por obtener el honor que ellas dan; por libertar a mi patria; y por merecer las
bendiciones de los pueblos…” 59 Sin embargo, los personeros del gobierno promueven el patriotismo con valores bolivarianos, al afirmar que:
No se es patriota por capricho, porque retóricamente se proclame esa condición. Se es en condiciones en que es notable la diferencia con aquellos a los que el concepto no parece importarles y lo desprecian. La diferencia entre ser patriota y no serlo está en los hechos. En el comportamiento cotidiano. En la manera como se asumen ciertos valores. Es lo que definió con claridad en su extraordinaria intervención en la OEA la canciller Delcy Rodríguez. O se está de acuerdo con los valores que ella exaltó, que no son otros que los bolivarianos -compartidos por la mayoría de los venezolanos-, o con los antivalores que
56 http://uca.edu.sv/noticias/texto-555 57 https://revistas.upb.edu.co/index.php/upb/article/viewFile/3759/3351 58 Argotti Córcega, Hugo: Ética del Libertador Simón Bolívar, Edición Monte Ávila 2012 59 Carta escrita desde Mompox el 9 de febrero de 1815 a su amigo el Letrado Pedro Gual
denunció con lucidez y coraje. El dilema, a la luz de los hechos y de la actual realidad, es categórico: Patria o antipatria. 60
Visto lo anterior, estamos ante un concepto difuso, de carácter moral e ideológico y que en el Decreto no identifica y menos determina cuál sector de los actores agresivos (activos) es antipatria y en qué grado sus actos de agresión quebrantan el orden constitucional, manifestando más bien una retórica en la concepción sobre la estructura de la realidad en base a la ontología polar nación-antinación o antipatria y de marcada tendencia segregacionista.
Un proceso constituyente está en el origen de todo sistema verdaderamente democrático y tiene como fin una nueva constitución adaptada a las necesidades actuales de la población. El Proceso Constituyente, por definición, es general y amplio, con carácter deliberativo e inclusivo, y tiene como objetivo obtener una legitimidad democrática lo más amplia posible. Por ello, debe brindar a toda la ciudadanía las mayores opciones posibles para participar libre y democráticamente en todo el proceso, ya sea optando a candidato a la Asamblea Constituyente, influyendo en la elaboración de la nueva constitución o participando en la ratificación definitiva del texto constitucional. Visto de esta manera en el plano temporal, un proceso constituyente constaría de las siguientes etapas que pasamos a describir ordenadas cronológicamente.
Fase pre-constituyente
activos manifiestan y transmiten la necesidad de implementar cambios en la organización
política. En esta fase de concienciación pública, además de explicarse las causas del
descontento, deben contemplarse las características y la naturaleza del proceso que se
pretende iniciar así como sus pilares.
Fase decisoria / Activación del proceso
necesidad de establecer profundas reformas en el sistema político vigente de un país, sus
ciudadanos toman la decisión de promoverlas a través de un acto formal y específico con
características procedimentales consensuadas.
Fase de desarrollo del proceso constituyente
La fase de desarrollo del proceso constituyente es la más compleja. Establece un periodo
de debate donde los ciudadanos y los actores políticos reflexionen, deliberen y discutan
sobre las principales cuestiones a la hora de configurar esta nueva estructura político-
jurídica y sobre las diferentes metodologías para llevar a cabo los cambios deseados.
http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/05/18/patria-o-antipatria
Visto lo anterior y con apoyo en el criterio sistémico de interpretación, la Fase decisoria/Activación del procesodel proceso constituyente estaría conformado de acuerdo con la interpretación conjunta de los artículos constitucionales 348 y 347, en concordancia con el artículo 5 de la Constitución, norma que, extrañamente, no es invocada en el Decreto, tal como se muestra en la siguiente Figura N° 1:
El pueblo es el
soberanía y es
•Alude al poder
•Iniciativa de
•Convocar una
Figura N° 1 De acuerdo con la Figura N° 1, se establece lo siguiente:
 El artículo 348 solo puede interpretarse luego de la interpretación del artículo 347. Esto es lógico pues el artículo 348 es una norma procedimental que regula el ejercicio del artículo 347. Es decir, el artículo 348 regula el procedimiento a través del cual podrá solicitarse al pueblo que ejerza el derecho declarado en el artículo 347, es el pueblo quien “puede convocar una asamblea nacional constituyente”.
 Por lo tanto, el orden de los artículos responde a una clara decisión de la Constitución: otorgarle prioridad al artículo 347 sobre el artículo 348. Así, el artículo 347 regula quién convoca la asamblea nacional constituyente, y el artículo 348 regula el procedimiento para llevar a cabo esa convocatoria. Así, el artículo 347, al declarar el derecho del pueblo a convocar la asamblea nacional constituyente, parte del artículo 5 de la Constitución, que declara al pueblo como titular intransferible de la soberanía.
 Mientras que el artículo 347 regula la convocatoria de la asamblea nacional constituyente, el artículo 348 regula la “iniciativa” para tal convocatoria, o sea, la competencia para solicitar esa convocatoria.La diferencia entre “convocatoria” o ejercicio de un derecho, y la “iniciativa” para esa convocatoria, o lo que es igual, la
solicitud para que tal derecho sea ejercido, fue claramente tratada por la doctrina venezolana con ocasión al proceso constituyente de 1999 61 .
Visto de esta manera, es evidente que el Decreto confunde la “iniciativa” con la
“convocatoria”y no analiza cuál es la interpretación dada al artículo 348 CRBV. En todo caso, se parte de la interpretación según la cual dicho artículo, al otorgar a la Presidencia de la República en Consejo de Ministros la competencia para adoptar la iniciativa de convocar a la asamblea nacional constituyente, le permite decidir directamente la convocatoria de esa asamblea sin necesidad de consulta popular, lo que indica que tal interpretación del artículo 348 constitucional es errada, pues ignora la interpretación del artículo 347, en concordancia con el artículo 5 de la Constitución, por lo tanto, el Decreto N° 2.830 interpretó
erradamente el artículo 348 de la Constitución, al considerar que la “iniciativa para la convocatoria” de la asamblea nacional constituyente equivale al derecho a convocar tal asamblea.
De la conclusión del silogismo
De todo lo anterior se desprende la decisión establecida en el Decreto de “…convocar una ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, tomando como fundamento el proceso popular constituyente, no proviene de las premisas menores y mayores utsupra señaladas, ya que las primeras son imprecisas por su carácter ideológico, y las segundas son erradas, incurriendo en un argumento falaz para lograr que se acepte una conclusión apelando a las emociones del pueblo o de la mayoría, quienes independientemente de las razones aducidas (o sin ellas) se persuaden de aceptarla. Estamos en presencia de una Falacia de atinencia del tipo ad populum, cuya incorrección o invalidez está en que la conexión entre las premisas y conclusión no es lógicamente adecuada, no es pertinente, y la conclusión no se sigue o infiere de las premisas, pero, como toda falacia formal, se vuelven "convincentes", porque debido a la multifuncionalidad y emotividad del lenguaje, se logra una conexión psicológica entre las premisas y la conclusión como válida a pesar de que no proviene de esas premisas.
61 Escarrá, Carlos, Proceso político y constituyente: papeles constituyentes, Caracas, 1999, pp. 39 y ss.
Por lo tanto el Decreto esta infestado de un error del razonamiento y, por lo tanto, de la argumentación, lo cual lo hace nulo de nulidad total.
INTERPRETACIÓN POLITICO CONTEXTUAL (Semiótica)
El Decreto convoca una ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, “…tomando como fundamento el proceso popular constituyente, Legado del Comandante Hugo Chávez, y la Constitución pionera y fundacional de 1999, para que nuestro pueblo, como Poder Constituyente Originario, exprese su férrea voluntad y máxima garantía de defensa de los sagrados derechos y logros sociales conquistados…”(Subrayado nuestro)
De acuerdo con Piacenza 62 ,el Decreto incurre sin dificultad en las “paradojas pragmáticas” cuando pretende aplicar –y más aún, defender un orden jurídico político basado en una Constitución- y simultáneamente apela a la noción de poder constituyente originario (que presupone la inexistencia de talorden). En este sentido realizamos la pregunta al estilo del autor citado: ¿en qué medida el papel que desempeña la noción de poder constituyente originario presente en el Decreto afecta el valor de su decisión? De acuerdo con el planteamiento de Piacenza , el uso en un discurso del concepto de poder constituyente originario no es un puro sinsentido, ya que, intenta justificar, sobre la base de premisas provenientes en parte de la misma Constitución, artículo 348, en concordancia con los artículos 70, 236 numeral 1 y 347, una conclusión que le atribuye al cuerpo Ejecutivo una competencia constituyente originaria, produce una situación pragmáticamente paradójica, con lo cual es suficiente para descalificar dicho discurso desde el punto de vista argumentativo. Pues para que pueda reconocerse en alguna situación una competencia constituyente originaria es preciso que no se tenga por válido ningún
62 PIACENZA, EDUARDO: INTERPRETACIÓN JURÍDICA Y ARGUMENTACIÓN(y otros ensayos filosóficos) Universidad MetropolitanaCaracas, Venezuela, 2015
orden jurídico; pero, sin orden jurídico válido, no hay poder Ejecutivo, ni órganos jurisdiccionales ni derecho positivo. Este tipo de planteamiento argumentativo acaba con la intención político discursivo del proceso revolucionario que establece:
El poder constituyente luego de poner en vigencia una nueva constitución ya no entra en letargo ni en hibernación, porque teniendo la soberanía en su ser (Art.5º CRBV), el pueblo continua ejerciendo en todo momento su poder soberano, de modo que el poder constituyente originario no está nunca en un estado de letargo sino que permanecepermanentemente activado. Parece que la memoria de algunos reaccionarios académicos, abogados desprevenidos y políticos ignaros, no les da para recordar la constituyente educativa, la constituyente económica, la constituyente universitaria, pero además, el Proceso Constituyente que forma parte del Plan de la Nación para el período 2013-2019. En el 2012, no era llamar a una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna; el presidente Hugo Chávez decidió darle el nombre de Constituyente al proceso que consistía en "jornadas de debate del proyecto de la patria", en las que invitó a los sectores que "no son revolucionarios", a que participaran en el plan socialista. Informó además el comandante Hugo Chávez, que ese proyecto seria presentado ante la Asamblea Nacional, y dijo: "Vamos a utilizar el término constituyente, vamos a comenzar a utilizarlo porque es parte del proceso constituyente". Llamar a un proceso constituyente, no necesariamente debe entenderse que es para transformar el Estado, crear un nuevo orden jurídico o redactar una nueva Constitución, es para la puesta en marcha, en escena de actores que intervienen en campos de fuerzas, en escenarios sociales, culturales y políticos en un momento histórico transformativo de la República. Convocar a un proceso constituyente es activar un conjunto complejo de acciones, organizaciones, conductas, creencias, desplegadas con permanencia en el tiempo, para enfrentar situaciones de opresión, explotación, alienación o exclusión a las que puede ser sometido un actor colectivo, no es más que una acción colectiva con estabilidad en el tiempoy alto grado de organización orientada hacia la transformación social o de alguna de sus esferas; una respuesta a las tensiones o contradicciones especificas de la sociedad, de una comunidad. No es más que el portador del sentido histórico y es el principal agente de cambio y transformación social de un pueblo. 63
Visto de esta manera, el aporte en este sentido del escrito de Piacenza basándose en la obra de CARRIÓ 64 , hace evidente las falacias de las intenciones de facto del pensamiento antes transcrito y la ilegitimidad del Decreto N° 2.830, pues desconoce el derecho exclusivo del pueblo venezolano de decidir si quiere o no convocar a la asamblea nacional constituyente. Por el contrario, el Decreto considera que la Presidencia de la República en Consejo de Ministros puede imponerse al pueblo la decisión de convocar la
http://euclidesquevedoubv.blogspot.com/ 64 CARRIÓ, G. R., Notas sobre derecho y lenguaje (Buenos Aires: Abledo-Perrot, 1990
constituyente. Pues ello es lo que hace tal Decreto: impone al pueblo la convocatoria de la constituyente, impidiéndole decidir si en efecto quiere o no acudir a tal mecanismo
Balance Del Primer Año Del TC Del Perú
More From Rodolfo Quijada

References: artículo 5
 Artículo 5

Artículo 139
 Artículo 140
 artículo 259
 Artículo 10
 Artículo 274
 Artículo
222
 Artículo 9
 Artículo 296
 Artículo 256

Artículo 203
 artículo 348

artículo 55
 Artículo 2
 Artículo 47
 Artículo 49
 artículo 5
 artículo 348
 artículo 347
 artículo 348
 artículo 347
 artículo 348
 artículo 347
 artículo 347
 artículo 348
 artículo 347
 artículo 348
 artículo 347
 artículo 5
 artículo 347
 artículo 348
 artículo 348
 artículo 348
 artículo 347
 artículo 5
 artículo 348
 artículo 348