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Timestamp: 2019-02-17 05:35:16+00:00

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Juzgados (Proyectos Piloto)
Siguiendo el planteamiento de la Ley 1/2009 de 27 de febrero de Mediación Familiar, se entiende por mediación familiar el procedimiento extrajudicial de gestión de conflictos no violentos que puedan surgir entre miembros de una familia o grupo convivencial, mediante la intervención de profesionales especializados que, sin capacidad de decisión sobre el conflicto, les asistan facilitando la comunicación, el diálogo y la negociación entre ellos y ellas, al objeto de promover la toma de decisiones consensuadas en torno a dicho conflicto.
La mediación familiar tiene como finalidad que las partes en conflicto alcancen acuerdos equitativos, justos, estables y duraderos, contribuyendo así a evitar la apertura de procedimientos judiciales, o, en su caso, contribuir a la resolución de los ya iniciados.
¿En qué casos puedo solicitar la mediación familiar?
Ruptura de pareja (nulidad, separación, divorcio)
Reorganización de la familia como consecuencia de la situación anterior.
Atención y educación de hijos e hijas.
Reparto de cargas económicas para atender a hijas e hijos.
Atención y cuidados a personas en situación de dependencia.
También cuando se produzca un conflicto familiar entre personas relacionadas entre sí por cualquier grado de parentesco (hermanos mayores de edad, padres e hijos mayores de edad), para prevenir, simplificar o poner fin a un procedimiento judicial.
Andalucía es pionera en contemplar la mediación como una vía alternativa para quienes, habiendo sido objeto de adopción, deseen buscar sus orígenes y encontrase con su familia biológica.
NO será viable la mediación familiar en casos de violencia de género, expresamente prohibido por el art. 44.5 de la LO 1/2004.
¿Quiénes podrán solicitar la mediación familiar? Legitimación
Derecho al beneficio de la mediación gratuita
La mediación será gratuita para aquella parte que cumpla los requisitos económicos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, y demás normas aplicables.
Si alguna de las partes, o ambas, no estuviera contemplada en alguno de los supuestos anteriormente indicados, accederá a la mediación abonando las tarifas establecidas al efecto.
¿Dónde puedo solicitar una persona mediadora?
Tras la aprobación del Decreto 37/2012 de 21 de febrero que aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 1/2009, y que entra en vigor a los tres meses de su publicación en BOJA, la opción para solicitar mediación familiar e intergeneracional pasa por el Registro de Mediación Familiar.
El Registro de Mediación Familiar de Andalucía, según el art. 6.3. es definido como “un instrumento de conocimiento, ordenación, organización, control y publicidad de las personas mediadoras y de los equipos de mediación”. En este registro estarán inscritas tanto personas mediadoras individuales como equipos interdisciplinares. Por su carácter público, estará a disposición de aquellas personas que lo soliciten en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud y Bienestar Social.
También los Colegios Profesionales relacionados con el ámbito de la mediación familiar, esto es, Derecho, Psicología, Psicopedagogía, Sociología, Pedagogía, Trabajo Social o Educación Social u otras análogas, dispondrán de información sobre sus profesionales colegiados especialistas en mediación inscritos en el Registro.
La mediación por esta vía podrán solicitarla en:
Delegaciones provinciales de la Consejería de Salud y Bienestar Social (área de Bienestar Social).
Juzgados asignados en cada provincia (ver mapa recursos).
Del antiguo programa de mediación familiar e intergeneracional, que actualmente no está en vigor, aún hoy son referencia una serie de Entidades que colaboraron con la Administración, y que se especializaron en estos asuntos. En cada provincia son…(ver mapa).
¿Cómo solicitar una persona mediadora?
Tal y como establece el Decreto 37/2012 de 21 de febrero, se deberá tener en cuenta las siguientes situaciones:
El inicio del proceso de mediación puede iniciarse:
Cuando las dos partes interesadas estén de acuerdo.
Cuando sólo una parte realice la petición por iniciativa propia.
A propuesta del órgano judicial o los servicios públicos competentes.
Las personas que sean beneficiarias de la mediación familiar gratuita deberán tener reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita según la Ley 1/1996 de 10 de enero.
En general, para quienes hayan decidido recurrir a la mediación familiar, deberán realizar los siguientes trámites administrativos:
Presentar en el Registro de Mediación Familiar en la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la provincia de residencia habitual de las personas solicitantes o de una de ellas, la siguiente documentación:
Solicitud de designación de persona mediadora.
Solicitud de mediación familiar gratuita, si corresponde.
Documentación acreditativa personal (pendiente de Orden reguladora)
Presentar el Documento de Aceptación del proceso de mediación, en el caso de que una de las partes no haya suscrito la solicitud de designación de persona mediadora y está conforme
El Registro comunicará a las partes la propuesta de designación de la persona mediadora. Las partes disponen de 10 días hábiles para presentar alegaciones.
En el plazo no superior a 2 meses desde la fecha de la solicitud de designación, se notificará a las partes resolución de designación de la persona mediadora.
Si la persona mediadora se encuentra en algunas de las situaciones contempladas en el artículo 17 de la Ley 1/2009 de 27 de febrero, deberá abstenerse de participar en un proceso de mediación. O podrá ser recusada por alguna de las partes en conflicto. Los motivos de abstención y recusación son:
Haber realizado actuaciones profesionales a favor o en contra de alguna de las partes.
Que exista vínculo de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, amistad íntima o enemistad manifiesta entre la persona mediadora y una de las partes.
Que la persona mediadora tenga intereses económicos, patrimoniales o personales en el asunto tratado.
Reunión Unicial
La persona mediadora convocará a las partes en conflicto a una reunión inicial. Reunidas todas las partes, la persona mediadora les informará de:
Principios rectores de la mediación.
Características del procedimiento: duración, número de sesiones aproximadas, honorarios profesionales,…
Conveniencia de intervención de otros profesionales para la redacción de los acuerdos que se alcancen.
Las partes, en dicha reunión inicial expondrán:
Las cuestiones en conflicto.
Motivos por los que acuden a mediación familiar.
Tras esto, la persona mediadora determinará la pertinencia o no de que las partes se sometan al proceso de mediación, y en base a ello, se planificarán las sesiones necesarias.
Para finalizar la Reunión Inicial, se levanta Acta Inicial, donde constará:
Objeto de la mediación.
Aceptación por las partes de los principios y deberes de la mediación
Reconocimiento de la plena capacidad de obrar de las partes.
Voluntariedad de las partes para acceder a mediación.
Posibilidad de las partes de presentar quejas o sugerencias sobre el proceso de mediación a la Delegación Provincial competente.
El Acta Inicial será firmada por las partes en conflicto y por la persona mediadora como prueba de conformidad. Cada parte recibe una copia del acta inicial.
Articulo 25 Decreto 37/2012 de 21 de febrero
El Acta inicial supone el compromiso de las partes a iniciar el proceso de mediación según las pautas fijadas en la sesión.
La no comparecencia a una sesión o a todas, deberá tener causa justificada. De lo contrario, se levanta acta y se da por terminado el proceso de mediación, lo que se comunicará a las partes y a la Delegación Provincial competente.
En cada sesión que se celebre, se redactará un documento de asistencia con la fecha de la reunión y duración de la misma, con copia para las partes y para la persona mediadora.
Finalizado el proceso de mediación, la persona mediadora levantará Acta Final, que será firmada por las partes. El contenido de esta acta deberá tener, al menos:
Datos personales de las partes.
Número de sesiones celebradas.
Si se han alcanzado o no acuerdos.
Breve referencia a los acuerdos alcanzados.
Se les entregará a las partes una copia de esta Acta Final. Si una de las partes se negase a firmarla, la persona mediadora lo hará constar en el Acta.
Firmada el Acta Final, los acuerdos alcanzados son vinculantes, válidos y obligatorios para las partes que han intervenido. Estos acuerdos se formalizarán en un documento privado, que las partes firmarán y que la persona mediadora entregará una vez finalizado el proceso de mediación.
Art. 26 Decreto 37/2012 de 21 de febrero.
La persona mediadora realizará una previsión razonable de la duración del proceso, que no podrá exceder de 3 meses desde que se levante el Acta Inicial. Durante este periodo, las sesiones no serán más de 6 y su duración estará en torno a los 60 minutos.
El plazo previsto podrá ser prorrogado por la persona titular de la Delegación Provincial competente, mediante escrito razonado. La prórroga concedida no podrá exceder de 3 meses.
Artículo 27 Decreto 30/2012
El proceso de mediación podrá finalizar por las siguientes causas:
Acuerdo total o parcial de las partes.
Falta de acuerdo de las partes.
Desestimiento libre y voluntario de cualquiera de las partes en conflicto.
Renuncia de la persona mediadora.
Otras que contemple la ley o sus normas de desarrollo.
La persona mediadora comunicará a la Delegación Provincial competente la finalización del proceso debiendo remitir:
Copia del Acta Final.
Documentos acreditativos de asistencia a las sesiones de las partes.
Si el proceso finaliza por desestimiento de la persona mediadora, ésta lo deberá indicar expresamente en la información que remita al Registro de la Delegación Provincial competente.
A las personas mediadoras que atiendan casos de mediación familiar les será de aplicación el Decreto 72/2008 de 4 de marzo, que regula las hojas de quejas y reclamaciones.
http://www.csalud.junta-andalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/c_8_consumo/decreto_72_2008.pdf
La Ley 1/2009 de Mediación Familiar y el Decreto 37/2012 de 21 de febrero que aprueba el Reglamento de Desarrollo de esta Ley, regulan los derechos, deberes y compromisos de quienes pretendan ejercer la mediación en Andalucía. Destacamos los siguientes puntos:
Cualquiera no puede mediar en un proceso de estas características. Han de ser profesionales de disciplinas tales como Derecho, Psicología, Psicopedagogía, Trabajo Social, Sociología, Pedagogía, Educación Social o cualquier otra homóloga de carácter educativo, jurídico, social o psicológico.
Es necesario acreditar formación específica de posgrado en mediación familiar, impartida por las Universidades o ser homologada por éstas. El Reglamento (decreto 37/2012 de 21 de febrero) establece en el artículo 5 que deberán ser 300 horas, de las que 60 serán prácticas.
Las personas inscritas en el Registro deberán realizar formación continua con carácter trienal, de al menos 60 horas en materias relacionadas con la mediación familiar. Esta formación sí podrá ser impartida por Universidades, Colegios Profesionales y otras entidades públicas o privadas, previa aprobación del Consejo Andaluz de Mediación Familiar de los planes de formación presentados por estas entidades.
Para el ejercicio de la mediación familiar en Andalucía, la persona mediadora deberá estar inscrita en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía.
La persona mediadora, ya sea ejerciendo individualmente la profesión, o integrando un Equipo de mediación tiene los siguientes derechos y deberes:
Participar en un proceso de mediación.
Renunciar a iniciar un proceso de mediación, o una vez ya iniciado, si se aprecia falta de voluntad de las partes.
Percibir los honorarios o cuantías económicas correspondientes.
Recibir de las partes correspondientes una información veraz y completa.
Recibir asesoramiento del Equipo de mediación si así lo requiere.
Informar, antes de iniciar el proceso, a las partes de las características, finalidad, y coste económico.
Conducir el proceso de mediación facilitando la comunicación entre las partes, para alcanzar un acuerdo satisfactorio, dentro de la legalidad.
Ejercer conforme a la buena fe, la buena práctica profesional, y según establezcan las normas del colegio profesional al que pertenezca.
Velar en todo momento por el interés preferente de hijos e hijas menores y personas dependientes.
Propiciar que las partes tomen sus propias decisiones y desarrollen los acuerdos de forma satisfactoria, libre, voluntaria y exenta de coacciones.
Mantener la neutralidad e imparcialidad, respetando las posiciones de las partes y atender al principio de igualdad por razón de género.
Redactar, firmar y entregar a las partes el documento de aceptación, las actas y los justificantes de asistencia a reuniones.
Mantener la reserva y el secreto profesional respecto a los hechos conocidos en el proceso de mediación.
No está sujeto al secreto profesional:
Información que infiera hechos delictivos, amenazas para la integridad física de alguna de las partes o de quienes integren su núcleo familiar, estando obligado a informar a las autoridades.
Abstenerse de ofrecer a las personas en conflicto sus servicios fuera del campo de mediación, o ejercer funciones distintas.
La ley establece infracciones administrativas para todas aquellas acciones u omisiones tipificadas por la Ley, e imputables a las personas mediadoras en el ejercicio de la actividad profesional de mediación familiar, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, o de otro orden.
No comunicar al Registro las causas por las que no se inicia la mediación en casos de mediación gratuita.
No informar a las partes el coste económico de la mediación.
No facilitar a las partes una copia del documento de aceptación, justificantes de las sesiones y de las actas.
Otros contemplados según el artículo 16 de la Ley 1/2009.
Apercibimiento o amonestación por escrito.
Multa de hasta 300€
Abandonar la mediación sin causa que lo justifique.
Incumplir el deber de abstenerse cuando concurra causa de abstención.
La grave falta de respeto con las partes sometidas a mediación.
Excederse del plazo fijado por el reglamento sin causa que lo justifique.
Cometer la tercera falta leve en el periodo de un año.
No dar respuesta a las quejas o reclamaciones presentadas.
Incumplir la obligación de abstenerse de ofrecer a las partes asesoramiento fuera de la mediación.
Suspensión temporal para ejercer de entre 3 meses y 1 año.
Multa desde 301€ hasta 6000€.
Cobro de honorarios en mediaciones gratuitas.
Toda actuación que suponga discriminación por razón de sexo, raza, religión, lengua, lugar de nacimiento o cualquier otra circunstancia, de las partes sometidas a mediación.
El abandono de la mediación sin causa justificada, si además ocasiona un grave perjuicio para personas menores o dependientes implicadas en el proceso.
El incumplimiento del deber de confidencialidad, salvo en los supuestos contemplados por la ley.
El incumplimiento del deber de neutralidad e imparcialidad regulado por la ley.
La adopción de acuerdos manifiestamente contrarios a Derecho que causen grave perjuicio para la Administración o las propias partes.
Cuando haya sido sancionado con dos faltas graves en el periodo de un año.
Participar en mediación estando suspendido para ello, o ejercer sin estar inscrito en el Registro.
Realizar mediación en situaciones de violencia de género o malos tratos en una de las partes.
Suspensión temporal para ejercer de entre 1 año y 1 día y 3 años.
Multa desde 6.001€ hasta 15.000€
El Registro de Mediación Familiar de Andalucía
Con la entrada en vigor del Decreto 37/2012 de 19 de febrero, la puesta en marcha del Registro de Mediación Familiar en Andalucía regula la práctica profesional del ejercicio de la mediación familiar. Las novedades que presenta el Registro son:
El Registro tiene carácter administrativo. Orgánica y funcionalmente depende del Centro Directivo dependiente de la Consejería competente en materia de familias.
El Centro Directivo del que depende el Registro será el encargado de velar por su buen funcionamiento y coordinarse con las Administraciones Públicas, Colegios Profesionales, Universidades y demás entes privados y públicos de Andalucía.
El Registro será el instrumento de conocimiento, ordenación, organización, control y publicidad de las personas mediadoras inscritas en el mismo.
Los Colegios Profesionales podrán colaborar en la gestión del Registro. La Delegación Provincial les remitirá la información de los profesionales colegiados que están inscritos en el Registro.
El Registro está adscrito al Centro Directivo de la Consejería competente. Las funciones del Centro Directivo con respecto al Registro las siguientes:
Coordinación y supervisión del funcionamiento del Registro.
Recabar y elaborar información sobre la mediación familiar en Andalucía.
Velar por la calidad de la mediación familiar en el Comunidad Autónoma de Andalucía.
Son funciones de las Delegaciones Provinciales competentes en materia de familias:
Tramitar las solicitudes, reclamaciones o sugerencias que tengan relación con el Registro.
Resolver los procedimientos de inscripción, modificación y cancelación, así como llevar a cabo sus correspondientes asientos.
Realizar las anotaciones marginales correspondientes.
Recabar y elaborar información sobre la mediación familiar en sus respectivas provincias.
Remitir y facilitar a cada Colegio Profesional, previo convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades, información actualizada de las personas mediadoras colegiadas inscritas en el mismo y que figuren en el Registro.
La llevanza del sistema de turnos.
Emitir los certificados acreditativos de los asientos existentes previa solicitud de la persona interesada.
Realizar el seguimiento de los procesos de mediación familiar en sus respectivas provincias.
El Organización y funcionamiento del registro
El Registro se instalará en soporte informático.
La inscripción en el Registro tendrá una vigencia de 3 años a partir de la resolución de inscripción en el Registro. Será cancelada de oficio si antes de 2 meses de la finalización del periodo de vigencia la persona mediadora no acredita haber realizado formación continua de al menos 60 horas acumulables en mediación familiar.
Si la persona mediadora o un equipo mediador solicitan la baja del Registro, deberán hacerlo con un mes de antelación a la fecha prevista de la baja definitiva, y estará obligada a finalizar las mediaciones pendientes, salvo imposibilidad manifiesta.
Los datos contenidos en el Registro serán tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
Cómo inscribirse en el registro
En el Registro podrán efectuarse los siguientes tipos de asientos:
A cada persona o equipo que se inscriba inicialmente, le será asignado un NÚMERO ÚNICO E INVARIABLE en el Registro, que contendrá la siguiente información:
ASIENTO DE MODIFICACIÓN: aquellos que supongan una variación del contenido de los datos inscritos en el Registro.
Serán objeto de notas marginales en el Registro:
Formación Complementaria en materia de igualdad de género y formación específica en lenguaje de signos o en idiomas.
Iniciación de procedimientos sancionadores.
Archivo de procedimientos sancionadores iniciados.
Sanciones impuestas y su cancelación tras el cumplimiento de éstas.
Medidas cautelares o definitivas adoptadas en procedimientos
ASIENTO DE CANCELACIÓN:
Será objeto de cancelación la baja voluntaria o de oficio.
SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN para el Registro de Mediación Familiar:
Se presentarán en la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de familias.
Para la inscripción se deberá acreditar:
Documentación acreditativa de la formación y experiencia profesional en materia de mediación familiar.
El modelo de solicitud de inscripción será aprobado mediante Orden de la Consejería competente.
Modificación y cancelación registral
Las inscripciones del Registro podrán ser modificadas o canceladas a instancia de parte, o de oficio. Las personas inscritas en el Registro están obligadas a comunicar cualquier variación que se produzca con los datos que aparecen en el Registro. Las solicitudes de modificación y cancelación en el Registro se presentarán en la Delegación Provincial competente en materia de familias. Será una Orden la que desarrolle los modelos de solicitud y la documentación necesaria a aportar. Tanto para la modificación como para la cancelación, una vez presentado el modelo de solicitud, el plazo de la Delegación Provincial para notificar será de 3 meses desde la fecha de entrada en el registro.
La cancelación de la inscripción en el Registro se producirá por alguna de las siguientes causas:
Fallecimiento o declaración de incapacidad de la persona física.
Por cese de la actividad.
A petición de la persona mediadora inscrita.
Por incumplimiento sobrevenido de las condiciones o requisitos exigidos para la inscripción.
Por incumplimiento de los requisitos para prorrogar la inscripción.
Cualquier otra causa que determine la imposibilidad física o jurídica, de continuar en la prestación de la actividad.
La Delegación Provincial competente encargada del Registro de Mediación Familiar será la encargada de establecer un sistema de turnos para las personas mediadoras que lo soliciten, lo que les obligará a participar en los procesos de mediación salvo cuando exista causa de recusación o abstención.
La persona mediadora tendrá un plazo de 10 días hábiles para comunicar al Registro si puede iniciar o no el proceso de mediación familiar.
Si no pudiera iniciarlo o continuarlo, o no comunicara su disposición en el plazo establecido, la persona mediadora pasará a ocupar el último lugar en el correspondiente turno, pudiendo ser expedientada por ello.
OBLIGACIONES: las personas mediadoras inscritas en el Registro deberán comunicar a la Delegación Provincial competente la información que le sea solicita de forma periódica, a efectos estadísticos.
Publicidad y validez del registro de mediación familiar
Los datos inscritos se suponen auténticos y válidos. Serán públicos:
Formación específica en materia de género, lenguaje de signos, idiomas.
Despacho profesional o domicilio donde vaya a ejercer su actividad especificando si tiene acceso a personas con discapacidad
Teléfono profesional, dirección electrónica, número de fax.
Número de Inscripción en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía.
El acceso a los datos del Registro, así como la expedición de certificaciones sobre su contenido, se realizara previa solicitud por escrito a la Delegación Provincial de la Consejería competente.
El Consejo Andaluz de Mediación Familiar es un órgano colegiado de participación y colaboración, con facultades de decisión, consulta y supervisión en mediación familiar. El Consejo tiene como funciones principales:
Elaborar una memoria anual de la situación de la mediación familiar en Andalucía.
Promover el desarrollo, seguimiento y evaluación de los objetivos relacionados con la mediación familiar.
Impulsar las actuaciones y medidas que fomenten el desarrollo y mejora continua de la mediación familiar en Andalucía.
Promover la participación de las personas usuarias, así como de las entidades y organismos andaluces implicados en la prestación y control de calidad de los servicios.
Conocer e informar los proyectos normativos de la Consejería competente en materia de mediación familiar.
Aunar criterios de actuación en relación con la aplicación del Código Deontológico de la persona mediadora, infracciones e imposición de sanciones y actualización de tarifas.
Conocer, asesorar e informar sobre los criterios a seguir para que los cursos de formación en mediación cumplan los requisitos adecuados y las garantías de calidad.
Promover el desarrollo de programas, actividades y campañas informativas y de formación sobre mediación familiar.
Aprobar los planes de formación continua presentados por las entidades públicas y privadas.
El Pleno del Consejo estará compuesto por:
La persona titular de la Consejería competente en materia de familias.
14 vocalías distribuidas de la siguiente forma:
7 Vocalías en representación de la Administración Autonómica.
3 Vocalías en representación de las Universidades Públicas de Andalucía.
3 Vocalías en representación de los Colegios Profesionales relacionados con el ámbito educativo, social, psicológico o jurídico.
1 persona en representación de las personas mediadoras.
El Pleno se reúne de forma ordinaria con periodicidad anual y de forma extraordinaria cuando así lo solicite un tercio de sus miembros o la persona que lo presida.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 17

Artículo 27
 artículo 5
 artículo 16
e contrario
 resolución