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Timestamp: 2020-01-21 05:24:07+00:00

Document:
Registro Oficial. 29 de MAYO del 2002
Miércoles 29 de Mayo del 2002
\n 2655 Autorizase la celebración\n de un contrato de préstamo a suscribirse entre el Banco\n del Estado y el Centro de Reconversión Económica\n del Azuay, Cañar y Morona Santiago, CREA, destinado a\n financiar el proyecto de fortalecimiento institucional del CREA,\n en el monto, términos y condiciones financieras señaladas\n
\n 0405 Apruébase la Ordenanza\n Municipal que delimita el perímetro urbano de la cabecera\n cantonal de EI Carmen, provincia de Manabí
\n 137 Determinase las especificaciones\n técnicas del banano que se exporta dentro de la caja
\n AGD-025/2002 Modificase la Resolución\n No. AGD- 039, publicada en el Registro Oficial No. \n 306 de 26 de octubre de 1999
\n 02 236 Refórmase el Reglamento\n de Descuentos para Grandes Impositores, publicado en el Registro\n Oficial No. 36 de 15 de marzo del 2000
\n 0452 Amplíase el plazo \n señalado en el inciso segundo del artículo 213\n del Reglamento para la Aplicación de la Ley de \n Régimen Tributario Interno, para la entrega del\n informe de cumplimiento de las obligaciones tributarias\n correspondientes al ejercicio económico del año\n 2001 por parte de los auditores externos hasta el 17 de\n junio del 2002.
\n CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TENA:
\n Acta\n de discernimiento de investidura de Fe Pública,\n otorgada al señor Notario del cantón\n La Joya de los Sachas, abogado Juan José Escobar\n Taipe
\n 29 Municipalidad del Cantón\n Saraguro en contra del auto dictado por el Tribunal Distrital\n de lo Contencioso Administrativo
\n 30 Francisco Domínguez Recalde\n en contra del IESS
\n 31 Edgar Alfonso Wilca Logroño\n en contra del Ministro de Educación
\n 32 Claudio Rodrigo Cerón\n Hinojosa en contra del IESS
\n 33 Armando Galiano Pérez\n en contra del IESS
\n 34 Elba Margoth Robalino Cevallos\n en contra del IESS
\n 35 Mauro Miguel Noboa Urresta en\n contra del IESS
\n 36 María Vaca Romero de Córdova\n en contra del IESS
\n 37 Ignacio Mena Lucero en contra\n del IESS
\n 39 Enma Beatriz Cazorla Zúñiga\n en contra del IESS
\n 40 Luis Panchi Núñez\n en contra del IESS
\n 41 Gladys Zapata Campaña\n en contra del IESS
\n 277-2001-RA No admitir la\n acción planteada por Fanny Leonor Delgado Quesada \n por improcedente
\n 638-2001-RA Revócase la resolución\n pronunciada por el Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de\n Guayaquil y deséchase la acción de amparo propuesta\n por el señor Angelito Veluz Raflores
\n 856-2001-RA Confirmase la \n resolución subida en grado y concédese la\n acción de amparo constitucional propuesta por el doctor\n José Salvador Mena Soto
\n 978-2001-RA Revócase la resolución\n emitida por el Tribunal de instancia y niégase el amparo\n solicitado por el señor Aguirre Otero José Antonio\n y otros
\n 001-2002-TC Recházase la \n demanda de inconstitucionalidad presentada por el \n señor Teófilo Chalá Lara
\n 002-2002-TC Deséchase la \n demanda de inconstitucionalidad total por el fondo del\n Decreto Ejecutivo No. 2132 que contiene el Reglamento \n sustitutivo del Reglamento expedido mediante Decreto\n Ejecutivo No. 1227 de 19 de marzo de 1998, presentado\n por el señor Edison Washington Yandún\n Narváez
\n 053-2002-RA Revócase la resolución\n subida en grado y deséchase la acción de amparo\n constitucional propuesta por el abogado Manolo Javier Vásconez
\n Cantón Pedro Moncayo: Que\n reforma el Reglamento del Fondo de Caja Chica
Cantón\n Pedro Moncayo:\n Que reglamenta el pago de beneficios para los servidores \n que cumplen funciones administrativas remuneradas por el \n presupuesto de la Municipalidad
\n Cantón Pedro Moncayo: Que\n creen la Comisión Permanente relacionada a la Mujer y\n la Familia
\n Cantón Pedro Moncayo: Que\n reglamenta el funcionamiento del Comité Permanente de\n Fiestas
\n Juicio de expropiación seguido\n por el Municipio de Riobamba en contra de Ana Santillán\n Olens vda. de Mancero y otros (3ra. publicación).\n \n
No.\n 2655
Que mediante Decreto Legislativo de 7 de noviembre de 1958,\n publicado en el Registro Oficial No. 698 de 23 de diciembre de\n 1958, se creó el Centro de Reconversión Económica\n del Azuay, Cañar y Morona Santiago, CREA;
Que mediante Ley No. 2000-13, publicada en el Registro Oficial\n No. 60 de 18 de abril del 2000, el H. Congreso Nacional expidió\n la Ley Sustitutiva del Centro de Reconversión Económica\n del Azuay, Cañar y Morona Santiago ­CREA-, estableciéndose\n que es una institución de derecho público, con\n personería jurídica y recursos propios;
Que en virtud de la disposición transitoria segunda\n de la Ley No. 2000-13 el Directorio del CREA en sesión\n celebrada el día 10 de abril del 2001 en la ciudad de\n Cuenca resolvió iniciar un proceso de reestructuración\n del CREA para el fortalecimiento institucional y aprobó\n el cronograma de trabajo para el efecto;
Que con la finalidad de financiar el proceso de fortalecimiento\n institucional del CREA, su Director Ejecutivo, mediante oficio\n No. 000918 de 14 de agosto del 2001, solicitó el otorgamiento\n de un crédito al Banco del Estado, BEDE;
Que el Directorio del Banco del Estado, mediante Resolución\n No. 2001-DIR-102 de 29 de octubre del 2001, aprobó la\n concesión de un préstamo a favor del Centro de\n Reconversión Económica del Azuay, Callar y Morona\n Santiago -CREA-, hasta por el monto de US$ 836,000.00, destinado\n a financiar el Proyecto "Fortalecimiento Institucional del\n CREA"
Que la Procuraduría General del Estado, mediante oficio\n No. 20738 de 20 de noviembre del 2001, emitió dictamen\n favorable con respecto a la celebración del contrato de\n crédito antes mencionado;
Que la Subsecretaría de Crédito Público,\n mediante memorando No. SCP-2002-0056 de 14 de febrero del 2002,\n de conformidad con lo dispuesto en el Art. 12 del Reglamento\n para los Contratos de Deuda Pública Interna, publicado\n en el Registro Oficial No. 131 de 25 de febrero de 1985, emitió\n el informe correspondiente;
Que el inciso tercero del Art. 124 de la Ley de Régimen\n Monetario y Banco del Estado señala que los contratos\n de crédito que celebre el Banco del Estado con las instituciones\n del sector público, requerirán únicamente\n del dictamen favorable de la Procuraduría General del\n Estado;
Que el Ministro de Economía y Finanzas (E), ha expedido\n la Resolución No. 017 de 22 de febrero del 2002, autorizando\n la celebración del contrato de préstamo a suscribirse\n entre el Banco del Estado y el Centro de Reconversión\n Económica del Azuay, Callar y Morona Santiago -CREA-,\n por el monto de basta US$ 836,000.00 destinado a financiar el\n Proyecto de Fortalecimiento Institucional del CREA; y,
En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 18 del\n Art. 171 de la Constitución Política de la República\n y el Art. 16 de la Ley Sustitutiva del Centro de Reconversión\n Económica del Azuay, Callar y Morona Santiago -CREA-,\n publicada en el Registro Oficial No. 60 de 18 de abril del 2000,
Art. 1.- Autorizar la celebración de un contrato de\n préstamo a suscribirse entre el Banco del Estado, en calidad\n de Prestamista; el Centro de Reconversión Económica\n del Azuay, Callar y Morona Santiago -CREA-, en calidad de Prestatario;\n y, el Banco Central del Ecuador como Agente Fiduciario, por el\n monto de US$ 836,000.00 destinado a financiar el Proyecto de\n Fortalecimiento Institucional del CREA, en el monto, términos\n y condiciones financieras señaladas a continuación:
PRESTAMISTA:	Banco del Estado.
PRESTATARIO:	El Centro de Reconversión Económica\n del Azuay, Cañar y Morona Santiago (CREA).
OBJETO:	Financiar el Proyecto "Forta-lecimiento Institucional\n del CREA".
MONTO:	Hasta por US$ 836,000.00.
INTERES:	12.5% reajustable trimestralmente a partir de la\n fecha de
\n entrega del primer desembolso.
INTERES POR	1.1. veces la tasa de interés
\n MORA:	vigente en el Banco del Estado, durante la semana en que\n se
\n haga exigible el pago del dividendo.
COMISION DE	Uno por ciento (1%) anual sobre
\n COMPROMISO:	los saldos no desembolsados, de acuerdo con la Resolución\n del
\n Directorio del Banco del Estado No. 93-BdE-26 de 18 de marzo
\n de 1993.
PLAZO:	Tres años (3), en el que se incluye uno de gracia,\n contados
\n a partir de la fecha de la entrega del primer desembolso.
PLAZO MÁXIMO	Tres meses (3), contados a partir
\n PARA LA ENTREGA	de la fecha de suscripción del
\n DEL PRIMER	contrato de préstamo y
\n DESEMBOLSO:	fideicomiso.
PLAZO MÁXIMO	Ocho meses (8), contados a
\n PARA LA ENTREGA	partir de la fecha de entrega del
\n DEL ULTIMO	primer desembolso.
FORMA DE PAGO:	Fideicomiso de las rentas necesarias del CREA\n para
\n satisfacer el pago de la totalidad de las obligaciones contraídas.
FRECUENCIA DE LA	Trimestral (cada 90 días) y en
\n AMORTIZACION:	cuotas fijas.
Art. 2.- El servicio de amortización, intereses y demás\n costos financieros del préstamo que se autoriza celebrar\n por el articulo 1 de este decreto ejecutivo, lo realizará\n el Centro de Reconversión Económica del Azuay,\n Cañar y Morona Santiago, CREA, con cargo a sus propios\n recursos, para lo cual, en el respectivo contrato fideicomisará\n en el Banco Central del Ecuador todas sus rentas actuales y futuras\n necesarias que permitan el pago total y oportuno de las obligaciones\n que contrae.
Art. 3.- El Banco del Estado en calidad de Prestamista, realizará\n un adecuado control de las inversiones efectuadas con los recursos\n que se entreguen con cargo al contrato que se autoriza celebrar\n mediante este decreto ejecutivo.
Art. 4.- A más de las disposiciones que constan en\n este decreto ejecutivo, formarán parte del contrato de\n préstamo el Informe de Evaluación No. 2001-45-SC-1645\n de 23 de octubre del 2001, así como las condiciones, obligaciones\n y responsabilidades establecidas en la resolución de la\n Gerencia General del Banco del Estado No. 96-GGE-032 de 26 de\n marzo de 1996, en lo que no se oponga a la Resolución\n No. 2001-DIR-102, expedida el 29 de octubre del 2001 por el Directorio\n del Banco del Estado.
Art. 5.- Suscrito el contrato, se cumplirá con lo dispuesto\n en el Art. 119 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control, y en el Art. 15 del Reglamento para los\n Contratos de Deuda Pública Interna.
Art. 6.- De la ejecución del presente decreto, que\n entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguese al señor Director\n Ejecutivo del CREA.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 17 de mayo del 2002.
Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f) Marcelo Santos\n Vera, Secretario General de la Administración Pública.
N0 0405
Que, el señor Alcalde de la I. Municipalidad de El\n Carmen, provincia de Manabí mediante oficio N0 0255-IMEC-AHC\n de 28 de agosto del 2001, remite para la aprobación ministerial\n la Ordenanza Municipal que delimita el perímetro urbano\n de la cabecera cantonal de El Carmen;
Que, el I. Concejo Cantonal de El Carmen en sesiones ordinarias\n de 9 y 22 de agosto del 2001, expide la ordenanza que delimita\n el perímetro urbano de la cabecera cantonal de El Carmen;
Que, del análisis realizado por la Dirección\n Nacional de Asuntos Seccionales de este Portafolio, con oficio\n N0 0385-AS de 5 de octubre del 2001, considera procedente aprobar\n la mencionada ordenanza, toda vez que se ha cumplido con, los\n requisitos legales que establece la Ley de Régimen Municipal;\n y,
En ejercicio de la delegación conferida por el señor\n Ministro de Gobierno, Policía y Municipalidades, mediante\n Acuerdo Ministerial N0 1403 de 3 de octubre del 2000; y, en uso\n de la facultad que le confiere el numeral 37 del Art. 64 de la\n Ley de Régimen Municipal,
ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Ordenanza Municipal que delimita\n el perímetro urbano de la cabecera cantonal de El Carmen,\n provincia de Manabí, expedida en sesiones ordinarias de\n 9 y 22 de agosto del 2001.
ARTICULO SEGUNDO.- Se dispone adjuntar al presente acuerdo\n ministerial una copia debidamente certificada de la ordenanza\n aprobada, constante en 4 fojas útiles, así como\n remitir al Registro Oficial para su publicación.
Dado en la sala del despacho, en Quito, a 5 de noviembre del\n 2001.
f.) Maximiliano Donoso Vallejo, Subsecretario de Gobierno.\n Certifico que es fiel copia del original.
I. MUNICIPALIDAD DEL CANTON EL CARMEN
Que, la gestión administrativa de la I. Municipalidad\n debe estar basada en la planificación de carácter\n integral y participativa para promover un desarrollo físico\n y socio económico armónico de su cabecera cantonal;
Que, el objetivo de limitar el área urbana es el de\n consolidar las áreas que en los últimos años\n se han ido configurando, a fin de propiciar un crecimiento intensivo\n de la ciudad, pero al mismo tiempo definir sus áreas de\n crecimiento mediato e inmediato;
Que, es necesario establecer técnicamente los límites\n urbanos de la cabecera cantonal de El Carmen para efectos de\n la aplicación del plan regulador, desarrollo y crecimiento\n de la urbe indicada de una manera armónica, integral y\n de acuerdo con las normas técnicas de planeamiento y urbanismo;
Que, esa acción permitirá frenar hechos especulativos\n sobre el suelo, además de planificar adecuadamente la\n dotación y distribución de las obras de infraestructura,\n servicios y equipamiento urbano;
Que, para la elaboración de la presente ordenanza municipal,\n se cuenta con el asesoramiento técnico y legal de la Dirección\n Nacional de Asunto Seccionales del Ministerio de Gobierno;
Que, la comisión especial a la que hace referencia\n en el inciso segundo del Art. 315 de la Ley de Régimen\n Municipal, se ha pronunciado favorablemente; y,
El Ilustre Concejo Cantonal de El Carmen, en uso de las facultades\n previstas en el Art. 64 numerales 36 y 37 de la Ley de Régimen\n Municipal,
LA SIGUIENTE ORDENANZA QUE DETERMINA EL PERIMETRO URBANO DE\n LA CABECERA CANTONAL DE EL CARMEN.
Art. 1.- Los limites de la cabecera cantonal de El Carmen,\n son los siguientes:
AL NORTE.- Del punto No. 1, ubicado en la intersección\n del curso del no Suma, con el meridiano geográfico que\n pasa por la unión del camino que conduce a la casa de\n hacienda Roque en la vía El Carmen - Flavio Alfaro; el\n curso del río Suma, aguas arriba, hasta el punto No. 2,\n ubicada en el cruce de la calle 4 de Diciembre; de este cruce,\n continúa por la calle referida al Norte, en una distancia\n de 100 metros aproximadamente, hasta la unión de la prolongación\n de la calle No. 1, en el punto No. 3; de este punto, continúa\n por la prolongación de la calle indicada en la dirección\n Este, hasta intersecar la paralela Occidental a la calle Carlos\n Alberto Aray, que está a 30 metros de su eje, en el punto\n No. 4. de este punto, continúa por la última paralela\n referida, en dirección Norte en tina distancia aproximada\n de 290 metros, basta la unión de la calle "A"\n (que constituye el lindero Norte de la lotización Chérrez),\n en el punto No. 5; de esta unión, continúa por\n la calle "A" en una distancia de 250 metros aproximadamente,\n hasta intersecar con el lindero Oriental de la lotización\n Chérrez, en el punto No. 6; de este punto, el lindero\n antes indicado, en dirección Sur, en una distancia aproximada\n de 420 metros, hasta intersecar el curso del río Suma,\n en el punto No. 7; continúa por el curso del río\n Suma, aguas arriba, hasta su unión con la calle Atenas,\n en el punto No. 8; de esta unión, continúa por\n la calle Atenas 'en dirección Norte, con una distancia\n de 400 metros aproximadamente, hasta el punto No. 9 (punto que\n constituye el vértice Nor-Occidental del predio de la\n lotización "Vivienda Popular Jesús del Gran\n Poder"); de este punto, sigue por el lindero Norte de la\n lotización "Vivienda Popular Jesús del Gran\n Poder" en una distancia aproximada de 300 metros, hasta\n la calle 37, en el punto No. 10; de este punto, continúa\n por la calle 37 en dirección Sur, en una distancia aproximada\n de 350 metros (límite Oriental de la lotización\n Vivienda Popular Jesús del Gran Poder) hasta el limite\n Norte de la lotización Carmenses en Lucha, en el punto\n No. 11; continúa por el lindero Norte de la última\n lotización indicada en dirección Este y en una\n distancia aproximada de 250 metros, hasta el punto No. 12; que\n es el vértice Nor-Oriental de la lotización Carmenses\n en Lucha; de este vértice, un meridiano geográfico\n al Sur, hasta intersecar, el curso del río Suma, en el\n punto No. 13; de dicha intersección, sigue por el curso\n del río Suma, aguas arriba, hasta la afluencia del río\n Suma Grande, en el punto No. 14.
AL ESTE.- Del punto No. 14, un meridiano geográfico\n al Sur, hasta intersecar el curso del río Esperanza Chico,\n en el punto No. 15; de esta intersección, el curso del\n estero La Esperanza Chico, aguas abajo, hasta intersecar con\n el lindero Nor-Oriental de la lotización "Manuel\n Antonio Restrepo Mejía", en el punto No. 16; de esta\n intersección, continúa por el lindero Oriental\n de la lotización antes referida, en dirección Sur,\n hasta intersecar el curso del río La Esperanza, en el\n punto No. 14.
AL SUR.- Del punto No. 17, continúa por el curso del\n río Esperanza, aguas abajo, en una distancia de 340 metros\n aproximadamente, hasta el punto No. 18, que constituye el vértice\n Sur-Occidental de la lotización "Manuel Antonio Restrepo\n Mejía"; de este vértice, sigue por el lindero\n Occidental de dicha lotización al Norte, hasta intersecar\n con la alineación Sur de la avenida Chone, (que posteriormente\n constituye la vía a Santo Domingo de los Colorados) que\n pasa a 500 metros de su eje, en el punto No. 19; de dicha intersección\n continúa por la paralela Sur referida al Oeste, hasta\n intersecar con el lindero Oriental de la lotización Roger\n en el Punto No. 20; de esta intersección continúa\n por el lindero de la última lotización indicada\n al Suroeste y en una distancia de 200 metros hasta el punto No.\n 21, que constituye el vértice Suroriental de la lotización\n Roger; de este vértice continúa por el límite\n Sur de dicha lotización, su prolongación hasta\n intersecar con el camino que conduce a la localidad San Luis\n de Cajones, en el punto No. 22; de esta intersección continúa\n por el camino referí do al Sur, hasta la unión\n del callejón "R", en el punto No. 23; de dicha\n unión, continúa por el callejón "R"\n hasta la unión de la calle Eugenio Espejo, en el punto\n No. 24; de esta unión sigue por la alineación Sur\n paralela a la avenida 3 de Julio, que pasa a 360 metros de su\n eje, hasta intersecar la calle García Moreno (límite\n Oriental de la lotización Manabí Libre), en el\n punto 25; de esta intersección, continúa por la\n calle García Moreno, en dirección Sur hasta el\n punto No. 26, que es vértice Sur-Oriental de la lotización\n Manabí Libre; de este vértice, continúa\n por el límite Sur de la lotización Manabí\n Libre, en dirección Oeste, hasta intersecar con la calle\n Latacunga en el punto 27; de esta intersección, una alineación\n con rumbo Sur 83 grados Oeste, hasta intersecar el camino que\n conduce al recinto La Esperanza en el punto No. 28; de dicha\n intersección, una alineación al Nor-Oeste hasta\n la unión de la calle No. 41, en el camino que conduce\n al sitio Venado, punto No. 29.
AL OESTE.- Del punto No. 29, continúa por la calle\n No. 41, al Nor-Oeste, hasta su intersección con el estero\n Vainita (1), en el punto No. 30; de esta intersección,\n una alineación al Nor-Oeste hasta el punto No. 31, que\n constituye el vértice de los linderos Oriental y Sur de\n la Cooperativa de Vivienda Unión Popular, de este vértice,\n continúa por el lindero Sur de la Cooperativa de Vivienda\n Unión Popular a una distancia aproximada de 550 metros,\n hasta el punto No. 32, que es el vértice Sur-Occidental\n de la Cooperativa de Vivienda Unión Popular; de este vértice\n continúa por el lindero Occidental de la Cooperativa de\n Vivienda Unión Popular en un distancia aproximada de 950\n metros, hasta intersecar el curso del estero Dominguito, en el\n punto No. 33; de dicha intersección continúa con\n el estero referido, aguas abajo, hasta el cruce con la calle\n 19, en el punto No. 34; de este cruce, sigue por la calle No.\n 19, al Sur-Occidental, hasta la intersección de la paralela\n Sur de la calle "P" que pasa a 200 metros de su eje,\n en el punto No. 35; de dicha intersección, continúa\n por la paralela señalada al Nor-Occidente, hasta intersecar\n el callejón 26-A, en el punto No. 36; de este punto continúa\n el callejón señalado al Norte, hasta su cruce con\n el estero Dominguito, en el punto No. 37; de este punto continúa\n por el curso del estero Dominguito, aguas abajo, hasta la afluencia\n del estero "4 de Diciembre" en el punto No. 38, de\n esta afluencia una alineación al Nor-Oeste, hasta intersecar\n el camino que conduce a la hacienda Roque, en el punto No. 39,\n ubicado a 500 metros al Sur de su unión de la calle "E"\n (carretera que conduce a Chone); de dicha intersección\n continúa por el camino señalado en dirección\n Norte, hasta intersecar con el límite Sur de la lotización\n San Carlos, en el punto No. 40; de dicha intersección,\n continúa por el lindero Sur de la lotización San\n Carlos, en un distancia aproximada de 50 metros, hasta el punto\n No. 41 que es el vértice Sur-Occidental de la lotización\n San Carlos; de este vértice continúa por el lindero\n Occidental de la lotización San Carlos, hasta intersecar\n con la calle "E" (carretera que conduce a Chone), en\n el punto No. 42; de dicha intersección, continúa\n por la carretera señalada en dirección al centro\n urbano "El Carmen" en una distancia aproximada de 80\n metros, hasta la unión con el camino de ingreso que conduce\n a la hacienda Roque, en el punto No. 43; de esta unión,\n un meridiano geográfico al Norte, hasta intersecar el\n curso del río Suma, en el punto No. 1.
Art. 2.- Formará parte de la presente ordenanza municipal\n como documento habilitante el plano de la ciudad en el que se\n encuentran replanteados los limites de áreas urbanas de\n la ciudad de El Carmen.
Art. 3.- La presente ordenanza entrará en vigencia\n a partir de la aprobación por parte del Ministerio de\n Gobierno y su publicación en el Registro Oficial.
Dado y firmado en la sala de sesiones del 1. Concejo Cantonal\n de El Carmen, en la provincia de Manabí a los nueve y\n veintidós días del mes de agosto del año\n dos mil uno.
f.) Lcdo. Calixto Eloy Garcés Rodríguez, Vicepresidente\n del Concejo.
f.) Ab. Geomer Luzuriaga Briones, Secretario del Concejo.
CERTIFICACION.- El suscrito Secretario del Concejo, certifica\n que la Ordenanza que determina el perímetro urbano de\n la cabecera cantonal de El Carmen, provincia de Manabí,\n que antecede fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal\n de El Carmen en las sesiones del nueve y veintidós de\n agosto del año dos mil uno.- Lo certifico.
El Carmen, agosto 22 del 2001.
VICEPRESIDENTE DEL I. CONCEJO.- El Carmen, 23 de agosto del\n 2001; a las 15h00.- Conforme lo dispone el Art. 128 de la Ley\n de Régimen Municipal, remítase la presente ordenanza\n municipal en tres ejemplares al señor Alcalde, para su\n sanción, toda vez que se han observado y cumplido los\n requisitos y procedimientos legales correspondientes.-Cúmplase.
ALCALDIA DE EL CARMEN.- El Carmen, agosto 27 del 2001, a las\n 10h00.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos\n 72, numeral 31, y 129 de la Ley de Régimen Municipal,\n y una vez que se han cumplido con los requisitos y formalidades\n legales sanciona el presente proyecto de Ordenanza que determina\n el perímetro urbano de la cabecera cantonal de El Carmen,\n promúlguese de conformidad con el Art. 133 del mencionado\n cuerpo legal.
f.) Sr. Hugo B. Cruz Andrade, Alcalde.
Proveyó y firmó el decreto de sanción\n anterior, el señor Hugo Benjamín Cruz Andrade,\n Alcalde de El Carmen, en el lugar y fecha señalado.- Lo\n certifico.
El Carmen, agosto 27 del 2001.
LOS MINISTROS DE AGRICULTURA Y GANADERIA\n Y DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACION, PESCA Y COMPETITIVIDAD
Que el mercado del Cono Sur es de vital importancia para la\n industria bananera del país;
Que es menester actualizar las normas técnicas y los\n requisitos de calidad requeridos para exportar a ese mercado;
Que es función del Estado preservar el prestigio y\n la calidad de la fruta hacia los principales mercados de exportación,\n y,
En uso de las atribuciones legales constitucionales,
Art. 1.- Determinar que las especificaciones técnicas\n del banano que se exporta dentro de la caja 22XUCS son las siguientes:
Fruta:	Verde, fresca, limpia, se aceptará manchas de\n hojas y cicatrices leves siempre que no afecten la pulpa de la\n fruta.
Grado:	39-48.
Longitud:	7 1/2 pulgadas mínimo.
Peso:	Máximo 21,81 kls. netos (48 libras).
Saneo:	4 clusters máximo,
Filas:	5 (cinco).
Corte:	Que no exceda las 24 horas del día de embarque.
Art. 2.- Las cajas que se exporten deberán ser embaladas\n en cajas nuevas con la marca registrada por el exportador al\n igual que los sellos en los dedos.
Art. 3.- El presente acuerdo entrará en vigencia desde\n la fecha de su promulgación, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial. Eliminase todo acuerdo que se oponga\n al presente.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 7 de mayo del\n 2002.
f.) lng. Galo - Plaza Pallares, Ministro de Agricultura y\n Ganadería.
Fecha:	8 de mayo del 2002.
N0 AGD-025/2002
EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA DE GARANTIA\n DE DEPOSITOS AGD
Que mediante oficio Nro. 20510 de 31 de octubre del año\n 2001, el señor Procurador General del Estado ha emitido\n su opinión sobre la consulta propuesta por la AGD, en\n tomo a la aplicación de la Resolución Nro. AGD-039,\n publicada en el Registro Oficial Nro. 306 de 26 de octubre de\n 1999;
Que el Art. 21 reformado de la Ley de Reordenamiento en Materia\n Económica en el Area Tributario Financiera, publicada\n en el Registro Oficial Nro. 503 de 28 de enero del 2002, establece\n que los derechos de la AGD, como acreedor garantizado subrogado\n tendrán preferencia en la prelación para el pago\n sobre cualquier otro acreedor de la liquidación de la\n institución financiera cuyos pasivos garantizados hubieren\n sido pagados;
Que el Art. 25 del mismo cuerpo legal establece la posibilidad\n de que la AGD, requiera al liquidador la transferencia anticipada\n de recursos; y,
En base al informe de Asesoría Jurídica de la\n AGD, constante en el memorando Nro. AGD-AJ-02- 153 de 4 de marzo\n del 2002,
Art. 1.- Reemplazar el texto del Art. 5 de la Resolución\n Nro. AGD-039, publicada en el Registro Oficial Nro. 306 de 26\n de octubre de 1999, por el siguiente:
"La AGD podrá exigir a la IFI que se encuentra\n en proceso de saneamiento, que proceda a devolverle en forma\n anticipada los valores que hubiere recibido en concepto de garantía\n de depósitos. Este valor se contabilizará en una\n cuenta por pagar a favor de la IFI, la misma que se liquidará\n el momento en que ésta entre en proceso de liquidación\n al ejercer la AGD, el derecho que tiene de conformidad con lo\n dispuesto en los Arts. 21 y 25 de la Ley de Reordenamiento en\n Materia Económica en el Area Tributario-Financiera, publicada\n en el Registro Oficial Nro. 503 de 28 de enero del 2002".
Dada en la ciudad de Guayaquil, el 28 de marzo del año\n dos mil dos.
f) Dr. Carlos Julio Emanuel, Ministro de Economía y\n Finanzas, Presidente del Directorio, AGD.
Proveyó y firmó la Resolución que antecede,\n el Dr. Carlos Julio Emanuel, Ministro de Economía y Finanzas,\n en su calidad de Presidente del Directorio de la Agencia de Garantía\n de Depósitos AGD, el 28 de marzo del 2002, lo certifico.
f) Dr. Carlos Arsenio Larco V., Secretario del Directorio.\n AGD.
N°\n 02 236
Que la Empresa Nacional de Correos es una entidad de derecho\n público, con personería jurídica, con patrimonio\n propio, presupuesto especial y autonomía administrativa\n y financiera y que de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1494, publicado\n en el Suplemento del Registro Oficial N0 321 de 18 de noviembre\n de 1999, emitido por el señor Presidente Constitucional\n de la República, mediante el cual dispone la delegación\n de los servicios postales actualmente a cargo de la Empresa Nacional\n de Correos a la iniciativa privada y la supresión de la\n misma encargándose de este proceso al Consejo Nacional\n de Modernización del Estado, CONAM
Que de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 4 del mencionado\n Decreto Ejecutivo N0 1494, la Empresa Nacional de Correos deberá\n continuar operando y ejerciendo la representación postal\n oficial del Estado, hasta que culmine el proceso de delegación;
Que la Empresa Nacional de Correos desarrolla sus actividades\n en un mercado postal dinámico y altamente competitivo\n ante lo cual es imprescindible otorgar a los clientes confianza\n en el servicio e igualdad de condiciones para que puedan acceder\n al mismo;
Que el Reglamento de Descuentos para Grandes Impositores,\n publicado en el Registro Oficial N0 36 de 15 de marzo del 2000,\n exige en su Art. 14 el otorgamiento de una garantía de\n cobro inmediato del cliente para la institución, lo que\n ha constituido una trabo para la comercialización de este\n servicio, debido a la negativa por parte de los clientes en otorgar\n una garantía de cobro inmediato;
Que de acuerdo con lo establecido en el Art. 27 de la Ley\n General de Correos, la institución puede aplicar la jurisdicción\n coactiva para cobrar las obligaciones no canceladas a ella; y,
Art. 1.- Reformar el Reglamento de Descuentos para Grandes\n Impositores, publicado en el Registro Oficial N0 36 de 15 de\n marzo del 2000, sustituyendo únicamente el Art. 14 por\n el siguiente:
"Art. 14.- Las obligaciones que no fueren canceladas\n por los clientes, serán cobradas aplicando la jurisdicción\n coactiva otorgada a la Empresa Nacional de Correos con arreglo\n a las disposiciones de la Ley General de Correos, Código\n de Procedimiento Civil y demás normas Reglamentarias".
Dado y firmado en la ciudad de Quito, a los 15 días\n del mes de mayo del año 2002.
f) Lcdo. Jorge F. Canelos V., Secretario General, Empresa\n Nacional de Correos.
EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE\n RENTAS INTERNAS ENC.
Que el Art. 213 del Reglamento de Aplicación de la\n Ley de Régimen Tributario Interno señala que los\n informes de los auditores externos sobre el cumplimiento de obligaciones\n tributarias de las sociedades, deben ser presentados hasta el\n 31 de mayo de cada año o en los plazos especiales establecidos\n por el Servicio de Rentas Internas;
Que mediante Resolución N0 0989, publicada en el Registro\n Oficial N0 484 de 31 de diciembre del 2001, la Dirección\n General del Servicio de Rentas Internas expidió el instructivo\n y los formatos a que los que deben sujetarse los informes del\n incumplimiento de obligaciones tributarias elaborados por los\n auditores externos;
Que quienes ejercen funciones de auditoria externa han expresado\n a esta Administración Tributaría, su predisposición\n de cumplir con la presentación de los informes de obligaciones\n tributarias del ejercicio económico 2001; sin embargo,\n han solicitado que se amplíe el plazo para la presentación\n de los mismos;
Que es deber de la Administración Tributaria facilitar\n a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias\n y deberes formales; y,
Art. 1.- Ampliar el plazo señalado en el inciso segundo\n del artículo 213 del Reglamento para la Aplicación\n de la Ley de Régimen Tributario Interno, para la entrega\n del informe de cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes\n al ejercicio económico del año 2001 por parte de\n los auditores externos hasta el 17 de junio del 2002.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n a 20 de mayo del 2002.
f) Renato Pérez E., Director General del Servicio de\n Rentas Internas, Enc.
Es fiel copia del original, lo certifico.
H. CORTE\n SUPERIOR DE JUSTICIA DE TENA
ACTA DE DISCERNIMIENTO DE INVESTIDURA\n DE FE PUBLICA, OTORGADA AL SEÑOR NOTARIO DEL CANTON LA\n JOYA DE LOS SACHAS, ABOGADO JUAN JOSE ESCOBAR TAIPE.
En la ciudad de Tena, a los quince días del mes de\n mayo del año dos mil dos, siendo las once horas, el señor\n doctor Hernán Barros Noroña, Presidente (e) de\n la H. Corte Superior de Justicia de Napo, - procede a discernir\n la Investidura de Fe Pública en favor del señor\n abogado Juan José Escobar Taipe, nombrado Notario Público\n del Cantón La Joya de los Sachas, por haber cumplido con\n todos los requisitos que manda la ley, esto es, haber ganado\n el Concurso de Merecimiento y Oposición, ser ecuatoriano\n en ejercicio de los derechos de ciudadanía, tener acreditado\n idoneidad por lo que, habiendo cumplido con lo dispuesto en el\n Art. 4, sustitutivo del Art. 10 de la Ley Notarial, queda investido\n de la Fe Pública, por lo que comuníquese al señor\n Presidente de la Excma. Corte Suprema de Justicia, para que ordene\n se publique la autorización legal en el Registro Oficial\n por una sola vez. Para constancia, firman en unidad de acto el\n señor Presidente, el señor Notario y señor\n Secretario Relator que certifica.
f.) Dr. Hernán Barros Noroña, Presidente (e)\n de la H. Corte Superior de Justicia de Napo.
f) Ab. Juan José Escobar Taipe, Notario del cantón\n Sacha.
f) Ab. Manuel Paredes Mero, Secretario Relator.
El suscrito certificas Que la foja que antecede es copia igual\n a su original, la que reposa en archivo de esta Secretaría\n General.- San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, mayo\n 20 del 2002.
f) Dr. Fernando Ortiz Bonilla, Secretario General, Corte Suprema\n de Justicia.
Quito, a 5 de febrero del 2002; las\n 10h00.
VISTOS (123-2001): Víctor Oswaldo Torres Sigche y el\n Dr. Angel Manuel Uchuary, en sus respectivas calidades de Alcalde\n y Procurador Sindico de la Municipalidad del Cantón Saraguro\n interponen recurso de hecho contra el auto dictado por el Tribunal\n Distrital de lo Contencioso Administrativo de Cuenca el cual\n rechaza el recurso de casación interpuesto por los recurrentes.\n El recurso se funda en la causal tercera del artículo\n 3 de la Ley de Casación y aduce que en la sentencia recurrida\n existe falta de aplicación de los preceptos jurídicos\n aplicables a la valoración de la prueba y de los artículos\n 192 de la Ley de Régimen Municipal y 42 del Reglamento\n Orgánico Funcional de la Municipalidad demandada. Establecida\n la competencia de esta Sala para conocer y resolver el presente\n recurso y habiéndose agotado el trámite previsto\n en la ley, para sentencia se considera: PRIMERO. -El recurso\n de casación, según la doctrina y la ley, se contrae\n a conocer y resolver posibles errores en derecho que pudiesen\n existir en la decisión impugnada; de no ocurrir este presupuesto\n elemental, el Tribunal de Casación no puede conocer el\n fondo del asunto y. en consecuencia le corresponde desechar la\n pretensión.- SEGUNDO.- Es criterio reiterativo vinculante\n de esta Sala que durante un proceso que se encamina a impugnar\n un acto administrativo, como el presente caso, no sólo\n hay que mencionar el fundamento de derecho que, a su criterio\n tuvo el administrador para proceder como lo hizo, sino que además\n debe probarse la existencia de los hechos que configuren la causal\n jurídica de la acción administrativa.- TERCERO.-\n La Sala Casacional admitió al trámite el presente\n recurso de hecho con el propósito de analizar el fundamento\n del recurso de casación, ante lo cual se observa: a) La\n acción en la que se fundamenta la petición de la\n demandante es de plena jurisdicción o subjetiva por cuanto\n persigue reivindicar los derechos subjetivos que según\n la actora le han lesionado ¡mediante' el acto administrativo\n impugnado; b) Del análisis del acto administrativo emanado\n del Cabildo demandado se desprende que éste tuvo sustento\n legal en el articulo 42 del Reglamento Orgánico Funcional\n de la ilustre Municipalidad del Cantón Saraguro que textualmente\n prevé: "Todos los caraos de la Municipalidad del\n Cantón, son de libre remoción, las reformas a este\n Reglamento Orgánico Funcional, se establecerán\n mediante Acuerdo Municipal, previa consulta a las diferentes\n Dependencias Municipales", (lo subrayado es de la Sala).\n La disposición transcrita constituye no solo un atentado\n a la estabilidad de los servidores públicos que laboran\n en la Municipalidad del Cantón Saraguro, sino que violenta\n el ordenamiento jurídico establecido en la República,\n toda vez que en éste se garantiza el "principio de\n estabilidad de los servidores públicos"; es por eso\n que el artículo 124 de la Constitución Política\n de la República en vigor, garantiza la estabilidad de\n todos los servidores públicos del país y solo como\n excepción aquellos que hállense dentro del régimen\n de libre nombramiento y remoción; y, c) Para abundar en\n el tema, el artículo 90 de la Ley de Servicio Civil y\n Carrera Administrativa señala expresamente cuales son\n los puestos de libre nombramiento y remoción, dentro de\n los cuales el Jefe de Avalúos y Catastros.- CUARTO.- No\n hay duda de que la Municipalidad demandada debe tomar en cuenta,\n además, el principio de legalidad que es la columna vertebral\n de la actuación administrativa, sin el que sucumbiría\n el ordenamiento jurídico que es garantía de convivencia\n dentro de todo régimen social de derecho. Jurídicamente\n cuatro son las condiciones que el distinguido doctrinante Roberto\n Dromí señala en el Procedimiento Administrativo,\n Pág. 61: 1) delimitación de su aplicación\n (reserva legal). 2) ordenación jerárquica de sujeción\n de las normas a la ley. 3) determinación de selección\n de normas aplicables al caso concreto. 4) precisión de\n los poderes que la norma confiere a la administración.-\n QUINTO.- Del texto legal y de la doctrina se infiere claramente\n que ni el Cuerpo Edilicio ni el Burgomaestre de la Municipalidad\n del Cantón Saraguro acataron el ordenamiento legal establecido\n en la República, tornándose por ende su decisión\n en un acto injuridico, sin ningún sustento legal. Cierto\n es que las municipalidades del país gozan de autonomía,\n no de soberanía y están sujetas a la normativa\n jurídica vigente. El análisis efectuado permite\n concluir que constitucional y legalmente en la resolución\n impugnada el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo\n de Cuenca no ha violentado ninguno de los preceptos legales que\n se enuncian en el escrito de Interposición del recurso\n de casación interpuesto. Por estas consideraciones y por\n cuanto el recurso de casación intentado por la institución\n vencida carece de fundamento legal, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN\n NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza\n el recurso de hecho interpuesto y concedido para trámite\n a los recurrentes Víctor Oswaldo Torres Sigche y Dr. Angel\n Manuel Uchuary, por los derechos que representan. Notifíquese,\n publíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Luis Heredia Moreno, José Julio Benítez\n Astudillo y Marcelo Icaza Ponce, Ministro Jueces y Conjuez Permanente\n de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema\n de Justicia.
RAZON: Las dos copias que anteceden son iguales a su original.-\n Quito, a 11 de marzo del 2002.
f) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario encargado de la Sala\n de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia:
Quito, a 6 de febrero del 2002; las\n 09h00.
VISTOS (105-01): Guido Rodas Zúñiga debidamente\n autorizado por el Director General (e) del Instituto Ecuatoriano\n de Seguridad Social interpone recurso de casación contra\n la sentencia dictada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso\n Administrativo de Cuenca dentro del juicio seguido por Francisco\n Domínguez Recalde en contra de la entidad representada\n por el recurrente; sentencia en la cual se acepte la demanda.\n Funda su recurso en la causal primera del Art. 3 de la Ley de\n Casación por errónea interpretación de la\n norma constante en el Art. 126 de la Ley de Servicio Civil y\n Carrera Administrativa. Habiéndose establecido la competencia\n de la Sala para conocer y resolver el recurso propuesto con oportunidad\n de la calificación del recurso, presupuesto procesal que\n no ha variado y una vez agotado el trámite establecido\n por la ley, es procedente que se dicte sentencia, a efecto de\n lo cual se hacen las siguientes consideraciones: PRIMERO.- El\n recurso de casación interpuesto se contrae a impugnar\n la interpretación errónea del segundo inciso del\n Art. 126 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n el que textualmente dispone: "Igualmente prescribirán\n en el plazo de sesenta días la acción de la autoridad\n para imponer las sanciones disciplinarias que contempla esta\n Ley y las sanciones impuestas en cada caso. El plazo previsto\n en el inciso primero de este artículo se contará\n desde la fecha en que se hubiere notificado al servidor público\n la resolución que considere le perjudica. El previsto\n en el inciso segundo correrá desde la fecha en que la\n autoridad tuvo conocimiento de -la infracción o desde\n que se decretó la sanción". Ahora bien, de\n autos aparece que el Director General del IESS tuvo conocimiento\n de la infracción imputable al recurrente, mediante oficio\n N0 31.100.099 de 9 de febrero del 2000, en tanto que la sanción\n disciplinaria de destitución fue acordada el 7 de junio\n del 2000, es decir que transcurrió en exceso el plazo\n de sesenta días que tenía la autoridad para imponer\n la más grave de las sanciones disciplinarias contempladas\n en el Art. 62 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n cual es la destitución.- SEGUNDO.- El recurrente en su\n escrito de interposición del recurso de casación\n sostiene que existió fuerza mayor por la toma física\n del edificio donde funcionan las oficinas de la Dirección\n Regional 3 del IESS, lo que imposibilitó la continuación\n del trámite del sumario administrativo en contra del recurrente.\n Al respecto bien dice el Tribunal "a quo" que la prescripción\n dé la acción prevista en el Art. 126 de la Ley\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa, no está sujeta\n a las interrupciones contempladas en el Código Civil,\n cuyas liornas regulan el derecho privado, por lo que las mismas\n no pueden ser aplicables al caso que nos ocupa, por cuanto se\n trata de derecho público.- TERCERO.- Los tratadistas de\n derecho procesal administrativo sostienen unánimemente\n que la caducidad, (que debería ser la terminología\n apropiada utilizada por nuestra Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa ya que en realidad se trata de una caducidad),\n no puede suspenderse ni interrumpirse por causal alguna, porque\n su fatalidad responde al ¡motivo objetivo señalado\n y no a razones subjetivas. Es así como el profesor colombiano\n Carlos Betancur Jaramillo, da algunos ejemplos al respecto: "No\n se interrumpe por la interposición de un recurso inadecuado,\n ni por la imposibilidad física del titular del derecho\n para accionar, ni por incapacidad del mismo titular cuyo representante\n fue negligente" ("Derecho Procesal Administrativo",\n Señal Editora, Medellín, 1994, p. 136). El señalamiento\n de un plazo con carácte

References: artículo 213
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 213
 artículo 124
 artículo 90
 resolución