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Timestamp: 2018-12-13 09:11:01+00:00

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﻿ Sentencia T-660 de septiembre 4 de 2014
SENTENCIA T-660 DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:ENTES DEPORTIVOS –FACULTADES PARA DEDUCIR DE PREMIOS DE LOS DEPORTISTAS LOS PORCENTAJES PARA CANCELAR CUOTAS DE FUNCIONAMIENTO. LOS ENTES DEPORTIVOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE PUEDEN SOLICITAR A SUS DEPORTISTAS EL PAGO DE CUOTAS ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS DE FUNCIONAMIENTO, CUANDO SEAN APROBADAS Y ORDENADAS EN SU CUANTÍA EXACTA POR LAS RESPECTIVAS ASAMBLEAS GENERALES. NO OBSTANTE, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ORDENAR A LOS DEPORTISTAS DEDUCIR DE LOS PREMIOS OBTENIDOS EN COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES PORCENTAJES PARA LA CANCELACIÓN DE DICHAS CUOTAS, PUESTO QUE LA ENTREGA DE ESOS ESTÍMULOS SE REALIZA INTUITU PERSONAE, ES DECIR, EN ATENCIÓN A LA PERSONA Y AL LOGRO PERSONAL E INDIVIDUAL, POR LO TANTO NO EXISTE COMPETENCIA DE UNA LIGA DEPORTIVA PARA EXIGIRLE AL CLUB O AL DEPORTISTA DIRECTAMENTE EL PAGO DE PORCENTAJES DE PREMIACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A LA RECREACIÓN, TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO AL DEPORTE, DEPORTISTA PROFESIONAL, SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA, ASOCIACIONES DEPORTIVAS, ORGANIZACIÓN DEPORTIVA, EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, MIEMBROS DEL CLUB DEPORTIVO
REVISTA TUTELA N°:181 DE ENERO DE 2015, PÁG.96
Sentencia T-660 de septiembre 4 de 2014
Ref.: Expediente T-4340987
El 12 de febrero de 2014, el señor Mauricio Arenas Castillo, deportista paralímpico en la modalidad de “billar de pie”, promovió acción de tutela contra la Liga de Deportes en Silla de Ruedas de Boyacá (en adelante Lidesboy), al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y al mínimo vital, debido a que esa entidad decidió arbitrariamente y sin previa notificación, desafiliarlo del Club Deportivo Phoenix, por no cumplir con el pago de una cuota anual extraordinaria para el funcionamiento de la liga, que debía ser deducida del premio recibido por el accionante en los “III Juegos Paranacionales Cúcuta 2012”. Por este motivo, solicitó que por vía de tutela se ordene a Lidesboy permitirle continuar con sus entrenamientos y así poder participar en los futuros juegos paralímpicos nacionales e internacionales(1), que le corresponden.
1. Lidesboy mediante Resolución 03-CAPB12 del 7 de marzo de 2012, decidió que, para los años en que se realicen los Juegos Paralímpicos Nacionales, los clubes deportivos afiliados a dicha liga, deben cancelar una cuota anual extraordinaria que corresponde al 10% del valor total que sumen todos los premios obtenidos por sus correspondientes deportistas en esas justas, que actualmente se celebran cada tres años(2).
2. Con fundamento en lo anterior, en comunicación del 10 de diciembre de 2012 dirigida al accionante, el Presidente de Lidesboy, luego de expresarle una felicitación y exaltación al accionante por los altos logros obtenidos en los “III Juegos Paranacionales Cúcuta 2012”, le informó que al recibir medalla de oro en la prueba deportiva de billar, y un premio de $ 12.467.400, debía consignar en una cuenta del Banco AV Villas el valor de $ 1.246.740, correspondientes al 10% de la cuota extraordinaria, recursos que serían distribuidos de la siguiente manera: “6% equivalentes a $ 748.044 destinados a compromisos económicos y formales de la liga; 3% equivalente a $ 374.022 destinados al club de limitados físicos de Tunja Phoenix, y un 1% equivalente a $ 124.674 para un reconocimiento a los entrenadores de Lidesboy”(3).
En el mismo sentido, indicó que Coldeportes ordenó al presidente de Lidesboy revocar la resolución mediante la cual se ordenó el pago de la cuota extraordinaria mencionada, por quebrantar el ordenamiento legal correspondiente, pero ello no fue cumplido por la institución accionada(4).
Mediante auto del 12 de febrero de 2014, el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, avocó el conocimiento de la acción de tutela y ordenó vincular al trámite constitucional a Coldeportes y al Club Deportivo Phoenix de Boyacá, para que ejercieran sus derechos de defensa y contradicción(5).
1. Instituto Departamental de Deportes de Boyacá - Indeportes Boyacá.
El 19 de febrero de 2014, el gerente de Indeportes Boyacá intervino en el proceso de tutela para solicitar su desvinculación del trámite de la acción, debido a que no resulta de la esfera de sus competencias, intervenir, suspender o revocar las decisiones que autónomamente en calidad de personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro, toman las ligas deportivas del departamento(6).
El director de Coldeportes, en escrito del 21 de febrero de 2014, explicó que esa entidad ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos y demás entidades que conforman el sistema nacional del deporte. Por esa razón, como consta en comunicado del 25 de abril de 2013, se pronunció con respecto a la fijación por Lidesboy de cargas impositivas no contempladas en la ley a los deportistas afiliados a los clubes y le ordenó al presidente y a los miembros del órgano de administración de dicha liga, revocar la resolución por medio de la cual estableció la cuota extraordinaria, debido a que los estímulos e incentivos otorgados por Coldeportes, se entregan de manera personal a los deportistas, y los clubes deportivos no están facultados para comprometer recursos ajenos(7).
No obstante lo anterior, solicitó declarar improcedente el amparo, al no encontrarse vulnerados o amenazados los derechos fundamentales enunciados por el accionante, y pidió su desvinculación del trámite, ya que el asunto objeto de análisis, es competencia de Lidesboy como ente de carácter privado con plena autonomía administrativa. Agregó además que es cierto que, para participar en los juegos nacionales, es necesario que los deportistas se encuentren afiliados a una liga deportiva en el departamento a representar(8).
3. Club Deportivo Phoenix de Boyacá.
4. Liga de Deportes en Silla de Ruedas de Boyacá (Lidesboy).
En sentencia del 25 de febrero de 2014, el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, negó por improcedente el amparo, porque en su opinión, al no haberse probado por el accionante el perjuicio irremediable, es notorio que cuenta con otro medio de defensa judicial, como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa(9).
2.1. El actor en el escrito de impugnación presentado el 6 de marzo de 2014, narró que su situación económica actual es insostenible, toda vez que al encontrarse suspendido del Club Deportivo Phoenix se le está impide participar en diferentes campeonatos, de los cuales deriva su sustento, ya que los premios le son entregados en dinero. Destacó que en su caso, debe darse prevalencia al derecho sustancial sobre lo formal(10).
2.2. En comunicación del 19 de marzo siguiente dirigida al Tribunal Superior de Tunja, el presidente de Lidesboy solicitó la confirmación del fallo, y agregó que efectivamente hay acuerdo en que cada club deportivo debe entregar una cuota extraordinaria, equivalente al 10% del valor cancelado a cada deportista afiliado, que obtenga medalla de oro, plata o bronce. En consecuencia, aclaró que no es el deportista, sino el respectivo club al que se encuentre afiliado el medallista, el que debe cancelar la cuota extraordinaria. Adicionó a lo enunciado que actualmente existe deuda del Club Phoenix por concepto de la cuota extraordinaria correspondiente y, en consecuencia, sus deportistas no podrán ser convocados a futuras participaciones deportivas(11).
El 3 de abril de 2014, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Penal, confirmó la decisión adoptada en primera instancia, reiterando el argumento expuesto por el a quo, relacionado con la existencia de otro mecanismo de defensa judicial pertinente ante la jurisdicción contencioso administrativa.
2. El peticionario considera que la Liga de Deportes en Silla de Ruedas de Boyacá, Lidesboy, vulnera sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y al mínimo vital, como quiera que le exige el pago de una cuota extraordinaria para el funcionamiento de la liga mencionada, la cual se debe deducir del premio recibido por el actor en los “III Juegos Paranacionales Cúcuta 2012”. Tal cobro fue desautorizado por Coldeportes, debido a que los incentivos se entregan de manera personal a los deportistas y los entes deportivos no están facultados para comprometer esos recursos ajenos. En todo caso, el deportista fue desafiliado del Club Deportivo Phoenix y, en consecuencia, de la liga accionada, lo cual no le permite participar en futuras competencias deportivas.
El derecho a la recreación y el deporte de las personas en situación de discapacidad(12)
5. Las personas en situación de discapacidad en su innegable condición de individuos plenos y autónomos, son titulares de derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales(13). Entre esos derechos se encuentra el ejercicio del deporte en sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas, que está consagrado en el artículo 52 Superior y que ha sido reconocido por la Corte Constitucional como un derecho fundamental autónomo(14), que se encuentra relacionado con los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad(15), a la educación, a la salud(16), al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio(17).
6. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, aprobada mediante Ley 1346 de 2009(18), señala que los Estados Partes deben adoptar medidas para: a) alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles; b) asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas y de participar en dichas actividades y, con ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad de condiciones, instrucción, formación y recursos adecuados; y c) asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas (art. 30, num. 5º).
7. Por su parte, la Ley 1306 de 2009, por la cual se dictan normas para la protección de las personas en situación de discapacidad, destaca que la recreación, el deporte, las actividades lúdicas y en general cualquier actividad dirigida a estimular su potencial físico, creativo, artístico e intelectual, es inherente a las prestaciones de salud, educación y rehabilitación (art. 11).
8. Aunado a lo anterior, la Ley Estatutaria 1618 de 2013(19), por medio de la cual se establecen disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, señala que para promover el ejercicio efectivo del derecho a la recreación y el deporte se debe contar con áreas de entrenamiento, juzgamiento, apoyo médico y terapéutico. De la misma manera, preceptúa que deben promoverse actividades deportivas de calidad para este grupo poblacional, en condiciones de igualdad y en entornos inclusivos, donde los incentivos a los deportistas en situación de discapacidad sean los mismos que para los deportistas convencionales a nivel municipal, departamental y nacional, apoyando así a “futuras glorias del deporte” (art. 18).
9. En lo concerniente a la legislación específica en materia de recreación y deporte de las personas con discapacidad, la Ley 181 de 1995(20) (Ley General del Deporte), indica que todos los organismos que integran el sistema nacional del deporte(21) deben fomentar la participación de las personas en situación de discapacidad en sus programas de deportes, recreación, aprovechamiento del tiempo libre y educación física, llevándolas así a su rehabilitación e integración social, para lo cual deben trabajar coordinadamente. Además precisa que se promoverá la regionalización y especialización deportiva, teniendo en cuenta los perfiles de las personas con discapacidad (art. 24).
10. Adicionalmente, la Ley 582 de 2000(22) define al deporte asociado de las personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, como el desarrollo de un conjunto de actividades que tienen como finalidad contribuir por medio del deporte a la normalización integral de toda persona que sufra alguna limitación, el cual es ejecutado por entidades de carácter privado, con el fin de promover y desarrollar programas y actividades de naturaleza deportiva con fines competitivos, educativos, terapéuticos o recreativos (art. 1º).
13. En esa medida, el derecho a la recreación y el deporte de las personas en situación de discapacidad, como sujetos de especial protección constitucional, se erige en un derecho fundamental que se relaciona con sus derechos constitucionales al libre desarrollo de la personalidad, a la educación, a la salud, al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio, en tanto juega un papel fundamental en su formación integral y en la preservación de su salud, en la medida en que las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo(23), no constituyen una barrera, sino un instrumento de realización personal y familiar, porque a través del ejercicio del derecho a la recreación y el deporte, pueden: (i) participar en la sociedad en igualdad de condiciones a los demás, (ii) desarrollar una vida digna de acuerdo con sus expectativas y (iii) convertir su práctica deportiva en un proyecto específico de inclusión a la sociedad, donde ésta también puede ser reconocida como una actividad profesional de la cual derivan su sustento diario.
14. El Decreto 641 de 2000(24), señala que las ligas deportivas, como órganos de derecho privado, están constituidas como asociaciones o corporaciones con un número mínimo de clubes deportivos, cuyo propósito es fomentar, patrocinar y organizar la práctica de deportes correspondientes a un mismo tipo de limitación, dentro del ámbito territorial del departamento o del Distrito Capital, según el caso, e impulsar programas de interés público y social (art. 8º). Así mismo, las ligas deportivas departamentales están compuestas por los clubes deportivos o promotores, los cuales inscriben a sus deportistas en los registros de las ligas y se someten a las disposiciones reglamentarias y estatuarias establecidas por ellas (Res. 231/2011, proferida por Coldeportes).
15. En lo relacionado con el patrimonio de los organismos deportivos, el Decreto 380 de 1985, “por el cual se dictan disposición sobre organización deportiva”, establece en su artículo 29 lo siguiente (resaltado fuera del texto):
6. Los rendimientos derivados de sus bienes o de otra actividad que desarrollen dentro de su objeto”.
16. Ahora bien, con relación al pago de cuotas extraordinarias por los deportistas afiliados a los organismos deportivos, únicamente el Decreto 886 de 1976(25), aún vigente, se refiere a esa materia, al estipular que los deportistas competidores solo podrán ser obligados, específicamente en el caso de los clubes, al pago de las siguientes cuotas, siempre y cuando las mismas hayan sido aprobadas y ordenadas en su cuantía exacta por las respectivas Asambleas Generales (art. 10):
17. Es importante resaltar que Coldeportes, atendiendo a sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos y demás entidades que conforman el sistema nacional del deporte (L. 181/95, art. 60, num. 8º), precisó con relación al pago de cuotas extraordinarias deducibles de los premios obtenidos por los deportistas, que los estímulos e incentivos entregados a deportistas por la obtención de resultados meritorios en diferentes justas de índole nacional e internacional, se realizan “intuitu personae”, es decir en atención a la persona y al logro personal e individual, por lo tanto no existe competencia de la liga para exigirle al club o al deportista directamente, el pago de porcentajes de premiación(26).
18. En consecuencia, teniendo en cuenta las normas transcritas y las directrices fijadas por Coldeportes, se concluye que las ligas como organismos deportivos privados, pueden establecer el pago de cuotas ordinarios o extraordinarias para su sostenimiento, siempre y cuando éstas no sean deducidas de los premios obtenidos por los deportistas por la obtención de resultados meritorios en diferentes competencias de índole nacional e internacional, y cuando sean aprobadas y ordenadas en su cuantía exacta por las respectivas asambleas generales. Lo anterior, debido a que el estímulo e incentivo entregado en atención al logro personal e individual del deportista, ni forma parte del patrimonio del que pueden disponer las ligas, ni de las cuotas extraordinarias que eventualmente pueden ser exigidas a los afiliados.
En consecuencia, la Liga de Deportes en Silla de Ruedas de Boyacá, como organismo de derecho privado que es, puede ser objeto de acción de tutela por vulnerar derechos fundamentales y por tal razón, sus actos pueden estar sujetos al control del juez de tutela(27). Además, en el presente asunto el accionante se encuentra en situación de indefensión(28), en cuanto carece de medios físicos o jurídicos de defensa, o los medios y elementos con que cuenta resultan insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales.
21. Con relación a las decisiones adoptadas por las organizaciones particulares que dirigen el deporte, éstas son de naturaleza privada. Frente a estas disposiciones, el ordenamiento jurídico no tiene previstos medios de defensa judicial efectivos y eficientes, que permitan su control y aseguren la protección de los derechos fundamentales de sus destinatarios(29). De esa forma, la acción de tutela, es el mecanismo idóneo y eficaz para solicitar la protección de los derechos fundamentales, considerados vulnerados por las personas afectadas con el contenido de estas decisiones de carácter privado. Por lo tanto no son de recibo los argumentos expuestos por los jueces de instancia, que concluyeron que el accionante debe acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para hacer valer los derechos presuntamente vulnerados(30).
26. A pesar de las consideraciones precedentes, el presidente de Lidesboy, erradamente insiste en que cada club deportivo debe entregar una cuota extraordinaria, equivalente al 10% del valor cancelado a cada deportista afiliado, que obtenga medalla de oro, plata o bronce. También manifiesta que actualmente existe deuda del Club Phoenix por concepto de la cuota extraordinaria correspondiente y, en consecuencia, sus deportistas no pueden ser convocados a futuras participaciones deportivas(31).
27. De todo lo expuesto se concluye que en el presente asunto la negación para acceder a la práctica y entrenamiento, no sólo ha generado una afectación directa del derecho a la recreación y el deporte del accionante, sino que también vulnera sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de escoger profesión u oficio, al trabajo y al mínimo vital, en tanto se le impide acceder al deporte como un elemento más para su integración social, y como una ocupación profesional y laboral que le proporciona el sustento diario que le permite satisfacer sus necesidades básicas(32). Además, es claro que Lidesboy, contrario a lo ordenado por Coldeportes, en comunicado del 25 de abril de 2013, arbitrariamente continúa cobrando la cuota extraordinaria al accionante y exigiéndole deducirla del premio que recibió en los “III Juegos Paranacionales Cúcuta 2012”, impidiéndole así su inscripción y entrenamiento para competir en justas nacionales e internacionales.
1. REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, en primera instancia, y Tribunal Superior de Tunja, Sala Penal, en segunda instancia, dentro del proceso de tutela iniciado por Mauricio Arenas Castillo contra la Liga de Deportes en Silla de Ruedas de Boyacá. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de escoger profesión u oficio, al trabajo, al mínimo vital, y a la recreación y el deporte del accionante.
2. ORDENAR a la Liga de Deportes en Silla de Ruedas de Boyacá, el cumplimiento inmediato de la medida adoptada por Coldeportes, en comunicado del 25 de abril de 2013, en cuanto a revocar la Resolución 03-CAPB12 del 7 de marzo de 2012, por medio de la cual se establece la orden de cancelar la cuota extraordinaria.
3. ORDENAR a la Liga de Deportes en Silla de Ruedas de Boyacá que dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta sentencia, inscriba al accionante al Club Deportivo Phoenix u otro que desarrolle las actividades que él practica, para que pueda entrenar y competir en diferentes justas nacionales e internacionales.
4. ORDENAR a la Liga de Deportes en Silla de Ruedas de Boyacá que, en adelante, se abstenga de deducir de los premios recibidos por los deportistas en competencias nacionales e internacionales, porcentajes para la cancelación de cuotas extraordinarias de funcionamiento.
5. ORDENAR a Coldeportes, que en desarrollo de sus funciones legales, difunda esta providencia en todos los clubes, ligas, federaciones, comités, y organismos territoriales, que conforman el Sistema Nacional del Deporte y fomentan la práctica del deporte de las personas en situación de discapacidad. Además, deberá velar por el cumplimiento de lo aquí ordenado, como ente rector del sistema nacional del deporte, según lo estipulado en el artículo 61 de la Ley 181 de 1995.
Magistrada: Gloria Stella Ortiz Delgado—Martha Victoria Sáchica Méndez—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Andrés Mutis Vanegas, Secretario General (E).
(1) Folios 1 y 2, cdno. inicial.
(2) Resolución visible en los folios 7 y 8 ib.
(3) Folios 9 y 10 ib.
(4) Comunicación del 25 de abril de 2013, visible en el folio 110 ib.
(5) Folio 21 ib.
(6) Folio 78 ib.
(7) Folio 114 ib.
(8) Folio 105 ib.
(9) Folios 169 a 176 ib.
(10) Folios 164 y 165 ib.
(11) Folios 9 a 13, cdno. 2.
(12) A partir del análisis de problemas jurídicos diversos, la Corte Constitucional ha precisado en algunas sentencias de tutela, el alcance del derecho a la recreación y el deporte de las personas en situación de discapacidad. Entre esas se destacan: T-340 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-287 de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-297 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.
(13) Existen diferentes instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que estructuran las obligaciones adquiridas por el Estado en el ámbito internacional sobre el alcance de la protección de las personas en situación de discapacidad, dentro de los cuales se destacan: las Normas Uniformes de las Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (Res. de la ONU, dic. 20/93), la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (aprobada por la L. 762/2002, cuya revisión constitucional se realizó mediante la Sent. C-401/2003) y la Observación General Nº 5 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en la que se interpretan las obligaciones frente a la población con discapacidad derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Pidesc) y al Protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales.
(14) La Corte en la Sentencia T-160 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, indicó que actualmente se muestra artificioso predicar la exigencia de procedibilidad de la tutela consistente en la conexidad respecto de derechos fundamentales. Por lo tanto, ese requerimiento debe entenderse en otros términos, es decir, en tanto enlace estrecho entre un conjunto de circunstancias que se presentan en el caso concreto y la necesidad de acudir a la acción de tutela en cuanto vía para hacer efectivo el derecho fundamental.
(15) Ver Sentencia C-005 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón, reiterada en la T-449 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis, en la cual se precisó: “En el contexto constitucional, es claro que la recreación cumple un papel esencial en la consecución del libre desarrollo de la personalidad dentro de un marco participativo-recreativo en el cual el individuo revela su dignidad ante sí mismo y ante la sociedad”.
(16) Ver Sentencia C-758 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Allí se indicó con respecto al derecho al ejercicio del deporte, a la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre que: “en cuanto tienen como finalidad la formación integral de las personas y preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano, se integran en los derechos a la educación y a la salud y entonces comparten la garantía y protección que a éstos son constitucionalmente debidos, entre ellos el de formar parte del gasto social”.
(17) Ver Sentencia C-287 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa, en la que se anotó expresamente: “los jugadores profesionales no sólo ejercitan el deporte como un medio de realización individual sino que son personas para quienes la práctica del deporte es una ocupación laboral, por lo cual esta actividad es una expresión del derecho a escoger profesión u oficio (C.P., art. 26) y cae en el ámbito del derecho del trabajo y de la especial protección al mismo prevista por la Constitución (C.P., arts. 25 y 53)”.
(18) Sobre su constitucionalidad ver Sentencia C-293 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(19) Sobre su constitucionalidad ver Sentencia C-765 de 2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(20) Modificada por el Decreto 4183 de 2011, por la Ley 1445 de 2011, por la Ley 1389 de 2010, por los artículos 4º, 23 y 24 del Decreto 1746 de 2003, por la Ley 617 de 2000, publicado en el Diario Oficial 44.188, de 9 de octubre 2000, por el Decreto 4183 de 2011, por la Ley 1445 de 2011, por la Ley 1389 de 2010, por los artículos 4º, 23 y 24 del Decreto 1746 de 2003, por la Ley 617 de 2000, por la Ley 582 de 2000, por la Ley 494 de 1999, por la Ley 344 de 1996, por la Ley 582 de 2000, por la Ley 494 de 1999 y por la Ley 344 de 1996.
(21) Los niveles jerárquicos de los organismos del sistema nacional del deporte son los siguientes: Nivel nacional: Ministerio de Educación Nacional, Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, Comité Olímpico Colombiano, Comité Paralímpico Colombiano y Federaciones Deportivas Nacionales; Nivel Departamental: entes deportivos departamentales, ligas deportivas departamentales y clubes deportivos; y nivel municipal: entes deportivos municipales o distritales, clubes deportivos y comités deportivos.
(22) “Por medio de la cual se define el deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, se reforma la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1228 de 1995, y se dictan otras disposiciones”.
(23) Pertenece a la definición de discapacidad incluida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
(24) “Por el cual se reglamenta la Ley 582 de 2000 sobre deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales”.
(25) “Por el cual se reglamenta la actividad de los deportistas aficionados y el funcionamiento de sus clubes deportivos”.
(26) Folio 116, cdno. inicial.
(27) Sobre la procedencia de la acción de tutela contra ligas y clubes deportivos, ver sentencias: T-740 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez y T-297 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.
(28) Con respecto a la procedencia de la acción de tutela contra particulares cuando el afectado se encuentra en estado de indefensión, ver Sentencia T-634 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
(29) Específicamente en la precitada Sentencia T-740 de 2010, la Corte analizó la procedibilidad de la acción de tutela en un asunto concerniente a controversias contractuales entre un jugador de fútbol y un club deportivo, pues según los jueces de instancia contaba con la vía ordinaria para dirimir dichos conflictos. En ese caso, esta corporación concluyó que no se trataba apenas de una discusión de legalidad o ilegalidad del contrato, sino que la cuestión avanzaba hacia el plano constitucional, teniendo en cuenta que como consecuencia de la terminación unilateral del contrato con el deportista, éste había visto cercenada la posibilidad de ejercer su oficio como futbolista profesional, y la ineptitud de los medios ordinarios de defensa judicial, tornaban procedente desde el punto de vista formal la acción de tutela.
(30) La Liga de Deportes en Silla de Ruedas de Boyacá es un ente particular que cumple funciones de interés público, pero no ejerce funciones administrativas, ni hace parte de la descentralización por colaboración.
(31) Folios 9 a 13, cdno. 2.
(32) Tal afirmación del accionante no fue debatida por Lidesboy. Por tanto, es procedente dar aplicación a la presunción de veracidad.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 52
 artículo 29
 Resolución 
 artículo 61
 Resolución