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Timestamp: 2018-06-24 14:53:53+00:00

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Análisis de la Reforma Educativa; una ayuda para entender posturas (Parte II)
10 de octubre de 2013, 20:52
Continuando con el análisis de las modificaciones en materia de educación, conocidas como Reforma Educativa, en una primera parte de este trabajo comenté las que podríamos decir son de mayor peso pues se tratan de las modificaciones a la Constitución. De éstas modificaciones surgen las leyes secundarias, que especifican la forma en que se cumplirán dichas reformas constitucionales. Estas leyes secundarias sobre educación son 3, una que se reforma pues existe desde 1993, la Ley General de Educación y dos que se crean y tienen vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013: la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Gabriel Flores Romero
Al ser más específicas, son más largas que las modificaciones constitucionales que comenté anteriormente, por lo que en esta ocasión trataré de resumir a ustedes los aspectos más importantes que se reformaron a la Ley General de Educación, sobre todo los que posiblemente causan la controversia y otros puntos en torno a ella (recuerden que les proporciono las ligas en el texto de los documentos por si los quieren revisar por ustedes mismos).
Modificaciones a la Ley General de Educación
Esta ley regula toda la educación de la República Mexicana, tanto la que imparte el estado, como la que imparten las escuelas privadas que tienen un reconocimiento de validez oficial de estudios. Las únicas que no se rigen por esta ley son las universidades e institutos de educación superior que cuentan con autonomía, por lo que se rigen por leyes específicas para ese tipo de instituciones.
La mayor parte de las reformas van en función de un cambio de términos, integrando al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) como la entidad autónoma encargada de evaluar el sistema educativo; al Servicio Profesional Docente como el que rige a los trabajadores de la educación y al Sistema de Información y Gestión Educativa. Por tanto, en estas modificaciones, se incluye dentro de lo que constituye el sistema educativo nacional el Servicio Profesional Docente, la evaluación educativa, un Sistema de Información y Gestión Educativa, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) además de la infraestructura educativa y padres de familia.
También se agrega en unos cuantos artículos el calificativo de calidad. Por ejemplo en el artículo 2 ahora es educación de calidad a la que tenemos derecho; ya no se habla de proceso educativo sino de sistema educativo nacional y se incluye en su participación ya no sólo a los educandos sino a maestros y padres de familia.
El artículo 5, en el que se dicta que la educación del Estado será laica y se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa permanece igual, sin ninguna modificación.
El artículo 6, en el que se contempla la gratuidad de la educación sí fue modificado, pero no en esta característica. Es decir se sigue estipulando que la educación que el Estado imparta será gratuita. Las modificaciones que se pueden ver en este artículo van en 3 sentidos: 1) Se incluye el término de cuotas voluntarias (ya existía el de donaciones); 2) se especifica que no se puede condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos a cualquier tipo de pago y 3) las donaciones y cuotas voluntarias deberán ser manejadas con transparencia, de acuerdo a los mecanismos que establezcan las autoridades educativas -no maestros, ni directores-. Pueden verlo por ustedes mismos:
Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.
Ley General de Educación (al 9-04-2012)
Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.
Ley General de Educación (al 11-09-2013)
Corresponde a las autoridades educativas federales (Art. 12) la creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa el cual contendrá entre otras cosas las plantillas de personal de las escuelas, y sus datos de formación, trayectoria y desempeño profesional (mismo al que también incorporarán información las autoridades educativas locales, Art. 13). Así como fijar los lineamientos para que las escuelas ejerzan su autonomía de gestión escolar.
Tanto a las autoridades educativas locales y federales les corresponde (Art. 14) promover la transparencia de escuelas públicas y privadas y vigilar que al final de cada ciclo, ante la comunidad, se dé un informe de las actividades y rendición de cuentas, a cargo del director de la escuela. Así como el instrumentar un sistema accesible para ciudadanos y docentes para la presentación de quejas y sugerencias del servicio público educativo.
Corresponde al INEE (Art. 29) evaluar el sistema educativo, ser autoridad en esta materia y emitir las directrices de acuerdo a los resultados de las evaluaciones.
Los docentes del estado (Art. 21) deberán regirse por la Ley de Servicio Profesional Docente para su permanencia frente al grupo, obtención de mejores condiciones y reconocimientos. Se contempla otorgar reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a educadores que destaquen al ejercer su profesión. También se evaluará el desempeño de los maestros de las escuelas particulares, de acuerdo a los lineamientos que establezca el INEE, se otorgará certificación a los de resultados satisfactorios y capacitación a los que tengan deficiencias.
Se incluye el fomentar en los padres que eduquen a sus hijos -además de la igualdad en niños y niñas que se mencionaba antes- la prevención de la violencia escolar y el respeto a los maestros. También se agrega (Art. 42) la mención de dar cursos a los docentes y personal, sobre los derechos de los alumnos y la obligación que tienen al estar encargados de su custodia, de protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación -por si hubiera alguna duda ¿no?-.
Dentro de la sección que se habla de los Consejos de Participación Social, que según la ley tienen la finalidad de fortalecer y elevar la calidad de la educación pública junto con la comunidad -municipal, estatal y nacional-, tanto en el artículo 69 como en el 70, 71 y 72 se agregó la observación de que los representantes sindicales participarían en estos como representantes de los intereses laborales de los trabajadores, anteriormente no se hacía esta aclaración.
Al hablar sobre las infracciones (capítulo VIII, sec. 1, art. 75) en el que se contempla que quienes prestan servicios educativos no deben suspender el servicio educativo sin motivo, permitir que se realice publicidad dentro del plantel, efectuar actividades de riesgo para los alumnos, ocultar a los padres conductas de los alumnos, oponerse a actividades de evaluación, administrar drogas a los alumnos, entre otras; se derogó el párrafo que al final decía que dichas disposiciones no aplicaban a los trabajadores de la educación por tenerse sanciones específicas para ellos (al parecer esas infracciones sólo eran para escuelas particulares y los trabajadores de la educación se les trataba diferente ¿?). Y se agregó que es una infracción el incumplir con las medidas correctivas derivadas de las visitas de inspección.
A los padres de familia se les incluye más en esta reforma en diferentes aspectos: en la participación para solución de problemas de sus hijos -en lo particular- junto con los maestros -algo creo que obvio pero que no se mencionaba así-. También se agregan varias fracciones en las que se les otorga el papel de observadores de las evaluaciones a docentes y directivos y conocer dichas evaluaciones; opinar a través de Consejos de Participación sobre las actualizaciones y revisiones de programas de estudio; conocimiento del presupuesto asignado a cada escuela, su aplicación y resultado; y la presentación de quejas sobre el desempeño de los docentes, directores, supervisores, asesores técnicos y sobre las condiciones de las escuelas a que asisten sus hijos.
Las asociaciones de padres de familia, como se señalaba anteriormente, participan en la aplicación de las cooperaciones, pero el agregado que se hace enfatiza que éstas serán de carácter voluntario y no serán una contraprestación del servicio educativo, como quedó en el artículo 6°.
Se agrega a los maestros y padres de familia como sectores sociales involucrados en la educación, que podrán opinar, mediante el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, para la actualización de los planes y programas de estudio de la normal y demás formación de maestros.
Valga decir que esto no significa que vaya a ser tarea de todos los padres llevar a cabo todas estas acciones, pero como en toda ley ahora se les está otorgando explícitamente la posibilidad de vigilar y participar, bajo los lineamientos y los medios que establezcan para esto.
¿Autogestión? ¿Privatización?
Uno de los temas que ha causado controversia y que muchos retoman para argumentar que se busca privatizar la educación es el aspecto de la gestión escolar. En primer lugar este tema se menciona en el artículo 12 en que se habla de las atribuciones exclusivas que tiene la autoridad educativa federal; en dicho artículo fracción V Bis se menciona que dicha autoridad es la que emitirá los lineamientos generales para formular los programas de gestión escolar, los cuales tendrán la finalidad de mejorar la infraestructura; comprar materiales educativos; resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación entre los alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director.
Más adelante en el artículo 28 bis se retoma el tema mencionando que las autoridades educativas federales, locales y municipales ejecutarán los programas y acciones para fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas -no autogestión-. Dentro del mismo artículo se menciona que estos programas de gestión escolar pretenden que con la retroalimentación obtenida de los resultados de evaluación cada ciclo escolar se realicen planes de actividades para la mejora continua, en donde con la participación de alumnos, maestros y padres de familia se administren transparentemente los recursos que se reciban. Aquí la fracción para que no haya lugar a dudas:
Artículo 28 bis...
III.- Administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciba para mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.
Ley General de Educación (modificación al 11-09-2013)
Como ven en ningún punto se contempla el pago de agua, luz u otro como dicen en algunos volantes. Posiblemente el término resolver problemas de operación básicos puede generar esa duda, pero también hay que aclarar algo -y que eso no veo que lo retomen convenientemente los detractores- este artículo 28 bis está dentro de la Sección 3 de la ley, que habla del financiamiento de la educación, el cuál empieza en el artículo 25 que habla del gasto que debe destinar el Estado -incluyendo federación, entidades federativas y municipios- para gasto en educación pública y dentro de este mismo artículo, en el último párrafo, agregado en esta reforma, se estipula que las autoridades educativas federales y de las entidades federativas deben incluir en los proyectos de presupuesto que sometan para aprobación a la Cámara de Diputados y legislaturas locales los recursos suficientes para fortalecer la autonomía de la gestión escolar. Resumiendo: se pretende fortalecer la autonomía de gestión escolar, en la que tanto alumnos y maestros, como padres de familia, participen en las decisiones de en qué gastar el recurso que les llegue a otorgar el Estado para este fin.
De ahí en fuera no hay ningún otro aspecto, ni dentro de esta sección o el resto de la ley, que responsabilizara a los padres o maestros de algún otro gasto de la escuela.
La guía básica de autonomía y gestión escolar
Entre los dimes y diretes que se leen en algunas notas de "medios" poco conocidos -y uno sí conocido como la Jornada- y replicados en redes sociales se habla de que ya llegó a escuelas de los estados de Campeche y Veracruz la guía básica de autonomía y gestión escolar para el siglo 2013-2014 (sic.); la cual comentan en estas mismas notas que pone de manifiesto que los cambios hechos a la reforma educativa ya se están aplicando y les están pasando el costo y la obligación de mantener a las escuelas a los padres de familia. En una hasta dicen que entrevistaron a un supuesto secretario general de la Federación Nacional de Padres de Familia (Fenapaf), Leopoldo García López, quien dice que los padres rechazan esta guía.
Ya que estoy presentando un análisis de la ley me pareció correcto investigar sobre esta guía que comentan y ver si las autoridades están llevando a cabo estas acciones y con el expreso mandato -como señalan algunas notas y comentarios- de que los padres paguen los gastos.
Con una sencilla navegación por internet me encontré con varias cuestiones que creo son de mucho interés al respecto, especialmente para los padres de familia y maestros que quieren formarse una postura y opinión informada:
Estas mismas notas señalan que la guía se ha repartido en los estados de Veracruz y Campeche -otros dicen que en otros también pero no especifican- con el sello de sus respectivos gobiernos estatales. Si revisan la ley, en el artículo 12 se menciona que el establecer los lineamientos para fortalecer la autonomía de la gestión escolar le corresponde a la autoridad educativa federal, entiéndase, no a la del Gobierno de Campeche ni a la del Gobierno de Veracruz, por tanto si un documento así les hacen llegar, con ley en mano se podría señalar que no tendría validez para este tema, si no viene respaldado por la SEP u otra autoridad educativa federal.
Dicho documento no se encuentra entre el material descargable de la SEP, se encuentran algunos otros que usan los términos de gestión escolar pero sobre carrera magisterial y para la formación de consejos técnicos escolares, pero sin tratar la gestión escolar y lo relacionado con los padres, sino cuestiones más internas. Tampoco se encuentra un documento con ese nombre en la red, mas que aquellos que critican la reforma educativa que así llaman a tal documento.
Sí se puede encontrar un documento para descargar, publicado por quienes rechazan la reforma, que se llama en realidad "Guía Básica para colaborar voluntariamente en acciones de mantenimiento escolar", efectivamente con el logo y los datos del gobierno del estado de Campeche, aunque no aparece fecha de publicación en lo que presentan, sólo el período del gobierno que es de 2009 a 2015. En éste la única referencia que se puede ver sobre la Reforma Educativa dentro del documento que descargué es puesto a mano en la página del mensaje del gobernador diciendo "Ley gral. educ. Artículo 12 - V Bis - gestión escolar"
Dentro del contenido de dicho documento se habla de la participación de padres de familia, maestros y alumnos para organizar labores de mantenimiento -algo que ya se hace desde antes de la reforma por lo que creo es anterior a esta-, pero no habla del pago de los gastos de luz y agua por ejemplo. De hecho ni siquiera les otorga responsabilidad de los que se necesiten para los materiales del mantenimiento.
Con esa maña de copiar y pegar, parece que ni siquiera el nombre que le otorgan a la dichosa guía en las diferentes publicaciones, se les ocurrió el corregir "siglo" por ciclo, que sería lo correcto: ciclo 2013-2014, pero bueno, desde ahí se ve. De momento en mi búsqueda no encontré ningún otro documento al cual identifiquen con este nombre y que se esté repartiendo. Es más hasta las publicaciones de Veracruz ponen como imagen el índice del documento de Campeche que hasta abajo tiene el logotipo de ese estado; ¿ahora se publican documentos en Veracruz con el logo de Campeche? A reserva de lo que demuestren las escuelas, si les han enviado algo así, parece ser que este documento al que hacen referencia no está hecho a razón de la Reforma Educativa del mes pasado.
Esto es lo que respecta a las modificaciones y los rumores en torno a la reforma de la Ley General de Educación, espero que con esto se les hayan aclarado varias de las dudas que tenían y se sientan más seguros de fijar una postura u opinión. Queda la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, las cuales sí son completamente nuevas y espero comentarlas en una siguiente publicación.
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Publicista de profesión; curiosa, observadora y analista por costumbre.	Más artículos del autor »

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