Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2004/A040A-04.htm
Timestamp: 2017-11-22 18:21:10+00:00

Document:
A040A-04
Salvamento de voto al Auto 040A/04
Auto 040A/04
IMPEDIMENTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION EN ASUNTO DE CONSTITUCIONALIDAD-Intervención en expedición de norma acusada
Referencia: expedientes D-5032 y D-5041
Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 4º. transitorio del Acto Legislativo No. 3 de 2002
Demandantes: Humberto Rey Barón, Darío Fernando Ruiz Millán y Juan Darío Contreras Bautista.
Bogotá, D.C. marzo treinta (30) de dos mil cuatro (2004)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, procede a resolver sobre el impedimento manifestado por el señor Viceprocurador General de la Nación, en el proceso de la referencia.
1º. Que mediante oficio No. DP-301 de marzo 17 de 2004, el señor Procurador General de la Nación, doctor Edgardo José Maya Villazón, se declaró impedido para emitir concepto de fondo en el proceso de la referencia, toda vez que dice haber participado activamente en el proceso de discusión y aprobación del proyecto que dio origen al Acto Legislativo No. 3 de 2002, el cual es objeto de revisión.
2º. Que en virtud del artículo 25 del Decreto 2067 de 1991, “[e]n los casos de objeciones del Gobierno a un proyecto de ley por inconstitucionalidad y en los de revisión de los decretos dictados en ejercicio de las facultades que otorgan los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Nacional, serán causales de impedimento y recusación: haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada: haber intervenido en su expedición, haber sido miembro del Congreso durante la tramitación del proyecto, o tener interés en la decisión. (Subrayado fuera de texto).
3º. Que de acuerdo con el artículo 26 del mismo decreto, las causales de impedimento y recusación previstas en el artículo 25 también son aplicables a las acciones de inconstitucionalidad.
“ART. 26. En los casos de acción de inconstitucionalidad por parte de cualquier ciudadano, serán causales de impedimento y recusación, además de las establecidas en el artículo anterior, tener vínculo por matrimono o por unión permanente, o de parentesco en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con el demandante”.
4º. Que los términos señalados, la Sala Plena de la Corte Constitucional considera justificado el impedimento presentado por el señor Procurador General de la Nación para emitir concepto sobre la constitucionalidad de la norma demandada.
En consecuencia, se remitirá el expediente al despacho del señor Viceprocurador General, con el propósito que éste emita el concepto de rigor, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo del Decreto Ley 262 de 2000.
PRIMERO: ACEPTAR el impedimento para emitir el debido concepto en el proceso de la referencia, presentado por el señor Procurador General de la Nación, doctor Edgardo José Maya Villazón.
SEGUNDO- En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 numeral 3º del Decreto Ley 262 de 2000, ORDENASE a la Secretaría General de la Corte Constitucional, que una vez levantada la suspensión decretada en el proceso de la referencia –con motivo del impedimento propuesto por el señor Procurador General de la Nación, doctor Edgardo José Maya Villazón-, se corra traslado por el término restante al señor Veceprocurador General de la Nación, con el fin de que rinda el concepto de su competencia.
Que la señora Presidenta doctora CLARA INES VARGAS HERNÁNDEZ, no firma el presente auto por encontrarse en comisión en el exterior debidamente autorizada por la Sala Plena de esta Corporación.
IMPEDIMENTO Y RECUSACION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION EN ASUNTO DE CONSTITUCIONALIDAD-Incompetencia de la Corte Constitucional/COMPETENCIAS EN EL ESTADO DE DERECHO-Atribución expresa (Salvamento de voto)
La Corte Constitucional no es competente para resolver impedimentos y recusaciones del Procurador General de la Nación, debido a que no existe norma constitucional o legal expresa que así lo disponga. Lo anterior es consecuencia del “Estado de Derecho” adoptado por nuestra Carta Política como valor fundamental, según el cual ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la Ley. Por consiguiente, para que dichas autoridades puedan ejercer una función, la misma debe estar atribuida de manera expresa.
COMPETENCIA EN EL ESTADO DE DERECHO-Inexistencia de implícitas por analogía o por extensión (Salvamento de voto)
En un Estado de Derecho no pueden existir competencias implícitas, por analogía o por extensión, porque ello permitiría que la autoridad pública se atribuya competencias según su voluntad y capricho, trazándose los límites de su propia actividad, invadiendo la órbita de actuación de las otras autoridades, abusando del poder y cercenando los derechos y libertades públicas.
COMPETENCIA EN EL ESTADO DE DERECHO-Exigencia de ser expresa (Salvamento de voto)
IMPEDIMENTO Y RECUSACION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION EN ASUNTO DE CONSTITUCIONALIDAD-Competente para resolver reemplazo por ad hoc (Salvamento de voto)
IMPEDIMENTO Y RECUSACION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION EN ASUNTO DE CONSTITUCIONALIDAD-No sujeción a reglas del proceso disciplinario (Salvamento de voto)
IMPEDIMENTO Y RECUSACION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION EN ASUNTO DE CONSTITUCIONALIDAD-Competencia para resolverlos (Salvamento de voto)
La Corte Constitucional requiere de normas legales que le atribuyan expresamente la función de conocer de los impedimentos y recusaciones del Procurador General de la Nación, puesto que es un órgano constituido y está sometido a la Constitución y a las leyes como los demás órganos del Estado. La función de resolver los impedimentos y recusaciones de dicho funcionario le corresponde al Senado de la República como nominador del mismo, y sólo por excepción puede ser atribuida de forma expresa por la ley a otro órgano del Estado, que puede ser la Corte Constitucional. Como no existe esa norma, dicha función debe ser cumplida, mientras se expide la ley, por el Senado de la República.
REF.: Expedientes D-5032 y D-5041
Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 4° transitorio del Acto Legislativo No. 3 de 2002.
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corporación, el suscrito Magistrado disiente de la opinión mayoritaria, pues considero que la Corte Constitucional no tiene facultad expresa para resolver el impedimento declarado por el Procurador General de la Nación, con fundamento en el hecho de haber participado activamente en el proceso de discusión y aprobación del proyecto que dio origen al Acto Legislativo No. 03 de 2002, objeto de revisión por la Corte, como paso a demostrarlo:
1. La Corte Constitucional no es competente para resolver impedimentos y recusaciones del Procurador General de la Nación, debido a que no existe norma constitucional o legal expresa que así lo disponga. Lo anterior es consecuencia del “Estado de Derecho” adoptado por nuestra Carta Política como valor fundamental, según el cual ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la Ley (C.P., art. 121 y 123). Por consiguiente, para que dichas autoridades puedan ejercer una función, la misma debe estar atribuida de manera expresa.

References: artículo 4
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 25
 artículo 17
 artículo 4