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Timestamp: 2019-08-25 09:10:29+00:00

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R.S Contenido Teorico
“LAS ORGANIZACIONES SINDICALES”
JOSE FERRADAS CABALLERO
Agradecimiento.....................................................................................................4
Presentación.........................................................................................................5
Marco teórico........................................................................................................6
Formación del movimiento sindical.......................................................................6 Formas de organización laboral de defensa en las edades Media y Moderna....6 Razón de ser del movimiento sindical..................................................................7 Situación actual del movimiento sindical .............................................................8 Fuentes del derecho sindical................................................................................9 Clases y jerarquía.................................................................................................9 La constitución política..........................................................................................9 Los convenios de la OIT.......................................................................................9 La Declaración Universal de Derechos Humanos..............................................10 El Decreto Ley 25593, del 26/6/1992.................................................................10 El Decreto Legislativo 276 del 6/3/1984.............................................................10 La sindicalización de los maestros al servicio del Estado fue reconocida por la Ley 15215................................................................................................10 Fines no permitidos a las organizaciones sindicales..........................................11 La libertad sindical..............................................................................................12 Noción y fuentes.................................................................................................12 Documentos que deben llevar una organización sindical..................................14 El registro sindical...............................................................................................15 Noción obligatoriedad.........................................................................................15 Los órganos sindicales.......................................................................................16
La estructura organizativa consecuencia de la libertad sindical........................16 La asamblea general..........................................................................................17 La junta directiva.................................................................................................19 La sección sindical..............................................................................................22 Disolución y liquidación de las organizaciones sindicales.................................22
Noción y clases garantía constitucional.............................................................22 Disolución y liquidación por acuerdo de los miembros de la organización........23 Disolución judicial...............................................................................................24 Garantía contra la disolución administrativa.......................................................25 Cancelación del registro sindical........................................................................25 La licencia sindical..............................................................................................27
Noción.................................................................................................................27
Fuentes...............................................................................................................28
Normativa internacional......................................................................................28 Legislación nacional............................................................................................29 Convención colectiva..........................................................................................29 Por voluntad del empleador................................................................................30
Efectos de la licencia sindical sobre los derechos
sociales..............................
Calidad de ausencia justificada..........................................................................31 Globalización y libertad sindical problemas y remedios aún insuficientes De y baja intensidad...........................................................................................32 La globalización económica y la crisis de los sistemas nacionales de
Protección...........................................................................................................32
Bibliografía..........................................................................................................36
A Dios por permitirnos llegar a éste momento tan especial en nuestras vidas. Por la salud, los triunfos y los momentos difíciles que nos han enseñado a valorar cada día más, porque sin ti, nada de esto hubiera sido posible. ¡GRACIAS DIOS MÍO!
A nuestros padres quienes nos han brindado su apoyo incondicional y su comprensión
presentes para darme su voz de aliento, en especial a las madres, por ser unas madres ejemplar.
Al Dr. Ferradas caballero José, quien con sus sabias enseñanzas y apoyo incondicional y asesoramiento, nos hicieron personas de bien, muchas gracias por ser parte de ello.
El presente trabajo ha sido realizado para satisfacer las exigencias del curso, para el cual tenemos el agrado de presentar el tema denominado “ORGANIZACIONES SINDICALES” En este trabajo se muestra el análisis y es el resultado de una acuciosa investigación, valiéndonos de todos los recursos disponibles para satisfacer las expectativas tanto del docente a cargo, como de nuestros compañeros.
Esperamos que este trabajo sea de utilidad para el mejor conocimiento de este tema. Asimismo, invocamos vuestra magnanimidad ante cualquier error involuntario cometido en la elaboración del mismo.
MARCO TEÓRICO 1. Formación del movimiento sindical.- 2. Formas de organización laboral de defensa en las edades Media y Moderna.-
Los antecedentes de la organización sindical podrían encontrarse en las asociaciones formadas por los compañeros u oficiales de los talleres artesanales en la Edad Media para defenderse de los maestros y velar por sus intereses.
En los talleres artesanales trabajaban los maestros, propietarios de estos establecimientos, los aprendices que eran menores de edad incorporados al empleo mediante un contrato de aprendizaje, y los compañeros u oficiales que prestaban servicios a los maestros luego de haber cumplido el período de aprendizaje. No se podía ser maestro sin haber trabajado previa y sucesivamente como aprendiz y compañero. Sin embargo, no todos los compañeros llegaban a la categoría de maestro: sólo accedían a esta posición los compañeros que aprobaban un examen tomado por la corporación, consistente en la realización de una obra maestra, y disponían del dinero suficiente para pagar los altos derechos exigidos por la corporación y para adquirir los medios de producción.
Los maestros, los compañeros y los aprendices debían pertenecer obligatoriamente a la corporación del oficio, cuya dirección quedaba reservada a los maestros. La corporación defendía los intereses de los artesanos, pero era fundamentalmente una entidad al servicio de los maestros.
Considerando que sus intereses diferían de los intereses de los maestros, los compañeros trataron de organizarse en asociaciones propias desde el siglo XII, casi siempre clandestinas a las que se denominó en Francia compagnonnages, En los Siglos XV y XVI, tales organizaciones se desarrollaron, en gran medida, luego que la maestría pasó, en la práctica, a ser un privilegio de los hijos de los maestros.
La organización sindical no tiene como antecedente a la corporación, que era una asociación pluriclasista, sino a los compagnonnages.
Estos se extinguieron cuando declinaron los talleres artesanales. Las nuevas organizaciones de obreros aparecieron como una consecuencia del desarrollo de la empresa capitalista impulsada por la revolución industrial.
3. Razón de ser del movimiento sindical.-
La organización sindical es el resultado de un esfuerzo de asociación de los trabajadores de las fábricas y talleres para obligarles a los empresarios a tratar colectivamente con ellos la contratación de la fuerza de trabajo.
Según el precepto de libertad de contratación, cada obrero debía convenir por separado con el capitalista las condiciones del trabajo y la remuneración. En la práctica, nunca se dio esta libertad ni hubo igualdad entre ambas partes beneficiados por el exceso permanente de fuerza de trabajo sobre los puestos disponibles, los capitalistas pudieron imponer sus condiciones a los obreros, quienes debían tomar el empleo tal como les era ofrecido o dejarlo; si un obrero no lo aceptaba, habían otros que por la necesidad estaban dispuestos a incorporarse a la empresa bajo cualquier condición. Los obreros comprendieron de inmediato que la única posibilidad de equiparar su fuerza a la de los empresarios era asociándose y emprendiendo unidos sus acciones defensivas. Advirtieron también que su arma más eficaz en esta pugna desigual para ellos podía sor la huelga, o sea la suspensión colectiva do la prestación del ira bajo. Organización sindical, huelga y negociación colectiva son, así, tres instituciones que surgen como una necesidad para la clase obrera, y marchan indisolublemente unidas desde entonces.
Pero, la clase capitalista percibió también muy claramente desde esos momentos que, para mantener su predominio sobre los obreros, debía impedir la asociación de éstos como un grupo contestatario. Y fue en esta dirección que desplegó toda su fuerza de disuasión.
La Revolución burguesa de Francia, de 1789, atacó, por ello, no sólo al feudalismo, para destruirlo y posibilitar el desarrollo pleno del capitalismo, sino también a la clase obrera para impedir su organización. La Ley Le Chapelier, aprobada por la Convención en 1791, prohibió toda forma de asociación laboral, y proscribió expresamente las corporaciones artesanales y las asociaciones de obreros, disposición a la que se agregarían luego las sanciones penales por el delito de asociación laboral. En 1799, en Inglaterra se dio una ley semejante. En el resto de Europa se procedió del mismo modo. A partir de entonces, ganar el derecho de organización sindical les significó a los obreros casi un siglo de lucha. En otras partes, su campaña duró aún más.
4. Situación actual del movimiento sindical.-
A escala mundial, el derecho de organización sindical ha recibido un reconocimiento legal pleno con los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 87, de junio de 1948, y 98, de junio de 1949, y con la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 1948.
La organización sindical tiene como sus funciones más importantes el trato colectivo con los empleadores y con el Estado para la fijación de las remuneraciones, la adquisición de nuevos derechos sociales y la defensa de los derechos ya adquiridos. Su ámbito se extiende a nuevos grupos de trabajadores en relación de dependencia, incluidos quienes prestan servicios en la administración pública, y a grupos cada vez más numerosos de trabajadores independientes.
Sin embargo, la lucha por la vigencia de este derecho no ha concluido. Incluso en algunos países altamente industrializados y con democracias políticas estables surgen obstáculos contra la organización sindical y se trata de neutralizar a sus dirigentes despidiéndolos de sus puestos de trabajo. Esta modalidad de acción de la burguesía es más frecuente en los países menos desarrollados industrialmente y más propensos al establecimiento de gobiernos autoritarios, en los que se llega a la prohibición directa, en unos casos, y velada, en otros, de la libertad sindical, a la
despedida masiva de los trabajadores sindicalizados y a su represión policial. En los países industrial-mente más desarrollados, se considera, de modo general, que la vigencia real de la libertad sindical constituye una garantía del establecimiento y funcionamiento de la democracia política.
Más aún, para una gran parte de las clases trabajadoras, la aceptación del sistema capitalista, por lo menos hasta ahora, sólo se justifica por la posibilidad de accionar legalmente en defensa de sus derechos e intereses.6 Parece evidente que si esta posibilidad desapareciese las clases trabajadoras podrían no sentirse obligadas a observar la misma actitud.
5. FUENTES DEL DERECHO SINDICAL 5.1. Clases y jerarquía.-
En nuestro país, las normas fundamentales rectoras del derecho y la organización sindicales son las siguientes, en orden de importancia jerárquica:
5.1.1. La Constitución Política arts. 28"
Genérico para todos los trabajadores y organizaciones sindicales, y 42", específico para los servidores públicos.
5.1.2. Los convenios de la OIT: 87, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, aprobado en junio de 1948 y ratificado por el Perú por la Resolución Legislativa 13281 del 15/12/1959; 98, relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, aprobado en junio de 1949 y ratificado por el Perú por la Resolución Legislativa 14712 del 18/1171963; y 151 sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones del empleo en la administración pública, ratificado por el Perú por la décimo sétima disposición general y transitoria de la. Constitución Política de 1979, ratificación que se mantiene en vigor mientras no sea denunciada, según la Constitución de la OIT.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 10/12/1948 y ratificada por el Perú por la
Resolución Legislativa 13282 del i)/12/1943
5.1.4. El Decreto Ley 25593, del 26/6/1992, relativo a la organización sindical en la
actividad privada, y su Reglamento dado por el D S. 011-92-TR del 14/10/1992.
5.1.5. El Decreto Legislativo 276 del 6/3/1984, en relación a los servidores públicos
de carrera; el Decreto Supremo 003-82-PCM del 22/1/1982, el Decreto Supremo 026-
82-JUS del 13/4/1982, y la Resolución Jefatural 134082-INAP-DIGESNAP del 18/5/1982, relativos a la organización sindical de los servidores públicos.
5.1.5. La sindicalización de los maestros al servicio del Estado fue reconocida
por la Ley 15215 del 13/11/1964, Estatuto y Escalafón del Magisterio Peruano. El Decreto Ley 22875 del 29/1/1980, art. 59°, Lev del Magisterio, sustitutorio de aquélla, admitió también este derecho. La actual Ley del Profesorado 24029, reconoce a los profesores del Estado el derecho a "la libre asociación o sindicalización" (arts. 13°. ñ y 21°), añadiendo que el reconocimiento oficial de los sindicatos y asociaciones se hace conforme a ley.
Es preciso tener en cuenta la prelación en la aplicación de las normas legales indicadas. Según el artículo 51° de la Constitución ésta "prevalece sobre toda otra norma legal. La ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente". Esta norma concuerda con la del artículo 138° de la Constitución, según la cual "En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre otra norma de rango inferior."
En cuanto a las normas internacionales citadas, cuya categoría es de tratados, se debe recordar la regla del art. 55° de la Constitución que dice: "Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional." El tratado aprobado por el Congreso cede en importancia, sólo ante la Constitución, y, por consiguiente, 1) la reglamentación por la vía de decretos u otras disposiciones de menor rango, debe adecuarse a su contenido o no su contribución: al desarrollo
socioeconómico de la Nación v de las responsabilidades inherentes a su ejercicio" (D. S. 003-82-PCM art. 4°).
6. Fines no permitidos a las organizaciones sindicales.-
Pese a la extensión de los fines atribuidos a las organizaciones sindicales, la legislación nacional, precisando su radio do actividad, les impide darse ciertos fines y ejecutar las actividades correspondientes a ellos.
Dice a este respecto una norma: "Las organizaciones sindicales (en la actividad privada) están impedidas de Dedicarse institucionalmente a asuntos de política partidaria, religiosa, o de índole lucrativa." (D. Ley 25593, art. 11°, a)."
La norma relativa a las organizaciones sindicales de los empleados públicos expresa:
"Las organizaciones sindicales están prohibidas de dedicarse institucionalmente a asuntos políticos, religiosos o de índole económica con propósito de lucro' (D. S. 003- 82-PCM del 22/ 982. Art. 4°).
Al referirse a una prohibición institucional, ambas normas se dirigen a la organización y no a cada uno de sus integrantes. Por ella se le impide integrar partidos políticos:
mas no emitir opinión sobre cuestiones inherentes a la política fiel Estado vinculada a la situación, intereses y derechos de sus miembros, efectuar las peticiones necesarias y practicar otras acciones propias de estas organizaciones en apoyo de sus demandas. No están vedadas, por ejemplo, de manifestarse frente a la política laboral y la política económica, cuya incidencia es directa sobre las remuneraciones, y las condiciones de vida y de trabajo.
Por la prohibición de tener como finalidad la práctica de actividades religiosas, los sindicatos no pueden llevar a cabo actividades confesionales o pertinentes a las órdenes religiosas Cuando se dice que no les corresponde ejercer actividades económicas con propósito de lucro se ha querido indicar que los sindicatos no tienen por función dedicarse al comercios, a la. industria o a alguna otra actividad consistente en da ;producción o circulación de bienes y servicios para el consumo o uso1 por el público por un precio, de manera de obtener, .copó fin, una utilidad; pero
esto no les impide realizar determinadas, transacciones de venta, locación o préstamo,' como alquilar una parte de sus locales a terceros, proporcionar servicios de impresión a sus afiliados o a otras organizaciones sindicales, u organizar rifas, kermeses, espectáculos, o hacer publicaciones, o efectuar otras actividades análogas, no habituales, para obtener un ingreso.
7. LA LIBERTAD SINDICAL 7.1. Noción y fuentes.-
La libertad sindical es la facultad Je asociarse en una organización sindical y de practicar los actos inherentes a ella. Está conformada por los siguientes derechos:
La libertad de constituir organizaciones sindicales;
La libertad de adherirse, no adherirse o retirarse de ellas;
La libertad de. Administrar la organización; y
La libertad de realizar los fines de ésta.
Sus fuentes más importantes son varios instrumentos normativos internacionales y la Constitución.
Dice el Convenio 87 de la OIT "Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas art 2°
La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que: "Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses" (art. 23°,
Teniendo como antecedentes a las normas citadas, la Constitución de 1993 ha señalado que "El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela,
(Art. 28°). "Se reconocen los derechos de sindicación y
huelga de los servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de decisión, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional." (Constitución, art. 42").
Las normas internas relativas a las organizaciones sindica les en la actividad privada señalan: "El Estado reconoce a los trabajadores el derecho a la sindicalización, sin autorización previa, para el estudio, desarrollo, protección, y defensa de sus derechos e intereses y el mejoramiento social, económico y moral de Sus miembros." (D. Ley 25593, art. 2°)
La libertad de adherir a una organización sindical (libertad denominada positiva) y la libertad de no adherir o de retirarse de ella (libertad negativa) ha sido reconocida en la forma siguiente:
La afiliación es libre y voluntaria. no puede condicionarse el empleo de un trabajador a la afiliación , no afiliación o desafiliación , obligársele a formar parte de un sindicato , ni impedírsele hacerlo (d. ley 25593art 3°)
La organización sindical no debe "Coaccionar directa o indirectamente a los trabajadores a ingresar o retirarse de la organización sindical, salvo los casos de expulsión por causales previstas en el estatuto y debidamente comprobadas."(D. Ley 25593, art 11°, b)
"Todo .miembro de un sindicato puede renunciar en cualquier momento, sin perjuicio de la obligación de pagar las cuotas vencidas y rendir cuentas si manejó fondos sindicales. La renuncia surte sus efectos, sin necesidad de aceptación, desde el momento en que es presentada.
"La renuncia debe ser comunicada al empleador dentro de los cinco (05) cinco días hábiles de formulada."
(D. Ley 25593, art. 25°).
Tal comunicación no es un requisito condicionante de la renuncia; su objeto es dar a conocer al empleador que debe cesar ¿I descuento sindical: de ser obligatoria, esa comunicación negaría la libertad sindical.
"El sindicato tiene autonomía para fijar en su estatuto la forma de separación temporal y expulsión de sus miembros. En este último caso, la decisión debe ser adoptada por la mayoría absoluta de sus miembros hábiles. La expulsión deberá ser comunicada al empleador dentro de los cinco- (05) días hábiles de efectuada (D. Ley 25593, art. 26°)
"Los sindicatos de base podrán constituir o' integrar organismos de grado superior, sin que pueda impedirse u obstaculizarse luí derecho." (D. Ley 25593, art. 35°)
"Los sindicatos y federaciones podrán retirarse de las respectivas organizaciones de grado superior en cualquier momento, aunque exista pacto en contrario." (D. Ley 25593, art. 37°)
Si, en todas las situaciones indicadas, hubiere conflictos internos planteados ante la autoridad administrativa de trabajo, ésta debe abstenerse de intervenir hasta que el Poder Judicial emita una decisión al respecto (Regí, del D. Ley 25593, art. 8°)
8.- DOCUMENTOS QUE DEBE LLEVAR UNA ORGANIZACION SINDICAL 8.1.- Libros y otros documentos.-
Toda organización sindical debe llevar los libros siguientes:
Libro de actas de asambleas; Libro de actas de sesiones de la junta directiva:
Libro de registro de afiliación de los adherentes:
Libros de contabilidad: por lo menos un libro de caja y un libro de inventario; si la organización sindical es de cierta magnitud necesitará llevar los demás libros exigidos para una contabilidad completa.
Los libros indicados deben ser sellados por las autoridades de trabajo (P. Lev 25593, art. 10". b).
Sin embargo, para darles autenticidad y a efectos de la personalidad jurídica es necesario que sean previamente legalizados por el juez de primera instancia.
Es posible aplicar a las organizaciones sindicales, las normas relativas al uso de tecnologías avanzadas en materia de archivo de documentos e información, tanto elaborada en forma convencional como con ayuda de procedimientos de informática y microfichage. (D. Leg. 681 del 11/10/1991).
9. EL REGISTRO SINDICAL.- 9.1. Noción - Obligatoriedad.-
El registro es, por un lado, un acto de inscripción, y, por otro, una relación de un grupo de personas, actos, cosas o entidades y, por extensión, una entidad que conserva una o varias de esas relaciones. Su finalidad esencial es la publicidad, como garantía de que las personas o cosas registradas existen, o los actos se han efectuado. No es, en realidad, constitutivo de las personas o los actos, si bien, por una ficción de la ley, como lo hace el Código civil, las personas jurídicas comienzan su existencia desde el momento de su inscripción en el registro (art. 17). Estas personas no se constituyen por la voluntad del registro como entidad, sino por la de sus miembros constituyentes. El trámite del registro sólo debe ría conllevar, por ello, los requisitos mínimos para acreditar la constitución de la persona jurídica.
En nuestro país, se ha conferido al Ministerio de Trabajo y Promoción Social la facultad de registrar a las organizaciones sindicales y de llevar el registro sindical, y se ha dispuesto que tales organizaciones deban ser obligatoriamente inscritas en éste.
Esta medida tendría su justificación en la considerable importancia social, política y económica de las organizaciones sindicales, y en la necesidad de acreditar su existencia ante los empleadores, el Estado y los terceros.
Para el registro sindical se exige ciertos requisitos, que nos será necesario conocer; asimismo, resulta indispensable distinguir el registro de la autorización previa, ver la necesidad legal del registro, e indicar cuáles son las autoridades competentes para la inscripción, y cuál es el procedimiento.
10. LOS ORGANOS SINDICALES.- 11. La estructura organizativa consecuencia de la libertad sindical.-
En. Ejercicio de la libertad sindical las organizaciones sindicales pueden darse la estructura que consideren conveniente. A este respecto dice el Convenio 87 de la O.I.T "Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de. Elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y su actividad y el de formular su programa de acción" (art. 3", 1).
La ley les impone a las organizaciones sindicales: "Observar estrictamente sus normas institucionales con sujeción a las leyes y normas que las regulan." (D. Ley 25593, art. 10°, a)
Por consiguiente, son los adherentes de cada organización sindical quienes aprueban la estructura organizativa de ésta, lo que debe ser materia del estatuto. Las reformas de la estructura implican, una modificación del estatuto.
Toda reforma del Estatuto debe ser comunicada a la autoridad administrativa de trabajo dentro de los cinco días de efectuada, acompañando copia auténtica del nuevo texto; el acta de aprobación de éste requiere la refrendación o legalización notarial como corresponde a la aprobación del Estatuto (D. Ley 25593, arts. 10°, d,
Sin embargo, el Decreto Ley 25593 trae normas en relación a la asamblea general y a la Junta Directiva.
12. La asamblea general.-
Este órgano se encuentra conformado: en los sindicatos, por todos los trabajadores afiliados; y, en las federaciones y confederaciones, por los delegados de las organizaciones afiliadas, en el número o proporción indicados en el estatuto. Es la suprema autoridad en la entidad. Para reunirse y funcionar debe contar, en primera convocatoria, con el quorum señalado en el estatuto, que es,, por lo general, más de la mitad de los afiliados, y, en segunda convocatoria, el número de los que concurran cualquiera que él sea, salvo que se establezca un quorum especial para decidir sobre asuntos específicos indicados en el estatuto. Se considera que en segunda convocatoria la asamblea debe reunirse de todas maneras porque se da la ficción de que los afiliados inasistentes convienen en acatar los acuerdos a que arriben los asistentes. ficción que opera de pleno derecho al indicarse el quorum en el estatuto rector la vida interna de la entidad.
La asamblea es convocada por la junta directiva para tratar los asuntos señalados por ésta o los que pida considerar un grupo determinado de afiliados. La convocatoria debe efectuarse con cierta anticipación, de manera que todos los afiliados la conozcan y se preparen para intervenir en la asamblea.
Los acuerdos se adoptan por mayoría, que puede ser simple. (la que alcance más votos entre varias ponencias) o calificada si. en unos casos, se requiere más de la mitad de los votos de los presentes y, en otros, más de la mitad de los votos de los afiliados o un número mayor determinado. Lo usual es que la mayoría sea simple, ya que, en ejercicio de la democracia interna, los afiliados tienen el derecho de votar por la posición que deseen, sin ser obligados a adherirse a otras posiciones para que alcancen la mayoría calificada. Sin embargo, también se estima que ciertos asuntos relativos a la subsistencia misma de la entidad necesitan no sólo un quorum especial sino también una mayoría calificada, como la decisión de disolver la organización, de fusionarla con otra u otras, de modificar los estatutos. Por ejemplo, el acuerdo de disolver la organización se suele adoptar con una mayoría superior a los dos tercios o a los tres quintos del número total de afiliados.
Cada trabajador, si la asamblea es de un sindicato, y cada delegado, si es de una federación o confederación, tiene derecho a un voto. De hecho, los delegados, por serlo, están facultados para debatir y votar los asuntos de que trate la asamblea. Si un delegado manifestase que no puede votar hasta no recibir mandato de su base en un sentido determinado, mandato imperativo, se considera que se ha abstenido y la votación surte efectos con la mayoría a la que se llegue. Pero no habría ningún obstáculo para que la asamblea acuerde someter su decisión a la ratificación por las bases.
El principio de cada trabajador o cada delegado, un voto, es fundamental para el funcionamiento democrático de la asamblea. Los miembros de la junta directiva, como tales, carecen de voto, pues son sólo mandatarios o delegados de la asamblea la que recupera su poder de decisión cuando se reúne: pero, tienen derecho de votar como trabajadores si se trata de un sindicato, o si hubieren sido elegidos por sus bases como delegados si se trata de una federación o de una confederación.
La asamblea debe pronunciarse sobre asuntos muy importantes en la vida de la organización, como la elección de los miembros de la junta directiva, la aprobación de los pliegos de reclamos, la declaración de la huelga, la consideración de determinadas propuestas de los empleadores o de las autoridades, la modificación del estatuto, la afiliación a organizaciones sindicales de grado superior o la desafiliación de ellas, las cuotas sindicales, la adquisición o disposición de bienes patrimoniales, etcétera.
Las normas del Decreto Ley 25593 sobre la asamblea son las siguientes
"La asamblea es el órgano máximo del sindicato. En los sindicatos de empresa está constituida directamente por sus miembros. En los demás, así como en aquellos cuyos miembros laboran en localidades distintas, puede conformarse por intermedio de delegados cuyas facultades de decisión serán otorgadas de antemano o ratificadas posteriormente por las bases.
"Los delegados deberán pertenecer a la unidad productiva que representan." i Art.
a) Elegir a la junta Directiva, b) Modificar el estatuto.
c) Acordar la fusión o absorción con otras organizaciones sindicales similares, o su
o desafiliación
a federaciones
confederaciones, y a
organizaciones sindicales de nivel internacional.
"el Acordar la enajenación directa o indirecta de bienes del patrimonio sindical.
f) Decidir sobre la expulsión de cualquier afiliado o la imposición de sanciones
g) Cualesquiera otras que señalen las normas legales o el estatuto."
(D. Ley 25593, art. 22")
ser asentados en
asambleas (D. Ley 25593, art. 10°, c).
13. La junta directiva.-
Es el órgano de ejecución o gestión de la organización sindical. Ejerce las funciones relativas a los fines de ésta, pone en práctica los acuerdos de la asamblea general y administra la organización, debiendo dar cuenta de su gestión a la asamblea general.
La junta directiva está, por lo general, integrada por un Secretario general y cierto número de secretarios a cargo de funciones determinadas. Las confederaciones suelen tener, adefinas, un presidente. Se considera imprescindibles los cargos de ^secretario de defensa, cuya función es conducir los procesos ante el empleador y las autoridades, relativos a la defensa de los derechos y promoción de los, intereses tanto de los afiliados como de la organización; del secretario de organización quien se ocupa de llevar el padrón de afiliados, de mantener contacto con ellos, de cursar las
convocatorias a asamblea general y de junta directiva, de organizar y consolidar la estructura de la entidad, de preparar movilizaciones, etc.; de secretario del interior, o de actas v archivo, quien lleva y despacha la documentación; de secretario He economía quien recauda las -cotizaciones y administra el patrimonio de la entidad: de prensa y propaganda quien efectúa las publicaciones que sean necesarias; de asistencia v seguridad social quien se ocupa de velar por la atención de los trabajadores v sus familias por las entidades de seguridad social, y de organizar y administrar su ayuda por otros riesgos o hechos. Puede haber también secretarios de cultura, de deportes, de cooperativas, de relaciones exteriores.
El presidente y el secretario general coordinan las actividades de todos los secretarios con funciones delimitadas, teniendo uno de ellos, la representación legal de la organización.
La junta directiva se reúne en períodos de breve duración. Hay algunas normas legales relativas a la junta directiva que son las siguientes:
"La junta directiva tiene la representación legal del sindicato y estará constituida en la forma y con las atribuciones que determine el estatuto." (D. Ley 25593, art. 23°).
'Para ser miembro de la junta directiva se requiere:
c) Tener una antigüedad no menor de un año al servicio de la empresa. D. Ley 25593,
art. 24").
Según el Regí, del D. Ley 25593 "para determinar la antigüedad del trabajador, a efecto de ser miembro de la Junta Directiva, se considera el tiempo de servicios prestado en forma continua o discontinua.
Es evidente que el requisito de la antigüedad en el empleo vulnera la libertad sindical y se opone al Convenio 87 de la OIT que reconoce a los trabajadores y empleadores
"el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir
libremente a sus representantes
"(art. 3")
Tratando de evitar el absurdo que se presenta en las empresas recién constituidas en las que no puede haber junta directiva de un sindicato, el Regí, del D Ley 25593, en una disposición complementaria, señala que "en el caso de empresas recién constituidas cuyos trabajadores no cuentan con un año de antigüedad para ser dirigentes del sindicato resulta de aplicación el Art. 15° de la Ley" -i3"> por la cual se dispone que en las empresa sin el número necesario de trabajadores para constituir un sindicato se podrá elegir dos delegados. Las dos normas mencionadas transgreden el art.' 28" de la Constitución, cuya lectura se complementa con el Convenio 87, en el que se define la libertad sindical.
La nómina de la junta directiva y los cambios que en ella se produzcan debe ser comunicada a las autoridades administrativas de trabajo y al empleador dentro de los cinco días útiles siguientes de la elección (D. Ley 25593, art. 10", d).
Los acuerdos de la Junta directiva se registran en el libro de actas de esta (D. Ley 25593, art. 10", c.)
Se ha establecido para las organizaciones sindicales la siguiente obligación, que recae sobre la junta directiva como su representante: "Emitir los informes que le soliciten la Autoridad de trabajo v otras autoridades gubernamentales." (D. Ley 25593, art. 10", 0. Esta disposición debe ser analizada en función de la obligación del Gobierno, prevista por la Constitución y los Convenios de la OIT 87, 98 y 151, de abstenerse de practicar actos de injerencia en tales organizaciones, y de su calidad de entidades o personas jurídicas de derecho privado. Una organización sindical no es una dependencia pública a la cual otras pueden solicitar informes, solo los fiscales y los jueces en el marco y límites de sus de sus facultades y de los procedimientos correspondientes, podrían recabar a la junta directiva la exhibición de documentos o la prestación de declaraciones.
La sección sindical.-
Según el D. Ley 25593. Los sindicatos con alcance local, regional o nacional pueden constituir una sección sindical en cada empresa (art. 7"). El Regí, del D. Ley 25593. Añade que son los "trabajadores afiliados" del "centro de trabajo en el que laboren" quienes podrán crear esta sección, 'art. 9°)
No se puede constituir más de una sección sindical por cada centro de trabajo y por cada sindicato de los indicados (Regí, del D. Ley 25593, art. 10").
Es función de la sección sindical la representación de esos trabajadores en el centro de trabajo; sin embargo sólo estaría facultada para ejercerla en conflictos o reclamaciones colectivas, y en negociaciones y convenciones colectivas por delegación expresa del sindicato. Su relación con éste debe hallarse regulada por el estatuto. La titularidad de la representación corresponde a dos delegados elegidos en asamblea general de los afiliados del centro de trabajo (Regí, del D. Ley 25593, art.
9o).
Por lo demás, a la sección sindical se le aplican las disposiciones pertinentes del D. Ley 25593 y de su Reglamento (Regí, del D. Ley 25593, art. 11").
15. DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES.-
15.1. Noción y clases. Garantía constitucional.-
Se entiende por disolución la terminación de la vida de la asociación, en cuyo caso ella cesa de existir. La liquidación es el proceso de distribución de su patrimonio, luego de pagar las deudas.17
El Decreto Ley 25593 señala que la disolución de las organizaciones sindicales "se produce por fusión o absorción, por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros adoptado en asamblea general o fuera de ella, acreditados con las correspondientes firmas; por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en el Estatuto para este efecto o por resolución en última instancia de la Corte Suprema", arts. 33" y 38°).
Además, dice el Decreto Ley 25593, "tratándose de un sindicato de empresa la disolución se producirá por liquidación de la empresa a que pertenece. En este caso la disolución opera de pleno derecho." art. 33").
16. Disolución y liquidación por acuerdo de los miembros de la organización.-
La libertad sindical implica también la facultad de quienes conforman una organización sindical de disolverla. Es general que en el estatuto de ésta se prevea los requisitos para la disolución. Se suele establecer un quorum especial, por ejemplo, dos terceras partes, del número total de miembros, tres cuartas partes, cuatro quintas, etc.; y, asimismo, se señala mayorías, también especiales, en la votación, superiores a la mitad más uno. Respecto de las organizaciones de segundo y tercer grado se puede disponer también que sea necesario el acuerdo adoptado en asamblea de las correspondientes organizaciones afiliadas.
Estas exigencias tienen por finalidad hacer más difícil el trámite de la disolución, por cuanto, por su finalidad, una organización sindical presenta un carácter permanente.
Siendo el estatuto el documento en el cual se basa la unión de los afiliados, al comprometerse a acatarlo, todos ellos se comprometen también a mantener con vida y actividad a la organización sindical.
Los casos de disolución de la organización sindical "por acuerdo de sus miembros", podrían ser los siguientes, tomando las causas de disolución que da el Decreto Ley 25593. (Art. 33")
1.-La disolución por fusión o absorción; es obvio
organizaciones sindicales en una nueva deben cesar de existir, de otro modo, no
habría fusión.
2.- La disolución "por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros adoptado en asamblea general o fuera de ella, acreditado con las correspondientes firmas"; sin embargo, si en el Estatuto se dispone la disolución sólo en asamblea o con una mayoría determinada el Estatuto prevalece, en aplicación del convenio 87 de la OIT:
"Las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de redactar sus
estatutos Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal" (art. 3°).
3.-La disolución "por cumplirse cualesquiera de los eventos previstos en el Estatuto para este efecto" (D. Ley 25593, art. 33")
17. Disolución judicial.-
La disolución judicial podría ser solicitada, si surgiesen "las causales señaladas para una asociación por el artículo 96 del Código Civil" (D. Ley 25593, art. 33°).
Según ese artículo del Código Civil, la disolución de una asociación procede "cuando sus fines o actividades sean contrarios al orden público o a las buenas costumbres". La noción de orden público, según la doctrina, pues carece de una definición legal, es muy amplia, lo que podría dar lugar, en ciertos momentos, a una interpretación restrictiva de la libertad sindical, a tono con la orientación política de los gobiernos y su actitud con la democracia.
Otra causal de disolución judicial puede ser la liquidación de la empresa (D. Ley 25593, art. 33).
La disolución judicial podría solicitarla el Ministerio Público D. Ley 25593, art. 33° y Código Civil, art. 96°) o la "parte que acredite tener legítimo interés económico o moral, en cuyo caso podría requerir al Ministerio Público para que éste solicite al Poder Judicial la disolución del sindicato" u otra organización sindical ' D. Ley 25593, arts. 33a, 38°).
El procedimiento de disolución es el señalado por el artículo 96" del Código Civil: el Ministerio Público debe pedirla a la Sala Civil de la Corte Superior del distrito judicial respectivo. "La Sala, oyendo a las partes, resuelve la disolución dentro del plazo de quince días.
"A solicitud del Ministerio Público, la Sala puede ordenar la suspensión inmediata de las actividades de la asociación, mientras se resuelve acerca de su disolución.
"La resolución, si no es apelada, se eleva en consulta a la Sala Civil de la Corte Suprema, la que oyendo a las partes, resuelve dentro de un plazo no mayor de quince días." (Código Civil, art. 96°).
"Por el sólo mérito de la sentencia consentida o ejecutoriada que disponga la disolución del sindicato, la Autoridad de Trabajo efectuara la cancelación del registro sindical." (D. Ley 25593, art. 33").
Es evidente que no puede haber una sentencia sólo consentida, un este caso, puesto que imprescindiblemente la sentencia de disolución debe expedirla la Corte Suprema.
18. Garantías contra la disolución administrativa.- Como ya lo hemos visto, la Constitución excluye toda intervención del Poder Ejecutivo para disolver una organización sindical. Se ha seguido así el criterio contenido en el Convenio 87 de la OIT, que establece que "Las organizaciones de trabajadores y empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa" (art. 4").
19. Cancelación del registro sindical.-
Si bien el Poder Ejecutivo no está facultado para disolver una organización sindical, al manejar el registro sindical, a través del
Ministerio de Trabajo, se inclinó, hasta antes de entrar en vigencia la Constitución de 1979, a proceder a la cancelación del registro de las organizaciones sindicales que, a su juicio, cesaban de tener los requisitos necesarios para su subsistencia. Las resoluciones, en tal sentido, fueron formalmente firmadas por simples jefes de división o, si cabía apelación, por el subdirector encargado del registro en el Ministerio de Trabajo, aunque las decisiones provenían, en realidad, del Despacho Ministerial.
El Decreto Ley 25593 trae la siguiente norma, a este respecto:
"La cancelación del registro por la Autoridad de Trabajo sólo procederá por disolución, fusión o absorción, o por pérdida de alguno de los requisitos exigidos para su constitución y subsistencia. En este último caso, el sindicato pierde su personería
gremial como representante del conjunto de trabajadores, subsistiendo, sin embargo, su personería para otros efectos hasta su eventual disolución.
"Corresponde a la Autoridad de Trabajo, a través de diligencias idóneas, determinar si el sindicato ha dejado de cumplir alguno de los requisitos exigidos para su constitución y subsistencia, disponiendo en consecuencia la cancelación del registro sindical." (D. Ley 25593, art. 20°)
La resolución declaratoria de la cancelación del registro puede ser apelada dentro de tercero día de notificada. Contra la decisión en segunda instancia no caben recursos impugnatorios en la vía administrativa. Contra ella, se podría interponer, sin embargo, la acción contencioso-administrativa judicial.
En la práctica, la cancelación del registro equivale a la disolución de la organización sindical, porque la priva de la personalidad sindical que adquiere justamente por la inscripción en el registro. Carente de registro o con el registro cancelado, la organización sindical cesa de tener capacidad para representar a los trabajadores afiliados, ante el empleador, ante las organizaciones de empleadores y ante los órganos del Estado. Es evidente que esta forma de intervención del Ministerio de Trabajo constituye una forma de disolución administrativa de las organizaciones sindicales., expresamente prohibida por el Convenio 87 de la OIT (art. '1"). La facultad de registrar no conlleva la de cancelar el registro. La situación es similar a la que sucede con los Registros Públicos, los cuales deben proceder necesariamente a la inscripción de una persona jurídica cuando ha cumplido los requisitos para esta formalidad; pero, por ningún concepto, los Registros Públicos podrían por sí cancelar un registro; sólo lo pueden hacer cuando hay disolución por acuerdo de los miembros de la sociedad o asociación o cuando una sentencia ejecutoriada así lo dispone. Por consiguiente, en aplicación de este principio, el Ministerio de Trabajo, para cancelar el registro de cualquier organización sindical, tendría que esperar que los propios afiliados lo pidan de conformidad con los estatutos, o que se produzca una resolución en última instancia de la Corte Suprema. Entendemos que, por ser la libertad sindical un derecho reconocido por la Constitución, una decisión administrativa de cancelación del registro sin estar precedida de una disolución en forma de la organización sindical
podría ser contestada, además de una acción contencioso administrativa, por un recurso de amparo.
"La cancelación del registro, la disolución o la liquidación de una federación o confederación no afectan la subsistencia de las organizaciones de grado inferior que la- conforman." (D. Ley 25593, art. 39°)
De conformidad con el Regí, del D. Ley 25593, "El sindicato cuyo registro hubiera sido cancelado por haber perdido alguno de los requisitos para su constitución o subsistencia, podrá solicitar nuevo registro una vez transcurridos por los menos seis (6) meses de expedido aquel pronunciamiento. A tal efecto, deberá acreditar haber subsanado los requisitos que motivaron tal cancelación.
La Autoridad de Trabajo, previa verificación, procederá a la reinscripción. "Cualquier persona natural o jurídica que tenga interés legítimo, podrá solicitar a la Autoridad de Trabajo la cancelación del registro sindical por pérdida de requisitos para su constitución y subsistencia." (Regl, del D. Ley 25593, art. 24°)
El plazo de seis meses indicado y la intervención de "cualquier persona", que podría ser un empleador, contrarían la libertad sindical (Convenio 87 de la OIT, art. 2°)
20. LA LICENCIA SINDICAL
20.1. Noción.- La licencia sindical puede ser definida como la facultad de los dirigentes sindicales de ausentarse de sus labores en la empresa, como trabajadores, para ejercitar las funciones inherentes a su calidad de dirigentes de la organización sindical. Esta facultad es fundamental para posibilitar la acción sindical, ya que cuando ella se cumple, en relación a los empleadores y ante el Estado, debe realizarse necesariamente en el horario en que éstos efectúan sus actividades que coincide, por lo general, con el horario de trabajo de las empresas. Una negación u obstaculización de su ejercicio equivaldría a impedir que la organización sindical lleve a cabo su actividad fundamental que tiene lugar precisamente ante los empleadores y ante las autoridades estatales.
Veremos a continuación las fuentes de la licencia sindical, su extensión y sus efectos sobre los derechos sociales.
20.2. Fuentes
El derecho a la licencia sindical surge de las fuentes siguientes: de los instrumentos legales internacionales, de la legislación nacional, del convenio colectivo y de la voluntad del empleador.
21. Normatividad internacional.-
En ésta sólo encontramos la Recomendación 143, de la OIT que señala el criterio a observarse en esta materia, referente a la licencia sindical para acciones de representación y para acciones de capacitación y concertación intersindical.
Dice de la primera: 1) "Los representantes de los trabajadores en la empresa deberían .disfrutar, sin pérdida de salario ni de prestaciones u otras ventajas sociales, del tiempo libre necesario para desempeñar las tareas de representación en la empresa; 2) En ausencia de disposiciones adecuadas, podría exigirse al representante de los trabajadores la obtención de un permiso de su supervisor inmediato o de otro representante apropiado de la dirección nombrado a estos efectos antes de tomar tiempo libre durante las horas de trabajo, no debiendo ser negado dicho permiso sino por motivo justo."'(10°).
Dice de la segunda: "1) A fin de que los representantes de los trabajadores puedan desempeñar eficazmente sus funciones, deberán disfrutar del tiempo libre necesario para asistir a reuniones, cursos de formación, seminarios, congresos y conferencias sindicales. 2) El tiempo libre previsto en el subpárrafo 1) anterior debería ser otorgado sin pérdida de salario ni de prestaciones u otras ventajas sociales, quedando entendido que la cuestión de determinar a quién corresponderían los cargos resultantes debería determinarse por los métodos de aplicación a que se refiere el párrafo l de la presente Recomendación"
Mediante la legislación nacional, los contratos colectivos o en cualquier otra forma compatible con la práctica nacional") (10°).
22. legislación nacional.-
Existen algunas disposiciones autorizando a los dirigentes sindicales a tomar parte del tiempo de trabajo para la realización de actividades determinadas entre las cuales tenemos las siguientes: la Ley 14481 que dispone que los delegados de los trabajadores al Consejo Nacional de Trabajo tabora el Consejo Nacional de Trabajo y (concertación) y los que integran comisiones oficiales no perderán sus salarios y demás beneficios sociales por el tiempo que dejen de trabajar durante los días en que asistan a las sesiones que convoque la institución u organismo correspondiente: la Resolución Ministerial 1679, del 16/9/1964, según la cual los representantes de los trabajadores en las comisiones nacional y locales de salario mínimo vital no perderán sus salarios y demás beneficios sociales por el tiempo que dejen de trabajar para asistir a las sesiones; el artículo 15 del D. Ley 24786 por el cual se precisa que los miembros del Consejo Directivo y del Consejo de Vigilancia del Instituto Peruano de seguridad Social "gozan de licencia de sus empleadores".
23.- Convención colectiva.-
La fuente más importante de la licencia sindical es la convención colectiva. El Decreto Ley 25593 dispone a este respecto: "La convención colectiva contendrá la i estipulaciones tendentes a facilitar las actividades sindicales en lo relativo a reuniones, comunicaciones, permisos y licencias. En ningún caso podrán establecerse permisos y licencias por acto administrativo o por laudo arbitral." (art.
No se sabe que las confederaciones hayan suscrito convenciones colectivas sobre este aspecto. Numerosas organizaciones sindícales suscribieron convenciones colectivas sobre licencia sindicales con diferente alcance. Muchos empleadores vieron la conveniencia de llegar a tales acuerdos para facilitar la solución de los conflictos laborales gracias a una dedicación más acentuada de los dirigentes sindicales, reconociendo, por una parte, la necesidad de la función sindical, y, por otra, en conminación a que tales conflictos tienen un costo muchísimo más elevado que el que
pueda significar el tiempo que un dirigente sindical torne para la realización de sus actividades.
24. Por voluntad del empleador.-
Finalmente, siendo el empleador el usuario de la fuerza de trabajo durante la jornada, es él quien puede permitir que el dirigente sindical haga uso de una parte de ese tiempo para el ejercicio de la actividad sindical, además del tiempo permitido por la legislación y por la convención colectiva. Se entiende que fuera de estos casos el dirigente no podría ausentarse de la empresa, sin incurrir en ausencia injustificada.
"A falta de convención, el empleador sólo está obligado a conceder permiso para la asistencia a actos de concurrencia obligatoria a los dirigentes que el Reglamento señale." (D. Ley 25593. art 32", 2° párrafo); "los conceptos licencia y permiso sindical son sinónimos" (Regí, del D. Ley 25593. art. 15")
Los dirigentes sindicales con derecho a solicitar permiso del empleador para asistir a actos de concurrencia obligatoria, son los siguientes:
b) El Secretario Adjunto, o quien haga sus veces;
c) El Secretario de Defensa: y,
d) El Secretario de Organización.
Este permiso sindical se limita al Secretario General y Secretario de Defensa cuando el Sindicato agrupe de veinte a cincuenta afiliados.
(Regí, del D. Ley 25593. art. 16")
25. Efectos de la licencia sindical sobre los derechos sociales 25.1. Calidad de ausencia justificada.-
Las ausencias al trabajo de los dirigentes sindicales, debidamente concedidas, constituyen ausencias justificadas. Sus efectos sobre los derechos sociales dependen, en gran parte, de que sean con goce de remuneración o sin él. Si hay pago de remuneración, se considera que se trata de días de trabajo efectivo y, en consecuencia. Se cuentan, como tales, para todos los efectos.
Las consecuencias son diferentes cuando no se ha establecido el pago de remuneración por la legislación, la convención colectiva o la voluntad del empleador. Son las siguientes:
Con respecto al pago de las remuneraciones: el dirigente carece del derecho de obtenerlas, por ser el contrato de trabajo una estructura bilateral en la que si no hay prestación del trabajo tampoco corresponde el pago de la remuneración, salvo que la ley, la convención colectiva o el trato individual establezcan lo contrario.
Con respecto al récord vacacional, siendo justificadas las ausencias debidas a la licencia, ellas se cuentan cómo días de asistencia para determinar el récord de 260 días i D. Leg. 7 13 del 7/11/1991, art. 12").
En relación a la asignación por participación en las utilidades, los días de licencia sindical se cuentan cómo días de asistencia para el establecimiento del récord, por ser ausencias justificadas. (D. S. del 27/12/1950, art. 5").
En relación a la participación en las utilidades, para tener derecho a recibirlas sólo se deben contar los días de trabajo efectivo. Las ausencias debidas a la licencia sindical, que excedan de treinta días al año no son consideradas como días de trabajo efectivo (D. Ley 25593, art. 32°).
26. Globalización y libertad sindical: problemas y remedios aún insuficientes de y baja intensidad
27. La globalización económica y protección
El siglo XXI ha comenzado y se viene desarrollando con un gran protagonista económico: la globalización o mundialización, entendida como aquella realidad cuyos elementos básicos poseen una capacidad institucional, organizativa y tecnológica de operar como una unidad en tiempo real, o en un tiempo establecido a escala planetaria, para decirlo en términos de Sastre (2003: 177). Sin duda, es un tema muy complejo y polémico, con innumerables ángulos y aristas, y consecuencias positivas y negativas; cuya formulación general no vamos a desarrollar en este trabajo, por lo que nos avocaremos simplemente a tratar el impacto de este fenómeno en el mundo de las relaciones laborales y, particularmente, en el plano de las relaciones colectivas de trabajo.
Tengamos en cuenta, simplemente y como punto de partida, que se trata de un fenómeno principalmente económico que ha dinamizado la economía mundial y que se viene propagando a gran velocidad desde 1989, año simbólico en que se producen la caída del muro de Berlín y el consenso de Washington. Fin de la historia, para unos, predominio, en todo caso, del llamado «pensamiento único, desaparición del mundo bipolar y la consiguiente relajación y desaparición de muchos de los contrapesos políticos al funcionamiento de la economía que buscaban mayor equilibrio social. Retorno, dirán algunos, al laissez faire o capitalismo salvaje, sólo que esta vez a escala planetaria.
Por ello, la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, que constituyó la OIT, comienza, como ya vimos, afirmando que «la trayectoria actual de la globalización debe cambiar» ya que no cabe aceptar que la dinamización de la economía mundial, se sustente, en mucho, en la desaparición de los instrumentos de equilibrio social, imprescindibles para garantizar la estabilidad mundial. De nada nos sirve vivir dentro de «economías cada vez más libres y florecientes si estas generan
unas sociedades más débiles, desintegradas y empobrecidas», como afirma Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer (2000: 9).
Y este encuadre inicial tiene un entronque directo con nuestra disciplina, en la medida que el Derecho del Trabajo, en sus vertientes estatal o negociada colectivamente, ha venido siendo el instrumento de equilibrio social por excelencia. Aquella piedra angular del gran pacto social que sustenta al Estado Social de Derecho, que postula el reconocimiento de la propiedad privada de los medios de producción y de la libertad de empresa, a cambio de que se ejercieran dentro de los límites impuestos por la imprescindible tutela de los intereses de los trabajadores, que requerían esta protección estatal para superar la desigualdad originaria planteada en términos económicos.
De allí que lo que digamos respecto del futuro de los derechos colectivos, tiene una importancia macrosocial clave ya que éstos son instrumentos particularmente importantes del diseño constitucional de todo Estado Constitucional de Derecho, para utilizar la terminología actual.
Y el gran tema general que nos trae la globalización gira alrededor de la fractura que se produce entre tales esquemas constitucionales, y por tanto nacionales, de equilibrio y cohesión social, y un sistema económico intrínsecamente no regulado y emancipado del control político-público», para decirlo en palabras de Perulli (1999:
XVIII). Ello da lugar a una pérdida paulatina y cada vez más intensa de efectividad de los sistemas nacionales de humanización de la economía, rompiendo el paradigma de control político de la economía en aras de un reparto más generalizado de sus frutos a partir de tomar en cuenta a todos los participantes en el proceso de creación de riqueza. Hay un desmontaje de los mecanismos de equilibrio social que trae consigo grandes cuotas de insatisfacción y pobreza a gran cantidad de países, sectores y trabajadores.
Se está echando por la borda, entonces, el pragmatismo político de quienes permitieron la subsistencia del capitalismo a partir de la transformación del liberalismo auroral en el Estado Social de Derecho, cuando la revolución soviética le dio visos de
realidad a los planteamientos de las ideologías revolucionarias surgidas para confrontar los niveles generalizados de exclusión y miseria que produjo el capitalismo liberal.
De allí que sea un reclamo cada vez más unánime, el de la necesidad perentoria de gobernanza de la globalización, que supere el «triunfo de los mercados sobre los gobiernos» (Castells 1996: 172), que «agregue a la lógica del beneficio, la lógica democrática de la promoción del equilibrio y la igualdad», como señala Sanguineti, quien agrega que «no se trata de poner trabas al crecimiento de la economía, sino de hacerlo compatible con el respeto a un núcleo básico e indisponible de derechos de los trabajadores que garanticen a éstos un mínimo de bienestar» (2003: 209 y 218). Y en este terreno, nuestra disciplina y los sujetos colectivos tienen mucho que decir, en la medida en que el paradigma de transnacionalización económica no importa su desaparición sino que obliga a repensarlos para que se adecúen a las dinámicas productivas y de reparto de poder actualmente vigentes.
No olvidemos que a la globalización no se ha llegado por puro y simple determinismo histórico, sino que ha sido necesario un conjunto de factores, entre los que destacan las decisiones políticas de liberalización impulsadas por algunos países poderosos, directamente o a través de conocidos organismos internacionales; que, además, desde hace algún tiempo vienen revisando su teoría neoliberal inicial. De allí que se vuelva imprescindible la búsqueda urgente de las instituciones, reglas y mecanismos políticos multinacionales que introduzcan contrapesos sociales, redistribuyendo los beneficios del crecimiento de la riqueza, para lo cual el Derecho del Trabajo en sus vertientes estatal y pactada, nacional e internacional, debe ofrecer una valiosa cooperación.
Con lo que volvemos al principio: hay que prestar máxima atención a todas las iniciativas dirigidas a poner sobre el tapete el imprescindible respeto a la dimensión social de la globalización, redefiniendo el anacrónico aparato multilateral que nació en Bretton Woods, de manera que se cuente con la institucionalidad internacional que la tutele e impida una segmentación irreconciliable entre beneficiarios y perjudicados por este proceso económico.
No podemos ser tan necios para olvidar la historia permitiendo el surgimiento de una nueva «cuestión social» (Sanguineti 2003: 120), por lo que hay que darse prisa en la construcción de instrumentos políticos globales que refuercen el Derecho Internacional del Trabajo y la autonomía colectiva también internacional, como ejes de equilibrio y redistribución de beneficios y para que le den sostenibilidad al proceso económico.
ALFREDO VILLAVICENCIO RIOS “la libertad sindical en el Perú fundamentos alcances y regulación” editorial plades, lima 2010.
FRANCISCO GOMEZ VALDES “nueva ley procesal del trabajo” editorial san marcos lima 2014.
GERMAN ISAZA CADAVID” derecho laboral aplicado” editorial leyer.
JAVIER AREVALO VELA “derecho colectivo del trabajo” editorial grijley E.I.R.L, 2005.
JORGE RENDON VASQUEZ “derecho del trabajo colectivo” editorial edial., lima 1994.
JULIO HARO CARRANZA “derecho colectivo del trabajo “editorial ediciones legales E.I.R.L, LIMA 2009.
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