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Timestamp: 2018-11-21 08:37:57+00:00

Document:
Nº 104-16
CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.- San José, a las ocho horas del quince de noviembre del dos mil dieciséis.
Sesión ordinaria con asistencia del Vicepresidente Magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez, quien sustituye en este acto a la Presidenta, Magistrada Villanueva. De la integrante Milena Conejo Aguilar y los integrantes Ramiro Salvador Arauz Montero, Gary Amador Badilla y el integrante Suplente Hugo Hernández Alfaro, en sustitución del integrante Carlos Montero Zúñiga, por vacaciones. Asiste también la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva.
DOCUMENTO N° 13091-16
Se aprueba el acta N° 100-16 de la sesión celebrada el 1 de noviembre de 2016.
El Integrante Suplente Hernández Alfaro, se abstiene de votar en razón de no haber participado en esa sesión.
Documento N° 13034-16
Ante el sentido fallecimiento del señor José Ortiz Cruz, Hermano de la servidora Sofía Ana Yudel Ortiz Cruz, técnica judicial del Juzgado de Cobro y Civil de Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de Alajuela, se acuerda expresar las condolencias de la Corte Suprema de Justicia y de este Consejo, a la señora Sofía Ana y a su estimable familia.
Documento N° 12628, 12870-16
Mediante notificación personal el 2 de noviembre de 2016, la Secretaría General de la Corte, hizo de conocimiento del señor Rogelio Antonio Mora Gamboa, Técnico Judicial del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, la resolución N° 1674-16, de las ocho horas cuarenta minutos del dos de noviembre del dos mil dieciséis, en que se transcribe el acuerdo tomado por este Consejo en sesión Nº 100-16, celebrada el 1 de noviembre setiembre de 2016, artículo I, que literalmente dice:
“El máster Francisco Mena Ayales, Juez del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, mediante correo electrónico recibido el 31 de octubre de 2016, remitió la siguiente comunicación:
“Por haberse ordenado así en la investigación penal seguida bajo la sumaria número No.14-000042-1322-PE que por el delito de Legitimación de Capitales y otros se sigue en contra de Rogelio Mora Gamboa y otros, en perjuicio de Los Deberes de la Función Pública, se les hace saber que por resolución de este Despacho de las nueve horas con veinticinco minutos del veintinueve de octubre del dos mil dieciséis, se ha ordenado: Tres meses de Prisión Preventiva al imputado Raymundo José Pérez Castillo, a vencer el próximo 29 de enero del 2017; y la imposición de medidas cautelares al imputado Rogelio Antonio Mora Gamboa por todo lo que dure el proceso entre ellas la suspensión en el ejercicio del cargo.- Se comunica la presente disposición para lo de su cargo y adjunto la minuta correspondiente.-”
La citada minuta literalmente dice:
“SE ORDENA PRISIÓN PREVENTIVA
JUZGADO PENAL DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, al ser las nueve horas y veinticinco minutos del veintinueve de octubre del año dos mil dieciséis.-
Vista la Solicitud de Prisión Preventiva que formulan las Licenciadas Ana Yansi Umaña Moreira y Milena Brenes Brenes, en su calidad de representantes fiscales, en la Investigación Penal que se sigue contra Francis Tejeda Barrantes (se representa a si mismo), Rogelio Antonio Mora Gamboa, Marylin Andrea Mora Mora (representados por los defensores públicos licenciados Rodrigo Arias Rojas y Axa Carballo Barquero) y Raymundo José Pérez Castillo, representado por los licenciados Alejandra Araya Chaverri y Jorge Federico Campos, por el (los) delito (s) (s) de Cohecho Propio, Penalidad del Corruptor y Corrupción de Jueces y se resuelve:
La fiscalía solicita 6 meses de prisión preventiva en contra de los 4 imputados y fundamenta...
La defensa de los encartados se opone a la solicitud fiscal y argumentan...
Los 4 imputados deciden declarar e indican...
(ESCUCHAR EN ESTE SENTIDO ARCHIVO DE AUDIO)
De conformidad con lo indicado y artículos citados y por considerarse que existe la probabilidad requerida para tenerlo en grado de probabilidad autor responsable del ilícito que se le achaca, además de los latentes peligro de fuga, por alta pena a imponer y la magnitud del daño causado, peligro de obstaculización y de continuidad delictiva no superables con otro tipo de medida cautelar; se Ordena la PRISIÓN PREVENTIVA contra RAYMUNDO JOSÉ PÉREZ CASTILLO, por el término de 3 MESES a vencer el 29 de enero del año 2017. No obstante lo anterior, en cualquier momento, de Oficio o a solicitud de parte, cuando varíen las condiciones por las cuales se ordeno la Prisión Preventiva al (los) (las) encartado (s), se podrán revisar las anteriores razones procesales y sustituir esta medida restrictiva de libertad por otra menos gravosa.
SE RECHAZA SOLICITUD DE PRISIÓN PREVENTIVA
De conformidad con lo expuesto y artículos , 238, 239, 240, 241, 242 y 244 del Código Procesal Penal SE RECHAZA LA SOLICITUD DE PRISIÓN PREVENTIVA en contra de, FRANCIS TEJEDA BARRANTES, ROGELIO ANTONIO MORA GAMBOA, MARYLIN ANDREA MORA MORA, sin embargo se ordenan en contra de TEJEDA BARRANTES la (s) siguiente (s) Medida (s) Cautelar (s): 1.- Firmar una vez cada mes en la Fiscalía Adjunta de de Probidad del I Circuito Judicial de San José, iniciando sus firmar el próximo 01 de noviembre del 2016, 2.- Deberá mantener domicilio fijo y actualizado, 3.- No comunicarse con los testigos en esta causa ni con los demás imputados de ésta causa; en contra del imputado ROGELIO ANTONIO MORA GAMBOA 1.- Se ordena la suspensión de su cargo como auxiliar judicial del Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José, 2.- Se le prohíbe acercarse al juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José, al Juzgado Penal de Pavas y al Tribunal Penal de Pavas, no podrá comunicarse con testigos, compañeros del juzgado y con los otros coimputados en esta causa, con la excepción de su esposa y 3.- Deberá presentarse a firmar una vez por mes en la Fiscalía Adjunta de Probidad del I Circuito Judicial de San José; en contra de la encartada MARYLIN MORA MORA, por considerarse que no existe la probabilidad requerida para tenerla en grado de probabilidad autora responsable del ilícito que se le achaca, se ordena su inmediata libertad, si otra causa no lo impide. En caso de que el (la) (los) (las) imputado (a) (s) se encuentre (n) privado (s) de libertad, ordénese su inmediata libertad, si otra causa no lo impide. Esta minuta no sustituye la fundamentación que se encuentra en audio a disposición de las partes, la defensa del imputado Raymundo Pérez Castillo presenta recurso de apelación, la Fiscalía presenta recurso de apelación, por lo que se emplaza a las partes para que hagan valer sus derechos ante el superior en grado, se envía la causa al Tribunal de Juicio para lo de su cargo y quedan debidamente notificadas las partes. NOTIFÍQUESE. Msc. Francisco Mena Ayales Juez Penal. Etapa Preparatoria.”
En oficio Nº 4199-IJ-2016 del 31 de octubre de 2016, la servidora María José Durán Ureña, Técnica Judicial del Tribunal de la Inspección Judicial, comunicó lo siguiente:
“Para los efectos pertinentes de conformidad con el artículo 81 inciso 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, me permito hacer de su conocimiento que el Tribunal de la Inspección Judicial mediante resolución de las diez horas y once minutos del treinta y uno de octubre del año dos mil dieciséis, ordeno como medida cautelar. La suspensión con goce de salario por espacio de seis meses de la servidora Marilyn Mora Mora.”
A continuación se transcribe del voto N° 1763-2016 dictado a las diez horas y once minutos del treinta y uno de octubre del año dos mil dieciséis, por el Tribunal de la Inspección Judicial, dentro de la causa N° 16-001494-0031-IJ, lo siguiente:
I.-) Con vista en la solicitud realizada por el Lic. Jose Eduardo González Bonilla, Inspector Judicial Instructor, en la que solicita al Tribunal de la Inspección Judicial, la suspensión con goce de salario por espacio de seis meses de la servidora Marilyn Mora Mora, Técnica Judicial del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, se resuelve lo siguiente: En el procedimiento administrativo disciplinario, la Administración tiene plena facultad para aplicar las medidas cautelares que se estimen necesarias y procedentes durante el procedimiento administrativo, con la finalidad de resguardar el interés público, de conformidad con los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, aplicable supletoriamente a esta materia. De acuerdo a lo establecido por el artículo 202 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se habilita a la Administración para que proceda a tomar aquellas medidas cautelares tales como separar preventivamente a la persona servidora del cargo con goce de salario hasta por tres meses, norma que señala que la potestad disciplinaria de suspensión debe ejercerse de forma restrictiva, cuando existan fundadas razones para sospechar que si la persona servidora sigue en el desempeño de su puesto, podría eventualmente obstaculizar o hacer nugatoria la investigación iniciada en su contra o bien afectar el buen servicio público. Elementos o características necesarias en las medidas cautelares lo son la sumaria cognitio, la urgencia, la provisionalidad y la instrumentalidad. La sumaria cognitio está relacionada con la existencia o no de pruebas que sustentan el traslado de cargos, porque como lo dice la expresión sumaria cognitio es un conocimiento prima facie que tiene la Administración o el Juzgador en caso de que sean medidas jurisdiccionales del asunto, es un conocimiento superficial, entonces se resuelve con base en este conocimiento y con lo que consta en el expediente, porque detrás de esto hay un trasfondo que tiene que ver con el interés público y por esa razón la misma normativa, que en estos casos prevé el citado artículo 202. La urgencia es otro aspecto de importancia y relevante para ser tomado en consideración en las medidas cautelares en situaciones en las que exista una necesidad apremiante por parte de la Administración de tomar ciertas determinaciones de tipo cautelar para evitar mayores perjuicios al interés público o a terceros, tal y como lo mencionamos en relación con el citado 202 ibídem. La medida cautelar se tomaría en el sentido de que el buen servicio público no solamente tiene que ver con la realización de las labores, sino también con la participación de la personas usuarias externas al Despacho, ya que estas situaciones podrían afectar y ser pernicioso no solo para el servicio público sino también para la imagen institucional. En cuanto a la provisionalidad de igual manera la medida cautelar es temporal, se mantiene durante el plazo que establezca el Órgano o el Juez o bien mientras transcurra el procedimiento administrativo, la instrumentalidad es una característica que implica que la medida cautelar debe ser totalmente instrumental con el objeto del procedimiento.
II.-) Se estima que en el presente caso, procede la aplicación de la medida cautelar solicitada, por encontrarnos ante los elementos que la distinguen y que se han citado supra; la sumaria cognitio, la urgencia, la temporalidad y la instrumentalidad. Debe valorarse que la gestión que se formula pretende evitar el entorpecimiento de la investigación que se lleva en el presente proceso, una posible manipulación de la prueba que falta por recabar y una afectación a la imagen institucional. De ahí que el permanecer en el despacho, eventualmente podría darse una contaminación o injerencia en la recabación de las pruebas o incluso, una obstaculización en la misma investigación administrativa que se llevará a cabo. Se pretende con la medida solicitada, garantizar la transparencia, la objetividad y el descubrimiento de la verdad real dentro de este proceso, situaciones que se ponen en peligro, de permanecer dicha funcionaria en su puesto. Incluso, la medida gestionada ni siquiera afectaría los derechos laborales de dicha administrada. Resulta de importancia advertir que en ningún momento con la presente gestión se violenta el principio de inocencia, ni la anticipación de una sanción, solamente se hace uso de una facultad legal en resguardo de interés público que implica la resolución de este asunto. En ese entendido, de conformidad con el numeral 202 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordena la suspensión con goce de salario por seis meses a la servidora Marilyn Mora Mora, Técnica Judicial del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José.
Se acoge la solicitud de medida cautelar y se ordena la suspensión con goce de salario por espacio de seis meses de la servidora Marilyn Mora Mora.-”
Con vista en las medidas cautelares impuestas por el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José a los servidores Raymundo José Pérez Castillo y Rogelio Antonio Mora Gamboa, por su orden, Juez Penal de Turno Extraordinario y Técnico Judicial 2 del Juzgado Penal ambos del Primer Circuito Judicial de San José y considerando lo indicado por la Sala Constitucional en la sentencia número 003966-2014 en el sentido de que. “La relación laboral impone al trabajador la obligación de asistir al trabajo y al patrono la de pagar el salario. Si hay una razón, ajena a la voluntad de ambos, por la cual el trabajador no puede cumplir con su obligación, la relación laboral se suspende, como dispone el artículo 78 del Código de Trabajo, sin responsabilidad para ninguna de las partes, de manera que tampoco está el patrono obligado a pagar el salario. Ese artículo 78 tiene como fin proteger al trabajador de un despido sin responsabilidad patronal, que habría sido la consecuencia normal por su falta de asistencia al trabajo. El mismo artículo 78 impone al trabajador el deber de reanudar su trabajo tan pronto como la causa desaparezca. De esta manera, por la misma razón por la que, durante la prisión preventiva, no se paga el salario (imposibilidad de asistir al trabajo), tampoco se debe pagar durante el plazo de otra medida cautelar que también impida al trabajador asistir, aunque no necesariamente esté privado de libertad…” se acordó: 1) Suspender sin goce salario en el ejercicio del cargo al licenciado Raymundo José Pérez Castillo, a partir del 29 de octubre de 2016 y por el término de tres meses, sea hasta el 29 de enero de 2017. 2.) Suspender sin goce de salario en el ejercicio del cargo al servidor Rogelio Antonio Mora Gamboa, a partir del 29 de octubre de 2016 y por el término de tres meses, sea hasta el 29 de enero de 2017, por cuanto tiene prohibido acercarse al Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, al Juzgado Penal de Pavas y al Tribunal Penal de Pavas. 3.) De conformidad con lo que establecen los artículos 81, inciso 6°, 202 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la resolución N° 1763-20106 de las diez horas y once minutos del treinta y uno de octubre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de la Inspección Judicial, suspender con goce de salario a la servidora Marilyn Mora Mora, Técnica Judicial del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, a partir del 02 de noviembre de 2016 y hasta por tres meses. 4) Se previene a los servidores Raymundo Pérez Castillo, Rogelio Mora Gamboa y la servidora Marilyn Mora Mora, que deben señalar como medio para atender notificaciones, número de fax, cuenta de correo electrónico o cualquier otro medio que permita la seguridad del acto de comunicación conforme a lo dispuesto en el capítulo III de la Ley de Notificaciones N° 8687 del 4 de diciembre del 2008. En caso de no cumplir con esta prevención, las resoluciones que se dicten posteriormente se le notificarán de forma automática, conforme lo dispone el artículo XI de la referida Ley de Notificaciones.” (…)
Mediante correo electrónico de 3 de noviembre del 2016, el servidor Rogelio Antonio Mora Gamboa, Técnico Judicial del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, presentó lo siguiente:
Quien suscribe, Rogelio Antonio Mora Gamboa, portador de la cédula de identidad número 0110970607, en mi condición de funcionario judicial, con el mayor de los respetos, en atención a lo que preceptua el artículo 343 y 346 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, en tiempo y forma, procedo a presentar formal reconsideración (sea revocatoria o reposición) respecto de un extremo concreto que abarca el acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión número 100-16 del día 01 de noviembre de 2016, mismo que me fuera notificado el día de ayer -miércoles 02 de noviembre- en horas de la tarde. La reconsideración señala se plantea en los siguientes términos:
Primero: con el ocasión del trámite de la causa penal número 14-000042-1322-PE seguida en la Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción (Primer Circuito Judicial de San José) en contra de mi persona y Otros, el pasado sábado 29 de octubre de los corrientes, el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José (Hacienda y la Función Pública), ordenó en mi contra medidas cautelares diferentes de la prisión preventiva, en lo que interesa, una de las medidas lo fue la suspensión en el ejercicio de mis funciones como técnico judicial del Juzgado Penal de San José por espacio de 3 meses (con vencimiento en fecha 29 de enero de 2017), es importante señalar, que a pesar de la solicitud expresa que hiciera mi representación técnica, en el sentido que, en caso de que llegase a imponerse dicha suspensión lo correspondiente era que se diera con goce de salario, a pesar de ello, la autoridad jurisdiccional se inclinó por ordenar la suspensión pero sin resolver concretamente la solicitud de mi defensa, en su lugar indicó que eso le correspondería determinarlo -sea si lo era con o sin goce de salario- a otra instancia. Es importante señalar que ninguna de las partes apeló lo resuelto por el juzgador, de manera tal que, el auto de las 09:25 horas del 29 de octubre de 2016 se encuentra firme en lo que a mi persona respecta.
Segundo: que el día de ayer, sea miércoles 02 de noviembre de 2016 al ser las 13:30 horas, se me notifica el acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial en sesión número 100-16 celebrada el día 01 de noviembre de 2016, mediante el cual se determinó ordenar que la suspensión en el ejercicio del cargo lo fuera por espacio de 3 meses sin goce de salario.
Sirva lo anterior de preámbulo para señalar, que es criterio respetuoso de quien ahora gestiona, que la decisión debe ser revertida y enmendada, en tanto que, una lectura detenida del numeral 202 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, permite inferir con claridad, que tanto el Tribunal de la Inspección Judicial como el Consejo Superior del Poder Judicial tienen la potestad de ordenar una suspensión en el ejercito del cargo respecto de funcionarios judiciales, únicamente con goce de salario, así las cosas, en lo que interesa establece el artículo de comentario lo que sigue “Artículo 202.- Si los hechos denunciados pudieren ser sancionados con revocatoria de nombramiento o suspensión, o si otras circunstancias lo hicieren aconsejable, el Tribunal de la Inspección podrá separar preventivamente al servidor del cargo hasta por tres meses, con goce de salario…La misma facultad tendrá la Corte y el Consejo respecto de los servidores sobre quienes ejerza el régimen disciplinario, o que sean de su nombramiento” (resaltado no es del original), reitero, una lectura del extracto anteriormente transcrito, permite advertir con meridiana claridad, de acuerdo con el principio de legalidad y una interpretación restrictiva (en tanto que la norma limita derechos fundamentales del administrado) que ni el Tribunal de la Inspección Judicial ni el Consejo Superior del Poder Judicial tienen competencia o facultad así prevista por el legislador para efectos de imponer una suspensión del cargo sin goce de salario, en razón de ello, nuevamente, es criterio respetuoso del firmante, que la decisión debe ser revertida, teniendo en cuenta que una autoridad jurisdiccional de manera legítima me ordenó la suspensión referida, no me queda más que acatar lo ordenado; sin embargo, sería doblemente gravoso para mi esfera de derechos, que se me prive de recibir el salario que sirve de base para el sustento propio y de las personas que dependen económicamente de mi.
Nótese señores miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, que en el marco de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho como el que nos rige, a mi persona en condición de persona imputada en una causa penal, y encausada en un proceso de corte administrativo sancionar, me protege un estado jurídico de inocencia, siendo de esa manera, el que se me imponga una sanción en el ejercicio de mi cargo sin goce salarial, en mayor o menor medida se traduce en una sanción anticipada, no solamente se limita en mayor o menor medida mi derecho fundamental a la libertad, sino también el derecho al trabajo, y en suma el derecho que tengo a una ambiente sano, en general al bienestar (derivado del artículo 50 Constitucional) y la posibilidad de tener un ingreso razonable que permita mi sustento y el de las personas que me rodean mientras dure el plazo por el cual se ordenaron las medidas cautelares.
Al respecto ha señalado el Tribunal Constitucional costarricense -cuya jurisprudencia es de acatamiento obligatorio- lo que sigue “No obstante este Tribunal estima que debe revertir su criterio, en el sentido de que si bien en los casos de que el trabajador tenga prohibido asistir a su lugar de trabajo por orden judicial como medida cautelar, la suspensión puede ser con o sin goce de salario, ello debe ser determinado por la misma autoridad judicial que dicta la medida y no por el patrono. sí las cosas, en aquellos casos en que la autoridad judicial no haya ordenado que la suspensión laboral es sin goce de salario, deberá entenderse que es con goce de sueldo. El recurrente no se encuentra en prisión preventiva y siendo que la autoridad judicial no ordenó que la suspensión debía ser sin goce de salario, el Consejo recurrido no podía proceder a agravar la situación del amparado disponiendo que no podía percibir remuneración, a pesar de que se encuentra suspendido como medida cautelar en un proceso en e cual no se ha demostrado aún su culpabilidad. En consecuencia, procede estimar el recurso en cuanto este extremo, lo que implica anular los acuerdo tomados por el Consejo Superior del Poder Judicial en sesiones Nº 76-03, celebrada el 09 de octubre del dos mil tres, artículo LIII, 13-04 del veinticuatro de febrero del dos mil cuatro, y No. 15-04 celebrada el 02 de marzo de 2004, en el acuerdo LIX, en tanto se ordenó la suspensión del amparado sin goce de salario, pues como se indicó supra, es la autoridad judicial quien debe determinar si la medida cautelar es o no con goce de salario. Hasta tanto no sea éste quien lo ordene, la suspensión deberá ser con goce de sueldo” (sentencia número 2004-07781 de las 11:16 horas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resaltado no es del original).
En razón de lo que ha sido expuesto, con el debido respeto, solicito a los señores y/o señoras que integran el Consejo Superior del Poder Judicial, procedan a realizar un estudio concienzudo de lo resuelto en relación con mi persona, de manera tal que, con base en las normas citadas y jurisprudencia señalada, se proceda a revertir y enmendar la decisión tomada en el acuerdo de la sesión 100-16 del día 01 de noviembre de 2016, debiendo rectificarse en el sentido que la suspensión en el ejercicio del cargo en contra de mi persona lo debe ser con goce de salario.
Luego de analizar los alegatos expuestos por el servidor Rogelio Mora Gamboa, se estima que no lleva razón por cuanto este Consejo ha resuelto en el ámbito de sus facultades legales, y contrario a lo que estima el recurrente, lo resuelto tiene fundamento en la decisión jurisdiccional adoptada en su caso en la sede penal.
Por ser los hechos que se le imputan realizados en ejercicio de sus funciones, el juez penal le impone una medida cautelar que lo suspende en el ejercicio del cargo, es decir no puede desempeñar su puesto, ni acercarse a su lugar de trabajo. Por ello conforme lo ha resuelto la Sala Constitucional, entre otras en la sentencia número 003966-2014, el servidor tiene un impedimento para cumplir con sus obligaciones laborales y por ello la relación laboral se encuentra suspendida y no procede el pago del salario; de lo cual se deriva que no estamos en presencia de una medida administrativa que ha adoptado este Consejo, sino de una medida derivada de la impuesta por el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.
Sobre el punto que ha objetado en el recurso, la Sala Constitucional ha indicado en la sentencia señalada en el considerando anterior: “La relación laboral impone al trabajador la obligación de asistir al trabajo y al patrono la de pagar el salario. Si hay una razón, ajena a la voluntad de ambos, por la cual el trabajador no puede cumplir con su obligación, la relación laboral se suspende, como dispone el artículo 78 del Código de Trabajo, sin responsabilidad para ninguna de las partes, de manera que tampoco está el patrono obligado a pagar el salario. Ese artículo 78 tiene como fin proteger al trabajador de un despido sin responsabilidad patronal, que habría sido la consecuencia normal por su falta de asistencia al trabajo. El mismo artículo 78 impone al trabajador el deber de reanudar su trabajo tan pronto como la causa desaparezca. De esta manera, por la misma razón por la que, durante la prisión preventiva, no se paga el salario (imposibilidad de asistir al trabajo), tampoco se debe pagar durante el plazo de otra medida cautelar que también impida al trabajador asistir, aunque no necesariamente esté privado de libertad…”.
Con base en lo expuesto, Se acordó: Denegar el recurso de reconsideración interpuesto por el servidor Rogelio Antonio Mora Gamboa, técnico judicial del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, y mantener lo resuelto en sesión Nº 100-16, celebrada el 1 de noviembre setiembre de 2016, artículo I.
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Formulario: f-04 solicitud de aprobación del informe de procedimientos y medios
Nº solicito a usted la Aprobación del informe de
Comité de Ética de Protocolos de Investigación
Fecha de Aprobación anmat del Protocolo: / / Fecha de Aprobación anmat del centro hi

References: resolución 
 resolución 
 artículo 81
 resolución 
 artículo 202
 artículo 202
 resolución 
 artículo 78
 artículo 78
 artículo 78
 resolución 
 artículo 343
 artículo 50
 artículo 78
 artículo 78
 artículo 78
 Resolución