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Timestamp: 2020-07-15 19:21:00+00:00

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CPLT Jurisprudencia | Héctor Salazar Ardiles con MUNICIPALIDAD DE LA REINA
Héctor Salazar Ardiles con MUNICIPALIDAD DE LA REINA Rol: C2353-19
Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de La Reina, relativo a la entrega de información sobre letreros publicitarios ubicados en la comuna. Lo anterior, por tratarse de información pública respecto de cual se desestima la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado, por cuanto los antecedentes requeridos en las solicitudes que fundan el presente amparo son objeto de procesos de fiscalización y auditoria por parte de la Contraloría General de la República, de lo que se desprende la necesidad de sistematizar adecuadamente la información a fin de ponerla a disposición del ente contralor respectivo, lo que justifica la inversión de recursos del municipio en dichas gestiones.
DECISIÓN AMPARO ROL C2353-19
Requirente: Héctor Salazar Ardiles
Ingreso Consejo: 26.03.2019
Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de La Reina, relativo a la entrega de información sobre letreros publicitarios ubicados en la comuna.
Lo anterior, por tratarse de información pública respecto de cual se desestima la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado, por cuanto los antecedentes requeridos en las solicitudes que fundan el presente amparo son objeto de procesos de fiscalización y auditoria por parte de la Contraloría General de la República, de lo que se desprende la necesidad de sistematizar adecuadamente la información a fin de ponerla a disposición del ente contralor respectivo, lo que justifica la inversión de recursos del municipio en dichas gestiones.
En sesión ordinaria N° 1081 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de marzo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2353-19.
1) SOLICITUDES DE ACCESO: Con fechas 5, 6, 7, 8, 15, 18 y 19 de febrero de 2019, don Héctor Salazar Ardiles, por medio de siete solicitudes de acceso a la información, requirió a la Municipalidad de la Reina, los siguientes antecedentes, respecto del mismo número de letreros de publicidad ubicados en la comuna:
"1- Si la instalación del letrero publicitario individualizado cuenta con Permiso de Obra Menor otorgado por la Municipalidad. En su caso, se me indique el monto de los derechos pagados por el propietario para la obtención de dicho permiso y si estos derechos se encuentran ingresados en arcas municipales.
2- En caso que el propietario del letrero publicitario no cuente con permiso de obra menor, se me indique si dicha instalación fue objeto de fiscalización por parte de Inspectores de Obras Municipales u otro departamento. En caso afirmativo, se individualice la o las denuncias realizadas en contra de la instalación, que fueron remitidas al Juzgado de Policía Local competente.
3- Si durante la faena de instalación de estructura publicitaria, hubo información del Departamento de Operaciones, Inspectores de la Dirección de Obras Municipales o Departamento de Seguridad Ciudadana. Cuál fue la fecha de instalación del letrero?".
2) AUSENCIA DE RESPUESTAS Y AMPARO: El 26 de marzo de 2019, don Héctor Salazar Ardiles dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió respuesta a sus solicitudes.
3) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Este Consejo, al advertir en el Portal de Transparencia dos respuestas del órgano, entregadas extemporáneamente el 22 de marzo de 2019, respecto de las solicitudes MU125T0001904 y MU125T0001905; mediante Oficio E6761 del 17 de mayo de 2019, solicitó al reclamante que: (1°) aclare el fundamento de su amparo para las solicitudes MU125T0001904 y MU125T0001905, debido a que luego de revisar el Portal de Transparencia, se constató que el órgano otorgó respuesta a dichas solicitudes; y, (2°) en el evento de manifestar su disconformidad, señale específicamente qué información de la solicitada no le ha sido entregada. Lo anterior, haciendo presente que, en caso de no subsanar su amparo, el mismo solo se seguiría respecto de las solicitudes MU125T0001882, MU125T0001883, MU125T0001884, MU125T0001885 y MU125T0001894.
A la fecha, no consta que el reclamante haya efectuado presentación alguna en dicho sentido, por lo que, se continuó la tramitación del amparo respecto de las mencionadas cinco solicitudes.
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de la Reina, mediante Oficio E8064 del 14 de junio de 2019, solicitando que: (1°) indique las razones por las cuales las solicitudes de información, códigos MU125T0001882, MU125T0001883, MU125T0001884, MU125T0001885 y MU125T0001894 no habrían sido atendidas oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta a los requerimientos de información, acredite dicha circunstancia, acompañando copia de las respuestas y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de éstas, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2°, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).
Mediante Oficio N° 185, de fecha 4 de julio de 2019, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, señaló que el requirente realizó un total de 162 solicitudes de acceso a la información pública al municipio, en el periodo comprendido entre el 5 de octubre de 2018 y el 24 de mayo de 2019, a razón de prácticamente 1 solicitud diaria (En 158 días hábiles, realizó 162 solicitudes). Indica que, si nos remitimos sólo al periodo entre la primera solicitud, del 5 de octubre de 2018, y la fecha de presentación del presente amparo, el día 26 de marzo de 2019, tenemos que ya a esa fecha el reclamante había realizado un total de 115 solicitudes en 117 días hábiles. Detalla que, de estas 115 solicitudes, 106 se refieren a letreros publicitarios de la comuna, siendo lo requerido igual en todos los casos. En este contexto, explica que el municipio logró responder 62 de aquellas 106 solicitudes, pero luego, al ver que las solicitudes relativas a las mismas materias se sucedían y que el personal municipal no daba abasto para poder dar respuesta a éstas, el municipio consideró que las solicitudes constituirían un caso de abuso de derecho. Alega, que la atención de cada una de las referidas solicitudes en un periodo acotado de tiempo, sobre la misma materia, deriva en una carga excesiva de trabajo adicional a las labores habituales de los funcionarios municipales de las Direcciones de Obras Municipales, Administración y Finanzas, Seguridad y Prevención del Delito, la Secretaría Comunal de Planificación y la Dirección de Asesoría Jurídica, afectando, de este modo, no solo el correcto funcionamiento de cada una de estas direcciones, sino que el trabajo del municipio en su conjunto, entendiendo que no cuenta con una gran dotación de personal, y que la atención exclusiva a tramitar y dar respuesta a este alto número de solicitudes se traduce en un evidente desvío de las funciones habituales de los funcionarios municipales. Por lo expuesto, y luego de citar distintas decisiones emanadas de este Consejo, el municipio concluye que la cantidad de solicitudes realizadas sobre idénticas materias, por el mismo solicitante, en un periodo acotado de tiempo, constituyen la causal de secreto o reserva descrita en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, por lo que, procedió a responder las solicitudes en este tenor, señalando que a la fecha de sus descargos, las solicitudes reclamadas se encuentran ya atendidas, acompañando copia de las respuestas denegatorias respectivas.
5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Con el objeto de resolver acertadamente el presente amparo, este Consejo, mediante oficio N° 000134, de fecha 13 de febrero de 2020, solicitó a la Municipalidad de La Reina:
a) En relación con la información requerida en cada una de las solicitudes realizadas por el reclamante, considerando éstas como un conjunto, indique detalladamente el volumen estimado de información solicitada, las labores que tendría que desarrollar en la búsqueda, recopilación, sistematización y eventual tarjado de datos personales contenidos en los antecedentes requeridos.
b) Indicar respecto del punto anterior, a título estimativo, el número de funcionarios que debería destinar a las labores descritas, así como el tiempo de la jornada que tendrían que utilizar para tales fines.
c) Informe si la atención agregada de las solicitudes en comento significaría la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, y, si ello ha afectado la atención de las otras funciones públicas que el municipio debe desarrollar o ha demandado una dedicación desproporcionada en desmedro de la que se destina a la atención de las demás solicitudes de acceso.
El referido órgano, por medio de Oficio N° 31, de fecha 24 de febrero de 2020, en síntesis, detalló el proceso aplicado para dar respuesta a cada una de las solicitudes del reclamante, el que cuantificó en el siguiente cuadro resumen:
Funcionarios que forman parte del proceso Dirección/ Unidad H/H asociadas al proceso Valor Total H/H asociadas al proceso Funciones Valor H/H
Coordinador Transparencia DOM DOM 7 $119.525 Recibe la solicitud y estudia los antecedentes $17.075
Director de Obras Municipales DOM 7 $133.343 En conjunto con coordinador, planifica la forma de búsqueda y la manera en que se realizará. Se envía la orden de búsqueda y respuesta a arquitecto. $19.049
Arquitecto Revisor DOM 12 $138.828 Profesional encargado de revisar la información, ordenar y seleccionar antecedentes y elaborar respuesta. $11.569
Jefe Edificación DOM DOM 8 $92.552 Revisa la información elaborada por arquitecto. $11.569
Archivero DOM 4 $14.644 Busca las carpetas y los antecedentes en archivo DOM $3.661
Secretaria DOM 3 $16.074 Prepara documentos de entrega y memos varios. $5.358
Administrativo Patentes Comerciales DAF 3 $10.542 1. Buscar en informe de inspector para verificar ubicación y dueño del elemento
2. Contactar a inspector para aclarar dudas, solicitar fotografías.
3. Corroborar en GoogleMaps la ubicación
4. Una vez identificado revisar en los expedientes si cuenta o no con permiso
5. De no contar con permiso se detallan las citaciones que se han cursado al Juzgado de Policía Local desde la fecha de instalación o de no pago de los derechos correspondientes.
6. Con toda la información se prepara respuesta, se envía a Jefe de Patentes para revisión.
7. Con V°B° de patentes se envía respuesta $3.514
Jefe Patentes Comerciales DAF 1 $9.754 Revisión y verificación de la información V°B° para respuesta $9.754
SECPLAN SECPLAN 1 $19.049 Coordinación unidad $19.049
SECPLAN SECPLAN 3 $12.330 Dar respuesta a requerimientos, búsqueda de información solicitada, solicitud de antecedentes a otras unidades, consolidar información disponible. $4.110
Secretaria SECPLAN SECPLAN 1 $5.358 Registrar y despachar respuesta a Dirección Jurídica $5.358
Inspector Dirección de Seguridad y Prevención del Delito 12 $68.640 Buscar información en base de datos por empresa $5.720
Secretaria Dirección de Seguridad y Prevención del Delito 2 $19.508 Traspasar información a planilla en formato Excel y ordenar por empresa para preparar respuesta $9.754
Encargado de Transparencia de la Dirección de
Seguridad Dirección de Seguridad y Prevención del Delito 12 $166.380 Copera en buscar información en la base de datos por meses, años, y empresas $13.865
Encargado de Transparencia Municipal Dirección de Asesoría Jurídica 3 $34.707 Recibe la solicitud en formato carta, escanea el documento, transcribe e ingresa la solicitud al Portal de Transparencia y deriva la solicitud a las direcciones competentes.
Además genera correos de alerta de cumplimiento de plazos.
Una vez recibida la información de las unidades generadoras, revisa la misma y realiza observaciones y/o consultas.
Prepara la documentación para dar respuesta (revisar formato, tipografía, etc.)
Elabora resolución de respuesta.
Remite la resolución y los documentos que fundan la respuesta, a través del Portal de Transparencia. $11.569
Director Asesoría Jurídica Dirección de Asesoría Jurídica 1 $19.049 Revisa respuesta y firma resolución que da respuesta, por orden del Alcalde $19.049
80 $880.283 $170.023
Argumenta el municipio que, considerando solo el periodo comprendido entre la primera y la última solicitud realizada por el reclamante, esto es, entre el 5 de octubre de 2018 y el 24 de mayo de 2019, recibió un total de 464 solicitudes de acceso a la información pública, por lo que, las 162 solicitudes realizadas por el reclamante corresponden a casi un 35% de las solicitudes ingresadas en el periodo. Indica que el municipio cuenta con 1 funcionario Encargado de Transparencia Municipal, que es quien debe recibir las solicitudes, derivarlas internamente, realizar su seguimiento, recolectar la información remitida por las distintas unidades para dar respuesta, preparar la documentación que sustenta la respuesta (esto es, editar/ tachar datos sensibles, cuando corresponda, revisar y editar estilo, dar formato a documentos, etc.), elaborar la resolución de respuesta, y luego, una vez firmada por la autoridad, entregarla a través del Portal de Transparencia. Agrega que, en paralelo, el mismo funcionario realiza las tareas de publicación y actualización de Transparencia Activa, por lo que los primeros 10 días hábiles de cada mes debe realizar diversas tareas relativas a dicho proceso: remitir correos recordatorios, recibir documentación desde las unidades generadoras, editar la documentación, elaborar las planillas para cada ítem a publicar, incorporar en el servidor municipal los documentos, en formato PDF, que deben ser publicados, vincular los enlaces de cada documento a su respectiva planilla, incorporar cada planilla al Portal de Transparencia Activa, y proceder a la publicación o actualización de cada ítem. Por último, el mismo funcionario está a cargo de tramitar, dar respuesta y/o presentar descargos por amparos y reclamos presentados ante este Consejo. En consecuencia, un crecimiento de un 35% de la carga laboral en el periodo en cuestión significa una sobrecarga en esta labor en particular, la que corresponde a un área estratégica de todo servicio público.
Argumenta que, por otra parte, y considerando la magnitud de la información requerida, cada solicitud necesita ser tramitada por las diversas unidades municipales antes descritas, todas las que además deben seguir realizando sus labores habituales, siendo particularmente sensibles las tareas de atención de público en la Dirección de Obras Municipales y en Rentas Municipales, y el resguardo de la seguridad pública, en el caso de la Dirección de Seguridad y Prevención del Delito.
Además, señala que las solicitudes de acceso a la información realizadas por el reclamante, así como por otros requirentes, relativas a letreros publicitarios, surgen en el marco de las licitaciones públicas "Concesión Mobiliario Urbano con Publicidad" ID 2699-27-LQ18, publicada en el sitio de Chilecompra www.mercadopublico.cl, con fecha 14 de noviembre de 2018, y "Servicio de Retiro de Soportes Publicitarios" ID 2699-34-LQ18, con fecha de publicación 16 de noviembre de 2018.
Por otra parte, y producto de las señaladas licitaciones, tanto el reclamante como otros abogados, han realizado diversas consultas y requerimientos a la Contraloría General de La República. A mayor abundamiento, señala que actualmente dicho ente contralor se encuentra realizando 2 fiscalizaciones al respecto, además de una auditoría especial, a través de la Contraloría Regional Metropolitana.
1) Que, según se desprende de lo expuesto en el número 3 de la parte expositiva de la presente decisión, el objeto de este amparo se circunscribe a la falta de respuesta a las solicitudes de acceso a la información MU125T0001882, MU125T0001883, MU125T0001884, MU125T0001885 y MU125T0001894. Al respecto, el municipio ha alegado la causal de reserva o secreto de distracción indebida de las funciones del órgano, en atención al elevado número de solicitudes que, en iguales términos, efectuó el reclamante en un lapso acotado de tiempo.
2) Que, en este contexto, y conforme a lo establecido en el artículo 21, N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Así, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7°, N° 1, literal c), inciso tercero, que "se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales".
3) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado".
5) Que, igualmente, como describe el municipio en sus descargos, este Consejo ha resuelto además que el conjunto de requerimientos de información interpuestos por una misma persona ante un determinado órgano de la Administración del Estado, en un período acotado de tiempo, puede llegar a justificar la concurrencia de la hipótesis de distracción indebida de los funcionarios de dicha entidad, respecto del cumplimiento regular de sus funciones, recogida en el artículo 21, N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia, cuando se acredite que su atención agregada implica para tales funcionarios la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo, de esta forma, la atención de las otras funciones públicas que el órgano debe desarrollar o exigiendo una dedicación desproporcionada a un individuo en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas, implicando, todo ello, una carga especialmente gravosa para el organismo, en términos de la causal de secreto o reserva antes señalada.
6) Que, conforme a lo informado por la Municipalidad con ocasión de sus descargos en esta sede y de la respuesta a la medida para mejor resolver descrita en el número 5 de la parte expositiva, el conjunto de solicitudes de acceso formuladas por el solicitante que han dado origen al amparo en análisis, así como también otros requerimientos deducidos por el peticionario en un mismo período determinado, habrían afectado las funciones públicas que dicha entidad debe cumplir regularmente. En efecto, explica que el requirente realizó un total de 162 solicitudes de acceso a la información pública al municipio, en el periodo comprendido entre el 5 de octubre de 2018 y el 24 de mayo de 2019, a razón de prácticamente 1 solicitud por día hábil, mientras que, si se considera solo el periodo transcurrido entre la primera solicitud, del 5 de octubre de 2018, y la fecha de presentación del presente amparo, el día 26 de marzo de 2019, se tiene que ya a esa época el reclamante había realizado un total de 115 solicitudes en 117 días hábiles. Asimismo, hace presente que, por la naturaleza de la información requerida, la atención de las solicitudes puede exigir la intervención de distintas unidades municipales, a saber, las Direcciones de Obras Municipales, Administración y Finanzas, Seguridad y Prevención del Delito, la Secretaría Comunal de Planificación y la Dirección de Asesoría Jurídica. Dichas circunstancias, implicarían que, aun cuando alguna de las solicitudes de acceso individualmente considerada, eventualmente, pueda no tener la entidad suficiente para generar la distracción alegada, para la adecuada ponderación de la causal de reserva invocada, debe atenderse al hecho de que aquéllas se encuentran insertas en un contexto de múltiples requerimientos del mismo tenor y extensión, con plazos de respuesta cuyo vencimiento se produjo de manera sucesiva en un periodo de tiempo reducido.
7) Que, si bien las alegaciones del órgano dan cuenta de la necesidad de realizar una serie de labores y de invertir significativos recursos humanos para dar respuesta a las solicitudes del reclamante, se debe tener en cuenta que a su vez el municipio ha informado sobre la existencia de dos fiscalizaciones y una auditoría especial, llevados por la Contraloría General de La República y la Contraloría Regional Metropolitana, respectivamente, procesos que dicen relación con las licitaciones asociadas a las materias consultadas por el solicitante. De lo anterior, resulta procedente concluir que la información en cuestión debe encontrarse identificada y sistematizada a efectos de que el ente contralor realice su labor, antecedente que desvirtúa, o a lo menos mitiga, el carácter extraordinario de la recarga de trabajo que demandaría el poner a disposición la información requerida, no apreciándose, de esta forma, la condición de indebida que exige la causal alegada para su configuración. En este mismo sentido, y a mayor abundamiento, se debe considerar que diversos medios de prensa han informado sobre denuncias por eventuales irregularidades en los procesos de licitación en comento, lo que da cuenta de un interés razonable en el acceso a la información, en miras del ejercicio del control ciudadano sobre las actuaciones de la administración, lo que además desvirtúa las alegaciones del órgano respecto de un eventual uso abusivo del derecho de acceso a la información pública.
8) Que, por lo expuesto, se debe concluir que si bien analizado el contenido de las solicitudes objeto del presente amparo, se constata que la atención agregada de tales requerimientos, la búsqueda de la totalidad de la información solicitada, su calificación jurídica a fin de verificar la procedencia de alguna causal legal de secreto o reserva, el eventual tarjado de datos personales que en ella se pudieran contener, significaría para el organismo destinar un tiempo significativo de la jornada de sus funcionarios, no es posible calificar dicha distracción como indebida, elemento esencial para la configuración de la causal de reserva o secreto, ya que, como se explicó, se trata de información que está siendo objeto de distintos procesos de fiscalización y auditoria por parte del órgano contralor del Estado, lo que impone al municipio la obligación de mantener la información en cuestión disponible y suficientemente sistematizada, para que la mencionada entidad efectúe su labor de control. Lo anterior, sumado al interés de ejercer control ciudadano sobre los antecedentes en comento, llevan a rechazar la alegación del órgano, descartándose la configuración de la causal de distracción indebida alegada, establecida en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, debiendo, y en consecuencia, a acogerse el presente amparo.
I. Acoger el amparo deducido por don Héctor Salazar Ardiles en contra de la Municipalidad de la Reina, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.
II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de La Reina, que:
a) Entregue e informe al solicitante:
i. Si la instalación del letrero publicitario individualizado cuenta con Permiso de Obra Menor otorgado por la Municipalidad. En su caso, indique el monto de los derechos pagados por el propietario para la obtención de dicho permiso y si estos derechos se encuentran ingresados en arcas municipales.
ii. En caso de que el propietario del letrero publicitario no cuente con permiso de obra menor, indique si dicha instalación fue objeto de fiscalización por parte de Inspectores de Obras Municipales u otro departamento. En caso afirmativo, individualice la o las denuncias realizadas en contra de la instalación, que fueron remitidas al Juzgado de Policía Local competente.
iii. Si durante la faena de instalación de estructura publicitaria, hubo información del Departamento de Operaciones, Inspectores de la Dirección de Obras Municipales o Departamento de Seguridad Ciudadana. ¿Cuál fue la fecha de instalación del letrero?
Lo anterior, respecto de los siguientes letreros publicitarios ubicados en:
- Avenida Tobalaba frente al N° 8851.
- Bandejón central de la intersección de Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco con Nueva Larraín.
- Avenida Larraín N° 6741.
- Avenida Ossa N° 2051.
- Avenida Ossa N° 2015.
b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 20 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.
III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Héctor Salazar Ardiles y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de la Reina.

References: artículo 17
 Resolución 
 artículo 21
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 21
 artículo 7
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 46