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Timestamp: 2018-12-11 05:15:55+00:00

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CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA. NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES
Lunes, 29 Junio 2015 11:51
Published in Poder Judicial
Exclusividad para destituir magistrados
Separación por inconducta
Atribuciones con relación a la jurisdicción militar
Como medio para garantizar idoneidad de la magistratura
Formación para profesionales del derecho que no son jueces o fiscales
Cursos de capacitación y perfeccionamiento para jueces y fiscales
ELECCIÓN POPULAR DE JUECES DE PAZ
Función de fedatario público
Prohibición de integrar provisionalmente Salas Superiores
PROHIBICIONES DE LOS JUECES Y FISCALES
Prohibición de sindicalización de magistrados y fiscales.
FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
Carácter no discriminatorio de exigencia de calificaciones
Naturaleza temporal de los concursos públicos
Atribución del Consejo Nacional de la Magistratura para jueces y fiscales del país
Proceso de ratificación de magistrados.
Presupuestos para ser objeto de evaluación
Examinador independiente
Análisis objetivo del magistrado sujeto a evaluación
Sustentación de la decisión
Fundamento de la motivación de la resolución
Derecho a la información procesal del magistrado evaluado
Incongruencia de la prohibición de reingreso de los magistrados no ratificados
Relación entre no ratificación y debido proceso
Como mecanismo que fortalece la independencia funcional
Como mecanismo de control de la función jurisdiccional
Como mecanismo que incentiva la competencia en la carrera judicial
Como mecanismo que fomenta la participación ciudadana en la gestión del servicio de justicia
Destitución de magistrados.
Afectación de atribuciones constitucionales del Consejo Nacional de la Magistratura por el régimen disciplinario de la jurisdicción militar
Atribución ejercitada en forma paralela
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
Elección de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.
Intervención de fiscales supremos provisionales que no cubrían plaza vacante
REQUISITOS, DERECHOS, OBLIGACIONES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.
Independencia funcional y jurisdiccional
La facultad de destituir magistrados es función exclusivamente otorgada por el artículo 150 de la Constitución al Consejo Nacional de la Magistratura.
Separar por inconducta en el desempeño de la función de administrar justicia equivale a destituir (…).
El Consejo Nacional de la Magistratura es el órgano encargado, conforme a sus atribuciones constitucionales, de establecer los requisitos y condiciones que deben reunir quienes postulen a la jurisdicción especializada en lo militar, garantizando, en todo caso, que se disponga de profesionales que posean una óptima formación jurídico-militar
Al haber la Constitución instituido la Academia de la Magistratura, ello supone la adopción de un medio para garantizar la idoneidad de la magistratura, apareciendo así esta como un principio implícito de la Constitución. Pero, además, el carácter implícito de este principio en el ordenamiento constitucional, se deriva de que él es inherente al derecho a la tutela jurisdiccional (artículo 139, inciso 3, Const.) y a la potestad de administrar justicia encomendada al Poder Judicial (artículo 138, 1er párrafo). En efecto, el derecho a la tutela jurisdiccional no solo significa el acceso a la protección jurisdiccional, sino además a una calidad óptima de esta, condición que, entre otros aspectos, presupone, como elemento fundamental, la idoneidad de la magistratura.
Según lo anterior, tendríamos que el objetivo sería la conformación de un estado de cosas: la instauración de una judicatura con formación adecuada y especializada; la finalidad estaría constituida por la idoneidad judicial en cuanto fin constitucional a cuya prosecución se justifica el estado de cosas pretendido en el objetivo del trato diferenciado.
Exp. Nº 00045-2004-AI, 29/10/05, P, FJ. 53
Corresponde a la Academia de la Magistratura la formación de los jueces y fiscales, esto es, la educación o el adiestramiento para el ejercicio de la judicatura o de las labores propias del Ministerio Público. Desde esta perspectiva, la formación que la Academia de la Magistratura impartiría, tendría como destinatarios a los profesionales del derecho que, o bien no tuvieran el título de jueces o fiscales, o teniéndolo, su ejercicio se efectúe de cualquier modo, menos en la condición de titular.
Sobre los jueces o fiscales titulares no cabría la “formación”, que por definición, significa “adquirir más o menos... una aptitud o habilidad”, sino, en todo caso contribuir a su “capacitación” para un mejor ejercicio de las importantes y delicadas labores para las cuales se les ha nombrado; y, en su oportunidad, para intentar el ascenso.
Dado que el artículo 151 de la Constitución atribuye que la formación y capacitación se realizará respecto a jueces y fiscales (y tal condición solo la tienen los profesionales del derecho que tengan la condición de titulares, provisionales o suplentes), los cursos de la Academia solo podrían impartirse a los que lo ejercen, no siendo extensivo el cumplimiento de este requisito para los profesionales del derecho ajenos a la realización de dichas funciones.
Como consecuencia de ello, sería inconstitucional que el legislador intentase extender la obligación de aprobar los estudios impartidos por la Academia de la Magistratura a los profesionales del derecho que no tuviesen la condición de jueces o fiscales.
Sin embargo, si se “forma” a quien tiene la condición de juez o fiscal (y no antes), la segunda parte de la misma disposición del artículo 151, esto es, que la formación y capacitación se realiza para los efectos de su selección quedaría desprovista de significado alguno, pues si ya se es juez o fiscal no cabe declarar su aptitud para ser seleccionado.
Una norma constitucional no puede ser interpretada de manera tal que sea incongruente, pues la Constitución es una unidad en la que cada una de sus cláusulas cobran sentido tomando en cuenta su conjunto, y en consecuencia, el intérprete supremo de la Constitución no puede privilegiar un criterio interpretativo en ese sentido.
Nada (…) impide o limita que la Academia de la Magistratura pueda y deba realizar cursos de capacitación y perfeccionamiento destinados a los jueces y fiscales, tanto o más exigentes que los que se realizan para habilitar a un profesional del derecho para su selección y posterior nombramiento por el Consejo Nacional de la Magistratura, o acaso que pueda considerarse como un factor a tomarse en cuenta a la hora de determinarse la ratificación o no en el cargo de juez o fiscal, además de otros criterios que seguramente pudiera fijar dicho órgano constitucional.
Para acceder a un cargo de magistrado juez de paz por elección popular se requiere sortear satisfactoriamente un concurso público y/o proceso de designación que contempla diversas etapas de evaluación y selección, a efectos de determinar el correspondiente orden de méritos. Solo al final del proceso el nombramiento es otorgado al ganador del concurso mediante la resolución expedida por el órgano competente.
El Juez de Paz Letrado es el funcionario o autoridad descentralizada idónea para revestir de las garantías de legalidad y formalidad suficientes a las operaciones contractuales realizadas por personas que, por domiciliar en localidades que no cuentan con agencias financieras, quedan exentas de la obligación de acudir a ellas.
Si bien es cierto que los jueces de primera instancia pueden integrar, provisionalmente, una Sala Superior, lo mismo no ocurre en el caso de los jueces de paz letrados, toda vez que, como lo dispone el artículo 237 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en casos de vacancia, licencia o impedimento por más de sesenta días, los Vocales Superiores son reemplazados por los Jueces Especializados o Mixtos más antiguos del distrito judicial correspondiente, en riguroso orden de antigüedad, respetando la especialidad y siempre que reúnan los requisitos para acceder a Vocal de la Corte Superior.
La libertad sindical intuito persona se encuentra amparada genéricamente por el inciso 1 del artículo 28 de la Constitución. Empero, una lectura integral de dicho texto demuestra que se encuentran excluidos de su goce los siguientes componentes del Estado peruano:
- Los miembros del Ministerio Público y del Órgano Judicial (artículo 153 de la Constitución).
La exigencia de ciertas calificaciones para ocupar a un cargo público –de jueces y fiscales– por sí misma no constituye una afectación del inciso 2) del artículo 2 de la Constitución derecho a la igualdad ante la ley, pues dicho precepto debe interpretarse, tratándose del acceso al trabajo, y fundamentalmente del acceso a un cargo público (...). Desde esta perspectiva, debe señalarse que si bien la imposición de tal condición coloca en una mejor posición a los que lo han seguido, tal tratamiento no carece de base objetiva, puesto que no obedece a ninguna de las circunstancias del artículo 2 de la Carta Magna.
Las convocatorias a concurso público constituyen procesos de calificación y selección de personal, cuya naturaleza es temporal, finalizando con el nombramiento de aquellos que resulten elegidos. A mayor abundamiento, todo postulante se somete al proceso de evaluación en igualdad de condiciones, y lo hace en cada una de las sucesivas convocatorias, las cuales no se amplían de manera abierta a todos los procesos convocados, sino solo al que se haya postulado.
Los artículos 150 y 154 inciso 1, de la Constitución estipulan que el Consejo Nacional de la Magistratura “se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales”, y de “nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles (...)”. (...) Los cuestionados extremos de los artículos de la norma impugnada, desnaturalizan las atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura, toda vez que (...) en el caso de la elección de los integrantes de la Sala Suprema Penal Militar Policial, el Consejo solo podrá realizar el concurso “público” con los integrantes de una entidad como el denominado Cuerpo Judicial Penal Militar Policial.
El que se obligue al Consejo Nacional de la Magistratura a realizar un concurso “público” solo con los integrantes del Cuerpo Judicial Penal Militar Policial, generando una situación que limita las funciones del mencionado órgano constitucional y, además, limita desproporcionada e irrazonablemente el ejercicio de derechos fundamentales (como el de igualdad en el acceso a los cargos públicos o la libertad de trabajo) de quienes, teniendo una formación jurídico militar idónea para desempeñar la función jurisdiccional en materia penal militar, no son miembros del denominado Cuerpo Judicial Penal Militar. Es importante destacar que el Consejo Nacional de la Magistratura es el órgano encargado, conforme a sus atribuciones constitucionales, de establecer los requisitos y condiciones que deben reunir quienes postulen a la jurisdicción especializada en lo militar, garantizando, en todo caso, que se disponga de profesionales que posean una óptima formación jurídico-militar, sin perjuicio de que, más adelante se examinen con mayor profundidad, las disposiciones relacionadas con las competencias del Consejo.
Cuando se ratifica a un magistrado, sea este juez o fiscal, es absolutamente irrelevante si este desempeñó uno o varios cargos durante el periodo de siete años. Basta con que dichos cargos se hayan ejercido en condición de titular y, sobre todo, que haya transcurrido –sin interrupción alguna– el periodo establecido.
Hay varios puntos a destacar (...) a partir del nuevo parámetro brindado por el nuevo Reglamento de Evaluación y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público, aprobado mediante la Resolución del CNM Nº 1019-2005-CNM –básicamente artículos 20 y 21–, lo cual comporta a un mérito mucho más estricto de quien se somete a evaluación por parte de la ComisiónPermanente de Evaluación y Ratificación:
- Calificación de los méritos y la documentación de sustento, contrastados con la información de las instituciones u organismos que las han emitido.
- Apreciación del rendimiento en la calidad de las resoluciones y de las publicaciones, pudiendo asesorarse con profesores universitarios. Se tomará en cuenta la comprensión del problema jurídico y la claridad de su exposición; la solidez de la argumentación para sustentar la tesis que se acepta y refutar la que se rechaza; y el adecuado análisis de los medios probatorios, o la justificación de la omisión.
- Análisis del avance académico y profesional del evaluado, así como de su conducta.
- Examen optativo del crecimiento patrimonial de los evaluados, para lo cual se puede contar con el asesoramiento de especialistas.
- Estudio de diez resoluciones (sentencias, autos que ponen fin al proceso, autos en medidas cautelares o dictámenes) que el evaluado considere importantes, y que demuestre, el desempeño de sus funciones en los últimos siete años.
- Realización de un examen psicométrico y psicológico del evaluado, con asesoramiento de profesionales especialistas. El pedido lo realiza el Pleno a solicitud de la Comisión.
Solamente utilizando dichos criterios el CNM logrará realizar una evaluación conforme a la Constitución, respetuosa de la independencia del PJ y del MP, y plenamente razonada; y, a su vez, criticable judicialmente cuando no se haya respetado el derecho a la tutela procesal efectiva en el procedimiento desarrollado.
Es correcto que el consejero vote por la ratificación o no de un magistrado con un alto grado de valor intrínseco, pero su decisión debe sustentarse en la apreciación obtenida en la entrevista realizada; en los datos proporcionados por el mismo evaluado; y en los informes recolectados de instituciones como las oficinas de control interno, la Academia de la Magistratura y otras entidades públicas, así como la proveniente de la participación ciudadana.
El funcionamiento adecuado de todo órgano calificador y examinador es otro elemento esencial para prevenir el abuso de poder por parte del Estado, y por ende, para proteger los derechos de la persona. En efecto, el corolario fundamental de su existencia es la posibilidad de acudir ante los órganos con el fin de asegurar la efectividad de los derechos. Es más, para que un órgano con capacidad vigilante pueda servir de manera efectiva como órgano de control –garantía y protección de los derechos– no solo se requiere su existencia formal sino, además, su independencia e imparcialidad, pues, como bien se ha señalado para el caso judicial, debe procurarse, según lo expresa el artículo 139, inciso 2), de la Constitución, la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Esta exigencia aplicada a los consejeros debe ser considerada como un requisito de idoneidad para participar en la evaluación de un magistrado. Los miembros del Consejo no deben tener una posición predeterminada respecto a los magistrados, a fin de que en su ámbito de actuación según conciencia, deban ser lo más neutrales posible.
Dejando atrás el carácter subjetivo que ha llegado a estar consignado como forma de actuación, lo que se requiere, a partir de ahora, es una decisión con un alto componente objetivo. El consejero ya no puede determinar, a su libre albedrío, qué juez o fiscal no continúa en el cargo, sino que, para hacerlo, deberá basarse en los parámetros objetivos de evaluación (...).
Los datos objetivos que ahora se exigen según el nuevo reglamento aprobado por el CNM a los consejeros imprimen al proceso de evaluación de magistrados un mejor margen para la motivación de sus resoluciones, lo que guarda coherencia con el respeto de los derechos fundamentales de los sometidos a la ratificación. El avance normativo sobre la materia es digno de resaltar (...).
La apreciación de los consejeros ya no exclusivamente subjetiva, el control de la tutela procesal efectiva debe sustentarse en la parte objetiva (...).
Por lo tanto, (...) se debe considerar como parte de la tutela procesal efectiva el acceso a la información del procedimiento, y a la independencia del examinador.
El consejero está en el deber de tomar una decisión sobre la base de los documentos e informes presentados. Es decir, debe sustentar su decisión en los medios que considera pertinentes. De lo expuesto, se desprende lo siguiente:
- Antes de emitirse el voto, debe existir discusión para cada caso concreto.
- Cuando realicen sus votos, los consejeros deben enumerar todos los datos que a su entender sustentan su posición, pero no tienen la obligación de explicar cuál es el razonamiento utilizado para llegar a tal determinación del voto.
- Esta fundamentación no es exigible a cada consejero, más si al órgano que está decidiendo la ratificación de un magistrado.
Este es el sentido que debe otorgar a la motivación para el caso de la ratificación, en la cual debe tenerse en cuenta tanto la razonabilidad y proporcionalidad resolutiva.
La motivación servirá básicamente por dos razones: para la eficacia del control jurisdiccional ex post y para lograr el convencimiento del juez respecto a la corrección y justicia de la decisión del CNM Consejo Nacional de la Magistratura sobre sus derechos como ciudadano. Por tanto, la resolución congruente, sustentada en la motivación, descubre su pedestal en su articulación con el criterio de razonabilidad, a fin de regular adecuadamente el “margen de apreciación” que tiene el consejero para resolver de manera final, pese a la sensatez y la flexibilidad que se le ha impuesto en el ejercicio de sus funciones.
Una interpretación literal del artículo 154, inciso 2), de la Constitución, no impide la motivación resolutoria. Que explícitamente se haya requerido la fundamentación en las sanciones disciplinarias a imponer artículo 154, inciso 3), no implica –en ningún supuesto– que para la ratificación no pueda exigirse también este derecho-regla como garantía de los magistrados. Se plantea, entonces, una interpretación del precitado dispositivo, conforme a la Constitución, utilizando los principios de unidad constitucional y eficacia práctica e integradora, solo con el fin de reconocer la eficacia de la tutela procesal efectiva en la ratificación de jueces y fiscales.
Si bien se presenta como claro e interesante que exista una discrecionalidad en la actividad de los consejeros (como la tiene cualquier juzgador), ello no puede servir como base para la vulneración de los derechos de los jueces y fiscales; antes bien, sus resoluciones deben estar sometidas a criterios jurídicos que reflejen los valores, principios y derechos que la Constitución reconoce.
El derecho a la información procesal es aquel según el cual el justiciable está en la capacidad de tener acceso a los documentos que sustentan una resolución, tanto para contradecir su contenido como para observar el sustento del juzgador al emitir su fallo.
Como parte de la tutela procesal efectiva, toda la información recibida por el CNM Consejo Nacional de la Magistratura debe ser manejada con la mayor reserva posible, a fin de cautelar el derecho a la vida privada de jueces y fiscales, previéndose en el artículo 28 de la Ley Orgánica del CNM y en la V Disposición General del Reglamento del Proceso de Evaluación y Ratificación (tanto en el antiguo como en el nuevo), que no solo los consejeros, sino también el personal de apoyo del CNM, habrán de guardar reserva respecto a las informaciones que reciben y deliberaciones que realicen. Pero donde el derecho adquiere una importancia inusitada es cuando se analiza si esta confidencialidad debe ser respetada con relación a los propios magistrados.
Todo magistrado sujeto a ratificación tiene derecho al acceso de: a) la copia de la entrevista personal, por ser la audiencia de carácter público, a través del acta del acto público realizado, y no únicamente el vídeo del mismo; b) la copia de la parte del acta del Pleno del CNM Consejo Nacional de la Magistratura que contiene la votación y acuerdo de no ratificación del magistrado evaluado; y, c) la copia del Informe de la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación. Similar es el criterio adoptado por el nuevo Reglamento de Evaluación y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público, al establecer, en su exposición de motivos y en su tercera disposición complementaria y final, que el magistrado puede solicitar copias de las piezas del expediente y del informe final.
Podría sostenerse que la no ratificación judicial es un acto de consecuencias aún más graves que la destitución por medidas disciplinarias, ya que, a diferencia de esta última, el inciso 2) del artículo 154 de la Constitución dispone, literalmente, que “los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público”. Al respecto, la Constitución señala, en el inciso 2) del artículo 154, que los jueces no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial o al Ministerio Público, a diferencia del tratamiento que da a los que fueron destituidos por medida disciplinaria, para quienes no rige tal prohibición de reingreso a la carrera judicial.
La no ratificación, sin embargo, no implica una sanción, por lo que la posibilidad de aplicar la prohibición de reingresar a la carrera judicial, en principio, es incongruente, no solo con relación a la naturaleza de la institución de la ratificación, sino también con el ordinal “d”, inciso 24), del artículo 2 de la Constitución, según el cual “nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”. Es incongruente, pues, con la institución de la ratificación ya que (...) esta no constituye una sanción, sino un voto de confianza en torno al ejercicio de la función confiada por siete años. También lo es con el ordinal “d” del inciso 24) del artículo 2 de la Constitución, pues la prohibición de reingresar a la carrera judicial se equipara a una sanción cuya imposición, sin embargo, no es consecuencia de haberse cometido una falta.
Tal es la interpretación que se debe dar a aquella disposición constitucional (“Los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público”), pues, de otra forma, se podría caer en el absurdo de que una decisión que expresa un simple retiro de confianza en la forma como se ha desempeñado la función jurisdiccional y que, además, no tiene por qué ser motivada, sin embargo, termine constituyendo una sanción con unos efectos incluso más drásticos que los que se puede imponer por medida disciplinaria.
La no ratificación no comporta la idea de una sanción sino solo el retiro de la confianza en el ejercicio del cargo. Lo que significa que, forzosamente, se tenga que modular la aplicación –y titularidad– de todas las garantías que comprende el derecho al debido proceso, y reducirse esta solo a la posibilidad de la audiencia.
La ratificación de jueces y fiscales que realiza el CNM Consejo Nacional de la Magistratura –en la que se evalúa el rendimiento jurisdiccional, la capacitación y la conducta funcional de cada magistrado–, constitucionalmente admitida y desarrollada por su ley orgánica, debe encontrar su límite en los atributos de otras instituciones. En consecuencia, se torna necesario una lectura de las prerrogativas constitucionales del CNM a la luz de los fines que tienen las funciones que le han sido encomendadas. El resultado debe ser una fórmula ponderada que permita que sus facultades, aparentemente discrecionales, logren articularse con mecanismos de control de su accionar que no desnaturalicen la esencia de la institución; esto es, que garanticen, como bien preponderante, la independencia de la judicatura.
Es fácil persuadirse de que la ratificación ejercida dentro del marco de la Constitución, puede servir en el Estado Democrático para que la magistratura dé cuenta periódica del ejercicio de su independencia con responsabilidad cada siete años. Que dicha potestad haya sido entregada a un órgano como el CNM Consejo Nacional de la Magistratura, genera desde luego una garantía de que en tales proceso es menos probable la influencia política o los móviles subjetivos que puedan poner en riesgo la garantía institucional de la independencia, a condición de que tales atribuciones sean ejercidas, desde luego, con las mínimas garantías a las que de inmediato nos referiremos. De este modo, antes que colisionar con el principio de independencia o el de permanencia en el cargo, el instituto de la ratificación puede servir precisamente para fortalecer la independencia funcional del magistrado, que tiene en el proceso de ratificación la oportunidad para dar cuenta, cada cierto tiempo, de su ejercicio en el del poder que por delegación ostenta como magistrado.
Los jueces y fiscales, no hay que olvidarlo, son ante todo funcionarios públicos; en consecuencia, las garantías de independencia y permanencia en el cargo no pueden imponerse para mantener una magistratura ineficiente, irresponsable o corrupta. Es razonable suponer que en este universo amplio de personas, no todas mantengan en el tiempo un ejercicio impecable. La función jurisdiccional tiene, además, una serie de otras variables que no están presentes en el control de otras funciones públicas. En consecuencia, la institución de la ratificación no es incompatible con el modelo de Estado Democrático donde se respeta la división de poderes.
El ejercicio de la función pública requiere para su óptimo desempeño de un mecanismo que permita al funcionario un mínimo control por parte de los entes instituidos con tal propósito. En el caso de la magistratura, este poder de control de la actividad funcional del magistrado es el CNM, que la ejerce en los procesos disciplinarios, pero también de manera regular en los procesos de ratificación. De este modo, el Estado comparte responsabilidades y roles entre distintos entes a efectos de lograr un justo balance entre los poderes y atribuciones comprometidas.
Ejercida con respeto a los derechos y garantías constitucionales, la ratificación puede ser también un mecanismo eficiente de gestión del personal jurisdiccional. Los estudios sobre la materia muestran la importancia de que en toda corporación existan mecanismos de renovación y de retroalimentación de los valores y principios que se exigen para el cumplimiento de las metas de la organización y que estos mecanismos sean constantes. Es claro que la organización judicial y fiscal es una corporación donde el recurso humano es fundamental; en esta dimensión es donde actúan los mecanismos de selección permanente de tal modo que, antes que depuración, la ratificación puede entenderse también como un mecanismo para la optimización del recurso humano teniendo como una meta clara contar siempre con los mejores elementos para cumplir con éxito los fines últimos de la organización de la justicia a la que, como funcionarios públicos, sirven los jueces y fiscales. Esto permite, por otro lado, la creación de una cultura de la sana competencia dentro de la organización judicial, que a través de este tipo de procesos puede hacer públicos los perfiles de la magistratura que requiere el Estado social y democrático de derecho, generando señales claras sobre el modelo de juez o fiscal, así como sobre las competencias que se requieren para permanecer en el cargo. Desde luego, ello no es posible, por ejemplo, en un esquema donde no se publicitan ni los procesos ni las decisiones de quienes ejercen dicha función.
Al ser un proceso público, la ratificación de magistrados se presenta también como una oportunidad para que la ciudadanía pueda reivindicar al buen juez o pueda acusar directamente, y con las pruebas debidas, al juez incapaz, deshonesto o corrupto. La crítica ciudadana a la función pública es un elemento fundamental en el fortalecimiento de las instituciones de la democracia participativa. Un modelo abierto a la participación del pueblo como es el Estado social y democrático, no puede desperdiciar un momento como este para que la magistratura dé cuenta pública de sus funciones cada siete años. Eso sí, el sistema debe permitir que el magistrado responsable, capaz y honesto, espere sin temor ni incertidumbre de lo que pueda ocurrir con su destino funcionarial luego del proceso de ratificación. La sociedad peruana, que ha vivido en los últimos años con las puertas del poder público poco permeables a la crítica pública, necesita abrir espacios de diálogo entre el ciudadano y la función pública.
En el caso de las instancias inferiores de la jurisdicción militar, no existe prohibición constitucional para que el Legislador pueda crear un régimen disciplinario especial, debiendo tomarse en consideración, en todos los casos, que el artículo 154, inciso 3 de la Constitución establece como una de las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura la aplicación de la sanción de destitución a los Vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos, así como a los jueces y fiscales de todas las instancias, por lo que la regulación del régimen disciplinario de las instancias de la jurisdicción militar debe asemejarse, en lo posible, al régimen estatuido para el caso del Poder Judicial.
Dicha etapa previa de investigación preliminar de un delito no limita al Consejo Nacional de la Magistratura respecto a los alcances en el ejercicio de sus atribuciones referidas a la evaluación de jueces y fiscales sometidos a procesos disciplinarios, en virtud de la independencia que le atribuye el artículo 150, y las funciones previstas por el inciso 3) del artículo 154 de la Constitución Política del Perú.
Si la elección del Consejero Suplente del Consejo Nacional de la Magistratura, en representación del Ministerio Público, se ha realizado con intervención de fiscales supremos provisionales que no cubrían plaza vacante, (...) se ha transgredido lo dispuesto en el artículo 155, inciso 2 de la Constitución Política del Perú.
Existe equivalencia funcional entre los miembros del Poder Judicial, Ministerio Público y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, consagrada en los artículos 158 y 156 de la Constitución, que consagra su independencia funcional y jurisdiccional según corresponda, indispensable en el sistema de impartición de justicia, pilar de nuestro modelo democrático.
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References: resolución

 artículo 150
 artículo 151
 artículo 151
 resolución 
 artículo 237
 artículo 28
 artículo 2
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 139
 resolución 
 artículo 154
 artículo 154
 artículo 28
 artículo 154
 artículo 154
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 154
 artículo 150
 artículo 154
 artículo 155