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Timestamp: 2015-09-04 07:47:44+00:00

Document:
Estado de Derecho | Asociación Jurídica Cubana
Impunidad con exclusión
Publicado en 13 de enero de 2014 por ajudicuba	Responder	Lic. Edilio Hernández Herrera
La reciente atención al caso de los familiares de los prisioneros del Combinado del Este que cumplen privación perpetua de libertad desde 2003, (asesorando escritos de denuncia a Fiscalía militar y Dirección de Prisiones), nos reafirma nuestra decepción con la mayoría de los funcionarios del Estado en cuanto a cumplir con sus deberes y obligaciones, así como con el famoso código de ética que de una forma u otra abarca a todos los dirigentes y “cuadros” de los Organismos de la Administración Central del Estado.
El calvario por el que están pasando esos jóvenes y familiares (con varias denuncias anteriores), podemos resumirlo en:
1. Violación de las condiciones mínimas para los detenidos.
2. Negación de los derechos de atención médica.
3. Incumplimiento en la progresión de los regímenes de los prisioneros.
La Jefatura del Establecimiento Penitenciario Combinado del Este, ha violado del Reglamento Interno de Prisiones del MININT:
Artículo 6, Queda terminantemente prohibido someter a las personas privada de libertad a cualquier clase de vejámenes, castigos corporales, tratos crueles e inhumanos o degradantes……,
Artículo 7, A los funcionarios y autoridades que, en el ejercicio de sus funciones, quebranten las garantías y límites establecidos en este Reglamento, se les exigirá la responsabilidad penal y administrativa correspondiente y el restablecimiento de la legalidad quebrantada….,
Artículo 29.1, El sistema educativo comprende la aplicación de un régimen progresivo como método para el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad, dirigido a propiciar el desarrollo del proceso educativo y estimular la buena conducta observada por los internos, mediante la disminución gradual del rigor penitenciario…..,
Artículo 45, Para la progresión en régimen o fase se deben observar los mínimos de tiempo de permanencia siguientes:
1. Los clasificados en el régimen de Mayor Severidad:
a) 1 año como mínimo de permanencia en la primera fase.
b) 1 año como mínimo de permanencia en la Segunda Fase para progresar al régimen severo.
2. Los sancionados a privación perpetua de libertad en su tránsito por el Régimen Progresivo podrán progresar a la Segunda Fase del régimen de Mayor Severidad a los cinco años, posteriormente al término de otros cinco años al régimen Severo, y en igual término al régimen de Media Severidad. De continuar con buena conducta podrán progresar al término de 10 años al régimen de Mínima Severidad….
Una de las conclusiones de este caso es que, los daños derivados del delito cometido por aquellos jóvenes en el 2003, en su desespero e inmadurez por abandonar el país son sumamente inferiores a los originados por estos oficiales, funcionarios experimentados, conocedores y conscientes de las leyes y del papel social que el pueblo y la máxima dirección del país depositaron en ellos.
Estas conductas se repiten en todos los Organismos, sobre todo los más sensibles a la población, la PNR, la Fiscalía, los Tribunales, la Vivienda, los monopólicos, llámese Comunicaciones, Casas de Cambio, Turismo, Comercio, entre otros. El denominador común, la impunidad, como forma cubana de Exclusión a sus ciudadanos que, además de vetados a conocer y garantizarle los derechos humanos básicos que le asisten, tampoco le reconocen los judiciales y sociales (administrativos), cuyo marco legal existe en nuestras Instituciones.
Básicamente la legislación complementaria vigente por la cual los funcionarios, “cuadros” y hasta los Ministros, están obligados a responder y resolver en la vía social-administrativa, previamente a la judicial cualquier asunto de derecho agraviado es el Decreto- Ley No. 67 de 19 de abril de 1983, “De la Organización de la Administración Central del Estado”, tal y como quedó modificado por el Decreto-Ley No. 147 de 21 de abril de 1994, el cual plantea:
Artículo 52, Los organismos de la Administración Central del Estado tienen los deberes, atribuciones y funciones comunes siguientes:
a) Cumplir lo dispuesto en la Constitución de la República, las leyes, los decretos-leyes, los decretos y demás disposiciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros y asegurar el cumplimiento de la legislación vigente y la disciplina estatal en las empresas y dependencias del organismo….
…r) prestar atención y dar respuestas pertinentes, dentro de un término de sesenta dias, a las quejas y peticiones que les dirijan los ciudadanos, esforzarse por resolver correctamente las cuestiones en ellas planteadas y adoptar medidas para eliminar las deficiencias señaladas.
No responder, no aplicar justicia, dilatar para no ceder, en fin violar la legalidad, y sobre todo la ausencia de una reconocida Sociedad civil y prensa independiente, nos acerca más al caos que a un Estado de Derecho.
Publicado en Defensa de los Derechos Humanos, Garantías Constitucionales, Ojeada a la legislación	| Etiquetado AJC, Cuba, Estado de Derecho, Garantías Constitucionales, legalidad, régimen penitenciario	| Deja un comentario
Publicado en 30 de octubre de 2013 por ajudicuba	4	Lic. Argelio M. Guerra Aliaga
Si bien es cierto que la Constitución define los órganos del Estado, sus funciones y el marco legal dentro del cual estos pueden actuar, también es cierto que estos órganos y poderes pueden actuar de forma anticonstitucional.
Ante esta realidad se erige la institución del control constitucional, que surge de las garantías legales que la propia Constitución instituye, por un lado, para afianzar su supremacía sobre las demás disposiciones del ordenamiento jurídico, y por otro lado, para juzgar el actuar inconstitucional de los órganos y poderes que crea.
Se ha dicho que el control constitucional califica como inconstitucionales las leyes generales y ordinarias, según sea, que en el proceso de su elaboración omitan elementos necesarios para que esta nazca a la vida jurídica, o bien, que una vez vigente la ley ordinaria, esta modifique o derogue la norma de rango constitucional. En el primero de los supuestos el control debe recaer en el órgano legislativo, encargado de aprobar solo aquellas leyes que se avengan a los preceptos constitucionales, en el segundo caso el control puede iniciarse por algún órgano del estado, por el tribunal que conoce del asunto o por los ciudadanos con el objetivo de reclamar la defensa de un derecho fundamental violado.
El control constitucional supone la imagen de un guardián que vela porque la sociedad se ordene y funcione en el marco del más estricto apego a las disposiciones constitucionales, lo que cobrará validez en el seno de un verdadero Estado de Derecho, en el que se someten por igual gobernantes y gobernados y en el que ningún individuo, ya sea el presidente o un ciudadano cualquiera puede estar por encima de la ley.
El Estado de Derecho de erige como garantía de un efectivo control constitucional, al fragmentar el poder omnímodo del estado, y así debilitarlo, de manera que tanto el poder legislativo, como el ejecutivo y el judicial interactúen en función de que cada uno respete las reglas constitucionales. Además de la consagración de la seguridad jurídica entre gobernantes y gobernados, eliminar los rastros de arbitrariedad en el funcionamiento del estado, asegurar el sometimiento de éste a la ley, y velar por la afirmación de los derechos de las personas. Solo así cobrará sentido el espíritu y la letra de la llamada Ley de leyes.
Publicado en Defensa de los Derechos Humanos, Garantías Constitucionales	| Etiquetado AJC, Cuba, Estado de Derecho, Garantías Constitucionales, ley de leyes	| 4 Respuestas
– en ese país el poder se transmite de padres a hijos y nietos, como en las más rancias monarquías feudales,
– la participación popular en la gestión de gobierno es nula,
– los coreanos que salen al extranjero tienen que llevar, hasta cuando están en camiseta, un sello del Kim de turno; aun dentro de sus habitaciones (esto no es una exageración o algo que me llegara de oídas, sino que vi personalmente),
– y un sinfín de cosas más.
Publicado en 14 de diciembre de 2011 por ajudicuba	2	foto: OLPL
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El ejemplo precedente
Publicado en 5 de diciembre de 2011 por ajudicuba	1	foto:MArcelo López Bañobre
Cuando se creó la Asociación Jurídica Cubana, hace ya tres años, una de sus primeras actividades fue la de organizar cursos para personas de la sociedad civil que lo solicitaran.
Esos cursos elementales perseguían la finalidad de enseñar a los ciudadanos elementos de la Constitución de la República y de las leyes penales. Los cursos nos fueron prohibidos por la policía política sin que mediara explicación alguna de orden legal.
Acudimos entonces al Ministerio de Justicia explicándoles detalladamente todo lo relacionado con esos cursos, su propósito, etc., y solicitándole protección para los mismos.
Nunca obtuvimos respuesta de esa institución, aún cuando propusimos hacerlo de conjunto con los Comités de Defensa de la Revolución a nivel de cuadra.
Dada la situación actual del país y lo que vemos a través de los casos puntuales que acuden a la Asociación a por ayuda legal, ahora más que nunca, son necesarios esos cursos, porque:
A diferencia de otros países, a los escolares cubanos no se les enseñan desde temprano los derechos que los amparan, para que estos derechos los acompañen a lo largo de su existencia y ante todo peligro.
2. No existen en la radio ni en la televisión programas educativos que suplan la carencia anterior encarando en profundidad el tema de la seguridad ciudadana.
3. Solemos encontrar entonces muchísimos compatriotas que jamás han leído la Constitución de la República y, mucho menos, las leyes penales.
4.La ley cubana no recoge, como si acontece en otros lares, que el individuo pueda llamar a un abogado de su confianza cuando es arrestado o está siendo sometido a interrogatorio.
Así, el ciudadano resulta en un estado de indefensión total al no saber cuáles son sus derechos aún estando detenido, cuales las fronteras o los límites que las libertades individuales establecen y que sus captores no pueden traspasar sin caer ellos mismos en delito, hasta cuándo puede permanecer detenido sin ser presentado a juicio, etc.
Pero lo que resulta más chocante es que el Tribunal Supremo de la Nación publique cosas como esta:
Garantías Procesales en el Derecho Penal cubano
Editado por el Tribunal Supremo Popular (1990)
La Constitución de la República de Cuba, vigente desde el 24 de febrero de 1976, consagra un grupo importante de garantías de carácter jurisdiccional que vienen a constituir los principios básicos de la justicia penal. La libertad e inviolabilidad de la persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional. Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes. El detenido o preso es inviolable en su integridad personal. Estos principios básicos han sido identificados con el nombre genérico de derecho de seguridad, o sea, la convicción que tiene el individuo de que su persona y sus bienes serán respetados por quienes con él conviven y también por quienes rigen los destinos de la nación y sus agentes, la libertad y la seguridad de la persona humana están garantizados, tanto de derecho como de hecho en nuestro país.
Nada de lo anterior tendría sentido, ni siquiera la propia existencia de la Asociación Jurídica Cubana, si esa publicación se respetara por todos en el país. Pero, nos sobran elementos para aseverar que esas palabras del Supremo se violan abiertamente, sobre todo por los que más debieran cumplirlas.
Vivimos tiempos de turbulencia en todos los órdenes y en tal situación, más que nunca antes, tenemos el derecho a saber qué puede ampararnos en nuestro desenvolvimiento, en nuestras propiedades y en nuestra vida, sobre todo cuando es evidente que personas con poder prefieren mantenernos en el desconocimiento que les permita campear a su arbitrio total.
No importa que otros cierren ojos y oídos ante esta realidad. Nosotros cumpliremos con el deber que, como abogados cubanos, tenemos con nuestros hermanos y con el ejemplo de los letrados precedentes en la historia patria.
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Publicado en 2 de diciembre de 2011 por ajudicuba	2	foto: Marcelo López Bañobre
El control de la constitucionalidad de las leyes como mecanismo de defensa constitucional, desempeña un papel primordial, pues al ser la ley suprema dentro del ordenamiento jurídico, se hace imprescindible garantizar su inviolabilidad.
Para ello se impone una meta: implementar la mayor cantidad de mecanismos de protección posibles y lograr su perfeccionamiento y efectividad, evitando lagunas y antinomias, así como anular toda norma transgresora del contenido de la magna ley.
Este mecanismo en Cuba es ineficaz. Dejando a un lado las ambigüedades y omisiones que sufre nuestra Constitución, es preciso al menos responder por el cumplimiento de lo establecido en la misma.
Los mecanismos de control con los que cuenta nuestra ley suprema son los implementados por el Consejo de Estado: las Asambleas del Poder Popular, los Tribunales Populares y la Fiscalía General de la República; los cuales resultan poco coordinados e insuficientes.
Bien es cierto que según el artículo 6 de la Ley 82, los Tribunales deben participar al Ministerio Fiscal cualquier violación de la legalidad; también es cierto que la Fiscalía debe procurar el restablecimiento de la legalidad cuando sea quebrantada.
Sólo que resulta harto difícil cumplir esto a plenitud cuando los Tribunales no son realmente independientes, cuando el Fiscal es garante de los intereses estatales por encima de los del ciudadano.
Por otro lado, aún y cuando el Habeas Corpus tiene reconocimiento constitucional y está regulado en la Ley de Procedimiento Penal, es casi un tabú, pues la mayoría de los abogados de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, únicos que pueden ejercer la abogacía en Cuba, no se atreven a interponerlo, por temor a represalias estatales.
Por ello considero necesario el reconocimiento del recurso de amparo, como vía extraordinaria para la defensa de los Derechos y la creación de un Tribunal Constitucional, como órgano encargado de hacer efectiva la primacía constitucional, con atribuciones de revisar la adecuación de las leyes y decretos, con poder de derogar aquellas normas que vulneren el mandato de la ley de leyes.
Este Tribunal Constitucional también se encargaría de revisar las actuaciones del poder legislativo conferido a la Asamblea Nacional del Poder Popular y de la protección de los Derechos Fundamentales.
Como dato curioso, en nuestra Constitución de 1940, se estableció un sistema de control constitucional, a través de un Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. Sin embargo la Constitución de 1976, rompió con esta tradición, lo cual no se justifica con el hecho de estar en concordancia con los cambios económico-políticos a partir de enero de 1959, como algunos han manifestado, tratando de aminorar su importancia.
Un paso de avance sería la creación del Tribunal Constitucional, como factor catalizador para logar un Estado de Derecho, y digo paso de avance porque no sólo basta su creación, sino que ese Tribunal sea realmente independiente, siendo inexcusable que sólo se deba a la Constitución y a su Ley Órganica; capaces de hacer aportes puntuales a la democracia que tanto ansiamos.
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References: Artículo 6

Artículo 7

Artículo 29

Artículo 45

Artículo 52
 artículo 6