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Timestamp: 2019-10-19 09:20:24+00:00

Document:
STC 250/2005, 10 de Octubre de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 280407
STC 250/2005, 10 de Octubre de 2005
Número de Recurso: 6297-2003
Sentencia citada en: 187 sentencias, 3 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 6297-2003, interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, representados y defendidos por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social contra la Sentencia de la Sala de lo Social con sede en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 22 de abril de 2003, estimatoria del recurso de suplicación núm. 3800-2002 interpuesto por doña María del Rosario J.P., doña Ana Isabel, doña María del Mar, doña María Rosa y don José Antonio R.J. y contra el Auto de la misma Sala de 23 de julio de 2003, que desestimó la pretensión de nulidad de actuaciones formulada contra la anterior. Han sido parte doña María del Rosario J.P., doña Ana Isabel, doña María del Mar, doña María Rosa y don José Antonio R.J., representados por el Procurador de los Tribunales don Luciano Rosch Nadal y asistidos por el Letrado don José Mendoza Ruiz. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 23 de octubre de 2003, la Letrada de la Administración de la Seguridad Social interpuso recurso de amparo contra las resoluciones reseñadas en el encabezamiento actuando en nombre y representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social (en adelante, INSS) y de la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante, TGSS).
El INSS y la TGSS presentaron demanda contra don José Rivas Sáenz, en reclamación de nulidad de reconocimiento de prestación de jubilación del régimen general de la Seguridad Social y devolución de las cantidades indebidamente percibidas. La demanda fue parcialmente estimada por Sentencia de 16 de septiembre de 1997 del Juzgado de lo Social núm. 2, de los de Cádiz, que declaró la nulidad de la resolución por la que se había reconocido la pensión de jubilación y condenó al demandado a devolver la cantidad de 7.845.348 pesetas, correspondiente a las cantidades indebidamente percibidas entre el 1 de marzo de 1994 y el 30 de abril de 1997.
Dicha Sentencia fue recurrida en suplicación por ambas partes. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Sentencia de 13 de mayo de 1999, desestimó el recurso de don José Rivas Sáenz y estimó el del INSS y la TGSS, modificando la Sentencia de instancia en el sentido de que la condena debía incluir también la cantidad de 861.644 pesetas, correspondiente a cantidades indebidamente percibidas entre el 30 de abril y el 16 de septiembre de 1997.
Al tener conocimiento el INSS y la TGSS del fallecimiento de don José Rivas Sáenz, acaecido el 10 de octubre de 2001, presentaron el 29 de noviembre siguiente escrito ante el Juzgado de lo Social solicitando, al amparo del art. 540 de la Ley de enjuiciamiento civil, que se ampliase la ejecución de la Sentencia contra la esposa e hijos del fallecido. El 15 de enero de 2002 los citados esposa e hijos presentaron escritura de renuncia de la herencia, fechada el día 10 de enero anterior. Por escrito de 28 de enero de 2002 el INSS y la TGSS solicitaron que se prosiguiera la ejecución respecto de la viuda, no en calidad de heredera, pues había renunciado a la herencia, sino en calidad de responsable directa del 50 por 100 de la cantidad objeto de la ejecución, al considerar que la deuda tenía naturaleza de ganancial. Por Auto de 30 de abril de 2002 el Juzgado de lo Social núm. 2 de Cádiz acordó proseguir la ejecución contra los hijos del fallecido, por el importe total de la deuda, al considerar que habían ocultado bienes de la herencia (art. 1002 CC) y que la renuncia fue a los únicos efectos de eludir la ejecución, así como contra la esposa del fallecido, por el 50 por 100 de la deuda, por entender que la misma tenía carácter de ganancial.
El citado Auto fue recurrido en reposición por los hijos y la viuda del fallecido, siendo desestimado el recurso por el referido Juzgado mediante Auto de 2 de septiembre de 2002 en el que se reiteró que, respecto de los herederos, su renuncia a la herencia se efectuó en forma fraudulenta y que, en el caso de la viuda, su responsabilidad derivaba del art. 1347.1 CC, dado que la pensión que su marido recibió indebidamente pasó a ser bien ganancial y, por lo tanto, de su propiedad en un 50 por 100.
Frente al Auto de 2 de septiembre de 2002 interpusieron los ejecutados recurso de suplicación, en el que combatieron tanto la condena a los herederos, al haber renunciado los mismos a la herencia, como la responsabilidad de la viuda a título ganancial. A ambas pretensiones se opusieron el INSS y la TGSS en su escrito de impugnación del recurso. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Sentencia de 22 de abril de 2003, estimó el recurso de suplicación, al considerar que los ejecutados no ostentaban la condición de herederos del fallecido, al haber renunciado a la herencia, sin que existieran motivos probados suficientes para considerar fraudulenta la renuncia efectuada, procediendo por ello a anular los Autos de 30 de abril y 2 de septiembre de 2002 del Juzgado de lo Social.
Por la representación procesal del INSS y de la TGSS se presentó recurso de aclaración contra la anterior Sentencia, instando de la Sala que supliera la omisión de pronunciamiento apreciable en su Sentencia, dado que sólo había resuelto la pretensión relativa a la ejecución sobre los hijos del fallecido en su condición de herederos, pero no la relativa a la viuda, en su calidad de responsable directa del 50 por 100 de la deuda ganancial. Por Auto de 26 de mayo de 2003, la Sala de lo Social rechazó la existencia de omisión alguna en su Sentencia, señalando que en la misma se había apreciado la falta de legitimación pasiva de todos los recurrentes, incluida la viuda, al haber renunciado todos ellos expresamente a la herencia, por lo que no existía omisión alguna ni concepto oscuro que aclarar.
Finalmente, el INSS y la TGSS interpusieron contra el referido Auto y contra la Sentencia de la que traía causa un incidente de nulidad de actuaciones, al amparo del art. 240.3 LOPJ, denunciando la incongruencia omisiva generadora de indefensión de la Sentencia y la vulneración por la misma de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. El incidente fue desestimado por Auto de la Sala de lo Social de 23 de julio de 2003, en el que se señalaba que tal incidente solo podía promoverse en el caso de resoluciones que no fueran susceptibles de recurso en el que cupiera reparar la indefensión, mientras que en el caso de autos "las alegadas incongruencias omisivas generadoras de indefensión, que no se aprecian de la lectura conjunta de la sentencia y auto" deberían haberse planteado a través del recurso de casación, "lugar adecuado para alegar lo pertinente y reparar la posible indefensión que se dice producida".
En su demanda, los recurrentes aducen la vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), que imputan a la Sentencia de 22 de abril de 2003 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) y al Auto de 23 de julio de 2003 de la misma Sala.
Por providencia de la Sección Segunda de este Tribunal de 25 de noviembre de 2004 se acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, requiriéndose a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, y al Juzgado de lo Social núm. 2 de Cádiz para que en el plazo de diez días remitiesen, respectivamente, testimonio del rollo de suplicación núm. 3800-2002 y de los autos núm. 293/97, interesándose al propio tiempo que se emplazara a quienes hubieran sido parte en el mencionado procedimiento, con excepción de las recurrentes en amparo, que aparecían ya personadas, para que en el plazo de diez días pudiesen comparecer en este proceso constitucional, con traslado a dichos efectos de copia de la demanda presentada.
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 17 de febrero de 2005 el Procurador de los Tribunales don Luciano Rosch Nadal, actuando en nombre y representación de doña María del Rosario J.P., doña Rosa María, doña Ana Isabel, doña María del Mar y don José Antonio R.J., solicitó que se le tuviera por comparecido y parte en el procedimiento.
Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Primera de este Tribunal de 4 de marzo de 2005 se tuvieron por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos por la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Juzgado de lo Social núm. 2 de Cádiz, y el escrito del Procurador de los Tribunal don Luciano Rosch Nadal, a quien se tuvo por personado y parte en nombre y representación de doña María del Rosario J.P., doña Rosa María, doña Ana Isabel, doña María del Mar y don José Antonio R.J., acordándose, conforme a lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de las actuaciones por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para alegaciones.
El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado el 1 de abril de 2005, pide el otorgamiento del amparo. Considera que concurre efectivamente la incongruencia omisiva que se imputa a la Sentencia impugnada sin que el Auto resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones la haya reparado, pues la Sentencia se limitó a afirmar en el último inciso de su segundo fundamento de derecho que no resultaba necesario entrar en el examen de los otros motivos esgrimidos [los planteados en el recurso de suplicación bajo las letras B) y C)], resolviendo en el cuerpo de tal fundamentación la falta de legitimación pasiva de la viuda y los hijos del causante de la pensión de jubilación, si bien relacionando la misma, exclusivamente, con su cualidad de herederos, sin llegar no obstante a hacer mención alguna al postulado carácter ganancial de la deuda. Al dictarse el Auto de aclaración de fecha 26 de mayo de 2003, y en su razonamiento jurídico único, se deniega la aclaración y se insiste en los términos de la Sentencia, reiterando que la renuncia también afecta a la viuda por la renuncia de los herederos.
Mediante escrito registrado el 1 de abril de 2005, la Letrada de la Administración de la Seguridad Social presentó sus alegaciones, remitiéndose íntegramente a las consideraciones realizadas en el escrito de demanda.
La representación procesal de doña María del Rosario J.P., doña Rosa María, doña Ana Isabel, doña María del Mar y don José Antonio R.J. presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el día 7 de abril de 2005, solicitando la inadmisión de la demanda de amparo o, en su caso, su desestimación.
Por providencia de 6 de octubre de 2005 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 10 del mismo mes y año, trámite que ha finalizado en el día de hoy.
La cuestión que se plantea en el presente recurso de amparo consiste en determinar
si la Sentencia de 22 de abril de 2003, dictada por la Sala de lo Social con sede en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de las entidades recurrentes en amparo, al incurrir en una incongruencia por omisión con relieve constitucional, por no haber dado una respuesta motivada y fundada en Derecho a una de las pretensiones formuladas por las partes a lo largo del proceso y sostenida por ambas en el recurso de suplicación que resolvía. En esta misma vulneración habría incurrido el Auto de 23 de julio de 2003 de la misma Sala, por desestimar el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la anterior.
Por el contrario, la representación procesal de los comparecidos en esta vía de amparo -recurrentes en la suplicación que resultó estimada por la Sentencia ahora recurrida- pide, en primer término, la inadmisión de la demanda de amparo, tanto por la falta de agotamiento de la vía judicial previa, al no haberse interpuesto contra la Sentencia recurrida el recurso de casación para la unificación de doctrina, que entienden procedía, como por la extemporaneidad de la demanda, al haberse alargado indebidamente el plazo para recurrir en amparo mediante la interposición de un incidente de nulidad de actuaciones manifiestamente improcedente; en segundo término, para el caso de no atenderse a la anterior pretensión, piden la desestimación de la demanda, toda vez que las resoluciones recurridas no incurrieron en modo alguno en incongruencia por omisión, al dar cumplida respuesta a las pretensiones de las partes.
Es necesario abordar en primer lugar el análisis de las objeciones de procedibilidad ya reseñadas, opuestas por los comparecidos en este amparo favorecidos por las decisiones que se recurren ya que, de acogerse, determinarían la inadmisión del recurso en este momento procesal. En efecto, como tenemos declarado en jurisprudencia muy reiterada, los presupuestos de viabilidad de la demanda de amparo pueden ser apreciados incluso de oficio en fase de Sentencia y no resultan subsanados porque el recurso haya sido inicialmente admitido a trámite (por todas, STC 127/2005, de 23 de mayo, FJ 2).
Rechazadas las anteriores objeciones procesales, hemos de examinar aún, antes de entrar en el examen del fondo de la queja de amparo, una cuestión previa, referida a la posible falta de legitimación del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para interponer la demanda de amparo, dado que se trata de personas jurídico-públicas y la doctrina de este Tribunal en la materia, contenida esencialmente en la Sentencia del Pleno 175/2001, de 26 de julio.
En efecto, ya en la STC 64/1988, de 12 de abril, FJ 1, declaró este Tribunal que "no se puede efectuar una íntegra traslación a las personas jurídicas de Derecho público de las doctrinas jurisprudenciales elaboradas en desarrollo del citado derecho fundamental [a la tutela judicial efectiva] en contemplación directa de derechos fundamentales de los ciudadanos".
A partir de la jurisprudencia constitucional que ha desarrollado el análisis de esta cuestión (entre otras, además de las citadas, SSTC 197/1988, de 24 de octubre, FJ 4; 91/1995, de 19 de junio, FJ 2; y 123/1996, de 8 de julio, FFJJ 3 y 4) hemos alcanzado la conclusión de que sólo en supuestos excepcionales una organización jurídico pública disfruta -ante los órganos judiciales del Estado- del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva; y por lo mismo, sólo excepcionalmente resulta posible considerar el recurso de amparo como cauce idóneo para que las personas públicas denuncien una defectuosa tutela de los jueces y Tribunales.
No puede entenderse, a pesar de lo expuesto, que el INSS y la TGSS estén impedidos de la posibilidad de acudir en amparo en este caso ya que el supuesto de incongruencia constituye precisamente uno de los casos en los que nuestra jurisprudencia ha reconocido, como excepción, la legitimación de las personas jurídico-públicas para acudir en amparo ante este Tribunal. Como se señaló en el fundamento jurídico 8 de la STC 175/2001 citada, "como excepción, las personas públicas están amparadas por el derecho a no sufrir indefensión en el proceso (art. 24.1 CE). Así lo hemos entendido en relación con procesos donde una defectuosa contradicción entre las partes conducía a un vicio de incongruencia en la resolución del litigio (SSTC 150/1995, de 23 de octubre; y 82/1998, de 20 de abril). Y ello con independencia de qué derechos o competencias se hagan valer, quiénes sean las otras partes procesales y el orden jurisdiccional ante el que actúen. Tiene sentido destacar aquí que la prohibición de indefensión procesal a las personas públicas protege inmediatamente a éstas, pero mediatamente también a otros intereses: al interés objetivo en que el proceso sirva de forma idónea a la función jurisdiccional atribuida por la Constitución a Jueces y Tribunales (art. 117.1 CE). Y también al interés de las otras partes de que el proceso en el que actúan esté desprovisto de toda indefensión; de esta forma queda reforzada la confianza de las demás partes en la estabilidad de las resoluciones que pongan fin al proceso".
Ya respecto al fondo de la queja que se plantea hay que recordar que este Tribunal ha señalado de forma reiterada que "el derecho a la tutela judicial efectiva no se satisface exclusivamente accediendo a la jurisdicción y obteniendo una resolución judicial motivada y fundada en Derecho, sino que es necesario, además, que aquella resolución atienda sustancialmente al núcleo de las pretensiones formuladas por las partes, de suerte que ofrezca una respuesta judicial coherente con los términos del debate suscitado en el proceso (SSTC 20/1982, de 5 de mayo; 369/1993, de 13 de diciembre; 136/1998, de 29 de junio; y 96/1999, de 31 de mayo, entre otras muchas). Esta correspondencia o adecuación se quiebra en aquellos casos en que la Sentencia guarda absoluto silencio sobre elementos fundamentales de las pretensiones procesales ejercitadas, modalidad de incongruencia por omisión o ex silentio que puede ocasionar que la resolución judicial afectada por este vicio genere una no deseada denegación técnica de justicia causante de indefensión, en la medida en que no resuelve lo verdaderamente planteado en el proceso" (por todas, STC 34/2000, de 14 de febrero, FJ 2).
De acuerdo con la doctrina de este Tribunal, existe incongruencia omisiva cuando "el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita, cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales" (SSTC 124/2000, de 16 de mayo, 186/2002, de 14 de octubre, y 6/2003, de 20 de enero).
Por ello, hemos advertido igualmente que, para determinar si existe incongruencia omisiva en una resolución judicial, no basta genéricamente con confrontar la parte dispositiva de la Sentencia con el objeto del proceso delimitado por sus elementos subjetivos (partes) y objetivos (causa de pedir y petitum), a fin de comprobar si el órgano judicial dejó imprejuzgada alguna cuestión, sino que, además, "es preciso ponderar las circunstancias realmente concurrentes en cada caso para determinar si el silencio de la resolución judicial representa una auténtica lesión del art. 24.1 CE o, por el contrario, puede interpretarse razonablemente como una desestimación tácita que satisface las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva" (SSTC 5/2001, de 15 de enero, FJ 4, 237/2001, de 18 de diciembre, FJ 6 y 193/2005, de 18 de julio, FJ 3). Pues la exigencia de congruencia "no comporta que el Juez haya de quedar vinculado rígidamente al tenor literal de los concretos pedimentos articulados por las partes en sus respectivos escritos forenses o a los razonamientos o alegaciones jurídicas esgrimidas en su apoyo" (STC 182/2000, de 10 de julio, FJ 3).
A la luz de las anteriores consideraciones nos corresponde ya analizar si la resolución judicial recurrida ha vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de las entidades recurrentes al incurrir en el vicio de incongruencia por omisión que se le imputa. Y la respuesta ha de ser, sin duda, afirmativa.
Anular la Sentencia de 22 de abril de 2003 y el Auto de 23 de julio de 2003, dictados por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) en el recurso de suplicación interpuesto contra el Auto de 2 de septiembre de 2002 del Juzgado de lo Social núm. 2 de Cádiz en autos 293/97 (ejecución núm. 25/99).
Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al fallo de la Sentencia señalada, a fin de que la Sala dicte nueva Sentencia respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
STC 225/2005, 12 de Septiembre de 2005
STSJ Extremadura , 17 de Julio de 2002

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