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Timestamp: 2016-12-05 08:24:38+00:00

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[Sentencia C-645/10]- Constitucionalidad del acuerdo entre la comunidad Europea y Andina
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ARTÍCULO 3o. OBJETIVOS. 1. Las Partes acuerdan intensificar su diálogo político periódico sobre la base de los principios establecidos en el Acuerdo Marco de Cooperación de 1993 y la Declaración de Roma de 1996 entre las Partes.
ARTÍCULO 6o. OBJETIVOS. 1. Las Partes acuerdan que la cooperación prevista en el Acuerdo Marco de Cooperación de 1993 se reforzará y ampliará a otros ámbitos. Se centrará en los siguientes objetivos:
– Actividades de promoción del comercio, incluidos intercambios adecuados entre empresas de ambas Partes;
– Misiones comerciales; análisis de mercado;
– Estudios sobre la mejor manera de adaptar la producción local a la demanda de los mercados exteriores.
ARTÍCULO 40. COOPERACIÓN CULTURAL Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. 1. Las Partes acuerdan ampliar la cooperación en este ámbito, los lazos culturales y los contactos entre los agentes culturales de ambas regiones.
ARTÍCULO 48. COOPERACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO Y LA DELINCUENCIA ASOCIADA. 1. Las Partes acuerdan cooperar en la prevención del uso de sus sistemas financieros para el blanqueo de los ingresos generados por actividades delictivas, en general, y por el tráfico de drogas, en particular.
ARTÍCULO 49. COOPERACIÓN EN MATERIA DE MIGRACIÓN. 1. Las Partes reafirman la importancia que otorgan a la gestión conjunta de los flujos migratorios entre sus territorios. A fin de intensificar su cooperación, las Partes entablarán un diálogo de gran alcance sobre todas las cuestiones referentes a la migración, en especial la migración ilegal, el contrabando y el tráfico de seres humanos y la inclusión de los aspectos relativos a la migración en las estrategias nacionales de desarrollo económico y social de las áreas en las que se originan las migraciones, teniendo también en consideración los lazos históricos y culturales existentes entre ambas regiones.
– Previa petición y sin proceder a más trámites, cada país andino deberá readmitir a todos sus nacionales que se encuentren de manera ilegal en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea, proporcionarles documentos de identidad adecuados y poner a su disposición los servicios administrativos necesarios a tal efecto; y
– Previa petición y sin proceder a más trámites, cada Estado miembro de la Unión Europea deberá readmitir a todos sus nacionales que se encuentren de manera ilegal en el territorio de un país andino, suministrarles documentos de identidad adecuados y poner a su disposición los servicios administrativos necesarios a tal efecto.
ARTÍCULO 50. COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA ANTITERRORISTA. Las Partes reafirman la importancia de la lucha antiterrorista y, de conformidad con los convenios internacionales, las resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas al respecto y su legislación y normativas respectivas, acuerdan cooperar en pro de la prevención y la erradicación de los actos de terrorismo. Esta colaboración se llevará a cabo principalmente:
ARTÍCULO 51. RECURSOS. 1. Para contribuir a la consecución de los objetivos de cooperación previstos en el presente acuerdo, las partes se comprometen a facilitar, dentro de los límites de sus capacidades y a través de sus canales respectivos, los recursos adecuados, en particular recursos financieros.
ARTÍCULO 52. MARCO INSTITUCIONAL. 1. Las Partes acuerdan conservar la Comisión mixta establecida en virtud del Acuerdo de Cooperación de 1983 y mantenida en el Acuerdo Marco de Cooperación de 1993. Dicha Comisión, integrada por funcionarios de alto nivel, se reunirá alternativamente en la Unión Europea y la Comunidad Andina. El orden del día de las reuniones de la Comisión mixta se establecerá de mutuo acuerdo. Competerá a la propia Comisión mixta establecer las disposiciones relativas a la frecuencia de las reuniones, la Presidencia y demás cuestiones que puedan surgir, incluida, según proceda, la creación de subcomisiones.
ARTÍCULO 53. DEFINICIÓN DE LAS PARTES. Sin perjuicio del artículo 49, a efectos del presente acuerdo, se entenderá por “las Partes” la Comunidad, sus Estados miembros o la Comunidad y sus Estados miembros, en sus ámbitos respectivos de competencia, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, por una parte, y la Comunidad Andina, sus países miembros o la Comunidad Andina y sus países miembros, por otra, con arreglo a sus respectivas áreas de competencia. El acuerdo también será aplicable a las medidas adoptadas por las autoridades estatales, regionales o locales en los territorios de las Partes.
ARTÍCULO 54. ENTRADA EN VIGOR. 1. El presente acuerdo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a aquel en el que las Partes se notifiquen mutuamente el cumplimiento de los procedimientos necesarios a este efecto.
3. La terminación surtirá efecto seis meses después de la notificación a la otra Parte. ARTÍCULO 56. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. 1. Las Partes adoptarán todas las medidas generales o específicas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones que asumen en virtud del presente Acuerdo y velarán por que se adecuen a los objetivos establecidos en este Acuerdo.
ARTÍCULO 57. CLÁUSULA EVOLUTIVA. 1. Las Partes podrán acordar mutuamente extender el presente Acuerdo con el objetivo de ampliar y complementar su ámbito de aplicación de conformidad con su legislación respectiva, concluyendo acuerdos sobre actividades o sectores específicos a la luz de la experiencia adquirida durante su aplicación.
ARTÍCULO 58. PROTECCIÓN DE DATOS. Las Partes acuerdan que se garantizará la protección de los datos en todos los ámbitos donde se intercambien datos personales.
ARTÍCULO 59. APLICACIÓN TERRITORIAL. El presente Acuerdo se aplicará a los territorios en que es aplicable el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea en las condiciones establecidas en dicho Tratado, por una parte, y a los territorios de la Comunidad Andina y sus países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), por otra.
ARTÍCULO 60. TEXTOS AUTÉNTICOS. El presente acuerdo se redacta en doble ejemplar en lenguas alemana, danesa, española, francesa, finesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.
“Como se evidencia en la lectura del contenido y alcance del Acuerdo que se revisa, el mismo se encuentra en concordancia con los principios, derechos, postulados y contenidos normativos de la Constitución Política de Colombia, en la medida en que comprende compromisos multilaterales para Colombia, que coadyuvan a desarrollar y hacer efectivos tales principios, derechos y postulados superiores, a través de estrategias de mutua colaboración que redundarán en un mayor desarrollo económico, cultural, ambiental, político y social de nuestro país, dentro de un ámbito de integración regional y multilateral. Compromisos que se ajustan a los postulados contenidos en el artículo 9º de la Carta Política, en cuanto que los mismos no vulneran la soberanía nacional ni el respeto a la autodeterminación de los pueblos y se aviene al reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia, además de orientarse de manera transversa hacia la integración latinoamericana y del Caribe.” –folio 146, cuaderno principal- Ministerio de Relaciones Exteriores
Para dar cumplimiento a lo anunciado, la Corte (i) describirá el trámite que surtió la ley 1349 de 2009 en el Congreso de la República; (ii) se pronunciará acerca del cumplimiento de requisitos de procedimiento exigidos por la Constitución; de no presentarse vicio alguno (iii) describirá el contenido del tratado; y (iv) se pronunciará sobre la adecuación del mismo a los preceptos que le sirven como parámetro de constitucionalidad. 3. Descripción del trámite congresual que surtió la ley aprobatoria.
El proyecto de ley fue discutido y aprobado el día 29 de octubre de 2008, es decir, en la siguiente sesión, según consta en el Acta núm. 19, publicada en la Gaceta del Congreso núm. 454 de junio 8 de 2009 –folio 137 cuaderno de pruebas n. 3-: “El Secretario da lectura título del proyecto:
Sin embargo, no obstante el proyecto fue aprobado, fueron presentadas algunas declaraciones interpretativas del convenio, cuya votación finalizó en un empate que se acordó definir en la siguiente sesión. En la siguiente sesión, que tuvo lugar el día 19 de noviembre de 2008, no se realizó la votación del proyecto, por lo que el mismo fue anunciado dentro de los que se debatirían en la siguiente sesión. Según consta en el Acta de Comisión núm. 24 de 19 de noviembre de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso núm. 701 de agosto 6 de 2009 -folio 163 cuaderno de pruebas n. 3-, se anunció la votación del proyecto de ley en los siguientes términos:
En la sesión del 25 de noviembre, que fue la que siguió a la del 19 de noviembre, se negó la inclusión de las Declaraciones Interpretativas del Acuerdo y se confirmó la aprobación del proyecto de ley, tal y como se había acordado en la sesión de 29 de octubre de 2008. La aprobación definitiva consta en el acta 25 del 25 de noviembre de 2008, publicada en la Gaceta 702 de agosto 6 de 2009 –folio 169 cuaderno de pruebas n. 3-. En cuanto a los quórum deliberatorio, decisorio y votación del proyecto de ley, Felipe Ortiz M., Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, informó lo siguiente: Se cumplió con el Quórum deliberatorio y decisorio porque se encontraron presentes siete (7) de los trece (13) H. Senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado. El proyecto fue aprobado por todos los senadores presentes en el momento de la votación, de manera que la votación fue siete (7) votos por el sí – folio 170 cuaderno de pruebas n. 3-, según consta en el Acta núm. 25 del 25 de noviembre de 2008, publicada en la Gaceta No. 702 del 6 de agosto de 2009.
Así las cosas, la Corte concluye que no se presentó vicio relativo al requisito establecido en el artículo 160 constitucional durante el trámite del proyecto de ley en la Comisión II del Senado de la República. 3.3.2.2. Trámite en la Plenaria del Senado.
La ponencia para segundo debate del “Proyecto de Ley número 053 de 2008 Senado”, fue presentada por senadores Martha Lucía Ramírez de Rincón, Mario Varón Olarte, Nancy Patricia Gutiérrez, Juan Manuel Galán, Jesús Enrique Piñacué Achicué, Alexandra Moreno Piraquive, Carlos Eduardo Barriga Peñaranda y Luzelena Restrepo Betancur, habiendo sido publicada en la Gaceta del Congreso número 922 del 10 de diciembre de 2008 –folios 38 a 44 cuaderno de pruebas n. 4-. En la Gaceta del Congreso No. 208 del 15 de abril de 2009 –folio 176 cuaderno de pruebas n. 4-, contentiva del Acta de sesión Plenaria núm. 35 del día 11 de diciembre de 2008, aparece publicado el texto del anuncio para votación en Plenaria, en los siguientes términos:
Durante la Sesión Plenaria del día lunes 15 de diciembre de 2008, reseñada en el acta de sesión plenaria n. 36, que aparece publicada en la Gaceta del Congreso núm. 223 del 21 de abril de 2009 –folio 328 cuaderno de pruebas n. 4-, fue aprobado el proyecto de ley sometido al examen de la Corte. En cuanto a la votación, el Secretario General del Senado certificó lo siguiente:
El texto definitivo aprobado en segundo debate por parte de la plenaria de la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso núm. 563 de 10 de julio 2009 ¬–información obtenida de la página web de la Secretaría General del Senado -.
Ahora bien, la Corte constató que entre el primer y segundo debates medió un lapso no inferior a ocho días: i) la Comisión Segunda del Senado finalizó el debate del proyecto el día 25 de noviembre de 2008, siendo debatido en Plenaria el día 15 de diciembre del mismo año; ii) la Comisión Segunda de la Cámara aprobó el proyecto el día 06 de mayo de 2009 y la Plenaria lo debatió el 18 de junio de 2009 . Igualmente, entre el final del debate de una cámara y el inicio del debate en la otra cámara mediaron más de 15 días; en este sentido, el proyecto fue aprobado en el Senado el día 15 de diciembre de 2008, mientras que en la Comisión II de la Cámara de Representantes inició el 06 de mayo de 2009. 3.3.4. Cumplimiento de los demás requisitos constitucionales
i.	El respectivo “Proyecto de Ley número 053 de 2008 Senado”, aparece publicado, junto con su correspondiente exposición de motivos, en la Gaceta del Congreso núm. 471 de 30 de julio de 2008.
ii.	El informe de ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República aparece publicado en la Gaceta del Congreso núm. 655 de 23 de septiembre de 2008
iii.	El texto definitivo aprobado en primer debate por parte de la Comisión Segunda Constitucional Permanente fue publicado en la Gaceta del Congreso núm. 702 de 6 de agosto de 2009.
iv.	La ponencia para segundo debate del “Proyecto de Ley número 053 de 2008 Senado” fue publicada en la Gaceta del Congreso número 922 del 10 de diciembre de 2008. v.	El texto definitivo aprobado en segundo debate por parte de la Plenaria del Congreso aparece publicado en la gaceta del Congreso n. 953 de viernes 19 de diciembre de 2008.
vi.	En lo que concierne al trámite en la Cámara de Representantes, El informe de ponencia fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 268 del 30 de abril de 2009.
vii.	El informe de ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes fue presentado el 19 de mayo de 2009 y publicado en la Gaceta del Congreso No. 389 del 29 de mayo 2009
viii.	El texto definitivo aprobado en segundo debate por parte de la plenaria de la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso núm. 563 de 10 de julio 2009.
i.	El anuncio para la votación del proyecto en primer debate, es decir, en la Comisión Segunda del Senado de la República -según consta en el Acta de Comisión núm. 18 de 28 de octubre de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso núm. 453 de junio 8 de 2009-, fue realizado adecuadamente.
ii.	El anuncio para la votación del proyecto en segundo debate se encuentra publicado en la Gaceta del Congreso No. 208 del 15 de abril de 2009.
iii.	El anuncio de votación para el debate en Comisión en la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso n. 545 de 2 de julio de 2009.
iv.	El anuncio para la votación en Plenaria de la Cámara de Representantes se llevó a cabo en la sesión del día 17 de junio de 2009, cuya acta fue publicada en la gaceta 840 de 2009.
El proyecto fue aprobado en primer debate por la Comisión Segunda del Senado según consta en acta 25 del 25 de noviembre de 2008, publicada en la Gaceta 702 de agosto 6 de 2009. El proyecto fue debatido y aprobado en segundo debate con la participación de 98 senadores, que votaron a favor de la aprobación y cero e contra de la misma, según consta en acta n. 36 de la sesión de 15 de diciembre de 2008, publicada en Gaceta del Congreso n. 223 de martes 21 de abril de 2009.
3.3.5. La sanción presidencial, publicación en el Diario Oficial y la remisión del texto a la Corte Constitucional De conformidad con el artículo 165 constitucional una vez un proyecto de ley es aprobado por ambas cámaras, es enviado al Gobierno para culminar el trámite legislativo.
En el caso que ahora estudia la Sala, la Ley fue sancionada por el Presidente de la República el día 31 de julio de 2009 y su texto fue remitido a la Corte Constitucional para su revisión el día 11 de agosto de 2009, es decir, dentro de los seis días siguientes, como ordena el artículo 241-10 de la Constitución. Sin embargo, encontró la Corte que, aunque el texto aprobado por el Congreso incluyó la totalidad de los artículos del “Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación” –pues corresponde al publicado en la Gaceta del Congreso núm. 471 de 30 de julio de 2008 (folios 5 a 20 cuaderno de pruebas n. 3), en la cual se encuentran todos los artículos del Acuerdo, incluso el artículo 7º y el artículo 8º-, el texto del tratado que se sancionó y se incorporó en el texto original de la ley 1349 de 2009, no incluyó la página numero catorce (14), que contenía la totalidad del artículo 7º y el primer inciso y el primer literal del artículo 8º del Acuerdo. –folios 1 a 73 del cuaderno principal-
– el desarrollo económico y social duradero de los países en desarrollo y, particularmente de los más desfavorecidos;
– la inserción armoniosa y progresiva de los países en desarrollo en la economía mundial;
– la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo;
Posteriormente la comisión, el 23 de octubre de 1995, genera otro documento, esta vez llamado: Unión Europea-América Latina – Actualidad y perspectivas del fortalecimiento de la asociación (1996-2000), en el que plantea las directrices para el fortalecimiento de las relaciones entre Europa y América Latina. En la síntesis del mismo se consagra
•	consolidación del Estado de Derecho;
•	lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales;
•	terminación de las reformas e incremento de la competitividad.
•	el mantenimiento de la paz y la estabilidad regional;
•	el apoyo comunitario a los procesos democráticos;
•	el fomento y la protección de los derechos humanos.
El diálogo político tiene también por objeto, al margen de los aspectos estrictamente bilaterales, asociar en mayor medida a América Latina a la gestión de los asuntos internacionales y abordar otros aspectos, como la evolución de las relaciones interamericanas y los retos asociados a la protección del medio ambiente.” El siguiente paso en el camino de la política de cooperación europea con América Latina consistió en favorecer objetivos políticos y económicos que, a escala internacional, se había planteado la Unión Europea, para lo cual deberían fortalecerse políticas de acción en materia de seguridad, protección de derechos humanos y consolidación de la democracia. Estas ideas fueron concretadas en el documento Nueva Asociación Unión Europea / América Latina en los albores del siglo XXI –elaborado por la Comisión en marzo de 1999-, en donde se consignó como plan a seguir el desarrollo de una asociación estratégica que tendría por objeto
•	La organización: reforma de las Naciones Unidas, creación de mecanismos de prevención y de resolución de conflictos, etc.;
•	La legislación y su aplicación: no proliferación de armas de destrucción masiva, control de los flujos migratorios, lucha contra los distintos tipos de tráfico ilegal, etc.;
•	El fomento de valores comunes: derechos humanos, democratización, desarrollo sostenible, estabilidad financiera y equidad social.” Para llegar a esa alianza estratégica, debería intensificarse el diálogo a tres niveles: América Latina en su conjunto, las agrupaciones regionales y la sociedad civil. En el primer nivel se abordarían los principales temas horizontales de interés común, con la posibilidad de organizar encuentros específicos de alcance sectorial, temático o técnico. Sin embargo, la Comisión europea hizo manifestaciones en el sentido de considerar “que los interlocutores políticos privilegiados de la UE han de seguir siendo las agrupaciones regionales, pues de ese modo se ven favorecidos los vínculos políticos y los mecanismos de concertación y se incrementan la representatividad exterior y la flexibilidad, lo cual permite adaptarse mejor a la realidad. La sociedad civil debería participar en el diálogo para democratizar y desburocratizar la cooperación política.” Las consideraciones incluidas en el documento, en lo que respecto de América Latina, fueron consignadas en el documento de conclusiones de la Cumbre celebrada en Río de Janeiro en 1999 entre jefes de Estado de América Latina y Europa. Dichas conclusiones tuvieron un documento de seguimiento presentado, el 31 de octubre de 2000, por la Comisión: Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo seguimiento de la primera cumbre celebrada entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea. En ella se consignaron como objetivos primordiales para el futuro desarrollo de las relaciones entre las dos regiones, entre otras, las siguientes
En particular los programas ALINVEST, ALURE, ALFA y URBAL. A excepción de ALURE, todos los programas se esforzarán por integrar la dimensión cultural entre las actividades seleccionables.” Fue este el contexto que antecedió la celebración del Acuerdo de Diálogo Político que ahora estudia la Corte Constitucional y dentro del cual deben ser entendidos los objetivos y planes trazados en el mismo. Con este preámbulo entra la Corte a estudiar las disposiciones del acuerdo.
En efecto, la Corte Constitucional ha establecido que una condición esencial para convalidar en el juicio de constitucionalidad un tratado internacional, ya sea este de integración o de colaboración con miras a una futura integración, consiste en verificar que su contenido fortalezca la preservación de los presupuestos esenciales que edifican la estructura del ordenamiento Constitucional Colombiano. De suerte que, si el contenido de un acuerdo de desconoce el principio de soberanía popular, la dignidad del hombre y los derechos y libertades fundamentales, o los mandatos, valores y principios del Estado Social de Derecho, no podría superar el examen de constitucionalidad. En este sentido ha manifestado: “(…) la configuración de un espacio de mutua complementación e integración económica, social y cultural, demanda que en éste se proyecten los valores y principios superiores que rigen en el interior de los países y que también ostentan la naturaleza de compromisos internacionales irrevocables, no susceptibles de sufrir suspensión o detrimento alguno. La integración económica, que amplía mercados y genera oportunidades de desarrollo antes no concebidas, no puede aparejar como contraprestación la pérdida o erosión de los principios jurídicos superiores pertenecientes al acervo común de los pueblos que rinden homenaje a la persona humana y a su indeclinable dignidad (…)” –subrayado ausente en texto original-
Bajo este contexto, el deber ser de las relaciones internacionales del Estado impone que los representantes del pueblo colombiano al momento de negociar o asumir un compromiso internacional verifiquen que el contenido del tratado, lejos de poner en riesgo las instituciones esenciales de nuestro ordenamiento constitucional, promueva su desarrollo y aplicación efectiva. La misma Corte, en el fallo reseñado, manifestó: “(…) La Constitución de 1991 estableció en su artículo 1° que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de república democrática. De esta manera, la Constitución determinó que la legitimidad del poder público en el país reposaría en el acatamiento de diversos valores – expresados en el concepto “Estado social de derecho” – y de diversos procedimientos propios del régimen democrático. Estos presupuestos determinan fundamentalmente la estructura y la acción del Estado colombiano y, por lo tanto, también su actividad a nivel internacional y los procesos de integración en los que participe.”
El reconocimiento de los principios democráticos – que en el caso colombiano había tenido lugar desde la misma Constitución de 1886- ha conducido a que dentro del proceso de integración andino se incorpore también el principio de separación de los poderes, para lo cual se creó, además de diversos órganos ejecutivos, un Parlamento Andino y un Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (…)” –subrayado ausente en texto original-
“En atención a la naturaleza expansiva y universal de la democracia, es viable que tanto el legislador como las demás autoridades de la República, en el marco de los estrictos límites de su competencia, permitan la extensión de los principios del régimen democrático, en aras de irradiar no sólo las relaciones de tipo político, sino también de naturaleza económica, cultural, ecológica, etc. En efecto, la garantía de los derechos y libertades individuales, sociales y económicas, la sujeción de la actividad del Estado al principio de legalidad, el respeto de los principios de participación y pluralismo y, especialmente, la protección reforzada a la libertad e igualdad, no deben pertenecer exclusivamente a la arquitectura de un modelo político constitucional, sino que debe permitirse su funcionamiento normal y reiterado en otros campos de la vida ordinaria de un Estado, en aras de corregir las deficiencias que se presentan principalmente en materias de índole económica y social .”
Por otro lado, se recuerda que la cooperación en materia comercial, que incluye aspectos como el aduanero, los servicios, la propiedad intelectual, el favorecimiento de las inversiones, entre otros, debe, como lo ha manifestado la corte en ocasión anterior , orientarse al favorecimiento de las condiciones de democracia social propias de un Estado Social de Derecho, pues sólo de esta forma puede decirse que el desarrollo económico va de la mano con el progreso social.
Además, en esta oportunidad, la Corte considera que el tratado que se revisa impone compromisos sobre la base de facultades y prestaciones equilibradas de las que ambas partes se benefician, lo que resulta acorde con el mandato de la internacionalización de las relaciones exteriores colombianas, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional contenido en el artículo 226 de la Constitución y con el artículo 9 que ordena que las relaciones exteriores del Estado se fundamenten en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, lo que demuestran varios artículos del Acuerdo. Finalmente, se resalta el vínculo que en el Acuerdo se señala entre desarrollo social y desarrollo económico y que se busque que éste sea el fruto de procesos de concertación en los que la reducción de la pobreza sea un tema esencial, lo que no se reduce a un aspecto en concreto, sino que resulta transversal en los diferentes ámbitos del desarrollo económico. De esta forma los diferentes aspectos del Acuerdo que ahora analiza la Corte deberán entenderse y desarrollarse de acuerdo con todos y cada uno de los elementos que resultan fundamentales al sistema democrático previsto por la Constitución de 1991, siendo preceptivo tener en cuenta la relación que el propio tratado plantea entre los distintos temas de la cooperación y principios como la democracia, la igualdad social, la igualdad de género, la protección de los recursos naturales, entre otros. De este modo el Acuerdo y su interpretación acorde con la Constitución se constituyen en parámetro de adecuación constitucional de los acuerdos, convenios o cualquier tipo de instrumentos internacionales que en desarrollo del mismo se realicen por parte de las autoridades nacionales.
En cuanto al artículo 54, es evidente que la forma de entrada en vigencia del Convenio respeta los requisitos que la Constitución colombiana impone para que el Estado colombiano se obligue internacionalmente (artículos 189-2, 150-16 y 241-10) ya que indica que “entrará en vigor el primer día del mes siguiente a aquel en el que las Partes se notifiquen mutuamente el cumplimiento de los procedimientos necesarios a este efecto”. Por último, las previsiones en torno a la duración y denuncia del Convenio –numerales 1º, 2º, 3º del artículo 55 del Acuerdo-, comunes en derecho internacional, respetan la Constitución pues nuestro Estado, en ejercicio de su soberanía, tiene la posibilidad de manifestar si desea de permanecer o no obligado por el mismo.
Magistrado ACLARACION DE VOTO DE LA MAGISTRADA
Este anuncio previo en mi criterio, debió ser más preciso, pues en el momento en que se efectúa el mismo, deben fijarse los elementos que permitan a los miembros de la Comisión respectiva, determinar con certeza cuando tendrá lugar la próxima sesión en que se votará el proyecto de Ley. Ello para garantizar el cumplimiento del artículo 8 del Acto Legislativo N° 01 de de 2003 y evitar que pueda incurrirse en equívocos, sobre el día en que se llevará a cabo la votación.

References: ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 40

ARTÍCULO 48

ARTÍCULO 49

ARTÍCULO 50

ARTÍCULO 51

ARTÍCULO 52

ARTÍCULO 53
 artículo 49

ARTÍCULO 54
 ARTÍCULO 56

ARTÍCULO 57

ARTÍCULO 58

ARTÍCULO 59

ARTÍCULO 60
 artículo 9
 artículo 160
 artículo 165
 artículo 241
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 8
 resolución 
 artículo 1
 artículo 226
 artículo 9
 artículo 54
 artículo 55
 artículo 8