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BOE.es - Documento BOE-A-2015-6381
Documento BOE-A-2015-6381
«BOE» núm. 136, de 8 de junio de 2015, páginas 48755 a 48769 (15 págs.)
BOE-A-2015-6381
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Rios, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4921-2012, planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid respecto del segundo inciso del párrafo primero del art. 174.2 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio en la redacción dada por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. Ha intervenido el Fiscal General del Estado. Han comparecido y presentado alegaciones, en la representación que ostentan, el Abogado del Estado y la Letrada de la Administración de la Seguridad Social. Ha sido Ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, quien expresa el parecer del Tribunal.
La resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 3 de junio de 2009, denegó la solicitud de reconocimiento de la pensión de viudedad por no tener doña A.S.M., en el momento del fallecimiento, derecho a la pensión compensatoria a que se refiere el art. 97 del Código civil (CC), conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del art. 174.2 LGSS, en la redacción dada por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre. Interpuesta reclamación previa contra esta resolución, fue también desestimada por la entidad gestora, mediante resolución de 2 de septiembre de 2009, en la que, tras recordar lo establecido en el art. 174.2 LGSS, expone que en el convenio regulador aportado al expediente se indica que el causante deberá abonar a la esposa una «pensión alimenticia», sin mencionarse el concepto de «pensión compensatoria».
c) Contra dicha Sentencia interpuso la interesada recurso de suplicación, sustanciado bajo el núm. 100-2012, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Tras haberse fijado como fecha de votación y fallo el día 24 de mayo de 2012, la Sala dictó providencia el mismo 24 de mayo de 2012, por la que acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal por término de diez días, de conformidad con lo previsto en el art. 35.2 de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), para que alegaran lo que estimaran conveniente sobre el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad respecto al «art. 174.2 párrafo segundo de la vigente Ley General de la Seguridad Social». En concreto, la providencia indica que las dudas de constitucionalidad se plantean respecto a la compatibilidad de dicha previsión con el art. 14 CE, en relación con los arts. 24.1 y 41 CE, en cuanto que excluye a las personas separadas judicialmente a las que, en vez de pensión compensatoria se les fijó, a su favor y a cargo de su cónyuge, pensión de alimentos.
Tras poner de relieve el origen del precepto cuestionado, empieza destacando que los Tribunales han venido reconociendo que la finalidad de esta norma es atender a la realidad de una cierta dependencia económica del beneficiario respecto del causante y que, por tal razón, han huido de una interpretación literal del tenor legal, admitiendo como aptas para la percepción de la pensión de viudedad las pensiones establecidas en acuerdos privados y no en sentencia, con nomenclaturas distintas a la de pensión compensatoria –como, por ejemplo, «auxilio económico»–, por entender que, independientemente de que fueran reconocidas en Sentencia o en convenio privado o tuvieran un nombre u otro, se trataba de rentas periódicas establecidas en favor de uno de los cónyuges tras la separación para paliar el desequilibrio económico sufrido. El escrito pone, no obstante, de relieve que la cuestión ha sido finalmente resuelta por el Tribunal Supremo en favor de una interpretación restrictiva y literal del precepto, al considerar que, conforme a la ley, la situación de dependencia a efectos de la pensión de viudedad se da, exclusivamente, cuando se acredita la pensión compensatoria del art. 97 CC, por lo que no cabe otorgar esta prestación cuando se percibe pensión de alimentos (SSTS de 14 y 21 de febrero de 2012; y de 21 de marzo de 2012).
f) El Fiscal, en escrito registrado el 21 de junio de 2012, presentó asimismo alegaciones, a efectos de informar que resulta procedente el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, en atención a las siguientes razones: en primer lugar, por considerar que se cumplen los requisitos formales exigidos por la STC 26/1984, dado que nos encontramos ante una ley que resulta aplicable al caso, dependiendo finalmente el fallo de su validez; y en segundo lugar, por entender que, en la medida en que el art. 174.2 LGSS establece el requisito de que se perciba pensión compensatoria conforme al art. 97 CC –a salvo del supuesto excepcional que contempla– y, en consecuencia, excluye de la prestación a quienes no disponían o no cobraban dicha pensión compensatoria, ha de concluirse que el precepto conlleva una vulneración del principio de igualdad ante la ley que implica la no discriminación por razón de «condición o situación personal». Por tales motivos, el Ministerio Fiscal no se opone al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad propuesta.
a) De entrada, y tras recordar los antecedentes del litigio, el Tribunal que formula la cuestión empieza delimitando el objeto del proceso a quo. Señala que nos encontramos ante un supuesto en que, por convenio regulador de divorcio aprobado por Sentencia judicial, se reconoció a la demandante «pensión de alimentos» para el tiempo posterior a la disolución del vínculo matrimonial, a partir del cual ya no hay obligación alimenticia. Asimismo, indica que «si bien una primera aproximación a la cuestión sería entender que tal pensión de alimentos es en realidad una pensión compensatoria», ello no resulta posible en atención a la jurisprudencia del Tribunal Supremo «fijada en unificación de doctrina y a la que debe estarse a efectos de fijar el alcance del art. 174-2 de la Ley 4/2007 que condiciona la pensión de viudedad de las personas divorciadas judicialmente –como la actora– a que «en todo caso» sean «acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el art. 97 del Código Civil»». A tal fin, el Auto reproduce algunos párrafos de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2012, en la que, tras remarcar que la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha establecido claramente las diferencias existentes respecto al concepto y finalidad de la pensión compensatoria ex art. 97 CC y la pensión alimenticia arts. 142 y ss. CC, concluye que el tenor del art. 174.2 LGSS es contundente al condicionar la percepción de la pensión de viudedad para las personas divorciadas o separadas judicialmente a que sean acreedoras de la pensión compensatoria referida en el art. 97 CC cuando se extinga por el fallecimiento del causante. Es, pues, claro, dice el órgano promotor, que la referencia legal a la pensión compensatoria excluye la pensión de alimentos del cónyuge divorciado, aunque tal pensión se fije en el convenio regulador que puso fin al vínculo matrimonial, considerando que tal exclusión carece de justificación objetiva y racional, pudiendo, por tal razón, ser inconstitucional al suponer una desigualdad injustificada. En la medida, por tanto, en que de la aplicación o no del precepto depende, exclusivamente, la estimación o no de la demanda, es por lo que el Tribunal Superior de Justicia plantea la presente cuestión de inconstitucionalidad.
No obstante, según indica el Auto, esta jurisprudencia no cubre la totalidad de la práctica jurisdiccional, que es la que permite explicar las pensiones alimenticias fijadas por Sentencia para el tiempo posterior a la disolución del vínculo. En tal sentido, hace alusión a la indiferenciación terminológica que existía en los años ochenta en que empezaban los primeros pasos de la jurisdicción sobre la legislación del divorcio, y que respondían a la propia dinámica del proceso judicial, fijándose en las medidas provisionales o provisionalísimas una ayuda alimenticia a la mujer –como pensión de alimentos y no como pensión compensatoria–, sucediendo en muchos casos que tal pensión alimenticia se ratificaba en la Sentencia «sin transformarla nominatem [sic] en compensatoria». Por tanto, dice el Tribunal Superior de Justicia, en la práctica no eran infrecuentes casos, como el presente, en que la viuda divorciada tiene reconocida una pensión alimenticia «para el tiempo posterior a la disolución del vínculo», o sea con la misma ratio legis de la pensión compensatoria, pese a lo cual, el legislador, «con exceso rituario», convierte en distinto lo que sólo lo es en teoría, y por tanto construye una irrealidad formal para negar una realidad material.
c) En el Auto se hace asimismo referencia a que, conforme ha señalado el Tribunal Constitucional, la pensión de viudedad no tiene como finalidad estricta atender a una situación de necesidad o dependencia económica, sino más bien compensar el daño sufrido por la falta o minoración de ingresos y afrontar las repercusiones económicas causadas por la actualización de una contingencia, siendo irrelevante que el fallecimiento cree o no un estado de necesidad (STC 184/1990 y ATC 393/2004). Por ello, dice el órgano promotor, desde esta perspectiva es evidente la indiferencia del nominalismo «compensatoria» o «alimenticia» de la pensión que la demandante percibía del causante, pues lo trascendente es que el óbito le priva de unos ingresos económicos.
Abundando en esta idea, y tras recordar la jurisprudencia constitucional sobre el juicio de igualdad, el Tribunal proponente concluye que la diferencia entre «los cónyuges acreedores de pensión compensatoria y los cónyuges acreedores de pensión de alimentos» es puramente nominalista y caprichosa, dando lugar a un tratamiento diferente que es artificioso y arbitrario, al existir identidad social, económica y jurídica entre los dos grupos de pensionistas, lo que constituye un trato discriminatorio injustificado. De hecho, desde la ratio legis de la norma de avanzar en la configuración de la pensión de viudedad como una «renta de sustitución», considera que tiene mayor justificación su reconocimiento en los supuestos de pensión alimenticia que en los de pensión compensatoria, pues la dependencia económica del causante que evidencia la primera es mayor, en tanto que atiende al mero sustento vital y, en cambio, la compensatoria supone un plus jurídico sobre el mero derecho de manutención dirigido a conservar en cierta manera el estatus económico de que se disfrutaba. A juicio del órgano promotor, la exclusión de la pensión alimenticia y la inclusión de la pensión compensatoria supone en realidad una discriminación sociológica, contraria a la finalidad constitucional de nuestro sistema de Seguridad Social ex art. 41 CE, en cuanto que protege a los menos necesitados en perjuicio de los más necesitados.
d) Tras las anteriores consideraciones, el órgano judicial indica que la forma de superar la discriminación exige «entender incluidos entre los/las acreedores de la pensión compensatoria a los cónyuges divorciados a los que se le hubiera reconocido, con ocasión del divorcio, pensión alimenticia». Completado así el precepto, señala, la Sentencia en este litigio sería estimatoria para la actora, pues su pensión alimenticia sólo se extinguió por fallecimiento del causante; en cambio, de ser constitucional el art. 174.2 LGSS, la Sentencia sería desestimatoria, pues una pensión alimenticia no es una pensión compensatoria ex art. 97 CC.
e) En su parte dispositiva, el Auto acuerda «plantear la cuestión de constitucionalidad sobre el art. 174-2-2 de la Ley General de la Seguridad Social en la redacción dada por la Ley 40/07 en cuanto establece: ‘‘El derecho a pensión de viudedad de las personas divorciadas o separadas judicialmente quedará condicionado, en todo caso, a que, siendo acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el art. 97 del Código Civil...’’».
Tal cuestión se eleva en la medida en que, al excluir a las personas divorciadas o separadas que sean acreedoras de pensión alimenticia, la norma infringe los arts. 14, 24.1 y 41 CE, dependiendo de tal decisión de constitucionalidad el signo del fallo de este litigio que sería desestimatorio para la actora en caso de constitucionalidad –por no haber sido acreedora de pensión compensatoria– y estimatorio en caso contrario –por haber sido acreedora de pensión alimenticia–. Por tal razón, se acuerda la suspensión de las actuaciones hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la cuestión planteada.
Una vez advertido por el Fiscal que el examen del juicio de relevancia que debe realizar el Tribunal Constitucional es un control meramente externo, salvo que el criterio judicial resulte con toda evidencia errado (STC 141/2008), afirma que el planteamiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad parte «tanto en un error de hecho como de un error jurídico». Es evidente, a su juicio, que la pensión de alimentos que recibe la ex esposa no puede sino de calificarse como una «verdadera pensión compensatoria» a la vista del convenio regulador, aunque ésta se denominara de alimentos.
Con respecto al referido error de hecho, pone de manifiesto que el mismo se produce al limitarse el órgano judicial proponente a una identificación meramente nominal de la naturaleza de la pensión percibida por la demandante en el proceso subyacente, «considerando que al fijarse «…una pensión alimenticia para la esposa…» en la cláusula quinta del convenio del convenio regulador suscrito en su día por los cónyuges y aprobado judicialmente, la misma correspondería al supuesto contemplado en el artículo 90 c) del Código Civil (cargas del matrimonio y necesidades alimenticia de los hijos) y no al previsto en el artículo 90 e) del mismo Cuerpo Legal y que se relaciona con el artículo 97 (pensión compensatoria para aquel de los cónyuges al que se le ocasiones desequilibrio económico)». Añade que «[u]n examen del referido convenio regulador revela con total claridad que ambos conceptos son recogidos de forma separada, estableciéndose en la cláusula cuarta la aportación del esposo a las cargas del matrimonio y a las necesidades alimenticias de los hijos, y en la cláusula quinta, la ya referida pensión denominada como «alimenticia», pero que no puede calificarse más que como verdadera pensión compensatoria, ya que de lo contrario, su especificación sería innecesaria y la cuantía de la misma se habría acumulado, y por ello incluido, en la previsión de la citada cláusula cuarta». Equívoco entendimiento del que, a juicio del Fiscal, es consciente la Sala de lo Social cuando se refiere en su Auto «a la ‘‘…propia indiferenciación terminológica que in illo tempore existía –nos referimos a los primeros pasos jurisdiccionales de la novedosa entonces en los ochenta– legislación de divorcio…’’», o cuando afirma que «se establecían –impropiamente– pensiones «alimenticias» en casos de divorcio, no obstante ser ello imposible al no existir ya tras la ruptura del vínculo obligación alguna de alimento entre parientes».
Afirma, además, que la ex esposa solicitante de la pensión de viudedad, nunca pudo percibir mensualmente las cantidades correspondientes desde la fecha de la Sentencia de divorcio y hasta la de fallecimiento de su ex esposo, en concepto de pensión alimenticia, pues ello no sería legalmente posible al no tratarse ya de parientes. Es obvio, que las percibía como pensión compensatoria aunque nominalmente no se hubiera designado así tal prestación periódica y vitalicia. Es, precisamente, «desde esta perspectiva del error jurídico», desde la que el Fiscal concluye que el juicio de relevancia se encontraría incorrectamente formulado, ya que el fallo del litigio no depende de la validez de una norma que solo es aplicable a las pensiones alimenticias entre cónyuges separados. A su juicio, dicha norma no puede ser aplicada a pensiones que, aunque denominadas formalmente «alimenticias», no pueden ser sino compensatorias, por razón de la desaparición del vínculo matrimonial.
A su juicio, procede tomar como punto de partida la comparación –abstractamente considerada– entre cónyuges separados o divorciados perceptores de pensiones alimenticias (suponiendo con respecto a los divorciados que fuera legalmente posible percibir alimentos de su ex cónyuge) y aquellos otros cónyuges separados o divorciados perceptores de pensiones compensatorias. Considera, tras recordar el concreto alcance de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la igualdad (con cita de la STC 50/2005), que como quiera que el derecho a la igualdad del art. 14 CE no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, sino solo aquellas desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos suficientes razonables, el criterio adoptado por el precepto ahora cuestionado, sería absolutamente arbitrario en cuánto a su resultado, tal y como argumenta la Sala de lo Social. Dicho lo cual, considera que para alcanzar dicha conclusión hay que tener en cuenta cual es la finalidad de ambos tipos de prestaciones, que, con apoyo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, manifiesta que son distintas. Al respecto señala que en este caso el legislador ha tenido en cuenta el diverso régimen jurídico de una y otra medida (alimentos o pensión compensatoria), al estimar que la razón que ampara la obtención de la pensión de viudedad es la de continuar en el tiempo paliando la situación de desequilibrio económico producido por la ruptura matrimonial, y, por lo tanto, una situación con un cierto carácter de permanencia en el tiempo; mientras que la pensión alimenticia solo trata de solventar las necesidades, que con un carácter meramente puntual, pueda necesitar el alimentista. Por ello, termina su argumentación afirmando que el precepto cuestionado se ajusta al derecho a la igualdad en la ley previsto en el art. 14 CE, «dado que las consecuencias jurídicas que resultan de la distinción de ambos supuestos, pensión de alimentos y pensión compensatoria, son adecuadas y proporcionadas al fin social al que aspira la norma; de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador supera en este caso un juicio de proporcionalidad en sede constitucional, no acarreando resultados especialmente gravosos y desmedidos». Por todo ello, el Fiscal General del Estado entiende que la presente cuestión de inconstitucionalidad resulta notoriamente infundada.
6. Por providencia de 10 de septiembre de 2013, el Pleno del Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sección Primera, acuerda tener por formuladas por el Ministerio Fiscal las alegaciones que se interesaron por providencia de 13 de noviembre de 2012 y admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; reservar para sí, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1 c) LOTC, el conocimiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad; dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme al art. 37.3 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministro de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que, en un plazo improrrogable de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes; comunicar la presente resolución a la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a fin de que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35.3 LOTC, permanezca suspendido el proceso hasta que este Tribunal resuelva definitivamente la presente cuestión; y publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado» (publicación que tuvo lugar en el «BOE» núm. 226, de 20 de septiembre de 2013).
11. Con fecha de 1 de octubre de 2013, en el Registro General de este Tribunal el Fiscal General del Estado presentó escrito evacuando el traslado conferido conforme al trámite del art. 37.3 LOTC. En él dice que «ratifica en su integridad el contenido de su anterior escrito de alegaciones de 3 de diciembre de 2012 –evacuado en trámite del art. 37.1 LOTC–, reiterando específicamente en este momento las consideraciones realizadas en el apartado IV de su dictamen, en las que se sostiene el notorio defectuoso planteamiento del juicio de relevancia que realiza el órgano jurisdiccional promotor de la presente Cuestión de Inconstitucionalidad, ya que la confusión meramente nominal entre ‘‘pensión alimenticia’’ y ‘‘pensión compensatoria’’ no constituiría obstáculo alguno para reconocer en el proceso subyacente a la demandante, su derecho a lucrar la pensión de viudedad solicitada».
El Abogado del Estado defiende que en la medida en que la relación conyugal había dejado de existir en el plano del Derecho civil, no cabe decidir con posterioridad y a favor de aquellas personas respecto de las que se anula o se disuelve el matrimonio, a falta de otra especificación en la ley, una pensión alimenticia de acuerdo con los arts. 143 y 144 CC, pudiéndolo ser únicamente a la pensión compensatoria propiamente dicha. Un aspecto «decisivo» a tener también en cuenta es que la pensión compensatoria prevista en el art. 97 del citado Código, a diferencia de la pensión alimenticia, no necesariamente se extingue con la muerte del obligado a satisfacerla. Considera, por ello, que el órgano judicial se debería haber ajustado a una interpretación finalista del precepto positivo y que fue un «error determinante» de la Sala de lo Social que se atuviera a la denominación de pensión alimenticia fijada por el órgano jurisdiccional civil que conoció del proceso matrimonial de divorcio, aplicándole, en consecuencia, el art. 174.2 LGSS en su estricto tenor literal, cuando era, realmente, una pensión compensatoria.
Respecto a la posible vulneración del principio de la igualdad ante la ley del precepto cuestionado, aprecia que el precepto no adolece de inconstitucionalidad alguna por el hecho de no prever el supuesto hipotético del reconocimiento explícito de una «pensión alimenticia a favor de personas divorciadas». Afirma que algo que no se halla contemplado en la legislación sustantiva civil, no puede tener tampoco un reflejo en lo que a las consecuencias en el campo de la Seguridad Social se refiere. Estima que de preverse un supuesto de hecho concreto de concesión de pensión de viudedad al cónyuge divorciado que supuestamente hubiera disfrutado de una pensión alimenticia, se estarían otorgando efectos legales a una situación que jurídicamente carecería de título en el ámbito civil, y que, por tanto, no puede realmente producirse en el estado actual de la normativa, dado que los cónyuges después de divorciados no se hallan legitimados ad causam para reclamarse alimentos.
El precepto cuestionado tampoco contraviene el citado principio por el hecho de que «haga mención y tome como base de su propia regulación abstracta una clase concreta de pensión de entre las que el juez civil puede decidir en la sentencia que ponga fin al respectivo proceso especial, o apruebe en su caso el convenio regulador de las medidas a regir entre los cónyuges o ex cónyuges para decidir los efectos de la separación o divorcio». Tomando como base la doctrina constitucional consolidada sobre el derecho fundamental a la igualdad, que expone brevemente (STC 75/2011, de 19 de mayo), entiende que el precepto no vulnera el art. 14 CE, pues «la medida cuestionada no ha podido introducir ni directa ni indirectamente una diferencia de trato entre grupos o categorías de personas, ni las situaciones subjetivas que se traen a comparación son homogéneas ni equiparables, no ya en el plano de una comparación puramente conceptual entre pensión alimenticia y pensión compensatoria y de la finalidad para las que el ordenamiento las haya establecido en orden a prevenir otra clase de necesidad en el ámbito familiar o ex conyugal, sino porque … al no admitir el ordenamiento civil la concesión de una pensión alimenticia propiamente dicha a favor de las personas divorciadas a cargo de sus respectivos anteriores cónyuges (sino, en su caso, la compensatoria con el alcance que se fije), no llega a poder plantearse la duda o la licitud constitucional del precepto cuestionado por no prever hipotéticamente, en el ámbito específico del derecho de la Seguridad Social, la situación de disfrute previo de una pensión alimenticia conforme al derecho civil por parte de la persona divorciada, a cargo de su anterior cónyuge, como resultado del proceso judicial de divorcio». No cabe argumentar, añade, «que el art. 174.2 in fine de la LGSS, como norma integrante del régimen jurídico de la Seguridad Social, esté discriminando entre clases de títulos judiciales que hubieran reconocido eventualmente a su vez una y otra clase de pensión, cuando en realidad esa alternativa no se puede dar en relación con ningún supuesto teórico de divorcio vincular entre los cónyuges, con arreglo a las normas sustantivas civiles reguladoras de los efectos de la nulidad, separación o divorcio».
También descarta que exista «arbitrariedad en una norma objetiva o que en abstracto viene a regular un sector de la realidad como es el de la previsión social, por el hecho de tomar como presupuestos jurídicos habilitantes, a modo de norma de remisión, para su propia configuración sectorial de los derechos objeto de regulación, los conceptos jurídicos y la regulación sustantiva facilitada por otro ordenamiento sectorial como el civil que a su vez regula, sin reproche de discriminación a priori, el régimen jurídico del derecho de alimentos entre parientes o los efectos de los procesos matrimoniales para caso de nulidad, separación o divorcio legalmente establecidos». A su juicio, «el tomar o remitirse implícitamente, de modo instrumental, a esos conceptos legales establecidos en el derecho civil objetivo y sus efectos (norma agendi aplicable por razón de la materia) para determinar qué tipo de pensión permite el ordenamiento de Seguridad Social reconocer según sean los distintos supuestos de ruptura matrimonial, no constituye en modo alguno una ‘utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de justificación’ sino, al contrario, un recurso legítimo de técnica legislativa».
La Letrada comienza su argumentación destacando que el planteamiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad se realiza desde la base de una interpretación de la legalidad ordinaria que, en principio, es contraria a la interpretación realizada al respecto por el Tribunal Supremo. Es más, entiende que la Sala ha configurado artificiosamente el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, partiendo de una interpretación propia de la legalidad ordinaria. Tras ello, expone que ha de tenerse en cuenta que el derecho que los ciudadanos puedan ostentar en materia de Seguridad Social es de estricta configuración legal y que en el caso concreto contemplado en el art. 174.2 LGSS, el legislador ha fijado los contornos legales que han de regir para aplicar el derecho a la pensión de viudedad en supuestos que vengan precedidos de una separación o divorcio, resultando claro y terminante que se precisa como premisa principal para el nacimiento del derecho, que el solicitante de la prestación sea beneficiario de la pensión compensatoria al tiempo del fallecimiento del causante, sin que quepa margen de duda al respecto. Interpretación a la que, a su juicio, coadyuva la propia exposición de motivos de la Ley 40/2007 al referir que «[e]l acceso a la pensión de viudedad de las personas separadas judicialmente o divorciadas queda condicionado a la extinción por el fallecimiento del causante de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil», y a la que igualmente se alcanza acudiendo a una interpretación finalista, «toda vez que la intención del legislador, contrariamente a lo postulado por la parte actora, no es otra que hacer depender el derecho prestacional de la situación económica de dependencia que pudiera tener la beneficiaria, evitando el perjuicio que por la pérdida de la pensión de la que hasta el momento del fallecimiento se encontrase disfrutando la solicitante de la prestación se le pudieses irrogar».
En cuanto al fondo, y como segunda alegación, la Letrada vuelve a advertir sobre la ausencia de dudas respecto del sentido del precepto que establece el principio general de que la persona separada o divorciada legalmente no tiene derecho a la pensión de viudedad de su anterior cónyuge, al haber perdido todo tipo de relación y dependencia económica común justificativa de una prestación de esta naturaleza, con excepción de que la persona separada o divorciada legalmente, tenga reconocida, a cargo del causante, una pensión compensatoria y además ésta quede extinguida por el fallecimiento del obligado al pago. En este sentido, advierte que precisamente la reforma legislativa del precepto impugnado y su actual redacción, pretendían modificar la regulación hasta entonces vigente, reconociendo la pensión de viudedad únicamente a favor de quienes tenían una relación de dependencia económica con el causante. De ahí que la interpretación propuesta por la actora, postulando el tratamiento del tema exactamente igual al que existía antes de la reforma, carecería de sentido. Añade, además, que cuando no existe un núcleo familiar común y, sobre todo, no existe ningún tipo de dependencia económica entre el fallecido y su anterior cónyuge, «carece de ninguna justificación e incluso resulta intrínsecamente injusto» que el anterior cónyuge pueda lucrarse de una prestación en perjuicio del cónyuge actual». Advierte que así lo habría entendido la Sala a la hora de abordar la cuestión objeto del litigio en otras Sentencias, que cita en su escrito, en el sentido de desestimar la pretensión esgrimida por la recurrente.
A juicio de la representante del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la expresión «en todo caso» utilizada en el precepto impugnado, sólo tiene sentido en el contexto interpretativo descrito puesto que de ser de otra forma quedaría vacía de contenido, equivaliendo a las proposiciones «cuando» o «si»; términos esos no utilizados por el legislador en los casos de viudedad de separados o divorciados. La exégesis propuesta se ve ratificada igualmente desde una interpretación finalista del precepto en cuestión, la cual se refuerza tras la modificación operada por la Ley de presupuestos generales del Estado para el año 2010, en cuya disposición adicional final tercera se modifica el primer párrafo del apartado 2 del artículo 174 de la Ley general de la Seguridad Social, que permite causar derecho a la pensión de viudedad a la mujer que, a pesar de que no exista pensión compensatoria, pueda acreditar ser víctima de violencia de género.
Para la Letrada, los términos del precepto, desde la perspectiva de su literalidad, son nítidos, precisos y categóricos, y no dejan lugar a duda sobre su contenido, alcance y significado. Considera, además, que dicho precepto no quiebra el principio de igualdad del art. 14 CE al ser atendidas circunstancias también distintas. A su juicio, es posible, conforme a los criterios reiterados del Tribunal Constitucional (SSTC 253/2004, de 22 de diciembre, y 213/2005, de 21 de julio), la diferenciación entre distintos supuestos dentro de la situación protegida para generar pensiones. A su juicio, «las situaciones y circunstancias coyunturales generadas son distintas respecto a quien es cónyuge o pareja de hecho del causante, de quien extinguió su vinculación, y ya no mantiene dependencia económica». Tampoco considera que se quiebre con dicha regulación el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) por razón de la entrada en vigor de la norma, «pues será a partir de nuevos hechos causantes que se generen desde donde deba percibirse la concurrencia de los requisitos».
Finalmente y tras hacer referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el diferente fundamento y naturaleza de las pensiones compensatoria y de alimentos, así como a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en referencia a los arts. 14 y 41 CE, la Letrada de la Administración de la Seguridad Social afirma, (i) que no ha existido vulneración del art. 24.1 CE, por cuanto el derecho a la tutela judicial efectiva no es derecho a obtener resolución favorable a los intereses de quien la pretende, sino el derecho a obtener resolución fundada y sin dilaciones indebidas, ni indefensión; no incluye tampoco el hipotético derecho al acierto del Juez; y, en caso de desacuerdo con la resolución judicial, podrán utilizarse las vías judiciales procedentes, y (ii) por otro, que el legislador cuenta con un «amplio margen para configurar el sistema de previsión social y regular los requisitos de concesión de determinadas prestaciones en atención a las circunstancias, prioridades, disponibilidades materiales y necesidades de los diversos grupos sociales»; por ello, entiende, que no puede excluirse que «el legislador realice ciertas opciones selectivas, determinando el nivel y condiciones de las prestaciones, de tal manera que no pueden considerarse, sin más, discriminatorias o atentatorias contra el art. 14 CE … estas disposiciones selectivas, a menos que las mismas no se amparen en causas y fundamentos razonables».
1. El objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es determinar si el segundo inciso del párrafo primero del art. 174.2 de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS), en la redacción dada por la Ley 40/2007, de medidas en materia de Seguridad Social, vulnera los arts. 14, 24.1 y 41 CE. Dicho inciso establece lo siguiente: «El derecho a pensión de viudedad de las personas divorciadas o separadas judicialmente quedará condicionado, en todo caso, a que, siendo acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil, ésta quedara extinguida por el fallecimiento del causante».
Debe advertirse que aunque en la parte dispositiva del Auto se indica que la norma sometida a la cuestión de inconstitucionalidad es el «art. 174.2.2 de la Ley General de la Seguridad Social en la redacción dada por la Ley 40/07», de la transcripción que en esta misma parte se efectúa de la norma cuestionada y de la propia fundamentación del Auto se deduce que, en realidad, las dudas de constitucionalidad se refieren al inciso expuesto. De hecho, las partes comparecidas procedieron a hacer sus alegaciones desde dicho entendimiento.
2. Antes de abordar el examen del problema de fondo planteado en la presente cuestión, hemos de dar respuesta a la objeción procesal planteada relativa a la posible ausencia del requisito del juicio de relevancia (arts. 163 CE y 35 LOTC), pues, de ser apreciada, procedería su inadmisión por incumplimiento de las condiciones procesales. A al efecto, hemos de recordar que «no existe ningún óbice para realizar un pronunciamiento de inadmisión de una cuestión de inconstitucionalidad en la fase de resolución de la misma, esto es, mediante Sentencia, dado que la tramitación específica del art. 37.1 LOTC no tiene carácter preclusivo y cabe apreciar en Sentencia la ausencia de los requisitos, tanto procesales como de fundamentación, requeridos para el válido planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad» (por todas, SSTC 42/2013, de 14 de febrero, FJ 2, y 125/2014, de 21 de julio, FJ 2).
3. Es preciso comenzar recordando que los apartados 1 y 2 del art. 35 LOTC exigen, respectivamente, que la norma con rango de ley de la que tenga dudas un Juez o Tribunal debe ser «aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo» y que el órgano judicial deberá especificar o justificar, en el Auto de planteamiento de la cuestión, en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. En atención a lo dispuesto, es exigible que la norma cuestionada supere el llamado «juicio de relevancia», que se erige en uno de los requisitos esenciales que impide que la cuestión de inconstitucionalidad pueda resultar desvirtuada por un uso no acomodado a su naturaleza y finalidad; lo que sucedería si se utilizase para obtener pronunciamientos innecesarios o indiferentes para la decisión del proceso en que la cuestión se suscita (por todas, SSTC 42/2013, de 14 de febrero, FJ 2; y 156/2014, de 25 de septiembre, FJ 2). De ahí que este Tribunal haya estimado que deba darse «una verdadera ‘dependencia’ (STC 189/1991, de 3 de octubre, FJ 2), o un ‘nexo de subordinación’ entre el fallo del proceso y la validez de la norma cuestionada (STC 157/1990, de 18 de octubre, FJ 1)» (STC 156/2014, FJ 2). No basta con que el Tribunal ordinario considere que la norma es aplicable al caso, sino que también ha de satisfacerse el requisito de la relevancia de la cuestión, pues si bien la aplicabilidad de la norma es condición necesaria para que el fallo dependa de su validez, no es, en modo alguno, condición suficiente (STC 156/2014, FJ 2).
También ha considerado este Tribunal que es a los Jueces y Tribunales ordinarios que plantean las cuestiones de inconstitucionalidad a los que corresponde comprobar y exteriorizar, prima facie, dicho juicio de relevancia, sin que este Tribunal pueda «sustituir, rectificar o integrar el criterio de los órganos judiciales proponentes» (STC 166/2012, de 1 de octubre, FJ 2), salvo «en los supuestos en los que de manera notoria, sin necesidad de examinar el fondo debatido y en aplicación de principios jurídicos básicos se desprenda que no media nexo causal alguno entre la validez de la norma cuestionada y la resolución del proceso a quo» (SSTC 179/2009, de 21 de julio, FJ 2, y 121/2011, de 7 de julio, FJ, 2), ya que en tales casos sólo mediante su revisión «es posible garantizar el control concreto de constitucionalidad que corresponde a la cuestión de inconstitucionalidad en los términos en que ésta es definida por el art. 163 CE» (STC 84/2012, de 18 de abril, FJ 2; y las allí citadas). Así, si bien el juicio de relevancia puede encontrarse suficientemente «exteriorizado» y ello bastará para que la cuestión no incurra en una carencia de las condiciones procesales, basada en este extremo, puede ocurrir también que, aunque exteriorizado y argumentado por el órgano judicial, resulte erróneo porque la argumentación judicial sobre la aplicabilidad al caso de la norma cuestionada sea notoriamente inconsistente o equivocada (por todas, SSTC 38/2014, de 11 de marzo, FJ 3; y 43/2015, de 2 de marzo, FJ 3).
4. En el presente caso nos encontramos ante un supuesto en el que, en virtud de convenio regulador de divorcio homologado judicialmente, se pactó «pensión de alimentos» a favor de la ex cónyuge.
Se hace preciso subrayar que la doctrina citada ha sido posteriormente revisada por la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de fecha de 29 de enero de 2014 (recurso núm. 743-2013), dictada en Sala General –reiterada posteriormente por Sentencia de 30 de enero de 2014 (recurso núm. 991-2012)–, la cual se ha decantado por tener en cuenta la naturaleza real de la prestación, con independencia de la denominación que se le haya dado. En el fundamento jurídico segundo de la Sentencia de 29 de enero de 2014, se afirma que «no cabe una interpretación literal que exija que la pensión compensatoria haya sido fijada con esa denominación para poder admitir que se cumple con el requisito para el acceso a la prestación de viudedad», sino que, por el contrario, se debe «acudir a la verdadera naturaleza de la pensión fijada a cargo del causante», extraída de las circunstancias del caso.
DICTADA en la Cuestión 4921/2012 (Ref. BOE-A-2013-9733).
DECLARA la INADMISIÓN en relación con el art. 174.2 parrafo 1, 2º inciso de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Ref. BOE-A-1994-14960).

References: Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 97
 resolución 
in fine
 artículo 97
 artículo 174
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 97
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto