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Timestamp: 2019-09-21 22:24:52+00:00

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Gonzalez Torres Abogados: diciembre 2008
LA FIGURA DEL DISTRIBUIDOR EN EXCLUSIVA Y LA INDEMNIZACION POR RESOLUCION UNILATERAL DEL CONTRATO
LA FIGURA DEL DISTRIBUIDOR EN EXCLUSIVA Y LA INDEMNIZACION POR RESOLUCION UNILATERAL DEL CONTRATO.
La representación de productos en exclusiva ha tenido y sigue teniendo aunque en menor medida arraigo. Para el fabricante hasta hace unos años establecerse en un territorio lejano distinto del de su sede era muy costoso, implicaba el alquiler de una instalación, contratación de personal y montaje en general de una estructura para vender sus productos. La forma más económica era contactar con una empresa local que representara su firma con carácter exclusivo en una demarcación geográfica concreta, beneficiándose así la empresa local por tener una marca o producto que ofrecer a su mercado de actuación, normalmente de reconocido prestigio, que compra a un precio más ventajoso y que vende con un margen comercial que constituye su beneficio. Por otro lado, el fabricante, con un menor coste, pues no soporta los gastos de estructura, amplía su mercado, con un representante en el que concentra toda su facturación para ese territorio, sin asumir más riesgo que el de cualquier otra venta, cual es garantizar el cobro final del distribuidor. De esta forma los contratos de colaboración mercantil funcionaron a lo largo de los años, sin regulación legal específica alguna, más que la jurisprudencia, que intentaron suplir un vacío legal, hasta que las Directivas Comunitarias empezaron a regular estas relaciones comerciales duraderas en el tiempo y que culminaron en España con la Ley 12/1992 que regula el contrato de Agencia. Bien es cierto que la figura del Agente y la de Distribuidor en exclusiva, aunque van de la mano, se diferencian en la forma de la remuneración y en la titularidad de la operación. Pues si bien el beneficio del agente es la comisión, y actúa por cuenta de otro, el del distribuidor en exclusiva es el margen comercial y actúa en su propio nombre.
Obviamente, en este tipo de operaciones los distribuidores en exclusiva compran con unos descuentos importantes, para que una vez puesta la mercancía en su almacenes y fijado el precio de venta, haya un margen comercial suficiente que es el que se transforma en beneficio o remuneración, o si se quiere equiparar al contrato de agencia, comisión.
Desde que aparece la Ley de Agencia en el mercado el distribuidor o representante en exclusiva se encuentra protegido, pues se le reconoce una indemnización equivalente a la media de las remuneraciones percibidas en los últimos cinco años ( comisiones en caso del Agente, y margen comercial o beneficio en las venta para el caso del distribuidor en exclusiva ) en caso de resolución de contrato verbal o escrito, indemnización que le compense la pérdida de esa firma y obliga al fabricante a indemnizar por el beneficio de apropiarse de una clientela, de un fondo de comercio que se ha generado por el distribuidor y del que se aprovecha de forma directa, bien estableciendo su propia delegación ( hoy más frecuente debido a la globalización ) o bien designando un nuevo distribuidor.
Pero si bien el distribuidor en exclusiva se siente protegido, el fabricante se siente amenazado, pues sabe que ya no puede resolver sin coste dicha relación contractual.
¿Cual es el fenómeno que se ha producido?: Pues el inverso al que existía hasta la Ley de Agencia, esto es, ahora si se firman contratos de colaboración mercantil, mientras que hasta ese momento lo que existían eran contratos verbales, y es más antes ningún fabricante daba expresamente o reconocía en un documento el carácter de Agente o representante en exclusiva. Ahora por contra, es el fabricante el que exige firmar el contrato para garantizar que de antemano, no solo el contrato tenga una duración definida sino que además la indemnización esté pactada, llegando en muchos casos a excluirla totalmente. Esto es, que vía contrato se pretende volver a la situación anterior a la propia Ley, en que se resolvía sin indemnizar y el Tribunal Supremo además ha reconocido la libertad de pactos y la legitimidad de estas cláusulas en virtud del art 1.255 del Código Civil.
En España y en Europa, y a nivel mundial la figura del intermediario entre el fabricante y el consumidor existe y seguirá existiendo, si bien es cierto que tras la aparición de la Ley de Agencias que tuvo acogida por nuestro más alto tribunal para el contrato de distribución, con posterioridad cambió y así PARA EL DISTRIBUIDOR EN EXCLUSIVA la jurisprudencia del T.S. no ha sido uniforme en este sentido y si bien en Sentencia de 15 de noviembre del año 1997 reconoció derecho a indemnización al distribuidor en exclusiva cuando medie abuso de derecho o mala fe en la resolución, el 18 de julio del año 2.000 negó todo derecho de indemnización porque el desistimiento unilateral se había producido de buena fe. Por tanto, según esta línea jurisprudencial el distribuidor solo tendría derecho indemnizatorio cuando el empresario hubiera puesto fin de forma abusiva o sin justa causa, lo que por otro lado condicionaba la resolución a la existencia de causa.
Lo deseable por tanto era que el T.S. unificara criterios y reconociera de forma clara y transparente que el distribuidor genera un fondo de comercio del que se beneficia directamente el fabricante-empresario y por el que se debe indemnizar al distribuidor, tal y como lo determina para el agente, pues si cabe el distribuidor tiene un riesgo mayor, y soporta unos gastos de estructura a lo largo de años para dejar luego un mercado abierto y en pleno funcionamiento a alguien que no ha asumido a lo largo de los años ningún coste para ello.
Finalmente en el 2.008, el Tribunal Supremo se posiciona a favor del distribuidor, después de 16 años desde la entrada en vigor de la Ley de Agencia del 1992 y de distintas corrientes de las Audiencias y del propio Tribunal y así en dos sentencias se pone de manifiesto la protección que el Alto Tribunal otorga al distribuidor frente al fabricante, estableciendo que en el momento de formalizar un contrato de distribución, el fabricante deberá regular de forma clara y concisa los plazos y preavisos de extinción, prevaleciendo lo que pacten las partes, ya que para el supuesto de no hacerse, y ante la falta de regulación específica del contrato de distribución, se aplicará analógicamente el Contrato de Agencia, cuya regularización es más beneficiosa para el distribuidor.
En la primera sentencia de fecha 26 de marzo de 2.008, que versa sobre la extinción de un contrato de distribución o concesión en exclusiva por decisión unilateral de la entidad concedente, en donde las partes no habían pactado plazos y preavisos para el caso de extinción del contrato, resultan de aplicación los artículos 25 y 28 de la Ley de Régimen Jurídico del Contrato de Agencia.
En dicha sentencia, el Tribunal Supremo estimó la aplicación analógica del artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico del Contrato de Agencia que establece el derecho a la indemnización por clientela, en base a que dicha aplicación analógica procede cuando se declara probada la creación por el distribuidor de una clientela de la que se aprovechará en exclusiva el concedente.
La otra sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de julio de 2.008, hace prevalecer lo libremente pactado por las partes sobre extinción por denuncia unilateral para los contratos de distribución y subdistribución, siempre que dicha resolución contractual no resulte abusiva o contraria a la mala fe, obligando por ello al fabricante a regular de forma clara los plazos y preavisos en caso de extinción y matizando que la Ley de Agencia no es de aplicación mimética o automática a los contratos de distribución, si existe un contrato prevalece éste y lo en él pactado y si no existe se remite al criterio ya sentado en su anterior Sentencia de 26 de marzo, siendo la Ley de Agencia en sus artículos 25 y 28.
Departamento derecho mercantil de Gonzalez Torres Abogados SL.
leocricia@gonzaleztorresabogados.com
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Etiquetas: El contrato de distribución en exclusiva y su resolución en Las Palmas y Tenerife
LA LEGALIDAD DEL PACTO DE CUOTA LITIS
El Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) en sentencia de fecha 4 de noviembre de 2008, ha anulado la sentencia de la Audiencia Nacional que en 2005 declaró ajustada a derecho la prohibición de que los abogados negocien sus honorarios libremente con sus clientes y avaló el establecimiento de honorarios mínimos por parte de los colegios profesionales de abogados. El Tribunal Supremo estima el recurso y se pronuncia a favor de la legalidad del pacto de cuota litis.
El Tribunal Supremo ha establecido en esta sentencia (pdf, 132 KB) que los abogados pueden pactar libremente con sus clientes el cobro de honorarios a porcentaje en función del resultado del pleito (que aquí llamamos cuota litis y los norteamericanos contingency fee).
La anulación la ha acordado el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en una sentencia en la que estima un recurso del letrado José Luis Mazón, quien consideraba que la prohibición de la llamada "cuota litis" (el pacto de honorarios formalizado antes de terminar de asunto) atentaba contra la libre competencia.
Con esta sentencia los letrados y sus clientes podrán pactar libremente a comisión o porcentaje del resultado del pleito, sin necesidad de que medie pago de honorarios mínimos como establecía el Código Deontológico, del Consejo General de la Abogacía.
En 2002 el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) sancionó con una multa de 180.000 euros al Consejo General de la Abogacía y le ordenó modificar la prohibición que establecía su Código Deontológico de que los abogados fijaran "libremente" con sus clientes los precios de sus servicios.
El TDC dio así la razón a Mazón, que había presentado una denuncia contra el Consejo General de la Abogacía por una conducta "presuntamente prohibida" por la Ley de Defensa de la Competencia.
En 2005, la Audiencia Nacional estimó el recurso del Consejo de la Abogacía contra esa decisión y anuló la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia, al considerar que la regulación de honorarios, cuando se haga por normativa estatal, "no está sometida" ni compete al TDC.
La Sala 3ª de lo Contencioso Administrativo del TS modifica su doctrina sobre este asunto y señala que la nueva interpretación es acorde con el criterio mantenido por la Sala de lo Civil de este Tribunal, que en una reciente sentencia rechazó que el pacto de "cuota litis" sea una cláusula contraria a las leyes.
En un comunicado, el letrado Mazón señala que así "se pone fin a décadas de hipocresía de los Colegios de Abogados prohibiendo algo que es necesario y que facilita el acceso a la Justicia de los más necesitados".
www.gonzaleztorresbogados.com
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EL REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS; REA
El Registro de Empresas Acreditadas (REA) tiene como objetivo el acreditar que las empresas que operan en el sector de la construcción cumplen los requisitos de capacidad y de calidad de la prevención de riesgos laborales. Toda empresa que pretenda ser contratada o subcontratada para trabajos en una obra de construcción, deberá estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas dependiente de la autoridad laboral donde esté ubicado el domicilio social de la empresa. A partir del día 26 de agosto de 2008 las empresas que contraten o subcontraten la realización de cualquier trabajo en una obra, deberán acreditar que sus empresas contratistas o subcontratistas están inscritas en el Registro, solicitando para ello un certificado de inscripción.
El REA ha sido diseñado y puesto en marcha conforme a lo expuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Publicado por Pedro Torres Romero en 0:17 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: de 24 de agosto, El Real Decreto 1109/2007
DESPACHO DE ABOGADOS HISPANO ALEMAN EN LAS ISLAS CANARIAS
GONZALEZ TORRES ABOGADOS SL esta integrado por dos abogados socios y fundadores de la firma, doña Leocricia González Domínguez y don Pedro Torres Romero radicados en Las Palmas de Gran Canaria si bien el ámbito de ejercicio de la abogacía comprende todas las islas canarias, contando el despacho con abogados colaboradores en las distintas islas. En octubre de 2.005 se incorpora un tercer abogado y socio, don Francisco Torres Padrón. Los socios fundadores vienen ejerciendo la abogacía desde el año 1990 si bien el despacho se fundó en 1993.
GONZALEZ TORRES ABOGADOS SL es miembro de la Asociación Europera de Abogados desde noviembre de 2.005 y miembro de la asociación Hispano Alemana de Juristas desde Julio de 2.007.
Los idiomas de trabajo son español, alemán e inglés.
Nuestro despacho de abogados lawyers rechtsanwälte está especializado en una atención jurídica integral a empresas autónomos y particulares en Las Palmas de Gran Canaria, en derecho civil, mercantil, concurso de acreedores, contractual, franquicias, distribución en exclusiva, derecho bancario, prestamos, hipotecas, contratos de arrendamiento financiero, derecho concursal, derecho cambiario -letras de cambio, cheques y pagarés-, arrendamientos rústicos y urbanos, desahucios por falta de pago y expiración del termino, desahucios por precario, intromisión en el derecho al honor, intimidad, e imagen, compraventas inmobiliarias, patentes y marcas, derecho de familia, separaciones, divorcios, parejas de hecho, guarda, custodia y alimentos, régimen de visitas, pensiones alimenticias, pensiones compensatorias, Registro Civil, expedientes de filiación, paternidad y maternidad, cambio de nombres y apellidos, nacionalidad y vecindad, adopción, inscripción de nacimiento fuera de plazo, liquidación sociedad de gananciales, testamentos, legados y herencias, derecho del seguro, daños, vicios de la construcción, negligencias médicas, derecho penal, accidentes de trafico, accidentes de aviación, derecho administrativo, sanciones administrativas, responsabilidad patrimonial de la administración, contratos de las administraciones publicas, oposiciones, funcionarios, derecho sanitario, asociaciones y fundaciones, colegios profesionales, derecho farmacéutico, farmacias (aperturas, cambios de ubicación, concursos de traslado), almacenes farmacéuticos, botiquines, sanciones administrativas, derecho laboral, despidos, acoso moral o mobbing, seguridad social, muface, isfas, pensiones de viudedad, pensiones de orfandad, incapacidades, accidentes laborales, sanciones, reclamaciones de cantidad, reconocimientos de derechos, vacaciones, permisos, excedencias, expedientes de regulación de empleo (ERE), negociación de convenios colectivos, reintegro de gastos médicos, reclamación de salarios de tramitación al FOGASA, proceso de audiencia al demandado rebelde, contencioso administrativo, y derecho procesal.
Teniendo como una de nuestras señas de identidad el atender las consultas de forma gratuita por email.
TF: (0034) 928 244 935 / 928 246 472
FAX: (0034) 928 297 350
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Etiquetas: Bufete de abogados en las islas canarias
Fröhliche Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 2009
Fröhliche Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 2009!!
Alle Gesellschafter, Rechtsanwälte, Angestellte und Mitarbeiter von González Torres Abogados S.L. grüssen alle Klienten, Mandanten und Freunde zu Weihnachten, verbunden mit den besten Wüschen zum neuen Jahr 2.009.
An diesen Weihnachten sei Magie Dein bester Anzug,
Dein Lächeln Dein schönstes Geschenk,
Deine Augen Dein wertvollstes Gut
Und Dein Glück unser bester Wunsch.
Merry Christmas and a Happy New Year 2009!!
González Torres Abogados S.L. on behalf of all its shareholders, lawyers, members and co-workers wishes a very Merry Christmas and a Happy New Year 2009 to all its clients, customers and friends.
Be Magic your finest suit this Christmas,
Your smile your loveliest gift,
Yours eyes your most valuable well,
And your Happiness our best wish to you.
Joyeux Noël et une Bonne Année Nouvelle 2009.
González Torres Abogados S.L. en tant que représentant de tous ses associés, avocats, employées de bureau et collaborateurs vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Année Nouvelle 2009.
Soit la magique ta plus belle robe ce Noël,
Ton sourire le plus affectueux cadeau,
Tes yeux le plus précieux bien et
Ta félicitée notre meilleur souhaite.
GONZALEZ TORRESABOGADOS SL en nombre de todos sus socios, abogados,
personal administrativo y colaboradores, saludan a todos sus clientes y amigos y le hace llegar sus mejores deseos de Feliz Navidad,
augurándole asimismo un feliz comienzo y desarrollo del próximo año 2009
Que en estas fiestas, la magia sea tu mejor traje,
tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino
y tu felicidad nuestro mejor deseo.
Publicado por Pedro Torres Romero en 16:22 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
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FELICES NAVIDADES Y PROSPERO AÑO 2009
GONZALEZ TORRESABOGADOS SL en nombre de todos sus socios, abogados, personal administrativo y colaboradores, saludan a todos sus clientes y amigos y le hace llegar sus mejores deseos de Feliz Navidad, augurándole asimismo un feliz comienzo y desarrollo del próximo año 2009
Publicado por Pedro Torres Romero en 14:09 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: Nuestros mejores deseos para todo el año 2009
LA CUANTIA Y LIMITES A LOS SALARIOS DE TRAMITACION TRAS UN DESPIDO IMPROCEDENTE
- EL LIMITE AL IMPORTE DE LOS SALARIOS DE TRAMITACION:
- El art. 56 del Estatuto de los Trabajadores establece que:
1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador, con abono de los salarios de tramitación previstos en el párrafo b) de este apartado 1, o el abono de las siguientes percepciones económicas que deberán ser fijadas en aquélla:
a) Una indemnización de cuarenta y cinco días de salario, por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año hasta un máximo de cuarenta y dos mensualidades.
b) Una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.
2. En el supuesto de que la opción entre readmisión o indemnización correspondiera al empresario, el contrato de trabajo se entenderá extinguido en la fecha del despido, cuando el empresario reconociera la improcedencia del mismo y ofreciese la indemnización prevista en el párrafo a) del apartado anterior, depositándola en el Juzgado de lo Social a disposición del trabajador y poniéndolo en conocimiento de éste.
Cuando el trabajador acepte la indemnización o cuando no la acepte y el despido sea declarado improcedente, la cantidad a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior quedará limitada a los salarios devengados desde la fecha del despido hasta la del depósito, salvo cuando el depósito se realice en las cuarenta y ocho horas siguientes al despido, en cuyo caso no se devengará cantidad alguna.
A estos efectos, el reconocimiento de la improcedencia podrá ser realizado por el empresario desde la fecha del despido hasta la de la conciliación.
3. En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se entiende que procede la primera.
4. Si el despedido fuera un representante legal de los trabajadores o un delegado sindical, la opción corresponderá siempre a éste. De no efectuar la opción, se entenderá que lo hace por la readmisión. Cuando la opción, expresa o presunta, sea en favor de la readmisión, ésta será obligada.
- En la interpretación del art. 56 del ET, el TS ha establecido unos criterios jurisprudenciales muy claros:
1º) En la interpretación del precepto debe primar el criterio de la buena fe.
2º) El error excusable del empresario en la consignación judicial de la indemnización por despido y el finiquito no impide la aplicación del art. 56,2 del ET.
3º) La transferencia bancaria no constituye medio válido de poner a disposición del trabajador la indemnización:
La transferencia bancaria de la indemnización a la cuenta corriente del trabajador no sólo carece de previsión normativa, ni siquiera indirecta o tácita, como método alternativo de poner aquélla a disposición del trabajador, en lugar de proceder a su depósito judicial, sino que debe entenderse que el legislador ha querido garantizar de esta única forma el cumplimiento de la requerida actuación de la empresa, con certeza de su fecha y con la concesión al trabajador de las opciones de contestar a través del Juzgado o por otro medio su aceptación o rechazo, o no contestar, y recoger la indemnización o mantenerla en depósito a su disposición, sin necesidad de actuar en distintos términos y mediante alguna gestión bancaria.
4º) No se exige una forma especial y expresa de reconocimiento de la improcedencia del despido: La STS de 13 marzo 2001, señalaba que a falta de un requerimiento legal de forma específica, “el reconocimiento, (de la improcedencia) tanto puede ser expreso como tácito, y, tratándose de este último, su realidad habrá de desprenderse, sin duda razonable, de las circunstancias que hayan concurrido.
5º) Es necesario que la oferta empresarial llegue a conocimiento del trabajador, aunque sea el Juzgado quien se lo comunique.
6º) No es válido el ofrecimiento global de la indemnización y de otros conceptos, sin que conste la debida separación: El problema no lo plantea el hecho de que se ofertara una cantidad global por indemnización y salarios de tramitación, en cuanto que el TS ya ha aceptado como válido el ofrecimiento de una cantidad indeterminada en su cuantía consistente en el ofrecimiento de pago de la indemnización y los salarios de tramitación sin cuantificarlos, cual se concretó en la sentencia de 30 diciembre 1997 (recurso núm. 1649/97), por entender que el ofrecimiento previsto en el art. 56,2 es válido a los efectos allí previstos siempre que la oferta se haga en términos lo suficientemente claros como para permitir la inmediata determinación de su cuantía y por consiguiente la inmediata aceptación por parte del trabajador.
7º) No es necesario que la puesta a disposición de la indemnización sea inmediata: Se deduce que el art. 56,2 ET solo exige a efectos de limitación de los salarios de tramitación a la fecha del acto de conciliación, que se reconozca el despido como improcedente y se haga el ofrecimiento de la indemnización y de los salarios de tramitación en dicho acto, en ningún caso se exige una puesta a disposición o entrega de los mismo de forma inmediata como entiende la sentencia recurrida, bastando con que se deposite dentro del plazo de las 48 horas siguientes, si ello no se aceptó por el trabajador entra en juego la consignación en el Juzgado, de acuerdo con el art. 117,6 CC, siendo esto así, y habiéndose dado por el empresario, en el acto de conciliación, cumplimiento a dichas exigencias, no se entiende como la sentencia recurrida considera, que no existe puesta a disposición inmediata, infringiendo los arts. 1157 y 117,6 CC; cuando como aquí sucede, no se acepta la entrega de lo adeudado dentro de las 48 horas existía un plazo establecido para pagar y de no aceptarlo de 48 horas para consignar, y a ello se atuvo la empresa.
8º) En el cómputo de las 48 horas se descuentan los días inhábiles a nivel judicial (sábados, domingos y festivos):
Siendo en la actualidad inhábiles todos los sábados (art. 182 LOPJ), es por lo que un despido cuya conciliación, o reconocimiento de improcedencia, se efectuara en viernes, el plazo correria el lunes y el martes, pues no se cuentan sábados, domingos ni festivos, pues tras el viernes, las 48 horas siguientes al reconocimiento de la improcedencia las oficinas judiciales permanecerían cerradas. Y se debe rechazar cualquier interpretación que conduzca al absurdo.
9) Determinación del momento hasta el cual se devengan salarios de tramitación: Es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: a) que el patrono reconozca la improcedencia del despido; b) que ofrezca la indemnización por el despido legalmente marcada, y que la deposite en el Juzgado correspondiente, y c) que ponga en conocimiento del trabajador el hecho del ofrecimiento y del depósito.
Sentado lo anterior (tal como se desprende del primer párrafo del art. 56,2), los dos párrafos siguientes del mismo apartado contienen la alternativa que se deriva del hecho de que el depósito judicial de la indemnización por el despido improcedente se lleve a cabo de forma más o menos inmediata, a saber: a) en el caso de que el depósito se efectúe “en las cuarenta y ocho horas siguientes al despido ” (párrafo segundo del apartado 2), “no se devengará cantidad alguna”; b) en el supuesto de que la indemnización se deposite en plazo más dilatado, los salarios de tramitación se devengarán “desde la fecha del despido hasta la del depósito” (mismo párrafo segundo).
En consecuencia, es el tiempo en que el depósito tenga lugar lo único que determina (cumplidos que sean los requisitos antes vistos) que, bien no tenga el trabajador derecho a salarios de tramitación, o bien los tenga limitados a la fecha de tal depósito, con tal de que el reconocimiento acerca de la improcedencia del despido no vaya más allá del momento de la conciliación, pues así resulta claramente del párrafo tercero y último del apartado 2 al que nos venimos refiriendo, toda vez que el repetido párrafo último es aplicable, tanto al supuesto de que el depósito se lleve a cabo dentro de las 48 horas siguientes al despido como en el caso de que se efectúe más tarde, a condición de que no tenga lugar después de la fecha de la conciliación.
www.gonzaleztorresabogados.com/
Publicado por Pedro Torres Romero en 11:44 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: Despacho abogados especialistas en laboral y seguridad social despidos y accidentes laborales
ABOGADOS ESPECIALISTAS EN PROTECCION DEL DERECHO AL HONOR INTIMIDAD E IMAGEN
GONZALEZ TORRES ABOGADOS SL:
- Nuestro bufete de abogados en aras de prestar una atención integral a empresas, autónomos y particulares en protección del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen en los ámbitos, civil, penal y administrativo, cuenta con abogados expertos en dichas áreas, que asesoran a nuestros clientes en todos los Ámbitos de dichas materias.
Gonzalez Torres Abogados SL se distingue por la calidad jurídica de su asesoramiento y vocación de servicio, constatada en su permanente dedicación personal a sus clientes. Estas señas de identidad se completan con su aptitud para la innovación y capacidad para colaborar en el logro de los objetivos de sus clientes con los que, a lo largo de los años, ha establecido una relación profesional sólida y duradera.
- Una de las materias en las que presta sus servicios a sus clientes es en el ámbito de Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
- Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito del derecho al honor intimidad e imagen:
1º) El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas.
2º) La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción.
3º) La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo.
4º) La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela.
5º) La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos.
6º) La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.
7º) La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.
- No se reputará, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la Ley, ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante.
En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá:
1º) Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público.
2º) La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social.
3º) La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria.
- En González Torres Abogados SL, en beneficio del cliente, se luchará para adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate y restablecer al perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, así como para prevenir o impedir intromisiones ulteriores. Entre dichas medidas podrán incluirse las cautelares encaminadas al cese inmediato de la intromisión ilegítima, así como el reconocimiento del derecho a replicar, la difusión de la sentencia y la condena a indemnizar los perjuicios causados.
- Los idiomas de trabajo de Gonzalez Torres Abogados SL, con sus clientes son español, alemán e inglés.
Manteniendo como norma del bufete las consultas gratuitas por email.
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Etiquetas: Abogados especialistas en protección del honor intimidad personal y familiar y propia imagen en Gran Canaria
ABOGADOS ESPECIALISTAS EN DERECHO CIVIL Y MERCANTIL
Nuestro despacho en aras de prestar una atención integral a empresas, autónomos y particulares en derecho CIVIL Y MERCANTIL, cuenta con abogados expertos en dichas áreas, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, que asesoran a nuestros clientes en todos los Ámbitos de dichas materias.
Gonzalez Torres Abogados SL se distingue por la calidad jurídica de su asesoramiento y vocación de servicio, constatada en su permanente dedicación personal a sus clientes en las islas canarias. Estas señas de identidad se completan con su aptitud para la innovación y capacidad para colaborar en el logro de los objetivos de sus clientes con los que, a lo largo de los años, ha establecido una relación profesional sólida y duradera.
Las materias que se tramitan son: derecho civil, mercantil, concurso de acreedores, contractual, franquicias, distribución en exclusiva, derecho bancario, prestamos, hipotecas, contratos de arrendamiento financiero, derecho concursal, derecho cambiario -letras de cambio, cheques y pagarés-, arrendamientos rústicos y urbanos, desahucios por falta de pago y expiración del termino, desahucios por precario, intromisión en el derecho al honor, intimidad, e imagen, compraventas inmobiliarias, patentes y marcas, derecho de familia, separaciones, divorcios, parejas de hecho, guarda, custodia y alimentos, régimen de visitas, pensiones alimenticias, pensiones compensatorias, Registro Civil, expedientes de filiación, paternidad y maternidad, cambio de nombres y apellidos, nacionalidad y vecindad, adopción, inscripción de nacimiento fuera de plazo, liquidación sociedad de gananciales, testamentos, legados y herencias, derecho del seguro, daños, vicios de la construcción, negligencias médicas, contencioso administrativo, y derecho procesal.
Consultas gratis por email.
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Etiquetas: Bufete especializado en derecho civil y mercantil en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife
SE CUMPLEN 60 AÑOS DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Hoy hace 60 años que la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 2008, adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Gonzalez Torres Abogados SL se une hoy día a la celebración que significa la celebración de dicho aniversario.
La declaración del 1948, no tuvo, al ser firmada por 58 países, todo el impacto que tiene hoy día en la ONU. Es un texto clave que defiende los grandes principios de la democracia universal. Trata más de los derechos civiles y políticos que de los derechos sociales, y su publicación mundial ha sido uno de los mayores avances de la historia universal.
El Día de los Derechos Humanos se celebra por la comunidad internacional, cada año, el 10 de diciembre. Conmemora el día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. El inicio formal de las conmemoraciones del Día de los Derechos Humanos fue a partir de 1950, tras la resolución 423 (V), en la que se invitó a todos los Estados y organizaciones a adoptar el 10 de diciembre de cada año como aniversario.
A partir del Día de los Derechos Humanos de 2007, las oficinas y delegaciones de la Naciones Unidas de todos los países pusieron en juego su creatividad para organizar diversas celebraciones sobre diferentes aspectos de los Derechos Humanos.
Destacamos la importancia del artículo 1º que orienta el conjunto de La Declaración de los Derechos. Es una revolución. Aún los límites, la Declaración representa un gran avance en la historia de la conciencia moral de la humanidad.
- Considerando que el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de los derechos iguales e inalienables y los derechos humanos sean protegidos por el Estado de Derecho;
- Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas reafirman, en la Carta, su fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y en el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de los hombres y de las mujeres y que los Estados-Miembros se comprometen a desarrollar, en cooperación con las Naciones Unidas, el respeto universal y la observancia a los derechos humanos;
La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como el ideal común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones, con el objetivo de que cada persona y cada órgano de la sociedad, haga esfuerzos, a través de la enseñaza y de la educación, para promover el respecto a estos derechos y libertades, a fin de asegurar su reconocimiento y su observancia.
Las convenciones internacionales de 1979 contra la discriminación hacia las mujeres, de 1984 contra la tortura, de 1990 por los derechos de los niños, la creación de la Corte Penal internacional (CPI) en 1998 surgen directamente de la DUDH.
www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
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EFECTOS DE LA LEY CONCURSAL EN LOS CONTRATOS DE TRABAJO
- Ley Concursal, 22/2003, de 9 de julio, Concursal (BOE de 10 de julio):
El art. 64 de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio, afecta a los contratos de trabajo existentes a la fecha de declaración del concurso y en los que sea empleador el concursado.
La Ley Orgánica para la Reforma Concursal, atribuye al juez del concurso jurisdicción para conocer de materias que, en principio, son de la competencia de los juzgados y tribunales del orden social, pero que por su especial trascendencia en la situación patrimonial del concursado y en aras de la unidad del procedimiento no deben resolverse por separado. Pero conciliando todo ello con la regulación material actualmente contenida en la legislación laboral.
1. Los expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo y de suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales, una vez presentada ante el juez de lo mercantil la solicitud de declaración de concurso, se tramitarán ante éste por las reglas establecidas en el presente artículo.
2. La administración concursal, el deudor o los trabajadores de la empresa concursada a través de sus representantes legales, podrán solicitar del juez del concurso la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la extinción o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en que sea empleador el concursado.
3. La adopción de las medidas previstas en el apartado anterior sólo podrá solicitarse del Juez del concurso una vez emitido por la administración concursal el informe a que se refiere el capítulo I del título IV de esta ley, salvo que se estime que la demora en la aplicación de las medidas colectivas pretendidas puede comprometer gravemente la viabilidad futura de la empresa, en cuyo caso, y con acreditación de esta circunstancia, podrá realizarse la petición al juez en cualquier momento procesal desde la presentación de la solicitud de declaración de concurso.
4. La solicitud deberá exponer y justificar, en su caso, las causas motivadoras de las medidas colectivas pretendidas y los objetivos que se proponen alcanzar con éstas para asegurar, en su caso, la viabilidad futura de la empresa y del empleo, acompañando los documentos necesarios para su acreditación.
5. Recibida la solicitud, el juez convocará a los representantes de los trabajadores y a la administración concursal a un período de consultas, cuya duración no será superior a treinta días naturales, o a quince, también naturales, en el supuesto de empresas que cuenten con menos de cincuenta trabajadores.
Si la medida afecta a empresas de más de 50 trabajadores, deberá acompañarse a la solicitud un plan que contemple la incidencia de las medidas laborales propuestas en la viabilidad futura de la empresa y del empleo.
En los casos en que la solicitud haya sido formulada por el empresario o por la administración concursal, la comunicación a los representantes legales de los trabajadores del inicio del período de consultas deberá incluir copia de la solicitud prevista en el apartado 4 de este artículo y de los documentos que en su caso se acompañen.
6. Durante el período de consultas, los representantes de los trabajadores y la administración concursal deberán negociar de buena fe para la consecución de un acuerdo. El acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros del comité o comités de empresa, de los delegados de personal, en su caso, o de las representaciones sindicales, si las hubiere, siempre que representen a la mayoría de aquéllos.
Recibida dicha comunicación el juez del concurso recabará un informe de la Autoridad Laboral sobre las medidas propuestas o el acuerdo alcanzado, que deberá ser emitido en el plazo de quince días, pudiendo ésta oír a la administración concursal y a los representantes de los trabajadores antes de su emisión. Recibido el informe por el juez del concurso o transcurrido el plazo de emisión, seguirá el curso de las actuaciones. Si el informe es emitido fuera de plazo, podrá no obstante ser tenido en cuenta por el juez del concurso al adoptar la correspondiente resolución.
7. Cumplidos los trámites ordenados en los apartados anteriores, el juez resolverá en un plazo máximo de cinco días, mediante auto, sobre las medidas propuestas aceptando, de existir, el acuerdo alcanzado, salvo que en la conclusión del mismo aprecie la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. En este caso, así como en el supuesto de no existir acuerdo, el Juez determinará lo que proceda conforme a la legislación laboral.
El auto, en caso de acordarse la suspensión o extinción colectiva de los contratos de trabajo, producirá las mismas consecuencias que la resolución administrativa de la Autoridad Laboral recaída en un expediente de regulación de empleo, a efectos del acceso de los trabajadores a la situación legal de desempleo.
8. Contra el auto a que se refiere el apartado anterior cabrá la interposición de recurso de suplicación, así como del resto de recursos previstos en la Ley de Procedimiento Laboral, que se tramitarán y resolverán ante los órganos jurisdiccionales del orden social, sin que ninguno de ellos tenga efectos suspensivos sobre la tramitación del concurso ni de los incidentes concursales.
Las acciones que los trabajadores puedan ejercer contra el auto, en cuestiones que se refieran estrictamente a la relación jurídica individual, se sustanciarán por el procedimiento del incidente concursal. La sentencia que recaiga será recurrible en suplicación.
9. En el supuesto de acordarse una modificación sustancial de carácter colectivo de las previstas en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, el derecho de rescisión de contrato con indemnización que, para tal supuesto reconoce dicha norma legal, quedará en suspenso durante la tramitación del concurso y con el límite máximo de un año desde que se hubiere dictado el auto judicial que autorizó dicha modificación.
La suspensión prevista en el párrafo anterior también será de aplicación cuando se acordare un traslado colectivo que suponga movilidad geográfica, siempre que el nuevo centro de trabajo se encuentre en la misma provincia que el centro de trabajo de origen y a menos de 60 kilómetros de éste, salvo que se acredite que el tiempo mínimo de desplazamiento, de ida y vuelta, supera el veinticinco por ciento de la duración de la jornada diaria de trabajo.
Tanto en este caso como en los demás supuestos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, la improcedencia del ejercicio de la acción de rescisión derivada de la modificación colectiva de las condiciones de trabajo no podrá prolongarse por un período superior a doce meses, a contar desde la fecha en que se hubiere dictado el auto judicial que autorizó dicha modificación.
10. Las acciones individuales interpuestas al amparo de lo previsto en el artículo 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores tendrán la consideración de extinciones de carácter colectivo a los efectos de su tramitación ante el juez del concurso por el procedimiento previsto en el presente artículo, cuando la extinción afecte a un número de trabajadores que supere, desde la declaración del concurso, los límites siguientes:
Para las empresas que cuenten con una plantilla de hasta 100 trabajadores, diez trabajadores. Se entenderá en todo caso que son colectivas las acciones ejercidas por la totalidad de la plantilla de la empresa.
Para las empresas que cuenten con una plantilla de 100 a 300, el diez por ciento de los trabajadores.
Para las empresas que cuenten con una plantilla de más de 300, el veinticinco por ciento de los trabajadores.
11. En todo lo no previsto en este artículo 64 LC se aplicará la legislación laboral y, especialmente, mantendrán los representantes de los trabajadores cuantas competencias les atribuye la misma.
abogados@gonzaleztoresabogados.com
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References: resolución 
 resolución 
 artículo 28
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 41
 artículo 50
 artículo 64