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Timestamp: 2016-12-02 18:01:58+00:00

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REAL Decreto LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos	REAL Decreto LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos Mis Leyes
REAL Decreto LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos Estado	:
Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental.
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.
CAPÍTULO II. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.
SECCIÓN I. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS DEL ANEXO I.
Artículo 5. Evaluación de impacto ambiental de proyectos.
Artículo 6. Solicitud de evaluación de impacto ambiental para proyectos del anexo I.
Artículo 7. Estudio de impacto ambiental.
Artículo 8. Determinación del alcance del estudio de impacto ambiental.
Artículo 9. Trámite de información pública y de consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.
Artículo 10. Plazo para evacuar el trámite de información pública y de consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.
Artículo 11. Evaluación de impacto ambiental con efectos transfronterizos.
Artículo 12. Declaración de impacto ambiental.
Artículo 13. Resolución de discrepancias.
Artículo 14. Caducidad de la declaración de impacto ambiental.
Artículo 15. Publicidad del proyecto autorizado.
SECCIÓN II. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS DEL ANEXO II Y DE PROYECTOS NO INCLUIDOS EN EL ANEXO I QUE PUEDAN AFECTAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LOS ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000.
Artículo 16. Solicitud para la determinación de sometimiento o no a evaluación de impacto ambiental.
Artículo 17. Determinación de sometimiento o no sometimiento a evaluación de impacto ambiental.
CAPÍTULO III. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL.
Artículo 18. Seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental.
Artículo 18 bis. Proyectos sometidos a comunicación o declaración responsable.
Artículo 20. Infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental.
Artículo 21. Sanciones correspondientes a las infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental.
Artículo 22. Suspensión de la ejecución del proyecto o de actividades por omisión o defectos en la evaluación de impacto ambiental.
Artículo 23. Reparación e indemnización de daños.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Proyectos excluidos del trámite de evaluación de impacto ambiental.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Exclusión de proyectos del trámite de evaluación de impacto ambiental por motivos excepcionales.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Proyectos estatales que deban someterse al trámite de evaluación de impacto ambiental por aplicación de la legislación autonómica.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Evaluación ambiental de los proyectos estatales que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Confidencialidad del órgano ambiental en la evaluación de impacto ambiental sobre las informaciones aportadas por el titular del proyecto.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Adecuación normativa.
ANEXO I. Proyectos contemplados en el apartado 1 del artículo 3.
ANEXO II. Proyectos contemplados en el apartado 2 del artículo 3.
ANEXO III. Criterios de selección previstos en el apartado 2 del artículo 3.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Medio Ambiente, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de enero de 2008, dispongo:
El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.
La disposición adicional segunda de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
La disposición adicional duodécima de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico.
El Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.
La Ley 6/2001, de 8 de mayo, por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.
El artículo 127 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
La disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
La disposición final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
El presente Real Decreto Legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El capítulo I se ocupa de las disposiciones generales, identificando en el artículo 1, artículo inédito, como objeto de la norma, de una parte, el establecimiento del régimen jurídico de la evaluación de impacto ambiental de proyectos, y, de otra, la garantía de la integración de los aspectos ambientales en tales proyectos mediante la incorporación de la evaluación de impacto ambiental en el procedimiento de autorización o aprobación de aquél por el órgano sustantivo que en cada caso resulte competente, tal y como ponen de relieve las directivas comunitarias sobre evaluación de impacto ambiental de las que trae causa la legislación española en la materia. Asimismo se describe el contenido de la evaluación de impacto ambiental y se sanciona el carácter participativo que deben poseer los procedimientos administrativos por medio de los cuales se realiza tal evaluación.
En este primer capítulo se recogen aquellas definiciones necesarias para la mejor comprensión y aplicación de la Ley. No sólo se han reproducido las definiciones ya existentes, como las de público o personas interesadas -incorporadas con la modificación operada por la Ley 27/2006-, también se han añadido otras nuevas que, sin constituir innovaciones normativas, agilizan la aproximación a la norma facilitando su manejo y su puesta en práctica. Así, junto a la definición de evaluación de impacto ambiental, que posee un carácter esencialmente descriptivo, se suman a la norma las definiciones de los principales sujetos intervinientes en la evaluación de impacto ambiental: el sujeto que promueve la realización del proyecto (órgano promotor), el que posee la competencia material para autorizarlo (órgano sustantivo) y el que lleva a cabo la evaluación ambiental propiamente dicha (órgano ambiental).
El capítulo II contiene el régimen jurídico de la evaluación ambiental propiamente dicha. El capítulo ha sido dividido en dos secciones. La primera se ocupa de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos del anexo I (aquellos proyectos que deben someterse ineludiblemente a evaluación de impacto). La sección II, por su lado, regula la evaluación de impacto ambiental de los proyectos relacionados en el anexo II y la de aquellos que, no estando incluidos en el anexo I, pueden afectar directa o indirectamente a los espacios que forman parte de la Red Natura 2000. Con esta división el texto refundido aborda, en primer lugar, el régimen común de la evaluación de impacto ambiental y, a continuación, la especialidad que constituye el análisis previo sobre la necesidad de someter o no determinados proyectos a evaluación, considerando que dicha evaluación, si ha de ponerse en práctica, seguirá los cauces descritos en la sección I, no obstante las particularidades previstas en la propia sección II.
El articulado de la sección I ha tratado de seguir el orden cronológico o secuencial en el que, a priori, debe desarrollarse la evaluación de impacto de un proyecto. Así, tras un primer artículo (el 5, creado ex novo) en el que se enuncian las actuaciones que comprende la evaluación de impacto ambiental y en el que se enfatiza el carácter participativo de esta institución jurídica, los artículos sucesivos ordenan el contenido jurídico típico de la evaluación de impacto ambiental.
La sección I se cierra con la regulación de tres aspectos relacionados con la declaración de impacto ambiental: la resolución de discrepancias entre el órgano ambiental y el sustantivo, la caducidad de la declaración de impacto ambiental y la obligatoriedad para el órgano sustantivo de hacer pública la decisión sobre la autorización o aprobación del proyecto.
La sección II del capítulo II regula la evaluación de impacto ambiental de los proyectos relacionados en el anexo II y la de aquellos que, no estando incluidos en el anexo I pueden afectar directa o indirectamente a los espacios que forman parte de la Red Natura 2000. Esta regulación se ubica en el capítulo II, como una actuación previa determinante del sometimiento o no a evaluación de ciertos proyectos. Actuación en la que deben observarse una serie de garantías y trámites destinados a asegurar el acierto en la toma de decisiones y el carácter participativo que informa la evaluación de impacto ambiental de los proyectos.
En cuanto a las disposiciones finales, la antigua disposición final primera ha sido suprimida por haber perdido su vigencia. La disposición final primera atribuye carácter básico a la norma, conforme al artículo 149.1.23 de la Constitución. Asimismo, recoge los preceptos que carecen de carácter básico. Finalmente, la disposición final segunda contiene la habilitación para el desarrollo reglamentario de la ley.
El ser humano, la fauna y la flora.
El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje.
La interacción entre los factores mencionados anteriormente.
Órgano sustantivo: aquel órgano de la Administración pública estatal, autonómica o local competente para autorizar, para aprobar o, en su caso, para controlar la actividad a través de la declaración responsable o comunicación de los proyectos que deban someterse a evaluación de impacto ambiental.
Órgano ambiental: aquel órgano de la Administración pública estatal o autonómica competente para evaluar el impacto ambiental de los proyectos.
Promotor: cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que se proponga realizar un proyecto de los comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley.
Público: cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones y grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación.
Que tenga entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y que tales fines puedan resultar afectados por el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Que según sus estatutos desarrolle su actividad en un ámbito territorial que resulte afectado por el proyecto que deba someterse a evaluación de impacto ambiental.
Administraciones públicas afectadas: aquellas Administraciones públicas que tienen competencias específicas en materia de población, fauna, flora, suelo, agua, aire, clima, paisaje, bienes materiales y patrimonio cultural.
Los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II.
Los proyectos públicos o privados no incluidos en el anexo I que pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000.
Artículo 5. Evaluación de impacto ambiental de proyectos. 1. La evaluación de impacto ambiental de proyectos comprenderá las siguientes actuaciones:
Solicitud por el promotor ante el órgano sustantivo de sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental, acompañada del documento inicial del proyecto.
Determinación del alcance del estudio de impacto ambiental por el órgano ambiental, previa consulta a las administraciones públicas afectadas y, en su caso, a las personas interesadas.
Elaboración del estudio de impacto ambiental por el promotor del proyecto.
Evacuación del trámite de información pública y de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a personas interesadas, por el órgano sustantivo.
Declaración de impacto ambiental emitida por el órgano ambiental, que se hará pública y finalizará la evaluación.
Fase 1: Determinación del alcance del estudio de impacto ambiental. Comprenderá las actuaciones descritas en el apartado 1, letras a) y b).
Fase 2: Estudio de impacto ambiental, información pública y consultas. Comprenderá las actuaciones descritas en el apartado 1, letras c) y d).
Fase 3: Declaración de impacto ambiental. Comprenderá la actuación descrita en el apartado 1, letra e).
2. En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, o ser comunicados u objeto de declaración responsable a la misma, la presentación ante el órgano sustantivo de la solicitud y la documentación a que se refiere el apartado anterior inicia la Fase 1 (Determinación del alcance del estudio de impacto ambiental) de las actuaciones enumeradas en el artículo 5.2.
Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en relación con la utilización del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes.
Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre la población, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico artístico y el arqueológico. Asimismo, se atenderá a la interacción entre todos estos factores.
Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles. En su caso, informe sobre las dificultades informativas o técnicas encontradas en la elaboración del mismo.
3. En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, o ser comunicados u objeto de declaración responsable a la misma, la notificación efectuada por el órgano ambiental sobre el alcance y el nivel de detalle del estudio de impacto ambiental y sobre las contestaciones formuladas a las consultas efectuadas, inicia la Fase 2 (Estudio de impacto ambiental, información pública y consultas) de las actuaciones enumeradas en el artículo 5.2.
La solicitud de autorización del proyecto o, en el caso de proyectos de competencia de la Administración General del Estado sometidos a declaración responsable o comunicación, la solicitud de declaración de impacto ambiental.
El hecho de que el proyecto está sujeto a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, así como de que, en su caso, puede resultar de aplicación lo previsto en el artículo 11 en materia de consultas transfronterizas.
Identificación del órgano competente para resolver el procedimiento o, en el caso de proyectos de competencia de la Administración General del Estado sometidos a declaración responsable o comunicación, identificación del órgano ante el que deba presentarse la mencionada declaración o comunicación, la identificación de aquellos de los que pueda obtenerse información pertinente y de aquellos a los que puedan presentarse observaciones, alegaciones y consultas, así como del plazo disponible para su presentación.
Naturaleza de las decisiones o, en su caso, de los borradores o proyecto de decisiones que se vayan a adoptar.
Indicación de la disponibilidad de la información recogida con arreglo al artículo 7 y de la fecha y lugar o lugares en los que se pondrá a disposición del público tal información.
Identificación de las modalidades de participación.
Toda información recogida en virtud del artículo 7.
Toda la documentación relevante recibida por el órgano sustantivo con anterioridad a la evacuación del trámite de información pública.
2. En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, o ser comunicados u objeto de declaración responsable a la misma, el plazo para la realización del conjunto de las actuaciones de la Fase 2 (Estudio de impacto ambiental, información pública y consultas) a que se refiere el artículo 5.2, no podrá exceder de dieciocho meses contado desde que el promotor reciba la notificación sobre la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.
1. Cuando se considere que la ejecución de un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente de otro Estado miembro de la Unión Europea, o cuando un Estado miembro que pueda verse significativamente afectado lo solicite, el órgano ambiental que deba formular la declaración de impacto ambiental, cuando realice las consultas mencionadas en el artículo 8, comunicará a dicho Estado, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la posibilidad de abrir un período de consultas bilaterales para estudiar tales efectos, así como las medidas que, en su caso, puedan acordarse para suprimirlos o reducirlos. Con tal finalidad, se facilitará al Estado miembro en cuestión una descripción del proyecto, junto con toda la información relevante sobre sus posibles efectos transfronterizos y demás información derivada de la tramitación del procedimiento, con anterioridad a la autorización del proyecto.
En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, o ser comunicados u objeto de declaración responsable a la misma, la remisión del expediente al órgano ambiental, que deberá producirse dentro del plazo establecido en el artículo 10.2, inicia la Fase 3 (Declaración de impacto ambiental) de las actuaciones enumeradas en el artículo 5.2.
Las declaraciones de impacto ambiental relativas a proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El contenido de la decisión y las condiciones impuestas.
Las principales razones y consideraciones en las que se basa la decisión, en relación con las observaciones y opiniones expresadas durante la evaluación de impacto ambiental.
Una descripción, cuando sea necesario, de las principales medidas para evitar, reducir y, si es posible, anular los principales efectos adversos.
3. Cuando de la información recibida en la fase de consultas se determine que el proyecto se debe someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, se dará traslado al promotor, de acuerdo con el artículo 8.3, de la amplitud y del nivel de detalle del estudio de impacto ambiental junto con las contestaciones recibidas a las consultas efectuadas, para que continúe con la tramitación, de acuerdo con lo previsto en la sección I.
CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL.
Artículo 18 bis Proyectos sometidos a comunicación o declaración responsable. Cuando, de acuerdo con la ley, se exija una declaración responsable o una comunicación para el acceso a una actividad o su ejercicio y una evaluación de impacto ambiental, la declaración responsable o la comunicación no podrá presentarse hasta haber llevado a cabo dicha evaluación de impacto ambiental y, en todo caso, deberá disponerse de la documentación que así lo acredite, así como de la publicación en el diario o boletín oficial correspondiente de la pertinente resolución.
El inicio de la ejecución de un proyecto que debe someterse a evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con el anexo I, sin haber obtenido previamente la correspondiente declaración de impacto ambiental.
El inicio de la ejecución de un proyecto contemplado en el anexo II, que deba someterse a evaluación de impacto ambiental, sin haber obtenido previamente la correspondiente declaración de impacto ambiental o la decisión de no sometimiento a evaluación de impacto ambiental a que se refiere el artículo 17.
La ocultación de datos, su falseamiento o manipulación maliciosa en el procedimiento de evaluación.
El incumplimiento de las condiciones ambientales en que debe realizarse el proyecto de acuerdo con la declaración de impacto ambiental, así como de las correspondientes medidas protectoras y correctoras.
El incumplimiento de las órdenes de suspensión de la ejecución del proyecto.
El incumplimiento, por parte de los promotores de proyectos incluidos en el anexo II, de la obligación de someterlos al procedimiento establecido en la sección II del capítulo II.
El incumplimiento por parte de los promotores de los proyectos incluidos en el anexo II de la obligación de suministrar la documentación señalada en el artículo 16.
En el caso de infracción muy grave: multa desde 240.404,85 hasta 2.404.048,42 euros.
En el caso de infracciones graves: multa desde 24.040,49 hasta 240.404,85 euros.
En el caso de infracciones leves: multa de hasta 24.040,49 euros.
Cuando se hubiere acreditado la ocultación de datos o su falseamiento o la manipulación maliciosa en el procedimiento de evaluación, siempre que hubiere influido de forma determinante en el resultado de dicha evaluación.
Cuando se hubieren incumplido o transgredido de manera significativa las condiciones ambientales impuestas para la ejecución del proyecto.
En el supuesto de centros penitenciarios, el Consejo de Ministros o el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma, cuando esta ejerza competencias en materia de ejecución de la legislación penitenciaria, con arreglo a lo dipuesto en la Disposición adicional segunda de esta Ley, determinarán caso a caso si corresponde la exclusión del trámite de evaluación ambiental por motivos de seguridad.
2. El acuerdo de exclusión y los motivos que lo justifican se publicarán en el Boletín Oficial del Estado o en el diario oficial correspondiente.
La decisión de exclusión y los motivos que la justifican.
La información relativa al examen sobre las formas alternativas de evaluación del proyecto excluido.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Adecuación normativa. En todas las ocasiones en que el texto refundido se refiere al órgano de la Administración General del Estado competente para la aprobación o autorización del proyecto, se entenderá por extensión incluido el competente para controlar la actividad a través de la comunicación o declaración responsable.
los apartados 1 y 3 del artículo 4,
el artículo 5.2,
el artículo 6.2,
el artículo 7 apartados 3 y 4,
el artículo 8.3,
el párrafo tercero del artículo 9.1,
las referencias a los proyectos de competencia de la Administración General del Estado contenidos en el artículo 9.2 apartados a) y c),
el artículo 10.2,
los párrafos segundo y tercero del artículo 12.2,
el párrafo segundo del artículo 12.3,
el párrafo segundo del artículo 14.1,
los párrafos segundo y tercero del artículo 14.2,
el artículo 15.3,
el artículo 16.2,
el artículo 17.1, último párrafo,
el artículo 19.2,
el artículo 22,
la disposición adicional tercera,
los apartados 2 y 3 de la disposición adicional cuarta,
la disposición adicional sexta,
el párrafo segundo del apartado 1 de la disposición final segunda.
En particular, se autoriza al Gobierno para regular mediante Real Decreto los requisitos adicionales y la metodología que deba utilizarse en la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de competencia de la Administración General del Estado que puedan afectar de forma apreciable a los espacios protegidos de la Red Natura 2000, de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Incorporación de Derecho de la Unión Europea. Mediante esta Ley se incorpora al derecho español la Directiva 85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
Proyectos contemplados en el apartado 1 del artículo 3.
Explotaciones que se hallen ubicadas en terreno de dominio público hidráulico o en zona de policía de un cauce cuando se desarrollen en zonas especialmente sensibles, designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres y de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar.
Dragados fluviales cuando se realicen entramos de cauces o zonas húmedas protegidas designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979 y 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, o en humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar y cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos/año.
Exclusivamente el almacenamiento definitivo de residuos radiactivos.
Exclusivamente el almacenamiento (proyectado para un período superior a diez años) de combustibles nucleares gastados o de residuos radiactivos en un lugar distinto del de producción.
f. Tuberías con un diámetro de más de 800 milímetros y una longitud superior a 40 kilómetros:
Para el transporte de gas, petróleo o productos químicos y para el transporte de flujos de dióxido de carbono con fines de almacenamiento geológico, incluidas las estaciones de bombeo asociadas.
Que el trasvase tenga por objeto evitarla posible escasez de agua y el volumen de agua trasvasada sea superior a 100.000.000 de metros cúbicos al año.
Que el flujo medio plurianual de la cuenca de la extracción supere los 2.000.000.000 de metros cúbicos al año y el volumen de agua trasvasada supere el 5 % de dicho flujo.
En todos los demás casos, cuando alguna de las obras que constituye el trasvase figure entre las comprendidas en este anexo I.
Proyectos para destinar terrenos incultos o áreas seminaturales a la explotación agrícola intensiva que impliquen la ocupación de una superficie mayor de 10 hectáreas.
Dragados marinos para la obtención de arena.
Tuberías para el transporte de productos químicos y para el transporte de gas y petróleo, con un diámetro de más de 800 milímetros y una longitud superior a 10 kilómetros y tuberías para el transporte de flujos de dióxido de carbono con fines de almacenamiento geológico, incluidas las estaciones de bombeo asociadas.
Líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica con una longitud superior a 3 kilómetros.
Vertederos de residuos no peligrosos no incluidos en el grupo 8 de este anexo I, así como de residuos inertes que ocupen más de 1 hectárea de superficie medida en verdadera magnitud.
f. Emplazamientos de almacenamiento de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
g. Instalaciones para la captura de flujos de CO2 con fines de almacenamiento geológico de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, procedente de instalaciones incluidas en este anexo, o cuando la captura total anual de CO2 sea igual o superior a 1,5 megatoneladas.
Proyectos contemplados en el apartado 2 del artículo 3.
g. Instalaciones para la captura de flujos de CO2 con fines de almacenamiento geológico de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, procedente de instalaciones no incluidas en el anexo I.
d. Instalaciones de oleoductos y gasoductos, excepto en el suelo urbano, que tengan una longitud superior a 10 kilómetros y tuberías para el transporte de flujos de CO2 con fines de almacenamiento geológico (proyectos no incluidos en el anexo I).
Grandes presas según se definen en el Reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses, aprobado por Orden de 12 de marzo de 1996, cuando no se encuentren incluidas en el anexo I.
Afección a áreas de especial protección designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, y 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, o a humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar.
Criterios de selección previstos en el apartado 2 del artículo 3.
La utilización de recursos naturales.
2. Ubicación de los proyectos: La sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas que puedan verse afectadas por los proyectos deberá considerarse teniendo en cuenta, en particular:
Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas; áreas de especial protección designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, y 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992.
3. Características del potencial impacto: Los potenciales efectos significativos de los proyectos deben considerarse en relación con los criterios establecidos en los anteriores apartados 1 y 2, y teniendo presente en particular:
Artículos 2 (apdo. 2), 5, 6 (apdo. 2), 9 (apdos. 1 y 2), 10 (apdo. 2), 12 (apdo. 2), 16 (apdos. 1 y 2); Disposición final primera (apdo. 2):
Redacción según Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Artículos 6 (apdo. 3), 7 (apdos. 3 y 4), 15 (apdo. 3) y 18 bis; Disposiciones adicional primera (párrafo), adicional sexta, final segunda (apdo. 1 párrafo segundo) y final tercera:
Añadido por Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Anexos I (Grupo 3 letra f y Grupo 9 letra b.7) y II (Grupo 4 letra d):
Redacción según Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. Anexos I (Grupo 3 letras f y g) y II (Grupo 3 letra g):
Añadido por Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. Cerrar
REAL Decreto 35/2008, de 18 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembreORDEN FOM/1055/2008, de 10 de abril, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del EstadoRESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2008, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el Proyecto de adecuación, reforma y conservación del Corredor de Levante. Autovía A-3. Tramo: Madrid M-30-L. P. Cuenca, del P. K. 3,8 al P. K. 70,7ORDEN ARM/1523/2008, de 8 de mayo, por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto «Mejora y modernización del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de Almazán (Soria)»ORDEN ARM/1793/2008, de 16 de mayo, por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de restauración ambiental y adecuación de cauces en la provincia de Cáceres. Fase IIORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de manejo de Gomphus graslinii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. (2008050376)ORDEN de 14 de noviembre de 2008 por la que se aprueba el Plan de conservación del hábitat de Oxygastra curtisii en Extremadura y se ordena la publicación del mismo. ( 2008050378)REAL Decreto 2121/2008, de 19 de diciembre, por el que se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos denominados "Aries-1" y "Aries-2"REAL Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector PúblicoREAL Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades minerasLEY 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividadesORDEN FORAL 1308/2010, de 11 de junio de 2010, sobre la evaluación de impacto ambiental del Proyecto de construcción para habilitar una acera-bidegorri en el término municipal de ArratzuLEY 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de ExtremaduraORDEN de 13 de octubre de 2010 por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes del Grupo II de personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2010050297)LEY 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbonoREAL Decreto 1775/2010, de 23 de diciembre, por el que se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos denominados "Albufera", "Benifayó" y "Gandía"LEY 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integradaORDEN FOM/1177/2011, de 5 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del EstadoOrden de 26 de mayo de 2011, relativa a la aprobación
definitiva del Plan Especial del Sistema General Aeroportuario de
Sevilla, en los términos municipales de Sevilla y La
Rinconada (Sevilla)ORDEN FYM/1526/2011, de 1 de diciembre, por la que se inicia el
procedimiento de aprobación del Plan Regional de
Actuación de Urbanización «Las Lastras»
en Segovia	Cerrar PDF
REAL Decreto LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos	Trámites

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Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13
 Resolución 

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 18

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
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 artículo 127
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 artículo 1
 resolución 
 artículo 149

Artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 11
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 5
 artículo 8

Artículo 18
 artículo 17
 artículo 16
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 19
 artículo 22
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 artículo 3
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