Source: https://tc.vlex.es/vid/2001-b-170580
Timestamp: 2019-02-20 09:29:47+00:00

Document:
STC 163/2002, 16 de Septiembre de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 170580
Recurso de amparo 1268-2001. Promovido por don Hua B. Y. respecto de los Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de la Audiencia Provincial de Burgos, que desestimaron su queja contra el Centro Penitenciario de Burgos sobre tramitación de una solicitud de indulto particular. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): resoluciones judiciales que no controlan la legalidad de la actuación administrativa respecto a un beneficio penitenciario.
Sentencia citada en: 566 sentencias, 15 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 1268-2001 (demanda núm. 564-A-2001), promovido por don Hua B.Y., representado por la Procuradora de los Tribunales doña María del Carmen Echavarría Terroba y asistido por el Abogado don Rolando Díez Velasco, contra el Auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Burgos, de 12 de febrero de 2001, y contra los Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Castilla-León (Burgos), de 25 de octubre y 15 de noviembre de 2000. Han intervenido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente la Magistrada doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito registrado en este Tribunal el 7 de marzo de 2001, don Hua B.Y. manifestó su intención de interponer recurso de amparo contra las resoluciones mencionadas en el encabezamiento, solicitando al efecto nombramiento de Procurador del turno de oficio. Una vez efectuada la designación, por escrito registrado en este Tribunal el 26 de abril de 2001, doña María del Carmen Echavarría Terroba, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de don Hua B.Y., interpuso demanda de amparo contra el Auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Burgos, de 12 de febrero de 2001, que desestimó en apelación el recurso contra el Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Castilla-León (Burgos), de 15 de noviembre de 2000, que, a su vez, había desestimado el recurso de reforma interpuesto contra el Auto del mismo Juzgado de 25 de octubre de 2000, desestimatorio de la queja suscitada por el recurrente a raíz de la negativa del Centro Penitenciario de Burgos a tramitar la solicitud de indulto particular de conformidad con el art. 206 del Reglamento penitenciario.
Los hechos más relevantes para la resolución del presente amparo son los que a continuación se detallan:
El demandante de amparo, interno en el Centro Penitenciario de Burgos, entendiendo que reunía los requisitos previstos en el art. 206 del Reglamento penitenciario, solicitó del citado centro penitenciario la tramitación del indulto particular. El 5 de julio de 2000 se notificó al interno el Acuerdo del Equipo Técnico del Centro Penitenciario de no proponer a la Junta de Tratamiento del mismo la tramitación del indulto particular, pues "vista su solicitud y analizada su situación ... considera que el desempeño de su actividad laboral y su participación en las actividades del Establecimiento Penitenciario no alcanza el grado de extraordinario, según viene recogido en el art. 206 del vigente Reglamento Penitenciario".
Contra dicho Acuerdo, el interno presentó escrito de queja ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Burgos solicitando expresamente se le dieran a conocer las circunstancias que podrían dar lugar a la apreciación de que los requisitos previstos en el art. 206 del Reglamento penitenciario concurren de forma extraordinaria a los efectos de acomodar su conducta a las mismas y obtener el beneficio solicitado. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria desestimó la queja en Auto de 25 de octubre de 2000, previo informe del centro penitenciario, razonando: "Conforme lo establecido en el art. 206 del Reglamento Penitenciario el Equipo Técnico no propone a la Junta de Tratamiento la tramitación del indulto particular al interno firmante de la queja por no reunir los requisitos establecidos y considerándose, conforme a dicho artículo, que la propuesta corresponde formularla, en su caso, al Equipo Técnico. No se considera justificada la queja del interno".
Interpuesto recurso de reforma contra dicho Auto, fue desestimado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en Auto de 15 de noviembre de 2000, cuyo fundamento jurídico único es del siguiente tenor literal: "Procede mantener por sus propios fundamentos la resolución recurrida, al no apreciarse en las nuevas alegaciones méritos bastantes que la desvirtúen".
Frente a dicha resolución, el interno interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, alegando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión por falta de motivación de la resolución impugnada y del resto de los acuerdos y pronunciamientos judiciales de los que trae causa, aduciendo expresamente que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria no exponía las circunstancias necesarias para conseguir la tramitación del indulto particular. La Audiencia Provincial, a pesar de entender que no cabía recurso de apelación frente a la resolución recurrida, entró en el fondo del asunto, desestimando el recurso. El fundamento jurídico segundo del Auto de 12 de febrero de 2001 de la Audiencia Provincial de Burgos, textualmente, afirma: "Examinado el contenido del art. 206 del Reglamento Penitenciario, se considera que la proposición del Equipo Técnico, a la Junta de Tratamiento, de un indulto particular, constituye un acto potestativo de aquél, y por ello no resulta fiscalizable, incumbiendo al mismo determinar si concurren en el penado las propuestas [sic] y circunstancias legalmente previstas para realizar la mencionada propuesta. Por ello no cabe que por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria se imponga a la Junta de Tratamiento la tramitación del indulto particular, quedando siempre a salvo la posibilidad de que el propio penado solicite el indulto ante el Ministerio de Justicia. En consecuencia, procede la desestimación del recurso interpuesto".
La demanda de amparo alega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) en relación con la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico (art. 17.1 CE) y con los derechos fundamentales y principios que derivan del art. 25.2 CE.
Por providencia de 10 de diciembre de 2001, la Sección Segunda de este Tribunal acordó, a tenor de lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder un plazo común de diez días, al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo, para que dentro de dicho término alegasen lo que estimaren pertinente en relación con la posible existencia del motivo de inadmisión de la demanda de amparo consistente en carecer manifiestamente de contenido que justifique una decisión, sobre el fondo de la misma, en forma de Sentencia, de conformidad con el art. 50.1.c LOTC.
En escrito registrado en este Tribunal el 19 de diciembre de 2001, la representación del demandante de amparo alegó la no concurrencia de la causa de inadmisión de la demanda prevista en el art. 50.1.c LOTC con los argumentos ya expuestos en la demanda de amparo, reiterando la falta de fundamentación de la resoluciones recurridas y afirmando que podría entenderse que nos encontramos ante un amparo mixto en la medida en que también se dirige contra el Acuerdo del Equipo Técnico del Centro Penitenciario.
Por escrito registrado en este Tribunal el 20 de diciembre de 2001, el Ministerio Fiscal interesó la admisión a trámite de la demanda de amparo por considerar que no concurría el requisito previsto en el art. 50.1.c LOTC, advirtiendo además, de un lado, que la demanda de amparo no es extemporánea en la medida en que, aunque no cabía recurso de apelación frente al Auto del Juez de Vigilancia Penitenciaria, en el mismo se señalaba que sí cabía este recurso, el recurrente es lego en Derecho, y la Audiencia Provincial resolvió el fondo de la queja; y, de otro, que no se trata de un amparo mixto, puesto que no se impugna el Acuerdo del Centro Penitenciario, sino sólo las resoluciones judiciales.
Por providencia de 28 de enero de 2002, la Sección Segunda de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Burgos y a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Burgos para que, en el plazo de diez días, remitieran, respectivamente, testimonio del expediente núm. 5440-2000 y del rollo de apelación núm. 10-2001, interesándose al propio tiempo que se emplazara a quienes fueron parte en el mencionado procedimiento, con excepción del recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este procedimiento constitucional.
Por providencia de 18 de febrero de 2002, la Sección Segunda de este Tribunal, tras recibir las actuaciones y escrito de personación del Abogado del Estado, acordó tener por personado y parte al Abogado del Estado y, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de las actuaciones, en la Secretaría de la Sala, al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado y a la Procuradora doña Carmen Echavarría Terroba, para que, dentro de dicho término, presentaren las alegaciones que estimaren pertinentes.
En escrito registrado en este Tribunal el 15 de marzo de 2002, el Ministerio Fiscal interesó la estimación de la demanda de amparo.
En opinión del Ministerio Fiscal, el indulto está previsto en la norma penitenciaria como un auténtico beneficio penitenciario, en cuanto puede suponer la reducción de la pena, por lo que puede ser solicitado por el interno, supeditado al cumplimiento de determinados requisitos, algunos de ellos muy precisos ¿como el tiempo en el que han de concurrir de modo continuado las circunstancias exigidas¿ y otros enunciados mediante conceptos jurídicos indeterminados ¿grado extraordinario, buena conducta¿ que, por su propio carácter, determinan una actividad discrecional de la Administración, lo que, por sí solo, exige una resolución motivada de ésta, conforme al art. 54.1.f de la Ley 30/1992.
En el caso, la resolución penitenciaria se limitó a negar el carácter extraordinario de los requisitos cumplidos por el interno ¿puesto que en ella no se dice que no los cumpla¿, sin fundamentar en absoluto la causa de la falta de concurrencia de dicho grado extraordinario.
Por todo ello, considera el Ministerio Fiscal que se ha producido la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del recurrente, por haber recibido unas respuestas absolutamente carentes de fundamentación ¿en el caso de los Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria¿ o lesivos de su derecho al negar la posibilidad de que los órganos judiciales controlen la legalidad de la actuación administrativa, por lo que considera procedente la estimación del presente recurso de amparo.
En escrito registrado en este Tribunal el 15 de marzo de 2002, el Abogado del Estado interesó la denegación del amparo por entender, básicamente, que lo que subyace materialmente en el mismo es la solicitud de indulto, cuya concesión, denegación o tramitación, en cuanto manifestación del derecho de gracia, no sería controlable por vía jurisdiccional, ni siquiera en esta sede constitucional de amparo.
En escrito registrado en este Tribunal el 20 de marzo de 2002, la representación del demandante de amparo reiteró las alegaciones ya expuestas en la demanda de amparo y en su escrito de 19 de diciembre de 2001.
Por providencia de 12 de septiembre de 2002 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 16 del mismo mes y año.
La presente demanda de amparo tiene por objeto los Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Castilla-León (Burgos), de 25 de octubre y 15 de noviembre de 2000, y el Auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Burgos, de 12 de febrero de 2001, que traen causa del Acuerdo del Centro Penitenciario de Burgos, de 5 de julio de 2000, que denegó la solicitud de tramitación de indulto particular del recurrente don Hua B.Y. de conformidad con lo dispuesto en el art. 206 del Reglamento penitenciario. A dichas resoluciones judiciales imputa el recurrente la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) en relación con la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico (art. 1 CE) y con los derechos fundamentales y principios que derivan del art. 25.2 CE. Alega que las resoluciones impugnadas carecen de una razonable fundamentación en Derecho, dado que no concretan bajo qué condiciones podría considerarse que el interno reúne los requisitos exigidos en el art. 206 del Reglamento penitenciario en "grado extraordinario", ni razonan su no concurrencia de forma individualizada a partir de las circunstancias del recurrente; de otra parte, sostiene que la alegada falta de competencia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria o de la Audiencia Provincial para revisar el acto administrativo, origen de las actuaciones, por constituir un "acto potestativo", "no fiscalizable", supone una auténtica denegación de tutela judicial y una dejación de las funciones jurisdiccionales que competen a los órganos judiciales, y, específicamente, al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria respecto de los actos del centro penitenciario.
El examen de la pretensión de amparo requiere realizar algunas precisiones previas respecto del objeto y alcance de la misma.
De cuanto se acaba de exponer y de la naturaleza del derecho invocado en la demanda de amparo ¿la tutela judicial efectiva¿ deriva indubitadamente que el objeto de este recurso se ciñe a las resoluciones del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de la Audiencia Provincial frente a las que el recurrente dirige su queja de no haber subsanado el déficit de fundamentación del Acuerdo del Equipo Técnico del Centro Penitenciario de 5 de julio de 2000, pues dichas resoluciones tampoco manifiestan qué circunstancias o datos del recurrente impedían entender que no reunía los requisitos exigidos por el art. 206 del Reglamento penitenciario "en grado extraordinario", aduciendo, en definitiva, como fundamento específico de su falta de respuesta, la ausencia de competencia para fiscalizar el acto administrativo.
Delimitado de esta forma el objeto de la pretensión de amparo resulta necesario efectuar todavía una segunda precisión, relativa a la configuración jurídica del "indulto particular" regulado en los arts. 202 y ss. del Reglamento penitenciario, y cuyo contenido es el siguiente:
Constituyen, por tanto, beneficios penitenciarios el adelantamiento de la libertad condicional y el indulto particular."
La tramitación del indulto a que se refiere el párrafo anterior se regulará por lo dispuesto en la vigente legislación sobre el ejercicio del derecho de gracia y en las disposiciones que la complementen o modifiquen."
Del tenor literal de las disposiciones reglamentarias reproducidas se obtiene que el indulto particular se configura, por propia decisión de la norma que lo regula, como un beneficio penitenciario (art. 202.2 RP) y que, como consecuencia de ello, se vincula a la reeducación y reinserción social de los internos en cuanto fin principal de la pena privativa de libertad (art. 203 RP); de modo que se trata de una de las instituciones que tienden a hacer efectivo el principio recogido en el art. 25.2 CE. De otra parte, la regulación reproducida atribuye la competencia para la tramitación del indulto al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria a solicitud de la Junta de Tratamiento, previa propuesta del Equipo Técnico del Centro Penitenciario (art. 206.1 RP). En caso de ser adoptada dicha decisión por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, esto es, la decisión de tramitar el indulto, esta tramitación se regula por lo dispuesto en la legislación vigente sobre el ejercicio del derecho de gracia (art. 206.2 RP). La tramitación del indulto particular conoce así dos fases claramente diferenciadas: la que finaliza con la resolución del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que es la ordenada por los arts. 202 y ss. del Reglamento penitenciario, y la que se inicia con dicha resolución y es regulada, según dispone el art. 206.2 del Reglamento penitenciario, conforme a la legislación vigente sobre el ejercicio del derecho de gracia.
Pues bien, el presente recurso de amparo se dirige contra las resoluciones dictadas en aquella primera fase y bajo la cobertura de la legislación penitenciaria. Por ello, no es necesario, para su resolución, analizar la alegación del Abogado del Estado relativa a la cuestión de si el indulto ¿su concesión o denegación¿ es o no revisable por la jurisdicción. Como ya ha quedado expuesto, la legislación penitenciaria configura como beneficio penitenciario la mera tramitación del indulto por parte del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, a solicitud de la Junta de Tratamiento y previa propuesta del Equipo Técnico. Y es este beneficio penitenciario, con dicho limitado contenido, el que solicitó el recurrente al centro penitenciario y respecto de cuya denegación acudió al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para conocer las razones en virtud de las que el Equipo Técnico rechazó proponer la tramitación de su indulto a la Junta de Tratamiento y al que, en relación con la actuación del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Provincial, ciñe su pretensión de amparo.
Efectuadas las anteriores consideraciones estamos ya en condiciones de analizar la queja del recurrente, comenzando por recordar que es doctrina reiterada de este Tribunal que el derecho a la tutela judicial "exige siempre, desde luego, y sin perjuicio de los específicos requerimientos que imponen cada una de sus distintas facetas o vertientes, que las resoluciones judiciales sean motivadas y fundadas en Derecho, sin incurrir en irrazonabilidad, arbitrariedad o error patente" (STC 5/2002, de 14 de enero, FJ 2). Y, si bien el deber de motivación se satisface, en principio, cuando las resoluciones judiciales exteriorizan las razones que fundamentan la decisión, siempre que el razonamiento que en ellas se contiene constituya la aplicación no arbitraria de las normas al caso (por todas SSTC 214/1999, de 29 de noviembre, FJ 5; 25/2000, de 31 de enero, FJ 2; y 82/2002, de 22 de abril, FFJJ 7 y 8), no obstante, existen diversos supuestos en los que se exige un específico y reforzado deber de motivación (por todas SSTC 116/1998, de 2 de junio, FJ 4; y 5/2002, de 14 de enero, FJ 2). Así sucede, en lo que ahora interesa, en los casos en que la resolución judicial decide sobre una materia conectada con otros derechos fundamentales o libertades públicas o incide de alguna manera en la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico. En particular, resulta afectada la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico cuando las resoluciones judiciales adoptan decisiones sobre beneficios penitenciarios, como la libertad condicional (STC 79/1998, de 1 de abril, FJ 4), o sobre los permisos de salida (por todas, SSTC 2/1997, de 13 de enero, FJ 2; 79/1998, de 1 de abril, FJ4; y 109/2000, de 5 de mayo, FJ 3), o la suspensión de la ejecución de la pena (SSTC 25/2000, de 31 de enero, FJ 3; 264/2000, de 13 de noviembre, FJ 2; 8/2001, de 15 de enero, FJ 2; y 5/2002, de 14 de enero, FJ 2).
En aplicación de dicha razón de decidir se ha de otorgar la razón al recurrente, pues, como bien argumenta el Ministerio Fiscal, las resoluciones judiciales aquí impugnadas carecen absolutamente de motivación. La mera lectura de dichas resoluciones evidencia, en el sentido señalado por el Ministerio Fiscal y el recurrente, que nos encontramos ante una auténtica denegación de tutela por parte de los órganos judiciales, pues el fundamento de las decisiones reside en que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria carece de competencia para pronunciarse sobre la cuestión, bien porque se sostiene que quien ha de formular la propuesta es el Equipo Técnico del Centro Penitenciario y éste ha apreciado que el interno no reúne los requisitos exigidos en el art. 206 del Reglamento penitenciario (Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de 25 de octubre y 15 de noviembre de 2000), bien porque se afirma que la adopción de una decisión por el centro penitenciario no es fiscalizable por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria por su carácter "potestativo" o discrecional (Auto de la Audiencia Provincial de 12 de febrero de 2001). Adicionalmente el Auto de la Audiencia Provincial señala que, en todo caso, el interno siempre tiene expedita la vía general para acudir directamente al Ministerio de Justicia en solicitud de indulto. Pues bien, ninguna de las razones expuestas puede considerarse ajustada a las exigencias del derecho fundamental invocado.
Finalmente, la remisión a la existencia de otra vía para que el interno solicite el indulto como fundamento de la negativa judicial ¿en este caso, de la Audiencia Provincial¿ a revisar la denegación del indulto particular tampoco alcanza caracteres mínimamente razonables, pues implica negar la especificidad y autonomía que el Reglamento penitenciario ha dispensado a la solicitud de indulto particular en su configuración como beneficio penitenciario.
Cuanto antecede conduce a la estimación del amparo solicitado al haberse producido la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del recurrente, debiendo anularse las resoluciones de la Audiencia Provincial y del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y retrotraerse las actuaciones al momento anterior al de dictarse el Auto de 25 de octubre de 2000 con el fin de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria se pronuncie sobre la pretensión del recurrente, con petición, en su caso, de los informes al centro penitenciario que estime oportunos, de forma que, en cumplimiento de las exigencias dimanentes del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en relación con el valor de la libertad (art. 1 CE) y los principios reconocidos en el art. 25.2 CE, pondere los valores y bienes jurídicos en conflicto y los fines que la legislación penitenciaria y la norma constitucional atribuyen a este beneficio penitenciario y a la pena privativa de libertad.
Otorgar el amparo solicitado por don Hua B.Y. y, en consecuencia:
Anular el Auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Burgos de 12 de febrero de 2001 y los Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Castilla-León (Burgos) de 25 de octubre y 15 de noviembre de 2000.
Retrotraer las actuaciones al momento inmediato anterior al de dictarse el Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Castilla-León (Burgos) de 25 de octubre de 2000, a fin de que efectúe nuevo pronunciamiento debidamente motivado, en los términos expuestos en el fundamento jurídico sexto de esta Sentencia.
Auto nº 610/1984 de Tribunal Constitucional, Sección 3ª, 17 de Octubre de 1984

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