Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2014/se201400290.html
Timestamp: 2019-03-23 08:37:23+00:00

Document:
se201400290
SENTENCIA: 290/2014.
EXPEDIENTE N°: 84/2008.
PARTES: Leonardo Ortuño Bayá contra el Superintendente General de Minas.
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por Leonardo Ortuño Bayá contra el Superintendente General de Minas.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa cursante de fs. 26 a 29, impugnando la Resolución Administrativa “J” Nº 020/2007 de 16 de noviembre de 2007; la respuesta de fs.49 a 51; la réplica de fs. 56 a 58 y los antecedentes procesales.
CONSIDERANDO I: Que, Leonardo Ortuño Bayá se apersona e interpone demanda contencioso administrativa, fundamentando su acción en lo siguiente:
Siguiendo el respectivo trámite, se adjudicó la concesión minera “Fátima” de 8 cuadrículas mineras, ubicadas en el cantón Paria, provincia Cercado del departamento de Oruro, habiendo obtenido el Título Ejecutorial Nº 73/2001 de 25 de enero de 2001, inscrito en el Registro Minero bajo la partida computarizada Or. 390 de 6 de febrero de 2001 y registrado en Derechos Reales de Oruro bajo la Partida Nº 4 de 7 de febrero de 2001, con patentes mineras pagadas desde la gestión 2000 hasta la gestión 2007, las que de acuerdo con el art. 50 del Código de Minería deben ser canceladas por los primeros cinco años de antigüedad cumplidos, como patente corriente y a partir del sexto, como una patente minera progresiva con la actualización anual del monto que establece el Órgano Ejecutivo de acuerdo a la variación del tipo de cambio oficial con relación al dólar estadounidense, más un factor de corrección equivalente al 50% de la tasa de inflación; no obstante, sin tener jurisdicción ni competencia para extinguir las concesiones mineras, interpretando erróneamente el referido artículo, el Servicio Geológico Técnico de Minas (SERGEOTECMIN) logró materializar la caducidad y reversión del dominio de su concesión, alegando la falta de pago de la patente progresiva en el doble del monto por cinco años de antigüedad, cuando la norma expresamente prescribe que la patente progresiva se paga después de cumplidos los seis años con la actualización establecida por el Órgano Ejecutivo.
Añade que de acuerdo con el art. 65 del Código de Minería, las concesiones mineras caducan únicamente cuando la patente minera no ha sido pagada en el plazo máximo correspondiente a los 30 días computables desde la primera fecha hábil del mes de febrero hasta los primeros días del mes de marzo, de cada año, por lo que como la antigüedad de una concesión minera se computa desde la fecha de la resolución constitutiva emitida por el Superintendente de Minas, al nacer a la vida jurídica en dicha fecha, habiéndose producido en el caso el 12 de diciembre de 2000, hasta el 12 de diciembre de 2005, son exactamente cinco años de antigüedad, constituyendo el pago corriente realizado el 18 de diciembre de 2005, de acuerdo con el párrafo segundo del citado art. 50 del CM correcto, legal y transparente, sin lugar a operarse la caducidad de su concesión minera ni su reversión al dominio del Estado, al haberse procedido el año 2006, cuando “Fátima” tenía seis años de antigüedad al pago de la patente progresiva en el doble del monto, por lo que enterado de que la reversión de su concesión minera fue “instrumentada” por SERGEOTECMIN para favorecer a otro industrial minero que solicitó la adjudicación de sus cuadrículas confiscadas, pidió previo pago de la patente progresiva de la gestión 2007, solicitó se aplique el referido art. 50 del Código de Minería, pero su petición fue negada, habiendo el Superintendente General de Minas pronunciando la Resolución Administrativa “J” Nº 020/2007 de 16 de noviembre, confirmando la cuestionada Resolución del a quo Nº 03/2007 de 28 de agosto.
Concluye señalando que si bien de acuerdo con el art. 136 de la Constitución Política del Estado (abrogada), las sustancias minerales son de dominio originario del Estado, las condiciones del otorgamiento, concesión y adjudicación a particulares están previstas en los arts. 1, 2, 3, 10, 24, 31, 34, 48, 50, 103 y 164 del Código de Minería al establecer el trámite, características, derechos y obligaciones de los concesionarios, instituciones jurídicas mineras, praxis minera y otros; evidenciándose que al momento de determinarse la extinción de su derecho concesionario no existió la suficiente reflexión y razonamiento, ya que el único motivo que determina la procedencia de la caducidad es la falta de pago de la patente minera por la gestión vencida y pago de la patente progresiva aplicando la actualización calculada por el Órgano Ejecutivo conforme el párrafo séptimo del art. 50 del Código de Minería, justificando la inédita e insólita actitud de promover la caducidad y reversión de su concesión en disposiciones legales de categoría inferior al Código de Minería, lesionando así el principio de jerarquía constitucional previsto por la Ley Fundamental. Por lo referido, solicita se declare probada la demanda, se disponga la nulidad de la caducidad y reversión al dominio del Estado y se ordene a la Superintendencia General de Minas reponer o restituir su derecho sobre la concesión minera “Fátima” y nulas las Resoluciones Administrativas “J” Nº 020/2007 de 16 de noviembre de 2007 y Nº 03/07 de 28 de agosto de 2007, así como las publicaciones en la Gaceta Nacional Minera sobre requerimiento de pago e ítem de caducidad por falta de pago de patente minera, con costas y responsabilidad al demandado. Por memorial cursante de fs. 56 a 58, reiteró en la réplica los fundamentos expuestos en la demanda.
CONSIDERANDO II: Citado el entonces Superintendente General de Minas, con la provisión citatoria emitida por la extinta Corte Suprema de Justicia (fs. 34 a 44), dentro del plazo previsto por los arts. 146, 345 y 346 del Código de Procedimiento Civil, contesta a la demanda (fs. 49 a 51) argumentando que: a) El pago de la patente por la gestión 2005, fue realizado en forma incompleta, aspecto que se hizo notar en la columna de concesiones que pagaron menos, publicada en la Gaceta Nacional Minera Nº 9 año 9 del 1 de febrero de 2006, con carácter de citación y requerimiento de pago, tal cual se evidencia de los informes técnicos y de la copia de las gacetas adjuntas, habiéndose dado cumplimiento al art. 155 incs. a) al f) del Código de Minería, sin que el pago por la gestión 2007 hubiere sido recepcionado por SERGEOTECMIN; b) Con la atribución conferida a esta institución por el art. 117 del CM, sin arrogarse ni usurpar funciones y lo previsto en los arts. 65, 105, 122 incs. d), h) e i) y 155 del mismo Código, 42 del Decreto Supremo (DS) 24780 de 31 de julio de 1997, se advierte que la caducidad de la concesión minera “Fátima” operó por imperio de la ley, sin requerir de declaración o proceso previo, como caprichosamente señaló el actor, habiendo adquirido la calidad de cosa juzgada, situación que determinó que la Superintendencia Regional de Minas Oruro mediante Resolución Nº 03/07 de 28 de agosto, declare improbada la nulidad y no ha lugar a la restitución del derecho concesionario del interés minero, decisión que en alzada, después de una prolija revisión por Resolución “J” Nº 020/2007 de 16 de noviembre, fue confirmada en todas sus partes por una correcta interpretación y aplicación de las normas indicadas. Por lo expuesto, negando en todas y cada una de sus partes la demanda interpuesta, solicita se declare improbada y se condene al pago de costas. No se presentó la dúplica correspondiente.
CONSIDERANDO III: En atención a la naturaleza del presente proceso, que reviste las características de un juicio de puro derecho, en el que este Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por la parte demandante; corresponde realizar el control judicial y de legalidad sobre los actos ejercidos por el Superintendente General de Minas, actual Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera.
De la relación efectuada precedentemente se advierte que la controversia tiene su origen en la falta de pago de la patente minera progresiva de la concesión “Fátima” por la gestión 2005, aspecto que determinó que el SERGEOTECMIN, sin tener jurisdicción ni competencia para extinguir las concesiones mineras, interpretando erróneamente el art. 50 del Código de Minería, materializara su caducidad y reversión a dominio del Estado, estableciéndose de los actuados procesales lo siguiente:
De fs. 1 a 7, cursa el formulario de solicitud de la concesión minera “Fátima”, informe y planimetría correspondiente, publicados en la Gaceta Nacional Minera Nº 40 de 15 de octubre de 2000, sin que se hubiese presentado oposición alguna en su contra, emitiéndose el plano definitivo (fs. 9 a 12), habiéndose dispuesto por decreto de 29 de noviembre de 2000, se pague la patente minera en el día, presentándose ante el SERGEOTECMIN el formulario Nº 30443 que demuestra la cancelación realizada por la patente minera correspondiente a la gestión 2000, a efecto que se dicte la resolución constitutiva respectiva (fs. 13 a 16), habiendo el Superintendente Departamental de Minas de Oruro pronunciado el Auto de 12 de diciembre de 2000, otorgado a Leonardo Ortuño Bayá la concesión solicitada (fs. 19).
Cursa en obrados el testimonio 73/2001, referido al trámite de la concesión minera, mismo que constituye el título ejecutorial del derecho representativo del concesionario, registrado en el SERGEOTECMIN bajo la partida OR 390 de 6 de febrero de 2001 (fs. 26 a 31), documentos con los cuales el hoy demandante solicitó la nulidad de la reversión y la reposición del derecho concesionario sobre el interés minero, adjuntando el formulario de pago de patentes mineras corriente por la gestión 2005 y progresiva por la gestión 2006 (fs. 23 a 36), emitida la nota SGTM.DTM.RO Nº 024/2007 de 15 de febrero de 2007, el Superintendente Departamental de Minas Oruro pronunció la Resolución de 21 de febrero de 2007, por la que se declaró no haber lugar a la anulación de la reversión y consiguiente restitución del derecho concesionario en favor de Leonardo Ortuño Bayá (fs. 46).
Interpuesto el recurso de revocatoria (fs. 49 a 50), sin mayores argumentos, la misma autoridad pronunció la Resolución de 13 de marzo de 2007, confirmando en todas sus partes la impugnada (fs. 51), por lo que el interesado planteó recurso jerárquico (fs. 54 a 55), pronunciando el Superintendente General de Minas la Resolución “J” Nº 10/2007 de 3 de mayo de 2007, anuló obrados hasta el vicio más antiguo, recomendando al a quo cumplir estrictamente las normas de orden procesal (fs. 61 a 62), por lo que observando un debido proceso el Superintendente Departamental de Minas de Oruro, pidió al interesado subsanar el memorial presentado considerando el art. 327 del Código Civil (CC) y aparejar el formulario de pago de la patente progresiva por la gestión 2007, por lo que una vez emitidos los informes respectivos (fs. 66 a 93), se pronunció la Resolución Nº 03/2007de 28 de agosto de 2007, declarando: a)Improbada la nulidad y no ha lugar a la restitución el derecho concesionario en el interés minero “Fátima”; b) La cancelación de la inscripción en el Registro Minero Nº OR-390 del Libro de Títulos Ejecutoriales gestión 2001, del departamento de Oruro, provincia Cercado, efectuada el 6 de febrero de 2001, debiendo notificarse al Jefe del SERGEOTECMIN ejecutoriada que sea la resolución; y, c) La cancelación de la partida Nº 4 del Libro de Propiedades Mineras gestión 2001inscrito por adjudicación minera en la oficina de Derechos Reales el 7 de febrero de 2001 (fs. 95 y vta.).
Contra dicha decisión el recurrente presentó recurso de revocatoria (fs. 97 a 98), habiéndose pronunciado la Resolución de 28 de septiembre de 2007, por la que se confirmó la impugnada en todas sus partes (fs. 101 a 102), misma que cuestionada a través del recurso jerárquico (fs. 104), mereció la Resolución “J” Nº 020/2007 de 16 de noviembre de 2007, confirmando la impugnada en todas sus partes (fs. 114 a 116).
Con carácter previo a resolver la problemática presentada es necesario indicar que conforme lo previsto por el art. 122 del Código de Minería, el SERGEOTECMIN tiene como atribuciones entre otras las de: h) Controlar el pago de patentes mineras; e, i) Publicar mensual y anualmente, según corresponda, la Gaceta Nacional Minera que tendrá circulación nacional, estableciéndose en el art. 50 del CM que: “La patente anual por toda concesión constituida por cuadriculas se paga por el año calendario (enero a diciembre) en la fecha en que se dicta la resolución constitutiva de la concesión. En lo sucesivo dicha patente se pagará por año adelantado” disposición que concuerda con el art. 42 del DS. Nº 24780 de 31 de julio de 1997, al referir que el pago de la patente minera procede:“a)Para las concesiones constituidas por cuadriculas, el año uno para la aplicación de la escala establecida en el artículo 50 del Código de Minería será el que corresponda a la fecha en que se dicte la resolución constitutiva de la concesión, fecha en que se pagará la patente correspondiente al primer año; y, “e) La recaudación, control y fiscalización de las patentes mineras estará a cargo del Servicio Técnico de Minas que al efecto queda facultado para emitir las normas administrativas pertinentes para su correcta aplicación”, estableciendo los arts. 65 y 155 incs. a) y b) del Código de Minería que una concesión minera caduca únicamente por falta de pago de la patente anual minera de la gestión vencida, dentro del plazo máximo de los 30 días calendario computables desde que el SERGEOTECMIN publica el primer día hábil del mes de febrero, de cada año, en la Gaceta Nacional Minera los nombres, ubicación de las concesiones y titulares que no la hubieren cancelado, teniendo dicha publicación carácter de citación y requerimiento de pago.
En ese sentido, revisados los antecedentes se advierte que llenado el formulario de solicitud de concesión minera, fue admitido y pasó al SERGEOTECMIN para la elaboración del informe y planimetría correspondiente, decretándose el 28 de enero de 2000, ante la inexistencia de oposición a dicha petición, se proceda al pago de la patente minera en el día (fs. 1 a 13), por lo que ante la presentación del formulario 30443, que evidencia que dicha cancelación se efectuó el 7 de diciembre de 2000 (fs. 15), el Superintendente Regional de Minas de Oruro otorgó la concesión minera ““Fátima”” en favor de Leonardo Ortuño Baya a través de la Resolución de 12 de diciembre de 2000, disponiendo se elabore el testimonio de todo lo obrado para su correspondiente protocolización e inscripción en el Registro Minero y Derechos Reales del departamento de Oruro, constituyendo tal documento el título ejecutorial del derecho del concesionario (fs. 19); empero, dada la controversia originada y aplicando los citados arts. 42 del DS. Nº 24780 y 50 del Código de Minería al presente caso, si bien el hoy demandante el 12 de diciembre de 2000, procedió al pagó de la primera patente minera anual, constituyendo la gestión 2000, el año uno a efecto que se aplique la escala establecida para el pago de la patente corriente desde ese año al quinto, y posteriormente pagar la patente progresiva a partir del sexto año; no es menos cierto la existencia de un criterio erróneo en el razonamiento del recurrente cuando expresa que: “…en fecha 12 de diciembre del año 2000 se dictó la resolución constitutiva y al 12 de diciembre del año 2005, tiene exactamente cinco años de antigüedad y en atención a lo dispuesto por el 2do. Párrafo del art. 50 del CM la patente minera tiene que pagarse en forma simple y corriente (…) y el año 2006, cuando “FATIMA” tenía seis años de antigüedad, he pagado la patente progresiva en el doble del monto” (sic) (fs. 27 vlta. exp. principal), pues al estar previsto que los titulares de las concesiones constituidas por una o más cuadriculas tienen la obligación de pagar cada año calendario (enero a diciembre) la patente minera (sea corriente o progresiva)por adelantado (art. 50 del Código de Minería), no puede ni debe realizarse el cómputo delos años desde la fecha de la resolución constitutiva hasta la misma fecha del año siguiente, al constituir éste un criterio sesgado e incorrecto de las disposiciones legales mineras que establecen la forma, momento a partir de la cual se puede comenzar y terminar el pago, y el monto al que asciende el mismo, en atención a la antigüedad, correspondiendo el año uno a la fecha en que se dictó la resolución constitutiva de la concesión, por ser la fecha en la que se pagó la primera patente.
Así, si el 7 de diciembre de 2000 se pagó la primera patente minera anual correspondiente al año 2000, la cancelación realizada en la gestión 2001 correspondía al segundo año de antigüedad, la gestión 2002 al tercer año de antigüedad, la gestión 2003 al cuarto año de antigüedad y la gestión 2004 al quinto año de antigüedad, lo que significa que durante la gestión 2005, de enero a diciembre el concesionario Leonardo Ortuño Bayá tenía la obligación de pagar la patente minera progresiva por tratarse del sexto año; no obstante, de los argumentos expuestos en los memoriales de nulidad de reversión y solicitud de reposición del derecho concesionario(fs. 35 a 36), recurso de revocatoria (fs. 97 a 98) y recurso jerárquico (fs. 104) y el formulario 89955 se constata que en dicha gestión, 2005, con un razonamiento totalmente errado se procedió al pago de la patente corriente, cuando lo que correspondía era el pago de la patente minera progresiva, aspecto que el SERGEOTECMIN al advertir, en cumplimiento de una de sus atribuciones lo comunicó a través del medio oficial en el cual se publican las peticiones, patentes pendientes de pago, caducidades producidas y otros actuados conforme el art. 124 del CM, cual es la Gaceta Nacional Mineral Nº 9 de 1 de febrero de 2006, en la que detalló las concesiones mineras que habían pagado menos (fs. 38 a 40) y Nº 105 de 15 de marzo de 2006, que incluyó el nombre de la concesión y su concesionario en la lista de intereses mineros sin pago de patentes, habiendo tenido el recurrente el tiempo suficiente (30 días calendario) para aproximarse a dichas oficinas, pedir las explicaciones, aclaraciones y cooperación si necesitaba, y evitar que su derecho concesionario caduque por falta de pago de la patente anual minera de la gestión vencida 2005, sin que ahora pueda pretender que a través del proceso contencioso administrativo cuya finalidad es ejercer el control de legalidad de todos los actos y resoluciones que se hubiesen dictado en sede administrativa, es decir, si todo lo obrado por los Superintendentes Regional y General de Minas, actualmente Autoridades Jurisdiccionales Administrativas Mineras General y Regional de Oruro se encuentra dentro del marco jurídico -las que en el caso de autos sí actuaron conforme a ley-se subsane su negligencia y descuido en el cumplimiento y observancia de las normas legales sobre la materia, aspecto que se ratifica cuando del formulario de pago de patente por la gestión 2006, Nº 118128 de 31 de enero de 2007, se evidencia que percatado de la inobservancia de disposiciones legales se procedió a un reintegro según el art. 50 del Código de Minería, al formulario Nº 117855 ya cancelado por dicha gestión -2006- el 29 de diciembre de 2006, por lo que se concluye que la Superintendencia General de Minas, hoy Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera, al pronunciar la resolución impugnada aplicó las normas legales que rigen la materia, realizando una valoración e interpretación correcta de las mismas en los argumentos expuestos en la resolución pronunciada, en atención a los antecedentes presentados.
Para finalizar resulta necesario dejar claramente establecido que respecto del argumento referido a que el SERGEOTECMIN no puede arrogarse ni usurpar funciones de la jurisdicción administrativa minera asignadas por ley a las Superintendencias Mineras, este no es el Tribunal que tiene la competencia para efectuar dicho análisis, debiendo acudir de considerarlo pertinente y oportuno el recurrente, al llamado por ley.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida en el art. 10. I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, lo dispuesto en los artículos 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil y en virtud de los fundamentos expuestos, declara IMPROBADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por Leonardo Ortuño Bayá contra el Superintendente General de Minas cursante de fs. 26 a 29 de obrados, en la que impugna las Resoluciones Administrativas “J” Nº 020/2007 de 16 de noviembre de 2007 y Nº 03/07 de 28 de agosto de 2007.

References: Resolución 
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