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Timestamp: 2017-12-13 18:40:59+00:00

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Sentencia T.S. (Sala 3) de 4 de noviembre de 2010. Recurso de casación. Suspensión de ejecución de la deuda. Objeto del recurso - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S. (Sala 3) de 4 de noviembre de 2010
Objeto del recurso de casación: La solicitud de suspensión de actos administrativos sólo se mantiene durante la tramitación del recurso. El pronunciamiento de una sentencia, aun no siendo firme, invalida dicha solicitud. Inexistencia de objeto del recurso.
Visto por la Sección Segunda de la Sala Tercera de este Tribunal el recurso de casación núm. 668/2006, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Inmaculada Romero Melero, en nombre y representación de don Gaspar, contra la Sentencia de fecha 26 de diciembre de 2005, dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, recaída en el recurso del citado orden jurisdiccional núm. 135/2004, en el que se impugnaba la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 11 de febrero de 2004, recaída en la pieza separada de suspensión de la reclamación económico-administrativa instada frente al Acuerdo dictado por el Jefe de la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Canarias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 17 de septiembre de 2003, en virtud del cual se declara al aquí recurrente responsable subsidiario de determinadas deudas y sanciones de la sociedad denominada "Administración Económica Aleph, S.A.".
Primero.-- Las actuaciones administrativas recurridas tienen su origen en la reclamación económico administrativa y pieza separada de suspensión que don Gaspar interpuso ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), contra el Acuerdo dictado por el Jefe de la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Canarias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 17 de septiembre de 2003, por el que se le notificaba su condición de responsable subsidiario de las deudas y sanciones de la sociedad "Administración Económica Aleph, S.A.", correspondientes a los siguientes conceptos: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.), ejercicios 1992-1995, Actas de inspección, por importe de 474.773,03 euros; Sanción I.R.P.F., en cuantía de 323.844,68 euros; Sanción Impuesto sobre Sociedades, por la suma de 141,24 euros; y Sanción Impuesto sobre Sociedades por importe de 96,16 euros. El importe total de las liquidaciones ascendía a 798.855,11 euros.
En dicha reclamación se solicitaba además la suspensión sin garantía de la ejecución de la liquidación impugnada, conforme a lo previsto en el art. 76 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico Administrativas.
El 11 de febrero de 2004, el TEAC, en la pieza separada de suspensión (exp. núm. NUM000 R.G.), dictó resolución acordando conceder la suspensión de la ejecución de las sanciones e inadmitirla con relación a la deuda tributaria, por considerar que no podía entenderse probada la concurrencia de perjuicios de imposible o difícil reparación. En ella se señalaba expresamente que "en el presente caso se han aportado la comunicación recibida de dos entidades bancarias denegando la concesión del aval solicitado con el que se pretende acreditar la imposibilidad de su obtención, pero en lo que respecta a los perjuicios de difícil o imposible reparación, que no pueden bajo ningún concepto presumirse, nada se ha probado toda vez que la única alegación que en este sentido se realiza por el interesado es la de carecer de medios económicos y patrimoniales suficientes para hacer frente al pago de la deuda tributaria que se reclama, por lo que a la vista de los perjuicios invocados, que han de revestir el carácter de irreparabilidad o difícil reparación y no simples perjuicios económicos derivados de toda ejecución como se invoca, resulta obligado concluir que no puede entenderse probada la concurrencia de perjuicios de imposible o difícil reparación" (FD Tercero).
Y, por lo que se refiere a la invocada doctrina de la apariencia de buen derecho, concluye el TEAC que "la suspensión del acto administrativo por esa alegación requiere que la nulidad del mismo sea absolutamente ostensible, patente, manifiesta y evidente a todas luces, lo que en el caso examinado no ha sido acreditado" (FD Cuarto).
Segundo.-Contra la anterior Resolución del TEAC, don Gaspar interpuso recurso contencioso- administrativo núm. 135/2004, formulando la demanda por escrito presentado el 14 de mayo de 2004, en el que solicitaba que se anulase la Resolución impugnada y se acordase la suspensión sin garantía del acto de liquidación tributaria impugnado. El recurso se sustentaba, esencialmente, en los siguientes argumentos: a) que "en Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 19 de Diciembre de 2002, la Sala ac[ordó] la suspensión sin garantías de la ejecución de una liquidación tributaria impuesta a la recurrente, también de avanzada edad, cuyos únicos ingresos consistían en una pensión de viudedad de escasa cuantía" (pág. 7); b) que se trata de "[u]n matrimonio de avanzada edad, que no trabaja ni puede acceder a un puesto de trabajo, que subsisten de una única pensión para los dos que les reporta 18.680,20 € al año y que no tiene patrimonio (ni siquiera vivienda habitual de su propiedad) no pu[diendo] prescindir de parte de su pensión para pagar unos costes de aval", por lo que, "de hacer frente a los mismos, se perdería la finalidad del recurso, y de estimarse [su] pretensión en el recurso principal, ya se habrían producido perjuicios irreparables" (pág. 8); c) que había "acredit[ado] suficientemente ante el TEAC la precariedad de su situación" (pág. 8); y d) que en todo caso, "no es el sujeto pasivo de tales liquidaciones, sino que son de una sociedad (ALEPH) ya disuelta, de la que fue administrador" y que las liquidaciones "fueron giradas ignorando la normativa vigente" (pág. 9).
El 26 de diciembre de 2005, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó Sentencia desestimatoria del recurso al considerar que no se había probado la existencia de perjuicios de difícil o imposible reparación.
La Sala de instancia comienza por señalar que " resulta claro que, en supuestos como el de autos, en los que se pretende la suspensión sin la prestación de ningún tipo de garantía, el juicio a realizar para su otorgamiento debe ser doble, y por lo tanto, tenerse en cuenta, no sólo la existencia de daños y perjuicios de imposible o difícil reparación, sino también, la razonable dificultad en la obtención de garantías alternativas. En esta línea, quien pretenda la suspensión, debe aportar elementos razonables de convicción sobre ambos elementos " (FD Segundo).
Partiendo de estos requisitos, concluye la Sentencia que " si bien el actor aportaba certificaciones negativas de las entidades Banco Popular Español y Banco Atlántico, ambas de fecha 20 de noviembre de 2.003, así como las declaraciones del IRPF de los cuatro últimos ejercicios, y certificación de la Dirección General de Tributos en la que se hace constar que no consta presentada declaración del Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente a los ejercicios 2.001 y 2.002, sin embargo no se acreditó de ninguna manera la existencia real de perjuicios de difícil o imposible reparación, conforme al art. 76.2 del Reglamento . Siendo inadmitida a trámite la solicitud por el TEAC por esta causa, con la excepción referente a las sanciones incluídas en el acuerdo impugnado, respecto de las que sí se declara la suspensión.
Por otro lado, tampoco ante esta Sala se acreditan, ni siquiera se citan, los perjuicios de imposible o difícil reparación que la ejecución del acto causaría, no habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, limitándose a reiterar en el escrito de recurso la imposibilidad de prestar garantía alguna, por lo que en definitiva, ciertamente, no puede prosperar la pretensión de suspensión deducida; sin que ello impida el acceso a la jurisdicción para la defensa de un derecho que se cree vulnerado por un acto administrativo, como se afirma, pues es claro que en caso de estimación de la pretensión principal, los perjuicios que se pudiesen ocasionar mediante la ejecución del acto habrían de ser cumplidamente resarcidos por la Administración " (FD Tercero).
Tercero.-Contra la citada Sentencia de 26 de diciembre de 2005 de la Audiencia Nacional, la representación procesal de don Gaspar, interpuso recurso de casación formalizándolo mediante escrito presentado el 13 de marzo de 2006 en el que, bajo el cauce procesal del art. 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, invoca un único motivo.
La parte recurrente aduce la infracción del art. 76.2 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, que aprueba el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas, así como la vulneración de la jurisprudencia de desarrollo, por considerar que sí se ha "argument[ado] suficientemente que la ejecución del acto causaría perjuicios de difícil reparación", ya que "[t]odos los perjuicios alegados tenían base documental, al estar siempre referidos a documentos que obraban en el expediente" (y que se derivarían tanto de la situación personal y económica del recurrente como de la documentación aportada, es decir, de las dos solicitudes de aval bancario y denegaciones de dichas solicitudes emitidas por las entidades financieras) (pág. 4). Y es por eso que -a juicio del actor-, "[l]a sentencia de la Audiencia Nacional, así como la Resolución del TEAC han forzado hasta tal punto la interpretación de dicho artículo [76.2 ] que, para su aplicación, exigen una prueba diabólica: no se pueden constituir elementos de prueba distintos a los ya aportados en el transcurso de los dos procedimientos" (pág. 5).
Termina su escrito de formalización interesando se dicte sentencia que estime el recurso casando y anulando la sentencia recurrida.
Cuarto.-Por providencia de 10 de mayo de 2007 se acordó conceder a las partes un plazo común de diez días para que formularan alegaciones sobre la posible causa de inadmisión del recurso de casación por no alcanzar la cuantía exigida por el artículo 86.2.b) y 41.3 de la Ley de la Jurisdicción.
Por Auto del Tribunal Supremo, Sección Primera, de fecha 29 de noviembre de 2007, se declara la admisión del recurso de casación interpuesto por don Gaspar contra la Sentencia de 26 de diciembre de 2005, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, en el recurso núm. 135/2004.
Quinto.-El Abogado del Estado, por escrito presentado el 28 de enero de 2008, formuló su oposición a dicho recurso solicitando sentencia la desestimación del mismo, con imposición de costas a la parte recurrente.
El defensor del Estado se opone al motivo de casación invocado de contrario señalando que "[l]o relevante para aplicar el precepto que justifica la admisión a trámite de la petición sin suspensión, no es si la caución es o no bastante, o si se puede o no prestar dicha caución", sino "la posibilidad excepcional de suspender si se alega o se demuestra que la ejecución del acto supondrá perjuicios de imposible o difícil reparación, con o sin garantía", correspondiendo la carga de la prueba al recurrente, "prueba [que] no ha tenido lugar". Además -concluye-, "la valoración de la prueba es una cuestión de hecho, propia de un Tribunal de instancia, y por tanto no revisable en casación" (pág. 3).
Sexto.-Por Providencia de 4 de octubre de 2010 se señaló para votación y fallo el día 3 de noviembre de 2010, en cuya fecha tuvo lugar el referido acto.
Primero.-El presente recurso de casación se interpone por don Gaspar contra la Sentencia de 26 de diciembre de 2005, dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que desestima el recurso del citado orden jurisdiccional núm. 135/2004, instado frente a la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) de fecha 11 de febrero de 2004, recaída en la pieza separada de suspensión de la reclamación económico-administrativa núm. 7067/03 R.G., por la que se inadmite la solicitud de suspensión de la ejecución de las deudas tributarias recogidas en el Acuerdo dictado por el Jefe de la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Canarias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 17 de septiembre de 2003, en virtud del cual se declara al Sr. Gaspar responsable subsidiario de determinadas deudas y sanciones de la sociedad denominada "Administración Económica Aleph, S.A.".
Como se ha explicitado en los Antecedentes, la Sentencia desestima el recurso por considerar que no se había probado la existencia de perjuicios de difícil o imposible reparación.
Segundo.-Contra la citada Sentencia de 26 de diciembre de 2005, la representación procesal de don Gaspar plantea un único motivo de casación, al amparo del art. 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, en el que denuncia la infracción del art. 76.2 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas, así como de la jurisprudencia de desarrollo, al considerar que sí había argumentado suficientemente que la ejecución del acto causaría perjuicios de difícil reparación y que se derivarían tanto de la situación personal y económica del recurrente como de la documentación aportada, es decir, de las dos solicitudes de aval bancario y denegaciones de dichas solicitudes emitidas por las entidades financieras.
Frente a dicho recurso, el Abogado del Estado presentó escrito oponiéndose a los citados motivos de casación por las razones que se han expuesto en los Antecedentes.
Tercero.-Consta a esta Sala que, en el recurso ordinario núm. 556/2005, en el que se impugnaba la Resolución del T.E.A.C. de 15 de septiembre de 2005, que desestima la reclamación económico-administrativa formulada por el ahora recurrente contra el acuerdo del Jefe de la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Canarias de la Agencia Tributaria de 17 de septiembre de 2003, la Sección Séptima de la Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado Sentencia, de fecha 30 de abril de 2007, en la que desestima el recurso instado contra la citada resolución del T.E.A.C. de 15 de septiembre de 2005, resolución que se confirma por su conformidad a Derecho.
Esto sentado, debemos recordar la doctrina de esta Sala que resume la Sentencia de 16 de febrero de 2009 (rec. cas. num. 5565/2005), FD Primero y Segundo [en igual sentido Sentencias de 16 de abril de 2009 (rec. cas. núms. 5004/2006 y 6858/2005), FFDD Tercero; Sentencia de 28 de abril 2009 (3292/2003), FD Tercero y Sentencia de 31 de mayo de 2010 (rec. cas. núm. 2378/2005), FD Primero]:
" La suspensión de la ejecutividad de los actos recurridos es una medida provisional establecida para garantizar la efectividad de la sentencia que en su día pueda recaer en el proceso principal, por lo que dictada ésta, como aquí ha ocurrido, es claro que el recurso carece de objeto. Así lo hemos expresado en ocasiones anteriores [veánse los autos de 18 de noviembre de 2004 (casación 6935/01, FJ 3.º); 30 de mayo de 2007 (casación 397/04, FJ 1.º); y 30 de junio de 2008 (casación 207/07, FJ 2.º)].
Es abundante la jurisprudencia de esta Sala al respecto, así la sentencia de 14 de noviembre de 1997 (casación 115/95, FJ 5.º) dice que: "una vez dictada sentencia en la instancia, ésta es la que es susceptible de ejecución (artículo 98 de la Ley de la Jurisdicción -art. 91 actual Ley 29/98 -), perdiendo virtualidad la suspensión de la ejecución del acto administrativo originariamente impugnado que hubiera podido decretarse", señalando las de 10 y 17 de julio de 2003 (respectivamente, casaciones 5335/01 y 8171/99, FJ 1.º en ambos casos) y 12 de septiembre de 2003 (casación 3216/99, FJ 1.º), entre otras, que: "el efecto suspensivo que tal medida cautelar podría suponer ha perdido toda virtualidad por la conclusión del proceso a que se refería, teniendo en cuenta que los efectos de la suspensión de la ejecución del acto solamente se mantienen durante la tramitación del recurso y hasta que recaiga sentencia que ponga fin al procedimiento en que se haya acordado, con lo cual el recurso de casación carece de contenido, sin que a la anterior conclusión se oponga la circunstancia de que la sentencia dictada en los autos principales haya sido o no recurrida en casación, pues la medida cautelar, como se dice, ha perdido virtualidad y la posibilidad de suspensión es cuestión que, en su caso, estará referida y resultará de la ejecución de la propia sentencia", expresándose en semejantes términos las de 18 y 22 de julio de 2003 (respectivamente, casaciones 6648/00 y 5828/00, FJ 3.º en los dos supuestos), según las cuales: "los efectos de la suspensión de la ejecución del acto solamente se mantienen durante la tramitación del recurso y hasta que recaiga sentencia que ponga fin al procedimiento en que se haya acordado.
No se opone a la anterior conclusión la circunstancia de que la sentencia dictada en los autos principales haya sido o no recurrida en casación, pues la medida cautelar, como se dice, ha perdido virtualidad y la posibilidad de suspensión es cuestión que , en su caso, estará referida y resultará de la ejecución de la propia sentencia ".
En tal sentido señalan las sentencias de 21 de noviembre de 1995 (casación 2049/92, FJ 1.º), 28 de octubre de 2003 (casación 2808/00, FJ 2.º) y 20 de enero de 2004 (casación 5056/99 FJ 2.º), citadas en el referido auto de 30 de mayo de 2007 (FJ 2.º), que, "en los supuestos de haberse pronunciado sentencia, aunque ésta no sea firme por haber sido recurrida en casación, al ser susceptible de ejecución, carece de significado la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, ya que no se está ante la ejecutividad de éste sino ante la ejecución de una sentencia recurrible en casación, de manera que, una vez pronunciada sentencia por la Sala de instancia, huelga cualquier consideración o resolución sobre la suspensión o no de la ejecución del acto, pues únicamente cabe solicitar la ejecución de la sentencia firme o, si ésta no lo fuese por haberse preparado recurso de casación, pedir al Tribunal de instancia que acuerde su ejecución provisional o anticipada ".
En consecuencia, procede declarar este recurso sin objeto, al haberse dictado ya Sentencia en la instancia, de 30 de abril de 2007, recaída en el recurso contencioso administrativo núm. 556/2005, contra la Resolución del TEAC de 15 de septiembre de 2005, desestimatoria de la reclamación económico-administrativa formulada por el recurrente contra el Acuerdo del Jefe de la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Canarias de la Agencia Tributaria, de 17 de septiembre de 2003, en asunto referente a responsabilidad subsidiaria de administrador, en cuantía 798.855,11 euros.
Sexto.-No se aprecian razones para la imposición de las costas de este recurso, dado que, como señalan las Sentencias citadas, la declaración de que el recurso queda sin contenido por carencia de objeto, no comporta la imposición de costas.
Que debemos declarar y declaramos sin contenido, por carencia de objeto, el presente recurso de casación promovido por la representación procesal de don Gaspar contra la Sentencia de 26 de diciembre de 2005, dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso de dicho orden jurisdiccional núm. 135/2004, en el que se impugnaba la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 11 de febrero de 2004. Sin costas.

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 Real Decreto 
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 artículo 86
e contrario
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