Source: http://luisdallanegra.bravehost.com/Amlat/cpconfaf.htm
Timestamp: 2018-01-16 07:49:53+00:00

Document:
ACUERDOS FIRMADOS Y DOCUMENTOS PRESENTADOS CON PROPUESTAS DE PAZ
Gobierno de Belisario Betacur
Acuerdos entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP
Con el fin de afianzar la paz nacional, que es prerrequisito indispensable para la prosperidad general del pueblo colombiano, y para lograr el desarrollo de la actividad social y económica sobre bases de libertad y de justicia, la Comisión de Paz y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, acuerdan los siguientes puntos:
2.Las FARC-EP condenarán y desautorizarán nuevamente el secuestro, la extorsión y el terrorismo en todas sus formas y contribuirán a que termine su práctica, como atentados que son contra la libertad y la dignidad humanas.
La Comisión de Paz:
El Estado Mayor de las FARC-EP:
Extensión del Acuerdo de la Uribe
NUEVO ACUERDO ENTRE LA COMISION DE PAZ, DIALOGO Y VERIFICACION Y LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (FARC-EP)
Acuerdo entre el Gobierno Nacional, los Partidos Políticos, el M-19 y la Iglesia Católica
7 Respecto a los demás temas políticos, socioeconómicos y de convivencia, justicia y orden público consignados en el pacto político, el Gobierno iniciará su aplicación y ejecución a partir de la fecha de la dejación de armas.
10 El Plan de Seguridad se ejecutará en los términos acordados por el Gobierno Nacional y el M-19 en diciembre de 1989. Dicho plan regirá hasta el 7 de agosto de 1990, con las revisiones pertinentes que se decidan de común acuerdo entre los representantes del Gobierno Nacional y el M-19. Se hace manifiesta la necesidad de que, con posterioridad al 7 de agosto de 1990, se mantenga un nivel apropiado de seguridad y protección a los principales dirigentes del M-19. Con la firma del presente acuerdo se concluye una etapa decisiva para la aclimatación de la paz y el restablecimiento de la concordia que ha sido anhelo de varias generaciones de colombianos. Hoy podemos abrigar ilusiones ciertas respecto a que la sensatez y la generosidad se impondrán a la intransigencia y al radicalismo y de que en un futuro cercano las ideas políticas no serán causa de muerte entre colombianos. Gobierno Nacional, Partidos Políticos y M-19 están conscientes de la trascendencia que para el país tiene la celebración de este acuerdo. Despeja un camino de reconciliación. Afianza unas condiciones para continuar avanzando en el empeño de la pacificación. Ofrece unos procedimientos e instrumentos para implementar soluciones política. Muestra, en fin, cómo mediante una voluntad cierta de paz de las partes involucradas, traducida en hechos concretos, se pueden lograr resultados en procura de la convivencia pacífica.
Señor Ex-Presidente de la República y, Director Nacional del Partido Liberal Colombiano
IV. Luego de exponer tanto el gobierno como la guerrilla, su concepción del proceso de paz y los elementos fundamentales que la constituyen, se ha convenido en anunciar un conjunto de temas que conforman una agenda preliminar que permita tanto continuar las deliberaciones de Caracas como situar el proceso de paz en una perspectiva general a desarrollar en el futuro. Se entiende que sobre los temas que se anuncian a continuación deberá definirse en las conversaciones a realizarse en los días siguientes, enfoques para su tratamiento y precisiones sobre su contenido y alcance.
Por la Coordinadora Guerrillera
ALFONSO CANO (FARC), IVAN MARQUEZ (FARC), PABLO CATATUMBO (FARC), HUMBERTO ZULUAGA (FARC), DANIEL ALDANA (FARC), MIGUEL SUAREZ (FARC), ANDRES PARIS (FARC)
FRANCISCO GALAN (ELN), LUCIA GONZALEZ (ELN)
DIEGO RUIZ (EPL), ASDRUBAL JIMENEZ (EPL)
Acuerdo entre la Sociedad Colombiana y el ELN
17. Reafirmar el compromiso de la Sociedad Civil y el E.N. de respetar y hacer respetar cabalmente los Derechos del Niño y esta organización no incorporar menores de 16 años para la fuerza militar permanente. Hacia el futuro esta edad será de 18 años.
La Reunión de Representantes del Consejo Nacional de Paz, con Miembros de la Sociedad Civil y las Autodefensas Unidas de Colombia, Celebrada el día 26 de Julio de 1998:
1. En caso de ataques, tomar las medidas indispensables para evitar el desplazamiento forzado de la población civil.
2. No hostigar a la población para que se enrole en las filas de las tropas.
3. No almacenar armamento o pertrechos o cualquier objeto de guerra, en los sitios donde habita la población desplazada.
4. En caso extremo, que se produzca el desplazamiento, de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario, acudirán a la Defensoría del Pueblo o a un organismo de socorro nacional o humanitario internacional, para que acompañe a la población desplazada hasta un sitio seguro de cualquier ataque militar.
1. Respetar a las comunidades de paz y los bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.
2. Respetar la autonomía, creencias, cultura y derecho a la neutralidad de los pueblos indígenas o las comunidades afrocolombianas en sus territorios.
3. No realizar ningún tipo de actividad que afecte ríos, lagunas, depósitos de agua o fuentes de abastecimiento de energía eléctrica que son utilizadas por la población civil.
1. Democracia y reforma política
2. Modelo de desarrollo económico
3. Reforma social, económica y judicial
4. La fuerza pública en el estado social de derecho
5. El ordenamiento territorial y la descentralización
6. El medio ambiente y el desarrollo sostenible
7. Los hidrocarburos y la política petrolera
SEPTIMO.- Las Autodefensas Unidas de Colombia y los representantes de la Sociedad Civil y del Consejo Nacional de Paz, iniciarán acciones para establecer una verificación adecuada a las acciones aquí comprometidas.
Firman: Por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc): Carlos Castaño, César Marín, Santander Lozada y José Alfredo Berrío, miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá; Votalón y César Salazar, de las Autodefensas de Puerto Boyacá; Ramón Isaza y Teniente González , de las Autodefensas de Ramón Isaza; Clodomiro Agames y Eulices Mendoza, de las Autodefensas del Llano; Camilo Aurelio Morantes y Francisco Tabares, de las Autodefensas de Santander y sur del Cesar; Daniel Santos y Carlos Castro, de las Autodefensas del Casanare; Pedro Tulio Moreno y Luis Eduardo Cifuentes, de las Autodefensas de Cundinamarca.
Por el Consejo Nacional de Paz y los miembros de la sociedad civil: José Fernando Castro, defensor del Pueblo; Luis Eduardo Garzón, presidente de la CUT; Hernando Hernández, presidente de la USO; Eugenio Marulanda, presidente de Colfecar; Samuel Moreno, senador y miembro del Comité Nacional de Paz; Sabas Pretelt, presidente de Fenalco; Augusto Ramírez Ocampo, miembro de la Comisión de Conciliación Nacional; Alejo Vargas, vicerrector de la Universidad Nacional, y Jorge Visbal Martelo, presidente de Fedegán.
Secretarios ad hoc: Nelson Caicedo y Alvaro García Hoyos, funcionarios de la Defensoría del Pueblo.
Reunión Informal Vocero de las FARC y Funcionario del Departamento de Estado de EUA
Raúl Reyes, vocero de las FARC, y un alto funcionario del Departamento de Estado de EUA, Phill Chicola, participaron en encuentro informal y reservado en la residencia de Alvaro Leyva, en San José de Costa Rica. El tema central fue la actitud de EUA hacia el proceso de paz en Colombia y la problemática de los cultivos ilícitos en el país, cuyas áreas coinciden con los territorios en los que las FARC ejercen su dominio militar. Las FARC han insistido en responsabilizar a EUA de ser el causante del narcotráfico como principal consumidor de sustancias ilícitas en el mundo. Chicola cumplió la instrucción del Departamento de Estado de decirle a Raúl Reyes, que el apoyo de su país al proceso de paz quedaba condicionado a un compromiso efectivo de las partes con la erradicación de los cultivos ilícitos. Según Rubin, la reunión no contradice el principio de política exterior de EUA de no negociar con organizaciones terroristas, a pesar de que las FARC integran la “lista negra”1.
Establecimiento de Pautas y Reglas de Negociación2
El Presidente de Colombia y el representante de las FARC Manuel Marulanda, alias “Tirofijo” se reunieron para definir las reglas de juego de negociación de paz. Estas incluirían los siguientes puntos:
1) Los negociadores: ¿Será la discusión entre la insurgencia y el gobierno solamente o también habrá una tercería sólida de la sociedad civil, como lo hizo en el proceso de paz de Guatemala?
2) La agenda: ¿Se discutirá la agenda que presente la guerrilla? o ¿Será la que construyan las partes conjuntamente? Ni las FARC ni el ELN están interesados en un esquema similar de reinserción al M-19 y el EPL. Las FARC aspiran a cogobernar en el conjunto de la sociedad colombiana. La Constitución que resulte de este proceso buscaría ser más federalista, respondiendo más al poder local (municipios, comunas) y menos a los partidos políticos. Además de una reforma política, la agenda de las negociaciones contemplaría una reestructuración de la fuerza pública. Las FARC no se van a desmovilizar sino que van a buscar crear un ejército común del cual ellos formen parte. Experimento similar al que realizaron Sudáfrica o El Salvador, en donde tanto el ejército de la insurgencia como el estatal se desmovilizaron y se integraron en una fuerza común. En el campo económico, las FARC buscan un modelo equitativo que, aunque sería más proteccionista, no estaría muy lejos de una economía de mercado. La Constitución que resulte de este proceso sería más federalista. “El Estado respondería menos a los partidos y más a las instancias locales de poder”. “La insurgencia ha renunciado a dos cosas: a la dictadura del proletariado y a la socialización de los medios de producción” 3.
3) Los tiempos y los escenarios de las negociaciones: ¿Se llevarán a cabo las negociaciones en Colombia o en el exterior? ¿En una sola mesa de negociación o en varias? ¿Serán las negociaciones con el ELN simultáneas al cronograma de conversaciones con las FARC?
4) Las garantías de esos acuerdos y el manejo de la información: ¿Será pública la información o confidencial? ¿Quién garantizará los acuerdos? ¿Habrá garantes internacionales? Una tercería sólida por parte de la sociedad civil resolvería el problema de las garantías. Una mediación internacional también facilitaría la solución de problemas como el de la entrega de las armas.
Negociaciones FARC-Gobierno
Agenda Común por el Cambio Hacia una Nueva Colombia4
La Machaca, 6/5/1999
Bases para la Creación de un Nuevo Modelo de Desarrollo
El Gobierno y las FARC, establecieron el 29-1-2000, las bases para la creación de “un nuevo modelo de desarrollo económico en el contexto de un mundo globalizado y dejando de lado modelos radicales”. Pastrana envió un mensaje desde el foro internacional económico de Davos (Suiza), en el que destacó que “nunca antes en Colombia un proceso de paz había llegado a este punto”. Por su parte, “Tirofijo”, se mostró disgustado con el Gobierno por el reciente acuerdo de Colombia con EUA para recibir u$s 1.600 millones para combatir al narcotráfico: “Eso no va a contribuir a la paz. El problema de Colombia es de hambre. Esto no se arregla con fusiles, ametralladoras o bombas sino solucionando los problemas sociales”. Con una ronda de conversaciones con dirigentes empresariales y de los sindicatos de trabajadores suecos, los negociadores del gobierno colombiano y las FARC continuaron el 6-2-2000 su misión exploratoria en Suecia para examinar de cerca el modelo de desarrollo económico y social escandinavo. El objetivo es recoger experiencias para negociar un modelo de desarrollo, alejado del socialismo y del neoliberalismo, que permita sentar las bases de un acuerdo de paz para Colombia. El alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, dijo en una entrevista: “El punto (del modelo sueco) que más resaltamos es la verdadera integración que han logrado los sindicatos y patrones, que tiene resultados concretos: el desarrollo y éxito empresarial y el bienestar de todos los trabajadores”. Desde el 26-1-2000, luego de 18 meses de diálogos, gobierno y FARC llegaron al primer gran acuerdo que consiste en abordar como primer punto de negociación la creación de un nuevo modelo económico para Colombia a partir de puntos de referencia internacionales. Dentro de este propósito “se están adelantando contactos para que los negociadores puedan visitar países como México, Chile y la Argentina”, dijo Pastrana. Luego de una intensa semana en Suecia, donde se reunieron con altos funcionarios gubernamentales, dirigentes políticos, empresariales, sindicales y municipales, la delegación colombiana viajará a Noruega y luego irán a Italia, Suiza y España.
Evaluación Gobierno-FARC de Gira por Europa Llegan a la conclusión de que es necesario un modelo económico, político y social que se aparte de la corrupción, el narcotráfico y la violencia, para presentarlo a consideración del pueblo colombiano. Es claro para todos que las experiencias de otros países no se pueden copiar sin tener en cuenta nuestras propias condiciones. Tenemos el respaldo internacional. Cada una de las autoridades y las instituciones con las que nos reunimos en los países que recorrimos fueron claras en darle un respaldo a Colombia y al proceso de paz tanto política como económicamente, impulsando la tarea de la Mesa de Dialogo y Negociación. Reconocemos la importancia que tiene para este proceso la participación de la comunidad internacional, respetando la libre autodeterminación de los pueblos. Reformas sociales El viaje al exterior nos hizo más conscientes de la necesidad de realizar reformas que permitan una paz con justicia social en la gran responsabilidad de construir la nueva Colombia donde quepamos todos. De las diferentes lecciones concluimos con claridad que allí donde la reconciliación ha fracasado, ha sido por la falta de solución a los temas sociales o por falta de voluntad política de las partes. La concertaciónes la vía. Uno de los factores predominantes en los diferentes modelos nos muestra que el progreso y el bienestar están ligados con la concertación fortaleciendo así el sustento de las instituciones.
Comunicado Nº 9 de la Mesa de Diálogo y Negociación5
5. Acordamos que la Mesa de Diálogo y Negociación reinicie sus labores el 14 de febrero (del 2001) retomando los temas sustantivos de la Agenda y entre a discutir el cese del fuego y las hostilidades.
7.Con el fin de que las negociaciones no se vean interrumpidas, la Mesa Nacional de Diálogos y Negociación creará de su seno una comisión encargada de estudiar los hechos que afecten la marcha del proceso. Esta comisión se creará, a más tardar, el 15 de febrero (del 2001).
8. La Zona de Distensión ha sido establecida exclusivamente para el desarrollo del proceso con plenas garantías y seguridades para las partes. La Mesa Nacional de Diálogo y Negociación, a más tardar el 15 de febrero (del 2001), creará un mecanismo de su seno que periódicamente evalúe e informe a la opinión sobre el cumplimiento y el propósito de la zona.
9. Entendiendo la importancia de la comunidad internacional para que el proceso de paz en Colombia tenga éxito, invitamos para el próximo 8 de marzo (del 2001) a un grupo de países amigos y organismos internacionales para informarlos sobre el estado y evolución del proceso e incentivar su colaboración. La Mesa Nacional de Diálogo y Negociación determinará la regularidad de estas reuniones.
10.Las FARC-EP no se oponen a los proyectos de erradicación manual y de sustitución de cultivos ilícitos pero reitera que un proceso tal debe adelantarse de común acuerdo con las comunidades. El Gobierno Nacional y las FARC coincidimos en la importancia estratégica de trabajar en la protección y recuperación del medio ambiente.
11. El Gobierno Nacional y las FARC-EP invitan a las fuerzas políticas firmantes del acuerdo de Caquetania, el día 28 de febrero (del 2001), a reunirnos en Los Pozos para dinamizar el proceso. Reiteramos nuestra invitación a todas aquellas personalidades y organizaciones nacionales escépticas del mismo a intercambiar sobre los aportes de todos los colombianos a la reconciliación nacional.
Según Manuel Marulanda Vélez el Plan Colombia debe ser conducido de manera tal que los fondos “se destinen a la inversión social”. Horacio Serpa candidato de la oposición liberal para la presidencia dijo sobre cese de hostilidades: “el acuerdo que nos satisface a todos los colombianos sería el que dijera: a partir de hoy todos acogemos una sola Constitución, a partir de hoy solamente tendrán armas los representantes del Estado”6. {LDP Esa Constitución debe ser el resultado de un nuevo “Pacto Social”}
Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP
Derecho Internacional Humanitario 7
Las partes del presente Acuerdo, representadas así:
Por el Gobierno Nacional, Camilo Gómez Alzate; y
Por las FARC-EP, Jorge Briceño y Joaquín Gómez, como miembro representante de las FARC EP,
Que el artículo 22 de la Constitución Política del Estado colombiano concibe la paz como “un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento”;
Que de conformidad con la ley 434 de 1998, “la política de paz es una política de Estado, permanente y participativa. En su estructuración deben colaborar en forma coordinada y armónica todos los órganos del Estado, y las formas de organización, acción y expresión de la sociedad civil de tal manera que trascienda los períodos gubernamentales y que exprese la complejidad nacional”;
Que el Estado colombiano cuenta con instrumentos legales para la búsqueda de la convivencia, tendientes a promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz;
Que en virtud de tales instrumentos, el Gobierno de Colombia puede realizar todos los actos tendientes a entablar conversaciones y diálogos con la Organización Armada FARC-EP al margen de la ley, a la cual el Gobierno Nacional le reconoció carácter político;
Que el artículo 8 de la ley 418 de 1997 prorrogada por la ley 548 de 1999, expresamente otorgó como facultad propia y permanente al Gobierno Nacional, la de firmar acuerdos con los representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley a las cuales ha reconocido carácter político, dirigidos a “obtener soluciones al conflicto armado, la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, el respeto a los derechos humanos, el cese o disminución de la intensidad de las hostilidades, la reincorporación a la vida civil de los miembros de tales organizaciones, y la creación de condiciones que propendan por un orden político, social y económico justo”;
Que la ley 418 de 1997 prorrogada por la ley 548 de 1999 dispone: “El Estado propenderá por el establecimiento de un orden social justo que asegure la convivencia pacífica, la protección de los derechos y libertades de los individuos y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, tendientes a lograr condiciones de igualdad real y a proveer a todos de las mismas oportunidades para su adecuado desenvolvimiento, el de su familia y su grupo social”;
Que el Gobierno de Colombia ha decidido adelantar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con sus representantes de acuerdo a los logros que obtenga la Mesa de Negociación para ir creando las condiciones para la reincorporación a la vida civil de los miembros de esta organización que propende por un orden político, social y económico justo;
Que las FARC-EP han manifestado en reiteradas oportunidades que la suscripción del presente Acuerdo sirve para avanzar substancialmente en el proceso de paz;
Que dentro del proceso en curso entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, el Gobierno Nacional y las FARC-EP han expresado su interés en buscar, en esta etapa, una solución a la situación de los soldados y policías en poder de las FARC EP;
El presente Acuerdo se suscribe por razones de carácter humanitario y por lo tanto, su alcance está circunscrito al contenido específico del mismo;
Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo menoscaba las obligaciones mínimas contenidas en el artículo tercero común a los Convenios de Ginebra de 1949 y en el Protocolo II adicional a ellos;
Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo no tienen ningún efecto sobre el estatuto jurídico de quienes lo suscriben a la luz de lo dispuesto por el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra;
El Gobierno de Colombia ha verificado el lugar de reclusión y la situación jurídica actual de los miembros de las FARC-EP privados de la libertad que se encuentran enfermos, según la lista presentada por las FARC-EP;
Las FARC-EP han entregado al Gobierno Nacional la lista de los soldados y policías enfermos que se encuentran en poder de esa organización y se compromete a ubicarlos en lugares que permitan la fácil e inmediata verificación, por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, lugares que determinarán el Gobierno Nacional y las FARC EP;
Para llevar a cabo las medidas a que se refiere este Acuerdo, se requiere la autorización expresa de cada una de las personas privadas de la libertad que puedan resultar sujeto de ellas;
El Gobierno de Colombia ha realizado el examen médico correspondiente por parte de un grupo de médicos destacados por el Comité Internacional de la Cruz Roja o por la entidad que el Gobierno ha determinado, a los miembros de las FARC a los que se refiere el presente Acuerdo;
Concluido el trámite anterior el Gobierno Nacional ha entregado la lista de 15 personas pertenecientes a esa organización que, a su juicio, son sujeto del presente Acuerdo y se compromete a adelantar los trámites correspondientes para que, respecto de estas personas, se ordene la suspensión de la medida de aseguramiento o de la pena;
Las FARC EP ratifican que la lista de 42 soldados y policías enfermos entregada al Gobierno Nacional, corresponde a las personas que serán liberadas con base en el presente Acuerdo; este número de personas podrá ser ampliado.
Una vez firmado el presente Acuerdo, en razón a su estado de salud, las FARC-EP se comprometen a entregar en forma inmediata al Coronel Alvaro León Acosta;
En relación con los soldados y policías enfermos en poder de las FARC-EP, una vez verificado su estado de salud el Comité Internacional de la Cruz Roja, procederá a recibirlos en el lugar acordado por las partes, el mismo día en que sean entregados los miembros de las FARC-EP.
En relación con los miembros de las FARC-EP enfermos y respecto de quienes el Gobierno Nacional ha definido la procedencia de este Acuerdo, éstos serán entregados al CICR, en el lugar de reclusión en el que se encuentren, una vez se disponga la suspensión de la medida de aseguramiento o de la pena. El CICR los entregará en el lugar y fecha acordado por las partes para tal efecto.
Asimismo, las FARC-EP se comprometen a liberar unilateralmente a los soldados y policías que, no estando enfermos se encuentren en su poder, en un número no inferior de 100 a los quince (15) días de la entrega de los enfermos;
Dada su condición de enfermos, los miembros de las FARC-EP sujetos del presente Acuerdo no participarán en el futuro en actos de hostilidad;
El Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan que la Organización de las Naciones Unidas, ONU y la Defensoría del Pueblo, serán invitadas a hacer presencia el día de la entrega de los enfermos;
Asimismo, para efectos del desarrollo y ejecución de este Acuerdo, habrá presencia internacional, para lo cual se designa al grupo de los 10 países amigos del proceso de paz y el Reino Unido;
Dado en San Vicente del Caguán, a los 2 días del mes de junio del 2001.
CAMILO GOMEZ ALZATE
JORGE BRICEÑO, JOAQUIN GOMEZ
En área rural del Municipio de San Vicente del Caguán, se reunieron, por parte del Gobierno Nacional, el Alto Comisionado para la Paz, Camilo Gómez y el Asesor Especial Juan Gabriel Uribe, y por parte de las FARC- EP su Comandante en Jefe Manuel Marulanda Vélez, y sus Voceros en La Mesa de Diálogo y Negociación Raúl Reyes, Joaquín Gómez, Simón Trinidad, Carlos Antonio Lozada, Andrés París y los Comandantes Jorge Briceño e Iván Ríos, considerando:
a. Que la única autoridad sobre esta zona la ejercen los alcaldes democráticamente elegidos y los demás funcionarios municipales sin perjuicio de la ejercida por Gobierno Nacional. Así mismo las FARC ratifican su compromiso a respetarlos.
d.La Mesa promoverá, junto con los Alcaldes de los municipios de la zona de distensión, la realización de reuniones abiertas para que los pobladores de la zona manifiesten sus inquietudes sobre esta, a las cuales podrá invitar observadores.
Por las FARC-EP: Manuel Marulanda Vélez Comandante en Jefe de las FARC-EP. Voceros de las FARC-EP: Raúl Reyes; Joaquín Gómez ; Simón Trinidad; Andrés París; Carlos Antonio Lozada. Comandantes: Jorge Briceño; Iván Ríos
Por el Gobierno: Camilo Gómez Alzate, Alto Comisionado para la Paz; Juan Gabriel Uribe, Asesor Especial.
Acuerdos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)
Acuerdo Firmado por el ELN y el Gobierno de Colombia
La Habana, 24-11-2001
El Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) reunidos en La Habana, Cuba teniendo en cuenta la voluntad que nos asiste para buscar una salida política al conflicto que azota al país y en presencia de los representantes del Grupo de Países Amigos, hemos acordado:
1. Reiniciar formalmente el proceso de diálogo mediante una agenda de transición hasta la terminación del actual gobierno.
2.Estimular la realización de encuentros entre las partes y los distintos sectores de la sociedad.
3. Propiciar encuentros entre las partes y los candidatos presidenciales con el propósito de fortalecer la paz como una política de Estado y garantizar la continuidad de la ejecución de la agenda de transición.
4. Realizar foros temáticos en el exterior, para propiciar iniciativas y propuestas en temas específicos que son del interés nacional, tales como el Derecho Internacional Humanitario, los recursos energéticos, y otros que serán decididos de común acuerdo entre las partes. Las conclusiones de dichos foros permitirán adelantar ideas y propuestas para la realización de la Convención Nacional en un próximo gobierno. En la siguiente reunión estableceremos el cronograma de trabajo.
5. Impulsar la celebración de una “Cumbre por la Paz” con la participación de diversos sectores de la sociedad y la comunidad internacional para hacer una evaluación de los alcances, aciertos y obstáculos que ha enfrentado el proceso de diálogo adelantado por el ELN y el Gobierno Nacional.
6. Realizar rondas de trabajo entre los voceros de las partes en las que abordaremos los siguientes temas:
i. Cese de fuegos y las hostilidades.
ii.Medidas para la reducción del conflicto.
iii. Problemas del sector energético.
iv. Análisis de las conclusiones obtenidas en los foros realizados.
La primera ronda de se llevará a cabo el 12 de Diciembre del 2001 en la ciudad de la Habana.
7. Establecer un mecanismo para que las iniciativas regionales de paz sean estudiadas por los voceros de las partes, quienes se encargarán de dirigirlas y articularlas con la política de paz del Gobierno Nacional y del Comando Central del ELN.
Agradecemos al Estado y al Gobierno de la hermana República de Cuba, por habernos brindado las garantías, hospitalidad y facilidades para nuestro encuentro. Igualmente agradecemos al grupo de países amigos y a la Comisión de Facilitación Civil por su empeño para sacar adelante este proceso.
Por el Gobierno Nacional: Camilo Gómez Alzate y Julio Londoño Paredes
Por el Ejército de Liberación Nacional: Ramiro Vargas; Oscar Santos y Milton Hernández.
The Center for International Policy’s
Aportes Ciudadanos a la Mesa de Negociación Gobierno–FARC-EP, Organizaciones de Paz Colombianos
En Defensa del Proceso de Dialogo y Negociación para la Paz
Bogotá, 26 de Noviembre del 2001
Formular las bases para los cambios constitucionales, legales y de aplicación inmediata y definir los alcances de un eventual proceso constituyente que lleve a un definitivo Acuerdo Nacional de Paz.
Consideramos indispensable trabajar con celeridad y producir cambios concretos en relación con la discusión y negociación de la agenda sustantiva, la zona de distensión, la reducción de la intensidad del conflicto y la cooperación de la comunidad internacional
Avanzar con agilidad en la negociación de la Agenda Común. Hay muchos elementos en este campo propuestos dentro de la Mesa y desde la sociedad que no pueden desecharse o menospreciarse.
Somos plenamente conscientes que las partes mantienen apuestas fuertes en el plano militar que pesan negativamente en la resolución política del conflicto, que ninguna de las partes es homogénea y que en ambos campos hay impulsores del acuerdo de paz y también inciden opositores a una salida negociada o que sólo están dispuestos a apoyarla si las concesiones al adversario son de mínima cuantía.
Para asegurar un avance consideramos que sería muy conveniente ensayar los siguientes caminos:
El Acuerdo de San Francisco apunta a dinamizar los intercambios y la discusión de la agenda en sus aspectos sustantivos;
Crear comisiones especializadas sobre temas específicos, compuestas por personas que designen las partes que, por no estar situados sus integrantes en el epicentro de las negociaciones, disponen de un amplio margen de libertad de discusión e iniciativa, amén de que puede haber dos o más comisiones funcionando simultáneamente.
Canalizar en forma adecuada todos los ejercicios pertinentes que vienen desarrollándose por iniciativa ciudadana en regiones, universidades, entidades gremiales, movimientos sociales, iniciativas de paz referidos a agenda de paz, prospectiva de país y, en general, al proceso de salida política del conflicto armado; el montaje de un amplio sistema informativo por medios electrónicos permitiría poner a disposición de la Mesa de Negociación y de la ciudadanía un considerable volumen de información de alta calidad realmente útil y pertinente para nutrir la discusión de la agenda.
Echar mano de todos los recursos de consulta e interlocución previstos en el Acuerdo de San Francisco en relación con temas de reforma y propuestas de acuerdos parciales, inmediatos y mediatos; entre tales mecanismos de consulta e interlocución pueden estar los encuentros con el Consejo Nacional de Paz que congrega una amplia representación tanto del sector público estatal como de la sociedad civil en sus diversas expresiones y manifestaciones. La incorporación adecuada de representantes de sectores sociales o políticos a reuniones de la Mesa de Negociación, puede ayudar a agilizar el proceso y la articulación con instancias de importancia para la toma de decisiones.
Es importante la existencia de una política de escenarios físicos, geográficos para la seguridad del proceso. La zona de distensión tal como ha operado y como es percibida por la comunidad nacional e internacional, a raíz de los múltiples incidentes presentados, genera inquietudes e interrogantes como en relación con su carácter de sede de los diálogos y negociaciones en procura de la salida política. Es fundamental plantear el asunto de la zona de despeje en los términos que las partes convinieron desde el principio, llenando de común acuerdo los vacíos que se han podido detectar, sin presionar modificaciones unilaterales en las reglas del juego.
A fin de que la zona sirva a los propósitos acordados por las partes consideramos que es del caso proceder a lo siguiente:
Evaluar los reclamos de los jefes de la insurgencia en relación con los vuelos de aeronaves a baja altura en la zona despejada.
Conseguir que los controles de las vías terrestres y fluviales de acceso a la zona de distensión que son, por lo demás, absolutamente pertinentes se ejerzan en condiciones que no den lugar a la multiplicación de fricciones e incidentes armados entre los miembros de las fuerzas militares y de policía y los insurgentes; la demarcación de distancias físicas que sirvan de oportunos colchones de aislamiento y la introducción de mecanismos de verificación ejercidos por entidades neutrales o imparciales en los puntos más neurálgicos, puede contribuir a ello.
Los abastecimientos para la población y para la tropa insurgente deben estar garantizados, sin perjuicio de los controles sobre el ingreso de insumos susceptibles de ser utilizados en el procesamiento de la coca.
Los controles sobre la circulación de personas debe ser los normales de conformidad con las disposiciones vigentes y con los criterios existentes sobre el sentido y finalidad de la zona de distensión.
Las órdenes de captura contra los jefes de la insurgencia impartidas por la Fiscalía General deben considerarse suspendidas en todo el espacio de la zona de distensión e igualmente que ninguna fuerza armada del Estado está autorizada para ingresar en la zona por esa razón ni por ninguna otra. Estas decisiones se apoyan en la Ley 418
Plantear el respeto integral al DIH y la reducción sustancial de la intensidad del conflicto.
La reducción de la intensidad del conflicto fue el tema del que se ocupó el Acuerdo de los Pozos del 9 de abril de 2001.
Creemos firmemente que mantener la negociación bajo el marco de la guerra, no sólo dilatará indefinidamente el proceso, sino que hará cada vez más difícil llegar a acuerdos.
Es urgente que las partes se ocupen del extremo agravamiento de la crisis humanitaria y, de manera especial, de asumir con sensibilidad y responsabilidad política las masacres, las desapariciones forzadas, los secuestros y el tremendo drama que están sufriendo los compatriotas desplazados.
En el camino hacia el cese al fuego y de hostilidades, conviene realizar experiencias de tregua de corta duración y muy flexibles en sus condicionamientos, treguas reguladas y verificadas por la misma Mesa.
Lograr avances en otros temas prioritarios, incluido el de la política antidroga y la redefinición del Plan Colombia.
En circunstancias de estancamiento extremo puede ser útil que las partes escuchen a terceros escogidos de común acuerdo, en los cuales tengan confianza y cuyos buenos oficios y sugerencias estén dispuestos a considerar, se trate de personas, entidades, gobiernos, dispuestos a cooperar con ánimo desprevenido y voluntad real de prestar un servicio al compromiso de las partes con la paz, en el más estricto marco de respeto a la autodeterminación de la nación, sin el recurso a presiones y aún intervenciones inaceptables y contraproducentes. Instamos al Gobierno Nacional y a la insurgencia de las FARC-EP a escuchar las voces amigas de compatriotas o de actores internacionales que quieren contribuir a la superación del impase actual. Quizá sea ya el tiempo de pensar en un facilitador.
Tal vez subsista en algunos sectores, el espejismo de que abandonar el diálogo y continuar el escalamiento del conflicto dará ventajas adicionales a las partes, olvidando, como nos lo enseñan episodios de las dos últimas décadas, que siempre hay que volver a la mesa de diálogo después de haber pagado un costo irreparable.
Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la paz. Convergencia Paz Colombia. Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad. Red de Iniciativas por la paz y Contra la Guerra – Redepaz. Justapaz. Red de Mujeres. Ismac.
Acuerdos entre el Gobierno Nacional y el grupo de paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
Acuerdo de Santa Fe de Ralito para Contribuir a la Paz de Colombia8
15-7-2003.
El Gobierno Nacional y las AUC, como resultado de la Fase Exploratoria adelantada entre las partes a partir del mes de diciembre del 2002, Acuerdan:
Acuerdo Gobierno-AUC de Santa Fe de Ralito
Establece la concentración de los paramilitares en el departamento noroccidental de Córdoba.
Los comandantes de las AUC se establecerán, inicialmente por seis meses, en el pueblo rural de Santa Fe de Ralito, en el municipio de Tierralta, donde permanecerán bajo supervisión de la OEA, con el apoyo de la Iglesia Católica.
Durante la vigencia de la zona, se suspenden las órdenes de captura y las operaciones ofensivas contra los miembros de las AUC que se encuentren dentro del territorio delimitado.
La Misión de Apoyo de la OEA, MAPP/OEA, “recibirá un inventario de las armas, material de guerra y municiones en poder de los miembros de las AUC en la zona”.
“Los miembros de las AUC se abstendrán de fabricar, almacenar, ingresar o retirar armas, material de guerra y/o municiones adicionales” 9.
Acuerdo (Parcial): “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”
El acuerdo “será el inicio de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia. Está centrado en la gente, en el pequeño productor”. El pacto habla del acceso y distribución de tierras, la lucha contra la pobreza, estímulo a la producción agropecuaria y la reactivación de la economía del campo. “Busca que el mayor número de habitantes sin tierra o con tierra insuficiente pueda acceder a ella mediante la creación de un fondo de tierras para la paz. El Gobierno Nacional formalizará progresivamente, sujeto al ordenamiento constitucional, todos los predios que posean los campesinos en Colombia”. Se crean mecanismos para solucionar conflictos de uso y una jurisdicción agraria para la protección de los derechos de propiedad con prevalencia del fin común. Debe acompañarse a los campesinos con planes de vivienda, agua potable, asistencia técnica, capacitación, educación, adecuación de tierras, infraestructura y recuperación de suelos. Acordaron que habrá una fórmula para revertir los daños cometidos contra los campesinos víctimas del desplazamiento forzado. “El acuerdo busca que se reviertan los efectos del conflicto y se restituyan las víctimas del despojo y desplazamiento forzado”. Temas:
1) Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva.
2) Programas de desarrollo con enfoque territorial.
3) Infraestructura y adecuación de tierras.
4) Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.
5) Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Créditos. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral.
6) Políticas alimentarias y nutricionales. Busca que el mayor número de habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente, puedan acceder a ella, mediante la creación de un Fondo de Tierras para la Paz.
Acuerdo (Parcial): “Político de La Habana”
En este Acuerdo, se sugiere que en Colombia se avanza hacia la construcción de una democracia de nuevo tipo, que trasciende los viejos formatos de la representación liberal y elitista, que abandona la visión unilateral de la democracia asociada a la estabilidad institucional. La democracia colombiana será un “pluralismo agonístico democrático”, que replantea la vieja democracia liberal para proteger las instituciones democráticas, abandonando la perspectiva racionalista que lleva al antagonismo y al uso permanente de la violencia ilegal, tendiendo más bien a desactivarlo, transformándolo en “agonismo”, es decir, en una manera de “convertir al enemigo a derrocar, en un adversario al que se debe tolerar”.
El proyecto democrático de la paz, parte del reconocimiento de las contradicciones, en que el objetivo de la política, más que atacar los conflictos y mitigarlos, consistirá en movilizarlos, ponerlos en el centro del escenario de manera pacífica, visibilizarlos en el marco de la expresión del pluralismo. Las contradicciones que se generaran en la sociedad, lejos de llegar a representar un peligro para la democracia, serán su condición de existencia. La necesaria institucionalización de las mediaciones que permitirán ejercicios delegados del poder legítimo, inclusive promoverán la proliferación de minorías y de los disensos.
Se trata que en Colombia se experimente un modelo de democracia crítica radical, que ponga en cuestión las estructuras hegemónicas del sistema y enfatice en la necesidad de contar con estructuras organizativas democráticas conformadas de abajo hacia arriba. Se han sentado las bases de la “demodiversidad” en la que coexistirán distintas formas de democracia, con un desarrollo critico transcultural, democratizar los saberes, crear autoridad compartida, ubicar los movimientos y organizaciones sociales como protagonistas de la nueva democracia, en una gramática de organización de la sociedad y de la relación entre Estado y sociedad.
Se abre una nueva gramática histórica, porque queda establecida una condición de publicidad, capaz de generar una gramática social construida en los ámbitos de la esfera pública y no como una simple obra de ingeniería institucional, consideradas las incidencias del debate colectivo.
Dentro de lo consensuado está:
- Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final.
- Ampliar los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición.
- Se busca “empoderar” a los ciudadanos a través de la participación.
- Garantías para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica dentro de un contexto de democracia ampliada.
- Se acordó establecer medidas para garantizar y promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto por las ideas, tanto de los opositores políticos como de las organizaciones sociales y de derechos humanos.
- Establecimiento de Consejos para la Reconciliación y la Convivencia tanto en el nivel nacional como en los territoriales con el fin de asesorar y acompañar a las autoridades en la implementación de lo convenido.
- Un mayor control por parte de los ciudadanos de la administración y la gestión pública contribuye a la transparencia y la lucha contra la corrupción.
- Se acordó una revisión integral del sistema de planeación participativa para asegurar la efectividad de la participación ciudadana en la construcción y el seguimiento a los planes de desarrollo, que será un instrumento fundamental en la etapa de la construcción de la paz. Por esa misma razón, se acordaron una serie de medidas para fortalecer los consejos territoriales de planeación y, nuevamente, garantizar la incidencia de la participación ciudadana.
- Se acordó la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono, de manera que durante un periodo de transición estas poblaciones tengan una representación especial de sus intereses en la Cámara de Representantes, sin perjuicio de su participación en las elecciones ordinarias.
- La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia, en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política y, de esa manera abrirán nuevos espacios para la participación.
- Asegurar la participación de la mujer.
Acuerdo (Parcial): “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”
i. El compromiso del Gobierno Nacional de poner en marcha las políticas y programas de este punto, de intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas, y de liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública.
ii. El compromiso de las FARC-EP de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno.
iii. El Gobierno Nacional y las FARC-EP manifiestan su firme compromiso con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas.
iv. El compromiso de toda la sociedad en su conjunto, incluyendo sus diferentes formas de organización política o social, de rechazar toda relación con el problema de las drogas ilícitas y los dineros provenientes del mismo.
v. La construcción de una paz estable y duradera supone la disposición por parte de todos de contribuir con el esclarecimiento de la relación entre el conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas y el lavado de activos derivados de este fenómeno, para que jamás el narcotráfico vuelva a amenazar el destino del país.
La Ley de Justicia y Paz, rige la desmovilización de combatientes. Amnistía Internacional advirtió al gobierno de Colombia que la aprobación de la ley podría concederles impunidad a los violadores de derechos humanos. “La ley no garantiza el derecho de las víctimas de los abusos de derechos humanos a la verdad y la reparación”. “No hay garantías de un proceso judicial que asegure que las personas acusadas sean traídas ante la justicia, que puedan interrogarlas”. “La ley no asegura el real desmantelamiento de los grupos paramilitares, ni permite establecer hasta qué punto están trabajando con las fuerzas armadas y otros estamentos de la sociedad.” “Lo que hay es un reciclaje de combatientes en estructuras que podrían recrear la estrategia paramilitar bajo otro nombre, como redes de informantes” 10.
Diversas investigaciones penales en Colombia, algunas llevadas a cabo por entes internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adscripta a la OEA, han demostrado que el fenómeno paramilitar es de origen estatal y sus acciones se han dirigido contra la población inerme y sus formas organizativas como una manera de contener la inconformidad social. También se pudo constatar que los pronunciamientos y recomendaciones de organismos de carácter internacional son desconocidos reiteradamente por el Estado colombiano, propiciando nuevas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y que éstos y, en especial, el genocidio contra la Unión Patriótica y militantes del Partido Comunista son de autoría Estatal-paramilitar. Tales crímenes han sido y son perpetrados de forma sistemática y planificada contra sectores populares y políticos que han llevado a cabo programas de oposición o de reivindicación integral de sus derechos. La estructura del aparato judicial está hecha a medida de la impunidad y es funcional a los intereses del paramilitarismo, razón por la cual las investigaciones para esclarecer los crímenes y violaciones de derechos nunca culminan haciendo justicia. La política de “seguridad democrática” del gobierno de Uribe viene agravando la crisis de derechos humanos, involucrando cada vez más a la población civil en el conflicto armado, militarizando la vida civil, conformando redes de informantes, reclutando soldados campesinos, generalizando las detenciones masivas y arbitrarias, impulsando el “Plan Colombia” y el “Plan Patriota”, llevando a cabo fumigaciones indiscriminadas y elaborando leyes que favorecen la impunidad y contravienen los principios internacionales que garantizan los derechos humanos y el derecho humanitario.La llamada “desmovilización paramilitar” busca la legalización y consolidación de esta estrategia en lo político, económico-social y jurídico, negando el derecho a la memoria, la verdad, la justicia, la reparación integral así como la libertad de expresión de las víctimas y la población en general. Las estructuras paramilitares continuarían intactas cometiendo graves violaciones de los derechos humanos a pesar de los acuerdos para verificar el alto al fuego y el cese de hostilidades y la desmovilización de los grupos paramilitares se han cometido más de dos mil doscientos asesinatos, ante los que la misión de la OEA ha guardado total silencio11.
La Cámara Baja del Congreso de Colombia aprobó el 21-6-2005 un proyecto de ley que ofrece el marco jurídico para la desmovilización de los grupos paramilitares del país, que mantienen diálogos de paz con el gobierno de Uribe. El proyecto de ley fija penas de entre 5 y 8 años de cárcel para paramilitares acusados de cometer delitos atroces y les otorga la categoría de delincuentes políticos a los miembros de las AUC. Su pena no se pagaría necesariamente en una cárcel sino en lugares en los que determine el Instituto Nacional Penitenciario, que pueden llegar a ser granjas o fincas agrícolas. Según la oposición, el proyecto de ley no obliga a los paramilitares a confesar la totalidad de sus delitos ni a indemnizar a las víctimas o a sus familiares. El mayor defensor del proyecto de ley es el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, quien ante las críticas asegura que existen los ingredientes necesarios de justicia y paz, ya que los beneficios que concede la iniciativa son sólo para quienes confiesen sus delitos, mientras que quienes no lo hagan pueden llegar a recibir todo el peso de la ley. De hecho, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, dijo que la ley les da a los líderes paramilitares la no extradición a EUA. La cúpula de las AUC está acusada de narcotráfico por EUA y es requerida por su Justicia. Para Vivanco, los paramilitares no serán extraditados porque bajo los beneficios de la ley, la pena principal se reemplaza por una pena alternativa que se concede por la contribución a la consecución de la paz y por eso es poco previsible que el gobierno acceda a extraditar a los líderes de las AUC 12.
La ONU señaló que la legislación no parece seguir las reglas internacionales de protección a las víctimas. “La ley aprobada en el Congreso no reconoce a las víctimas y sus derechos esenciales, no habla en ningún momento de la responsabilidad del Estado y de los beneficiarios de la acción paramilitar” 13.
La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) solicitó 28-6-2005 a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue las atrocidades supuestamente cometidas por paramilitares colombianos. La federación, que agrupa 141 organizaciones defensoras de los derechos humanos, sostiene que las AUC, ha cometido 2000 crímenes contra la humanidad desde que comenzaron las negociaciones de paz en Diciembre del 2002. Según la FIDH, la CPI debe intervenir pues el gobierno colombiano ha aprobado una serie de leyes que contemplan una “amnistía encubierta” en el marco de la desmovilización de los paramilitares. La iniciativa también ha sido criticada por la ONU, Amnistía Internacional y organizaciones colombianas 14.
Ley de “Justicia y Paz” Genera Impunidad “Ese proyecto creo que se ha convertido en un problema central, para muchos sectores, no sólo demócratas sino también entre los republicanos en el Senado”, dijo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch. “Lo que está escondido es un esfuerzo de impunidad disfrazada porque no existen los mecanismos eficaces en esta ley que promueve Uribe para desarticular estas organizaciones mafiosas” 15.
Tras la muerte de once de los doce diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, secuestrados en abril del 2002 por las FARC, la organización internacional Human Rights Watch declaró: “Aun cuando fuera cierto que los once diputados murieron en fuego cruzado, las FARC son responsables de haberlos puesto en peligro al tenerlos en cautiverio” 16.
20-1-2008 Tras la solicitud de Chávez de darles status de beligerantes, realizada después de la liberación de dos rehenes por las FARC, la organización de derechos humanos Amnesty International emitió un comunicado aclarando que considera a la guerrilla colombiana como “oposición armada” y no como grupo “terrorista” 17.
Luego de la liberación de Ingrid Betancourt y otros 14 rehenes el 2-7-2008, Amnistía Internacional, organización internacional de derechos humanos dijo en un comunicado que: “ha pedido y pide la liberación inmediata e incondicional de todas las personas secuestradas, en muchos casos a lo largo de muchos años, cuya situación es un escándalo de Derechos Humanos en el prolongado conflicto colombiano”. José Miguel Vivanco, Director de Human Rights Watch, dijo: “Los secuestros continuos y sistemáticos de las FARC constituyen crímenes de lesa humanidad que deberían ser condenados universalmente. Hace mucho tiempo que las FARC han debido liberar a todos los rehenes, y ponerle fin a todo el dolor que les han causado a los rehenes y a sus familiares” 18.
Planes Militares de Diferentes Gobiernos de Colombia Contra la Guerrilla
Ha sido una constante en la historia de Colombia que cada Presidente tenga su Plan de Guerra, los cuales han obedecido a los lineamientos dictados desde los centros del poder estadounidense.
Guillermo León Valencia tuvo su Plan Laso, Julio César Turbay Ayala su Estatuto de Seguridad, César Gaviria, su Plan de Guerra Integral, y Andrés Pastrana, su Plan Colombia.
Alvaro Uribe, además de haber heredado el Plan Colombia de Pastrana, quiere ahora llamar al Plan Colombia, “Plan Patriota”, denominando así a un Plan de Intervención Militar.
El diario El Tiempo del 25-4-2004, en el artículo “Gobierno pone en marcha el Plan Patriota, para cambiar equilibrio de la guerra contra las FARC”, dice:
“El objetivo es desplegar una fuerza de 14.000 ó 15.000 hombres en el sur del país, donde el grupo guerrillero mantiene intacta su retaguardia” y más adelante confirma la autoría de semejante Plan: “Para definir la estrategia, se han producido decenas de reuniones entre el Ejecutivo y la cúpula de las Fuerzas Militares con el Comando Sur y los Departamentos de Estado y Defensa de Estados Unidos”.
La intelectual colombiana Gloria Gaitán denunció, en una carta dirigida al comandante del Ejército, General de división Raúl Isaías Baduel, que el ejército de su país pretende provocar enfrentamientos con militares venezolanos, mediante el desarrollo del llamado Plan Patriota: “El Plan Patriota es el brazo abiertamente antiguerrillero del Plan Colombia que, en sus inicios, se encubría como un plan meramente antinarcóticos. Y es ahí, donde se involucrarán las operaciones que miran hacia Venezuela, porque la lucha contra la guerrilla es una lucha contra la emancipación de nuestro pueblo y, de paso, se busca eliminar en América Latina todo intento de lucha contra el neoliberalismo y la globalización imperialista” 19.
Análisis, planteos e interpretaciones: Luis Dallanegra Pedraza (LDP)
EUA: ¿De Kosovo a Colombia? EUA procura evitar que las FARC sean reconocidas como fuerza beligerante. El gobierno de EUA está dispuesto a ayudar a Colombia pero no al proceso de negociación, sino militarmente.
Dentro de las reformas constitucionales, deberían adoptarse ciertas alternativas similares a las que realizaron Sudáfrica o El Salvador con las fuerzas armadas, en donde tanto el ejército de la insurgencia como el estatal se desmovilizaron y se integraron en una fuerza común.
En las reformas del Estado, éste debe responder menos a los partidos y más a las instancias locales de poder manifestadas en las organizaciones representativas de la sociedad civil. Sería importante alcanzar una ingeniería tal en la que se encuentre un punto de equilibrio ente los intereses y aspiraciones empresariales y de la banca, a la vez que satisfacer las necesidades y demandas sociales, sin caer ni en el extremo del “populismo” ni en el del “empresarismo-bancarismo”.
Los negociadores, no sólo deben ser el gobierno y la insurgencia, sino incluir una tercería sólida de la sociedad civil, al estilo de “Diplomacia Vía Dos” o de “Vías Múltiples” de la Fundación Carter.
¿Dónde se llevará a cabo el proceso de negociación? Establecer zonas de “despeje” generaría desconfianza de EUA que plantearía que estas zonas de convertirían en áreas de narcotráfico.
¿Quién o quienes garantizarán los acuerdos a los que se arribe? Garantes nacionales e internacionales.
Zonas de encuentro para la negociación de acuerdo con términos de gobierno o guerrilla: “zona de convivencia”, “zona de despeje” (tiene para el gobierno de Uribe connotaciones militares); “zona de encuentro”. Para el gobierno las zonas desmilitarizadas son para procesos de paz en firme.
Costos de la Guerra y de la Paz: Si cesara la confrontación, Colombia podría ahorrar lo suficiente y pagar en 2 años su deuda externa. Por causa del conflicto, la economía nacional deja de crecer 3 puntos cada año. Las cifras, muestran que la paz sería la inversión más rentable. En 1997, según los cálculos de la Comisión de Racionalización del Gasto Público, el costo de la guerra fue de u$s 3.700 millones. En ese año el PIB colombiano sumó u$s 94.000 millones. En los últimos años los recursos para el sector defensa se han quintuplicado, superando el 3,0 % de la producción de bienes y servicios del país (más de 3 billones -millones de millones- de pesos). La fuerza militar, entre tanto, se ha duplicado al pasar de 85.000 efectivos a cerca de 160.000 20.
Con FARC y ELN: 27/6/99 El gobierno debe permitir entrar en el proceso de negociación para la paz al ELN en las mismas condiciones que a las FARC sin hacer discriminaciones ni preferencias. La “sociedad civil”: es el convidado de piedra en el proceso.
Gobierno Colombiano y Guerrilla: Para expertos como el jurista y ex Ministro de Justicia Carlos Medellín “no caben dudas de que el gobierno le está otorgando el status de beligerancia a la guerrilla”. Según las normas internacionales vigentes, los tratados sólo se firman entre Estados, por lo que la alusión que le hizo el gobierno a la guerrilla implicaría reconocerla como un ejército que lucha por la soberanía de una parte de Colombia. El gobierno no quiso precisar los alcances de los términos que utilizó.
El gobierno usó la frase “tratado de paz” para una eventual tregua con la insurgencia. Sin embargo, una fuente gubernamental dijo que “haber utilizado esa palabra significa que el gobierno podría otorgarle ese status a las FARC, pero en un momento determinado de las negociaciones que está por verse y sólo a cambio de un cese del fuego”.
El vocero de paz de las FARC, Raúl Reyes, insistió en que el status de beligerancia es un derecho ganado por la guerrilla y que de una tregua armada sólo se hablaría una vez que el gobierno dé solución al 90 % de la agenda común de negociación que es de 12 puntos e incluye profundas reformas políticas y socioeconómicas 21.
27-7-2005 Al ofrecer diálogo a las FARC Uribe las está reconociendo como parte en el conflicto con todos los derechos del combatiente y no como terroristas22.
Colombia: Lucha Armada y Verdades de un Conflicto:Las FARC no tiene buena prensa. Su estrategia de lucha por el poder se considera, a menudo, una reliquia de un tiempo que acabó con la caída del Muro de Berlín. Sus vínculos, demostrados según los que la critican, con el tráfico de drogas desvirtúan su legitima lucha contra la injusticia en Colombia. Sus métodos de combate la hacen poco atractiva para los defensores de los derechos humanos. En los documentos del Pentágono, desclasificados recientemente, el Presidente Uribe Vélez aparece en una lista -es el número 82- de políticos colombianos vinculados al cartel de Medellín en los años ‘80. En la época en que Uribe era alcalde de Medellín, colaboró con Pablo Escobar en el programa “Medellín Sin Tugurios”. La UE y EUA han incluido a las FARC en sus listas de organizaciones terroristas. Se pueden criticar e incluso se deben condenar los métodos de la guerrilla en el marco global del respeto a los derechos humanos. Pero en el contexto colombiano, habría que preguntarse quien lo respeta, empezando por el Estado que debería ser su garante. Raúl Reyes, que fue negociador de las FARC durante las conversaciones con el Presidente Andrés Pastrana lo dice claramente: “En la actualidad, nuestro problema no es imponer un régimen socialista tipo Corea del Norte o tipo Cuba sino instaurar espacios democráticos, conseguir reformas”. Añade que las FARC quieren llegar al poder: por la vía de las armas si es necesario, pero, si es posible, por la vía democrática 23.
Bipartidismo y Opciones Políticas Alternativas: Desde mediados del siglo XIX, el manejo excluyente y monopólico por parte de los dos partidos tradicionales colombianos, liberal y conservador, ha limitado y, en el mayor de los casos, impedido el acceso y participación de otras expresiones políticas que plantean un accionar por fuera de sus fronteras ideológicas; lo que hace que sea prácticamente imposible llegar a la paz en países como Colombia donde el pluralismo no existe en lo real, aunque conforme en lo formal a EUA24.
Construcción Política de la Paz en Colombia: Colombia padece desde hace 4 décadas una guerra irregular cuyas causas estructurales no resueltas prolongan un conflicto armado interno que no se gana en el campo militar pero que tampoco se ha resuelto mediante el diálogo político. Existe un escenario internacional que favorece el uso de la fuerza. El Estado y la insurgencia intentan atrapar e involucrar a la sociedad en su lógica de guerra frente a la cual se necesitan respuestas políticas que reivindiquen la democracia, la diversidad y el pluralismo {LDP La democracia en otros términos diferentes a los de EUA, ya que el pluralismo debe aceptar gobiernos disidentes de EUA y sus ideas}. Los procesos de paz perdieron la confianza de la sociedad porque no ofrecieron resultados frente a la crisis social y económica, no lograron reducir la intensidad del conflicto, ni permitieron la participación de la sociedad civil en su diseño, seguimiento y evaluación. Uribe ha lanzado una ofensiva nacional e internacional contra las ONG’s, las iniciativas de paz y los movimientos sociales bajo la acusación genérica de que son “politiqueros al servicio del terrorismo y traficantes de derechos humanos”. En los años ‘70 y ‘80 la iniciativa tuvo el liderazgo de los movimientos sindicales y agrarios, y se centró en las luchas sociales de carácter reivindicativo. En los años ‘80 emergen con fuerza las ONG’s de derechos humanos. Tal vez el hecho más característico es la eliminación física del liderazgo campesino en la década de los ‘80 que continúa con la persecución sistemática de líderes sindicales y dirigentes de izquierda durante la “guerra sucia” librada por los grupos paramilitares. El resultado ha sido el desmantelamiento de las organizaciones sociales y políticas, la dispersión o desaparición del liderazgo y la imposición de modelos hegemónicos de control de la población por vías antidemocráticas y de fuerza. Las iniciativas ciudadanas de paz al nivel nacional surgen al final de los años ‘90 para exigir la solución política del conflicto en medio de la guerra sucia contra el movimiento social. El mismo día de las elecciones locales y departamentales del 26-10-1997. El país cansado de la guerra optó por la paz y encontró una propuesta ciudadana que interpretó ese momento político. Los ciudadanos votaron a favor de una solución negociada del conflicto armado y por la plena vigencia de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Sin embargo, el respaldo casi incondicional a un proceso de paz en el que había diálogo pero no negociación, y que ocurría en medio del conflicto armado, no tuvo en cuenta una estrategia en caso de una ruptura y menospreció el cansancio de la mayoría de la población frente a la ausencia de resultados tangibles. El proceso respondió al pedido ciudadano por la paz, pero también fue el resultado de una acción política con objetivos electorales del entonces candidato presidencial Andrés Pastrana cuyo compromiso real por la paz no era claro ni representaba una voluntad cierta del establishment para negociar. Las FARC aprovecharon la circunstancia para dialogar pero no para negociar y dejaron la sensación ante el país y el mundo que usaron la zona de distensión en el sur del país para fortalecerse militarmente. Este estancamiento de los diálogos y la formulación del Plan Colombia, configuraron un nuevo escenario que obligaba a modificar la agenda y a adoptar otras formas y otros escenarios de convocatoria civil. Las ONG’s de derechos humanos que cuestionaron desde sus inicios el Plan Colombia como un peligroso obstáculo a la Mesa de Diálogo, las iniciativas de paz y los movimientos sociales lograron en esta coyuntura congregarse en una coalición civil denominada Paz Colombia. Manifestaciones de acción civil coinciden en una agenda común: solución política y negociada del conflicto armado, plena vigencia de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, transformaciones sociales y políticas desde la equidad y la inclusión, cooperación internacional para la paz y participación democrática de la sociedad para refrendar eventuales acuerdos. Sin embargo, se registran tensiones y dificultades que disminuyen la capacidad de acción y participación, afectan la credibilidad y las posibilidades de incidencia. Puede ser que la contradicción fundamental sea aquella entre quienes justifican y quienes rechazan la lucha armada de la insurgencia. También existen dificultades de comprensión, especialmente en temas como: la representatividad y la legitimidad de las organizaciones que integran las coaliciones civiles de paz; los cambios políticos que ocurren alrededor del conflicto armado; el papel de la comunidad internacional, sus lógicas de acción, sus contradicciones y diferencias. Se requiere una lectura crítica del papel de la “sociedad civil”:
1) Se requieren mecanismos para la participación política que vayan más allá de las protestas y reivindicación de los derechos laborales y que se conviertan en hechos y oportunidades de poder a nivel local, regional y nacional con la capacidad de reunir y efectuar un cambio real.
2) Un movimiento de paz debería alertar al país sobre los riesgos que implica un proceso que no es irreversible y preparar las condiciones para una respuesta estructural y no coyuntural frente a una eventual ruptura.
3) Un movimiento de paz no puede ser solo contestatario, debe construir propuestas hacia la mesa de negociaciones con capacidad de incidencia, debe ejercer formas de presión sobre los grupos armados y el gobierno, y definir alianzas estratégicas frente a la comunidad internacional.
4) Un movimiento civil por la paz tiene la obligación de generar una estrategia de comunicaciones que evite la manipulación de la información y construya opinión pública antes y durante un eventual proceso.
5) La mayor experiencia del fracaso del proceso es la necesidad de avanzar en la construcción democrática de la paz como un espacio de formación y acción incluyente {LDP Más que una construcción democrática de la paz, una construcción integral y social de la paz, donde entren todos los sectores de manera pluralista y con satisfacción de sus demandas. No deben haber elecciones para “pacificar”, sino para llegar a cambios estructurales y eso requiere de la participación y presión ciudadana} y participativa que no depende de quienes deciden la guerra o la negociación y que puede proyectarse aún en los tiempos de confrontación armada.
6) No basta un mandato ciudadano por la paz en las urnas, se necesita construir poder local, regional y nacional para hacer real la participación política de la sociedad. El liderazgo ciudadano por la paz debe ganar espacio de poder en alcaldías, gobernaciones, Congreso y otros espacios de elección popular. Es necesario pasar de la posibilidad de incidir en la solución del conflicto a la posibilidad de transformar las causas del conflicto desde la dirección del Estado25{LDP Para eso, primero hay que cambiar al Estado ya que está malquistado y corrupto en sus instituciones por políticos que se turnan}.
Importancia del tema de la crisis social y económica vista desde el ángulo de las relaciones entre inequidad social, conflictividad social, inexistencia de posibilidades de acceso al poder e insurgencia. La inequidad y la exclusión si pueden explicar la insurgencia, esto en un proceso histórico complejo y frente a condiciones persistentes. Por eso un proceso de paz debe contemplar reformas económicas y sociales.Una negociación que no resuelva los problemas fundamentales, aunque desmovilice las fuerzas insurgentes, podría ser seguida por múltiples conflictos sociales de carácter violento o delincuenciales. La política económica no apunta a la resolución de este problema. Es una política centrada en lo monetario y en la estabilidad macroeconómica. Solo se ofrece “sudor y lagrimas” en un país que ya viene ofreciendo muerte.
El lado denominado “bueno” del Plan Colombia, en la práctica no existe. Lo real, para el 2000, son los mil trescientos millones de dólares de EUA, orientados a la guerra. Si se incluyeran las donaciones de gobiernos y organizaciones cooperantes de Europa, y una contrapartida nacional por ahora inexistente se podría hablar de una parte “social”26.
En el Acuerdo de Los Pozos, no se plantea una reforma estructural. No se planteó una reforma constitucional para que haya cambios substantivos en Colombia, sino la subordinación a la Constitución vigente27.
Las desmovilizaciones deben ser parte de una negociación hacia la resolución pacífica del conflicto y la búsqueda de la justicia; sino desmantela el conflicto pero éste queda latente en forma permanente porque se desarticula la lucha pero no se satisfacen las demandas 28.
Colombia. Falsas Negociaciones de Paz: En el mundo, en los últimos años, suenan como nunca antes las palabras “Democracia”, “Seguridad” y “Negociaciones de Paz”. Sin embargo, se confunden los conceptos. Se actúa más para el orden que para lograr la paz con justicia. La lucha por la democracia y la libertad, se hacen con bombardeos masivos e invadiendo y ocupando países enteros. La lucha contra el terrorismo, se hace a través de campos de concentración y cárceles secretas dónde la tortura y el terror se imponen. En Colombia, también se ha establecido esta confusión: se legaliza el aparato paramilitar, llamándole “Proceso de Paz”; se aplica la represión y la guerra, llamándole “seguridad democrática”; y mediante la ley 782 que pretende absolver a los paramilitares, se habla de “Justicia y Paz”. Las AUC no son un actor armado insurgente. Las AUC, son una organización paramilitar, o dicho con otras palabras, son una organización terrorista estatal. Nunca hubo un enfrentamiento real con el Estado. El Estado se encuentra ahora negociando con su propia organización armada encargada de aplicar la guerra sucia contra la resistencia social 29.
Colombia es un Estado Inviable: Desde hace muchos años Colombia es un Estado fallido, no porque no es confiable a los inversores o a los intereses de seguridad de EUA, sino que cada día demuestra su inviabilidad fundamentalmente porque predomina el caos, las injusticias sociales, la pobreza, las catástrofes humanitarias, los desplazamientos forzosos. Ya era fallido cuando preservó el latifundio colonial y jamás realizó una reforma agraria. Ahora esos latifundios, improductivos muchos de ellos, pasaron al narcotráfico y a ser propiedad de grupos ilegales armados. Ya era fallido cuando privilegió los capitales financieros sobre los productivos, cuando, desde los tiempos de López Michelsen, le dio un golpe bajo a la industria textil, cuando amparó a una mafia que penetró todas las capas de la sociedad, cuando de a poco pero con voracidad les fue minando los derechos a los trabajadores. Ya era fallido desde la instauración de un modelo económico que, desde la década de los ‘90, ha causado más miseria entre los miserables y le ha concedido prebendas a unos cuantos grupos financieros; cuando ha venido legislando en contra de los desposeídos; cuando deja sin protección social a tantos ciudadanos, cuando ha perseguido al sindicalismo consecuente, cuando sacrifica a los que menos tienen en beneficio de los poderosos. Más de la mitad de la población vive en condiciones precarias de pobreza y desamparo. Hasta ahora sigue siendo éste un Estado fallido que ni siquiera obliga a quienes han despojado a sus legítimos dueños a devolverles la tierra. Es un Estado sin justicia penal, y mucho menos justicia social. Sobre las cenizas de un Estado fallido es que los pueblos tienen que construir una sociedad próspera, democrática y con justicia para todos; pero no mediante la reelección de un gobernante o la continuidad de los partidos políticos, sino haciendo que la sociedad sea la verdadera partícipe de su destino, modificando la Constitución y con ello el “Pacto Social” que haga que los representantes salgan de la sociedad y de las organizaciones de la sociedad civil y no de los partidos políticos 30.
El Capítulo Agrícola del TLC: ¿Partida de Defunción al Agro?: Las negociaciones del TLC con EUA, en el gobierno de Uribe muestranque se dedicó con ímpetu a concluirlas plasmando en todos los capítulos las exigencias norteamericanas en detrimento de la soberanía nacional, de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de su porvenir social y económico. Con lo ya otorgado, el caso del capítulo de Agricultura es el más impresionante. Sin dejar de observar otras áreas como Inversiones, donde la política económica pierde manejo, Propiedad Intelectual, Servicios, Compras Estatales y Acceso a Mercados, donde EUA logró sus aspiraciones hasta en rubros como bienes Remanufacturados, o en el de Normas de Origen, donde se plantea traer cafés procesados con materia prima de otros países, o en los Textiles, donde, con el porcentaje de los insumos de las confecciones beneficiarias de la eliminación de aranceles, logra el acceso sin impuestos aduaneros a su algodón 31.
Desmovilización: La desmovilización es engañosa como instrumento de paz, al proponer ventajas sin que se cambie la estructura de poder ni se genere justicia auténtica en términos equitativos y distributivos32. El caso de la desmovilización en Nicaragua resultó en nuevos conflictos sociales y en la recomposición de los grupos guerrilleros de una y otra facción, debido al mal manejo que los gobiernos sucesivos han hecho de la reinserción, agravado por políticas antisociales.
¿Quiénes son los Paramilitares en Colombia?
Son grupos armados de derecha que crecieron en los ‘80 para combatir a las guerrillas de izquierda en las zonas rurales de Colombia. Su rápida expansión, que incluyó a las ciudades, permitió que en 1997 se crearan las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que aglutinó a los diferentes grupos paramilitares del país. A medida que fueron creciendo, dejaron de ser una fuerza defensiva y pasaron a ser un aparato ofensivo, responsable de múltiples asesinatos, matanzas, torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, despojos de tierras, tráfico de drogas y apropiación de recursos públicos.
Se financian, inicialmente, de los aportes voluntarios de ganaderos, agricultores y empresarios; luego, de las contribuciones obligatorias en sus zonas de influencia, después, de las mafias de narcotraficantes que operan en muchas áreas donde hacen presencia, con las cuales en muchos casos se asociaron para producir y exportar drogas. También se han nutrido de extorsiones, secuestros y recursos públicos en municipios y departamentos.
A mediados de los ‘90, el gobierno del Presidente Ernesto Samper autorizó la creación de unas compañías rurales y urbanas de seguridad, integradas por civiles, que se denominaron Convivir y se concibieron como un instrumento para combatir a las guerrillas en las zonas rurales.
AlvaroUribe, quien para la época era gobernador del noroccidental departamento de Antioquia, donde había una difícil situación de seguridad estuvo de acuerdo con el proyecto. En Antioquia se crearon varias Convivir. El proyecto fue muy criticado por las organizaciones de derechos humanos y, finalmente, el gobierno nacional decidió ilegalizar esas compañías. El paramilitarismo floreció en varias regiones, entre ellas Antioquia.
Salvatore Mancuso, quien es en la actualidad el máximo jefe de las AUC, dirigía una Convivir, que se convirtió en un grupo paramilitar en el departamento de Córdoba, donde esas bandas armadas tuvieron amplia presencia. En esa zona del país tiene una de sus fincas el Presidente Uribe.
Las organizaciones de derechos humanos siempre han cuestionado a las Fuerzas Armadas por sus supuestos nexos con los paramilitares.
Desde finales de los ‘60el gobierno colombiano autorizó la creación de grupos de autodefensa campesina, bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas; sin embargo, a finales de los ‘80, cuando hubo muchas masacres y las relaciones de los paramilitares con los narcotraficantes eran evidentes, el Presidente Virgilio Barco Vargas ilegalizó los grupos de autodefensa.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por acción y omisión de las Fuerzas Armadas en tres casos: 1) una masacre de comerciantes en el Magdalena Medio, 2) en Mapiripán (Meta) y 3) en Pueblo Bello. En todas ellas participaron paramilitares.
En 1983, el entonces Procurador General de la Nación reveló que de las 163 personas sospechosas de pertenecer al grupo Muerte a Secuestradores (MAS), 59 eran militares. Ese grupo fue creado por narcotraficantes del Cartel de Medellín y se dedicó a perseguir y matar a supuestos secuestradores y dirigentes de izquierda. A posteriori, por el crimen del senador comunista Manuel Cepeda, ocurrido en agosto de 1994, y atribuido a paramilitares, la justicia condenó a dos suboficiales del Ejército. Un General que estaba siendo investigado murió antes de que se produjera el fallo.
A mediados de los ‘90, el gobierno desmontó la Brigada XX, de inteligencia del Ejército, por las reiteradas acusaciones de vínculos de su personal con grupos paramilitares.
Los paramilitares adquirieron poder político y se convirtieron en fuerzas decisivas en muchas regiones de Colombia. De esa forma, pudieron ejercer control sobre gobiernos locales y regionales, ganaron elecciones y ejercieron influencia sobre legisladores municipales, departamentales y nacionales. En el 2002, uno de los principales líderes de las AUC, Salvatore Mancuso, dijo que los paramilitares controlaban más del 30% del Congreso de Colombia elegido ese año.
Durante el gobierno de Alvaro Uribe, el Congreso de Colombia les dio a los paramilitares status político.
Los paramilitares son responsables de delitos de lesa humanidad que no se pueden indultar. El gobierno de Alvaro Uribe promovió una Ley conocida como de Justicia y Paz, que rebaja a cinco y ocho años las penas para sus responsables, algunos de los cuales ya habían sido condenados a más de 40 años de prisión. Entre los beneficiarios de esa Ley están todos los jefes de las AUC, algunos de los cuales tienen órdenes de extradición por tráfico de drogas, que están suspendidas. Se llevó a cabo un acuerdo con el gobierno contemplando la reclusión de los jefes paramilitares en sitios especiales, no en cárceles. Sin embargo, a principios de diciembre del 2006 los 59 jefes que estaban recluidos desde agosto del 2006 en un centro vacacional fueron llevados a una prisión de máxima seguridad, con la excusa por parte del gobierno de que algunos de los jefes paramilitares habrían ordenado crímenes desde el sitio especial de reclusión. El proceso de negociación y desmovilización entró en crisis y los paramilitares decidieron se romperlo. El gobierno de Uribe como consecuencia, dejó todo en manos del sistema judicial y amenazó con extraditar a quienes se salgan del proceso 33.
Paramilitares: La actividad de los paramilitares debilita al Estado y deslegitima el proceso de negociación. Son el principal escollo a la paz.
Paramilitarismo, Crisis Política y Lucha Social: En Colombia el paramilitarismo busca ser legitimado como un instrumento propio del sector dominante, para dar la legalidad exigida por el establishment interno e internacional. El fenómeno paramilitar, es un importante hecho político y social, que alcanza niveles críticos y que con su legalización cuestiona la legitimidad del régimen. Suplanta a los mismos partidos políticos. El paramilitarismo es un pilar del terrorismo de Estado de concepción fascista, que evidencia el grado de contradicción política y social y muestra el debilitamiento agudo del Estado, el agotamiento de la capacidad del régimen.
Diferentes Modalidades del Paramilitarismo: Surgen de acuerdo a las condiciones concretas de cada país y al grado de conflicto social y político, como lo fueron agrupaciones conocidas como las “camisas negras” de Mussolini para destruir el germen del poder obrero y popular, que se extendía en campos y ciudades italianas; el “Gladio” -espada en italiano-, creado en Europa y coordinado por la OTAN tras la II guerra mundial, que funcionó en la mayoría de los países europeos y llevó a cabo múltiples asesinatos, atentados y sabotajes, para impedir el ascenso electoral de la izquierda al poder; los GAL -Grupos Armados de Liberación-, formados por el gobierno español para aniquilar la base social de la insurgencia nacionalista vasca “ETA”; los escuadrones de la muerte y las Brigadas Blancas de Nassar Haro en México; Guatemala, Salvador, Nicaragua y Honduras bajo regímenes “notables” como Somoza y D´Abuisson, para desmantelar las masas populares que se consideraban cercanas a los movimientos de liberación de esos países; los “contras” formados por EUA con apoyo de la dictadura militar Argentina, en Nicaragua contra el gobierno sandinista; similares agrupaciones se formaron en el Cono Sur: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, con dirigentes como Videla, Pinochet, Strossner y Galtieri para exterminar el movimiento popular que se intuía próximo a las guerrillas izquierdistas; las “rondas campesinas” en Perú y Guatemala; la “Triple A” en Argentina, los grupos de “limpieza social” supuestamente contra indigentes y delincuentes en Colombia y Brasil, las “CONVIVIR” y las redes de informantes de la política de “Seguridad Democrática” del gobierno de Uribe Vélez con Castaño-Mancuso. La concepción y funcionamiento de la fuerza paramilitar consiste en la creación de grupos comandos de naturaleza irregular, es decir por fuera de la estructura legal del Estado, articulados e integrados a los grupos secretos y de inteligencia de la CIA, el ejercito, la policía y los entes investigadores como la Fiscalía, de ahí que su estructura y operatividad varía de acuerdo a las necesidades de funcionamiento de cada coyuntura y de cada región o zona del país 34.
América Latina: América Latina no debate sus problemas a través de ninguno de los mecanismos que tiene -Grupo Río u otras cumbres en las que participa- pero está a la expectativa de qué hará EUA sobre el tema, quien está preocupado por su interés nacional en materia económica y de seguridad y no por Colombia o por la región.
Uno habla de que los gobiernos latinoamericanos no tienen un proyecto para resolver los conflictos de la región con metodologías propias, pero viendo la actitud del gobierno de Colombia, Alvaro Uribe que desestima toda posibilidad con América Latina y privilegia sus vínculos con Europa y EUA, se da cuenta de que la región vive de espaldas de sí misma y tiene vocación de dependiente y carece de vocación e identidad propia.
Diferenciar Entre “Acuerdos Sustantivos” y “Acuerdos Operativos”
Los primeros, se refieren a las reformas políticas, económicas y sociales.
Los últimos tienen que ver con los procedimientos, metodología y cronogramas.
Ejemplo de “Acuerdo Operativo”: Negociación ELN-Gobierno de Uribe: Entre algunos de los puntos acordados, el ELN se comprometió a no secuestrar menores de edad, mayores de 65 años o mujeres embarazadas y a “humanizar” la guerra acogiéndose a principios del Derecho Internacional Humanitario.
Lo que se negocia es “confianza”; a la vez que se busca quitar la sensación de que una de las partes(cualquiera sea ella) es la que está otorgando el máximo y la otra es la que recibe el máximo.
La negociación entre un gobierno y un grupo guerrillero tiene como presupuesto el reconocimiento mutuo de los actores. Significa que la organización guerrillera reconoce la legitimidad, aunque sea parcial, del gobierno y que éste acepte a su contendor como un actor incurso en delitos políticos y en esa medida susceptible de entablar con él un proceso de superación negociada de la confrontación. El proceso, generalmente, se desarrolla en un contexto de relaciones asimétricas, más allá de que resulta imposible la derrota del adversario por la vía exclusivamente militar y la negociación resulta un camino viable para la resolución del conflicto, al igual que una oportunidad de introducir reformas necesarias en el sistema político; independientemente de convicciones de muchos gobiernos que aspiran individual o con el apoyo de otros gobiernos, aplastar a los grupos insurgentes. ¿Cómo transformar una dinámica de enfrentamiento militar en una confrontación política; cómo “politizar” el proceso y sacarlo del contexto de enfrentamiento militar y transformar a éste en secundario? 35.
Posibilidades de Paz o de Pax
La etapa del gobierno de Alvaro Uribe muestra que sólo la medición del poder es la que resuelve la negociación. Queda claro que o las FARC y el ELN se someten y deciden desmovilizarse con condiciones, o no hay negociación. Para el gobierno colombiano, siguiendo los criterios globales establecidos por el gobierno de George W. Bush post 11 de septiembre del 2001, no hay guerrilla, sólo “terroristas” y “delincuentes”, por lo tanto no se negocia. De todas formas, estos criterios también pueden servir para disfrazar un modelo neoliberal que se desea imponer a toda costa, por lo que nunca se negociaría una reforma constitucional que contemple conceptos como “justicia social”. Esta justicia social la resolverá el mercado, nunca el Estado bajo la ideología neoliberal; y vamos hacia un mundo crecientemente transnacional donde el Estado-Nación se está desdibujando, por lo que el “pacto social”, al menos el que se concertó al crearse el Estado-Nación, ya no tiene vigencia. Las posibilidades de que se “recelebre” el pacto social, no parecen estar muy cercanas. La Fuerza y no el diálogo serán las metodologías que resolverán el conflicto en Colombia, de un lado y del otro, ya que el gobierno no está dispuesto a negociar, y las FARC y el ELN no están dispuestos a ceder. El fracaso del Caguán, tiene que ver más con no estar dispuesto a negociar un modelo de país y de Estado, que con una estrategia de la guerrilla. Lo primero que hay que preguntarse cuando se habla de “diálogos” o “negociación”, es qué entiende cada parte por esos conceptos. La guerrilla habla de paz con justicia social y demanda una “nueva Colombia”; mientras que por parte del gobierno, el concepto tiene que ver con continuidad del modelo y con la desmovilización de la guerrilla y su absorción al sistema, tal como ocurrió con el M19 o en El Salvador con el FMLN. Los diálogos de paz llegarán al cabo del último, definitivo e inevitable entrecruce de argumentos de fuerza de parte y parte. Las condiciones y el contenido de esos diálogos dependerán del balance final de fuerzas político y militar, y también del impacto psicológico sobre la sociedad colombiana, ya que la comunidad internacional sólo avalará la continuidad del Estado y el sometimiento de los rebeldes. Por ello, la presión militar del Estado contra las FARC continuará y se incrementará, ya que es el argumento que el gobierno tiene para que el diálogo sea según sus condiciones y no las de la guerrilla.
La Defensoría del Pueblo de Colombia junto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), presentaron un informe en el que señalan que los menores de edad continúan siendo reclutados por los grupos armados ilegales que funcionan en el país. La investigación está basada en encuestas y entrevistas realizadas entre agosto y septiembre del 2005 a un grupo de 329 menores que forman parte del Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados de los Grupos Armados Irregulares que conduce el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Muchos de los niños y niñas reclutados buscan escapar de la violencia familiar.
Los menores están ingresando a las filas desde los ocho años de edad. El promedio de la edad en la que los menores son reclutados descendió de 13 a 12 años. La población femenina, que representa un 32% del grupo encuestado, es la que ha sido victima de un mayor abuso teniendo en cuenta que más de la mitad de ellas fueron forzadas a mantener relaciones sexuales, la mayoría de las veces por sus comandantes.
Varios niños admitieron haber matado, mutilado e incluso torturado a sus enemigos36.
Sobre la Internacionalización de los Conflictos Intraestatales
El conflicto de Colombia se internacionalizó en el sentido político y jurídico del término; vinculó a Estados diferentes e involucró organizaciones internacionales y actores externos. No hay tratado o norma que reglamente dicha internacionalización. El concepto es hasta ahora creación doctrinal que fue acogido por el Tribunal que juzgó la guerra de Yugoslavia. Que no esté regulada no quiere decir que los Estados y otros sujetos internacionales no puedan reconocerla, o actuar en consecuencia sin previa declaración formal. En el derecho internacional las prácticas y costumbres llenan los vacíos normativos y sirven de fuente para la creación de reglas y la celebración de tratados. A los conflictos armados internacionales entre Estados y no internacionales o internos de que tratan algunos Convenios y Protocolos de Ginebra se suman ahora los internacionalizados, que son conflictos armados internos en los que un Estado, distinto de aquel en cuyo territorio tiene lugar el enfrentamiento, interviene, directa o indirectamente, de manera expresa o encubierta, en sus desarrollos políticos o militares mediante ayuda a una de las partes. También los que desbordan las fronteras nacionales se ‘trasnacionalizan’ o vinculan actores nuevos en cualquiera de las fases de la confrontación. Los conflictos internacionalizados reúnen, simultáneamente y de hecho, características propias de los conflictos internos e internacionales. Por ello se les aplica el derecho internacional humanitario, DIH; los combatientes capturados son prisioneros de guerra; las fuerzas armadas disidentes se vuelven sujetos relativos de derecho internacional; y la comunidad de naciones debe buscarles solución. Como gobernador de Antioquia y candidato a la Presidencia, Alvaro Uribe propuso los cascos azules de Naciones Unidas y cuando el presidente Correa pidió que la frontera colombo-ecuatoriana fuera vigilada por la misma fuerza multilateral, respondió que esa posibilidad no debería descartarse. Independientemente de su conveniencia y viabilidad jurídica, lo que importa es destacar que así se reconocen las dimensiones internacionales del conflicto. Durante el gobierno de Pastrana, asesores y embajadores suyos, acompañados de algunos congresistas, presentaron ante cancillerías y gobiernos europeos, a los comandantes guerrilleros que se esperaba negociarían la paz, entre otras ayudas, con las de la comunidad internacional y las bendiciones del Papa. El ataque al campamento de Raúl Reyes también internacionalizó el conflicto porque se bombardeó territorio de otro Estado, seguramente con la ayuda de EUA que sólo se “oficializará” cuando Washington desclasifique los documentos respectivos. Un tercer Estado, Estados Unidos, intervino política y militarmente en el conflicto, y otro tercer Estado, Ecuador, sufrió consecuencias militares que se suman a las humanitarias que les generan los miles de refugiados colombianos que acoge y a los que la ONU ayuda por conducto de ACNUR. Del Presidente Chávez de Venezuela, se dijo que intervenía en los asuntos de Colombia para promover su proyecto expansionista, razones por las que se anunció sería demandado ante la Corte Penal Internacional (CPI). Con otras palabras, Estados extranjeros, según Colombia, han tomado partido en la confrontación armada colombiana porque han intervenido política y militarmente a favor de una de las partes. Del bombardeo del primero de marzo también se han ocupado, hasta el momento, dos instancias internacionales. El Grupo de Río y la OEA que lo hizo en su Consejo Permanente y en reunión extraordinaria de Cancilleres. Francia, como país observador en la OEA, sostuvo ante el citado Consejo que las tensiones creadas entre los países andinos constituyen amenaza “para la estabilidad regional” que justifica la “movilización de la comunidad internacional”; así como si las FARC liberan los rehenes civiles debe formarse un “grupo de países amigos que (trabaje) por el acuerdo humanitario para la liberación de todos los rehenes y la solución política del conflicto”. Otras situaciones internacionalizan el conflicto: el ofrecimiento francés de acoger como refugiados políticos, tal vez porque los considera prisioneros de guerra, a los guerrilleros que libere Colombia, la insistencia en invocar la Resolución 1373 y el derecho a la legítima defensa como soporte jurídico para el ataque al campamento de Reyes y la mediación en curso de Francia, España e Italia. Falta sólo la declaración de la internacionalización del conflicto 37.
FIRMADOS POR DIFERENTES GOBIERNOS CON LOS GRUPOS INSURGENTES
Gobiernos/Acuerdos
Acuerdos Humanitarios y de Cese al Fuego (CaF)
Agendas y Acuerdos Preliminares y de procedimiento
Acuerdo (CaF) de la Uribe, FARC (Marzo 1984)
Acuerdo (CaF), M-19 y EPL (Agosto 1984)
Acuerdo (CaF), ADO (Agosto 1984)
Acuerdo (CaF), sectores del ELN (Diciembre 1985 y Abril y Julio de 1986)
Acuerdo entre las FARC y la Comisión de Paz (Marzo 1986) para prorrogar acuerdo de la Uribe
Acuerdo del Tolima, M-19 (Enero 1989)
Acuerdos para iniciar procesos de paz con el EPL, PRT y Quintín Lame (Mayo-Junio 1990)
Pacto político, M-19 (Noviembre 1989)
Acuerdo político, M-19 (Marzo 1990)
Cravo Norte, CGSB (Mayo 1991)
Agenda de Caracas (Junio 1991)
Acuerdo final, PRT (Enero 1991); EPL (Febrero 1991); Quintín Lame (Mayo 1991)
Acuerdo final, Comandos Ernesto Rojas (Marzo 1992)
Acuerdo final, CRS (Abril 1994) y Frente Garnica (Junio 1994)
Acuerdo de Coexistencia, Milicias de Medellín (Mayo 1994)
Acuerdo Humanitario de Remolinos del Caguán, FARC (Junio 1997)
Pre-acuerdo del Palacio de Viana (Madrid), ELN (Febrero 1998)
Acuerdo final, MIR-COAR (Julio 1998)
Acuerdo Humanitario, ELN (Junio 2000)
Acuerdo Humanitario, ELN (Octubre 2000)
Acuerdo de Intercambio Humanitario, FARC (Junio 2001)
Agenda Común, FARC (Mayo 1999)
“Acuerdo de Los Pozos”, FARC (Febrero 2001)
Condiciones para establecer una zona de encuentro con el ELN (Mayo 2001)
Informe Comisión de Personalidades (Septiembre 2001)
Acuerdo de San Francisco de la Sombra, FARC (Octubre 2001)
Acuerdo por Colombia, ELN (Noviembre 2001)
Acuerdo de cronograma para el futuro del proceso de paz, FARC (Enero 2002)
Acuerdo de Santa Fe de Ralito, Autodefensas Unidas de Colombia AUC (Julio 2003)
Acuerdo para involucrarse en las negociaciones con los paramilitares del Bloque Central Bolívar y Vencedores de Arauca (Noviembre 2003)
Acuerdo de Santa Fe de Ralito, Autodefensas Unidas de Colombia AUC (Mayo 2004)
Acuerdos Parciales de La Habana (Cuba), (2014)
Acuerdo “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral” (23-5-2013).
Acuerdo “Político de La Habana” (6-11-2013)
Acuerdo “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” (16-5-2014) Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (24-08-2016)
(Bajar pdf del Acuerdo Completo)
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto "Acuerdo de la Esperanza": Gobierno-FARC (12-11-2016)
(Bajar pdf del Acuerdo Completo Modificado: 12-11-2016)
Características de las Reformas hechas al Acuerdo Final
Acuerdo Final Gobierno-FARC: Fe de Erratas
1Diario El Tiempo de Santa Fe de Bogotá, Colombia. 3-1-1999. También el 5-1-1999.
2Diario El Tiempo de Santa Fe de Bogotá, Colombia, 7-1-1999.
3Opiniones de Alejo Vargas, Vicerrector de la Universidad Nacional de Colombia y politólogo allegado a las conversaciones de paz, y de Alfredo Molano Bravo, Sociólogo, Diario El Tiempo de Santa Fe de Bogotá, Colombia, 6-1-1999.
4Negociaciones FARC-Gobierno, “Agenda Común por el Cambio Hacia una Nueva Colombia”, La Machaca, 6-5-1999.
5Editor Equipo Nizkor, Serpaj Europa, http://www.derechos.org/nizkor/, 15-3-2000.
6Violencia en Colombia: Auspicioso Final de las Conversaciones Entre el Gobierno y la Guerrilla, en Diario La Nación, Buenos Aires, 10-2-2001. También Diario Clarín, Buenos Aires, 10/2/2001.
7Dado en San Vicente del Caguán, a los 2 días del mes de junio del 2001. Por el gobierno nacional: Camilo Gómez Alzate. Por las FARC-EP: Jorge Briceño y Joaquín Gómez. Publicado por Equipo Nizkor, http://www.derechos.org/nizkor/, Serpaj Europa, 04-6-2001.
8www.reliefweb.int.
9Colombia: Acuerdo con los Paramilitares, en BBC Mundo en español, 14-5-2004, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_3712000/3712705.stm.
10Amnistía Internacional Critica “Ley de Justicia y Paz”, en BBC Mundo en español, 27-4-2005 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4487000/4487231.stm.
11Denuncian el Carácter Paramilitar del Estado Colombiano, en Insurgente, España, 24-5-2005, http://www.insurgente.org/modules.php?name=News&file=article&sid=745.
12Colombia Aprueba Ley de Justicia y Paz, en BBC Mundo en español, 21/06/2005, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4117000/4117878.stm.
13Colombia: Campaña para Defender Ley, BBC Mundo en español, 24-6-2005, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4125000/4125540.stm.
14Piden Investigar a Paramilitares, en BBC Mundo en español, 29-6-2005, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4632000/4632323.stm. Ver también, Ley de Legalización Paramilitarismo, Equipo Nizkor, http://www.derechos.org/nizkor/, 29-6-2005. Asimismo, La Capitulación de Colombia, en The New York Times, Editorial, USA, 04Jul05, Traducción al español de la versión original en inglés realizada por el Equipo Nizkor, http://www.derechos.org/nizkor/.
15Chirinos, Carlos, Colombia/EUA: ¿Se Apaga la Estrella?, en BBC Mundo en español, 18-7-2005, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4692000/4692521.stm.
16Colombia: Otra Vez la Violencia, en Diario La Nación de Buenos Aires, 9-7-2007.
17Uribe Reactiva Mediación Internacional, en BBC Mundo en español, 20-1-2008, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7198000/7198733.stm.
18Liberan a Ingrid Betancourt, en BBC Mundo en español, 2-7-2008, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7486000/7486564.stm. También, Ingrid Betancourt: Reacciones, en BBC Mundo en español, 2-7-2008, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7486000/7486656.stm. Asimismo, Lissardy, Gerardo, Astrid Betancourt Habla con BBC Mundo, en BBC Mundo en español, 2-7-2008, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7486000/7486747.stm. Igualmente, 'Esto es una señal de paz', dijo Ingrid Betancourt sobre su rescate y el de otras 14 personas, en Diario El Tiempo, Bogotá, 2-7-2008, http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-07-02/esto-es-una-senal-de-paz-dijo-ngrid-betancourt-sobre-su-rescate-y-el-de-otras-14-personas_4357956-1. Además, Fue un Rescate 'Impecable', dice Ingrid Betancourt Sobre el Operativo en el que Recuperó la Libertad, en Diario El Tiempo, Bogotá, 2-7-2008, http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-07-02/fue-un-rescate-impecable-dice-ingrid-betancourt-sobre-el-operativo-en-el-que-recupero-la-libertad_4358305-1. También, Un Engaño a los Carceleros de las FARC Permitió Liberación de 15 Secuestrados, en Diario El Tiempo, Bogotá, 2-7-2008, http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/recursosrelacionados/un-engano-a-los-carceleros-de-las-farc-permitio-liberacion-de-15-secuestrados-_4358077-1. Igualmente, Ingrid Betancourt: la Política que se Convirtió en Símbolo de Secuestro, en Diario El Tiempo, Bogotá, 2-7-2008, http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-07-02/ingrid-betancourt-la-politica-que-se-convirtio-en-simbolo-de-secuestro_4358027-1. Asimismo, Este es el Perfil del Carcelero de las FARC, alias 'César', en Diario El Tiempo, Bogotá, 2-7-2008, http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-07-02/este-es-el-perfil-del-carcelero-de-las-farc-alias-cesar_4358078-1.
19Gloria Gaitan: El Plan Patriota de Colombia Persigue Enfrentar al Ejercito Venezolano, en Argenpress, 5-5-2004, http://www.argenpress.info/nota.asp?num=010885.
20Ver El costo de la paz permitiría a Colombia pagar dos años de su deuda externa. El costo de la guerra es de ocho mil millones de u$s anuales, Diario El Tiempo de Santa Fe de Bogotá, Colombia. 6-1-1999
21Ver Colombia: la negociación de paz ya genera controversias, Diario Clarín de Buenos Aires, 26-10-1999.
22Ver Uribe ofrece un diálogo a las FARC: Es para discutir la liberación de rehenes, en Diario La Nación, Buenos Aires, Jueves 28-7-2005. También, La vuelta al diálogo: Uribe acepta negociar con las FARC, en APM 27/07/2005, http://www.prensamercosur.com.ar/nota.php?id=768.
23Ver Rojas Rodríguez, Jorge, Construcción Política de la Paz en Colombia: Un desafío de la sociedad civil, en Accord, http://www.c-r.org/accord/col/a14spnsh/politicalpeace.shtml.
24Ver Bipartidismo y Opciones Políticas Alternativas, FARC-EP, 15-7-2005, http://www.farcep.org/asiescolombia/bipartidismo.php.
25Ver Jorge Rojas Rodríguez, Construcción Política de la Paz en Colombia: Un desafío de la sociedad civil, en Accord, http://www.c-r.org/accord/col/a14spnsh/politicalpeace.shtml.
26Ver 10 Puntos de las FARC Plataforma para un Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional.
27Ver Violencia en Colombia: Auspicioso Final de las Conversaciones Entre el Gobierno y la Guerrilla, en Diario La Nación, Buenos Aires, 10-2-2001. También Diario Clarín, Buenos Aires, 10/2/2001.
28Ver Colombia: OEA mediará la paz, en BBC Mundo en español, 26-1-2004 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_3428000/3428801.stm.
29Ver Vaneeckhaute, Hendrik, Conflicto armado y terrorismo en Colombia: Las falsas negociaciones de paz, en Rebelion.org, 6-7-2005, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=17373. Fuente: OACNUDH: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia, marzo 2000, febrero 2003, febrero 2004, febrero 2005.
30Ver Spitaletta, Reinaldo, Colombia, un Estado Fracasado, en Rebelion.org, 6-7-2005, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=17432.
31Ver Suárez Montoya, Aurelio, El Capítulo Agrícola del TLC: Partida de Defunción al Agro, en Diario La Tarde, Pereira, 22-11-2005, http://www.moir.org.co/index.php?idcategoria=16625&ts=aa987f218af9c61e35de521dc43635e6.
32Ver Colombia: Emotivo Pedido de Perdón de un Líder Paramilitar, en Diario La Nación, Buenos Aires, 13-12-2004.
33Salazar, Hernando, “Claves del Proceso con los Paramilitares”, en BBC Mundo en español, 19-12-2006, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6191000/6191993.stm.
34Ver Martínez, Alejandro, Paramilitarismo, Crisis Política y Lucha Social, en Argenpress, 17-12-2005, http://www.argenpress.info/nota.asp?num=026489.
35Este tema ha sido tratado para el caso del ELN por Vargas Velásquez, Alejo, “Gobierno y ELN: Dos Miradas que no se Encuentran”. Alejo Vargas Velásquez, es profesor en la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Comisión Facilitadora Civil entre el Gobierno y el ELN.
36McDermott, Jeremy, corresponsal de la BBC en Medellín, “Colombia: Violencia Afecta a Menores”, en BBC Mundo en español, 12-12-2006, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6173000/6173983.stm.
37Castro, Jaime, Una Guerra de Muchos, en Diario El Tiempo, 3-5-2008, http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/domingoadomingo/04demayode2008/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4140071.html.

References: artículo 22
 artículo 8
 artículo 3
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