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Timestamp: 2020-07-02 06:08:20+00:00

Document:
Resolución de 3 de julio de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Convenio con el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, en relación con la realización de trámites administrativos y gestión documental por vía electrónica
Tercera Obligaciones del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España
El Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y el Secretario de Estado de Política Territorial han suscrito, con fecha 24 de junio de 2019, un Convenio, en relación con la realización de trámites administrativos y gestión documental por vía electrónica.
Convenio entre la Administración General del Estado (Ministerio de Política Territorial y Función Pública) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, en relación con la realización de trámites administrativos y gestión documental por vía electrónica
De otra, don Ricardo Gabaldón Gabaldón, Presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, en virtud de las competencias que le atribuye el artículo 48 de los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales y del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, aprobado por Real Decreto 503/2011, de 8 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1415/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales.
Dichas partes, en el ejercicio de las funciones que les están legalmente atribuidas, se reconocen la capacidad legal necesaria para formalizar el presente Convenio, y en consecuencia,
II. Que el Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España es el órgano representativo, coordinador y ejecutivo superior de los Ilustres Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y tiene, a todos los efectos, la condición de corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
Los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España son corporaciones de derecho público amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y son funciones suyas, entre otras, las referidas en el artículo 6 de los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales y del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.
III. Que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública tiene la voluntad de favorecer cualquier medida que conlleve la modernización, simplificación y racionalización de los procedimientos y, en particular, aquéllas que hagan más sencillo el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones formales de los ciudadanos, mediante el impulso de las previsiones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación correlativa para tales Administraciones. Estableciendo, además, para quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera la colegiación obligatoria, como es el caso de los Graduados Sociales, la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.
V. Que con fecha 7 de septiembre de 2015, ambas partes suscribieron un Convenio de colaboración en relación con la realización de trámites administrativos en materia de extranjería por vía electrónica, que se encuentra en vigor en todos sus términos en este momento, al establecerse –en la cláusula decimoquinta– un sistema de prórrogas tácitas por periodos anuales.
VI. Que, teniendo en cuenta estas circunstancias, es deseo del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y del Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España suscribir el presente Convenio con la finalidad de hacer posible que la presentación electrónica de documentos en representación de los ciudadanos por parte de los Graduados Sociales se beneficie del régimen especial que establecen tanto el artículo 5.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El objeto del presente Convenio es habilitar a los Graduados Sociales colegiados en los Colegios Oficiales de Graduados Sociales que figuren inscritos en el Registro de representantes del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, para la presentación electrónica de documentos en representación de terceras personas, con el fin de favorecer el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos de carácter administrativo por parte de los ciudadanos ante las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, de acuerdo con el resto del clausulado del presente Convenio y con las previsiones normativas en vigor.
El Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España se compromete a:
a) Mantener actualizado en tiempo real el Registro de representantes, que se creó en virtud de lo establecido en la cláusula tercera del Convenio firmado, por ambas partes, con fecha 7 de septiembre de 2015, en el que figurarán inscritos los colegiados que estén habilitados para actuar en nombre de los interesados, conforme a los contenidos y requisitos que se recogen en la cláusula séptima, relativa al Registro de representantes.
Obligaciones del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública (Secretaría de Estado de Política Territorial) mantendrá los medios técnicos necesarios que permitan a los colegiados habilitados en el Registro de representantes, la presentación electrónica de documentos en representación de los interesados, conforme a lo que establece el artículo 5.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En concreto, la habilitación determina la presunción de validez de la representación, salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. No obstante la Administración podrá requerir en cualquier momento a los colegiados habilitados la acreditación de la representación que ostenten.
La habilitación para la presentación electrónica de documentos en representación de terceros sólo confiere a la persona autorizada la condición de representante para intervenir en los actos expresamente autorizados. Si el domicilio que se consigna a efectos de notificaciones es el del graduado social, la notificación se efectuará únicamente por medios electrónicos, sin perjuicio de que la misma se notifique en carpeta ciudadana.
2. El Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales, en la implementación del Registro de representantes deberá cumplir los requisitos que, para el tratamiento automatizado de datos de carácter personal, se exigen en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
Dado que, en virtud de lo establecido en el Convenio firmado por ambas partes con fecha 7 de septiembre de 2015, se creó un Registro de representantes, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España efectuará, en el plazo de tres meses desde que tenga eficacia este Convenio, las adaptaciones correspondientes que permitan el mantenimiento en el Registro de representantes de los colegiados que ya estuviesen habilitados para actuar en los tramites en materia de extranjería que se realizan en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
Asimismo, en el citado plazo, el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España deberá aprobar, con el modelo formal que considere, un protocolo interno de incorporación y separación al Registro de representantes de los colegiados, inscritos en cada uno de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales, que quieran formar parte del mismo o separarse de él.
En todo caso, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España deberá facilitar, el protocolo de incorporación y separación al Registro de representantes, para visto bueno de la Secretaría General de Coordinación Territorial. Dicho protocolo deberá incluir, al menos, las obligaciones de los colegiados de ostentar la representación necesaria para cada actuación, en los términos establecidos en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre; la obligación de facilitar a los interesados que representen cuanta documentación, justificantes o resguardos genera la actuación administrativa realizada; el respeto en todo caso de la normativa de protección de datos de carácter personal, así como cualquier otra indicada por el Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.
El Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España se compromete a mantener el acceso inmediato para consulta, que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública tiene, en tiempo real, de las incorporaciones que se vayan formalizando por parte de sus colegiados al Registro de representantes y de las bajas que, en su caso, se produzcan.
Para ello, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública efectuará la referida consulta de manera automatizada y segura, mediante el acceso vía Internet al Registro de representantes gestionado por el Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.
En el ámbito de este Convenio, únicamente podrán presentar documentación por medios telemáticos ante las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en representación de terceros, los graduados sociales que figuren inscritos en el Registro de representantes.
El presente Convenio obliga a las partes firmantes a prestarse la adecuada colaboración, en aras al mejor logro de los fines perseguidos. A tal efecto, se constituirá una Comisión de seguimiento integrada por dos representantes nombrados por la Secretaría General de Coordinación Territorial, en representación de la Secretaría de Estado de Política Territorial, uno de los cuales actuará de Presidente, y otros dos representantes, nombrados por el Presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales.
Cuando se considere necesario y, en calidad de asesores, con derecho sólo a voz, podrán incorporarse otros funcionarios públicos o representantes de la Administración u otros miembros representantes del Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales.
Conforme a lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este Convenio no resultará eficaz hasta su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y su publicación en el Boletín Oficial del Estado; por tanto, los 4 años de vigencia se computan desde la concurrencia de ambas circunstancias.
No obstante, es preciso tener en cuenta, tal y como se indicó en la parte expositiva, la existencia de un Convenio previo vigente. Por ello, en unidad de acto, se acuerda resolver el Convenio suscrito por los firmantes con fecha 7 de septiembre de 2015. Sin embargo, dado que existe un Registro de representantes, creado por dicho Convenio, y que el Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España debe adaptarlo, en el plazo tres meses contemplado en la cláusula séptima, a los requerimientos de este nuevo Convenio, se mantiene durante dicho periodo la habilitación correspondiente a los colegiados inscritos en el mismo, para actuar en los tramites en materia de extranjería que se realizan en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
Transcurridos tres meses desde la fecha en que el presente Convenio adquiera eficacia jurídica, el presente Convenio sustituirá en su totalidad al firmado por las partes en fecha 7 de septiembre de 2015, que se considerará resuelto, liquidado y extinto a todos los efectos.
Cuando la Secretaría de Estado de Política Territorial detecte indicios de que se ha producido un acceso o uso indebido de información protegida por parte un colegiado incluido en el Registro de representantes, o cualquier otro incumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril; en la Ley Orgánica 3/2018, 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa que resulte de aplicación, procederá, como medida cautelar, a acordar la suspensión de su habilitación e iniciará las oportunas comprobaciones e investigaciones tendentes a constatar las circunstancias en que se hayan producido los hechos de que se trate.
A la vista del resultado de las comprobaciones e investigaciones realizadas, con audiencia de la parte afectada y del Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España de España, la Secretaría de Estado de Política Territorial decidirá de forma motivada sobre su expulsión del Registro de representantes.
Y, en prueba de conformidad, suscriben el siguiente Convenio, por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–
Secretario/a de Estado de Política Territorial,
José Ignacio Sánchez Amor.–
Por el Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, el Presidente,
Madrid, 3 de julio de 2019.–
La Secretaria General de Coordinación Territorial,

References: artículo 48
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 48