Source: http://acessla.org/cronica-iv-encuentro/
Timestamp: 2017-08-23 10:11:38+00:00

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Crónica de los contenidos del IV Encuentro. Rodrigo Rosas Sánchez – ACESSLA
Pasamos a comentar una por una las distintas ponencias, desde la ponencia marco a la última ponencia.
Autor: Rodrigo Rosas Sánchez. Técnico Superior en PRL y periodista.
El Auxilio Judicial: La Función Pericial del Técnico de PRL y la Depuración de Responsabilidades.
Abordar las competencias periciales nos escala al estudio de los procedimientos de trabajo, reglándose su especialización en las herramientas de mejora. El perito actúa a posteriori, después del accidente y en su interacción con el entorno extrae lecciones de aprendizaje para afrontar actuaciones futuras.
D.ª Nuria Orellana Cano, Magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga, abría una gélida mañana con un tema actual, muy recurrente a día de hoy en el mentidero prevencionista.Explorar nuevas vías como resuello a medio cabalgar entre dos variandos, lo reglamentado y lo ocurrente:
¿qué posibilidades laborales ofrece vestirse la toga de Perito Judicial?
¿veremos crecientemente en el peritaje una emergente salida profesional en conjunto con otras acciones como la formación o elaboración de planes de autoprotección?
Apreciamos una curiosa peculiaridad de la condición de trabajador por cuenta ajena, casada con el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores: “aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.
“Asimilable a contratación por cuenta ajena”.
A este respecto, la Sra. Orellana asevera que en el caso de mediar cualquier negligencia, incumplimiento o inexistencia de contrato físico entre ambas partes (contratante y contratado), no se estaría fuera del ámbito de aplicación de este artículo, en tanto existiría dependencia económica entre un empresario o contratista principal con el empleado, sumándole el conjunto de obligaciones legales derivadas de esa relación.
Esta tesis sostendría la innecesidad de existir un contrato físico regulador entre los dos actores en la calificación del accidente. Ejemplo: un trabajador que presta actividad para otra empresa y que depende, de no mediar un contrato mercantil o relación de prestación de servicio entre autónomos.
La señora Magistrada tendía un nexo de unión entre el auxilio y la función pericial bajo un expreso fin: “completar el conocimiento del Juez sobre los hechos acaecidos. Se plantea una demanda, se acredita una acción y se implica en el aporte de conocimientos científicos, técnicos y prácticos necesarios para dirimir si cabe la opción de indemnización”.
Más allá de un deber, es una acción básica irrenunciable por parte del Perito transponer su conocimiento a la investigación, objetivar su criterio mediante el aporte de pruebas documentales, en una doble vertiente:
Visitar para ver, ver para conocer, conocer para entender.
Interrogar para escuchar, escuchar para captar, captar para razonar y razonar para llegar a la teoría de los resultados contrapuestos: una vez que haya terminado de recoger el testimonio de los trabajadores, entrevistados o informadores, renunciar a creer a pies juntillas una visión monofocalizada además de la propia conclusión del perito, existe otra sensu contrario: lo que la verdad esconde.Es decir, una, la que nos cuentan. Otra, la que seamos capaces de averiguar. No se trata de hacer valer el lema “pensarás mal y acertarás”, sino tratar de iniciar otra línea investigativa antes de llegar a la parte concluyente. Topamos, así, con las competencias propias:
1) El perito no resulta airoso o defraudado por el caso. Se rompe así con el rezo maniqueo: “triunfo o fracaso”. Su cometido se estira hasta alcanzar el mayor grado de objetividad, rigor profesional y tecnificación posible. De su partida le llegará el informe pericial al tribunal, sin tampoco perder de vista la condición reclamatoria de su intervención.
2) Certeza, demostración y probidad de los hechos frente a creencias, intuiciones y presentimientos.
3) El perito no emite juicios de valor, sino que informa al juez de sus comprobadas averiguaciones, pues no se encarga de resolver en última instancia sobre los requerimientos preformulados, sino de ayudar a que el dirimente lo haga.
4) Paraguas de la emboscada. Fortaleza y templanza son virtudes para saber lidiar con las tendenciosas presiones que se puedan recibir de parte, pues sin ánimo de generalizar, podría suceder aquello de: “ no olvides quién te contrató, si por tu palabra a mi interés favoreció”. La contratación no legitima al solicitante a recibir un informe interesado alejado de las condiciones técnicas intercurrentes.
۝ Cerramos el repaso a la Ponencia con una importante novedad legislativa, ¿qué pasaría si, por falta de técnicos especialistas, no fuere posible la asistencia pericial? Sigamos las últimas novedades de este capítulo, recién aprobadas por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. Consecuencia jurídica: se produce modificación del artículo 6.6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. ¿Cuál sería el redecorado actual? Trazaríamos tres líneas fundamentales para su descubrimiento:
a) Derecho de asistencia jurídica: “a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o profesional habitual y requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos”.
b) Derecho de asistencia jurídica con carácter inmediato: abarca un amplio espectro, conformado por las víctimas de violencia de género, de terrorismo y los procesados a consecuencia de su condición de víctimas, así como a los menores de edad y las personas con discapacidad psíquica cuando sean víctimas de situaciones abusivas o de maltrato físico o psicológico. La ampliación de este derecho se extiende hasta los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, de no ser el agresor.
c) Adquisición de la condición de víctima: para ello es preciso formular denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, por alguno de los delitos a que se refiere este apartado, y se mantendrá mientras permanezca en vigor el procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado sentencia condenatoria. El beneficio de justifica gratuita se perderá en caso de sentencia absolutoria firme o archivo firme del procedimiento penal, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento.
Mesa redonda nº1: “metodología de la peritación judicial y trabajo autónomo del experto en seguridad y salud laboral”. Moderada e introducida por D. Fernando Vidal Barrero (Director de la Cátedra de PRL de la Universidad de Sevilla).
PRIMERA PONENCIA: bajo el título “Investigación del accidente como técnica analítica aplicada a la peritación preventiva” se introdujo la exposición de D. José María Jiménez, Licenciado en Ciencias Medioambientales, Técnico Habilitado del CPRL de Sevilla y Vocal de la Asociación Científica de Expertos en Seguridad y Salud laboral.
“El uso de las cosas no corrige las deficiencias estructurales”.
Al comienzo de su intervención, rescataba del baúl una noticia generada a propósito de un accidente mortal perpetrado en la capital de Andalucía, donde una compañía dedicada a la explotación de minas, Cobre las Cruces, era multada con 200.000 euros. La información salió publicada en el “Diario de Sevilla”, a 24 de mayo de 2012: “El Consejo de Gobierno ha acordado sancionar con 200.000 euros a empresa Cobre las Cruces S.A por infracción muy grave contra la legislación. Aunque las inspecciones realizadas en el reactor concluyeron que el accidente se debió a un defecto de muy difícil detección en el diseño y fabricación de la tubería, el expediente sancionador señala que esta circunstancia no exime a la empresa de la obligación de suministrar a los trabajadores trajes especiales anti-salpicaduras de productos corrosivos para las labores que realizaban”.
El Ponente introducía así los límites de la seguridad laboral desde la negación correctora a los fallos: “no puede corregir las deficiencias de seguridad estructural (fallos sistémicos de puentes, edificios, vehículos, instalaciones o máquinas), aunque una deficiencia en seguridad estructural o intrínseca, supone de inmediato, una falta de seguridad laboral.
Añadía, a su vez, como factor encontrado en el señalamiento del origen de los accidentes, las posibles apariciones de vicios ocultos en los trabajadores, Admisibilidad de conductas ajenas, prácticas intencionadas o acciones veladas desconectadas de las causas técnicas. Con anterioridad a la confluencia de las condiciones de seguridad laboral, referida al uso que el trabajador hace para ejecutar la máquina, equipo o instalación es imprescindible que previamente se den condiciones de seguridad industrial, estructural o intrínseca.
No necesariamente todo daño que pueda sufrir un trabajador por cuenta ajena es derivado de faltas de medidas de seguridad. De este modo, evidenciaba la insuficiencia de y la necesidad de hilvanar otros hilos hacia lo inexplorado, a través de investigaciones, averiguaciones y otras fuentes de información, no únicamente por que pueda existir veladas intenciones detrás de algún suceso no debido a fallos técnicos, sino porque además pueden incurrir otros factores como despistes, descuidos, falta de formación específica en el uso de la maquinaria o desatenciones indebidas.
Acto seguido, se detuvo a analizar la explosión provocada durante la tarde de una jornada dominical en un complejo medioambiental, viéndose como partes afectadas la cabina de control de accesos y el pesaje. La llama de la tragedia prende del encendido de un mechero, se origina una explosión en el interior de la cabina de control que afectó directamente al vigilante.
Tras varios empeñosos intentos por salir del cuarto, no pudo hacerlo debido a que la puerta quedó sellada al fusionarse sus juntas de caucho por las altas temperaturas alcanzadas, y a que las ventanas estaban protegidas por barrotes. Después de unos quince minutos, se consiguió derribar la puerta y auxiliar a la víctima, pero a pesar de ello se cobró la víctima al cabo 10 días.
La disertación propuso establecer cuatro objetivos en forma de aspiraciones consistentes en descubrir las nuevas oportunidades de la prevención, ver qué podemos hacer, indagar en las incidencias en los accidentes y en la tipología en la normalización de las obligaciones, pues entiende el Sr. Jiménez que si siguiéramos estos estadios se nos presentía ante nosotros una oportunidad de oro para detectar las causas organizacionales, básicas e inmediatas, suceso de eventos y relación de daños-pérdidas humanas y materiales. Agregaba a colación la importancia del porqué como refuerzo privilegiado sobre el qué: “Cuando se cae una cimbra, ¿por qué se cae?”. Denotaba su afán por acudir al perfeccionamiento investigativo, a la hora de aplicar los conocimientos técnicos entrelazados con el accidente correspondiente. Su Árbol de causas iría trazado sin “investigar qué ha pasado y cuándo, sino por qué”.
Se refería con estas explicaciones a un cisma cada vez más contraproducente para el Técnico Superior en PRL, la tendencia a la obviedad: “confundir la fiebre con la causa del accidente”. Ganchos sometidos a deformaciones, utilización fuera de las condiciones normales óptimas. Ejemplo: fuga de corrosivo a presión (Caso práctico). Proteger las bridas en un conjunto de bandas sin sobrecubiertas. En línea, se produce otro peculiar fenómeno conocido como el sesgo de la distorsión retrospectiva. (hindsight bias). Una vez que salga del accidente, es fácil salir del laberinto”. Las revisiones realizadas con posterioridad a un accidente identifican fácilmente las causas, debido a la aplicación de este filtro. De este modo, las consecuencias del fallo aparecen como evitables y no previstas.
Continuaba su lección con la paarábola “Síndrome del vaquero seguro”. Según OSHA (Occupational Safety and Health Administration, traducida al castellano “Administración u Organización de Seguridad y Salud Ocupacional). A todos los artefactos se le ponen los “peros”. El vaquero es seguro, pero ¿es vaquero? Error humano en la investigación de los accidentes por “empecinamiento de los trabajadores al incumplir las normas laborales” produciéndose dos fenómenos:
a) “normalización de la desviación /violación”. Si hacemos prevalecer por costumbre una actitud negativa, se tiende a regular un comportamiento que no debería estar integrado en la funcionalidad del operario.
b) “Coartada de la normalización”. La seguridad recae en el practicante, quien bien haría en desdecirse del escapismo descomprometido para empezar a cumplir a un nivel no sólo acreditable, sino practicable con hechos y no con firmas, ni promesas de cumplimiento.
Un caso práctico daba por concluida la Primera Ponencia: “durante la construcción de un moderno edificio de 90 plantas de altura, se produce el desplome en la última planta por la caída de un elevador de obras para cargas, que en ese momento, pese a la prohibición expresa, era utilizado como elevador de personas por parte de varios trabajadores, que resultaron seriamente lesionados. En respuesta, se plantea un marco de obligaciones in vigilando: “planeamiento, organización, dirección y control”. Se acreditó durante la investigación que a pesar de existir escaleras interiores de obra, se opuso la prohibición expresa de utilización como forma de acceso el elevador de materiales de obras mediante cartelería, y libro de órdenes de la obra, los trabajadores utilizaban a las siguientes plantas.
2ª PONENCIA: “Peritación de los Riesgos Laborales en Trabajos de Especial Peligrosidad”, impartida por el Director del Servicio de PRL del Grupo Puleva.
D. Rafael Bretones Oliver compareció al evento dispuesto a compartir sus conocimientos adquiridos desde la experiencia y preparación, caracterizándose por un estilo transferente, didáctico, cercano a los asistentes. Descriptivo en sus explicaciones, le fue esquivo al miedo de introducir asuntos de especial cuidado, propios de su actividad laboral y de algunos de los episodios allí vividos.
Para abrir la veda, el relato de un robot accidentado. Alimentado por corriente, en sus cintas transportadoras no se corta el suministro. Sin que nadie lo esperara, se puso en marcha accidentalmente, determinas células aumentan la fotosensibilidad al reducir la distancia de seguridad, incluso por la aparición detectada de objetos desconocidos o cuestiones ignotas que puedan el señor Bretones asentía: “la moscarda había picado, empezamos a sospechar en una mano negra. Sin embargo, aplicadas las averiguaciones, descubrimos que ocurrió de forma casual, célula de las técnicas de paquetería se habían activado”.
Recomendaba guardar cautela en el uso y vigilancia de las cintas compactadoras, células fotoeléctricas, operaciones con el panel para retractilado y sistemas de paletización, pues el “robot no entiende, sino que actúa desde un Centro de Control de Operaciones. ¿Cómo? Habría que poner la lupa en zonas de poca visibilidad, a fin de asegurar la concordancia de dos objetivos: retrorreflectancia y alta visibilidad.
Cuando se activa una fotocélula, al recibir el impacto de un rayo se produce una absorción lumínica y se activa la máquina correspondiente, por lo que habrá que aplicar los principios de seguridad por redundancia o fallo orientado, según conviniera, con el objetivo de evitar que otras máquinas o equipos de trabajo se activen sorpresivamente de forma peligrosa y con consecuencias graves o muy graves para el trabajador. Se recomienda, por ello, señalizar los elementos (fondo, caracteres, señales, flechas, pictogramas) de un panel o cartel o complementario cuyo destino sea el de ser visto desde un vehículo en movimiento, exceptuando los de color negro o azul oscuro, deberán ser retrorreflexivos en su color. En el caso del compactador que no esté en funcionamiento, a medio metro de distancia puede resultar imperceptible; a menos, con cualquier chaleco retrorreflectante, la línea quedaba a la altura de la máquina (preparación de microesferas y microprismas).
A veces puede ocurrir que por muy controlables que estén los factores de riesgo, se apliquen los principios de la acción preventiva o se logre pergeñar un verdadero sentido de la integración preventiva, algunos sucesos inesperados pueden dar pie a situaciones embarazosas, de ahí que Rafael Bretones se afane sin dudarlo en la busca del “plus” preventivo: “trato de conseguir el cumplimiento de la normativa y mucho más. Afortunadamente, he contado siempre el apoyo de mi dirección en la toma de medidas en Prevención de Riesgos Laborales. Perder todas las posibilidades de ser sancionado no es fácil, porque si cumplimos con la legislación vigente, no sería suficiente. Podemos caer en manos de desaprensivos que nos armen un lío. No vale quedarse con lo exigible, pues existen otros esquivos legales ante accidentes de especial peligrosidad”.
El señor Bretones alertaba sobre la especial peligrosidad de los accidentes provocados en atmósferas explosivas, no por la frecuencia, sino por sus virulentas consecuencias e impacto: “las atmósferas se presentan no sólo en polvos, gases o partículas en suspensión, pero los resultados son brutales: muertos, heridos o destrucción de muchas empresas”. ¿Quién cumple con el R.D 681/2003? Bretones buscaba la respuesta a su propia pregunta: “muy pocas empresas han elaborado el Documento contra Explosiones. Antes o después, esos accidentes ocurrirán y no estaremos preparados”. Extremar la precaución en el trasvase de sustancias tóxicas o peligrosas (descarga/ carga de cisternas de productos químicos) en el transporte por carretera o por ferrocarril. Recordó la caída en desuso del Consejero de Seguridad para el control de los procesos preventivos (Ejemplo: sosa caústica, ácido nítrico, ácido clorhídrico), por lo que recomendó retomar su nombramiento, apelando por extensión a la presencia del “Recurso Preventivo”, con su consecuente obligación añadida para el fabricante.
Medidas técnicas implantadas para la prevención y protección contra explosiones. A partir de la evaluación de riesgos de explosión, se deberán tomar una serie de medidas encaminadas a eliminar el riesgo, a prevenirlo y en su defecto, a protegernos de los efectos del mismo.
۝Mención capitular merece el caso de Harineros Porta. Veamos el prólogo apuntado en la Reunión de la Comisión de Control y Análisis del accidente: “el día 17 se reunió en la Dirección General de Trabajo la Comisión de Control y Análisis del accidente de Harineros Porta: “el informe de la empresa, que ha sido entregado a los miembros de la Comisión, atribuye el origen del siniestro a un rayo, tal y como se hizo público a través de los medios de comunicación”.
Al respecto, el informe de la Policía Científica, en manos del Juzgado de Instrucción nº2 de Huesca, achaca el origen del accidente a la realización de trabajos de soldadura en el interior de un silo. Las investigaciones realizadas permitieron situar el origen de la explosión en las chispas producidas por el roce de unos rodillos con partículas metálicas y escoria. Propone una propuesta metodológica basada en cuatro etapas: introducción, recogida de datos del accidente, actividades previas a la explosión y aspectos técnicos-jurídicos.
Prevención y protección: adoptando las medidas de carácter técnico y/u organizativo para la protección contra las explosiones.
Coordinación: cuando en un mismo lugar de trabajo desarrollan
sus actividades trabajadores de diferentes empresas.
Clasificación de zonas, de acuerdo con su peligrosidad.
Zona gas Polvo
21 2D o superior
22 3D o superior
Elaborar y mantener actualizado el documento de protección contra
explosiones que contempla todos los aspectos indicados en el
RD 681/2003.
Plan de actuación para eliminar los riesgos detectados, según Real Decreto 681/2003, ATEX.
TERCERA PONENCIA: Procedimientos e instrumentación para el “Perito Preventivo”. ¿Asesoramiento y apoyo técnico a la promoción? D. Julio Miño Terrancle (presidente de ACESSLA, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales y Profesor de Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad Pablo de Olavide).
Acotadas las competencias profesionales del prevencionista en el Reglamento de los Servicios de Prevención, D. Julio Miño quiso añadir un cuarto punto al artículo 37, hasta ahora no reflejado: “funciones del Técnico Superior”, desde el asesoramiento y apoyo técnico a la promoción: “si se revisa detenidamente la legislación, el papel fundamental del TSPRL es el de apoyo y asesoramiento técnico, si bien, a nivel jurídico, caben ciertos matices respecto a las funciones legales del profesional, según se halle inserto en un servicio propio o en una entidad especializada ajena. De este modo, no pierde de vista lo expuesto en el Art. 31.3 de la Ley de Prevención 31/95: “servicios de prevención: deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes: diseño, implantación y aplicación del Plan de Prevención y evaluación de los factores de riesgo.
Converger en las competencias profesionales del Técnico abre la necesidad de establecer una diferenciación entre las competencias básicas y transversales, partir de lo previsto por la legislación y según lo que se puede colegir de los años de experiencia desde la vigencia de la misma, podrían dividirse en dos grupos las competencias que serían necesario capacitar al técnico superior de PRL:
a) Básicas: funciones legales del Técnico Superior como Gestor (o de asesoramiento y apoyo técnico).
b) Transversales: Rol de Promotor y Agente del Cambio. Esta dimensión propuesta propasaría la gestión documental y el mero asesoramiento técnico especializado. son fundamentalmente todas las que se comprendan en éstas capacidades: formar, comunicar, negociar y liderar, como llaves propiciatorias de la implantación de las propuestas preventivas y la interdisciplinariedad de los Técnicos. Se escuda, de este modo, en la confluencia de las habilidades de comunicación en el proceso entre emisor y receptor, negociación como carta de entendimiento entre las partes, pedagogía para inculcar los valores preventivos, estadística como herramienta analítica objetiva, centrándose en el resultado consumado y no al libre albedrío del criterio interpretativo.
El presidente de ACESSLA se preguntaba: ¿por qué necesitamos mejorar las competencias básicas y transversales?: “el trabajo del TSPRL tiene un componente importante de interdisciplinariedad entre especialistas de la disciplina, y también respecto a los de otros (recursos humanos, mantenimiento, logística o producción). Tal exigencia implica un alto grado de formación en métodos y procedimientos de evaluación y planificación y, en general, competencias básicas, pero ¿en que nos puede ayudar el plan de prevención a tal efecto, y las competencias transversales?”
¿Cómo formar o mejorar tales competencias?: en su opinión “la mayoría de estas materias han de ser incorporadas a una carrera, a un título de grado. Lamenta la desgracia de no contar con firmes proyectos serios, de modo que los postgrados o/y las asignaturas transversales de las diferentes carreras deberían ser los que encaminasen al profesional para ejercer en lo distintos campos: gestión, coordinación obras, apoyo especializado, asesoría y auditoria, peritaje, donde la adecuación está en determinar la forma didáctica que proceda: especialista, experto o postgrado.
En otros países de la UE se está imponiendo la acreditación de profesionales a partir de certificaciones estandarizadas acreditadas por los organismos notificados del Estado y asignadas por las organizaciones profesionales de carácter asociativo y profesional. A falta de una acción formativa de carácter global y cohesionada, puede que la estandarización de tales competencias sea algo positivo para alcanzar un mayor rigor en la práctica profesional.
Con respecto a la evaluación de riesgos, asegura ser la base de todo el sistema de prevención como la principal técnica analítica, resquemor al aire: ¿se nos ha formado al respecto? Buscar en la reflexión le lleva a dar con una posible respuesta:”afortunadamente contamos con las Notas Técnicas Preventivas y Guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, pero ¿sabemos adaptar sus indicaciones a las necesidades de una concreta empresa?, ¿bastaría con la metodología simplificada?. ¿Existen convenios colectivos o normas Une que asuman decisiones referidas a los criterios y metodologías de evaluación?”.
Por su parte, planificar la prevención desenfunda su primera actuación en la asignación específica de la medida al riesgo generado, dejar atrás el concepto de ser responsable como acto de salvamento a la implementación real, proponiendo unos plazos de ejecución cumplibles. Se llega así al reto de la participación practicada: ¿qué procedimiento es conveniente utilizar para que se impliquen los involucrados? Habría que discernir en qué materias fuese necesario incluir, por ejemplo un documento relativo a medidas de formación, vigilancia de la salud, control y seguimiento.
Acertar o fallar en el peritaje en cierta medida va unido a la calidad exhibida en la investigación, control y revisión de la misma. Sin ellas no se podría corregir, comprobar ni mejorar el sistema. Así, D. Julio Miño se pregunta: ¿qué metodología conviene utilizar a tal efecto?, ¿se encuentran en el mercado acciones formativas que nos ilustren sobre las metodologías a nuestro alcance y sobre la mejor manera de aplicarlas?, ¿sabemos qué tenemos que hacer y qué canales conviene seguir para que la empresa se reaccione convenientemente? Es el profesional quien debe encontrar la pauta a seguir, pues nadie puede actuar por él.
¿Cómo formar o mejorar tales competencias?: últimamente se ha generalizado la impresión de ver la formación como medio de integración cada vez más incipiente, sin olvidar la relevancia del clima laboral y su gestión, la política real de la empresa en relación con los asuntos de personal (tiempo de trabajo, salario, conciliación entre vida familiar y laboral, discriminación, ritmo y organización del trabajo, tipo de mando, selección y reclutamiento), por lo que se antoja decisiva la planificación de una acción formativa que permita a los mandos asumir sus funciones de integración y al personal la autogestión de sus riesgos (gestión integral del factor humano en definitiva).
Antes de acabar con su exposición recordaba algunos de los valores que deben incorporarse a la investigación como recolectora de principios ineludibles:
1) Debe ser medible, fácilmente definible, controlable y mejorable.
2) Procurar la calidad se requiere rigor técnico: “praxis” y profesionalidad, constando en un escrito constitutivo.
3) La mejora continua vendría dada por el resultado, los medios disponibles, su dimensión omnicomprensiva (todos los aspectos deben concordar en orden y significado inteligible, es decir, deben ser fáciles de entender y a su vez tener una relación), global (no tomada por fascículos, sino que los integra en una investigación) y dinámica, en avance, adaptable a los cambios.
CUARTA PONENCIA: Función pericial y otras vías de formación y trabajo autónomo para el Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales”.
Josep Orritz Virós, presidente de Aepsal (Asociación de especialistas en prevención y salud laboral) y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, bebía a sorbo el trago amargo para pronto digerirlo y afinar la voz: “la transposición de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se hizo siete años tarde y mal”. ¿Cuáles son los nuevos campos o especialidades? Como Auditor de sistemas de la prevención, elaboración de planes de autoprotección o formador en materias como técnicas de relajación, seguridad vial o prevención de incendios.
Inicialmente destacó, entre otros aspectos, la vía profesional del auditor desde la posibilidad de sostener la llevanza preventiva a través de una entidad externa especializada, requerimiento que induce a poner el compromiso en manos de una tercera persona, física o jurídica, Artículo 33: “Autorización 1. Las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención habrán de contar con la autorización de la autoridad laboral competente del lugar donde radiquen sus instalaciones principales, previa solicitud”. Como condiciones generales, subraya el presupuesto carácter técnico y cognitivo sobre la materia, disposición de medios adecuados, reflejado en el artículo 32 del Reglamento de los Servicios de Prevención 39/97, pendiente de un mayor desarrollo reglamentario. Advierte, al mismo tiempo, del marco de incompatibilidades encontrado cuando los lazos relacionales pudieran extralimitarse a un estrecho trabajo técnico preventivo, si mediaran otros aspectos comerciales o mercantiles con los Servicios de Prevención Ajeno o empresa auditada.
Tercio siguiente, con la apertura del capítulo de los planes de autoprotección, Orritz propone partir del mínimo marcado en la Ley de Prevención 31/95 y apretar las clavijas hacia las obligaciones colaterales: “el empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas”.
Tales aspectos embebidos del talón preventivo en medidas de emergencia (artículo 20) promueven acercarse a otras fronteras a derribar, en cuanto su ejercicio pueda resultar impracticable, no por la dificultad, sino por no haber experimentado su práctica. Identifica la necesidad de retrotraerse diez años en el tiempo desde la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para informar de la protección física de las personas como escudo ante rescoldos que pudieran impedir el derecho a la vida y la integridad física por ausencia de medidas protectoras. como deber fundamentado y organizado, articulado en la Exposición de Motivos de la Ley de Protección Civil 2/1985, de 21 de enero. Así lo esclarece el apartado I. Fundamentos: “la magnitud y trascendencia de los valores que están en juego en las situaciones de emergencia exige poner a contribución los recursos humanos y materiales pertenecientes a todas las Administraciones públicas, a todas las organizaciones y empresas, e incluso a los particulares, a los que, por tal razón, mediante Ley, con arreglo al artículo 30.4 de la Constitución, podrán imponérseles deberes para hacer frente a los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, auténticos presupuestos de hecho de la protección civil”.
Siguiendo esta línea trazada, se sale del regreso hacia la década de los ochenta para avanzar hacia el año 2007,fecha en la que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección, donde se despeja la duda relativa a las condiciones para la redacción y firma del Plan en el apartado 3.3.1: “técnico competente capacitado para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección frente a los riesgos a los que esté sujeta la actividad”, evidenciando un vacío laxo, sin concretar quiénes pueden hacerlo, con lo cual tratándose de una competencia del Técnico Superior en P.R.L, habría que descartar otro tipo de requerimientos que pudieran resultar discriminatorios o motivos de descarte. Si bien los Servicios de Prevención suelen copar habitualmente el desarrollo de los Planes de Emergencia y Autoprotección, se abriría aquí una licencia para el desarrollo del Trabajador Autónomo.
Formativa y técnicamente, detenerse en el análisis del entramado organizativo nos dejaría importantes pistas orientativas sobre cómo debería ser la enseñanza y el enfoque de las actuaciones preventivas en relación a los planes de autoprotección y medidas de emergencia: II. Organización “la extraordinaria heterogeneidad y amplitud de las situaciones de emergencia, así como de las necesidades que generan y de los recursos humanos y naturales que han de ser movilizados para hacerles frente, convierten a la protección civil, en primer lugar y esencialmente, en un problema de organización. Ejemplo: estudiar el Plan de Emergencia y Autoprotección del emplazamiento sería condición básica para una preparación didáctica adecuada, pues dejaría numerosas ideas al Formador para programar preparar su clase, al archivar valiosas aclaraciones sobre dotación de equipos de extinción (Bocas de Incendio Equipadas, columnas secas, hidrantes exteriores, extintores, pulsadores de alarma, avisadores acústicos y luminosos, puertas de emergencia, huellas y contrahuellas o escalas de servicio) entre muchos frentes de seguridad estructural en el edificio. Ahondar en su estudio, velar por su adecuada colocación, programar ensayos específicos o ejecutar los simulacros anualmente entre los equipos de intervención y personal designado (primera y segunda intervención, alarma y evacuación, control de comunicaciones), pues entrenar al equipo sería anticiparnos a situaciones futuras.
El presidente de Aepsal lamenta la “falta de espíritu emprendedor por parte del autónomo”, preocupado porque veladamente la competencia no te derrote, pues si la legislación no articula competencias funcionales para el Técnico Superior como freelance, las competencias descritas no dejarían de ser posibilidades tomables y evanescentes, anunciadas y prontamente diluidas al alcance del trabajador por cuenta propia, aunque difícilmente compartibles con redundancia positiva hacia el receptor de su servicio, ya que habitualmente se suele optar por el servicio completo a través de un Servicio de Prevención Ajeno.
Se trata, por tanto, de un incierto panorama, pues el formador podría impartir magisterio sobre planes de autoprotección, planes de movilidad, seguridad vial o técnicas relajación, prevención del acoso laboral y otras materias, si bien su valía residiría en la calidad del programa y no en la validez legal ante efectos inspectores. El autónomo en plantilla, finalmente, una trampa legal, pero habitual. Contratar un TPRL, unas pocas horas al mes, nombrarlo “trabajador designado” y encargarle todos los aspectos de la gestión de la prevención, excepto la vigilancia de la salud.
Concluye Josep Orritz que el consultor en Prevención, recién asomada figura, no puede hacer más que asesorar, invita al formador a que abarque aspectos relevantes sobre lo que imparta y al empresario a que invierta en prevención: “ante un inspector, éste verá que ha cumplido por encima de lo obligatorio, con lo que mirará a la empresa con otros ojos”.
QUINTA PONENCIA. Competencias básicas y transversales: el Papel del Prevencionista como Asesor y Promotor. Julio Miño Terrancle.
Superado el ecuador de la jornada, se iniciaba la segunda Mesa Redonda titulada: “certificación y mejora de las competencias profesionales acreditadas: el papel de las asociaciones y organizaciones de Prevención”. Moderada por D. Juan Carlos Rubio Romero, Director de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Málaga, vocal de Acessla, compartía su comprometida preocupación con la profesión: “tenemos un serio problema en la libre movilidad de profesionales”.
Tras una breve e inspirada declaración, cedía la palabra nuevamente a Julio Miño para desgranar los puntos principales del marco competencial del prevencionista, proponiéndose: “fomentar la información y comunicación entre trabajadores, a través de herramientas técnicas y de forma multidisciplinar. Los procedimientos de seguridad deben ir acompañados: ¿quién es el responsable, en qué nivel jerárquico, qué se nos pide? Para que se apliquen no hay nada mejor que la formación e información y apostar por los formadores como los agentes de la dinamización”. Añadía un expreso recordatorio sobre el papel promocional: “quien promueve es la administración: asesoramiento y apoyo técnico”.
Persiste en la idea de orientar las funciones básicas y legales del Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales como gestor (asesoramiento y apoyo), con la observancia de la Planificación como herramienta asignadora de medidas, partiendo de la investigación, el control y la revisión. Las competencias básicas y transversales son competencias legales a las cuales la acción formativa superior existente en forma de másteres y carreras prestan poca atención (Anexo VI del Real Decreto 39/97).
Avivar el debate de la formación continua del especialista nos lleva a un cuestionamiento necesario para evitar el presunto retroceso conformista asociado a la capacitación profesional, al dejarnos llevar por la propensión pegadiza a la consecución de la titulación, es decir, seguir la cadena compuesta por la etapa formativa, superación de los exámenes, pruebas de evaluación y obtención del título en papel couché a enmarcar en el cuadro, valdría muy poco si luego descuidásemos el aprendizaje continuado, pues conforme avanzan las normas, cambian las condiciones de trabajo o evoluciona la técnica, la capacitación profesional iría en consonante exigencia para estar al tanto de la actualidad, nuevas tendencias y requerimientos profesionales.
El presidente de ACESSLA se apoya en el positivismo como estímulo permanente a seguir en un proceso de actualización constante hasta empezar a desbrozar válidos recursos: alcance de los requisitos jurídicos y jurisprudenciales, capacidad de gestión del sistema preventivo y buscar el justo medio de ser un buen técnico, aspiración difícilmente conseguible si no versa sobre un conjunto de valores, motivacionales, permanencia en la profesión y disposición de un respirable clima laboral. Del marco jurídico laboral y la jurisprudencia se pueden obtener nociones de las obligaciones, cuestiones organizativas y de reparto de funciones que suelen ser las causas principales del riesgo.
Si nos preguntásemos: ¿qué es el perito? Recurriríamos a la calidad técnica de su “praxis” y su rigor profesional han de quedar formalmente expuestas y reflejadas en el escrito constitutivo del dictamen, único instrumento a disposición del perito junto a, en su caso, su oratoria, para influir positivamente en la valoración del juez, que tendrá entre mano otros muchos asuntos. Para ello tal escrito ha de tener en cuenta determinados requisitos formales y estructurales: extensión, formato, apartados, plazo de entrega (cinco días antes del acto o de la vista). Se basa en datos percibidos fehacientemente o deducidos de estudios y diligencias previas.
Dado el bien jurídico protegido (la integridad y la vida de la persona), todas las acciones de los directivos y órganos decisorios (incluidas las de los técnicos) conllevan responsabilidades legales con carácter punitivo o sancionador. El perito asume correlativamente a su función una serie de deberes, sin perjuicio de los derechos asistidos (ganancia de honorarios profesionales, buen nombre, prestigio y reputación o derechos de propiedad intelectual). Tales deberes responden a la elaboración del dictamen, neutralidad, argumentación judicial, reserva del secreto y sigilo profesional (no revelar aquellos datos que pudieran resultar atentatorios contra nosotros mismos, por prudencia hacia nuestro ejercicio o por no querer encender la luz en el túnel).
Estar a la altura de las confrontadas expectativas entre las diferentes partes plantean el uso del raciocinio, objetividad e imparcialidad, excluyéndose de asuntos respecto de los cuales se haya visto involucrado por razones profesionales o afectivas, de forma que rechace su nombramiento o, si ya hubiera sido nombrado, eluda la emisión de cualquier dictamen en el que tal objetividad pueda quedar en juego por afectación de su independencia. Sería más fácil hablar de funciones que de deberes, por cuanto el profesional goza de la responsabilidad de dar un servicio de calidad, a tal efecto se debe tener presente: Que esta calidad es perfectamente medible, definible, mejorable y sujeto a control para garantizar los requisitos técnicos.
Subyace a buen puerto la seguridad laboral al amparo de un ordenamiento jurídico a veces contradictorio, heterogéneo y variado, enraizado en el derecho comunitario y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, además de contar con los contenidos de la negociación colectiva como fuente particular del Derecho del Trabajo. Cuestión aparte es la normativa técnica (normas UNE, ISO o guías técnicas), pues aunque no revista eficacia jurídica, arropa un carácter casi preponderante. Más allá de la norma, se posiciona la “actitud preventiva”, comportamiento o forma de actuar que implica predisposición para prevenir los riesgos laborales, acompañante de una cadena de acciones proactivas agrupadas en una normativa jurídica y técnica.
Peritar es un verbo que implica investigar el accidente, por lo que en el proceso de recogida de datos convendría alinear las actuaciones. De esta guisa, Julio Miño nos plantea cómo esbozar una hoja de ruta, basándola en las siguientes etapas:
1º) Personación: a la mayor brevedad posible, acudir al foco de origen ¿qué ha sucedido?, ¿está todo intacto?, ¿se han producido daños mayores aparentemente?
2º) Inspección visual: acudimos secundados por los responsables y acompañantes del accidentado, intentando reconstruir la escena y observando las causas sin resolver.
3º) Entrevistas: colectivas (al mayor número de testigos) y de carácter individual por separado, sin emitir apreciaciones subjetivas (en su caso se acude de nuevo al lugar para seguir la reconstrucción y confrontar contradicciones).
4º) Conclusiones: se derivarán de las diferencias mediantes entre el patrón normal de la actividad y el del accidente (comparativo).
5º) Aprovisionamiento y empleo de listas de chequeo (check lists), en caso de ignorar los factores de riesgo, detonantes y razones concurrentes.
SEXTA PONENCIA: “Formación de Nivel Superior del Prevencionista. Perspectivas de desarrollo y nuevas competencias profesionales”. David Cobos Sanchiz (Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide).
Coordinar la libertad de enseñanza predispuesta para las universidades españolas con lo regulado en el Espacio Europeo de Educación Superior a menudo despierta un recelo, si se toma comparativamente los planes de estudios en relación con otras titulaciones académicas. Se funda la incógnita en determinar la conveniencia de funcionar como Grado o Máster el itinerario formativo, pues habría que valorar que la composición de las asignaturas integradas en un cronograma iría en función de las exigencias adaptativas al desarrollo del profesional. De este modo, influirían una serie de condicionantes respecto al alumnado de carácter geográfico (ajustarse a lo marcado en la universidad más cercana si por otras circunstancias no pudiera desplazarse a otra ciudad donde cursar un plan de formación más completo en la disciplina), económico (el coste formativo aumentaría por ECTS matriculados. A mayor duración, mayor será el coste, salvo recurrencia a la opción del ahorro becado, de reunir los requisitos para su usufructo.
La dificultad real reside en empezar a conciliar la unificación de criterios sobre los planes educativos con la opción abierta para que sean las propias universidades quienes estructuren sus propios estudios, de acuerdo a sus necesidades, informes de idoneidad, recursos humanos (designación y disponibilidad del Profesorado Titular, colaboradores ad honorem (sin condiciones asalariadas) y técnicos (infraestructuras, instalaciones, aulas, equipamiento audiovisual, soportes de seguimiento interactivos, interfaces comunicativas entre profesores-alumno.La Declaración de Bolonia de 19 de mayo de 1999 levantaba los cimientos sobre los que planearía la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior y así empezó a consolidarse el proyecto iniciado un año antes en la Universidad francesa de la Sorbona. Entre todas las instituciones confluyentes en el proceso convinieron que había llegado el momento de armonizar una superestructura supranacional, integradora de cada nación y con aplicación más allá de cada frontera, con sólidos pilares, basamento de los países miembros de la Unión Europea, respetando la Constitución y normativas nacionales específicas de cada país. Fruto del consenso se crea una Europa del conocimiento prometedora del fortalecimiento entre las esferas intelectuales, culturales, sociales y técnicas (Alemania-Francia-Italia-Reino Unido). David Cobos interpreta la arquitectura educativa creada, gracias a seis líneas de actuación:
1. Adopción de un sistema de titulaciones fácilmente comparables. En el marco europeo, se adopta un sistema basado en tres ciclos (grado, máster y doctorado): Se sigue el modelo anglosajón, las titulaciones, con un primer ciclo generalista de 3-4 años de Grado y un segundo ciclo más específico de 1-2 años concebido para la etimología del Máster. Se consigue, de este modo, eliminar la distinción entre diplomaturas y licenciaturas.
2. Composición fragmentada en dos ciclos. Grado Universitario: 180-240 ECTS; Posgrado: Máster y Doctorado, en algunas universidades: 60-120 ECTS. David Cobos intuye que “la tendencia será a que vuelva el 3 más 2”. En Andalucía, se da la coincidencia de contar con 8 universidades provinciales y 8 másteres oficiales en Prevención de Riesgos Laborales, con la excepción de una sugerente denominación: “Máster Universitario en Seguridad Integral en la Industria y Prevención de Riesgos Laborales” (Universidad de Sevilla, 60 ECTS).
Las universidades de cada capital de provincia caracterizan sus programas por algunas de las siguientes especificaciones: Granada cuenta con un total de 90 ECTS divididos en tres bloques (formación general, técnicas en PRL y especialización técnica), la Universidad de Málaga, con 75 ECTS, distribuye su calendarización en tres semestres, Cádiz reduce a 60 créditos la carga lectiva, dividiendo su itinerario en las especialidades clásicas de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada, apostando así por la facilidad organizativa. Huelva posibilita a través del máster el acceso a los estudios de Doctorado, troncalidad más especialidad optativa. Llama la atención que las tres especialidades originales son optativas, es decir, el alumno sólo contaría con una de ellas en el caso de superar satisfactoriamente el ciclo. Jaén, a diferencia de la clasificación asumida por las demás universidades andaluza perteneciente a la rama de ingeniería y arquitectura, entronca su curso con el Área de Ciencias Sociales y Jurídicas, un año y 60 créditos. Habitualmente, 30 ECTS suelen corresponder a un semestre. Córdoba, por su parte, asoma la cabeza por la amplitud de la plantilla del Profesorado: 22 maestros especializados por asignatura. Por último, Almería sigue la línea de los 60 ECTS, 42 de ellos obligatorio, 12 de prácticas externas y 6 de trabajo final. Todas ellas pueden diferir en ciertos matices de la parte teórica troncal y especializada, variadamente programable, si bien tienen en común el Prácticum obligatorio y el Trabajo Fin de Máster.
3. Establecimiento de un sistema de crediticio europeo. Las siglas ECTS “European Credit Transfer System” se desmigan como sistema europeo transferente de créditos con el acento incorporado a la ponderación no sólo las horas lectivas teóricas (es decir, las impartidas por el profesor y las horas de examen), sino también un expreso reconocimiento al volumen de trabajo que debe ser realizado por el alumno (seminarios, horas de estudio, indagaciones). El crédito ECTS equivale a unas 25 a 30 horas y describe los estudios cursados para hacer posible una homologación y comparación a nivel europeo. El alumnado, de este modo, se forma primero en la teoría, libra prácticas externas y por último compone una tesina o “Trabajo Final de Máster”. el objetivo es que el Técnico formado que vaya a ser contratado ideas preconcebidas sobre la práctica laboral, es decir, contar con una formación general teórica y práctica, siendo complementada por la específica inherente a la actividad empresarial.
4 .Movilidad de la comunidad universitaria. Se cuenta con ahora con la ventaja de contar con un sistema crediticio que permite el desplazamiento, al poder convalidar los créditos de los Planes de Estudios, gestionada por la “Oficina de Títulos y Convalidaciones” de cada Universidad. En este punto se produce una permeabilidad del estudio: se pasa de la semejanza interuniversitaria en los Planes de Estudios al alza de la libre oferta académica: “interoperabilidad”.
5. Promoción de la cooperación europea en materia de evaluación de la calidad. Emisión de informes sobre los planes de enseñanza, transmisión comunicante entre centros y departamentos universitarios, recepción, análisis y deliberación para la extracción de conclusiones, estudios comparados, realización de sondeos.
6. Promoción de la dimensión europea integradora de dos elementos: transparencia y control de la calidad (agencia externa ANECA). Estudios del profesorado, metodología, sujetos a control permanente (Acredita Audit). A nivel burocrático, sólo cabría esperar a la actuación Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo negociar las condiciones para llegar a un acuerdo con el Ministerio de Educación para así transponer el Anexo VI del Reglamento de los Servicios de Prevención a los planes de estudios universitarios, consiguiendo así una viva combinación de atributos en relación a los conocimientos, habilidades, responsabilidades y actitudes al final del proceso educativo (proyecto Tunning).
SÉPTIMA PONENCIA: “Desarrollando un estándar internacional sobre competencias del Prevencionista: la apuesta de ENSHPO”.
El Catedrático de la Universidad do Minho de Portugal, Sr. Sá Rodrígues Miguel, llegó a Sevilla con el propósito de transferir las bondades del esquema ENSHPO. Este modelo se basa en un proceso de certificación voluntaria de Técnicos de Prevención, cuyo objetivo es facilitar la transmisibilidad y comparabilidad a nivel internacional, definir una cualificación europea mínima. 2 niveles: EuroOSH Manager (2008): “Dialogue Partner” y EuroOSH Technician (2009): Parlamento Europeo.
Los contenidos de la certificación engloban competencias troncales: se estudian los factores de riesgo, se crean mecanismos de control del riesgo y se forja la estancia de prácticas: solución de problemas, asesoramiento y un plan desarrollo profesional (CDC).
La estandarización del modelo encalla con el determinismo subyacente, en el amplio sentido de emprender los programas desde un marco de compromisos meditados y proyectado hacia la conjunción de valores éticos (honestidad financiera, independencia o desapego en la toma de decisiones importantes, imparcialidad a la hora de optar por probar con resultados objetivos en lugar de criterios subjetivos, profesionalidad y alta capacidad en la resolución de conflictos). Antes de enrolarse en el programa, el alumnado se firma un pacto de acuerdo mediante la rúbrica de un código de conducta. Además, se permite una fluida comunicación entre la administración y los interesados con la puesta en funcionamiento de un buzón de reclamaciones y un Comité de Ética con atribuciones asumidas para regular las conductas negligentes que por parte del Técnico de Prevención pudieran implicar su destitución. Se opta, de esta manera, por un mayor control en la profesionalización del prevencionista.
Inicialmente, se perfila un examen de gobierno elaborado por la asociación técnico-profesional. Superar la prueba de formación concede la garantía de haber obtenido las especificaciones funciones, temarios o resultados de aprendizaje debidamente evaluados. Luego, se produce una verificación de la calidad de los proveedores de la formación gracias a la puesta en disposición de una instalación técnica diseñada para tal efecto y a través de un barómetro de la formación con doble aguja, auto-informe de los logros y especificación del nivel y una maneta de accionamiento, proyecto de prácticas donde se brinda la oportunidad de aplicar las medidas necesarias. Transfunde este paradigma su bloque de especificaciones para aterrizar en la capacitación profesional práctica de los estudiantes. Sucede antes de recalar en el ámbito profesional o tras un periodo de reciclaje fundado en la realización de proyectos. La formación debe brindar la oportunidad de que los participantes apliquen los nuevos conocimientos y habilidades sobre PRL a sus propios puestos de trabajo, reportando los procesos de diagnóstico y propuestas de intervención.
ENSHPO aprueba los esquemas de certificación nacional de manera total o parcial Cuando es parcial: ENSHPO asesora individualmente sobre los criterios que se han de completar a cada solicitante Posible descentralización del registro y asesoramiento a las entidades nacionales.
El también Vicepresidente de la Sociedad Portuguesa de Seguridad e Higiene Ocupacional expuso cómo se mide el Desarrollo Profesional Continuo (CPD), al concurrir tres opciones: asistencia documentada a cursos de formación, experiencia profesional documentada, sistema de puntaje con requerimiento mínimo de 2 años (Técnicos, puestos de trabajo como gestor). Justamente, se trazan las siguientes competencias a modo de torbellino de ideas: nivel básico, Grado Universitario y proyecto de aplicación práctica. Evaluación del riesgo, gestión de Prevención de Riesgos laborales, información, comunicación y PRL; factores humanos, asesoramiento y habilidades en la gestión del cambio.
Todo un cúmulo de buenas intenciones compuestas bajo una ficha temporal de 250 horas, 150 examinadas en un nivel mínimo: Grado universitario o en un Proyecto de aplicación práctica durante la formación: 2 años de experiencia profesional PRL, bloque troncal definido en 120 horas de formación, accediendo incluso a un escalafón inferior: Bachiller Superior, Proyecto de aplicación práctica durante la formación, 2 a 4 años de experiencia laboral (80 examinadas), temas troncales definidos. La cronología se adecua, por lo visto, al nivel de partida del participante.
Con respecto a los vericuetos de la certificación, la ENSHPO avoca la potestad de autorizar o desestimar los esquemas nacionales total o parcialmente. Cuando es parcial, se aboga por la descentralización. No en balde, cuando se opta por la vía de la globalización (Australia, Nueva Zelanda, Canadá…). Proyecto EUSAFE. European Qualification for occupational Safety and Health Professionals”.
Ante la problemática sobre la heterogeneidad de legislación en Prevención de Riesgos Laborales, Sergio Sá Rodrígues se proclama partidario de una regulación europea y nacional honda en la rigurosa trasposición a la práctica. No entendería, por tanto, una cohesión transponedora sin la presencia de mecanismos relevantes de regulación en los ámbitos públicos y privados (Derecho laboral y civil).
La Seguridad y Salud Laboral en el contexto de las políticas públicas de la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales implementa y propicia el progreso de las políticas sobre PRL, organizando los Sistemas de Gestión, organización de los Servicios de Prevención como espadas recubiertas en su punta por una cultura de la prevención, seguimiento, revisión y auditorías de la salud y seguridad. La instrumentación de las metodologías de evaluación de riesgos acompañaría al funcionamiento de las medidas específicas de control de riesgos. La Gestión integraría políticas del entorno medioambiental (identificación e implementación de las medidas específicas de control de riesgos).
Desarrollar buenas prácticas daría consigo disponer de métodos de seguridad en el trabajo e Instrucciones específicas. La investigación de Accidentes de trabajo se comportaría como una actividad fundamental reparadora y técnica que el técnico adoptaría al igual que otros campos como las Ciencias de la Seguridad (maquinaria y equipamiento de trabajo, seguridad eléctrica, en la construcción, incendios y emergencias), técnicas de prevención, trabajos verticales en altura, mediciones de la Higiene Industrial (riesgos físicos, químicos y biológicos, valores límites de exposición y medidas de prevención).
El técnico de prevención actuaría a imagen y semejanza del agente movilizador que activa el aprendizaje organizacional, facilita la comprensión de los aspectos técnicos y gestiona el cambio a capa desquitada. Estimulación de iniciativas para fortalecer los esquemas nacionales de formación. De forma que el reconocimiento por parte de gobiernos, asociaciones patronales y sindicales se antoja primordial para la utilización de los estandars de ENSHPO multinacionalmente.
Deviene pensar que el señor Sá, Catedrático luso, no hizo más que transferir la definición de un modelo autocrítico, práctico y renovador, donde además de lo menciona incluiría el valor adicional de la informática. Un remozado brío en un intento más de armonización del comportamiento humano y seguridad desde el enfoque formativo-preventivo.
OCTAVA PONENCIA. El Anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales y el Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
El artículo 40.2 de la Constitución Española, establece la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo. Y el artículo 2 de la Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales define como objeto de esta ley: “la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo”.
D. Rafael Ruiz Calatrava, Presidente del Consejo General de Asociaciones de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo y Director de Programas y Planes Corporativos de Umivale abría el telón de su intervención con un mensaje inconformista: “vivimos una etapa de cambios, con lo cual no podemos quedar anclado en el consumir, en los sistemas de producción. El mundo está cambiando ante nuestros ojos y no nos da tiempo a llegar”.
Capítulo seguido, mostraba su preocupación por el inquietante presente de los profesionales “muchos van a tener un importante recorte. La colegiación dejará de ser obligatorio, por lo que evolucionaremos hacia una liberalización”. Reforzar el papel de las organizaciones más activas, fluidas, vivas y sustentadas sobre profesionales cualificados lo valora como una vía de entrada hacia un desarrollo normativo donde cada vez cobra más peso la regulación de los servicios y colegios profesionales.
Ambas carteras gozan de una garantía varada en un desdoblamiento: hacia los ciudadanos y hacia colectivos de servicio, por lo que habría que escapar de su formalidad como obligación burocrática y reflexionar en el papel de la Administración, organizaciones patronales y sindicales. Rafael Ruiz Calatrava advierte del vicio: “considero anacronismo que nuestro ejercicio profesional no puede desarrollarse libremente por sí mismo, salvo en un Servicio de Prevención Ajeno y un Servicio de Prevención Propio. No debe crear un cisma, sino un punto de encuentro y confianza”.
Antepone, además, la reivindicación colectivizada al individualismo reclamante, ya que de algún modo no concebiría como ganancia del gremio separarse del camino, tomar el rumbo perdido y pregonar sin efectos sinérgicos, sin que le valga nutrirse de las convicciones de Lawrence de Arabia en “predicar en el desierto”, quien poseía el don de anticiparse a la tormenta y responder sabiamente con el carisma y espíritu necesarios para esquivar lo tenebroso.
Regular la norma de derecho europea implicaría la superposición de asociaciones fuertes, en detrimento de Colegio Profesional, de no existir. Es decir, pone de relieve la necesidad de integrar el deber ético, legal y moral como herramientas para la legitimación de la actividad asociacionista. De no triunfar la colegiación, cabría la oportunidad de aunar esfuerzos intervivos, si bien apela a la ley reguladora de la función de servicios, donde en su artículo 26 recoge la exigencia de colegiación de las” profesiones colegiadas” en lo siguientes casos: materia grave y directa, personas físicas o jurídicas, defensa de los mejores servicios, Registro de títulos por la Autoridad Laboral competente por Comunidades Autónomas.
Lo cambiante del mundo ante nuestros ojos ya no es motivo de debate. La pregunta ahora sería: ¿estamos cambiando nosotros adecuadamente con él?
Sostiene el Sr. Calatrava: “desde 1996 hasta ahora, se ha avanzado mucho en materia preventiva, se ha creado un marco reglamentario y normativo que se homologa al resto de Europa, hemos multiplicado los recursos que teníamos, existe un aumento de conciencia social, los sindicatos y empresarios lo han tomado como una prioridad. El balance es positivo pero tiene insuficiencias y defectos y la crisis económica ha venido a poner un punto y aparte. Habría que valorar la importancia de la Formación Continua. La Ley 31/1995 no lo exige, a diferencia del marco intereuropeo. En modelo anglosajón, probablemente no pasaría”. Retos de la salud laboral.
El debilitamiento de los colectivos profesionales acusado a raíz de la merma en las condiciones de trabajo ha dispuesto hacer frente a las consecuencias de la crisis laboral sobre la salud de las personas: problemas de calado social, físico y psíquico. Opina Calatrava: “éste es uno de los retos más importantes al que habría que hacer frente desde las instancias públicas. El Sistema Nacional de Salud debería poner en marcha dispositivos en centros de atención primaria especializada en atender situaciones de personas cuyo problema de salud viene relacionado con su situación de desempleo; deberían recibir una multiatención especializada pero diversa”. Sugiere al respecto:
establecer una colaboración entre el Sistema Nacional de Salud, las mutuas y los servicios de prevención y las Asociaciones Profesionales. Estos entes interactuarían constantemente.
Ir de la cantidad a la calidad. Se cumplen todos los indicadores de cantidad, formación, valoración de riesgos, reconocimientos médicos, sin olvidar el cómo o know how de la práctica, sin pecar del abuso de la prevención burocratizada y refugiada en la coraza defensiva que no entiende de calidad.
Los síntomas depresivos, los problemas para conciliar el sueño, la ansiedad o las alteraciones neuropsicológicas han insuflado una desmesurada subida en un contexto de tiempos difíciles, donde el 11,4 por ciento de los españoles recurrió en 2012 a hipnosedantes frente al 5,1 que los utilizó en 2005. La inestabilidad laboral arrastra en sí una apabullante carga moral que en muchos casos es difícil de soportar. La crisis está teniendo también efectos colaterales en materia de salud laboral. Añade el Ponente: “las personas que permanecen en una empresa que ha sufrido un Expediente de Regulación de Empleo quedan en una situación de ansiedad y de miedo. Se produce una vulnerabilidad por este miedo. Además, sufren un proceso de estrés porque normalmente el ajuste de plantilla no viene acompañado de una reducción del volumen de trabajo. Más trabajo, mayor intensidad, mayor ritmo y desgaste”.
Indicadores de esta situación apuntan que en el devenir de los dos primeros meses de este año se han producido 87 muertes en jornada de trabajo, frente a las 73 perpetradas en el mismo periodo del año pasado. En 2012, se cobraron 555 víctimas mortales por accidentes laborales en España, sin considerar las enfermedades profesionales “no reconocidas”. Además, como consecuencia de la reducción de medios, formación y recursos en prevención, el 49 % de los accidentes de trabajo se producen en los tres primeros meses de contrato. La tendencia actual agrava el aumento de los siniestros, menos bajas por enfermedad, aunque su duración es mayor, extremo que sin duda está relacionado con la crisis y la calificación de diversas enfermedades profesionales como enfermedad común. Recomienda Calatrava hacer un protocolo de visualización de las patologías de origen laboral y recalca con rotulador amarillo fluorescente el problema de la subnotificación o infradeclaración, sobre todo en el caso de las enfermedades mentales, donde apenas se notifica.
Colector de frases célebres emitidas por los Ponentes.
1) Nuria Orellana, Magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga, intuye la necesidad de “completar el conocimiento del Juez sobre los hechos acaecidos. Se plantea una demanda, se acredita una acción y se implica en el aporte de conocimientos científicos, técnicos y prácticos necesarios para dirimir si cabe la opción de indemnización” entre la función pericial y el auxilio judicial.
2) José María Jiménez, Licenciado en Ciencias Medioambientales, Técnico Habilitado del CPRL de Sevilla y Vocal de la Asociación Científica de Expertos en Seguridad y Salud laboral. “El uso de las cosas no corrige las deficiencias estructurales”.
3) D. Rafael Bretones Oliver, Director del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Grupo Puleva: “perder todas las posibilidades de ser sancionado no es fácil, porque si cumplimos con la legislación vigente, no sería suficiente. Podemos caer en manos de desaprensivos que nos armen un lío. No vale quedarse con lo exigible, pues existen otros esquivos legales ante accidentes de especial peligrosidad”.
4) Josep Orritz Virós, presidente de Aepsal (Asociación de especialistas en prevención y salud laboral) y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, afirma: “falta espíritu emprendedor por parte del autónomo”.
5) Julio Miño Terrancle, Presidente de ACESSLA, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales y Profesor de Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad Pablo de Olavide:”los procedimientos de seguridad deben ir acompañados de: ¿quién es el responsable, en qué nivel jerárquico, qué se nos pide? Para que se apliquen no hay nada mejor que la formación e información y apostar por los formadores como los agentes de la dinamización”.
6) David Cobos Sanchiz, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, sobre la configuración grados universitarios: “la tendencia será a que vuelva el 3 más 2”. Un primer ciclo de tres años y un segundo de dos.
7) El Catedrático de la Universidad do Minho de Portugal, Sr. Sá Rodrígues Miguel, ensalza las virtudes del esquema ENSHPO. “Este modelo se basa en un proceso de certificación voluntaria de Técnicos de Prevención, cuyo objetivo es facilitar la transmisibilidad y comparabilidad a nivel internacional, definir una cualificación europea mínima”.
8) D. Rafael Ruiz Calatrava, Presidente del Consejo General de Asociaciones de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo y Director de Programas y Planes Corporativos de Umivale transmite un mensaje inconformista: “vivimos una etapa de cambios, con lo cual no podemos quedar anclado en el consumir, en los sistemas de producción. El mundo está cambiando ante nuestros ojos y no nos da tiempo a llegar”.
– Rodrigo Rosas Sánchez. Técnico Superior en PRL y periodista.
Encuentro-2013, Lecturas y Editoriales, Portal IV Encuentro

References: artículo 1
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 37
 Artículo 33
 artículo 32
 artículo 30
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 40
 artículo 2
 artículo 26