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Timestamp: 2018-05-27 08:11:05+00:00

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Corte Suprema declara la nulidad de sentencia que resuelve sobre un fundamento no considerado en la reconvención - Actualidad Civil
Boletín Nº 136
Corte Suprema declara la nulidad de sentencia que resuelve sobre un fundamento no considerado en la reconvención
CAS. N.° 15652-2014 AREQUIPA
Emitida el 02 de agosto de 2016
(Publicada en El Peruano, 31/03/2017)
Señor juez supremo Rueda Fernández
Artículos 171 y VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil.
[E]n consecuencia, la sentencia al resolver una pretensión que no formaba parte del proceso, como es el pago total del saldo deudor a favor de los demandados, presenta un pronunciamiento extra petita, infringiendo el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, en cuanto impide que el Juez pueda ir más allá de las pretensiones postuladas en el proceso, encontrándose incursa en causal de nulidad insubsanable conforme al artículo 171 del Código Procesal Civil; por lo que resultando fundado el recurso de casación, corresponde declarar la nulidad de la resolución impugnada, de conformidad a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 396 numeral 3 del Código Procesal Civil.
CAS. N.° 15652-2014
Sumilla: La sentencia recurrida presenta un pronunciamiento extra petita, al resolver una pretensión que no formaba parte del proceso, como es el pago total del saldo deudor a favor de los demandados, infringiendo el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, en cuanto impide que el Juez pueda ir más allá de las pretensiones postuladas en el proceso.
Lima, dos de agosto de dos mil dieciséis.
La causa; con los acompañados, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: Walde Jáuregui, Presidente, Lama More, Vinatea Medina, Rueda Fernández y Toledo Toribio; y luego de verificada la votación con arreglo a la ley, se emite la siguiente sentencia:
I.1 De la sentencia materia de casación. Es objeto de casación la sentencia de vista contenida en la resolución número ciento cincuenta (quince), de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, obrante a fojas mil seiscientos cincuenta y nueve, por la cual la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa resuelve confirmar la sentencia número ciento cuarenta y dos - dos mil diez, de fecha veintisiete de julio del dos mil diez, obrante a fojas mil cuatrocientos sesenta y tres a mil cuatrocientos setenta y tres, que declaró fundada la demanda sobre cumplimiento de contrato en contra de Isabel Ayala Moreno, Karla Rosa Galdos Ayala, Brunilda Soledad Galdos de Ojeda, Avelina Adriana Galdos Gallegos de Ayala, y José Bonifacio Galdos Prado, Teresa Concepción Galdos de Peralta y Gustavo Galdos Quiroz, y dispone que los demandados: 1) Entreguen el área faltante de terreno comprendido por seiscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados; 2) Cumplan con el otorgamiento de escritura pública que deben efectuar los demandados por el predio a que se refiere la transacción del quince de mayo de mil novecientos noventa y cinco; y 3) El pago de ocho mil ciento setenta y dos nuevos soles con tres céntimos por concepto de frutos industriales dejados de percibir por los recurrentes en el área de seiscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados, y el pago de intereses legales que serán calculados en ejecución de sentencia. Asimismo, integrándola dispusieron que, los demandantes cumplan con el pago total del saldo deudor a favor de los demandados, ascendente a US$ 1,800.00 (mil ochocientos dólares americanos) más los intereses legales devengados por dicho saldo deudor desde la fecha de su incumplimiento hasta la fecha efectiva de pago, que serán determinados en ejecución de sentencia, en tanto no se cumpla con esta obligación previa, no resulta exigible el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los accionados.
I.2. Del recurso de casación y de la calificación del mismo Marcelino Gutiérrez Neira ha interpuesto recurso de casación, con fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, por auto de fecha once de setiembre de dos mil quince, se declaró procedente el recurso, por las siguientes causales: i) Infracción del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, sosteniendo que la sentencia de vista en vía de integración dispone que el demandante pague el saldo de US$ 1800.00 dólares más sus intereses legales a la parte demandada, sin que ellos lo hayan requerido, no obstante tenían expedito su derecho de reconvenir y exigir lo que se consideraba un incumplimiento del contrato, mas no lo hicieron, razón por la cual dicha integración infringe lo dispuesto en la norma de referencia, consistiendo la recurrida en un fallo ultrapetita. ii) Infracción del artículo 1426 del Código Civil, argumentado que el articulo denunciado establece que cuando las prestaciones deben cumplirse simultáneamente cada parte tiene derecho a suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo hasta que se satisfaga la contraprestación, lo que en el caso significa que el recurrente no estaba obligado a pagar el saldo del precio ni los intereses, en tanto no se les entregue el área faltante del predio, lo que no ocurre hasta la fecha, sin embargo la integración de la sentencia de vista impone erróneamente la condición de pago del saldo del precio y los intereses, previamente, a fin de recibir el área faltante.
PRIMERO. Delimitación del objeto de pronunciamiento. 1.1. Es preciso identificar el objeto de pronunciamiento que en este caso reside en la denuncia de infracción: A. Infracción del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil. B. Infracción del artículo 1426 del Código Civil. 1.2. Se considera pertinente emitir pronunciamiento, en primer orden, respecto si la sentencia de vista ha incurrido en infracción del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, pues de encontrarse que ha ocurrido ello la consecuencia procesal es la nulidad absoluta de la sentencia impugnada, por lo que carecería de objeto establecer si ha incurrido o no en infracción del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil.
SEGUNDO. Sobre la denuncia de infracción del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil.
2.1. Resulta que la norma contenida en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil[1], contiene el principio de Juez y derecho[2]; que consagra a su vez el principio iura novit curia, que en su traducción significa “el tribunal conoce el derecho”[3], obligando al Juez aplicar el derecho que corresponde aún no haya sido invocado por las partes y lo hayan realizado en forma deficiente; en este caso para resolver la denuncia casatoria, interesa una de las expresiones del principio de Juez y Derecho, que impide al Juez ir más allá del petitorio y de los hechos alegados por las partes (ne eat judex ultra petita partium), implicando que el Juez no puede ir más allá de lo pedido por las partes, bajo pena de incurrir en incongruencia positiva, ni omitir pronunciamiento sobre aquellas admitidas (ne eat judex citra petita partium) pues ello significa incurrir en incongruencia negativa, y cuando se concede algo diferente a lo solicitado por las partes (ne eat judex cifra petita partium) se incurre en incongruencia mixta[4]; la exigencia del pronunciamiento debido en el proceso civil (no infra, citra ni extra petita), se vincula con la exigencia de motivación coherente, adecuada y suficiente, contribuyendo a la seguridad jurídica, en razón de la congruencia de la decisión judicial por la adecuación y correspondencia con las pretensiones de las partes y el contenido de la sentencia.
2.2. En el presente caso, la parte recurrente sostiene que dicho principio habría sido infringido por la sentencia de vista, al ordenar en vía de integración que se pague a favor de los demandados el saldo deudor de US$ 1800.00 dólares más sus intereses legales, sin que ellos lo hayan requerido, habiendo incurrido en un fallo extra petita.
2.3. Al respecto, se advierte que en la parte resolutiva de la resolución impugnada se ha dispuesto que los demandantes cumplan con el pago total del saldo deudor a favor de los demandados, ascendente a US$ 1,800.00 (mil ochocientos dólares americanos) más los intereses legales devengados por dicho saldo deudor desde la fecha de su incumplimiento hasta la fecha efectiva de pago, que serán determinados en ejecución de sentencia, precisando que en tanto no se cumpla con esta obligación previa, no resulta exigible el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los accionados, sustentándose en lo siguiente: i) Que en concordancia con lo dispuesto por el Ad Quem Supremo, es preciso establecer que efectivamente existe un saldo deudor del precio a cargo de los demandantes, quienes no han cumplido con el pago ascendente a US$ 1,800.00 (mil ochocientos dólares americanos), existiendo reconocimiento sobre este saldo deudor impago a favor de los accionados. ii) Que, conforme a la transacción judicial del quince de mayo de mil novecientos noventa y cinco, que obra a fojas diez, aparecen las condiciones de la transferencia del predio sub-litis, no pasando desapercibido que se trata de un contrato con prestaciones u obligaciones recíprocas y que aún no han sido cumplidas por las partes, en particular por la parte demandante, quien para accionar el cumplimiento de las obligaciones de los demandados previamente debió cumplir íntegramente la obligación a su cargo.
2.4. Resulta que en la sentencia de vista se ha señalado que en concordancia con lo dispuesto por esta Sala Suprema se ha determinado que existe un saldo deudor pendiente de pago por parte del demandante, precisado que debió cumplir íntegramente la obligación a su cargo para accionar el cumplimiento de las obligaciones de los demandados, disponiendo que los demandantes cumplan con el pago total del saldo deudor más los intereses legales devengados, a favor de los demandados, precisando que mientras no se cumpla con esta obligación, no resulta exigible el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los accionados.
2.5. Atendiendo a la fundamentación expuesta en la sentencia recurrida, corresponde identificar cual ha sido el pronunciamiento de esta Sala Suprema en el presente proceso. En la Casación N.º 4521-2011- Arequipa se declaró fundado el recurso de casación promovido por la parte demandada, y nula la sentencia de fecha veintitrés de setiembre de dos mil once, emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, al haber establecido que la resolución adolecía de motivación suficiente, en tanto, la transacción judicial del quince de mayo de mil novecientos noventa y cinco contiene obligaciones recíprocas que aún no han sido cumplidas íntegramente por las partes, y no obstante el reconocimiento de las partes de existir obligaciones recíprocas pendientes de realizar, no se tuvo en cuenta al resolver que conforme a la cláusula quinta de la transacción judicial, los ahora demandantes se comprometieron a pagar el precio del predio en armadas trimestrales de $ 1,000.00, precisándose como fechas de tales pagos el quince de agosto y noviembre de 1995, y el quince de febrero, mayo y agosto de 1996 y que el atraso del pago de las cuotas generaría automáticamente el pago de intereses que corresponda a cada cuota y por el saldo del precio en todo caso.
2.6. De lo anotado se extrae que esta Sala Suprema en anterior pronunciamiento se estableció que se había incurrido en motivación insuficiente en la sentencia de fecha veintitrés de diciembre de dos mil trece, al no haberse considerado que los demandantes se comprometieron a pagar el precio en armadas trimestrales, a pesar del reconocimiento de las partes de existir obligaciones pendientes de realizar, originadas en una transacción judicial que contiene obligaciones recíprocas, esto es, se estableció que era necesario emitir pronunciamiento sobre la obligación recíproca de pago del precio incumplida por la parte demandante en relación a la pretensiones de la demanda, a efectos de determinar si el incumplimiento del pago del precio afectaba la prestaciones exigidas a los demandados, mas no resolver pretensiones que no formaban parte del proceso.
2.7. En ese orden de ideas, y siendo que las pretensiones promovidas en el presente proceso son las postuladas por la parte demandante, es decir, la entrega del área de 3,100 m2 que les fue vendido (pretensión principal) y el otorgamiento de escritura pública que deben efectuar los demandados por el predio a que se refiere la transacción del quince de mayo de mil novecientos noventa y cinco (primera pretensión principal) y el cobro de frutos industriales dejados de percibir por los recurrentes en el área de 652.62 metros cuadrados, y los intereses legales del monto que resulte (segunda pretensión principal); en consecuencia, la sentencia al resolver una pretensión que no formaba parte del proceso, como es el pago total del saldo deudor a favor de los demandados, presenta un pronunciamiento extra petita, infringiendo el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, en cuanto impide que el Juez pueda ir más allá de las pretensiones postuladas en el proceso, encontrándose incursa en causal de nulidad insubsanable conforme al artículo 171 del Código Procesal Civil; por lo que resultando fundado el recurso de casación, corresponde declarar la nulidad de la resolución impugnada, de conformidad a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 396 numeral 3 del Código Procesal Civil: “Si la infracción de la norma procesal produjo la afectación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva o del debido proceso del impugnante, la Corte casa la resolución impugnada y, además, según corresponda: 3. anula la resolución apelada y ordena al juez de primer grado que expida otra (...)”; debiendo la Sala de mérito emitir nueva resolución con arreglo a los hechos y al derecho, careciendo de objeto emitir pronunciamiento respecto a si la sentencia impugnada ha incurrido en infracción del artículo 1426 del Código Civil.
Por estas consideraciones, declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Marcelino Gutiérrez Neira, con fecha cinco de noviembre de dos mil catorce; obrante a fojas mil seiscientos setenta y cuatro; en consecuencia, declararon NULA la sentencia de vista contenida en la resolución número ciento cincuenta (quince) de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, obrante a fojas mil seiscientos cincuenta y nueve; ORDENARON que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa cumpla con emitir una nueva resolución teniendo en cuenta lo expuesto en la presente resolución; en los seguidos por María Natividad Gonzáles Mamani y otro contra Brunilda Soledad Galdos Vda. de Ojeda y otros, sobre Cumplimiento de Contrato y otro; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano conforme a ley; y los devolvieron.- Juez Supremo Ponente: Rueda Fernández.
SS. WALDE JÁUREGUI, LAMA MORE, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNANDEZ, TOLEDO TORIBIO
C-1499960-126
[1] “Artículo VII.- Juez y Derecho.- El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes”.
[2] En términos generales se entiende como principio jurídico a una clase de estándares diferente a las normas jurídicas, como señala Ronald Dworkin “los principios desempeñan un papel esencial en los argumentos que fundamentan juicios referentes a determinados derechos y obligaciones jurídicas” Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, Editorial Ariel, Barcelona, 1984, pág. 80. Y en el caso de los principios procesales son categorías y conceptos básicos que orientan el proceso, constituyendo la opción acogida por el legislador para el sistema procesal imprimiéndole ciertas características al proceso, principios rectores que sirven como guía hermenéutica que orienta la interpretación de las normas del código procesal; definiéndose como “las directivas u orientaciones generales en que se inspira cada ordenamiento jurídico procesal” Palacio, Lino Enrique, Manual de Derecho Civil, Décimo Sétima Edición, Editorial Lexis Nexis Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003, pág. 62. Cumplen un rol importante en el proceso y en la labor del Juez, señalando la doctrina que “Estas funciones son tan importantes para el derecho que su ejercicio no puede dejarse al desgobierno y al caos. Es imprescindible que los mecanismos de generación del derecho se sujeten a pautas objetivas, precisamente esas normas orientadoras y autocreativas están expresadas en los principios generales del derecho” Monroy Gálvez, Juan, Introducción al Proceso Civil, Tomo I, Editorial Temis, De Belaunde & Monroy, Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1996, pág. 79; siendo que el Juez, no puede desvincularse de la observancia de los principios que orientan el proceso civil.
[3] IURA NOVIT CURIA: Los jueces dan el derecho. Para algunos autores surgió en forma de advertencia, casi diríamos de exabrupto que un juez, fatigado por la exposición jurídica de un abogado, le dirigiría: Venite ad factum. Iura novit curia; o lo que es lo mismo: ‘‘Abogado: pasad a los hechos; la corte conoce el derecho’’. Cualquiera de estas dos manifestaciones de advertencia del juzgador, nos muestra su relación con otro aforismo de capital importancia en la vida del proceso: Da mihi factum, dabo tibi ius. Cisneros Farias, German, Diccionario de Frases y Aforismos Latinos, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas Serie E, Estudios Jurídicos, México 2003, pág. 55.
[4] Montoro Ballesteros, Alberto, Conflicto Social, Derecho y Proceso, Universidad de Murcia, Poblagrafic S.A., 1993, pág. 48-49.

References: artículo 171
 resolución 
 artículo 396
 resolución 
 artículo 1426
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 artículo 171
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 artículo 396
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