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Timestamp: 2018-07-21 17:29:41+00:00

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DR. GUSTAVO ARAMBURU: junio 2014
PESIFICACION DEUDA EN DOLARES
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia que dispuso que los alquileres impagos reclamados debían abonarse en dólares estadounidenses o en la cantidad de pesos equivalentes, al entender que frente al dictado de la ley 25.561 y del decreto 214/02, no cuestionados por la actora, que dispusieron la pesificación de las deudas exigibles al 6 de enero de 2002 y a su eminente carácter de orden público, el crédito reconocido en la sentencia de trance y remate ha quedado pesificado a razón de un peso igual a un dólar.
En la causa “Kazez Ernesto Salomón c/ Badala Diego y otro s/ ejecución de alquileres”, la Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó el pronunciamiento de la instancia anterior, que había dispuesto que los alquileres impagos reclamados en autos, derivados de un contrato de locación de un inmueble destinado a vivienda familiar, debían abonarse en dólares estadounidenses o en la cantidad de pesos equivalentes.
Al pronunciarse de este modo, dicho tribunal sostuvo que “frente a la firmeza adquirida por la sentencia en el mes de julio de 2002, el caso en análisis se encuentra alcanzado por los efectos de la cosa juzgada, toda vez que debe subsumirse dentro de la directiva del arto 11 de la ley 25.561 (Lo. Art. 3° de la ley 25.820) en cuanto dispone no modificar situaciones ya resueltas por acuerdos privados y/o sentencias judiciales”.
Contra este pronunciamiento, la ejecutada interpuso el recurso extraordinario federal, cuya denegación dio origen a la presente queja. La recurrente expuso que el fallo apelado debe ser dejado sin efecto, porque a pesar de no haber declarado la inconstitucionalidad de las normas, la alzada no dispuso la pesificación de la deuda, sino que la mantuvo ligada al valor del dólar al establecer una condena que no se apoya en disposiciones legales vigentes ni en fallos de esta Corte.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que el agravio formulado por la apelante respecto de la inaplicabilidad de las normas de pesificación trasunta cuestión federal suficiente para ser considerada en esta vía extraordinaria (art. 14, inc.3° de la ley 48).
Contrariamente a lo afirmado por la cámara, el Máximo Tribunal resolvió que “no existe en el caso cosa juzgada sobre la moneda de pago, pues frente al dictado de la ley 25.561 y del decreto 214/02 -no cuestionados por la actora- en cuanto dispusieron la pesificación de las deudas exigibles al 6 de enero de 2002 y a su eminente carácter de orden público, el crédito reconocido en la sentencia de trance y remate ha quedado pesificado a razón de un peso igual a un dólar, sin que las actuaciones procesales ocurridas con posterioridad a dicho pronunciamiento tengan entidad suficiente para variar la interpretación referida”.
En la sentencia dictada el 6 de mayo pasado, la Corte aclaró que “no constituye obstáculo la circunstancia que la ejecutada no hubiese solicitado expresamente la aplicación de las mencionadas normas, después del dictado de la sentencia de trance y remate, habida cuenta del carácter de orden público de dicha normativa no cuestionada por la actora”, lo cual “debió llevar al magistrado a su aplicación de oficio y pudo llevar a la coejecutada a entender que la deuda se había pesificado”.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 10:15 No hay comentarios:
AFIP - INTIMACION
En la causa Bozzaro, la Corte dijo que no corresponde agregar un recaudo, como la firmeza del acto que determina el impuesto al deudor principal (la empresa), para permitir a la AFIPreclamar la deuda impositiva al director de la sociedad, en su carácter legal de responsable solidario, explicó a el Cronista Carlos Fernández, de Crowe Horwath.
Ese límite consiste en que la AFIP primero debe intimar de pago a la empresa. Si en los 15 días que la firma tiene para contestar, no hace el pago,recién ahí se dispara la intimación al director, indicó Fernández.
En el caso Bozzaro, se cumplen todos esos pasos, pero el director apela y dice que no corresponde que la AFIP le haya determinado de oficio, con carácter parcial, la deuda de la empresa Carnes Santa María SA, en su carácter de responsable solidario, por deudas de Impuesto a las Ganancias e IVA.
La Sala III de lo Contencioso Administrativo Federal confirmó un pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación que hizo lugar a lo que dijo Bozzaro. Por este motivo, declaró la nulidad de la determinación de oficio de AFIP. Tuvo en cuenta que la obligación tributaria de la empresa no se encontraba firme, ya que Carnes Santa María había apelado ante el Tribunal Fiscal la inspección respectiva, y así decidió que el ente recaudador no podía válidamente ir contra el responsable solidario.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 11:40 No hay comentarios:
Celso Guido Balbuena Arguello, de 45 años, se llevó al pequeño, de 4 años, de la provincia de Tierra del Fuego en 1994. Mediante engaños y documentos falsos el actor pudo radicarse en Paraguay.
La madre del niño estuvo 16 años para hallarlo y finalmente Balbuena Arguello fue extraditado a la Argentina. El Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia condenó al hombre a tres años de prisión en suspenso y al cumplimiento de reglas de conducta.
Los magistrados encontraron a Arguello como autor “material y penalmente responsable del delito de sustracción, retención, y ocultamiento de un menor de edad”. Además, el actor deberá hacerse cargo de las costas del proceso.
El caso comenzó cuando la madre, tras haberse separado de hecho de su marido, le firmó un permiso de autorización para que ambos pudieran viajar a Punta Arenas, Chile, por 9 días. Como no regresaban, la madre empezó a hacer las averiguaciones correspondientes y se dio cuenta que el hombre había renunciado a su empleo y que la casa estaba deshabitada. A partir de ese momento, las autoridades pusieron en marcha la búsqueda.
Cabe recordar que una vez encontrado, Balbuena Arguello fue extraditado a la Argentina y obligado a radicarse en Tierra del Fuego hasta el momento en que fuera dictada la sentencia judicial.
Nuevo Veraz laboral para empleadores. Se creó el "REPSAL"
El poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 26.940 que dispone la creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) donde se incluirá a las empresas que -entre otras faltas- no blanqueen a sus trabajadores. La incorporación en dicho registro importará para la empresa infractora la restricción al acceso a créditos bancarios y la quita de subsidios del Estado Nacional.
Mediante la Ley 26.940 de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, se crea el registro de infractores denominado “REPSAL”, en el que se incluirán y publicarán las sanciones firmes contra las empresas. Dicho registro será de acceso libre y público desde la página del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y se actualizará periódicamente.
Las sanciones que se publicarán son las que pudiera aplicar el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por falta de inscripción del empleador (1) y por obstrucción a la labor de la Inspección del Trabajo (2). Igualmente se publicarán las impuestas por la AFIP (3), las impuestas por las autoridades provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (4), por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (5), por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (6) con motivo de la falta de registración de empleadores o trabajadores, entre otras.
Asimismo la normativa indica que se publicarán las sentencias judiciales por las que se estableciere la calidad de “trabajador dependiente con relación laboral desconocida por el empleador, o con una fecha de ingreso que difiera de la alegada en su inscripción, que los secretarios de los juzgados de la Justicia Nacional del Trabajo deban remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos”(7).
Los principales efectos que la publicación en el REPSAL que traerá aparejado para el infractor son: restricción al acceso “a los programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el Estado nacional” (donde se incluirían los subsidios a los servicios de agua, luz y gas); no podrá acceder al crédito de entidades bancarias públicas; y tampoco podrá participar en obras públicas, concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias.
En el caso de reincidencia del infractor dentro del lapso de tres años -por la misma falta-, el sancionado quedará excluido del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y no podrá deducir en el impuesto a las ganancias los gastos inherentes a su personal.
(1) En los términos del artículo 12 de la ley 24.241 y sus modificatorias; artículo 7° de la ley 24.013 y del artículo agregado sin número a continuación del artículo 40 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificatorias.
(2) Prevista en el artículo 8° del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la ley 25.212.
(3) En los términos del artículo 15, inciso 1°, apartados a) y b), de la ley 17.250, y el artículo agregado sin número a continuación del artículo 40 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificatorias.
(4) Por incumplimiento a lo previsto en el artículo 7° de la ley 24.013.
(5) Por obstrucción a la labor de la inspección prevista en el artículo 8° del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la ley 25.212.
(6) Las impuestas en el marco de las leyes 25.191 y 26.727.
(7) Según lo establecido en el artículo 132 de la Ley 18.345 (t.o. por decreto 106/98).
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 10:32 No hay comentarios:
DAÑO MORAL - JUICIO LABORAL
Los juicios laborales en los que se reclama unresarcimiento por daño moral como consecuencia del acoso (laboral o sexual) se van multiplicando día a día. En parte, ésto responde a que, en la actualidad, esas figuras no están reguladas en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).
En la Argentina, si bien el despido se encuentra "tarifado" (un mes de sueldo por año trabajado), lo cierto es que esta fórmulano contempla que un jefe o trabajador pueda aprovecharse de otro empleado, a tal punto de injuriarlo o acosarlo.
Actualmente se conocen varios fallos que obligana pagar una indemnización agravada cuando se comprueba que el empleado fue víctima de acoso por parte de un par o de un superior.
Y, en este escenario, los hombres de negociossuelen preguntarse por qué es la empresa la que debe hacer frente a una acción individual de un dependiente que acosa a un compañero. Por ello, los expertos recomiendan tomar muy en serio las políticas que eviten estas contingencias.
"No se hace cargo (la empleadora) de que quedó acreditado que la empleada sufrió acoso sexual y moral además de molestias y malos tratos, y persecución por parte de un jerárquico de la empresa, que todo ello le causó un grave menoscabo a los legítimos sentimientos de ella,y le creó un entorno lesivo a su dignidad, además de haber quedado afectada en su salud psicológica", indicaron los jueces.
Agregaron que "la responsabilidad patronal surge pues no sólo no tomó medidas efectivaspara evitar dicha conducta inapropiada, sino que además se limitó a negar la ocurrencia de esas circunstancias".
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 13:17 No hay comentarios:
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 13:16 No hay comentarios:

References: artículo 12
 artículo 7
 artículo 40
 artículo 8
 artículo 15
 artículo 40
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 132