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Timestamp: 2017-10-20 01:32:29+00:00

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Sentencia T.S.J. Galicia 798/2010, de 20 de julio. Responsabilidad patrimonial de la Administración. Sustancias deslizantes en la calzada. Nexo causal - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Galicia 798/2010, de 20 de julio
Del expediente resulta, y no se desvirtuó por la actora -en el escrito de demanda no se dice nada al respecto; se anuda la obligación de indemnizar a la existencia de aceite en la calzada causante del accidente-, que "A via á que se fai referencia neste escrito percórrese unha vez á semana, aparte dos percorridos case diarios que realiza o persoal de conservación ó largo das súas estradas, para realiza-las operacións de mantemento oportunas en cada momento" -informe del Servicio de Carreteras y partes adjuntos, folios 81 al 90 del expediente administrativo-; y que "Non se tivo coñecemento de outros accidentes nas últimas 48 horas anteriores ao accidente (...) Non se ten constancia de que outros usuarios presentasen queixas sobre o estado da calzada" - informe del Ayuntamiento de Carballo.
En la ciudad de A Coruña, a veinte de julio de dos mil diez.
Vistos los autos de recurso de apelación seguidos ante esta Sala con el número 0004567/2008, sustanciados por el procedimiento ordinario regulado en el Capítulo I del Título IV de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso -administrativa, que ante esta Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha promovido la procuradora doña Nuria Román Masedo, en nombre y representación de doña Maribel, contra la desestimación por silencio de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada a la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes en relación con lesiones sufridas en accidente de circulación.
Primero.-la procuradora doña Nuria Román Masedo, en nombre y representación de doña Maribel, presentó ante esta Sala escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por silencio de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada a la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes en relación con lesiones sufridas en accidente de circulación, que se tuvo por interpuesto providencia de fecha 29 de octubre de 2008 por la que se acordó requerir a la Administración la remisión del expediente administrativo en la forma y plazos determinados en el artículo 48 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso -administrativa y ordenarle que practicase los requerimientos previstos en el artículo 49 de la misma.
Segundo.-Habiéndose recibido y examinado el expediente, por diligencia de 31 de julio de 2009 se acordó la entrega de copia a la recurrente para que dedujese demanda en el plazo de veinte días; habiéndose presentado por la procuradora doña Nuria Román Masedo, en la representación dicha, escrito de demanda con fecha 8 de octubre de 2009 por el que, después de consignar los hechos y los fundamentos de Derecho que estimaba convenientes, suplicaba que se dicte "sentencia por la que: / a) Se revoque la citada resolución objeto del presente procedimiento. / b) Se reconozca a mi mandante Doña Maribel el derecho a ser indemnizada en la suma TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS DE EURO (37.521,27 EUROS), debidamente actualizada y devengará los intereses señalados en el art. 141.3 de la Ley 30/1992"; y habiéndose acordado, en virtud de resolución de 20 de octubre de 2009, el traslado de la misma a la administración demandada para que la contestase en el plazo de veinte días; y presentado escrito de fecha 3 de noviembre de 2009 por el Letrado de la Xunta de Galicia, de oposición a la impugnación; habiéndose acordado también el traslado de la demanda a la codemandada comparecida, y presentado escrito de oposición con fecha 10 de diciembre de 2009 por la procuradora doña Isabel Tedín Noya, en nombre y representación de ZURICH CIA. DE SEGUROS, de oposición a la impugnación, que fue unido a los autos.
Tercero.-Por auto de 11 de marzo de 2010 se acordó el recibimiento del pleito a prueba, y se practicó la propuesta y declarada pertinente con el resultado que obra en autos.
Cuarto.-Por providencia de fecha 27 de abril de 2010 se acordó el trámite de conclusiones escritas; habiéndose presentado escritos de conclusiones por las partes que fueron unidos a los autos; y, por providencia de fecha 16 de junio de 2010, se declararon los autos conclusos para sentencia, pendientes de señalamiento, que se hizo por providencia de 13 de julio de 2010 señalando el día 15 de julio del mismo mes y año para votación y fallo.
Quinto.-En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales.
Primero.-Según la actividad administrativa impugnada y la contestación de la parte demandada, no existe nexo causal entre las lesiones sufridas por la reclamante y el funcionamiento anormal del servicio público porque "aínda partindo da posibilidade de que o accidente se deberá á presenza dunha substancia esvaradía sobre a calzada, habería que analizar se a existenza de dito vertido responde a un incumprimento por parte desta consellería das obrigas (...) ou produciuno unha terceira persoa allea á Administración que non se puido identificar. / No expediente queda probado que se cumpriu con deberes mencionados segundo recolle o informe do Servizo Provincial de Estradas ao dicir: "... A vía á que se fai referencia neste escrito percórrese unha vez á semana, aparte dos percorridos case diarios que realiza o persoal de conservación ao largo das súas estradas, para realiza-las operación de mantemento oportunas en cada momento", asemade os partes de conservación e vixilancia recollen que se pasou pola vía dous días antes do accidente e se a estes datos se lle engade que ningún dos órganos informantes teñen coñecemento de que se producisen outros accidentes nas últimas 48 horas anteriores ao accidente, chégase á conclusión de que o vertido ocasionouno unha terceira persoa allea á Administración e que non se pode indentificar, polo que procede desestimar a reclamación" - fundamento jurídico séptimo del acto expreso, en el mismo sentido que la propuesta de resolución; tesis mantenida por la Administración en su escrito de contestación-.
La recurrente alega que "del informe de la Policía Local el siniestro se produce: "... por la pérdida de control en conducción del vehículo A, pérdida ocasionada por el deslizamiento que dicho vehículo realizó sobre una zona de la calzada que presentaba restos de aceite (...) se detecta aceite en una amplia zona de los dos carriles de circulación derechos (...) Se desconoce la procedencia del referido aceite...":/ Es obvia pues, la responsabilidad de la Consellería demandada en cuanto obligada a garantizar la seguridad y debidas condiciones de sus servicios públicos, y en cuanto a titular de la vía pública en la que se produjo el siniestro, estando obligada a mantenerla en adecuadas condiciones de seguridad para la circulación de peatones y vehículos, eliminando o cuando menos señalizando cualquier posible peligro, obligaciones evidentemente incumplidas en este caso(...)" -fundamento de derecho único del escrito de demanda-.
Segundo.-La desestimación de la reclamación es conforme con las sentencias anteriores de esta Sala en la materia -sentencias de 16/11/2005 dictada en el recurso 5365/2002, de 09/11/2005 dictada en el recurso 4585/2003, de 14/10/2005 dictada en el recurso 4882/2002, de 23/11/2006 dictada en el recurso 5359/2003, de 14/12/2006 dictada en el recurso 5423/2003, de 01/02/2007 dictada en el recurso 5017/2003, de 04/10/2007 dictada en el recurso 4363/2004, de 18/12/2008 dictada en el recurso 4525/2006, de 03/04/2008 dictada en el recurso 5334/2008, de 31/07/2008 dictada en el recurso 4430/2006, y de 05/11/2009 dictada en el recurso 4618/2007, y otras-.
Siguiendo tal jurisprudencia, procede considerar lo que sigue.
Según lo dispuesto en la Ley, "Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos" - artículo 106.2 de la Constitución Española-. "A=1;1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos./ 2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas" -artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común-. "Mediante los procedimientos previstos en este Reglamento las Administraciones públicas reconocerán el derecho a indemnización de los particulares en los términos previstos en el capítulo I del Título X de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por las lesiones que aquéllos sufran en cualquiera de sus bienes y derechos siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley" -artículo 2.1, párrafo primero del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial-.
Según la sentencia de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo de fecha 15 de octubre de 2007, "para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración son precisos los siguientes requisitos: / a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas. / b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal. / c) Ausencia de fuerza mayor. / d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente por su propia conducta". "El carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial no impide que para su exigencia, como señala la sentencia de 7 de febrero de 2006, sea imprescindible que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido. A tal efecto, la jurisprudencia viene modulando el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial, rechazando que la mera titularidad del servicio determine la responsabilidad de la Administración respecto de cualquier consecuencia lesiva relacionada con el mismo que se pueda producir, lo que supondría convertir a la Administración en aseguradora universal de todos los riesgos, con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, siendo necesario, por el contrario, que esos daños sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la Administración (...) A ello ha de añadirse, que constituye jurisprudencia consolidada que la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien formula la reclamación, o como dice la sentencia de 18 de octubre de 2005, la carga de la prueba del nexo causal corresponde al que reclama la indemnización consecuencia de la responsabilidad de la Administración por lo que no habiéndose producido esa prueba no existe responsabilidad administrativa; en el mismo sentido la sentencia de 7 de septiembre de 2005, entre otras muchas -sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3.ª, sección 6.ª, de 26 de enero de 2010, dictada en el recurso 3441/2005-.
"Las SSTS de 11-2-87 y 8-10-86 (...) rechazan, en un caso muy similar al que aquí se enjuicia, que sea exigible a la Administración semejante actividad. Estableciendo un criterio general en materia de responsabilidad patrimonial por mera inactividad, la STS de 7-10-97 dice lo siguiente: 'Cuando el daño se imputa a una omisión pura de la Administración -no relacionada con la creación anterior de una situación de riesgo- es menester para integrar este elemento causal determinar si, dentro de las pautas de funcionamiento de la actividad de servicio público a su cargo, se incluye la actuación necesaria para evitar el menoscabo. Para sentar una conclusión en cada caso hay que atender no sólo al contenido de las obligaciones explícita o implícitamente impuestas a la administración competente por las normas reguladoras del servicio, sino también a una valoración del rendimiento objetivamente exigible en función del principio de eficacia que impone la Constitución a la actuación administrativa'. Parece obvio que la intensidad de las labores de vigilancia tiene que estar en relación con el número de los usuarios de la vía, y que no es lo mismo una autopista, una autovía, una carretera de gran capacidad o la travesía de una zona urbana, que una carretera con un tráfico mucho menor. / Así lo confirma la STS de 3-12-02, en la que se acoge la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración, pues en ella se dice que no cabe invocar el contenido de la STS de 8-10-86 porque 'a diferencia del caso presente, en el enjuiciado por esa sentencia se trataba de accidente provocado a consecuencia del derramamiento de aceite en una carretera, mientras que éste se produjo en una vía urbana, que constituye (...) una vía urbana principal (...), lo que determina la exigencia de un mayor control por parte del servicio encargado del mantenimiento y limpieza de la vía pública. Y ello aparte de que en la Sentencia invocada por dicha recurrida, se afirma que consta en el expediente la función de policía, relativa al mantenimiento en debidas condiciones de la vía pública se realizaba en aquella zona en la forma habitual, mientras que la posición procesal de la recurrida en ningún momento se ha dirigido a acreditar esa normalidad en el ejercicio del servicio de mantenimiento y limpieza de la vía urbana y ni siquiera ha ofrecido a la Sala prueba alguna acreditativa del estándar de rendimiento ofrecido por el Servicio público para evitar las situaciones de riesgo de lesión patrimonial a los usuarios del mismo derivados de la acción de terceros y para reparar los efectos dañosos en el caso de que se actúen tales situaciones de riesgo'. / Como queda dicho, en el expediente administrativo consta cómo se realizaba el servicio de vigilancia y, pese a su extensión, en la demanda no hay referencia alguna a su insuficiencia en relación con las características de la carretera (...) o a su inadecuado funcionamiento, y tampoco en la fase de prueba, en concordancia con esa falta de alegación, se trató de acreditar algo sobre estos particulares. Por ello, y de acuerdo con la doctrina que se deriva de las resoluciones jurisprudenciales en un principio citadas, se estima que no es posible en el presente caso establecer entre la inactividad de la Administración demandada y los daños cuya indemnización se reclama el nexo causal necesario para declarar su responsabilidad patrimonial, por lo que el recurso no puede ser acogido" -sentencia de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo, sección 6.ª, de 12 de julio de 2005, dictada en el recurso 470/2004-.
Según la sentencia de esta Sala de 5 de noviembre de 2009 dictada en el recurso 4618/2009, que aplica las sentencias del Tribunal Supremo de 11/02/1987, 08/10/86, 03/12/2002 y 07/10/19997, "no hay razón para dudar de que la presencia de la sustancia deslizante sobre la calzada respondiese a la actuación de un tercero. Tampoco hay constancia de que el lugar donde se produjo el accidente se viese afectado por algún tipo de actividad en las inmediaciones -obras, salida de camiones o maquinaria- que hiciesen conveniente advertirlo con las correspondientes señales. No puede decirse, en consecuencia, que mediase relación causal alguna entre la construcción, el mantenimiento o la señalización de la carretera y el accidente litigioso. Por ello sólo puede establecerse dicha relación entre la ineficiencia de la Administración para restaurar las condiciones de seguridad de la carretera tras ser alteradas por una actuación ajena. Esa ineficiencia pudo consistir en una reacción tardía tras el conocimiento de la referida situación, o en la inexistencia de un adecuado servicio de vigilancia de las carreteras que impidió conocer su estado (...) Ante ello sólo es posible vincular causalmente el accidente y la falta de actividad de vigilancia por parte de la Administración si se entiende que esa vigilancia tiene que ser prestada de tal forma que de toda incidencia de esa naturaleza tenga la Administración un conocimiento casi inmediato, y que no son suficientes los recorridos periódicos reflejados en el expediente".
En este caso, del expediente resulta, y no se desvirtuó por la actora -en el escrito de demanda no se dice nada al respecto; se anuda la obligación de indemnizar a la existencia de aceite en la calzada causante del accidente-, que "A via á que se fai referencia neste escrito percórrese unha vez á semana, aparte dos percorridos case diarios que realiza o persoal de conservación ó largo das súas estradas, para realiza-las operacións de mantemento oportunas en cada momento" -informe del Servicio de Carreteras y partes adjuntos, folios 81 al 90 del expediente administrativo-; y que "Non se tivo coñecemento de outros accidentes nas últimas 48 horas anteriores ao accidente (...) Non se ten constancia de que outros usuarios presentasen queixas sobre o estado da calzada" - informe del Ayuntamiento de Carballo, folio 102 del expediente administrativo-.
Aplicando a estos hechos la jurisprudencia anterior, procede la confirmación de la actuación de la Administración y la desestimación de la impugnación.
Tercero.-En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia, impondrá las costas, razonándolo debidamente, a la parte que sostuviere su acción o interpusiere los recursos con mala fe o temeridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso -administrativa.
Y, no se estima la concurrencia de dichas circunstancias. No ha lugar a la imposición de costas.
Por lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.
Desestimamos el contencioso-administrativo interpuesto la procuradora doña Nuria Román Masedo, en nombre y representación de doña Maribel, contra la desestimación por silencio de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada a la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes en relación con lesiones sufridas en accidente de circulación; sin imposición de las costas.
Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrado Ponente D.ª Cristina María Paz Eiroa, al estar celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el día de su fecha, de lo que yo, Secretaria, certifico.

References: artículo 48
 artículo 49
 resolución 
 resolución 
 artículo 106
 Real Decreto 
 artículo 139