Source: https://ro.scribd.com/document/455873/Actores-y-Reformas-en-Salud-en-America-Latina
Timestamp: 2020-07-02 23:12:34+00:00

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Actores y Reformas en Salud en America Latina | Hospital | Pobreza
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Planificacion Trabajo Final Ok
Daniel Maceira es Investigador Titular del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). Buenos Aires, Argentina. Este trabajo fue comisionado por el Departamento de Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo. Se agradecen los comentarios recibidos por André Médici y la participación de Valeria Cicconi en la elaboración de este documento.
Este informe se publica con el único objeto de contribuir al debate de un tema de importancia en los países de la Región. Su publicación por este medio tiene como propósito generar comentarios y sugerencias de las personas interesadas en el tema. No representa la posición del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las reformas de salud han sido objeto de gran debate en América Latina desde el inicio de los años noventa. Por un lado, hay aquellos que afirman que los instrumentos utilizados en la reforma no son apropiados y, sin hacer evaluaciones en profundidad sobre los motivos que llevan al éxito o al fracaso de las mismas, afirman que los instrumentos utilizados en la reforma no han sido apropiados 1 . Por otro, hay los que dicen que las reformas han resultado en mejoras de eficiencia en la gestión y entrega de los servicios sin basar sus informaciones en adecuada evidencia factual o estadística.
Pero hay algunos elementos que poco han sido tomados en cuenta en los procesos de implementación de las reformas de salud, los cuales pueden ser resumidos en el compromiso político de los actores involucrados en consensuar y avanzar con el proceso de reforma y el grado de resistencia de determinados actores relevantes, como los profesionales de salud, en su implementación.
La realidad de América Latina muestra claramente que si no hay consenso del los actores cuanto al proceso de implementación y si los incentivos para que se logren este consenso no están puestos, difícilmente se podrá lograr un buen resultado en la implementación de los instrumentos de reforma, por más adecuados que estos sean al proceso de cambio deseado.
El trabajo de Daniel Maceira contribuye para el entendimiento de los modelos de reforma de salud utilizados en América Latina, de la aplicación de los instrumentos de reforma y de los problemas asociados a esta implementación. El trabajo presenta, luego después de la introducción, el marco analítico utilizado, donde se destaca la existencia de tres modelos de reforma de salud.
En la sección siguiente, se analizan en detalle las visiones de estos tres modelos: un primero que se sintetiza en la Visión del Informe Anual de 1993 del Banco Mundial, caracterizado por la síntesis de los instrumentos que deberían ser utilizados en las reformas; un segundo modelo, alternativo, basado en la visión que privilegia los aspectos normativos de la organización del estado para la implementación de las reformas y minimiza el tema económico, de los incentivos y de la racionalización de los procesos de financiamiento y una tercera visión que busca integrar las dos visiones interiores a partir de la constatación de la fragmentación existente en los procesos de salud de la Región. Como ejemplos de estos tres modelos de reforma tenemos la Reforma Chilena de 1981, la Reforma de Salud de Brasil, a partir de 1988 y la reforma de Salud Colombiana, de 1992.
En secuencia se evalúan las experiencias latino-americanas de reforma de salud, basadas en estos tres modelos, y las dificultades en lograr resultados, basados en: (a) la amplitud de los objetivos de reforma frente a la limitación de los recursos y de la capacidad de gestión para poner en marcha adecuadamente los instrumentos de reforma; (b) la puja de intereses entre los actores del sector salud. y la falta de capacidad de los gobiernos en consensuar los cambios con múltiples actores, retrasando su implementación, o incluso limitando su alcance y (c) la heterogeneidad de las necesidades de la demanda sobre la cual el tomador de decisiones de política debe actuar, reflejadas en las diferencias étnicas, culturales, de distribución del ingreso o geográfica de la población que se quiere alcanzar.
1 Son muchos los instrumentos que pueden ser utilizados en las reformas de salud. Entre ellos se destacan la descentralización en el financiamiento y en la gestión del nivel central a los niveles locales de gobierno; el uso de nuevos mecanismos de pago a los proveedores (capitación, copagos, pagos por desempeño, etc.), la autonomía en la gestión y operación de los servicios públicos (hospitales y centros de salud), el cambio de los incentivos de financiamiento desde la oferta hacia la demanda, etc.
Sobre la base de estas discusiones se presentan las principales conclusiones que muestran claramente que los problemas de economía política enunciados son más importantes, en los procesos de implementación de las reformas, que la discusión estéril de la adecuación de los instrumentos de reforma. En otras palabras, temas como descentralización, mecanismos de pago, sistemas de información, son importantes elementos para la reforma y se prueban eficaces en contextos donde la economía política de los procesos de implementación es favorable. Pero en América Latina, parece no haber sido este el cuadro de implementación de las reformas de salud en muchos contextos nacionales, haciendo con que los avances de las reformas tengan sido, hasta el momento, limitados en algunos contextos nacionales.
Esto trabajo fue escrito en 2005 como uno de los documentos de apoyo a la Estrategia de Salud del Banco, pero solo en esto momento se encuentra editado para la lectura de aquellos que se interesan por los problemas reales de implementación de las reformas de salud en América Latina
Marco analítico y objetivos
Revisión de aportes metodológicos para el diseño de una reforma de salud
Experiencias regionales de reforma en salud
Durante las últimas décadas y especialmente a lo largo de los noventa, América Latina y el Caribe han experimentado profundos procesos de reorganización de sus sistemas de salud. Los objetivos perseguidos fueron variados, asignándoseles mayor o menor peso relativo a cada uno. Entre ellos se destacan la redefinición en la estructura de financiamiento del sistema a fin de brindarle mayor sustentabilidad, la ampliación de su cobertura y acceso, especialmente en los sectores más desprotegidos y el incremento de la eficiencia en la prestación de servicios. Los instrumentos para lograr tales objetivos fueron muy variados: desde la integración institucional hasta la separación de funciones, desde la participación del sector privado en el gerenciamiento de seguros sociales hasta la contratación de actores no públicos en la provisión de servicios.
Luego de la crisis macroeconómica con amplias repercusiones en el continente durante los años ochenta, los sectores sociales en general, y el sector salud en particular, se encontraron ante un desafío: ¿Cómo atender las crecientes demandas de la población, contando con un Estado limitado en sus capacidades de definir políticas y financiar la prestación de servicios?. A partir de ello, se ensayaron diversos tipos de reformas, que incluyeron la descentralización en el manejo de los recursos hacia niveles locales, un intento de cambio en los incentivos a los proveedores de servicios y la utilización de los sistemas de seguro social como herramienta para distribuir los fondos de salud más solidariamente y ampliar la cobertura.
El origen de estos cambios reconoce diversas fuentes. Una de ellas es el Informe para el Desarrollo Mundial publicado en 1993 por el Banco Mundial, que propone una serie de prioridades en los mecanismos de financiamiento público para intervenir en salud, como así también sugiere la existencia de espacios de participación privada y competencia. El Banco Interamericano de Desarrollo, a partir de su Estrategia para los Sectores Sociales de 1996, intenta dar un nuevo impulso a estas reformas en el ámbito regional. Si bien los avances logrados en algunos de los casos fueron positivos, no existe consenso acerca de la dirección y efectividad de los mismos. El Informe de la Organización Mundial de la Salud (2000) propone avanzar en tal dirección mostrando las múltiples facetas a ser consideradas. Este debate no sólo incluye aspectos de gestión y seguimiento de las reformas, sino también el diagnóstico, las prioridades y los instrumentos utilizados para reformar el sector salud y posteriormente evaluar sus resultados. En otros casos, se propone profundizar en ciertos aspectos ya iniciados, tendientes a especificar los criterios para el uso de los recursos disponibles para satisfacer las demandas y necesidades de salud de la población.
El presente trabajo analizará, en primer lugar, las características básicas de tres tendencias o modelos de reforma. El primero es el basado en el documento del Banco Mundial de 1993, que tiene como intención incorporar la discusión sobre fijación de prioridades, fuentes de financiamiento alternativas y actores privados dentro del diseño de políticas del sector. El punto de partida es, partiendo de la base que el sector público en países en desarrollo no cuenta necesariamente con los recursos requeridos para poder aplicar un plan comprehensivo de atención.
Este enfoque, novedoso entonces, se enfrentaba al criterio tradicionalmente utilizado para el estudio del sector, basado en una visión sanitarista, concentrada en el análisis del modelo de atención, certificación y normatización, relegando a un segundo estadio el impacto de los mecanismos de financiamiento.
Durante la segunda mitad de los noventa surgió una tercera posición, especialmente en la región latinoamericana, que buscaba complementar ambos enfoques, dándole como valor agregado un análisis sustentado en las características segmentadas y mixtas de financiamiento y provisión de servicios de salud en la región.
En la próxima sección, se intentará resumir las principales ideas presentadas por cada una de estas escuelas, brindando en la cuarta sección una descripción y debate sobre las características fundamentales de algunas de las reformas más importantes llevadas a cabo en América Latina. No se pretende ser exhaustivo en el análisis de las reformas latinoamericanas, ni profundizar en las características específicas de cada una de las mismas. El objetivo es el de poder ilustrar acerca de la diversidad de enfoques llevados a cabo en la región, que incorporaron cambios en aspectos asociados tanto con el financiamiento, como con el modo de atención.
Este trabajo intenta contribuir a la evaluación de este período de profundas reformas, incorporando dos aspectos débilmente considerados en el diseño e implementación de las mismas. El primero considera que la definición de nuevas estrategias en el sector salud debe partir del análisis de los actores claves que participan en el proceso de financiamiento y prestación de servicios de salud, antes que en la aplicación de la reforma. La falta de un análisis en profundidad de los intereses intervinientes en el sector salud, subestima los mecanismos de negociación, cooperación y alianzas que pueden observarse en el proceso de implementación de las reformas. Ello, genera retrasos, pudiendo llegar a alterar los objetivos iniciales, provocando efectos adversos o no deseados.
El presente documento intenta resumir entonces las características de algunas de las reformas llevadas a cabo en la región, desde la perspectiva del análisis de los actores participantes, las funciones objetivo de cada uno de los mismos y el nivel de cooperación o antagonismo que puede presentarse en el desarrollo de un proceso de cambio. Es de esta relación estratégica entre actores que surgen resultados no siempre planeados en los procesos originales de reforma, tales como subsidios cruzados entre estructuras de financiadores, transferencia de riesgo a lo largo de la cadena de financiamiento y producción de los servicios de salud, mecanismos de selección adversa, etc
Revisión de aportes metodológicos para el diseño de una reforma en salud
La presente sección propone describir brevemente tres marcos metodológicos de gran influencia en el diseño de reformas de salud en la región. El modelo sanitarista clásico, fundamentalmente motivado por un enfoque de salud pública, con objetivos de cobertura geográfica; el modelo de focalización, basado en la necesidad de establecer prioridades de atención ante problemas de financiamiento; y un tercer enfoque, regional y sistémico, apoyado en la búsqueda de mecanismos de financiamiento alternativos ante la presencia de un sector salud segmentado tanto en cuanto a recursos disponibles como en la existencia de redes superpuestas de prestación.
Modelo sanitarista o clásico
El modelo sanitarista, o modelo concebido en la enseñanza médica tradicional, considera a la salud como un derecho para la totalidad de la población, con iguales posibilidades de todos los sectores de disfrutar de la tecnología moderna. El Estado se define en su papel de responsable en la producción y distribución equitativa de los servicios, mientras que se considera deseable una comunidad y usuarios con participación creciente. El modelo propone la atención de la salud como un ítem político prioritario. Dado el objetivo de gratuidad asociado con este enfoque, y ante la evidencia que la dinámica del sistema lleva a un modelo dual, con mayor acceso relativo a la salud de los grupos de mayores ingresos, el dilema de este enfoque es encontrar un modelo de atención adecuado, “médicamente correcto” 2 . Parte de la definición del mejor servicio posible, enfatizando en la importancia de los cuidados primarios, la prevención en
2 Este debate en el contexto de naciones en desarrollo se diferencia del modelo de atención pública universal beveridgiano, aplicado en un contexto de menor desigualdad en la distribución del ingreso, y con aplicación en algunos países del Caribe inglés.
salud, círculos concéntricos de atención y evolución tecnológica.
Este modelo remarca el aumento de los costos de los tratamientos de salud debido a la complejización de la medicina. A pesar de reconocer los beneficiosos avances generados por la ciencia moderna, esta postura reflexiona acerca de la efectividad en la aplicación de tecnología, y en la necesidad de incorporar otras corrientes de pensamiento que complementen la visión tradicional de la medicina, como por ejemplo la participación comunitaria en la atención de salud. Algunos añaden que la crisis del modelo tradicional radica no sólo en la problemática tecnológica, sino también en no adaptar el modelo de atención de la salud a las necesidades y complejidades de la sociedad.
A partir de los contenidos de la Conferencia de
Ata de 1978, donde se planteaba “Salud para
en el año 2000” y la Resolución XXI de la
Conferencia Sanitaria Panamericana de 1986,
las corrientes más innovadoras del clasicismo incorporan al universalismo sanitarista un cambio en el modelo médico de atención. El mismo
provoca el abandono del modelo centrado en el hospital, propiciando un sistema universal, integral y gratuito de atención de la salud para todos que atienda lo social y comunitario y no sólo lo curativo, sino también lo preventivo. La prestación
de servicios debe intentar superar las restricciones
económicas adecuando el sistema a las particularidades geográficas y culturales de cada comunidad. Para lograrlo, se conceptualizó un modelo de atención primaria como de cuidado básico o mínimo en el primer nivel de complejidad, que debe articularse con los otros niveles, a fin de evitar el riesgo de mantener dos tipos de medicina de diferente calidad. Con respecto al sistema de coordinación, este modelo advoca por un sistema de referencia y contrarreferencia que permita el
seguimiento local de la atención de aquellos pacientes que hubieran sido derivados a niveles
Modelo focalizado de financiamiento
Este modelo busca maximizar las intervenciones públicas en áreas de atención costo-efectivas dado que asume la limitada capacidad del Estado para intervenir en salud y garantizar todo tipo de prestaciones. De acuerdo con este enfoque, aquellos servicios de salud que el Estado no provee, deben ser adquiridos en el sector privado, de acuerdo a la preferencia y al ingreso de la familia. Para mejorar la eficiencia en el gasto se propone un modelo donde el financiamiento se encuentre separado de la prestación de servicios. El modelo reconoce el papel fundamental del sistema de salud en la calidad de vida de la población. Sin embargo, postula que la asignación de recursos se destina en buena proporción a prestaciones costosas de alta eficacia reconocida, mientras que prácticas con alta relación costo-efectividad, de menor complejidad y de absoluta prioridad, no cuentan con el financiamiento necesario. Sugiere que la
desigualdad de muchos sistemas de salud, se basa
en la pobre focalización del gasto público, que beneficia a sectores de ingresos medios y altos, a través de hospitales de alta complejidad y subsidios
a asegurados por otras instituciones, mientras que la
población pobre no tiene acceso a servicios básicos.
Así, y llamado a intervenir, el Estado debe hacerlo en aquellos procedimientos que sean de máximo beneficio posible respecto al gasto realizado, haciendo una selección de prácticas prioritarias a garantizar. Por otra parte también debe esforzarse en obtener información acerca de la relación costo- efectividad de cada prestación, y utilizarla para maximizar la eficacia de su gasto en salud.
El modelo marca tres ejes fundamentales para encarar una política de salud con resultados
satisfactorios: (a) Crear un entorno tal que posibilite
a las familias mejorar su salud; (b) Mejorar el gasto
público en salud y (c) Promover la diversidad en la oferta de servicios y la competencia.
El modelo sostiene que los principales cambios debieran orientarse a reducir la proporción de intervenciones menos eficaces -sobre todo las de alta complejidad-, y aumentar los recursos destinados a programas básicos de salud como vacunación, lucha y prevención contra enfermedades infecciosas, hábitos dañinos, etc. Por otra parte, cada país debe determinar un paquete de
Financiar un paquete básico de salud considera mecanismos mixtos o privados para el financiamiento del resto de los servicios, o mediante seguros complementarios, lo que redundará en un incremento de la diversidad y la promoción de la competencia, regulada y controlada por el gobierno, para propiciar un acceso equitativo y eficiencia en los costos.
En este sentido el gobierno debe reforzar su capacidad regulatoria para estimular adecuadamente la prestación de servicios de salud por parte del sector privado, eliminar la selección adversa a través de la unión de aseguradoras -que permita balancear el pool de riesgo-, fomentar negociaciones de pago fijo para evitar sobreprestaciones y aumento de
Los procesos históricos han determinado que el escenario institucional actual haya dejado de ser un diseño aceptable ante las condiciones presentes, deviniendo en un modelo de un nivel de complejidad enorme con grandes resistencias a los cambios. El desafío que este esquema plantea es abandonar posiciones extremas, buscando aquella mezcla público privada que responda a los objetivos de salud. Ante la polaridad concentración pública- descentralización + privatización, los autores proponen un esquema de “pluralismo estructurado”, que intenta unir dos ejes. Por una parte se propone que el diseño atienda a lo plural, es decir un equilibrio entre lo que tiene de monopólico el sector público y la atomización extrema del sector privado. Por otra parte, su condición de estructurado formula un esquema de regulación apropiada, donde no tengan cabida ni procedimientos autoritarios, ni carencia absoluta de reglas.
Este enfoque propone una estructura de división de tareas de modulación, financiamiento, articulación y prestación, distribuidas entre los distintos actores del sistema.
• Modulación: Se describe como “establecer, implantar y monitorear las reglas de juego
para el sistema de salud, así como imprimir
en el mismo una dirección estratégica”. Esta
función debería desempeñarla el Ministerio
de Salud, en su rol de director estratégico.
En este caso el Ministerio será quien determine la interacción entre actores,
mediante una regulación clara, que fomente
los incentivos adecuados.
• Financiamiento: se refiere a la recaudación del dinero proveniente de sus fuentes primarias (hogares, empleados o empresas)
o secundarias (gobiernos y organismos
multilaterales de crédito), su acumulación en fondos y su asignación según los diseños institucionales para producir servicios de salud. Esta función debería ser desempeñada principalmente por mecanismos sociales de aseguramiento o financiamiento de servicios, ampliándose hasta conseguir una cobertura universal en el marco de un aseguramiento social.
• Articulación: definida como
organización y gerencia del consumo de la
atención”. Abarca las
agregación de la demanda y representación de consumidores asignados -tal como establece el modelo de competencia administrada-, a un patrocinador. A pesar de ser una función en
muchas oportunidades absorbida por la función
de financiamiento o la de prestación, otorga una
lógica única a los diferentes componentes de la prestación de servicios de salud, provocando que el financiamiento se dirija ordenadamente a la prestación y al consumo de dichos servicios. Actividades consideradas clave de esta función son la afiliación de grupos a los planes de salud, definición de paquetes de beneficios, organización de la red de proveedores para asegurar la posibilidad de elección, diseño e implementación de incentivos a proveedores por medio de los sistemas de pago y gestión de la calidad en la provisión del servicio.
• Prestación: es la función de producción o combinación de insumos que posee cada
organización, para generar productos concretos
o servicios de salud, dirigidos a producir
cambios en la salud de los consumidores. Dado que el modelo promueve una función de articulación que propicia la variedad de
opciones, la prestación incorporará a todo tipo
Cuadro 1: Reformas de Salud en Países Seleccionados
Ley 18.610 (1970, Ley de Obras Sociales)
creación del paquete de prestaciones
Dto. Ley 21.883 (1978, transferencia de hospitales a las provincias y municipios)
garantizadas para el sistema de Obras Sociales Nacionales (PMO)
Ley 23.660 (1988, Obras Sociales Nacionales)
Ley 23.661 (1988, Sistema Nacional de Seguros de Salud)
Reducción de la cautividad de usuarios
Dto 9 (1993, sistema de opción de cambio de Obra Social)
dentro del sector, hasta incluir al sector privado (inconclusa)
de Obra Social según sindicato de origen de actividad.
Fallas en la implementación, evaluación y control.
Dto. 576 (1993, reglamenta las leyes 23.660 y 23.661)
Dto. 578 (1993, creación del Registro Nacional de Hospitales Públicos de Autogestión)
Descentralización de Hospitales e
del Ministerio de Salud:
Resolución 320 MS (1993, normas para el reclamo de facturas de Hospitales Públicos de Autogestión que no hubieran sido saldadas por las Obras Sociales)
focalizando en la población de menores ingresos.
implementación del sistema de autogestión (autonomía, facturación a
terceros pagadores, etc.)
Superintendencia de Servicios de Salud y Administración de Programas Especiales.
Resolución 282 MS (1993, aprobación de aranceles modulares para los Hospitales Públicos de Autogestión)
Resolución 325 MS (1994, reglamentación del pago automático a los Hospitales Públicos de Autogestión para prestaciones a beneficiarios del sistema de Obras Sociales)
Dto 1141 (1996, sistema de opción de cambio entre Obras Sociales Sindicales)
Dto 638 (1997, sistema de opción de cambio entre Obras Sociales de Dirección)
Dto 1615 (1996, se crea la Superintendencia de Servicios de Salud)
Dto 504 (1998, reglamenta el ejercicio del derecho de opción de cambio)
Ley 25.239 (1999, creación sistema simplificado de monotributo. Sistema de seguridad social para independientes y servicio doméstico)
Dtos 446, 1140 y 1305 (2000, desregulación del sistema –suspendidos-)
Dto 939 (2000, creación del régimen de Hospitales Públicos Descentralizados)
Ley de Municipalidades (1985, autonomía política a Gobiernos Municipales)
descentralización a partir de
Ley 1493 de Ministerio de Poder Ejecutivo (1993, concentra áreas sociales en Mterio. Desarrollo Humano)
redistribución de funciones entre distintos niveles de gobierno.
Ley 1551 de Participación Popular (1994, marco legal de partic. Ciudadana en decisiones y control, establece porcentajes de coparticipación a Municipios y creación de Gob. Autónomos con responsabilidades Sociales)
Aumento de cobertura a través del
fundamentalmente a sectores necesitados
Seguro de la madre y el niño, luego ampliado a Seguro Básico de Salud
creación del seguro nacional de vejez
Sistema de Seguridad Social, especialmente la Caja
prestaciones concretas): Enfermedad, Maternidad, Riesgos Profesionales, Invalidez, Vejez, Muerte, Asignaciones Familiares y Vivienda de Interés Social
creación del sistema público de salud descentralizado y participativo.
Dto Supremo 24.237 de Nuevo Modelo Sanitario (1996, adecuación del sector a leyes de participación y descentralización)
Dto Supremo 24.855 (1997, reglamenta la Ley de organización del poder ejecutivo, creando ministerios, entre ellos el de Salud y Previsión Social)
creación de Fondos de Inversión social
para infraestructura de servicios sociales
Dto. Supremo 24.448 (1996, creación del
Seguro Nacional de Vejez)
Dto. Supremo 25.233 (1998, establece modelo básico de organización de los servicios departamentales de salud).
Dto. Supremo 25.265 (1998, se crea el Seguro Básico de Salud universal)
Ley 1886 (creación del Seguro Médico Gratuito de vejez)
Dto. Supremo 25.186 (1998, se crea el Seguro Médico Gratuito de vejez)
Resolución Multiministerial 3 (1998, se crea la Coordinación Nacional del Seguro Médico Gratuito de Vejez)
Res MS 594 (1998, se articula la prestación de servicios para el Seguro gratuito de vejez con las Cajas)
Constitución Federal Título VIII, Capítulo II, Sección II (enunciación del derecho a la salud)
el pilar de la reforma fue la descentralización
Ley Nº 8.080 (1990, Condiciones de promoción y recuperación de la salud. Organización y funcionamiento del servicio único de salud)
- Consolidar un sistema público
1 En la práctica. La asignación de fondos para el PAB per cápita resulta insuficiente (10 reales por hab/año):cada jurisdicción debe cubrir con ingresos
propios, el total de la cobertura. Estados
Ley Nº 8.142 (1990, dispone la participación de la comunidad en la gestión del
nacional e integrado por los tres niveles de gobierno
se crea el Sistema Unico de Salud
(medicina familiar más atención de niveles más complejos)
Municipios pobres no pueden
sistema único de salud -SUS- y las transferencias entre niveles de gobierno de recursos financieros)
compensar la falta de financiamiento federal.
1- Falta de mecanismos de control llevó
una selección de riesgo por parte de
algunos prestadores privados: se derivan pacientes de alta complejidad a los
Hospitales del área.
2- Mayor asignación de presupuesto para proyectos o programas a Estados o Municipios más ricos por tener mayor disponibilidad de recursos humanos.
Instrucción Normativa Nº 01/98
reglamentación de contenidos, instrumentos y flujo de proceso de habilitación para Municipios, Estados y Distrito Federal. Condiciones y normas de operación del sistema único de salud)
elevar el promedio de esperanza de vida
separación de funciones de
financiamiento, regulación y prestación
Dto. Ley 3.626 (1981, permite la participación del sector privado en sistemas de atención médica)
focalización de recursos en las
Dto Ley 18.469 (1985, sistema de prestaciones de salud para toda la población)
oportunidades al sistema de salud
prestaciones con mayor indicador de costo efectividad
DFL N°3 del Ministerio de Salud (1981, creación del sistema Isapre)
subsidio a la demanda para fomentar la competencia; cada beneficiario es portador de su cápita.
Ord. Circular N° 3577 (instrucciones para aplicación del art. 38 ley 18.933, en cuanto a la aplicación de planes de salud por parte de las Isapres)
Ley N°19.381 (1995, modifica la ley N° 18.933, perfecciona el Sistema y los contratos de Salud).
nivel de acceso igualitario a la salud, con políticas de información al usuario
sindicatos de las actividades de salud
descentralización del sector público hacia los gobiernos locales
creación del FONASA
y del sistema nacional de servicios de salud
- municipalización de la atención primaria
Aumento de la cobertura con
- separación de funciones de regulación
énfasis en grupos de bajos ingresos, apuntando, en sus comienzos, a pasar del 20% de cobertura en 1993 al 95% en
de la provisión de los servicios de salud y del financiamiento.
Unificación del sistema bajo dos
Autoridades Departamentales y Municipales, Consejos
regímenes: contributivo y subsidiado
creación de Administradoras del
Territoriales de Salud y
Garantía de un nivel mínimo de
Seguridad Social, Direcciones Territoriales de Salud,
solidaridad, equidad y calidad, de servicios financiados con recursos públicos. En cuanto a la
régimen subsidiado y empresas solidarias de salud.
calidad se pretende un
Ley 100 (1993), que crea el Sistema General de Seguridad Social (SGSSS), el cual
Garantía dentro del régimen subsidiado.
creación de un Fondo de Solidaridad y
incremento en base al aumento de la competencia que derive en amplia capacidad de libre elección, con control estatal (a través de la Superintendencia Nacional de Salud)
incluye un Sistema General de Pensiones, la cobertura de los Riesgos Profesionales, los Servicios Sociales Complementarios y el Sistema de Seguridad Social en Salud.
libre elección de aseguradores y
Aumento de la eficiencia de los
prestadores y participación del sector privado.
descentralización de la gestión de los
recursos públicos invertidos en salud.
servicios de salud públicos a los municipios
extensión de cobertura de los
código de salud que define la equidad
velar por la salud de todos los habitantes, procurándoles el más completo bienestar físico, mental y social, para lo que desarrollará acciones de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud)
Finanzas Públicas, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)
paquete explícito.
Dto Decreto 90-97 (1997, en su artículo 4º el Congreso de la República, establece que el Ministerio de Salud, dentro del marco de subsidiariedad, solidaridad y equidad, garantizará la prestación de servicios gratuitos a aquellas personas y sus familias cuyos ingresos no les permitan pagar parte o la totalidad de los servicios de salud recibidos. Refuerza el papel rector del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-)
aumento de nivel de gasto
Creación del Sistema Integrado de
público y ampliación de las
Atención de la Salud como esquema de atención primaria dirigida a excluidos con la participación de ONG en la provisión
Planes de paz (2000, aumento gasto público en salud, reducción mortalidad materno- infantil, erradicación de poliomelitis y sarampión y Descentralización y Desconcentración de los Servicios de Salud)
reorientación de una respuesta
social organizada para movilizar
fiscalizar recursos públicos
Transferencia de responsabilidades y
financiamiento a las Jefaturas del Área Salud en el marco del SIAS
creación del PROAM Programa de
accesibilidad a los medicamentos con
ahorros sustantivos
Decretos Presidenciales relativos a la Reforma Sectorial:
aumentar el acceso y la calidad de los servicios enfocándose en
-asignación de recursos para compra de paquetes básicos de servicios de salud a
Poder Ejecutivo, Secretaría de Estado de Salud Pública, Secretaría Técnica de la Presidencia, Comisión
Dto No. 308-97 (1997, formación de la Comisión Ejecutiva para la Reforma al Sector Salud (CERSS))
atención materna e infantil, y
privados, dirigidos a la población carenciada
en la población pobre
Dto No. 117-98 (1998, formación y desarrollo de las Direcciones Provinciales de Salud)
modelo de atención a través de
y Modernización del Estado,
unidades de atención primaria de salud
Dto 148-98 (1998, gestión, producción, distribución, comercialización, prescripción y venta de medicamentos, así como sobre el proceso de registro y el reconocimiento institucional de los medicamentos, productos cosméticos y de la higiene del hogar)
aumento de la participación social por
medio de comités de salud sectoriales y consejos de administración hospitalaria.
Los trabajadores informales y los indigentes continuarán siendo dependientes de la Secretaría de Salud y Asistencia Social (SESPAS), la cual financiará el paquete básico de prestaciones mediante nuevas
Salud para evaluar e implementar la reforma
Dominicana (AMD),
modalidades en la gestión de sus servicios.
Experiencias regionales de reformas en salud
En esta sección se consideran los elementos básicos hallados en siete reformas de salud llevadas a cabo en la región, y resumidos en el Cuadro 1 adjunto. El debate, fundamentado en los enfoques discutidos anteriormente, analiza los objetivos, las estrategias y los instrumentos de implementación en cada caso, mostrando las características de los mercados de salud nacionales y por ende, el poder relativo de negociación de las partes intervinientes.
Toda reforma de salud tiene como objetivo mejorar las condiciones de acceso, cobertura y/o equidad de la población, de modo de satisfacer más acabadamente sus necesidades de atención. Sin embargo, y es conocido, los resultados reales en los indicadores de salud se encuentran asociados con una serie de condiciones básicas definidas previamente a la utilización del sistema de salud, y que influyen en el desempeño del sector. Aspectos tales como el nivel del producto bruto interno per cápita, la distribución del ingreso, las barreras geográficas o culturales, deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar una reforma. Asimismo, la cobertura y características de la infraestructura sanitaria y de la red de saneamiento básico, cuentan con una influencia directa y decidida en el desempeño de los indicadores de salud tradicionalmente conocidos.
La falta de coordinación al interior de las estructuras de gobierno que toman decisiones de política sanitaria repercute en los resultados de salud. Las inversiones en sistemas cloacales o de agua potable, generalmente no están coordinadas con la política llevada a cabo por el Ministerio de Salud, con jurisdicción sobre la provisión pública, y autoridad regulatoria sobre el funcionamiento de los mercados de salud.
Las condiciones básicas, así definidas, influyen sobre las estructuras de prestación y financiamiento de servicios de salud: una
población de menores recursos no induce al
desarrollo de proveedores privados o de estructuras
de seguros privados de salud. Tradicionalmente las
características del mercado de salud en América
Latina son altamente segmentadas, contando con un sector público, un sector de seguridad social y un sector privado con limitadas herramientas de coordinación. Cada subsistema atiende, al menos teóricamente, dos grupos sociales diferentes: el sector público a la población con menores recursos
y sin cobertura formal de aseguramiento, y el
sistema de seguridad social a aquellos trabajadores en relación de dependencia y sus familias. En la medida que existen niveles de ingresos más altos se presenta una mayor posibilidad de financiamiento del sector privado.
Dada esta estructura, se van desarrollando diferentes estrategias o conductas para cada uno de los grupos prestadores que están asociados con mecanismos de financiamiento, planes de cobertura, niveles de calidad y acceso. A partir de ello, se establecen relaciones estratégicas entre los distintos subsistemas, presentándose mecanismos de coordinación o competencia, subsidios cruzados y conductas de selección adversa.
En conjunto, las condiciones básicas del sistema de salud en combinación con la estructura de mercado
y las distintas conductas llevadas a cabo por los actores participantes, definen el resultado del
sistema de salud, en lo que se refiere a indicadores epidemiológicos y de proceso. Dentro del primer grupo se encuentran indicadores tales como la mortalidad materna e infantil y la esperanza de vida, mientras que dentro del segundo grupo se pueden identificar las tasas de vacunación, niveles
de consultas y egresos, etc. Dado estos resultados y
a partir de la información generada por el mismo
sistema, se retroalimenta, redefiniendo las condiciones básicas originales y reformulando las características de la estructura y de la conducta de los actores participantes.
Cualquier medida de política pública en el sector salud tiene como meta influir sobre las condiciones
básicas, la estructura de mercado o las características de comportamiento de los actores
a fin de alcanzar resultados de salud que
mejoren los existentes al momento de la reforma. De este modo, la definición de objetivos y la coherencia entre los mismos y la estrategia de reforma, constituye un requisito esencial para llevar a buen término cualquier iniciativa de cambio. Asimismo, tales objetivos deben estar fundamentados por evaluaciones y diagnósticos de las necesidades de la población, basados en indicadores sistemáticamente disponibles (carga de enfermedad, factores de riesgo, vigilancia epidemiológica).
En general, se observa que en América Latina los objetivos de reforma son extremadamente
amplios y en otros casos y contradictorios, (por ejemplo: intentar un incremento en la cobertura de sectores de la población sin acceso y, paralelamente buscar una reducción de costos, aumentar la calidad, o generar mecanismos para
la distribución más eficiente de medicamentos).
La existencia de restricciones presupuestarias en
la puesta en práctica de reformas hace preciso
establecer con claridad los objetivos de las mismas. La falta de claridad en la definición de esos objetivos se reproduce debido a tres variables claves. Una de ellas la constituyen las limitaciones de diseño. En este caso, los funcionarios a cargo de tomar decisiones de política establecen objetivos ambiciosos que no se condicen con los recursos humanos, la capacidad de organización y gestión o los recursos financieros disponibles haciendo inviable el desarrollo de los cambios propuestos.
Una segunda razón por la cual los objetivos pueden ser débilmente definidos está asociada con la puja de intereses entre los participantes del sector salud. En este caso la necesidad del gobierno en consensuar los cambios con múltiples actores afecta la definición de los objetivos propuestos y el timing de la reforma, retrasando su implementación, o incluso limitando su alcance.
Una tercera razón es la heterogeneidad de las necesidades de la demanda sobre la cual el tomador de decisiones de política debe actuar. En poblaciones homogéneas los objetivos son
focalizados y por tanto el establecimiento de prioridades resulta más sencillo. Por el contrario, la heterogeneidad étnica, cultural, de distribución del ingreso o geográfica de la población diluye el objetivo principal.
En todos estos casos, el poder político relativo del gobierno sobre el resto de los actores constituye un aspecto fundamental. Por ejemplo, en los inicios de
la reforma del sistema chileno no fue tan complejo
implementar ciertos cambios, debido a su naturaleza no democrática, que no requirió consensuar la reforma con sectores sociales tales como gremios médicos, entre otros. Asimismo, existen objetivos de política que generan una más sencilla alineación de actores detrás de ella. En el caso brasileño donde el objetivo principal fue establecido como el incremento de la cobertura es un ejemplo de ello. En este caso, tanto los efectores públicos como los prestadores privados de salud se encontraron frente a una propuesta de cambio inclusiva, con una distribución más solidaria de fondos y la ampliación de la producción privada de servicios 3 .
En el caso argentino, por el contrario, la reforma asociada con la creación de un Programa Médico Obligatorio en el subsistema de Obras Sociales Nacionales trae aparejada una reducción de los costos de prestación, la creación de un Fondo Solidario de Redistribución (FSR) como mecanismo complementario de solidaridad. Si bien el segundo objetivo es aglutinante, el primero
implica una reasignación de recursos entre distintos actores, lo que provoca conflicto de intereses. Ello induce a una falta de definición de las herramientas
a ser utilizadas -en este caso, la definición del
paquete- y los mecanismos de reasignación de recursos creados a partir del Fondo de Redistribución. El peso relativo de los sindicatos en Argentina, y específicamente en el sistema de salud a partir del control sobre las Obras Sociales, limita los criterios de facturación de los hospitales públicos. El Sistema de Seguridad Social en Argentina cuenta con tres grupos de actores: las
3 El Sistema Único de Salud en Brasil incorporó una distribución básica de fondos por persona con administración estadual (cápita o PAB–Piso de Atención Básica) y la contratación con fondos públicos de efectores privados.
Obras Sociales Provinciales (que brindan cobertura a los empleados públicos y sus
en base a dos posturas observables a lo largo de la región. La primera de ellas se basa en la capacidad
familias), el PAMI (la institución que financia la atención de jubilados y pensionados) y las Obras Sociales Nacionales (unas 250 instituciones distribuidas por rama de actividad y gerenciamiento sindical). Las contribuciones salariales y patronales de este último grupo se distribuyen entre las instituciones una vez deducido un porcentaje que atiende a las enfermedades catastróficas del sistema, y el FSR, que subsidia la cobertura de trabajadores
política del gobierno de poder implementar cambios estructurales, como son los casos del Sistema Único de Brasil el sistema de Aseguramiento Social en Colombia o, incluso, el rediseño de la estructura de prestación de servicios públicos, a través del FONASA, en Chile. En todos ellos existe un cambio de base en los mecanismos de financiamiento y provisión de servicios conocidos hasta el momento, cada uno definido a partir de los objetivos prioritarios de la reforma.
bajos salarios. Técnicamente, la distribución
fondos es neta de los pagos de obligaciones
En otros casos, la reforma tiene como instrumento
prestacionales a los hospitales públicos a individuos con cobertura formal. Asimismo, la posibilidad de libre paso de afiliación entre estructuras de aseguramiento constituyó un riesgo para ciertas obras sociales, que veían en la medida la potencial pérdida de recursos y capacidad de negociación.
reorientar las conductas de los agentes sin alterar la estructura original del sistema. Ejemplos de estos casos es Argentina, a partir de la redefinición de corrientes de financiamiento al interior de la seguridad social, o los mecanismos utilizados en Bolivia para alterar el modo de prestación a partir de las características de los subsistemas públicos y de seguridad social existentes 4 .
Un ejemplo relacionado con las características
la demanda y el modo de establecer objetivos
En todos estos casos se observa que existe un
reforma se plantea en los casos de Bolivia y
modelo prevalente que inspira la reforma y que esta
Guatemala. En ellos, si bien existe una marcada
asociado, en mayor o en menor medida, con algunas
heterogeneidad en la distribución de los
de los tres modelos presentados en el segundo
recursos, se identifica como objetivo primordial
capítulo de este trabajo. El caso colombiano es un
incremento de la cobertura. Esto lleva a un
exponente de reforma estructural basada en
diseño de política focalizada constituida por los Seguros Básicos de Salud tanto en uno como en otro país. A pesar de ello, no necesariamente reformas focalizadas resultan exitosas en cumplir los objetivos propuestos.
mecanismos de coparticipación entre el sector privado, como gestor de las estructuras de aseguramiento y provisión por un lado, y el sector público que intenta ampliar la cobertura a través de una red de seguridad social. Esto recuerda los
Un tercer aspecto (adicional a las relaciones de poder en el sector salud y la heterogeneidad en las necesidades de la población), y que resulta
principios fundamentales del Informe para el Desarrollo Mundial del Banco Mundial de 1993, basado en la división entre financiamiento y provisión, y la redefinición de roles entre el sector
relevante en el diseño de una reforma, es la historia previa del sector salud, definida no sólo
público y privado. En el otro extremo, el caso brasileño, considera un modelo de atención
partir de la capacidad instalada en centros de
universal donde los recursos públicos se
salud y hospitales públicos, sino también en la
redistribuyen al interior de una estructura territorial
normativa que rige el funcionamiento del mismo
(Estados y Municipios) intentando garantizar el
las estructuras previas de financiamiento
acceso a tramos de la población no cubierto en el
público y privado en el sostenimiento del sistema. En muchas ocasiones, su
desconocimiento ha sido fuente de conflicto para
la iniciativa de cambio.
Las reformas que afectan a los mercados prestadores de servicios de salud se desarrollan
4 El Seguro Básico de Salud desarrollado dentro del esquema de descentralización propuesto en 1994, establece el pago de cápitas a los prestadores que brindan cobertura a la población bajo programa, siendo ellos los centros públicos y de las Cajas de Seguridad Social con infraestructura propia.
momento previo antes de la reforma. La experiencia chilena, si bien restringida por la existencia de las empresas privadas de aseguramiento ISAPRES, tiene un ideario similar, al intentar el financiamiento cruzado al interior de la estructura del sector público 5 .
Las reformas de salud en América Latina se caracterizan por incorporar al menos uno de los siguientes tres instrumentos: (a) proceso de descentralización, (b) redefinición de los mecanismos de financiamiento a partir de una red de aseguramiento social, y (c) el diseño de incentivos monetarios a través de transferencia de riesgo dentro de la cadena de financiamiento y provisión de servicios.
a) Descentralización En primer lugar, se vuelve relevante establecer
el nivel de subordinación entre los objetivos y
los instrumentos utilizados. En muchas reformas revisadas para este trabajo se observa la pérdida de rango entre unos y otros: la descentralización se vuelve un objetivo en si mismo, independiente de la capacidad de gerenciamiento de los recursos a nivel local, atentando finalmente contra los resultados de la reforma.
En el caso específico de la descentralización, la estructura política previa del país constituye un factor primordial. Se observa en la comparación entre los sistemas federales, como el de Brasil y Argentina, y el sistema centralizado boliviano. En los primeros dos casos una estructura estadual/provincial de distribución del poder político es funcional a una reforma basada en la descentralización. En el caso boliviano, la llamada descentralización por factores, aplicada
a partir de la Ley de Participación Popular,
requirió previamente de una desconcentración del poder a través de la elección directa de alcaldes municipales y una descentralización de
5 El Fondo Nacional de Salud (FONASA) opera como un mecanismo solidario de redistribución de recursos, en tanto contribuciones del trabajo y copagos son aportados por aquellos individuos de mayores recursos relativos, cubriendo a indigentes y trabajadores de menores ingresos.
departamentales. Ello constituye primordialmente una reforma política con un correlato en los mecanismos de transmisión de fondos tanto al sector salud como al resto de los sectores sociales.
En los casos de Brasil y Argentina, la reforma basada en la descentralización se enfrenta a un desafío: como establecer mecanismos de solidaridad y equidad en la distribución de recursos entre estados o provincias. En el caso brasileño, se observa que ello se propone que ocurra mediante el pago de una cápita que cubre un paquete de asistencia básica. Si bien constituye un movimiento pro equidad en una primera instancia, limita las posibilidades de redistribución de recursos, no necesariamente asociados con niveles relativos de necesidad. En el caso argentino, el mecanismo fiscal de redistribución de recursos es limitado, impidiendo una redistribución de fondos en función de patrones de salud de la población. Ello tiene dos motivantes principales. El primero de ellos es de naturaleza política de las provincias argentinas, que mantienen independencia en la estrategia sanitaria de su jurisdicción. El segundo lo constituye la demostrada dificultad del Congreso de la Nación de reformar la Ley de Coparticipación existente y establecer dentro de ella pautas y metas de cumplimiento por sector.
De estas experiencias resulta la importancia de definir el papel del gobierno nacional ante una estructura descentralizada. Un desafío del gobierno central es establecer cuáles son las prioridades de focalización, de modo de asignar recursos a fin de cubrir las fallas originarias de distribución basadas en las condiciones básicas del sistema, y en los distintos perfiles epidemiológicos y financieros presentes en las provincias/estados.
Un riesgo adicional asociado con los procesos de descentralización es la capacidad de "free rider" o comportamiento oportunista por parte de alguno de los participantes en el nuevo modelo. Nuevamente, el caso boliviano constituye un ejemplo, donde la desconcentración de fondos entre los niveles municipales y de prefecturas implica una fractura de la función de producción de servicios, limitando la responsabilidad de cada uno de los niveles en el logro de los objetivos planteados por la reforma. Particularmente las prefecturas, a cargo de la
distribución de fondos para el pago de recursos humanos, no cuentan con la capacidad de toma de decisiones sobre los recursos físicos que están bajo la órbita de los municipios. Estos últimos, por su parte, atribuyen limitaciones operativas en el funcionamiento del sistema debido a su ausencia en la toma de decisiones respecto al nivel de profesionales y personal de apoyo del sistema de salud.
Un factor clave para la aplicación de una política de descentralización esta asociado con el alineamiento político entre el gobierno central y las autoridades descentralizadas, a las cuales se les transfiere el manejo de recursos. Las dificultades de coordinación entre ambos niveles de gobierno son un problema reiterado en todos los países de la región. En el caso de la República Dominicana, este factor afectó decisivamente el diseño y la implementación de la reforma, e incluso las diferencias entre las posturas del poder ejecutivo y legislativo retrasó el timing de la misma, demorándose largamente la aprobación de una ley general de salud.
b) Aseguramiento Social Un segundo tipo de instrumento involucrado en los procesos de cambio en el sector salud se encuentra asociado con la redefinición de los mecanismos de aseguramiento social. Los ejes a partir de los cuales las reformas incluyen cambios en esta dirección tienen dos orígenes:
• El primero es establecer nuevas fuentes de recursos que a ser redistribuidos entre la población. Ello asume que las instituciones de aseguramiento social cuentan con una contribución formal y relativamente sencilla de recaudación de fondos originados en retenciones salariales y aportes patronales. La motivación de estos mecanismos de reforma propone utilizar los recursos que financian al sistema de salud de una población cautiva y expandirlo, generando un sistema más equitativo de acceso. En estos casos las variables macroeconómicas influyen decisivamente en el éxito de esta reforma. La gran volatilidad económica, el aumento de la tasa de desempleo y el crecimiento del empleo informal, atentan contra los objetivos de este tipo de iniciativas, en tanto reducen el volumen de
los recursos a ser redistribuidos. Esto es especialmente crítico en países donde, como la República Dominicana, cuentan con porcentaje reducido de la masa salarial asociado con empleo formal en relación de dependencia, y ha constituido una ventaja en casos como el argentino o el chileno, en los cuales, más del cincuenta por ciento de la población se encontraban bajo estas condiciones.
• El segundo aspecto asociado con los beneficios de un modelo de aseguramiento social es el de poder generar mecanismos de seguro y cobertura universal en estructuras segmentadas de financiamiento y atención. Una iniciativa clara en esta dirección es el modelo colombiano que genera un cambio en la estructura del sistema con el fin de poder establecer subsidios cruzados entre grupos de mayores ingresos a grupos de menores recursos. Acotado al sistema de Obras Sociales Nacionales, en Argentina, se genera un Fondo de Redistribución tendiente a ese mismo fin.
El instrumento de aseguramiento social como mecanismo de redistribución de fondos tiene como eje básico la existencia de un paquete médico de servicios. El mismo no solamente constituye un criterio de efectividad que permite establecer un piso de atención y cobertura generalizado para toda la población independientemente de su nivel de recursos. Asimismo, establece un patrón monetario de comparación que permite diseñar subsidios cruzados entre grupos de ingresos.
Este instrumento involucra la previsión de cuatro riesgos: El primero, como en el caso colombiano, la falta de incentivos que el sistema le provee a aquellos trabajadores que participan del régimen contributivo, que preferirían no declarar el total de los ingresos percibidos. El segundo está asociado con la necesidad de corregir el paquete de atención a partir de patrones epidemiológicos regionales o locales. El caso colombiano, en este sentido, establece pisos básicos de atención diferenciados, en tanto que en sistemas como el argentino esto no ocurre. Un tercer riesgo asociado con la definición de un paquete básico de servicios, se relaciona con las estructuras de poder relativo de los distintos tipos de prestadores que participarían potencialmente en la definición del paquete.
Finalmente, el cuarto riesgo asociado con la creación de un paquete básico de servicios en sistemas segmentados, se refiere a la necesidad de establecer mecanismos de coordinación entre los sistemas de seguridad social y el sector público para dar cumplimiento a la cobertura propuesta. En este sentido, República Dominicana y en particular Bolivia muestran limitaciones en los mecanismos normativos y de distribución de fondos entre subsectores que pueden provocar subsidios cruzados no deseados, limitando la cobertura y faltando al cumplimiento de los objetivos originalmente establecidos por la reforma.
Los mecanismos de aseguramiento social, en la medida que existan estructuras de coordinación, pueden constituir herramientas poderosas para permitir el acceso a servicios de salud de contingentes de población carenciados. Una aplicación efectiva de los mismos puede redundar en un cambio en la modalidad de asignación de recursos, asociado con las necesidades de la población y no con la infraestructura de servicios, no siempre correlacionada con la demanda de atención.
c) Mecanismos de Pago La tercera característica planteada tradicionalmente por las reformas de salud, y probablemente la mas difícil de implementar, se encuentra asociada a cambios en los incentivos monetarios de los agentes participantes en la prestación de servicios. La implementación de reformas que incluyan sistemas alternativos de pago depende del poder relativo de cada una de las partes en la prestación de servicios de salud, como así también de la existencia de normativas, reglas de comportamiento y reivindicaciones históricas de algunos de los sectores participantes.
El modo de pago tradicionalmente utilizado en el sector público de salud latinoamericano ha sido el de salarios y presupuestos fijos, no atados a desempeño y acompañado por rigideces en el empleo basadas en la reinvindicación de la estabilidad del empleo. La intención de alterar los pagos en base a resultados hace suponer una amenaza a tal estabilidad, así como una transferencia de riesgo financiero del sistema.
Estos mecanismos de reasignación de recursos a través de incentivos por productividad, o cambios
en mecanismos de pago, desde retribución por
prestación a la asignación de cápitas, involucran
una diferencia en los modos de transferir riesgos a
lo largo de la cadena de provisión de servicios. En
todos los casos analizados para la región, se cuentan ejemplos de resistencia de los prestadores (públicos
o privados, hospitales o profesionales) a
instrumentar o acompañar reformas en esta dirección, especialmente si se considera a los procesos de descentralización como un mecanismo alternativo de asignación de recursos y por tanto de transferencia de riesgo. En el caso de la República Dominicana, por ejemplo, la Asociación Médica, un actor protagónico en las discusiones sobre reforma de salud, ha rechazado la aplicación de mecanismos de incentivos alternativos en tanto consideran su
inclusión un modo de debilitar posiciones históricas de estabilidad laboral. En otros países tales como Argentina, los cambios que se intentaron introducir vinculados a pagos por desempeño en el sector público no han tenido éxito, e incluso en un modelo
de cambio sistémico, como el colombiano, las
limitaciones de implementación han sido muy profundas.
Sin embargo, el pago a los efectores privados dentro del sistema único de salud brasileño o los pagos per cápita a los prestadores privados subcontratados por el sistema de seguridad social
argentino constituyen ejemplos para ser analizados
en profundidad, no solo por el éxito en la
implementación de estas medidas sino también por la variedad de alternativas ejecutadas. En todos estos casos, la relación entre el tamaño de mercado, medido en términos de población a ser cubierta como en función de la relación de poder de negociación entre las asociaciones médicas por un lado y las cámaras de clínicas y hospitales por el otro, ha producido distintos resultados. Maceira y Murillo (2001) hacen un análisis sobre las posibles relaciones de poder y capacidad de negociación relativa en algunas naciones de América Latina, mostrando el impacto de la estructura de mercado sobre la capacidad de aplicación de estas herramientas de reforma. Este factor debe ser mensurado al momento de definir una estrategia de cambio en el sector que se base no sólo en efectos teóricos esperables sino en probabilidades reales de repercusión, dadas las experiencias en distintas
estructuras de mercado existentes en la región latinoamericana.
Ejemplos adicionales de poder de mercado, estructura de la oferta y poder político, se encuentran los casos de Chile y de Bolivia. En el primero de ellos, la estructuración durante el período democrático de las organizaciones de prestadores limitó sustancialmente la aplicación de mecanismos alternativos de pago y descentralización. En Bolivia, por el contrario, la carencia de cámaras empresariales o gremios médicos poderosos que enfrenten los cambios en las estructuras de aseguramiento social, implicaron una mayor transferencia de riesgo en los mecanismos de pago utilizados.
Manejo de información y seguimiento y evolución de reformas
Una de las carencias más notorias en el diseño de reformas de salud está asociada con el manejo de la información, no solamente en cuanto a la evolución de indicadores de éxito del cambio/reforma propuesto, sino también en la utilización de la información originalmente disponible para establecer fehacientemente cuáles son las necesidades de la demanda, identificar los nichos de inequidad y reformar los mecanismos de transferencias de recursos entre los subsistemas.
La falta de mecanismos de seguimiento y evaluación incorporados a las reformas hacen que sea imposible generar incentivos adecuados para poder implementar los cambios propuestos. Como ejemplo, un cambio en el mecanismo de pago que pase de un presupuesto fijo por hospital o un salario base para los profesionales médicos, a un sistema capitado, no necesariamente será efectivo en generar los resultados deseados en la medida en que no se encuentre acompañado de rutinas de monitoreo en la conducta de los agentes. Al no existir estos mecanismos de seguimiento, los prestadores observan una remuneración fija en cualquiera de los dos casos, que no se encuentra sujeta al cumplimiento de protocolos de atención o metas asociadas con desempeño. Ello perjudica las posibilidades de retroalimentación del sistema, en tanto no permite corregir las fallas de
implementación de una reforma bien diseñada, al mismo tiempo que impide brindar señales claras a los agentes acerca de los cambios pretendidos.
La región latinoamericana cuenta con mecanismos de información (encuestas de hogares, consultas sobre satisfacción de consumidores) para poder evaluar cuál es la verdadera cobertura de atención de salud de sus ciudadanos, como así también cuáles son los patrones de consumo por subsistema y los mecanismos de transferencias de recursos entre ellos. Lamentablemente, la falta de análisis de esta información disponible atenta contra un diseño preciso y adecuado de las reformas. De este modo, los objetivos de las mismas se vuelven difusos y se corre el riesgo de establecer mecanismos de cambios y herramientas de transformación que no se condicen con las verdaderas necesidades del usuario. La falta de información se traslada a lo largo del proceso de reforma, no existiendo registros administrativos confiables respecto de las características de los usuarios, diagnósticos, tratamiento, estructuras de consultas, mecanismos de derivación, etc. Esto es particularmente conflictivo en estructuras segmentadas donde existen transferencias de ingresos entre grupos sociales. Nuevamente el caso boliviano se vuelve un ejemplo en este particular. Luego de varios años de la aplicación de un seguro básico de salud, (originalmente seguro materno infantil), éste aún no cuenta con estimaciones concretas acerca de cuáles son los mecanismos de subsidios cruzados entre las Cajas de salud y el sector público. Asimismo, en el caso argentino, las transferencias no deseadas entre la seguridad social (obras sociales nacionales y provinciales), y el sector público, limita la capacidad de gestión de éste último subsistema, atentando contra sus posibilidades de financiamiento. Esto a su vez perjudica el uso eficiente de recursos potencialmente dirigidos a grupos de población con necesidad de una política equitativa de cuidados de la salud.
Dado este panorama, se presenta un desafío, no solamente para aquellos tomadores de decisiones de política dentro del sector público, sino también para los funcionarios de organismos internacionales de crédito. El mismo está asociado con la posibilidad de brindar un diagnóstico pertinente a partir del análisis de la información disponible, de modo de
Dada la carencia de una cultura de monitoreo y evaluación por parte de los gobiernos nacionales
y locales, es parte de la tarea de las
organizaciones internacionales brindar apoyo en
la confección de una matriz de indicadores de
seguimiento que constituya la base para un proceso virtuoso de retroalimentación.
Pacientes como consumidores
A pesar que el sistema de salud se organiza en
torno a la idea de mejorar las condiciones de
vida de la población, su participación en la toma
de decisiones es secundaria. Las explicaciones
son múltiples: en salud, la información es asimétrica y, salvo a partir de procesos de aprendizaje de enfermedades reiteradas, el médico “conoce” más que el paciente, y
demanda por él los servicios que el sistema de salud ofrece. Los mecanismos de subsidio a la demanda propuestos por algunas de las reformas
del continente ofrecen mayor protagonismo a los
pacientes, al permitir ejercer su potestad de elección. Sin embargo, ello ha mostrado un éxito
relativamente menor, especialmente en naciones de menores recursos o en áreas rurales o
despobladas, donde la diversidad promueve ineficiencia, o es poco probable de desarrollar. Adicionalmente, la diversidad de objetivos y características de los pacientes es mayor que la
de cualquier otro grupo de interés participante en
el sector, limitando su capacidad de organización. Ello se refuerza con un hecho básico: ser paciente, salvo en casos de enfermedades crónicas, es un estado transitorio, incluso no deseado, y su demanda en general caduca. Los médicos, clínicas, etc., son grupos estables en la puja por la distribución de ingresos del sector.
A pesar de ello, los pacientes cuentan con dos
herramientas de participación: su elección de proveedor (dada la comparación precio-calidad percibida entre proveedores) y su potestad de queja ante un mal servicio. En ambos casos, el estado cumple un papel fundamental, ya sea brindando oportunidad de acceso a los más pobres, o proveyendo la normativa y las
instituciones adecuadas para canalizar la queja mediante organización de consumidores e instrumentando los medios que permitan la resolución de conflictos.
Considerando la presencia del consumidor en servicios de salud en América Latina, se puede observar una heterogeneidad marcada entre los países analizados. En principio se distinguen dos grandes grupos: aquellos que cuentan con un marco legal definido para la defensa al consumidor, y los que no tienen un cuerpo legal preciso y se encuentran débilmente organizados. En el primer grupo, ordenándolos por nivel de desarrollo se encuentran Brasil, Argentina y crecientemente Colombia y Chile. En el segundo grupo se ubican Guatemala, Bolivia y República Dominicana, que no sólo están rezagados respecto a los otros países bajo análisis, sino respecto al resto de América Latina y Caribe. Un resumen de las características legales de la defensa del consumidor para estas naciones se presenta en el Cuadro 2.
Las legislaciones de Brasil y Argentina pueden ser consideradas como avanzadas para el contexto regional. El sistema legal brasileño es preciso y la defensa al consumidor se encuentra garantizada en la constitución federal. Posee un sistema de protección en todos los niveles de gobierno, lo que le permite cobertura regional. El sistema de PROCONS bajo el ámbito del Ministerio de Justicia organiza la defensa en forma homogénea para los niveles estaduales y municipales, aunque no existen evaluaciones sobre su funcionamiento. Para el sistema de salud en particular, se encuentra la Agencia Nacional de Salud, que defiende específicamente los derechos en la provisión de estos servicios, con presencia en los estados a través de Centros de Vigilancia Sanitaria. Por otro lado, en temas de salud y generales se encuentra el Equipo de Protección al Consumidor de la Procuraduría General de Justicia.
Todos los órganos de defensa al consumidor de carácter público se encuentran articulados a través de la Casa de Defensa al Consumidor. Existen además equipos de defensa al consumidor en la Procuraduría General de Justicia, comisiones de defensa del consumidor en las Asambleas Legislativas locales y en las cámaras municipales y Entes de defensa específicos para servicios
públicos. Por otra parte, la sociedad civil posee presencia local a través de Asociaciones de Defensa al Consumidor y Movimientos de Amas
de Casa y consumidores, que informan, orientan,
capacitan y gestionan denuncias de los consumidores. Algunos organismos datan de la década del ’80, lo que implica una importante experiencia en el tema, aún antes de que las leyes específicas se hubieran sancionado (década del ’90). En muchos casos se encuentran afiliados a organizaciones internacionales de defensa al consumo.
seguridad social (Jubilaciones, Riesgos de Trabajo
y Obras Sociales Nacionales), seguros, bancos, etc.
En el caso de salud, la Superintendencia de Servicios de Salud atiende reclamos de beneficiarios de las Obras Sociales Nacionales. Los usuarios de Obras Sociales Provinciales reclaman ante la Dirección de Comercio Interior o de Industria de cada Provincia. Los asociados a las Empresas de Medicina Prepaga denuncian ante Secretaria de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor. No obstante, cualquier beneficiario puede reclamar ante los organismos generales de defensa al consumidor.
En el caso de Argentina, la garantía de defensa al consumidor también se encuentra garantizada en la Constitución. Desde hace treinta años existen antecedentes legales de amparo al consumidor, aunque las leyes específicas datan
Por último las asociaciones de consumidores de Argentina poseen amplia cobertura geográfica. Las más importantes a nivel nacional tienen aproximadamente veinte años de actividad. Muchas
de los años noventa. En cuanto al amparo público, el sistema posee, similar al caso de Brasil, varios sistemas, generales y específicos,
poseen un campo específico de defensa de derechos en materia de servicios de salud, asociadas a organizaciones internacionales de defensa de los
Defensor del Pueblo de la Nación, y sus pares
El caso de Chile es muy particular dentro de este
distintas provincias o municipios, garantizan
grupo, ya que se encuentra en pleno desarrollo de su
Reconstrucción organizó el sistema de Fiscalía
derechos humanos en general y poseen áreas
sistema de defensa al consumidor, hasta hace años
específicas de defensa de derechos en materia de salud, como obligatoriedad de cumplimiento del
desarticulado. El Ministerio de Economía, Fomento
paquete mínimo de servicios de salud (PMO) por parte de las Obras Sociales Nacionales y Empresas de Medicina Prepaga, adecuada atención en los hospitales públicos, provisión de
Nacional Económica, que investiga atentados a la libre competencia y otras infracciones comerciales. El mismo no defiende los derechos del consumidor ante casos particulares, sino que procura mercados
transparentes a través de la revisión de contratos, precios, licencias, exclusividad, discriminación,
El Ministerio de Economía, a través de la
y la Defensa del Consumidor, atiende las
denuncias referidas a cualquier tema comercial. En su ámbito la Ley de Defensa del Consumidor, crea el mecanismo de los Tribunales Arbitrales de Consumo, destinados a resolver casos controvertidos a través de un proceso ágil, con representación de árbitros por parte del Estado, los consumidores y las empresas.
Por otra parte existen entes reguladores de Servicios Públicos y Superintendencias que a nivel nacional ejercen el control de empresas de servicios públicos en el primer caso, y de organizaciones y empresas relacionadas con la
monopolios, etc
Economía coordina el Servicio Nacional del Consumidor de Chile (SERNAC), que brinda información relacionada con las recientes normas de defensa al consumidor y gestiona denuncias realizadas. El SERNAC posee articulación con los gobiernos locales a través de las Oficinas Comunales de Información al Consumidor (OCIC). En el caso de los Servicios Públicos, existen organismos que toman denuncias, entre ellos la Superintendencia de Isapres, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y el FONASA.
Dentro del segundo grupo, Guatemala no cuenta con una defensa específica de los consumidores en su constitución y sólo procura en garantizar la libre competencia, que beneficia indirectamente al
usuario, sin describir garantías directas de sus derechos. El reglamento interno del Ministerio de Economía deja bajo su jurisdicción la defensa de los derechos del consumidor a través de la Dirección de atención y apoyo al consumidor (DIACO), que debe brindar asistencia en los reclamos ante proveedores, información, etc. Por otra parte, existen Ligas del Consumidor y Centros de Defensa del Consumidor, que, instituyéndose como asociaciones civiles sin fines de lucro, han sostenido desde hace unos pocos años proyectos de Ley para protección de los consumidores, brindando además información y educación.
En el caso de Bolivia, la Constitución menciona la protección ante mercados monopólicos, aunque no establece garantías concretas de derechos del consumidor. Como órgano oficial se encuentran la Defensoría del Pueblo y el Consejo Andino de Defensores del Pueblo. Este último posee oficinas en las ciudades más importantes del país y tramitan defensas concretas de los derechos de los beneficiarios, incluyendo casos específicos de salud. Existen asimismo ONG relacionadas: el Comité de Defensa de los derechos del Consumidor (CODEDCO), la Acción Internacional por la Salud (AIS) y la Fundación Privada de defensa de la Naturaleza y la Vida. Los objetivos se relacionan con la investigación, información, orientación a consumidores, fomento del uso racional de los medicamentos, derechos de los pacientes, etc. Son asociaciones miembros de varias organizaciones internacionales de salud y defensa de los derechos de los consumidores.
Para concluir, en el caso de República Dominicana
su Constitución reconoce la función del Estado en
la protección de los derechos humanos y en defensa
de la libertad de empresa. No se encuentran alusiones exclusivas en materia de garantías de los derechos de los consumidores, ni existe un cuerpo legal específico en la materia. La Subdirección de Defensa y Protección al Consumidor (DECO - Departamento de educación al consumidor) y la Fundación de derechos del consumidor, son citados como únicos organismos que actúan en el tema.
Del análisis de los casos planteados se puede observar una marcada diferencia entre países. El sistema legal es específico y completo en el caso de Brasil y Argentina, en tanto Chile se encuentra completando el desarrollo de su sistema, de defensa del consumidor. Los casos de Bolivia, Guatemala y República Dominicana son muy pobres normativamente, ya que lo poco que se legisló en la materia no es específico o no se encuentra reglamentado.
La existencia de organismos públicos que tienen la
función de resolver, arbitrar o atender reclamos es importante en Brasil, Argentina y Chile, con presencia en todos los niveles de gobierno, creados
a partir de las leyes específicas de garantías a los
consumidores. En cambio en el resto de los países analizados, la presencia de organismos públicos es limitada, atiende a la defensa del mercado equilibrado y no directamente a los derechos del consumidor.
Cuadro 2: Defensa al consumidor: Aspectos normativos
Ley 20.680 de Abastecimiento (1974) Ley 22.802: Ley de Lealtad Comercial (1983) Ley 24.240: Ley de Defensa del Consumidor (1993) Decreto 1798/94: Reglamentario de la Ley 24.240. Ley 24.568: Modificación facturación de servicios (art. 31 de la Ley 24.240). Resolución S.C.e I. 289/95: Registro de Asociaciones de Consumidores. Decreto 270/97: Observase los párrafos cuarto y quinto del artículo 4 de la 24.787 Ley 24.787: Venta telefónica, por catálogo, etc. Consignar nombre, domicilio, cuit. Res S.I.C. y M. 1139/97: Registro de Asociaciones de Consumidores (deroga 289/95) Res S.I.C. y M. 1233/97: Delegase en la DNCI el contralor y vigilancia sobre el cumplimiento de la 19.227, 19.511, 20.680, 22.802 y 24.240. Decreto 276/98: Creación del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. Decreto 1798: Reglamentario-Protección al Consumidor-Derechos del Usuario-Oferta-Servicios Públicos-Información al Consumidor- Compraventa. (1994) Res S.I.C. y M. 212/98: Reglamentación del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. Res S.I.C. y M. 314/98: Modifica la Res. 212 excluyendo a las asociaciones empresariales de inscribirse en el registro de oferta publica de adhesión al SNAC. Ley 24.999: Modifica los artículos 11, 13 y 14 del capitulo IV y 40 del capitulo X de La Ley. 24.240. Garantías – Responsabilidad – Res S.I.C. y M. 616/98: Creación del Consejo Consultivo de los Consumidores. Res S.I.C. y M. 906/98: Tamaño mínimo de la letra de los contratos escritos; legibilidad; expresión del art. 34. Ley 25.065: Ley de Tarjetas de Crédito. Secretaría de Industria, Comercio y Minería (Autoridad de Aplicación). Res S.I.C. y M 222/99: Normas a las que se deben ajustar las entidades que otorguen créditos prendarios sobre automotores. Decreto 561/99: Incorpora como "ventas domiciliarias" a las convocadas con un objeto diferente del de la contratación. Res S.I.C. y M 413/99: Modifica Res 1233/99 (incluye Ley 25.065) y completa la delegación de la Ley 24.240. Res S.I.C. y M 461/99: Normas para asociaciones de consumidores para funcionar en el ámbito nacional. Ley 25242: Precio Uniforme de Venta al Publico o Consumidor Final de Libros que se Editen o Importen. 10-I-2002 Decreto 677/01: Transparencia y Mejores Prácticas para el Mercado de Capitales. 22-V-2001
Constitución Política. Artículos 134, 142 y 233. Ley de Inversiones. Ley del Sistema de Regulación Sectorial (Sirese)
Constitución de la República Federativa de Brasil. Artículos 170, 173 y 174 (1988) Ley Nº 9.021. Dispone la entrada en funcionamiento del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE)- creado por ley 8884 de 1994.
Ley Nº 8.884, dictada originalmente en 1962 y modificada parcialmente en 1990, con revisiones en 1004. Transforma el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) en autárquico y dispone su jurisdicción sobre ámbitos de prevención y castigo de infracciones contra el orden económico. (1994) Ley Nº 8.137. Define los delitos en materia tributaria, económica y contra las relaciones de consumo. (1990) Ley Nº 7.347, modificada por el artículo 88 de la Ley Nº 8.884 de 1994. Regula las acciones por la responsabilidad civil por daños causados por la libre competencia o cualquier interés difuso o colectivo. (1985) Resolución Nº 186 del Ministerio de Justicia. Aprueba el reglamento interno del Consejo Administrativo de Defensa Económica. (1992) Ley Nº 10.167 modifica Ley 9.294 de 1996, que dispone de restricciones de propaganda de productos dañinos y otros. (2000) Ley Nº 10.048. Prioriza la atención de personas que especifica y dispone sobre otras materias. (2000) Ley Nº 9.832. Prohíbe el uso industrial de embalajes metálicos con mezcla de ciertos metales para productos alimenticios, excepto para productos secos o deshidratados. (1999) Ley Nº 8.656 Modifica dispositivo de Ley Nº 8.078, de 1990, que "Dispone sobre protección del consumidor y otras materias". (1997) Ley Nº 8.078 Código del consumidor. 11-IX-1990 Ley Nº 7.802. Disposiciones acerca de investigación, experimentación, producción, embalaje, rotulado, transporte, almacenamiento, comercialización, propaganda comercial, utilización, importación, exportación y destino final de residuos y embalajes, registro, clasificación y control, inspección de agrotóxicos, componentes y afines, y otras materias. (1990) Ley Nº 1.521 Ley de economía popular. (1951) Decreto 3.871 Dispone sobre rotulado de alimentos embalados que contengan o sean producidos con organismos genéticamente modificados, y otras materias. (2001) Decreto 3.691. Reglamenta la Ley 8.899 de 1994, que dispone sobre el transporte de personas con discapacidad en el sistema de transporte colectivo interestadual. (2000) Decreto 2.998. Nueva redacción del reglamento para la fiscalización de productos controlados. (1999). Revocado por Decreto 3.665 de 2000. Decreto 2.876. Dispone acerca del impuesto de exportación y de impuestos sobre los productos industrializados en la comercialización de cigarros. (1998) Decreto 2.181. Dispone la organización del Sistema Nacional de Defensa al Consumidor. (1997) Decreto s/n. Creación de la Comisión Permanente de Defensa al Consumidor y otras materias. 29-IX-1995 Decreto 75.074 Reglamenta la Ley 5.956, de 1973, que dispone sobre empleo de fibras en productos textiles. (1974) Decreto 22.626. Dispone de intereses de contratos y otras materias. (1933) Instrucciones Instrucción Normativa 20 Dispone sobre normas para verificación de seguridad alimentaria (plantas genéticamente modificadas o de sus partes) y de otras materias. (2002) Guía de municipalización de defensa al consumidor en Brasil. Creación de PROCONs Municipales.
Ley 19.496, Ley de protección de los derechos de los consumidores Ley 19.610 de 1999, que hace algunas modificaciones al Decreto Ley 211 de
Decreto No. 511, de 17 de septiembre de 1980, publicado en el Diario Oficial No. 30.80, 27 de octubre de 1980, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del Decreto Ley No. 211 de 1973 que estableció Normas para la Defensa de la Libre Competencia.
A lo largo de este trabajo se han presentado para
la discusión distintos procesos de reformas
llevados a cabo en la región de América Latina y
el Caribe con el fin de poder aportar al debate
sobre una estrategia de diseño, implementación
y seguimiento de reformas futuras. Del análisis surgen cuatro grandes conclusiones para el debate de política pública: .
Primero, la falta de coordinación entre la toma de decisiones de los ministerios de salud nacionales y sus pares asociados con la estrategia de inversión en saneamiento, infraestructura de agua y salud ambiental, limitan la implementación de estrategias asociadas con objetivos básicos de salud pública.
Segundo, se observa que la definición de objetivos de las reformas, en general, cuentan con un carácter político y son débilmente definidas, ya sea esto asociado con una pobre caracterización de las necesidades de la población, como con una falta de diseño de una estructura consistente de objetivos y herramientas de reformas.
Tercero, las limitaciones en el análisis de los actores participantes en los sistemas de salud de cada país en particular y el poder relativo de cada uno de estos atenta no solamente contra la dinámica del proceso de reforma y su timing de aplicación, sino también con el alcance de los objetivos planeados originalmente. Ello se encuentra asociado con la necesidad de considerar la historia del sistema de salud, sus características, el modo histórico de toma de decisiones, y las normativas y reglamentaciones que fueron definiendo la estructura del sector hasta el presente.
En cuarto lugar, se propone un análisis en profundidad de la coherencia entre los objetivos y los instrumentos utilizados, a fin de subordinar estos últimos a los primeros. La experiencia regional muestra que el proceso de descentralización, por ejemplo, si bien acerca la
toma de decisiones a las necesidades de la población, requiere de la formación de recursos humanos que sean capaces de llevar a cabo el cambio, como también de una redefinición del papel que debe jugar el gobierno central ante una estructura de este estilo.
Con respecto a los mecanismos de aseguramiento social, la experiencia sugiere que puede convertirse en un instrumento idóneo para aumentar la cobertura y mejorar la eficiencia en la asignación de recursos, especialmente con la utilización de un paquete de servicios que sirva como parámetro de comparación en la redistribución de fondos. Sin embargo, la falta de estudios sobre perfil epidemiológico y/o diferencias de riesgo entre regiones de un mismo país, pueden llegar a desvirtuar los alcances de este instrumento.
Finalmente, la instrumentación de cambios en mecanismos de pagos debe estar precedida por un análisis específico para cada país o región de las estructuras en el mercado prestador, las relaciones de poder entre los distintos actores participantes, financiadores, prestadores, clínicas, médicos e intermediarios, a fin de poder preveer los verdaderos incentivos que se generan a partir de la incorporación de estos mecanismos alternativos de remuneración.
En general, un sistema segmentado, como aquel característico en América Latina, requiere de mecanismos de coordinación asociados con las características propias del país. Para ello es primordial instituir normativas coherentes y flexibles y un modelo de información disponible que permita establecer un diagnóstico certero de las necesidades de la demanda, y la construcción de una matriz de indicadores que den lugar a las reformas. En este contexto, los organismos internacionales de crédito tienen un papel fundamental en brindar apoyo en esta dirección, de modo de contribuir con el conocimiento de la experiencia internacional al éxito de sistemas de salud en constante evolución.
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www.adelco.com.ar
www.ans.saude.gov.br
www.defensadoconsumidor.com.br
www.minproduccion.gov.ar
www.ops-oms.org.do
Organismos y Asociaciones de Defensa de los Derechos del Consumidor
− Atención de reclamos
Es miembro afiliado de Consumers
(55.220 socios)
− Asesoramiento Jurídico (servicios públicos, contratos, garantías, etc.)
International, Federación de
Organizaciones de Consumidores fundada en 1960, para proteger y promover los intereses de los
− Información y Difusión de los derechos del consumidor (folletos, guías)
consumidores a nivel mundial.
− Mediación
− Capacitación
− Investigación
− Mantiene vínculos institucionales con Organismos Oficiales del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo; Cámaras Empresariales, Organizaciones de Consumidores Nacionales e Internacionales
− Atención de Reclamos, Asesoramiento y Mediación
ADECUA (Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina)
ADELCO (Liga de Acción del Consumidor)
− Publicaciones
ADELCO desde hace más de una
− Tramitación de
década es miembro pleno de la
El objetivo es Informar, representar y defender a los consumidores de productos y usuarios de servicios públicos y privados, no solamente en su calidad de comprador, sino también con relación al ahorro, a la seguridad, la salud, educación, etc. Nuestro campo de acción es
− Banco de Datos
Consumers International, e integra
junto con 16 organizaciones de los 5
continentes su Consejo elegido en
− Presencia continua ante los sectores de poder, tanto gubernamentales, privados, como políticos, a los efectos de influir en decisiones
Asamblea. Fundó ACOM, Asociación de Consumidores de Mercosur, integrada por organizaciones privadas de defensa del consumidor en los países miembros, y como
el consumo. Todo consumo, nada más que el consumo.
que hacen a la calidad de vida
observadores, las de Chile, Bolivia, Perú.
Integra el Foro Económico y Social de Mercosur, órgano establecido por el acta de Ouro Preto, de carácter oficial, e integrada por los sectores privados de producción, laboral, y consumo. Institución receptora de pasantías de organizaciones de consumidores de América. Recibió pasantías de El Salvador, Paraguay y Uruguay. Es permanentemente consultada por visitantes del exterior y organismos internacionales (Unicef,
FAO, Banco Mundial
de productos, servicios públicos y
Asociación Vecinal Belgrano “C”
PROCONSUMER (Protección de consumidores del Mercosur)
Salta Codelco
Formosa Asociación Civil Formoseña de defensa del consumidor.
Defensor del Pueblo de la nación (defensa de los derechos de los ciudadanos a la educación, la salud, la seguridad, el libre uso de los espacios públicos y procurar elevar la calidad de vida
de la población y la defensa de los derechos humanos)
Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 artículo 4
 resolución 
in fine
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 88
 Resolución 
 Resolución