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Timestamp: 2019-03-19 17:08:38+00:00

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Acuerdo y Sentencia 0118/2017 Tribunal de Cuentas 1ª Sala
ACUERDO Y SENTENCIA T.C. 1ª SALA Nº 118/17
JUICIO: “NEGOCIOS Y SERVICIOS CONTRA RESOLUCIÓN N° 1, ACTA N° 91 DE FECHA 15 DE DICIEMNRE DE 2015, DICTADA POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY”. N° 33, FOLIO 6, AÑO 2016.
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los catorce días del mes de setiembre de dos mil diez y siete, estando presente los Excelentísimos Señores Miembros del Tribunal de Cuentas, Primera Sala, Mag. Alejandro Martín Avalos V., Dr. Rodrigo A. Escobar E., y Dr. Amado Verón Duarte, en su Sala de Audiencias y Público Despacho, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, por ante mí el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: “NEGOCIOS Y SERVICIOS CONTRA RESOLUCIÓN N° 1, ACTA N° 91 DE FECHA 15 DE DICIEMNRE DE 2015, DICTADA POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY".
Y EL MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PRIMERA SALA, A. MARTÍN AVALOS VALDEZ, DIJO: Que, en fecha 09 de febrero de 2016 (fs. 22/25 de autos) se presentó ante este Tribunal de Cuentas, el Abog. PIO O. GALEANO RIOS, en nombre y representación de NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A., a instaurar demanda contencioso administrativa contra la RESOLUCIÓN N° 1, ACTA N° 91 DE FECHA 15 DE DICIEMNRE DE 2015, DICTADA POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. Funda la demanda en los siguientes términos: “a) Por RESOLUCIÓN SS.SG. N° 158/15 de fecha 20 de octubre del 2015, dictada por el SUPERINTENDENTE DE SEGUROS se resolvió: 1) SANCIONAR a la Corredora de Seguros NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A. por haber infringido normas de carácter reglamentario (Resolución SS.SG. N2 128/11 (Art. 1 Anexo punto 1 (plazos) y la Resolución N2 14/96. Anexo 1 (art. 7 inc. d) y Circular SS.SG. 028/12) de acuerdo a los fundamentos indicados en el Considerando, y adecuarse su conducta al Art. 120. De la Ley de Seguros, con una multa equivalente a CINCUENTA (50) jornales mínimos diarios para las actividades diversas no especificadas en la Capital, de acuerdo a lo establecido en el Art. 120, inc b), de la Ley "De Seguros".- 2) ORDENAR la transferencia de la multa correspondiente a la cuenta del Banco Central del Paraguay, conforme se detalla en la Circular SS.SG N° 80/13, indicado el concepto de la operación, el número de esta Resolución, por la que se aplica la sanción de multa, en el plazo de quince (15) días hábiles de haber quedado firme la presente:- 3)COMUNICAR por escrito a la Superintendencia de Seguros la realización de dicha transferencia, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles de efectuada, indicando el nombre de la entidad financiera y los datos de la cuenta mediante la cual se ha procedido, adjuntando copia autenticada de los documentos que así lo demuestren, b) Contra dicha resolución hemos interpuesto recurso de apelación y nulidad en fecha 06 de noviembre de 2015. c) Dicho, recurso ha sido resuelto por el Directorio del BCP, por lo que ha recaído RESOLUCIÓN N° 1, Acta N2 91 de fecha 15 de diciembre del 2015. Que resolvió 1) Reconocer la personería del Abog. PIO 0. GALEANO RIOS en el carácter invocado, tener por constituido su domicilio en el lugar señalado y por presentado el recurso de apelación contra el Articulo 12) de la Resolución SS.SG. N2 158/15 del Superintendente de Seguros de fecha 20 de octubre del 2015. 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Abog. PIO O. GALEANO RIOS, en representación de la entidad NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A., en el escrito presentado en fecha 6 de noviembre de 2015, contra el Art. 12) de la Resolución SS.SG. N2 158/15 del Superintendente de Seguros de fecha 20 de octubre de 2015, en base a los fundamentos expuestos en el exordio del presente acto administrativo.- 3) Confirmar la Resolución SS.SG. N2 158/15 de fecha 20 de octubre de 2015, dictada por el Superintendente de Seguros, en todos sus término, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente Resolución. Razón por la cual ya se encuentra legalmente expedita esta vía procesal para iniciarse la presente acción contencioso-administrativa. NO HAY ARGUMENTOS QUE AMERITEN LA SANCION. La sanción ha sido dispuesta en base a conclusiones a las que han arribado el SUPERINTENDENTE DE SEGUROS y EL DIRECTORIO del BCP que son equivocadas. Es por ello que los fallos deben ser dejados sin efecto y concierne a este Tribunal remediar la injusticia del decisorio. VV.EE., la cuestión debatida se centra en la FALTA DE PRESENTACIÓN DE LIBROS DE PRODUCCIÓN de los primeros trimestres del año 2014 NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A, si remitió los informes de los libros de producción, pertenecientes a los trimestres: enero-marzo, abril-junio y julio-septiembre del año 2014, como se puede notar en los documentos que adjuntamos a esta demanda. Según dicha la Unidad Juridica: "... el hecho de haber corregido o subsanado la irregularidad, constitutiva de la infracción a la norma, sólo podrá considerarse como un atenuante de la misma (infracción), pero desde luego no representa un exculpación de su efectiva comisión...". Siendo más específico. Esta es la principal discusión, y como lo venimos repitiendo la cuestión quedó subsanada antes de la Instrucción del sumario por parte de la Autoridad de Control. En efecto, por Memorando GUJ.DJSES N2 241/15 de fecha 18 de noviembre del 2015, de la Unidad Jurídica se señala en la Resolución N2 1 Acta N2 91 de fecha 15 de diciembre del 2015,"... con relación a la subsanación de la infracción cometida, volvemos a recalcar que el hecho de haber corregido o subsanado la irregularidad, constitutiva de la infracción a la norma, sólo podrá considerarse como un atenuante de la misma (infracción)...”. Esta conclusión de la Unidad Jurídica, posteriormente es asumida por el Directorio, lo cual deriva en confirmar la supuesta existencia de una falta administrativa y una sanción por un daño potencial que no existe. Que, nuestras afirmaciones quedan demostradas en los mails intercambiados entre la Sra. MERCEDES PEDROZO AGUIRRE de la División de Auxiliares del Seguro (Intendencia de Control de Operaciones de Reaseguros y Auxiliares del Seguro) y el Sr. Luis Distefano del Departamento de Contabilidad de Negocios y Servicios S.A., que demuestran que mi mandante si remitió los informes de los libros de producción, pertenecientes a los trimestres: enero-marzo, abril- junio y julio-septiembre del año 2014, en fecha 14 de noviembre del 2015, estos acuses de recibo se encuentran agregados en los antecedentes del sumario, no habiendo sido dichos informes en ningún momento objeto de cuestionamiento u observación alguna. Que, mientras que no ha sido debidamente probado por la Autoridad de Control, no se puede señalar que mi mandante infringió una norma, puesto que de otra manera se estaría violando el Principio de Legalidad. Que, VV.EE. pueden notar claramente que ha existido una extralimitación en la sanción impuesta por el BCP a NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A, aplicando la multa equivalente a CINCUENTA (50) jornales mínimos diarios para las actividades diversas no especificadas en la Capital, teniendo en cuenta que no se ha demostrado debidamente el perjuicio causado, base de la instrucción sumarial, y en consecuencia tampoco pueden ser consideradas las demás conclusiones alegadas por el BCP, como es el daño potencial-Cabe destacar que no hubo perjuicio económico, no ha existido gravedad, peligro o perjuicio causado, habida cuenta que se dio cumplimiento al pedido de presentación de los Libros de Producción. El BCP solamente se limitó ainternarse en el campo especulativo de lo que pudo haber ocurrido y no ocurrió, conducta administrativa que de por si deprime y diluye la "Regularidad" del acto administrativo. Que, VV.EE. podrán notar que el resultado del sumario administrativo iniciado por la Superintendencia de Seguros y confirmada por el DIRECTORIO del BCP ha basado la aplicación de la sanción en un "daño potencial inexistente”. CONCLUSIÓN: Finalmente, el fallo sancionatorio es injusto y debe ser DEJADO SIN EFECTO y en consecuencia, ABSUELTA del sumario a mi mandante NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A. En estas condiciones, VV.EE. se servirán dejar sin efecto las resoluciones recurridas, en la parte que sancionan a mi mandante y absolver a la misma.
Que, en fecha 30 de mayo de 2016 (fs. 39/48 de autos) se presentó ante este Tribunal de Cuentas, MARCO AURELIO GONZALEZ MALDONADO, Abogado en nombre y representación del BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, a contestar la presente demanda contencioso administrativa. Funda la contestación en los siguientes términos: “Las infracciones atribuidas a Negocios y Servicios S.A. y sus directivos, y que dieron lugar al inicio del sumario administrativo, fueron las siguientes: 1. Falta de presentación de los libros de producción históricos y trimestrales en los términos de las disposiciones emanadas de la Autoridad de Control: (i) Los libros de producción históricos (correspondiente a las producciones desde 1/07/2011 al 30/06/2012) se presentaron fuera del plazo establecido, ya que la presentación se realizó recién en julio de 2015 y debió ser realizada hasta el 20 de octubre de 2012, conforme se estableció en la Circular SS.SG. N° 28/12; (ii) Los libros de producción Trimestrales (periodo comprendido entre 20/10/12 al 23/12/2014) fueron también remitidos fuera de plazo, ya que debieron ser presentados hasta 20 días después del trimestre respectivo y recién fueron presentados el 14 de noviembre del año 2015; c) No poseían libros de producción impresos, conforme lo establece la normativa vigente. Que, la tenencia de los libros de producción de los auxiliares del seguro (Corredores) en formato electrónico, se encuentra establecida en la normativa emanada de la Autoridad de Control: Resolución de la SIS N° 128/11 [art. 1. Anexo art. 1 inc. b)]: "Io) Se establece la tenencia de los libros de producción de los auxiliares del seguro en formato electrónico y su presentación trimestral a la Superintendencia de Seguros (...) 1. Plazos (b) Extracto del de Producción de Corredores - Trimestral (..) 2. Horario de entrega de la información: La fecha límite del envió de la información es el dia 20 posterior al trimestre informado. Los Auxiliares del Seguro deberán entregar a la SIS los archivos por medio de correos electrónicos remitidos a la División de Control de Auxiliares del Seguro dependiente de la Intendencia de Control de Operaciones de Reaseguros y de Auxiliares del Seguro...". La Resolución N° 14/96, Anexo I [art. 7 inc. d)] reza lo siguiente: "Articulo 7. Los AGENTES, Corredores y Liquidadores de Siniestro deberán comunicar a la Superintendencia la ocurrencia de alguno de los siguientes hechos dentro del plazo de 5(cinco) días: (...) d) Llevar un registro rubricado de las operaciones de seguros en que interviene, en las condiciones en la que establezca la Autoridad de Control". En el mismo sentido, la Circular SS.SG. 028/12, la que también dispone que: "...la fecha límite de presentación del Libro de Producción (Información electrónica) tanto HISTÓRICO como TRIMESTRAL, queda fijada para el 20 de octubre de2012...". 2. Falta de comunicación de la modificación de estatutos, en transgresión a lo dispuesto en la Resolución SS.SG. N° 14/96. Anexo I [art. 7 inc. b)] de la Superintendencia de Seguros. En cuanto a este punto, se tuvo en cuenta que es obligación de los corredores de seguros comunicar a la Superintendencia, dentro del plazo de 5 (Cinco) días, cualquier modificación del pacto social, acompañando la copia legalizada de las escrituras públicas en que conste su inscripción en el Registro de Comercio y fotocopia de la publicación en uno de los Diarios de mayor circulación, conforme establece la Resolución de la SIS N° 14/96 en su Art. 7° inc. b), de esta Autoridad de Control. Según el Informe SS.ICORAS.DCAS. N° 331/14 en fecha 6 de mayo de 2013, se verificó una modificación del estatuto, ampliándose el capital social de la firma a G. 30.000.000.000 (Treinta Mil Millones) sin que a la fecha de emisión del informe de ICORAS [30.12.2014], la corredora hubiera comunicado dichas modificaciones a la Autoridad de Control. 3. Colocación de pólizas por medio de personas que no cumplimentan las condiciones exigidas por la regulación del corretaje de seguros, en transgresión a los artículos 70 y 76 de la Ley de Seguros. En este punto, se atribuyó e investigó a la corredora y sus directivos, ya que las propuestas de seguro no se encontraban suscriptas por el Agente de Seguros registrado como apoderado de la misma, el señor Luís Femando Báez Vázquez, sino que ellas estabas signadas por las siguientes personas: Lourdes González, Gerente General; Vicente Darío Espínola, Director Titular; Bernardo Hope, Gerente Administrativo; John G. Mathias Gaona, Presidente, quienes no figuran en los registros de auxiliares del seguro de la SIS (fs. 68 al 80); y que ello podría haber constituido una transgresión a los artículos 70 y 76 de la Ley de Seguros, que prescriben que: la "intermediación en la contratación de seguros solo puede ser ejercida por los agentes y corredores matriculados en el Registro de la Autoridad de Control', y que "el corredor debe proponer por escrito, bajo su firma, las operaciones de seguro en que intermedie", y que "el corredor debe proponer por escrito, bajo su firma, las operaciones de seguro en que intermedie". Cabe mencionar que la causal que SIRVIÓ DE BASE A LA SANCIÓN se produjo en razón de la falta de presentación de los libros de producción en los términos de las disposiciones emanadas de la Autoridad de Control: Resolución SS.SG. N° 128/11 [art. 1. Anexo art. 1 inc. b)] Resolución N° 14/96. Anexo I [art. 7 inc. d)] y Circular SS.SG. 028/12, lo que resultó en la comprobación de la comisión de una infracción a la obligación contenida en dichos preceptos, subsumiéndose tal conducta en el Art. 120° de la Ley de Seguros. Tanto la falta de comunicación de la modificación de estatutos, en transgresión a lo dispuesto en la Resolución SS.SG. N° 14/96. Anexo I [art. 7 inc. b)] de la Superintendencia de Seguros como la colocación de pólizas por medio de personas que no cumplimentan las condiciones exigidas por la regulación del corretaje de seguros, fueron desvirtuadas en el marco del proceso sumarial. Con base en tales circunstancias y luego de la verificación de las infracciones comprobadas en el sumario, el Superintendente de Seguros, mediante la Resolución SS.SG. N° 158/15, ha dispuesto: "1°) SANCIONAR a la Corredora de Seguros NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A. por haber infringido normas de carácter reglamentario (Resolución SSSG. N° 128/11 [art 1/ Anexo punto 1 (plazos y la Resolución N° 14/96. Anexo I [art. 7 inc. d)I y Circular SSSG. 028/12, de acuerdo a los fundamentos indicados en el Considerando, y adecuarse su conducta al Art. 120 de la Ley de Seguros, con una multa equivalente a CINCUENTA (50) jornales mínimos diarios para las actividades diversas no especificadas en la Capital, de acuerdo a lo establecido en el Art 120, inc. b) de la Ley "De Seguros". 2) ORDENAR la transferencia de la multa correspondiente a la cuenta del Banco Central del Paraguay, conforme se detalla en la Circular SS.SG. N/ 80/13, INDICANDO EL COIVEPTO DE OPERACIÓN, EL NUMERO DE ESTA Resolución, por la que se aplica la sanción de multa, en el plazo de quince (15) días hábiles de haber quedado firme la presente. 3° COMUNICAR por escrito a la Superintendencia de Seguros la realización de dicha transferencia, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles de efectuada, indicando el nombre de la entidad financiera y los datos de la cuenta mediante la cual se ha procedido, adjuntando copia autenticada de los documentos que así lo demuestren. 4°S0BRESEER a los señores John Matthias Gaona (Presidente), Vicente Rubén Darío Espínola (V ce-Presidente) y Asdrúbal Fretes (Miembros del Directorio), por no acreditarse su responsabilidad respecto de las infracciones investigadas. 5° Remitir copia de la presente Resolución al Registro de Sanciones. 6°Notifiquese y regístrese". Que, posteriormente, por escrito presentado en fecha 6 de noviembre de 2015 por el Abogado PIO O. GALEANO RIOS, en representación de la entidad NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A, se planteó recurso de apelación contra la Resolución SS.SG. N° 158/15 dictada por la Superintendencia de Seguros en fecha 20/10/2015. En respuesta a dicho recurso, el Directorio del Banco Central del Paraguay la Resolución N°1, Acta N°91 de fecha 15 de diciembre de 2016, donde resolvió: "1) Reconocer la personería del Abogado PIO O. GALEANO RIOS en el carácter invocado, tener por constituido su domicilio en el lugar señalado y por presentado el recurso de apelación contra el artículo 1°) de la Resolución SS.SG. N° 158/15del Superintendente de Seguros de fecha 20 de octubre de 2015, 2o) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado PIO 0. GALEANO RIOS, en representación de la entidad NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A., en el escrito presentado en fecha 6 de noviembre de 2015 contra el artículo 1°) de la Resolución SSSG. N° 158/15 del Superintendente de Seguros de fecha 6 de noviembre de 2015, en base a los fundamentos expuestos en el exordio del presente acto administrativo. 3°) Confirmar la Resolución SS.SG. N° 158/15 de fecha 20 de octubre de 2015 dictadas, por el Superintendente de Seguros, en todos sus término, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente Resolución. 4°) Remitir copia de la presente Resolución al Registro de Sanciones de la Superintendencia de Seguro. 5) Comunicar a quienes corresponda y archivar". 5. PRETENSIONES DE LA DEMANDA: La parte actora, por medio de la presente acción contenciosa administrativa incoada contra el Banco Central del Paraguay, pretende que el Excelentísimo Tribunal de Cuentas revoque las Resoluciones SS.SG. N° 158/15 de fecha 20 de octubre del 2015 (de la Superintendencia de Seguros), y la Resolución N° 1, Ata N° 91 de fecha 15 de diciembre del 2015 (del Directorio del BCP). En este sentido sostiene que el colegiado debe dejar sin efecto dichas resoluciones y, en consecuencia, absolver a la entidad NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A. Dichas pretensiones intenta fundamentar indicando que: No existen argumentos que ameriten la sanción, sostienen que las conclusiones a las que ha llegado el Superintendente de Seguros y el Directorio del Banco Central del Paraguay son equivocadas. Es por ello que los fallos deber ser dejados sin efecto y concierne a este Tribunal remediar la injusticia del decisorio. Que, NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A. sí remitió los informes de los libros de producción, pertenecientes a los trimestres: enero- marzo, abril-junio y julio y setiembre del año 2014, como se puede notar en los documentos que adjunta a du demanda. Los incumplimientos quedaron subsanados antes de la instrucción del sumario por parte del Banco Central del Paraguay. La Unidad Jurídica, y posteriormente el Directorio del Banco Central del Paraguay, asume la postura que los incumplimientos en cuestión constituyen faltas administrativas, por un daño que no existió. Que el Banco Central del Paraguay se extralimitó en la sanción impuesta a NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A., por un daño potencial que no existió. 6. FUNDAMENTOS DEL RECHAZO DE LA PRESENTE DEMANDA: a) La contraparte no hace mención a preceptos legales que hacen a su pretensión. El accionante pretende valerse de simples y llanas aseveraciones sin invocar siquiera alguna norma jurídica que respalde sus pretensiones. Al analizar los argumentos esgrimidos por el representante legal de la entidad, podemos afirmar sin temor a equívocos que en pocos momentos de su escrito, por o decir ninguno, ha tratado de desvirtuar el régimen jurídico esbozado en las resoluciones recurridas ni ha alegado alguna errónea interpretación de dicho régimen. Simplemente, omite cualquier respaldo legal a sus pretensiones, b) La sola subsanación de las fictas no exime a la entidad de sanciones. De forma resumida, lo que pretende el representante legal de la sumariada es que la misma no sea sancionada por haber ya subsanado la infracción, incluso antes de haberse iniciado el correspondiente sumario administrativo, pues, si la autoridad de Control no contempla esta situación (subsanación de la infracción), la misma tendría que dar trámite a un número muy elevado de expedientes sumariales. En su escrito de demanda manifestaron que: "Esta es la principal discusión, y como vinimos repitiendo la cuestión quedó subsanada antes de la Instrucción del sumario por parte de la Autoridad de Control'. Si bien se ha constado que la entidad ha tomado medidas con respecto a la falta en la cual incurrió, la misma acepta tal contravención a la norma al mencionar que tomó razón del hecho y lo ha corregido, pero aun así no podemos soslayar que tales medidas no eximen a la entidad de la infracción cometida: la infracción existió y fue reconocida por la entidad sancionada, incluso en esta instancia jurisdiccional. En efecto, la corrección y/o aceptación de los hechos por parte de la sumariada constituye un atenuante en la consideración de la sanción correspondiente, pero no puede borrar la infracción cometida, máxime cuando esa infracción tiene una expresa consecuencia prevista en la ley. Es decir, la aceptación y corrección de una infracción es la confirmación de que la infracción existió. Es la consecuencia de dicha infracción la que puede verse determinada por una eventual conducta reticente o correctiva por parte del infractor. Repetimos, la sola subsanación — fuera de tiempo - de las irregularidades detectadas, no produce la desaparición de los incumplimientos observados, así como tampoco exime a la entidad de una potencial sanción por haber incurrido en conductas que traen aparejadas consecuencias jurídicas por no acatar los delineamientos ordenados por la Superintendencia de Seguros. "El Derecho sancionador administrativo es un Derecho eminentemente preventivo, que tiende a que los ciudadanos no realicen aquellas conductas que puedan provocar la lesión de los derechos de los demás o la lesión de los intereses generales. De ahí que, aunque a veces la imposición de una sanción requiere que se haya producido un resultado lesivo concreto, frecuentemente basta con que se haya producido el incumplimiento de una norma que fue dictada para proteger determinado bienes o derechos". La sanción administrativa "se caracteriza por poner en marcha medios aflictivos contra los perturbadores del buen orden administrativo, de modo que aunque se pretenda proteger éste, como finalidad primaria, esa protección se efectúa, sin embargo, mediante la producción de un efecto sancionatorio característico. Es ése el campo tradicional de la potestad administrativa sancionadora y su justificación resulta justamente de la proposición como relevante de la finalidad protectora del orden administrativo (1..) La potestad sancionatoria de la Administración sería así una potestad doméstica, vacada a la propia protección más que a otros fines sociales generales, con efectos sólo respecto a la propia protección más que a otros fines sociales generales, con efectos sólo respecto de quienes están directamente en relación con su organización o funcionamiento, y no contra los ciudadanos en abstracto. Sería, en los términos de MURGEON, la expresión de la necesidad de 'preservar el orden jurídico institucional (organizativo) para permitirle la realización de su obra', imponiendo a cuantos están en ella integrados o sometidos "el respeto de una disciplina que la institución administrativa debe garantizar por el uso de un poder de represión que le es inherente, como a toda institución, c) Los Actos administrativos dictados por el Banco Central del Paraguay están basados en el principio de legalidad. Que, tampoco la parte demandada ha podido demostrar que la sanción impuesta por el Banco Central del Paraguay es arbitraria. El sumario administrativo instruido a la Entidad NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A. se ha tramitado en observancia a las normas previstas en nuestra legislación positiva. Es importante recordar que el principio de legalidad en el Derecho administrativo exige que cualquier acto administrativo (general o individual) esté basado en una autorización o atribución legal: lo que no está permitido, está prohibido; ergo, una autoridad pública sólo puede hacer lo que expresa o implícitamente le autoriza la ley. La sanción se produjo en razón de la falta de presentación de los libros de producción, en los términos de las disposiciones emanadas de la Autoridad de Control. Estas infracciones fueron acreditadas y sus consecuencias también están definidas en un texto normativo, lo que valida las resoluciones recurridas (y la sanción impuesta). Al ser así, no solo ejerció una facultad, sino que también cumplió con su obligación: el cumplimiento de los preceptos normativos, d) Discrecionalidad administrativa La demandante, en su escrito de demanda dice: "Pueden notar que ha existido una extralimitación en la sanción impuesta por el B.C.P. a NEGOCIOS Y SERVICIOS SA.".En cuanto a la naturaleza de la infracción, si bien la misma resultó leve (pues no puso en riesgo el principio de empresa en marcha), dificulta la actividad contralora de la Superintendencia de Seguros, la cual reviste de la mayor trascendencia e importancia en un mercado regulado como el asegurador (por su afectación sobre los asegurados). Por su parte, otro aspecto considerado para la determinación de la sanción fue la prolongación de la infracción en el tiempo, es decir, la cantidad de meses en que la corredora ha estado en infracción, tanto en relación a la falta de la provisión de los datos históricos de los libros de producción, como de los informes trimestrales. Sobre el punto, es preciso puntualizar que el acto administrativo discrecional se diferencia del acto reglado, porque mientras este último se refiere a la simple ejecución literal de la ley, aquel alude a los casos en los que existe cierto margen de libertad para realizar una comprensión y posterior aplicación de la norma, como es el caso de la Superintendencia de Seguros, a quien el articulo 116 en concordancia con el artículo 120 de la Ley 827/97 "De Seguro? faculta a imponer sanciones en forma discrecional, a la luz de la gravedad de las infracciones cometidas: "Artículo 116°. Procedimiento. Las sanciones previstas en esta ley serán impuestas por la Autoridad de Control, graduadas conforme a la gravedad de la infracción...." "Articulo 120. Gradación. Cuando un agente de seguros, corredor de seguros o liquidador de siniestros no cumpla con sus funciones específicas definidas en el Capítulo III de esta ley, o disposiciones legales o reglamentarias de su competencia, la autoridad de control podrá aplicarles las siguientes sanciones: (..)b) Multa, de acuerdo con la gravedad de la falta .y a criterio de la Autoridad de Control".. La potestad de la Superintendencia de Seguros para imponer sanciones para este tipo de infracciones es discrecional, ya que no prevé una única consecuencia posible para la falta acaecida. Los artículos 116 y 120 establecen las sanciones que pueden recaer y determinan que ellas deben imponerse según la gradualidad de las infracciones. Así, claramente deja a la estimación de la autoridad de control la determinación de la sanción que corresponda. Ahora, la existencia de discrecionalidad no implica libertad para la proscripta en un Estado de Derecho. La atribución de discrecionalidad apreciación razonable, que se funde en parámetros objetivos y consistentes con la coyuntura del caso concreto. Así, la sanción recurrida se encontrará o no ajustada a Derecho si se basa en parámetros objetivos, los que a cabalidad relucen en las resoluciones impugnadas, pues la sanción impuesta fue coherente con la infracción cometida y las atenuantes consideradas (rectificación posterior a la comunicación, gravedad de la conducta, etc.). La discrecionalidad es necesaria, por ejemplo, cuando la ley prevé dos posibles actuaciones sin que ninguna de ellas se imponga con carácter obligatorio (como es el presente caso), o cuando la legislación se limita a señalar fines sin especificar los medios necesarios para alcanzarlos. Parece notorio, pues, que el fundamento de la facultad discrecional en cuanto tal radica, de hecho, en la misma legislación y no connota ausencia de legalidad (potestad dada por la propia Ley de Seguros); de ahí que el significado lexical del adjetivo 'discrecional' describa el acto libre pero también prudencial, dando ello idea de la existencia del ejercicio de una potestad y de una facultad cuya competencia se basa en que no puede estar reglada sin más. Conforme al criterio de evaluación establecido en la normativa para la aplicación de sanciones, tanto la Superintendencia de Seguros como el Directorio del Banco Central del Paraguay, tuvieron en cuenta como ya se dijera en el Asumario administrativo los siguientes parámetros: Se ha considerado el daño que potencialmente pudo haber causado la omisión de la información contenida en los libros de producción, consistente en la imposibilidad de que la Autoridad de Control pueda realizar el cruzamiento de datos con las operaciones generadas entre la corredora y las aseguradoras, como ser los gastos de éstas (aseguradoras) por pagos de comisión al corredor. En cuanto a la naturaleza de la infracción, si bien la misma resulta leve, pues no pone en riesgo el principio de empresa en marcha, sí dificulta la actividad contralora de la Superintendencia de Seguros, la cual es de la mayor importancia en un mercado regulado, así también la prolongación de la infracción en el tiempo, es decir, la cantidad de meses en que la corredora ha estado en infracción, tanto en relación a la falta de la provisión de los datos históricos de los libros de producción, como de los informes trimestrales, hacen inviable la aplicación de la sanción menos gravosa prevista en la norma, es decir el apercibimiento. Como atenuante se ha considerado la falta de antecedentes de la firma NEGOCIOS y SERVICIOS S.A. en la comisión de infracciones, de acuerdo al Registro de Sanciones de la Superintendencia de Seguros, así como la subsanación de la provisión trimestral de libros de producción en formato electrónico. Por otro lado, como una situación que agrava el actuar de la compañía, se contempla la no presentación, incluso hasta el mes de julio del año 2015, del registre histórico del libro de producción de la corredora, que abarca el periodo del 01/07/2011 al 31/06/2012, de acuerdo al Informe SS.ICORAS.DSAS. N° 117/15, del 07/07/2015. De la ponderación de las circunstancias apuntadas, se llegó a la determinación del monto de la pena de multa a ser aplicada. la que es fijada en CINCUENTA (50) jornales mínimos diarios para las actividades diversas no especificadas, en la Capital, de acuerdo a lo establecido en el Art. 120°, inc. b), de la Ley "De Seguros'. En ese sentido, en el escrito de demanda no se rebate ningún argumento utilizado en esta última valoración. No se alega ningún vicio de incongruencia ni de error valorativo. Simplemente, se limita a afirmar que la corrección (posterior al incumplimiento detectado) subsana el vicio y ello no es así, conforme ha sido expuesto de manera clara líneas arriba. Partiendo del razonamiento y fundamento expuesto en el presente escrito y a tenor de todos los elementos existentes en la carpeta sumarial, como también de las propias argumentaciones del representante legal de los hoy demandantes, es posible considerar a la Corredora de Seguros denominada NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A. como responsable por la falta de presentación de los libros de producción fuera del tiempo establecido en las normativas ya citadas más arriba, lo que resultó en una infracción a la obligación contenidas en dichos preceptos, subsumiéndose tal conducta en el artículo 120° de la Ley de Seguros. Con base en lo afirmado en el párrafo precedente, la corredora se ha hecho merecedora de una sanción administrativa, considerándose adecuada la pena prevista en el inc. b) del Art. 120° de la Ley de Seguros, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución SS.SG. N° 262/07, de "Control Procesal - Integración de Normas para el Procedimiento Sumarial", que establece los criterios de evaluación de sanciones, "Para la aplicación de las sanciones, se tendrá en cuenta el daño real o potencial ocasionado y la naturaleza de la infracción. El Superintendente de Seguros podrá guiarse, conteste a la conducta demostrada por los administradores, sus antecedentes en el registro de Sanciones, el acatamiento de la infracción cometida y su oportuna subsanación o corrección, las cuales serán conductas valoradas como atenuantes o agravantes según el caso al momento de apreciarse la sanción que corresponda aplicar; los antecedentes de los administrados serán considerados para cada caso particular investigado".
Que, a fs. 49 de autos obra el A.I. N° 589 de fecha 07 de junio de 2016, por el cual se resolvió declarar la competencia del Tribunal para entender en el presente juicio, y existiendo hechos que probar se recibió la causa a prueba por todo el término de ley.
Que, por providencia de fecha 09 de septiembre de 2016, obrante a fs. 55 de autos, se llamó Autos para Sentencia.
Y EL EXCMO. MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, PRIMERA SALA, MAGISTRADO A. MARTÍN ÁVALOS VALDEZ, prosiguió diciendo:
Que, en fecha 09 de febrero del 2016, se presenta el Abog. Pio O. Galeano Ríos, en nombre y representación de Negocios y Servicios S. A. y conforme escrito obrante a Fs. 22/26 de autos, interpone demanda Contenciosa Administrativa contra la Res. N° 1, Acta N° 91 del 15 de diciembre de 20015. Dict. por el Banco Central del Paraguay.
Que, el acto administrativo recurrido cuya copia autenticada obra a Fs. 8/10 resuelve entre otras cosas cuanto sigue: “1)- RECONOCER, la personería del Abogado Pío O. Galeano Ríos..., 2)- RECHAZAR, el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Pío O. Galeano Ríos..., contra el Art. 1° de la Resolución SS.SG N° 158 del 20 de octubre de 2015 de la Superintendencia de Seguros..., 3)- CONFIRMAR, la Resolución SS.SG N° 158 del 20 de octubre de 2015, dictada por el Superintendente de Seguros, en todos sus términos...”.
Que, a Fs. 13/18 de autos, obra la Resolución SS.SG N° 158 del 20 de octubre de 2015, dictada por el Superintendente de Seguros, la cual resuelve: 1)- SANCIONAR a
la corredora de Seguros Negocios y Servicios S.A. por haber infringido normas de carácter reglamentario..., con una multa equivalente a cincuenta (50) jornales mínimos diarios para las actividades diversas no especificadas en la Capital, de acuerdo a lo establecido en el Art. 120, Inc. b), de la ley “De Seguros”, 2)-ORDENAR la transferencia de la multa correspondiente a la cuenta del Banco Central del Paraguay..., 3)-COMUNICAR...”
Que, estando firme la providencia de fecha 9 de septiembre de 2016, por la cual se llama Autos para Sentencia, este Tribunal pasa a estudiar el fondo de la cuestión.
Que, una vez, analizadas las constancias de autos, como ser escrito de demanda Fs. 22/26, su contestación Fs.39/48 y los antecedentes administrativos, encontramos que el fondo de la cuestión en estudio gira fundamentalmente sobre la validez jurídica o no de los actos administrativos impugnados por la parte actora.
Que, para el estudio de fondo es importante tener en cuenta ciertas disposiciones legales como las establecidas en los distintos artículos de la LEY N° 827/96 -De Seguros, demás concordantes y sus reglamentaciones respectivas.
Artículo 56.- SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS. Créase la Superintendencia de Seguros como autoridad de control de todos los entes de seguros y reaseguros, la que se organizará y tendrá las atribuciones que determina esta ley. La Superintendencia de Seguros dependerá del Directorio del Banco Central del Paraguay, pero gozará de autonomía funcional y administrativa en el ejercicio de sus funciones.
Art. 61 Inc. p) de la Ley de Seguros - OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES, Superintendente de Seguros tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones, sin perjuicio de otras que estipule la ley: ..., “Inc. p) Instruir sumarios y llevar un registro de sanciones en el que se consignarán las que se apliquen de conformidad con el régimen previsto en el Artículo 108 y siguientes...”.
Artículo 70.- De los Auxiliares de Seguros: “La intermediación en la contratación de seguros, a excepción de los seguros directos, sólo podrá ser ejercida por los agentes y corredores de seguros matriculados en el registro que llevará la autoridad de control”.
Artículo 76.- El agente o el corredor de seguros deben proponer por escrito, bajo su firma, las operaciones de seguros en que intermedie, entregando la propuesta, que formará parte de la póliza, a la empresa aseguradora. Les está prohibido completar sus propuestas con apéndices o anexos que no hayan firmado.
Artículo 100.- La instrucción del sumario será ordenada por el Superintendente de Seguros. El sumario será iniciado en escrito fundado que deberá contener una relación completa de los hechos, actos u omisiones que se imputen. Con dicho escrito deberán acompañarse todas las copias para el traslado.
Artículo 109.- GRADACIÓN. Las empresas aseguradoras responsables de contravenciones a la presente ley o los reglamentos que dicte la Autoridad de Control, serán pasibles de las siguientes sanciones: a) Apercibimiento por escrito, b) Multa, de acuerdo con la gravedad de la falta, hasta un máximo de un mil jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas en la Capital, establecido por el Ministerio de Justicia y Trabajo; c) Suspensión hasta un año; y, d) Revocatoria de la Autorización para operar en el país.
Artículo 111.- INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. Cuando una empresa de seguros no cumpla sus obligaciones legales o las reglamentarias dictadas por la Autoridad de Control, de acuerdo a la gravedad, ésta le aplicará las sanciones previstas en el Artículo 109 de esta ley.
Art. 120 Inc. b) de la Ley de Seguros - Gradación: “Cuando un agente de seguros, corredor de seguros o liquidador de siniestros no cumpla con sus funciones específicas definidas en el Capítulo III de esta ley, o infrinja disposiciones legales o reglamentarias de su competencia, la Autoridad de Control podrá aplicarles las siguientes sanciones: b) Multa, de acuerdo con la gravedad de la falta y a criterio de la Autoridad de Control;...”.
Resolución SS. SG N° 262/07 de “Control Procesal-Integración de Normas para el Procedimiento Sumariar, que establece los criterios de evaluación de sanciones “Para la aplicación de las sanciones, se tendrá en cuenta el daño real o potencial ocasionado y la naturaleza de la infracción. El Superintendente de Seguros podrá guiarse, conteste a la conducta demostrada por los administradores, sus antecedentes en el registro de Sanciones, el acatamiento de la infracción cometida y su oportuna subsanación o corrección, las cuales serán conductas valoradas como atenuantes o agravantes según el caso al momento de apreciarse la sanción que corresponda aplicar, los antecedentes de los administrados serán considerados para cada caso particular investigado”.
Resolución SS.SG N° 128/11 (Art.l Anexo punto l(plazos) y Circular SS.SG N° 028/12: “Falta de presentación de los libros de producción en los términos de las disposiciones emanadas de la Autoridad de Control. Deben ser presentados en forma Trimestral a la Superintendencia de Seguros”.
Falta de comunicación de modificación de estatutos en transgresión a lo dispuesto en la (Resolución N° 14/96 (Anexo I Art.7 Inc. b): “Es obligación de los corredores de seguros comunicar a la Superintendencia dentro del plazo de 5 días, cualquier modificación del pacto social, acompañado la copia legalizada de las escrituras públicas en que conste su inscripción en el Registro de Comercio y fotocopia de publicación en uno de los Diarios de mayor circulación.
Que, procediendo al análisis y valoración de las pruebas arrimadas la cuales consisten en todos los antecedentes administrativos que se encuentran en el expediente, escrito de demanda y contestación, como las normativas legales que lo sustentan, podemos sostener con claridad que en el sumario administrativo se ha logrado demostrar que la firma NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A., ha transgredido artículos claramente establecidos en la LEY N° 827/96 -De Seguros, relacionados a la falta de presentación de los libros de producción en los términos de las disposiciones emanadas de la Autoridad de Control, falta de comunicación de modificación del estatutos dentro del plazo legal, colocación de pólizas por medio de personas que no reúnen las condiciones exigidas por la regulación del corretaje de seguros. Todo ello dio lugar a un proceso sumarial el cual fue correctamente realizado y ajustado a derecho, como consecuencia del mismo la entidad fue pasible de sanciones y multas ajustadas al marco legal aplicable al caso que nos ocupa.
Que, toda empresa dedicada a la actividad aseguradora y reaseguradora en cualquier lugar del territorio de nuestro país, está sometido al régimen de la ley de Seguros y al control de la autoridad creada por ella, esa Autoridad es la Superintendencia de Seguros encargada del control de todos los entes de seguros y reaseguros, la que se organizará y tendrá las atribuciones que determina esta ley. La Superintendencia de Seguros dependerá del Directorio del Banco Central del Paraguay así lo establece la Ley. Todo Acto Administrativo realizado por estas Instituciones dentro de las normativas legales establecidas no puede ser considerado ilegal o arbitrario.
Que, también se ha demostrado suficientemente que la resolución recurrida y sus antecedentes de ninguna manera pudieron haber lesionado o puesto en riesgo derecho esenciales de la parte actora, desde el momento en que fueron motivados dentro de los límites que le enmarca la Ley y conforme a sus atribuciones como Órganos del Estado.
También es sabido que toda ley es dictada de conformidad a lo expuesto en el Art. 137 de la Constitución Nacional de la República del Paraguay en concordancia con el Art. 238 Inc. 5) de la misma.
Que, una vez analizados los extremos alegados, las pruebas ofrecidas en autos, normativas precedentemente transcriptas, resulta evidente que los actos administrativos recurridos, se ajustan a un estricto legalismo, como la facultad que se le otorga en virtud a las normativas precedentemente transcriptas, normas legales de carácter administrativa dictada por el Poder Ejecutivo en ejercicio de sus atribuciones de orden público, por todo ello éste Tribunal encuentra ajustado a derecho la resolución hoy recurrida y considera pertinente confirmar la misma (Resolución. N° 1, Acta N° 91 del 15 de diciembre de 20015. Dict. por el Directorio del Banco Central del Paraguay) emanada de autoridades competentes quienes procedieron conforme a las facultades otorgadas por Ley, los mencionados actos administrativos, no revisten ningún carácter irregular, no se observa que la parte demandada, al dictar los mismos, haya violado algún precepto constitucional, ni ley o reglamento, por ello se concluye que la parte actora no ha logrado desvanecer la presunción de legitimidad de los actos administrativos impugnados, razón por la cual no corresponde hacer lugar a la presente demanda. En cuanto a las costas, las mismas deberán ser impuestas a la perdidosa de conformidad al Art. 192 del CPC. ES MI VOTO.
A SU TURNO, EL EXCMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, PRIMERA SALA, DR. RODRIGO A. ESCOBAR ESPINOLA DIJO: QUE, me adhiero al voto del colega Martin Avalos, no sin antes agregar las correspondientes consideraciones:
QUE, tras el análisis de las opiniones precedentemente expuestas, y en concordancia con lo expresado por el Dr. Martin Avalos, es necesario a mi parecer acotar que la accionante de estos autos al argumentar que la cuestión haya sido subsanada antes de la Instrucción del sumario por la autoridad de Control, obvia las disposiciones establecidas en el art. 120 de la Ley de Seguros, pues la misma determina que serán aplicables sanciones a quien o quienes infrinjan disposiciones legales; del mismo modo dispone que el no cumplimiento de funciones específicas, como en este caso, trae aparejada una sanción, en este estado de cosas, vemos que la norma es clara al señalar que el quebrantamiento de las reglas, traería aparejada una penalidad, por ende, no respetar el plazo señalado, se configura como una infracción, y la presentación tardía de los documentos es un atenuante de la sanción, no un eximente de la infracción.
QUE, el principio de Legalidad se basa en la exigencia de que la actuación de la Administración se realice de conformidad con el ordenamiento positivo. El principio de legalidad se traduce en la exigencia de que el accionar de la Administración se realice de acuerdo con las normas y valores del sistema jurídico, como forma de garantizar que los organismos del estado actúen de acuerdo a la finalidad del bien común para la que fueron creados. Por lo tanto, la corredora de Seguros denominada Negocios y Servicios S.A fue sancionada conforme lo establece la Constitución y las Leyes, al respecto soy del parecer que este Tribunal, debe pronunciarse de manera negativa a las pretensiones de la Actora, ya que en el caso sometido al análisis de esta magistratura, la administración actuó dentro de las potestades que le otorgan sus facultades regladas, respetando el principio de legalidad objetiva, por lo que la demanda no debe prosperar.
QUE, en cuanto a las costas, las mismas deben ser impuesta a la parte perdidosa conforme a la teoría del "riesgo asumido" la cual establece que el litigante que asume una posición controversial, es quien debe cargar con las consecuencias ante el rechazo de su pretensión jurídica, esta afirmación es la que prima en el Art. 192 del C.P.C.
QUE, por los motivos precedentemente expuestos, corresponde NO HACER LUGAR a la presente Demanda correspondiendo CONFIRMAR los Actos recurridos. ES MI VOTO.
A SU TURNO, EL EXCMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, PRIMERA SALA, DR. AMADO VERÓN DUARTE DIJO: Que se adhiere al voto del Miembro Preopinante por sus mismos fundamentos.
1-) NO HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativo instaurado por el Abog. Pio O. Galeano Ríos, en nombre y representación de Negocios y Servicios S. A. contra la Resolución N° 1, Acta N° 91 del 15 de diciembre de 20015. Dictada por el Banco Central del Paraguay, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución, y en consecuencia.
2-) CONFIRMAR, la Resolución N° 1, Acta N° 91 del 15 de diciembre de 20015 Dictada por el Directorio del Banco Central del Paraguay, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución.
3-) IMPONER, las costas a la parte perdidosa.
4-) ANOTAR, notificar registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.

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 artículo 1
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 artículo 120
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Artículo 56
 Artículo 108

Artículo 70

Artículo 76

Artículo 100

Artículo 109

Artículo 111
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