Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-741-de-octubre-23-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_eb2af7a61df602b8e0430a01015102b8&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-21 10:33:20+00:00

Document:
﻿ Sentencia C-741 de octubre 23 de 2013
SENTENCIA C-741 DE 23 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:ETAPA DE ARREGLO DIRECTO EN UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA. LA OBLIGACIÓN IMPUESTA AL EMPLEADOR SANCIONADO POR NEGARSE O ELUDIR INICIAR LAS CONSERVACIONES DE ARREGLO DIRECTO CON LOS TRABAJADORES, DE CONSIGNAR PREVIAMENTE EL VALOR DE LA MULTA A FAVOR DEL SENA, PARA PODER INTERPONER LOS RECURSOS LEGALES CONTRA LA RESPECTIVA SANCIÓN, NO VULNERA LOS DERECHOS A LA IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO Y AL DERECHO DE DEFENSA. SE DECLARA EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “PARA INTERPONER LOS RECURSOS LEGALES CONTRA LAS RESOLUCIONES DE MULTA, EL INTERESADO DEBERÁ CONSIGNAR PREVIAMENTE SU VALOR A ÓRDENES DE DICHO ESTABLECIMIENTO”, CONTENIDA EN EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 433 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO ADMINISTRATIVO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, NEGOCIACIÓN COLECTIVA, OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR, ARREGLO DIRECTO
Sentencia C-741 de octubre 23 de 2013
Ref.: Expediente D-9448
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 2º del artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 2º de la Ley 11 de 1984.
Bogotá, D.C., veintitrés de octubre dos mil trece.
“Artículo 433: Iniciación de conversaciones.
2. “Numeral modificado por el artículo 21 de la Ley 11 de 1984. El nuevo texto es el siguiente:” El patrono que se niegue o eluda iniciar las conversaciones de arreglo directo dentro del término señalado será sancionado por las autoridades del trabajo con multas equivalentes al monto de cinco (5) a diez (10) veces el salario mínimo mensual más alto por cada día de mora, a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Para interponer los recursos legales contra las resoluciones de multa, el interesado deberá consignar previamente su valor a órdenes de dicho establecimiento”.
A juicio del actor la expresión “Para interponer los recursos legales contra las resoluciones de multa, el interesado deberá consignar previamente su valor a órdenes de dicho establecimiento.” contenida en el numeral 2º del artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo, vulnera el derecho al debido proceso (art. 29) y el derecho a la igualdad (art. 13), al establece que para interponer los recursos legales contra las resoluciones sancionatorias expedidas por las autoridades del trabajo, cuando el empleador se haya negado o haya eludido iniciar las conversaciones de arreglo del pliego de condiciones presentado por los trabajadores, el interesado debe consignar previamente el valor de la multa a órdenes del SENA.
En primer lugar, aducen que la expresión acusada establece una carga para aquel que teniendo la calidad de empleador realice el supuesto de hecho de la norma, es decir, que no reciba a los representantes de los trabajadores luego de presentado el pliego y es apenas la amonestación lógica por la conducta omisiva del empleador frente a una obligación preestablecida que se deriva no solo de la Constitución, sino también de los Tratados y Convenios Internacionales en los que Colombia es parte.
2.3. La libertad de configuración legislativa en materia de procesos y acciones. Reiteración de jurisprudencia.
La Corte Constitucional(1) ha señalado que según el artículo 150-2 de la Constitución Política, le corresponde al Congreso de la República “[e]xpedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones”. Con base en esta competencia y en general en la importancia que la ley posee como fuente del derecho, el legislador goza, por mandato constitucional, “de amplia libertad para definir el procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial”(2).
2.3.1. En este sentido, al legislador le ha sido reconocida una amplia potestad de configuración normativa en materia de la definición de los procedimientos judiciales y administrativos y de las formas propias de cada juicio(3), a partir de la cual, le corresponde “evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento judicial”(4). (Destacado fuera de texto).
2.3.2. En virtud de esta facultad, el legislador es autónomo para determinar la estructura de los procedimientos judiciales y administrativos, estableciendo particularidades, sin quebrantar, por ese solo hecho, los derechos derivados de la garantía al debido proceso, ya que ello hace parte del ejercicio de libertad configurativa conferida por la Constitución(5). En desarrollo de dicha facultad, el legislador tiene las siguientes potestades(6):
(i) Fijar las etapas de los diferentes procesos y establecer los términos y las formalidades que deben cumplir(7).
(ii) Definir las competencias cuando no se han establecido por la Constitución de manera explícita entre los distintos entes u órganos del Estado(8).
(iv) Definir los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, los poderes y deberes del juez o de la administración y aún las exigencias de la participación de terceros intervinientes, “ya sea para asegurar la celeridad y eficacia del trámite procesal, proteger a las mismas partes e intervinientes o bien para prevenir situaciones que impliquen daño o perjuicio injustificado a todos o algunos de ellos”(9).
(v) Como aspecto esencial de dicho poder y especialmente relevante para el proceso, se encuentra la libertad de configuración de los recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que profieren las autoridades. Punto sobre el cual precisó la Sentencia C-1104 de 2001(10): “Es la ley, no la Constitución, la que señala si determinado recurso —reposición, apelación, u otro— tiene o no cabida respecto de cierta decisión, y es la ley, por tanto, la encargada de diseñar en todos sus pormenores las reglas dentro de las cuales tal recurso puede ser interpuesto, ante quién, en qué oportunidad, cuándo no es procedente y cuáles son los requisitos —positivos y negativos— que deben darse para su ejercicio”(11).
2.3.3. De esta manera, el legislador es autónomo para decidir la estructura de los procedimientos judiciales y administrativos, no obstante que, en ejercicio de dicha autonomía, aquel esté obligado a respetar los principios establecidos en la Carta Política(12). De esta manera, aunque la libertad de configuración normativa del legislador es amplia, tiene ciertos límites que se concretan en el respeto por los principios y fines del Estado, la vigencia de los derechos fundamentales y la observancia de las demás normas constitucionales(13).
2.3.4. Por lo anterior, la Corte ha señalado que la legitimidad de las normas procesales está dada en función de su proporcionalidad y razonabilidad “pues solo la coherencia y equilibrio del engranaje procesal permite la efectiva aplicación del concepto de justicia y, por contera, hace posible el amparo de los intereses en conflicto”(14). Así las cosas, la violación del debido proceso ocurriría no solo en el supuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el evento de que esta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su utilización”(15).
2.3.5. Por otro lado, el legislador también puede establecer cargas procesales para ejercer los derechos y libertades reconocidos en la norma superior, como puede ser el caso del debido proceso y del acceso a la justicia, que implica así mismo el ejercicio de responsabilidades que se pueden consolidar en el ámbito procesal y sustancial(16). Es válido entonces que en los diversos trámites judiciales o administrativas, la ley asigne a las partes, a terceros e incluso al juez, obligaciones jurídicas, deberes de conducta o cargas para el ejercicio de los derechos y del acceso a la administración de justicia(17), que sometidas a los límites constitucionales previamente enunciados, resultan plenamente legítimas(18).
2.4. El debido proceso administrativo.
Esta tajante afirmación no deja duda acerca de la operancia en el derecho administrativo sancionador del conjunto de garantías que conforman la noción de debido proceso. Así, ha señalado la jurisprudencia que los principios de la presunción de inocencia, el de in dubio pro reo, los derechos de contradicción y de controversia de las pruebas, el principio de imparcialidad, el principio nulla poena sine lege, la prohibición contenida en la fórmula non bis in ídem y el principio de la cosa juzgada, entre otros, deben considerarse como garantías constitucionales que presiden la potestad sancionadora de la administración y el procedimiento administrativo que se adelanta para ejercerla(19).
En lo que tiene que ver con el debido proceso administrativo, la jurisprudencia específicamente ha considerado que: “El derecho al debido proceso administrativo se traduce en la garantía que comprende a todas las personas de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que el compromiso o privación de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado a sus ciudadanos no pueda hacerse con ocasión de la suspensión en el ejercicio de los derechos fundamentales de los mismos. Es entonces la garantía consustancial e infranqueable que debe acompañar a todos aquellos actos que pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas, castigos o sanciones como establecer prerrogativas (Sent. T-1263/2001). Si bien la preservación de los intereses de la administración y el cumplimiento de los fines propios de la actuación estatal son un mandato imperativo de todos los procedimientos que se surtan a este nivel, en cada caso concreto debe llevarse a cabo una ponderación que armonice estas prerrogativas con los derechos fundamentales de los asociados” (Sent. T-772/2003). (...) De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y, en fin, a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio.
Por otra parte, la jurisprudencia internacional, específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha estudiado la cuestión de si las garantías judiciales mínimas consagradas en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8º)(20), solo son aplicables a los procesos penales, o si por el contrario, algunas de ellas pueden extenderse a los procedimientos administrativos. En relación con los procesos administrativos, dijo el Tribunal Internacional en el Caso Ivcher Bronstein contra Perú(21):
103. La Corte ha establecido que, a pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, las garantías mínimas establecidas en el numeral 2º del mismo precepto se aplican también a esos órdenes y, por ende, en estos el individuo tiene derecho al debido proceso en los términos reconocidos para la materia penal, en cuanto sea aplicable al procedimiento respectivo”.
2.4.1. El establecimiento de ciertas cargas procesales para el ejercicio de las garantías propias del debido proceso.
2.4.1.1 En la Sentencia C-070 de 1993(22) se realizó el examen de constitucionalidad del numeral 2º del parágrafo 2º del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil(23). Tal norma establecía que en los procesos de restitución de inmueble arrendado, si la demanda se fundamentaba en la falta de pago, el demandado no sería oído en el proceso sino hasta tanto demostrara que había consignado a órdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tenían los cánones adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presentaran los recibos de pago expedidos por el arrendador correspondientes a los tres últimos períodos, o si fuere el caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos períodos, en favor de aquel.
2.4.1.2. En estos mismos términos se pronunció la corporación en la Sentencia C-056 de 1996(24). Allí también se analizó la constitucionalidad de la obligación del arrendatario de consignar los cánones atrasados para ser oído durante el juicio. Los actores consideraban que la norma transcrita vulneraba el derecho de contradicción como garantía del derecho al debido proceso al condicionar la calidad de parte y ser oído en juicio a la acreditación de no estar atrasado en el pago de los cánones de arrendamiento y vulneraba la prevalencia del derecho sustancial sobre las normas adjetivas.
El exigir la prueba del cumplimiento de una obligación no atenta contra la dignidad y en esa medida no se vulnera el artículo 1º. Frente al artículo 229, establecer cargas procesales no implica negar a las partes el acceso a la administración de justicia. Es precisamente con los requisitos y cargas procesales establecidas por el legislador que en principio se encauza legalmente tal acceso a la justicia.
Estos mismos razonamientos fueron invocados en la Sentencia C-122 de 2004(25).
2.4.1.3. En la Sentencia C-318 de 1998(26), la corporación analizó la constitucionalidad del artículo 867 (parcial) del Decreto 624 de 1989 (E.T.). La norma se refería a la necesidad de constituir como caución una garantía bancaria o póliza de seguros cuando se discutía el monto del impuesto liquidado por la administración en la vía contencioso administrativa.
Los cargos se sustentaban en que el establecimiento de requisitos establecidos en normas no constitucionales que impidan el acceso a la administración de justicia son violatorios del derecho al debido proceso del artículo 29 Constitución Nacional. En ese mismo sentido, el artículo resulta violado al exigirse una póliza o garantía que tiene el mismo efecto práctico de exigir el pago con lo cual se viola el derecho de defensa. Así mismo señalaron que se vulneraba el artículo 229 que consagra el derecho a la administración de justicia al exigir garantías cuyo costo no necesariamente las personas están en capacidad de asumirlas.
No obstante, consideró la corporación que el establecimiento de una cuantía fija podría no ser razonable, y por tanto, el juez contencioso debería regirse por lo preceptuado en el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo, y fijar la cuantía y tipo de garantía que debe constituir el demandante para respaldar su pretensión, demostrar la seriedad de su demanda y, en caso de un fallo adverso a sus intereses, garantizar en parte el pago de su obligación tributaria. Esto mismo fue decidido en la Sentencia C-319 de 2002(27).
2.4.1.4. En la Sentencia C-095 de 2001(28) se estudió la constitucionalidad del artículo 687, numeral 8º del Código de Procedimiento Civil modificado por el artículo 1º, numeral 344 del Decreto 2282 de 1989. En su parte demandada la norma disponía que, para el inicio del incidente en el que un tercero solicita el levantamiento de embargo y secuestro probando la posesión material, debería prestarse caución para garantizar el pago de las costas y multas que llegaren a causarse.
La Corte encontró que la norma demandada tenía respaldo constitucional en la facultad de configuración legislativa y buscaba la efectividad del derecho a acceder a la administración de justicia (art. 229). En este orden de ideas, la imposición de requisitos o cargas procesales, si son prudentes, razonables, proporcionadas y adecuadas a los propósitos que buscan, no violan la Constitución sino que la desarrollan.
2.4.1.5. En la Sentencia C-379 de 2004(29) se analizó la exequibilidad del artículo 37ª de la Ley 712 de 2001 que reforma el Código Procesal del Trabajo. La norma establecía la posibilidad de que se impusiera caución al demandado cuando se considerara que este se encontraba en dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones o que realizara actos tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia. Así mismo, que el demandado no será oído hasta que cumpliera esa orden.
2.4.1.5. Finalmente, en la Sentencia C-886 de 2004(30), la corporación se ocupó del estudió de los artículos 37, 38 y 39 de la Ley 820 de 2003 referentes a la restitución del inmueble arrendado, pero resulta de especial interés lo dispuesto en el artículo 37. Este establece que “Cualquiera que fuere la causal invocada, el demandado deberá presentar la prueba de que se encuentra al día en el pago de los servicios cosas o usos conexos y adicionales, siempre que, en virtud del contrato haya asumido la obligación de pagarlos”. En este caso, para poder ser oído, deberá presentar los documentos correspondientes que acrediten su pago, dentro del término de treinta (30) días calendario contado a partir de la fecha en que este debía efectuarse oportunamente.
Para la Corte, el requisito exigido en la norma demandada tenía unas finalidades constitucionalmente legítimas que la sintetiza en los objetivos que buscaba el legislador en la reforma de los procesos de restitución de tenencia por arrendamiento por su lentitud, el hecho de que los arrendatarios se abstenían de pagar cánones causados durante el proceso, y la necesidad de formar una cultura de pago de las obligaciones por parte de los ciudadanos. Estas finalidades encuentran sustento en los principios de eficiencia de la administración de justicia, el artículo 2º constitucional que busca la vigencia de un orden justo y el respeto a los derechos a la vivienda digna (art. 51) y a la propiedad (art. 58).
2.4.1.6. El anterior recuento jurisprudencial permite observar que la Corte ha declarado la constitucionalidad de ciertas cargas procesales para ejercer derechos, tales como ser oído en juicio o presentar ciertos recursos. El fundamento de tales decisiones ha sido la finalidad buscada por el legislador, señalando que la realización de valores constitucionales de importancia, justifican el establecimiento de las referidas cargas.
En la Sentencia T-838 de 2004(31) la Corte conoció de una tutela instaurada por una madre cabeza de familia que habitaba un inmueble de propiedad del padre de su niña menor de edad y que había sido demandada por encontrarse en mora de pagar los cánones surgidos de la supuesta existencia de un contrato de arrendamiento. Los jueces ordinarios le habían ordenado entregar el inmueble, sin haber sido oída dentro del proceso, por cuanto no había demostrado estar al día en el pago de los cánones. Al proceso se había anexado un contrato de arrendamiento escrito. La actora manifestaba que ella no era arrendataria del inmueble y que, dentro de un proceso penal por inasistencia alimentaria que ella había iniciado contra el padre de la niña, se había oficializado el acuerdo de que ellas permanecieran en el inmueble sin pagar arriendo, como forma de pago de la cuota alimentaria que él debía cancelarle a su hija. Esto fue corroborado por la Sala de Revisión, y por tanto, con el fin de proteger los derechos de los niños, se ordenó que la tutelante fuese oída en juicio.
Posteriormente, en la Sentencia T-162 de 2005(32) la Corte decidió sobre un caso en el que el demandado dentro del proceso de restitución alegaba que el inmueble había sido de su padre y que él habitaba allí, con la anuencia de sus hermanos, mientras se decidía el proceso de sucesión. Señalaba además, el tutelante que nunca había suscrito ningún contrato de arrendamiento con él y que las declaraciones de testigos que se habían anexado al proceso como prueba del contrato verbal de arriendo eran falsas. Agregaba que por ese hecho había formulado una denuncia penal ante la Fiscalía. Finalmente, anotaba que no contaba con el dinero para consignar los cánones que supuestamente adeudaba. La Sala de Revisión concedió la tutela y ordenó al juzgado correspondiente suspender el proceso hasta que se hubiera fallado el proceso penal iniciado por el actor de la demanda de tutela. Lo anterior teniendo en cuenta las graves dudas que surgían sobre la existencia misma del contrato.
En La Sentencia T-494 de 2005(33) la demandada había convivido con el demandante durante 17 años, pero se habían separado en el 2001. Ella había obtenido la custodia provisional sobre los niños, con los cuales habitaba en el inmueble que se pretendía su restitución. También había firmado un contrato de arrendamiento sobre la vivienda, la cual figuraba a nombre de su ex compañero. En el momento de la demanda ella adelantaba un proceso de reconocimiento de la sociedad patrimonial.
En iguales términos, la Sentencia T-035 de 2006(34), la Corte tuteló los derechos fundamentales de una sociedad que había sido demandada a fin de obtener la restitución del inmueble que ocupaba como supuesto arrendador, porque dentro del respectivo proceso había dudas al respecto, razón por la cual, en esta ocasión el Tribunal Constitucional concedió el amparo por razones de justicia y equidad al encontrar que existían graves dudas respecto del contrato de arriendo entre el demandante y el demandado.
En la Sentencia T-326 de 2006(35), la corporación estudió si era viable la inaplicación de las normas que disponen la necesidad de consignar el valor de los cánones adeudados, para ser oído en los procesos de restitución de inmueble arrendado. En dicha oportunidad, se resolvió un caso en el que la demandada dentro del proceso de restitución tachó de falso el contrato de arrendamiento y señaló que con anterioridad había instaurado una denuncia ante la Fiscalía. La Corte Constitucional consideró que no resultaba razonable exigir a la demandada el pago de los cánones exigidos en la demanda para poder ser escuchada, por cuanto “el material probatorio obrante en el proceso de tutela, arroja una duda respecto de la existencia real de un contrato de arrendamiento entre el demandante y el demandado, es decir, que está en entredicho la presencia del supuesto de hecho que regula la norma que se pretende aplicar”.
En la Sentencia T-601 de 2006(36) se determinó que existía una discusión sobre la vigencia de un contrato de arrendamiento. En efecto, la arrendataria lo había puesto a disposición, mientras que el arrendador consideraba que había sido prorrogado. Por esta razón, se consideró que al no existir claridad sobre la existencia de la obligación, y por tanto, el juez civil debe analizar la situación fáctica que le haya sido planteada para ver si la misma se ubica en los extremos a partir de las cuales la carga impuesta al demandado resulta ajustada a la Constitución y que implican la existencia de un contrato de arrendamiento, que ha sido incumplido por el arrendatario en condiciones cuya prolongación en el tiempo resulta lesiva de los derechos e intereses de las partes, en particular del arrendador que ha obrado de buena fe, y de la correcta administración de justicia”.
En la Sentencia T-613 de 2006(37) la Corte decidió inaplicar el numeral 2º del parágrafo 2 del artículo 424 del Código Procesal Civil. En ese caso, la Corte también amparó los derechos de una menor de edad. En dicha oportunidad, la demandada dentro del proceso de restitución había sido compañera permanente del arrendador y vivía en el inmueble con la hija común.
En la Sentencia T-067 de 2010(38), estudió la acción de amparo contra la decisión de la demanda de restitución de inmueble arrendado adelantado por un juzgado que se fundamentó en testimonios falsos presentados por la parte demandante, sobre la celebración de un contrato verbal de arrendamiento.
Allí se consideró que procedía aplicar la norma que exige al arrendatario demandado cancelar la totalidad de los cánones en mora que se le endilgan, como requisito para ser oído en el proceso, por existir dudas con relación a la existencia del contrato de arrendamiento. En igual sentido se pronunció la Sentencia T-118 de 2012(39), en la que también se consideró que existían dudas sobre la veracidad del contrato de arrendamiento.
2.5. La especial protección a la negociación colectiva en el ordanamiento constitucional.
De igual manera, cuando el derecho a la negociación colectiva es ejercido en el seno de una asociación sindical, la Corte ha reconocido que existe una relación entre esta y las garantías sindicales. No obstante, cada uno de estos derechos tiene un objeto específico de protección.
2.5.1. En cuanto al concepto del derecho a la negociación colectiva, esta corporación ha recurrido al artículo 2º del Convenio 154 de la OIT para precisar su alcance y ha sostenido que es un concepto genérico que abarca “todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de : fijar las condiciones de trabajo y empleo, o regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez”(40).
De igual manera, ha señalado que aquella garantía tiene una connotación amplia, “que no se reduce a los pliegos de peticiones y a las convenciones colectivas, pues abarca todas las formas de negociación entre trabajadores y patronos entabladas con el propósito de regular las condiciones de trabajo, cuyos objetivos se centran en la concertación voluntaria (...), la necesidad del diálogo que afiance el clima de tranquilidad social, la defensa de los intereses comunes entre las partes del conflicto económico laboral, la garantía de que los representantes de las partes sean oídos y atendidos y, el afianzamiento de la justicia social en las relaciones entre trabajadores y empleadores”(41).
2.5.2. Así también en nuestra legislación, el concepto de negociación colectiva hace referencia al surgimiento de un conflicto colectivo de trabajo y la correspondiente iniciación de conversaciones, el agotamiento de la etapa de arreglo directo —artículos 432 a 436 Código Sustantivo del Trabajo—, pasando por la eventual declaratoria y desarrollo de la huelga —artículos 444 a 449 Código Sustantivo del Trabajo—, el procedimiento de arbitramento —artículos 452 a 461 del Código Sustantivo del Trabajo—, hasta el arribo a un acuerdo y la suscripción de una convención o pacto colectivo –Título III Código Sustantivo del Trabajo.
Por su parte la etapa de arreglo directo —artículos 432 a 436 Código Sustantivo del Trabajo— es aquella que se desarrolla cuando presentado un conflicto colectivo de trabajo que pueda dar por resultado la suspensión del trabajo, o que deba ser solucionado mediante arbitramento obligatorio, los trabajadores presentan al empleador el pliego de peticiones que formulan, hasta que se logre un acuerdo, o hasta la declaratoria y el desarrollo de la huelga o el sometimiento de las diferencias a un tribunal de arbitramento.
2.5.3. El Convenio 154 de la OIT “sobre la negociación colectiva” fue aprobado por la Ley 524 de 1999 y su constitucionalidad fue analizada en la Sentencia C-161 de 2000(42). Los artículos 1º, 2º y 5º establecen el objeto del tratado y consagran que los Estados se encuentran en la obligación de tomar medidas adecuadas que la permitan y la fomenten. Las disposiciones referidas consagran:
En la Sentencia C-161 de 2000(43), señaló que el Convenio 154 de la OIT desarrolla los postulados constitucionales, en especial, el artículo 55 de la Carta, sobre la negociación colectiva, como un mecanismo que permite la concertación de las bases fundamentales del trabajo. Por consiguiente, la negociación colectiva libre y voluntaria “se presenta en el ámbito constitucional como el derecho regulador de una esfera de libertad en cabeza de patronos y los trabajadores”(44), que goza de amplio sustento y garantía constitucional(45).
Para la Corte, la promoción de la negociación colectiva tiene un sustento constitucional en el preámbulo y el artículo 2º de la Constitución que consagra el deber del Estado de promover y facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, mandato que tiene que ver directamente con las funciones que cumple la negociación colectiva y que tienen que ver con la participación activa y decidida de los sujetos de la relación laboral, en la búsqueda de soluciones a los conflictos económicos que surgen de ella. Por ello, para la Corte “el Estado no solo debe garantizar el libre ejercicio de este derecho sino que debe “promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo (C.P. inc. 2º del art. 55)”(46).
Señaló igualmente la corporación que la garantía a la negociación colectiva materializa otros valores constitucionales. Específicamente, “la concertación voluntaria y libre de condiciones de trabajo, la necesidad del diálogo que afiance el clima de tranquilidad social, la defensa de los intereses comunes entre las partes del conflicto económico laboral, la garantía de que los representantes de las partes sean oídos y atendidos y, el afianzamiento de la justicia social en las relaciones entre trabajadores y empleadores”(47).
2.5.4. La corporación se ha pronunciado en otras oportunidades sobre los alcances y los límites de la garantía a la negociación colectiva. Así, en la Sentencia C -551 de 2003(48), en la que se determinó la constitucionalidad de la Ley 796 de 2005 que convocaba a un referendo sobre múltiples temas, se definió de manera tangencial el derecho a la negociación colectiva como aquel que “... comprende la posibilidad de los trabajadores para negociar con sus patronos el salario y aquellos elementos que afectan sus condiciones laborales”.
Por otra parte, en la Sentencia C-457 de 2004(49), en la que se decidió sobre la demanda contra la Ley 789 de 2002 que buscaba crear medidas para apoyar el empleo, se determinó que el derecho a la negociación colectiva no es absoluto y que este puede ser restringido siempre y cuando responda a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Sobre el particular señaló:
“la Corte tampoco considera que vulnere el derecho de negociación colectiva el mandato según el cual, frente a los contratos de aprendizaje, “en ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva”. Y la razón es la siguiente. Como esta Corte lo ha señalado, el derecho a la negociación colectiva no es absoluto, por lo cual puede ser limitado, siempre y cuando esas restricciones sean proporcionadas. Ahora bien, el contrato de aprendizaje hace parte de una política general de fomento a la capacitación de la fuerza de trabajo, especialmente aquella integrada por jóvenes, así como de vinculación de esas personas al mundo del trabajo. Esas políticas prácticamente conforman un sistema de capacitación de fuerza de trabajo, con una muy importante participación de entidades como el SENA”.
En la Sentencia C-1188 de 2005(50), por su parte, al estudiar los cargos frente a la demanda del artículo 238 del Decreto 2737 de 1989 el actor consideró violatorio de la Constitución por impedir que el menor trabajador no puede sindicalizarse y con ello, a su juicio vulnerar las garantías fundamentales de esta población trabajadora, esta Corte se refirió a la importancia de una legislación fuerte que proteja derechos como el de la negociación colectiva en desarrollo de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Se adujó que para “...poner en práctica el principio de la libertad de asociación y la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva requiere, entre otros presupuestos, según lo ha declarado la OIT, una base jurídica que garantice que estos derechos sean aplicados; un marco institucional propicio (que puede ser tripartito) entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores, o combinaciones de ambas; la no discriminación contra las personas que deseen ejercer su derecho de hacer oír su voz; y que las organizaciones de empleadores y de trabajadores se acepten mutuamente como interlocutores para resolver conjuntamente los problemas y enfrentar los retos que se les plantean”. (Destacado fuera del texto).
Con posterioridad, esta Corte, en la Sentencia C- 472 de 2006(51), a pesar de no haberse pronunciado de fondo, sí se refirió al derecho de negociación colectiva laboral como uno de los ejes esenciales de la Constitución Política de 1991 en los siguientes términos:
“La negociación colectiva en materia laboral es un medio apropiado e insustituible para concretar y desarrollar la protección especial que la Constitución colombiana otorga al trabajo, de tal modo que dicha protección no se limite al mínimo de principios, derechos y garantías previstos en aquella y en las leyes que la desarrollan. Por consiguiente, la exclusión o la restricción de la negociación colectiva laboral en el ordenamiento jurídico representan necesariamente la exclusión o la restricción de dicha protección, que a su vez es uno de los elementos definitorios de la esencia de la Constitución colombiana”.
Por otro lado, en la Sentencia C-466 de 2008(52), en la que esta Corte decidió sobre una acción pública de inconstitucionalidad presentada por varios ciudadanos en contra del numeral 1º del artículo 391, los artículos 398 y 434, y contra el numeral 4º del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo por estimar que estas disposiciones restringían la libertad sindical, al establecer un término a la etapa de negociación colectiva, la determinación de un término máximo de la huelga y el procedimiento de expulsión de asociados de un sindicato. Frente a lo cual, esta corporación declaró la exequibilidad condicionada de algunas de las normas acusadas y estimó respecto de este derecho que:
En este mismo sentido, se dijo en la misma que “...esta Corte ha resaltado la importancia que reviste la negociación colectiva para el logro de la paz y la estabilidad laboral dentro de un Estado social y democrático de derecho”(53).
Por último, cabe la pena resaltar la Sentencia C-349 de 2009(54), mediante la cual la Corte Constitucional determinó la inexequibilidad del el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 1210 de 2008, que modificó el numeral 4º del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, en la que se determinaba que el Presidente de la República bajo ciertas circunstancias era competente para ordenar que una huelga fuera levantada cuando se advirtiera que ella podría afectar la seguridad y el orden público. En esta sentencia se consideró entonces frente a este derecho que:
“... El concepto de negociación colectiva consagrada en el Convenio 154 de la OIT —incorporado a la legislación colombiana por la Ley 524 de 1999— y en el artículo 55 de la Constitución, corresponde a un concepto más amplio que el de los pliegos de peticiones y convención colectiva, y la etapa de arreglo directo constituye la primera oportunidad que tienen tanto los trabajadores como los empleadores para llegar a un acuerdo a partir del pliego de peticiones formulado, antes de tomarse la decisión de declarar la huelga o de someter las diferencias a un tribunal de arbitramento, o de convocar un tribunal de arbitramento obligatorio en aquellos casos de servicios públicos esenciales”.
En ese orden de ideas, se dispuso también en esta providencia que si bien el derecho de negociación colectiva se puede limitar en ciertos contextos tal limitación no puede ser absoluta porque se transgrediría una prerrogativa fundamental en el Estado social de derecho. Entonces conforme al artículo 55 de la Constitución que regula este derecho, se puede decir que “... la Corte ha precisado que dicha expresión no significa que cualquier limitación de carácter legal sea constitucionalmente válida y aceptable, ya que se requiere que dicha limitación no afecte el núcleo esencial del derecho de negociación y adicionalmente tiene que ser razonable y proporcional”.
2.5.5. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la protección de la etapa de arreglo directo en la negociación colectiva también ha sido desarrollada jurisprudencialmente por esta Corte. Así pues, en la Sentencia T-648 de 1999(55), se le dio tal relevancia a esta etapa de la negociación colectiva, y la Corte Constitucional no solo ordenó el reintegro de las accionantes que habían sido desvinculadas sino que ordenó también al representante legal de dicha empresa que en las 48 horas siguientes después de haberse notificado dicha providencia, este tendría que recibir “...a las directivas del citado sindicato, para iniciar formalmente el período de arreglo directo del conflicto colectivo que creó con su actuación contraria a derecho (dicha empresa)”.
“En el Estado social de derecho colombiano, la República es participativa (C.P. art. 1º), y para lograrlo, el constituyente estableció, por un lado, como fin esencial del Estado: “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica...” (C.P. art. 2º); por el otro lado, y con especial referencia a una porción significativa de esa vida económica, la relativa al trabajo: a) los principios mínimos de “irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales”, que para el caso son las consagradas en el régimen laboral colectivo vigente; y “facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles...” (C.P. art. 53); y b) resultando reiterativo, el constituyente garantizó “el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo” (C.P. art. 55)”.
Por otra parte, esta Corte en la Sentencia C- 466 de 2008(56) ya citada, se refirió a la etapa de arreglo directo, al indicar la importancia de esta fase a la luz de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo en los siguientes términos: “...la etapa de arreglo directo constituye la primera oportunidad que tienen tanto los trabajadores como los empleadores para llegar a un acuerdo a partir del pliego de peticiones formulado, antes de tomarse la decisión de declarar la huelga o de someter las diferencias a un tribunal de arbitramento, o de convocar un tribunal de arbitramento obligatorio en aquellos casos de servicios públicos esenciales”.
“...aquella que se desarrolla cuando presentado un conflicto colectivo de trabajo que pueda dar por resultado la suspensión del trabajo, o que deba ser solucionado mediante arbitramento obligatorio, los trabajadores presentan al empleador el pliego de peticiones que formulan, hasta que se logre un acuerdo, o hasta la declaratoria y el desarrollo de la huelga o el sometimiento de las diferencias a un tribunal de arbitramento.
En esa misma vía, esta Corte fue clara en diferenciar la etapa de arreglo directo con el pliego de peticiones, al entender al segundo como “...un mecanismo válido para plantear el conflicto colectivo por parte de los trabajadores a los empleadores, desde la etapa de arreglo directo, constituyendo un primer proyecto de convención colectiva de trabajo”.
“El establecimiento de un término obligatorio para el desarrollo inicial de las conversaciones en la etapa de arreglo directo, constituye una medida razonable y proporcional, en cuanto se encuentra dirigida a establecer un periodo mínimo para el desarrollo de la etapa inicial de conversaciones directas sobre el pliego de peticiones presentado por los trabajadores, en aras de que se pueda buscar en un lapso de tiempo razonable un acuerdo entre las partes y, de que los demás mecanismos posibles de resolución del conflicto, bien sea la declaratoria de la huelga o la convocatoria de un tribunal de arbitramento, de carácter voluntario u obligatorio, sean mecanismos subsidiarios a los cuales se acuda una vez agotado un dicho periodo mínimo de conversaciones y negociaciones. El periodo establecido para desarrollar la primera etapa de arreglo directo se caracteriza por ser obligatorio, esto es, que no depende de la voluntad o libre acuerdo entre las partes, en tanto que el segundo término para el desarrollo de la continuación de las conversaciones en la etapa de arreglo directo constituye una prórroga de carácter voluntario que se encuentra en armonía con el derecho de negociación colectiva al constituir un periodo acordado voluntariamente por las partes para el desarrollo de las conversaciones en la etapa de arreglo directo”.
Por último, vale la pena tener de presente, la Sentencia C-696 de 2008(57), que al conocer sobre la constitucionalidad del artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo referido al hecho de que a los diez días siguientes de la etapa de arreglo directo se deberá decir sobre la opción de irse a huelga, y que fue declarado exequible por esta corporación se dijo que a pesar de la importancia de esta etapa, esta no puede ser indefinida:
“Tampoco aprecia la Corte que se trate de una decisión arbitraria del legislador, como se afirma en la demanda, puesto que la misma tiene objeto de garantizar el adecuado ejercicio del derecho y evitar la persistencia en el tiempo de una situación de indeterminación una vez que se ha agotado sin éxito la etapa de arreglo directo, situación que resultaría contraria al interés de los mismos trabajadores y a elementales consideraciones de seguridad jurídica, que son, precisamente, las que han llevado al legislador a definir las condiciones y las etapas que deben cumplirse para que sea lícito acudir a la huelga”.
3.1. Para resolver el problema jurídico puesto a consideración, debe en primer lugar recordarse que la jurisprudencia constitucional ha afirmado que en razón de la cláusula general de competencia a que se refieren los numerales 1º y 2º del artículo 150 de la Constitución, al legislador corresponde regular los procedimientos judiciales y administrativos, especialmente todo lo relacionado con la competencia de los funcionarios, los recursos, los términos, el régimen probatorio, entre otros.
3.2. En el presente caso, para determinar si la medida censurada se encuentra dentro del ámbito de la libre configuración del legislador o si, por el contrario, desconoce los principios de razonabilidad y proporcionalidad y, por tanto, conlleva un sacrificio injustificado de derechos como la igualdad y el debido proceso, esta Sala acudirá al juicio integrado de proporcionalidad.
Como fue indicado en la Sentencia C-093 de 2001(58), la doctrina y la jurisprudencia constitucional comparadas, así como la propia práctica de esta corporación, han evidenciado que existen dos grandes enfoques para el examen de la razonabilidad de las medidas que limitan derechos fundamentales u otros principios constitucionales: uno de origen europeo, que se desprende del juicio de proporcionalidad, y otro de origen estadounidense, que diferencia distintos niveles de intensidad dependiendo de la materia sometida a control(59). Toda vez que estos enfoques presentan ventajas diferentes, esta corporación ha tratado de integrarlos mediante la fijación de un juicio que, de una parte, comprenda todas las etapas del juicio de proporcionalidad, y de otra, adelante distintos niveles de examen de conformidad con el asunto sobre el que verse la discusión.
Este juicio integrado comprende entonces las siguientes etapas: (60) (i) evaluación del fin de la medida, el cual debe ser no solamente legítimo sino importante a la luz de la Carta; (ii) análisis de si la medida es adecuada, es decir, de su aptitud para alcanzar un fin constitucionalmente válido; (iii) estudio de la necesidad de la medida, es decir, análisis de si existen o no otras medidas menos gravosas para los derechos sacrificados que sean idóneas para lograr el mismo fin; y (iv) examen de la proporcionalidad en estricto sentido de la medida, lo que exige una ponderación costo —beneficio de las ventajas que trae las medida frente al eventual sacrificio de otros valores y principios constitucionales. Sin embargo, previo a este estudio, el operador jurídico debe establecer cuál es el grado de intensidad con el que adelantará su análisis, es decir, si aplicará un juicio estricto, moderado o débil, dependiendo de la naturaleza misma de la medida(61). Sobre las particularidades de cada uno de estos niveles de escrutinio, la Sentencia C-093 de 2001(62) expone:
“(...) el escrutinio judicial debe ser más intenso al menos en los siguientes casos: de un lado, cuando la ley limita el goce de un derecho constitucional a un determinado grupo de personas, puesto que la Carta indica que todas las personas tienen derecho a una igual protección de sus derechos y libertades (C.P., art. 13). De otro lado, cuando el Congreso utiliza como elemento de diferenciación un criterio prohibido o sospechoso, como la raza, pues la Constitución y los tratados de derechos humanos excluyen el uso de esas categorías (C.P., art. 13). En tercer término, cuando la Carta señala mandatos específicos de igualdad, como sucede con la equiparación entre todas las confesiones religiosas (C.P., art, 19), pues en esos eventos, la libertad de configuración del Legislador se ve menguada. Y, finalmente, cuando la regulación afecta a poblaciones que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta ya que estas ameritan una especial protección del Estado (C.P., art. 13)”.
En ese orden, considera la Sala que la intensidad del juicio con que debe ser estudiado el numeral 2º del artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo es intermedio, por las siguientes razones: (i) el constituyente reconoció al legislador un amplio margen de libertad de configuración en materia de establecimiento de procedimientos (C.P., num 2º, art 150); (ii) esta amplia competencia también ha sido reconocida por la jurisprudencia constitucional, sin embargo, (iii) pese a que las dos consideraciones anteriores podrían llevar a la aplicación de un test leve, considera esta Sala que en razón a que se alega una posible afectación de los derechos a la igualdad y del debido proceso, se justifica el escrutinio intermedio. En cuanto al análisis del fin de la medida, el cual deberá ser importante por tratarse de un juicio con intensidad intermedia.
3.3. La Sala debe entonces analizar la finalidad de la carga impuesta por el numeral segundo del artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo.
3.4. De la lectura de la disposición puede inferirse que la norma desarrolla el deber del Estado de promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo consagrada en el artículo 55 superior. Finalidad, no solo importante, sino incluso imperiosa dentro del ordenamiento constitucional. Esta norma establece:
La doctrina y la jurisprudencia de esta Corte han reconocido que el derecho de negociación colectiva se encuentra relacionado con el derecho la libertad sindical como al derecho de asociación sindical consagrado en el artículo 39 de la Constitución Nacional(63).
Como se explicó en precedencia, el artículo 2º del Convenio 154 de la OIT, sobre la negociación colectiva, hace referencia a todas aquellas negociaciones que tienen lugar entre un empleador(es) y los trabajadores a fin de fijar las condiciones de trabajo, las relaciones entre empleados-empleadores, y entre estos y sus organizaciones.
Específicamente, la etapa de arreglo directo —artículos 432 a 436 Código Sustantivo del Trabajo— se desarrolla cuando presentado un conflicto colectivo de trabajo, los trabajadores presentan al empleador el pliego de peticiones que formulan, hasta que se logre un acuerdo, o hasta la declaratoria y el desarrollo de la huelga o el sometimiento de las diferencias a un tribunal de arbitramento.
El artículo 433 está dirigido a garantizar el bien jurídico de la negociación colectiva protegido de forma especial en un Estado social y democrático de derecho, como un medio que facilita la participación de los trabajadores en las decisiones que los afectan (arts. 1º y 2º superiores). De igual manera, dicho procedimiento —el de la negociación colectiva— concreta y fortalece el acuerdo de voluntades y es uno de los medios más importantes para fijar las bases fundamentales del trabajo.
Por consiguiente, la negociación colectiva libre y voluntaria “goza de amplio sustento y garantía constitucional(64). Por ello, para la Corte “el Estado no solo debe garantizar el libre ejercicio de este derecho sino que debe “promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo (C.P., art. 55, inc. 2º)”(65). De ahí que exista una obligación en cabeza del legislador por garantizar que dicha negociación esté regida por reglas que garanticen su avance y se sancione aquellas conductas dirigidas a obstaculizarla.
La decisión del legislador, contenida en el numeral 2º del artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo de condicionar el ejercicio de los derechos del sancionado – interponer los recursos legales contra las resoluciones de multa- al pago previo de la multa, no es contraria al contenido y alcance del derecho fundamental al debido proceso.
Por el contrario, esta no niega al interesado el derecho a impugnar el acto administrativo sancionatorio, sino simplemente condiciona la interposición de los recursos a la consignación del valor de la multa impuesta por el incumplimiento de una exigencia razonable y que no impone una carga desproporcionada para el empleador. En efecto, la actividad que debe ser desplegada por el patrono para no ser objeto de dicha sanción administrativa es recibir a los delegados de los trabajadores dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación oportuna del pliego de peticiones para iniciar conversaciones en la etapa de arreglo directo.
Para esta Corte, la exigencia hecha al interesado en impugnar el acto administrativo que impone la multa, en nada desconoce el núcleo esencial de su derecho al debido proceso, pudiendo este- el patrono- fácilmente evitar la imposición de la sanción, si recibe a los trabajadores en el término consagrado. El objeto que pretende resguardar la norma, explica y sustenta en forma fehaciente la imposición de la carga adicional que para el ejercicio de los recursos de la vía gubernativa debe soportar el empleador como consecuencia del incumplimiento de sus deberes en relación con el derecho a la negociación colectiva, consagrado constitucionalmente en el artículo 55.
Cabe además recordar que la jurisprudencia ha declarado la constitucionalidad de este tipo de cargas procesales y ha señalado que su racionalidad depende de las exigencias hechas a cada una de las partes y de conformidad con los fines buscados por el legislador al establecer las formas propias de cada juicio. Por ejemplo, como se describió en la parte considerativa, ha admitido la exigencia del pago de los cánones de arrendamiento adeudados para que el demandado sea oído en los procesos de restitución de inmueble arrendado —Sentencia C-070 de 1993, C-056 de 1996 y C-122 de 2004—, la necesidad de prestar caución para solicitar el levantamiento de embargos y secuestros —Sentencia C-095 de 2001—, el establecimiento como requisito de procedibilidad en la jurisdicción contenciosa de la presentación del comprobante de consignación previa a manera de depósito judicial o la caución, de créditos tributarios o créditos definitivamente liquidados a favor del tesoro público – Sentencia C-319 de 2002-, entre otros.
No obstante, y tal como se señaló al estudiar el alcance que ha dado la jurisprudencia a estas cargas procesales, la aplicación del numeral 2º del artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo, debe basarse en criterios de justicia, equidad y proporcionalidad, y por tanto, el operador jurídico está obligado a aplicarlos de conformidad con las circunstancias del caso, y siempre garantizando la prevalencia de los derechos de las partes. Ello implica que debe impedir los posibles excesos que se podrían derivar de la aplicación mecánica de los preceptos a circunstancias cuya especificidad no fue prevista por el legislador. Es decir, dicho operador debe analizar las características de cada caso para determinar el alcance de la aplicación de dichas normas en estas circunstancias específicas y excepcionales.
De igual manera, esta carga a cargo del patrono, solo es procedente cuando no existan dudas serias y fundadas del incumplimiento de la obligación de recibir a los trabajadores e iniciar las conversaciones de arreglo directo.
3.5. En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la igualdad alegada por el demandante, esta corporación ha establecido que “...de acuerdo con el criterio de interpretación fijado por este tribunal, la realización de la igualdad no le impone al legislador la obligación de otorgar a todos los sujetos el mismo tratamiento jurídico, ya que no todos se encuentran bajo situaciones fácticas similares ni gozan de las mismas condiciones o prerrogativas personales e institucionales. En relación con los destinatarios de la ley, es de resaltarse que la máxima de la igualdad se entiende quebrantada, no por el hecho de que el legislador haya previsto un trato desigual entre unos y otros sujetos, sino como consecuencia de que tal diferencia normativa resulte arbitraria y desprovista de una justificación objetiva y razonable, generando una verdadera discriminación. Desde este punto de vista, puede afirmarse que el legislador goza de un cierto margen de libertad de configuración normativa para regular de manera diferente una determinada situación jurídica, diferencia que solo resulta discriminatoria si no se encuentra razonablemente justificada...”(66).
Así las cosas, es constitucionalmente admisible que el legislador adopte medidas tendientes a proteger al trabajador dentro de los procesos de negociación colectiva, que como lo ha reiterado la legislación y la jurisprudencia constitucional, es la parte más débil de la relación laboral, quien, por ende, requiere de una especial protección del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política(67).
En efecto, es a través de dichas medidas como el legislador puede compensar de manera real, la desigualdad existente entre el trabajador y el empleador, en razón no solo de su situación económica, sino por la subordinación propia del contrato de trabajo. La norma acusada busca que el empleador no evite ni aplace la negociación colectiva, una vez presentado el pliego. Así las cosas, antes que vulnerar el principio de igualdad, la expresión acusada se ajusta a lo dispuesto en el artículo 13 superior, según el cual es deber del Estado promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva.
Declarar EXEQUIBLE la expresión “Para interponer los recursos legales contra las resoluciones de multa, el interesado deberá consignar previamente su valor a órdenes de dicho establecimiento” contenida en el numeral 2º del artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo, por los cargos estudiados en la presente providencia.
(1) Sentencias de la Corte Constitucional C-005 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-346 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-680 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-742 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández; C-384 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-803 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-596 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-1717 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-316 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-798 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-204 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-039 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-1091 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-899 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-318 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería.
(2) Sentencia de la Corte Constitucional C-927 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(3) Sentencia de la Corte Constitucional C-043 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(4) Sentencias de la Corte Constitucional C-927 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-893 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-309 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-314 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-646 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-123 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-234 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería; C-1146 de 2004, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-275 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-398 de 2006, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-718 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-738 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; Sentencia de la Corte Constitucional C-1186 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(5) Sentencia de la Corte Constitucional C-316 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(6) Sentencia de la Corte Constitucional C-203 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(7) Sentencia de la Corte Constitucional C-728 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(9) En el mismo sentido, Sentencia de la Corte Constitucional C-573 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño en la cual se encontró exequible la disminución, en la tercera licitación, de la base de la licitación hasta en un 40% contemplada para los procesos ejecutivos.
(11) Sentencias de la Corte Constitucional C-742 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández; C-384 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-803 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz entre otras.
(12) Sentencia de la Corte Constitucional C-316 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; Sentencia de la Corte Constitucional C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(13) Sentencia de la Corte Constitucional C-012 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería.
(14) Sentencia de la Corte Constitucional C-925 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(15) Ibídem Sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(16) Sentencia de la Corte Constitucional C-095 de 2001. M.P. José Gregorio Hernández.
(17) Sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de 2000. Álvaro Tafur Galvis.
(18) Sentencia de la Corte Constitucional C-662 de 2004. M.P.(E) Rodrigo Uprimny Yepes.
(19) Sentencia C-555 de 2001.
(20) Este artículos señala: 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
(21) Caso Ivcher Bronstein contra Perú. Sentencia del 6 de febrero de 2001. En dicha ocasión, la Corte Interamericana estudió la vulneración del debido proceso administrativo en un proceso de revocatoria de la nacionalidad.
(23) En una ocasión posterior, en la Sentencia C-122 de 2004, la Corte se apoyó en la Sentencia C-070 de 1993 y la C-056 de 1996 para declarar la existencia de cosa juzgada respecto del artículo 44 de la Ley 794 de 2003 pues reproducía el mismo contenido que ya había sido demandado en estas sentencias anteriores, los cargos eran similares a los de esa ocasión y el parámetro de constitucionalidad no había cambiado.
(32) M.P Marco Gerardo Monroy Cabra. Aclaró su voto el Magistrado Humberto Sierra Porto.
(37) M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(40) Artículo 2º del Convenio 154 de la OIT aprobado por la Ley 524 de 1999, citado por las Sentencia C-161 de 2000 y C-1234 de 2005.
(41) Sentencia C-161 de 2000 reiterada en la Sentencia C-1234 de 2005.
(42) M.P.: Alejandro Martínez Caballero.
(44) Sentencia SU-342 de 1995 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(45) Sentencia C-1234 del 2005, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra.
(46) Sentencia C-161 del 2000, M.P.: Alejandro Martínez Caballero.
(47) Sentencia C-161-00, M.P.: Alejandro Martínez Caballero
(49) M.P. Marco Gerardo Muñoz Cabra.
(52) M.P. Jaime Araujo Rentería.
(53) Al respecto, en esta sentencia se citó la Sentencia C-1234 de 2005, en la que se dijo: “Recuérdese que la negociación colectiva es un elemento que contribuye a mantener la paz social, favorece la estabilidad de las relaciones laborales que pueden verse perturbadas por discusiones no resueltas en el campo laboral, que por este medio, los empleadores (...) y los empleados pueden acordar los ajustes que exigen la modernización y la adopción de nuevas tecnologías, redundando no solo en mutuo beneficio, sino en el de los habitantes del país, al mejorar la prestación de la función pública que tienen a su cargo los empleados del Estado”.
(57) Rodrigo Escobar Gil.
(59) Al respecto, en la sentencia aludida se explicó lo siguiente:
“4. La doctrina y la jurisprudencia constitucional comparadas, así como la propia práctica de esta corporación, parecen indicar que existen dos grandes enfoques para analizar los casos relacionados con el derecho a la igualdad.
(60) Ver las sentencias C-093 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-670 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-114 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, y T-577 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, entre otras.
(61) Sobre los criterios que determinan el nivel de escrutinio que debe adelantarse en cada caso y las exigencias de cada uno de tales niveles, consultar las siguientes sentencias: C-530 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía; C-481 de 1998, M.P., Alejandro Martínez Caballero; C-093 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-741 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, y C-227 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.
(62) M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(63) Ver sentencias C-112 de 1993, C-009 de 1994, C-161 de 2000 y C- Sentencia C-280 del 2007.
(64) Sentencia C-1234 del 2005, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra.
(65) Sentencia C-161 del 2000, M.P.: Alejandro Martínez Caballero.
(66) Corte Constitucional, Sentencia C-1115 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(67) Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-177 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

References: ARTÍCULO 433
 artículo 433
 artículo 2
 artículo 21
 artículo 433
 artículo 150
in dubio
 artículo 424
 artículo 1
 artículo 229
 artículo 867
 artículo 29
 artículo 229
 artículo 140
 artículo 687
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 2
 artículo 424
 artículo 2
 artículo 55
 artículo 2
 artículo 238
 artículo 391
 artículo 448
 artículo 1
 artículo 448
 artículo 55
 artículo 55
 resolución 
 artículo 444
 artículo 150
 artículo 433
 artículo 433
 artículo 55
 artículo 39
 artículo 2
 artículo 433
 artículo 433
 artículo 55
 artículo 433
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 433
 artículo 44
 Artículo 2