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Timestamp: 2017-01-19 02:52:16+00:00

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LEY 11/2011, de 5 de diciembre, reguladora uso lengua de signos Andalucia españa by Jake Campbell - issuu
Sevilla, 15 de diciembre 2011
BOJA núm. 244
La presente ley entrará en vigor al mes de su publicación
LEY 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de signos española y los medios de
apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con
discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía.
LEY POR LA QUE SE REGULA EL USO DE LA LENGUA DE SIGNOS
ESPAÑOLA Y LOS MEDIOS DE APOYO A LA COMUNICACIÓN ORAL
DE LAS PERSONAS SORDAS, CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
Y CON SORDOCEGUERA EN ANDALUCÍA
La Constitución Española proclama en su artículo 9.2 la
obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas, así como
de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida
política, económica, cultural y social. Asimismo, el artículo 49
establece como principio rector de la política social y económica, la obligación de los poderes públicos de realizar una
política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración
de las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica,
a quienes prestarán la atención especializada que requieran y
ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que
el Título Primero otorga a toda la ciudadanía.
Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006,
establece la necesidad de aplicar «ajustes razonables» relacionados con el uso de la lengua de signos, el Braille, los
modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de
de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad. De esta manera, el artículo 26.3 establece que los
«Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento
y el uso de tecnología de apoyo y dispositivos destinados a las
personas con discapacidad, a efectos de habilitación y rehabilitación» y el artículo 30.4 de la Convención recoge que «las
personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de
identidad cultural y lingüística específica, incluidas la lengua
de señas y la cultura de los sordos».
La disposición final duodécima de la Ley 51/2003, de 2
de diciembre, compelía al Gobierno de la Nación a regular los
efectos que habría de surtir la lengua de signos española, con
el fin de garantizar a las personas sordas y con discapacidad
auditiva la posibilidad de su aprendizaje, conocimiento y uso,
así como la libertad de elección respecto a los distintos medios utilizables para su comunicación con el entorno. Como
consecuencia de la misma, se promulga la Ley 27/2007, de
23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación
oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con
sordoceguera, en cuyo artículo 3.1 se dispone que las normas
establecidas en la citada Ley «surtirán efectos en todo el territorio español, sin perjuicio de la regulación que corresponda
en el ámbito de las Comunidades Autónomas, garantizándose
en todo caso la igualdad a que se refiere la disposición final
El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su
artículo 10.3.16.º como objetivo básico de la Comunidad Autónoma la integración social, económica y laboral de las personas con discapacidad. Por su parte, el artículo 14 prohíbe toda
discriminación en el ejercicio de los derechos, el cumplimiento
de los deberes y la prestación de los servicios contemplados
en su Título I, destacando en particular la ejercida por razón
de discapacidad. No obstante, señala que esta prohibición no
impedirá acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o
Asimismo, el Estatuto reconoce en su artículo 24 el derecho de las personas con discapacidad y las que estén en
situación de dependencia a acceder, en los términos que establezca la ley, a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad
con garantía pública necesarios para su desarrollo personal
y social. Y entre los principios rectores de las políticas públicas del artículo 37.1.5.º y 6.º se incluyen expresamente «la
autonomía y la integración social y profesional de las personas
con discapacidad, de acuerdo con los principios de no discriminación, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades,
incluyendo la utilización de los lenguajes que les permitan la
comunicación y la plena eliminación de las barreras», así como
«el uso de la lengua de signos española y las condiciones que
permitan alcanzar la igualdad de las personas sordas que opten por esta lengua, que será objeto de enseñanza, protección
La Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, dedica el Capítulo V de su
Título VII a la accesibilidad en comunicación. En este capítulo
se establece por parte de las Administraciones Públicas la promoción de la supresión de las barreras en la comunicación
y, en especial, la garantía del derecho a la información, a la
comunicación, a la cultura, a la educación, a la sanidad, al
trabajo, a los servicios sociales y al ocio. Asimismo, establece
el impulso por las Administraciones Públicas de la formación
profesional en interpretación de la lengua de signos y en guíainterpretación de personas con sordoceguera y la promoción
en su ámbito de la utilización de intérpretes y guías-intérpretes. Y, por último, se recoge la elaboración de un plan de medidas técnicas para garantizar el derecho a la información en
los medios audiovisuales dependientes de las Administraciones Públicas andaluzas.
Los poderes públicos en Andalucía han sido impulsores
del reconocimiento de la lengua de signos española, haciéndose eco de las demandas del movimiento asociativo andaluz
que representa a las personas sordas o con discapacidad au-
ditiva. Así, en 2003, en septiembre, se aprobó la proposición
no de ley de reconocimiento legal de la lengua de signos española, por la que el Parlamento andaluz instaba al Consejo
de Gobierno a que solicitara del Gobierno central el reconocimiento de la lengua de signos española, y la implantación
en todo el territorio español del sistema educativo bilingüe
(lengua oral/lengua de signos). Además, se instaba al Consejo
de Gobierno, entre otras medidas, a que facilitase la utilización de la lengua de signos española en los centros docentes
donde hubiera escolares que así lo requiriesen, a que continuase impulsando campañas y acciones de sensibilización en
formación e información y a que se eliminasen las barreras en
De la presente Ley destaca la participación en su elaboración de la población con discapacidad auditiva, a través de las
entidades que la representa, así como de diferentes departamentos de la Administración autonómica, de la Administración
local y de los agentes sociales y económicos. Se trata de una
ley que supone una apuesta decisiva para lograr la plena participación social, económica y laboral de las personas sordas,
con discapacidad auditiva y con sordoceguera. Siendo estas
sus destinatarias principales, las medidas transversales para
la accesibilidad en la comunicación redundarán también en el
conjunto de la sociedad andaluza. Esta Ley impulsará la aplicación de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, introduciendo
novedades destacadas como el reconocimiento de profesionales de teleinterpretación, la figura del agente de desarrollo
de la comunidad sorda, y la de mediación para personas con
El Capítulo I recoge las disposiciones generales que se
refieren al objeto de la Ley, a su ámbito de aplicación, a la definición de los distintos conceptos que surgen a lo largo de la
presente norma, al derecho al aprendizaje, conocimiento y uso
de la lengua de signos española y de la lengua oral mediante
los medios de apoyo a la comunicación oral, regula los efectos
que surtirá la aplicación de la Ley, y establece los principios en
que esta se inspira.
El Capítulo II está dedicado al aprendizaje y conocimiento
de la lengua de signos española y la lengua oral a través de
los medios de apoyo a la comunicación oral, tanto en la enseñanza reglada como en la formación no reglada.
El Capítulo III desarrolla el uso de la lengua de signos española y de los medios de apoyo a la comunicación oral en
las diferentes áreas públicas y privadas de aplicación de la
Ley, referidas a los ámbitos educativo, sanitario, de formación
y empleo, cultural, turístico, deportivo, y de ocio, de edificaciones, de bienestar social, a los transportes, a las relaciones con
las Administraciones Públicas, la participación política, y los
Por último, la Ley contiene cinco disposiciones adicionales
y dos finales: la disposición adicional primera recoge la creación de la Comisión de Seguimiento de la Ley, las disposiciones segunda y tercera las garantías de dotación estructural y
jurídicas, así como la dotación de apoyos técnicos y otros medios, la cuarta, el sistema arbitral y la quinta hace referencia a
la reproducción de la normativa estatal. Las dos disposiciones
finales recogen el desarrollo normativo y ejecución, y entrada
en vigor de la Ley, respectivamente.
La presente Ley se dicta sin perjuicio de las condiciones
básicas estatales y de acuerdo con las competencias que
otorga el Estatuto de Autonomía para Andalucía a la Comunidad Autónoma en materia de fomento (artículo 45), educación
(artículo 52), universidades (artículo 53), investigación, desarrollo e innovación tecnológica (artículo 54), salud (artículo
55), vivienda (artículo 56), régimen local (artículo 60), servicios sociales (artículo 61), empleo (artículo 63), transporte y
comunicaciones (artículo 64) cultura y patrimonio (artículo
68), medios de comunicación social (artículo 69), turismo (artículo 71) y de deportes, espectáculos y actividades recreativas (artículo 72).
La presente Ley tiene como objeto la regulación de las
medidas necesarias para garantizar y hacer efectivo en Andalucía el respeto, protección, enseñanza y uso en condiciones
de igualdad de la lengua de signos española, en adelante LSE,
como lengua de aquellas personas que decidan libremente utilizarla, así como de la lengua oral a través de los medios de
apoyo a la comunicación oral, en el marco de las condiciones
básicas establecidas en la Ley 27/2007, de 23 de octubre,
por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y
se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
1. En la presente Ley se establecen las medidas y garantías necesarias para que las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera puedan libremente hacer uso
de la LSE y de la lengua oral a través de los medios de apoyo
a la comunicación oral en todas las áreas públicas y privadas, con el fin de hacer efectivo el ejercicio de los derechos
y libertades recogidos en la Constitución y en el Estatuto de
2. La LSE y los medios de apoyo a la comunicación oral,
a efectos de esta Ley, se consideran condición básica de accesibilidad y no discriminación para las personas con discapacidad auditiva usuarias, bien de la lengua de signos, bien de la
lengua oral en Andalucía, tanto en su acceso a la información,
en la comunicación como en las telecomunicaciones, en todos
3. Se garantizará el respeto, uso, enseñanza y protección
a la comunicación oral para la promoción de la igualdad de
oportunidades de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera que opten por una u otra.
Serán destinatarias de esta Ley las personas con sordoceguera y las personas sordas o con discapacidad auditiva a
quienes se les haya reconocido por tal motivo un grado de
discapacidad igual o superior al 33%, así como todas aquellas personas con un grado de discapacidad igual o superior al
33% que por motivo de otras discapacidades precisen de las
medidas recogidas en la misma, siempre que tengan su residencia habitual en cualquier municipio de Andalucía.
f) Medios de comunicación social, telecomunicaciones y
a) LSE: Es la lengua de carácter visual, espacial, gestual y
manual en cuya conformación intervienen factores históricos,
culturales, lingüísticos y sociales, utilizada tradicionalmente
como lengua por las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera, en Andalucía.
b) Lengua oral: Es la lengua de modalidad oral-auditiva
reconocida oficialmente en la Constitución Española. A efectos
de esta Ley en Andalucía, se refiere a la lengua castellana.
c) Medios de apoyo a la comunicación oral: Son aquellos
códigos y medios de comunicación, así como los recursos tecnológicos y ayudas técnicas usadas por las personas sordas,
con discapacidad auditiva y con sordoceguera que facilitan el
acceso a la expresión verbal y escrita de la lengua oral, favoreciendo una comunicación con el entorno más plena.
d) Personas sordas o con discapacidad auditiva: Son
aquellas personas con una pérdida auditiva en mayor o menor grado, a quienes se les haya reconocido por tal motivo un
grado de discapacidad igual o superior al 33%, que encuentran
en su vida cotidiana barreras en la información, la comunicación y las telecomunicaciones, o que, en el caso de haberlas
superado, requieren medios y apoyos para su realización.
e) Personas con sordoceguera: Son aquellas personas
en las que se combinan dos deficiencias sensoriales, visual y
auditiva, generándoles problemas de comunicación únicos y
necesidades especiales derivadas de la dificultad para percibir
de manera global, conocer, y por tanto interesarse y desenvolverse en su entorno. Algunas de estas personas son totalmente sordas y ciegas, mientras que otras tienen restos auditivos y visuales. Utilizan sistemas de comunicación adaptados
a su situación sensorial.
g) Persona usuaria de medios de apoyo a la comunicación oral: Es aquella persona sorda, con discapacidad auditiva
o con sordoceguera, que se comunica en lengua oral y precisa
de medios de apoyo a la comunicación oral para acceder a la
información y a la comunicación en el entorno social.
h) Intérprete de LSE: Profesional que interpreta y traduce
la información de la lengua de signos española a la lengua
oral y escrita y viceversa con el fin de asegurar la comunicación entre las personas sordas, y con discapacidad auditiva,
que sean usuarias de esta lengua, con las personas oyentes
y su entorno social. Por otra parte, teleintérprete de LSE es la
persona profesional que interpreta y traduce la información a
i) Teleinterpretación de LSE: Servicio prestado por un o
una teleintérprete que interpreta y traduce en la distancia la
información de la LSE a la lengua oral, y viceversa, haciendo
uso de la videotelefonía pública (a través de redes fijas y móviles) y otras tecnologías, en un centro de teleinterpretación
y de forma ubicua, como puente de comunicación entre una
persona que utiliza la lengua oral, y otra que utiliza la LSE haciendo accesibles los servicios de telecomunicaciones.
j) Guía-intérprete de personas con sordoceguera: Profesional que interpreta y traduce la información de la LSE a
la lengua oral, escrita y a los distintos sistemas y medios de
apoyo a la comunicación utilizados por las personas con sordoceguera y viceversa. Con el fin de asegurar la comunicación entre las personas con sordoceguera y sus interlocutores,
les suministra toda la información que necesitan del entorno,
tanto contextual como lingüística, facilitando su participación
en igualdad de condiciones. Actúa como guía en los desplazamientos.
k) Mediador o mediadora de personas con sordoceguera:
Profesional que utiliza la LSE y otros sistemas de comunicación
alternativos al lenguaje oral y ayuda a la persona con sordoceguera a desarrollar el nivel y sistema comunicativo que más se
adecua a sus características personales. Actúa de nexo entre
la persona con sordoceguera y su entorno, propiciando su interacción con él y la adquisición de aprendizajes.
l) Agente de desarrollo de la Comunidad Sorda: Profesional con formación específica para la atención a la comunidad
sorda, con el objetivo de fomentar la participación de las personas sordas y las personas con discapacidad auditiva en la
sociedad a través de la promoción de su autonomía personal.
m) Educación bilingüe: Proyecto educativo en el que el
proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo en un entorno en el que coexisten dos o más lenguas que se utilizan
como lenguas vehiculares. En el caso de las personas sordas,
con discapacidad auditiva y con sordoceguera, se referirá a
las lenguas orales reconocidas oficialmente y a las lenguas de
signos españolas.
n) Subtitulado: Recurso de apoyo a la comunicación oral
que transcribe a texto el mensaje hablado, garantizando el
máximo acceso a la información de la persona sorda, con discapacidad auditiva o con sordoceguera.
ñ) Audiodescripción: Servicio de apoyo a la comunicación
audiovisual consistente en un conjunto de técnicas y habilidades aplicadas para compensar la carencia de captación de la
parte visual de un contenido audiovisual suministrando a las
personas con discapacidad visual una adecuada información
sonora por medio de la traducción, explicación o narración de
los elementos visuales relevantes, con objeto de que perciban
dicho contenido como un todo armónico y de la forma más
aproximada posible a como lo percibe una persona sin discapacidad visual.
o) Ajuste razonable: Las medidas de adecuación del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas
de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que supongan una carga desproporcionada, faciliten
la accesibilidad o participación de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Para determinar si una carga es o no proporcionada se
tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que suponga para las personas con discapacidad
su no adopción, la estructura y características de la persona,
entidad u organización que ha de ponerla en práctica y la posibilidad que tenga de obtener financiación oficial o cualquier
Artículo 6. Derecho al aprendizaje, conocimiento y uso de
la LSE y la lengua oral a través de los medios de apoyo a la
Se reconoce el derecho de libre opción de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera al
aprendizaje, conocimiento y uso de la LSE y de la lengua oral a
través de los distintos medios de apoyo a la comunicación oral
en los términos establecidos en esta Ley. En caso de menores
de edad o personas incapacitadas, este derecho será ejercido
por sus padres, madres o representantes legales.
a) No discriminación: Ninguna persona con discapacidad
podrá ser tratada desigualmente o discriminada, directa o indirectamente, por ejercer su derecho de opción al uso de la LSE
y la lengua oral a través de medios de apoyo a la comunicación oral en cualquier ámbito, sea público o privado.
b) Libertad de elección: Las personas sordas, con discapacidad auditiva o con sordoceguera y, en su caso, sus padres, madres o representantes legales, en el supuesto de que
sean menores de edad o estén incapacitadas, podrán optar
por la lengua oral y por la LSE.
c) Normalización: Las personas sordas, con discapacidad
auditiva o con sordoceguera deben poder llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier persona.
d) Accesibilidad universal: Los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos e instrumentos, herramientas y dispositivos deben cumplir las condiciones
necesarias para ser comprensibles, utilizables y practicables
por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
e) Diseño para todos y todas en materia de LSE y medios
de apoyo a la comunicación oral: La actividad estratégica por
la que se conciben o proyectan, desde el origen, y siempre
que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos,
servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas,
que incluyan la LSE y los medios de apoyo a la comunicación
oral, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas en Andalucía.
f) Transversalidad de las políticas en materia de LSE y
medios de apoyo a la comunicación oral: Las actuaciones que
desarrollen las Administraciones Públicas andaluzas no se
limitarán únicamente a planes, programas y acciones específicas, pensadas exclusivamente para las personas sordas,
con discapacidad auditiva o con sordoceguera, sino que las
mismas deben incluirse en las políticas y líneas de acción de
carácter general en cualquiera de los ámbitos y sectores de
actuación de las políticas públicas, teniendo en cuenta las diversas necesidades y demandas de las personas usuarias de
g) Diálogo civil: Principio en virtud del cual las organizaciones representativas en Andalucía de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera, y de sus
familias y los agentes económicos y sociales, participan en
los términos que establecen las leyes y demás disposiciones
normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que comprendan actuaciones sobre las mismas.
h) La igualdad de trato entre mujeres y hombres: Principio que supone la ausencia de toda discriminación, directa o
indirecta, por razón de sexo, en los ámbitos económico, político, social, laboral, cultural y educativo, en particular, en lo
que se refiere al empleo, a la formación profesional y a las
Aprendizaje y conocimiento de la LSE y de la lengua oral a
través de los medios de apoyo a la comunicación oral
1. La Administración educativa dispondrá de los recursos
humanos, materiales y tecnológicos necesarios para facilitar
en aquellos centros de enseñanza reglada que se determinen,
de conformidad con lo establecido en la legislación educativa
vigente, el aprendizaje de la LSE y de la lengua oral al alumnado sordo, con discapacidad auditiva y con sordoceguera. En
todo caso, la adjudicación de puestos escolares habrá de tener en cuenta la capacidad de los centros.
2. La Administración educativa ofertará, en los centros
que se determinen, entre otros, modelos educativos bilingües
que serán de libre elección por el alumnado sordo, con discapacidad auditiva o con sordoceguera o, por sus padres,
madres o representantes legales, en el caso de ser menores
de edad o estar en situación de incapacidad. Para ello, se informará sobre la opción de la educación bilingüe así como de
otros recursos disponibles. La opción de la educación bilingüe,
a fin de normalizar e integrar el uso de la LSE, será extensible
a la población oyente escolarizada en dichos centros.
3. La Administración educativa en Andalucía potenciará
el diseño, elaboración y difusión de materiales didácticos
adaptados a las necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad auditiva, en LSE y para el acceso del
alumnado con discapacidad auditiva a la lengua oral, ya sea
a través de ayudas técnicas o sistemas aumentativos de comunicación.
4. Los planes de estudios podrán incluir, en los centros
que se determinen, como asignatura optativa, el aprendizaje
de la LSE para el conjunto del alumnado, facilitando de esta
manera la inclusión social de la población sorda, con discapacidad auditiva y con sordoceguera usuaria de la LSE y fomentando valores de igualdad y respeto a la diversidad lingüística
5. Con el fin de disponer de profesionales debidamente
cualificados para la enseñanza de la LSE y de la lengua oral a
través de los medios de apoyo a la comunicación oral, en su
caso, para el uso previsto en el Capítulo III, la Administración
educativa competente determinará las titulaciones que, conforme a la normativa existente sobre requisitos para su ejercicio, considere oportunas y propiciará su formación inicial y
permanente. Para ello, se contará con la participación y asesoramiento de las entidades representativas de las personas con
discapacidad auditiva y sus familias.
6. La Administración educativa establecerá planes y
programas de formación para el profesorado que atiende al
alumnado sordo, con discapacidad auditiva o con sordoceguera, o que desee formarse en LSE para acciones educativas y formativas futuras. En tal sentido, se promocionará
que en la formación inicial del profesorado se incluya la LSE
en los planes de estudio de los másteres pedagógicos para
impartir educación secundaria y en las facultades de ciencias de la educación.
1. Las Administraciones competentes en la formación
para el empleo y demás formación no reglada, potenciarán la
cooperación con las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera, sus familias y las entidades asociativas del sector en la realización de cursos de formación para el
aprendizaje de la LSE y de la lengua oral a través del uso de
los medios de apoyo a la comunicación oral, así como en la
2. Las Administraciones Públicas andaluzas, los agentes económicos y sociales, centros colaboradores y demás
entidades promoverán la accesibilidad en la comunicación
de las personas con discapacidad auditiva usuarias de la
LSE y de las usuarias de la lengua oral en sus ofertas de
formación para el empleo y demás formación no reglada,
a través de la correspondiente provisión de recursos humanos, medios materiales, didácticos y técnicos adaptados a
3. Se potenciará, por parte de la Administración competente, la oferta de cursos de actualización profesional relacionados con puestos de trabajo en los que se emplea la LSE o
los medios de apoyo a la comunicación oral.
Con el fin de reducir los riesgos de abandono y posibilitar a las personas sordas, con discapacidad auditiva y con
sordoceguera su avance en un itinerario formativo, se favorecerá el reconocimiento y acreditación parcial acumulable
de las cualificaciones profesionales. Para ello, se fomentará
por parte de los organismos competentes la programación
de acciones formativas que estén constituidas por módulos
formativos basados en unidades de competencia, de modo
que puedan acumularlos y conseguir la acreditación de la
cualificación completa mediante un certificado de profesionalidad.
4. Las Administraciones Públicas andaluzas impulsarán el
acceso a la formación en LSE de las empleadas y empleados
públicos de la Junta de Andalucía, de sus entidades instrumentales y de las entidades locales, especialmente del personal relacionado con puestos de atención al público y atención
ciudadana en materia de seguridad y emergencias.
5. La Administración andaluza y los agentes sociales y
económicos en Andalucía, como medida de integración y normalización de las personas con discapacidad auditiva, sensibilizarán sobre las necesidades de estas personas y promoverán
la formación en LSE y en el uso de los medios de apoyo a la
Uso de la LSE y la lengua oral a través de los medios de
1. Las Administraciones Públicas andaluzas, en los términos que se determinen reglamentariamente, promoverán
la prestación de servicios de interpretación de LSE, guía-interpretación, mediación y la disponibilidad de los medios de
apoyo a la comunicación oral a todas las personas sordas, con
discapacidad auditiva o con sordoceguera cuando lo precisen,
en las diferentes áreas públicas y privadas que se especifican
en el presente capítulo. La información y difusión de todos los
procedimientos, bienes y servicios a disposición del público
serán presentadas de forma accesible.
Los servicios de intérpretes de LSE podrán ser de carácter presencial o a distancia a través de videotelefonía u otros
medios tecnológicos. Los servicios de guías-intérpretes y profesionales de mediación serán de carácter presencial.
2. Los poderes públicos, en los términos establecidos en
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, y en sus normas de desarrollo reglamentario, promoverán, asimismo, medidas contra
la discriminación y establecerán medidas de acción positiva
en favor de las personas sordas, con discapacidad auditiva y
con sordoceguera usuarias de la LSE y usuarias de la lengua
oral a través de medios de apoyo a la comunicación oral, de
acuerdo con lo dispuesto en el presente capítulo.
3. En el diseño, desarrollo y puesta a disposición del público de nuevos bienes y servicios, o bien en la implantación
de ajustes razonables, se tendrán en cuenta las necesidades
de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordera facilitándose la utilización de la LSE y de los medios de
apoyo a la comunicación oral.
4. Asimismo, se garantizará el derecho de las personas
sordas, con discapacidad auditiva o con sordoceguera a acceder acompañadas de los profesionales de la LSE y de los
medios de apoyo a la comunicación oral a todos los ámbitos
de participación, sean de carácter público o privado, cuando
la persona con discapacidad auditiva o sordoceguera así lo
Artículo 11. Acceso a los bienes y servicios a disposición
La Administración educativa facilitará, en los centros
educativos que se determinen, a las personas usuarias de la
LSE su utilización como lengua vehicular de la enseñanza, así
como a las personas sordas, con discapacidad auditiva o con
sordoceguera usuarias de la lengua oral su utilización en dichos centros, y adoptarán las siguientes medidas para el acceso a la educación en igualdad de oportunidades:
a) Promover programas e iniciativas específicas de atención al alumnado universitario sordo, con discapacidad auditiva o con sordoceguera, con el objetivo de facilitarle asesoramiento y medidas de apoyo, tanto a la comunicación oral como
en LSE, en el marco de los servicios de atención al alumnado
universitario en situación de discapacidad.
b) Promover el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación e información y los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos, en el marco de la atención educativa
a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales.
c) Proporcionar a los padres y madres o tutores legales
del alumnado con discapacidad auditiva la información suficiente, así como el asesoramiento necesario para que puedan optar por el sistema de comunicación más adecuado en
la educación de sus hijos e hijas, en función de los recursos
disponibles así como de la situación y necesidades personales
de cada alumno o alumna, y procurando siempre una intervención lo más precoz posible.
d) Potenciar que en los proyectos educativos y programaciones didácticas de los centros docentes que escolaricen
alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a
discapacidad auditiva, sea contemplado, en su caso, el conocimiento y uso de sistemas aumentativos o alternativos a la
comunicación y de la LSE.
e) Potenciar la formación permanente del profesorado
tanto en los medios de apoyo a la comunicación oral como
en la LSE.
b) Promover la accesibilidad tanto a los servicios sanitarios como a los planes, procesos y programas, mediante la
incorporación de ayudas técnicas y la tecnología necesaria.
Sin perjuicio de lo establecido en la Sección 3.ª del Capítulo III del Título II de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social,
que regula las medidas en materia de igualdad de trato y no
discriminación en el trabajo, la presente norma garantiza la
efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidad auditiva y con sordoceguera en el
ámbito del empleo y la ocupación.
Específicamente, se fomentará la formación en LSE para
los trabajadores y trabajadoras de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, así como la formación sobre atención a las
personas con discapacidad auditiva que se comunican en lengua oral o en LSE.
La Administración de la Junta de Andalucía garantizará
que la población sorda, con discapacidad auditiva y con sordoceguera acceda en términos de igualdad al empleo público.
Para ello, facilitará en las pruebas selectivas la adaptación de
tiempos y medios, con la disposición de los recursos humanos
y materiales, tales como intérpretes de LSE, guías-intérpretes,
tecnologías asistidas y medios de apoyo a la comunicación
oral que se precisen para la realización de las mismas. Del
mismo modo, estas medidas se aplicarán en las adaptaciones
de puestos de trabajo y en los procesos de formación.
Las Administraciones locales en Andalucía, las entidades
instrumentales de cualquiera de las Administraciones Públicas
Andaluzas y las Universidades Públicas, igualmente, garantizarán la accesibilidad en la comunicación en sus procesos
de ingreso y promoción interna, a través de las medidas del
apartado anterior, así como en las adaptaciones de puestos de
trabajo, y en los procesos de formación.
Las Administraciones Públicas de Andalucía promoverán la aprobación de los planes y programas específicos que
permitan, mediante intérpretes de LSE, guías-intérpretes o
profesionales de mediación, visitas guiadas u otros medios y
técnicas idóneos, el acceso y disfrute por las personas sordas,
con discapacidad auditiva y con sordoceguera de los bienes y
actividades culturales y de las actividades deportivas, turísticas, recreativas y de ocio, tales como cines, teatros, espacios
naturales protegidos, museos de competencia de la Comunidad Autónoma, monumentos y demás bienes culturales.
Las Administraciones Públicas andaluzas y sus entidades instrumentales implantarán la aplicación avanzada de las
tecnologías de la información y las telecomunicaciones en los
edificios, establecimientos e instalaciones utilizados por las
mismas y promoverán la aplicación de dichas tecnologías en
los edificios, establecimientos e instalaciones de concurrencia
pública de uso o titularidad privados, con objeto de garantizar
el uso de la LSE y de los medios de apoyo a la comunicación
oral. La instalación o mejora de dispositivos adaptados a las
necesidades de información, comunicación y telecomunicaciones en el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, incluidas las viviendas, serán considerados elementos de accesibilidad para las personas sordas, con
discapacidad auditiva y con sordoceguera.
Las Administraciones Públicas andaluzas competentes en
materia de servicios sociales promoverán la adaptación de sus
servicios a las necesidades de las personas usuarias con discapacidad auditiva. Para ello, específicamente se fomentará
la formación en LSE del personal de los centros de servicios
sociales comunitarios, centros de valoración y orientación de
personas con discapacidad y de los servicios de valoración de
la situación de dependencia.
1. En las estaciones de transporte público (terrestre, marítimo y aéreo) que sean competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía o de la Administración local, y que se
determinen en razón de la relevancia del tráfico de viajeros y
viajeras, se promoverá la prestación de servicios de intérpretes
de LSE y guías-intérpretes, de carácter presencial o mediante
teleinterpretación, y de medios de apoyo a la comunicación
oral en los puntos de información y atención al público.
2. Se promoverá que la edición o difusión de instrucciones sobre derechos y deberes, normas de funcionamiento o
de seguridad en el transporte se realice también, siempre que
sea posible, en LSE y a través de medios de apoyo a la comunicación oral.
3. Las medidas citadas en los párrafos anteriores se incorporarán al contenido mínimo de los planes de accesibilidad previsto en el apartado 11.1 del Anexo IX del Real Decreto
1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para
el acceso y utilización de los modos de transporte de personas
1. La Administración de la Junta de Andalucía, sus entidades instrumentales, las Administraciones locales y las Universidades procurarán la atención adecuada, el respeto al uso
de la LSE y a la lengua oral a través de los medios de apoyo a
la comunicación oral y la formación del personal, así como las
condiciones adecuadas de iluminación, tiempos necesarios y
señalización de los servicios de intérpretes en LSE, guías-intérpretes y profesionales de mediación, así como de los medios
de apoyo a la comunicación oral.
2. Se fomentará la accesibilidad de las personas sordas,
con discapacidad auditiva y con sordoceguera a los servicios
de atención telefónica de las Administraciones Públicas en Andalucía.
3. Se facilitará que los puntos de información que no estén atendidos directamente por personal se doten de sistemas
accesibles de información complementaria, tales como sistemas audiovisuales que transmitan la información en LSE, y de
medios de apoyo a la comunicación oral, como subtitulación
de los sistemas audiovisuales.
La Administración de la Junta de Andalucía, a través de la
Consejería competente en materia de provisión de medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia, promoverá las condiciones adecuadas para la disposición
de servicios de intérpretes de LSE, y guías-intérpretes y de
medios de apoyo a la comunicación oral, con objeto de hacer
accesible a las personas sordas, con discapacidad auditiva y
con sordoceguera, la comunicación en los procesos judiciales
y extrajudiciales de todos los órdenes jurisdiccionales en los
que éstas intervengan, en aplicación de lo dispuesto en las
leyes procesales vigentes en cada materia.
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y
22 de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, los poderes públicos,
los partidos políticos y los agentes económicos y sociales facilitarán que las informaciones institucionales y los programas
de emisión gratuita y obligatoria en los medios de comunicación, de acuerdo con la legislación electoral y sindical, sean
plenamente accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva o con sordoceguera mediante su emisión o distribución en LSE y mediante subtitulación tanto en directo como
2. El Parlamento de Andalucía y las Entidades locales promoverán la interpretación en LSE y la existencia y empleo de
los medios de apoyo a la comunicación oral y la subtitulación,
en aquellas reuniones plenarias de carácter público y en cualesquiera otras de interés general en que así se determine,
cuando haya participación de personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera y lo soliciten previamente.
1. Las Administraciones Públicas andaluzas garantizarán las
medidas necesarias para que los medios de comunicación social, de conformidad con lo previsto en su regulación específica,
sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva
y con sordoceguera, usuarias de la LSE y de la lengua oral.
2. Las Administraciones Públicas andaluzas promoverán
la accesibilidad a las telecomunicaciones a través de la incorporación progresiva de la LSE, del subtitulado y la audiodescripción, si fuera preciso, y de los correspondientes sistemas
de acceso a la información, en los portales y páginas de Internet de titularidad pública o financiados con fondos públicos,
así como de las empresas que presten servicios al público en
general de especial trascendencia económica, sometidas a la
obligación establecida en el artículo 2 de la Ley 56/2007, de
28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la
Información. Esta incorporación cumplirá con los estándares
de calidad normalizados y afectará, en especial, a la información sobre los servicios accesibles que se presten.
3. Las Administraciones Públicas andaluzas, en el ámbito
de sus respectivas competencias, promoverán el impulso, desarrollo y aplicación de los estándares de accesibilidad para
personas con discapacidad y diseño para todos y todas, en
todos los elementos y procesos basados en las nuevas tecnologías de la Sociedad de la Información.
Se fomentará el desarrollo de soportes audiovisuales,
como materiales didácticos y de difusión e información que
incluyan la LSE, la subtitulación y la audiodescripción con objeto de facilitar el acceso y la accesibilidad en la Sociedad de
4. En la celebración de Congresos, Jornadas, Simposios,
Seminarios y otro tipo de eventos organizados o subvencionados
por las Administraciones Públicas andaluzas y otras entidades,
tanto públicas como privadas, en los que participen o asistan
personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera,
se facilitará su accesibilidad mediante la prestación de servicios
de intérpretes de LSE, guías-intérpretes o mediante la utilización
de medios de apoyo a la comunicación oral, previa solicitud de
las personas interesadas. Asimismo, se reservarán espacios
adecuados y accesibles para estas personas y se garantizarán
las condiciones técnicas adecuadas para el desempeño de los
puestos de interpretación y guía-interpretación.
5. Con objeto de acercar las tecnologías de la información
y comunicación a las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera, se promoverá su formación en el
manejo de estas tecnologías.
1. La Administración de la Junta de Andalucía impulsará
la investigación de la LSE y de los medios de apoyo a la comunicación oral, con la colaboración de las Universidades Públicas andaluzas, de las entidades representantes de las personas sordas, con discapacidad auditiva, con sordoceguera y
sus familias, de los agentes económicos y sociales, así como
de otras entidades dedicadas a la investigación.
2. Asimismo, promoverá la investigación sobre innovación
pedagógica, desarrollo y seguimiento de la educación bilingüe
para las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera.
3. La Administración de la Junta de Andalucía fomentará
la investigación sobre la aplicación de la LSE y de los medios
de apoyo a la comunicación oral en los diversos ámbitos de
participación, como son la educación, empleo, cultura, nuevas tecnologías, sociedad de la información y el conocimiento,
bienestar social, salud y edificación, entre otros. Para ello,
contará con la opinión de las personas con discapacidad usuarias de la LSE y de la lengua oral, a través de sus entidades
representativas y de sus familias, así como con los agentes
4. En el desarrollo de proyectos tecnológicos en Andalucía, cuyos nuevos productos, bienes y servicios incluyan la
LSE o medios de apoyo a la comunicación oral, se tendrá en
cuenta la participación de las entidades representativas de las
personas con discapacidad y de sus familias.
Se creará por Orden de la Consejería competente en materia de integración social de las personas con discapacidad,
una Comisión Especial de Seguimiento en el seno del Consejo
Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad, en la
que tendrán representación las organizaciones de personas
sordas, con discapacidad auditiva o con sordoceguera y de
sus familias, los representantes de la Administración local y
los agentes económicos y sociales, con el objetivo de impulsar y velar por el cumplimiento de las medidas contenidas en
esta Ley, proponiendo las medidas oportunas para su plena
Los poderes públicos en Andalucía promoverán los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para ejecutar
las medidas de acción positiva objeto de esta Ley, así como
para desarrollar la transversalidad de las políticas públicas en
materia de personas sordas, con discapacidad auditiva y con
La Administración andaluza, en el ámbito de sus competencias, aportará dentro de sus disponibilidades presupuestarias financiación a personas y entidades para la adquisición
de productos de apoyo y medios técnicos, así como recursos
humanos, que faciliten la accesibilidad en la comunicación de
las personas con discapacidad usuarias de la LSE y de la lengua oral en Andalucía.
Este tipo de productos de apoyo, medios técnicos y recursos humanos podrá ser objeto de ayudas a entidades en
Andalucía, destinadas a la adaptación de medidas motivadas
por ajustes razonables en materia de accesibilidad en la comunicación para facilitar el acceso, formación y promoción en el
puesto de trabajo de las personas con discapacidad usuarias
de la LSE y de la lengua oral. De tales medidas se podrán
beneficiar tanto las Administraciones Públicas en Andalucía,
como las entidades representativas de las personas sordas y
sus familias, las empresas privadas, las entidades sin ánimo
de lucro y los agentes económicos y sociales.
La aplicación efectiva del sistema arbitral queda sometida
a la constitución y puesta en funcionamiento de la junta arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
conforme a lo dispuesto en la normativa estatal.
Disposición adicional quinta. Reproducción de normativa
Los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 16 reproducen, en parte, normas dictadas por el Estado, al amparo
del artículo 149.1.1.º de la Constitución Española y recogidas
en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen
las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de
apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
1. Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias
para el desarrollo normativo y ejecución de lo previsto en la
presente Ley de acuerdo con los plazos establecidos en la
disposición final quinta de la Ley 27/2007, de 23 de octubre.
El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006,
2. Asimismo, el Consejo de Gobierno elaborará específicamente un reglamento que apruebe las normas técnicas de
accesibilidad y eliminación de las barreras en la comunicación
El desarrollo reglamentario a que hace referencia el párrafo anterior deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de
LEY 11/2011, de 5 de diciembre, reguladora uso lengua de signos Andalucia españa

References: artículo 9
 artículo 49
 artículo 26
 artículo 30
 artículo 3

artículo 10
 artículo 14
 artículo 24
 artículo 37

Artículo 6

Artículo 11
 Real Decreto

 artículo 2
 artículo 149