Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2014/as201421045L.html
Timestamp: 2019-03-25 05:43:10+00:00

Document:
A.S. Nº 045
Auto Supremo: Nº 45
Sucre: 5 de marzo de 2014
Expediente: LP – 68 – 09 – S
Proceso: Mejor Derecho Propietario y otros
Partes: Gobierno Municipal La Paz c/ Empresa I.C.A.
Segunda Magistrada Relatora: Dr. Elisa Sánchez Mamani
1.- El recurso de casación en el fondo, interpuesto por Carlos Andrés Suarez Ibáñez, en representación del Gobierno Municipal de La Paz, contra el Auto de Vista Nº 438 de 24 de noviembre de 2008, pronunciado por la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior de Distrito de La Paz, en el proceso ordinario doble sobre mejor derecho propietario, reivindicación y daños y perjuicios, seguido por la entidad recurrente, en contra de la Empresa Constructora Ingenieros Civiles Asociados S.A. (I.C.A. Bolivia), la contestación, los antecedentes y;
2.1. Antecedentes del Proceso.- Que, mediante sentencia cursante de fojas 351 a 354 vuelta de obrados, y sus autos complementarios de fojas 357 y 360 de obrados, pronunciado por el Juez de Partido Segundo en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, se declaró improbada la demanda de fojas 8 a 12 y probada la demanda reconvencional, en consecuencia se declara la inexistencia del derecho propietario de la Alcaldía Municipal sobre el inmueble registrado en Derechos Reales bajo la partida Nº 01294943, con una superficie de 4.292 Mts.2, ubicado en la región Kantutani, de propiedad de Ingenieros Civiles Asociados “I.C.A. Bolivia” y probadas las excepciones de cosa juzgada y perentoria de extinción de la acción o caducidad, opuesta a fojas 140 a 147, sin costas.
Que, en grado de apelación, interpuesto por Carlos Andrés Suárez Ibáñez, en representación del entonces H. Alcalde Municipal de la Paz, Juan Fernando del Granado Cosío, de fojas 362 a 364 vuelta, la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior de Distrito de La Paz, por Auto de Vista Nº 438 de 24 de noviembre de 2008, de fojas 375 a 377, se confirmó y aprobó la sentencia apelada y sus autos complementarios de fojas 357 y 360, con costas.
Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 384 a 385 vuelta, Carlos Andrés Suarez Ibáñez, en representación del entonces Alcalde Municipal de la Paz, Juan Fernando del Granado Cosio, interpuso recurso de casación en el fondo, que se compendia a continuación.
3.1. Denuncias del Recurso de Casación.- El recurrente, efectúa las siguientes denuncias:
Alega que se ha omitido considerar la doctrina expuesta sobre la propiedad municipal, especialmente sobre los aires del rio; luego hace alusión a la sentencia constitucional Nº 019/2005-R, en sentido de que la misma se referiría al artículo 137 de la Constitución Política del Estado, que establece el carácter inviolable de la propiedad pública. También se hace mención a los artículos 84, 85, 86 y 129 de la Ley de Municipalidades, a la resolución Suprema de 23 de abril de 1907, a la Ley de 6 de junio de 1939 y la Ley Nº 969 de 10 de enero de 1985 Orgánica de Municipalidades y a los artículos 85 y 593 del Código Civil; añade que todo ello más el registro en derechos Reales debería bastar para acreditar que el Gobierno Municipal es propietario de la superficie de 46514.18 Mts2, y que no se hubiera considerado de que el título del demandado vulnera la ley.
Denuncia que el Auto de Vista impugnado y su complementario han violado el inc. i) del artículo 7 de la Constitución Política del Estado; añade que se ha desconocido la prueba presentada por el gobierno municipal de La Paz. Afirma también que se infringió el artículo 85 de la Ley Nº 2028 al reconocer el mejor derecho propietario en base a un documento de transferencia de un bien, que por determinación expresa de la ley, tiene el carácter inalienable al ser considerado un bien de dominio público. Señala también que se ha infringido el artículo 593 del Código Civil al haberse aceptado como válida una transferencia ilegal, al encontrarse el objeto de la compra fuera del comercio humano por disposición expresa de la ley.
Finalmente pide que se case el Auto de Vista impugnado, y en consecuencia probada la demanda e improbada la reconvención.
3.2. Contestación al Recurso de Casación.- Mediante escrito cursante de fojas 393 a 394, Ricardo Vargas Guzmán y Samuel Elías Abasto Gonzales, en representación de la Empresa ICA Bolivia S.A.
3.3. Fundamentos del Fallo.- Con relación a las alegaciones efectuada sobre la no consideración de la doctrina expuesta sobre la propiedad municipal; sobre la sentencia constitucional Nº 019/2005-R; la mención de los artículos 84, 85, 86 y 129 de la Ley de Municipalidades, de la Resolución Suprema de 23 de abril de 1907, de la Ley de 6 de junio de 1939, de la Ley Nº 969 de 10 de enero de 1985 Orgánica de Municipalidades, de los artículos 85 y 593 del Código Civil, respecto a que todo ello más el registro en derechos Reales debería bastar para acreditar que el Gobierno Municipal es propietario de la superficie de 46514.18 Mts2, y la no consideración de que el título del demandado vulnera la ley, amerita señalar lo siguiente. Estas alegaciones son insuficientes para su consideración de fondo en sede casación, pues las mismas no contienen denuncia ya sea de la violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las normas legales que se mencionan en el recurso en examen. La entidad recurrente olvida que el recurso de casación en el fondo, es un juicio de puro derecho de enjuiciamiento al fallo de segunda instancia y no una tercera instancia, olvida también que por mandato del artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, en el recurso no solo se debe citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurre, su folio, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, sino que también se debe especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate del recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos. Lo propio sucede en las referencias a la valoración probatoria, pues en dicho recurso no se indica siquiera si se denuncia error de hecho o error de derecho en la apreciación de la prueba; lo cual resulta imprescindible, pues dado que la valoración de la prueba es una facultad privativa de los jueces de instancia, el Tribunal de casación puede revisar la prueba solo por vía de excepción cuando se han efectuado denuncias de error de hecho o derecho en su apreciación, en la forma prevista por el artículo 253-3) del Código de Procedimiento Civil. Las manifiestas deficiencias advertidas precedentemente, impiden que el Tribunal Supremo ingrese a examinar el fondo de esas alegaciones y menciones a la valoración probatoria.
Con relación a las denuncias de violación inciso 1) del artículo 7 de la Constitución Política del Estado, la infracción del artículo 85 de la Ley de Municipalidades y el artículo 593 del Código Civil.- En reiterados fallos, verbi gratia el A.S. Nº 236 de 28 de septiembre de 2012, el Tribunal Supremo de Justicia, ha dejado claramente establecido que los jueces de instancia deben limitarse a aplicar las leyes invocadas por las partes en la demanda y en la contestación, por ello al interponer el recurso de casación y solicitar se reconozca la infracción de una determinada ley es obvio que la misma debe ser aplicada en la resolución recurrida, cuando el Tribunal de segundo grado no se pronuncia sobre una determinada ley, corresponde a la parte interesada, con la facultad conferida por el artículo 196.2) con relación al artículo 239 del Código de Procedimiento Civil, solicitar dentro del plazo legal la correspondiente complementación del referido fallo y sólo sobre esta base, puede recurrirse en casación, de manera que si el recurrente no ha procedido de esa forma el recurso debe ser declarado infundado.
En el caso en examen, el representante de la entidad recurrente denuncia la violación del inciso 1) del artículo 7 de la Constitución Política del Estado, la infracción del artículo 85 de la Ley de Municipalidades y el artículo 593 del Código Civil. Como se advierte, en el Auto de Vista impugnado, el Tribunal ad quem no ha aplicado y ni siquiera mencionado dichas normas legales; por ello si no fueron aplicadas no hay posibilidad de que hayan sido violadas. Si bien es cierto que la entidad recurrente, mediante escrito de fojas 381 y vuelta, solicitó explicación y complementación, empero en dicha solicitud no se pide tal explicación o complementación en torno a la aplicación de la Norma Constitucional y las normas legales que en el recurso se reputan como violadas e infringidas, razón por la cual el recurso de casación en el fondo deviene en infundado.
En mérito de las consideraciones precedentes, y con relación a las denuncias examinadas en el fondo, corresponde resolver conforme a lo dispuesto por los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271 numeral 2) y 273 del Adjetivo Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, de fojas 384 a 385 vuelta, interpuesto por Carlos Andrés Suarez Ibáñez, en representación del Gobierno Municipal de La Paz, sin costas por tratarse de entidad pública.
Primer Magistrado Relator Dr. Javier Medardo Serrano Llanos de cuyo proyecto fue disidente La Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani, con cuya disidencia estuvo de acuerdo la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba
Ante Mi.- Abog. Paola Verónica Barrios Sanabria Secretaria de Sala
Libro de Tomas de Razón 45/2014

References: artículo 137
 resolución 
 artículo 7
 artículo 85
 artículo 593
 Resolución 
 artículo 258
 artículo 253
 artículo 7
 artículo 85
 artículo 593
 resolución 
 artículo 196
 artículo 239
 artículo 7
 artículo 85
 artículo 593
 artículo 8