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Timestamp: 2018-03-20 15:43:54+00:00

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SENTENCIA DEL TC DE 25-04-2016
SENTENCIA DEL TC DE 25-04-2016 SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DEL REQUISITO DE TENER HIJOS COMUNES PARA TENER DERECHO A PENSIÓN DE VIUDEDAD EN CLASES PASIVAS
Cuestión de inconstitucionalidad planteada por la AN en relación con la letra c) de la disposición adicional 15ª de la Ley 51/2007, de 26-12, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado, la Fiscal General del Estado y Dª Concepción.
1. la AN presentó escrito ante el TC, planteando cuestión de inconstitucionalidad en relación con la letra c) de la disposición adicional 15ª de la Ley 51/2007, de 26-12, de presupuestos generales del Estado para el año 2008, al poder ser contraria al art. 14, en relación con el art. 9.2 de la Constitución.
2. Los hechos de los que trae causa la cuestión de inconstitucionalidad son los siguientes:
a) Dª Concepción solicitó la pensión que pudiera corresponderle como pareja de hecho de don J.G.G., fallecido el 25-8-2006, que era pensionista, al amparo del título II de la Ley 37/1984. La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas le denegó la solicitud de pensión, dada la inexistencia de vínculo conyugal con el causante. Recurrido en reposición el citado acuerdo fue desestimado, reiterando que de acuerdo con la legislación vigente al tiempo de fallecer el causante, solo tenían derecho a la pensión de viudedad quienes fueran o hubieran sido cónyuge del causante. Las anteriores resoluciones denegatorias fueron impugnadas mediante reclamación económico-administrativa que fue desestimada por el Tribunal Económico-Administrativo Central, que no consta fuera recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa por la solicitante.
b) El 14-1-2008, Dª Concepción solicitó nuevamente pensión de viudedad como pareja de hecho de don J.G.G, al considerar que reunía los requisitos establecidos en la disposición adicional 15ª de la Ley 51/2007, de 26-12, aportando certificado en el que se hacía constar que figuraban inscritos en el registro de uniones de hecho desde el 5-2-1997, formando una unión de las previstas en el art. 1 de la Ley 11/2001, de 19-12.
Requerida para que presentase declaración de que el causante no tenía vínculo matrimonial subsistente con otra persona, así como para que aportase fotocopia cotejada de la hoja del libro de familia o certificado de nacimiento de los hijos comunes habidos con el causante, puso de manifiesto que no habían tenido hijos comunes y que sufrió un aborto a los 5 meses de gestación. La Dirección General de Costes de Personal y de Pensiones Públicas dictó acuerdo, denegando la pensión de viudedad solicitada por no concurrir todos los requisitos de la disposición adicional 15ª de la Ley 51/2007 y, en concreto, el de no haber tenido la peticionaria y el causante hijos comunes. Dicha denegación fue confirmada por resolución de 29-4-2008 que desestimó el recurso de reposición interpuesto; asimismo fue desestimada la reclamación económico-administrativa interpuesta ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, en resolución de fecha 8-10-2008. No consta que la solicitante hubiera impugnado las anteriores resoluciones ante la jurisdicción contenciosa.
c) Dª Concepción presentó nueva solicitud de revisión del acuerdo que le denegó la pensión de viudedad por considerar que reunía todos los requisitos legales para tener derecho a la pensión como pareja de hecho del causante don J. G. G., puesto que la Ley 51/2007 de presupuestos generales del Estado, había sido modificada en su disposición adicional 15ª, en virtud de la Sentencia del TC el 14-2-2013, que declaró la inconstitucionalidad del requisito contenido en el apartado c) de haber existido hijos comunes de la pareja de hecho. Esta solicitud de revisión fue desestimada por resolución de 30-4-2013, de la Dirección General de costes de personal y pensiones públicas, por no concurrir todas las circunstancias exigidas en la disposición adicional 15ª de la Ley 51/2007, dado que el causante y la beneficiaria no tuvieron hijos comunes. Asimismo, se ponía de manifiesto que el TC en su Sentencia de 14-2-2013, había declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la letra c) de la disposición adicional 3ª de la Ley 40/2007, de 4-12 de medidas en materia de Seguridad Social, por lo que dicha declaración no afectaba a la disposición adicional 15ª de la Ley 51/2007.
Interpuesto recurso de reposición contra dicha resolución, ésta fue confirmada por nueva resolución de 27-6-2013, así como fue desestimada el 27-3-2014 la reclamación económica administrativa interpuesta ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, en la que se alegaba de nuevo que debería reconocérsele el derecho a la pensión de viudedad, puesto que la Sentencia del TC de 14-2-2013, había declarado inconstitucional el requisito de que hubiera hijos comunes del causante y la solicitante de la pensión. La resolución denegatoria del Tribunal Económico-Administrativo Central se fundaba en que la Sentencia del TC de 14-2-2013 invocada, se pronuncia sobre el apartado c) de la disposición adicional 3ª de la Ley 40/2007, referida al régimen de la Seguridad Social, mientras que la disposición adicional 15ª de la Ley 51/2007 tiene su ámbito de aplicación en el régimen de clases pasivas. Posteriormente, se recurrió dicha resolución de 27-3-2014, en anulación que fue declarada inadmisible por resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, de 25-6-2014, al no darse ninguno de los supuestos de nulidad que contempla el art 239.6 de la LGT.
d) Contra la resolución denegatoria de reconocimiento de la pensión de viudedad del Tribunal Económico-Administrativo Central de 27-3-2014, y contra la resolución de 25-6-2014 que inadmitió el recurso de anulación formulado contra la primera, se interpusieron 2 recursos contencioso administrativos que fueron acumulados. En su demanda la recurrente alegó, sustancialmente, su derecho a que se le reconociera el derecho a la pensión de viudedad por entender aplicable la Sentencia del TC de 14-2-2013, que había declarado inconstitucional la disposición adicional 3ª de la Ley 40/2007 y el requisito de que existieran hijos comunes, también respecto del mismo requisito exigido en el apartado c) de la disposición adicional 15ª de la Ley 51/2007, dada la igualdad de situaciones existentes y teniendo en cuenta la tendencia homogeneizadora en la legislación que regula las pensiones en ambos regímenes.
Tramitado recurso contencioso administrativo, como procedimiento ordinario ante la AN, y, estando aquel concluso y pendiente de deliberación y fallo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo acordó suspender dicho trámite y por Auto de fecha 14-10-2015, se acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal sobre la posibilidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto de la disposición adicional 15ª de la Ley 51/2007, por poder ser contraria a lo dispuesto por el art. 14, en relación con el art. 9.2, ambos de la Constitución.
La Abogacía del Estado manifestó que no era procedente el planteamiento de la cuestión, al no tratarse de dos supuestos con identidad jurídica esencial, dado que:
a) por una parte la disposición adicional 3ª de la Ley 40/2007 y la disposición adicional 15ª de la Ley 51/2007, son respectivamente disposiciones aplicables a pensiones con régimen diferente, como el de la Seguridad Social y el de clases pasivas respectivamente
b) por otro lado, en el caso de la Sentencia del TC de 14-2-2013, el proceso de origen tenía como objeto el reconocimiento de una pensión de viudedad respecto de una pareja de hecho homosexual, mientras que en el caso en el que se trataba de plantear la cuestión de inconstitucionalidad era una pareja de hecho heterosexual.
3. Mediante Auto de 3-12-2015, la AN acordó el planteamiento ante el TC de la presente cuestión de inconstitucionalidad respecto de la letra c) de la disposición adicional 15ª de la Ley 51/2007, de 26-12, de presupuestos generales del Estado, por poder infringir los arts. 9.2 y 14
4. Este Tribunal acordó admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada y dar traslado de las actuaciones recibidas, al Congreso de los Diputados y al Senado, al objeto de que pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes.
5. El Presidente del Congreso de los Diputados comunicó que la Mesa de la Cámara había adoptado el acuerdo de personarse en el procedimiento y ofrecer su colaboración.
El Presidente del Senado, comunicó que la Mesa de la Cámara había acordado dar por personada a dicha Cámara en el procedimiento constitucional y por ofrecida su colaboración.
6. Dª Concepción se personó solicitando se le concediera plazo para formular alegaciones
7. El Abogado del Estado solicitó se dictara Sentencia desestimatoria de la cuestión planteada.
8. La Fiscal General del Estado interesa la estimación de la presente cuestión. Considera que la invalidez constitucional del requisito de la existencia de hijos comunes del causante y del beneficiario, que establece la letra c) de la disposición adicional 3ª de la Ley 40/2007, resulta plenamente de aplicación para enjuiciar la validez constitucional de la letra c) de la disposición adicional 15ª de la Ley 51/2007.
1. La AN plantea cuestión de inconstitucionalidad respecto de la letra c) de la disposición adicional 15ª de la Ley 51/2007, de 26-12, de presupuestos generales del Estado para el año 2008, por entender que pudiera ser contraria a los arts. 14 y 9.2 CE. Dicha disposición establece lo siguiente:
“Procederá el derecho a pensión de viudedad por el Régimen de Clases Pasivas del Estado, cualquiera que sea su legislación reguladora, así como por la legislación especial de guerra, cuando, habiéndose producido el hecho causante con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, concurran las siguientes circunstancias:
c) Que el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes.”
Para la Sala promotora de la cuestión, la citada letra c) de la disposición adicional transcrita comporta un trato desfavorable no justificado que podría lesionar el art. 14 CE en relación con el art. 9.2 CE por las mismas causas que concurrieron en la declaración de inconstitucionalidad por este Tribunal de idéntico requisito establecido en la disposición adicional 3ª de la Ley 40/2007 mediante la Sentencia del TC de 14-2-2013.
La Fiscalía General del Estado y la solicitante de la prestación de viudedad comparten los argumentos contenidos en el Auto de planteamiento, mientras que, el Abogado del Estado sostiene que los supuestos contemplados en ambas normas no son idénticos: la Sentencia del TC de 14-2-2013 se refería a una pareja de hecho homosexual y a una pensión en el régimen general de la Seguridad Social, mientras que en supuesto que ahora se analiza se trata de pareja de hecho heterosexual y sometida la prestación al sistema de clases pasivas del Estado, diferencia suficiente para que no sean sin más aplicables los argumentos de la citada Sentencia del TC de 14-2-2013.
2. Como ha puesto de manifiesto la AN, el apartado c) de la disposición adicional cuestionada, aplicable a las pensiones de viudedad en supuestos especiales en el régimen de clases pasivas, contiene un requisito idéntico al establecido en la letra c) de la disposición adicional 3ª de la Ley 40/2007, de medidas en materia de Seguridad Social, cual es que el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes. Dicho requisito fue declarado inconstitucional por la Sentencia del TC de 14-2-2013.
En la Sentencia del TC de 14-2-2013, consideramos que
“nuestro enjuiciamiento sobre la constitucionalidad del precepto legal cuestionado ha de comenzar por su escrutinio desde la perspectiva de la cláusula general de igualdad del primer inciso del art. 14 CE, toda vez que el requisito de ‘que el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes’ para tener derecho a la pensión de viudedad cuando el hecho causante se hubiere producido antes de la entrada en vigor de la Ley 40/2007, no tiene en cuenta la orientación sexual de la pareja de hecho como factor determinante del excepcional acceso retroactivo a la pensión, sino la existencia o inexistencia de descendencia común, biológica o adoptiva”.
Asimismo recordamos que
“Para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato es necesario que las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos.”
Descartamos que
“el requisito legal cuestionado” pudiera “ser entendido como un indicador inequívoco de la existencia efectiva de la relación de convivencia more uxorio que se pretende proteger, pues ni la circunstancia de haber tenido hijos en común acredita una mayor estabilidad o solidez de la unión de hecho, ni dicha circunstancia constituye el único medio de prueba posible sobre la estabilidad de la pareja”.
Por otra parte, si bien afirmamos que:
“la mayor situación de dependencia económica que puede suponer, al menos en hipótesis, la existencia de hijos en común de la pareja de hecho a cargo del miembro supérstite (cuando los hijos sean menores de edad o discapacitados) podría considerarse como justificación objetiva y razonable del requisito legal cuestionado”,
Sin embargo precisamos que:
“lo relevante para el legislador en el precepto cuestionado no es que sobrevivan hijos comunes de la pareja de hecho que dependan económicamente del progenitor superviviente, sino, exclusivamente, que la pareja de hecho haya tenido descendencia en común”,
Lo que revelaba:
Una diferencia de trato “carente de una justificación objetiva y razonable, porque no responde a la finalidad de la pensión (contributiva) de viudedad [que es] resarcir frente al daño que se produce al actualizarse la contingencia (la muerte del causante), por la falta o minoración de ingresos de los que participaba el supérstite, otorgando a tal efecto una pensión que depende en su cuantía de las cotizaciones efectuadas por el causante al régimen de Seguridad Social correspondiente.”
Por tales razones, declaramos que
“el requisito contenido en la letra c) de la disposición adicional 3ª de la Ley 40/2007, de 4-12, constituye una directa vulneración del principio de igualdad ante la ley consagrado por el art. 14 CE, pues la diferencia de trato que se establece por la norma cuestionada entre parejas de hecho, en razón a que hubieran tenido o no hijos en común, no sólo no obedece, como se ha visto, a ninguna razón objetivamente justificada, relacionada con la propia esencia, fundamento o finalidad de la pensión de viudedad … sino que conduce además a un resultado desproporcionado, al impedir injustificadamente a determinados supérstites de parejas de hecho el acceso a la protección dispensada mediante dicha pensión, por ser de imposible cumplimiento (por razones biológicas o jurídicas) la exigencia de haber tenido hijos comunes”.
3. Tal declaración de inconstitucionalidad es aplicable a la letra c) de la disposición adicional 15ª de la Ley 51/2007, de 26-12, de presupuestos generales del Estado para el año 2008, que establece idéntico requisito para acceder a la pensión de viudedad por el régimen de clases pasivas del Estado, y a la que le son aplicables las mismas razones que nos llevaron a descartar la ausencia de justificación objetiva relacionada con la propia esencia, fundamento o finalidad de la pensión de viudedad.
Tal conclusión no puede verse afectada ni por la distinta orientación sexual de la pareja, pues tal circunstancia no se consideró “factor determinante” en la Sentencia del TC de 14-2-2013, ni tampoco porque la beneficiaria esté sometida al régimen de clases pasivas del Estado, en tanto que la mayor estabilidad y permanencia del régimen funcionarial frente al laboral no torna en justificada y proporcionada la diferencia de trato que se establece entre parejas de hecho en razón a que hubieran tenido o no hijos en común. A lo que cabe añadir que no son escasos los colectivos de funcionarios que están incluidos en el régimen general de la Seguridad Social.
Ello conduce a declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la letra c) de la disposición adicional 15ª de la Ley 51/2007, de 26-12, de presupuestos generales del Estado para el año 2008 por vulneración directa del principio de igualdad ante la ley (art. 14 CE), cuya declaración tiene efectos erga omnes desde la fecha de la publicación de la presente Sentencia en el BOE.
Sin embargo, esta declaración no permite que, quienes, por no cumplir el requisito de haber tenido hijos en común con el causante, no solicitaron la pensión de viudedad prevista en la citada disposición adicional en los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de dicha Ley, puedan reclamar ahora la pensión, toda vez que el requisito temporal de la solicitud, establecido en la letra e) de la repetida disposición adicional no ha sido cuestionado ni cabe, como ya se dijo en la Sentencia del TC de 14-2-2013, que este Tribunal extienda al mismo la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la letra c) de dicha disposición, al no concurrir entre uno y otro inciso la conexión o consecuencia que para extender la declaración de nulidad exige el art. 39.1 LOTC, así como tampoco permite revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada, en los que se haya hecho aplicación de lo dispuesto en la letra c) de la citada disposición adicional (art. 40.1 LOTC).
Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad y declarar inconstitucional y nula la letra “c) Que el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes”, de la disposición adicional 15ª
Voto particular que formula el Presidente don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24931

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