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Timestamp: 2018-12-10 06:01:30+00:00

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Declarada judicialmente la nulidad de un acuerdo social y la cancelación de su inscripción en el Registro Mercantil así como la de los asientos posteriores que resulten contradictorios con ella, ¿a quién corresponde concretar los asientos posteriores que han de ser objeto de cancelación? - El Derecho
Foro 01-06-2011 Coordinador: Arribas Hernández
Uno de los principales problemas que suscitan los procesos de impugnació...
Uno de los principales problemas que suscitan los procesos de impugnación de acuerdos sociales es el relativo a la determinación de los efectos de una eventual sentencia estimatoria de la demanda de impugnación. A esta cuestión se refieren, de forma no sistemática, diversas normas de naturaleza societaria y procesal. Así, en la legislación societaria, si nos vamos atrás en el tiempo, es relevante recordar que el artículo 122 de la Ley de Sociedades Anónimas (u0022LSAu0022) disponía que u0022la sentencia que estime la acción de impugnación producirá efectos frente a todos los accionistas, pero no afectará a los derechos adquiridos por terceros de buena fe a consecuencia del acuerdo impugnadou0022. Este precepto fue derogado por la disposición derogatoria única 2.2., de la Ley de Enjuiciamiento Civil (u0022LECu0022), que pasó a recoger esa previsión en su artículo 222.3, según el cual u0022las sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos societarios afectarán a todos los socios, aunque no hubieren litigadou0022. Como consecuencia propia de los efectos de las sentencias estimatorias de demandas de impugnación de acuerdos societarios, el artículo 521.2 LEC establece que u0022mediante su certificación y, en su caso, el mandamiento judicial oportuno, las sentencias constitutivas firmes podrán permitir inscripciones y modificaciones en Registros públicos, sin necesidad de que se despache ejecuciónu0022. En el ámbito societario, el artículo 208.2 de la Ley de Sociedades de Capital (coincidente con el antiguo artículo 122.2 LSA) dispone que u0022en el caso de que el acuerdo impugnado estuviese inscrito en el Registro Mercantil, la sentencia determinará además la cancelación de su inscripción, así como la de los asientos posteriores que resulten contradictorios con ellau0022. Por su parte, el artículo 156 del Reglamento del Registro Mercantil (u0022RRMu0022) dispone en su apartado 2 que u0022el testimonio judicial de la sentencia firme que declare la nulidad de todos o algunos de los acuerdos impugnados, será título suficiente para la cancelación de la anotación preventiva, de la inscripción de dichos acuerdos y de aquellos otros posteriores que fueran contradictorios con los pronunciamientos de la sentenciau0022.
No son pocos los casos en que, bajo el paraguas de esas previsiones normativas, además de las peticiones relativas a los concretos acuerdos impugnados se utiliza una fórmula genérica consistente en formular una petición genérica de nulidad de actos posteriores. A un caso de estas características se refiere la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) de 4 de marzo de 2011, relativa a la impugnación de unos acuerdos de un conocido club de fútbol. En concreto, se explica en esa resolución que u0022entre los pedimentos de la demanda se incluía uno relativo a la declaración de la -nulidad e ineficacia de cuantos actos se hayan podido realizar como consecuencia de los actos aludidos, e igualmente la de las anotaciones e inscripciones que pudieran figurar o se hubieran llevado a cabo en cualquier Registro público y de forma especial en el Registro Mercantil-u0022. Frente a ello, se considera que u0022el hecho de que un acuerdo social resulte declarado nulo frente a todos desde el mismo momento en que se adoptó, como consecuencia de la sentencia estimatoria de una acción impugnatoria, no significa que también lo pasen a ser automáticamente todos y cada uno de los efectos desplegados por los actos de ejecución del acuerdo llevados a cabo antes de la sentencia, debiendo ser respetados los posibles derechos adquiridos por socios o por terceros de buena fe que obraron fiados de la apariencia jurídica creada por los acuerdos impugnados. Es por ello que la pretensión de la parte recurrente no puede ser atendida en los indiscriminados términos en que se formula. Tal petición se ha planteado con un carácter tan genérico e indeterminado que resulta dudosamente compatible con las exigencias del principio de seguridad jurídica y no se atiene a los efectos que para la sentencia en materia de impugnación de acuerdos sociales prevé el artículo 122 del TR de la LSA ni a los que razonablemente pudieran deducirse de él. Es por ello que el recurso no será acogido en este punto, sin perjuicio de que el apelante pueda plantear la extensión de los efectos de la nulidad de los acuerdos allí donde y ante quién corresponda según el trato individualizado y correspondientes consecuencias legales que merezca cada casou0022.
Mas, dejando al margen esas posibles situaciones, la cuestión es a quién corresponde la determinación de los asientos posteriores que han de ser objeto de cancelación por resultar contradictorios con la declaración de nulidad del concreto acuerdo o acuerdos impugnados. Y precisamente sobre esta cuestión se ha pronunciado recientemente la Dirección General de Registros y Notariado (u0022DGRNu0022) en Resolución de 4 de febrero de 2011 (BOE de 13 de abril de 2011) que reconoce la competencia del Registrador Mercantil para determinar los asientos posteriores derivados de acuerdos declarados nulos que han de ser objeto de cancelación: u0022aunque nada impide que la determinación de los asientos posteriores pueda hacerse en fase de ejecución de sentencia aportando la documentación precisa para que el juzgador resuelva, la cancelación puede hacerla el Registrador cuando, cuando a la vista de la documentación judicial presentada y del contenido del Registro, no quepa duda sobre el carácter contradictorio de los acuerdos cuya cancelación se interese, aunque no se identifiquen individualmenteu0022.
Para llegar a esta conclusión, la DGRN parte de la Resolución de 26 de febrero de 2001 relativa a los efectos de la nulidad de los acuerdos sociales respecto que traen causa del acuerdo declarado nulo, en la que se dice que u0022los efectos de la sentencia declaratoria de la nulidad de unos acuerdos sociales han de retrotraerse al momento de la adopción del acuerdo declarado nulo cual si el mismo nunca hubiera existido, ya que si se cancela sólo la inscripción del acuerdo anulado y se dejan subsistentes los asientos posteriores, se está dando por bueno y consagrando lo declarado nulou0022. Sobre esta base, se interpreta el mandato del artículo 208.2 LSC en el sentido de que u0022no está exigiendo o condicionando tales cancelaciones a que así se disponga expresamente en la resolución judicial, sino que contiene un mandato dirigido directamente al registrador para que, a la vista de la documentación aportada, practique las cancelaciones que procedanu0022, ya que u0022en el proceso no tiene por qué constar la existencia de asientos posteriores, ni podría serlo si éstos se han practicado en el plazo que va desde que la sentencia se dicta hasta que se presenta en el Registro testimonio de ellau0022. En el mismo sentido cita la Resolución de 25 de enero de 1988, según la cual u0022no cabe concluir la necesidad de identificación específica de cada uno de tales asientos [que deban cancelarse] pues, en atención a lo dispuesto artículos 16 LH y 198 y 233 RH, igualmente efectiva puede ser la identificación por una circunstancia común a todos ellosu0022(1). En este sentido, el Registrador tiene a su alcance elementos que le permiten identificar los acuerdos que debe cancelar. Los artículos 208.2 LSC y 156.2 RRM establecen, en efecto, un rasgo definidor de los asientos posteriores que debe cancelar: los que resulten contradictorios con la sentencia. Otra cosa es que, en determinados supuestos, pueda resultar compleja la determinación de qué acuerdos entran en esa contradicción, problema que excede el objeto de este foro y que podría dar lugar a otro independiente.
La primera posibilidad es que la determinación se haga directamente por el Registrador, en los términos que se han dejado expuestos, como forma de ejecución impropia. De hecho, parece que ésta es la opción querida o preferida por el legislador. Ello no significa que la decisión del Registrador no quede sujeta a su posible control posterior. La actuación del Registrador está sujeta al principio de legalidad, que se controla a través de las vías de oposición frente a esa actuación que el ordenamiento jurídico establece. Así, el accionista demandante podrá acudir al recurso gubernativo y posteriores actuaciones procedentes en virtud de la normativa aplicable. En este punto, Dorado Muñoz, M., u0022Aspectos registrales de una sentencia estimatoria de impugnación de acuerdos socialesu0022, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, nº 637, 1996, pp. 2159-2178, considera que el accionista impugnante tiene a su disposición el recurso gubernativo, mientras que a la sociedad demandada no le cabría otra posibilidad que acudir a un proceso declarativo posterior, posición esta última que, sin embargo, suscita dudas relevantes.
Cabe, sin embargo, otra posibilidad: que la determinación se haga directamente por el órgano judicial. Cierto es que, en estos supuestos, la normativa procesal dispone que no habrá despacho de ejecución. Pero no debe desconocerse que, aunque las sentencias meramente declarativas y constitutivas no sean aptas para abrir la ejecución forzosa (art. 521 LEC), pueden precisar de actuaciones complementarias de cumplimiento o ejecución destinadas a darles efectividad. Entre esas actuaciones se encuentra la emisión del testimonio de la sentencia, pero puede estarlo también la realización de los actos precisos para la determinación de los asientos registrales que, como consecuencia del contenido de la sentencia, han de ser objeto de cancelación. Se trataría también, en tal caso, de una ejecución impropia (cfr., entre muchas otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1992, Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 26 de enero de 2002 o Auto de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de septiembre de 2006), a la que en materia de tramitación procesal podrían resultar de aplicación por analogía las normas sobre ejecución forzosa. No en vano el artículo 522.2 LEC dispone que u0022quienes hayan sido parte en el proceso o acrediten interés directo y legítimo podrán pedir al tribunal las actuaciones precisas para la eficacia de las sentencias constitutivas y para vencer eventuales resistencias a lo que disponganu0022.
Los acuerdos sociales que sean contrarios a la Ley son nulos, estando leg...
La cuestión plantea una interesante incógnita relativa a la adecuación...
Para evitar la permanencia de discordancias y cohonestar la realidad reflejada en el Registro con la nueva realidad extrarregistral derivada de una Sentencia estimatoria de la acción de impugnación del acuerdo social, el artículo 208.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (u0022LSCu0022) dispone que u0022en el caso de que el acuerdo impugnado estuviese inscrito en el Registro Mercantil, la sentencia determinará además la cancelación de su inscripción, así como la de los asientos posteriores que resulten contradictorios con ellau0022.
Consideramos que la expulsión del Registro de aquellos asientos posteriores contradictorios con el acuerdo declarado nulo es de tal importancia que el Juez, al estimar la acción de impugnación, debe incluir ministerio legis la orden de cancelación de los asientos contradictorios con el acuerdo declarado nulo aunque no haya sido solicitado expresamente por el impugnante. No obstante, no todas las resoluciones judiciales están conformes con dicha conclusión. La Audiencia Provincial de Pontevedra (Sec. 1ª) en Sentencia de 11 de abril de 2003, afirmó que u0022sin embargo, no podemos ni acordar la anulación los asientos posteriores incompatibles con la sentencia, ni los acuerdos posteriores que se hayan tomado o puedan ser tomados por la sociedad y traigan causa del acuerdo ahora impugnado. No son admisibles estas peticiones genéricas y a ciegas. La determinación de la incompatibilidad de otros asientos con la sentencia requiere una valoración que no puede llevarse al ámbito de la ejecución de sentencia, al margen de que otros asientos pueden afectar a terceros o presentes en la litisu0022.
La afirmación de la Sentencia aludida se asienta, seguramente, en el tenor del artículo 7 RRM según el cual u0022los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los Tribunales y producirán sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidadu0022, lo cual parece exigir una valoración judicial previa del contenido de cada uno de los asientos cuya cancelación pueda proceder.
Sin embargo, esta valoración judicial no será posible en la mayoría de los casos puesto que en el momento de la presentación de la demanda ejercitando la acción de impugnación –máxime si la acción lo es de anulabilidad dado el corto periodo de caducidad establecido legalmente para su ejercicio (ex artículo 205.2 LSC) puede muy bien ocurrir que no se hayan inscrito todavía asientos contradictorios con el que es objeto de impugnación, lo que impediría incluirlos dentro del objeto del proceso (artículo 412.1 LEC).
La importancia de la adecuación de la realidad registral a la extrarregistral ha movido al legislador a imponer en todos los casos de declaración judicial de nulidad de acuerdos sociales el pronunciamiento genérico al que nos hemos referido más arriba. Dicho precepto se complementa con el artículo 156.2 RRM que permite al Registrador Mercantil hacer una valoración sobre cuáles deben ser los acuerdos contradictorios con el declarado judicialmente nulo a fin de dar cumplimiento a la orden judicial de cancelación. Dispone el referido precepto reglamentario que u0022el testimonio judicial de la sentencia firme que declare la nulidad de todos o alguno de los acuerdos impugnados, será título suficiente para la cancelación de la anotación preventiva, de la inscripción de dichos acuerdos y de la de aquellos otros posteriores que fueran contradictorios con los pronunciamientos de la sentenciau0022.
En este sentido se pronuncia la Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, según la cual u0022si el acuerdo estuviera inscrito en el Registro Mercantil, la sentencia determinará, además, la cancelación de la inscripción así como la de los asientos posteriores que resulten contradictorios con ella, pues no está exigiendo o condicionando tales cancelaciones a que así se disponga expresamente en la Resolución judicial, sino que contiene un mandato dirigido directamente al Registrador para que, a la vista de la misma, practique las cancelaciones que procedanu0022.
La cuestión que se plantea para el debate hace referencia a cuál es la ...
La cuestión que se plantea para el debate hace referencia a cuál es la eficacia de las sentencias que declaren la nulidad de un acuerdo social en relación a los acuerdos posteriores al impugnado. La respuesta no es sencilla. Veamos, en primer lugar, la regulación legal. El antiguo artículo 122 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (LSA) establecía, en su párrafo primero, que u0022la sentencia que estime la acción de impugnación producirá efectos frente a todos los accionistas pero no afectará a los derechos adquiridos por terceros de buena fe a consecuencia del acuerdo impugnadou0022. Este apartado primero fue derogado por la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Dicha norma, en el último párrafo del apartado tercero del artículo 222, establece que u0022las sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos societarios afectarán a todos los socios, aunque no hubieren litigadou0022.
La doctrina(2) ya señalaba que la eliminación de la mención a los terceros en la LSA no suponía un cambio de posición del legislador, en la medida en que el artículo 122.1 sólo era una traslación al caso particular de la impugnación de acuerdos sociales, del principio general, consagrado en el artículo 20.2 del Código de Comercio. Dicho principio establece que, si bien la inscripción de los acuerdos no convalidará los actos y contratos nulos, la declaración de inexactitud o nulidad tampoco u0022perjudicará a los derechos de terceros de buena fe, adquiridos conforme a derechou0022. Dado que todo acuerdo adoptado – en tanto no sea impugnado, goza de presunción de validez, como señalaba Daniel RODRIGUEZ RUIZ DE VILLA – esta protección a los terceros (cualquiera que haya mantenido relaciones jurídicas con la sociedad) de buena fe (que desconociera la existencia de una causa de impugnabilidad del acuerdo social), podría suponer la paradoja de que la sentencia estimatoria de la demanda de impugnación resulte inejecutable.
Y, precisamente, por ello el antiguo artículo 122 LSA y el actual artículo 208 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), establece que, en caso de que la sentencia estimatoria del acuerdo social, se refiriese a un acuerdo que estuviese inscrito en el Registro Mercantil u0022la sentencia determinará además la cancelación de su inscripción, así como la de los asientos posteriores que resulten contradictorios con ellau0022.
Ahora bien, del citado precepto se puede realizar una interpretación amplia y una estricta. La primera, como señala el profesor ROJO(4), determinaría la nulidad de todos los acuerdos posteriores apoyados en el que se declara nulo (en el ejemplo que antes poníamos, todos acuerdos adoptados en las juntas convocadas por el administrador cuyo nombramiento se hubiera declarado nulo, serían también nulos). Supondría, en palabras de la Audiencia Provincial de Valencia(5), la u0022tendencia propagadora de la nulidad de los acuerdos sociales impugnadosu0022. Junto a ésta, existe una interpretación estricta que es la propiciada tanto por la doctrina, como nuestros tribunales. Así, se indica(6) que para la extensión de la declaración de nulidad al resto de los actos efectuados a partir del acto nulo, se debe tener en cuenta la unidad de dichos actos, con cita de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 17 de octubre de 1995 que indica que u0022no puede decretarse (...) la nulidad con carácter general de todos los actos de disposición, pues habrá de pedirse y obtenerse tal declaración concreta de nulidad, demandado caso a casou0022. Esto es, sólo serán contradictorios – y, por ello quedarán afectados por la nulidad del acuerdo previo – aquellos que sean u0022absoluta y totalmente incompatibles con el acuerdo precedenteu0022(7).
Esta interpretación estricta, en protección de los derechos adquiridos por los terceros, es la que acoge la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28ª, de 4 de Marzo de 2011, cuando afirma que u0022cabe señalar a este respecto que el hecho de que un acuerdo social declarado nulo frente a todos desde el mismo momento que se adoptó, como consecuencia de una sentencia estimatoria de una acción impugnatoria, no significa que también lo pasen a ser automáticamente todos y cada uno de los efectos desplegados por los actos de ejecución del acuerdo llevados a cabo antes de la sentencia, debiendo ser respetados los posibles derechos adquiridos por socios o por terceros de buena fe que obraron fiados de la apariencia jurídica creada por los acuerdos impugnadosu0022.
Luego, a la pregunta que se plantea la respuesta es que la nulidad de un acuerdo no implica automáticamente la de los acuerdos posteriores, al menos, siempre que existan terceros de buena fe que puedan verse afectados por el acuerdo. A sensu contrario, si la demanda de impugnación del acuerdo figura inscrita en el Registro Mercantil – porque se solicitó y obtuvo una medida cautelar – podría defenderse la u0022tendencia propagadorau0022 de la nulidad, puesto que la buena fe no podría, en principio, probarse.
Ahora bien, la solución – aunque acorde con el principio de protección a los terceros– no llega a ser satisfactoria. Y ello, en la medida en que el exceso de trabajo de nuestros tribunales alarga, en el tiempo, la obtención de una resolución judicial sobre los acuerdos sociales impugnados. Esta situación obligaría a un accionista contrario a un determinado acuerdo a impugnar, aunque fuera u0022ad cautelamu0022, todos los posteriores (en el ejemplo que hemos venido utilizando, todas las juntas convocadas por el administrador único cuyo nombramiento no se considera válido o todos los acuerdos adoptados por una mayoría obtenida en virtud de una ampliación de capital impugnada). Si no lo impugna los acuerdos posteriores sólo se verán afectados en la medida en que sean contradictorios con los adoptados, lo que obliga a un juicio sobre una cuestión que no se ha sometido a la consideración del tribunal.
Y ello porque la última cuestión que se puede plantear respecto a esta cuestión y es quién es competente para decidir cuáles son los acuerdos inscritos posteriores u0022contradictoriosu0022 y que, por lo tanto, podrían verse u0022contaminadosu0022 por la declarada nulidad del precedente. Tal competencia se puede predicar del juez o del registrador mercantil. La doctrina(8) se inclina por considerar competente al Registrador (conforme al artículo 156.2 RRM) – pese a que el Registrador, en ocasiones reenvía el mandamiento al Juzgado para que especifique cuáles son los acuerdos posteriores contradictorios con el anulado. En todo caso, la decisión del Registrador podrá ser revisada por el juez, si hay algún interesado disconforme con las cancelaciones (o no) de los acuerdos afectados por la nulidad del acuerdo impugnado (lo que supondrían un nuevo procedimiento).
El artículo 208, apartado 2, de la Ley de sociedades de capital (en adel...
El Dispone el artículo 208-2 del RDL 1/2010, Texto refundido de la Ley S...
La postura de la DGRN es claramente positiva. En la Resolución de 26 de febrero de 2001 se afirmaba que el artículo 121 de la Ley de Sociedades Anónimas –actual 208 contenía un mandato dirigido al Registrador ...para que, a la vista de la misma, practique las cancelaciones que procedan. Y lo argumentaba, al margen de la interpretación literal, señalando que ... es la única solución posible pues en el proceso no tiene por qué constar la existencia de asientos posteriores, ni podría serlo si éstos se han practicado en el plazo que va desde que la sentencia se dicta hasta que se presenta en el Registro testimonio de ella.
A esta Resolución –y también a la de 25 de enero de 1988 se refiere la muy reciente de 4 de febrero de 2011 que viene a plantear y decidir sobre esta misma cuestión, Resolución en la que, partiendo de la doctrina asentada en aquellas decisiones, se argumenta frente a razones de interferencia en la potestad jurisdiccional que pudieran encontrarse en la atribución de la capacidad al Registrador de identificar y cancelar los asientos posteriores al acuerdo anulado, señalando de manera muy gráfica que ...ello (la competencia del Registrador) no implica ...transgredir la función puramente registral interfiriendo en la competencia jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, sino simplemente localizar, a través del examen del contenido tabular, aquellos asientos que la ejecutoria ordena cancelar y que identifica por una circunstancia común –la de ser contradictorios con los pronunciamientos de la sentencia, esto es, divergir o apartarse de la situación anterior al acuerdo anulado que la Sentencia restablece para proceder a su cancelación.

References: artículo 122
 artículo 222
 artículo 521
 artículo 208
 artículo 122
 artículo 156
 resolución 
 artículo 122
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 208
 resolución 
 Resolución 
 artículo 522
 artículo 208
 Real Decreto 
 artículo 7
 artículo 205
 artículo 156
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 122
 artículo 222
 artículo 122
 artículo 20
 artículo 122
 artículo 208
 resolución 
 artículo 156
 artículo 208
 artículo 208
 Resolución 
 artículo 121
 Resolución 
 Resolución