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Timestamp: 2020-02-28 05:44:43+00:00

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T1C2 Capacidad y Personería — González Cancino
¿Dudas sobre la legitimación en el amparo? El capítulo 3 de nuestro Tratado puede ayudarte.
La fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es fundamento de este precepto legal:
I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.”
Es importante mencionar que la Ley de Amparo agrega, sin fundamento alguno, que la violación debe ser actual siendo que el texto constitucional no establece dicho requisito. Esto es de trascendencia ya que con la restricción legal los actos inminentes no son susceptibles de ser impugnados por medio del amparo mientras que si atendemos directamente a lo dispuesto por la Constitución sí es posible combatir dichos actos.
En relación con el tema de la legitimación activa del juicio de amparo se recomienda consultar el Capítulo 3 de nuestro Tratado de Amparo para que el lector pueda apreciar cómo el concepto de derecho humano trasciende a la legitimación del juicio de amparo. Asimismo se sugiere consultar la Sección titulada La legitimación activa en el juicio de amparo para identificar los principales errores que tanto la doctrina como el Poder Judicial han cometido al momento de abordar el tema del interés jurídico, interés legítimo e interés colectivo.
La fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es fundamento de esta disposición legal:
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;”
Es importante mencionar que los derechos humanos son verdaderos derechos subjetivos ya que están constituidos por facultades particulares dotadas de la facultad de exigencia contenida en el artículo 103 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos como el 25 de la Convención
Comentario general de la fracción I:
Los dos principales problemas de todas las teorías que se han formulado respecto de la legitimación activa del juicio de amparo consisten en: 1) ignorar la metodología propia de derecho, es decir, no observar el método jurídico y 2) no contemplar que la legitimación se acredita de forma distinta dependiendo del tipo de objeto de protección (derecho humano, garantía o competencia). Al respecto se recomienda al lector la Sección “Legitimación activa en el juicio de amparo” de nuestro Tratado.
En las jurisprudencias relacionadas con esta fracción el lector podrá darse cuenta de que muchos de los criterios no observan el método jurídico ya que no parten de la norma jurídica relevante, en este caso la fracción I de la Constitución, y además vulneran el principio de supremacía constitucional al sustentarse incluso en doctrina extranjera o en normas jurídicas inferiores. Al respecto conviene mencionar que algunos criterios jurisprudenciales llegan al absurdo de versar sobre el “interés difuso” siendo que la Constitución no contempla tal.
Para conocer los criterios relacionados haz clic AQUÍ.
Artículo 61 fracción XII (causal de improcedencia)
En primer lugar, debe mencionarse que esta fracción contempla los requisitos de unilateralidad y obligatoriedad del acto reclamado como una reminiscencia doctrinal que considera a los derechos humanos única y exclusivamente como una restricción al poder estatal. Debe recordarse que tradicionalmente la doctrina clasificaba las posibles relaciones entre la autoridad y los particulares en: relaciones de coordinación, supraordinación y supra a subordinación siendo la unilateralidad, obligatoriedad y coercitividad las notas distintivas de éstas últimas.
El problema con estos requisitos del acto reclamado es que los derechos humanos no son meras restricciones al poder estatal (un tipo garantías en sentido técnico) sino que la noción de derechos humanos también incluye prerrogativas o derechos con objetos de dar o de hacer como lo son los derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, resulta incorrecto exigir que el acto reclamado necesariamente deba contar con los requisitos de unilateralidad y obligatoriedad ya que los derechos humanos son verdaderos derechos subjetivos que trascienden a las relaciones de supra a subordinación e incluso tiene oponibilidad frente a particulares en su calidad de tales.
En segundo lugar, debe señalarse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no acota la protección del juicio de amparo a las relaciones de supra a subordinación, sino que incluye todo el actuar estatal tal y como se desprende de los artículos 1º y 103:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”
Como se puede observar, las obligaciones generales en materia de derechos humanos abarcan todo el ámbito competencial de las autoridades y no solamente las relaciones de supra a subordinación como indebidamente lo pretende la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo.
I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;”
Es importante señalar que el vocablo “autoridad” empleado por el artículo 103 es un sustantivo y no un adjetivo. Por lo tanto, toda violación cometida por las autoridades es justiciable mediante el juicio de amparo en términos del artículo 103 ya que dicho precepto constitucional no se limita a los contextos de supra a subordinación.
En relación a este tema se sugiere al lector la Sección “El concepto de derecho humano y sus consecuencias en el juicio de amparo” de nuestro Tratado.
Por último conviene citar que la Ley de Amparo anterior contemplaba una legitimación pasiva más amplia y acorde a la Constitución ya que al referirse a la autoridad responsable se limitaba a indicar que es aquella que emite y/o ejecuta el acto reclamado:
“Artículo 11.- Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.”
En conclusión, el concepto de autoridad empleado por la actual Ley de Amparo es inconstitucional y es producto de un modelo teórico reduccionista de los derechos humanos.
En términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Judicial de la Federación únicamente tiene competencia para conocer de las violaciones de derechos humanos y garantías cometidas por las autoridades, es decir, no tiene competencia para conocer de las violaciones cometidas por particulares.
En consecuencia, la equiparación que realiza la Ley de Amparo de los particulares a una autoridad, además de ser una ficción, es inconstitucional ya que en términos del artículo 124 Constitucional esa competencia está reservada a los Estados de la República:
Al respecto se recomienda ver la Sección “El concepto de derecho humano y sus consecuencias en el juicio de amparo” de nuestro Tratado.
Artículos relacionados de la Ley de Amparo abrogada: 5, 10 11
Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.
Articulo relacionado de la Ley de Amparo abrogada 4
Artículo 7. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares.
Articulo relacionado de la Ley de Amparo abrogada 9
Artículo 8. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa.
Articulo relacionado de la Ley de Amparo abrogada 6
Artículo 9. Las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En todo caso podrán por medio de oficio acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos.
Artículo relacionado art. 25 (notificaciones al Ejecutivo Federal)
Articulo relacionado de la Ley de Amparo abrogada 9 ,12
Articulo relacionado de la Ley de Amparo abrogada 13
Articulo relacionado de la Ley de Amparo abrogada Art 13
Artículo 10 (representación del quejoso y tercero interesado), 240 (multa por no tener representación)
Articulo relacionado de la Ley de Amparo abrogada art. 13 16
El Poder Judicial de la Federación ha interpretado que las facultades que otorga la autorización descrita en este precepto legal no incluye la de ampliar la demanda de amparo.
24 (notificaciones de resoluciones) 25 (notificaciones al Ejecutivo)
Articulo relacionado de la Ley de Amparo abrogada 27
Articulo relacionado de la Ley de Amparo abrogada 20
Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual (sic) que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente.
Artículo 11 (representación en amparo indirecto) 241 (multa)
Articulo relacionado de la Ley de Amparo abrogada 16
Artículos 17 fracción IV (eliminación del plazo para demandar) 20 (habilitación de cualquier día y hora), 48 (prórroga de competencia para efectos de la suspensión), 61 fracción XVIII (excepción al principio de definitividad), 109 (simplificación de los requisitos de la demanda), 124 (alegatos verbales), 126 (suspensión de oficio), 143 (admisión de testimonial), 159 (prórroga de competencia para efectos de la suspensión), 202 (eliminación del plazo para interponer el recurso de inconformidad), 239 y 248 (eliminación de multas), 265 y 266 (sanciones a jueces negligentes)
Articulo relacionado de la Ley de Amparo abrogada 17, 18, 123,
Artículo 242 (multa por no informar)
Articulo relacionado de la Ley de Amparo abrogada 15

References: artículo 107
 artículo 107
 artículo 103

Artículo 61
 artículo 5
 artículo 103
 artículo 103
 artículo 103
 artículo 124

Artículo 6
 artículo 5

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 14

Artículo 11

Artículo 242