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Timestamp: 2019-09-19 08:32:35+00:00

Document:
Resolución de TEAF Álava, 24-11-2005 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 24 de Noviembre de 2005
Núm. Resolución: R050083
La pretensión relativa a las liquidaciones de Actos Jurídicos Documentados impugnadas ha sido satisfecha por la Administración. La anulación de las liquidaciones lleva consigo el reembolso de los gastos de los avales prestados para suspender su ejecución, porque, de acuerdo con la jurisprudencia -cuya doctrina ha sido asumida posteriormente por la normativa estatal y foral-, esta responsabilidad patrimonial de la Administración es materia económico-administrativa y para su reconocimiento no es necesario un procedimiento separado.
En Vitoria-Gasteiz, a veinticuatro de noviembre de dos mil cinco. Vistas ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 61/05, y su acumulada la núm. 208/05, interpuestas por , contra, respectivamente, las liquidaciones núms. 300.473 y 300.474-2005-V, giradas por el gravamen sobre Actos Jurídicos Documentados; cuantía: 21.810,91 €.
Primero.- Las liquidaciones impugnadas derivan de la escritura notarial, de 22 de diciembre de 2004, mediante la que la mercantil reclamante declara la obra nueva de dos construcciones -integrantes de un edificio complejo sito en el Parque Empresarial , jurisdicción de Gamarra-Betoño, de esta ciudad-, y las constituye en régimen de propiedad horizontal.
El gravamen sobre Actos Jurídicos Documentados fue autoliquidado sobre unos valores de 4.213.239,43 €, por la primera operación, y 5.222.567,58 €, por la segunda.
Segundo.- La Oficina Gestora del impuesto giró las liquidaciones de referencia en las que imputó unas bases imponibles de 8.516.546,10 € -por la obra nueva- y de 9.575.681,23 € -por el concepto de propiedad horizontal-, determinadas, según se indica en las respectivas notificaciones,'... por comprobación de valores según valor catastral...'.
Tercero.- Contra dichos actos liquidatorios, la representación de ' , S.L' promueve las presentes reclamaciones -en las que solicita su anulación y la compensación de los gastos derivados de los avales bancarios prestados para suspender su ejecución- formulando las siguientes alegaciones: a) El valor real de la obra nueva está constituido por el coste de ejecución de la construcción, no pudiendo imputarse otra base imponible basada en valores catastrales; y b) Ausencia de motivación suficiente que dificulta la promoción de la tasación pericial contradictoria, al no expresarse los criterios concretos seguidos para determinar el valor comprobado de los elementos del complejo inmobiliario partiendo de los valores catastrales.
Asimismo, invoca una resolución precedente de este Organismo que anula cuatro liquidaciones giradas a la reclamante -derivadas de la formalización de la obra nueva y propiedad horizontal de otras tres construcciones sitas en el mismo complejo urbanístico- por haberse utilizado las facultades de comprobación de valores de forma irregular e inmotivada.
Cuarto.- Durante la tramitación en esta instancia, la Jefa del Servicio de Tributos Indirectos remite dos comunicaciones, el 15 de septiembre de 2005, en las que da cuenta de que se ha procedido a anular las liquidaciones impugnadas.
Quinto.- En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas aprobado por Real Decreto 391/96, de 1 de marzo.
Primero.- Como cuestión previa hay que señalar que, como ha quedado expuesto en el Antecedente de Hecho cuarto, la pretensión formulada por la representación de la reclamante en relación con las liquidaciones impugnadas ha sido satisfecha por la Hacienda Foral. En consecuencia, el objeto de las presentes reclamaciones queda circunscrito a determinar si la mercantil tiene o no derecho al resarcimiento de los gastos ocasionados por las garantías prestadas para suspender la ejecución de tales actos liquidatorios.
Segundo.- Es doctrina jurisprudencial arraigada -iniciada con la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 1988 (Ar. 645) y consolidada con, entre otras, las de 18 de enero y 21 de febrero de 1995 (Ar. 89 y 1370)- que, cuando se anulan liquidaciones tributarias cuya ejecución había sido previamente suspendida mediante prestación de garantía, es incuestionable el nexo causal entre el acto administrativo y el perjuicio causado al particular. Efectivamente, como señala la última resolución judicial citada:'Existe una reiterada jurisprudencia de esta Sala, no sólo a propósito del deber general de la Administración de indemnizar por todos los daños causados a los administrados como consecuencia del funcionamiento de sus servicios,... sino también en relación con la específica obligación de indemnizar a los sujetos pasivos de un tributo por los gastos ocasionados por la carga que se les impone de aportar aval bancario para obtener la suspensión provisional de aquél'.
Tal doctrina fue asumida por la legislación, en un primer momento, en la Ley 1/98, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, cuyo artículo 12 reconoció el derecho al reembolso, previa acreditación de su importe, de los gastos ocasionados por la suspensión de la deuda tributaria en cuanto ésta fuera declarada improcedente.
A partir de la vigencia de dicha ley, como señaló el Tribunal Supremo en su sentencia de 18 de septiembre de 1998 (Ar. 7519),'...el reembolso de los gastos de avales es materia económico-administrativa', por lo que ya no existía impedimento para que tal pretensión fuera estimada por los Tribunales Económico Administrativos al tiempo que anulaban la liquidación de la que derivaba la deuda garantizada, al no resultar necesario entablar un procedimiento administrativo distinto y separado para exigir la responsabilidad de la Administración por actos tributarios.
Esta evolución legislativa ha culminado, en el ámbito normativo estatal, con la Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, derogatoria de la 1/98, cuyo artículo 34.1.c) incluye entre los derechos de los obligados tributarios el'Derecho a ser reembolsado,... del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto..., si dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa firme, con abono del interés legal...'.Idéntica previsión ha sido trasladada al ámbito normativo foral alavés por el artículo 34.c) de la Norma Foral 6/05, de 28 de febrero, General Tributaria.
Tercero.- En el supuesto que nos ocupa, no cabe sino aplicar los principios que se desprenden de la jurisprudencia y normativa citadas, ya que, habiendo resultado finalmente anuladas las deudas tributarias garantizadas, es claro el nexo causal entre el perjuicio económico causado a la reclamante, y que ésta no tenía el deber jurídico de soportar, y la actuación de la Hacienda Foral.
Es decir, la responsabilidad de la Administración es la misma si la anulación de una liquidación deriva de la ejecución de la resolución expresa de un recurso o reclamación interpuesto por el contribuyente o de una decisión adoptada de oficio.
Cuarto.- Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede estimar las presentes reclamaciones y reconocer el derecho de la reclamante al reembolso de los gastos producidos por la prestación de las garantías bancarias.
El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 61/05 y de su acumulada, la 208/05, interpuestas contra, respectivamente, las liquidaciones núms. 300.473 y 300.474-2005-V, giradas por el gravamen sobre Actos Jurídicos Documentados,RESUELVEESTIMAR las mismas y, en su virtud, reconocer el derecho al reembolso de los gastos producidos por la prestación de las garantías bancarias, con archivo de las actuaciones relativas a las liquidaciones.
Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 2318/2016, TSJ Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sec. 3, Rec 325/2015, 30-11-2016
Orden: Administrativo Fecha: 30/11/2016 Tribunal: Tsj Andalucia Ponente: Garcia De La, Carlos Rosa Num. Sentencia: 2318/2016 Num. Recurso: 325/2015
Sentencia Administrativo Nº 287/2014, TSJ Castilla y Leon, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 239/2013, 23-12-2014
Orden: Administrativo Fecha: 23/12/2014 Tribunal: Tsj Castilla Y Leon Ponente: Blanco Dominguez, Luis Miguel Num. Sentencia: 287/2014 Num. Recurso: 239/2013
Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 1521/2017, TSJ Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 330/2016, 27-07-2017
Orden: Administrativo Fecha: 27/07/2017 Tribunal: Tsj Andalucia Ponente: López Agullo, Manuel Num. Sentencia: 1521/2017 Num. Recurso: 330/2016
Sentencia Administrativo Nº 150/2012, TSJ Baleares, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 42/2009, 28-02-2012
Orden: Administrativo Fecha: 28/02/2012 Tribunal: Tsj Baleares Ponente: Frigola Castillon, Maria Carmen Num. Sentencia: 150/2012 Num. Recurso: 42/2009
Sentencia Administrativo Nº 282/2016, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 85/2015, 18-05-2016
Orden: Administrativo Fecha: 18/05/2016 Tribunal: Tsj Comunidad Valenciana Ponente: Olarte Madero, Miguel Angel Num. Sentencia: 282/2016 Num. Recurso: 85/2015
Resolución de TEAF Álava, 11-07-2003
Órgano: Tribunal Económico-administrativo Foral De álava Fecha: 11/07/2003 Núm. Resolución: R030030
Resolución de TEAF Álava, 14-11-2003
Órgano: Tribunal Económico-administrativo Foral De álava Fecha: 14/11/2003 Núm. Resolución: R030052
Resolución de TEAF Álava, 23-04-2009
Órgano: Tribunal Económico-administrativo Foral De álava Fecha: 23/04/2009 Núm. Resolución: R090024
Órgano: Tribunal Económico-administrativo Foral De álava Fecha: 15/12/2005 Núm. Resolución: R050096
Resolución de TEAF Álava, 10-12-2004
Órgano: Tribunal Económico-administrativo Foral De álava Fecha: 10/12/2004 Núm. Resolución: R040075

References: Resolución 
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 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 12
 artículo 34
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