Source: https://es.scribd.com/document/391199685/2018-10-19-Auto-Prision-Cesar-Hinostroza
Timestamp: 2019-04-22 00:01:17+00:00

Document:
2018-10-19 Auto Prision Cesar Hinostroza
Cargado por La República
Prision Cesar Hinostroza
Detención de Keiko Fujimori
Caso Keiko Fujimori: los argumentos admitidos y rechazados
Disposición del fiscal José Domingo Pérez contra Pedro Chávarry, titular del Ministerio Público
Ratifican prisión de 36 meses para Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama
387499719-Informe-N-01-05-2018-MP-FN
Resolución de la Corte IDH sobre cumplimiento de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta | Indulto a Alberto Fujimori
Orden de detención de Keiko Fujimori
Resolución de Detención Preliminar y Allanamiento contra Alan García
Resolución que ordena el pago de remuneraciones homologadas a 13 magistrados supremos.
ASUNTO : PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION
Número : 59/2018
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 5
En la Villa de Madrid, a 19 de octubre de 2018.
PRIMERO.- El presente Juzgado, en funciones de guardia, ha incoado en el día de hoy
el procedimiento de extradición número 59/2018, contra César José HINOSTROZA PARIACHI
(pasaporte de la República del Perú 117158435).
Las Diligencias se incoan a partir del atestado número 15.533/2018 BPEF (GOE X),
dando cuenta de la detención, en el día de la fecha, a las 10:25 horas, del referido César José
HINOSTROZA PARIACHI, sobre quien pesa una Orden Internacional de Detención (en
adelante, OID), con número de control A-11061/10-2018 (expediente 2018/85332),
publicada el día 18.10.2018.
TERCERO.- En el día de la fecha se ha celebrado la comparecencia prevista en el art.
505 LECrim, con el resultado que consta en autos. El Fiscal ha interesado la prisión
provisional comunicada y sin fianza, en tanto que la defensa ha interesado la libertad
provisional y, subsidiariamente, la misma medida de libertad provisional con prestación de
fianza y/o con la imposición de las medidas cautelares alternativas a la prisión provisional
que se estimaren convenientes. El detenido se ha expresado en el mismo sentido que su
PRIMERO.- El Tribunal Constitucional ha señalado en su Sentencia núm. 60/2001, de
26.02, que la prisión provisional ha de ser concebida «tanto en su adopción como en su
permiten la adopción de la medida. 502 y 504 LECrim establecen. como objeto. de acuerdo con el presupuesto legal y la finalidad constitucionalmente legítima. por un lado. constitucionalmente. su régimen jurídico». de modo que debe tenerse en cuenta que el transcurso del tiempo. evitando que el investigado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima. Por ello. Se trata «de una medida justificada en esencia por la necesidad de asegurar el proceso. y el deber estatal de asegurar el ámbito de la libertad del ciudadano. va disminuyendo el peligro de fuga. provisional y proporcionada a los fines que. y. . También hay que tener en cuenta que los requisitos exigidos en el momento de adopción de la medida no son necesariamente los mismos que los que deben exigirse con posterioridad para decretar su mantenimiento. al margen de propiciar la aparición de circunstancias sobrevenidas. impidiendo el riesgo de reiteración delictiva—. la legitimidad constitucional de la prisión provisional exige que su configuración y su aplicación tengan como presupuesto la existencia de indicios racionales de la comisión de una presunta actividad delictiva con una determinada previsión penológica ("que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión. Los arts. a su vez. por otro). por su parte que: .mantenimiento. y ese fundamento justificativo traza la línea de demarcación con otro tipo de privaciones de libertad y condiciona.La prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional. como una medida estrictamente necesaria. haciendo inocua toda actividad que tienda a obstruir la actuación de la Justicia. o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el investigado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación. como objetivo. la ponderación de las circunstancias concretas que. además de su legalidad. la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida (deber estatal de perseguir eficazmente el delito —evitando la desaparición de las fuentes de prueba. impidiendo la huida o fuga del presunto responsable. de aplicación subsidiaria. derivados de condena por delito doloso") y su atribución a persona determinada ("que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión"). la justifican y delimitan».
aunque el párrafo tercero del art. 62/1996 y 44/1997). FJ 3. por ello.. Ello no obstante. en la generalidad de los procesos. de 13. No se ventila en él la existencia de responsabilidad penal. la obstrucción de la instrucción penal y. que la privación cautelar de libertad en la extradición “se produce en un proceso judicial dirigido exclusivamente a resolver sobre la petición de auxilio jurisdiccional internacional en que la extradición consiste. SEGUNDO. el art. así como la entidad de la pena que pudiera ser impuesta. expresa. ni son aplicables en bloque las normas materiales y procesales sobre la prisión provisional previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. o en general.Lo anteriormente expuesto permite concluir que. el Tribunal Constitucional ha venido destacando reiteradamente las particularidades que la aplicación de la medida cautelar de prisión provisional presenta en los procedimientos de extradición pasiva. 506 LECrim establece que las resoluciones que se dicten sobre la situación personal del investigado expresarán los motivos por los que la medida se considera necesaria y proporcionada respecto de los fines que justifican su adopción y se pondrán en conocimiento de los directamente ofendidos y perjudicados por el delito cuya seguridad pudiera verse afectada por la resolución.La prisión provisional durará el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de los fines previstos en el artículo anterior y en tanto subsistan los motivos que justificaron la adopción. en la STC 210/2013. sino el cumplimiento de las garantías previstas en las normas sobre extradición y. de 16. referidos a la persona investigada. 10 de la Ley de Extradición Pasiva se remita. igualmente. FJ 6)”]. subsidiariamente. 128/1995. en un plano distinto. Finalmente. considerando sus circunstancias y las del hecho objeto de las actuaciones. para la sociedad. ni se exige la acreditación de indicios racionales de criminalidad.12. evitar su sustracción a la acción de la justicia. . para la ejecución del fallo. [“de la mano de la STC 5/1998.03. . no se valora la implicación del detenido en los hechos que motivan la petición de extradición. de 12 de enero. la reiteración delictiva (SSTC 47/2000.El juez o tribunal tendrá en cuenta para adoptar la prisión provisional la repercusión que esta medida pueda tener en el investigado. los fines de la prisión provisional son la conjuración de ciertos riesgos relevantes para el desarrollo normal del proceso. . a los preceptos correspondientes de la misma reguladores del límite máximo de la prisión provisional y los derechos que corresponden al detenido” (FJ 4. Así. Y. STC 71/2000. de 17 de febrero.
la relevancia de la gravedad del delito y de la pena para la evaluación de los riesgos de fuga . FJ 6). tomarse en consideración.03. caso Letellier.y. Sin embargo. caso Matznetter. por último. ese dato objetivo inicial y fundamental no puede operar como único criterio -de aplicación objetiva y puramente mecánica. de una prisión de carácter instrumental. profesional y social. además de las características y la gravedad del delito imputado y de la pena con que se le amenaza. a las que se acaba de hacer referencia... además. las conexiones en otros países. de 20. las circunstancias concretas del caso y las personales de la persona investigada. para asegurar la entrega y cumplir así con los compromisos adquiridos por el Estado en materia de cooperación judicial internacional. A ello añade el TC. de 26 de junio de 1991. son una manifestación más de la modulación que sufren los derechos y garantías propios del proceso penal en su aplicación al procedimiento de extradición pasiva.a tener en cuenta al ponderar el peligro de fuga. Resta por añadir que para valorar la existencia de este peligro de fuga deberán. sino que debe ponerse en relación con otros datos relativos tanto a las características personales de la persona investigada -como el arraigo familiar. Por estas razones. de frustración de la acción de la Administración de la Justicia- resulta innegable. FJ 6 y 207/2000. de 26 de enero de 1993. como a las que concurren en el caso enjuiciado (SS del TEDH de 27 de junio de 1968. mantenimiento y duración se regula expresamente en la LEP y se dirige exclusivamente a evitar la fuga del sometido a extradición -art. . caso W. de 27 de agosto de 1992. junto a las anteriormente citadas. por tanto. y así ha venido haciendo aplicación de ello en resoluciones como la STC 141/1998. pues para ello ha huido de su territorio o se niega a regresar a él” (SSTC 95/2007.-.3. de 13. Estas peculiaridades del régimen de la prisión provisional a efectos de extradición. de 10 de noviembre de 1969. de 10 de noviembre de 1969. LEP-.05 (FJ 6). En efecto. etc. los medios económicos de los que dispone. de 24. sobre quien no está dispuesto a comparecer ante los Tribunales que le reclaman sean o no de su nacionalidad. con ello. caso Stögmüller. 8. Se trata. Y se decreta. que “su adopción.05.07. de 07. en el procedimiento extradicional el único fin constitucional que cumple la prisión provisional es la evitación de la sustracción a la acción de la justicia. contra Suiza). en todo caso. caso Neumeister. Así lo puso de manifiesto el TC en la STC 102/1997. de 29 de junio o la 72/2000. caso Tomasi.
La OID también indica que se dan garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona. podrá entenderse justificada. 385. estamos ante un caso en que se están imputando a César José HINOSTROZA PARIACHI los siguientes hechos. siempre según la OID. aunque puedan derivarse las correspondientes responsabilidades penales de los hechos supuestamente cometidos. tráfico de influencias.No obstante todo lo anterior. la existencia de indicios reales de los riesgos señalados. previstos en los arts. negociación incompatible y delito de organización criminal.. . autorizan acudir a ella. TERCERO. CUARTO. asciende a 15 años. Además. Estos hechos.Llegando ahora al caso presente. el imputado sería líder de una organización criminal dedicada a realizar nombramientos y ratificaciones ilegales dentro del Poder Judicial. Además. de acuerdo con la OID.. podrían constituir en la República del Perú delitos de patrocinio ilegal. de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes. Y que la OID debe ser considerada como una orden de detención preventiva. Haber realizado negociaciones en la contratación incompatibles de personal jurisdiccional en la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de loa República a consecuencia de gestiones ilícitas con el ex Consejero Sergio Noguera Ramos. La pena máxima aplicable en Perú para estos delitos. lo que obliga a comprobar la concurrencia de los elementos necesarios para establecer. de acuerdo con el texto de la OID: [“Se le imputa al procesado César José HINOSTROZA PARIACHI haber realizado coordinaciones ilícitas como Juez Supremo de la República con el Consejo Nacional de la Magistratura para patrocinar al Juez Ricardo Chang Racuay en un proceso de ratificación. la medida de prisión provisional sigue siendo de naturaleza excepcional. en éste supuesto. 395 y 400 del CP Peruano. con carácter general. Dicha organización estaría dedicada a la comisión de delitos de corrupción de funcionarios en todas las áreas del Poder Judicial a nivel de Lima Metropolitana”]. utilizando su cargo. apoyar de forma clandestina por gestiones ilícitas para una mejora laboral de Verónica Rojas Aguirre en la Corte Superior del Callao. de manera que sólo en presencia de las exigencias constitucionales que.
Es cierto también que dispone de posibilidades más que ciertas de desplazamiento y de marcharse al extranjero. pues. En segundo lugar. pese a que la información de que se dispone es ciertamente lacónica. ni se acredita la existencia y posesión de activos. Estas conductas delictivas están también previstas en el CP español. frustrando los fines extradicionales. con pena de hasta dos años de prisión. Quien lo tiene es su hija. 428 CP). que su presencia en España no es casual. que castiga el delito de organización criminal (art. de salir al extranjero y sustraerse así de la acción de la Justicia peruana (ha quedado evidenciado con su propio traslado a España para eludir la acción de la justicia del Perú). con pena de hasta dos años. 439 CP). o el de negociaciones prohibidas a funcionarios (art. con pena de hasta ocho años de prisión. es al mismo tiempo contundente: los hechos imputados reflejan que la persona reclamada seria el líder de una organización criminal destinada que la comisión de delitos de corrupción de funcionarios en el Poder Judicial peruano. así como a ocuparse de realizar nombramientos y ratificaciones ilegales dentro del Poder Judicial. tráfico de influencias (art. el riesgo se acentúa por la facilidad que tiene la persona reclamada. Es cierto que en España viven su hija y otros familiares desde hace años. justamente para eludir sus responsabilidades. 570 bis CP). . para una mera visita a su hija: deliberadamente se sustrajo a la justicia peruana marchándose del país y negándose a regresar allá. En tercer lugar. pero es evidente que él se ha fugado del Perú hace escasamente unos días. La persona reclamada tampoco no tiene vínculos laborales en España. Estos delitos de pertenencia a organización criminal y corrupción podrían alcanzar una pena máxima de hasta 15 años de prisión. adicionalmente. vínculos con otros países y conexiones internacionales. En primer lugar. por tanto. la persona reclamada tenía conocimiento pleno de la existencia del proceso penal dirigido contra él en Perú y. la persona reclamada no tiene arraigo en España. Corte Superior de Justicia del Callao y Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de la República. En este caso particular. de la gravedad de las imputaciones Es obvio. lo que ha motivado la orden internacional de detención librada contra él por las autoridades judiciales peruanas. por sus recursos. No hay tampoco conexiones económicas. medios económicos. en connivencia con otras instituciones del Estado. entre las que cita nada menos que al Consejo Nacional de la Magistratura.
2 Ley 12/2009.. No afecta. Debe tenerse presente que. tales hechos tienen como único sustento probatorio conversaciones telefónicas interceptadas por un juez incompetente.La persona reclamada alega asimismo que es objeto de persecución política en el Perú. en virtud de resoluciones que vulneran sus derechos humanos. que podría llegar a ser de 15 años según la solicitud extradicional. que la solicitud de protección suspenderá. de carácter instrumental para asegurar los fines extradicionales y cumplir así con los compromisos adquiridos por el Estado en materia de cooperación judicial internacional. hasta la decisión definitiva. siendo remitido el expediente con número 182810170360 al órgano competente que es la Subdirección General de Protección Internacional).Alega la representación de la persona reclamada que ha cursado solicitud de asilo. con carácter general. revelan hechos que carecen de relevancia penal.10. CUARTO. tampoco. Efectivamente. donde será probablemente encarcelado hasta un límite de 36 meses de prisión preventiva. vista la gravedad de los hechos. consta en la causa que ha presentado el 17. Existen riesgos evidentes de que la persona reclamada se sustraiga a la acción de la justicia y frustre los fines extradicionales para el caso de que no se acuerde la medida de prisión provisional. La conclusión es. sin embargo. a la sustanciación del proceso ni. que. como es el caso. ante la BPEF- Grupo XII. y el riesgo de fuga evidente que concurre en su persona.. puede estimarse que existe un riesgo concreto de fuga. en todo caso. 19. la entidad de la pena que en su día pudiera imponerse al reclamado. Conviene recordar que el art. Además. de modo que la petición cursada no interrumpirá la continuación de estas actuaciones ni a las medidas cautelares que deban ser adoptadas. el análisis del fondo de este asunto (la nulidad o validez de las pruebas disponibles.2018. QUINTO. Añade que los hechos reflejados en la OID son muy sucintos y no vienen respaldados por resolución judicial alguna. solicitud de protección internacional de asilo – Ley 12/2009). pues. que resulta necesario adoptar la medida de prisión provisional. Atendidas las circunstancias concretas. a la adopción de medidas cautelares personales que deban adoptarse. todo ello sin perjuicio del sentido de la respuesta que en su caso ponga término al expediente extradicional. la existencia de vulneraciones de derechos . la ejecución del fallo de cualquier proceso de extradición de la persona interesada que se halle pendiente.
PARTE DISPOSITIVA ACUERDO: LA PRISIÓN PROVISIONAL. aún en esta perspectiva. de otro. a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 5 de los de la Audiencia Nacional. A esto se añade. que el procedimiento extradicional se encuentra en su fase más temprana. articular motivos de defensa que. Tendrán su debate. 12 LEP. en relación con otras circunstancias sustantivas y/o procesales que puedan ser objeto de análisis y decisión en el proceso extradicional. no deben ni pueden ser decididas en este momento. son cuestiones que deberán ser analizados en el proceso judicial en el Perú. En este momento la información disponible es únicamente la información sucinta extradicional comprendida en la OID. por delitos de pertenencia a organización criminal. así como en la respuesta en la resolución que ponga fin al expediente extradicional. formalizar la demanda extradicional con toda la documentación justificativa y. COMUNICADA Y SIN FIANZA. El análisis de estas cuestiones excede ampliamente del objeto y alcance de esta resolución y no constituye desde luego fundamento que conjure los riesgos que han quedado evidenciados. y trascienden desde luego del alcance procesal de la decisión que ahora se está tomando. Expídanse los oportunos oficios y mandamientos para el cumplimiento de lo acordado. Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación. exceden con mucho.fundamentales. se dicta la siguiente. en definitiva. la existencia o no de evidencias y. En cualquier caso. del objeto y alcance de esta resolución judicial. ahora. Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal. en su caso. de César José HINOSTROZA PARIACHI (pasaporte de la República del Perú 117158435). en la comparecencia prevista en el art. nacido el 28 de septiembre de 1956. tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. estando previstas en la Ley trámites e hitos que permitirán. . de un lado. la relevancia penal o no de los hechos.
Seguidamente se cumple lo ordenado.. Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. doy fe. manda y firma Don José de la Mata Amaya. y/o. DILIGENCIA. así como a su defensa letrada. para ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. recurso de apelación. Contra este auto cabe recurso de reforma. en el plazo de tres días. Lo acuerda. en un solo efecto. en su caso. Notifíquese íntegramente la presente resolución a la persona investigada. en aplicación de los artículos 507 y 766 de LECrim. . en Extradición 59/17. a fin de asegurar el derecho de defensa. ante este Juzgado Central de Instrucción.
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