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Timestamp: 2020-08-09 14:00:31+00:00

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#LOLTC (*) o Hemos estudiado Constitucional por encima de nuestras posibilidades | In dubio pro actione
#LOLTC (*) o Hemos estudiado Constitucional por encima de nuestras posibilidades
de indubioproactione 12/12/2012 competencias comunidades autónomas conflicto Derecho constitucional
En el BOE del 12/12/12, cual profecía, se incluye una rara perla que lleva el siguiente título:
Conflicto positivo de competencia n.º 6862-2012, contra la decisión del Gobierno Vasco de fecha indeterminada por la que acuerda que los trabajadores del sector público vasco cobren la paga extraordinaria de diciembre de 2012, «así como respecto a las actuaciones o disposiciones que apliquen este criterio».
Para entender de qué va la historia y vislumbrar la cronología de los hechos, recomiendo la lectura del blog “El último recurso” del periodista Txetxo Yoldi, en el cual se deja de manifiesto que nos encontramos de facto ante un conflicto de competencia “preventivo”, ya que no existe aún un acto propiamente dicho que pueda ser objeto de impugnación (evidentemente, unas declaraciones de la consejera portavoz del Gobierno vasco no entrarían dentro de la categoría de lo que cualquier jurista con dos dedos de frente consideraría un acto susceptible de ser impugnado ante el TC).
Bien, ante esta rara perla, no he podido estarme de hacer un post, consistente en comparar la realidad con aquello que en el año 79, el legislador puso negro sobre blanco respecto a la tramitación de los conflictos de competencia. Aviso que cualquier parecido con la realidad va a ser pura coincidencia.
Pues bien, ¡empezamos!: el artículo 61, que de alguna manera enmarca el capítulo de la LOTC relativo a los conflictos de competencia, prevé lo siguiente:
Artículo 61.1 LOTC:
“Uno. Pueden dar lugar al planteamiento de los conflictos de competencia las disposiciones, resoluciones y actos emanados de los órganos del Estado o de los órganos de las Comunidades Autónomas o la omisión de tales disposiciones, resoluciones o actos.”
Aquí ya nos hallamos ante el primer despropósito: actos “emanados”, lo cual no quiere decir ni “actos que se prevén”, ni “actos que [quizás] se adopten”, y mucho menos “actos que serán adoptados según las declaraciones en rueda de prensa de la consejera portavoz del Gobierno vasco”.
Seguimos. Los conflictos positivos, en concreto, son objeto de regulación en los artículos 62 y siguientes. El 62 establece lo siguiente:
“Cuando el Gobierno considere que una disposición o resolución de una Comunidad Autónoma no respeta el orden de competencia establecido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía o en las Leyes orgánicas correspondientes, podrá formalizar directamente ante el Tribunal Constitucional, en el plazo de dos meses, el conflicto de competencia, o hacer uso del previo requerimiento regulado en el artículo siguiente, todo ello sin perjuicio de que el Gobierno pueda invocar el artículo ciento sesenta y uno, dos, de la Constitución, con los efectos correspondientes”.
En resumen (y para no extenderme más de la cuenta), dos cuestiones:
¿Cómo se puede saber hasta qué punto una disposición o resolución se carga el orden constitucional de competencias, si no se conoce aún su contenido?
Este artículo se refiere al plazo de dos meses para la interposición del conflicto. Vamos, que entiendo que el legislador, para poner esta referencia, daba por sentado que la disposición o resolución objeto del conflicto tenía que existir ya, como conditio sine qua non para la interposición de dicho conflicto (qué iluso, ¿no…?).
En fin, que continuamos para bingo. Artículo 64, apartados 1 y 2:
“Uno. En el término de diez días, el Tribunal comunicará al Gobierno u órgano autonómico correspondiente la iniciación del conflicto, señalándose plazo, que en ningún caso será mayor de veinte días, para que aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes”.
El inciso final de este precepto tiene como objetivo que el gobierno autonómico de turno pueda preparar su defensa adecuadamente. Pero digo yo que es harto complicado defender tu posición respecto de una vulneración al ordenamiento jurídico que aún no ha tenido lugar. Eso por no hablar del principio de la presunción de culpabilidad que parece inferirse en este supuesto concreto: defiéndete de una conculcación del orden constitucional de competencias que creo que vas a cometer.
Minucias aparte, no os perdáis el apartado siguiente:
“Dos. Si el conflicto hubiere sido entablado por el Gobierno una vez adoptada decisión por la Comunidad Autónoma y con invocación del artículo ciento sesenta y uno, dos. de la Constitución, su formalización comunicada por el Tribunal suspenderá inmediatamente la vigencia de la disposición, resolución o acto que hubiesen dado origen al conflicto”.
En la línea de lo que comentábamos antes sobre el tema del plazo: cuando el legislador se sentó a redactar el proyecto de la LOTC, daba por sentado que nos encontraríamos ante disposiciones y actos ya existentes; porque sino, ¿qué sentido tendría hablar de su vigencia? Y yendo un paso más allá, ¿qué sentido tiene hablar de la suspensión de su vigencia?
Suspender la vigencia de algo que aún no existe tiene su mérito, reconozcámoslo.
Pero para mí la guinda del pastel se encuentra en la comparación del artículo 66 con la cruda realidad:
“La sentencia declarará la titularidad de la competencia controvertida y acordará, en su caso, la anulación de la disposición, resolución o actos que originaron el conflicto en cuanto estuvieren viciados de incompetencia, pudiendo disponer lo que fuera procedente respecto de las situaciones de hecho o de derecho creadas al amparo de la misma.”
No puede más que entrarme la risa floja. Lo siento. No puedo evitarlo. Más que nada, porque la anulación de las disposiciones, resoluciones o actos comporta como consecuencia su desaparición del ordenamiento jurídico. Y el avispado lector ya verá por dónde voy: es ABSURDO (¡sí, en mayúsculas!) buscar eliminar del ordenamiento jurídico un acto que nunca ha llegado a tener lugar.
A la vista de la comparación, cabe comentar más bien poca cosa. Quizás, a modo de síntesis, lo que comentaba en el título de este post: “Hemos estudiado Constitucional por encima de nuestras posibilidades”. Cómo, sino, se puede definir la actuación de unos poderes públicos que, conculcando todo sentido de la seguridad jurídica, tergiversan el sentido de las normas y las aplican cuándo y cómo les place.
(*) Este hashtag se inspira en el que en su día acuñó David González Calleja, #LOLPD, usado para poner de manifiesto los despropósitos en los que incurren muchos sujetos en materia de protección de datos.
2 pensamientos en “#LOLTC (*) o Hemos estudiado Constitucional por encima de nuestras posibilidades”
ruthbenitoabog
13/12/2012 en 1:19 PM	 Responder
Si es que no entendéis el concepto “ad cautelam”…
Está bien, luego si tenemos una disposición, resolución o acto con fecha determinada por parte del Gobierno Vasco, éste bien podrá decir que la decisión del TC no le es aplicable porque se refería a una de fecha indeterminada. Y así rizamos más el rizo de lo absurdo. País… y con la que está cayendo…
ogueta69
08/02/2015 en 4:40 PM	 Responder
Hace poco un compañero me dijo: ¡Yo creo que el TC ni existe! Le entendí perfectamente, el 97% de inadmisiones a trámite, deja claro que no es un Tribunal jurídico, sino un sólo político, que de vez en cuando para dictar per se la Doctrina que emana del TEDH, entre la tonelada de letrados que tienen consiguen elegir un recurso idóneo como medio para dictar Doctrina. Además se da la “casualidad” de que la mayoría de las veces, como coincide que el acusado es un terrorista, la mayoría del Tribunal demuestra que está ahí porque alguien le ha puesto, en vez de demostrar para qué se le ha puesto ahí. Como bien decía Adela Asua, que tiene que desesperar con sus compañeros, en la STC del Pleno nº 13/2014, “hemos perdido una ocasión inmejorable para entrar de lleno a resolver sobre el fondo del asunto y establecer concretamente el canon de constitucionalidad en relación a las muestras de ADN, que es en definitiva la finalidad misma de esta jurisdicción y de este recurso…” Mención especial a Luis Ignacio Ortega Álvarez, que al suscribir el voto particular, le honra igualmente.
Ah, y en una ocasión sólo se ha celebrado Vista pública, según yo sé. en el 2001.

References: In dubio
 artículo 61

Artículo 61
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 64
 resolución 
 artículo 66
 resolución 
 resolución