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Timestamp: 2020-02-20 15:03:53+00:00

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Tema 18. Régimen jurídico de entidades religiosas y de sus fundaciones y asociaciones
Régimen jurídico de entidades religiosas y de sus fundaciones y asociaciones.
Este artículo recoge el principio de no confesionalidad del Estado que también enuncia el artículo 1.3 de la L.O de 5 de julio de 1980 de Libertad religiosa (LOLR).
En el estudio de esta materia cabe distinguir entre las entidades religiosas no católicas y las católicas, prestando una especial atención a las segundas por su mayor relevancia social en nuestro país (se ha sostenido que esa mayor relevancia tiene plasmación constitucional en la mención expresa de la Iglesia Católica que realiza el artículo 16 de la Constitución).
Respecto de las no católicas, pueden organizarse como entidades religiosas, al amparo de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, inscribiéndose en el Registro de Entidades Religiosas y adquiriendo personalidad jurídica, aplicándose a las mismas las reglas generales en materia de personas jurídicas.
El artículo 5.1 LOLR hace especial mención de la figura de las Federaciones. La creación de la figura se debe al deseo de las Autoridades españolas de tener un interlocutor único a fin de celebrar acuerdos o convenios. Así, existen en nuestro país creadas diversas Federaciones religiosas: la Federación de Iglesias Protestantes, una de Comunidades Israelitas y diversas islámicas reunidas en la Comisión Islámica de España.
El artículo 7 LOLR admite la celebración de convenios del Estado con confesiones religiosas, aprobados por ley de las Cortes Generales, siempre que tengan notorio arraigo. Existen diversos convenios con estas Federaciones, como los relativos a la forma de celebración del matrimonio. El Real Decreto 593/2015, de 3 de julio, regula el procedimiento para la declaración de notorio arraigo.
Centrándonos ya en la Iglesia Católica, la denominación Iglesia Católica es una expresión que se emplea para referirse compendiosamente a todas las diferentes entidades eclesiásticas católicas.
Los antiguos concordatos han sido sustituidos por los diversos Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 3 de enero de 1979, entre los cuales destaca el de Asuntos jurídicos.
En cuanto a las entidades religiosas no católicas, su constitución, según lo dicho, se realizará mediante la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.
En cuanto a la Iglesia Católica, debe distinguirse según los casos.
En el Acuerdo Jurídico con la Santa Sede, el Estado reconoce la personalidad jurídica civil de la Conferencia Episcopal Española, de conformidad con los Estatutos aprobados por la Santa Sede.
(La terminología del Acuerdo es en este punto discordante con la del C.I.C de 1983, que solo habla de institutos de vida consagrada como algo unitario. Respecto a las asociaciones y otras entidades eclesiásticas y Fundaciones, el actual C.I.F se refiere a Asociaciones públicas y Asociaciones privadas de fieles).
En cuanto a las de base territorial, el requisito para que gocen de personalidad jurídica civil es que, además de tenerla canónica, esta sea notificada a los órganos competentes del Estado. No se exige para las mismas por lo tanto la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas. Tampoco quedarán en consecuencia sujetas a la regla según la cual su personalidad jurídica solo puede ser justificada, una vez transcurrido el plazo de tres años desde la entrada en vigor del Real Decreto de 9 de enero de 1981, mediante certificación del Registro de Entidades Religiosas.
La Resolución DGRN de 25 de septiembre de 2007 recoge esta doctrina y considera suficiente para las circunscripciones territoriales anteriores al 4 de diciembre de 1979, que su existencia conste por notoriedad al Notario autorizante del título.
El la letra “d” del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, refiriéndose en general a las entidades religiosas, católicas y no católicas, prevé la inscripción en el Registro de entidades religiosas de “Las asociaciones con fines religiosos que creen o erijan, así como sus federaciones”. La letra “c” del mismo apartado se refiere a la inscripción en dicho Registro de “Las entidades de carácter institucional que formen parte de su estructura”.
Pero también cabría la posibilidad de que se optase por constituir una asociación conforme a la ley general aplicable a las asociaciones, o que se constituyese una Fundación que buscase fines religiosos. En este caso se aplicaría la legislación general en la materia.
La Ley 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, establece que las asociaciones constituidas para fines exclusivamente religiosos se regirán por lo dispuesto en los tratados internacionales y en las leyes específicas, sin perjuicio de la aplicación supletoria de tal Ley (artículo 1.3.2º).
La Ley de 26 de diciembre de 2002 de Fundaciones, contempla la especificidad de las Fundaciones religiosas, señalando que: “Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio de lo establecido en los acuerdos con la Iglesia Católica y en os acuerdos y convenios de cooperación suscritos por el Estado con otras Iglesias, confesiones y comunidades religiosas, así como en las normas dictadas para su aplicación, para las fundaciones creadas o fomentadas por las mismas”.
En relación a las Fundaciones religiosas de la Iglesia Católica debe tenerse en cuenta el Real Decreto 589/1984, de 8 de febrero, sobre Fundaciones religiosas de la Iglesia Católica. La Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 594/2015 establece “Las fundaciones religiosas de la Iglesia Católica seguirán rigiéndose por el Real Decreto 589/1984, de 8 de febrero, de Fundaciones de la Iglesia Católica, en tanto no se regulen con carácter general las fundaciones de las entidades religiosas. Hasta entonces, el Registro mantendrá la Sección de Fundaciones prevista en dicho real decreto”.
Para la constitución de estas Fundaciones, se exige la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, que se realizará mediante la presentación de la escritura pública, previa su erección por la autoridad competente de la Iglesia Católica, acompañada de la certificación del Órgano Superior en España de la Iglesia Católica que justifique los fines religiosos. A la escritura pública se incorporará en Decreto de erección, y deberán constar los siguientes datos:
- Nombre, apellidos y estado de los fundadores, si son personas físicas, y la denominación o razón social, si son personas jurídicas, y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio.
- La voluntad de fundar y la dotación.
- Los estatutos de la fundación en los que constarán los siguientes extremos:
a) La denominación de la fundación, sus fines, el lugar en que fije su domicilio y el ámbito territorial en que ha de ejercer principalmente sus actividades.
d) El patronato y otros órganos que ejerzan el gobierno y representación de la fundación, reglas para la designación de sus miembros, forma de cubrir las vacantes, deliberación y toma de acuerdos, así como atribuciones de los mismos.
4.- Los nombres y apellidos y domicilio de las personas que inicialmente constituyen el órgano u órganos de la fundación, así como su aceptación si se hizo en el acto fundacional.
5.- Cualesquiera otras disposiciones y condiciones especiales lícitas que los fundadores juzguen conveniente establecer.
Según el artículo 38 del Código Civil la capacidad civil de la Iglesia Católica se regirá por lo concordado entre ambas potestades. En antiguo sistema de Concordatos se ha sustituido por el de los Acuerdos con la Santa Sede 3 de enero de 1979, a los que ya hemos hecho referencia.
- Aplicar el derecho canónico como derecho internacional, como un bloque íntegro que puede desplazar incluso al derecho civil. En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 noviembre de 2006. Esta sentencia sostuvo que aunque en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y 304 del Reglamento Hipotecario se disponga que la certificación a efectos inmatriculadores la expedirá el Diocesano, es válida a los mismos efectos una certificación expedida por el Secretario-Canciller de la Diócesis, teniendo en cuenta que el derecho canónico le concede facultades para expedir certificaciones. Prevalece en este caso el derecho canónico sobre el civil (al margen de que esta certificación eclesiástica a efectos inmatriculadores haya sido suprimida, como después diremos).
Según el Canon 1254.1: “Por derecho nativo, e independientemente de la potestad civil, la Iglesia católica puede adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporales para alcanzar sus propios fines.”
Según el Canon 1256: “El dominio de los bienes corresponde bajo la autoridad suprema del Romano Pontífice, a la persona jurídica que los haya adquirido legítimamente.”
La referencia “todos los modos justos” llevó a algún autor a plantear si la Iglesia podía adquirir bienes por “prescripción extraordinaria”. La Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2011 admite la adquisición por usucapión extraordinaria de un templo destinado al culto por una Congregación religiosa (en un pleito contra una Diócesis), afirmando “tampoco puede aceptarse como principio la imposibilidad jurídica de prescripción adquisitiva referida a los inmuebles destinados al culto como "res extra commercium”.
Una peculiaridad de los bienes de la Iglesia Católica la constituía la posibilidad de su inmatriculación a través de certificado del Obispo Diocesano, a falta de título de dominio, con arreglo al artículo 206 de la Ley Hipotecaria, lo que ha sido suprimido por la reforma de la Ley Hipotecaria realizada por la Ley 13/2015, de 24 de junio.
Es de destacar también la limitación que supone el artículo 752 del Código Civil, conforme al cual:
“No producirán efecto las disposiciones testamentarias que haga el testador durante su última enfermedad en favor del sacerdote que en ella le hubiese confesado, de los parientes del mismo dentro del cuarto grado, o de su iglesia, cabildo, comunidad o instituto”.
Al respecto de este artículo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2015 declara que es rechazable una interpretación dogmática y literal del artículo, debiendo interpretarse desde su finalidad de evitar la captación de voluntad del causante, admitiendo la prueba en contra y descartando que sea de aplicación a los testamentos otorgados durante enfermedades crónicas del testador.
Debe precisarse que la existencia de este régimen particular no excluye la aplicación de las reglas civiles generales, que imponen, por ejemplo, para la enajenación de bienes a título gratuito la escritura pública como requisito de solemnidad, como resuelven los Tribunales de Instancia en el caso resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2011.
Con base en la autorización contenida en el Canon 1297, la Conferencia episcopal española ha extendido los requisitos de la enajenación de inmuebles al arrendamiento de los mismos.
Para Gomá Salcedo, se aplicarán las mismas reglas de las enajenaciones a cualquier tipo de préstamo o crédito, sea hipotecario o no, constitución de gravámenes de cualquier clase, constitución de sociedades o aceptación de donaciones con carga cuando el importe de éstas supere los mínimos o máximos establecidos. Sin embargo, no se aplicará a los actos de declaración de obra nueva, división o constitución en régimen de propiedad horizontal, que son actos en virtud de los cuales no parece pueda resultar, en principio, perjudicada la situación patrimonial de la persona jurídica.
- Si es un bien de la Parroquia, se precisa el consentimiento del Obispo de la Diócesis y el del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos y el del Colegio de Consultores.
- Si es un bien de la Diócesis, el Obispo diocesano necesita también el consentimiento del Consejo de asuntos económicos y del Colegio de consultores.
- Enajenación de bienes de entidades o asociaciones religiosas no católicas:
A las mismas se les aplicarán las reglas generales de las personas jurídicas, rigiéndose por los correspondientes Estatutos.
El Registro al que se refiere la Ley Orgánica de Libertad Religiosa fue creado por el Real Decreto 142/1981 de 9 de enero, sobre organización y funcionamiento del Registro de Entidades Religiosas.
Dicho Real Decreto ha sido derogado por el Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas.
En este Registro, según el artículo 2 del Real Decreto 594/2015, se inscribirán:
- Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas, así como sus Federaciones.
- Diversos tipos de entidades religiosas, siempre que hayan sido erigidas, creadas o instituidas por una Iglesia, Confesión o Comunidad religiosa o Federaciones de las mismas inscritas en el Registro, como las circunscripciones territoriales, congregaciones, secciones o comunidades locales, asociaciones, entidades de carácter institucional, seminarios o centros de formación.
Para la inscripción de las entidades religiosas se establece un procedimiento, que se inicia por solitud con la siguiente documentación:
- En el caso de Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas, así como sus Federaciones:
1.- Documento elevado a escritura pública en el que consten la denominación, el domicilio, el ámbito territorial de actuación, expresión de sus fines religiosos y de cuantos datos se consideren precisos para acreditar su naturaleza religiosa.
2.- El acta de la fundación o establecimiento en España en documento elevado a escritura pública. En dicha acta se podrá hacer constar la relación nominal de, al menos, veinte personas mayores de edad y con residencia legal en España que avalan la fundación o establecimiento de la Iglesia, Confesión o Comunidad religiosa-
- En el caso de entidades creadas por una Iglesia, Confesión, Comunidad religiosa o Federación inscrita:
1.- Escritura pública en que consten los datos de la entidad antes expresados (domicilio, etcétera).
2.- Testimonio literal, debidamente autenticado, del acta de constitución, así como del documento de la Iglesia, Confesión, Comunidad religiosa o Federación, por la que se erige, constituye o aprueba y, si lo hubiere, la conformidad del órgano supremo de la entidad en España.
Entre los actos inscribibles, es de destacar la obligación de inscribir a los titulares de los órganos de representación de las entidades religiosas que en la normativa anterior era potestativo para las entidades.
En cuanto a los efectos de la inscripción, el anterior Real Real Decreto 142/1981 establecía la inscripción como requisito necesario para la prueba de la personalidad jurídica de la entidad. Se había opinado (Gómez Galligo) que la inscripción no condicionaba la personalidad sino solo su prueba, con lo que era posible la inscripción en el Registro de la Propiedad de actos otorgados con anterioridad a la inscripción si posteriormente se formalizaba esta. Sin embargo, el nuevo Real Decreto 594/2015, en su artículo 4.1, dispone: “Las entidades inscribibles al amparo del artículo 2, gozarán de personalidad jurídica una vez inscritas en el Registro de Entidades Religiosas”.
De este régimen general parece que quedarán exceptuadas las entidades de la Iglesia Católica cuya personalidad jurídica se ve reconocida en virtud de los Acuerdos internacionales con la Santa Sede antes aludido.
En cuanto a la posibilidad de denegar la inscripción, en esta materia ha tenido gran relevancia la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2001, en relación con la llamada “Iglesia de la Unificación”, cuya inscripción en el Registro de Entidades se había rechazado por falta de fines religiosos y posibles vulneraciones de los límites de la libertad religiosa, declara que el Estado no puede realizar una labor de calificación sino de mera constatación del cumplimiento de los requisitos legales, sin poder realizar un control de la legitimidad de las creencias religiosas, vinculando la inscripción en el Registro con el derecho de libertad religiosa.
Esta doctrina del Tribunal Constitucional, favorable a la inscripción en el Registro de Entidades religiosas, considerando excepcional la posibilidad de su denegación, ha sido recogida por las recientes Sentencias del Tribunal Supremo, que muestran una posición muy restrictiva en cuanto a la posibilidad de denegar dicha inscripción por la Administración. Así, Sentencias del Tribunal Supremo Sala 3ª de 21 de mayo de 2004, 28 de septiembre de 2010 o 7 de febrero de 2011.
En línea con esta doctrina, que expresamente se menciona en su exposición de motivos, el artículo 4.2 del nuevo Real Decreto 594/2015, expresamente indica que solo podrá denegarse la inscripción “cuando no se reúnan los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa o en el presente real decreto”.
El Registro tendrá carácter público, realizándose la publicidad mediante certificaciones o copias del contenido de los asientos, previéndose su consulta a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia o por escrito dirigido al Registro de Entidades Religiosas.

References: artículo 1
 artículo 16
 artículo 5
 artículo 7
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 38
 artículo 206
 artículo 206
 artículo 752
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 4
 Real Decreto