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Timestamp: 2019-08-17 21:15:37+00:00

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﻿ SENTENCIA 32903 DE MARZO 8 DE 2007
SENTENCIA 32903 DE 08 DE MARZO DE 2007
CONTENIDO:EL RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EN MATERIA DE CONTRATOS ESTATALES NO PROCEDE PARA DISCUTIR ERRORES EN LA APLICACIÓN DE LA LEY SUSTANCIAL NI LA VALORACIÓN PROBATORIA EFECTUADA POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, TRIBUNAL DE ARBITRAJE, RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA EL LAUDO ARBITRAL
Sentencia 32903 de marzo 8 de 2007
Rad.: Expediente 1100-103260002006-00035-00 (32.903)
Recurrente convocante: Bogotana de Aguas y Saneamiento S.A.
Convocado: Distrito Capital de Bogotá - Departamento Administrativo del Medio Ambiente, DAMA.
Asunto: Recurso de anulación laudo arbitral.
Para resolver el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la sociedad Bogotana de Aguas y Saneamiento S.A., la Sala abordará, en primer término, la competencia del Consejo de Estado para conocer el presente asunto; en segundo término, hará una breve referencia en relación con los alcances del arbitramento y del recurso de anulación contra laudos y, posteriormente, estudiará los cargos formulados en el caso concreto.
Esta corporación es competente para conocer privativamente y en única instancia del “recurso de anulación de los laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos estatales, por las causales dentro del término prescrito en las normas que rigen la materia” (CCA, art. 128, num. 5º, compilado por D. 1818/88, art. 36, inc. 5º; L. 80/93, art. 72, inc. 2º).
El laudo arbitral bajo estudio fue proferido para dirimir el conflicto surgido en virtud de la ejecución de un contrato cuyas partes son una entidad de derecho público Distrito Capital —Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, DAMA— (concedente), y la sociedad Bogotana de Aguas y Saneamiento S.A. (concesionario), el cual tuvo por objeto el tratamiento de las aguas residuales de Santafé de Bogotá, Distrito Capital, bajo la modalidad de concesión, a través de las plantas de El Salitre, Fucha y Tunjuelo, por cuenta y riesgo del concesionario, quien debía realizar el diseño, construcción, suministro, instalación operación, mantenimiento y administración de las referidas plantas y ejecutar la disposición de lodos, de conformidad con los términos de referencia y condiciones establecidas en el pliego de condiciones de la licitación, el reglamento de la concesión y el propio contrato, a cambio de las compensaciones económicas estipuladas en el mismo.
Por consiguiente, se trata de un negocio jurídico en que una de las partes es de aquellas entidades a las que se refiere el aparte a) del artículo 2º de la Ley 80 de 1993 y, por ende, encaja en la definición de contrato estatal contemplada en el artículo 32 de esa ley y es por ese estatuto que se rige, en lo allí previsto, de manera que esta corporación resulta competente para conocer la impugnación del laudo arbitral que se somete a su consideración.
Respecto a las generalidades y alcances del arbitramento y del recurso extraordinario de anulación de laudos, esta Sala recientemente se pronunció en el siguiente sentido:
“A este mecanismo alterno, patrocinado por la Constitución Política en su artículo 116 (1) y desarrollado en un régimen jurídico particular compilado en su mayoría en el citado Decreto 1818 de 1998 —conocido como el Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos—, se llega en virtud de pacto arbitral, que comprende la cláusula compromisoria y el compromiso, y por cuya inteligencia las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un tribunal de arbitramento, renunciando a hacer valer sus pretensiones ante los jueces permanentes (L. 446/98, art. 115, compilado en D. 1818/98, art. 115).
“Por lo que a su decisión se refiere, el arbitraje en general puede ser en derecho, en equidad y técnico (D. 1818/98, art. 115); en cuanto al primero, la decisión se fundamenta en el derecho positivo vigente; en cuando al segundo, la decisión se fundamenta en el sentido común y la equidad; y en el último caso, en razón a los específicos conocimientos en una determinada ciencia, arte u oficio.
“En materia de contratación estatal, los artículos 70 y ss. de Ley 80 de 1993 (compilados a su vez por D. 1818/98, arts. 228 y ss.), permiten que las partes puedan pactar en los contratos estatales la cláusula compromisoria o solicitar a la otra la suscripción de un compromiso a fin de someter a la decisión de árbitros las distintas controversias que puedan surgir o se presenten, según se trate, por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación, arbitramento que será únicamente en derecho, sin que obste para dar cabida al arbitraje técnico cuando se pacte para resolver una discrepancia de esta exclusiva naturaleza (art. 74 ibíd.).
iii) Las partes —salvo excepción legal— renuncian a hacer valer sus controversias ante la jurisdicción institucional (D. 1818/98, arts. 144 y 1146).
iv) La materia y extensión del conocimiento de los árbitros se encuentra delimitada por las partes, y por la ley, en tanto solo procede sobre conflictos de carácter particular y económico con carácter transigible de que conozca o pueda conocer la Jurisdicción Contencioso Administrativa en virtud de la acción de que trata el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo (concordante con L. 80/93, art. 68), con las restricciones previstas en el ordenamiento jurídico.
“2.2. Cabe precisar que para remediar judicialmente las situaciones en las que se incurre en defectos y errores in procedendo en los laudos, que vician la justicia que a través de ellos se imparte, la ley instituyó el recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral, el cual solo procede por causales taxativamente establecidas, y puede interponerse por cualquiera de las partes dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación o a la de la providencia que lo corrija, aclare o complemente, mediante escrito que deberá presentarse ante el presidente del tribunal de arbitramento que lo profirió.
“Es así como, en razón a la materia objeto de la controversia, esto es, para los eventos referidos a los laudos que diriman conflictos suscitados por contratos (...) regidos por la Ley 80 de 1993, el artículo 72 de este estatuto (compilado en D. 1818/98, art. 230) (2) , estableció de manera especial las causales del recurso de anulación contra los mismos, así:
“En este sentido, los laudos arbitrales (3) no pueden ser impugnados en vía del recurso extraordinario de anulación, por motivos diferentes a los expresados en la norma transcrita (4) . Así, el artículo 128 de la Ley 446 de 1998, compilado por el artículo 164 del Decreto 1818 de 1998, impone la obligación de rechazar el recurso cuando no se invoque una de las causales taxativamente previstas en la ley, y de sustentarlo una vez avocado su conocimiento y corrido el traslado para ello, so pena de declararlo desierto por tal omisión.
“De acuerdo con la jurisprudencia que esta corporación ha desarrollado (5) , se puede afirmar que el recurso extraordinario de anulación contra laudos presenta, entre otras, las siguientes generalidades:
ii) El objeto y finalidad del recurso es atacar la decisión arbitral por errores in procedendo en que haya podido incurrir el tribunal de arbitramento, y no por errores in iudicando, lo cual implica que no puede impugnarse el laudo por cuestiones de fondo; por regla general no es posible examinar aspectos de mérito o sustanciales, a menos que prospere la causal de incongruencia por no haberse decidido sobre cuestiones sometidas al arbitramento (L. 80/93, art. 72, num. 5); ni cuestionar, plantear o revivir un nuevo debate probatorio, o considerar si hubo o no un yerro en la valoración de las pruebas o en las conclusiones jurídicas a las que arribó el tribunal.
iv) Los procederes del juez del recurso de anulación están limitados por el llamado “principio dispositivo”, conforme al cual es el recurrente quien delimita, con la formulación y sustentación del recurso, el objeto que con él se persigue y ello, obviamente, dentro de las precisas y taxativas causales que la ley consagra (6) .
v) Sin embargo, ha manifestado la Sala que cabe el pronunciamiento de anulación de laudos por fuera de las citadas causales establecidas en el artículo 72 de la Ley 80 de 1993, en los siguientes eventos a saber: a) cuando exista nulidad absoluta del pacto arbitral por objeto o causa ilícita, caso en el cual procede su declaratoria incluso de oficio y, por ende, invalida también el laudo (7) ; y b) en los casos de nulidad por la obtención de la prueba con violación del debido proceso, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Política (8) ” (9) .
En el término previsto por la ley, la impugnante, Bogotana de Aguas y Saneamiento S.A., sustentó el recurso interpuesto (fls. 818 a 856 cdno. ppal.) comenzando en primer lugar por la causal 5ª y luego por la 2ª del artículo 72 de la Ley 80 de 1993, pero sin manifestarse en relación con la del numeral 4º que invocó en su escrito inicial de interposición del mismo, razón por la cual en relación con este último punto no procederá la Sala a su estudio, habida cuenta de que ante esta omisión el artículo 164 del Decreto 1818 de 1998 (L. 146/98, art. 128) ordena declararlo desierto.
Precisado lo anterior, la Sala analizará en el orden propuesto por el recurrente en la sustentación, si los cargos por él endilgados y sustentados configuran causales de anulación del laudo arbitral proferido el 23 de mayo de 2006, teniendo en cuenta las consideraciones generales expuestas en la jurisprudencia de la Sala a propósito de la naturaleza y características jurídicas del recurso extraordinario de anulación.
3.1. Primer cargo: “No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”, de conformidad con la causal 5ª del artículo 72 de la Ley 80 de 1993, porque en el laudo no se decidió sobre el primer y segundo grupos de pretensiones subsidiarias.
Sustenta este cargo afirmando que los tres grupos de pretensiones son sustancialmente distintos en su estructura jurídica, si bien en los tres casos, se persigue por el demandante recuperar el valor de unos costos adicionales, bastante onerosos, generados por la necesidad de cumplir con disposiciones del Banco de la República, no existentes al momento de proponer y contratar.
Así las cosas, considera que el laudo solo se refirió al restablecimiento del equilibrio contractual, con base en la teoría de la imprevisión planteada en la pretensión primera principal, mas no se pronunció respecto de los demás eventos no imputables a las partes que afectan los costos de los contratos, y sobre los cuales no es posible determinar con anticipación a su ocurrencia su duración o el monto del impacto sobre la ecuación contractual, sin que pueda predicarse de ellos la teoría de la imprevisión, pues se trata de hechos exógenos previsibles tales como la inflación, la devaluación, que se fundan en la aplicación de las normas legales y el desarrollo jurisprudencial de los mecanismos de revisión de precios de los contratos estatales y que son, precisamente, los incluidos en la primera pretensión subsidiaria del primer grupo.
En este sentido, arguye que fracasada la pretensión principal al declararse probada la excepción de “inexistencia de la imprevisión”, que únicamente afectaba esa pretensión y las consecuenciales a la misma, el tribunal se encontraba en el deber legal de examinar de fondo el primer grupo de las pretensiones subsidiarias al que se ha hecho referencia, pero, sin razón conocida, los árbitros se abstuvieron de hacerlo, así como también respecto de la excepción de cosa juzgada formulada por la convocada frente a dicha pretensión.
A su juicio, tampoco se resolvió la primera pretensión subsidiaria del segundo grupo que perseguía la declaratoria de la ruptura del equilibrio económico del contrato por enriquecimiento sin causa por haber operado la reversión de los bienes a la terminación del contrato, sin que el distrito haya pagado al contratista los costos financieros de los depósitos previos, costos que fueron necesarios para que el contratista, por su cuenta y riesgo, construyera, operara y mantuviera tales bienes, dado que el tribunal se declaró incompetente en relación con la misma al declarar próspera la excepción de cosa juzgada presentada por la convocada y alegada por el Ministerio Público.
Para el libelista, existe yerro del tribunal al señalar que lo excluido de la transacción era el desequilibrio económico del contrato, puesto que aquello que no fue objeto de ese acuerdo es el reclamo del contratista del pago de los sobrecostos por los depósitos previos y no la naturaleza sobre la cual estos se reclamaran o reconocieran; igual apreciación le merece respecto a la afirmación del tribunal según la cual resolver esta pretensión hubiera implicado revisar el valor de la reversión, habida cuenta de que ella no está sujeta a un precio y es el cumplimiento de una preceptiva legal de orden público que no es susceptible de transacción.
De acuerdo con lo expuesto, solicita adicionar el fallo accediendo a las súplicas de la demanda.
3.1.2.1. La causal “No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”, prevista en el numeral 5º del artículo 72 de la Ley 80 de 1993, se configura cuando el laudo no decide todos los puntos objeto de arbitramento y en este evento se predica que el mismo es mínima o citra petita respecto de las pretensiones, excepciones procesales y demás aspectos de la relación jurídico procesal (CPC, arts. 304, 305 y 306; CCA, arts. 87 y 164).
Esta causal y la prevista en el numeral 4º del mismo artículo (“Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido”), son expresión de la garantía al principio de congruencia de los fallos, contenido en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil (modificado por D. 2282/89, art. 1º, num. 135), de acuerdo con el cual la decisión final de los árbitros debe resultar armónica, consonante y concordante con los hechos y las pretensiones formuladas en la demanda; y en las demás oportunidades procesales contempladas, y con las excepciones que resulten probadas o hubieren sido alegadas, cuando así lo requiera la ley, todo esto sometido a consideración por la voluntad de las partes en el proceso arbitral dentro de los límites previstos en el pacto arbitral (cláusula compromisoria o compromiso) celebrado por ellas y en la ley, fuentes estas que otorgan y enmarcan la competencia de los árbitros.
En efecto, el principio de congruencia implica que en la decisión de los árbitros que ponga fin a un litigio debe existir una adecuación o perfecta simetría entre lo pedido y lo resuelto, de manera que puede verse afectada cuando el juez concede más allá de lo pedido (ultra petita); o cuando concede puntos no sometidos al litigio (extra petita) censurados en la causal 4ª del artículo 72 de la Ley 80 de 1993, o cuando concede menos de lo pedido o deja de pronunciarse sobre cuestiones sujetas al proceso (infra o citra petita) cuya causal fue la invocada por el libelista.
Así mismo, este principio de congruencia exige que el fallo de los árbitros recaiga sobre puntos que sean susceptibles de decisión, por ser materias constitucional y legalmente transigibles y encontrarse dentro del objeto del pacto compromisorio que otorga la competencia a los árbitros para conocer, y pronunciarse en relación con la materia que voluntariamente las partes les han confiado para su decisión, de manera que los quebrantos a esa regla de atribución por exceso o por defecto, se encuentran tipificados como hechos pasibles para la invocación de las causales previstas en los numerales 4º y 5º del artículo 72 de la Ley 80 de 1993.
Por consiguiente, los árbitros en los precisos términos y límites del pacto arbitral y la ley, están en la obligación de decidir y proveer sobre cada uno de los extremos del litigio bajo su conocimiento y que surgen de las pretensiones y hechos de la demanda, como de las excepciones del demandado, para que el fallo garantice la debida correspondencia con lo que se pide en la demanda, los hechos en que se fundan esas pretensiones y las excepciones que aparecen probadas, so pena que ante una omisión incurra la providencia en la causal 5ª de nulidad del artículo 72 de la Ley 80 de 1993.
De otra parte, la causal de anulación “[n]o haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”, debe ser analizada conforme a la competencia que la Constitución y la ley, el pacto o convención arbitral y la relación jurídico procesal que emana del propio conflicto particular que presentan las partes con la convocatoria del tribunal, les otorga a los árbitros como materia de conocimiento y decisión.
En oportunidades anteriores, ha dicho la Sala que para determinar el cumplimiento del principio que consagra la congruencia de las providencias judiciales es menester realizar un proceso comparativo no solo de la relación jurídico procesal, definida por las pretensiones y las excepciones de las partes, con la sentencia o laudo arbitral, sino también entre la parte considerativa o motiva de la providencia y la parte resolutiva de la misma, dado que las providencias judiciales deben guardar armonía tanto interna como externa (10) .
Sin embargo, es claro que en virtud de la filosofía del recurso de anulación de laudos, edificado por errores in procedendo y no in iudicando, el análisis de este vicio de construcción formal de la providencia debe realizarse de manera objetiva, es decir, verificar que formal y objetivamente el fallo se ajuste a las peticiones de las partes, independientemente si este es acertado o erróneo, para concluir si efectivamente se presentó o no una omisión de decidir algún extremo de la litis, pero no resulta dable por la naturaleza de la causal que se estudia, examinar las consideraciones y los motivos determinantes que ha tenido el juzgador en su decisión (11) .
3.1.2.2. La censura del recurrente se refiere a que el laudo no decidió sobre cuestiones sujetas al arbitramento, planteamiento que, de conformidad con lo arriba expuesto, induce a la Sala a verificar de manera conjunta la relación jurídico procesal y lo resuelto por el fallador en el laudo arbitral, así como su parte motiva y resolutiva frente a las pretensiones y excepciones formuladas en el proceso, para determinar si existe la debida armonía entre lo pedido y lo resuelto o la carencia de esta.
El recurrente edifica el presente cargo contra el laudo en dos aspectos a saber: a) que no se decidió sobre el primer grupo de pretensiones subsidiarias, porque solo se refirió al restablecimiento del equilibrio contractual bajo la teoría de la imprevisión cuya aplicación se solicitaba en las pretensiones principales y no en punto a la revisión de precios que se trataba en las pretensiones primeras subsidiarias; y b) que tampoco se resolvió la primera pretensión subsidiaria del segundo grupo que perseguía la declaratoria de un enriquecimiento sin causa, porque estimó próspera la excepción de cosa juzgada presentada por la convocada y alegada por el Ministerio Público.
La Sala no comparte la censura realizada por el actor, por lo siguiente:
Como puede apreciarse de la transcripción de las pretensiones de la demanda realizada al comienzo de esta providencia, la convocante formuló varias pretensiones agrupadas así: un grupo de principales; un primer grupo de pretensiones subsidiarias y un segundo grupo de pretensiones subsidiarias, lo que, en concepto del libelista, conduciría a que la prosperidad de las principales era incompatible con cualquiera de las de los otros grupos, por haberse formulado unas en subsidio de las otras (acumulación eventual o subsidiaria) y que la negativa de las mismas implicaba el conocimiento y declaración sobre las primeras subsidiarias y a su vez la negativa de estas las de las segundas.
Sin embargo, resulta que, como bien lo afirma el propio libelista, con las pretensiones “... se persigne por el demandante recuperar el valor de unos costos adicionales, bastante onerosos, generados por la necesidad de cumplir con disposiciones del Banco de la República, no existentes al momento de proponer y contratar ...”, de suerte que la causa o hecho que las sustentaba a todas —según las voces de la parte demandante— tenía un origen común e idéntico: la promulgación por parte de la Junta Directiva del Banco de la República de las resoluciones externas 5 de 19 de mayo de 1997, 1 de 30 de enero de 1998 y 10 de 18 de septiembre de 1998, que establecieron la constitución de depósitos previos para desembolsos de financiación externa a largo plazo, y por las cuales, según se alegó, la concesionaria habría incurrido en costos y gastos adicionales que tuvieron como efecto directo el quebrantamiento de la ecuación económica del contrato.
De ahí que, resulta contradictoria la argumentación del recurrente en su impugnación cuando trata de diferenciar de manera categórica y absoluta las pretensiones que conforman su causa petendi, cuando lo cierto es, como él lo reconoce, que fácticamente se relacionaban entre sí, dado el ligamen del hecho generador de las mismas; como también resulta paradójica la acusación al tribunal de no pronunciarse respecto de “... los demás eventos no imputables a las partes que afectan los costos de los contratos ...”, si en realidad en la demanda tan solo se alegó como causa eficiente del desequilibrio económico del contrato y base de sus pedimentos uno: la expedición de las resoluciones del Banco de la República que exigieron la constitución de los depósitos.
Bajo esta perspectiva, la Sala considera que si el hecho común fue tratado y analizado en la sentencia en su parte motiva y, como consecuencia de ello, decidido en la parte resolutiva de la misma en relación con todas las pretensiones, se satisface el principio de congruencia (interna y externa) de la providencia, que tanto reclama el libelista, máxime cuando todos los supuestos fácticos y jurídicos expuestos en la demanda de la convocada se refieren a esta circunstancia como constitutiva de una situación más gravosa para el contratista que condujo al rompimiento de la ecuación financiera del contrato.
Con otras palabras, como quiera que la misma sociedad convocada adujo que la controversia radicaba en el rompimiento del equilibrio financiero del contrato por un hecho concreto, con independencia de su tratamiento, el estudio de dicho aspecto fáctico en el marco jurídico colombiano que regula la figura del equilibrio financiero (L. 80/93) por parte del tribunal, en el ejercicio transitorio y autónomo de la facultad de administrar justicia a ruego de las partes, excluye cualquier violación al principio de congruencia, en el entendido de que lo solicitado estaba condicionado a que se demostrara en el proceso si dicho hecho había roto la ecuación financiera del contrato estatal y si existía, en tal virtud, responsabilidad del ente demandado con ocasión al mismo.
En este orden de ideas, como quedó puntualizado en los antecedentes de esta providencia, se observa que el tribunal de arbitramento negó la totalidad de las pretensiones; las segundas subsidiarias cuando declaró prósperas las excepciones de cosa juzgada y falta de competencia, de conformidad con la primera declaración del resuelve y las otras en el numeral cuarto de este donde expresamente señaló: “Negar las demás pretensiones principales y subsidiarias de la demanda, por las consideraciones expuestas en este laudo”, por cuanto encontró que no se había roto el equilibrio financiero del contrato estatal.
El tribunal llegó a las anteriores decisiones, luego de un examen del pacto arbitral y de la transacción realizada por las partes, lo cual le permitió considerar que su competencia se concretaba en resolver aquellas controversias de carácter contractual relativas “... al restablecimiento de la ecuación económica del contrato por mayores costos derivados de los depósitos previos a la financiación de largo plazo ordenados por las autoridades cambiarias ...”, de suerte que pretensiones como la primera del segundo grupo de subsidiarias, que estima no resueltas el recurrente, relacionada con la declaratoria de un enriquecimiento sin causa, las consideró como una situación ajena a la controversia contractual que versaba sobre la aludida materia e implicaba la revisión del valor de la reversión, aspecto que fue transigido por las partes con efectos de cosa juzgada.
Así mismo, el tribunal absolvió el problema jurídico planteado relativo al rompimiento de la ecuación financiera del contrato por las decisiones adoptadas por el Banco de la República, mediante el estudio de la regulación legal, jurisprudencial y doctrinal de esta figura; en particular lo relativo a la teoría de la imprevisión porque encontró e interpretó que los hechos en que se fundaron las pretensiones hacían referencia a factores exógenos del contrato; al efecto, señaló:
“Las pretensiones del reclamante tienen por fin el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato de la concesión, es decir, la ruptura del equilibrio financiero del contrato. Ruptura que, según reclama la convocante, ha sido resultado o está precedida de acaecimiento de unas circunstancias imprevistas o externas a las partes”.
“(...) Por consiguiente, el tribunal encuentra necesario determinar el alcance del equilibrio económico de los contratos estatales para determinar en qué medida una circunstancia imprevista ajena a las partes tiene como consecuencia el restablecimiento del equilibrio” (págs. 53 y 54 del laudo a fls. 746 y 747).
Estudio que comprendió el análisis de los hechos y la valoración de las pruebas que fueron aducidas y allegadas al proceso, y que arrojó que el concesionario conocía la Resolución 5 de 1997 al momento de acordar los términos definitivos del contrato, lo cual dijo el tribunal lo conducía “... forzosamente a analizar la conducta del convocante quien, aun en 1997 negoció la aclaración y el desarrollo del contrato en punto al equilibrio financiero del mismo, a sabiendas de que en mayo de 1997 se había expedido una norma jurídica con claro alcance respecto de su situación como contratista bajo el contrato C-015 ...”, ejercicio en el que concluyó que la convocante, al presentar la reclamación materia de decisión, no mantuvo la coherencia que exige la buena fe y la seguridad jurídica, toda vez que, con dicha conducta, se puso en contradicción con sus propios actos, pretendiendo destruir lo ya realizado y la legítima confianza que pudo haber generado al distrito, razón por la cual aplicó la teoría de los actos propios “venire contra factum proprium non valet”, para negar las pretensiones.
Cabe precisar, entonces, que la Sala no encuentra incongruente que el tribunal que objetiva y formalmente haya adoptado las decisiones consignadas en la parte resolutiva del laudo, luego de analizar el evento planteado por la convocada como causante del desequilibrio económico del contrato (expedición y aplicación de las resoluciones del Banco de la República que ordenaron los depósitos) y comprobar que la reclamación objeto de la decisión desconocía los propios actos ejecutados por la demandante, lo que implicaba según los árbitros su improcedencia; así como tampoco cuando resolvió declarar prospera la excepción de cosa juzgada combinada con la de “incompetencia parcial”, respecto a las pretensiones del segundo grupo subsidiario, por considerar que eran extrañas al objeto controversial para el cual fue convocado el tribunal y resultar materia de la transacción realizada previamente por las partes.
Por consiguiente, las consideraciones que realizó el tribunal respecto del equilibrio financiero del contrato y la aplicación de la teoría de los actos propios en torno a la reclamación, lo relevaron de estudiar particularmente las pretensiones subsidiarias del primer grupo, las cuales se encontraban íntimamente vinculadas con las principales por el mismo hecho que les daba origen; y sobre las del segundo grupo se advierta que fueron materia expresa de pronunciamiento en la providencia y expuestas las razones por las cuales no se abordaba su estudio.
En síntesis, habida consideración de que lo pretendido era una declaratoria del desequilibrio financiero del contrato y que el tribunal de arbitramento negó por las anteriores consideraciones las pretensiones de la convocante, no se vislumbra que exista una incongruencia citra petita en el laudo, porque no dejó de pronunciarse o resolver respecto de la cuestión litigiosa, materia de conocimiento en virtud del pacto arbitral, no siendo viable, por la naturaleza extraordinaria del recurso de anulación del laudo arbitral, evaluar la manera cómo el tribunal interpretó la demanda y decidió las pretensiones de la convocante y determinar si lo hizo correcta o erradamente, dado que esta causal no autorizan a entrar en el examen o calificación de las consideraciones que han servido al juzgador como motivos determinantes de su fallo, porque si la censura parte de haber cometido el sentenciador yerros de apreciación en cuanto a lo pedido y lo decidido, y a consecuencia de ello resuelve de manera diferente a como se le solicitó, no comete incongruencia sino un vicio in iudicando (12) .
De otra parte, también es importante precisar que si la decisión adoptada en el laudo no fue favorable a las pretensiones del demandante, es decir, si en él se resolvió en forma negativa o adversa a sus intereses, no es una actuación que viole el principio de congruencia, por cuanto comporta un pronunciamiento sobre la pretensión como resultado del debate procesal y con observancia de las formas propias del juicio arbitral, que, por lo mismo, excluye la prosperidad de la causal invocada (13) .
Se advierte lo anterior, en tanto el censor con desconocimiento de que por medio del recurso extraordinario de anulación no se pueden discutir presuntos errores in iudicando por violación a la ley sustancial o en relación con la valoración probatoria, pretende en últimas por vía de las referida causal de fallo infra petita la revisión de las bases normativas, probatorias y argumentativas en que el tribunal de arbitramento cimentó su laudo, lo que conduce a que su impugnación por este aspecto también sea rechazada.
En conclusión, la Sala al comparar con detenimiento las pretensiones de la demanda, lo considerado y lo resuelto en el laudo que se impugna, no observa un fallo incongruente por omisión de un extremo de la relación jurídica procesal, al cual hace relación la causal 5ª del artículo 72 de la Ley 80 de 1993 y, por lo mismo, el cargo no está llamado a prosperar.
3.2. Segundo cargo: “Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo”, según la causal 2ª del artículo 72 de la Ley 80 de 1993.
En criterio del recurrente el tribunal falló en conciencia, con notorio olvido de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 111 de la Ley 446 de 1998, incorporado en el artículo 115 del Decreto 1818 de 1998, que ordena a los árbitros fundamentar su decisión en el derecho positivo vigente, pues si bien es cierto de una lectura desprevenida del laudo, se advierte que el mismo contiene diversas consideraciones jurídicas y variadas remisiones a preceptos normativos de orden civil y comercial, tal circunstancia por sí misma no puede suponer un fallo en derecho.
Expuso que el tribunal en el fallo se limita a reproducir algunas normas de la Ley 80 de 1993 (arts. 4º nums. 8º y 9º; 5º num. 1º; 25 nums. 13 y 14; 27 y 28), pero sin realizar un análisis de su incidencia en la cuestión a decidir y, en cambio, procede a efectuar disertaciones ajenas a esa normativa para ocuparse de la teoría de la imprevisión del Código de Comercio mas no del Estatuto general de contratación de la administración, y luego pasa a la teoría de los actos propios, con el fin de despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda.
Adujo que, en consecuencia, el fallo impugnado al no someterse a la normatividad que rige el asunto, aun cuando se refiera a normas relacionadas con el evento materia de controversia, no constituye un laudo en derecho, sino que, al soslayar el imperativo legal de regirse por el derecho positivo vigente que disciplina en particular el núcleo de las pretensiones alegadas por la convocante, es un fallo en conciencia.
Concluye que, en el presente caso, los árbitros incurrieron en una omisión manifiesta que produce la nulidad de lo decidido, toda vez que en su examen y en su decisión, cualquiera que hubiera sido el sentido de esta, si bien se remitieron a una normativa específica, se abstuvieron de considerar aquella que por su naturaleza especial rige la esfera de las pretensiones de la demandante, contenida en la Ley 80 de 1993.
3.2.2.1. La Sala en reiteradas providencias se ha pronunciado y precisado los requisitos y alcances de esta causal. En sentencia de 3 de abril de 1992, expediente 6695, explicó:
“... Solo cuando el fallo que se dice en derecho deje de lado en forma ostensible, el marco jurídico que deba acatar para basarse en la mera equidad podrá asimilarse a un fallo en conciencia; porque si el juez adquiere la certeza que requiere para otorgar el derecho disputado con apoyo en el acervo probatorio y en las reglas de la sana crítica, ese fallo será en derecho, así no hable del mérito que le da a determinado medio o al conjunto de todos” (14) (resalta la Sala).
También la Sala ha manifestado que la referencia que el árbitro haga al derecho positivo, hace que el laudo sea calificable como “en derecho” y no en conciencia”; en cambio, cuando el juez dicta la providencia sin efectuar razonamientos de orden jurídico y toma determinaciones siguiendo lo que le dicta su propio leal saber y entender, identificable con el concepto de verdad sabida y buena fe guardada y basado o no en el principio de la equidad, el fallo es en conciencia (15) .
De igual forma, la Sala ha sostenido que el fallo en conciencia no es solo aquel que no se ha constituido sobre normas jurídicas, sino que puede presentarse cuando se falla sin pruebas de los hechos que originan las pretensiones o las excepciones o con pretermisión de la totalidad de las pruebas que obran en el proceso” (16) , porque:
“(...) si bien el fallo en conciencia radica, básicamente, en la falta de apoyo normativo para la solución del problema planteado, también el aspecto probatorio, asociado al problema normativo, puede ser discutido desde esta perspectiva. (...) Según esto, puede ocurrir que el fallo en conciencia se derive del hecho de que las pruebas que deberían ofrecer convicción a los árbitros, carecen de soporte valorativo normativo, y se radican, fundamentalmente, en la pura y simple conciencia del árbitro. No obstante, esto no significa que los árbitros no tengan la libertad de valoración de las pruebas, según las reglas de la sana crítica” (17) .
En consecuencia, el fallo en conciencia censurado por medio de esta causal para dirimir conflictos derivados de contratos estatales cuando este debió ser en derecho, puede obedecer bien a la falta de sustento en el derecho positivo o por la carencia absoluta de fundamento jurídico valorativo de las pruebas que configuren los supuestos de hecho de las normas que en él se invoquen, para trasladar dicho juicio a la conciencia o razón subjetiva de los árbitros, siempre y cuando esta circunstancia aparezca de manifiesto en el laudo; por el contrario, cuando el juez llega a la convicción con sustento en las normas jurídicas y en la valoración jurídica del acervo probatorio ese fallo será en derecho.
3.2.2.2. En el caso concreto, el recurrente consideró que el laudo se profirió en conciencia y no en derecho, toda vez que los árbitros adoptaron su decisión bajo parámetros legales que, si bien están correlacionados, son distintos a los que directamente regulan la cuestión sometida a su conocimiento, contenidos en la Ley 80 de 1993.
Para la Sala este cargo tampoco puede prosperar porque salta a la vista que no persigue censurar una conducta de los árbitros propia de la dinámica del proceso y limitada a un comportamiento a cargo de los mismos al momento de proferir o construir el fallo, sino que versa sobre el juicio que realizaron estos sobre la existencia, validez y alcance de las disposiciones jurídicas sustanciales que hicieron obrar y gobernar en la litis por ellos desatada, al inaplicarla, aplicarla en forma indebida o interpretarla equivocadamente, es decir, se refiere a una eventual violación directa a las normas sustanciales.
Dicho de otro modo, observa la Sala que se trata de ataques de mérito o de fondo al laudo y no sobre la actividad in procedendo de los árbitros, motivo por el cual no puede ser de recibo para quebrar la validez del laudo en estudio, por cuanto esta corporación no se encuentra autorizada por la ley para entrar a analizar si las consideraciones de los árbitros cayeron o no en error jurídico o vicio in iudicando cuando decidieron sobre las materias que le fueron sometidas en el pacto arbitral y la convocatoria al proceso, toda vez que este asunto se encuentra por fuera del análisis del recurso extraordinario de anulación de laudos, según se explicó a propósito de las generalidades del mismo al comienzo de esta providencia.
En efecto, llama la atención de la Sala que para sustentar este cargo el recurrente realiza, por vía de ejemplo, las siguientes críticas al análisis jurídico realizado por los árbitros:
“Si bien es cierto que de una lectura desprevenida del fallo, se advierte que el mismo contiene diversas consideraciones jurídicas y variadas remisiones a preceptos normativos (...) son ajenas al asunto medular ...”.
“Siendo así, el tribunal en la exposición de sus motivos y, correlativamente, como fundamento de la decisión, debió acudir al conjunto normativo que, en el ámbito de la contratación estatal, sirve de cauce regulador de la materia objeto de las pretensiones ...”.
“... tales mandatos constituyen los elementos imprescindibles —no adjetivos ni complementarios— a los cuales debieron acudir los juzgadores para motivar su juicio o y resolver este evento. Empero, el tribunal en su fallo se limita a reproducir las referidas normas de la Ley 80 de 1993 sin efectuar un análisis siquiera somero de su incidencia determinante en la cuestión a decidir ...”.(sic)
“En consecuencia el fallo al no someterse a la normatividad que rige el asunto, contenida en los citados artículos de la Ley 80 de 1993 ...”.
“... los árbitros (...) si bien se remitieron a una normatividad inespecífica, se abstuvieron de considerar aquella que por su naturaleza especial rige la esfera de las pretensiones ...”.
En las anteriores condiciones, se confirma que los argumentos formulados en este cargo por el recurrente se estructuran sobre presuntos vicios in iudicando y no in procedendo, toda vez que el estudio de los mismos implicaría que la Sala se adentrara al estudio de fondo del expediente y de su acervo probatorio, lo cual está vedado en sede del recurso extraordinario de anulación de laudos.
Además, el impugnante con el recurso pretende sacar avante su personal apreciación e interpretación jurídica y la manera como debieron ser aplicadas las normas legales por el tribunal de arbitramento, por cuanto no comparte la decisión que resolvió el problema jurídico, lo cual resulta inaceptable dado que se sustenta en presuntas violaciones a la ley sustancial, es decir, en la actividad in iudicando, para la que, se insiste, no está prevista ninguna causal en tratándose del recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 80 de 1993 y, por lo mismo, se considera que el actor desatendió la técnica procesal del recurso y desconoció su finalidad.
En suma, esta Sala no tiene competencia para revisar las consideraciones jurídicas que realizó el tribunal al adoptar la decisión que se impugna, como lo pretende el recurrente, por cuanto el artículo 72 de la Ley 80 de 1993, limitó las causales a la actividad in procedendo y no para la in iudicando de los árbitros, de manera que si el tribunal denegó, bajo la normativa expuesta en el laudo y la valoración probatoria realizada en el mismo, las pretensiones porque encontró que no se daban los requisitos jurídicos para que procediera la reclamación de restablecimiento del equilibrio financiero del contrato estatal, no le es permitido a esta Sala evaluar por ese aspecto esa decisión.
Con todo, la Sala advierte que entendida la causal de acuerdo con los parámetros arriba explicados, no se configura la misma, pues de la sola lectura de la motivación del laudo arbitral acusado, resulta evidente que el mismo se profirió en derecho y no en conciencia.
En efecto, el tribunal arbitral, realizó un análisis de los presupuestos de la demanda, en el cual estudió los documentos que soportan el pacto arbitral para determinar su competencia legal.
Así mismo, examinó los planteamientos exceptivos de la caducidad de la acción con fundamento en el contrato y sus actas aclamatorias para decidir en relación con este aspecto.
Luego se refirió el tribunal al reclamo, esto es, al aspecto central o problema jurídico de la demanda relacionado con el equilibrio económico del contrato 15 de 1994, celebrado entre Bogotana de Aguas S.A., BAS, y el Distrito Capital de Bogotá —Departamento Administrativo de Medio Ambiente, DAMA—, con ocasión de la expedición de las resoluciones del Banco de la República que ordenaron la realización de los depósitos controvertidos, para lo cual expuso con base en el derecho objetivo vigente, esto es, con citación expresa de las normas de Ley 80 de 1993 (arts. 4º nums. 8º y 9º; 5º numeral 1º; 14; 25 num. 14; 27 y 28), lo relacionado con el equilibrio económico de los contratos estatales, el desequilibrio económico por imprevistos no imputables a las partes, la teoría de la imprevisión en el Código de Comercio (art. 868) y sus características; el instituto de la imprevisión inimputable a las partes como supuesto de restablecimiento del equilibrio económico y los requisitos para su aplicación, y los efectos de la ruptura al equilibrio económico del contrato estatal no imputables a las partes con base en la citada Ley 80 de 1993.
Explicado el anterior marco jurídico y a luz del mismo y de la valoración de las pruebas obrantes en el proceso con base en la sana crítica (contrato, actas aclaratorias, comunicaciones y documentos del contrato), el tribunal estudió la externabilidad de la circunstancia que alegó el concesionario como presupuesto de desequilibrio económico, la previsibilidad o imprevisibilidad de las medidas adoptadas por el Banco de la República durante la negociación del contrato y el comportamiento contractual de la convocante, hasta resolver el asunto a su consideración con sustento y aplicación de la teoría de los actos propios que tornaba improcedente la reclamación (C.C., art. 1622 y C. Co., art. 871), lo cual reflejó al decidir denegar las pretensiones de la demanda.
En este orden de ideas, repárese que el tribunal como consecuencia de un estudio jurídico y probatorio resolvió el asunto litigioso con fundamento en el derecho objetivo vigente, esto es, falló con base en las normas jurídicas y su interpretación, con exposición de consideraciones basadas en fuentes formales del derecho y con análisis de las pruebas obrantes en el juicio arbitral, de todo lo cual se infiere que la providencia recurrida fue proferida en derecho y no en conciencia, como aduce la convocante.
Los motivos de inconformidad del recurrente se basan en la aplicación que de las normas jurídicas realizó el tribunal y a las conclusiones a las que arribó, que si bien demuestran su desacuerdo con la decisión adoptada en el fallo, no constituyen elementos para configurar la causal alegada, en el entendido de que el tribunal arbitral no obró con ausencia o desconocimiento ostensible de a ley, ni bajo los dictados de la equidad o de la verdad sabida y buena fe guardada, sino con sustento en el derecho objetivo vigente.
En este sentido, la Sala reitera que el recurso extraordinario de anulación no puede utilizarse como si se tratara de una segunda instancia, razón por la cual no es admisible que por su intermedio se pretenda continuar o replantear el debate sobre el fondo del proceso, porque al juez de anulación no le está autorizado adentrarse a juzgar eventuales errores sustanciales, para modificar las determinaciones tomadas por el tribunal de arbitramento. El juez de la anulación, por regla general, se reitera, es incompetente para cuestionar la manera como el tribunal interpretó la demanda o entendió y resolvió los problemas jurídicos que se le plantearon por las partes y la ley.
Por lo tanto, este cargo carece de fundamento y desatiende la técnica del recurso, razón por la cual no está llamado a prosperar.
En las anteriores condiciones se impone concluir que el recurso extraordinario de anulación interpuesto por Bogotana de Aguas y Saneamiento S.A. y el Distrito Capital de Bogotá —Departamento Administrativo, del Medio Ambiente, DAMA—, en su calidad de convocante en el proceso arbitral, carece de prosperidad, por cuanto no se probó alguna de las causales invocadas. En consecuencia, la parte recurrente será condenada en costas, de conformidad con lo ordenado en el inciso tercero del artículo 165 del Decreto 1818 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Espado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. DECLÁRASE INFUNDADO el recurso de anulación interpuesto por las causales 2ª y 5ª del artículo 72 de la Ley 80 de 1993 contra el laudo arbitral proferido el 23 de mayo de 2006 por el Tribunal de Arbitramento convocado para resolver las controversias surgidas entre Bogotana de Aguas y Saneamiento S.A. y el Distrito Capital de Bogotá —Departamento Administrativo del Medio Ambiente, DAMA—, para resolver las controversias surgidas con ocasión del Contrato de Concesión 15 de 20 de septiembre de 1994.
2. DECLÁRASE DESIERTO el recurso de anulación interpuesto por la causal 4ª del artículo 72 de la Ley 80 de 1993 contra el laudo arbitral proferido el 23 de mayo de 2006 por el Tribunal de Arbitramento convocado para resolver las controversias surgidas entre Bogotana de Aguas y Saneamiento S.A. y el Distrito Capital de Bogotá —Departamento Administrativo del Medio Ambiente, DAMA—, para resolver las controversias surgidas con ocasión del Contrato de Concesión 15 de 20 de septiembre de 1994.
3. CONDÉNASE en costas a la recurrente convocante, Bogotana de Aguas y Saneamiento S.A., las cuales serán liquidadas por la secretaría de esta sección.
4. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de arbitramento a través de su secretaría.
(1) “ART. 116.—Modificado. A.L. 03/2002, art. 1º. “... Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley ...”. Disposición concordante con los artículos 8º y 13 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia.
(2) La Sala ha manifestado que las causales instituidas en normas anteriores, como en el Decreto 2779 de 1989, no son aplicables contra laudos que versen sobre contratos estatales. En este sentido ver, por ejemplo: sentencia de 1º de agosto de 2002; expediente 21041, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; sentencia de 9 de agosto de 2001, expediente 19273, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
(3) Entiéndase aquellos proferidos para definir controversias surgidas de contratos gobernados por el Estatuto de Contratación de la Administración Pública.
(4) En este sentido ver: sentencias de 27 abril de 1999, expediente 15623, C.P. Daniel Suárez Hernández, y de 2 de octubre de 2003, expediente 24320, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. En esta última la Sala dijo: “De modo que los laudos arbitrales no pueden ser impugnados en vía del recurso extraordinario de anulación, por razones que no encajen en alguna de las causales enumeradas (las de L. 80/93, art. 72), las cuales deberán ser expresamente alegadas por el recurrente y no pueden ser aplicadas por analogía a otras circunstancias ni extendidas a situaciones que no correspondan a las previstas por el legislador, ni pueden ser modificadas por las partes”.
(5) Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 15 de mayo de 1992, expediente 5326; 12 de noviembre de 1993, expediente 7809 y el 24 de octubre de 1996, expediente 11632, C.P. Daniel Suárez Hernández; sentencia de 16 de junio de 1994, expediente 6751, C.P. Juan de Dios Montes Hernández; de 18 de mayo de 2000, expediente 17797; de 23 de agosto de 2001, expediente 19090, C.P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 28 de abril de 2005, expediente 25811, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 4 de julio de 2002, expediente 21217, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencias 20 de junio de 2002, expediente 19488 y de 4 de julio de 2002, expediente 22.012, C.P. Ricardo Hoyos Duque, en esta última se hace una descripción de los límites a los que está sometido el juez de anulación.
(6) Sentencia de 15 de mayo de 1992, expediente 5326, C.P. Daniel Suárez Hernández; y sentencia de 16 de junio de 1994, expediente 6751, C.P. Juan de Dios Montes Hernández.
(7) Sentencia de 8 de junio de 2000, expediente 16.973, C.P. Alier Hernández Enríquez; sentencia de 25 de noviembre de 2004, expediente 25560, C.P. Germán Rodríguez Villamizar.
(8) Sentencia de 19 de junio de 2000, expediente 16724, C.P. Ricardo Hoyos Duque; y sentencia de 14 de junio de 2001, expediente 19334, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 8 de junio de 2006, expediente 29.476, Actor: Bellco Comunicaciones Limitada - Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom - en Liquidación y sentencia de 8 de junio de 2006, expediente 32.398, Actor: Sociedad Concesionaria Obras y Proyectos del Caribe S.A. – Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Actualmente, de acuerdo con la sentencia de 4 de diciembre de 2006, expediente 32871, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, la Sala precisó que la nulidad absoluta del pacto arbitral por objeto o causa ilícita no constituye una nueva o diferente causal de anulación sino una manera de configuración de la causal de anulación consagrada en el numeral 4º del artículo 72 de la Ley 80 de 1993; e igualmente la nulidad por la obtención de pruebas con violación del debido proceso, tampoco se erige en una nueva causal de anulación de los laudos, sino que es una de las formas en que puede configurarse la causal consagrada en el numeral 1º del referido artículo 72, en cuanto se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para evacuar las pruebas correspondientes.
(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 28 de junio de 2001, expediente 17369, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. En esta providencia se cita la sentencia de 13 de febrero de 1998, expediente 8714, Sección Cuarta, según la cual la incongruencia “... interna, está referida a la armonía entre la parte considerativa y la resolutiva de la sentencia. La externa, se traduce en la concordancia debida entre el pedido de la partes en la demanda y su corrección, las excepciones con la sentencia y encuentra su fundamento en el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, armónico con los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil ...”.
(11) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 6 de diciembre de 1993, expediente 4046.
(12) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 149 de 4 de septiembre de 2000. Y se agrega en esta sentencia que la referida inconsonancia “... implica siempre un error en la mecánica del proceso” y “Solo lo que está dentro del concepto puramente formal de desarmonía entre lo demandado y lo fallado es lo que puede estructurarla ...” (G.J., T. CXVI, pág. 84)’. Sentencia de 7 de marzo de 1997, expediente 4636, G.J., T. CCXLVI, vol. 1, pág. 157)”.
(13) “... Distinto de no decidir un extremo de la litis —ha dicho la Corte— es resolverlo en forma adversa al peticionario. En el primer caso el fallo sería incongruente y, en consecuencia, podría ser atacado en casación con base en la causal segunda; en el otro no, puesto que el fallo adverso implica un pronunciamiento del sentenciador sobre la pretensión de la parte (...). De lo contrario se llegaría a la conclusión de que el fallo solo sería congruente cuando fuera favorable a las pretensiones del demandante, lo que a todas luces es inaceptable”. Corte Suprema de Justicia, sentencia de fecha 22 de enero de 1980 (G.J., T. CLXVI, pág. 9).
(14) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 3 de abril de 1992, expediente 6695, Actor: Consorcio Vianini Entrecanales Empresa Energía de Bogotá Tavora S.A., C.P. Carlos Betancur Jaramillo.
(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 27 de abril de 1999, expediente 15623, C.P. Daniel Suárez Hernández.
(16) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 5 de julio de 2006, expediente (sic), C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(17) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, ídem.

References: artículo 2
 artículo 32
 artículo 116
 artículo 87
 artículo 72
 artículo 128
 artículo 164
 artículo 72
 artículo 29
 artículo 72
 artículo 164
 artículo 72
 artículo 72
 artículo 305
 artículo 72
 artículo 72
 artículo 72
 Resolución 
 artículo 72
 artículo 72
 artículo 111
 artículo 115
 artículo 72
 artículo 72
 artículo 165
 artículo 72
 artículo 72
 artículo 72
 artículo 72
 artículo 170