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Timestamp: 2019-02-19 19:09:18+00:00

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Durante mucho tiempo (ignoro si todavía) así se leían algunos de los encabezados de los anuncios de trabajo “se solicita empleado con ganas de trabajar”, seguramente resultaba común que los trabajadores no tuvieran ganas de trabajar y había que especificarlo como condición en la oferta laboral.
Esto viene al caso porque veo a algunos magistrados resolviendo por resolver sin meditar, sin analizar; como que perdieron el encanto del estudio, el gozo por impartir justicia verdadera.
Como litigante me preocupa sobremanera que esto suceda.
El otro día platicaba con un prospecto de cliente y llegó un momento en que me dijo, “mira en mi trabajo yo garantizo resultados a mis clientes” ¿puedes tu garantizarme resultados?, se trataba de un juicio familiar y mi respuesta fue “no”, dependemos de lo que diga el Juez, hablando metafóricamente de pruebas, le puedes llevar una canasta de manzanas frescas, dulces, sanas, sabrosas y puede ser que él prefiera la manzana podrida que le lleve la contraparte y diga que él tiene la razón. Creo que sobra decirte que perdí al cliente. Sin embargo, tenía que decirle la verdad, no podemos engañarlos, ya bastante desprestigió tenemos los abogados como para andar prometiendo lo que no podemos cumplir.
Eso me hizo reflexionar, trasladarme a mis clases de Derecho en la Universidad, seguro que a todo abogado le pasó, en la Universidad hablamos del Derecho como una ciencia, porque frente a las mismas condiciones, debe producirse el mismo resultado.
Sin embargo, en la práctica resulta que estamos “a la buena de Dios”, como todo termina por regla general en el juicio de amparo directo, dependemos de que el secretario de estudio y cuenta sea de verdad estudioso y que sepa dar cuenta[1]; también dependemos de que los magistrados hubieran dormido bien (que hubieran cenado y bebido poco antes de dormir), que en sus familias no haya problemas, que cuiden su salud, que no tengan rencillas entre ellos, de manera que un compañero no esté empeñado en cambiar el asunto, sólo para demostrar que es más “chipocludo”[2], etc.
Esto es, hoy lo que menos podemos predecir en el mundo son las resoluciones judiciales, tenemos de “chile, de sal y manteca”, para las mismas condiciones, en la misma fecha un mismo Colegiado resuelve asuntos similares de manera distinta, ya no se diga de un pleno para otro.
Tenemos un consejero de judicatura federal, haciendo una tremenda campaña para evidenciar que, en los juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación, existe lo que conocemos como nepotismo[3], pues se contrata a un número importante de parientes de los titulares del Poder Judicial de la Federación, jueces o magistrados, incluso de los secretarios. Para mi gusto eso no es malo, como integrante que fui de ese Poder, conocí parientes de magistrados muy preparados y comprometidos con la impartición de la justicia, como conocí también personas ajenas a éstos, seriamente indolentes con la función pública y viceversa.
Creo que la solución a los problemas de la impartición de justicia no está en quien se contrate para tal función, sino en que exista un órgano capaz de calificar y vigilar las decisiones que se tomen, sigo pensando que el Derecho es una ciencia y que podemos prever los resultados, de manera que si un resultado sale falseado puede detectarse y sancionarse a los culpables, ya sea por corrupción, ignorancia o mera negligencia.
El verdadero problema es que no existe un órgano capaz (apto) de revisar, analizar y calificar las determinaciones judiciales, pues quien debería hacer eso (Constitucionalmente hablando) sería el Consejo de la Judicatura Federal, pero en esta institución sí existe el nepotismo, con mayúsculas, recordemos que algunos de los consejeros son nombrados por la clase política y ésta no perdona nada, exige que “acomoden” a sus allegados, entonces el Consejo está plagado de puestos innecesarios y de personas sin capacitación para la realizar su propia función, por lo que nunca podrán ponderar si una resolución está bien o mal dictada, y resuelven casi todo bajo la puerta falsa del “criterio judicial”. Dejo a salvo la reputación de muchos funcionarios bien preparados y laboriosos.
Ante el vacío que se genera por la incapacidad del Consejo de la Judicatura Federal de cumplir con sus obligaciones Constitucionales quedaba una posibilidad: las resoluciones mal dictadas por los Tribunales Colegiados llegaban a una contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte decidía de entre los criterios contendientes o apartándose de ellos, pero generaba seguridad jurídica (casi en todos los casos).
Sin embargo, ante la carga de trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la necesidad de que sea un verdadero Tribunal Constitucional, el constituyente permanente decidió crear “los plenos de circuito” que no es más que la reunión de magistrados de circuito en un órgano nuevo para que éstos decidan las contradicciones de tesis entre los tribunales del mismo circuito.
En la mente del constituyente se escuchó bien, incluso en la práctica vemos resoluciones de Plenos de Circuito muy atinadas y estudiadas, unas verdaderas joyas jurídicas; pero también vemos Plenos de Circuito que resuelven “por cumplir” (sin cumplir, claro), de manera muy mediocre (incluso desde el punto de vista de la redacción).
Aquí tenemos un penoso ejemplo:
Resulta que el Pleno del XV Circuito (Baja California), resolvió la contradicción de tesis 8/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Quinto, ambos del Décimo Quinto Circuito.
La votación: una mayoría de 5 votos contra 1. Cabe destacar que el voto concurrente de uno de los magistrados de la mayoría, tiene más sentido como voto en contra que como concurrente, porque da razones poderosas para apartarse del criterio sustentado. Los participantes tienen apertura para opinar respecto del contenido de este post, siempre que así lo deseen.
La tesis del Pleno de Circuito es la número PC.XV. J/33 A (10a.), registro 2017704, y dice:
“RECIBO O FACTURA DE PAGO EXPEDIDA POR LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. TIENE EL CARÁCTER DE UN CRÉDITO FISCAL QUE NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO ESTATAL.– Conforme a los artículos 3, 7, 8 y 23 del Código Fiscal del Estado de Baja California, en relación con el numeral 22 de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de dicha entidad federativa (abrogada), los ingresos que percibe el Estado por los servicios de suministro de agua potable y drenaje tienen la naturaleza de un derecho, porque conforme al artículo 7 mencionado, poseen ese carácter las contraprestaciones establecidas en las leyes fiscales por los servicios prestados por el Estado en sus funciones de derecho público, así como por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público; de ahí que los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, el pago por consumo de agua constituye una contribución en su modalidad de derecho a cargo de los particulares y, por tanto, debe considerarse como un crédito fiscal, en atención a la legislación especial que rige el acto (Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California), la cual establece que la obligación de pago de las cuotas por consumo de agua tendrá el carácter de fiscal. Ahora bien, aun cuando la obligación de pago por consumo de agua potable se refleja al emitirse el recibo o la factura por el cobro correspondiente, éstos no constituyen una resolución definitiva impugnable ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en términos del artículo 22 de la Ley que lo rige, porque previamente debe acudirse al recurso de inconformidad que establece el artículo 62 de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado Baja California, para impugnar el cobro del servicio de agua potable, ya que en la parte final del párrafo primero de este último precepto legal, se establece expresamente como consecuencia si no se impugna el cobro por el consumo de agua mediante la inconformidad, que la factura quedará firme para todos los efectos legales y, por ende, su consentimiento tácito; de ahí que resulte obligatorio para el usuario agotar la inconformidad prevista en esta ley. En ese sentido, impera el principio de especialidad de las normas que en el caso es la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California, ante la optatividad que se prevé en el numeral 35 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado, dada la obligatoriedad de agotar el recurso previsto en la legislación especial. Por tanto, los recibos o facturas de pago por consumo de agua no constituyen un acto administrativo definitivo impugnable ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.”
Cual es el tema de la contradicción, esto es, ¿cuál es el tema principal?
Analizar si el recibo o factura de pago expedida por la Comisión Estatal de Servicios Públicos del Estado de Baja California, constituye o no una resolución definitiva para la procedencia del juicio administrativo estatal.
Me parece que es irrelevante determinar si el contenido del recibo constituye o no un crédito fiscal, pues los créditos fiscales también deben ser definitivos para ser impugnados ante el Tribunal de Justicia Administrativa, en términos de la fracción II del artículo 22 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, entonces la parte de la tesis (y ejecutoria) en donde se “descubre” que el “derecho por pago de servicios es un crédito fiscal” es innecesaria y por ello, no forma parte de este análisis.
Entrando en materia, ya en el tema de si se trata o no de un acto definitivo, el Pleno de Circuito (PdC) sostiene que: “…la obligación de pago por consumo de agua potable se refleja al emitirse el recibo o la factura por el cobro correspondiente, éstos no constituyen una resolución definitiva impugnable ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa…”
En esta oración, el PdC comete un error al sostener que el recibo de pago (o factura) refleja una obligación de pago, pues contradice su propia teoría, ya que, si refleja una obligación, sin duda se trata de un acto definitivo (un acto que ya exhibe la última voluntad de la administración en ese tópico).
Entonces el PdC comienza mal su tesis, al sentar una premisa incompatible con su conclusión.
Más adelante, sostiene:
“…porque previamente debe acudirse al recurso de inconformidad que establece el artículo 62 de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado Baja California, para impugnar el cobro del servicio de agua potable, ya que en la parte final del párrafo primero de este último precepto legal, se establece expresamente como consecuencia si no se impugna el cobro por el consumo de agua mediante la inconformidad, que la factura quedará firme para todos los efectos legales y, por ende, su consentimiento tácito; de ahí que resulte obligatorio para el usuario agotar la inconformidad prevista en esta ley. En ese sentido, impera el principio de especialidad de las normas que en el caso es la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California, ante la optatividad [sic] que se prevé en el numeral 35 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado, dada la obligatoriedad de agotar el recurso previsto en la legislación especial…
Es jurídicamente imposible alcanzar la conclusión del PdC.
El artículo 35 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, dice sin cortapisas:
“ARTÍCULO 35.- Cuando las Leyes o Reglamentos de las distintas Dependencias Estatales, Municipales o de sus Organismos Descentralizados establezcan medios de defensa o algún recurso administrativo, será optativo para el particular agotarlo o intentar directamente el juicio contencioso administrativo. De igual forma, podrán promover dicho juicio, dentro del plazo legal, cuando una vez interpuesto un recurso administrativo o medio de defensa, se hubieren desistido del mismo.”
Como vemos la Ley no distingue entre recursos, todos son optativos para el particular, o los agota, o acude directamente al Tribunal, así ante semejante ordenamiento, no puede generarse un conflicto de leyes, ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en ninguna parte.
Pero si se considerara (como desacertadamente lo hizo el PdC) que existe un conflicto de normas que debe resolverse y además se utiliza el principio de especialidad como éste lo hizo, entonces la Ley especial es la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, pues lo que trata de dilucidarse es si el recibo de agua es no un acto susceptible de impugnación ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (por ser o no definitivo para efectos del juicio contencioso administrativo). Sin duda, cuando tratamos de analizar si un acto es impugnable ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, le ley especial es la que rige a ese Tribunal y nunca la Ley que rige el acto impugnable.
Una cosa más, la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa es de agosto de 2017, mientras que la última reforma al artículo 62 de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado Baja California, es de diciembre de 2009, por lo que es materialmente imposible que se genere un conflicto de leyes que tuviera que resolverse conforme al principio de especialidad, esto en acatamiento de la jurisprudencia número P./J. 32/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Registro: 195858), que especifica sin mayor género de dudas que: “CONFLICTO DE LEYES. ES INEXISTENTE CUANDO OPERA LA DEROGACIÓN TÁCITA DE LA LEY ANTERIOR POR LA POSTERIOR.”[4]
Entonces, si no existía conflicto de leyes, o bien, si existiéndolo y utilizando el principio de especialidad, gana sin duda la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, resulta incuestionable que la resolución del PdC es equivocada.
Me parece particularmente grave que un Pleno de Circuito, integrado por 6 magistrados (una de ellas votó en contra y otro, si bien hizo voto concurrente, palpablemente tuvo razones jurídicas bien estudiadas para apartarse de la mayoría), resuelva sin estudio, sin conocimiento y de manera irreflexiva, un tema que afecta a miles de personas en el Estado.
El PdC resolvió como si estuviera estudiando el principio de definitividad en el juicio de amparo, sin conocer la naturaleza de un juicio contencioso administrativo, mientras esto suceda, no podemos tener progreso en el País, ni paz social, es decir, no se trata de una “peccata minuta”, sino de nuestro estado de derecho tirado al piso, porque los señores no se dignaron a estudiar.
Además la inconformidad a que se refiere el artículo 62 de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado Baja California, no es un recurso administrativo (de agotamiento previo y forzoso), sino el inicio de un procedimiento administrativo para ponderar la viabilidad y certeza de las cantidades informadas en el recibo o factura, por lo que no, nunca, puede exigirse que se agote previo a intentar el juicio de justicia administrativa, como recurso administrativo propiamente dicho, aunque sí puede exigirse para encontrar la última palabra de la voluntad administrativa de la comisión de servicios públicos.
Sería absurdo, patético, que en contra de lo resuelto en un recurso administrativo (inconformidad del artículo 62 de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable), procediera un segundo recurso administrativo en términos del artículo 110 de la misma Ley[5].
¿Que resolvió en realidad el Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa?
Su sentencia íntegra la puedes ver aquí.
Si hacemos una parábola musical, el Pleno de Circuito tocó un “norteño” mal afinado, mientras que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa interpretó una sinfonía.
No se cuanto sean los salarios de los magistrados y secretarios del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en relación con los salarios de quienes participaron en el PdC, pero sí podemos inferir que los Juzgadores y Secretarios Federales perciben al menos el doble que los Estatales, sin embargo, la misma diferencia o mayor se nota en la calidad de las resoluciones, esta vez en favor de los estatales.
Ahí va una síntesis apretada de lo que en realidad resolvió el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa:
La factura de la CESP no es un acto administrativo definitivo, sino meramente informativo.
Es informativo porque es el medio previsto en la Ley para proporcionar al contribuyente la información que nace de la lectura del aparato medidor.
La determinación de un crédito fiscal debe cumplir con los requisitos previstos por el artículo 16 de la Constitución Federal: mandamiento escrito, fundado y motivado, de autoridad competente.
El legislador local, reguló la factura por consumo de agua eximiéndola de ajustarse a los requisitos mínimos de protección del gobernado que el artículo 16 de la Constitución exige para los actos de molestia
Una interpretación en sentido contrario, resultaría inadmisible, en tanto implicaría que el legislador local pretendió que un acto administrativo no se ajustara a los parámetros de la Constitución.
La norma ordinaria no debe interpretarse de tal manera que colisione con la norma constitucional; por consiguiente, en el caso, [de llegar a] interpretar que el artículo 62 de la Ley del Servicio de Agua Potable prevé un acto de molestia (factura por consumo de agua como una determinación de crédito fiscal), implicaría interpretar que el legislador local pretendió regular una determinación de crédito fiscal sin reunir los requisitos previstos en el artículo 16 de la Constitución (al no contener la firma del funcionario, ni la fundamentación y motivación).
La factura por consumo de agua es el documento que contiene la información que proporciona el Organismo al usuario, a fin de que esté en aptitud de cumplir con la obligación de pagar los derechos por servicio de agua potable dentro del plazo de 15 días naturales del periodo mensual facturado; o bien para que dentro de los 15 días naturales posteriores a la fecha del vencimiento del pago facturado, se inconforme ante el mismo Organismo si no está de acuerdo con el importe o con el consumo indicado en la factura; iniciándose con dicha inconformidad un procedimiento administrativo, en el que la autoridad analizará las manifestaciones del usuario y concluirá con una resolución que determine si debe regir o no el consumo mensual registrado o su importe
Dicha resolución (la que recaiga al procedimiento de inconformidad –no recurso de inconformidad–) constituirá un acto administrativo definitivo, la cual podrá ser impugnada en los términos previstos por el artículo 110 de la Ley del Servicio de Agua Potable, o en el proceso contencioso administrativo seguido ante este Tribunal, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley del Tribunal.
Esto es, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, consideró que el recibo-factura, sólo informa del resultado de la lectura, si el particular no está de acuerdo puede abrir el procedimiento de inconformidad y demostrar lo contrario al recibo, de manera que el recibo-factura no puede considerarse definitivo, pues respecto de él puede alegarse y probarse en inconformidad (procedimiento administrativo especial y no un recurso administrativo); mientras que lo resuelto en la inconformidad sí será la última palabra de la administración y, por ende, un acto definitivo e impugnable ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
Por ello, el Tribunal Estatal no necesitó ninguna falacia, no tuvo que inventar un conflicto de leyes, ni resolverlo arbitrariamente, tampoco tuvo que verter argumentos contradictorios.
Los abogados, debemos considerar al Derecho como una ciencia, pues la paz social depende de ello, no podemos permitir resoluciones arbitrarias, a modo, o falaces. Si los magistrados no estudian, generan incertidumbre, ¿que gana el litigante con preparar debidamente su juicio, si en la última instancia se va a resolver sin conocer la materia, ni las instituciones involucradas?, es importante que el derecho genere certidumbre y no sea un juego de azar.
[1] Dar cuenta es explicar al magistrado o ministro de que trata el asunto, cuales son las constancias que obran en el expediente y la solución que se propone.
[2] Poderoso, inteligente, conocedor.
[3] Desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos.
[4] Cuando el conflicto de leyes se plantea entre una ley anterior y una posterior en la regulación que realizan sobre la misma materia, si ambas tienen la misma jerarquía normativa, fueron expedidas por la misma autoridad legislativa y tienen el mismo ámbito espacial de vigencia, cabe concluir que no existe conflicto entre ellas, porque aun cuando no haya disposición derogatoria, opera el principio jurídico de que la ley posterior deroga tácitamente a la anterior en las disposiciones que le sean total o parcialmente incompatibles.
[5] ARTICULO 110.- Contra los actos de las autoridades que se originen con motivo de la aplicación de esta Ley, los interesados podrán recurrir en los términos que señala el Código Fiscal del Estado de Baja California…”

References: resolución 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 7
 artículo 31
 resolución 
 artículo 22
 artículo 62
 resolución 
 artículo 22
 resolución 
 artículo 62
 artículo 35
 artículo 62
 resolución 
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 110
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 62
 artículo 16
 resolución 
 resolución 
 artículo 110
 artículo 35