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Timestamp: 2018-08-21 13:32:38+00:00

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﻿ Sentencia C-872 de noviembre 12 de 2014
SENTENCIA C-872 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:PROTOCOLO SUSTITUTORIO DEL CONVENIO SIMÓN RODRIGUEZ. SE DECLARA EXEQUIBLE EL PROTOCOLO SUSTITUTORIO DEL CONVENIO SIMÓN RODRÍGUEZ Y SU LEY APROBATORIA LEY 1693 DEL 2013, PUES, EL TRÁMITE DEL INSTRUMENTO SE DIO DE ACUERDO CON LAS EXIGENCIAS DE LA CONSTITUCIÓN. PARA LA CORTE, LA NECESIDAD DE IMPULSAR LA COORDINACIÓN DE POLÍTICAS EN ASUNTOS SOCIO-LABORALES PARA FOMENTAR EL FUTURO MERCADO COMÚN ANDINO ENTRE BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR, PERÚ Y VENEZUELA SE AJUSTA AL MANDATO CONSTITUCIONAL DE INTEGRACIÓN SUPRANACIONAL, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 227 DE LA CARTA POLÍTICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONSTITUCIÓN NACIONAL, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, CONVENIO INTERNACIONAL, CLASES DE CONVENIO INTERNACIONAL, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD, MERCADO COMÚN, INTERVINIENTES EN EL MERCADO COMÚN DEL SUR
Sentencia C-872 de noviembre 12 de 2014
Ref.: expediente LAT-431
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1693 de fecha 17 de diciembre de 2013 “Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez”, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 13 de junio de 2001”.
Se examinará la constitucionalidad del “Protocolo sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez”, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 13 de junio de 2001 y de la Ley 1693 de fecha 17 de diciembre de 2013 “Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez”, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 13 de junio de 2001”:
“Ley 1693 de 2013
“Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo Sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez”, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 23 de junio de 2001”.
ART. 1º—El Convenio Simón Rodríguez es el foro de debate, participación y coordinación para los temas sociolaborales de la Comunidad Andina y forma parte del sistema andino de integración.
ART. 2º—Son objetivos del Convenio Simón Rodríguez:
a) Proponer y debatir iniciativas en los temas vinculados al ámbito sociolaboral que signifiquen un aporte efectivo al desarrollo de la Agenda Social de la Subregión, contribuyendo con la actividad de los demás órganos del Sistema Andino de Integración.
b) Definir y coordinar las políticas comunitarias referentes al fomento del empleo, la formación y capacitación laboral, la salud y seguridad en el trabajo, la seguridad social, las migraciones laborales; así como otros temas que puedan determinar los Países Miembros; y
c) Proponer y diseñar acciones de cooperación y coordinación entre los Países Miembros en la temática sociolaboral andina.
ART. 3º—El Convenio Simón Rodríguez está conformado por:
a) La conferencia;
b) Las comisiones especializadas de trabajo; y
c) La secretaría técnica.
ART. 4º—La conferencia es la instancia máxima del convenio y se expresa mediante recomendaciones adoptadas por consenso. Dicha conferencia está integrada por:
a) Los ministros de trabajo de los países miembros de la Comunidad Andina o sus representantes;
b) Los coordinadores de los capítulos nacionales del Consejo Consultivo Empresarial Andino;
c) Los coordinadores de los capítulos nacionales del Consejo Consultivo Laboral Andino.
ART. 5º—La conferencia será presidida por el Ministro de Trabajo del país que ocupa la presidencia del Consejo Presidencial Andino.
ART. 6º—Son funciones de la conferencia:
a) Adoptar recomendaciones conducentes al logro de los objetivos señalados en este convenio;
b) Evaluar la marcha del convenio;
c) Estudiar y proponer modificaciones al Convenio;
d) Aprobar o modificar su propio reglamento y el de las comisiones especializadas de trabajo;
e) Aprobar el programa anual de actividades del convenio;
f) Revisar y proponer anualmente el presupuesto para el funcionamiento del convenio y remitirlo ante el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores el cual procederá a su consideración y aprobación.
g) Constituir las comisiones especializadas de trabajo y evaluar sus informes;
h) Identificar los temas sociolaborales de la Agenda Social Subregional que pueden ser objeto de cooperación internacional; y
i) Conocer todos los demás asuntos referidos a los ámbitos de su competencia.
ART. 7º—La conferencia celebrará reuniones ordinarias por lo menos una vez al año y extraordinarias cuantas veces sean necesarias, según procedimiento fijado por el reglamento de la conferencia. Las reuniones ordinarias y extraordinarias serán convocadas por la secretaría técnica, por encargo de la presidencia de la conferencia, y se celebrarán de preferencia en la sede de dicha secretaría.
ART. 8º—Las recomendaciones adoptadas por la conferencia y que ésta solicite sean incorporadas a la legislación comunitaria andina, se remitirán al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, por intermedio de la Secretaria General de la Comunidad Andina, a fin que se evalúe la adopción de las correspondientes decisiones.
ART. 9º—Las comisiones especializadas de trabajo se constituirán por decisión de la conferencia y brindarán asesoría al convenio. Estarán integradas, de manera tripartita, por representantes designados por los Ministerios de Trabajo y por los Consejos Consultivos Empresarial y Laboral Andinos, según procedimiento fijado por el Reglamento de dichas comisiones.
ART. 10.—Las comisiones especializadas de trabajo podrán invitar a participar en sus debates, sin derecho a voto, a organismos internacionales, así como a organizaciones e instituciones de la sociedad vinculadas con los temas objeto de análisis.
ART. 11.—Son funciones de las comisiones especializadas de trabajo:
a) Preparar los documentos e informes que solicite la conferencia;
b) Celebrar sus reuniones de trabajo según procedimiento fijado en su reglamento;
c) Presentar a la Conferencia informes periódicos sobre el desarrollo de sus actividades; y
d) Realizar las demás actividades y estudios que la conferencia le encomiende.
ART. 12.—La secretaría técnica es la instancia de coordinación y apoyo del Convenio Simón Rodríguez. Sus funciones son:
a) Apoyar a la conferencia en la elaboración de las propuestas de recomendaciones conducentes al logro de los objetivos señalados en este Convenio;
b) Apoyar a la conferencia en la evaluación de la marcha del convenio;
c) Atender los encargos de la conferencia y de las comisiones especializadas de trabajo, manteniendo para ello vinculación permanente con los ministerios de trabajo y los consejos consultivos empresarial y laboral andinos;
d) Proponer a la conferencia las medidas necesarias para el adecuado cumplimiento de los objetivos de este convenio;
e) Elaborar el proyecto de presupuesto, el programa anual de actividades del Convenio y el informe de su ejecución, para consideración de la conferencia;
f) Mantener vínculos de trabajo con organismos internacionales, regionales, subregionales, organismos no gubernamentales, así como otros países, con la finalidad de intensificar sus relaciones, cooperación y asistencia técnica;
g) Elaborar, en coordinación con la Conferencia y con las Comisiones Especializadas de Trabajo, la agenda tentativa de sus reuniones y llevar las actas correspondientes; y
h) Las otras funciones que le encomiende la Conferencia.
ART. 13.—Cada país miembro ratificará el presente protocolo sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez, conforme a sus respectivos ordenamientos legales. Entrará en vigencia cuando todos los países miembros hayan efectuado el depósito del instrumento de ratificación.
ART. 14.—El Convenio Simón Rodríguez, como parte integrante del Sistema Andino de Integración, regirá indefinidamente y no podrá ser denunciado independientemente del Acuerdo de Cartagena.
ART. 15.—El presente protocolo sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez no podrá ser suscrito ni ratificado con reservas.
ART. 16.—Después de su entrada en vigencia, el presente protocolo sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez quedará abierto a la adhesión de cualquier otro país que alcance la condición de país miembro asociado de la Comunidad Andina, teniéndose en cuenta los procedimientos que oportunamente señale el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina.
ART. 17.—Sustitúyase el texto del Convenio Simón Rodríguez firmado en 1973 así como el texto de su protocolo firmado en 1976, por el texto del presente protocolo sustitutorio.
ART. 1º—Apruébese el “Protocolo Sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez”, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 23 de junio de 2001.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Protocolo Sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez”, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 23 de junio de 2001, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
El instrumento internacional en comento fue negociado en el marco del proceso de reingeniería de la Comunidad Andina y, en esa medida, su adopción consulta la Decisión 792 de fecha 19 de septiembre de 2013.
El protocolo sub examine se encuentra en “plena concordancia” con los principios y preceptos de la Constitución Política y, en consecuencia, se solicita sea declarado exequible. Ello considerando que fue aprobado por el Congreso de la República, de conformidad con lo dispuesto en sus artículos 150, numeral 16; 154; 160; 146; y 241, numeral 10.
2.3. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario —Facultad de Jurisprudencia—
El instrumento internacional en mención consulta lo dispuesto en los artículos 9º, 226 y 227 de la Constitución Política. En consecuencia, se solicita sea declarado exequible.
El protocolo sub examine es “completamente acorde” con las disposiciones constitucionales, en particular, con los artículos 9º, 226 y 227 de la Constitución Política. No se advierte vicio alguno en relación con el cumplimiento de los requisitos formales exigidos por el ordenamiento jurídico colombiano, toda vez que se observó el trámite previsto en los artículos 150, numeral 16; 154; 157; 158; 160; 165; 189, numeral 2º; y 224.
El control formal de constitucionalidad de los tratados y sus leyes aprobatorias, comprende: i) la revisión de las facultades de la República de Colombia, en calidad de sujeto de derecho internacional, para adoptar y/o suscribir el correspondiente instrumento internacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189, numeral 2º, de la Constitución Política, en concordancia con lo previsto en la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” del año 1969; ii) la revisión de la realización y forma en que se efectuó el trámite de consultas a las comunidades étnicas, afrodescendientes y/o raizales —en el evento en que se precise—; y iii) la revisión del trámite legislativo del respectivo proyecto de ley aprobatoria en el Senado de la República y la Cámara de Representantes.
2.1.1 El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Oficio S-GTAJI-14-011863 de fecha 4 de marzo de 2014(1), indicó que el “Protocolo sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez”, fue suscrito el día 13 de junio de 2001, en la ciudad de Valencia, República Bolivariana de Venezuela, por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Guillermo Fernández de Soto Valderrama, en nombre y representación del Estado colombiano.
2.1.2. De conformidad con lo advertido en el fundamento jurídico 2º, al tenor de lo dispuesto en el artículo 189, numeral 2º, de la Constitución Política, en concordancia con lo previsto en el artículo 7º, numeral 2º, literal a) de la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” del año 1969, no se precisó la expedición de un instrumento de plenos poderes(2) para la celebración del protocolo sub examine.
La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-915 de 2010, determinó la ineludible obligación del Gobierno Nacional de llevar a efecto, de manera previa, consultas con las comunidades étnicas, afrodescendientes y/o raizales, en todos aquellos eventos en los que medidas legislativas o administrativas pudieren afectar —directamente— a esas poblaciones, con independencia de los efectos positivos o negativos derivados de aquellas.
Una vez revisado el contenido del protocolo sub examine y, en particular, considerando lo previsto en su artículo 2º, es de señalar que el instrumento internacional pretende “i) proponer y debatir iniciativas en los temas vinculados al ámbito sociolaboral (sic) que signifiquen un aporte efectivo al desarrollo de la agenda social de la subregión, contribuyendo con la actividad de los demás órganos del Sistema Andino de Integración; ii) definir y coordinar las políticas comunitarias referentes al fomento del empleo, la formación y capacitación laboral, la salud y seguridad en el trabajo, la seguridad social, las migraciones laborales, así como otros temas que puedan determinar los países miembros; y iii) proponer y diseñar acciones de cooperación y coordinación entre los países miembros en la temática sociolaboral (sic) andina”. Por consiguiente, no se advierte que el Protocolo en ciernes pretenda incidir, de manera directa, sobre unas poblaciones en particular, toda vez que sus disposiciones —exclusivamente— pretenden regular asuntos del orden socio-laboral para los trabajadores de los Estados miembros de la Comunidad Andina in toto.
El proyecto de ley aprobatoria fue presentado a consideración del Congreso de la República, el día 26 de julio de 2012, por la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuellar y el Ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 154 de la Constitución Política y el artículo 143 de la Ley 5ª de 1992, ante la secretaría general del Senado de la República(3).
El texto original del proyecto de ley aprobatoria, a la par con su correspondiente exposición de motivos, fue publicado en la Gaceta del Congreso 469 de fecha 26 de julio de 2012 (págs. 31 a 36)(4), de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 157 de la Constitución Política y el artículo 144 de la Ley 5 de 1992.
3.2.1. Primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República(5).
La ponencia para primer debate fue presentada por el Senador de la República Édgar Alfonso Gómez Román y publicada en la Gaceta del Congreso 230 de fecha 24 de abril de 2013 (págs. 1 a 4)(6). En la precitada ponencia se propone aprobar, en primer debate y sin modificación alguna al texto presentado por el Gobierno Nacional, el proyecto de ley aprobatoria. Es de anotar que tampoco se propone la formulación de reservas, enmiendas u observaciones, en los términos del artículo 217 de la Ley 5ª de 1992.
El anuncio de discusión y votación del proyecto de ley aprobatoria fue efectuado en la Sesión Conjunta de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República y Cámara de Representantes de fecha 24 de abril de 2013, como consta en la Gaceta del Congreso 454 de 2013 (págs. 1 a 3 y 26 a 28), que al efecto dispone:
(Acto Legislativo 1/2003, art. 8º).
12. Proyecto de Ley 39 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Protocolo Sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez”, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 23 de junio de 2011.
Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto de ley aprobatoria no fue discutido ni votado el día 30 de abril de 2013, considerando que la Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes convocada para la misma fecha no fue realizada(7). En consecuencia, la discusión y votación del proyecto de ley aprobatoria fue aplazado para la siguiente sesión, a llevarse a efecto el día 7 de mayo de 2013.
El día 7 de mayo de 2013 la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República realizó el debate y votación del proyecto de ley aprobatoria, conforme se consignó en la Gaceta del Congreso 737 de fecha 17 de septiembre de 2013 —en particular, en el Acta 30 de Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República de fecha 7 de mayo de 2013—. El informe de ponencia fue aprobado por la precitada Comisión, mediante votación ordinaria, con quórum de trece (13) Senadores(8). No obra registro de votos en contra o abstenciones.
En relación al quórum se informa que este quedó integrado por los trece (13) Senadores que conforman la comisión segunda del Senado, algunos de los cuales contestaron a lista al iniciar la sesión y otros que se hicieron presentes durante el transcurso de la misma, según consta en el Acta 30 del 7 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta 737 del 17 de septiembre de 2013; la cual se adjunta (págs. 1-3, 18-19).
El Proyecto de Ley 39 de 2012 Senado, hoy Ley 1693 de 2013, fue aprobado el día 7 de mayo de 2013, según consta en el Acta 30 de sesión ordinaria de la comisión segunda del Senado de la República de esa fecha, publicada en la Gaceta 737 del 17 de septiembre de 2013, la cual se adjunta (págs. 1-3, 18-19).
La proposición final, la omisión de la lectura del articulado, el articulado propuesto, el título del proyecto y el querer que este tenga segundo debate y se convierta en Ley de la República fueron aprobados conforme al artículo 129 del Reglamento del Congreso y/o artículo 1º de la Ley 1431 de 2011 y revisada el Acta 30 del 7 de mayo de 2013, no se registraron votos en contra o abstenciones.
De conformidad con el precitado Oficio de fecha 24 de febrero de 2014 y en consideración a lo consignado en el Acta 30 de Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de fecha 7 de mayo de 2013 —publicada en la Gaceta del Congreso 737 de fecha 17 de septiembre de 2013—, la proposición; la omisión de lectura del texto del articulado; el título del proyecto de ley aprobatoria; el texto del articulado propuesto; y el interrogante en relación con la voluntad de que el proyecto de ley surtiera segundo debate y se convirtiera en ley de la república; fueron aprobados mediante votación ordinaria, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011.
El Acta 30 de sesión ordinaria de la comisión segunda constitucional permanente del Senado de fecha 7 de mayo de 2013 —pág. 3—, en ciernes, obra bajo el siguiente tenor:
Dese primer debate favorable al Proyecto de Ley 39 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Protocolo Sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez”, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 23 de junio de 2011. Cordialmente,
La señora Presidenta, Senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre, informa que está en consideración la proposición con que termina la ponencia del Proyecto de Ley 39 de 2012 Senado. Sigue la discusión, ¿aprueba la comisión el informe leído?
La señora presidenta, senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre, informa a los senadores que está en consideración la omisión de la lectura del articulado y la aprobación del articulado del Proyecto de Ley 39 de 2012 Senado.
El señor secretario, doctor Diego Alejandro González González, informo (sic) ha sido aprobado por los senadores de la comisión, la omisión de lectura del articulado y el articulado del Proyecto de Ley 39 de 2012 Senado, señora presidenta.
El señor secretario, doctor Diego Alejandro González González, da lectura al título del Proyecto de Ley 39 de 2012 Senado. Título: por medio de la cual se aprueba el “Protocolo Sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez”, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 23 de junio de 2011.
El señor secretario, doctor Diego Alejandro González González, le informo (sic) a la señora presidenta que ha sido aprobado el título del Proyecto de Ley 39 de 2012 Senado leído, señora presidenta.
3.2.2. Segundo debate en la plenaria del Senado de la República(10)
El texto definitivo aprobado en primer debate —surtido en la comisión segunda constitucional permanente del Senado de la República— fue publicado en la Gaceta del Congreso 280 de 2013 (pág. 7)(11).
La ponencia para segundo debate fue presentada por el Senador de la República Marco Aníbal Avirama Avirama y publicada en la Gaceta del Congreso 280 de 2013 (págs. 5 a 7)(12). En la precitada ponencia se propone aprobar, en segundo debate y sin modificación alguna al texto presentado por el Gobierno Nacional, el proyecto de ley aprobatoria. Es de anotar que tampoco se propone la formulación de reservas, enmiendas u observaciones, en los términos del artículo 217 de la Ley 5ª de 1992.
El anuncio de discusión y votación del proyecto de ley aprobatoria fue efectuado en la sesión ordinaria de la plenaria del Senado de la República de fecha 21 de mayo de 2013, como consta en la Gaceta del Congreso 510 de 2013 (págs. 1 a 7 y 18 a 19), que al efecto dispone:
— Proyecto de Ley 39 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Protocolo Sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez”, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 23 de junio de 2011.
El día 28 de mayo de 2013 la Plenaria del Senado de la República realizó el debate y votación del proyecto de ley aprobatoria, conforme se consignó en la Gaceta del Congreso 511 de fecha 22 de julio de 2013 —en particular, en el Acta 63 de la sesión ordinaria de la plenaria del Senado de la República de fecha 28 de mayo de 2013—. El informe de ponencia fue aprobado por la precitada plenaria, mediante votación ordinaria, con quórum de noventa y tres (93) Senadores(13). No obra registro de votos en contra o abstenciones.
Sobre el particular, el Oficio S. G. 0219 S-SG-E-2014-155 de fecha 5 de marzo de 2014, cursado a esta corporación por la secretaría general del Senado de la República(14), dispone:
“[…] El mencionado proyecto de ley fue aprobado en segundo debate con el lleno de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, mediante votación ordinaria, conforme al artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 y un quórum deliberatorio y decisorio de 93 de 98 Senadores, según el llamado a lista, como consta en el Acta 63, de la sesión plenaria correspondiente al día 28 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta del Congreso 511 de 2013 (págs. 1, 2, 20 y 62).
Que el proyecto de Ley 39 de 2012 Senado, Por medio de la cual se Aprueba El “Protocolo Sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez, suscrito en Valencia, República Bolivariana, el 23 de junio de 2001”, fue aprobado en segundo debate con el lleno de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, mediante votación ordinaria, conforme al artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 con un quórum deliberatorio y decisorio de 93 de 98 Senadores, según el llamado a lista, como consta en el Acta 63, de la sesión plenaria correspondiente el día 28 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta del Congreso 511 de 2013 (pág. 20).
De conformidad con el precitado Oficio S. G. 0219 S-SG-E-2014-155 de fecha 5 de marzo de 2014 y en consideración a lo consignado en el Acta 63 de la sesión ordinaria de la plenaria del Senado de la República de fecha 28 de mayo de 2013 —publicada en la Gaceta del Congreso 511 de fecha 22 de julio de 2013—, la proposición; la omisión de lectura del texto del articulado; el título del proyecto de ley aprobatoria; el texto del articulado propuesto; y el interrogante en relación con la voluntad de que el proyecto de ley surtiera su trámite en la Cámara de Representantes y se convirtiera en ley de la república; fueron aprobados mediante votación ordinaria, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011.
El Acta 63 de la sesión ordinaria de la plenaria del Senado de la República de fecha 28 de mayo de 2013 —pág. 20—, en ciernes, obra bajo el siguiente tenor:
Proyecto de Ley 39 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Protocolo Sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez”, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 23 de junio de 2011.
Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de Ley 39 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “protocolo sustitutorio del convenio Simón Rodríguez”, “suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 23 de junio de 2011”.
El texto definitivo aprobado en segundo debate —surtido en la Plenaria del Senado de la República— fue publicado en la Gaceta del Congreso 365 de fecha 4 de junio de 2013 (pág. 17)(16).
La ponencia para primer debate en la comisión segunda constitucional permanente de la Cámara de Representantes fue presentada por el Congresista Yahir Fernando Acuña Cardales, publicada en la Gaceta del Congreso 639 de fecha 22 de agosto de 2013 (págs. 2 a 7)(17). En la precitada ponencia se propone aprobar, en tercer debate y sin modificación alguna al texto presentado por el Gobierno Nacional, el proyecto de ley aprobatoria. Es de anotar que tampoco se propone la formulación de reservas, enmiendas u observaciones, en los términos del artículo 217 de la Ley 5 de 1992.
El anuncio de discusión y votación del proyecto de ley aprobatoria fue efectuado en la sesión ordinaria de la comisión segunda constitucional permanente de la Cámara de Representantes de fecha 13 de agosto de 2013, como consta en la Gaceta del Congreso 708 de fecha 11 de septiembre de 2013 (pág. 14), que al efecto dispone:
Proyecto de Ley 322 de 2013 Cámara, 39 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el protocolo sustitutorio del convenio Simón Rodríguez”, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 23 de junio de 2001”. Ponente: honorable representante: Yahir Fernando Acuña Cardales.
El día 20 de agosto de 2013, en el curso de la sesión ordinaria de la comisión segunda constitucional permanente de la Cámara de Representantes convocada para la misma fecha, fue efectuado un nuevo anuncio de discusión y votación del proyecto de ley aprobatoria, como consta en la Gaceta del Congreso 761 de fecha 25 de septiembre de 2013 (págs. 11 y 12), que obra bajo el siguiente tenor:
Anuncios de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate. Señor presidente usted ya se ha manifestado en el sentido de que los que no se trataron hoy y que están en el orden del día continúan para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 203 (sic) y para aprobar en la próxima sesión de comisión donde se discutan y aprueben proyectos de ley con el objetivo de que la cadena de anuncios que ordena la Corte Constitucional se conserve.
El día 27 de agosto de 2013, en el curso de la sesión ordinaria de la comisión segunda constitucional permanente de la Cámara de Representantes convocada para la misma fecha, fue efectuado un nuevo anuncio de discusión y votación del proyecto de ley aprobatoria, como consta en la Gaceta del Congreso 761 de fecha 25 de septiembre de 2013 (pág. 18), que obra bajo el siguiente tenor:
Anuncios de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003. Proyectos que serán debatidos y votados en la próxima sesión de comisión donde se discutan y aprueben proyectos de ley, tal como lo dijo el señor presidente, son los mismos proyectos que están en este orden del día señor presidente, que en su totalidad son diez (10) proyectos de ley y que vienen anunciándose desde el pasado 13 de agosto, consecutivamente el 20 de agosto y el día de hoy honorables Representantes tal como lo ordena el señor presidente.
El día 3 de septiembre de 2013, en el curso de la sesión ordinaria de la comisión segunda constitucional permanente de la Cámara de Representantes convocada para la misma fecha, fue efectuado un nuevo anuncio de discusión y votación del proyecto de ley aprobatoria, como consta en la Gaceta del Congreso 781 de fecha 30 de septiembre de 2013 (págs. 15 a 16), que obra bajo el siguiente tenor:
V. Anuncio de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate, para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003 para ser discutidos y votados en la próxima sesión de comisión donde se discutan y aprueben proyectos de ley. Además de los proyectos de ley anunciados en los días 13 y consecutivamente 20 y 27 de agosto de 2013, se anuncian los que ya vienen que están en el orden del día de hoy y el siguiente proyecto de ley de manera también expresa.
Por último, el día 10 de septiembre de 2013, en el curso de la sesión ordinaria de la comisión segunda constitucional permanente de la Cámara de Representantes convocada para la misma fecha, fue efectuado un nuevo anuncio de discusión y votación del proyecto de ley aprobatoria, como consta en la Gaceta del Congreso 827 de fecha 11 de octubre de 2013 (pág. 7), que obra bajo el siguiente tenor:
Hasta ahí hay publicación señor presidente. El siguiente, anuncios de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate, para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2013 (sic). Para ser discutidos y votados en la próxima sesión de Comisión donde se discutan y aprueben proyectos de ley.
El día 17 de septiembre de 2013 la comisión segunda constitucional permanente de la Cámara de Representantes realizó el debate y votación del proyecto de ley aprobatoria, conforme se consignó en la Gaceta del Congreso 888 de fecha 5 de noviembre de 2013 —en particular, en el Acta 12 de sesión ordinaria de la comisión segunda constitucional permanente de la Cámara de Representantes de fecha 17 de septiembre de 2013—. El informe de ponencia fue aprobado por la precitada comisión, mediante votación ordinaria, con quórum de diecisiete (14) representantes a la Cámara(18). No obra registro de votos en contra o abstenciones.
Sobre el particular, el Oficio CSCP 3.2.2.03.688/14 (IS) de fecha 24 de febrero de 2014, cursado a esta corporación por la secretaría general de la comisión segunda constitucional permanente de la Cámara de Representantes(19), dispone:
Certifico: que en sesión de 17 de septiembre de 2013, Acta 12, se le dio primer debate y se aprobó en votación ordinaria de acuerdo al artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 (L. 1431/2011), Proyecto de Ley 322 de 2013 Cámara, 39 de 2012 Senado “por medio de la cual se aprueba el “Protocolo Sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez”, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 23 de junio de 2001”, sesión a la cual asistieron 14 honorables representantes en los siguientes términos:
Sometido a consideración, el articulado del proyecto, publicado en la Gaceta 639 de 2013, página 6 se aprobó por unanimidad en votación ordinaria.
El Acta 12 de la sesión del 17 de septiembre de 2013 esta publicada en la Gaceta del Congreso 888 del 5 de noviembre de 2013; páginas de 20 a la 36 (págs. 28 a 30) anexo gaceta.
De conformidad con el precitado Oficio CSCP 3.2.2.03.688/14 (IS) de fecha 24 de febrero de 2014 y en consideración a lo consignado en el Acta 12 de sesión ordinaria de la comisión segunda constitucional permanente de la Cámara de Representantes de fecha 17 de septiembre de 2013 —publicada en la Gaceta del Congreso 888 de fecha 5 de noviembre de 2013—, la proposición; la lectura del texto del articulado propuesto; el título del proyecto de ley aprobatoria; y el interrogante en relación con la voluntad de que el proyecto de ley surtiera segundo debate en la Cámara de Representantes y se convirtiera en ley de la república; fueron aprobados mediante votación ordinaria, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011.
El Acta 12 de Sesión ordinaria de la comisión segunda constitucional permanente de la Cámara de Representantes de fecha 17 de septiembre de 2013 —págs. 28 a 30—, obra bajo el siguiente tenor:
Primero. Proyecto de Ley 322 de 2013 Cámara, 39 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el protocolo sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 23 de junio de 2001”.
Texto del proyecto de ley: Gaceta 469 de 2012.
Ponencia primer debate Senado: Gaceta 230 de 2012.
Ponencia segundo debate Senado: Gaceta 280 de 2013.
Ponencia primer debate Cámara: Gaceta 639 de 2013.
Por lo anteriormente expuesto y con base en lo dispuesto por la Constitución Política y la ley, me permito proponer a los honorables Representantes, miembros de la Comisión Segunda dar primer debate favorable al Proyecto de Ley 322 de 2013 Cámara, 39 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el protocolo sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 23 de junio de 2001”.
3.3.2. Segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes(20).
El texto definitivo aprobado en primer debate —surtido en la comisión segunda constitucional permanente de la Cámara de Representantes— fue publicado en la Gaceta del Congreso 876 de fecha 30 de octubre de 2013 (pág. 48)(21).
La ponencia para segundo debate fue presentada por el congresista Yahir Fernando Acuña Cardales, publicada en la Gaceta del Congreso 876 de fecha 30 de octubre de 2013 (págs. 43 a 47)(22). En la precitada ponencia se propone aprobar, en segundo debate y sin modificación alguna al texto presentado por el Gobierno Nacional, el proyecto de ley aprobatoria. Es de anotar que tampoco se propone la formulación de reservas, enmiendas u observaciones, en los términos del artículo 217 de la Ley 5ª de 1992.
El anuncio de discusión y votación del proyecto de ley aprobatoria fue efectuado en la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes de fecha 13 de noviembre de 2013, como consta en la Gaceta del Congreso 38 de fecha 12 de febrero de 2014 (pág. 18), que al efecto dispone:
Si señor presidente, se anuncian los siguientes proyectos de ley, para el próximo martes 19 de noviembre o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos, de acuerdo al Acto Legislativo 1 de julio 3 del 2003 en su artículo 8º.
Proyecto de Ley 322 de 2013 Cámara, 39 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Protocolo Sustitutorio del convenio Simón Rodríguez”, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 23 de junio de 2001”.
El día 19 de noviembre de 2013 la Plenaria de la Cámara de Representantes realizó el debate y votación del proyecto de ley aprobatoria, conforme se consignó en la Gaceta del Congreso 54 de fecha 20 de febrero de 2014 —en particular, en el Acta 250 de la sesión plenaria de la Cámara de Representantes de fecha 19 de noviembre de 2013—. El informe de ponencia fue aprobado por la precitada Comisión, mediante votación ordinaria, con quórum de ciento cincuenta y un (151) representantes a la Cámara(23). No obra registro de votos en contra o abstenciones.
Sobre el particular, la certificación de fecha 3 de marzo de 2014, expedida por el secretario general de la Cámara de Representantes y cursada anexa al Oficio S.G.2-334/2014 de fecha 3 de marzo de 2014(24), dispone:
1. Que en Sesión Plenaria de la H. Cámara de Representantes del día 19 de noviembre de 2013, que consta en el Acta 250, a la cual se hicieron presentes ciento cincuenta y un (151) honorables representantes a la Cámara, fueron considerados y aprobados por unanimidad en votación ordinaria, la ponencia para segundo debate, el articulado, título y la pregunta “Quiere la plenaria que este tratado sea ley de la República” del Proyecto de Ley 322 de 2013 Cámara - 039 de 2012 Senado, hoy Ley 1693 “por medio de la cual se aprueba el “Protocolo sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez”, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 23 de junio de 2001”.
2. Que el proyecto de ley en comento fue anunciado previamente a la votación en la sesión plenaria del día 13 de noviembre de 2013, según consta en el Acta 249, para la sesión plenaria del día 19 de noviembre de 2013 o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos, cumpliendo de esta manera con lo establecido en el inciso final del artículo 160 de la Constitución Política.
3. Que en el trámite surtido por el proyecto de ley en mención se cumplió con lo dispuesto en el artículo 175 de Ley 5ª de 1992.
La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los tres (3) días del mes de marzo de 2014, a solicitud de la Corte Constitucional en oficio radicado en la secretaría general 102 del 19 de febrero de los corrientes.
De conformidad con la precitada certificación de fecha 3 de marzo de 2014, expedida por el secretario general de la Cámara de Representantes y en consideración a lo consignado en el Acta 250 de la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes de fecha 19 de noviembre de 2013 —publicada en la Gaceta del Congreso 54 de fecha 20 de febrero de 2014—, el título del proyecto de ley aprobatoria; el texto del articulado propuesto; y el interrogante en relación con la voluntad de que el proyecto de ley se convirtiera en ley de la república; fueron aprobados, mediante votación ordinaria, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011.
El Acta 250 de la sesión plenaria de la Cámara de Representantes de fecha 19 de noviembre de 2013 —págs. 47 a 48—, obra bajo el siguiente tenor:
Proyecto de Ley 322 de 2013 Cámara, 39 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el protocolo sustitutorio del convenio Simón Rodríguez, suscrito en valencia (sic) República Bolivariana de Venezuela, el 23 de junio de 2001.
El informe con que termina la ponencia dice en su proposición lo siguiente: Por lo anteriormente expuesto, con base en lo dispuesto por la Constitución Política y la ley, me permito proponer a la honorable plenaria de la Cámara de Representantes dar segundo debate y aprobar el Proyecto de Ley 322 de 2013 Cámara, 39 de 2013 Senado por medio de la cual se aprueba el protocolo sustitutorio del convenio Simón Rodríguez, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 23 de junio de 2001.
En consideración el informe de ponencia del Proyecto de Ley 322 de 2013 Cámara, 39 de 2013 Senado por medio de la cual se aprueba el Protocolo sustitutorio del convenio Simón Rodríguez, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 23 de junio de 2001, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada ¿Aprueban el informe de ponencia honorables Representantes?
Gracias representante. En consideración el articulado del Proyecto de Ley 322 de 2013 Cámara, 39 de 2013 Senado por medio de la cual se aprueba el Protocolo sustitutorio del convenio Simón Rodríguez, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 23 de junio de 2001, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada ¿aprueban los honorables representantes el articulado?
Proyecto de Ley 322 de 2013 Cámara, 39 de 2013 Senado por medio de la cual se aprueba el Protocolo sustitutorio del convenio Simón Rodríguez, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 23 de junio de 2001, y como este es el cuarto debate, se debe preguntar a la plenaria si quiere que este proyecto sea ley de la República.
En consideración el título del Proyecto de Ley 322 de 2013 Cámara, 39 de 2013 Senado por medio de la cual se aprueba el Protocolo sustitutorio del convenio Simón Rodríguez, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 23 de junio de 2001, y la pregunta, si se quiere que este proyecto sea ley de la República, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, ¿aprueban los honorables representantes?
El texto definitivo aprobado en segundo debate —surtido en la Plenaria de la Cámara de Representantes— fue publicado en la Gaceta del Congreso 970 de fecha 27 de noviembre de 2013 (pág. 9)(25).
3.3.3. En consideración a lo expuesto en antecedencia, no median objeciones al proceso adelantado por el Congreso de la República, para la aprobación del proyecto de ley aprobatoria, toda vez que: i) se surtieron los cuatro debates de aprobación, de conformidad con el quórum y las mayorías exigidas por el ordenamiento jurídico colombiano; ii) fue anunciado, de manera previa, a cada votación; iii) contó con las correspondientes publicaciones y las respectivas ponencias para cada uno de los debates; iv) observó los términos entre votaciones a los que alude el artículo 160 de la Constitución Política; y, por último, v) no fue considerando en más de dos legislaturas, conforme prohíbe, de manera expresa, el artículo 162 de la Constitución Política.
El día 17 de diciembre de 2013, el Presidente de la República sancionó la Ley 1693 de fecha 17 de diciembre de 2013 “Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez”, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 13 de junio de 2001”. Fue publicada en el Diario Oficial 49.007 de fecha 17 de diciembre de 2013.
Mediante Oficio OFI13-00149090/JMSC 33020 de fecha 18 de diciembre de 2013, la secretaría jurídica de la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional copia debidamente autenticada de la Ley 1693 de fecha 17 de diciembre de 2013 “Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez”, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 13 de junio de 2001”. El precitado oficio, a la par con sus anexos, fue recibido en esta Corporación, en la misma fecha.
De conformidad con lo establecido en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política, la remisión se efectuó dentro del plazo establecido, a saber: “dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción” de la correspondiente ley(26).
De conformidad con lo expuesto en antecedencia, la Corte Constitucional encuentra surtidos los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico colombiano, en lo concerniente al control formal de constitucionalidad del protocolo sub examine y del proyecto de ley aprobatoria que concluyó con la expedición de la Ley 1693 de fecha 17 de diciembre de 2013 “Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez”, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 13 de junio de 2001”.
3.5.1. El protocolo sub examine fue adoptado y suscrito, en nombre y representación del Estado colombiano, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 189, numeral 2º, de la Constitución Política, en concordancia con lo previsto en el artículo 7º, numeral 2º, literal (a) de la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” del año 1969.
4.1. El control material de constitucionalidad de los tratados y sus leyes aprobatorias es: i) previo; ii) preventivo; iii) automático; iv) integral; v) definitivo; y v)(sic) participativo.
4.1.2. Asegura la adecuación de las disposiciones del tratado a la Constitución Política. El carácter preventivo del control material, en el evento de constatarse la inconstitucionalidad de algunas de las cláusulas del instrumento internacional, faculta a la Corte Constitucional, en observancia del artículo 241 —num. 10—, para ordenar al Presidente de la República la formulación de las correspondientes reservas y/o declaraciones interpretativas condicionales.
4.2.2. El instrumento internacional en mención se concertó con el propósito de reemplazar el “Convenio Simón Rodríguez de integración sociolaboral”, suscrito en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 26 de octubre de 1973 —en vigor internacional desde el 26 de diciembre de 1979— y su protocolo modificatorio. Lo anterior, con el propósito de propiciar un espacio de participación tripartita en asuntos laborales, que substituyera al precitado convenio como foro de participación exclusiva de los ministros de trabajo de los estados miembros de la Comunidad Andina.
4.3.1. El protocolo sub examine dispone de cuatro frases preambulatorias en las que el Estado plurinacional de Bolivia, la República de Colombia, la República del Ecuador, la República del Perú y la República Bolivariana de Venezuela, en su condición de Estados signatarios, i) plasman la necesidad de impulsar la coordinación de políticas en asuntos socio-laborales con el objetivo de fomentar el futuro mercado común andino; ii) renuevan sus propósitos de orientar los asuntos socio-laborales a la acción subregional concertada, con la activa participación del sector empresarial y el sector laboral andino; iii) expresan su decisión de establecer una “base institucional” que permita contribuir efectivamente con el desarrollo de la materia en el sistema andino de integración; y (iv) reconocen la importancia de la figura del “ilustre humanista don Simón Rodríguez, maestro del libertador Simón Bolívar” en los Estados miembros de la Comunidad Andina.
El preámbulo en comento es constitucional, toda vez que ejecuta el mandato de promoción de la integración social con las naciones de América Latina y del Caribe —mediante la celebración de tratados que creen organismos supranacionales— contenido en el artículo 227 de la Constitución Política. Ello considerando que los fines enunciados en el prefacio en comento y pretendidos por el instrumento internacional en mención, se convienen en el ámbito del único organismo supranacional en el que la República de Colombia participa en calidad de miembro pleno, a saber: la Comunidad Andina.
Es de anotar que, si bien la República Bolivariana de Venezuela, cursó a la secretaría general de la Comunidad Andina, el día 22 de abril de 2006, su denuncia del “acuerdo de integración subregional andino (Acuerdo de Cartagena)” y, por tanto, en el término allí previsto dejó de comportar la condición de miembro pleno de la Comunidad Andina, ello no conlleva, de suyo, la pérdida de aptitud del protocolo sub examine para entrar en vigor internacional, considerando que el Estado plurinacional de Bolivia, la República del Ecuador y la República del Perú, efectuaron el depósito de sus correspondientes instrumentos de ratificación(27) —sin haber expresado, a la fecha, su intención de no ser parte del protocolo sub examine en los términos del artículo 54, literal (a), de la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” del año 1969” y los artículos 134 a 135 del “acuerdo de integración subregional andino (Acuerdo de Cartagena)”— y, a su turno, continúan disponiendo de la condición de miembros plenos de la Comunidad Andina. Por consiguiente, tampoco median reparos al preámbulo en mención, en lo concerniente al retiro de la República Bolivariana de Venezuela de la organización internacional en comento.
4.3.3. Por su parte, la cláusula 2ª del protocolo sub examine, formula los objetivos por los que propende el instrumento internacional, a saber: i) proponer y debatir iniciativas en los asuntos del “ámbito socio-laboral” que impliquen aportes efectivos al desarrollo de la agenda social de la subregión, en contribución a la actividad de los demás órganos del sistema andino de integración; ii) definir y coordinar políticas comunitarias sobre, inter alia, fomento del empleo, formación y capacitación laboral, salud y seguridad en el trabajo, migraciones laborales, y seguridad social; y iii) proponer y diseñar acciones de cooperación y coordinación entre los Estados Miembros en la “temática sociolaboral andina”.
La disposición en comento es compatible con la Constitución Política. Ello considerando que la determinación de políticas comunitarias andinas y la proposición de acciones de cooperación y coordinación en asuntos socio-laborales, coadyuva a la realización del deber del Estado colombiano de proteger especialmente el trabajo, en todas sus modalidades, como “derecho y obligación social” (C.P., art. 25).
4.3.4. La cláusula 3ª enuncia los órganos constituidos por el protocolo sub examine: i) la “conferencia”; ii) las “comisiones especializadas de trabajo”; y iii) la secretaría técnica.
Observa la Corte Constitucional que no median reparos de constitucionalidad a la cláusula 3ª del protocolo sub examine, toda vez que la disposición en ciernes, exclusivamente, señala —a título indicativo— la estructura orgánica que emana del instrumento internacional.
4.3.5. La cláusula 4ª dispone que la “conferencia” es la instancia máxima del protocolo sub examine. Consagra que se expresará mediante recomendaciones —adoptadas por consenso— y que estará integrada por: i) los ministros de Trabajo de los Estados miembros de la Comunidad Andina o sus representantes; ii) los coordinadores de los capítulos nacionales del consejo consultivo empresarial andino; y iii) los coordinadores de los capítulos nacionales del consejo consultivo laboral andino.
La referida disposición se adecúa a la Constitución Política y, en particular, al artículo 227, en la medida en que propende —en lo concerniente a su conducción— por la consonancia entre aquel órgano convencional y el máximo órgano del sistema andino de integración, que ejerce la dirección política de la Comunidad Andina, como organismo supranacional, en “promoción de la integración social” con los Estados de la subregión.
4.3.7. La cláusula 6ª del protocolo sub examine indica que la “conferencia” actuará “por consenso” y fija las funciones de tal órgano convencional, a saber: i) adoptar recomendaciones conducentes al logro de los objetivos del instrumento internacional; ii) evaluar la “marcha” de este último; iii) estudiar y proponer modificaciones al convenio sub examine; iv) aprobar y modificar su propio reglamento y el de las “comisiones especializadas de trabajo”; v) aprobar el programa anual de actividades del instrumento internacional; vi) revisar y proponer, anualmente, el presupuesto para el funcionamiento del protocolo sub examine y remitirlo al consejo andino de ministros de relaciones exteriores para su consideración y aprobación; vii) constituir las “comisiones especializadas de trabajo” y evaluar sus informes; viii) identificar “temas sociolaborales de la agenda social subregional” que puedan ser objeto de cooperación internacional; y ix) conocer todos los demás asuntos referidos al ámbito de su competencia.
La disposición referida se ajusta a lo previsto en la Constitución Política. El fomento de la coordinación en asuntos socio-laborales, la adopción de recomendaciones y la identificación de áreas específicas en la materia para cooperación internacional, contribuye, inter alia, a internacionalizar las relaciones de la República de Colombia, en el ámbito social —C.P., art. 226—, con los Estados miembros de la Comunidad Andina.
4.3.8. La cláusula 7ª consagra que la “Conferencia” celebrará reuniones ordinarias por los menos una vez al año y extraordinarias cuantas veces sean necesarias, de conformidad con el procedimiento fijado por el reglamento del órgano convencional en comento. En adición a lo anterior, se prevé que tales reuniones sean convocadas por la secretaría técnica —por encargo de la presidencia de la “conferencia”—, celebrándose en la sede de esta última, “preferentemente”.
Observa la Corte Constitucional que no median objeciones ni reparos de constitucionalidad a la cláusula 7ª del protocolo sub examine, en la medida en que su objeto es determinar —y regular— el procedimiento y las disposiciones administrativas concernientes a sus periodos de sesiones, sin evidenciarse oposición a artículo alguno de la Constitución Política.
4.3.9. La cláusula 8ª del protocolo sub examine prevé que las recomendaciones adoptadas por la “conferencia” —sobre las cuales el órgano convencional en mención solicite su incorporación a la “legislación comunitaria andina”— serán cursadas al consejo andino de ministros de relaciones exteriores, por intermedio de la secretaría general de la Comunidad Andina, a fin de evaluar la eventual adopción de decisiones. Por su parte, la disposición en ciernes consigna que el reglamento determinará el quórum y demás requisitos que deberá observar el órgano convencional en mención para la adopción de recomendaciones.
La disposición en comento es compatible con la Constitución Política y, en particular, con sus artículos 53 —inc. 3º— y 227. Lo anterior, considerando que la cláusula 8ª en mención no se opone al fin perseguido por el constituyente de reconocer como legislación interna sólo ciertos instrumentos internacionales de trabajo en vigor internacional (adoptados en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, OIT), considerando que permite la celebración de tratados que propendan por la integración social con los Estados de América Latina, mediante la creación de “organismos supranacionales” como la Comunidad Andina —que, de suyo, dota sus decisiones del nivel de leyes internas de los Estados miembros, con preeminencia sobre estas últimas(28)—.
4.3.10. Las cláusulas 9ª y 10ª señalan que las “comisiones especializadas de trabajo”: i) se constituirán por decisión de la “Conferencia”; ii) brindarán su asesoría; iii) estarán integradas, de manera tripartita, por representantes de designados por los ministerios de Trabajo de los Estados miembros y por los consejos consultivos empresarial y laboral; iv) designarán un coordinador y se reunirán las veces que señale la “conferencia”; y v) podrán invitar a participar en sus debates, sin derecho a voto, a “organismos internacionales, así como a organizaciones e instituciones de la sociedad civil vinculadas con los temas objeto de análisis”.
Las precitadas disposiciones se encuentran en sujeción a lo dispuesto en la Constitución Política, toda vez que la ampliación de la facultad de intervención en los debates socio-laborales a, inter alia, otros “organismos internacionales”, promueve la “internacionalización de las relaciones sociales”. A su turno, el sistema tripartito de conformación de las “comisiones especializadas de trabajo” reafirma la finalidad de propender por la integración social, en equidad, igualdad y reciprocidad, no sólo con los Estados Miembros de la Comunidad Andina, sino con organizaciones internacionales con vocación mundial, regional o subregional de otras áreas geográficas de la sociedad internacional —C.P., arts. 226 y 227—.
4.3.11. La cláusula 11ª del protocolo sub examine consigna las funciones de las “comisiones especializadas de trabajo”, que obran bajo el siguiente tenor: i) preparar los documentos e informes que solicite la “conferencia”; ii) celebrar sus reuniones de trabajo, conforme al procedimiento fijado en su reglamento; iii) presentar informes periódicos sobre el desarrollo de sus actividades; y iv) realizar las demás actividades y estudios que la “conferencia” le encomiende.
Observa la Corte Constitucional que no median objeciones ni reparos de constitucionalidad a la cláusula 11 en ciernes, en la medida en que su objeto es, exclusivamente, precisar las facultades y atribuciones asignadas a tales órganos convencionales, sin evidenciarse oposición a artículo alguno de la Constitución Política.
4.3.12. La cláusula 12ª designa a la secretaría técnica como la instancia de “coordinación y apoyo” del protocolo sub examine. En adición a lo anterior, le atribuye las siguientes funciones: i) apoyar a la “conferencia” en la elaboración de las propuestas de recomendaciones conducentes al logro de los objetivos del instrumento internacional; ii) apoyar a la “conferencia” en la evaluación de la “marcha” del protocolo sub examine; iii) atender los encargos de la conferencia y de las “comisiones especializadas de trabajo”, manteniendo la vinculación permanente con los ministerios de Trabajo de los Estados miembros y los consejos consultivos empresarial y laboral; iv) proponer a la “conferencia” las medidas necesarias para el adecuado cumplimiento de los objetivos del instrumento internacional; v) elaborar el proyecto de presupuesto, el programa anual de actividades y el informe de su ejecución, para consideración de la “conferencia”; vi) mantener vínculos de trabajo con “organismos internacionales, regionales, subregionales, organismos no gubernamentales, así como otros países (sic)”, con la finalidad de intensificar sus relaciones, cooperación y asistencia técnica; vii) elaborar, en coordinación con la “conferencia” y con las “comisiones especializadas de trabajo”, la agenda tentativa de sus reuniones; viii) llevar las actas correspondientes; y ix) “las otras funciones que le encomiende la conferencia”.
La disposición en comento no advierte oposición alguna con la Constitución Política. Ello considerando, inter alia, que la designación efectuada a la secretaría técnica y su subsiguiente asignación de funciones expresas, coadyuva a observar un objetivo constitucionalmente relevante —de conformidad con los artículos 3º y 227 de la Constitución Política— a saber: determinar, mediante tratado, el ámbito en el que tal órgano convencional del “organismo supranacional” —que promueve la integración social con ciertos Estados de América Latina, miembros de la Comunidad Andina—, operará, previa cesión de soberanía (residiendo ésta última, exclusivamente, en el pueblo).
La referida disposición se adecúa a la Constitución Política, toda vez que reconoce la obligación del Gobierno Nacional de someter el protocolo sub examine al trámite previsto en el ordenamiento jurídico interno para los tratados (artículos 150, numeral 16; 189, numeral 2º; 224; y 241, numeral 10º de la Constitución Política), de manera previa al perfeccionamiento del vínculo internacional. A su turno, se encuentra en concordancia con lo previsto en los artículos 9º y 226 de la Constitución Política, considerando que observa el mandato de fundamentar las relaciones exteriores en la soberanía nacional, sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad: el protocolo sub examine no entra en vigor internacional hasta que la República de Colombia manifieste —en su condición de Estado soberano e inequívocamente— su voluntad de perfeccionar el vínculo internacional con aquel, mediante el depósito de su instrumento de ratificación.
4.3.14. La cláusula 14ª del protocolo sub examine establece que el instrumento internacional regirá de forma indefinida. No obstante, dispone que, “como parte integrante del sistema andino de integración”, no podrá ser denunciado de forma separada del “acuerdo de integración subregional andino (Acuerdo de Cartagena)”. En ese sentido, la cláusula en 14ª ciernes prevé —en el evento de denuncia de ese último tratado— que el Estado miembro de la Comunidad Andina que pretenda terminar su vinculación, deberá “cumplir con sus obligaciones económicas contraídas que se encontraren pendientes de pago” respecto del protocolo sub examine.
La precitada disposición se encuentra en sujeción a lo previsto en la Constitución Política —arts. 226 y 227—, toda vez que reconoce la atribución y prerrogativa de la que es titular el Estado colombiano para terminar el vínculo internacional con el “acuerdo de integración subregional andino (Acuerdo de Cartagena)” y, de suyo, con el protocolo sub examine, mediante remisión de nota diplomática de denuncia por, inter alia, razones de conveniencia nacional.
La disposición en ciernes es compatible con la Constitución Política y, en particular, con su preámbulo y sus artículos 9º y 227, respectivamente. Ello considerando que se consigna una facultad nueva para la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República la República de Paraguay y la República Oriental del Uruguay —en su condición de Estados Miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur) y Miembros Asociados de la Comunidad Andina—, a la par con la República de Chile, de devenir en Estados Partes del protocolo sub examine, contribuyendo a la realización del compromiso del Estado colombiano de “impulsar la integración de la comunidad latinoamericana” (preámbulo de la Constitución Política); al deber de “orientar la política exterior a la integración latinoamericana” (C.P., art. 9º, inc. 2º); y al mandato de “promoción de la integración social” con los Estados de América Latina (C.P., art. 227).
4.3.17. La cláusula 17ª precisa que el “Convenio Simón Rodríguez de integración sociolaboral”, suscrito en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 26 de octubre de 1973 —en vigor internacional desde el 26 de diciembre de 1979— y su protocolo modificatorio, serán sustituidos por el protocolo sub examine.
4.3.18. Por último, las denominadas “disposiciones transitorias” prevén, en primer término, que la Secretaría General de la Comunidad Andina asumirá las funciones de secretaría técnica del “convenio Simón Rodríguez”. En segundo término, se señala que la conferencia podrá someter a consideración del consejo andino de ministros de relaciones exteriores la “conveniencia” de establecer la sede permanente en la ciudad de Quito, República del Ecuador. En tercer término, se establece que la Secretaría General de la Comunidad Andina administrará los recursos del “Convenio Simón Rodríguez” y elevará, de manera anual, al presidente de la conferencia —para su posterior remisión a al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores— un informe sobre la ejecución del presupuesto del instrumento internacional en comento. En cuarto término, se consigna que la Secretaría General de la Comunidad Andina informará a la conferencia, en cada una de sus reuniones, sobre el uso de los recursos del “convenio Simón Rodríguez”. En último término, se consagra que la Secretaría General de la Comunidad Andina presentará los proyectos de reglamento de la conferencia y de las “comisiones especializadas de trabajo” en la primera reunión que celebre la conferencia.
Las disposiciones provisionales en comento no advierten oposición alguna con la Constitución Política. Ello considerando que asignar al referido órgano comunitario andino la función de secretaría técnica del instrumento internacional; regular el establecimiento de la sede permanente; y fijar los términos y oportunidades de presentación de informes de ejecución del presupuesto, uso de los recursos y de proyectos de reglamento, son atribuciones ordinarias para el funcionamiento del instrumento internacional que, la República de Colombia, en su condición de Estado, está facultado constitucionalmente a ceder —incluso, de manera transitoria— a órganos determinados de organismos supranacionales, mediante tratado celebrado con los Estados de América Latina y el Caribe (C.P., art. 227).
2. La ley aprobatoria. Surtido el trámite legislativo, fue expedida la Ley 1693 de fecha 17 de diciembre de 2013 “Por medio de la cual se aprueba el “protocolo sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez”, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 13 de junio de 2001”, posteriormente sancionada y cursada para revisión por parte de esta corporación.
3. Examen formal. La Corte Constitucional, en primer término, encontró surtidos los requisitos de forma exigidos por la Constitución Política para: i) el trámite del proyecto de ley aprobatoria que concluyó con la expedición de la Ley 1693 de fecha 17 de diciembre de 2013 “Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez”, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 13 de junio de 2001”; y ii) el “Protocolo sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez”, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 13 de junio de 2001.
En particular, conviene referir que las cláusulas 8ª y 15ª del protocolo sub examine, surtieron el escrutinio de constitucionalidad adelantado por esta Corporación, en lo atinente a: i) la incorporación de las recomendaciones adoptadas por la “conferencia” a la “legislación comunitaria andina” y ii) la proscripción de la formulación de reservas al protocolo sub examine, en la suscripción y ratificación, por parte de los Estados signatarios que pretendan devenir en partes del instrumento internacional, respectivamente.
Ello considerando, en relación con la cláusula 8ª en mención, que no se opone al fin perseguido por el constituyente de reconocer como legislación interna sólo ciertos instrumentos internacionales de trabajo adoptados en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en vigor internacional, en la medida que otra disposición constitucional permite la celebración de tratados que propendan por la integración social con los Estados de América Latina, mediante la creación de “organismos supranacionales” como la Comunidad Andina —que, de suyo, dota sus decisiones del nivel de leyes internas de los Estados miembros, con preeminencia sobre estas últimas—.
Por su parte y en relación con el cláusula 15ª, la Corte Constitucional estimó: si bien el artículo 241, numeral 10 de la Constitución Política, dispone que en el evento en que una o varias disposiciones de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles “el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva” (por lo que, prima facie, en tratándose de tratados multilaterales siempre tendría que permitirse la facultad de formularlas), sólo cuando hubiere alguna cláusula convencional que vulnerare la Constitución Política, una disposición del tenor de la examinada se tornaría, a su vez, inexequible. Por consiguiente y considerando que el evento descrito supra no se configura, la cláusula 15ª del instrumento internacional es exequible.
1. Declarar EXEQUIBLE el “Protocolo sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez”, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 13 de junio de 2001.
2. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1693 de fecha 17 de diciembre de 2013 “Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez”, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 13 de junio de 2001”.
Magistrados: Luis Ernesto Vargas Silva, presidente—María Victoria Calle Correa, con aclaración de voto—Mauricio González Cuervo—Luis Guillermo Guerrero Pérez—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Gloria Stella Ortiz Delgado—Jorge Iván Palacio Palacio—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Martha Victoria Sáchica Méndez, magistrada (E).
(1) Folios 184 a 187 del cuaderno segundo.
(2) “[…]
(3) Gaceta del Congreso 469 de 2012 (págs. 36). Folio 57 del cuaderno primero.
(4) Copia cursada por el secretario general del Senado de la República, mediante Oficio S.G.0219.S-SG-E-2014-155 de fecha 5 de marzo de 2014, recibido en la Secretaría General de la Corte Constitucional el día 6 de marzo de 2014 (fls. 190 a 191).
(5) Las gacetas del Congreso, en relación con el primer debate del proyecto de ley aprobatoria, fueron cursadas por la secretaría general del Senado de la República, mediante Oficio S.G.0219 S-SG-E-2014-155 de fecha 5 de marzo de 2014 y por la secretaría de la comisión segunda constitucional permanente del Senado de la República, mediante oficio de fecha 24 de febrero de 2014, a la secretaría general de la Corte Constitucional. Las aludidas comunicaciones obran en el cuaderno primero.
(6) Folios 201 a 204 del cuaderno primero.
(7) Folio 168 del primer cuaderno y, en igual sentido, Concepto 5802 de fecha 28 de julio de 2014, emitido por el Procurador General de la Nación, mediante el que registra la anotación que sobre el particular efectúa la secretaria ejecutiva de la secretaría general de la comisión segunda constitucional permanente del Senado de la República.
(8) Gaceta del Congreso 737 de fecha 17 de septiembre de 2013, página 2.
(9) Folio 36 del primer cuaderno.
(10) Las gacetas del Congreso, en relación con el segundo debate del proyecto de ley aprobatoria, fueron cursadas por la secretaría general del Senado de la República, mediante Oficio S.G.0219 S-SG-E-2014-155 de fecha 5 de marzo de 2014 a la secretaría general de la Corte Constitucional. Las aludidas comunicaciones obran en el cuaderno primero.
(11) Folio 70 del cuaderno primero.
(12) Folios 35 a 36 del primer cuaderno.
(13) Gaceta del Congreso 511 de fecha 22 de julio de 2013, Página 1 a 7 (fl. 215 del cuaderno primero).
(14) Folios 190 a 191 del cuaderno primero.
(15) Las gacetas del Congreso, en relación con el primer debate del proyecto de ley aprobatoria, fueron cursadas por la secretaría general de la comisión segunda constitucional permanente de la Cámara de Representantes, mediante Oficio CSCP 3.2.2.03.688/14 (IS) de fecha 24 de marzo de 2014 a la secretaría general de la Corte Constitucional. Las aludidas comunicaciones obran en el cuaderno segundo.
(16) Folio 219 del cuaderno segundo.
(17) Folios 2 a 4 del cuaderno segundo.
(18) Gaceta del Congreso 888 de fecha 5 de noviembre de 2013, páginas 20 a 21 (fl. 67 cdno. 2).
(19) Folio 1A del cuaderno primero.
(20) Las gacetas del Congreso, en relación con el segundo debate del proyecto de ley aprobatoria, fueron cursadas por la secretaría general de la Cámara de Representantes, mediante Oficio S.G.2-334/2014 de fecha 3 de marzo de 2014 a la secretaría general de la Corte Constitucional. Las aludidas comunicaciones obran en el cuaderno segundo.
(21) Folio 104 del cuaderno segundo.
(22) Folios 102 a 104 del cuaderno segundo.
(23) Gaceta del Congreso 54 de fecha 20 de febrero de 2014, páginas 3 a 9.
(24) Folio 107 del cuaderno segundo.
(25) Folio 174 del cuaderno segundo.
(26) Folio 1 del cuaderno primero.
(27) Portal electrónico de la secretaría de la comunidad andina, en calidad de depositario del “Protocolo Sustitutorio del Convención Simón Rodríguez”: http://www.comunidadandina.org/normativa/instrumentos/Simon_Rodriguez_Bolivia.pdf
(28) Ver artículos 1º a 4º del “Tratado de creación del Tribunal Andino de Justicia” —en vigor internacional desde el 25 de agosto de 1999— y la Sentencia C-231 de 1997, respectivamente.

References: ARTÍCULO 227
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 189
 artículo 189
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 154
 artículo 143
 artículo 157
 artículo 144
 artículo 217
 artículo 129
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 217
 artículo 129
 artículo 129
 artículo 1
 artículo 217
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
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 artículo 129
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 artículo 217
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 175
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 artículo 160
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 artículo 241
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 artículo 7
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 artículo 227
 artículo 54
 artículo 227
 artículo 241