Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2016/as201610595.html
Timestamp: 2019-03-19 03:48:07+00:00

Document:
as201610595
AUTO SUPREMO Nº 595/2016-RRC
Expediente : La Paz 25/2016
Parte Acusadora : Carlos Vega Castillo
Parte Imputada : Eusebio Ibáñez Mamani
Por memorial presentado el 1 de febrero de 2016, cursante a fs. 186 y vta., Eusebio Ibáñez Mamani, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 71/2015 de 29 de septiembre, de fs. 180 a 181 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, integrada por los Vocales Elías Fernando Ganam Cortez y Virginia Crespo Ibáñez, dentro del proceso penal seguido por Carlos Vega Castillo contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Calumnia, Difamación e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 283, 282 y 287 del Código Penal (CP), respectivamente.
a) Por Sentencia 20/2015 de 20 de mayo (fs. 149 a 155), el Juez Tercero de Sentencia en lo Penal de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró al imputado Eusebio Ibáñez Mamani, autor de la comisión del delito de Calumnia, previsto y sancionado por el art. 283 del CP, imponiendo la pena de dos años y seis meses de privación de libertad; asimismo, absolvió de los delitos de Difamación e Injuria, tipificados por los arts. 282 y 287 del CP.
b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Eusebio Ibáñez Mamani (fs. 159 a 161 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 71/2015 de 29 de septiembre, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedentes las cuestiones planteadas y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del recurso de casación.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 265/2016-RA de 21 de marzo, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
El recurrente cuestiona que el Auto de Vista al analizar los fundamentos de la apelación restringida, no relacionó cada uno de los puntos infringidos, limitándose a observar la aplicación del art. 173 del CPP, sin tomar en cuenta que formuló la apelación restringida sobre el instituto jurídico de la Conversión de Acción, prevista en el art. 26 inc. 4) del CPP. Tampoco valoró, menos fundamentó las pruebas aportadas, consistentes en: a) El memorial de solicitud de Conversión de Acción; b) La diligencia de notificación de 14 de abril de 2015, realizada a Carlos Vega Castillo con los actuados de la Conversión de Acción; y, c) La Resolución 701/2014 emitida por el Juez Octavo de Instrucción Penal que autorizó la Conversión de Acción. Invoca el Auto Supremo 103 de 20 de febrero de 2004.
El recurrente solicita se disponga: “la nulidad de obrados hasta que se cumpla con los votos de las normas infringidas” (sic).
Mediante Auto Supremo 265/2016-RA de 21 de marzo, cursante de fs. 194 a 195 vta., este Tribunal admitió el recurso interpuesto por Eusebio Ibáñez Mamani, para su análisis de fondo.
Por Sentencia 20/2015 de 20 de mayo, el Juez Tercero de Sentencia en lo Penal de La Paz, declara al imputado Eusebio Ibáñez Mamani, autor de la comisión del delito de Calumnia, previsto y sancionado por el art. 283 del CP, imponiéndole la pena de dos años y seis meses de privación de libertad; asimismo, absolvió de los delitos de Difamación e Injuria, tipificados por los arts. 282 y 287 del CP, al haber concluido que la causa nació a raíz de la querella formulada debido a que el imputado planteó dos acciones: una penal y otra laboral, la primera por el delito de Amenazas, que fue rechazada por el Ministerio Público y la segunda por beneficios sociales que fue declarada improbada, lo cual motivó que el querellante instaure el presente proceso penal por los delitos de Calumnia y expresiones vertidas relacionadas a los otros delitos acusados; es así que, tras la recepción de la prueba documental y testifical producida, el Juez de Sentencia advierte que respecto al delito de Calumnia, se demostró que el imputado formuló denuncia ante el Ministerio Público contra el querellante Carlos Vega Castillo, por la comisión del delito de Amenaza, previsto en el art. 293 del CP, que fue rechazada por el Ministerio Público mediante Resolución 70/2014 de 9 de abril, ratificada por el Fiscal Departamental por Resolución 639/2014 de 19 de agosto y no obstante de disponerse la conversión de acción para su tramitación ante un Juez de Sentencia, hasta la fecha no se le habría notificado con su admisión para que asuma defensa, en consecuencia se encontraría en trámite. Asimismo, advierte que el hecho de haber solicitado la conversión de acción no desvirtúa la comisión del delito atribuido al querellante de amenaza, al no existir sentencia ejecutoriada en su contra; por lo que, de esa forma se subsume en el delito de calumnia, aspecto corroborado por las atestaciones de cargo como del imputado. En cuanto, a los delitos de Difamación e Injuria, el Juez a quo considera insuficientes las pruebas documentales como testificales para la demostración de los ilícitos acusados.
Eusebio Ibáñez Mamani, interpone recurso de apelación restringida aduciendo en síntesis defectos de la Sentencia, como la presencia de inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP con relación al art. 283 del CP; y, que la Sentencia contiene una fundamentación insuficiente y contradictoria, además de una valoración defectuosa de la prueba.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista 71/2015 de 29 de septiembre, declara improcedentes las cuestiones planteadas en alzada y confirma la Sentencia apelada, señalando entre sus argumentos lo siguiente: que en el caso de autos se tramitó la investigación de los tipos penales de Calumnia, Difamación e Injuria, cuyo bien jurídico protegido es el honor, el recurrente afirma la existencia de una resolución de rechazo ratificada por el Ministerio Público; consecuentemente, el Juez de Sentencia determinó la inexistencia del hecho y la falta de participación del denunciado, aspecto que se adecuaría al delito de calumnia previsto por el art. 283 del CP y en los demás tipos penales se advertiría que no se configuraron los elementos constitutivos del tipo penal; por lo que, desembocó en una absolución. Adicionalmente en cuanto a la errónea valoración de la prueba, advierte del control externo e interno de la sentencia y lo desarrollado en juicio el Juez a quo de manera integral y armónica otorgó valor suficiente de las pruebas ofrecidas y judicializadas en juicio tomando en cuenta la utilidad, pertinencia y necesidad de las pruebas en el marco de la Sentencia Constitucional 1480/2005-R, finalmente haciendo alusión al art. 124 del CPP, advierte que la sentencia cuenta con la debida fundamentación y motivación que la ley exige; y, al no haberse fundado los agravios denunciados corresponde confirmarla.
III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO IMPUGNADO CON EL PRECEDENTE INVOCADO POR EL RECURRENTE
En el caso presente, el recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado no relacionó cada uno de los puntos infringidos, limitándose a observar la aplicación del art. 173 CPP, sin considerar que su alzada se basó en el instituto jurídico de la Conversión de Acción prevista en el art. 26 inc. 4) del CPP; tampoco, valoró, menos fundamentó las pruebas aportadas, invocando al efecto el Auto Supremo 103 de 20 de febrero de 2004, por lo que corresponde efectuar la labor de contraste que la ley asigna a este Tribunal.
III.1. En cuanto a la labor de contraste en el recurso de casación
Ahora bien, en el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: “…será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación”, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.
La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) respeto a la seguridad jurídica; b) realización del principio de igualdad; y c) unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.
En cuanto al precedente contradictorio exigido como requisito procesal de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación; vienen a constituir, entonces, criterios interpretativos que han sido utilizados por los entes que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por la Corte Suprema de Justicia hoy Tribunal Supremo y Autos de Vista pronunciados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.
Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar. Ahora bien, el cumplimiento de estos requisitos no son exigibles cuando en el recurso de casación se acusa la existencia de un defecto absoluto insubsanable, caso en el cual este Tribunal puede considerar criterios desarrollados en otros fallos sobre la problemática planteada y que hubiera sido acompañada por el recurrente” (las negrillas son nuestras).
De ello se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento legal prevé, atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o, de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal.
La parte recurrente en el caso de autos, invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 103 de 20 de febrero de 2004, pronunciado en un proceso seguido por el delito de Asesinato, donde inicialmente se dictó sentencia condenatoria y apelada esta determinación, por Auto de Vista se declaró improcedente el recurso de apelación restringida por inobservancia de los arts. 407 y 408 del CPP. Interpuesto el recurso de casación, el fallo de alzada fue dejado sin efecto porque el Tribunal de sentencia no actuó con equidad, coartando el derecho de defensa previsto en la Constitución Política del Estado, constituyendo un defecto absoluto que no podía convalidarse por la afectación del debido proceso y al derecho de defensa, consiguientemente emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “Que, el derecho de recurrir se encuentra precisado de manera expresa en el art. 394 del Código de Procedimiento Penal. Que el recurso incidental que planteó el padre del procesado con la facultad conferida por el art. 389 inc. 4) del Código Penal, cumplía lo establecido en los arts. 403, 404 y 405 del Código de Procedimiento Penal, para ser elevado ante el Tribunal de alzada, pero el Tribunal de Sentencia No. 4 de la ciudad de La Paz al no remitir obrados al Tribunal de apelación, vulnera las normas del debido proceso, suprimiendo su derecho a la defensa, reconocidos por el art. 16 de la Constitución Política del Estado; derechos que competía al Tribunal de alzada restituirlos inmediatamente en ejercicio de la facultad otorgada por el art. 15 de la Ley de Organización Judicial y el tercer parágrafo del art. 407 del Código de Procedimiento Penal, que permite al Tribunal de apelación admitir y entrar al fondo de un recurso de apelación restringida, cuando se detecta la existencia de defectos absolutos y vicios de sentencia en el juicio oral, previstos en los arts. 169 y 370 del Código de Procedimiento Penal los que no pueden ser convalidados”.
Ahora bien, es menester precisar que dicha doctrina se originó en la verificación en casación, de que el Tribunal de mérito no elevó ante el Tribunal de alzada una apelación incidental respecto a una excepción de falta de acción e incompetencia interpuesta por la parte acusada; en cambio en el caso de autos, la recurrente acusa que el Auto de Vista impugnado no relacionó cada uno de los puntos alegados en apelación, limitándose a observar la aplicación del art. 173 CPP, sin considerar que su alzada se basó en el instituto jurídico de la Conversión de Acción prevista en el art. 26 inc. 4) del CPP, tampoco valoró ni fundamentó las pruebas aportadas; lo que implica, que la doctrina legal aplicable contenida en el precedente invocado, fue generada en una problemática distinta a la planteada en el presente recurso; es decir, no concurre una situación de hecho similar, de modo que no puede visualizarse la existencia de contradicción en los términos previstos por el art. 416 del CPP, siendo necesario destacar que en casos semejantes al presente, este Tribunal dejó sentado el siguiente criterio contenido en el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto, respecto a los requisitos que deben cumplir los precedentes contradictorios: “Siendo el recurso de casación un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante (art. 420 del CPP). La importancia de precedente contradictorio, deviene del objetivo y fin del recurso casacional, toda vez que el más alto Tribunal de Justicia del Estado, tiene la tarea u objetivo de unificar o uniformar la jurisprudencia nacional, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes inmersas en un proceso judicial, asegurando la aplicación uniforme de la ley y por ende la efectivización del principio de igualdad y la tutela judicial efectiva; atribución, que se encuentra descrita en los arts. 419 del CPP y 42 inc. 3) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y que es conocida como función nomofiláctica (interpretación de la norma en procura de una jurisprudencia uniforme e integrada).
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Eusebio Ibáñez Mamani.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución