Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20190402s00029869946.html
Timestamp: 2020-08-03 12:45:36+00:00

Document:
2ª Sesión Ordinaria del 2 de abril de 2019 - C.SS
N.º 2 - TOMO 593 - 2 DE ABRIL DE 2019
PRESIDEN LA SEÑORA PATRICIA AYALA Presidenta en ejercicio
y EL SEÑOR CHARLES CARRERA Primer vicepresidente
•	con destino al Ministerio de Desarrollo Social y, por su intermedio:
–	al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, relacionado con el gasto mensual de internación y rehabilitación de menores;
–	al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, relacionado con el gasto mensual por concepto de menores institucionalizados en sus dependencias y en convenios con el INAU;
•	con destino al Ministerio del Interior, relacionado con armas de fuego.
–	El señor senador Amorín solicita se curse un pedido de informes con destino a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas, de Ganadería, Agricultura y Pesca, así como al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Administración Nacional de Puertos, al Instituto Uruguay XXI, a la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones y a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, relacionado con la construcción de un megapuerto en la zona de Punta Yeguas, departamento de Montevideo.
–	La señora senadora Aviaga solicita se cursen pedidos de informes con destino a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionados con la ampliación del puerto de Montevideo.
–	El señor senador Bordaberry solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, relacionado con el plan de urbanización del área protegida de la laguna Garzón.
–	El señor senador Delgado solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:
•	con destino al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, por su intermedio, al Banco de Previsión Social, relacionado con el beneficio de precio diferencial en las recargas de supergás otorgado a jubilados y pensionistas;
•	con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionado con el beneficio de precio diferencial en las recargas de supergás otorgado a jubilados y pensionistas.
–	El señor senador Mieres solicita se curse un pedido de informes a los Ministerios de Industria, Energía y Minería y de Relaciones Exteriores, relacionado con la situación jurídica del Tratado de protección de los derechos de artistas, intérpretes y ejecutantes de obras audiovisuales.
–	El señor senador Mieres presenta un proyecto de ley por el que se modifica la Ley n.º 18381, Derecho de Acceso a la Información Pública.
6)	Reiteración de pedidos de informes
•	A solicitud del señor senador Coutinho, el Senado resuelve hacer suyo y reiterar un pedido de informes con destino al Ministerio de Desarrollo Social, relacionado con la situación de canastas y tarjetas de emergencia entregadas en el departamento de Salto, y con destino al Ministerio de Turismo, relacionado con la situación del turismo en Destino Termas.
7)	Día Mundial del Medio Ambiente
–	El señor senador Lacalle Pou solicita autorización para realizar una exposición sobre el tema por el término de cuarenta y cinco minutos.
–	El señor senador Da Silva solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:
•	con destino al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, relacionada con el Decreto n.º 127/014, que regula los servicios de prevención y salud en el trabajo;
•	con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y por su intermedio al Instituto Nacional de Colonización, relacionado con la adquisición de un predio en el departamento de Río Negro.
–	El señor senador Larrañaga solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Desarrollo Social y al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, relacionada con la desvinculación laboral de trabajadores contratados bajo la designación de talleristas por parte del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.
–	El señor senador Michelini solicita se curse una exposición escrita con destino al doctor Ángel Grillo, al Instituto Antártico Uruguayo, al rector de la Universidad de la República, a la Junta Departamental de Montevideo, al señor intendente de Montevideo y al señor presidente de la república, relacionada con el reconocimiento a la labor científica del doctor Grillo.
10), 17) y 20) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo
–	El Senado concede las licencias solicitadas por la presidenta del Cuerpo, señora Lucía Topolansky, y por los señores senadores Cardoso, Baráibar, De León, Vassallo, Mieres, Aviaga y Moreira.
–	Quedan convocados los señores senadores Alcorta, Saravia, Ribero, Aristimuño Posada, Asiaín y Paternain.
11)	Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas
• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Educación y Cultura, a la Presidencia de la Cámara de Representantes, a las Comisiones de Asuntos Internacionales de ambas cámaras, a la Embajada de la República Argentina, a las Presidencias del Honorable Congreso de la Nación Argentina y a sus Comisiones de Asuntos Internacionales, a la Embajada uruguaya en Buenos Aires, al Parlamento del Mercosur y a su Comisión de Asuntos Internacionales, al Parlamento Latinoamericano, a la Mesa Política del Frente Amplio, al Foro Malvinas en Uruguay, a la organización que nuclea a los veteranos de la guerra de las Malvinas y al equipo de comunicación «De fogón en fogón».
12)	Construcción de una nueva draga para la Administración Nacional de Puertos
–	Manifestaciones del señor senador Castillo.
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Administración Nacional de Puertos, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al PIT-CNT, a la UNTMRA y al Supra.
13)	Planta de cal en Treinta y Tres
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República; al Ministerio de Salud Pública y, por su intermedio, al Fondo Nacional de Recursos; a las juntas departamentales y a los municipios de todo el país.
14)	Preocupación en pueblo Belén por facturas de UTE
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Directorio de UTE y al Ministerio de Industria, Energía y Minería.
15)	Postergación de los numerales primero y segundo del orden del día
16)	Fondo citrícola
–	Por moción de varios señores senadores, el Senado resuelve declarar urgente y considerar de inmediato el proyecto de ley por el que se lo crea.
18)	Daniel Mario Bianchi Salomón. Suspensión de los fueros parlamentarios
–	Solicitud del Juzgado de Paz Departamental de Maldonado de 2.º Turno.
•	El Senado resuelve suspenderlo en el ejercicio de sus funciones como senador de la república y convocar a la señora Graciela Matiaude a ocupar dicho cargo mientras dure el proceso y hasta que se cumpla la pena que eventualmente se imponga. Asimismo, por moción de la señora senadora Moreira, resuelve pasar a la Comisión de Constitución y Legislación la moción presentada por el señor senador Bordaberry en el sentido de que se aplique el inciso segundo del artículo 115 de la Constitución de la república al senador Daniel Bianchi por actos de conducta que lo hacen indigno de su cargo.
19)	Señor Boris Svetogorsky Marino. Designación como embajador
–	Solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo para designarlo en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República de Guatemala.
•	Concedido.
21)	Actividades de investigación y desarrollo
–	Proyecto de ley por el que se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar un crédito fiscal a las empresas privadas.
22)	Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a un funcionario
«Montevideo, 28 de marzo de 2019
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 2 de abril, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
3.º) Informe de la Comisión de Constitución y Legislación relacionado con la solicitud remitida por el Juzgado de Paz Departamental de Maldonado de 2.º Turno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 de la Constitución de la república, sobre la suspensión de los fueros parlamentarios del señor senador Daniel Mario Bianchi Salomón.
Carp. n.º 1283/2019 - rep. n.º 821/19
4.º) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de designar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República de Guatemala, al señor Boris Svetogorsky Marino.
Carp. n.º 1287/2019 - rep. n.º 823/19
5.º) Discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar un crédito fiscal a las empresas privadas para actividades de investigación y desarrollo.
Carp. n.º 1270/2018 - rep. n.º 824/19
6.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. (Plazo constitucional vence el 30 de mayo de 2019).
Carp. n.º 1285/2019 - rep. n.º 822/19
ASISTEN: los señores senadores Alcorta, Alonso, Amorín, Aristimuño, Aviaga, Baráibar, Berterreche, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Camy, Cardoso, Castillo, Coutinho, Delgado, García (Graciela), García (Javier), Garín, Heber, Lacalle Pou, Larrañaga, Martínez Huelmo, Matiaude, Michelini, Mieres, Moreira, Otheguy, Tourné, Vassallo y Xavier.
FALTAN: con licencia, la presidenta del Senado, señora Lucía Topolansky, y los señores senadores De León y Passada.
SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Habiendo número, está abierta la sesión.
«La Presidencia de la Asamblea General destina un mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se introducen modificaciones al Código Aeronáutico.
El Poder Ejecutivo remite, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la república, los siguientes mensajes:
•	por el que solicita la venia correspondiente para conferir el ascenso al grado de coronel, con fecha 1.º de febrero de 2019, por el sistema de antigüedad calificada, a la señora teniente coronel (JM) Gianella Frachelle Franco;
•	por el que solicita la venia correspondiente para conferir el ascenso al grado de capitán de navío, con fecha 1.º de febrero de 2019, por el sistema de antigüedad y selección y por aplicación de los artículos 130 y 131 del Decreto Ley n.º 14157, de 21 de febrero de 1974, orgánico de las Fuerzas Armadas, a varios señores capitanes de fragata.
•	por el que se realizan ajustes al impuesto al valor agregado (IVA) de la leche larga vida o UAT (ultra alta temperatura);
•	por el que se crea el Fondo Citrícola con destino al financiamiento de la actividad citrícola nacional.
Asimismo, remite las siguientes exposiciones escritas presentadas por el señor representante nacional Nicolás Olivera:
•	relacionada con el manejo y disposición final de los residuos hospitalarios en las policlínicas de localidades del interior del departamento de Paysandú.
Relacionada con obras edilicias en la Escuela n.° 25 de la localidad de San Félix, departamento de Paysandú.
•	copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor representante nacional Nicolás Urrutia, con destino a la Comisión de Transporte y Obras Públicas, relacionadas con la construcción de defensas en las zonas urbanas inundables.
OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.
Nota comunicando la integración de la Mesa del Cuerpo para el quinto período de la XLVIII legislatura: María Cecilia Bottino, presidenta; Cecilia Eguiluz, primera vicepresidenta; Luis Gallo, segundo vicepresidente; Óscar Groba, tercer vicepresidente; Mario Ayala, cuarto vicepresidente; Virginia Ortiz, secretaria redactora; Juan Spinoglio, secretario relator; Fernando Ripoll y Felipe Pérez, prosecretarios.
La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informada una solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas.
La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informada una solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, de conformidad con lo establecido por el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la república, a fin de designar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República de Guatemala al señor Boris Svetogorsky Marino.
La Comisión de Constitución y Legislación eleva informada una solicitud remitida por el Juzgado de Paz Departamental de Maldonado de 2.º Turno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 de la Constitución de la república, sobre la suspensión de los fueros parlamentarios del señor senador Daniel Mario Bianchi Salomón.
La Comisión de Hacienda eleva informado un proyecto de ley por el que se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar un crédito fiscal a las empresas privadas para actividades de investigación y desarrollo.
La Presidencia de la Cámara de Senadores comunica que el señor senador Jorge Larrañaga no integrará la Comisión de Asuntos Internacionales, quedando en su lugar el señor senador Pedro Bordaberry.
La Intendencia de Montevideo remite nota en respuesta a una exposición escrita presentada por el señor senador Carlos Camy, relacionada con el pago de la tasa del Servicio de Contralor Bromatológico e Higiénico-Sanitario de las pymes.
La Junta Departamental de Paysandú comunica la designación como vicepresidente de la corporación del señor edil Mauro Valiente.
El señor capitán de navío (R) Jacinto Avilés Volonté presenta recurso de revocación y jerárquico contra la denegatoria ficta recaída en la petición formulada, con fecha 11 de octubre de 2018, ante la Cámara de Senadores.
La Junta Departamental de Maldonado remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor edil (suplente) Juan Agustoni, relacionadas con las obras que se están realizando en el Estadio Municipal de Aiguá y en Grutas de Salamanca.
OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LAS BANCADAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y A LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA, COMERCIO, TURISMO Y SERVICIOS.
La Suprema Corte de Justicia remite un informe solicitado por la Comisión de Asuntos Administrativos de esta cámara, relacionado con la solicitud de venia del doctor Guzmán López Montemurro como ministro de Tribunal de Apelaciones.
OPORTUNAMENTE FUE REMITIDO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.
El Ministerio de Educación y Cultura remite nota de la Administración Nacional de Educación Pública en respuesta a la propuesta realizada por el señor senador Pablo Mieres en noviembre de 2017, relacionada con la inclusión de la tragedia de los Andes en los textos de estudio.
El Ministerio de Industria, Energía y Minería remite respuesta de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas a un pedido de informes solicitado por el señor senador Guillermo Besozzi, relacionado con juicios contra el Estado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Guillermo Besozzi, relacionado con juicios contra el Estado.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social remite respuesta a un pedido de informes solicitado por la señora senadora Carol Aviaga, relacionado con el fallecimiento de jubilados dentro del edificio del Banco de Previsión Social.
El señor senador Germán Coutinho solicita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.º de la Ley n.º 17673, de 21 de julio de 2003, la reiteración de los siguientes pedidos de informes a los efectos de que el Cuerpo los haga suyos:
•	con destino al Ministerio de Desarrollo Social, relacionado con la situación de canastas y tarjetas de emergencia entregadas en el departamento de Salto;
•	con destino al Ministerio de Turismo, relacionado con la situación del turismo en Destino Termas.
El señor senador Luis Lacalle Pou, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento de la Cámara de Senadores, solicita autorización para realizar una exposición por el término de cuarenta y cinco minutos en la sesión del día 5 de junio, sobre el tema Día Mundial del Medio Ambiente.
El señor senador Sebastián da Silva, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del Reglamento del Senado, solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:
El señor senador Jorge Larrañaga, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del Reglamento del Senado, solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Desarrollo Social y al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, relacionada con la desvinculación laboral de trabajadores contratados bajo la designación de Talleristas por parte del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.
El señor senador Rafael Michelini, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del Reglamento del Senado, solicita se curse una exposición escrita con destino al Instituto Antártico Uruguayo, al rector de la Universidad de la República, a la Junta Departamental de Montevideo, al señor intendente de Montevideo, al señor presidente de la república y al doctor Ángel Grillo, relacionada con el reconocimiento a su labor científica.
SE VAN A VOTAR».
«La señora senadora Verónica Alonso solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen los siguientes pedidos de informes:
– al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, relacionado con el gasto mensual de internación y rehabilitación de menores;
– al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, relacionado con el gasto mensual por concepto de menores institucionalizados en sus dependencias y en convenios con el INAU;
«El señor senador José Amorín solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas, de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Puertos, al Instituto Uruguay XXI, a la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones y a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, relacionado con la construcción de un megapuerto en la zona de Punta Yeguas, departamento de Montevideo.
«La señora senadora Carol Aviaga solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen pedidos de informes con destino a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionados con la ampliación del puerto de Montevideo.
«El señor senador Pedro Bordaberry solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, relacionado con el plan de urbanización del área protegida de la laguna Garzón.
«El señor senador Álvaro Delgado solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen los siguientes pedidos de informes:
«El señor senador Pablo Mieres solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes a los Ministerios de Industria, Energía y Minería y de Relaciones Exteriores, relacionado con la situación jurídica del Tratado de protección de los derechos de artistas, intérpretes y ejecutantes de obras audiovisuales.
«El señor senador Pablo Mieres presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica la Ley n.º 18381, de 17 de octubre de 2008, Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública.
6) REITERACIÓN DE PEDIDOS DE INFORMES
SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera el pedido de informes solicitado por el señor senador Germán Coutinho, con destino al Ministerio de Desarrollo Social, del que se da cuenta en los asuntos entrados.
–17 en 21. Afirmativa.
Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera el pedido de informes solicitado por el señor senador Germán Coutinho, con destino al Ministerio de Turismo, del que se da cuenta en los asuntos entrados.
7) DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Corresponde ahora votar la autorización al señor senador Lacalle Pou, a efectos de que oportunamente realice su exposición sobre el tema por el término de 45 minutos.
SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Corresponde poner a votación la remisión de las exposiciones escritas de las que se da cuenta en los asuntos entrados.
Se va a votar si se envía al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la exposición escrita presentada por el señor senador Sebastián da Silva.
SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Se va a votar si se envía al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca la exposición escrita presentada por el señor senador Sebastián da Silva.
SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Se va a votar si se envía al Ministerio de Desarrollo Social y al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay la exposición escrita presentada por el señor senador Jorge Larrañaga.
SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Se va a votar si se envía al Instituto Antártico Uruguayo, al rector de la Universidad de la República, a la Junta Departamental de Montevideo, al señor intendente de Montevideo, al señor presidente de la república y al doctor Ángel Grillo, la exposición escrita presentada por el señor senador Rafael Michelini.
SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- En la sesión ordinaria del día 12 de marzo no se registraron inasistencias.
A la sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos del 13 de marzo faltó con aviso el señor senador Bordaberry.
A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 14 de marzo faltaron con aviso los señores senadores Lacalle Pou, Mieres y Moreira.
A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del 14 de marzo faltaron con aviso los señores senadores Camy y Mieres. A la sesión del 28 de marzo faltaron con aviso los señores senadores Camy y Mieres.
A la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del 11 de marzo faltaron con aviso los señores senadores De León y Lacalle Pou.
A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 13 de marzo faltaron con aviso los señores senadores Cardoso y López Villalba.
A la sesión de la Comisión Especial de Deporte del 19 de marzo faltaron con aviso los señores senadores Castillo y Tourné. A la sesión del 26 de marzo faltaron con aviso los señores senadores Baráibar y Mieres.
A la sesión de la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del 19 de marzo faltaron con aviso los señores senadores Besozzi y Michelini.
A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del 14 de marzo faltó con aviso el señor senador Besozzi.
A la sesión de la Comisión de Hacienda del 14 de marzo faltaron con aviso los señores senadores Heber y Moreira.
A la sesión de la Comisión de Medio Ambiente del 13 de marzo faltó con aviso la señora senadora Carol Aviaga.
A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del 11 de marzo faltaron con aviso los señores senadores Alonso, Aviaga y Cardoso.
A la sesión de la Comisión de Presupuesto del 13 de marzo faltaron con aviso los señores senadores Aviaga y Bordaberry.
A la sesión de la Comisión de Salud Pública del 12 de marzo faltó con aviso el señor senador Besozzi.
A la sesión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del 12 de marzo faltó con aviso el señor senador Cardoso.
SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Léase una solicitud de licencia.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 1 de abril de 2019
Solicito por este medio una licencia por razones personales para el día 2 de los corrientes.
SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.
Se comunica que, en virtud de la licencia concedida a la señora presidenta del Senado, Lucía Topolansky, ocupará la presidencia del Cuerpo por el día de la fecha la señora senadora Patricia Ayala y, al haber presentado nota de desistimiento el señor Julio Baráibar, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, queda convocado el señor Ricardo Alcorta, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 22 de marzo de 2019
De acuerdo a lo establecido en la Ley n.º 17827, de fecha 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo se sirva concederme el uso de licencia por el tiempo comprendido entre el 8 y el 10 de abril de 2019, por motivos personales.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 25 de marzo de 2019
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º, literal D) de la Ley n.º 17827, de fecha 14 de setiembre de 2004, desde el día miércoles 3 hasta el lunes 8 de abril, inclusive, del corriente año.
Lo solicitado es a los efectos de concurrir al XXIII Seminario Internacional “Los Partidos y una Nueva Sociedad”, a realizarse los días 4, 5 y 6 de abril de 2019 en la Ciudad de México. Se anexa invitación.
Félix Carlos Baráibar Ponce de León. Senador».
Queda convocada la señora María Sara Ribero, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 28 de marzo de 2019
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, por motivos particulares, los días 2 y 3 de abril de 2019.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 2 de abril de 2019
Por la presente, solicito al Cuerpo que usted preside licencia por los días 23 al 26 de abril por motivos personales.
Miguel Vassallo. Senador».
Se comunica que los señores Eva Gomori y Juan Ripoll han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora María Sara Ribero, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 1.º de abril de 2019
Por la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por razones particulares, el día jueves 4 de abril a partir de las 15:00.
11) DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN LA GUERRA DE LAS MALVINAS
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: en el día de hoy, 2 de abril, se conmemora, en la República Argentina, el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, instituido por la Ley n.º 23370, de noviembre del año 2000. Debido a su alta significación patriótica, es un feriado inamovible en el calendario oficial argentino.
La cuestión de las islas Malvinas siempre ha sido un tema fundamental en la política exterior de la República Argentina. Es mandato constitucional y, por lo tanto, hace más de un siglo y medio, en mayor o menor medida, siempre ha sido política de Estado para todos los Gobiernos del vecino rioplatense.
El actual Gobierno argentino ha impulsado un diálogo con los británicos con el objetivo de construir, a nivel diplomático, espacios de interés mutuo, de modo de generar un clima de confianza que haga inevitable, tarde o temprano, la reanudación de las negociaciones sobre la soberanía. Sobre eso es que vienen insistiendo las Naciones Unidas desde hace más de sesenta años.
Es menester señalar algunos acercamientos destacables que surgieron trabajosamente en los últimos tiempos a nivel diplomático. Un comunicado conjunto argentino-británico, de fecha 13 de setiembre de 2016, introdujo una amplia agenda de interés mutuo; a saber, temas políticos, económicos, científicos, de lucha contra el terrorismo, etcétera, y entre ellos, lógicamente, el tema de la cuestión Malvinas. El documento, de naturaleza programática, traza una hoja de ruta que requiere gestos y compromisos de ambas partes para avanzar de manera gradual en la reconstrucción de la confianza entre ellas. En virtud de ello, muchos han sido los contactos que se vienen desarrollando de manera positiva, alimentando un camino de entendimiento y paz en el Atlántico Sur.
En este marco, y con la facilitación del Comité Internacional de la Cruz Roja, se ha llevado adelante la iniciativa de identificación de los restos de los soldados argentinos inhumados en el cementerio de Darwin, islas Malvinas, bajo la leyenda “Soldado argentino solo conocido por Dios”, permitiendo saldar una deuda histórica con los familiares de los caídos. Así, se han identificado más de cien combatientes, y, el 26 de marzo de 2018, aquellos familiares que participaron de la iniciativa viajaron a las islas a rendir tributo a sus seres queridos.
También con el objetivo de promover una mayor conectividad de las islas con el territorio continental argentino y de intensificar los vínculos entre los habitantes de uno y otro sitios, en noviembre de 2018 los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido alcanzaron un entendimiento a fin de que la empresa Latam opere un servicio aéreo a las islas Malvinas, adicional al ya existente –Punta Arenas, Río Gallegos, islas Malvinas–, partiendo desde San Pablo, con dos escales mensuales en la ciudad de Córdoba, y llegando a islas Malvinas. Esa conexión adicional se enmarca en la Declaración Conjunta y Acuerdo por Canje de Notas suscrito por ambas partes, bajo fórmula de salvaguarda de soberanía, el 14 de julio de 1999.
Esas acciones abonan un camino de reencuentro y de paz, pero también de búsqueda de la reanudación de las negociaciones sobre la soberanía, cosa que Uruguay apoya y sostiene desde hace muchas décadas.
La República Argentina continúa, entonces, reafirmando sus legítimos derechos de soberanía sobre los archipiélagos y espacios marítimos circundantes en disputa e instando –con el apoyo de la comunidad internacional– al Reino Unido a reanudar las negociaciones que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
El acto ilegal de 1833 perpetrado por el Reino Unido sobre territorio argentino siempre encontró a la República Oriental del Uruguay del lado de la nación hermana, lo que siempre ha sido para nuestro país, en el área internacional, un principio inclaudicable. Desde el inicio de la labor de la Organización de las Naciones Unidas, Uruguay apoyó la reserva de derechos por las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que realizó la República Argentina en 1946.
La posición uruguaya, al igual que la de los demás países latinoamericanos, se ciñe al derecho público de América, lo que tiene como primer principio que los territorios de América no pueden ser objeto de colonización.
El segundo principio del derecho americano enuncia que los Estados americanos no reconocen las adquisiciones o ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro medio de coacción, tal como establece el artículo 17 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos.
Señora presidenta: excedería mi tiempo describir y comentar las resoluciones de Naciones Unidas que comprenden la cuestión Malvinas, pero es ineludible consignar que si abordamos el tema por el lado del respeto a la integridad territorial argentina, no pueden existir dudas en cuanto a la razón argentina. Ya sea por el enfoque geográfico, por el histórico o por el doctrinario del principio uti possidetis, brillantemente expuesto por el embajador doctor Carlos María Velázquez en nombre de la República Oriental del Uruguay en las Naciones Unidas en 1964, la razón de la posición argentina siempre aparece clara y prístina.
–Por si ello fuera poco, el abordaje a partir de la resolución de Naciones Unidas que decide cuáles son los territorios no autónomos, también desemboca en solventar la posición argentina, dado que el estatus colonial de las islas Malvinas no permite derivar en una supuesta autodeterminación que no es reconocida por las Naciones Unidas. Esto es en virtud de que el principio de autodeterminación es aplicable, bajo el estatus colonial, solamente a las poblaciones originarias, lo que no es el caso de quienes habitan las Malvinas.
En esta intervención es imposible suplir con mis palabras el profuso informe de casi doscientas páginas, que presentó nuestra Cancillería en 2012, titulado «El principio de libre autodeterminación de los pueblos y su aplicación al conflicto sobre soberanía relativo a las islas Malvinas». Allí se comprendía clara y firmemente la posición nacional de respaldo al reclamo histórico de la República Argentina sobre la cuestión Malvinas, que hace muchos años ha dejado de ser un asunto estrictamente argentino para pasar a ser un tema que no admite otra conducta que la solidaridad continental con la patria de San Martín y el querido pueblo argentino, y que en esta fecha, 2 abril, adquiere una profunda significación americanista.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Educación y Cultura, a la Presidencia de la Cámara de Representantes, a las Comisiones de Asuntos Internacionales de ambas cámaras, a la Embajada de la República Argentina, a las Presidencias del Honorable Congreso de la Nación Argentina y a sus Comisiones de Asuntos Internacionales, a la Embajada uruguaya en Buenos Aires, al Parlamento del Mercosur y a su Comisión de Asuntos Internacionales, al Parlamento Latinoamericano, a la Mesa Política del Frente Amplio, al Foro Malvinas en Uruguay, a la organización que nuclea a los veteranos de la guerra de las Malvinas y al equipo de comunicación «De fogón en fogón».
SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Castillo.
SEÑOR CASTILLO.- Señora presidenta: hace muy pocos días, más precisamente la semana pasada, hubo un acontecimiento en nuestro país que tuvo escasa repercusión en los medios de comunicación. Parecería que tenemos que acostumbrarnos a que las buenas noticias o las cuestiones que salen bien para nuestro país no tienen caja de resonancia. En realidad, a veces vende más el lío que cualquier otra cosa, pero alguien que pueda seguir el contenido de nuestras palabras podrá efectivamente comprobar que, con la licitación pública n.º 16513, años atrás se tomó la decisión de construir una draga nueva para el puerto de Montevideo. Es un hecho que podría ser una noticia que ocupara un minuto o un subtítulo, pero en realidad es un acontecimiento histórico porque estamos hablando de la primera embarcación de este tipo que se construye en nuestro país y, además, porque tiene características muy importantes que me parecen dignas de resaltar a los efectos de apropiarnos de algunas cuestiones que son posibles mediante la legislación uruguaya, el Gobierno y las decisiones que vamos tomando en los distintos ámbitos.
El costo exacto de la construcción de la draga a succión por arrastre fue de USD 61:075.980. Se construyó con recursos genuinos de la ANP y no tuvo sobrecostos; es decir que no hubo necesidad de actualizar el costo total, sino que, efectivamente, el precio con el que se licitó fue el costo total que tuvo la construcción.
Vale la pena destacar algunos hechos que se remarcaron en la inauguración. La eslora –el largo de la embarcación– es de noventa y un metros, y su manga –el ancho, dicho en términos marítimos– es de dieciocho metros. Por lo tanto, se convierte en la embarcación con bandera uruguaya de porte más importante que tenemos dentro de la Administración Nacional de Puertos. Se trata de una construcción de última generación, con el equipamiento moderno y los elementos técnicos que requiere la navegabilidad en esta última etapa.
Una de las características principales que me importa remarcar es que la capacidad de cántara –esto es, el volumen de extracción y transporte de limo o arena– llega a los 4200 metros cúbicos, y eso la convierte en la draga de mayor volumen. Las otras que tiene nuestro país son la D7 –es una imagen bien característica, porque no hay propaganda que muestre la bahía de Montevideo en donde no aparezca dicha draga–, con 2700 metros cúbicos de transporte, y la D9, Alfredo Labadie, que tiene cerca de 3000 metros cúbicos. Por lo tanto, para nosotros esta es una cuestión importante a destacar.
También es importante señalar especialmente que en este proyecto trabajaron cuarenta y ocho empresas proveedoras de mano de obra uruguaya: metalúrgicas, de conexiones hidráulicas, de acondicionamiento térmico, de mobiliario, de electrónica, de comunicaciones, de equipamiento de camarotes, de menaje, de electrodomésticos, de vidrierías y de carpinterías. Es decir que generó una cantidad de puestos de trabajo y de mano de obra uruguaya, al punto de que fueron casi quinientos los operarios uruguayos afectados a la construcción, algunos con muy pocos jornales y otros durante todo el proceso. La obra insumió cinco mil horas de trabajo, no tuvo sobrecostos, se hizo con recursos genuinos de la ANP y se entregó dos meses antes de la fecha comprometida, cuestión que no es muy habitual y que conviene destacar.
La draga se terminó bautizando con el nombre «21 de Julio», que es el día en que se da cuenta del comienzo de las actividades portuarias en nuestro país, fecha aniversario que nosotros mismos aprobamos como el Día del Trabajador Portuario.
Destacamos también el papel de los trabajadores del Supra y de la UNTMRA, porque fueron los dos gremios que durante muchísimos años discutieron con las autoridades, con la Presidencia de la República, con el Directorio de la ANP y con los distintos ministros de transporte, no solo sobre la necesidad de tener una maquinaria de este tipo para la defensa de la soberanía de nuestro país, sino además sobre la posibilidad de construirla con sus propias manos, de forma de tener esta participación y generar la experiencia que tiene ahora el Uruguay para poder construir más embarcaciones. De hecho, el propio sector de trabajadores portuarios –el comité de base de la flota– reivindica desde hace mucho tiempo la necesidad de tener una lancha aguatera –proveedora de agua potable–, una lancha para las batimetrías y los relevos, y una embarcación para controlar derrames de petróleo o de combustibles y la limpieza de la bahía.
Solicitamos, entonces, que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada a la Administración Nacional de Puertos, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al PIT-CNT, y a la UNTMRA –sindicato metalúrgico– y al Supra –sindicato portuario–, a la vez que valoramos el papel del comité de base de la flota.
SEÑOR CARDOSO.- Señora presidenta: la industria energética a carbón mineral en Brasil alentó la instalación de la fábrica de cal en el departamento de Treinta y Tres, con la finalidad de proveer a dicha industria energética, a través de un contrato que se firmó en octubre de 2010. Lo que no se tuvo en cuenta es que la reserva de caliza de la que disponía Ancap no cubría las necesidades técnicas para cumplir con ese negocio, y tampoco se tuvo un real conocimiento ni programación de cuáles serían los volúmenes requeridos. En ese desconocimiento se planteó un negocio de USD 30:000.000 de inversión que se obtuvieron por préstamos otorgados por la entonces Corporación Andina de Fomento y por el Banco Santander.
Se planteó una planta para producir una cantidad desmesurada con relación a lo que realmente se iba a exportar. Se compró un horno que debía procesar trescientas toneladas diarias, pero no se podía utilizar porque no se adaptaba a la reserva química de caliza. Seguidamente se decidió comprar otro horno con capacidad de procesar quinientas toneladas diarias –es decir, aumentar el volumen–, pero tampoco se logró introducir el volumen requerido porque, dada la calidad de la caliza, se necesitó mover tres mil toneladas de caliza para producir cuarenta y seis toneladas de cal al día.
En consecuencia, en el mercado brasileño solo se pudo competir en precio dada la calidad de la caliza. De esta manera, el resultado de la inversión fue desmesurado, imposible de compensar. A raíz de todas esas circunstancias, entre 2012 y 2016 el ente perdió juicios por incumplimiento de contrato. A todo ello deben sumarse las multas ambientales que debió pagar la Dinama por la contaminación provocada con el polvo originado por el resto de las piedras calizas que se utilizaron en el proceso.
En suma, en la ineficiencia técnica para plantear el negocio del Estado se muestra la irresponsabilidad con que se actuó en esos períodos de gobierno y cómo muchos jerarcas manejaron los dineros públicos.
En consecuencia, el fracaso de cuestiones como estas que dilapidan recursos económicos impide disponer de fondos públicos para brindar medicamentos de alto costo a pacientes que los necesitan o aumenta la presión fiscal sobre el sector de la pequeña y mediana empresa para compensar la pesada carga del Estado.
Se cierra un nuevo período de gobierno y se mantienen las vulnerabilidades de ciertos sectores de la población como el de los niños, los jóvenes y los trabajadores con bajo salario de la actividad privada, cuestiones que, tras un largo período de bonanza, deberían haberse resuelto. Este es realmente un problema que tenemos para resolver, pero lamentablemente el Gobierno no ha puesto entusiasmo en su solución.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Presidencia de la República, al Ministerio de Salud Pública y por su intermedio al Fondo Nacional de Recursos, a las juntas departamentales y a los municipios de todo el país.
SEÑORA PRESIDENTA.- Culminando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Camy.
SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: queremos plantear ante el Senado de la república una inquietud que puede parecer menor, que involucra a una población del norte del departamento de Salto, como es pueblo Belén. Días pasados recibimos la inquietud de una cantidad importante de pobladores de esa localidad que manifestaban su disconformidad y su preocupación por el aumento que tuvieron el mes pasado en las facturas de UTE. Este hecho fue denunciado ante el propio ente y ante el Ministerio de Industria, Energía y Minería a través de una carta firmada por decenas de vecinos. En ella explicaban que no fue tomado el consumo domiciliario y que la respuesta del ente fue que debían enviar el registro correspondiente a través de una aplicación. Sabemos que esta posibilidad no está al alcance de todos los vecinos, y mucho menos en este tipo de localidades del interior de nuestro interior del país.
En una nota que, reitero, ya está en conocimiento del ente, expresan que en algunos casos el aumento de la tarifa básica implicó facturas de $ 5000, por ejemplo, en una localidad que está azotada por el desempleo, en la que literalmente no hay trabajo y en la que la situación que se padece es realmente alarmante. Incluso, nos señalaban –y también lo expresaron en la nota que los propios vecinos enviaron al ente– que, oportunamente, el intendente del departamento manifestó la intención de proponer alguna tarifa especial o de contemplar la situación particular que se vive en esa zona del departamento de Salto.
Suman a esto la aparente consecuencia de falta de servicio, muchas veces prolongada cuando suceden inclemencias climáticas de tormentas o de lluvias abundantes, lo que naturalmente origina mucha más disconformidad y preocupación en los habitantes. Han realizado las gestiones pertinentes y que corresponden. Por lo tanto, y también para conocimiento de este Cuerpo, nos sumamos a la preocupación y solicitamos al ente y al Ministerio de Industria, Energía y Minería que se ocupen de este tema, proponiendo puntualmente la posibilidad de refacturación del mes que se alude, así como el control de los contadores domiciliarios como corresponde y, en caso de que exista alguna deuda por lo que hemos descrito, la posibilidad de un acuerdo con los usuarios en el marco de lo que las normas permiten.
Queremos hacer llegar al Directorio de UTE y al Ministerio de Industria, Energía y Minería, si así lo entiende pertinente el Cuerpo, la versión taquigráfica de esta intervención, que refiere a algo que está preocupando al pueblo Belén de Salto, que, reitero, está atravesando una situación compleja desde el punto de vista económico y social por la falta de oportunidades laborales de los habitantes de ese lugar.
Correspondería que el Senado pasara a considerar los puntos que figuran en primer y segundo término del orden del día, pero como no se han presentado propuestas para las candidaturas allí expresadas quedarán postergados para una próxima sesión.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Mocionamos para que se trate en forma grave y urgente la carpeta n.º 1295/2019, proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se crea el Fondo Citrícola con destino al financiamiento de la actividad citrícola nacional». (Firman varios señores senadores).
En consecuencia, se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se crea el Fondo Citrícola con destino al financiamiento de la actividad citrícola nacional. (Carp. n.º 1295/2019 - rep. n.º 827/19)».
SEÑOR GARÍN.- Señora presidenta: vamos a proceder a informar brevemente el contenido de la creación de este Fondo Citrícola.
Se trata de una iniciativa que viene del Poder Ejecutivo con fecha 25 de marzo. En el proyecto de ley están incluidas, a nuestro juicio –y lo expresa claramente el informe–, dos iniciativas o finalidades muy claras. La primera es la creación de un Fondo Citrícola, que está pensado como un instrumento de apoyo general a la cadena productiva de la citricultura, y la segunda es más específica y está referida a brindar asistencia financiera a una empresa del sector que en estos momentos está pasando por algunas dificultades económicas y se encuentra en etapa de concurso. Nos estamos refiriendo, concretamente, a la empresa Citrícola Salteña S. A.
Merece que comentemos, en esta breve fundamentación, que buena parte del articulado –compuesto por siete artículos–, que viene ya aprobado con el apoyo de todos los partidos en la Cámara de Representantes, refiere a la creación del instrumento general del Fondo Citrícola, y hay un artículo bastante pormenorizado, que corresponde a la asistencia a la empresa mencionada, es decir, Citrícola Salteña.
Mientras las señoras y los señores senadores van revisando el texto del proyecto de ley, queremos destacar que el instrumento más importante que se plantea es la creación del Fondo Citrícola, que está pensado en clave de apoyo al conjunto del sector productivo citrícola, pero considerando, además, la particular situación que hoy está atravesando la empresa Citrícola Salteña S. A., cuya cosecha hoy corre riesgo de no ser recolectada. Hablamos de un área de cultivo de 3500 hectáreas, que representa el 23 % de la superficie bajo explotación citrícola, que es de aproximadamente 15.000 hectáreas en todo el país. Pues bien, esas 3500 hectáreas hoy están bajo amenaza de no ser cosechadas. Por tanto, esta es una situación de emergencia y nos parece muy pertinente la iniciativa del Poder Ejecutivo al plantear el tratamiento urgente del presente proyecto de ley, a los efectos de dar respuesta a esta problemática.
A nuestro juicio, esta iniciativa significa una gran oportunidad para que esas 3500 hectáreas de citrus puedan ser cosechadas y, al mismo tiempo, se mantengan los 2500 puestos de trabajo vinculados a las tareas de cosecha y poscosecha, que tienen una enorme incidencia en el litoral norte, especialmente en el departamento de Salto, área geográfica donde se encuentra buena parte de estos cultivos y, por consiguiente, la mayoría de los puestos de trabajo que genera esta actividad.
Reitero que me parece de enorme oportunidad la declaración de urgente consideración del proyecto, por cuanto resuelve el problema de una empresa, al tiempo que asegura la cosecha del 20 % de la superficie del área citrícola –que está bajo amenaza– y con ello los 2500 puestos de trabajo en una zona del país que está sufriendo problemas laborales desde hace bastante tiempo. Entonces, la aprobación de este proyecto de ley nos permitirá avanzar en soluciones concretas.
Es importante destacar que esta iniciativa demuestra una enorme responsabilidad en la búsqueda de una solución para resguardar la zafra, a fin de que esta empresa no pierda la producción de un año –que es lo que hoy está bajo amenaza– y no se malogre ese valor generado. Simultáneamente, al producirse la cosecha, se estaría evitando un importante riesgo de naturaleza ambiental y fitosanitaria. Recordemos que una vez terminado el ciclo de un cultivo, cuando toda la producción está en los árboles, si no es controlada se convierte en un foco potencial de enfermedades. Hoy, el estatus sanitario de nuestro país es de inmejorable calidad y no debería verse amenazado por no proceder a la cosecha de esta producción. Vale la pena decir que dicho estatus es el que ha permitido, desde 2007 hasta el presente, la expansión permanente de la producción y la exportación de productos cítricos. Pero, además, es uno de los soportes que desde el año 2013 nos ha permitido abrir el mercado de Estados Unidos, con lo que pudimos sobrellevar un importante revés para esta cadena productiva, como lo fue el cierre del mercado de la Unión Europea. En el presente, con datos de 2018, el 60 % de las exportaciones citrícolas tienen como destino Estados Unidos. Reitero que este mercado fue abierto en 2013 y parte de ese logro se debió a la condición fitosanitaria que ahora tratamos de resguardar.
También es importante cuidar el estatus sanitario –al que me he referido indirectamente–, y tener una conducta de abastecimiento a nuestros mercados es una forma de preservarlo.
Esta asistencia permitirá que la empresa lleve adelante su cosecha y así aportar la cuota parte que le corresponde en las exportaciones de productos cítricos de nuestro país.
En síntesis y como reflexión final queremos decir que entendemos que se trata de un proyecto de ley muy importante, que genera un instrumento de carácter general –como lo es la creación del Fondo Citrícola– que permite mitigar pérdidas sociales y económicas al asistir a una empresa que está teniendo dificultades, que con la ayuda prevista en esta iniciativa podrá llevar adelante la zafra 2019. Esto demuestra una enorme responsabilidad en lo que refiere al cuidado y preservación del estatus sanitario, de los mercados y de los compromisos ante los clientes y, sin ninguna duda, significará impactos en el ambiente, no solo por el tema sanitario, sino porque esta cantidad de fruta no va a quedar desperdiciada en los campos de cultivo, lo que no solo sería un riesgo para la empresa y sus cultivos, sino también para la producción de otras empresas vecinas en el área de esta cadena productiva del litoral norte.
Hemos hecho referencia a un conjunto de valoraciones que entendemos son de extrema importancia y justifican que se considere este proyecto de ley con carácter urgente, tal como ha sido tratado y aprobado por la Cámara de Representantes el viernes pasado, en una sesión extraordinaria convocada específicamente para considerar este proyecto de ley.
Respecto a la descripción del cuerpo del proyecto de ley debo decir que está conformado por siete artículos.
Por el artículo 1.º se crea el instrumento general, es decir, el Fondo Citrícola, con destino al financiamiento de la actividad citrícola nacional, por razones de interés general. Tengamos en cuenta que el interés general de este fondo no solo refiere a esta empresa, sino a los problemas de una cadena, a la suerte que esta pueda correr, a su contexto e incidencia, tanto en los aspectos productivos, como en los laborales, económicos y sociales, a los que contribuirá este fondo de ser aprobado por el Cuerpo.
En el artículo 2.º se establecen los mecanismos con que se financiará inicialmente este Fondo Citrícola. Expresamente se fija una transferencia de $ 120:000.000 que vienen del Fondo de Desarrollo que administra la Agencia Nacional de Desarrollo, Fondes-ANDE, sin perjuicio de que el propio artículo establece que podrá luego capitalizarse con otros fondos que provengan del Poder Ejecutivo. Esta disposición también establece la titularidad y dirección del fondo, que será llevado adelante por los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Industria, Energía y Minería, y por la Agencia Nacional de Desarrollo, y dice que los fondos serán utilizados para generar un fideicomiso de administración en el marco de la Ley n.º 17703, que en ningún caso los costos de administración podrán ser superiores al 0,8 %. Es decir que se crea el instrumento y se topean los costos que pueda tener ese fideicomiso.
El artículo 3.º dispone la gobernanza del Fondo Citrícola, que estará a cargo de los titulares –los ministerios mencionados y la Agencia Nacional de Desarrollo–, quienes deberán nombrar un miembro representante de cada uno para integrar el Comité de Dirección.
En el artículo 4.º figuran las disposiciones particulares, que establecen que, una vez creado el Fondo Citrícola, el primer destino será la asistencia financiera a la empresa Citrícola Salteña S. A., estableciéndose a título expreso el monto a asignarse, que será de $ 115:000.000. Además, se detallan las finalidades para las cuales se podrán utilizar dichos fondos, que son: la cosecha, clasificación, empaque y venta de la producción citrícola y de jugos correspondiente a la zafra 2019. Asimismo, se dispone a título expreso que los desembolsos del fondo hacia la empresa deben contar con registros individualizados de destino y con rendición de cuentas, lo que debe ser aprobado por el interviniente –recordemos que esta empresa está en concurso–, y que el plazo máximo en el que se podrá utilizar este dinero será de doce meses. Las condiciones de obligaciones de la empresa frente a los préstamos serán establecidas con los titulares del Fondo Citrícola que se crea.
Ingresando ya en el final del articulado, en el artículo 5.º se incluyen disposiciones generales al fideicomiso, estableciéndose claramente que este deberá retornar los fondos que le proporcione Fondes-ANDE y, a su vez, prioriza los aportes de otros fondos que puedan provenir de instituciones que oportunamente capitalicen al Fondo Citrícola; en última instancia establece la prioridad de los beneficiarios del fideicomiso.
El artículo 6.º dispone que el Comité de Dirección tendrá la potestad de otorgar adelantos del fondo, previa constitución de las garantías necesarias.
Por último, el artículo 7.º establece que la presente ley tendrá vigencia a partir de su promulgación.
Consideramos que este proyecto de ley es muy bueno porque tiene connotaciones de carácter general que permiten dar apoyo a la cadena citrícola. Incluye una disposición específica para solucionar la dificultad puntual de una empresa que este año 2019 se encuentra en problemas, pero debemos tener en cuenta que su solución implicará beneficios generales en lo productivo y en lo sanitario y, en particular, en lo relativo a mantener y generar nuevos puestos de trabajo en la región del litoral norte, especialmente en el departamento de Salto.
En síntesis, no podemos hacer otra cosa que reconocer que este es un muy buen proyecto de ley, que ya ha sido aprobado en la Cámara de Representantes y que llega al Senado con la propuesta de que lo tratemos como urgente, lo que nos parece muy pertinente, pues sería muy interesante que quedara aprobado en el día de hoy.
SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: el Partido Nacional va a acompañar este proyecto de ley, que obviamente es especial, aunque no es el primero que se vota con estas características, ya que es muy parecido al que se votó para atender la situación de la empresa Pili. Como bien lo expresó el miembro informante, tiene que ver con la realidad del sector citrícola –particularmente, con la de una de las empresas más importantes del sector– en momentos en que se inicia la zafra y, obviamente, las zafras no esperan por tiempos parlamentarios. Además, no solo tenemos los riesgos vinculados a acuerdos comerciales y de mercados, sino que hay otros que tienen que ver con aspectos fitosanitarios.
Como bien se informó, lo primero que se hace es crear el Fondo Citrícola, lo que nos parece positivo porque su objetivo principal es promover el financiamiento de la actividad citrícola nacional. Ese fondo se crea en base a una transferencia inicial de $ 120:000.000 provenientes del Fondes-ANDE, administrado por la Agencia Nacional de Desarrollo, al tiempo que se establece que luego el Poder Ejecutivo podrá incorporar dinero de otros orígenes, y que la titularidad de dicho fondo corresponderá a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Industria, Energía y Minería y a la Agencia Nacional de Desarrollo.
En los artículos siguientes se crea un fideicomiso, a través del cual se habilita un préstamo por casi el mismo monto que se asigna para la creación del Fondo Citrícola, es decir, por $ 115:000.000, unos USD 3:500.000, para atender exclusivamente los costos directos e indirectos de la cosecha, clasificación, empaque y venta de la producción citrícola y de los jugos correspondientes a la zafra 2019 de la empresa Citrícola Salteña S. A.
Llegado a este punto, más allá de la coyuntura me parece necesario hablar del fondo. Aunque ya adelanté que vamos a acompañar este proyecto de ley porque hay que empezar con la zafra, cumplir con los compromisos contraídos y atender un riesgo fitosanitario inminente, todo lo cual es muy importante para nosotros, entiendo que de una vez por todas tenemos que considerar hasta dónde este tipo de iniciativas –que se podría decir que intentan dar oxígeno en forma parcial o son fondos parche con el objetivo de solucionar una situación coyuntural–, no terminan siendo pan para hoy y hambre para mañana, si no se analiza la situación de manera integral.
¿Cómo se llega a esta situación? Esta es una empresa que está en concurso, que desde hace tiempo está enfrentando dificultades, pero no podemos perder de vista que no es una situación exclusiva, sino que casi todas las empresas del sector –si bien no están en este nivel de complejidad– están en una circunstancia similar. Obviamente, esto tiene que ver con los costos, tarifas, condiciones de competitividad y aportes. Recordemos que se cambió la tipología de los aportes, sobre todo en relación con los packing de la industria citrícola, que pasaron de rural a industria y comercio. A todo ese conjunto de elementos se suma el accionar del Banco República que creo que no colaboró en la solución de la situación. Según la información que tenemos, en abril del año pasado, luego de pagar USD 10:000.000, la empresa quedó al día en sus obligaciones con el banco, al menos en las amortizaciones y los intereses, pero de todos modos la institución mantuvo a la empresa en categoría V, lo que anuló toda posibilidad de crédito en plaza. A ello se agrega que, luego de sufrir una catástrofe climática en el mes de julio –lo que se debatió aquí, en el Senado–, en enero de 2019 el banco subió la tasa de interés de 7,75 % a 9,90 %.
O sea que hay un conjunto de factores que hacen que hoy lleguemos a esta situación –que fue incremental y eclosiona ahora, pero que no es nueva–, por la que tenemos en concurso a una empresa de esta magnitud, con esta cantidad de trabajadores y con 3500 hectáreas de citrus. Esto no es muy original: tengo acá las gráficas de la cantidad de empresas en concurso en Uruguay y vienen incrementándose. Obviamente, nos preocupa; nos preocupa la falta de políticas industriales vinculadas a algunos sectores, en los que estamos actuando como bomberos de situaciones.
El Ministerio de Industria, Energía y Minería habla de un observatorio industrial, el que de este tema, en los informes que tenemos, no dice nada. Nos enteramos por la prensa de que, a horas de empezar la cosecha, ese ministerio –que hace dos semanas no sabía qué hacer– hablaba de un préstamo de US$ 2:000.000, y después llegó a esta solución que, por lo menos, logra el objetivo inicial, que es colaborar con el inicio de la cosecha, que los trabajadores puedan cobrar y garantizar que la fruta se recoja, evitando la pérdida de mercados y un riesgo fitosanitario. ¿Que es un parche? Es un parche. Sepámoslo: es un parche. Lo dijimos con Pili también: lo apoyamos, lo acompañamos, era justo, pero era un parche, ¡y todos sabemos cómo terminó el parche de Pili!
Esto tiene que ver con esta cosecha, pero dentro de sesenta días las empresas van a tener que empezar a invertir de vuelta para la cosecha siguiente y van a estar en la misma situación en la que están hoy, con la diferencia de que van a tener la fruta recogida; pero imagino que ya habrán comenzado a pagar el préstamo, por lo que tendrán un flujo de fondos muy menguado. Van a tener dificultades vinculadas, no a esta cosecha, sino a la siguiente, y a la siguiente, y a la otra también si no encaramos el tema con una lógica mucho más integral.
El sector citrícola está pasando por una situación realmente compleja, pero no es el único, no es original; le pasa al arrocero y a varios sectores agroindustriales, que tienen un nivel de endeudamiento alto y problemas enormes de competitividad. Son sectores –mencioné dos de ellos– que, además, se han destacado por la conquista de mercados muy exclusivos. En el caso del arroz, Uruguay hoy está perdiendo mercados; estamos a la espera de un único mercado nuevo porque estamos perdiendo mercados históricos, lo que se suma a la baja de precios y de las condiciones de competitividad y al endeudamiento. En el caso del sector citrícola, que es muy valorado en el mundo, logramos entrar a países a los que no entrábamos; además, no solo la calidad, sino también el color de la fruta uruguaya son reconocidos en el mundo. Sería un contrasentido que en estos sectores agroindustriales, que son innovadores, que tienen alto nivel de ocupación y poco de mecanización –por lo menos en la etapa primaria; después pasan por un proceso de packing y demás–, lleguemos a situaciones de estas características. Reitero –y lo advierto porque nos hemos reunido con varios productores– que esta no es una situación exclusiva de Citrícola Salteña S. A.; estamos al borde de que esto pase en otras empresas del sector.
Entonces, más allá de manifestar, en nombre del Partido Nacional, que vamos a acompañar este proyecto de ley, que nos parece que, por lo menos, es una bocanada de oxígeno frente a una situación que es dramática y es de hoy –o de ayer–, por la que se presenta un riesgo sanitario, reitero, y de pérdida de mercados, también queremos decir que no es la solución. Quiero advertir que sería bueno mirar esta situación con las luces largas, mirar cómo estos sectores, intensivos en lo que respecta a la mano de obra, comercialmente muy activos, con prestigio internacional, con mercados conquistados, con mercados demandados, con buena reputación internacional en lo que tiene que ver con lo comercial, se van vaciando. Se van vaciando por condiciones de competitividad interna y por falta de apoyo, y en este caso por falta de políticas industriales que generen la competitividad que asegure la viabilidad de las empresas.
Esto, obviamente, genera precedentes; lo generó la asistencia a Pili y lo va a generar esta. Que no nos extrañe que dentro de unos meses, de unas semanas o de unos días estemos votando un proyecto de ley con otro nombre y apellido. Esto es para una empresa en particular, más allá de que se cree un fondo para el sector citrícola, lo que me parece que es positivo y ojalá tenga un sentido procíclico hacia adelante. Pero esto genera un precedente, que es el posible, no sé si es el mejor. Sin duda, coincidimos en que es la solución de hoy, pero no es la solución de mañana.
Nosotros queremos tratar de ver más allá y abogamos por que este tipo de situaciones, sobre todo la de este sector, que actualmente tiene muchos problemas, sean analizadas por el Poder Ejecutivo y que desde acá tratemos de colaborar con una solución. Hay que abordar esto integralmente, incluyendo condiciones de competitividad que le den sustentabilidad a un sector que, además de tener muchísimos trabajadores, genera para Uruguay un rubro exportable, de cantidad y de calidad realmente importantes.
SEÑOR COUTINHO.- Señora presidenta: también vamos a acompañar este proyecto de ley, pero queremos hacer algunas reflexiones. Creemos que este asunto nos da a todos –a los integrantes de todos los partidos políticos y de todos los Gobiernos– la oportunidad de tener un año más para ver si en el futuro vamos a poder tener una citricultura fortalecida o, definitivamente, no va a prosperar, no va a avanzar y estos problemas van a seguir existiendo en el rubro.
Tampoco podemos dejar de hacer algunos comentarios. No hace un día que venimos reclamando y transmitiendo las dificultades que sufre la citricultura. En casos puntales esto ya no es novedoso. Si todo estuviera bien, Sandupay no hubiera tenido el problema que tuvo en 2011; si todo estuviera bien y la citricultura –incluso como política de Estado, como en los últimos años– no fuera una oficina casi residual del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, no estaríamos llegando a esto, a la situación a la que hoy estamos llegando.
Como sabe, señora presidenta –porque usted también es del norte–, la citricultura está concentrada en el norte, ya que el 85 % está en Salto y Paysandú. Los que vivimos allá a veces no sabemos si eso es bueno o malo, porque creemos que por haber estado concentrada toda –o casi toda– la citricultura en nuestra región y en nuestro departamento no prosperaron los llamados de alerta del rubro durante todo este tiempo. Y hoy, a través de un proyecto de ley –que vamos a acompañar, que vamos a votar, que vamos a apoyar– estamos buscando una solución, porque todo llegó a los extremos, porque ya no resistía más.
Esta empresa ha sido el motor del norte y de nuestro departamento. A pesar de que este proyecto de ley tiene media sanción, se han dicho tantas cosas públicamente y han dicho tantas cosas quienes después, en definitiva, también votaron este proyecto de ley, que nosotros no podemos pasar por alto ciertas cuestiones que queremos compartir, porque en setenta y cuatro años de la empresa hay muchas más cosas positivas que negativas.
Esta empresa –que cuando salga del problema de este año va a prosperar– es fundamental para la historia de miles y miles de familias del departamento; durante setenta y cuatro años fue como un motorcito productivo. En realidad, por suerte, en nuestro departamento y en la región aparecieron muchos rubros después, pero a los que nos gusta el deporte sabemos que históricamente, en el relato y en los comentarios de determinados torneos, a los salteños nos dicen los naranjeros. Tenemos ese relacionamiento con la citricultura del día a día en todos los sentidos, tanto con los trabajadores –que todos quieren seguir trabajando– como con Caputto, con su tercera generación. Allí tenemos socios importantes para sacar adelante la citricultura.
Don Francisco Caputto llegó a Salto en 1945 y compró una chacra. En ese contexto empezaron a trabajar las diferentes generaciones; no conocí a la primera, pero sí a la segunda y a la tercera, y por más que hoy estén en una situación diferente, no puedo dejar de trasmitir algunas cosas que me parece que fueron importantes y por las que, reitero, allí podemos tener socios para sacar adelante la citricultura, porque nos da un año más de vida.
En 2011, cuando vivimos la situación de Sandupay, estuvimos allí, trabajamos, hablamos, concurrimos a las Juntas Departamentales de Salto y Paysandú; en ese entonces, la empresa Caputto fue fundamental para el arrendamiento de lo que en aquel momento era Sandupay, así como para el mantenimiento de la citricultura en Paysandú entre los años 2012 y 2017. Sandupay no era una empresa más, sino que desde la década de los cincuenta y hasta la de los setenta había sido la principal empresa exportadora de citrus. Reitero que fue con ese apoyo que se pudo encontrar una solución.
Para que sea viable que la empresa tenga una salida, debemos empezar a hablar bien de ella, porque ha logrado mucho. Vivimos de la exportación y me parece que hablar bien de la empresa es fundamental.
En Salto somos pocos y nos conocemos. Más de dos mil quinientas personas trabajan en la empresa Caputto; quienes hacemos política los conocemos a todos y sabemos que todos quieren seguir trabajando, nadie quiere renunciar, porque saben que si se pierde esa fuente de trabajo no hay dónde trabajar. Salto está por encima del promedio de la desocupación nacional y por tal motivo es fundamental la aprobación de este proyecto de ley. Pero también es primordial que empecemos a relacionar la idea de que sin capital no hay trabajo y sin trabajo no hay capital. Más allá de todos los cuestionamientos que se puedan hacer –se podrían haber buscado diferentes soluciones–, no debemos olvidar que la de Caputto fue la primera empresa rural en tener sindicato, y en 1997 fue la primera en hacer un convenio colectivo. Por lo tanto, extendió el contexto para salir adelante.
Como decía el senador Garín, cuando vino Camposol e invirtió en tecnología, fueron los socios ideales. Para ingresar a Estados Unidos y a China, se invirtieron millones de dólares con el fin de cumplir con todas las condiciones que se exigían, y se abrieron los mercados. Es decir que invirtieron varios millones de dólares –sin el apoyo del Gobierno– para llegar al objetivo de exportar a Estados Unidos.
Aquí se habla de algunas empresas y de que se han votado varios proyectos parecidos. ¿Sabe qué? No se trataba de casos como este, porque en los últimos dos años la empresa Caputto, Citrícola Salteña, pagó al Banco República USD 12:000.000. En varios contextos se ha hablado de todo esto como si fuera una gran salvación, pero no es más que una salida rápida. Si prestamos atención, estamos votando una asistencia de USD 3:500.000, cuando en los dos últimos años la empresa Caputto volcó USD 12:000.000 al Banco República en cumplimiento de sus compromisos. La empresa sigue luchando por dar empleo y trabajar.
Por supuesto que esta empresa puede haber cometido errores, pero la solución que da hoy el Gobierno –creyendo que definitivamente puede salvarla– llega después de que pasaron demasiadas cosas. Por ejemplo, el tornado de 2018 hizo que se perdiera una exportación a Estados Unidos de trescientas hectáreas de frutas. ¿Sabe cuál fue el monto que perdió la empresa? Hoy votamos una asistencia de USD 3:500.000, pero la empresa perdió USD 5:000.000; no quedó nada. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca fue al lugar y contabilizó las pérdidas, pero quedaron íntegramente a cargo de la empresa. También debemos considerar la seca del verano 2018, que afectó a toda la región del norte. ¿Sabe cuánto perdió la empresa por la lluvia de setecientos milímetros de 2016? Perdió USD 15:000.000. Menciono esto para que tengamos una idea de los montos que estamos manejando y veamos que no estamos salvando absolutamente nada, sino que estamos empezando. También debemos mencionar las heladas del 2012. Entonces, no podemos decir que este sea un tema puntual, sino que tiene años.
También se habló de que en alguna oportunidad la empresa no pudo cumplir compromisos de calidad con los mercados. Sin embargo –a pesar de que el proyecto de ley viene con media sanción de la Cámara de Representantes– no escuché a nadie decir que algunos contenedores se devolvieron por el paro de camiones en Brasil. Me parece justo destacarlo porque sé del empuje que ponen los empleados y la empresa para estar a la altura de las mejores empresas de citrus del mundo y poder exportar. En el año 2018 el paro de los camioneros en Brasil hizo que los puertos colapsaran. ¿Saben cuánto perdía la empresa por semana? USD 1:000.000 ¿Por qué no se cumplía con los tiempos? Porque la fruta debía llegar en veintiocho días y por esas razones llegaba en cuarenta días.
A la vez, el mundo entró en crisis. La mejor naranja está en el departamento de Salto: la de los Caputto, la de los Guarino, la de los De Souza, la de un montón de gente que ha hecho tanto por la citricultura. Pero Europa entró en crisis y en esas circunstancias no se elige calidad, sino lo que se puede pagar. En 2005 cayeron varios convenios arancelarios, por lo que la mejor naranja tuvo que competir con las de otros países, que no eran tan buenas como la nuestra, pero que por un tema arancelario ingresaba a Europa a mucho menor costo de lo que lo hacía la uruguaya de Salto y Paysandú.
Ni que hablar de lo que decíamos hoy respecto al cierre de los tratados de libre comercio, sumado a lo que implica venir desde el norte, con traslados caros, con un gasoil caro, más costos altísimos de puertos, que crecieron. Todos estos problemas, que bien señalaron algunos señores senadores, están afectando toda la citricultura y toda la horticultura.
Este año más que nos otorga el proyecto de ley en consideración tiene que ser aprovechado por quienes creemos que la citricultura no debe desaparecer y por quienes vivimos en una región en la que se encuentra el 85 % de la citricultura. Por eso es bueno hablar de todas las partes y ver que no es un tema puntual al que se llegó porque sí. Esto viene siendo un problema en todo sentido desde hace años y años y años. Y nadie me lo contó. Durante el Gobierno anterior, en 2011 tuvimos la situación de Sandupay en Paysandú. En los años 2012 y 2013, el entonces presidente Mujica y la embajadora Julissa Reynoso plantearon la posibilidad de exportar citrus a Estados Unidos, y eso está en proceso, pero todavía no podemos decir que salvó a la citricultura; capaz que podemos decir que va a salvarla, pero no que la está salvando, porque para obtener resultados se requieren procesos que son lentos. Incluso, le hicimos un homenaje a la embajadora porque abrió esos mercados. Claramente, nos encontrábamos en problemas y no estábamos ayudando al sector aunque en su momento sí pudimos –cosa que me parece legítima– hacer que prosperara la entonces Botnia, al igual que la expectativa que hoy se genera con UPM. En verdad, se generaron fuertes políticas de apoyo del Gobierno para contar con lo que tenemos hoy como fuentes de trabajo y de inversión. También se hizo lo mismo con la uva. Cuando hubo problemas con la uva, se generó la posibilidad de un cambio en la vitivinicultura y, en definitiva, ese fue un apoyo importante.
Esta situación tiene sus años, no apareció ahora, de sorpresa, con el caso de una empresa. ¿Se trata de una empresa que cometió errores? Sí, pero este no es un tema que apareció ahora, de la nada. En el año 2013 vino el viceministro de Agricultura de los Estados Unidos; lo vinimos a buscar a Montevideo y lo llevamos a Salto. Se hablaba de citricultura y de ovejas. Le dijimos que el 85 % de la citricultura estaba en Salto y que era el departamento con el mayor número de ovejas del país. Y por más que cada vez haya menos ovejas, igualmente sigue siendo el departamento con la mayor cantidad de ovinos.
Me parece importante lo que ocurrió en ese momento, pero como la situación no fue prosperando, llegamos a esto que nos va a dar un año más de chance. Un año más para ver si, definitivamente, vamos a salvar la citricultura; un año más para ver si los empleados que todavía no cobraron, pueden hacerlo; un año más para saber si vamos a poder mantener los mercados y un año más para poder buscar relacionamientos y apoyos reales –no solamente este– para ayudar a la citricultura, de manera que prospere como lo hizo durante setenta y cuatro años.
Como se dijo en sala, si cierra la empresa, ¿qué van a hacer miles de familias? ¿Dónde van a trabajar miles de familias de aquella región? Si cierra la empresa, no se va a levantar la cosecha, se va a perder lo invertido y el trabajo de todos estos años porque se van a perder los mercados, así como años de conocimiento y de experiencia. A su vez, van a caer contratos –lo que hará que la situación sea aún más difícil– como, por ejemplo, con una empresa peruana que el año pasado compró chacras en esa región y tiene un contrato con el packing de Caputto. Esa empresa va a tener que contratar otro packing y realizar otras inversiones importantes. Además, va a desaparecer la posibilidad de negociar la salida de esta empresa porque nadie va a comprar una empresa si está en conflicto permanente y nadie va a comprar una empresa si no tiene apoyo sustentable para poder prosperar.
En consecuencia, van a caer las esperanzas de muchos que saben que van a trabajar por un año. Y, además, muchos no van a tener la posibilidad de cobrar para atrás y no se trata solo de los empleados del packing, sino también de decenas de empresas que hoy no están cobrando por todos los problemas que arrastra la citricultura. Hay empresas que ya han mandado a más de cien personas al seguro de paro. No va a ser lo mismo una empresa funcionando que una abandonada, por lo tanto, nosotros vamos a apoyar este proyecto de ley, pero no queríamos dejar de decir estas cosas.
En la citricultura tenemos socios con más de setenta años y tenemos un personal que quiere seguir trabajando; nadie renunció, todos quieren seguir. Hay empresarios que quieren salir adelante. El 85 % de este rubro está lejos de la capital y eso nos tiene que importar a todos. Vamos adelante con esta propuesta porque comienzo tienen las cosas. La vida le regala a la citricultura un año más de vida si hacemos las cosas correctamente. Falta una semana para empezar la cosecha y ya hay que comenzar a contratar a la gente y seguir todo el protocolo de Estados Unidos y Europa. La cosecha no espera, la fruta está. Va a comenzar la cosecha y eso es lo bueno que celebramos con el resto de los partidos.
Más allá de que se dice que vamos a seguir teniendo problemas con el clima, porque parece que nos espera un otoño lluvioso, tenemos que comenzar en tiempo y forma para ser eficientes y hacerlo bien.
Vamos a votar este proyecto de ley, pero sin olvidar que hemos venido diciendo que este no es un tema puntual, que no es de ahora, porque desde hace muchos años –los últimos diez años y recordemos aquella señal de Sandupay– venimos teniendo problemas con la citricultura.
Tampoco quería dejar pasar por alto algunas cosas que se dijeron cuando se le dio media sanción a este proyecto de ley porque no son como se manifestaron. Quiero transmitir a los compañeros y a los demás uruguayos que estamos votando una oportunidad para una empresa y que lo estamos haciendo por el Uruguay y por el rubro. Lo estamos haciendo por los trabajadores; lo estamos haciendo por los acreedores, pero también por los empresarios, que no son nuestros enemigos. Podemos decir que en más de setenta años ellos han puesto y siguen poniendo el alma en la cancha y que por encima de todos los Gobiernos y gobernantes, siguen siendo los principales actores que ponen el hombro todos los días para poder sacar este rubro adelante. No me cabe ninguna duda de que sin muchos de ellos este rubro hoy ya sería historia.
SEÑOR BERTERRECHE.- Señora presidenta: en realidad, quiero hacer una aclaración porque el señor senador preopinante dijo que el Estado no había invertido nada con relación a las exportaciones a Estados Unidos. Debo decir que no fue la obra de una embajadora, fue la obra de una política de Estado que trascendió varios Gobiernos. Hubo muchísimas misiones y se volcó muchísimo dinero del Estado para que los privados pudieran exportar a Estados Unidos.
SEÑOR GARÍN.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?
SEÑOR BERTERRECHE.- Enseguida las concedo.
Quiero dejar establecido este concepto porque ni siquiera fue un hecho que se le pueda adjudicar a un Gobierno, a nuestro Gobierno. Estuvimos en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el primer período de gobierno frenteamplista y tomamos como política algo que venía de Gobiernos anteriores, que era tratar de vender nuestros citrus a los Estados Unidos, convencidos de que había un montón de trabas no arancelarias que se estaban oponiendo a esa exportación. Eso se logró en un Gobierno del Frente Amplio, pero puedo decir que fue muchísimo el dinero que los uruguayos gastamos desde el Estado para que estas empresas pudieran exportar a los Estados Unidos.
Ahora concedo la interrupción.
SEÑOR COUTINHO.- Me gustaría saber de qué monto está hablando cuando alude a millones. Sí sé que la empresa invirtió en el recambio varietal, para poder ingresar a los Estados Unidos, más de USD 2:000.000 por año. Eso lo invirtió en el recambio varietal, trayendo variedades de Israel, poniendo a su riesgo el funcionamiento de las plantaciones y esperando, a su costo, los tiempos productivos. Por tanto, no es real que haya habido una gran inversión desde el Gobierno para la citricultura, como sí la hubo, quizá, para otros rubros. En este caso en concreto, sí fue a costo de las empresas, y a su riesgo, el poder llegar a los Estados Unidos. Y también me guío por lo que en su momento fueron las declaraciones públicas del presidente –que todos pudimos leer o escuchar– quien manifestó que la embajadora había sido fundamental para el ingreso de los citrus a los Estados Unidos. Yo, que compartí varias horas de trabajo con ellos, recuerdo la manera en que se conversó para lograr eso. Y no quiero profundizar en algunas cosas que también públicamente manejó en aquel momento el presidente de la república, pero él dijo que accedió a determinadas cosas para que eso sucediera. Por lo tanto, no estoy diciendo nada que no se sustente en hechos concretos y reales. En ese sentido me he estado manejando y he trasmitido con experiencias propias cómo ha sido esto. Esto también lo estoy hablando y mirando por lo positivo.
El ingreso a los Estados Unidos nos abrió una puerta, nos da un año más, pero tampoco esto de hoy es contundente ni fundamental para el futuro de la citricultura. Seguramente lo será, pero todavía no ha llegado la oportunidad y la posibilidad de grandes inversiones y mecanismos como para pensar que si no se aprieta y apuesta más a eso, se llegue a una solución. Lo quise decir en ese sentido y no en otro.
Agradezco al señor senador por la interrupción concedida.
SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Garín.
SEÑOR GARÍN.- Señora presidenta: queríamos aprovechar para comentar brevemente tres conceptos. Hemos estado hablando con actores, empresarios y trabajadores del sector y ellos tienen expectativas, muy buenas expectativas. Vienen de haber pasado un año muy malo, como aquí ya se ha expresado. La cosecha 2018 tuvo 20 % menos de volumen. Los efectos de la sequía del año pasado incidieron en la producción y se registró un 20 % menos de volumen, pero esos efectos fueron iguales o más importantes en la calidad de la fruta. Por tanto, hubo menos volumen y de menor calidad, lo que dificultó su colocación en el mercado internacional. El año pasado cayeron las exportaciones. Sin embargo, los mismos actores de la cadena, especialmente con información de los empresarios, tienen la expectativa de que este año se van a reponer los volúmenes de exportación, los que crecieron en forma permanente entre 2007 y 2017. Hubo un traspié en 2018 por aspectos climáticos, pero en 2019 se estaría retomando la senda del crecimiento de las exportaciones.
También la expectativa viene por el lado de que estamos saliendo de una situación que se dio en el mundo en los últimos años con casi todos los commodities alimentarios, que pasaron por etapas de bajos precios; sin embargo, hoy hay recuperación de los precios y la habrá en la producción.
Casi siempre a la producción agropecuaria le lleva un tiempo salir de los efectos de la sequía y estamos parados en el primer año después de esta. Entonces, hay que construir de a poquito. Capaz que sí, capaz que el proyecto tiene soluciones para un año más, pero se trata de un año con enormes dificultades para el sector.
Se me va a acabar el tiempo, pero quiero dejar planteado que hay expectativas para el sector porque, además, este hizo una inversión con el apoyo de un montón de políticas públicas y también se llevó adelante un cambio del modelo productivo para ingresar a otros mercados con productos de mucho más alto valor. Este proceso se empezó a dar a partir de 2007 y en ese camino, es decir entre 2007 y el presente, hubo empresas –como se han mencionado acá– que desaparecieron porque, entre otras cosas, se les cayó el mercado que tenían y el modelo de producción para un mercado que ya no existe.
Lo último que quería comentar es que aquí se ha planteado que estamos de vuelta ante un proyecto de ley que tiene algo así como nombre propio, en este caso, Citrícola Salteña S. A., como hace poco fue el caso de Pili.
Quiero decir que es muy importante que todos tengamos presente que desde hace muchos años, especialmente a partir del año 2008, venimos teniendo políticas públicas para apoyar la producción, pero también para asistir a la emergencia. El Fondo Agropecuario de Emergencias ha sido un instrumento que ya tiene más de cinco mil nombres propios, a los que ha asistido en momentos de dificultades. Entonces, que parezca ahora que Pili y Citrícola Salteña son innovaciones no es aceptable. Desde el año 2009 estamos atendiendo y asistiendo a empresas en situaciones de emergencia, que sobrevienen por diferentes aspectos, en su mayoría de naturaleza climática.
Termino –y disculpen lo extenso de mi intervención– diciendo que, sin ir más lejos, cuando la citricultura tuvo problemas de heladas fue el Fondo Agropecuario de Emergencias el que asistió a los productores. Entonces, no nos alarmemos ahora con que hacemos las soluciones con nombre y apellido o con nombre propio porque hace bastante tiempo –desde que existe el Fondo Agropecuario de Emergencias– que estamos atendiendo a la inversión privada y a los productores para que no pierdan sus unidades de producción.
SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Berterreche.
SEÑOR BERTERRECHE.- Señora presidenta: vuelvo a insistir en que mantengo que se trata del Estado como tal y no solamente de los Gobiernos del Frente Amplio, sino también de los anteriores. No desconozco a los Gobiernos anteriores al Frente Amplio, aunque parece que algunos sí lo hacen. Nosotros le dimos continuidad a una política de Estado que implicaba abrir el mercado de Estados Unidos. Eso sale muchísimo dinero, aunque no tengo la cifra. Lo que sí puedo decir es que tuve que aprobar varias veces misiones de los servicios agrícolas del ministerio que fueron a defender la posibilidad de entrar a ese mercado. Sigo insistiendo en que el Estado invirtió en eso; no dije otra cosa. Después podemos hablar de cualquier otra cosa porque estamos en tiempos en que eso se hace, pero lo que traté de decir siempre –y lo mantengo– es que el Estado invirtió muchísimo en eso y no estamos hablando del Gobierno del Frente Amplio sino de una política de Estado que se continuó. Si se quiere desconocer esto que se desconozca, pero es la verdad.
Por otro lado, yo limaría esa visión de crisis del sector agrícola porque en algunas conversaciones que tuve con empresarios noté que lo que más les está preocupando de toda esta situación son los riesgos fitosanitarios, que ya fueron mencionados en esta sala. Repito, son lo que más les preocupa. Es más, la situación de esta cosecha tiene que ver con los riesgos fitosanitarios porque, ahí sí, nos podrían trancar ese y otros mercados, y por eso es muy importante esta realidad.
Por último, quiero decir que desde esta banca nunca vamos a ser defensores de ineficiencias privadas con nombre y apellido.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: cerrar empresas que el mercado no valida, por vía legislativa, es siempre algo riesgoso. Esta empresa ha llegado a esta situación porque el mercado la ha empujado a ello. También es muy riesgoso hacer un salvataje, por ley, a una sola empresa ya que es el Estado el que ingresa en el régimen de competencia y dice: «A esta la voy a ayudar».
El votar a favor o en contra de una ley de este tipo tiene un gran componente de decisión política y, aun votando a favor, se debe advertir sobre los riesgos que existen en estos casos porque esto es un parche; repito: es un parche. Esta empresa está en una situación muy complicada y se le está dando un préstamo por un año, pero ¿nos preguntamos por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué esta empresa está en esta situación? Porque, en definitiva, le estamos dando pan para hoy, pero hambre para mañana.
Cuando se aprobó aquella ley de creación del Fondes recuerdo que se estableció un requisito fundamental que hoy se está violando –y se ha violado repetidamente– y es que este iba a asistir a empresas sostenibles económica y financieramente. ¿Nos estamos preguntando hoy si es sostenible económica y financieramente esto que estamos haciendo? Este plazo de un año que se da me recuerda lo que sucedió con aquella empresa de Empalme Olmos –es decir, con Olmos– porque en 2009, en la mitad del año electoral, pasó algo parecido y se le empezó a asistir con préstamos para evitar que en ese momento hubiera un caos.
Por eso nos parece que para aprobar este proyecto de ley, con toda la buena motivación que tiene en cuanto a preservar la inversión en plantas, en conocimiento y con un mercado que se abrió hace poco, tendría que venir acompañado de medidas para que la actividad de la empresa sea viable, o sea, sostenible económica y financieramente. Y eso no es lo que estamos viendo. Esto es como decir a una persona que está en el CTI que se le va a poner un respirador para ver si tira un ratito más. Pero con la enfermedad de fondo, ¿qué hacemos? Y como no solamente hay que decirlo, sino proponerlo, voy a hacerlo: este proyecto de ley debería acompañarse con acciones muy concretas.
A modo de ejemplo, podemos citar lo que pasa con el packing en el sector. El Frente Amplio le cambió la forma de aportación; aunque no involucra ninguna transformación, el packing pasó de tributar en el sector de actividad rural al de industria y comercio. De esa manera, le pegaron un viaje impositivo. ¡No olvidemos que esto es fruto de catorce años de gobierno del Frente Amplio sin entender cómo funciona el sistema productivo uruguayo, agregándole impuestos y gravámenes con un criterio y una visión centralista montevideana –repito–, sin entender la realidad! ¿No tendremos que replantearnos la devolución de impuestos? Recordemos cuando en el primer Gobierno del Frente Amplio el entonces ministro Astori decía que había que unificar todas las devoluciones de impuestos en el 2 %. No entendía la realidad. ¿No habrá que analizar en este momento la devolución de impuestos de este sector?
Tenemos que darnos cuenta del problema enorme que hay con los fletes y el encarecimiento del puerto de Montevideo frente a nuestro competidor en Buenos Aires. Para que la fruta pueda salir de Uruguay tiene que recorrer cinco puertos en Brasil, lo que le agrega quince días de viaje. Llegar a Estados Unidos así, lleva tres semanas, y a China, cinco. Un contenedor que cuesta USD 3000 lleva un producto de USD 20.000. Además, el tiempo que insume el viaje hace que la fruta se manche. Acá hay un tema importante, y es que estamos perdiendo la batalla contra las trabas y los costos paraarancelarios. Uruguay ha sido marcado como país con mosca, lo cual obliga a que la fruta deba viajar a una temperatura de 0 º. En el caso de Chile, la fruta viaja a 4 º. Entonces, cuando uno va al exterior y compara en las góndolas las frutas de uno y otro país, puede ver que los citrus chilenos tienen un color formidable y los uruguayos tienen manchas, porque el traslado a una temperatura de 0 º estropea la fruta y llega manchada. Lo que tenemos que hacer es pelear para que se flexibilicen esas barreras.
¿Qué podemos decir de la energía eléctrica, señora presidenta? Que saca de competencia al riego y al packing. Lo que pasó en la última seca afectó mucho menos al área de los limones que a la de los pomelos, las naranjas y las mandarinas. ¿Por qué? Porque el área del limón tiene mucho mayor riego. ¿Y por qué no hay más riego? ¡Porque no se banca el costo de la energía eléctrica en el Uruguay! Esa es la realidad. Mientras, UTE transfiere al Gobierno central cientos de millones de dólares al año. Acá es donde se paga.
¿Y qué pasa con el combustible caro que afecta las chacras? Y… es el productor del interior el que está subsidiando hasta el transporte de la Intendencia de Montevideo. Entonces, terminamos discutiendo si votamos o no una ley especial para Caputto, cuando durante tanto tiempo venimos obligando al sistema productivo uruguayo a subsidiar el transporte público de Montevideo, 67 % del cual es de una empresa cuyo presidente es el asesor honorario del presidente de la república, el empresario amigo, y se mantiene. ¿Y quién lo paga? El que está usando el tractor allá, en el interior, el que tiene que salir a la chacra. ¿No habrá que terminar con los subsidios? ¿No habrá que obligar a la Intendencia de Montevideo a ser más eficiente para no tener que recurrir a la creación de un fondo? Planteo esta pregunta porque pasamos de subsidio en subsidio.
SEÑOR BERTERRECHE.- Simplemente voy a decir que no solo se subsidia el boleto en Montevideo, ya que recientemente se hizo una transferencia de USD 10:000.000 a todas las intendencias para subsidiar el boleto en el interior; y no hay empresas amigas.
SEÑOR BORDABERRY.- De repente no fui claro, o quizás el señor senador Berterreche no estaba prestando atención. Lo que dije fue que el 67 % del subsidio va a la Intendencia de Montevideo. ¡El 67 % va a la Intendencia de Montevideo! ¡Sí; y gran parte del transporte es de esa empresa, cuyo presidente es el asesor honorario del presidente de la república! ¿Si lo hubiéramos hecho nosotros en el Gobierno, los colorados o los blancos, qué nos habrían dicho? ¡¿Qué nos habrían dicho?! Pero acá estamos: el 67 %, y hay que recordar que subsidia el boleto urbano y el interdepartamental, que circula en la zona metropolitana, donde también tiene mayoría esa empresa. Y, además, no podemos comparar el transporte público en el interior con el de la capital.
Ahora bien, me pregunto: ¿hay que subsidiar ese boleto a la Intendencia de Montevideo o quizás habría que terminar con todas esas ONG compañeras municipales y así acabar con toda la ineficiencia de la intendencia, antes de cobrar al trabajador sufrido, al productor, un subsidio para eso en el gasoil? ¡Ahí está la madre del borrego! ¡Sí, es ahí donde está la madre del borrego, no tengan duda de eso!
Por otra parte, me pregunto si no deberíamos analizar las políticas fiscal, monetaria e internacional del país. Me pregunto, también, si quienes se oponen a los tratados de libre comercio están visualizando hoy la importancia que tiene no ingresar a Europa con un 16 % de arancel en nuestros citrus. Quienes se oponen a los tratados de libre comercio ¿dónde están? Porque parte de lo que pasa es que la competencia no paga eso, y nosotros sí.
Estas cosas nos interpelan como país, estas cosas muestran el error. Por ejemplo, que después de diez, doce o catorce años de crecimiento económico que comenzó en 2004, hoy estemos votando préstamos o fondos para una empresa que no logra ser viable. Repito: esto es lo que nos interpela y pone de manifiesto, por ejemplo, lo que se está haciendo con UPM. Aclaro que estoy de acuerdo con UPM; me parece muy bueno que esa empresa instale una segunda planta, y la defiendo, pero si a Caputto le diéramos lo mismo que a UPM, o sea, si le hiciéramos una inversión en infraestructura para que obtenga una mejor producción a un costo más barato, Caputto volaría. ¿Qué pasaría con Caputto si le otorgáramos exoneraciones impositivas y la pusiéramos en una zona franca, ¡eh!? ¿Qué pasaría si a Caputto le diéramos lo mismo que a UPM? Me refiero a si, además de eso, le damos zonas francas, exoneraciones de impuestos e inversiones en infraestructura. ¿Y cuál es la diferencia entre Caputto y UPM? ¡¿Que Caputto es uruguaya?! ¡¿Que son productores nacionales?! ¡¿Esa es la diferencia?! ¡¿No los defendemos por eso?! Resulta, entonces, que al que viene de afuera sí lo defendemos y al de acá no. ¡Demos a Caputto los mismos beneficios que a UPM y van a ver que se acaban los problemas! Defendamos la producción uruguaya –defendámosla– y pongámosla, como mínimo, en igualdad de condiciones.
Estas leyes son las que nos interpelan en las políticas y las que nos hacen ver los errores que se han cometido desde esa visión centralista, montevideana, que no entiende a la producción uruguaya en la agropecuaria, en la horticultura y en la fruticultura; no la entiende ni la va a entender.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: brevemente, quiero dejar constancia de que el Partido Independiente votó afirmativamente este proyecto de ley en la Cámara de Representantes y lo hará nuevamente aquí, en el Senado, convencido de que se trata de una opción inevitable, aunque obviamente no deseable.
Está claro que no es un camino correcto el que implica tomar decisiones con nombre y apellido o referidas puntualmente a una empresa. Se supone que las políticas públicas deben ser de carácter general, pero hay circunstancias en las que es imprescindible tomar estas medidas. Esto ya lo hemos hecho en otras oportunidades, tanto en este período de gobierno como en otros anteriores, cuando se ha entendido que una actividad es de relevancia a nivel nacional y tiene posibilidades, en una mirada estratégica de la matriz productiva uruguaya. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso sucedido hace pocos meses con el sector lechero y ahora al frutícola, componentes de la matriz productiva que deben ser preservados. En los avatares de la vida de un país siempre hay momentos de dificultad en los que se combinan factores coyunturales –incluso particulares y específicos de una unidad productiva– con otros más estructurales, relacionados con un telón de fondo que hemos estado cuestionando desde hace mucho tiempo y que está directamente vinculado con una crisis de competitividad muy profunda relacionada con errores de la política económica que no han sido corregidos, más allá de los reiterados reclamos de los distintos sectores productivos. Creo que a esta altura este Gobierno ya no va a incorporar esos correctivos, por lo que debe tomar resoluciones coyunturales que, repito, nosotros acompañamos con la idea de que es un «mientras tanto». Así que, mientras tanto, trataremos de que las condiciones de la política económica y las dirigidas al sector productivo y en particular a los subsectores referidos, tengan los cambios que ineludiblemente el Uruguay requiere.
Con estas precisiones, el Partido Independiente acompaña este proyecto de ley.
SEÑOR GARÍN.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque.
De acuerdo a la Ley n.º 17827, solicito a usted me conceda licencia el día 3 del corriente por motivos personales.
Se comunica que el señor Falero ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Asiaín, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
Por la presente, solicito licencia los días martes 9 y miércoles 10 de abril, por motivos personales.
SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Informe de la Comisión de Constitución y Legislación relacionado con la solicitud remitida por el Juzgado de Paz Departamental de Maldonado de 2.º Turno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 de la Constitución de la república, sobre la suspensión de los fueros parlamentarios del señor senador Daniel Mario Bianchi Salomón. (Carp. n.º 1283/2019 - rep. n.º 821/19)».
SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: nos convoca el tratamiento de un tema que refiere, en lo sustancial, al posible desafuero de uno de los integrantes de este Cuerpo: Daniel Bianchi Salomón.
Como presidente de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores se me encomendó la tarea de ser miembro informante, por lo que brevemente pasaré a exponer los antecedentes con los que se trabajó y que luego dieron lugar a un eventual proyecto de resolución.
Con fecha 26 de febrero del año en curso, llegó a este Cuerpo un exhorto proveniente de la Suprema Corte de Justicia dando cuenta del oficio 11/2019, con origen en el Juzgado de Paz Departamental de 2º Turno, perteneciente al departamento de Maldonado. Se comunica al Senado que se ha iniciado un expediente judicial caratulado «Juzgado de Paz Departamental de Maldonado de 2º Turno E/A: “Bianchi Salomón, Daniel Mario (Oficio n.º11/2019 - Falta” IUE 293-34/2019 - Remite Exhorto», y que se adjunta oficio y testimonio actuarial, de treinta y dos fojas, en el que se tramita una posible infracción cometida.
En lo medular, luego de las primeras investigaciones a cargo de la Policía, que incluyen videos y declaraciones de los propios involucrados, pudo constatarse una multiplicidad de choques de automóviles, resultando uno de ellos incendiado. Esto ocurre el 22 de enero de 2019 en calle 20, de la ciudad de Punta del Este. Según el parte policial, a través de cámaras ubicadas en el lugar, se pudo apreciar que a las 06:03 de la mañana un vehículo marca Ford, modelo Ka, de color oscuro, circulaba por la calle 20 y al llegar a la calle 23 impacta con un vehículo que se encontraba estacionado. Acto seguido, en la continuidad de la marcha el auto impacta contra una camioneta estacionada en la calle 20, casi la 27, la que toma fuego.
Según el parte policial, la fiscala de turno dispuso intervención de Policía Científica y espirometría, lo que arrojó un resultado positivo de alcohol en sangre de 1,3 gramos por litro para la persona referida. Enterada la jueza de paz departamental de segundo turno actuante en materia de faltas, en aplicación del decreto 27, de 1.º de febrero de 2019, dispuso lo siguiente: en primer lugar, la aplicación de sanciones administrativas; en segundo término, la entrega del vehículo incendiado y, en tercer lugar, la citación a una audiencia para el 7 de febrero de 2019, a las 12:00, con asistencia letrada. Notificado del decreto precedente, el senador Daniel Bianchi, a través de su representante legal, se pone a disposición de la Justicia, dando cuenta de que integra el Senado de la república y de que, a su criterio, los fueros parlamentarios no le pertenecen, sino que estos son del Cuerpo; por lo tanto, que es necesario que al amparo de los artículos 93 y 114 de la Constitución, el Senado de la república se expida.
La fiscalía, a cargo de la doctora Silvia Naupp, se pronuncia sobre el escrito presentado por el senador Bianchi y solicita al juez de paz que remita las actuaciones al Parlamento para que se manifieste sobre la remoción de los fueros. A su vez, en audiencia celebrada el 11 de febrero de este año, la jueza de paz departamental, doctora Florencia Vizcaíno, estableció que en virtud de constatarse la participación en los hechos y el resultado positivo de la espirometría, la conducta desplegada por el señor Daniel Bianchi encuadraría como una falta comprendida en el artículo 365 del Código Penal. De este modo, haciendo lugar a lo solicitado por las partes, remitió oficio a la Suprema Corte de Justicia, solicitando se dispusiera el desafuero correspondiente para hacer posible la continuación del proceso, y es por esto que hoy hemos sido convocados.
¿Cuál fue el tratamiento del tema en la comisión? Una vez ingresada la solicitud a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, se procedió de la manera que voy a relatar. En primer término, en virtud de la relevancia institucional que tiene el asunto y por lo exiguo de los plazos en materia de juzgamiento de faltas, se dispuso el inmediato estudio del tema.
En segundo lugar, se convocó al secretario del Senado, doctor José Pedro Montero, para que informara sobre los antecedentes que pudiera haber en el Parlamento en cuestiones inherentes a privilegios e inmunidades de los legisladores.
Más adelante, se repartieron los antecedentes recientes de la Cámara de Representantes sobre un diputado que fue sometido a un proceso de faltas de similares características, para profundizar en el estudio de los casos.
La comisión trabajó en el tema seria y responsablemente, e intercambió ideas sobre las facultades que tiene el Cuerpo para juzgar a sus pares e imponer este tipo de sanciones. Se presentaron inquietudes en tres áreas, las que fueron analizadas y oportunamente evacuadas. En primer término, se planteó si la falta, como tal, se encontraba comprendida como delito, más allá de encontrarse inserta como un capítulo dentro del mismo Código Penal. Los propios miembros de la comisión –particularmente quienes tienen la formación de abogados– aclararon unánimemente el punto, dando cuenta de que la interpretación del juez al solicitar el desafuero fue la correcta. Se llegó a la conclusión de que las faltas son delitos.
En segundo lugar, se planteó la cuestión procedimental y se zanjaron las diferencias entre lo que disponen los artículos 114 y 115 de la Constitución. El artículo 114 dispone –leo textualmente–: «Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aun por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente».
Más allá de existir doctrina, señora presidenta, de la simple lectura se desprende que la propia cámara debe decidir si se hace lugar a la formación de causa, esto es, que existe un delito imputable y, en caso de verificarse, mediando dos tercios de votos, la sanción es la suspensión en las funciones.
En la sesión de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes del día 25 de octubre del 2017, el doctor Martín Risso hizo mención a este artículo y se expresó de esta forma: «El artículo 114 refiere a delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93. La doctrina ampliamente mayoritaria ha sostenido que esto significa que cuando son delitos comprendidos en el artículo 93, la vía correspondiente es el juicio político y que cuando no están comprendidos en el artículo 93, la vía correspondiente es el artículo 114».
¿Cuáles son los efectos del desafuero? Existe plena coincidencia –y así lo han manifestado tanto el doctor Risso como el doctor Correa Freitas y varios destacados juristas de nuestro país– en que la sanción llega hasta la suspensión de las funciones del legislador. De esta manera, no puede seguir actuando a partir del pronunciamiento de la cámara, quedando de esta forma a disposición del tribunal para ser eventualmente juzgado.
Ahora vamos a ver lo que indica el artículo 115 de la Constitución: «Cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes.
Bastará la mayoría de votos de presentes para admitir las renuncias voluntarias».
El artículo mencionado, en otra forma que tiene la propia cámara de autorregularse, corregir y sancionar a sus integrantes, plantea tres hipótesis: desórdenes de conductas en las propias funciones legislativas; incapacidades físicas o mentales supervinientes; y finalmente, actos de conducta que le hicieran indigno de su cargo.
Con relación a los primeros dos literales mencionados, la comisión entendió que no se verificaron y, en cuanto al tercero, si bien implica un juzgamiento de la conducta de un miembro de la cámara, ello responde a una lógica de disciplina interna que solo puede ser denunciada y evaluada por sus integrantes.
En el caso que nos ocupa, la solicitud provino del Poder Judicial y se trata de un delito, por lo que se entendió que resulta de aplicación el artículo 114.
En tercer término, se planteó la cuestión formal, es decir, cómo debía ser redactado el texto en caso de dar lugar al desafuero. Según la doctrina más recibida, la cámara debe dar lugar –o no– al desafuero, haciendo sus propias valoraciones políticas según sus propias reglas y sus conclusiones, pero no puede condicionar dicho acto. El doctor Correa Freitas, consultado sobre el punto, señala: «El otro problema que también se ha planteado y ha sido muy criticado en la doctrina es la posibilidad de ponerle condiciones resolutorias cuando se decreta el desafuero. En otros términos, el desafuero se decreta o no se decreta, pero no con condiciones resolutorias». Es así que se pudo llegar a un proyecto consensuado que, de ser aprobado, no condiciona en tiempos al Poder Judicial y se encuentra armonizado con el texto constitucional.
En resumen, hoy nos toca actuar como jueces de uno de los integrantes de esta casa, lo que implica esforzarnos y estudiar con detenimiento cada uno de los renglones que ocupan el oficio que solicita el desafuero de un legislador. No vamos a entrar en el debate sobre si los fueros pertenecen al legislador o al cuerpo legislativo; es más que sabido que no es posible renunciar de forma unilateral a ellos, puesto que las garantías establecidas en la Constitución –en especial los artículos 112, 113 y 114– representan la independencia misma de la función legislativa. Los fueros pertenecen a la cámara y es por eso que hoy debemos pronunciarnos en este sentido, reafirmando una vez más que la separación de poderes se encuentra vigente.
Ya en las consideraciones finales, debemos decir que la comisión debió realizar la valoración de la causa para saber si correspondía hacer lugar o no al desafuero del señor senador Daniel Bianchi. De las resultancias del expediente judicial, agregados los antecedentes y los informes recibidos, la comisión que presido ha llegado a la conclusión de que existe lugar a la formación de causa, en mérito a lo dispuesto en la Ley n.º 19120, que dio nueva redacción al artículo 365 del Código Penal. Dicha consideración no implica de manera alguna prejuzgamientos sobre culpabilidad o inocencia del senador Daniel Bianchi, sino que se trata simplemente de una habilitación al accionar del Poder Judicial.
Señora presidenta: previo a la lectura del proyecto de resolución, que vamos a solicitar haga la Mesa, y que será puesto a consideración y a votación, entendemos necesario garantizar la palabra del señor senador Bianchi para que efectúe las consideraciones y los descargos que crea pertinentes en este tema.
SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias, señor senador.
Les damos los buenos días y la bienvenida a los estudiantes de 6.º de Derecho del Instituto Crandon.
SEÑOR BORDABERRY.- Creo que el señor senador Camy ha hecho una prolija descripción de estos hechos. Sin perjuicio de ello entendemos que, si bien hay que votar y hacer lugar a la formación de causa, declarar al senador suspendido en sus funciones y ponerlo a disposición del tribunal competente, la cámara debería aplicar también el inciso segundo del artículo 115 de la Constitución de la república. En él se establece que la cámara podrá remover a un senador «por actos de conducta que le hicieran indigno de su cargo, después de su proclamación».
Creemos que los hechos a los que se ha referido el señor senador y que describe el expediente al que se hizo lugar son una hipótesis que cabe dentro de la previsión del inciso segundo del artículo 115 de la Constitución. Por ende, solicitamos que también se proceda a la aplicación de ese artículo y a la expulsión del senador como consecuencia de esos actos.
SEÑOR CARRERA.- Nos sentimos representados por el informe que realizó el presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, señor senador Camy, pero pensamos que es importante hacer algunas consideraciones; el tema que estamos tratando hoy es de suma importancia porque, en definitiva, lo que está en juego es la inmunidad.
A su vez, el hecho de defender esta casa, de defender este Cuerpo es un reflejo de lo diligentes que fuimos en la Comisión de Constitución y Legislación al dar trámite a este asunto.
Cuando se tratan estos temas suele decirse que un legislador no debe tener una posición distinta a la que tiene cualquier ciudadano. Idealmente todo eso resulta válido, ya que son valores típicos de la democracia y de la república según los cuales nadie es más que nadie.
Sin embargo, cuando tratamos estos temas no podemos caer en un análisis simplista porque quienes estamos aquí somos representantes del pueblo. Representamos el conjunto de la diversidad de opiniones, de visiones, de ideologías y de valores que existen en nuestro país. De los tres poderes del Estado, quienes integramos el Poder Legislativo nunca dejamos de ejercer la tarea política. A diferencia de muchos, que no pueden expresar sus ideas porque están desempeñando funciones en otro poder –por ejemplo, el Poder Judicial, la Fiscalía o, en algunos casos, el Poder Ejecutivo–, nosotros no solamente tenemos la libertad sino la responsabilidad de hacer uso de la palabra, de la defensa y de la defensa de la política. Es por esa razón que los fueros no son solo una garantía del legislador, sino que son, en definitiva, una garantía de la democracia para que podamos ejercer nuestras obligaciones como representantes del pueblo con la mayor libertad y responsabilidad.
Es por estas razones que legisladores de la bancada oficialista queremos señalar estos aspectos, ya que no se trata de un tema menor el que estamos tratando en el día de hoy. Los fueros, las inmunidades pueden generar irritación en algún aspecto, pueden generar irritación en la población cuando hay cuestionamientos, pero no son un invento del Uruguay; ellos existen desde hace muchísimos siglos en los países de la región y también en todo el mundo.
El señor senador Camy hacía referencia a estos temas, pero considero importante que nos refiramos a los artículos 112, 113 y 114 de la Constitución. El artículo 112 establece: «Los Senadores y los Representantes jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones». Esto es fundamental para el ejercicio de la función legislativa; es fundamental para el ejercicio de la tarea que debemos desarrollar aquí. ¡Jamás, ni hoy ni en el futuro!
Por su parte, el artículo 113 refiere a la inmunidad y al arresto de los legisladores. En él se dice: «Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado, salvo en el caso de delito infraganti y entonces se dará cuenta inmediata a la Cámara respectiva, con la información sumaria del hecho».
El artículo 114 expresa: «Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aun por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente».
Por tanto, creemos que debemos dejar expresa constancia de que cuando estamos hablando de las inmunidades nos estamos refiriendo a estos artículos, es decir, al 112 –los legisladores no serán responsables por sus votos y opiniones–, al 113 –inmunidad de arresto; no pueden ser detenidos sino infraganti delito– y al 114 que establece la inmunidad procesal. Es de hacer notar que la inmunidad procesal no significa impunidad, sino que se dará cuenta del asunto y, tal como decía el señor senador Camy, esta cámara es la que resolverá si hay lugar a la formación de causa.
Como dije anteriormente, estas normas tienen que ver con el hecho de garantizar la independencia del Poder Legislativo. Ellas van a hacer efectivo el principio de separación de poderes, tal como señalaba el señor senador Camy.
Los fueros no son personales, no son del legislador sino del Cuerpo, y es por eso que son irrenunciables por parte del individuo. Es el Cuerpo el que debe determinar en cada caso si corresponde la suspensión de un legislador, levantándole los fueros a requisitoria del Poder Judicial. Eso se realiza en base a las funciones que se cumplen, es decir, la legislativa, la de control. Nosotros legislamos, controlamos el ejercicio de la función, controlamos a los otros Poderes del Estado e, inclusive, en algunos aspectos podemos controlar la tarea del Poder Legislativo.
Me parece, entonces, que en este momento en que estamos tratando este tema debemos hacer esas consideraciones y la diligencia con la que actuamos es en defensa de la política, en defensa de la democracia, en defensa de la institucionalidad.
SEÑOR CARRERA.- Con mucho gusto, señor senador.
SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Lacalle Pou.
SEÑOR LACALLE POU.- Gracias, señora presidenta. Gracias, señor senador Carrera.
Considero que, tangencialmente, se ingresa al tema de los fueros y de manera genérica.
Comparto lo que señala el señor senador Carrera con relación a los artículos 112 y 113 de la Constitución. Sin embargo, siempre me hizo ruido el artículo 114, donde se habla de los delitos comunes, porque me parece que es un privilegio exagerado para los gobernantes. Nosotros generamos los textos legales, generamos el ordenamiento jurídico, generamos los delitos y sus sanciones, pero resulta que se le aplican a cualquier hijo de vecino, pero no a los políticos. Lo expresé puntual y formalmente en 2010 en la Cámara de Representantes, momento en que presenté un proyecto de ley constitucional, y lo hice también en el Senado.
Creo que una de las formas de proteger los fueros por nuestra acción, por nuestro trabajo, por nuestras opiniones, no es acollararlos, no es emparejarlos con los delitos comunes.
Puede suceder que cualquiera de nosotros cometa un homicidio, cualquier delito, el más aberrante que se les ocurra, pero si tiene una mayoría que lo respalde, su caso no va a la Justicia. ¡No lo alcanza la mano de la Justicia!
Nosotros generamos las leyes que llegan, se aplican, se sancionan y puede penarse con prisión y penitenciaría a todos los mortales, ¿¡pero nosotros tenemos coronita!? Se supone que cuando uno va escalando en la sociedad tiene más obligaciones y menos derechos; tiene más responsabilidades. Es por esa razón que he insistido –me pareció oportuno decirlo a raíz de lo que señalaba el señor senador Carrera– en el hecho de que no debemos amparar y tener esas inmunidades, más allá de lo que es el ejercicio de nuestra actividad y de nuestra profesión.
Desde mi punto de vista, el artículo 114 de la Constitución es de otra época, de un momento en el que había otras amenazas, otros desequilibrios. Este artículo es de una época en la que no había tanta información y en la que podía procederse arbitrariamente sin que la opinión pública lo conociera.
Agradezco la interrupción que me ha concedido el señor senador Carrera.
En el ingreso tangencial a este tema quería dejar claramente establecida mi posición al respecto y cuál ha sido mi posición formal, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, que está plasmada en un proyecto de ley que aún espera ser tratado por la comisión en esta cámara.
SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: nosotros no nos negamos a discutir ningún tema, pero que quede claro que no es cierto que la mano de la Justicia no llega. Hay un procedimiento establecido en la Constitución de la república y hoy acá estamos siendo fieles a su cumplimiento y un fiel ejemplo en defensa de la Constitución y de la democracia al actuar con diligencia para que la mano de la Justicia llegue.
Como dije, señora presidenta, estamos dispuestos a discutir cualquier tema, pero no se puede decir que la mano de la Justicia no llega.
Continuando con lo que informaba el señor senador Camy, cuando aplicamos el artículo 114 estamos frente a la suspensión de la condición de legislador. No es, por lo tanto, el cese o la remoción y tampoco es su destitución, sino que simplemente se lo suspende con carácter temporal para que, en este caso el senador Bianchi, se presente ante la Justicia para, en definitiva, ser juzgado.
Señora presidenta: queríamos hacer estas menciones porque en momentos como este, en que solemos escuchar críticas sobre temas de la antipolítica, esta casa, este Cuerpo, está siendo un fiel representante de las garantías constitucionales, de la democracia y un fiel representante de la división de poderes. Al suspender en el ejercicio de sus funciones al señor senador Bianchi para que responda ante la Justicia, actuamos en defensa de la política.
Gracias, señora presidenta. Esas son las consideraciones que quería hacer.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: quiero felicitar al señor senador Camy por el informe realizado porque realmente reflejó de manera muy clara y precisa lo que fue el debate y el análisis que la Comisión de Constitución y Legislación realizó sobre esta solicitud de la Justicia para levantar los fueros del señor senador Bianchi.
Nos parece, además, que todas las consideraciones realizadas por el señor senador Carrera son también plenamente compartibles en el sentido de la importancia que tienen los fueros en el funcionamiento democrático, que no están relacionados con privilegios sino, por el contrario, con la protección de la ciudadanía y de sus representantes, para que puedan actuar con total libertad en relación a sus dichos, a sus opiniones y representar, en definitiva, a los ciudadanos que nos eligen para cumplir esta función institucional.
Sí creo que en su momento sería objeto de debate la tercera disposición, la que mencionaba el señor senador Lacalle Pou, con relación a las definiciones de la Justicia. Aquí estamos hablando de definiciones del Poder Judicial, que es otro poder independiente que también nos da garantías a todos sobre el funcionamiento democrático. Siempre me rechinó un poco que ante una solicitud judicial deba existir una autorización del Cuerpo para que un legislador pueda presentarse ante la Justicia. Siempre opiné que ante una solicitud de la Justicia había que avalarla y darle cauce. Por lo tanto, la pregunta es si la disposición tiene sentido. En todo caso, no es una discusión para dar en este momento.
Simplemente, ratifico nuestro voto para levantar los fueros –tal como lo hicimos en la comisión– a los efectos de permitir que la Justicia tramite concretamente el asunto. Ello también incluye que si eventualmente de esa tramitación se deriva una pena, esa suspensión se debe prolongar hasta el cumplimiento de la misma. Eso es lo que razonablemente corresponde.
Con total convicción, acompañamos la resolución propuesta.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo único.- Ante la solicitud del Juzgado de Paz Departamental de Segundo Turno de Maldonado, comunicado por la Suprema Corte de Justicia a través del Mensaje Nº 3/2019, en mérito a lo establecido en el artículo 114 de la Constitución de la República, la Cámara de Senadores resuelve declarar que hay lugar a la formación de causa al señor senador Daniel Mario Bianchi Salomón, y suspenderlo en el ejercicio de sus funciones, mientras dure el proceso y hasta que se cumpla la pena que eventualmente se imponga».
SEÑOR BIANCHI.- Pido la palabra para fundar el voto.
SEÑOR BIANCHI.- Señora presidenta: quiero manifestar que he votado afirmativamente la moción propuesta por la Comisión de Constitución y Legislación, ya que, tal como lo he manifestado desde el momento mismo del accidente automovilístico, estoy profundamente arrepentido por haber conducido luego de ingerir alcohol.
No existieron lesiones ni daños personales, pero mi conducta no fue la que dispone la normativa vigente y por eso debo cumplir con lo que la Justicia determine, sin ninguna clase de diferencias con relación a lo que le acontecería a quien no tenga investidura parlamentaria.
Como los fueros pertenecen al Cuerpo y no a la persona, debía esperar esta instancia del día de hoy, pero desde este momento ratifico lo que ya manifesté en la sede judicial: estoy a disposición de lo que la fiscalía y el tribunal determinen, porque tengo plena confianza en el Estado de derecho como forma de organización de la sociedad.
Como el arrepentimiento se debe de verificar con hechos, estoy reparando los daños materiales ocasionados para minimizar el resultado de mi conducta.
A las víctimas de los daños materiales, a la sociedad, a este Cuerpo, les pido me disculpen por este hecho y afrontaré las consecuencias que de ello se deriven en el ámbito judicial, aunque este haya sido un hecho aislado en mi conducta diaria de toda la vida.
Vista la resolución adoptada por el Cuerpo por la que se suspende en el ejercicio de sus funciones como senador de la república al señor Daniel Bianchi, corresponde convocar a la señora Graciela Matiaude a ocupar dicho cargo mientras dure el proceso y hasta que se cumpla la pena que eventualmente se imponga.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El abajo firmante, senador de este Cuerpo, mociona que se aplique el inciso segundo del artículo 115 de la Constitución de la república y se remueva al senador Daniel Bianchi por actos de conducta que lo hacen indigno de su cargo». (Firma el señor senador Bordaberry).
SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: solicito que la moción presentada por el señor senador Bordaberry se derive a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado porque plantea una aplicación diferente a la propuesta por la comisión.
SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa informa que ha recibido una moción que para nada se contrapone a la ya presentada. En todo caso, después podríamos dar un trato integral a ambas mociones.
SEÑOR BORDABERRY.- Iba a decir exactamente lo mismo que acaba de manifestar la señora presidenta; esto es, que ha sido repartida una moción de la señora senadora Moreira y, como es de orden, debería votarse previamente.
SEÑORA PRESIDENTA.- Léase la segunda moción llegada a la Mesa.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Ante los argumentos expuestos en sala por el señor senador Bordaberry de que se aplique el inciso segundo del artículo 115 de la Constitución de la república, se solicita que la misma pase a la Comisión de Constitución y Legislación a los efectos de estudiar sus fundamentos». (Firma la señora senadora Moreira).
SEÑORA PRESIDENTA.- Si los señores senadores están de acuerdo, dejamos en suspenso la votación de la moción presentada por el señor senador Bordaberry y pasamos a votar la segunda moción, que propone que la primera pase a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación.
La moción presentada por el señor senador Bordaberry pasa a la Comisión de Constitución y Legislación.
SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de acuerdo remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República de Guatemala al señor Boris Svetogorsky Marino. (Carp. n.º 1287/2019 - rep. n.º 823/19)».
SEÑOR BARÁIBAR.- Como bien ha señalado la señora presidenta, el Poder Ejecutivo ha remitido al Parlamento la solicitud de acuerdo a fin de designar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República de Guatemala, al señor Boris Svetogorsky Marino.
El tema fue considerado en la Comisión de Asuntos Internacionales y en la misma se recibió al señor Svetogorsky que, como es habitual, concurrió acompañado por un miembro de la Dirección de Relaciones Institucionales de la Cancillería, en este caso, la subdirectora Carina Vigilante.
El informe proporcionado por el señor Svetogorsky es una pieza de enorme trascendencia a la hora de realizar la fundamentación sobre el nombramiento de algún funcionario de la Cancillería en calidad de embajador.
(Ocupa la presidencia el señor Charles Carrera).
–En varias ocasiones me ha tocado desempeñar la tarea de informar la designación de futuros embajadores pero, desde mi punto de vista, esta reúne algunas peculiaridades positivas que quiero poner de manifiesto.
El señor Svetogorsky presentó un currículo muy extenso que obra en poder de los señores senadores y del cual voy a destacar algunos datos.
Durante treinta y dos años fue miembro de la Cancillería y esta es la primera vez que se lo destina como embajador, proposición que, como lo señaló, le significó un honor.
En 1986 ingresó al Servicio Exterior del Uruguay por concurso de oposición y méritos con el cargo de tercer secretario del Servicio Exterior, en el primer concurso público celebrado a esos efectos luego de recuperada la democracia en el Uruguay, en 1985.
En 2002 ascendió a consejero y en 2017 a la categoría de ministro consejero, en ambos casos por concurso de oposición y méritos.
Ha tenido mucha actividad internacional. El hecho de haber estado vinculado a temas internacionales durante treinta y dos años no es poca cosa. Así lo hizo, creo que con éxito, durante los Gobiernos de los doctores Lacalle y Sanguinetti y del señor Mujica. También hay que destacar su actuación en distintos organismos. Cabe citar, por ejemplo, su actuación como consejero de la representación permanente de Uruguay ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Allí cumplió tareas de la más diversa naturaleza durante cinco años. Reitero que ha actuado en distintos ámbitos, por lo cual su currículo refleja conocimiento e idoneidad indiscutida para el cargo que se lo propone.
El señor Svetogorsky tiene una gran formación académica –de ello se deja constancia en el repartido que se ha hecho–; dominio de los idiomas inglés, francés, italiano y portugués y ha realizado cursos y conferencias.
En el pormenorizado informe que realizó sobre lo que será su actuación hizo una breve síntesis acerca de algunos aspectos sobre la situación por la que está atravesando la República de Guatemala. Señaló además los principales ejes o lineamientos generales sobre los que va a centrar su gestión como jefe de misión y el estado de la relación bilateral con Uruguay.
Indicó que la situación de Guatemala es realmente preocupante. Es el país de mayor superficie a nivel de la región centroamericana, el que tiene mayor población, y es corredor de paso de miles de centroamericanos que se dirigen hacia México en su afán por ingresar a los Estados Unidos. El contexto sociopolítico de Guatemala tiene cierta complejidad, ya que las secuelas de la guerra civil, que se prolongó durante más de treinta años y que finalizó en 1996, aún permanecen. Además, la situación de los derechos humanos sigue presentando enormes carencias.
El informe presentado ante la comisión en forma oral –reitero que obra en poder de todos los señores senadores– refiere a distintos aspectos sobre los que basará su actuación. En él se establecen los criterios de la política exterior de Guatemala, así como de las relaciones internacionales. El señor Svetogorsky manifestó que Guatemala es un país que tiene una gran riqueza –es el país más rico de Centroamérica–, pero presenta altos grados de pobreza, de atraso y de violencia en distintas áreas.
En otro orden de cosas, hizo mención a las áreas de trabajo en las que centrará su actuación –y que son naturales a toda misión diplomática–, tales como la cooperación, la promoción de la cultura y la vinculación de los ciudadanos uruguayos. Además, señaló que tiene especial preocupación en lo que tiene que ver con la prevención de la violencia contra la mujer.
Debemos destacar que de Guatemala son oriundos dos premios nobel: Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura, y Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz.
En ese país hay una pequeña colonia uruguaya de cuatrocientas personas.
Hace más de cien años que Uruguay mantiene relaciones de amistad con Guatemala. Ambos países han tenido extraordinarias coincidencias en lo que refiere a organismos internacionales. En ese sentido se han apoyado mutuamente, en particular, en sus candidaturas para ocupar un lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
El próximo 16 de junio se van a realizar elecciones en Guatemala. Hay quince facciones políticas y mucha inestabilidad en ese país.
–Señora presidenta: el informe lo he hecho de manera escueta porque junto con el material que el señor Svetogorsky presentó in voce ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, entregó un documento titulado «Informe de Relación Bilateral Uruguay-Guatemala». El informe tiene una referencia a que se trata de un documento reservado. Es muy extenso, lo he leído detenidamente, y realmente es una pieza en la que vale la pena detenerse, no solo para conocer la realidad de Guatemala –que ya sería una razón más que suficiente–, sino porque alude a un organismo que tiene una naturaleza jurídica muy original. En mi experiencia –mucha o poca– nunca había escuchado algo parecido. Y también son muy interesantes las circunstancias por las que ha transitado este organismo. Voy a leer, porque quiero que conste en la versión taquigráfica, parte del informe.
Dice lo siguiente: «La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue creada el 12 de diciembre de 2006, por medio del acuerdo firmado entre la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Guatemala, tras la opinión consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad en el año 2007.
La CICIG fue establecida como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado, tanto en la investigación de delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad (CIACICS) como en general, en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos, mediante la investigación y la persecución penal de aquellos casos más complejos.
Uruguay presta colaboración al desempeño de la CICIG, con la actuación de 20 efectivos policiales uruguayos.
El Comisionado a cargo de la CICIG para el período 2014-2019 ha sido el fiscal colombiano Iván Velásquez Gómez, hasta que por decisión del Presidente Morales adoptada en agosto 2018, se lo cesó en sus funciones y se le negó el ingreso a Guatemala, cursándose una comunicación al Secretario General de la ONU.
A pesar de todos los inconvenientes presentados, el Comisionado Iván Velázquez continúa trabajando desde el exterior al frente de la CICIG.
El mandato de la CICIG, según lo establecido en el Acuerdo, está compuesto de tres objetivos principales: a) -Investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos de los ciudadanos de Guatemala. b) -Colaborar con el Estado para desarticular los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes y c) -La CICIG debía efectuar recomendaciones al Estado de Guatemala para implementar las reformas jurídicas e institucionales necesarias en el país.
La CICIG había priorizado cinco grandes temas en la investigación y persecución penal: 1.- El contrabando y defraudación tributaria, que ponían en riesgo la legitimidad y la sostenibilidad financiera del Estado; 2.- la corrupción en el sector público; 3.- la financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales; 4.- la corrupción judicial, y 5.- el narcotráfico y lavado de activos. Desde que se instaló la Comisión en 2007, ha investigado y desarticulado varias estructuras que operaban bajo el manto de la impunidad en Guatemala.
En agosto 2018 el Gobierno de Guatemala dio a conocer la decisión del presidente Jimmy Morales, de no permitir el ingreso del comisionado Iván Velásquez Gómez a Guatemala, basando esta decisión en una recomendación efectuada por el Consejo de Seguridad Nacional.
El Presidente Morales solicitó al Secretario General de las Naciones Unidas que designe a un sustituto para el Comisionado Iván Velásquez. El comunicado expresaba al final que “El Gobierno de Guatemala es y será respetuoso del plazo del mandato vigente de la CICIG” y por tanto solicita que la Comisión siga aportando sus capacidades técnicas a las instituciones estatales guatemaltecas, hasta el 3 de septiembre del 2019, fecha que marcará el fin del mandato y de funcionamiento de la Comisión.
Para algunos observadores políticos guatemaltecos, el Presidente Morales basó esta decisión en la normativa de Migración que faculta a las autoridades nacionales migratorias a prohibir el ingreso de personas que se considera puedan “alterar el orden y la seguridad pública”. Quedan dudas acerca de cuáles fueron los motivos esgrimidos y existen suspicacias sobre cuál fue el verdadero motivo para impedir que el Comisionado Velásquez retorne al país. El hecho es que todo ocurrió dos días después de que CICIG y el Ministerio Público intentaran retirar la inmunidad al Presidente, para investigar su presunto rol en el financiamiento ilícito de la campaña electoral.
En septiembre 2018, el Congreso de Guatemala votó a favor de reducir a 10 años la pena máxima para delitos de financiamiento ilícito electoral y permitir así la conmutación de penas de prisión de 10 años o aquellas inferiores por multas pecuniarias. Este cambio permitiría que “los inculpados por estos delitos” eviten cumplir penas de prisión si son condenados en relación con delitos de esta naturaleza.
Estas acciones e intentos, concitaron fuertes críticas en Guatemala y en el exterior y fueron bloqueados por la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, inclusive se organizaron manifestaciones de repudio, en la capital, pidiendo la renuncia del Presidente Jimmy Morales.
No obstante todos los obstáculos impuestos, el Comisionado Iván Velásquez continúa trabajando desde el exterior al frente de la CICIG, residiendo temporalmente en El Salvador.
El pasado 19 de diciembre el Gobierno de Guatemala comunicó a 11 investigadores y abogados litigantes de casos de alto impacto integrantes de la CICIG –entre los que se encuentran los oficiales de policía uruguayos– que sus acreditaciones diplomáticas habían caducado y por tanto dejaban de gozar de las inmunidades y privilegios que por tales calidades le correspondían. A los mismos funcionarios internacionales, se les dio un plazo de 72 horas para abandonar el país.
La CICIG se ha convertido en el actor político más importante a nivel nacional en un mandato que no tiene precedentes dentro de la ONU. Su figura se asemeja a una Fiscalía Internacional que opera bajo las leyes nacionales guatemaltecas en coordinación con el Ministerio Público, en aplicación del Código Penal de Guatemala. Es una figura muy especial por la que un Estado soberano acude a un organismo internacional, para compartir la función de justicia.
2019 - El 6 de enero el Presidente Jimmy Morales anunció que de manera unilateral ponía fin al Acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acusándola de “acciones ilegales y violar los derechos humanos de ciudadanos guatemaltecos”.
La Canciller Sandra Jovel viajó a Nueva York y entregó al Secretario General de la ONU la notificación de la suspensión inmediata y definitiva del Acuerdo, anunciando que en un plazo de 24 horas quedaría finalizado el mismo.
El Secretario General de ONU Antonio Guterres, rechazó enérgicamente el contenido de la carta, y expresó que “esperaba que Guatemala cumpliera con sus obligaciones legales internacionales en virtud del Acuerdo”. Para la ONU el mandato de la CICIG culminaría el día 03 de setiembre 2019.
Desde diciembre 2017 –momento en que las autoridades develaron un caso de supuesta corrupción que involucra a familiares directos del Presidente Morales– la CICIG ha sufrido embestidas constantes de parte del Gobierno. La CICIG en sus once años de actuación ha develado importantes casos de corrupción que involucraron a cuatro ex Presidentes y ha señalado también al Presidente J. Morales por financiamiento ilegal de su campaña electoral y también ha descubierto otros actos ilícitos en los que estarían involucrados su hijo y su hermano.
En los 11 años de actuación la CICIG llevó a procesos judiciales a casi 700 personas (de las cuales 310 personas fueran procesadas por estar involucradas en esquemas de corrupción), incluyendo cuatro ex Presidentes, una Vicepresidente y varios Ministros de Estado.
La continuidad de la CICIG es respaldada por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala» –que parecería que es el único organismo independiente que hay en ese país–, «que ha presentado varias medidas de amparo contra las decisiones unilaterales adoptadas por el Presidente Morales. Mientras se dilucida esta cuestión de orden política y jurídica, la CICIG ha solicitado a su personal abandonar Guatemala hasta nuevo aviso», obviamente por razones de seguridad.
«La decisión unilateral adoptada por el Presidente Morales provocó fuertes reacciones en la oposición. La Ex Fiscal General Thelma Aldana expresó “violenta convenios internacionales y constituye una extralimitación del Presidente Morales”. A su vez no respetar las recomendaciones y las resoluciones de la Corte Constitucional para Guatemala es una situación delicada en la medida en que el Presidente y otros altos cargos no respetan las decisiones del alto Tribunal Constitucional.
Repercusiones en los Estados Unidos / la Congresista de origen guatemalteca Norma Torres (PD) ha expresado: “el Presidente Morales ha optado por destruir el estado de derecho para salvarse a sí mismo”.
Mientras que el Senador Patrick Leahy publicó en un Comunicado: “la decisión adoptada por el Presidente de Guatemala, es una opción de interés propio que repercute sobre el interés público” y se trata de un “acto de impunidad ante la Justicia”.
Según informa nuestra Embajada en Guatemala, en el período de Gobierno del Presidente Morales se acentuó en el país una situación de gran complejidad provocada por: Un alto nivel de corrupción (demostrada por la CICIG), el bajo nivel de institucionalidad que limita el ejercicio de los derechos fundamentales y el escaso respeto por la ley y las normas vigentes».
Señora presidenta: creo que esto es de una gran importancia, trascendencia y entidad. Está incluido, reitero, en el informe presentado por el embajador Boris Svetogorsky con carácter reservado, y demuestra el estado de situación que va a encontrar una vez que llegue a la República de Guatemala.
–El informe abarca muchos otros temas. Por ejemplo, hace referencia al contencioso que existe entre Guatemala y Belice, y señala que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, recientemente ha designado al abogado uruguayo Washington Abdala –seguramente conocido por muchos de los aquí presentes– como su representante para esta cuestión. Uruguay forma parte del grupo de países amigos de Guatemala y Belice.
Más adelante el informe se refiere, en forma muy detallada y pormenorizada, a la situación económica del país; a la relación comercial bilateral entre Uruguay y Guatemala; a la relación Mercosur-SICA, que es otro organismo de gran importancia en Centroamérica y del cual Guatemala forma parte…
SEÑORA PRESIDENTA.- Le pediría al señor senador que vaya redondeando el informe porque ya estamos pasados de tiempo.
SEÑOR BARÁIBAR.- Sí, señora presidenta, ya termino.
El informe también hace referencia a las líneas de acción y de trabajo de la Embajada del Uruguay y a los aspectos económico-comerciales.
Le pido disculpas, señora presidenta, pero creo que el tema es de una importancia muy grande, en primer lugar por la calidad técnica y de estudio del informe que el señor embajador Boris Svetogorsky presentó, y, en segundo término, por su contenido, que tiene una enorme significación política, no solo para Guatemala, sino también para el contexto internacional.
Señora presidenta: según el mensaje del Poder Ejecutivo el señor Svetogorsky reúne las condiciones para ocupar el cargo. Dice textualmente: «La capacidad y eficiencia que el señor Boris Svetogorsky Marino ha puesto de manifiesto en las actividades desarrolladas a lo largo de su carrera profesional, según se manifiesta en el curriculum vitae que se adjunta, constituye a juicio del Poder Ejecutivo, un factor evidente de idoneidad para las responsabilidades que el Gobierno de la República se propone asignarle como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República de Guatemala».
La presente venia de designación fue votada por unanimidad en la Comisión de Asuntos Internacionales. Propongo, entonces, que se lea el proyecto de resolución por parte de la secretaría.
Pido disculpas nuevamente por la extensión, pero entiendo que se justifica –aunque puedo equivocarme– por la importancia de los temas planteados y por la calidad del informe técnico del embajador Boris Svetogorsky. Su contenido, insisto, aborda temas de gran significación, no solo para Guatemala, sino a nivel internacional. Me parece que se justifica, entonces, haber leído esa parte del informe in totum para que quede registrado en la versión taquigráfica del Senado de la república.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Guatemala al señor Boris Svetogorsky Marino».
Solicito por este medio una licencia, por razones personales, para el día 3 de los corrientes hasta las 13:00.
Se comunica que en virtud de la licencia concedida a la señora presidenta del Senado, Lucía Topolansky, ocuparé la presidencia del Cuerpo el día 3 de abril hasta las 13:00, y al haber presentado nota de desistimiento el señor Julio Baráibar informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, queda convocado el señor Ricardo Alcorta, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar un crédito fiscal a las empresas privadas para actividades de investigación y desarrollo. (Carp. n.º 1270/2018 - rep. n.º 824/19)».
SEÑOR BERTERRECHE.- Señora presidenta: el proyecto de ley que presentamos al Cuerpo tiene como fin el estímulo del Estado al sector privado para la inversión en ciencia y tecnología.
Es un hecho constatado la importancia que tienen la investigación y la innovación tecnológica en la competitividad, en el valor agregado, en la diferenciación de productos y en el acceso a nuevos mercados o el mantenimiento de los ya conquistados. Hoy parece que es difícil explicar el desarrollo del mundo del trabajo si esto no está implícitamente ligado a la productividad y a la competitividad asociadas a los avances de I+D.
Ya Michael Porter, el economista de la teoría de la competitividad de las naciones, hace décadas que planteó esta alta correlación entre ventajas competitivas y desarrollo tecnológico. Tal ha sido la importancia del cambio tecnológico en la transformación estructural de las economías, que más de la tercera parte del comercio mundial está conformado por bienes que no existían al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Solo para poner un ejemplo, en un estudio reciente de la rentabilidad de ciertos teléfonos móviles, el 58 % de la misma quedaba en quienes realizaron la innovación tecnológica, mientras que la ganancia del trabajo directo en el armado del aparato no alcanzaba el 2 %. Sin embargo, si no existen políticas específicas de estímulo a la inversión en investigación, desarrollo e innovación –proceso llamado I+D+I–, el sector empresarial no asume los niveles necesarios en una visión estratégica.
En particular, en nuestro país las empresas tienen un nivel de inversión muy bajo en desarrollo de nuevas tecnologías, más aún si se lo compara con los datos a nivel internacional. Según la encuesta de actividades de innovación realizada por el INE para la Agencia Nacional de Investigación e Innovación 2013-2015, el gasto financiado por las empresas fue del orden del 0,09 % del PBI, mientras que la media de los países de la OCDE se situó en más de dieciséis veces esta cantidad relativa, con un 1,45 % de su PBI.
Otro elemento a tener en cuenta es la falta de inclusión empresarial en estos procesos. Solo el 8,6 % de las empresas ejecutan proyectos de este tipo, contra un 18,4 % que, en promedio, lo hacen en los países de la OCDE. Y si comparamos la inversión en relación con las ventas, resulta que la diferencia entre los países de la OCDE y el nuestro en esta materia tiene una relación de casi veinticinco a uno.
El punto, en realidad, se debería situar en quién y en dónde se generan esos procesos de valor. Si, por poner algunos ejemplos, la tecnología genética, la industria química y la agrónica son solo un producto importado sin intervención de la ciencia y la tecnología nacional, entonces sí estamos ante un problema de primarización de la economía. Si en cambio esto da origen al trabajo del conocimiento y de la información a nivel nacional, podemos prever una mejoría en los aspectos productivos y de performance empresarial.
En este marco es que se presenta este proyecto de ley –ya aprobado por la Cámara de Representantes–, que consta de dos artículos.
El artículo 1.º establece como estímulo la herramienta del crédito fiscal a la inversión en I+D industrial. Este crédito fiscal se propone como un porcentaje de los gastos en el mencionado proceso. Se diferencia en el monto relativo, siendo del 35 % cuando lo realiza la empresa y de hasta un 45 % si se lleva adelante con centros de investigación o universidades debidamente certificadas. En su inciso tercero se establece que la encargada a estos efectos será la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.
El artículo 2.º del proyecto de ley deroga las medidas aprobadas con anterioridad como mecanismo de promoción, que si bien están vigentes no se han aplicado.
Es por todo esto que traemos este proyecto de ley a la consideración del plenario y sugerimos su aprobación.
SEÑORA MOREIRA.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.
SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde que el Senado pase a sesión secreta para considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día.
(Así se hace. Son las 12:38).
(Son las 12:42).
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas.
(Así se hace, a las 12:42, presidiendo la señora Patricia Ayala y estando presentes los señores senadores Alcorta, Aristimuño, Aviaga, Baráibar, Berterreche, Besozzi, Camy, Carrera, Castillo, Delgado, García (Graciela), Garín, Heber, Martínez Huelmo, Matiaude, Mieres, Moreira, Otheguy, Vassallo y Xavier).

References: artículo 115
 artículo 114
 artículo 168
 artículo 168
 artículo 114
 artículo 3
 artículo 180
 artículo 181
 artículo 181
 artículo 181
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 49
 artículo 1
 artículo 1
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 artículo 17
 resolución 
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 114
 artículo 365
 artículo 114
 artículo 93
 artículo 114
 artículo 93
 artículo 93
 artículo 93
 artículo 114
 artículo 115
 artículo 114
 artículo 365
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 112
 artículo 113
 artículo 114
 artículo 93
 artículo 114
 artículo 114
 artículo 114
 resolución 
 artículo 114
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 artículo 115
 artículo 115
 resolución 
 artículo 1
 artículo 2