Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920385.html
Timestamp: 2019-11-20 02:48:49+00:00

Document:
as201920385
Auto Supremo: 385/2019
Expediente: O-44-18-S
Partes: Ninoska del Carmen Martínez Galindo de Barcaya c/ Agustina Huallco Quispe y Porfirio Mamani Fernández.
VISTOS: El recurso de casación planteado por Ninoska del Carmen Martínez Galindo de fs. 164 a 165 vta., impugnando el Auto de Vista Nº 143/2018 de 14 de septiembre, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, cursante de fs. 154 a 159 vta., en el proceso de reivindicación de propiedad, seguido por la recurrente contra Agustina Huallco Quispe; contestación a fs. 168 y vta., Auto de concesión a fs. 169; Auto Supremo de Admisión Nº 1130/2018-RA de 6 de noviembre de fs. 175 a 176, y todo lo inherente:
1. Ninoska del Carmen Martínez Galindo de Barcaya planteó demanda ordinaria de reivindicación de propiedad contra Agustina Huallco Quispe de Mamani y Porfirio Mamani Fernández (fs. 80 a 81), contestando negativamente los demandados, excepcionando por litispendencia mediante memorial de fs. 102 a 103, tramitado así el proceso hasta la emisión de la sentencia.
2. El Juez Público Civil y Comercial Nº 7 de la ciudad de Oruro, dictó Sentencia Nº 100/2017 el 2 de octubre de fs.127 a 130, declarando PROBADA la demanda principal interpuesta por Ninoska del Carmen Martínez Galindo, disponiendo la restitución del inmueble ubicado en la urbanización “Los Olmitos” signado como lote “F”, fracción “A” del manzano AI, registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula Nº 4.01.1.01.0048311.
3. Apelada la sentencia por los demandados de fs. 131 a 132., el 14 de septiembre de 2018, la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el Auto de Vista Nº 143/2018 (fs. 154 a 159 vta.), ANULANDO OBRADOS, bajo el fundamento que el A Quo dejó de lado elementos probatorios objetivos que hacen que el derecho propietario esté en entredicho que constituyen la base de uno de los requisitos de la reivindicación, resultando por ello la decisión del juez contradictoria a los principios de congruencia y exhaustividad, carente de eficacia y eficiencia.
Que en el caso de autos el daño y perjuicio se constata en referencia al objeto del proceso que materialmente está en suspenso en otra demanda, por lo que no encontraría otra salida sino anular obrados.
Conforme lo expuesto del recurso de casación de la demandante Ninoska del Carmen Martínez Galindo, se extractan los siguientes reclamos:
1. Reclamó que el Auto de Vista vulneró el principio del debido proceso al disponer la nulidad de obrados hasta fs. 110, bajo el fundamento de existencia de un proceso penal pendiente que suspendió la tramitación del proceso de división y partición, siendo que el último se halla completamente concluido.
En ese sentido aludió vulneración al art. 134 del Código Procesal Civil, porque el Auto de Vista fue dictado con base en una determinación ya revocada.
2. Denunció que el Auto de Vista no cumplió con lo establecido en el art. 145 del Código Procesal Civil, porque no consideró todas y cada una de las pruebas producidas, entre las que se encuentran la excepción de litispendencia que fue rechazada conforme el acta de fs. 114 y siguientes.
3. Manifestó que el Auto de Vista vulneró el art. 265.I del Código Procesal Civil, porque dispuso incorrectamente la nulidad de obrados, cuando debió circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, mencionó incorrectamente lo previsto en el art. 1289.II del Código Civil, puesto que en el presente proceso no se justificó la existencia de un decreto de procesamiento ejecutoriado.
Concluyó solicitando casar el Auto de Vista recurrido y fallar en el fondo confirmando la Sentencia Nº 100/2017 de 2 de octubre.
Argumentó que la utilización de documento falsificado por la demandante para la obtención del título de propiedad dio lugar a la denuncia en la vía penal que a su vez originó la suspensión del proceso de división y partición, con base a esos antecedentes la demandante forzó otro proceso de reivindicación, sin considerar toda la prueba aportada está dirigida hacia el derecho propietario demandado en la vía penal.
En mérito a todas las consideraciones expuestas, el Auto de Vista con buen criterio anuló obrados, subsanando todos los errores cometidos por la autoridad inferior.
Sostuvo también que la recurrente en ninguna parte refirió que existe una demanda penal vigente, actualmente en juicio oral, que al concluir determinará que el documento de propiedad obtenido por Ninoska del Carmen Martínez Galindo, fue obtenido ilegalmente, por lo que el Auto de Vista recurrido no vulneró ningún derecho de la demandante.
III.1. De la nulidad en segunda instancia por incongruencia en la sentencia.
En principio corresponde precisar que en sentido restringido la congruencia es la correlación existente entre lo demandado y lo resuelto conforme orienta el art. 213.I del Código Procesal Civil, y en caso de no respetarse este parámetro la resolución a ser emitida peca de ser ultra, extra o citra petita, y en su sentido amplio la congruencia también debe entenderse en la correlación interna que debe existir en la misma resolución y con el proceso en sí.
Tomando como parámetro lo referido, ante la existencia de una resolución de primera instancia incongruente que hubiese sido reclamada oportunamente, si bien en un primer momento este aspecto puede dar lugar a una nulidad procesal, empero, debe tenerse presente que bajo un nuevo modelo constitucional este instituto procesal resulta aplicable en determinados casos bajo un criterio de juridicidad, siempre y cuando ese acto no pueda ser suplido en la instancia superior, en aplicación del principios de protección de actuados con la finalidad de que el proceso alcance el fin esperado de solución al conflicto jurídico por su calidad de teleológico, bajo esta premisa el Tribunal de apelación en aplicación de sus prerrogativas deberá resolver en el fondo este aspecto, no resultando viable disponer una nulidad de obrados por este motivo.
Lo expuesto tiene sustento en la búsqueda del fin principal de la administración de justicia que es la solución del conflicto jurídico y como apoyo normativo la Ley N° 439 en el art. 218.III de forma textual determina: “ Si se hubiera otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo.”, criterio que ya ha sido exteriorizado en el AS Nº 304/2016 de fecha 06 de abril 2016 donde se ha delineado en sentido que: “los Tribunales de segunda instancia deberán tener presente que a partir de un nuevo entendimiento procedimental establecido por la Ley N° 439 la falta de congruencia, (ultra, extra o citra petita) no son causales para disponer nulidad alguna, sino que ante la evidente falta de congruencia, deberán fallar en el fondo de la causa, debido a que la norma en su art. 218 (Ley N° 439) de forma textual expresa: “III Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de alzada deberá fallar en el fondo”, norma que reconoce la amplitud y que el Tribunal de apelación al ser otra instancia posee las mismas facultades del Juez de Primera instancia, esto con la finalidad de resolver el conflicto jurídico”.
II. Si la reclamación de nulidad hubiere sido planteada a tiempo de la apelación, se resolverá sobre ella, y sólo en caso de rechazarla, se pronunciará sobre los agravios de la apelación. Si se opta por la declaración de nulidad se dispondrá la devolución de obrados al inferior para que se tramite la causa a partir de los actos válidos, con responsabilidad al inferior de acuerdo a Ley.”, de la norma en cuestión se establece que el Tribunal de segunda instancia al momento de aplicar esta medida de anular obrados, deberá advertir si ha sido reclamada en el recurso de apelación, para en su caso ser resuelta con prioridad a los reclamos de fondo, empero ese análisis de los reclamos de forma deberá ser bajo un juicio de juridicidad en apego a los principios que hacen al régimen del instituto de la nulidad procesal (convalidación, legalidad, trascendencia, finalidad, protección del acto, etc.), pues como se expuso es viable adoptar esta medida, cuando se trate de un hecho que por su trascendencia vulnere el debido proceso con incidencia al derecho a la defensa.
El principio de comunidad de la prueba es asimilado en sentido que: “La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla”.
Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC y 145 del Código Procesal Civil.
En este marco este Supremo Tribunal a través de diversos fallos entre ellos el Auto Supremo N° 240/2015 orientó: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil. Esta tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.
En ese sentido aludió vulneración al art. 134 del Código Procesal Civil porque el Auto de Vista fue dictado en base a una determinación ya revocada.
Al respecto corresponde establecer que, dada la naturaleza del presente fallo, no se ingresa a analizar las pretensiones de fondo.
2. Denunció que el Auto de Vista no cumplió con lo establecido en el art. 145 del Código Procesal Civil, porque no consideró todas y cada una de las pruebas producidas, entre las que se encuentran la excepción de litis pendencia que fue rechazada conforme al acta de fs. 114 y siguientes.
En relación a este punto y dado que la decisión asumida es anulatoria, no corresponde a este Tribunal pronunciarse al respecto.
Del análisis de su recurso de casación se tiene que sus reclamos están abocados a observar la nulidad dispuesta en segunda instancia y a la vulneración el art. 265 del Código Procesal Civil.
De la revisión del Auto de Vista recurrido de fs. 154 a 159 vta., se extractan argumentos como “…resultando de ello la decisión del juez de primera instancia contradictoria y contraria a los principios de congruencia y exhaustividad” (…)... “…ANULA OBRADOS hasta fs. 110 de obrados, inclusive, a objeto de que la autoridad de primera instancia emita resolución, enmarcado en los principios de verdad material, objetividad, eficacia, eficiencia que hacen al impartir justicia…”.
En el caso presente y como se tiene señalado supra, los argumentos del Ad quem, fundamentalmente se encuentran orientados a cuestionar aspectos de fondo que están relacionados a la existencia de un proceso penal pendiente en relación a la prueba aportada y su correspondiente valoración enmarcada en los principios de verdad material, objetividad, eficacia y eficiencia, situación que de ningún modo puede servir de argumento válido para disponer la nulidad de la sentencia, toda vez que la valoración de la prueba es una cuestión que concierne al fondo y no a la forma de la resolución.
Dentro del contexto señalado, el recurso de apelación de la parte demandada (fs. 131 a 132), claramente establece entre sus pretensiones que el A quo no habría valorado adecuadamente la prueba presentada respecto a un documento de propiedad obtenido fraudulentamente vulneratorio a los derechos constitucionales.
Partiendo del citado antecedente, es menester tomar en cuenta que conforme a lo delineado en los puntos III.1 y III.2 de la doctrina aplicable como ser la falta de principios de congruencia y exhaustividad en la sentencia, que también hizo alusión el Auto de Vista recurrido, actualmente ello no puede ser considerado como causal de nulidad en la sentencia o de obrados, ya que esos presupuestos al ser reclamados oportunamente por expresa determinación de los arts. 218.III y 265.III de la Ley N° 439 establecen la obligación del Tribunal de apelación fallar y resolver en el fondo tal incongruencia u omisión.
En ese sentido corresponde al Tribunal de segunda instancia realizar el análisis de fondo correspondiente, no anular y delegar tales afirmaciones al A quo, máxime si el Tribunal de apelación al ser otra instancia y poseer las mismas facultades y prerrogativas que el Juez de la causa puede resolver en el fondo cualquier tema relativo a incongruencia, en procura de impartir justicia material, pudiendo incluso como Tribunal de segunda instancia en caso de advertir deficiencias en la fundamentación de la sentencia, mejorar con mayor criterio los fundamentos del A-quo, o en caso de considerar errado el razonamiento tiene la capacidad de revocar la decisión asumida en sentencia, sin necesidad de acudir a la búsqueda de defectos o errores formales, mediante la nulidad procesal, que es una medida de última ratio.
En mérito a lo expuesto, este Tribunal se ve obligado a disponer la nulidad de la resolución recurrida.
Al respecto, siendo la presente resolución anulatoria y al no considerarse el fondo del asunto, y siendo los argumentos expuestos relativos al fondo del asunto, no son tomados en cuenta.
Por lo expuesto, corresponde emitir resolución conforme faculta el art. 220.III del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III del Código de Procesal Civil ANULA Auto de Vista Nº 143/2018 de 14 de septiembre, cursante de fs. 154 a 159 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, y dispone que sin espera de turno y previo sorteo, el Tribunal de alzada emita nuevo Auto de Vista dentro del marco de lo establecido por el art. 265.I de la Ley N° 439 y de acuerdo a lo delineado en la presente resolución.

References: resolución 
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