Source: https://ambienta45.es/categorias/informacion/page/4/
Timestamp: 2020-07-07 22:31:29+00:00

Document:
Información Archives - Página 4 de 11 - Ambienta 45
El Boletín Oficial del Estado (BOE), publica la Ley 33/2015,de 21 de Septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de Diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española, como parte del deber de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las personas a un medio ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo. La experiencia adquirida durante los años de aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar ciertos aspectos de su aplicación, por lo que se modifica con este fin, especialmente en lo que se refiere a la gestión de los espacios protegidos.
Por otro lado, a lo largo de toda la ley, se incluyen las disposiciones necesarias para precisar las competencias que corresponden a la Administración General del Estado en lo relativo a la gestión del medio marino. En este sentido, como regla general, las funciones configuradas por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, derivadas del artículo 149.1 23.ª de la Constitución Española, han de ser ejercidas por las comunidades autónomas en el ámbito terrestre y por la Administración General del Estado, en el ámbito marino
Por otro lado, se introduce un nuevo capítulo III, en el título I, relativo a la Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas. Con este nuevo capítulo se pretende dar cumplimiento a la Comunicación de la Comisión Europeaal Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al Comité de las Regiones «Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa» de 6 de mayo de 2013, COM(2013) 249 final e incorporar algunos de los objetivos de la Estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad hasta 2020. Se prevé la aprobación de una «Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas», que será elaborada de forma conjunta por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, y que tendrá por objetivo marcar las directrices para la identificación y conservación de los elementos del territorio que componen la infraestructura verde del territorio español, terrestre y marino,
Una de las novedades más importantes que introduce la ley es el nuevo capítulo VI del título II, relativo a la incorporación de la información ambiental en el Registro de la Propiedad. Con esta medida, se persigue dotar de mayor seguridad jurídica los aspectosrelacionados con el régimen de propiedad de los espacios protegidos, por lo que la información perimetral referida a dichos espacios deberá tener su reflejo en dicho Registro. De la misma forma, también se prevé que el Catastro Inmobiliario tendrá acceso a dicha información ambiental de conformidad con su normativa reguladora.
En lo que se refiere a la prevención y control de las especies exóticas invasoras, se modifica el artículo 61, que pasa a ser el 64, con el fin de precisar las circunstancias en las que podrán quedar sin efecto las prohibiciones derivadas de la inclusión de una especie en el Catálogo de especies exóticas invasoras, y asimismo se prevé que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprobará las estrategias para las especies exóticas invasoras marinas.Por otra parte, se incluyen una serie de modificaciones encaminadas a la adaptación de la normativa nacional al Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, que entró en vigor el 12 de octubre de 2014.
Finalmente, también se modifican la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, con el fin de precisar determinados aspectos concretos de ambas leyes. En el caso de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, se modifica el artículo 2.1.b) de la ley, con el fin de substituir la denominación de «estado ecológico de las aguas marinas», por «estado medioambiental de las aguas marinas», en coherencia con la regulación del artículo 7.4 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. También se modifica el artículo 45.3 de dicha ley para precisar que se aplicará el silencio negativo una vez transcurrido el plazo máximo previsto en dicho precepto para la resolución del procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental, tanto en los casos en que el procedimiento se inicie de oficio como a instancia de parte. Con respecto a la modificación de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, se modifica su artículo 13.2 con el fin de seguir el modelo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, donde los plazos son legislación básica de conformidad con el artículo 149.1.23.ª de la Constitución y se aplica el silencio negativo una vez transcurrido el plazo máximo para resolver previsto en la ley..
Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea
España es el tercer país de la Unión Europea (UE), con 86 expedientes de infracción que más acumuló en 2014 por no aplicar bien diferentes normas europeas o transponerlas de forma incorrecta o tardía.
Así, se explica en el Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE en 2014, que ha publicado la Comisión Europea (CE), que concluye que "el mercado interior sigue siendo el mejor activo de Europa para los ciudadanos y las empresas, que salen beneficiados cuando el Derecho de la Unión se aplica y se hace cumplir de manera correcta y oportuna".InformeDerechoUE
Siguiendo con la compleja realidad que se sitúa tras la tragedia que los incendios forestales nos devuelve año tras año, no podemos olvidar que en esta realidad confluyen disciplinas e intereses de muy variada índole: económicos, legales, medioambientales, sociales.. La conservación de nuestros montes es (o al menos debería ser) una prioridad en nuestra sociedad. El problema surje cuando esa conservación se entiende de forma excluyente y dogmática por los responsables públicos.
En la entrada anterior nos hacíamos eco de la opinión de la Organización Conservacionista portuguesa Quercus sobre las consecuencias terrtibles que para la gestión forestal pueden tener determinadas decisiones del Gobierno de aquél país.
Ahora, queremos compartir la opinión de Julián Mora Aliseda,Profesor de la Universidad de Extremadura y Presidente del Parque Nacional de Monfragüe, publicada ayer, día 23 de Agosto, en el Diario Hoy de Extremadura y que abogas, en resumen, por el necesrio debate sereno y científico sobre la gestión medioambiental, en general, y medioambiental en particular.
Lo cierto es que, el mensaje es idéntico en ambos casos: necesitamos una gestión pública seria y responsable, que escuche y atienda a las múltiples sensiblidades y realidades que confljyen en nuestros montes.
"Ahora, con más calma, tras el pavoroso incendio de la Sierra de Gata, es el momento de reflexionar sobre el tema, aunque todavía estamos en verano y el riesgo no está totalmente conjurado.
Extremadura tiene las dos provincias con mayor extensión forestal de España, con 2,1 millones de hectáreas, de las cuales casi 500.000 han sido repobladas en los últimos 20 años (10 veces más de lo que se ha quemado en el mismo período), con la aplicación de la PAC. Eso significa que corresponden dos hectáreas de bosque a cada extremeño, más extensión que a nadie de la Unión Europea. En total se estima que Extremadura posee 600 millones de árboles, 550 por habitante, frente a una media nacional de 110 árboles.
A su vez, lo anterior se traduce en el hecho de que Extremadura contenga el menor porcentaje de Europa de superficie artificial (0,7%). O sea que tiene la mejor situación ambiental desde hace dos siglos. Pero los riesgos de incendios amenazan a las zonas boscosas cada verano y eso hay que corregirlo con urgencia.
Ya advertí hace años sobre la necesidad de integrar la política forestal en una dimensión territorial más amplia, puesto que en el monte confluyen aspectos ambientales, sociales, demográficos, económicos y culturales que interactúan mutuamente. Señalaba, también, que en Extremadura, paradójicamente, la Conservación está ligada directamente a la producción en el mundo rural que, sin actividad y sin rentabilidad, pierde biodiversidad (es un paisaje antropizado) y se hace más frágil frente las amenazas de todo tipo.
Lo que viene ocurriendo con los bosques en las últimas décadas debe servir para reorientar las políticas territoriales convencionales. Salvar al monte sobre la base de compatibilizar conservación y desarrollo, sin despreciar el conocimiento empírico rural que se ha sustituido por un fundamentalismo nefasto, con resultados de tragedia.
Muchos grupos ecologistas, desde la ignorancia o interés espurio, han afirmado que la causa del incendio de la Sierra de Gata está en la recién aprobada Ley de Montes (20 julio de 2015) que permite la recalificación del suelo quemado para poder construir. Es radicalmente falso que el origen se encuentre en esta ley por dos motivos: a) entrará en vigor el 20 de octubre (a la superficie quemada hasta esa fecha no le afecta esta normativa); b) la recalificación que permite pasar a Suelo Urbanizable no es competencia estatal. Además, en el artículo 50 la Ley de Montes es muy proteccionista, al manifestar que las comunidades autónomas tienen que garantizar la reforestación y que queda prohibido el cambio de uso forestal al menos durante los próximos 30 años, salvo excepciones de interés público.
Asimismo, parece claro que en Extremadura la presión urbanística nunca sería la causa de los incendios, pues en las zonas rurales la única presión urbana se concentra en los cementerios. En esta región nunca ha habido intensidad constructiva en los pueblos, todo lo contrario: emigración, envejecimiento, mortalidad, abandono de las actividades económicas, etc. Quiero incidir que la recalificación de suelo corresponde a los ayuntamientos con el consentimiento de la comunidad autónoma, no al Estado, con la ventaja de que la nueva Ley 10/2015, del Suelo y Ordenación del Territorio extremeña, permite las construcciones aisladas en explotaciones mínimas de 1,5 hectáreas e impidiendo al mismo tiempo la creación de núcleos, por lo que no hay necesidad de quemar para construir. Consecuentemente, el problema de los incendios radica en la ausencia de una gestión integral, que debe ser enmarcada en sus directrices territoriales, dada la correlación existente entre dimensión de los incendios y despoblación, junto a la falta de actividad en el mundo rural.
Los incendios pueden ser mitigados mediante una gestión racional e inteligente del bosque (desbroces del matorral, entresacas de leñas, uso del caprino para el ramoneo.) y no con medidas ultra-proteccionistas que impiden la construcción de cortafuegos y pistas forestales, no permiten quemar en primavera la vegetación de los muros de piedra que actúan como mechas, ni aceptan crear perímetros de seguridad en torno a los pueblos. Inclusive declaran zonas protegidas (LIC) a muchos lugares, como la Sierra de Gata, que no constituyen hábitats singulares, raros o excepcionales.
Igualmente, la propagación y dimensión de los fuegos debe corregirse con la plantación de especies autóctonas de frondosas que no son tan inflamables. También hay que acabar con las repoblaciones intensivas que ocupan una gran extensión de mancha forestal homogénea, intercalando, a modo de mosaico, otros aprovechamientos agrícolas y ganaderos, que limiten la expansión del fuego para su mejor control.
La Ley de Montes, insisto, no tiene nada que ver con la aparición de incendios este verano, como apuntan ecologistas y jubilados, además de por las razones aducidas, porque otros fuegos similares al de la Sierra de Gata ocurrieron en los últimos años en Extremadura (Valencia de Alcántara, 2003; Las Hurdes, 2003, 2009 y 2012; Las Villuercas, 2005, etc), y aún de mayores proporciones en los años 90.
En Portugal no tienen una Ley de Montes y, sin embargo, está ardiendo por los cuatro costados, al igual que California ahora o Australia en su temporada veraniega. El fuego no se puede evitar en las zonas mediterráneas, es inherente a este tipo de bosques (de largas sequías y altas temperaturas estivales), ya sean provocados, por negligencia o por causas naturales.
Lo que parece evidente es que las políticas conservacionistas que no permiten muchas labores tradicionales son responsables, en buena medida, de que este tipo de incendios alcancen proporciones desconocidas cinco décadas atrás, cuando no existían ni retenes permanentes ni hidroaviones ni tecnología satelitaria, etc. En los años 60, la superficie media anual quemada en España era de 38.000 Ha., mientras que en lo que va de siglo se ha triplicado, llegando a las 130.000 hectáreas por año.
Por consiguiente, es el momento de un debate sereno y científico, con más profesionales y menos chamanes ambientales."

References: artículo 149
 artículo 61
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 45
 resolución 
 artículo 13
 artículo 149
 artículo 50