Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2008/jul/20080725.html
Timestamp: 2019-05-25 01:50:20+00:00

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Gaceta Parlamentaria, año XI, número 2556, viernes 25 de julio de 2008
Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada María Oralia Vega Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2008.
Que reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, recibida del senador Luis Walton Aburto, del Grupo Parlamentario de Convergencia, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2008.
Que adiciona un segundo párrafo a la fracción VI del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, recibida del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de julio de 2008.
De la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con el que remite proposición con punto de acuerdo recibida de los diputados Elías Cárdenas Márquez y Alejandro Chanona Burguete, del Grupo Parlamentario de Convergencia, en la sesión del miércoles 23 de julio de 2008.
De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se determinan los lineamientos para la comparecencia de los titulares de las secretarías, organismos centralizados y descentralizados de la administración pública federal sobre el seguimiento del ejercicio del gasto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008.
De la Comisión de Transportes, a la reunión que se llevará a cabo el viernes 25 de julio, a las 15:00 horas.
De la Comisión de Asuntos Indígenas, a la trigésima primera reunión de mesa directiva, que se llevará a cabo el lunes 28 de julio, a las 17:00 horas.
De la Comisión de Puntos Constitucionales, a la reunión de mesa directiva que se efectuará el martes 29 de julio, a las 10:00 horas.
De la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente, a la undécima reunión que, con la asistencia del procurador federal del Consumidor, se efectuará el martes 29 de julio, a las 15:00 horas.
De la Comisión de Turismo, a la vigésima tercera reunión de mesa directiva, por celebrarse el miércoles 30 de julio, a las 10:30 horas.
De la Comisión de Economía, a la reunión de mesa directiva que se llevará a cabo el miércoles 30 de julio, a las 11:00 horas.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a la reunión que la mesa directiva sostendrá con la de la Comisión de Energía el miércoles 30 de julio, a las 11:00 horas.
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, a la decimonovena reunión, que se llevará a cabo el miércoles 30 de julio, a las 12:00 horas.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a la reunión de mesa directiva que se llevará a cabo el miércoles 30 de julio, a las 12:00 horas.
De la Comisión de Turismo, a la vigésima quinta reunión plenaria, que tendrá verificativo el miércoles 30 de julio, a las 13:00 horas.
De la Comisión de Economía, a la reunión plenaria que se llevará a cabo el miércoles 30 de julio, a las 14:30 horas.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a la reunión que sostendrá con el jefe del Servicio de Administración Tributaria el miércoles 30 de julio, a las 14:30 horas.
De la Comisión de Seguridad Pública, a la decimoctava reunión de mesa directiva, que tendrá lugar el jueves 31 de julio, a las 9:30 horas.
De la Comisión de Vivienda, a la decimoctava reunión de mesa directiva, que se llevará a cabo el jueves 31 de julio, a las 9:30 horas.
De la Comisión de Seguridad Pública, a la vigésima tercera reunión ordinaria, que se efectuará el jueves 31 de julio, a las 10:30 horas.
De la Comisión de Seguridad Pública, a la reunión con el oficial mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, Sergio Montaño Fernández, que se llevará a cabo el jueves 31 de julio, de las 12:00 a las 14:00 horas.
De la Comisión de Vivienda, a la decimoséptima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el jueves 31 de julio, a las 12:00 horas.
De la Comisión de Seguridad Pública, a la reunión con el subsecretario del Sistema Penitenciario Federal, José Patricio Patiño Arias, y con el comisionado de Prevención y Readaptación Social, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, Rodrigo Esparza Cristerna, que se llevará a cabo el jueves 31 de julio, de las 14:00 a las 16:00 horas.
De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a las comparecencias de servidores públicos para el análisis y discusión del ejercicio del gasto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2008, que se realizarán entre los martes 29 de julio y 12 de agosto.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, al proceso de presentación de aspirantes a recibir la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913", respecto del cual la recepción de candidaturas concluirá el viernes 29 de agosto.
De la Comisión Especial para la Reforma del Estado, al diplomado Gestión, evaluación y liderazgo para la reforma del Estado, que –con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, División de Educación Continua y Vinculación, de la Universidad Nacional Autónoma de México– se llevará a cabo hasta el 20 de octubre, los lunes, miércoles y viernes, de las 8:00 a las 10:00 horas.
De la Comisión de Cultura, a la exposición Grupo de Amistad México-Eslovaquia, 8 mágico de la Embajada de la República Eslovaca, que permanecerá hasta el viernes 25 de julio.
De la Comisión de Cultura, a la exposición Medallas, placas y rastrillos, que permanecerá hasta el viernes 25 de julio.
De la Comisión Especial de estudios de las políticas para la migración interna, al diplomado Gobernabilidad, equidad y desarrollo: las migraciones del México urbano que, en coordinación con la Escuela de Graduados en Administración y Política Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, se llevará a cabo entre el viernes 25 de julio y el sábado 6 de diciembre.
Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, a la presentación de Reporte CESOP número 14, "Competitividad", que tendrá verificativo el miércoles 30 de julio, de las 17:30 a las 19:00 horas.
Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, a la mesa de discusión y análisis número 18, Acciones para posicionar el trabajo legislativo en la opinión pública, que se efectuará el miércoles 6 de agosto, de las 12:00 a las 14:00 horas.
QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 4o. Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA ORALIA VEGA ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 23 DE JULIO DE 2008
La que suscribe, diputada federal María Oralia Vega Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan los artículos 4o., párrafo tercero, y 73, fracción XVI, numeral 2a., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente
1. Del municipio
El Congreso de la Unión, en el fortalecimiento del federalismo, establece que es un objetivo contribuir a la definición de los principios constitucionales que fijen nuevas bases institucionales para el municipio en México.1
Diferentes constitucionalistas y académicos reconocen sobre el municipio la necesidad de modernización desde un enfoque integral y multidisciplinario.
Se identifica también en el municipio una institución esencial para el desarrollo y la consolidación de la democracia, así como un ámbito de gobierno destinado a acrecentar su peso relativo en la estructura del Estado mexicano.
Con ese criterio, el gobierno municipal es considerado por la Constitución federal la base de la organización política y administrativa del Estado mexicano (artículo 115). En la Constitución se describe como "libre", en el sentido de que es concebido como una esfera de gobierno autónoma.
Es necesario entonces realizar adecuaciones que permitan consolidar el municipio como parte de esa estructura y que, adicionalmente, definan nuevos parámetros, para modernizar el marco constitucional y leyes de los estados, en congruencia con la historia y las necesidades contemporáneas de la libertad municipal,2 en el marco de una visión de futuro, respecto al país que queremos construir.
La evolución política, gubernamental y administrativa de los municipios conlleva a establecer una participación de "cooperación" entre la federación, el estado y los municipios para orientar el sistema federal mexicano. En ese orden de cooperación, la protección de la salud concierne a estos tres órdenes de gobierno con la participación de la sociedad, con base en el marco normativo aplicable.
Sin embargo, es necesario dotar al municipio de herramientas constitucionales que le permitan actuar de manera preventiva y, en su caso, brindar respuesta inmediata ante eventos ambientales, de productos y servicios, actividades y establecimientos, entre otros, que se constituyan en un riesgo para la salud y que sean un ámbito de salubridad general.
Debemos reconocer la heterogeneidad social y regional del país, así como la pluriculturalidad de la sociedad nacional, la diferencia existente en el desarrollo económico de cada municipio y su infraestructura de salud. En materia de salud, los indicadores de mortalidad y morbilidad son diferentes entre cada estado y región, pero son en algunos casos diametralmente opuestos en cada municipio.
Reconocer estos factores nos lleva a promover la participación del municipio en acciones de salubridad general, en el marco de la corresponsabilidad sanitaria, y que a la vez pueda recibir recursos federales para atender las necesidades más urgentes en la detección, la prevención y el seguimiento de los riesgos sanitarios que inciden en la salud de su población, así como para apoyar las acciones emprendidas en beneficio de la salud, tanto por el estado como por la federación.
No todos los municipios tienen capacidad para participar en esa cooperación sanitaria, ni cuentan con un marco constitucional que les permita actuar en materia de salubridad general, con base en el marco normativo estatal y municipal. Sin embargo, en el terreno de la autonomía municipal, ante un evidente riesgo de la salud de la población, deberá tomar de inmediato medidas precautorias, pues la protección de la salud concierne a los tres órdenes de gobierno, como un derecho constitucional que protege a toda persona.
En el concepto de protección de la salud como un derecho constitucional para proteger a todos los mexicanos me sustento para formular la propuesta de reformar el artículo 4o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar al municipio participación en acciones en materia de salubridad general.
El Congreso de la Unión tiene las facultades para dotar al municipio del instrumento constitucional que le permita actuar en materia de salubridad general, en un marco de reparto de competencias que dé a los poderes públicos la posibilidad de ejercerlas para el cumplimiento de sus fines, en un ámbito de legalidad, legitimidad y gobernabilidad democrática.
Una reforma constitucional en esta materia conlleva un nuevo diseño formal e institucional. Sin embargo, al contar con una ley reglamentaria, como la Ley General de Salud, se hace necesario dar participación al municipio en la concurrencia que establece la ley mencionada, dotándolo de los principios de solidaridad, subsidiaridad municipal y descentralización como ideas básicas de la reforma propuesta.
Esta propuesta de reforma no pretende dar atribuciones al municipio como una forma de pragmatismo oportunista difícil de cumplir sino, por el contrario, es rescatar la esencia del municipio de que se constituya como un ente que gestione de manera efectiva los intereses de la comunidad en materia de salud.
La figura del municipio como un primer contacto en atender las demandas sentidas de la población en materia de salud se fortalecerá. El municipio debe responder a la realidad nacional; en muchos casos, hay municipios que deben responder también a la internacional, y a la influencia de la globalización.
Las demandas de los ciudadanos crecen y también debe incrementarse la capacidad de respuesta de los gobiernos locales, por ello deben quedar perfectamente definidos los acuerdos de coordinación, así como la distribución de competencias en materia de salubridad general para que participen los municipios y precisar los mecanismos de corresponsabilidad.
La diversidad municipal es un hecho que ya no puede pasar inadvertido. Por ello, la materia de salubridad general debe ser atendida por el municipio, de acuerdo con su capacidad administrativa y financiera, y con arreglo a la distribución de competencias que se plasmen en la ley reglamentaria correspondiente, para promover la equidad en el acceso a los servicios de salud, responder en lo inmediato a la variabilidad local del origen de problemas que rebasan la capacidad de respuesta de la federación y potenciar las acciones y los recursos de salud para lograr mayor calidad de vida de todos los mexicanos.
Con esta reforma se pretende dotar al municipio de atribuciones, estructuras y medios, conforme a las características y particularidades de cada uno, para incidir en la detección, la prevención y el seguimiento de los riesgos sanitarios, materia de salubridad general, y participar como un apoyo real en la prestación de los servicios de salud con un enfoque epidemiológico municipal, para hacer eficientes los recursos de salud, y vigilar que se presten con oportunidad, calidad y calidez.
El legislador debe reconocer que una instancia federal por sí sola no puede atender la protección de la salud de toda la población en México, y que se hace necesario generar un pacto social con el municipio para que participe en las políticas de salud, a fin de alcanzar de manera integral un plan municipal de salud, con base en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Nacional de Salud, siguiendo los lineamientos estatales para alcanzar los objetivos enunciados en estos documentos básicos.
Baste señalar que el Congreso de la Unión ha entendido que los municipios tienen, entre otros propósitos, reconocer la diversidad económica, cultural y social de las poblaciones, y atender el desarrollo sustentable para conservar su ambiente y el daño ecológico. Asimismo, participa en el desarrollo social de su gente y apoya los proyectos de los pueblos indígenas y de los campesinos más marginados. Por esta pluralidad social, el Congreso de la Unión, en la Ley General de Desarrollo Social, confiere responsabilidades al municipio, así como en su aplicación, y establece lo siguiente: Artículo 4. La aplicación de la presente ley corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de sus dependencias y organismos, a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas y a los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las que competen, de acuerdo con sus atribuciones, al Poder Legislativo.3 De igual manera, se señala la obligación de presupuestar recursos para atender las políticas sociales a través de cuantificar las metas por alcanzar: Artículo 9. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo federal, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, las familias y los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables. Con base en estos principios, el municipio puede recibir recursos federales para participar en el Programa Nacional de Desarrollo Social, a través de programas municipales de desarrollo social. Artículo 13. La planeación del desarrollo social incluirá los programas municipales; los planes y programas estatales; los programas institucionales, regionales y especiales; el Programa Nacional de Desarrollo Social; y el Plan Nacional de Desarrollo. Sirvan estos enunciados para hacer ver al legislador la viabilidad política de asignar funciones específicas al municipio en materia de salubridad general, y poder asignarle recursos federales en el gasto federal descentralizado para atender su programa municipal de salud, en la variable de salubridad general, previo acuerdo de coordinación y cumplimiento de metas, tanto con el estado como con la federación.
De esa manera, se propone la siguiente reforma:
Texto actual Artículo 4o. …
… Texto propuesto Artículo 4o. …
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de los tres ordenes de gobierno, federal, estatal y municipal, en materia de salubridad general y de la protección contra riesgos sanitarios, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
La reforma que aquí se propone se correlaciona con la constitucional municipal de 1999, pues en el artículo 115 de la Carta Magna se reconoce el municipio como sujeto gubernamental y se define como la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado.4 De igual manera define el ayuntamiento como sujeto, al situarlo en la categoría de gobierno.5
Si el municipio ya es reconocido como un orden de gobierno y cuenta con un instrumento que garantiza su ámbito de competencia, debe tener representación ante los poderes federales y los estatales, así en las instancias de negociación intergubernamental para el acuerdo de políticas públicas, entre ellas mencionaré las siguientes: Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
Sistema Nacional de Salud. El reto de la democracia participativa municipal, entre otros, es dar cabida a la representación de la sociedad con una ciudadanía activa, participativa y organizada.
En suma, el municipio no es sólo un agregado solidario para la ejecución de planes y programas del estado o la federación sino una instancia legitimada de origen, por tener un órgano de gobierno surgido del sufragio universal.
Es gobierno en cuanto lo reconocen sus ciudadanos como instancia para la atención de las demandas públicas y, más ahora, es gobierno en cuanto que busca el incremento y mejoramiento de sus capacidades de gestión de aquellas demandas.
La materia de salubridad general es factible de descentralizar a los municipios, conforme a la ley reglamentaria correspondiente y los acuerdos de coordinación específicos que lleve a cabo con el estado y la federación.
2. Del Consejo de Salubridad General
El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere facultades al Congreso para, entre otros asuntos, dictar leyes sobre salubridad general de la república.
Establece que el Consejo de Salubridad General (CSG) dependerá directamente del presidente de la república, sin intervención de ninguna secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.
El CSG, con base en lo expuesto, es un órgano del Estado mexicano, presidido por el secretario de Salud, que tiene como mandato la emisión de disposiciones obligatorias en materia de salubridad general. El consejo representa la segunda autoridad sanitaria del país, precedido únicamente por el presidente de la república.
El ámbito de acción del consejo abarca todas las organizaciones, públicas y privadas, que constituyen el sistema nacional de salud, y todas las relacionadas con éste, incluidas las autoridades administrativas federales, estatales y municipales.6
El resultado de este ámbito de acción del CSG lo dota de amplias facultades para ejercer acciones normativas y ejecutivas en el campo de la salubridad pública nacional, en estrecha colaboración con todas las instituciones encargadas de promover y mantener la salud de la población mexicana.
La misión del consejo es emitir disposiciones de carácter obligatorio en materia de salubridad general en el país mediante la definición de prioridades, la expedición de acuerdos y la formulación de opiniones del Poder Ejecutivo federal, para fortalecer la rectoría y la articulación del sistema nacional de salud hacia el cabal cumplimiento del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El consejo, como autoridad sanitaria, tiene la facultad de dictar disposiciones de carácter obligatorio y de inmediata ejecución en materia de salud, con acciones de diagnóstico, prevención y tratamiento cuando la población esté expuesta a un riesgo sanitario de alcance nacional, regional o local.
Hoy, el mundo está expuesto a un riesgo de salud pública internacional, y México no es la excepción, debido a las condiciones que impone la globalización de los mercados y a la amenaza latente de gente considerada bioterroristas, que utiliza productos biológicos de gran peligrosidad para causar enfermedades o muerte de humanos, animales o plantas, que pondrían en grave riesgo un país (ántrax, botulismo, peste, tularemia y viruela), máxime que sería un hecho inesperado. En ese supuesto, tendrían que tomarse medidas de inmediata aplicación en materia de salud pública.7
Aunque se tienen evidencias de que en México las posibilidades de actos bioterroristas son muy remotas, debe implantarse un plan para proteger la salud de la población ante la amenaza de un ataque de esa naturaleza.
Pero un escenario adicional al señalado es el que se presenta por la migración de aves que puedan transportar algún microorganismo patógeno, o la contaminación de aguas marinas que pongan en riesgo los productos de la pesca o de algunos productos perecederos contaminados de origen con microorganismos patógenos o productos químicos de gran riesgo sanitario. Esos factores de riesgo han alertado a la Organización Mundial de la Salud, que emitió un llamado a todos los países miembros para implantar acciones de inmediata ejecución para detener en principio la epidemia localizada, a fin de que no se llegue a convertir en una pandemia de graves consecuencias para la salud pública internacional.8
En estos escenarios y otros latentes a escala mundial en materia de salud pública, se hace necesario fortalecer el CSG para que tome acciones de inmediata ejecución ante el peligro latente de una pandemia que pueda llegar a México y sea la autoridad sanitaria encargada de coordinar el sistema nacional de salud, las organizaciones públicas y las privadas, las autoridades administrativas federales, estatales y municipales, y todas las instancias administrativas públicas o privadas afines al sistema mencionado, y en casos graves convocar a la seguridad nacional.
Llamo la atención de todos los legisladores para prevenirlos de estos hechos reales, que tienen en alerta a las Organizaciones de las Naciones Unidas, Mundial de la Salud, y Panamericana de la Salud, y que hoy día están en alerta roja en un escenario de gran riesgo: la pandemia de influenza aviar.
Si México no toma medidas urgentes sobre esta pandemia, sin duda podrá estar en riesgo de una grave catástrofe de salud pública.
Por todo lo expuesto, es necesario dar participación al municipio en materia de salubridad general a través de la ley reglamentaria correspondiente y otorgar atribuciones al CSG para dictar disposiciones sanitarias de urgente aplicación ante la posible amenaza de alguna pandemia o de una contingencia de salud publica internacional.
Por lo anterior se pone a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el párrafo tercero del artículo 4o. y el artículo 73, fracción XVI, numeral 2a., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Único. Se adicionan el párrafo tercero del artículo 4o. y el numeral 2a. de la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
Artículo 73. El Congreso tiene facultad I. a XV. …
1a. …
2a. En caso de epidemias o pandemias de carácter grave o de peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después aprobadas por el Consejo de Salubridad General y sancionadas por el presidente de la república y el Congreso.
3a. a 4a. …
XVII. a XXX. … Transitorio
1. Comisión de Desarrollo Municipal, Bases para una reforma constitucional en materia municipal, Senado de la República, 2007, "Presentación".
2. Comisión de Desarrollo Municipal, Bases para una reforma constitucional en materia municipal, Senado de la República, 2007, "Principios constitucionales del municipio", página 21.
3. Véase la Ley General de Desarrollo Social, artículos 4, 9 y 13.
4. Paz Cuevas, Cuauhtémoc, Los gobiernos locales en el federalismo mexicano, Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, Asociación Civil, 2008.
5. Véase el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
6. Referencia del Consejo de Salubridad General, www.csg.gob.mx/interiores/consejo/queeselcsg.html
7. Referencia de la Secretaría de Salud, www.dgepi.salud.gob.mx/riesgo_biol/bioterrorismo/bioterrorismo.htm
8. Referencia de la Organización Mundial de la Salud, www.dgepi.salud.gob.mx/pandemia/FLU-aviar-INFOGEN.htm
Dado en el salón de plenos de la Comisión Permanente en la Cámara de Senadores, a 23 de julio de 2008.
Diputada María Oralia Vega Ortiz (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Julio 23 de 2008.)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 232-D DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, RECIBIDA DEL SENADOR LUIS WALTON ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 23 DE JULIO DE 2008
El suscrito, Luis Walton Aburto, senador de la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente
La Ley Federal de Derechos establece que la zona federal marítimo-terrestre es un bien de uso común y de dominio público de la federación, y por tanto, inalienable, imprescriptible e inembargable y no sujeto a acción de posesión definitiva o provisional. No obstante, las instituciones públicas y los particulares podrán usar, aprovechar y explotar los bienes de dominio público a través de un título de "concesión" o "permiso" respectivo.
En el primer caso, son libres para cualquier persona, y en el segundo supuesto requieren una concesión o permiso para su aprovechamiento o explotación, que implica la obligación de pago de derechos, sea por uso general, para protección u ornato o de uso agropecuario, regulados por la Ley Federal de Derechos.
Los prestadores de servicios y propietarios de restaurantes en las zonas de playa en Acapulco (Pie de la Cuesta, Condesa, Revolcadero, entre otras) han planteado el problema económico que representa la clasificación actual que tiene el puerto de Acapulco.
Es importante destacar que actualmente se clasifica a Acapulco en la zona X, la más alta, al igual que Los Cabos, Baja California Sur; Puerto Vallarta, Jalisco; y Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad, Quintana Roo. Ello resulta inicuo, ya que el desarrollo económico y el impulso que tienen estas zonas no son comparables con las de Acapulco, que si bien tuvo auge en la década de los sesenta, actualmente vive primordialmente del turismo nacional, cuyo derrame económico no es comparable con el del turismo internacional en los destinos antes mencionados.
Aunado a lo anterior y a otros factores negativos en el sector turístico, hay preocupación de los concesionarios existentes y han disminuido los incentivos para atraer nuevas inversiones en el sector.
El criterio establecido en la Ley Federal de Derechos en la clasificación de las zonas fiscales, para efecto del pago de uso, goce o aprovechamiento de playas, se realiza con relación al desarrollo socioeconómico de los municipios. En este sentido, actualmente la ley establece 10 zonas, en las cuales se encuentran desde los municipios económicamente más pobres hasta los que tienen un alto ingreso, considerando entre otros aspectos la derrama económica que tienen por la actividad turística que se desarrolla en ellos.
A manera de ejemplo es importante señalar que a Cancún arriban aproximadamente 850 cruceros procedentes de distintos puntos como Miami, Cuba o Europa, y esto representa 47 por ciento, casi la mitad del total de llegadas en un año a México. Por su parte, Acapulco registra 130 arribos al año aproximadamente.
Cancún y Puerto Vallarta son los puertos que se han caracterizado por su mayor ingreso per cápita, en virtud de que quienes los visitan tienen mayor poder adquisitivo y en consecuencia realizan mayores gastos, mientras que en Acapulco el turismo que lo visita primordialmente es nacional y con menores ingresos.
A Guerrero se le clasifica en cinco zonas. En la zona I, que comprende a los municipios de Cuajunicuilapa, Coyuca de Benítez, Florencio Villarreal y San Marcos, al mismo nivel que Cárdenas, Centla y Paraíso, en Tabasco; la zona II incluye a Ayozu, Copala, Benito Juárez y Tecpan de Galeana; la zona III, Petatlán y la Unión; la zona IX a José Azueta; y la X a Acapulco de Juárez.
Esta última clasificación es incompatible con los principios de "proporcionalidad" y "equidad" que establece el artículo 31, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que ha ocasionado que en este destino turístico se disminuya el uso de dicha zonas, se tenga retraso en el pago de los derechos por parte de los concesionarios, que los accesos a las playas se encuentren en malas condiciones, y en general no contar con los medios necesarios y suficientes que permitan prestar servicios de calidad y eficientes, para evitar quejas de los turistas e inconformidad de los habitantes del puerto.
Resulta importante señalar que los concesionarios han solicitado la reclasificación de Acapulco, dado que se encuentra en desventaja económica y social respecto de otros municipios turísticos similares.
Es importante reiterar que la clasificación existente es inicua, ya que se ubica al puerto en la clasificación de zona X, y se le compara con destinos turísticos como Los Cabos, Baja California; Puerto Vallarta, Jalisco; y Benito Juárez y Solidaridad, Quintana Roo. Ello resulta desigual, ya que, como se mencionó, las condiciones de dichos municipios son contrastantes en todos los aspectos con las de Acapulco.
En la zona costera del puerto de Acapulco se encuentran diversas áreas, ya que al hacer la clasificación no se tomó en cuenta que conviven hoteles de gran turismo con los de turismo medio, así como restaurantes de especialidades con los de pequeños comerciantes y pescadores, que usan la zona federal con fines de comercio turístico. Ello aunado a otros factores que inciden en el sector turístico han provocado el desaliento en los concesionarios existentes y disminuido la inversión para mantener dicha zona en óptimas condiciones.
Con base en lo anterior se justifica el cambio del Acapulco de Juárez de la zona X a la zona IX, que compartiría con los destinos de La Paz, Santa María Huatulco y Cozumel, lo que tendría entre otros impactos el aumento de concesionarios de la zona federal y, en consecuencia, el mejoramiento de los servicios turísticos y de los empleos; se lograría mejor y puntual recaudación y se abatirían los rezagos de pagos; los accesos a las playas tendrían mejores condiciones; y se mejoraría la protección y el cuidado de la zona federal.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de la Cámara de Senadores el siguiente proyecto de
Decreto que reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos
Artículo Único. Se reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:
Artículo 232-D. Las zonas a que se refiere el artículo 232-C de esta ley son las siguientes: Zona I …
Zona IX. Estado de Baja California Sur: La Paz; Estado de Guerrero: Acapulco de Juárez y José Azueta; Estado de Oaxaca: Santa María Huatulco; Estado de Quintana Roo: Cozumel.
Zona X. Estado de Baja California Sur: Los Cabos; Estado de Jalisco: Puerto Vallarta; Estado de Quintana Roo: Benito Juárez y Solidaridad. Transitorio
Senador Luis Walton Aburto (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Julio 23 de 2008.)
QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 176 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RECIBIDA DEL SENADOR ADOLFO TOLEDO INFANZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 23 DE JULIO DE 2008
El que suscribe, senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante de la Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente
Al concluir la vida laboral, toda persona espera un retiro cómodo y sin problemas económicos. Para asegurar este objetivo, existen complementos para las habituales Afore, tales como el ahorro voluntario, el arrendamiento de propiedades o bien los llamados planes personales de retiro.
También es cierto que no es posible evitar la siempre inesperada muerte, pero sí podemos encontrar el instrumento de protección para hacerle frente: el seguro de vida.
La prevención de este riesgo ofrecerá la estabilidad y certidumbre para que los familiares del asegurado conserven su bienestar actual y futuro, y sobre todo su patrimonio, producto del esfuerzo familiar.
Así, un seguro de vida sirve para sustituir el ingreso económico que todos nosotros damos a nuestras familias. Este ingreso es el que permite tener una mejor calidad de vida en caso de que lleguemos a faltar.
Según cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en 2007 los seguros de vida individual alcanzaron apenas los 6 millones 252 mil 820 pólizas, en su mayoría adquiridas por individuos comprendidos entre los 35 y 44 años de edad.
Por ello, el Estado debe hacer un pequeño sacrificio fiscal en el corto y mediano plazo para desgravar, mediante deducibilidad el costo de las primas de estos seguros como incentivo para que a estas personas en edad productiva se sumen otras, con la seguridad de que no desequilibrarán aún más la economía de sus familias.
Inclusive, es de reconocerse que el sector de los seguros individuales de vida apuntalan la economía del país con beneficios sociales positivos, ya que dan una mayor protección a las familias e impulsan el ahorro doméstico.
Además, este esquema favorecerá la competitividad de las aseguradoras nacionales o autorizadas por la ley, decreciendo así la adquisición de los seguros individuales de vida con empresas extranjeras.
La propuesta de reforma aspira a que nuestros seres queridos "vivan con tranquilidad" en caso de ocurrir un fallecimiento, al observar que, por los impuestos, muchas veces inhibimos la contratación de estas formas de ahorro, que indudablemente fomentan el ahorro privado y el crecimiento económico, sin olvidar que liberan de presión los sistemas de seguridad social.
Hagamos conciencia para que todos entendamos la necesidad de adquirir un seguro de vida individual o complementario, dependiendo de nuestras necesidades y posibilidades, con el estímulo fiscal de poder deducir el costo que representa el pago de las primas.
Lo anterior, porque en la actualidad en México existen situaciones que aumentan de manera importante las cargas fiscales de los contribuyentes que sí pagan sus impuestos y que se ven desfavorecidos para la adquisición de instrumentos protectores en caso de muerte.
Además de que, para el gobierno, estos ahorros-previsiones son finalistas, ya que tienen una menor disponibilidad, hasta en tanto no ocurra el fallecimiento, ya sea por causa natural o accidental, lo que representa inversiones de largo plazo que benefician el ahorro interno del país e inciden favorablemente en la disminución de los costos sociales que se deben sufragar.
Con base en lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la honorable Cámara de Senadores la siguiente iniciativa con proyecto de
Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción VI del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 176. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo de esta ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales: Fracciones I. a V. …
Las primas por seguros de vida, complementarios o independientes en caso de muerte, ya sea por causa natural o accidental, siempre que el beneficiario sea el cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, o sus ascendientes o descendientes, en línea recta.
VII. a VIII. … Transitorio
Salón de sesiones de la Comisión Permanente honorable Congreso de la Unión, 23 de julio de 2008.
Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica)
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, CON EL QUE REMITE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RECIBIDA DE LOS DIPUTADOS ELÍAS CÁRDENAS MÁRQUEZ Y ALEJANDRO CHANONA BURGUETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 23 DE JULIO DE 2008
México, DF, a 23 de julio de 2008.
Diputado Carlos Chaurand Arzate
Presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
Me permito comunicar a usted que, en sesión celebrada en esta fecha, se recibió de los diputados Elías Cárdenas Márquez y Alejandro Chanona Burguete, del Grupo Parlamentario de Convergencia, propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a comisiones de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados a disponer lo necesario para incorporar en la normatividad que regula el funcionamiento del Congreso la figura de audiencias públicas.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, el cual se anexa.
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a comisiones del Senado de la República y de la Cámara de Diputados a disponer lo necesario para incorporar en la normatividad que regula el funcionamiento del Congreso la figura de audiencias públicas.
Los suscritos, diputados federales Elías Cárdenas Márquez y Alejandro Chanona Burguete, del Grupo Parlamentario de Convergencia en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 y 78, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Comisiones de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores y de Régimen, Reglamentos y Practicas Parlamentarias de la Cámara de Diputados a disponer lo necesario para incorporar en la normatividad que regula el funcionamiento del Congreso la figura de audiencias públicas, al tenor de los siguientes
El 9 de abril del presente año el titular del Ejecutivo envió al Senado varias iniciativas de reforma sobre la industria petrolera nacional, particularmente de la empresa pública Petróleos Mexicanos. Era evidente la intención de solicitar del Congreso una aprobación por la vía rápida de un acuerdo parlamentario entre por lo menos las dos fuerzas políticas con mayor número de legisladores. Así había ocurrido con reformas anteriores.
No es necesario recordar aquí la presión política y social que impidió la consumación de esa reforma. Lo importante es resaltar que las fuerzas políticas en el Congreso lograron acordar un debate sobre la reforma energética, procedimiento novedoso, que si bien no está establecido en la ley, demostró su utilidad para enriquecer la discusión legislativa y, sobre todo para informar a la sociedad sobre un tema de la mayor trascendencia para el futuro del país.
Este ejercicio terminó ayer. Desde el 8 de mayo la atención de la opinión pública, de los medios de comunicación, de la clase política, pero sobre todo de los ciudadanos estuvieron atentos a cada una de las discusiones que se llevaron a cabo en esta sede del Senado de la República.
Corresponderá a esta Cámara la alta responsabilidad de traducir en conclusiones aceptables para la sociedad los resultados de este amplio debate.
En total fueron 22 jornadas en las que se habló de los más importantes temas relacionados con la industria petrolera. Expusieron sus puntos de vistas mas de 160 participantes, entre los que se contaron expertos en la industria petrolera, en derecho constitucional, analistas políticos y académicos, líderes de partido, gobernadores, empresarios y dirigentes sindicales, funcionarios de la administración pública y hasta un Premio Nobel.
Todos expusieron sus argumentos sin cortapisas, tanto quienes mantuvieron una posición a favor de la iniciativa de reforma propuesta como quienes lo hicieron en contra. Los legisladores también pudimos hacerlo con la entera libertad de hacer preguntas a los ponentes, aclarando dudas y ¿por qué no? sembrando otras.
El diálogo fue civilizado, si bien en momentos la vehemencia de quienes argumentaban se desbordaba. Pero esto es natural cuando esta en juego el destino de la nación.
¿Quién ganó el debate? Cada quien tendrá su propia visión. Al final de cuentas ganó la sociedad; las encuestas realizadas sobre el tema de la reforma arrojan como resultado una sociedad más informada y con opinión al respecto.
Reitero, ya tocará a la Cámara de Senadores y, en su momento, a los diputados determinar lo que va a pasar con esa iniciativa. El debate ha dado un cúmulo de elementos para el análisis posterior, el cual podrá hacerse con mayor conocimiento de causa y, muy importante, de cara a la sociedad.
Después del debate público nadie podrá volver a las sombras del acuerdo en los pasillos del poder. Los legisladores tenemos la obligación de mostrar a los ciudadanos que el debate sirvió para algo.
Por eso es que hoy Convergencia ha tomado la decisión de exhortar al resto de las fuerzas políticas aquí representadas, a que aprovechemos la experiencia que ha arrojado este debate e incorporemos este modelo de discusión pública de una manera institucionalizada.
Así, cuando se discutan iniciativas de reforma de particular trascendencia para definir el proyecto de país, podremos aplicarlo como método de escuchar a los más conspicuos representantes de la sociedad.
Estas audiencias públicas, que son comunes en otras latitudes, serán determinantes para avanzar hacia una mayor democracia, en la que la sociedad esté mejor informada y tenga vías más amplias de participación.
El debate demostró a quienes se oponían a su realización, por considerar que la responsabilidad de discutir sobre las iniciativas de reforma es función exclusiva del legislativo, que su temor era infundado.
Las iniciativas ahí siguen, listas para ser debatidas en el Congreso, pero con un mayor grado de información y con una mayor responsabilidad de cara a la nación.
Es cierto que tenemos que avanzar hacia formas de participación ciudadana más amplias, con los instrumentos de la democracia directa, como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y otras; una sociedad más madura y mejor informada lo reclama.
Para evitar discusiones sobre la pertinencia jurídica de estos ejercicios, ya presentes en no pocas constituciones estatales, mejor legislemos sobre ellos.
Pero no descartemos las audiencias públicas, que en realidad eso es lo que ha sido el debate, que ya demostró sus virtudes para escuchar opiniones de ciudadanos reconocidos como especialistas. Utilicemos este esquema que al mismo tiempo que es un ejercicio de la libertad de expresión, permite ordenar y jerarquizar la información recogida y trasladarla a la acción legislativa.
Si bien este es un esquema a medio camino entre la democracia representativa y la directa, es en este momento un modo de abordar los temas de la mayor importancia para el destino del país. No se trata de utilizarlo de manera inopinada, sino en aquellos casos en las que la magnitud de la reformas propuestas por quienes legalmente les corresponde esa función, requieran de acudir a expertos sobre los temas a discusión. Por ejemplo, una reforma laboral, una reforma al sistema educativo. Incluso una reforma integral al sector de la energía.
En Convergencia encontramos pertinente que se reglamente sobre las audiencias públicas del Congreso, a fin de lograr su plena institucionalización, más allá de lo que actualmente corresponde a las comisiones legislativas.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de la Comisión Permanente, con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con
Único. La Comisión Permanente de la LX Legislatura del Congreso exhorta a las Comisiones de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados a disponer lo necesario para incorporar en la normatividad que regula el funcionamiento del Congreso la figura de las audiencias públicas.
Diputados: Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Alejandro Chanona Burguete.
(Turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Julio 23 de 2008.)
DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, POR EL QUE SE DETERMINAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA COMPARECENCIA DE LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS, ORGANISMOS CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2008
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 39, 43 y 45, numeral 6, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emite el siguiente acuerdo, a fin de establecer los lineamientos que regirán las comparecencias de los titulares de las secretarías, organismos centralizados y descentralizados de la administración pública federal para el seguimiento del ejercicio del gasto, bajo las siguientes
Que el Poder Legislativo ha realizado grandes esfuerzos en los últimos años, encaminados a fortalecer, entre otros aspectos, los temas relacionados con la presupuestación de los recursos públicos federales; ejemplo de ello es la emisión, en abril de 2006, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Este nuevo ordenamiento, entre otras cosas, implicó una reforma de carácter estructural que contribuye al fortalecimiento del sistema presupuestario a través de la transparencia, la oportuna rendición de cuentas y la evaluación del desempeño.
Los mecanismos de rendición de cuentas y evaluación que establece la ley son un esfuerzo encaminado a mejorar, controlar y transparentar el ejercicio del gasto público, responsabilidad conjunta de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Claro ejemplo de estos procedimientos es el Sistema de Evaluación del Desempeño.
En la actualidad la ley establece un presupuesto basado en resultados (PBS), con un enfoque de gerencia pública que impulsa la descentralización de las decisiones para incentivar el logro de resultados, el cual busca que los programas y proyectos se deriven de un proceso secuencial alineado con la planeación y programación. El PBS tiene como finalidad establecer objetivos estratégicos e indicadores que permitan evaluar y revisar la manera en que las unidades del sector público ejercen los recursos asignados.
En ese orden de ideas, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en su carácter de comisión ordinaria de la Cámara de Diputados, tiene el deber de realizar el análisis de los informes trimestrales sobre la situación económica y de las finanzas públicas que rinde el Poder Ejecutivo, lo que ha permitido a esta comisión detectar algunos temas de interés que justifican la necesidad de que comparezcan los ejecutores del gasto, a explicar, detallar o aclarar algunos aspectos relacionados con el ejercicio de los recursos públicos.
Con esto se tiene la seguridad de contribuir al fortalecimiento de un ejercicio eficaz y eficiente de los recursos públicos; al mismo tiempo que se da transparencia y se fomenta una justa rendición de cuentas en aras de una mejora continua en la gestión gubernamental.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Presupuesto y Cuenta pública expide el siguiente
Primero. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública acordó llamar a comparecer a los titulares de las secretarías, de los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública federal para explicar e informar de los avances físicos, financieros y de desempeño de los programas presupuestarios, así como de la problemática para su ejecución y el impacto en la población de los programas del sector o ramo correspondiente contenidos en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2008.
Segundo. Que las comparecencias serán en el día, hora y lugar que así lo acuerde la mesa directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tercero. Que las comparecencias serán dirigidas por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública o por alguno de los secretarios de los integrantes de la mesa directiva de esta comisión, en conjunto con el o los presidentes de las comisiones ordinarias que participan.
Cuarto. Que en las comparecencias participarán las comisiones ordinarias del ramo o sector correspondiente.
Quinto. Que las intervenciones de los titulares de las secretarías, de los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública federal para la revisión del ejercicio del gasto serán de veinte minutos y podrán ser auxiliados por el oficial mayor o su equivalente durante su presentación.
Sexto. Que en las comparecencias, asistirá y participará, en caso de ser necesario, un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta por diez minutos.
Séptimo. Se dará el uso de la palabra al presidente o secretario de la mesa directiva de la comisión o de las comisiones ordinarias cuya naturaleza corresponda al ramo o sector del que se trate, hasta por 7 minutos, para que realicen el posicionamiento de inicio al análisis del ejercicio del gasto correspondiente.
Octavo. Se abrirán tres rondas de preguntas y respuestas; en cada una el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dará la palabra hasta por tres minutos a cinco legisladores, procurando la participación de todos los grupos parlamentarios que integran las comisiones ordinarias invitadas.
Noveno. Las respuestas por parte de los titulares de las secretarías, de los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública federal comparecientes se realizarán al término de cada ronda de preguntas, hasta por veinte minutos.
Décimo. Las preguntas formuladas por los legisladores durante la comparecencia que no alcancen a ser contestados por el titular deberán hacerse constar por escrito en el transcurso de los diez días posteriores a la comparecencia, y serán remitidos a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con copia a las comisiones ordinarias correspondientes al ramo o sector, para hacerlas de conocimiento de sus integrante; el mismo procedimiento se seguirá para las preguntas que, por escrito, los legisladores entreguen al compareciente.
Décimo Primero. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dará por concluida la comparecencia los de los titulares de las secretarías, de los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública federal.
Así lo acordó la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el mes de julio de 2008.
Diputados: Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), presidente; Edgar Martín Ramírez Pech, Carlos Altamirano Toledo, Érick López Barriga (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), Joel Ayala Almeida (rúbrica), Javier Guerrero García (rúbrica), Jorge Emilio González Martínez, Alejandro Chanona Burguete, Ricardo Cantú (rúbrica), Mónica Arriola, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica), secretarios.
A la reunión que se llevará a cabo el viernes 25 de julio, a las 15:00 horas, en el salón B del edificio G.
3. Aprobación del acta de la reunión del 29 de abril de 2008.
4. Proyectos de dictamen.
Diputado Rubén Aguilar Jiménez
A la trigésima primera reunión de mesa directiva, que se llevará a cabo el lunes 28 de julio, a las 17:00 horas, en las oficinas del órgano legislativo convocante (edificio D, cuarto piso).
Diputado Marcos Matías Alonso
A la reunión de mesa directiva que se efectuará el martes 29 de julio, a las 10:00 horas, en la sala de juntas de la presidencia del órgano legislativo convocante, con la finalidad de discutir la agenda para el próximo periodo de sesiones y analizar los dictámenes pendientes.
Orden del Día 1. Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 17 y se reforma la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acciones colectivas.
2. Dictamen sobre la opinión de la Comisión de Cultura respecto de diversas iniciativas que reforman y adicionan los artículos 3o., 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asuntos culturales y derechos de autor.
3. Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el título y el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el nombre oficial del país sea México.
4. Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 26, 35, 73, 116, 122 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de referéndum y plebiscito.
5. Dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIX-Ñ al artículo 73; y adiciona una fracción VIII al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de registros públicos.
6. Dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 75, 115, 123 y 127de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de regulación de salarios a servidores públicos.
7. Dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asuntos indígenas. Atentamente
Diputado Raymundo Cárdenas Hernández
DE LA TERCERA COMISIÓN –HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS– DE LA COMISIÓN PERMANENTE
A la undécima reunión que, con la asistencia del procurador federal del Consumidor, se efectuará el martes 29 de julio, a las 15:00 horas, en la sala de comisiones Miguel Ramos Arizpe del Senado de la República, situada en Donceles 14, primer piso.
Diputado Raúl Cervantes Andrade
A la vigésima tercera reunión de mesa directiva, por celebrarse el miércoles 30 de julio, a las 10:30 horas, en el salón F del edificio G.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la vigésima segunda reunión de mesa directiva.
4. Aprobación de la presentación del proyecto turístico "Mazatlán International Center", Mazatlán, Sinaloa, propuesto por el diputado Carlos Eduardo Felton González.
5. Evaluación de la propuesta del diputado Francisco Dávila García para instaurar la entrega de reconocimiento a lo más destacado de la actividad turística correspondiente a 2007.
6. Análisis y discusión del establecimiento de la subcomisión de juegos y sorteos, propuesta por el diputado Armando García Méndez.
A la reunión de mesa directiva que se llevará a cabo el miércoles 30 de julio, a las 11:00 horas, en la sala de juntas de la comisión.
Diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez
A la reunión que la mesa directiva sostendrá con la de la Comisión de Energía el miércoles 30 de julio, a las 11:00 horas, en los salones C y D del edificio G.
Diputado Jorge Estefan Chidiac
A la decimonovena reunión, que se llevará a cabo el miércoles 30 de julio, a las 12:00 horas, en el salón de protocolo del edificio A.
Diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo
A la reunión de mesa directiva que se llevará a cabo el miércoles 30 de julio, a las 12:00 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo convocante (edificio F, primer piso).
A la vigésima quinta reunión plenaria, que tendrá verificativo el miércoles 30 de julio, a las 13:00 horas, en el salón B del edificio G.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la vigésima cuarta reunión plenaria.
4. Presentación del proyecto turístico "Mazatlán International Center", Mazatlán, Sinaloa, propuesto por el diputado Carlos Eduardo Felton González.
A la reunión plenaria que se llevará a cabo el miércoles 30 de julio, a las 14:30 horas, en la zona C del edificio G.
A la reunión que sostendrá con el jefe del Servicio de Administración Tributaria el miércoles 30 de julio, a las 14:30 horas, en el restaurante La Casona, situado junto a las oficinas de ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
A la decimoctava reunión de mesa directiva, que tendrá lugar el jueves 31 de julio, a las 9:30 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo convocante (edificio F, tercer piso).
A la decimoctava reunión de mesa directiva, que se llevará a cabo el jueves 31 de julio, a las 9:30 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo convocante, situada en el edificio D, segundo piso.
2. Verificación de asistencia y declaración de quórum.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
5. Análisis y, en su caso, aprobación de proyectos de dictamen.
Diputado Diego Aguilar
A la vigésima tercera reunión ordinaria, que se efectuará el jueves 31 de julio, a las 10:30 horas, en el salón de protocolo del edificio A.
A la reunión con el oficial mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, Sergio Montaño Fernández, que se llevará a cabo el jueves 31 de julio, de las 12:00 a las 14:00 horas, en el salón de protocolo del edificio C.
A la decimoséptima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el jueves 31 de julio, a las 12:00 horas, en el salón E del edificio G.
5. Análisis y, en su caso, aprobación de dictámenes.
A la reunión con el subsecretario del Sistema Penitenciario Federal, José Patricio Patiño Arias, y con el comisionado de Prevención y Readaptación Social, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, Rodrigo Esparza Cristerna, que se llevará a cabo el jueves 31 de julio, de las 14:00 a las 16:00 horas, en el salón de protocolo del edificio C.
A las comparecencias de servidores públicos para el análisis y discusión del ejercicio del gasto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2008, que se llevarán a cabo en las fechas, lugares y horarios siguientes:
29 de julio, en el salón de protocolo del edificio C. 10:00 horas. Doctor Ernesto Cordero Arroyo, secretario de Desarrollo Social.
12:00 a 13:00 horas. Maestro Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
A partir de las 10:00 horas. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 30 de julio, en los salones 3 y 4 del edificio I. 17:00 horas. Contador público Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública.
A partir de las 17:00 horas. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 31 de julio, en los salones 3 y 4 del edificio I. 12:30 a 13:00 horas. Licenciada Josefina Vázquez Mota, secretaria de Educación Pública.
17:00 horas. Agrónomo Abelardo Escobar Prieto, secretario de la Reforma Agraria.
A partir de las 12:30 horas. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 5 de agosto, en los salones 3 y 4 del edificio I. 10:00 a 11:00 horas. Doctor Eduardo Sojo Garza Aldape, secretario de Economía.
12:30 a 13:00 horas. Licenciado Alonso García Tamés, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
A partir de las 10:00 horas. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 7 de agosto, en los salones 3 y 4 del edificio I. 10:00 horas. Licenciado Rodolfo Elizondo Torres, secretario de Turismo.
12:30 horas. Doctor José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Salud.
A partir de las 10:00 horas. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 12 de agosto, en Guadalajara. 11:00 horas.
• Doctor Luis Téllez Kuenzler, secretario de Comunicaciones y Transportes.
• Doctor Agustín Carstens Carstens, secretario de Hacienda y Crédito Público. Atentamente
Diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco
Al proceso de presentación de aspirantes a recibir la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913", respecto del cual la recepción de candidaturas concluirá el viernes 29 de agosto.
La LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el decreto que instituye la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913" y su reglamento
A la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Presidencia de la República y las secretarías de Estado, a los gobiernos de las entidades federativas, a las universidades públicas y a las privadas, a las asociaciones técnicas, científicas y culturales, y demás instituciones representativas de la sociedad, para que propongan la candidatura de quien consideren merecedor de recibir la
Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913"
Instituida para reconocer al ciudadano o a la ciudadana mexicana que se haya distinguido relevantemente, sirviendo a la colectividad nacional y a la república, destacando por sus hechos cívicos o políticos.
Lo anterior, por el acuerdo que tome la Cámara de Diputados en sesión pública, en atención al dictamen que presente la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
I. Las propuestas deberán ser dirigidas a los Secretarios de la Cámara de Diputados, sita en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, código postal 15969, México, DF, edificio A, segundo piso, y habrán de contener los siguientes datos: 1. Nombre de la institución u organización promovente;
2. Datos generales del candidato;
3. Motivos por los que se promueve la candidatura; y
4. Acta de nacimiento y documentos o pruebas fehacientes que avalen los motivos de la candidatura. II. La recepción de candidaturas estará comprendida entre el 30 de abril y el 29 de agosto de 2008. Mayor información a los teléfonos 5036 0147 y 5036 0148.
III. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto inapelablemente por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Al diplomado Gestión, evaluación y liderazgo para la reforma del Estado, que –con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, División de Educación Continua y Vinculación, de la Universidad Nacional Autónoma de México– se llevará a cabo hasta el 20 de octubre, los lunes, miércoles y viernes, comprendidos de las 8:00 a las 10:00 horas, en el auditorio norte.
El diplomado está dirigido a legisladores, asesores parlamentarios, estudiantes e investigadores (de ciencia política, administración pública, derecho, sociología, economía, relaciones internacionales o antropología), servidores públicos de los tres ámbitos, académicos y personas relacionadas con la investigación, el servicio público, la organización y el liderazgo político y partidista, la participación ciudadana y el impulso de las pautas para la transformación del Estado mexicano, en cualquiera de sus ámbitos, que deseen ampliar conocimientos y desarrollar habilidades en la gestión del cambio político, en el contexto de la reforma del Estado.
Informes e inscripciones hasta el 23 de mayo de 2008, de las 10:00 a las 15:00 horas, en los teléfonos 5628 1300 y 5420 1760, extensiones 1248 y 5089, 55 3666 5185, 55 3225 1261; en la dirección de correo electrónico conocimientoglobal@yahoo.com; y en el módulo instalado en la plaza principal del Palacio Legislativo de San Lázaro, frente al edificio G.
Evaluar los conceptos fundamentales y las propuestas de los modelos de reforma del Estado en México.
Se desarrollarán 6 módulos, con 60 sesiones de trabajo los lunes, miércoles y viernes, de las 8 a las 10 de la mañana, en el auditorio norte del Palacio Legislativo de San Lázaro.
La dinámica de trabajo del diplomado contará de seis módulos de trabajo.
En el diplomado participarán como ponentes investigadores, profesores de educación superior, funcionarios públicos y responsables de organismos no gubernamentales, con la idea de generar una discusión multidisciplinaria sobre los temas descritos y de establecer metodologías que permitan evaluar objetivamente dicho proceso y construir herramientas metodológicas de evaluación y desarrollo de líderes de cambio político.
Módulo II. La Reforma Electoral
25 de julio • La segunda vuelta electoral.
- Maestro Gabriel Campuzano Paniagua, catedrático de la UNAM. 28 de julio • Parlamentarismo y semiparlamentarismo.
- Maestro Gabriel Campuzano Paniagua, catedrático de la UNAM. 30 de julio • Parlamentarismo y semiparlamentarismo.
- Maestro Gabriel Campuzano Paniagua, catedrático de la UNAM. 1 de agosto • Reforma del Congreso.
- Doctor Héctor Zamitiz Gamboa, catedrático de la UNAM. 4 de agosto • Reforma del Congreso.
- Doctor Héctor Zamitiz Gamboa, catedrático de la UNAM. 6 de agosto • Participación ciudadana.
- Doctor Héctor Zamitiz Gamboa, catedrático de la UNAM. 8 de agosto • La reelección.
- Doctor Javier Oliva Posada, catedrático de la UNAM. Atentamente
Diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez
A la exposición Grupo de Amistad México-Eslovaquia, 8 mágico de la Embajada de la República Eslovaca, que permanecerá hsta el viernes 25 de julio en el vestíbulo principal.
A la exposición Medallas, placas y rastrillos, que permanecerá hasta el viernes 25 de julio, en el vestíbulo principal.
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIOS DE LAS POLÍTICAS PARA LA MIGRACIÓN INTERNA
Al diplomado Gobernabilidad, equidad y desarrollo: las migraciones del México urbano que, en coordinación con la Escuela de Graduados en Administración y Política Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, se llevará a cabo entre el viernes 25 de julio y el sábado 6 de diciembre, en el auditorio norte del Palacio Legislativo de San Lázaro, situado en el edificio A, segundo piso.
El siglo XXI se caracteriza por importantes movimientos migratorios en dos planos: en el internacional los países otrora colonias de diversas metrópolis reciben amplios grupos de personas que, además de buscar mejores formas de vida en países desarrollados se movilizan en función de la cultura que les heredaron las naciones coloniales, toda vez que la lengua, la historia común, la alimentación, las costumbres e incluso la religión favorecen su integración, aunque fuere en un nivel relativo por el frecuente rechazo de dichas sociedades a recibirlos en su estructura económica y social.
No obstante lo anterior, se prevé que estas corrientes modifiquen el mapa geopolítico del planeta en su conjunto, toda vez que tan sólo por el creciente problema del hambre que afecta en su vertiente extrema a la tercera parte de la población mundial o por el desempleo absoluto que abarca a casi 200 millones de personas, se estima que entre América Latina, Asia y África tienen un universo superior a 300 millones de personas susceptibles de abandonar sus comunidades y países hacia el norte del globo terráqueo.
En nuestro continente, la realidad migratoria más apremiante es el flujo de sudamericanos y mexicanos que trascienden la frontera mexicano-estadounidense, con un volumen anual de casi 500 mil personas, según estimaciones del Instituto Internacional de las Migraciones. Estos datos abarcan la emigración ilegal, aunque la de carácter documentado es sumamente importante en sus efectos económicos, sociodemográficos y culturales, poniendo como ejemplo que en esa misma frontera se efectúan cerca de 3 millones de cruces al año, lo que explica la oposición de los estados del sur de Estados Unidos al cierre total de la frontera mediante un muro metálico, lo que provocaría pérdidas cuantiosas para el comercio de ambos países.
La otra vertiente migratoria, la interna, acentuada principalmente por los rápidos procesos de urbanización, de secundarización y de terciarización de la economía que se producen desde la década de los años 70 del siglo pasado, cambió el número de ciudades importantes y transformó las metrópolis en megalópolis, pero su cambio más relevante será en la concepción cultural, administrativa y jurídica con que se ha diseñado la arquitectura geográfica del Estado Moderno. En este sentido, los estudios de urbanismo, movimientos poblacionales y hábitat de instituciones públicas, privadas y de investigación de todo el mundo coinciden en que la idea de región, estados, provincias y municipios está totalmente rebasada y que, tras el debilitamiento de la nación y de las unidades secundarias, como fruto de la globalidad, emerge como conglomerado humano central el de las ciudades.
Lo anterior significa que las ciudades, a diferencia de los municipios, asumen las funciones clásicas del desarrollo urbano, los servicios y la administración y les agregan responsabilidades de gestión, integración cultural, proyecto común, interculturalidad, gestión intergubernamental propia, entre otras. El advenimiento de las ciudades entra en contradicción con el modelo municipal, de tal modo que las grandes urbes, como la Ciudad de México, generan regiones diferenciadas, aisladas y en verdadero conflicto, semejantes a guetos urbanos, que carecen de una identidad y proyecto común.
Esto hace necesaria la evolución del tratamiento académico, político y legislativo de las migraciones en todo el territorio, ya que los efectos de los flujos directos o indirectos de migrantes que provocaron una región polvorín en toda la frontera norte mexicana se está reproduciendo en el altiplano, el centro y el sur de todo el país.
Este fenómeno es relativamente nuevo para las políticas públicas y para su tratamiento en el ámbito legislativo. De ahí el acierto de que la LX Legislatura de la Cámara de Diputados crease la Comisión Especial para el Estudio de las Políticas para las Migraciones Internas.
En seguimiento de nuestro programa de trabajo, hemos entablado un proceso de coordinación y consulta con diversas entidades públicas y de investigación que permitan acciones concretas como un diagnostico objetivo, el impulso al estudio de estos fenómenos desde una perspectiva nueva, el análisis del marco jurídico aplicable y una convocatoria amplia a toda la sociedad para participar en nuestros trabajos.
Como fruto de ello, se ha convenido con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, a través de su Escuela de Graduados en Administración y Políticas Públicas, que posee experiencia de investigación y docentes de elevada calidad en estos temas, para impulsar el diplomado Gobernabilidad, equidad y desarrollo: las migraciones del México urbano, que permita atraer a nuestra Institución el aporte de los académicos, en conjunción con la invitación a instituciones federales, estatales y municipales para profundizar en su estudio, con el valor añadido de que ofrece un valor curricular ampliamente consolidado como mecanismo de actualización profesional continua, que tiene amplia aceptación y validez como alternativa ante estudios de ciclo largo como las maestrías.
Con este proyecto, nuestra institución consolida su decisión de ser un espacio abierto para la ciudadanía y para nuestras instituciones educativas, que también fortalezca con seriedad, responsabilidad y calidad técnica nuestro trabajo legislativo, en atención a la compleja agenda pública surgida de los fenómenos contemporáneos y la demanda social, que exige nuevos tratamientos, nuevas normas y nuevas políticas públicas, en materia territorial, urbana poblacional y migratoria.
Dirigido a legisladores, asesores parlamentarios, estudiantes e investigadores (de ciencia política, administración pública, derecho, sociología, economía, antropología), funcionarios públicos, académicos y personas relacionadas con los temas de diseño, gestión y la administración de los fenómenos de las migraciones, el desarrollo urbano, gobierno metropolitano, y desarrollo regional y social.
Del 19 de mayo al 3 de julio de 2008 de 10:00 a 15:00 horas, en los teléfonos 5628 1300, extensiones 3856, 3836, 58215, 58216 y 58217; 01 800 718 4291, 04455 3666 5185, 04455 3225 1261; y en la dirección de correo electrónico conocimientoglobal@yahoo.com, así como en la Comisión Especial de estudios de las políticas para la migración interna, edificio F, planta baja, Palacio Legislativo de San Lázaro.
Analizar y proponer una política integral eficaz sobre migraciones internas en México y, al mismo tiempo, evaluar las acciones y estrategias interdisciplinarias e interinstitucionales que se generan para lograr dicho objetivo.
Se realizarán cinco módulos, con 20 sesiones de trabajo, los viernes de 15:00 a 20:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas, en el auditorio norte del Palacio Legislativo de San Lázaro, situado en el edificio A, segundo piso.
La dinámica de trabajo para el diplomado será a través de cinco módulos de trabajo, en los cuales se analizarán los siguientes temas: "Los procesos de urbanización y metropolización", "Perspectivas de desarrollo regional", "Migración interna, integración y expulsión", "Empleo y bienestar en los nuevos procesos migratorios", "Emigración e inmigración, remesas y desarrollo local", "Políticas para la migración interna, gobernabilidad, democracia y coordinación federalista".
Los ponentes que participarán serán investigadores, profesores de educación superior, funcionarios públicos y responsables de organismos no gubernamentales, con la idea de generar una discusión multidisciplinaria sobre los temas antes descritos y llegar a establecer metodologías que ayuden a consolidar las acciones de gobierno y esto sea traducido en un mayor nivel de gobernabilidad social y rendimiento institucional.
Módulo I. Los procesos de urbanización y metropolización.
Fechas: 25 y 26 de julio, y 8 y 9 de agosto.
Ejes temáticos Actualidad de la emigración campo-ciudad.
Marginalidad urbana y pobreza.
La formación de regiones metropolitanas. Módulo II. Mecanismos de Integración y de Exclusión Económica y Social. Habitabilidad, servicios públicos, financiamiento para el desarrollo.
Fechas: 22 y 23 de agosto, y 5 y 6 de septiembre.
Ejes temáticos Realidad de la integración campesina e indígena en las ciudades.
Repensar el modelo de ciudades, con perspectiva humana.
Reingeniería de servicios públicos municipales.
Alternativas de financiamiento para los nuevos retos del desarrollo urbano. Módulo III. Empleo y bienestar frente a los procesos migratorios.
Fechas: 19 y 20 de septiembre, y 3 y 4 de octubre.
Ejes temáticos Flujos migratorios y perspectivas de crecimiento económico.
Los costos económicos, políticos y sociales de la inmigración en México.
Capacidad institucional de atención a la inmigración interna. Módulo IV. Emigración e inmigración: remesas y desarrollo local.
Fechas: 17 y 18 de octubre, y 7 y 8 de noviembre.
Ejes temáticos Realidad de los costos y operación del envío de remesas.
Perspectiva del aprovechamiento de las remesas en el desarrollo local.
Marco legal y reglamentario del sistema de envío y recepción de remesas. Módulo V. Políticas para la migración interna: gobernabilidad, democracia y coordinación federalista.
Fechas: 21 y 22 de noviembre, y 5 y 6 de diciembre.
Ejes temáticos Delincuencia y conflicto en los procesos de inmigración.
Derechos cívicos, políticos, económicos y sociales de los migrantes.
El papel de los tres niveles de gobierno en la atención a las migraciones internas. Atentamente
Diputado Raúl Ríos Gamboa
A la presentación de Reporte CESOP número 14, "Competitividad", que tendrá verificativo el miércoles 30 de julio, de las 17:30 a las 19:00 horas, en el salón de usos múltiples número 2 del edificio I.
Licenciado Arturo Maldonado Tapia
Encargado de la Dirección General
A la mesa de discusión y análisis número 18, Acciones para posicionar el trabajo legislativo en la opinión pública, que se efectuará el miércoles 6 de agosto, de las 12:00 a las 14:00 horas, en salón de usos múltiples número 2 del edificio I.

References: artículo 232
 artículo 176
 artículo 4
 Artículo 4
 Artículo 9
 Artículo 13
 Artículo 4
 Artículo 4
 artículo 73
 artículo 115
 artículo 73
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 73
 artículo 4
 artículo 73

Artículo 4

Artículo 73
 artículo 115
 ARTÍCULO 232
 artículo 71
 artículo 232
 artículo 31
 artículo 232
 artículo 232

Artículo 232
 artículo 232
 ARTÍCULO 176
 artículo 71
 artículo 55
 artículo 176

Artículo 176
 artículo 58
 artículo 17
 artículo 107
 artículo 40
 artículo 73
 artículo 116