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Timestamp: 2017-08-18 04:46:43+00:00

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DERECHO Y SER: LIBERTAD DE REUNIÓN Y DE ASOCIACIÓN
DERECHO Y SER
Por Mario Calzada Gómez
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Publicado por Mario Calzada en 17:49
El ser humano como actor social que es por esencia, a través de su desarrollo y de manera casi que natural ha buscado a través del ejercicio de la reunión y de la asociación con sus congéneres, coadyuvarse para el logro de sus fines, que van desde la misma supervivencia hasta el logro de las más grandes ambiciones. Es por ello, que los derechos de reunión y asociación son intrínsecos a la misma naturaleza del hombre.
En épocas tan especiales de nuestra democracia en donde se busca con afán la protección y el libre ejercicio de los derechos fundamentales, resulta casi que ineludible hacer una reflexión en relación con el libre ejercicio de estos derechos.
Observaremos las diferentes normatividades que amparan estos Derechos a través de las normas emitidas por los diferentes entes internacionales que se ocupan del tema y del derecho constitucional comparado.
Haremos una mirada al sindicalismo en Colombia, como ejemplo preponderante al ejercicio de asociación, ya que es una de las entidades con mayor número de flagelos recibidos en materia de violación de derechos humanos, cuyas denuncias como veremos son del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a la tarea del actual gobierno colombiano con su denominada política de seguridad democrática.
1. LIBERTAD DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN
1.1 DERECHO DE REUNIÓN
En algunos países, la autoridad gubernativa puede prohibir la reunión en caso de alteración al orden público o se ponga en peligro personas o bienes, ya que en países de Latinoamérica no existen leyes especiales que prohíban o limiten este derecho.
1.2 DERECHO DE ASOCIACIÓN
El derecho de asociación consiste en la libre disponibilidad de individuos dotados de personalidad jurídica para constituir formalmente agrupaciones permanentes encaminadas a la consecución de fines específicos de carácter no lucrativo.
Es una de las prolongaciones de las libertades de pensamiento, expresión y reunión y una antesala de los derechos de participación, en la medida en que la participación política se canaliza preferentemente a través de formas específicas de asociaciones, entre las que los partidos políticos ocupan un lugar señalado.
Es considerado al igual que el derecho de reunión un derecho humano de primera generación. Siempre y cuando se use este derecho de manera pacífica y para cualquier objeto lícito, según la ley estará permitido a cualquier persona, nacional o extranjero, pero en cuanto a los asuntos políticos internos del país solo los ciudadanos (nacionales y nacionalizados) pueden tomar cartas en asuntos políticos por esta vía, quedando pues a extranjeros limitado este derecho.
Claro está, quedan totalmente prohibidas las reuniones armadas y aquellas que de una u otra manera quieran presionar con violencia a alguna autoridad judicial, para que resuelva a su favor.
a. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
2.2 LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 16. Libertad de Asociación:
a. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.
b. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
c. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aún la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.
2.3 DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE:
2.3.1 Derecho de Asociación
2.4 EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y
2.5 LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
2.6 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL EN COLOMBIA
Artículo 107. Se garantiza a todos los nacionales el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse....
Artículo 14. Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber:...de asociarse con fines útiles;...
Artículo 7. Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio:
c. A reunirse y asociarse para fines lícitos y pacíficos.
Artículo 222. Los ciudadanos tienen el derecho de organizarse en partidos políticos con arreglo a la presente Constitución y la Ley Electoral.
Artículo 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade, nos termos seguintes:
* ...XVI- todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;...
Artículo 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
I. - caráter nacional;
II. - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;
III. - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV. - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
* § 1.º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidárias.
* § 2.º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
* § 3.º Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei.
* § 4.º É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.
Artículo 1. ...El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos...
Artículo 25. Los habitantes de la República tienen derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna.
Artículo 7. Los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. No podrá limitarse ni impedirse a una persona el ejercicio de cualquier actividad lícita, por el hecho de no pertenecer a una asociación. Se prohíbe la existencia de grupos armados de carácter político, religioso o gremial.
2º- Asociarse para constituir partidos políticos de acuerdo con la ley e ingresar a los ya constituidos;
Artículo 34. Derecho de asociación.
Se reconoce el derecho de libre asociación. Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de auto-defensa o similares. Se exceptúa el caso de la colegiación profesional.
Artículo 47. Los partidos políticos legalmente inscritos son instituciones de derecho público, cuya existencia y libre funcionamiento garantiza esta Constitución y la ley, para lograr la efectiva participación política de los ciudadanos.
Artículo 54. Se reconoce el derecho de concentración, manifestación movilización pública de conformidad con la ley.
Artículo 39. Es permitido formas compañías, asociaciones y fundaciones que no sean contrarias a la moral o al orden lega, las cuales pueden obtener su reconocimiento como personas jurídicas. No se otorgará reconocimiento a las asociaciones inspiradas en ideas o teorías basadas en la pretendida superioridad de una raza o de un grupo étnico, o que justifiquen o promuevan la discriminación racial. La capacidad, el reconocimiento y el régimen de las sociedades y demás personas jurídicas se determinarán por la Ley panameña.
Artículo 32. DE LA LIBERTAD DE REUNIÓN Y DE MANIFESTACIÓN. Las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como el derecho a no ser obligadas a participar de tales actos. La ley sólo podrá reglamentar su ejercicio en lugares de tránsito público, en horarios determinados, preservando derechos de terceros y el orden público establecido en la ley.
Artículo 42. DE LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN. Toda persona es libre de asociarse o agremiarse con fines lícitos, así como nadie está obligado a pertenecer a determinada asociación. La forma de colegiación profesional será reglamentada por ley. Están prohibidas las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
Artículo 2. Toda persona tiene su derecho:
13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa. ...
Artículo. 8. Se reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos. Para garantizar la realización de esos fines se fijan las siguientes normas:
7. La libertad de asociación y de reunión sin armas, con fines políticos, económicos, sociales, culturales o de cualquier otra índole, siempre que por su naturaleza no sean contrarias ni atentatorias al orden público, la seguridad nacional y las buenas costumbres. ...
Amendment I. Libertad de pensamiento y de expresión.
4. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde su existencia, ha presentado tres informes sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia con ocasión del conflicto armado que vive el país y que mantienen afectado el orden público, y que a su vez repercuten afectando los derechos fundamentales de los ciudadanos. Siendo uno de los más afectados los derechos de reunión y de asociación, en donde los miembros de las agremiaciones sindicales han venido sufriendo atropellos, que conllevan hasta la pérdida de sus propias vidas. “…Entre 1991 y 1997, en Colombia fueron asesinados 1.071 sindicalistas…”. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han instaurado un elevado número de denuncias que dejan en claro que este es uno de los derechos fundamentales de mayor vulnerabilidad en Colombia. Es así, como la Comisión concluyó que el Estado es responsable, en el plano internacional, de por lo menos, algunos de los delitos perpetrados por grupos paramilitares contra militantes sindicales, por medio de su aquiescencia o tolerancia, si no de su participación activa. El Estado es, por ende, responsable de la violación de los derechos a la vida y a la integridad física de esos militantes sindicales, así como del derecho a la libertad de asociación, protegido por el artículo 16 de la Convención.
De igual manera, la Comisión declaró admisible una petición relacionada con la persecución contra el partido político Unión Patriótica. En la petición, dice la Comisión, se sostiene que miembros de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano han consumado algunos de los actos de persecución contra miembros de la Unión Patriótica. Los peticionarios sostienen, asimismo, que el Estado de Colombia ha tolerado la persecución del partido político o le ha prestado su aquiescencia, al no investigar y sancionar en forma adecuada los crímenes perpetrados contra sus miembros, y al no adoptar otras medidas efectivas para prevenir esos crímenes.
En su decisión sobre la admisibilidad, la Comisión decidió que los peticionarios habían dado cuenta de hechos que, de resultar probados, podrían significar violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Concretamente, se denunció un cúmulo de hechos suficiente para que la Comisión pueda considerar posibles violaciones a los derechos a la libertad de asociación y a la participación política, consagrados en los artículos 16 y 23 de la Convención, así como los derechos a la personería jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad, al debido proceso y a la protección judicial también protegidos en la Convención.
Las siguientes son las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos humanos formula al Estado Colombiano, en relación con este tema, en su tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, del 26 de febrero de 1999:
1. Que adopte medidas inmediatas y efectivas para proteger la vida e integridad física de los sindicalistas. Esas medidas deben incluir, como medio crucial para brindar protección, la investigación y sanción de quienes perpetren ataques contra los activistas sindicales.
2. Que adopte todas las medidas necesarias para garantizar el respeto por el derecho de la ciudadanía a la participación política. A este respecto, el Estado debería actuar afirmativamente para hacer todo lo posible por garantizar la protección de los candidatos y la celebración ordenada de las elecciones.
3. Que adopte medidas inmediatas y efectivas para proteger la vida y la integridad física de los funcionarios elegidos. Esas medidas deben incluir, como medio crucial para brindar protección, la investigación y sanción de quienes perpetren ataques contra los funcionarios elegidos.
4. Que adopte medidas efectivas para garantizar que los partidos políticos que se presentan como alternativa a los dos partidos tradicionales, participen plenamente en las actividades electorales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de sus informes anuales ha venido haciendo un seguimiento al desarrollo del conflicto armado en Colombia, destacando los esfuerzos del gobierno en la continuación de sus programas de protección a defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, líderes sociales, y a las Comunidades en Riesgo, sin dejar de plasmar su preocupación por el impacto de la violencia generada por los actores del conflicto armado interno en el respeto de los derechos fundamentales de la población civil en Colombia y, en particular, de los sectores más vulnerables: las comunidades indígenas y afro-descendientes y los desplazados, contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y sindicales, docentes y periodistas.
5. LA POLITICA DE SEGURIDAD DEMOCRATICA
La Política de Seguridad Democrática es una política gubernamental del presidente Álvaro Uribe Vélez que propone un papel más activo de la sociedad colombiana dentro la lucha del estado y de sus órganos de seguridad frente la amenaza de grupos insurgentes y otros grupos armados ilegales.
En los últimos años en Colombia se ha visto un mejoramiento sustancial de las condiciones de seguridad. Varios factores han contribuido a este mejoramiento: el proceso de negociación con el Gobierno que conllevó a la desmovilización y desarme entre los años de 2003 y 2006 de más de 30.000 paramilitares, el control de las autoridades en zonas donde hace algunos años no había ninguna presencia del estado. Entre 1998 y 2008, el pie de fuerza de la Fuerza Pública creció considerablemente, al pasar de 261.952 a 424.457 hombres, y un estilo de gobierno más comprometido con una de las funciones más importantes del estado: La garantía del imperio de la ley y el orden. Así como también el de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común.
Entre las críticas que se le hacen a la Política de Seguridad Democrática, es la de involucrar a la población civil en la defensa activa del estado, con lo que se estaría exponiendo a los civiles a un mayor grado de la intensidad del conflicto armado, por parte de todos los grupos armados, incluyendo de los abusos que ejecutasen algunos miembros de los organismos de seguridad.
Si bien, conforme a las estadísticas que maneja el Gobierno Nacional, se han reducido en los últimos años los actos violatorios contra los Derechos Humanos, aun se presentan acciones de violencia contra personas dedicadas a la actividad sindical. Los afiliados a sindicatos han sido estigmatizados con frecuencia debido a sus actividades gremiales y a sus convicciones sociales y políticas. A menudo se les ha caracterizado como simpatizantes o colaboradores de movimientos armados disidentes, colocándolos en una situación vulnerable frente a las partes en el conflicto armado. Hasta ahora las medidas tomadas por el Estado no han sido suficientes para atenuar la gravedad de la situación y la violencia contra los trabajadores agremiados es persistente, por lo que el Estado está en la obligación de reforzar esfuerzos para asegurar la vida y la integridad física de los militantes sindicales, así como a ampararles en su derecho a la libertad de asociación.
Igual situación viven los docentes agremiados de nuestro país, como grupo ocupacional, son un ejemplo de la violencia generalizada que se vive en Colombia y la manera en que la misma repercute tanto en el ejercicio del derecho a la libertad de asociación como en el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales. La situación a la que se enfrentan los docentes, expuestos a actos intimidatorios, que llevan incluso a costar la vida y el desplazamiento de muchos de ellos, expone cómo el deterioro de la situación de seguridad mínima, que es una obligación esencial que el Estado debe garantizar, afecta de manera directa el derecho a la libre asociación, específicamente el derecho a formar sindicatos, y variados derechos económicos, sociales y culturales, particularmente el derecho al trabajo y a la educación pública gratuita.
De otro lado los adeptos a la Política de Seguridad Democrática, visualizan la misma como una política de Estado que debe ser de carácter permanente, más allá de quien ejerza la Presidencia de la República, para ello, la senadora y ex ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez radicó en el Congreso un proyecto de ley que busca ese objetivo.
6. DATOS ESTADISTICOS
Entre el 1 de Enero de 1991 y el 31 de Diciembre de 2006, según datos del Banco de Datos de la ENS (Escuela Nacional sindical) se han registrado 8.105 casos de violaciones a la vida, integridad física y la libertad personal de trabajadores afiliados a sindicatos en Colombia, discriminadas así: 2.245 homicidios, 3.400 amenazas, 1.292 casos de desplazamiento, 399 detenciones arbitrarias, 206 hostigamientos,192 atentados, 159 secuestros, 138 desapariciones, 37 casos de tortura y 34 allanamientos ilegales.
La ENS, ha indicado en sus informes que los grupos paramilitares son responsables presumiblemente de 285 asesinatos, los grupos guerrilleros de 147, a los organismos del estado se les atribuyen 21 casos, 10 delincuencia común, 1 al empleador y en 858 casos no se posee ninguna información, y en 923 casos no es posible identificar el responsable.
Según informe del 26 de agosto de la Escuela Nacional Sindical, a esa fecha en el 2008 iban 38 sindicalistas asesinados, 15 de los cuales eran dirigentes, acercándose a la cifra de 39 sindicalistas asesinados a lo largo del año 2007. De igual manera la ENS, ha informado que durante el gobierno del presidente Uribe se han efectuado más de 400 asesinatos de sindicalistas y más de 1300 amenazas.
1) A pesar de que existe la normatividad internacional y nacional que cobija, reconoce y tutela los derechos de reunión y asociación, hoy día, en nuestro país es un peligro tratar de ejercerlos, por lo menos en el campo sindical y político.
2) Son muchas las recomendaciones recibidas por el Estado a través de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en procura de tutelar estos derechos y a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional, aún es un ejercicio de alto riesgo para quienes intentan desarrollar este tipo de actividades.
3) El país adolece aún de una verdadera seguridad, ya que su Fuerza Pública no tiene aun la capacidad de ejercer el poder coercitivo del Estado, y
4) No se observa la capacidad del poder judicial de garantizar la pronta y cumplida administración de justicia, y del Gobierno de cumplir con las responsabilidades constitucionales del Estado, en esta materia.
[ 2 ]. "http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_reuni%C3%B3n"
[ 3 ]. Los derechos de primera generación, según el prof. Aldo Atilio Alessio, pueden a su vez clasificar en:
* A la libertad individual
* A la seguridad
* A la libertad de pensamiento y conciencia
* A la libertad de expresión
* A la libertad de reunión y asociación
* A la libertad de asociación política
* Al Voto
[ 4 ]. "http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_asoc%C3%B3n"
[ 5 ]. Base de Datos Políticos de las Américas. (2006) Derecho de reunión y asociación. Estudio Constitucional Comparativo. [Internet]. Centro de Estudios Latinoamericanos, Escuela de Servicio Exterior, Universidad de Georgetown. En: http://pdba.georgetown.edu/Comp/Derechos/reunion.html. 14 de octubre 2008.
[ 6 ]. CIDH, Primer informe sobre situación de los Derechos Humanos en Colombia, Capítulo VI, otros derechos, d) Derecho de reunión y libertad de asociación, 30 de junio de 1981
CIDH, Segundo informe sobre situación de los Derechos Humanos en Colombia, Capítulo VIII, Derecho a la libertad de asociación y agremiación, 14 de octubre de 1993
CIDH, Tercer informe sobre situación de los Derechos Humanos en Colombia, Capítulo IX, La libertad de asociación y derechos políticos, 26 de febrero de 1999.
[ 7 ]. Informe CIDH, Cap.IX, 26 de febrero de 1999
[ 8 ]. Ibídem
[ 9 ]. Ibídem
[ 10 ]. www.mindefensa.gov.co/dayTemplates/images/seguridad_democratica.pdf
[ 11 ]. Fuente: Comando General de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional
[ 12 ]. Informe CIDH, Cap.IX, 26 de febrero de 2007
[ 13 ]. Fuente : Escuela Nacional Sindical
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References: Artículo 16

Artículo 107

Artículo 14

Artículo 7

Artículo 222

Artículo 5

Artículo 17

Artículo 1

Artículo 25

Artículo 7

Artículo 34

Artículo 47

Artículo 54

Artículo 39

Artículo 32

Artículo 42

Artículo 2
in fine
 resolución 
 artículo 16