Source: https://issuu.com/loreblacklight/docs/la_llave
Timestamp: 2017-05-22 21:55:31+00:00

Document:
La Llave by Lorena Raigoso - issuu
La LlaveLa llave del futuro es la tierrawww.incoder.gov.coEDICIÓN No.1 Subgerencia de Tierras Rurales INCODER	Presidente Juan Manuel SantosINCODER:
EN EL DESARROLLO RURAL“SUEÑO CON UN CAMPO COLOMBIANO
PRODUCTIVO, COMPETITIVO Y, SOBRE
TODO, EN PAZ”.Colombia está en
un momento histórico que implica
enorme entusiasmo y, al mismo
tiempo, representa un complejo desafío. El desarrollo rural vuelve a ser el
eje estratégico del diálogo político, y
la tierra y el territorio se vuelven temas
centrales. La agenda de paz, podría
decirse, pasa por el campo.En entrevista con La Llave, el Presidente de la República
Juan Manuel Santos, responde a diversas inquietudes en
torno al tema de la restitución de tierras y la transformación
radical del campo colombiano, en el marco de la paz y del
La Llave: A su juicio, ¿qué es lo más importante y
transformador del empeño de equidad en materia de tierras?Pág. 2Juan Manuel Santos: Lo más transformador que plantea
nuestra política de distribución de tierras en equidad es
poder brindarle al campesinado colombiano la posibilidad
de tener una vida digna, con acceso al desarrollo productivo
y con seguridad jurídica en su patrimonio.
La aplicación de la Ley de Restitución de Tierras consolida
la presencia del Estado en el campo al enfrentar los factores
que han generado el despojo y el abandono forzado de
tierras. Sobre todo es una ley con la que estamos pagando
una deuda histórica con quienes perdieron sus tierras a
manos de los violentos, para que las recuperen y puedan
regresar a ellas.
En este propósito trabajamos de la mano con los jueces
especializados en la materia, quienes tienen la misión
de estudiar y fallar –en un máximo de cuatro meses– las
solicitudes recibidas. Esta política va más allá de la restitución material y por primera vez le entrega una solución
integral al campesino, para que retorne a sus tierras con proyectos productivos y subsidios de vivienda.
Con esta Ley estamos haciendo realidad la reparación, la justicia y la paz anheladas. No se trata de algo negociable y
se cumple con todo el compromiso histórico y con igual rasero, sea quien sea el despojador.
Pág. 8Con
doINCODER: Hacia un liderazgo en el desarrollo rural.............................2
Las Pavas, un largo camino de regreso.................................................4
Entrevista con el Ministro Juan Camilo Restrepo:
“Desarrollo rural en el que se admitan múltiples miradas”.....................7
Entrevista con el Presidente Juan Manuel Santos:
“Vamos hacia una transformación estructural del campo”.....................8ABRIL 2013LAS PAVAS, UN LARGO
Las Pavas fueron
el INCODER y
reconocidos como baldíos
de la Nación, los
campesinos continúan luchando por la
tierra que les ha sido usurpada, y que todavía no regresa a ellos porque está bajo
el dominio de intereses privados agroindustriales protegidos por el antiguo paramilitarismo, refundado hoy en seguridad
Pág. 4Cómo intervenimos la tierra en Colombia.............................................10
Colombia rural, la urgencia de una transición........................................12
Baldíos, estructura agraria y dinámicas de la concentración de la tierra......14
El Tablón de Gómez, una esperanza sembrada en tierra fértil..............15
Carmen Palencia, un ícono de la resistencia y la dignidad....................16Foro Internacional Extranjerización y Acaparamiento de Tierras
26 de Abril 2013 Conferencistas: Sonia Moraes de Brasil, Luis Jorge Garay, Wilson Arias,
Rafael Echeverri, Arturo Infante, Jhenifer Mojica.
Más información: http://lallavedelfuturoeslatierra.blogspot.com/ o tel: 2443262L ibertay O rd e nLa Llave/2La llave del futuro es la tierrawww.incoder.gov.coINCODER: hacia un liderazgo
en el desarrollo ruralColombia está en un momento histórico que implica grandes cambios. El país está en un proceso de paz que genera un enorme entusiasmo
y, al mismo tiempo, representa un complejo desafío.
El desarrollo rural vuelve a ser el eje estratégico del
diálogo político, y la tierra y el territorio se vuelven
temas centrales. La agenda de paz, podría decirse,
pasa por el campo.
Las dos grandes deudas del país son con lo rural y
con los pobres rurales, en acceso y uso de la tierra,
formalización, ordenamiento social y ambiental de la
propiedad, protección del campesinado, recuperación
y redistribución de tierras. Para responder a esas deudas el INCODER está desarrollando una estrategia
con una visión multisectorial en la que se tengan en
cuenta todos los sectores productivos y de servicios
en las zonas rurales. El desarrollo rural debe construirse desde los territorios y la entidad tiene que fortalecer
su institucionalidad en los mismos.
El problema de la concentración de la tierra y acceso a
factores productivos, ligado al problema del desplazamiento, tiene una influencia en el uso ineficiente de la
tierra. Es importante no sólo la redistribución (latifundios improductivos y microfundios inviables) sino la
reconversión y apoyo integral a la agricultura familiar
y a la asociatividad. Hay que tener en cuenta que los
programas de desarrollo rural con enfoque territorial
contemplan aspectos sociales, ambientales y de población.
La distribución equitativa de la tierra y soberanía alimentaria, acompañadas de formas organizativas, son
la manera más viable de que tanto el trabajador rural
como el propietario puedan acceder a la seguridad laboral. Esto hace parte de la erradicación de la pobreza,
de la formalización laboral. Los proyectos comunitarios
que alcanzan un nivel económico y organizativo fuerte
con el acompañamiento directo del INCODER o por
terceros que están en las regiones, resuelven participativamente el acceso a estos bienes.
No se trata de suplantar al Estado, debe ser un propósito
entre el Gobierno y la sociedad civil. El acompañamiento del que he hablado tantas veces debe ser integral,
debe promoverse la inclusión de género, de etnias y
buscar el fortalecimiento de los pequeños productores.
Si se genera una masa crítica lo suficientemente fuerte
se incide en la política pública. La conformación de
redes (organizaciones de jóvenes, pescadores, etc.
– va formando ese tejido social que tiene fuerza para
interactuar en igualdad de condiciones.
La ausencia de institucionalidad durante tanto tiempo no la podemos resolver de inmediato. Pero yo
sí creo que el llegar a las regiones, como estamos
haciendo en el INCODER a través de las mesas de
tierras, donde se sientan actores diferentes (empresarios,
propietarios, campesinos, jornaleros), oyendo al campesinado, puede ayudar a que la marginalización a la
que han sido sometidos pueda superarse con el acercamiento de la institucionalidad y creación de lazos de
confianza que a largo plazo legitimen al Estado como
medio de solución de sus diferencias.Las dificultades que tiene el INCODER hoy en día radican en todos estos años de errores y falta de determinación que ponen en riesgo la seguridad jurídica. Los
procesos se vuelven muy complicados de resolver, se
agrandan, y muchos de los casos son consecuencias
del conflicto armado y tocan intereses ilegales. Se necesita de una inversión grande para el desarrollo rural
y generación de una cultura de la legalidad en la tenencia de la tierra. En muchos casos toca ser muy creativo
y repensar las formas tradicionales de solucionar los
Se puede afirmar que las dificultades y la dinámica
actual generan procesos complejos que hoy se están
enfrentando institucionalmente, y también exige respuestas rápidas, transparentes y eficaces a problemas
que habían sido archivados o cuya solución había sido
postergada. Son ahora reconocidos, por ejemplo, los
difíciles problemas que representa una información
desactualizada, desorganizada o sin sistematizar, problemas entre los que se cuentan el favorecimiento de
la impunidad y la corrupción, cuya resolución es estratégica. En el mismo sentido, también son estratégicos
todos los ejes misionales del Instituto: tierras, desarrollo productivo, asuntos étnicos, pesca y acuicultura.
El INCODER, en la actualidad, avanza en el proceso de transformación institucional, pero la complejidad
de los problemas y el hecho de que el emprendimiento de soluciones se haya postergado durante
tantos años, hace que la tarea sea difícil.Ética de lo público y cambio
institucionalLa institucionalidad rural, más allá de las agencias estatales como el INCODER, comprende leyes y organizaciones de la sociedad civil y constituye un tejido
que se ha visto afectado por la situación del conflicto armado, intereses particulares dominantes y políticas económicas que impactaron, de forma notable,
su capacidad de respuesta ante las necesidades del
sector y de la población rural.
Un cambio en la institucionalidad rural incluirá desarrollos en varios ámbitos: en la legislación, en las entidades del Estado, en las organizaciones de la sociedad
civil y en el sector empresarial y gremial. Así mismo,
este cambio implicará una estrategia que articule las
distintas políticas y entidades que están relacionadas con el mundo rural, por ejemplo, la institucionalidad
ambiental, social y, también, de seguridad. Es necesario que la política tenga un enfoque territorial que
facilite esa articulación de intervenciones del Estado
en los distintos niveles. Esto es un gran desafío que
está en marcha y que debe entenderse como un proceso gradual y de alta complejidad.
De otro lado, esta problemática de la institucionalidad
rural posee una estrecha relación con el conflicto armado, esa lucha de larga data que afectó a la institución pública e influyó en ella, debilitándola e incluso, en
algunos lugares, desapareciéndola del escenario rural,
donde la tierra se convirtió en botín. En ese contexto
la violencia detonó procesos de contrarreforma y con-Las dos grandes
lo rural y con los
pobres rurales,
en acceso y uso
de tierras. Para
esas deudas el
INCODER está
la que se tengan
zonas rurales.solidó la concentración de
la propiedad rural; el campesinado colombiano fue
expulsado de sus tierras y
los baldíos de la Nación se
entregaron muchas veces
bajo presiones políticas y
económicas, sin saber a
quién y para qué. Entre
las instituciones afectadas, estuvo el INCODER,
que fue atacado, manipulado, diezmado y sometido por años a decisiones
equivocadas y a falta
de determinación por
parte de sus dirigentes.
afirmar que, en el caso
específico de la institucionalidad rural, la toma
de decisiones poco éticas afectó la confianza de
usuarios, beneficiarios, y
en general de la sociedad.
Entidades del sector y programas de financiación,
subsidios o distribución de
la tierra, muchas veces se
Es imprescindible generar
y replantear la forma en
han abordado las políticas públicas, así como la
gestión de estos temas
estratégicos para el país.
Es necesario el tránsito de
un INCODER que venía
con una baja capacidad
técnica, y por lo tanto ineficiente, a uno que sea
reconocido como técnicamente fuerte y con niveles rápidos de respuesta
de los pobladores rurales.
También es necesario pasar de una institución cuya
legitimidad ha sido puesta
en duda, a una transparente y con capacidad de
liderazgo, tanto en el nivel
central como en el regional y local./3
Grandes desafíosEn el marco de las actuaciones institucionales, existen
desafíos que requieren de gran capacidad: son imprescindibles la recuperación de los baldíos de la Nación,
la redistribución de la tierra, el desarrollo productivo y
el acompañamiento institucional a la población campesina. Para el logro de estas metas es crucial la articulación de las políticas ambientales, mineras y agrarias.
No debe perderse el horizonte: la política integral de
desarrollo rural debe ser gradual, regionalizada, con
enfoque territorial. Además, debe realizarse con una
visión a largo plazo y con una institucionalidad eficiente y moderna que sirva de apoyo a la ejecución de la
política y a la construcción de una sociedad rural equitativa y justa.
Es urgente la reducción de la desigualdad territorial,
ya que en múltiples casos tiende a agravarse. Territorios que parecen haber sido abandonados por la política rural deben ser incorporados a la agenda de prioridades. El país no puede seguir siendo espectador de
la pobreza y la desigualdad presentes en el Chocó, en
el Pacífico en general, el Cauca o las zonas del Caribe.
Tampoco debe ser ciego al altísimo índice de concentración de la propiedad de la tierra, una concentración
sobre la que no sólo se estructuran procesos productivos y económicos ineficientes, sino que también se
manifiesta un cierto sentido feudal o de atraso que
afecta directamente al desarrollo rural.
La nueva ley de desarrollo rural debe buscar soluciones en este sentido. No obstante, la experiencia nos
dicta que la ley no transforma por sí sola la realidad. Es
necesaria una inmensa voluntad política en todos los
niveles del Estado, y una movilización o compromiso social con una agenda cuyo origen sea el consenso rural y un horizonte temporal de largo plazo.Primeros pasos hacia un nuevo
escenarioUno de los puntos abordados en la mesa de La Habana, por ejemplo, ha sido el de un banco de tierras.
La creación de este parte del hecho de que los baldíos de la Nación han sido históricamente usurpados y,
además, muchas titulaciones se han hecho de manera irregular, por lo que recuperar estas tierras es vital,
entre otras, para las políticas actuales de restitución
y para las aproximadamente 300.000 familias que hoy
no tienen acceso a la tierra.
El INCODER, para esta recuperación, ha propuesto
unas metas a cinco años: tres millones de hectáreas
serán entregadas a campesinos y víctimas. Los primeros resultados se evidenciarán en el 2014, con un millón de hectáreas obtenidas en procesos de restitución
administrativa, revocatorias de titulaciones ilegales de
baldíos, bienes de la DNE, compra directa, sustracciones de reserva forestal, extinciones de dominio, clarificaciones, deslindes y expropiaciones.
Otro de los temas que se están discutiendo son las
Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Esta figura se
desvirtúa cuando se habla de tierras colectivas y repúblicas independientes. Las ZRC son áreas geográficas
cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieren la regularización, limitación y ordenamiento de la propiedad, con el fin de estabilizar la
economía campesina y superar el conflicto.
Hay que controlar la expansión inadecuada de la
frontera agropecuaria y evitar la concentración o fragmentación de la propiedad. En estas zonas hay que
fortalecer los espacios de concertación social, políti-La LlaveLa llave del futuro es la tierrawww.incoder.gov.coca, ambiental y cultural entre el Estado y las comunidades, garantizando su participación en las instancias
de planificación y decisión local regional. Esta es la
autonomía de la que se habla, no de gobierno propio.
Fuera de las seis ZRC que están constituidas hoy en
día por gobiernos anteriores, se podrían constituir
otras con una decisión de gobierno, no sólo del INCODER, en zonas como: áreas de amortiguación de parques naturales, en áreas que se sustraen de zonas de
reserva forestal para proteger la propiedad del campesino que lleva tiempo viviendo en la zona, regiones
donde predomine la economía campesina y en zonas de
alta afectación por el desplazamiento forzado. Las ZRC
son territorios abiertos donde se focaliza la inversión
Creería que si hay acuerdos en La Habana, su ejecución sería en los territorios, con tierra y con desarrollo rural, pero no se puede decir que simplemente las
ZRC van a ser las zonas para este propósito, entre
otras cosas por la estigmatización al campesinado que
vive en esas zonas, que lo pondría en riesgo. Considero que las ZRC pueden ser una figura de protección de
la economía campesina, pero no necesariamente son
las únicas figuras que existen. La estabilización campesina se puede hacer en cualquier parte del territorio.
También se considera fundamental el ordenamiento productivo. Hace dieciséis años se constituyó la
Unidad Agrícola Familiar, UAF, que venía siendo aplicada como una unidad de medida para la titulación de
tierras a campesinos. En la actualidad el INCODER
está construyendo un concepto de UAF diferente, que
reafirma el concepto de empresa básica agropecuaria,
una UAF que incluye unos criterios productivos, de seguridad alimentaria y de protección ambiental.
El INCODER actual también trabaja por la restitución
de los territorios estratégicos ambientales, las ciénagas, playas, playones, sabanas, islas, fuentes de
agua, y parques naturales, para la regularización de
su uso y aprovechamiento comunitario sostenible.
Para descongestionar la deuda histórica del INCODER,
tuvimos que comenzar por resolver los problemas técnicos que paralizaban al Instituto. La modernización
implicó la organización de nuestra base documental (la
cual asciende a 10.000 metros lineales, de los cuales
ya organizamos 4.000), la recuperación del archivo, la
sistematización y digitalización de la información, y la
implementación de nuevas tecnologías en un sistema
de información para el desarrollo rural.
La depuración de la corrupción la estamos haciendo de la mano con la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. Haciendo equipo,
trabajando de manera articulada. La
prevención es clave para evitar las malas decisiones que agraven la difícil situación de la entidad, que día a día se ve
envestida por tutelas, demandas,
denuncias, y acciones judiciales y las consecuentes condenas económicas.
En conclusión, el INCODER va fortaleciéndose. Poco a
poco el personal
está emprendiendo la
resolución de los problemas del pasado, los procesos
actuales, y los desafíos futu-Por:
Gerente INCODERros de la ruralidad colombiana. El reto es de
enormes proporciones, pero existe la voluntad
por parte de este Gobierno y de la administración
actual, de fortalecer y articular las actuaciones
institucionales, de invertir en el desarrollo rural, de fortalecer el agro y de trabajar por los
pobladores del campo.El INCODER en cifras un año
Hectáreas60.720Subsidio336.888.974Implementación proyectos de desarrollo
Hectáreas30.350Valor cofinanciación118.220.389Constitución y ampliación de resguardos
Hectáreas1.493Familias989Títulos colectivos a comunidades
Hectáreas98.483Familias4.904*marzo 2012 – marzo 2013.
Hectáreas adjudicadas
Sustracción de reserva forestal
923.648
Fuente: Oficina de Planeación del INCODER.La Llave/4La llave del futuro es la tierrawww.incoder.gov.coLa historia del carrusel del despojo de la tierra campesinaLas Pavas, un largo camino de regresoSi bien algunos de
los predios de la
fueron extinguidos
por el Incoder y otros
baldíos de la Nación,
por la tierra que les
ha sido usurpada, y
regresa a ellos
porque está bajo
refundado hoy en
seguridad privada.La Johnson avanza por el río Magdalena dejando atrás
al viejo puerto. Nos adentramos en el río por el brazo
que lleva a la tierra de las Lobas, y antes de llegar a la
primera de ellas, San Martín, la embarcación vira al occidente para tomar el Brazuelo de Papayal. El Magdalena
que hasta entonces parecía un río infinito se torna en un
angosto y sinuoso caño desde el que se ve la vida pasar
por las dos orillas. Pronto, se avistan humildes caseríos
que en su aislamiento parecen detenidos en el tiempo.
El agua corre hacia su destino, y los techos de palma
amarga y las paredes de Ceiba Tolúa y Mora van quedando atrás. Han pasado tres horas desde que La Johnson,
una canoa de madera de poco calado con motor fuera
de borda, partió de El Banco. El río se encuentra en el
nivel más bajo de los últimos meses. El intenso verano y
la sequía hacen difícil el tránsito de la embarcación por el
Brazuelo. Cuando el sol comienza a despedirse del sur
de Bolívar, el corregimiento de Buenos Aires se divisa a la
Al lado de un árbol que ha dejado el agua para bambolear sus raíces con el viento, se encuentra Misael Payares Guerrero. Un hombre que se ha convertido en una de
las figuras visibles de la actual disputa por la tierra de Las
Pavas. El conflicto que enfrenta a 123 familias campesinas con una de las grandes empresas agroindustriales
de Colombia. La tierra del mocholo, del barbú, de la ga-lápaga y del tigre, que en otro tiempo fuera lugar de los
indios Malibúes, es hoy un espacio en tensión. El lugar
en donde se libra una profunda batalla por la dignidad y
Con nosotros llega la oscuridad. La luz se ha ido y tardará en volver. La madera se quema lentamente en el
fogón a la espera de la olla tiznada. Edith Villafanie, la
esposa de Misael, enciende una vela en señal de bienvenida. El cielo estrellado ilumina a Buenos Aires. En
ese momento, al fulgor de la sensación del encuentro,
descubriendo esa vida campesina propia de las sabanas
costeras del Caribe, y conmovida por el paisaje rivereño,
siento una paradójica mezcla de plenitud y nostalgia. Un
convencimiento de la suprema belleza de una forma de
vida que peligra, y que puede desaparecer. Aquí el problema es la lucha por la tierra, la preservación de los humedales y las ciénagas, el cuidado del río, la defensa de
la seguridad alimentaria. En un sentido más modesto, el
problema para la forma de vida campesina es que ya no
hay bocachico para pescar, zaino para cazar, el corozo
de la palma aceitera no se come y, en medio de cercas,
cambuches y armas, la libertad ya no es la misma. Dice
Misael Payares con su gesto dolido: “Mis hijos han vivido
el conflicto por la tierra peor que yo, porque ellos lo han
vivido con menos libertad, yo comencé con libertad”.
Amanece. Misael se prepara para salir, vamos caminoEn un sentido
es que ya no hay
bocachico para
pescar, zaino
el corozo de la
no se come y, en
medio de cercas,
y armas, la
libertad ya no es
la mismaa la Hacienda Las Pavas.
por la tierra que ha marcado la vida de distintas
generaciones y que ha
involucrado a distintos actores a lo largo de más de
medio siglo. El de Las Pavas es un conflicto vigente
y emblemático que pasa
por procesos históricos
de ocupación del territorio, que está inmerso en
armado, con sus particulares dinámicas locales,
que se ha profundizado
históricamente por la incapacidad de intervención
institucional y gubernamental y, que en síntesis,
enfrenta dos visiones de la
ruralidad, dos modelos de
El retorno a Las Pavas es
el presente que condicio-/5
na la vida de Misael, una
realidad que él empieza
a describir con la historia de su abuelo. Hace 80
años Eliseo Payares López
recorrió el mismo trayecto
que nos trajo aquí, atravesó el río, cruzó la frontera
acuática que separa al
Magdalena de Bolívar. Procedente del corregimiento
de San Roque en El Banco, llegó a las tierras altas
de Los Restrojos, cuando
la única presencia que las
habitaba era el monte que
crecía. Eliseo trajo el pasado a cuestas y sembró su
vida en una loma, plantó un
Mango de Chupa y levantó
su casa. El árbol todavía
existe, la casa desapareció
y ahora Los Restrojos se
llaman Las Pavas.
A la entrada de la hacienda
el frondoso árbol de mango
llama la atención. Atravesamos un portón bajo que parece advertir que estamos
en propiedad privada. Del
otro lado se extiende el camino que conduce a la casa
de la hacienda, y al cambuche de los campesinos, el
lugar de su resistencia.
por la estrecha vía arcillosa Misael señala el sitio
en donde quedaba la casade su abuelo. Recuerda el
territorio en donde crecían,
en otro tiempo, las palmas
amargas con las que se
hacían los techos de las
casas, y cuenta cómo
ha cambiado el uso del
suelo con el paso de los
años, cómo ha ido desapareciendo un mundo
mientras otro se impone, y
cómo él y otros campesinos
se han resistido a ello.
“Lo que nos han venido
aplicando los empresarios
en la región es un sistema
depredador que está acabando con los humedales
donde todavía se puede
criar el ponche, donde todavía los cuerpos de agua
tienen su maderable nativo para poderse sostener.
Vienen acabando con todo
aceite. Ese tipo de monocultivo no permite sembrar
más nada. Desde que se ha
ido sembrando palma ya
no se puede sembrar comida. Y no se justifica que
en Colombia como en el
mundo, que hay carencia
de comida, tengamos que
estar sembrando solo combustible. Con eso no estamos diciendo que somos
enemigos de la palma, sino
que la palma no le solucio-Jesús Emilio Escobar
compra los predios
adjudicados, y los engloba con predios vecinos
creando la Hacienda
Las Pavas.1966
1969La LlaveLa llave del futuro es la tierrawww.incoder.gov.co1983El INCORA adjudica cuatro predios
de Los Restrojos a
ganaderos.na el sistema de comida a
uno, el humano no come
palma”, señala Misael.
Al principio la vocación del
suelo de estas tierras era
la agricultura en pequeña
escala, que reconocía los
tiempos de inundación y de
sequía, y que se articulaba
al río, la pesca y la caza. Entre los años 82 y 95, con los
nuevos propietarios y con
un nuevo modelo agrario,
la tierra pasó a ser dominada de modo casi exclusivo
por la ganadería extensiva.
Se taló gran parte del bosque seco, comenzaron a
desaparecer las semillas
nativas y a desviarse el curso de los caños y esteros.
En la actualidad es imperante el desarrollo del
modelo agroindustrial de
la palma aceitera, que se
expande por toda la Isla
de Papayal. En Las Pavas
quienes están implementando los cultivos son las
empresas Aportes San Isidro y C.I. Tequendama. Los
más recientes propietarios
de la Hacienda Las Pavas.
“Mi papá me cuenta que
antes todo el mundo cultivaba la tierra y respetaba lo
de cada uno. Después llegaron unos terratenientes
y fueron despojando a laLos campesinos toman
predios abandonados para
cultivar.1993
hacienda.1994
2003gente de la tierra, porque le
echaban el ganado donde
tenían ellos el cultivo. Así
el campesino se aburría y
se iba saliendo de la tierra.
Ahora quieren hacer lo mismo con nosotros, sacarnos, metiéndonos cosas
que aquí nunca se habían
visto, para que la costumbre
de nuestra tierra se pierda.
Nosotros aquí comemos
plátano, yuca, maíz, ñame,
patilla, ahuyama. El corozo
es combustible para motores, y nosotros estamos
cultivando combustible para
humanos”, dice Misael Payares hijo, el bisnieto de Eliseo Payares López.
El sol inclemente del medio día se posa sobre Las
Pavas, sobre esos predios
en los que también vivieron
los padres de Misael. Ellos
sus tierras ante la invasión
ganadera que destruyó
los sembrados. Según los
campesinos esta invasión
fue la primera estrategia de
intereses latifundistas para
despojarlos de la tierra y
hacerse a ella. Un área de
2.661 hectáreas que atraviesa la historia de los campesinos de Buenos Aires.Los campesinos
retornan a los
predios.2003Los paramilitares
campesinos a
abandonar las tierras.2004
2005Por:
PeriodistaLa Corte Constitucional ampara los derechos a la vida digna y
al trabajo de los campesinos de
Buenos Aires a través de la sentencia T-267 de 2011, y le ordena
al Incoder continuar el proceso de
extinción de dominio privado sobre
tres predios de la hacienda.Jesús Emilio Escobar
vende la Hacienda Las
Pavas a las empresas
Aportes San Isidro y
C.I Tequendama, para
desarrollar monocultivo
de palma de aceite.20062007Los campesinos solicitan al INCODER
adelantar un proceso de extinción de
dominio sobre algunos de los predios de
las Pavas por inexplotación económica.
Jesús Emilio Escobar regresa con un
grupo armado y obliga a los campesinos
a dejar de nuevo las tierras.2008El INCODER
los predios de
Las Pavas.20112012El INCODER realiza la extinción de derecho de dominio
privado sobre los tres predios,
y determina la condición de
baldíos de la Nación de los
once restantes. El proceso de
recuperación de estas tierras
y la titulación de las mismas a
los campesinos está en curso.La Llave/6La llave del futuro es la tierrawww.incoder.gov.coA finales del 2012 el INCODER declaró la extinción de
derecho de dominio privado de los predios Las Pavas,
Peñaloza y Si Dios Quiere, porque en ellos no se estaba
cumpliendo con la función económica y social de la propiedad. Las 1.290 hectáreas que suman estos predios
y que hacen parte de la hacienda han permanecido en
constante conflicto. Según el INCODER las otras 1.371
hectáreas son baldíos de la Nación y por tanto no pueden
tener la condición de propiedad privada. Estos elementos
han hecho que Las Pavas sean un caso emblemático de
la restitución de tierras, en donde no sólo los campesinos
terminarán beneficiados sino también la Nación.
Caminamos hacia el segundo portón. Antes de llegar a
él nos abordan dos hombres a caballo que salen de
la casa de la hacienda. Uno de ellos porta una identificación de seguridad privada, el otro lleva en la espalda
una escopeta de repetición. Nos advierten que sólo podemos entrevistar a los campesinos. Entonces se van.
Todo resulta muy fácil. De repente la situación se esclarece, del costado de la cerca que bordea la casa un hombre nos graba con una cámara de video. Le devolvemos
el gesto grabándolo también, y él impasible, con la mirada fija, le da la cara a la cámara, y allí permanece hasta
que se da vuelta y regresa a la casa. No le importa que
lo graben, la actitud es desafiante. Seguirá utilizando la
cámara una y otra vez para grabar a los campesinos. Y
los hombres a caballo les apuntarán con el arma, para
intimidarlos, para amenazarlos. Según los campesinos
es el pan de cada día. En el sur de Bolívar el terror paramilitar aún acecha, las armas y los intereses que lo
fundaron siguen ahí, amenazando la tranquilidad y la
vida del pequeño campesino. Han cambiado los nombres pero no sus intenciones ni sus métodos.
“La violencia con los palmeros es porque nosotros resistimos. No nos vamos a salir de ahí. Entonces ellos
están haciendo casi lo mismo que hicieron los paramilitares. Queman ranchos, tumban cercas, provocan con
armas, con judicialización a los líderes, con persecuciones, con amenazas. Tanto así que yo no le había visto
nunca a mi papá escoltas. Ahí si no estamos bien, ¿un
campesino con escoltas?, y nosotros muriéndonos de
hambre… ¿Por qué no nos dan la seguridad de la tierra
y se ahorran sus escoltas?”, dice Marcelys Payares, la
hija de Misael.
Misael anda con escoltas porque hasta hace un año se
transportaba en una mula, pero un día esta apareció rebanada, literalmente picada en cuadritos, y con ello llegó
la advertencia. La ley de fuego impera en el monte y allí
no llega la institucionalidad. Como no llegó en el año 98
cuando incursionaron los paramilitares al caserío de Buenos Aires con el Bloque Central Bolívar. Se instalaron en
el municipio de Papayal muy cerca al municipio del Peñón en donde viven los campesinos de Las Pavas.
Un viejo campesino de la región recuerda aquel tiempo: “Uno de los paramilitares dijo ‘mira doña, hágame el
favor y le dice a los niños que se vayan pa’ dentro’. Yo
miré y como a doce metros tenían un señor amarrado,
con las manos atrás… El paramilitar le dijo ‘hijueputa,
malparido, tú eres un guerrillero’. Entonces levantó el fusil y le metió la trompetilla del fusil en la boca, traaaaa…,
y le soltó una sola ráfaga. Ese señor lo levantó lo que
fue la fuerza del tiro y lo lanzó como a dos metros, y eso
no le quedó cabeza. Toda se la desbarató, eso el hue-so quedó repicadito. Fueron como treinta tiros. Ellos
cogieron sus chalupas y
arrancaron pa’ abajo, nos
dijeron que venían de la
vía de Pinillo, de Achí”.
Bolívar y particularmente
en el sur han hecho presencia tres actores armados ilegales, las FARC, el
ELN y los paramilitares.
No obstante es este último
grupo el que ha tenido una
el proceso de Las Pavas.
Según las 123 familias de
la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, en
el 2003 los paramilitares
las tierras de la hacienda,
que desde el 97 estaban
cultivando. Momento en el
que Las Pavas pertenecía
a Jesús Emilio Escobar, tío
del narcotraficante Pablo
En la actualidad los paramilitares del Bloque
Central Bolívar están desmovilizados. Aunque de
acuerdo con lo que dicen
los campesinos no todos
se desmovilizaron en la
zona, y otros que sí lo hicieron continúan en una
dinámica armada. Según
los campesinos estas per-La violencia
de ahí.sonas hacen parte de la seguridad privada de la hacienda, y son ellos los que los amenazan. A algunos les dicen
que les van a violar las hijas, a otros que los van a matar.
Narran los campesinos que el mismo administrador de
la hacienda hizo parte del paramilitarismo pero nunca se
desmovilizó. No tienen pruebas que den cuenta de estos
hechos, pero aseguran que la memoria no les falla.
“Ese señor Mario Mármol era uno de ellos. Era el que
tenía la orden para recoger los burros de los campesinos,
quitárnoslos y llevarlos al grupo paramilitar. No tenía uno
la oportunidad de denunciar porque el que denunciaba
era persona muerta. Ha sido una vida muy pesada la que hemos tenido aquí, pero hemos sido conscientes de que la
vida del campesino en la ciudad ha sido peor. Allá no hay
en donde hacer lo que sabemos, que es sembrar la tierra,
ponerla a producir”, cuenta uno de los campesinos.
Llegamos al segundo portón. Toca pasar de lado por una
pequeña ranura para llegar al cambuche. Los campesinos cuentan que este portón lo pusieron “los palmeros”
para restringir el paso y el acceso de sus animales. No
bastó la sentencia de la Corte Constitucional del 2011
que amparó los derechos a la vida digna y al trabajo de
los campesinos de Buenos Aires, tampoco las resoluciones de extinción de dominio emitidas a finales del año pasado por el INCODER. Los portones siguen impidiendo el
paso, y la seguridad de la hacienda continúa defendiendo
una “propiedad privada” en donde los campesinos resultan ser los invasores.
“Hace dos años estamos en el cambuche resistiendo presiones de toda clase. Decidimos venirnos a vivir aquí, porque nosotros los campesinos necesitamos la tierra para
cultivarla, porque sin la tierra no tenemos nada. El 5 de
abril para adelante hay que empezar a sembrar, aunque
estamos amenazados de que no nos van a dejar por parte
de quienes trabajan con la empresa. La semana pasada
nos dijeron que no podíamos trabajar esta tierra porque
ellos son los propietarios”, narra un campesino.
Estos campesinos decidieron quedarse allí para resistir
y dar la lucha por la tierra mientras la legalidad de los
predios se destraba. Otras familias permanecen en
Buenos Aires pero se turnan para dormir en el cambuche. Ellos confían en la actual política de tierras, en la
intención política de este Gobierno y en el proceder del
INCODER, pero les preocupa la celeridad de los procesos y las estructuras armadas e ilegales que continúan
aferradas a la zona, pues mientras estas permanezcan
allí, la tierra estará en disputa.
Nos despedimos de Misael, nosotros volveremos a la
capital del país en donde se discute el “gran” conflicto
agrario. Él regresará a su casa a defender un territorio y a
luchar por una tierra para que sus nietos puedan cultivar
en ella. No sé si volveremos a vernos y no me basta con
saber que sobre el Brazuelo de Papayal se implementa
una nueva política de tierras. Misael, como muchos otros
campesinos, vive en la miseria, asolado por la violencia,
vulnerado por complejas redes criminales y victimizado
por sus estructuras mafiosas. El modo de vida anfibio en
que crecieron los ribereños está desapareciendo, pero
para ellos la esperanza continúa y resiste. La restitución
de Las Pavas y el retorno a ellas es su ilusión, su anhelo.
La información aquí expuesta fue recopilada en trabajo de campo y
corresponde a la versión otorgada por los habitantes de la Hacienda Las Pavas./7La LlaveLa llave del futuro es la tierrawww.incoder.gov.coMin. Agricultura Juan Camilo Restrepo“Un desarrollo rural en el que
se admitan múltiples miradas”Por:
Ministro AgriculturaEl Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, es optimista frente al proceso de restitución de tierras, asume
la diversidad productiva del campo colombiano y pretende que su cartera, más que ejecutar programas, formule políticas.
La Llave: Teniendo en cuenta que en Colombia la
concentración de la tierra rural es una de las más altas
del mundo, ¿cómo garantizar que los procesos de titulación y restitución disminuyan dicha concentración?
Juan Camilo Restrepo: Las políticas de restitución
y formalización de tierras hacen parte de una forma
integral de abordar el problema del territorio y la gobernanza de la tierra en Colombia, en el cual, la concentración es sólo una de sus manifestaciones. Estas directrices generales incluyen, en primera instancia, los
mandatos de la Constitución Política, donde se establece que debe existir un proceso progresivo de dotación de
tierras a las poblaciones campesinas que lo requieran.
Ante esto, la formalización de los derechos precarios que históricamente han tenido los campesinos,
para hacerlos propietarios, constituye un importante
avance; es perversa la posición de quienes creen
que estamos titulando a los campesinos para que
vendan sus tierras, propiciando la concentración. Se
evita fundamentalmente con medidas como la Unidad Agrícola Familiar, UAF, que es un eje central en
el ejercicio de la titulación; también esperamos apoyarnos en el proyecto de ley de desarrollo rural que
está actualmente en proceso de consulta previa para
ser sometido a debate en el Congreso, en el cual se
fija un nuevo régimen de UAF unificado y estandarizado para todas las formas de intervención de tierras.
La Llave: ¿Cómo cambiar la estructura rural actual
para lograr un desarrollo sostenible en el campo?
JCR: Desarrollamos nuevos mecanismos que contribuyan en la implementación de un desarrollo rural
sostenible. Dentro de esas fórmulas están, por ejemplo, programas como el Certificado de Incentivos
Forestales, CIF, y el programa DRE para mejorar las
tierras de pequeños y medianos cultivadores. También
estamos ocupándonos de este tema a través de las
oportunidades rurales y las alianzas productivas, que
van a mejorar las condiciones que posibilitan el acceso a mercados, asistencia técnica y comercialización
de productos de los pequeños y medianos productores. Por último, está la política integral de tierras, que
busca tanto restablecer como garantizar el acceso a
la tierra de las familias campesinas. No obstante, este
Ministerio considera posible un desarrollo rural en el
que se admitan múltiples miradas, es posible lograr
el desarrollo rural del pequeño, mediano y gran productor, así como la inversión extranjera y los grandes
proyectos agroindustriales.La Llave: ¿Cómo cumplir con las metas de restitución de tierras?
JCR: Se crearon entidades nuevas como la Unidad
Administrativa para la Restitución de Tierras, que tiene un número importante de oficinas en las diferentes
regiones y municipios de nuestro país; igualmente se
creó la nueva instancia de los jueces especializados en restitución de tierras, así como las salas especializadas en los tribunales, para poder dar trámite a
estos procesos. Esta tarea de restitución de tierras
se ha debido hacer hace mucho tiempo, y cuesta
trabajo echar a andar esta máquina, pero en el corto y
mediano plazo ya vemos los resultados.
La Llave: ¿Qué mecanismos de política está implementando el Ministerio para lograr un uso más eficiente de la tierra en Colombia?
JCR: Ese conflicto
y los usos que le
estamos dando. Allí el
tenemos una vocación
ganadera de cerca
hectáreas frente a un
uso real de más de
cuarenta millones. Otra
arista del problema se
relaciona con el tema ambiental. Allí encontramos una
serie de categorías ambientales que de cierta manera
constituyen un obstáculo para la estabilización de las
poblaciones rurales, la titulación y restitución de tierras.
Este es el caso de las reservas forestales creadas por
la Ley segunda de 1959, que afectan una gran parte
del territorio nacional. En estas reservas, encontramos
poblaciones rurales enteras, hasta ciudades, que se
encuentran en situación de informalidad. Ya estamos
revisando esto para sustraer todo lo que en la realidad
actual está intervenido. La agenda minera representa
para el sector agrícola una restricción de uso y
aprovechamiento eficiente de ciertas zonas que tienen
vocación productiva desde lo rural; en este momentoestamos en un proceso de discusión y concertación
para lograr la legalidad de esta agenda agrícola frente
a la acelerada expansión de la minería en Colombia.
La Llave: ¿Qué opina de las reservas campesinas?
JCR: Las zonas de reserva campesina que tenemos
actualmente fueron creadas por la Ley 160 de 1994,
son un mecanismo más de desarrollo rural con enfoque territorial, así como también existen áreas de
desarrollo rural y zonas de empresarial. Yo creo que
las zonas de reserva son una figura de ordenamiento tan buena como las demás. Son importantes en
la medida en que garantizan la participación de los
campesinos en la formulación de los planes de desarrollo sostenible que se trabajan en todas las zonas;
además, son una buena oportunidad para la institucionalidad pública en general, ya que a través de ellas
las instituciones públicas pueden tener una mayor presencia
en aquellas zonas que tradicionalmente han sido vulnerables.
Más allá de eso no comparto el
hecho de que se haya posesionado el discurso sobre las zonas
de reserva campesina como la
única forma de desarrollo rural,
no comparto que se les quiere
dar un estatus casi de territorio
étnico, con la autonomía administrativa, financiera y de gobernanza que tienen por ejemplo los resguardos indígenas.
El Estado colombiano es uno
solo, no debe haber lugar a repúblicas independientes. Cuando INCODER vaya desahogándose de todas
las deudas acumuladas en años de mala gestión, este
Ministerio progresivamente va a ir transfiriendo los
programas operativos de desarrollo rural. Ya hemos
tenido avances en esta ruta, por ejemplo, este año ya
se ha transferido una gran parte de la responsabilidad
en lo que tiene que ver con el DRE para el fomento de
programas de adecuación de tierras de pequeños y
medianos cultivadores. Y así, progresivamente, vamos a ir transfiriendo todos los programas, pero por
supuesto que la idea de este Ministerio es ser cada
vez menos un ejecutor de programas, y más un formulador de políticas.La Llave/8La llave del futuro es la tierrawww.incoder.gov.coPRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS“Un campo Colombiano productivo,
La Llave: En el marco de la fase final de su
mandato, dirigido hacia lo justo, lo moderno y lo
seguro, ¿cómo encaja allí el problema de tierras y
del agro en general?
Juan Manuel Santos: La tierra, el agro y, en
general, el desarrollo rural para construir la paz han
sido prioridades para nosotros. Somos conscientes
de que se trata de un proceso largo y, aunque hemos
logrado algunas cosas, continuamos trabajando
para consolidar cada vez más estos propósitos.
Finalmente la sociedad decidió mirar de frente a las
víctimas y está procurando mecanismos, como los
dispuestos en la Ley 1448 de 2011, para reparar
el daño que han sufrido y posibilitar el retorno a
sus predios y al pleno ejercicio de sus derechos
ciudadanos. Con esta Ley estamos contribuyendo a
hacer de Colombia una patria más justa.
Se ha hecho un esfuerzo para dotar de mejores
herramientas a los pobladores rurales, se están
promoviendo inversiones en bienes públicos que
benefician a un amplio número de personas, se
han direccionado las regalías para acompañar
la integración de los sistemas de producción de
También se ha propuesto al país un proyecto de
ley de tierras y desarrollo rural que piensa en un
país moderno, eficiente y próspero. Colombia
se ha integrado cada vez más a los mercados
internacionales y por esa razón requiere que los
pequeños, medianos y grandes productores estén
Pero nos será más fácil construir una sociedad justa y
moderna si logramos que el conflicto armado finalice,
y en eso estamos trabajando. La seguridad permite
que las inversiones que realicen los sectores público
y privado puedan prosperar e impactar positivamente
la vida de la población rural. Un campo seguro es el
primer requisito para un campo próspero.
La Llave: ¿Qué otras estrategias y procesos
territoriales y de tierras se deben implementar, en
aras de la transformación del campo, del desarrollo
rural y de la paz?
JMS: Teniendo claro que es en el territorio donde
se construye el desarrollo rural del país, es muy
importante utilizar las herramientas de planificación
participativa que posibilitan el desarrollo con los
actores locales. De igual manera, debe fortalecerse el
capital humano que hace parte de las organizaciones
campesinas, indígenas y afrocolombianas, así como
el concepto de asociación.
Con la participación de todos los actores que inciden
en el desarrollo rural, en cuanto a planificación
y concertación, podemos lograr un desarrollo
construido de manera colectiva. Para esto es
necesario fortalecer las instancias sectoriales de
planificación y se debe pensar en una figura de
organización que supere las divisiones políticoadministrativas y permita realizar alianzas entre los
La Llave: ¿Cómo se da la armonización del proceso
de paz en el marco del desarrollo rural?JMS: El proceso de paz es una oportunidad histórica.
Como lo sabe el país, el conflicto armado se originó
en el campo y la más golpeada ha sido la población
rural: los campesinos y los empresarios agrarios.
Esto explica por qué el aspecto agrario es el primer
punto de la agenda.
Luego de aprobar la Ley de Víctimas, pensamos en la
necesidad de hacer todo lo que sea posible para que
resurja la sociedad rural, que durante tantos años
permaneció lejos de las posibilidades de progreso,
de las prioridades de inversión y de las instituciones.
Este Gobierno logró que el país volviera a hablar de
Desde agosto de 2010 se planteó el tema rural
como prioridad y así lo entendieron los académicos,
los políticos, las organizaciones campesinas, las
víctimas y las comunidades étnicas.
Hoy vemos con gran satisfacción que se está
generando una consciencia sobre el tema, que hay
muchas cosas por hacer y que en la construcción de
estas ideas no estamos solos, porque el país entero,
incluida la sociedad urbana, desea aportar en este
Ahora bien, el proceso de conversaciones en La
Habana incluye como primer punto de la agenda el
desarrollo rural integral. Las políticas que ya estamos
aplicando, y las ideas expresadas en los foros que
acompañan el proceso, nos permitirán avanzar aún
más en este tema y, ojalá, lograr el fin del conflicto
La Llave: ¿Cuáles son las claves para la
consolidación y estabilización de la economía
JMS: Para fortalecer la economía campesina es
necesario entender que todos los productores deben
ser incluidos en las nuevas dinámicas de los mercados,
tanto nacionales como globales. Debemos hacer un
gran esfuerzo para vincular la economía campesina
a todas las iniciativas que promuevan el bienestar de
los productores y la sostenibilidad de las actividades
Una alternativa es crear esquemas de cooperación
local para abastecer mercados igualmente locales,
con modelos justos de comercialización que
promuevan proyectos asociativos entre la comunidad
La Llave: ¿Se puede hablar de una reforma agraria
JMS: La reforma agraria la han intentado múltiples
gobiernos durante más de medio siglo. Sin ser tan
pretenciosos de pensar que en este Gobierno
vamos a remediar lo que varias generaciones de
colombianos no han logrado, le puedo decir que
estamos implementando una política integral de
tierras que apunta a resolver no sólo los problemas
de informalidad, sino también los de despojo y
La Llave: Al terminar en La Habana la discusión y
acuerdo sobre el tema del desarrollo rural, quedaLa tierra, el agro
la paz han sido
nosotros. Somos
largo y, aunque
consolidar cada
vez más estos
propósitos.sobre el escenario el
tema de las Zonas de
¿Será posible que esta
figura jurídica y política
sea una realidad en el
postconflicto y parte de
de la tierra en Colombia?
JMS: Colombia es un país
en el que debemos caber
todos, y es importante dejar
claro que las Zonas de
son una realidad desde
1994. Ahora bien, en el
y desarrollo rural se optó
por darle continuidad a la
existencia de estas zonas
porque pueden ser una
que ordene los territorios
rurales, en los que el Estado
acompañe a los campesinos
que protejan su patrimonio
y su forma de vida. Este
proceso será exitoso si el
fin del conflicto lo permite.
alternativa real y con ella
vendrán los procesos
de titulación de tierras,
la recuperación de los/9La LlaveLa llave del futuro es la tierrawww.incoder.gov.coS SUEÑA UN NUEVO PAÍS AGRARIO:, competitivo y, sobre todo, en paz”.
baldíos indebidamente ocupados y otros esquemas
que garanticen el acceso progresivo a la propiedad,
En síntesis, estas zonas pueden ser útiles pero
enmarcadas en las normas que las crearon y, sobre
esa base, no sería descabellado que se creen otras
adicionales a las existentes.
La Llave: Sectores del Gobierno han dicho no estar
de acuerdo con las reservas campesinas. Otros sí.
El Gobierno Nacional las ha considerado coherentes
con su política de tierras. ¿Cuál es la posición del
señor Presidente frente a esas divergencias?
JMS: Las Zonas de Reserva Campesina y su
reactivación son tan solo una de las acciones que
estamos implementando a favor de los campesinos
de las zonas más aisladas de Colombia. Pero
no es la única vía. A los campesinos los estamos
atendiendo y respondiendo a sus necesidades de
La Llave: ¿El Gobierno, una vez acordada la
paz, avizora alguna legitimidad en la presencia de
las FARC en dichas reservas?
JMS: El proceso de paz debe implicar un esfuerzo
enorme no sólo del Gobierno, sino de toda la
sociedad, y hay que contemplar las diversas
opciones. La legitimidad se consigue a través de la
democracia y a eso le apostamos: a que quienes
hoy empuñan las armas las cambien por opciones
de vida civil y democrática, seguramente como
miembros de una organización política.
La Llave: ¿Cómo crear el piso político y social
para que dichas reservas y demás reformas tengan
futuro, teniendo en cuenta las críticas y oposición
de sectores gremiales y del uribismo en general?
JMS: Muchos sectores gremiales han manifestado
su respaldo al proceso y han participado en la
construcción de iniciativas. Ese es un gesto que
valoramos y lo entendemos como un verdadero
compromiso con la paz de Colombia.
Las condiciones ya están dadas. Las reformas que
proponemos para llegar al fin del conflicto cuentan
con el respaldo de los colombianos que han sufrido
el gran daño que este le ha causado al país.
La mejor forma de construir unas bases sólidas es a
través de la justicia social. Uno de los primeros pasos
es invitar al respeto de los derechos de propiedad,
al cumplimiento de las reglas institucionales de
tributación, a trabajar para buscar la solución
pacífica de los conflictos, el respeto a los derechos
de las minorías, de los trabajadores y de las normas
El segundo reto es superar la desigualdad regional.
Debemos aportar al crecimiento y bienestar, ante
todo, de la población más desfavorecida. Es
necesario integrar los beneficios del desarrollo a
territorios que han estado excluidos del reparto de
beneficios, tal como comenzamos a hacerlo con
la reforma a las regalías. Con estas bases y la
terminación del conflicto, tendremos ese piso político
y social que se requiere para legitimar un acuerdo.La Llave: Hay problemas de eficacia y aun de
identidad dentro de la propia institucionalidad que
se ocupa del tema de tierras. ¿Qué se hará para
JMS: Es importante que el país sepa que en materia
rural, al iniciar este mandato, encontramos ciertas
problemáticas en las instituciones responsables del
tema: algunas tenían debilidades presupuestales,
otras estaban desestructuradas y otras tenían
problemas de corrupción. De manera que en estos
dos años la tarea se ha enfocado en fortalecerlas
internamente, en hacer una depuración e invertir
recursos, con el propósito de hacerlas más eficientes.
En este proceso estamos y aún nos falta camino por
La Llave: ¿Cuál es, a su modo de ver, la participación
concreta del INCODER en todo el tema?
JMS: Aunque es desde el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural que se orientan y diseñan
las políticas, el INCODER es el encargado de
ejecutarlas. Este Instituto se encarga de responder
a las demandas de grupos indígenas y comunidades
negras, además de la titulación de baldíos, la
clarificación y el saneamiento del territorio rural,
y el fomento y acompañamiento en el desarrollo
La entidad ha venido respondiendo a este enorme
reto y, desde que inició nuestro mandato, llevamos
más de un millón y medio de hectáreas de tierra
entregadas a las poblaciones campesinas y étnicas.
Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo el
Instituto para que esté a la altura de los inmensos
La Llave: Sectores campesinos quisieran estar
representados en los diálogos de paz. ¿Antes o
después de la firma de acuerdos en materia de
JMS: Los mecanismos de participación construidos
en la mesa de diálogo han permitido que distintos
sectores, incluyendo los campesinos, aporten sus
propuestas. El foro de desarrollo agrario, realizado
en diciembre del año pasado, fue un evento
trascendental porque permitió acercar las distintas
posturas sobre el problema fundamental de la tierra.
Hemos estudiado estas iniciativas juiciosamente,
para convertirlas en propuestas que beneficiarán
a toda la población rural, es decir, a los sectores
campesinos y los empresarios del campo.
La Llave: En ese contexto, ¿cómo participarán
directamente las comunidades campesinas?
JMS: Se han abierto distintos canales para la
participación. Las comunidades campesinas y, en
general, una buena parte de la sociedad que piensa
en lo rural han aportado insumos para la construcción
de las propuestas. Igualmente, el Congreso aportó
un importante trabajo luego de recorrer todo el país.
El proceso se está fortaleciendo paso a paso, con elimpulso de distintos sectores en los que la sociedad
rural está representada.
La Llave: La autonomía de nuevas propiedades
entregadas a los campesinos, ¿está en la agenda
JMS: La autonomía, en el marco de la Constitución y
la ley, implica poder decidir la forma en que podemos
contribuir a la paz, a la transformación estructural de
la sociedad rural y a obtener un respaldo del Estado
en cada una de esas tareas.
Como hemos dicho, las Zonas de Reserva Campesina
son una de varias opciones para definir la forma en
que debemos trabajar en los territorios. No podemos
dividir al país, ni reconocer autonomismos por fuera
de lo que ya está previsto en la ley y la Constitución,
pues esto nos aleja de la posibilidad de integrarnos
en medio de las diferencias.
La Llave: ¿Su política implica un final de la
concentración de la tierra?
JMS: La concentración de la tierra en Colombia
es uno de los problemas fundamentales a los que
nos enfrentamos. Son bien conocidos los informes
que han realizado entidades como el PNUD y la
Universidad de los Andes al respecto, en los que
nos han catalogado como un país con un creciente
y grave problema de inequidad en la distribución de
Pensar que vamos a resolverlo inmediatamente es
ingenuo, pero estamos haciendo todos los esfuerzos
para contrarrestar los acaparamientos ilegales, para
perseguir y castigar a todos aquellos que de manera
fraudulenta, violenta o abusiva se han hecho a
grandes extensiones de tierra. Tenemos un equipo
élite creado ya para ir detrás de estos latifundios
mal habidos. En eso están muy comprometidos
el INCODER, la Superintendencia de Notariado y
Registro y el IGAC.
La Llave: ¿Cómo sueña, señor Presidente, al
campo colombiano dentro de un tiempo corto?
JMS: En la integración que exige el mundo, el
desarrollo rural no se puede concebir de manera
aislada, sino que existe el reto de insertarlo de
manera competitiva en la dinámica global. Sin
embargo, el desafío principal consiste en aumentar
la equidad entre las personas que lo habitan, como
única vía para superar la pobreza.
Estos cambios no se logran de la noche a la mañana.
Ya pusimos en marcha el mayor de los retos, que fue
la implementación de la política y la institucionalidad
para la restitución de tierras, con lo que pagaremos
esa deuda histórica que tenemos con la población
víctima de la violencia y del despojo.
Otro paso importante que ha dado este Gobierno
ha sido el de poner en marcha el programa de
formalización de la propiedad rural para lograr
mercado de tierras rurales que brinde seguridad
jurídica y facilite el acceso a créditos agropecuarios.
En un mundo cada vez más ávido y necesitado
de alimentos, sueño con un campo colombiano
productivo, competitivo y, sobre todo, en paz.La Llave/10La llave del futuro es la tierrawww.incoder.gov.coClaves para la comprensión de los problemas institucionalesLCómo intervenimos la tierra en Colombiaa tierra ha sido, por largas décadas, no solo el eje
del conflicto colombiano sino también la posibilidad
de solucionarlo. Como país, transitamos vertiginosamente de sociedad rural a urbana y dejamos una inmensa deuda social con los habitantes del campo, quienes
muchas veces han sido el argumento central del conflicto. En este tránsito la figura del campesino se estigmatizó, la segregación territorial se agudizó y se evidenció en
los indicadores de pobreza, de servicios y de derechos
de los pobladores del campo, en los que se reflejaron
los fenómenos de desplazamiento y despojo presentes
En este panorama la población civil no fue la única afectada, también el Estado, como institución, resultó gravemente
lesionado por la corrupción, la intromisión de los armados
en las actuaciones institucionales y el despojo de baldíos,
un despojo silencioso realizado a la sombra de oficinas y
notarías y cuya magnitud se desconoce aún hoy.
Podría afirmarse que la solución a estos conflictos debería orientarse desde una gran reforma de lo políticoinstitucional, lo económico-social, lo ambiental y lo cultural. El desafío es enorme y exige una gran capacidad
de las instituciones del Estado, entre las que juega un
papel crucial el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,
Es bien sabido que la capacidad institucional colombiana
es limitada, lo que muchas veces ha obstaculizado gravemente el desarrollo de las políticas. Por esto es urgente transformar las instituciones; se necesita una interdependencia y un fortalecimiento conjunto, porque cada vez
que una entidad quiere intervenir en uno de los problemas
estructurales de las tierras, necesita la cooperación de las
demás, de manera que aunque cada una de ellas quiera
esforzarse y fortalecerse, si no hay una voluntad y
una transformación articulada de todo el sistema, no
podrá avanzarse significativamente.
Esta transformación no depende sólo de reforzar económicamente a las instituciones públicas, también se necesitan profesionales diestros en lo que se requiere para
resolver los problemas de la tierra. Aquí hay que señalar
las dificultades que atraviesa el país porque, por ejemplo,
el derecho agrario se dejó de enseñar hace años, y solo
hay una universidad que forma ingenieros catastrales,
disciplinas esenciales en la resolución de las problemáticas sobre la clarificación de la propiedad de la tierra.
A pesar de todo esto, el INCODER ha dado algunos pasos para fortalecerse, pero está en una primera etapa. La
entidad precisa resolver al menos dos aspectos: por un
lado, necesita mejorar la capacidad técnica de la institución y, por otro, como ya se dijo, es urgente desarrollar
estrategias claras de articulación interna y externa, de
modo que se enlacen los esfuerzos de la institución en
cada región y a nivel central y, además, se acople con las
En el primer aspecto, la actual administración recibió una
entidad débil y con bajos niveles de credibilidad, por lo
que se conformó un grupo técnico capacitado para liderarFoto David Osorio / Archivo EL TIEMPOprocesos de cambio que no sólo mejoren los niveles de
respuesta y eficacia frente a casos específicos, sino que
también incrementen la capacidad de gestión y liderazgo
En el segundo aspecto, una iniciativa fundamental es la
emprendida por el INCODER, la Superintendencia de
Notariado y Registro y el IGAC, que consiste en la creación de un grupo élite para los procesos de recuperación
de baldíos. Este grupo trabaja desde octubre de 2012
y se dedica exclusivamente a este tema bajo criterios
puntuales: primero, busca atacar problemas gruesos de
baldíos y priorizar los asuntos más delicados; segundo,
trabaja a partir de patrones generalizados de apropiación
ilegal identificados en ciertas regiones.
La capacidad institucional también está limitada por la debilidad en aspectos tan esenciales como la información.
Al respecto, no hay cifras sobre cuáles son los baldíos
de la Nación, cuánto valen o dónde están; así mismo,
gran parte de las zonas rurales carece de información
catastral actualizada, falta estandarizar el registro de la
propiedad y no hay un sistema único de información que
indique cuál es la propiedad privada en Colombia. Para
subsanar estos obstáculos, resulta imprescindible organizar lo que se tiene e introducirlo en sistemas de información que sean operativos, que se puedan articular y que
aprovechen los desarrollos tecnológicos actuales.
A esto hay que sumarle dos asuntos: la voluntad política
y la seguridad. En cuanto al primero, el hecho de que
durante muchos años no se haya tenido voluntad polí-El INCODER
reforma.tica hace que lo que en
su momento pudo tener
una solución fácil, hoy
sea muy difícil. En el INCODER, por ejemplo, hay
procesos agrarios que se
iniciaron en el 60 y aún no
han terminado. También
puede mencionarse que
el INCORA, y luego el INCODER, nunca verificaron
si las titulaciones hechas
fueron registradas por los
beneficiarios en la oficina
de instrumentos públicos,
lo que era una gestión mínima que hoy tiene como
consecuencia el caos en la
tenencia y en la propiedad
Lo segundo es la seguridad. Cada vez que se priorizan regiones con problemáticas de tierras, estas
coinciden con los mapas
donde hay grupos armados ilegales, bandas
criminales y narcotráfico, lo que dificulta los/11
procesos porque las vidas de los que intervienen están
en riesgo. En esta misma línea se menciona la necesidad en cuanto a acciones policivas y judiciales, ya que
el tema de la tierra no se resuelve sólo con decisiones
administrativas, se requiere también sancionar a quienes
incurrieron en actos ilegales, o de lo contrario los hechos
se repetirán: volverán las amenazas, los desplazamientos, los despojos, la apropiación ilegal de la tierra.Un año de avances en medio
de las dificultadesHay que aceptar que el escenario es de incertidumbre
institucional: están los procesos dirigidos a la aprobación de un proyecto de ley de tierras y desarrollo rural,
la necesidad de reestructurar al INCODER, y por último
es importante armonizar los esfuerzos institucionales con
la agenda de tierras que discute el Gobierno en el actual
En este contexto, el INCODER avanza en diversos procesos agrarios con los que pretende, además de resolver
casos específicos, desarrollar un aprendizaje que será
útil para enfrentar una posible reforma; se aprende sobre las formas de creación de confianza, la organización
de la información, el manejo de conflictos y la resolución
integral de los denominados casos emblemáticos, es decir, aquellos en donde el conflicto por la tenencia ha persistido durante años y cuya resolución es impostergable.
Específicamente, en el año 2012 y hasta febrero de 2013,
el INCODER ha titulado 507.219 hectáreas de baldíos a
15.086 familias campesinas y población desplazada, entre las que se incluye la entrega de 161 hectáreas a las
víctimas despojadas en Mampuján (Bolívar), en cumplimiento de varias sentencias de restitución ordenadas por
la Ley 1448, y la resolución de más de 4.000 procesos
con trámite preferencial a personas desplazadas o en
riesgo de desplazamiento.
En cuanto a los casos emblemáticos, INCODER inició
un proceso de extinción de dominio,
en predios que suman 128.000 hectáreas, en el municipio de Hato Corozal (Casanare); realizó actividades
de deslinde en La Zapatoza (Cesar)
y el Lago de Tota (Boyacá), y actividades de clarificación en Hato Las
Margaritas (Arauca). Otros procesos
se realizaron en Islas del Rosario y
San Bernardo, donde se resolvieron
más de 100 casos y se avanzó en la
propuesta de un modelo de desarrollo sostenible que permita la correcta
administración de las islas.
En total se vienen trabajando 18
casos emblemáticos; cada uno simboliza la lucha contra la impunidad
sobre formas ilegales de apropiación de la tierra, en muchos casos
baldíos de la Nación, e intenta, por
eso mismo, devolver la confianza en
En el marco de los procesos agrarios
el INCODER tenía más de 1.567 procesos represados desde 1960, fren-La LlaveLa llave del futuro es la tierrawww.incoder.gov.cote a lo que resolvió, el año pasado, 341 casos, recuperó
51.332 hectáreas para la Nación, y adelanta en la actualidad 108 procesos que se encuentran en inspección ocular, 141 que ya tienen una resolución inicial y 569 que se
están en etapa previa. Esta labor de descongestión es
necesaria porque constituye una liberación de las cargas del pasado que no permiten que la entidad avance.
Otra acción que el INCODER realiza en la actualidad es
una propuesta de ordenamiento productivo en la que se
reformula la Unidad Agrícola Familiar, UAF. La UAF es
fundamental porque define la medida para la entrega de
tierras y establece el límite mínimo adecuado para que
una familia viva dignamente. El objetivo es ajustar la
UAF para que proponga un adecuado uso de los suelos,
potencialice la capacidad de la tierra a través de mecanismos de producción vigentes, garantice la seguridad
alimentaria y acoja los lineamientos de conservación
ambiental vigentes. Para esto, ya se ajustó y actualizó la
UAF en diez departamentos, y se están realizando estudios técnicos para hacerlo en los demás departamentos.
En cuanto a la recopilación de información y actualización de las bases de datos del INCODER, el 100% de
las solicitudes de protección de tierras ya fue ingresado
al Registro Único de Predios y Territorios Abandonados
por la Violencia, RUPTA; se abrieron folios de matrícula
inmobiliaria para baldíos; y se realizó en más del 75%
el inventario de parcelas del Fondo Nacional Agrario. Así
mismo, se avanza en la construcción del inventario y registro de baldíos, para lo que el INCODER trabaja en la
organización y sistematización de su archivo. Finalmente, se está sistematizando el registro de instrumentos públicos, para lo que hay grandes avances en la creación
de un sistema nacional en línea que permitirá consultar
quiénes son los propietarios en Colombia.
Es bien sabido que en la actualidad el Estado necesita
tierras para todo. Se necesitan tierras para restituir a las
víctimas, para compensar a las que no tenían, desarrollarPor:
Jhenifer MojicaSe vienen
emblemáticos;
casos baldíos
de la Nación, e
intenta, por eso
mismo, devolver
las instituciones.servicios públicos y sociales, para las escuelas, los
puestos de salud, el alcantarillado, el acueducto; se
necesitan tierras para los
grandes proyectos de infraestructura, los puentes,
las hidroeléctricas, las
reubicaciones; se necesitan tierras para la paz.
tierras, y la tierra no la
hacen más. Por esto el
Estado, a través del INCODER, busca recuperar
las tierras que le pertenecen, porque su propiedad
sobre ellas no prescribe.
No es fácil, no es una responsabilidad exclusiva de
la entidad, requiere de la
también de decisión y voluntad, eso parte de una
consciencia clara y compartida de para quién son
las tierras de la Nación, y
para qué.La Llave/12La llave del futuro es la tierrawww.incoder.gov.coColombia rural: La urgencia de una transiciónColombia necesita
con carácter urgente una nueva visión
territorial. Los conceptos
rural y urbano no parecen
ser suficientes para desarrollar políticas públicas, y
mucho menos para plantear soluciones prácticas
habitantes del campo. La
visión agrarista de lo rural
fracasó, así como la visión
industrial de la ciudad. De
la misma manera, la idea
de una modernidad atada
a lo urbano y una premodernidad unida a lo rural,
no alcanzan a dar las
de la realidad nacional y
mucho menos de la realidad regional y local. La
debilidad institucional no
nace únicamente de la
incapacidad de las entidades del Estado para hacer
presencia en el territorio,
esa debilidad surge y se consolida en concepciones
económicas y políticas administrativas que han perdido no sólo legitimidad sino también eficacia.
La idea de una planeación nacional tecnocráticamente fuerte y central es incipiente ante la fragilidad institucional departamental y municipal. La debilidad de
las secretarías de agricultura, por ejemplo, o de las
oficinas regionales del INCODER, hace de la política
agropecuaria una utopía inalcanzable. Así mismo, el
clientelismo de muchas de las corporaciones autónomas regionales desemboca en el fracaso de la política
ambiental. La paradoja institucional deja ver, en tiempos de globalización, una consolidación del centralismo y un fortalecimiento de los argumentos a favor de
él. El desarrollo de una política centrada en la focalización de recursos y el diseño de programas específicos
dirigidos a ejecutar la política agropecuaria o rural son
apenas paños de agua tibia para problemas estructurales que asfixian la economía campesina y en general
la de pequeños y medianos productores.
La cobertura de los programas es tan baja que no llega
a cubrir un porcentaje significativo de las necesidades
de la población y existe, además, una gran desarticulación de las acciones del Estado, de manera que
cada programa actúa por su propia cuenta y maneja
sus propios indicadores, pensando en su eficacia y
no en el impacto de las acciones e inversiones estatales en un territorio determinado. Podría decirse que se
produce, en el mejor de los casos, una cruel paradoja:
se hace bien lo que no toca hacer.
Muchas veces los programas desconocen la realidadterritorial. Los datos de algunos estudios y de la investigación que la Corporación Latinoamericana Misión
Rural adelanta en la actualidad, muestran que en no
menos de trescientos municipios existen bandas, grupos delincuenciales o frentes guerrilleros que intimidan
a los habitantes, restringen la libertad y consolidan regímenes de terror a la manera de las peores dictaduras que han existido. La situación de la democracia en
estos lugares es una ilusión en donde la ciudadanía ha
sido por largos años sometidos a prácticas violentas,
cuyo fin último es consolidar el poder local ilegal. Si el
escenario político en estos lugares es crítico, el económico no lo es menos.
La economía, o lo que algunos llaman el modelo
económico, propició desde los años 90 una apertura
desfavorable a la producción de alimentos y generó un
fenómeno poco analizado de desplazamiento económico. La miseria impulsada por el modelo aperturista
en el campo se unió a la acción de los violentos y
atenazó a los pequeños productores. Los campesinos, indígenas y afros se vieron inmersos en una
estigmatización que tendía a identificarlos con alguno
de los grupos que ocupaban su territorio. El dilema en
muchos de estos lugares era: irse o ser asesinado.
Con ese mismo modelo que impulsó la reducción del
Estado se destruyó la institucionalidad que, mal que
bien, servía de apoyo a la economía agraria, y se facilitó la expansión de la economía ilícita y el dominio
territorial de los grupos delincuenciales. En el país se
creó, con los ojos cerrados, el escenario favorable a
las que podrían definirse como territorialidades ilega-Los campesinos,
y afros se
vieron inmersos
que tendía a
El dilema en
era: irse o ser
asesinado.les, en donde la economía
está basada en actividades ilícitas: minería ilegal,
cocaína, vacunas, seguridad ilegal y, por supuesto,
la apropiación de los recursos presupuestales del Estado y de los bienes públicos, entre ellos las tierras
baldías, por parte del grupo dominante Todo esto
generó una ilegalidad que
hoy en día dicta normas,
establece límites, orienta recursos y compra o
intimida a los habitantes
para que en elecciones
quede en determinadas
manos.Territorios
de lo ilegalMuchos gobiernos locales
toman forma de cleptocracias en los que el poder
descansa en redes o
alianzas entre delincuentes comunes, narcotraficantes, políticos y grupos
armados. El concepto de/13
cleptocracia es útil en este punto porque ayuda a la comprensión de un fenómeno que agobia la cotidianidad; se
refiere al ejercicio del poder basado en el robo y la corrupción por medio de una institucionalidad que carece
de controles y posee la capacidad de prolongarse a lo
largo del tiempo. Es posible que en algunos lugares deba
pensarse con urgencia en la declaración de una emergencia ética, mucho más que una económica o social.
Estas formas de gobierno se articulan con las acciones
de los actores armados en varios sentidos. En algunas
ocasiones los paramilitares y las guerrillas cooptan a
las autoridades locales, en otras, las elites rurales establecen alianzas con los grupos de autodefensa y guerrilla
y facilitan la imposición de su autoridad. En todos los casos los grupos armados establecen regulaciones políticas y económicas extrañas a un gobierno democrático,
regulaciones y prácticas como el destierro, la usurpación
de tierras, los asesinatos, la desaparición, la censura etc.
La expresión más visible de estos regímenes
locales es el desplazamiento. Este fenómeno
dejó como saldo seis
abandonadas, gran parte
de ellas pertenecientes
a pequeños propietarios
cuyos predios tenían un
área promedio de 13,2
hectáreas. La usurpación
los actores armados fue
facilitada por la informalidad en la tenencia de la
tierra, lo que constituye
que se agrava al tener
en cuenta que en Colombia el 40% o más de los
predios rurales no cuenta
con escrituras registradas que demuestren la
propiedad. La debilidad
de la información relacionada con la tierra es alarmante. Las instituciones trabajan
a ciegas y las políticas que sobre el problema de la tierra
se definieron por años naufragan ante esa realidad técnica: no hay información precisa.
Lo que en algún momento se entendió como una lucha
por el poder y el control del Estado se trasladó a una lucha por el poder territorial y su ejercicio desde lo local.
Los municipios donde los grupos armados establecen regímenes autoritarios coinciden con espacios de cultivos
de coca, corredores para su exportación, y departamentos de alta concentración de la tierra, presencia de biocombustibles, ganadería y minería. Estas ocupaciones
no hacen parte de estrategias para conquistar el poder
nacional, al corto plazo son formas de consolidar poderes
En este escenario, no solo es necesario sino urgente e
impostergable el diálogo político con esos territorios ocupados ilegalmente −sustraídos de la democracia−, enLa LlaveLa llave del futuro es la tierrawww.incoder.gov.cotanto se hace fundamental construir democracias locales
o territoriales que sean el verdadero garante de la convivencia. Es sobre la base de una democratización de la
vida local que la paz se puede ir construyendo. Podría
afirmarse que los acuerdos nacionales son útiles para finalizar la guerra pero no son suficientes para construir
la paz. El desarrollo rural es un proceso complejo en el
que, por encima de lo que se pueda pensar desde afuera,
están los derechos de los que habitan esos territorios. No
deja de ser violento el hecho de que un altísimo porcentaje de la población en edad de jubilarse carezca de pensión, así como una gran cantidad de niños en la primera
infancia no tiene garantizado el derecho a la salud o a la
Los largos periodos de dominación territorial ejercidos por
estos grupos, en algunos lugares, dejan una huella de autoritarismo militar ilegal de una alta complejidad cultural y
política que limita la acción del Estado. La cultura del miedo limita la libertad y por este camino reduce el ejercicio de
No es aventurado afirmar
que la ocupación por parte del Ejército Nacional no
garantiza la presencia del
Estado, sino que el desmonte de estas dictaduras
o autoritarismos militares
y delincuencias tendrá
que pasar por procesos
de democratización local
que disuelvan las redes y
permitan transitar hacia un
Estado democrático. Colombia es una democracia
con inmensos espacios
vedados a la ley, y la idea
de que esta se traduce en
la ocupación militar de un
territorio, no sólo es ingenua sino también el origen
de muchas acciones y programas de poco impacto
Es imposible un desarrollo
económico sin un desarrollo político moderno, la democracia desde lo local o desde
abajo es difícil pero no imposible. Si bien es cierto que el
déficit económico en muchos territorios rurales es inmenso, y que la deuda social con sus habitantes también lo
es, la incuestionable fragilidad institucional obliga a que
el camino que deba andarse se inicie por una construcción de lo público, en unos casos, o por su restauración,
en otros. Parece necesario aceptar una premisa: los esfuerzos que se hacen desde el Gobierno en materia de
restitución, formalización, titulación de baldíos o proyectos
productivos, por ejemplo, podrían naufragar en un escenario en donde la democracia no existe. Así mismo los
pactos que se desarrollen buscando la paz deberían hacerse sobre la urgencia de la construcción de un escenario
democrático local, con especificidades muy complejas en
aquellos territorios ocupados por guerrilla, bandas criminales, paramilitares o delincuentes de cuello blanco.Por:
Guillermo Solarte LindoSeis tesis para una
transición al postconflicto
•	Es necesario revolucionar la estructura
de propiedad de la tierra y la política que
se ha establecido a partir de ella. Romper
los amplios rezagos del feudalismo, en
donde la propiedad de la tierra, además
de ser poderío económico, es también
poderío paramilitar.
•	Urgente democratizar la sociedad rural
colombiana y la infinidad de territorios
que existen en medio de dictaduras
locales militaristas de derecha, de
izquierda, delincuenciales y clientelares.
•	Habría que partir de la necesidad de
transitar de un imaginario de campesino
pobre a uno de ciudadano rural con
derechos.Transitar de una concepción
de disminución de la pobreza a una
política de Estado de distribución de la
riqueza, desde una perspectiva territorial
y no sólo individual o grupal.
•	Es necesario romper radicalmente con
el dominio de la ilegalidad económica
y de la ilegitimidad política. Es muy
posible que los esfuerzos que se
realicen desde el Estado sean acciones
débiles frente a ese escenario de la
ilegalidad, no sólo referido al tema
del narcotráfico, sino también a la
explotación de otros recursos naturales.
•	Es tan difícil administrar el pesimismo
como el optimismo. En la actualidad el
país avanza hacia políticas de Estado
que reconocen gran parte de los
problemas: Ley de Víctimas, Ley de
Tierras, Ley de Desarrollo Rural, pero
también puede estar viviendo una de las
situaciones más difíciles, con relación a
la legitimidad de las instituciones y su
•	Por último el logro de la democratización
de una sociedad rural, de una
redistribución de la riqueza y el desarrollo
de una cultura de paz, pueden orientarse
desde los pactos territoriales, entendidos
como estrategias diferenciadas de
acuerdo a cada territorio, y como
procesos permanentes de construcción
colectiva de un escenario común. Pactos
que propicien un desarrollo político
moderno. Pactos en donde todos se
comprometen en la construcción de una
democracia local, tanto económica como
política.La Llave/14La llave del futuro es la tierrawww.incoder.gov.coConfiguración del campo colombiano, tamaños de propiedad y políticas redistributivasBaldíos, estructura agraria y dinámicas
de la concentración de la tierraEl análisis de la problemática de los baldíos no es
independiente de la dinámica y características
de la estructura agraria conformada históricamente y de los arreglos institucionales acordados para
el manejo del problema agrario.
Colombia viene de un proceso de privatización de los
baldíos iniciado especialmente en el siglo XIX con la denominada “feria de baldíos”, cuando el Estado entregó,
sin criterios y ninguna exigencia productiva, extensiones enormes de tierras públicas a latifundistas, comerciantes, políticos, militares, empresas explotadores de
petróleo, inversionistas extranjeros y tenedores de bonos de deuda pública.
Después de la Ley 200 de 1936 el proceso de titulación
de baldíos continuó en grandes extensiones, y sólo
con la Ley 135 de 1961 se regularon efectivamente los
tamaños con el uso de la UAF. Estos procesos se complementaron con acciones privadas ilegales de apropiación de baldíos y tierras privadas, especialmente en las
De acuerdo con la clasificación elaborada por IGAC sobre los tamaños de los registros prediales1, Colombia
tiene una estructura predial de carácter multimodal donde la mediana y la gran propiedad tienen un predominio
sobre la pequeña: esta representa el 17,52% del área
(predios menores de 20 ha), la mediana el 38,57% (predios entre 20 y 200 ha), y la grande el 43,91% (predios
mayores a 200 ha). Ello indica que el mito de una estructura de tipo latifundio-minifundio ha quedado atrás.
Desde el punto de vista productivo, el latifundio extensivo
y las economías campesinas coexisten con explotaciones empresariales medianas que usan tecnologías
modernas y con grandes propiedades empresariales de plantaciones (palma africana, maderera, caña
para biocombustibles, granos, etc.). En el latifundio extensivo se encuentra una buena proporción de la tierra
en pastos (ganadería), pero no se tiene información
para establecer cuánta de ella es de tipo latifundista,
pues allí existen pequeñas y medianas explotaciones
con pastos en ganadería de leche y de doble propósito, y aun especializadas en carne, que no entrarían en
el calificativo de ganadería extensiva.
Los datos existentes sugieren la necesidad de pasar
de las afirmaciones generales a los análisis más precisos y de tipo territorial o regional, para verificar que
la estructura de la tenencia de la tierra, siendo altamente desigual por sus índices Gini de tierras, es altamente diferenciada y requiere de políticas agrarias
diferentes según los territorios y sus contextos. Una reforma agraria como política general para todo el país,
al estilo de la Ley 135 de 1961, no se ajusta a las características de la estructura actual.¿Cómo frenar la concentración y
control monopólico de la tierra?Ese proceso sólo es posible si existe una política inte-gral de tierras enmarcada en una estrategia nacional
contra la inequidad y la desigualdad. Una redistribución de la propiedad fundamentada solamente en la
fragmentación de la gran propiedad y el aumento del
tamaño de las pequeñas, conservando la mediana propiedad, es insuficiente para contener los procesos que
estimulan la concentración de la tierra.
Una política de equidad que frene la concentración de
la propiedad debería contener elementos y procesos que incluyan normas estrictas para cambiar el
uso del suelo como parte de un proceso de ordenamiento del territorio con base en la disponibilidad y
uso de los suelos y el subsuelo. Ello incluye medidas
como: una política de desarrollo rural que tenga como
estrategia fortalecer la pequeña y mediana propiedad
en relación con la grande; el uso de los instrumentos
fiscales para gravar las propiedades mal explotadas
y abandonadas con tarifas adicionales y progresivas;
modernizar el mercado de tierras,definir la información
predial y de derechos de propiedad como un bien público; quitarle a la tierra la característica de bien especulativo; iniciar el proceso de desconcentración de la propiedad mal usada en aquellas zonas donde el índice
Gini de tierras supere 0,80, delimitar zonas de reserva
campesina en áreas donde exista potencial productivo
y de diversificación de fuentes de ingresos. Pero sobre
todo, el sector requiere de una nueva institucionalidad
para enfrentar con eficacia esta problemática.Una nueva estructura institucionalEn el sector rural se ha presentado una desinstitucionalización de lo público, el Estado se fue debilitando
significativamente en sus capacidades y en los arreglos institucionales para atender las demandas de los
pobladores rurales2. Por ello se propone la creación de
nueva institucionalidad para hacer operativo el criterio
de un desarrollo rural con enfoque territorial, y avanzar
enlos arreglos institucionales existentes que han sido
superados por los hechos.
Una nueva estructura especializada debe enfrentarse
a tres tipos de estructuras de tenencia de la tierra (la
legal, la ilegal y la informal) y requiere blindarse para
que no sea desestructurada y cooptada. Ello puede
construirse a partir de información pública, la participación y el apoyo de la sociedad civil y la generación de
una nueva burocracia capacitada, además de un combate decidido a la ilegalidad y la corrupción.¿Recuperar baldíos sin conocer
su cantidad y ubicación?La expansión de la frontera agropecuaria se ha dado
con una normatividad insuficiente, por lo general elaborada sin tener en cuenta una estrategia de transformación del mundo rural dentro de la modernidad, y sin
un modelo o estilo de desarrollo que busque beneficiar
el desarrollo de la mayoría de la población.
Pero con la normatividad que existe sobre baldíos se
pueden recuperar los que pertenecen a la Nación. ElLa expansión
modernidad.Por:
Absalón Machadoproblema está en la capacidad institucional para
hacerlo, y en la falta de
información sobre cuáles
son, dónde están, en manos de quién, y si una vez
recuperados el Estado tiene cómo defender sus propios derechos frente a los
despojadores que actúan
Sí es posible recuperar los
baldíos despojados, y los
mecanismos deben partir
del buen conocimiento
sobre su existencia, ubicación y características.
un inventario, territorio
por territorio, empezando por las zonas de colonización de las últimas
décadas, complementado
con cartografía social, y la
formación de grupos elites especializados que se
desplacen zona por zona
haciendo un barrido para
la identificación de los terrenos de la Nación. También analizar con lupa las
transacciones realizados
en notarías y oficinas de
registro de por lo menos
En síntesis, la recuperación de tierras del Estado
y la actualización de la
información sobre baldíos es un desafío que
exige combinar todos los
procesos posibles para
alcanzar una meta definida en el corto y mediano
plazo.IGAC, Atlas de la distribución de la propiedad rural en
Colombia, Bogotá, 2012.
Ver el Informe Nacional de
Desarrollo Humano 2011,
Colombia rural, razones para
la esperanza, publicado por
el PNUD, Bogotá.
1	/15La LlaveLa llave del futuro es la tierrawww.incoder.gov.coPor:
PeriodistaEl Tablón de Gómez, una esperanza sembrada en tierra fértil“Somos tierra que anda”La tierra en Colombia resulta ser un privilegio de pocos. Una gran paradoja si se piensa
en la extensión de tierra del país, cuántos la poseen y cuántos millones más la reclaman.Abordo del avión que me lleva hacia Pasto, pienso
en esto, en la importancia para el ser humano de
reconocerse dueño de un lugar físico, también
de un espacio símbolico que se define por las historias,
los amores, los puntos representativos y la cultura
misma que en definitiva, que es la tierra que guarda
en la memoria sucesos significantes y particulares.Tierra como a la que me dirijo,
al Tablón de Gómez.Converso con quienes me invitaron a presenciar la entrega de las resoluciones de restitución: Eduardo Chamorro
director de la seccional Nariño, Gimer Urban coordinador
del Grupo Técnico, y la representante de Baldios en Bogotá Alejandra Vera, todos funcionarios del INCODER con
quienes comparto el conocimiento del convenio interinstitucional, Atención integral postemergencia a mujeres víctimas del conflicto armado firmado por el SENA, la Cruz
Roja Holandesa, la Cruz Roja Colombiana, el INCODER y
la Alcaldía del Tablón de Gómez. Todos desde sus propias
competencias aportan a la realización del proyecto que
tiene como propósito sanear, clarificar y adjudicar predios
baldios ocupados desde las décadas de los 60 y 70 por
Son invasiones, casas muy precarias, obviamente sin legalizar, sometidas a atropellos que sufren estas familias
como consecuencia del conflicto armado, que obliga al
destierro como evidentemente sucedió con esta población
A la mañana siguiente y luego de aproximadamente dos
horas de recorrido en la camioneta, bordeando las montañas llego al corregimiento de La Victoria donde se realiza
la ceremonia de entrega de resoluciones de adjudicaciónFuerte presencia
paramilitar en el
territorio de Nariño
que incidió en procesos
de desplazamiento.2013de predios. En este lugar dialogo con funcionarios de las
instituciones del convenio y confirmo su forma de participar y apoyar a los beneficiarios de los predios.
Como punto referencial y focal de la población se contó con el apoyo y participación de la Alcaldía del Tablón
de Gómez, en cabeza del señor Enar Gerardo Ordónez,
quien comenta la gestión por él realizada desde veinte
años atrás ayudando a los habitantes del sector a organizar sus asentamientos en zonas más seguras beneficiándolos también al poseer ellos una titulación.
Recorro entonces la zona, me encuentro con personas
campesinas que cargan tierra en sus vestidos, en sus
uñas, y en las expresiones faciales de los mayores
marcadas por profundos surcos, pieles ajadas de darle
constantemente la cara al sol. Camino y mientras lo hago
me maravillo con los paisajes, con las imponentes montañas y grandiosas panorámicas que capto desde las colinas de La Victoria.
Me acerco luego a las personas que con atención escuchan el programa del día, y aprovecho para enterarme
de sus percepciones del proceso que está a punto de iniciarse. Jhon Willington es quien más expresivamente me
habla sobre sus 30 años de edad vividos siempre en el
Tablón de Gómez. Recuerda que su papá se apropió en
los años 60 del terreno que junto con su entorno familiar
les ha permitido subsistir. Jhon durante toda la conversación me manifiesta la alegría que significa para él vivir
en esas tierras y pertenecer a ese territorio en el que
fueron víctimas del desplazamiento forzado. Muchos
de sus vecinos se fueron hacia Pasto y otros más lejos…
Toma aire y me dice: “tierra es tierra, aquí nací y aquí he
de morir. Y es bonito volver y mirar ahora que ya es un
sector muy grande y como vamos, como somos unidosSe creó el frente paramilitar Libertadores del Sur que ejerció control
en el municipio de Tumaco; sus primeras acciones fueron de
limpieza social y de control de las salidas al mar y las vías fluviales
de los ríos Mira y Patía.
En el 2002 la expansión continuó hacia el municipio de Llorente
donde fueron masacradas trece personas en diciembre de 2003.20031999FEBRERO
Entrega resoluciones de predios a 49 familias en El
Tablón de Gómez, con la alianza entre el INCODER,
el SENA, la Cruz Roja Holandesa y la Cruz Roja
Colombiana. Proyecto: “Atención Integral Pos
emergencia Mujeres víctimas de la violencia residentes
en Nariño”. Proyecto planeado y financiado por las
instituciones participantes y ejecutado por los mismo
pobladores de los predios asignados.19931980
1970Presencia de seis grupos armados
ilegales que en buena parte
controlaban la producción de coca
y ello sumado a la desarticulación
de los pobladores campesinos,
indígenas y afros. Estas
comunidades vivían en
condiciones de pobreza.El Cabildo de Pasto
le da la categoría
de municipio a El
Tablón de Gómez.1834este sector se va para allá
pa’ la vereda. Yo creo que
ya nos abren las posibilidades los bancos, porque todo
cambia, ¡Somos dueños!”.
Estos proyectos sin duda
siembran las semillas del
progreso, del desarrollo económico y de mejor calidad
de vida para las 49 familias
con las que inició el proyecto y que significa un proceso de instauración y puesta
en marcha con acompañamiento aproximado de dos a
tres años para garantizar su
permanencia con el soporte
que le darán las familias.
Lo que en el corregimiento
de La Victoria, en el departamento de Nariño se ha
puesto en evidencia es la
presencia real de entidades
estatales que han unido sinergias institucionales pensando en brindar ayuda a
quienes realmente la necesitan, queriendo su bienestar y creyendo que en el
sector agroindustrial está
El Tablón fue fundado por
Don Lorenzo Gómez. Y como
homenaje se le agrega su
apellido quedando como El
Tablón de Gómez.1760Empezaron a florecer los cultivos de
amapola cuyas ganancias ascendían
entre 300.000 y un millón de pesos. Las
Farc comenzaron a recibir dividendos por
este negocio que por cada kilo les dejaba
entre 100.000 y 200.000 pesos. Después
arribaron los paras haciendo del territorio
un lugar de producción.Hacia
por tribus indígenas
Putumayo.La Llave/16La llave del futuro es la tierrawww.incoder.gov.coTestimonioCarmen Palencia,
un ícono de la resistencia y la dignidadSoy Carmen Palencia y lidero la organización Tierra y Vida, que se ocupa de víctimas reclamantes
de tierra. Hace siete años estamos en un proceso de reclamación en Turbo, Antioquia;
nacimos allá como organización, luego llegamos a Bogotá y nos extendimos a todo el país.
Hoy tenemos aproximadamente nueve mil afiliados y catorce capítulos en doce departamentos.Estoy vinculada con el tema de tierra desde hace mucho tiempo, he liderado varios procesos de tierras en
Urabá y con campesinos. Me involucré porque fui
obligada a salir de Valencia, que es mi pueblo natal. Allá
los paramilitares asesinaron a mi esposo, el papá de mis
hijos, el once de enero de 1989. Él era ganadero, comerciante. Lo asesinaron y luego fueron a buscarme a mí,
entonces me fui con mis hijos y lo dejé todo, solamente
salí con lo que tenía puesto. Traté de volver como dos
veces pero los paramilitares ya estaban ahí encima y
estuve a punto de ser asesinada.
Luego comencé a vivir en Urabá y allá me involucré con
el tema de tierras con los campesinos, compré una parcela y empecé a trabajar para tratar de sacar a los muchachos adelante.
En Urabá también había una fuerte presencia paramilitar;
en 1995 ellos me hicieron un atentado, me dieron cinco
tiros y estuve tres meses en estado de coma en el Hospital San Vicente de Paúl en Medellín. El atentado ocurrió
debido a mi oposición a la presencia de ellos, porque en
ese año hicimos unas alianzas entre movimientos desmovilizados y movimientos civiles, de los cuales yo hacía
parte, y se generó una discusión que desembocó en mi
atentado y en el asesinato de otro compañero mío que
igualmente participaba en esa alianza. Ellos me dieron
por muerta, pero aquí estoy.
Luego estábamos en Turbo, corregimiento de Nueva Colonia. La vereda se llama California y el predio en el que
vivíamos, ante instrumentos públicos, está inscrito como
La Niña. Allí nuevamente comienza el ataque para despojarnos: éramos 42 familias en esa vereda y los que quedamos fuimos 23, los demás se fueron, tuvieron que irse
y entregar la tierra a cambio de cualquier peso. A los que
nos quedamos nos tocó pagar 580 millones de pesos entre todos para poder conservar el derecho a estar ahí. Le
entregamos ese dinero a un empresario ganadero de ahí
que se llama Felipe Echeverri Zapata, a él, a su mamá
y a Raúl Hazbún, que en ese momento era el dueño del
bloque bananero. En la actualidad ese delito ya ha sido
aceptado y asumido por Raúl Hazbún en versión libre.
La premisa era que nosotros pagábamos y ellos nos entregaban un título, porque la tierra en la que estábamos
había sido en el pasado propiedad de la familia Hazbún,
pero les habían extinguido el dominio y ahora era en un
baldío de la Nación. Entonces nosotros teníamos la ocupación. Nosotros pagamos los 580 millones pero en realidad no nos dieron nada, fue un engaño, una extorsión.
En respuesta a esa mentira iniciamos una lucha muy fuerte que se convirtió en uno de los procesos que dio origen
a todo esto que tenemos hoy. Yo era presidente de la
Junta de Acción Comunal, nos organizamos y decidimos poner una demanda ante la Fiscalía de Turbo. Y
venimos batallando con ese proceso, ya que el juez no
ha fallado todavía.Frente a ese caso yo estoy luchando para que les restituyan la tierra a mis familiares y mis compañeros, puesto
que la mía ya me la restituyeron, aunque eso fue otra
pelea. Y ahora, para que nos devuelvan los 580 millones
de pesos que nos hicieron pagar bajo extorsión, tenemos
que librar otra batalla jurídica. Además estamos intentando que les devuelvan sus tierras a las familias que tuvieron que entregarlas a la fuerza.
Con el Gobierno actual ha habido un cambio y es que en
ocho años Álvaro Uribe nunca quiso reconocer que había
un conflicto interno en el país. Mucho menos iba a reconocer a las víctimas de ese conflicto. El Gobierno anterior creó leyes para victimarios, mientras que este en
cambio decidió aprobar, impulsar leyes para víctimas.
Esa es la gran diferencia que vemos acá con Santos,
que lo primero que hizo fue reconocer el conflicto, reconocer a las víctimas, aprobar una ley para repararlas y
restituirlas. Tal vez eso avanza con pasos paquidérmicos pero yo sé que hay esperanza. Y además de eso, lo
más importante es que por lo menos ha dado el paso de
hablar con la guerrilla.
En el INCODER hay una dinámica diferente, pero a la institucionalidad todavía le hace falta mucho. Tendrían que
hacer una depuración de fondo, asumiendo los costos
que eso implique, porque todavía hay una fuerte cooptación de las instituciones por parte de la delincuencia.
Contrario a lo que está pasando en otras regiones, el tal
ejército antirestitución no fue creado ni por los empresarios bananeros que están involucrados en el despojo, ni
por los ganaderos de Urabá y Antioquia. Ellos tienen su
propio ejército y funciona allá en Urabá. En diciembre estuvieron reunidos en El Totumo, por allá en una finca en
el municipio de Necoclí, y la exigencia era puntual: “hay
que matar a esa gente de Tierra y Vida porque siguen
empecinados en recuperar la tierra, y si nosotros les estamos pagando a ustedes para que nos defiendan, y no
nos defienden, entonces vamos a ver qué hacemos”.
En otras regiones, en cambio, por ejemplo en Montes
de María, en La Guajira y en la Costa, los ganaderos
que están involucrados en el tema de tierras despojadas se reunieron, conformaron ese ejército privado y ya
han asesinado a varias personas de Tierra y Vida.
Parte del problema es que todavía hay infiltración paramilitar en el movimiento de restitución, el movimiento campesino, y es inevitable porque estamos tratando de hacer
todo a la vez; estamos tratando de implementar una ley
de restitución de tierras en medio del conflicto, entonces
eso sí es más tenaz porque nos toca convivir diariamente
con los victimarios. Por ejemplo cuando yo voy a Urabá y
entro a los almacenes de cadena a comprar comida, ahí
me encuentro a Felipe Echeverri, que es victimario mío.
Me encuentro a Antonio Arboleda, que también es victimario mío y supuestamente está pagando casa por cárcel,Considero
civil tenemos
Pero no abrigo
y empresarial,
en eso no
Ninguno.Por: Carmen Palencia
(Testimonio)pero me lo he encontrado
en Turbo, en Apartadó, en
Carepa…, me lo encuentro
hasta en la sopa. Yo lo he
denunciado pero mi denuncia se pierde porque aquí
en Colombia el otro problema que tenemos es que la
Fiscalía General no opera.
unas conclusiones a partir
del recorrido que hemos
hecho por todo el país, y
ese cuento de las “autodefensas” −que a mí nunca
me defendieron de nada−
es una farsa. ¿Si no por
qué se dio lo de la refundación de la patria en Santa
Fe de Ralito?, y además
estaban apoyados por el
Ejército en su momento,
¿no? Eso no tenía sentido.
Lo que realmente había
detrás de todo eso era
que se involucraron en
ese tema porque, primero, se abrieron muchas
expectativas con los grandes megaproyectos que
se anunciaron, por ejemplo
en Urabá, en Montes de
María, en Catatumbo; segundo, todo el tema minero
también alimentó las ambiciones de los que en ese
momento estaban alrededor de un aparato criminal
de poder que estaba en el
Considero que nosotros
como sociedad civil tenemos que aportar y ayudar
para que eso también se
destape. Pero no abrigo
ninguna esperanza alrededor del modelo económico
y empresarial, en eso no
va a haber ningún cambio.
Ninguno.La Llave: Coordinación Editorial: Lorena Raigoso Alzate - Corrección ortográfica: Laura Reyna Tascón - Coordinación Ejecutiva: Patricia Lizarazo - Diseño: Adriana Pontón B. Impresión: Casa Editorial El TiempoAll pages:12345678910111213141516InfoSaveLikeShareDownloadMoreLa Llave Published on Apr 19, 2013 Separata Subgerencia de Tierras IncoderloreblacklightFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

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