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Timestamp: 2020-08-05 04:52:52+00:00

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Imposibilidad de la aplicación y cumplimiento de la Legislación Medioambiental si estuviera vigente el artículo 9 de la Ley 3/2007
Creado en Viernes, 04 Abril 2008 23:32
1. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Título XVI: De los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente. Título XVII, Capítulo II, Sección Segunda y Tercera: De los delitos contra la seguridad colectiva. De los incendios. De los incendios forestales y de los incendios en zonas no forestales
Imposibilidad de prevenir, detectar y, en su caso, denunciar en montes privados cualquier delito medioambiental tipificado en el Código Penal, como por ejemplo una edificación no autorizada en suelo protegido, la muerte, corta o destrucción de flora y fauna en peligro de extinción, el empleo de venenos masivos o la realización vertidos, radiaciones o emisiones al suelo, al agua o a la atmósfera que puedan perjudicar el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas. Recordar que existen numerosas fincas forestales de cientos o miles de hectáreas donde la impunidad estaría garantizada.
Especial perjuicio supone no poder acceder con inmediatez al monte en el caso de la investigación de posibles delitos por incendio forestal, debido a que es de vital importancia la detección precoz de las posibles pruebas judiciales en el lugar de los hechos por su volatilidad (un simple papel o trapo quemado con restos de gasolina puede desaparecer del lugar en pocas horas por el viento o cualquier otra causa).
2. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Todas las disposiciones que esta Ley básica establece en relación con los espacios y especies protegidas son inaplicables en los montes privados. Incluye esta norma los espacios que componen la Red Europea Natura 2000. No se puede vigilar, evitar o denunciar cualquier ataque o daño a los recursos naturales que protege esta norma.
En la Comunidad de Madrid existen 110.029 has que forman parte de alguna de las categorías de espacios naturales protegidos establecidas en esta norma. De ellas, tan sólo 20.484 (un 18.6%), son de carácter público.
Ver tabla y mapa adjunto.
% de monte privado
% de montes públicos
Sitio de Interés Natural
Cursos bajos de los Ríos Manzanares y Jarama (Sureste)
Pinar de Abantos y Zona de la Herreria
El Regajal-Mar Ontigola
110.029,46
20.484,65
En color verde oscuro se representan las zonas dentro de cada ENP donde sí podrían entrar los Agentes.
Fuentes: “El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid 2003-2004” (D. Gral. De Promoción y Disciplina Ambiental.) “Montes de utilidad Pública de la Comunidad de Madrid” (D. Gral. De Medio Natural)
3. Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
Imposibilidad de realizar seguimientos o censos de las especies amenazadas que permitan conocer su situación actualizada. Mucho menos velar por su protección y recuperación. En grandes montes privados no se podrán impedir actividades que puedan perjudicar o incluso erradicar la flora y fauna protegida.
Especial relevancia adquiere la imposibilidad de evitar expolios de nidos de aves amenazadas como águila imperial, buitre negro, halcón, etc.
4. Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por Ley 10/2006.
Esta Ley es de aplicación en todos los montes españoles con independencia de su titularidad. No se podrá aplicar en los montes privados de la Comunidad de Madrid, por lo que no habrá control alguno de los aprovechamientos forestales (cortas de madera, leñas, etc…). Se podrán realizar sin la preceptiva autorización cortas, quemas, descuajes, pistas forestales o cambios de uso del suelo en contra de los principios de sostenibilidad de las masas forestales, sin que la Administración autonómica competente para velar por ellos se entere.
Tampoco se podrá conocer el estado sanitario de las masas forestales, por lo que los focos de plagas y enfermedades que se produzcan en ellas no se podrán detectar y tratar con la inmediatez que ello requiere. Las consecuencias de esta situación pueden ser muy graves tanto para los bosques como para la salud humana, ya que algunos insectos que constituyen plaga producen efectos perniciosos sobre la salud de las personas, como es el caso de la oruga procesionaria del pino.
5. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Imposibilidad de velar por la integridad del Dominio Público Hidráulico. No se podrá inspeccionar la zona de policía de 100 metros a cada lado de los cauces públicos, donde está condicionado el uso del suelo y determinadas actividades que pueden afectar a las aguas. Tampoco se podrá acceder a gran parte de los cauces, ni siquiera a las zonas de servidumbre.
Ello supone, por ejemplo:
Imposibilidad de evitar y detectar vertidos que afecten a las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, con la consiguiente contaminación de los acuíferos que surten de agua potable a la población de la Comunidad de Madrid.
Imposibilidad de evitar y detectar captaciones de aguas ilegales, tanto de ríos y arroyos que deben mantener su caudal ecológico, como de las aguas subterráneas tan importantes para surtir a la población en periodos de sequía.
Extracciones y dragados ilegales en los cauces.
Construcciones, vallados ilegales u otras alteraciones de los cauces, que afectan tanto al paisajismo como a la dinámica fluvial, facilitando riadas y avenidas de agua.
6. Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, y Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970.
Los terrenos destinados a la caza en la Comunidad de Madrid suman 568.871 has (excluyendo el Monte de El Pardo, cuya gestión pertenece a Patrimonio Nacional). De esos terrenos, 529.963 has, es decir el 93%, son de propiedad privada (ver tabla adjunta) y los Agentes Forestales no podrán velar por el cumplimiento de estas normas.
Fuente: “El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid 2003-2004” D. Gral. De Promoción y Disciplina Ambiental
No se podrá comprobar que los cazadores disponen de licencia de caza, si se respetan las especies protegidas, los cupos de caza, las medidas de seguridad para la protección de las personas, los medios de caza empleados, etc.
De especial importancia puede ser el incremento de accidentes personales por coincidencia incontrolada del ejercicio de la caza con otras actividades recreativas frecuentes en el medio natural (senderismo, recolección de setas, bicicletas, turismo rural, agricultura, etc.) Según las estadísticas que maneja la aseguradora Mutuasport cada año mueren en España 24 personas por disparos de escopeta durante la caza.
Otra de las graves consecuencias que trae consigo la aplicación de la Ley 3/2007 es la imposibilidad de detectar con rapidez y establecer las medidas y protocolos pertinentes en casos de brotes de enfermedades de la fauna silvestre. Existen patologías que pueden transmitirse tanto a las personas como a los animales domésticos (gripe aviar –ver protocolo de actuación en anexo IV-, tularemia, fiebre aftosa, tuberculosis, etc.).
Según los últimos datos publicados por la Consejería, en el año 2004 existían 38.429 licencias de caza en la Comunidad de Madrid.
7. Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección y Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies objeto de caza y pesca comercializables y se dictan normas al respecto.
Imposibilidad de controlar la caza de las especies declaradas como cinegéticas, que no se empleen métodos no selectivos para la caza o que se comercialicen exclusivamente las especies declaradas comercializables en el 93% de los terrenos cinegéticos.
8. Real Decreto 63/1994, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador, de suscripción obligatoria
Imposibilidad de comprobar que los cazadores disponen del Seguro Obligatorio en el 93% de los terrenos cinegéticos.
9. Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.
Imposibilidad de comprobar que los cazadores disponen del permiso de armas reglamentario, o que usan armas y munición permitida para la caza.
10. Ley de 20 de febrero de 1942, por la que se regula el fomento y la conservación de la pesca fluvial. Reglamento para su ejecución, aprobado por Decreto de 6 de abril de 1943.
Para acceder a numerosos tramos de ríos y orillas de embalses y humedales susceptibles de la aplicación de esta normativa es imprescindible atravesar fincas privadas. Además diversos humedales están dentro de montes particulares. Al no ser posible atravesarlas en virtud del artículo 9 de la Ley 3/2007 no se podrá controlar si los pescadores poseen licencia de pesca, si pescan especies autorizadas o protegidas, los cupos y tallas de captura, los medios de pesca, etc.
11. Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales.
Imposibilidad de supervisar en el 77% de superficie forestal madrileña todas aquellas medidas preventivas que establece este decreto: cortafuegos, distancias de seguridad, empleo de maquinaria y herramientas que puedan provocar incendios en los montes, quemas controladas, etc. La vigilancia preventiva para evitar actividades y situaciones que puedan elevar el riesgo de incendio pasa a ser nula. No se podrá impedir, por ejemplo, que se haga una barbacoa en plena época de peligro.
La detección precoz del incendio se verá perjudicada al no recorrer los Agentes Forestales gran parte del territorio.
También sufrirá un perjuicio muy grave un aspecto fundamental de cara a la extinción del incendio forestal: el conocimiento previo del terreno. No se podrá conocer la situación de la red pistas forestales y las posibles vías de escape en caso de peligro, los cortafuegos, puntos de agua, etc., de los grandes bosques privados, por lo que se pondrá en riesgo a todo el operativo de extinción. Tampoco se conocerá el estado, cantidad o densidad de la vegetación y toda una serie de variables (relieve, cables de alta tensión, gaseoductos…) de vital importancia para la seguridad en la extinción así como para el éxito del ataque al fuego.
12. Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales
Imposibilidad de hacer cumplir en el 77% del territorio las prohibiciones y limitaciones establecidas con el fin de prevenir los incendios forestales.
13. Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
Las Vías pecuarias son bienes de dominio público propiedad de las Comunidades Autónomas. En la Comunidad de Madrid son numerosas, estando muchas de ellas inmersas y rodeadas de terrenos de propiedad privada. El acceso a algunos tramos se ha visto perjudicado por la Ley 3/2007.
14. Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Imposibilidad de prevenir, detectar y denunciar vertederos ilegales, depósitos ilegales de residuos tóxicos, vertidos de lodos etc. en montes de propiedad privada. La acumulación de sustancias de desecho conlleva graves situaciones de riesgo para la salud de las personas, bien por la posibilidad de aparición de focos de infección en caso de restos orgánicos, por la filtración de sustancias nocivas a las aguas de consumo humano o por el paso de estas sustancias a la cadena alimenticia.
15. Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas.
Imposibilidad de prevenir, detectar y denunciar canteras, minas u otras explotaciones de yacimientos minerales en montes privados, que pueden conllevar graves daños a los recursos naturales y a la cantidad y calidad de las aguas. Tampoco se podrá verificar el cumplimiento de los requisitos y condicionantes medioambientales que deben cumplir las explotaciones con concesión administrativa existentes.
16. Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural afectado por explotaciones mineras.
Imposibilidad de inspeccionar y controlar las disposiciones obligatorias que toda concesión minera debe cumplir para restaurar los espacios naturales que hayan resultado afectados por su actividad.
1 años, 1 meses y 14 días
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