Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2017s/se201732005.html
Timestamp: 2019-03-23 21:38:52+00:00

Document:
se201732005
SENTENCIA Nº 05/2017
EXPEDIENTE : 014/2015
DEMANDADO(A) : Autoridad General de Impugnación Tributaria
RESOLUCIÓN IMPUGNADA : R.J. AGIT-RJ 1434/2014 de fecha 20/10/2014
VISTOS EN SALA: La demanda contenciosa administrativa de fs. 28 a 32, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ 1434/2014 de 20 de octubre, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, el Auto interlocutorio Nº 02/2015 de 13 de abril por el que se rechaza el incidente de nulidad planteado por el tercero interesado contra el Auto de Admisión, la respuesta de fs. 39 a 42 y vta.; el memorial de réplica de fs. 73 a 76 y vta., la dúplica de fs. 84 a 85 y vta., el decreto de “Autos” de fs. 86 y, los antecedentes procesales.
I.1.- Antecedentes de la demanda
La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, se apersona e interpone demanda contenciosa administrativa contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1434/2014 de 20 de octubre, amparada en los arts. 2 de la Ley Nº 3092 de 7 de julio de 2005, 70 de la Ley 2341, 778 y 779 del Código de procedimiento Civil, expresando lo siguiente:
I.2.- Fundamentos de la demanda
Refiere que la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), transgrede y realiza una interpretación errónea del instituto de la prescripción y cuándo es aplicable la misma, ya que el art. 59 de la Ley Nº 2492 refiere que la facultad para ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.
Manifestó que en el caso de autos, el contribuyente presentó Declaración Jurada del formulario 80-1 por el periodo fiscal 12/2003 del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), lo que se considera como una deuda tributaria autodeterminada, que conforme lo determina el art. 93 del referido cuerpo normativo establece que la determinación de la deuda tributaria se realizará por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, lo que contradice legalmente la posición de la AGIT, toda vez que al tratarse de una deuda tributaria autodeterminada por el propio contribuyente, no se aplica la prescripción, siendo ésta imprescriptible.
Indicó la incorrecta aplicación del art. 17 de la Ley Nº 2341 ya que la fundamentación de los fallos de la AGIT es errada, y va en contra de la Constitución Política del Estado, las leyes y demás normas conexas y, vulnera los derechos de la Administración Tributaria como la Ley de Procedimiento Administrativo. Añadió que si bien la Ley Nº 2341 señala que la Administración Pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos, sin embargo es una norma general cuyo alcance abarca a la generalidad de procedimiento administrativos del sector público; cuya aplicación es de carácter subsidiario, ya que en materia tributaria se cuenta con una norma específica (Ley Nº 2492).
Expresó que la resolución impugnada, viola los artículos 32, 35 y 36 de la Ley Nº 2341, ya que para anular un acto administrativo, debe existir infracción de la norma, o que exista supresión del derecho a la defensa o al debido proceso, de tal manera que ocasione un perjuicio al derecho del administrado. Agregó que la providencia emitida, refiere de forma clara que las deudas tributarias determinadas, son imprescriptibles, por lo que no corresponde atender la solicitud del contribuyente, cuando la Administración Tributaria no cuenta con facultad expresa de declarar la prescripción de las deudas tributarias conforme prevé el art. 66 de la Ley Nº 2492.
Manifestó que la AGIT debe tener en cuenta el art. 122 de la Constitución Política del Estado, que instituye que los actos dictados por autoridades que no son competentes son nulos de pleno derecho; asimismo el art. 5 de la Ley Nº 2341 señala de manera específica sobre la competencia de los órganos administrativos. En ese entendido ninguna ley, decreto supremo o reglamento, ha dispuesto que la Administración Tributaria se pronuncie sobre la prescripción, por lo que constituye un exceso de la AGIT instruir a la Administración Tributaria que se pronuncie sobre la solicitud del impetrante mediante Resolución Administrativa, además que atenta contra el debido proceso y pretende inducir al ente recaudador a una vulneración legal.
Señaló que el art. 197 de la Ley Nº 2492, indica que no compete a la Superintendencia Tributaria (actual AGIT) resolver decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración Tributaria y las jurisdicciones ordinarias especiales, ni las relativas a conflictos de atribuciones; por lo que la AGIT no puede obligar a la Administración Tributaria a asumir una atribución que no está establecida en la Ley, por lo que la AGIT analizó el art. 28 de la Ley Nº 2341 sin considerar el art. 5 del mismo cuerpo normativo; lo que quiere decir que la Administración Tributaria debe regir su actuación bajo las facultades y competencias establecidas en norma específica, ya que de lo contario se incurriría en la emisión de actos nulos de pleno derecho que afectarían la seguridad jurídica.
Aduce que la AGIT no llega a comprender la realidad de los hechos que dieron lugar a la emisión del proveído impugnado, en consecuencia realiza un incorrecto análisis y violación de la norma, por cuanto el citado proveído no ha resuelto la procedencia o improcedencia de la prescripción opuesta.
Finamente señala que el proveído Nº 043/2014, cumple con los requisitos establecidos en los arts. 27, 28, 29, 30 y 32 de la Ley Nº 2341, señalando los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales basa su pronunciamiento, no existiendo causal de nulidad.
I.3.- Petitorio
Concluyó el memorial, solicitando se declare probada la demanda contenciosa administrativa, y en consecuencia se resuelva revocar totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1434/2015 de 20 de octubre, y se mantenga firme y subsistente en su integridad el Proveído Nº 043/2014 de 31 de marzo de 2014.
II.- DE LA CONTESTACION A LA DEMANDA:
Que, admitida la demanda por proveído de fs. 35 y citada la autoridad demandada, se apersonó Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria y contesta negativamente la demanda mediante memorial de fs. 39 a 42 y vta. de obrados, expresando lo siguiente:
Señaló que en la legislación nacional el art. 115 de la Constitución Política del Estado, concordante con el art. 68 de la Ley Nº 2492, garantiza el derecho al debido proceso; asimismo el art. 36.I y II de la Ley Nº 2341 señalan que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados, concordante con el art. 55 del Decreto Supremo Nº 27311.
Indicó que el art. 28 de la Ley Nº 2341 establece como elemento esencial del acto administrativo, la causa, que deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de fuente y el derecho aplicable. Añade que en esa línea el proveído Nº 043/2014 de 31 de marzo, no contiene una relación de hechos que la motivan, ni contiene un fundamento sobre el cuál se apoya para la aplicación de la norma, considerando únicamente la normativa que considera aplicable al caso, emitiendo una respuesta ambigua, sin explicar si es un rechazo a la solicitud de prescripción, a la facultad de cobro de la Administración Tributaria, o una negativa al derecho de petición; por lo que el referido acto administrativo no atiende la solicitud de prescripción, vulnerando la garantía del debido proceso, en su elemento referido a la fundamentación y motivación.
Concluyó el memorial solicitando que se declare improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales; y que se mantenga firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1434/2015 de 20 de octubre.
Que, de la compulsa de los datos del proceso como la resolución administrativa impugnada, se establecen los siguientes hechos:
Mediante proveído Nº 043/2014 CITE: SIN/GDLPZ/DGCC/UJT/PROV/043/2014 de 31 de marzo, la Administración Tributaria dio respuesta al memorial de 6 de diciembre de 2013 presentado por el contribuyente sobre la prescripción solicitada, señalando que no corresponde atender la solicitud presentada por el impetrante (fs. 1 de antecedentes administrativos).
Interpuesto el recurso de alzada (fs. 3 a 6 y vta. de antecedentes administrativos) contra el proveído señalado en el párrafo anterior, fue resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/0571/2014 de 28 de julio, mediante la cual, revocó el Proveído Nº 043/2014 CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/PROV/043/2014 de 31 de marzo, declarando prescrita la facultad de la Administración Tributaria de ejecución tributaria del Impuesto a las Utilidades de las Empresas, del periodo fiscal diciembre de 2003.
Deducido recurso jerárquico por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 104 a 109 de antecedentes administrativos), impugnando la resolución de alzada, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución AGIT-RJ 1434/2014 de 20 de octubre, que determinó anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/0571/2014 de 28 de julio, anulando obrados con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, estos es, hasta el Proveído Nº 043/2014 de 31 de marzo, a fin de que emita un nuevo acto administrativo, en el que fundamente y motive su decisión.
Que, el motivo de la Litis se circunscribe a determinar: Si fue correcta la determinación de la autoridad jerárquica al anular obrados con reposición hasta el Proveído Nº 043/2014 de 31 de marzo, por carecer de motivación y fundamentación.
El art. 115.II de la Constitución Política del Estado establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. Por su parte el art. 14.III de la misma Ley Fundamental dispone que: “El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos”.
Por otra parte, los parágrafos I y II del art. 36 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo prescribe que: “I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.”
El art. 55 del Decreto Supremo Nº 27311 Reglamento a la Ley del Procedimiento Administrativo dispone: “Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas”. De tal forma, que la autoridad administrativa tributaria, puede disponer la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, siempre y cuando se haya ocasionado indefensión a los administrados o se lesione el interés público.
En ese contexto, se debe precisar que toda resolución sea jurisdiccional o administrativa a fin de garantizar el debido proceso, exige a la autoridad administrativa exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la Resolución Administrativa, para que la parte afectada por la Resolución Administrativa sepa exactamente cuáles son las razones que motivaron la decisión final y si quiere, posteriormente poder impugnar esa resolución. Al respecto la Sentencia Constitucional Plurinacional 1289/2010-R de 13 de septiembre señala: "(…) la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso '…exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”.
De igual manera se debe precisar que el derecho a la defensa en materia de procedimiento administrativo comprende el derecho a la fundamentación y motivación o justificación de la resolución o acto administrativo, en ese mérito la Sentencia Constitucional 0024/2005 de 11 de abril, señala: “Respecto al derecho de defensa en el procedimiento administrativo, la doctrina reconoce que al igual que la defensa en juicio, consagrada constitucionalmente, es también un derecho aplicable al procedimiento administrativo, comprendiendo los derechos: a) a ser oído; b) a ofrecer y producir prueba; c) a una decisión fundada; y d) a impugnar la decisión; razonamiento coincidente con el expresado por la jurisprudencia constitucional que, en la SC 1670/2004-R, de 14 de octubre, estableció la siguiente doctrina jurisprudencial “(...) es necesario establecer los alcances del derecho a la defensa reclamado por la recurrente, sobre el cual este Tribunal Constitucional, en la SC 1534/2003-R, de 30 de octubre manifestó que es la: '(...) potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos; interpretación constitucional, de la que se extrae que el derecho a la defensa alcanza a los siguientes ámbitos: i) el derecho a ser escuchado en el proceso; ii) el derecho a presentar prueba; iii) el derecho a hacer uso de los recursos; y iv) el derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal”.
De la precedente jurisprudencia constitucional, se establece que el derecho a la defensa contiene entre otros, el derecho a una decisión fundada o dicho de otra forma a una Resolución Administrativa motivada o justificada, que implica exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la Resolución Administrativa, para que la parte afectada por el acto administrativo sepa exactamente cuáles son las razones que motivaron la decisión final y posteriormente poder impugnar ese acto administrativo definitivo como ocurre en el caso en estudio. Sobre la falta de motivación de la resolución administrativa, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0873/2013 de 20 de junio, ha establecido con claridad que esta falta implica la lesión al derecho a la defensa y por ello señala: “La insuficiente motivación y fundamentación de las resoluciones administrativas en sede administrativa implica lesión del derecho a la defensa, por cuanto se da lugar a incertidumbre al procesado respecto al por qué de determinada sanción, tal cual ha ocurrido en autos”.
En ese entendido, de la revisión del Proveído Nº 043/2014 de 31 de marzo, se advierte que expresa: “no corresponde atender la solicitud presentada por el impetrante, sea en aplicación de la Disposición Adicional Quinta de la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012” (sic.) (fs. 1 de Antecedentes Administrativos).
De la cita precedente, se evidencia que no existe motivación, ya que solo hace referencia a la disposición adicional Quinta de la Ley Nº 291, sin explicar por qué no corresponde atender la solicitud del contribuyente, ni porqué se aplica la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012, a una declaración jurada del periodo fiscal 2003, por lo que dicho acto administrativo es insuficiente, al no exponer las razones de la improcedencia de la solicitud de prescripción.
En ese contexto, el acto administrativo definitivo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, realizando la simple mención de la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012, no explica los motivos de su rechazo y menos realiza un razonamiento lógico concreto fundado en los hechos y normas jurídicas y la interpretación de la norma que otorga la Administración Tributaria para declarar la improcedencia de la solicitud de prescripción. Consecuentemente, la falta de motivación o justificación del Proveído Nº 043/2014 de 31 de marzo, hace que se configure la causal de anulabilidad prevista en el art. 36.II de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo, aplicable al caso de autos de conformidad al art. 74-1 de la Ley Nº 2492 Código Tributario, al haber causado indefensión al sujeto pasivo.
Que, del análisis precedente, se concluye que la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) al emitir la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1434/2014 de 20 de octubre, que anula obrados hasta el Proveído Nº 043/2014 de 31 de marzo, no incurrió en ninguna conculcación de normas legales, que amerite dejar sin efecto la resolución impugnada en la presente acción contencioso administrativo, procediendo de acuerdo a lo previsto en los parágrafos I y II del art. 36 de la Ley del Procedimiento Administrativo y 55 del Reglamento a la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo, aplicables al presente caso por mandato del art. 74. 1 de la Ley Nº 2492, correspondiendo entonces, desestimar la pretensión deducida por la Administración Tributaria.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución contenida en los arts. 2.2 y 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 y 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 28 a 32, interpuesta por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales y en su mérito, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1434/2014 de 20 de octubre, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

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