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Timestamp: 2018-08-19 20:00:50+00:00

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De Cive: ¿Para qué cambia Contraloría el régimen de la toma de razón?
Publicado por JM Valdivia en lunes, diciembre 01, 2008
Personalmente lo primero que me llamó la atención es que el Contralor exluye como norma capaz de definir las materias exentes a la ley común. A su juicio, sólo pueden establecer las exenciones las LOC.
Como su resolución produce efectos "ad intra", me temo que será aplicada retroactivamente.
Lo que nos lleva a la paradoja que el Contralor puede definir las materias exentas por resolución, pero el legislador sólo lo puede hacer por LOC. Ello, a pesar que la Constitución dice que la toma de razón se ejerce "conforme a la ley". No "salvo que la LOC diga lo contrario".
No es que esté defendiendo la toma de razón ni mucho menos. Todo lo contrario. La resolución es una evidencia más de la obsolecencia completa de la misma CGR.
No me llamó la atención en particular eso.
Desconozco la jurisprudencia del TC. Pero me parece relevante que, como las atribuciones de la CGR se fijan por LOC y la Ley 10336 se reputa de ese rango por norma constitucional transitoria, creo que hay buenas razones para pensar que las excepciones a la Ley 10336 deban tener el mismo rango.
Pero eso lo manejas tú mejor que yo.
La exención a la toma de razón no es materia de LOC.
El ámbito de la LOC está definido en el artículo 98 inc. 1º y el artículo 99 inc. final.
De hecho, de la contraposición del art. 99 inc. 1º y final se ve que la toma de razón no es materia de LOC.
En cualquier caso, por el artículo 4º uno debiera interpretar restrictivamente las materias de LOC y extensivamente las de ley común.
La doctrina del "complemento indispensable" es un error (un horror) del TC, no una doctrina propiamente tal.
Estoy de acuerdo contigo en casi todos los puntos que planteas. La revisión de la toma de razón es completamente necesaria sobre todo cuando ya se tiene una jurisdicción contencioso-administrativa extendida. En ese escenario la existencia de controles administrativos, sobre todo cuando pretenden alzarse como juicios imparciales o como protectores de derecho fundamentales, genera al final una ralentización del procedimiento administrativo, una excesiva burocratización de los servicios o un manejo demasiado restringido de la legalidad sustantiva, lo que al final provoca una ineficiente ejecución precisamente de esos derechos fundamentales.
Además ya es una tendencia bastante extendida el ir pasándose desde una “administración por actos”, según la cual lo propiamente administrativo consiste en el ejercicio de potestades a través de actos formales, hacia una “administración de prestaciones y servicios”, es decir, a un aparato administrativo que se entiende sólo si satisface de una forma eficiente las necesidades públicas. Correlativamente, de entender los sistemas de control como mecanismos represivos se ha pasado a entenderlos como mecanismos de apoyo a la gestión de los servicios públicos o, como tu bien indicas mecanismos de cooperación. Los organismos del tipo de la Contraloría se involucran mejor con el actuar administrativo cuando se concentran en proveer a la Administración agilidad, informatización, manejo eficiente de recursos, mayor capacidad de respuesta, etc. Es decir, se concentra en mejorar las respuestas de governance que el Estado puede ofrecer a sus ciudadanos. Creo que lo ideal es entonces que las unidades de control y los organismos como la Contraloría concentren sus esfuerzos en generar esa mayor eficiencia, economía y eficacia en los servicios administrativos.
Lo que no tengo tan claro, de acuerdo a lo que expones, es si esta resolución de la Contraloría no vaya precisamente en la línea de ir racionalizando la toma de razón y dejándola por ello, ya para situaciones sensibles a los mayores cánceres del funcionamiento administrativo, ya para actos de montos muy elevados o de decisiones de importancia considerable. De ser así, tal vez éste sea un primer paso para que la Contraloría vaya dosificando sus esfuerzos para convertirse en una institución de control de esa eficiencia dejando a los controles internos represivos y a los controles jurisdiccionales aquella supervisión de la legalidad sustantiva.
Seamos optimistas y pensemos que va en esa línea.
Admitamos que la señal de los montos de los contratos es ambigua; pero pasa a controlarse más regularmente la ejecución del contrato. En personal (nombramientos, vida funcionaria, etc.) los cambios son ínfimos. En atribuciones generales hay sorpresas más interesantes. Es difícil descifrar exactamente, a partir de la reclasificación precisa de los actos, qué quiere decir Contraloría con todo esto.
Por eso es tan interesante el concepto que Contraloría tiene de sí misma. Ahí me parece mucho menos ambigua.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 98
 artículo 99
 artículo 4
 resolución