Source: https://beta.e-justice.europa.eu/34/ES/how_to_bring_a_case_to_court?ROMANIA&action=print&init=true
Timestamp: 2020-01-23 11:11:15+00:00

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Cualquier persona que tenga una reclamación contra otra persona debe presentar una demanda ante el órgano jurisdiccional competente para conocer del asunto en cuestión. El asunto puede remitirse al órgano jurisdiccional solo después de que termine un procedimiento anterior, si la ley así lo estipula expresamente. La prueba de la terminación del procedimiento anterior debe adjuntarse a la demanda.
Las partes en un litigio también pueden emplear medios alternativos de resolución de litigios.
La mediación es opcional antes de recurrir al órgano jurisdiccional. Durante el procedimiento judicial, las autoridades judiciales deben informar a las partes acerca de esta opción y de las ventajas de la mediación.
La mediación se puede emplear en los litigios relativos a seguros, protección del consumidor, Derecho de familia, responsabilidad profesional, litigios laborales y litigios civiles de cuantía inferior a 50 000 RON, excepto en aquellos en los que se haya dictado una sentencia judicial ejecutoria para iniciar un procedimiento de insolvencia.
Las partes en un litigio pueden recurrir asimismo al arbitraje, que es una jurisdicción alternativa privada. Las personas con plena capacidad para actuar pueden acordar resolver sus litigios mediante arbitraje, excepto los litigios relativos al estado civil, la capacidad de las personas, los procedimientos de sucesión, las relaciones familiares y los derechos que no pueden decidir las partes.
El derecho a una demanda pecuniaria está sujeto a prescripción, a menos que la legislación establezca lo contrario. En los asuntos indicados específicamente en la legislación, otros derechos a entablar acciones también están sujetos a la prescripción de extinción, independientemente de su objeto (artículo 2501 del Código Civil).
El plazo general de prescripción es de tres años, de conformidad con las disposiciones del artículo 2517 del Código Civil.
El Código Civil establece plazos especiales de prescripción para determinados asuntos, por ejemplo:
un plazo de diez años para los derechos reales que no hayan sido declarados legalmente imprescriptibles o que no estén sujetos a otro plazo; la indemnización por los daños materiales y no materiales sufridos por una persona como resultado de torturas o actos de barbarie o, en su caso, por violencia o agresiones sexuales contra menores o personas que no se pueden defender o expresar su voluntad; la indemnización por daños al medio ambiente;
un plazo de dos años para el derecho a entablar acciones basadas en relaciones de seguros o reaseguros; el derecho a entablar acciones relativas al pago de costas adeudadas a intermediarios por los servicios prestados con arreglo a un contrato de mediación;
un plazo de un año para el derecho a entablar acciones relativas a la devolución de importes percibidos por la venta de entradas para espectáculos que no se celebran; los servicios prestados por restauradores u operadores hoteleros; las clases por hora, día o mes impartidas por profesores, maestros y artistas; las llamadas, procedimientos o medicinas dispensadas doctores, comadronas, enfermeras y farmacéuticos; el pago de las mercancías vendidas y los suministros entregados por minoristas; el pago del trabajo realizado por artesanos; el pago de los honorarios y los gastos de los abogados, por sus clientes; respecto el pago de las cantidades a las que tienen derecho los notarios públicos y los agentes judiciales por sus actividades; el pago de las cantidades a las que tienen derecho los ingenieros, arquitectos, topógrafos, contables y otros profesionales autónomos por sus actividades; el derecho a entablar acciones contra el transportista derivado de un contrato para el transporte terrestre, aéreo o marítimo de mercancías.
Las normas relativas a la competencia internacional en los litigios con implicaciones transfronterizas se establecen en el título VII, Procedimientos Civiles Internacionales, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las disposiciones de este título, no obstante, se aplican a los procedimientos con implicaciones transfronterizas con arreglo al Derecho privado, en la medida en que los tratados internacionales en los que Rumanía sea parte, el Derecho de la Unión Europea o leyes especiales no establezcan lo contrario.
En los asuntos relativos a la competencia internacional, la Ley de Enjuiciamiento Civil establece disposiciones relativas a: la competencia en función del domicilio o la sede del demandado; la prórroga voluntaria de la competencia a favor de los tribunales rumanos; los acuerdos para la elección de órgano jurisdiccional, con excepción del arbitraje, el foro de necesidad, la competencia interna, la litispendencia y las acciones con conexiones internacionales; la competencia personal exclusiva; la competencia exclusiva sobre las demandas pecuniarias o la competencia preferente de los tribunales rumanos (artículo 1065 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
La competencia territorial se regula de conformidad con los criterios generales (domicilio/sede del demandado), criterios alternativos (filiación paterna, pensión alimenticia, contrato de transporte, contrato de seguro, letra de cambio/cheque/pagaré/valor, consumidores, responsabilidad civil) o criterios exclusivos (bienes inmuebles, herencias, sociedades, acciones contra consumidores) establecidos en el artículo 107 y siguientes de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil.
La competencia judicial de acuerdo con el objeto del asunto se establece en el artículo 94 y siguientes de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y depende de la naturaleza del asunto o su cuantía.
Como juzgados de primera instancia, los tribunales de distrito conocen de las demandas que son, de conformidad con el Código Civil, competencia del tribunal de menores y familia; las demandas para la inscripción en el registro civil; las demandas relativas a la administración de edificios/apartamentos/espacios de varias plantas que sean propiedad exclusiva de varias personas y las relaciones jurídicas establecidas por las asociaciones de propietarios con otras personas físicas o jurídicas; las demandas de desahucio; las demandas relativas a muros compartidos y zanjas, distancia entre edificios y fincas, derechos de paso, gravámenes y otras limitaciones de los derechos de propiedad; las demandas relativas a cambios en los límites y el marcado de límites; las demandas para la protección de la posesión; las demandas relativas a las obligaciones positivas o negativas que no se pueden medir en términos monetarios; las demandas relativas a particiones judiciales, independientemente de su cuantía, y otras demandas pecuniarias, hasta 200 000 RON, independientemente de la capacidad de las partes.
Los tribunales conocen, como juzgados de primera instancia, de todas las demandas que por ley no son competencia de otros órganos jurisdiccionales y de las demás demandas que por ley son de su competencia.
Los tribunales de apelación conocen, como juzgados de primera instancia, de las demandas relativas a los litigios administrativos y fiscales o de cualesquiera otras demandas que por ley son de su competencia.
Las partes pueden interponer una demanda judicial personalmente o mediante un representante, y dicha representación puede estar sujeta a la legislación, a un contrato o al poder judicial. Las personas físicas que no tienen capacidad para actuar estarán representadas por un representante legal. Las partes pueden estar representadas por un representante de su elección, con arreglo a la ley, a menos que esta exija que comparezcan en persona ante el órgano jurisdiccional.
En primera instancia y en las apelaciones, las personas físicas pueden estar representadas por un abogado u otro representante. Cuando una persona que no sea abogado actúa como representante, solo puede formular excepciones procesales y plantear el fondo del asunto a través de un abogado, tanto en la fase de instrucción como durante la presentación de alegaciones. Con vistas a la redacción de la demanda, establecer los fundamentos del recurso e interponer y argumentar el recurso, las personas físicas deben estar asistidas y representadas, bajo pena de nulidad, únicamente por un abogado.
Las personas físicas pueden estar representadas ante los órganos jurisdiccionales en virtud de un contrato únicamente por un abogado o asesor jurídico. Con vistas a la redacción de la demanda, establecer los fundamentos del recurso e interponer y argumentar el recurso, las personas físicas deben estar asistidas y, en su caso, representadas, bajo pena de nulidad, únicamente por un abogado o asesor jurídico. Las disposiciones antes mencionadas se aplicarán también a las asociaciones, sociedades y otras entidades sin personalidad jurídica.
La demanda se registra y se fecha estampando el sello de entrada. Tras el registro, la demanda y los documentos que la acompañan, junto con, en su caso, las pruebas de su remisión al tribunal, se entregan al presidente del tribunal o a la persona que este designe, quienes adoptarán inmediatamente las medidas necesarias para determinar de forma aleatoria la composición del tribunal, de conformidad con la ley (artículo 199 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
De conformidad con el artículo 12, apartado 5, de la Ley n.º 304/2004 sobre la organización judicial, demandas solicitudes y los documentos procesales solo pueden redactarse en rumano. Las demandas solo pueden presentarse por escrito. El artículo 194 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que la demanda, presentada personalmente o a través de un representante, recibida por correo postal, mensajería o fax, o escaneada y enviada por correo electrónico o como documento electrónico, debe registrarse y fecharse estampando el sello de entrada.
De conformidad con el artículo 225 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, si cualquiera de las partes que van a ser oídas no habla rumano, el tribunal recurrirá a un traductor jurado. Si las partes están de acuerdo, el juez o el secretario judicial pueden hacer de traductores. Si no se puede garantizar la presencia de un traductor jurado, se puede emplear la traducción realizada por personas fidedignas que hablen la lengua en cuestión. Si la persona es muda, sorda o sordomuda o, por cualquier otro motivo, no se puede expresar, la comunicación se realizará por escrito. Si la persona en cuestión no puede leer o escribir, se empleará a un intérprete. Las disposiciones relativas a los peritos se aplicarán también a los traductores e intérpretes.
La Ley de Enjuiciamiento Civil no prevé el empleo de formularios normalizados para las demandas judiciales. Las normas generales sobre procedimiento civil establecen el contenido de algunas de las acciones de Derecho civil (p. ej., demanda, defensa, reconvención).
Las costas judiciales son los derechos de timbre judicial; los honorarios de abogados, peritos y especialistas; los importes adeudados a testigos por el desplazamiento y el lucro cesante como consecuencia de la necesidad de comparecer ante el tribunal, y los gastos de desplazamiento y alojamiento, así como cualquier otro coste necesario para la correcta sustanciación del procedimiento. La parte que reclama el pago de costas judiciales debe acreditar los gastos y su importe a más tardar al final del examen del fondo del asunto. La parte que pierda deberá pagar a la otra las costas judiciales a petición de esta última. Si la demanda se estima parcialmente, los jueces deberán fijar la medida en la que se ordenará a cada parte que pague las costas judiciales. Si fuera necesario, los jueces pueden ordenar la compensación de las costas judiciales. Al demandado que haya reconocido las demandas del demandante en la primera vista a la que las partes hayan sido debidamente citadas no se le puede ordenar que pague las costas judiciales, excepto si, antes del inicio del procedimiento, el demandante envió una notificación formal al demandado o este estaba en rebeldía. Si existen varios demandantes o demandados, se les puede ordenar que paguen las costas judiciales equitativamente, proporcionalmente o conjuntamente, en función de su estatuto procesal o la naturaleza de la relación jurídica entre ellos.
Se puede obtener asistencia jurídica con arreglo a las disposiciones del Decreto ley n.º 51/2008 sobre la asistencia jurídica en los asuntos civiles, aprobada con modificaciones por la Ley n.º 193/2008. La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (artículos 90 y 91) contiene disposiciones generales sobre la asistencia jurídica.
La demanda se registra y se fecha estampando el sello de entrada. Tras el registro, la demanda y los documentos que la acompañan se entregan al presidente del tribunal o el juez que le sustituya, quienes adoptarán inmediatamente las medidas necesarias para determinar de forma aleatoria la formación del tribunal.
El órgano colegiado al que se asigna el asunto de forma aleatoria comprueba si la demanda cumple los requisitos necesarios. Cuando la demanda no cumpla los requisitos, se notificará al demandante por escrito los defectos en cuestión. En un plazo máximo de diez días desde la recepción de la notificación, el demandante debe proporcionar la información adicional o realizar los cambios ordenados, bajo pena de nulidad de la demanda. Si las obligaciones relativas a la entrega de información adicional o las modificaciones de la demanda no se cumplen en el plazo fijado, el tribunal decretará la nulidad de la demanda mediante un informe de la vista expedido en la sala.
Una vez que el juez resuelve que se cumplen todas las condiciones legales de la demanda, ordena mediante un auto su notificación al demandado.
Se puede obtener información detallada sobre el asunto en la oficina de archivos de los tribunales o en sus páginas web, en su caso, en http://portal.just.ro/ .
El órgano jurisdiccional puede resolver sobre una demanda únicamente si se ha citado a las partes o si estas han comparecido ante el órgano jurisdiccional personalmente o a través de un representante. El órgano jurisdiccional aplazará la resolución del asunto y ordenará que se cite a una parte cuando determine que la parte ausente no ha sido citada de conformidad con los requisitos establecidos en la legislación, bajo pena de nulidad de la demanda. La notificación y el traslado de las citaciones y todos los documentos procesales deben realizarse de oficio.
Una vez que el juez ha resuelto que se cumplen todas las condiciones legales de la demanda, ordena mediante auto su notificación al demandado, a quien se informa de la obligación de remitir su escrito de contestación, bajo pena por incumplimiento, en un plazo de veinticinco días desde la notificación de la demanda. La contestación se comunica al demandante, quien debe dar una respuesta en el plazo de diez días desde su notificación, respuesta de la que tendrá conocimiento el demandado accediendo al expediente del asunto. En el plazo de tres días desde la fecha de remisión de la respuesta al demandado, el juez fija mediante auto judicial la primera vista, que tendrá lugar en el plazo máximo de sesenta días desde la fecha del auto, y ordena que se cite a las partes. Si el demandado no presenta su escrito de contestación en el plazo legal o si el demandante no responde al demandado en el plazo legal, cuando vence el plazo correspondiente, el juez convoca, mediante auto judicial, la primera vista, que tendrá lugar en el plazo máximo de sesenta días desde la fecha del auto judicial, y ordena que se cite a las partes. En los procedimientos urgentes, el juez puede acortar los plazos anteriores, en función de las circunstancias de cada caso. Si el demandado reside en el extranjero, el juez fijará un plazo razonable más largo, en función de las circunstancias de cada caso.
La parte que ha presentado la demanda y reconocido la fecha de la vista y la parte que ha comparecido en la vista no serán citadas en el procedimiento ante el órgano jurisdiccional, ya que se entenderá que la parte en cuestión conoce las fechas de las vistas posteriores. Estas disposiciones se aplican asimismo a la parte a quien se ha entregado una citación para la vista, ya que se entiende que, en este caso, la parte en cuestión también tiene conocimiento de las fechas de las vistas posteriores a aquella para la que se notificó la citación. En la citación también se indica que, además de la notificación de la citación y con sujeción a la firma por la que se acusa recibo, se entiende que la parte citada también tiene conocimiento de las fechas de las vistas posteriores a aquella para la que se notificó la citación.
En la primera vista a la que se ha citado debidamente a las partes, tras oír a estas, el juez debe estimar el plazo de instrucción necesario, teniendo en cuenta las circunstancias del asunto, de forma que se pueda dictar una resolución en un plazo previsible y óptimo.

References: resolución 
 artículo 2517
 artículo 107
 artículo 94
 artículo 12
 artículo 194
 artículo 225
 resolución 
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