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Timestamp: 2019-03-26 13:31:47+00:00

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Régimen jurídico del mercado. Grado Comercio Internacional | Derecho Mercantil. (DerMerUle).
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Propuesta de la segunda edición del programa de financiación de proyectos clave en los ámbitos del transporte, la tecnología digital y la energía mediante el mecanismo «Conectar Europa» (MCE) para el periodo 2021 a 2027.
el 21 marzo, 2019 en Ciberseguridad en la empresa. Master U en Ciberseguridad, Derecho de los Negocios Internacionales International Business Law. Grado Comercio Internacional, DM3- Contratos mercantiles. Grado en Derecho, Otros, Régimen jurídico del mercado. Grado Comercio Internacional
Como pone de manifiesto el Consejo de la UE en el Comunicado de prensa de 13 de marzo de 2019 (aquí) se prorroga el programa de financiación de proyectos clave en los ámbitos del transporte, la tecnología digital y la energía mediante el mecanismo «Conectar Europa» (MCE) para el periodo 2021 a 2027.
El Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros (COREPER), órgano interno del Consejo de la Unión Europea, ha confirmado que han llegado a una interpretación común con el Parlamento respecto a la prórroga del programa emblemático, el Mecanismo «Conectar Europa».
Como se recordará, el Comité de Representantes Permanentes o Coreper (artículo 240 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE) (aquí), se encarga de preparar los trabajos del Consejo de la Unión Europea. Está constituido por los representantes de los países de la UE ante la Unión Europea, que tienen rango de embajadores, y lo preside el país de la UE que ejerce la presidencia del Consejo de la Unión Europea.
La UE quiere asegurarse de que este programa estrella, el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), siga financiando proyectos clave en los ámbitos del transporte, la tecnología digital y la energía después de 2020. El Comité de Representantes Permanentes del Consejo confirma así la interpretación común alcanzada por la Presidencia rumana y el Parlamento Europeo sobre la propuesta de iniciar la segunda edición del programa, que comenzará en 2021 y finalizará en 2027.
Exponemos a continuación los extremos destacados en el mencionado Comunicado de prensa:
La interpretación común afecta a todas las disposiciones del Reglamento excepto las cuestiones financieras y horizontales, que se están abordando en otro contexto; a saber: de las negociaciones sobre el próximo marco financiero plurianual (MFP), que cubrirá el período 2021-2027.
En cuanto al transporte, el MCE persigue el fomento de la interoperabilidad y la multimodalidad de las redes para desarrollar y modernizar las infraestructuras ferroviarias, de carretera, de vías navegables interiores y marítimas, así como una movilidad segura y protegida. La prioridad se centra fundamentalmente en un mayor desarrollo de las redes transeuropeas de transporte (RTE-T), poniendo especial énfasis en los proyectos transfronterizos con valor añadido europeo. Conforme a estos objetivos se parte de que el MCE 2.0 va a garantizar que, una vez se haya adaptado la infraestructura para mejorar la movilidad militar dentro de la Unión, ésta sea compatible con el doble uso, atendiendo a las necesidades tanto civiles como militares.
En relación con el sector de la energía, se entiende que el programa va a coadyuvar a una mayor integración del mercado europeo de la energía, mejorando la interoperabilidad de las redes energéticas a través de las fronteras y los sectores, facilitando la descarbonización y garantizando la seguridad del suministro. Asimismo, con el programa se persigue financiar proyectos transfronterizos en el ámbito de las energías renovables. Los criterios de adjudicación especificados pasan por tener en cuenta la coherencia con los planes de energía y clima nacionales y de la UE, incluido el principio de «primero, la eficiencia energética». Se prevé que la Comisión evaluará de aquí a 2020 si la normativa en materia de redes transeuropeas de transporte (RTE-T) se ajusta a los objetivos climáticos y energéticos de la UE.
En cuanto a la conectividad digital, se amplía el alcance del programa en aras a lograr la transformación digital de la economía y la sociedad, que va a depender -en buena medida- del acceso universal a redes fiables y asequibles de alta o muy alta capacidad. Se tiene presente que la conectividad digital constituye un factor decisivo para colmar las diferencias económicas, sociales y territoriales. Se establece que para que un proyecto pueda optar a recibir ayuda del MCE, tendrá que contribuir al mercado único digital y a los objetivos de conectividad de la UE. Se consideran prioritarios los proyectos que creen cobertura geográfica adicional para los hogares.
Señaladamente, el programa concede particular relevancia a las sinergias entre los sectores del transporte, la energía y la tecnología digital, en orden a maximizar la eficacia de la acción de la UE y optimizar los costes de ejecución. En esta línea, contempla posibles programas de trabajo intersectoriales con el fin de intervenir en ámbitos como la movilidad conectada y automatizada o los combustibles alternativos.
Junto a lo anterior, la propuesta trata de integrar la acción por el clima, teniendo en cuenta los compromisos de descarbonización a largo plazo de la UE, como el Acuerdo de París.
Aunque habrá que esperar qué sucede en las etapas siguientes, del Comunicado de prensa se infiere que el Consejo confía en que las negociaciones con el próximo Parlamento Europeo se inicien lo antes posible, y prosigan en el sentido de continuar por los derroteros y avances que han quedado plasmados en la interpretación común.
Finalmente se señala que durante las negociaciones ha de tenerse presente el acuerdo global relativo al marco financiero plurianual para el período 2021-2027.
Para más detalles, véanse:
Proyecto de Reglamento por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa»: informe de situación
Marco financiero plurianual: determinación del gasto de la UE (información de referencia)
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¿Actuaciones concertadas “blancas” entre accionistas, o actuaciones para un buen gobierno corporativo?. Declaración de ESMA
el 8 febrero, 2019 en Otros, Régimen jurídico del mercado. Grado Comercio Internacional
Declaración pública de ESMA sobre determinadas acciones concertadas de accionistas, en respuesta a la petición de la Comisión Europea. Incorpora la información recogida por los miembros de la Red de OPAs ( takeover bids network “TBN”)
Como continuación de trabajos anteriores (y declaraciones previas), la Autoridad Europea de Mercados y Valores aborda de nuevo el espinoso asunto de los lindes entre la las acciones concertadas, particularmente por parte de inversores en una entidad cotizada que puedan dar lugar a la obligación de lanzar una OPA, y la necesaria colaboración de un accionariado activo para el fomento del buen gobierno corporativo
Paseo bruseliense
Un previo informe de la Comisión Europea (COM 2012, 347 final) sobre la aplicación de la Directiva 2004/25/CE relativa a las ofertas públicas de adquisición, la Comisión sugirió que se hacía necesaria una aclaración del concepto de “actuación concertada” a nivel de la UE para dotar de seguridad a los inversores. Además, en su Plan de acción de sociedades y gobierno corporativo, accionistas y sostenibilidad (COM, 2012, 740-2) la Comisión también insistió en la necesidad de clarificar el concepto de actuación concertada para dotar de seguridad jurídica a los inversores y facilitar su participación efectiva en la sociedad así como que cumplan su función de control sobre los administradores, pero sin por ello limitar la capacidad del supervisor nacional
Vista de San Sebastián, llega la bruma
En esta declaración se sugiere una lista blanca de actividades – a modo de referencia-. Pueden ser desarrolladas por los accionistas sin que, por si misma, de lugar a la consideración como acciones concertadas. Ello no obsta para que el supervisor deba seguir analizándolas caso por caso. Se establece que los accionistas pueden consultar de modo previo a la actuación, con los supervisores nacionales relacionados en el anexo 1. Se indica además que los procedimientos de notificación se regulan en el plano nacional y que ESMA revisará, actualizándola, esta declaración para adecuarla a la evolución en las prácticas.
ESMA también aborda aspectos relacionados con la Directiva de OPAS, 2005/24/CE explicando superficialmente los niveles nacionales para exigirla, así como las dificultades que pueden entrañar las actuaciones previas a alcanzarse esos límites. Enumera una serie de actuaciones que, por sí mismas, no suponen concierto, deteniéndose especialmente en las que puedan conllevar el nombramiento de consejeros en atención a las circunstancias en las que se produzca y los efectos que conlleven.
Declaración completa, ESMA31-65-682, 8.01.2019
Acting in Concert in EU Company Law: How Safe Harbours Can Reduce Interference with the Exercise of Shareholder Rights, European Company and Financial Law Review Vol. 11, No. 4, 2014 (ssrn),
A Guide to Takeovers in the UK. Slaughter & May 2018,
A Legal and Economic Assessment of European Takeover Regulation Christophe Clerc • Fabrice Demarigny Diego Valiante • Mirzha de Manuel Aramendía, CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES/ EUROPEAN CAPITAL MARKETS INSTITUTE, atl, 2012
Study on the application of Directive 2004/25/EC on takeover bids (the “Takeover Bids Directive” or The Directive) Blackrock
Esta noticia fue también comentada por el Profesor Sanchez Calero en esta entrada de su blog
Etiquetas: Administradores y consejeros sociales, Competencia, ESMA, Sociedades de capital, Unión Europea Sin Comentarios »
el 5 febrero, 2019 en DM2- Derecho de la Competencia, propiedad industrial e intelectual. Grado en Derecho, Otros, Régimen jurídico del mercado. Grado Comercio Internacional
Dentro de sus funciones de Promoción de Competencia, concretamente en aplicación del artículo 5 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de publicar el pasado 24 de enero el Informe emitido el 17 de enero de 2019 por la Sala de Competencia de la CNMC sobre la normativa reguladora de taxis y vehículos de turismo con conductor (VTC) (nota de prensa aquí e informe completo aquí).
Licofita (Sigillaria). Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas. Universidad de León (España). By M.A. Díaz.
Como se recordará, la CNMC emitió un informe sobre el Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, que modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor (PRO/CNMC/003/18, que fue aprobado el 17 de enero de este año).
El informe analiza la reciente reforma de la actividad de los vehículos de turismo con conductor (VTC) y trata de servir de orientación a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales sobre la regulación de la movilidad urbana.
Según la CNMC la vigente regulación sobre taxis y VTC contiene restricciones que perjudican innecesariamente a los usuarios finales, fundamentalmente con la limitación del número de taxis y VTC, frenando la capacidad de ambos para mejorar y desarrollar nuevos servicios beneficiosos para los ciudadanos.
Como matiza la CNMC, el Real Decreto-ley 13/2018 -citado-, privará a los VTC actuales de la posibilidad de ofrecer recorridos urbanos, aumentando la segmentación del mercado por comunidades autónomas.
Ello redundará -como subraya la CNMC- en un perjuicio para los clientes, que ante la pérdida de competencia, verán incrementar los precios, sufrirán mayores tiempos de espera y se resentirán de una menor calidad de los servicios de taxi y VTC.
Como indica la CNMC, el Real Decreto-ley, puede modificarse durante su tramitación como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, lo que supone la posibilidad de intervención de Comunidades Autónomas y entidades locales.
Insiste la CNMC en que toda regulación económica debe cohonestarse con los principios de buena regulación, restringiendo la competencia y la libertad de empresa sólo cuando responda a la necesidad de proteger el interés general y siendo tal restricción proporcionada. Caso de que la normativa reguladora no observe estos principios producirá un perjuicio innecesario a los ciudadanos.
Iglesia de San Salvador de Palat del Rey, León (España). By M.A. Díaz.
Recuerda la CNMC que estos pronunciamientos ya se recogían en la Declaración conjunta del Grupo de Trabajo de Consejos de las Autoridades de Competencia de 29 de octubre de 2018 (del que formaban parte representantes de la CNMC y las Autoridades de competencia de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Extremadura y País Vasco).
La CNMC se pronuncia a favor de un enfoque global de la actividad. Desde esta perspectiva recomienda adoptar un enfoque global de la actividad de transporte en vehículos de turismo, de suerte que la regulación aplicable tanto a taxis como a VTC se sujete a los principios de buena regulación económica, en beneficio de los consumidores y usuarios.
Como principales recomendaciones contenidas en el informe de la CNMC, dirigidas tanto a las Cámaras Legislativas como a Comunidades Autónomas y Entidades Locales, para paliar el potencial impacto negativo sobre la competencia del citado Real Decreto-ley 13/2018 figuran las siguientes:
Desarrollar normativa autonómica a la mayor brevedad, a fin de que continúen prestándose servicios VTC urbanos en el futuro.
Evitar discriminaciones injustificadas entre taxis y VTC en una serie de aspectos: contratación, horarios y calendario, características de los vehículos, circulación y estacionamiento.
Flexibilizar la regulación del taxi, suprimiendo las restricciones que sean obstáculo para mejorar la calidad del servicio.
Revisar las restricciones al número de licencias de taxis y de VTC.
Posibilitar que, en el futuro, los VTC puedan prestar de manera flexible servicios fuera de la Comunidad Autónoma de origen.
Propiciar la máxima coordinación entre Administraciones y la buena regulación económica, para que no se produzca una mayor segmentación del mercado.
No hay que olvidar, como pone de relieve la CNMC en el informe, que las Cámaras Legislativas como las Comunidades Autónomas y las Entidades locales pueden solicitar la asistencia técnica de la CNMC y de las autoridades de competencia autonómicas para lograr que el impacto negativo de sus regulaciones sobre consumidores y usuarios sea el menor posible.
Para obtener más información sobre la consideración del tema por la la CNMC puede acudirse a BlogCNMC: Las cinco preguntas que nos planteamos sobre el taxi y las VTC
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Grandes infrastructuras gasísticas en Europa para el abastecimiento de gas, grandes conflictos estratégicos y de competencia, ¿”excepciones rusas” a la desvinculación entre gestor de infrastructuras y titular del fluido gasístico?.
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Concepto de agente comercial, interpretación del TJUE cuando concurren determinadas circunstancias
el 30 enero, 2019 en Derecho de los Negocios Internacionales International Business Law. Grado Comercio Internacional, DM3- Contratos mercantiles. Grado en Derecho, DM_ADE, Régimen jurídico del mercado. Grado Comercio Internacional
Desarrollar la actividad en la sede del principal, y dedicarse a otras actividades para ese mismo principal, no obsta para encajar en la definición de agente comercial independiente de la Directiva 86/653/CEE, siempre que se cumplan otros requisitos.
Resaltamos el fallo de la sentencia de 21.11.2018 del TJUE en el asunto en el asunto C‑452/17
El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los Derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes, debe interpretarse en el sentido de que la circunstancia de que una persona encargada de manera permanente de negociar por cuenta de otra persona la venta o la compra de mercancías o de negociar y concluir estas operaciones en nombre y por cuenta de esta ejerza su actividad en el establecimiento de esa otra persona no se opone a que pueda ser calificada de «agente comercial», en el sentido de dicha disposición, siempre que esta circunstancia no impida que dicha persona ejerza su actividad de manera independiente, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remiten.
El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 86/653 debe interpretarse en el sentido de que la circunstancia de que una persona ejerza no solo actividades consistentes en negociar la venta o la compra de mercancías por cuenta de otra persona o en negociar y concluir estas operaciones en nombre y por cuenta de esta, sino también, por cuenta de esta misma persona, actividades de distinta naturaleza, sin que las segundas sean accesorias con respecto a las primeras, no se opone a que pueda calificarse a dicha persona de «agente comercial», en el sentido de esta disposición, siempre que esa circunstancia no le impida ejercer las primeras actividades de manera independiente, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
Otras entradillas de este blog en relación con los agentes comerciales:
Contrato de Agencia. STS 30.05.2015. Indemnización clientela et alt
Contrato de Agencia. Directiva 86/653/CEE. Indemnización por nuevos clientes. (De nuevo sobre TJUE; Marchon)
Agentes comerciales independientes. TJUE. Setencia Marchón
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Miércoles de mercado en León, más de mil años.
el 2 enero, 2019 en DM_ADE, Otros, Régimen jurídico del mercado. Grado Comercio Internacional
Este primer miércoles del año parece un buen momento para recordar el carácter milenario del mercado de León.
En la que fue ciudad más importante de la cristiandad ibérica se gestó un Fuero fundamental para regular el desarrollo de un mercado que aún pervive en la cuarta feria (miércoles), tras más de 1000 años.
Rey Alfonso V de León, el de los buenos fueros
León, escasamente habitada a raíz de las invasiones musulmanas y las campañas cristianas en el siglo VIII y IX, fue repoblada primero por trasmontanos y mozárabes del sur y definitivamente en el siglo IX con Ordoño I. En el siglo X , hecha capital del reino fue la ciudad más importante de la España cristiana, sede real y de un obispado. Albergaba además, como cuenta Sánchez Albornoz, una importante actividad comercial receptora de mercancías exóticas procedentes de oriente, desde la cristiana Constantinopla hasta otras zonas controladas por el Islam.
Las primeras noticias de la celebración de mercado en León datan de los años 995 y 996, en documentos en los que se recogen transmisiones de bienes inmuebles a favor de la iglesia, y en los que, para situarlos se hace mención del mercado. Además, el Fuero de León de 1017 señala que desde antiguo se celebraba mercado en la ciudad los miércoles de cada semana.
El Fuero de León, aprobado por el rey Alfonso V regula en 11 de sus 48 preceptos cuestiones mercantiles, y ello debe darnos idea de la importancia de la ciudad, como centro de intercambios y abastecimiento, en aquella época
Como explicó el profesor García de Valdeavellano el mercado medieval leonés fue , con el Fuero, prototipo de los protegidos con la” paz del mercado”, una paz especial cuya salvaguarda recaía en el poder real. Regulaba pesos y medidas, ventas de productos por profesionales y particulares, tasas o maquilas de las mercancías o actuación de los jueces en el mercado. También regula la prenda en el mercado, tanto la realizada por particulares como por los sayones (oficiales del rey), estableciendo la prohibición de prendar en día de mercado e imponiendo una pena de sesenta sueldos para quien lo incumpliera, así como el pago del doble de lo prendado. Prohibía el uso de armas en el mercado con pena de sesenta sueldos para quien infrinja dicha prohibición. También prohibía la modificación de los pesos y medidas del pan y del vino, regulaba el pago de las tasas de las panaderas y de los carniceros y la venta libre de vino y de otras viandas en las casas de los leoneses. Recogía además la figura de los “zabazogues” o “jueces del mercado”.
Se deduce del Fuero que junto al mercado medieval de los miércoles convivía la actividad comercial en tiendas permanentes, de diferentes profesiones y artesanos, fundamentalmente productores y comerciantes en productos de consumo diario: oficios relacionados con la alimentación (carniceros, vinateros, horneros), el vestido (sastres, zapateros, calzadores), el textil (bataneros, tejedores, traperos), los cueros y las pieles (corregueros, peleteros), la construcción (pedreros, carpinteros, carraleros), los metales (herreros, cuchilleros, orfebres, olleros, alabarderos), los dedicados a actividades de comercio (tenderos, cambiadores) y profesionales (médicos, escribanos, abogados)
La pujante actividad comercial de León siguió desarrollándose, y a finales del siglo XIII encontramos mención a la existencia de varios mercados y la feria de León para la que Alfonso X eximió de portazgo a los que acudan a ella y estableció alcabalas.
Gallego Vázquez, Comercio, Fueros y jurisdicciones locales en el Camino de Santiago Medieval
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el 14 diciembre, 2018 en Banca y Seguros, Ciberseguridad en la empresa. Master U en Ciberseguridad, Derecho de los Negocios Internacionales International Business Law. Grado Comercio Internacional, DM3- Contratos mercantiles. Grado en Derecho, Régimen jurídico del mercado. Grado Comercio Internacional
La CNMV ha publicado los criterios iniciales de actuación que está llevando a cabo frente a las Initial Coin Offering (ICO).
Reconoce el supervisor español que la complejidad de la materia hace que los criterios estén sometidos a una revisión constante, pero aún así, avanza en la determinación de los de aplicación en España para este tipo de mecanismos de financiación empresarial.
NYC_by Jara IPM. One Trade Center Tower
Calificación de los Tokens como valores negociables.
El documento del que se da noticia mantiene la consideración de los tokens como valores negociables, como ya habría adelantado la CNMV en su comunicado de febrero de 2018 (“Consideraciones de la CNMV sobre “criptomonedas” e “ICOs” dirigidas a los profesionales del sector financiero”).
Ahora, la CNMV clarifica que excluye de esa consideración aquellos en los que no se puede establecer una correlación razonable entre las expectativas de revalorización o de rentabilidad del token y la evolución del negocio o proyecto subyacente.
Supervisión de las entidades autorizadas a emitir y comercializar ICOs.
El texto se ocupa también de la necesidad y alcance de la intervención de entidades autorizadas para prestar servicios de inversión, cuestión en la que remite al art. 35.3 de la Ley del Mercado de Valores (LMV), y a sus “Preguntas y Respuestas dirigidas a empresas FinTech sobre actividades y servicios que pueden tener relación con la CNMV”
Mínimamente, la entidad autorizada para prestar servicios de inversión a efectos de la comercialización debe realizar una supervisión general del proceso y validar la información a entregar a los inversores, que deberá ser clara, imparcial y no engañosa y referirse a las características y riesgos de los valores emitidos, así como a la situación jurídica y económico-financiera del emisor de una manera suficientemente detallada como para permitir que el inversor pueda tomar una decisión de inversión fundada.
En este momento se permite que la entidad autorizada a la ICO no valide la información que remite a los inversores, salvo incluir advertencias destacadas acerca de la naturaleza novedosa de la tecnología de registro y que la custodia de los instrumentos no se realiza por una entidad autorizada para prestar servicios de inversión.
Intermediación y custodia.
No se considera necesaria la intervención generalizada de entidades autorizadas para colocar valores porque las ICO se consideran actividades normalmente ocasionales. En cambio, la reserva de actividad a las entidades autorizadas prevista del artículo 144.1 LMV (en relación con el artículo 140 e) y f) del mismo cuerpo legal) requiere que la actividad se realice “con carácter profesional o habitual”.
Similarmente, no se exigirá la intervención de entidades de custodia de valores, pues su intervención sólo es necesaria conforme al 44.1 LMV (en relación con el artículo 141 a) LMV ) cuando la actividad se realice “con carácter profesional o habitual”.
Representación de las ICO y negociación.
Cantábrico (Asturias)
El texto establece la diferencia entre los requisitos de representación (así como de supervisión e intermediación) cuando la ICO se comercializa en España o en otra jurisdicción.
Por lo que respecta a España:
El artículo 6.1 de la LMV permite interpretar que es posible que ciertos valores no se representen por medio de anotaciones en cuenta o títulos. Por tanto, no puede excluirse la posibilidad del registro de derechos a través de la tecnología DLT (blockchain).
La negociación en mercados regulados, SMN o SOC españoles el artículo 6.2 LMV exigiría que estuviesen representados por medio de anotaciones en cuenta. Y el artículo 8.3 LMV sobre entidades encargadas de la llevanza de registros contables que responden frente a los perjudicados por la falta de las inscripciones, por las inexactitudes y retrasos en las mismas y, en general, por el incumplimiento culposo o doloso de sus obligaciones legales, obligaría a que la llevanza del registro se realizara por un depositario central de valores. La gestión del centro de negociación debería realizarse por una ESI o por una entidad rectora de un mercado, y estarían sujetas en general a la normativa del mercado y al ámbito de supervisión de la CNMV. Adicionalmente, las ICO estarían sometidas a la necesidad de representación mediante anotaciones en cuenta y a la participación de un depositario central de valores.
En caso de preferir generar un mercado interno en una plataforma privada no regulada o la negociación en una plataforma (exchange) localizada en España, la ICO encontraría otros problemas pues los tokens considerados valores negociables darían lugar a la obligación de que estas plataformas contasen con las autorizaciones exigibles para ejercer su actividad como centro de negociación (como mercado regulado, SMN o SOC); o bien como empresa de servicios de inversión (ESI) o entidad de crédito que opere como internalizador sistemático (IS), con sus respectivos requisitos.
Con todo, el artículo 6.2 sólo es aplicable a los tokens que se negocien en un mercado español.
Ahora bien, si los tokens se van a negociar en mercados no españoles, la CNMV no es competente para exigir que estén representados mediante anotaciones en cuenta. Por el contrario, será la ley (y la autoridad competente) del país en el que se encuentre el mercado en el que vayan a negociarse los tokens, la que determine en qué medida es exigible una forma concreta de representación para su negociación en un mercado organizado, así como otros requisitos cuales que la llevanza del registro se realice por un depositario central de valores.
Sobre el folleto informativo.
Dado que la mayoría de las operaciones que se están planteando pueden ampararse en el artículo 35.2 LMV (relativo a las situaciones en las que no existe obligación de publicar un folleto), en el texto del que se da noticia se aconseja a los emisores que se atengan a los criterios del artículo 35.3 LMV, porque la elaboración de un folleto para una ICO puede encontrarse con dificultades debido a la ausencia de un modelo armonizado a nivel europeo, que a su vez, puede generar disfunciones con otras autoridades europeas respecto del pasaporte del folleto aprobado por la CNMV.
Cuando resulte necesario un folleto por las características de la operación, la CNMV adelanta que realizará la adaptación y tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad (máxime cuando es previsible que las operaciones no sean de gran tamaño) a efectos de reducir en lo posible la complejidad y extensión del documento.
Sobre las ICO en España, ver:
Blog de Alberto J Tapia Hermida
Web Cremades- Calvo Sotelo
When Are Tokens Securities? Some Questions from the Perplexed. Posted by James J. Park (UCLA), on https://corpgov.law.harvard.edu/2018/12/20/when-are-tokens-securities-some-questions-from-the-perplexed/Thursday, December 20, 2018 HLSF
Virtual Currencies as Commodities? Posted by J. Paul Forrester and Matthew Bisanz, Mayer Brown LLP , on Monday, December 3, 2018 HLSF
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Deben inscribirse en el Registro Mercantil las personas, físicas o jurídicas, que de forma empresarial o profesional presten, por cuenta de terceros, todos o alguno de los servicios descritos en el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010.
el 13 septiembre, 2018 en DM_ADE, Introducción al Derecho Mercantil. G Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Otros, Régimen jurídico del mercado. Grado Comercio Internacional
Lupa, by María Angustias Díaz
El Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, publicado en el BOE de 04 de septiembre, modifica la disposición adicional de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, a fin de transponer la Directiva de la Unión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales (aquí).
En virtud de esta disposición se obliga a inscribirse en el Registro Mercantil a los prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos.
SUJETOS QUE HAN DE INSCRIBIRSE:
Conforme a esta modificación, deben inscribirse en este Registro las personas, ya sean físicas o jurídicas, que de forma empresarial o profesional presten, por cuenta de terceros, todos o alguno de los servicios descritos en el artículo 2.1.o) Ley 10/2010, de 28 de abril:
FORMA DE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN Y OBLIGACIÓN DE INSCRIBIR.
A propósito de este tema, se regulan una serie de aspectos, de los que aquí dejamos constancia:
Las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional presten todos o alguno de los servicios descritos en el artículo 2.1.o) de esta ley, con carácter previo al inicio de sus actividades, deberán inscribirse obligatoriamente en el Registro Mercantil competente por razón de su domicilio.
Si se trata de personas físicas empresarios, o de personas jurídicas, sea cual sea su clase y salvo que exista una norma específicamente aplicable, se inscribirán siguiendo lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil. Si estas personas fuesen personas físicas profesionales, entonces la inscripción habría de practicarse exclusivamente de forma telemática con base en un formulario preestablecido aprobado por orden del Ministro de Justicia.
En el caso de personas jurídicas, si no lo establece su norma reguladora, cualquier cambio de administradores, así como cualquier modificación del contrato social, habrán de inscribirse también en el Registro Mercantil.
Respecto a las personas físicas o jurídicas que a la fecha de entrada en vigor de esta disposición adicional ya estuvieran realizando alguna o algunas de las actividades descritas en el art. 2.1.o) de la ley, y no constaren inscritas, deberán inscribirse -en los términos establecidos en esta disposición- en el plazo de un año. Igualmente, las personas físicas o jurídicas que ya constaren inscritas en el Registro Mercantil, deberán, en el mismo plazo, presentar en el registro una manifestación de estar sometidas, como sujetos obligados, a las normas establecidas en esta ley. Las personas jurídicas habrán de presentar además una manifestación de quienes sean sus titulares reales, haciéndolo constar por nota marginal, debiendo ser actualizadas estas manifestaciones en caso de cambio de titularidad real.
Estas personas físicas y jurídicas prestadoras de servicios a sociedades, si no lo dispusieren sus normas reguladoras, estarán sujetas a la obligación de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil en la forma y con los efectos establecidos en los artículos 279 a 284 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, aplicándoseles los artículos 365 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil. De esta obligación de depósito de cuentas anuales quedan excluidos los prestadores de servicios a sociedades que sean personas físicas profesionales.
La falta de inscripción de las personas físicas o jurídicas que se dediquen a las actividades a que se refiere el artículo 2.1.o) de esta ley, o la falta de manifestación de sometimiento a la misma o de la titularidad real en el caso de personas jurídicas, tendrá la consideración de infracción leve, conforme al artículo 53, sometiéndose al procedimiento sancionador establecido en el artículo 61.
Las personas físicas o jurídicas a las que les sea aplicable esta disposición adicional, con la salvedad de las personas físicas profesionales, deberán acompañar en cada ejercicio, junto con el depósito de sus cuentas anuales en el Registro Mercantil competente, un documento para su depósito del que resulten los siguientes datos:
Dinero by M.A. Díaz
e) Número de operaciones realizadas de las comprendidas en el mencionado artículo 2.1.o), distinguiendo la clase o naturaleza de la misma. De no haberse realizado ninguna operación se indicará expresamente.
Las personas físicas profesionales estarán obligadas a depositar el documento señalado en el apartado anterior en el Registro Mercantil en donde constaren inscritas con excepción de la mención señalada en el apartado f). El depósito se realizará dentro de los tres primeros meses de cada año, de forma exclusivamente telemática de acuerdo con el formulario preestablecido por orden del Ministerio de Justicia. En dicha Orden deben las pertinentes medidas para garantizar la seguridad de la indicada comunicación.
En el supuesto de ausencia de depósito de este documento se considerará infracción leve ex artículo 53 de esta ley y podrá ser sancionada según el artículo 58.
Se autoriza al Ministerio de Justicia para que por medio de la Dirección General de los Registros y del Notariado dicte las órdenes, instrucciones o resoluciones que sean necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en esta disposición adicional.
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International Business Law (International Trade Degree-ULE). Lesson 1. (1.1 and 1.2). Notes for non jurists.
el 12 septiembre, 2018 en Derecho de los Negocios Internacionales International Business Law. Grado Comercio Internacional, Régimen jurídico del mercado. Grado Comercio Internacional
1.1 Structure of International Business Law.
Law is the science that deals with facts, acts and relationships between different subjects, and analyzes them according to legal systems.
International trade is a discipline related to International Transactions of an economic nature.
Actors in International Trade include individuals, organisations (ie, companies), States, International Organisations, among others
International business law, studies the relationships between private entities with cross-border implications
Structure of IBL
Sovereign States are among the Institutional actors of International Law. Actors in International Trade, though excluded as actors of out course (IBL), they have a relevant role as legislators, regulators, supervisors, etc
States regulate IBL. In Spain, in accordance with Article 149-1 , the State has exclusive competence over (…) : 3 International Relations. 6 Commercial Law. 9. Legislation on Intellectual Property. 10. Customs and tariff regime, foreign trade.
International Organisations (public sector) (and multilateral arrangements).
Its Members, are States,
They can have legislative power (but they not always have so).
The Hague Conference on Private International Law. World Organisation for Cross-border Co-operation in Civil and Commercial Matters. Created in 1893. (82 States and the European Union) representing all continents, the Hague Conference on Private International Law is a global inter-governmental organisation. A melting pot of different legal traditions, it develops and services multilateral legal instruments, which respond to global needs.
Its activities are co-ordinated by a multinational Secretariat called “Permanent Bureau “, that is located in The Hague.
The Hague Conference drafts International Conventions, which are then ratified by States, and thus become binding Laws. Even when they are not ratified they are very influential. Examples: Convention of 22 December 1986 on the Law Applicable to Contracts for the International Sale of Goods, 1986; Apostille section of 1961.
UNIDROIT 1926. It issues Soft Law, principles resolutions, etc.ie, Principles of International Commercial Contracts 2010, Unidroit on Long Term Contracts Its headquarters are based in Rome
OEDC, 1961. It issues Soft Law principles, resolutions,Guidelines etc. Example, “Guidelines for Multinational COmpanies” Its headquarters are based in Paris
UN Bodies and Institutions . UN issues binding General Assembly Ressolutions as well as Soft Law. Within the umbrella of UN we find:
UNCITRAL United Nations Commission in International Trade. Main legal body of the United Nations system in the field of international trade law.Its working groups and their current topics are as follows: Working Group I – Micro, Small and Medium-sized Enterprises, Working Group II – Dispute Settlement, Working Group IV – Electronic Commerce, Working Group V – Insolvency Law, Working Group VI – Security Interests
UNCTAD (United Nations Conference for Trade and Development)
UNIDO (United Nations Development and Industry)
GATT, General Agreement on Trade and Tariffs International, Multilateral Agreement. 1948, covering International Trade on Goods. It covers International trade on Goods.Before 1995, its members met up in “Rounds” to deal with specific aspects of IT. In 1995 by the end of its “Uruguay Round”, at the Marrakech Summit, its members created the World Trade Organisation (WTO), an International Organisation with main Headquarters. After 1995. Today, GATT operates through a General Council, within WTO
GATT’s Operating Principles
WTO.– World Trade Organisation. 1995. It administers from its Geneva Headquarters a number of International Treaties or Agreements. It widened the tasks of GATT to include Services, Intellectual Property and Dispute Settlement. Today its main components are
GATT.-(Trade and Tariffs on goods)
GATS.- General Agreement on Trade and Services
TRIPS.-Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
G 20. The G20 (or G-20 or Group of Twenty) is an international forum for the Financial Ministers and Central Bank Governors from 20 major economies. Founded in 1999, the G20 aims to discuss policy issues pertaining to the promotion of international financial stability. after its inaugural leaders’ summit in 2008, its leaders announced on 25 September 2009 that the group would replace the G8 as the main economic council of wealthy nations.
International Public Sector Organisations, and their “generations”
1st generation. Bilateral Tariff Agreements, ei, Common Wealth, Francophonie, etc
2nd generation. Plurilateral. Generally involve the creation of Free Zone Area, ASEAN (Association of Southeast Asian Nations); – TLCAN (Canada, EEUU y México); North American Free Trade Agreement; – EFTA ( Suitzerland, Norway, Liechtenstein, Island) European Free Trade Association
3rd generation. Plurilateral. They create a free zone area and also receive legislative powers from its Member States
EU, EUROPEAN UNION. Regional supra-national Organization with legislative powers vested by its Member States
Private Sector Organizations with International Impact.
Its members are Private entities (ie: Companies). Their prestige places their resolutions and documents as great influencers in International Business Law, mainly in the fields of Soft Law, Contract Terms, Dispute Resolution.
Example of these Organisations:
ICC. International Chamber of Commerce. Founded in 1919 in Paris. It is a known center of International Arbitration since 1923, it acts as a consultantive body to UN since 1946. ICC is drafts Soft Law and Contractual Clauses such as the “International Commercial Terms, INCOTERMS widely used in the International Trade of Goods
International Standization Office (ISO), International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS), among others
1.2 IBL, Actors, Objectives, Crossborder implications
International Business actors are natural persons and legal persons: citizens, traders, entrepreneurs, companies, groups of companies. It is, therefore, important to identify their legal capacity, their nationality, etc.
Objectives: Development of trade in a cross border environment. IB takes place in markets, therefore it must be developed within the Laws of Free Competition, the Laws on Intellectual Property, the Laws on Financial Stability, etc. IBLrules the relationships between its actors (people, companies, etc) through contracts, companies, associations, secure payment systems, conflict resolution mechanisms (judicial, arbitration, etc.)
IBL involves a cross-border element that deeply affects international business relations. Legally, it is fundamental to identify the applicable legal system or systems to each International Business Law Operation.
Ie:, we must find out which Law is applicable ( that of a specific State, or bilateral Conventions or Treaties, or Conventions approved by an International -Multilateral Organization) Sometimes IBL is ruled by “soft” norms or recommendations that may have their origin in the State, or in International Organizations , or even in private sector entities. We must also understand how potential conflicts are resolved (which court or arbitrator, etc
(To complete with 1.3- classroom)
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El tribunal de la causa especial 20907/2017 modifica el calendario de citaciones de los días 27 y 28 de marzo
La letrada de la Administración de Justicia del tribunal de la causa especial 20907/2017, que se sigue en el Tribunal Supremo por delitos de rebelión, sedición y otros, ha notificado este viernes una diligencia de ordenación por la que se modifica el calendario de citaciones para los próximos días 27 y 28 de marzo. De […]
El Tribunal Supremo archiva la querella por delito de prevaricación presentada contra un nombramiento en el Tribunal de Cuentas
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella por delito de prevaricación presentada por un letrado del Tribunal de Cuentas contra el consejero de Cuentas y presidente de la Sección de Fiscalización de Tribunal de Cuentas, Javier Medina Guijarro, al considerar que los hechos recogidos en la querella no […]
El Tribunal Supremo archiva la denuncia contra la ministra de Justicia y Baltasar Garzón por omisión de persecución de delitos y encubrimiento
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado la inadmisión y archivo de las denuncias presentadas por un particular y el sindicato Manos Limpias contra la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y contra Baltasar Garzón por delitos de omisión del deber de perseguir delitos y de encubrimiento en relación con unas conversaciones publicadas […]
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina que en la dación en pago de un inmueble hipotecado al acreedor del crédito, sujeto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, la base imponible de dicho tributo debe fijarse sobre el importe de […]
La Sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre la aplicación del impuesto de Actos Jurídicos Documentados en escrituras públicas que documentan novación modificativa de un préstamo hipotecario, donde además de cláusulas que afecten al tipo de interés o al plazo, se incluyen otras cláusulas financieras, sin que afecte a la responsabilidad […]
El Tribunal Supremo confirma las condenas a dos miembros de una red de captación para el Estado Islámico y rebaja las penas a otros dos integrantes
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado las condenas a siete años de prisión impuestas a S.B y S.E.H., dos miembros de una red de captación y adoctrinamiento de adeptos, a través de las redes sociales, a favor del Estado Islámico, principalmente mujeres jóvenes musulmanas, y ha rebajado las penas dictadas para […]
CELEX:62016CJ0377: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de marzo de 2019.#Reino de España contra Parlamento Europeo.#Recurso de anulación — Régimen lingüístico — Procedimiento de selección de agentes contractuales — Convocatoria de manifestaciones de interés — Conductores — Grupo de funciones I — Conocimientos lingüísticos — Limitación de la elección de la lengua 2 del procedimiento de selección al inglés, el francés y el alemán — Lengua de comunicación — Reglamento n.º 1 — Estatuto de los Funcionarios — Régimen aplicable a los otros agentes — Discriminación por razón de la lengua — Justificación — Interés del servicio.#Asunto C-377/16.
CELEX:62017CJ0070: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de marzo de 2019.#Abanca Corporación Bancaria SA contra Alberto García Salamanca Santos.#Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Artículos 6 y 7 — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores — Cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario — Declaración del carácter parcialmente abusivo de la cláusula — Facultades del juez nacional en relación con una cláusula calificada de “abusiva” — Sustitución de la cláusula abusiva por una disposición de Derecho nacional.#Asunto C-70/17.
CELEX:62016CJ0621: Este documento no existe en español. Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 mars 2019.#Commission européenne contre République italienne.#Pourvoi – Régime linguistique – Concours généraux pour le recrutement d’administrateurs – Avis de concours – Administrateurs (AD 5) – Administrateurs (AD 6) dans le domaine de la protection des données – Connaissances linguistiques – Limitation du choix de la langue 2 des concours aux langues anglaise, française et allemande – Langue de communication avec l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) – Règlement no 1 – Statut des fonctionnaires – Discrimination fondée sur la langue – Justification – Intérêt du service – Contrôle juridictionnel.#Affaire C-621/16 P.
CELEX:62018CJ0129: Este documento no existe en español. Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 mars 2019.#SM contre Entry Clearance Officer, UK Visa Section.#Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union européenne – Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Directive 2004/38/CE – Membres de la famille du citoyen de l’Union – Article 2, point 2, sous c) – Notion de “descendant direct” – Enfant sous tutelle légale permanente au titre du régime de la kafala (recueil légal) algérienne – Article 3, paragraphe 2, sous a) – Autres membres de la famille – Article 7 et article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Vie familiale – Intérêt supérieur de l’enfant.#Affaire C-129/18.
Actividades del Servicio de Formación Continua del CGPJ en el mes de abril de 2019
La Audiencia Nacional anula las retenciones al Banco Central de Noruega por la inversión que hizo en España través de la Reserva de Divisas y del Fondo de Pensiones Global del Gobierno
La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional considera que las exenciones fiscales previstas en la ley para el Banco de España y la Seguridad Social por el Impuesto de Sociedades son aplicables a las retenciones practicadas sobre los dividendos obtenidos por el Banco Central de Noruega (Norges Bank) como consecuencia de la inversión […]
La Audiencia Nacional ordena dividir la investigación al abogado Conde Pumpido y rechaza el archivo de la causa
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado que el Juzgado Central de Instrucción 5 envíe al Juzgado Central de Instrucción 4 una parte de la investigación sobre el abogado Cándido Conde Pumpido en un auto en el que rechaza la solicitud de éste de sobreseer las actuaciones. La Sección Cuarta ha […]
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The European Agenda on Migration: EU needs to sustain progress made over the past 4 years 6 marzo, 2019 European Commission
Answers to (EU) No 2015-2450 templates for the submission of information to the supervisory authorities 25 marzo, 2019
ICEX promocionará los alimentos y bebidas españoles en la segunda feria internacional de la importación de China 25 marzo, 2019
EIOPA determines principles for transparent, timely and clear information provision on pension

References: artículo 5
 artículo 1
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 artículo 144
 artículo 140
 artículo 141
 artículo 6
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 artículo 8
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 artículo 35
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 artículo 2
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 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 53
 artículo 61
 artículo 2
 artículo 53
 artículo 58