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Timestamp: 2018-07-18 14:29:23+00:00

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PRONUNCIAMIENTOS DE CONSTITUCIONES AMERICANAS SOBRE ASUNTO INDÍGENA*
Ultima actualización: 18 Julio 2007/ Last update: 07/18/2007
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Pronunciamientos Indígenas de las Constituciones Americanas
(American constitutions’ provisions on indigenous issues)
Selección y edición de Bartolomé Clavero (clavero@us.es)
Editor’s note. 2
Nota del Editor. Se incluyen textos constitucionales de Estados independientes, no de estados federados, de provincias igualmente tales ni de regiones autónomas, como tampoco se recogen documentos normativos de reservas, comunidades u otras entidades indígenas. Se distribuyen los textos en dos apartados, el primero de normas ya no vigentes por orden cronológico y el segundo de constituciones en vigor por orden alfabético de Estados. En el primer apartado, el año es indicativo del momento de adopción, aunque en casos no fuese todavía el de entrada en vigor; en el segundo, a no ser que otra cosa se advierta, el doble año indica fecha de establecimiento normativo y de última reforma. En la parte histórica, no se indica momento de derogación, a veces problemático por la sucesión no sólo de constituciones, sino también de otros acontecimientos que afectan a la vigencia constitucional. Cuando alguna reforma ya no vigente es de orden menor, no se repite en esta selección, a no ser que su lenguaje sea de por sí expresivo o de que otros cambios del propio texto constitucional puedan imprimirle alguna nueva o también vieja significación. Reproduzco epígrafes de títulos y capítulos cuando la ubicación pueda ser también significativa. La parte de los textos constitucionales vigentes intenta ser exhaustiva en el sentido de reproducir toda referencia explícita o también inequívoca a la vista de la propia secuencia textual, como sea el caso del ejido mexicano o el de la arqueología panameña. De hecho, las constituciones íntegras, todas ellas y en toda su extensión, afectan a la posición indígena. Buena parte incluso de entre las históricas o no vigentes pueden localizarse en internet: www.cervantesvirtual.com/portal/constituciones; www.cejamericas.org/newsite/constitucion.htm; www.georgetown.edu/pdba/Constitutions/constitutions.html.
En la captura de textos, Raquel Yrigoyen Fajardo ha prestado una preciosa colaboración que se ofrece además acto seguido cara.al futuro a fin de mantener vivo este archivo en www.Alertanet.org, incrementándose la parte histórica y actualizándose la constitucional a medida que se presenten novedades. Indicaciones y sugerencias al propósito serán siempre bienvenidas. (Escribir a: clavero@us.es, editora@alertanet.org).
Editor’s note. Edited by Bartolomé Clavero. As for the edition, repealed or superseded texts and constitutions in force are collected separately. For the former (in chronological sequence), the year in brackets indicates time of adoption of the constitution or constitutional amendment, no mention made about either endurance, sometimes problematic, or minor reforms, except if they are significant because of language or textual context (for instance, if constitution assumes multiculturalism and other mandates remain untouched, so providing bilingual, Euro-Indian education for indigenous people and not for everybody, and so on). For the latter (the constitutions in force in alphabetical order), double year means, unless warned otherwise, date of section enactment and last constitutional amendment, neither specifying further dates or minor reforms. When the placement of the provisions in the constitutions is significant, the headings of titles, chapters or sections are included. The aim is to furnish a working depiction rather than the state-of-the-art construction. Nevertheless, the editor tries to exhaust the constitutions in force as for regulations or references on indigenous issues specific or unequivocal in the light of their own textual history (for instance, as you may verify through the chronological sequence, cases such as the Mexican ejido or communal property, or in Panama the statement on religious freedom and the State empowerment over guacas or archeological sites that may be sacred shrines for indigenous people). Raquel Yrigoyen Fajardo, the site´s editor, was helpful with the search of evasive texts. On Internet, complete texts are available in www.cervantesvirtual.com/portal/constituciones; www.georgetown.edu/pdba/Constitutions/constitutions.html; www.cejamericas.org/newsite/constitucion.htm.
Artículos de la Confederación de los Estados Unidos (1781).
Article 6. (…) No State shall engage in any war without the consent of the United States in Congress assembled, unless such State be actually invaded by enemies, or shall have received certain advice of a resolution being formed by some nation of Indians to invade such State, and the danger is so imminent as not to admit of a delay till the United States in Congress assembled can be consulted (...).
Constitución de los Estados Unidos (1787).
Artículo 23. Queda a la generosidad de las Provincias la cesión de aquellas tierras baldías que existen dentro de sus límites conocidos y habilitados de sus territorios, y que algún día, con la naturalización de extranjeros, o aumento de la población, pudieran producir un fondo considerable al Congreso; pero se reputarán indisputablemente de éste todas las que hoy se pueden considerar nullius por estar inhabitadas y fuera de los límites conocidos de las mismas Provincias, aunque comprendidas bajo la demarcación general del Reyno [de Nueva Granada] y de sus líneas divisorias con otras potencias y estados, o antiguos virreinatos, tales como las que bañan el alto Amazonas, Napo, Putumayo, Caquetá, Guaviare y otros ríos que descargan en el primero, o en el grande Orinoco, y en donde a su tiempo se establecerán nuevas poblaciones que hagan parte de esta Unión, a donde por lo menos conviene mantener lugares fronterizos que nos deslinden y dividan de las naciones vecinas que hoy ocupan la costa oriental de la América meridional.
Artículo 24. No por esto se despojará ni se hará la menor vejación o agravio a las tribus errantes o naciones de indios bárbaros que se hallen situadas o establecidas dentro de dichos territorios; antes bien se las respetará como legítimos y antiguos propietarios, proporcionándoles el beneficio de la civilización y religión por medio del comercio y por todas aquellas vías suaves que aconseja la razón y dicta la caridad cristiana, y que sólo son propias de un pueblo civilizado y culto; a menos que sus hostilidades nos obliguen a otra cosa.
Artículo 25. Por la misma razón podremos entrar en tratados y negociaciones con ellos sobre estos objetos, protegiendo sus derechos con toda la humanidad y filosofía que demanda su actual imbecilidad, y la consideración de los males que ya les causó, sin culpa nuestra, una nación conquistadora.
Artículo 26. Pero si dentro de los límites conocidos de las Provincias, o entre Provincia y Provincia, hubiera naciones de esta clase ya establecidas que hoy pudieran hacer cómodamente parte de esta Unión o de las mismas Provincias, principalmente cuando ya no las aterra un tributo ignominioso, ni un gobierno bárbaro y despótico, como el que ha oprimido a sus hermanos por trescientos años, se las convidará y se las atraerá por los medios más suaves, cuales son regularmente los del trato y comercio, a asociarse con nosotros, y sin que sea un obstáculo su religión, que algún día cederá tal vez el lugar a la verdadera, convencidos con las luces de la razón y del evangelio que hoy no pueden tener.
Constitución de Venezuela (1811).
Capítulo IX. Disposiciones Generales.
Artículo 200. Como la parte de ciudadanos que hasta hoy se ha denominado indios no ha conseguido el fruto apreciable de algunas leyes que la monarquía española dictó a su favor, porque los encargados del Gobierno en estos países tenían olvidada su ejecución; y como las bases del sistema de Gobierno que en esta Constitución ha adoptado Venezuela no son otras que las de la justicia y la igualdad, encarga muy particularmente a los Gobiernos provinciales que así como han de aplicar sus fatigas y cuidados para conseguir la ilustración de todos los habitantes del estado, proporcionarles escuelas, academias y colegios en donde aprendan todos los que quieran los principios de Religión, de la sana moral, de la política, de las ciencias y artes útiles y necesarias para el sostenimiento y prosperidad de los pueblos, procuren por todos los medios posibles atraer a los referidos ciudadanos naturales a estas casas de ilustración y enseñanza, hacerles comprender la unión íntima que tienen con todos los demás ciudadanos, las consideraciones que como aquellos merecen del Gobierno y los derechos de que gozan por sólo el hecho de ser hombres iguales a todos los de su especie, a fin de conseguir por estos medios sacarlos del abatimiento y rusticidad en que los ha mantenido el antiguo estado de las cosas y que no permanezcan por más tiempo aislados y aun temerosos de tratar a los demás hombres, prohibiendo desde ahora que puedan aplicarse involuntariamente a prestar sus servicios a los Tenientes o Curas de sus parroquias, ni a otra persona alguna, y permitiéndoles el reparto en propiedad de las tierras que les estaban concedidas y de que están en posesión, para que a proporción entre los padres de familia de cada pueblo las dividan y dispongan como verdaderos señores, según los términos y reglamentos que formen los gobiernos provinciales.
Artículo 201. Se revocan, por consiguiente, y quedan sin valor alguno las leyes que en el anterior Gobierno concedieron ciertos Tribunales, protectores y privilegios de menor edad a dichos naturales, las cuales, dirigiéndose al parecer a protegerlos, les ha perjudicado sobremanera, según ha acreditado la experiencia.
Constitución de la Monarquía Española (España, América y Filipinas, 1812).
Artículo 335.10: Las diputaciones de las provincias de Ultramar velarán sobre la economía, orden y progresos de las misiones para la conversión de los indios infieles, cuyos encargados les darán razón de sus operaciones en este ramo, para que se eviten los abusos: todo lo que las diputaciones pondrán en noticia del Gobierno.
Constitución de las Provincias Unidas (Argentina, 1819).
Sección V. Declaración de Derechos.
Capítulo II. Derechos Particulares.
Artículo 128. Siendo los indios iguales en dignidad y en derechos a los demás ciudadanos, gozarán de las mismas preeminencias y serán regidos por las mismas leyes. Queda extinguida toda tasa o servicio personal baxo cualquier pretexto o denominación que sea. El Cuerpo Legislativo promoverá eficazmente el bien de los naturales por medio de leyes que mejoren su condición hasta ponerlos al nivel de las demás clases del Estado.
Constitución de Chile (1822).
Artículo 47. Corresponde al Congreso: 6. Cuidar de la civilización de los indios del territorio.
Constitución de Perú (1823).
Artículo 90. Las atribuciones del Senado son: 10. Velar sobre la conservación y mejor arreglo de las reducciones de los Andes; y promover la civilización y conversión de los infieles de su territorio conforme al espíritu del Evangelio.
Constitución de México (1824).
Artículo 50. Las facultades exclusivas del congreso general son las siguientes: 11. Arreglar el comercio con las naciones extranjeras, y entre los diferentes estados de la federación y tribus de los indios.
Constitución de Perú (1828).
Artículo 13. Por cada doscientos individuos de la parroquia se elegirá un elector parroquial que tenga las calidades: 4. Saber leer, y escribir, excepto por ahora los indígenas con arreglo a lo que prevenga la ley de elecciones.
Artículo 75. Son atribuciones de estas Juntas [Departamentales]: 10. Entender en la reducción y civilización de las tribus de indígenas limítrofes al departamento, y atraerlos a nuestra sociedad por medios pacíficos.
Artículo 76. Los fondos de que por ahora podrán disponer las Juntas son los derechos de pontazgos y portazgos, los bienes y rentas de comunidad de indígenas, en beneficio de ellos mismos, los fondos de las municipalidades, deducidos sus gastos naturales.
Constitución de Ecuador (1830).
Título VIII. De los Derechos Civiles y Garantías.
Artículo 68. Este Congreso constituyente nombra a los venerables curas párrocos por tutores y padres naturales de los indios, excitando su ministerio de caridad en favor de esta clase inocente, abyecta y miserable.
Constitución Federal de Centroamérica (1835).
Artículo 83. Corresponde al Poder Legislativo: 32. Arreglar el comercio y procurar la civilización de las tribus de indígenas que aún no están comprendidas en la sociedad de la República.
Declaración de Derechos de Guatemala (1838).
Artículo 3. Aunque todos los hombres tienen por naturaleza iguales derechos, su condición en la sociedad no es la misma, lo que depende de circunstancias que no es dado nivelar a ningún poder humano. Para fundar y mantener el equilibrio social, las leyes amparan al débil contra el fuerte, y por esta necesidad en todas las naciones, aun las menos cultas, son protegidas particularmente aquellas personas que por su sexo, edad o falta de capacidad actual, carecen de ilustración suficiente para conocer y defender sus propios derechos. Por tanto, hallándose la generalidad de los indígenas en este último caso, las leyes deben protegerlos a fin de que se mejore su educación; de evitar que sean defraudados de lo mejor que les pertenece en común o en particular; y que no sean molestados en aquellos usos y habilidades aprendidos de sus mayores, y que no sean contrarios a las buenas costumbres.
Constitución de Perú (1839).
Artículo 8. Para ser ciudadano en ejercicio se requiere: 2. Saber leer y escribir, excepto los indígenas, hasta el año de 1844, en las poblaciones donde no hubiere escuelas de instrucción primaria.
Constitución de Argentina (1853).
Artículo 67. Corresponde al Congreso: 15. Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo.
Constitución de Nueva Granada (Colombia, 1853).
Artículo 47. El territorio de la República continuará dividido en provincias para los efectos de la administración general de los negocios nacionales; y las provincias se dividirán en distritos parroquiales. Esta división puede variarse para los efectos fiscales, políticos y judiciales, por las leyes generales de la República; y para efectos de la administración municipal, por las ordenanzas municipales de cada provincia. Las secciones territoriales de la Goajira, el Caquetá y otras que no estén pobladas por habitantes reducidos a la vida civil, pueden ser organizadas y gobernadas por leyes especiales.
Constitución de México (1857).
Artículo 111. Los Estados no pueden en ningún caso: I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado, ni con potencias extranjeras. Exceptúase la coalición que pueden celebrar los Estados fronterizos para la guerra ofensiva o defensiva contra los bárbaros.
Constitución de Venezuela (1858).
Artículo 4. Los territorios despoblados que se destinen a colonias, y los ocupados por tribus indígenas, podrán ser separados de las provincias a que pertenezcan por los Congresos constitucionales y regidos por leyes especiales.
Constitución de Colombia (1863).
Artículo 18. Son de la competencia, aunque no exclusiva, del Gobierno general, los objetos siguientes: 4º. La civilización de los indígenas.
Artículo 78. Serán regidos por una ley especial los territorios poco poblados u ocupados por tribus de indígenas.
Constitución de Venezuela (1864).
Artículo 43. La Legislatura nacional tiene las atribuciones siguientes: 22. Establecer con la denominación de territorios el régimen especial con que deben existir temporalmente regiones despobladas o habitadas por indígenas no civilizados: tales territorios dependerán inmediatamente del Ejecutivo de la Unión.
Constitución de Honduras (1865).
Artículo 108. El régimen judicial y gobierno interior o local de las Islas de la Bahía en el Atlántico, y las del Golfo de Fonseca en el Pacífico, pueden ser distintos de los adoptados en esta Constitución para los demás pueblos de la República. Lo mismo se establece respecto a las tribus aún no civilizadas de las costas del Norte.
Constitución de Paraguay (1870).
Artículo 72. Corresponde al Congreso: 13. Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al cristianismo y a la civilización.
Artículo 23. Para ser Diputado se requiere: ser mayor de treinta años, natural o vecino del Departamento en que se hace la elección, padres de familia, ciudadano en ejercicio de sus derechos, de notoria honradez e instrucción y ser dueño de un capital libre y conocido que no baje de mil pesos, o licenciado en cualquiera de las facultades mayores. La Mosquitia e Islas de la Bahía podrán sufragar en los ciudadanos vecinos de cualquier Departamento de la República que reúnan las demás cualidades expresadas; y en caso de recaer en un solo individuo, hará sus veces el respectivo suplente.
Constitución de Venezuela (1874).
Artículo 43. La Legislatura Nacional tiene las atribuciones siguientes: 22. Establecer con denominación de Territorios el régimen especial con que deben existir temporalmente regiones despobladas, o habitadas por indígenas no civilizados: tales Territorios dependerán inmediatamente del Ejecutivo Nacional.
Constitución de Honduras (1880).
Artículo 13.4. Obtienen naturalización residiendo un año continuo en el país (...) los que se establecen en lugares habitados por indígenas o en tierras despobladas (...).
Constitución de Venezuela (1881).
Artículo 43. La Legislatura Nacional tiene las atribuciones siguientes: 22. Establecer, con la denominación de Territorios, el régimen especial con que deben existir regiones despobladas de indígenas no reducidos o civilizados. Tales Territorios dependerán inmediatamente del Ejecutivo de la Unión.
Constitución de Venezuela (1901).
Artículo 34. El Distrito Federal y los Territorios (...) elegirán también sus Diputados (...). No se computarán en la base de población los indígenas que viven en estado salvaje.
Constitución de Panamá (1904).
Artículo 26. Es libre la profesión de todas las religiones (...). Se reconoce que la Religión Católica es la de la mayoría de los habitantes de la República, y la Ley dispondrá se le auxilie (...) para misiones a las tribus indígenas.
Constitución de Nicaragua (1905).
Artículo 80. El Presidente de la República (...) tiene a su cargo (...) las atribuciones siguientes: 33. Establecer el régimen especial con que deban gobernarse temporalmente regiones despobladas o habitadas por indígenas no civilizados.
Constitución de Ecuador (1906).
Artículo 128. Los Poderes Públicos deben protección a la raza india, en orden a su mejoramiento en la vida social, y tomarán especialmente las medidas más eficaces y conducentes para impedir los abusos del concertaje.
Constitución de Venezuela (1909).
Artículo 38. El Distrito Federal y los Territorios Federales (…) elegirán también sus Diputados (….) Párrafo único. No se computarán en la base de población los indígenas que vivan en estado salvaje.
Artículo 80. Son atribuciones del Presidente de los Estados Unidos de Venezuela: 18. Prohibir la entrada al territorio de la República de los extranjeros dedicados especialmente al servicio de cualquier culto o religión, cualquiera que sea el orden o la jerarquía de que se hallen investidos. Sin embargo, el Gobierno podrá contratar la venida de misioneros que se establecerá precisamente en los puntos de la República donde hay indígenas que civilizar.
Constitución de México (1917).
Artículo 27. VI. Los condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás corporaciones de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les haya restituido o restituyeren (...). VII. Sólo los miembros de la comunidad tendrán derecho a los terrenos de repartimiento y serán inalienables los derechos sobre los terrenos mientras permanezcan indivisos (...).
Constitución del Perú (1920).
Título IV. Garantías Sociales.
Artículo 41. Los bienes de propiedad del Estado, de instituciones públicas y de comunidades de indígenas son imprescriptibles y sólo podrán transferirse mediante título público, en los casos y en la forma que establezca la ley.
Artículo 58. El Estado protegerá a la raza indígena y dictará leyes especiales para su desarrollo y cultura en armonía con sus necesidades. La Nación reconoce la existencia legal de las comunidades de indígenas y la ley declarará los derechos que les correspondan.
Constitución de Venezuela (1924).
Artículo 58. El Distrito Federal y los Territorios Federales (...) elegirán también sus Diputados (...). No se computarán en la base de la población los indígenas no reducidos.
Constitución de Ecuador (1929).
Artículo 33. La Cámara del Senado se compone: (...) 4. De un Senador para la tutela y defensa de la raza india.
Artículo 167. Los Poderes Públicos deben protección a la raza india, en orden a su mejoramiento en la vida social, muy especialmente en lo relativo a su educación y condición económica.
Constitución del Perú (1933).
Título XI. Comunidades de indígenas.
Articulo 207. Las comunidades indígenas tienen existencia legal y personería jurídica.
Articulo 209. La propiedad de las comunidades es imprescriptible e inenajenable, salvo el caso de expropiación por causa de utilidad publica, previa indemnización. Es, asimismo, inembargable.
Articulo 210. Los Concejos Municipales ni corporación o autoridad alguna intervendrán en la recaudación ni en la administración de las rentas y bienes de las comunidades.
Articulo 211. El Estado procurará de preferencia adjudicar tierras a las comunidades de indígenas que no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, y podrá expropiar, con tal propósito, las tierras de propiedad privada conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 29 [... por causa de utilidad pública probada legalmente y previa indemnización justipreciada].
Articulo 212. El Estado dictará la legislación civil, penal, económica, educacional y administrativa, que las peculiares condiciones de los indígenas exigen.
Reforma Constitucional de México (1934).
Artículo 27. VII. Los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les haya restituido o restituyeren (...). X. Los núcleos de población que carezcan de ejidos o que no puedan lograr la restitución por falta de títulos, por imposibilidad de identificarlos, o porque legalmente hubieren sido enajenados, serán dotados con tierras y aguas suficientes para constituirlos (...).
Constitución de Brasil (1934).
Artículo 5. Compete privativamente à União: 19. Legislar sobre: m) incorporação dos silvícolas à comunhão nacional.
Artículo 129. Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las.
Constitución de Bolivia (1938).
Sección XIX. Del Campesinado.
Artículo 165. El Estado reconoce y garantiza la existencia legal de las comunidades indígenas.
Artículo 166. La legislación indígena y agraria se sancionará teniendo en cuenta las características de las diferentes regiones del país.
Artículo 167. El Estado fomentará la educación del campesino, mediante núcleos escolares indígenas que tengan carácter integral abarcando los aspectos económico, social y pedagógico.
Constitución de Panamá (1941).
Artículo 5. El territorio de la República se divide en Provincias y Distritos (...). La Ley podrá crear Comarcas sujetas a regímenes especiales.
Artículo 38. Es libre la profesión de todas las religiones (...). Se reconoce que la Religión Católica es la de la mayoría de los habitantes de la República (...). La Ley dispondrá los auxilios que se le deban prestar a dicha Religión y podrá encomendar misiones a sus Ministros en las tribus indígenas.
Título XIII. Economía Nacional y Hacienda Pública.
Artículo 145. Pertenecen a la República de Panamá: 6. Las guacas indígenas, cuya exploración y explotación serán reguladas por la Ley.
Artículo 147. Sobre los bienes comprendidos en (...el ordinal) 6º del artículo 145 (...), con respecto a los cuales existan al tiempo de entrar a regir esta reforma constitucional derechos de propiedad privados adquiridos conforme a la legislación anterior, sus propietarios actuales conservarán el dominio útil (...), pero la nuda propiedad revertirá al Estado sin indemnización alguna (...).
Constitución de Ecuador (1945).
Artículo 5. El castellano es el idioma oficial de la República. Se reconocen el quechua y demás lenguas aborígenes como elementos de la cultura nacional.
Artículo 23. La Función Legislativa se ejerce por el Congreso Nacional, compuesto de una Cámara integrada de la siguiente manera: 2. Por los siguientes diputados funcionales, elegidos del modo que establezca la ley: l) Uno por las organizaciones de indios.
Artículo 95. Para la defensa de las comunidades indígenas y de los trabajadores que no dispusieren de medios económicos, se establecen procuradores pagados por el Estado y nombrados por las respectivas Cortes Superiores, previa terna de las correspondientes organizaciones, conforme lo determine la ley.
Artículo 141. El Estado garantiza: (...) 2. La igualdad ante la ley. No hay esclavitud, servidumbre ni concertaje (…). Se declara punible toda discriminación lesiva a la dignidad humana, por motivos de clase, sexo, raza u otro cualquiera.
Artículo 143. La educación constituye una función del Estado (...). En las escuelas establecidas en las zonas de predominante población india, se usará, además del castellano, el quechua, o la lengua aborigen respectiva (...).
Artículo 146. El Estado garantiza el derecho de propiedad (...).También protegerá la pequeña propiedad y la propiedad comunal. Los pueblos y los caseríos que carezcan de tierras o aguas o dispongan de estos elementos en cantidad insuficiente para la satisfacción de sus necesidades primordiales, tendrán derecho a que se les dote de ellos (...).Corresponde al Estado el dominio directo (…) sobre los tesoros arqueológicos, sin perjuicio del derecho de los particulares a la parte que, según la ley, les corresponda por su hallazgo y denuncia.
Artículo 148. (…) Las normas fundamentales que reglan el trabajo en el Ecuador son las siguientes: (...) u) El trabajo agrícola, particularmente el realizado por indios, será objeto de regulaciones especiales, de manera preferente en lo relativo a jornadas de trabajo.
Constitución de Guatemala (1945).
Título III. Garantías Individuales y Sociales.
Sección IV. Cultura.
Artículo 80. Es función cardinal de la educación conservar y acrecentar la cultura universal, promover el mejoramiento étnico e incrementar el patrimonio espiritual de la nación (...).
Artículo 83. Se declara de utilidad e interés nacionales el desarrollo de una política integral para el mejoramiento económico, social y cultural de los grupos indígenas. A este efecto pueden dictarse leyes, reglamentos y disposiciones especiales para los grupos indígenas, contemplando sus necesidades, condiciones, prácticas, usos y costumbres.
Título IV. Régimen Económico y Hacendario.
Artículo 96. Las tierras ejidales y las de comunidades que determina la ley, son inalienables, imprescriptibles, inexpropiables e indivisibles. El Estado les prestará apoyo a fin de organizar en ellas el trabajo en forma cooperativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 94 [El Estado proporcionará a las colectividades y cooperativas agrícolas instrucción técnica, dirección administrativa, maquinaria y capital], y deberá, asimismo, dotar de terrenos a las comunidades que carezcan de ellos.
Constitución de Bolivia (1945).
Artículo 167. El Estado fomentará la educación del campesinado, mediante núcleos escolares indígenas que tengan carácter integral abarcando los aspectos económico, social y pedagógico.
Constitución de Panamá (1946).
Título I. El Estado Panameño.
Artículo 5. El territorio de la República se divide en municipios autónomos agrupados en provincias. La ley podrá crear comarcas sujetas a regímenes especiales (...).
Título II. Derechos y Deberes Individuales y Sociales.
Capítulo I. Garantías Fundamentales.
Artículo 36. Se reconoce que la religión católica es la de la mayoría de los panameños (...). La Ley dispondrá los auxilios que se deban prestar a dicha religión para misiones a las tribus indígenas.
Capítulo VI. Colectividades Campesinas e Indígenas.
Artículo 94. El Estado dará protección especial a las colectividades campesinas e indígenas con el fin de integrarlas de manera efectiva en la comunidad nacional en cuanto a sus normas de vida, lo económico, lo político y lo intelectual. La acción relativa a los indígenas se efectuará conservando y desarrollando al mismo tiempo los valores de la cultura autóctona.
Artículo 95. Para cumplir los fines de la integración económica de dichas colectividades, el Estado realizará metódicamente las siguientes actividades: a). Dotar gratuitamente a los campesinos e indígenas de las tierras de labor necesarias, expidiéndoles el título de propiedad correspondiente. Se preferirán las tierras cercanas a los centros de población y a las vías principales y de penetración. Cuando falten tierras baldías nacionales en estas condiciones, se expropiarán las tierras particulares incultas u ociosas. Estas expropiaciones sólo se llevarán a efecto cuando se trate de terrenos incultos que excedan de cien hectáreas o que siendo de menor extensión pertenezcan a personas que no se dediquen exclusivamente a la agricultura o a la ganadería como medio de subsistencia; b). Reservar tierras para las comunidades indígenas y prohibir su adjudicación a cualquier título. Se reconoce la existencia de las reservas indígenas ya establecidas; c) Crear, por todo los medios adecuados, servicios de crédito agrario o de instituciones técnicas que lleven a los campesinos e indígenas los conocimientos y recursos necesarios para establecer entre ellos los sistemas científicos de cultivo; d). Tomar medidas para asegurar mercado estable y precio equitativo a los productos y para impulsar el establecimiento de cooperativas de producción, distribución y consumo; e) Establecer medios de comunicación y de transporte para unir las colectividades campesinas e indígenas con los centros de distribución y consumo, y f). Fomentar y estimular el desarrollo de la agricultura, la industria rural y las artes regionales por medio de primas o de otros incentivos similares, en la forma que determine la Ley.
Artículo 96. Además de los fines generales de la cultura nacional, las escuelas para campesinos e indígenas deben llenar los siguientes: a). Crear la conciencia de los deberes, derechos, dignidad y posibilidades del ciudadano panameño; b). Despertar el interés por la vida en el campo mediante la enseñanza objetiva de los elementos materiales indispensables a una vida rural segura, saludable y decorosa, y c). Llevar a los hogares campesinos e indígenas la acción de los organismos de educación y asistencia que tiendan a elevar su nivel moral, cultural y social.
Título X. Hacienda Pública.
Capítulo I. Bienes y Derechos del Estado.
Artículo 208. Pertenecen al Estado: 8. Las guacas indígenas, cuya exploración y explotación serán reguladas por la Ley.
Artículo 210. Los propietarios actuales de los bienes comprendidos en (...el ordinal) 6º del artículo 208 (...), con respecto a los cuales existan derechos de propiedad legítimamente adquiridos al tiempo de entrar a regir esta Constitución, conservarán el dominio útil durante veinte años (...), pero dicha propiedad revertirá al Estado sin indemnización (...).
Constitución de Brasil (1946).
Artículo 5. Compete à União: 15. Legislar sobre: r) incorporação dos silvícolas à comunhão nacional.
Artículo 216. Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se achem permanentemente localizados, com a condição de não transferirem.
Constitución de Ecuador (1946).
Artículo 171. La educación de los hijos es deber y derecho primarios de los padres o de quienes los representen. El Estado vigilará el cumplimiento de ese deber y facilitará el ejercicio de este derecho (...).Tanto la enseñanza oficial como la particular prestarán especial atención a la raza indígena (...).
Artículo 174. Son asimismo deberes del Estado: c) Propender eficazmente a la cultura del indígena y del campesino.
Artículo 185. (...) La Ley regulará todo lo relativo a trabajo de acuerdo con las siguientes normas fundamentales: o) El trabajo agrícola, particularmente el realizado por indígenas, será especialmente regulado sobre todo en lo relacionado con las jornadas de trabajo. Igualmente se reglamentarán las demás modalidades del trabajo; preferentemente el de los artesanos, el minero, el doméstico y el realizado a domicilio; p) La privación, sin justa causa, del huasipungo se considerará como despido intempestivo (...). El Poder Público está obligado a promover, de modo preferente, el mejoramiento moral, intelectual, económico y social del indígena y del montuvio a fomentar su incorporación a la vida nacional y su acceso a la propiedad, a estimular la construcción de viviendas higiénicas en las haciendas y a procurar, la extirpación del alcoholismo, sobre todo en los medios rurales.
Constitución de Venezuela (1947).
Artículo 72. Corresponde al Estado procurar la incorporación del indio a la vida nacional. Una legislación especial determinará lo relacionado con esta materia, teniendo en cuenta las características culturales y las condiciones económicas de la población indígena.
Constitución de Guatemala (1956).
Artículo 110. Se declara de interés público el fomento de una política integral para promover el desarrollo de la cultura y el mejoramiento económico y social de los grupos indígenas.
Constitución de Venezuela (1961).
Artículo 77. La ley establecerá el régimen de excepción que requiera la protección de indígenas y su incorporación progresiva a la vida de la Nación.
Constitución de Guatemala (1965).
Artículo 110. El Estado fomentará una política que tienda al mejoramiento socio-económico de los grupos indígenas para su integración a la cultura nacional.
Constitución de Ecuador (1967).
Artículo 38. De campesinos e indígenas. En la educación se prestará especial atención al campesino. Se propenderá a que los maestros y funcionarios que traten con él, conozcan el idioma quichua y otras lenguas vernáculas. En las escuelas establecidas en las zonas de predominante población indígena se usará de ser necesario además del español, el quichua o la lengua aborigen respectiva, para que el educando conciba en su propio idioma la cultura nacional y practique luego el castellano.
Constitución de Paraguay (1967).
Artículo 5. Los idiomas oficiales de la República son el español y el guaraní. Será de uso oficial el español.
Artículo 92. El Estado fomentará la cultura en todas sus manifestaciones. Protegerá la lengua guaraní y promoverá su enseñanza, evolución y perfeccionamiento. Velará por la conservación de los documentos, las obras, los objetos y monumentos de valor histórico, arqueológico o artístico que se encuentren en el país, y arbitrará los medios para que sirvan a los fines de la educación.
Constitución de Ecuador (1978).
Artículo 1. El Ecuador es un Estado soberano, independiente, democrático y unitario. Su gobierno es republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable y alternativo. La soberanía radica en el pueblo, que la ejerce por los órganos del poder público. El idioma oficial es el castellano. El quichua y las demás lenguas aborígenes forman parte de la cultura nacional (...).
Artículo 27. (...) En los sistemas de educación que se desarrollen en las zonas de predominante población indígena, se utilizará como lengua principal de educación el quichua o la lengua de la cultura respectiva, y el castellano, como lengua de relación intercultural (...).
Artículo 107. El Estado establecerá defensores públicos para el patrocinio de las comunidades indígenas, de los trabajadores y de toda persona que no dispusiere de medios económicos.
Constitución del Perú (1979).
Título I. Del Estado y la Nación.
Artículo 83. El castellano es el idioma oficial de la República. También son de uso oficial el quechua y el aymara en las zonas y la forma que la ley establece. Las demás lenguas aborígenes integran asimismo el patrimonio cultural de la Nación.
Título II. Del Régimen Económico.
Capítulo VIII. De las Comunidades Campesinas y Nativas.
Artículo 161. La Comunidades Campesinas y Nativas tienen existencia legal y personería jurídica. Son autónomas en su organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo económico y administrativo dentro del marco que la ley establece. El Estado respeta y protege las tradiciones de las Comunidades Campesinas y Nativas. Propicia la superación cultural de sus integrantes.
Artículo 162. El Estado promueve el desarrollo integral de las Comunidades Campesinas y Nativas. Fomentan las empresas comunales y cooperativas.
Artículo 163. Las tierras de las Comunidades Campesinas y Nativas son inembargables e imprescriptibles. También son inalienables, salvo ley fundada en el interés de la Comunidad, y solicitada por una mayoría de los dos tercios de los miembros calificados de ésta, o en caso de expropiación por necesidad y utilidad públicas. En ambos casos con pago previo en dinero. Queda prohibido el acaparamiento de tierras dentro de la Comunidad.
Reforma Constitucional de México (1992).
Artículo 4. La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas especificas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
Constitución de Ecuador (1996).
Artículo 1. El Ecuador es un Estado soberano, independiente, democrático, unitario, descentralizado, pluricultural y multiétnico. Su gobierno es republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable y alternativo. La soberanía radica en el pueblo, que la ejerce por los órganos del poder público. El idioma oficial y de relación intercultural es el castellano. El quichua y las demás lenguas indígenas son reconocidas dentro de sus respectivas áreas de uso y forman parte de la cultura nacional (...).
Artículo 40. (...) En los sistemas de educación que se desarrollen las zonas de predominante población indígena, se utilizará como lengua principal de educación el quichua o la lengua de la cultura respectiva; y el castellano como lengua de relación intercultural.
Artículo 135. El Estado establecerá defensores públicos para el patrocinio de las comunidades indígenas, de los trabajadores y de toda persona que no dispusiere de medios económicos.
Artículo 174. (...) Los vocales del Tribunal Constitucional (...) serán designados por el Congreso Nacional, de la siguiente manera: (...) Uno de la terna enviada por las centrales de trabajadores y las organizaciones indígenas y campesinas de carácter nacional, legalmente reconocidas.
Artículo 75. Corresponde al Congreso: 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Artículo 1. I. Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural constituida en República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa y participativa, fundada en la unión y solidaridad de todos los bolivianos.
Título I. Poder Legislativo.
Capítulo II. Cámara de Diputados.
Artículo 61. Para ser Diputado se requiere: 2. Ser postulado por un partido político o directamente por agrupaciones ciudadanas y/o pueblos indígenas en la forma determinada por esta Constitución y las Leyes.
Parte III. Regímenes Especiales.
Título III. Régimen Agrario y Campesino.
Artículo 171. I. Se reconocen, se respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones. II. El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y campesinas y de las asociaciones y sindicatos campesinos. III. Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta Constitución y las leyes. La ley compatibilizará estas funciones con las atribuciones de los Poderes del Estado.
Título IX. Régimen Electoral.
Capítulo I. El Sufragio.
Artículo 222. La representación popular se ejerce a través de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, con arreglo a la presente Constitución y las Leyes.
Artículo 223. I. Los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas que concurran a la formación de la voluntad popular son personas jurídicas de derecho público. II. Su programa, organización y funcionamiento deberán ser democráticos y ajustarse a los principios, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución. III. Se registrarán y harán conocer su personería ante la Corte Nacional Electoral. IV. Rendirán cuenta pública de los recursos financieros que reciban del Estado y estarán sujetos al control fiscal.
Artículo 224. Los partidos políticos y/o las agrupaciones ciudadanas y/o los pueblos indígenas podrán postular directamente candidatos a Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados, Constituyentes, Concejales, Alcaldes y Agentes Municipales, en igualdad de condiciones ante la Ley, cumpliendo los requisitos establecidos por ella.
Título I. De los Principios Fundamentales.
Artículo 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas (...).
Artículo 288. La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales (...).
Artículo 1. El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. Su gobierno es republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable, alternativo, participativo y de administración descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la autoridad, que ejerce a través de los órganos del poder público y de los medios democráticos previstos en esta Constitución. El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. El quichua, el shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas, en los términos que fija la ley (...).
Título III. De los Derechos, Garantías y Deberes.
Capítulo II. De los Derechos Civiles.
Artículo 23. Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes: 24. El derecho a la identidad, de acuerdo con la ley.
Artículo 24. Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia: 10. Nadie podrá ser privado del derecho de defensa en ningún estado o grado del respectivo procedimiento. El Estado establecerá defensores públicos para el patrocinio de las comunidades indígenas, de los trabajadores, de las mujeres y de los menores de edad abandonados o víctimas de violencia intrafamiliar o sexual, y de toda persona que no disponga de medios económicos.
Capítulo IV. De los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Sección VII. De la Cultura.
Artículo 62. La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento esencial de su identidad. El Estado promoverá y estimulará la cultura, la creación, la formación artística y la investigación científica. Establecerá políticas permanentes para la conservación, restauración, protección y respeto del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica de la nación, así como del conjunto de valores y manifestaciones diversas que configuran la identidad nacional, pluricultural y multiétnica. El Estado fomentará la interculturalidad, inspirará sus políticas e integrará sus instituciones según los principios de equidad e igualdad de las culturas.
Sección VIII. De la Educación.
Artículo 66. (...) La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz (...).
Artículo 69. El Estado garantizará el sistema de educación intercultural bilingüe; en él se utilizará como lengua principal la de la cultura respectiva, y el castellano como idioma de relación intercultural.
Capítulo V. De los Derechos Colectivos.
Sección I. De los Pueblos Indígenas y Negros o Afro-Ecuatorianos.
Artículo 84. El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 1. Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico. 2. Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la facultad del Estado para declarar su utilidad pública. Estas tierras estarán exentas del pago del impuesto predial. 3. Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a obtener su adjudicación gratuita, conforme a la ley. 4. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. 5. Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten, en cuanto sea posible y recibir indemnizaciones por los perjuicios socio-ambientales que les causen. 6. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. 7. Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización social, de generación y ejercicio de la autoridad. 8. A no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras. 9. A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales; a su valoración, uso y desarrollo conforme a la ley. 10. Mantener, desarrollar y administrar su patrimonio cultural e histórico. 11. Acceder a una educación de calidad. Contar con el sistema de educación intercultural bilingüe. 12. A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la protección de los lugares rituales y sagrados, plantas, animales, minerales y ecosistemas de interés vital desde el punto de vista de aquella. 13. Formular prioridades en planes y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales; y a un adecuado financiamiento del Estado. 14. Participar, mediante representantes, en los organismos oficiales que determine la ley. 15. Usar símbolos y emblemas que los identifiquen.
Artículo 85. El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos negros o afroecuatorianos, los derechos determinados en el artículo anterior, en todo aquello que les sea aplicable.
Sección II. Del Medio Ambiente.
Artículo 88. Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual ésta será debidamente informada. La ley garantizará su participación.
Capítulo VII. De los Deberes y Responsabilidades.
Artículo 97. Todos los ciudadanos tendrán los siguientes deberes y responsabilidades, sin perjuicio de otros previstos en esta Constitución y la ley: 20. Ama quilla, ama llulla, ama shua. No ser ocioso, no mentir, no robar.
Título VIII. De la Función Judicial.
Artículo 191. (...) Se reconocerán el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la resolución de conflictos, con sujeción a la ley. Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes. La ley hará compatibles aquellas funciones con las del sistema judicial nacional.
Título XI. De la Organización Territorial y Descentralización.
Artículo 224. El territorio del Ecuador es indivisible. Para la administración del Estado y la representación política existirán provincias, cantones y parroquias. Habrá circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas que serán establecidas por la ley.
Artículo 228. Los gobiernos seccionales autónomos serán ejercidos por los consejos provinciales, los concejos municipales, las juntas parroquiales y los organismos que determine la ley para la administración de las circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas.
Artículo 241. La organización, competencias y facultades de los órganos de administración de las circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas, serán reguladas por la ley.
Título XIII. De la Supremacía, del Control y de la Reforma de la Constitución.
Capítulo II. Del Tribunal Constitucional.
Artículo 275. Los vocales del Tribunal Constitucional (...) serán designados por el Congreso Nacional por mayoría de sus integrantes, de la siguiente manera: (...) Uno, de la terna enviada por las centrales de trabajadores y las organizaciones indígenas y campesinas de carácter nacional, legalmente reconocidas.
Artículo 62. El idioma oficial de El Salvador es el castellano. El gobierno está obligado a velar por su conservación y enseñanza. Las lenguas autóctonas que se hablan en el territorio nacional forman parte del patrimonio cultural y serán objeto de preservación, difusión y respeto.
Título II. Derechos Humanos.
Sección II. Cultura.
Artículo 76. Sistema educativo y enseñanza bilingüe. La administración del sistema educativo deberá ser descentralizado y regionalizado. En las escuelas establecidas en zonas de predominante población indígena, la enseñanza deberá impartirse preferentemente en forma bilingüe.
Título VIII. Capítulo Único. Disposiciones Transitorias y Finales.
Título III. Derechos y Garantías.
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conserva sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre los pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este Artículo, criterios etno-lingüísticos.
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes; III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el Pacto Federal y la soberanía de los estados; III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el Pacto Federal y la soberanía de los estados; V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en términos establecidos en esta Constitución; VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley; VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos. VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos; VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.
B. La Federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de: I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas, con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida que sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos; II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación; III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil; IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos; V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria; VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen; VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización; VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los emigrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias emigrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas; IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.
Constitución (1987).
Título IV. Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense.
Capítulo VI. Derechos de las Comunidades de la Costa Atlántica.
Título IX. División Político-Administrativa.
Artículo 5. (...) El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución, y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales; así como mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley. Para las comunidades de la Costa Atlántica se establece el régimen de autonomía en la presente Constitución.
Título VI. Economía Nacional, Reforma Agraria y Finanzas Públicas.
Capítulo II. Reforma Agraria.
Capítulo V. Poder Judicial.
Capítulo I. De los Municipios.
Arto 181. El Estado organizará, por medio de una ley, el régimen de autonomía para los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica, la que deberá contener, entre otras normas las atribuciones de sus órganos de gobierno, su relación con el Poder Ejecutivo y Legislativo y con los municipios, y el ejercicio de sus derechos. Dicha ley, para su aprobación y reforma, requerirá de la mayoría establecida para la reforma a las leyes constitucionales. Las concesiones y los contratos de explotación racional de los recursos naturales que otorga el Estado en las regiones autónomas de la Costa Atlántica, deberán contar con la aprobación del Consejo Regional Autónomo correspondiente. Los miembros de los consejos regionales autónomos de la Costa Atlántica podrán perder su condición por las causas y los procedimientos que establezca la ley*.
Título IX. La Hacienda Pública.
Parte I. De las Declaraciones Fundamentales, de los Derechos, de los Deberes y de las Garantías.
Parte III. De Ordenamiento Político de la República.
Título I. De la Nación y del Estado.
Capítulo I. De las Declaraciones Generales.
Título I. De la Persona y de la Sociedad.
Capítulo I. Derechos Fundamentales de la Persona.
Capítulo VI. Del Régimen Agrario y de las Comunidades Campesinas y Nativas.
Título IV. De la Estructura del Estado.
Capítulo VIII. Poder Judicial.
Capítulo VI. De los Derechos Culturales y Educativos.
Capítulo VI. De los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Título IV. Del Poder Público.
Capítulo II. De la Competencia del Poder Público Nacional.
Artículo 156. Es de la competencia del Poder Público Nacional: 32. La legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales; la civil, mercantil, penal, penitenciaria, de procedimientos y de derecho internacional privado; la de elecciones; la de expropiación por causa de utilidad pública o social; la de crédito público; la de propiedad intelectual, artística e industrial; la del patrimonio cultural y arqueológico; la agraria; la de inmigración y poblamiento; la de pueblos indígenas y territorios ocupados por ellos; la del trabajo, previsión y seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de notarías y registro público; la de bancos y la de seguros; la de loterías, hipódromos y apuestas en general; la de organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional y demás órganos e instituciones nacionales del Estado; y la relativa a todas las materias de la competencia nacional.
Capítulo IV. Del Poder Público Municipal.
Título V. De la Organización del Poder Público Nacional.
Capítulo I. Del Poder Legislativo Nacional.
Cada entidad federal elegirá además, tres diputados o diputadas.
Capítulo III. Del Poder Judicial y el Sistema de Justicia.
Artículo 158. La ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces o juezas de paz serán elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley.
Artículo 160. Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.
Título VII. De la Seguridad de la Nación.
Capítulo II. De los Principios de Seguridad de la Nación.
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* 1987: El Estado organizará por medio de una ley, el régimen de autonomía en las regiones donde habitan las Comunidades de la Costa Atlántica para el ejercicio de sus derechos.

References: Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 200

Artículo 201

Artículo 335

Artículo 128

Artículo 47

Artículo 90

Artículo 50

Artículo 13

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 68

Artículo 83

Artículo 3

Artículo 8

Artículo 67

Artículo 47

Artículo 111

Artículo 4

Artículo 18

Artículo 78

Artículo 43

Artículo 108

Artículo 72

Artículo 23

Artículo 43

Artículo 13

Artículo 43

Artículo 34

Artículo 26

Artículo 80

Artículo 128

Artículo 38

Artículo 80

Artículo 27

Artículo 41

Artículo 58

Artículo 58

Artículo 33

Artículo 167
 artículo 29

Artículo 27

Artículo 5

Artículo 129

Artículo 165

Artículo 166

Artículo 167

Artículo 5

Artículo 38

Artículo 145

Artículo 147
 artículo 145

Artículo 5

Artículo 23

Artículo 95

Artículo 141

Artículo 143

Artículo 146

Artículo 148

Artículo 80

Artículo 83

Artículo 96
 artículo 94

Artículo 167

Artículo 5

Artículo 36

Artículo 94

Artículo 95

Artículo 96

Artículo 208

Artículo 210
 artículo 208

Artículo 5

Artículo 216

Artículo 171

Artículo 174

Artículo 185

Artículo 72

Artículo 110

Artículo 77

Artículo 110

Artículo 38

Artículo 5

Artículo 92

Artículo 1

Artículo 27

Artículo 107

Artículo 83

Artículo 161

Artículo 162

Artículo 163

Artículo 4

Artículo 1

Artículo 40

Artículo 135

Artículo 174

Artículo 75

Artículo 1

Artículo 61

Artículo 171

Artículo 222

Artículo 223

Artículo 224

Artículo 286

Artículo 288

Artículo 1

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 62

Artículo 66

Artículo 69

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 88

Artículo 97

Artículo 191
 resolución 

Artículo 224

Artículo 228

Artículo 241

Artículo 275

Artículo 62

Artículo 76

Artículo 2

Artículo 5

Artículo 156

Artículo 158

Artículo 160