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Timestamp: 2020-05-30 15:53:11+00:00

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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 4 de Junio de 1998 - Jurisprudencia - VLEX 31805236
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 4 de Junio de 1998
JOSÉ DE LA ROSA MORENO CALDERÓN RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ANTONIO CASCANTE RIVERA
Mediante resolución de 26 de mayo de 1994, esta S. admitió la causal única en el fondo del recurso de casación interpuesto por el Ldo. N.S.S. en nombre y representación de JOSÉ DE LA R.M.C., dentro del proceso ordinario que le sigue a A.C.R..
El recurso se interpuso contra la sentencia civil de 28 de enero de 1994, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que confirmó la sentencia Nº 16 de 10 de febrero de 1993, emitida por el Juez Quinto de Circuito de Chiriquí, Ramo Civil, que rechazó en su totalidad la pretensión de la interviniente P.V.C., y la condenó a lo siguiente: a pagar al demandante y al demandado las siguientes sumas: B/.100.00 en multa; B/.700.00 en costas; a indemnizarles los perjuicios que les ocasionara su intervención, liquidables mediante incidente. Declaró probada la tacha propuesta contra la testigo G.G.R. y desestimó su testimonio; declaró la nulidad absoluta del contrato de compraventa mediante el cual se supone que C.R. vendió un lote de terreno en la suma de B/. 30,000.00 a JOSÉ DE LA R.M.C., cuyo documento original reposa en la Secretaría del Consejo Municipal del Distrito de Boquete con certificación de 7 de abril de 1986, pero sin estar autorizado o firmado por la funcionaria responsable de ese despacho; y condenó en costas al demandado a favor del demandante, que fijó en B/.7,500.00.
Agotada la fase de admisibilidad del recurso, y agotado el término de alegatos, que no fue aprovechado por ninguna de las partes, procede entonces dictar la sentencia de mérito, previas las siguientes consideraciones:
Las constancias procesales revelan que el 7 de abril de 1986, JOSÉ DE LA R.M.C. llevó a A.C.R. a la Secretaría del Consejo Municipal del Distrito de Boquete para firmar un documento relacionado a un acuerdo verbal que alcanzaron el mes anterior, para el cultivo -en el terreno del segundo- de legumbres, chapia y cosecha de café por parte de MORENO CALDERÓN, pero C.R. no firmó el acuerdo.
Según el representante del actor, el documento no le fue leído a C.R., quien no sabe leer ni escribir, por lo que no se pudo enterar del contenido del mismo.
Luego, en una diligencia exhibitoria realizada el 30 de noviembre de 1987 por la Juez Municipal del Distrito de Boquete, comisionada, fue que CASCANTE tuvo conocimiento del contenido del documento en cuestión, y dijo que no había vendido el terreno a JOSÉ DE LA ROSA MORENO, ni recibió de éste la suma de B/.30,000.00 que indica la minuta.
En la actualidad, el contrato que motivó la acción exhibitoria reposa en la Secretaría del Consejo Municipal del Distrito de Boquete, en el que supuestamente CASCANTE le vendió a MORENO un globo de terreno de 2 hectáreas con 6,693.80 metros cuadrados, ubicado en El Huacal, Distrito de Boquete, por la suma de B/.30,000.00 que presuntamente recibió el vendedor, y cuya validez ha sido objeto de impugnación.
Entonces, el demandante promovió juicio ordinario y práctica de aseguramiento de pruebas; ésta última fue solicitada por su abogado, y concedida -previa consignación de fianza- mediante auto Nº 508 de 27 de noviembre de 1987, por el Juez Quinto de Circuito de Chiriquí, Ramo Civil.
Luego, dicho J. acogió la demanda y ordenó correrle traslado a la contraparte, quien en tiempo oportuno se opuso a las pretensiones del demandante, y presentó como prueba -junto con su oposición- la Escritura Pública en la que la Notaria Tercera de Circuito protocolizó el documento expedido por la Secretaría del Consejo Municipal del Distrito de Boquete.
El Juez Quinto de Circuito, libró el despacho Nº 13 junto con el Oficio Nº 2461 de 5 de febrero de 1988, en el que se comisionó a la Juez Municipal del Distrito de Boquete para que citara al demandado a su despacho, y le corriera traslado de la demanda.
También la comisionó para realizar una inspección judicial -diligencia exhibitoria-, que fue realizada a los archivos del Consejo Municipal del Distrito de Boquete el 30 de noviembre de 1987.
En fin, luego de transitar por todas las etapas de la litis, y previa demanda de intervención como tercero de la Sra. P.V.C., la misma concluyó en la sentencia Nº 17 de 10 de febrero de 1993, que rechazó del todo la pretensión de la interviniente P.V., y determinó contra ella las siguientes condenas: a pagarles al demandante y al demandado B/.100.00 en multa, B/.700.00 en costas; a indemnizarles los perjuicios que les haya ocasionado su intervención, liquidable mediante incidente; declaró probada la tacha propuesta contra la testigo G.G.R., desestimó su testimonio y declaró la nulidad absoluta del contrato de compraventa por el que A.C. le vendió por la suma de B/.30,000.00 a JOSÉ DE LA ROSA MORENO CALDERÓN un globo de terreno de 2 hectáreas y 6,693 mts. cuadrados y 80 decímetros cuadrados ubicado en El Huacal, Distrito de Boquete, Provincia de Chiriquí, cuyo documento original reposa en la Secretaría del Consejo Municipal de dicho Distrito, y condenó en costas al demandado a favor del demandante, y que fijó en B/.7,500.00.
Dicha sentencia fue apelada por los Licdos. N.S.S. y L.A., representantes de ambas partes, por lo que el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial emitió la sentencia civil de 28 de enero de 1994, en la que confirmó la sentencia de primer grado, y condenó en costas en segunda instancia a la recurrente interviniente, por B/. 300.00; también condenó en costas de segunda instancia a la recurrente demandada por la suma de B/.3,000.00.
Se trata de un recurso de casación en el fondo, en la que fue admitida la única causal, consistente en "Infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia."
Dicha causal fue sustentada en seis motivos, que a continuación se transcriben:
"PRIMERO: La Sentencia aprecia erróneamente el Contrato de compraventa que reposa a fojas 17, mediante el cual A.C.R. vendió los derechos posesorios que ejercía sobre un globo de terreno de 2 Htas. con 6,693.80 metros cuadrados al señor JOSE DE LA ROSA MORENO el día 7 de abril de 1986 ante la Secretaría del Consejo Municipal del Distrito de Boquete y en presencia de los testigos C.R. y A.M., y en el que por no saber firmar el Vendedor, A.C.R., lo hizo a ruego, su hijo C.R.. Este contrato reúne todas las condiciones exigidas por la Ley para su validez.
La sentencia aprecia indebidamente el documento de fojas 17 que contiene el contrato de compraventa aludido, al considerar que carece de valor por el hecho de que no fue firmado por la señora MARIA LUZ AVILES SERRANO, Secretaria del Consejo Municipal del Distrito de Boquete. Sin embargo, en la declaración rendida a fojas 162 esta señora reconoce haber confeccionado ese documento a solicitud de las partes, quienes participaron en forma voluntaria en el mismo; y donde el Vendedor manifestó que no sabía firmar, po lo que firmó a ruego de él, el señor C.R..
La Sentencia yerra al apreciar como plena la prueba descrita como acción exhibitoria que fue practicada antes de juicio por el Juzgado Segundo Municipal de Boquete, actuando como comisionado ya que esta diligencia únicamente se limitó a confirmar la existencia del mencionado contrato de compraventa entre A.C.R. y J. de la R.M.C.. Esta prueba se aprecia erróneamente cuando con ella el Tribunal deduce la falta de consentimiento por parte de A.C.R. porque éste aduce no tener conocimiento del contenido de ese documento y posteriormente manifiesta que no había hecho ninguna venta al señor M.C..
La ley determina el procedimiento para tomar declaración de parte, y en esta diligencia no se cumplieron por lo que la apreciación que el Juzgador hace de la mencionada prueba en el motivo anterior es errónea. Una evaluación correcta de esta prueba determina que efectivamente reposa en los archivos del Consejo Municipal del Distrito de Boquete la constancia de la realización del contrato de compraventa entre demandante y demandado.
La Sentencia no pondera debidamente la declaración de la señora LUZ M.A.S., Secretaria del Consejo Municipal del Distrito de Boquete, quien bajo juramento declara que A.C.R. y J. de la R.M.C. se acercaron a su oficina para que les confeccionara un documento donde A.C. le vendía a M.C. el globo de terreno aludido, el 7 de abril de 1986. Considera este testimonio como sospechoso sin que exista ninguna de las condiciones para calificarla como tal.
La Sentencia aprecia indebidamente los documentos de fojas 49 y 50, ya que si bien es cierto que el demandado manifiesta en dicho documento: "Este semillero de tomate se encuentra en Huacal propiedad del sesñor A.C.R., el cual el señor A. me autorizó por medio de un documento privado para trabajar esas tierras", ello no implica que como el dueño absoluto de esas tierras, podía dárselo, como sucedió, en venta. Es un documento suscrito el 4 de marzo de 1986 en la Secretaría Municipal del Distrito de Boquete, y el contrato de compraventa suscrito entre demandante y demandado se celebró el 7 de abril de 1986, es decir un mes después de éste y por lo tanto aprecia indebidamente el Juzgador, la existencia de un indicio en su contra de la conducta procesal del demandado".
La Sala considera que el primer motivo contiene el cargo de injuridicidad consistente en la indebida apreciación en el fallo, del contrato de compraventa a foja 17, pese a que el mismo cumple con los requisitos de validez de los contratos.
Por su parte, el cargo de ilegalidad de la sentencia, establecido en el segundo motivo, estriba en que el ad-quem consideró que al no ser firmado dicho contrato por la Secretaria del Consejo Municipal del Distrito de Boquete, el contrato de marras carece de valor, desconociendo que a foja 162 se encuentra una declaración rendida por dicha Secretaria, en la que manifestó que confeccionó el contrato a solicitud de las partes, que participaron voluntariamente en su perfeccionamiento y en donde el Vendedor dijo que no sabía firmar, rubricando su hijo a ruego, dicho contrato.
El cargo de injuridicidad contenido en el tercer motivo, consiste en que el Tribunal de alzada consideró como plena prueba la diligencia exhibitoria practicada por el Juez Municipal de Boquete, comisionado, y que sólo confirmó la existencia del contrato de marras, al deducir la falta de consentimiento del Vendedor, por aducir éste desconocimiento del contenido del contrato, y porque no había hecho ninguna venta a MORENO CALDERÓN.
En cuanto al cuarto motivo, se advierte como cargo de ilegalidad, que se le otorgó valor excesivo a la declaración del demandante, A.C.R., ya que no se cumplió el procedimiento para tomar declaración de parte, y que una valoración correcta hubiera determinado que en los archivos del Consejo Municipal de Boquete se encuentra la constancia de la celebración del contrato cuya validez se discute.
El cargo de injuridicidad en el quinto motivo, estriba en que el Tribunal de segundo grado no apreció debidamente la declaración jurada de la Secretaria del Consejo Municipal del Distrito de Boquete, quien afirmó que el V. y el Comprador se apersonaron a sus oficinas para que ella les redactara el contrato de compraventa, el 7 de abril de 1986, considerando el Tribunal esa declaración como sospechosa, sin motivo alguno.
Tampoco apreció debidamente el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial la declaración del testigo ALBINIO MIRANDA VEJERANO -a juicio del recurrente-, quien dijo que el contenido del contrato de marras les fue leído a los otorgantes y a los allí presentes.
Y el sexto motivo abarca el cargo de injuridicidad atinente a la apreciación equívoca en la sentencia, por parte del Tribunal de apelación, de la denuncia que reposa a fojas 49 y 50 -formulada por JOSÉ DE LA ROSA MORENO CALDERÓN contra S.R. y contra quienes resultaren responsables por daños a las plantaciones del terreno en disputa- ya que, pese a que el demandado reconocía en ella que el propietario de las tierras era A.C.R. y que éste lo había autorizado mediante documento privado para trabajarla, esa situación no significa que como dueño único de esas tierras, podía dárselo en venta, como sucedió.
Esa declaración fue vertida en la denuncia mencionada, que presentó MORENO el 4 de marzo de 1986, mientras que el contrato de compraventa entre demandante y demandado fue suscrito el 7 de abril del mismo año -un mes después- por lo que el ad-quem apreció erróneamente la presencia de un indicio en contra de la conducta procesal el demandado.
El impugnante expuso como disposiciones infringidas y explicación de cómo lo han sido, los artículos 848, 866, 862, 890, 904 y 905 del Código Judicial, así como los artículos 1142, 1220 y 1130 del Código Civil.
La pretensión del presente recurso, consiste en que la Sala case la sentencia de segunda instancia, la revoque y declare que se produjo la venta del terreno, en virtud de la validez del documento de marras, celebrado el 7 de abril de 1986 en la Secretaría del Consejo Municipal de Boquete; el siguiente análisis está orientado a verificar esta circunstancia.
Empezaremos señalando que el cargo contenido en el primer motivo ataca el fallo al sostener que el contrato que consta a foja 17 contiene los requisitos de validez de los contratos.
Estos requisitos consisten en el consentimiento, el objeto y la causa; de los cuales, el consentimiento es el que se encuentra en tela de duda, en este caso.
Consideró el actor que el Tribunal secundario violó el artículo 1142 del Código Civil -que establece la nulidad relativa en actos o contratos cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o existencia es imperfecta o irregular- cuando desconoció que conforme al mismo, no existe nulidad del contrato, y que éste si reúne los requisitos para ese tipo de convenios, objeto y precio.
Se observa que el recurrente, al analizar las condiciones esenciales del contrato, omitió considerar el consentimiento.
Pareciera a simple vista que este requisito se cumple en este pacto, toda vez que su contenido establece de manera clara -pese a los errores que pudiese tener- la intención de vender el terreno, y el precio estipulado para ello.
Pero adujo posteriormente el Vendedor, que firmó ese contrato mediante engaño, pues M.C. lo condujo a la Secretaría del Consejo Municipal de Boquete sin saber su contenido.
En cuanto a este hecho, el artículo 850 del Código Judicial estipula que quien por no saber escribir, decidiere que otro firmase por él, está obligado a declarar si el documento se extendió por su orden, si rogó a otro para que firmase por él, y si es cierto el contenido del documento.
Es decir, que cuando no consta de manera directa la voluntad del celebrante -en este caso por no constar su firma- es necesario que éste la confirme ante el Juez, para dejar sentado su consentimiento, como elemento esencial de la existencia de ese documento.
En el presente caso, ninguna de estas premisas ha sido cumplida por el Vendedor, quien por el contrario, dijo que lo indujeron a dar su aceptación sin conocer el contenido del documento; por lo tanto, no puede acreditarse que el documento se extendió por su orden, ni que rogó para que otro firmara, y menos aún su contenido.
Esta es razón suficiente para negar la pretensión, toda vez que por no verificarse la voluntad del Vendedor, queda establecida en juicio la inexistencia de su consentimiento como elemento esencial para la existencia del contrato, adoleciendo el mismo de nulidad absoluta, según lo norma el artículo 1141, numeral 1º, del Código Civil.
Empero, existe otra circunstancia esencial en el presente recurso, y que a continuación expone la Sala, en base a la facultad oficiosa que le otorga el artículo 1143 del Código Civil, que señala que la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el Juez, aún sin petición de parte, cuando sea manifiesta en el acto o contrato.
Los contratos cuyo objeto son bienes inmuebles-compraventa en este caso- o derechos sobre ellos, de acuerdo al artículo 1131 del Código Civil, necesitan, además de constar por escrito, del cumplimiento de otro requisito para su formación, cuya inexistencia acarrea nulidad absoluta según el artículo 1141 del Código Civil, cual es que sean elevados a la categoría de Escritura Pública.
Empero, el artículo 1718 del Código Civil, dilucida toda controversia sobre la formación del contrato en comento; la norma señala lo siguiente:
"Artículo 1718. En los lugares que no fueren cabecera de notaría, ejercerá las funciones de notario el secretario del Consejo Municipal, en la extensión de poderes de todas clases, sustitución de poderes, protestos y otros actos cuya demora sea perjudicial, que deban otorgar las personas que se encuentren en incapacidad física de trasladarse a la cabecera del circuito de notaría y en el otorgamiento de escrituras sobre contratos cuyo valor principal no exceda de doscientos cincuenta balboas". (Negrilla de la Sala).
Conforme a nuestro marcado en negrilla de la norma, no puede la Secretaria del Consejo Municipal del Distrito de Boquete dar fe pública del contrato que nos ocupa, ya que no tiene facultad para ello, pues el límite del valor de los contratos de los que puede dar fe es de B/.250.00, mientras que el valor del contrato de foja 17 es de B/.30,000.00; por lo tanto, el acuerdo discutido, si bien consta por escrito, no es una Escritura Pública, y no tiene valor ni siquiera entre las partes.
Llama la atención de la Sala, que el documento expedido por la Secretaria del Consejo Municipal, que posteriormente fuera protocolizado mediante Escritura Pública Nº 22352 de 21 de diciembre de 1987 -más de un año y ocho meses de la celebración del convenio-, de la Notaría Tercera de Circuito de Panamá, tal como se observa a fojas 29-31 del infolio, afirmara que la certificación que aparece al pie del contrato, fue firmada por la Sra. MARÍA LUZ AVILÉS, Secretaria del Consejo Municipal de Boquete, aún cuando no fue así; no entiende la Sala por qué la entonces Notaria Tercera de Circuito hizo esa afirmación.
Además, la Escritura Pública a que hacemos referencia, se constituyó para protocolizar el documento expedido por la Sra. AVILÉS, en funciones de Secretaria del Consejo Municipal de Boquete, lo que significa que la Notaria Tercera de Circuito de Panamá protocolizó un documento sin valor legal, al tenor del ya analizado artículo 1718 del Código Civil.
Si la Escritura Pública que estamos comentando hubiera protocolizado directamente el contrato de compraventa que se discute y no el acto de firma de contrato cuya fe brindó la Secretaria del Consejo Municipal de Boquete, entonces el mismo sí hubiera constituido Escritura Pública, por lo que tendría tal valor, ya que una cosa es protocolizar el documento, y otra distinta que el acto o contrato conste en Escritura Pública previo el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 1735 del Código Civil, que dice:
"Artículo 1735. Todo acto o contrato que deba quedar en el protocolo, deberá suscribirse con la firma usual por los otorgantes, por dos testigos mayores de veintiún años, vecinos del circuito de la notaría y de buen crédito y por el notario, que dará fe de todo; los dos testigos se llaman testigos instrumentales.
Los testigos instrumentales deberán estar presentes al tiempo de leerse el instrumento a los otorgantes, oír que estos lo aprueben y ver que lo firman.
Si alguno de los otorgantes no sabe o no puede firmar, lo hará a su ruego un testigo diferente a los instrumentales, que reúna las circunstancias que en estos se requieren".
También consideró violado el actor el artículo 1220 del Código Civil que dice lo siguiente:
"Artículo 1220. La venta se perfeccionará entre comprador y vendedor, y será obligatoria para ambos, si hubieran convenido en la cosa objeto del contrato, y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado; pero si el contrato se refiriere a bienes inmuebles o derechos hereditarios, no se perfeccionará mientras no conste por escrito con las formalidades que este Código establece." (Negrilla de la Sala)
Arguyó el casacionista que el ad-quem violó esta norma, ya que "... existiendo convenio en la cosa objeto del contrato, y en el precio, desconoce el contrato de compraventa celebrado entre las partes".
Es completamente falsa esa aseveración, pues a simple vista se observa que el artículo en mención contempla dos situaciones para el perfeccionamiento del contrato; 1) cuando se trata de bienes muebles, 2) cuando se refiere a bienes inmuebles.
En el segundo caso, el artículo es claro en que se perfecciona el contrato cuando consta por escrito conforme a las formalidades que establece el Código, y ellas son que debe constar por Escritura Pública, requisito del que ya hemos advertido, no se verificó, por las razones antes expuestas.
También consideró el actor que se violó el artículo 1130 del Código Civil a consecuencia de la violación de las normas probatorias, ya que "se dejó de aplicar la inexistencia del contrato y las partes pueden exigir el lleno de las formalidades de que pudiera carecer el contrato".
La norma reza de la siguiente manera:
"Artículo 1130. Si la ley exigiere el otorgamiento de escritura pública u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquellas formalidades desde que hubiese intervenido el consentimiento o la consignación por escrito, según el caso, y demás requisitos necesarios para su validez.
Artículo 1131. Deberán constar por instrumento público:
los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles ...".
En el presente caso, la formalidad del contrato en estudio exige que se otorgue mediante Escritura Pública, para hacer efectivas las obligaciones que de él dimanan; la norma permite en este caso, que los contratantes pueden obligarse recíprocamente a satisfacer las formalidades -o solemnidades- desde que consta el consentimiento por escrito.
El Comprador consideró que la constitución del contrato en la Secretaría del Consejo Municipal de Boquete suplía las solemnidades exigidas para el otorgamiento de este contrato, pero se equivocó, porque -como ya señalamos- la Secretaria de dicho Consejo no tiene facultad para atestar contratos por ese valor económico, según el artículo 1718, ya examinado.
Además, la norma señala que para que el acuerdo tenga valor legal tiene que constar por instrumento público -según el artículo 1131-, cosa que no ocurrió en este caso, por la misma razón ya establecida.
Ello significa que la sentencia no violó el artículo 1130 del Código Civil.
Por consiguiente, no le asiste la razón al casacionista, ya que el ad-quem no valoró inadecuadamente el contrato en litigio, y por lo tanto, se desestima el primer cargo de injuridicidad.
En cuanto al segundo cargo de injuridicidad, consistente en que el Sentenciador hizo una mala apreciación, en la sentencia recurrida, al considerar que el contrato carece de valor por no haber sido firmado por la Secretaria del Consejo Municipal de Boquete, pese a que en la declaración de ésta -f. 162- declaró haber confeccionado el documento a solicitud de las partes, quienes participaron voluntariamente en su constitución.
Al leer detenidamente la declaración esgrimida, advierte esta Colegiatura que le asiste la razón al recurrente cuando dijo que la Sra. M.L.A.S. había confeccionado el documento a solicitud de las partes; pero no prospera la pretensión del casacionista.
Ello es así, por cuanto la Secretaria del Consejo Municipal del Distrito de Boquete afirmó que confeccionó un documento para el cual ella no tiene facultad de expedir, ya que -como quedó establecido- el artículo 1718 del Código Civil le señala un límite de B/.250.00 al valor de los contratos de los que puede dar fe como Secretaria del Consejo Municipal.
De lo anterior concluimos que la Secretaria del Consejo Municipal declaró que emitió un documento que no estaba facultada para emitir; por lo tanto, esta declaración no tiene valor para lo perseguido por el recurrente, pues está confirmando la existencia de un contrato nulo.
Este mismo argumento explica la no infracción por la sentencia, del artículo 904 del Código de Procedimiento, -que dice que el J. apreciará según la sana crítica las circunstancias y motivos que confirmen o aminore la fuerza de las declaraciones- pues esa declaración señala la existencia de un contrato inexistente jurídicamente; por ello, no faltó el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial al principio de la sana crítica al aplicar esta norma.
A contrario sensu, el cargo de injuridicidad del quinto motivo, se fundamenta en la incorrecta valoración de la ya señalada declaración jurada de la Sra. LUZ M.A.S., quien afirmó que los contratantes se apersonaron a su oficina para que les constituyera el contrato en litigio.
Este cargo, implícito en el segundo motivo del recurso, tampoco prospera, por las razones ya expuestas en él; también es viable el argumento para el otro razonamiento del motivo quinto, que dice que la sentencia equivocó la apreciación del testimonio de A.M.V., quien en su declaración dijo que el documento le fue leído a los presentes en las oficinas del Consejo Municipal del Distrito de Boquete.
La misma razón que hemos venido esgrimiendo, anula esta acusación a la sentencia, ya que dicha afirmación -que sienta el cumplimiento del procedimiento de constitución del contrato de compraventa de inmuebles- pierde vigencia, ya que el documento cuyo valor defiende el recurrente, es nulo de por sí, pues como quedó dicho, no tenía la Sra. A.S. facultad de expedir ese documento, por lo que la aserción del declarante se cierne sobre un documento inexistente jurídicamente.
Ello demuestra que el juzgador no desconoció ninguna gran presunción de la declaración vertida por M.V., quien dijo haber servido como testigo de la celebración del contrato de marras, por lo que no se infringió el artículo 905 del Código Judicial -que dice que un testigo no constituye plena prueba, pero sí gran presunción cuando es hábil, según las condiciones del declarante y su exposición- utilizado por el casacionista.
Revisando el cargo de injuridicidad contenido en el tercer motivo, referente a la valoración que le asignó el Juzgador a la diligencia exhibitoria prejudicial realizada por el Juez Municipal de Boquete, comisionado, en la que sólo confirmó la existencia del contrato en los archivos del Consejo Municipal del Distrito de Boquete; la errónea valoración -según el actor- consiste en que el ad-quem consideró la falta de consentimiento de A.C.R. al aducir éste, no tener conocimiento del contenido del acuerdo, ni haber hecho la venta del fundo en litigio.
Al establecer esta Sala la nulidad del contrato por no tener la Secretaria del Consejo Municipal de Boquete facultad de dar fe para su celebración, pierde sentido este cargo, ya que la diligencia confirmó la existencia de un contrato nulo.
Igual suerte corre el cargo de injuridicidad contenido en el cuarto motivo, consistente en que no se cumplió el procedimiento legal para tomar declaración de parte, por lo que el Tribunal Superior apreció indebidamente la declaración de A.C.R., siendo que la evaluación correcta de la misma determina la existencia del contrato en la Secretaría del Consejo Municipal del Distrito de Boquete.
Fundó su aseveración el casacionista, en el artículo 890 del Código Judicial, que a la sazón dice:
"ARTICULO 890. Las partes podrán pedir, por una sola vez y sólo en el interrogatorio que en el acto de audiencia libremente formule ...".
Apunta el recurrente que la supuesta infracción de esta norma fue de manera directa por comisión, ya que en la diligencia exhibitoria estuvo presente C.R., a quien se le tomó declaración sin mediar su petición y sin cumplir las formalidades exigidas por esta norma, otorgándole el ad-quem valor pleno.
La evaluación de la diligencia exhibitoria arrojó como resultado la existencia de un contrato inexistente legalmente.
Inclusive, desde su punto de vista, no le asiste la razónal actor al aducir que se violó el procedimiento para tomar declaración de parte, ya que el artículo 893 del mismo Código dice que
"ARTICULO 893. Cuando el J. estime que la prueba que existe en el proceso no sea suficiente o sea contradictoria o que la explicación sea de importancia en el proceso, debe decretar de oficio y practicar el interrogatorio personal de las partes. Podrá hacerlo también cuando lo juzgue necesario o conveniente para aclarar las afirmaciones de las partes".
Esta norma permite al Juzgador decretar y practicar el interrogatorio personal de las partes involucradas, cuando considere que es necesario para disipar la contradicción que pueda inducir una prueba, o aclarar su explicación; también lo puede hacer a su criterio, para aclarar las aserciones de las partes. La norma no dice en qué momento puede el Juzgador practicar esta declaración, por lo que entiende esta Sala de Casación, que puede hacerlo oficiosamente en cualquier momento procesal, siempre y cuando lo considere necesario para considerar la prueba en su justa dimensión. Por lo tanto, el artículo 890 no ha sido violado.
Finalmente, el sexto motivo contiene un cargo de injuridicidad en el que se entiende que el fallo no valoró correctamente la denuncia que el Comprador -JOSÉ DE LA R.M.C.- interpuso ante la Corregiduría de Boquete contra la Sra. S.R. -f. 49-, ni su denuncia interpuesta en la Personería del mismo Distrito -f. 50- contra la misma persona, ya que, pese a que M.C. manifestó en la primera que el terreno pertenecía a A.C. y que éste lo autorizó por documento privado -de 4 de marzo de 1986-, para trabajar la tierra, ello no significa que no podía vendérsela a él -Comprador-, cosa que sucedió. Por ello, el Tribunal consideró injustamente dicho indicio, que -según él- opera en contra de la conducta procesal del Vendedor.
Debe señalar esta Corporación de Justicia que no está en discusión la capacidad del señor C.R. para contratar, cosa que parece indicar en el cargo de ilegalidad contra la sentencia, al señalar que ",... ello no implica que como dueño absoluto de esas tierras, podía dárselo, como sucedió, en venta".
Hay que añadir que es incorrecta la afirmación de que ese pronunciamiento fue realizado en la Secretaría del Consejo Municipal de Boquete, sino en la denuncia que hizo contra S.R. en la Corregiduría del mismo Distrito.
No considera esta S. que exista ningún indicio de la conducta del opositor al recurso que amerite apreciación por parte del Juzgador, toda vez que lo que el expediente revela, es que el 28 de febrero de ese año, el Sr. CASCANTE autorizó al Sr. MORENO para que trabajara el terreno de su propiedad, y que el 7 de abril siguiente, suscribieron ambos el contrato objeto del presente recurso; en ello, no hay ningún indicio en la conducta procesal del demandado.
En otro orden de cosas, es el deber de esta Sala señalar que no tiene objeto analizar las otras normas que el casacionista consideró infringidas y que no han sido estudiadas, ya que las mismas regulan el procedimiento para demostrar la autenticidad y el valor de la prueba, que en el caso que nos ocupa, es el contrato de compraventa celebrado por las partes en conflicto en la Secretaría del Consejo Municipal del Distrito de Boquete; contrato este que -como ya hemos reafirmado- no tiene valor jurídico. Es por ello, que no va la Sala a dilucidar la violación del procedimiento para demostrar la autenticidad y valor de un documento nulo.
Por todo lo antes expuesto, es el criterio de la Sala que no puede otorgarle al recurrente, su pretensión.
En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 28 de enero de 1994, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.
Se condena en costas del recurso de casación, las que se fijan en cien (B/.100.00) balboas.
y D..
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 8 de Marzo de 1996 (caso Recurso de habeas corpus de la Corte Suprema de Justicia - Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral -, de 08 de Marzo de 1996)

References: resolución 
 artículo 1142
 artículo 850
 artículo 1141
 artículo 1143
 artículo 1131
 artículo 1141
 artículo 1718
 artículo 1718
 artículo 1735
 artículo 1220
 artículo 1130

Artículo 1131
 artículo 1718
 artículo 1131
 artículo 1130
 artículo 1718
 artículo 904
 artículo 905
 artículo 890
 artículo 893
 artículo 890