Source: http://meritxellbatet.blogspot.com/2008/11/
Timestamp: 2017-07-22 22:52:14+00:00

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Justícia i Bellesa: de novembre 2008
Intervención en el Pleno sobre el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos y sus posibles reformas.
“Quiero empezar diciendo que los objetivos de la ley que da lugar a esta moción son evitar los conflictos de intereses y garantizar en mayor medida la independencia, la imparcialidad y la objetividad de los altos cargos. También introducir una mayor transparencia en los mecanismos de control de bienes y derechos que posean los miembros del Gobierno y altos cargos, buscando controlar, por tanto, que los bienes patrimoniales, cuando entran y cuando salen no son sustancialmente distintos porque de eso es de lo que estamos hablando hoy aquí. Así, es importante establecer una separación estricta entre la actividad pública y la actividad privada. La Ley 5/2006 es contundente en este aspecto. Tenemos, señorías, y ustedes lo saben, una de las leyes más restrictivas de Europa en cuanto al régimen de incompatibilidades, ley promovida y aprobada por un Gobierno socialista.El Grupo Socialista ha llevado siempre sobre este tema la iniciativa porque es algo en lo que creemos profundamente. Aprobamos la Ley de 1983, la de 1995 y hemos aprobado también la Ley de 2006 derivada, por cierto, de una proposición no de ley de este grupo, que fue rechazada con mayoría absoluta del Grupo Popular. Le recomiendo la lectura del "Diario de Sesiones" de 23 de abril de 2002. Allí hay un listado real de opacidad que había en ese momento. No quiero hablar del caso Gescartera que es precisamente lo que provocó ese debate en ese momento. Quiero decirle una cosa, señor Herrera. Este objetivo de mejora de la calidad democrática y de mejora de la transparencia y de la ética de los poderes públicos que se pretendía introducir precisamente con la ley de 2006, se cumple. Se cumple y usted sabe que se cumple. Introducir dudas sobre este cumplimiento es hasta cierto punto irresponsable. La prueba fehaciente de esa irresponsabilidad es la intervención que ha permitido por parte del Grupo Parlamentario Popular en boca de su portavoz. Esa ha sido la principal consecuencia de traer a esta Cámara esta moción. Señor Merino, no me hable de incumplimiento de leyes. ¿Se refiere a la Ley del Tabaco? ¿Se refiere a la Ley de la Dependencia? El incumplimiento de las leyes que aprueba este Congreso es por parte de las comunidades autónomas gobernadas por su partido político. Nos acusan de no hacer el reglamento, cuando ni hicieron la Ley de Incompatibilidades, ni hicieron el reglamento que desarrollaba esta ley. Ni ley ni reglamento. Nosotros haremos la ley aprobada en 2006 y haremos el reglamento. Es cierto que la ley de 2006 requiere en algunos aspectos desarrollo reglamentario, pero no desestime con tanta fragilidad o displicencia las razones que la ministra le dio en esta tribuna. Cuando la ministra dice que la ley se cumple, insisto, es verdad que se cumple en la medida en que existe el registro de actividades y bienes y derechos patrimoniales de altos cargos, donde todos y cada uno de ellos hacen las declaraciones de patrimonio pertinentes. Hay una oficina que, de existir alguna irregularidad, emitiría el informe pertinente. Además, hay que tener en cuenta que disponemos del reglamento que desarrolla la Ley de 1995, el Real Decreto 1410/1995, que se puede aplicar en su mayoría, por lo que en realidad no estamos ante la nada o ante un marco desregulado, como se intenta trasladar a esta Cámara. En otras palabras, el control y la vigilancia que usted exige en la exposición de motivos, se da, y eso es lo más relevante desde nuestro punto de vista. Es verdad, también, que desde que el Gobierno se plantea modificar la Ley del impuesto sobre el patrimonio parece lógico adaptar la legislación referente a los altos cargos a esta nueva realidad. Siempre es bueno tener un ordenamiento jurídico saneado. En definitiva, modificar la ley de 1995 era importante, dadas las interpretaciones laxas que los gobiernos populares hicieron de ella, y por eso aprobamos la ley de 2006 que da mayores garantías. El Gobierno, además de cumplir con la literalidad de esa ley y con ese articulado mejorado, usted sabe señor Herrera, y toda la Cámara también, cumple con el auténtico espíritu de la ley. Quiero acabar diciendo que en todo caso habrá reglamento. El compromiso es que haya este nuevo reglamento en cuatro meses. Será un reglamento elaborado, de nuevo, por un gobierno socialista, así como la ley que se aprobó en 2006".
Intervención en el Pleno del día 11 de noviembre de 2008 sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009
“Las principales líneas de actuación de este departamento de Administraciones Públicas, tal y como ha presentado la ministra, son continuar con la mejora de la calidad y los servicios que se prestan a la ciudadanía a través de la Administración General del Estado, así como proseguir con la política de extensión de los servicios públicos telemáticos y con la modernización tecnológica de la Administración General del Estado. Por cierto, en este sentido, ya hemos territorializado los recursos del INAP para formación continúa con la aprobación de nuestra enmienda 1431.Me centraré, en todo caso, en el tercer gran eje prioritario del presupuesto, que consiste en el apoyo económico-financiero a las corporaciones locales a través principalmente del programa 942.A, de cooperación económica local del Estado por parte del Ministerio de Administraciones Públicas. Como SS.SS. saben, la finalidad de este programa, según el Real Decreto 835/2003, es contribuir a la realización de las inversiones locales incluidas en los planes provinciales e insulares de cooperación, no para subvenciones directas, señor Canet. Sus enmiendas tienen un defecto de forma insalvable que hace imposible que las podamos apoyar. He querido recordar la literalidad del decreto para dejar muy claros los objetivos de los presupuestos. Los presupuestos instrumentan unas líneas de ayuda que no tienen nada que ver con el modelo de financiación local que ustedes pretenden modificar vía enmiendas a esta sección. Claro que hace falta un nuevo modelo de financiación, entre otras cosas, porque el modelo actual fue pactado e impulsado por el Partido Popular, por tanto garantía de tener un mal modelo de financiación local, y en ello precisamente es en lo que estamos trabajando los socialistas, para arreglar aquello que ustedes no fueron capaces de hacer. Estamos trabajando en el ámbito adecuado, no con enmiendas demagógicas sobre IVA, sobre devoluciones a cuenta y sobre no sé qué otras cosas que no tienen cabida en esta ley de presupuestos y que, por tanto, requieren un debate en paralelo que se está produciendo.Llegamos en Comisión a un acuerdo con Izquierda Unida con una transaccional en relación con el Fondo especial para la financiación a favor de los municipios de población no superior a 20.000 habitantes para aumentar este en 20 millones de euros, quedando una partida total de 60 millones de euros. Este fondo es uno de los instrumentos -diría que el más significativo- que la sección 22 nos ofrece para mejorar la situación económica de los ayuntamientos, además de los más pequeños, que son los que más necesidades y dificultades tienen para encontrar ingresos por otras vías. Les recuerdo, señorías, que este fondo fue creado por un Gobierno socialista en el año 2007; antes no existía. El compromiso con el municipalismo se demuestra con medidas y acciones concretas no con discursos en la tribuna, no con datos falsos, no con mentiras y evidentemente no teniendo alcaldes, señor Macias, porque que me diga que su partido es municipalista por el hecho de tener alcaldes y concejales no me parece un argumento demasiado serio. Somos los socialistas los que estamos trabajando para este nuevo modelo de financiación, porque ese es el trabajo de fondo. El nuevo modelo deberá garantizar suficiencia financiera, autonomía local y consenso entre la Federación Española de Municipios y Provincias y las distintas fuerzas políticas. En este sentido, pactamos también una transaccional con Izquierda Unida en Comisión referida a una disposición adicional que nos parece fundamental, ya que es la base para una nueva y una buena financiación, objetivo último de este grupo parlamentario. Les pido, por tanto, que no traigan aquí debates que corresponden a otras leyes, la Ley de Financiación Autonómica y la Ley de Haciendas Locales. No me extraña que el señor Macias diga que le provoca extrañeza no tener acuerdo de financiación autonómica. Para hacerlo mal y deprisa, ellos fueron campeones, junto con el Partido Popular. Centrémonos en lo que estamos debatiendo aquí, que son los Presupuestos Generales del Estado. Mezclar discursos no arregla los retos que tenemos por delante, los retos de futuro, solo embrolla las cosas, se pierde rigor en la discusión y hace que la imagen de la política se degrade".
Pleno del día 10 de noviembre de 2008 sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009
“Señorías, respecto a este título III, gastos de personal, voy a hacer referencia a tres temas; en primer lugar, al incremento salarial de los funcionarios; en segundo lugar, a la congelación de los sueldos de los altos cargos; y, en tercer lugar, a la oferta de empleo público. En los tres temas los Presupuestos Generales del Estado que este Gobierno nos envía presentan, a nuestro entender, seriedad y rigor, responsabilidad ante la situación económica y austeridad. Respecto al incremento salarial de los funcionarios, este se fija en un 2 por ciento y además se prevé un incremento de un uno por ciento correspondiente a retribuciones complementarias, cosa que consigue que este año se acabe con la equiparación de las catorce pagas. Finalmente, se prevé un incremento adicional del 0,5 por ciento de la masa salarial para financiar las aportaciones a planes de pensiones de empleo. Este incremento se ha negociado y acordado con los sindicatos, tal y como recoge el acuerdo de la Mesa general de negociación de las administraciones públicas de 25 de septiembre de 2006, ratificado el 16 de septiembre de 2008. El incremento salarial de los funcionarios es una medida con carácter básico, y así debe ser, en aplicación del título competencial reconocido en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Además, así lo ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Las sentencias del Tribunal Constitucional 63/1986, 237/1992 y 171/1996, entre otras, dicen, acerca de imponer topes a las retribuciones de los funcionarios, que se trata de una medida económica general de carácter presupuestario dirigida a contener la expansión de uno de los componentes esenciales del gasto público, además de ayudar a la estabilidad económica y a la gradual recuperación del equilibrio presupuestario. Por tanto, el hilo argumental, al que el señor Ridao hacía referencia en su intervención, de las enmiendas de Convergència i Unió no se sostiene desde el punto de vista jurídico- constitucional y por ello no podremos, evidentemente, apoyar estas enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Respecto a la congelación de los sueldos de los altos cargos, supone un esfuerzo de austeridad y una muestra de coherencia y compromiso del Gobierno, y algo muy importante también como es el hecho de dar ejemplo, cosa fundamental siempre, pero especialmente en esta coyuntura en la que estamos. Este tipo de medidas ejemplarizantes contribuyen sin duda a paliar la desafección potencial que la ciudadanía puede sentir en relación con la política. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, no se pueden hacer en este sentido enmiendas demagógicas como la que su portavoz defendía hace unos minutos. Hay congelación de sueldos de los altos cargos porque así lo prevén los Presupuestos Generales del Estado. En cuanto a la oferta de empleo público, como medida de contención del gasto público con carácter general, la tasa de reposición de este empleo en las administraciones públicas será como máximo del 30 por ciento. A ello se reconocen algunas excepciones como el personal de la Administración de Justicia, el personal educativo, el personal sanitario, el de inspección de trabajo, el de servicios públicos de empleo y el de instituciones penitenciarias. El Grupo Parlamentario Socialista ha considerado en esta misma dirección presentar la enmienda número 67 que amplíe los casos de excepción del 30 por ciento. ¿A qué servicios? A los servicios de prevención y extinción de incendios y a los efectivos para municipios de menos de 50.000 habitantes. De esa manera, cubrimos aquellos entes locales que más podrían notar la reducción de efectivos, garantizando que no se vean perjudicados sus ciudadanos a la hora de recibir los servicios públicos imprescindibles. Esta es una muestra más del compromiso del Grupo Parlamentario Socialista con el municipalismo. Asimismo, en la enmienda 67 se propone que el 30 por ciento de la tasa deberá centrarse en aquellos sectores que ofrezcan servicios públicos esenciales, en especial los destinados a desarrollar la Ley 39/2009, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Así, además de destinar en estos Presupuestos Generales del Estado para 2009 un incremento de la partida para financiar la Ley de la Dependencia del 33 por ciento, también cuando hablamos de los efectivos públicos que deben destinarse a este objetivo prioritario el compromiso del Grupo Parlamentario Socialista es palpable. Esta enmienda número 67 mantiene un buen equilibrio entre la necesidad indiscutible de contención del gasto público y ofrecer en todo momento los servicios que los ciudadanos más reclaman, por ser los más esenciales. Dos temas son básicos en este punto para mi grupo: el compromiso con los ayuntamientos y sus necesidades, y el compromiso con las políticas sociales. Por ello el Grupo Parlamentario Socialista apoyará este título III, ya que consideramos que consigue, como decía, un equilibrio entre la contención del gasto y el trato que merecen los trabajadores que ofrecen servicios públicos a los ciudadanos.Gracias". Publicat per
Intervención en la Comisión de Presupuestos del día 5 de noviembre de 2008
“Las principales líneas de actuación del departamento de Administraciones Públicas que el Grupo Socialista considera necesarias y por las que efectivamente estos Presupuestos Generales del Estado apuestan son, en primer lugar, continuar con la mejora de la calidad y los servicios que se prestan a la ciudadanía a través de la Administración General del Estado. En este sentido es de vital importancia el programa 921.P, referido a la Administración periférica del Estado. El incremento de este programa se debe fundamentalmente al refuerzo de las oficinas y unidades de extranjería, a las unidades de violencia de género y a la aplicación del Plan de mejora de los servicios de sanidad exterior, con el refuerzo de los puestos de inspección fronterizos. Es un aumento de las partidas destinadas a infraestructuras, a personal y a innovación tecnológica, por lo que las enmiendas 1.040 y 1.041 del Grupo Popular no nos parecen adecuadas, en la medida en que el presupuesto ya cubre las necesidades en este campo. El segundo gran objetivo de este departamento es proseguir con la política de extensión de los servicios públicos telemáticos y con la modernización tecnológica de la Administración General del Estado. Así, el programa 467.G, de investigación y desarrollo de la sociedad de la información, mantiene una dotación suficiente, a nuestro entender, para seguir apostando por este desarrollo tecnológico, tan necesario, de la Administración pública si queremos que esta ofrezca los servicios a los ciudadanos y a las empresas con el nivel de calidad adecuado. Esta fue una apuesta durante toda la anterior legislatura y se mantiene en esta. A simple vista, podría parecer que hay una disminución respecto a los Presupuestos Generales del Estado del 2008; sin embargo, en términos homogéneos no se produce tal reducción, ya que esta se explica con la reducción de 5 millones que en 2008 se destinaban a ventanilla única I+D+i, que ha dejado de ser competencia de este ministerio, así como de los fondos destinados a las medidas de activación del Plan Jaén XXI, que finaliza su vigencia y que tenía una dotación de 1,09 millones de euros.En conclusión, el programa 467.G experimenta en realidad una ligera subida, por lo que las enmiendas 1037, 1038, 1039 y 1042 del Grupo Popular, así como las enmiendas 2363, 2371 y 2377 de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, no nos parece que tengan sentido suficiente como para aceptarlas. Quiero referirme también al Instituto Nacional de Administración Pública, antes de abordar el tercer gran objetivo, que es el de continuar con el apoyo económico-financiero a las corporaciones locales, sobre las cuales han centrado las intervenciones que me han precedido. En relación a este organismo autónomo el Grupo Socialista ha presentado una enmienda, la 1431, para adecuar los estados de gastos del INAP a la nueva cantidad que se destinará a la formación continua en el ámbito de las comunidades autónomas en 2009, derivadas precisamente del acuerdo de 10 de octubre de 2008, tomado por la Comisión general para la formación continua. Así, la inversión en formación continua queda, de alguna manera, territorializada. En parte, las enmiendas 2359 y 2360 del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, así como las enmiendas 1035 y 1036 del Grupo Popular, van en la misma dirección, por lo que pediríamos a estos grupos parlamentarios que apoyen nuestra enmienda porque entendemos que subsume o podría subsumir las suyas, y que responde además al acuerdo tomado por la Comisión general para la formación continua. Entro a hablar del tercer gran eje prioritario del presupuesto de 2009, que consiste en el apoyo económico-financiero a las corporaciones locales a través, principalmente, del programa 942.A, de cooperación económica local del Estado por parte del Ministerio de Administraciones Públicas.Como SS.SS. saben, la finalidad de este programa según el Real Decreto 835/2003 es, en primer lugar, contribuir a la realización de las inversiones locales incluidas en los planes provinciales e insulares de cooperación; en segundo lugar, contribuir a la modernización de la Administración local a través de la utilización de tecnologías de la información y, en tercer lugar, contribuir a impulsar la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales. Para ello, los Presupuestos Generales del Estado que nos presenta el Gobierno instrumentan unas líneas de ayuda que no tienen nada que ver con el modelo de financiación local, que ustedes pretenden modificar vía enmiendas a esta sección. Ustedes mismos han citado algunas de ellas, por ejemplo, la 1033 del Partido Popular o la 2966 de Convergència i Unió, que necesariamente tenemos que rechazar. Compartimos el diagnóstico de que hay un problema de financiación local, y por eso precisamente estamos trabajando en los foros adecuados para intentar llegar a un acuerdo lo antes posible. El problema de la financiación local, por otro lado, no lo ha generado ni el Partido Socialista ni el Gobierno socialista ni este grupo parlamentario, sino que es un problema que ya existe y que fue agravado por las decisiones tomadas por los gobiernos populares. Hay otro grupo de enmiendas que vamos a rechazar porque confunden este programa con unas asignaciones nominativas a corporaciones locales para la realización de ciertas obras o proyectos concretos, cuando las ayudas a obras o servicios municipales tienen que instrumentarse necesariamente a través de los planes provinciales e insulares, y estos deben cumplir, además, determinados requisitos. En otras palabras, el presupuesto no puede territorializar o asignar créditos directos a corporaciones locales concretas a través de este programa, sino que la legislación prevé que sea a lo largo del ejercicio presupuestario cuando se presenten proyectos concretos. Léanse, por favor, el artículo 10, entre otros, del real decreto citado. Por tanto, estas enmiendas que el Grupo Socialista rechazará son la 2328, la 2347, la 2348, la 2349, la 2351, la 2380 y la 2394 de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Pediríamos, de hecho, que las retiraran por ser insalvables e inviables desde el punto de vista técnico. A continuación, quiero defender las enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario, la 1429 y 1430, referidas a una compensación económica para aquellos municipios con instalaciones militares en su territorio -concretamente, hacen referencia a los municipios de San Fernando, Rota, Barbate, El Arahal, Ferrol y Cartagena-, y a su vez otra enmienda referida a los municipios con servidumbres militares, tales como El Coronil, Paradas y Obejo. En caso de que se aceptara esta enmienda, carecerían de sentido la enmienda 1034, del Grupo Popular, y la 1928, del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Pedimos a estos grupos parlamentarios que apoyen nuestra enmienda, pues pensamos que la partida que nosotros proponemos es más ajustada y está más en coherencia con la que recibieron el año anterior, y es más justa en la medida en que distingue aquellos municipios con bases en su territorio y aquellos municipios que sufren simplemente servidumbres referidas a las instalaciones militares. Finalmente, hemos llegado a un acuerdo -y lo quiero poner en valor- con una enmienda transaccional en relación con el fondo especial para la financiación a favor de los municipios de población no superior a 20.000 habitantes. Esta transaccional se basa en la enmienda 1929 y ha sido concertada por parte del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida.Este es uno de los instrumentos -el más significativo- que la sección 22 nos ofrece para mejorar la situación económica de los ayuntamientos.Hemos querido, pues, aprovechar esta oportunidad para apostar paliar la coyuntura desfavorable de los municipios, siendo conscientes de que el trabajo de fondo, como decía antes, debe llegar pronto con un nuevo modelo de financiación local que garantice, en primer lugar, la suficiencia financiera; en segundo lugar, que respete la autonomía local y, en tercer lugar, que sea un pacto entre todas las fuerzas políticas; por tanto, que sea un modelo de consenso. En este sentido, hemos pactado también una transaccional con Izquierda Unida referida a una disposición adicional votada ayer que nos parece fundamental, ya que es la base precisamente para una nueva y buena financiación, objetivo último de este grupo parlamentario La sección 32 es el reflejo contable del título VII, que a su vez refleja el modelo de financiación de las comunidades autónomas y de las haciendas locales, por lo que el discurso de fondo y defensa de esta parte del presupuesto ya se hizo ayer en boca de nuestra portavoz, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro. En cualquier caso, cabe recordar hoy cuatro puntos fundamentales a nuestro entender. En primer lugar, la Ley de Presupuestos Generales del Estado no es el ámbito adecuado para introducir modificaciones al sistema actual de financiación local y autonómica. Por ganas evidentemente no queda. Nosotros somos los primeros que tenemos ganas de resolver estos dos grandes retos, como son mejorar y pactar un nuevo modelo de financiación tanto autonómica como local, pero no es la Ley de Presupuestos Generales del Estado el lugar para poder hacerlo. En segundo término, ha sido el Gobierno socialista el que ha tenido desde el Estado una política municipalista, compensando el impuesto de actividades económicas suprimido por el Partido Popular y creando los anticipos a cuenta de los ayuntamientos en 2006 para mejorar su financiación. En tercero, están empezando a negociar en comisión conjunta el Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias, y es en este ámbito y además con todas las fuerzas políticas en el que hay que llegar a acuerdos y mejoras en la financiación. A su vez, el Estado está negociando con las comunidades autónomas, como SS.SS. saben, para llegar a un nuevo modelo de financiación autonómica. Cuando defendemos la participación de los entes locales y de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado tenemos que ser coherentes y saber que eso quiere decir participación en los ingresos del Estado. Por tanto, si estos aumentan los ingresos, la cantidad que les corresponderá será mayor, pero si disminuyen dichos ingresos también la cantidad a percibir va a disminuir. Dicho esto, entro brevemente a hablar de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. La enmienda 1560, presentada por nuestro grupo, propone una mejora al transporte regular de viajeros de las distintas islas Canarias, así como supone cubrir necesidades puntuales del servicio. En este sentido, las enmiendas 1228 y 1323 del Grupo Popular y de Coalición Canaria respectivamente buscan el mismo objetivo, por lo que pediríamos a estos grupos parlamentarios que retiraran las suyas y apoyaran la nuestra, puesto que por cuantía y por distribución de las partidas nos parece la más ajustada y la más adecuada para estos presupuestos. No vamos a apoyar el resto de enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios a esta sección 32 por distintas razones, algunas porque son el reflejo numérico de un nuevo artículo o disposición que se ha presentado al articulado, concretamente al título VII, y que ya se han rechazado -por tanto, carecen de sentido-, otras porque presentan una deficiencia técnica que imposibilita su aprobación. Sus señorías saben perfectamente que, de acuerdo con el artículo 133 del Reglamento de la Cámara, no se puede dar de baja partidas de otras secciones referidas al alta, a no ser que se haga referencia a la sección 31. Por tanto, no podemos aceptar todas aquellas enmiendas que técnicamente presentan este defecto de forma. Por fin, otras financian el alta con una baja que afecta a la liquidación definitiva de la participación en los ingresos correspondientes a ejercicios anteriores, lo que de aprobarse supondría una grave alteración del sistema de financiación local. Pongo por ejemplo las enmiendas 1236 y 1237 del Grupo Popular. Finalmente, con relación a la sección 33, como ustedes saben, es una sección que hace referencia al Fondo de Compensación Interterritorial, y es donde se recogen los créditos de este fondo, que está perfectamente regulado por la Ley 22/2001. Es decir, señorías del Grupo Popular, presentar una enmienda a la totalidad a esta sección, como han hecho, supone dos cosas: en primer lugar, presentar una enmienda a la totalidad a la Ley 22/2001, aprobada precisamente por un Gobierno del Partido Popular y, en segundo lugar, acabar con el Fondo de Compensación Interterritorial. Las enmiendas a la totalidad de las otras secciones pueden más o menos entenderse. La de esta sección 33 nos parece que es absolutamente incoherente. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista rechazará todas las enmiendas presentadas a esta sección, también las de Coalición Canaria, ya que aceptarlas supondría incumplir la Ley del fondo, algo a lo que, como ustedes comprenderán, no estamos dispuestos".
Intervención en la Comisión de Presupuestos del día 4 de noviembre de 2008
“Mi intervención se va a centrar en el contenido del título III de este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y haré referencia a los gastos de personal. Quiero centrar mi intervención en tres aspectos. En primer lugar, el incremento salarial para los funcionarios; en segundo lugar, la congelación de los sueldos de los altos cargos y en tercer lugar, la oferta de empleo público. El Grupo Socialista cree que en los tres aspectos que he señalado los Presupuestos Generales del Estado presentan seriedad, rigor y responsabilidad ante la situación económica coyuntural que estamos viviendo y, también, austeridad. Curiosamente las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios que están tan preocupados por la situación de crisis no hacen más que intentar incrementar los gastos de estos presupuestos. En relación con el incremento de los sueldos de los funcionarios se prevé, en principio, del 2 por ciento junto a un aumento del 1 por ciento en relación con las retribuciones complementarias en términos de masa salarial -cosa que consigue que este año se acabe con la equiparación de las catorce pagas- y un 0,5 por ciento para financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo. Por tanto, en realidad estamos hablando no de un 2 por ciento, sino de un 3,5 por ciento. Los funcionarios no pagan la crisis económica, como decía el portavoz de Esquerra Republicana.Estos incrementos salariales han sido negociados con los sindicatos, y hemos llegado a acuerdos con ellos en la mesa general de negociación de las administraciones públicas de 25 de septiembre de 2006, cosa que fue ratificada por la mesa general de negociación de 16 de septiembre de 2008. Este incremento es una medida con carácter básico y a ello haré referencia seguidamente En el contexto actual las administraciones públicas tienen que tener presente la repercusión de las cláusulas de revisión salarial sobre otras variables económicas, como la inflación o el desempleo. La revisión salarial debe vincularse fundamentalmente a la evolución de la productividad, lo que en el sector público tiene que traducirse en la mejora de los servicios que se prestan a los ciudadanos.Por ello, no nos parecen procedentes las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds 2066, 2067, 2068, 2069 y 2070. En relación con el carácter básico de esta medida, reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional han puesto en evidencia que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución sirve de título competencial para que el Estado pueda regular sobre esta materia basándose en las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica.Quiero señalar especialmente la sentencia del Tribunal Constitucional 171/1996, así como la sentencia 63/1986, que señala que imponer los topes a la retribuciones de los funcionarios es una medida económica general de carácter presupuestario dirigida a contener la expansión de uno de los componentes esenciales del gasto público. Además, la sentencia 237/1992, también del Tribunal Constitucional, añade que ayuda a la estabilidad económica y a la gradual recuperación del equilibrio presupuestario. Por estos motivos no podemos aceptar las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) 2563, 2564 y 2565, prácticamente todas las que ha presentado a este título III. Le recuerdo al portavoz de Convergència i Unió que las comunidades autónomas no están constreñidas al 2 por ciento, como decía al inicio de mi intervención, sino que también pueden añadir los complementos previstos del 1 por ciento y del 0,5 por ciento sobre aportaciones a planes de pensiones de empleo. Respecto a la congelación de los sueldos de los altos cargos, mi grupo parlamentario valora muy positivamente esta medida porque supone un esfuerzo de austeridad y muestra la coherencia y el compromiso del Gobierno con la situación coyuntural de crisis económica. Además de esta austeridad y de esta coherencia, es una manera de dar ejemplo, cosa fundamental siempre pero especialmente en esta coyuntura en la que estamos, ya que este tipo de medidas ejemplarizantes contribuyen a paliar la desafección potencial que la ciudadanía puede sentir en relación con la política. Algunas de las enmiendas presentadas a este punto caen en algún aspecto demagógico, como puede ser la número 121 presentada por el Grupo Parlamentario Popular, ya que proponen eliminar el criterio de la productividad que nos parece positivo a la hora de realizar un servicio público. En relación con la oferta de empleo público, quiero empezar diciendo que la previsión en estos Presupuestos Generales del Estado para 2009 es una medida de contención del gasto público, ya que la tasa de reposición de empleo en las administraciones públicas será, como máximo, del 30 por ciento, lo que quiere decir que efectivamente dejarán de convocarse al menos un 70 por ciento de las plazas que queden vacantes. Sin embargo, esta medida de contención del crecimiento del empleo público se conjuga con el necesario mantenimiento de algunas políticas esenciales y prioritarias para los ciudadanos. La limitación de la tasa de reposición, por tanto, no se aplica a determinados sectores: al personal de la justicia, al de la educación, al personal sanitario, al personal de la Inspección de Trabajo, al de los servicios públicos de empleo y al personal de Instituciones Penitenciarias. El Grupo Socialista, en esta misma dirección, ha presentado una enmienda que amplíe, en cierto modo, algunos de los casos de excepción a esta limitación del 30 por ciento de tasa de reposición. Esta enmienda número 67 propone aplicar una tasa de reposición del cien por cien también a servicios de prevención y extinción de incendios y a efectivos para municipios de menos de 50.000 habitantes. Asimismo, esta enmienda número 67 pretende concentrar la tasa de reposición del 30 por ciento en aquellos sectores que ofrezcan servicios públicos esenciales, en especial los destinados a desarrollar la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, porque este es un elemento fundamental para nuestro grupo parlamentario. Por cierto, el señor Merino dice que el Estado no hace ningún esfuerzo y que no ha puesto dinero precisamente para desarrollar esta ley, peor sabe S.S. que no es cierto; en el año 2008 hubo un incremento del 26 por ciento y en 2009, con la crisis económica que hay, con el esfuerzo de austeridad que está llevando a cabo este Gobierno, ha habido un incremento del 33 por ciento. Me parece que es muestra suficiente como para que sus palabras no se ajusten para nada a la realidad. Esta enmienda 67 mantiene un buen equilibrio entre la necesidad indiscutible de contención del gasto público y el ofrecer en todo momento los servicios que los ciudadanos más reclaman por ser los más esenciales; sin duda, en este caso está el despliegue, el desarrollo de la Ley de Dependencia. Las enmiendas 114, 115 y 116 del Partido Popular, la 1628 de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa Per Catalunya Verds, y las enmiendas 1258 y 1259, de Coalición Canaria, van en esta misma dirección, por lo que pediría a estos grupos parlamentarios que apoyaran nuestra enmienda, ya que de alguna manera subsume lo que proponen en sus iniciativas".
Intervención en el Pleno sobre el régimen de incom...
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Pleno del día 10 de noviembre de 2008 sobre el pro...
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References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 149
 Real Decreto 
 artículo 10
 real decreto 
 artículo 133
 artículo 149