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Timestamp: 2018-08-15 03:09:19+00:00

Document:
Resolución nº 1037/57 - Suprema corte de justicia
Resolución nº 1180/57
Resolución nº 902/58: (23-9-1958) Derogado por Acuerdo 2514.
Resolución nº 1037/57
La Plata, 3 de diciembre de 1957.
Vista la situación planteada entre el señor juez en lo penal de Mercedes y la Jefatura de Policía de la Provincia motivada por la orden del señor juez disponiendo que mientras no resuelva en definitiva la causa instruida en su juzgado con el señor comisario por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios y usurpación de propiedad -en la que ha sido sobreseido provisionalmente- dicho funcionario debe inhibirse de participar en toda actuación promovida con su intervención, y
Que en nuestro ordenamiento procesal la instrucción de las causas penales corresponde a los señores jueces en lo penal.
Que al mismo tiempo según lo ordena el art. 92 del Código de Procedimiento Penal, todo funcionario policial tiene el deber de prevenir en la instrucción de los sumarios.
Que como lo explicara el doctor Manuel Obarrio en la nota de remisión de su proyecto para la Capital Federal (pág. XXVII) que sigue similar sistema, la ley pretende que la investigación sea apreciada y garantizada por personas que reúnan la competencia de un juez de derecho, sin perjuicio de que la prevención policial realice sin pérdida de tiempo las diligencias urgentes que aquél en la mayoría de los casos prácticamente está imposibilitado de realizar.
Que, para armonizar estos extremos la ley acuerda a la policía la facultad de practicar todas las diligencias urgentes del sumario inmediatamente después de cometida la infracción, pero por un período limitado y breve, en forma excepcional y transitoria, del modo que señalan los artículos 92 y 448 de la ley ritual.
Que consecuentemente dispone que el Jefe de Policía, a requisitoria del juez y dentro de las 24 horas, designe al funcionario encargado de la instrucción regular del sumario, persona que no podrá ser sustituida sin causa fundada a riesgo de provocar el conflicto que deberá resolver este Tribunal.
Que de todo ello se sigue que los señores jueces en lo penal carecen de facultades para disponer cuales son los funcionarios que deben intervenir en los sumarios de prevención o para privar o impedir a los designados el cumplimiento de su función específica, porque la potestad está reservada a la Jefatura de Policía, institución de carácter administrativo que debe prestar colaboración y concurso al Poder Judicial, sin que esto implique que sea repartición de su dependencia.
Que por lo demás, dichas facultades no son necesarias a los jueces en lo penal a quienes corresponde privativamente la dirección de los procesos y quienes pueden, por ende, apartar de él a litigantes, abogados, funcionarios y a toda persona que al intervenir en ellos, atente contra su dignidad o autoridad u obstruya el curso de la justicia (arts. 15 y 16 C.P.C. y 455 C.P.P.
Que esta misma amplitud de atribuciones y el permanente deber de magistrados y funcionarios de procurar la armonía de los poderes del Estado, exige la mayor prudencia en el ejercicio de las mismas y para su aplicación, la fundamentación concreta que es inexcusable a las decisiones de los magistrados.
Que en orden a lo expuesto, cualquiera fuere la bondad de los escrúpulos en que se funden medidas como la impugnada, debe estimarse que la del caso, en cuanto excede por su generalidad, el alcance de las resoluciones que los señores jueces deben dictar en cada causa, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales puede crear perturbaciones para el normal desenvolvimiento de los servicios policiales.
En consecuencia, con la intervención del señor Procurador General, así se declara y limítase la medida decretada por el juez “a quo” al proceso en el que se dictó.
La Plata, 27 de diciembre de 1957.
VISTO el precedente informe de la Secretaría de Superintendencia del que resulta la existencia de una amplia mayoría en favor de la adhesión al “INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” (Decreto Ley 2452/57) y atento lo beneficios de carácter social que el mismo reporta, la Suprema Corte de Justicia en uso de sus atribuciones y lo dispuesto en el art. 27 del Decreto ley 2452 del 20 de febrero de 1957 y 127 del Decreto 9108 del 30 de mayo del mismo año,
1) Adherir al régimen creado por Decreto Ley 2452 del 20 de febrero de 1957.
2) Hacer saber a los señores magistrados y funcionarios comprendidos en las disposiciones que prohiben la disminución de sus sueldos que podrán acogerse a los beneficios que les concede el mencionado decreto ley, debiendo efectuar la opción dentro de los 90 días (art. 61 decreto 9108) a partir de la fecha.
3) Comunicarlo y publicarlo.
Resolución 300/58: (11-3-1958) Mandamientos y Notificaciones. Diligenciamiento. Términos. Derogado por Acuerdo 1814.
Resolución nº 788/58: (26-8-1958) Mandamientos y Notificaciones. Funcionamiento de Oficinas. Derogado por Acuerdo 1814.
Resolución nº 789/58: (26-8-1958) Listas de Nombramiento de Oficio. Tribunales del Trabajo. Normas. Derogado por Acuerdo 1888.
Resolución nº 868/58: (16-9-1958) Mandamientos y cédulas. Término para su agregación a los expedientes. Sin efecto por Acuerdo 1814, que deroga el artículo que modifica la presente.
Resolución nº 1066/58: (4-11-1958) Mandamientos y Notificaciones. Diligenciamientos. Medidas. (modificado por Resolución 962/60 y 681/61) Derogado por Acuerdo 1814.
Resolución nº 1081/58: (11-11-1958) Registro de Declaraciones Patrimoniales. Creación. Régimen. Derogado por Acuerdo 1983.
Resolución nº 366/59: (3-3-1959) Lista de Nombramiento de Oficio. Peritos. Reglamentación. Derogado por Acuerdo 1888.
Resolución 367/59: (3-3-1959) Lista de Nombramiento de Oficio. Sorteo. Turno. Normas (modificado por Resolución nºs. 400/60; 148/69 y 367/73). Derogado por Acuerdo 1888.
Resolución nº 370/59: (10-3-1959) Lista de Nombramientos de Oficio. Tasadores. Profesionales habilitados (modificado por Res. 147/71). Derogado por Acuerdo 1888.

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