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ATC 66/2001, 27 de Marzo de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 58119898
ATC 66/2001, 27 de Marzo de 2001
Número de Recurso: 6565-2000
Levantamiento de la suspensión en el conflicto positivo de competencia, interpuesto por el Abogado del Estado
Mediante escrito presentado en el Registro de este Tribunal el día 14 de diciembre de 2000, el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, promueve conflicto positivo de competencia contra los arts. 1.2; 3 b); 4.1.2. b); 4.1.3; 5; 6; y los restantes por conexión, del Decreto 278/2000, de 31 de julio, por el que se crean las Comisiones de Secretarios Judiciales de Cataluña; y contra la Resolución del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña de 4 de septiembre de 2000, por la que se inicia el procedimiento electoral establecido en el Decreto 278/2000 para el mantenimiento de los Secretarios Judiciales electos.
La Sección Tercera, mediante providencia de 16 de enero de 2001 acordó admitir a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por el Abogado del Estado en nombre del Gobierno de la Nación, dar traslado de la demanda al Gobierno de la Generalidad de Cataluña, por conducto de su Presidente, al objeto de que en el plazo de veinte días realice las alegaciones que considere convenientes. Asimismo, se acordó tener por invocado el art. 161.2 CE, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de las disposiciones impugnadas, y comunicar la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por si ante la misma se impugnasen las disposiciones objeto de conflicto, en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto y publicar dicha incoación en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.
La Letrada de la Generalidad de Cataluña, mediante escrito presentado en el Registro del Tribunal el día 9 de febrero de 2001, se personó en el procedimiento y formuló alegaciones, solicitando que se dicte Sentencia por la que se declare que las competencias controvertidas corresponden a la Generalidad de Cataluña.
Mediante otrosí, la representación procesal de la Generalidad de Cataluña manifiesta en el propio escrito de alegaciones que, habiéndose invocado por parte del Gobierno de la Nación el art. 161.2 CE y, consecuentemente, acordado por parte del Tribunal Constitucional la suspensión de la vigencia de las disposiciones impugnadas, se solicita el levantamiento de dicha suspensión, sin necesidad de que transcurran cinco meses desde que fue acordada, toda vez que ni el art. 161.2 CE ni el art. 30 LOTC imponen el agotamiento de dicho plazo y así lo ha confirmado reiterada doctrina constitucional (AATC 417/1997, 154/1994, 21/1995 y 222/1995, entre otros). El levantamiento de la suspensión se sustenta en los criterios que, seguidamente, se resumen.
La Sección Tercera, mediante providencia de 13 de febrero de 2001, acuerda tener por recibido el escrito de alegaciones de la Generalidad de Cataluña y oír al Abogado del Estado, en el plazo de cinco días, para que pueda alegar lo que estime conveniente sobre la solicitud de la representación procesal autonómica de que se levante la suspensión de las normas impugnadas.
El Abogado del Estado, en escrito registrado el día 22 de febrero de 2001, solicitó el mantenimiento de la suspensión con base en los argumentos que se exponen a continuación.
El objeto de esta resolución es determinar, de acuerdo con el art. 161.2 CE, si procede mantener o levantar la suspensión de la vigencia que afecta a los arts. 1.2; 3 b); 4.1.2 b); 4.1.3; 5; 6; y restantes por conexión del Decreto 278/2000, de 31 de julio, por el que se crean las Comisiones de Secretarios Judiciales de Cataluña; y a la Resolución del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña de 4 de septiembre de 2000, por la que se inicia el procedimiento electoral establecido en el Decreto 278/2000 para el nombramiento de los Secretarios Judiciales electos.
Sobre este tipo de incidentes de suspensión existe una consolidada doctrina constitucional, según la cual para su resolución es necesario ponderar, de un lado, los intereses que se encuentren afectados, tanto el general y público, como el particular o privado de las personas afectadas, y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que se irrogan del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Esta valoración debe efectuarse mediante el estricto examen de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones que se formulan en la demanda. En este sentido, ha de recordarse que el mantenimiento de la suspensión requiere que el Gobierno, a quien se debe la iniciativa, aporte y razone con detalle los argumentos que la justifiquen (AATC 329/1992, 243/1993, 46/1994, 251/1996, 44/1998, entre otros muchos).
Ninguna de las representaciones procesales en este procedimiento realiza una ponderación de las consecuencias del levantamiento o mantenimiento de la suspensión de los preceptos impugnados de modo singularizado para cada uno de ellos, sino que efectúan una evaluación globalizada acerca de los perjuicios que se derivarían de ambas situaciones.
El planteamiento del Abogado del Estado no puede ser admitido. La Generalidad de Cataluña viene realizando funciones relacionadas con la Administración de Justicia, de acuerdo con lo previsto en los Reales Decretos 966/1990 y 441/1996, de traspaso de servicios y funciones en materia de medios materiales y económicos y de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, respectivamente. En este contexto, a los Secretarios Judiciales les incumbe la realización de importantes funciones en relación con la actividad de las oficinas judiciales, cuya jefatura ostentan, en términos de lo regulado en el art. 8 de su Reglamento Orgánico, aprobado por Real Decreto 429/1988, de 29 de abril.
El argumento empleado por el Abogado del Estado de que las Comisiones de Secretarios Judiciales de Cataluña resultarían disfuncionales por la duplicidad que conllevarían al superponerse al Consejo de Secretariado, puesto que es el propio Reglamento Orgánico de los Secretarios Judiciales quien da soporte a la necesaria colaboración entre Organos judiciales y Administración autonómica es una cuestión de fondo y, de otro lado, no puede apoyarse en la doctrina del ATC 199/2000, máxime cuando esta última resolución se refiere a un supuesto en nada equiparable, pues nada tiene que ver la dualidad de Administraciones gestoras de un Parque Nacional con el caso que ahora nos ocupa.
En su virtud, el Pleno del Tribunal acuerda levantar la suspensión de la vigencia de los arts. 1.2; 3 b); 4. 1.2 b); 4.1.3; 5; y 6, del Decreto 278/2000, de 31 de julio, por el que se crean las Comisiones de Secretarios Judiciales de Cataluña; así como la de la Resolución del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña de 4 de septiembre de 2000, por la que se inicia el procedimiento electoral establecido en el Decreto 278/2000 para el nombramiento de los Secretarios Judiciales electos. Madrid, a veintisiete de marzo de dos mil uno.
STSJ Cataluña 7895/2010, 2 de Diciembre de 2010

References: Resolución 
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 Real Decreto 
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