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Timestamp: 2017-12-12 10:25:00+00:00

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Sentencia A.P. Madrid 45/2010, de 24 de marzo. Tráfico de drogas. Tentativa - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Madrid 45/2010, de 24 de marzo
Niega la Audiencia que en este caso el delito haya sido cometido en grado de tentativa, ya que el acusado detentó la posesión de la drogas de manera efectiva y fuera de la vista de los agentes de policía, lo que posibilitó concluir la ruta que había sido pactada para la sustancia y sin que pueda afirmarse similitud con los supuestos de entrega controlada.
En Madrid, a veinticuatro de marzo de dos mil diez
VISTO en juicio oral y público ante la Sección Séptima de esta Audiencia Provincial el Sumario n.º 4/2009, procedente del Juzgado de Instrucción n.º 22 de Madrid seguida de oficio por un delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA, contra los acusados Imanol, con NIE [...], nacido el 3 de febrero de 1975 en Guayaquil (Ecuador), hijo de Francisco y de Teresa, estando representado por el Procurador D. Pablo José Trujillo y defendido por el Letrado D. Juan Ramón Ayala Cabero, contra Laureano, con pasaporte n.º [...], nacido el 12 de junio de 1976 en Quito (Ecuador), hijo de José Alberto y de Mercedes Gioconda, estando representado por el Procurador D. Eusebio Ruiz Esteban y defendido por la Letrada D.ª Antonia Mateo Moreno, contra Marino, nacido el 31 de julio de 1975 en Guayaquil (Ecuador), hijo de Víctor Manuel y de Judith, estando representado por la Procuradora D.ª Pilar Pérez González y defendido por el Letrado D. Bernardo José Pordomingo Pardo, contra Nicanor, con NIE [...], nacido el 27 de septiembre de 1962 en Cali (Colombia), hijo de Carlos Alberto y de Carmen, estando representado por la Procuradora D.ª María Teresa Marcos Moreno y defendido por el Letrado D. Pedro José Garciano Rojas, contra Roque, con NIE [...], nacido el 21 de septiembre de 1980 en Portoviejo (Colombia), hijo de Heráclito y de María Leticia, estando representado por la Procuradora D.ª María Cruz Ortiz Gutiérrez y defendido por el Letrado D. Julio Sánchez-Majano Suárez-Llanos, contra Urbano, con NIE [...], nacido el 15 de noviembre de 1989 en Girugiu (Rumanía), hijo de Marín y de Mariana, estando representado por la Procuradora D.ª María Ángeles Fernández Aguado y defendido por el Letrado D. Ismael Ramírez Guerrero, contra Carlos Manuel, con DNI [...], nacido en Guayabo Nagua (República Dominicana), hijo de Ramón y de Antonia, estando representado por el Procurador D. Ignacio Melchor Oruña y defendido por el Letrado D. Oscar Blanco López, contra Camila, con pasaporte n.º [...], nacida el 18 de febrero de 1974 en Asunción (Paraguay), hija de Ermos y de Verónica, estando representada por el Procurador D. Luís José García y Barrenechea y defendida por la Letrada D.ª Montserrat Domeque Serrano, y contra Adolfo, con pasaporte n.º [...], nacido el 23 de junio de 1983 en República Dominicana, hijo de Jesús y de Iris Manolia, estando representado por la Procuradora D.ª Gabriela de Michelis Allocco y defendido por la Letrada D.ª Juana Rebollo Fernández.
Los acusados Imanol, Marino, Laureano y Nicanor están privados de libertad por razón de esta causa desde el día 27 de noviembre de 2007.
El acusado Urbano se encuentra en libertad provisional, habiendo sufrido prisión provisional por razón de esta causa desde el día 27 de noviembre de 2007 hasta el día 18 de abril de 2008, con retención de su pasaporte y la obligación de presentación quincenal ante la Trabajadora Social de esta Audiencia.
El acusado Roque se encuentra en libertad provisional, habiendo sufrido prisión provisional por razón de esta causa desde el día 27 de noviembre de 2007 hasta el día 27 de febrero de 2009, con retención de su pasaporte y diligencia de presentación semanal.
El acusado Carlos Manuel se encuentra en libertad provisional, habiendo sufrido prisión provisional por razón de esta causa desde el día 14 de diciembre de 2007 hasta el día 6 de febrero de 2008, bajo fianza de 10.000 € y obligación de presentación quincenal.
El acusado Adolfo se encuentra en libertad provisional, habiendo sufrido prisión provisional por razón de esta causa desde el día 14 de diciembre de 2007 hasta el día 16 de enero de 2009, con retención de su pasaporte y obligación de presentación quincenal.
La acusada Camila se encuentra en libertad provisional, habiendo sufrido prisión provisional por razón de esta causa desde el día 15 de diciembre de 2007 hasta el día 21 de mayo de 2008, con obligación de presentación quincenal.
Habiendo intervenido: como acusación pública, el Ministerio Fiscal, representado por la IIma. Sra. D.ª MARÍA INMACULADA SÁNCHEZ CERVERA; los acusados ya reseñados, representados por los Procuradores y defendidos por los Letrados ya citados, siendo Ponente de la presente resolución M.ª Teresa García Quesada.
Primero.-El Ministerio Fiscal, eleva a definitivas sus conclusiones provisionales, calificando los hechos como constitutivos de A) un delito contra la salud pública del art. 368 primer inciso y 369.1.6.ª del Código Penal, y B) un delito contra la salud pública del art. 368 primer inciso del Código Penal, reputando responsables del delito A) en concepto de autores a los acusados Imanol, Urbano, Laureano, Marino, Nicanor Y Roque y del delito B) a los acusados Carlos Manuel, Adolfo y Camila, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, y solicita la imposición de las siguientes penas:
-Para los procesados por el delito A) la pena de 13 años de prisión con la accesoria de inhabilitación absoluta para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 1.715.562 euros, comiso del dinero, de los efectos y de las sustancias intervenidos, así como al abono de las costas procesales por partes iguales.
-Para los procesados por el delito B) la pena de 5 años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 26.000 euros, comiso del dinero, de los efectos y de las sustancias intervenidos, así como al abono de las costas procesales por partes iguales.
Asimismo el Ministerio Fiscal se opone a la aplicación de lo dispuesto en el art. 89 CP respecto de Adolfo, dada la gravedad de los hechos por los que está acusado.
Segundo.-La defensa del acusado Imanol, reconoció en las conclusiones definitivas el relato fáctico del Ministerio Fiscal, concordando las conclusiones a excepción de la pena que solicita fuera de 9 años de prisión.
Tercero.-La defensa de Laureano en disconformidad con las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal, eleva sus conclusiones provisionales a definitivas, solicitando la libre absolución para su defendido.
Cuarto.-La defensa de Marino, eleva sus conclusiones provisionales a definitivas y solicita para su defendido la libre absolución.
Quinto.-La defensa de Nicanor, en igual trámite modifica con carácter alternativo sus conclusiones provisionales y muestra su conformidad con las conclusiones 1.ª, 2.ª A, 3.ª A) y 4.ª del Ministerio Fiscal, solicitando para su defendido la imposición de la pena de 9 años y un día de prisión con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y multa de 1.715.562 €, comiso del dinero, de los efectos y de la sustancia intervenidos.
Sexto.-La defensa de Roque, en igual trámite, eleva sus conclusiones provisionales a definitivas, solicitando la libre absolución para su defendido.
Séptimo.-La defensa de Urbano en el acto del juicio oral modifica sus conclusiones provisionales y, subsidiariamente califica los hechos como constitutivos de un delito intentado contra la salud pública del art. 368 del Código Penal, considerando autor de los mismos a su defendido, con la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal de 1.- atenuante analógica de dilaciones indebidas del art. 21.6.ª del Código Penal y 2.- atenuante analógica de escaso nivel sociocultural e intelectual del art. 21.6.ª del Código Penal, solicitando la imposición de una pena de 1 año de prisión por aplicación de las reglas de los artículos 62 y 66.2.ª del Código Penal.
Octavo.-La defensa de Carlos Manuel, en igual trámite, en disconformidad con las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal, eleva a definitivas sus conclusiones provisionales interesando la libre absolución para su defendido, al considerar que concurre la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal recogida en el art. 21.2 del Código Penal o subsidiariamente la atenuante de drogadicción del artículo 21.6.º del Código Penal, en relación con el artículo 21.1 y 20.2 del mismo texto legal. Asimismo solicita la aplicación de las eximentes completas del art. 20.2 y 5 del Código Penal.
Noveno.-La defensa de Adolfo, disconforme con las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal, eleva sus conclusiones provisionales a definitivas, solicitando la libre absolución para su defendido.
Décimo.-La defensa de Camila, en igual trámite, en disconformidad con las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal, eleva sus conclusiones provisionales a definitivas e interesa la libre absolución para su defendida.
Primero.-Los procesados Imanol (alias "Chipiron" o "Rata"), Laureano, Marino (alias "Nacho"), Nicanor (alias "Mantecas"), Roque (alias Bola) Y Urbano, todos ellos mayores de edad y sin antecedentes penales, en fechas próximas al mes de noviembre de 2007 se concertaron para hacer llegar a España, vía aérea desde Ecuador, una importante cantidad de cocaína, con la finalidad de destinarla en España al mercado ilegal.
A tal fin el procesado Imanol realizó una serie de contactos con personas residentes tanto dentro como fuera de España, contra las que no se dirige la presente resolución, a fin de concertar las personas que habían de llevar a cabo el transporte material de la mercancía así como en qué manera se verificaría la entrega de la misma en el país de origen y la remuneración que habría de recibir el transportista. Como consecuencia de dichas gestiones, el procesado Laureano, empleado de la Compañía Aérea Lan Ecuador, recibió de personas no identificadas el encargo de transportar la sustancia estupefaciente desde Ecuador a Madrid, a sabiendas de la naturaleza de la sustancia que había de transportar y estar destinada a su distribución a terceros.
De esta forma, el día 26 de noviembre de 2007, el procesado Laureano recibió en Ecuador de persona no identificada, 10 bolsas de suero que contenían cocaína en estado líquido, bolsas que, a sabiendas de su contenido, el procesado accedió a transportar con su equipaje, como miembro de la tripulación de cabina, en el vuelo que había de partir hacia Madrid el propio día 26 de noviembre, teniendo prevista su llegada en la mañana del día 27 de noviembre de la compañía aérea LAN ECUADOR, compañía en la que el procesado desempeñaba sus labores de auxiliar de vuelo.
Llegado el vuelo a Madrid, y alertado el procesado Imanol de tal extremo, telefoneó al Hotel ABBA de Madrid, en el que se había alojado el procesado Laureano, a fin de concertar la entrega. Con igual finalidad, el acusado Imanol contactó con Marino a fin de que éste organizara la recogida de la sustancia en el Hotel, dándole instrucciones para ello, e indicándole las personas que habían de participar y el papel que cada una de ellas había de desempeñar en la recogida.
De este modo, conforme se había acordado entre todos, a las 17,30 h, Urbano se personó en la habitación de Laureano para recoger las 10 bolsas de suero, las cuales debía de entregar a los procesados Nicanor y Roque (conocido como Rorro), que estaban esperándole a bordo del vehículo Opel Astra X-....-XS, estacionado en el aparcamiento del centro comercial Makro, sito en el polígono Las Mercedes de Madrid, próximo a la calle Samaniego, donde fueron detenidos a las 17,55 h, ocupándose varios teléfonos móviles, a Nicanor la cantidad de 500 € y a Roque 75 €, cantidades obtenidas del ilícito tráfico de sustancias estupefacientes.
A las 17,30 horas del día 27 de noviembre, la Policía detuvo al procesado Urbano cuando, tras haber recogido la sustancia estupefaciente, se disponía a salir del hotel portando una bolsa de basura, en cuyo interior guardaba 10 bolsas de plástico de color negro con la inscripción B-DEX, conteniendo un líquido de color verdoso.
Igualmente se ocuparon dos papeles con la anotación "El Jardín de las Mercedes n.º 12 apartamentos turísticos" y " Carlos Manuel 504".
Laureano fue detenido en el hall del hotel y Marino en la cafetería Cartagena 93, sita en las proximidades del hotel, desde donde ejercía funciones de vigilancia, ocupándosele dos teléfonos móviles, unas anotaciones con contabilidad, las llaves del vehículo Renault Laguna....-WXQ, del que también es usuario Imanol, así como un contrato de arrendamiento del apartamento de la calle [...] [...], portal [...], planta [...], apartamento [...], a nombre de Imanol.
El procesado Imanol (también conocido como Rata), que se había encargado de coordinar tanto la llegado como la recogida y posterior entrega de la droga, reside en el domicilio sito en la calle [...] [...], portal D, piso [...], puerta [...], siendo detenido por la Policía el mismo día 27 cuando salía del mismo portando las llaves.
Analizada la sustancia líquida contenida en las 10 bolsas incautadas a Urbano, la misma resultó ser cocaína con un peso de 11.901,2 gramos y una riqueza del 53%. La misma podría alcanzar un valor en el mercado ilícito de 295.687,96 €, si se vendiera al por mayor. Si se vendiera al por menor, alcanzaría un valor de 754.393,27 €. La Policía Científica tomó 40 ml de la sustancia líquida incautada para su análisis, resultando ser cocaína con un peso neto de 19,53 gramos y una riqueza medio de 91,8%, que destinada al ilícito tráfico, alcanzaría un valor de 2.144,25 €.
Segundo.-Ha resultado igualmente acreditado que los procesados Imanol, Marino, Roque Y Nicanor, actuando igualmente de común acuerdo, habían conseguido con anterioridad hacerse con otro envío de la misma sustancia estupefaciente, envasada de igual forma, dentro de bolsas de suero, que también pensaban destinar al tráfico ilícito.
En concreto, en el inmueble sito en la calle [...] n.º [...], portal [...], escalera [...], piso [...], apartamento N, de cuyo arrendamiento era titular Nicanor, con el conocimiento y participación del resto de los referidos procesados, se hallaban ocultas en el falso techo del cuarto de baño, siete bolsas negras conteniendo suero con la inscripción B-DEX selladas, idénticas a las que fueron intervenidas el día 27 de noviembre en el hotel Abba; otras dos bolsas con la misma inscripción con restos de cocaína, una balanza con restos de cocaína y 5 bolsas de plástico conteniendo una sustancia blanca en escamas que resultó ser cocaína.
Analizadas las 7 bolsas con sustancia líquida encontradas en la calle [...], resultó ser cocaína con un peso de 8.640 gramos y una riqueza de 50,2%. Si se vendiera al por mayor, alcanzaría un valor de 203.322,05 €; si se vendiera al por menor, alcanzaría de 518.738,69 €.
Analizadas las 5 bolsas conteniendo sustancia en escamas, la misma resultó ser cocaína con un peso de 4.086,7 gramos y una riqueza de 75,4%. Si se vendiera al por menor, alcanzaría un valor de 368.532,07 €.
El día 28 de noviembre de 2007 se practicó una entrada y registro en los apartamentos de la calle [...] [...]. En el del Bloque D piso [...], puerta [...], cuyo alquiler consta a nombre de Marino, se encontraron varios envíos de dinero a través de Western Union en los que aparecen como remitentes y beneficiarios los procesados Imanol, Nicanor y Marino.
Tercero.-Ha resultado probado y así se declara que el día 14/12/07 se detuvo al procesado Carlos Manuel, nacido el día 2/12/1966 en la República Dominicana, con DNI [...], así como al también procesado Adolfo, nacido el 23 de junio de 1983 en la República Dominicana con número de pasaporte [...], NIE [...], en situación irregular en España, los cuales actuando de común acuerdo, se dedican al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, habiendo mantenido Carlos Manuel conversaciones telefónicas con el procesado Imanol encaminadas a proveerse de sustancia estupefaciente.
En el momento de su detención, se ocupó a Carlos Manuel la cantidad de 1.055 €, producto de este ilícito tráfico, así como 3 bolsas de plástico conteniendo cocaína que el procesado poseía con la finalidad de destinarlas al tráfico ilícito de esta sustancia. En el vehículo de su propiedad, Ford Focus....-GJT, se encontró una bolsa conteniendo 360 € en monedas producto del ilícito tráfico.
Ese mismo día, se practicó una entrada y registro en el domicilio del procesado Carlos Manuel, sito en la calle [...] [...], portal D, [...] de Madrid, ocupándose una mochila con 3 bolsas conteniendo cocaína, una bolsa con 289,66 gramos netos de lidocaína, otra bolsa con 1.000 gramos netos de fenacetina; 161 $ USA producto del ilícito tráfico de sustancias, una bolsa con recortes de papel, una báscula de precisión Tanita, una bolsa conteniendo 4 bolsitas con cocaína, un cuter con restos de cocaína, documentación bancaria de Carlos Manuel y varios recibos de envío de dinero en los que aparecen como remitentes Adolfo y Camila, también procesada en esta causa, nacida el día 18/2/1974 en Paraguay, con pasaporte número [...], conocida como Bruja.
Camila trabaja como camarera en el bar Lariyei, regentando por el procesado Carlos Manuel, sito en la c/Canal de Suez 19 de Madrid, y residiendo en una habitación del domicilio de Carlos Manuel.
Analizadas las 7 bolsitas conteniendo cocaína, la última de ellas conteniendo a su vez 3 bolsas, arrojaron un peso neto total de 151,63 gramos con una riqueza entre el 40,5% y el 70,5%. Podrían alcanzar un valor en el mercado ilícito de 8.693,7 € si se vendiera al por menor.
Este mismo día se practicó una entrada y registro en el domicilio del procesado Adolfo, sito en la calle [...] n.º [...] de Madrid, ocupándose dos bolsitas con cocaína que destinaba al tráfico ilícito, dos básculas de precisión, piezas metálicas de un molde y prensa, y una prensa hidráulica de la marca "Larcep", todo ello en su habitación.
Analizadas estas dos bolsitas, arrojaron un peso de 5,88 gramos con una riqueza entre el 42,2% y el 44,8%. Su venta en el mercado ilícito arrojaría un valor de 313,31 €.
A la fecha de tener lugar los hechos relatados, el procesado Carlos Manuel era consumidor de cocaína, sustancia que consumía con asiduidad y desde tiempo atrás, habiendo iniciado en el año 2005 un tratamiento de desintoxicación que no consta que terminara con éxito, estando por tal causa afectadas sus facultades intelectivas y volitivas.
No se ha acreditado la participación de la procesada Camila en los anteriores hechos.
Primera.- Han de analizarse en primer lugar las impugnaciones realizadas por las defensas de los acusados Carlos Manuel, Adolfo Y Camila respecto del material probatorio existente en la presente causa, concretamente las intervenciones telefónicas y los registros verificados en los domicilios de dichos procesados.
En primer lugar, la alegación de nulidad de las intervenciones telefónicas realizadas en la presente causa se formula al amparo de lo dispuesto en los artículos 18, 1.º y 3.º y 24 de la Constitución, y 238 y 240 de la Ley Orgánica del poder judicial por vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, con la consiguiente declaración de nulidad de todo lo actuado.
Ha de recurrirse en este punto al extenso cuerpo doctrinal elaborado por la Jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En este sentido es de obligada cita, por su proximidad en el tiempo y por el prolijo análisis de la jurisprudencia anterior del mismo Tribunal, la Sentencia de fecha 17 de abril de 2007, recurso 1404/2006. En dicha Sentencia la Sala realiza un análisis de los dos niveles de control coincidentes con la doble naturaleza que pueden tener tales intervenciones ya que pueden operar en el proceso como fuente de prueba y por tanto como medio de investigación, o pueden operar como prueba directa en sí.
Así se explica en la sentencia: "En efecto, como fuente de prueba y medio de investigación, deben respetar unas claras exigencias de legalidad constitucional, cuya observancia es del todo punto necesaria para la validez de la intromisión en la esfera de la privacidad de las personas, en este sentido los requisitos son tres:
b) Que dicho sacrificio lo es con la finalidad exclusiva de proceder a la investigación de un delito concreto y a la detención de los responsables, rechazándose las intervenciones predelictuales o de prospección.
Esta materia se rige por el principio de especialidad en la investigación.
d) Al ser medida de exclusiva concesión judicial, esta debe ser fundada en el doble sentido de adoptar la forma de auto y tener suficiente motivación o justificación de la medida, ello exige de la policía solicitante la expresión de la noticia racional del hecho delictivo a comprobar y la probabilidad de su existencia, así como de la implicación posible de la persona cuyo teléfono es el objeto de la intervención.
Los datos que deben ser facilitados por la policía tienen que tener una objetividad suficiente que los diferencia de la mera intuición policial o conjetura.
Tienen que ser objetivos en el doble sentido de ser accesibles a terceros y, singularmente, al Juez que debe autorizarla o no, pues de lo contrario se estaría en una situación ajena a todo posible control judicial, y es obvio que el Juez, como director de la encuesta judicial no puede adoptar el pasivo papel del vicario de la actividad policial que se limita a aceptar sin control alguno lo que le diga la policía en el oficio, y obviamente, el control carece de ámbito si sólo se comunican intuiciones, opiniones, corazonadas o juicios de valor.
En segundo lugar, tales datos han de proporcionar una base real suficiente para poder estimar que se ha cometido o se va a cometer el delito que se investiga y de la posible implicación de la persona concernida.
En definitiva, en la terminología del TEDH se deben facilitar por la autoridad policial las "buenas razones" o "fuertes presunciones" a que dicho Tribunal se refiere en los casos Lüdi -5 de junio de 1997-, o Klass -6 de septiembre de 1998-. Se trata de términos semejantes a los que se emplean en el art. 579 LECriminal.
e) Es una medida temporal, el propio artículo 579-3.º fija el periodo de tres meses, sin perjuicio de prórroga.
f) El principio de fundamentación de la medida, abarca no solo al acto inicial de la intervención, sino también a las sucesivas prórrogas, estando permitida en estos casos la fundamentación por remisión al oficio policial que solicita la prórroga, pero no por la integración del oficio policial en el auto judicial por estimar que tal integración constituye una forma de soslayar la habilitación constitucional del artículo 18-2 de la Constitución que establece que solo al órgano judicial le corresponde la toma de decisión de la intervención, y además, de motivarla, en este sentido STC 239/99 de 20 de diciembre.
g) Consecuencia de la exclusividad judicial, es la exigencia de control judicial en el desarrollo, prórroga y cese de la medida, lo que se traduce en la remisión de las cintas íntegras y en original al Juzgado, sin perjuicio de la transcripción mecanográfica efectuada ya por la policía, ya por el Secretario Judicial, ya sea esta íntegra o de los pasajes más relevantes, y ya esta selección se efectúe directamente por el Juez o por la Policía por delegación de aquél, pues en todo caso, esta transcripción es una medida facilitadora del manejo de las cintas, y su validez descansa en la existencia de la totalidad de las cintas en la sede judicial y a disposición de las partes, pero ya desde ahora se declara que las transcripciones escritas no constituyen un requisito legal.
De la nota de excepcionalidad se deriva que la intervención telefónica no supone un medio normal de investigación, sino excepcional en la medida que supone el sacrificio de un derecho fundamental de la persona, por lo que su uso debe efectuarse con carácter limitado, ello supone que ni es tolerable la petición sistemática en sede judicial de tal autorización, ni menos se debe conceder de forma rutinaria".
Y concluye la citada sentencia "Estos requisitos expuestos hasta aquí, integran el estándar de legalidad en clave constitucional, de suerte que la no superación de este control de legalidad convierte en ilegítima por vulneración del artículo 18 de la Constitución con una nulidad insubsanable, que arrastrará a todas aquellas otras pruebas directamente relacionadas y derivadas de las intervenciones telefónicas en las que se aprecie esa "conexión de antijuridicidad" a que hace referencia la STC 49/99, de 2 de abril, que supone una modulación de la extensión de los efectos de prueba indirecta o refleja en relación a la prueba nula -teoría de los frutos del árbol envenenado- en virtud de la cual, cualquier prueba que directa o indirectamente y por cualquier nexo se le pudiera relacionar con la prueba nula, debía ser igualmente, estimada nula".
Pues bien, aplicando la referida doctrina al supuesto que hoy nos ocupa, las alegaciones de las defensas en cuanto a la falta de validez de las intervenciones telefónicas no pueden ser estimadas y ello porque del examen de lo actuado, se deduce, sin género de duda y sin recurrir a una interpretación amplia o voluntarista, que se cumplen en la intervención telefónica practicada en los presentes autos, los requisitos exigidos para su validez como fuente de prueba.
El análisis de la impugnación se centra en dos cuestiones, la relativa a la suficiencia del oficio policial como "presupuesto habilitante", la segunda, a la fundamentación y validez de la resolución judicial.
Consta en efecto, al folio 1 de las actuaciones el oficio policial en el que se solicita la primera intervención telefónica, en referencia precisamente al teléfono n.º [...], que era el utilizado por el procesado Carlos Manuel.
En dicho oficio la fuerza actuante da cuenta a la autoridad policial de las investigaciones practicadas en torno al bar LARIYEI, sito en la calle Canal de Suez n.º 19 del pueblo de Barajas, propiedad de dicho acusado. Los agentes informan a la autoridad judicial de las gestiones y vigilancias practicadas en torno al citado establecimiento, concretando los indicios y los nombres de las personas, así como las fechas y lugares de los eventos que llevaban al grupo de investigación a establecer la existencia de indicios de la práctica de una actividad delictiva, concretamente importación de sustancia estupefaciente en vuelos procedentes de Centro y Sudamérica.
Recibida tal información en el Juzgado, por el Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n.º 44 de los de Madrid, se dictó Auto en fecha 1 de octubre de 2007, analizando el material aportado en el oficio y acordando en consecuencia la intervención telefónica solicitada, cumpliendo la meritada resolución los estándares de motivación precisos y estableciendo las cautelas y requisitos legales para su adecuada práctica.
A partir de tal inicial actuación, la Policía ha dado cumplida cuenta al Juzgado encargado de la investigación, el n.º 22 de Madrid, del resultado de la intervención inicial y de las subsiguientes a ésta, detallado el contenido de las conversaciones intervenidas y de las actuaciones de seguimiento y vigilancias practicadas, remitiendo igualmente al Instructor los discos con las conversaciones grabadas, y solicitando la ampliación de los plazos inicialmente concedidos y la extensión de la vigilancia a nuevos teléfonos detectados en el curso de las investigaciones.
No pueden en consecuencia estimarse las alegaciones de la defensa relativas a que no existen indicios sino sospechas o conjeturas, ya que quedan expuestas tanto en el primero como en los sucesivos oficios policiales los fundamentos de la investigación que se viene realizando, ni tampoco la alegación relativa a la supuesta falta de fundamentación de las resoluciones, que hacen referencia, en todos los casos al contenido de los oficios en que se recogen las diligencias de investigación realizadas, reseñando de modo específico la necesidad de la medida por la gravedad de los hechos investigados.
Por todo ello, no cabe la menor duda de que nos hallamos ante unas sospechas razonablemente fundadas, apoyadas en datos objetivos debidamente constatados que pueden justificar sobradamente la restricción del correspondiente derecho fundamental de los investigados, habida cuenta de la gravedad de los hechos a investigar, de la dificultad de la investigación, y, en último término, la inexistencia de otros medios de investigación alternativos, por lo que, en el presente caso, ni la necesidad de la medida ni la proporcionalidad de la misma pueden ser razonablemente cuestionadas.
Examinado pues el oficio policial en solicitud de la intervención, como presupuesto habilitante de la misma, según la doctrina más arriba expuesta, procede entrar a considerar a continuación si, a la vista del contenido de la resolución judicial, puede considerarse la existencia de autorización judicial válida para la injerencia en el derecho afectado.
Al respecto cabe citar la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 10 de marzo de 2006, que detalla los requisitos de validez de la resolución judicial mediante la que se autoriza la intervención telefónica, afirmando que:
"La protección de la intimidad y secreto de las comunicaciones telefónicas que se garantiza en el número 3.º del artículo 18 de la Constitución reconoce la posibilidad de su derogación por resolución judicial. Esta posibilidad ha de reunir, para dejar sin efecto en casos concretos la regla general de protección del secreto, una serie de requisitos para que pueda considerarse legítimamente acordada: existencia de indicios de la ocurrencia de una conducta delictiva, que han de ser de más entidad que meras sospechas aunque tampoco puede exigirse una completa descripción de las conductas, cuya realidad y alcance se pretende conocer mejor precisamente mediante el establecimiento de las escuchas; acuerdo adoptado judicialmente y en forma de auto en el que se ofrezca motivación referente a la concreta derogación que se acuerda, que podrá completarse con los datos ofrecidos por la policía al solicitarlo; finalidad de descubrimiento de la realidad y circunstancias de hechos concretos y no para la búsqueda indiscriminada de existencia de cualquier delito; que se adopte en un procedimiento penal ya en marcha o que se inicie con el acuerdo de intervención telefónica; concreción del teléfono a que debe afectar y limitación previa de la duración temporal de las escuchas evitándose las prolongadas; control judicial de su realización; proporcionalidad entre la derogación del secreto y la importancia del delito que se pretende averiguar, así como que no haya la posibilidad de recurrir a otro medio de investigación que no requiera afectar al secreto de las conversaciones telefónicas. Las anteriores exigencias para dejar sin efecto en casos concretos la protección constitucionalmente garantizada ha sido ya objeto de abundantes decisiones jurisprudenciales de esta Sala".
En el mismo sentido, la Sentencia de la misma Sala de 13 de septiembre de 2004, aclara que:
"La motivación de las resoluciones judiciales, en todo caso, -importa decirlo- no precisa de una argumentación exhaustiva y minuciosa, pues basta que la misma permita conocer las razones que las justifiquen y que éstas tengan suficiente apoyo jurídico, tanto desde el punto de vista de la legalidad ordinaria como de las exigencias constitucionales, con objeto de evitar toda posible arbitrariedad en las pertinentes decisiones judiciales y de posibilitar, en su caso, el oportuno control judicial de las mismas; habiéndose admitido reiteradamente por la jurisprudencia la motivación por remisión a la correspondiente solicitud policial (v., ad exemplum, la STC 126/2000 y STS 2026/2001).
En igual sentido la sentencia de 26 de enero de 2007:
"A este respecto y toda vez que la primera de tales alegaciones se refiere a la inexistencia de autorización judicial válida para la injerencia en el derecho afectado, hemos de recordar cómo, en efecto, de acuerdo con lo que la Sentencia recurrida razona pormenorizadamente, esta Sala viene admitiendo con reiteración como válida y suficiente, a pesar de las dudas que tal aceptación pueden suscitar, la denominada "motivación por remisión" en los Autos autorizantes de las "escuchas" telefónicas, de igual modo que en los dictados para las entradas y registros domiciliarios y otras injerencias semejantes.
Aplicando la anterior doctrina al supuesto que hoy nos ocupa, debe negarse la insuficiencia de la resolución judicial autorizante invocada por las defensas.
En un ponderado análisis de la resolución judicial de fecha 1 de octubre de 2007, puede afirmarse que la misma contiene todos los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos para su validez.
En efecto, si bien, y aludiendo a la últimamente citada sentencia, la fundamentación de las sucesivas resoluciones autorizantes no siempre es extensa, la remisión a la solicitud policial de intervención que expresamente contiene, permite afirmar que concurren en dicha resolución los requisitos precisos para afirmar su validez:
1.- existencia de indicios de la ocurrencia de una conducta delictiva, que han de ser de más entidad que meras sospechas aunque tampoco puede exigirse una completa descripción de las conductas; la Policía en su oficio refiere la existencia de un Grupo organizado, en el que se integrarían las personas usuarias de los teléfonos cuya intervención se solicita, que se encontrarían cometiendo un delito contra la salud pública por tráfico de cocaína, con apoyo a los resultados obtenidos en la investigación previa, y en las observaciones y seguimientos realizados por los investigadores del Grupo policial;
2.- acuerdo adoptado judicialmente y en forma de auto en el que se ofrezca motivación referente a la concreta derogación que se acuerda; efectivamente la resolución reviste forma de Auto, y en ella se hace concreta referencia a la finalidad de la investigación en el curso de la cual se acuerda la intervención;
3.- finalidad de descubrimiento de la realidad y circunstancias de hechos concretos y no para la búsqueda indiscriminada de existencia de cualquier delito; viene igualmente tal dato reseñado en la resolución, que se refiere a "hechos y circunstancias de interés, sobre la comisión de un delito contra la salud pública en que pudieran estar implicados los procesados;
4.- que se adopte en un procedimiento penal ya en marcha o que se inicie con el acuerdo de intervención telefónica; consta en la misma fecha la incoación de Diligencias Previas para la investigación de los hechos puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción por la Policía;
5.- así como que no haya la posibilidad de recurrir a otro medio de investigación que no requiera afectar al secreto de las conversaciones telefónicas; tal circunstancia consta expresamente reseñada en el oficio policial, en el que expresamente se refiere a que resulta imprescindible la intervención de las comunicaciones para continuar con la investigación;
6.- control judicial de su realización; proporcionalidad entre la derogación del secreto y la importancia del delito que se pretende averiguar; nos encontramos en el ámbito de un delito contra la salud pública, de las que causan grave daño a la salud, tratándose la investigación de una supuesta organización dedicada a su distribución;
7.- concreción del teléfono a que debe afectar y limitación previa de la duración temporal de las escuchas evitándose las prolongadas; tales requisitos se cumplen expresamente en el Auto examinado, que se refiere a los concretos números de teléfono a que habrá de contraerse la intervención, los usuarios o titulares de los mismos, la duración de la medida, que se fija en tres meses, y la obligación del cuerpo policial solicitante de dar cuenta del resultado de la intervención.
Es evidente, a la vista de lo expuesto, que la autorización judicial de las intervenciones telefónicas cuestionadas no fue dada en atención a meras conjeturas, sino de una serie de hechos indiciarios (antecedentes policiales por supuesta intervención en el tráfico de drogas, contactos y traslados del investigado con un número indeterminado de personas trabajadores del aeropuerto, llegada de una maleta que en origen pesaba 22 kilos y que al llegar a Barajas se encontraba vacía, lo que les hacía sospechar de una red infiltrada dentro del recinto aeroportuario, que permitía la obtención de la sustancia antes de pasar los preceptivos controles policiales), consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo por los funcionarios policiales, de los que cabía inferir razonablemente la posible implicación de las personas afectadas por dichas intervenciones en el narcotráfico; pues, como es notorio, las intervenciones telefónicas constituyen normalmente un medio de investigación y, por ello, no cabe exigir, para su autorización judicial, una previa investigación que aflore ya los extremos fácticos cuyo descubrimiento pudiera ser el objeto de las intervenciones, para cuya autorización, sin embargo, es preciso motivar su necesidad, "sostenida en razonamientos suficientes a partir de indicios o, cuando menos, sospechas sólidas y seriamente fundadas acerca de la concurrencia de los requisitos de hechos, comisión de delito y responsabilidad en el mismo sujeto pasivo de la restricción del derecho que no solo cumpla con las exigencias constitucionales de fundamentación de las resoluciones judiciales (art. 120.3 C.E.), sino que, además, permita la ulterior valoración de la corrección de la decisión por parte de los Tribunales encargados de su revisión, a los efectos de otorgar la debida eficacia a los resultados que pudieran obtenerse con base en ella" (v., ad exemplum, STS de 19 de septiembre de 1999).
En el presente caso, las resoluciones judiciales autorizando las intervenciones telefónicas cuestionadas cumplen las exigencias mínimas que la jurisprudencia viene exigiendo para su licitud, a tenor de lo dispuesto en la Constitución (art. 18.3), en los Tratado Internacionales suscritos por España (DUDH -art. 12 -, PIDCyP -art. 17 - y CEDHyLF -art. 8.2) y en el art. 579.3 LECrim.), de tal modo que es posible conocer los indicios objetivos tenidos en cuenta por el Juez para la autorización, así como la necesidad y la proporcionalidad de la medida, su especialidad, temporalidad, individualización y sometimiento a control judicial.
Una vez superados estos controles de legalidad constitucional, y sólo entonces, deben concurrir otros de estricta legalidad ordinaria, solo exigibles cuando las intervenciones telefónicas deban ser valoradas por sí mismas, y en consecuencia poder ser estimadas como medio de prueba.
Tales requisitos, son los propios que permiten la valoración directa por el Tribunal sentenciador de todo el caudal probatorio, y que por ello se refieren al protocolo de incorporación al proceso, siendo tales requisitos la aportación de las cintas originales íntegras al proceso y la efectiva disponibilidad de este material para las partes junto con la audición o lectura de las mismas en el juicio oral lo que le dota de los principios de oralidad o contradicción, salvo que, dado lo complejo o extenso que pueda ser su audición se renuncie a la misma, bien entendido que dicha renuncia no puede ser instrumentalizada por las defensas para tras interesarla, alegar posteriormente vulneración por no estar correctamente introducidas en el Plenario.
Tal estrategia, es evidente que podría constituir un supuesto de fraude contemplado en el artículo 11-2.º de la LOPJ, de vigencia también, como el párrafo primero, a todas las partes del proceso, incluidas la defensa, y expresamente hay que recordar que en lo referente a las transcripciones de las cintas, estas solo constituyen un medio contingente -y por tanto prescindible- que facilita la consulta y constatación de las cintas, por lo que sólo están son las imprescindibles.
Sin ningún ánimo exhaustivo, en acreditación de la doctrina jurisprudencial expuesta se pueden citar las SSTC 22/84 de 17 de febrero, 114/84 de 29 de noviembre, 199/87 de 16 de diciembre, 128/88 de 27 de junio, 111/90 de 18 de junio, 199/92 de 16 de noviembre, y entre las últimas, 49/99 de 9 de abril y 234/99 de 20 de diciembre.
De la Sala Segunda del Tribunal Supremo se pueden citar SSTS de 12 de septiembre de 1994, 1 de junio, 28 de marzo, 6 de octubre de 1995, 22 de julio de 1996, 10 de octubre de 1996, 11 de abril de 1997, 3 de abril de 1998, 23 de noviembre de 1998, y entre las más recientes, SS núm. 623/99 de 27 de abril, 1830/99 de 16 de febrero de 2000, 1184/2000 de 26 de junio de 2000, núm. 123/2002 de 6 de febrero, 998/2002 de 3 de junio, 27/2004 de 13 de enero, 182/2004 de 23 de abril, 297/2006 de 6 de marzo, 1260/2006 de 1 de diciembre y más recientemente la sentencia 296/2007 de 15 de febrero.
Por todo ello puede concluirse que las intervenciones telefónicas se han practicado en la presente causa con respeto de los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos, se ha guardado la forma judicial y el respeto al principio de proporcionalidad de la medida, se ha ejercido el correspondiente control judicial de la intervención, remitiendo periódicamente al órgano judicial información de las pesquisas practicadas, así como del material obtenido. Es indudable que el Juez de Instrucción puede controlar el desarrollo de las intervenciones telefónicas que haya autorizado tanto mediante la audición de las correspondientes grabaciones, o por medio de la lectura de las pertinentes transcripciones, o por los informes recibidos oportunamente de los funcionarios que las estén llevando a efecto. Todo ello, según estime procedente en cada supuesto. No es ocioso destacar, a este respecto, que, en el presente caso, la policía entregó al Juzgado las cintas con las grabaciones efectuadas y que las nuevas autorizaciones concedidas o la autorización de intervenciones de nuevos teléfonos estaban suficientemente justificadas por los nuevos informes (varios de ellos sumamente detallados, haciéndose constar en ellos los hechos comprobados por medio de las vigilancias y seguimientos efectuados a partir de los datos conocidos a través de las intervenciones - que ordinariamente remitían al Juzgado junto con las cintas de las grabaciones ya efectuadas y la trascripción de las mismas, y en los que, en varias ocasiones, se limitaban a concretar los números de los teléfonos utilizados por los investigados.
El Juzgado, recibidas las cintas, dejaba constancia de ello en las actuaciones y las conservaba -convenientemente numeradas- en las correspondientes piezas separadas, y que han sido remitidas a esta Audiencia junto con los Autos.
A la vista de todo lo expuesto, no es posible afirmar seriamente que en el presente caso no ha existido el debido control judicial de las medidas restrictivas del derecho al secreto de las comunicaciones de las personas investigadas en esta causa.
Segunda.- Alega la defensa de Adolfo una serie de objeciones, no ya respecto de la vulneración constitucional, sino de los quebrantamientos de legalidad ordinaria en cuanto a la identificación de la persona de su defendido. En efecto, tanto en los oficios policiales como en las resoluciones judiciales las intervenciones telefónicas se acuerdan respecto de un individuo a quien se nomina como Pelirojo o Bigotes. Siendo así que el procesado tiene por nombre Adolfo. En el acto del juicio oral tal extremo quedó sin embargo debidamente aclarado, ya que los agentes que realizaron las escuchas afirmaron haber recogido las expresiones que ellos mismo habían escuchado, recogiendo Pelirojo cuando creían haber oído tal nombre. Tal error en la plasmación del nombre preciso del acusado carece sin embargo de relevancia, habida cuenta que, según resultó de las pruebas practicadas, que más adelante se analizarán, posteriormente, tras la detención e identificación del recurrente, portando en su poder un teléfono con la línea intervenida, se comprobó la identidad del mismo, motivo éste por el que aparece reseñado con su verdadero nombre en el último bloque de conversaciones, que fueron remitidas al Juzgado después de verificada la detención.
En este sentido se ha pronunciado en supuestos semejantes la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras en sentencia de 13 de septiembre de 2004, declarando que: "Por lo demás, para la identificación de las voces grabadas, no es menester -ante la negativa de los interesados- practicar siempre una prueba pericial fonométrica, pues el Tribunal ha oído a todos los acusados y testigos, al igual que las grabaciones, y la identificación de los interlocutores ha podido hacerse también mediante el testimonio de los funcionarios policiales que efectuaron las vigilancias y seguimientos derivados del contenido de las conversaciones intervenidas".
Tercera.- Por último y en cuanto a la alegación relativa a la nulidad del registro practicado en el domicilio del acusado Carlos Manuel, tal alegación tiene como único fundamento el que se practicara inicialmente la diligencia en un domicilio distinto, lo que vino motivado, según declararon los funcionarios policiales en la falta de colaboración del acusado, quien no indicó a los agentes que no era ese su domicilio, practicándose después la diligencia con el resultado que obra en las actuaciones, estando revestida con todas las formalidades legales, lo que no discute el acusado, por lo que la alegación de nulidad no puede prosperar, al no existir motivo que justifique tal pretensión.
IV. VALORACION DE LA PRUEBA
El anterior relato fáctico se obtiene a través de la valoración de las pruebas practicadas en el plenario y las documentales obrantes en el Sumario y el Rollo de Sala, que se van a exponer a continuación, distinguiendo los tres apartados de hechos que se han recogido en el epígrafe anterior:
Primero.-En cuanto al transporte de cocaína desde Ecuador a Madrid, verificado el día 27 de noviembre de 2007.
Al respecto se van a analizar los diversos medios probatorios practicados en acreditación de este extremo.
1.- En primer lugar las testificales prestadas en el acto del juicio oral por los agentes de Policía que practicaron la intervención de la sustancia estupefaciente en poder de Urbano, cuando éste se disponía a abandonar el Hotel Abba de Madrid, de donde la había recogido de manos del procesado Laureano.
En el acto del juicio oral depusieron, en primer lugar el agente de Policía con n.º [...], Jefe de Grupo e Instructor de las presentes diligencias, quien relató a la Sala, contestando a las preguntas que le fueron dirigidas por la acusación y las defensas, cómo habían tenido conocimiento de la inminente operación de importación de sustancia, y ello a través de las diligencias de investigación que venían realizando desde meses atrás. Relató como se organizó el dispositivo en el Hotel Abba y en las inmediaciones del mismo, pudiendo observar así la llegada al establecimiento del procesado Urbano, quien entró en el Hotel y se dirigió a la quinta planta, yendo con las manos vacías, para posteriormente bajar nuevamente en el ascensor y dirigirse hacia la salida, donde fue interceptado por los agentes allí presentes, quienes procedieron a su identificación, hallando en su poder una bolsa de basura conteniendo los diez bolsas de suero, en las que más tarde se constató que se encontraba la cocaína.
A continuación vieron que bajaba también a la recepción del Hotel el procesado Laureano, a quien también identificaron, procediendo a su detención. En las inmediaciones del hotel, concretamente dentro de una cafetería sita en la calle Cartagena, otro dispositivo procedió a la detención de Marino, quien se encontraba en el interior de la misma, cercano a la puerta, vigilando el correcto desarrollo de la acción. Por otra parte, y en relación con el mismo transporte, otro dispositivo policial se encontraba en las inmediaciones de la calle [...], donde se encontraban los procesados Nicanor y Roque, a la espera de que llegara Urbano con el cargamento, procediendo a la detención de ambos imputados.
En igual sentido declararon los agentes con n.º [...], quien intervino en el dispositivo del Hotel Abba, y por ello en la detención de Urbano, Laureano y Marino; el agente n.º [...], en igual sentido que el anterior; el agente con n.º [...], quien participa en el dispositivo, vigilando desde el exterior del Hotel; el agente con n.º [...], igualmente participó en la detención de Urbano y Laureano; el agente con n.º [...], quien participó en el dispositivo montado en torno al domicilio de la calle [...], participando en la detención de Nicanor y Roque; y el agente n.º [...] quien participó en la detención del procesado Imanol en la [...].
Las declaraciones de todos los citados agentes concuerdan con lo declarado por el Instructor, narrando cada uno de ellos su particular intervención en los dispositivos montados para la intervención de la sustancia y la detención de los responsables de su traslado, lo que hace prueba de la materialidad de la sustancia que los procesados pensaban poner en lugar seguro para desde allí proceder a su distribución.
2.- En segundo lugar, las intervenciones telefónicas y seguimientos verificados por el grupo policial, con las correspondientes Autorizaciones de escucha y grabación de las conversaciones mantenidas por los teléfonos móviles de los procesados que habían sido previamente autorizadas por el Juez Instructor de la causa, en el modo que se ha tratado en el epígrafe correspondiente.
Las conversaciones intervenidas, que fueron introducidas en el plenario y sometidas a contradicción por las partes a través del interrogatorio de procesados y testigos, revelan la existencia de un acuerdo previo entre todos los citados para la realización de la operación de transporte de la sustancia. El procesado Imanol, cuyas conversaciones estaban intervenidas desde días atrás, contactó el día 20 de noviembre (folio 42 y siguientes de las actuaciones) con un individuo desconocido sudamericano, con quien anteriormente ya había colaborado en la introducción de sustancias en España desde Sudamérica, quien le comunicó que él no podría realizar el transporte concertado para el día 26, facilitándole el nombre de otra persona, el procesado Laureano, de quien dio toda la información precisa, manifestándole que se trataba de una persona de su total confianza, y que estaba al tanto del funcionamiento pactado para el transporte de la droga, quedando ambos individuos en que Laureano sería la persona que realizaría el transporte, y concretando quien le facilitaría en Ecuador la sustancia estupefaciente, así como la cantidad de dinero que se abonaría a Laureano y la forma en que habría de verificarse el pago (conversación obrante a los folios 174 a 177). Posteriormente el mismo día, habla con otro individuo a quien comunica lo anteriormente expuesto, para informarle que el transporte podrá así ser hecho efectivo (folios 178 a 179). El día 23 de noviembre, Imanol llama a Urbano para comunicarle que el lunes habrá trabajo, refiriéndose a la recogida de la sustancia, como más adelante se explicitará (folio 180). El día 26 habla de nuevo con un individuo sudamericano, a quien llama Bucanero, para precisar cómo había de entregársele la sustancia a Laureano para su transporte (folio 181 y 182). Llegado ya el día 27, Imanol llama al Hotel Abba y pregunta si ha llegado la tripulación de Lan Ecuador con resultado negativo (folio 183); posteriormente vuelve a llamar y le informan de que ya han llegado y están desayunando, pasando la conversación al restaurante y manteniendo una conversación con Laureano, quedando en que más tarde hablarán para que le diga el número de habitación (folio 184 y 185); posteriormente llama a Bucanero para comunicarle que "coronaron", esto es, que la operación culminó con éxito y que iba a organizar la "retirada" (folio 186 y 187). El mismo día, comienza los contactos con sus más estrechos colaboradores para organizar la recogida de la sustancia, explicando que él tiene que quedar fuera de todo el operativo para que determinadas personas no se enteren de que la sustancia ha llegado. Así llama a Marino y le dice lo que tiene que hacer, mencionado expresamente a " Mantecas " (Nicanor), " Bola " (Roque) y ·el Triqui (Urbano), con quienes tiene que organizar la recogida, dando instrucciones precisas acerca de la ubicación de cada uno de ellos y de las instrucciones que cada uno ha de recibir, incluso del pago, indicando que a Bola le de cuatro "lucas", y que se quede abajo, mirando, "chequeando". Igualmente facilita a Marino los datos relativos a Laureano, su nombre y número de habitación, 504 así como su descripción, blanquito y de ojos azules (folio 188 a 194). También han quedado registradas las conversaciones mantenidas el mismo día con Nicanor (folio 195) y Roque (folio 196), igualmente en el sentido de impartir instrucciones respecto a la ubicación de todos ellos para la recogida de la sustancia que debía traer Urbano; y asimismo existen conversaciones entre Nicanor y Roque respecto al lugar en que debían encontrarse y la forma de realizar contravigilancias para asegurar la entrega que se esperaba (folio 203 a 206).
3.- En tercer lugar, las declaraciones de los imputados prestadas tanto durante la Instrucción como en el plenario.
En tal sentido el procesado Imanol manifestó en el acto del plenario ser cierta la operación de transporte de cocaína que se ha relatado, reconociendo su propia responsabilidad en la dirección y organización de la misma, actuando a su vez subordinado a otra persona, cuyos datos inicialmente quiso facilitar a la Policía, pero no en este momento. Manifestó igualmente que el procesado Laureano había sido engañado y que Marino y Roque obedecían sus órdenes, de ponerse en el lugar donde él les había indicado.
Laureano declaró que aceptó realizar el transporte porque se lo pidió un compañero suyo, David Salvador, afirmando rotundamente que ignoraba que se tratara de cocaína. Que no conocía a ninguno de los procesados. Que realizó el transporte completamente ignorante de que se trataba de cocaína, en otras ocasiones había hecho transportes de otros objetos para sacar un dinero extra, sabía que no era ético, pero no lo hubiera hecho si hubiera sabido que se trataba de cocaína. Que le pagaron 800 euros. Que era habitual que realizaran este tipo de transportes, de efectos de diversas clases.
Marino declaró en el acto del juicio oral ser primo de Imanol y que el vehículo que usaba un Renault Laguna era de un cuñado de su primo. Que Imanol no le dijo nada del " Triqui ". Afirmó que fue a la cafetería que está cerca del Hotel Abba, porque Urbano se lo pidió para que vigilara que no le pasara nada. Y negó cualquier relación con el apartamento de la calle [...]. Negando cualquier conocimiento de la operación de introducción de cocaína.
Nicanor afirmó que era un mandado de Imanol, y hacía lo que éste le pidiera. Que llevó a Roque a un sitio y como hacía frío se quedó esperando con él. Que el no tiene ninguna relación con el apartamento de la calle [...], que alguien pondría el contrato a su nombre, pero él no vivía allí.
Roque afirma que efectivamente recibió de Imanol la orden de ir allí, donde fue detenido. Que le llevó Mantecas. Que él no sabía lo que tenía que esperar allí. Que alguna vez ha estado en el apartamento de la calle [...], pero no vive allí. Tampoco sabe que Mantecas tenga relación alguna con aquella vivienda.
Urbano declaró que el móvil que le ocuparon se lo había dado un tal Ricardo unos días antes de la detención. Dice que fue Imanol quien le encargó que fuera al Hotel Abba, le dio la dirección y como tenía que ir hasta allí, le dijo asimismo donde tenía que ir después y el modo de desplazarse, lo que tenía que recoger y a quien debía pedírselo y luego entregarlo, negó haber pedido a Nacho que le acompañara. Que le iban a pagar 300 euros, y que anteriormente había hecho un recado semejante para Imanol.
4.- Las entradas y Registros practicadas en los domicilios que a continuación se reseñaran y los efectos encontrados en poder de cada uno de los detenidos en el momento de su detención:
- En el domicilio de la calle [...] n.º [...], bloque [...], piso [...], puerta [...] no se encontró nada relevante.
- En el domicilio de la calle [...] n.º [...], portal D, piso [...], puerta [...], donde se encontraron resguardos de diversos envíos de dinero realizados por los procesados Imanol y Nicanor.
- En el domicilio de la calle [...] n.º [...], escalera [...], piso [...], puerta [...], donde fue hallada una báscula de precisión.
- En el domicilio de la calle [...] n.º [...], portal [...], escalera [...], piso [...], donde fue hallada la sustancia estupefaciente que se ha reseñado en el relato fáctico, un abono transporte a nombre de Roque, la fotocopia de una solicitud de residencia del Ayuntamiento de Paracuellos a nombre de Roque, una báscula de precisión con restos de cocaína, una factura de "The phone House" a nombre de Imanol.
- En poder de Urbano, en el momento de su detención, un papel con anotaciones, el nombre Carlos Manuel y el número 504 y otra anotación "Jardín de las Mercedes, apartamento [...]. APARTAMENTOS TURÍSTICOS", y un teléfono móvil correspondiente a la línea [...].
- En poder de Laureano un teléfono móvil sin tarjeta.
- En poder de Marino un teléfono móvil correspondiente al abonado n.º [...], otro correspondiente a la línea [...], un vehículo Renault Laguna con....-WXQ junto con su documentación y llaves, un contrato de arrendamiento de la calle [...] a nombre de Imanol, y un papel con anotaciones numéricas.
- En poder de Roque 2 teléfonos móviles y 75 euros.
- En poder de Nicanor un teléfono móvil con el número de abonado [...], quinientos euros en billetes de 50 euros y un juego de llaves compuesto de cuatro llaves y tres llaveros.
- En poder de Imanol, contrato de compra de un vehículo R. Laguna, por importe de 7.000 euros, de fecha 19 de noviembre y unos papeles con anotaciones numéricas, un teléfono móvil.
5.- Las pruebas periciales practicadas por los peritos oficiales acerca de la sustancia estupefaciente intervenida, que resultó ser cocaína, con la presentación, peso y pureza referida en el relato fáctico (folios 762 de la causa). La tasación de su valor se apoya en el dictamen pericial que obra en los folios 818 y siguientes de la causa.
Una vez compulsada la prueba, ha de concluirse que los procesados realizaron una operación de tráfico de sustancia estupefaciente, obrando conjuntamente, mediante el reparto de funciones según las instrucciones recibidas, actuando todos ellos con pleno conocimiento de la operación en la que participaban y de la naturaleza de la sustancia.
A este respecto, queda acreditada la naturaleza de la sustancia por las periciales practicadas y la introducción de la misma en España a partir de las declaraciones de los agentes que practicaron las detenciones de los implicados. La sustancia fue aprehendida en el vestíbulo del Hotel Abba en poder de Urbano, quien a su vez la había recibido de Laureano, que la había traído junto con su equipaje de cabina, en su condición de miembro de la tripulación, desde Ecuador a España. Marino tenía el encargo de vigilar la recepción de la sustancia por Urbano y comprobar que marchara al domicilio designado para la entrega. Y Nicanor y Roque de recibir la sustancia que habría de traer Urbano y asegurarse de ponerla a buen recaudo en el domicilio que utilizaban para almacenar la sustancia debidamente oculta en el falso techo del baño y en un zócalo de la cocina.
Excepto Imanol, quien en el acto del juicio oral reconoció su propia responsabilidad sobre la totalidad de la sustancia estupefaciente intervenida, los demás procesados han negado tener conocimiento de la operación.
Sus manifestaciones exculpatorias han quedado sin embargo desvirtuadas por los elementos de cargo que han sido hasta ahora objeto de análisis.
En cuanto a Laureano, su tesis exculpatoria se funda en su desconocimiento de que aquello que había recibido en Ecuador para su transporte a España era cocaína. Pretende justificar tal afirmación en el hecho de que en otras ocasiones había realizado transportes de todo tipo de objetos, recibiendo por ello alguna gratificación, y que tal conducta es habitual, y si bien no es ética, él no pensaba que fuera ilegal. En apoyo de su afirmación de inocencia cuenta con la declaración del coimputado Imanol, quien en el acto del juicio afirmó que Laureano había sido engañado, y la declaración del testigo, funcionario de prisiones con n.º de identidad [...], quien afirmó en la Sala su convencimiento respecto de la inocencia del procesado convencimiento al que había llegado porque así lo creía y porque se lo había manifestado Imanol, por lo que esta Sala concluye que la fuente de información de dicho testigo es el propio coimputado que realiza la exculpación de Laureano en el acto del juicio oral, y no antes.
Frente a tal manifestación exculpatoria la Sala ha contado con una serie de indicios que extrae de las pruebas que se han expuesto y que le permiten llegar al convencimiento de la culpabilidad del procesado, en el sentido de ser conocedor de su contribución esencial a la operación de tráfico de cocaína. Según establece la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en Sentencia de la Sala 2.ª de fecha 20-7-2006, n.º 840/2006, recurso 1092/2005. Ponente: Francisco Monterde Ferrer, "Y tanto el TC (SS 174/85, 175/85, 160/88, 229/88, 111/90, 348/93, 62/94, 78/94, 244/94, 182/95) como esta misma Sala, han precisado que el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, si bien esta actividad probatoria debe reunir una serie de exigencias para ser considerada como prueba de cargo suficiente para desvirtuar tal presunción constitucional. Se coincide en resaltar como requisitos que debe satisfacer la prueba indiciaria los siguientes: que los indicios, que han de ser plurales y de naturaleza inequívocamente acusatoria, estén absolutamente acreditados, que de ellos fluya de manera natural, conforme a la lógica de las reglas de la experiencia humana, las consecuencias de la participación del recurrente en el hecho delictivo del que fue acusado y que el órgano judicial ha de explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de esos indicios probados, ha llegado a la convicción de que el acusado realizó la conducta tipificada como delito. En definitiva, como señalan las sentencias del Tribunal Constitucional 24/1997 y 68/98, que la prueba indiciaria ha de partir de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delito deben deducirse de esos indicios (hechos completamente probados) a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria".
El primero y esencial es la posesión reconocida por el procesado de la sustancia estupefaciente, sustancia que le fue entregada en Ecuador por una persona a quien manifestó no conocer, pese a haber manifestado que el encargo lo recibió de una persona a quien sí conocía, un tal Imanol, compañero del trabajo, quien le inspiraba una total confianza.
Ha de tenerse en cuenta en segundo lugar, el valor que la sustancia que el procesado transportaba tenía un precio en el mercado ilegal que ha sido fijado, en la pericial no impugnada, en la suma de 295.687,96 euros en su venta al por mayor, 754.393,27 euros en su venta al por menor y 1.044.269,37 euros en su venta por dosis, por lo que resulta difícilmente creíble que un encargo de tal valor se entregue a una persona que ignora la verdad del transporte, con el riesgo de que decidiera en último momento no acceder a realizar el transporte o que le fuera prohibida la introducción de la maleta en la cabina sin pasar los controles, o que la confundiera o extraviara.
Igualmente valora el Tribunal la especial cualificación del acusado por el hecho de desempeñar su actividad profesional en una aerolínea que opera en viajes transatlánticos. Por tal motivo el procesado conocía, y así lo manifestó expresamente en el plenario, la posibilidad de utilizar el transporte de equipajes para transportar sustancia estupefaciente. Es por ello que su versión de haber accedido a la realización del transporte pensando que se trataba de sueros quirúrgicos no resulta verosímil, y ello tanto por los argumentos expuestos como por la resultancia de las intervenciones telefónicas, señaladamente en la primera en la que se hace referencia a su persona, mantenida el día 20 de noviembre entre el procesado Imanol, quien ahora defiende su inocencia y un varón sudamericano, que ya era conocido de Imanol, y que posiblemente era el auxiliar de vuelo que había realizado anteriores transportes, tal y como se deduce de los términos de la conversación.
A este Tribunal no le ofrece duda alguna que, de dicha conversación, obrante a los folios 174 y siguientes de las actuaciones se deduce que el procesado Imanol inquirió repetidamente a su interlocutor acerca de la aptitud de la persona que proponía éste para sustituirle, y señaladamente acerca de su conocimiento del negocio que ambos mantenían, diciendo textualmente su interlocutor "yo se, yo, yo se lo comenté, pero es la única persona que sabe". Esto es, en contra de lo que ha sostenido en el plenario, el procesado Imanol en aquella conversación se cercioró de la aptitud de la persona que iban a elegir para realizar el transporte, y quedó absolutamente convencido de ello, así como de que el mismo estaba al tanto del negocio que tenían montado, según su propia expresión; y así queda confirmado igualmente en la conversación que sostiene a continuación con otro individuo a quien relata que ya tienen otro "man" para hacer el traslado y que es de "total confianza", y ello en la conversación transcrita al folio 178 y 179 de las actuaciones.
En cuanto a Urbano, el mismo desempeña asimismo la labor esencial de recoger la mercancía de la habitación de Laureano y quedar encargado de transportarla hasta el lugar que se le había indicado. Con independencia de lo trascendente de la intervención, resulta evidente su posesión de la sustancia en el momento de su detención, y que su papel en la operación había quedado prefigurado en las conversaciones previas mantenidas entre los demás imputados, siendo relevante el dato de la llamada en la que escuetamente Imanol le comunicó que el lunes habría trabajo, sin especificar en qué habría de consistir el mismo, asegurando así su disponibilidad para ese día. Consta asimismo que le fue ocupado en el momento de su detención un papel en el que figuraba tanto la dirección de recogida como la de entrega. El mismo era conocido por los procesados, a quienes reconoció igualmente en el acto del plenario, excepto a Laureano, a quien sólo conoció por el acto de la entrega. El propio procesado reconoce que sospechó, por lo cual claramente se representó la posibilidad de que lo que transportaba fuera, como así resultó, una sustancia ilegal.
Marino también ha negado su participación, sin embargo, al igual que en los anteriores casos, la Sala ha contado con indicios bastantes para estimar acreditada su participación en los hechos.
En primer lugar su presencia en las inmediaciones del Hotel en el que habría de verificarse la entrega de la sustancia, efectuando una clara labor de vigilancia de la actuación de Urbano y de contravigilancia en previsión de una hipotética intervención policial. Así declararon los agentes en el plenario que el mismo se encontraba en una actitud vigilante, en la puerta de la cafetería, pero por dentro, a fin de poder ver con claridad la entrada y salida del coimputado.
El procesado no aporta explicación alguna satisfactoria de su presencia allí, ya que manifiesta que Urbano le pidió que le acompañara porque iba a desempeñar un encargo y tenía prevención respecto de lo que pudiera pasar, pero sin embargo Urbano ha negado absolutamente tal extremo.
Es lo cierto además que las conversaciones telefónicas a las que se ha hecho referencia más arriba, acreditan que su puesta a disposición de las órdenes de Imanol fue inmediata, una vez tuvo conocimiento éste de la llegada de la sustancia al Hotel. Al analizar la prueba se ha hecho referencia precisa a dichas conversaciones, y no puede perderse de vista el dato de que uno de los teléfonos que fueron hallados en poder del procesado en el momento de su detención, el n.º [...], era uno de los intervenidos y desde donde se pudieron escuchar tales conversaciones entre ambos procesados en los momentos inmediatamente anteriores al de la detención.
Roque por iguales argumentos que en el resto de los procesados, resulta acreditada su intervención en la operación de transporte de la droga por el hecho objetivo de su detención en las inmediaciones del inmueble en el que había de ser oculta la cocaína, una vez ésta hubiera llegado a su poder, auxiliando en tal función al también procesado Nicanor, quien en el momento de su detención portaba las llaves del domicilio de la calle [...], donde fue encontrada asimismo sustancia estupefaciente, como a continuación se analizará. En las conversaciones aludidas, se establece para él un concreto papel en la intervención, señalando incluso la remuneración que había de percibir, 4 lucas, que según los procesados, serían 400 dólares. No puede calificarse su presencia en el lugar de los hechos como casual, sino que había sido comisionado a tal fin como se deduce de las intervenciones telefónicas aludidas, siendo su intervención igualmente esencial para el éxito de la operación. Consta en las intervenciones telefónicas los contactos reiterados entre ambos procesados mientras se encontraban vigilando en las proximidades del piso de la calle [...], comprobando que no existiera ningún peligro para la entrega que esperaban.
Y por último, y en igual sentido Nicanor quien también portaba en su poder uno de los teléfonos intervenidos el n.º [...] a través del cual se había puesto en comunicación tanto con Imanol como con Roque en los momentos anteriores al de su detención, estando con aquel a la espera de la recepción de la sustancia.
Segundo.-En cuanto a la cocaína encontrada en el piso de la calle [...] n.º [...].
La Sala ha llegado a la convicción en conciencia de estar acreditada la participación de los procesados Imanol, Marino, Nicanor y Roque en el delito enjuiciado con el examen de la prueba practicada, en especial, las diligencias de investigación y seguimiento de los encartados llevadas a cabo por la Policía, ratificadas en el acto del juicio, así como las diligencias de entrada y registro llevadas a cabo en dicho domicilio, las diligencias de intervenciones telefónicas autorizadas por el Juez de Instrucción, así como con el informe relativo al análisis pericial de la droga incautada.
A partir de los datos iniciales facilitados al Juzgado de Instrucción, en la forma que se ha explicado en el epígrafe anterior, y a través de las intervenciones telefónicas acordadas y los seguimientos y vigilancias realizados por la policía, se establece la conexión entre las anteriores personas.
En el curso de las mismas se detecta las distintas funciones que cada uno de ellos desempeña en la acción de distribución de las sustancias estupefacientes, asumiendo el primero la función de obtener la cocaína, a través de contactos con otras personas que no han sido objeto del presente procedimiento, y ocupándose igualmente de su almacenaje, colaborando los demás procesados en el transporte y custodia de la sustancia, y de su preparación para la venta, como se deduce de la conversación mantenida entre Imanol y Marino obrante al folio 190 de las actuaciones, así como de su custodia, ya que es Nicanor quien tiene las llaves del piso y es titular del arrendamiento, y Roque recibe instrucciones para que el " Triqui " no suba, y además se encuentran documentos a su nombre en el citado domicilio.
Para la realización de tales funciones los procesados cuentan con una infraestructura compuesta por diversos vehículos que utilizan indistintamente para realizar los distintos viajes, de una gran cantidad de teléfonos móviles y disponen de varias viviendas en la Comunidad de Madrid.
Todo ello ha resultado acreditado en virtud de la documental obrante en la causa, de las conversaciones y por la testifical de los agentes de Policía que desarrollaron uno u otro papel en el curso de la investigación. Así comparecieron en el acto del juicio oral los agentes de Policía que realizaron las escuchas y grabaciones de las líneas de teléfonos intervenidas, identificando a los que en ellas tomaban parte, y explicando cómo llegaron a tener conocimiento de cada uno de los interlocutores. En este sentido las declaraciones de los agentes que se han citado en los epígrafes precedentes.
No puede sin embargo imputarse a los procesados Urbano y Laureano participación alguna en la posesión, tratamiento y distribución de la estancia encontrada en dicho domicilio, toda vez que, respecto de Laureano, no existe prueba alguna de que hubiera realizado con anterioridad al día de su detención otra operación de transporte de cocaína, y respecto de Urbano, porque no se ha establecido en modo alguno su relación con dicho domicilio, teniendo previsto los coimputados impedirle la entrada al mismo.
Tercero.-En cuanto a la intervención policial que culminó con la detención de los procesados Carlos Manuel, Adolfo y Camila.
Al igual que en los anteriores hechos, se van a clasificar las distintas fuentes de prueba con las que ha contado este Tribunal para llegar a la conclusión relatada en el "factum".
1.- En primer lugar, las testificales prestadas en el acto del juicio oral por los agentes de Policía que practicaron la detención de los acusados el día 14 de diciembre de 2007 cuando ambos se encontraban a bordo del vehículo propiedad de Carlos Manuel. Tal y como se ha expuesto en los apartados precedentes, el Jefe de Grupo e Instructor de las diligencias relató a la Sala el contenido de las investigaciones realizadas respecto de Carlos Manuel, que fue la persona respecto de la cual se solicitó inicialmente la intervención telefónica. Al folio 4 del acta del juicio oral correspondiente al 1 de marzo, el referido agente Instructor narró la forma en que se realizaron las vigilancias alrededor del Bar Lariyei, y como a partir de ahí y de las intervenciones telefónicas se descubrió la operación relatada en el primer apartado del presente epígrafe. Relató igualmente la relación entre dicho procesado y Adolfo, concluyendo que éste último auxiliaba al primero en las tareas de distribución de la sustancia estupefaciente con la que ambos traficaban. Explicó igualmente como identificaron a Adolfo, quien en las conversaciones era denominado " Pelirojo " o " Bigotes ". Asimismo declaró que no tenían constancia de que Bruja hubiera realizado tareas de distribución. En el mismo sentido declaró el agente con n.º de carnet profesional [...], quien participó en parte de las diligencias y vigilancias practicadas en el entorno del procesado. El agente con n.º de carnet profesional [...] que participó en la detención de Carlos Manuel y Adolfo, así como en los registro verificados en los domicilios de ambos y en el bar Lariyei, narrando los efectos encontrados en ambos domicilios. El agente con n.º de carnet profesional [...] declaró en igual sentido, narrando determinados extremos relativos a la detención, concretamente los efectos que fueron hallados en poder de ambos detenidos así como en sus domicilios. Igualmente el agente con n.º de carnet profesional [...], en la sesión del día 2 de marzo, explicando las dificultades que tuvieron para localizar el domicilio de Carlos Manuel, toda vez que la entrada a la vivienda en concreto no podía verse desde la calle. La testifical del agente con n.º de carnet profesional [...], quien también participó en la detención de ambos, narrando el seguimiento que realizaron dicho día, en que los detenidos se desplazaron hasta Ocaña, a bordo del vehículo de Carlos Manuel, y luego volvieron a Barajas, explicando los efectos que le fueron encontrados y la forma en que se verificó la identificación de Adolfo como "Pelirojo" o "Bigotes", encontrando además en su poder el día de la detención el teléfono que había sido intervenido. El agente con n.º [...] igualmente narró su intervención, realizando el seguimiento de los procesados Carlos Manuel y Adolfo el día de su detención, narrando su itinerario, los efectos que fueron hallados en su poder en el momento de su detención y los hallados en los registros domiciliarios, precisando que no se detectó, en la vivienda de Carlos Manuel, rastros de la presencia de una persona distinta de Carlos Manuel y Camila. El agente n.º [...], quien también tuvo intervención en la detención de dichos procesados, afirmando que los móviles que les intervinieron eran los que constaban en las intervenciones telefónicas, aclarando igualmente las dudas relativas a la identificación de Adolfo como " Pelirojo " o " Bigotes ", ya que no se conoció su nombre y filiación completa sino hasta el día mismo de su detención. El agente n.º [...], quien participó en el registro en casa de Carlos Manuel, manifestó no encontrar rastros de la presencia de otra persona que viviera en el salón de la casa, explicó donde encontraron las drogas y los documentos, así como los efectos hallados en casa de Adolfo.
Tales testificales, concordantes con lo manifestado por el Instructor, vienen a explicar a la Sala la forma en que se realizó el seguimiento de la persona de Carlos Manuel, así como de determinadas personas de su entorno, y cómo se verificó la detención, con los cacheos y hallazgo de sustancias estupefacientes en poder de los detenidos, así como en los domicilios de ambos, y los efectos hallados en los domicilios, concretamente la balanza de precisión en casa de Carlos Manuel y la prensa hidráulica en casa de Adolfo.
2.- En segundo lugar, las intervenciones telefónicas y seguimientos verificados por el grupo policial, con las correspondientes autorizaciones de escucha y grabación de las conversaciones mantenidas por los teléfonos móviles de los procesados que habían sido previamente autorizadas por el Juez Instructor de la causa, en el modo que se ha explicado en el epígrafe correspondiente.
De dichas intervenciones, que se prolongan, en el caso de Carlos Manuel desde la inicial intervención de fecha 1 de octubre, hasta el día de la detención, y el de Adolfo más adelante, se concluye la existencia de una relación estrecha y duradera entre ambos, con pasajes que permiten afirmar la existencia de una negociación con materias relativas al tráfico de drogas, ya que no se ha aportado explicación alguna respecto a las conversaciones acerca de que fueron interrogados, hablando de pesos, cantidades y entregas a terceros, incluso reclamaciones de clientes, por falta de peso o defectuosa calidad.
En el caso de Carlos Manuel, en su primera declaración prestada ante el Juez Instructor de la causa el día 16 de diciembre de 2007 (folio 505 y 506) manifestó que distribuía la cocaína que le suministraba Imanol, pero no lo hacía en el Bar. Afirmó igualmente que la báscula la utilizaba para distribuir la cocaína en bolsitas, y refirió ser consumidor de cocaína, de 2 o 3 gramos al día. Posteriormente tal declaración inicial ha sido negada por el procesado, tanto en la prestada el 3 de abril de 2008 (folio 1032) negando las anteriores manifestaciones autoinculpatorias, justificándose en que lo había hecho por estar enfadado con Imanol por estar este relacionado con su hija, y aludiendo a la existencia de un tal José, quien sería el dueño de la sustancia encontrada en su vivienda, y a quien le dejó vivir en su casa, y que le suministraba cocaína, versión ésta que igualmente sostuvo en el plenario, ampliándola en el sentido de que la sustancia que le fue intervenida era para su propio consumo, al que era adicto desde años atrás. Manifestó igualmente que Bruja (Camila) no distribuía droga en el bar de su propiedad, sino que tan sólo trabajaba como camarera.
En cuanto a Adolfo, éste, tanto en su declaración judicial como en el plenario negó cualquier participación en los hechos imputados, afirmando que la droga incautada era para su consumo, y que la báscula era para pesar lo que compraba. En cuanto a la prensa hidráulica la pensaba mandar a Santo Domingo, y que la utilizaba para usos distintos de la manipulación de sustancias, concretamente para sacar los cigüeñales de las motos.
Camila ha negado en todo momento tener relación alguna con el tráfico de sustancias estupefacientes, limitándose su trabajo a ser camarera en el bar Lariyei, y que los resguardos de transferencias encontrados a su nombre responden a una deuda que mantenía con Carlos Manuel.
- En poder de Carlos Manuel, llaves del vehículo Ford Focus y de su domicilio, un teléfono móvil con número de abonado [...] (que había sido objeto de escucha y grabación), otro teléfono con n.º de abonado [...] (asimismo intervenido en las presentes diligencias), mil cincuenta y cinco euros en billetes y tres bolsas de plástico conteniendo cuatro gramos de una sustancia que fue identificada como cocaína.
- En poder de Adolfo un teléfono móvil con número de abonado [...] (que había sido objeto de escucha y grabación), un juego de llaves y 70 euros en billetes.
- En poder de Camila, un teléfono móvil con n.º de abonado [...], asimismo objeto de grabación.
- En el domicilio de Carlos Manuel, donde habitaba igualmente Camila, seis bolsas conteniendo cocaína con los pesos y presentaciones relatados en el "factum", bolsas conteniendo lidocaína y fenacetina, todo ello dentro de una mochila en el interior de un armario en el salón de la vivienda; dentro del armario y fuera de la mochila 161 dólares americanos; en otro mueble en el salón, una báscula de precisión y recortes circulares, cuatro bolsitas conteniendo cocaína y un cutter de color verde con restos de cocaína; diversos documentos de transferencias de metálico en las que figuraban como remitentes los tres detenidos.
- En el domicilio de Adolfo y en el interior de su dormitorio, dos bolsas de plástico conteniendo pequeñas cantidades de cocaína, una báscula de precisión y una prensa hidráulica, guardada debajo de la cama del detenido.
- En el Bar "Lariyei", 330 euros.
5.- Las pruebas periciales practicadas por los peritos oficiales acerca de la sustancia estupefaciente intervenida, que resultó ser cocaína, con la presentación, peso y pureza referida en el relato fáctico (folios 849 y siguientes de la causa). La tasación de su valor se apoya en el dictamen pericial que obra en los folios 929 y siguientes de la causa.
6.- Las pruebas relativas al consumo de sustancias estupefacientes por Carlos Manuel y Adolfo: Las analíticas de orina practicadas por facultativos del SAJIAD el día de la presentación de los detenidos ante el Instructor, que en el caso de Urbano dio positivo a cocaína y cannabis y en el de Adolfo, cannabis; el dictamen emitido por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses sobre la muestra de cabello tomada al detenido Carlos Manuel el día de 14 de abril de 2008, detectándose consumos repetidos de cocaína en los 4 o 5 meses anteriores al corte de los mechones enviados; el informe médico emitido por el doctor Rosendo (folios 1090 a 1092 de la causa) del CAID de San Blas, informe en el que relata que en el mes de junio de 2005 el acusado Carlos Manuel inició un tratamiento de desintoxicación, habiendo sido diagnosticado de Drogodependencia a cocaína.
Valorando conjuntamente el descrito caudal probatorio, la Sala llega a la convicción de que los acusados Carlos Manuel y Adolfo venían dedicándose conjuntamente al tráfico de cocaína, sustancia que se ocupaban de recibir, tratar y distribuir a terceras personas a cambio de precio. Y ello se estima acreditado tanto por los indicios representados por el contenido de las conversaciones interceptadas y los seguimientos llevados a cabo por los agentes policiales, que han sido detallados en los párrafos anteriores de este epígrafe, como por el hecho objetivo del hallazgo en su poder de sustancias estupefacientes y en sus domicilios igualmente de sustancias y de instrumentos aptos para el tráfico y distribución de cocaína. Ambos procesados han afirmado que las sustancias encontradas en su poder estaban destinadas a su propio consumo, sin embargo tal tesis, aún cuando se admita que pudieran ser consumidores, lo que en el caso de Adolfo, como más adelante se explicará, no se tiene por acreditado, no lleva a esta Sala a entender, conforme se interesa por sus defensas, que tales sustancias estaban destinadas exclusivamente a tal fin.
Sobre este particular el Tribunal Supremo ha venido entendiendo (SSTS 436/2002, 13-III; 1703/2002, 21-X; 2152/2002, 4-VII-03; 900/2003, 17-VI; y 705/2005, 6-VI) que es preciso acudir a la prueba indiciaria para alcanzar la inferencia acerca del destino que pretende darse a la sustancia estupefaciente hallada en poder de una persona, en cuanto entraña un elemento subjetivo del delito que no es susceptible de ser probado de otra manera que no sea mediante la inducción de su existencia a partir de determinadas circunstancias objetivas que concurran en el hecho que se enjuicia. Y en relación con la cocaína, especifica la referida jurisprudencia que el consumo medio diario se fijó por el Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda de 19 de octubre de 2001, de conformidad con el criterio del Instituto Nacional de Toxicología, en 1,5 gramos y que normalmente el consumidor medio cubre el consumo de droga de cinco días. Pero este criterio sobre el exceso de las necesidades del autoconsumo, es meramente orientativo, sin que pueda deducirse mecánicamente el destino a la venta de una cantidad que aparentemente exceda del consumo medio.
Tampoco la tesis contraria es sostenible, esto es que la tenencia de una cantidad inferior a la señalada suponga de forma automática la conclusión de estar destinada al propio consumo. En todo caso en el supuesto de Carlos Manuel, la cocaína encontrada en su poder y su domicilio excede notablemente los mínimos antedichos, sin que sea verosímil su versión de pertenecer tal sustancia a un tercero que había habitado en su vivienda, y que le suministraba la droga para su consumo.
Ha de tenerse en cuenta al respecto el contenido de su primera declaración prestada al ser presentado ante el Juez de Instrucción el día de su detención, donde manifestó distribuir la cocaína que le proporcionaba Imanol.
La Jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencia de la Sala 2.ª, de fecha 11-10-2005, recoge un exhaustivo tratamiento de esta cuestión, recogiendo además la línea jurisprudencia anterior del mismo Tribunal, al afirmar que:
"Como señala la sentencia núm. 269/96, de 20 de marzo, una reiterada doctrina jurisprudencial, tanto del Tribunal Constitucional como de esta Sala, ha declarado que el Tribunal de Instancia puede otorgar prevalencia para fundar su convicción a la prueba practicada en la fase de instrucción sobre la practicada en el plenario, caso de discordancia entre ambas, siempre que aquella se halla practicado judicialmente con las debidas garantías y se halla sometido a efectiva contradicción en el acto del juicio oral. Concretamente en el caso de testimonios contradictorios previstos en el artículo 714 Ley de Enjuiciamiento Criminal, la doctrina constitucional y de esta Sala (S.T.C. 137/88, S.T.S. 14-4-89, 22-1-90, 14-2-91 o 1 de diciembre de 1995, sentencia núm. 1207/95), admite que el Tribunal pondere la mayor o menor verosimilitud de las versiones contrapuestas, contrastándolas con los datos deducidos de otras pruebas practicadas y con la credibilidad de las razones expuestas para justificar las contradicciones, correspondiendo al Tribunal de Instancia dicha valoración, conforme a lo dispuesto en el artículo 741 Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En este sentido como precisa la STS 12.9.2003: "cuando un acusado o un testigo declara en el juicio oral y antes lo ha hecho en otra fase del procedimiento, bien ante la Policía o ante la autoridad judicial, el Tribunal que conoce de la causa y ha de dictar sentencia tiene la facultad de conceder su credibilidad a unas u otras de tales declaraciones, en todo o en parte, como una manifestación más de los principios de inmediación y de apreciación conjunta de la prueba, de modo que puede redactar en su sentencia los hechos probados tomando datos de unas o de otras de tales declaraciones, conforme a la verosimilitud que les merezcan según su propio criterio (artículo 741 Ley de Enjuiciamiento Criminal), siempre que se cumplan dos requisitos de carácter formal:
1.º Que aquellas manifestaciones de las que se toman los datos de cargo hayan sido practicadas con observancias de las correspondientes normas procesales aplicables a la misma.
2.º Que, genéricamente consideradas (es decir, no en sus detalles específicos), hayan sido incorporadas al debate del plenario, de modo que las partes hayan tenido oportunidad de interrogar sobre estos extremos".
Y sigue diciendo, con carácter general que "La libertad de valoración de la prueba abarca necesariamente la posibilidad de otorgar mayor o menor fiabilidad a unas u otras entre aquellas manifestaciones que esa misma persona ha prestado a lo largo del proceso, sin que forzosamente haya de prevalecer el contenido de las prestadas en el juicio oral, en el cual las preguntas han de versar sobre los mismos extremos objeto del proceso, que necesariamente han de ser aquellos a los que se refirieron las diligencias sumariales. Así pues en tales supuestos de declaraciones de diverso contenido, realizadas por una persona -testigo o acusado- en distintos momentos del proceso penal, siempre que una de ellas haya sido realizada en el juicio oral con respeto a los principios que informan este acto. El Tribunal tiene libertad de criterio para estimar que la realidad de lo ocurrido no se corresponda con lo declarado en dicho juicio, sino que, en todo o en parte, coincide con algunas de las manifestaciones anteriores, siempre que éstas, que se reputan veraces, hayan sido prestadas con observancia de las normas Legales que regulan el acto en que se produjeron, y como dice la STC 122/89 no se acredite en forma el porqué del cambio o variación y no se den razones convincentes y lógicas que expliquen racionalmente el cambio practicado".
En la segunda declaración prestada durante la Instrucción, tal y como ya se ha apuntado, alega que estaba enfadado con Imanol por motivo de la relación que éste mantenía con su hija, pero tal explicación no resulta coherente con el contenido de las conversaciones intervenidas entre ambos sujetos, que se mantienen en un tono amigable (conversación transcrita al folio 84).
A más de ello, son otros los datos que se pueden valorar en orden a estimar acreditada la preordenación al tráfico de la sustancia hallada en su poder, cuales son el hallazgo, junto con la sustancia de productos químicos aptos para su adulteración o corte, lidocaína y fenacitina, el hallazgo de una báscula de precisión y de un cutter con restos de sustancia, el hallazgo igualmente de resguardos de envíos de dinero en cantidades importantes.
En cuanto a Adolfo, igualmente cabe inferir el destino al tráfico de la sustancia estupefaciente encontrada en su dormitorio y ello en primer lugar atendiendo al dato de que, pese a su afirmación de ser consumidor de cocaína, ello no se ha visto reflejado en prueba material alguna que pudiera ser tenida en consideración por la Sala, ya que en la analítica de orina a la que se ha hecho referencia, tan sólo se detectó consumo de hachís, sin que ninguna otra prueba se hubiera solicitado en acreditación de tal extremo. A más de ello, es de resaltar el hallazgo de una prensa que tenía guardada debajo de la cama de su dormitorio, instrumento perfectamente apto para la preparación de los bloques de sustancia, sin que exista prueba alguna de tener la intención de enviarla a su país. No acredita tampoco el procesado disponer de un modo de obtención de ingresos que justificara las transferencias de metálico cuyos resguardos fueron encontrados en el domicilio de Carlos Manuel.
Todo ello, en unión del contenido de las conversaciones a que ya se ha hecho referencia, llevan a la Sala a estimar acreditada la autoría de ambos procesados respecto del delito objeto de la acusación.
En cuanto a Carlos Manuel se estima acreditadlo igualmente que era adicto a la cocaína desde años atrás, al menos desde el año 2005, a tenor de las pruebas reseñadas, y que a la fecha de los hechos seguía consumiendo dicha sustancia.
Por último y en lo que se refiere a la participación de Camila, no se estima practicada en la presente causa prueba bastante que acredite su participación en los hechos. Al respecto ha de ponerse de manifiesto que la imputación inicial contra ella consistía en la supuesta distribución de sustancia estupefaciente que ésta habría llevado a cabo desde el Bar Lariyei, donde trabajaba como camarera, y es lo cierto que en el citado bar no se halló sustancia estupefaciente alguna, ni tampoco se deduce de las testificales practicadas en el plenario por los agentes policiales, que fuera vista la misma realizando una operación de tráfico. En cuanto al registro domiciliario en la calle Canal De Suez, donde vivía la procesada, no existe base para imputar a la misma la disponibilidad sobre la sustancia estupefaciente en dicha vivienda hallada, toda vez que la vivienda era titularidad del coimputado Carlos Manuel, quien, en ningún momento ha relacionado a la referida con el tráfico de sustancias. Ninguna cantidad de sustancia fue hallado en su poder, ni tampoco ningún indicio externo que pudiera suponer un indicio de participación. Las conversaciones intervenidas en las que ella hubiera participado no son lo suficientemente explícitas como para poder afirmar, con base exclusiva en las mismas la realización por la procesada de acto alguno de tráfico, siendo plausible la tesis de la defensa de referirse tales conversaciones a encargos propios del negocio de bar, todo lo cual lleva a su exculpación de los hechos que le vienen siendo imputada.
Primero.-Los hechos declarados probados en los apartados 1.º y 2.º del relato fáctico son legalmente constitutivos de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, comprendido en los artículos. 368 y 369.1.6.ª del Código Penal, modalidad delictiva ésta que se integra por la realización ilegítima de actos de cultivo, elaboración o tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o por cualesquiera otros actos en virtud de los cuales se promueva, favorezca o facilite su consumo ilegal, o por su posesión para tales fines. Se trata, en definitiva de un delito de peligro y de riesgo, abstracto o concreto, que por atacar a la salud colectiva y pública se consuma con la simple amenaza que potencialmente supone para la misma aunque sustancial y materialmente no llegase a producir la realidad del daño y que afectan a sustancias que causan grave daño a la salud, lo que sucede con la cocaína, dado que la naturaleza de ésta es sobradamente conocida como estupefaciente susceptible de ocasionar graves deterioros físicos y psíquicos en el organismo humano, y que aparece incluída en la lista I de la Convención Única sobre estupefacientes de 30 de marzo de 1961, que fue ratificada por España mediante instrumento de 3 de febrero de 1966, Convención enmendada en el Protocolo de Ginebra de 25 de marzo de 1972, entrando en vigor el 8 de agosto de 1975, ratificado por España el 4 de enero de 1977, y plasmado en la Convención Única de 1981, recogida en España en la Orden de 11 de marzo de 1981, estableciéndose en el art. 12 que se considerarán estupefacientes las sustancias incluidas en las listas I y II de los anexos al Convenio Único y los demás que adquieran tal consideración, en el ámbito internacional, con arreglo a dicho convenio, y en el nacional, por el procedimiento que reglamentariamente se establezca, añadiendo que también se reputarán estupefacientes las sustancias incluidas en la lista IV del anexo mencionado.
La cuantía de la sustancia viene determinada no solo por su peso neto, sino por la riqueza en sus principios activos que tiene su reflejo, de un lado en el mayor beneficio que ello reporta. La obtención de la cantidad exacta de droga poseída se alcanza rebajando de su peso el porcentaje correspondiente a su pureza, y en el presente caso, la cuantía total de la cocaína intervenida en el primero de los episodios relatados, supone 6307,63 gramos netos de cocaína, descontada su pureza, y en el segundo 7418,65 gramos de cocaína pura, lo que excede notablemente del límite fronterizo de los 750 grs. que el Tribunal Supremo en el Pleno celebrado el día 19 de octubre de 2001 acordó fijar para la apreciación del subtipo agravado previsto en el art. 369.1.6.º del Código Penal.
Segundo.-Y de tal delito responden los procesados Imanol, Marino, Nicanor y Roque respecto de la sustancia encontrada en el domicilio de la [...] y dichos procesados y además Laureano y Urbano, respecto a la incautada en poder de este último en el Hotel ABBA de Madrid, al haber colaborado todos ellos en un reparto de tareas preordenado a la ejecución de una actividad ilícita de tráfico de sustancias estupefacientes, que abarcaba desde la introducción clandestina en España de cocaína hasta la manipulación de la droga para su posterior distribución entre terceras personas mediante su venta.
La Sala ha llegado a la convicción en conciencia de estar acreditada la participación de tales procesados en el delito enjuiciado con el examen de la prueba practicada, que ya ha sido objeto de valoración en el epígrafe correspondiente, y que se refiere a las diligencias de investigación y seguimiento de los encartados llevadas a cabo por la Policía, ratificadas en el acto del juicio, así como las diligencias de entrada y registro llevadas a cabo en las viviendas sitas en los domicilios apuntados, las diligencias de intervenciones telefónicas autorizadas por el Juez de Instrucción, que han sido analizadas en el epígrafe correspondiente de la presente resolución, así como con el informe relativo al análisis pericial de la droga incautada.
Como recoge la doctrina jurisprudencial: "El tránsito de acto impune a la conducta típicamente antijurídica se produce a través de la potencial vocación al tráfico de las drogas o estupefacientes; en este ánimo tendencial reside la sustancia delictiva del tipo: la mera tenencia con fines de tráfico es suficiente para ser infracción de resultado cortado (S 18-12-2002). Este elemento subjetivo del injusto encierra una inferencia que ha de apoyarse en las circunstancias concurrentes en cada supuesto concreto; la jurisprudencia viene refiriéndose a las cantidades de droga poseída más allá de los límites antes aludidos, a los medios o instrumentos para la comercialización y existencia de productos adulterantes, personalidad del detentador, y, en particular, su condición de no drogadicto, posesión de sumas de dinero incongruentes con la posición económica del sujeto, la ubicación de la droga y circunstancias de la aprehensión, y cualquier otro dato revelador de la intención del sujeto" (SS 25-5 y 9-12-94; 31-5-97 y 1-4-2002).
"Responde el tráfico de estupefacientes a la estructura de los delitos de peligro abstracto, y su punibilidad tiene origen en la situación de peligro eventual que nace de las conductas típicas. El tráfico real o efectivo se sitúa más allá del área de la consumación, y la obtención de lucro es ajena al tipo" (SS 10-7-87, 19-4-88, 17-4-93, 3-4-97; 28-4, 11-5 y 7-12-98).
"Toda persona que colabora en el tráfico o difusión de la droga, con conocimiento de dicha conducta, se convierte en coautor del delito (SS 9 y 19-2-93). El art. 368, al penalizar dentro del mismo marco penal todos los comportamientos que suponen alguna aportación causal a la actividad de los autores en sentido estricto, ha definido un concepto extensivo de autor (S 10-3-97 y 6-3-98); que se extiende a todos los que ostentan el dominio del hecho dentro de la acción conjunta planeada" (S 10-3-2000).
"Se otorga a la disponibilidad de la droga la nota característica de la autoría" (S 14-3-2003).
"El legislador ha adoptado en la redacción del tipo un concepto extensivo de autor que excluye, en principio, las formas accesorias de participación, y sólo en supuestos excepcionales se llega a la mera complicidad que se ha apreciado solamente en los casos de colaboración mínima, entre ellos la que se ha denominado "conducta de favorecimiento al favorecedor del tráfico" (SS 15-3-93, 10-10, 14-6-95 y 17-3-2003).
Tercero.-Sentado lo cual ha de realizarse un análisis particular respecto de todos los procesados citados, a excepción de Imanol quien, como ya se ha apuntado, ha reconocido su responsabilidad, ya que todo ellos alegan, con más vehemencia Laureano, pero también los demás, ser desconocedores de la naturaleza del encargo recibido, en cuanto a que no sabían que se trataba de cocaína aquello que transportaban.
Debe señalarse que acreditado que los procesados ejecutaron materialmente los requisitos del tipo delictivo previsto en el art. 368 del Código Penal, la alegación del hecho subjetivo referido a que desconocían que transportaban cocaína, es un hecho que debería ser probado por su defensa para ser tenido en cuenta en esta sentencia. Ello es así porque tal desconocimiento supondría que nos encontraríamos ante un supuesto de error de tipo del art. 14.1 del Código Penal, en el que se dispone lo siguiente: "El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente".
Al respecto se ha establecido por la Jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de la que sirven de ejemplo la sentencias de 28.5. 2003, 15.4.2002, 14.9.2001 y 27.1.1999, que el error de tipo, que puede excluir el dolo, corresponde ser probado por quien lo alegue para ser eficaz. Por lo que, al no resultar probado el error de tipo, es decir, que los procesados desconocían que aquello en cuyo transporte, recepción y almacenamiento, respectivamente, era cocaína, la simple alegación de tal desconocimiento no sirve de fundamento para su exculpación respecto de los hechos penalmente típicos por ellos ejecutados objetivamente.
Más recientemente la Sentencia de la Sala 2.ª del Tribunal Supremo de fecha 22-11-2005, afirma que: "Por una parte el error de tipo, en cuanto excluye el conocimiento de un aspecto de la descripción típica que enerva su aplicación, debe ser probado por quien lo alega. De ahí que, en razón a la naturaleza procesal del motivo, debamos respetar los hechos probados en los que no se afirma que el acusado desconociera el contenido de la maleta que llevaba, sino muy al contrario era pleno conocedor de lo que se guardaba dentro, en cuanto formaba parte del grupo de personas que llevaron a cabo la introducción en el país de la droga".
Y no tampoco existe base probatoria que sostenga esa tesis, y sí concurren por el contrario abundantes indicios que apuntan inequívocamente a la plena conciencia de la naturaleza del producto transportado, remitiéndonos en ese punto a los argumentos expuestos en el epígrafe correspondiente a la valoración de la prueba.
Cuarto.-En otro orden de cosas, la defensa del acusado Urbano, propuso una calificación alternativa de los hechos, estimando que se trataba de un delito contra la salud pública en grado de tentativa, entendiendo que se dan en la conducta de su patrocinado los requisitos precisos para que ello sea así, toda vez que:
En primer lugar, su patrocinado no habría intervenido en la operación de transporte, teniendo lugar su intervención cuando la droga ya ha sido controlada por la Policía, limitándose su intervención a subir y bajar la droga en el ascensor del Hotel, siendo detenido cuando salía del mismo.
En segundo lugar, su patrocinado es intermediario del paquete, no su destinatario.
Y en tercer lugar, no llegó a tener en ningún momento la disponibilidad efectiva de la droga, estimando por ello que la pena debía de rebajarse en dos grados atendido el escaso peligro inherente al intento y el grado mínimo de ejecución alcanzado.
Tal tesis no puede prosperar.
Se ha de señalar que la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 12/12/2001 y que ha sido reiterada en otras como la de 14/04/03 en que cabe admitir la tentativa cuando el acusado no ha llegado a tener disponibilidad potencial sobre la droga. Es decir, que el intento de lograr la tenencia, materializado en acciones próximas a su obtención es punible como tentativa cuando dicha tenencia no se alcanza por razones ajenas a la voluntad del autor.
En los supuestos de envío de droga desde el extranjero la tentativa es admisible cuando se estime acreditado por la Sala sentenciadora que la intervención del acusado no tuvo lugar hasta después de que la droga se encontrase ya en nuestro país, habiéndose solicitado por un tercero la colaboración del acusado para que participase, de un modo accesorio y secundario, en los pasos previos a la recepción de la mercancía por sus originales destinatarios, pero:
1.º) Sin haber intervenido en la operación previa destinada a traer la droga desde el extranjero.
2.º) Sin ser el destinatario de la mercancía.
3.º) Sin que llegue a tener disponibilidad efectiva de la droga intervenida, por ser detenido antes de hacerse cargo efectivo de la misma o justo en ese momento por agentes policiales ya apercibidos, en los supuestos de entregas vigiladas.
Cuando, remitida la droga por correo o cualquier otro sistema de transporte, el acusado hubiese participado en la solicitud u operación de importación, o bien figurase como destinatario de la misma, una reiterada doctrina jurisprudencial considera que quien así actúa es autor de un delito consumado por tener la posesión mediata de la droga remitida y por constituir un cooperador necesario y voluntario en una operación de tráfico.
Cuando el acusado llega a hacerse cargo de la droga, la doctrina jurisprudencial mayoritaria también considera el delito como consumado dado que el acusado ha dispuesto de la posesión material de la droga, posesión directa e inmediata preordenada al tráfico que configura la acción típica prevenida en el art. 368 del CP.
Concurre la tentativa cuando el autor, sin participación previa en el envío, ha intentado hacerse con la droga sin haber logrado su disponibilidad efectiva. En los supuestos en que el acusado ha sido detenido antes de llegar a hacerse cargo de la sustancia prohibida, puede hablarse de tentativa.
La más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencia de fecha 28 de enero de 2009, despeja cualquier duda de interpretación al precisar cómo la dicción del precepto legal obliga a atender a la nota de la disponibilidad de la droga por parte del sujeto cooperador, y así dice:
"En relación con la consumación o no del delito contra la salud pública, esta Sala ya ha indicado en repetidas ocasiones (Cfr. SSTS 1697/2001, 3 de diciembre y 1265/2002, 1 de julio, entre otras muchas), que la posibilidad de concurrencia de formas imperfectas de ejecución en el delito de tráfico de drogas, ha sido admitida por la jurisprudencia con criterio restrictivo, por entender que constituye un delito de mera actividad, en el que es difícil admitir la inejecución del resultado propuesto, porque en el tipo básico de tráfico de drogas establecido en el art. 368 del CP de 1995, la mera posesión de la sustancia tóxica implica comisión del delito, y porque es difícil que cualquier acción dirigida a acercar el estupefaciente al consumidor no pueda subsumirse en alguno de los verbos generales de "promover", "facilitar" o "favorecer" el consumo de sustancias tóxicas, previsto en el tipo penal; habiendo entendido esta Sala que siempre que, aún sin alcanzarse una detentación material de la droga, se consigue una disponibilidad de la misma, quedando sujeta a la voluntad del adquirente, el delito queda perfeccionado.
Excepcionalmente, se ha admitido la imperfección en el supuesto de actos de tráfico verificados por el adquirente, si éste no llegó a alcanzar la posesión inmediata o mediata o una cierta disponibilidad sobre la sustancia estupefaciente, entendiéndose el delito intentado cuando la compraventa civil de la droga se perfecciona pero no llega a ejecutarse (Cfr. SSTS 2455/1992, de 11 de noviembre; 497/1996, de 24 de mayo y 1000/1999, de 21 de junio, entre otras muchas).
(...) Esta Sala ha precisado (Cfr. STS de 3-10-2008, núm. 598/2008), que puede considerarse que quedará en grado imperfecto el delito de tráfico de drogas, si la acción del sujeto no determina un desplazamiento territorial de la droga -mediante su transporte- o posesorio, -mediante la transmisión-, pero quedará consumado el delito si la acción del acusado origina un traslado geográfico del estupefaciente, aunque no se consiguiera el desplazamiento posesorio pretendido, por haber sido interceptada la droga antes de su entrega al destinatario"..
Tal tesis es mantenida en la más reciente sentencia de fecha 13 de marzo de 2009, en la que se aprecia "(...) la tentativa y no consumación respecto de seis de los ocho ciudadanos marroquíes que, cuando ya los fardos de hachís estaban desembarcados y cuando tales seis marroquíes estaban allí dispuestos a transportar esos fardos hasta los vehículos que cerca estaban dispuestos para llevárselos, fueron interceptados por los numerosos miembros de la Guardia Civil que allí vigilaban y tenían controlada la operación". Esto es cuando todavía no habían adquirido la posesión de la sustancia intervenida.
De acuerdo con esta doctrina, hay que entender que el delito cometido por Urbano, no ha sido ejecutado en grado de tentativa, ya que el acusado detentó la posesión de la droga de manera efectiva y fuera de la vista de los agentes de Policía, lo que le posibilitó haber terminado el "iter" pactado como destino para la sustancia, si hubiera elegido otra vía de salida, o de otro modo hubiera eludido el control policial existente en el interior del Hotel ABBA, y sin que pueda afirmarse la similitud con un supuesto de entrega controlada, puesto que la Policía no había aprehendido la sustancia estupefaciente. Por ello se entiende que el delito es consumado.
Quinto.-Los hechos declarados probados en el apartado tercero del relato fáctico son constitutivos de un delito contra la salud pública consistente en la distribución o tráfico de cocaína, tipificado en los arts. 368, penúltimo inciso, y 374 del Código Penal. Y ello porque los acusados Carlos Manuel y Adolfo fueron sorprendidos en posesión de cocaína que pretendían distribuir por precio a terceros, incurriendo, pues, en uno de los actos tipificados como delito con respecto a una de las sustancias estupefacientes que causan grave daño a la salud, como es la cocaína, incluida en las Listas I y IV del Convenio Único de las Naciones Unidas de 30 de marzo de 1961, ratificado por España en 3 de Febrero de 1966, en cuantía de 151,63 gramos, con un índice de pureza que oscila entre el 40,5 y el 70,5% en el caso de la encontrada en poder de Carlos Manuel y 5,88 gramos con un índice de pureza entre el 42,2 y el 44,8% en el caso de Adolfo. De ahí que su conducta deba ser subsumida en las normas arriba indicadas, según ya se ha argumentado previamente en la motivación del apartado probatorio a la hora de verificar el ánimo de venta a terceros con que poseían la cocaína intervenida.
Sexto.-Del referido delito son responsables en concepto de autores ambos acusados, por haber realizado material, directa y voluntariamente los hechos que lo integran (art. 28, párrafo primero, del Código Penal).
Séptimo.-No concurren en el delito cometido circunstancias modificativas de responsabilidad criminal respecto de Imanol, Laureano, Marino, Nicanor, Roque y Adolfo.
No se estiman las atenuantes solicitadas por la defensa de Urbano, relativas a la excesiva duración del procedimiento, que debería a su juicio dar lugar a la estimación de la atenuante analógica de dilaciones indebidas, y al escaso nivel socio cultural e intelectual, que habría de ser valorado a la hora de delimitar su concreta responsabilidad por los hechos.
En cuanto a la atenuante de dilaciones indebidas, que se ha alegado como atenuante analógica al amparo de lo prevenido en el artículo 21.6 del Código Penal por la que califica como excesiva duración del procedimiento, la misma no puede ser estimada. La duración total del proceso, desde la detención de los primeros procesados, el primero precisamente Urbano, el día 27 de noviembre de 2007, hasta la emisión de la presente sentencia, 24 de marzo de 2010, ha sido ligeramente inferior a dos años y cuatro meses.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo, acordó, en el Pleno celebrado en fecha 21 de mayo de 1999, seguido de numerosas sentencias posteriores como la de 8 de junio de 1999, la de 8 de junio de 2000, 1 de diciembre 2001 y en la de 1 marzo de 2002, etc., la procedencia de compensar la entidad de la pena correspondiente al delito enjuiciado, mediante la aplicación del atenuante analógica del artículo 21.6 del Código Penal, en los casos en que se haya producido en el enjuiciamiento dilaciones excesivas e indebidas, no reprochables al propio acusado ni a su actuación procesal. Dando con ello cumplida eficacia al mandato constitucional que alude al derecho de todos aún proceso sin dilaciones indebidas, artículo 24.2 de la Constitución Española.
Ese derecho al proceso sin dilaciones, viene configurado como la exigencia de que la duración de las actuaciones no exceda de lo prudencial, siempre que no existan razones que lo justifiquen. O que esas propias dilaciones no se produzcan a causa de verdaderas "paralizaciones" del procedimiento que se debieran al mismo acusado que la sufre, supuestos de rebeldía, por ejemplo, o a su conducta procesal, motivando suspensiones, etc.
La "dilación indebida" es, por tanto, un concepto abierto o indeterminado, que requiere, en cada caso, una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional, es el mismo injustificado y constituye una irregularidad irrazonable en la duración mayor que lo previsible o tolerable.
En el presente caso, no se aprecia una paralización del procedimiento, sino que la duración total del proceso se estima adecuada a la complejidad del mismo, cuyo objeto son tres operaciones de tráfico de estupefacientes, siendo nueve las personas procesadas, y con un abundante material probatorio, no ha existido ningún periodo de paralización procesal que, al contrario, se ha agilizado en la medida de lo posible, mediante el traslado simultáneo a las defensas para instrucción y calificación en esta Audiencia, por lo que no se está en los supuestos a que hace referencia la doctrina jurisprudencial invocada, no procediendo por tanto su estimación.
En cuanto a la segunda atenuante solicitada, tampoco puede la misma ser estimada, ya que de lo actuado, señaladamente la pericial interesada por la defensa, relativa al alegado escaso nivel socio cultural e intelectual del procesado, no puede tenerse por acreditado que el procesado sufriera una merma de sus facultades o de su facultad de libre autodeterminación por consecuencia de los deficits a que hace referencia su defensa. Consta en la documental obrante a la pieza de situación que el procesado estuvo escolarizado en España, y que lo había estado en su país de origen, y que contaba con estabilidad familiar, y había accedido al mercado de trabajo. Se colige de todo ello un desarrollo adecuado a su edad, sin que sean valorables dichos datos en orden a estimar la concurrencia de una circunstancia atenuatoria.
En cuanto a su juventud, es lo cierto que el procesado ya había alcanzado la mayoría de edad cuando tuvieron lugar los hechos que hoy se enjuician, y que por lo tanto, se presume haber adquirido el grado de madurez suficiente para merecer la respuesta sancionadora, salvo que hubiera sido objeto de prueba un déficit de madurez, con apoyo en circunstancias físicas u orgánicas que no han sido, según lo apuntado, objeto de prueba.
Ello sin perjuicio de que la extremada juventud del procesado, quien había alcanzado la mayoría de edad en fecha próxima a la de su detención, en cuanto que nacido en fecha 15 de noviembre de 1989, que si bien no da lugar a la aplicación de atenuante alguna, que no está legalmente prevista, no puede dejar de ser tenida en cuenta a la hora de imponer la pena en el mínimo legal.
Octavo.-Concurre en el acusado Carlos Manuel la circunstancia atenuante analógica de drogadicción, tal y como se ha interesado por su defensa, a tenor de lo establecido en el artículo 21.2 y 6 del Código Penal. Y ello por haber resultado acreditado que, a la fecha de ocurrir los hechos enjuiciados, y con antelación a los mismos, el acusado era adicto a la cocaína, siendo así que había iniciado en el año 2005 un tratamiento de desintoxicación, no obstante lo cual, a la fecha de los hechos continuaba con el consumo de dicha sustancia.
La Ley penal mide la inimputabilidad por la capacidad de comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Atendiendo a los datos expuestos en el apartado correspondiente a la valoración de la prueba, se puede concluir que el acusado era adicto al consumo de cocaína desde tiempo atrás, puesto que así se desprende de los referidos indicios reseñados en dicho apartado.
Por todo ello, procede apreciar esa drogadicción como circunstancia analógica prevista en el núm. 6 del art. 21 en relación con el núm. 2 de dicho precepto del C. Penal, puesto que así resulta procedente en aquellos casos en que aun sin ser grave la adicción se trata, como sucede en este caso, de delincuencia funcional ya que como afirma la sentencia del T.S. de 1 de febrero de 2006 "En materia de consumo de drogas, no se puede desconocer la experiencia científica, avalada por las más diversas opiniones y centros especializados sobre los efectos de un consumo continuado en relación con la personalidad del adicto y, sobre todo, lo que es más importante, como desencadenante o explicación, aunque sea parcial, de la comisión de los que se denominan delitos funcionales, entre los que se engloban los relativos a proporcionar dinero para satisfacer la adicción, bien por la vía de los ataques a la propiedad o, bien, dedicándose de manera módica a la adquisición y venta de droga para satisfacer su propio consumo y para introducir en el mercado".
Por tanto, aunque no pueda entenderse que su adicción haya impedido en absoluto la comprensión de la antijuricidad de su conducta, debe tomarse en cuenta la dificultad de control de la misma que la dependencia de las sustancias psicoactivas ha condicionado y, aunque la falta de prueba de un síndrome de abstinencia o de intoxicación plena o semiplena en el momento de los hechos no autoriza a considerar abolida o significativamente mermada su imputabilidad, la adicción antigua a las sustancias de abuso, con su probable acompañamiento de secuelas orgánicas, debe llevar a estimar una mitigación de la responsabilidad.
No es de apreciar sin embargo la circunstancia eximente de estado de necesidad igualmente alegada por la defensa del acusado, al amparo de lo prevenido en el n.º 5 del artículo 20 del Código Penal.
Acerca de esta alegación la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de 2000, núm. 1352/2000 resume la doctrina jurisprudencial existente al respecto
"La jurisprudencia de esta Sala tiene una línea establecida de forma constante sobre el aspecto debatido en esta litis. A propósito de la penuria económica en viajes de ultramar con objeto de conseguir numerario suficiente, como contraprestación a tal traslado con objeto de difusión de sustancias estupefacientes, particularmente cocaína, con la finalidad de atenuar determinadas situaciones personales, como graves apuros económicos, o enfermedades de hijos o familiares muy cercanos, la jurisprudencia se ha decantado en sentido negativo, señalando (Sentencia de 1 de octubre de 1999) que el estado de necesidad, como circunstancia eximente, semieximente o incluso como atenuante analógica, ha sido reiteradamente estudiado por la jurisprudencia pues no en balde se trata de una situación límite en la que el equilibrio, la ponderación y la ecuanimidad de los Jueces han de marcar la frontera entre lo permitido y lo prohibido. De un lado, para ponderar racionalmente situaciones en las que el sujeto tiene que actuar a impulso de móviles inexorables legítimos, y de otro, para evitar, expansivamente impunidades inadmisibles, con quiebra de la propia seguridad jurídica, si cualquier conflicto de intereses abocara a la comisión del delito -Sentencia del Tribunal Supremo de 26 enero 1999 -. Las Sentencias de 29 de mayo de 1997, 14 de octubre de 1996, 23 enero, 9 y 27 abril 1998 y 20 mayo 1999, siguiendo lo ya señalado por la Sentencia de 5 de noviembre de 1994, dicen que cinco son los requisitos que deben concurrir para poder estimar el estado de necesidad como eximente:
a) Pendencia acuciante y grave de un mal propio o ajeno, que no es preciso haya comenzado a producirse, bastando con que el sujeto de la acción pueda apreciar la existencia de una situación de peligro y riesgo intenso para un bien jurídicamente protegido y que requiera realizar una acción determinada para atajarlo
b) Necesidad de lesionar un bien jurídico de otro o de infringir un deber con el fin de soslayar aquella situación de peligro
c) Que el mal o daño causado no sea mayor que el que se pretende evitar, debiéndose ponderar en cada caso concreto los intereses en conflicto para poder calibrar la mayor, menor o igual entidad de los dos males, juicio de valor que "a posteriori" corresponderá formular a los Tribunales de Justicia
d) Que el sujeto que obre en ese estado de necesidad no haya provocado intencionadamente tal situación
e) Que ese mismo sujeto, en razón de su cargo u oficio, no esté obligado a admitir o asumir los efectos del mal pendiente o actual".
A la vista del relato de hechos consignado en la presente resolución, resulta claro que no puede hablarse de la concurrencia de ninguno de los requisitos expuestos, sin que tampoco la defensa articule una concreta explicación de cuáles habrían de ser los fundamentos para la estimación de la eximente solicitada, más allá de la condición alegada de drogadicto de su patrocinado.
Realmente es una cuestión en la que ha de procederse con extremada cautela. Mas en cualquier caso, frente a unos hipotéticos males físicos o frente a una grave situación económica, no se pueden contraponer, como excusa, los gravísimos perjuicios que a la masa social se le irrogan con el tráfico de estupefacientes (Sentencia de 14 de octubre de 1996), tales son la ruina personal, económica y social que con el tráfico se ocasiona a tantas personas. No cabe pues hablar de que el mal causado es igual o inferior al que se quiere evitar. De ahí que la jurisprudencia haya sido desde siempre proclive a entender que este delito no cabe ser compensado, ni de manera completa, ni incompleta, con la necesidad de tal remedio económico (Sentencia del Tribunal Supremo 292/1998, de 27 de marzo). Sobre la base de lo expuesto y de que no se ha aportado la más mínima evidencia que fundamente dicha alegación se desestima la aplicación de la eximente de estado de necesidad o de sus versiones degradadas como eximente incompleta o atenuante, pues no existe base fáctica sobre la que fundar su apreciación dado que no se ha practicado prueba alguna al respecto, ni se ha definido sobre qué circunstancias personales hubiera de fundarse la apreciación de la misma.
Noveno.-Respecto a la determinación de la pena debe tenerse en cuenta la gravedad de los hechos cometidos y las particulares circunstancias de cada uno de los procesados, así como su concreta participación en los hechos objeto del presente procedimiento.
Así, respecto de Imanol, el mismo se atribuye la responsabilidad de la operación, lo cual queda además acreditado en virtud de las pruebas que han sido objeto de análisis en el epígrafe correspondiente. Resulta evidente que desempeña un papel rector o coordinador de la actividad, sin perjuicio de que ello sea bajo la dirección de otra persona, según afirma. Y ello trae además como consecuencia, su blindaje frente a posibles actuaciones policiales, al no quedar situado en primer plano de la acción ejecutiva, que encarga a otras personas. En atención a todo lo cual, y a la importante cantidad de droga que se movió por consecuencia de las operaciones descritas, esta Sala considera procedente la imposición de la pena de 10 años y seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo que dure la condena. En cuanto a la multa, se atenderá al valor de la sustancia en su venta al por mayor, fijándose así la multa en un millón de euros, suma superior al valor de la venta en el mercado ilícito e inferior al doble de dicho valor.
Respecto a Marino, Nicanor y Roque, se considera que los mismo han desempeñado un papel de menor trascendencia, aunque igualmente decisivo para el éxito de las operaciones de tráfico de sustancia estupefaciente, por lo que se les impondrá la pena de 9 años y 11 meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la misma multa de un millón de euros.
A Laureano, que según se ha declarado sólo tuvo participación en el transporte de la mercancía intervenida el día 7 de noviembre, si bien su participación resultó igualmente decisiva, se le impondrá la pena de 9 años y seis meses de prisión con iguales accesorias, y multa de 400.000 euros, atendiendo al valor en venta en el mercado ilícito de la sustancia intervenida.
A Urbano, valorando que igualmente su participación se contrajo a este episodio de 27 de noviembre, sin que conste su conexión con las sustancias intervenidas en la calle [...], y atendiendo igualmente a su juventud, se impondrá la pena de 9 años y un día de prisión y la misma multa.
A Carlos Manuel, valorando la cantidad de la sustancia intervenida en su poder y la circunstancia atenuante que ha sido apreciada, se le impondrá la pena de 3 años y seis meses de prisión, con iguales accesorias, y multa de 10.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un mes de privación de libertad en caso de impago.
A Adolfo, valorando la trascendencia de su participación y la cantidad de droga ocupada en su poder, se le impondrá la pena de 3 años y nueve meses de prisión, con iguales accesorias, y multa de 600 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de dos días en caso de impago.
Décimo.-Conforme a lo dispuesto en los artículos 127 y 374 del Código Penal procede acordar el comiso de la droga, dinero y demás efectos intervenidos a los procesados, a los que se dará el destino legal. No procede el comiso del dinero encontrado en el registro practicado en el Bar Lariyei, al no haberse acreditado su procedencia ilícita, sin perjuicio de lo que se acordare respecto de dicha suma en ejecución de sentencia.
Undécimo.-Las costas procesales vienen impuestas legalmente a todo responsable de delito, a tenor de lo dispuesto en los artículos 123 del Código Penal y 244 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que cada procesado condenado abonará una novena parte de las costas procesales, declarando de oficio la novena parte restante.
VISTOS, además de los citados, los preceptos legales y demás de aplicación,
Que debemos condenar y condenamos a Imanol, Laureano, Marino, Nicanor, Roque, Urbano, como autores de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las siguientes penas:
1.- A Imanol, la pena de de DIEZ AÑOS Y SEIS MESES DE PRISION, con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, y MULTA DE UN MILLÓN DE EUROS, así como al pago de una novena parte de las costas de este juicio.
2.- A Laureano, la pena de de NUEVE AÑOS Y SEIS MESES DE PRISION, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y MULTA de CUATROCIENTOS MIL EUROS, así como al pago de una novena parte de las costas de este juicio.
3.- A Marino, la pena de de NUEVE AÑOS Y DIEZ MESES DE PRISION, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y MULTA de UN MILLÓN DE EUROS, así como al pago de una novena parte de las costas de este juicio.
4.- A Nicanor, la pena de de NUEVE AÑOS Y DIEZ MESES DE PRISION, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y MULTA de UN MILLÓN DE EUROS, así como al pago de una novena parte de las costas de este juicio.
5.- A Roque, la pena de de NUEVE AÑOS Y DIEZ MESES DE PRISION, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y MULTA de UN MILLÓN DE EUROS, así como al pago de una novena parte de las costas de este juicio.
6.- A Urbano, la pena de de NUEVE AÑOS Y UN DIA DE PRISION, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y MULTA de CUATROCIENTOS MIL EUROS, así como al pago de una novena parte de las costas de este juicio.
Que debemos condenar y condenamos a Carlos Manuel y Adolfo, como autores de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal EN Adolfo, y concurriendo en Carlos Manuel la circunstancia atenuante analógica de drogadicción, a las siguientes penas:
1.- A Carlos Manuel, la pena de de TRES AÑOS Y SEIS MESES DE PRISION, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y MULTA de DIEZ MIL EUROS, con responsabilidad personal subsidiaria de un mes de privación de libertad en caso de impago, así como al pago de una novena parte de las costas de este juicio.
2.- A Adolfo, la pena de de TRES AÑOS Y NUEVE MESES DE PRISION, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y MULTA de SEISCIENTOS EUROS, con responsabilidad personal subsidiaria de dos días de privación de libertad en caso de impago, así como al pago de una novena parte de las costas de este juicio.
Asimismo, debemos absolver y absolvemos a Camila del delito contra la salud pública de que venía siendo acusada, con declaración de oficio de la novena parte restante de las costas, quedando sin efecto todas las medidas cautelares que se hubieren adoptado respecto de ella.
Firme esta resolución, procédase al comiso de la droga, dinero y demás efectos intervenidos a los procesados condenados, a los que se dará el destino legal, a excepción del metálico intervenido en el registro practicado en el establecimiento "Lariyei".
Y para el cumplimiento de las penas impuestas, se les abona todo el tiempo que llevan privados de libertad por esta causa.
Así por esta nuestra sentencia, contra la que puede interponerse recurso de casación ante la Sala 2.ª del Tribunal Supremo, anunciado ante esta Audiencia dentro del plazo de cinco días, a contar desde el siguiente al de la última notificación, y de la que se llevará certificación al Rollo de Sala, la pronunciamos, mandamos y firmamos.
Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada D.ª M.ª Teresa García Quesada, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

References: resolución 
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 579
 artículo 18
 artículo 18
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 18
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 11
 artículo 714
 artículo 741
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 24
 artículo 21
 artículo 20