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Timestamp: 2018-03-24 20:36:40+00:00

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Real Decreto 1125/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia y se modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales
Vigencia desde 10 de Julio de 2008. Revisión vigente desde 10 de Julio de 2008 hasta 06 de Marzo de 2010
Artículo 2 Secretaría de Estado de Justicia
Artículo 3 Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado
Artículo 4 Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia
Artículo 5 Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia
Artículo 6 Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia
Artículo 7 Dirección General de los Registros y del Notariado
Artículo 8 Dirección General de Relaciones con las Confesiones
Artículo 9 Subsecretaría de Justicia
Artículo 10 Secretaría General Técnica
Artículo 11 Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional
Artículo 12 Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia
Disposición adicional tercera Adscripción de Abogados del Estado al Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Disposición adicional cuarta No incremento del gasto público
Disposición transitoria segunda Régimen transitorio para la percepción de retribuciones
Disposición transitoria tercera Funciones residuales en materia de objeción de conciencia y prestación social sustitutoria
Disposición transitoria cuarta Régimen transitorio de los habilitados de personal de la Administración de Justicia
RD 1203/2010 de 24 Sep. (desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia y modifica el RD 869/2010 de 2 de Jul., modificación del RD 495/2010 de 30 Abr., estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales)
--> BOE 6 Agosto. Corrección de errores RD 1125/2008 de 4 Jul. (desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia y modifica RD 438/2008 de 14 Abr., estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales)
RD 247/2010 de 5 Mar. (modificación Regl. del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio)
Artículo 3 redactado por la disposición final primera del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo).
R.D. 1125/2008, 4 julio rectificado por Corrección de errores («B.O.E.» 6 agosto). --> R.D. 1125/2008, 4 julio, derogado por la disposición derogatoria única del R.D. 1203/2010, de 24 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia y se modifica el R.D. 869/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el R.D. 495/2010, de 30 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales («B.O.E.» 25 septiembre), el 26 de septiembre de 2010.
El Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, de reestructuración de los departamentos ministeriales, dictado al amparo de la habilitación concedida al Presidente del Gobierno en el artículo 2.2.j) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, modificó la estructura ministerial con objeto de facilitar el desarrollo del programa político del Gobierno, conseguir la máxima eficacia en su acción y la mayor racionalidad en el funcionamiento de la Administración General del Estado.
La reestructuración iniciada se continuó al amparo de lo establecido en el artículo 10.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a través del Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, que estableció la estructura correspondiente del Ministerio de Justicia, modificando la organización departamental contenida en el Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, y en el Real Decreto 1475/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia.
El artículo 2 del citado Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, determinó los órganos superiores y directivos en los que se estructura el Ministerio de Justicia, y su disposición final segunda estableció que la Ministra de Administraciones Públicas, a propuesta de los ministerios interesados, elevaría al Consejo de Ministros los proyectos de reales decretos de adaptación de la estructura orgánica de los diferentes departamentos ministeriales a las previsiones contenidas en este real decreto.
En cumplimiento de dicha previsión, el presente real decreto desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, consecuencia de la adscripción a la Secretaría de Estado de Justicia del nuevo órgano directivo que crea el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, cuyas competencias se redistribuyen entre la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia, también de nueva creación, y la actual Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, todo ello con la finalidad de impulsar, por un lado, las actuaciones tendentes a la modernización de la Administración de Justicia y de potenciar, por otro, las relaciones con sus órganos.
Con el objetivo de facilitar a los ciudadanos el legítimo ejercicio de sus derechos y las relaciones con el Ministerio, en el sentido que predica el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información y atención al ciudadano, se crea la Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de Servicios, que viene a ampliar las competencias de la antigua Inspección General de Servicios que se suprime.
En aras de un funcionamiento más racional y eficaz, las Gerencias Territoriales pasan a depender del Ministerio de Justicia a través de la Subsecretaría de Justicia, encomendándose su coordinación y dirección a la Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de Servicios, dejando a salvo, no obstante, las competencias que, en su caso, corresponden a los Delegados del Gobierno y las que, por razón de la materia corresponden a la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia.
Finalmente, se crea la Dirección General de Relaciones con las Confesiones, a la vez que se suprime la Dirección General de Asuntos Religiosos, al objeto de acomodar la denominación del órgano administrativo al mandato constitucional en cuanto a que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con las confesiones.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Justicia, a propuesta de la Ministra de Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de julio de 2008,
1. El Ministerio de Justicia, cuyo titular es el Notario Mayor del Reino, es el departamento de la Administración General del Estado al que corresponde, dentro del ámbito de las competencias que le confieren las disposiciones legales vigentes, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno para el desarrollo del ordenamiento jurídico, sin perjuicio de las competencias de otros departamentos, derechos y libertades religiosas y de culto, derechos de gracia y títulos nobiliarios y grandezas de España, la política de organización y apoyo de la Administración de Justicia, la cooperación jurídica internacional, así como con las comunidades autónomas en coordinación con los demás departamentos competentes en la materia, y la asistencia jurídica del Estado.
El titular del departamento es el cauce de comunicación del Gobierno con la Administración de Justicia, con el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, a través del Fiscal General del Estado, así como con los órganos de gobierno de las comunidades autónomas en las materias de su competencia.
Igualmente, corresponde al Ministro de Justicia las relaciones con la Agencia Española de Protección de Datos y con los Consejos Generales de los Colegios de Abogados y de Procuradores de los Tribunales.
3. El Ministerio de Justicia, bajo la superior dirección del titular del departamento, ejerce las atribuciones que legalmente le corresponden a través del órgano superior y del órgano directivo siguientes:
4. Como órgano de asistencia inmediata al Ministro existe un Gabinete, con nivel orgánico de dirección general, con la estructura que se establece en el artículo 18.2 del Real Decreto 438/2008, de 14 de abril.
1. La Secretaría de Estado de Justicia es el órgano superior del departamento al que corresponde, bajo la superior autoridad del Ministro, la dirección, impulso y gestión de las atribuciones ministeriales relativas a estado civil y nacionalidad, la fe pública notarial, los derechos registrales, el Registro Civil, los asuntos religiosos y libertad de conciencia, la coordinación y colaboración con la Administración de las comunidades autónomas al servicio de la Justicia, la ordenación, planificación, apoyo y cooperación con la Administración de Justicia y con la Fiscalía en su modernización y la superior dirección de la asistencia jurídica contenciosa y consultiva del Estado.
Sin perjuicio de las atribuciones del Ministro, corresponde al titular de la Secretaría de Estado la participación en las relaciones del ministerio con los órganos de gobierno del Consejo General del Poder Judicial, los del Ministerio Fiscal, los competentes en materia de justicia de las comunidades autónomas y los Consejos Generales de los Colegios de Abogados y de Procuradores de los Tribunales, así como las relaciones del ministerio con el Defensor del Pueblo, el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.
a) La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
b) La Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, de la que dependen los siguientes órganos directivos:
2.º La Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia, que ejercerá la ejecución de las funciones de la Secretaría General en materia de modernización de la Administración de Justicia.
d) La Dirección General de Relaciones con las Confesiones.
3. Están adscritos al Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría de Estado de Justicia, el Centro de Estudios Jurídicos y la Mutualidad General Judicial, con la naturaleza jurídica, estructura y funciones que se prevén en su normativa específica.
4. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata al Secretario de Estado, existe un Gabinete, con nivel orgánico de subdirección general, con la estructura que establece el artículo 18.3 del Real Decreto 438/2008, de 14 de abril.
a) El asesoramiento jurídico a la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos, así como, cuando proceda normativa o convencionalmente, el de las demás entidades y organismos públicos.
b) La representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos, de los órganos constitucionales y de las demás entidades enumeradas en el párrafo precedente, ante el Tribunal Constitucional y los tribunales de todo orden jurisdiccional, así como en procedimientos prejudiciales y extrajudiciales, en los términos de la legislación vigente.
c) La asistencia jurídica en materia de derecho comunitario europeo y, en general, la asistencia jurídica ante los organismos internacionales. La representación y defensa del Reino de España ante los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y demás órganos internacionales en materia de derechos humanos, así como la dirección y coordinación del servicio de lo contencioso en el extranjero.
d) La promoción de trabajos de investigación y la organización de actividades que tengan por finalidad el conocimiento y difusión de materias y cuestiones jurídicas de ámbito nacional o internacional, así como la organización de actividades de formación y perfeccionamiento del personal del Servicio Jurídico del Estado, en coordinación con el Centro de Estudios Jurídicos, el Instituto Nacional de Administración Pública y otros centros de formación de funcionarios.
e) La gestión económico-financiera y presupuestaria del Servicio Jurídico del Estado, así como las funciones de administración y gestión de los funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado que no estén atribuidas a otros órganos superiores.
2. La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado se organiza en las siguientes Subdirecciones Generales:
a) La Subdirección General de los Servicios Consultivos, a la que corresponde el ejercicio de las funciones consignadas en el párrafo a) del apartado 1.
b) La Subdirección General de los Servicios Contenciosos, a la que corresponde el ejercicio de las funciones consignadas en el párrafo b) del apartado 1.
c) El Gabinete de Estudios, al que corresponde el ejercicio de las funciones consignadas en el párrafo d) del apartado 1, así como las del párrafo a) si se refieren a anteproyectos o proyectos de disposiciones, o a la asistencia a los correspondientes órganos superiores o directivos del departamento, cuando así lo requieran, para la preparación de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
d) La Subdirección General de Asistencia Jurídica Comunitaria e Internacional, que asume la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, a la que corresponde el ejercicio de las funciones consignadas en el párrafo c) del apartado 1.
e) La Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia, a la que corresponden las funciones propias de la Abogacía del Estado del Departamento y, además, de coordinación e inspección en los términos de la normativa vigente.
Cuando desempeñe las funciones propias de Abogacía del Estado ministerial, se considerará adscrita a la Subsecretaría del departamento.
f) La Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, a la que corresponde el ejercicio de las funciones consignadas en el párrafo b) del apartado 1, así como las del párrafo a) si se refieren a materia constitucional.
g) La Secretaría General, a la que corresponde el ejercicio de las funciones consignadas en el párrafo e) del apartado 1.
b) La Abogacía del Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros órganos internacionales competentes en materia de salvaguarda de los derechos humanos, a la que corresponde el ejercicio de las funciones consignadas en el párrafo c) del apartado 1.
c) Las Abogacías del Estado en la Administración periférica del Estado.
d) Dependerán asimismo, orgánica y funcionalmente, de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado los Abogados del Estado adscritos, en la forma prevista en la disposición adicional tercera, al Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Abogacías del Estado que existen en los distintos organismos y entidades públicos.
5. Para la representación y defensa del Reino de España ante los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea, los Abogados del Estado serán nombrados como agentes para cada asunto por el Ministro de Justicia, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
El Abogado del Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros órganos internacionales competentes en materia de salvaguarda de los derechos humanos tendrá el carácter de Agente del Reino de España, a los efectos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y será nombrado por real decreto a propuesta conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Justicia.
6. La unidad especial en el Servicio Jurídico del Estado creada por el Real Decreto 915/1994, de 6 de mayo, actuará bajo la superior dependencia del Ministro de Justicia y la inmediata del Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado, y desempeñará las funciones previstas en el artículo 3 del citado real decreto.
1. La Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, con nivel orgánico de Subsecretaría, es el órgano directivo que asume respecto de la Administración de Justicia las funciones de impulso, dirección y seguimiento de su modernización, la ordenación y distribución de sus recursos humanos, materiales y financieros, las relaciones ordinarias con sus diferentes órganos, y la dirección e impulso de los procesos de traspasos de medios materiales y personales en esta materia.
2. Dependen de la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia los siguientes órganos directivos con nivel orgánico de dirección general:
a) La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
b) La Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia.
1. Corresponde a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia:
a) Las relaciones ordinarias con el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, los órganos judiciales, el Centro de Estudios Jurídicos, las asociaciones profesionales de jueces y magistrados, y de fiscales, colegios de abogados y de procuradores de los tribunales.
e) La programación y coordinación de actuaciones sobre dotación de recursos humanos de los órganos judiciales, Ministerio Fiscal y medicina forense. El seguimiento del control horario del personal de la Administración de Justicia efectuado por las Gerencias Territoriales o Unidades Administrativas.
f) El ejercicio de las competencias sobre los Cuerpos de Médicos Forenses, de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Auxilio Judicial y otro personal funcionario o en régimen laboral al servicio de la Administración de Justicia que estén atribuidas al Ministerio de Justicia y no se encuentren encomendadas a otros órganos.
i) La gestión económico-presupuestaria de los créditos asignados a la Secretaría General y el control de la gestión de cuentas bancarias, cuentas de gastos y situación de tesorería.
j) La supervisión, ordenación y elaboración de propuestas de modificación de la demarcación y planta judicial.
k) La ordenación de los medios materiales para la Administración de Justicia, en colaboración con las Gerencias Territoriales, las Unidades Administrativas y la Subsecretaría de Justicia.
l) La organización y supervisión de los institutos de medicina legal y del Instituto Nacional de Toxicología y de Ciencias Forenses y de sus medios técnicos, así como de las oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual y de los equipos de especialistas sobre la materia.
m) El ejercicio de las competencias del departamento para el funcionamiento de los juzgados de paz.
n) Las relaciones ordinarias con las Administraciones Autonómicas en las materias que afectan a la Administración de Justicia o al traspaso de funcionarios y oficinas en dichas materias, y el seguimiento, estudio e informe de las disposiciones y actos de las comunidades autónomas, sin perjuicio de las competencias de otras unidades del departamento.
c) La Subdirección General de Recursos Económicos de la Administración de Justicia, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos h) e i) del apartado anterior.
d) La Subdirección General de Organización y Coordinación Territorial de la Administración de Justicia, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos j), k), l), m) y n) del apartado anterior.
3. Corresponde al Director General de Relaciones con la Administración de Justicia la Secretaría de la Conferencia Sectorial de Justicia y la autorización de la nómina en la que se acreditan las retribuciones devengadas por los miembros de la carrera judicial y fiscal, de los funcionarios del Cuerpo de Secretarios Judiciales, de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia destinados en órganos con jurisdicción en todo el territorio nacional o en las Ciudades de Ceuta y Melilla, del personal del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con independencia del lugar en que presten sus servicios, y del personal al servicio de la Administración de Justicia que no haya sido objeto de traspaso a las comunidades autónomas.
1. El Director General de Modernización de la Administración de Justicia tiene la condición de Secretario General de la Administración de Justicia, según lo previsto por la disposición adicional novena de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
2. Corresponde a la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia:
e) Diseñar la estructura básica de la oficina judicial, y aprobar de forma definitiva las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas judiciales en todo el territorio del Estado, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 19/2003 del Poder Judicial.
i) La planificación estratégica, la dirección y la ejecución de la modernización tecnológica de los juzgados y tribunales, del Ministerio Fiscal, de los Registros Civiles y de los registros de apoyo a la actividad judicial, así como la coordinación de las actuaciones en esta materia con otras administraciones, órganos del Estado, corporaciones profesionales e instituciones públicas.
j) La gestión del Registro central de penados y rebeldes, del Registro de rebeldes civiles, del Registro de sentencias firmes de menores, del Registro central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica, así como la gestión de cuantos otros registros se creen por la legislación vigente que sirvan de apoyo a la actividad de los órganos judiciales y el impulso para su modernización y su conexión con otros países de la Unión Europea.
3. De la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia dependen los siguientes órganos:
a) La Subdirección General de Programación de la Modernización, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos a), b), c), d), e), f), g) y h) del apartado anterior.
b) La Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en el párrafo i) del apartado anterior.
c) La Subdirección General de Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en el párrafo j) del apartado anterior.
4. El titular de esta Dirección General desempeñará la Presidencia del Consejo del Secretariado.
a) La elaboración de los proyectos legislativos sobre las materias de nacionalidad, estado civil y ordenación y funcionamiento del Registro Civil en coordinación con la Secretaría General Técnica, y el conocimiento e informe de cuantos proyectos normativos puedan afectar a dichas materias.
d) La elaboración de los proyectos legislativos sobre las materias relativas al derecho notarial y registral en coordinación con la Secretaría General Técnica y el conocimiento e informe de cuantos proyectos normativos pudieran afectar a dichas materias.
e) La organización, dirección, inspección y vigilancia de las funciones de la fe pública notarial y las de naturaleza registral en las materias de la propiedad, bienes muebles y mercantiles, la evacuación de cuantas consultas le sean efectuadas sobre aquéllas, así como la tramitación y resolución de los recursos gubernativos contra los actos de los titulares del ejercicio de las citadas funciones.
f) La ordenación del gobierno y régimen de los Cuerpos de Notarios y de Registradores, la organización de sus procesos de selección y de provisión de puestos, así como las relaciones ordinarias con sus respectivos organismos profesionales.
g) La gestión del Registro de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento y del Registro de Actas de Notoriedad de Herederos ab intestato bajo la dependencia del Registro General de Actos de Última Voluntad.
h) La inscripción de las fundaciones relacionadas en el artículo 11 del Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, así como la inscripción, constancia y depósito de los actos, negocios jurídicos y documentos relativos a las mismas.
b) La Subdirección General del Notariado y de los Registros, a la que corresponde el ejercicio de las funciones a las que se refieren los párrafos d), e), f), g) y h) del apartado anterior.
1. Corresponde a la Dirección General de Relaciones con las Confesiones:
a) La dirección, la gestión y la informatización del Registro de Entidades Religiosas, la ordenación del ejercicio de su función y la propuesta de resolución de los recursos en vía administrativa que se ejerzan contra los actos derivados del ejercicio de dicha función registral.
b) Las relaciones ordinarias con las entidades religiosas.
c) La elaboración de las propuestas de acuerdos y convenios de cooperación con las iglesias, confesiones y comunidades religiosas y, en su caso, su seguimiento.
d) El análisis, seguimiento, vigilancia, impulso y desarrollo de la libertad religiosa y de culto, en coordinación con los órganos competentes de los demás departamentos, así como su promoción en colaboración con las instituciones y organizaciones interesadas en ella.
e) Las relaciones con los organismos nacionales e internacionales y departamentos competentes en la materia, dedicados al estudio, promoción y defensa de los derechos de libertad religiosa y de culto en general y, más particularmente, en el marco de los convenios o tratados internacionales referentes a las mencionadas libertades.
f) La elaboración de los proyectos normativos sobre las materias propias del ejercicio de los derechos de libertad religiosa y de culto, en coordinación con la Secretaría General Técnica, y el conocimiento y, en su caso, informe de cuantos proyectos normativos puedan afectar a tales derechos.
2. Corresponde al Director General de Relaciones con las Confesiones la presidencia de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa.
3. De la Dirección General de Relaciones con las Confesiones dependen los siguientes órganos:
a) La Subdirección General del Registro y Relaciones Institucionales, a la que corresponde el ejercicio de las funciones a las que se refieren los párrafos a), b) y c) del apartado 1.
b) La Subdirección General de Coordinación y Promoción de la Libertad Religiosa, a la que corresponde el ejercicio de las funciones a las que se refieren los párrafos d), e) y f) del apartado 1.
1. La Subsecretaría de Justicia ostenta la representación ordinaria del ministerio y la dirección de sus servicios comunes, así como el ejercicio de las atribuciones a que se refiere el artículo 15 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Le corresponde, con carácter general el apoyo y asesoramiento técnico al Ministro en la elaboración y aprobación de los planes de actuación del departamento, el análisis de la actuación, funcionamiento y estructura de los órganos, unidades y organismos del departamento o dependientes del mismo y la formulación, en su caso, de propuestas para su mejora funcional, organizativa y administrativa atendiendo a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y calidad, así como el análisis y coordinación de aquellas otras propuestas que, al efecto, propongan los demás órganos superiores del departamento, además de las directrices de actuación y funcionamiento de los órganos y unidades dependientes de la Subsecretaría.
Le corresponde, además, la organización, coordinación, impulso y supervisión de los trabajos prelegislativos de estos órganos y unidades dependientes de ella y de la Comisión General de Codificación y de los grupos en los que participe el ministerio en el ámbito de la cooperación jurídica internacional, así como la supervisión de la fundamentación técnico jurídica de todos los asuntos del Ministerio de Justicia y sus organismos que se sometan a la consideración de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y del Consejo de Ministros.
a) La coordinación, elaboración y tramitación del anteproyecto de presupuestos del departamento y sus organismos autónomos y demás organismos públicos adscritos a éste, así como la tramitación de los expedientes de modificaciones presupuestarias.
b) La información financiera, el seguimiento presupuestario y el análisis de costes de la gestión del departamento, así como el análisis de la eficiencia de sus gastos sin perjuicio de los demás órganos competentes en la materia.
e) La dirección y gestión de los servicios generales y de régimen interior, vigilancia y seguridad, la gestión, conservación y mantenimiento de sus recursos materiales, así como la elaboración y actualización del inventario de bienes muebles y el mantenimiento ordinario de los edificios sede de los servicios centrales del departamento.
f) La administración financiera de ingresos y gastos incluidos los créditos de operaciones corrientes, subvenciones y transferencias de capital, la tesorería de los fondos del departamento y la coordinación de sus distintas cajas pagadoras, la gestión de los procedimientos de adjudicación de la contratación y el asesoramiento para su tramitación a las demás unidades del ministerio, la gestión, administración y control de suministros, servicios y bienes materiales, así como la gestión de las indemnizaciones por razón de servicio y el examen y comprobación de todas las cuentas correspondientes a los créditos que gestiona.
g) La administración, reparación y conservación de los bienes inmuebles del departamento y la elaboración y actualización del inventario del patrimonio inmobiliario adscrito a éste, en coordinación con la Dirección General del Patrimonio del Estado, así como la gestión de sus arrendamientos.
h) La programación y gestión de las inversiones nuevas, así como las de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios, y la tramitación de los expedientes de contratación relativos a las obras de construcción, reparación y conservación de sus edificios, instalaciones, mobiliario y demás bienes para la puesta en funcionamiento de los servicios, así como la supervisión de los proyectos y dirección de obras, su seguimiento y recepción.
i) La información y atención al ciudadano en los términos establecidos en el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información y atención al ciudadano, y la gestión del registro general del departamento.
j) La resolución de los procedimientos de ejercicio del derecho de petición.
k) La inspección de los servicios, del personal y de las políticas públicas de los órganos dependientes del departamento, la evaluación de su calidad y rendimiento, así como las funciones en materia de informes sobre autorizaciones y reconocimiento de compatibilidades.
l) La dirección y coordinación de las Gerencias Territoriales previstas en este real decreto, así como la realización de informes, estudios y propuestas para mejorar la actividad desarrollada por dichas Gerencias, sin perjuicio de las competencias de la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia en materia de relaciones con las administraciones autonómicas.
m) La elaboración y ejecución de los planes informáticos y de tecnologías de la información y comunicación del departamento, el diseño, programación, implantación y mantenimiento de las aplicaciones informáticas y la prestación de asistencia técnica en la materia a los distintos órganos del ministerio, sin perjuicio de las competencias de otras unidades al respecto y de la debida coordinación con éstas.
n) La preparación de los asuntos relativos al ejercicio del derecho de gracia, así como la de los títulos nobiliarios y grandezas de España.
3. Dependen de la Subsecretaría del departamento los siguientes órganos directivos con nivel orgánico de dirección general:
b) La Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional.
c) La Oficialía Mayor, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos e) y f) del apartado 2.
d) La Subdirección General de Obras y Patrimonio, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos g) y h) del apartado 2.
e) La Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de Servicios del Departamento, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos i), j),k) y l) del apartado 2.
6. Asimismo, dependen de la Subsecretaría, con el nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo, las siguientes unidades:
a) La División de Informática y Tecnologías de la Información, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en el párrafo m) del apartado 2.
b) La División de Tramitación de Derechos de Gracia y otros Derechos, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en el párrafo n) del apartado 2.
7. Está adscrita a la Subsecretaría, con las funciones que le atribuyen las disposiciones vigentes, y sin perjuicio de su dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda, la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración General del Estado, con rango de subdirección general.
8. Corresponde al titular de la Subsecretaría de Justicia la presidencia de los siguientes órganos colegiados:
b) La Comisión Asesora de Publicaciones.
c) La Comisión Ministerial de Información Administrativa.
d) La Comisión Ministerial de Administración Electrónica.
b) La Subdirección General de Política Legislativa, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas los párrafos k) y l) del apartado anterior.
3. Depende, asimismo, de la Secretaría General Técnica, con el nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo, la División de Recursos y Relaciones con los Tribunales, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos i) y j) del apartado 1.
4. Corresponde al titular de la Secretaría General Técnica la vicepresidencia de la Comisión General de Codificación, y al titular de la Subdirección General de Política Legislativa, su secretaría general.
5. Corresponde al titular de la Secretaría General Técnica la secretaría general de la Comisión de asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
1. Corresponde a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional:
c) La organización de la participación de los representantes del Ministerio de Justicia en los organismos internacionales, en relación con las actividades y funciones propias del departamento.
d) La organización de la participación de los representantes del Ministerio de Justicia en los grupos y comités del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, en el ámbito de las competencias del Ministerio de Justicia.
e) La gestión de los programas de actuación correspondientes a la cooperación judicial en el marco del Tratado de la Unión Europea.
f) La asistencia al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en los trabajos de los órganos subsidiarios, comités y grupos de trabajo de Naciones Unidas, del Consejo de Europa y de la OCDE, así como prestar apoyo a dicho ministerio en materia de protección y promoción de los derechos humanos.
2. De la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional dependen los siguientes órganos:
a) La Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos a) y b) del apartado anterior.
b) La Subdirección General para los Asuntos de Justicia en la Unión Europea y Organismos Internacionales, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos c), d), e) y f) del apartado anterior.
Las Gerencias Territoriales a que se refieren los párrafos anteriores dependerán del Ministerio de Justicia a través de la Subsecretaría de Justicia, sin perjuicio de las competencias que, en su caso, correspondan a los Delegados del Gobierno y las que, por razón de la materia, correspondan a la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia.
2. Las Gerencias Territoriales suministrarán a los servicios centrales del Ministerio de Justicia cuantos datos, informes y estudios de planificación les sean solicitados o consideren oportuno remitir, con arreglo a las instrucciones recibidas, en materia de la competencia de aquéllos.
3. Las Gerencias Territoriales ejercerán sus funciones en materia de personal, gastos de funcionamiento y obras y patrimonio, sin perjuicio de la mutua colaboración con los órganos de gobierno interno de los tribunales y juzgados, y de las funciones reglamentariamente atribuidas a los secretarios judiciales.
6. En materia de obras y patrimonio, y sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Dirección General del Patrimonio del Estado y a la Junta Coordinadora de Edificios Administrativos, tendrán las siguientes funciones:
a) El control de ejecución de las obras.
b) Recabar información de los órganos jurisdiccionales y de las fiscalías sobre necesidades de inmuebles u otros bienes inventariables.
c) Auxiliar a los servicios centrales del ministerio en la búsqueda de inmuebles o solares y, en general, en la gestión relativa a obras y patrimonio.
d) Controlar la recepción, implantación y funcionamiento de los medios materiales necesarios para el funcionamiento de la oficina judicial.
e) Emitir cuantos informes sean necesarios para el ejercicio de las competencias del Ministerio de Justicia sobre destino de los edificios judiciales.
f) Realizar el inventario de inmuebles y demás bienes inventariables.
g) Ejercitar cualesquiera otras funciones que se le atribuyan por delegación.
7. Tanto en materia de gastos de funcionamiento de los órganos jurisdiccionales como de obras y patrimonio, las Gerencias Territoriales podrán celebrar contratos de obras, servicios y suministros hasta la cuantía que se determine por los órganos centrales del departamento.
Quedan suprimidas la Subdirección General de Organización y Medios de la Administración de Justicia y del Ministerio Fiscal, la Subdirección General de Registros Judiciales, la Subdirección General de Coordinación Territorial, la Subdirección General del Notariado y de los Registros de la Propiedad y Mercantiles y la Inspección General de Servicios.
Los titulares de la Secretaría de Estado de Justicia y de la Subsecretaría de Justicia acordarán la suplencia de los órganos directivos directamente dependientes de ellos en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad; en su defecto, el Secretario General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia será suplido en los supuestos mencionados por los titulares de las Direcciones Generales que de él dependen por el orden en que aparecen reguladas en este real decreto y el Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado, el Secretario General Técnico y los directores generales del departamento serán suplidos, en los supuestos mencionados, por los titulares de las subdirecciones generales que de ellos dependen por el orden en que aparecen reguladas en este real decreto.
La aplicación de este real decreto, incluida la creación y modificación de las unidades sin nivel orgánico de subdirección general previstas en su articulado, se hará sin aumento del coste de funcionamiento de los respectivos órganos directivos y no supondrá incremento de gasto público.
Las unidades y puestos de trabajo de nivel orgánico inferior a subdirección general que resultan afectados por las modificaciones orgánicas establecidas en este real decreto continuarán subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios, hasta tanto se aprueben las relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la estructura orgánica de este real decreto.
Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos se adscribirán provisionalmente, mediante resolución del Subsecretario y hasta tanto entre en vigor la nueva relación de puestos de trabajo, a los órganos regulados en este real decreto, en función de las atribuciones que éstos tengan asignadas.
Todo el personal al servicio de la Administración afectado por las modificaciones orgánicas establecidas en este real decreto seguirá percibiendo la totalidad de las retribuciones con cargo a las aplicaciones presupuestarias a las que venían imputándose hasta que se produzcan las oportunas modificaciones.
Se encomienda a la Subsecretaría de Justicia, a través de la División de Tramitación de Derechos de Gracia y otros Derechos, la gestión e inspección de las funciones en materia de objeción de conciencia y prestación social sustitutoria que continúe gestionando el departamento y, en particular, la resolución de los recursos interpuestos sobre esta materia, el ejercicio de la potestad disciplinaria, la gestión del Registro de objetores y la gestión de las prestaciones económicas de los objetores de conciencia en situación de actividad.
Hasta que se adopten las reformas organizativas necesarias, corresponderá al Secretario de Estado de Justicia, a propuesta del Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, la designación de los funcionarios que desempeñarán las funciones de habilitado central, como titular y como suplente, de entre los destinados en la Subdirección General de Recursos Económicos de la Administración de Justicia.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto y, en particular, el Real Decreto 1475/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia.
El artículo 2 del Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales queda redactado como sigue:
«Artículo 2 Ministerio de Justicia
2. Queda suprimida la Dirección General de Asuntos Religiosos.»
Se autoriza al Ministro de Justicia para que, previo cumplimiento de los trámites legales oportunos, adopte las medidas que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
Por el Ministerio de Economía y Hacienda se realizarán las modificaciones presupuestarias que sean precisas para dar cumplimiento a lo dispuesto en este real decreto.

References: Real Decreto 

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12
 Real Decreto 

Artículo 3
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 artículo 2
 artículo 10
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 artículo 18
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 artículo 11
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 artículo 15
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 artículo 2
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