Source: http://civil.udg.es/normacivil/estatal/contract/L47-02.htm
Timestamp: 2017-10-22 10:00:05+00:00

Document:
(BOE núm. 304, de 20-12-02, pp. 44759-44764)
La Directiva 97/7/CE, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia, regula una materia ya contemplada en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, dentro de lo que la Ley llama «Ventas especiales» y a la que dedica el capítulo II del Título III, bajo la rúbrica de «Ventas a distancia’.
Ha sido precisamente este limitado alcance de la reforma el determinante para optar, en cuanto a la transposición de la Directiva 97/7/CE, por una ley de modificación de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, en vez de realizar la transposición mediante una nueva ley completa, como podría aconsejar el hecho de que la Directiva extiende su ámbito a contratos de compra venta y de suministro de servicios, cuando la Ley española sólo se ocupaba, en principio, de las ventas a distancia, así como el hecho de que la Directiva se dirige deforma inmediata a la protección del consumidor, mientras que la Ley española lleva a cabo esa protección en un contexto más amplio de regulación general de la actividad de venta. De todos modos, ya la Ley de 1996 incluía una disposición adicional primera destinada a aplicar la normativa de ventas a distancia a los contratos de servicios; y, por otra parte, el hecho de que una norma sobre comercio interior responda al principio de protección de los consumidores obedece a un expreso mandato constitucional.
Se hallan también pendientes de transposición las Directivas 1999/44/CE, sobre determinados aspectos de la venta y garantías de los bienes de consumo, y 2000/35/CE, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. En esta situación, razones de economía procedimental aconsejan llevar a cabo en un solo cuerpo legal las modificaciones de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista que resultan necesarias para adaptar su con tenido a lo esencial de la regulación armonizadora comunitaria, en la medida exigible en el ámbito de aplicación de la Ley. Por supuesto, sin pretender con ello sustituir la tarea global de transposición de ambas Directivas, que se llevará a cabo en su momento.
Considerando la naturaleza civil y sobre todo mercantil de los preceptos de las Directivas que se incorporan al derecho interno —que en su mayor parte afectan directamente al contenido del derecho privado de los contratos—, la presente Ley se dicta al amparo de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.6.a y 8. de la Constitución, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas en materia de comercio interior y de protección de los consumidores y usuarios.
No obstante, los artículos 38.2 y 61.1.ñ) de la Ley 7/1996, modificados en los términos de los artículos 3 y 5 de esta Ley, que obedecen a la necesidad de establecer la debida coordinación interterritorial en una actividad cuya proyección rebasa los límites geográficos de las Comunidades Autónomas, tendrán la consideración de normas básicas, dictadas al amparo del artículo 149.1.1 de la Constitución.
«Artículo 12. Garantía y servicio postventa.
«Artículo 17. Pagos a los proveedores.
Se modifica el capítulo I del Título III de la Ley 7/1996, de 1 5 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, que queda redactado como sigue:
Del mismo modo, las Comunidades Autónomas comunicarán a la Administración General del Esta do las modificaciones que se produzcan en el registro autonómico correspondiente.
1. Cuando el importe de una compra hubiese sido cargado fraudulenta o indebidamente utilizan do el número de una tarjeta de pago, su titular podrá exigir la inmediata anulación del cargo. En tal caso, las correspondientes anotaciones de adeudo y reabono en las cuentas del proveedor y del titular se efectuarán a la mayor brevedad.
1. Cuando el comprador sea un consumidor, entendiendo por tal el definido en los aparta dos 2 y 3 del artículo 1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, los derechos que el presente capítulo le reconoce serán irrenunciables y podrán ser ejercidos por los mismos aunque la legislación aplicable al contrato sea otra distinta de la española, si el contrato presenta un vínculo estrecho con el territorio de cualquier Estado miembro de la Unión Europea.
La acción de cesación se ejercerá conforme a las prescripciones que para esta clase de acciones se contienen en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Con sumidores y Usuarios.’
«Artículo 61. Efectos de la venta en subasta.
Se modifica el párrafo ñ) del artículo 65.1 de la Ley 71996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, que queda redactada como sigue:
Se modifica la disposición adicional primera de la Ley 7/1 996, de 1 5 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, que queda redactada como sigue:
Los artículos 1,8, 10, 11, 12, 16, 17, 38.1, 38.3, 38.4, 38.8, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.1, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, y las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta de la presente Ley constituyen legislación civil y mercantil, y serán de aplicación general por ampararse en la competencia exclusiva del Estado para regular el contenido del derecho privado de los contratos, resultante de las reglas 6.ay 8. del artículo 149.1 de la Constitución.
Los artículos 67, 69.1 y 70 se dictan al amparo de lo dispuesto en las reglas 1 a y 1 8. del artículo 149.1 de la Constitución.
El artículo 48.3 se dicta, además, al amparo de las competencias exclusivas del Estado en materia de legislación procesal contenidas en la regla 6 del artículo 149.1 de la Constitución.’
La presente Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva que atribuye al Estado el artículo 149.1.6.a y 8 de la Constitución. No obstante, la nueva redacción de los apartados 5, 6 y 7 del artículo 38 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista se establece, además, al amparo del artículo 149.1.21 a de la Constitución; y los artículos 38.2 y 65.1.ñ) de aquélla se modifican por los artículos tercero y quinto, respectivamente, de la presente Ley al amparo del artículo 149.1.13.a del texto constitucional, sin perjuicio de las competencias que ostentan las Comunidades Autónomas en materias de comercio interior y defensa de los consumidores y usuarios.
Madrid, 19 de diciembre de 2002

References: artículo 149
 artículo 149
 artículo 1
 artículo 65
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 48
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 38
 artículo 149
 artículo 149