Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920409.html
Timestamp: 2019-11-19 09:07:56+00:00

Document:
as201920409
Auto Supremo: 409/2019
Expediente: LP-33-19-S Partes: Carmen Conde Velásquez c/ Inés Mireya Luna Álvarez y otros.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 1499 a 1509, interpuesto por Carmen Conde Velásquez, contra el Auto de Vista Nº 58/2018 de 15 de febrero fs. 1487 a 1494, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso sobre mejor derecho propietario y otros, seguido por la recurrente en contra de Inés Mireya Luna Álvarez y otros; las respuestas que cursan en fs. 1514 a 1519 y 1522 a 1530; el Auto de Concesión de 25 de enero de 2019 de fs. 1520; el Auto Supremo de Admisión Nº 170/2019-RA de fs. 1544 a 1545 vta.; los demás antecedentes procesales; y:
Que, el Juez Público Civil y Comercial 14º del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 55/2017 de 12 de mayo, cursante de fs. 1275 a 1282, y su auto complementario de fs. 1282 a 1283 declarando PROBADA la demanda principal de fs. 21 a 24, e IMPROBADA la demanda reconvencional interpuesta por Ruddy Abdón, Luis Fernando y Rafael Franco Luna Álvarez en el escrito de s. 554 y 561.
Resolución de primera instancia que fue apelada por Abdón Ruddy Luna Álvarez por si en representación de Luis Fernando Luna Álvarez y Rafael Franco Luna Álvarez, mediante el escrito que cursa de fs. 1308 a 1328 vta.; por Inés Mireya Luna Álvarez mediante el memorial de fs. 1330 a 1333 vta., aclarado en el memorial de fs. 1346 a 1354 vta.; y por Wilfredo Wenceslao Flores Sánchez, a través del escrito de fs. 1335 a 1344, a cuyo efecto la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante el Auto de Vista N° 58/2018 de fecha 15 de febrero, cursante de fs. 1487 a 1494, ANULÓ obrados hasta la sentencia (fs. 1275), disponiendo que el juez A-quo pronuncie una nueva resolución observando a cabalidad los arts. 213 de la Ley Nº 439 y 192 del Código de Procedimiento Civil, arguyendo que la Sentencia no cumple con la valoración integral de todas las pruebas aportadas al proceso, pues si bien se hace referencia a las pruebas cursantes en fs. 6, 15,-16, 7-14, 20, 726-728, 733-735, 720, 1210-1215, 724, 744, 746-751, 754-757, 767-768, 670, 668-670, 863, 672, 39-154, 161, 596, 726-730, 733-734, 944-945, 740-741, 1174-1179, 1218-1234; no lo hace así respecto a las pruebas que cursan en fs. 358-363, 596-602, 671-688, 693-760, 869-893, 895-900, 915-916, 932-943, 946-950, 995-1002, 1032, 1069-1077, 1218-1234, 1239 y 1252, omisión que conlleva a una suerte de indefensión para los litigantes que tiene el derecho de saber del porque tales o cuales pruebas tienen o no relevancia jurídica; lo que en consecuencia importa que el Juez de instancia ha incumplido motivar suficientemente y de manera razonada su decisión, al no contrastar la pretensión demandada con todos los elementos de prueba y sin asignar el valor jurídico otorgado a cada uno de ellos. Fundamentación que no puede ser reemplazada por una valoración parcial o la simple relación y listado de los medios probatorios como ocurrió en el caso de litis, pues ello implica una vulneración flagrante de del debido proceso en su vertiente fundamentación y motivación.
Resolución que fue impugnada mediante el recurso de casación que cursa de fs. 1499 a 1509, interpuesto por la Carmen Conde Velásquez, el cual se analiza.
Refiere que si bien es cierto que el Tribunal de apelación tiene la facultad de revisar de oficio el proceso a fines de saneamiento, no es menos evidente que la nulidad únicamente es aplicada de manera excepcional, pues no se puede asumir una decisión en ese sentido sin considerar los parámetros de la nulidad de los actos procesales, es decir que dicha determinación debe ceñirse a los principio de celeridad, eficiencia y eficacia reconocidos en los arts. 178 y 180 de la CPE, además que debe tomarse en cuenta que la presunta vulneración debe ser reclamada oportunamente tal cual establece el art. 17 de Ley Nº 025.
Señala que el fallo recurrido carece de fundamentación, pues no es suficiente referir que se ha vulnerado el debido proceso, sino que en el mismo se debe fundamentar de que modo especifico se ha vulnerado el derecho a la defensa de las partes, es decir de qué manera se ha causado indefensión con la presunta falta de valoración de la prueba y así se debe tomar en cuenta lo dispuesto por la Ley del Órgano judicial en sus arts. 3, 16, 30 y 17.III, que prohíben retrotraer el proceso a etapas ya concluidas.
Arguye que no se ha tomado en cuenta los principios que rigen la nulidad procesal, tales como la legalidad, finalidad del acto, trascendencia y convalidación, al no demostrar de manera fundamentada de qué manera se ha causado indefensión a las partes con la emisión de la Sentencia anulada.
Expresa que el fundamento y transcripción casi integral de la Sentencia Constitucional N° 2026/2010-R no le da el carácter de aplicabilidad al presente caso, pues para que un precedente constitucional sea aplicable al caso concreto debe reunir la identidad de los elementos facticos y la ratio decidendi, caso contrario no se aplica al caso concreto.
Reclama que la ausencia de pronunciamiento injusto e ilegal sobre el fondo del proceso y la disposición de nulidad, retardan el ejercicio de su derecho propietario que ha sido demostrado en juicio, ya que no hay duda sobre la legitimidad de su derecho.
En base a estos y otros argumentos, solicita se case el Auto de Vista impugnado y se disponga la nulidad de la referida resolución, para que el Tribunal de alzada se pronuncie respecto al fondo del proceso.
Respuesta de Inés Mireya Luna Álvarez e Inés Violeta Flores Luna en representación de Wilfredo Wenceslao Flores Sánchez (fs. 1514 a 1519)
Sostiene que el Auto de Vista impugnado es completamente claro y preciso porque este fallo responde a los postulados de la SCP N° 1662/2012 de 01 de octubre, que constituye regla de derecho al determinar que los jueces cuando pronuncien sentencia deben dar estricto cumplimiento a los principios de congruencia y pertinencia porque lo contrario implicaría la vulneración de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.
Señala que el fallo recurrido es completamente correcto porque responde al análisis exhaustivo y pormenorizado de los antecedentes y pruebas cursantes en obrados, pues la sentencia ha vulnerado los arts. 115.II y 119.I y II de la CPE al no cumplir con lo establecido por el art. 213.I del Código Procesal Civil, toda vez que el fallo debe ser congruente y conforme a los alegado y probado por las partes dentro de los límites de las pretensiones deducidas en el proceso.
Alude a que el Tribunal de alzada no ha hecho otra cosa que someterse a una regla vinculante como lo es la SCP N° 1662/2012, porque el fallo del juez A quo es una simple narración de los hechos denunciados por las partes y una mención parcial de la prueba producida por ambas partes.
Indica que en la Sentencia N° 55/2017 el juez no cumple con la valoración integral de todas las pruebas aportadas al proceso, lo que en consecuencia infringe el art. 145.I y II del Código Procesal Civil, en consecuencia la sentencia no es una resolución de derecho sino de hecho, es decir un fallo arbitrario basado en la violación de las leyes procesales e infracción del debido proceso.
Finalmente alude a que se ha vulnerado el derecho a la defensa de Wilfredo Wenceslao Flores Sánchez, al cual se lo ha incorporado como un tercero cuando en realizad él es co-propietario del inmueble pretendido.
En merito a estos y otros fundamentos solicita se confirme el Auto de Vista recurrido, sea con costas.
Respuesta presentada por Abdón Ruddy Luna Álvarez por sí y en representación de Luis Fernando Luna Álvarez y Rafael Franco Luna Álvarez.
Sostiene que el recurso de casación no cumple con los requisitos previstos por el art. 271 del Código Procesal Civil, lo que hace que este sea infundado, pues el mismo se encuentra fundado en argumentos concernientes al derecho material del proceso.
Refiere que el juzgado de instancia simplemente se limitó a realizar un detalle enunciativo de los elementos probatorios, sin que la misma se halle debidamente fundamentada en los términos que dispone el art. 213.II num. 3) de la Ley Nº 439.
Señala que la facultad de revisar el proceso de oficio proviene del art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial, modulado por la SCP N° 1562/2012, por lo que el argumento de que nadie hubiere reclamado la nulidad no tiene asidero legal y resulta infundado, puesto que la sentencia no cumple con los caracteres de fundamentación y exhaustividad que debe contener todo fallo.
De acuerdo a estos y otros argumentos contestan al recurso de casación y solicitan la emisión de fallo que declare infundado el referido recurso.
La congruencia en su sentido restringido, es la correlación existente entre lo demandado y lo resuelto, conforme orienta el art. 213.I del Código Procesal Civil, y en caso de no respetarse este parámetro la resolución a ser emitida peca de ser ultra, extra, infra o citra petita, y en su sentido amplio la congruencia también debe entenderse en la correlación interna que debe existir en la misma resolución y con el proceso en sí, lo que en consecuencia importa también que esta deba ser emitida con la debida motivación y fundamentación, esto es, que se expresen las razones de hecho y derecho consideradas para dictar el decisorio, pues cuando un Juez omite fundamentar o motivar una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino que también toma una decisión de hecho y no de derecho que vulnera de manera flagrante el debido proceso que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido.
Así tenemos que, ante la existencia de una resolución de primera instancia incongruente o carente de motivación y fundamentación, si bien en un primer momento este aspecto puede dar lugar a una nulidad procesal, empero, debe tenerse presente que bajo el nuevo modelo constitucional este instituto procesal resulta aplicable únicamente en determinados casos bajo un criterio de juridicidad, siempre y cuando ese acto no pueda ser suplido en la instancia superior, en aplicación del principios de protección de actuados con la finalidad de que el proceso alcance el fin esperado, que es la solución al conflicto jurídico. Bajo esta premisa, cuando el Tribunal de apelación advierta incongruencia o falta de motivación y fundamentación en la Sentencia, en aplicación de sus prerrogativas, deberá resolver en el fondo este aspecto, no resultando viable disponer una nulidad de obrados por estos motivos.
Del análisis del recurso de casación, se puede colegir que la recurrente, entre otros aspectos, cuestiona que el Tribunal de alzada no haya tomado en cuenta los principios que rigen la nulidad procesal (legalidad, finalidad del acto, trascendencia y convalidación), de tal manera que no se ha explicado y/o fundamentado de qué manera la sentencia ha generado una situación de indefensión que vulnere el derecho a la defensa de las partes y por el contrario se ha omitido ingresar a considerar los aspecto concernientes al fondo de la litis, bajo la excusa de una presunta carencia de motivación en relación a la valoración de los elementos probatorios producidos en este proceso, y si bien dicho Tribunal cuenta con la facultad de revisar de oficio el proceso y así anular obrados, ello debe realizarse de manera excepcional y ceñida a los principios reconocidos en los arts. 178 y 180 de la CPE.
Sobre esta cuestión en principio resulta conveniente referir que la doctrina y las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, no siendo suficiente que se produzca un mero acaecimiento de un vicio procesal para declarar la nulidad simplemente con el fin de proteger o resguardar las formas previstas por la ley procesal, aspecto que resulta totalmente insustancial para tomar una medida de esa naturaleza, pues hoy en día lo que interesa en definitiva es analizar si se han transgredido efectivamente las garantías del debido proceso en su elemento derecho a la defensa. Es por ello que este instituto jurídico procesal ha sido modulado por la jurisprudencia y reorientado por nuestro ordenamiento jurídico procesal actual, mereciendo consideración especial, esto debido a la importancia que conlleva su aplicación en los distintos procesos que se desarrollan.
Así tenemos que estos presupuestos legales, han sido establecidos en desarrollo de la garantía constitucional que se desprende del art. 115.II de la CPE., que indica que; “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, estableciendo que es política de Estado garantizar a las ciudadanas y ciudadanos el derecho a un proceso sin dilaciones, o sea sin aquellos obstáculos procesales que tienden a dilatar la tutela jurisdiccional solicitada. A tal efecto tenemos el A.S. Nº 484/2012 que ha orientado que: “…en el tratamiento de las nulidades procesales, debe tenerse en cuenta (…) que no se trata de un tema de defensa de las meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo de los derechos de las partes, siendo preciso distinguir las formas esenciales de las meras formalidades. Precisamente por ello es necesario verificar a tiempo de emitir un fallo, principios que rigen la materia y deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar la nulidad…”
En ese contexto, en el caso de autos, revisado que fue el Auto de Vista Nº 58/2018 que cursa de fs. 1487 a 1494, se tiene que el Tribunal de alzada, asumió una decisión anulatoria de obrados, señalando que la Sentencia Nº 55/2017 es carente de motivación, debido a que el juez de instancia habría omitido contrastar la pretensión demandada con todos los elementos probatorios, es decir que no se habría valorado todos los elementos de prueba producidos en el proceso, lo que en consecuencia habría acarreado la inobservancia del art. 213.I de la Ley Nº 439, y generado incertidumbre en los sujetos procesales respecto a su derecho de saber del porqué tales o cuales pruebas tiene o no relevancia jurídica.
Determinación que se tiene no ha considerado los criterios doctrinales esbozados en el punto III.1 de la doctrina aplicable, donde se ha establecido que la falta de congruencia o motivación en la Sentencia, no es considerada una causal de nulidad, ya que a partir de una interpretación extensiva del art. 218.III de la Ley Nº 439, el Tribunal de apelación debe fallar en el fondo de esa incongruencia y/o carencia de motivación. Lo que nos permite colegir que la norma citada (art. 218.III), conforme a una interpretación sistemática desde y conforme a la Constitución Política del Estado tiene por esencia que el proceso por su carácter teleológico alcance el fin esperado que es la solución del conflicto jurídico, y ello precisamente porque el Tribunal de apelación al ser otra instancia y poseer las mismas facultades y prerrogativas que el Juez de la causa puede resolver en el fondo, sin necesidad de acudir a la nulidad procesal que es una medida de ultima ratio; por ello es contundente el art. 16 de la Ley Nº 025 al indicar que: “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa”, entendimiento concordante con la Ley Nº 439, respecto a la nulidad de los actos procesales, que precisa la especificidad y trascendencia del vicio para que opere la nulidad procesal poniendo como factor gravitante para esa medida la indefensión que hubiere causado aquel acto.
De ahí que en el sub judice, se puede concluir señalando que la decisión de anular la Sentencia por falta de motivación, no responde a los principios procesales de legalidad, dirección, concentración, congruencia, celeridad, igualdad procesal y probidad, que orientan la actual forma de administrar justicia, en cuyo entendido, el Ad quem fuera de actuar bajo un criterio de juridicidad, ha obrado en desconocimiento del marco normativo contenido en los art. 105 a 109, 218 y 265 del Código Procesal Civil, cuando al tratarse de otra instancia en aplicación de las citadas normativas debió resolver en defecto del juez A-quo y fallar en el fondo de lo debatido y no actuar de forma ritualista, porque al asumir esa decisión anulatoria se ha desconocido normas procesales en desmedro de los justiciables quienes están en búsqueda de una solución al conflicto jurídico suscitado, correspondiendo en consecuencia anular el Auto de Vista para que resuelva los agravios invocados en los recursos de apelación conforme al art. 265.I de la Ley Nº 439.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 106 y 220.III del Código de Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 58/2018 de 15 de febrero cursante de fs. 1487 a 1494, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y en consecuencia se dispone que sin espera de turno y previo sorteo, el referido Tribunal de Alzada emita nuevo Auto de Vista dentro del marco de lo establecido por el art. 265.I de la Ley Nº 439 y de acuerdo a lo delineado en la presente resolución.

References: Resolución 
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