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Timestamp: 2017-10-18 00:25:28+00:00

Document:
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562004000300050
Volumen Especial, 2004. Páginas 499-508
J. Roberto Bárcena*
* Investigador CONICET (CRICYT). Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras (UNdeCuyo), Argentina. rbarcena@lab.cricyt.edu.ar
Exponemos sobre experiencias concretas del manejo patrimonial provincial, las que hemos desarrollado durante varios años y que admiten ser relacionadas y comparadas, apreciándose similitudes y diferencias que permiten conclusiones sobre nuestra propia problemática y ser relacionadas asimismo en un contexto como el del presente Simposio.
Abordamos los casos en los que hemos actuado como así también aquellos otros de los que tenemos conocimiento y que hacen a la cuestión tratada. Nuestros programas de arqueología de montaña (PRODAM) y de arqueología e historia del Área Fundacional de Mendoza (PRODIARFUN) en sus variantes pasada y presente son sucintamente analizados, refiriéndonos igualmente a nuestra acción en los controles para evitar y minimizar el impacto cultural y ambiental producto de un emprendimiento cinematográfico internacional en locaciones del área de montaña mendocina (film Siete años en el Tibet) y sobre la supervisión del rescate arqueológico en relación con la construcción de un dique para regular el río Mendoza (Dique Potrerillos).
Todas estas experiencias tienen en común la gestión de procedimientos en relación con las posibilidades legales e institucionales vigentes, así como con las posibilidades del medio profesional, particularmente en cuanto a la participación de arqueólogos en los proyectos. Asimismo, significaron una movilización comunitaria, con mayor o menor énfasis según los casos, al igual que la intervención de profesionales de otras áreas del conocimiento.
Todas nuestras acciones implican transferencia efectiva, por lo que ha sido relevante evaluar los mecanismos implementados en la misma, explicitando sus alcances y limitaciones.
Palabras claves: manejo recursos culturales, gestión cultural y arqueología.
This work deals with experiences of the Mendoza province cultural management. Our Mountain Archaeology Program (PRODAM) and that of the archaeology and history of the Mendoza Foundational Area (PRODIARFUN) in their past and present variants are succinctly analyzed. We also refer to our action to avoid and minimize the cultural and environmental impact of the international making of a movie ("Seven Years on the Tibet") and about the supervision of an archaeological rescue excavation in regards to the building of a dam to regulate the Mendoza River (Dique Potrerillos).
As a consequence, there were community mobilization, and the intervention of professionals from other disciplines.
Key words: culture resources management, culture heritage, archaeology.
En un simposio como el presente, a cuyos organizadores agradecemos la cordial acogida para nuestra participación, cabe referirnos a algunas experiencias sobre gestión del patrimonio cultural en Mendoza, particularmente aquellas en las que intervinimos, concernientes a los recursos arqueológicos.
Una síntesis de tareas como la presente sólo adquiere significado en el marco de la realidad actual, legal e institucional, del manejo de los recursos culturales en Mendoza.
Probablemente sea eficaz al respecto presentar sucintamente los datos que conocemos sobre el desarrollo de la legislación y normas pertinentes.
Veintiséis decretos del Gobierno de la Provincia de Mendoza, entre 1980 y septiembre de 1999, son declaraciones de reserva de fauna y de reserva total (dos casos), de Patrimonio Cultural Provincial (nueve casos), de Bien del Patrimonio Cultural de la Provincia (once casos), de Monumento Histórico Provincial (tres casos) y de reconocimiento como Bandera de la Provincia de Mendoza (un caso), referidas a determinadas áreas geográficas provinciales (ambiente, flora, fauna, sitios y material arqueológico), a sitios arqueológicos (tambos, camino incaico, grabados rupestres), a edificios históricos, a la bandera del ejército de los Andes, a la pinacoteca de un artista plástico y al fondo bibliográfico antiguo de la principal biblioteca pública de la provincia.
De los veintiséis decretos, 19 están referidos a edificaciones, por lo que más del setenta por ciento de las declaraciones están volcadas a las mismas, situación que indicaría una relación más fuerte con este tipo de protección basada, posiblemente, en la mayor visibilidad de las mismas y en la conciencia general al respecto y en particular a la mayor incidencia de los campos de la arquitectura y de la historia en la estructura de los conceptos y acciones necesarias para estos logros.
Del campo de la arqueología, aunque los listados que utilizamos, basados en Ruiz (1999), no son exhaustivos y contienen erratas, aparece un solo caso, lo cual, posiblemente, muestra menor incidencia de la temática en la sociedad e institucio-nalmente.
Surge claramente de este somero análisis que las dos declaraciones de "reserva", fundadas principalmente en la preservación del ambiente, la flora y la fauna, son de principios de la década de 1980, mientras que el resto de los casos se escalonan a partir de 1989, a razón de unas dos declaraciones anuales hasta 1998, época donde se concentran trece (50% de la muestra).
Seguramente este desarrollo tiene implicancias y éstas se relacionan fuertemente con las políticas culturales y un ascenso de la conciencia pública y profesional sobre estos temas.
Por su parte, veintiocho leyes provinciales, entre 1923 y 1998, son también declaraciones de interés provincial, de monumentos públicos, de monumentos históricos, de reserva faunística y florística, de reserva del paisaje natural, de patrimonio cultural provincial, de afectación de inmueble para usos culturales, de lugar histórico, de monumento natural (especies animales), de área protegida provincial, de área ambiental urbana protegida, entre otros, referidas a sectores geográficos, objetos, edificaciones, u otros (Ruiz 1999).
Leyes que, más eclécticas, abarcan desde tumbas, solares, parques, reservas, recursos naturales renovables y no renovables, hasta edificios, pasando por toneles y una colección mineralógica, sin alcanzar a los bienes arqueológicos.
Las leyes se escalonan en el tiempo, con mayor periodicidad a partir de 1988 y cierta concentración en 1994 y 1998 (prácticamente el 30% de la muestra).
A su vez, las municipalidades ­principalmente seis de los dieciséis municipios de la provincia­ han promulgado ordenanzas con declaraciones de interés municipal, de reserva arqueológica, de patrimonio cultural, de bien cultural, de patrimonio histórico ambiental, de zona de preservación y conservación del patrimonio cultural, entre otros, referidas a sitios arqueológicos, a edificios históricos, a material bibliográfico y a documentos institucionales, u otros. Lo que han hecho periódicamente y en el
lapso entre 1991 y 1997, según el inventario no exhaustivo que venimos siguiendo (Ruiz 1999).
Panorama al que podemos sumar las declaratorias de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos (Ley 12.665/41), que alcanzan a unas cuarenta y tres edificaciones ­capillas, edificios varios, sepulcros u otros­, solares, árboles, lugares, entre otros, sin que se registre entre ellos, específicamente, ningún sitio o yacimiento arqueológico.
Los decretos correspondientes abarcan desde 1941 hasta 1999, comprendiendo algunos de ellos varias declaratorias: dos monumentos y tres lugares históricos en un decreto de 1941, un lugar y cinco sepulcros en otro de 1946, tres lugares en uno de 1952, seis lugares y dos monumentos en dos de 1975, dos monumentos y un lugar en otro de 1989 y, entre 1997 y 1999, cuatro monumentos en tres decretos y una ley (Ruiz 1999; Comisión Nacional de Museos).
Varias de las declaratorias se refieren a los mismos bienes, considerados en las distintas instancias administrativas, municipal, provincial, nacional.
Aunque no abarquemos toda la preocupación oficial por la preservación y valorización de los bienes culturales se aprecia que la misma registra claros hiatos como el de 1976-1978 y una discontinuidad de la acción en general, aunque particularmente el lapso 1973-1975 y 1983-1989 reflejaría una tendencia positiva, con mejor incidencia a nuestro juicio desde 1989 hasta la actualidad.
Las razones de las diferencias no son difíciles de explicar y tienen clara relación con la situación política general del país y de las provincias, al igual que con el esfuerzo de gestión de los administradores de cultura según el contexto de cada período.
Sin profundizar el análisis también se aprecia que las diferentes situaciones tienen que ver con la especialización y organización profesional en los distintos campos que hacen al patrimonio cultural, con el creciente interés de la sociedad y la difusión por los medios de comunicación masivos y con la percepción de las posibilidades económicas de la gestión y manejo de los bienes, entre otros.
No obstante este marco, promisorio en lo que hace a la gestión patrimonial general de los últimos años, se aprecia que, salvo el caso de la Comisión Nacional de Museos que atiende diversas obras para mantener principalmente los edificios, lo que hace en relación con la respectiva dirección nacional de arquitectura y ministerio correspondiente, el resto carece de presupuesto ad hoc y de un encuadre legal que permita consolidar la declaración con la acción efectiva de protección.
No olvidamos, sobre esta última apreciación, los ejemplos sobre subsidios para preservar determinado patrimonio o la propia acción de los tres niveles gubernamentales para asegurar, en algunos casos, el sostenimiento de la protección y valorización a través del tiempo.
Sin embargo, esto último no es la regla sino, a nuestro juicio, la excepción, pues carecemos de normas legales, organización institucional y medios que aseguren por lo menos la integridad de los bienes que los distintos niveles del estado pretenden resguardar mediante declaraciones.
Como puede apreciarse en las obras de conjunto sobre la protección jurídica del patrimonio arqueológico en Argentina, Mendoza careció de una ley específica por mucho tiempo (Berberián 1992) y cuando la tuvo en 1993-1994, correspondió a un proyecto que abarca el patrimonio cultural en su conjunto (Bárcena 1998).
Alcanzar esta normativa llevó bastante tiempo, pudiendo reconocerse, en la línea del esfuerzo de muchos, dos momentos de inflexión que a nuestro parecer están dados por la creación de la Comisión Asesora de Resguardo de los Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico-Cultural de Mendoza en 1983 y por la creación del Comité Asesor del Patrimonio Cultural y Natural de Mendoza en 1989 (en jurisdicción de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Cultura ­luego de Cultura, Ciencia y Tecnología­ del Gobierno de Mendoza).
La Comisión y particularmente el Comité fueron preparando, en relación con un campo institucional, profesional, social y político cada vez más receptivo, las bases de lo que posteriormente tomaría forma de ley, cuyo desarrollo tuvo un impulso definitivo con la creación y el accionar de la Dirección de Patrimonio, Museos y Biblioteca, particularmente desde 1989 y dependiendo de la citada Subsecretaría, dirección que luego se denominó de Patrimonio e Infraestructura Cultural y por último ­1999­ de Patrimonio Histórico-Cultural (la presidencia del Comité correspondía a esta Dirección) (Bárcena 1991).
La ley 6.034 de 1993 y la 6.133 de 1994 ­que modifican algunos artículos de la precedente­ expresa como "Declaración genérica del fin legal" (Capítulo I) y en su artículo 1:
Declárase de interés provincial la protección, conservación, restauración y acrecentamiento de todos aquellos bienes que conforman el Patrimonio Cultural de la Provincia de Mendoza.
El artículo 4°, inciso c, es el que se refiere y define a los yacimientos o sitios arqueológicos y sus áreas de influencia, mientras que el inciso e hace lo propio con los objetos arqueológicos.
La ley ordena, para los bienes tipificados en el artículo 4°, la conservación, dar a conocer su existencia y ubicación a la autoridad de apli-cación, por parte de los propietarios o poseedores ­sean entes públicos o personas privadas­ y para su declaración como integrantes del Patrimonio Cultural de laProvincia y respectivo registro ­artículo 5°­. Para esto último crea el Registro de los Bienes del Patrimonio Cultural de la Provincia de Mendoza ­artículo 10°­, fijando asimismo la sujeción de los bienes ­artículo 17°­, con las condiciones pertinentes, a la investigación científica especializada.
Crea asimismo, artículo 12°, el Consejo Provincial del Patrimonio Cultural, "como órgano asesor del Poder Ejecutivo, en el ámbito del Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología", integrado ­artículo 13°­
por un (1) representante del Ministerio... y un (1) representante por cada una de las organizaciones legalmente constituidas, públicas o privadas, estatales o no que tengan entre sus objetivos el estudio, investigación, protección, conservación, restauración y acrecentamiento del patrimonio cultural de la Provincia de Mendoza ...
El Consejo, entre otros, debe emitir los dictámenes sobre las solicitudes de registro de bienes ­artículo 15°, inciso a­.
El Consejo, que dispuso oportunamente su reglamento interno (1996), mientras que la ley fue reglamentada en 1995/96 ­normativa particularmente dedicada al registro de los bienes­, se reúne mensualmente en plenario, tratándose previamente los temas en comisiones ­existe una abocada a los bienes arqueológicos, paleontológicos, botánicos, zoológicos y mineralógicos­, las que elaboran dictámenes puestos a consideración del Consejo en pleno.
Las declaratorias del Consejo toman la forma de disposiciones de la Dirección de Patrimonio, que son elevadas a la instancia superior. Trece disposiciones tuvieron lugar en 1997 y doce en 1998 ­principalmente están referidas a edificios y en un caso a una reserva arqueológica­ (Ruiz 1999).
En los casos en que ha sido sometido a su consideración, la Comisión de Arqueología ha emitido opinión sobre asuntos relativos a la posible existencia de bienes arqueológicos e impacto probable sobre ellos, correspondientes a determinadas áreas provinciales sujetas, por ejemplo, a exploración con fines de explotación petrolífera. En tales casos, considerando la opinión previa de profesionales de la Dirección de Patrimonio, se sugirió convocar para los estudios de impacto y disminución de los efectos a personas especializadas que realizaran investigaciones arqueológicas en el área tratada.
No obstante, más allá de la predisposición positiva y del arduo trabajo para salvar estos asuntos con el objetivo primordial de conservación del patrimonio cultural, como deber social, profesional e impuesto por la ley, no se ha dispuesto una estructura e infraestructura estatal suficiente para garantizar la preservación-conservación, el rescate y valorización cultural de los bienes arqueológicos, asegurando a la vez la igualdad de oportunidades para el ejercicio profesional, resguardando a la organización y el contralor oficial de posibles intereses privados.
Las modificaciones en la estructura gubernamental incidieron en el proceso, no siempre positivamente según nuestra opinión, como es el caso del cambio recurrente de la autoridad de aplicación de un Ministerio, que fue eliminado, al Instituto Provincial de la Cultura, creado como ente autárquico con personería jurídica en 1996 y también eliminado, pasando luego a la Subsecretaría de Cultura, creada y vigente en el 2000, ambos con dependencia directa del Poder Ejecutivo Provincial.
La propia ley no alcanza a ordenar claramente tópicos como el aludido más arriba, de importancia creciente en una sociedad que atiende cada vez más a la preservación ambiental y que reconoce paulatinamente la necesidad de resguardar su patrimonio, incluyendo el cultural y particularmente el arqueológico, comprendiendo la necesidad de las evaluaciones de impacto y de la supresión, mitigación, compensación de los efectos del mismo o, en los casos posibles, reposición de las cosas a su estado anterior.
Efectivamente, y hasta donde alcanzamos con este análisis, sólo el artículo 18 de la ley 6.034/6.133 establece la obligación de denunciar "inmediatamente a la autoridad de aplicación" los hallazgos fortuitos de bienes "producidos en el marco de ejecución de obras públicas y privadas", que presuntamente sean significativos para el Patrimonio Cultural de la Provincia.
Artículo que también prevé el siguiente paso a dar por la autoridad de aplicación "quien determinará el procedimiento a seguir en el plazo perentorio que determine la reglamentación de la presente Ley", obligación no fácil de cumplir con una reglamentación que se considera insuficiente, sin estructura y sin medios presupuestarios (la ley no establece recursos económicos específicos para sostener su cumplimiento, salvo los provenientes de las sanciones con multas correspondientes a las infracciones sobre bienes registrados ­artículo 25°­).
El artículo 19°, a su vez, considera el impacto probable, refiriéndolo sólo a la obra pública:
Los organismos públicos que proyecten, inicien o ejecuten obras en el territorio provincial deberán preveer (sic) la conservación del patrimonio cultural y natural.
Si bien la normativa vigente y la estructura y medios de gestión parecen insuficientes, en perspectiva no lo son tanto, habida cuenta del avance efectivo que significaron y de las posibilidades de complementarse con la legislación ambiental previa, que cuenta para su aplicación con una consolidada estructura, representada en la actualidad por el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas del Gobierno de Mendoza, con sus correspondientes subsecretarías y direcciones.
La Legislación ambiental de Mendoza es notable, tradicional y conceptualmente, pudiendo remontarse sus orígenes, más cercanos en el tiempo, a fines del siglo XIX, habiendo logrado su expresión general reciente en la denominada "Ley de Preservación del Ambiente" (5.961/93).
Su consecución fue, asimismo, un proceso, con un fuerte compromiso profesional y político, legitimado socialmente, que tuvo también una etapa de inflexión e impulso en 1989, con la creación del Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda (Ley 5.487/89), asumiéndose "la preservación del ambiente como objetivo político del Estado" (Rodríguez Salas et al. 1993).
La ley 5.961 establece en su artículo 1° que
La presente ley tiene por objeto la preservación del ambiente en todo el territorio de la provincia de Mendoza, a los fines de resguardar el equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable, siendo sus normas de orden público,
mientras que en el artículo 2° expresa
Decláranse de interés provincial, las acciones y actividades destinadas a la preservación, conservación, defensa y mejoramiento de los ambientes urbanos, agropecuarios y naturales y todos sus elementos constitutivos.
Luego, en su artículo 3°, enumera qué comprenden los objetivos y acciones enunciadas, expresándose en el inciso c que los mismos involucran:
La creación, protección, defensa y mantenimiento de áreas y monumentos naturales, refugios de vida silvestre, reservas forestales, faunísticas y de uso múltiple, cuencas hídricas protegidas, áreas verdes de asentamiento humano y/o cualquier otro espacio que conteniendo suelos y/o masas de agua con flora y fauna nativas, seminativas o exóticas y/o estructuras geológicas, elementos culturales o paisajes, merezca ser sujeto a un régimen de especial gestión y administración.
Por su parte el artículo 5°, inciso d, se refiere a que
Los organismos públicos deberán utilizar un enfoque científico inter y multidisciplinario al desarrollar actividades que, directa o indirectamente, puedan impactar al medio ambiente,
mientras que el artículo 16° expresa que
La presente ley se aplicará para la defensa jurisdiccional: a. De los intereses difusos y los derechos colectivos, brindando protección a esos fines al medio ambiente, a la conservación del equilibrio ecológico, los valores estéticos, históricos, urbanísticos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos y paisajísticos.
Referencias al patrimonio cultural, arqueológico en particular, como las anteriores son recurrentes en el texto, que define en su Título V ("Del Impacto Ambiental") la "Evaluación de Impacto Ambiental" (artículo 26°).
Este implica que
Todos los proyectos de obras o actividades capaces de modificar, directa o indirectamente el ambiente del territorio provincial, deberán obtener una Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A), expedida por el Ministerio de Medio Ambiente ... o por las Municipalidades de la Provincia, quienes serán la autoridad de aplicación de la presente ley, según la categorización de los proyectos que establezca la reglamentación. (artículo 27°).
El procedimiento de evaluación se establece en el artículo 29° y comprende las siguientes etapas:
a. La presentación de la Manifestación General de Impacto Ambiental y, en su caso, la Manifestación Específica de Impacto Ambiental; b. La audiencia pública de los interesados y afectados; c. El dictamen técnico; d. La Declaración de Impacto Ambiental. Las etapas individualizadas como c. y d. se cumplirán en forma simultánea.
Las manifestaciones generales de impacto
tendrán carácter de declaración jurada y serán suscritas por profesionales idóneos en las materias que comprendan y debidamente habilitados
y serán presentadas, de acuerdo con la envergadura jurisdiccional, ante las municipalidades o el Ministerio (artículo 30), mientras que el Dictamen Técnico con respecto a las Manifestaciones de Impacto Ambiental presentadas será recabado por el Ministerio a
personas reconocidamente idóneas en el tema de que se trata o de Universidades o Centros de Investigación públicos o privados, estatales o no, provinciales ­preferentemente­, nacionales o internacionales (artículo 32°).
Asimismo, la autoridad de aplicación deberá solicitar
dictamen sobre la repercusión en el ambiente a los organismos y reparticiones públicas con injerencia y/o competencia en el proyecto (artículo 32°).
El costo de las manifestaciones de impacto ambiental le corresponden al proponente del proyecto (artículo 40°).
La Declaración ... sólo tendrá lugar luego del dictamen y de la audiencia, de lo contrario será nula (artículo 34°), y podrá autorizar la obra según la Manifestación..., autorizarla condicionada al cumplimiento de modificaciones de la obra o actividad o bien negar la autorización (artículo 36°).
Como se aprecia en esta breve reseña la legislación ambiental y su autoridad de aplicación, en particular el ministerio aludido, reúnen condiciones suficientes para sostener un sistema equilibrado con respecto al control del potencial impacto de nuevas actividades productivas.
Incluso el impacto posible sobre bienes culturales está previsto, como lo está la obligación de recurrir al dictamen de los otros "organismos y reparticiones públicas con injerencia y/o competencia en el proyecto", por lo que luego de la creación de la Dirección de Patrimonio y de la promulgación de la ley 6.034/6.133, determinando la formación del Consejo Provincial y la respectiva autoridad de aplicación, se facilitó la acción y control en pos de la conservación de los bienes culturales, interesando particularmente los arqueológicos en las evaluaciones de impacto.
Es decir, que las obras y actividades que requieran manifestaciones de impacto ambiental y que impliquen bienes culturales están obligadas legalmente a su tratamiento profesional especializado e institucional, contando con la posibilidad de la doble vertiente de su consideración, según las dos leyes reseñadas y sus organismos de aplicación.
Según este planteamiento no deberían existir dificultades significativas en cuanto al control de las actividades que requieran de la evaluación de impacto ambiental, específicamente en su vertiente arqueológica, pues deja en manos de profesionales la Manifestación y el Dictamen Técnico respectivos, solicita el dictamen de las instituciones públicas con competencia en la cuestión y somete la Manifestación en los casos correspondientes, a la Audiencia Pública, antes de emitir la Declaración de Impacto Ambiental.
Sin embargo, las dificultades existen y tienen que ver, según nuestro parecer y entre otros, con la complejidad de las posibilidades de interacción efectiva entre las autoridades de aplicación gubernamentales, con el incipiente desarrollo de la Dirección de Patrimonio y del Consejo Provincial con la necesidad de una normativa más específica, que compatibilice las existentes, defina los conceptos y organice los modos de acción, y con la necesidad de implementar normas que regulen la actividad profesional en un marco de perfeccionamiento de la misma y de igualdad de oportunidades.
Sobre esta última apreciación pensamos que no están suficientemente aclarados los límites entre investigación y gestión referidas al patrimonio cultural y relativas a un proyecto de obra o actividades productivas cuyo impacto potencial debe ser evaluado y conducir a minimizar sus posibles efectos.
Se aprecia, y es la sensación y experiencia de los funcionarios gubernamentales ­según sus dichos­, la ausencia de límites claros entre las relaciones de dependencia institucionales estatales y la actividad privada de los profesionales, como tampoco parece haberlos con respecto al posible uso en las evaluaciones de impacto de conocimientos logrados en el marco de proyectos subvencionados o conseguidos bajo empleo estatal, por los cuales se requeriría honorarios al propio Estado.
Esta línea imprecisa añade dificultades a la gestión y crea confusiones que la propia ética profesional no resuelve satisfactoriamente al enfrentarse situaciones personales e institucionales, propias del derecho adquirido por la investigación en determinadas áreas geográficas y el derecho a la libre oferta profesional en las actividades que le competen.
La tradicional institucionalización académica y científica de la práctica profesional se enfrenta entonces al desafío de la actividad liberal de mercado.
No obstante, las contradicciones nos parecen propias del proceso, cuyas bases ya establecidas propenden a la efectiva conservación del patrimonio cultural en la provincia de Mendoza, con reales posibilidades de un desarrollo promisorio, cuyos alcances ya se avizoran.
Arqueología de Gestión: Algunos Ejemplos Propios
En rigor, deberíamos referirnos a nuestros programas de arqueología de montaña (PRODAM) y de arqueología e historia del Área Fundacional de Mendoza (PRODIARFUN), analizando sus variantes pasada y presente.
Lo que hemos hecho en otros lugares por lo que no insistiremos aquí (Bárcena 1998), refiriéndonos por el contrario sólo a nuestra acción en los controles para evitar y minimizar el impacto cultural y natural producto de un proyecto cinematográfico internacional en locaciones del área de montaña de Mendoza (film Siete años en el Tibet) y sobre la supervisión del rescate arqueológico en relación con la construcción de un dique para regular el río Mendoza (Dique Potrerillos).
Todas estas experiencias tienen en común la gestión de procedimientos en relación con las posibilidades legales e institucionales vigentes, así como con las posibilidades del medio profesional, particularmente en cuanto a la participación de arqueólogos en los proyectos.
Asimismo significaron una movilización comunitaria, con mayor o menor énfasis según los casos, al igual que la intervención de profesionales de otras áreas del conocimiento.
Todas nuestras acciones implican transferencia efectiva, por lo que ha sido relevante evaluar los mecanismos implementados en la misma, haciendo explícitos sus alcances y limitaciones.
En casi todos los casos también hemos vinculado nuestra actividad sobre la preservación, conservación y puesta en valor de los bienes culturales arqueológicos y sobre la propia considerasción de los ambientes relacionados con el desenvolvimiento de nuestros programas y proyectos de investigación arqueológica, etnohistórica e histórica.
La preocupación fue y es lograr formas de transferencia de nuestra producción científica subvencionada por los organismos de ciencia y técnica nacionales (CONICET y SECYT) y por la SECYT de nuestra Universidad Nacional de Cuyo, implementando acciones concretas de preservación y valorización cultural, camino válido no sólo para coadyuvar en la conservación del patrimonio cultural sino para dotar asimismo a nuestros proyectos de un campo de aplicación con vigencia comunitaria.
Vertiente ésta donde confluye asimismo el interés de diferentes patrocinadores, como los propios del ámbito gubernamental, instituciones provinciales de la cultura y municipalidades, entre otros, como también el de las empresas cuyos intereses económicos pueden compatibilizarse con los propios del sostenimiento de los recursos culturales arqueológicos, en el marco institucional correspondiente.
En los casos que abordamos aquí sólo ejemplificamos sucintamente los mecanismos que, en el marco legal e institucional vigente y señalado antes, pudieron implementarse para la evaluación de impacto ambiental, de impacto arqueológico en particular (Criado Boado 1999), referidos a dos desarrollos productivos de distinto alcance.
En un caso la realización de un film de producción internacional en el área de montaña de Mendoza (Valle de Uspallata y zonas vecinas; 1996/97) siguió los pasos de la evaluación de impacto ambiental previstos por la ley 5.961/93, dado que implicaba el uso de locaciones a cielo abierto, mayoritariamente tierras fiscales, potencialmente afectadas por movilización de vehículos y personal, por la construcción e instalación de decorados, y por la propia filmación, que realiza tomas en terrenos que deben despejarse de vegetación o bien tomas desde la altura, con equipos instalados en la cima de cerros.
Tres de las locaciones eran particularmente sensibles al potencial impacto: el C Tunduqueral, sitio arqueológico con grabados rupestres, un sector del área minera de Paramillos, yacimiento con restos referidos a la explotación minera desde la época colonial temprana y aún anteriores, y el Parque Provincial Aconcagua, área de preservación natural y cultural característica de los Andes de Mendoza1.
La producción cinematográfica implicaba la contratación de numeroso personal de las localidades de montaña, el pago de alojamiento y alimentación para cientos de personas, el alquiler de vehículos y equipos para la movilización y funcionamiento de la infraestructura, así como la compra de insumos y la formación técnica de operarios para la construcción de los decorados.
También aseguraba la participación de alumnos y profesionales de las artes plásticas, al igual que, entre otras funciones y rubros, incluía la contratación de numerosos extras, seleccionados por sus rasgos en diversas comunidades suburbanas, para cumplir papeles de tibetanos.
Todo esto revestía un particular interés para la economía provincial, a la vez que podía preverse el impacto probable con sólo considerar la construcción de una réplica de una parte de la ciudad de Lhasa o bien una locación con más de quinientas personas en acción ­en la escena y como personal técnico y de servicio­.
La empresa cinematográfica dio el aviso de obra, obteniendo sendas declaraciones de interés provincial y municipal, y efectuó la manifestación de impacto, solicitándonos el gobierno provincial, institucionalmente, su consideración y dictamen técnico.
Efectuamos éste, solicitando por nuestra parte asesoramiento especializado sobre flora y fauna, sugiriendo finalmente las medidas de mitigación del impacto cultural y ambiental, la necesidad de disponer la intangibilidad de determinados ámbitos, la "reposición de las cosas al estado anterior" (flora) y la compensación en forma de mejoras en la puesta en valor del bien cultural (C Tunduqueral).
Sugerimos de igual modo la supervisión permanente de los trabajos, en sus vertientes natural y cultural, la que debía extenderse durante los siete meses de labores fílmicas y ser particularmente estricta en el área de los grabados rupestres ("intangible" en el sector de los mismos).
El gobierno provincial autorizó los trabajos y compatibilizó los esfuerzos de las autoridades de aplicación, Ministerio de Ambiente y Obras Públicas e Instituto Provincial de la Cultura, y sus respectivas direcciones y reparticiones con injerencia en los temas, dictando la Resolución 563 ­AOP­ 1996, por la que establecía la Supervisión Permanente para el seguimiento y contralor de la protección y conservación cultural y natural, referidas al proyecto.
Por la misma resolución se nos encargó la dirección de la supervisión, que ejercimos en forma ad honorem, integrando un equipo con profesionales y estudiantes arqueólogos y un guarda parques, quedando a cargo de la empresa privada los gastos de movilidad y estadía del personal, al igual que los derivados del registro fotográfico de las actividades, que fue intensivo.
Durante los siete meses de gestión se controló activamente el desarrollo del proyecto, contribuyendo a minimizar el impacto y cuidando que las medidas de mitigación fueran efectivas, al igual que, en los casos posibles, la reposición al estado anterior.
El resultado fue satisfactorio en general y en particular dejó mejoras diversas como la construcción de un nuevo puente sobre el río Horcones en el área de Aconcagua y la valorización del sector con grabados rupestres, con un mejoramiento de las condiciones en cuanto a la infraestructura preexistente y por la construcción de un módulo para el centro de interpretación y el servicio de guarda del sitio, al igual que por la instalación de una escalinata para minimizar los efectos del tránsito de las visitas.
El desarrollo económico, aunque limitado en el tiempo, fue significativo al lograrse pleno empleo de los habitantes del valle y aumento del mismo en otras localidades de la provincia, mientras que la inversión total de la producción en Mendoza movilizó varios rubros de la actividades de servicios y de la producción en general.
El otro caso corresponde a una obra largamente proyectada en Mendoza, propia de la regulación del río homónimo, cuyo principal exponente constructivo es un dique y que implica, además del desarrollo técnico ligado al embalse y la generación de energía, una movilización social y económica de envergadura.
La obra significa el anegamiento de una superficie extensa, la nueva localización de la población y de los servicios del sector, entre otras muchas modificaciones, como la de los caminos y vías férreas.
El proyecto, que tiene su régimen legal particular, cumplió con el proceso de evaluación de impacto ambiental, de particular complejidad como se aprecia.
En lo que nos interesa, la manifestación de impacto incluyó el correspondiente a patrimonio cultural y arqueológico en especial (1998), a cargo de una empresa que contrató para el mismo a uno de los profesionales arqueólogos que trabajan en el área.
El proyecto fue sujeto de la audiencia pública y el dictamen técnico (1998) estuvo, en la parte respectiva, a cargo de otro profesional arqueólogo, contratado a través de la fundación de la UNdeCuyo, que también contaba con el antecedente de su labor en el área.
Finalmente, el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas decidió emprender el rescate arqueológico, para lo que estableció varias etapas, en conjunción con el avance de las obras y relacionadas con la evaluación de impacto arqueológico.
Para esto realizó las consultas institucionales que la ley determina y finalmente optó por contratar, a través de la fundación nombrada, al primer arqueólogo señalado, encargándole la tarea profesional de prospección y sondeos arqueológicos, con rescate de materiales, en las áreas de trabajo que la empresa contratista señaló como inmediatamente afectadas por la movilización y construcciones (sectores de administración y habitación, lugares de instalación de galpones, área de la presa y de la derivación de las aguas del río, sitios de escombreras y de extracción de áridos, entre otros).
El Ministerio dispuso a su vez implementar la Supervisión del rescate arqueológico, según la respectiva resolución de 1999 y por intermedio de la fundación mencionada, para el seguimiento y certificación de las labores arqueológicas, para la habilitación final de los sectores liberados por el previo trabajo arqueológico, como asimismo para la relación con el propio Ministerio, la Inspección de Obra que depende del mismo y con la empresa contratista, al igual que para la gestión que implica la compatibilidad de acciones.
La resolución (y convenio con la fundación) estableció que la supervisión debía efectuarla el Instituto de Arqueología y Etnología (FFylL, UNdeCuyo), quedando su dirección a nuestro cargo.
Para ejercerla establecimos un equipo de profesionales arqueólogos de este ámbito y durante el lapso estipulado (seis meses según contrato) seguimos los trabajos e informes del profesional arqueólogo contratado, y de su equipo, habilitando las áreas que correspondían, reservando otras de acuerdo con la evidencia, compatibilizando las acciones de acuerdo con las necesidades del avance de obra, dando prioridad a la salvaguarda del patrimonio arqueológico, para lo que también establecimos un plan de contingencia.
Cumplida esta primera etapa de rescate arqueológico se elaboró el informe final de lo actuado, incluyendo el propio del profesional arqueólogo con el inventario del material recuperado y la descripción somera del mismo.
El mismo fue elevado al Ministerio, a través de la Subsecretaría correspondiente, junto con las recomendaciones de las tareas por ejecutar en los sectores reservados, las que surgieron de esta etapa de labores arqueológicas y por tanto no estaban contempladas en el contrato del profesional.
Los materiales, tal como fue dispuesto por el Ministerio, quedaron en depósito en el citado Instituto, hasta tanto se establezca el destino final de los mismos.
El contrato con la fundación impone la confidencialidad de la información, no obstante lo cual la Subsecretaría correspondiente habilitó a la Supervisión y al Instituto para permitir la observación del material arqueológico por terceros.
La experiencia fue satisfactoria, no sólo por las garantías del seguimiento institucional y profesional al modo de una inspección de obra especializada y de otro ámbito jurisdiccional, sino también por la necesaria vinculación y organización de los procedimientos entre las partes en acción.
En lo que nos compete, la dirección y miembros del equipo de supervisión decidimos donar nuestros honorarios al Instituto, dinero que fue invertido en la publicación periódica "Anales de Arqueología y Etnología" y en la puesta en valor del Museo Arqueológico "Prof. Salvador CanalsFrau" del propio Instituto, entre otros.
1 El C Tunduqueral está protegido por el decreto 1.356/89. Mendoza cuenta asimismo con la ley de "Areas Naturales Provinciales", 6.045/93 que, entre otros, las clasifica según las categorías de manejo del Sistema Nacional de Areas Protegidas y se refiere en su texto, en forma recurrente, a los valores culturales, al interés histórico y antropológico, y a la conservación de los "reservorios culturales, históricos y arqueológicos". La creación del Parque Provincial Aconcagua se realizó por decreto-ley 4.807/83 y la zonificación del mismo por ley 5.463/89.
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References: artículo 1
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 artículo 29
 Resolución 
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