Source: http://pandectasdigital.blogspot.com/2016/08/ley-organica-de-la-contraloria-general.html
Timestamp: 2018-03-24 19:42:40+00:00

Document:
Pandectas Digital: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
[Estado: Reformada Ver Ficha Técnica]
Artículo 2. La Contraloría General de la República, en los términos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de esta ley, es un órgano del poder ciudadano, al que corresponde el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, así como de las operaciones relativas a los mismos, cuyas actuaciones se orientarán a la realización de auditorías, inspecciones y cualquier otro tipo de revisiones fiscales en los organismos y entidades sujetos a su control.
Parágrafo Primero: La Contraloría realizará todas las actividades que le asigne el consejo moral republicano, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes.
3. Los órganos entidades a los que incumbe el ejercicio del poder público en los distritos y distritos metropolitanos.
11. Las fundaciones y asociaciones civiles y demás instituciones creadas con fondos públicos, o que sean dirigidas por las personas a que se refieren los numerales anteriores, o en las cuales tales personas designen sus autoridades, o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones efectuados en un ejercicio presupuestario por una o varias de las personas a que se refieren los numerales anteriores representen el cincuenta por ciento (50%) o más de su presupuesto.
12. las personas naturales o jurídicas que sean contribuyentes o responsables, de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Tributario, o que en cualquier forma contraten, negocien o celebren operaciones con cualesquiera de los organismos o entidades mencionadas en los numerales anteriores, o que reciban aportes, subsidios, otras transferencias o incentivos fiscales, o que en cualquier forma intervengan en la administración, manejo o custodia de recursos públicos.
Artículo 11. Para ser designado Contralor o Contralora General de la República se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento y sin otra nacionalidad, mayor de treinta años, de estado seglar, tener un mínimo de quince (15) años de graduado en alguna de las siguientes profesiones: derecho, economía, contaduría pública, administración comercial o ciencias fiscales; poseer experiencia no menor de diez (10) años en el ejercicio de cargos directivos en los órganos de control fiscal del sector público.
Artículo 12. La Contraloría tendrá un sub-Contralor o sub-Contralora, quien deberá cumplir las mismas condiciones requeridas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para ser Contralor General de la República, será de libre nombramiento y remoción de éste. el sub-Contralor o sub-Contralora llenará las faltas temporales o accidentales del Contralor y las absolutas mientras la Asamblea Nacional provea la vacante y ejercerá las funciones que contemple el reglamento interno y los demás instrumentos normativos que al efecto se dicten.
3. Dictar el Estatuto de Personal de la Contraloría de conformidad con lo previsto en esta ley y nombrar, remover, destituir y jubilar al personal conforme a dicho estatuto y demás normas aplicables.
12. Fomentar el carácter profesional y técnico en el ejercicio de control fiscal.
Artículo 16. El Contralor podrá delegar en funcionarios de la Contraloría el ejercicio de determinadas atribuciones. Asimismo, podrá delegar la firma de determinados documentos. Los actos cumplidos por los delegatarios deberán indicar el carácter con que actuó el funcionario que los dictó, y en el caso de ejercicio de delegaciones de firma, producirán efectos como si hubiesen sido adoptados por el Contralor y, en consecuencia, contra ellos no se admitirá recurso jerárquico. Los delegatarios no podrán subdelegar.
Artículo 17. La Contraloría estará sujeta a las leyes y reglamentos sobre la elaboración y ejecución del presupuesto, en cuanto sean aplicables. No obstante, a los efectos de garantizar la autonomía en el ejercicio de sus atribuciones, regirán las siguientes disposiciones especiales para la elaboración y ejecución de su presupuesto.
1. La Contraloría preparará cada año su proyecto de presupuesto de gastos, el cual será remitido al poder ciudadano ara su presentación al Ejecutivo Nacional e incorporación sin modificaciones al respectivo proyecto de Ley de Presupuesto que se someterá a la consideración de la Asamblea Nacional. Sólo la Asamblea Nacional podrá introducir cambios en el proyecto de presupuesto que presente la Contraloría.
En el Estatuto de Personal se establecerán los derechos y obligaciones de los funcionarios de la Contraloría General de la República, incluyendo lo relativo al ingreso, planificación de carrera, clasificación de cargos, capacitación, sistemas de evaluación y de remuneraciones, compensaciones y ascensos sobre la base de méritos, asistencia, traslados, licencias y régimen disciplinario, cese de funciones, estabilidad laboral, previsión y seguridad social. En ningún caso, podrán desmejorarse los derechos y beneficios de que disfrutan los funcionarios de la Contraloría.
3. Las máximas autoridades y los niveles directivos y gerenciales de los órganos y entidades a los que se refieren el Artículo 9, numerales 1 al 11, de la presente ley.
Parágrafo Único: Constituyen instrumentos del Sistema Nacional de Control Fiscal las políticas, leyes, reglamentos, normas, procedimientos e instructivos adoptados para salvaguardar los recursos de los entes sujetos a esta ley, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y metas, así como los recursos económicos, humanos y materiales destinados al ejercicio del control.
1. La capacidad financiera y la independencia presupuestaria de los órganos encargados del control fiscal que les permitan ejercer eficientemente sus funciones.
2. El apoliticismo partidista de la gestión fiscalizadora en todos los estratos y niveles de control fiscal.
Artículo 26. Son órganos del Sistema Nacional de Control Fiscal los que se indican a continuación.
Parágrafo Único: en caso de organismos o entidades sujetos a esta ley cuya estructura, numero, tipo de operaciones o monto de los recursos administrados no justifiquen el funcionamiento de una unidad de auditoría interna propia, la Contraloría General de la República evaluará dichas circunstancias y, de considerarlo procedente, autorizará que las funciones de los referidos órganos de control fiscal sean ejercidas por la unidad de auditoría interna del órgano de adscripción. Cuando se trate de organismos o entidades de la administración pública nacional para el otorgamiento de la aludida autorización, se oirá la opinión de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna.
Artículo 27. Todos los titulares de los órganos de control fiscal de los entes y organismos señalados en el Artículo 9, numerales 1 al 11 de esta ley serán designados mediante concurso público, con excepción del Contralor General de la República.
Artículo 28. El Contralor General de la República, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley para la designación de Contralor o Contralora del estado mediante resolución que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, reglamentará los concursos públicos para la designación de los titulares de los órganos de control fiscal de los entes y organismos señalados en el Artículo 9, numerales 1 al 11, de esta ley.
Artículo 31. Con excepción del Contralor General de la República, todos los titulares de los órganos de control fiscal de los entes y organismos señalados en el Artículo 9, numerales 1 al 11, de esta ley, durarán cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones, y podrán ser reelegidos mediante concurso público por una sola vez.
Artículo 32. El Contralor General de la República podrá revisar los concursos para la designación de los titulares de los órganos de control fiscal de los entes y organismos señalados en el Artículo 9, numerales 1 al 11, de esta ley, siempre que detecte la existencia de graves irregularidades en la celebración de los mismos y ordenar a las autoridades competentes que en el ejercicio del principio de la autotutela administrativa, revoquen dicho acto y procedan a la apertura de nuevos concursos e impondrá a los responsables de las irregularidades las multas señaladas en el Artículo 94 de esta ley.
Artículo 33. Los órganos de control fiscal referidos en el Artículo 26 de esta ley funcionarán coordinadamente entre sí y bajo la rectoría de la Contraloría General de la República. a tal efecto, a la Contraloría General de la República le corresponderá:
2. Dictar el reglamento para la calificación, selección y contratación de auditores consultores o profesionales independientes en materia de control, y las normas para la ejecución y presentación de sus resultados.
5. Fijar los plazos y condiciones para que las máximas autoridades jerárquicas de los organismos y entidades sujetos a control dicten, de acuerdo con lo establecido por la Contraloría General de la República, las normas, manuales de procedimientos, métodos y demás instrumentos que conformen su sistema de control interno, y para que los demás niveles directivos y gerenciales de cada cuadro organizativo de los organismos y entidades sujetos a control, implanten el sistema de control interno.
Artículo 34. La Contraloría General de la República evaluará periódicamente los órganos de control fiscal a los fines de determinar el grado de efectividad, eficiencia y economía con que operan, y, en tal sentido, tomará las acciones pertinentes. si de las evaluaciones practicadas, sugieren graves irregularidades en el ejercicio de sus funciones, el Contralor General de la República podrá intervenir los órganos de control fiscal de los entes y organismos señalados en el Artículo 9 numerales 1 al 11, de esta ley.
Artículo 38. El sistema de control interno que se implante en los entes y organismos a que se refieren el Artículo 9, numerales 1 al 11 de esta ley deberá garantizar que antes de proceder a la adquisición de bienes o servicios, o a la elaboración de otros contratos que impliquen compromisos financieros, los responsables se aseguren del cumplimiento de los requisitos siguientes:
Artículo 39. Los gerentes jefes o autoridades administrativas de cada departamento, sección o cuadro organizativo específico, deberán ejercer vigilancia sobre el cumplimiento de las normas constitucionales y legales, de los planes y políticas, y de los instrumentos de control interno a que se refiere el Artículo 35 de esta ley, sobre las operaciones y actividades realizadas por las unidades administrativas y servidores de las mismas, bajo su directa supervisión.
Artículo 40. Sin perjuicio de las funciones de la Contraloría General de la República y de lo dispuesto en el Artículo 36, corresponde a las unidades de auditoría interna de las entidades a que se refieren el Artículo 9 numerales 1 al 11 de esta ley, evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial, así como el examen de los registros y estados financieros, para determinar su pertinencia y confiabilidad, y la evaluación de la eficiencia, eficacia y economía en el marco de las operaciones realizadas.
Artículo 41. Las unidades de auditoría interna, en el ámbito de sus competencias, podrán realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en el ente sujeto a su control para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones, así como para evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y de las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de su gestión.
Artículo 42. El control externo comprende la vigilancia, inspección y fiscalización ejercida por los órganos competentes del control fiscal externo sobre las operaciones de las entidades a que se refieren el Artículo 9, numerales 1 al 11 de esta ley, con la finalidad de:
5. Evaluar la eficiencia, eficacia, economía, calidad de sus operaciones, con fundamento en índices de gestión, de rendimiento y demás técnicas aplicables.
Artículo 43. Son órganos competentes para ejercer el control fiscal externo de conformidad con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y las ordenanzas aplicables.
Parágrafo Único: los órganos de control fiscal, la superintendencia nacional de auditoría interna y las máximas autoridades de los órganos y entidades a los que se refiere el Artículo 9, numerales 1 al 11, de la presente ley podrán ejercer sus facultades de control apoyándose en los informes, dictámenes y estudios técnicos emitidos por auditores, consultores y profesionales independientes, calificados y registrados por la Contraloría General de la República con sujeción a la normativa que al respecto dicte esta última. en el caso de los órganos de control fiscal externo, éstos podrán coordinar con los entes controlados para que sufraguen total o parcialmente el costo de los trabajos.
Artículo 44. Las Contralorías de los estados, de los distritos, distritos metropolitanos y de los municipios, ejercerán el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes de los órganos y entidades centralizados y descentralizados sujetos a su control de conformidad con la ley y a tales fines gozarán de autonomía orgánica funcional y administrativa.
Artículo 45. Sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República, la tutela que corresponda ejercer a un ente público respecto de otro comprenderá la promoción y vigilancia de la implantación y funcionamiento del sistema de control interno.
Artículo 46. La Contraloría General de la República y los demás órganos de control fiscal externo, en el ámbito de sus competencias, podrán realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo de cualquier naturaleza en los entes u organismos sujetos a su control, para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones, así como para evaluar el cumplimiento y los resultados de las políticas y de las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de su gestión.
Artículo 47. Los funcionarios de la Contraloría General de la República y de los demás órganos de control fiscal externo, mencionados en el Artículo 43 de esta ley, acreditados para la realización de un actuación de control, tendrán libre ingreso a las sedes y dependencias de los entes y organismos sujetos a la actuación, acceso a cualquier fuente o sistema de información, registros, instrumentos, documentos e información, necesarias para la realización de su función, así como competencia para solicitar dichas informaciones y documentos.
Las entidades del sector público sujetas a control están obligadas a proporcionar a los representantes de las firmas de auditores, consultores o profesionales independientes debidamente acreditados para la realización de una actuación, todas las informaciones necesarias sobre las operaciones que expresamente indique el órgano de control fiscal externo contratante.
Artículo 48. Las recomendaciones que contengan los informes de auditoría o de cualquier actividad de control, previa autorización del Contralor General de la República o de los demás titulares de los órganos de control fiscal externo cada uno dentro del ámbito de sus competencias, tienen carácter vinculante y por tanto, son de acatamiento obligatorio por parte de los entes sujetos a control. no obstante, antes de la adopción efectiva de la correspondiente recomendación, las máximas autoridades de las entidades a las que vayan dirigidas las mismas, podrán solicitar mediante escrito razonado, la reconsideración de las recomendaciones y proponer su sustitución. en este caso, los funcionarios de control fiscal indicados, podrán ratificar la recomendación inicial o dar su conformidad a la propuesta de sustitución.
Artículo 49. La Contraloría General de la República, podrá coordinar actuaciones de control con los demás órganos de control fiscal en los entes y organismos señalados en el Artículo 9 numerales 1 al 11 de esta ley, dentro del ámbito de sus competencias.
Artículo 50. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, cuando la Contraloría General de la República ordene o esté practicando una actuación de control, los demás órganos de control fiscal deberán abstenerse de iniciar actuaciones y si alguna estuviere en curso la suspenderán y remitirán a ésta los recaudos que le fueren solicitados.
Artículo 51. Quienes administren, manejen o custodien recursos de los entes y organismos señalados en el Artículo 9, numerales 1 al 11 de esta ley, estarán obligados a formar y rendir cuenta de las operaciones y resultados de su gestión, en la forma, oportunidad y ante el órgano de control fiscal que determine la Contraloría General de la República, mediante resolución que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Tienen igual obligación quienes administren o custodien, por cuenta y orden de los referidos entes y organismos, recursos pertenecientes a terceros. la rendición de cuentas implica la obligación de demostrar formal y materialmente, la corrección de la administración, manejo o custodia de los recursos.
Artículo 52. Quienes administren, manejen o custodien recursos de cualquier tipo afectados al cumplimiento de finalidades de interés público, provenientes de los entes y organismos señalados en Artículo 9, numerales 1 al 11, de esta ley, en la forma de transferencias, subsidios, aportes, contribuciones, o alguna otra modalidad similar, están obligados a establecer un sistema de control interno y a rendir cuenta de las operaciones y resultados de su gestión, de acuerdo con lo que establezca la resolución indicada en el Artículo anterior. Los administradores que incurran en irregularidades en el manejo de estos fondos serán sometidos a las acciones resarcitorias y sanciones, previstas en esta ley.
Artículo 53. El cuentadante que cese en sus funciones antes de la oportunidad fijada para la formulación y rendición de cuentas, previo a la separación del cargo, está igualmente obligado a formarla y rendirla de conformidad con lo previsto en el Artículo 51 de esta ley.
Artículo 56. Corresponde a los órganos de control fiscal, dentro del ámbito de sus competencias, y de conformidad con la resolución a que se refiere al Artículo anterior, el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación y declaratoria de fenecimiento de las cuentas.
En aquellos casos que se detecten irregularidades en las cuentas, el órgano de control fiscal ejercerá, dentro del ámbito de su competencia, las potestades para investigar y hacer efectivas las responsabilidades establecidas en la presente ley.
Artículo 58. como consecuencia de los resultados del examen de cuentas, los órganos de control fiscal, dentro del ámbito de sus competencias, formularán reparos a quienes hayan causado daños al patrimonio de la república o de los entes u organismos señalados en el Artículo 9, numerales 1 al 11, de esta ley, por una conducta omisiva o negligente en el manejo de los recursos que le correspondía administrar, así como por la convención del plan de organización, las políticas, normas, así como los métodos y procedimientos que comprenden el control interno.
Artículo 59. El fenecimiento de las cuentas operará de pleno derecho, una vez transcurrido el plazo indicado en el Artículo 57 de esta ley. En estos casos, salvo disposición expresa de la ley, no podrán ser ejercidas las acciones sancionatorias y resarcitorias previstas en esta ley en relación con las operaciones a que se refiera la cuenta, todo sin perjuicio de la imprescriptibilidad de las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra el patrimonio público.
Artículo 60. Cuando se determinen defectos de forma que no causen perjuicios pecuniarios, el órgano de control competente, formulará las observaciones pertinentes con el fin de que se hagan los ajustes correspondientes, sin perjuicio de que pueda otorgar el fenecimiento.
Artículo 61. Los órganos de control fiscal, dentro del ámbito de su competencia, podrán realizar auditorías, estudios, análisis e investigaciones respecto de las actividades de los entes y organismos sujetos a su control para evaluar los planes y programas en cuya ejecución intervengan dichos entes u organismos. Igualmente podrán realizar los estudios e investigaciones que sean necesarios para evaluar el cumplimiento y los resultados de las políticas y decisiones gubernamentales.
Artículo 62. Los órganos de control fiscal podrán, de conformidad con el Artículo anterior, efectuar estudios organizativos, estadísticos, económicos y financieros, análisis e investigaciones de cualquier naturaleza, para determinar el costo de los servicios públicos, los resultados de la acción administrativa y en general, la eficacia con que operan las entidades sujetas a su vigilancia, fiscalización y control.
Artículo 63. Los resultados y conclusiones de las actuaciones que practiquen los órganos de control fiscal, serán comunicados a las entidades objeto de dichas actuaciones y a las demás autoridades a quienes legalmente esté atribuida la posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias.
La verificación a que se refiere este Artículo, tendrá por objeto no sólo la comprobación de la sinceridad de los hechos en cuanto a su existencia y efectiva realización, sino también examinar si los registros y sistemas contables respectivos, se ajustan a las disposiciones legales prescritas.
Artículo 66. En ejercicio de sus atribuciones de control, los órganos de control fiscal externo podrán efectuar las fiscalizaciones que consideren necesarias en los lugares, establecimientos, vehículos, libros y documentos de personas naturales o jurídicas que sean contribuyentes, y responsables, definidos de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Tributario, o que en cualquier forma contraten, negocien o celebren operaciones con las entidades sujetas a su control, o que de alguna manera administren, manejen o custodien bienes o fondos de esas entidades.
Artículo 68. Los gastos destinados a la seguridad y defensa del estado estarán limitados a las erogaciones por operaciones de inteligencia realizadas por los organismos de seguridad del estado, tanto el país como en el servicio exterior: así como para actividades de protección fronteriza y para movimientos de unidades militares, en caso de conflicto interno o externo o de graves perturbaciones que pongan en peligro la paz de la república.
Artículo 69. Los recursos de las entidades y empresas constituidos en fideicomisos o bajo tutela de los entes y organismos a que se refieren en el Artículo 9, numerales 1 al 11, de esta ley, están sujetos al control y vigilancia de la Contraloría General de la República en cuanto a su administración financiera.
Artículo 72. La Contraloría General de la República, a los fines de unificar los sistemas y procedimientos de contabilidad de la administración pública, podrá prescribir las normas e instrucciones correspondientes para los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del poder público en los estados, en los distritos, en los municipios, en las demás entidades locales previstas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal y para los entes estadales, distritales o municipales a que se refieren los numerales 6 y del 9 al 11 del Artículo 9 de esta ley mediante resolución publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 73. A los fines del ejercicio de sus competencias en materia de contabilidad fiscal, la Contraloría General de la República deberá:
7. Orientar la formación y vigilar la actualización de los inventarios de bienes de los entes y organismos sujetos a su control.
Artículo 75. El Contralor General de la República mediante resolución que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dictará las normas destinadas a fomentar la participación de los ciudadanos, haciendo especial énfasis en los siguientes aspectos:
DE LAS POTESTADES DE INVESTIGACIÓN, LAS RESPONSABILIDADES Y LAS SANCIONES
2. Los órganos de control fiscal externo podrán ordenar a las unidades de auditoría interna del organismo, entidad o persona del sector público en el que presuntamente hubieren ocurrido los actos, hechos u omisiones a que se refiere el numeral anterior, que realicen las actuaciones necesarias, le informe los correspondientes resultados, dentro del plazo que acuerden a tal fin, e inicie siempre que existan indicios suficientes para ello, el procedimiento correspondiente para hacer efectivas las responsabilidades a que hubiere lugar.
Artículo 78. La Contraloría General de la República podrá solicitar declaraciones juradas de patrimonio a los funcionarios, empleados y obreros del sector público a los particulares que hayan desempeñado tales funciones o empleos, a los contribuyentes o responsables, según el Código Orgánico Tributario, y a quienes en cualquier forma contraten, negocien o celebren operaciones relacionadas con el patrimonio público, o reciban aportes, subsidios, otras transferencias o incentivos fiscales. Dichas declaraciones deberán reflejar la real situación patrimonial del declarante para el momento de la declaración.
Parágrafo Único: El Contralor General de la República podrá disponer la presentación periódica de declaraciones juradas de patrimonio a cargo de los funcionarios, empleados u obreros de las entidades señaladas en los numerales 1 al 11 del Artículo 9 de esta ley. La declaración jurada de patrimonio deberá ser hecha bajo juramento de decir la verdad, en papel común, sin estampillas y por ante los funcionarios que el Contralor General de la República autorice para recibirlas.
Artículo 79. Las investigaciones a que se refiere el Artículo 77 tendrán carácter reservado, pero si en el curso de una investigación el órgano de control fiscal imputare a alguna persona actos hechos u omisiones que comprometan su responsabilidad, quedará obligado a informarla de manera específica y clara de los hechos que se le imputan. En estos casos, el imputado tendrá inmediatamente acceso al expediente, podrá promover todos los medios probatorios necesarios para su defensa de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico.
Artículo 81. De las actuaciones preliminares realizadas de conformidad con el Artículo 77 de esta ley, se formará expediente y se dejará constancia de sus resultados en un informe, con base en el cual el órgano de control fiscal, mediante auto motivado, ordenará el archivo de las actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento previsto en el Capítulo IV de este Título, para la formulación de reparos, determinación de la responsabilidad administrativa, o la imposición de multas, según corresponda.
Artículo 82. Los funcionarios, empleados y obreros que presten servicios en los entes señalados en Artículo 9, numerales 1 al 11, de esta ley, así como los particulares a que se refiere el Artículo 52 de esta ley, responden penal, civil y administrativamente de los actos hechos u omisiones contrarios a norma expresa en que incurran con ocasión del desempeño de sus funciones.
Artículo 84. La responsabilidad civil se hará efectiva de conformidad con las leyes que regulan la materia y mediante el procedimiento de reparo regulado en esta Ley y su Reglamento, salvo que se trate de materias reguladas por el Código Orgánico Tributario, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones en él contenidas.
3. La fecha en que se rindió la cuenta u ocurrieron los hechos en razón de los cuales se formula al reparo.
5. La fijación del monto del reparo, y si éste es de naturaleza tributaria, la discriminación de los montos exigibles por tributos, los recargos, los intereses y las sanciones que correspondan.
6. La indicación de los recursos que proceden, señalando los lapsos para ejercerlos y los órganos o tribunales ante los cuales deben interponerse.
Artículo 87. Los funcionarios encargados de hacer efectiva las liquidaciones de los reparos, deberán notificar inmediatamente su recaudación al órgano de control fiscal que hubiere emitido el reparo.
Artículo 88. La formulación de reparos no excluye la responsabilidad por las fallas que, en relación con los mismos, tengan los respectivos funcionarios.
Parágrafo Único: A los fines de este Artículo, la Contraloría General de la República remitirá a la unidad de auditoría interna o la Contraloría externa correspondiente, el expediente integrado por los elementos de convicción o prueba que hubiere recabado. Dichos órganos de control fiscal aplicarán el procedimiento establecido en esta Ley para la determinación de responsabilidades.
7. La ordenación de pagos por bienes, obras o servicios no suministrados, realizados o ejecutados, total o parcialmente o no contratados, así como por concepto de prestaciones, utilidades, bonificaciones, dividendos, dietas u otros conceptos, que en alguna manera discrepen de las normas que las consagran. En estos casos la responsabilidad corresponderá a los funcionarios que intervinieron en el procedimiento de ordenación del pago por cuyo hecho, acto u omisión se haya generado la irregularidad.
12. Efectuar gastos o contraer compromisos de cualquier naturaleza que puedan afectar la responsabilidad de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del Artículo 9 de esta ley, sin autorización legal previa para ello, o sin disponer presupuestariamente de los recursos necesarios para hacerlo: salvo que tales operaciones sean efectuadas en situaciones de emergencia evidentes, como en casos de catástrofes naturales, calamidades públicas, conflicto interior o exterior u otros análogos, cuya magnitud exija su urgente realización, pero informando de manera inmediata a los respectivos órganos de control fiscal, a fin de que procedan a tomar las medidas que estimen convenientes, dentro de los límites de esta ley.
15. La aprobación o autorización con sus votos, de pagos ilegales o indebidos, por parte de los miembros de las juntas directivas o de los cuerpos colegiados encargados de la administración del patrimonio de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del Artículo 9 de esta ley, incluyendo a los miembros de los cuerpos colegiados que ejercen la función legislativa en los Estados, Distritos y Municipios.
16. Ocultar, permitir el acaparamiento o negar injustificadamente a los usuarios, las planillas, formularios, formatos, o especies fiscales, tales como timbres fiscales y papel sellado, cuyo suministro corresponde a alguno de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del Artículo 9 de esta ley.
20. El concierto con los interesados para que se produzca un determinado resultado o la utilización de maniobras o artificios conducentes a ese fin, que realice un funcionario al intervenir, por razón de su cargo, en la celebración de algún contrato, concesión, licitación en la liquidación de haberes o efectos del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del Artículo 9 de esta ley o en el suministro de los mismos.
22. El empleo de fondos de alguno de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del Artículo 9 de esta ley en finalidades diferentes de aquellas a que estuvieron destinados por ley, reglamento o cualquier otra norma incluida la normativa interna o acto administrativo.
23. Quienes ordenen iniciar la ejecución de contratos de contravención a una norma legal, los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno.
24. Quienes estando obligados a permitir las visitas de inspección o fiscalización de los órganos de control se negaren a ello no les suministraren los libros, facturas y demás documentos que requieren para el mejor cumplimiento de sus funciones.
29. Cualquier otro acto, hecho u omisión contrario a una norma legal o sublegal, al plan de organización, las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno.
Artículo 92. Las máximas autoridades, los niveles directivos y gerenciales de los organismos señalados en los numerales 1 al 11 del Artículo 9 de esta ley, además de estar sujetos a las responsabilidades definidas en este Capítulo, comprometen su responsabilidad administrativa cuando no dicten las normas, manuales de procedimientos, métodos y demás instrumentos que constituyan el sistema de control interno, o no lo implanten, o cuando no acaten las recomendaciones que contengan los informes de auditoría o de cualquier actividad de control autorizados por los titulares de los órganos de control fiscal externo, en los términos previstos en el Artículo 48 de esta ley, o cuando no procedan a revocar la designación de los titulares de los órganos de control en los casos previstos en el Artículo 32 de esta ley, salvo que demuestren que las causas del incumplimiento no le son imputables.
1. Declarar la responsabilidad administrativa de los funcionarios, empleados y obreros que presten servicio en los entes señalados en los numerales 1 al 11 del Artículo 9 de esta ley, así como los particulares que hayan incurrido en los actos, hecho u omisiones generadores de dicha responsabilidad.
Artículo 94. Serán sancionados, de acuerdo a la gravedad de la falta y a la entidad de los perjuicios causados, con multa de cien (100) a un mil (1.000) unidades tributarias, que impondrán los órganos de control previstos en esta Ley, de conformidad con su competencia:
2. Quienes incurran reiteradamente en errores u omisiones en la transmisión de los asuntos que deban someter a la consideración de los órganos de control fiscal.
5. Quienes estando obligados a ello, no envíen dentro del plazo fijado, los informes, libros y documentos que los órganos de control fiscal les requieran.
6. Quienes designen a los titulares de los órganos de control fiscal en los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley al margen de la normativa que regula la materia.
Artículo 96. Si como consecuencia del ejercicio de las funciones de control o de las potestades investigativas establecidas en esta Ley, sugieren elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de multas, el órgano de control fiscal respectivo iniciará el procedimiento mediante auto motivado que se notificará a los interesados, según lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
El procedimiento, podrá igualmente ser iniciado por denuncia, o a solicitud de cualquier organismo o empleado público, siempre que a la misma se acompañen elementos suficientes de convicción o prueba que permitan presumir fundamentalmente la responsabilidad de personas determinadas.
La denuncia podrá ser presentada por escrito, firmada en original ante el órgano competente, o a través de medios electrónicos, tales como correos de este tipo dirigidos a dichos órganos.
Artículo 97. Cuando a juicio del órgano de control fiscal que realiza una investigación o actuación de control existan elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de multas a funcionarios de alto nivel de los entes y organismos a que se refieren los numerales 1 al 11 del Artículo 9 de esta ley, que se encuentren en ejercicio de sus cargos, deberán remitir inmediatamente el expediente a la Contraloría General de la República con el fin de que ésta, mediante auto motivado que se notificará a los interesados, según lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, continúe la investigación, decida el archivo de las actuaciones realizadas o inicie el procedimiento para la determinación de responsabilidades.
Artículo 98. En el auto de apertura, a que se refiere el Artículo 96, se describirán los hechos imputados, se identificarán los sujetos presuntamente responsables y se indicarán los correspondientes elementos probatorios y las razones que comprometen, presumiblemente, su responsabilidad. Con la notificación del auto de apertura los interesados quedarán a derecho para todos los efectos del procedimiento.
Artículo 101. Vencido el plazo a que se refiere el Artículo 99 de esta Ley, se fijará por auto expreso el décimo quinto (15) día hábil siguiente, para que los interesados o sus representantes legales expresen, en forma oral y publica, ante el titular del órgano de control fiscal o su delegatario, los argumentos que consideren les asisten para la mejor defensa de sus intereses. Si en el procedimiento hubieren varios interesados, el auto a que se refiere este Artículo será dictado al día siguiente a que venza el plazo acordado y notificado al último de los interesados.
Efectuado este acto, se podrá dictar un auto para mejor proveer, en el cual se establecerá un término no mayor de quince (15) días hábiles su cumplimiento.
Artículo 103. La autoridad competente decidirá el mismo día o a más tardar el día siguiente, en forma oral y pública, si formula el reparo, declara la responsabilidad administrativa, impone la multa, absuelve de dichas responsabilidades, o pronuncia el sobreseimiento, según corresponda. Si se ha dictado auto para mejor proveer la decisión se pronunciará en la misma forma indicada en este Artículo, al día siguiente de cumplido dicho auto o su término.
Las decisiones a que se refiere el presente Artículo se harán constar por escrito, en el respectivo expediente, en el término de cinco (5) días hábiles después de pronunciadas, y tendrán efectos de inmediato.
Artículo 104. La decisión mediante la cual se acuerde no formular el reparo o revocarlo por no existir daño al patrimonio del ente, sea en sede administrativa o jurisdiccional, se pronunciará acerca de si generaron los supuestos de responsabilidad administrativa establecidos en el Artículo 91 de la presente ley, en cuyo caso el órgano de control fiscal que ventiló el procedimiento deberá, sin más trámites declarar la responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el título III, Capítulo II de esta Ley.
Artículo 105. La declaratoria de responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en los Artículos 91 y 92 de esta ley será sancionada con la multa prevista en el Artículo 94, de acuerdo con la gravedad de la falta y el monto de los perjuicios que se hubieren causado. Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable, cuya ejecución quedará a cargo de la máxima autoridad; e imponer, atendiendo la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años, en cuyo caso deberá remitir la información pertinente a la dependencia responsable de la administración de los recursos humanos del ente u organismo en el que ocurrieron los hechos para que realice los trámites pertinentes.
En el caso de las decisiones dictadas por los demás órganos de control fiscal se podrá interponer, dentro del mismo lapso contemplado en este Artículo, recurso de nulidad por ante la Corte Primera de lo Contenciosos Administrativo.
Artículo 110. La interposición de los recursos a que se refieren los Artículos anteriores no suspende la ejecución de las decisiones que dictaminen la responsabilidad administrativa, impongan multas o formulen reparos.
Artículo 111. El procedimiento pautado en este Capítulo no impide el ejercicio inmediato de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar ante los tribunales competentes y los procesos seguirán su curso, sin que pueda alegarse excepción alguna por la falta de cumplimiento de requisitos o formalidades exigidos por esta ley.
Artículo 112. El Contralor General de la República y con su previa autorización, los titulares de los demás órganos de control fiscal externo, podrán adoptar en cualquier momento, mediante acto motivado, las medidas preventivas que resulten necesarias cuando en el curso de una investigación se determine que existe riesgo manifiesto de daño al patrimonio de alguno de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del Artículo 9 de esta ley, o de que quede ilusoria la ejecución de la decisión.
Artículo 113. Las medidas preventivas deberán estar preventivas deberán estar expresamente previstas y ajustarse a la proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretendan garantizar en cada supuesto concreto, hasta tanto los órganos jurisdiccionales se pronuncien al respecto.
Dicho término se comenzará a contar desde la fecha de ocurrencia del hecho, acto u omisión que origine la responsabilidad administrativa, la imposición de la multa o la formulación del reparo; sin embargo, cuando el infractor fuere funcionario público, la prescripción comenzará a contarse desde la fecha de cesación en el cargo o función ostentado para la época de ocurrencia de la irregularidad. Si se tratare de funcionarios que gocen de inmunidad, se contará a partir del momento en que esta hubiere cesado o haya sido allanada. Si durante el lapso de prescripción el infractor llegare a gozar de la inmunidad, se continuarán los procedimientos que pudieran dar lugar a las acciones administrativas, sancionatorias o resarcitorias que correspondan.
2. Por la notificación a los interesados del auto de apertura del procedimiento para la determinación de responsabilidades establecido en esta ley.
3. Por cualquier actuación fiscal, notificada a los interesados, en la que se haga constar la existencia de irregularidades, siempre que se inicie el procedimiento para la determinación de responsabilidades establecido en esta ley.
Artículo 117. Los procedimientos administrativos para la determinación de la responsabilidad administrativa, la imposición de multas o la formulación de reparos, que se encuentren en curso para el momento de entrada en vigencia de esta ley, se seguirán tramitando conforme a los establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.017 Extraordinario del trece (13) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Artículo 118. En caso de concurrencia de infracciones salvo disposición especial, se aplicará la sanción más grave, aumentada, si fuese procedente, con la mitad de las otras sanciones aplicables.
Artículo 119. Sin perjuicio de los recursos administrativos o judiciales a que haya lugar de conformidad con la ley, los funcionarios competentes de los órganos de control fiscal, podrán, en cualquier momento, revocar de oficio sus propias decisiones, siempre que las mismas no hubieren originado derechos subjetivos o intereses legítimos que puedan afectarse por la revocatoria.
Artículo 123. La Contraloría podrá desincorporar o destruir, después de diez (10) años de incorporados a sus archivos, los documentos en los cuales no conste derechos o acciones a favor de los entes sujetos a su control o que hayan quedado desprovistos de efectos jurídicos.
La Contraloría podrá copiar sus archivos por medios fotográficos o por cualquier otro procedimiento idóneo de reproducción. En este caso, el organismo contralor certificará la autenticidad de las reproducciones, las cuales surtirán los mismos efectos jurídicos que los originales.
Artículo 124. La Contraloría General de la República podrá ejercer en todo momento previa resolución del Contralor publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, cualquier tipo de control previo sobre las actuaciones de cualesquiera de los órganos que conforman el poder público, y éstos deberán acatar las decisiones que la Contraloría adopte.
Artículo 125. Los órganos de control fiscal externo señalados en los numerales 2 al 4 del Artículo 43 de esta Ley se abstendrán de practicar actividades de control previo cuando se aseguren, previa evaluación, que el sistema de control interno del respectivo ente territorial garantiza el cumplimiento de los requisitos señalados en el Artículo 38 de esta ley.
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los Diecisiete días del mes de diciembre de dos mil uno. Año 191° de la Independencia y 142° de la Federación.
Materias relacionadas: Contraloría General de la República , GO 37347 , Sistema Nacional de Control Fiscal

References: Artículo 2

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 16

Artículo 17
 Artículo 9

Artículo 26

Artículo 27
 Artículo 9

Artículo 28
 resolución 
 Artículo 9

Artículo 31
 Artículo 9

Artículo 32
 Artículo 9
 Artículo 94

Artículo 33
 Artículo 26

Artículo 34
 Artículo 9

Artículo 38
 Artículo 9

Artículo 39
 Artículo 35

Artículo 40
 Artículo 36
 Artículo 9

Artículo 41

Artículo 42
 Artículo 9

Artículo 43
 Artículo 9

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47
 Artículo 43

Artículo 48

Artículo 49
 Artículo 9

Artículo 50

Artículo 51
 Artículo 9
 resolución 

Artículo 52
 Artículo 9
 resolución 

Artículo 53
 Artículo 51

Artículo 56
 resolución 

Artículo 58
 Artículo 9

Artículo 59
 Artículo 57

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 66

Artículo 68

Artículo 69
 Artículo 9

Artículo 72
 Artículo 9
 resolución 

Artículo 73

Artículo 75
 resolución 

Artículo 78
 Artículo 9

Artículo 79
 Artículo 77

Artículo 81
 Artículo 77

Artículo 82
 Artículo 9
 Artículo 52

Artículo 84

Artículo 87

Artículo 88
 Artículo 9
 Artículo 9
 Artículo 9
 Artículo 9
 Artículo 9

Artículo 92
 Artículo 9
 Artículo 48
 Artículo 32
 Artículo 9

Artículo 94
 artículo 9

Artículo 96

Artículo 97
 Artículo 9

Artículo 98
 Artículo 96

Artículo 101
 Artículo 99

Artículo 103

Artículo 104
 Artículo 91

Artículo 105
 Artículo 94

Artículo 110

Artículo 111

Artículo 112
 Artículo 9

Artículo 113

Artículo 117

Artículo 118

Artículo 119

Artículo 123

Artículo 124
 resolución 

Artículo 125
 Artículo 43
 Artículo 38