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Timestamp: 2018-11-21 08:19:49+00:00

Document:
﻿ Sentencia C-332 de mayo 12 de 2010
SENTENCIA C-332 DE 12 DE MAYO DE 2010
CONTENIDO:MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR. SE DECLARA INEXEQUIBLE EL DECRETO 130 DE 2010, “POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR, EN DESARROLLO DEL DECRETO 4975 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2009”.
TEMAS ESPECÍFICOS:MONOPOLIO RENTÍSTICO, ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR JUEGOS DE AZAR
Sentencia C-332 de mayo 12 de 2010
Ref.: Expediente R.E-161
Revisión oficiosa del Decreto Legislativo 130 de 2010, “Por medio del cual se dictan disposiciones del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, en desarrollo del Decreto 4975 del 23 de diciembre de 2009”.
EXTRACTOS: «2. Texto del decreto.
“DECRETO 130 DE 2010
Diario Oficial Nº 47.599 de 21 de enero de 2010
“Adicional a los derechos de explotación, cuando el juego se opere a través de terceros, estos reconocerán a la entidad administradora del monopolio por concepto de gastos de administración, un valor equivalente al cinco por ciento (5%) de los derechos de explotación. Para el caso de contratos de concesión de apuestas permanentes, ese porcentaje será del tres por ciento (3%).
PAR.—En el caso de Bogotá y Cundinamarca, los gastos de administración se distribuirán así: 70% para Bogotá y 30% para Cundinamarca”.
ART. 4º—Operación de juegos localizados en cruceros. Los juegos localizados a bordo de los cruceros podrán operarse mientras estén atracados en puertos o bahías colombianas, sin que se requiera de concesión, para el servicio exclusivo de sus pasajeros y en las condiciones que determine la autoridad encargada de autorizar la operación de los juegos localizados. Los derechos de explotación y los cargos por gastos de administración son los que se establecen para los juegos localizados y deben ser pagados por el agente marítimo que actúa como representante legal de la empresa operadora de cruceros en el país. El cincuenta por ciento (50%) de los derechos de explotación se dirigirá al Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud, Fonpres, y el otro cincuenta por ciento (50%) de los derechos de explotación, junto con los gastos de administración, corresponde al respectivo municipio en que atraque el crucero, con destino a la financiación de servicios de salud a su cargo. La Comisión de Regulación de Juegos de Suerte y Azar establecerá la forma como se presentará la información para determinar los derechos de explotación y los gastos de administración, y cómo se hará su correspondiente recaudo, que podrá contemplar autoliquidaciones, cobros anticipados y cobros a prorrata por los días que permanezca el crucero en puertos colombianos.
“ART. 42.—Destinación de las rentas del monopolio. Con las excepciones que establezcan las disposiciones legales, los recursos obtenidos por los departamentos, el Distrito Capital y municipios, como producto del monopolio de juegos de suerte y azar se destinarán de acuerdo a la siguiente distribución:
3. El uno por ciento (1%) con destino al Fondo de Capacitación de los Profesionales de la Salud.
PAR. 2º—La renta o los derechos de explotación que se generen por concepto de la explotación del juego novedoso lotto en línea, se destinarán en primer lugar, al pago del pasivo pensional territorial del sector salud, que se viene asumiendo de acuerdo con la Ley 60 de 1993 y la Ley 715 de 2001 en forma compartida, en concordancia con la Ley 549 de 1999. Una vez realizado el pago de dicha deuda, acreditado según certificación expedida por el departamento, los recursos de que trata este parágrafo se destinarán según lo establecido en el presente artículo”.
Fortalecimiento del monopolio para la eficiencia y generación de rentas.
ART. 9º—Condiciones de operación de las concesiones. Adiciónese un inciso al artículo 7º de la Ley 643 de 2001, que quedará así: “Los explotadores y administradores de los juegos de suerte y azar deberán incluir en las condiciones de evaluación para la selección de los terceros operadores, criterios que contemplen beneficios para los vendedores y colocadores dependientes e independientes, tales como montos de comisiones, condiciones laborales y de protección y seguridad social, cuando la operación requiera de esos vendedores o colocadores. Corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, señalar las pautas generales que deben reunir estos criterios”.
“PAR.—La comercialización de lotería tradicional se podrá efectuar por medio de canales electrónicos, sin que por ello se conviertan en juegos novedosos, de acuerdo con la reglamentación que para tal fin expida la Comisión de Regulación de Juegos de Suerte y Azar”.
“ART. 14.—Administración de las loterías. Las loterías tradicionales o de billetes serán administradas por empresas industriales y comerciales del Estado, o por sociedades de capital público departamental (SCPD), o por las asociaciones voluntarias de loterías, o por la asociación obligatoria de explotadores.
Previo el cumplimiento de las condiciones de retiro previstas en las sociedades de capital público departamental (SCPD) o en las asociaciones de loterías, los departamentos, el Distrito Capital o las entidades administradoras de lotería, podrán retirarse libremente y solicitar el pago de sus aportes en las sociedades o asociaciones respectivas, para luego explotar directamente el monopolio o formar parte de otra sociedad o asociación. No se podrá ejercer el retiro de la asociación obligatoria de explotadores”.
“ART. 15.—Modalidades de explotación y administración asociada. La explotación y administración asociada del juego de lotería se podrá hacer a través de sociedades de capital público departamental (SCPD), asociaciones voluntarias de loterías o de la asociación obligatoria de explotadores, así:
b. Que la empresa de lotería se encuentre en causal de disolución y
La asociación obligatoria de explotadores tendrá un plazo de un (1) año para que directa o indirectamente inicie la operación del juego. Vencido este plazo sin que se inicie la operación del juego, corresponde a la Comisión de Regulación de Juegos de Suerte y Azar la entrega en concesión de la operación a terceros; igual facultad se aplicará si la asociación incurre en causal de disolución o liquidación”.
ART. 13.—Condiciones de operación en línea y en tiempo real de los juegos localizados. Corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud establecer las condiciones de confiabilidad en la operación de los juegos de suerte y azar localizados, así como los estándares y requerimientos técnicos mínimos que permitan su efectiva conexión en línea y en tiempo real para identificar, procesar y vigilar el montó de los premios y de los ingresos brutos como base del cobro de derechos de explotación y gastos de administración.
“ART. 37.—Eventos hípicos. Corresponde a cada uno de los departamentos y al Distrito Capital, la explotación, como arbitrio rentístico, de los eventos y las apuestas hípicas.
“e) Conectividad y control. La operación de los juegos de suerte y azar deberá hacerse a través de condiciones que garanticen el control del Estado y el ejercicio del autocontrol por parte de los administradores y operadores del monopolio, y bajo parámetros electrónicos o de conectividad que contemplen el uso de herramientas actualizadas de máxima seguridad y alta tecnología.
Los apostadores que realicen apuestas o juegos no autorizados o ilegales, serán solidarios con el operador del juego ilegal en el pago de los derechos de explotación”.
“ART. 5º—Definición de juegos de suerte y azar.
PAR. 2º—Sin perjuicio del pago de los derechos que deben hacerse y de las acciones de policía que pueden ejercer las autoridades competentes, la realización de sorteos sin cumplir con las condiciones y términos que establezca la Comisión de Regulación de Juegos de Suerte y Azar, será considerada una práctica indebida y prohibida y dará lugar a sanción a las personas naturales y jurídicas, y a sus directivos y representantes legales, que incurran en esa práctica, equivalente a multa hasta de cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, consignados a favor del Fondo Anticorrupción del sector salud. Corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud la vigilancia sobre esta medida, el adelantamiento del procedimiento administrativo sancionatorio y la imposición de la multa correspondiente”.
“(...). Son locales de juegos aquellos establecimientos en que se operan exclusivamente este tipo de juegos y que requieren la presencia del apostador.
El funcionamiento de los establecimientos dedicados a la operación de juegos localizados solo podrá hacerse en establecimientos dedicados exclusivamente a esa actividad y para su operación requerirán de concepto previo favorable del alcalde del municipio donde operará el juego, referido a las condiciones que se establezcan en los planes de ordenamiento territorial, especialmente en lo relativo a uso de suelos, ubicación y distancia mínima que se respetará respecto de instituciones educativas. Los cambios en la ubicación del local de operación deberán contar con ese concepto previo y con las condiciones que establezca el reglamento del juego. La respuesta a la petición de autorización, deberá expedirse en un término no mayor a treinta (30) días siguientes a la radicación de la petición”.
PAR. TRANS.—La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, tendrá hasta seis (6) meses para asumir estas competencias, contados a partir de la vigencia de la presente disposición, sin perjuicio de que en ese término pueda asumir gradualmente esas funciones. Mientras esto ocurre, la competencia estará radicada en la Empresa Territorial para la Salud, Etesa, o la entidad que haga sus veces.
“ART. 44.—Sanciones por evasión de los derechos de explotación. Sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar y de las sanciones administrativas y aduaneras que impongan las autoridades competentes, y de la responsabilidad fiscal, las entidades públicas administradoras del monopolio y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en relación con los derechos de explotación de su competencia, podrán imponer las siguientes sanciones por los siguientes hechos, mediante el procedimiento administrativo consagrado en la parte primera del Código Contencioso Administrativo, o el que lo modifique o sustituya, previa solicitud de explicaciones:
La pena se aumentará en una tercera parte cuando la conducta fuere cometida por el particular que sea concesionario, representante legal o empresario legalmente autorizado para la explotación de un monopolio rentístico, y hasta la mitad, cuando lo fuere por un servidor público de cualquier entidad titular de un monopolio de arbitrio rentístico o cuyo objeto sea la explotación o administración de este”.
ART. 32.—Consejo de comisionados. El consejo de comisionados, ejercerá las funciones de política y regulación de los juegos, de seguimiento de las funciones asignadas a la comisión, y estará integrado por.
El Ministro de la Protección Social o su delegado, quien lo presidirá. El director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado.
ART. 33.—Comisionados expertos. Los comisionados expertos de la Comisión de Regulación en Juegos de Suerte y Azar serán de dedicación exclusiva y ejercerán por periodos individuales de tres (3) años, reelegibles por una sola vez, serán los encargados de preparar, emitir y suscribir, con el presidente del consejo de comisionados, los conceptos con carácter general y abstracto sobre la aplicación e interpretación de la normatividad que rige la actividad monopolizada de los juegos de suerte y azar.
El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar mantendrá vigentes sus funciones establecidas en la Ley 643 de 2001, hasta la entrada en funcionamiento de la Comisión de Regulación de Juegos de Suerte y Azar. Corresponde al Ministerio de la Protección Social el establecimiento de la forma de recaudo y giro de la contribución parafiscal para la seguridad social de los colocadores independientes profesionalizados de loterías y/o apuestas permanentes.
Mediante Sentencia C-252 de 2010, esta corporación judicial declaró la inexequibilidad del Decreto 4975 de 2009, por el cual el Presidente de la República declaró el estado de emergencia social, por un periodo de treinta días.
En dicho pronunciamiento, la Corte decidió que los efectos de la decisión, respecto de las normas dictadas en su desarrollo que “establecieran fuentes tributarias orientadas exclusivamente al goce efectivo del derecho a la salud”, serían diferidos en el tiempo hasta el 16 de diciembre de 2010.
El Decreto Legislativo 130 de 2010, “Por medio del cual se dictan disposiciones del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, en desarrollo del Decreto 4975 del 23 de diciembre de 2009”, fue expedido con fundamento en el precitado Decreto 4975 de 2009.
En efecto, esta corporación ha explicado que la inconstitucionalidad por consecuencia de los decretos legislativos consiste en el “decaimiento de los decretos posteriores a raíz de la desaparición sobreviniente de la norma que permitía al Jefe de Estado asumir y ejercer las atribuciones extraordinarias previstas en la Constitución”(13). Ha agregado, que en este supuesto, “la Corte Constitucional no puede entrar en el análisis de forma y fondo de cada uno de los decretos legislativos expedidos, pues todos carecen de causa jurídica y son inconstitucionales por ello, independientemente que las normas que consagran consideradas en sí mismas, pudieran o no avenirse a la Constitución”(14).
6.2. El posible efecto diferido de la presente decisión.
Dado que en la Sentencia C-252 de 2010, esta corporación judicial decidió que los efectos de la decisión, respecto de las normas dictadas en su desarrollo que “establecieran fuentes tributarias orientadas exclusivamente al goce efectivo del derecho a la salud”, serían diferidos en el tiempo, a fin de establecer si el Decreto Legislativo 130 de 2010 contiene disposiciones de esta naturaleza, a continuación la Sala estudiará con particular detenimiento aquellos de sus artículos que en alguna forma puedan considerarse como determinantes de nuevos ingresos públicos.
6.2.1. Medidas adoptadas en el Decreto 130 de 2010 relacionadas con la generación de recursos para el SGSSS; análisis de aquellas susceptibles de generar concretamente “recursos tributarios”.
En las consideraciones siguientes, la Sala se detendrá a examinar exclusivamente aquellas disposiciones contenidas en el Decreto 130 de 2010 que sean susceptibles de generar recursos con destino al sistema de seguridad social en salud, con el fin de establecer si tales recursos pueden ser calificados como de origen tributario.
6.2.1.1. Cobro de premios y destinación de premios no reclamados.
En el artículo 1º del Decreto Legislativo 130 de 2010, se dispone, entre otras cosas, lo siguiente:
— Se establece un término de prescripción de un año para el cobro del premio de todos los juegos de suerte y azar.
— Se establece una caducidad de un año para intentar la acción judicial de reclamo del premio, cuando este no es pagado voluntariamente.
— Se establece que ocurrida la prescripción extintiva del derecho o la caducidad de la acción judicial, el 100% del valor del premio se destinará a la unificación de los planes de beneficios del sistema general de seguridad social en salud(15).
Al parecer de la Sala, no existen razones para estimar que son de carácter tributario los recursos que puedan generarse por la apropiación pública de los premios respecto de los cuales hayan operado los fenómenos jurídicos de la caducidad o de la prescripción. Se trata de la apropiación por el Estado de bienes o valores que pueden considerarse res nullius (cosa de nadie).
6.2.1.2. Giro directo de los derechos de explotación de apuestas permanentes o chance.
El artículo 2º del decreto bajo examen ordena que en el juego de apuestas permanentes o chance los derechos de explotación sean girados directamente por parte de los operadores del juego a los respectivos fondos de salud.
Como fácilmente puede apreciarse, esta medida solo se refiere a la modificación del sistema de flujo de recursos, pero no a la generación de recursos tributarios.
6.2.1.3. Gastos de administración.
La Ley 643 de 2001 disponía que sin perjuicio de los derechos de explotación, cuando el juego se operara a través de terceros, estos reconocerían a la entidad administradora del monopolio como gastos de administración un porcentaje “no superior al uno por ciento (1%) de los derechos de explotación”.
El artículo 3º del Decreto 130 de 2010 modifica lo anterior y dispone que “cuando el juego se opere a través de terceros, estos reconocerán a la entidad administradora del monopolio por concepto de gastos de administración, un valor equivalente al cinco por ciento (5%) de los derechos de explotación. Para el caso de contratos de concesión de apuestas permanentes, ese porcentaje será del tres por ciento (3%)” (negrillas y subrayas fuera del original).
Como fácilmente puede apreciarse, lo que la nueva disposición prescribe es el incremento del pago hecho por el particular que explota el monopolio en virtud de una concesión, a la entidad pública administradora del monopolio, por concepto de “gastos de administración del monopolio”. Este concepto es de difícil catalogación como ingreso tributario, pues si bien podría llegar a ser considerado como una tasa, con más propiedad corresponde a un precio pagado por quien explota el monopolio, como contraprestación por los gastos administrativos en que incurra el titular del mismo. Según el mismo Gobierno lo explica en su intervención dentro del presente proceso, los gastos de administración “son sumas que sirven a la administración, lo que incluye acciones de promoción, control y seguimiento de los juegos”(16), por lo que no es claro que se trate de sumas pagadas por el usuario de un servicio para recuperar los costos de tal prestación. Esta falta de claridad impide catalogar los gastos de administración como tasas, y por tanto como ingresos tributarios.
6.2.1.4. Operación de juegos localizados en cruceros.
Los cruceros que atracan en puertos colombianos no tenían en la legislación anterior una regulación específica en cuanto a los juegos de azar se refiere. El decreto contiene normas relativas al establecimiento de (i) derechos de explotación y (ii) cargos por gastos de administración, de juegos localizados a bordo de los cruceros.
a. Derechos de explotación:
En lo que concierne al establecimiento de la obligación de pagar “derechos de explotación” sobre los juegos de suerte y azar localizados a bordo de cruceros, sin duda el decreto contiene una nueva fuente de recursos con destinación al sistema general de seguridad social en salud. No obstante, los derechos de explotación de un monopolio rentístico no pueden ser equiparados a ingresos tributarios. Ellos son la renta del monopolio que por la operación de cada juego debe pagar el operador(17). Los derechos de explotación y los tributos son conceptos jurídicos diferentes, según pasa a explicarse:
Los ingresos tributarios han sido clasificados por la jurisprudencia de esta corporación en tres categorías distintas, a saber: (i) impuestos, noción que corresponde a aquellas erogaciones pecuniarias directas a favor del Estado, que no originan una contraprestación para el contribuyente, sino una retribución colectiva, indirecta y no equivalente(18); (ii) tasas, que son “ingresos tributarios que se establecen unilateralmente por el Estado, pero solo se hacen exigibles en el caso de que el particular decida utilizar el servicio público correspondiente”(19); y (iii) contribuciones parafiscales que (sic) cargas obligatorias que “se cobran solo a un gremio o colectividad específica y se destinan a cubrir las necesidades o intereses de dicho gremio o comunidad”(20).
Ahora bien, los derechos de explotación de un monopolio rentístico no coinciden con ninguno de los anteriores conceptos; en efecto, ellos son la renta del monopolio que por la operación de cada juego debe pagar el operador(21). La noción equivale más bien al pago de un “precio” por el privilegio de explotar el monopolio público.
La distinción entre los derechos de explotación de los monopolios públicos y los impuestos fue hecha por el propio constituyente, según pasa a verse:
Ciertamente, en dicha asamblea se propuso sustituir las rentas provenientes de la explotación de los monopolios públicos, por impuestos sobre los bienes o servicios monopolizados, propuesta que no hubiera podido ser formulada sino partiendo de la diferencia conceptual entre la renta del monopolio (derechos de explotación), y los gravámenes tributarios sobre el consumo del bien o el servicio monopolizado. Este análisis fue hecho en la Sentencia C-1191 de 2001 en donde al respecto se dijo:
“18. Una revisión de los antecedentes del artículo 336 de la Carta muestra que el mantenimiento de los monopolios rentísticos fue altamente cuestionado en la Asamblea Nacional Constituyente. Así, la Comisión Quinta(12) propuso eliminar estos monopolios para, en su lugar, permitir la imposición de tributos sobre el consumo de los bienes y servicios correspondientes, supliendo con ello la necesidad de captar determinados recursos, pero dejando a los particulares la explotación de tales actividades. Dijo entonces la respectiva ponencia(13):
Nótese como con toda claridad en la Asamblea Nacional Constituyente se distinguió entre la renta proveniente de la explotación de un monopolio, obtenida a partir del pago de derechos de explotación del mismo, y los recursos tributarios que en cambio de lo anterior pueden obtenerse, mediante la imposición de impuestos sobre el consumo de los correspondientes bienes. Lo anterior lleva a concluir que los derechos de explotación sobre un monopolio constituyen la renta de explotación del mismo, pero no un gravamen de tipo tributario, y que así fue entendido por el propio constituyente.
Debe señalarse, sin embargo, que a pesar de la propuesta postulada en la Asamblea Nacional Constituyente, que acaba de ser comentada, hoy en día la legislación contempla la posibilidad de que los monopolios rentísticos generen, no solo derechos de explotación provenientes del monopolio, sino también el impuesto a las ventas sobre producto o servicio monopolizado.
En este punto debe observarse que mediante el artículo 3º del Decreto Legislativo 127 de 2010, el Gobierno Nacional modificó la tarifa del impuesto sobre las ventas aplicable a los juegos de suerte y azar, indicando que a partir del 1º de febrero de 2010, dichos juegos se gravarían con la tarifa general del IVA prevista en él, lo cual sí configura un medida destinada directamente a incrementar los recursos tributarios que se generan a partir de los juegos de suerte y azar. Pero esta medida se encuentra recogida en un decreto distinto del que ahora estudia la Corte.
Es necesario precisar que el régimen impositivo sobre los juegos de suerte y azar, a que se acaba de hacer alusión, se aplica sin perjuicio del pago de los derechos de explotación a que hubiere lugar, pues como se dijo, se trata de conceptos diferentes. En efecto, sobre este punto la Corte ha dicho:
“(...) estos monopolios rentísticos, a pesar de que se establecen con el propósito de aumentar los ingresos del Estado y tienen fuente legal, son distintos a los tributos. Por ello esta Corte ha explicado que al lado de los impuestos que “constituyen, por excelencia, una parte importante de los ingresos fiscales de la Nación y de las entidades territoriales”, existen también “otros tipos de ingresos con los cuales también se alimenta el fisco, como es el caso de las rentas provenientes de la explotación de los monopolios establecidos por la ley en favor del Estado o de sus entidades territoriales”(22).(23)” (negrillas y subrayas fuera del original).
También el honorable Consejo de Estado ha distinguido entre los conceptos de impuestos y de derechos de explotación del monopolio de los juegos de suerte y azar, como se desprende de la cita del siguiente aparte jurisprudencial:
“... la Sala reitera el criterio expuesto en el sentido de que el ejercicio de la facultad de organización, administración y control de la actividad de explotación del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar destinado al sector de la salud en atención a lo preceptuado en el artículo 336 superior corresponde a Etesa, y no es incompatible con la facultad que ostentan las entidades municipales y el Distrito Capital para exigir el impuesto por juegos permitidos autorizado legalmente para esas mismas actividades. En efecto, el sujeto pasivo de la obligación tributaria por el impuesto de “juegos permitidos”, es la persona, empresario o concesionario que ejerce la actividad relacionada con el juego, el hecho generador recae en la venta de billetes, tiquetes, boletas de rifas, apuestas o cualquier otro tipo de instrumento que permita el acceso al juego, al igual que sobre los premios que se pagan o entregan a quienes participan en dichas rifas y apuestas, cuya cuantificación económica determina la base impositiva, para la aplicación de la tarifa del diez por ciento (10%). Por tanto, la administración municipal simplemente ejerció las facultades de liquidación del gravamen previstas en las normas que contemplan el tributo. En consecuencia al no existir incompatibilidad entre en arbitrio rentístico que versa en los juegos de suerte y azar que desarrolla la empresa por medio de sus casinos, con el impuesto liquidado por el municipio como juego permitido, la actuación impugnada se ajusta a derecho”(24).
Así las cosas, cuando el artículo 4º del Decreto 130 de 2010 regula los derechos de explotación de juegos localizados en cruceros, no se está refiriendo a ingresos de origen tributario, sino a la renta misma del monopolio.
b. Gastos de administración:
En cuanto al establecimiento de pagos por gastos de administración del monopolio de juegos localizados a bordo de los cruceros, a que se refiere también el artículo 4º decreto, como antes se vio estos tampoco pueden considerarse como una tasa , y por tal razón no pueden ser estimados como ingresos de carácter tributario.
6.2.1.5. Derechos de explotación en juegos novedosos.
Se dispone en el artículo 5º, que “la totalidad de los derechos de explotación que generen los juegos novedosos diferentes a aquellos cuya operación haya iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente disposición, se dirigirán al Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud, Fonpres”.
Esta norma no genera nuevos recursos tributarios, por dos razones: (i) porque los derechos de explotación de los juegos novedosos, como todos los derechos de explotación de los monopolios rentísticos, según se acaba de ver, no son ingresos tributarios; y (ii) porque los juegos novedosos ya estaban regulados por la Ley 643 de 2001(25) y daban lugar al pago de dichos derechos. Lo que se origina es una nueva destinación de la renta del monopolio que dichos juegos de lleguen a producir. En efecto, la norma consagra el giro de recursos provenientes de los juegos novedosos hacia el Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud, Fonpres.
6.2.1.6. Destinación de rentas del monopolio al sector salud.
El artículo 6º del Decreto 130 de 2010 redistribuye los recursos obtenidos por los departamentos, el Distrito Capital y los municipios, “como producto del monopolio de juegos de suerte y azar”. Evidentemente aquí no hay generación de nuevos ingresos tributarios, sino una modificación general en la destinación de las rentas del monopolio.
6.2.1.7. Ausencia de gravamen a los movimientos financieros.
El artículo 7º dispone que “los recursos destinados a la salud, que provengan de impuestos, rentas o derechos de explotación por operación de juegos de suerte y azar no podrán ser objeto del gravamen a los movimientos financieros”. Evidentemente, esta disposición tampoco genera nuevos ingresos tributarios destinados al SGSSS.
6.2.1.8. Juegos de origen extranjero.
El artículo 8º del Decreto 130 de 2010 se refiere a la operación de juegos o apuestas que se hagan en Colombia sobre juegos de suerte y azar originados en el extranjero, y al respecto, entre otras disposiciones, indica que tales juegos deberán tener autorización de la autoridad encargada de autorizar la operación de los juegos novedosos y que los destinatarios de la autorización “pagarán derechos de explotación del 17% sobre el valor de la apuesta”, con destino al Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud, Fonpres.
La anterior disposición se dirige a garantizar la generación de recurso por este concepto, con destino al Fonpres, pero dichos recursos no pueden ser considerados de carácter tributario, pues según se explicó, los derechos de explotación de un monopolio rentístico no tienen esa naturaleza.
6.2.1.9. Derechos de explotación de los operadores de juegos localizados y de eventos hípicos.
a. Conforme al artículo 13 del decreto bajo examen, “los operadores de juegos localizados pagarán por derechos de explotación el mayor valor que resulte entre lo que generarían las tarifas a que se refiere el artículo 34 de la Ley 643 de 2001 o el porcentaje del doce (12%) sobre los ingresos brutos menos el monto de los premios pagados”.
La anterior disposición, por regular el asunto del pago de “derechos de explotación” del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, no puede entenderse referente a ingresos de estirpe tributaria, según se estudió arriba.
b. Otro tanto sucede con el artículo 14, referente, entre otras cosas, a los derechos de explotación derivados de las apuestas hípicas.
6.2.1.10. Sanciones por evasión de los derechos de explotación.
El artículo 24 del Decreto 1340 de 2010 se refiere a la facultad de las entidades públicas administradoras de los monopolios para imponer sanciones por el no pago de los derechos de explotación. Algunas de estas sanciones consisten en el pago de multas. La anterior facultad da lugar a la generación de rentas, pero estas en modo alguno pueden considerarse como de origen tributario, pues no corresponden a impuestos, tasas, ni contribuciones.
6.2.6. Decisión a tomar.
Visto lo anterior, la Sala percibe que ninguna de las disposiciones del Decreto 130 de 2010 tiene la virtualidad de establecer fuentes tributarias orientadas exclusivamente al goce efectivo del derecho a la salud.
Así las cosas, en la parte resolutiva de la presente sentencia, se declarará la inexequibilidad por consecuencia y sin efectos diferidos del Decreto 130 de 2010.
1. Declarar INEXEQUIBLE el Decreto 130 de 2010, “Por medio del cual se dictan disposiciones del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, en desarrollo del Decreto 4975 del 23 de diciembre de 2009”.
(13) Sentencia C-967 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz.
(15) Para los actuales beneficiarios de premios cuyo cobro no se haya efectuado, los términos de prescripción y de caducidad aquí previstos se contarán a partir de la vigencia de la presente disposición.
(16) Ver el informe conjunto del Ministro de la Protección Social y el secretario jurídico de la Presidencia de la República, reseñado en esta providencia en el numeral 3.1 del acápite de intervenciones.
(17) El artículo 8º de la Ley 643 de 2001 define los derechos de explotación de los juegos de suerte y azar así:
(18) Cfr. Sentencia C-465 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(19) Sentencia C-465 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(20) Sentencia C-040 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.
(21) El artículo 8º de la Ley 643 de 2001 define los derechos de explotación de los juegos de suerte y azar así:
(22) Corte Constitucional, Sentencia C-149 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(23) Sentencia 1191 de 2001, F. 17. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
(24) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de doce (12) de abril de dos mil siete (2007), Consejera Ponente: María Inés Ortiz Barbosa. Radicación 76001-23-25-000-1999-01067-01(15382).
(25) ART. 38.—Juegos novedosos. Reglamentado por el Decreto Nacional 2121 de 2004. Son cualquier otra modalidad de juegos de suerte y azar distintos de las loterías tradicionales o de billetes, de las apuestas permanentes y de los demás juegos a que se refiere la presente ley. Se consideran juegos novedosos, entre otros, la lotto preimpresa, la lotería instantánea, el lotto en línea en cualquiera de sus modalidades y los demás juegos masivos, realizados por medios electrónicos, por internet o mediante cualquier otra modalidad en tiempo real que no requiera la presencia del apostador.

References: artículo 7
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 336
 artículo 3
 artículo 336
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 13
 artículo 34
 artículo 14
 artículo 24
 artículo 8
 artículo 8