Source: https://dequesetrata.com.ar/proyecto/camara-de-diputados/reconocimiento-y-proteccion-de-las-personas-apatridas-regimen
Timestamp: 2019-01-16 02:55:09+00:00

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Proyecto de ley 6205-D-2018: RECONOCIMIENTO Y PROTECCION DE LAS PERSONAS APATRIDAS. REGIMEN.
RECONOCIMIENTO Y PROTECCION DE LAS PERSONAS APATRIDAS. REGIMEN..
ARTÍCULO 1°. La protección de las personas apátridas se regirá por las disposiciones del derecho internacional, particularmente de los derechos humanos aplicables en la República Argentina, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los casos de Apatridia de 1961, así como cualquier otro instrumento internacional sobre apátridas que se ratifique en lo sucesivo y por lo que dispone la presente ley. Debido a su carácter de normativa especial, ésta prevalece sobre la normativa legal vigente aplicable a los extranjeros en general, salvo respecto a aquella que sea más favorable a la persona apátrida.
ARTÍCULO 2°. Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a toda persona solicitante de la condición de apátrida, o apátrida que se encuentre bajo jurisdicción de las autoridades argentinas, y siempre que no esté comprendida por las disposiciones de la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N° 26.165 y su reglamentación
ARTÍCULO 3°. El propósito de esta ley es asegurar a las personas apátridas y solicitantes del reconocimiento de tal condición, el disfrute más amplio posible de sus derechos humanos y regular la determinación del estatuto, protección, asistencia y otorgamiento de facilidades para la naturalización de las personas apátridas que no sean refugiadas.
De la condición de apátrida.
ARTÍCULO 4°. A los efectos de la presente ley, se entiende por “apátrida” a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme su legislación.
ARTÍCULO 5°. No se aplicará la presente ley
1.	A las personas que reciben actualmente protección o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, mientras estén recibiendo tal protección o asistencia.
2.	A quienes las autoridades competentes del país donde hayan fijado su residencia reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país.
ARTÍCULO 6°. No se concederá el estatuto de apátrida a las personas respecto de las cuales haya razones fundadas para considerar:
a.	Que han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, definido en los instrumentos internacionales referentes a dichos delitos.
b.	Que han cometido un delito grave de índole no política fuera del país de su residencia, antes de su admisión en dicho país.
c.	Que son culpables de actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
ARTÍCULO 7°. Esta ley será interpretada desde una perspectiva sensible al género, a la edad, y a la diversidad, y en el sentido que más favorezca a la persona apátrida.
ARTÍCULO 8°. La normativa sobre ingreso, admisión, permanencia y egreso del territorio nacional de personas extranjeras, así como la relativa a su documentación y naturalización o, en general, aquella sobre procedimientos administrativos, serán de aplicación directa si establecieran condiciones más favorables para la persona apátrida.
ARTÍCULO 9°. No discriminación. Las autoridades garantizarán el libre y pleno ejercicio de todos los derechos reconocidos en esta ley a cualquier persona apátrida que se encuentre sujeta a la jurisdicción del país, sin discriminación alguna por motivos de etnia, color, sexo, orientación sexual, identidad y/o expresión de género, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional, social o étnico, situación económica, nacimiento, condición migratoria o cualquier otra condición social.
ARTÍCULO 10°. No sanción por ingreso o permanencia irregular. No se impondrá a la persona apátrida ni a la solicitante del reconocimiento de tal condición sanciones penales, o administrativas por causa de su entrada o presencia migratoria irregular, siempre que se presente sin demora a las autoridades y alegue causa justificada de su entrada o presencia migratoria irregular.
ARTÍCULO 11°. No expulsión. La persona apátrida o solicitante del reconocimiento de tal condición no será expulsada del país, a no ser por razones de seguridad nacional o de orden público. En tal caso, la expulsión únicamente se efectuará en virtud de una decisión tomada conforme los procedimientos legales vigentes, ser razonable y proporcionada, asegurando un balance adecuado entre las consecuencias de la medida y el interés de la sociedad.
Toda medida de expulsión será resuelta por la Dirección Nacional de Migraciones o el organismo que lo reemplace en el futuro, conforme lo establecido en la Ley 25.871 y su reglamentación respetando las garantías del debido proceso, y previa consulta con la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) .
Si procediere la expulsión, se concederá al apátrida un plazo razonable dentro del cual pueda gestionar su admisión legal en otro país, sin detrimento que puedan aplicarse durante ese tiempo las medidas legales que se estimen necesarias. La Dirección Nacional de Migraciones o el organismo que lo reemplace en el futuro, o a su requerimiento la CONARE, podrá solicitar por la vía que corresponda, la admisión de aquél a un país determinado. Con ese fin, también podrá solicitar al ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS –ACNUR- su intervención con el propósito de facilitar la identificación de un país.
ARTÍCULO 12°. Unidad familiar. Reunificación. Se preservará la unidad familiar de la persona apátrida y del solicitante de tal condición con su cónyuge o persona con la cual se halle ligado en razón de afectividad y de convivencia, sus descendientes, ascendientes, y hermanos que dependan de ella económicamente. Las autoridades resolverán las solicitudes de reunificación familiar teniendo en cuenta las necesidades invocadas por los solicitantes y los valores culturales de sus países de origen. En caso de duda, se deberá estar al criterio que resulte más favorable al ejercicio del derecho de reunificación familiar. .
Cuando los familiares de la persona apátrida posean una nacionalidad diferente a la argentina, y en virtud de la aplicación del principio de unidad familiar, se establecerán facilidades migratorias a fin de que ingresen al territorio y regularicen su permanencia. En tal supuesto, los familiares de la persona apátrida obtendrán el mismo tipo de residencia y por el mismo plazo que el al titular, salvo que puedan obtener otra en condiciones más favorables.
ARTÍCULO 13°. Cesación.
1-	Se hubiera naturalizado o, de otro modo, hubiera adquirido la nacionalidad argentina ;
2-	Sea reconocida como nacional suyo por otro Estado, conforme a su legislación.
ARTÍCULO 14°. Revocación. La CONARE revocará el estatuto de apátrida cuando hubiera razones fundadas para considerar que, luego de su otorgamiento, la persona incurrió en algunas de las conductas comprendidas en el artículo 6º, inciso a) o c).
ARTÍCULO 15°. Cancelación. La CONARE podrá excepcionalmente revisar la resolución administrativa que reconoció la condición de apátrida cuando hubiera razones fundadas para considerar que deliberadamente la persona ocultó o falseó los hechos materiales sobre los que fundamentó su solicitud de forma tal que, de haberse conocido, hubieran conllevado la denegación de la condición de apátrida.
ARTÍCULO 16°. Toda persona apátrida tiene derecho a solicitar y recibir protección como tal.
ARTÍCULO 17°. Toda persona apátrida tiene derecho a naturalizarse, de conformidad con la Ley N° 346, sus normas reglamentarias y complementarias, y las facilidades otorgadas en la presente ley.
ARTÍCULO 18°. Los miembros del grupo familiar del apátrida o del solicitante de tal condición tienen derecho a presentar una solicitud de reconocimiento por derecho propio. La CONARE evaluará y resolverá cada solicitud en forma individual, aunque podrá tramitarlas en un único expediente administrativo.
ARTÍCULO 19°.Toda persona apátrida que se encuentre en el país o sujeta a su jurisdicción tiene la obligación de respetar la Constitución Nacional, las leyes y normas vigentes, así como las medidas que se adopten para el mantenimiento del orden público.
Documentación de identidad y viaje. Residencia legal. Ayuda administrativa.
ARTÍCULO 20°. Toda persona apátrida que se encuentre en el territorio argentino tiene derecho a que se le expida un documento de identidad cuando no posea un documento válido de viaje.
ARTÍCULO 21°. Hasta tanto se resuelva la solicitud de reconocimiento de la condición de apátrida, la CONARE otorgará al solicitante un documento provisorio que le permita permanecer legalmente en el territorio nacional, desempeñar tareas remuneradas y acceder a los servicios y beneficios básicos sociales, de salud y educación. Este documento no acreditará identidad, y tendrá una vigencia de noventa (90) días corridos y será renovable por períodos iguales durante el tiempo que demande la resolución del caso.
ARTÍCULO 22°. Una vez reconocido el estatuto de persona apátrida, la Secretaría Ejecutiva de la CONARE emitirá al interesado la constancia correspondiente que certifique tal condición. Las personas apátridas reconocidas tendrán derecho a obtener de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES una residencia temporaria conforme al artículo 23 inciso m), de la Ley N° 25.871 y su reglamentación, que tendrá una duración de dos (2) años, salvo que puedan obtener otra en condiciones más favorables.
ARTÍCULO 23°. Toda persona apátrida que se encuentre legalmente en el territorio tiene derecho a que se le expida un documento de viaje que le permita salir y reingresar al país, a menos que se oponga a ello razones imperiosas de seguridad nacional o de orden público.
Se deberá aplicar a la expedición del documento de viaje lo previsto en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y sus Anexos y los estándares pertinentes de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI).
ARTÍCULO 24°. Cuando el ejercicio de un derecho por una persona apátrida o solicitante del reconocimiento de tal condición necesite normalmente de la ayuda de autoridades extranjeras a las cuales no pueda recurrir, la Secretaría Ejecutiva de la CONARE adoptará medidas tendientes a facilitar que las autoridades competentes en la materia que se trate proporcionen dicha ayuda, teniendo presente la imposibilidad de obtener documentación del país de origen o residencia. La Secretaría Ejecutiva de la CONARE intervendrá para que la autoridad competente exima la presentación de los documentos o certificados que normalmente serían expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por conducto de éstas.
ARTÍCULO 25°. Los procedimientos de determinación de la apatridia, los trámites migratorios y el trámite de naturalización serán gratuitos para la persona apátrida y para el solicitante de reconocimiento de tal condición.
Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE).
ARTÍCULO 26°. La Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE será el órgano competente para la determinación de la condición de apátrida, rigiéndose en cuanto a su integración y funcionamiento por las disposiciones de la Ley N° 26.165, salvo disposiciones en contrario establecidas en la presente ley.
ARTÍCULO 27°. La CONARE adoptará todas las medidas tendientes a identificar, proteger, asistir y facilitar la naturalización de las personas apátridas. En particular, tendrá las siguientes funciones:
1.	Identificar y determinar el estatuto de una persona apátrida en primera instancia, resolviendo todas las cuestiones relativas a la inclusión y exclusión, así como la cesación, cancelación y revocación de la condición de persona apátrida;
2.	Velar para que la persona apátrida disfrute efectivamente de sus derechos, promoviendo su acceso efectivo a programas públicos de asistencia social, económica y cultural;
3.	Coordinar con las autoridades nacionales, provinciales y municipales la adopción de las acciones que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y competencias;
4.	Brindar asesoría a los órganos gubernamentales que la requieran sobre las necesidades y formas de incluir a las personas apátridas en las políticas públicas y programas de asistencia e integración;
5.	Resolver sobre el otorgamiento de autorización de ingreso por motivo de reunificación familiar y de reasentamiento de personas apátridas en Argentina y contribuir con las gestiones necesarias a tales efectos;
6.	Aprobar los reglamentos que se requieran para implementar la presente ley.
ARTÍCULO 28°. La Secretaría Ejecutiva, creada e integrada conforme las disposiciones de la Ley N° 26.165, asistirá a la CONARE para el cumplimiento de sus funciones. En particular deberá:
1.	Recibir, registrar y tramitar las solicitudes de reconocimiento de la condición de apátrida;
2.	Practicar las comunicaciones y notificaciones que sean necesarias durante el procedimiento, incluidas las consultas a las autoridades extranjeras del país de origen y la notificación de las decisiones de la CONARE
3.	Preparar y registrar las decisiones de la CONARE.
4.	Entrevistar a la persona solicitante de la condición de apátrida proporcionando la asistencia, de un intérprete cuando sea necesario;
5.	Elaborar un expediente administrativo de la persona solicitante de la condición de apátrida que contendrá, al menos: a) sus datos personales y el de los familiares, sea que lo acompañen o no; b) un escrito donde se expliquen las razones que justifican la solicitud; c) las pruebas que se hubieran producido; d) el acta de las entrevistas efectuadas; d) una opinión técnica/legal de la Secretaría sobre el mérito de la solicitud;
6.	Arbitrar medidas tendientes a la expedición de los documentos de identidad, viaje, y de residencia migratoria de la persona apátrida y sus familias;
7.	Brindar ayuda administrativa a las personas apátridas y sus familias conforme lo establecido en el artículo 24 ;
8.	Elaborar el informe técnico/legal no vinculante respecto de cada solicitud.
9.	Informar al solicitante de la condición de apátrida respecto de sus derechos y obligaciones.
10.	Efectuar aquellas otras funciones que se le asigne a través de esta ley o la CONARE.
ARTÍCULO 29°. El procedimiento de determinación de la apatridia respetará todas las garantías del debido proceso legal, y salvaguardará el tratamiento reservado de la información referida a la persona apátrida y su familia.
ARTÍCULO 30°. Los procedimientos se regirán por lo que dispone la presente ley, la Ley N° 26.165 y su reglamentación en todo lo que sea aplicable a la materia, y supletoriamente por la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificaciones.
ARTÍCULO 31°. Presentada la solicitud, la Secretaría Ejecutiva informará al solicitante sobre el procedimiento para la determinación de la condición de apátrida y sobre sus derechos y obligaciones en su propio idioma, o en un idioma que pueda entender.
ARTÍCULO 32°. Deberá mantenerse una entrevista personal con el solicitante de la condición de apátrida antes de que se resuelva su solicitud. La Secretaría Ejecutiva de la CONARE le facilitará el tiempo y los medios necesarios para presentar su caso, así como la asistencia de un traductor o intérprete calificado cuando la persona solicitante no comprenda el idioma nacional.
ARTÍCULO 33°. La persona solicitante tiene derecho a ser asistido en todas las instancias del procedimiento por un representante legal. La CONARE adoptará las medidas necesarias para facilitar el acceso de los solicitantes a servicios idóneos de asistencia jurídica gratuita especializada.
ARTÍCULO 34°. Toda autoridad, ya sea central, regional o municipal, de migración o policía, fronteras, migración judicial o cualquier otro funcionario habilitado que conociere de una solicitud de reconocimiento de la condición de apátrida, por escrito o verbalmente, o identificare la necesidad de protección internacional de un extranjero en los términos de la presente Ley, deberá notificar el caso a la Secretaría Ejecutiva de la CONARE, en forma confidencial y a la brevedad posible, no pudiendo nunca excederse de las 48 horas.
ARTÍCULO 35°. La solicitud de reconocimiento de la condición de apátrida puede presentarse verbalmente o por escrito, y en forma personal o mediante un representante legal.
ARTÍCULO 36°. Será admisible todo tipo de prueba en el procedimiento, sin embargo su producción quedará sujeta a que la CONARE las considere relevantes en las circunstancias del caso.
La Secretaría Ejecutiva de la CONARE instruirá el expediente de oficio, produciendo todas las pruebas que se consideren pertinentes para determinar el mérito de la solicitud, en especial aquellas relativas a la forma en que las autoridades competentes extranjeras interpretan y aplican su derecho de nacionalidad.
ARTÍCULO 37°. La CONARE podrá consultar a los Estados con los que la persona solicitante pudiera tener un vínculo relevante, en razón del lugar de nacimiento, ascendencia, residencia, matrimonio u otra condición, a fin de establecer si es considerado como nacional de ese Estado conforme a su legislación.
Las consultas con las autoridades extranjeras serán hechas por la Secretaría Ejecutiva de la CONARE a través del Ministerio de Relaciones Exteriores siempre que la persona solicitante no tuviera necesidades de protección como refugiado en el marco de la Ley N° 26.165.
ARTÍCULO 38°. La determinación de la condición de persona apátrida estará justificada, conforme a su definición, cuando existan indicios suficientes que la persona no es considerada como nacional suyo por ningún Estado conforme a su legislación.
ARTÍCULO 39°. Cuando no pudiera probarse un hecho relevante para determinar la condición de persona apátrida, la CONARE podrá conceder el beneficio de la duda al solicitante que hubiera cumplido con su deber de cooperación, y siempre que sus declaraciones sean coherentes y consistentes con la información disponible del país de origen.
ARTÍCULO 40°. Producida la prueba pertinente, la Secretaría Ejecutiva de la CONARE elaborará, dentro de un plazo razonable, un informe técnico sobre el mérito de la solicitud que contenga el análisis de los hechos del caso, la información relevante y su encuadre legal con adecuación a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la presente Ley que será presentado a la CONARE para su tratamiento y aprobación.
ARTÍCULO 41°. La CONARE resolverá la solicitud mediante decisión fundada dentro del plazo de sesenta días (60) días corridos contados desde finalizadas las consultas realizadas por la Secretaría Ejecutiva de la CONARE, salvo que la complejidad del caso o las consultas con las autoridades extranjeras requieran una prórroga por un plazo adicional de ciento ochenta (180) días corridos.
ARTICULO 42°. Las decisiones de la CONARE deberán contener los hechos y fundamentos legales que motivan tal decisión.
ARTÍCULO 43°. La decisión sobre la condición de apátrida de una persona es un acto declarativo, humanitario, apolítico e imparcial.
ARTÍCULO 44°. La CONARE decidirá en primera instancia, sobre la aplicación de las cláusulas de cesación, revocación y cancelación de la condición de apátrida, previo informe técnico de su Secretaría Ejecutiva.
ARTÍCULO 45°. La Secretaría Ejecutiva de la CONARE notificará en forma fehaciente a la persona solicitante, las resoluciones definitivas de la CONARE, las relativas al procedimiento y aquellas que puedan causar un gravamen irreparable posteriormente.
ARTÍCULO 46°. Las resoluciones de la CONARE sobre denegación, exclusión, cesación, cancelación y revocación de la condición de persona apátrida, y aquellas relativas al procedimiento susceptibles de producir un perjuicio irreparable, serán pasibles de impugnación conforme al régimen ordinario de revisión administrativa y judicial de los actos administrativos. El solicitante podrá interponer recurso jerárquico dentro de los diez días subsiguientes a la fecha de notificación. El recurso deberá ser fundado e interpuesto ante la Secretaría Ejecutiva de la CONARE y elevado al Ministerio del Interior, previa intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
ARTÍCULO 47°. En cualquier etapa del procedimiento, ya sea de oficio o a petición del solicitante, la CONARE podrá tramitar la solicitud con arreglo a la normativa y al procedimiento de la determinación de la condición de refugiado si la persona solicita el reconocimiento de esa condición o la Secretaría Ejecutiva de la CONARE considera que la persona podría calificar como tal.
ARTÍCULO 48°. Cuando el estatuto de refugiado de una persona apátrida fuera cesado sin que hubiera adquirido una nacionalidad, el estatuto de apátrida se mantendrá, salvo en caso de verificarse alguno de los supuestos establecidos en los artículos 14 a 15 de la presente Ley.
ARTÍCULO 49°. Cuando la CONARE determinase, con base en la documentación presentada y los hechos alegados en la solicitud o en la entrevista, que la persona habría nacido en territorio argentino sin que su nacimiento hubiera sido registrado en forma oportuna, el procedimiento de determinación de la apatridia será suspendido y se comunicará el caso a la autoridad registral competente para que proceda a la inscripción tardía, según corresponda.
ARTÍCULO 50°. Cuando la CONARE determinase, con base en la documentación presentada y los hechos alegados en la solicitud o en la entrevista, que la persona tiene derecho a adquirir la nacionalidad argentina mediante el procedimiento de opción de nacionalidad, le informará debidamente para que inicie tal procedimiento.
ARTÍCULO 51°. Cuando la CONARE determinase, con base en la documentación presentada y los hechos alegados en la solicitud o la entrevista, que la persona tiene derecho a adquirir la nacionalidad de algún otro país, con la anuencia de la persona solicitante, interpondrá sus buenos oficios ante las autoridades extranjeras para facilitar la adquisición o recuperación de tal nacionalidad, según corresponda. La interposición de buenos oficios o el inicio del trámite de adquisición de una nacionalidad extranjera suspenderá por un plazo no mayor a seis meses el procedimiento de determinación de la condición de persona apátrida ante la CONARE
ARTÍCULO 52°. Los niños, niñas o adolescentes, inclusive si no estuvieren acompañados o se encontraren separados de sus familiares, tienen derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de apátrida con independencia de su edad, y a ser entrevistados por personal capacitado a ese fin.
ARTÍCULO 53°. Cuando la solicitud de reconocimiento de la condición de apátrida sea presentada por un niño, niña o adolescente no acompañado o separado de sus familiares, la Secretaría Ejecutiva de la CONARE procurará la inmediata designación de un representante legal que intervendrá obligatoriamente en todas las etapas del procedimiento, bajo pena de nulidad.
ARTÍCULO 54°. La CONARE dará consideración primordial al interés superior del niño, niña o adolescente, y asegurará su participación y derecho a ser escuchado en todas las instancias del procedimiento y en las decisiones que lo conciernan, tomando en consideración su edad y madurez.
ARTÍCULO 55°. La CONARE adoptará las medidas que sean necesarias para asegurar que las personas con discapacidad que soliciten ser reconocidas como apátridas tengan acceso, de acuerdo a sus necesidades , a facilidades que les permitan presentar su caso y cumplir con todas las etapas del procedimiento de determinación, asegurando su participación en el mismo.
ARTÍCULO 56°. Todo lo relativo a la naturalización de las personas apátridas y refugiadas, se regirá de conformidad con la Ley N° 346, sus normas reglamentarias y complementarias, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, y las facilidades otorgadas en la presente ley, en lo que resulten aplicables.
ARTÍCULO 57°. La CONARE y la autoridad competente en materia de naturalización proporcionarán a las personas apátridas y refugiadas información sobre los criterios y requisitos para su naturalización, en un idioma que puedan comprender.
ARTÍCULO 58°. La CONARE realizará todas las acciones tendientes a facilitar y promover la naturalización de las personas apátridas y refugiadas, como solución duradera.
ARTÍCULO 59°. Las solicitudes de naturalización presentadas por personas refugiadas y apátridas recibirán un tratamiento prioritario por parte de las autoridades competentes en la materia y se eximirá, en todo lo posible, para aquellas personas que no cuenten con recursos económicos los costos asociados al proceso de naturalización, en particular aquellos referidos a la publicación de edictos.
ARTÍCULO 60°. Comuníquese al Poder Ejecutivo y publíquese en el Boletín Oficial.
La presente iniciativa encuentra sustento en el pedido efectuado por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante la resolución AG/RES. 2599 (XL-O/10) sobre Prevención y Reducción de la Apatridia y Protección de las Personas Apátridas en las Américas, exhortado “a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que consideren la ratificación de los instrumentos internacionales en materia de personas apátridas o su adhesión a ellos, según sea el caso, y a que promuevan la adopción de procedimientos y mecanismos institucionales para su implementación, de conformidad con los mismos”.
La República Argentina adhirió a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 mediante la Ley N° 19.510 publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 10 de abril de 1972. Asimismo, nuestro país también adhirió a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961 mediante la Ley N° 26.960 publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 6 de agosto de 2014. Ello pone en evidencia el interés de nuestro Estado y el compromiso asumido en la materia. Asimismo, a partir de las fechas mencionadas se incorporó al derecho interno y por ende, se encuentra jurídicamente obligada a cumplirla. Resulta preciso indicar que si bien la República Argentina es Estado Parte de ambas convenciones sobre la materia, no cuenta aún con un procedimiento específico para la determinación de dicho estatuto.
La República Argentina, aprobó y en fecha 1° de diciembre de 2006 publicó en el Boletín Oficial de la Nación la Ley General de Reconocimiento y Protección del Refugiado (Ley N° 26.165) la cual comprende a los refugiados, y a aquellos refugiados que son apátridas. De ahí que, no estando comprendidos en la protección los apátridas que no son refugiados, resulta necesario adoptar normativa específica para la protección e identificación de las personas apátridas. La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 proporciona un marco legal a los Estados para regular el estatuto de los apátridas que no quedan comprendidos dentro de los requisitos para ser considerados como refugiados.
El objetivo y propósito de la Convención de 1954 ratificada e incorporada a nuestra normativa interna es el de asegurar a las personas apátridas el ejercicio más amplio posible de sus derechos y libertades fundamentales, proporcionando un estatuto jurídico reconocido a nivel internacional, fundamentalmente en virtud del reconocimiento internacional del derecho a la nacionalidad consagrada por distintos tratados internacionales.
Cabe mencionar que los tratados internacionales de derechos humanos consagran a la nacionalidad como un derecho humano fundamental. En este sentido la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, entendida como un vínculo jurídico entre una persona y un Estado. Este vínculo jurídico permite a la persona ejercer los derechos propios del Estado al que pertenece y por ende permite al Estado aplicar a esa persona su legislación, de manera tal que uno de los aspectos más importantes de la nacionalidad es permitir al nacional ejercer una amplia variedad de derechos. Los apátridas, debido a que carecen del vínculo de nacionalidad, necesitan urgente atención y protección especial para garantizarles el ejercicio de sus derechos básicos.
La Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas, reconoce la condición jurídica internacional de “apátrida”. En su artículo 1° define al apátrida como aquella persona no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme su legislación. La Convención reconoce que los apátridas son más vulnerables que los demás extranjeros. Es por ello que establece una serie de medidas especiales de protección para los apátridas, ya mencionadas, a saber: garantiza a los apátridas el derecho a la asistencia administrativa (artículo 25), el derecho a los documentos de identidad y de viaje (artículos 27 y 28) y los exime de los requisitos de reciprocidad (artículo 7). Con estas disposiciones, se intentan abordar las dificultades que enfrentan los apátridas debido a que no tienen nacionalidad. Ejemplo de tales inconvenientes son: dificultad para obtener documentos de identidad y de viaje, lo cual no solo impide viajar, sino que también causa problemas en la vida cotidiana, y en algunos puede llevar a la detención del individuo; dificultad o imposibilidad para acceder a derechos básicos como educación, salud, habitación.
A luz de lo expuesto, y con el fin de garantizar que los derechos previstos las Convenciones mencionadas ut supra, particularmente en la de 1954, se extiendan a los apátridas, los Estados deben poder identificar a los sujetos apátridas mediante procedimientos adecuados.
En tal sentido, la presente iniciativa reconoce expresamente en su Título I la plena vigencia y aplicación de las Convenciones sobre apatridia de los años 1954 y 1961, así como los principios del derecho internacional sobre la materia. El Título II contempla la definición de apatridia adoptada por la Convención de 1954, se establecen los alcances de la ley, el sentido de su interpretación, y se incorporan los principios aplicables en materia de apatridia. Finalmente, se plasman los motivos por los que se dejaría de brindar protección a las personas apátridas.
En su Título III se establecen los derechos y deberes aplicables a las personas apátridas y solicitantes de tal condición y se prescriben las disposiciones para el otorgamiento de documentación, residencia y colaboración administrativa tal como reconoce y exige la Convención de 1954 en su artículo 25.
En su Título IV, se contemplan los órganos competentes en materia de apatridia aprovechando los órganos creados por la Ley N° 26.165 a saber: la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) y la Secretaria Ejecutiva que funciona dentro de esa comisión, con la diferencia que en este caso se le imponen obligaciones a cumplir para con los apátridas y se contemplan los parámetros, funciones y principios que deben seguir a tal fin.
Lo que hace al procedimiento ordinario para el reconocimiento de la condición de apatridia, y lo que permitirá en lo concreto a los apátridas alcanzar y gozar plenamente de los derechos reconocidos en la Convención de 1954, se encuentra previsto en el Título V. En ese mismo título, se establecen además un capítulo relativo a la coordinación del procedimiento ordinario descripto con otros especiales, como el que determina la condición de refugiado o la tardía inscripción de nacimientos; y otros dos capítulos en los que se salvaguardan los derechos previendo especial consideración por los niños, niñas y adolescentes, y por las personas con discapacidad.
Finalmente, teniendo en cuenta que el objetivo último es lograr la naturalización de las personas apátridas, lo que permitiría a la larga reducir los casos de apatridia mundial, se incorpora al proyecto el Título VII que, contemplando la Ley N° 346 de ciudadanía y sus normas reglamentarias, prevé facilidades para acceder a tal condición.
Cabe mencionar que a través del Decreto 1601/04 se extendió la posibilidad de acceder a la ciudadanía argentina a los hijos menores de 18 años de padres argentinos nativos nacidos en el extranjero estableciendo que: “Cuando se tratase de hijos menores de dieciocho años de padre o madre argentinos nativos, contemplados en el art. 1 inc. 2 de la Ley N° 346 y sus modificatorias, que se hallaren en país extranjero, la opción por la nacionalidad argentina deberá ser formulada por quien o por quienes ejerzan la patria potestad ante el Cónsul argentino que corresponda, quien procederá a la inscripción del menor en el Libro de las Personas del Consulado, previa verificación del vínculo y la calidad de argentino.” El inconveniente que se ha advertido es que los Consulados argentinos no admiten que se efectúe este trámite por los hijos de “argentinos por opción”, ya que el mencionado decreto no lo ha previsto expresamente. Atento a ello, los hijos de argentinos por opción que nacen en el extranjero, aún hoy se ven obligados a solicitar la nacionalidad por vía judicial en territorio argentino.
A fin de evitar este inconveniente, el cual podría dar lugar a situaciones de apatridia en caso que esos niños no tengan derecho a ser reconocidos como nacionales por otro Estado, conforme a su legislación, es que se propone contemplar expresamente la posibilidad de que los hijos de argentinos – sean estos nativos, naturalizados o por opción- pueden solicitar ante los Consulados Argentinos en el extranjero el otorgamiento de la nacionalidad argentina sin requerir su apersonamiento en territorio argentino.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Karina Veronica Banfi
[Mario Raúl Negri] [Olga María Rista] [Marcelo Germán Wechsler] [Héctor Antonio Stefani] [Juan Carlos Villalonga] [Cornelia Schmidt Liermann] [Brenda Lis Austin]
6205-D-2018

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ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14
 artículo 6

ARTÍCULO 15
 resolución 

ARTÍCULO 16

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 18

ARTÍCULO 19

ARTÍCULO 20

ARTÍCULO 21
 resolución 

ARTÍCULO 22
 artículo 23

ARTÍCULO 23

ARTÍCULO 24

ARTÍCULO 25

ARTÍCULO 26

ARTÍCULO 27

ARTÍCULO 28
 artículo 24

ARTÍCULO 29

ARTÍCULO 30

ARTÍCULO 31

ARTÍCULO 32

ARTÍCULO 33

ARTÍCULO 34

ARTÍCULO 35

ARTÍCULO 36

ARTÍCULO 37

ARTÍCULO 38

ARTÍCULO 39

ARTÍCULO 40

ARTÍCULO 41

ARTÍCULO 43

ARTÍCULO 44

ARTÍCULO 45

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ARTÍCULO 47

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ARTÍCULO 49

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ARTÍCULO 52

ARTÍCULO 53

ARTÍCULO 54

ARTÍCULO 55

ARTÍCULO 56

ARTÍCULO 57

ARTÍCULO 58

ARTÍCULO 59

ARTÍCULO 60
 resolución 
 artículo 1
 artículo 25