Source: https://hayderecho.com/2014/08/
Timestamp: 2019-05-21 03:07:30+00:00

Document:
agosto 2014 – Hay Derecho
Flash Derecho: Dos cuestiones sobre la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles
31 agosto, 2014 /14 Comentarios/en Flash Derecho, Registro Civil /por Rodrigo Tena Arregui
La convalidación del Real Decreto Ley 8/2014 sigue su curso y con ella las disposiciones adicionales que regulan la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles. Sobre este tema ya hemos escrito en este blog (aquí), pero el jueves pasado, durante el trámite de enmiendas en el Congreso, se ha producido una interesantísima intervención de Irene Lozano, diputada de UPyD. En ella plantea dos cuestiones muy elementales (quién va a pagar esto y cómo se va a ejecutar), pero cuya simple formulación nos indica el asombroso nivel de deterioro que padecemos en este país en lo que al proceso legislativo se refiere.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Rodrigo Tena Arregui https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Rodrigo Tena Arregui2014-08-31 00:50:482016-01-30 18:29:55Flash Derecho: Dos cuestiones sobre la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles
El voto malogrado
30 agosto, 2014 /20 Comentarios/en Crisis política e institucional /por Fernando Malo
​Excluir injustificadamente de su aplicación la totalidad o parte de las promesas electorales hechas por un partido político para obtener el voto por las cuales ese partido logró su éxito, constituye una estafa a los ciudadanos, un engaño por el que se les ha inducido a malograr su voto. El programa con el que se presenta un partido político a las elecciones constituye una oferta de contrato dirigido a la multitud de ciudadanos que han de votar en ellas. La oferta contiene una serie de propuestas que el partido ofertante ha de ejecutar para el caso de que gane las elecciones, por lo que obviamente tiene un carácter condicionado al triunfo en los comicios. Si sucede que, tras el éxito del partido, el programa propuesto no puede ser aplicado por circunstancias imponderables ajenas a su voluntad, entonces tendrá que explicar públicamente y en detalle las razones antes desconocidas que afectan a la realización del programa, y qué partes del mismo pueden gozar de viabilidad. Y es que la oferta de contrato en qué consiste el programa alberga los ingredientes necesarios para su validez: un conjunto de acciones a desarrollar destinadas al mantenimiento, alteración o sustitución de organismos o puesta en marcha o paralización de proyectos que afectan a la vida civil, sean personales, de servicios o de fomento. Además, la oferta suele estar confirmada por una publicidad escrita en folletos, editada en internet y voceada hasta la extenuación y el cansancio en mítines y en toda clase de convocatorias o debates.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Fernando Malo https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Fernando Malo2014-08-30 07:48:512014-08-30 09:38:28El voto malogrado
28 agosto, 2014 /14 Comentarios/en Crisis política e institucional, Parlamento, Seguridad jurídica y eficiencia /por Diego Fierro Rodríguez
El presente artículo fue publicado recientemente por el diario El Jurista, según puede verse aquí. El autor nos ha autorizado a su reproducción en este Blog, lo que hacemos encantados dado su indudable interés y calidad. El uso propagandístico de las normas es una costumbre que se extiende y que es preciso denunciar. (Los editores).
El postureo es una actitud que se basa en el deseo de mostrar a los demás una cualidad, que en realidad no se tiene, con la intención de lograr una apariencia atractiva frente a la gente. Es propio, sin duda alguna, de las tendencias conectadas con el florecimiento que ha existido en los últimos años del empleo de las redes sociales por parte de un gran sector de la población.
Resulta necesario detenerse un momento y entender que el postureo ya ha sido objeto de reproche en el ámbito de lo político en algunas situaciones en las que puede haberse producido, como la de la presunta pasividad por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en el caso de la menor transexual que tuvo que cambiar de centro escolar por ser discriminada, la de la visita de Elena Valenciano a Extremadura antes de las elecciones al Parlamento Europeo, o la de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, cuyas bases no fueron respetadas por el Parlamento estatal. La conducta relacionada con la intención de mostrar una apariencia deseable existe en sectores como el legislativo desde hace años, en el que se pueden encontrar normas que fueron promulgadas, más que para cambiar una figura jurídica y con ello un aspecto de la sociedad, para conseguir ocupar los titulares de la prensa en un momento determinado o para obtener una mayor popularidad política, al contrario de lo que pasaba hasta hace más de una década, en un momento en el que se le otorgaba seriedad a la legislación, que se utilizaba, no como instrumento publicitario, sino como una herramienta para lograr, exclusivamente, la alteración efectiva de la vida de la ciudadanía.
El postureo legislativo lleva años siendo practicado por el Parlamento estatal y por los Parlamentos de las distintas Comunidades Autónomas, pero también por el Gobierno estatal y por los Gobiernos autonómicos a través de los Decretos-leyes, sin que se puedan hacer distinciones entre los partidos políticos que controlan los poderes legislativos y los poderes ejecutivos que hay en España, ya que todas las formaciones han empleado en una medida similar la creación de normas para alcanzar una buena imagen de cara a la opinión pública y otros fines de naturaleza mediática. A nivel estatal, el postureo legislativo provocó la promulgación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible según algunos y con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que ha sido criticada por la Unión Europea. Además, se ha podido dar algún caso de postureo en lo que se refiere a normas autonómicas que plantean problemas de eficacia en las Comunidades Autónomas, como ya sucedió, según lo que se dice en El Blog Salmón, en Cataluña, con la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, y en Andalucía, con el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, que fue analizado por Ignacio Gomá Lanzón en un interesante artículo.
El caso más claro de promoción política a través del campo legislativo hasta hace unos años era el del Derecho Penal simbólico, constituido por reglas sancionadoras que, únicamente, sirven para conseguir los aplausos de la ciudadanía. El fenómeno de las normas jurídicas simbólicas se ha extendido, desgraciadamente, a los demás ámbitos del Derecho Público y a ciertos aspectos del Derecho Privado desde el campo penal y, además, se han propagado sus devastadoras consecuencias.
Crear leyes pensando únicamente en la propaganda que pueden suministrar es legislar por legislar y provoca, en la mayoría de las ocasiones, que se creen normas jurídicas con demasiada rapidez, que no se emplee la técnica legislativa adecuada y el establecimiento de la inseguridad jurídica, que termina produciendo efectos negativos en el desarrollo de la actividad de los sujetos públicos y privados. Las normas jurídicas tienen que ser las justas y las necesarias y deben ser, necesariamente, eficaces y eficientes.
Lo mejor para todos los ciudadanos y para los operadores jurídicos es que no exista ninguna tendencia relacionada con lo que se puede denominar el postureo legislativo y que se produzca la legislación justa y necesaria de la forma adecuada para reglar de manera efectiva las relaciones que hay entre los distintos sujetos privados y públicos que actúan en la sociedad, garantizándose la seguridad jurídica. De lo contrario, el Estado de Derecho continuará derrumbándose como un viejo edificio cuyos cimientos no han sido correctamente cuidados.
Jordi García está preocupado por su futuro. Comienza a ver más cerca la vejez. Su situación es desahogada, tiene un dinero ahorrado y quiere tener cubierta su jubilación. Desea invertir sus ahorros de forma segura. No quiere jugar en Bolsa. Solo quiere mantener su capital con alguna rentabilidad. No comprende las complejidades de los mercados financieros y desconfía de las ofertas agresivas que prometen grandes beneficios sin avisar de los riesgos. Quiere ir por caminos oficiales; no arriesgarse fuera de ruta. Es un padre de familia prudente. No es avaricioso. Tampoco es tonto. No quiere esconder sus ahorros bajo del colchón y sacarlos en su jubilación cuando la inflación se ha comido su valor. Quiere contratar con una entidad financiera oficial, registrada en el Banco de España o en la CNMV. No quiere contratar con un chiringuito financiero. Su padre perdió una fortuna en Sofico. Y todavía recuerda la sentencia del Tribunal Supremo que desestimó la pretensión de indemnización por atender a “unas promesas de «negocios fantásticos» hechas con una publicidad que ostensiblemente carecía de autorización administrativa” (STS 25 abril 1988).
Con estas experiencias sufridas por personas de su entorno Jordi no quiere invertir en un chiringuito financiero. Quiere comprobar antes de adquirir un producto financiero que la entidad que se lo ofrece está inscrita en los registros oficiales. Pero no sabe dónde hacer la consulta. Jordi fue emigrante y sabe que en Francia hay un portal con un buscador muy simple donde se pone el nombre de la empresa y se puede saber al instante si es una entidad registrada y las actividades que puede desarrollar en el mercado financiero (www.orias.fr).
Jordi es muy prudente, antes de acudir al médico consulta en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España si está colegiado. Es muy sencillo pues hay una ventanilla única con una pestaña en la cual se puede consultar si un médico está colegiado (http://cgcom.vuds-omc.es/). Su familia bromea por lo desconfiado que es. Una vez tuvo que contratar un abogado y lo primero que hizo fue verificar que estaba colegiado. El Consejo General de la Abogacía Española dispone de un Censo General de Letrados en el que se puede comprobar la colegiación de un abogado. Tienen hasta un App para acceder con el móvil.
Del mismo modo que protege su salud y sus derechos, Jordi quiere defender sus ahorros consultando si la empresa que le ofrece los productos financieros es una entidad registrada. Con esta finalidad Jordi visita los portales del Banco de España y de la CMNV pero no encuentra ninguna pestaña que le ofrezca el servicio. En el portal del Banco de España se limitan a reenviarle al de la CNMV, en el que le recuerdan que debe “asegurarse de que la empresa con la que opera está autorizada para ofrecerle los servicios que está demandando”, lo cual acrecienta su preocupación. Sólo encuentra largos listados de uso imposible para un profano y remisiones a otros organismos.
Jordi no entiende que pueda verificar que su médico o abogado están colegiados y que no pueda consultar si su entidad financiera está registrada. Un amigo de la familia le comenta que existe un portal de educación financiera que le puede resultar de utilidad. Sigue esta pista y accede al portal «Finanzas para Todos» patrocinado por el Banco de España y la CNMV. Pero en esta web no hay ninguna pestaña para verificar si una entidad que ofrece servicios financieros está registrada. De nuevo se encuentra con advertencias, en este caso en tono más grave: “Nunca confíe su dinero a un intermediario no autorizado, por muy profesional que parezca o por muy tentadora que sea su oferta. ¡Recuerde! Sólo las entidades autorizadas e inscritas en los organismos oficiales pueden prestar servicios de inversión. Compruebe los registros públicos de la CNMV para evitar ser víctima de intermediarios fraudulentos (“chiringuitos financieros”).” Es un círculo vicioso, le reenvían al portal de la CNMV en el que no hay ninguna facilidad para acceder a las entidades registradas. Además de lo poco que conoce Jordi de finanzas es un mensaje confuso pues reenvía a los registros de la CNMV, cuando los bancos se registran en el Banco de España y las empresas de seguros en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Jordi recuerda el caso de un pariente que perdió sus ahorros en un producto que llamaban «Unit Linked», comercializado como un seguro.
Jordi no puede creer que el Banco de España y la CNMV con presupuestos específicos para esta tarea a través del portal «Finanzas para Todos» y siendo conscientes de la importancia que tiene para el ahorrador saber si está contratando con una entidad registrada o con un chiringuito financiero, no ofrezcan esta herramienta, ni tengan previsto ofrecerla según el Plan de Educación Financiera 2013-2017. Según puede leer el Plan de Educación Financiera se financia con recursos del Banco de España y la CNMV. Lleva funcionando desde 2008. Pero en estos siete años no ha sido capaz de ofrecer un buscador para que el ahorrador pueda comprobar que contrata con un intermediario con registro oficial. Incluye advertencias sobre lo importante que es esta comprobación, pero no ofrece la herramienta para acceder a la información. ¡Qué poco costaría ofrecer una pestaña en el portal de Finanzas para Todos en el que cualquiera pudiera comprobar si la oferta de un producto financiero procede de una entidad registrada o de un chiringuito!, piensa Jordi.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Fernando Zunzunegui https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Fernando Zunzunegui2014-08-27 00:50:282014-08-26 12:03:47¿Dónde puedo consultar para no invertir en un chiringuito financiero?
Una de las falacias que más se repiten en relación a la consulta prevista para el 9 de noviembre es la de que se trata tan solo de saber lo que piensan los catalanes, sin que eso tenga consecuencias jurídicas. Es decir, se plantea la consulta como si se tratara de una mera encuesta. De este planteamiento falaz se siguen varias consecuencias, tanto en lo que se refiere a la legalidad de la consulta como en lo referente a su legitimación y justificación. Sobre lo primero se mantiene que lo establecido por la Constitución y el Tribunal Constitucional en relación a los referéndums no es aplicable a la consulta. En relación a lo segundo se sostiene que no existe ningún mal en conocer la opinión de los ciudadanos sobre un tema de interés como es éste. Ambas afirmaciones son falsas y consecuencia de una falacia y de una errónea interpretación de lo que son las consultas y los referéndums. Aquí me intentaré ocupar de ello.
El error de partida es asumir que solo las consultas vinculantes son referéndums. Este es un error (o una mentira) repetido por doquier, incluso en la propaganda que Diplocat realiza en el exterior a favor de la consulta (aquí puede verse la respuesta de Societat Civil Catalana a dicha propaganda); pero que carece de base alguna. En España los referéndums son, en principio, no vinculantes cuando se refieren a decisiones políticas (art. 92 de la Constitución: “Las decisiones políticas de especial transcendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”). Es claro que el referéndum es consultivo –no vinculante- y que, por tanto, de lo que se trata es de conocer la opinión de la ciudadanía en relación a una cuestión política, aunque sin que el referéndum tenga carácter vinculante (su carácter es meramente consultivo).
Aparte de estos referéndums consultivos, el Derecho español también prevé otro tipo de referéndums que se insertan en determinados procedimientos legislativos o de creación de las Comunidades Autónomas. En concreto, la Constitución prevé dos tipos de referéndums de reforma constitucional, uno en el art. 168.3, en relación al procedimiento agravado de reforma constitucional, y otro en el art. 167.3 para los supuestos de reforma de la Constitución por el procedimiento simplificado. En el art. 152.2 de la Constitución se prevé también un referéndum vinculante para la reforma de determinados Estatutos de Autonomía y en el art. 151.1 también de la Constitución se regula un referéndum en el procedimiento de creación de las Comunidades Autónomas. La Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución prevé también un referéndum específico para el caso de que Navarra deseara incorporarse a la Comunidad Autónoma Vasca. Además, algunos Estatutos de Autonomía también prevén que su modificación debe ser ratificada por referéndum (art. 248 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, art. 115 del Estatuto de Autonomía de Aragón o art. 222 del Estatuto de Autonomía de Cataluña). Aquí no trataremos estos referéndums ya que el que nos ocupa ahora en Cataluña es del primer tipo, un referéndum consultivo en relación a una decisión política.
Este tipo de referéndums están regulados en la Constitución y la competencia para la autorización de tales consultas es exclusiva del Estado (art. 149.1.32ª de la Constitución: art. 149.1 de la Constitución: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (…) 32ª. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”). Es decir, la autorización para celebrar referéndums consultivos es una competencia estatal de carácter exclusivo. Esta competencia no se limita a los referéndums vinculantes, como pretende la propaganda secesionista; sino a todos los referéndums. Esto es, a todos los supuestos a los que se consulte al conjunto del electorado en relación a una decisión política (Sentencia del Tribunal Constitucional 103/2008). La competencia para autorizar el referéndum es, por tanto, estatal y una ley autonómica que permitiera la realización de este tipo de consulta sin la autorización del Estado sería claramente inconstitucional.
No puede dejar de señalarse que la competencia autonómica en materia de referéndums no se ve limitada únicamente por la previsión del art. 149.1.32ª de la Constitución, sino que también ha de tenerse en cuenta que el art. 92.3 de la Constitución prevé que una ley orgánica ha de regular las condiciones y procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución, lo que implica que también la competencia para la regulación del referéndum es estatal, habiéndola ejercido mediante la Ley Orgánica 2/1980. La competencia estatal en materia de regulación del referéndum no solamente deriva, además, de la previsión del art. 92 de la Constitución, sino también de la genérica del art. 81 CE para el desarrollo de los derechos fundamentales, ya que el referéndum es una manifestación del derecho de participación política (art. 23 de la Constitución). Así lo estableció el Tribunal Constitucional en su ya citada Sentencia 103/2008 (Fundamento Jurídico 3). No insistiré, sin embargo, en este aspecto porque creo que ya queda suficientemente claro que una consulta como la prevista por algunos partidos para el mes de noviembre en Cataluña es absolutamente incompatible con las normas fundamentales de nuestro ordenamiento.
El error, por tanto, está en, de manera totalmente injustificada, pretender que la competencia exclusiva del Estado alcanza tan solo a los referéndums vinculantes, siendo el resto meras consultas que podrían ser decididas por las Comunidades Autónomas. Esto, como digo, es radicalmente falso.
El discurso secesionista no descansa solamente en la falsedad que acabo de señalar, sino que, además incurre en una falacia. La falacia, que adelantaba al comienzo, es desvincular la consulta de la decisión política a la que se refiere. Como digo los independentistas y sus aliados plantean con aparente o real ingenuidad que no hay ningún mal en saber lo que piensa la gente. Bien, es que una consulta no se hace para saber cuál es la opinión de la gente, sino para adoptar una decisión. De ninguna forma puede desvincularse la decisión de la consulta. La legalidad de la decisión es parte intrínseca en la valoración de la legalidad de la consulta y parte esencial de ésta.
Esto es claro incluso en la Ley sobre consultas que se está elaborando en el Parlamento de Catalunya en estos momentos. Dicha Ley pretende ajustarse a ese sentido reducido de consulta que buscaría conseguir su encaje constitucional; pero en el propio texto de la Ley (art. 8 de acuerdo con el texto aprobado por la Comisión) se establece que una vez realizada la consulta y en el plazo de dos meses los poderes públicos se han de pronunciar sobre su incidencia en la actuación pública sometida a consulta. Es claro, por tanto, que no estamos hablando tan solo de saber si la gente prefiere la música de Bach o de Beethoven, sino de orientar la actuación política, en este caso en el sentido de crear un nuevo Estado, modificar las fronteras del Estado español y alterar la configuración de la Unión Europea, entre otras consecuencias que se derivarían de que Cataluña deviniera un Estado independiente.
Así pues, no es cierto que se trate solamente de saber “qué piensa la gente”, sino que estamos ante un proceso de secesión para el que, evidentemente, la Generalitat, no tiene competencias. Y si la Generalitat carece de competencias para adoptar las decisiones a las que conduciría la consulta tampoco las tiene para convocar la consulta. Por esta vía también se cierra la posibilidad de que la Generalitat pueda convocar legalmente una consulta como la que se pretende realizar en noviembre.
No estamos ante una encuesta, ni ante una consulta sobre si la Diagonal ha de tener tres o cuatro carriles en cada sentido; estamos ante una decisión política cuya competencia excede las que tiene la Generalitat. Es por eso que la consulta no puede ser convocada y que si se convoca será no solamente sin base legal, sino en un consciente desafío al Estado de Derecho de una gravedad insólita en democracia.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Rafael Arenas https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Rafael Arenas2014-08-25 00:10:102014-08-25 00:10:10Encuestas, consultas y referendums
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Los editores https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Los editores2014-08-23 09:09:312014-08-24 09:02:51El artículo de Ignacio García de Leaniz: El nuevo regeneracionismo español
Entrevista a los autores del libro ¿Hay Derecho?(I)
21 agosto, 2014 /10 Comentarios/en Crisis política e institucional /por Los editores
Transcribimos aquí la primera parte de la entrevista que iAhorro hizo a los autores del libro ¿Hay Derecho?
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Los editores https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Los editores2014-08-21 09:02:422014-08-21 09:02:42Entrevista a los autores del libro ¿Hay Derecho?(I)
20 agosto, 2014 /8 Comentarios/en Familia, Personas /por Fernando Rodríguez Prieto
Expuse en el primer post de esta pequeña serie los bandazos que había sufrido el tratamiento por nuestro país del reconocimiento de la filiación originada por gestación subrogada o por sustitución. Merece la pena detenerse en los argumentos que se usan desde las posturas contrapuestas que existen sobre esta controvertida materia.
LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DEL TS.
La sentencia del TS de 6 de Febrero de 2014 anuló la resolución de 2009 y ordenó la cancelación de la inscripción del niño nacido en California al no reconocer la filiación de sus padres por gestación sustituida.
La misma recoge los argumentos más frecuentes en defensa de la posición tradicional de admitir sólo la filiación determinada por la madre gestante. Y por lo tanto en contra de la posibilidad de reconocer este otro tipo de filiación en virtud de gestación por sustitución en el extranjero. En base a los mismos, lo esencial es que considera que la norma del artículo 10 ha de aplicarse, como constitutiva de orden público, también a estos supuestos externos. Sin embargo fue aprobada sólo por cinco de los nueve magistrados de la sala. Los cuatro restantes formularon un voto particular. Lo que es buena prueba de las dificultades de encontrar una solución clara para estos supuestos.
Trato de sintetizar algunos de sus fundamentos y también algunas dudas que me provocan:
+El citado artículo 10, para el TS, impide que los avances en las técnicas de reproducción asistida vulneren la dignidad de la mujer gestante y del niño, evita que sean así “cosificados” y que se mercantilice la gestación. Lo cierto, sin embargo, es que no ha impedido que unas cuantas parejas españolas acudan a esta vía. La “cosificación” de la mujer gestante no nos aparece tan clara y evidente ¿Por qué quien se presta a ello está necesariamente atentando contra su propia dignidad o reduciéndose a cosa? Incluso hay quienes realizan esas gestaciones gratuitamente y por puro altruismo, por el simple deseo de ayudar a quienes no pueden tener hijos por sí ¿el renunciar a la maternidad del hijo por ellas gestado ¿Necesariamente esas mujeres “se cosifican” o atentan contra su propia dignidad?
El TS condena esta vía como medio de mercantilizar la gestación, y le parece aberrante que determinados intermediarios puedan realizar negocio con ello. Sin embargo otras actividades de ayuda a la gestación, como por ejemplo a través de implantes in vitro, se realizan por instituciones con ánimo de lucro, y ello no se considera condenable ¿Por qué en este caso, cuando se buscan los mismos objetivos de facilitar una paternidad que no es posible naturalmente, el prestar esos servicios con lucro ha de merecer esa condena? ¿Dónde está el límite de lo mercantil?
+La admisión o reconocimiento de efectos legales, para el TS, permitiría la explotación del estado de necesidad en que se encuentran mujeres jóvenes en situación de pobreza. Pero por una parte, como hemos visto, las gestantes no actúan siempre por precio, y esa opción gratuita tampoco se considera admisible. Y si media precio, esas madres gestantes ¿Han de considerarse necesariamente explotadas? Las incomodidades, esfuerzos, riesgos y gastos de una gestación por cuenta de otros ¿Ha de rechazarse siempre que puedan ser retribuídas? Y esa vía para paliar una situación de pobreza, que por otra parte no tiene por qué existir siempre en la gestante ¿Es necesariamente condenable? ¿Se ha de privar necesariamente a mujeres sin otros recursos y que no deseen ser madres de esa posibilidad de mejorar su fortuna?
El voto particular se pregunta, tal vez con algún fundamento, por qué ha de considerarse explotada la mujer gestante que ha consentido voluntaria, informada y libremente, con plena conciencia de la trascendencia de ese acuerdo. Máxime cuando, como ocurre en Estados Unidos, tal consentimiento se ha prestado ante una autoridad judicial que vela que se haya producido con todas las garantías.
El TS se quiere apoyar en el tradicional dogma de que el cuerpo es un bien fuera del comercio, y considera que estos servicios (denominados impropiamente de “alquiler de útero”) lo quebrarían. Sin embargo también es verdad que en cualquier trabajo que exige esfuerzos físicos (todos en mayor o menos medida), y mucho más en las profesiones de riesgo, las potencialidades de nuestro cuerpo se ponen también al servicio de un empleador a cambio de una retribución ¿Cuál es entonces el factor diferenciador en la gestación por sustitución?
Podemos recordar que en las primeras legislaciones laborales del siglo XIX, más que en mejorar las duras condiciones de trabajo de la época las regulaciones se centraban en prohibir algunos de ellos a los niños… ¡y a las mujeres! ¿Podríamos considerar hoy, con más perspectiva histórica, esas normas limitativas como justas y no discriminatorias? ¿Y no estaríamos aquí ante un caso semejante?
+El TS considera también como argumento el que el reconocimiento de esta determinación de la filiación conseguida en el extranjero llevaría a que sólo quienes dispongan de elevados recursos económicos pudieran acceder a esta vía y establecer este tipo de relaciones paterno filiales. Sin embargo estas mayores opciones de los que tienen más recursos se acepta naturalmente en muchos otros campos. De hecho, en la mayoría de los mercados de bienes y servicios ¿Acaso se debería prohibir la cirugía estética en sus múltiples variantes porque no pueda acceder a ella la generalidad de la población? Y si la restricción ha de afectar de una forma especial a la materia de la reproducción por considerarse en ella imprescindible una igualdad estricta, aunque sea la igualdad de que ninguno pueda conseguir esas metas ¿Por qué permitimos entonces instituciones privadas de ayuda a la reproducción cuando la asistencia es de otro tipo, como las implantaciones in vitro en general?
+El alto Tribunal también se apoya en el principio de interés superior del menor. Pero es bastante dudoso que éste se proteja mejor queriendo atribuir la “correcta” filiación a una madre gestante que desde el comienzo de la gestación no ha querido tener ese hijo como propio. Esos menores quedan de hecho, con la negativa al reconocimiento, en situación de abandono. Y han de seguir el largo y complejo proceso de la adopción, para que culmine con la selección de unos padres diferentes.
En estos casos ¿Por qué se ha de descartar el elegir pomo padres legalmente reconocidos precisamente a quienes quisieron tener ese hijo, hicieron para ello esfuerzos, no sólo económicos, han propiciado y hecho posible su nacimiento y son, además, sus padres genéticos? El propio TS no tiene más remedio que reconocer en su sentencia que su solución “puede causar inconvenientes” a los menores.
Ese interés de los menores, en la práctica de los hechos, se ve gravemente afectado con la solución pretendida. Durante largos años los niños crecen y crean vínculos afectivos con sus padres genéticos, reconocidos como tales en el país de nacimiento, que se han ocupado de ellos desde el primer momento y que pueden mantener esta situación con tan solo prolongar la estancia en dicho país ¿Hay ventajas en colocarles en situación de incertidumbre jurídica durante años o de finalmente arrebatárselos para dárselos a otros padres distintos?
El TS con su decisión ha querido permanecer apegado a la idea de que sólo el parto determina la filiación, y que por ello sólo la gestante puede ser reconocida como verdadera madre. Pero esa idea ¿Responde a un imperativo moral absoluto? ¿Es más bien un prejuicio fundado en el peso de la Historia? ¿Debe mantenerse o puede someterse a revisión ante las nuevas posibilidades que la ciencia ha abierto?
En fin, muchas dudas y muchas preguntas que en este post me basta con plantear, sin pretender resolver.
Lo cierto es que las consecuencias nos demuestran que la solución no parece tan fácil. Y algún fundamento y consistencia pueden tener todas esas cuestiones. Porque en esta cuestión no ha sido nuestro Tribunal Supremo quien ha dicho la última palabra. La situación ha sufrido un nuevo vuelco desde Europa…
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Fernando Rodríguez Prieto https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Fernando Rodríguez Prieto2014-08-20 08:19:142014-08-20 08:19:14¿Gestación por sustitución sin fronteras?(II) Los argumentos a favor y en contra de la gestación subrogada.
19 agosto, 2014 /8 Comentarios/en Sin categorizar /por Jesús Casas
Quien haya estado alguna vez en Roma habrá visto y sentido varias ciudades. Una de ellas es la Roma mitológicamente fundada en el año 753 a.C. cuya lengua, modernizada y vulgarizada es la que actualmente usamos, o, dicho de otra manera, la que sirve de base y hace de límite a nuestro pensamiento. En esa Ciudad Eterna, no lejos del Tíber, quien haya querido habrá podido visitar el “Ara Pacis”, actualmente custodiada en un luminoso edificio de Richard Meier, junto a la cual están las mucho menos visitadas ruinas del Mausoleo de quien mandó construirla como Altar de la Paz.
Hoy, 19 de agosto de 2014 (en el mes que lleva nombre en honor del ilustre fallecido, como julio fue renombrado así en honor a su tío abuelo) se cumple el segundo milenario de la muerte del personaje histórico conocido por uno de los títulos que el Senado de Roma le concedió: Augusto en el año 27 antes de nuestra Era. César Augusto recibió al nacer los nombres de Cayo Octaviano Turino, pero la adopción testamentaria de Julio César, hizo que desde el asesinato de éste, en el 15 de marzo del año 44 a.C. el joven de 19 años pasó a formar parte del segundo Triunvirato con Marco Antonio y Lépido y, tras el exilio del segundo y el suicidio de aquél tras una de las más famosas batallas navales de la Historia (la de Actium), pasó a ejercer el consulado en sucesivas anualidades hasta que el Senado le confirió la potestad tribunicia y finalmente, el imperium proconsular máximo y absoluto, convirtiéndose en el primer Princeps romano, es decir, en el primer Emperador de la Historia de Occidente, no sin antes haber rechazado el cargo de dictador y, sobre todo, no sin dar a todas sus decisiones personales la forma jurídica necesaria para que pareciese que se restauraba la República en vez de iniciarse una Monarquía, pero, especialmente, sentarse las bases de un sistema político absolutamente nuevo en el que convivieron en paralelo las instituciones republicanas y las nacidas de la voluntas principis.
Octaviano nació en una familia ecuestre, y por tanto, sin la adopción de César no habría pasado a formar parte del núcleo del poder nobiliario senatorial republicano romano, formado sólo por las familias cuyos ancestros se remontan a la fundación mítica de Roma y por ello eran de rango senatorial y competían no por las riquezas, sino por las máscaras de cera de los ancestros consulares que colgaban de sus atrios. Quien quiera conocer la vida de Augusto puede leerla de su propia mano en sus “Res Gestae” , que conocemos íntegras gracias a una inscripción bilingüe (latín y griego) hallada en Ancyra (Ankara) que dictó algo más de un año antes de su muerte, cuando contaba con 76 años de edad, o bien a través de su historiador “de cabecera”, Salustio o a Tito Livio (Ab Urbe Condita) o bien, como prefiere quien suscribe, lea una obra clásica de Sir Ronald Syme: “La Revolución Romana”, recientemente reeditada en español.
No es este el lugar para resumir la vida de Octaviano, pero resulta extraño que sólo una exposición en Roma, luego trasladada a París hayan tenido cierto eco internacional y que sólo Zaragoza (Caesaraugusta) y Mérida (Emerita Augusta) hayan conmemorado la efeméride con cierto calado en un país como el nuestro, en el que el Príncipe estuvo y en el que tantas ciudades llevan en su topónimo, el título que da nombre al primer Emperador. Lo que importa ahora es destacar su faceta como político y legislador.
Es fama que Julio César, antes de su muerte, albergaba planes para la revitalización de la sociedad romana en todos los ámbitos, tras la agonía de las guerras civiles, las dictaduras, y las luchas intestinas. Un sistema político había llegado a su fin y el gobierno de un área geográfica tan vasta como la cubierta por las provincias romanas en el siglo I a.C. implicaba necesariamente cambios. Entre dichos planes, estaban los legislativos de los que no existe fuente directa ninguna. Algunos romanistas, como el prof. Paricio o le Prof. Fernández Barreiro sostienen que en realidad, el “programa político” y legislativo de César podemos estudiarlo a través de la obra de su hijo adoptivo, nuestro conmemorado Octavio u Octaviano y no sólo porque, tras sus más de 40 años de gobierno no sólo puede decirse que recibió “una ciudad de ladrillo y la devolvió de mármol” sino que no hubo aspecto de la vida política o legislativa que quedara sin remover.
En lo tocante a la constitución política romana, nunca escrita, Augusto tuvo el mérito de permitir el funcionamiento de las asambleas populares (comitia y plebiscita) proponiendo a las mismas la aprobación de Leyes (Leges) conforme a sus intereses sobre la base de su potestad consular y tribunicia, respectivamente. Al mismo tiempo, tras haber depurado con progromos sucesivos y asesinatos y ejecuciones en masa a la clase senatorial que no se rindió a sus intereses, dio nuevo lustre al Senado, que aprobó con forma de senadoconsultos las normas que Augusto sugirió se aprobasen. Así fue introduciendo reforma tras reforma, partiendo siempre de un poder militar que, como revolucionario había alcanzado alquilando ejércitos tras solicitar préstamos enormes que devolvió con el botín capturado (como los partidos políticos actuales), eso cuando no le fueron oportunamente condonados (como los partidos políticos actuales también). Al mismo tiempo, Augusto se hizo con el mando de las Provincias imperiales, dejando las más antiguas al Senado (senatoriales) para repartir adecuadamente las influencias y obtener el apoyo de la nobleza, que le faltó inicialmente.
En la esfera municipal, si Uds. han visitado alguna vez el Museo Arqueológico Nacional, recordarán haber visto una tabla de bronce llamada Ley de Irni o Lex Irnitana, todas ellas parten de las leyes modelo de Julio César (Lex Iulia Municipalis, Lex Iulia de Provinciis), que Augusto promovió como modelo de gobierno municipal y que llegan hasta la dinastía Flavia, como la antes citada sin apenas cambios.
En la esfera administrativa y militar, Octavio comenzó a entretejer todo un sistema de poder piramidal de funcionarios y normas escritas cuya cúspide era, evidentemente, el Príncipe o las secretarías del Príncipe, del mismo modo que el príncipe, como Imperator (un cargo militar) ostentaba el mando supremo de todas las legiones.
En la esfera del Derecho privado, Augusto fue un decidido luchador contra la decadencia demográfica romana, tras los últimos siglos de la República y promulgó su “legislación moral” la Lex Iulia de Maritandis Ordinibus y la Lex Iulia de Adulteriis Coercendis o la Lex Pappia Poppea, que regulaba la obligación de contraer nuevo matrimonio para los viudos y viudas, entre otras. Además, reformó el Derecho procesal (Lex Iulia de Iudiciorum publicorum – diríamos hoy, en relación con los procesos penales – y Lex Iulia de Iudiciorum privatorum – que diríamos hoy relacionada con los procesos civiles – ) derogando algunas de las antiquísimas acciones “de la ley” (legis actiones) nacidas de las antiguas prácticas sacramentales ante el Colegio Pontifical, consagrando definitivamente el sistema (en uso desde finales del siglo II a.C.) denominado “formulario” o “agere per formulas”, manteniendo la usual bipartición entre la fase de admisión ante el Pretor y la fase de juicio ante los “arbitri” o jueces privados. Para ello, Augusto se encargó igualmente de que en la lista de árbitros o jueces se depurase a cualquier elemento indeseable (lo que es posible que no les resulte del todo desconocido).
En punto a la política, Augusto consideró necesario acabar con las conspiraciones en los collegia y sodalitates, promulgando la Lex Iulia de Colegiis, que prohibía las asociaciones clandestinas. Una buena forma de evitar la conspiración.
Pero, si alguna de las innovaciones jurídicas de Augusto nos impresiona por su calado y sutilidad (oculta un cambio revolucionario detrás de una mera denominación formal): el paso del “ius respondendi ex autoritate eius”, esto es, del derecho de los juristas a dar “responsae”, respuestas jurídicas, basado en la auctoritas que los mismos tenía por su mero saber, al “ius respondendi ex auctoritate Principis”, que era concedido a aquellos juristas que merecían el placet imperial.
Cuatro décadas de Imperio tras una revolución emprendida por un joven veinteañero con ambición infinita y presunta modestia, en los que internamente Roma vivió una época de desarrollo y paz interna muy a pesar de los enemigos “del régimen” y, sobre todo, de los enemigos exteriores, esto es los bárbaros, los extranjeros balbuceantes, que siguieron suministrando esclavos y riquezas para el desarrollo de una de las más complejas civilizaciones europeas, germen con Grecia de la nuestra actual.
Es posible que, al haber servido el Imperio romano de fuente de inspiración, también estética, a alguno de los abusos mayores del siglo XX (empezando por los sueños de grandeza del fascismo mussoliniano) volver los ojos a las lecciones de la Época Augustea no sea políticamente correcto. Sin embargo, como dice Jared Diamond en “El Mundo hasta ayer” (Debate,2013 ), la historia de los últimos 11.000 años es apenas un minuto en la historia de la humanidad y muchas de nuestras costumbres, buenas o malas, siguen siendo las mismas porque tampoco hemos cambiado tanto, por razones meramente biológicas, antropológicas y sociológicas, y lo que está escrito en los anales de hace tan solo dos milenios, en realidad ha sucedido hace nada. Aprenderlo, aprehenderlo, comprenderlo y entenderlo nos sirve de base para entender mejor lo que nos pasa aquí y ahora.
Desde hace hoy 2.000 años Octaviano, Octavio, Augusto, dejó de ser humano para ser un dios, aunque él ya se había reivindicado, no obstante su fingida modestia, como “hijo de un dios” al ser deificado César. Si su poeta oficial se llamase Virgilio y escribiese libros como la “Eneida” u su banquero habitual Mecenas, acaso dentro de 2.000 años también se hable de Ud., sufrido lector que hasta aquí ha llegado.
Que la tierra sea leve a Augusto, revolucionario, político, legislador, y a todas sus víctimas ignotas.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Jesús Casas https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Jesús Casas2014-08-19 00:15:292014-08-18 21:49:30El bimilenario de la muerte de Augusto
18 agosto, 2014 /1 Comentario/en Familia, Personas /por Fernando Rodríguez Prieto
Merece la pena explicar la evolución del reconocimiento legal en España de la filiación conseguida en países extranjeros a través de la denominada gestación subrogada. La que produce en virtud de acuerdos con una llamada “madre de alquiler”. Ese tratamiento ha sufrido bruscos bandazos. Desde una negativa inicial se pasó a la apertura a su admisión desde la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de febrero de 2009. La anulación de ésta por la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de Febrero de 2014 significó una vuelta a su inadmisión. Pero la Sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo del 26 de junio de 2014, en un sentido contrario al de nuestro TS, parece haber abierto definitivamente esa vía.
Esa evolución tortuosa es buena prueba de las difíciles cuestiones que plantea esa materia, que desafía algunos de los conceptos jurídicos tradicionales básicos del derecho de familia. Y donde además confluyen Ordenamientos jurídicos que dan un tratamiento muy diferente a la filiación que surge de esos acuerdos.
La gestación subrogada se da a partir de un acuerdo por el que una mujer consiente, bien a cambio de un precio o bien a veces por altruismo, el llevar la gestación de un nasciturus cuya filiación se quiere que sea reconocida en favor de quienes contratan ese servicio. Normalmente se trata de parejas que no pueden llevar por sí la gestación por problemas fisiológicos de la mujer. Esta vía les permite conseguir tener un hijo con la carga genética de ambos, dado que sí pueden obtener gametos a través de fecundaciones in vitro o técnicas semejantes. También es utilizada por parejas homosexuales, generalmente de hombres, que pueden conseguir as que el hijo lo sea genéticamente al menos de uno de ellos.
La posibilidad, abierta por los avances científicos y médicos, de gestar un gameto generado y aportado por otras personas plantea toda una serie de cuestiones bioéticas que se trasladan al campo de lo jurídico. El vínculo que se genera entre la madre gestante y su hijo ¿Debe ser el único reconocido como maternal? ¿Puede deshacerse y reconocerse en su lugar en favor de quien o quienes aportaron el gameto, generalmente con su carga genética, en virtud de acuerdos? ¿Puede la autonomía de la voluntad tener algún juego aquí?
Una visión muy aperturista nos plantearía, además, nuevas cuestiones. Personas pudientes podrían llegar a plantearse el evitarse las incomodidades de la gestación para tener hijos mediante la contratación de estos servicios, incluso cuando esas madres pudiesen llevar por sí la gestación ¿Cuáles deberían entonces ser los límites?
El Derecho español, y el de otros muchos países cercanos, ha adoptado una posición absolutamente contraria a reconocer efectos jurídicos a estos acuerdos. La vigente Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida sigue el mismo criterio negatorio de su antecesora, la Ley 35/1988. El actual artículo 10 establece taxativamente:
“Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor de un contratante o de un tercero” y añade que “La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto”.
Por lo tanto en nuestro Derecho vigente interno sigue vigente la determinación de la filiación materna exclusivamente por el parto. Los acuerdos “de sustitución” a los que la gestante pueda haber llegado no tienen valor jurídico alguno. Y no se reconoce como jurídicamente protegible el interés de quienes, al no poder conseguir tener hijos de la forma habitual, desean no obstante por esta vía tener hijos que genéticamente sean suyos.
El objetivo de esa tajante norma es, obviamente, evitar que se celebren tales acuerdos y que se lleguen a gestar hijos por esa causa y mediante esa vía. No obstante en un mundo cada vez más globalizado resulta difícil establecer estas barreras. Existen países que sí reconocen efectos a estos acuerdos, y por lo tanto la paternidad de los que contrataron esta forma de gestación. Y unas cuantas parejas han utilizado esta vía internacional para tener hijos en tales países. Lo que ha planteado el problema señalado de si reconocer o no efectos en España a esa filiación subrogada. Porque si no se reconocen ¿Qué hacemos con esos niños?
El criterio en España fue en principio claramente denegatorio de eficacia alguna a tales acuerdos, por considerar que la norma española, como considerada de orden público, debía tener eficacia transnacional. Sin embargo se abrió una puerta por la citada resolución de la DGRN de 18/2/2009. En ese caso, frente a la denegación de la inscripción en el Registro Civil Consular de Los Ángeles de dos hijos nacidos el 24 de octubre de 2008 obtenidos por gestación subrogada en favor de un matrimonio de dos homosexuales varones, la DG cambió por primera vez el criterio. Como en California el método es válido, en el certificado de nacimiento aparecían como hijos del matrimonio solicitante, la resolución revocó la decisión y admitió la inscripción de los niños como hijos del matrimonio homosexual español.
Para ello la DG considera aquí que la prohibición de efectos del art 10 no debe tener alcance de orden público internacional español ni extender por ello sus efectos a la filiación determinada por otra normativa, en este caso la del Estado de California. La resolución consideraba, además, que la admisión de esa filiación evitaba una discriminación por razón de sexo (pues el matrimonio de dos varones no tenía otra posibilidad de tener descendencia genética) y protegía el interés superior de los menores. En esa línea la DG dictó además el 5 de octubre de 2010 una instrucción que admitía con carácter general esas inscripciones bajo ciertos presupuestos y siempre que uno de los solicitantes fuera español.
Sin embargo, mientras, el Ministerio Fiscal había presentado una demanda contra esa resolución de 18/2/2009 por considerar que el reconocimiento admitido permitía eludir la norma del artículo 10 (lo que no deja de ser cierto) y que, para evitar esa vía de escape, ésta debía considerarse como de orden público español. El Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia, que conoció el asunto, dictó sentencia el 15 de septiembre de 2010 estimando la impugnación del Fiscal y ordenando cancelar esa inscripción. Y la sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de Valencia por sentencia de 23 de noviembre de 2011.
Interpuesto recurso de casación por infracción del artículo 14 de la Constitución, por vulneración del principio de igualdad al significar esa imposibilidad de inscripción de la filiación en favor de dos varones una discriminación, entre otros motivos, éste fue desestimado por sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2014, que confirmó así el tradicional criterio denegatorio. Resulta interesante entrar en el análisis de sus argumentos, y exponer las dudas que, a su vez, los mismos nos siguen planteando. En todo caso la puerta parecía haberse cerrado para los españoles que pretendieran tener hijos por esa vía y que fueran reconocidos como suyos en España. Sólo podrían aspirar al reconocimiento de su paternidad por un ordenamiento extranjero .
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Fernando Rodríguez Prieto https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Fernando Rodríguez Prieto2014-08-18 12:00:062014-08-19 20:01:46La gestación por sustitución sin fronteras (I). La limitada eficacia de algunas prohibiciones en nuestro mundo global.
17 agosto, 2014 /7 Comentarios/en Elecciones, Partidos políticos, Sin categorizar /por Gonzalo Gómez Bengoechea
El diseño de la Eurozona es objeto de rigurosos análisis y de sesudos debates entre economistas desde hace años. Algunas de las mentes más brillantes del pensamiento económico han dedicado un gran esfuerzo a estudiar científicamente la viabilidad de las llamadas áreas monetarias. Así, cuando me planteé a quién votar en las elecciones europeas del pasado mes de Mayo, no pude evitar valorar las distintas opciones desde esta perspectiva. “Votaré a aquel partido que mencione en su programa electoral la teoría de las Áreas Monetarias Óptimas (AMO)”, me dije.
Tras descargar todos los programas y aplicar una cuidadosa búsqueda, palabra por palabra, descubrí lo que me temía: de los cinco principales partidos (PP, PSOE, IU, UPyD y Podemos) ninguno nombraba la teoría económica fundamental que explica qué condiciones deben reunir los países que quieren compartir su moneda de manera eficiente.
¿Hay derecho a que los partidos políticos obvien el uso de documentos científicos en la elaboración de sus programas económicos? ¿No cundiría la indignación general si para diseñar un programa de salud pública se obviara toda la investigación médica desde Hipócrates?
Un programa electoral debe ser detallado, riguroso y realista. Concedo, eso sí, que aunque una teoría no esté explícitamente citada, un partido puede recoger perfectamente su espíritu entre sus propuestas. Mi siguiente movimiento fue comprobar si la teoría de las AMO estaba diluida entre promesa y promesa.
La teoría que sustenta las AMO fue formulada inicialmente por Robert Mundell[1]. Esta investigación seminal, unida a la de otros autores como McKinnon[2], actuó como hoja de ruta para los encargados de poner en marcha la Eurozona. En el momento de la entrada en vigor del Euro, sólo dos de los seis requisitos señalados como fundamentales para garantizar el éxito de la nueva moneda se cumplían. Otros dos no lo hacían y el par final se movía entre el sí y el no.
Dado que, como señala De Grauwe[3], la inexistencia de un AMO en Europa favoreció el contagio de la actual crisis económica, mi pregunta de investigación quedó perfectamente acotada: ¿contribuyen las diferentes propuestas electorales al cumplimiento de las cuatro condiciones eludidas?
Opté por dejar de lado los requisitos que el consenso económico[4] da por satisfechos: la apertura comercial y la diversificación productiva. Me centré, inicialmente, en las dos condiciones incumplidas: la movilidad de trabajadores dentro de la Eurozona y la existencia de un sistema de compensación fiscal entre estados.
Una alta movilidad de trabajadores permite un mejor ajuste económico; en tiempos de crisis los desempleados de un país pueden encontrar empleo en aquellas zonas donde la actividad económica es mayor. De los cinco programas políticos estudiados, PP y UPyD señalan la necesidad de favorecer la movilidad profesional con diferentes tipos de medidas. El PSOE se centra en garantizar el mantenimiento de los derechos de los trabajadores desplazados. IU y Podemos son los únicos grupos que se muestran críticos con la movilidad laboral, llegando a hablar de “exilios forzados” en muchos casos.
Un sistema de compensación fiscal permite que los gobiernos de la Eurozona puedan financiarse entre ellos de manera directa y transparente. Este mecanismo estaría incluido dentro de una Unión Fiscal. PP, PSOE, IU y UPyD mencionan, directa o indirectamente, la Unión Fiscal entre sus propuestas. Se echa de menos una mayor concreción respecto de su visión: ¿se acepta la cesión de soberanía que esta medida supone, sin más? ¿Se apuesta por la creación de un ministerio de finanzas europeo?
La sensación respecto de las dos condiciones no cumplidas es que ambas aparecen recogidas de manera anecdótica, casi casual. No son ni el eje de las propuestas económicas ni están detalladas con la profundidad que sería deseable.
Los dos requisitos de cumplimiento dudoso son la “homogeneidad de preferencias” y la “visión compartida”. Ambos elementos hacen referencia al consenso que debe existir entre los países miembros respecto de la política económica a aplicar en caso de crisis y respecto al futuro de la unión en sí misma.
En este caso opté por examinar las distintas propuestas en base a la factibilidad de una hipotética posición común española. Las diferencias entre programas son abismales. El ejemplo de la crisis del sector público lo ilustra perfectamente. El PP nombra sólo tres veces la palabra déficit en su programa electoral; lo hace para mencionar la “herencia recibida”. El PSOE propone sendas flexibles y revisables del déficit público acordadas con Bruselas, que existen desde hace años. UPyD apenas trata este asunto. IU y Podemos sugieren impagos selectivos de deuda pública, difícilmente compatibles con los incrementos del gasto que ellos mismos proponen. Todos los programas incluyen medidas discordantes con el actual marco jurídico europeo o con los intereses de otros países.
Los dos requisitos de dudoso cumplimiento muestran una preocupante falta de consenso. Las propuestas de solución a la actual crisis son excesivamente vagas y conformistas, en unos casos, y preocupantemente irreales, en otros.
Mi sensación final es que, con alguna excepción, los programas electorales exhiben una importante falta de rigor. Varias de las propuestas desafían, no sólo las leyes económicas, sino las más elementales matemáticas. La acumulación de ideas, como caídas del cielo, sin un plan estudiado y coherente detrás, parece ser el común denominador de los programas.
Es necesario destacar que los elementos positivos detectados no dependen de signos políticos o de ideologías. UPyD, por ejemplo, cuida mucho los antecedentes económicos e IU utiliza el lenguaje técnico con una enorme pericia. Y todos, como no podía ser de otra manera, se muestran convencidos de la bondad de sus propuestas.
Quizá por eso los ciudadanos debamos ser especialmente cuidadosos y exigentes. Es importante saber qué estamos votando. No sea que nos pase como aquél al que, ya entrado en la treintena, su madre aún le preparaba el voto en un sobre cerrado. “¡Al menos dime a quién he votado!” se quejaba amargamente. “Hijo mío” respondía ella “el voto es secreto”.
[1] Mundell, R. A. (1961). “A Theory of Optimum Currency Areas” American Economic Review 51 (4).
[2] McKinnon, R. (1963). “Optimal Currency Areas”. American Economic Review 53.
[3] De Grauwe, P. (2013). “Design Failures in the Eurozone: Can they be fixed?” LEQS 57/2013
[4] Baldwin, R. y Wyplosz, C. (2012). The Economics of the European Integration. McGraw-Hill. 4ª ed.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Gonzalo Gómez Bengoechea https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Gonzalo Gómez Bengoechea2014-08-17 11:30:252014-08-17 11:25:44Promesas electorales y mentiras a medias.

References: Real Decreto 
 resolución 
 artículo 10
 artículo 10
 Resolución 
 artículo 10
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 10
 artículo 14