Source: https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/sentencia-ejecutoria-contradiccion-43921213
Timestamp: 2020-05-28 04:55:02+00:00

Document:
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala - Jurisprudencia - VLEX 43921213
CONTRADICCION DE TESIS 35/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y TERCER Y QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Resulta necesario transcribir la parte relativa de las ejecutorias dictadas en los amparos directos en dónde se sostienen los criterios que se estiman contradictorios, a efecto de proceder a su análisis en la presente resolución y poder determinar sobre la posible contradicción de tesis.
El Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mediante ejecutoria de fecha veinticinco de junio de mil novecientos noventa y dos, resolvió el amparo directo número 7/92, Q.: J.J.H.A., en la que, en su considerando quinto, señaló:
"QUINTO. Los conceptos de violación que se analizan son sustancialmente fundados: "La autoridad responsable para revocar la sentencia de primera instancia en esencia sostuvo: que la actora demandó la pérdida de los derechos de la patria potestad sobre sus menores hijos a su ex-cónyuge J.J.H.A., invocando como causal la falta de ministración de alimentos, para ese efecto anexó copia certificada deducida del expediente 276/88, de la que infirió que el demandado no había exhibido las pensiones a partir de febrero a julio de mil novecientos noventa, por lo cual, estimó que la carga le correspondía al demandado, a fin de justificar que había cumplido con esa obligación, y, que de la copia certificada infirió que el demandado incumplió con la obligación de pago de alimentos, porque se concretizó la hipótesis del artículo 628 fracción III del Código Civil conclusión a que llegó, toda vez que el demandado no probó sus aseveraciones y dio por acreditada la referida causal al quedar demostrado que no proporcionó a la actora los medios adecuados que permitan el desarrollo de su persona, y que trae consigo el peligro de que se afecte no sólo su salud y su seguridad, sino también su aspecto moral.
"En contra de estas consideraciones el quejoso aduce en esencia que la actora falseó la demanda ya que el hecho medular de su reclamación, lo hizo consistir en que no exhibió las pensiones alimenticias de los meses de febrero a julio de mil novecientos noventa, lo que se contradice en las constancias procesales, porque al contestar la reclamación opuso como excepciones la de oscuridad e improcedencia de la acción, porque a la fecha de la contestación o sea el veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa, no debía cantidad alguna por ese concepto. Lo anterior lo justificó con la copia certificada íntegra del juicio de divorcio voluntario del expediente 276/88, dónde aparece que dichas pensiones alimenticias fueron recibidas por la actora el veinticuatro del citado mes, por lo que al presentar su demanda el veintisiete del citado mes y año, no le adeudaba cantidad alguna; la S. no advierte que la conducta procesal de la actora se contradice con las constancias, ya que la pensión del mes de enero fue recogida por esta última hasta el veintidós de junio de mil novecientos noventa, afirma hechos de ninguna manera probados y la autoridad responsable comete el gravísimo error de apreciación e interpretación de las actuaciones en mi perjuicio, porque jamás se obligó a pagar alimentos a la actora sino a sus menores hijos; también la S. no advirtió que se garantizó en el juicio de divorcio voluntario el cumplimiento de la obligación de alimentos a través de una fianza por la cantidad de dos millones de pesos, por lo que al existir una garantía como sucede en la especie no se puede dar por probada la causal que se invoca; la S. tampoco toma en consideración que el cumplimiento de las obligaciones de dar alimentos no puede equipararse a una obligación lisa y llana en virtud de que las cuestiones familiares se rigen por disposiciones especiales al tenor de los artículos 486 al 521 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado; así como que tampoco apreció los diversos recibos exhibidos por concepto de pago de inscripción, colegiatura y pago de cuota al Colegio Benavente y a la Asociación de Padres de Familia, por educación de uno de sus menores hijos, por lo cuál en ningún momento abandonó sus deberes de padre de familia.
"Asiste razón al quejoso, atento a las siguientes consideraciones:
"En efecto, M. de L.R.G., demandó la pérdida de los derechos de la patria potestad sobre los menores J.J. y L.A. ambos de apellido Haces Robles, a su ex cónyuge J.J.H.A., invocando como causal principal el abandono de su deber de ministrar alimentos, poniendo en peligro la salud y la seguridad de los niños.
"El artículo 628 del Código Civil para el Estado es del tenor siguiente: 'Los derechos que la patria potestad confiere a quien o quienes la ejercen se pierde: I. Cuando el que la ejerza cometa algún delito grave o intencional contra el menor; II. Cuando el titular de ella sea condenado por delito intencional, a una pena de prisión inconmutable; III. Cuando por costumbres depravadas de quienes la ejerzan, malos tratamientos o abandono de sus deberes frente a sus hijos o nietos, en su caso, pueda comprometer la salud, la seguridad o la moralidad del menor, aunque esos hechos no sean penalmente punibles; IV. Cuando el padre, madre, abuelo o abuela, en su caso: a) E. a su hijo o nieto; b) A. a su hijo o nieto por más de tres meses, si este quedó a cargo de alguna persona; c) A. a su hijo o nieto por más de tres meses, si el menor no hubiere quedado al cuidado de una persona y el abandono sea intencional. V. En los casos de divorcio, cuando la ley lo establece'.
"De la transcripción anterior se desprende que la fracción III del precepto citado, contempla las siguientes hipótesis, por las que pierde la patria potestad.
"a) Por costumbres depravadas de quienes la ejerzan.
"b) Por malos tratamientos.
"c) Abandono de sus deberes frente a sus hijos o nietos.
"De los supuestos antes transcritos, se advierte que se requiere además que a consecuencia de esa conducta se pueda comprometer la salud, seguridad o la moralidad del menor, y en la especie la causal en la cual la S. responsable se apoyó la dio por probada fue la última de ellas al señalar que con la exhibición del pago efectuado por el demandado ante el Juzgado Segundo de lo Familiar de esta ciudad de Puebla, de fecha trece de agosto de mil novecientos noventa y noventa, por la cantidad de dos millones cuatrocientos mil pesos, correspondientes a los meses de febrero a julio del año antes citado, de ello infirió que no cumplió con la obligación de pago de alimentos en forma legal y consecuentemente dedujo el abandono de la obligación con sus menores hijos.
"Ahora bien, la Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo I, páginas 42 y 43 nos señala que por abandono de personas debe entenderse lo siguiente:
"'a) Abandono. El abandono consiste en dejar a la persona en situación de desamparo material, con peligro para su seguridad física (10), llevándola a un lugar o dejándola donde se encontraba. El desamparo moral no implica el delito (11). Ni le implica el simple desamparo material sin peligro para la seguridad física (12). El abandono no se confunde, por consiguiente, con la exposición del incapaz (13). Lo punible en síntesis, es el desamparo peligroso para la persona física del abandono. Se discute si es una condición del abandono el alejamiento del autor de la persona de la víctima (14). Se discute también si se trata de un delito de acción o de omisión (15). Así como si admite o no tentativa (16); o si es un delito instantáneo o permanente (16 Bis). Por lo general es un delito de peligro'.
"En consecuencia, por abandono para efectos del artículo 628 fracción III del Código Civil del Estado de Puebla, en relación a la patria potestad, debe entenderse dejar a la persona o a sus hijos en una situación de desamparo material, con peligro para sus seguridad física.
"Además, debe precisarse que de la hipótesis que se analiza no se desprende durante qué tiempo o lapso debe ser ese abandono, lo que implica que esa falta de cumplimiento debe ser en forma total y con ello se pueda comprometer la salud, seguridad o la moralidad del menor, situación que como ocasiona graves consecuencias tanto para el progenitor como para los hijos, requiere de pruebas plenas y totales que no dejen lugar a duda sobre dicho abandono, tal como se sostiene en la jurisprudencia número 204, visible a página 605 de la Cuarta Parte del A. al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1985, que dice:
"'PATRIA POTESTAD, PRUEBAS PARA LA PERDIDA DE LA. Como la condena a la pérdida de la patria potestad acarrea graves consecuencias perjudiciales tanto para los hijos como para el progenitor, para decretarla en los casos excepcionales previstos en la ley, se requiere de pruebas plenas e indiscutibles, que sin lugar a dudas hagan manifiesta la justificación de la privación.'
"Como se desprende de lo anterior, la pérdida de la patria potestad acarrea gravísimas consecuencias tanto para el padre como para los hijos, de ahí que los extremos de la hipótesis prevista en el inciso c) deben quedar demostrados en forma plena, esto es el abandono del padre de sus deberes frente a sus hijos, y que con ello se pueda comprometer la salud, seguridad o moralidad del menor, situaciones que no están demostradas en el caso a estudio.
"Esta afirmación se hace, en virtud de que por escrito presentado el trece de agosto de mil novecientos noventa, el demandado exhibió ante el juzgado del conocimiento la cantidad de dos millones cuatrocientos mil pesos, relativos a las pensiones alimenticias de los meses de febrero a julio del citado año (foja 150). Pensiones que por acuerdo de veintiuno del mismo mes y año, fueron puestas a disposición de la parte actora (foja 149 vuelta).
"Lo anterior implica que cuando M. de la L.R.G. presentó su demanda ejercitando la acción de pérdida de la patria potestad el veintisiete de agosto del referido año, según se advierte del sello fechador de recibido del juzgado natural, ya estaban depositadas las pensiones alimenticias cuya omisión invocó como causal para la pérdida de la patria potestad.
"Tal situación demuestra por sí sola, que si bien es cierto que el demandado no cumplió oportunamente con la obligación de exhibir mes a mes la pensión alimenticia para sus menores hijos, no es menos cierto, que ello sólo significa un retraso de varios meses en el cumplimiento de su obligación del pago de alimentos.
"Asimismo debe afirmarse que tampoco está demostrado en autos que el demandado hubiera dejado en desamparo material a sus menores hijos, con peligro para la seguridad o la moralidad de los mismos, sino todo lo contrario.
"Esto es así, porque obran en autos, los recibos expedidos por el Colegio Benavente respecto a la inscripción del menor J.J.H.R. por la cantidad de noventa mil pesos, otro relativo al pago de colegiaturas del ciclo escolar de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, a junio de mil novecientos noventa, por la cantidad de seiscientos ochenta y cinco mil pesos, y un tercero como pago de cuotas a la Asociación de Padres de Familia de la citada escuela, respecto del menor de referencia por el mismo ciclo escolar por la cantidad de veinte mil pesos (fojas 106,107 y 108). Documentos que fueron aportados por el hoy quejoso y que desvirtúan el abandono a que se refiere la autoridad responsable de sus obligaciones, toda vez que dentro del ciclo escolar de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, a junio de mil novecientos noventa, quedan comprendidos los meses en los que el deudor se retrasó en sus pagos de alimentos a favor de sus menores hijos y con esto no se puso en peligro la salud y la seguridad de los mismos, puesto que con dichos documentos se corrobora de manera plena que el demandado no ha descuidado el cumplimiento de sus deberes frente a sus hijos ni tampoco se ha comprometido la salud, la seguridad o la moralidad de los menores.
"Respecto a lo que afirma la S. responsable, en cuanto a que las pensiones alimenticias no fueron exhibidas en forma puntual porque ello se hizo en un solo depósito que amparaba seis mensualidades y por tanto considera que no cumplió en términos del artículo 1794 del Código Civil; sobre el particular debe decirse, que si bien el aludido precepto señala lo siguiente: 'El pago se hará en el tiempo designado en el contrato, salvo disposición de la ley en otro sentido', el retraso en el cumplimiento de la obligación no tiene como consecuencia forzosa y necesaria que se tenga por acreditada la causal hecha valer, pues para ello debe probarse también que se comprometió la salud, la seguridad o la moralidad de los menores, lo que en el caso no acontece por las razones que antes se dieron. Además cabe destacar que en el convenio no se señaló ni día ni lugar para cumplir con dicha obligación.
"Para corroborar lo anterior se transcribe dicho convenio: 'CONVENIO QUE CELEBRAMOS LOS SUSCRITOS J.J.H.A.Y.M.D.L.R.G., MISMO QUE REGULARA LA SITUACION JURIDICA DE NUESTROS HIJOS, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO MATRIMONIAL, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 433 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, POR LO QUE NOS SUJETAMOS A LA SIGUIENTES: CLAUSULAS. PRIMERA. Durante la vigencia de nuestro matrimonio manifestamos haber procreado dos hijos de nombres L.A. y J.J., ambos de apellidos HACES ROBLES. SEGUNDA. Por lo que hace a la guarda y custodia de nuestros hijos, convenimos que durante el procedimiento y después de ejecutoriado el divorcio estarán a cargo de su madre M.D.L.R.G.. TERCERO. Por lo que se refiere a la patria potestad de nuestros menores hijos, ésta quedará establecida de acuerdo a lo que dispone el artículo 598 del Código Civil para el Estado. CUARTA. Ambas partes manifestamos que el lugar en dónde vivirá MARIA DE L.R.G., será la casa marcada con el número trescientos diez y nueve (sic) de la calle Cuarenta y uno poniente de esta ciudad de Puebla durante el procedimiento y después de ejecutoriado el divorcio. QUINTA. El que suscribe J.J.H.A., manifiesta que durante el procedimiento y después de ejecutoriado el divorcio, vivirá en la casa marcada con el número cinco mil ciento trece de la calle Siete 'A' Sur de ésta ciudad de Puebla. SEXTA. La señora M.D.L.R.G., manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra embarazada. SEPTIMA. El que suscribe J.J.H.A., se obliga a pagar la cantidad de $400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), mensuales para la manutención de sus hijos. OCTAVA. Ambas partes manifiestan que J.J.H.A., podrá visitar a sus hijos tantas cuantas veces sea necesario. NOVENA. Ambas partes convenimos que la expresión aquí manifestada se eleve a la categoría de sentencia ejecutoriada, formando parte de la que se dicte en el presente juicio'.
"Habida cuenta de lo anterior, se llega al conocimiento que la S. de apelación valoró en forma incorrecta las pruebas aportadas en el juicio generador, ya que con la sola certificación exhibida por la parte actora no se puede concluir como lo hace dicha autoridad de alzada, que quedaba concretizada la hipótesis del artículo 628 fracción III del Código Civil para el Estado, sin advertir que con las pruebas del demandado ahora quejoso se demuestra lo contrario, esto es que el aquí quejoso no incurrió en el abandono de su obligación de otorgarles alimentos a sus menores hijos, ni tampoco comprometió la salud o la seguridad de los mismos, sino lo que ocurrió fue un simple retardo en la exhibición de las pensiones alimenticias.
"En esas condiciones como la S. responsable otorgó valor en forma incorrecta a las constancias procesales y no advirtió que con las pruebas del demandado acreditó sus excepciones opuestas, por tanto al estimar lo contrario violó en perjuicio del quejoso los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que conduce a otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Se cita en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 225 visible a páginas 373 y 374 de la Octava Parte, del A. al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, que dice: 'PRUEBAS APRECIACION DE LAS, VIOLATORIA DE GARANTIAS. La apreciación de las prueba que haga el juzgador, en uso de la facultad discrecional que expresamente le conceda la ley, no constituye por sí sola, una violación de garantías, a menos que exista una infracción manifiesta en la aplicación de las leyes que regulan la prueba o en la fijación de los hechos, o la apreciación sea contraria a la lógica'.
"'Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución de la autoridad señalada con ese carácter al tenor de la jurisprudencia número 70, visible a página 118 de la Octava Parte, del A. en consulta que dice: 'AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta'. "Dada la conclusión a que se llegó resulta innecesario el análisis de los restantes conceptos de violación, pues a consecuencia de los que resultaron fundados debe quedar sin efecto la sentencia combatida en términos de la jurisprudencia número 106, visible a página 167, de la Octava Parte del A. antes citado cuyo sumario dice: 'CONCEPTOS DE VIOLACION CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae como consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos'."
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostiene en su tesis jurisprudencial número 7, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo V, Enero-Junio de 1990, Segunda Parte-2, páginas 706 y 707, lo siguiente:
"PATRIA POTESTAD, PERDIDA DE LA, BASTA LA POSIBILIDAD DE UN PERJUICIO PARA GENERARSE. Para que se surta la hipótesis legal de la pérdida de la patria potestad prevista en la fracción III del artículo 444 del Código Civil para el Distrito Federal, consistente en el abandono de los deberes de padre, no se requiere que el menoscabo en los valores del menor que la ley protege, se produzcan en la realidad, pues para ello basta que el proceder del padre incumplido genere la posibilidad de que se ocasionen esos perjuicios, debiéndose precisar a este respecto únicamente las probables consecuencias que racionalmente pudieron haberse ocasionado en detrimento del menor con la conducta del padre incumplido, y no las demás circunstancias que hubiesen acontecido en la realidad o los efectos que dicha conducta hubiese producido, pues al establecer el precepto de referencia el vocablo 'pudiera', impone la obligación de hacer la valoración del caso, en función únicamente de las consecuencias normales que la aludida conducta por sí misma pudo producir, y no de las consecuencias que realmente haya causado, toda vez que no necesariamente hay identidad entre lo que ocurrió y lo que pudo ocurrir".
La parte considerativa que interesa de las ejecutorias que sirvieron para formar el criterio jurisprudencial antes transcrito, dicen:
Amparo directo 615/88. Quejosa: M.P.M.G.. Sesión de siete de abril de mil novecientos ochenta y ocho.
"QUINTO. Como se desprende de las consideraciones que sustentan la sentencia reclamada y de las impugnaciones que en su contra expresa la quejosa en los conceptos de violación, mismos que debido a la íntima relación que guardan entre sí se estudiarán en su conjunto, en el presente caso el problema fundamental estriba en determinar si se actualizó la causal de pérdida de la patria potestad, prevista en la fracciónIII del artículo 444 del Código Civil, porque el demandado hubiese incurrido en abandono de sus deberes de padre, por falta de ministración de alimentos al menor hijo de ambos contendientes, durante el período comprendido entre abril de mil novecientos ochenta y dos, y agosto de mil novecientos ochenta y cinco, y para ello, será preciso determinar previamente, si es necesario que esa falta de ministración de alimentos comprometa efectivamente la salud, la seguridad o la moralidad del menor, o bien, si únicamente se requiere, para que la causal se actualice, que pudieran comprometerse los valores de referencia, aunque en la realidad esto no llegara a ocurrir; pues en tanto que, por una parte, la S. responsable sostiene que es necesario, para que se tipifique la causal de que se trata, que el incumplimiento realmente comprometa la salud, la seguridad o la moralidad del menor, por la otra, la quejosa aduce que esto no es necesario, puesto que para que proceda la aludida causal, basta que la conducta impugnada genere la posibilidad de que se produzcan los efectos no deseados por la ley, aunque éstos no se lleguen a manifestar en la realidad.
"Ahora bien, el artículo 444, fracción III, del Código Civil dispone: '444. La patria potestad se pierde: III. Cuando por costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o abandono de sus deberes pudiera comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, aun cuando esos hechos no cayeran bajo la sanción de la ley penal.' De conformidad con este precepto, son tres los elementos de la acción de perdida de la patria potestad a que se refiere la fracción en comento, a saber: a) Que quien ejerza la patria potestad tenga costumbre depravadas, dé malos tratamientos a los hijos o abandone sus deberes para con ellos; b) Que pueda comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, y c) La relación de causa a efecto entre el abandono de los deberes de los padres y el daño que puedan sufrir los hijos.
"De conformidad con lo anterior y desentrañando el sentido exacto de la norma, se desprende que para que surta la hipótesis legal de pérdida de la patria potestad en estudio, no se requiere que el menoscabo en los valores del menor, que la ley protege, se produzcan en la realidad, pues para ello basta que con el proceder del padre incumplido, se genere la posibilidad de que se ocasionen esos perjuicios. De esta forma, para determinar en el caso concreto si se actualiza o no la causal de que se trata, es preciso que el mismo se aprecie tomando en consideración tan solo las probables consecuencias que racionalmente pudieron haberse ocasionado en perjuicio del menor con la conducta del padre, sin que se deban considerar las demás circunstancias que hayan acontecido en la realidad o los efectos que dicha conducta haya producido, pues al establecer el precepto de referencia el vocablo 'pudiera', impone la obligación de hacer la valoración de caso, en función únicamente de las consecuencias normales que la aludida conducta por sí misma pudo producir, y no de las consecuencias que realmente haya causado, toda vez que no necesariamente hay identidad entre lo que ocurrió y lo que pudo ocurrir; sin que para tal efecto obste el hecho de que en el momento de emitir el juicio correspondiente, ya se hubiesen conocido las consecuencias de la conducta impugnada y que ésta no haya producido perjuicio alguno al menor, puesto que la sanción que impone el precepto legal en comento, no tiene su fundamento en las consecuencias que la conducta hubiese causado en la realidad, sino tan solo en las que pudo producir, las cuales además, pueden llegar a conocerse racionalmente, tomando en consideración todas las circunstancias del caso.
"R. en sentido contrario como se hace, llevaría a admitir la conclusión de que determinados efectos no se pudieron producir, en virtud de que en la realidad no se produjeron, es decir, de que no existe más posibilidad que la que realmente acontece, lo cual no es apegado a la razón, pues el hecho de que un evento se haya producido de determinada forma, no significa necesariamente, que hubiese carecido de la posibilidad de manifestarse de alguna otra manera, ni impide que, haciendo uso de la razón, se puedan conocer esas otras formas en que pudo llevarse a cabo." 2. Amparo directo 2865/88. Quejosa: C.R.P.M.. Sesión de seis de octubre de mil novecientos ochenta y ocho.
"QUINTO. Son fundados los conceptos de violación expresados por la quejosa, mismos que debido a la íntima relación que guardan entre sí se estudiarán en su conjunto, pues como lo sostiene, no estuvo en lo correcto la S. responsable al revocar el tercer resolutivo de la sentencia de primera instancia y absolver al demandado de la pérdida de la patria potestad, bajo el argumento de que no procedía imponer dicha condena, porque la causal de divorcio en que la quejosa apoyó la acción y por la cuál se declaró disuelto el vínculo matrimonial, prevista en la fracción XVIII del artículo 267 del Código Civil, no contempla la modalidad de cónyuge culpable y de cónyuge inocente. En efecto, son fundados los anteriores motivos de inconformidad, ya que si bien es verdad que la causal de referencia no contempla la modalidad a que alude la S. responsable, puesto que únicamente exige para que proceda, que se acredite la separación de los cónyuges, por mas de dos años, independientemente de las causas que hayan motivado esta separación, también es verdad que en el presente caso ese argumento es irrelevante, puesto que la quejosa no hizo derivar su reclamación de que se condenara al demandado a la pérdida de la patria potestad, de los hechos relativos a la causal de divorcio aludida, referentes a que ha estado separada por más de dos años de su marido, sino de la diversa circunstancia de que éste no ha cumplido con sus obligaciones alimenticias, desde la fecha en que viven separados; y tal argumentación de la actora es apta para que se resolviera favorablemente a sus pretensiones, pues de conformidad con el artículo 283, en relación con el 444, fracción II, ambos del Código Civil, el J. que conoce de un asunto de divorcio y pronuncia sentencia declarando disuelto el vínculo matrimonial, tiene la obligación, al emitir el fallo, de fijar la situación de los hijos en todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad; su pérdida, limitación o suspensión, según el caso, gozando de la más amplias facultades para tal efecto; y ante tales circunstancias, dicho juzgador no únicamente puede, sino que debe decidir sobre la condena a la pérdida de la patria potestad, cuando en autos quedan acreditados los extremos que la conforman aunque ésta no derive directamente de la causal por la que se haya decretado el divorcio, y aunque tampoco se haya demandado como acción autónoma e independiente de éste; pues al imponer el precepto la obligación al J., de fijar en la sentencia de divorcio la situación de los hijos en lo relativo a la patria potestad, facultándolo ampliamente para tal efecto, sustrae esa decisión del J., del ámbito de las acciones y pretensiones que se hubiesen deducido en el juicio, pues al obligarlo a decidir las cuestiones relativas a este punto, precisamente al pronunciar la sentencia que declare disuelto el vínculo matrimonial, constriñe la cuestión planteada, a la sola voluntad del juzgador, quién debe pronunciarse a ese respecto, en cuanto tenga los elementos de juicio necesarios para ello.
"Sentado de esta forma lo anterior, procede determinar a continuación, si efectivamente quedaron acreditados los hechos en que la actora apoyó su reclamación, referentes al incumplimiento en que incurrió el demandado, de sus obligaciones de ministrar al menor hijo habido en el matrimonio; y, a este respecto, se advierte que tal extremo sí quedó justificado en autos, con la propia confesional del quejoso, quién al absolver posiciones admitió que dejó de suministrar alimentos desde la fecha de la separación sin justificar la excusa que adujo para no proporcionarlos; y esta conducta se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del artículo 444 del código indicado, que contempla la pérdida de la patria potestad, pues resulta inconcuso que con tal omisión, el quejoso pudo comprometer la salud del menor e inclusive su vida, puesto que no es factible que un ser humano pueda sobrevivir un lapso como el indicado, sin recibir alimentación.
"No obsta a la anterior consideración, las circunstancias que en contra alude la S. responsable, en el sentido de que las necesidades del menor fueron atendidas durante ese período por la parte actora, pues a este respecto debe tomarse en consideración que para que se surta la hipótesis legal de la pérdida de la patria potestad en estudio, no se requiere que el menoscabo, en los valores del menor que la ley protege, se produzcan en realidad, pues para ello basta que el proceder del padre incumplido genere la posibilidad de que se ocasionen esos perjuicios, debiéndose precisar a este respecto únicamente las probables consecuencias que racionalmente pudieron haberse ocasionado en perjuicio del menor con la conducta del padre incumplido, y no las demás circunstancias que hubiesen acontecido en la realidad o los efectos que dicha conducta hubiese producido, pues al establecer el precepto de referencia el vocablo 'pudiera', impone la obligación de hacer la valoración del caso, en función únicamente de las consecuencias normales que la aludida conducta por sí misma pudo producir, y no de las consecuencias que realmente haya causado, toda vez que no necesariamente hay identidad entre lo que ocurrió y lo que pudo ocurrir; sin que para tal efecto obste el hecho de que en el momento de emitir el juicio correspondiente, ya se hubiesen conocido los efectos de la conducta impugnada y que ésta no haya producido perjuicio alguno al menor, puesto que la sanción que impone el precepto legal en comento, no tiene su fundamento en los resultados que la conducta hubiese causado en la realidad, sino tan sólo en los que pudo producir, los cuales además, pueden llegar a conocerse racionalmente, tomando en consideración todas las circunstancias del caso.
"R. en sentido contrario a como se hace, llevaría a admitir la conclusión de que determinados efectos no se pudieron producir, en virtud de que en la realidad no se produjeron, es decir, de que no existe más posibilidad que la que realmente acontece, lo cual no es apegado a la razón, pues el hecho de que un evento se haya producido de determinada forma, no significa necesariamente, que hubiese carecido de la posibilidad de manifestarse de alguna otra manera, ni impide que, haciendo uso de la razón, se puedan conocer esas otras formas en que pudo llevarse a cabo. "Finalmente, tampoco obsta a la anterior consideración, el argumento de la S. responsable en el sentido de que no procede resolver favorablemente a los intereses de la quejosa, porque ésta no ejercitó la acción de pago de alimentos; toda vez que ninguno de los preceptos que regulan las cuestiones relativas a la patria potestad, condicionan la procedencia de la condena a la pérdida de ésta (cuando la causal se hace consistir en el abandono de los deberes de padre), al previo ejercicio de la acción de otorgamiento de pensión alimenticia.
Al no haberlo estimado de esta forma la S. responsable, transgredió en perjuicio de la quejosa las garantías individuales de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que debe concederse el amparo solicitado, para el efecto de que la S. responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra en la que, tomando en consideración los lineamientos contenidos en el presente fallo, declare infundadas los agravios y confirme la sentencia de primera instancia en su parte recurrida.
Amparo directo 855/89. Quejosa: C.H.G.. Sesión de treinta de marzo de mil novecientos ochenta y nueve.
"QUINTO. Los conceptos de violación que se analizan en conjunto por su íntima vinculación resultan fundados.
" En efecto, el problema que se plantea en la especie consistente en determinar si procede o no la condena de la pérdida de la patria potestad, cuando se demuestra, como en el caso, que uno de los cónyuges ha incumplido con su deber de proporcionar los medios económicos para subsistencia, cuidado y educación de su hijo, a pesar de tener los medios económicos para hacerlo.
"En el caso que nos ocupa la quejosa C.H.G., demandó a M.S.A. el divorcio necesario, fundando en las causales previstas en el artículo 267, fracciones XI y XII del Código Civil para el Distrito Federal, solicitando además de la disolución del vínculo matrimonial la pérdida de la patria potestad que el demandado ejerce sobre el menor hijo E.S.H.. Al respecto en el capítulo de hechos se señaló que M.S.A. se ha negado sistemáticamente a proporcionar cantidad alguna para la alimentación y manutención de su menor hijo, sufragando la quejosa todas las necesidades más elementales y médicas del menor.
"Tanto el J. natural como la S. responsable consideraron correctamente que el demandado no demostró en autos el cumplimiento de su obligación de contribuir económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de su menor hijo, así como a su educación en los términos establecidos por la ley.
"Ahora bien, esta circunstancia coloca al demandado en la hipótesis prevista en el artículo 444 fracción III del Código Civil para el Distrito Federal, que dispone: 'La patria potestad se pierde: Cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o abandono de sus deberes, pudiere comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la ley penal'.
"Tal circunstancia acontece en la especie porque al haber incumplido el demandado con su obligación de atender a las necesidades de su menor hijo E.S.H., dejando de proporcionarle los medios económicos necesarios para su subsistencia y cuidado colocó a dicho menor en la posibilidad de comprometer su seguridad y salud, bastando tal hipótesis para que se de la causal de la pérdida de la patria potestad a que se refiere el precepto legal en comento, sin que obste el hecho de que la madre haya proveído a la subsistencia y cuidado del mismo, porque la situación de desamparo debe juzgarse según la conducta del progenitor, que realiza el abandono, con independencia de la conducta asumida por el otro.
"Por ello, es incorrecto el razonamiento de la S. responsable en el sentido de que las pruebas aportadas a juicio por la actora, no demuestran que con el comportamiento del demandado, pudiera haberse expuesto su menor hijo a algún peligro en su seguridad, su salud o su moralidad, pues contrariamente a lo antes considerado debe preciarse que no se requiere que el menoscabo en los valores del menor, que la ley protege, se produzcan en la realidad, pues para ello basta que con el proceder del padre incumplido, se genere la posibilidad de que se le ocasionen esos perjuicios. De esta forma, para determinar en el caso concreto si se actualiza o no la causal de que se trata, es preciso que el mismo se aprecie tomando en consideración tan solo las probables consecuencias que racionalmente pudieron haberse ocasionado en perjuicio del menor con la conducta del padre, sin que se deban considerar las demás circunstancias que hayan acontecido en la realidad o los efectos que dicha conducta haya producido, pues al establecer el precepto de referencia el vocablo 'pudiera', impone la obligación de hacer la valoración del caso, en función únicamente que las consecuencias normales que la aludida conducta por sí misma pudo producir, y no de las consecuencias que realmente haya causado, toda vez que no necesariamente hay identidad entre lo que ocurrió y lo que pudo ocurrir; sin que para tal efecto obste el hecho de que en el momento de emitir el juicio correspondiente, ya se hubiesen conocido las consecuencias de la conducta impugnada y que ésta no haya producido perjuicio alguno al menor, puesto que la sanción que impone el precepto legal en comento, no tiene su fundamento en las consecuencias que la conducta hubiese causado en la realidad, sino tan solo en las que pudo producir, las cuales además, pueden llegar a conocerse racionalmente, tomando en consideración todas las circunstancias del caso.
"De acuerdo con lo anterior, este Tribunal Colegiado considera que resultan fundados los conceptos de violación en virtud de que como lo señaló la S. responsable el demandado no acreditó haber cumplido con su obligación de proporcionar alimentos a su menor hijo, quién de acuerdo al acta de nacimiento que se acompañó a la demanda de divorcio nació en octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, contando a la fecha de presentación de ésta la edad de tres años y que de acuerdo a los hechos narrados por la quejosa el demandado nunca ha proporcionado cantidad alguna a título de alimentos para su menor hijo, teniendo que cubrirlas la parte actora, incurriendo el demandado en el abandono de sus deberes, lo que resulta sancionable con la pérdida de la patria potestad sobre dicho menor, de conformidad con el citado artículo 444, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal, dado que es racional que con tal omisión pudo comprometer la salud del menor e inclusive su vida, puesto que no es factible que un ser humano pueda sobrevivir durante el período indicado sin recibir alimentación. "El anterior criterio ha sido sostenido por este mismo Tribunal Colegiado en la tesis número 25, visible en la página 374, del Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente al terminar el año de mil novecientos ochenta y ocho, que a la letra dice: 'PATRIA POTESTAD, BASTA LA POSIBILIDAD DE QUE EL MENOR RESULTE AFECTADO EN LOS DERECHOS QUE LA LEY PROTEGE, PARA QUE SE PRODUZCA LA PERDIDA DE LA. Son tres los elementos de la acción de la pérdida de la patria potestad a que se refiere la fracción III, del artículo 444, del Código Civil, a saber: a) Que quien ejerza la patria potestad tenga costumbre depravadas, de malos tratamientos a los hijos o abandone sus deberes para con ellos; b) Que pueda comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos; c) La relación de causa a efecto entre el abandono de los deberes de los padres y el daño que puedan sufrir los hijos. Desentrañando el sentido exacto de la norma, se desprende que para que surta la hipótesis legal de pérdida de patria potestad en estudio no se requiere que el menoscabo en los derechos del menor, que la ley protege, se produzcan en la realidad, pues para ello basta que con el proceder del padre incumplido, se genere la posibilidad de que se ocasionen esos perjuicios. De esta forma, para determinar si se actualiza o no la causa de que se trata, es preciso que el mismo se aprecie tomando en consideración tan solo las probables consecuencias que racionalmente pudieron haberse ocasionado en perjuicio del menor con la conducta del padre, sin que deban considerar las demás circunstancias que hayan acontecido en la realidad o los efectos que dicha conducta haya producido, pues al establecer el precepto de referencia el vocablo 'pudiera', impone la obligación de hacer la valoración del caso, en función únicamente de las consecuencias normales que la aludida conducta por sí misma pudo producir, y no de las consecuencias que realmente haya causado, toda vez que no necesariamente hay identidad entre lo que ocurrió y lo que pudo ocurrir, sin que para tal efecto obste el hecho de que en el momento de emitir el juicio correspondiente, ya se hubieren conocido las consecuencias de la conducta impugnada y que ésta no haya producidoperjuicio alguno al menor, puesto que la sanción que impone el precepto legal en comento, no tiene su fundamento en las consecuencias que la conducta hubiese causado en la realidad, sino tan solo en las que pudo producir, las cuales además, pueden llegar a conocerse racionalmente, tomando en consideración todas las circunstancias del caso.'
En estas condiciones, siendo fundados los conceptos de violación deberá concederse a la quejosa C.H.G. el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto que la S. responsable deje insubsistente la sentencia reclamada únicamente en lo relativo a la pérdida de la patria potestad y dicte otra en la que tomando en consideración los lineamientos de la presente ejecutoria, declare fundados los agravios de la parte apelante relacionados con la pérdida de la patria potestad, y confirme la sentencia de primera instancia.
Amparo directo 1740/89. Quejosa: P.E.C.L.. Sesión de primero de junio de mil novecientos ochenta y nueve.
"QUINTO. Son fundados los conceptos de violación expresados por la quejosa. En primer lugar, cabe destacar, que tiene razón la peticionaria al sostener que la S. responsable indebidamente desestimó las pruebas que ofreció para acreditar la acción de pérdida de la patria potestad que ejercitó en contra del tercero perjudicado. En efecto, si bien es cierto que como la condena a la pérdida de la patria potestad acarrea daños perjudiciales tanto para los hijos como para el progenitor, para declararla en los casos excepcionales previstos en la ley se requiere de pruebas plenas e indiscutibles o, que sin lugar a dudas hagan manifiesta la justificación de la privación; sin embargo, en el caso la S. responsable incurrió en una indebida valoración de las pruebas ofrecidas por la aludida quejosa, al desestimarlas por considerar que la menor no ha sido desamparada por su padre, en tanto que ha subsistido por haberla sostenido en sus alimentos la madre apelante y su abuela materna; ya que tal criterio carece de solidez jurídica atendiendo a que el padre que no demuestra interés alguno para proveer a la subsistencia, cuidado y educación de su hijo, a pesar de tener al alcance los medios para hacerlo, debe perder la patria potestad sobre él, atento a lo previsto en la fracción III artículo 444 del Código Civil, porque su conducta puede poner en peligro la salud o la seguridad del niño; sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que la madre y la abuela provean a la subsistencia y cuidado del menor, pues la situación de desamparo ha de juzgarse atendiendo a la conducta del progenitor que realice el abandono, con independencia de la actitud asumida por el otro. Esto es así, porque del propio texto de la fracción III en estudio, se advierte que sólo el abandono de las obligaciones paternales, que pudieran traer como consecuencia la afectación de la salud o de la seguridad del menor, ocasionan la pérdida de la patria potestad, en otras palabras, dicho precepto dispone que la mera posibilidad de comprometer a cualquiera de esos aspectos, por virtud del abandono de los correspondientes deberes de los progenitores, conlleva sin más a la procedencia de la aplicación de la sanción de la pérdida de la patria potestad, precisamente porque la norma en comento tiene carácter preventivo, al tratar de evitar esa clase de situaciones riesgosas para la formación integral del menor. "Por tanto, la S. responsable debió otorgarle valor probatorio pleno a las pruebas ofrecidas debió otorgarle valor probatorio pleno a las pruebas ofrecidas por la actora quejosa y estimar probada la acción de pérdida de la patria potestad intentada, pues si bien es cierto que en un juicio en el que se demanda una cuestión tan delicada como la pérdida de la patria potestad, la confesión ficta no produce, por sí sola, mas que una presunción, cuando como en el caso se encuentra corroborada tal presunción por otros medios probatorios, dicha conexión probatoria nos lleva a establecer una certeza absoluta de la causal invocada para acreditar la pérdida de la multireferida patria potestad. En la especie, al demandado se le tuvo por rebelde tanto de la contestación de demanda, como de la confesión a su cargo, donde se le declaró confeso de todas las posiciones que se le articularon en la audiencia celebrada el diez de octubre de mil novecientos ochenta y ocho (ver página 30 vuelta del expediente de primera instancia); advirtiéndose especialmente de las posiciones quinta, octava a décima, decimoprimera y decimotercera, el abandono de su menor hija en el que incurrió; confesión que se encuentra corroborada con los testimonios de M.C.L. y E.L.G., que fueron vertidos en la propia audiencia, en el sentido de que el demandado se ha abstenido de alimentar a su menor hija N.P.R.C. desde octubre de mil novecientos ochenta y siete.
"En segundo lugar, también tiene razón la quejosa al impugnar la apreciación de la S. responsable, relativa a que en el caso se está frente a un incumplimiento de una obligación que tiene su fuente en la voluntad de las partes y, que por lo mismo, al haber resultado parcial el abandono controvertido, éste es insuficiente para que prospere la acción de pérdida de la patria potestad. Se estima que tal razonamiento de la responsable es incorrecto, porque si bien es cierto que en el juicio de divorcio voluntario aludido por la S., se pactó que ambos cónyuges conservarían la patria potestad y que R.R.C. se obligaba a pagar una pensión alimenticia a favor de su menor hija por la cantidad de cien mil pesos mensuales, dicha obligación alimentaria no tiene su fundamento en el aludido acuerdo de voluntades de las partes, sino en la disposición expresa de la ley, que obliga a los padres a cumplir estrictamente con la obligación de dar alimentos a sus hijos. Debe aclarase que en el presente caso la pérdida de la patria potestad se reclama por el incumplimiento en que incurrió el padre y, por ende, ninguna relación guarda con la acción de la pérdida de la patria potestad que nos ocupa, la cláusula segunda del convenio celebrado en el juicio de divorcio voluntario, por la que se estableció que ambos cónyuges, al separarse, conservarían la patria potestad de su menor hija; resultando por tanto, también incorrecta la apreciación que al respecto formula la S. de apelación.
"Finalmente, no pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado, que la S. responsable incurrió en una nueva incongruencia al desestimar la pérdida de la patria potestad intentada, por haberla apoyado la actora en la fracción I del artículo 444 del Código Civil, pues aunque sea indudable que el completo estado de abandono de la menor que se adujo como hecho constitutivo de la acción, no corresponda al citado fundamento legal invocado en la demanda, el juzgador de la instancia debió atender estrictamente a la causa de pedir y no al fundamento legal invocado, atento a que a las partes corresponde narrar los hechos y al juzgador aplicar el derecho.
Al ser fundados los conceptos de violación que se acaban de examinar, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa, para el efecto de que la S. responsable declare insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar dicte una nueva, en la que sujetándose a los lineamientos de ésta ejecutoria, declare fundados los agravios de la apelante ahora quejosa y revoque la sentencia de primer grado, condenando al demandado a la pérdida de la patria potestad que ejerce sobre su menor hija N.P.R.C..
Amparo directo 5045/89. Quejosa: G.G.R.R.. Sesión de veintiséis de abril de mil novecientos noventa.
"QUINTO. Los conceptos de violación aducidos por G.G.R.R. son fundados por las siguientes razones:
"En efecto, toda vez que los elementos de la acción de la pérdida de la patria potestad a que se refiere la fracción III del artículo 444 del Código Civil para el Distrito Federal, son tres: a) Que quien ejerza la patria potestad tenga costumbre depravadas, dé malos tratamientos a los hijos o abandone sus deberes para con ellos; b) Que pueda comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, y c) La relación de causa a efecto entre el abandono de los deberes de los padres y el daño que puedan sufrir los hijos. Desentrañando el sentido exacto de la norma, se desprende que para que se surta la hipótesis legal de la pérdida de la patria potestad en estudio, no se requiere que el menoscabo en los derechos del menor, que la ley protege, se produzcan en la realidad, pues para ello basta que con el incumplimiento del padre, se genere la posibilidad de que se ocasionen esos perjuicios. De esta forma, para determinar si se actualiza o no la causa de que se trata, es preciso que la misma se aprecie tomando en consideración tan solo las probables consecuencias que racionalmente pudieron haberse ocasionado en perjuicio del menor con la conducta del padre, sin que se deban considerar las demás circunstancias que hayan acontecido en la realidad o los efectos que dicha conducta haya producido, pues al establecer el precepto de referencia el vocablo 'pudiera', impone la obligación de hacer la valoración del caso, en función únicamente de las consecuencias normales que la aludida conducta por sí misma pudo producir, y no de las consecuencias que realmente haya causado, toda vez que no necesariamente hay identidad entre lo que ocurrió y lo que pudo ocurrir; sin que para tal efecto obste el hecho de que en el momento de emitir el juicio correspondiente, ya se hubieran conocido las consecuencias de la conducta impugnada y que ésta no haya producido perjuicio alguno al menor, puesto que la sanción que impone el precepto legal en comento, no tiene su fundamento en las consecuencias que la conducta hubiese causado en la realidad, sino tan solo en las que pudo producir, las cuales además, pueden llegar a conocerse racionalmente, tomando en consideración todas las circunstancias del caso. Criterio que este Tribunal sostiene, y que incluso aparece publicado con el número 25 en las fojas 374 y 375 de la Tercera Parte del Informe de Labores rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de mil novecientos ochenta y ocho.
"En el caso, precisado lo anterior, se infiere que al encontrarse plenamente acreditado en autos que F.T.M. no probó que cumplió con su obligación de proporcionar alimentos a G.G.R.R., y a la menor hija de ambos, de nombre S.P.T.R., que ese hecho fue el que condujo al J. del conocimiento a declarar la disolución del vínculo matrimonial y condenar a F.T.M. a la pérdida de la patria potestad sobre su menor hija; y que incluso la propia responsable consideró que el ahora tercero perjudicado no acreditó que cumplió con su obligación alimentaria, y que por ello, confirmó la disolución del matrimonio, resulta innegable concluir que F.T.M. incurrió en el abandono de sus deberes para con su hija, sancionable con la pérdida de la patria potestad sobre la menor, de conformidad con la fracción III del artículo 444 del Código Civil vigente en esta ciudad, en razón de que su omisión de proporcionarle alimentos a S.P.T.R. pudo comprometer sus salud, e inclusive su vida, ya que el ser humano no puede sobrevivir sin recibir alimentación.
En tal virtud, la consideración del ad quem de que aun probado el abandono de F.T.M. en sus deberes de padre para con S.P.T.R., como tal 'extremo' a su parecer, no coloca siempre a los hijos en peligro de que sea afectada su salud, seguridad o moralidad, era requisito indispensable acreditar que como consecuencia de tal abandono se expuso a la menor en peligro de que se 'comprometieran' su salud y su seguridad, y que por ello, estimó que se debía modificar el fallo de origen de forma que declarara que las partes contendientes ejercieran conjuntamente la patria potestad sobre la persona y bienes de su menor hija, transgrede en perjuicio de la quejosa las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en consecuencia se debe conceder el amparo solicitado por la peticionaria de garantías para el efecto de que la S. responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y pronuncie de nueva cuenta su resolución, en la que siguiendo los lineamientos contenidos en esta ejecutoria, declare infundados los agravios en que la parte apelante pretendió demostrar que no procedía la pérdida de la patria potestad sobre su menor hija, y que confirme la sentencia de primera instancia.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostiene la tesis jurisprudencial número 4, publicada en el Informe de labores correspondiente al año de 1989, Tercera Parte, páginas 261 y 262, que dice:
PATRIA POTESTAD PERDIDA DE LA MISMA POR ABANDONO DE DEBERES. Si la actora señaló en su ocurso de demanda que el enjuiciado había desatendido sus deberes de ministración de alimentos para con su menor hija y éste sostuvo que por el contrario que mensualmente le otorgaba una suma de dinero, es claro que aquélla no tenía que probar un hecho negativo, en tanto que el demandado se encontraba obligado a probar sus aseveraciones de conformidad con lo dispuesto por los artículos 281 y 282 del Código Adjetivo Civil, con objeto de que no se tuviera por acreditada la causal de pérdida de la patria potestad prevista en la fracción III del artículo 444 del Código Civil, y si no probó a través del medio de convicción adecuado sus afirmaciones, es concluyente que dicha causal se debe tener por probada, pues el solo hecho de no proporcionar al acreedor alimentista los medios adecuados que permitan el desarrollo de su persona, trae consigo el peligro de que se afecte no sólo su salud o su seguridad, sino también su aspecto moral y, por eso mismo, debe tenerse por acreditada dicha causal y decretar la pérdida de la patria potestad de su menor hija.
La parte considerativa de la ejecutorias en que se sustenta el criterio jurisprudencial antes transcrito, en lo que interesa, dicen:
Amparo directo 3158/88. Quejosa: S.J.C.C.. Sesión de cuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho.
"CUARTO. Los conceptos de violación que expresa S.J.C.C., se sintetizarán y analizarán simultáneamente en este considerando por estar relacionados. "Manifiesta la quejosa que del escrito de contestación de demanda de R.R.V.M. se demuestra que en los términos de lo dispuesto por los artículos 281 y 282, correspondía a éste probar que había cumplido con sus deberes económicos y legales para con la menor de nombre D.R.V.C., pero las constancias de autos demuestran que no aportó alguna prueba al respecto, que por su parte ella probó la existencia de las relaciones con el demandado, el nacimiento de su menor hija, correspondiéndole probar al tercero perjudicado que había cumplido con todas sus obligaciones como padre, puesto que la negación que había hecho en el sentido de que el no había dejado de cumplir con sus obligaciones equivalía a afirmar expresamente que sí había cumplido con ellas; que la ad quem admitió que la testigo A.T. de R.V., cuñada del demandado, no merecía crédito alguno por haber manifestado su interés y parcialidad a favor del demandado, y la otra testigo M.E.R.V.M., tampoco merece crédito porque como razón de su dicho manifestó en la audiencia de once de diciembre de mil novecientos ochenta y siete que 'todo se lo han relatado los padres del de la voz o el ahora demandado', lo cuál quiere decir que es una testigo de oídas. Añade que la S. responsable pretende arrojar la carga de la prueba sobre ella en vez de establecerla a cargo del enjuiciado, ya que estima que con las probanzas que ofreció, consistentes en la confesional del demandado no se acreditan los extremos del artículo 444, fracción III del Código Civil, que la testimonial de S.C.V. de C. no hizo mención al hecho de que pudo haber estado en peligro la salud, la seguridad o la moralidad de su nieta y sobrina, quedando acreditado que percibía un sueldo con el cual cubre las necesidades de su hija, de lo que se desprende que sólo el incumplimiento en cuanto a los alimentos por parte del demandado a su menor hija no podía ocasionar en sí y por ese solo hecho que se comprometiera o hubiere podido comprometer la seguridad o moralidad de la menor en cuestión, aplicando indebidamente los preceptos que invocó en su demanda y, por ende, la S. debió haber considerado que el demandado no probó que cumplió con suministrar alimentos a su menor hija.
"Los anteriores motivos de inconformidad son fundados y suficientes para conceder la protección constitucional solicitada por la quejosa, por las razones que a continuación se pasan a exponer:
"El artículo 444, fracción III del Código Civil establece que la patria potestad se pierde cuando por el abandono de los deberes del padre, pudiera comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, por lo que de acuerdo al espíritu del precepto en cita basta con que deje de cumplir con la obligación de cubrir los alimentos a que tiene derecho el menor, los cuales son necesarios para su completo desarrollo físico y espiritual, para que se tenga que admitir que se incurrió en la hipótesis normativa que se estudia; y si en el caso concreto la actora señaló en su ocurso de demanda que el enjuiciado había desatendido sus deberes para con su hija, puesto que no le proporcionaba suma alguna de dinero para proveer a su sostenimiento, negando toda situación el tercero perjudicado al haber sustentado en su ocurso de contestación de demanda que era incorrecta tal aseveración, puesto que nunca dejó de proporcionar a la actora el dinero necesario para el sostenimiento de la menor, ya que cada mes le había entregado la cantidad de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) con ese fin (foja 12 contestación al hecho 5), es evidente que R.R.V.M. debía acreditar sus aseveraciones, sin que en la especie lo haya realizado, pues de la confesional que fue desahogada por S.J.C.C. no se desprende alguna afirmación que lo favorezca (fojas 45 a 49 del expediente de primera instancia), de la información proporcionada por Compañía Mexicana de Aviación sólo se deriva que su contraparte presta sus servicios a esa empresa de la cual obtiene como salario la cantidad que ahí se precisa (fojas 34 y 64), pero no que proporcione el ahora tercero perjudicado alguna suma de dinero por concepto de pensión alimenticia para su hija, ni que por esa razón esté eximido de la obligación de darla; en tanto que las pruebas testimoniales de J.P.R.V.M. y J.B.S. le fueron declaradas desiertas conforme al artículo 357 del Código de Procedimientos Civiles (foja 61 reverso), y la testimonial de A.T. de R.V. no podía ser tomada en consideración, puesto que manifestó en sus generales que tiene interés en el asunto, al igual que lo declarado por la testigo M.E.R.V. ya que aseveró hechos que no formaban parte de la litis, como lo fueron que su hermano 'siempre ha visto por la menor desde el hospital en dónde nació estando al pendiente del tipo de hospitalización de dicha menor, así como de la madre de ésta, cubriendo parte de los gastos originados por el alumbramiento, inclusive en el propio hospital se bautizó a la menor; además de todo esto el señor R.R.V.M. procuró a la señora S.J.C.C. desde que estaba embarazada, llevándola periódicamente al ginecólogo para su atención; por otra partedesea agregar que inclusive el demandado la semana Santa pasada llevó de vacaciones a la actora y a la hija de ambos a la ciudad de Cuernavaca' (contestación a la pregunta tercera foja 56 reverso); además, lo declarado por la testigo en el sentido de que 'la relación del demandado con su hija es cercana', se encuentra contradicho por lo manifestado por el propio enjuiciado al contestar el hecho quinto de la demanda, dónde señaló que 'suelo pasar por ella (por S.J.C.C. a la salida de su trabajo, ocasiones que aprovecho para inquirir también por la salud y por los progresos de infancia de nuestra pequeña hija', sin que tampoco se pueda otorgar plena validez al dicho de esa testigo cuando señaló que su hermano proporciona una pensión alimenticia a la menor, puesto que agregó que ignoraba el monto de ésta y de su declaración se advierte que tal pensión la otorga 'actualmente', o sea cuando declaró, pero no indica que con anterioridad al juicio la proporcionara; no pudiendo tampoco otorgarse valor pleno a las fotografías exhibidas por el demandado, porque con ellas no se acredita una relación constante entre padre e hija ni mucho menos que cubra lo necesario para su sostenimiento.
"En ese orden de ideas, si en el caso concreto la actora negó en su ocurso de demanda que el reo proporcione una pensión alimenticia a su menor hija y éste sostuvo que por el contrario que mensualmente le otorgaba una suma de dinero, es claro que aquélla no podía probar un hecho negativo, en tanto que el enjuiciado se encontraba obligado a probar sus aseveraciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 281 y 282 del Código adjetivo Civil, con objeto de que no se tuviera por acreditada la causal de pérdida de patria potestad prevista en la fracción III del artículo 444 del Código Civil, y si no probó a través del medio de convicción adecuado sus afirmaciones, es concluyente que dicha causal se debe tener por probada, pues el solo hecho de no proporcionar al acreedor alimentista los medios adecuados que permitan el desarrollo de su persona, trae consigo el peligro de que se afecte no sólo su salud o su seguridad, sino también su aspecto moral y, por eso mismo, la S. responsable debió tener por acreditada dicha causal y decretar la pérdida de la patria potestad de R.R.V.M. sobre su menor hija D.R.V.C., con independencia del derecho que tiene ésta a que el demandado le proporcione alimentos, siendo éste un criterio reciente que ha sostenido reiteradamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se observa en las tesis 342, 343, 346 y 473, publicadas respectivamente en las páginas 243, 244, 247 y 349 del Informe de Labores rendido por el Presidente del Máximo Tribunal de la Federación, correspondiente al año de 1987, Volumen II, Segunda Parte y que a la letra dicen: 'PATRIA POTESTAD. PERDIDA DE LA MISMA POR ABANDONO DE DEBERES. (Estado de Nuevo León). El padre que no demuestra interés alguno para proveer a la subsistencia, cuidado y educación de su hijo, a pesar de tener a su alcance los medios par hacerlo, debe perder la patria potestad sobre él, atento a lo establecido en el artículo 444, fracción III del Código Civil del Estado mencionado (que es semejante al del Código Civil vigente para el Distrito Federal) porque su conducta puede poner en peligro la salud o la seguridad del niño; sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la madre provea a la subsistencia y cuidado del menor, porque la situación de desamparo debe juzgarse según la conducta del progenitor que realiza el abandono, con independencia de la actitud asumida por el otro'. 'PATRIA POTESTAD. PROCEDE SU PERDIDA SI EL PADRE NO PROVEE A LA SUBSISTENCIA DE LOS HIJOS. El padre que no demuestre interés alguno para proveer a la subsistencia, cuidado y educación de su hijo, a pesar de tener a su alcance los medios para hacerlo debe perder la patria potestad sobre él, atento a lo establecido en el artículo 444, fracción III, del Código Civil, porque su conducta puede poner en peligro la salud o la seguridad del niño; sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la madre provea a la subsistencia y cuidado del menor, porque la situación de desamparo debe juzgarse según la conducta del progenitor que realiza el abandono, con independencia de la actitud asumida por el otro.' 'PENSION ALIMENTICIA. EL INCUMPLIMIENTO REITERADO DE LA OBLIGACION DE CUBRIRLA SUPONE, POR LO GENERAL, EL ABANDONO QUE DA LUGAR A LA PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD. La obligación de otorgar una pensión alimenticia, radica básicamente en la necesidad que tiene el menor de ese apoyo para atender sus necesidades corporales, lo que implica que basta con que se deje de cumplir con esa obligación en forma reiterada por varios años, para que, si no existe algún elemento que explique suficientemente o justifique este comportamiento, se tenga que concluir que se incurrió en la causal de pérdida de la patria potestad consistente en abandonar sus derechos poniendo en riesgo la salud y seguridad del menor.' 'PATRIA POTESTAD. PARA DECRETAR SU PERDIDA POR INCUMPLIMIENTO EN LA MINISTRACION DE ALIMENTOS, ESTE NO DEBE SER TOTAL. No es correcto sostener que para que opere la causal de pérdida de la patria potestad, el abandono de los deberes debe ser total y no parcial, pues evidentemente, la necesidad de percibir alimentos es de tal naturaleza, que no puede quedar supeditada a eventualidades de ninguna clase, ni a un cumplimiento parcial, de modo que el incumplimiento de la obligación de proporcionarlos es en sí mismo motivo suficiente para considerar que se compromete la seguridad de quien debe recibirlos, máxime cuando se trata de menores que no pueden valerse por sí mismos. En tales condiciones son infundadas las consideraciones de que no se acredita la causal de pérdida de patria potestad cuando no hubo abandono de los deberes en forma total por el padre para con su hijo, por que pagó la pensión y se preocupó por la salud de su hija, pues de admitirse estos razonamientos, se llegaría a autorizar, con independencia de la conducta del que realiza el incumplimiento, una situación permanente de abandono parcial de las obligaciones y deberes de los padres, para con sus hijos, que no puede ser lógicamente lo que quiso estatuir la ley. Es cierto que la sanción de la pérdida de la patria potestad para el padre incumplido, es muy grave, pero no lo es menos la situación en que éste coloca al hijo, cuando lo desatiende en su subsistencia, aun cuando sea parcialmente'.
"En estas condiciones, al ser fundados los motivos de inconformidad que plantea S.J.C.C., demostrando así la violación a sus garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, debe concedérsele la protección Federal que solicita.
"Toda vez que se determinó conceder la protección constitucional a la amparista contra los actos que atribuye a la autoridad ordenadora, igualmente deberá concederse esa protección por lo que se refiere a los actos atribuidos a la autoridad ejecutora."
Amparo directo 128/89. Quejosa: G.A.L.R.. Sesión de nueve de febrero de mil novecientos ochenta y nueve. "QUINTO. Resulta sustancialmente fundado el segundo concepto de violación expresado por la quejosa.
"En efecto, la J. natural, al pronunciar sentencia definitiva, fundamentalmente estimó en el considerando cuarto de ese fallo (fojas 197, vuelta y 198) que con las pruebas confesional y testimonial que aportó la actora no se acreditó la existencia de la acción ejercitada 'toda vez que estos testimonios fueron proporcionados por gente que tuvo relación directa con la actora en el presente juicio, y además no encontrándose esta acción en ninguna de las fracciones a que se refiere el artículo 444 del Código Civil del Distrito Federal, se deja improcedente dicha acción por no reunir los extremos a que se refiere el artículo 281 del Código Civil (sic) ... Y por lo que se refiere al incidente de tachas planteado por el demandado en el principal y actor en la reconvención, deberá estarse a lo manifestado en este considerando, y asimismo favoreciendo al demandado en el principal ... se absuelve al demandado en el principal de las prestaciones reclamadas dejando a salvo sus derechos del actor para que los haga valer en la vía y forma que estime aplicable ... RESUELVE: PRIMERO.- Ha procedido la vía ordinaria civil de pérdida de la patria potestad, en que la parte actora no probó su acción y el demandado no justificó sus excepciones y defensas ... SEGUNDO.- Se absuelve al señor A.F.N. de la acción intentada en su contra con todas sus consecuencia legales por la señora G.A.L.R., y dejando a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que estimen aplicable y en el momento procesal oportuno'.
"Al impugnarse por la accionante, en los agravios segundo, tercero y cuarto, tales consideraciones de la a quo, argumentando que ésta transgredió lo dispuesto por los artículos 282, fracción I del Código de Procedimientos Civiles, 303, 308 y 444 fracción III del Código Civil, ya que al demandar la pérdida de la patria potestad sobre su menor hijo J.E.F.L., debió declararla fundada, porque si el enjuiciado abandonó sus obligación alimentaria para con aquél a partir de agosto de mil novecientos ochenta y seis, ante la negativa del abandono, estuvo obligado, como lo establece la fracción I del artículo 282 del Código de Procedimientos Civiles, a probar que sí suministraba alimentos al citado menor, lo que no demostró con las pruebas aportadas al juicio, acreditándose así uno de los elementos de la causal de pérdida de la patria potestad contemplada por la fracción III, del artículo 444 del Código Civil, ya que la carga de la prueba de que nunca se desentendió de sus obligaciones alimenticias para con sus hijos, en especial para con el menor J.E.F.L., correspondió a dicho demandado; la S. responsable los consideró infundados bajo la consideración toral de que la fracción III del señalado artículo 444 no sólo exige como elemento esencial el abandono de los deberes de uno de los progenitores respecto de sus menor hijo, sino que, como elemento esencial, también contiene el hecho de que la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos pudiera comprometerse, sin que en la especie se hubiera probado 'que por la falta de ministración de alimentos del padre del menor se comprometió o se pudo comprometer la salud, la seguridad o la moral del menor; de ahí que no estándose dentro de los supuestos de dicha fracción III, no se esté en el caso de condenar al demandado, a la pérdida de la patria potestad. Por el contrario, de autos aparece, que la afirmación de la actora, que ella en forma exclusiva ha venido otorgando alimentos a su hijo, de ahí que no se haya comprometido en el caso la integridad física del menor, ni la moral del mismo. La simple falta de ministración de alimentos por parte del padre de un menor, no implica la pérdida de la patria potestad en los términos de la fracción III, del artículo 444 del Código Civil cuando la madre del menor se ha venido haciendo cargo del mismo, criterio este sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el diez de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, el amparo directo 345/88, promovido por J.A.G. y que dio origen a la tesis ...'PATRIA POTESTAD, NO HA LUGAR A LA PERDIDA DE SU EJERCICIO POR LA PROCEDENCIA DEL DIVORCIO FUNDADO EN LA FRACCION XII DEL ARTICULO 267 DEL CODIGO CIVIL. (Transcribe) '
"'Ahora bien, si en el concepto de violación a estudio se argumenta en síntesis, la ilegalidad de la sentencia reclamada, ya que sí se acreditaron los elementos constitutivos de la acción de pérdida de la patria potestad contemplada en la fracción III, del artículo 444 del Código Civil, porque el demandado no cumplió con la obligación alimentaria para con su menor hijo, lo que debe interpretarse en el sentido de que lo abandonó, siendo irrelevante que con el abandono no se comprometió su salud, su seguridad o la moralidad, pues el citado dispositivo habla de que pudiera comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos', lo que implica una posibilidad, que en el caso hubiera ocurrido, de no ser porque la actora y los familiares de la misma lo impidieron; este Tribunal Colegiado considera fundados tales argumentos de la peticionaria de garantías, porque en el caso la señalada causal de la pérdida de la patria potestad se actualizó al no demostrar el enjuiciado haber cumplido con la obligación alimentaria para con su menor hijo, lo que se tradujo en un abandono de los deberse de aquél para con éste. Lo anterior es así, si se toma en cuenta que aun con tal abandono no se haya comprometido la salud, seguridad o moralidad del menor, si en el señalado precepto se emplea el vocablo 'pudiera', ello implica una posibilidad latente, mas no una realización forzosa de las consecuencias atribuidas a dicho abandono, supuesto que se dio en la especie al existir la posibilidad de que ante dicho abandono, que se produjo precisamente en circunstancias en que la actora y madre del menor estuvo imposibilitada físicamente para hacerse cargo del mismo en virtud del agravamiento de la enfermedad que padece y que motivó su internamiento en diversas instituciones hospitalarias (abandono de las obligaciones alimentarias, por lo demás, no desvirtuado por el demandado por ningún medio de convicción idóneo, lo cual se desprende de lo resuelto por la a quo en el punto primero resolutivo de la sentencia de primera instancia, al estimar que no justificó sus excepciones y defensas), hace incuestionable que se pudo comprometer la salud, la seguridad o la moralidad de dicho menor, de no haberlo impedido la actora y los familiares de la misma, como así lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis 342, 343, 346 y 473, publicadas respectivamente en las páginas 243, 244, 247 y 349 del Informe de Labores rendido por el Presidente del Máximo Tribunal de la Federación, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y siete, Volumen II, Segunda Parte, que dicen: PATRIA POTESTAD. PERDIDA DE LA MISMA POR ABANDONO DE DEBERES. (Estado de Nuevo León). El padre que no demuestra interés alguno para proveer a la subsistencia, cuidado y educación de su hijo, a pesar de tener a su alcance los medios par hacerlo, debe perder la patria potestad sobre él, atento a lo establecido en el artículo 444, fracción III del Código Civil del Estado mencionado (que es semejante al del Código Civil vigente para el Distrito Federal) porque su conducta puede poner en peligro la salud o la seguridad del niño; sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la madre provea a la subsistencia y cuidado del menor, porque la situación de desamparo debe juzgarse según la conducta del progenitor que realiza el abandono, con independencia de la actitud asumida por el otro'. 'PATRIA POTESTAD. PROCEDE SU PERDIDA SI EL PADRE NO PROVEE A LA SUBSISTENCIA DE LOS HIJOS. El padre que no demuestra interés alguno para proveer a la subsistencia, cuidado y educación de su hijo, a pesar de tener a su alcance los medios para hacerlo debe perder la patria potestad sobre él, atento a lo establecido en el artículo 444, fracción III, del Código Civil, porque su conducta puede poner en peligro la salud o la seguridad del niño; sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la madre provea a la subsistencia y cuidado del menor, porque la situación de desamparo debe juzgarse según la conducta del progenitor que realiza el abandono, con independencia de la actitud asumida por el otro.' 'PENSION ALIMENTICIA. EL INCUMPLIMIENTO REITERADO DE LA OBLIGACION DE CUBRIRLA SUPONE, POR LO GENERAL, EL ABANDONO QUE DA LUGAR A LA PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD. La obligación de otorgar una pensión alimenticia, radica básicamente en la necesidad que tiene el menor de ese apoyo para atender a sus necesidades corporales, lo que implica que basta con que se deje de cumplir con esa obligación en forma reiterada por varios años, para que, si no existe algún elemento que explique suficientemente o justifique ese comportamiento, se tenga que concluir que se incurrió en la causal de pérdida de patria potestad consistente en abandonar sus derechos poniendo en riesgo la salud y seguridad del menor.' 'PATRIA POTESTAD. PARA DECRETAR SU PERDIDA POR INCUMPLIMIENTO EN LA MINISTRACION DE ALIMENTOS, ESTE NO DEBE SER TOTAL. No es correcto sostener que para que opere la causal de pérdida de la patria potestad, el abandono de los deberes debe ser total y no parcial, pues evidentemente, la necesidad de percibir alimentos es de tal naturaleza, que no puede quedar supeditada a eventualidades de ninguna clase, ni a un cumplimiento parcial, de modo que el incumplimiento de la obligación de proporcionarlos es en sí mismo motivo suficiente para considerar que se compromete la seguridad de quien debe recibirlos, máxime cuando se trata de menores que no pueden valerse por sí mismos,. En tales condiciones son infundadas las consideraciones de que no se acredita la causal de pérdida de patria potestad cuando no hubo abandono de los deberes en forma total por el padre para con su hijo, por pagó la pensión y se preocupa por la salud de su hijo, pues de admitirse estos razonamientos, se llegaría a autorizar, con independencia de la conducta del que realiza el incumplimiento, una situación permanente de abandono parcial de las obligaciones y deberes de los padres, para con sus hijos, que no puede ser lógicamente lo que quiso estatuir la ley. Es cierto que la sanción de pérdida de la patria potestad para el padre incumplido, es muy grave, pero no lo es menos la situación en que éste coloca al hijo, cuando lo desatiende en su subsistencia, aun cuando sea parcialmente'.
Bajo tales circunstancias, si la S. responsable estimó infundados los agravios segundo al cuarto hechos valer por la actora contra la sentencia de primera instancia, a efecto de desvirtuar las consideraciones de la a quo vertida en dicha resolución, que tuvieron por no probada la acción ejercitada de pérdida de la patria potestad del menor J.E.F.L., tal estimación resulta ilegal pues, previamente al examen de los demás motivos de inconformidad, debió declararse fundados y modificar la sentencia apelada, declarando procedente la acción principal ejercitada, en términos de los razonamientos estimados por este Tribunal Colegiado, y al no hacerlo, su fallo resulta conculcatorio de las garantías constitucionales de la quejosa consagradas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, en virtud de lo cual procede concederle el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados ... .
508/89. Quejosa: M.L.B.L.. Sesión de dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y nueve.
"QUINTO. Son sustancialmente fundados los conceptos de violación expresados por la quejosa.
"En efecto, argumenta en síntesis la inconforme, que la S. responsable indebidamente revocó en la sentencia reclamada, el punto quinto resolutivo de la sentencia apelada, declarando que ambos progenitores conservarán la patria potestad sobre su menor hija A.L.M.B., quedando la misma bajo la custodia y protección de su madre, apoyándose para tal efecto en el razonamiento de que la procedencia del divorcio, fundamentada en la fracción XII del artículo 267 del Código Civil, no trae como consecuencia la pérdida de la patria potestad, ya que la falta de ministración de alimentos, por sí misma, no se encuentra dentro de los supuestos de las fracciones III y IV del artículo 444 del Código Civil, como así lo ha sostenido el Quinto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Civil, en la tesis que invoca, lo cual es ilegal y violatorio de las garantías constitucionales de la quejosa, yaque no es exacto que en la especie el juzgador de primera instancia haya decretado la pérdida de la patria potestad sólo como consecuencia de la procedencia de la causal de divorcio contemplado en la señalada fracción XII del artículo 267 del Código Civil, ya que el diverso dispositivo 283 de dicho ordenamiento, concede al juzgador las más amplias facultades para resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o limitación, independientemente de la causal que se invoque, pues el J. se formará un juicio y conforme a él resolverá lo conducente; por lo que si en el caso a estudio, además del divorcio, se demandó autónomamente al enjuiciado la pérdida de la patria potestad sobre su menor hija, a cuyo estudio se avocó el J. de primera instancia, resolviendo, con las pruebas aportadas, la procedencia de dicha pretensión, sin que la S. responsable, al analizar los agravios expresados por el enjuiciado apelante contra dicha condena, haya expresado, para declararlos fundados, razonamiento alguno que desvirtuara las consideraciones en que se apoyó su inferior para decretar la pérdida de la patria potestad y que avalara la veracidad y aplicación del criterio jurisprudencial que invoca, ello hace evidente que se transgredieron los preceptos reguladores de la prueba, por ser ilegal la conclusión de dicho Tribunal de que la falta de ministración de alimentos, por sí misma, no encuadra dentro de los supuestos de las fracciones III y IV del artículo 444 del Código Civil, habida cuenta que al analizar tales agravios omitió tomar en consideración todos los elementos y medios de prueba de que se valió el juzgador de primera instancia para llegar a la conclusión de que la conducta desplegada por el enjuiciado, evidencia una clara tipificación del abandono de los deberes que le imponen los artículos 164 y 308 del Código Civil, respecto de su menor hija, y que con tal abandono se puede comprometer su salud y su seguridad, ya que la presentar la demanda la actora y madre de la menor no contaba con medios suficientes para cubrir las necesidades alimentarias de esta; por lo que si el a quo tomó en cuenta y valoró tales pruebas conforme lo disponen los artículos 402, en relación con el 283 del Código Civil, para resolver respecto de la pérdida de la patria potestad de la referida menor, la S. responsable al examinar los motivos de inconformidad alegados al efecto por el demandado, no pudo sustituirse al a quo tomando en cuenta únicamente que por la sola falta de suministro de alimentos, no se pudo condenar al enjuiciado a la pérdida de la patria potestad, si su inferior resolvió tal cuestión valorando en su conjunto los medios de prueba atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia.
"Ahora bien, tiene razón la peticionaria de garantías en los conceptos de violación a estudio, ya que si en el juicio natural demostró que el demandado no cumplió con el suministro de alimentos para con su menor hija A.L.M.B., ello debe interpretarse como un abandono de los deberes par con aquélla, al dejar de cumplir con lo dispuesto por los artículos 164, 303 y 308 del Código Civil, actualizándose en esa forma la hipótesis contemplada por la fracción III del artículo 444 del Código Civil, ya que con tal abandono pudo haberse comprometido la salud y la seguridad o la moralidad de la menor, posibilidad que hubiera ocurrido de no ser porque la actora, quien es su madre, lo impidió al hacerse cargo de la manutención de dicha menor, como así lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis 342, 343, 346 y 473, publicadas respectivamente en las páginas 243, 244, 247 y 349 del Informe de Labores rendido por el Presidente del mismo Tribunal de la Federación, correspondiente al año de 1987, Volumen II, Segunda Parte, que dicen: 'PATRIA POTESTAD, PERDIDA DE LA MISMA POR ABANDONO DE DEBERES. (Estado de Nuevo León). El padre que no demuestra interés alguno para proveer a la subsistencia, cuidado y educación de su hijo, a pesar de tener a su alcance los medios para hacerlo, debe perder la patria potestad sobre él, atento a lo establecido en el artículo 444, fracción III, del Código Civil, del Estado mencionado (que es semejante al del Código Civil vigente para el Distrito Federal) porque su conducta puede poner en peligro la salud o la seguridad del niño; sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la madre provea a la subsistencia y cuidado del menor, porque la situación de desamparo debe juzgarse según la conducta del progenitor que realiza el abandono, con independencia de la actitud asumida por el otro.' 'PATRIA POTESTAD. PROCEDE SU PERDIDA SI EL PADRE NO PROVEE A LA SUBSISTENCIA DE LOS HIJOS. El padre que no demuestra interés alguno para proveer a la subsistencia, cuidado y educación de su hijo, a pesar de tener a su alcance los medios para hacerlos, debe perder la patria potestad sobre él, atento a lo establecido en el artículo 444, fracción III, del Código Civil, porque su conducta pudo poner en peligro la salud o la seguridad del niño; sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la madre provea a la subsistencia y cuidado del menor, porque la situación de desamparo debe juzgarse según la conducta del progenitor que realiza el abandono, con independencia del a actitud asumida por el otro'. 'PENSION ALIMENTICIA. EL INCUMPLIMIENTO REITERADO DE LA OBLIGACION DE CUBRIRLA SUPONE, POR LO GENERAL, EL ABANDONO QUE DA LUGAR A LA PERDIDA DEL A PATRIA POTESTAD. La obligación de otorgar una pensión alimenticia, radica básicamente en la necesidad que tiene el menor de ese apoyo para atender a sus necesidades corporales, lo que implica que basta con que se deje de cumplir con esa obligación en forma reiterada por varios años, para que, si no existe algún elemento que explique suficientemente o justifique ese comportamiento, se tenga que concluir que se incurrió en la causal de pérdida de patria potestad consistente en abandonar sus derecho poniendo en riesgo la salud y seguridad del menor.' 'PATRIA POTESTAD. PARA DECRETAR SU PERDIA POR INCUMPLIMIENTO EN LA MINISTRACION DE ALIMENTOS, ESTE NO DEBE SER TOTAL. No es correcto sostener que para que opere la causal de pérdida de la patria potestad, el abandono de los deberes debe ser total y no parcial, pues evidentemente, la necesidad de percibir alimentos es de tal naturaleza, que no puede quedar supeditada a eventualidades de ninguna clase, ni a un cumplimiento parcial, de modo que el incumplimiento de la obligación de proporcionarlos es en sí mismo motivo suficiente para considerar que se compromete la seguridad de quien debe recibirlos, máxime cuando se trata de menores que no pueden valerse por sí mismos. En tales condiciones son infundadas las consideraciones de que no se acredita la causal de pérdida de la patria potestad cuando no hubo abandono de los deberes en forma total por el padre para con su hijo, porque pagó la pensión y se preocupó por la salud de su hijo, pues de admitirse estos razonamientos, se llegaría a autorizar, con independencia de la conducta del que realiza el incumplimiento, una situación permanente de abandono parcial de las obligaciones y deberes de los padres, para con sus hijos, que no puede ser lógicamente lo que quiso estatuir la ley. Es cierto que la sanción de la pérdida de la patria potestad para el padre incumplido, es muy grave, pero no lo es menos la situación en que éste coloca al hijo, cuando lo desatiende en su subsistencia, aun cuando sea parcialmente.'
Bajo tales circunstancias, si el J. de primera instancia al valorar los medios de prueba aportados por la parte actora para acreditar la acción de pérdida de la patria potestad sobre su menor hija, instaurada en contra de su cónyuge G.A.M.R., consideró que se reunieron los requisitos para la procedencia de dicha acción, sin que se advierta por este Tribunal Colegiado que con lo alegado por el apelante en sus agravios noveno y décimo (fojas 32 a 42) se haya demostrado que en la valoración de tales medios de convicción el a quo transgredió las reglas de la lógica y de la experiencia, hacen inconcuso que la S. responsable, al declarar fundados los agravios de mérito revocando, en consecuencia, el punto quinto resolutivo de la resolución de su interior, transgredió las garantías individuales de la quejosa consagrada por los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, pues debió declarar infundados tales agravios y confirmar en todas sus partes la sentencia recurrida, y como no lo hizo, su fallo resulta conculcatorio de las garantías individuales de la quejosa, en virtud de lo cual procede concederle el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados ...
Amparo directo 638/89. Quejosa: A.M.E.D.. Sesión del nueve de marzo de mil novecientos ochenta y nueve.
QUINTO. Los conceptos de violación propuestos, por la íntima relación que guardan entre sí, se examinan en conjunto y resultan fundados. En efecto, de las constancias que conforman el juicio natural , a las que se les concede valor probatorio pleno, conforme lo disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles en aplicación supletoria a la Ley de amparo, se llega al convencimiento de que, como acertadamente lo sostiene la quejosa, la sentencia definitiva de que se trata, en lo sustancial relacionado con la patria potestad, infringe las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, por notoria inobservancia de lo previsto en el artículo 444, fracciones III y IV, del Código Civil; ello es así, porque al encontrarse demostrado en el juicio natural que el demandado ahora tercero perjudicado, mediante comparecencia personal que realizó ante le J. natural, el diez de febrero de mil novecientos ochenta y siete, se dio por notificado de la demanda que en su contra intento la ahora peticionaria de garantías, y se allanó a las prestaciones contenidas en esa demanda, comparecencia y manifestaciones estas que en sus términos se tuvieron por expresadas según acuerdo del once de febrero de ese mismo año (constancias que corren agregadas a fojas 40 y 41 del principal). De acuerdo con lo anterior, debe decirse que ante la conducente confesión judicial del enjuiciamiento en el sentido de que abandonó a su menor hija desde el cuatro de abril de mil novecientos ochenta y seis, sin causa justificada y que además, desde noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro ha dejado de ministrarle alimentos, creando con esa conducta el abandono económico, moral y educacional de esa menor, circunstancias estas que como ya se dijo, fueron plenamente reconocidas pro el demandado según confesión expresa de que obra en autos del juicio natural; prueba esta que, al no haberse analizado conforme al alcance probatorio correspondiente en términos de lo previsto pro el artículo 402 de la ley adjetiva, la responsable conculcó en perjuicio del quejosa, las disposiciones secundarias y constitucionales a que hace referencia en sus conceptos de violación; esto es porque tal conducta confesada pro el reo, incuestionablemente encuadra dentro de los supuestos legales que se consignan en el ya invocado artículo 444, fracciones III y IV del Código Civil; por lo tanto, al justificarse plenamente el proceder nocivo del demandado, por no cumplir para con su hija, con los deberes, esencialmente económicos, obviamente que la ausencia de ese suministro puede comprometer la salud, la seguridad, y en su caso la moral de esa menor, lo cual así debe considerarse demostrado en el caso concreto, ante el abandono de las obligaciones económicas y morales del progenitor de que se trata; abandono que según confesión expresa y de carácter judicial, data por más de seis meses, y ante ello, ha de concluirse fundamentalmente que siendo la patria potestad la institución a través de la cual la sociedad ha establecido como principio esencial, la estricta observancia de los derechos y obligaciones que en forma respectiva tiene los padres para con los hijos y viceversa, por cuanto a la falta del cumplimiento de las obligaciones por parte de los progenitores, previstas en la ley sustantiva, el legislador oportunamente consideró establecer entre otras sanciones, la pérdida al ejercicio de la patria potestad, sanción esta que aun cuando resulta lamentable, deberá aplicarse en los casos aquellos a través de los cuales se justifique el abandono total de las correspondientes obligaciones que tiene los progenitores para con los menores hijos y que como ya se ha dicho, se encuentran debidamente especificados en el Código Civil ...
Amparo directo 1033/89. Q.: R.F.S.. Sesión de seis de abril de mil novecientos ochenta y nueve.
"QUINTO. Son infundados los conceptos de violación que expresa el quejoso por las siguientes razones:
"El primero lo es porque contrariamente a lo afirmado por el inconforme, la S. responsable sí apoyo las consideraciones de la sentencia reclamada en preceptos legales, toda vez que al respecto citó como apoyo lo dispuesto por los artículos 320 y 2088 del Código Civil; sin que pueda pasar inadvertido que en dicho fallo se expresan razonamientos que revelan la forma en que dicha autoridad establece la forma en que el quejoso dejó de cumplir con sus obligaciones para con su menor hijo y el motivo que tuvo el Tribunal de alzada para confirmar la condena a la pérdida de la patria potestad, establecida en la sentencia de primer grado, por lo que no se advierte la omisión que alega la parte quejosa. En lo concerniente a la ausencia de pruebas de la tercera perjudicada, cabe indicar que a su demanda adjuntó la copia certificada el acta de nacimiento del menor A.F.N. en la que consta que tanto la madre de éste como el quejoso comparecieron ante el J. del Registro Civil a registrarlo el treinta de abril de mil novecientos ochenta y seis documento que tiene validez probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal para establecer que el quejoso tiene la obligación de cumplir con el pago de alimentos a favor de dicho menor, quien tiene la presunción de necesitarlos, de forma tal que con ello hubo la prueba suficiente por parte de la tercera perjudicada de esa fuente de obligaciones y si el inconforme no demostró haber cumplido con éstas, y por tal motivo pudo válidamente concluirse que se actualizó la hipótesis de la fracción III del artículo 444 del Código Civil, en tanto que ese abandono de deberes pudo comprometer la salud, seguridad o la moralidad del menor hijo del promovente del amparo. Así la situación, las consideraciones de la S. responsable se basaron en pruebas existentes en juicio, en presunciones legales y no en suposiciones subjetivas.
"El segundo motivo de inconformidad es infundado, porque no bastó con que el quejoso hubiera opuesto la defensa genérica de sine actione agis, en tanto que ésta tiene por finalidad la de arrojar la carga probatoria a la actora en el juicio, y en la especie la tercera perjudicada al haber exhibido la documental pública consistente en la copia certificada del acta de nacimiento del menor A.F.N. acreditó la obligación del quejoso de pagar alimentos y la presunción de éste de necesitarlos, de manera que si el inconforme no acreditó haber cumplido con tal obligación, no desestimó tal presunción prevista por el artículo 303 el Código Civil, siendo inadmisible la prueba a cargo de la negativa como lo es que no se le ha ministrado alimentos al menor. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número ciento ochenta y uno, publicada en la página doscientos cincuenta y nueve de la Novena Parte del último A. al Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: 'ALIMENTOS, NECESIDAD DEL PAGO DE. CARGA DE LA PRUEBA. El marido tiene obligación de alimentar a la mujer y a los hijos, quienes tiene a su favor la presunción de necesitar los alimentos, salvo prueba en contrario. La obligación cesa cuando los acreedores ya no tienen necesidad de ellos, pero la carga de la prueba corresponde en estos caso al deudor.'
"'Es infundado el tercer concepto porque la valoración a la prueba confesional a cargo de la tercera perjudicada, en tanto que se trata de una confesión calificada ... ma (sic) tercera dijo que: ... después de la demanda que entró en mayo de mil novecientos ochenta y siete, en el mes de julio del mismo año, por parte de Pemex recibió la primera pensión', y si a la décima cuarta contestó que dicha pensión alimenticia sobrepasaba los cuarenta mil pesos mensuales, ello debe entenderse relacionado con lo contestado en la posición anterior de la que se desprende el pago de esa pensión a partir del momento en que en cumplimiento al mandato en el juicio natural se hizo el descuento y no respecto de un lapso anterior a ello. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número ciento cuatro, publicada en la página doscientos ochenta y cinco de la Cuarta Parte del mencionado A., que textualmente dice: 'CONFESION INDIVISIBLE. Confesión calificada o indivisible es aquella en que, además de reconocer la verdad del hecho sostenido en la pregunta, el que la contesta agrega circunstancias o modificaciones que restringen o condicionan su alcance. El juzgador debe tomar esa confesión en su conjunto, sin dividirla. Para ello es necesario que los hechos añadidos sean concomitantes, conexos, que se presenten como una modalidad del primer hecho, de tal manera que no puedan separarse de él sin cambiar la naturaleza de los segundos. No se surten los presupuestos anteriores si por la diferencia del tiempo en que acontecen los hechos, no sólo no son coetáneos, sino diferentes, de tal manera que con el segundo hecho el absolvente pretende excepcionarse destruyendo al primero. En este caso sí puede dividirse la confesión, perjudicando la primera parte absolvente, quien queda con la carga de la prueba del hecho que agregó.'
"Los argumentos contenidos en la parte final del tercer concepto de violación y el cuarto motivo de inconformidad son infundados, habida cuenta que no basta con que el menor se haya encontrado bajo la protección y el cuidado de su madre, ya que ello no desestima el que por el abandono de su padre se presente la posibilidad de que se comprometieran su salud, seguridad o moralidad del menor, en tanto que requiere no sólo de la atención de su madre sino también de su padre para contar con un desarrollo sano, seguro y en su clima de armonía, lo que no ocurre si hay el abandono que indica y si el quejoso inclusive admite que no formó familia, lo que reafirma su actitud de abandono. Así la situación es claro que se actualizó la causa pérdida de patria potestad prevista por la fracción III del artículo 444 del Código Civil. Al respecto cabe citar las tesis trescientos cuarenta y tres, trescientos cuarenta y seis y trescientos cuarenta y nueve, publicadas respectivamente en las páginas doscientos cuarenta y cuatro, doscientos cuarenta y siete y trescientos cuarenta y nueve de la sección correspondiente a la Tercera S. del Informe de Labores rendido por el Presidente de La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año de mil novecientos ochenta y siete, que dicen: 'PATRIA POTESTAD, PROCEDE SU PERDIDA SI EL PADRE NO PROVEE A LA SUBSISTENCIA DE LOS HIJOS. El padre que no demuestra interés alguno para proveer a la subsistencia, cuidado y educación de su hijo, a pesar de tener a su alcance los medios para hacerlo, debe perder la patria potestad sobre él, atento a lo establecido en el artículo 444, fracción III, del Código Civil, porque su conducta pudo poner en peligro la salud o la seguridad del niño; sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la madre provea a la subsistencia y cuidado del menor, porque la situación de desamparo debe juzgarse según la conducta del progenitor que realiza elabandono, con independencia de la actitud asumida por el otro'. 'PENSION ALIMENTICIA. EL INCUMPLIMIENTO REITERADO DE LA OBLIGACION DE CUBRIRLA SUPONE, POR LO GENERAL, EL ABANDONO QUE DA LUGAR A LA PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD. La obligación de otorgar una pensión alimenticia, radica básicamente en la necesidad que tiene el menor de ese apoyo para atender a sus necesidades corporales, lo que implica que basta con que se deje de cumplir con esa obligación en forma reiterada por varios años, parque, si no existe ningún elemento que explique suficientemente o justifique ese comportamiento, se tenga que concluir que se incurrió en la causal de pérdida de patria potestad consistente en abandonar sus derechos poniendo en riesgo la salud y seguridad del menor.' 'PATRIA POTESTAD, PARA DECRETAR SU PERDIDA POR INCUMPLIMIENTO EN LA MINISTRACION DE ALIMENTOS, ESTE NO DEBE SER TOTAL. No es correcto sostener que para que opere la causal de pérdida de la patria potestad, el abandono de los deberes debe ser total y no parcial, pues evidentemente, la necesidad de percibir alimentos es de tal naturaleza, que no puede quedar supeditada a eventualidades de ninguna clase, ni a un cumplimiento parcial de modo que el incumplimiento de la obligación de proporcionarlos es en sí mismo motivo suficiente para considerar que se compromete la seguridad de quien debe recibirlos, máxime cuando se trata de menores que no pueden valerse por sí mismos. En tales condiciones ... (ilegible) las consideraciones de que no se acredita la causal de pérdida de la patria potestad cuando no hubo abandono de los deberes en forma total por el padre para con su hijo, porque pagó la pensión y se preocupó por la salud de su hijo, pues de admitirse esos razonamientos, se llegaría a autorizar, con independencia de la conducta del que realiza el incumplimiento, una situación permanente de abandono parcial de las obligaciones y deberes de los padres, para con sus hijos, que no puede ser lógicamente lo que quiso estatuir la ley. Es cierto, que la sanción de la pérdida de la patria potestad para el padre incumplido, es muy grave, pero no lo es menos la situación en que éste coloca al hijo, cuando lo desatiende en su subsistencia, aun cuando sea parcialmente.' "En virtud de la anteriores consideraciones, por no haber demostrado que la sentencia definitiva reclamada sea violatoria en perjuicio del quejoso de la garantías que se consagran en los artículos 14 y 16 constitucionales, procede negar la protección que solicita ..."
Debe decretarse que en el escrito de denuncia se transcriben las jurisprudencias números 4 y 7, correspondientes, respectivamente al Tercer y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, así como la parte considerativa relativa al juicio de amparo directo 7/92, del Indice del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito; pero sin que se haga precisión alguna sobre el punto concreto donde radica la posible contradicción de tesis, lo cual justifica que esta S. precise las premisas sobre las que descansan las jurisprudencias y ejecutorias de referencia, a efecto de poder determinar si en algún punto concreto existe el conflicto de criterios planteado.
Las premisas en las que en lo medular, se sustentan los criterios en conflicto son:
El Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito con residencia en la ciudad de Puebla, el resolver el juicio de amparo directo 7/92, en lo sustancial, sostiene que en lo concerniente al abandono de deberes frente a los hijos, como causal de pérdida de la patria potestad:
Debe ser en forma total;
Con ello se pueda comprometer la salud, seguridad o la moralidad del menor;
Haya pruebas plenas y totales que no dejen lugar a duda sobre el abandono;
El no cumplir oportunamente con la obligación de exhibir mes a mes la pensión alimenticia para sus menores hijos, ello sólo significa un retraso en el cumplimiento de la obligación de pagar alimentos, lo cual no pone en peligro la salud y la seguridad de los menores, pues el retraso en el cumplimiento de la obligación no tiene como consecuencia forzosa y necesaria que se tenga por acreditada la causal de la pérdida de la patria potestad.
Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al emitir su tesis de jurisprudencia número 7, que ya quedó transcrita en la presente ejecutoria, así como las ejecutorias en que se sustenta, sustancialmente sostiene que, para que opere la causal de pérdida de la patria potestad por abandono de los deberes del padre, no se requiere que el menoscabo en los valores del menor que la ley protege se produzcan en la realidad, pues para ello basta que el proceder del padre incumplido genere la posibilidad de que se ocasionen esos perjuicios, con independencia de que las consecuencias se hayan causado o no en forma real.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al emitir su jurisprudencia número 4, anteriormente transcrita, sostiene que:
Si el obligado a proporcionar los alimentos sostiene que sí cumplió con ello, debió probar sus aseveraciones a efecto de que no se tuviera por acreditada la causal de pérdida de la patria potestad, y si esto no lo hizo así a través del medio de convicción adecuado, se acredita la causal de mérito.
No corresponde a la actora la carga de probar su afirmación en el sentido de que el enjuiciado no cumplió con su obligación, pues ello es un hecho negativo que no puede probar.
Ahora bien, en primer lugar, debe resaltarse que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos:
Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presenten en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Respecto del criterio que sostiene el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el sentido de que quien afirma haber cumplido con su obligación de ministrar alimentos tiene la carga de la prueba a fin de desvirtuar la causal de pérdida de la patria potestad, y no así la parte actora pues para esta parte constituye una hecho de carácter negativo; tal criterio debe desatenderse para los efectos de la presente denuncia, en virtud de que se refiere a una cuestión que no se ventila en los otros criterios que sustentan los otros Tribunales ya citados, quienes se pronunciaron sobre diversos aspectos como lo son el relativo a la posibilidad de daño como causal de la pérdida de la patria potestad con independencia de los resultados que en la realidad se generen, que el abandono de deberes frente a los hijos debe darse en forma total y que comprometa la salud, seguridad o moralidad del menor, lo cual requiere de pruebas plenas y totales que no dejen lugar a dudas sobre dicho abandono, y que el retardo en el cumplimiento de la obligación de ministrar alimentos, no necesariamente pone en peligro la salud y seguridad de los menores.
Por tanto, al no existir la contradicción en este aspecto, por no examinarse cuestiones jurídicas esencialmente iguales y por no adoptarse posiciones o criterios jurídicos discrepantes al respecto, es manifiesto que en este punto no se surte uno de los presupuestos necesarios para la existencia de la contradicción de tesis.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por esta Tercera S., número XIII/93, visible a foja 7, Tomo XI-Febrero, Octava Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
CONTRADICCION DE TESIS. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción XIII constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, previenen la contradicción de tesis como una forma o sistema de integración de jurisprudencia. Así, siendo la tesis el criterio jurídico de carácter general que sustenta el órgano jurisdiccional a examinar un punto de derecho controvertido en el asunto que se resuelve, para que exista dicha contradicción es indispensable que se presente una oposición de criterios en torno a un mismo problema jurídico, de tal suerte que, interpretando y fundándose los Tribunales en iguales o coincidentes disposiciones legales, uno afirme lo que otro niegue o viceversa. De no darse estos supuestos es manifiesta la improcedencia de la contradicción que al respecto se plantee.
Por cuanto hace a los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, resulta lo siguiente:
El Primer Tribunal sostiene en uno de sus aspectos, que en lo concerniente al retardo en el cumplimiento de los deberes por parte del obligado no genera la causal de pérdida de la patria potestad, por no tener como consecuencia necesaria la afectación a la salud, seguridad o moralidad de los hijos; por su parte, el Quinto Tribunal señala en su tesis de jurisprudencia que, para que opere la causal de pérdida de la patria potestad por abandono de los deberes del padre, no se requiere que el menoscabo en los valores del menor que la ley protege se produzcan en la realidad, pues para ello basta que el proceder del padre incumplido genere la posibilidad de que se ocasionen esos perjuicios, con independencia de que las consecuencias se hayan causado o no en forma real.
De lo anterior, y del análisis pormenorizado de la ejecutoria y de la tesis en conflicto, así como de las ejecutorias en que se sustenta dicha tesis, se advierte que no existe contradicción de criterios, atento a lo que se pasa a considerar:
El Primer Tribunal no analizó la cuestión relativa a que baste la posibilidad de daño para que opere la causal de pérdida de la patria potestad, con independencia de los resultados que se generen en la realidad, de lo que se colige que, si no hizo pronunciamiento alguno al respecto, menos aún sostuvo el criterio contrario al Quinto Tribunal de referencia, y de ahí que en este sentido no exista la contradicción de tesis, amén de que sobre esta cuestión ya se pronunció esta Tercer S. al resolver la contradicción de tesis número 31/91 que con posterioridad se transcribe.
Tiene su apoyo lo anterior, en la tesis de esta Tercera S., visible a fojas 219, Tomo IV, Primer Parte, Octava Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
CONTRADICCION DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. Es verdad que en el artículo 107, fracción XIII de la Constitución y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposición que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis la resolutiva a que ésta emane necesariamente de juicios de idéntica naturaleza; sin embargo, es la interpretación que tanto la doctrina como ésta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que si han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos normalmente, la oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los órganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si éstas sólo se dan en aspectos meramente accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposición debe darse en la sustancia del problema jurídico debatido; por lo que será la naturaleza del problema, la situación o negocio jurídico analizado, la que determine materialmente la contradicción de tesis que hace necesaria la decisión o pronunciamiento del órgano competente para establecer el criterio prevaleciente, con carácter de tesis de jurisprudencia.
Por su parte, el Quinto Tribunal no hizo tampoco pronunciamiento alguno sobre lo que analizó el Primer Tribunal, concretamente en lo concerniente a que el retardo en el cumplimiento de los deberes por parte de quien ejerce la patria potestad no da lugar a la causal de la pérdida de la patria potestad, pues tal circunstancia no necesariamente compromete la salud y seguridad de los hijos; por tanto, en lo particular, no existe contradicción de criterios entre los citados Tribunales, esto con apoyo en la misma tesis citada con antelación.
Por último y en otro orden de ideas, y con independencia de lo considerado en el párrafo que antecede, quedó señalado que el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito sostiene que el que el padre obligado no cumpla oportunamente con la obligación de exhibir mes a mes la pensión alimenticia para sus menores hijos, ello sólo significa un retraso en el cumplimiento de la obligación en el pago de alimentos, lo cual no compromete la salud y la seguridad de los menores, pues el retraso en el cumplimiento de la obligación no tiene como consecuencia forzosa y necesaria que se tenga por acreditada la causal de la pérdida de la patria potestad: por su parte el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en su tesis de jurisprudencia número 7, sostiene que, para la pérdida de la patria potestad con motivo del abandono de deberes, no requiere que el menoscabo en los valores del menor que la ley protege se produzcan en la realidad, pues para ello basta que el proceder del padre incumplido genere la posibilidad de que se ocasionen esos perjuicios.
Al respecto cabe señalar como ya se dijo con anterioridad que, en estos aspectos no existe contradicción de criterios, en atención a los anteriores pronunciamientos, en virtud de que el Quino Tribunal Colegiado no analizó en forma específica lo relacionado con el retardo en el cumplimiento de los deberes para con los menores hijos, a que se refiere el Primer Tribunal Colegiado; pero puede considerarse que en el caso, en la cuestión de fondo y en relación con otro pronunciamiento que hizo el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, sí se dan dos criterios opuestos sobre un mismo punto por parte de los tribunales en cita, ya que el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito también sostiene que el abandono de los deberes debe estar plenamente probado, así como el hecho de que ello pueda comprometer la salud, seguridad o moralidad de los hijos para que opere la causal de pérdida de la patria potestad, y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostiene que basta la posibilidad de daño para que opere dicha causal. Sin embargo, pese a lo anterior, debe destacarse que, sobre el particular, esa cuestión ya fue materia de diversas jurisprudencias emanadas de denuncias de contradicción de tesis en las que, en lo medular, se sostiene que basta la posibilidad de daño para que se surta la causal de pérdida de patria potestad, con independencia de los resultados que se generen en la realidad, y que el J. deberá de ponderar si aun probado el incumplimiento de los deberes por parte del obligado, sus efectos pueden o no comprometer, según la circunstancias de cada caso, la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, sin que la sola prueba de tal infracción haga presumir en todos los casos la consecuencias de que se pudieron comprometer los bienes en cuestión. Las jurisprudencias de referencia son las números 31/91 y 7/94, emitidas por este Tercera S., al resolverse las contradicciones de tesis números 30/90 y 12/93, que dicen:
"PATRIA POTESTAD, SE PIERDE SI SE ACREDITA EL ABANDONO DE LOS DEBERES DE ALGUNO DE LOS PADRES, DEBIENDOSE RAZONAR QUE PUEDEN PRODUCIRSE. SIN QUE SEA NECESARIO PROBAR QUE EL MENOSCABO EN LA SALUD, SEGURIDAD Y VALORES DEL MENOR SE PRODUZCAN EN LA REALIDAD. (ARTICULO 444, FRACCION III DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL). La patria potestad como estado jurídico que implica derechos y obligaciones para el padre la madre y los hijos, tiene la característica de ser una institución de orden público, en cuya preservación y debida aplicación de las normas que la regulan, la sociedad está especialmente interesada. La pérdida de este derecho natural reconocido por la ley, entraña graves consecuencias tanto para los hijos como para el que la ejerce, en consecuencia, para decretarla en el caso del artículo 444, fracción III del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, tratándose del abandono de los deberes de alguno de los padres, se requiere demostrar tal circunstancia; es decir, la conducta o proceder del progenitor incumplido y razonar los motivos por los cuales puede afectar la salud, seguridad o moralidad de los hijos: sin que sea necesario acreditar que el perjuicio o afectación en dicha salud, seguridad o moralidad del menor se hubiere dado en la realidad, ya que el verbo poder utilizado en pasado subjuntivo en la expresión 'pudiera', implica un estado de posibilidades pero no que se hubiere actualizado."
"PATRIA POTESTAD. PERDIDA DE LA MISMA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO AL DEBER DE ALIMENTOS. En la tesis de jurisprudencia número 31/91, intitulada 'PATRIA POTESTAD. SE PIERDE SI SE ACREDITA EL ABANDONO DE LOS DEBERES DE ALGUNO DE LOS PADRES, SIN QUE SEA NECESARIO PROBAR EL MENOSCABO EN LA SALUD, SEGURIDAD Y VALORES DEL MENOR SE PRODUZCAN EN LA REALIDAD, PERO DEBEN EXISTIR RAZONES QUE PERMITAN ESTIMAR QUE PUEDEN PRODUCIRSE (ARTICULO 444, FRACCION III DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL)', esta Tercera S. sentó el criterio de que tal disposición no requiere como condición para la pérdida de la patria potestad la realización efectiva del daño a la salud, seguridad y moralidad de los hijos, sino la posibilidad de que así aconteciera. Ahora bien, dicho criterio debe complementarse con el de que, tratándose de controversias en que se demande la pérdida de la patria potestad con motivo del abandono del deber de alimentos, los jueces, conforme a su prudente arbitrio, deberán ponderar si aún probado el incumplimiento de tal deber, sus efectos pueden o no comprometer, según las circunstancias de cada caso, la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, sin que la sola prueba de tal infracción haga presumir en todos los casos la consecuencia de que se pudieron comprometer los bienes en cuestión". En ese orden de ideas, si sobre el aspecto debatido en la presente denuncia de contradicción de tesis ya existe jurisprudencia, es improcedente la citada denuncia, de conformidad con la tesis de jurisprudencia sustentada por esta Tercera S., visible a fojas 317, Tomo III, Primera Parte, Octava Epoca, del Semanario Judicial de la Federación que dice:
"CONTRADICCION. IMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA, SI YA EXISTE JURISPRUDENCIA SOBRE EL CRITERIO DEBATIDO. La facultad otorgada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decidir las contradicciones de tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, tiene como fin proveer al establecimiento de la jurisprudencia, dando a la Suprema Corte la posibilidad de establecer un criterio unitario que sirva de base para establecer un criterio unitario que sirva de base para establecer jurisprudencia; mas en el caso de que la Suprema Corte tenga ya establecida jurisprudencia sobre las cuestiones jurídicas planteadas ante los Tribunales Federales, no ha lugar a decidir la contradicción, debiendo declararse improcedente la denuncia relativa." Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se resuelve:
En los aspectos precisados en el considerando Quinto de esta ejecutoria, no existe contradicción de tesis entre los criteriossustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito con residencia en Puebla, y Primero y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.
En los aspectos precisados en el considerando Sexto de esta ejecutoria, es improcedente la denuncia de contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
N.; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese el toca.
Así lo resolvió la Tercera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente y ponente C.S.M., M.A.G., S.H.C.G. y I.C.S. y L.G.V.. Firman el Ministro presidente y ponente con la secretaria de Acuerdos de la S., que autoriza y da fe. Nota: Esta ejecutoria también aparece publicada en la obra Jurisprudencia por Contradicción de Tesis, Octava Epoca, T.V., No contradicción, página 733.
Tesis Aislada num. XX.2o.54 C, Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito

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