Source: https://www.helasconsultores.com/hemeroteca/2013/hemeroteca/2013/CAMARAS-FALSAS-VIDEO-VIGILANCIA-PEGATINAS-DISUASORIAS-DOCTRINA-GEPPETTO-AEPD-12662.html
Timestamp: 2019-10-19 20:23:51+00:00

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En honor a la verdad, pese a que la resolución ha pasado a la historia por eso, la sanción no se impone por la colocación de la cámara falsa. La punición deriva de la desatención de un requerimiento para que acreditara consentimiento de la comunidad para su instalación y no captación de imágenes de elementos comunes, dictado en el procedimiento de apercibimiento 136/2011. Dicho procedimiento se inició a resultas de denuncia presentada por la comunidad de propietarios, y en el que el ahora sancionado, pese a haber recibido traslado de la denuncia para presentar alegaciones no dijo ni mu, dando la callada por respuesta, al igual que hizo en relación con el requerimiento cuya desatención justifica el castigo.
El hecho de que la supuesta cámara era una mera carcasa sale a la luz en el curso del expediente sancionador. Pero bueno, el caso es que, como ya he dicho, la resolución se ha ganado su lugar en la memoria colectiva eleopediana precisamente por el folletín de la carcasa de marras.
¿Por qué no le gustan las cámaras falsas a la AEPD? Nos lo explica el propio ente regulador en su resolución de archivo de actuaciones, de fecha 16 de julio de 2010, dictada en el expediente E/00888/2010 en relación con una "instalación" de similares características:
En el supuesto presente, no existe constancia de que las cámaras instaladas en el lugar denunciado funcionen y capten imágenes de personas, por lo que de acuerdo con los principios de presunción de inocencia, que impide imputar una infracción administrativa cuando no se haya obtenido y acreditado una prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan la imputación o de la intervención en los mismos del presunto infractor, e “in dubio pro reo”, que obliga en caso de duda respecto de un hecho concreto y determinante a resolver dicha duda del modo más favorable al interesado, procede el archivo las presentes actuaciones.
Tres reflexiones críticas y rápidas sobre esa argumentación:
1.- Esa resolución es de archivo. ¿Por qué? Yo creo que por dos motivos: uno, porque no hay tratamiento de datos de carácter personal por una mera carcasa; y dos, porque el hecho no resulta subsumible dentro del supuesto de hecho de ninguna de las infracciones previstas en la LOPD. Y si no hay tratamiento de datos y los hechos no casan en ningún tipo punible…
2.- En vez de reconocer eso, y mover hilos para llenar legislativamente este hueco si es que se considera el hecho intolerable, la AEPD se monta una película y nos dice que “no existe constancia de que las cámaras instaladas en el lugar denunciado funcionen y capten imágenes de personas, por lo que de acuerdo con los principios de presunción de inocencia, que impide imputar una infracción administrativa cuando no se haya obtenido y acreditado una prueba de cargo acreditativa…”
Si lo instalado por el particular en su balcón no era una cámara, sino una carcasa. ¿Cómo podría haber constancia de que la cámara funcione y capte imágenes, si eso era materialmente imposible? Oigan, que estamos hablando de una simple y mera CARCASA, U-NA CAR-CA-SA. ¿Desde cuándo puede una carcasa funcionar y captar imágenes? Es como decir que aquellas cámaras de fotografiar de plástico de colores parchiseros que se vendían en los kioskos cuando éramos pequeños, aquellas que cuando apretabas el pulsador se soltaba la tapa del objetivo y saltaba un muelle con una cara sonriente en el extremo… pues que hacían fotos de verdad. Pues eso, que precisamente, de lo que sí hay constancia es de que el objeto “instalado” nunca podría captar imágenes.
3.- ¿He dicho “nunca podría”? Pues la AEPD cree que no es así, porque nos dice que si quien la colocó no procede a retirarla, eso puede constituir¡¡¡¡prueba indiciaria suficiente para determinar que las citadas cámaras se encuentran en funcionamiento y enervar el principio de presunción de inocencia!!!! Es decir, ¿que la mera permanencia en el tiempo de la carcasa la puede convertir en una cámara de verdad, de esas que graban imágenes, en color y todo, con zoom , efectos especiales y todo eso, y encima de marca? ¡Pues claro que puede ser! ¿Acaso no consiguió el pobre y buen Geppetto1, a fuerza de pedirlo una y otra vez, que el hada buena se apiadara de él y convirtiera a Pinocho, una marioneta de madera, en un niño de verdad? Entonces… ¿Por qué no va a ser posible, si el dueño de la carcasa que simula una cámara lo pide mucho, mucho, mucho y de corazón, que el hada buena de la seguridad privada se conmueva y convierta una mera carcasa, un mero caparazón comprado en un todo a cien, en el último modelo de videocámara? ¿Se imaginan? ¿No sería algo precioso? ¿Quien soy yo para quitarle esa ilusión a la AEPD?
Cabe aquí recordar que para que la prueba indiciaria tenga valor en derecho sancionador debe cumplir una serie de requisitos que ha ido determinando la interpretación de la norma por parte de los órganos de Justicia y que sintetiza muy bien la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón (s. 2ª) de 1 de julio de 2010, y a mí me da que esa prueba indiciaria que se ha montado la AEPD nos los cumple todos. Entiendo que con una simple lectura de la resolución judicial sabrán al que me refiero, pero, por si las moscas, se lo destaco en negrita:
En primer lugar, se exige (de forma análoga a lo establecido en los arts. 385 y 386 de la LECr.) que los hechos básicos o indicios de los que se parte estén plenamente acreditados. Además se suele exigir que los indicios sean varios, plurales (excepcionalmente se puede admitir un indicio único, siempre que sea de una singular potencia o eficacia acreditativa: así se indica expresamente en la Sentencia del Tribunal Supremo 1182/97, de 3 de Octubre; y así parece admitirse también en la sentencia del alto tribunal 1586/94, de 10 de Noviembre); y que sean concordantes o concomitantes al hecho que se trata de probar, y que (cuando sean varios), estén interrelacionados de modo que se refuercen entre sí (véanse, entre otras muchas, las sentencias del Tribunal Supremo 515/96, de 12 de Julio, 1026/96, de 16 de Diciembre, 1170/97, de 29 de Septiembre, 1182/97, de 3 de Octubre, 694/99, de 30 de Abril, 1024/99, de 17 de Junio). En segundo lugar, se exige que la inducción o inferencia sea razonable, es decir, que no sólo no sea arbitraria, absurda o infundada, sino que debe adecuarse plenamente a las reglas de la lógica y de la experiencia; de manera que de los hechos base acreditados resulte, como conclusión o inferencia natural, el dato precisado de acreditar, existiendo entre ambos (tal y como se decía en el antiguo art. 1253 del Código Civil, y tal y como se dice en los arts. 385 y 386 de la LECi.) “un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano” (sentencias del T.S. 1051/95, de 18 de Octubre, 1/96, de 19 de Enero, 507/96, de 13 de Julio, 694/99, de 30 de Abril, 1586/99, de 10 de Noviembre, etc.).
A los anteriores requisitos, se añade una exigencia de orden formal, que no es sino la elemental consecuencia de aplicar, en relación con la prueba indiciaria, la exigencia general de motivación de las sentencias, establecida en el art. 120.3 de la Constitución. El órgano judicial ha de explicar el razonamiento o proceso deductivo por virtud del cual de los hechos indicios probados se deducen los hechos presuntos, o más exactamente, el proceso lógico por el que se llega a la convicción de la participación criminal del acusado en los hechos delictivos objeto del proceso. En definitiva, y a modo de recapitulación de cuanto se lleva dicho, tal y como se señala en las sentencias del Tribunal Constitucional 24/97 y 68/98, la prueba indiciaria ha de partir de unos hechos (base, o indicios) plenamente probados, y los hechos constitutivos del delito y de la participación criminal en él del acusado deben deducirse de dichos hechos indiciarios a través de un proceso mental razonable y acorde con las reglas del criterio humano, que ha de ser explicitado o razonado suficientemente en la sentencia condenatoria
Y ya puestos, vamos a darle una vuelta de tuerca al tema: ¿Qué opinará la AEPD si llega a su conocimiento que se han puesto de moda las pegatinas disuasorias? Pues sí señores, la gente, aunque parezca lo contrario, piensa (y más en tiempos de crisis) y espabila: El otro día, esperando en una copistería que me encuadernaran un informe, me pude enterar que en el mismo establecimiento, por tres eurillos podía comprar una hermosa pegatina, muy similar al modelo oficial de cartel informativo, en virtud de la que se advierte a cacos, gamberros y maleantes que el establecimiento al que van acceder PUEDE que esté sometido a vídeo vigilancia… o no (como diría Rajoy)… y que usted verá. Les reproduzco las fotos que obtuve, tanto del adhesivo en sí, como de los motivos comerciales para su venta plasmados en su expositor.
¿Así que, señores de la AEPD, qué hacemos?
Como siempre, barra libre para opinar y debatir, que cuanto más lo hagamos, más aprendemos todos. De entrada, sugiero una línea de debate, por comparar situaciones: ¿podría sancionar, legislación de seguridad privada en la mano, la autoridad competente en dicha materia a un particular que sin haber contratado los servicios de una empresa de seguridad privada, coloque en su puerta un cartel de una de ellas con el aviso de instalación de alarma?
Notas: (1) ¿lo ven cómo, al final, Geppetto sí que tiene que ver con la vídeo vigilancia?

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
in dubio
 resolución 
 resolución