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Timestamp: 2018-11-17 19:51:24+00:00

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﻿ Sentencia 2004-00140 de octubre 27 de 2011
SENTENCIA 2004-00140 DE 27 DE OCTUBRE DE 2011
CONTENIDO:DECLARATORIA DE ILEGALIDAD DE UN CESE DE ACTIVIDADES. ES NECESARIO QUE EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, ADELANTE UN TRÁMITE PREVIO EN EL QUE DÉ LA OPORTUNIDAD A LOS TRABAJADORES DE EJERCER SUS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓNLAS NORMAS DEL CÓDIGO LABORAL, NO CONSAGRAN UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL, SIMPLEMENTE, EL ARTÍCULO 451 DISPONE QUE LA ILEGALIDAD DEBE SER DECLARADA ADMINISTRATIVAMENTE POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. EL TRÁMITE ABREVIADO QUE DEBE ADELANTAR LA AUTORIDAD ENCARGADA, NO SIGNIFICA, EN MANERA ALGUNA, EL DESCONOCIMIENTO DE LAS REGLAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, QUE OBLIGA A LAS AUTORIDADES A INFORMAR A LOS AFECTADOS QUE EN SU CONTRA SE ADELANTA UNA ACTUACIÓN Y POR CONSIGUIENTE A BRINDARLES LOS MECANISMOS QUE EL DEBIDO PROCESO ESTABLECE.
TEMAS ESPECÍFICOS:MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, DERECHO DE DEFENSA, SUMINISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE EL CESE DE ACTIVIDADES
Sentencia 2004-00140 de octubre 27 de 2011
Radicación: 11001-03-25-000-2004-00140-01(2309-04)
Actor: Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo —USO— y otros.
La Carta Política en el artículo 56 defirió la definición de los servicios públicos esenciales al legislador. Así, el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el Decreto Extraordinario 753 de 1956 en su numeral h), consideró como servicio público las de explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados, cuando estén destinados al abastecimiento normal de combustibles del país a juicio del gobierno.
En consecuencia, la empresa para la que laboraban quienes intervinieron en el cese de actividades, es una empresa que tiene a su cargo la prestación de un servicio público esencial, caso en el cual, la normatividad ha señalado su ilegalidad.
La anterior fue la consideración que tuvo en cuenta el Ministerio de la Protección Social al momento de declarar la ilegalidad de la suspensión colectiva de trabajo presentado en esa empresa, a través de la Resolución 1116 del 22 de abril de 2004, demandada en este proceso.
Consideran los actores y a esto se reduce el problema jurídico que para la declaratoria de ilegalidad de un cese de actividades, es necesario que el Ministerio de la Protección Social, adelante un trámite previo en el que dé la oportunidad a los trabajadores de ejercer sus derechos de defensa y contradicción.
La cesación de hecho en que incurrieron los trabajadores de Emcali no enerva la juridicidad imperiosa en toda actuación pública, como tampoco lo hacen las conductas que pudieron constituir actos vandálicos, reprochables desde todo punto de vista, pero incapaces de purgar la vulneración del derecho de defensa en que incurrió la administración al omitir la citación del sindicato, en los términos del artículo 14 del Código Contencioso Administrativo que prescribe la citación de terceros interesados, lo que hubiera sido suficiente, por cuanto es el ente sindical el llamado a representar los intereses de los trabajadores ante la administración y en vía jurisdiccional, conforme lo dispone los numerales 5º y 5º(sic) del artículo 373 del ordenamiento laboral.
En este orden de ideas, la Sala estima que no es necesario detenerse en el examen de los demás argumentos de censura, dado que fluye la suficiente certeza para concluir la ilegalidad que afecta al acto acusado, impugnado en esta causa, por consiguiente así habrá de declararse en la parte resolutiva de esta sentencia(1).
En el presente caso, el Ministerio de la Protección Social, quien tiene la competencia para la declaración de legalidad o ilegalidad de un cese de actividades, a través de sus inspectores de trabajo, procedió a verificar la información en relación con las circunstancias puestas en su conocimiento, para lo cual se trasladó a las instalaciones de la Entidad, en distintas ciudades el día 22 de abril de 2004.
De cada una de esas visitas levantó un acta en la cual dejó constancia de que se presentaba un cese de actividades. Es así, como según el acta de constatación de cese de actividades en la ciudad de Bogotá (fls. 137 a 140), indicó:
“… Se pudo constatar que en la puerta principal se encontraban un grupo de directivos sindicales con altavoces y pancartas alusivas a la Organización Sindical USO, invitando a los trabajadores de la empresa a participar activamente en la huelga decretada el día de hoy a partir de las 9: 40 a.m. en la ciudad de Barrancabermeja por el presidente de dicha organización sindical, señor Gabriel Alvis Ulloque; por otro lado se deja constancia que una vez realizado el recorrido por las instalaciones de la Empresa en compañía de la delegada de Ecopetrol S.A. se pudo verificar la existencia de un cese parcial de actividades”.
En el acta de constatación de cese de actividades de la ciudad de Villavicencio (fls. 141 a 144) se señaló:
“…En representación de la organización sindical se invitó a participar al señor Milton Suárez León quien manifestó que no asistirían a la diligencia…”.
En el acta de constatación de cese de actividades del municipio de Yondó (Antioquia) (fls. 145 a 148).
“… La funcionaria del Ministerio de la Protección Social deja constancia que no fue posible la presencia de un representante por parte del sindicato, pese a haber invitado al señor Argemiro Castro, revisor fiscal de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo subdirectiva Casabe, quien manifiesta que la USO no desea participar en la presente diligencia…”.
De igual manera en la ciudad de Barrancabermeja (folios 151 a 155), de la regional salud de magdalena medio de Ecopetrol S.A. manifestó:
“…El suscrito inspector deja constancia que habiéndose requerido al señor Víctor Jaimes, dirigente sindical para que se hiciera partícipe en el diligenciamiento del acta, manifestó no estar interesado en la diligencia, sugiriendo que se dejara constancia de tal situación…”.
“…Dejando constancia que en otras de sus instalaciones que no fue posible la localización de un representante del Sindicato USO…”.
De lo anterior se colige, que NO se cumplió con los presupuestos señalados en la jurisprudencia transcrita, pues el Ministerio de la Protección Social se limitó a dar cumplimiento a su Circular 19 de 1991, que contiene los requisitos mínimos y la forma como debe avanzar la diligencia de constatación, en cuanto se invitó a participar a los directivos del sindicato en la elaboración del acta como posibles afectados, se procedió a realizar el recorrido por la empresa, y finalmente a elaborar las actas respectivas.
La omisión, como lo señala la jurisprudencia transcrita, está relacionada con el procedimiento que desencadena la petición de declaratoria de ilegalidad del cese de actividades, y no en el procedimiento previo de constatación, en cuanto no se escuchó a los posibles afectados y no se practicaron pruebas, transgrediendo con ello los postulados del artículo 29 de la Carta Política sobre la garantía del debido proceso que envuelve tanto a las actuaciones judiciales como a las administrativas.
No bastaba, en consecuencia, como lo hizo la empresa, con dejar constancia sobre la negativa de la junta directiva del sindicato de participar en la elaboración de las actas, sino que han debido brindarse las garantías constitucionales y legales a quienes podían resultar afectados con la decisión que habría de tomar.
DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 1116 del 22 de abril de 2004, proferida por el Ministerio de la Protección Social, por medio de la cual declara la ilegalidad de una suspensión colectiva de trabajo realizada por los trabajadores de Ecopetrol S.A.
RECONÓCESE personería a la doctora Johanna del Pilar Bohórquez Ramírez como apoderada del Ministerio de la Protección Social, en los términos y para los efectos del poder conferido a folio 797 del expediente.

References: ARTÍCULO 451
 artículo 56
 artículo 430
 Resolución 
 artículo 14
 artículo 373
 artículo 29
 Resolución