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Timestamp: 2019-12-06 17:42:16+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 726, de 13/12/2006
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 726
celebrada el miércoles, 13 de diciembre de 2006
-Ratificación de la ponencia designada para informar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. Formulada por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears-Parlamento. (Número de expediente 127/000005.) ... (Página 2)
-Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
(Número de expediente 127/000005.) ... (Página 2)
-Solicitud de que se proponga, para un nuevo mandato, a un diputado para su nombramiento por el gobierno como vocal del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos. formulada por el ministerio de justicia. sr. ministro. (Número de expediente 276/000005.) ... (Página 23)
-RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LA PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS ILLES BALEARS. FORMULADA POR L A COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS-PARLAMENTO. (Número de expediente 127/000005.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a comenzar la sesión de la Comisión Constitucional, que, como saben ustedes, tiene tres puntos en el orden del día.
Empezamos con el primer punto, que es la ratificación de la ponencia designada para informar la iniciativa legislativa de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. ¿Se ratifica la ponencia que fue nombrada en su día por los grupos parlamentarios? (Asentimiento.) Queda ratificada.
El señor PRESIDENTE: Segundo punto del orden del día: Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. El procedimiento que vamos a seguir para el debate es considerar, en primer lugar, las enmiendas que hay presentadas y las que lo han sido esta misma mañana a la Mesa, que se están distribuyendo en este momento. Con objeto de que los grupos enmendantes, que en este caso son los grupos de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y de Esquerra Republicana de Catalunya, tengan conocimiento de estas enmiendas transaccionales, daremos la palabra en primer lugar a los enmendantes de estas enmiendas transaccionales, para pasar inmediatamente a que los enmendantes que ya tienen publicadas sus enmiendas, Izquierda Unida y Esquerra Republicana, hagan la defensa de las mismas y, si quieren, se posicionen sobre las enmiendas transaccionales presentadas a algunas de sus enmiendas.
Terminada la defensa por parte de los grupos enmendantes, procederemos a hacer un turno general, que comenzará por el grupo de menor número de diputados, hasta el de mayor número. Con ello daremos por finalizado el debate y se procederá a la votación, que no será antes de las 11,30.
Como saben, esta proposición de reforma fue presentada en el Congreso de los Diputados, tuvo la tramitación ordinaria de la toma en consideración por el Pleno del Congreso, pasó a la Comisión, se nombró por los grupos la ponencia que acabamos de ratificar, se ha reunido, ha asumido unas determinadas enmiendas, otras no han sido asumidas y han sido mantenidas como enmiendas vivas por los grupos enmendantes, y ahora aquí, en la Comisión, procedemos a emitir el informe que después pasará al Pleno, probablemente, del próximo día 21.
Para la defensa de las enmiendas transaccionales tiene la palabra doña María Salom por parte del Grupo Parlamentario Popular.
La señora SALOM COLL: Señor presidente, señoras y señores diputados, nuestro grupo ha realizado una serie de transacciones a las enmiendas planteadas a la reforma del Estatuto de las Illes Balears, tanto por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds como por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. En concreto, son nueve las transacciones a este conjunto de enmiendas y hacen referencia a los siguientes puntos. En primer lugar, en el artículo número 4, hace referencia a la lengua propia de las Islas Baleares, se incluiría un nuevo apartado, en el que el Gobierno tiene que promover la comunicación, el intercambio cultural y la cooperación con las comunidades autónomas y territorios que tienen vínculos lingüísticos y culturales con nuestra comunidad autónoma y dar la posibilidad de que se firmen determinados convenios. En el 5.2, que hace referencia a los símbolos de las Islas Baleares, incluiríamos un nuevo apartado, donde se da la posibilidad de que cada una de las islas que conforman la Comunidad de Baleares puedan tener su bandera, su diada y sus símbolos distintivos, siempre y cuando, como es normal, lo acuerde el respectivo consejo insular. En el artículo 13, relativo a derechos con las administraciones públicas, se incrementarían una serie de derechos. En el artículo 13 bis, sobre los derechos de participación, estas transacciones incrementarían la participación de los ciudadanos. En el artículo 14.3 se incrementarían los derechos sociales en el sentido de que la protección y la atención integral de las personas mayores para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo les permita una vida digna e independiente y su bienestar social e individual. Al artículo 15, sobre la no discriminación por razón de sexo, se añadirían dos nuevos apartados un poco redundantes respecto al título, pero que mejoran la redacción inicial. Si es posible que con estas transacciones Izquierda Unida se sume al consenso inicial que hay por parte del Partido Popular y del Partido Socialista, muchísimo mejor. Al artículo 16, derechos en relación con la identidad del pueblo de las Islas Baleares y con la creatividad, se añadirían el ámbito cultural y dos nuevos artículos que hacen referencia a que todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a la cultura y a la integración cultural de las personas, donde los poderes públicos tienen que hacer un esfuerzo especial. Las últimas dos transacciones se dirigen al artículo 23, al apartado de salud, donde se incorporaría un cuarto apartado referente a que las personas tienen derecho a un adecuado tratamiento del dolor y de los cuidados paliativos.
En último término, una transacción al artículo 24, que es el apartado de educación, incluiría un nuevo apartado que dice lo siguiente: Las personas con necesidades educativas especiales por razones de enfermedad o de discapacidad tienen derecho a acceder a una educación adaptada. Esas serían, señor presidente y señoras y señores diputados, las nueve transacciones que, en principio, el Partido Popular y el Partido Socialista hemos acordado con la intención política de ambos grupos de que Izquierda Unida y Esquerra Republicana se puedan incorporar al acuerdo inicial de la reforma del Estatuto de Baleares.
El señor PRESIDENTE: Doña Isabel Oliver tiene la palabra.
La señora OLIVER SAGRERAS: Mi grupo ha estudiado las 41 enmiendas presentadas por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y las 27 que ha presentado Esquerra Republicana de Catalunya con ánimo de integrarlas en todos aquellos casos en los que así sea posible en el texto de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Para realizar este trabajo, hemos conjugado en el estudio de las enmiendas presentadas por estos dos grupos tres cuestiones que para mi grupo son muy importantes y que van a marcar la pauta a seguir, como son: el respeto a la voluntad del Parlamento de las Islas Baleares, donde el texto alcanzó un acuerdo del 80 por ciento; en segundo lugar, el respeto al acuerdo alcanzado entre mi grupo y el Partido Popular sobre dos temas que quedaron pendientes en el Parlamento de las Islas Baleares, como fueron las modalidades lingüísticas y la financiación; y, en tercer lugar, un punto muy importante que siempre ha estado presente en nuestras negociaciones, que es el interés de los ciudadanos de las Islas Baleares.
Este es el marco en el que nos movemos a la hora de llegar a posibles acuerdos con otros grupos. En este sentido, quiero volver a señalar que con este texto hemos avanzado mucho y este nuevo Estatuto es posible por el consenso alcanzado entre el Partido Socialista, mi grupo, y el Partido Popular en un primer momento en el Parlamento de las Islas Baleares y ahora en el Congreso de los Diputados. También es cierto que para llegar al punto en donde estamos han tenido lugar renuncias, unas más que otras, pero lo importante es el camino realizado, el punto adonde hemos llegado, mucho más que las renuncias y aspiraciones que ambos grupos hemos dejado en el camino.
Entrando ya en el detalle de las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y de Esquerra Republicana de Catalunya contenidas en los títulos III, IV, VI, VII y VIII, así como en las disposiciones transitorias siete y ocho de Esquerra Republicana de Catalunya, mi grupo las votará en contra. Estas enmiendas hacen referencia a una serie de cuestiones que, debido a los acuerdos alcanzados en el Parlamento de las Islas Baleares o en este posterior logrado entre el Partido Socialista, mi grupo, y el Partido Popular, hacen imposible su aceptación. Estas enmiendas que no vamos a aceptar hacen referencia de forma global a cuestiones identitarias, de lengua, a competencias, a bilateralidad entre relaciones Estado y comunidad autónoma, a régimen electoral general y a financiación autonómica. Estas cuestiones fueron en su momento objeto de acuerdo entre los dos grupos y nuestro margen y respeto al mismo hacen imposible su aceptación. Ahora bien, en el marco de este respeto a la voluntad manifestada que comentaba antes y al acuerdo último alcanzado con el Partido Popular, mi grupo ha seguido esforzándose y ha intentado llegar a acuerdos también con otros grupos de la Cámara.
Como comentaba la señora Salom, hemos presentado nueve enmiendas transaccionales a las de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y de Esquerra Republicana de Catalunya contenidas en los títulos I y II. De estas nueve enmiendas transaccionales, dos lo son en relación a las enmiendas contenidas en el título I, que hacen referencia a disposiciones generales, y siete lo son en relación a las enmiendas contenidas en el título II, derechos y deberes. Me consta que la Mesa y los grupos ya tienen el texto de las enmiendas. La primera propone un nuevo artículo que establece un marco de comunicación cultural y la cooperación entre comunidades y territorios con vínculos lingüísticos mediante convenios, tratados u otros instrumentos de colaboración, que es una aportación muy positiva mediante la adición de un nuevo artículo a este título I; lo añade a disposiciones ya contenidas en este Estatuto que dedica a la lengua catalana que mejora bastante las cuestiones relacionadas con este tema. También se recoge en el título I la enmienda sobre la posibilidad de que cada isla pueda celebrar su diada, recogiendo así, de hecho, una práctica que ya viene realizándose.
Las siguientes transaccionales se refieren al título II, derechos y deberes. La enmienda número 6, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, es de sustitución de todo el título de derechos, con lo cual es una enmienda muy amplia. Bien es cierto que se da la circunstancia de que alguna de las cuestiones que se plantean ya vienen contenidas en el Estatuto con una sistemática y una redacción distintas.
Respecto a otras cuestiones, mi grupo está de acuerdo en el fondo, pero basándonos en el acuerdo suscrito que comentaba al principio, no es posible nuestra aceptación. Otras, en cambio, sí han sido objeto de transacción, porque sinceramente creemos que mejoran y enriquecen el texto. Es la mención expresa a las personas mayores y a sus necesidades, la no discriminación por razón de sexo ni de orientación sexual, el derecho a acceder a una educación adaptada en los casos de necesidades educativas especiales, el reconocimiento de derechos a las personas en el ámbito cultural, el derecho a declarar la voluntad vital anticipada, ampliar los derechos en relación con las administraciones públicas y ampliar derechos de participación en la vida política, social, cultural y económica de la comunidad autónoma. Mi grupo
agradece estas aportaciones porque su inclusión mejora mucho este título de derechos.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra a los enmendantes, quisiera hacer tres sugerencias desde el punto de vista técnico a los que han presentado las enmiendas transaccionales, que pueden recoger o no. En la enmienda transaccional que afecta al artículo 13 se dice, en el punto primero, que se regulará el derecho a una buena administración y el acceso a los documentos. Ya en ponencia se corrigió y se estableció que es el acceso a los registros y archivos de las instituciones, no a los documentos. Si creen que deben hacerlo, lo recogen. En el artículo que habla de que el día de las Illes Balears es el 1 de marzo, cuando se pretende que cada isla lo tenga, en lugar de hablar del día de cada isla, se habla de la diada, que es el nombre de una fiesta concreta, de un día concreto y de un lugar concreto. Quizá colocarlo como sustantivo sea un poco excesivo. Es una sugerencia que les hago. Por último, una sugerencia que comprendo que es más difícil pero que, desde el punto de vista jurídico, queda un poco inestable para decirlo exactamente, es que se habla de la defensa de los derechos de las parejas estables.
Jurídicamente no sé si se refieren a parejas de hecho, porque parejas estables es un poco difícil de medir. ¿Cuáles son estables y cuáles no lo son, tal como está el mundo? ¿Tal vez las que riñen no son estables o también lo son? Son sugerencias técnicas que hago a los enmendantes por si las quieren considerar.
Pasamos ahora a los grupos que tenían enmiendas vivas presentadas. En primer lugar en nombre de Izquierda Unida la señora Navarro tiene la palabra.
La señora NAVARRO CASILLAS: En primer lugar, lo de parejas estables, término al que ha hecho alusión el presidente, no forma parte de una enmienda de Izquierda Unida, sino del texto que se propone desde Baleares y que se pretende mantener a través de esta enmienda. Es decir, esa parte es la que no se quiere enmendar. Esta diputada ha pretendido la modificación de ese apartado porque entendemos que familias son todos, si la pareja es estable también será familia y, por tanto, debe tener una defensa integral. Rechazamos la distinción entre familias y parejas estables y parejas de hecho o como se quiera llamar porque no corresponde.
Entrando en la defensa de las enmiendas, que debe hacerse previamente a la defensa de las transaccionales porque, si no, éstas no tienen enmienda en la que basarse, los bloques de enmiendas presentados por este grupo parlamentario se centran, en primer lugar, en los derechos de los ciudadanos, con el objetivo de modificar el modelo que venía instaurado por parte del Parlamento de las Illes Ballears, porque entendemos que para ampliar derechos deben ser derechos exigibles y garantizados, y son muchos más de los que estaban. Agradecemos el interés de ampliar el listado a través de las enmiendas transaccionales que nos proponen el Grupo Socialista y el Grupo Popular, pero diferenciamos sustancialmente entre el modelo que se pretende instaurar a través de este Estatuto y el que se ha alcanzado en estatutos como el andaluz o el catalán, en los que los derechos son exigibles y garantizados. Este era el objetivo, porque hay que distinguir entre estos estatutos que pretenden comprometerse con la ciudadanía a través de esos derechos garantizados para que el ciudadano perciba esa transformación de la sociedad y que esos derechos están a su alcance o establecerlos sin garantías, transformándose más en principios rectores, como aquello del derecho a la vivienda digna, que viene siendo vulnerado de manera reiterada, y por tanto no son derechos que transformen, exigibles o accesibles para los ciudadanos. Uno fundamental es lo que compete a la lengua. Una de las batallas de todos los discrepantes con el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y el Partido Socialista es que no se avanza -y sigue sin avanzarse- en esta cuestión. Los grupos mayoritarios han rechazado una enmienda transaccional que hubiera significado la inmediata incorporación del grupo parlamentario al que represento al acuerdo del texto estatutario.
Se sigue manteniendo ese rechazo de una manera que no acabamos de comprender cuando se trata de recoger la realidad lingüística de las Illes Balears.
Hay un bloque de enmiendas que se refieren a la Administración de Justicia, con el objetivo de tener en el Estatuto una visión de futuro que corresponde a las reformas que están en tramitación respecto a la realidad plurinacional y del Estado de las autonomías que debe trasladarse a la Administración de Justicia. Estimamos que se ha producido una mejora en la ponencia, pero son más las que se podían abordar y no se está haciendo. Hay diversas enmiendas que afectan a la ampliación de competencias. Como es sabido, cuando se recoge un listado de competencias en los estatutos de autonomía no significa que automáticamente se asuman esas competencias, sino que existe esa posibilidad en el futuro y, en la medida en que no estén en el listado, esa posibilidad no se dará a no ser que se produzca una nueva reforma del Estatuto de Autonomía, cosa que es bastante compleja. En esa visión de futuro del Estado de las autonomías y de avanzar en el autogobierno, que es de lo que se trata cuando se reforma un estatuto de autonomía, entendíamos que debían ampliarse sustancialmente, y algunas muy relevantes no se incluyen en el texto.
En cuanto a financiación, tenemos un bloque de enmiendas que pretende mejorar el sistema y que forma parte de la visión de modelo federal de Izquierda Unida. Reconociendo las mejoras sustanciales del texto respecto a la financiación de las Illes Balears, que ha venido siendo castigada, con nuestras enmiendas pretendíamos, como digo, una mejora sustancial.
También recogemos enmiendas que abordan la reducción de la barrera electoral, que es un clásico en los debates del Parlamento de las Illes Balears, y una enmienda relativa a la asamblea de municipios, que pretende que los municipios puedan tener una asamblea para plantear iniciativas, más capacidad
en estas cuestiones que afecten a un grupo de municipios y no únicamente a uno, lo cual mejoraría sustancialmente la participación y la posibilidad de trasladar sus inquietudes al Parlamento.
En cuanto a las enmiendas transaccionales, como decía al inicio de la intervención, agradecemos el esfuerzo, pero por ahora es insuficiente.
Demandamos un cambio de posición en cuanto a la lengua porque, como se dijo en el debate en el Parlamento en reiteradas ocasiones, es una de las cuestiones en torno a las que gira el apoyo de todos los grupos de la Cámara. Fue una negativa que implicó un rechazo de los grupos minoritarios excepto de uno y significaría, como decía, un revulsivo para que se amplíe el consenso necesario para aprobar un estatuto de autonomía que en ningún caso debe ser aprobado únicamente por los grupos mayoritarios, sino que debe aspirar a ampliar ese consenso. Respecto al contenido explícito de las mismas, aplaudimos que en los territorios con vínculos lingüísticos y culturales, se recoja la expresión promover la comunicación y el intercambio cultural -era una de nuestras enmiendas que se convierten ahora en transaccional- en cuanto a la cooperación con las comunidades y territorios pertenecientes al Estado español que tienen vínculos lingüísticos y culturales con las Illes Balears, por lo que se debe incluir al País Valenciano que tiene lengua catalana como les Illes Balears. Nos felicitamos de la inclusión del derecho a ser informados y a participar directamente o a través de sus representantes ante las administraciones públicas de les Illes Balears en la relación con las administraciones públicas de los ciudadanos porque es una medida positiva. También son medidas positivas ampliar los derechos de participación; promover la convocatoria de consultas populares, derecho que deberá ser desarrollado para lo cual todos los mecanismos de participación ciudadana que se aportan en las enmiendas de Izquierda Unida mejoran sustancialmente el texto, así como la inclusión de la protección y atención integral a las personas mayores para la promoción de su autonomía personal, cuestión en la que debemos estar implicadas todas las administraciones públicas. En este apartado se rechaza la defensa integral de la familia; de los derechos de parejas estables. En nuestra opinión, explicitar familia en todas sus manifestaciones sería lo más acorde con nuestra realidad ciudadana. Aplaudimos que se incluya, por fin, la no discriminación por cuestión de orientación sexual y el derecho de las mujeres al libre desarrollo de su personalidad y capacidad. En cuanto al ámbito cultural, nos alegramos de que se incluya la enmienda de Izquierda Unida que habla de la integración cultural, promoción que corresponde a los poderes públicos y que todas las personas tengan derecho, en condiciones de igualdad, a acceder a la cultura de manera individual y colectiva; la defensa de la creatividad artística, científica y técnica, tanto individual como colectiva. En cuanto a la salud, aplaudimos que se recoja el derecho que tienen todas las personas a un adecuado tratamiento del dolor y a cuidados paliativos, así como a declarar su voluntad vital anticipada, con lo cual se puede entender que hablamos con eufemismo del derecho a la eutanasia, algo que es positivo.
En cuanto a educación, nos felicitamos de que se haya logrado la inclusión de las personas con necesidades educativas especiales por razón de enfermedad o discapacidad. Consideramos muy positiva la ampliación del listado de derechos, pero seguimos con las limitaciones del acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Asimismo, reivindicamos una modificación de las lenguas que ha sido demandada en demasiadas ocasiones que de aceptarse significaría una modificación inmediata del posicionamiento de este grupo parlamentario. Instamos a un diálogo de aquí a la finalización de la Comisión e incluso del debate en el Pleno, para que se alcance. El contenido del texto, se ha modificado, pero en nuestra opinión todavía puede mejorarse y este grupo parlamentario está abierto a esa negociación.
El señor PRESIDENTE: En nombre de Esquerra Republicana de Cataluña enmendante del texto tiene la palabra el señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Valoramos positivamente el esfuerzo que han hecho por incorporar tanto las enmiendas de Izquierda Unida como las de Esquerra Republicana. Lo voy a decir de una manera simple: las transacciones van pero no llegan. Tienen de positivo la equiparación de derechos en cuanto a la unidad de la lengua. Ya me gustaría que en el Estatuto del País Valenciano hubiera habido ese mismo reconocimiento de la unidad lingüística del catalán. Es evidente que ha habido una mejora en los derechos, pero aspectos fundamentales para Esquerra Republicana, como la equiparación jurídica de las dos lenguas oficiales o la mejora sustancial del sistema competencial y de la financiación, que defendemos en nuestras enmiendas, no han sido recogidos en los textos transaccionados. Entre las enmiendas que quedan vivas tenemos una que se refiere al derecho efectivo, que se reconoce en el Estatuto de Cataluña, del deber y el derecho de conocer las dos lenguas, que nos parece la equiparación y la igualdad jurídica y, por tanto, la igualdad real de las dos lenguas oficiales, así como el derecho, que tampoco está recogido, a la no discriminación por motivos lingüísticos. Otras enmiendas de nuestro grupo hacen referencia a aspectos simbólicos que siempre son discutibles ya que hay un consenso que no tenemos la posibilidad de alterar en este momento. Hay algunos elementos como la preservación de la memoria histórica, que nos parecía importante y relevante para cualquier territorio y para las Islas Baleares, que tampoco ha sido recogido; temas competenciales como la posibilidad de gestionar o cogestionar puertos, aeropuertos o incluso decidir cuál iba a ser, pactado con el Gobierno, el delegado de las Islas Baleares; temas de inmigración que nos parecen relevantes, en tanto en cuanto son materias de decisión exclusiva del Estado, cuando las consecuencias directas de la llegada de inmigrantes
siempre van a recaer en los gobiernos autónomos en materia de educación, de sanidad y de orden público. Debería haber un espacio en el que, si bien es cierto que es una competencia del Estado, también lo es que las consecuencias inmediatas y más punitivas para la población y para el sistema asistencial, sanitario, educativo e incluso de orden público recaen en las comunidades autónomas en los municipios que reciben este alud inmigratorio. Otra de nuestras enmiendas que ha sido recogida, igual que una de Izquierda Unida, hace referencia a la barrera electoral del 5 por ciento; cuestión debatida, contrarrebatida y finalmente fijada tal y como está en un 5 por ciento, o las últimas enmiendas relativas a la garantía de una suficiencia financiera para el conjunto de las Islas Baleares. En definitiva, lo sustancial para nosotros ha quedado fuera de estos acuerdos. Valoramos el esfuerzo que se ha hecho por incorporar nuestras enmiendas, nuestra filosofía. Parece que van pero no acaban de llegar y no nos permiten votar afirmativamente el dictamen.
El señor PRESIDENTE: El señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muy brevemente voy a fijar la posición de este grupo parlamentario en este trabajo en Comisión a partir de tres ideas muy sencillas y esquemáticas. El Grupo Parlamentario Catalán en la tramitación de estatutos de autonomía en las Cortes Generales se rige por el principio del marco general de respeto a las propuestas de los parlamentos autonómicos, así como hubiéramos deseado el respeto absoluto a la propuesta del Parlamento de Cataluña, tal como fue aprobada el 30 de septiembre del año 2005, propuesta que, con distintos adjetivos y distintos adverbios, fue retocada en las Cortes Generales. Nosotros tenemos un amplio respeto a la propuesta formulada de una amplia mayoría del Parlamento balear, a la vez que, desde un punto de vista de proximidad y de relaciones con grupos políticos del Parlamento balear que expresaron discrepancias con este Estatuto y hago referencia al Grupo Parlamentario de PSM-Entesa Nacionalista, compartimos los motivos de discrepancia expuestos por este partido en el debate en el Parlamento balear.
En este trámite de la Comisión Constitucional, no nos resta más que expresar nuestra empatía y nuestro apoyo a la línea argumental de este grupo parlamentario en el debate del Parlamento de las Illes Balears, que nos parece muy razonable. El marco general es de respeto a la propuesta que viene avalada con amplia mayoría por el Parlamento de las Illes Balears. Valoramos muy positivamente, -lo tengo que decir sinceramente- este esfuerzo de consenso que se ha producido en la ponencia, con la incorporación de algunas enmiendasy en la Comisión, con la incorporación de otras de grupos que sí tienen presencia política, y algunos también parlamentaria, en el Parlamento de las Illes Balears. Quiero poner en valor político que este esfuerzo de consenso se ha hecho con la mayoría del Congreso de los Diputados, pero celebro muy sentidamente también que se haya alcanzado con el Partido Popular. Al final haré unas pequeñas reflexiones sobre el desarrollo de estos estatutos de segunda generación y la incorporación paulatina y progresiva, que celebro, del Partido Popular en la formulación de los estatutos de segunda generación.
Valoramos positivamente el trabajo hecho en ponencia en Comisión.
Quiero recordar brevemente que en la intervención de este portavoz en el debate de toma en consideración del Estatuto de Autonomía, en nombre de mi grupo establecí como una condición muy importante para la fijación final de la posición de mi grupo parlamentario algunos aspectos en el ámbito lingüístico. Nuestra posición es de absoluto respeto a las otras comunidades, pero tal como lo vivimos en el Estatuto de la Comunidad Valenciana, de la misma forma que nunca votaremos en contra de la ley de la gravedad, nos pareció muy indignante, y mientras yo mantenga la voz -que ahora tengo un poco tocada- en esta Cámara, no dejaré de insistir en la barbaridad de que estas Cortes Generales votaran la existencia de una lengua valenciana. Afortunadamente, en las Illes Balears este conflicto no existe y hubo un gran acierto en el momento constituyente. Dicho esto, en el proyecto que nos llegó de las Illes Balears había una sombra de algo que es distinto: se consagraban las variantes dialectales de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
Aquí hay gente que habla un mallorquín, un menorquín, un ibicenco y un formenterenco magnífico, pero que habla un catalán con acento de Inca, de la vila de Eivissa, de la Dalt Vila de la Mola, con la variante dialectal de Andratx o de Alcudia. Saben ustedes que la consideración de dialectos vinculados a islas no es ajustada a la realidad, y que la variante dialectal del señor Antich y el de la señora María Salom son distintas dentro de una misma isla. Me preguntarán por qué estoy entrando en esta floritura tan conceptual. Porque el Estatuto enviado por el Parlamento de las Illes Balears nos ha invitado a este debate sobre si las variantes dialectales van por islas o por zonas dentro de cada isla. Este era un elemento importante para la definición de nuestro voto final. Recojo el sentir de una parte de la sociedad civil de las Illes Balears y de una forma muy transversal y participada, en la cual se sienten reflejados la inmensa mayoría, por no decir todos los grupos políticos de las Illes Balears, con el cual tienen muy buena relación amplios sectores de las Illes Balears me refiero a la obra cultural balear y de amplias capas de la sociedad civil, que trasladan a este grupo parlamentario como a otros grupos la conveniencia de que después de más de un cuarto de siglo de desarrollo estatutario y con la normalidad y el buen uso habitual que se hace en la calle de las dos lenguas, el catalán y el castellano en las Illes Balears, sería un acto de normalidad que en el artículo 3 de este proyecto de Estatuto se hablara del derecho y del deber de conocer las dos lenguas. Se trata de normalizar algo que estas Cortes Generales han votado respecto a
otro estatuto en el cual también hay dos lenguas cooficiales. Creo que hemos avanzado muchísimo en las variantes dialectales. He hecho una referencia un poco barroca porque perdemos una oportunidad que, si no es en este viaje será en el siguiente, en el cual, finalmente, se incorporarán también el derecho y el deber. El debate conceptual sobre si una lengua puede estar incorporada en el Estatuto como un derecho y un deber de ser conocida, ya lo tuvimos en otro momento, por lo que no quiero reproducir los argumentos. Al final, este Parlamento ha votado un Estatuto con el derecho y el deber de conocer la lengua catalana en otro territorio del Estado español. Finalmente, como muy bien dice el señor Jaume Mateo y Martí, presidente de la Obra Cultural Balear, esta cláusula de derecho y deber es la verdadera garantía de la viabilidad de la lengua catalana, también en el ámbito de las Illes Balears. Expresa en esta misma carta una reunión, el día 8 de junio, con la vicepresidenta del Gobierno de las Illes Balears, la honorable señora Rosa Estaràs, en la cual, en nombre de una cantidad importante de entidades, expresaba este deseo de que se incorporaran en este Estatuto el derecho y el deber de conocer el catalán y el castellano. El voto final de mi grupo parlamentario en el Pleno de la próxima semana intenta conseguir este consenso pues sabemos que hay enmiendas vivas de otros grupos parlamentarios que lo harían posible.
Para terminar, alguna vez me ha recordado, el señor presidente que en los debates estatutarios no hago referencia a la cuestión concreta, al debate en este caso del Estatuto de Baleares. Una vez más, quiero celebrar modestamente en esta Comisión que el Partido Popular transite por la senda de la incorporación de las reformas estatutarias de esta segunda ola. No vamos a hacer ahora un estudio comparativo entre el Estatuto de Cataluña en vigor, el Estatuto de Andalucía, aprobado en el Congreso y en trámite en el Senado en este momento, y este Estatuto que, aunque insuficiente para algunos grupos parlamentarios, supone un paso adelante muy importante. Tipologías competenciales, etcétera, serían motivos para el estudio comparativo. Alguna portavoz puede tener la tentación de replicarme que no son idénticos. Afortunadamente, no lo son, porque el derecho a la autonomía se basa en la libre expresión de cada Parlamento, de su voluntad y de su vocación de autogobierno. No hay nada más absurdo que una cláusula estatutaria que dijera: Yo quiero lo que tiene el otro.
Esto no es una afirmación por la propia identidad, sino una afirmación en función de la identidad y de la reivindicación de los otros. Estos son tiempos que dan para cláusulas tales como: Y lo que tenga el otro, también. El Estatuto balear es un estatuto inteligente, que avanza e incorpora las sensibilidades y el marco competencial de esta segunda ola de reformas. Les digo sinceramente que me alegro de que el Partido Popular se vaya incorporando a este consenso por dos motivos básicos: porque es bueno para el desarrollo del marco estatutario y porque tácitamente (es mi punto de vista, mi lectura política y jurídica) es una autoenmienda y una autoimpugnación en parte y de facto al recurso del Partido Popular contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por esto, señor presidente, me permito dedicar unos pocos segundos, o casi unos minutos, a hacer una referencia que va más allá de lo que hoy celebramos como un avance importante en el autogobierno de las Illes Balears, que no es mi territorio, que no es mi país, pero, como decía el escritor Josep Pla, mi país también es un poquito donde digo bon dia y me responden bon dia. Esto, señorías, expresa el vínculo que hay entre las Illes Balears y Cataluña.
El señor PRESIDENTE: Yo también me estaba escamando cuando nos daba esa lección de filología románica, pero después vi que iba dirigida al artículo 3, que tenía su justificación. El Grupo Parlamentario Popular han solicitado repartir su tiempo. En primer lugar, habla doña Soraya Sáenz de Santamaría.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Intervengo para fijar la posición de mi grupo en relación con el debate del Estatuto de Autonomía de Baleares, que creo que es lo que nos ocupa hoy, más que la situación del estatuto del Partido Popular, al que he oído referirse con gran atención, sobre todo en la última intervención.
En primer lugar, quiero agradecer a todos los grupos el esfuerzo de consenso que se ha realizado durante su tramitación en ponencia y espero que en la sesión de la Comisión de esta mañana. Es opinión de mi grupo -y lo ha venido manteniendo desde siempre- que las reformas estatutarias, como en general, aquellas reglas del juego que marcan las instituciones básicas de nuestro Estado autonómico, deben resolverse por consenso de las partes, al menos de los dos grandes partidos nacionales, pero también llamando al consenso al resto de los grupos, en una posición en la que podemos encontrarnos todos. Esta es la senda por la que transita el Partido Popular; por una senda que marcaron los españoles en 1978 y que se llama Constitución. Y, en el camino de la Constitución, el señor Xuclà y el resto de los grupos podrán encontrarnos siempre, en el arcén o en el campo de fuera de la Constitución, lo siento, señor Xuclà, pero no nos encontrará, sencillamente porque no queremos encontrarnos donde los españoles en su día decidieron que no debíamos estar.
Voy a hacer una referencia genérica a los aspectos de corte más jurídico e institucional de la reforma del Estatuto de Autonomía de Baleares y mi compañera María Salom hará referencia a los aspectos relativos a la financiación especialmente. Este Estatuto nace sobre todo con una voluntad, que es adecuar, mejorar y modernizar la arquitectura institucional de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Esta es su finalidad y no otra. No estamos ante reclamaciones de corte identitario, creo que los ciudadanos de las Islas Baleares saben muy bien lo que son y lo que no son y pretenden construir una reforma de un estatuto para funcionar mejor y servir a
los intereses de los ciudadanos, no a otro tipo de intereses. Me parece esencial recalar en los aspectos relativos a la regulación de los consejos insulares, órganos de naturaleza bifronte que forman parte del entramado, también institucional, de la Comunidad Autónoma de Baleares.
Alabamos, como partido, la descentralización que se opera a favor de los consejos insulares en ciertas competencias, algunas tan importantes como urbanismo y que suponen una plena atribución de todas estas competencias en manos de los consejos, y alguna otra de las que no resta sin embargo ninguna facultad a la Comunidad Autónoma de Baleares. Creo que es un buen entendimiento de lo que es la descentralización. Me hubiera gustado que otros estatutos de autonomía que han ocupado esta mañana avanzaran también hacia una descentralización a otro tipo de entes, porque está muy bien predicar la descentralización autonómica pero no practicarla respecto a entes de otra naturaleza o que tienen otro tipo de autonomía.
Creo que aquí se nos da un buen y un importante ejemplo.
La constitución del Consejo Insular de Formentera es un buen avance, por cuanto supone aproximar a esa autonomía a los ciudadanos de una isla en la que se robustece su participación y su representación respecto a sus propias instituciones. Y me parece que la admisión de listas separadas para la comunidad autónoma y para los consejos es un refuerzo de esa autonomía local y sobre todo que favorece la plena identificación por parte de los ciudadanos de sus representantes en los consejos insulares, con lo que esto supone una responsabilidad más directa y una participación más clara en esa gestión. Se avanza en la autonomía de los consejos insulares y como partido que defiende la descentralización en todos los ámbitos nos parece positivo. Del mismo modo que la conferencia entre los presidentes de los consejos insulares y del presidente de la comunidad autónoma, como órgano de cooperación y de coordinación, que creo que es el punto en el que en nuestro Estado autonómico debiéramos encontrarnos y debiera preocuparnos; más que reivindicaciones permanentemente insatisfechas, mirando hacia el propio territorio, habría que buscar la cooperación con el vecino y con el conjunto del Estado autonómico, que creo sencillamente que es lo que nos hace falta.
Como decía, este es un Estatuto que transita por la senda de la Constitución, leal a la Constitución, y que supone quizá, su puesta al día, sobre todo de su arquitectura institucional, al servicio de los ciudadanos de Baleares y al servicio del conjunto de los españoles, porque aquí, en sede parlamentaria, estamos representando los intereses de todos, del conjunto de los ciudadanos de la nación española, que reconoce el artículo 2 de nuestra Constitución. Por eso considero que en estas Cortes pueden y deben hacerse aquellas reformas que se estimen pertinentes para compatibilizar los intereses de una comunidad autónoma con el conjunto; en ningún caso es interferir en la autonomía, es compatibilizar el derecho a la autonomía con el derecho de todos, porque todos representamos al conjunto de los españoles en esta Cámara y por eso podemos opinar sobre el modo de compatibilizar el interés del conjunto.
Es un Estatuto de una nacionalidad, que no pretende ser otra cosa que aquello que el conjunto decidió en su día, y que supone un importante reconocimiento al hecho insular, por cuanto nuestra propia Constitución reconoce explícitamente, en su artículo 138, las dificultades y las necesidades que ser una isla supone, los costes que genera a los ciudadanos, y tiende a lograr que los ciudadanos de Baleares puedan disfrutar en idénticas condiciones de otros servicios y de otros bienes que tenemos los peninsulares.
Se ha hablado mucho de la lengua. Creo sencillamente que este Estatuto practica un bilingüismo equilibrado y bien entendido. Señor Xuclà, si así lo quiere podemos volver a discutir sobre si el deber de conocer una lengua autonómica cabe o no dentro de la Constitución. A mi juicio, no cabe. El artículo 3 es muy claro, los debates de los constituyentes en esta Cámara lo son -y ahí está el "Diario de Sesiones"-, y cuando hay una interpretación auténtica, in claris non fit interpretatio, no cabe otra cosa que interpretar, y lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional.
Pero al margen de eso, y como partido, entendemos que lo importante es la libertad individual, y en este Estatuto la libertad para hablar la lengua que deseen los baleares está perfectamente garantizada y por encima de esa libertad creo que no debe haber nada, ni imposiciones ni deberes ni consecuentes obligaciones, sino la libertad individual de cada uno para practicar la lengua como lo desee. Aquí se ha hablado de normalidad. Creo que no hay otra normalidad mayor que aquello que la propia Constitución consideró normal. No sé a qué parámetros se atiende con esa normalidad, pero del mismo modo que los ciudadanos eligen libremente, desde una norma no se pueden poner cortapisas ni imposiciones a esa libertad. Esa es mi manera de entender la lengua y creo que es la manera en la que lo entendieron los constituyentes en 1978.
Este Estatuto contiene un capítulo de derechos y deberes de corte económico y social. Me gustaría hacer una precisión. Este Estatuto de Autonomía no contempla, porque no puede hacerlo, derechos fundamentales diferentes de los del conjunto de los españoles. Poco favoreceríamos la igualdad de todos si según los territorios se tuvieran derechos fundamentales y libertades distintas. Creo que la esencia, al menos uno de los pilares esenciales de nuestro modelo de convivencia, es avanzar hacia una igualdad, igualdad de derechos, de libertades y de oportunidades, y no diferenciarnos en aquello que forma el estatus básico de la persona, que son sus derechos y libertades. Por eso no comparto la opinión de la representante de Izquierda Unida cuando dice que este Estatuto abre paso a una interpretación eufemística de la eutanasia. Aquí se habla del testamento vital, institución que ya regulan las leyes de Baleares y de otras instituciones autonómicas, como la manifestación por parte del ciudadano del tratamiento paliativo que desea
con ocasión de su muerte. El derecho a la eutanasia no está reconocido en nuestra legislación, pero si algún día lo hiciera a través de una modificación del Código Penal, debía serlo para todos, para todos los españoles y no diferenciarse por comunidades autónomas. Creo que es un tema que en su conjunto, en su caso, y si alguien lo desea, debería discutirse en esta Cámara, pero no llevarlo a los parlamentos autonómicos para diferenciar en lo esencial a unas personas y a otras.
En este Estatuto se establece, por otro lado, una actualización del régimen de competencias. Se hablaba de que se introduce una tipología. Yo invito a los que defienden eso a que se lean el antiguo Estatuto de Baleares, el que hoy reformamos, que contiene idéntica tipología que la que hoy defendemos; es decir, es una norma ya vigente, no hay ningún cambio y, sobre todo lo que no hay es ningún blindaje, porque desde ningún Parlamento autonómico se pueden poner cortapisas que no pone la Constitución a la representación que de todos los españoles tienen estas Cortes Generales.
Se hace una regulación de la Administración de Justicia compatible con la unidad del Poder Judicial, porque no es ni más ni menos que su independencia, el respeto a la igualdad ante la ley y en la aplicación de la ley de todos los españoles. Se hace una interpretación respetuosa, con la libertad de expresión que tanto ha costado defender en este país, de lo que deben ser los medios de comunicación, sin censuras y sin intervenciones, como una manifestación esencial de la libertad que tienen los españoles para poder informarse y expresarse como deseen. Por último, se hace una regulación de las relaciones de la comunidad autónoma con el resto de comunidades autónomas y con el Estado en su conjunto que parte de postulados multilaterales. Creo que es una diferencia esencial con otros estatutos de autonomía y sencillamente, para nosotros, es el modelo que marca nuestra Constitución y que garantiza que no haya diferencias entre comunidades más que aquellas que permite la propia Constitución en el derecho a su autonomía y sobre todo que no haya diferencia entre ciudadanos, por cuanto la colaboración y la coordinación deben hacerse en un plano multilateral, poniendo los intereses de todos encima de la mesa, porque las bilateralidades implican ver al conjunto del Estado autonómico, al resto de las comunidades autónomas, como algo enfrentado respecto a lo que se reclama, respecto a lo que se coloca enfrente, cuando lo que tenemos que hacer es construir entre todos un marco común de coordinación. Se ha hecho aquí un llamamiento al derecho de la autonomía y se ha hablado de otros estatutos autonomías discutidos hace tiempo. El derecho a la autonomía implica también el respeto a las decisiones que, dentro de la Constitución, adopten otras comunidades autónomas y Valencia adoptó las suyas en los años ochenta, las refrendó en su reforma y creo que, cuando uno pide respeto a sus decisiones en el marco de la Constitución, no puede cuestionarse las decisiones de otros.
Así es como yo creo que debe entenderse el derecho a la autonomía, con un límite: la lealtad a la Constitución. El problema es que desde algunos estatutos de autonomía se marque otro límite que no es el que los ciudadanos decidieron en su día, y creo que nadie hay por encima de la voluntad del conjunto y nadie, desde un estatuto de autonomía, puede imponer al resto aquello que no decida o aquello que no decida ni siquiera decidir.
El señor PRESIDENTE: Continúa en el turno la señora Salom.
La señora SALOM COLL: Señoras y señores diputados, en primer lugar quiero mostrar mi agradecimiento desde esta Comisión del Congreso de los Diputados a todas aquellas entidades y personas que han colaborado en la redacción de esta reforma del Estatuto de las Islas Baleares, tanto a nivel de la Comunidad Autónoma de Baleares como en este trámite en el Congreso. Nos encontramos ante una reforma de un Estatuto que pretende servir a los ciudadanos y mejorar su calidad de vida, y en ningún caso este es un instrumento para consagrar proyectos identitarios excluyentes; esta es una reforma que está enmarcada, como no podía ser de otra manera, dentro de lo que es la Constitución española. Hoy, en esta Comisión, se da un nuevo paso en la tramitación parlamentaria para llevar a buen puerto el proceso de reforma que, si no hay inconveniente, el próximo jueves se incluirá en el orden del día del Pleno de esta Cámara, para hacer efectiva la voluntad que hay en el Parlamento balear y la voluntad expresada en el Pleno donde se tomó en consideración esta iniciativa para que pueda entrar en vigor esta reforma antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales de Baleares. Esta era la voluntad que había por parte de mi comunidad.
Quiero recordar a SS.SS. que este Estatuto viene con un amplio consenso del Parlamento balear, donde tanto el Partido Popular como el Partido Socialista y Unión Mallorquina apoyaron esta reforma, y que a lo largo del trámite en esta Cámara los dos grupos mayoritarios hemos presentado y pactado una serie de enmiendas y transacciones que consideramos que son buenas y positivas para nuestra comunidad autónoma. Está claro que la voluntad de los impulsores de esta reforma ha sido que en ella puedan caber todos los grupos parlamentarios. El contenido de la reforma está marcado fundamentalmente por el hecho de ser unas islas; por el carácter discontinuo de nuestro territorio; por el hecho de estar fraccionado en cuatro islas -las cuatro habitadas-; por los costes que nos supone la insularidad en todas sus facetas, tanto de transporte como de sanidad, sobrecoste de materias primas o dificultades para la exportación de los productos; y, como es natural, por los costes añadidos que han de soportar Ibiza y Menorca por la llamada doble insularidad y de forma muy especial Formentera, por su triple insularidad. Precisamente ese hecho insular condiciona nuestra forma de ser, nuestra estructura institucional, la economía productiva y las economías domésticas de nuestra comunidad. de ahí que la insularidad
tenga un tratamiento especial, con una cláusula de garantía para asegurar que cualquier norma aplicable en un territorio insular de carácter estatal o de la Unión Europea sea de aplicación automática también en las Islas Baleares, con una excepción obvia, la parte que corresponde a la de región insular ultraperiférica.
Señorías, el principio de unidad en el que se basa nuestro modelo territorial requiere que se tenga en cuenta, como elemento garante de esa autonomía y por tanto básico para salvaguardar la cohesión nacional, el principio de solidaridad; solidaridad y autonomía deben equilibrarse mutuamente y la solidaridad solo puede practicarse si todas las comunidades autónomas, de modo conjunto, son las que negocian con la Administración central del Estado aquellas cuestiones clave como son las que se refieren a la financiación. Pues bien, en este proyecto estatutario se hace un especial hincapié en la multilateralidad frente a la bilateralidad. Así, en la revisión del sistema de financiación se hará partiendo de lo que diga la Comisión mixta de Economía y Hacienda por parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como órgano multilateral de coordinación. Evidentemente, ello no quiere decir que en las cuestiones que afectan solo y específicamente a la Comunidad balear no se prevean instrumentos de diálogo bilateral con la Administración central.
En lo que se refiere a la financiación, no se pierden de vista tres principios que son fundamentales: la lealtad institucional, la solidaridad y la no discriminación financiera. Es importante que se sepa en esta Cámara que, en los últimos años, la población de nuestra comunidad se ha visto incrementada de una forma importante, de una forma notable, de tal manera que en los últimos cuatros años ha crecido en un 25 por ciento, y para atenderla, como es natural, requerimos unos recursos suficientes que compensen el coste que supone nuestra insularidad, el incremento de la población y, consecuencia de ello, la consiguiente explosión en la demanda de servicios, tanto de plazas escolares como de plazas hospitalarias y de los servicios sociales. A todo ello hay que añadir, como es natural, un déficit histórico que se viene arrastrando desde tiempo inmemorial, tanto en infraestructuras básicas, como son las grandes redes de transporte y las ferroviarias, además de nuestra marginación en lo que son los planes estatales de desarrollo industrial. Este déficit acumulado solo puede paliarse mediante una compensación económica que nosotros, desde el Partido Popular, habíamos cifrado en unos 3.000 millones de euros. Pero, como todos ustedes saben, hemos llegado al acuerdo con el Partido Socialista de que, mientras no se apruebe la modificación del régimen especial de las Islas Baleares, y en todo caso en un plazo no superior a siete años, la inversión media del Estado se establecerá atendiendo a la inversión media per cápita realizada en las comunidades autónomas de régimen común, teniendo en cuenta, como es normal, las circunstancias derivadas de los hechos diferenciales y excepcionales de las Islas Baleares con incidencia en la cuantificación de la inversión pública. Según nuestros cálculos, esto supondría una inversión aproximada en los siete próximos años de unos 2.500 millones de euros. Evidentemente, esa es una cantidad inferior a la expectativa inicial del Partido Popular pero, como es normal, a la hora de pactar y a la hora de llegar a acuerdos todos tenemos que ceder un poco.
Para hacer frente a este compromiso inversor, desde el Gobierno de las Islas Balares se propondrá al Ministerio de Economía y Hacienda los oportunos convenios para la ejecución de los programas y acciones estatales sobre carreteras, sobre obras hidráulicas, sobre protección del litoral, sobre nuestras costas, sobre los parques naturales y las infraestructuras turísticas, en materia de transporte, medio ambiente y ferrocarriles. Será la Comisión mixta de Economía y Hacienda la que se encargue de hacer el seguimiento de estos compromisos anteriormente citados. Además, señorías, existe una cláusula de régimen insular de las Islas Baleares, en el que hay el compromiso de que una ley de las Cortes Generales regulará el régimen especial balear que reconocerá el hecho específico y diferencial de nuestra insularidad. Será en el marco de esta ley y con observancia de las normas y procedimientos estatales y de la Unión Europea que resulten de aplicación como la Administración General del Estado ajustará sus políticas públicas a la realidad pluriinsular de las Islas Baleares, especialmente en materia de transportes, de infraestructuras, de telecomunicaciones, de energía, de medio ambiente, de turismo y de pesca. Como es natural, para garantizar lo expuesto la ley regulará un instrumento financiero que, con independencia del sistema de financiación de las comunidades autónomas, dotará de los fondos necesarios para llevar adelante la aplicación de los programas anteriormente citados. Será una comisión mixta de economía y hacienda entre el Estado y las Islas Baleares la que regulará el seguimiento y la aplicación de esta ley reguladora del régimen especial de las Islas Baleares.
Para concluir, señorías, quiero decirles que para nosotros, desde las Islas Baleares, la lengua es un instrumento de comunicación en libertad de todos los ciudadanos y que como tal lo hemos abordado en este Estatuto. Somos una comunidad bilingüe, que por nuestra tradición y nuestro pasado, hablamos castellano y hablamos también, como es natural, el catalán propio de las Islas Baleares; tenemos unas modalidades; unas modalidades que se hablan en Mallorca, en Menorca, en Ibiza y en Formentera. Eso forma parte de nuestra riqueza cultural y de nuestra tradición y, como tal, queremos potenciar y ayudar a que no se pierda en los años venideros. Eso creemos que es defender nuestra tradición y nuestra riqueza. Comprendo que a determinados diputados de otras comunidades autónomas esto les pueda resultar chocante, pero eso es nuestra realidad. Como muchos de los diputados han expresado aquí que van a respetar lo que se decida o lo que decidamos en otras comunidades autónomas, que es su talante y su manera de ver estas reformas, les decimos que en Baleares las modalidades
insulares forman parte de nuestra tradición y de nuestra riqueza y que las vamos a seguir respetando e impulsando.
Para terminar, quiero decir que el objetivo que ha impulsado esta reforma ha sido mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas, hombres y mujeres, que viven libremente en las Islas Baleares.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra don Ramón Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Nuestro grupo también hará una doble intervención y será mi compañero, el señor Antich, quien termine explicando la posición del Grupo Socialista en relación con este Estatuto.
Señorías, un poco en la intimidad de este debate querría empezar por trasladarles la sensación de satisfacción que tiene mi grupo respecto de la aprobación de este Estatuto. Este Estatuto ha sido negociado arduamente. Esta es la primera cosa que querría decir. Nosotros hemos mantenido un conjunto de negociaciones antes de la presentación de las enmiendas, no solamente con el Grupo Popular, que es, obviamente, el otro gran grupo de la Cámara con el que hemos configurado este consenso, sino también con el propio Gobierno de las Islas Baleares, con quien hemos tenido que puntualizar casi todos los aspectos no solamente competenciales, sino incluso económico-financieros que contiene este Estatuto. Por eso quiero empezar mostrando públicamente nuestro agradecimiento a nuestros interlocutores, el propio Gobierno de las Islas Baleares, representado en nuestras negociaciones por su vicepresidenta, Rosa Estarás, su consejero de Economía y Hacienda, con quien hemos de manera procelosa negociado cada uno de los aspectos de este Estatuto en sus aspectos económico-financieros; la representación del Partido Popular, doña María Salom y doña Soraya, con quienes hemos negociado todo el contenido de las enmiendas; y también quiero agradecérselo a nuestro propio grupo, a la representación del Partido Socialista de las Islas Baleares, con la que, junto a mis compañeros que representan al Partido Socialista en esta Comisión, hemos conseguido este triunfo. Porque creo que la aprobación de un Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, como vamos a aprobarlo hoy y como lo aprobaremos el próximo jueves, es un triunfo; es un triunfo para las Islas Baleares pero también para el ordenamiento, el gran marco autonómico y constitucional que poco a poco vamos configurando en esta ya larga etapa democrática de nuestro país, en los últimos treinta años. A veces se me ocurre pensar que todas estas negociaciones, que siempre son ocultas, porque se hacen en reuniones más bien discretas, son como la tramoya de una obra de teatro. El presidente de la Comisión, tan aficionado a ese gran arte, me entenderá bien. Vamos configurando cada uno de los elementos de una obra, artículo por artículo, y luego solo aparece formalmente ante el gran público en una única representación; a diferencia del teatro que se representa más veces, aquí no hay más que una. Y aparece como que hoy aprobamos casi de una manera burocrática un Estatuto, pero detrás hay un enorme trabajo.
Esta es la primera afirmación que quería hacer, en homenaje a todos nosotros. Doña Soraya sonríe y creo que con razón, porque conviene reiterar y recordar que hay un enorme trabajo por detrás, casi siempre oculto y previo a la presentación de las enmiendas, que dan lugar a que luego podamos celebrar un Estatuto como este.
Señorías, hoy estamos aprobando el cuarto Estatuto de lo que llamamos esta nueva generación de Estatutos de Autonomía. Como ustedes recordarán, hemos aprobado ya el del País Valenciano, el de Cataluña, el de Andalucía y hoy aprobamos el de Baleares. La primera característica, reitero, que me parece significativa de esta nueva etapa es que la iniciativa de la reforma autonómica -aunque luego hablaremos de si son reformas o son nuevos estatutos- la ha tomado la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, como la tomaron en su día los catalanes en su Parlamento, los valencianos en el suyo, o los andaluces en el suyo. Esto se hace así porque la característica principal de esta nueva etapa autonómica que estamos construyendo es que la iniciativa de la reforma se produce por la propia Cámara autonómica y atiende a las especificidades y a las singularidades que cada comunidad autónoma tiene. En la primera etapa autonómica, en la de finales de los setenta y principios de los ochenta, los estatutos venían más o menos configurados casi de manera mimética por una ordenación común, incluso a veces con una literalidad idéntica.
Ahora, por el contrario, transcurridos 25 ó 30 años de vida autonómica, cada comunidad autónoma procede a la reelaboración de su gran norma institucional, a la definición más acentuada, más concreta y más adaptada a sus propias realidades de su propio ordenamiento autonómico, porque hay unas nuevas realidades, como, por ejemplo, destacaba doña María Salom en el caso de las Islas Baleares, es la insularidad. Si uno se pone a profundizar en el contenido de este Estatuto, enseguida descubre la enorme singularidad y el enorme peso que tiene la naturaleza bifronte de los consejos insulares, el reparto territorial interno de un archipiélago que se configura en su totalidad como una comunidad autónoma pero que tiene un reparto de poder, interno, propio de una singularidad, que, por otra parte, se manifiesta en otros muchos artículos del Estatuto, desde las propias competencias hasta sobre todo el capítulo económico-financiero, que define su régimen económico.
La segunda afirmación que quiero hacer es que, también, como en otros estatutos, el Congreso de los Diputados trata de respetar al máximo la voluntad del legislador autonómico, para hacer una reforma lo más parecida posible a la voluntad expresada por ese Parlamento autonómico, con los límites que establece nuestra Constitución, con los límites que define nuestro modelo autonómico, el interés general, el respeto al reparto competencial, una serie de parámetros que definen de
qué manera es posible respetar la voluntad autonómica y la definición singular institucional de cada comunidad autónoma en un marco general ordenado, pero desde la perspectiva de intentar respetar al máximo esa expresión autóctona -autonómica en este caso- de las comunidades que toman la iniciativa.
Esta reforma -siguiente punto de referencia- ¿es una reforma o es un nuevo Estatuto? Me parece una pregunta pertinente. Obviamente, la forma en la que se va a tramitar es la de una reforma, pero, analizando su contenido no podemos por menos que concluir que estamos hablando de un nuevo Estatuto, como ha ocurrido prácticamente con todos, también con el valenciano, inclusive, pero más claramente en el caso catalán y en el caso andaluz. Aquí estamos pasando de un Estatuto que inicialmente tenía 75 artículos a otro que tiene 140; un nuevo Estatuto que tiene un buen número de nuevos títulos que no contenía el anterior -por ejemplo, derechos y deberes, una regulación muchísimo más meticulosa de los aspectos económico-financieros, una regulación del Poder Judicial distinta, etcétera-; a un Estatuto que tiene, por último, nueve títulos y nuevas disposiciones adicionales y transitorias que configuran lo que a mí me gustaría decir claramente que constituye un nuevo Estatuto. ¿Que tiene la forma de una reforma? Sí. Hay que hacerlo bajo la forma de una reforma, pero vamos a un Estatuto con 140 artículos nuevos, con nuevas disposiciones adicionales y transitorias, que configuran lo que, desde una perspectiva histórica, en la retina y en la lógica jurídica de esta renovación estatutaria, va a quedar como un nuevo Estatuto para las Islas Baleares. ¿Por qué? Porque hemos acabado concluyendo que treinta años después del inicio de la etapa autonómica española era lógico que los estatutos se adaptaran a una nueva realidad y configuraran una norma institucional básica, con una mayor concreción y una mayor definición de sus instituciones, de los derechos y deberes de los ciudadanos de esa comunidad autónoma, de sus competencias, de su aparato económico, de su Poder Judicial, etcétera. Esta es la esencia de este conjunto de reformas que estamos haciendo y que configuran, como ya he dicho, una nueva etapa en la construcción autonómica española. Esto es algo natural, nada se rompe, señorías. Al contrario, yo soy de los que creen que estamos dando pasos muy constructivos y muy inteligentes, al margen de que lo hagamos mejor o peor en algunos aspectos o de que surjan necesidades de ajuste en un futuro para que nuestro sistema y nuestro ordenamiento constitucional se adapten mejor al Estado de las autonomías. Podemos discutir sobre eso, pero lo que estamos haciendo ahora es algo muy razonable, y lo digo en contra de esa posición política que a priori, en principio desde de la configuración autonómica que constituye esta legislatura, provocó una especie de rechazo y de discurso catastrofista por parte del Partido Popular. Realmente, ¿qué estamos haciendo cuando estamos acometiendo este proceso de reformas? Pues ajustarnos a la realidad y dar a las comunidades autónomas un camino para que desarrollen sus potencialidades, para que ajusten su sistema competencial, para que mejoren su modelo económico financiero y para que se adapten mejor a un nuevo mundo, que en veinticinco años -en España también- ha cambiado tan notablemente.
Pensemos en la acción exterior de las comunidades autónomas, en la relación con la Unión Europea, en las nuevas fenomenologías sociales -pongamos la inmigración-, en los nuevos parámetros en los que se inscribe la acción pública, por ejemplo, con la revolución científico-técnica, y en tantas y tantas cosas que explican la necesidad de adaptar ese marco autonómico, esa norma institucional básica tan importante a los nuevos tiempos.
Es verdad, como decía la señora Sáenz de Santamaría, que a la Comisión Constitucional le corresponde algún papel. Nosotros, claro, tenemos el derecho y la obligación de ajustar esa expresión autonómica, configurada por los parlamentos autonómicos digamos que a su manera, al ordenamiento general, al marco constitucional, y a eso respondieron la mayor parte de las enmiendas que el Partido Socialista y el Partido Popular, de manera idéntica, pero cada uno a través de sus propios grupos parlamentarios, presentaron en la tramitación de este Estatuto en la ponencia. Quiero recordar que los dos grupos que habíamos construido esos consensos, tanto en Baleares como aquí, a la hora de plantear las enmiendas, presentamos enmiendas idénticas que venían a responder a nuestro deseo de hacer ese ajuste que el Estatuto requería. Pero esto no es algo anómalo; lo hicimos con el Estatuto de Andalucía, con el de Cataluña y con el de Valencia, al margen de cuáles fueran los consensos con los que esos respectivos estatutos procedían de sus parlamentos autonómicos. En todos los casos ha sido necesario y, es más, lo será en todos los que vengan. Es nuestro papel, y no es desdoro ni aminora la importancia del contenido estatutario, al contrario, lo enriquece, lo ordena, lo constitucionaliza en muchos casos. Lo que hace es recibir, como está previsto en el iter legislativo de nuestras reformas autonómicas, la confirmación de la gran Cámara representativa de todos los intereses de todos los españoles, en el marco de lo que es una cultura de pacto, que se deriva de la iniciativa legislativa de los parlamentos autonómicos y del papel que posteriormente juegan las Cortes Generales, representando a todos los españoles y representando la defensa de los ordenamientos constitucionales básicos, para ajustar los contenidos de los estatutos a esos ordenamientos y al interés general.
En esta referencia que estoy haciendo al trabajo al que ha dado lugar este Estatuto, quiero remarcar que el consenso que todos destacamos ahora es una condición básica. Yo también lo comparto. La pregunta -no quiero reabrir heridas, es lo más contrario a mi sentimiento en esta y en otras muchas materias- es por qué no fue posible en todos los casos. Yo, sin suscribir literalmente las palabras del señor Xuclà, sí quiero decir que si hubiéramos tenido el mismo espíritu de diálogo,
el mismo ánimo constructivo en todos los estatutos, si hubiéramos podido negociar y dialogar con la representación de Cataluña -me refiero concretamente a ese caso, porque es el único Estatuto que no hemos aprobado por consenso- con este mismo espíritu, el fruto del Estatuto catalán también habría sido distinto y no estaríamos sometidos todavía a una discusión jurídico-constitucional que me parece muy desestabilizadora para lo que es el marco constructivo de nuestros estatutos. En fin, eso es agua pasada. Únicamente quiero destacar que, cuando se habla de consenso, se habla precisamente de un espíritu que nuestro grupo quiere mostrar orgullosamente en todos los estatutos. Nosotros hemos mantenido esa actitud desde el principio. Lo hicimos con el valenciano, lo hicimos con el catalán, lo hicimos con el andaluz -que no vino con el acuerdo de un gran grupo, como el PP, en el Parlamento de Andalucía, y al que conseguimos incorporar sobre la base de ese espíritu y de la construcción de diálogos y de consenso que nos anima-, lo hemos hecho también aquí y lo seguiremos haciendo en todos. El Grupo Socialista quiere hacer las reformas autonómicas de acuerdo con todos los grupos políticos, y esa misma perspectiva inspira nuestras enmiendas transaccionales de hoy, en el deseo de incorporar a Esquerra Republicana y a Izquierda Unida, a quienes agradezco sus palabras y la manera en la que han tomado en cuenta nuestras enmiendas transaccionales.
Para terminar, quiero hacer una rápida referencia a lo que yo destacaría que se deriva de este nuevo Estatuto de Baleares. Voy a decir cinco cosas en las que creo que podríamos concretar nuestras singularidades. En primer lugar, me parece importante destacar el tratamiento consensuado de lo simbólico identitario que se ha hecho en Baleares. A mí, personalmente, me ha gustado, y antes también lo destacaba doña María Salom. Me parece un mérito la manera en la que los grupos políticos representantes mayoritarios de les Illes Balears han configurado su tratamiento simbólico identitario, ese tejido siempre tan delicado que se refiere a los aspectos históricos o lingüísticos, etcétera; me parece un mérito. Y quiero expresar a don Agustí Cerdà mi criterio de que no es razonable esa pretensión de trasladar a todos los estatutos de las comunidades en las que se habla el catalán la misma configuración literal de los aspectos del catalán que se ha hecho en el Estatuto de Cataluña; no hay por qué. Yo tengo una interpretación un poco más flexible que la que tiene la señora Sáenz de Santamaría respecto del deber del conocimiento del catalán que se estableció en el Estatuto de Cataluña, porque creo que, aunque el constituyente no estableció en la Constitución ese deber, sí estableció la cooficialidad de las lenguas y 25 años después, en una comunidad bilingüe, como la catalana o como la de las Islas Baleares, a mí no me parece mal que el legislador le digo inclusive al Constitucional, desde una perspectiva flexible y dinámica del propio texto constitucional, que en su opinión -lo dijeron los catalanes y lo dijimos aquí- es razonable la exigencia del conocimiento. A mí no me parece mal, pero por la misma razón también le digo, señor Credá, que no hay por qué imponer desde aquí, mediante una enmienda que ustedes pretenden, lo que los baleares han decidido organizar, digamos, con su consenso interno. Respetemos ese consenso. Allí lo han declarado idioma cooficial y lo han incorporado de una determinada manera a los modelos educativos. No han hablado de deber, pero no importa. Como sabemos muy bien, estas cuestiones lingüísticas no dependen tanto de las leyes como de lo que es la realidad social o la realidad lingüística y seguramente en Baleares el bilingüismo es, afortunadamente, una realidad cada vez más evidente. Por tanto, primera idea importante, un tratamiento consensuado de lo simbólico identitario, teniendo en cuenta que aquí también jugaba el factor de las islas de una manera particular.
En segundo lugar, ese nuevo capítulo de derechos y deberes, por otra parte ya un fijo en todos los estatutos, un tema que me parece también muy importante destacar. Esta es una de las grandes novedades de los nuevos modelos estatutarios. ¿Por qué? Porque tenemos comunidades autónomas con tal capacidad competencial en aspectos básicos de la vida de los ciudadanos que la regulación de una nueva generación de derechos y deberes propios, no fundamentales, que ya están en la Constitución, sino los que se derivan del ejercicio competencial de esas importantes y básicas competencias de las comunidades autónomas, da lugar a una carta social nueva en cada comunidad autónoma. Y nada rompe este enriquecedor concepto de las normas autonómicas de las comunidades autónomas. Yo estoy, por ejemplo, radicalmente en contra de las alegaciones que se han hecho por parte del Defensor del Pueblo -buen amigo mío, por cierto, y del presidente de la Comisión- y de las que también se hicieron en parte en el recurso catalán por el PP a la configuración en los estatutos de autonomía de un capítulo de derechos y deberes. ¿Pero por qué no? Yo pienso que, dejando claro, como se deja, que esos derechos y deberes no abren capítulos competenciales nuevos ni pueden cuestionar los fundamentos básicos de los derechos fundamentales que establece la Constitución y que son iguales para todos, al margen de eso, cuando hablamos de salud, lógicamente regulamos no la eutanasia, es verdad, sino lo que llamaríamos las atenciones en la fase terminal de la vida de muchas personas, porque se produce en los hospitales, todos lo sabemos.
Esa problemática requiere cuidados paliativos e inclusive las regulaciones de los testamentos vitales, que establecen una voluntad del ciudadano, hecha desde la libertad de conciencia, para que cuando llegue esa situación, que cada vez llega más frecuentemente a muchas personas, por lo que es la investigación biotecnológica en la prolongación de la vida, haya determinado previamente si quiere dejar de recibir asistencia cuando no hay más desenlace que la muerte. Eso se regula porque es una problemática de la asistencia sanitaria que prestan las comunidades autónomas, como la vivienda, como los
mayores, como los menores, porque forma parte de la protección social que prestan las comunidades autónomas. Y así podríamos seguir. Eso es lo que se establece en una especie de carta de derechos sociales o de configuración de derechos y deberes, que forma parte de manera fundamental de los estatutos de autonomía.
En tercer lugar, yo destacaría una ordenación ampliada de las competencias para la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Es verdad que el Parlamento de las Illes Balears ha decidido configurar su sistema competencial sobre el llamado régimen antiguo -en terminología un poco vulgar si ustedes quieren-, es decir, el Parlamento de las Islas Baleares nos propuso establecer en tres grandes artículos cuáles eran sus competencias: exclusivas, compartidas y ejecutivas. A mí personalmente la metodología utilizada en el sistema andaluz y en el catalán me gusta más, es más precisa, hay un marco en el que se establece lo que llamamos la tipología competencial y luego, en cada una de las materias, ordenadas con criterios diferentes, se establece qué competencias tiene y si son exclusivas, compartidas o ejecutivas. Aquí no se ha hecho así, pero también tengo que decir una cosa muy clara: Baleares no tendrá por esto menos autonomía ni menos competencias que otras comunidades. Lo precisa de una manera diferente, pero, sin duda, en el capítulo competencial de las Islas Baleares ya no hay divisiones, ya no hay categorías, no las hay. Es verdad que en Cataluña o en Andalucía está más precisado, pero aquí, a pesar de que se sitúa en este sistema de ordenación competencial, no por eso cabe decir que hay menos. Por cierto, hay más, no con relación a otros sino a lo que había antes (Rumores.) No digo en relación con otros estatutos, digo con relación al viejo Estatuto de las Islas Baleares. Hay muchas más competencias que conviene destacar -por eso he dicho que hay un tercer capítulo que me parece importante-, por ejemplo, en las aguas, en las nuevas tecnologías, en la inmigración, en la nueva definición de la Policía autonómica, en lo que es la ordenación del Poder Judicial, en la acción exterior de las Islas Baleares, en la relación con la Unión Europea. En fin, hay una incorporación de nuevas competencias que en gran parte configuran la revisión competencial de este Estatuto.
Por cierto, doña Soraya, quería recordarle que también aquí hay una tipología competencial definida. Ya sé que este tema lo hemos discutido reiteradamente usted y yo, pero quiero recordar que este Estatuto -en mi opinión mal ubicado, porque no está bien ubicado, pero ahí queda-, en los artículos 83, 84, 85 y 86 establece lo que llamamos las tipologías competenciales. Es decir, que este Estatuto también incorpora una definición de qué es competencia exclusiva, qué es compartida, qué es ejecutiva, cómo se produce la actividad de fomento, etcétera. Por tanto, también hay tipología competencial. A mí me habría gustado más -ya lo dije- que se incorporase al capítulo competencial, pero en todo caso está, está en el régimen jurídico de la comunidad autónoma, en el capítulo IX del título IV.
Termino señalando que los otros dos grandes elementos que tiene este Estatuto, y que son los que más particularmente va a desarrollar mi compañero el señor Antich, son la nueva definición de los consejos insulares, la creación de un nuevo consejo insular en la isla de Formentera y, por supuesto, un modelo económico-financiero muy particular, muy interesante, desde luego muy singular, propio de lo que es el reconocimiento constitucional de las islas, que se contempla en el artículo 138 de la Constitución, y que configura un régimen de enorme importancia para el futuro de las Islas Baleares, porque creo que hemos encontrado un modelo interesante, un modelo equilibrado, un modelo muy constructivo, muy positivo y muy generoso de financiación para la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Señorías, reitero mis agradecimientos, perdonen la extensión. Teníamos una oportunidad de poder dar también a este debate una cierta dimensión jurídico política de la celebración de la fiesta que estamos hoy manteniendo con esta aprobación y no he querido limitarme a una breve intervención, sino destacar la importancia de lo que estamos haciendo, reiterando mis agradecimientos.
El señor PRESIDENTE: Para continuar el turno, tiene la palabra don Francesc Antich.
El señor ANTICH OLIVER: Además de la magnífica valoración realizada por el portavoz, el señor Jáuregui, creo importante resaltar otros contenidos del Estatuto que sin duda significan un avance muy relevante respecto del autogobierno, de las instituciones, de la identidad y de la financiación de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Empezaré por valorar muy positivamente la nueva definición de las Illes Balears como nacionalidad histórica, definición que constata la singular historia e identidad de un territorio con lengua, cultura y derecho civil propios, y que además cierra antiguas posiciones diferentes. Vale la pena destacar también que la reforma mantiene la unidad de la lengua catalana, cosa que no pasa en todos los territorios, y la obligación de los poderes públicos de protegerla y normalizarla, así como la protección de las modalidades propias existentes en las Islas Baleares. Tema, el de las modalidades, que no obtuvo el consenso en Baleares y que, en cambio, se ha logrado aquí con una redacción que no deja dudas con relación a la unidad de la lengua y que ampara la amplia riqueza de modalidades existentes en cada isla. Para nuestro grupo es muy importante mantener el consenso en materia lingüística, puesto que la confrontación, y sobre todo la confrontación entre los dos grupos mayoritarios, siempre acaba perjudicando a la lengua más débil, en este caso a la lengua propia, a la lengua catalana; mantener el consenso que conseguimos en el año 1986 con la Ley de Normalización Lingüística, que es una ley muy completa y que define los derechos lingüísticos
de forma muy clara y muy importante, y que sin duda es un instrumento que, si se aplica, es muy válido para normalizar la lengua en nuestra comunidad autónoma.
Hay que citar también que la presente reforma supone una extraordinaria mejora de las instituciones propias. Cabe destacar que significa dar la mayoría de edad definitiva a los consells insulars, considerándolos también instituciones autonómicas y salvaguardando y calificando sus competencias, lo que es muy importante para los consells, pero también para el trabajo y funciones que deben realizar el global de las instituciones autonómicas, evitando conflictos y disputas competenciales y mejorando el funcionamiento descentralizado de la Comunidad balear. Los consells, además, por primera vez tendrán una lista o candidatura electoral propia separada de la del Parlamento, lo que supone la posibilidad de que los ciudadanos puedan evaluar más directamente su gestión y a la vez que sus miembros tengan exclusiva dedicación a la institución. A todo ello hay que añadir la creación de mecanismos que deben facilitar el funcionamiento federalizante de la comunidad autónoma, mecanismos destinados a aumentar la cooperación y coordinación, como la Conferencia de Presidentes, compuesta por los presidentes de los consells y el de la comunidad autónoma, o la Comisión General de Consells en el seno del Parlament. Además, la presente reforma resuelve la aspiración de Formentera de tener un consell insular propio que desde la proximidad atienda mejor las aspiraciones de sus ciudadanos y ciudadanas y sea un instrumento válido para atenuar la triple insularidad que padece la isla.
A los sustanciales avances de los consells, hay que añadir que por primera vez los ayuntamientos gozarán en el Estatuto de un capítulo específico, donde se regulan o prevén las transferencias de competencias de los consells insulars o de la comunidad autónoma a los ayuntamientos, un fondo de cooperación local, la ley de régimen local y la ley de capitalidad de Palma, entre otras cuestiones. Otras novedades del Estatuto también destinadas a mejorar la gestión y eficacia de ciertos servicios son la creación de un consejo de justicia autonómico, un título específico de medios de comunicación social con la creación del consejo audiovisual de les Illes Balears o la nueva creación de la agencia tributaria de les Illes Balears. La reforma contiene también el aumento de la coordinación con el exterior a través de la creación de comisiones bilaterales que faciliten la cooperación y coordinación en múltiples temas, entre ellos, cuestiones relacionadas con la financiación, las inversiones, la insularidad, etcétera, temas todos ellos muy importantes para la comunidad autónoma de Baleares.
Este Estatuto va a suponer también un avance muy relevante en el autogobierno y en su funcionamiento, puesto que incorpora medidas como la posibilidad de disolución anticipada del Parlamento autonómico por parte del presidente del Gobierno de les Illes Balears, la mayoría cualificada para leyes como la electoral, la de consells o la propia reforma del Estatut, y nuevas e importantes competencias, como ya se han explicado por parte de nuestro portavoz, entre ellas Policía autonómica, aguas, innovación, etcétera, e incluso mecanismos para la gestión compartida en puertos y aeropuertos de interés general para el Estado. A todo ello hay que añadir la fijación de los principios fiscales y financieros que, debidamente adecuados a las reformas hasta el momento aprobadas, deben conformar en su día por acuerdo, ese sí, multilateral, una reforma del actual sistema de financiación autonómico aplicable a los Quince y que suponga un cambio, y esperemos que sea un cambio importante, respecto del actual, que tanto ha perjudicado a las Islas Baleares.
Hay que hacer especial mención a la especial importancia que la presente reforma da a la cuestión relacionada con la insularidad, al hecho diferencial de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, merecedora de una protección especial, tal y como hace el texto que estamos analizando, especial mención y atención que, tal y como dice el Estatuto, obliga a los poderes públicos a tomar las medidas necesarias para evitar que de la insularidad puedan derivarse desequilibrios económicos o de cualquier otro tipo que vulneren el principio de solidaridad entre las distintas comunidades autónomas. Es muy importante el consenso alcanzado en el Congreso con la creación de la disposición adicional sexta titulada Del régimen especial insular de las Illes Balears. Esta disposición adicional incluye en el Estatuto por primera vez a la actual Ley de Régimen Especial de las Islas Baleares y además prevé su modificación para la creación de un instrumento financiero distinto del sistema de financiación autonómica, que dote de los fondos necesarios para que la citada ley tenga una verdadera y efectiva aplicación. Sin duda se trata de un avance importantísimo para la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, puesto que el principal problema de la citada ley, vigente desde el año 1998, era precisamente la dificultad que ha existido a la hora de conseguir los citados fondos de los distintos ministerios y por lo tanto que se aplicara esta ley, dando como resultado, como decía antes, que su aplicación en realidad haya sido muy poco satisfactoria. Se trata, pues, de que el nuevo Estatuto en esta disposición adicional sexta crea un sistema permanente y distinto del sistema de financiación general, que supondrá poder hacer frente a inversiones y a compensaciones por insularidad en materias básicas tan importantes como son transporte, infraestructuras, telecomunicaciones, energía, medio ambiente, turismo y pesca. Quiero resaltar que este sí que es un avance importantísimo para las Islas Baleares, porque no estamos hablando de lo que hablaré posteriormente -de la disposición transitoria octava-, no estamos hablando solo de un nuevo sistema de financiación para unos cuanto años, sino de un instrumento que debe ser el que dé apoyo a la aplicación de la Ley de Régimen Especial de las Islas Baleares que, en principio, es para siempre, o sea, permanente. Este es un tema importantísimo para las Islas
Baleares. Como decía antes, el Estatuto también prevé a través de la transitoria octava que, mientras no se apruebe dicha modificación de la Ley de Régimen Especial, según lo dispuesto en la disposición adicional sexta antes citada y para un plazo no superior a siete años, la inversión del Estado en las Islas Baleares se va a establecer atendiendo a la inversión media per cápita realizada en las comunidades autónomas de régimen común, cuestión que tampoco es poco importante. También es de mucho calado si tenemos en cuenta que Baleares, desde hace demasiado tiempo, se halla muy por debajo de la media antes reseñada. Según la transitoria octava, ello se hará mediante convenios propuestos por la comunidad autónoma al Estado, teniendo en cuenta los hechos diferenciales y excepcionales de las Illes Balears, en materias tan relevantes como I+D+i, transportes, puertos, medio ambiente, ferrocarriles, carreteras, obras hidráulicas, protección del litoral, costas y playas, parques naturales e infraestructuras turísticas; un aumento de las inversiones del Estado para compensar un déficit de inversiones, como decía la señora Salom, que desde hace tiempo está padeciendo la Comunidad Autónoma de Baleares.
Sin perjuicio de que todas las inversiones son importantes, quisiera destacar que desde mi grupo creemos que para Baleares es una muy buena noticia la inclusión de posibles convenios en materia de ferrocarril y transporte público, dada la limitación de nuestro territorio y la necesidad de apostar por medios más limpios, más seguros, más sociales y sobre todo que supongan un uso más mesurado del territorio, así como también lo es la inclusión de posibles convenios con el Estado para invertir en I+D+i, medio ambiente y nuevas infraestructuras turísticas.
Baleares necesita apostar por la calidad y la excelencia, y para ello es imprescindible apostar por estas materias. Las inversiones que permitan más acceso a las nuevas tecnologías, más investigación, más innovación, más gestión y protección del patrimonio natural y actuar en la reconversión de las zonas turísticas maduras van a suponer un importante impulso para la economía de Baleares y, consecuentemente, para la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas.
Por último, quiero destacar la obligación que a partir de ahora va a tener el Estado de velar para que cualquier mejora relativa al régimen económico o fiscal de los territorios insulares establecida por la Unión Europea, con la excepción de las que vengan motivadas exclusivamente por la ultraperificidad, que serían las que únicamente se aplicarían a la Comunidad Autónoma de Canarias, sea aplicable a las Islas Baleares. En definitiva, se trata de un nuevo Estatuto nacido de un muy amplio consenso que mantiene la voluntad expresada por el Parlamento de las Illes Balears de avanzar en el autogobierno, facilitar un más democrático y eficaz funcionamiento de las instituciones, aumentar su proximidad a la ciudadanía, ofrecer mejores servicios y afrontar retos e inversiones muy necesarios para la mejora de la economía balear, con la firme voluntad de que todo ello redunde en el aumento del bienestar y de la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas.
El señor PRESIDENTE: La señora Navarro ha pedido un turno de réplica.
La señora NAVARRO CASILLAS: Desde el Grupo Popular se ha manifestado que el único paso que están dispuestos a dar es el reconocimiento de la nacionalidad porque es el que está en la Constitución española, es decir, el paso que dieron en el año 1978. Nosotros entendemos que en 2006, ya entrando en 2007, se pueden dar más pasos hacia delante, y de hecho ustedes los han dado en el Estatuto andaluz. Por tanto, ¿por qué no seguir dando esos pasos hacia delante y avanzando no solo en términos de nacionalidad, sino en los conceptos que engloban las reformas estatutarias, que han sido ampliamente debatidos en cada una de las Cámaras y que suponen un debate conjunto sobre el Estado de las autonomías? También se ha manifestado que van a seguir impulsando las distintas modalidades de la lengua catalana en las Illes Balears, y eso preocupa a mi grupo parlamentario porque lo que se debe impulsar no son las distintas modalidades sino la propia lengua catalana, su conocimiento y su uso, para defender la cultura y la identidad del pueblo de las Illes Balears. Ese debe ser el objetivo que ha de tener cualquier Gobierno que se precie de defender esa identidad cultural de la que la portavoz del Grupo Popular ha hablado.
En cuanto a derechos, también se ha manifestado que no están dispuestos a avanzar más allá de los que están recogidos en la Constitución como derechos exigibles. Vuelvo a preguntar por qué no se recoge para los ciudadanos de las Illes Balears lo que se ha votado para Andalucía y que así puedan avanzar en este sentido. La reforma constitucional es mucho más compleja y tiene una larga espera, como todos sabemos, para avanzar en derechos, mientras que el bloque de constitucionalidad, que son también los estatutos de autonomía, se va reformando y es un instrumento óptimo para garantizar nuevos derechos que se generan a través del avance de nuestra sociedad. En cuanto a uno de ellos, el planteado en los términos de voluntad vital anticipada, quizás no sea un eufemismo pero sí es un avance respecto a no tener nada. Compartimos con la portavoz del Grupo Popular que se trata de derechos que deben establecerse para todos los ciudadanos. El grupo parlamentario al que represento lo ha debatido en la Cámara, lo ha traído una y otra vez y seguirá trayéndolo porque es un objetivo de la política que defendemos. En cualquier caso, está en el Estatuto catalán y en el andaluz, y en este Estatuto, a través de la incorporación de la enmienda transaccional, se produce un avance que valoramos de manera positiva, es innegable, y es un paso hacia delante al que se suma el Partido Popular, lo cual aplaudimos.
Cuando el portavoz del Grupo Socialista ha hecho referencia a esta negociación -según sus palabras el texto se ha negociado arduamente-, les aseguro a los
presentes y a cualquiera que pueda acceder al "Diario de Sesiones" del Congreso que con Izquierda Unida no se ha negociado arduamente, ya nos hubiera gustado que pudiera aplicarse ese término a la negociación con este grupo parlamentario, pero que no se haya negociado arduamente no nos va a apartar del agradecimiento por que se haya llegado a acuerdos en las transaccionales, claro que sí, pero es mucho más lo que se podría haber hecho y lo que todavía se puede hacer. Representamos a un sector de la sociedad de las Illes Balears que tiene presencia en su Parlamento y seguimos defendiendo sus intereses con la esperanza de que tenga un mayor reflejo en el texto estatutario, que es donde deben estar reflejados todos los sectores de la sociedad de las Illes Balears. Como digo, a pesar de que no se ha negiciado arduamente, como se ha hecho referencia, nosotros pasamos del voto negativo en las Illes Balears a una abstención en la toma en consideración para entrar en el diálogo, en el consenso, y con ese objetivo de alcanzar acuerdos y tener un reflejo en el texto estatutario presentamos nuestras enmiendas. En cuanto a la ampliación de competencias sobre la que se ha manifestado el Grupo Socialista, efectivamente hay una ampliación de competencias, faltaría más, es una reforma estatutaria y no vamos a ir hacia atrás, a quitar competencias, pues sería bastante absurdo y profundamente negativo. Ya hemos felicitado por el avance en competencias, pero entendemos que puede haber más, se puede ampliar el autogobierno, y siempre será el objetivo de mi grupo parlamentario que haya un mayor número de competencias para avanzar en el Estado de las autonomías y acercar más los gobiernos a la ciudadanía.
También es lo que se hace con la descentralización que se incorpora en la propia configuración de las Illes Balears, y nosotros lo aplaudimos porque entendemos que las descentralizaciones son positivas y forman parte de nuestro programa político.
Nuestras enmiendas seguirán en pie hasta el debate en el Pleno y estamos abiertos al diálogo, a la negociación. Nos gustaría alcanzar un consenso sobre todo en el punto referido a las lenguas, que se podría traducir en una transaccional en la que todos nos sintiéramos cómodos porque significaría recoger esa inquietud que se manifestó una y otra vez por distintos grupos de la Cámara, no solo por el nuestro y que se ha manifestado también en el debate en esta Comisión. Dejo esta oferta esperando que sea bien recibida por los grupos mayoritarios de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cerdà.
El señor CERDÀ I ARGENT: Si me permite, señor presidente, me voy a referir a una cuestión previa antes de entrar en mi exposición.
Tanto por parte del Grupo Socialista como del Grupo Popular, no solo en la discusión de este Estatuto sino también en el valenciano, oigo continuamente un latiguillo que es que aquello que propone Esquerra Republicana o Convergència es una imposición respecto al tema lingüístico y además, y si no miren el "Diario de Sesiones". Nosotros no imponemos nada, entre otras cosas porque no podemos imponer nada. Proponemos cualquier cosa que a nuestro entender es la más adecuada, y partir de ahí claro que queremos armonizar todos los temas de carácter cultural, identitario y lingüístico. Esta es nuestra propuesta política, que es pública, está perfectamente registrada en el Registro de Asociaciones, está perfectamente planteada, y que es legítima siempre que la defendamos por los medios democráticos habituales. No imponemos nada. Proponemos y si tenemos mayoría suficiente acaba siendo ley y, si no, acaba siendo una enmienda que no triunfa. ¿Por qué imponemos desde Cataluña y no se impone desde La Rioja o Extremadura? Mi grupo viene sencillamente a proponer, y si resulta que tiene mayoría en esta Comisión y en el conjunto del Congreso es aprobado, y si no es rechazado como otras enmiendas, ni más, ni menos. Hacemos nuestra propuesta en materia lingüística, de financiación, de infraestructuras o de competencias, y es tan legítima como la que pueda hacer cualquier otro grupo desde otro ámbito territorial. ¿Por qué es más legítima si la propuesta viene hecha desde el grupo andaluz, extremeño o asturiano? Es lo mismo. Como es una reiteración, con el permiso de la Presidencia quería atajar en la medida de lo posible, y en lo que pueda convencer al resto de los ponentes, esta cuestión, lo cual es harto fatigoso para nosotros. Nosotros como otros grupos proponemos y si tiene mayoría se acepta, y si no nada. Estas son las reglas del juego. Nosotros no hemos hecho más que proponer lo que nos parece una buena fórmula para salir del paso.
Nos parecía una buena fórmula -y entro en materia- la equiparación jurídica. Me viene muy bien que la señora Sáenz de Santamaría me diga que hay libertad de uso. Eso es una filfa; si no hay igualdad jurídica no me puede vender que hay libertad de uso porque entonces una lengua está desequilibrada respecto a la otra. Si una lengua es de obligatorio conocimiento y otra solo hay derecho a conocerla, hay una desigualdad jurídica de facto que no permite un normal desarrollo de la libertad de uso de los habitantes. Usted nos está proponiendo que cada ciudadano o ciudadana elija libremente la lengua con la que se va y cuando nosotros estamos diciendo que para que sea efectivo y sea posible, y no una trampa y una engañifa, tienen que estar jurídicamente equiparadas y, por tanto, el mismo estatus jurídico que no es otro en este caso, como ya se ha aprobado en otros estatutos, que tengan el mismo reconocimiento, el mismo deber y derecho a conocerlas, lo cual no pasa en el País Valenciano ni en las Islas Baleares.
Podíamos discutir también -y el señor Guerra nos puede ilustrar porque estaba en aquellos momentos- qué se pensaba en la España constituyente de 1978 respecto a los estatutos de autonomía. Se pensaba en reforzar, como parte de la riqueza de un Estado, la diversidad
que tenían los diferentes territorios que accedían a un estatuto de autonomía, porque si no lo que hubiéramos hecho es un ordenamiento jurídico para todos igual, lo cual algunos pretendían y siguen pretendiendo, como una mera descentralización administrativa y no como una codecisión política en la que el Gobierno central y los gobiernos autonómicos dictamina y va encajando cuál es su ámbito en el conjunto del Estado y en un territorio específico. Por eso, por mucho que ustedes se empeñen no pueden ser iguales, porque por ejemplo Madrid no puede legislar para su comunidad autónoma sobre puertos y zonas costeras porque no tiene. Seguramente La Rioja tampoco podrá legislar en su comunidad autónoma sobre inmigración porque tiene muy poca, pero esta problemática, que es acuciante, tendrá un tratamiento específico en aquellas comunidades autónomas que, como la balear, reciben un importante alud migratorio que les genera toda una de problemas a los que una legislación que se renueva como esta tiene que dar solución. ¿Qué es más importante que esté armonizada con el conjunto del Estado o que una legislación vaya a atajar los problemas que tiene una población en un territorio concreto? Pues para nosotros, es más importante que la legislación que se derive, que se pacte y a la que se llegue con las mayorías democráticas que hay en estos momentos en las Islas Baleares y en el Congreso de los Diputados sea la que responda a una problemática específica para darle solución.
¿Si no así para qué hacemos leyes? ¿Para no dar solución a los problemas? Con nuestras propuestas estamos intentando dar soluciones a problemas que vemos que tiene la ciudadanía de las Islas Baleares e intentamos resolver, igual que lo relativo al régimen jurídico de la lengua, el tema de la inmigración, que también lo proponemos y tampoco está aceptado, así como el modelo económico que no ataja definitivamente el déficit histórico que padecen las Islas Baleares y que con este modelo seguirá perpetuando.
En definitiva, hemos visto en otros países como la República Argentina o Estados Unidos que hay un diálogo continuo y constante sobre cuál es el ámbito competencial de un Estado federal y del conjunto del Estado. Este diálogo, este estira y afloja es continuo en cualquier Estado que no sea centralizado o monolítico, y no lo es el Estado español por definición; justamente desde la Constitución de 1978 no es un Estado centralizado, sino con una pretensión. La interpretación que ustedes hagan es la suya, pero es tan legítima como la que podamos hacer en estos momentos nosotros. Por tanto, responder en cada territorio a las necesidades identitarias, económicas, sociales, culturales, históricas, políticas y económicas de la ciudadanía nos parece mucho más importante que esto sea armonizado con el conjunto del Estado. Es como si alguien dijera: Como aquellos ganan más y yo gano menos, que dejen de ganar más. ¡Hombre! gana tú más. Me parecería lo adecuado. Si ustedes tienen necesidades de mayor techo competencial, exíjanlo, pero no al contrario, que a aquellos que tienen más necesidades legislativas, que tienen más necesidades de atajar y de dar solución jurídica a problemas que existen en la sociedad, no les coarten poder disfrutar de esas garantías legales que al final favorecen el desarrollo normal para solucionar los problemas que históricamente tiene una comunidad autónoma específica. Seguramente a esto responde -es nuestra interpretación- aquella voluntad del legislador de 1978 de intentar no solo armonizar el conjunto del Estado, sino a dar respuesta a realidades históricas y políticas en el conjunto del Estado español pero que son especificidades que cada uno en el estatuto de autonomía debe recoger.
El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Voy a hacer mi última intervención en esta sesión de una cierta solemnidad. El señor Jáuregui ha dicho que se desarrollaba en una cierta intimidad, es cierto, pero con la misma solemnidad y el mismo respeto con el cual hemos tramitado otras reformas estatutarias en esta Comisión Constitucional durante esta legislatura.
Quiero hacer una primera reflexión, ya que esta mañana hemos debatido sobre la vía constitucional, sobre la segunda ola de reformas constitucionales y sobre, según el apunte de la señora Sáenz de Santamaría, las diferencias entre la vía y el arcén constitucional, la vía y los márgenes constitucionales. No quiero hacer profecía de futuro sobre la senda constitucional por la cual se desarrollará la política autonómica del Partido Popular, pero ya que hemos entrado en esta dialéctica entre vía y arcén quiero traer a colación en este debate sobre el Estatuto de Baleares, también sobre desarrollo autonómico, un dato objetivo. El Partido Popular, en aquel momento Alianza Popular, hasta el año 1987 se opuso al título VIII de la Constitución española; sucedió en la votación de la Constitución y se mantuvo en los programas electorales de Alianza Popular hasta el año 1987. (El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde: ¡Eso no es verdad!) Es cierto, señora Sáenz de Santamaría, que usted y yo aquel año éramos aún más jóvenes que ahora, debíamos estar por la época del bachillerato, y me dirá que hemos cambiado de siglo, pero como transitaron del arcén, señor Trillo a la vía en la incorporación y aceptación del título VIII de la Constitución española, mi profecía, que es un deseo más que una profecía, es que también habrá este tránsito en otros aspectos autonómicos en los cuales en cuestión de meses hemos visto una mutación bastante favorable, que celebramos positivamente. Por ejemplo, me gustaría que constara en el "Diario de Sesiones" que estamos aprobando distintos estatutos de autonomía con un capítulo de derechos y deberes perfectamente armonizado con los derechos fundamentales de la Constitución español, y que este capítulo de derechos y deberes está siendo votado por distintos grupos de la Cámara, también por el primer grupo de la oposición. Me gustaría que constara también que estamos votando distintos estatutos de
autonomía con un mecanismo que se incorpora por primera vez en la reforma del Estatuto catalán y que es la previsión de un periodo transitorio en materia de financiación. Saben SS.SS. que en aquel momento y en esta misma sala la contemplación de este período transitorio de siete años en materia de financiación fue objeto de gran oposición por parte de algún grupo parlamentario. Pues bien, señorías, este mecanismo excepcional para reparar e igualar lo que el Partido Popular de las Illes Balears ha cifrado en 3.000 millones de euros y como una deuda estructural, este mecanismo de períodos transitorios tan criticado en su momento se ha incorporado en el Estatuto catalán pero también en el Estatuto andaluz, con otra fórmula y con otro criterio, en base al principio de autonomía por el cual cada comunidad autónoma, con refrendo de las Cortes Generales, expresa la forma de cancelar esta deuda, y se incorpora también de una forma que han puesto en valor los portavoces del Partido Socialista y del Partido Popular en el Estatuto balear. Me gustaría que esto también constara en el "Diario de Sesiones".
Hablemos brevemente de lo que se ha apuntado como el bilingüismo absolutamente equilibrado. De la interpretación de cómo queda redactado este Estatuto es evidente que estamos hablando de una realidad en las Illes Baleares, que es el bilingüismo, pero que tiene, señora Salom, una protección jurídica desigual, desequilibrada, en tanto en cuanto se contempla el derecho y el deber de conocer el castellano y solo el derecho en la protección del uso del catalán. En ese sentido quiero sumarme a la interpretación constitucional -flexible pero perfectamente constitucional- que ha hecho el señor Jáuregui sobre la cooficialidad en algunos territorios y que la votación a través de un estatuto de autonomía que forma parte del bloque de constitucionalidad del derecho y el deber de conocer ambas lenguas no está frontalmente opuesto a la Constitución, sino que es perfectamente posible en una lectura integrada de la misma. Soy partidario del derecho y el deber de conocer el castellano. Creo que no debemos ir por la vía de la no oficialidad de ninguna lengua en el Estado español, como sucede por ejemplo en Estados Unidos, que tienen un debate sobre la oficialidad de las lenguas. Me parece bien esto del derecho y el deber para una lengua y también para la otra porque las dos son lenguas oficiales con rango estatutario y con rango constitucional.
Quiero hacer una breve referencia al Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, artículo 98 y siguientes. Quiero dejar constancia también en el "Diario de Sesiones" de la importancia, no de romper la unidad judicial en España del Poder Judicial, pero sí de dar un paso acertado de desconcentración y de adaptación del Poder Judicial a la realidad del Estado de las autonomías, que es una realidad posterior a la redacción y aprobación de la Constitución, incluso de contemplar algunos recursos en última instancia en el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears y de otros tribunales, lo cual tiene un importante valor desde el punto de vista de última instancia en el sistema de recursos. Esto con el paso de solo unos meses también lo han votado otros grupos, entre ellos el primer grupo de la oposición.
Hablando de bilateralidad y de multilateralidad, disposición adicional sexta, hay un extraordinario instrumento de relación bilateral entre las Islas Baleares y el Gobierno español. El Partido Popular y la diputada Salom ponen en valor el mecanismo de la disposición adicional sexta, que no les quiero leer porque les aburriría y porque estoy convencido que todas SS.SS. conocen perfectamente. Cuando la disposición adicional sexta establece un extraordinario instrumento de bilateralidad para un régimen especial, que además tiene que ser especial por el carácter de insularidad, que es uno de los cuatro hechos diferenciales cristalizados en la Constitución, a partir de uno de estos cuatro hechos diferenciales se contempla también un tratamiento singular para un carácter singular como es la insularidad a través de una Comisión bilateral.
No he hecho referencia en mi primera intervención al modelo institucional, pero permítanme que valore positivamente la creación del Consejo Insular de Formentera. Si hablamos en nombre de los habitantes de Formentera en comparación con los de las islas Canarias, es un acto de justicia que la isla de Formentera tenga su propio consejo insular. Permítanme una reflexión que no nace de la nada sino de algo que en Formentera se discute. La institucionalización del Consejo Insular de Formentera, en una eventual y futura reforma constitucional, invita a la reivindicación por parte de este territorio de la elección de un senador por su isla, algo que en estos momentos se plantea desde las instituciones, en este momento por el Ayuntamiento de Formentera; como digo, si ustedes comparan el número de habitantes de algunas islas menores de Canarias con el número de habitantes de Formentera, en su momento y eventualmente será razonable contemplar también la elección de un senador por Formentera. No quiero alargarme en materia de competencias, simplemente apuntar el artículo 30.15 de este Estatuto en el que se contempla la posibilidad de competencias de ejecución en materia de puertos y aeropuertos. Qué lejana la posición de algún grupo de esta Cámara hace tan solo unos meses, menos de un año, en este ámbito y su posición actual.
Para terminar quiero hacer una referencia al artículo 33. Una cosa es la interpretación de la diputada Salom en el marco del pacto que han alcanzado PP y PSOE en materia de lengua, y otra la literalidad del artículo 33, que va más allá de lo que interpretaba la diputada Salom y que tenemos que poner en valor.
En primer lugar, hay un reconocimiento explícito de la unidad de la lengua. Señor Antich, yo he tenido la oportunidad de negociar con su grupo parlamentario, y directamente con usted, sobre este tema, que a nosotros nos ocupaba y nos preocupaba, junto con el de las variantes dialectales. Quiero apreciar el esfuerzo que usted ha hecho; quiero apreciar que usted haya dicho en
esta Comisión que en Mallorca no hay conflicto ni hay secesionismo lingüístico, pero -permítanme que lo diga sin acritud, como decía el clásico- (Risas.), el Grupo Socialista, que quiere decir también usted, votó un Estatuto, el valenciano, que sí contemplaba el reconocimiento de una lengua valenciana. Ya que estamos hablando del Estatuto balear, quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho su grupo, singularmente su persona, para conseguir este reconocimiento de la unidad de la lengua. En esta misma línea diré que no es lo mismo hablar de las variantes dialectales del mallorquín-menorquín que hablar de las variantes dialectales en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Señora Salom, esta es la sutil diferencia, pero allí les deseaba y les quería ver. Esta es una diferencia muy relevante que también quería poner en valor. Por último, quiero reconocer, en cuanto a autoridad normativa, la institución oficial consultiva, la universidad de las Illes Balears, la posibilidad de que la Comunidad Autónoma establezca convenios también en materia lingüística y en otros de cooperación con otras comunidades con las cuales compartimos la lengua. Creo que es, primero, una interpretación auténtica de la Constitución que contempla estos mecanismos y, como les decía -quiero terminar como empezaba-, creo que es transitar por la senda constitucional de la actualización y de la modernización de la estructura territorial del Estado, que quiere decir un mejor reconocimiento de nosotros mismos en nuestra pluralidad.
El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà, le agradezco sobre todo que haya vuelto al Estatuto balear definitivamente. (Risas.)
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Intervengo muy brevemente, sobre todo por alusiones, porque creo que se ha aludido más a mi partido que al objeto de la discusión de hoy, al menos en las intervenciones de algunos de los grupos. Creía que veníamos a hablar del Estatuto de Autonomía de Baleares, que es lo que debería haber centrado casi las intervenciones de hoy, al menos pienso que ese derecho tienen los ciudadanos de Baleares y el conjunto de los españoles.
Agradezco al señor Jáuregui el reconocimiento a la tarea de todos entre bambalinas, en lo que él llamaba la tramoya de este Estatuto. Con tristeza él decía que ojalá hubiera sido posible ese consenso en todos los estatutos; el problema es cuando a uno no le convocan en la tramoya ni parece que les interese que esté entre bambalinas en todos los supuestos, pero bienvenidos todos a esta senda mientras nos mantengamos en ella.
Decía la señora Navarro que después de veintiocho años el tema de las nacionalidades ha cambiado bastante y que era lógico que nos planteáramos la reforma de los conceptos de región y nacionalidad hacia otras aventuras a través de los estatutos de autonomía que forman parte del bloque de constitucionalidad. Yo difiero, aunque sé que a lo mejor la señora Navarro se acoge a la teoría de algunos, entre otros de don Javier Pérez Royo, si no me equivoco, entre lo que es la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Creo, señora Navarro, que una ley, ya sea un estatuto de autonomía, ya sea la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional o alguna otra, que forma parte del bloque de constitucionalidad ni le da el mismo rango que la Constitución ni le permite modificarla por la puerta de atrás. ¿Qué es más complejo reformar la Constitución? Sí, precisamente por eso es una Constitución, porque su reforma, como marco de encuentro y como primera norma, exige mayores garantías y mayores refuerzos para que al fin y al cabo los ciudadanos se sientan reflejados en esa Constitución. Esos son los procedimientos, esas son las reglas del juego, lo demás son atajos que ni más ni menos suponen una vulneración de las reglas democráticas, porque los procedimientos no son obstáculos sino la garantía para que la voluntad de todos esté representada.
Señora Navarro, usted ha mencionado aquí el Estatuto de Andalucía, y le digo sencillamente que en él se define esa comunidad autónoma como una nacionalidad en el marco indisoluble de la unidad de la nación española.
Me pregunto si esa es la definición que usted acogería para todas las comunidades autónomas, porque al margen de las referencias históricas que puedan hacerse en este o en otros estatutos de autonomía esa es la definición constitucional, tal y como dice el artículo 1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Ahora el señor Xuclà y yo -parece mentira, con la edad que tenemos- vamos a hablar del pasado, vamos a hablar del pasado reciente y vamos a colocarnos en 1978. Me gustaría más hablar de 2007, y sobre todo creo que a usted y a mí nos competería más, pero como estamos en esto del revisionismo, revisemos. Señor Xuclà, es radicalmente falso lo que usted ha dicho aquí, y yo me remito al "Diario de Sesiones" de entonces porque en él está lo que se dijo y las votaciones. Alianza Popular votó a favor de la Constitución, Unión de Centro Democrático votó a favor de la Constitución, el señor Fraga -para que no me lo diga usted- votó a favor de la Constitución, y algunos diputados expresaron determinadas puntualizaciones en relación con alguno de esos artículos que pudieron votar en contra. Aunque yo pertenezco al Partido Popular, en el que ingresé más tarde porque en 1978 no me hubieran dejado hacerlo, con clara lógica, también le digo que me hubiera gustado que del mismo modo que yo hago esta defensa usted pudiera mantener la posición que en esos debates constituyentes mantuvieron el señor Roca y el señor Pujol. (Varios señores diputados: ¡Muy bien, muy bien!)
Decía el representante de Esquerra Republicana de Catalunya que Esquerra Republicana propone no impone. Eso debe ser así, igual que el Partido Popular propone y nunca impone, y al final están las votaciones. Decía en la defensa en relación con la lengua que no establecerse como un deber el conocimiento del balear lleva una desigualdad jurídica que provoca discriminación. No puedo estar de acuerdo con su teoría, señor
Cerdà, sencillamente porque el propio Estatuto prohíbe que haya discriminación por razón de lengua, y es nuestra Constitución la que prohíbe que eso exista. Pero para que exista esa discriminación no es necesaria la imposición general del conocimiento de una lengua a todos los habitantes de una determinada comunidad autónoma. (El señor Cerdà Argent: ¡De ninguna lengua!) Sencillamente me parece que la imposición de ese deber, que la Constitución no reconoce, no implica desigualdad jurídica desde el momento en que cualquier ciudadano pueda dirigirse a una administración pública en la lengua que desee y sea atendido en la misma. Es a las administraciones públicas a las que compete el tratamiento en condiciones de igualdad de ambas lenguas, pero no imponer al ciudadano un deber, una obligación en el caso de que se concrete por una ley, como es un estatuto de autonomía, que la Constitución no impone.
Mantenemos, por tanto, postulados desde el punto de vista de la libertad y no del deber o la imposición a los ciudadanos, que a juicio de mi grupo debe ser el mínimo. Decía que desde estos veintiocho años ha evolucionado alguno de los diputados en el tratamiento de las lenguas. Si esto ha evolucionado, sencillamente, y se lo repito a la señora Navarro, planteen ustedes una reforma del artículo 3 de la Constitución y decidámoslo todo.
No sirven los atajos, los procedimientos están sobre todo para salvaguardar el derecho de todos los ciudadanos a opinar y a decidir, sin que por nadie se pueda imponer y sin que se pueda proponer por algunos grupos a través de un procedimiento que no es el constitucionalmente previsto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Intervendré brevemente, señor presidente, para proceder enseguida a las votaciones.
En primer lugar, quería precisar al señor Cerdà que el verbo que he utilizado en mi intervención, si ha sido el de imponer, ha sido incorrecto. Obviamente interpreto sus enmiendas como proposiciones, claro está, y en ese sentido las tomo. Mi argumento, que ahora reitero, era que no nos parece lógico establecer el mismo modelo que en relación con la lengua se ha aprobado en Cataluña a realidades sociolingüísticas o políticas distintas. Hay que tener en cuenta que en estas materias siempre es necesario conocer los sentimientos y las maneras en las que las poblaciones interpretan y usan las lenguas en cada una de las comunidades. En Valencia hay una reivindicación identitaria nominalista, nosotros hemos querido ser respetuosos con esa posición y así hicimos lo que hicimos en el Estatuto valenciano. En Baleares sinceramente creemos que no hay problema lingüístico. Hemos dejado claro que avanzamos en esta materia desde el principio del consenso, que para mí es mucho más importante en relación con la ecuación lenguas y realidades. No demos a las leyes en esta materia valores taumatúrgicos que no tienen, porque en materia lingüística hay que ajustarse fundamentalmente a las realidades lingüísticas o sociales. Creo que el Estatuto de Baleares se asemeja mejor a esa realidad. No hay una problemática concreta y no creíamos que establecer determinadas disposiciones jurídicas en esta materia fuera a cambiar esa realidad lingüística en aquella comunidad. Por último, nosotros creemos que el consenso en estas cosas es más importante que la definición jurídica y quiero recordarle, señor Cerdà, que lo que vino del Parlamento de Baleares eran unas determinadas disposiciones en esta materia que hemos querido respetar. ¿Por qué? Porque el Partido Popular -por cierto, partido mayoritario en las Islas Baleares- expresaba una posición que nosotros hemos querido respetar. Ese es el espíritu de la posición del Partido Socialista en esta materia que, repito, no ve en las leyes y en las definiciones jurídicas sobre las lenguas valores taumatúrgicos; cree más en la propia realidad y queriendo, como quiere, el consenso es respetuoso con una expresión política tan mayoritaria como la que ha representado el Partido Popular en esta cuestión.
En relación con Izquierda Unida, querría decirle, señora Navarro, que en estas negociaciones nosotros hemos ido paso a paso, como se van con todas. Es verdad que hemos negociado las enmiendas con el Partido Popular porque había un acuerdo básico en la Comunidad de Baleares con aquel partido, porque eran ellos quienes apoyaban el Estatuto mientras que ustedes lo rechazaron. Nuestra obligación era negociar con el partido que apoyaba el Estatuto y lo hemos hecho aquí. Una vez obtenido ese consenso nos hemos abierto a los demás grupos y les hemos presentado lo que pudieran ser fórmulas de transacción sobre sus enmiendas. Ese es el espíritu que recogen las posiciones que les hemos hecho llegar. Permítame que también le exprese una cierta frustración porque, una vez que hacemos ese esfuerzo y les presentamos nuestras propuestas, ustedes tampoco responden en lo que yo llamaría un proceso de correspondencia con esa negociación. Nosotros creíamos que las enmiendas de transacción servirían para que ustedes pasaran del no al sí (La señora Navarro Casillas: ¡Si no estamos en el no!), pero sinceramente nos hemos encontrado con que después de esta negociación y de estas nueve enmiendas transaccionales que tienen su entidad y su importancia ustedes se van a quedar en la abstención. Permítame decirle que me parece más razonable que un Estatuto de autonomía que ha sufrido cambios por las enmiendas que se han hecho con el Partido Popular en materia de financiación, etcétera, y que son importantes para Baleares, podría ser apreciado por su grupo y podría obtener una decisión política positiva, que es lo que lamentamos que no se haya producido en esta ocasión.
El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà, tiene un minuto.
El señor XUCLÀ I COSTA: Quizás no llegaré a usarlo.
Señora Sáenz de Santamaría, en estos debates que tenemos desde nuestra juventud madura, que creo que es una buena edad de la vida (Risas.), ciertamente estamos en época de revisionismo hasta el punto de que alguien está devaluando la transición y esta devaluación seguramente tuvo un punto álgido en el momento en que alguien en España empezó a teorizar sobre una segunda transición en el marco de la absoluta normalidad democrática. Usted me habla sobre la coherencia entre lo que defendían el señor Pujol y el señor Roca y lo que hoy defiendo en esta Comisión. A los hechos me atengo porque yo he hecho una referencia al título VIII y al programa electoral de Alianza Popular hasta el año 1987, que contemplaba la revisión a la baja, cuando no la suspensión al principio, de dicho título. Celebro que se superara eso y celebro que haya habido esta evolución. Si entramos en el camino y en el terreno un poquito complicado de quién ha sido más fiel y más coherente con la trayectoria de los grupos parlamentarios, creo que mi grupo parlamentario tiene un expediente absolutamente coherente y digno de ser exhibido modestamente en esta Comisión y en este Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà, le admito que usted pueda considerarse a sí mismo una fruta madura, pero no le admito que lo haga de diputadas o diputados ajenos a su grupo. (Risas.)
Hemos terminado el debate, pasamos a las votaciones. El procedimiento que vamos a seguir es votar, en primer lugar, las enmiendas transaccionales, después las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, después las enmiendas de Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, y a continuación los textos del articulado, el dictamen. Hay alguna petición de que se voten enmiendas separadamente. Si hubiera alguna otra es el momento de hacerlo.
(El señor Xuclá i Costa pide la palabra.) Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Le pido votación separada del artículo 4.
El señor PRESIDENTE: Del articulo 4 cuando llegue el momento del dictamen.
Muy bien. No hay ninguna otra petición.
Votamos las nueve enmiendas transaccionales que han sido presentadas por el Grupo Socialista y el Grupo Popular.
Pasamos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, una.
Votamos ahora las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. Se ha solicitado que sean votadas separadamente pero en una sola votación las enmiendas 112, 115, 117 y 121, que pasamos a votar.
Procedemos a votar el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, dos.
Con esto hemos votado todas las enmiendas. Nos corresponde ahora votar el articulado. Se ha solicitado votación separada del artículo número 4 del dictamen, que se someta a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, cuatro.
Como no hay más peticiones de votación separada votamos todo el articulado, menos el artículo número 4.
Votamos ahora el preámbulo.
Con esto hemos terminado la votación de la proposición de ley de reforma del Estatuto de les Illes Balears.
-SOLICITUD DE QUE SE PROPONGA, PARA UN NUEVO MANDATO, A UN DIPUTADO PARA SU NOMBRAMIENTO POR EL GOBIERNO COMO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. FORMULADA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA. SEÑOR MINISTRO. (Número de expediente 276/000005.)
El señor PRESIDENTE: Nos queda otro punto del orden del día, que es la votación del miembro que representa el Congreso de los Diputados en la Agencia de Protección de Datos. Como saben ustedes, hubo un plazo para la presentación de candidaturas. Solo se ha presentado una por el Grupo Socialista que se refiere a la señora Malaret García, miembro de esta Comisión. Se van a distribuir las papeletas para la votación. Como probablemente habrá sustituciones de miembros de la Comisión, cuando la señora secretaria proceda a nombrarles para que acudan a votar si son sustitutos les ruego que digan a quién sustituyen para que quede constancia. Como he dicho, la única candidatura presentada en tiempo y forma fue la de la señora Malaret García. Ustedes podrán votar a esa candidatura o abstenerse en la votación.
(Por la secretaria de la Mesa se procede a dar lectura de la lista de señoras y señores diputados, quienes van depositando sus papeletas en la urna.)
Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo:
El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación es el siguiente: votos emitidos, 36; doña Elisenda Malaret García, 33 y tres votos en blanco.
Por tanto, la Comisión Constitucional nombra a doña Elisenda Malaret para la representación en la Agencia de Protección de Datos.
Con esto hemos terminado la sesión. Muchas gracias a todos y hasta el próximo día.

References: artículo 13
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 artículo 14
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 13
 artículo 3
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 artículo 2
 artículo 138
 artículo 3
 artículo 138
 artículo 98
 artículo 30
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 4