Source: http://soberaniapopular.blogspot.com/2009_04_13_archive.html
Timestamp: 2019-09-18 15:24:27+00:00

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SOBERANIA POPULAR: 13-abr-2009
CECOP promoverá por internet su lucha contra La Parota
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) iniciará una campaña nacional e internacional durante 15 días en la que, a través de una página web, buscará el apoyo de otras organizaciones para exigir al presidente Felipe Calderón Hinojosa la cancelación de la presa hidroeléctrica. En la página www.rmalc.org.mx/manifiesto el CECOP, organizaciones y movimientos sociales nacionales e internacionales enviarán cartas a Calderón Hinojosa, al gobernador Zeferino Torreblanca y al alcalde Manuel Añorve Baños para pedirles que dejen de hostigar y avasallar a los campesinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, informó el vocero del CECOP, Felipe Flores Hernández, agregó que se unirían movimientos sociales de Brasil, España, Alemania, Costa Rica, Salvador y de otros países.
COMENTARIO: En la columna derecha de este blog está el enlace directo para que se adhieran al Manifiesto en Defensa de nuestras Tierras, el Territorio y el Agua.
Publicado por Colibrí Zurdo en 19:06 No hay comentarios:
Documental "LA TOMA"
Título original: La toma
Dirección: Avi Lewis
Guión: Naomi Klein
Distribución: First Run Features / Icarus Films
Durante la crisis argentina (el argentinazo) un grupo de desempleados de una planta de fabricación de piezas de autos entran a la fábrica inactiva y deciden ponerla a producir por su propia cuenta, este hecho en un suburbio de Buenos Aires pone en discusión la política de la globalización neoliberal. La planta se cerró por consecuencia de las políticas económicas del gobierno de Carlos Menem bajo la rectoría del Fondo Monetario Internacional.
Mientras que protegida por la declaración de bancarrota la compañía comienza a vender propiedad e inventario para pagar los acreedores - un hecho que en el futuro redujo en gran parte el potencial de volver a la producción. En un esfuerzo de establecer su propio control, los trabajadores ocuparon la fábrica y comenzaron una larga batalla para ganar el derecho de hacerla funcionar ellos mismos, como cooperativa.
Este movimiento colectivo ha ganado fuerza en la Argentina, comenzando con una fábrica de ropa varios años antes. Los trabajadores de fábrica vadearon a través de la corte y del sistema legislativo con ayuda de la experiencia de estos otros grupos que anteriormente habían luchado la misma batalla, y en última instancia asegurado su derecho de hacer funcionar la planta.
Para estar mejor informado visita Resiste Acapulco
Publicado por Pixel en Resistencia en 14:32 No hay comentarios:
LA ORGANIZACIÓN “SIN MAÍZ NO HAY PAÍS” SOLICITA AUDIENCIA CON BARAK OBAMA
ENTREVISTA CON: VICTOR SUÁREZ
CARGO: DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTORES DEL CAMPO MEXICANO.
(ANEC)
TEMA: LA ORGANIZACIÓN “SIN MAÍZ NO HAY PAÍS” SOLICITA AUDIENCIA CON BARAK OBAMA PARA ENTREGARLE INFORMACIÓN QUE DEMUESTRA QUE EL TLC-AN HA PERJUDICADO GRAVEMENTE LA PRODUCCIÓN DE GRANOS MEXICANOS.
Publicado por Pixel en Resistencia en 14:00 No hay comentarios:
Entrevista con Nadín Reyes Maldonado
ENTREVISTA CON: NADÍN REYES MALDONADO.
CARGO: HIJA DE EDMUNDO REYES AMAYA, UNO DE LOS MIEMBROS DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO (EPR) DESAPARECIDO
TEMA: DESMIENTE QUE EL GOBIERNO FEDERAL HAYA ENCONTRADO LOS CUERPOS DE LOS EPERRISTAS DESPARECIDOS EN MAYO DE 2007, COMO SE PUBLICÓ ESTA SEMANA EN ALGUNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS.
Publicado por Pixel en Resistencia en 13:41 No hay comentarios:
Publicidad denigrante de Burger King a México
http://www.youtube.com/watch?v=BqM841t89SI
Publicado por Pixel en Resistencia en 13:32 No hay comentarios:
Calderón elevó la deuda pública casi en un billón de pesos en 2 años
Entre 2006, cuando tomó posesión, y fines de 2008 el débito aumentó 28.7%
Cada mexicano debe más de $40 mil
Es la administración con mayor endeudamiento en ese lapso
Duplica los pasivos contratados en el primer bienio del sexenio anterior: SHCP y BdeM
http://www.youtube.com/watch?v=u9h5iDA7XeU
Publicado por Pixel en Resistencia en 13:27 No hay comentarios:
Carmen Aristegui Noticias MVS 13 de abril de 2009
Audio Cortesia de
Publicado por Juan C. en 12:30 No hay comentarios:
Campaña por la cancelación de proyectos de las presas La Parota, Paso de la Reyna, el Zapotillo y Arcediano
Los afectados por los proyectos de represas en México te invitamos a respaldar y unirte a nuestra demanda por:
LA CANCELACIÓN DEFINITIVA DE LOS PROYECTOS DE PRESAS: LA PAROTA, PASO DE LA REYNA, EL ZAPOTILLO Y ARCEDIANO; Y POR EL PAGO JUSTO Y DIGNO A LOS DESPLAZADOS POR LA PRESA EL CAJÓN.
ADHIÉRETE. Encontrarás el documento de adhesión y el Manifiesto (en anexo) accediendo a la página: http://www.rmalc.org.mx/index.shtml en el portal: Cancelación de Represas.
O haz click aquí: http://www.rmalc.org.mx/manifiesto/index.php
El límite para recibir adhesiones es el 28 de abril de 2009. Al día siguiente, 29 de abril daremos a conocer el resultado de la campaña. De antemano agradecemos tu solidaridad.
Te pedimos puedas enviar esta solicitud a tus contactos y redes para reproducir la campaña de adhesiones.
FAVOR DE DIFUNDIR!!
¡POR LA DEFENSA DE NUESTROS RÍOS, EL AGUA Y LA VIDA!
Publicado por Colibrí Zurdo en 12:16 No hay comentarios:
ISSSTE: desfalcos, “baja eficiencia” y denuncia penal
Autor: Yenise Tinoco
Al término de la revisión de la cuenta pública 2007, la ASF interpuso una denuncia penal ante la PGR contra el jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Norte del ISSSTE por omitir responder una demanda laboral que costó al instituto más de 8 millones de pesos. Además, la Auditoría Superior encontró “baja eficiencia” en los litigios laborales; presentación de información no confiable, así como desfalcos por 600 mil pesos en el nosocomio Ignacio Zaragoza
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en contra del jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Zona Norte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En la revisión de la cuenta pública 2007, se observó que el funcionario omitió dar respuesta al juicio laboral 292/2007, interpuesto por el exsubdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales.
El jefe de la Unidad Jurídica no compareció en la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; ofrecimiento y admisión de pruebas, lo que ocasionó un supuesto daño al patrimonio del instituto por 8 millones 577 mil 500 pesos.
El 30 de diciembre de 1959, durante la administración de Adolfo López Mateos, se publicó el decreto por el que se creó el ISSSTE. El objetivo: “Contribuir a satisfacer niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumpliendo siempre con los valores institucionales de honestidad, legalidad y transparencia”, se lee en el portal electrónico de la dependencia.
En la revisión de 261 expedientes, la auditoría detectó deficiencias en tres juicios en la defensa de los intereses jurídicos del ISSSTE en materia laboral. En el expediente 292/2007 –tramitado ante la Junta Especial número 10 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y turnado para su atención al jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Regional Zona Norte, mediante el oficio 600.602.3/968/07 del 30 de abril de 2007– no se compareció a la audiencia celebrada el 6 de junio de 2007, por lo que la demanda del trabajador se dio por contestada en sentido afirmativo.
La Subdirección de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica del ISSSTE atrajo la atención de dicho juicio.
El 3 de julio de 2007 la dependencia promovió un incidente de nulidad de actuaciones, el cual fue desechado por extemporáneo. El 18 de octubre de 2007, la junta dictó laudo desfavorable al instituto en el que se le condenó a la reinstalación del trabajador y al pago de los salarios caídos y demás prestaciones reclamadas.
El 20 de noviembre de 2007, el instituto interpuso amparo contra el laudo y solicitó la suspensión de su ejecución, en cuanto que la dependencia se niega a la reinstalación; pero se concede respecto de la liquidación.
El recurso fue resuelto en sentido desfavorable a los intereses del ISSSTE.
El 26 de septiembre de 2008 se pagaron al extrabajador 6 millones 124 mil 800 pesos y se le expidieron y entregaron constancias de retención por la cantidad de 2 millones 452 mil 700 pesos, en cumplimiento del convenio celebrado el 2 de septiembre de 2008.
Contralínea solicitó conocer la posición del ISSSTE a través de la Jefatura del Departamento de Publicidad Institucional, adscrita a la Dirección General de Comunicación Social, cuyo titular es Ramón García, sin que al cierre de esta edición se tuviera respuesta.
En la revisión de los Inventarios de Productos Farmacéuticos y de Laboratorio, la Auditoría Superior de la Federación observó que al menos en 95 claves de medicamentos hubo una sobreinversión de 1 mil 358 millones 659 mil pesos. Las subdirecciones de Almacenes y de Infraestructura informaron que el 15 de octubre de 2007 se recibió una ampliación a su presupuesto en el capítulo 2000 “Materiales y suministros” por 3 mil 499 millones 100 mil pesos, que fueron utilizados para cumplir con los compromisos presidenciales emanados de la reforma a la Ley del ISSSTE y asegurar el suministro.
González Aragón
La auditoría presume un probable daño patrimonial por 156 mil 324 pesos, al observar que el 10 de noviembre de 2007 se registró la salida de siete piezas de la clave 5423, por 132 mil 512 pesos, y dos piezas de la clave 4415, por 23 mil 812 pesos, sin que la farmacia del hospital Ignacio Zaragoza proporcionara la documentación que acredite la entrega del medicamento a los derechohabientes o la utilización para la operación del propio nosocomio.
Asimismo, con la revisión de 208 recetas y 95 solicitudes de medicamentos para pacientes hospitalizados y servicios auxiliares del citado hospital, la ASF observó un probable desfalco a las arcas públicas por 267 mil 515 pesos, ya que no se comprobó, con las recetas médicas correspondientes, la entrega de los medicamentos a los derechohabientes ni su utilización interna.
Con la revisión del inventario físico anual de medicamentos de la farmacia del nosocomio Ignacio Zaragoza, la Auditoría Superior detectó un probable daño patrimonial por 260 mil 443 pesos, debido a que la primera no aclaró las diferencias de 4 mil 351 piezas menos.
Laudos desfavorables
Con objeto de verificar las acciones realizadas por las áreas contenciosas responsables de la defensa de los intereses del ISSSTE en materia laboral, la ASF revisó una muestra de 261 expedientes (3.2 por ciento) de un universo de 8 mil 51 juicios activos en el año de análisis. En éste se encontró que la dependencia sólo obtuvo resultados favorables en el 32.9 por ciento de los litigios concluidos con laudos, es decir, en 27 de los 82 juicios concluidos con laudos, por lo que representan una eficiencia baja.
De los 148 juicios concluidos, en 2007 se efectuaron pagos de 74 juicios por 38 millones 151 mil pesos, de los cuales 55 (74.3 por ciento) fueron con laudo desfavorable al ISSSTE y significaron una erogación de 22 millones 886 mil pesos; en 16 se concluyó por convenio, por 7 millones 744 mil pesos; y tres más por incidente de insumisión al arbitraje, por 7 millones 520 mil pesos.
La ASF observó que, de nueve juicios con laudo desfavorable al instituto, en cinco (55.6 por ciento) el laudo fue contrario porque los peritos terceros en discordia dictaminaron a favor del actor; en dos (22.2 por ciento), por la falta de documentación en tiempo para preparar la defensa adecuada; en uno (11.1 por ciento) no se acreditó que el actor era trabajador de confianza; en otro más (11.1 por ciento), la entidad no probó haber cumplido el procedimiento establecido para cesarlo.
Con la revisión de los 261 expedientes en materia laboral se encontraron 11 tipos de deficiencias en la integración de los expedientes, falta de constancias de las actuaciones en los recursos, en los laudos dictados no se permite conocer el estado procesal de los juicios; no hay control en el manejo de los expedientes y dificultan dar un adecuado seguimiento al desarrollo de los litigios.
La auditoría señala que la Subdirección General Jurídica es la encargada de dar atención y seguimiento a los asuntos legales y administrativos del ISSSTE, que tendría que ver con la atención de los juicios. Durante 2007, la dependencia dio seguimiento a 20 mil 683 juicios en materia laboral, fiscal, civil, de amparos y causas penales.
La ASF observó que el ISSSTE programó metas generales sobre algunas de las actividades que realiza, pero no cuenta con indicadores de desempeño cuantitativos o cualitativos, estratégicos ni de gestión que permitan medir el cumplimiento, la eficacia, calidad, atención y seguimiento de los juicios relacionados con la defensa y representación en las controversias laborales y de pensiones.
Además, no midió los resultados obtenidos en la conclusión de los juicios, cuántos fueron ganados o perdidos; el impacto de los resultados en los recursos presupuestales autorizados por los pagos de laudos o resoluciones pensionarias desfavorables o los ahorros obtenidos ante las sentencias en litigios pensionarios favorables.
La auditoría constató que el ISSSTE no cuenta con un sistema de control, verificación y actualización de los juicios laborales en que interviene y no tiene establecidos mecanismos que le permitan tener información veraz, confiable y oportuna respecto del número de litigios en trámite, iniciados y concluidos; el estado procesal que guardan éstos, así como las acciones realizadas por la entidad fiscalizada para atender y dar seguimiento a cada uno de ellos.
Para la ASF, los datos contenidos en los informes trimestrales rendidos al Comité de Control y Auditoría no son confiables ni hay congruencia entre las cifras reportadas, toda vez que de las 36 unidades jurídicas de todo el país sólo 15 (41.7 por ciento) presentan información consistente, es decir, en función del total de juicios concluidos desagregan el número de litigio con resolución favorable y desfavorable a los intereses de la entidad fiscalizada.
También se determinó que la dependencia no cuenta con el diseño y programación de un sistema informático a nivel nacional para el seguimiento y registro de los juicios en materia laboral con el que se le pueda dar un seguimiento oportuno y puntual a cada uno de los juicios en los que interviene. Carece de un sistema único de control en el que se registre toda la información relacionada con los litigios y amparos, lo que imposibilita contar con información que coadyuve a la toma de decisiones y a la evaluación de las actividades realizadas.
En 2007, el ISSSTE no contó con indicadores para evaluar el costo operativo de los litigios laborales; por ello, la Auditoría Superior procedió a estimar el costo de éstos. Se consideró el sueldo obtenido en el año por los 96 servidores públicos responsables de la atención de los juicios en las unidades jurídicas y en oficinas centrales; sin embargo, éstos son sólo parte de los recursos ejercidos toda vez que además se tendrían que considerar las prestaciones que perciben y otros gastos efectuados como: fotocopiado, pago de correos, telefonía, papelería, útiles de oficina, consumibles para equipo de cómputo, entre otros.
La ASF determinó un salario mensual total de 1 millón 659 mil pesos para los 96 funcionarios, lo que anualmente se traduce en 19 millones 909 mil pesos, que divididos entre los 8 mil 51 juicios laborales que estuvieron en trámite en el año se obtiene un costo promedio por demanda de 2 mil 500 pesos.
Además, si se consideran los 145 millones 566 mil pesos determinados por la Auditoría Superior como pagados con cargo a los juicios laborales entre los 8 mil 51 litigios, se alcanzarían los 18 mil 100 pesos, que sumados a los 2 mil 500 pesos darían un costo promedio total por caso de 20 mil 600 mil pesos.
La ASF determinó que durante el periodo de revisión, el ISSSTE tenía en trámite 19 mil 500 juicios en materia de pensiones. En la auditoría se observó que la dependencia no cuenta con un sistema de control, verificación y actualización de los litigios en que interviene y no tiene establecidos mecanismos que le permitan tener información veraz, confiable y oportuna respecto del número de juicios en trámite, iniciados y concluidos; el estado procesal que guardan éstos, así como las acciones realizadas para atender y dar seguimiento a cada uno de ellos.
Con la revisión de 82 expedientes en materia de pensiones, se observaron inconsistencias en la integración de éstos; falta de control en el archivo de los casos relacionados con los juicios en materia de pensiones, al no identificar debidamente los recursos por lo que se refiere a la carátula e identificación de los mismos; no cuentan con constancias documentales de las actuaciones; no permiten conocer el estado procesal de los litigios; no existe control de los documentos, y dificultan el seguimiento adecuado de las demandas.
La auditoría precisó que de los 691 servidores públicos adscritos a las áreas jurídicas, sólo 96 (13.9 por ciento) fueron los responsables de atender los juicios laborales. Además, de éstos al menos 54 de los 96 funcionarios ocuparon puestos administrativos no comprendidos en el Catálogo institucional de puestos del ISSSTE, vigente en 2007, ni en los profesiogramas del mismo. En la revisión se constató que en 10 casos la entidad fiscalizada no proporcionó información del puesto administrativo que ocupaban.
La ASF determinó que no existe una adecuada asignación de las plazas administrativas de los servidores públicos responsables de la atención de los juicios laborales y que con la información proporcionada no fue factible evaluar en su totalidad el cumplimiento del perfil profesional establecido en los profesiogramas.
Además, se señala que, durante el año de análisis, los funcionarios responsables de la atención de los juicios laborales y de pensiones, adscritos a las áreas contenciosas, no recibieron capacitación en las materias relacionadas con el desempeño de sus funciones.
La Auditoría Superior observó que de los 96 servidores públicos responsables de la atención de los juicios laborales, 92 fueron los que atendieron directamente las demandas, ya que para efectos de la distribución de las cargas de trabajo no fueron considerados el subdirector, el jefe de servicios y los dos jefes de departamento. Ante lo cual, se concluyó que no existe una adecuada ni equitativa distribución de las cargas de trabajo entre los abogados responsables de la defensa del interés jurídico institucional en materia laboral.
El ISSSTE no proporcionó información del número de juicios atendidos por funcionario. Sin embargo, si se toman en consideración los 19 mil 509 juicios determinados por la ASF que se encontraban en trámite al 31 de diciembre de 2007, dividido entre los 14 servidores públicos responsables de la atención de juicios fiscales en materia de pensiones, se obtiene que, en promedio, cada servidor público atiende 1 mil 950 litigios anualmente.
La auditoría reporta que la entidad fiscalizada proporcionó la Relación de cantidades pagadas en cumplimiento de sentencias, enero-diciembre 2007, en la que se reportó que en el año de análisis se pagaron 205 millones 515 mil pesos en juicios de pensiones con sentencia firme; entre los 23 que se concluyeron, el costo sería de 8 millones 935 mil pesos.
De acuerdo con la integración de las cuentas de equipo médico, de comunicaciones y cómputo, entregadas por la Subdirección de Contaduría, comparadas con las cifras presentadas en los Estados Financieros Dictaminados, las primeras presentan una diferencia de 25 millones 678 mil pesos.
Al respecto, mediante el oficio 120.123/004583/2008/8, la Subdirección de Contaduría informó que a la diferencia determinada se debe incluir el importe de la cuenta número 140-52-07 “Equipo médico registrado en otros bienes”, así como la cuenta 148-59-91 “Remesas de bienes de inversión” (que corresponden al equipo médico); sin embargo, el monto que se presenta en la balanza de comprobación de la primera cuenta es por 132 millones 589 mil pesos, y en la segunda es por 32 millones 495 mil pesos, sin que se identifique el monto que le corresponde al equipo médico, ya que señala un importe global.
Además, con el análisis de la base de datos institucional del Inventario de Bienes Muebles Inventariables, proporcionada por el Departamento de Control de Bienes Muebles, se observó que existen deficiencias en el control respecto de la ubicación del área administrativa o médica en el que se tienen asignados los bienes, ya que de los 9 mil 203 equipos médicos que se adquirieron en 2007, por un importe de 1 mil 72 millones 243 mil pesos, 2 mil 421 bienes, por 142 millones 967 mil, se tienen registrados en el Almacén Regional Centro; sin embargo, la verificación física comprobó que únicamente se tienen en ese almacén 142 bienes por 9 millones 150 mil pesos.
La auditoría corroboró que, al 31 de octubre de 2008, en el Almacén Regional Centro existían 142 equipos médicos por un monto de 9 millones 150 mil pesos, que fueron adquiridos en el ejercicio 2007 y que ingresaron en ese almacén en los meses de noviembre y diciembre del citado año, es decir, que tienen entre 11 y 12 meses sin utilizarse, por lo que no se refleja la necesidad de su adquisición.
También se constató que en la base de datos institucional de bienes inventariables se tienen encargados al Almacén Regional Centro 4 mil 17 equipos médicos, por 34 millones 141 mil pesos, y 4 mil 948 equipos de cómputo, por 43 millones 176 mil pesos, que fueron adquiridos en el periodo 2000-2006, sin que se tenga identificada la unidad médica o administrativa en donde están asignados.
Para verificar que los bienes se utilizan por las unidades médicas, la ASF realizó un inventario físico en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, del 24 al 26 de noviembre de 2008, de 62 equipos, por un valor de 295 millones 288 mil pesos. Todos los equipos fueron localizados, sin embargo, algunos de éstos no están en uso después de 11 meses de su adquisición.
En la revisión se observó un equipo (pletismógrafo), por un monto de 1 millón 817 mil pesos, que no es utilizado por falta de insumos y consumibles y de la instalación de tomas de oxígeno y aspirador; un acelerador lineal de baja energía, de 51 millones 993 mil pesos, que se encuentra en pruebas de funcionamiento y está en espera de la autorización de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.
En la misma situación se encuentra un electronistagmógrafo, de 804 mil pesos, porque el personal está en capacitación para su operación; dos cortadores de cuchillas y ultramicrótomo modelo PTXL, de 819 mil pesos, que no se utilizan porque no se cuenta con equipo complementario; un aspirador ultrasónico, de 2 millones 333 mil pesos, que presentó fallas durante el procedimiento efectuado en una paciente. Éste fue revisado por el proveedor y empezaría a funcionar a mediados de diciembre de 2008; no obstante, el informe de la ASF no indica cuál es su situación actual.
En la revisión de la cuenta pública 2007, la ASF auditó los donativos entregados por parte de la dependencia al Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), que ascendieron a 10 millones de pesos.
El donativo se empleó para comprar un camión Volkswagen 2007 con capacidad para 44 pasajeros, con un valor de 987 mil pesos; una camioneta cargo van Chevrolet 2007, de 241 mil pesos, y otra modelo Tahoe, también 2007, importada, para siete personas, por 444 mil pesos. La Auditoría Superior destaca que “no quedan claros” los beneficios que obtuvieron los agremiados con la adquisición de estos vehículos.
Además, se culminó la segunda etapa del centro social, cultural y deportivo del SNTISSSTE, por un importe de 3 millones 500 mil pesos; pero no se contó con un proyecto de la ejecución, avance y conclusión de esta obra. Sin embargo, la ASF concluyó que no fue posible evaluar el impacto directo del donativo porque la dependencia no cuenta con el mecanismo adecuado para ello. (YT)
Publicado por Pixel en Resistencia en 10:27 No hay comentarios:
Extinguirá Pemex sus empresas
El esquema empresarial que Pemex mantiene en el extranjero le permite tener sociedades instrumentales en paraísos fiscales, evadir impuestos y reportar pérdidas millonarias, revela la Auditoría Superior de la Federación. El auditor González de Aragón declara que la paraestatal busca “extinguir” 25 compañías “privadas” de su propiedad y reestructurar otras 20 inversiones en sociedades anónimas, que implican recursos públicos por más de 70 mil millones de pesos
La administración de Jesús Reyes Heroles en Petróleos Mexicanos (Pemex) busca extinguir 25 empresas “privadas” constituidas con recursos públicos y reestructurar inversiones accionarias en otras 20 compañías –entre ellas la participación en la trasnacional Repsol YPF–, indica el auditor superior de la federación, Arturo González de Aragón.
Dicho esquema, creado desde finales de la década de 1980 y aún vigente, permite a la paraestatal evadir impuestos, reportar pérdidas y mantener inversiones accionarias al margen de la ley mexicana por más de 70 mil millones de pesos, revela información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la propia paraestatal.
Se trata de 45 inversiones en acciones de empresas privadas, confirma el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2007 –entregado por la ASF a la Cámara de Diputados el pasado 12 de marzo– y las relaciones de inversión que Contralínea obtuvo por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Aunque no son consideradas paraestatales, de las 45 empresas privadas, 25 son propiedad directa o indirecta de Pemex; de éstas, 20 operan sin empleados ni oficinas y reciben servicios administrativos, comerciales y “otros” por “partes relacionadas”; 12 de ellas están radicadas en el extranjero, en territorios considerados paraísos fiscales, y tienen carácter de international bussines corporation (sociedades instrumentales o fantasmas), según se desprende de los datos que proporcionó la paraestatal a la ASF el 18 de diciembre de 2008.
Entonces, la Gerencia de Control de Gestión de Pemex Corporativo indicó que, por su naturaleza, algunas de las empresas son “sociedades unimembres y meramente instrumentales”. A éstas, las describió con características jurídicas que les permiten carecer de personal y de oficinas establecidas.
Respecto de su no paraestatalidad, la gerencia encabezada por Hilda Guadalupe Delgado Anzaldua precisó: “Las empresas no fueron creadas con el objeto de auxiliar al Ejecutivo en el desarrollo de las áreas prioritarias a que se refiere el artículo 30 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en relación con el artículo 6 del propio ordenamiento, pues la mera tenencia de acciones no podría calificarse como área prioritaria del desarrollo nacional”.
Omitió decir que hasta antes de 1988, año en que comenzó la estructuración de este esquema empresarial “privado”, Pemex contaba con oficinas de representación en Londres, Inglaterra; Madrid, España; Nueva York y Houston, Estados Unidos. Éstas dependían de la entonces Coordinación Ejecutiva de Comercio Internacional de la paraestatal, que actuaba como enlace con clientes y proveedores de petróleo crudo y derivados del energético.
Las ciudades donde se tenían oficinas de representación son ahora las sedes de las empresas “privadas” de Pemex, junto con entidades que destacan por su laxitud fiscal: Islas Caimán, Las Bahamas, Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda, Suiza y Delaware (Estados Unidos).
El máximo órgano de fiscalización indica en su informe que la paraestatal también mantiene vigentes cinco vehículos financieros, tres de ellos radicados en paraísos fiscales. A pesar de que éstos contratan deuda en nombre de Pemex, dos no son de su propiedad: Pemex Finance, Ltd (Islas Caimán), y Fideicomiso F/163 (México); mientras que otro –RepCon Lux, Luxemburgo– fue creado en sociedad con una tenedora de acciones luxemburguesa de nombre TMF Corporate Services.
Supuesta evasión de impuestos
El esquema empresarial que Pemex busca extinguir le habría permitido evadir impuestos, descubre la propia comunicación de la Gerencia de Control de Gestión, citada por el informe de la ASF.
“La autorización [otorgada en la década de 1990 por la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto] para que Pemex aportara recursos para la constitución de esas empresas se dio atendiendo a la necesidad de que Pemex adquiriera acciones en sociedades extranjeras y así contar con un mercado asegurado para su petróleo crudo, sin la excesiva carga fiscal que implicaría su participación directa (sic).” Dicha declaración tiene como contexto la lista de argumentos que la paraestatal dio a la Secretaría de Programación y Presupuesto, para que ésta autorizara las inversiones. Como lo ha documentado Contralínea (número 122), dichas autorizaciones involucraron a los expresidentes de México Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.
A pesar del argumento relacionado con la excesiva carga fiscal, en tres años, Pemex erogó a nombre de sus “subsidiarias privadas” 13 mil 729 millones de pesos por impuestos en el extranjero, monto que equivale a la construcción de al menos una refinería.
En el Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado para el año terminado el 31 de diciembre de 2007, la paraestatal admite que “cuenta con un número de compañías subsidiarias extranjeras que pueden estar sujetas a gravámenes en la jurisdicción de su residencia”.
Sin aclarar cuáles son las empresas que pagan cargas impositivas y cuáles no, asegura que “los impuestos pagados por las compañías subsidiarias sumaron 6 mil 53 millones de pesos en 2005, 4 mil 274 millones en 2006 y 3 mil 402 millones en 2007”.
Pérdidas financieras evitan reportar ganancias
La auditoría identificada con el número 07-1-18T4I2-02-0244, que tuvo por objetivo fiscalizar la gestión de la inversión accionaria de Pemex en México y en el extranjero, también descubre que algunas empresas reportan pérdidas millonarias para evitar dar ganancias a la paraestatal.
Tal es el caso de PMI Holdings Petróleos España, SL, que en 2007 tuvo dividendos a cuenta de utilidades por 424 mil 600 euros. La ASF indica que “se observó que el importe de dividendos decretados a cuenta de utilidades de 2006 es el mismo que se decretó en 2007; sin embargo, los estados financieros de 2006 reportaron una pérdida de 331.5 miles de euros, por lo que se determinó la devolución del dividendo pagado”.
Agrega que “en el acuerdo quinto del acta de la junta general ordinaria y universal de socios se autorizó un anticipo de dividendo para el ejercicio 2007 por 424.6 mil euros, que al tipo cambio de 15.8766 para el cierre contable al 31 de diciembre de 2007 equivalen a 6 millones 741 mil pesos, debido a que la empresa presentó exceso de liquidez”.
Otro ejemplo es la refinería Deer Park, constituida en sociedad entre PMI Norteamérica, SA de CV –una de las 20 empresas privadas de Pemex–, y la trasnacional Shell. De acuerdo con el informe, Pemex no ha recibido dividendos en 2006 y 2007, pese a que en el papel las propietarias sí han reportado ganancias por 9 mil 214 millones 900 mil pesos.
Ello porque –según justificó la paraestatal ante la ASF– en 2007 PMI Norteamérica pagó 2 mil 300 millones de pesos de impuestos federales y estatales a Estados Unidos; más de 1 mil 200 millones de pesos quedaron invertidos como capital de trabajo en esa “filial” privada, y otros 63 millones 100 mil pesos supuestamente se utilizaron para pagar impuestos en México. La Auditoría Superior de la Federación acusa que Pemex “no proporcionó evidencia documental al respecto”.
“Extinción” de empresas
En breve, el Consejo de Administración de Pemex –presidido por la secretaria de Energía, Georgina Kessel– podría autorizar la extinción de las 25 empresas “privadas” que posee Pemex.
Al finalizar su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el pasado 12 de marzo, el auditor superior Arturo González de Aragón aseguró: “Pemex ya inició un camino para empezar a liquidar este tipo de empresas”.
Agregó que la paraestatal “tiene una estrategia, que ya nos fue presentada, para transparentar todas aquellas (empresas en las) que tiene responsabilidad, de acuerdo con la ley que le aplica”.
Respecto de las inversiones minoritarias –como la participación del 4.9 por ciento en el capital de la trasnacional Repsol YPF, que involucra recursos públicos por 1 mil 459 millones 982 mil 964 euros (27 mil 447 millones 679 mil 723 pesos)–, el auditor señaló que Pemex “está haciendo una propuesta con el fin de asumir una política de carácter corporativo que le dé la máxima transparencia posible a este tipo de inversiones que tiene a través de empresas subsidiarias”.
González de Aragón justificó las acciones de la petrolera del Estado: “Yo diría que hay un beneficio: ya cuando menos se creó conciencia del problema y Petróleos Mexicanos está intentando, a través de ciertas propuestas, resolver este asunto.
Obviamente tiene que pasar por sus instancias de gobierno (el Consejo de Administración) y que éstas le aprueben esta política en relación con sus inversiones que tiene en las subsidiarias”.
No obstante, en su dictamen concluye que “cumplió con las disposiciones normativas aplicables a las empresas filiales de Pemex respecto de las operaciones examinadas”.
De inmediato acota que el cumplimiento se dio con excepción del “régimen legal que corresponde a las empresas filiales en las que Pemex tiene una participación mayoritaria directa y/o indirecta, denominadas como ‘no paraestatales’, (pues) no se sujeta a los esquemas de control, fiscalización, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas a la Cámara de Diputados”.
También observa que “Pemex carece de un adecuado sistema de control de gestión que administre las inversiones accionarias que tienen el Corporativo, los organismos subsidiarios y las empresas filiales; no tiene establecida una política de dividendos; y no reveló el monto de la inversión de Repsol YPF, SA, por 1 mil 459 millones 982.9 mil euros”.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó una entrevista con Jesús Reyes Heroles. Hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
Publicado por Pixel en Resistencia en 10:21 No hay comentarios:
Denuncia de represión contra integrantes de la organización MOCRI – CNPA – MN.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 10 de abril del 2009.
A los pueblos libres del mundo.
Por este conducto, hacemos una denuncia pública en contra de las prácticas añejas usadas por los distintos gobiernos y lamentablemente por el actual en el sentido de la fabricación de delitos ya que al compañero Erick Bautista Gómez le quisieron poner varios delitos en su expediente como el de inculparlo de posesión de drogas pero al salir negativa la prueba que le realizaron esta fue descartada, después de paramilitar según esto por “haber encontrado cartuchos y armas en la oficina y también vislumbraron presentarlo como integrante de los “Z” y finalmente optaron por presentarlo como probable responsable de la muerte de nuestra compañera Martha Gómez Pérez.
Además de la tortura física y psicológica a la que ha sido sometido durante los interrogatorios para entregar a la dirección de la organización con el chantaje de que solo así obtendrá su libertad olvidando que nuestro compañero tiene conciencia de lucha y no se someterá a esos burdos chantajes de que incluso el gobierno actuara contra su hermana Beatriz Bautista Gómez.
Por otro lado, denunciamos así mismo el hostigamiento de que son objeto nuestros compañeros presos políticos que se encontraban en huelga de hambre ya que al decidir la organización suspender todas las actividades de protesta incluyendo la huelga de hambre, asistió al penal una comisión de compañeras a notificarles a los compañeros la decisión y al mismo tiempo les llevaron alimentos, mismos que el director del penal no permitió ingresar, sólo una mínima parte y con ello continuar con su política de chantaje hacia nuestros compañeros.
Por otro lado, el hostigamiento y persecución por parte del estado ha incrementado, ayer a las 12 de la noche llegó un convoy de 6 patrullas de la policía sectorial y estuvo prácticamente toda la noche frente a nuestras oficinas, ha trascendido que quieren actuar contra el personal técnico que labora en nuestras oficinas en una clara muestra de arbitrariedad y abuso de poder.
Así como ha incrementado la vigilancia en las casas de nuestros compañeros representantes con la clara intención de hostigar a nuestras familias, pero más aún con la intención de detenernos.
Asimismo, ha estado un cuerpo de judiciales y de fuerzas especiales con vigilancia permanente en las oficinas que se tienen en la ciudad de México, de igual manera han llegado a preguntar por los compañeros en establecimientos comerciales y en medio del asedio de judiciales de Chiapas fue asaltado un negocio lo cual es una acción por demás ilegal y fuera de la ley como un acto de provocación en contra nuestra organización de parte de grupos paramilitares.
Todo esto indica claramente las intenciones de un sector del gobierno del estado representado por Seth Yassir Vázquez y Alejandro Gamboa López de querer romper el dialogo que se ha retomado con el gobierno del estado a través del secretario de gobierno, por lo cual hacemos esta denuncia pública en contra de estos personajes y al mismo tiempo recordarle al gobernador que por actitudes similares que tienen estos individuos en ocasiones anteriores no fructificó el dialogo y eso también va en detrimento de su gobierno.
En estos tiempos de miseria, abandono, saqueo de nuestras comunidades, mayor marginación y pobreza, la mejor forma de rendirle homenaje al caudillo del sur, General Emiliano Zapata es seguir manteniendo viva la esperanza de un mundo mejor luchando por conseguirlo.
MOCRI – CNPA – MN.
¡Zapata vive, vive y vive!
Publicado por Colibrí Zurdo en 10:13 No hay comentarios:
Evade CEDH investigar caso de maestras agredidas del Cecytez
MARTIN CATALAN LERMA
Javier Landeros Carrillo, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (Cecytez), en relación al caso de las maestras agredidas por policías hace unas semanas en las instalaciones de esa institución, informó que el proceso penal sigue en curso.
No obstante, denunció que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no ha investigado el caso. Informó que en las últimas semanas, el Ministerio Público ha citado a los policías inmiscuidos en el caso, pero el proceso va lento.
Comentó que también se debe investigar a la directora general del Cecytez, Beatriz Angélica Rojas Torres, porque las maestras y el sindicato la responsabilizan de permitir el ingreso de la Policía Municipal de Guadalupe y los incidentes contra las docentes.
Asimismo, hay una denuncia ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, cuya intervención, expuso Landeros, podría permitir el regreso de las docentes a sus respectivos puestos de trabajo, ya que denunciaron despido injustificado.
Sobre el papel de la CEDH en el caso, el secretario sindical expuso que a pesar de que ya han trascurrido algunas semanas del incidente, ese organismo aun no ha investigado el caso ni ha emitido un dictamen o recomendación correspondiente; también lamentó que no hayan atendido el caso eficientemente.
Sin embargo, se espera que en poco tiempo la Junta Local de Conciliación y Arbitraje emita finalmente una resolución favorable a fin de que las maestras puedan integrarse a sus labores, a la par de que continúa el proceso penal, que se sabe, será largo.
Cabe recordar que en febrero las maestras Lorena Chávez Gallegos y Ana Martha López se dirigieron a la dirección general del Cecytez para realizar un trámite administrativo después de haber sido despedidas. Aparentemente sin motivo, llegaron seis policías, quienes, según las docentes, las sometieron con lujo de violencia.
Después las trasladaron a las instalaciones de la Policía Preventiva Municipal de Guadalupe, donde una de ellas estuvo detenida hasta que personal, presuntamente enviado por Rojas Torres, se presentó para gestionar la liberación de la detenida.
Hace unas semanas se realizó un juicio oral a los policías involucrados en el caso y en unos días más se cumplirá el plazo para que éstos reúnan pruebas en su defensa. No obstante, el sindicato y las maestras han responsabilizado a la directora porque ordenó el ingreso de las fuerzas de seguridad para desalojarlas.
Mujeres, dos terceras partes de analfabetas en el mundo
Una sociedad no puede progresar cuando parte de sus integrantes es marginada, no sabe leer y no tiene acceso a la educación, y sobre todo, si esa segregación está vinculada a la desigualdad de género. En el mundo existen alrededor de 870 millones de analfabetos; de ellos, dos terceras partes son mujeres, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).
Advirtió lo anterior el director General de Bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Adolfo Rodríguez Gallardo, quien explicó que si se considera que las mujeres tienen a su cargo el cuidado de las y los hijos y el hogar, la situación se vuelve compleja, pues si tienen esas tareas sin contar con elementos básicos como la lectura, será de graves consecuencias.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha implementado programas de enseñanza de la lectura a las mujeres y ha encontrado que al aumentar su capacidad al respecto disminuye la mortalidad infantil, refirió el también investigador del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas.
Una mujer ama de casa puede administrar medicamentos, preparar alimentos de manera higiénica o hervir el agua para evitar infecciones, pero realizaría mejor esas funciones si supiera leer, consideró. Además, el impacto social de ese aprendizaje también se refleja en la prestación de servicios, pues cuando una persona no puede llenar una solicitud por no saber leer, no es capaz de exigir sus derechos.
Una sociedad tiene elementos importantes que le permiten un mejor desarrollo y alcanzar el bienestar de la población, sin embargo, existen países donde aprender a leer no tiene mayor importancia, pues se considera una cuestión meramente escolar, señaló el autor de
Lectura, tecnologías de la información y género.
Se ha comprobado que los países con estadísticas más altas de analfabetismo tienen pocas expectativas de avance. En México las entidades con mayores niveles de lectura son las del centro y norte, mientras que Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Michoacán ostentan una pobre instrucción y con una población indígena muy importante, mencionó.
Tampoco es fortuito que la escasa formación en naciones en vías de desarrollo sea justamente entre las mujeres, que deriva en una marginación no sólo en el hogar, sino también en los puestos de trabajo y el acceso a la educación, apuntó el especialista.
Conforme los países progresan, la desigualdad entre ambos sexos se acorta; desde esa perspectiva, la lectura contribuye a una mejora en las áreas económica, social, cultural, formativa e incluso en cuestiones como la igualdad de género, concluyó.
Presentarán recurso contra encarcelamiento de Mojica
Hallan más irregularidades en proceso
CITLAL GILES SANCHEZ
El auto de formal prisión contra los integrantes de la Organización Tierra y Libertad, Máximo Mojica Delgado, María de los Angeles Hernández y Santiago Nazario Lezma podrían ser anulado debido a las diversas irregularidades que se dieron durante su detención, aseguró el abogado defensor, Delfino Gálvez de Jesús.
A más tardar este viernes, Gálvez de Jesús interpondrá en los juzgados federales un amparo indirecto contra el auto de formal prisión que dictó el juez de primera instancia del ramo penal, con sede en Tecpan, Ricardo Salinas Sandoval contra Mojica Delgado y los dos coacusados por el supuesto delito de secuestro y homicidio.
En entrevista, Gálvez de Jesús explicó que el proceso que llevaron el Ministerio Público (MP) y el juez de Tecpan estuvo lleno de irregularidades, las cuales serán mostradas ante los juzgados de distrito para anular el auto de formal prisión que dictó Salinas Sandoval el pasado 7 de febrero.
“El proceso fue muy viciado, no sé si por las prisas de integrar la averiguación previa el MP no le puso cuidado, pero hay muchas irregularidades como el no haberles notificado el arraigo, y la obligación del juez es notificar a los inculpados de toda resolución que se determine en el proceso para que puedan defenderse y aquí no hay constancia de ello”, detalló.
Agregó que a los inculpados no se les presentó la orden de aprehensión, mucho menos la notificación de arraigo y después que se las ampliaría el plazo del mismo, por lo que todo el proceso que le siguió al vencimiento del arraigo, podría ser anulado.
Militares rondan vivienda de familiares de obrero desaparecido en Tlapa: Tadeco
El hostigamiento, por acusar al Ejército de la detención ilegal de Salvador Nava
Familiares de Salvador Nava Torres, quien está desaparecido desde hace dos meses, han sido hostigados e intimidados por militares, luego de que denunciaran que militares del 93 batallón lo tienen recluido en una cárcel clandestina, señaló el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández.
El pasado 7 de febrero, un grupo de personas al parecer militares detuvieron en Tlapa a Nava Torres junto con otras dos personas mientras regresaban del río y desde esa fecha sus familiares no han sabido nada de su paradero.
El pasado 2 de abril, la esposa de víctima, Elvia Franco Mercado denunció que hay versiones de que militares del 93 Batallón lo tienen en una cárcel clandestina que está dentro del cuartel y sospecha de que puede ser víctima de tortura para inculparlo de algún delito.
Tres días después de esa denuncia, la familia de Nava Torres –que vive en la capital– comenzó a ser intimidada y hostigada por militares, según Monroy Hernández.
“La esposa de Salvador y la mamá de Salvador han comenzado a ser hostigadas por los militares quienes se la pasan cerca de su casa a raíz de la denuncia que hicieron allá en Tlapa, donde exigieron la presentación con vida de este joven; los militares empezaron a rondar su casa, supuestamente como parte de los operativos que hace el Ejército, pero sólo se dirigen al lugar donde vive la familia de Nava Torres”, dijo.
Detalló que el domingo pasado se empezó a notar la presencia de dos Hummer cerca de la casa la familia, ubicada en una colonia popular al norte de Chilpancingo, lo cual consideran una intimidación porque antes no se había notado a militares en esa área, además de que no hacen rondines por otras zonas, “sólo van y se paran frente a la casa”.
Indicó que el día que se llevaron a Nava Torres, llegó un convoy militar a la casa del hermano para saquearla.
Añadió que el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan ya interpuso un amparo contra la detención ilegal y se está a la espera de que las autoridades federales intervengan y reclamen a los mandos militares la entrega de Nava Torres.
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References: e contrario
 resolución 
 artículo 30
 artículo 6
 resolución 
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