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Timestamp: 2020-04-01 13:12:06+00:00

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Comentario crítico al nuevo sistema de ascensos policiales
Por el Dr. Tadeo Zaragoza
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Y un día ocurrió. En marzo de 2013 se dio a luz a la nueva normativa regulatoria de los ascensos policiales. De aquella “gestación” iniciada con la Ley 12.521 (la nueva “Ley de Personal” de la Policía de la Provincia de Santa Fe) desde abril de 2006, hasta ahora han transcurrido más de siete años, pero se había mantenido en base a leyes de prórroga, el tradicional sistema de promociones policiales, hasta que en el marco de una Emergencia (legislativamente declarada) en Seguridad Pública, se pudo conocer con amplia mediatización1 que se instrumentó un nuevo sistema que permitiría el ascenso del personal policial en el marco de la nueva ley vigente, y, se entiende, posibilitando el ascenso del personal en mejores condiciones y no “por el mero transcurso del tiempo”, como refiriera el Gobernador Antonio Bonfatti.
Ello se vuelve a manifestar en las noticias del día de hoy2 afirmando que los ascensos 2011 serían los últimos en el marco del viejo sistema.
Debe igualmente ya anticiparse que este sistema reglamentado por Decreto 423/13, supedita su vigencia (en una cuestionable técnica legislativa) a una Resolución Ministerial (norma de menor jerarquía) que estime que se hallan reunidos los Recursos Humanos, presupuestarios y logísticos para la puesta en práctica del mismo, momento en que quedará derogado el Reglamento de Promociones Policiales, si bien ya había sido derogado, por Ley 12.5213.
Pues bien, el objeto de la presente reseña y análisis, persigue echar blanco sobre negro y desde una visión técnica, desprovista de cualquier ropaje político, permitiendo vislumbrar qué se modificó, la aplicabilidad del nuevo sistema y como ello puede trasuntar en una mejora de la Institución Policial, actor social gravitante, y con ello una mejora de la sociedad toda, debiendo comprender que el fin último de la Administración, es el bien común.
II – DEL SISTEMA ANTERIOR: LA LEY DE PERSONAL Nº 6769
Primeramente debe referirse que la Ley (Decreto-Ley en rigor) de Personal 6769/72 fue dictada bajo el gobierno de facto del General Lanusse, lo cual evidencia tanto la antigüedad de su texto, como de sus conceptos generales. Es más, mucha de su normativa reglamentaria, fue sancionada durante la luctuosa dictadura militar de 1976-1983 en circunstancias en que regía el Estado de Sitio y se hallaban conculcados los derechos y garantías individuales, teniendo en cuenta que el personal policial se hallaba bajo control operacional del Ejército.
Pues bien, en este marco normativo, en el que se diferenciaban dos carreras policiales, la de Suboficiales4 y la de Oficiales5 (vale aclarar que eran independientes una de otra) los ascensos se producían de acuerdo a las vacantes existentes, grado a grado y anualmente, pero deben recordarse en el último decenio, lo fuera de tiempo que se celebraron las Juntas, llegando en el año 2010 a celebrarse las relativas a 2007, 2008 y 2009.
Era requisito indispensable que en las funciones de grado se hayan demostrado aptitudes (morales, intelectuales y físicas) que permitan prever un buen desempeño en el grado superior y no debía estarse inhabilitado para el ascenso por estar bajo sumario administrativo o judicial, como así también era condicionante la prestación de servicio efectivo (habiendo límites para los días de licencia, como para las comisiones en otros organismos), no poseer sanciones graves (más de 7 días de suspensión de empleo, o más de 30 días de arresto, para Suboficiales, o más de 20 para Oficiales) y haber aprobado los Cursos de Perfeccionamiento, que existieron hasta el año 2006. Ello desbarata lo que antes referíamos acerca de que se ascendía por el mero transcurso del tiempo.
El órgano encargado de valorar al personal policial eran las Juntas de Calificaciones (cuatro, según las jerarquías analizables), que asesoraban al Jefe de Policía en lo atinente a los ascensos y fueron consideradas por el Poder Judicial como cuerpos integrados por personal que, por su grado, formación y conocimientos, pueden valorar adecuadamente, desde un punto de vista técnico, los méritos de los calificados (A. y S. T. 97, pág. 421; T. 107, pág. 404; T. 155, pág. 212, etc.6), pero muchas veces configuraban numerosas arbitrariedades que debían desvirtuarse en una casi infinita vía administrativa y una eventual vía Judicial, que restringía el control de lo obrado por entenderlo materia vedada del control, como se expuso en “Casco7” por cuanto se falló que “debe tenerse en cuenta que se intenta la revisión jurisdiccional de una actividad administrativa discrecional, no pudiendo esta Cámara sustituir a los órganos administrativos en el ejercicio de sus funciones propias”; es decir, el Poder Judicial no puede intervenir en esa materia.
Cabe destacar que el Decreto Ley 6769/72 tuvo plena vigencia hasta el 8 de mayo de 2006 (incluso refiriendo que el sistema de concursos se aplicaría a los ascensos 20058, no celebrados al regir la nueva ley), fecha en que entró a su vez en vigencia la Ley Provincial 12521. No obstante ello, la Ley 10.030 y subsiguientes prorrogaron todo lo relativo al régimen de ascensos hasta las Promociones 2011, excepto las calificaciones de Destino y los Cursos de Perfeccionamiento, que dejaron de aplicarse desde el año 2006, lo que también redujo para las Juntas los ítems calificables.
III – DEL NUEVO SISTEMA: LA LEY 12.521 Y EL DECRETO 423/13.-
Así las cosas, en el año 2006 la Ley 12.521 instauró un régimen que consistió en un avasallante cambio sobre el sistema anterior, en pos (así se dijo) de un aggiornamiento del diseño de las estructuras correspondientes a la Policía de la Provincia de Santa Fe, y en consonancia con la Ley 12.333 (ley de 2004 pero operativa en 2007) de creación del ISeP. (Instituto de Seguridad Pública).
No obstante las “buenas intenciones” expuestas, la reforma que se instrumentó a través de la Ley 12.521 no vino sino a suscitar serios inconvenientes, propios de las transiciones abruptas, ya que careció de un adecuado tratamiento a la hora de prever los eventuales problemas coyunturales que la transformación acarrearía, entre otros, por la ausencia absoluta de reglamentación de dicha norma, en muchísimos aspectos, si bien por el Art. 123 de la Ley 12.521 determinó que “Los decretos, normas, reglamentos policiales y disposiciones generales reglamentarias continuarán en vigencia, provisoriamente, hasta el dictado de las nuevas reglamentaciones y en la medida en que sean compatibles con el régimen establecido en la presente ley y/o con las adecuaciones derivadas de la estructura de cuadro único instituido”.
Por ello, en lo que respecta a las Jerarquías, se estableció un régimen que varió del considerado por el legislador como “elitista” cuadro doble de “Suboficiales” y “Oficiales”, por un “cuadro único” donde se insertó sin más el personal que se hallaba, tanto fuera Suboficial u Oficial. Es decir, en el régimen de la ley 6769 un Oficial Subayudante (egresado de la Escuela de Cadetes) PROGRESABA por ascenso al grado de Oficial Ayudante, y luego, mayormente aún, al grado o jerarquía de Oficial Auxiliar, y así sucesivamente. Con la ley 12.521 las tres (3) jerarquías antes mencionadas se vieron repentinamente subsumidas en el difuso y errático grado de SUBINSPECTOR, del mentado “cuadro único”. Acotamos que este supuesto cuadro único conservó sin embargo un primer grado de SUBOFICIAL DE POLICIA (donde englobó a los Agentes, Cabos, Cabos 1eros. y Sargentos), y luego (en sentido ascendente) el grado de OFICIAL DE POLICIA (donde englobó o agrupó a los Sargentos 1º, Sargentos Ayudantes, Suboficiales Principales y Suboficiales Mayores).
De tal modo es evidente que no puede (mejor no debe) mutarse de un régimen a otro sin la debida planificación a priori y una adecuada reglamentación a posteriori, con suficiente valoración de los derechos adquiridos por el personal en actividad al momento de la transición (en lo que hace a jerarquía, salario, antigüedad, situaciones disciplinarias y de retiro, entre otras).
Este anacrónico obrar legislativo y administrativo suscita todavía (A MAS DE SIETE AÑOS DE LA REFORMA) serios inconvenientes, donde incluso se posee en la práctica, una doble dimensión de superposición y conflicto de normas en la que se halla inmerso el personal policial provincial.
Por otra parte, nótese que en la integración de los grados de la ley 12.521 se han “agrupado” o “englobado” las jerarquías de los Suboficiales y Oficiales Subalternos (de la Ley 6769)9 habiéndose buscado, en vez, un correlativo “único” para las jerarquías superiores, específicamente a partir de OFICIAL INSPECTOR (en la Ley 6769 se trata de un Oficial Principal) generando un desigual trato, desde lo atinente al salario y a la carrera policial.
III.1 - De los Concursos
Ahora bien, lo que es de superlativa importancia además de lo referenciado, es que se estableció que los ascensos del personal policial se regirán por el principio constitucional de idoneidad10, anualmente, grado a grado, por decreto del Poder Ejecutivo, lo que es real modificación, por sistema de concursos. Respecto a su temporaneidad establece que se realizarán a partir del 1° de septiembre del año anterior al de la toma de posesión del cargo, lo que ya se halla con dos años de retraso, dado que 2012 y 2013 debieron celebrarse en septiembre de 2011 y 2012, respectivamente y debiéramos hallarnos en la antesala del Concurso 2014.
Dicho concurso público (aclaramos que cerrado, sólo para personal policial11 de la jerarquía inmediata anterior), de antecedentes y oposición, para cubrir las vacantes12 por grado que disponga el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Seguridad (Si bien la Ley habla del “de Gobierno, Justicia y Culto”, la reforma Ministerial llevada adelante en 2007 pone en incumbencia del Ministro de Seguridad dicha función, cosa que aclara el art. 3 del Dec. 423/13).
Es condición además, el poseer los tiempos mínimos establecidos por el Anexo II de la Ley, salvo que o bien por no haber la cantidad de inscriptos que cubran las vacantes o la cantidad de aprobados luego de celebrarse el concurso, donde se posibilitará a otros de igual jerarquía sin los tiempos mínimos, o bien si no hubiere postulantes que cumplan los requisitos de jerarquía y permanencia en el cargo establecidos en los párrafos precedentes podrá inscribirse personal policial de la jerarquía anterior que integre el mismo tramo de la carrera, hasta cubrir las necesidades del concurso que se llame.
Es decir que como ejemplo práctico, para el ascenso de (siempre en términos de la Nueva Ley) “Oficial” a “Subinspector”, en caso de no cubrirse las vacantes, podrán presentarse a concursar “Oficiales” que no posean los cuatro (4) años de Tiempo Mínimo y si no obstante ello, no se cubrieran las vacantes, podrán presentarse “Suboficiales” para dicho grado (sorteando el principio de ascenso “grado a grado”).-
III.2 - Los Jurados
Ahora bien, respecto del órgano encargado de la resolución del Concurso, serán los “Jurados”, cuyo número será establecido por el Poder Ejecutivo según las necesidades y en las localidades que se determine, es decir que puede haber más de un Jurado sesionando.
El Jurado de mayor rango, que llevará a cabo el análisis del personal de Dirección13 se compondrá de:
Un Representante del Ministerio de Educación.-
un Representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (previo a la Reforma se habla en la Ley de la “Secretaría de DDHH”).-
Un Representante del Poder Judicial, designado por la Corte Suprema Provincial.
Un Representante del Jefe de Policía.
Un Personal Policial, democráticamente elegido entre sus pares.
Por otra parte, el Jurado que examine al personal de Supervisión14 y Coordinación15 no contará entre sus filas a integrantes del Ministerio de Justicia y DDHH ni del Poder Judicial, y el Jurado atinente al personal de Ejecución16, poseerá a un representante del Ministerio de Seguridad, uno del Ministerio de Educación, un Personal Policial elegido por sus pares y en una oscura redacción legal (que no es aclarada por la reglamentación, como se verá) que además participará “un empleado de ejecución con jerarquía superior a la de los postulantes”.
Es decir que respecto de la elección, no se aclara si el elegido debe surgir y ser elegido tramo a tramo, o puede postularse cualquier personal policial, y éste representar en cualquier tramo, a sus “pares” policías.
III.3 - De las inhabilitaciones o impedimentos
Al igual que el sistema anterior posee causas que impiden el ascenso (tanto impidiendo presentarse a concurso, como habiéndolo ganado, lo margina del Decreto de Ascenso, por aparecer una causal obstativa).
Al existir dentro de este sistema nuevamente los Cursos de Perfeccionamiento, el no haberlos aprobado (cualquiera fuere la causa, lo cual no recepta por ejemplo el caso de quien no pudo realizar el curso por hallarse incapacitado por acto de servicio, lo que es a las claras irrazonable e injusto). Si bien el Decreto 432/13 pone en cabeza del Ministerio de Seguridad la realización de los mismos, ello debe ser ingerencia propia del ISeP, de acuerdo a las prerrogativas legalmente dadas por la Ley 12.33317.-
También se alude a que es impedimento para presentarse al concurso, el no hallarse en condiciones psicofísicas, pero no se aclara la situación del personal que no pudiera aprobar el psicofísico por hallarse en licencia o con una incapacidad por acto de servicio, por ejemplo.
Sigue siendo óbice para el ascenso hallarse bajo sumario judicial, con auto de procesamiento o suspensión del juicio a prueba por delito doloso. Respecto a esto último se configura una grave violación al derecho a la Presunción de Inocencia, dado que quien solicita una Probation no implica su confesión del hecho el ni reconocimiento de la responsabilidad civil. Debe recordarse que es una paralización del proceso penal con potencialidad extintiva del ejercicio de a acción, limitada a determinados delitos… y determinados acusados de ser sus autores…, sujeta en su operatividad inicial a la petición por el imputado, aceptada por el Juez con consentimiento fiscal, y condicionada finalmente al cumplimiento del plan trazado18. Por su parte las doctrina judicial ha señalado que “... no implica una condena en sentido específico, sino que es la renuncia a la potestad punitiva del Estado; no es una sentencia, es una medida revocable que abre un status procesal específico, que suspende /o paraliza agregamos/ el procedimiento sancionatorio común (y por ende la situación procesal correspondiente, sea de procesamiento o no, agregamos nosotros) otorgando una oportunidad de reforma y al mismo tiempo una posibilidad de condena en caso de incumplimiento de las condiciones a que la somete el juez19. Incluso debe recordarse que la Probation “No procederá… cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito” (Art. 76 Código Penal).
También poseen efecto inhabilitante el hallarse procesado o con Probation por delitos culposos que integren los Títulos XI y XII en sus capítulos I al IV, del Libro II del Código Penal, esto es DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Atentado y resistencia contra la autoridad; Falsa Denuncia; Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos) y DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA (Falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito; Falsificación de sellos, timbres y marcas; Falsificación de documentos en general). Si bien son figuras dolosas en casi su totalidad deseó dejarse sentado que cualquier figura en la que se incurriera por negligencia, también inhabilita.
Se mantiene además el hecho de poseer un antecedente sancionatorio, sólo que ahora es sólo inhabilitante la suspensión de empleo (cualquiera fuera la cantidad de días, es idéntico un día que treinta) y debió ser por falta grave (es decir que si un agente recibió un día de suspensión de empleo por una falta leve, no se vería inhabilitado. Lo que es también importante, es que se deja atrás respecto de este punto el “período analizado”, que antes se veía configurado por todo el Tiempo Mínimo en el grado, dado que actualmente no deben registrarse antecedentes “el año del concurso o en el inmediato anterior”.
Por su parte, es también inhabilitante, hallarse bajo Sumario Administrativo en el que se investiga su responsabilidad por falta administrativa (se interpreta, falta “autónoma” respecto de un proceso judicial). Pero en este caso podrá participar de los concursos que se convoquen, pero mientras tal circunstancia subsista obstará al dictado del decreto de nombramiento en el nuevo grado.
Este nuevo sistema, como se dijera establece un tratamiento diverso para quien se halla por Sumario por Falta Administrativa sin un proceso penal paralelo, que puede presentarse al Concurso, y quien se halle bajo un proceso Judicial Penal que dura años con procesamiento, probation o condena (se entiende) quien no podrá siquiera concursar.
Esto eleva a la máxima complejidad el sistema, dado que supongamos un Comisario es uno de los ganadores de un concurso para Comisario Supervisor, pero se halla con un Sumario Administrativo por un acto de indisciplina (Sumario que vale decir demora años) y ello hace que si bien ganó, perjudica a la Administración, dado que no podrá ver satisfecha la vacante que surgía de la necesidad institucional que requería ser llenada y para el agente le privará de dichos salarios temporáneamente y del efectivo progreso, pese a haber ganado. Según el criterio de Fiscalía de Estado en el Dictamen 85/13, la propuesta de ascenso de quien haya participado del concurso, obtenido orden de mérito para ascender, no ascendido por la existencia de sumario administrativo no resuelto, pero obtenido luego la absolución, sobreseimiento o archivo de las actuaciones, lo será para el futuro y no con carácter retroactivo, atento a que no cabría reconocer una jerarquía superior durante un período en el que no ejerció la misma”, lo que reafirma este obrar donde en dicho caso no se habrá cubierto el cargo o grado, ni ascendido efectivamente por parte de dicho personal.
Harto complejo es el caso de quien posea un Sumario Penal Judicial (que duran años), quien no podrá presentarse a concursar y que verá postergada su carrera pese a terminar con, por ejemplo, una posterior absolución penal.-
No obstante todo lo hasta aquí referido, se tipifica un sistema similar al del Art. 90 de la Ley 6769 (sistemáticamente incumplido), por cuanto con anterioridad al Concurso, deben darse a conocer los inhabilitados, con sus respectivas causales. Ello da la posibilidad a quien se halle en dicha situación de revertir dicho encuadramiento previo al concurso, con una vía revisora, similar a la establecida para el caso en que se esté en desacuerdo con el resultado del Concurso y que debajo mencionaremos.
III.4 - De las áreas del Concurso. Las puntuaciones.
Es ahora necesario poner de manifiesto que el Concurso constará de dos tramos (debiendo aprobarse el primer tramo para arribar al segundo), del que finalmente se arrojará un “Orden de Mérito” del que surgirán los propuestos para el ascenso al Poder Ejecutivo.
1 - Los antecedentes.
Respecto de ello, se puntuarán:
1.a) La Formación, lo que fue dividido en:
1.a.i) Nivel de Educación Formal, con puntuaciones decrecientes entre 20 y 5 puntos, desde “Doctorado, Maestría o Especialización”, hasta “Primario”, sin contemplar quien no posea primario completo; y
1.b.ii) Capacitación específica: Otorgando puntajes por cada Curso, Seminario o Jornada, específica respecto del cuerpo y escalafón, según se puede entender del Anexo II del Dec. 423/13, dado que confusamente refiere “relacionados en forma específica con el desempeño del cargo a concursar”, es decir un Curso de Tiro, por ejemplo respecto del Escalafón Seguridad o una Jornada de Derecho Administrativo, respecto de un Profesional Jurídico. Ejemplificando, se otorga 0,25 puntos por día de actividad.
1.b) Los Antecedentes Laborales: Aquí se valoran diversas áreas vinculadas al desempeño como personal policial, donde se califican:
“Posición Escalafonaria”, brindado un puntaje según se hallen en tramo de Ejecución, Coordinación, Supervisión o Dirección. Lo notorio aquí es que ello no otorga un elemento distintivo, dado que comparativamente respecto de los concursantes a un cargo siempre serán todos del mismo tramo (incluso ante los procedimientos de excepcionalidad del Art. 75, donde se abre el concurso a agentes de dos jerarquías anteriores del cargo a concursar, puesto que debe ser “del mismo tramo”). Por ejemplo para cubrir Subinspectores, siempre serán Oficiales o Suboficiales (ante el último supuesto de excepción), pero siempre Tramo Ejecución.-
“Antigüedad en el grado”, a un 0,25 por año adicional al tiempo mínimo.
“Desempeño Laboral”, de lo que surgirá un puntaje de entre 0 y 20 puntos, en base a una Planilla de Desempeño, completada por la autoridad máxima del área en que se desempeña el postulante, entiéndase los Jefes de Comisaría, Jefes de División, etc., con diversos ítems a evaluar (de profunda complejidad), promediándose dichos puntajes. Era parte del proyecto inicial de Decreto, que se evaluara la “estabilidad emotiva” de los agentes, cuestión que gracias al dictamen 237/13 de Fiscalía de Estado, fue buenamente quitada, por ser materia propia de un profesional de la Psicología cualquier tipo de evaluación en este sentido. El anexo II del Decreto 423/13 distingue por un lado al personal de Ejecución y Supervisión y por otro al de Coordinación y Dirección. Se entiende que se ha errado, y donde se dijo “Coordinación” quiso decirse “Supervisión”, por cuanto los rangos superiores deben ser diversa y más profundamente evaluados.
“Antecedentes Disciplinarios y Administrativos” Aquí se efectúa una redundancia, puesto que para este caso, es idéntico el uso a antecedentes disciplinarios/administrativos. Se parte de 5 puntos y se distingue desde
“Antigüedad General en Policía”, con 0,25 puntos por año.
“Actos meritorios, felicitaciones, premios y distinciones”, asignando indistintamente 1 punto por cualquiera de éstos, sin diferenciar si emana del Gobernador de la Provincia o de un Jefe de Unidad Regional u otra Autoridad o Ente (incluso ONGs).-.
“Docencia e Investigación”, un ítem muy extrañamente calificable para el grueso del personal policial.
2) Examen de Oposición
Respecto de la evaluación del personal policial, varía según el tramo de que se trate. Aquí hay que hacer una primer aclaración: El Anexo I del Decreto 423/13 distingue por un lado al personal de Ejecución y Supervisión y por otro al de Coordinación y Dirección, incurriendo nuevamente en un error (que entendemos, debe ser rectificado), siendo exigido un examen de mayor nivel a quien ostente mayor jerarquía.- Ahora bien, se diferencia según sea:
2.a) Personal de Ejecución y Supervisión (según texto legal, donde entendemos debería decir “Ejecución y Coordinación”): Será exigido primeramente un examen escrito, con clave y sin ningún tipo de identificación para evitarse favoritismos en la corrección del mismo. Lo contradictorio respecto del celo que se tiene sobre este proceder con transparencia y con anonimato de los concursantes, es que se pasa a una etapa oral, donde evidentemente se identificará al personal policial concursante, salvo (como absurdo se acota) que los postulantes un sistema similar al de los “Jueces Sin Rostro” del Perú y Colombia20.
2.b) Personal de Coordinación y Dirección (según texto legal, donde debería decir “Supervisión y Dirección”): Deberá elaborarse un Proyecto o Plan de Trabajo, que deberá ser expuesto y defendido oral y públicamente. Nuevamente se pierde el anonimato de los concursantes.
III.5 - De los Reclamos.
Brevemente cabe decir que establece un procedimiento que por rápido va en detrimento de los derechos del personal policial, dado que los ascensos deben resultar de un procedimiento formativo de la voluntad administrativa, pausado y reflexivo.
Así establece en lo que importa, luego de publicado el Orden de Mérito, un plazo de 3 días para la interposición de un “Recurso Directo” (con estrictas formalidades) tomado entre otros del art. 29 del Decreto 2623/2009, contra los actos en el proceso evaluativo del Consejo de la Magistratura. Pero es de muy dificultosa traslación este criterio recursivo, de una selección de Jueces (con mayores exigencias y muy escaso número de postulantes) respecto del personal policial, que sólo para el paso de Suboficial a Oficial, puede encontrarse con unos 6.000 aspirantes o más a dicho ascenso, con las posteriores vías recursivas de los postergados.
Lo que es de destacar es que las causales para recurrir son solamente:
Violación por parte del Jurado de las reglas y criterios de valoración de los antecedentes.
Apartamiento manifiesto de las bases o requisitos de la convocatoria.
Omisión de las formas sustanciales no salvables.
Luego de ello, ante un rechazo del mismo quedará una vía de revocatoria, tomada del Decreto 916/0821, de delegación Ministerial. En este procedimiento, se contempla que sea pedida una vista (verbal o escrita) de las actuaciones del concurso, con copias.
Pues bien, sería materia de otra publicación el comprender acabadamente los problemas que podrán suscitarse.-
IV. CONCLUSIONES. El nuevo “perfil” policial.-
Debemos concluir que en el afán de una mejor calidad institucional y policial, se han cometido muchos desaciertos, emparches e improvisaciones, no debiendo perderse de vista que se halla vigente la Emergencia en materia de Seguridad declarada por Ley 13.297, lo que denora el estado crítico en este sentido.
En muchos casos lo dicho en el párrafo precedente es producto de la carencia de coordinación en el traspaso de uno y otro sistema, que carece del adecuado tratamiento paulatino. Y ello no es achacable a un signo político, dado que la reforma legislativa se inició en 2004 con la Ley de ISeP, en 2006 con la nueva Ley de Personal y halló su continuación (pese a un proyecto de reforma a la Ley de Personal, truncado en 2008), en la Emergencia declarada en 2012 y esta reglamentación en 2013.
Primeramente, cabe decirse, como se ha observado punto por punto, que se han cometido desde nuestro punto de vista, varios errores, omisiones o desajustes, en los elementos y criterios de evaluación “reglados” o preestablecidos (como ejemplo, la no distinción de entre los actos meritorios, entre un acto del Gobernador o de un Jefe de Unidad Regional).
Tampoco se han valorado, como disposición transitoria, aunque sea para el primer concurso a que el postulante tuviera derecho a concursar, el valorar el grado jerárquico que se poseía en la anterior Ley 6769. Es decir, que resulta indistinto si uno posee tiempo mínimo de Subinpector de Policía, y se era hasta la fecha Oficial Subayudante u Oficial Auxiliar, cuando en la anterior denominación y función, los separaban dos jerarquías. Sólo tendrá éste último mayor antigüedad general (a un magro 0,25 por año).
Por otra parte, se ha dado una importantísima valoración al nivel de formación, y no a la experiencia como policía de seguridad (reflejada por la antigüedad), donde en un caso que puede ejemplificarse:
Un Agente (vieja Ley, hoy como Suboficial) con: cuatro años de antigüedad y título de carrera Universitaria de 5 años (puede ser no afín a la labor Policial, por ejemplo un Licenciado en Estadística), ello arrojará un punto por antigüedad (0,25 x 4= 1) y quince puntos por su título, con un total de 16 puntos.-
Y concursará con
Un Sargento (vieja ley, hoy también suboficial) con secundario completo (9 puntos) y doce años de antigüedad, quien sumará 3 puntos por la antigüedad (0,25 x 12 = 3) y nueve por sus estudios, con un total de 12 puntos en comparación de éstos ítems.-
Ello luce claramente desacertado o irrazonable, siendo la formación como Policía o en Seguridad, lo que debe instarse al personal de la Fuerza Policial, para lo cual también deben brindarse las herramientas tanto salariales, como de disponibilidad horaria y de real fomento. Es de dudosa posibilidad que un personal policial que debe, más allá del servicio normal, realizar servicios de policía adicional u otro labor para mantener una economía familiar (y más allá del desgaste psicofísico que ello conlleva y necesidad de recuperación), que pueda instruirse o formarse de un modo superlativo, en pos del nuevo sistema.
Cabe aquí destacar que en búsqueda de transparencia e interdisciplinariedad, los Jurados ya no son policiales, evitando que Policías (que conocen la materia policial y que así eran considerados por la jurisprudencia de la Corte) propendan el ascenso de otros Policías, entendiendo que la Institución Policial tendía a no a hacer transparente en su sistemática. Pero, inevitablemente, ello conlleva que por parte de áreas o Ministerios que tendrán representantes, existirá un franco desconocimiento de la materia policial, lo que repercutirá (sin mala fe alguna), en injusticias. Será así, por ejemplo, materia ajena a su conocimiento la exposición de un Proyecto defendido públicamente inherente a la materia policial, el representante del Ministerio de Educación.
Va de suyo además que se ha optado por una expedita vía recursiva, que conspirará con una rápida reacción del personal policial. Sin embargo la prontitud ganada con este sistema de procedimiento revisorio, se pierde en caso de las inhabilitaciones que dejan en suspenso el resultado del concurso, o bien ante la posibilidad de rehacer el concurso (hasta dos veces) en los excepcionales casos del art. 75.-
Por ello, este nuevo perfil policial, de un agente altamente capacitado, y “seres éticos, sociales y libres, identificados con los valores culturales nacionales y provinciales, respetuosos de las normas y preceptos constitucionales, concientes de sus derechos y responsable de sus obligaciones ciudadanas” (como sostiene en sus considerandos el Decreto en cuestión), muy probablemente no se manifieste a consecuencia de este utópico sistema diseñado por quienes son encargados de llevar adelante las políticas públicas en materia de seguridad, por lo que no deja de hacerse un daño queriendo propender a una mejora irrealizable, donde la consecuencia de un mayor grado de instrucción no será correlato de un menor grado de cuestionamiento social.
Igualmente es notorio que hasta que no sea emanada la Resolución del Ministro de Seguridad que refiera que hay recursos económicos, humanos y logísticos este sistema no se hallará vigente (cosa que pareciera ser inminente por la fuerza de los anuncios). También deberán establecerse las modalidades de elección democrática de los representantes de los trabajadores policiales, cosa que debería definirse previo a todo.
Esperemos estas reflexiones sirvan en todo o en parte para mejorar este sistema, que como todo engranaje jurídico, puede afectar derechos y lo que es más importante, debe servir para mejorar la Policía de la Provincia de Santa Fe, porque con ello mejoraremos la puesta en marcha de las Políticas Públicas en seguridad y en torno a la Justicia (de la que son auxiliares), y con ello, lo que nos es menester a todos y no es otra cosa que lo que debe protegerse: nuestro bien común social.-
1 Rosario 3.com; Miércoles 20 de marzo de 2013; Noticias, La Ciudad y La Región.-
2 En Diario La Capital, sitio web http://www.lacapital.com.ar/policiales/Los-proximos-ascensos-policiales-seran-decididos-con-jurados-civiles-20130729-0027.html.-
3 Pero fue suspendida la nueva modalidad y prorrogada la anterior Ley 6769 y su reglamentación, por Leyes 13.030 y subsiguientes su aplicación respecto de las Juntas 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, con lo cual ya se hallaba derogado ello.
4 Carrera más breve y para integrar la Policía como personal subalterno (tareas de “ejecución”).-
5 Carrera más extensa, que posibilitaba integrar la Fuerza Policial como personal de Conducción.-
6 Como tampoco que el modelo piramidal de la organización policial supone que mientras mayor es el grado menor es la cantidad de vacantes disponibles, lo que a la vez justifica que la aptitud para el ascenso no siempre esté acompañada del derecho al ascenso mismo. A la par, ello inevitablemente acarrea que, de un vasto conjunto de aspirantes, algunos legítimamente asciendan y otros no a pesar de compartir similares condiciones. En casos tales, lo decisivo suelen ser circunstancias que por su extremado nivel de detalle y sutileza técnica no alcanzan a ser absorbidas por el ordenamiento jurídico, ni por ende, susceptibles de ser controladas por el Tribunal (Cámara de lo Contencioso Administrativo nº 1, “Armas”, A. y S. T. 7, pág. 56, voto del Dr. Lisa).
7 CCA Nº 2; “CASCO Argentino Cirilo C/ Provincia de Santa Fe S/ Recurso Contencioso Administrativo”; Nº 408; 23/6/2009 en idéntico sentido de “Cristaldo” (A y S, tomo 15, pág. 368).-
8 Art. 120, Ley 12.521.-
9 Es decir, dentro de la denominación de “Suboficiales” se englobaron los agentes, cabos, cabos primeros y sargentos; a su vez dentro de los “Oficiales” se agruparon los sargentos primeros, sargentos ayudantes, suboficiales principales y suboficiales mayores. Por su parte, y respecto de los oficiales subalternos, dentro de la jerarquía de Subinspector se incluyeron los Oficiales Subayudantes, Oficiales Ayudantes y Oficiales Auxiliares de la ley 6769.
10 Con ello se recepta lo establecido en el art. 16 CN que en pos del Derecho a la Igualdad ante la ley reza que “Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”. Por otra parte, es concordante lo establecido en torno al derecho y la consiguiente garantía a la carrera, que se hallan previstos en el artículo 55 inc. 23 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe. Así también los artículos sociales de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá 1948, y de la Convención Americana de los Derechos Humanos, Costa Rica 1969, Ley 23.054/84,y concordante del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos, Nueva York 1966 (ley 23.313/86), la Convención Interamericana Contra la Corrupción, donde establece en su ARTICULO III, inc. 5) que: “A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer:… 5. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas” y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción Artículo 7: “Sector público 1. Cada Estado Parte … procurará adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados públicos y, cuando proceda, de otros funcionarios públicos no elegidos, o mantener y fortalecer dichos sistemas. Éstos: … a) Estarán basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud…”.
11 Aunque parezca una obviedad, ante ciertos planteos de grupos políticos de “democratizar” la Institución Policial, debe aclararse que los concursos si bien públicos no son abiertos.
12 El número de vacantes se fijará por aumento de la planta base, por los retiros, las bajas o la creación de cargos por necesidades institucionales que establecerá dicho Ministerio.
13 Directores Generales, Directores y Subdirectores.-
14 Comisario Supervisor y Comisario.-
15 Subcomisario e Inspector.-
16 Subinspector, Oficial y Suboficial.-
17 En su ARTÍCULO 20 dispone: “Cursos. En el ámbito del ISEP se organizarán periódicamente actividades educativas bajo variadas modalidades para continuar la educación y actualización del personal policial”.
18 DE OLAZABAL, Julio; Suspensión del juicio a prueba; Ed. Astrea; Bs. As., 1994.-
19 ALFERILLO, Pascual E.; Efectos de la suspensión del juicio a prueba (probation) en el proceso civil; “Doctrina Judicial” La Ley Año XVII Nº 51 Buenos Aires 19 de diciembre de 2001.-
20 Sistema adoptado por los Jueces que debieron actuar contra el Narco-Terrorismo, que debían encapucharse o hallarse tras un vidrio espejado para no ser identificados por sus imputados.-
21 El ARTICULO 5º dispone “Contra el acto suscripto por los Ministros y Secretario de Estado en los supuestos indicados en los artículos 3º y 4º primer párrafo procederá el recurso de revocatoria, que deberá interponerse ante el Poder Ejecutivo por conducto de la jurisdicción a través de la cual se hubiere emitido el acto, hecho u omisión que motivara la impugnación originaria, con las formalidades y en el plazo previsto en el artículo 42º de la Reglamentación para el Trámite de Actuaciones Administrativas aprobada por Decreto Acuerdo Nº 10204/58; el que se tramitará obligatoriamente en caso de deducirse y será resuelto por el Poder Ejecutivo, previa intervención del servicio permanente de asesoramiento jurídico del Ministerio o Secretaría de Estado correspondiente y de la Fiscalía de Estado”.

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 55
 Artículo 7
 ARTÍCULO 20
 artículo 42