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Timestamp: 2018-06-25 17:10:53+00:00

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Jorge Morelli: ESTA NOCHE lunes 14 agosto 2017
¿Bien pagado el costo
de quebrar la huelga?
Si hoy, lunes, el gobierno ha logrado restablecer las clases en el Cusco, donde comenzó la huelga magisterial muchas semanas atrás, las críticas a la decisión de Kuczynski de convocar a los dirigentes habrán sido acalladas por los hechos.
Sencillamente, porque a cambio el gobierno habrá conseguido quebrar la huelga.
En efecto, por dura que sea la resistencia huelguista, los grupos aun en paro irán deponiendo poco a poco su actitud por cansancio y falta de claridad en los reclamos del pliego aun por conseguirse.
Es que el gobierno ha pagado un alto precio para obtener este resultado. En los hechos, ha cedido en casi todo lo que la dirigencia le exigía (salvo eliminar del todo la evaluación de méritos).
Pero el resultado en lo inmediato es que los huelguistas recalcitrantes ya no saben en realidad qué más reclamar.
Y a la opinión pública, además, le va quedando claro que tal vez las claudicaciones del gobierno no han sido un mal negocio si lo conseguido a cambio es quebrar la huelga.
El costo de ceder se verá más adelante. Pero no hoy y aquí. La opinión pública se siente aliviada porque al fin regresan la mayortía de los niños al colegio y los grandes a sus asuntos.
La aprobación del presidente Pedro Pablo Kuczynski en la última encuesta nacional urbano-rural de Ipsos cayó de 34% a 29% entre julio y agosto.
Entre junio y julio había bajado cinco puntos: de 39% a 34%, y entre mayo y junio otros cuatro: de 43% a 39%. La desaprobación pasó de 58% a 64%.
Analistas políticos coincidieron en que los resultados exigen modificaciones en el Gabinete, en especial el primer ministro Fernando Zavala.
Enrique Castillo opinó que es poco probable que se renueve el Gabinete, sin embargo, pues PPK viene demostrando en estos meses “que desconfía de las personas ajenas a su círculo cercano”.
En sentido similar opina Luis Nunes: “PPK necesita un nuevo vocero que no el señor Zavala”, indicó. También dijo que Kuczynski “parece no querer gente nueva en su equipo”.
El vocero alterno del oficialismo, el congresista Juan Sheput, consideró que la realidad exige cambios en seguridad, salud y educación. Asimismo, indicó que, más que cambios de personas, se requiere otras políticas.
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aparece con 38% de aprobación en la encuesta nacional de Ipsos, cuatro puntos menos que el mes pasado. Por otro lado, un 36% aprueba el desempeño de Kenji Fujimori, el mismo porcentaje que en julio.
El congresista Kenji Fujimori Higuchi se refirió a la sanción recibida de sus co­rreligionarios y la relación con su hermana, Keiko Fujimori, durante un pro­grama cómico en que habló de cosas serias, como darle el respaldo a su hermana Keiko en las próximas elecciones.
Kenji señaló que lo han mandado de “vacaciones forzadas” y apro­vechó para imitar a su padre con la frase “soy inocente”. Dijo, n o obstante, que esas sanciones “son gajes del oficio”.
Kenji también refirió que se lleva bien con su her­mana. “Una cosa es la política y otra muy distinta la familia… Los domingos nos reunimos con mi viejito (Alberto Fujimori)”, precisó.
Cuando JB le preguntó si va a postular a la presidencia, Kenji respondió que “primero las mujeres”.
El congresista de Fuerza Popular Kenji Fujimori consideró ayer en Piura que la reconstrucción del norte, luego de El Niño, debe incluir obras de prevención.
“La reconstrucción debe pasar primero por un verdadero trabajo en obras de prevención. Hoy en Piura conversando con la población afectada”, escribió en su cuenta Twitter.
Durante la emergencia, Kenji Fujimori acudió a Palacio de Gobierno a entregar donaciones en el marco de la campaña “Una sola fuerza”. El parlamentario, quien fue suspendido de sus derechos partidarios, ha defendido la idea de que la oposición tienda puentes con el Ejecutivo.
Entrevista a Daniel Salaverry, vocero titular de la bancada de Fuerza Popular
El congresista de Fuerza Popular Miguel Torres afirmó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ha olvidado que los ministros “son fusibles” y “que están para ser cambiados en el momento adecuado”. Agregó que ve “cansados” a los integrantes del Gabinete, que dirige Fernando Zavala. Indicó que el mandatario “es el autor de su propia desaprobación”. “Ya no puede quedar duda de que el gobierno es el que está generando está situación de inestabilidad. Ya no es, como decía o trataban de vender a la población, de que Fuerza Popular es la que está generando la desestabilidad del gobierno”, refirió. “La inestabilidad es generada por un Gabinete que ya está cansado, que es reactivo, que no propone casi nada”, acotó.
Entrevista a Ursula Letona
— ¿Debería haber un nuevo diálogo entre el presidente y Keiko Fujimori?
Creo que el diálogo tiene que ser continuo, un diálogo institucional. Fernando Zavala se ha reunido con Lucho Galarreta, estamos trabajando una agenda legislativa y creo que esto se ha permitido a raíz de este encuentro entre el presidente de la República y nuestra lideresa, y nosotros tenemos toda la voluntad de que esto continúe, pensando siempre en lo que sea mejor para el país sin que signifique claudicar de nuestro rol de oposición y de fiscalización.
— ¿No debería verse en el diálogo la llamada reforma de la protección social –que incluye salud, pensiones–, la reforma laboral…?
Nosotros creemos que hay dos reformas estructurales importantísimas para el país, que podrían ser parte de este diálogo institucional. La primera es la reforma tributaria: tenemos regímenes fragmentados y eso imposibilita que la Sunat haga su trabajo bien. La segunda es la reforma laboral para reducir la informalidad, respetando los regímenes que han funcionado como los de exportaciones no tradicionales y el de agroexportación, aunque con ajustes. Pero creemos que estas reformas deben trabajarse en espacios como el Consejo Nacional de Trabajo.
— Pero ya sabemos cuáles son los problemas que imposibilitan todo consenso.
Tiene que haber una modificación del fallo del Tribunal Constitucional que consagra la estabilidad absoluta. Es imposible que generemos competitividad si en el país para el TC el despido está prohibido. En una economía abierta y de mercado, el despido es una variable que está en la relación laboral y que merece una contraprestación especial, pero que existe, y desconocerlo es antijurídico.
— La alternativa sería modificar el artículo 27 de la Constitución precisando que la indemnización es una protección adecuada al despido. ¿Eso se podría hacer?
Creo que es parte de este nuevo Congreso. Hay que analizarlo, no lo han presentado. Yo estuve en la Comisión de Trabajo todo este año y ha sido frustrante porque lo único que se ha hecho durante este año es petardear los regímenes laborales exitosos. Es una lucha falsa, porque lo que están generando es mayor informalidad, sin derechos.
— Si el Ejecutivo enviara un proyecto de ley para precisar ese artículo 27 de la Constitución, ¿podría ser aprobado?
Personalmente, creo que es un buen inicio para analizar el tema de la estabilidad absoluta, de que el despido en el Perú más o menos está prohibido. Desde el Ejecutivo no lo han planteado. Nuevamente, creo que no hay voluntad política de querer hacer una reforma laboral.
— ¿Y en Fuerza Popular sí habría voluntad política?
Personalmente, Úrsula Letona cree que la reforma laboral es un tema que no se puede postergar. Sin una reforma laboral, jamás vamos a luchar en contra de la informalidad y vamos a seguir siendo un país pobre con un crecimiento económico mediocre.
-Si el gobierno de PPK resulta un fracaso, también lo será para el fujimorismo…
Si este gobierno resulta un fracaso, nos coloca a los 30 millones de peruanos en una situación de gran incertidumbre respecto al futuro. Se produciría una polarización que va más allá del fujimorismo y el antifujimorismo.
-Entrando a asuntos internos de Fuerza Popular, ¿considera que hay dos bandos: uno keikista y otro kenjista?
Eso parece ser, es lo que vemos en los diarios. Ahora, si eso va a seguir vigente de cara a las próximas elecciones, es imposible saberlo.
-De postular a las siguientes elecciones presidenciales, ¿Kenji Fujimori tendría opciones?
Yo lo que creo es que, sin entrar a calificar a las personas, objetivamente es una posibilidad.
-Parece que está surtiendo efecto la estrategia de acercarse a las minorías…
Bueno, sí, pero hay que tener en cuenta que Kenji se ha mantenido en el partido, a pesar de haber sido sometido a un proceso disciplinario. Lo que significa que él no tiene ningún interés en descarrilar la estructura de Fuerza Popular.
-¿Cómo evalúa el liderazgo de Keiko Fujimori, tomando en cuenta que muchas veces solo se pronuncia por las redes sociales?
Digamos que es un liderazgo discreto por llamarlo de alguna manera. Mucha gente extraña que no tenga más apariciones públicas, pero es cierto que está bajo ataques. Lo que ella quiere es evitar las ocasiones de ser atacada.
-Tocando el tema del Gobierno, ¿cómo calificaría el primer año de gestión del presidente Kuczynski?
Creo que ha sido un año de mala suerte y poca eficiencia. Los conflictos sociales se le han salido de las manos, cosa que no ocurría hace años.
-El mis
mo Mandatario dijo que no contempló el “esfuerzo titánico” que requería recuperar la economía tras “Lava Jato” y el Niño costero…
No es solo la economía, es la acción política. Uno de los aspectos a corregir es que no se puede ver el desempeño de la función política simplemente como una gestión de cifras. No basta con los índices de crecimiento. Además, se necesita contacto político con la población. El tema del Sutep, por ejemplo, se hubiera podido evitar si es que el Gobierno se hubiera dedicado con ahínco a ser más político. El Gobierno no es político, es tecnocrático y no tiene contacto con las bases.
-Demasiados tecnócratas…
En el fondo, lo que ocurre con el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski es que adolece del arte de la política. Están bien los números, pero la política no es solo números, es entenderse con la gente, es comunicarse, es saber qué siente.
-¿Faltaría un primer ministro que sea político, en lugar de un tecnócrata como Fernando Zavala?
Fíjese, todo el que se mete a política tiene que ser político. Uno no puede meterse a política pretendiendo no ser político. Esto del gobierno de los técnicos es solo una frase. En la práctica, la política es el gobierno de la ciudad. Eso va más allá de las técnicas econométricas y las estadísticas. No se gobierna el país con una calculadora.
-¿Cree que el indulto al expresidente Alberto Fujimori mejore la relación entre el Ejecutivo y la oposición?
Evidentemente creo que sí porque, según las encuestas, la mayoría del país está a favor del indulto. De eso no cabe duda.
-El manoseo de PPK sobre el posible indulto a Fujimori ha incomodado a Fuerza Popular…
No solo él, esto viene de varios gobiernos atrás. Son cosas que es mejor callar y hacerlas, que hablarlas y no hacerlas. La Constitución establece que el presidente de la República por propia iniciativa puede indultar, sin más trámite. Depende de él, no de los médicos.
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) escuchó el último viernes en Arequipa los alegatos a favor y en contra de la demanda de inconstitucionalidad que presentaron 41 congresistas contra la denominada ley contra el transfuguismo. El legislador Yonhy Lescano, quien sustentó la demanda, estima que la decisión del organismo podría conocerse en un mes.
Parlamentarios que defienden la norma han hablado de desconocer la resolución del TC en caso la declare inconstitucional.
El artículo 93 de la Constitución Política del Perú indica que “los congresistas representan a la nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones”.
El artículo 204 de la Constitución refiere que “la sentencia del tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto”.
Abogados constitucionalistas consultados por El Comercio defendieron la autoridad del TC y coincidieron en que no se puede desacatar su decisión, pues esta es vinculante. Esta posición incluso fue respaldada por Anibal Quiroga, abogado contratado por el Parlamento para defender la constitucionalidad de la denominada ley antitransfuguismo durante la audiencia del viernes pasado en Arequipa. “No he tenido la oportunidad de conversar con el presidente del Congreso. Pero sin duda alguna, si me preguntaran mi recomendación sería esa. Si la sentencia es desfavorable al Congreso tiene que ser acatada por todos”, dijo Quiroga.
Por su parte, el constitucionalista Enrique Bernales manifestó que si el TC declara la inconstitucionalidad, la derogación es automática, y queda como atribución del Parlamento modificar la norma o emitir una nueva.
El constitucionalista César Landa indicó que el TC puede declarar la inconstitucionalidad de la ley antitransfuguismo y que esta ya no debería existir judicialmente ni ser interpretada por nadie. Asimismo, el organismo —acotó el especialista— también podría emitir una sentencia interpretativa y el Parlamento tendría que respetar esa interpretación modificando su reglamento. “Quien se resiste al cumplimiento de un acto judicial puede estar cometiendo una infracción constitucional”, expresó Landa.
El Tribunal Constitucional (TC) está en la mira del Congreso, luego que esta instancia que interpreta la Carta Magna dejara al voto la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la llamada ʹLey antitransfuguismoʹ, la cual no permite a legisladores renunciantes a sus bancadas de origen formar o ser parte de otras.
Al respecto, el congresista del Frente Amplio Jorge Castro consideró que es muy probable que el TC apruebe la demanda contra la ʹLey antitransfuguismoʹ, lo cual podría darse incluso esta semana.
“Desde el punto de vista constitucional es muy probable que la demanda sea aprobada”, explicó. Remarcó que no corresponde que los parlamentarios sean sancionados por querer dejar sus bancadas por discrepancias.
La demanda de inconstitucionalidad presentada ante el TC tiene la firma de los cinco miembros de Acción Popular; diez integrantes de PPK, entre ellos el presidente del partido oficialista, Gilbert Violeta; de siete legisladores de Alianza Para el Progreso; ocho del Frente Amplio y los diez disidentes agrupados en el bloque Nuevo Perú.
Fuerza Popular y los representantes del Apra están en contra de que se declare inconstitucional esta norma aprobada en octubre pasado. El aprista Mauricio Mulder, incluso, ha deslizado que el Parlamento no haría caso al TC.
— En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales hay una denuncia contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por haber cambiado el voto del magistrado Vergara Gotelli, que concedía un hábeas corpus a los marinos en el Caso El Frontón, un asunto sumamente grave. ¿Se va a aprobar esa denuncia constitucional?
La subcomisión está evaluando efectivamente el sentido del voto, si ha habido una infracción constitucional por parte de los miembros del tribunal. Es un tema que atenta no solamente contra la seguridad jurídica, sino que involucra a personas respecto a las cuales nosotros tenemos como peruanos una deuda, como Luis Giampietri, una persona que ha dado su vida por el país y que viene siendo sometido hace años a una investigación atroz.
— ¿Esos magistrados deberían ser acusados?
Personalmente, creo que han cometido un error jurídico y ellos deberían de buscar la forma de corregirlo. Y hay que ver si esto es un error o ha habido dolo en la intención.
La Comisión de Educación del Congreso de la República acordó hoy citar a la ministra de Educación, Marilú Martens, para que explique las medidas tomadas por el Ejecutivo frente a la huelga de maestros.
El grupo de trabajo, que se instaló hoy y definió a la fujimorista Paloma Noceda como su presidenta, convocó a Marilú Martens con carácter de urgencia para el miércoles 16 de agosto.
La titular de Educación se halla en el Cusco en estos momentos, supervisando el reinicio de clases. Ayer, en Cuarto Poder, Marilú Martens instó a los docentes que todavía se resisten a deponer la huelga y llevar sus exigencias a mesas de diálogo.
También afirmó que el Gobierno no dudará en aplicar sanciones a los docentes que sigan acatando la huelga y dejen de trabajar por más de tres días."Es la norma, no puedo ir contra la ley. Las regiones ya deben estar haciendo los procesos [...] En Lima Metropolitana ya hay descuentos y a partir de la próxima semana se procederá con los despidos", dijo.
Reiteró que en diciembre se cumplirá con el aumento del sueldo mínimo para docentes a S/2 mil, y con la entrega de un estudio de cómo será el cronograma de incremento de remuneraciones hasta el 2021.
El congresista Miguel Torres dijo que si su bancada no interpela a la ministra de Educación, Marilú Martens, es porque “tenemos que esperar y darle la oportunidad de resolver el tema”.
Torres opinó que el Gabinete Zavala no es el equipo que necesita el Perú.
Lo tienen que resolver el presidente y sus ministros, quienes dijeron tener un equipo de lujo. Nosotros no podemos traicionar el encargo de ser oposición. Cuando nos elijan para gobernar, asumiremos esa responsabilidad.
— Se ha criticado que el presidente Kuczynski convocara a los dirigentes de los maestros a una reunión, incluyendo dirigencias eventualmente vinculadas con el Movadef. ¿Qué hacer con estas facciones de dirigentes filosenderistas? ¿Qué hacer con los maestros que no van a clases?
Acá ha habido nuevamente una actitud errática del Poder Ejecutivo, empezando por el presidente de la República. Hay dos problemas: primero, nadie sabe si estos señores que van al diálogo representan realmente al magisterio. Y, lo segundo, es trasladar esto a la figura presidencial. Entiendo la preocupación del presidente, pero el otro asunto fuerte es si tenemos maestros vinculados con temas de terrorismo en nuestras clases. Ese es un tema que al parecer el Ejecutivo no está mirando. Coincido con la ministra [de Educación] en que hay que aplicar las sanciones que establece la ley. La ley es clarísima: maestro que falta a clases, en primer término, los descuentos de ley y, en segundo lugar, las medidas disciplinarias, que van desde la suspensión hasta la expulsión de la carrera magisterial. Hay que recuperar el principio de autoridad y entablar un diálogo institucional con los docentes debidamente representados…
— El descuento de los sueldos debió aplicarse desde julio…
Sí, lamentablemente a eso me refería con la pérdida del principio de autoridad. Hay un grupo que está radicalizando la medida, respecto de los cuales no se está haciendo absolutamente nada.
— Esto nos lleva a la necesidad de reformar el proceso de descentralización. Porque si el Ejecutivo es impotente ante las regiones, se rompe el Estado unitario, es imposible aplicar políticas sectoriales, el país se feudaliza… Nadie ha planteado esa reforma…
Lo que se ha visto en la Comisión de Descentralización es que hay sectores, como el de educación o salud, que obedecen a políticas públicas trasversales y que deben tener una centralización justamente para evitar que se aplique la ley como antojadizamente se hace en los gobiernos subnacionales. Aquel gobernador que hoy no aplica la ley está cometiendo un delito y ahí es donde nuevamente el principio de autoridad está ausente.
— Mencionaste la necesidad de centralizar. ¿Centralizar qué?
La política pública trasversal. Por ejemplo, en salud, la OMS y los expertos han dicho que la atención primaria, la prevención en salud, es fundamental. ¿Cómo hacemos que la atención en la posta, en el distrito más pobre, funcione y ese resfrío no se convierta en una neumonía y pase al hospital? La atención primaria debe estar en el ministerio, no puede estar fragmentada en gobiernos locales y regionales. Si tú logras que el centro de atención primaria funcione, no vas a tener tanta gente en los hospitales.
— De acuerdo. ¿Y en el caso de educación?
Los temas vinculados a infraestructura y mantenimiento sí se pueden dejar a nivel de gobierno local y regional, incluso generar espacios de cooperación padres-colegio, pero en cuanto al contenido, al currículo, sí tiene que ser centralizado porque tenemos que dar a todos los niños una educación básica de calidad, pero con contenidos y modalidades diferenciadas.
— Entonces, ¿la gestión misma de la educación sí debería estar centralizada?
Sí, debería estar centralizada.
Sobre esta huelga, me comentaba un muy enterado: “Un 20% de los profesores no pasó el examen, que encima tan fácil era. Estás hablando de 50 mil profesores asustados e inconformes, que temen perder el puesto porque el seso y el conocimiento no les acompañan. Esos 50 mil se han organizado bajo los radicales para tirarse abajo los exámenes, cosa que no incomoda a los 300 mil maestros públicos restantes, a los que no les molestaría nada volver al mullido sistema anterior de estabilidad laboral absoluta y ascensos por edad. Unos chillan y los otros callan y ninguno trabaja mientras no se les descuente. Súmale a eso un pésimo manejo de la crisis por parte del ministerio: no hubo nunca comité permanente de crisis. Se envió al viceministro Zilberman a negociar con la facción disidente cusqueña y se negoció además con Conare, lo que quebró al Sutep central. La ingenua ministra es muy de San Isidro, sin calle, impuesta por Zavala. Encima, el genio de PPK deja en off-side a Martens y Basombrío. Ya los radicales olieron un gobierno débil. Y la educación pública volvió a perder el poco respeto ganado. Todo un desastre”.
El viernes último, un día después de que el presidente Kuczynski y varios de sus ministros recibieran en Palacio a quienes el mandatario definió como “los delegados de las distintas regiones del país” de los maestros en huelga y mientras el Centro de Lima continuaba siendo escenario de tumultuosas protestas, el presidente del Comité Nacional de Lucha y representante de los SUTE regionales, Pedro Castillo, declaró que estaba a la espera de la invitación formal del Ministerio de Educación (Minedu) para participar en el diálogo. En tanto eso no sucediera, se entendía, las bases de docentes que lo habían convertido en su líder continuarían en huelga.
Las cifras del propio Minedu indican en realidad que más del 50% de los profesores de 16 regiones mantienen todavía su ‘medida de fuerza’. ¿Cómo explicar esa paradoja? ¿Cómo así mientras más organizaciones gremiales de maestros recibe el jefe del Estado en la casa de gobierno (solo el viernes sostuvo reuniones con dos grupos distintos), más manifestantes parece haber en las calles y más profesores que desconocen lo negociado por quienes ya estuvieron sentados con el Ejecutivo surgen?
Muy fácil: al abrir la baraja de interlocutores posibles sobre esta materia a estructuras gremiales distintas a la del CEN del Sutep (y, de paso, acoger en la sede del poder a los violentos que se había condenado antes), el presidente colocó los estímulos para que toda cuadrilla de docentes con una denominación y una agenda particular demande su propia entrevista con él.
No hay mejor carta de presentación frente a una base en pie de reclamo que la de haber llegado a pulsear ‘de tú a tú’ concesiones para ella con la máxima autoridad del Estado y, eventualmente, haberla hecho retroceder en sus determinaciones. Las imágenes que muestran al dirigente Ernesto Meza Tica siendo recibido en el Cusco tras su entrevista con los voceros del Ejecutivo con ofrendas florales y entre gritos de ‘sí se pudo’ son elocuentes al respecto.
Tan fuerte es el estímulo que en la concentración del viernes por la noche en la plaza San Martín, en la que supuestamente estaban congregados solo los sectores que todavía no habían llegado a un arreglo con el Gobierno, se vio llegar a ‘delegaciones’ de regiones, como Pasco, que ya habían firmado el levantamiento de la huelga. Y es que una vez que los personeros de tales gremios salen de Palacio es perfectamente posible que piensen que en realidad pudieron haber conseguido más de una administración tan débil y que, con un ligero cambio de nombre o de rostros, se coloquen nuevamente en la cola para entrar.
Así las cosas, la invitación abierta al diálogo lanzada el jueves de la semana pasada por el mandatario desde Moquegua no solo resultó una contradicción con lo anunciado antes por los ministros de Educación y del Interior a propósito de con quiénes bajo ninguna circunstancia se negociaría, sino también un error de estrategia que, antes que cortar la huelga, tiende a extenderla.
Aun si el presidente –o algún otro representante del Ejecutivo– recibe hoy a Pedro Castillo, contradiciendo lo que ha sostenido hasta el momento sobre la identidad y la procedencia de los interlocutores admisibles en la negociación con el magisterio, no existe garantía alguna de que otro sector de docentes desconozca su liderazgo y sostenga la paralización de labores hasta recibir su propia invitación, y así hasta... no digamos el infinito, pero sí el plazo suficiente como para que un número importante de escolares haya dejado de recibir tantas horas de clases que pierda el año.
Mención aparte merece, además, el ejemplo que este modelo de negociación de pliegos de reclamos establece para otros sectores dependientes del Estado en cuyos gremios pudiera haber, como siempre hay, tensiones y disputas.
El Gobierno necesita abrir los oídos a quienes le aconsejan un cambio de actitud y estrategia a este respecto antes de que sea demasiado tarde.
La demanda de amparo presentada contra Petroperú con el objetivo de suspender y liquidar el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) no tendría asidero legal en opinión de expertos consultados por La República.
Fernando Calle, ex magistrado del Tribunal Constitucional, explicó que una demanda de amparo es para reponer las cosas en el momento de la violación de un derecho constitucional o de derechos fundamentales.
El pasado viernes 11 de agosto, Wilber Medina, abogado del ex presidente Alan García, presentó al juzgado especializado en lo constitucional de Lima, una demanda de amparo contra la refinería de Talara, propiedad de la petrolera estatal.
La demanda tiene como base la transgresión del principio constitucional de justicia presupuestaria, pues indica que el costo de inversión del PMRT se incrementó en más de US$ 4 mil millones de abril de 2008 a marzo de 2014.
La Sunat denunció a OAS y a trece ejecutivos de la empresa brasileña por el presunto delito de defraudación en perjuicio del Estado a partir del proyecto Línea Amarilla-Vía Parque Rímac.
Cuarto Poder reveló que el ente recaudador ha acusado a OAS ante la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos Tributarios por hacer facturas por servicios "fantasmas" por más de S/32 millones.
Los conceptos de pago fueron consultorías técnicas y de presupuesto supuestamente hechos por dos empresas extranjeras: la constructora Andreu Limitada, de Chile, y por Bynkelor SA, de Uruguay.
Ni OAS ni las empresas extranjeras que supuestamente brindaron los servicios de asesorías pudieron justificar la facturación de S/32 millones.
Ante esto, la Sunat sostiene que la constructora brasileña “realizó maniobras fraudulentas con el propósito de dar la apariencia de operaciones comerciales lícitas cuando en realidad no lo son”.
Entre los implicados en este caso figuran el gerente general de OAS en Perú, Valfredo de Assis Ribeiro, y los ejecutivos Leonardo Fracasi Costa, Alfonso Agra de Víctor, Alexandre Alves de Mendoza, Clayton Goncávez Holanda, Fernanda Maima Mathia, Barros Goncalves Meneses, Zaida Salas Santa Cruz, entre otros.
Según el Ministerio Público, una de las declaraciones clave para entender la ruta de presuntos sobornos de OAS sería la de Roberto Trombeta, ex contador de la constructora brasileña, que mencionó ante los tribunales que la empresa hizo contractos ficticios por la obra Línea Amarilla-Vía Parque Rímac. Esto le habría permitido a la empresa desviar y transferir a bancos de Suiza fondos por más de US$6 millones, entre agosto del 2012 y marzo del 2013.
Keiko no es Nadine
No hace falta ser nacionalista para exponer los argumentos que hacen cuestionable la prisión preventiva dictada contra Ollanta Humala y Nadine Heredia (por las debilidades de la resolución judicial en lo que al peligro procesal refiere), incluso cuando se crea que la sentencia final será condenatoria, como lo explicó nítidamente Federico Salazar en esta página hace una semana.
Tampoco se necesita ser fujimorista para notar que el caso de Keiko Fujimori y su aparente vínculo con la constructora brasileña Odebrecht dista, y mucho, del caso de los Humala-Heredia.
Empecemos por las coincidencias. Marcelo Odebrecht, en abril de este año, afirmó ante un juez brasileño que su empresa destinó dinero (US$3 millones para ser exactos) a la campaña nacionalista del 2011. El mismo Odebrecht, en una entrevista con fiscales peruanos en mayo de este año, comentó que, sin saber exactamente la magnitud, sí aportaban dinero a las campañas de los principales candidatos en todas las elecciones, y “con seguridad” en las del 2011 debieron “haber apoyado a Keiko”. Tanto Humala y Heredia como Fujimori han negado la recepción de aportes de Odebrecht y otras constructoras brasileñas.
Ahora las diferencias. Sobre Keiko Fujimori no pesan todos estos indicios que sí recaen sobre los líderes del nacionalismo: No ha habido confirmación de la entrega de dinero, ni la cantidad. No se conoce aún la información que podría dar Jorge Barata, quien fuera el máximo representante de Odebrecht en el Perú y, por ejemplo, atestiguó haber entregado dinero a Nadine Heredia en la mano y en su departamento. Tampoco hay indicios que involucren directamente a la lideresa de Fuerza Popular con el ocultamiento o conversión del dinero de origen ilícito (como, por ejemplo, los contratos simulados con Apoyo Total y las transferencias a la ONG Prodin que se le imputan a Nadine Heredia). Y todo ello sin contar las evidencias del caso de la campaña electoral del 2006, en el que se le imputa al nacionalismo recibir el financiamiento ilegal del chavismo venezolano.
¿Entonces, Keiko es inocente? No lo sabemos. Esto recién empieza y hay mucho por investigar. Pero, a estas alturas, plantear una equivalencia entre los dos casos no se sostiene, más allá de los deseos y antipatías hacia Fujimori de quienes proponen dicha tesis. Están, por otro lado, los escuderos de Keiko que intentan victimizarla con absurdos discursos como el de que ella “es investigada desde hace 17 años”… como si se tratara de un solo caso.
En el medio estamos la gran cantidad de ciudadanos que queremos conocer la verdad (el 76% de los que conocen el caso cree que la fiscalía debe investigarla).
— Hay quienes dicen que es inconducente y redundante crear una procuraduría constitucionalmente autónoma porque ya tienes al Ministerio Público. Además, defienden los intereses del Estado, que son definidos por el presidente y los ministros…
El proyecto que presentó la congresista Vilcatoma se refiere justamente a dotar a la procuraduría de una autonomía constitucional, pero no hubo consenso. Pero mientras el procurador general de la República no sea elegido mediante un mecanismo que no sea a dedo, y que pueda realizar mínimamente procesos autónomos al interior de su entidad, casos como el de la renuncia de Julia Príncipe van seguir repitiéndose.
— Pero en un caso como el de Lava Jato, el Estado tiene que articular una estrategia única para cobrar la reparación civil sin paralizar la actividad. No lo ha podido hacer en parte por la supuesta autonomía de las procuradoras…
Creo que en el caso concreto de Julia Príncipe es uno de percepción personal. Lo que ella cree que es mejor para el Estado y lo que el Ejecutivo pensó que era mejor para el Estado. Lo que creo es que en Lava Jato ha faltado una estrategia integral.
— Pero en parte por culpa de las procuradoras…
Nuevamente, el Ejecutivo tampoco coordina con la fiscalía, no hay quién lidere en el tema Lava Jato en el Perú, y eso nos ha paralizado. En otros países, el Ministerio Público, el Ejecutivo, incluso el Legislativo, tuvieron una estrategia única que era, por ejemplo, lo que se usó en Brasil: priorizar la delación, la delación para recuperar dinero.
— Bueno, es lo que los fiscales han hecho acá. Llegaron a un acuerdo con Odebrecht para que delatara y han delatado una serie de casos.
Pero ha habido un enfrentamiento constante del Ministerio Público con el Ejecutivo, incluso con el poder…
— ¡No! Con las procuradoras, no con el Ejecutivo…
Lo que no ha habido es articulación, yo no he visto una articulación entre la fiscalía y los poderes.
— El proyecto de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha sido criticado por ser potencialmente intervencionista al haber un representante del Ejecutivo y otro del Legislativo. La tesis conspirativa dice que habría un acuerdo implícito entre PPK, Keiko Fujimori y Alan García para controlar designaciones que permitan prevenir peligros en el Caso Lava Jato…
Desde la campaña y en el diálogo entre el presidente y Keiko Fujimori, las fuerzas políticas coincidimos en que debía hacerse una reforma institucional del CNM para tener mejores jueces y fiscales. Pero el proyecto que se ha presentado, y esta es una posición personal, creo que no es el adecuado. Hay que ver el tema de acreditación de participación, cuáles son los gremios que hoy tienen mayor representatividad, cómo ayudamos a los colegios profesionales a tener representatividad...
— Entonces, tú quieres mantener la composición actual del CNM pero mejorando la representatividad de los elegidos…
No, sé que hay que modificarla, pero evitando la politización. Lo que no puede ser es que sean factores políticos los que nos lleven a la elección de los representantes.
— ¿El que haya un representante del Ejecutivo y otro del Congreso en el CNM podría politizar ese organismo?
Podría significar una politización innecesaria en estos momentos del país.
— El plan de Peruanos por el Kambio toma la propuesta de Transparencia, que propone un CNM integrado por representantes del Tribunal Constitucional, la defensoría, la contraloría, el Banco Central de Reserva y la Corte Suprema. Y tres elegidos por concurso público.
Pero el proyecto del Ejecutivo es totalmente distinto.
— Claro, el Ejecutivo no recoge su propia propuesta…
La propuesta de Transparencia es más completa, rompe el esquema de representatividad, que es lo que hay que hacer. Hay que ver qué instituciones están más legitimadas...
— ¿El sistema judicial se puede reformar desde adentro?
Creo que se tiene que reformar desde fuera, y esa es la modificación de la carrera judicial, que nace desde que entras a practicar al Poder Judicial con determinados requisitos, y cómo te sirve ese puntaje para ir escalando en la carrera. El nombramiento en función a méritos.
— Y desde fuera, ¿quién debe hacerlo? ¿El CNM? ¿El Ministerio de Justicia?
Creo que tiene que ser el nuevo CNM. Es imposible que se haga desde adentro.
— En el Poder Judicial hay una corrupción administrativa muy grande y se resisten a pasar a la Ley del Servicio Civil. Lo mismo que los trabajadores del Congreso.
Este gobierno no ha avanzado nada en el régimen del servicio civil, lo ha abandonado, y por eso aparecen proyectos que buscan desafiliarse del régimen. El Estado necesita directores generales y directores bien pagados para competir con el sector regulado. Y con eso, que fue el núcleo de la reforma del servicio civil, tener a los mejores para hacer política pública, no se ha cumplido.
En 2016, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) emitió opinión favorable a que la empresa Open Plaza S.A. pudiera adquirir derechos de propiedad dentro de los 50 kilómetros de frontera entre Perú y Chile; sin embargo, luego retrocedió y envió otro oficio al Ministerio de la Producción, retractándose.
El oficio Nº 6756 CCFFAA fechado el 15 de diciembre de 2016, remitido a la entonces secretaria general del Ministerio de Defensa, Sandra Rossi, fue firmado por el coronel EP Juber Martín Vera Gutiérrez, jefe de la Oficina de Asuntos Nacionales del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; por el capitán de navío Eugenio Rey Sánchez Solano, secretario de la Jefatura del Comando Conjunto de las FF.AA., así como por el capitán de navío Wagner Soria Medina.
“Por lo expuesto, solicito a usted, tenga a bien comunicar al Ministerio de la Producción, que luego de la evaluación efectuada por este comando conjunto, emite opinión favorable para la adquisición de los derechos de propiedad solicitados por la empresa Open Plaza S.A., la cual no se encuentra situada en áreas que son consideradas para la ejecución de operaciones y acciones militares de la 3ra Brigada de Caballería, ni de la Tercera División de Ejército; asimismo, la presencia de dichos derechos de propiedad no obstaculizarían las actividades militares en mención”, indica el documento.
Los firmantes también señalan que el Comando Conjunto, a través del oficio Nº 6105 CCFFAA/OAN/UAM de fecha 10 de noviembre de 2016, informó sobre el requerimiento de la mencionada empresa y de las acciones que estaba realizando, las mismas que de acuerdo a la normatividad vigente, “han concluido con la visita de supervisión, evaluación y coordinación a la zona donde se ha solicitado los derechos de propiedad, llevada a cabo del 7 al 10 de diciembre de 2016”.
El 16 de julio de 2017, Produce emitió la Resolución Ministerial N° 334-2017 a través de la cual se autorizaba la publicación del proyecto de decreto supremo que daba luz verde a las empresas Open Plaza S.A. y Aventura Plaza S.A., a adquirir terrenos en Tacna.
La decisión ocasionó el rechazo del Congreso de la República y la población tacneña.
Mediante Resolución Ministerial Nº 368-2017, el citado ministerio, a cargo de Pedro Olaechea, dejó sin efecto la prepublicación de proyecto. “No se cuenta con opinión favorable, por lo que resulta necesario dejar sin efecto el trámite iniciado”, argumenta.
EXPRESO se comunicó con oficiales del Ejército ligados al Comando Conjunto de la Fuerza Armada, y recibió la versión unánime de que los terrenos que las dos empresas chilenas querían comprar –Open Plaza y Aventura Plaza– están dentro del llamado Teatro de Operaciones del Sur (TOS). Por tanto, se ubican en la “ruta de aproximación de los blindados chilenos y en la zona de operaciones de la defensa peruana ante una eventual ofensiva chilena”, dijo un capitán que solicitó el anonimato. “No es pues cierto que esos terrenos no se encuentren situados en áreas para la ejecución de operaciones y acciones militares”, subrayó el capitán.
El congresista y exjefe del Ejército, Edwin Donayre, informó a EXPRESO que ha pedido a la Comisión de Defensa se cite al ministro del sector, Jorge Nieto, al actual comandante general de las Fuerzas Armadas, José Luis Paredes Lora, a su antecesor el vicealmirante Jorge Moscoso Flores, así como al personal que dio el visto bueno para que el Ministerio de la Producción otorgara el terreno a empresas chilenas.
Recién el viernes 11 de agosto se emitió una nueva resolución (la 368-2017-Produce), que deja sin efecto la resolución previa. No se alude en el documento a opiniones
ciudadanas, sino a posiciones del mismo Ejecutivo, que indudablemente conocía el presidente Kuczynski. Citando numerosos oficios militares emitidos desde el 26 de julio, se indica que la propuesta no cuenta “con opinión favorable” del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Etiquetas: "Bien pagado el costo de quebrar la huelga", como el gobierno ha cedido en casi todo, los recalcitrantes ya no saben qué pedir

References: artículo 27
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 artículo 93
 artículo 204
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