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Timestamp: 2018-05-25 14:40:44+00:00

Document:
Jurisdicción Social: STS UD 21/06/2017 (Rec. 3883/2015): EN CASO DE NULIDAD DE DESPIDO LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA ES COMPETENCIA DEL ORDEN SOCIAL
STS UD 21/06/2017 (Rec. 3883/2015): EN CASO DE NULIDAD DE DESPIDO LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA ES COMPETENCIA DEL ORDEN SOCIAL
ID CENDOJ STS 2690/2017
* SOBRE LOS LÍMITES JURISDICCIONALES EN MATERIA DE EJECUCIÓN (FUNDAMENTO DE DERECHO TERCERO):
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.h) LRJS , los órganos jurisdiccionales del orden social no conocerán de las pretensiones cuyo conocimiento y decisión este reservado por La Ley Concursal a la competencia exclusiva y excluyente del Juez del Concurso. En ese sentido, el artículo 8.3º LC dispone que la jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en «Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado». Por su parte, el artículo 55.1 LC dispone que «Declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor. Hasta la aprobación del plan de liquidación, podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado diligencia de embargo y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor». Y los párrafos 2 y 3 de dicho precepto añaden que: «2.- Las actuaciones que se hallaran en tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos. 3. Cuando las actuaciones de ejecución hayan quedado en suspenso conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez, a petición de la administración concursal y previa audiencia de los acreedores afectados, podrá acordar el levantamiento y cancelación de los embargos trabados cuando el mantenimiento de los mismos dificultara gravemente la continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado. El levantamiento y cancelación no podrá acordarse respecto de los embargos administrativos».
2.- De este conjunto normativo es posible extraer las siguientes consecuencias: 1) Le corresponde al juez del Concurso la competencia para tramitar la ejecución contra los bienes de la empresa concursada, cualquiera que sea el título del que dimane, (incluidos los títulos ejecutivos emanados de la Jurisdicción Social) por así ordenarlo los artículos 8.3 y 55 de la LC .2) Ahora bien, los procesos en ejecución laborales ya iniciados - esto es, con fecha de embargo anterior al tiempo de la declaración del concurso-, podrán proseguir hasta la aprobación del plan de liquidación "siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor". ( art. 55.2 LC ). 3) Las demás ejecuciones laborales que afecten a bienes no necesarios para la continuidad del negocio han de quedar en suspenso (excepción hecha de los créditos amparados por garantía real, art. 55.3 y 4 LC ).
Como se observa, la conclusión principal que, a los presentes efectos, se deduce del análisis de los preceptos examinados implica que el Juez del Concurso conocerá sobre aquellas ejecuciones que contengan algún tipo de apremio que afecte al patrimonio del concursado, bien sea dinerario o de cualquier otro activo. En este sentido, las ejecuciones dinerarias y patrimoniales son competencia exclusiva y excluyente del Juez de lo Mercantil una vez que el concurso ha sido declarado ( artículos 8.3 LC y 55.1 LC ). Por el contrario, en los procesos de ejecución que no supongan un perjuicio para la masa pasiva del concurso, es decir, cuando no revistan carácter patrimonial, la competencia se mantendrá en su juez de origen, en nuestro caso, en el Juez de lo Social. Lo determinante para decidir el órgano judicial competente resulta ser, pues, el contenido patrimonial de la ejecución.
Esta conclusión está avalada por la finalidad de las normas transcritas, por los antecedentes que dieron lugar a la redacción actual de la Ley Concursal y por la propia doctrina de esta Sala.
3.- En efecto, resulta palmario que la medida establecida por los reiterados preceptos de la LC atribuyendo el conocimiento de las ejecuciones con contenido patrimonial al conocimiento exclusivo y excluyente del Juez del Concurso viene dada por la necesidad de evitar que cada uno de los acreedores del deudor pueda realizar su cobro a través de una ejecución separada al margen de la ordenación concursal, perjudicando de este modo a la masa del concurso. En consecuencia, una vez declarado el concurso, la legislación concursal establece la ejecución conjunta preservando la integridad del patrimonio frente a ejecuciones separadas que, de hecho, pudieran distorsionar la aplicación efectiva del principio de la par conditio creditorum . Para ayudar a que se logre este objetivo, se ordena que la competencia sea del Juez del Concurso, finalidad que se anuda a la exigencia de que la materia sujeta a ejecución tenga carácter patrimonial, por lo que, en sentido contrario, hay que interpretar que la ejecución de sentencia de cualquier medida de carácter laboral carente de efectos patrimoniales para el deudor se mantenga en el orden jurisdiccional social. La propia exposición de motivos de la LC señala que "La Ley Orgánica del Poder Judicial, modificada por la Ley Orgánica para la Reforma Concursal, atribuye al juez del concurso jurisdicción exclusiva y excluyente en aquellas materias que se consideran de especial trascendencia para el patrimonio del deudor, aunque sean de naturaleza social, así como las de ejecución y las cautelares, cualquiera que sea el órgano del que hubieran dimanado. El carácter universal del concurso justifica la concentración en un solo órgano jurisdiccional del conocimiento de todas estas materias, cuya dispersión quebranta la necesaria unidad procedimental y de decisión".
La lógica de la tramitación de los preceptos en cuestión también conduce al mismo resultado. Así, el Anteproyecto de Ley Concursal pretendía delegar en el Juez de lo Mercantil toda ejecución realizada contra el concursado, fuera de la clase que fuera. Esta proyectada ordenación era determinante en el supuesto de ejecuciones laborales, pues implicaba dejar todas las ejecuciones en manos del Juez del Concurso. Esta situación cambió a lo largo de la tramitación parlamentaria de la Ley Concursal en el sentido de incluir la delimitación de que las ejecuciones a las que se refiere la ley son las "de contenido patrimonial", las que se refieren "al patrimonio del deudor" o aquellas en las que "se embarguen bienes o derechos del deudor", lo que revela la intención normativa de que el Juez del Concurso sólo será competente sobre aquellas ejecuciones que revistan carácter patrimonial.
Igualmente la doctrina de la Sala conduce a la conclusión expuesta. Así, cuando ha tenido que decidir sobre el órgano jurisdiccional competente para hacer efectivo un aval consignado para recurrir y, por tanto, determinar la puesta a disposición al trabajador vencedor del pleito de la cantidad consignada estableció que lo era el órgano judicial de lo social, puesto que lo que la norma concursal prohíbe al órgano jurisdiccional social es el inicio de ejecuciones de carácter patrimonial una vez declarado el concurso, pero no así el hecho de entregar una cantidad que ya había salido del patrimonio del deudor con anterioridad a dicho momento ( SSTS de 11 de diciembre de 2012, Rcuds. 782/2012 y 440/2012 ). También hemos mantenido la competencia del orden social si en el proceso de ejecución contra empresa concursada, lo pretendido es la ampliación de la misma contra empresas que no están en concurso. En efecto, tal cuestión planteada ha sido resuelta en la STS de 11 de enero de 2017, (Rcud. 1689/2015 ), que ha establecido que la jurisdicción social es competente para resolver si ha existido sucesión de empresa cuando bienes de la concursada son adquiridos por un tercero ajeno al concurso, todo ello en la línea marcada por la Sala de conflictos de este Tribunal, que cuando ha delimitado la competencia entre la Jurisdicción Social y la Mercantil con empresas concursadas, siempre ha establecido la frontera en el elemento subjetivo de la empresa en concurso, de tal suerte que cuando la cuestión planteada se refiere a otras empresas no concursadas la competencia se ha decantado hacia la Jurisdicción Social (así por todos, el ATS Sala Conflictos de 9 de marzo de 2016, Conflicto Comp. núm. 1/2016 y los en él citados). Igualmente, la STS de 17 de mayo de 2017 (Rec. 240/2016) desestima el recurso contra un pronunciamiento de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que había estimado la competencia del orden social para pronunciarse sobre el carácter irregular de una readmisión”.
* SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA EJECUCIÓN EN MATERIA DE DESPIDO (FUNDAMENTO DE DERECHO CUARTO):
“1.- En el ámbito de las ejecuciones especiales, la LRJS delimita, específicamente, un procedimiento para la ejecución de las sentencias de despido que comporten una obligación de readmisión. Se refieren a ellas específicamente los artículos 278 a 286 inclusive de la citada norma , de suerte que tal regulación no es aplicable a los supuestos de ejecución de despido en los que en el título ejecutivo ya se prescinde de la readmisión y en los que se persigue el cumplimiento de una obligación monetaria (indemnización o salarios de tramitación), supuestos en los que la ejecución se dirige a conseguir el cobro de una determinada cantidad dineraria, por lo que -dado su carácter estrictamente patrimonial- la competencia es del Juez del Concurso.
En cambio, en las ejecuciones de despido que conllevan la obligación de readmitir, la pieza fundamental del sistema de ejecución es el denominado incidente de no readmisión que regula el artículo 280 LRJS . Este y otros preceptos de la LRJS proporcionan elementos suficientes para delimitar el objeto de dicho incidente de no readmisión al señalar en su artículo 281.1 que en la comparecencia "la parte o partes que concurran serán examinadas por el Juez sobre los hechos de la no admisión o de la readmisión irregular alegada". De esta forma, queda delimitada la cognición del Juez a la determinación de si se ha producido o no la readmisión en forma, esto es, si se ha llevado a cabo la readmisión y, en éste caso, si ha sido o no regular. Las consecuencias prácticas son, a partir de este punto, las siguientes: si ha habido readmisión regular, el despido ha quedado revocado y el vínculo contractual restablecido, de conformidad con lo estipulado en el título ejecutivo, no dándose, por tanto, la exigencia fundamental de incumplimiento de la obligación, lo que comporta la imposibilidad de su ejecución. Al contrario, si no ha existido readmisión, o ésta ha sido irregular, no se ha cumplido la obligación, por lo que el proceso ejecutivo queda expedito.
Es, precisamente, la limitación de su objeto lo que asimila el incidente más a un proceso de cognición que a un puro incidente de la ejecución. Estamos ante una fase cognoscitiva por parte del órgano judicial; es decir, antes de ejecutar, en sentido estricto, el título, se procederá a "averiguar" si la obligación se ha cumplido y si ese cumplimiento ha sido el correcto y adecuado. Se trata de una fase que, incrustada en el proceso de ejecución, se asemeja más al proceso declarativo puesto que no se pretende directamente aún, el cumplimiento de la obligación de forma específica o por equivalente, lo que se busca es conocer si la obligación contenida en el título ha sido cumplimentada eficaz y correctamente.
2.- Teniendo en cuenta que las previsiones de la LC al establecer la competencia del Juez del Concurso en el conocimiento de las ejecuciones tras la declaración del concurso están delimitadas por su carácter patrimonial, resulta evidente que ello no alcanza al conocimiento y solución de los incidentes de no readmisión cuyo contenido es eminentemente declarativo ya que su objeto se dirige a averiguar si la obligación de reincorporación contenida en el título ejecutivo se cumplió o no de manera efectiva y regular; por lo que establecida esta premisa y las consecuencias que a la misma anuda la ley a través del correspondiente Auto que pone fin al incidente, tal declaración judicial complementa el fallo de la sentencia y tiene ya efectos patrimoniales por lo que su ejecución deberá llevarse a cabo en el proceso concursal. No así la tramitación y resolución del incidente que, por su carácter eminentemente declarativo, corresponde al Juez de lo Social.
3.- Es, por tanto, la sentencia recurrida la que contiene la buena doctrina cuya aplicación al caso debe comportar la estimación del recurso y consiguiente declaración de competencia del Juzgado de lo Social para entender de lo solicitado por los actores, habida cuenta de que lo que pidieron los recurrentes fue la declaración por parte del órgano judicial de que la readmisión no se había producido y de que no se podía producir por haber quedado acreditada la imposibilidad de la readmisión ( artículo 286 LRJS ), cuestiones ambas de carácter declarativo cuya eventual estimación debería conducir al dictado de un Auto en el que se declarase extinguida la relación laboral con la condena al abono de las indemnizaciones y salarios legalmente procedentes.
Sobre estas cuestiones pudo y debió pronunciarse el Juzgado de lo Social y, una vez establecidas, caso de ser estimatorias, la ejecución de las cantidades a que eventualmente pudiera haber ascendido la condena -dado su carácter estrictamente patrimonial- no podría llevarse a cabo por el órgano jurisdiccional social pasando a ser de la competencia exclusiva y excluyente del Juez del Concurso”.
Publicado por JpD Comisión Social en 13:48
Etiquetas: Competencia, Despido, Ejecución de sentencias

References: artículo 3
 artículo 8
 artículo 55
 artículo 280
 artículo 281
 resolución 
 artículo 286