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Timestamp: 2019-06-24 21:20:01+00:00

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Resolución ENRE 0318/2004. Boletín Oficial n° 30.420, jueves 10 de junio de 2004, p. 16.
Citas Legales : Res. ENRE 630/2003, Decreto 00214/2002, Decreto 00320/2002, Ley 25.561, Ley 19.549, Dec. 1759/72 (t.o. 1991)
(Nota: aclarada por Resolución ENRE 472/05 ).
VISTO: el Expediente ENRE Nº 8.920/2000, y
Que el canon fijado fue de dólares sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y ocho (US$ 64.638,00).
Que mediante Resolución ENRE N° 630/03 el organismo dispuso la aplicación del CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) a partir de la fecha del dictado del Decreto N° 214/02 (3 de febrero de 2002) al considerar que dicho Contrato COM se encuentra alcanzado por las disposiciones del art. 11° de la Ley N° 25.561 y arts. 4° y 8° del Decreto N° 214/02.
Que en Nota Entrada N° 86.258 TRANSNOA interpone Recurso de Reconsideración con Alzada en subsidio contra la Resolución ENRE mencionada en el considerando anterior.
Que TRANSNOA entiende que las sumas que reciba como consecuencia de la aplicación del CER sólo pueden ser tomadas como pago a cuenta de la decisión final.
Que también sostiene que el Decreto N° 214/02 es inconstitucional al vulnerar los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional que protegen la igualdad y el derecho de propiedad.
Que de acuerdo a dichos de la Corte Suprema, en la legislación de emergencia (carácter que tiene el decreto mencionado) la restricción al ejercicio normal de derechos patrimoniales tutelados por la Constitución debe ser razonable, limitada en el tiempo, y consistir en un remedio a la grave situación excepcional, sin provocar la mutación en la sustancia o esencia del derecho reconocido.
Que la transportista manifiesta que el Decreto N° 214/02 al pretender modificar en forma definitiva el valor de las prestaciones contractuales pactadas alteró derechos adquiridos en cumplimiento de las leyes vigentes al tiempo de contratar.
Que destaca algunos argumentos de la Corte Suprema en que dijo: “la facultad del Estado de imponer límites al nacimiento o extinción de los derechos, no lo autoriza a prescindir por completo de las relaciones jurídicas concretadas bajo amparo de la legislación anterior, especialmente cuando las nuevas normas causan perjuicios patrimoniales que no encuentran un justo paliativo”.
Que adicionalmente, señala que dicho Tribunal subrayó que cuando durante la vigencia de una norma el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en ella para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido que, como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimido por ley posterior sin agravio del derecho de propiedad; sosteniendo luego que ni el legislador ni el juez podrían en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior ya que, en ese caso, el principio de no retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por la ley suprema.
Que a la luz de lo anteriormente expresado, TRANSNOA plantea que fue y es víctima de la vulneración de su patrimonio, al haberse transpuesto el límite que señala el artículo 28 de la Constitución Nacional afectándose las garantías reconocidas por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional.
Que asimismo, expone el pronunciamiento de la Corte suprema del 5 de marzo de 2003 en donde dice que ha admitido que la pesificación vulnera los derechos adquiridos y arrasa con la garantía de la propiedad destruyendo la seguridad jurídica, donde además, aún admitiendo que el Estado tiene la facultad de reglamentar el derecho de propiedad, reconoce que ello no permite disminuir sustancialmente el valor de una cosa o un bien.
Que luego, deduce que las mecánicas previstas por el Poder Ejecutivo Nacional, como podría serlo la aplicación del CER, cuando se traduce en la imposición de una disparidad entre el valor con el que se pretende cancelar lo debido y el precio de mercado de la divisa que se adoptó como moneda de pago, no aminora los efectos nocivos de la pesificación, resultando ser sólo un paliativo.
Que por todo ello, TRANSNOA manifiesta que no puede aceptar como una solución definitiva la mera aplicación del CER y requiere que a lo así dispuesto se le adicione la porción que refleja más adecuadamente la pérdida impuesta y restaura el equilibrio en la ecuación económica del contrato.
Que por otra parte, de acuerdo a la doctrina de los actos propios, dice que no resulta congruente sostener que las obligaciones emergentes de un contrato en divisas puede ser cancelado legítimamente mediante el pago en moneda nacional a la paridad un dólar un peso, cuando al mismo tiempo se sostiene que las obligaciones pactadas en divisas deben ser canceladas mediante la entrega de la cantidad de moneda local que corresponda a la fecha de pago, que no es otra cosa que lo que pretende la transportista, coincidiendo en estos contratos un mecanismo de estas características donde se encuentra ante un precio fijo en dólares que no resulta violatorio de la Ley N° 25.561 ni del Decreto N° 214/02.
Que siendo así, entonces señala que nada obsta a que se le cancelen los pagos debidos en la divisa pactada o en pesos pero al tipo de cambio correspondiente a la fecha de pago y no a la paridad uno a uno con más el CER.
Que la transportista dice que la solución planteada por el ENRE dispone lisa y llanamente sólo la aplicación del CER, lo que de ninguna manera importa resolver el conflicto traído por las partes sino remitirse únicamente a lo que se identifica como “Régimen Jurídico Aplicable”.
Que además destaca que no cabe, por un lado, remitirse a lo dispuesto por el artículo 8 del Decreto N° 214/02 (aplicación del CER y posterior ajuste equitativo) y, por el otro, limitar los alcances del pronunciamiento a la aplicación del CER.
Que en su petitorio solicita que se ordene a la empresa EDECAT S.A. el pago de las diferencias a favor de TRANSNOA surgidas de la aplicación de las mecánicas adoptadas en la Resolución ENRE N° 630/03, como pagos a cuenta conforme la normativa aplicada emergente del Decreto N° 214/02.
Que adicionalmente pretende que se resuelva el Recurso reconociendo el derecho de la transportista a la intangibilidad de su remuneración contractualmente pactada y a la percepción de la suma debida por sus contrapartes, sin detracción de porción alguna.
Que respecto a los dichos de TRANSNOA en donde manifiesta que el ENRE en su solución se acotó al “Régimen Jurídica Aplicable” al determinar la aplicación del CER, cabe recordar lo manifestado en los considerandos de la Resolución ENRE N° 630/03.
Que allí se expresaba que el procedimiento a adoptar para la recomposición de la ecuación económico-financiera de los contratos COM, surge de la lectura de los arts. 4° y 8° del Decreto N° 214/2002.
Que del marco normativo explicitado en los párrafos anteriores surge que el primer paso para la solución de la controversia entre TRANSNOA y EDECAT es la aplicación del CER.
Que como bien plantea el art. 8 del Decreto N° 214/02, el paso posterior, en caso en que el valor resultante de la cosa, bien o prestación, luego de la aplicación del CER, fuere superior o inferior al del momento de pago, es que cualquiera de las partes solicite un reajuste equitativo del precio.
Que en consecuencia, el ENRE no se limitó exclusivamente a la aplicación del CER, sino que tal como marca el ordenamiento legal para dar solución a este problema, aplicó el primer paso que establece la normativa.
Que para continuar con el ajuste equitativo del precio TRANSNOA, podía presentarse ante el organismo solicitando la apertura de dicha instancia en la medida en que el valor resultante de la aplicación del CER fuera inferior al valor de reposición de la cosa, bien o prestación.
Que en cuanto a la inconstitucionalidad del Decreto N° 214/03 planteada por el recurrente debe tenerse presente que nuestro ordenamiento jurídico adopta el sistema de control constitucional de las normas y es difuso en cuanto al órgano que lo ejerce. Esto significa que el control está a cargo de todos y cada uno de los jueces.
Que por consiguiente, no siendo este Organismo una instancia judicial, no se encuentra facultado para llevar a cabo el control constitucional de dicho decreto ni de ninguna otra norma.
Que en mérito a las consideraciones que anteceden, corresponde rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por TRANSNOA contra la Resolución ENRE Nº 630/03.
Que se ha emitido el correspondiente dictamen técnico y jurídico que respalda la presente Resolución, conforme al inc. d) art. 7 de la ley N° 19.549.
Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD es competente para el dictado de la presente Resolución, en virtud de lo establecido en el art. 56 inc. a) y art. 71 de la ley N° 24.065 y art. 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1759/72 (t.o. 1991).
ARTICULO 1.- Desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto por “TRANSNOA S.A.” contra la Resolución ENRE N° 630/03.
ARTICULO 2.- Notifíquese a “TRANSNOA S.A.”.
ARTICULO 3.- Remítase a la SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN para la tramitación del Recurso del Alzada interpuesto por “TRANSNOA S.A.”.
ARTICULO 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese
RESOLUCIÓN ENRE Nº 318/2004
ACTA Nº 697
Citas legales: Resolución ENRE 630/2003
Constitución Nacional - artículo 28

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 artículo 28
 artículo 8
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