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Timestamp: 2017-11-25 03:51:04+00:00

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Informe General-Febrero 2014 | vgc Abogados
Informe General-Febrero 2014
1. PUBLICACIONES DIARIO OFICIAL
1.1 Normas Ambientales
1.1.1 Requiere Información que Indica e Instruye Forma, Modo y Plazo de su Remisión
Resolución Exenta N° 36, de 28 de enero de 2014
Publicación: 05.02.2014
La mencionada Resolución, está dirigida a los titulares de unidades de generación eléctrica que:
-Estén conformadas por conjuntos de caldera poder-turbina de vapor o por turbina de gas;
-Estén configuradas de forma individual, como ciclo combinado o realicen cogeneración;
-Independientemente de su potencia térmica;
-Independientemente si cuentan o no con RCA
Dichos titulares deberán identificar e individualizar las centrales térmicas, sus unidades de generación eléctrica y sus características, los equipos de abatimiento, los sistemas de monitoreo continuo de emisiones instalados y el acceso remoto a los datos de monitoreo; mediante un formulario electrónico disponible en el sitio web de la SMA (http://snifa.sma.gob.cl/Termoelectricas/centralestermoelectricas).
El plazo de entrega de dicha información es de 30 días a partir del día de la publicación en el Diario Oficial.
En caso de incumplimiento, se considerará una infracción del artículo 35 letra j) de la LO-SMA, pudiendo calificarse de acuerdo a lo establecido en la letra e) del número 1, artículo 36 de dicha ley.
1.1.2 Modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, con el fin de promover la interconexión de sistemas eléctricos independientes
Ley N°20.726
Publicación: 07.02.2014
Dicha ley modifica la Ley General de Servicios Eléctricos con el Fin de Promover la Interconexión de sistemas eléctricos independientes.
Se modifican los artículos 84°, 86°, 91°, 95°, 96°, 97°, 98°, 99° y 116° reemplazándose algunas palabras que hacían excluyente la posibilidad de sistemas de interconexión independientes.
1.1.3 Modifica Resolución N°117 Exenta, de 2013, en los términos que indica
Resolución Exenta N°93, de 14 de febrero de 2014
Publicación: 20.02.2014
La presente resolución, modifica la Resolución Exenta N°117, que dicta e Instruye Normas de Carácter General sobre Procedimiento de Caracterización, medición y Control de Residuos Industriales Líquidos.
• Las modificaciones a la Resolución N°117, son las siguientes:
La resolución reemplaza el Artículo 2°, respecto a la Calificación de la Fuente Emisora, estableciendo un mayor detalle en relación al artículo anterior. Al respecto, la modificación, establece un plazo determinado de 90 días previo al inicio de las descargas, así como la exigencia de presentar lo siguiente:
a) Un aviso de la descarga de residuos líquidos, de acuerdo al formato que establezca la SMA y;
b) Una propuesta de monitoreo mensual de los parámetros más relevantes para el período de evaluación
Asimismo, el titular debe acompañar en un plazo de 30 días desde el aviso del inicio de las descargas, para informar a la SMA los resultados de la caracterización de cada una de las descargas, para determinar si el establecimiento califica o no como fuente emisora. Durante este período, el titular podrá funcionar sin un Programa de Monitoreo, siempre y cuando haya cumplido con el aviso y las exigencias anteriores.
Se reemplaza el artículo 3°, respecto al Programa de Monitoreo. Con la modificación, la SMA fijará el Programa de Monitoreo según la caracterización que lleve a cabo el titular. De esta manera, se traslada la elaboración del Programa de Monitoreo de la SMA al titular, y la primera sólo lo fija mediante la resolución exenta, pero siempre según los resultados que obtenga dicho titular.
Se reemplaza el artículo 4°, respecto al Monitoreo y control de residuos industriales líquidos. La modificación de este artículo, dice relación con los plazos en que deben ser informados los resultados de los monitoreos o autocontroles:
a) Autocontrol: debe remitirse una vez al mes, dentro de los 20 primeros días corridos del mes.
b) Remuestreo: si una o más muestras de autocontrol del mes excede los límites máximos permisibles de la norma de emisión, se debe efectuar un remuestreo, dentro de los 15 días desde la detección de la anomalía y informada a más tardar el último día hábil del mes subsiguiente al período que se informa.
Por último, se modifica la forma de entrega de la información, ya no se exige que sea remitida a la DIRECTEMAR, sino que únicamente debe ser cargada en el Sistema de Ventanilla única del RETC.
• Los artículos transitorios de la Resolución, establecen lo siguiente:
-Artículo primero: se determina un período de marcha blanca desde el 20 de febrero de 2014 al 2 de mayo de 2014, del sistema de fiscalización, en que aquellos titulares que cuentan con Programa de Monitoreo deben seguir informado a DIRECTEMAR.
-Artículo segundo: Sin perjuicio de lo anterior, los titulares que descarguen en aguas marinas o cursos navegables, deben cargar toda la información de autocontrol y remuestreo correspondiente al año 2013, dentro del plazo de 60 días hábiles desde la publicación del DO (plazo vence el lunes 19 de mayo de 2014, considerando días hábiles administrativos).
-Artículo tercero: hasta el 2° de mayo, en que entra en vigencia el sistema de ventanilla única RETC, la información debe ser ingresada de la siguiente manera:
a) Sistema de Autocontrol de Establecimientos Industriales (SACEI) en www.siss.gob.cl para el seguimiento de DS Minsegpres Nº 46/2002, DS Minsegpres Nº 80/2005 y DS Minsegpres Nº 90/2000, este último en el caso de descargas a cuerpos de agua superficiales no navegables.
b) Sistema de Fiscalización de Norma de Emisión de Residuos Industriales Líquidos: en http://vu.mma.gob.cl; diseñado para el seguimiento normativo de DS Minsegpres Nº 90/2000 en relación a residuos líquidos que sean descargados sobre aguas marinas o cursos navegables.
1.1.4 Modifica Decreto N°20, de 2013, en sentido que indica
Decreto N°57, de 31 de diciembre de 2013
Publicación: 21.02.2014
Mediante el presente decreto, se modifica el D.S N°20/2013, del Ministerio del Medio Ambiente, el que estableció la Norma Primaria para Material Particulado Respirable MP10. La modificación, recae en el artículo 14° de dicho decreto, en el sentido de que este no dispuso en su momento la situación de los actos administrativos en que se fundamenta o hacen referencia al Decreto N°59 (que fue derogado por el D.S. N°20/2013), se incorpora un inciso segundo a dicho artículo:
“Sin perjuicio de lo anterior, las referencias hechas al decreto supremo N°59, de 1998, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, en relación a la norma primaria de calidad ambiental para el contaminante denominado material particulado respirable mp10, como concentración de 24 horas en decretos que declaran zonas saturadas o latentes, o que aprueban o modifican planes de prevención y/o descontaminación, así como en cualquier otro acto administrativo dictados con anterioridad a la publicación en el Diario Oficial del presente decreto, deben entenderse hechas al mismo en lo que corresponda. Para estos efectos y para los actos que se dicten a futuro en esta materia, se entenderá que la concentración a la que se refiere la letra a) del artículo 2° del presente decreto, es normalizada por presión y temperatura”.
Asimismo, se incorporó un artículo transitorio, que establece que mientras no se definan en los PPD las metodologías de pronóstico de acuerdo al artículo 5° del DS N°20/2013 MMA, se entenderá que subsiste el artículo 4° del DS N°59 (artículo que se refiere a la metodología de pronóstico de la calidad del aire).
1.2 Normas Sanitarias
1.2.1 Decreta alerta sanitaria y otorga facultades extraordinarias que indica
DecretoN°6, de 30 de enero de 2014
Publicación: 01.02.2014
Se declara alerta sanitaria para combatir el Hanta, cuya vigencia se extiende hasta el día 28 de febrero de 2014. Dicha alerta, otorga a la Seremi de Salud, Subsecretario de Redes Asistenciales, Directores de Servicios de Salud y a los Servicios Públicos y demás organismos administrativos de la Región algunas facultades extraordinarias, que dicen relación con: la adquisición de bienes, servicios o equipamiento necesario para el manejo de la urgencia, disponer prohibición de quemas controladas, requerir a las municipalidades el aspirado y lavado de calles, entre otras.
1.2.2 Modifica el Código Sanitario en Materia de Regulación de Farmacias y Medicamentos
Ley N°20.724
Publicación: 14.02.2014
La ley, reemplaza el Libro Cuarto del Código Sanitario. El Nuevo Libro Cuarto, se titula “De Los Productos Farmacéuticos Alimenticios, Cosméticos y Artículos Uso Médico”, y se divide en cuatro Títulos:
• Título I, “De los Productos Farmacéuticos”, desde artículo 94° al 101°.
• Título II, “De los productos alimenticios”, desde artículo 102° al 105°
• Título III, “De los productos cosméticos y productos de higiene y odorización personal”, desde el artículo 106°al 110°.
• Título IV, “De los elementos de uso médico”, comprendido por el artículo 111°.
Asimismo, se sustituye el Libro Sexto. El Nuevo Libro Sexto, se titula, “De los Establecimientos del Área de la Salud”, compuesto por:
• Título Preliminar, artículo 121°.
• Título I, “De los establecimientos asistenciales de salud”, comprendido por los artículos 122° al 124°.
• Título II, “De los establecimiento de óptica y de otros elementos de uso médico”, desde artículo 125° al 126°.
• Título III, “De los establecimientos del área farmacéutica”, desde artículo 127° al 129 E.
Se deroga el artículo 169°, y se reemplazan los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 174°.
Por último, la ley establece en su artículo 2° la obligación de los proveedores de productos farmacéuticos de publicar los precios de los productos que expendan y los descuentos por volumen. El artículo 3°, a su vez, establece la misma obligación para las farmacias y demás establecimientos autorizados para expender productos farmacéuticos.
1.2.3 Decreta Alerta Sanitaria y Otorga Facultades Extraordinarias que Indica
Decreto N°20, de 24 de febrero de 2014
Publicación: 27.02.2014
El presente decreto prórroga de la declaración de alerta sanitaria por Hantavirus en la Región de la Araucanía. La vigencia de dicha alerta se extenderá hasta el 31 de marzo de 2014.
Mediante la alerta, se le entregan facultades extraordinarias al Ministerio de Salud y algunos servicios públicos, pudiendo realizar acciones de salud pública, así como otras complementarias, destinadas a prevenir y controlar el aumento de enfermedad por Hantavirus.
1.3 Urbanismo y Construcciones
1.3.1 Otorga prórroga de postergación de permisos de construcción para proyectos de edificación que indica en área de la comuna de Valparaíso
Resolución Exenta N°146, de 23 de enero de 2014
Mediante dicha resolución, se prorroga la postergación de permisos de construcción para proyectos de edificación que sobrepasen la altura de 10,50 metros, por un plazo de 9 meses a contar del plazo de expiración de postergación de los permisos vigentes, originalmente dispuesta por decreto Alcaldicio N°3.183. La medida de postergación de permisos, afecta al polígono que abarca Cerro Esperanza, Cerro Placeres, Cerro Barón, Polanco y Molino (deslindes establecidos en detalle en la resolución íntegra).
El plano del polígono indicado se encuentra graficado se denomina “Modificación Plan Regulador Comunal de Valparaíso, declaración de Zona de Conservación Histórica, sector Cerros Esperanza, Placeres, Barón, Polanco y Molino”.
1.3.2 Modifica Decreto N°729/2008 que declara caminos públicos en las áreas urbanas de la Región Metropolitana de Santiago a las Calles o Avenidas que indica
Decreto N°19, de 3 de febrero de 2014
Publicación: 08.02.2014
Se modifica el Decreto N°729/2008, Ministerio de Obras Públicas en el siguiente sentido:
• Se agrega en el numeral 3°, Metrópoli de Santiago, lo siguiente: Sistema vial que interconecta Avenida Américo Vespucio (E14.N) con Costanera Norte Río Mapocho (E6.O), a través de: Avenida El Salto, Camino La Pirámide y Vía Morada.
Cabe señalar que sólo se considerarán caminos públicos para los efectos de lo dispuesto en la legislación sobre caminos públicos, sin que pierdan sus características de vías urbanas.
1.3.3 Designa Caminos Nacionales y Caminos Nacionales con Carácter de Internacional que indica en la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
Decreto N°314, de 3 de diciembre de 2013
1. Modificase la denominación del Camino Longitudinal identificado en el DS MOP N° 301, de 2011, como Paso Baguales – Puerto Natales – Punta Arenas -Fuerte Bulnes – San Juan, que le corresponde el número 9, pasando esta Ruta Nacional a ser individualizada en dos (2) tramos con inicio común en la Plaza de Armas de la ciudad de Punta Arenas, quedando estos tramos identificados como Caminos Nacionales con la siguiente denominación:
– Ruta 9 N: Punta Arenas – Puerto Natales – Río Baguales.
– Ruta 9 S: Punta Arenas – Fuerte Bulnes – San Juan – Río San Pedro.
2. Derógase el Rol Y-325 del camino identificado como “Cruce Ruta 9 – Paso Laurita Casas Viejas”.
3. Declárase como Camino Nacional con Carácter de Internacional a la Ruta identificada como “Cruce Ruta 9 N – Casas Viejas”.
4. Asígnase el Rol Ruta 253 CH, al camino identificado en el punto N° 3 de este decreto, quedando identificado de la siguiente manera:
– Ruta 253 CH: Cruce Ruta 9 N – Casas Viejas.
5. Derógase el Rol Y-205 del camino identificado como “Cruce Ruta 9 (Cerro Castillo) – Paso Río Don Guillermo”.
6. Declárase como Camino Nacional con Carácter de Internacional a la Ruta identificada como “Cruce Ruta 9 N (Cerro Castillo) – Paso Río Don Guillermo”.
7. Asígnase el Rol Ruta 251 CH al camino identificado en el punto N° 6 de este decreto, quedando identificado de la siguiente manera:
– Ruta 251 CH: Cruce Ruta 9 N (Cerro Castillo) – Paso Río Don Guillermo.
8. Actualízase el nombre de la Ruta 250 CH, Cruce Ruta 9 (Puerto Natales) – Dorotea, quedando identificado de la siguiente manera:
– Ruta 250 CH: Cruce Ruta 9 N (Puerto Natales) – Dorotea.
9. Actualízase el nombre de la Ruta 252 Cruce Ruta 9 – Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, quedando identificada de la siguiente manera:
– Ruta 252: Cruce Ruta 9 N – Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo.
10. Actualízase el nombre de la Ruta 255 CH, Cruce Ruta 9 (Gobernador Philippi) – Monte Aymond, quedando identificada de la siguiente manera:- Ruta 255 CH: Cruce Ruta 9 N (Gobernador Philippi) – Monte Aymond.
1.3.4 Aprueba Plan Regional de Desarrollo Urbano Región de Arica y Parinacota
Gobierno Regional XV Región de Arica y Parinacota
Resolución N°87, de 8 de octubre de 2013
El Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU) de Arica y Parinacota, tiene por objetico orientar el desarrollo de los centros urbanos, sirviendo como marco de referencia al conjunto de instrumentos de planificación territorial (IPT) de escala intercomunal (PRI-Planes Reguladores Intercomunales) y comunal (PRC. Planes Reguladores Comunales).
Dicho PRDU se enmarca en la actualización y/o reformulación de todos los instrumentos de planificación territorial, así como la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD).
En resumen, el PRDU se compone de lo siguiente:
1.1 Estructuración del sistema de centros poblados;
1.1.1. Sistema de centros poblados: roles
1.1.2 Unidades Territoriales
1.2 Definición de asentamientos que pueden requerir tratamiento prioritario
1.2.1. Asentamientos con tratamiento prioritario por Centralidad Funcional.
1.2.2. Asentamientos con tratamiento prioritario por Potencialidad.
1.2.3 Asentamientos con tratamiento prioritario por Fragilidad o Vulnerabilidad
1.3 Dotación de ejes de interconexiones del territorio regional
1.3.1 Ejes territoriales estratégicos
1.4 Dotación y requerimientos de infraestructura sanitarias, energética, telecomunicaciones, equipamiento y actividades productivas.
1.5 Definición de prioridades de formulación de los instrumentos de planificación territorial.
1.6 Metas estimadas de crecimiento de los centros poblados
1.3.5 Declara Zona de Remodelación Sector La Legua, Comuna de San Joaquín, y Aprueba Plan Seccional Sector La Legua, de la misma Comuna.
Decreto N°66, de 28 de agosto 2013
Publicación: 17.02.2014
El Pan Seccional se compone de los siguientes Capítulos:
• Capítulo I, Disposiciones Generales, El Artículo 1° se refiere a los instrumentos que componen la Ordenanza Local, Catastro, y los planos denominados “Plano de Zonificación” y “Plano de Espacios Públicos”, los que en conjunto con la Ordenanza conforman un solo cuerpo legal.
• Capítulo II, Descripción del Límite del Plan Seccional:
• Capítulo III, Normas Urbanísticas. En este capítulo, se indica la zonificiación: ZMR1 “Zona de uso de suelo mixto, preferentemente residencial en densidad media”; ZMR2 “Zona de uso de suelo mixto preferentemente residencial en densidad media-baja” y; ZM1 “Zona de uso de suelo mixto preferentemenre residencial y equipamiento en densidad alta”.
• Capítulo IV, Vialidad.
1.3.6 Prohíbe la Circulación de Vehículos Motorizados en tramo de vía que indica
Subsecretaría de Trasportes
Resolución Exenta N°1.004, de 6 de febrero de 2014
Se prohíbe la circulación de todo tipo de vehículos motorizados por calzada oriente de Camino a Lonquén, desde Camino Público a calle El Mirador, así como el paso bajo nivel Carrillos-Lonquén, por un plazo de 45 días corridos contados desde la fecha de publicación en el Diario Oficial. Sólo excepcionalmente podrán circular vehículos de emergencia.
1.3.7 Asigna Nuevas Normas Urbanísticas al Polígono que indica
Decreto N°2.518, de 18 de diciembre de 2013
Se asignan nuevas normas urbanísticas aplicables a polígono A-B-C-D-E-A, descrito en anexo 1, oficio N° 2589/2013 de la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo del Libertador Bernardo O’Higgins, asimilándolas a las de la zona predominante adyacente al terreno, correspondiente a la zona Z-4, definida en la Modificación del Plan Regulador Comunal de Santa Cruz de 1998
1.3.8 Asigna Nuevas Normas Urbanísticas al Polígono que indica
Decreto N°2.582, de 18 de diciembre de 2013
Se asignan nuevas normas urbanísticas aplicables a polígono A-B-C-D-E-F-G-A, descrito en anexo 1, oficio Nº 2589/2013 de la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo del Libertador Bernardo O’Higgins, asimilándolas a las de la zona predominante adyacente al terreno, correspondiente a la zona Z-3, definida en la Modificación del Plan Regulador Comunal de Santa Cruz de 1998.
1.4.1 Deroga, Decreta y Oficializa Norma de la República de Chile
Decreto N°268, de 10 de septiembre de 2013
Se deroga parcialmente el decreto MOP N°314/1077 solo en cuanto se deja sin efecto la norma NCh 1173 of. 76. Acero Alambre liso o con entalladura, de grado AT56-50H para uso en hormigón armado. En su lugar se declara la norma NCh 1173-2010 Acero de grado AT56-50H para uso en hormigón armado-requisitos. La norma entra en vigencia desde su fecha de publicación.
1.5 Minería y Energía
1.5.1 Aprueba Protocolo de Ensayos para la Certificación de los Productos Eléctricos que se Indican.
Resolución Exenta N°2.330, de 20 de diciembre de 2013
Publicación: 04.02.2014
Se aprueba el siguiente protocolo de análisis y/o ensayos de seguridad (dejando sin efecto y reemplazando el protocolo PE N°3/05 de fecha 08.01.2007) para la certificación de los productos eléctricos que se señalan en la siguiente tabla:
El texto íntegro del protocolo, se encuentra disponible en el sitio www.sec.cl.
A partir del 01.12.2015 los fabricantes nacionales, improtadores y comercializadores, deberán contar con los respectivos certificados de aprobación de seguridad, previo a su comercialización.
1.5.2 Aprueba Protocolo de Ensayos para la Certificación de los Productos Eléctricos que se Indican.
Resolución Exenta N°2.331, de 20 de diciembre de 2013
Se aprueba el siguiente protocolo de análisis y/o ensayos de seguridad para la certificación de los productos eléctricos que se señalan en la siguiente tabla:
A partir del 01.01.2015 los fabricantes nacionales, improtadores y comercializadores, deberán contar con los respectivos certificados de aprobación de seguridad, previo a su comercialización.
Los medidores activios, que hayan sido certificados de acuerdo a los protoclos PE N°4/08 y PE N°4/09, de fechas 10.08.2011 y 05.12.2012, respectivamente, que tienen además la función de medición de energía reactiva clases 2 y 3, deberán complementar sólo con los ensayos que hacen referencia a la norma IEC 62053-23:2003.
1.5.3 Aprueba y Reemplaza Protocolos de Análisis y/o Ensayos para los Productos de Combustibles que se Indican.
Resolución Exenta N°2.347, de 20 de diciembre de 2013
Se aprueba el siguiente protocolo de análisis y/o ensayos para ser utilizados por los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayos, en la certificación y ensayo de productos de combustible:
Asimismo, se reemplaza el Protocolo de Anpalisis y/o Ensayos de la Tabla II, por el de la Tabla III:
La entrada en vigencia de los protocolos de las Tablas I y III, entrarán en vigencia a partir del 01.07.2014, y sus textos íntegros se encuentran disponibles en el sitio www.sec.cl. Sin emabrgo, pueden utilizarse desde antes, siempre que existan Organismos de Certificcación autorizada.
Respecto a los Organismos de Certificación autorizados para emitir aprobación e informes de ensayos del protocolo de la Tabla II, pueden ser autrorizados hasta 01.07.2015 para certificar y ensayar los productos de la Tabla III, por un plazo no superior a 12 meses, presentado la documentación que se indica en detalle en la resolución.
1.6 Patrimonio Cultural y Asuntos Indígenas
1.6.1 Declara Monumento Nacional en la categoría de Zona Típica o Pintoresca al “Entorno del Monumento Histórico de la Iglesia Nuestra Señora de Gracia de Nercón”, ubicado en la comuna de Castro, Provincia de Chiloé, Región de los Lagos.
Decreto N°72, de 28 de enero de 2014
Publicación: 28.02.2014
Se declara como Monumento Nacional en categoría de Zona Típica al entorno del monumento histórico de la Iglesia Nuestra Señora de Gracia de Nercón”, ubicado en la comuna de Castro, provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. La zona típica, tiene una superficie aproximada total de 598.006,61 m2.
1.7 Pesca y Acuicultura
No se han publicado normas de pesca y acuicultura en el Diario Oficial durante el mes de febrero de 2014.
1.8 Recursos Hídricos
1.8.1 Declara zona de escasez a la cuenca del Río Laja, Región del Bio-Bío
Decreto N°18, de 8 de enero de 2014
Se declara por un período de 6 meses no prorrogables, zona de escasez a la cuenca del Río Laja. En virtud de dicha declaración, y dado que no existe acuerdo entre los usuarios para redistribuir las aguas, la Dirección General de Aguas (en adelante “DGA”) podrá hacerlo respecto de las aguas disponibles en fuentes naturales, para reducir al mínimo los daños derivados de la sequía. Asimismo, puede suspender las atribuciones de las Juntas de Vigilancia como también los seccionamientos de las corrientes naturales que estén comprendidas dentro de la zona de escasez.
Dicho decreto le otorga determinadas facultades a la DGA, sin sujetarse a las normas del Título I del Libro II:
• Autorizar extracciones de agua sin necesidad de constituir derechos de aprovechamiento de aguas y sin la limitación del caudal ecológico mínimo del artículo 129° bis 1 del Código de Aguas
• Autorizar cualquiera de las autorizaciones del Título I, Libro Segundo Código de Aguas
• A petición de parte, podrá hacerse cargo de la distribución en las zonas declaradas de escasez en las corrientes naturales o cauces artificiales en que aún no se hayan constituido organizaciones de usuarios.
La declaración no es aplicable a las aguas acumuladas en embalases particulares. El decreto entra en vigencia desde que fue dictado.
1.8.2 Declara Zona Seca al Sector de “Limache Viejo” de la comuna de Limache en fecha que señala.
Decreto N°492, de 19 de febrero de 2014
Publicación: 22.02.2014
Se declara como zona seca el sector de “Limache Viejo” de la comuna de Limache, provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso, entre las 00:00 y las 24:00 horas el día 23 de febrero de 2014.
1.9 Flora y Fauna
No se han publicado normas sobre flora y fauna en el Diario Oficial durante el mes de febrero de 2014.
1.10 Municipalidades
1.10.1 Aprueba Ordenanza de Tránsito y Estacionamiento en la Vía Pública.
Decreto Alcaldicio N° 113, de
La Ordenanza tiene como objeto, regular el tránsito en las calles Concepción Godoy, Cura Hidalgo y Juan Larrondo en Canela Baja, considerando el alto flujo vehicular existente los días martes a propósito de la circulación de vehículos por la carretera D-71 y por la cantidad de vehículos que se estacionan adyacentes a la feria.
De esta manera, se regulan las siguientes medidas:
• Se prohíbe el estacionamiento en determinado horario en las calles mencionadas
• Se establecen Zonas de Estacionamientos
• La fiscalización será efectuada por Carabineros, quienes harán las denuncias en Juzgado de Policía Local.
1.10.2 Aprueba Ordenanza Plan Regulador de la Comuna de Colbún
Decreto Exento N°3.673, del 24 de diciembre de 2013
Dicho Plan Regulador, reguló el uso de suelo de la localidad de Colbún, de Panimávida y de Borde Lago.
De manera general, las principales disposiciones son las siguientes:
• Artículo 2°, fija el límite urbano de cada una de las localidades indicadas;
• Artículos 3° y 4°, regula las normas urbanísticas generales, que dicen relación con: la dotación mínima de estacionamientos, los cierros de sitios eriazos (deben tener un 100% de transparencia);
• Artículo 5° regula la zonificación. La zonificación se compone por la zona mixta centro (Z1), Zona Mixta de Densidad Alta (Z2), Zona Mixta de Densidad Media (Z3), entre otras.
• Artículo 6° regula las áreas restringidas al desarrollo urbano, que corresponde al área de inundación por proximidad de esteros, área propensa a fenómenos de remoción en masa y erosiones acentuadas y área de inundación por proximidad a embalse.
• Artículo 7°, regula la vialidad estructurante de cada una de las localidades indicadas.
1.10.3 Prorroga por un plazo de nueve meses la postergación de los permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones para el área circunscrita
Decreto Alcaldicio N°444, de 5 e febrero de 2014
Se prorroga por un plazo de 9 meses la postergación de permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones, dispuesta por el Decreto exento N°3.810, de 4 de noviembre de 2013.
1.10.4 Aprueba Modificación N°2 al Plan Regulador Comunal de Rengo
Municipalidad e Rengo
Decreto Alcaldicio N°14, de 15 de enero de 2014
Publicación: 11.02.2014
Las modificaciones dicen relación con la clasificación de la vialidad estructurarte y prórroga de la Declaratoria de utilidad pública de la Vialidad Estructurarte Comunal del Rengo, específicamente agrega una columna extra a las tablas correspondientes a la vialidad estructurante de las tres zonas denominadas urbanas de Rengo en Capítulo 5 Vialidad (Localidad de Rengo, Localidad de Rosario y Localidad de Esmeralda), artículo 87° “Vialidad Estructurante urbana”, denominada “Clasificación Vial, especificándose si se trata de una vía expresa, troncal, colectora, de servicio o local.
Además, se prorroga por iguales períodos la declaratoria de utilidad pública de la vialidad estructurante comunal de Rengo.
1.11 Otras normas de interés
1.11.1 Fija tasa del impuesto territorial para los bienes raíces no agrícolas, habitacionales, sitios no edificados, propiedades abandonadas y pozos lastreros que indica.
Decreto N°5, de 3 de enero de 2014
El artículo del Decreto, fija la tasa de impuesto territorial de los bienes establecidos en la letra b) del artículo 7° de la Ley N°17.235, en 1,143% al año, aplicable a los bienes raíces no agrícolas correspondientes a sitios no edificados, propiedades abandonadas y pozos lastreros, como asimismo a estacionamientos y bodegas asociados a conjuntos habitacionales acogidos a la Ley N°19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria.
El artículo 3° estipula que la tasa fijada, regirá durante todo el período de vigencia de los reavalúos de la Ley N°20.650, esto es a partir del 1° de enero de 2018 y por un período de 4 años (artículo segundo de Ley N°20.650).
1.11.2 Autoacordado que distribuye las materias de que conocen las salas especializadas de la Corte Suprema durante el funcionamiento Ordinario y Extraordinario.
Acta N°20-2014, de 27 de enero de 2014.
El auto acordado comenzará a regir a partir del día 3 de marzo del presente año y se aplicará respecto de las causas que se encuentren en tramitación ante la Corte Suprema y no incluidas en tabla, aun cuando a esa fecha hubiere ya recaído pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso de que se trate.
El autoacordado establece la siguiente distribución:
• Primero: Distribución de materias durante el funcionamiento ordinario:
A. Primera Sala o Sala Civil:
1° -Recursos ordinarios y extraordinarios de conocimiento de la Corte en materia civil, comercial, laboral y previsional;
2°-De los demás asuntos que incidan en procesos civiles, comerciales, laborales y previsionales que corresponda conocer a la Corte Suprema y que no estén entregados expresamente al Tribunal Pleno o a otra Sala.
B. Segunda Sala o Sala Penal:
1º – De los recursos ordinarios y extraordinarios de conocimiento de la Corte Suprema en materia penal y tributaria.
2º.- De los recursos de apelación deducidos en contra de las sentencias dictadas en recursos de amparo, cualquiera sea la materia en que incidan, con excepción de las que recaigan en la acción constitucional a que se refiere el artículo único de la ley Nº 18.971, sobre infracción al artículo 19 Nº 21 de la Constitución Política de la República.
3º.- De las apelaciones y consultas de las sentencias o resoluciones dictadas por uno de los ministros del Tribunal en las causas a que se refiere el artículo 52 del Código Orgánico de Tribunales.
4º.- De los demás asuntos que incidan en procesos penales, infraccionales y tributarios que corresponda conocer a la Corte Suprema y que no estén entregados expresamente al Tribunal Pleno o a otra Sala.
C. Tercera Sala o Sala Constitucional y Contencioso Administrativa:
1º.- De los recursos ordinarios y extraordinarios de conocimiento de la Corte Suprema en materia contencioso administrativa.
2º.- De las apelaciones y consultas de las sentencias recaídas en los recursos sobre amparo económico previsto por el artículo único de la ley Nº 18.971, sobre infracción al artículo 19 Nº 21 de la Constitución Política de la República.
3º.- De las apelaciones de las sentencias dictadas por el Presidente de la Corte Suprema en las causas a que se refieren los números 2º y 3º, en lo relativo a causas de presas, del artículo 53 del Código Orgánico de Tribunales.
4º.- De las apelaciones de sentencias recaídas en recursos de protección resueltos en primera instancia por las Cortes de Apelaciones del país, y
5º.- De los demás asuntos de orden constitucional y contencioso administrativo que corresponda conocer a la Corte Suprema y que no estén entregados expresamente al Tribunal Pleno o a otra Sala.
• Segundo: Distribución de material durante el funcionamiento extraordinario (salas especializadas)
1º.- De los recursos ordinarios y extraordinarios de conocimiento de la Corte Suprema en materia civil y comercial, incluidos los asuntos conocidos por jueces árbitros y los juicios de quiebra, con excepción de aquellos cuyo conocimiento corresponda a la Tercera o a la Cuarta Sala.
2º.- De los demás asuntos que incidan en procesos civiles y comerciales que corresponda conocer a la Corte Suprema y que no estén entregados expresamente al Tribunal Pleno o a otra Sala.
3º.- De los exhortos internacionales y solicitudes de exequátur que incidan en las materias antes indicadas.
1º.- De los recursos ordinarios y extraordinarios de conocimiento de la Corte Suprema en materia penal, infraccional, de propiedad industrial y tributaria.
2º.- De los recursos de apelación deducidos en contra de las sentencias dictadas en recursos de amparo, con excepción de las que recaigan en la acción constitucional a que se refiere el artículo único de la ley Nº 18.971, sobre infracción al artículo
19 Nº 21 de la Constitución Política de la República, y los que incidan en asuntos regidos por el Derecho Laboral y de la Seguridad Social y el Derecho de Familia.
3º.- De las apelaciones y consultas de las sentencias o resoluciones dictadas por uno de los ministros del Tribunal en las causas a que se refiere el artículo 52 del Código Orgánico de Tribunales, y
5º.- De los exhortos internacionales y solicitudes de exequátur que incidan en las materias antes indicadas.
1º.- De los recursos ordinarios y extraordinarios de conocimiento de la Corte Suprema en materias de orden contencioso administrativo, civiles en que sea parte el Estado y sus organismos, de aguas y de expropiaciones.
3º.- De las apelaciones de las sentencias dictadas por el Presidente de la Corte Suprema en los procesos a que se refieren los números 2º y 3º, en lo relativo a causas de presas, del artículo 53 del Código Orgánico de Tribunales.
4º.- De las apelaciones de sentencias recaídas en recursos de protección resueltos en primera instancia por las Cortes de Apelaciones del país.
6º.- De los exhortos internacionales y solicitudes de exequátur que incidan en las materias antes indicadas.
D. Cuarta Sala o Sala Laboral y Previsional:
1º.- De los recursos ordinarios y extraordinarios de conocimiento de la Corte Suprema en materia laboral, previsional, cobranza laboral y previsional, familia, minería y demás asuntos relativos a ellas.
2º.- De los recursos de apelación deducidos en contra de las sentencias dictadas en recursos de amparo que incidan en asuntos regidos por el Derecho Laboral y de la Seguridad Social y el Derecho de Familia.
3º.- De los recursos ordinarios y extraordinarios de conocimiento de la Corte Suprema en materia civil relativos a responsabilidad extracontractual entre particulares y asuntos no contenciosos civiles.
4º.- De los demás asuntos que le corresponda conocer a la Corte Suprema y que no estén entregados expresamente al Tribunal Pleno o a otra Sala.
1.11.3 Aprueba Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones que indica
Decreto N°18, de 9 de enero de 2014
Publicación: 13.02.2014
El Reglamento viene a regular en detalle las categorías generales de servicios establecidas en el artículo 3° de la Ley N°18.168, Ley General de Telecomunicaciones y se divide en ocho Capítulos:
• Capítulo I: Regula el ámbito de aplicación y establece definiciones. comprende desde el artículo 1° al 10° inclusive. Así, a modo de ejemplo, el artículo 1° indica que el objeto principal del reglamento es regular los derechos y obligaciones tanto de los suscriptores y/o usuarios como de los proveedores de los servicios de telecomunicaciones.
• Capítulo II: establece las Disposiciones Generales, comprende desde el artículo 11° al 29° inclusive.
• Capítulo III: Regula los Servicios Públicos de Voz, comprende desde el artículo 30° al 46°.
• Capítulo IV: Se refiere al Servicio de Acceso a Internet, comprende desde el artículo 47° al 57°.
• Capítulo V: Regula el Servicio de Televisión de Pago, y comprende desde el artículo 58° al 61°.
• Capítulo VI: Se refiere al Documento de Cobro, y comprende desde el artículo 62° al 67°.
• Capítulo VII: Regula las disposiciones Finales, comprende desde el artículo 68° al 76°. Entrega la aplicación y control del Reglamento a la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
• Capítulo VIII: Regula las Disposiciones Transitorias, comprendidas por 4 artículos. El Reglamento comenzará a regir 120 días corridos desde la publicación en el Diario Oficial.
No se publicaron Extractos de Estudios de Impacto Ambiental durante el mes de febrero de 2014.
2. PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS SMA
2.1 Resuelve Procedimiento Sancionatorio Rol D-16-2013 contra Compañía Minera Maricunga, resolución de fecha 29 de enero de 2014.
El procedimiento se inició con la denuncia del Servicio de Evaluación Ambiental (en adelante “SEA”) de la Región de Atacama, informando el ingreso de una DIA titulada “Modificación Proyecto Minero Refugio”-Actualización Instalaciones y Diseños”, en dicha presentación el SEA estimó que titular reconoce diverso incumplimientos a las RCA N°2/94; RCA N°32/2000; RCA N°97/2003; y RCA N°4/2004.
Se inició un procedimiento sancionatorio en contra del titular por los siguientes hechos constatados:
• La correa transportadora de material grueso se encuentra cubierta de forma parcial
• Las pilas de lixiviación de las fases I y II, no se encuentran cerradas y neutralizadas.
• El depósito de descarga del Chancador Primario no presenta paredes ni techo que eviten la dispersión de material particulado;
• Acumulación de residuos de chatarra y madera, apilados sin segregación dentro del patio de salvataje del proyecto. Y acumulación de material en desuso al costado del camino de acceso al patio de salvataje; y
• Se constató la ejecución de diversas obras a modificar los proyectos previamente evaluados, aumento de capacidad instalada del campamento de 300 a 544 personas, sustitución de la instalación de una línea de transmisión eléctrica por la implementación de generadores a combustible, la instalación de una planta de osmosis inversa alimentada por camiones aljibes en lugar de la construcción de un acueducto desde la planta de osmosis ya existente.
El titular, presentó un programa de cumplimiento, el que no fue aceptado por la SMA, la que finalmente resolvió sancionar al titular con una multa que ascendió a 5.122 UTA, por las siguientes infracciones:
• Infracción leve al 35 letra a) de la LO-SMA a las normas, condiciones y/o medidas establecidas en el Resuelvo Segundo de la RCA N°2/1994. Se impone una multa de 90 UTA.
• Infracción leve al artículo 35 letra a) por contravenir las normas, condiciones y/o medidas en los considerandos 3.1, 3.2 y 5.9 de la RCA N°32/2000. Se impone una multa de 1.000 UTA.
• Infracción leve l artículo 35 letra a) por contravenir las normas, condiciones y/o medidas en los considerandos 3.2 y 3.3 letra i) de la RCA N°4/2004. Se impone una multa de 283 UTA.
• Infracción grave l artículo 35 letra b) por desarrollar actividades para los que la ley requiere RCA. Se impone una multa de 3.749 UTA.
Cabe señalar que en relación al artículo 40 de la LO-SMA, las circunstancias consideras por la SMA fueron las siguientes:
• Letra c), Beneficio económico asociado al ahorro con que se vio beneficiado el titular producto de no haberse implementado las medidas o de haber construido obras diversas a las evaluadas.
• Letra d), Intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma.
• Letra e), se consideró como una atenuante la conducta anterior del titular.
• Letra f) la capacidad económica de Compañía Minera Maricunga se consideró al graduar la sanción que corresponde aplicar.
• Letra i), respecto a “todo otro criterio que a juicio de la SMA sea relevante para la determinación de la sanción”, la SMA consideró: (i) la conducta posterior del infractor como atenuante, (ii) la cooperación eficaz en el procedimiento como atenuante, y (iii) el número de condiciones normas o medias infringidas, dado que todas se refieren al mismo hecho infraccional no se consideró como agravante.
2.2 Resuelve Procedimiento Sancionatorio Rol D-011-2013 contra Compañía Minera Los Pelambres (MPL), resolución de fecha 12 de febrero de 2014.
El procedimiento se inició por denuncia del Comité de Defensa Personal Caimanes, en la que se solicita a la SMA investigar y sancionar a MLP por incumplimiento a la RCA N°38/2004, proyecto en operación, por no haberse construido a la fecha a la medida propuesta relativa a la construcción del Parque Rupestre y demás medidas asociadas al patrimonio cultural del área del proyecto, medida de compensación que debía implementarse durante la etapa de construcción del proyecto.
Dicha medida se traduce en:
Incumplimiento de los considerandos 10.3 y 10.4 de la RCA N°38, que consistían en:
a) La creación de un Parque Rupestre en el fundo Monte Aranda, el cual recibiría los distintos elementos arqueológicos descubiertos en las zonas que debían ser explotadas.
b) La construcción de una Sala de Exhibición con la colección de objetos de origen campesino reunidos en el fundo El Mauro.
En relación a estos dos puntos, la MPL intentó cambiar la implementación de dichas medidas por la construcción y habilitación del “Centro de Difusión del Patrimonio Cultural del Choapa” en el fundo Tipay, de propiedad de la misma minera, lo cual fue autorizado por la SEA, mediante carta de pertinencia por considerarse que el cambio no era de consideración. Sin embargo, dicha modificación fue revocada por la Contraloría General de la República, pues cualquier cambio a la RCA N° 38 debía ser autorizado por la Comisión de Evaluación Ambiental, cuestión que era conocida por la MPL.
c) La habilitación de una sala de arqueología y otra sala histórica
d) La edición de un libro sobre la arqueología de El Mauro y Monte Aranda.
e) Reeditar la publicación sobre el valle de Cuncumén, agregando excavaciones de sepulturas y una serie de fechas obtenidas por termoluminiscencia, incorporando la arqueología del valle del Manque.
f) La elaboración de catálogos, trípticos o cualquier tipo de folletería afín con el objeto de divulgar los hitos arqueológicos e históricos de las comunidades adyacentes al estero Pupío.
1. Falta de remisión de antecedentes íntegros correspondientes a la Res. Ex. N°574
El titular en sus descargos, consideró que las acciones judiciales que perseguían impedir la ejecución del proyecto, presentadas durante las obras de construcción del proyecto impactaron en las actividades aludidas. Al respecto, la SMA considera que independiente de ello, una vez dictado un acto administrativo la autoridad no puede discutir su ejecución, sino que debe exigir su cumplimiento atendiendo a los principios de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos. Por ende, no es posible esgrimir como excepción al incumplimiento de las medidas, normas y/o condiciones de la RCA las acciones judiciales indicadas por el titular.
Asimismo, respecto a la línea de base la SMA consideró que desde un principio existió una línea de base arqueológica deficiente, y a la fecha aún no existe un catastro final y definitivo de los sitios arqueológicos existentes y su ubicación actual. Lo mismo ocurre respecto a la falta de información fehaciente acerca del estado de conservación de las piezas de arte rupestre ubicadas en el acopio temporal del Fundo El Mauro y no puede estimarse que las medidas de conservación implementadas hayan sido efectivas.
En el mismo sentido, fue descartado el argumento del titular, en el sentido que las obligaciones de la RCA eran de carácter natural, dado que estas fueron establecidas de manera clara y cierta, y debían ejecutarse durante la fase de construcción.
Al respecto, el titular estima que la infracción se encuentra prescrita dado que se informó el término de la fase de construcción en el 2008. La SMA estima que el plazo de prescripción comenzaría a correr una vez cesada la infracción, lo que no ha ocurrido en el caso, esto porque, al no cumplir con la obligación el titular, el incumplimiento se sigue produciendo continuamente.
Por último, la SMA descarta el argumento de confianza legítima esgrimido por el titular, especialmente porque la CGR llevó a cabo un sumario administrativo en contra del SEA por falta de probidad administrativa e indicó expresamente que debían regularizarse la forma de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de la RCA N°38.
La SMA consideró el no cumplimiento de estas medidas y/o condiciones como graves, considerando que uno de los efectos ambientales más relevantes del proyecto decían relación con el impacto en el componente patrimonial y arqueológico, según el artículo 36 letra e), esto es, aquellos que “incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la RCA”. Lo anterior, se acreditó mediante la constatación de que existen piezas perdidas, algunas en presunto mal estado por haber sido mantenidas en acopios temporales no autorizados y que la comunidad no haya podido tener acceso al valioso patrimonio cultural retenido por el titular.
Respecto a las circunstancias que rodearon el incumplimiento, La SMA consideró que se presentaban las siguientes causales del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LOSMA):
I. Letra a), La importancia del daño causado o del peligro ocasionado: esto, por la pérdida de un bloque de petroglifo denominado “Bloque 25 del MAU 26” y por la falta de información que indique de manera clara y precisa el estado de conservación de las piezas arqueológicas rescatadas, las cuales han debido ser acopiadas de manera transitoria en diversos lugares, inclusive en casas particulares, por no tener un lugar donde conservarlas definitivamente.
II. Letra c), El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción: en virtud del ahorro, sólo en costos de cumplimiento, de $788.809.513 millones de pesos por la no realización de las medidas/condiciones.
III. Letra d), La intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma: considerando las circunstancias particulares de MPL como son, por ejemplo, su experiencia en el mercado, fue posible afirmar que existió intencionalidad en la comisión de los hechos, resultando evidente que el titular infractor ha actuado como autor.
IV. Letra e), La conducta anterior del infractor: en este sentido, y como lo reconoció el mismo titular, MPL ha sido objeto de una serie de procedimientos sancionatorios en virtud de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley N° 19.300 y en el marco de la Ley N° 20.473 (11 en total).
V. Letra f), La capacidad económica del infractor: la cual queda reflejada, entre otras cosas, con el monto de inversión para la ejecución total asciende a US$750.000.000.
VI. Letra i),Todo otro criterio que, a juicio fundado de la Superintendencia, sea relevante para la determinación de la sanción: en relación a este punto, fue considerada la conducta posterior de la MPL como una atenuante de su infracción, pues esta informó a la Superintendencia a lo largo de diversos documentos que dio inicio a las distintas medidas y/o condiciones desde que comenzó el procedimiento administrativo sancionatorio, lo que demuestra una voluntad de dar cumplimiento a las medidas establecidas en la RCA N° 38 considerandos 10.3 y 10.4.
Finalmente, la SMA aplicó una multa de 2.595 UTA, por el incumplimiento de los considerandos 10.3 y 10.4 de la RCA N°38, por tratarse de una infracción al artículo 35 letra a) de la LO-SMA, calificado como grave según el numeral 2 letra e) del artículo 36 de la LO-SMA.
Respecto a la infracción a la Res. Ex. N°574, la SMA absuelve de dicho cargo a MLP, dado que dicha Resolución fue objeto de una actualización mediante al Res. Ex. N°1518/2013 que amplió el plazo para los titulares que tengan RCA favorables otorgadas con anterioridad al 28 de febrero de 2014.
3. JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA
3.1 Dictamen N°8.872, de 05 de febrero de 2014, sobre la caducidad del plazo del recurso de invalidación de actos administrativos y el efecto relativo de las sentencias judiciales.
Se dirigió a Contraloría General de la República (en adelante “CGR”) el Sr. Mauricio Parra Castro, ex funcionario de carabineros para solicitar que se deje sin efecto su baja por mala conducta, con efectos inmediatos.
Al respecto, Contraloría se pronuncia respecto al plazo de dos años para que un acto administrativo pueda ser invalidado, ya sea de oficio o a solicitud de parte, según se indica en el artículo 53° de la Ley N°19.880, “lapso que, acorde con el criterio contenido en el dictamen N°18.353, de 2009, de este origen, entre otros, es de caducidad y no de prescripción, de modo que no puede interrumpirse ni suspenderse por la interposición de reclamos durante su vigencia”.
Asimismo, respecto a la sentencia invocada por el recurrente, CGR se refiere a los efectos relativos de las sentencias judiciales, expresando que “de acuerdo con lo previsto en el artículo 3° del Código Civil, sólo produce efecto en la causa en la que se dictó, alcanzando únicamente a quienes fueron parte de ese proceso, entre los que no se cuenta el recurrente, razón por la cual tal fallo no resulta aplicable a su situación”.
3.2 Dictamen N°8.882, de 05 de febrero de 2014, sobre abstención de pronunciamiento por existir procedimientos administrativos pendientes.
Se dirigió a Contraloría integrantes de la Asociación Gremial de las Escuelaos de Educación Especial en formación, denominada Asociación de Sostenedores de Escuelas Especiales de Lenguaje A.G. (ASSES A.G.), reclamando en contra de distintas resoluciones del Ministerio de Educación que ordenan procesos administrativos por presuntas infracciones a la normativa educacional.
“Sobre el particular, cumple con hacer presente que atendido lo señalado por los propios peticionarios en su presentación, los supuestos procedimientos administrativos sancionatorios se encuentran actualmente en tramitación, por lo que no resulta procedente que este Órgano Contralor emita un pronunciamiento sobre la materia, acorde con lo manifestado por la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 68.840, de 2011, y 25.896 y 54.802, ambos de 2013.
Junto a lo anterior, corresponde señalar que de acuerdo con lo establecido en la ley N° 10.336, que fija su organización y atribuciones, a esta Contraloría General solo le corresponde conocer y pronunciarse sobre las presentaciones deducidas por funcionarios públicos o por particulares, en caso que aquellas se refieran a asuntos en que se haya producido una resolución denegatoria o se haya omitido o dilatado una decisión por parte de la autoridad administrativa, habiéndola requerido el interesado, sin que conste la ocurrencia de tales supuestos en la especie (aplica criterio contenido, entre otros, en los dictámenes N°s. 70.669, 73.263 y 76.712, todos de 2013).” Por ende, CGR se abstiene de omitir opinión.
3.3 Dictamen N°15.006, de 27 de febrero de 2014, sobre posibilidad de revocar una decisión según el artículo 61 de la Ley N°19.880.
Se dirigió a Contraloría el Subsecretario de Salud Pública y el Secretario Regional Ministerial de Salud de Tarapacá, para requerir su reconsideración respecto al dictamen N°60.958 (dictamen que se confirma), de 2013 que determinó la legalidad de la resolución exenta N°2.987, de 2007, por medio de la cual se amplió el plazo hasta 1° de enero de 2017 para que la empresa Aguas del Altiplano S.A. se ajuste a las concentraciones máximas de arsénico permitidas por litro en los términos del Reglamento de los Servicios de Agua destinados al consumo humano, contenido en el decreto Nº 735, de 1969, del Ministerio de Salud, y que simultáneamente declaró que la resolución exenta Nº 245, de 2013, de la misma repartición regional, que dejó sin efecto la primera de las resoluciones mencionadas, no se ajustó a derecho.
Así, en el presente dictamen se discuten dos aspectos, (i) en primer lugar, resolver quien es la autoridad llamada a otorgar la prórroga antes mencionada y, (ii) la posibilidad de revocar un acto administrativo por el mismo órgano que lo dictó (artículo 61 de la Ley N°19.880).
Respecto al primer punto (i), Contraloría sólo se pronuncia en términos particulares, mas no entrega un pronunciamiento general: “Luego, en lo que se refiere a la aclaración que solicita la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Tarapacá, relativa a si todas las autorizaciones sanitarias que está facultado para conceder el Ministro de Salud pueden ser otorgadas por esas reparticiones regionales, cabe manifestar que, dada la amplitud de los términos formulados, en esta oportunidad, esta Entidad de Fiscalización se ve impedida de emitir un pronunciamiento general al respecto” (lo destacado es nuestro).
Respecto al punto (ii), Contraloría se pronunció en el sentido de conceder la categoría de “derecho adquirido” el pronunciamiento otorgado por la Seremi de Salud, que extendió el plazo para dar cumplimiento al reglamento aludido respecto a la norma de arsénico: “aun cuando el acto administrativo haya sido dictado en ejercicio de una potestad desconcentrada, ello no impide que el órgano emisor correspondiente pueda revocar tal decisión, mas, para ello resulta necesario que se dé cumplimiento a los requisitos que, a tal efecto, precisó desde su dictación la ley Nº 19.880, que en su artículo 61, preceptúa que tal medida no procederá en los casos de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente, como se verifica en la especie”(lo destacado es nuestro).
Por ende, la posibilidad de revocar dicho acto se vería limitada: “En consecuencia, y dado que ha surgido un derecho a favor de la compañía Aguas del Altiplano S.A., de una lectura armónica de las normas contenidas en los artículos 7º y 19, Nº 24, de la Carta Fundamental, con los enunciados preceptos de la ley Nº 19.880, la posibilidad de que la Administración pueda dejar sin efecto los actos válidamente emitidos se encuentra limitada. Tal criterio restrictivo de esa potestad revocatoria ha sido recogido en la jurisprudencia de esta Entidad de Fiscalización, como se puede apreciar de los dictámenes Nºs. 49.531, de 2008; 2.079, de 2011, y 7.041, de 2013, entre otros” (lo destacado es nuestro).
4. JURISPRUDENCIA TRIBUNALES DE JUSTICIA
4.1 Tribunales Ordinarios
4.1.1 Corte de Apelaciones de Antofagasta. Recurso de Protección. En autos caratulados. “Paulina Núñez Urrutia y Emile Ugarte Sironvalle con Comisión Regional del Medio Ambiente”, Rol N° 1837-2013, sentencia de 26 de febrero de 2014.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió de manera unánime el recurso de protección, dejando sin efectos las RCAs N°177, 186 y 290 de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, cuyas decisiones fueron consideradas ilegales, por constituir una amenaza al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrado en el artículo 19 N°8 de la Carta Fundamental.
La Corte ordenó complementar el Estudio de Impacto Ambiental calificado favorablemente mediante RCA N°126-2011, “Proyecto Sierra Gorda”, rectificada por la RCA N°037/2011, y mientras esto no suceda “los recurridos deberán abstenerse de realizar cualquier acto que comprenda la ejecución de sus proyectos; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300”.
Cabe señalar que en la presente causa, se acumularon dos recursos de protección.
El primero de ellos, presentado por la diputada electa Paulina Núñez Urrutia y otra, por considerar que las RCAs que fueron dejadas sin efecto, afectan el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Señalan que dichas RCAs calificaron de manera fraccionada el proyecto Sierra Gorda y sus posteriores modificaciones.
El segundo recurso de protección, fue interpuesto por Karen Rojo Venegas, Alcaldesa de la comuna de Antofagasta quien interpuso el recurso de protección no sólo en contra de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, sino también en contra de Minera Sierra Gorda SCM, Terminal Internacional S.A y Antofagasta Railway Company PLC. La recurrente estima que además de afectar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (artículo 19 N° 8 Carta Fundamental), se vulneró el Decreto N°53 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que define la política portuaria para la región.
El Proyecto Sierra Gorda, establecía que el concentrado de cobre que se produzca sería enviado a una planta de filtrado localizada en Mejillones mediante un concentraducto de 141 km., luego filtrado para reducir su humedad y almacenando en una bodega para posteriormente ser comercializado vía marítima.
Sin embargo, la RCA N°290/2012 que calificó favorablemente el proyecto “Actualización Proyecto Serra Gorda”, presentado por Minera Sierra Gorda, se eliminó la construcción del concentraducto y se estableció que se construiría un tramo de 10,5 km, para transportar hasta los puertos de la Región de Antofagasta.
La RCA N°177 que calificó favorablemente el Proyecto “Recepción, acopio y embarque de concentrado de cobre”, presentado por Terminal Antofagasta S.A., contempló la construcción y operación de dos edificios de recepción, un edificio de almacenamiento de cobre y el sistema de embarque de concentrado de cobre, el que sería de aproximadamente 1,100 toneladas al año, que serían transportadas desde la mina Sierra Gorda hasta el Puerto de Antofagasta por ferrocarril.
A su vez, la RCA N°186/2012 que calificó favorablemente el Proyecto “Transporte ferroviario de concentrado de cobre”, presentado por Antofagasta Railway Company PLC, establecía que el transporte de concentrado de cobre se realizaría por vías férreas existentes, desde Minera Sierra Gorda hasta el puerto de Antofagasta.
Los recurrentes alegan que las RCAs vulneran además, los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, considerando que el órgano ambiental recurrido actuó fuera de la órbita de sus competencias contrariando el principio de legalidad al no exigir un EIA en vez de DIA. Por último, su aprobación atentaría sobre el principio preventivo.
La Comisión de Antofagasta, estima que las acciones no son la vía idónea para discutir materias de lato conocimiento. Además, considera que no es evidente que los tres proyectos cuestionados debieran ingresar a través de un EIA. En otro sentido, estima que el artículo 11 bis de la Ley N°19.300 requiere que se acredite la concurrencia de dolo en el fraccionamiento de los proyectos.
Minera Sierra Gorda, estima que la corte sería incompetente para conocer las materias contenidas en el recurso al existir un tribunal especial.
Al respecto, la Corte indica lo siguiente en el considerando noveno: “…Que en lo atingente a la falta de idoneidad por tratarse de una materia de lato conocimiento, corresponde dejar establecido que la ilegalidad reclamada por los recurrentes, referidas a las resoluciones dictadas por el Servicio de Evaluación Ambiental que permiten la construcción actual en el Puerto de Antofagasta y en el futuro el transporte de concentrado de cobre a través de la vía férrea desde la mina Sierra Gorda, por tratarse de un derecho indubitado en cuanto la garantía fundamental de los ciudadanos, protegidos por el Estado de Derecho Democrático, que resguarda el ejercicio legítimo de esta garantía constitucional referida al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, no se requiere un juicio de lato conocimiento para avocarse a la existencia o inexistencia de una acción u omisión ilegal que amenace este derecho…”
Asimismo, en el considerando décimo agrega: “…también se ha reclamado que el artículo 60° de la Ley 19.300 señala que será competente para conocer las infracciones a este cuerpo legal el Tribunal Ambiental, lo que haría desaparecer el recurso de protección; afirmación que debe ser desestimada desde ya, teniendo como base la característica y naturaleza de esta acción cautelar establecida por el constituyente justamente para mantener el Estado de Derecho obligando a las Cortes de Apelaciones adoptar de inmediato providencias que juzgue necesaria para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado…”
Respecto a la normativa infringida que indican la segunda recurrente, la Corte estima lo siguiente en el considerando décimo tercero: “…Decreto 53 ya referido, no regulan en forma precisa aspectos vinculados con un estudio o declaración de impacto ambiental, sino refieren específicamente políticas de Estado dirigidas al uso eficiente de bienes públicos en cuanto al uso del borde costero, que es sólo un sub aspecto de la visión holística que debe tener el estudio o la declaración de impacto ambiental, en suma, se trataría de aspectos técnicos que no es posible tratarlos en este recurso, no sólo por el procedimiento establecido, sino específicamente por la naturaleza del mismo que se vincula a derechos indubitados e ilegalidades evidentes o manifiestas…”.
A continuación, la Corte procede a verificar la ilegalidad de las DIA cuestionadas a la luz de la normativa ambiental, resaltando la aplicación del principio preventivo y principio participativo.
Posteriormente, analiza las modificaciones al Proyecto Sierra Gorda a la luz del artículo 25 quinquies y la relevancia de la línea de base en un EIA, lo que se plasma en el considerando décimo séptimo, en que se refiere a la modificación del proyecto Sierra Gorda mediante una DIA: “…al calificar ambientalmente favorable dicho proyecto, incurrió en una omisión sustancialmente grave desde que no advirtió la modificación de la línea de base incluyendo una nueva comuna –Antofagasta- saliéndose completamente del estudio de impacto ambiental cuando decidió comunicar en el punto 2.3.2 la “exclusión o no construcción del sistema de transporte de concentrado, esto es, la actualización del proyecto Sierra Gorda considera el transporte del concentrado de cobre, mediante Ferrocarril y/o camiones por lo que excluye del Proyecto la construcción del mineroducto y de todo el sistema de transporte de concentrado mediante esta modalidad…“ desconociéndose en esta línea de base, cuando se reemplaza el concentraducto mediante el envío de concentrado de cobre a través de camiones y ferrocarril…El actual sistema considera flexibilizar el envío de concentrado de cobre… De lo que se deduce que se ha desmembrado el proyecto original traspasándolo a otras empresas…”.
Sin embargo, más adelante en el mismo considerando, descarta que exista fraccionamiento, según el artículo 11 bis de la Ley N°19.300: “…Son todos estos aspectos lo que la legislación ambiental ha sistematizado a partir a la Ley 19.300 y su modificación con la Ley 20.417, que incluso se puso en la situación de que varias declaraciones de impacto ambiental obvien un estudio, que no es el caso, por lo tanto, no se trata de un fraccionamiento en los términos del artículo 11 bis, sino de entender esencialmente cuáles son los límites del estudio de impacto ambiental…”.
Por último, en relación al principio participativo, y a modo de resumen estima lo siguiente en el considerando décimo noveno:
“…ha habido una afectación al derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, la que no sólo incluye el aspecto atmosférico o de polución, sino un conjunto de elementos que deben ser considerados holísticamente y que la ley los menciona, por lo que ninguna falta de certeza jurídica puede reclamarse, desde que a la Comunidad de Antofagasta en términos de personas naturales y organizaciones ciudadanas no se les puede exigir lo imposible, en la medida de que se prescindió del elemento esencial del Estudio de Impacto Ambiental de la consulta de la comunidad, el que no se hizo a partir de la modificación de la línea de base, que incluyó una nueva comuna y que los organismos estatales estaban obligados a advertir esta omisión, para corregir un procedimiento claramente establecido en la ley…”.
“Ninguno de los recurridos ha podido tener un derecho adquirido a propósito de la declaración de impacto ambiental que desconoce abiertamente los objetivos de la ley y los procedimientos preestablecidos, reafirmados por el respectivo reglamento, en cuanto toda actividad de esta índole, especialmente minera, no sólo requiere del estudio del impacto ambiental, sino de la consulta a la comunidad”.
4.2 Tribunales Ambientales
No se dictaron fallos de relevancia durante el mes de febrero de 2014.

References: Resolución 
 artículo 35
 artículo 36
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 Artículo 2
 artículo 3
 resolución 
 artículo 4
 artículo 14
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 94
 artículo 102
 artículo 106
 artículo 111
 artículo 121
 artículo 125
 artículo 127
 artículo 169
 artículo 174
 artículo 2
 artículo 3

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 Artículo 1

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 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 artículo 87
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 19
 artículo 52
 artículo 19
 artículo 53
 artículo
19
 artículo 52
 artículo 53
 artículo 3
 artículo 1
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 artículo 11
 artículo 30
 artículo 47
 artículo 58
 artículo 62
 artículo 68
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 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 40
 resolución 
 artículo 36
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 artículo 64
 artículo 35
 artículo 36
 Resolución 
 artículo 53
 artículo 3
 resolución 
 artículo 61
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 artículo 61
 artículo 19
 artículo 25
 artículo 11
 artículo 60
 artículo 25
 artículo 11
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