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Timestamp: 2018-04-21 13:39:58+00:00

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diciembre | 2009 | La Alameda | Página 2
La periodista Rocío Ilama publicó en el diario Página 12, al otro día de la movilización a procuración un muy buen artículo:
Más de doscientas organizaciones adhirieron a la marcha para reclamar el cumplimiento de una resolución del procurador Righi, que ordenó a todos los fiscales promover el cierre de los locales donde se investigan casos de trata.
“Que se cumpla la ley.” Bajo esa consigna, más de 200 organizaciones se movilizaron para denunciar el funcionamiento en la ciudad de Buenos Aires de más de 600 prostíbulos, donde se explota a mujeres, posibles víctimas de la trata de personas. Los manifestantes marcharon desde Callao y Santa Fe hasta la Procuración General de la Nación, donde entregaron un petitorio. Los prostíbulos están prohibidos en la Argentina por la ley nacional de profilaxis –Nº 12.331– desde 1936. “Pero debido a la complicidad de la policía, muchos continúan en pie”, aseveró Viviana Caminos, integrante de la Red Alto al Tráfico y a la Trata (RATT). La recopilación de las denuncias estuvo a cargo de distintas organizaciones sociales, “aunque es un trabajo que debería hacer la Policía junto con los organismos de inspección”, afirmó Gustavo Vera, de la Fundación La Alameda, una de las entidades convocantes. “Si la Justicia necesitaba pruebas para actuar, ahora las tiene. Ya no hay excusas”, agregó. Con ese fin, se presentó al procurador general el listado de distintas casas de prostitución en la ciudad, para exigir su cierre y el rescate de las víctimas de trata.
Las casas de prostitución “son el caldo de cultivo del crimen organizado”, sentenció Vera. Además de la trata y del tráfico de personas sometidas a la esclavitud sexual, en ellos se cometen otros delitos, “como la explotación de menores, la reducción de personas a la servidumbre, el narcotráfico y el proxenetismo”, advirtió Juan Grabois, docente e integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Estos hechos “se están produciendo bajo la vista de todo el mundo. Todo bajo el amparo de un sistema de coimas que lo resguarda, y oculta un gran negocio sobre la base del sufrimiento de mujeres y niñas”, señaló.
La prostitución como actividad por elección personal no está prohibida; sí lo están los prostíbulos en todas sus formas. Estas casas o departamentos en los que se ejerce la prostitución, como también el proxenetismo, están prohibidos por los artículos 15 y 17 de la Ley 12.331.
Según Vera, “el sistema prostibulario funciona debido a la complicidad de la policía, los organismos de inspección y el poder político tanto a nivel nacional como municipal”. En la misma línea, Caminos afirmó que “la policía es cómplice necesario para la existencia de esta actividad. Si no, no se explica cómo muchas veces los prostíbulos están ubicados a la vuelta de algún departamento policial”, agregó la representante de la RATT.
El procurador General de la Nación, Esteban Righi, ordenó en agosto último a todos los fiscales penales del país que busquen y liberen a las víctimas de la trata en los prostíbulos y que cierren los locales involucrados. Es decir que esta resolución pretende hacer cumplir la Ley 12.331. Con ese mismo objetivo se movilizaron las distintas organizaciones sociales, políticas, vecinales, feministas y religiosas, acompañando la presentación de las 613 denuncias a la Procuración, a fin de que se proceda al cierre efectivo de esos locales.
Sin embargo, “se plantea una dicotomía por parte del Estado”, ya que por un lado se insiste en el cumplimiento de la ley, por lo que se exige que los fiscales clausuren los prostíbulos, pero por el otro, en algunas provincias se intenta establecer un marco regulatorio para la actividad y permitir así la existencia de estos locales, explicó Vera. “Tal es el caso de la provincia de Santa Cruz, donde el gobierno se mostró partidario de reglamentar la prostitución”, afirmó. “La instrucción no debe ser letra muerta, tiene que tener eco en todo el país”, destacó Caminos.
El listado con los 613 prostíbulos, en el que se adjuntan las direcciones, los teléfonos y en algunos casos los nombres de los propietarios de las casas, fueron recopilados a partir de las denuncias que provienen de la sociedad civil, los clasificados de los diarios y los avisos y volantes en la vía pública. Liniers, Flores, Congreso, Constitución, Microcentro y Once son los barrios porteños donde se registra la mayor cantidad de denuncias por el funcionamiento de las casas de prostitución. Además de ser entregadas a la Procuración General, fueron enviadas a la agencia de control comunal y a la justicia contravencional.
Este mismo trabajo “será extendido a distintas provincias, como Buenos Aires, Córdoba y La Pampa”, adelantó Vera.
El reclamo de los manifestantes estuvo sintetizado en uno de los estandartes: “Aparición con vida para las víctimas de la trata y castigo a los responsables y los cómplices”. Por su parte, Vera aseveró que “frente a la constatación de las pruebas, el Estado no puede hacer otra cosa que actuar. Y ahora sí se verá cuál es su verdadero rol” en este tema.
Estos son los policías que viven del tráfico de personas, la esclavitud sexual y el narcotráfico que a la vez hacen de custodios del jefe de los fiscales, el procurador Esteban Righi.
La denuncia penal por 600 prostíbulos porteños
1. Texto de la denuncia penal que será presentada el martes 15 ante la Procuración General de la Nación y también en la Agencia de Control Comunal y la Fiscalía Contravencional de la CABA
2. Comunicado consensuado convocando a la movilización del martes 15 firmado por más de un centenar de organizaciones.
3. Llamamiento que dio origen a esta convocatoria
4. Se entregarán a los organismos públicos de 613 direcciones de prostíbulos en la Capital; 178 números de teléfonos de prostíbulos porteños anunciados públicamente en los que no figura su dirección en la web y 20 direcciones web de prostíbulos. Solicitar a quien quiera la nómina completa de los mismos.
Gustavo Vera (La Alameda)
Señor Procurador General de la Nacion:
Gustavo Javier Vera DNI 16.952.954 por la Fundación Alameda; Juan Grabois DNI 30.334.765 por el Movimiento de Trabajadores Excluídos; Mercedes Inés Assorati DNI 16.764.101 por el Programa Esclavitud Cero; María Fabiana Tuñez DNI 16.137.151 por la Asociación Civil Casa del Encuentro; Claudia Fernanda Gil Lozano DNI 12.792.615 en su calidad de Diputada Nacional; Sara Torres DNI 3.948.619 por Diirectorio argentino de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños; Fernando Mao DNI 14.751.429 y Viviana Caminos DNI 13.506.313 por la RATT Argentina con el patrocinio legal del los Dres Rodolfo Yanzón (T° F° CACF) y Mario Fernando Ganora (T° 36 F° 227 CACF) con domicilio en Avda Callao 178 Piso　5° de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires, constituyendo conjuntamente el procesal en Directorio 3998 CABA respetuosamente dicen:
Por el presente, venimos a denunciar los locales que se mencionan en la nómina del Anexo I del presente a los fines de que se investigue la presunta comisión de los delitos previstos y reprimidos en los arts. 117, 120 y 121 de la ley 25.871; 125 bis, 126, 127,　140, 145 bis y 145 ter C.P.; y 15 y 17 de la ley 12.331 por parte de los responsables de la red de prostitución que a continuación se describirá y sus eventuales cómplices y encubridores.
Esta denuncia tiene particularmente en cuenta la Resolución n ° 99/2009 de la Procuración General de la Nación orientada a la lograr la clausura de las casas de tolerancia tal como las define el art. 15 de la ley 12.331 en función de lo dispuesto en el art. 6 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y los arts. 1,2,3,y 4 del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena del 2 de diciembre de 1949, ratificado por ley 11.925. La Resolución n° 99/2009 constituye un gran avance en la lucha contra la discriminación de la mujer y a favor de la libertad y dignidad humanas.
Sin embargo, no podemos dejar de señalar que sus disposiciones están siendo resistidas no sólo por la inercia de los funcionarios policiales y de los magistrados del Poder Judicial de la Nación sino también por la voluntad contraria al derecho de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, cuyos integrantes pretenden que la explotación de la prostitución ajena en casas de tolerancia por parte de los proxenetas está tutelada por el art. 19 de la Constitución Nacional.
Las presente denuncia versa sobre la existencia de una conocida y pública red de locales donde se ejerce ostensiblemente la prostitución, y probablemente la trata de personas con fines de explotación sexual　y la reducción a servidumbre de las personas que ejercen el meretricio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La nómina y ubicación precisa de estos locales es la que se detalla en el Anexo I que se agrega a continuación:
Al igual que en los casos anteriores se trata en muchos casos de locales abiertos al público que con la aparente habilitación de locales bailables, bares y cafés desempeñan este menester. En otros casos de locales que si bien no tienen esas habilitaciones realizan publicidad de su actividad por medio de la prensa y de volantes en la vía pública.
Los locales abiertos al público que desvirtúan el rubro de su habilitación funcionan habitualmente desde las 23. horas hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Se caracterizan por tener carteles que indican el nombre del establecimiento en su frente o que sugieren su actividad como casa de tolerancia y operan con música muy fuerte que trasciende al exterior y casi sin luces internas.　Concentran un número importante de mujeres provenientes de distintas provincias de la República Argentina　de países limítrofes como la República del Paraguay que exhibiéndose en ropa interior o en forma muy llamativa ejercen la prostitución. Los otros locales, denominados “privados” en la jerga de esa criminalidad, operan las veinticuatro horas del día de estar a su publicidad.
A raíz del funcionamiento de estas casas de tolerancia se produce un significativo incremento de la inseguridad toda vez que los vecinos manifiestan　desde hace tiempo:
* Connivencia activa o pasiva de las autoridades policiales y de los funcionarios del Gobierno local o Nacional que toleran y amparan estas actividades haciendo caso omiso de las denuncias.
Resultaría de la persistencia de este fenómeno que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no existe la voluntad política de hacer cumplir la ley 12.331 y el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena , ratificado por ley 11.925 que obliga al cierre de los prostíbulos en todo el territorio nacional y al castigo de los proxenetas. Es evidente que las máximas autoridades de la Administración nacional y local encargadas de velar por la seguridad, salud e higiene públicas, no se consideran obligadas por las disposiciones de los arts. 15 y 17 de la ley 12.331 y del art. 2 del　Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, puesto que de otro modo no se entiende como es posible el hecho publico y notorio del funcionamiento abierto y escandaloso de numerosísimas casas de tolerancia a pesar de que esta actividad está prohibida por ley nacional (12.331) desde el año 1936. El hecho de que las mencionadas autoridades permanezcan indiferentes y sin disponer medidas conducentes a combatir este fenómeno delictivo es revelador de que la tolerancia de los prostíbulos es una política de estado. Las autoridades no entienden que el funcionamiento de los prostíbulos sirve de factor determinante para la estructuración de las redes de trata con las características que prevé el Protocolo de Palermo, ratificado por ley 25.632, y la ley 26.346.
En efecto, en　la medida en que no se cierren los prostíbulos resultará imposible luchar contra los fenómenos asociados a ellos y que están básicamente enunciados en la doctrina de los tratados internacionales mencionados.
Aquí corresponde señalar que no podemos dejar de mencionar, a contrario del criterio expuesto por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital in re “Rojas, Isabel y otros s/ procesamiento”, resuelta el día 19 de agosto de 2009 (causa n° 42.719), que es un deber constitucional la represión del proxenetismo y la clausura de los prostíbulos para proteger los Derechos Humanos contemplados en la Ley Fundamental y los tratados internacionales ratificados por nuestro país.
Las razones que justifican esta afirmación son las siguientes:
La explotación de la prostitución ajena en casas de tolerancia (art. 15 de la ley 12.331) no es una conducta sexual amparada en el art. 19 de la Constitución Nacional. La conducta de sostener, administrar o regentear una casa de tolerancia nada tiene que ver con la intimidad sexual en sí misma. Esas conductas pueden ser perfectamente realizadas por verdaderos ascetas que abominen del sexo. Las conductas mencionadas en los arts. 15 y 17 de la ley 12.331 conciernen a actividades comerciales y a determinados usos de la propiedad sobre locales y establecimientos que la ley prohíbe y reprime.
La Constitución Nacional permite a las autoridades nacionales y locales en ejercicio del poder de policía prohibir actividades comerciales o la utilización de la propiedad en perjuicio de los demás y en beneficio de la salud pública conforme lo dispuesto en el art. 14 C.N.. La ley 12.331 de Profilaxis de las Enfermedades Venéreas consideró entre otras cosas que esta actividad comercial de explotación de la prostitución ajena no sólo era inmoral sino además peligrosa para la salud pública y que no había ninguna posibilidad de reglamentarla para tornarla inocua. En consecuencia, el legislador decidió prohibirla. Pese a la opinión de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, estas normas que despectivamente son llamadas de “biopolítica” con alusión a las doctrinas del ensayista Michel Foucault, constituyen una adecuada reglamentación del art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene jerarquía constitucional. La salud pública es un derecho o más bien un bien jurídico que está por encima de la libertad de comercio, de empresa y del uso de la propiedad (CSJN Fallos 117:432; 118:278; 136:161; 142:62, 171:88, 171:360; 199:483, etc) . En este sentido cabe traer a colación la antigua y siempre reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación enunciada por su entonces presidente, el Dr. José Benjamín Gorostiaga, quien había tenido el honor de ser entre otras cosas, el miembro informante de la Convención Constituyente de 1853 en el leading case “Podestá, Santiago y otros c/Provincia de Buenos Aires s/indemnización de daños y perjuicios” del 14 de mayo de 1887: “ninguno puede tener un derecho adquirido de comprometer la salud pública y esparcir en la vecindad la muerte y el duelo con el uso que haga de su propiedad, y especialmente con el ejercicio de una profesión o de una industria”… “la autorización de un establecimiento industrial está siempre fundada en la presunción de su inocuidad, y no obliga al Gobierno que la concedió, cuando esta presunción ha sido destruida, por los hechos, pues en tal caso, el deber que sobre el pesa de proteger la salud pública contra la cual no hay derechos adquiridos, recobra toda su fuerza y no solamente puede imponer al establecimiento nuevas condiciones, sino retirar la autorización concedida, si estas no cumplieran o fuesen ineficaces para hacerlos totalmente inocuos”.
La explotación de la prostitución ajena como forma de discriminación contra la mujer atenta contra bienes jurídicos contemplados expresamente en la Constitución Nacional, lo que justifica la conminación de sanciones de naturaleza penal sin quebrantamiento alguno del principio de lesividad. En efecto, la discriminación constituye una violación del principio de igualdad ante la ley (art. 16 C.N.), que justifica la interposición de la acción de amparo (art. 43 C.N.) y que motiva la intervención del Defensor del Pueblo (art. 86 C.N.). Los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos con jerarquía constitucional establecen la obligación de los Estados Partes de luchar contra la discriminación (arts. 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 24 de la declaración Americana sobre Derechos Humanos, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). La discriminación contra la mujer, de acuerdo con los considerandos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre en la vida política, social, económica y cultural de su país, constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y la humanidad. Por lo tanto, no corresponde que tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires omitan el cumplimiento de las leyes reglamentarias de normas expresas y específicas destinadas a la prohibición y represión de la explotación de la prostitución ajena sobre la base de que no son lesivas de bienes jurídicos. Cabe destacar que según la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer la explotación de la prostitución ajena en todas sus formas constituye una forma de discriminación contra la mujer contemplada expresa y específicamente en el art. 6. Este instrumento internacional de Derechos Humanos tiene jerarquía constitucional conforme lo establecido en el art. 75 inc. 22 C.N. Las disposiciones de este tratado, en las condiciones de su vigencia, no derogan artículo alguno de la primera parte de la Ley Fundamental y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. En consecuencia, no corresponde interpretar el art. 19 C.N. en colisión con el art. 6 de la Convención mencionada sino compatibilizando ambas normas de acuerdo con los criterios exegéticos tradicionales en materia constitucional. El art. 75 inc. 23 C.N. obliga al Congreso a legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de lso derechos reconocidos por la Ley Fundamental y por los tratados internacionales vigentes sobre Derechos Humanos, en particular respecto de las mujeres, ente otros. En consecuencia, el Gobierno Nacional está obligado a legislar para prohibir y reprimir todas las formas de explotación de la prostitución de mujeres y niños. La ley 12.331 es en la actualidad la única norma que reúne este requisito de completa generalidad de la prohibición.
La explotación del hombre por el hombre (art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), la esclavitud, la servidumbre, la trata de personas (arts. 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y la explotación de la prostitución ajena (arts. 6 de la Convención Americana sobre derechos Humanos y 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) constituyen formas específicas de violación de los Derechos Humanos que los Estados deben reprimir. Las víctimas de estos hechos no pueden con su consentimiento, aunque lo hubieran dado y mantenido válidamente, justificar o exculpar a los autores y partícipes de esta clase de hechos por cuanto está en juego el orden público nacional e internacional. En este sentido vale el principio de que los Derechos Humanos son inalienables, irrenunciables e imprescriptibles. Por lo tanto, la renuncia a ellos es de ningún valor (art. 19 del C.C.).
Según el art. 31 y 75 inc. 22 C.N. la Convención para la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena forma parte de la ley suprema de la Nación y tiene jerarquía superior al derecho interno por lo que las autoridades nacionales y locales tiene la obligación de acatarlo en la medida de sus posibilidades..
Se tenga por presentada la denuncia formulada.
Se tenga por ofrecida la prueba aportada en el Anexo I
Se de el curso correspondiente instruyéndose a los fiscales para que procedan de conformidad con lo dispuesto en el art. 33 incs. d) y g) de la ley 24.946
Las organizaciones sociales, políticas, religiosas y feministas abajo firmantes que combaten la trata de seres humanos en la Argentina, presentarán el 15/XII/09 al Procurador General de la Nación. Dr. Esteban Righi un listado de más de 500 prostíbulos que operan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exigiendo su cierre.
Las organizaciones sociales, políticas, religiosas y feministas firmantes exigimos se cumplan las Leyes Nacionales y el Código Penal y se termine con esta aberrante protección estatal. Hacemos votos para que en estas fiestas veamos prostíbulos clausurados y miles de víctimas celebrando con sus familias en libertad.
FUNDACIONES: FUNDACION ALAMEDA – ANDRES GUACURARI (POSADAS, MISIONES) – ARTURO ILLIA (POSADAS, MISIONES) – EL OTRO – FEDERACION FADO- FILATINA (FUNDACIÓN INTEGRADORA LATINOAM. AMBIENTAL) – GES (GRUPO DE ESTUDIOS SOCIALES) – GISELE SHAW- HIV SIDA – FUNDACION HOSPITALARIA – FUNDACIÓN JUDAICA – LUIS FARINELLO – FUNDACIÓN MARÍA DE LOS ÁNGELES PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS – FUNDACIÓN MUJERES EN IGUALDAD. ASOCIACIONES CIVILES Y COOPERATIVAS: ASOCIACION CIVIL AFETT (ASOCIACIÓN EJECUTIVAS EMPRESAS TURÍSTICAS) – ASOCIACION CLUB DE MADRES Y ABUELAS (BELGRANO –CABA) – ASOCIACION ZONTA INTERNACIONAL (RIO GALLEGOS, STA CRUZ) – ASOCIACIÓN PABLO BESSON, PROGRAMA: «ABRIENDO EL CAMINO» – ASOCIACION CIVIL POR NUESTRA CIUDAD – ALCALEN (CHUBUT) – ATEC. SOLIDARIA – ALIANZA POR TUS DERECHOS (COSTA RICA) – AMIGOS DE LUZ DE INFANCIA 8PTO. IGUAZU) – CEDEM (CENTRO DE LA MUJER DE SAN FERNANDO) – CEIM (GUALEGUAYCHU) – CENTRO CULTURAL FERROVIARIO EL PERRO (CABA) – CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DEL COMAHUE (CEDHCO) – CIRSA (CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL ARGENTINO) – CRESCER – COOPERATIVA LOS PIBES DEL PLAYON «LA BOCA» – E.FU.MA. (ENTIDAD DE FUNCIONARIOS Y MAGISTRADOS PODER JUDICIAL, MISIONES) – ESTAMPA ABIERTA – FEDERACION RAONAS (NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE CONVIVEN CON HIV-SIDA) – FEMINISTAS EN ACCIÓN – GENERAR LA MATANZA – HOGAR DE TRANSITO PROMOCION DE LA MUJER (CABA) – JOVENES CON FUTURO (PARANÁ ENTRE RÍOS) – JUANITA MORO (SAN SALVADOR Y SAN PEDRO, JUJUY) – LA CASA DEL ENCUENTRO- LAS DIVERSAS (STA. FE) – “LAS AZUCENAS” (COLECTIVA FEMINISTA) – MADRES DE CONSTITUCIÓN PARA EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES – MADRES DE PLAZA MAYO LINEA FUNDADORA – MUJERES CON VOS Y VOZ (PARANÁ, ENTRE RÍOS) – MUJERES EN ACCION (CONCEPCIÓN DEL URUGUAY) – PROYECTO MUJERES POR LA EQUIDAD Y LA TRANSPARENCIA – SIEMPRE ADELANTE – TRASOS (MERCADO CENTRAL –CABA) – VINCULOS EN RED (VILLA MARIA, CORDOBA) – VIVIR SIN MIEDO – ASOCIACION ARCO IRIS DE SUEÑOS (POSADAS, MISIONES) – ONG PASTORAL PENITENCIARIA (CIUDAD DE CÓRDOBA) – ASOCIACION CIVIL DAVID – ASOCIACION CIVIL AVISE – COMISION VECINAL ISLA DEL CERRITO CHACO – ONG LA EMPRENDEDORA FONTANA – GRUPO AUTO AYUDA – APLICA (AGENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA) – GRUPO SAN FRANCISO DE ASIS CHACO – LIGA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE (ENTRE RIOS ) – MUJERES TRAMANDO (ENTRE RIOS ) – CRECER DE A POQUITO (CIUDAD DE BUENOS AIRES) – ONG DESTRAMPE (ENTRE RIOS ) – REVISTA BARRILETES (ENTRE RIOS ) – MUPEA (MUJERES UNIDAS EN LA PREV DEL EMBARAZO ADOLESCENTE) ENTRE RIOS – ONG BRAZOS DE PARANA- CENTRO CREANDO ESPACIOS LA MATANZA – ASOCIACION CIVIL HOGAR DE TRANSITO PROMOCION DE LA MUJER (CABA) – ASOCIACION CIVIL DAVID – ASOCIACION CIVIL AVISE – COMISION VECINAL ISLA DEL CERRITO CHACO – REDES y FOROS: RED ALTO AL TRÁFICO Y LA TRATA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (RATT) – RED ANTI-TRATA (CIPOLETTI) – RED DE JUSTICIA- RED DETECTIVES SIN FRONTERAS – RED PUENTES ARGENTINA – RED ECO DE VIDA (PUERTO IGUAZÚ) – RED INFANCIA ROBADA (HNA PELLONI) – FORO POR LOS DERECHOS DEL NIÑO/AS Y ADOLESCENTES (PCIA DE BUENOS AIRES) – FORO MUJERES SALTEÑAS ORAN . FORO RATT BELLA VISTA CORRIENTES – FORO RATT CORONEL DUGRAY CHACO – FORO RATT VILLA ANGELA CHACO – FORO JOVENES RATT OBERA MISIONES – FORO RATT RIOS GALLEGOS ONG ZONTA -FORO RATT MORON – FORO RATT TRIPLE FRONTERA – FORO RATT JUANITA MORO SAN SALVADOR DE JUJUY – FORO RATT JUANITA MORO SAN PEDRO JUJUY – FORO RATT AGUARAY SALTA – FORO RATT PICHANAL SALTA – MADRES Y FAMILIARES DE VICTIMAS DE LAS DROGAS – RED NO A LA TRATA – RATT MERCOSUR: URUGUAY SOMOS ONG – PERU DIMITRI SENMACHE – VENEZUELA ONG AMBAR – COLOMBIA ONG CRESER – PARAGUAY GLOBAL INFANCIA – NICARAGUA ONG MOES – EEUU STOP TRAFFICKING, FLORIDA – CHILE TIERRA DE ESPERANZA (HIPOLITO CACERES) UNIVERSIDADES, AGRUPACIONES, SINDICATOS E INSTITUTOS: AGRUPACIÓN JUS COGENS – AGRUPACION NUEVO DERECHO (CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA FAC. DE DERECHO UBA) – A.S.I. NO (ABUSO SEXUAL INFANTIL NO) – BRAGA MENENDEZ ARTE CONTEMPORANEO – CASA DE DERECHOS HUMANOS RAZONAR MORENO –- CASA DE LA MEMORIA (CHACO, RESISTENICA) – CENTRAL DE TRABAJADORES PARANA – CESPPEDH (CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y POLÍTICOS PARA EL DESARROLLO HUMANO) – COLEGIO DE PSICOANALISTAS y COLEGIO DE ABOGADOS (PERGAMINO) – FORO DE MUJERES SALTEÑAS – INECIP (INSTITUTO DE ESTUDIOS COMPARADOS EN CIENCIAS PENALES Y SOCIALES) – INSTITUTO JACQUES MARITAIN – LAS JUANAS Y LAS OTRAS (COLECTIVA FEMINISTA MENDOZA) – MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EXCLUIDOS- OBSERVATORIO SOCIAL – UNIÓN DE MUJERES DE ARGENTINA- LINIERS ASI NO TE QUEREMOS. BLOGSPOT.COM – OBSERVATORIO SOCIAL CABA – UCES (UNIÓN DE CENTROS DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS) PARANÁ – UNIVERSIDAD DE LA MATANZA – UPCN (DELEGACIÓN MISIONES) – CELIJ (CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES DE INFANCIA Y JUVENTUD) – SOCIEDAD DE FOMENTO BARRIO PARQUE LOS ANGLES (HURLINGHAM) – AGRUPACIÓN PRISMA EN LA JUVE – ORGANIZACIÓN TERRITORIAL LA PULPERÍA – BACHILLERATO POPULAR “TIERRA Y LIBERTAD” – MOVIMIENTO EVITA HURLINGHAM LEGISLADORES: JULIAN DANGELO, CABA (PS) – DIPUTADA NAC. FERNANDA GIL LOZANO (COALICIÓN CÍVICA – ARI) – VERONICA GOMEZ, CABA (PS) – DIPUTADA VIRGINIA LINARES – MARIA ELENA NADDEO, CABA (DIÁLOGO POR BUENOS AIRES) – MARÍA EUGENIA RODRIGUEZ ARAYA, CABA (PRO) – DIPUTADO NAC. ROY CORTINA (PS) – DIPUTADA NAC. MARIA LUISA STORANI (PR) – OFICINA DE DERECHOS HUMANOS, TRABAJO Y VIVIENDA DEL BLOQUE DE DIPUTADOS NACIONALES DE LA COALICIÓN CÍVIA-ARI. – ADHESIONES INDIVIDUALES: ALBA, JUDITH – ASSORATI, MARTA (CABA) – ASSORATI, MERCEDES (CABA) – VIVIANA CAMINOS – SARA CÁNEPA – VIOLETA CORREA (INADI) – ADRIANA DE LUCIO (CABA) -EDUARDO DANIEL FERNÁNDEZ (CABA) – JOSEFINA DELGADO (CABA) – ROSA MARÍA DÍAZ (PERÚ) – VICTORIA D’OVIDIO (CABA)- MARÍA DE LAS MERCEDES GARCÍA URCOLA (PROV. DE BUENOS AIRES) – FERNANDO MAO – ALICIA PERESSUTTI – MARÍA ANGÉLICA PIVAS – MYRTHA SCHALOM (CABA) – MARIELA VELARDEZ (CABA) – SARA TORRES (CABA) – RICARDO LOPEZ SILES (CABA) – PATRICIA GORDON. SEC. GRAL. COLEGIO DE PSICÓLOGOS (MAR DEL PLATA) – ROSANA RODRÍGUEZ – CLAUDIA ANZORENA – ALEJANDRA CIRIZA – NORA LLAVER – ELSA ABACA – MARÍA JOÉ GONZALEZ – NANCY MORAN
Convocatoria a todas las organizaciones que luchan contra la trata:
EXIGIR EL PLENO CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DE LA PROCURACIÓN GENERAL
Estimada/os:
1. Como es de público conocimiento, través de una resolución, el procurador General de Nación, Esteban Righi, ordenó a todos los fiscales en materia penal del país que estén investigando causas de trata de personas o delitos conexos de explotación sexual, que insten el cierre de los locales involucrados. El procurador insta a hacer cumplir la ley 12.331 y a sancionar la explotación de la prostitución por cuenta ajena, haya trata o no.
2. Sin embargo, el crecimiento de los locales y departamentos que funcionan como casas de prostitución crecen en gran escala y no parecen estar preocupados por la instrucción de la Procuración General.
3. Por otra parte, mientras se insta a los fiscales a clausurar los prostíbulos, un sector de la justicia e incluso de ejecutivos provinciales pretenden autorizar la existencia de casas de prostitución y embate contra la ley 12.331. Tal es el caso de la resolución del 19 de agosto pasado de la Sala de la Càmara Nacional de Apelaciones en lo criminal y Correccional de la Capital que presiden Farah, Irurzun y Catani que declarò inconstitucional el artículo 17 de la ley 12.331, de profilaxis de las enfermedades venéreas, que castiga con multa a quienes “sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente, casas de tolerancia” por violar la privacidad de los proxenetas y sin tomar en cuenta el art. 6 de CEDAW y el Convenio para la Represiòn de la Trata de personas y la Explotación de la Prostitución Ajena. Al respecto estamos preparando un recurso en la Camara de Casación.
4. También es de público conocimiento que el gobierno de la Provincia de Santa Cruz se mostró partidario de reglamentar la prostitución permitiendo la existencia de prostibulos donde se explota la prostitución ajena en violación al art. 6 del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena. Esta fue la posición asumida por el Gobernador, el vice, el Jefe de Gobierno e incluso el actual secretario de derechos humanos de la provincia quienes se lamentaron del cierre de las casitas de tolerancia y hasta pretendieron esgrimir virtudes sanitarias en las mismas. Idéntico caso fue el asumido por el intendente de Lonquimay.
5. La Alameda considera que la lucha contra la trata y la prostitución por cuenta ajena atraviesa un momento decisivo y que mientras ciertas áreas del Estado la combaten, otras áreas pretenden justificarla. En este contexto, nos parece adecuado que las organizaciones que venimos luchando contra estos flagelos, más allá de las diferencias, organicemos una gran movilización unitaria en la que se entregue al Procurador General el listado de cientos de casas y departamentos que funcionan como casas de prostitución reclamando el cumplimiento de la ley y la obvia asistencia a las victimas como establecen las convenciones. Para ello no tenemos que hacer una gran investigación, sino simplemente denunciar los cientos de lugares de estas características que son ofrecidos desde diarios de circulación nacional y volantes en la vía pública en el microcentro.
6. La Alameda propone que comencemos por Capital Federal. Y convoca a todas las organizaciones a reunirnos en la Alameda o en la sede que se disponga el viernes 27 de noviembre a las 18 horas a fin de preparar una denuncia y una movilización a la Procuración General de la Nación con el objetivo de demandar el cierre masivo de las casas de prostitución en base a las instrucciones dadas por el mismo procurador semanas atrás. La idea sería organizar una gran movilización a mediados de diciembre a fin de entregar el escrito judicial que elaboremos entre toda/os.
7. La Alameda convoca a todas las organizaciones a que debatamos democrática y fraternalmente esta actividad y comencemos a terciar en esta puja a fin de avanzar en la lucha contra la trata y la explotación de la prostitución por cuenta ajena.
Crece el movimiento unitario por la movilización y denuncia exigiendo el cierre de los prostíbulos en la Capital Federal
En menos de 24 horas se han sumado a la convocatoria decenas de ONGs, fundaciones, asociaciones ecinales, legisladores de diversos partidos, organizaciones religiosas a la convocatoria del martes 15 a las 18 donde desde Callao y Santa Fe se marchará a la Procuración General de la Nación y allí se entregara una denuncia de más de 500 prostíbulos en la capital exigiendo su clausura y que se rescate a las victimas de trata y explotación sexual allí donde se encuentren. Desde varias ciudades del interior quieren replicar la movilización unitaria que se está gestando en la Ciudad. La denuncia a Procuración irá con copias a Control Comunal y la Justicia Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
Las organizaciones sociales, políticas, religiosas y feministas abajo firmantes que combaten la trata de seres humanos en la Argentina, presentarán el 15/12/09 al Procurador General de la Nación Esteban Righi un listado de XXXX prostíbulos que operan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exigiendo su cierre.
FUNDACIONES: ANDRES GUACURARI (POSADAS, MISIONES) – ARTURO ILLIA (POSADAS, MISIONES) – EL OTRO – FEDERACION FADO- FILATINA (FUNDACIÓN INTEGRADORA LATINOAM. AMBIENTAL) – GES (GRUPO DE ESTUDIOS SOCIALES) – GISELE SHAW- HIV SIDA – FUNDACION HOSPITALARIA – FUNDACIÓN JUDAICA – FUNDACIÓN ALAMEDA – LUIS FARINELLO – FUNDACIÓN MUJERES EN IGUALDAD. ASOCIACIONES CIVILES Y COOPERATIVAS: ASOCIACION CIVIL AFETT (ASOCIACIÓN EJECUTIVAS EMPRESAS TURÍSTICAS) – ASOCIACION CLUB DE MADRES Y ABUELAS (BELGRANO –CABA) – ASOCIACION ZONTA INTERNACIONAL (RIO GALLEGOS, STA CRUZ) – ASOCIACION CIVIL POR NUESTRA CIUDAD – ALCALEN (CHUBUT) – ALIANZA POR TUS DERECHOS (COSTA RICA) – AMIGOS DE LUZ DE INFANCIA 8PTO. IGUAZU) – CEIM (GUALEGUAYCHU) – CENTRO CULTURAL FERROVIARIO EL PERRO (CABA) – CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DEL COMAHUE (CEDHCO) – CIRSA (CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL ARGENTINO) – CRESCER – COOPERATIVA LOS PIBES DEL PLAYON “LA BOCA” – E.FU.MA. (ENTIDAD DE FUNCIONARIOS Y MAGISTRADOS PODER JUDICIAL, MISIONES) – ESTAMPA ABIERTA – FEDERACION RAONAS (NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE CONVIVEN CON HIV-SIDA ) – FEMINISTAS EN ACCIÓN – GENERAR LA MATANZA – HOGAR DE TRANSITO PROMOCION DE LA MUJER (CABA) – JOVENES CON FUTURO (PARANÁ ENTRE RÍOS) – JUANITA MORO (SAN SALVADOR Y SAN PEDRO, JUJUY) – LA CASA DEL ENCUENTRO- LAS DIVERSAS (STA. FE) – “LAS AZUCENAS” (COLECTIVA FEMINISTA) – MADRES DE CONSTITUCIÓN PARA EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES – MADRES DE PLAZA MAYO LINEA FUNDADORA – MUJERES CON VOS Y VOZ (PARANÁ, ENTRE RÍOS) – MUJERES EN ACCION (CONCEPCIÓN DEL URUGUAY) – PROYECTO MUJERES POR LA EQUIDAD Y LA TRANSPARENCIA – SIEMPRE ADELANTE – TRASOS (MERCADO CENTRAL –CABA) – VINCULOS EN RED (VILLA MARIA, CORDOBA) – VIVIR SIN MIEDO – ASOCIACION ARCO IRIS DE SUEÑOS (POSADAS, MISIONES) – ONG PASTORAL PENITENCIARIA (CIUDAD DE CÓRDOBA) – ASOCIACION CIVIL DAVID – ASOCIACION CIVIL AVISE – COMISION VECINAL ISLA DEL CERRITO CHACO – ONG LA EMPRENDEDORA FONTANA – GRUPO AUTO AYUDA – APLICA (AGENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA) – GRUPO SAN FRANCISO DE ASIS CHACO – LIGA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE (ENTRE RIOS ) – MUJERES TRAMANDO (ENTRE RIOS ) – CRECER DE A POQUITO (CIUDAD DE BUENOS AIRES) – ONG DESTRAMPE (ENTRE RIOS ) – REVISTA BARRILETES (ENTRE RIOS ) – MUPEA (MUJERES UNIDAS EN LA PREV DEL EMBARAZO ADOLESCENTE) ENTRE RIOS – ONG BRAZOS DE PARANA- CENTRO CREANDO ESPACIOS LA MATANZA – ASOCIACION CIVIL HOGAR DE TRANSITO PROMOCION DE LA MUJER (CABA) – ASOCIACION CIVIL DAVID – ASOCIACION CIVIL AVISE – COMISION VECINAL ISLA DEL CERRITO CHACO – REDES y FOROS: RED ALTO AL TRÁFICO Y LA TRATA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (RATT) – RED ANTI-TRATA (CIPOLETTI) – RED DE JUSTICIA- RED PUENTES ARGENTINA – RED ECO DE VIDA (PUERTO IGUAZÚ) – FORO POR LOS DERECHOS DEL NIÑO/AS Y ADOLESCENTES (PCIA DE BUENOS AIRES) – FORO MUJERES SALTEÑAS ORAN . FORO RATT BELLA VISTA CORRIENTES – FORO RATT CORONEL DUGRAY CHACO – FORO RATT VILLA ANGELA CHACO – FORO JOVENES RATT OBERA MISIONES – FORO RATT RIOS GALLEGOS ONG ZONTA -FORO RATT MORON – FORO RATT TRIPLE FRONTERA – FORO RATT JUANITA MORO SAN SALVADOR DE JUJUY – FORO RATT JUANITA MORO SAN PEDRO JUJUY – FORO RATT AGUARAY SALTA – FORO RATT PICHANAL SALTA – MADRES Y FAMILIARES DE VICTIMAS DE LAS DROGAS – RATT MERCOSUR: URUGUAY SOMOS ONG – PERU DIMITRI SENMACHE – VENEZUELA ONG AMBAR – COLOMBIA ONG CRESER – PARAGUAY GLOBAL INFANCIA – NICARAGUA ONG MOES – EEUU STOP TRAFFICKING, FLORIDA – CHILE TIERRA DE ESPERANZA (HIPOLITO CACERES) UNIVERSIDADES, AGRUPACIONES, SINDICATOS E INSTITUTOS: AGRUPACIÓN JUS COGENS – AGRUPACION NUEVO DERECHO (CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA FAC. DE DERECHO UBA) – BRAGA MENENDEZ ARTE CONTEMPORANEO – CASA DE DERECHOS HUMANOS RAZONAR MORENO –- CASA DE LA MEMORIA (CHACO, RESISTENICA) – CENTRAL DE TRABAJADORES PARANA – CESPPEDH (CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y POLÍTICOS PARA EL DESARROLLO HUMANO) – COLEGIO DE PSICOANALISTAS y COLEGIO DE ABOGADOS (PERGAMINO) – FORO DE MUJERES SALTEÑAS – INECIP (INSTITUTO DE ESTUDIOS COMPARADOS EN CIENCIAS PENALES Y SOCIALES) – INSTITUTO JACQUES MARITAIN – MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EXCLUIDOS -– OBSERVATORIO SOCIAL – UNIÓN DE MUJERES DE ARGENTINA – LINIERSASINOTEQUEREMOS.BLOGSPOT.COM – OBSERVATORIO SOCIAL CABA – UCES (UNIÓN DE CENTROS DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS) PARANÁ – UNIVERSIDAD DE LA MATANZA – UPCN (DELEGACIÓN MISIONES) – CELIJ (CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES DE INFANCIA Y JUVENTUD) – LEGISLADORES: JULIAN DANGELO, CABA (PS) – DIPUTADA NAC. FERNANDA GIL LOZANO (COALICIÓN CÍVICA – ARI) – VERONICA GOMEZ, CABA (PS) – MARIA ELENA NADDEO, CABA (DIÁLOGO POR BUENOS AIRES) – MARÍA EUGENIA RODRIGUEZ ARAYA, CABA (PRO) – DIPUTADO NAC. ROY CORTINA (PS) – ADHESIONES INDIVIDUALES: ASSORATI, MARTA (CABA) – SARA CÁNEPA – VIOLETA CORREA (INADI) – EDUARDO DANIEL FERNÁNDEZ (CABA) JOSEFINA DELGADO (CABA) – VICTORIA D’OVIDIO (CABA)- MARÍA DE LAS MERCEDES GARCÍA URCOLA (PROV. DE BUENOS AIRES) – SARA TORRES- RICARDO LOPEZ SILES
QUE SE CUMPLA LA LEY: CIERRE DE LOS PROSTÍBULOS EN CAPITAL FEDERAL
El siguiente comunicado fue consensuado entre todas las organizaciones convocantes a la movilización del martes 15 a las 18 hs desde Callao y Santa Fe. De allí iremos hasta la Procuración General de la Nación donde se denunciarán más de 500 prostíbulos en la capital con copia a Control Comunal y Justicia Contravencional exigiendo su cierre y el rescate de victimas donde se constaten situaciones de trata.
Abajo del comunicado esta el texto de la convocatoria que dio origen a esta denuncia y movilización. Las organizaciones vecinales, barriales, de derechos humanos, legisladores, personalidades que quieran adherir solicitamos que envíen su adhesión a este medio o escriban a asambleaparqueavellaneda@hotmail.com.
Las organizaciones sociales, políticas, religiosas y feministas abajo firmantes que combaten la trata de seres humanos en la Argentina, presentarán el 15/XII/09 al Procurador General de la Nación. Dr. Esteban Righi un listado de XXXX prostíbulos que operan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exigiendo su cierre.
FUNDACIONES: EL OTRO – LA ALAMEDA – JUDAICA –
ASOCIACIONES CIVILES: CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DEL COMAHUE (CEDHCO) – CIRSA – CRESCER – ESTAMPA ABIERTA – GENERAR – JUANITA MORO – LA CASA DEL ENCUENTRO- MADRES DE CONSTITUCIÓN PARA EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES – SIEMPRE ADELANTE- TRAZOS – VIVIR SIN MIEDO –
REDES: ALTO AL TRÁFICO Y LA TRATA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (RATT) – RED NO A LA TRATA – RED PUENTES ARGENTINA
AGRUPACIÓN JUS COGENS – CASA DE DERECHOS HUMANOS RAZONAR MORENO – FILATINA- FORO DE MUJERES SALTEÑAS – INSTITUTO JACQUES MARITAIN – LINIERSASINOTEQUEREMOS.BLOGSPOT.COM – MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EXCLUIDOS -– UNIÓN DE MUJERES DE ARGENTINA
LEGISLADORES: DIPUTADA NAC. FERNANDA GIL LOZANO (COALICIÓN CÍVICA – ARI) – MARIA ELENA NADDEO, CABA (DIÁLOGO POR BUENOS AIRES)
5 de noviembre, Gustavo Vera por la Alameda
En el 70% de los prostíbulos ahora también se venden drogas
La Alameda en dos días seguido fue pirulo de tapa en dos diarios nacionales. El domingo en uno de los más vendidos, Popular, por el tráfico de drogas y las mafias esclavistas de mujeres. En Página/12 este lunes junto a los cartoneros del MTE por la mafias parapoliciales del gobierno de la Ciudad que desalojan indigentes.
Según un relevamiento efectuado por la Asociación Antidrogas de la República Argentina, un 70% de los prostíbulos son virtuales fachadas para la comercialización de sustancias ilícitas, y la cocaína es la más buscada. “La prostitución, en muchos de estos lugares, ha pasado a un segundo plano en término de lucro, porque la venta de drogas superó los niveles de ganancia de la explotación de mujeres”.
Por MAXIMILIANO F .MONTENEGRO
Paulina tiene 19 años y hace seis meses que optó por “vender” su cuerpo en un departamento privado de Caballito. Dos nenes y una pareja ausente la llevaron a esta realidad que nunca estuvo en sus planes. “Es un trabajo como cualquier otro. Costó mucho al principio, pero me acostumbro”, detalla. Sin embargo, detrás hay algo que cuenta con recelo, porque al ejercicio de la prostitución le suma la venta de drogas entre sus clientes. Lo hace con temor, pero ya es parte del “negocio” y no se puede negar. No se trata de un fenómeno aislado, ya que se calcula que de las 1.000 “casas de citas” instaladas en Capital Federal y el Conurbano, alrededor del 70% tiene a chicas convertidas en “dealers sexuales”.
“La prostitución es un negocio que funciona en el país y en el mundo desde siempre, pero en el último tiempo, ante la falta de controles, aquí derivó en este presente, donde la venta de drogas refuerza la ganancia de los patrones. Por supuesto, en la actualidad hay una demanda del cliente de nuevas experiencias, entonces la oferta de sexo y drogas se convirtió en parte del mismo pack”, dijo Roberto Locles, titular de la Asociación de Criminalistas.
Claudio Izaguirre, de la Asociación Antidrogas de la República Argentina explicó, por su parte, que “la prostitución, en muchos de estos lugares, ha pasado a un segundo plano en término de lucro, porque la venta de drogas superó los niveles de ganancia de la explotación de mujeres”. Relevamientos efectuado por esta organización indican que en un 70% de los prostíbulos son virtuales fachadas para la comercialización de sustancias ilícitas, donde la cocaína es la más buscada.
Paulina cuenta que, en promedio, recauda unos 500 pesos diarios, de los cuales 250 son para “la dueña” del lugar y el resto para ella. Para juntar ese dinero, intima con cinco hombres. “Muchos vienen por primera vez, y no regresan, porque van rotando de lugar. Sólo buscan sexo. Pero otros son clientes fijos, y muchos vienen por droga, básicamente cocaína. Buscan experiencias fuertes”, explica la joven, oriunda de Berazategui.
Gustavo Vera, de la organización La Alameda, viene trabajando desde hace años contra los prostíbulos, y su conexión con el poder político y policial. En pocos días, elevará a la Procuración de la Nación un minucioso relevamiento con más de 500 espacios prostibulares, sólo en territorio porteño, donde la explotación de mujeres, la trata de personas y el abuso a menores es moneda corriente. “Los proxenetas están descontrolados. Como hay mucha competencia, buscan captar al cliente con nuevas ofertas, como las drogas o el sexo con menores”, sostuvo.
El fenómeno tiene un costado poco expuesto en la problemática, relacionado al ejército de chicas que son prácticamente obligadas por sus circunstancias personales y económicas a realizar estos trabajos. “Son mujeres que luchan por salir adelante, como pueden. La mayoría son responsables únicas de sus familias. Son el exponente de una sociedad injusta, pero hacen este trabajo como cualquier otro. A pesar de esto, son las primeras en resultar criminalizadas, mientras los verdaderos dueños de estos negocios siguen impunes a todo”, manifestó Susana Martínez, de la Asociación Mujeres Meretrices de la Argentina.
“Todo el mundo sabe dónde están estos lugares -sostuvo el criminalista Locles-. En la zona de Tribunales, por ejemplo, caminás por la calle y te llenan de volantes con ofertas de privados. No hay un trabajo serio para frenar este fenómeno. Las consecuencias de esa ausencia de límite llevan al exceso, y ahí aparecen las drogas y la explotación de menores como parte del negocio”.
Izaguirre comentó que “a muchas chicas les conviene más vender drogas que tener sexo, porque no se exponen a enfermedades y, por supuesto, evitan el roce con el cliente”, precisando que “en este momento, el 70% de los espacios donde se ofrece prostitución, también adicionó la comercialización de sustancias ilícitas y tienen a mujeres como dealers sexuales”.
Finalmente, Vera explicó que “el fenómeno ocurre en todo el país, y es creciente la presencia de la droga en los prostíbulos, en el marco de una actividad que va en contra de todas las leyes vigentes”. También precisó que “se viene una dura pelea para que el Congreso se ocupe en profundidad de esta problemática”.
Una patota que se resiste a la baja
Tras los escándalos por los violentos desalojos de indigentes, el gobierno porteño anunció que disolvía la UCEP. El jueves, un juez allanó el Edificio del Plata: se llevó material que comprobaría que una célula paralela continúa con los procedimientos.
Después de las críticas que generó la actuación de la UCEP –la fuerza de choque del gobierno de Mauricio Macri dedicada a desalojar a indigentes del espacio público–, la Justicia porteña investiga el accionar de una célula paralela a ese organismo, que habría actuado en al menos cuatro procedimientos de desalojos en la vía pública tras su anunciada disolución. El jueves pasado, el juez Roberto Gallardo allanó oficinas en dos pisos del Edificio del Plata, una de las sedes administrativas del gobierno de la ciudad, y secuestró dos computadoras e importante documentación. Allí habría hallado elementos que certificarían esos operativos, los que serían ilegales, ya que el propio juez los había prohibido en un fallo de fines de octubre: allí ordenaba que sólo podían realizarse desalojos en la vía pública con previa orden judicial. En el allanamiento se secuestraron además fotografías de movilizaciones de organizaciones sociales contra la UCEP, lo que podría indicar que la actividad de este grupo no se limitaba a la “limpieza” del espacio público sino también a tareas de inteligencia.
Según revelaron fuentes judiciales a Página/12, la nueva actuación judicial se generó el 27 de noviembre último, cuando dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Patricia Laterra y Facundo Lastra, se presentaron ante el juzgado de Gallardo para denunciar que habían sido testigos de un procedimiento realizado el 18 del mes pasado, a las 7 de la mañana, en la avenida Córdoba y Uriburu. Allí, en la esquina de la facultad, vive desde hace años un indigente que los que frecuentan el lugar conocen como Carlos, y a quien los estudiantes con alguna frecuencia ayudan con alguna moneda o alimentos.
Los estudiantes, según consta en su declaración testimonial, pudieron ver cómo esa mañana cuatro hombres con remeras que llevaban la leyenda Unidad de Control del Espacio Público (cuya sigla es UCEP), al mando de alguien a quien llamaban Polaco o Gustavo, habían cercado el lugar que ocupaba Carlos con cintas amarillas y colocado un cartel que anunciaba que estaban “Haciendo Buenos Aires”. Dentro del perímetro, cuatro o cinco operarios procedían a la remoción de un puesto de diarios abandonado, junto al cual había buscado refugio el indigente, y de todas las pertenecían del hombre que habitaba ese lugar: tres colchones, una cajonera, una silla de mimbre y seis cajas con ropa y otros elementos.
Los estudiantes sabían que existía una medida judicial que restringía el accionar de la UCEP y recordaban que el gobierno porteño había anunciado su disolución. Por eso les llamó la atención el procedimiento y resolvieron hacer la denuncia ante el juez Gallardo, alentados por Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), a quien conocían por haber realizado actividades en un centro cultural.
El fallo referido es la medida cautelar adoptada por el juez el 29 de octubre último, a pedido del asesor tutelar Gustavo Moreno. El asesor tutelar había presentado un recurso de amparo a favor de Carla Baptista, una mujer embarazada que había sido desalojada a golpes del lugar que ocupaba en una vereda, sobre la calle Pasco, bajo la autopista 25 de Mayo.
A menos de 24 horas de esa presentación, Gallardo allanó por primera vez oficinas en el Edificio del Plata, secuestró documentación y firmó la medida cautelar: dispuso que la UCEP debía “abstenerse” de intervenir en acciones que involucren a “menores (de edad) e incapaces”, mientras que para que cualquier otra actuación debía contar con una autorización judicial.
Una semana después, tras una reunión con la defensora del Pueblo, Alicia Pierini, el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo –bajo cuya dependencia funciona la UCEP– anunció que ese organismo sería desactivado de inmediato. Sin embargo, mantuvo en el cargo a quien aparecía como responsable de ese organismo, el director de Ordenamiento del Espacio Público, Jorge Polini.
Al parecer, la palabra de Piccardo no se cumplió y todo indica que en el gobierno porteño ha quedado una suerte de UCEP residual. Así al menos se desprende de las nuevas denuncias: a las formuladas por los estudiantes se sumó otra, efectuada por el propio Juan Grabois, del MTE, quien después de hacer averiguaciones entre empleados del ministerio –según relata–, aseguró ante el juez Gallardo que en el ministerio funciona una UCEP paralela, a las órdenes del mencionado Polini.
“Tras el violento desalojo de la (llamada) Huerta Orgazmika (en mayo de este año, en el barrio de Caballito), el jefe de la UCEP, apodado El Tano (Juan Savoiardo), y el Chino Polini tienen una serie de enfrentamientos que derivan en que este último contrate a un karateca llamado Gustavo Busuk o Guzuk, que comenzó a funcionar como su guardaespaldas personal y como incipiente jefe de una nueva célula parapolicial, que realizaba operativos similares a los de la UCEP, especialmente diurnos”, detalla Grabois en la denuncia presentada ante Gallardo.
El dirigente del MTE dice que accedió a esta información a partir de su relación con empleados del gobierno porteño, dado que la organización que integra trabaja junto a un sector del ministerio en un programa de inclusión de cartoneros.
Polini había sido director de Compras y Contrataciones, en el Ministerio de Hacienda, pero fue desplazado de ese cargo y desembarcó en Ambiente y Espacio Público como responsable de Compras en la Dirección de Reciclado. Allí, tras una denuncia de presuntas irregularidades, fue ascendido al cargo que hoy ocupa y, tras la renuncia del jefe de gabinete de esa cartera, Fabián Rodríguez Simón, se hizo cargo de la UCEP.
Rodríguez Simón se atribuye la creación de la UCEP, pero asegura que no hizo más que blanquear a personal que ya ocupaba esa función desde el gobierno de Aníbal Ibarra. Si bien la mayoría de la patota que integra ese cuerpo tiene contratos de vieja data, las denuncias de abusos, amenazas y desalojos violentos comenzaron a producirse (y multiplicarse) desde febrero de este año.
A partir de estos datos, Gallardo resolvió allanar el jueves la oficina de Polini, en el quinto piso del Edificio del Plata. Allí secuestró una note-book del funcionario y una carpeta con referencias a por lo menos cuatro procedimientos realizados durante noviembre, de desalojo de indigentes de la vía pública. Incluyen fotos de “antes y después” del procedimiento y la fecha en que fueron realizados, posterior a la medida cautelar.
Esos operativos, según las fuentes judiciales consultadas por este diario, habrían sido realizados por la nueva estructura que reemplazaría a la UCEP. “Si se comprueban estos hechos, el funcionario habría incurrido en violación de una orden judicial, ya que el gobierno de la ciudad está impedido de realizar desalojos en la vía pública sin la autorización de un juez”, dijo la fuente a Página/12.
Gallardo también allanó una oficina del segundo piso de ese mismo edificio, que sería la sede operativa del nuevo grupo de choque, liderado por El Polaco. Allí secuestró una CPU, que junto con la notebook fue trasladada para su análisis a los departamentos técnicos de la Gendarmería.
El juez también interrogó a los empleados del sector, quienes relataron que suelen ver en esa oficina a un hombre al que llaman El Polaco, pero aseguraron que desconocen qué función cumple. En una lista de personal del sector figura una persona que se identifica como Gustavo Guzuk, que cumple “horario rotativo” pero, a diferencia de los otros empleados, tiene en blanco el casillero destinado a la asignación presupuestaria. “O no cobra, o no se sabe quién le paga el sueldo. Ese es el motivo de otra investigación: quién financia a este grupo”, confió una fuente cercana a la investigación.
En uno de los operativos, Gallardo también secuestró una orden de compra por 25 “chalecos antipunzantes”, que no serían otra cosa que chalecos antibalas. En el despacho de El Polaco también encontró fotografías de marchas y movilizaciones, donde pueden verse carteles contra la UCEP, pero también de otras organizaciones, con informes de los horarios de inicio y finalización, en lo que aparentan ser rudimentarios informes de inteligencia.
La denuncia contra la nueva UCEP cuenta con el respaldo del MTE y la Cooperativa La Alameda. El MTE reúne a unos 1800 cartoneros cuyo trabajo ha sido formalizado a través de un acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cuentan con uniformes y con camiones para trasladar la mercadería recolectada. “Reconocemos que la política de reciclado del ministerio fue un avance importante para la inclusión de nuestros compañeros, pero esto no puede ser modificado porque denunciemos casos de corrupción, represión clandestina y violaciones a los derechos humanos”, alertó Juan Grabois, en rechazo ante una eventual represalia.
Esclavista del campo arrinconada
Alejandra López Camelo, presidenta de la esclavista empresa Nuestra Huella S.A. ayer miércoles 2 quedo arrinconada en los tribunales laborales. La rodeaban hombres a sueldos. Los cuervos y los azules del poder. López Camelo fue escondida en las oficinas de esos tribunales hasta que se retiró la Alameda. Teme. Sabe que hay muchos en defensa de su ex esclavo, Oscar Taboada, que cuando se liberó, la denunció y empezó a organizar a los otros esclavos de las granjas. Por supuesto terminó echándolo y él se convirtió en el pionero del grupo que ahora están decididos a enfrentar a los explotadores de sus hijos y otras familias reducidas a la servidumbre que aún no se animan a liberarse en esos alejados costosos campos de la localidad de Pilar.
No era una patota sindical, ni barras lo que estaban afuera mientras se desarrollaba la conciliación entre Nuestra Huella S.A. y el trabajador ex esclavizado Taboada. Con cánticos, pirotécnica, panderetas y medios estaban las costureras, estudiantes, el rabino Damián Karo, amigos, vecinos y militantes de la Alameda, más los uniformados recicladores, los cartoneros de la cooperativa El Álamo y los militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) con Juan Grabois a la cabeza. Varios de estos mismos, en septiembre, bloquearon a la granja Nuestra Huella, y ahora volvieron para bancar a Taboada desde las 11 hasta las 14 bajo los rayos del sol. En Diagonal Norte al 700 el objetivo era meterle presión a la justicia para que cumpla con las leyes y obligue a la empresa a reincorporar al primer denunciante de trabajo infantil, que siendo padre de seis hijos y despedido en el mes de noviembre del año pasado rechazó una coima de cincuenta mil. El delegado del gremio UATRE, José Luis Cáceres, le ofreció 50 mil pesos para desdecirse de sus denuncias. No solo Taboada lo rechazó sino que grabó la conversación con Cáceres y salió publicada en todos los medios además de la correspondiente denuncia penal. UATRE de Gerónimo Venegas quedando ante la sociedad del lado de los esclavistas.
Horas esperando con cánticos y ruido hasta que me mandé para el séptimo piso, al juzgado Nº 6. Allí estaba la audiencia de conciliación y por supuesto la presidenta de la esclavista Nuestra Huella S.A. proveedora de huevos a grandes cadenas de supermercados –Coto, Disc, Carrefour- y exportadora.
Entré al edificio de la justicia laboral pese a la custodia policial de la puerta y al jefe de la brigada de la comisaría 2ª que aparece en cada manifestación del microcentro. Este funcionario policial no identificado estaba a un metro del ascensor pero el tipo no me vio.
Los pasillos ahí son estrechos. Bancos de madera de cada lado. Al fondo a la derecha el juzgado, su sala de audiencias y la mesa de entrada. A Alejandra López Camelo, presidenta de Nuestra Huella, la ubicaba porque estuvo el día del bloqueo de las granjas. Había aparecido sorpresivamente en una cuatro por cuatro conducida por Sergio Bivort, el ex intendente de Pilar devenido en chófer y ahora abogado, más una escribana. Querían comprobar en ese momento como el bloqueo no los dejaba entrar a las granjas donde esclavizan niños, reducen a la servidumbre a todas las familias inmigrantes, bolivianas o paraguayas. López Camelo es una mujer de rulos, bajita que en la vía pública usa grandes anteojos oscuros y la rodeaban dos abogados. Así que no era difícil ubicarla en ese estrecho espacio y ante tanta evidencia de sus apariencias. No estaba la empresaria pero si un secretario del juzgado con estómago resfriado.
-Che, qué me contas que están los de la alameda abajo haciendo quilombo? Preguntó un tipo cualquiera a uno que salía del juzgado Nº 6, a cargo de María Isabel Fernández, a fumar.
-Vino un tipo que dice ser empleado, que estuvo esclavizado, y un montón de cosas más. Pero nada de pruebas aportó. Así que esta causa se cae. La jueza no falla a favor, respondió el fumador judicial.
Tras esa charla lo encaré. Le pedí explicaciones acerca de sus dichos por la falta de pruebas y que el fallo no salía favorable a la víctima.
-No…para…esto no te lo puedo decir –dijo titubeando-. No estoy autorizado.
Pero bien que antes se despachó con tuti delante de todo el mundo.
-Entrá a esta página web y ahí te vas a enterar de la causa.
-Y López Camelo dónde esta?
-No, ya se fue.
Estaba resguarda dentro del juzgado o en otro piso de este inmenso laberíntico edificio. La empresaria avícola aún no había salido del edificio que tiene solo una salida y entrada por Diagonal Norte. Bajé y Oscar Taboada estaba con sus aliados. A los minutos la federal cierra las puertas y ya no dejaba el ingreso de nadie. López Camelo estaba en el pasillo de la planta baja acobarda por sus propios fantasmas.
Los datos crudos y entrevista
El expediente 35482 se inició por conciliación entre el trabajador despedido Oscar Taboada y la empresa Nuestra Huella S.A. La jueza que llamó a las partes y tramita la causa es María Isabel Fernández, a cargo del juzgado Nº 6. Taboada tiene como abogados Pablo Sernani y Rodolfo García. Los abogados por Nuestra Huella son Marcelo Tropiano y Jaime Seoane.
La causa se inició a raíz de ser despedido por activismo gremial, conformó la Unión de Trabajadores de Granjas Avicolas (UTGA), y ahora quiere ser reincorporado.
En la audiencia no hubo conciliación. Se abrió la apertura a prueba y habrá una próxima audiencia el 18 de este mes. En esa nueva audiencia habrá exposición de las partes y reconocimiento de la documentación aportada. Mientras que para el 21 y 22 se tomarán declaraciones a los trabajadores de las granjas.
El abogado Rodolfo García me anticipaba que esas declaraciones no serán favorables. “Imagínate que a los trabajadores les dicen que si vienen a mi estudio con Taboada los echan. Estas declaraciones están en el marco de una extorsión. Ellos viven ahí, trabajan allí. Que otra cosa pueden declarar. Igual la empresa se siente acorralada. Dieron sobres con plata y llegan a tal punto que después del último allanamiento empezaron a pagar medio sueldo a las mujeres y tras el bloqueo y la avanzada de la UTGA pagan el sueldo completo, y entregaron uniformes. Es notorio que quiere desgatar a los que están luchando y atemorizar por otro lado a los que se puedan emancipar”.
Taboada ha iniciado más causas judiciales contra Nuestra Huella. Denunció en la justicia penal trabajo infantil, trata de personas y reducción a la servidumbre. Esto en un juzgado de Zarate. La otra causa es por discriminación y es un amparo en Exaltación de la Cruz.
A la lucha pionera de Taboada se sumó el matrimonio de nacionalidad paraguaya Agustín Navarro Farias Marisol Díaz Merelles, la otra familia pero boliviana Carmen Vera Vargas y Eduardo Barrera Cruz –quien se cortó la pierna en horario laboral-, y María Soledad Garzón, ella declaró primero a favor de Nuestra Huella y tras el suicidio de su marido declaró la verdad y presiones que recibían constantemente de los dueños.
Todos ellos están despedidos por emanciparse contra la esclavitud^, y solo Agustín consiguió un fallo para ser reincorporado y no se cumple. Las familias están muy mal económicamente. Con trabajos temporarios y ultraprecarizados algunos van sobreviviendo y peleándola. Los abogados le aportan dinero de su bolsillo, se han echó peñas para bancar la lucha y constantemente reciben comida y donaciones de ropa de la Alameda. Pero suman un agravante. La salud de sus hijos. Padecen problemas de salud provocados por lo insalubre del ambiente de trabajo y en la mayoría de los casos, las secuelas son incurables. Todos ellos igual han conseguido permanecer con sus viviendas en las granjas, el único techo con el que cuentan pero sin sueldo alguno con que mantenerse.
Marcha por un trabajador que denunció trabajo infantil en el campo
La Alameda y el MTE convocan
EL MIERCOLES 2 DE DICIEMBRE A LAS 11 HS.
MARCHAMOS AL JUZGADO LABORAL Nº 6, EN AV DIAGONAL NORTE 760, CAPITAL
POR LA REINCORPORACIÓN DE UN TRABAJADOR DE LA GRANJA “NUESTRA HUELLA”, QUE FUE INJUSTAMENTE DESPEDIDO POR DENUNCIAR EL TRABAJO INFANTIL EN PILAR.
Oscar Taboada (quien aparece en la foto adjunta) es uno de los trabajadores que comenzó con las denuncias sobre TRABAJO INFANTIL en las granjas avícolas de Pilar que explota la empresa “Nuestra Huella S. A.”
Junto con La Alameda y los cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el compañero y su familia presentaron ante la justicia y los medios de comunicación las pruebas de la explotación de niños de entre 4 a 12 años, en la recolección de huevos, la remoción de excremento de las gallinas (guano), la manipulación de productos químicos para fumigación, sin ningún tipo de protección y como es común, los adultos tampoco contaban con medidas de higiene y seguridad, además de jornadas extensas y sin cobertura social de ningún tipo.
La empresa, que abastece a las grandes cadenas de supermercados del país, luego de dicha denuncia y de varios allanamientos, solo realizó algunos cambios cosméticos y como primera medida, despidió al denunciante e intentó desalojarlo de su vivienda junto a su esposa y sus 6 hijos. Lograron resistir el desalojo gracias a un recurso de amparo por lo tanto aún viven allí. También hubo un intento de soborno escandaloso por parte del responsable zonal del sindicato UATRE, José Luis Cáceres, quien se comunicó con el denunciante para ofrecerle “en nombre de la empresa” una importante suma de dinero a cambio de levantar la denuncia de trabajo infantil contra la patronal.
Al caso de Taboada, siguieron otros despidos discriminatorios de compañeros como Agustín Navarro Farías, Carmen Vera Vargas, María Soledad Garzón, Eduardo Barrera Cruz y Marisol Díaz Merelles, porque reclamaban mejores condiciones laborales, con el agravante de que muchos de ellos y sus hijos padecen problemas de salud provocados por lo insalubre del ambiente de trabajo y en la mayoría de los casos, las secuelas son incurables.
La Alameda y MTE los ayudó a organizarse y hace un mes crearon la Unión de Trabajadores de las Granjas y eligieron sus propios delegados. Hoy necesitan nuevamente la solidaridad de los que luchamos por un mundo sin esclavos ni escluídos.
POR ELLO MARCHAMOS AL JUZGADO LABORAL Nº 6
EN AV DIAGONAL NORTE 760, CAPITAL
Y EXIGIMOS AL MINISTRO DE TRABAJO DE LA NACIÓN, LA INMEDIATA REINCORPORACIÓN DE OSCAR TABOADA Y LOS DEMÁS LOS COMPAÑEROS Y UNA SEVERA Y EJEMPLIFICADORA SANCIÓN PARA LA PATRONAL DE NUESTRA HUELLA S.A.
CONTACTO: Gustavo Vera 15 6158 4835 / Juan Grabois 15 6384 3877

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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 artículo 17