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Timestamp: 2018-12-16 20:35:49+00:00

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STC 6/2000, 17 de Enero de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 145370
STC 6/2000, 17 de Enero de 2000
Número de Recurso: 2677/1996
RA 2677/1996. Promovido por don Rodrigo V. A. respecto a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que confirmó la sanción que le había sido impuesta por el Ministerio del Interior como autor de una falta grave de desconsideración hacia un superior. Supuesta vulneración del derecho a la libertad de expresión: escrito dirigido al Jefe Provincial de Tráfico por un funcionario examinador que formula manifestaciones críticas, protegidas por el derecho, pero otras despectivas e injuriosas, no protegidas.
Sentencia citada en: 854 sentencias, 28 artículos doctrinales, un tema práctico, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 2677/96, promovido por don Rodrigo V. A., representado por el Procurador don Argimiro Vázquez Guillén y con la asistencia del Letrado don Antonio Iglesias Vázquez, contra la Sentencia núm. 384/96 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 30 de mayo de 1996, que desestimó el recurso de la misma naturaleza (procedimiento 01/0001153/1992) interpuesto contra la Resolución de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, de 17 de septiembre de 1992, en la que se le impuso la sanción de un año de suspensión de funciones por una falta grave de desconsideración hacia su superior. Ha sido parte el Abogado del Estado y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Julio Diego González Campos, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito registrado en el Juzgado de guardia de Madrid el día 29 de junio de 1996, el Procurador don Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de don Rodrigo V. A., interpuso el recurso de amparo del que se ha hecho mención en el encabezamiento.
El recurrente era funcionario de la Administración del Estado con destino en la Jefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra, en el puesto de trabajo de examinador. Asimismo, al tiempo de los hechos, actuaba como representante sindical, siendo miembro de la Junta de Personal de la provincia de Pontevedra. Con anterioridad, el Sr. V. A. había denunciado reiteradas veces ante el Gobernador Civil, ante el Jefe Provincial y ante el Director General de Tráfico diversas irregularidades en la práctica de los exámenes de conducir, al entender que no se cumplía en la referida provincia la normativa aplicable a dicha práctica.
El día 28 de noviembre de 1991 estaba convocado el personal de la Jefatura de Tráfico para la celebración de diversos actos reivindicativos. En primer lugar, previa solicitud entre otros del recurrente de amparo, estaba autorizada por el Jefe Provincial de Tráfico una asamblea para dicho personal, que se celebró entre las 08:00 y las 09:00 horas. En segundo lugar, se realizó un paro entre las 11:00 y las 15:00 horas, siendo el Sr. V. A. miembro del comité de huelga en la provincia de Pontevedra. Además, ese mismo día se reunía la Junta de Personal de Pontevedra, de la cual formaba parte el demandante, y a la que asistía con cargo al crédito horario.
La programación de los exámenes de conducir, que corre a cargo del Jefe Provincial de Tráfico, se efectuó ese mismo día --según el demandante de amparo-- sin tener en cuenta la asamblea y el paro anunciados, citando a las autoescuelas y a los alumnos a partir de las 08:30 h. de la mañana, y adjudicando al actor de amparo la realización de diecinueve exámenes, a pesar de que era miembro del comité de huelga. Los exámenes comenzaron con notable retraso y los diecinueve adjudicados al Sr. V. A. se repartieron entre los demás funcionarios examinadores, ya que así lo decidió el Jefe de Tráfico.
Al día siguiente, 29 de noviembre de 1991, el Jefe Provincial de Tráfico de Pontevedra requirió al ahora demandante de amparo mediante un oficio para que éste manifestase su situación laboral en el anterior día 28, especificando que en las anotaciones del control horario figuraba una entrada a las 07:57, una salida a las 09:09, y una nueva entrada a las 10:55 horas, sin aparecer la salida y sin que constara su permanencia en la Jefatura desarrollando tarea alguna.
El recurrente contestó al anterior requerimiento mediante un escrito de 13 de diciembre de 1991, en el que literalmente se dice lo siguiente:
- Le fui a entregar unas fichas de alumnos de Autoescuela Dorna que, no sé quién, había dispuesto que los examinara yo. Pues bien:
Desde el mes de marzo sabe Vd., y de forma reiterada, que todos los últimos jueves de mes yo no vengo a trabajar, puesto que esos días se celebra Pleno de la Junta de Personal de la que soy miembro. En todo caso debo advertir que sí vengo a trabajar cuando, excepcionalmente, se varía la fecha de celebración de dicho Pleno, como sucede este mes de diciembre que, por mor de las navidades, se celebrará el próximo día 19.
Supongo que habrán sido examinados por otra persona los alumnos de Dorna y supongo también que con notorio retraso sobre la hora de citación, aunque ya conozco su criterio de que el horario se le pone a las Autoescuelas a título meramente indicativo.
- Ese mismo día 28 de noviembre se celebró desde las 8 horas una Asamblea, expresamente autorizada por Vd., y de la que fui uno de los convocantes. Por esa razón fiché la entrada: el tiempo de realización de una Asamblea en mi centro de trabajo no cuenta como crédito horario de representante sindical.
- Para ese mismo día 28 de noviembre estaba convocado un PARO desde las 11 hasta las 15 horas. Dos comunicados del Sindicato al que represento fueron distribuidos en toda la oficina. Fui uno de los componentes del Comité de Huelga en esta provincia. Por esa razón fiché la salida: para atender tareas propias del Comité de Huelga, con cargo al crédito horario de representante sindical. Insisto en que sin necesidad alguna de advertirlo puesto que desde el pasado mes de marzo ya lo saben: el 28 de noviembre, al ser último jueves de mes, yo no voy a trabajar. De todas formas, a Vd. sí se lo dije en el despacho.
- Como ya resulta normal, cuando considero justas unas reivindicaciones y ajustada una convocatoria de huelga me sumo a ella, mucho más en este caso en el que yo fui uno de los convocantes. Por esa razón fiché la entrada antes de las 11 horas: para que conste mi situación de PARO.
No fue sólo conmigo con quien sucedió este ‘despiste’. Pude comprobar cómo, p. ej., a las 11 Isabel Garrido tuvo que avisar a Concepción García-Lastra para que se pusiera otra persona en ventanilla para atender al público puesto que ella se sumaba al paro. ¿De quién es la responsabilidad de tener organizado el trabajo?
Como consecuencia de la participación en la huelga, se le descontaron al Sr. V. A. 5.428 pesetas, cantidad que correspondía al salario total de la jornada. Como a otros participantes en el paro se les había descontado una cantidad proporcional a la duración del mismo, el Sr. V. A. dirigió un escrito el 17 de febrero de 1992 al Subdirector General Adjunto de Personal solicitando la rectificación de la cantidad descontada, así como la apertura de expediente disciplinario al Sr. Jefe Provincial de Tráfico de Pontevedra por la ineficacia en el trabajo y por coacciones y obstrucciones en el ejercicio de los derechos fundamentales.
Por oficio de 13 de marzo de 1992, el Subdirector General Adjunto de Personal decidió la apertura de expediente disciplinario contra don Rodrigo V. A. con motivo del escrito dirigido por éste el 13 de diciembre de 1991 al Jefe Provincial de Tráfico de Pontevedra. Tras los trámites legales oportunos, se formuló propuesta de sanción de suspensión de funciones durante un mes por la comisión de una falta grave.
Por Resolución de 17 de septiembre de 1992 el Subsecretario del Ministerio del Interior impuso al recurrente la sanción de un año de suspensión de funciones como responsable de una falta grave consistente en la grave desconsideración con los superiores, prevista en el art. 7.1 e) del Reglamento de Régimen Disciplinario de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, y sancionable según lo determinado en el art. 14 en relación con el art. 16 del mismo Reglamento.
Con fecha 27 de noviembre de 1992, el recurrente formuló el preceptivo recurso de reposición contra la anterior Resolución. Contra la desestimación presunta por silencio administrativo de dicho recurso, el actor formuló recurso contencioso-administrativo, que dio lugar al procedimiento 01/0001153/1992. Dicho procedimiento concluyó con la Sentencia 384/96 de la Sección Primera de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dictada en sentido desestimatorio el 30 de mayo de 1996. Tras resaltar que el expediente se inició como consecuencia de la última frase del escrito del Sr. V. A. ("Ya que le falta vergüenza, si, al menos, tuviera capacidad no sucederían estas cosas"), la Sentencia considera que no se ha vulnerado el derecho fundamental a la libertad de expresión, porque, sobre la base de la jurisprudencia penal del Tribunal Supremo que se considera aplicable al caso, dicha libertad cuenta con el límite de la injuria, la calumnia o el insulto a la autoridad, por lo que si el ataque está dirigido a lesionar la figura moral, reputación, consideración y prestigio del sujeto pasivo, la libertad se transforma en abuso y origina responsabilidad. La frase formulada por el recurrente no era necesaria para defender la concepción del servicio del actor, aparte de que en posteriores escritos no cesa de repetir expresiones del mismo tenor. Ante el alegato de desproporcionalidad de la sanción, la Sentencia considera que ha sido impuesta dentro de los márgenes legales (hasta tres años) y además en su grado mínimo o inferior, si se aplicaran analógicamente las reglas del Código Penal, por lo que no aprecia la desproporción denunciada.
La demanda de amparo, interpuesta por la vía del art. 44.1 LOTC, solicita que se revoque la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y, en consecuencia, se proceda al sobreseimiento del expediente sancionador dejando sin efecto la sanción impuesta de suspensión de funciones durante un año. Mediante otrosí solicita asimismo que se suspenda la ejecución de la sanción. En cuanto a la fundamentación de sus pretensiones, el actor alega que la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha vulnerado la libertad de expresión garantizada en el art. 20.1 a) CE, lo que se desarrolla en los siguientes razonamientos:
En primer lugar, la resolución judicial ha efectuado una interpretación sesgada y descontextualizada, ya que no ha tenido en cuenta ni los antecedentes remotos de la expresión en cuestión, ni los antecedentes próximos, ni el contexto del escrito. La Sala ignoró las anteriores denuncias formuladas por el recurrente respecto a la ineficacia en la organización del trabajo. Tampoco tuvo en cuenta la manifiesta coacción de los derechos de reunión y huelga, al imponerse exámenes en un día de huelga, en el que además no se fijaron servicios mínimos, y al soslayar que el recurrente en ese mismo día asistió a la reunión de la Junta de Personal de Pontevedra. Todas estas circunstancias que rodean a los hechos deben ser tenidas en cuenta de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, doctrina que sorprendentemente no es citada por la Sentencia impugnada, a pesar de que las partes han invocado numerosas resoluciones de dicho Tribunal tanto en la tramitación del expediente como en el procedimiento contencioso-administrativo. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia contradice tal doctrina al señalar que "la alegación al contexto o circunstancias concurrentes no pueden destipificar la acción"; y de forma similar se manifestó el Instructor del expediente disciplinario en su propuesta de Resolución.
La Sentencia no ha efectuado una ponderación adecuada al caso concreto al entrar en colisión la libertad de expresión y el derecho al honor, a pesar de que viene exigida por la doctrina del Tribunal Constitucional, conforme a la cual no se debe estimar preponderante ninguno de los dos derechos (SSTC 104/1986, 51/1989, 105/1990; ATC 76/1987; Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1990). Esta misma doctrina es tajante al afirmar que el ámbito de la libertad de expresión se amplía cuando lo expresado se refiere a cuestiones de interés público (STC 104/1986). Por otro lado, las SSTC 81/1983 y 69/1989 señalan que para apreciar una transgresión del límite en el ejercicio de la libertad de expresión se requieren dos premisas básicas: que se haya puesto en entredicho --públicamente o no-- la autoridad de algún superior jerárquico; y que la actuación haya comprometido el buen funcionamiento del servicio. Pues bien, según la demanda no se dan en el presente caso ninguno de los dos condicionamientos, puesto que, por un lado, no ha habido ninguna información pública al respecto, ya que el escrito fue dirigido al Jefe Provincial de Tráfico a través del registro de entrada de la Jefatura, y siguió el mismo curso; y, por otro lado, tampoco se ha comprometido el buen funcionamiento del servicio, sino que, antes al contrario, el escrito se formula para protestar por el mal funcionamiento del servicio.
La Sentencia impugnada utiliza el criterio de que el recurrente es funcionario, por lo que su desconsideración hacia el superior debe ser contemplada dentro del especial régimen de sujeción derivado de la relación funcionarial; en este ámbito, el art. 79 de la Ley de Funcionarios Civiles de la Administración del Estado impone a éstos el deber de respeto a las autoridades y superiores jerárquicos, del que viene a ser correlativa la falta prevista en el art. 7.1 e) del Reglamento disciplinario de 1986. En sentido similar, la Resolución administrativa menciona la STC 69/1989, que se dictó respecto a un miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Sin embargo, la representación del recurrente se muestra disconforme con este criterio, ya que, en primer término, desconoce que la STC 81/1983 ha establecido que la situación del funcionario en orden a la libertad de opinión y a la de sindicación es mucho más próxima a la de un simple ciudadano que antaño; y, en segundo lugar, no tiene en cuenta que los funcionarios policiales disfrutan de una libertad de expresión, e incluso de sindicación, mucho más limitada en atención a los principios de jerarquía y subordinación.
La sanción impuesta ha infringido además los principios de proporcionalidad y equidad. Si se considera el supuesto de hecho de la STC 69/1989 se observa que a un policía se le impuso una sanción de quince días de suspensión de funciones, a pesar de que se rige por unas disposiciones infinitamente más rigurosas y a pesar de que el funcionario policial dio publicidad a las expresiones finalmente sancionadas. En el presente caso, debe recordarse que el Instructor del expediente propuso una sanción de un mes. Además el art. 16 del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos establece la posibilidad de imponer la sanción de suspensión de funciones hasta tres años, lo que, a juicio de la representación del recurrente, permite que no se imponga ni siquiera un día de suspensión; de este modo, la duración de la sanción no abarca desde un día hasta los tres años, sino que oscila entre la no suspensión y la imposición de la sanción.
Por último, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, no es posible calificar la expresión sancionada como insulto. Las SSTC 107/1988 y 51/1989 señalan que están desprovistas del valor de causa de justificación las frases formalmente injuriosas o aquéllas que carezcan de interés público, y por tanto resulten innecesarias a la esencia del pensamiento, idea u opinión que se exprese. Por su parte, la STC 20/1990 indica que sólo se incurre en el insulto cuando sea ésta la finalidad del escrito. La demanda advierte que el escrito sancionado en el presente caso está referido todo él a la actuación profesional del Jefe de Tráfico de Pontevedra, como responsable de la organización del trabajo de los exámenes de conducir. Por lo que se refiere a la frase que se considera incursa en una falta grave, la demanda indica que no se trata de ninguna consideración desprovista de relación con la esencia del pensamiento que se formula (la protesta por la pésima organización de los exámenes de conducir el día 28 de noviembre de 1991), ni carece de interés público, ni es un apóstrofe insultante fuera de discurso. Finalmente, se subraya que el objetivo del escrito era manifestar una enérgica protesta por la realización de los exámenes de conducir, con la intención de reclamar que se organizara bien dicha tarea.
Por providencia de 13 de noviembre de 1996, la Sección Cuarta de este Tribunal acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal, el plazo común de diez días para que formularan, con las aportaciones documentales que procedieran, las alegaciones que estimasen pertinentes en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda [art. 50.1 c) LOTC]. La representación del recurrente formuló sus alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal el 29 de noviembre de 1996, en el que solicitaba la admisión a trámite del recurso. Por su parte, el Fiscal, mediante escrito registrado el 4 de diciembre de 1996, solicitó que antes de resolver sobre la admisión a trámite se aportaran el requerimiento efectuado al demandante el 29 de noviembre de 1991, la contestación de éste, así como el expediente administrativo sancionador y el recurso contencioso-administrativo. Mediante providencia de 19 de diciembre de 1996, la Sección Cuarta de este Tribunal acordó suspender el plazo concedido para el trámite del art. 50.3 LOTC y accedió a requerir al Tribunal Superior de Justicia de Galicia y a la Subsecretaría del Ministerio del Interior las actuaciones solicitadas por el Fiscal.
Mediante escrito registrado en esta sede el 14 de febrero de 1997, la representación del recurrente comunicó que la plaza que ocupaba éste había salido a concurso, por lo que se solicitaba que este Tribunal se pronunciara sobre si era procedente o no la suspensión de la ejecución de la sanción.
Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Cuarta de este Tribunal dictó providencia el 10 de marzo de 1997, en la que dejó sin efecto la suspensión del plazo de diez días para que se diera vista de las referidas actuaciones, a fin de que el Fiscal pudiera formular las manifestaciones que estimara pertinentes.
A través de providencia de 29 de abril de 1997, la Sección Cuarta acordó admitir a trámite la demanda de amparo y requerir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia a fin de que emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si así lo deseaban, en el recurso de amparo.
Por otra providencia de la idéntica fecha, la misma Sección Cuarta acordó formar la pieza separada para la tramitación del incidente sobre la suspensión, concediendo a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal el plazo común de tres días para que alegaran lo que estimasen conveniente sobre dicha suspensión. Mientras que el Abogado del Estado se opuso a la suspensión solicitada, el representante del Ministerio Fiscal no manifestó su oposición a la misma. Por ATC 183/1997 de la Sala Segunda de este Tribunal se acordó la suspensión de la ejecución de la Sentencia de 30 de mayo de 1996.
Mediante oficio de 27 de junio de 1997 (registro de salida de 30 de junio) la Dirección General de Tráfico informó que, dado que la plaza que ocupaba el Sr. V. A. fue convocada a concurso específico, resuelto el 19 de marzo de 1997, no quedando en aquel momento ninguna vacante de examinador en la que reubicar al citado funcionario y a fin de dar cumplimiento al ATC 183/1997, se había propuesto a la Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones la creación de una plaza de examinador en la Jefatura de Tráfico de Pontevedra, a la espera de que el Alto Tribunal dictara Sentencia en el citado recurso de amparo. Mediante escrito de 29 de mayo de 1998, la representación del recurrente solicitó a la Sección Séptima de la Audiencia Nacional (ante la que había recurrido la convocatoria de concurso de la plaza que ocupaba) que no impidiera el cumplimiento del ATC 183/1997.
Por medio de providencia de 23 de junio de 1997, la Sección Tercera de este Tribunal acordó dar vista de las actuaciones a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días para que dentro de los mismos pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52.1 LOTC.
La representación del recurrente, por medio de escrito registrado en esta sede el 17 de julio de 1997, formuló sus alegaciones. En ellas se señala que, ante la ausencia de ponderación por parte de la Sentencia impugnada entre la libertad de expresión y el derecho al honor, surge la necesidad de que se realice un juicio ponderativo sobre dicho conflicto. Se considera que en dicho juicio deben ser valoradas las siguientes circunstancias del caso: En primer lugar, y como precedente, que el escrito se formula después de haberse denunciado en varias ocasiones los incumplimientos en los exámenes de conducir; el escrito tiene lugar, además, en un contexto de huelga, cuando se asignan al recurrente diecinueve alumnos para examinar, a pesar de la jornada de paro y, al día siguiente, se le requiere para que explique su situación, lo que produce la sensación de que hay cierta provocación por parte del Jefe Provincial de Tráfico. En segundo término, que no se ha dado publicidad alguna al referido escrito, ya que fue presentado a través del registro de entrada de la Jefatura. En tercer lugar, que no se ha comprometido el buen funcionamiento del servicio. Y, por último, que la intención principal del escrito no es vilipendiar sino criticar la organización de los exámenes (STC 136/1994), en el ejercicio de un derecho de crítica y de denuncia ante la actitud de un superior.
El Abogado del Estado, mediante escrito registrado el 17 de julio de 1997, solicitó que se dictara Sentencia desestimatoria del amparo solicitado. Aunque la demanda resulta equívoca a la hora de concretar el objeto del recurso de amparo, pues, por un lado, parece que se impugna la Resolución administrativa, mientras que, por el otro, parece que se recurre la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, lo que sí resulta evidente es que la queja se concreta en la eventual vulneración de la libertad de expresión, de modo que las denuncias de falta de proporcionalidad y equidad de la sanción impuesta han de ser entendidas no como una alegación autónoma sino como un refuerzo argumental de la infracción del art. 20.1 a) CE.
El representante del Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el 10 de julio de 1997, en el que interesaba que se otorgara el amparo por vulneración de la libertad de expresión, siendo procedente anular la Sentencia y el acto administrativo que impuso al recurrente la sanción de suspensión de funciones durante un año. Aunque el Fiscal entiende que el recurso ha incurrido en un error, ya que la vía de impugnación procedente es la del art. 43 y no la del art. 44 LOTC, considera que su análisis ha de circunscribirse a la Sentencia, ya que es en el proceso judicial cuando el recurrente alega la lesión de su libertad de expresión, y ya que la Resolución administrativa no hace mención de aquel derecho fundamental. La Sentencia parte de que la libertad de expresión cuenta con los límites del art. 20.4 CE. Ello le lleva a considerar que, dada la menor gravedad ontológica de la infracción administrativa por la que fue sancionado respecto a la correspondiente infracción penal (que sería constitutiva de falta), los hechos enjuiciados tienen pleno encaje en dicha infracción administrativa; en consecuencia, teniendo en cuenta la relación de sujeción jerárquica existente en el ámbito funcionarial, procede la confirmación de la sanción impuesta.
Por providencia de 13 de enero de 2000, se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia, el día 17 del mismo mes y año.
El presente recurso de amparo trae causa de la Resolución de la Subsecretaría del Ministerio del Interior de 17 de septiembre de 1992 por la que se impuso al demandante la sanción administrativa de un año de suspensión de funciones, confirmada por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 30 de mayo de 1996. La doble pretensión que se hace valer en este proceso constitucional es la de anulación de aquélla y de ésta, por cuanto el demandante estima que han vulnerado su derecho fundamental a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE].
En relación con las circunstancias del presente caso es conveniente recordar que el recurrente es funcionario dedicado a la práctica de exámenes de conducir y ostenta además la cualidad de representante sindical. Con anterioridad a los hechos que dan lugar a esta demanda de amparo, había denunciado ante diversas instancias ciertas irregularidades que en su opinión se producían en la práctica de tales exámenes de conducir. Tras una jornada en la que se celebraron diversas actividades reivindicativas y sindicales --una asamblea de una hora, un paro de cuatro horas y una reunión de la Junta de Personal-- el Jefe Provincial de Tráfico de Pontevedra requirió al ahora demandante de amparo para que explicase el cumplimiento de su horario de trabajo en dicha jornada. El Sr. V. A. contestó mediante un escrito remitido a su superior a través de la vía interna de la Jefatura, según se deriva del sello de registro de entrada en la misma.
En dicho escrito, cuya transcripción íntegra figura en el antecedente 2 d), el Sr. V. A. manifestó al Jefe Provincial su descontento respecto a la organización de los exámenes en ese día y explicó que sus ausencias se debían a diversas circunstancias: a la celebración de la Asamblea, que había sido autorizada por el propio Jefe Provincial; a haberse sumado al paro de cuatro horas, ya que era componente del comité de huelga provincial; y al hecho de ser jueves, que es cuando se reunía la Junta de Personal, de la que era miembro y en la que participaba con cargo al crédito horario. Se lamentaba asimismo en dicho escrito de que la falta de previsión en cuanto al paro había determinado que una compañera se tuviera que hacer cargo, de forma imprevista, de las labores de otra. Y concluía su contestación al Jefe Provincial de Tráfico en los siguientes términos: "Ya que le falta vergüenza, si, al menos, tuviera capacidad no sucederían estas cosas". Pocos días después, el Sr. V. A. solicitó al Subdirector General Adjunto de Personal que se incoara expediente disciplinario contra el Jefe Provincial de Tráfico de Pontevedra por la ineficacia en el trabajo y por haber ejercido coacciones y obstrucciones en el ejercicio de derechos fundamentales.
En su demanda de amparo el recurrente alega que se le ha vulnerado la libertad de expresión. De entrada, manifiesta que la frase que consignó en su escrito no puede ser considerada como formalmente injuriosa ni como un epíteto innecesario, ya que se enmarcaba en un escrito con la finalidad de elevar una protesta por la organización del servicio de la práctica de los exámenes de conducir, con lo que el tema no carecía de interés público. Por otra parte, acusa a la Resolución administrativa y a la Sentencia judicial de haber desconocido la doctrina de este Tribunal acerca de la necesidad de tener en cuenta las circunstancias que rodean al caso, ya que han descontextualizado la frase sancionada de los antecedentes remotos, próximos o incluso del conjunto del escrito. Y asimismo se reprocha a las decisiones administrativa y judicial que han seleccionado una doctrina del Tribunal Constitucional que, al ser dictada respecto a la libertad de expresión de los funcionarios policiales, no es extensible al ejercicio de tal libertad por otro funcionario de distinto cuerpo, además de que dicha doctrina reduce las diferencias entre el funcionario y el ciudadano en cuanto a los límites de su libertad de expresión. Pero, sobre todo, el actor de amparo se queja de que los órganos administrativo y judicial no han efectuado una ponderación adecuada al caso de los derechos en conflicto: la libertad de expresión del recurrente y el derecho al honor de su superior. Según su criterio, en este supuesto no se han transgredido los límites impuestos a aquella libertad de expresión, pues ni se cuestionó la autoridad del superior ni se comprometió el buen funcionamiento del servicio, toda vez que no se realizó ninguna información pública del escrito, sino que, por el contrario, éste no trascendió del cauce interno de la Jefatura Provincial de Tráfico.
La queja del recurrente se basa en una pretendida lesión de su derecho a la libertad de expresión, reconocido en el art. 20.1 a) CE, lo que también es compartido tanto por el Ministerio Fiscal como por el Abogado del Estado.
Al respecto ha de tenerse presente, en primer lugar, que la libertad de expresión que nuestra Constitución consagra "tiene por objeto la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del cual deben también incluirse las creencias y juicios de valor" (STC 4/1996, de 16 de enero, FJ 3). Abarcando también la crítica de la conducta de otro, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige.
Pasando ya al examen de la queja a la luz de la doctrina que se acaba de exponer ha de comenzarse destacando que todos los intervinientes en este proceso constitucional han subrayado la relevancia que aquí posee la condición de funcionario del autor del escrito que fue objeto de la sanción administrativa. Y en atención a dicha condición y a la propia falta que se le atribuye a aquél, la de grave desconsideración hacia un superior, se ha alegado la necesidad de respetar el principio de jerarquía por parte de un funcionario subordinado.
Hemos de centrarnos, pues, en el contenido del escrito que el 13 de diciembre de 1991 el recurrente en amparo dirigió a su superior, el Jefe Provincial de Tráfico de Pontevedra, en respuesta a un oficio del 29 de noviembre anterior en el que éste le requirió, en atención a los datos aportados por el control horario, para que manifestase cuál había sido su actividad laboral el día 28 de ese último mes. Aunque con carácter previo hemos de referirnos al contexto de los hechos que dieron lugar a uno y otro escrito, pues permitirá apreciar cuál es la finalidad que preside la mayor parte del contenido del que aquí examinamos.
Al respecto merece ser destacado, en primer lugar, que en la última de las fechas antes mencionadas, la del 28 de noviembre, el personal de la Jefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra fue convocado para diversos actos reivindicativos, entre ellos una Asamblea de dicho personal seguida de un paro. Pese a lo cual dicha Jefatura, sin tener en cuenta tales circunstancias, programó los exámenes para ese día y citó a los examinados, atribuyendo al recurrente una determinada tarea examinadora para la citada fecha. En segundo término, que el recurrente era representante sindical y miembro de la Junta de Personal de Pontevedra, órgano que celebraba una reunión aquel día, así como miembro del Comité de Huelga que convocó la mencionada Asamblea y el paro. Lo que hizo que el Sr. V. A. no pudiera llevar a cabo la tarea examinadora encomendada. De lo que claramente se desprende que la respuesta del recurrente del 13 de diciembre de 1991 al requerimiento de su superior jerárquico ha de ser encuadrada en una situación de anormalidad en el trabajo existente el 28 de noviembre de ese año en la Jefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra.
Pasando ya al examen del contenido general del escrito, si exceptuamos su frase final cabe observar, en primer término, que es dicha situación así como la participación del recurrente en los hechos antes mencionados lo que constituye la mayor parte de la respuesta del Sr. V. A. al requerimiento del Jefe Superior de Tráfico. En segundo lugar, que las manifestaciones del recurrente en dicho escrito estaban presididas por una finalidad crítica del comportamiento del superior jerárquico el 28 de noviembre de 1991, como se evidencia tanto en la pregunta inicial ("¿Es así como tiene Vd. organizado el trabajo?") como en la que cierra el segundo párrafo del punto final del escrito ("¿De quién es la responsabilidad de tener organizado el trabajo?"). A lo que cabe agregar, por último, dos extremos relevantes. De un lado, que si exceptuamos, como se ha dicho, la frase con la que dicho escrito se cierra, cabe apreciar que las expresiones empleadas por el recurrente, pese a que pudieran ser estimadas como molestas o incluso hirientes para su destinatario, no desbordan en modo alguno esa finalidad de crítica al superior. De otro, que tal crítica iba referida exclusivamente a las condiciones en las que se prestó en la tan citada fecha un servicio público a los ciudadanos.
Ahora bien, si se atiende a la frase final del escrito del recurrente en respuesta al requerimiento de su superior jerárquico ("Ya que le falta vergüenza, si, al menos, tuviera capacidad no sucederían estas cosas"), la conclusión a la que ha de llegarse ha de ser distinta de la anterior.
Denegar el amparo solicitado por don Rodrigo V. A.
STSJ Galicia , 22 de Junio de 2005
SAP Córdoba 559/2010, 6 de Julio de 2010
STSJ Murcia 522/2012, 2 de Julio de 2012

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