Source: https://www.pjeveracruz.gob.mx/las-reformas-constitucionales-y-su-trascendencia-actual-conferencia-magistral-del-ministro-juan-n-silva-meza/
Timestamp: 2018-06-23 12:23:50+00:00

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“LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES Y SU TRASCENDENCIA ACTUAL” CONFERENCIA MAGISTRAL DEL MINISTRO JUAN N. SILVA MEZA
Xalapa, Ver., Jueves 20 de Abril, 2018
Ciudad Judicial de Xalapa
Las reformas constitucionales recientes, en materia de amparo, penal y derechos humanos, han inscrito al país en una necesaria reconstrucción constitucional que obliga a reformular conceptos básicos, como los de seguridad, confianza, respeto a los derechos humanos, soberanía, jerarquía de leyes, supremacía constitucional, Estado de Derecho y Estado Constitucional de Derecho.
Reconstrucción que debe atender a que, actualmente, las relaciones internacionales han dejado de poner a los Estados, en el centro, para dar pie a la centralidad del individuo. Esto cobra una relevancia adicional, si asumimos como “normal”, que el derecho de los países tiende a internacionalizarse, ante un contexto en el que los países estamos inscritos en un mundo globalizado, que no tiene vuelta atrás.
El interés nacional, concebido en torno a la concepción soberanista y la razón de Estado, ha dejado de tener sentido, si no es proyectado hacia el individuo.
Los derechos de las personas ocupan ahora el centro de gravedad en la actividad de las Entidades, Poderes y órganos del Estado y también en el concierto internacional.
Partiendo de lo anterior, hablaremos hoy de la paulatina apertura del sistema mexicano ante el sistema internacional, para entender, mediante la recepción de sus normas y su interpretación, el contexto de la que hemos llamado “la actual Revolución de los Derechos Humanos”, relacionada con la interpretación constitucional y convencional y con el diálogo jurisprudencial.
Abordaremos, en forma sintética, algunos retos en la aplicación del cambio de paradigma, con especial atención a los tratados y a su interpretación.
Bien, en relación con esta paulatina apertura del sistema mexicano ante el sistema internacional, debemos señalar a guisa de introducción, que, en algunos países como México, por mucho tiempo los tratados internacionales de derechos humanos no fueron considerados, en los hechos, como auténticas normas de carácter jurídico, sino como instrumentos que, al ser ratificados, servían en el mejor de los casos, para legitimar su política exterior.
Las autoridades administrativas casi no acudían a ellos y muy pocas sentencias se fundamentaban en sus disposiciones. Por tanto, la Constitución, leyes y jurisprudencia nacionales sobre la materia, corrían en un carril distinto al del derecho internacional de los derechos humanos.
Evidentemente, esto suponía que, con bastante frecuencia, los Estados incumplen con las obligaciones previstas en esos tratados internacionales, lo cual debía ser enmendado.
Hoy, a la intención de armonizar la interpretación de los derechos fundamentales en sede jurisdiccional nacional, se ha convertido en un proyecto global, que se expande progresivamente y se institucionaliza en todo el orbe, como lo demuestran la existencia y labor de los sistemas universal y regionales de protección de derechos.
Podemos decir que el Estado mexicano se incorporaron de lleno, de manera decidida, a este proyecto apenas en junio de 2011, con la entrada en vigor de las reformas constitucionales en la materia, con la finalidad última de hacer efectiva la tutela de los derechos humanos.
En el ámbito interamericano, una de las soluciones que adoptó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que las autoridades nacionales aplicarán en todos los casos y en el ámbito de su competencia las disposiciones de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, sus Protocolos y la jurisprudencia emanada de la propia Corte IDH, fue la creación de la doctrina del control de convencionalidad en sede interna (también denominado control difuso de convencionalidad, frente al control concentrado de convencionalidad, a cargo exclusivamente de la Corte).
Esta doctrina ha sido bien recibida por algunos países del continente, no sin algunas dificultades. Su desarrollo jurisprudencial inicia a partir del caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, en 2006. Y desde entonces, varios han sido los casos en que la Corte IDH ha reiterado y precisado algunos aspectos de esta obligación.
Ahora bien, la iniciativa impulsada por el Ejecutivo federal mexicano en 1998, ratificada por el Senado, respecto de la aceptación expresa de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resultó un avance de dimensiones geométricas a favor de todos los justiciables del país.
No porque el tribunal interamericano se haya convertido en una cuarta instancia providencia en la que toda persona inconforme pueda seguir litigando un asunto, perdido en las instancias nacionales. Resulta iluso, ya lo hemos dicho, hasta deshonesto, que los abogados planteen a sus clientes estrategias de litigio que generen falsas esperanzas, del tipo así perdemos el amparo, el asunto lo ganamos en la Corte Interamericana.
En realidad, el cambio de paradigma constitucional y su interpretación, es de un calado de dimensiones mucho mayores.
La sola existencia de la jurisprudencia de este Tribunal regional y su obligatoriedad, hoy reconocida, ha constituido un llamado a modificar sustantivamente la forma de plantear argumentos relacionados con la protección de la persona, dado que a todo individuo le es posible, de ahora en adelante, invocar un catálogo más completo y consistente de derechos.
Ahora bien, a pesar de que el espíritu de la Revolución mexicana, plasmó en la Constitución de 1917 la primera manifestación de los derechos sociales en el mundo, el sistema jurídico mexicano tuvo que esperar; muchos años, antes de llevar al aparato judicial a la eficiencia en el sistema de los derechos humanos.
Este largo trayecto se hizo posible, a partir de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunciara, en 2009, una condena contra el Estado mexicano, derivada del caso de Rosendo Radilla, activista político de la década de los 70s, desaparecido por militares mexicanos, y cuya familia nunca tuvo acceso al derecho a la reparación, por parte de las autoridades mexicanas[1].
Al plantear la inconvencionalidad del fuero militar, aquel proceso instaurado a nivel interamericano, ofreció a la Suprema Corte la primera ocasión para pronunciarse sobre la importancia del principio pro persona[2], incorporado al artículo 1° de la Constitución, en 2011, para extenderse más tarde a lo largo y ancho de los tribunales del país, en términos del control de convencionalidad, pero sobre todo, en términos de un consecuente cambio de mentalidades.
Por todos es sabido que un cambio de mentalidad, no se da de la noche a la mañana. Y aunque en México existían procedimientos de protección judicial antes de reformas constitucionales y legales, diseñadas para vencer las enormes disparidades sociales y el sistema presidencialista buscaba nuevos equilibrios sociales, las víctimas de las desigualdades, sabían de la fragilidad del estado de Derecho y de la falta de previsibilidad del sistema de protección del individuo y que, la justicia, no era accesible a todos.
Ello, no obstante que ya se había creado un recurso procesal de excepción, cuyo objetivo era la protección individual. Recurso, implantado por primera vez en 1841 en la Constitución del estado de Yucatan, con el fin de controlar por vía jurisdiccional los excesos del poder, pudiendo el individuo anteponerlo (llamado amparo) contra actos lesivos a sus derechos individuales y contra defectos de constitucionalidad de las leyes en vigor.
Cuando el amparo fue retomado en la legislación federal (art. 25 del Acta de reformas de 1847), por influencia de Ignacio Vallarta y Mariano Otero, dicho recurso procesal quedaría instaurado para analizar situaciones de excepción, que debían ser corregidas por el poder judicial.
Las primeras peticiones de amparo coincidieron con la ocupación de las tropas norteamericanas entre septiembre de 1847 y febrero de 1848[3]. Y si bien este juicio había sido concebido como parte de las competencias de jueces federales de primera instancia, muy pronto su utilización saldría del marco de un procedimiento de excepción para convertirse en un medio cada vez más utilizado por los ciudadanos.
Las decisiones tomadas por los poderes políticos, se enfrentaban así al arbitraje (no político, sino constitucional), emitido por un poder judicial, que acaso podría adquirir una notoriedad desmedida, al volverse capaz de anular, cualquier tipo de decisión pública. Los expedientes judiciales, muestran el uso cotidiano que adquirió este procedimiento contencioso, como medio para eludir la arbitrariedad de las decisiones de Gobierno.
En este nuevo periodo que abarca buena parte del siglo XX, si bien, el Ejecutivo aparentaba una relación respetuosa con el Poder Judicial, los tribunales terminaron funcionando más bajo una lógica de apelación de fallos de los tribunales inferiores, o como última etapa del proceso contencioso administrativo. Parecía entonces, que ningún arbitraje era necesario dentro de un régimen que concentraba el poder del Estado, en el Ejecutivo.
EN ESTE CONTEXTO, ES IMPORTANTE VER AL PODER JUDICIAL EN SUS DIFERENTES ÉPOCAS HISTÓRICAS, JURISPRUDENCIALES.
Las épocas jurisprudenciales, son períodos que reflejan cambios paradigmáticos en la manera de formar Jurisprudencia, es decir, en la manera de registrar los criterios de interpretación que constituyen la creación del derecho a través de la impartición de justicia.
La Primera, la Segunda, Tercera y la Cuarta, épocas.
Las épocas Quinta a la Décima, en la que actualmente nos encontramos, comprenden lo que se considera el Catálogo de la Jurisprudencia aplicable y surgen a partir de la vigencia de la Constitución de 1917, producto de la Revolución armada de 1910.
Es importante destacar el inicio de la Octava época, en razón de que, las transformaciones constitucionales dieron el carácter de Tribunal Constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y buscaron disminuir el volumen de asuntos que ingresaban a ella.
La Novena época, que inicia en febrero de 1995, producto de la reforma constitucional que transformó de manera integral el sistema de impartición de justicia, y que consolidó a la Suprema Corte como Tribunal Constitucional al otorgarle nuevas atribuciones para declarar la invalidez de normas generales también a través de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.
Y, finalmente y en virtud de la reforma constitucional en materia de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 2011 y por Acuerdo del Tribunal Pleno del 29 de agosto de ese año, se decretó el inicio de la Décima época del Seminario Judicial de la Federación, a partir del 4 de octubre de 2011.
La Décima época, deriva del conjunto de reformas constitucionales en materia de amparo, de derechos humanos y de justicia penal que, vistas en conjunto, representan la renovación más intensa de las labores jurisdiccionales que el país haya atestiguado en su historia de justicia. Así como para todas las autoridades en general sin importar poder, nivel, ni orden.
Podríamos decir que las olas de democratización, posteriores a la caída del Muro de Berlín, también impactaron en la configuración de nuestro sistema político-constitucional, otorgando a los jueces, a partir de este período, la garantía de legalidad, aunque ejerciendo tareas todavía poco invasivas en las decisiones del Ejecutivo.
Los mismos conceptos que habían inspirado la reconstrucción de los sistemas constitucionales de los países de Europa del Este; la reorientación del sistema democrático; del Estado de Derecho; de la independencia judicial y el respeto a los derechos humanos, sirvieron como principios estructurales de nuestras adaptaciones hacia un modelo democrático. Había llegado la hora de garantizar las libertades negativas tradicionales, sacando, a su vez, a las positivas del cajón de las buenas intenciones. El discurso de los derechos humanos pudo entonces, finalmente emerger.
Una primera respuesta en el ámbito de la protección del individuo se dio en 1990, con la creación de las Comisiones de Derechos Humanos, siendo estas últimas, independientes, y concebidas, primero, a nivel federal, basándose en el modelo escandinavo del ombudsman, adaptado al marco del sistema presidencial (y unos años más tarde, reproducido en el nivel de las 32 entidades federativas).
Sin embargo, no se puede negar que nuestra tradición de protección jurídica seguía inclinada, culturalmente, hacia el recurso de amparo.
Pero, reformar y en particular reformar la Constitución, implica: cambio, modernidad y actualización. Y a la vez y sobre todo, un análisis reflexivo, serio y profundo.
La reforma en materia de derechos humanos, trajo un cambio paradigmático, en el reconocimiento de estos derechos y en el establecimiento explícito de herramientas jurídicas para su incorporación y aplicación, las cuales se encuentran principalmente establecidas en el artículo 1º Constitucional.
Así, la impartición de justicia tuvo su camino trazado por la Constitución general, desde su primer artículo, y hoy dicha Ley Fundamental obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Principios, torales hoy, no solo para la impartición de justicia, sino para el ejercicio de las atribuciones de cualquier autoridad del Estado mexicano.
El artículo 1º constitucional, no se limita a establecer: que los derechos humanos vinculan al Estado en su conjunto; incluidos, sus tres poderes, en sendos niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, sino que, además, especifica que todas las autoridades también tienen obligaciones frente a los derechos humanos.
Todo lo anterior, impulsó un cambio indispensable en el modelo interpretativo constitucional. Una nueva forma de leer y entender a la Constitución.
EVOLUCIÓN DEL MODELO INTERPRETATIVO MEXICANO.
Hablar de un nuevo paradigma de interpretación constitucional y convencional implica forzosamente el reconocimiento de un sistema interpretativo diverso.
Por ello, para comprender los alcances y funcionamiento del nuevo modelo interpretativo en el sistema jurídico mexicano, es preciso remontarse a la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, precisamente para observar dicha evolución.
Desde su promulgación, la Constitución contemplaría en su estructura jerárquica a los tratados internacionales como fuente de derecho interno y, por consiguiente, de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Tal y como lo señalaba la primera redacción del artículo 133 constitucional, que se expresaba en los siguientes términos:
Art. 133.- Esta Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, y todos los tratados hechos y que se hicieren por el Presidente de la República, con aprobación del Congreso, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces e cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, Leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados. (Texto transcrito Íntegramente del diario Oficial de la Federación Publicado el 5 de febrero de 19179.
Este texto, es particularmente relevante puesto que implica que el poder constituyente dotó con carácter de Ley Suprema de toda la Unión a las disposiciones normativas tanto constitucionales como convencionales, sin distinguir la materia a la que aludía el Tratado internacional.
De lo que se podrá inferir que desde entonces, los jueces federales y locales estaban obligados por mandato constitucional a realizar una especie de control de regularidad constitucional y, a analizar las disposiciones normativas constitucionales así como las contenidas en los Tratados para poder emitir un fallo adecuado ante el caso concreto.
Siguiendo este primer enfoque interpretativo, poco después de la publicación de la CPEUM de 1917, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteró la supremacía de la Constitución, de las leyes del Congreso de la Unión y de los Tratados internacionales como fuente de la Ley Suprema de la Unión, a través de diversos criterios. Como muestra la determinación sostenida en el Amparo penal directo de 18 de marzo de 1918, al señalar:
LEY SUPREMA DE LA NACIÓN.
Conforme al artículo 133 de la Constitución, ésta, las leyes del Congreso que de ella emanen, y los tratados que, con aprobación del mismo, hiciere el presidente de la República, constituyen esa Ley Suprema.
En el mismo sentido, el Alto tribunal se manifestó en el Amparo penal en revisión 2814/24, con fecha 20 de julio de 1926:
Aun cuando los Estaos tienen libertad para legislar en lo que concierne a su régimen interior, en ningún caso pueden contravenir las estipulaciones del Pacto Federal y los Jueces de cada Estado se arreglarán a la Constitución Federal, leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y tratados hechos y que se hicieren por el presidente de la República, con aprobación del Congreso, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.
Sobre este mismo tema, el Pleno de la SCJN sostuvo en el Amparo civil directo 4273/26, con fecha 8 de marzo de 1928, la siguiente tesis aislada:
Las estipulaciones contenidas en los tratados celebrados con las potencias extranjeras, tienen fuerza de ley para los habitantes del país.
Este criterio prevaleció, hasta la Reforma Constitucional de 1934, publicada en el DOF el 18 de enero de 1934. Reforma que sentará las bases de un segundo enfoque interpretativo, al dotar de supremacía única y absoluta a la CPEUM sobre cualquier otra fuente de derecho.
Así, a partir de la década de los treinta, en México los tratados internacionales que abordasen temas contrarios a los mandatos constitucionales adolecerán de toda legitimidad, sin tomar en cuenta si había derechos humanos en juego o no. Alejándose del interés nacional concebido en 1917 en torno a la concepción soberanista y la razón de Estado, como antes comentamos.
Ahora, la iniciativa impulsada por el Ejecutivo federal mexicano en 1998, ratificada por el Senado, respecto de la aceptación expresa de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resultó un avance de dimensiones geométricas a favor de todos los justiciables del país. No porque el tribunal interamericano se haya convertido, como decíamos, en una cuarta instancia “providencial” en la que toda persona inconforme pueda seguir litigando un asunto, perdido en las instancias nacionales.
Pasaron cerca de 8 décadas para llegar a la Reforma Constitucional de 2011, con la que se crearía un tercer enfoque interpretativo del sistema jurídico mexicano, donde las relaciones internacionales dejaron de concentrarse exclusivamente en los Estados como sujetos, para dar mayor valor a la centralidad de los derechos de los individuos, estableciendo una serie de principios y mecanismos para garantizar los derechos de las personas por todas las autoridades del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Las bases interpretativas del sistema jurídico mexicano actualmente descansan en el artículo 1Ó de la CPEUM, cuya nueva redacción establece el principio pro-persona alejándose de viejos criterios basados en consideraciones jerárquicas entre las leyes federales, los tratados y la Constitución. La solución tendrá que definirse caso por caso, a partir de los principios y obligaciones que todas las autoridades deberán considerar.
De este modo, las reformas constitucionales estructurales de la Última década: Reforma Constitucional Penal, Reforma a los juicios de Amparo y Reforma en materia de Derechos Humanos- constituyeron un cambio de paradigma en la implementación de justicia en México e inscribieron al país en una necesaria reconstrucción constitucional que obliga a reformular los conceptos básicos. El reto ahora, es buscar cómo se debe interpretar el texto constitucional para garantizar de manera fehaciente e indubitable, el irrestricto apego a derechos de todas las personas.
Vale la pena recordar que, históricamente, la interpretación normativa se había caracterizado por constituir un sistema jerárquicamente estructurado, de tal suerte que la norma secundaria de ninguna forma podía contravenir lo estipulado por la norma primaria, produciendo una genuina subordinación vertical y absoluta.
Muestra de ello, son los criterios reflejados en las tesis aisladas y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
En 1992 la Suprema Corte determinó que los tratados internacionales y las leyes federales tienen la misma jerarquía y “ocupan, ambos, el rango inmediatamente inferior a la Constitución en la jerarquía de las normas en el orden jurídico mexicano”
Posteriormente, en 1999, el Alto tribunal abandonó dicho criterio para favorecer a los Tratados internacionales, al afirmar que ”los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y local”.
Mismo criterio se reafirmó en 2007 con la tesis de rubro tratados internacionales. Son parte integrante de la Ley suprema de la unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del artículo 133 constitucional, proporcionando mayores argumentos para sustentar la jerarquía de los tratados frente a las leyes federales en el orden jurídico del país.
Con la reforma de 2011, el nuevo modelo interpretativo permitió, en materia de derechos humanos, la realización de una interpretación ya no solo vertical sino horizontal; estableciendo como Único parámetro de validez el respeto a los derechos de las personas, garantizando la protección más amplia y potencializando, de este modo, la dignidad humana como fin Último del derecho.
Respecto a los derechos humanos, México es parte de la totalidad de los tratados del hemisferio sobre la materia. En este punto es importante precisar que el tratado interamericano que define ampliamente los derechos humanos y las correlativas obligaciones de los estados parte, y que institucionaliza y articula el funcionamiento de la Comisión y de la Corte interamericanas de derechos humanos es la Convención americana sobre derechos humanos (CADH) de la que México es parte desde el mes de marzo de 1981.
Recordemos que, aunque la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano por el caso Radilla Pacheco en 2009, no fue hasta un mes después de la reforma al artículo 1° Constitucional que, en julio de 2011, la Suprema Corte mexicana retomó el caso Radilla en el expediente Varios 912/2010.
Donde estableció como obligatorias las sentencias de la Corte IDH en todos los casos en los que el Estado mexicano era una parte en el litigio. Hasta ese momento, el resto de los criterios interamericanos se suponía que solo podían orientar una interpretación general sobre los derechos humanos.
La reforma constitucional de 10 de junio de 2011 fue interpretada jurisprudencialmente por la Suprema Corte a partir de las Contradicciones de tesis 293/2011 y 21/2011.
En la contradicción de tesis 293/2011, se resolvieron tres temas de la mayor importancia:
Los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución, tienen la misma jerarquía (o si se quiere, el mismo valor constitucional) que aquellos establecidos en tratados internacionales.
Los derechos humanos consagrados en la Constitución, pueden llegar a tener límites o restricciones y, en este sentido, se estará a lo que disponga el texto constitucional.
Se aprobó que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para las autoridades mexicanas, siempre que hacerlo resulte más benéfico para las personas.
Estableciendo, de este modo, que todo el corpus de los casos interamericanos aun cuando el Estado mexicano no sea parte, se entiende obligatoria a todas las autoridades en México. Asimismo, se determinó que las normas de derechos humanos no se relacionan en términos jerárquicos, es decir, no hay una sobre otra sino que deben de armonizarse en una interpretación pro persona. Cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, deberá estarse a lo mandado por la propia Constitución.
Aunado a lo anterior, en la Contradicción de tesis 21/2011, se explicÓ que el principio de supremacía constitucional se reinterpreta después de la reforma de derechos humanos dividiéndose en dos vertientes:
La primera, se da cuando no se plantean cuestiones de derechos humanos y por tanto rige el sistema de jerarquía (Kelseniana);
La segunda, implica que cuando se interpretan derechos humanos, se desdibuja la jerarquía normativa para dar paso a una interpretación en la que los derechos humanos, independientemente de su fuente, están en igualdad jerárquica y se interpretan de acuerdo con el principio pro persona.
Por tanto, se puede afirmar que en la actualidad el control de convencionalidad en conjunto con el control de constitucionalidad, conforman el parámetro de control de regularidad del Estado mexicano.
Así las cosas, el control de convencionalidad y, de forma específica, la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano, presentan desde junio de 2011 una nueva fisonomía. La positivización, con rango constitucional, de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales suscritos por México, ha transformado la forma en que el juez nacional ejerce la función jurisdiccional.
Pero, las relaciones entre la jurisdicción regional DH y el derecho nacional, han presentado muchas tensiones entre Derecho y Realidad.
Desde el punto de vista teórico, en algún momento resultaba pacífica la idea consistente en que las sentencias internacionales eran solamente declarativas.
Sin embargo, en América y ahora también en Europa, las sentencias regionales sobre derechos humanos conllevan un deber de reparación adecuada.
Y, este deber de reparación adecuada en beneficio, ha generado que la sentencia internacional reclame en los hechos, un impacto normativo en el orden jurídico nacional.
Lo que llega a cuestionarnos, hasta qué punto una sentencia internacional, sobre derechos humanos, crea o no una nueva verdad jurídica para el derecho nacional respectivo.
Y es aquí en donde empiezan las tensiones, dice el Juez Fernando Silva, quien señala que:
“Las paradojas comienzan porque, actualmente, la concepción del Estado nacional, como ente soberano, coexiste con la noción de un Estado nacional, condicionado por el Derecho Internacional de los derechos humanos”.
Por ello, vemos cómo, frente a la posición consistente en que las sentencias sustantivas y normativas en el plano nacional, como lo han sostenido la Primera Sala y el Pleno, hoy existe un pensamiento jurídico opuesto, que entiende que: las sentencias internacionales solamente generan orientaciones jurídicas, y, en todo caso, un deber de indemnización en beneficio de las víctimas.
Pero, también se ha llegado a la idea de que la obligatoriedad de la jurisprudencia internacional, puede modularse y matizarse, por los jueces nacionales. Así, lo ha sostenido el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal.
Sin embargo, lo que debemos rescatar es que a partir de la Reforma Constitucional y el caso Radilla, la jurisprudencia de la SCJN, reconoció cuando menos, cinco transformaciones centrales en materia de DH.
La SCJN ha reconocido, en su jurisprudencia, que los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional de toda la actuación pública, tal como se establece en el criterio jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La SCJN ha reconocido que las sentencias de la Corte IDH son obligatorias para el Estado mexicano, y así se plasmó en la siguiente tesis aislada del Pleno de Nuestro Máximo Tribunal:
SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO
La SCJN ha reconocido, en una votación muy cerrada, que no solamente las sentencias contra México, sino toda la jurisprudencia interamericana es vinculante para todos los poderes públicos dentro del Estado mexicano, tal como se desprende de la siguiente jurisprudencia del Pleno:
”JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA”.
El segundo párrafo del artículo 1° de la Constitución incorpora los principios pro persona y de interpretación del derecho nacional CONFORME al derecho internacional DH, así se determinó en la siguiente jurisprudencia y tesis aislada emitida por la Primera Sala:
”PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE”.
Antes de la reforma constitucional de 2011, en México operaba un modelo de control constitucional concentrado en los jueces del Poder Judicial Federal.
A partir de 2011, la SCJN redefinió el modelo de justicia constitucional y ha interpretado que todos los jueces, tanto locales como federales, están facultados, Ex oficio, para inaplicar las leyes violatorias de DH en el caso concreto, tal como se desprende de la siguiente tesis aislada y jurisprudencia, respectivamente, emitidas por el Pleno y la Primera Sala:
”PARÓMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFICCIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”.
”CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011).”
Podemos afirmar, que estas transformaciones generaron, por ejemplo, que en diciembre de 2013 la ONU emitiera un premio en materia de DH para la SCJN, por la manera de acogerse a la reforma y obrar en consecuencia, conforme al nuevo paradigma.
Sin embargo, aquí no termina la historia.
Estas transformaciones hoy, COEXISTEN con una diversidad de jurisprudencias que han venido “descafeinando” al nuevo paradigma constitucional, a través de la propia jurisprudencia nacional, que en clave de ”modulaciones y matices” han reinterpretado en cada nueva oportunidad la reforma constitucional de 2011.
Así, coincido con el Juez que vengo citando, cuando nos menciona cinco ejemplos de éstas, que calificamos como paradojas:
Primera paradoja: Frente a la idea de que el parámetro de validez constitucional debe complementarse con los tratados sobre derechos humanos; la Segunda Sala de la SCJN emitió una jurisprudencia (obligatoria) en el sentido de que los operadores jurídicos pueden acudir a los tratados siempre y cuando la Constitución no regule en forma suficiente el tema materia de la Litis.
Esto ha generado una especie de zona de confort judicial. Si el juez encuentra que la Constitución regula de una determinada forma determinados alcances de una libertad o de un derecho, bueno pues ya ni siquiera voltea a ver a los tratados o a la jurisprudencia internacional aplicable para resolver el caso, máxime que la jurisprudencia nacional da cobertura a esa actuación. Así las cosas, la Segunda Sala pronunció la siguiente tesis de jurisprudencia:
”DERECHOS HUMANOS. SU ESTUDIO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÓCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÑN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA NECESARIAMENTE QUE SE ACUDA A LOS PREVISTOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, SI RESULTA SUFICIENTE LA PREVISIÑN QUE CONTENGA LA CONSTITUCIÑN POLÓTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”
Como sabemos, esta idea de la autosuficiencia de la Constitución frente a la Convención: es inexacta.
En las materias de prisión vitalicia, prisión preventiva incluido el arraigo penal, detención, presunción de inocencia, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, derechos de las víctimas (en materia penal y administrativa), protección de los DH frente a particulares, protección de los derechos frente a omisiones legislativas, y en materia de reparaciones, la jurisprudencia interamericana es ampliamente más profunda y evolucionada, que la jurisprudencia constitucional.
Segunda paradoja: Hemos dicho que las sentencias y la jurisprudencia internacional, son obligatorias para el Estado mexicano. Sin embargo, la SCJN ha emitido una jurisprudencia obligatoria en la que prohíbe a todos los operadores jurídicos realizar un control de convencionalidad de la jurisprudencia de la SCJN e incluso ha presentado denuncias disciplinarias frente a los magistrados que han dado preferencia aplicativa a la Convención frente a la jurisprudencia constitucional.
Esto ha generado que el diálogo judicial sea relativo. Es decir, cuando la SCJN se pronuncia jurisprudencialmente sobre algÓn tema en concreto, esa aproximación resulta inmune y sustraída de la deliberación judicial, a pesar de que en teoría- los operadores jurídicos de acuerdo a la propia jurisprudencia nacional se encuentran vinculados no sólo por la jurisprudencia de la SCJN- sino también por los tratados y por la jurisprudencia interamericana de DH. Tal como se señaló por el Pleno en la siguiente jurisprudencia:
”JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÑN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFICCIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA”.
De ahí, la importancia de la deliberación de criterios jurisprudenciales en Sede Académica, como lo pretendemos impulsar.
Tercera Paradoja: Hemos dicho, que la jurisprudencia ha incorporado el llamado control de convencionalidad de las leyes.
Sin embargo, en una votación posterior muy cerrada, el Pleno de la SCJN determinó que los tribunales colegiados (que son tribunales federales de segunda instancia) NO tienen facultades para ejercer el control de convencionalidad de las leyes sustantivas aplicadas por el juez natural, sino que solamente pueden ejercer el control de convencionalidad de las leyes procesales que regulan sus funciones.
Por un lado, este criterio choca frontalmente con el nuevo modelo de justicia constitucional/convencional de la propia SCJN.
Asimismo, este criterio en la práctica ha generado un mensaje inhibitorio para todos los tribunales federales de segunda instancia, pues no es tan claro qué leyes pueden o no ser objeto de control judicial y tampoco está clara la razón para hacer esta división entre leyes sustantivas y adjetivas para efectuarlo. Tal como se estableció en las siguientes tesis aisladas emitidas por el Pleno:
”CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA EJERCERLO RESPECTO DE NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE ORIGEN”.
”CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÑLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA”.
Cuarta paradoja: Hemos dicho, que la reforma constitucional introdujo el principio pro persona como un criterio de resolución de conflictos.
La SCJN tiene dos aproximaciones opuestas con respecto a dicho principio:
Por un lado, la Segunda Sala ha establecido que este principio pro persona no cambia en nada los presupuestos procesales y las reglas de procedencia de los procesos judiciales, de manera que el operador jurídico debe continuar aplicando de la misma forma estas reglas, tal como se desprende de la siguiente jurisprudencia:
”DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÑN DE JUSTICIA. SU APLICACIÑN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÑN JURISDICCIONAL”.
En cambio, la Primera Sala de la SCJN ha dado la pauta para que los presupuestos procesales y las reglas de procedencia de los juicios, se interpreten respetando el principio de los juicios, se interpreten respetando el principio pro actione como una manifestación del principio pro persona.
Lo anterior, conforme a los criterios emitidos que se enuncian a continuación, la primera tesis aislada y las siguientes de jurisprudencia:
”SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES DERIVADAS DE AQUELLAS CUYO CUMPLIMIENTO PUEDE ANALIZARSE EN EL JUICIO DE AMPARO”.
”INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD. SU IMPULSO PROCESAL INTERRUMPE EL TÑRMINO PARA QUE OPERE LA CADUCIDAD EN EL JUICIO PRINCIPAL (INTERPRETACIÑN DE LA FRACCIÑN V, DEL ARTÓCULO 29 BIS, DEL CÑDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE JALISCO)”.
”ORDEN DE REAPREHENSIÑN DICTADA EN EJECUCIÑN DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES PROCEDENTE EN SU CONTRA”.
Quinta paradoja (ct. 293/2011): El artículo 1Ó constitucional establece literalmente que: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaron de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
La SCJN emitió una jurisprudencia muy dividida y estableció, que en caso de conflicto entre una norma sobre DH de fuente internacional y una norma constitucional que contenga una restricción expresa a DH debe estarse a lo que establece la Norma Suprema y quedó plasmado en la siguiente jurisprudencia del Pleno:
”DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.”
Vale la pena señalar aquí, que el Ministro José Ramón Cossío puso de manifiesto una paradoja de esta tesis en los términos siguientes:
O las normas sobre DH de fuente internacional son parte de la Constitución, y por ende, deben utilizarse como parámetro de validez de todo el conjunto; o bien, en caso de que las restricciones constitucionales prevalezcan en términos absolutos, tendrá que reconocerse que las normas de fuente internacional NO son en realidad parte de la Constitución.
En relación con lo anterior que trasciende y se conecta con el tema de esta charla, en lo personal coincido con quienes afirman que los Estados se hacen parte de los tratados internacionales, sobre derechos humanos por decisión soberana. Al hacerlo se imponen a sí mismos, el deber de aplicar en el orden interno esos compromisos internos. En esa perspectiva, los tribunales nacionales tienen un papel crucial como garantes activos de los derechos establecidos en los compromisos internacionales
[1] Corte IDH. Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, de 23 de noviembre de 2009.
[2] Referencia Varios 912/2010 Caso Rosendo Radilla Pacheco del 14 de julio de 2011.
[3] Se tiene registro del primer juicio de amparo, solicitado por el periodista y editor Vicente García Torres en 1847, en contra de la orden de aprehensión girada por el General en jefe del Ejército de Oriente; igualmente refiero la Solicitud de amparo del Coronel Tomás Andrade, contra el decreto de trasladarse de la ciudad de México a Huichapan, del 28 de julio de 1848; y el Recurso de amparo contra disposiciones que privan del empleo de Comandante de Escuadrón a Darío Servín de la Mora, dado de baja en el ejército, del 4 de agosto de 1848.

References: artículo 1
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 artículo 133
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 resolución 
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