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Timestamp: 2017-07-28 04:43:16+00:00

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El presidente del Teletón, Fernando Landeros, y el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga. Foto: Octavio Gómez/Proceos.com
John M. Ackerman Justicia para Luis Olivares Enríquez y libertad inmediata para todos los presos políticos de Guerrero. Las acciones “populistas” son aquellas que a primera vista dan la impresión de ayudar a la población pero que a largo plazo lastiman profundamente a la sociedad. Estas políticas irresponsables y engañosas buscan el aplauso fácil en lugar de resolver los problemas de fondo. Tanto el "Buen Fin" como el "Teletón" cumplen cabalmente con esta caracterización. El Buen Fin no busca ayudar a la economía popular sino facilitarles ganancias a las empresas monopólicas. Por ejemplo, muchos establecimientos prefieren ofrecer pagos “a plazos” en lugar de descuentos reales. Así, las grandes empresas pueden deshacerse más fácilmente de los inventarios acumulados a lo largo de este año de franco estancamiento económico. Y cuando sí se ofrecen descuentos reales, normalmente estos apenas emparejan los precios nacionales con lo que se cobra por exactamente los mismos productos en los Estados Unidos. Para realmente beneficiar al pueblo las ofertas tendrían que ser permanentes en lugar de temporales y al gusto de los oligarcas. El Buen Fin también fomenta peligrosas prácticas de endeudamiento personal al estimular la utilización de las tarjetas de crédito. Y con el sorteo en el que la Secretaría de Hacienda “reembolsará” una pequeña cantidad a algunos tarjetahabientes el gobierno federal convierte la irresponsabilidad ciudadana en política pública. Asimismo, las ganancias para los bancos por concepto de intereses, cobros y comisiones en tarjetas de crédito durante los próximos meses constituirán una enorme recompensa para la oligarquía por su “generosa” participación en el programa. La casa nunca pierde. En lugar de fomentar el consumo irresponsable, el gobierno tendría que controlar los abusos de las empresas monopólicas. Por ejemplo, habría que defender a los mercados populares y a los pequeños y medianos empresarios nacionales de las grandes tiendas departamentales transnacionales que incurren en prácticas laborales abusivas, corrompen autoridades, repatrian sus ganancias a sus matrices y contribuyen muy poco al fisco. Estrictos controles sobre los precios de productos de demanda generalizada también ayudarían a generar las condiciones para un “Buen año” para todos, en lugar de solamente un “Buen fin” para unos cuantos. La prensa nacional ha informado que durante los últimos seis años el SAT ha condonado casi 74 mil millones de pesos a algunas de las empresas más grandes del país, incluyendo Televisa y Walmart, por concepto de “créditos fiscales”. A pesar de que el IFAI ha exigido en múltiples ocasiones al Servicio de Administración Tributaria dar a conocer toda la información sobre estos créditos, el gobierno federal, primero con Calderón y ahora con Peña Nieto, se ha negado rotundamente a divulgar los datos. Hoy las fuerzas de la oscuridad también cuentan con el apoyo de Gerardo Laveaga, Comisionado Presidente del IFAI, quien en la votación más reciente sobre el tema defendió con capa y espada los supuestos derechos de los empresarios más poderosos del país a mantener en secreto estas millonarias contribuciones recibidas de parte del gobierno en nombre de todos los mexicanos. La oligarquía no descansa en su constante afán de expropiar los pocos ahorros de los dignos trabajadores, estudiantes y profesionistas del país. Apenas culmine el Buen Fin, iniciará el circo mediático del Teletón, que tendrá lugar los próximos 29 y 30 de noviembre. Esta iniciativa es igual de engañosa que la primera. Su principal propósito no es ayudar a los niños con dificultades, sino reducir la carga fiscal y mejorar la imagen pública de la televisora más abusiva del país. En lugar de donar a Emilio Azcárraga los pocos ahorros que pueden quedar después de los gastos del Buen Fin, habría que ahorrarlos para invertir en proyectos de autogestión familiar o comunitaria que beneficien a todos. Sin duda existen muchos niños con grandes necesidades que deben ser atendidos. Pero no son los ciudadanos de a pie quienes tienen la obligación de resolver estos problemas con sus reducidos ingresos, sino el gobierno que supuestamente nos representa a todos. Las autoridades tendrían que eliminar la evasión fiscal, cancelar los paraísos fiscales y, en general, recaudar más impuestos a los grandes empresarios para poder cumplir con sus responsabilidades sociales mandatadas por la Constitución. En lugar de distraernos con el circo mediático del Buen Fin y el Teletón, habría que inspirarnos con el digno legado de la Revolución Mexicana, cuyo inicio celebramos este 20 de noviembre. Hoy que la oligarquía cada día ingenia nuevas trampas para vaciar nuestros bolsillos, habría que buscar nuevas formas para seguir el digno ejemplo de grandes luchadores sociales como Emiliano Zapata y Pancho Villa a quienes debemos mucho más de lo que cualquiera nos imaginamos. www.johnackerman.blogspot.com Twitter: @JohnMAckerman
John M. Ackerman “Quien no invierte 10 millones de pesos en una campaña no gana, el que no compra votos el día de la elección no gana, el que no reparte despensas y otras cosas, tampoco”. Son las palabras de Zac Mukuy Vargas Ramírez, Secretaria de Asuntos Juveniles del Partido de la Revolución Democrática, expresadas a la periodista Claudia Herrera de La Jornada. La dirigente partidista resume con toda claridad la naturaleza corrupta de nuestro sistema político. En nuestra “democracia” mercantilizada la posibilidad de dirigir la nación no es un asunto abierto a ciudadanos bien intencionados, con liderazgo social o con propuestas creativas, sino un negocio reservado exclusivamente para políticos experimentados en la recaudación de fondos de procedencia desconocida, la compra de lealtades y la manipulación mediática. La situación que resume Vargas Ramírez es la triste realidad de todos y cada uno de los partidos políticos actuales. No gana quien juega respetando las reglas, sino quien patea con más fuerza el tablero. Mentiría el dirigente partidista o funcionario electoral que afirme lo contrario. Esta deplorable situación es el legado directo de José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés, quienes han custodiado nuestra “transición” fallida desde 1996. La gran mayoría de los consejeros y magistrados electorales, tanto federales como locales, también han contribuido gustosos a generar esta situación al sacrificar la objetividad, inteligencia y valentía que tendrían que caracterizar su actuación para sustituirla por conductas pasivas, parciales o abiertamente corruptas. El remplazo del Instituto Federal Electoral (IFE) por un nuevo elefante blanco llamado Instituto Nacional Electoral (INE) evidentemente no resolverá el problema. No se echará de menos al viejo IFE, pero muy probablemente el nuevo engendro sea aún menos efectivo que su antecesor. Con la creación del INE la soberbia de los ocupantes de la casona de Viaducto Tlalpan rebasará cualquier límite. Los nuevos virreyes de la “democracia” no solamente podrán negociar votos y lealtades en función de los comicios federales, sino que también tendrán entre sus manos las riendas de las elecciones estatales y municipales del país. Las oportunidades para la búsqueda de nuevos cargos, empleos y acomodos políticos se ampliarán y, si llegan a jugar bien sus cartas, los consejeros gozarán de un futuro pos-burocrático lleno de lujos y prebendas. Más allá de cualquier reforma legal, lo más importante son los perfiles de quienes dirigen las instituciones. Un buen funcionario electoral no busca lucrar personal, política o económicamente con su cargo, sino entregarse a la defensa de las causas ciudadanas y a enfrentar a los poderes fácticos. Un efectivo consejero electoral tampoco se esconde en los laberintos de la simulación legalista, sino que se asume como un auténtico líder social. Ya basta de tímidos burócratas y ambiciosos ególatras cuyas mayores preocupaciones son la elección del restaurant para su próxima cena de “trabajo” o el destino de su próximo congreso internacional. Habría que colocar una nueva generación de consejeros y magistrados que se distingan por su humildad, valentía y dignidad. Los detalles de la nueva legislación electoral evidentemente también tienen su relevancia. El ámbito más importante es el de la fiscalización y la vigilancia de las campañas electorales. Específicamente, la nueva legislación debería dejar perfectamente claro que el IFE, o el INE, no es un simple “árbitro” de las contiendas electorales sino un verdadero órgano regulador de la competencia política. La autoridad debe ser obligada por ley a vigilar de manera activa y en todo momento cada aspecto del proceso electoral. Por ejemplo, el IFE tendría que desplegar miles de observadores equipados con la más alta tecnología para contabilizar de manera independiente todos y cada uno de los gastos erogados por partidos, candidatos, militantes y simpatizantes en los 300 distritos electorales. Las autoridades también tendrían que ejercer una vigilancia escrupulosa y en tiempo real de absolutamente todos los depósitos realizados por cualquier persona física o moral en las cuentas bancarias de las principales empresas mediáticas, así como de sus filiales, socias y aliadas. Y el día de la jornada electoral, el IFE debería ser obligado por la ley a organizar un enorme operativo de vigilancia electoral fuera de las casillas electorales para prevenir y documentar el acarreo, la compra y la coacción del voto. El actual proceso de fiscalización burocratizado y casi exclusivamente ex-post ha resultado ser una enorme simulación. La ley tendría que requerir la dictaminación de todos los informes y la resolución de todas las quejas en la materia antes de la calificación de la validez de las elecciones. Y la norma evidentemente también debe incluir el rebase de topes de gasto de campaña como causal de nulidad automática de la elección. Nos encontramos en una situación de fraude electoral institucionalizado y consolidado. La única forma en que un ciudadano puede defender la soberanía popular e influir en las políticas públicas es por medio de la protesta social. Es por ello que los maestros disidentes y los jóvenes activistas son nuestros demócratas más destacados. A quienes les incomodan las protestas habría que recordarles que estas manifestaciones son síntomas de un problema estructural más profundo de ilegitimidad democrática. En lugar de caer en el perverso juego del linchamiento mediático habría que trabajar arduamente para desplazar a la caduca clase política con nuevos liderazgos juveniles así como recuperar el espacio político-electoral como un escenario de competencia auténtica y debate informado. www.johnackerman.blogspot.com Twitter: @JohnMAckerman
Históricamente uno de los obstáculos más importantes para la materialización de los avanzados principios y compromisos enarbolados durante la Revolución Mexicana y plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos han sido los falsos discursos “liberales” que fingen apoyar las conquistas sociales pero que en realidad defienden los privilegios de la oligarquía. Los planteamientos de Enrique Krauze sobre la reforma energética dan continuidad a este liberalismo autoritario, hoy ya transmutado en un neoliberalismo trasnochado, que nada bueno ha dejado a la nación. El 21 de mayo de 1911, en la firma de los acuerdos de Ciudad Juárez con el gobierno de Porfirio Díaz, Francisco I. Madero traicionó el ala campesino de la Revolución y abandonó su compromiso con el reparto agrario originalmente incluido en el artículo tercero de su Plan de San Luis (véase: http://ow.ly/pqGAB). Más adelante, ante la huelga general estallada el 31 de julio de 1916, el entonces Presidente Venustiano Carranza se olvidó de sus compromisos “Constitucionalistas”, impuso la Ley Marcial e incluso se atrevió a establecer la pena de muerte para todos los “trastornadores del orden público”.
En su discurso inaugural al Congreso Constituyente de 1916-1917 Carranza expuso las coordenadas básicas del liberalismo autoritario de donde hasta la fecha abreva el régimen político mexicano. El “Primer Jefe” dejó claro que la función más importante del gobierno “revolucionario” no sería propiciar la justicia social o garantizar los derechos colectivos, sino únicamente defender la “libertad humana” y la “libertad individual”. No fue gratuito, por ello, que su propuesta para el nuevo artículo 27 constitucional fuera tan conservadora y que en relación con el artículo 123 el Presidente no enviara propuesta alguna. Al parecer, la única “libertad” que le interesaba a Don Venustiano Carranza era la que necesitarían los nuevos oligarcas para explotar sin obstáculos a los campesinos y al pueblo trabajador. Carranza también demostró un profundo desprecio por el pueblo mexicano y una idealización de los sistemas políticos extranjeros. Se refiere a Inglaterra y a Estados Unidos como “los pueblos más grandes y más poderosos de la tierra” y señala con entusiasmo la “grandiosidad de la revolución francesa”. En contraste, tacha de “ignorantes” a quienes hicieron la Revolución Mexicana y establece que el pueblo necesita “gobiernos fuertes, capaces de contener dentro del orden a poblaciones indisciplinadas, dispuestas a cada instante y con el más fútil pretexto a desbordarse, cometiendo toda clase de desmanes”. Carranza incluso recurre a los textos de Alexis de Toqueville para criticar la falta de la necesaria “cultura elevada” en México. De forma similar, Krauze hoy utiliza a George Orwell para descalificar los supuestos “dogmas” y “traumas” de la izquierda mexicana actual. Madero y Carranza desde luego fueron grandes “patriotas” que amaban profundamente a México. También fueron “nacionalistas” que promovieron de manera firme, aunque con algunas inconsistencias importantes, los intereses nacionales sobre los extranjeros. Sin embargo, su limitada visión de la función social del Estado y su absoluto elitismo y clasismo dejaron sembrada la semilla para la eventual traición histórica de los principios revolucionarios y constitucionales. Esta traición primero se materializa con los gobiernos de los líderes “sonorenses” Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Posteriormente, después de la bocanada de aire fresco del sexenio de Lázaro Cárdenas, la ideología del liberalismo autoritario se consolida durante el gobierno corrupto y oligárquico de Miguel Alemán y continúa sin descanso con los presidentes subsecuentes, incluyendo desde luego a Gustavo Díaz Ordaz y José López Portillo. El neoliberalismo iniciado en 1982 con Miguel de la Madrid no implica entonces una ruptura con el proyecto original de Carranza, Calles y Alemán, sino su culminación y máxima expresión. La utilización del aparato estatal para empoderar a un pequeño élite así como para excluir y reprimir al pueblo ha sido la norma en México desde hace más de un siglo. Y hoy Enrique Peña Nieto busca que esta ideología finalmente rinda su fruto más venenoso: la devolución del petróleo mexicano a los intereses extranjeros. No seriamos entonces quienes aspiramos a fortalecer y a limpiar PEMEX los que seguiríamos el ejemplo soberbio e irresponsable de López Portillo, como señala Krauze. Al contrario, quien de verdad emula a este expresidente, uno de más corruptos de la historia reciente, sería el mandatario actual, quien no ceja en su desesperado empeño por abrir nuevas oportunidades de jugosos negocios para sus socios y aliados.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de 1917 fue la primera en el mundo en codificar la obligación del Estado de tutelar derechos sociales básicos como la educación, la tierra, el trabajo y la salud. Debido al ejemplo y la valentía del ala agrarista de la Revolución, el Congreso Constituyente logró revertir el proyecto conservador originalmente presentado por el “Primer Jefe” Venustiano Carranza. Gracias a esta victoria popular, la constitución llegó a ser uno de los documentos jurídicos más avanzados de su tiempo. Y hoy, ante el embate empresarial global en contra de los vestigios del estado de bienestar y del socialismo realmente existente, esta misma constitución vuelve a emerger como un estandarte estratégico en la lucha internacional por defender los derechos del pueblo de la voracidad de la plutocracia transnacional y la oligarquía nacional.
El artículo 4 de la CPEUM hoy señala que “toda persona” cuenta con derecho a una “alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, a “un medio ambiente sano”, a “la protección de la salud”, y al “agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. El mismo artículo también indica que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. El artículo 123 dice que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”. El artículo 3 señala que la educación pública será “democrática” y “nacional” y que “luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. Y el artículo 6 indica que “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
El artículo 27 constituye el alma de la arquitectura constitucional. Desde su primera frase rechaza la idea liberal de la naturaleza originaria de la propiedad privada: “La propiedad de las tierras y aguas…corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”. Esta visión profundamente democrática y popular permea todo el texto del artículo 27. Allí se le dota a la Nación de la facultad de expropiar cuando exista alguna “causa de utilidad pública” así como de “imponer a la propiedad privada en todo tiempo las modalidades que dicte el interés público”. También se mandata la “distribución equitativa de la riqueza pública” y se incluyen limitaciones específicas sobre la acumulación de la propiedad. Con respecto a los recursos naturales, la nación desde luego cuenta con el dominio “directo”, “inalienable” e “imprescriptible” de todos los recursos naturales y, en particular, “el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos”.
Es cierto que, de acuerdo con la perspectiva estadounidense, todo “nacionalismo” extranjero sería negativo. Es lógico que al imperio le desagraden los obstáculos a su permanente expansión. Pero el nacionalismo México no solamente es necesario para defenderse de la voracidad del poderoso vecino del norte, sino que es también un nacionalismo profundamente incluyente, democrático y popular, como acertadamente lo entendía Daniel Cosío Villegas. Si se insiste en recurrir a autores extranjeros, sería Benedict Anderson, no George Orwell, cuya obra permitiría el correcto entendimiento del excepcional nacionalismo mexicano. No es un supuesto “complejo de inferioridad”, como señala Krauze, lo que detiene a México, sino el malinchismo y elitismo de los intelectuales orgánicos del régimen que insisten en buscar fuera las soluciones a los grandes problemas nacionales. Sería un acto de suicidio nacional cifrar nuestras esperanzas en Halliburton y Exxon-Mobil para sacar al país de su naufragio. El camino a la renovación nacional no se encuentra en la consolidación del trasnochado proyecto neoliberal sino en la articulación de un nuevo movimiento nacional de maestros, jóvenes, mujeres, profesionistas, campesinos y trabajadores en defensa del patrimonio nacional y a favor de la justicia social dentro del marco de un renovado nacionalismo revolucionario. SEGUNDA ENTREGA DEL DEBATE DISPONIBLE AQUÍ
A pesar de los maltratos recibidos de parte de autoridades y medios capitalinos, la estadía de la CNTE en la Ciudad de México ha sido exitosa. Su valiente lucha permitió que millones de personas descubrieran las grandes mentiras de la contra-reforma educativa impuesta por Enrique Peña Nieto y el Pacto por México. Los maestros lograron subir el costo político de la reforma para el PRIANRD al tiempo que aprovecharon su estancia para tejer enlaces y alianzas estratégicas con otros sectores sociales, como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y los estudiantes universitarios. Todo ello abona el terreno tanto para la resistencia popular a la privatización de la industria petrolera como para el surgimiento de nuevos liderazgos políticos en los próximos años. A la movilización de los maestros, se debe el que los diputados tuvieran que exhibir sus verdaderos compromisos y alianzas con la oligarquía nacional al atrincherarse en el Centro Banamex para aprobar la reforma educativa. A la valentía de los profesores, se debe la revelación del talante profundamente autoritario de Miguel Ángel Mancera, quien cedió el Zócalo a la Policía Federal para el violento desalojo el pasado 13 de septiembre. Al ejemplo de la CNTE, se debe la rearticulación y fortalecimiento del movimiento estudiantil nacional y su lucha a favor de un sistema educativo humanista, democrático y de verdadera calidad. Cual territorio consciente y progresista, la Ciudad de México tuvo que haber recibido a los maestros con los brazos abiertos. Tanto las autoridades como la población tendrían que haber celebrado la visita y tratado a los profesores con la misma hospitalidad que ellos ofrecen a quienes visitamos sus cálidos, bellos y nobles pueblos en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas. Muchos capitalinos en efecto se han portado a la altura de las circunstancias: han donado víveres, participado en marchas y se han documentado sobre la reforma educativa. Pero muchos otros han exhibido la típica soberbia “chilanga” hacia “los provincianos” por la cual los habitantes del Distrito Federal son tan conocidos y rechazados a lo largo y ancho del país. Más allá de los legítimos debates que existen con respecto a los métodos de lucha y las tácticas de protesta de la CNTE, el respeto y la consideración hacia el otro siempre debería ser el punto de partida. Pero aún con el terrible maltrato, olvido y represión a los cuales los maestros han sido sometidos, ellos se mantienen firmes y decididos para seguir luchando por sus derechos. Merecen el apoyo social porque representan lo mejor que tenemos en México. Son profesionistas que han tomado la generosa decisión de dedicar sus vidas a la formación y la educación de nuestros hijos y merecen ser reconocidos por su labor. En momentos álgidos como el actual florecen, sin embargo, las contradicciones sociales. Un amplio sector de la población que en su momento apoyó la lucha de Javier Sicilia y el Movimiento por la Paz en defensa de las víctimas de la “guerra” de Felipe Calderón, regatea hoy su apoyo para las víctimas de las contra-reformas de Peña Nieto. Y muchos ciudadanos que participan con gusto en el acopio de víveres para los damnificados de los huracanes “Manuel” e “Ingrid”, se niegan a ser solidarios con los maestros acampados en la intemperie del Monumento a la Revolución. También llaman la atención aquellas voces que agriamente se quejan de la supuesta “apatía” del pueblo mexicano, pero que hoy descalifican las importantes acciones de protesta que ocurren todos los días frente a sus ojos porque generan “molestias” en su vida personal. Llaman la atención quienes cuestionan la labor de “comunicación” de los maestros con “la opinión pública” y “las clases medias” y simultáneamente hacen todo lo posible para ningunear y descalificar las legítimas demandas de los profesores. Llaman la atención quienes aplauden cuando los policías cierran calles y detienen arbitrariamente a ciudadanos inocentes, pero abuchean a los mexicanos pacíficos que aunque ocupan espacios públicos no impiden el libre tránsito de personas sino sólo de automóviles. Lo que más asusta a un gobierno autoritario es la unificación de luchas disímiles en causas comunes. Para los políticos habría que mantener a cada grupo ciudadano dividido internamente, separado de los demás y enfocado en demandas específicas o locales. La unión de los capitalinos con los campesinos, de los estudiantes con los maestros, de los jóvenes con los adultos mayores, de los indígenas con los mestizos y de las víctimas de la “guerra contra el narco” con las del neoliberalismo, constituiría una formidable fuerza social que lentamente podría ir transformando el país de un territorio donde reina la impunidad y la injusticia a otro dónde predomine la paz y el desarrollo. Peña Nieto se siente vulnerable, acorralado por un mar de jóvenes, mujeres y hombres defeños conscientes y progresistas que rodean los poderes federales que tienen su sede en la Ciudad de México. Al dejarse llevar por la campaña de linchamiento en contra de la CNTE, los capitalinos caen en el eterno juego del poder, el “divide y vencerás”, al que falsamente apuesta el régimen autoritario. Defendamos la capital de este sucio y viejo truco del nuevo inquilino de Los Pinos que apuesta todo al espejismo de esta falsa “soberbia chilanga”. Unamos esfuerzos con todos los ciudadanos dignos del país, y del mundo, que se atreven a levantar su mirada y su voz para desenmascarar un sistema de dominación fundado en el abuso del poder y la traición al prójimo. www.johnackerman.blogspot.com Twitter: @JohnMAckerman
John M. Ackerman Si se trata de “utilizar los instrumentos legales” del Presidente Lázaro Cárdenas del Río, como señala Enrique Peña Nieto en su iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales, habría que recurrir en primer lugar a la Ley de Expropiación (véase: http://ow.ly/oaegO). Esta norma fue impulsada y firmada por Cárdenas durante los primeros años de su administración y extensamente utilizada a lo largo de su sexenio. Su valiente aplicación de esta ley permitió la consolidación institucional del Estado mexicano al demostrar que los compromisos sociales plasmados en la Constitución de 1917 no estarían destinados a quedar en letra muerta. Sin la masiva expropiación y reparto de las tierras de las haciendas así como la expropiación y nacionalización del petróleo, México posteriormente hubiera sufrido décadas de inestabilidad y hoy sin duda estaríamos en una situación política, económica y social aún más problemática. La reforma al artículo 27 constitucional firmada por Cárdenas, que cita Peña Nieto en su iniciativa, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de noviembre de 1940, apenas tres semanas antes de que el ex-presidente abandonara su cargo. Fue un acto posterior que buscó consolidar las bases legales para el Decreto Expropiatorio emitido el 18 de marzo de 1938, en que se nacionalizó la industria petrolera (véase: http://ow.ly/oadEl). El propósito de la reforma constitucional no fue abrir la industria a la iniciativa privada y mucho menos darle mayores facilidades a las empresas transnacionales, como tramposamente sugiere el presidente actual, sino cerrarle el camino precisamente a estos intereses. La principal novedad del nuevo párrafo sexto del artículo 27 constitucional impulsado por Cárdenas fue la prohibición explícita del otorgamiento de concesiones a particulares en materia de petróleo y otros hidrocarburos (véase: http://ow.ly/oagVh). Los redactores de la versión original del artículo 27 ingenuamente habían dejado fuera este importante candado, lo cual llevó al abuso inaceptable de poder de parte de las petroleras extranjeras. Cárdenas rectificó este error al eliminar de la Carta Magna cualquier posibilidad de concesiones en la materia. Y por si hubiera alguna duda, también se incluyó la mención de que “el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible” en materia de petróleo, minerales, aguas y otros recursos estratégicos. Pero el principal “instrumento legal” de Cárdenas no fue esta tardía reforma constitucional sino la Ley de Expropiación. Ante el desconocimiento de las petroleras transnacionales tanto de los derechos laborales de sus trabajadores como de la autoridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cárdenas tomó la valiente decisión de recurrir a esta ley publicada el 25 de noviembre de 1936 que explícitamente faculta al gobierno a expropiar bienes si tal acción sirve al interés público. Si no hubiera tomado esta acción, muy difícilmente contaríamos hoy con importantes instituciones públicas financiadas desde los ingresos petroleros como la UNAM, IPN, IFE, TEPJF, IFAI, CNDH, IMSS, ISSSTE y el sistema de educación pública nacional. Cárdenas también utilizó la Ley de Expropiación para implementar el mayor reparto agrario en la historia de México. Así se pudieron satisfacer en parte las demandas de los cientos de miles campesinos que habían sacrificado sus vidas en defensa de sus tierras durante la Revolución Mexicana. Durante el sexenio de Cárdenas se repartieron aproximadamente 18 millones de hectáreas a las comunidades y a los ejidos. Cárdenas incluso frecuentemente respaldó directamente la acción de las “autodefensas” campesinas de aquel momento cuando recuperaban con armas las tierras que les correspondían. Es notorio el contraste con las acciones del gobierno actual. Sin las acciones de justicia social del reparto agrario y la expropiación petrolera, hubiera sido imposible pacificar al campo mexicano, construir instituciones públicas y consolidar a México como un solo Estado-Nación. Sin Cárdenas, México muy probablemente hubiera sido consumido por una larga guerra civil y constantes golpes militares, tal y como ocurrió en casi todos los países de América Latina a lo largo del siglo XX. La propuesta de Peña Nieto de regresar la industria petrolera a las mismas empresas que fueron expropiadas en 1938 pone en riesgo mucho más que solamente los ingresos fiscales. Al afectar integralmente la estructura institucional y el pacto social que funda el Estado mexicano moderno genera condiciones para un nuevo estallido ciudadano. Peña Nieto tiene razón en señalar que Cárdenas fue un presidente “pragmático”, “modernizador” y “visionario”. En donde se equivoca es en querer equiparase a él. En comparación con Cárdenas, el actual presidente sería más bien un “ideólogo”, “reaccionario” y de “cortas miras”. La mejor manera de seguir el legado de Cárdenas no es con la reversión de sus expropiaciones sino con una renovada aplicación de su Ley de Expropiación, todavía hoy plenamente vigente. La ley explícitamente faculta al Ejecutivo Federal a tomar control sobre los bienes de los particulares, para su posterior reparto o nacionalización, cuando existan “causas de utilidad pública”. Por ejemplo, la fracción VIII de la ley indica que una causa legitima sería para garantizar “la equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas y con perjuicio de la colectividad en general, o de una clase en particular”. Sería difícil encontrar una mejor descripción de nuestra realidad actual. Hoy en México existen problemas generalizados con respecto a la distribución inequitativa de la riqueza, la monopolización de la producción, así como un abuso sistemático a la sociedad y la clase trabajadora por los poderes fácticos. Un gobierno verdaderamente democrático utilizaría los formidables poderes del Estado mexicano para redistribuir la riqueza nacional, acabar con los monopolios y garantizar el bienestar de todos los trabajadores, profesionistas, indígenas, jóvenes, mujeres y niños del país. Peña Nieto busca expropiar el legado de Cárdenas para su beneficio personal y el de sus socios. Pero el pueblo digno y consciente tendría que rechazar este acto de cinismo y trabajar arduamente, y de manera pacífica aunque no necesariamente por la vía electoral, para generar las condiciones para que próximamente pueda ocupar la silla presidencial alguien realmente digno del formidable legado del General Cárdenas. www.johnackerman.blogspot.com Twitter: @JohnMAckerman

References: resolución 
 artículo 27
 artículo 123
 artículo 4
 artículo 123
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27