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Timestamp: 2018-03-20 15:41:54+00:00

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Derecho y Academia | El blog de Hernán Corral | Página 2
La tumba del antipoeta
Publicado 28 enero, 2018 por hcorralt
Categorías: Derecho Civil, Derecho de la persona, Derecho Público, Derecho penal
Tags: Cementerio, Conservador de Bienes Raíces, fundación, funerales, gravamen real, instrucciones posmortem, Las Cruces, Litoral de los poetas, Nicanor Parra, Reglamento General de Cementerios, sepultura, Tumba
Un más que centenario Nicanor Parra, célebre por su antipoesía, fue despedido con honores después de que falleciera el pasado martes 23 de enero de 2018. Fue velado en la Catedral de Santiago, pero luego el funeral se llevó a cabo en el pueblo de Las Cruces donde vivió por largo tiempo. Después de una Misa en la parroquia del lugar, a la que asistió la Presidenta de la República, sus restos fueron enterrados en el patio de su casa. Al parecer, ese era el deseo que había expresado el poeta, para de alguna manera alinearse con las tumbas de Vicente Huidobro en Cartagena y de Pablo Neruda en Isla Negra en el llamado “Litoral de los poetas”. En su cuenta en Instagram, Cristóbal Ugarte, su nieto popularmente conocido como el Tololo, puso la siguiente leyenda a una foto de Parra: “Te quiero abuelo. Te vamos a poner donde nos dijiste. En tu ‘santo sepulcro’. Entre Neruda y Huidobro. Ahora se completan las cruces (+++)”. Luego en una carta a El Mercurio agradeció, entre otros, a la “seremía” de la Quinta Región por “agilizar los trámites que hicieron posible que mi abuelo quedara instalado en el Litoral de los Poetas, como era su deseo”.
Estos hechos nos llevan a analizar la posibilidad de que alguien dé instrucciones sobre su sepelio, y si es posible que la inhumación del cadáver se haga en lugares diferentes a los recintos autorizados para ese propósito, esto es, a los cementerios públicos o privados.
En lo referido a las instrucciones, el Reglamento General de Cementerios, contenido en el Decreto Supremo Nº 357, Ministerio de Salud, de 1970, dispone que “Toda persona mayor de edad, cualquiera que fuere su estado civil, tiene derecho a disponer por anticipado acerca del lugar y forma en que habrá de procederse para la inhumación de sus restos, al producirse su fallecimiento, dentro de las normas legales y reglamentarias vigentes” (art. 61 inc. 1º). Se trata de un acto jurídico mortis causa y de carácter solemne. Las solemnidades prescritas son, o la inscripción en un registro del cementerio o un “instrumento extendido ante notario” (art. 61 inc. 2º). Con la última expresión, habrá que entender que no se trata de escritura pública sino únicamente de un instrumento privado firmado ante notario. La ley ordena que una copia de este documento debe ser entregado al director o administrador del cementerio que corresponda y otra deberá entregarse a la persona encargada de cumplir la voluntad del fallecido (art. 61 inc. 2º).
No sabemos si Parra llegó a establecer formalmente sus instrucciones y lo más probable es que sencillamente comunicara verbalmente a su familia sus deseos de ser enterrado en su casa de Las Cruces. Pero, ¿podría haberlo hecho? El Código Sanitario se preocupa de condicionar la eficacia de estas instrucciones sobre la inhumación del propio cadáver a que ellas se ajusten a “las normas legales y reglamentarias vigentes”. Esto nos lleva a preguntarnos si es lícito que los restos de algunas personas sean inhumadas fuera de los cementerios.
Hay que comprobar, en primer lugar, que este punto es muy delicado ya que el Código Penal castiga como delito la inhumación de un cadáver de manera ilegal. El art. 320 de este cuerpo legal señala que será castigado con reclusión menor en su grado mínimo y multa de 6 a 10 UTM, a “El que practicare o hiciere practicar una inhumación contraviniendo a lo dispuesto por las leyes reglamentos respecto al tiempo, sitio y demás formalidades prescritas para las inhumaciones”. Como vemos, es delito sepultar un cadáver en un “sitio” que no sea el autorizado legalmente.
En principio, la inhumación debe hacerse en un cementerio autorizado. Así lo dispone el art. 135 del Código Sanitario: “Sólo en cementerios legalmente autorizados podrá efectuarse la inhumación de cadáveres o restos humanos”. Pero se contempla una excepción a esta regla: “Sin embargo, el Director General de Salud podrá autorizar la inhumación temporal o perpetua de cadáveres en lugares que no sean cementerios, en las condiciones que establezca en cada caso”.
El Director General de Salud de que habla el Código Sanitario era el Director General del Servicio Nacional de Salud vigente en esa época. Posteriormente sus funciones pasaron a los diferentes Servicios de Salud que se crearon en virtud del D.L. 2763, de 1979. La reforma de este cuerpo legal por la ley Nº 19.937, de 2004, transfirió las funciones de los Servicios de Salud a las Secretaría Regionales Ministeriales del Ministerio de Salud, lo que se reafirmó con el D.F.L. Nº 1, Salud, de 2006 que fijó el texto refundido del D.L. 2763. El art. 12 de este último cuerpo legal dispone que serán atribuciones de las Secretarías Regionales Ministeriales: “Ejecutar las acciones que correspondan para la protección de la salud de la población de los riesgos producidos por el medio ambiente y para la conservación, mejoría y recuperación de los elementos básicos del ambiente que inciden en ella, velando por el debido cumplimiento de las disposiciones del Código Sanitario y de los reglamentos, resoluciones e instrucciones sobre la materia, para lo cual se encontrará dotado de todas las facultades y atribuciones que el Código Sanitario y demás normas legales y reglamentarias sanitario ambientales le confieren…” (art. 12 Nº 2).
Por ello, hemos de entender que las atribuciones que el Código Sanitario otorga al Director Nacional de Salud corresponden ahora al Secretario Regional Ministerial del lugar en que se pretenda hacer la inhumación. Se comprende entonces que el nieto del poeta agradeciera a la “seremía” de la Quinta Región el agilizar los trámites que permitieron la sepultación de sus restos fuera de un cementerio. Correspondía al Secretario Ministerial de Salud de dicha región, conforme al Código Sanitario, el autorizar la inhumación de un cadáver en un lugar que no fuera un cementerio, fijando en su resolución las condiciones en las que debía llevarse a cabo.
Finalmente, cabría considerar qué sucede con la propiedad raíz que alberga este tipo de sepulturas. Frente a la ausencia de una regulación legal, parece razonable aplicar las disposiciones reglamentarias que se establecen para los cementerios. Según el Reglamento General de Cementerios, “los terrenos dedicados a cementerios deberán ser única, exclusiva e irrevocablemente destinados a este objeto” (art. 16). Por ello, pensamos que el inmueble en el que se autoriza el mantener una sepultura privada quedará afectado por un gravamen que obligará a los propietarios a conservar dicha tumba. En este sentido, se tratará de un gravamen real que no corresponde a un derecho real de un tercero sino más bien a un interés público que justificó la autorización sanitaria. Su duración puede ser perpetua o temporal según el contenido de la autorización.
Sería útil que el Secretario Regional Ministerial que otorgue esta autorización exija entre las condiciones para proceder a la inhumación que su resolución se inscriba en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de enajenar del Conservador de Bienes Raíces del lugar donde se sitúa el inmueble afectado. La inscripción se podría practicar conforme a lo previsto en el art. 52 Nº 3 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, según el cual pueden inscribirse “todo impedimento o prohibición referente a inmuebles, sea convencional, legal o judicial, que embarace o limite de cualquier modo el libre ejercicio del derecho de enajenar”.
En todo caso, lo más conveniente es que, como sucedió respecto de las tumbas de Huidobro y Neruda, el inmueble en el que se encuentra la tumba sea transferido a una fundación cuya finalidad sea la de mantener el legado artístico y cultural de Parra. La fundación, siendo de duración perpetua, parece el instrumento jurídico más idóneo para que el sepulcro se mantenga y conserve para conocimiento y memoria de las futuras generaciones de chilenos y extranjeros.
Publicado 21 enero, 2018 por hcorralt
Publicado 14 enero, 2018 por hcorralt
Tags: causa, coronation cases, Eduardo VII, error accidental, error en los motivos, frustración del contrato, Papa Francisco, riesgo del acreedor, teoría de los riesgos, visita del Papa a Chile
En pocas horas más, el Papa Francisco aterrizará en el aeropuerto de Santiago de Chile y comenzará una visita al país que, estamos cierto, marcará una profunda huella en la historia de nuestra nación.
Por motivos de seguridad, la Comisión organizadora anunció el día sábado que los recorridos del Papamóvil habían sido modificados y que, por ejemplo, ya no pasaría por calle San Pablo en Santiago. Al conocer esta noticia, nos recordamos de los célebres casos ingleses suscitados por la postergación de la coronacion de Eduardo VII, y que, con el nombre de “coronation cases”, dieron origen a una doctrina jurídica que hoy normalmente se conoce como frustración del contrato.
Revisemos los hechos del primero, y principal, de estos procesos: Krell v. Henry (Krell v Henry [1903] 2 KB 740), juzgado por la Corte de Apelaciones de Londres. Fallecida la reina Victoria, le sucedió en el trono su hijo Eduardo, a la sazón de 59 años. Para los días 26 y 27 de junio de 1902 se programaron diferentes ceremonias para su coronación y la de su mujer Alexandra, entre las cuales se incluía una procesión por las principales calles de Londres que prometía ser espectacular. En el itinerario se preveía que el cortejo pasara por la calle Pall Mall, en la City of Westminster del Centro de Londres. El día 20 de junio, C. S. Henry arrendó un pequeño departamento con vistas a la calle de propiedad de Paul Krell por los dos días, excluyendo las noches, por el precio total de 75 libras, de las cuales adelantó 25 libras como reserva. Aunque era evidente, y quizás por lo mismo, en las estipulaciones expresas del contrato no se hizo alusión al uso del departamento como mirador para observar la procesión de coronación.
El problema se presentó cuando, unos días antes del comienzo de las ceremonias, Eduardo VII se sintió mal y debió ser sometido a una intervención quirúrgica, ante lo cual la coronación, con todos sus festejos, se pospuso hasta el 9 de agosto. Paul Krell pidió a C. S. Henry que cumpliera con el pago del saldo del precio del arriendo, a lo que éste se negó alegando que, al haberse suspendido la procesión, ya no usaría el departamento. Krell demandó a Henry, y éste a su vez pidió que se le restituyeran las 25 libras que había dado en depósito ya que, en su concepto, el contrato no había podido tener efectos.
Una situación parecida podría darse si alguien arrendó un balcón o una terraza de un edificio situado en una de las calles por donde pasaría el “Papamóvil” para presenciarlo con más comodidad, y esa calle fue omitida de la reformulación del recorrido. ¿Qué pasa con un contrato así? No hay duda de que si las partes han pactado como condición esencial que el evento que se quiere presenciar no sea suspendido o cancelado, al fallar la condición el contrato será ineficaz. Pero el problema surge, como en el juicio de Krell contra Henry, cuando esa condición no ha sido expresamente estipulada.
El juez inglés de primera instancia que conoció el caso negó lugar a la demanda por entender que el contrato estaba sujeto a una “implied condition” que consistía en que se llevara a efecto el desfile real. Como dicha condición no se había cumplido, el contrato no podía tener efectos. Frente a este fallo, Krell interpuso un recurso de apelación para ante la Court of Appeal of England and Wales (Civil Division). Este tribunal, por sentencia de 11 de agosto de 1903, confirmó la decisión de primera instancia, invocando el precedente del caso Taylor v. Cadwell, de 1863, según el cual si la cosa arrendada desaparecía (un teatro que se incendiaba) el arriendo no podía tener efectos ya que estaba sujeto a la condición implícita de que la cosa se mantuviera. La Corte amplió ahora el criterio para señalar que un contrato también podía contener como condición implícita un determinado estado de las cosas que se estima esencial para el cumplimiento. Si se prueba que tal estado de las cosas era determinante para el fin previsto por las partes, el contrato no obliga en caso de que haya variado sustancialmente. La Corte estimó que dicha prueba se había producido en el caso por el aviso publicitario en que se ofertaba el arrendamiento del departamento y que expresamente señalaba que la procesión pasaría frente a sus ventanas (Ver texto ).
El caso dio lugar a la doctrina de la frustration of contract por la cual si eventos imprevisibles hacen imposible la satisfacción del propósito de las partes, debe considerarse que el mismo contrato se ha frustrado y no produce obligaciones.
En Alemania, este tipo de casos es comprendido como casos de ineficacia por la desaparición de la base subjetiva del negocio jurídico (Larenz), mientras en Francia se la inserta dentro de la teoría de la imprevisión. También es acogida como frustración del fin del contrato: el Código Civil y Comercial argentino de 2015 consagra expresamente esta forma de ineficacia en su art. 1090, según el cual “La frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución, si tiene su causa en una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, ajena a las partes y que supera el riesgo asumido por la que es afectada”.
¿Qué pasaría si un caso como éste se produjera con ocasión del imprevisto cambio del itinerario del Papamóvil? Podría pensarse que puede ser aplicable el error accidental como vicio del consentimiento, ya que conforme al inciso 2º del art. 1454 del Código Civil, el error acerca de cualquiera calidad de la cosa que no sea esencial no vicia el consentimiento de los que contratan, “sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar, y este motivo ha sido conocido de la otra parte”. Podría señalarse que el que el departamento tuviera vistas al paso del Papamóvil era una calidad de la cosa arrendada que si bien no es esencial, fue el motivo principal de una de las partes para contratar y este motivo era conocido del arrendador. Debe notarse que el Código no exige que éste haya tomado conocimiento de la calidad que motivaba a la otra parte por la información que ésta le hubiera proporcionado. Basta que haya sabido dicha motivación aunque sea por terceros o por las circunstancias en las que se celebra el contrato.
No obstante, se podría objetar que el art. 1454 se pone en el caso únicamente de un error sobre una calidad de la cosa misma y no tiene que ver con los motivos subjetivos que tenga una persona para celebrar el contrato. Se trataría por tanto de un error en el motivo, que en general no puede causar la ineficacia de un contrato: así, si el arrendatario pretende excusarse de cumplir con el arriendo porque señala que su propósito era instalar allí una oficina de abogado para su hijo, pero que lamentablemente no aprobó su examen de grado por lo que ya no le será necesario el inmueble, no puede dársele la razón. Los motivos que tengan las partes para celebrar un contrato pueden ser variadísimos, y el tráfico jurídico se haría imposible si la obligatoriedad de los contratos dependiera de ellos. Si alguien desea que un contrato sólo tenga efectos en caso de que se cumpla su motivación, debe pedir que se contemple expresamente en el contrato mediante la respectiva modalidad (condición).
Esta regla, sin embargo, se relaja respecto de los actos unilaterales: el Código reconoce que un error en los motivos determinante puede producir la nulidad de una asignación testamentaria (art. 1058 CC). Igualmente, la doctrina señala que, tratándose de actos bilaterales, el error en los motivos podría ocasionar la ineficacia del acto si dicho motivo ha sido incluido dentro de la causa del negocio. Se trataría entonces de un decaimiento de la causa, que explicaría también la resolución por incumplimiento. Pero el problema es que la causa debe existir al momento en que se celebra el acto y por ello la resolución por un incumplimiento sobreviniente tiene el respaldo de una norma expresa (art. 1489 CC).
A nuestro juicio la frustración del propósito práctico del contrato debiera ser tratado como una cuestión de distribución de los riesgos, de modo que en principio habría que ver si esa distribución se ha hecho expresa o implícitamente en su celebración. En defecto de esto habrá que aplicar las normas supletorias del Código Civil. Como sabemos, el art. 1550 dispone que el riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba pertenece al acreedor, con lo cual se señala que si en un contrato una parte se obliga a entregar una cosa específica (deudor de la cosa) y la otra a pagar por ella o realizar otra prestación (acreedor de la cosa), si la especie se pierde por caso fortuito, el deudor de ella verá extinguida su obligación, pero, en cambio, el acreedor (de la cosa) permanecerá obligado a cumplir su propia prestación. La regla se aplica en particular al contrato de compraventa, por lo que si cosa vendida perece fortuitamente antes de que el vendedor la haya entregado, el comprador (el acreedor de la cosa) soporta el riesgo de ella, al tener que pagar igualmente el precio aunque no reciba nada a cambio (art. 1820 CC).
Esta solución en general ha sido criticada por la doctrina por considerarla injusta, y se ha propiciado una interpretación restringida, al punto de sostener que la regla general sería la contraria: el riesgo pertenece al deudor de la cosa, por lo que si su obligación se extingue por la pérdida fortuita de ella también se extinguirá la del acreedor de la cosa a pagar por ella. Esta es la solución que los arts. 1925 y 1950 Nº 1 del Código Civik dan para el contrato de arrendamiento de cosas. El art. 1950 dispone que el contrato se extingue por la destrucción total de la cosa arrendada, y el art. 1925 dispone que si el arrendador se ve en la imposibilidad de cumplir con su obligación, no debe indemnizar al arrendatario si dicha imposibilidad proviene de fuerza mayor o caso fortuito. De ambos preceptos, se observa que el riesgo de la imposibilidad de la prestación del arrendador lo soporta este último, ya que el contrato se extingue y no puede exigir que el arrendatario cumpla con su obligación de pagar el precio del arriendo.
Por ello en la medida en que el uso para que el quiere la cosa el arrendatario esté incorporado en el contrato, la imposibilidad fortuita de que la cosa sirva para ese uso producirá la ineficacia del contrato, y el arrendador no podrá exigir que se le pague el precio acordado en él.
Esperamos, sin embargo, que todas estas reflexiones sean meramente especulativas, y que nadie haya tenido que sufrir por los cambios de los recorridos del Papamóvil, más allá de las modificaciones para buscar el lugar donde se quiera presenciar la pasada del segundo pontífice romano en ejercicio que visita Chile.
Interrupción de la prescripción que sucede a la prescripción de la acción ejecutiva
Publicado 7 enero, 2018 por hcorralt
Tags: efectos de la interrupción de la prescripción, interrupción natural de la prescripción, juicio sumario del art. 680 Nº 7, prescripción de la acción ejecutiva, prescripción extintiva
Un muy interesante caso tuvo que resolver la Corte Suprema sobre la interrupción de la prescripción extintiva por reconocimiento de deuda. En el caso, esa interrupción ocurría una vez transcurridos los tres años de prescripción de la acción ejecutiva y antes de que venciera el plazo de dos años por el cual subsiste como ordinaria. Para el acreedor, al interrumpirse la prescripción, comenzaba a correr un nuevo plazo de cinco años, de modo que al entablar su demanda antes de su vencimiento, esta nueva prescripción se había interrumpido civilmente. En cambio, para el deudor, al interrumpirse la prescripción de la acción ordinaria derivada de la extinción de la acción ejecutiva, comenzó a correr la misma prescripción de dos años, por lo que a la demanda que fue presentada con posterioridad a esos dos años puede oponerse con éxito la excepción de prescripción. Curiosamente, la cuarta sala de la Corte, se dividió en estas mismas dos alternativas, siendo mayoritaria la primera que favorecía al deudor y que congregó los votos de los Ministros Andrea Muñoz y Carlos Cerda y del abogado integrante Jaime Rodríguez; la disidencia, que se pronuncia por el acreedor, obtuvo los votos de la Ministra Ana Gloria Chevesich y de la profesora de Derecho Civil, Leonor Etcheberry Court, también abogado integrante (C. Sup. 28 de diciembre de 2017, rol Nº 39447-2016: ver texto).
Veamos los hechos de este singular caso. El acreedor, una compañía de seguros, interpone demanda por cobro ordinario de pesos en contra del deudor, que había dejado de pagar unas cuotas de un mutuo hipotecario celebrado entre las partes. Anteriormente, había presentado una demanda ejecutiva ante otro tribunal, pero el procedimiento no pudo seguirse porque se declaró abandonado por la demandante. El deudor, en el segundo proceso ahora ordinario, interpuso excepción de prescripción por haber pasado cinco años desde el momento en que dejó de cumplir la primera cuota (había cláusula de aceleración). La compañía aseguradora señaló que el deudor había pedido voluntariamente regularizar su situación, con lo que había reconocido la deuda e interrumpido la prescripción. El juez del Octavo Juzgado Civil de Santiago aceptó la interrupción de la prescripción y estimó que después de ella la acción había durado dos años más, por lo que declaró la prescripción de los dividendos vencidos hasta el de diciembre de 2014.
Apelada la sentencia, la Corte de Santiago la revocó y condenó al deudor a pagar todos los dividendos, por entender que al interrumpirse la prescripción comenzó a correr un nuevo plazo por cinco años, plazo que no estaba vencido al momento de interponerse la demanda.
El deudor interpone un recurso de casación en el fondo alegando infracción a los artículos 2502, 2503, 2514, 2515 y 2518 del Código Civil, además del 680 N° 7° del de Procedimiento Civil.
Para entender bien el problema, se hace necesario fijar las fechas relevantes:
1º) El deudor dejó de pagar las cuotas del mutuo el 10 de septiembre de 2008.
2º) La acción ejecutiva derivada de la escritura pública del mutuo prescribió a los tres años, es decir, el 10 de septiembre de 2011.
3º) El 15 de noviembre de 2012 el deudor pidió regularizar el crédito, y con ello reconoció la deuda.
4º) El 9 de enero de 2015 la acreedora interpone demanda para cobrar el crédito por la vía ordinaria prevista en el art. 680 Nº 7 del Código de Procedimiento Civil. La notificación se produce el 11 de abril del mismo año.
El voto de mayoría señala que “… lo que debe ser destacado en el estudio de la prescripción en veremus es que, contrariamente a lo sostenido por los juzgadores del fondo, la acción engendrada el once de septiembre de dos mil once, al esfumarse su antecedente virtud ejecutiva, solamente estaba destinada a pervivir dos años, precisamente contados desde el instante de esa mutación, lo que quería decir que se extinguiría por prescripción, el once de septiembre de dos mil trece. Empero, producto de la comentada interrupción natural de la misma, el plazo ha debido computarse desde la época de ésa, el quince de noviembre de dos mil doce -y no desde el once de septiembre de dos mil once” (cons. 11º).
El razonamiento es, pues, que conforme a lo dispuesto por el art. 2515 inc. 2º del Código Civil, una vez prescrita la acción ejecutiva el 10 de septiembre de 2011, ésta se convierte en ordinaria pero sólo por dos años más, es decir, en principio hasta el 10 de septiembre de 2013. Pero, como el deudor interrumpió naturalmente esta prescripción, debe contarse de nuevo este mismo plazo desde la fecha de la interrupción, el 15 de noviembre de 2012, con lo cual la prescripción habría completado su término el 15 de noviembre de 2014. Como la demanda se presentó bastante después: el 9 de enero de 2015, debe concluirse que la excepción de prescripción presentada debió ser admitida, si se hubieran aplicado correctamente los arts. 2514 y 2515 del Código Civil y el art. 680 Nº 7 del Código de Procedimiento Civil. Por ello, la Corte casa la sentencia de apelación y dicta sentencia de reemplazo por la que se acoge la excepción de prescripción y se desestima en todas sus partes la demanda de la Compañía de Seguros.
Por el contrario, las jueces disidentes estiman “Que el efecto que produce la interrupción natural, reconocido por la doctrina y la jurisprudencia, es hacer perder el tiempo ya transcurrido de la prescripción y permitir cesado que sea ese efecto, el inicio de una nueva prescripción” (Nº 5). Esta nueva prescripción no sería la misma anterior de dos años, sino la prescripción de la acción ordinaria normal de cinco años del art. 2515 inc. 1º del Código Civil. Por ello, el plazo de prescripción sería de cinco años desde la fecha de la interrupción, es decir, cinco años a contar del 15 de noviembre de 2012, con lo que la prescripción se habría cumplido el 15 de noviembre de 2017. Esta habría sido interrumpida civilmente por la demanda de la compañía acreedora el 10 de enero de 2015, o por su notificación el 11 de abril del mismo año, de modo que la excepción de prescripción del deudor no podía prosperar, y el fallo de la Corte de Apelaciones ha interpretado y aplicado correctamente la disposiciones legales que el recurrente alega haber sido infringidas.
Como puede verse, el quid de la controversia reside en determinar qué prescripción debe aplicarse cuando se interrumpe naturalmente la prescripción de dos años de la acción ejecutiva convertida en ordinaria por haber transcurrido los tres años que el acreedor tenía para deducir la acción ejecutiva. Para la primera posición, esta prescripción no es otra que la misma contenida en el inciso 2º del art. 2515, la de dos años que sucede a la acción ejecutiva prescrita. En cambio, según la segunda posición, la interrupción hace nacer una “nueva prescripción”, que no puede ser otra que la del inciso 1º del art. 2515, es decir, la prescripción de la acción ordinaria de cinco años.
Nos parece que lo primero que debe dejarse claro es qué acción ejerció la compañía acreedora, ya que del mutuo podían emanar dos acciones: una, ejecutiva si se invocaba la escritura pública como título ejecutivo y otra, ordinaria que corresponde al derecho que emana del contrato de mutuo para el mutuante de pedir la restitución de lo prestado, más sus intereses.
Sabemos que la acreedora en un primer momento dedujo acción ejecutiva, pero que ésta no prosperó por haberse declarado abandonado el procedimiento. Lo anterior tiene importancia porque cuando pretende volver a demandar, la acción ejecutiva se encuentra prescrita por haber pasado tres años desde que se hizo exigible la obligación. La acreedora, sin embargo, no ejerce la acción ordinaria del mutuo, sino que invoca el art. 2515 inc. 2º del Código Civil, para interponer la misma acción ejecutiva aunque ahora convertida en ordinaria por el plazo de dos años. Esto es indudable ya que deduce la demanda en juicio sumario invocando el art. 680 Nº 7 del Código de Procedimiento Civil que manda que dicho procedimiento se aplicará a “… los juicios en que se deduzcan acciones ordinarias a que se hayan convertido las ejecutivas, a virtud de lo dispuesto en el artículo 2515 del Código Civil”.
Aclarado este punto, hemos de convenir que se produjo una interrupción natural, por el reconocimiento de la deuda, antes de que venciera el plazo de dos años previsto en el art. 2515 inciso 2º. Pues bien, la controversia es si la interrupción implica, además de perderse el tiempo transcurrido, la reanudación de un nuevo plazo de prescripción aunque de la misma acción o si lo que se reanuda es el plazo de la prescripción de las acciones ordinarias. Pensamos que la primera opción es la que permite una mejor interpretación armónica de las disposiciones legales involucradas.
En primer lugar, porque la misma palabra “interrupción” da a entender que algo se ha detenido, pero que después puede continuar sin cambiar de naturaleza. Así sucede con la interrupción de la prescripción adquisitiva, cuando se habla de que después de la interrupción comienza un nuevo plazo es el plazo que corresponde a la prescripción que ha sido interrumpida, sea ordinaria o extraordinaria. Lo propio debe suceder con la interrupción de la prescripción extintiva. Este es por lo demás el criterio de nuestra doctrina más autorizada: “Una vez producida la interrupción – escribe el profesor Ramón Domínguez– … se inicia una nueva prescripción, generalmente de la misma naturaleza que la precedente y conservando los mismos caracteres que la primera. Por tanto tendrá su misma duración” (p. 297). El “generalmente” se explica con una supuesta excepción que también es mencionada por el profesor Domínguez: “Apenas podría señalarse como excepción el caso en que la interrupción resulta del reconocimiento del deudor, habiéndose producido novación de la antigua deuda, pues en este caso la nueva prescripción depende de la naturaleza de la obligación que se crea” (p. 298). En realidad, pensamos que tampoco este caso es una excepción propiamente tal ya que si hay novación, la deuda no se extingue por prescripción sino justamente por esa novación. Cosa distinta es que esta nueva obligación tenga su propio plazo de prescripción conforme a su naturaleza.
Una excepción más real la encontramos en la institución de la llamada “interversión” de la prescripción y que se da respecto a las llamadas prescripciones presuntivas de pago. El art. 2523 del Código Civil dispone que estas prescripciones se interrumpen también natural y civilmente, y luego señala: “En ambos casos sucede a la prescripción de corto tiempo la del artículo 2515”, es decir, la prescripción de cinco años de las acciones ordinarias.
No necesitamos entrar ahora a las razones de esta previsión, ni tampoco a si se debiera aplicar sólo a la interrupción natural o también a la que opera por requerimiento judicial. Lo relevante es que cuando el legislador ha querido que después de la interrupción suceda un plazo de prescripción de una acción diversa (la ordinaria), lo ha señalado de modo expreso.
No habiendo una norma expresa en tal sentido respecto de la interrupción de la prescripción de la acción ordinaria que deriva de la ejecutiva, hemos de llegar a la conclusión a la que arribó el fallo de la Corte, es decir, que la prescripción que sucede es de la misma naturaleza y de idéntico plazo (dos años).
La demanda de Nabila Rifo
Publicado 31 diciembre, 2017 por hcorralt
Categorías: Abogados, Derecho Civil, Derecho penal, Responsabilidad Civil
Tags: art. 2331 del Código Civil, Bienvenidos, Canal 13, daño moral, derecho a la intimidad, interés público, ley Nº 19.733, Matinal, Nabila Rifo, responsabilidad civil de los medios de comunicación, Tonka Tomicic
Ante el 26º Juzgado Civil de Santiago, según informó la prensa, la víctima del atroz delito que remeció al país el 14 de mayo de 2016, Natalia Rifo Ruiz demandó la responsabilidad civil de la sociedad Canal 13 S.A. en conjunto con la animadora Tonka Tomicic, y otras personas naturales. La demandante pide ser indemnizada por el daño moral que le habría causado la retransmisión, en la edición del Matinal del canal denominado Bienvenidos de fecha 12 de abril de 2017, de las imágenes de la declaración del perito ginecológico exhibidas por el canal del Poder Judicial en su transmisión en vivo del juicio oral en el que fue condenado como autor del violento atentado, su anterior conviviente y padre de sus hijos, Mauricio Ortega.
La demanda no sólo reprocha que se haya ventilado públicamente un informe que daba detalles íntimos sobre el estado de los genitales de la demandante y la posible presencia de fluido seminal de un eventual agresor, sino que también la forma en que se abordó y comentó el caso que hasta ese momento no había sido fallado, llegando al extremo, según señala la demandante, de asumir como verídica la estrategia de defensa del imputado, y que consistía en que habría intervenido un tercero desconocido que habría violado a la Sra. Rifo. Sin embargo, es claro que la reclamación principal del libelo está constituida por la vulneración del derecho al respeto de la vida privada de la demandante por la difusión no autorizada de los detalles del informe ginecológico elaborado por el doctor que declaró en el juicio oral.
Una primera cuestión que podría plantearse es si procede que se demande la responsabilidad civil sin que se impute ni se haya establecido previamente la comisión de un delito penal. En otras ocasiones, los medios ante demandas semejantes, se han defendido diciendo que a ellos no se les aplican las reglas generales de la responsabilidad civil del Código Civil, por estar sometidos a un estatuto especial, que sería la ley Nº 19.733, de 2001, sobre Libertades de opinión y de información y ejercicio del periodismo. Se alega que como ésta menciona únicamente la responsabilidad civil deriva de delitos penales cometidos por un medio de comunicación social (arts. 29 y ss.), sólo habría derecho a una indemnización en los casos en los que se acredite que se cometió un delito penal, como injuria o calumnia.
Esta tesis debe rechazarse, y así lo ha hecho la jurisprudencia, ya que el mismo art. 39 dispone que “La responsabilidad penal y civil por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de las libertades que consagra el inciso primero del número 12° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, se determinará por las normas de esta ley y las de los Códigos respectivos”. Entre los Códigos respectivos un lugar fundamental lo ocupará el Código Civil. La única diferencia entre la responsabilidad civil de los medios derivada de un delito penal de injuria o calumnia y la surgida por un ilícito meramente civil, se da en cuanto a la resarcibilidad del daño moral. Como sabemos, entre las reglas de responsabilidad del Código Civil está el art. 2331 que dispone que respecto de imputaciones injuriosas sólo procede indemnización si se prueba daño patrimonial. En cambio, si se condena al medio por el delito penal de injuria y calumnia, se aplicará la regla especial de la ley Nº 19.733, según la cual “La comisión de los delitos de injuria y calumnia…, dará derecho a indemnización por el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral” (art. 40 inc. 2º).
De esta manera, si lo que se reprocha a los demandados son imputaciones injuriosas, es decir, dichos o expresiones que ofendan el honor o la honra de la víctima, la demandante puede encontrarse con la dificultad de que sólo ha pedido resarcimiento del daño moral y debería aplicarse a su demanda, dado que no invoca injuria o calumnia penales, la limitación del art. 2331 del Código Civil. Para evitar este resultado, como ha sucedido ya en múltiples ocasiones, podría recurrirse al Tribunal Constitucional que, en general, ha declarado la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma.
En cambio, si la demanda, como parece ser el caso, se centra en la lesión del derecho a la intimidad, recupera vigencia el principio de que todo daño debe ser indemnizado, tanto los de carácter patrimonial como aquellos de carácter moral.
No obstante, esto también puede tener algunas dificultades para quien acciona, porque lo que hace el medio no es revelar algo que estaba en la esfera de intimidad de la demandante, sino una declaración prestada en un juicio oral y público. Más aún, se trata de una declaración que ya había sido íntegramente transmitida por el canal del Poder Judicial.
En relación a lo primero, la mayoría de la doctrina sobre el derecho a la intimidad señala que uno de los casos de excepción en que se permite la difusión de hechos propios del ámbito privado de una persona se refiere a lo que se revele con motivo de litigios judiciales, sea civiles o penales. El art. 32 de la ley Nº 19.733 dispone que “La difusión de noticias o informaciones emanadas de juicios, procesos o gestiones judiciales pendientes o afinados, no podrá invocarse como eximente o atenuante de responsabilidad civil o penal, cuando dicha difusión, por sí misma, sea constitutiva de los delitos de calumnia, injuria o ultraje público a las buenas costumbres”, con lo que, a contrario sensu, si la difusión no es en sí misma constitutiva de estos delitos, como sucedería en el caso de los antecedentes ginecológicos de la demandante, el medio podría ampararse, ya sea para eximirse de o al menos atenuar su responsabilidad civil, en que no estaba más que proporcionando información emanada de un juicio pendiente. Es cierto que el inciso final del art. 30 de la misma ley dispone que “Se considerarán como pertinentes a la esfera privada de las personas los hechos relativos a su vida sexual, conyugal, familiar o doméstica…”, pero agrega como excepción: “salvo que ellos fueren constitutivos de delito”, lo que se daría en el caso dado que lo investigaba eran delitos cometidos en el contexto de su relación con su exconviviente.
En el fondo se trata de la causal de justificación de la lesión a derechos de la personalidad como el honor, la vida privada o la imagen que consiste en el ejercicio legítimo del derecho a opinar e informar respecto de hechos que son de “interés público”. Pero esta justificante debe ser apreciada con más rigor mientras más intensa sea la afectación del derecho, y teniendo claro que no es lo mismo “interés público” que “interés del público”: el interés público no se identifica con lo que suscita la curiosidad y el morbo de las audiencias, sino que debe apreciarse objetivamente en cuanto a la necesidad para el bien social de informar o difundir ciertos hechos. De este modo, queda la duda de cuál sería el interés público de transmitir íntegro en un programa con el formato de matinal la declaración del autor de un informe ginecológico sobre la víctima del delito que se juzgaba.
Si se concede que no era realmente de interés público la transmisión del testimonio del perito, podría señalarse que Canal 13 no afectó la vida privada de Nabila Rifo, porque los hechos ya habían sido difundidos públicamente, no sólo ante los asistentes a la audiencia del juicio oral, sino a todo el público a través de la transmisión en directo de dicha audiencia por el Canal del Poder Judicial. En el fondo, quien habría cometido la lesión de la intimidad habría sido el mismo Estado a través del referido canal. Una vez televisado y permitido que cualquier usuario viera la audiencia o que la grabare para luego difundirla, los hechos habrían dejado de ser reservados y habrían pasado a ser públicos, y, por tanto, cualquier medio de comunicación podía usarlos para sus propios fines.
Sin perjuicio de que todo este conflicto puso de relieve el riesgo que constituye la televisación de procesos judiciales y que la Corte Suprema a raíz de los hechos dispuso que no se transmitan las declaraciones de las víctimas ni las audiencias de prueba, no parece que la expectativa razonable de privacidad se haya agotado por la juicio oral.
Sucede algo parecido a un tema que suscitó diferencias jurisprudenciales hace ya varias décadas: las fotos que se tomaban de muchachas en bikini mientras se encontraban en la playa y que después, sin su consentimiento, eran publicadas por un diario de circulación nacional. En un primer momento, se dijo que, como la foto se había captado en un lugar público no se violaba la intimidad de la joven bañista. Con un poco más de reflexión, más tarde se reconoció que el hecho de estar en un lugar público no implica que la persona haya renunciado a todas las expectativas de privacidad, sino sólo a aquellas que son propias del lugar en que se encuentra. Así, la bañista no podía alegar intromisión por el hecho de que los que se encontraban en la playa la observaran, pero sí cuando mediante fotografías captadas sin su consentimiento se permitía que todos los lectores de un diario acceder a tomar conocimiento del hecho y mirar su cuerpo en traje de baño.
Del mismo modo, por el hecho de que en un momento de una larga transmisión televisiva se haga pública la declaración del ginecólogo no impide que se mantenga la expectativa de privacidad respecto de ella, puesto que no sería sencillo encontrar esa imagen nuevamente, incluso si se hubiera grabado todo el proceso. De esta manera, Canal 13, al seleccionar esas específicas imágenes para retransmitirlas teniendo como destinatarios los televidentes del Matinal Bienvenidos, ha vulnerado expectativas de intimidad subsistentes y no podría alegar que no lesionó el derecho al respeto a la vida privada de doña Nabila Rifo.
Por cierto, todo lo anterior queda supeditado a que en el juicio de responsabilidad la demandante acredite el daño moral sufrido y la relación de causalidad del presunto ilícito de los demandados con dichos perjuicios.
Veremos cómo se desarrolla el litigio, y cómo lo decidirán nuestros tribunales de justicia si es que las partes no logran arribar a una conciliación que evite la sentencia.
“…A una virgen desposada con un varón de nombre José”
Publicado 24 diciembre, 2017 por hcorralt
Tags: Belén, bonum prolis, celibato, esponsales, exclusión de la procreación, Jesús, María y José, matrimonio, Navidad, nulidad de matrimonio ius ad corpus, virginidad
En la proximidad de una nueva Navidad, nos parece conveniente reflexionar sobre el contexto familiar en el que nace el niño al que con el nombre de Jesús adorarán miles de cristianos a lo largo de las generaciones que se han sucedido por dos milenios.
La fuente primaria son los llamados Evangelios de la Infancia, es decir, los atribuidos a Mateo y a Lucas. Ambas fuentes coinciden en que una jovencita judía que vivía en Nazaret, en tiempos del Emperador romano Augusto y del rey Herodes, de nombre María, concibe un hijo por obra del Espíritu Santo, es decir, sin intervención de varón. Su estado civil no es el de soltera, sino que es el de “desposada” con un israelita que se llama José, y que desciende la familia del rey David. San Mateo dice que la concepción ocurrió “estando desposada su madre María con José, antes de que conviviesen” (Mt. 1, 18), y que José era “ su esposo” (Mt. 1, 19), el que, siendo justo, pensó en repudiarla en secreto, pero un ángel en sueños le dijo “no temas recibir a María, tu esposa” revelándole el gran misterio y encargándole que le impusiera al niño el nombre de “Jesús” (Mt. 1, 19-21), ejerciendo así los derechos de padre legal.
El evangelista Lucas es un poco más pormenorizado (la tradición señala que recibió estos relatos de labios de la misma María). Señala que el ángel Gabriel es enviado “a una virgen desposada con un varón de nombre José…” (Lc. 1, 27), que le anuncia la concepción divina de Jesús y espera su respuesta. Luego relata que, habiéndose promulgado un edicto que ordenaba un censo, José, siendo de la familia de David, tuvo que ir a la ciudad de su antepasado, Belén, y viajó acompañado de “María, su esposa, que estaba encinta”. De manera tremendamente escueta sigue con el relato del nacimiento del Salvador: “Y sucedió que, estando allí, le llegó la hora del parto, y dio a luz a su hijo primogénito; lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el aposento” (Lc. 2, 1-7).
Estamos, entonces, frente a María y José que son considerados “esposos”, pero esto debe ser comprendido según las leyes y costumbres matrimoniales de la época. En la cultura hebrea no se entendía el matrimonio como lo vemos hoy, es decir, como un acto de intercambio solemne de los consentimientos que tiene un solo momento determinado en el tiempo. Para los judíos de la época, el matrimonio era un estado y una relación jurídica que se constituía mediante un proceso constituido por varias etapas, y principalmente por dos. En primer lugar, venía el compromiso (los esponsales) y tiempo después, un año aproximadamente, la confirmación de la unión marital mediante otro ceremonial que incluía la recepción de la esposa en la casa del marido.
Los esponsales (qid-dushin) se celebraban en la casa de los padres de la novia, a la que acudía el novio. Muchas veces eran formalizados mediante un contrato escrito preparado por los sacerdotes y comprado por el novio (shitre erusin), pero lo más importante eran los ritos entre los cuales estaba la declaración del compromiso: así el novio decía a la novia: “he aquí que tú eres mi prometida” al mismo tiempo que le entregaba una moneda a modo de arras. La novia repetía lo mismo. Se estipulaba una suma de dinero o bienes que, en caso de romper el novio el compromiso, quedaba para la esposa. Igualmente se pactaba una especie de precio de compra (mohar) que el novio debía obligarse a entregar a su suegro para compensar los servicios que la doncella realizaba en la familia paterna. El pago del mohar se difería hasta la confirmación del matrimonio. En el tiempo que mediaba entre uno y otro, la esposa seguía viviendo con sus padres y se dedicaba a preparar el ajuar y demás enseres para el futuro hogar. El novio, conforme a su oficio o fortuna, preparaba la casa del matrimonio o las habitaciones de la casa de su familia donde se instalaría con su mujer.
La confirmación matrimonial (nissuin) se festejaba en grande con comidas y vino abundante. El novio junto a sus amigos concurría cerca de la medianoche a la casa de sus suegros para buscar a la novia. Esta, acompañada por un grupo de amigas que portaban lámparas y tocaban instrumentos, marchaba con el novio en procesión a la casa indicada. Se realizaba una nueva ceremonia con una bendición, y al parecer con la firma de un nuevo contrato (kethubah), esta vez certificado por los dos amigos del novio. Luego la pareja se retiraba a la cámara nupcial.
De alguna manera, aunque aproximada podríamos asemejar ambas etapas al contrato de esponsales y al contrato de matrimonio, previstos en nuestro Código Civil. Pero a diferencia de lo que sucede en las legislaciones modernas y en la chilena, los esponsales no eran una mera promesa de matrimonio que no impone deberes legales Los esponsales judíos eran un contrato que ya producía la mayoría de los efectos del matrimonio, y sólo suspendía la vida en común. Así, a los prometidos se les daba ya el nombre de marido y mujer, si se concebía un hijo éste era considerado legítimo, para disolverlo era necesario un proceso judicial, la infidelidad de la esposa era castigada como adulterio (Dt. 22, 24-27) y si el esposo moría la esposa era considerada su viuda.
Por los antecedentes evangélicos, se sabe que María y José ya habían celebrado esponsales cuando ella recibe el anuncio y acepta la concepción divina de Jesús. No habían hecho vida en común, en espera de que se celebrara la confirmación matrimonial. Por eso más adelante José, al darse cuenta de que su prometida estaba embarazada en vez de denunciarla como adúltera, decide repudiarla en secreto. Pero, al recibir en sueños la revelación de los designios divinos y ante el mandato del ángel de “recibir en su casa” a María, hemos de suponer que han confirmado el matrimonio con el ceremonial del nissuin y se habrán establecido en su propia vivienda, donde José ejercería también su oficio de artesano o carpintero. Desde aquí, y ya como definitivamente casados, saldrán hacia Belén, la ciudad en la que se producirá el nacimiento.
La doctrina católica, siguiendo las enseñanzas de varios Padres de la Iglesia, sostiene que la pregunta de María a Gabriel sobre cómo podría concebir a un hijo si ella no “conoce” a varón, revela que los esponsales con José de alguna manera incluían un compromiso de ambos de mantener la virginidad. De lo contrario, no se entiende la pregunta, ya que hubiera sido natural que una mujer que ya está desposada a la que se le dice que va a dar a luz un hijo suponga que ello sucederá como parte de su vida conyugal. Frente a ello, algunos escritores antiguos sostuvieron que en realidad no habría habido realmente un matrimonio entre María y José, y que éste último de edad avanzada, y probablemente viudo de un enlace anterior, habría desempeñado un rol no de marido sino de protector o custodio de María y el niño. Contra esta posición, la mayor parte de los intérpretes advierte que las Escrituras son claras en que José y María contrajeron un auténtico matrimonio, distinguiendo las dos etapas en las que se contraía el vínculo conyugal entre los judíos. Al mismo tiempo, se fueron decantando los criterios teológicos y canónicos sobre el matrimonio y entre ellos la necesidad de que el consentimiento de los esposos incluyera la procreación y la educación de la prole. Es San Agustín el que instaura la tradición de los tres bienes del matrimonio: bonum prolis, bonum fidei y bonum sacramenti. Santo Tomás de Aquino, usando las categorías aristotélicas, enseñará que la procreación es un fin primario del matrimonio, que incluye el ius ad corpus, es decir el derecho a la realización del acto conyugal apto para la procreación. Por ello, la doctrina canónica determinó que si por un acto positivo de la voluntad uno o ambos contrayentes excluían absolutamente este derecho contraían inválidamente. Esto mismo llevó a plantearse desde muy temprano si la unión entre María y José que suponía un compromiso de virginidad mutua y perpetua podía considerarse un matrimonio válidamente celebrado. La solución al problema ha discurrido por diversos razonamientos teológicos y jurídicos. Tomás de Aquino en la Suma Teológica se plantea derechamente la cuestión (III, q. 29, a. 2) y sostiene que una cosa puede ser considerada perfecta en cuanto a la forma y en cuanto a las operaciones que conducen a su fin y aclara que, “en cuanto a la primera perfección, el matrimonio de la Virgen Madre de Dios con José fue enteramente verdadero, porque consintieron ambos en la unión conyugal, aunque no expresamente en la cópula carnal, sino a condición de que eso pluguiese a Dios”.
Según otras explicaciones, debe distinguirse entre la exclusión del bonum prolis en cuanto ius ad corpus, del compromiso de no usar de dicho derecho. De esta manera, María y José no habrían excluido de su unión matrimonial el elemento esencial de la procreación por medio de la unión sexual, pero sí se habrían comprometido a no ejercer ese derecho. Otras opiniones discurren por la idea de distinguir entre otorgar el derecho al acto conyugal y la renuncia a ejercer dicho derecho respecto del otro contrayente; de modo que María y José se habrían concedido mutuamente el ius ad corpus, pero al mismo tiempo ambos habrían renunciado a reclamar su ejercicio en relación al otro.
Cualquiera sea la explicación técnica desde el punto de la teología y el derecho matrimonial, lo cierto es que no es posible comprender con nuestras categorías y conceptos un consorcio conyugal que tuvo una misión única en la historia de la salvación del género humano, cual es la de servir de hogar y familia al Verbo de Dios hecho hombre, más aún hecho niño.
Así lo hacía ver El Papa Juan Pablo II cuando trató el tema en una de sus catequesis de los días miércoles: “El tipo de matrimonio hacia el que el Espíritu Santo orienta a María y a José es comprensible –señaló el pontífice hoy santo– sólo en el contexto del plan salvífico y en el ámbito de una elevada espiritualidad. La realización concreta del misterio de la Encarnación exigía un nacimiento virginal que pusiese de relieve la filiación divina y, al mismo tiempo, una familia que pudiese asegurar el desarrollo normal de la personalidad del Niño”.
Por tal razón, continúa el Papa polaco, “José y María, precisamente en vista de su contribución al misterio de la Encarnación del Verbo, recibieron la gracia de vivir juntos el carisma de la virginidad y el don del matrimonio. La comunión de amor virginal de María y José, aun constituyendo un caso especialísimo, vinculado a la realización concreta del misterio de la Encarnación, sin embargo fue un verdadero matrimonio” (Juan Pablo II, Audiencia de 21 de agosto de 1996: Ver texto).
Cuando en la fría noche de la gruta de Belén nazca el divino niño, encontrará el amor de su madre María y el de su marido, José. Un matrimonio y una familia a la que más tarde la cristiandad no dudará en calificar de “sagrada”.
Publicado 17 diciembre, 2017 por hcorralt

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 2515
 artículo 2515
 artículo 19