Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520246.html
Timestamp: 2019-03-22 14:22:30+00:00

Document:
as201521246
Auto Supremo: 246/2015
Cochabamba:14 de abril 2015
Expediente: CB – 8 – 15 -S
Partes: JazmineGrágeda Espinoza de Barrancos.c/Contraloría General del
Estado representada por Mario DavidBarriga Montaño.
Proceso:Resarcimiento de daños y perjuicios.
Distrito:Cochabamba.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 954 a 957 y vta., interpuesto por Jazmine Grágeda Espinoza de Barrancoscontra el Auto de Vista Nº 123/2014 de 31 de octubre de 2014, cursante de fs. 949 a 951, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de Resarcimiento de daños y perjuiciosseguido por Jazmine Grágeda Espinoza de Barrancoscontra Contraloría General del Estado representada por Mario David Barriga Montaño, la contestación de fs. 960 a 961, la concesión de fs. 962, los antecedentes del proceso, y;
El Juez de Partido Segundo en lo Civil de la ciudad de Cochabamba en fecha 28 de noviembre de 2012 pronuncio Sentencia cursante de fs. 901 a 906 y vta., declarando Improbada la demanda de reparación de daños y perjuiciosde fs. 17-19 vta., formulada por Jazmine Grágeda Espinoza. Improbadas también las excepciones perentorias de cosa juzgada y prescripción. Probadas las de falsedad, ilegalidad, de falta de acción y derecho e improcedencia de la demanda opuestas por la institución demandada a través del memorial de fs. 69-72 vta., sin costas.- Por lo mismo, sin lugar a disponerse el pago de Bs. 219.602,89 demandados por la actora en calidad de daños y perjuicios emergentes de supuestos actos ilegales y por privación de lucro cesante.
Resolución de primera instancia que es apelada por la parte demandanteJazmine Grágeda Espinoza de Barrancos, mediante escrito de fs. 908 a 909 y vta., que merece el Auto de Vista Nº 123/2014 de 31 de octubre de 2014, cursante de fs. 949 a 951, que confirma totalmente la Sentencia apelada. Resolución de Alzada que es recurrida de casación en el fondo por la parte demandante, que obtiene el presente análisis.
1. Ilegal apreciación de la fundamentación:
Refiere que los ampulosos fundamentos vertidos de su parte, debidamente defendidos en derecho y en los hechos, eran suficientes elementos de prueba para dictar una sentencia favorable a su persona, lamentablemente el A quo sin ningún tipo de fundamento fáctico o de análisis jurídico rechaza su demanda, por lo que se permite plantear recurso de “casación”, con la única esperanza de que el Ad quem aplique la ley, lamentablemente el mismo con fundamentos aún más falaces y poco elaborados, simplemente realizando una cita de teoría sobre los contratos, el resarcimiento y demás temas que no son fundamento de un fallo y dejando de lado una sentencia constitucional que reconoce que se le vulnero sus derechos, descaradamente señala el Auto de Vista impugnado que para que exista resarcimiento de daños, la sentencia constitucional así lo tiene que determinar de forma expresa, dicha fundamentación no tendría lógica alguna, ya que la vulneración, afectación y lesión que se hizo de sus derechos fue probada, por lo que no existía fundamentación alguna para rechazar su pretensión.
Agrega que la Sentencia y el Auto de Vista fundan su decisión en el hecho de que por notas de 4 y 7 de abril de 2003, habría presentado renuncia al cargo de Gerente Departamental de la Contraloría General del Estado, consecuentemente habiendo una decisión o voluntad de concluir la relación laboral no tendría derecho a que se repare ningún daño y perjuicio.
En relación a esta afirmación refiere que es una absoluta falsedad y contraria a todos los antecedentes del proceso. Si bien es cierto que presentó renuncia no es menos cierto que dicha renuncia fue retirada y se retractó antes de que la misma sea aceptada, hecho que ha sido reconocido y aceptado por la Sentencia Constitucional Nº 0721/2004-R de 14 de mayo, en su numeral III.5 del Capítulo referido a Fundamentos Jurídicos del Fallo que transcribe. Congruente con lo señalado en el punto 3 determina la nulidad del proceso administrativo y su reincorporación.
El A quo como el Ad quem en franco desconocimiento a las razones jurídicas de la Sentencia Constitucional referida, afirma que la razón de su desvinculación fue la renuncia, sin tomar en cuenta que la renuncia fue levantada antes de su aceptación y que dicho acto no ocasiona daño. La sola presentación de la renuncia no genera la desvinculación como pretende indicar “la Sentencia que es apelada”.
En cuanto a la segunda afirmación realizada por la sentencia, referida a que en su confesión provocada aceptó que trabajó como docente en las Universidades UNIVALLE, UNIFRANZ y UDABOL, y en AMDECO, por lo tanto tuvo ingresos económicos, no es un elemento suficiente para quitarle el derecho que tiene de que se le repare el daño ocasionado por la ilegal destitución de la que fue “objeto”. En su confesión señaló que las labores universitarias de docencia las realizó fuera de horario de oficina y para entes que son privados, lo que no sería incompatible con la función pública conforme dispone el parágrafo IV del art. 11 del Estatuto del Funcionario Público, por lo tanto no es fundamento para que se le restrinja a cobrar los daños y perjuicios que se le ocasionó con su ilegal destitución.
Los jueces que conocieron la causa (tanto el inferior como el superior) debieron haber declarado probada la demanda y en su caso la apelación presentada, por cuanto ha demostrado con la Sentencia Constitucional Nº 721/2004-R que su destitución fue ilegal, consecuentemente desde el día en que se produjo su ilegal despido hasta la fecha en que se le reincorporó tiene derecho a que se le pague los salarios y otros derechos de los cuales se vio privada por la ilegal y antijurídica actuación de quienes representaban a la ex Contraloría General de la República ahora Contraloría General del Estado.
Durante el periodo posterior a la destitución y la reincorporación, no ha podido ingresar a trabajar en ninguna función pública. De haberlo hecho hubiese significado renuncia tácita por incompatibilidad al cargo cuyo despido ilegal reclamaba, tal como se encuentra previsto en el art. 11 de la ley del Estatuto del Funcionario Público.
El concepto de reincorporación que ha sido utilizado por el Tribunal Constitucional de la Nación, al momento de anularse el ilegal proceso administrativo interno, implica el respeto a todos los derechos que tenía al momento de ser destituida y durante el periodo en que fue privada de su fuente de trabajo de manera ilegal.
Corresponde a la justicia ordinaria ordenar el pago de daños y perjuicios que se le ha causado con la actitud arbitraria que fue realizada por los representantes de la ex Contraloría General de la República. El derecho a que se le pague los daños y perjuicios se encuentra sustentado en el art. 984 del Código Civil.
Ahora de forma completamente contradictoria el Auto de Vista fundamenta jurídicamente a cabalidad, que para que exista daños y perjuicios tiene que haber culpa o dolo. Pero de alguna forma que no entiende el porqué, no toma en cuenta su propio fundamento, porque el perjuicio fue claramente demostrado, ya que por ilegal decisión se le retiró del cargo, prohibiéndole de este modo de recibir su salario y los beneficios que este generaría durante el tiempo que estuvo retirada ilegalmente de la institución.
2. Violación al debido proceso:
Señalando citas normativas y doctrinales referidas al debido proceso, señala que la misma está referida al cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales en materia de procedimiento. Al efecto también transcribe la parte pertinente de la SC 0160/2010-R de 17 de mayo.
Por lo que acusando que la sentencia y el Auto de vista han violado flagrantemente disposiciones sustantivas y procedimentales, previamente solicita realizar una correcta valoración de la prueba y los fundamentos expresados en todo el proceso, y en base a la misma se case el Auto de Vista recurrido dejando sin efecto la sentencia y se ordene que la Contraloría General del Estado pague los daños y perjuicios ocasionados a su persona, mismos que deberán calcularse, más los intereses de ley y demás costas.
1. Sobre ilegal apreciación de la fundamentación:
1.1.De los fundamentos de agravio expuestos por la parte recurrente se conoce que la misma pretende que este Tribunal revise tanto la fundamentación y determinación asumida por el A quo así como las correspondientes al Ad quem; ante dicho petitorio incoherente corresponde precisar, que el medio de impugnación que toca resolver a este Tribunal es el recurso de “casación o de nulidad” y no así el “recurso de apelación” conforme orienta el art. 250 del Código de Procedimiento Civil, y como característica esencial de este recurso se puede establecer que no se trata de una tercera instancia, pues el Tribunal de casación es un Tribunal de derecho y no de hecho, por ello el recurso solo procede por las causales específicamente desarrolladas por los arts. 253 y 254 del adjetivo civil, debiendo el Tribunal de Casación circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente y siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos por la misma ley, por lo mismo es importantela apropiada identificacióny justificaciónde las causales y requisitos de procedencia referidos, siendo además de inexcusable cumplimiento lo dispuesto por el art. 258 inc. 2) del mismo adjetivo civil, es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.
Si bien, de inicio yde manera imprecisa, la parte recurrente acusa “ilegal apreciación de la fundamentación”, y argumenta que los ampulosos fundamentos vertidos de su parte eran suficientes elementos de prueba para dictar una “Sentencia” favorable a su persona, empero, al respectocorrespondepuntualizar que la simple argumentación de las partes, de por sí mismos, no se constituyen en medios o elementos probatorios, sino en simples alegaciones que deben ser debidamente demostrados por las mismas con prueba idónea y fehaciente. Por lo que en ese marco los agravios supra referidos se tornan en imprecisos.
1.2.Ahora bien, el Auto de Vista recurrido al absolver los agravios de la apelación como fundamentos para confirmar la Sentencia de manera relevante concluye:a) Que la actora funda su pretensión de resarcimiento dedaños y perjuicios en los arts. 984 y 994 del CC, es decir en el régimen legal que regula la responsabilidad extracontractual de las personas.b)Que empero su pretensión resulta de un proceso administrativo interno que le hubo instaurado la Contraloría General de la República, que concluyócon el rechazo del recurso jerárquico procediéndose a destituirla del cargo de Gerente Departamental de la Contraloría, y que desde la fecha de entrega del memorándum de despido, no se le pagó salario alguno;por lo que interpuesto una acción de Amparo Constitucional. c) Que los actos o hechos sobre los que la actora funda su pretensión, no podrían ser considerado hechos ilícitos, porque actuaron en cumplimiento de las funciones y misión que tiene la Contraloría General del Estado, que no obstante de no haber ejercido potestades que emergen del ordenamiento jurídico, ello fue juzgado y se determinó anular todos estos actos administrativos contenidos en el proceso administrativo seguido contra la actora, en cumplimiento del art. 122 dela CPE. d).Que en este caso se han practicado actos administrativos por funcionarios administrativos contra la demandante quien también era funcionaria de la entidad demandada. Desvirtuándose de ésta manera las normas invocadas en la demanda, que otorga la acción resarcitoria cuando la víctima del hecho ilícito no tiene relación jurídica alguna con el agente, lo que también impide conceder mérito a la demanda. e). Que si bien el Tribunal Constitucional decidió anular el proceso administrativo que concluyó con su destitución, no debe perderse de vista que dicho Tribunal no dispuso de ninguna forma el resarcimiento de daños y perjuicios a favor de la demandante, como podía hacerlo en observancia del art. 102 de la abrogada Ley 1836 vigente en ese entonces, omisión que la parte actora no ha observado, convalidándola con esa actitud, cuando en realidad el pago de salarios que es lo que persigue, debía haberse dispuesto en aquella acción constitucional.
Siendo este en consecuencia el fundamento del Tribunal de Alzada para confirmar la Sentencia apelada;sin embargo, esterazonamiento no ha sido rebatido por la ahora recurrente, la misma que en su recurso de casación en el fondo se ha centrado a reiterar los argumentos de su escrito de apelación.En ese antecedente debemos referir que lo que correspondía cuestionar a la ahora recurrente son los fundamentos y determinaciones asumidas en el Auto de Vista, por lo que los agravios denunciados de su parte se tornantambién eninconsistentes.
1.3. Ahora bien,conforme al principio de conservación de actos, en la especie se tiene que la pretensión principal de pago de daños y perjuicios de la parte actora, se funda en un proceso administrativo interno que le hubo instaurado la Contraloría General de la República actual Contraloría General del Estado, donde dicho sumario concluyó con el recurso jerárquico procediéndose a destituirla del cargo de Gerente Departamental de la Contraloría, y que desde la fecha de entrega del memorándum de despido no se le pagó salario alguno, en ese antecedente la ahora recurrente interpuso la acción de Amparo Constitucional en resguardo de sus derechos.
Al respecto, de la revisión de la Sentencia Constitucional Nº 0721/2004-R de 14 de mayo, dictada en revisión dentro del recurso de Amparo Constitucional interpuesto por Emma JasmineGrágeda Espinoza de Barrancos contraJorge Treviño Paredes, Contralor General a.i. de la República y César Adalid Siles Bazán, Sumariante;se tiene que el Tribunal Constitucional establece que la recurrente en su calidad de Gerente Departamental de la Contraloría de Cochabamba, se encontraba dentro del presupuesto establecido por el art. 67.IX del DS 23318-A modificado por el art. 2 del DS. 26237, como dependiente inmediata del Contralor General de la República, por lo que su responsabilidad administrativa debía ser resuelta por las comisiones respectivas del Poder Legislativo. En tal virtud, las autoridades recurridas al haber sustanciado y resuelto a su turno un proceso administrativo en contra de la actora, estableciendo su responsabilidad administrativa y por ende su destitución, y al haber convalidado además los actos del Sumariante, habían incurrido en actos ilegales y omisiones indebidas que lesionaban sus derechos a la seguridad jurídica y debido proceso en su vertiente del Juez natural; de igual manera, al haberla destituido de sus funciones, sus derechos al trabajo y a participar de la función pública que ameritaban la tutela que brinda el amparo constitucional.
Asimismo y en relación a su renuncia,se especifica que la mismaha sido retirada antes de que sea formalmente aceptada, lo que ha sido admitido por los recurridos, que dispusieron su destitución.
Por lo que en mérito a éstas y otras consideraciones, en su parte resolutiva en revisión resuelve: “1º Revocar, la Resolución de fs. 902 a 903 vta. pronunciada el 2 de febrero de 2004 por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba. 2º Declarar Procedente el recurso. 3º Disponer la nulidad del proceso administrativo seguido en contra de la recurrente y su reincorporación al cargo de Gerente Departamental de la Contraloría”.
De la relación precedentemente efectuada se conoce que el Tribunal Constitucionalconcretando que la renuncia de la accionante fue retirada antes de que sea formalmente aceptada y estableciendoademás sucalidad de funcionario jerárquico dependiente inmediato del Contralor General de la República, y en el entendido de que su responsabilidad administrativa debía ser resuelta por las comisiones respectivas del Poder Legislativo, solo dispone la nulidad del proceso administrativo seguido en su contra y su reincorporación al cargo de Gerente Departamental de la Contraloría,empero y a pesar de existir petición expresa de la accionante (fs. 678 a 685 y vta., y 702 a 705), en la parte resolutiva de este fallo no se establece la existencia de responsabilidad civil en los recurridos (terminología correspondiente a la normativa anterior), así como tampoco dispone el pago de daños y perjuicios conforme le facultaba el art. 102-II de la Ley Nº 1836Ley del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 1998, decisión que tampoco ha sido observada por la parte entonces recurrenteen el plazo legal pidiendo la complementación pertinente, para con el resultado positivo solicitar en ejecución de sentencia la calificación de daños y perjuicios en la acción constitucional que hubo instaurado, conforme disponía el art. 102-VI de la Ley Nº 1836: “Sin perjuicio de la ejecución del fallo si el Tribunal que declare procedente el recurso no contara con los elementos necesarios que permitan la calificación de los daños y perjuicios, abrirá término de ocho días para que se acrediten los mismos y pronunciará resolución en el plazo de tres días, ordenando la retención de haberes, y el embargo de los bienes de la autoridad recurrida a los efectos de dicha reparación”.
Respecto a lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional en el Auto Constitucional Nº 41/2002-CDP de 13 de diciembre ha razonado que: “Si bien es cierto que la última parte del art. 49 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) establece que el Tribunal Constitucional tiene la facultad de resolver las incidencias de la ejecución de sus resoluciones, por lo que la calificación de daños y perjuicios corresponde ser conocida, en revisión, por este Tribunal, no es menos evidente que tal calificación debe estar dispuesta en la Sentencia que dirimió el amparo…En el caso de autos, ni el Juez de amparo, ni el Tribunal Constitucional determinaron la existencia de responsabilidad civil en las Resoluciones 138/2001, de 28 de marzo de 2001 y SC 410/2001-R, de 8 de mayo, respectivamente, por ende, no ordenaron la calificación de daños y perjuicios, en consecuencia, la autoridad judicial indicada, no tenía competencia alguna para iniciar, a pedido de parte y en ejecución de sentencia, el trámite de calificación de daños y perjuicios,..”.Asimismo, en elAuto Constitucional Plurinacional Nº 0004/2014-CDP de 1 de septiembre ha concretado que:“…el legislador ha establecido que los responsables de la vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales serán pasibles a la reparación de daños y perjuicios; claro está, debe entenderse la efectividad del mismo siempre y cuando el Tribunal de garantías o el Tribunal Constitucional Plurinacional establezcan claramente dicha medida al momento de emitir la resolución y cuya ejecución estará a cargo del Tribunal de garantías…”. “Así también, la jurisprudencia constitucional, sobre la calificación de daños y perjuicios, en el ACP 0001/2012-CDP-SL de 20 de junio, señaló: “La calificación de daños y perjuicios, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, debe comprender: a) Los gastos efectuados por la parte recurrente para lograr la tutela a sus derechos; y, b) La pérdida o disminución patrimonial que ha sufrido la parte recurrente a consecuencia del acto ilegal cometido en su contra” (las negrillas y subrayado son nuestras).Dejando de ésta manera claramente establecido que no cabe la responsabilidad civil y menos la calificación de daños y perjuicios cuando así no lo dispone el fallo Constitucional respectivo.
De donde se concluyeque la jurisdicción ordinario civil no tiene competencia para dilucidarposibles daños y perjuicios que deriven de hechos que fueron considerados por la jurisdicción Constitucional, pues en caso de establecerse la existencia de responsabilidad civil y por ende la calificación de daños y perjuiciossu ejecución está reservada al Tribunal de garantías.
Por lo que los Tribunal de instancia al rechazar la pretensión de la parte actora han ajustado su resolución a derecho,de consiguientemente no existe agravio evidente en éste punto.
2. Sobre violación al debido proceso:
Este agravio corresponde al recurso de casación en la forma, no obstante en observancia del principio “pro actione” damos respuesta al mismo de la siguiente manera:
En el caso de autos, la parte recurrente ejerció su derecho a la defensa en todos los momentos e instancias del proceso, desarrollando una serie de actos procesales sin haber denunciado en su oportunidad vulneración a su derecho a la defensa, razón por la que ese aspecto de ninguna manera puede dar lugar a la nulidad del proceso. Deviniendo el agravio denunciado en infundado.
Por lo referido, el recurso de casación en el fondo interpuesto por el recurrente se enmarca en lo determinado por el art. 271 núm. 2), y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 271 num. 2)y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOel recurso de casación en el fondo de fs. 954 a 957 y vta.de obrados, interpuesto por Jazmine Grágeda Espinoza de Barrancoscontra el Auto de Vista Nº 123/2014 de 31 de octubre de 2014, cursante de fs. 949 a 951, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Sin costas.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución