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Timestamp: 2019-08-20 06:20:02+00:00

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STC 181/2004, 2 de Noviembre de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 231600
STC 181/2004, 2 de Noviembre de 2004
Número de Recurso: 3134/99
Recurso de amparo 3134/1999. Promovido por don José B.I. frente al Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que declaró procedente su extradición a Venezuela. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, al juez legal e imparcial, a la igualdad, a la libertad personal, y a la integridad: extradición pasiva para ser enjuiciado por tribunales especializados en delitos económicos, y que ya no instruyen la causa penal; doble nacionalidad; prisión provisional; entrega condicionada a garantías de que no será sometido a tratos inhumanos o degradantes en la cárcel.
Sentencia citada en: 127 sentencias, 13 artículos doctrinales, 2 formularios, una noticia
En el recurso de amparo núm. 3134/99, promovido por don José B.I., representado por el Procurador de los Tribunales don Tomás Alonso Ballesteros y asistido por el Abogado don Luis Martí Mingarro, contra el Auto 37/1999 del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 17 de junio de 1999, que desestima el recurso de súplica formulado contra el dictado con núm. 2/1999 por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el 1 de febrero de 1999, que declaró procedente la extradición del recurrente a Venezuela, en expediente de extradición 7/98. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido parte la República de Venezuela, representada por el Procurador don Fernando Bermúdez de Castro Rosillo, bajo la dirección de los Letrados don Joaquín Ruiz Giménez Cortés y don Joaquín Ruiz Giménez Aguilar. Ha sido Ponente la Presidenta doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito registrado el 16 de julio de 1999, el Procurador don Tomás Alonso Ballesteros, en nombre y representación de don José B.I., interpuso el recurso de amparo constitucional que ya ha sido mencionado en el encabezamiento.
El recurrente nació en Madrid el 25 de mayo de 1944, hijo de padre español y madre venezolana, cursó sus estudios en Venezuela, contrajo matrimonio y reconoció a sus hijos en dicho país, y desempeñó en el mismo cargos empresariales.
Durante el año 1993 y primer semestre de 1994, el Sr. B.I. llegó a ser Presidente del Banco de Venezuela SACA, así como de otras entidades pertenecientes al mismo grupo financiero. En este período el Banco de Venezuela otorgó préstamos a una de dichas entidades (el Banco de Venezuela N.V. Curazao, con sede en las Antillas Holandesas), lo que supuso la cesión del 95 por 100 de los recursos del Banco de Venezuela SACA, sin que se registraran tales operaciones en las cuentas correspondientes, aun conociendo el Sr. B. la situación financiera de esta última entidad bancaria. Diversos entes públicos celebraron contrato de fideicomiso con el Banco de Venezuela SACA, por el que éste recibió importantes fondos (más de veintitrés mil millones de bolívares), que fueron administrados por el Sr. B.; parte de tales fondos fueron empleados para operaciones de riesgo, como créditos otorgados a empresas que luego resultaron insolventes y que tuvieron que ser declarados irrecuperables. Como consecuencia de ello, el Banco de Venezuela SACA tuvo que ser "estatizado" el 8 de agosto de 1994, asumiendo una "Junta de Emergencia Financiera" el traspaso de inversiones en litigio por un importe de 48.391.389 bolívares. En el mes de diciembre de 1994 las pérdidas que absorbía el Banco de Venezuela SACA eran de 778.935.647 bolívares, momento en que ya era poseído por el Fondo de Garantía de Protección de los Depositantes (FOGADE), soportando en definitiva un perjuicio patrimonial el Estado venezolano, al verse obligado a hacer aportaciones de fondos públicos, que finalmente también quedaron defraudados por las deudas.
A mediados de 1994, el recurrente se trasladó a España donde fijó su residencia. En octubre de ese año se le expidió el documento nacional de identidad y en el siguiente diciembre se le expidió pasaporte español.
Mediante nota verbal núm. 227, de 7 de marzo de 1997, la Embajada de Venezuela en España solicitó formalmente la extradición del Sr. B.I., a los efectos de su enjuiciamiento en la República de Venezuela. Mediante nota verbal núm. 1019, de 22 de octubre de 1997, la misma Embajada fundamentó su solicitud en una requisitoria librada el 24 de mayo de 1996 por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Penal, Bancario y Salvaguarda del Patrimonio Público, con sede en Caracas, así como en tres Autos de detención dictados por el mismo órgano judicial contra el Sr. B. con fechas 26 de abril, 15 de mayo y 5 de junio de 1996. La solicitud de extradición solicita la entrega del Sr. B. para ser juzgado por los siguientes hechos: realización de balances que no reflejaban la verdadera situación financiera del Banco de Venezuela SACA y delito de apropiación de recursos de un banco en provecho de terceros; intermediación financiera ilícita y agavillamiento (asociación ilícita); y en último término, por incumplimiento de las obligaciones derivadas del fideicomiso.
En el proceso extraditorio se personó la República de Venezuela con la asistencia letrada del Sr. Ruiz Giménez.
El Auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 1 de febrero de 1999, declaró procedente la extradición, exceptuando los delitos de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos e intermediación financiera ilícita. No obstante, condicionó la entrega a que el Estado venezolano diera garantías suficientes de que, en caso de que el Sr. B.I. fuera privado de libertad, se cumplieran en su internamiento de forma efectiva las exigencias de respeto a los derechos humanos.
Interpuesto recurso de súplica por el Sr. B.I., fue desestimado por el Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de 17 de junio de 1999, que confirmó la resolución impugnada.
El recurrente, aunque fue sometido a prisión preventiva en España, se encuentra en libertad bajo fianza por un importe total de cien millones de pesetas. Se le ha impuesto la medida cautelar de presentación periódica ante la Audiencia Nacional, bien quincenal, bien diaria.
La demanda de amparo solicita que se declare la nulidad de las resoluciones impugnadas y que se desestime la solicitud de extradición formulada por la República de Venezuela. Mediante otrosí se solicita asimismo la suspensión de la ejecución de las resoluciones impugnadas. El recurrente de amparo aduce las siguientes vulneraciones de derechos:
Del principio de igualdad ante la ley (art. 14 CE). El Sr. B. goza de doble nacionalidad, venezolana y española (art. 11.3 CE). Por lo que se refiere a la nacionalidad española, ésta es de origen, sin haberla perdido nunca ni renunciado a ella (art. 11.2 CE). La Audiencia Nacional, al declarar procedente la extradición de un español de origen introduce una distinción entre dos clases de españoles: los que son sólo españoles (que por ello no serían extraditables) y los que son o han sido además titulares de otra nacionalidad (que sí podrían ser extraditados); esta distinción infringe el principio de igualdad ante la ley.
De la libertad personal (art. 17.1 y 4 CE). En Venezuela se impone a todo acusado por delitos de salvaguarda del patrimonio público una prisión preventiva, obligatoria e ineludible mediante fianza, lo que se opone a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional sobre la naturaleza de la prisión provisional (excepcionalidad, proporcionalidad, finalidad constitucionalmente legítima de su imposición, etc.).
Del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y del derecho al juez imparcial (art. 24.1 y 2 CE). Por un lado, los Autos de detención contra el Sr. B.I. han sido dictados por una Jueza designada para integrar una jurisdicción especial ex post facto, jurisdicción que además no ha sido creada por Ley sino por Acuerdos administrativos del Consejo de la Judicatura de Venezuela (equivalente al Consejo General del Poder Judicial español). Por otro lado, dicha Jueza venezolana que dictó los Autos de detención y que instruye la causa es la misma que luego debe sentenciar, pues en aquel país no están separadas las funciones instructora y enjuiciadora. Ello contraría las exigencias de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional, sin que sirva de justificación -como sin embargo hace la Audiencia Nacional- el argumento de que la separación de tales funciones sólo sería exigible en países de "nuestra área cultural".
Del derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE). La situación de las cárceles venezolanas es atroz, hasta el punto de que este extremo ha sido reconocido por los Ministros de Justicia de ese país, al afirmar que son las peores del mundo. El Auto del Pleno, por un lado, reconoce que la Administración de Venezuela no controla la situación de los penales; pero, por otro, somete la extradición a la condición de que el Estado venezolano dé garantías suficientes de que, para el caso de que el Sr. B. sea privado de libertad por dicha causa, se cumplan en su internamiento las exigencias de respeto a los derechos humanos. Existe pues una contradicción entre las dos declaraciones, pues si con carácter general se afirma que el Estado no controla los establecimientos penitenciarios, ¿cómo se va a poder garantizar que en el caso concreto del Sr. B., si resultara condenado a pena de prisión, recibiría un trato adecuado y conforme a los derechos humanos?
De la tutela judicial efectiva y proscripción de indefensión (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE). Se mencionan aquí las siguientes irregularidades: la ya referida falta de separación entre las funciones de instrucción y de enjuiciamiento en la causa; la prohibición cursada a los servicios consulares y diplomáticos de Venezuela, respecto a los acusados en procesos de la jurisdicción especial ad hoc bancaria, de otorgar poderes a Abogados y Procuradores que les defiendan; y la negativa del Tribunal venezolano que había revocado uno de los Autos de detención contra el recurrente a expedir copia certificada del mismo, para que éste pudiera utilizarla en el proceso extraditorio.
Mediante escrito de 8 de septiembre de 1999, la representación del recurrente solicitó que se suspendieran urgentemente las resoluciones impugnadas en atención a los acontecimientos políticos acaecidos últimamente en Venezuela, para lo que se adjuntaban diversas informaciones de los medios de comunicación sobre la situación de emergencia del Poder judicial en dicho país y sobre el estado lamentable de las cárceles. Por otro escrito posterior de 11 de septiembre de 1999, acompañado también de documentación periodística, la misma representación procesal del Sr. B.I. reiteró la solicitud de suspensión, debido a que la Corte de Apelaciones núm. 5 de Caracas había dictado una Sentencia de 3 de septiembre de 1999, que revocaba todos los cargos formulados en su día contra el demandante de amparo, salvo el de intermediación financiera ilícita, conducta que no es constitutiva de delito en España. Ahora bien, la Asamblea Nacional Constituyente, que en ese momento tenía asumido de facto todos los poderes de Venezuela, había suspendido la actuación de esa Corte de Apelaciones, prohibiendo que los jueces que la componían salieran del territorio nacional y ordenando la investigación de su patrimonio. Asimismo la referida Asamblea había forzado a la Magistrada Ponente de dicha resolución para que la "retirara", había nombrado un Fiscal especial para que la impugnara, y había nombrado una Comisión con el objeto de que emitiera un informe "técnico" sobre la Sentencia y para que en un plazo de cinco días propusiera otra distinta. Todo ello representaba un grave atentado a la independencia judicial, lo que determinaba la urgencia de que el Tribunal Constitucional adoptara una decisión. Por otro escrito del mismo día 11 de septiembre de 1999 y presentado por el mismo Procurador Sr. Alonso Ballesteros, se pusieron de relieve informaciones periodísticas que indicaban que la revocación de los Autos de detención contra el Sr. B.I. habían determinado la dimisión de la Presidenta del Consejo de la Judicatura de Venezuela, y habían ocasionado que la Magistrada Ponente de la Sentencia absolutoria -obligada a "retirarla"- pusiera su cargo a disposición de la Asamblea Nacional Constituyente.
La Sección Primera de este Tribunal dictó una providencia el 14 de septiembre de 1999, en la que acordó admitir a trámite la demanda de amparo, así como requerir a los órganos judiciales para que remitieran las actuaciones y emplazaran a quienes fueron parte en el procedimiento, excepto el recurrente de amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en el presente proceso constitucional. Asimismo acordó abrir la pieza separada de suspensión, mediante otra providencia de idéntica fecha.
El Procurador don Fernando Bermúdez de Castro Rosillo presentó el 4 de octubre de 1999 un escrito en el que se personaba en nombre de la República de Venezuela y solicitaba que se le tuviera por parte en el presente proceso constitucional de amparo y se entendieran con él las sucesivas actuaciones, bajo la dirección de los Letrados don Joaquín Ruiz Giménez Cortés y don Joaquín Ruiz Giménez Aguilar.
La representación del recurrente, a través de un escrito registrado el mismo día 4 de octubre de 1999 y reiterado el siguiente día 11 del mismo mes y año, solicitó que se requiriera a la Audiencia Nacional para que remitiera testimonio íntegro de las actuaciones, con inclusión de los libros, impresos y cintas de vídeo sobre la situación de las cárceles en Venezuela aportados en el procedimiento de extradición.
Mediante providencia de 25 de octubre de 1999, la Sala Primera de este Tribunal acordó tener por personado y parte al Procurador Sr. Bermúdez de Castro Rosillo en nombre y representación de la República de Venezuela, entendiéndose con el mismo ésta y las sucesivas diligencias, así como requerir a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que remitiera los libros y las cintas de vídeo sobre la situación de las cárceles en la República de Venezuela.
Una vez recibida la documentación pedida a la Audiencia Nacional, mediante diligencia de ordenación de 22 de noviembre de 1999 se otorgó un plazo de veinte días al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que efectuaran las alegaciones que estimaran pertinentes.
La representación del recurrente de amparo presentó sus alegaciones correspondientes al trámite del art. 52.1 LOTC a través de escrito registrado en el Juzgado de guardia de Madrid el 20 de diciembre de 1999, acompañado de una copiosa documentación. En las alegaciones se expresa resumidamente lo que sigue a continuación:
Como alegación previa se indica que el presente recurso de amparo ha perdido su objeto, y ello determina la pretensión que se formula posteriormente en el otrosí de este escrito de alegaciones. Para fundamentar esta alegación previa, el escrito parte de que la extradición del Sr. B.I. se sustenta en que el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 en lo Penal Bancario y de Salvaguardia del Patrimonio Público de Caracas dictó tres Autos de detención contra el ahora recurrente de amparo, respectivamente con fechas de 26 de abril, 15 de mayo y 5 de junio de 1996. Cuando se solicitó la extradición tales Autos no eran firmes, dándose la circunstancia de que debido a la larga duración del procedimiento de extradición, posteriormente se resolvieron los recursos de apelación contra dichos Autos, recayendo tres Sentencias (que obran en las actuaciones del presente procedimiento de amparo) que revocaron las órdenes de detención, declarándose culminada la averiguación de los hechos y archivadas las causas, con la sola excepción del Auto de 5 de junio de 1996, que no fue revocado, pero que había sido dictado en relación con el supuesto delito de intermediación financiera ilícita. Sin embargo, esta infracción está expresamente excluida en los Autos de la Audiencia Nacional que declararon procedente la extradición. Esta sorprendente situación sólo puede ser explicada a la vista de la situación política de Venezuela y, especialmente, por la descoordinación existente entre los órganos administrativos y judiciales de dicho país. El Estado requirente debería haber retirado la petición de extradición, y en lugar de adoptar esa decisión ni siquiera ha prestado (ni la Audiencia Nacional ha reclamado) las garantías de que en el caso de que el Sr. B.I. fuera privado de libertad, se le respetarían de forma efectiva sus derechos humanos, diez meses después de haber sido dictado el Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que se exigían tales garantías. Esta actitud de Venezuela de no informar de la exculpación del recurrente de amparo es contraria no sólo a los deberes de lealtad y cooperación entre Estados, sino además a sus deberes respecto al Sr. B.I. como justiciable en dicho país, e incluso es contraria a sus deberes respecto a la Audiencia Nacional y al Tribunal Constitucional, al no desistir de una pretensión, que carece del fundamento que requiere la extradición para enjuiciar al reclamado, es decir, una persecución penal con vigencia y no revocada. Mientras tanto el Sr. B.I. tiene restringida su libertad personal en España, toda vez que ha depositado una fianza de cien millones de pesetas y se tiene que presentar semanalmente ante la Audiencia Nacional. Los acontecimientos que se produjeron en Venezuela tras la Sentencia de 3 de septiembre de 1999, que exculpó expresamente al demandante de amparo, ya expresados (reunión de la Asamblea Nacional Constituyente para suspender y depurar a los Magistrados que la dictaron, así como exigir que fuera "retirada" dicha resolución y se estudiaran las posibilidades de impugnación de la misma; la Magistrada Ponente fue obligada a "retirar" su Ponencia) y que culminaron con la dimisión tanto de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia como de la del Consejo de la Judicatura de Venezuela, demuestran claramente la intromisión en la independencia del Poder Judicial de Venezuela así como un flagrante atropello respecto a la intangibilidad de sus Sentencias.
Con apoyo en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de este Tribunal Constitucional, así como en la doctrina científica, razona la representación del recurrente que no es legítimo declarar procedente la extradición si se han producido o cabe esperar que se puedan producir en el Estado requirente vulneraciones de derechos fundamentales del reclamado, porque tales vulneraciones serían imputables indirectamente a los órganos judiciales españoles. El propio Auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reconoce que el proceso penal venezolano, al permitir que un mismo órgano judicial ejerza funciones instructoras y enjuiciadoras, es contrario al derecho a un juez imparcial, y no obstante declara procedente la extradición, lo que se contrapone a la referida doctrina.
La vulneración del principio de igualdad ante la ley por parte de los Autos de la Audiencia Nacional se ha producido porque don José B.I. es español de origen y sin embargo las resoluciones recurridas entienden que existen dos categorías de nacionales: los que única y exclusivamente son españoles y los que además de ser españoles ostentan otra nacionalidad distinta de la española. Pues bien, para la Audiencia Nacional y en materia de extradición, estos últimos no son iguales a los primeros en la aplicación de la ley, ya que sólo la primera categoría de nacionales exclusivamente españoles puede gozar de todos los derechos y prerrogativas de la ley, incluida la de la interdicción de la entrega de nacionales impuesta por el art. 3 de la Ley de extradición pasiva.
Que el Sr. B.I. ostenta la nacionalidad de origen española es algo que ni siquiera ha sido contradicho por la República de Venezuela y que además ha quedado acreditado por el dictamen encargado por la representación del recurrente de amparo y elaborado por el Catedrático de Derecho Civil y Abogado don Antonio Hernández-Gil y Álvarez Cienfuegos. Según dicho dictamen y de conformidad con el art. 17.1 del Código civil (tanto en la versión actual con en la vigente en el momento del nacimiento del Sr. B.), el actor de amparo es español ya que es hijo de padre español y nació en territorio español (Madrid) el 25 de mayo de 1944, como se acredita por su documento nacional de identidad, por su pasaporte o por su inscripción de nacimiento en el Registro Civil de Madrid. El hecho de que además el Sr. B.I. tenga la condición de venezolano no implica la pérdida de la nacionalidad española, ya que no ha renunciado nunca a ésta.
El Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deja traslucir que el demandante de amparo ha activado y ejercitado la nacionalidad española como nacionalidad de "conveniencia" para conseguir la impunidad, siendo preferente la nacionalidad venezolana frente a la nacionalidad residual española. Y declara que como el Convenio de extradición hispano-venezolano faculta a denegar la extradición de nacional, y no obliga a ello, dicho Convenio prevalece sobre las prescripciones de la Ley española de extradición pasiva; existe pues una discrecionalidad al respecto que debe ser motivada y que estriba en la existencia de dos categorías de nacionalidades.
Sin embargo, esta argumentación no es de recibo para el recurrente de amparo. En primer lugar, porque no existe un conflicto entre el Convenio y la Ley española, ya que aquél reconoce la facultad del Estado requerido de rehusar la extradición del nacional "de acuerdo con su propia ley", lo que supone una remisión del Tratado a esta última, cuyo art. 3 prohíbe tajantemente la extradición de nacionales. La Audiencia Nacional debe actuar sometida al "bloque de legalidad" en materia de extradición y no cabe decir que ha respetado el imperio de la ley cuando ha decidido entregar al Sr. B. que ostenta la nacionalidad española, pues tal decisión no ha sido adoptada "de acuerdo con la ley", tal y como exige el art. 8.1 del Tratado de extradición entre Venezuela y España, pues como se ha indicado la Ley española prohíbe la extradición de los españoles.
Asimismo, añade el recurrente, la nacionalidad española del Sr. B.I. es originaria y no adquirida, de modo que no es aplicable la excepción contemplada en el art. 3 de la Ley de extradición pasiva respecto a las personas que hubieran adquirido la nacionalidad española "con el fraudulento propósito de hacer imposible la extradición", ya que no es este el caso.
La atribución de competencia para conocer de los supuestos delitos imputados al Sr. B.I. a una jurisdicción especial, ad hoc, ex post facto, y acordada por un órgano administrativo (y no legislativo) mediante una disposición de carácter reglamentario vulnera el derecho a un juez imparcial reconocido en el art. 6 del Convenio europeo de derechos humanos y el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley contemplado en el art. 24.2 CE. En este caso, los presuntos hechos delictivos se produjeron en 1993 y 1994 con motivo de la crisis bancaria que asoló a Venezuela, hechos cuyo conocimiento estaba atribuido en aquel momento bien a los Tribunales penales de la jurisdicción ordinaria, bien a la jurisdicción especial de salvaguarda del patrimonio público. Con posterioridad a tales hechos e incluso con posterioridad a los Autos de detención dictados contra el Sr. B.I., el Consejo de la Judicatura (homólogo al español Consejo General del Poder Judicial) dictó una Resolución el 21 de febrero de 1995 (después reformada y enmendada por otras posteriores) que creó la jurisdicción bancaria, otorgando en su art. 5 la competencia para conocer de los delitos bancarios a los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal núms. 3, 5, 24, 29 y 39, así como a los Juzgados Superiores de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas núms. 11, 13 y 18. Según criterio del recurrente de amparo, la elección de estos Tribunales carecía de base objetiva (¿por qué se elegían a unos Tribunales y no a otros?) y obedecía a la pretensión de encomendar las causas a jueces "dóciles", debido a las presiones externas al Poder Judicial.
Tales resoluciones fueron objeto en Venezuela de diversos recursos de ilegalidad e inconstitucionalidad, por oponerse a la Constitución entonces vigente (art. 69: "Nadie podrá ser juzgado sino por sus jueces naturales"). Igualmente son contrarias al art. 8.1 de la Convención americana de derechos humanos, que expresa lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella"; al muy similar art. 6.1 del Convenio europeo de derechos humanos; al art. 24.2 CE, en cuanto que garantiza el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley; al art. 10 a) del Tratado de extradición entre Venezuela y España, que establece tajantemente que no se concederá la extradición "cuando la persona reclamada hubiere sido condenada o debiera ser juzgada por un Tribunal de excepción o ?ad hoc? en la Parte requirente"; y al art. 4.3 de la Ley española de extradición pasiva que determina que no se concederá la extradición "cuando la persona reclamada deba ser juzgada por un Tribunal de excepción".
La jurisdicción bancaria representa no una jurisdicción especializada (como entiende la Audiencia Nacional) sino una jurisdicción especial, ad hoc, formada por jueces arbitrariamente seleccionados, ya que los criterios en los que se basa tal selección no han sido nunca explicitados. Se caracteriza además por estar constituida con posterioridad a los hechos (los hechos son de 1993 y 1994, en tanto que la creación de esta jurisdicción se produjo en febrero / marzo de 1995); por haber sido establecida por un órgano administrativo y no legislativo (el Consejo de la Judicatura de Venezuela, que es el órgano supremo del Poder Judicial); y por la circunstancia de que la norma que instauró tal jurisdicción es de naturaleza reglamentaria y administrativa, pero no legal.
El hecho de que la Juez que dictó los Autos de detención (que en el Derecho español equivalen a un supuesto híbrido de Auto de procesamiento y de Auto de prisión provisional) sea la misma que enjuiciaría y dictaría Sentencia es contrario al derecho a un juez imparcial que contempla el art. 6.1 del Convenio europeo de derechos humanos, así como a la Constitución Española en cuanto que el art. 24.2 reconoce el derecho a un juez legal o en cuanto se considera como una garantía del proceso la incompatibilidad entre las facultades de instrucción y las de enjuiciamiento, como ha recordado la STC 162/1999, de 27 de octubre (caso Hormaechea).
Mediante libros, vídeos y documentación periodística se ha acreditado exhaustivamente, también en este proceso constitucional, que el estado de las cárceles en Venezuela es pésimo, donde reina la inseguridad, la anarquía, y donde el control ha pasado a ser ejercido por los propios reclusos. Sucesivos Ministros de Justicia de dicho país han reconocido que "los presos viven como animales", que "las cárceles venezolanas son las peores del mundo", que el "control de penales lo ejercen los presos", y que en ellas "es imposible que se pueda respetar derecho alguno". A la vista de esta realidad resulta gratuito y puramente formal que los Autos de la Audiencia Nacional exijan que Venezuela ofrezca garantías de que al Sr. B. le serán respetados los derechos humanos en caso de que fuera recluido en prisión, ya que las propias resoluciones judiciales españolas reconocen que "el sistema penitenciario venezolano está en gran medida fuera del control de la propia administración de justicia". Es obvio que esta exigencia no la puede cumplir Venezuela y, de hecho, después de diez meses todavía no la ha cumplido; y es que aunque la cumpliera, se trataría de una mera declaración formal carente de valor alguno. En consecuencia, el respeto a los derechos del Sr. B.I. a su integridad personal y a no sufrir tratos inhumanos o degradantes (art. 3 del Convenio europeo y art. 15 CE) exige denegar pura y simplemente la solicitud de extradición, y no la de condicionarla al ofrecimiento de una garantía que resulta imposible de prestar seriamente por parte de Venezuela.
En Venezuela los delitos tipificados en la Ley Orgánica de salvaguarda del patrimonio público llevan aparejada la prisión provisional ex lege, obligatoria e ineludible mediante fianza, así como ilimitada en el tiempo. En esas condiciones, afirma la representación del recurrente, la prisión provisional a la que sería sometido el Sr. B.I. resulta incompatible con el derecho fundamental a la libertad personal (art. 5 del Convenio europeo de derechos humanos y art. 17 CE), ya que el Tribunal Constitucional ha declarado que la prisión provisional es una medida caracterizada por las notas de excepcionalidad, subsidiariedad, provisionalidad y proporcionalidad, y precisamente estas características están ausentes de la medida cautelar que se le impondría en Venezuela, que se convierte así en una medida que atenta contra las más elementales exigencias de la Justicia.
En conexión con lo razonado en la alegación previa relativa a la carencia de objeto sobrevenida del recurso de amparo, el escrito del demandante incluye un otrosí en el que solicita a este Tribunal que haga uso de lo dispuesto en el art. 84 LOTC, precepto que permite que se dirija a los comparecidos en el proceso constitucional para comunicarles la eventual existencia de otros motivos distintos de los alegados, con relevancia para acordar lo procedente sobre la estimación o desestimación de la pretensión constitucional. En concreto, se pretende que la República de Venezuela sea invitada a reconocer lo siguiente: a) que las Sentencias del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, de 19 de marzo de 1997 y de 22 de junio de 1998, así como la Sentencia de la Corte de Apelaciones núm. 5 de Caracas, de 3 de septiembre de 1999, son firmes y definitivas, no cabiendo por tanto ningún recurso contra ellas, y siendo ya objeto de ejecución; b) que en consecuencia los Autos de detención dictados contra el Sr. B.I. por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Bancario y de Salvaguarda del Patrimonio Público núm. 5 de Caracas, con fechas de 26 de abril, 15 de mayo y 5 de junio de 1996, fueron revocados en su totalidad en lo que se refiere al recurrente de amparo, con la única excepción de lo dispuesto en el Auto de 5 de junio de 1996 precitado respecto del delito de intermediación financiera ilícita; c) que el delito de intermediación financiera ilícita está expresamente excluido de la declaración de procedencia de la extradición por los Autos de la Audiencia Nacional de 1 de febrero de 1999 y de 17 de junio de 1999; d) que en consecuencia el Sr. B. no podría ser juzgado en Venezuela por los delitos que se le atribuyen en los Autos de detención revocados, ni las Autoridades españolas pueden entregarle por el delito de intermediación financiera ilícita; e) que dado lo anterior, la República de Venezuela procederá a retirar la pretensión de extradición respecto a don José B.I., lo que comunicará inmediatamente a las Autoridades del Gobierno español por vía diplomática o administrativa, y de lo que dejará constancia expresa ante la de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Constitucional; y f) que una vez acreditado de manera satisfactoria en el presente recurso de amparo cuanto antecede, así como la adopción de las medidas y resoluciones subsiguientes por las Autoridades policiales y gubernativas, así como por la propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el presente recurso de amparo habrá perdido su objeto y deberá ser archivado.
Mediante escrito registrado el 21 de diciembre de 1999, la representación procesal de la República de Venezuela presentó su escrito de alegaciones, en el que solicitaba la denegación del amparo y la confirmación de las resoluciones recurridas. El referido escrito venía acompañado de copia de las alegaciones formuladas en el procedimiento de extradición ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y de la impugnación del recurso de súplica presentado por don José B.I. contra el Auto de dicha Sección.
El Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó su escrito de alegaciones con fecha de 23 de diciembre de 1999, interesando que se otorgara el amparo al recurrente por vulneración de sus derechos al juez imparcial -en cuanto manifestación del derecho al juez legal ordinario y predeterminado por la ley- y a no sufrir tratos inhumanos o degradantes. Para restablecer al recurrente en la integridad de tales derechos, solicitaba que se declarase la nulidad de las resoluciones impugnadas. Tras relatar los hechos y relacionar las vulneraciones aducidas por el recurrente, el Fiscal se ocupa de cada una de ellas, de la manera resumida que se expone a continuación:
Según criterio del representante público, la queja referida a la vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley por la circunstancia de no haber tenido en cuenta su condición de nacional español por el hecho de gozar además de otra nacionalidad, merece ser desestimada. En primer lugar, porque se hace una invocación al principio de igualdad meramente retórica y carente de ulterior desarrollo argumental; se alude genéricamente a la infracción de este principio, poniendo en relación la doble nacionalidad del recurrente con los restantes ciudadanos que ostentan la nacionalidad española de origen, pero sin establecer ninguna concreción respecto a dónde pueda localizarse la discriminación alegada. Y en segundo término, y conectado con el anterior argumento, porque no se aporta término de comparación concreto en relación con el cual sea posible advertir un tratamiento discriminatorio y ad personam por parte del órgano judicial español.
El Fiscal también rechaza la queja que considera vulnerado el derecho a la libertad personal porque los delitos que se le imputan al recurrente llevan aparejada de forma automática e ineludible la prisión provisional. El rechazo lo fundamenta en dos razones. En primer lugar, porque el recurrente se limita nuevamente a invocar el derecho sin una fundamentación de desarrollo, y sin aportar ningún dato o razonamiento que permita acreditar la afirmación del carácter automático de la prisión provisional en Venezuela. Y en segundo lugar, porque la imposición de esa medida provisional de prisión es un acontecimiento futuro y, por lo tanto, incierto, al que el procedimiento de amparo no puede otorgar protección, pues la vulneración no se ha hecho efectiva aún. La doctrina de este Tribunal ha reiterado que el recurso de amparo no puede ser dirigido contra lesiones futuras o meramente hipotéticas (SSTC 110/1984, de 26 de noviembre; 123/1987, de 15 de julio; 62/1992, de 27 de abril).
A continuación, el Ministerio Fiscal se ocupa de las vulneraciones del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y del derecho al juez imparcial, aunque las prefiere examinar por separado.
En el caso presente, continúa el Fiscal, nos hallamos ante un supuesto singular, ya que la vulneración no se atribuye directamente a los órganos judiciales españoles, sino a la eventual infracción del derecho al juez imparcial en que puedan incurrir unos órganos jurisdiccionales extranjeros -los venezolanos competentes en la instrucción y enjuiciamiento de delitos relacionados con la actividad financiera bancaria-, cuando su actuación se reinicie una vez que el Sr. B.I. sea entregado a las autoridades venezolanas, por aplicación de una normativa específica competencial que atribuye en la primera instancia tanto la investigación como el enjuiciamiento al mismo órgano jurisdiccional. No obstante, en virtud de la doctrina contenida en la STC 13/1994, de 17 de enero, la lesión del derecho se imputa por el recurrente a los Tribunales españoles por haber dictado sendas resoluciones que pudieran permitir los posibles quebrantos del derecho por parte de los órganos de otro Estado.
Por lo que se refiere a la supuesta vulneración del derecho a la integridad física y moral sin que en ningún caso quepa ser sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos y degradantes, el Fiscal recuerda en primer término la doctrina constitucional al efecto. La STC 13/1994 y el ATC 23/1997, de 27 de enero, destacan que lo que se pretende con la defensa de este derecho fundamental en el marco de un procedimiento de extradición es evitar que la persona entregada a otro Estado pueda sufrir un trato inhumano o degradante en el futuro. Si bien la seguridad o certeza de que esto pueda producirse en el futuro "no la tiene el órgano judicial a quo, pero tampoco ser humano alguno", lo que realmente pretende el art. 15 CE es excluir "la entrega de sujetos que presumiblemente, con un cierto grado de seguridad, puedan sufrir tratos inhumanos o degradantes en el Estado requirente", concluyendo la doctrina de este Tribunal (ATC 23/1997) que "la concesión del amparo por estos motivos en un procedimiento extradicional sólo podría basarse en el temor racional y fundado de que los órganos judiciales del Estado reclamante puedan someter al extraditado a tales vulneraciones de sus derechos fundamentales, pues de otro modo se daría al recurso una orientación cautelar que no le es propia".
En cuanto a la eventual vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, considera el Ministerio Público que carecen de sentido autónomo respecto a los anteriores y de desarrollo propio, ya que reiteran aspectos ya mencionados en otras quejas, por lo que se remite a lo ya argumentado respecto a los derechos al juez imparcial y a no sufrir tratos inhumanos o degradantes.
Mediante providencia de 28 de febrero de 2000, la Sala Primera de este Tribunal acordó dar traslado del escrito de alegaciones del recurrente al Ministerio Fiscal y demás partes personadas por plazo de diez días para que dentro de dicho término manifestaran lo que estimasen pertinente en relación con el otrosí de dicho escrito, referido a que este Tribunal requiriera a la República de Venezuela para que dicho país decidiera si retiraba la solicitud de extradición.
La representación del Sr. B.I. solicitó, a través de escrito registrado el día 17 de marzo de 2000, que se le diera vista y se le facilitara copia de las alegaciones de las restantes partes en relación con el trámite del art. 52.1 LOTC, así como en relación con lo manifestado en el otrosí del escrito de la representación del propio recurrente de amparo, de 20 de diciembre de 1999.
La representación procesal de la República de Venezuela registró su escrito el 12 de abril de 2000, en el que expresaba que, a pesar de no haber recibido la documentación solicitada a las autoridades de dicho Estado sobre la situación actual de su legislación en materia de enjuiciamiento de los delitos imputados al Sr. B.I. ni sobre la situación definitiva de los respectivos procedimientos seguidos ante los órganos jurisdiccionales de aquel país (que aportaría en el momento en que fuera recibida), se ratificaba en las alegaciones formuladas en su escrito anterior registrado el 21 de diciembre de 1999 y solicitaba que se desestimara la pretensión contenida en el otrosí del escrito de alegaciones del recurrente de amparo, por entender, de conformidad con lo alegado por el Ministerio Fiscal, que tal pretensión excedía de los límites del procedimiento constitucional de amparo. La defensa de Venezuela coincidía también con el Fiscal en el rechazo de las dos primeras quejas de la demanda de amparo, y en cuanto a las dos restantes consideraba dicha defensa que se trataba de posibles vulneraciones futuras y no previsibles, que por lo tanto quedaban también fuera del ámbito del amparo, sobre todo después de que Venezuela hubiera ofrecido las garantías solicitadas por la Audiencia Nacional, según constaba en las actuaciones.
La representación procesal de la República de Venezuela presentó el 17 de abril de 2000 un escrito por el que aportaba copia de documentos de las autoridades de la República de Venezuela. En uno de ellos, redactado por la Secretaría de la Procuradoría General de la República, se expresaba la intención de insistir en el proceso de extradición contra el Sr. B.I. y se acompañaba copia de la ponencia a la Sentencia de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Circuito judicial penal de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas, mencionándose que constaban los votos salvados de dos Magistradas. Se indicaba asimismo respecto a dicha Sentencia que aunque existía una apariencia de cosa juzgada, ello no impedía que se pudiera impugnar la decisión por diversos medios extraordinarios ante el Tribunal Supremo de Justicia. En el fallo de esta resolución se revocan los Autos de detención contra el Sr. B. de 26 de abril y de 5 de junio de 1996, y en cuanto al Auto de detención de 15 de mayo de 1996 se revoca en cuanto al delito de agavillamiento y se confirma respecto al delito de intermediación financiera ilícita.
El recurrente de amparo mediante escrito registrado el 5 de junio de 2000 pidió que se les concediera trámite a él y al Ministerio Fiscal para que pudieran replicar a las alegaciones contenidas en el escrito de la República de Venezuela de 12 de abril de 2000. Por otra parte, subraya que dicho país ha tenido que reconocer finalmente que existe una Sentencia que revoca la mayoría de los Autos de detención contra el Sr. B., y que, pese a lo afirmado por la Secretaría del Procurador de la República, dicha Sentencia (y no ponencia, ya que se encuentra firmada por los tres Magistrados componentes de la Sala) es firme y no puede ser impugnada por medios extraordinarios, ya que según la legislación venezolana -ya aportada al procedimiento de amparo- no existen pura y simplemente tales medios extraordinarios de impugnación, lo que viene determinado porque no se ha acreditado que tales recursos hayan sido ni siquiera interpuestos. Señala el recurrente que hay que tener en cuenta además que una de las Magistradas fue obligada, nada menos que por el Presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, a retirar su ponencia después de firmada la Sentencia y que por ello abandonó la carrera judicial, y que por razón de estos hechos dimitió la Presidenta del Consejo de la Judicatura de Venezuela, por lo que es explicable que ningún funcionario de Venezuela se atreva ahora a contrariar esa voluntad política.
La Sala Primera de este Tribunal acordó en providencia de 2 de octubre de 2000, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88 LOTC, requerir a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que acreditara si en el expediente de extradición la República de Venezuela había ofrecido las garantías exigidas en los Autos que declararon procedente la extradición de don José B.I., y para que en caso afirmativo remitiera copia del escrito.
Mediante otra providencia de la misma fecha, la Sala Primera de este Tribunal acordó que, habiendo tenido lugar ya el trámite de alegaciones al que se refiere el art. 52.1 LOTC, en el que todas las partes personadas formularon las que consideraron pertinentes, no había lugar a la solicitud formulada por la representación procesal del recurrente en su escrito de 2 de junio de 2000, en el sentido de que se concediera un nuevo plazo al propio recurrente y al Ministerio Fiscal para contestar a los argumentos de fondo de la República de Venezuela, porque dicho precepto no permite reiterar o reabrir el trámite. El presente momento procesal -distinto al anteriormente mencionado- obedece a la pretensión de la misma representación del Sr. B.I. (y expresada en su escrito registrado el 20 de diciembre de 1999) de que, sobre la base del art. 84 LOTC, se invitara a la República de Venezuela a retirar la demanda de extradición, entre otros extremos, y en consecuencia las alegaciones de las partes deben ceñirse a dicho objeto.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional informó, mediante escrito registrado el 11 de octubre de 2000, que en relación con lo interesado por la Sala Primera de este Tribunal consta que en la impugnación al recurso de súplica contra el Auto que declaraba procedente la extradición el Estado venezolano afirmaba que el Sr. B. será sometido a un juicio justo con todas las garantías procesales y sin dilaciones indebidas y de que, en el supuesto de que tenga que sufrir prisión preventiva ingresará en el Internado Judicial de "El Junquito" en Caracas, que reúnen las mejores condiciones de ese tipo de establecimientos y en donde han estado internados personalidades como don Carlos Andrés Pérez, dos veces Presidente de la República de Venezuela, y don Claudio Fermín, candidato en dos ocasiones a la Presidencia del Estado. El oficio de la Audiencia Nacional añade literalmente lo siguiente: "No consta en las actuaciones compromiso formal de cumplimiento de las garantías, si bien es de advertir que todavía el gobierno no ha comunicado resolución de entrega del Sr. B.s [sic], ni que hubiera solicitado las expresas garantías impuestas al Estado venezolano".
Mediante escrito registrado el 17 de octubre de 2000, la representación del recurrente declaró que acataba lo proveído por el Tribunal Constitucional en su providencia de 2 de octubre de 2000, deseando únicamente subrayar la necesidad de cumplir lo previsto en el inciso último del art. 88.1 LOTC, en relación con la otra providencia de la misma fecha, sobre aclaración pedida a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Por providencia de 30 de octubre de 2000 la Sala Primera de este Tribunal tuvo por recibidos el precedente oficio de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y el escrito del Procurador don Tomás Alonso Ballesteros, añadiendo que las copias del mismo se entregarían a las partes personadas.
La representación del recurrente registró el día 16 de noviembre de 2000 un escrito en el que se recordaba otro anterior de 17 de octubre en el que se subrayaba la necesidad de cumplir lo previsto en el inciso último del art. 88.1 LOTC, y en el que se indicaba que la providencia de 30 de octubre no habilitaba ningún plazo para alegar en cuanto a su contenido, por lo que reiteraba la necesidad de cumplir el inciso del mencionado precepto.
La Sala Primera del Tribunal Constitucional dictó una providencia de 27 de noviembre de 2000, por la que se tenía por recibido el anterior escrito del Procurador don Tomás Alonso Ballesteros, habiendo acordado además dicha Sala dar traslado de la comunicación de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al Ministerio Fiscal y a los Procuradores don Fernando Bermúdez de Castro Rosillo y don Tomás Alonso Ballesteros, por plazo común de diez días para que, dentro de dicho término alegaran lo que estimasen procedente.
El Procurador de la República de Venezuela presentó el 20 de diciembre de 2000 en el Registro de este Tribunal su escrito de alegaciones. En él se expresa la adhesión al contenido del escrito de 6 de octubre de 2000 remitido por el Presidente de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en relación con las garantías del Estado venezolano de que el extraditurus será sometido a un juicio justo con todas las garantías y sin dilaciones indebidas, y de que en su caso sería internado en el internado judicial "El Junquito", que reúne las mejores condiciones de este tipo de establecimientos.
El 20 de diciembre de 2000 se registró el escrito de alegaciones de la representación del recurrente de amparo, al que se acompañaba una copiosa documentación. En el escrito se indica que ni Venezuela ha prestado las garantías exigidas por la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, ni tampoco es capaz de prestarlas.
El segundo razonamiento del escrito consiste en que Venezuela no ha prestado las garantías, porque realmente no puede ni prestarlas ni cumplirlas. No puede prestarlas, porque el Sr. B. está exculpado en Venezuela de los cargos que inicialmente dieron lugar a la extradición; el único delito por el que no ha sido exculpado es el de intermediación financiera ilícita, pero como se sabe éste ha sido excluido del Auto de la Audiencia Nacional, por lo que la extradición no se concedería por el mismo. Tampoco puede prestar las garantías porque los centros penitenciarios siguen fuera del control de la Administración venezolana, tal y como reconoció el propio Auto de la Audiencia Nacional de 1 de febrero de 1999 ("el sistema penitenciario venezolano está en gran medida fuera del control de la propia administración de justicia") y como demuestran diversos documentos ya aportados por el recurrente o que se aportan nuevamente, como declaraciones de autoridades recogidas de la prensa, el Informe anual de Provea de octubre 1999 / septiembre 2000 sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, el Informe anual del año 2000 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo de Human Rights Watch, o el Informe de Amnistía Internacional de agosto de 2000.
Frente a la manifestación del representante procesal de Venezuela de que el Sr. B. sería en su caso internado en la prisión "El Junquito" de Caracas, por reunir las mejores condiciones de este tipo de establecimientos, el actor de amparo aduce que la determinación del órgano penitenciario es una decisión que compete exclusivamente al órgano judicial, por lo que nadie puede aventurar dónde sería internado. Además no es cierto que el ex Presidente de la República, don Carlos Andrés Pérez, haya estado internado en dicha prisión, pues es público y notorio que sufrió únicamente arresto domiciliario, como se pone de manifiesto en los resúmenes de prensa que se adjuntan.
En consecuencia, concluye el escrito, el mantenimiento de la solicitud de extradición por parte de Venezuela, a la vista de su imposibilidad para ofrecer las garantías pedidas por la Audiencia Nacional, resulta una burla a los deberes de lealtad entre los Estados español y venezolano, una flagrante violación de los derechos como justiciable del Sr. B., así como el total desconocimiento de elementales principios procesales y constitucionales, como la intangibilidad de las Sentencias judiciales firmes, definitivas y exculpatorias respecto al recurrente de amparo.
El Ministerio Fiscal presentó el 27 de diciembre de 2000 su escrito de alegaciones en el Registro de este Tribunal. Comienza por recordar que en su anterior escrito de alegaciones, correspondiente al trámite del art. 52.1 LOTC, el representante del Ministerio público había propuesto el otorgamiento del amparo por estimar que las resoluciones de la Audiencia Nacional habían vulnerado los derechos fundamentales del recurrente al juez imparcial, en cuanto manifestación del derecho al juez ordinario y predeterminado por la ley, así como del derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes. En cuanto a las alegaciones solicitadas respecto al Oficio de la Audiencia Nacional -relativo a las garantías procesales y a la eventual situación personal en el supuesto de que se llevara a efecto la extradición-, el Fiscal considera que del contenido de dicho oficio no se desprende ninguna circunstancia novedosa que permita aportar nuevas argumentaciones a las ya formuladas por el propio Ministerio Fiscal en sus anteriores dictámenes, toda vez que aquél se limita a reproducir parte de las afirmaciones que en su escrito de impugnación al recurso de súplica del actor fue presentado en su momento por la representación del Gobierno de Venezuela. En consecuencia, el Fiscal se ratifica en el contenido de las alegaciones ya formuladas, solicitando se dicte Sentencia por parte de este Tribunal en el plazo más breve posible.
La Sala Primera de este Tribunal acordó en providencia de 29 de enero de 2001 unir a las actuaciones los precedentes escritos de alegaciones del Ministerio Fiscal y de los Procuradores de la República de Venezuela y de la parte recurrente, así como de la documentación aportada por este último, quedando el presente recurso de amparo pendiente para deliberación cuando por turno corresponda.
Por providencia de 4 de junio de 2004 se dejó sin efecto el señalamiento para la deliberación y votación del día 26 de abril de 2004.
Por Acuerdo de 2 de junio de 2004, el Presidente del Tribunal Constitucional, haciendo uso de las facultades que le otorga el art. 80 LOTC, en relación con el art. 206 LOPJ, designó como nueva Ponente de este recurso de amparo a la Magistrada doña María Emilia Casas Baamonde.
Por providencia de 13 octubre de 2004 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 18 del mismo mes y año, día que se inició el trámite que ha finalizado el día de la fecha.
El recurrente, don José B.I., pretende la anulación de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que acordaron su extradición a Venezuela, por entender que las mismas vulneran, en primer lugar, su derecho a la igualdad ante la Ley, proclamado en el art. 14 CE, porque se discrimina entre los españoles y los que además de ser españoles son titulares de otra nacionalidad, concediéndose la extradición sólo respecto de estos últimos. En segundo lugar, su derecho a la libertad personal (art. 17.1 y 4 CE), por cuanto la prisión provisional se acuerda en Venezuela con carácter automático para algún delito y sin que pueda ser eludida mediante fianza, lo que resulta contrario al carácter excepcional y a la naturaleza proporcional de esta medida cautelar vigente en nuestro ordenamiento. Seguidamente, sus derechos al juez ordinario predeterminado por la ley y al juez imparcial del art. 24.1 y 2 CE, ya que el órgano judicial designado para conocer los hechos en el Estado requirente es especial, creado con posterioridad a los hechos, y concentra las funciones de instrucción y enjuiciamiento. En cuarto lugar se queja el demandante de que tales resoluciones infringen lo dispuesto en el art. 15 CE, que reconoce los derechos a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, porque han declarado procedente la extradición a pesar de que Venezuela no ha ofrecido garantías de que los mencionados derechos del Sr. B.I. no serán afectados en el caso de que sea sometido a prisión, cuando es conocido que en las cárceles venezolanas no se respetan tales derechos. Finalmente, el recurrente se queja de que se han vulnerado sus derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), dado que en el proceso extraditorio se han producido diversas irregularidades.
El demandante, que llegó a ejercer en 1993 y 1994 el cargo, entre otros, de Presidente del Banco de Venezuela, ha visto cómo la República venezolana solicita a España su extradición para juzgarle por hechos delictivos de naturaleza económica, que presuntamente cometió cuando ejercía aquel cargo. La Audiencia Nacional declaró procedente tal extradición, con la exclusión de ciertas figuras delictivas que no constituyen delito según la legislación española, y condicionó la entrega a que el Estado de Venezuela ofreciera garantías suficientes de que si el Sr. B.I. fuera privado de libertad se cumpliría en su internamiento de forma efectiva el respeto de sus derechos.
Con carácter previo al análisis de las vulneraciones denunciadas por el Sr. B.I., hemos de abordar la posible pérdida de objeto del proceso de amparo alegada -si bien de modo condicionado- por el propio demandante.
En este supuesto, como bien apunta el Ministerio Fiscal, resulta necesario deslindar el proceso ordinario de extradición pasiva (que ahora se encuentra en la fase judicial) del proceso constitucional. En cuanto a aquél, es preciso tener presente que se encuentra meramente suspendido pero no concluido ni anulado, ya que, aunque se ha desarrollado la fase judicial intermedia, para la conclusión todavía falta el acuerdo favorable del Gobierno español. Y para una eventual anulación, este Tribunal Constitucional tendría que entrar con carácter previo en el examen de las quejas que sustentan la petición de amparo del demandante. Del examen de la legislación que regula el procedimiento de extradición pasiva resulta que la retirada de la demanda de extradición por parte del Estado requirente tendría como consecuencia la terminación del proceso extraditorio y la pérdida de eficacia de las resoluciones de la Audiencia Nacional. Como esta hipótesis no se ha producido, es obvio que la pretensión de la República de Venezuela de que se le entregue al Sr. B.I. para juzgarle, reproducida nuevamente con posterioridad mediante escrito de la Embajada de Venezuela en España de 11 de agosto de 1999 (folio 651 de las actuaciones), todavía no ha obtenido una respuesta definitiva en el complejo proceso de extradición pasiva. Y, por lo que se refiere al presente proceso constitucional de amparo, también es obvio que ni siquiera se ha producido el desistimiento del recurrente.
Sentado lo anterior, se hacen necesarias algunas precisiones relativas a la procedencia de las vulneraciones que el demandante achaca a las resoluciones judiciales. Algunas de esas vulneraciones se atribuyen directamente a la Audiencia Nacional, en tanto que otras se le imputan indirectamente, en cuanto reconocen, homologan o dan validez a un acto de un poder público extranjero, que es o pudiera ser contrario a alguno de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución española. Pues bien, esta posibilidad de vulneraciones indirectas de la Norma Fundamental no impide nuestro examen, ya que, como hemos afirmado en varias ocasiones y especialmente en la STC 91/2000, de 30 de marzo, dictada por el Pleno de este Tribunal, los derechos fundamentales manifiestan una especial fuerza vinculante, imponiéndose a los poderes públicos españoles no sólo en sus relaciones ad intra, sino también en sus relaciones ad extra.
En el análisis de esta queja conviene depurar su objeto, pues de todas las quejas que el demandante incluye en este apartado dejaremos para un momento posterior la que se refiere a la vulneración del derecho proclamado en el art. 24.2 CE por la supuesta coincidencia de funciones instructoras y enjuiciadoras en el órgano judicial venezolano, ya que la misma constituye una queja autónoma.
Las restantes alegaciones contenidas en la presente queja no pueden estimarse. En primer lugar, aduce el recurrente que se les ha prohibido a los servicios consulares y diplomáticos de Venezuela que los acusados en procesos de la jurisdicción especial bancaria puedan otorgar poderes a Abogados y Procuradores que les defiendan. Pero lo cierto es que el Sr. B.I. se ha personado en las causas penales iniciadas en Venezuela e incluso ha obtenido en ellas pronunciamientos favorables a sus intereses, que él mismo ha aportado a este procedimiento constitucional de amparo. Asimismo consta que en el proceso extraditorio desarrollado en España ha sido defendido por Letrado de su elección y representado por un Procurador designado por él. No se aprecia, por tanto, ninguna merma en las posibilidades que el recurrente ha tenido para alegar, contradecir y probar en el proceso de extradición. En suma, no existe dato alguno, ni siquiera alegado por el demandante, que acredite que se le haya impedido ejercitar sus derechos a la defensa y a la asistencia de Letrado.
Tampoco resultan atendibles las quejas que el demandante cobija bajo los dos apartados del art. 24 CE, en las que imputa, con el carácter indirecto antedicho, a las resoluciones impugnadas la vulneración de sus derechos al juez ordinario predeterminado por la ley y al juez imparcial.
Hasta aquí las alegaciones del actor de amparo. Por su parte, el Auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional parte del reconocimiento de que el hecho de que no siempre sean homologables la organización y los procedimientos de la Administración de justicia de los diferentes países no es obstáculo para que los derechos fundamentales puedan ser garantizados por uno y otro sistema, a lo que se añade que la celebración de un tratado bilateral implica el respeto al funcionamiento de cada Estado. Razona que los hechos no iban a ser juzgados por una "jurisdicción especial" en sentido técnico, es decir, al margen de las instituciones de la justicia venezolana, sino que los asuntos fueron reestructurados en tribunales especializados, que fueron integrados por la mayoría de los tribunales ordinarios que anteriormente conocían de las mismas materias, por lo que no aprecia una selección espuria y dirigida a impedir la independencia de los juzgadores.
Una vez expuestas las diversas posiciones, nos corresponde poner de relieve la doctrina de este Tribunal acerca del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.
Debemos ahora enjuiciar la queja del demandante de amparo a la luz de los anteriores criterios. Para centrarla en sus justos términos es conveniente advertir que el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Penal, Bancario y Salvaguarda del Patrimonio Público, con sede en Caracas, y que dictó la requisitoria y las órdenes de detención contra el demandante, ya era un órgano judicial preexistente, no habiendo sido creado ex novo por el Consejo de la Judicatura venezolano, ni por ello puede entenderse como un órgano creado ad hoc, por lo que desde este punto de vista no se aprecia nada objetable y cae por su propio peso cualquier alegación del demandante sobre una cuestión que se ha revelado inexacta.
La misma falta de consistencia fáctica presenta la alegación del demandante de amparo sobre la consideración de órgano judicial ad hoc que para el recurrente tendría la creación de la jurisdicción bancaria. Según el recurrente, antes de la decisión de dicho Consejo el conocimiento de los delitos bancarios correspondía bien a los Tribunales de la jurisdicción ordinaria, bien a la jurisdicción especial de Salvaguarda del Patrimonio Público, en tanto que tras la referida decisión se crea la jurisdicción bancaria. Pero en realidad de los preceptos que el propio demandante resalta del Acuerdo del Consejo de la Judicatura, se observa que hay una alteración de la competencia, en el sentido de que de todos los órganos que previamente eran competentes para conocer de las causas por delitos bancarios, la competencia se limita a unos cuantos de tales órganos judiciales, excluyendo por tanto a varios de ellos. Ya hemos indicado anteriormente que nuestra Constitución permite que existan órganos jurisdiccionales especializados por razón de la materia pero, además, las alegaciones del demandante resultan refutadas con la simple constatación de que el Juzgado Quinto de Primera Instancia que dictó las órdenes de detención contra el Sr. B.I. era competente tanto antes -en cuanto órgano de la jurisdicción ordinaria- como después del referido Acuerdo -en cuanto que el mismo atribuyó competencia al Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Penal. Luego, nuestro enjuiciamiento no puede alcanzar al hecho de que algunos otros órganos judiciales quedaran desposeídos de una competencia de la que anteriormente eran titulares, porque tal circunstancia en nada afectó al recurrente de amparo.
Lo anterior serviría ya para descartar la queja. Pero a mayor abundamiento conviene advertir que el recurrente no aclara si el Acuerdo adoptado por el Consejo de la Judicatura estaba respaldado o no por la ley, que era lo verdaderamente relevante, a los efectos tanto del art. 24.2 CE como especialmente del art. 14.1 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, ratificado por Venezuela. Y asimismo hay que precisar que tal Acuerdo fue publicado -según señaló el recurrente- en la "Gaceta Oficial de la República de Venezuela" los días 22 de febrero, 2 de marzo y 6 de marzo de 1995. Sin embargo, las resoluciones judiciales que motivaron la solicitud de extradición fueron dictadas más de un año después, concretamente la requisitoria estaba fechada el 24 de mayo de 1996, mientras que las órdenes de detención fueron dictadas el 26 de abril de 1996, el 15 de mayo de 1996, y el 5 de junio de 1996. Por lo tanto, tampoco se trataba de un Acuerdo del órgano de gobierno de la judicatura venezolano que hubiera introducido una modificación en la competencia de los órganos judiciales ex post facto o con efectos retroactivos, por lo menos en lo que se refiere al Sr. B.I., que es lo único que nos interesa en este trance. El recurrente no acredita que su causa hubiera correspondido previamente a un órgano judicial y que éste hubiera sido privado posteriormente de su conocimiento, sino que, a la vista de los datos que nos ofrece, más bien parece que fueron precisamente la requisitoria y las órdenes de detención del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Caracas las que iniciaron el proceso penal contra él.
Seguidamente, el recurrente considera que las decisiones de los órganos judiciales españoles vulneran el derecho a un juez imparcial, reconocido por nuestra doctrina como una de las garantías del proceso (art. 24.2 CE) pues el Juzgado Quinto a que antes nos referimos tiene reconocidas las funciones tanto de instrucción como de enjuiciamiento, ya que en Venezuela no están separadas ambas labores judiciales.
Venezuela ha expresado que en el caso de que España le entregara al Sr. B.I., a éste le serían aplicables las normas de dicho Código orgánico procesal penal (folios 499 y sig. del recurso de amparo), con lo que en definitiva el Estado requirente reconoce que en el Derecho procesal venezolano es aplicable el principio tempus regit actum a las normas procesales, que también es admitido en el ordenamiento jurídico español en el ámbito procesal (SSTC 109/1987, de 29 de junio, FJ 4; 45/1989, de 20 de febrero, FJ 3; 4/1990, de 18 de enero, FJ 5; y 12/1993, de 18 de enero, FJ 2). Esta constatación acerca del Derecho extranjero resulta reforzada, ya que ninguna de las partes de este proceso ha cuestionado o puesto en duda la vigencia de tal principio en Venezuela. En consecuencia, caso de que el Sr. B.I. fuera extraditado, la causa se sustanciaría de conformidad con esas nuevas disposiciones procesales venezolanas, con lo que no se produciría la vulneración que denuncia, ya que le sería aplicable el nuevo Código orgánico procesal penal, y por lo tanto disfrutaría de las garantías comprendidas en el derecho a un juez imparcial.
La demanda de amparo impugna también las resoluciones de la Audiencia Nacional al considerar que infringen el principio de igualdad previsto en el art. 14 de la Constitución. Desde esta perspectiva, se alega que la Audiencia Nacional considera que existen dos categorías de nacionales: los que son únicamente españoles y los que además de ser españoles ostentan otra nacionalidad, de manera que sólo respecto a los primeros rige la prohibición de extraditar a los nacionales, contenida en el art. 3 de la Ley de extradición pasiva. Como el Sr. B.I. se encuentra comprendido en la segunda categoría de españoles que además ostentan una nacionalidad distinta, se ha visto discriminado, en contra de lo que impone el art. 14 CE. La representación del recurrente añade, con una extensa argumentación que ya ha sido expuesta en los antecedentes de esta resolución, que el Sr. B.I. es español de origen y que el Tratado de extradición hispano-venezolano se remite a la legislación del Estado requerido, que en este caso impide claramente la entrega de un español.
Los Autos de la Audiencia Nacional fundamentan su decisión en torno a este punto sobre la base de dos argumentos. En primer lugar, sin llegar a negar que el Sr. B.I. sea español, le dan la preferencia a la nacionalidad de ejercicio, que en este caso es la venezolana, en cuanto que la ha ejercido sin interrupciones hasta 1994 -año a partir del cual comenzó a residir en España y solicitó que se le expidiera el documento nacional de identidad-, y en cuanto que sus actos personales y profesionales más relevantes se han desarrollado en Venezuela. Y en segundo lugar, que en este punto es el Tratado de extradición bilateral hispano-venezolano el que resulta directamente aplicable y no la Ley de extradición pasiva, cuando aquel convenio faculta, pero no impone, que el Estado requerido deniegue la extradición de sus nacionales de acuerdo con sus propias leyes.
En particular, en la primera de dichas Sentencias declaramos que deberá tenerse en cuenta la existencia o no de tratado que faculte la entrega del nacional y el contexto jurídico-internacional de protección de los derechos fundamentales común con el Estado reclamante. Así, en cuanto al primer extremo, recordamos la aplicación preferente de los tratados internacionales sobre la Ley de extradición pasiva, respecto de los cuales ésta tiene carácter supletorio. Por lo que se refiere al segundo aspecto del análisis, y partiendo del "deber del Estado de proteger y garantizar los derechos fundamentales de quienes integran y constituyen la razón de ser del propio Estado", sostuvimos que este "deber es tanto más relevante en ausencia de Tratado por cuanto su existencia constituye una mínima garantía de homogeneidad de los ordenamientos jurídico-constitucionales de los Estado firmantes". Fue en este contexto, además, en el que afirmamos que "no se puede olvidar que la extradición de nacionales en el ámbito de los países firmantes del Convenio de Roma ... no puede suscitar sospechas genéricas de infracción de los deberes estatales de garantía y protección de los derechos constitucionales de sus ciudadanos, dado que se trata de países que han adquirido un compromiso específico de respeto de los derechos humanos y que se han sometido voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, garante en última instancia de los derechos fundamentales de todos con independencia de las diferentes culturas jurídicas de los países firmantes de dicho Convenio" (STC 87/2000, de 27 de marzo, FJ 5).
El recurrente se queja seguidamente de que la declaración judicial de procedencia de la extradición va a determinar la vulneración del derecho a la libertad del art. 17 CE, ya que los delitos que se le imputan llevan aparejada automáticamente ex lege la prisión provisional, ineludible mediante fianza e ilimitada en el tiempo. Según su criterio, esta medida cautelar sería incompatible tanto con el art. 17 CE como con el art. 5 del Convenio europeo de derechos humanos, en cuanto que no cumpliría las exigencias de excepcionalidad, subsidiariedad, provisionalidad y proporcionalidad.
La última queja del recurrente que nos resta por examinar alega que las resoluciones de la Audiencia Nacional han vulnerado lo dispuesto en el art. 15 CE de que no se debe someter a nadie a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, en cuanto que han accedido a la entrega a sabiendas de que la situación de las cárceles de Venezuela es atroz, de modo que si se le sometiera a prisión provisional o condenara a pena privativa de libertad aquel derecho fundamental del actor de amparo correría un grave riesgo de ser lesionado. Tanto el Auto de la Sección Segunda como el del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reconocen, en opinión del recurrente, este riesgo y admiten que el sistema penitenciario venezolano está en gran medida fuera del control de la Administración de Justicia. Aduce el demandante que a pesar de ello, y de forma contradictoria, esas resoluciones exigen que el Estado venezolano dé garantías suficientes de que para el caso de que el reclamado sea privado de libertad por dicha causa, se cumplan en su internamiento de forma efectiva las exigencias de respeto a los derechos humanos. Según criterio del recurrente, la contradicción radica en que si el Estado venezolano no controla sus propias cárceles, no es posible que garantice que le será respetado al Sr. B.I. el derecho a no sufrir torturas, ni penas o tratos inhumanos o degradantes. Concluye el recurrente su alegato explicando que Venezuela ni ha prestado las garantías exigidas, ya que no se puede tener por tal una afirmación del Abogado o Procurador de la República de Venezuela contenida en la impugnación del recurso de súplica presentado en el procedimiento de extradición, ni tampoco puede ofrecerlas, porque como ya ha quedado probado las autoridades venezolanas no tienen asegurado el control de los centros penitenciarios.
1. No se concederá la extradición cuando los hechos que la originen estuviesen castigados con la pena de muerte, con pena privativa de libertad a perpetuidad, o con penas o medidas de seguridad que atenten contra la integridad corporal o expongan al reclamado a tratos inhumanos o degradantes.
2. Sin embargo, la extradición puede ser concedida, si la Parte requirente diese seguridades suficientes de que la persona reclamada no será ejecutada y de que la pena máxima a cumplir será la inmediatamente inferior a la privativa de libertad a perpetuidad o de que no será sujeta al cumplimiento de penas atentatorias a su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes.
En el presente procedimiento constitucional de amparo, este Tribunal requirió a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que acreditara si la República de Venezuela había ofrecido las garantías exigidas en los Autos que declararon procedente la extradición del Sr. B.I., y para que en caso afirmativo remitiera copia del escrito. La contestación íntegra de la referida Sección Segunda fue la siguiente:
"En relación con lo interesado en su oficio de fecha 5-10-2000, recurso de amparo nº 3134-1999, promovido por Bouza Izquierdo José, contra Auto de la Sala de lo Penal en Pleno de la Audiencia Nacional, consta que en la impugnación al recurso de súplica contra el auto que declaraba procedente la extradición, el Estado venezolano, afirmaba que el Sr. B.s [sic] será sometido a un juicio justo con todas las garantías procesales y sin dilaciones indebidas y de que, en el supuesto de que tenga que sufrir prisión preventiva ingresará en el Internado Judicial de ?El Junquito? en Caracas, que reúne las mejores condiciones de ese tipo de establecimientos y en donde han estado internados personalidades como D. Carlos Andrés Pérez, dos veces Presidente de la República de Venezuela y D. Claudio Fermín, candidato en dos ocasiones a la Presidencia del Estado.
No consta en las actuaciones compromiso formal de cumplimiento de las garantías, si bien es de advertir que todavía el gobierno no ha comunicado resolución de entrega del Sr. B.s [sic], ni que hubiera solicitado las expresas garantías impuestas al Estado venezolano".
El art. 15 de la Constitución expresa en su primer inciso que "todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes". La prohibición constitucional de la tortura, así como de las penas o maltratos inhumanos o degradantes, debe ser interpretada, en atención a lo dispuesto por el art. 10.2 CE, de conformidad con las determinaciones de la Declaración universal de los derechos humanos y con otros tratados o acuerdos internacionales sobre la misma materia, y realmente así lo ha hecho este Tribunal desde la primera resolución en que trató acerca de este punto (STC 65/1986, de 22 de mayo). La prohibición, en idénticos o en parecidos términos, se recoge también en el art. 5 de la referida Declaración universal, y en otros Convenios ratificados por España, como en el art. 7 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos; en el art. 3 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales (CEDH), precepto que, como reconoció el ATC 333/1997, de 13 de octubre, influyó de manera manifiesta en la redacción del art. 15 CE; en la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de 1984; o en el Convenio europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, de 1987, entre otros instrumentos internacionales.
A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos."
En justa correspondencia con las apreciaciones anteriores, muy recientemente (STC 32/2003, de 13 de febrero, FJ 2), partiendo de nuestra doctrina en materia de extradición, hemos reiterado que "la especial naturaleza del procedimiento de extradición determina que si los órganos judiciales españoles, siendo conocedores de la eventual vulneración de los derechos fundamentales del recurrente en el país de destino, no la evitan con los medios de que disponen, a dichos órganos habrá de serles imputables esa eventual vulneración de los derechos fundamentales del reclamado. Y es que, en la medida en que con el procedimiento de extradición se concreta un estrecho complejo de actuaciones imbricadas, en el Estado requirente y en el requerido, el destino del extraditado en aquél no sólo no puede ser indiferente para las autoridades de éste, sino que se encuentran obligadas a prevenir la vulneración de derechos fundamentales que se espera de las autoridades extranjeras".
Aplicando la doctrina anterior al caso que nos ocupa, procede rechazar la pretensión de amparo. A tal efecto, hemos de tener en cuenta que el reclamado aduce un riesgo genérico y, de otra parte, que la parte dispositiva del Auto de la Sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 1 de febrero de 1999 establece como condición de procedencia de la extradición que el Estado venezolano de garantías de respeto de los derechos del reclamado.
Por consiguiente, no estamos ante un supuesto asimilable a los resueltos en las SSTC 32/2003, de 13 de febrero, y 148/2004, de 13 de septiembre, pues a diferencia de las resoluciones judiciales impugnadas entonces, las resoluciones impugnadas en este proceso de amparo consideran posible el genérico riesgo aducido, al admitir que "las personas privadas de libertad en las instalaciones carcelarias de aquel país pueden vivir situaciones y condiciones de dureza incompatibles con las normas internacionales de protección de derechos humanos" o que "existe efectivamente un riesgo que no vamos a poner en duda de que el reclamado pueda ser sometido a tratos inhumanos y degradantes". Ahora bien, ambas resoluciones sostienen que es precisamente la aceptación de dicha hipótesis como posible lo que les lleva a exigir del Estado venezolano "garantías suficientes para que en el caso de que José B.I. sea privado de libertad por dicha causa, se cumplan en su internamiento, de forma efectiva las exigencias de respeto de los derechos humanos".
Sin embargo, a la luz de las características del procedimiento extradicional, de las resoluciones de este Tribunal en supuestos similares, y de la previsión de dicha garantía en el Tratado de extradición hispano-venezolano, no podemos considerar que el condicionamiento de la procedencia de la extradición a las garantías mencionadas en el presente caso constituya un déficit de tutela judicial ni indirecta vulneración del derecho del reclamado a no padecer tratos inhumanos o degradantes.
Sin embargo, la extradición puede ser concedida, si la Parte requirente diese seguridades suficientes de que la persona reclamada no será ejecutada y de que la pena máxima a cumplir será la inmediatamente inferior a la privativa de libertad a perpetuidad o de que no será sujeta al cumplimiento de penas atentatorias a su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes".
Desestimar el recurso de amparo presentado por don José B.I..
SAP Madrid 294/2007, 10 de Mayo de 2007
SAP Lugo 312/1998, 29 de Abril de 1998
SAP Castellón 437/2000, 1 de Septiembre de 2000

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