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Timestamp: 2019-07-21 07:02:01+00:00

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C-553 de 2001
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020031960CC-SENTENCIAC553200131/05/2001CC-SENTENCIA_C_553__2001_31/05/2001200319602001Sentencia C-553/01 HURTO ENTRE CONDUEÑO S-Atenuación punitiva SOCIEDAD -Persona jurídica con patrimonio propio SOCIEDAD -Bienes no son parte de propiedad de cada socio /HURTO ENTRE CONDUEÑOS -Atenuación punitiva para socio HURTO -Sustracción de bien mueble de la sociedad LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN TIPO PENAL -Competencia para creación y supresión /LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN TIPO PENAL -Límites en creación y supresión TIPO PENAL -Límites al legislador en creación y supresión CONTRAVENCION ESPECIAL -Supresión por legislador HURTO -Finalidad HURTO ENTRE CONDUEÑOS -Bien jurídico protegido El bien jurídico que en el delito de hurto entre condueños se tutela es el patrimonio de todas las personas que tengan la calidad de socios, copropietarios, comuneros o herederos. Quien comete un delito de hurto entre condueños, cualquiera sea su cuantía debe responder por ese hecho sin importar que el bien pertenezca a una u otra persona y con ello no se vulneran derechos de nadie. LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN SANCION PENAL -Dosificación No es esta corporación la llamada a cuestionar la decisión del legislador frente al comportamiento punible, para determinar si es suficiente o no la pena impuesta, siempre y cuando la misma se encuentre dentro de los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad fijados en la Constitución y no se lesionen los derechos fundamentales. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE SANCION PENAL -Improcedencia, en principio, sobre dosificación por legislador HURTO ENTRE CONDUEÑOS -No indeterminación de pena de multa MULTA -Reglas /MULTA -Determinación PRINCIPIO DE LIBERTAD -Sustitución de pena privativa por multa PRINCIPIO DE LIBERTAD -Pena privativa como medida excepcional Referencia: expediente D-3213
JAIME ARAUJO RENTERIAD3213CONSTITUCIONALIDADYecid Celis MelgarejoDemanda de inconstitucionalidad contra el numeral 2 del artículo 242 de la ley 599/2000 -Código Penal-Identificadores20020031961true49884Versión original20031961Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 2 del artículo 242 de la ley 599/2000 -Código Penal-
Sentencia C-553/01
HURTO ENTRE CONDUEÑOS-Atenuación punitiva
SOCIEDAD-Persona jurídica con patrimonio propio
SOCIEDAD-Bienes no son parte de propiedad de cada socio/HURTO ENTRE CONDUEÑOS-Atenuación punitiva para socio
HURTO-Sustracción de bien mueble de la sociedad
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN TIPO PENAL-Competencia para creación y supresión/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN TIPO PENAL-Límites en creación y supresión
TIPO PENAL-Límites al legislador en creación y supresión
CONTRAVENCION ESPECIAL-Supresión por legislador
HURTO-Finalidad
HURTO ENTRE CONDUEÑOS-Bien jurídico protegido
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE SANCION PENAL-Improcedencia, en principio, sobre dosificación por legislador
HURTO ENTRE CONDUEÑOS-No indeterminación de pena de multa
MULTA-Reglas/MULTA-Determinación
PRINCIPIO DE LIBERTAD-Sustitución de pena privativa por multa
En consecuencia, ante esta normativa constitucional "resulta bien absurdo, carente de recibo constitucional, que la disposición demandada ahora nos muestre la tipificación autónoma actual, convertida en una causal más de atenuación punitiva, rebaje la pena prevista en el artículo 353 del Código Penal regente y la sustituya por una simple multa, la dejó sin sanción, aunque parezca impensable esa posibilidad el redactor ha borrado con un plumazo del ámbito protector, el haber patrimonial de la familia colombiana (…)"
"No es cierto que la norma demandada deje sin sanción el hurto entre condueños y que como consecuencia de ello se esté afectando el patrimonio familiar y el bienestar de los menores (…) el hecho de que el hurto entre condueños se configure en la ley demandada como una causal específica de atenuación punitiva, quedando sancionado con multa y no con prisión como está establecido en el artículo 353 del Código Penal vigente, no significa que se haya despenalizado este comportamiento (…) la multa ha sido aceptada histórica y jurídicamente como una pena, a la que no se le puede desconocer una función particularmente retributiva; con ella se persigue que el sentenciado pague en términos materiales por la acción punible que ha efectuado."
Más tarde se expidió la ley 23 de 1.991, en la que se incluyó en el numeral 13 del artículo 1, el delito de hurto entre condueños como contravención especial, sancionada con pena de arresto, medida adoptada por el legislador de la época con el propósito de hacer más eficiente la administración de justicia y descongestionar los despachos judiciales del conocimiento de múltiples procesos en los que se investigaban hechos ilícitos que comportaban un menor daño social, estableciendo, a la vez, procedimientos más sencillos y expeditos.[1]
Luego se dictó la ley 228 de 1995, ordenamiento que mantuvo el hurto entre condueños como contravención especial, radicando en los jueces penales y promiscuos municipales la competencia para conocer de el, previa querella de parte, la cual debía presentarse dentro del mes siguiente a la comisión del hecho. Igualmente, consagró un procedimiento ágil y expedito con el cual "asegurar una eficaz aplicación de la ley penal dentro de términos razonables atendida la naturaleza de esos hechos punibles tal como lo ordena el artículo 29 de la Carta Fundamental" y "romper con el equivocado concepto de que los trámites procesales demorados son sinónimo de garantía de los derechos de los sindicados".[2]
"Se recoge en una sola norma los vigentes delitos de hurto de uso y hurto entre condueños se recogen en una sola norma como circunstancias de atenuación punitiva, respondiendo a su verdadera esencia"[3] (sic)
"Circunstancias de atenuación punitiva. La pena será de multa cuando: (…) 2. La conducta se cometiere por socio, copropietario, comunero o heredero, o sobre cosa común indivisible o común divisible, excediendo su cuota parte."
De acuerdo con la reglamentación legal vigente, en las sociedades nace una tercera persona totalmente independiente de los socios que la componen, esto es, una persona jurídica autónoma sujeto de derechos y obligaciones, con capacidad de goce, capacidad de ejercicio, representación legal y especialmente,que dispone de patrimonio propio.
"La igualdad exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio de las cuales actúan, ya por las circunstancias particulares que los afectan, pues una u otras hacen imperativo que, con base en criterios proporcionados a aquéllas, el Estado procure el equilibrio, cuyo sentido en Derecho no es otra cosa que la justicia concreta"[4]
"(..) mientras en el cumplimiento de la función legislativa no resulten contrariados los preceptos fundamentales (...), bien puede el legislador crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados, todo de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado".[5]
"Desde luego, la discrecionalidad del legislador no puede confundirse con la arbitrariedad. La creación de delitos, así como el señalamiento de penas, pueden ser objeto de examen constitucional, a la luz de los principios y mandatos de la Carta, siendo claro que la Corte tiene la facultad de declarar que tales actos son inexequibles cuando quebranten aquéllos, o cuando resulten desproporcionados o irrazonables."[6]
"La individualización de los tipos delictivos no se debe efectuar externamente, como si cada ley penal -textualmente considerada- con una pena única, siempre ha de cubrir un solo tipo delictivo. Entre las leyes penales encuéntranse también las llamadas "leyes complejas", es decir, aquellas que hacen aplicable la pena siempre que concurran X o Y. Esta o significa que a veces distintas modalidades equivalentes dentro del mismo tipo delictivo -las llamadas leyes complejas alternativas-, pero a veces significa una diferencia tan fundamental que la pena externamente considerada unitaria no es más que una simplificación técnico-legal y comprende varios tipos delictivos - las llamadas leyes complejas cumulativas - . Para determinar si una ley compleja es de una u otra clase debe atenderse si las posibilidades en ellas yuxtapuestas aparecen, conforme a su valor, como distintas variedades plenamente equivalentes, o bien si cada una de ellas, prescindiendo de su equivalencia cuantitativa representa un cuadro cerrado cualitativamente distinto"[7].
El hurto entre condueños desde el decreto - ley 100 de 1980, no ha tenido la connotación social que ha querido plantear el demandante. Prueba de ello es el requisito de la querella de parte, esto es, de la petición especial por parte del sujeto o sujeto pasivos del punible, como requisito previo de procesabilidad para el inicio de la acción penal, lo que permite a los comuneros afectados con el hecho ilícito decidir libremente si lo ponen en conocimiento de la justicia penal para que se inicie la investigación, o le dan un tratamiento distinto, como por ejemplo, el acuerdo entre los comuneros[8].
"La verificación acerca de si una sanción penal es suficiente o no respecto del delito para el cual se contempla encierra la elaboración de un juicio de valor que, excepto en los casos de manifiesta e innegable desproporción o de palmaria irrazonabilidad, escapa al ámbito de competencia de los jueces. Si la Corte Constitucional pudiera, por el sólo hecho de la eliminación de la pena menor, porque la entiende tenue, cómplice y permisiva, retirar del ordenamiento jurídico una disposición, estaría distorsionando el sentido del control constitucional. La norma sería excluida del ordenamiento con base en el cotejo de factores extraños al análisis jurídico, ecuánime y razonado sobre el alcance de aquélla frente a los postulados y mandatos establecidos en la Constitución, que es lo propio de la enunciada función, cuyo objeto radica, de manera específica, en preservar la integridad y supremacía constitucionales. Calificaría exclusivamente, por tanto, asuntos de pura conveniencia, reservados a la Rama Legislativa del Poder Público."[9]
La mera comparación entre las penas señaladas por el legislador para unos delitos y las dispuestas para la sanción de otros, por sí sola, no basta para fundar la supuesta infracción de la Constitución por el desconocimiento del principio de proporcionalidad (C-213 de 1994). Para concluir en la inconstitucionalidad de una pena por exceso, el tratamiento punitivo de unos y otros delitos debe ser tan manifiestamente desigual e irrazonable que, además de la clara desproporción que arroja la comparación entre las normas penales, se vulneren los límites constitucionales que enmarcan el ejercicio de la política criminal."[10]
"ARTICULO 39 - La multa. La pena de multa se sujetará a las siguientes reglas
Exequible bajo el entendido ... (numeral 2 ) Artículo 242 LEY_599_2000_24/07/2000
[1]Gaceta Constitucional No. 73, mayo 14 de 1991, Antonio Jose Cancino.
[2]Gaceta del Congreso No. 385 de noviembre 7 de 1985.
[3]Gaceta del Congreso No. 280 de noviembre 28 de 1998.
[4]Cfr. Sentencia C-094 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[5]Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-013 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[6]Cfr. Sentencia C-472 de 1.997. M.P.: José Gregorio Hernández Galindo.
[7]Cfr. VON BELING, Ernest.Las penas y sus especies. Tomado de Revista de Derecho Penal No. 9. Editorial. Leyer: 1998. pags. 7 a 28.
[8]Ver SALGADO VASQUEZ, Julio. Anteproyecto del Nuevo Código Penal. 1974. Ed. Minjusticia, actas nums. 121,122 y 123.
[9]Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C- 1490 de 2000. M.P. Fabio Morón Díaz
[10]Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-70 febrero 22 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz

References: artículo 242
 artículo 242
 artículo 353
 artículo 353
 artículo 1
 artículo 29
 Artículo 242