Source: https://gradoceroprensa.wordpress.com/2017/03/03/desaparicion-forzada/
Timestamp: 2018-06-18 13:17:19+00:00

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Desaparición forzada – Grado Cero Prensa
Si bien es cierto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que la Convención Americana produce efectos vinculantes respecto de un Estado una vez que ha sido firmado y ratificado como es en el caso de México el 24 de marzo de 1981. De esta manera, y en concordancia al principio pacta sunt servanda el cual se puede hacer patente en el artículo 26 de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados podemos interpretar que a partir de esa fecha es aplicable a situaciones que constituyan violaciones de carácter continuo o permanente, es decir a los que tuvieron lugar antes de la entrada en vigor del tratado y persisten aún después de esa fecha, puesto que los mismos se siguen cometiendo. Asimismo, México ratificó la competencia contenciosa de la corte el 16 de diciembre de 1998. En este orden de ideas, y de acuerdo con el artículo 62.3 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la corte tiene competencia para conocer de violaciones a la convención[1].
La Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas fue Adoptada en Brasil el 9 de junio de 1994, misma que el Estado mexicano ratificó el 9 de abril del 2002. Al momento del depósito del instrumento de ratificación se declaró una reserva: “El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, formula reserva expresa al Articulo IX, toda vez que la Constitución Política reconoce el fuero de guerra, cuando el militar haya cometido algún ilícito encontrándose en servicio. El fuero de guerra no constituye jurisdicción especial en el sentido de la Convención, toda vez que conforme al artículo 14 de la Constitución mexicana nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.[2]
Esta convención busca contribuir a prevenir, sancionar y suprimir la desaparición forzada de personas en el Hemisferio y constituye un aporte decisivo para la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho, en virtud de que un crimen de lesa humanidad implica violaciones múltiples a derechos esenciales de la persona humana de carácter inderogable, consagrados en tratados internacionales.
Después de tener un marco legal respecto de este crimen, surge la interrogante de qué entender por Desaparición Forzada[3] de personas en tal consideración, de acuerdo con el articulo II es “desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
Con el artículo que precede y otros instrumentos internacionales se destacan los elementos constitutivos y concurrentes de la desaparición Forzada: a) privación de la libertad, b) intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos, c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte y el paradero de la persona interesada, d) falta de información después de acontecer el ilícito, e) impedimento para el ejercicio de recursos legales y garantías procesales pertinentes. Se debe mencionar que dichos elementos también son señalados en numerosas jurisprudencias de la corte.[4] El inciso b) resalta las diferencias entre Ejecución Judicial y Desaparición forzadas de personas, ilícitos que suelen confundirse pero que tienen una gran diferencia. Esta última conlleva la negativa de un Estado de reconocer que la víctima está bajo su control y de proporcionar información al respecto, con el propósito de generar incertidumbre de su paradero, vida o muerte, de provocar intimidación y supresión de derechos.
Del artículo III de la CIDF puede desprenderse que la desaparición forzada es un delito considerado como continuo o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. En tanto se debe precisar la diferencia entre un delito continuado y uno continuo, en el primero la conducta ilícita se fragmenta en el tiempo, ergo inicia y cesa, con unidad de sujetos activo y pasivos quebrantando una misma norma; y en el delito continuo, la conducta ilícita, es el resultado típico, la violación de la norma persisten, sin interrupción, durante más o menos tiempo. Esto último lo que sucede en la Desaparición forzada de personas.
Al ser la desaparición forzada una violación grave no es aplicable la prescripción. Dicho delito cesa establecido el destino o paradero, mediante la localización del desaparecido, vivo o su cadáver o sus restos cuando ha sido ejecutado o ha muerto por otra causa. Es importante aclarar que cesa al momento de identificar los restos y no del fallecimiento real o probable de la víctima.[5]
Todos los Estados al ratificar un tratado adquieren obligaciones, éstas pueden clasificarse en cuatro tipos: respetar, proteger, garantizar y promover Así como deberes de verdad, justicia y reparación.[6] La desaparición forzada implica la violación múltiple y compleja a dichas obligaciones y deberes. Los derechos vulnerados son: derecho a la vida[7], a la libertad personal[8], a la integridad personal a la integridad personal de niños y niñas, al reconocimiento de la personalidad jurídica[9], a acceder a la justicia por parte de los familiares de las víctimas[10], a un recurso judicial efectivo, a la verdad (no se considera como un derecho autónomo sino como parte del derecho que tienen los familiares de las víctimas de obtener por parte de las autoridades el esclarecimiento de los hechos violatorios), igualmente, a la integridad personal de los familiares. Los deberes del Estado es el garantizar los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, investigar, sancionar y adecuar la normativa interna. Las reparaciones son pecuniarias: daño material (daño emergente, pérdida de ingresos), daño inmaterial (sufrido por la victima de la desaparición y el sufrido por familiares). Las medidas de satisfacción y garantías de no repetición.
[1] 2. Artículo 62.3. La corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta convención que le sea sometido, siempre que los Estados parte en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial como se indica en los incisos anteriores.
[2] http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-60.html
[3] 4.-Casos contreras y otros vs El Salvador. Fondos, reparaciones y costas. Sentencia del 31 de agosto de 2011 párr. 82; caso que versa sobre en el marco de un conflicto armado interno en El Salvador durante el cual se estima quer más de 75, 000 personas resultaron victimas durante el periodo de 1981 y 1983.
5.-VOTO RAZONADO DEL JUEZ SERGIO GARCÍA RAMIREZ en relación con la Sentencia dela Corte Interamericana de Derecho Humanos en el caso HELIOdoRO PORTUGAL (PANAMÁ), del 12 de agosto de 2008, párr. 9.
[5] Caso La Cantuta vs Perú del 29 de noviembre de 2006
[6] Serrano Sandra, Vázquez Daniel, LOS DERECHOS HUMANOS EN ACCIÓN: operacionalización de los estándares internacionales de los derechos humano,
[7] Artículo 4. Derecho a la Vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida (..)
[8] Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal
[9] artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad
[10] Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente
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References: artículo 26
 artículo 62
 artículo 14
 Artículo 62
 Artículo 4
 Artículo 7
 artículo 3
 Artículo 8