Source: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=362&lang=es
Timestamp: 2017-06-27 08:55:40+00:00

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Florencio Chitay Nech y sus familiares Representante(s):
Astrid Odete Escobedo Barrondo; Carlos María Pelayo Möller Estado Demandado:
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de Florencio Chitay Nech por parte de agentes estatales, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables. Palabras Claves:
Derecho a la integridad personal, Derecho a la verdad , Derecho a la vida, Derechos de los niños y las niñas, Derechos económicos y políticos, Desaparición forzada, Familia, Garantías judiciales y procesales, Libertad de circulación y residencia, Libertad personal, Personalidad jurídica, Protección judicial, Pueblos indígenas, Responsabilidad internacional del Estado, Tortura Ver jurisprudencia relacionada
Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 17 ( Protección a la Familia) , Artículo 19 (Derecho de niño) , Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno) , Artículo 21 (Derecho a la propiedad privada) , Artículo 22 ( Derecho de circulación y de residencia) , Artículo 23 (Derechos políticos) , Artículo 25 (Protección Judicial) , Artículo 3 (Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica) , Artículo 4 (Derecho a la vida) , Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) , Artículo 7 (Derecho a la libertad personal) , Artículo 8 (Garantías Judiciales) Otro(s) tratado(s) interamericano(s)
Convención sobre los Derechos del Niño – Naciones Unidas, Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas – Naciones Unidas, Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas – Naciones Unidas, Principios rectores de los desplazados internos – Naciones Unidas Hechos
- Los hechos del presente caso se refieren a Florencio Chitay Nech quien era un indígena maya. En el año 1973 el señor Chitay Nech se unió a movimientos campesinos de la región e inició su participación política afiliándose al partido Democracia Cristiana. En el año 1977 el partido Democracia Cristiana presentó al señor Chitay Nech como candidato a Concejal en la contienda electoral municipal de San Martín Jilotepeque y resultó electo. Como consecuencia de la desaparición forzada del entonces Alcalde del Municipio, el señor Chitay Nech asumió la responsabilidad de la Alcaldía. - Desde junio de 1980 recibió diversas amenazas y hostigamientos. El 1 de abril de 1981 Florencio Chitay Nech salió de su vivienda en la ciudad de Guatemala acompañado de su hijo Estermerio Chitay. Frente a una tienda, un grupo de hombres armados se bajaron de un vehículo, golpearon al señor Chitay Nech en la cabeza y lo introdujeron en el automóvil. Desde entonces Florencio Chitay Nech se encuentra desaparecido. A pesar de haberse interpuesto una serie de recursos, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables.
- Fecha de presentación de la petición (208-05): 2 de marzo de 2005 - Fecha de informe de admisibilidad (7/07): 27 de febrero de 2007
- Fecha de informe de fondo (90/08): 31 de octubre de 2008 Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
29. De lo expuesto, esta Corte considera que del conjunto de los hechos señalados en la demanda no hay referencia ni se desprende que el señor Chitay Nech fuera privado de sus propiedades, sino únicamente: a) que cultivaba tierras; b) que fue objeto de amenazas y hostigamientos; c) que su casa de habitación fue atacada, y d) que huyó hacia la Ciudad de Guatemala. Los hechos alegados por los representantes configuran hechos nuevos, en razón de que no se encuentran en el marco fáctico de la demanda. En consecuencia, al no existir un fundamento en la demanda para alegar la presunta violación del artículo 21 de la Convención, resulta innecesario analizar los aspectos materiales de la excepción, es decir, si se han interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, y si el Estado, al oponer esta excepción, ha especificado los recursos internos que aún no se han agotado y si demostró o no que estos recursos se encontraban disponibles y eran los adecuados y efectivos. Por lo tanto, este Tribunal admite esta excepción preliminar en relación con dicha disposición. 30. Por otra parte, en consideración de las alegaciones de los representantes relativas a los ataques de la vivienda del señor Chitay Nech, hechos que se encuentran dentro de la demanda, y podrían haber causado afectaciones al derecho de la propiedad, este Tribunal considera oportuno aclarar que carece de competencia para pronunciarse, debido a que éstos ocurrieron con anterioridad al reconocimiento de competencia de su jurisdicción efectuada por el Estado el 9 de marzo de 1987, y no constituyen violaciones continuadas que le permitan pronunciarse al respecto.
31. En cuanto a la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos en relación con el artículo 22 de la Convención, esta Corte observa que en el escrito de contestación de la demanda el Estado se limitó a mencionar que “en ningún momento impidió o prohibió el derecho a la libre circulación y residencia de los peticionarios, por lo que no es responsable por la supuesta violación al artículo 22”. Al respecto, este Tribunal señala que dicho alegato no corresponde a una excepción preliminar sino a un asunto de fondo. (…) 33. Al respecto, la Corte encuentra que este alegato sobre el artículo 22 de la Convención es extemporáneo, ya que la contestación de la demanda es el momento procesal oportuno para impugnar las cuestiones preliminares de dicho derecho alegado por primera ocasión ante la Corte. No obstante lo anterior, el Tribunal reitera su jurisprudencia en el sentido que “la presunta víctima, sus familiares o sus representantes pueden invocar derechos distintos de los comprendidos en la demanda de la Comisión, sobre la base de los hechos presentados por ésta”. Asimismo, el Tribunal nota que en la demanda se establecen hechos respecto de los cuales se podrían desprender consecuencias jurídicas debido a la complejidad del fenómeno de desplazamiento interno, lo cual será analizado en el fondo junto con los demás elementos probatorios (…). 34. En consecuencia, la Corte estima que la excepción planteada por el Estado en relación con el artículo 22 de la Convención es improcedente por falta de fundamento y referirse a cuestiones del fondo del caso. 2.2. Excepción preliminar de “objeción a convenir en una solución amistosa”
39. En el presente caso el Estado interpuso como excepción la falta de prosecución de una solución amistosa. Al respecto, el Tribunal estima que dicho procedimiento no es obligatorio para las partes y su omisión no contraviene la admisibilidad y la competencia del Tribunal para resolver un litigio. En consecuencia, el Tribunal declara improcedente la segunda excepción preliminar interpuesta por el Estado. II. Competencia 40. La Corte Interamericana es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, para conocer el presente caso en razón de que Guatemala es Estado Parte en la Convención Americana desde el 25 de mayo de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987. Asimismo, ratificó la CIDFP el 25 de febrero de 2000. Reconocimiento de Responsabilidad Internacional
171. De lo expuesto anteriormente, la Corte constata que el desplazamiento forzado, la fragmentación familiar y el desarraigo cultural que sufrieron Encarnación, Pedro, Eliseo, Estermerio y María Rosaura, de apellidos Chitay Rodríguez constituyen vulneraciones a los derechos de circulación y de residencia y la protección a la familia, así como a la protección
de los niños respecto de los tres últimos. Por lo tanto, el Tribunal considera que el Estado es responsable de la violación de los artículos 22 y 17 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Encarnación y Pedro, ambos de apellidos Chitay Rodríguez. Asimismo, es responsable de la violación de los artículos 22, 17 y 19 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Eliseo, Estermerio y María Rosaura, todos de apellidos Chitay Rodríguez.
200. Dado lo anterior, este Tribunal estima que, de conformidad con el artículo I.b) de la CIDFP, el Estado debe sancionar efectivamente y dentro de un plazo razonable a los responsables de las desapariciones forzadas que ocurran dentro de su jurisdicción, asegurando que se cumpla la naturaleza misma de la sanción y evitando la impunidad. La Corte observa que en el tiempo trascurrido desde la desaparición de Florencio Chitay hasta la fecha el Estado no ha cumplido con lo establecido en dicha disposición.
202. Por otra parte, este Tribunal ha establecido que para que el Estado cumpla lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención no basta con que los recursos estén previstos por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisibles, sino que es preciso que tengan efectividad en los términos de aquel precepto. Dicha efectividad supone que además de la existencia formal de los recursos, éstos den resultados o respuestas a las violaciones de derechos, lo cual implica que el recurso sea idóneo para combatir la violación, y que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente. Por tanto, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios.
203. Al respecto, el recurso de hábeas corpus o exhibición personal representa el medio idóneo para garantizar la libertad, controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, e impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención.
206. El Tribunal reitera que el derecho a conocer la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención, lo cual constituye una forma de reparación.
209. En razón de todo lo anterior, la Corte estima que el Estado no ha cumplido con su deber de investigar ex oficio, dentro de un plazo razonable, de una manera seria, imparcial y efectiva la detención y posterior desaparición forzada de Florencio Chitay Nech para identificar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables de los hechos y evitar así la impunidad, ni ha realizado las diligencias necesarias para buscar y localizar el paradero de la presunta víctima. Asimismo, el Estado no ha actuado con la debida diligencia para garantizar el acceso a la justicia de las presuntas víctimas. Consecuentemente, el Tribunal concluye que el Estado es responsable de la violación de las garantías y protección judiciales
consagradas en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Encarnación, Pedro, Eliseo, Estermerio y María Rosaura, todos de apellidos Chitay Rodríguez, así como del incumplimiento de la obligación consagrada en el artículo I.b) de la CIDFP.
3.2. Artículo 2 de la Convención y III de la CIDFP
213. Es preciso mencionar que el deber general del Estado de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la Convención Americana para garantizar los derechos en ella consagrados, establecido en el artículo 2, implica la adopción de medidas en dos vertientes Por una parte la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención. Por otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías.
214. Al respecto, la Corte hace notar que el delito de desaparición forzada fue tipificado en el Código Penal de Guatemala en el año 1996. (…) Por lo tanto, la Corte considera que carece de elementos suficientes para pronunciarse sobre la existencia de los obstáculos alegados por los representantes y, por lo tanto, declarar una violación a las garantías previstas en el artículo 2 de la Convención Americana.
215. En cuanto al alegado incumplimiento del artículo III de la CIDFP por parte de los representantes, la Corte se remite a lo ya resuelto en el presente Fallo, en el sentido de que se trata de una petición extemporánea (…).
IV. Artículos 5.1 (derecho a la integridad personal) de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma
220. El Tribunal ha reiterado en su jurisprudencia que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. En particular, en casos que involucran la desaparición forzada de personas, es posible entender que la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una consecuencia directa, precisamente, de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo, que se acrecienta, entre otros factores, por la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de la víctima o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido. (…)
221. Al respecto, la Corte recuerda que en otros casos ha llegado a considerar que la privación continua de la verdad acerca del paradero de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos. Además, el Tribunal ha señalado que ante hechos de desaparición forzada de personas, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la integridad personal de los familiares también por la vía de investigaciones efectivas. Más aún, la ausencia de recursos efectivos ha sido considerada por la Corte como fuente de sufrimiento y angustia adicionales para las víctimas y sus familiares.
222. El Tribunal ha establecido que es de suma importancia para los familiares de la víctima desaparecida el esclarecimiento del paradero final de la misma, ya que esto permite a los familiares aliviar la angustia y sufrimiento causados por la incertidumbre del paradero de su familiar desaparecido.
225. Tal como fue establecido en el presente caso, la Corte otorgó plenos efectos jurídicos al reconocimiento parcial de responsabilidad internacional del Estado respecto al artículo 5 de la Convención. Asimismo, este Tribunal nota que de las declaraciones rendidas por los familiares de Florencio Chitay y de las violaciones declaradas en los capítulos anteriores, éstos han sufrido afectaciones a su integridad personal. Además, la denegación de justicia y el desconocimiento del paradero del señor Chitay Nech que persiste hasta la fecha ha ocasionado en las presuntas víctimas un impacto traumático, que ha generado sentimientos de indignación, frustración e incluso de temor. El Tribunal observa que dichas experiencias impactaron sus relaciones sociales, alterando la dinámica de su familia y su pertenencia a una comunidad indígena, lo que les ha seguido causando sufrimiento y temor.
226. Por lo expuesto, este Tribunal considera que las afectaciones a la integridad personal sufridas por los miembros de la familia Chitay Rodríguez, comprendidas integralmente en el complejo fenómeno de la desaparición forzada, subsisten mientras persistan los factores de impunidad verificados y no se tenga conocimiento del paradero del señor Chitay Nech; esto último no ha permitido cerrar el proceso de duelo de los familiares. En consecuencia, esta Corte considera que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Encarnación, Pedro, Eliseo, Estermerio y María Rosaura, todos de apellidos Chitay Rodríguez.
- El Estado debe continuar con la búsqueda efectiva y la localización de Florencio Chitay Nech, - El Estado debe publicar, por una sola vez, en el Diario Oficial: el Capítulo I; los párrafos 19, 20 y 21 del Capítulo III; los párrafos 64, 67, 68, 70 a 72, 74 a 76, 79, 88, 89, 91, 93, 99 a 103, 108, 110, 113, 116, 117 y 121 del Capítulo VIII; los párrafos 126 a 129, 133, 134, 138, 140, 141, 143, 144, 146 a 148, 150, 151, 161 a 163, 166, 167, 170 y 171 del Capítulo IX; los párrafos 177, 186, 194, 195, 197 a 200, 204, 207, 209 del Capítulo X; los párrafos 225 y 226 del Capítulo XI; los párrafos 229, 235, 237, 240, 241, 244, 245, 248, 251, 256 del Capítulo XII; todos ellos incluyendo los nombres de cada capítulo y el apartado respectivo –sin las notas al pie de página-, así como la parte resolutiva de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, y en otro diario de amplia circulación nacional, el resumen oficial de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas emitido por la Corte. El Estado debe realizar una transmisión radial de dicho resumen oficial cada primer domingo de mes al menos en 4 ocasiones. Lo anterior, deberá efectuarse en español y en maya kaqchikel. Además, el Estado debe publicar íntegramente la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas en el sitio web oficial del Estado
- El Estado debe brindar atención médica y psicológica gratuita en Guatemala y de forma inmediata, adecuada y efectiva, y por el tiempo que sea necesario, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas, a las víctimas declaras en la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas que así lo soliciten
- La Corte declara
b) colocar en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, una placa conmemorativa con el nombre de Florencio Chitay Nech (punto resolutivo decimosexto de la Sentencia), y c) pagar las cantidades establecidas por concepto de daños materiales, daños inmateriales y reintegro de costas y gastos (punto resolutivo decimoctavo de la Sentencia). (ii) Al supervisar el cumplimiento integral de la Sentencia emitida en el presente caso, y después de analizada la información suministrada por el Estado, la Comisión y los representantes, la Corte mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los puntos pendientes en el presente caso, a saber:
a) conducir eficazmente, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable la investigación y, en su caso, los procesos penales que tramiten en relación con la detención y posterior desaparición forzada de Florencio Chitay Nech, para determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea (punto resolutivo duodécimo de la Sentencia); b) continuar con la búsqueda efectiva y localización de Florencio Chitay Nech (punto resolutivo decimotercero);
c) realizar al menos en 4 ocasiones cada primer domingo del mes la transmisión radial del resumen oficial de la Sentencia. Lo anterior, deberá efectuarse en español y en maya kaqchikel (punto resolutivo decimocuarto de la Sentencia); d) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y desagravio a la memoria de Florencio Chitay Nech (punto resolutivo decimoquinto de la Sentencia), y e) brindar atención médica y psicológica gratuita en Guatemala de forma inmediata, adecuada, y efectiva a las víctimas declaradas en la Sentencia (punto resolutivo decimoséptimo de la Sentencia).
(i) Requerir al Estado que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (ii) Solicitar al Estado que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 30 de marzo de 2012, un informe completo y pormenorizado en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir las reparaciones ordenadas por este Tribunal que se encuentran pendientes de cumplimiento y, en particular, se refiera a la información requerida por este Tribunal, según se estableció en los Considerandos 10, 14, 21, 25 y 34 de la presente Resolución. (iii) Solicitar a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten las observaciones que estimen pertinentes al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior, en los plazos de cuatro y seis semanas, respectivamente, contados a partir de la recepción del informe. (iv) Continuar supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de la Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas de 25 de mayo de 2010. (v) Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente Resolución a la República de Guatemala, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las víctimas o sus representantes.

References: Artículo 1
 Artículo 17
 Artículo 19
 Artículo 2
 Artículo 21
 Artículo 22
 Artículo 23
 Artículo 25
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 7
 Artículo 8
 artículo 21
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 62
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 25
 artículo 1
 Artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 68
 Resolución