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Timestamp: 2018-05-22 21:20:10+00:00

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Sentencia t-565/16 accion de tutela contra providencias judiciales
Sentencia T-565/16
COSA JUZGADA-Definición
Una de las instituciones más importantes para la seguridad jurídica es la cosa juzgada, la cual ha sido definida por la jurisprudencia constitucional como la “cualidad inherente a las sentencias ejecutoriadas, por la cual aquéllas resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace que el asunto sobre el cual ellas deciden no pueda volver a debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso, ni dentro de otro entre las mismas partes y que persiga igual objeto.”
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION-Causales por las que se puede invocar
El Código General del Proceso establece la revisión como un recurso extraordinario contra las sentencias ejecutoriadas. En dicho acápite también se establecen las causales por las que se puede invocar la revisión de la sentencia, las cuales refieren diversas hipótesis relacionadas con: (i) los elementos probatorios sobre los que se fundó o debió fundarse la decisión; (ii) las irregularidades comprobadas sobre la emisión de la decisión por fraude, violencia o cohecho que influyeron en la actividad del juzgador; (iii) la grave afectación del derecho de defensa derivada de la falta de notificación o llamamiento de la parte recurrente; (iv) el vicio de la sentencia por la configuración de alguna de las causales de nulidad, y (v) el desconocimiento de una sentencia previa que constituya cosa juzgada.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION-Término para su interposición
TERMINOS PROCESALES-Como elementos necesarios para garantizar la seguridad jurídica, el debido proceso y la igualdad, y la razonabilidad en su aplicación
De acuerdo con la competencia asignada en el artículo 150-2 Superior esta Corporación ha reconocido, en múltiples oportunidades y particularmente en el estudio de las demandadas dirigidas en contra del diseño de los procesos, la amplia libertad de configuración legislativa en esas materias. También ha admitido, por regla general, que la fijación de términos de caducidad para el ejercicio de las acciones judiciales constituye un ejercicio legítimo de la competencia asignada al Legislador, que se ajusta a la Carta Política.
TERMINOS PROCESALES-Finalidad/TERMINOS PROCESALES-Importancia
En materia procesal no sólo se imponen cargas y se fijan términos para quienes acuden a la administración de justicia, ya que las reglas generales del procedimiento también se ocupan de las actuaciones de las autoridades judiciales, regulan la forma de intervención en los procesos, el modo de ejercer sus atribuciones, los deberes, poderes y responsabilidad de los jueces, los límites de sus competencias y fijan términos para dictar las resoluciones judiciales.
DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Vulneración por dilación injustificada e inobservancia de los términos judiciales
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-No vulneración cuando la mora judicial no es imputable a la negligencia del funcionario judicial, sino que se encuentra justificación en la falta de capacidad
Al juez del Estado Social de Derecho se le ha encomendado la tarea primordial de la búsqueda de la verdad, la cual se vincula directamente con la prueba de oficio, en tanto constituye un instrumento esencial para que el juez reconstruya la situación fáctica del proceso, ya sea porque no existe claridad respecto de los elementos probatorios allegados por las partes, o porque la controversia procesal carece de un medio probatorio necesario para una decisión justa que garantice el derecho sustancial. Para cumplir con dicha tarea el juez ostenta poderes oficiosos, los cuales han sido reconocidos por los diversos estatutos procesales. En el Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970) y recientemente en el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), se dispone que el juez puede decretar pruebas de oficio cuando las considere “útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes”.
FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ-Importancia
DECRETO OFICIOSO DE PRUEBAS O DISTRIBUCION DE CARGA PROBATORIA-Dejan de ser potestad del juez y se erigen como deber funcional
El decreto oficioso de pruebas, en materia civil, no es sólo una atribución o facultad potestativa del juez, sino que también constituye un verdadero deber legal, que ejercen los funcionarios judiciales para lograr el adecuado entendimiento de los hechos debatidos y, en esa medida, poner fin a los conflictos con la mayor convicción posible y la justicia material.
DECRETO OFICIOSO DE PRUEBAS EN PROCESO EXTRAORDINARIO DE REVISION-Juez tiene la facultad-deber de decretar las pruebas de oficio que considere necesarias para llegar a la verdad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por no configurarse defectos sustantivo, procedimental y orgánico en proceso extraordinario de revisión en asunto de pertenencia
Referencia: Expediente T-5.152.026
Acción de tutela instaurada por Idolfo Romero Santiago y otros, contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena.
Procedencia: Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Asunto: Tutela contra providencia judicial que resolvió recurso de revisión y decretó la nulidad de lo actuado en trámite de pertenencia.
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio y Aquiles Arrieta Gómez (e), y la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
En el proceso de revisión del fallo de tutela proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 22 de julio de 2015, mediante el cual se confirmó la decisión dictada el 4 de junio de 2015, por la Sala de Casación Civil de esa misma Corporación que negó las pretensiones invocadas en la presente acción de tutela.
El asunto fue recibido por esta Corporación el 16 de septiembre de 2015, por remisión que realizó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según lo ordenado por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. El 12 de noviembre de 2015, la Sala de Selección Número Once de Tutelas lo escogió para su revisión, y en el numeral Décimo Tercero de esa providencia decidió acumular el expediente T-5152026 al T-4588870, para que fueran fallados en una sola sentencia por presentar unidad de materia.
En auto de 10 de octubre de 2016, la Sala Quinta de Revisión decidió desacumular los expedientes T-4.588.870 y T-5.152.026, los cuales habían sido acumulados en auto de 12 de noviembre de 2015 dictado por la Sala Once de Selección de Tutelas. En efecto, la Sala de Revisión consideró que si bien los casos comparten un contexto común (controversias sobre tierras en la Hacienda Arroyo Grande) los problemas a tratar son diferentes, pues mientras el primero conlleva al estudio de una eventual vulneración sistemática de derechos por parte de diversas entidades estatales y de particulares de una Comunidad de afrocolombianos propietarios de unos terrenos de los cuales, al parecer, están siendo despojados, el segundo propone una acción de tutela contra providencia judicial por vulneración de los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia y de defensa de los accionantes.
1. El 19 de mayo de 2015, los señores Idolfo Romero Santiago, José Pérez Medina, Augusto Luna Jiménez, Wilmer Caraballo Cervantes, Nelson José Ramos Jiménez y Eparquio Santiago Guzmán1 presentaron acción de tutela en contra de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena. Lo anterior debido a que, a su juicio, esa autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de los siguientes hechos:
2. Los accionantes iniciaron un proceso de pertenencia ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena con el propósito de adquirir el derecho de dominio de un predio que dicen haber poseído “como raizales” (fl.39 cd.1) por más de veinte años. Señalaron que dicho predio hace parte de otro “inmueble global de nuestros ancestros” (fl.39 cd.1), de mayor extensión, ubicado en el corregimiento de Arroyo Grande, identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nº 060-342262
3. Indicaron que formularon la demanda contra los propietarios determinados y sus herederos, así como contra personas indeterminadas; la misma fue admitida el 10 de mayo de 2007. En esa medida se ordenó el emplazamiento de los demandados, la publicación de edictos en prensa y radio, y la inscripción de la demanda en el folio de matrícula Nº 060-34226, que quedó visible en la anotación Nº 7 del certificado de libertad y tradición de dicho inmueble.. Todo ello con el fin de darle “suficiente publicidad al proceso, respecto de cualquier persona que se creyera con derechos sobre ese inmueble o parte de él”3.
4. Afirmaron que, por un error involuntario del Juzgado, en el texto de los edictos se “dijo que el inmueble está situado en el corregimiento de Arroyo Grande, agregando que éste está en el municipio de Santa Catalina”. Sin embargo, ellos habían manifestado en su demanda ordinaria que el terreno estaba ubicado en “jurisdicción del municipio de Cartagena” .
5. El proceso de pertenencia surtió los trámites respectivos y en el mismo se decretaron y practicaron pruebas de inspección judicial, peritaje y testimonios. Después del análisis pertinente, se dictó sentencia estimatoria el 3 de diciembre de 2007, notificada también a través de edicto. Esa sentencia fue inscrita en el folio matriz Nº 060-34226 y debido a que se declaró la adquisición del dominio en favor de los demandantes, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena le asignó un nuevo folio de matrícula al predio adquirido por usucapión, el Nº 060-233729.
6. Los accionantes relataron que el 2 de julio de 2008, el Banco Popular S.A., el Banco de Occidente S.A., el Banco de Bogotá S.A., Valora S.A., la Corporación Financiera Colombiana S.A., Leasing Popular C.F.C. S.A., Leasing de Occidente S.A., Almacenes Generales de Depósito ALMAVIVA S.A., Helm Trust S.A., Inversiones Lujosa LTDA., la Compañía de Gerenciamiento de Activos LTDA., CORFIAMERICA S.A., Metal Handel INC. y Vicente Luque Narváez, quienes presuntamente tenían la calidad de terceros interesados en el proceso de pertenencia referido, presentaron ante el Tribunal Superior de Cartagena recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 3 de diciembre de 2007, emitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad4. En ese recurso se alegó la configuración de las causales 6ª y 7ª del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil5, por las siguientes circunstancias:
En la demanda se precisó que el bien a usucapir se encuentra ubicado en el municipio de Cartagena, pero se aportó un folio de matrícula inmobiliaria expedido por el Registrador de Instrumentos Públicos de Cartagena “teniendo en cuenta los datos aportados por el Doctor Miguel M. Caraballo Martínez (…)” en el que se indicó que el predio hace parte del municipio de Santa Catalina y así se hicieron los emplazamientos.
En la diligencia de inspección judicial se corroboró que el predio sobre el que recaía la pretensión adquisitiva está ubicado en Cartagena y no pudieron constatarse los linderos del predio de mayor extensión, que fueron referidos en el edicto.
En el recurso los peticionarios destacaron que la información para los emplazamientos se tomó de la escritura pública núm. 161 otorgada ante la Notaría Primera de Cartagena el 24 de marzo de 1897, inscrita en el registro correspondiente, lo que provocó imprecisiones en los linderos y la convocatoria de titulares del derecho de dominio que, por el momento en el que se otorgó dicho instrumento público, ya no pueden estar vivos. En síntesis, para los censores el proceso se adelantó con base en un certificado que no da cuenta del lugar y de los linderos reales del inmueble sobre el que recaía la pretensión.
Con base en esas circunstancias, los recurrentes denunciaron que (i) no fueron citados al proceso de pertenencia, a pesar de que son propietarios de “algunas franjas, ubicadas a su juicio en la zona prescrita” (fl.40 cd.1), las cuales tienen folios de matrícula Nº 060-186797, 060-1867798, 060-1867799, 060-33844 y 060-215719; (ii) el yerro de los edictos emplazatorios en cuanto a la ubicación del inmueble (al indicar que se encontraba en Santa Catalina y no en Cartagena), los linderos del predio de mayor extensión y los titulares del derecho de dominio -con base en el título inscrito en 1897- desorientó a los interesados y les impidió comparecer al proceso, y (iii) la falta de notificación se fundó en maniobras fraudulentas de los demandantes que les provocaron perjuicios derivados de la declaración de la prescripción adquisitiva sobre franjas de terreno de su propiedad.
7. En el recurso de revisión los demandantes solicitaron, entre otras pruebas, una pericial con el fin de establecer si el terreno sobre el que se emitió la declaración adquisitiva se traslapaba con inmuebles de su propiedad. Empero esa prueba fue negada por la autoridad judicial accionada mediante proveído del 18 de marzo de 20116, bajo el argumento de no existir relación entre la prueba solicitada y las causales de revisión alegadas; en otras palabras, porque el dictamen pericial no estaba encaminado a demostrar los supuestos fácticos en los que sustentó el recurso extraordinario.
No obstante, el 26 de septiembre de 20117, al momento de resolver un recurso de reposición interpuesto por los recurrentes, el Tribunal decretó, de oficio, la práctica de un dictamen pericial por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC–con el fin de lograr la debida identificación del predio que había sido objeto de prescripción por los accionantes de la tutela. En efecto ordenó:
“De oficio y de conformidad a lo preceptuado por el artículo 243 del C.P.C, ordénese peritación a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para que rinda un dictamen sobre el bien objeto de litigio. Para tales efectos, el Director de la entidad y/o quien haga sus veces, designará el o los funcionarios competentes, quienes deberán ser ingeniero civil o topógrafo, para rendir el dictamen solicitado, el cual versará sobre los siguientes aspectos:
a) Verificar la identificación del bien objeto de controversia dentro de la presente demanda de revisión.
b) Determinar las medidas y los linderos de dicho bien.
c) Ubicación geográfica del mismo inmueble.
d) Revisión de las cartas catastrales del bien e identificar los titulares de dominio.”
8. Los accionantes manifestaron que, después de varios trámites procesales, el 24 de abril de 2015, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena emitió providencia definitiva en la que resolvió el recurso de revisión8. Ese ente judicial advirtió que la causal 6ª del artículo 380 del C.P.C. no se encontraba probada, puesto que no existió mala fe por parte de los demandantes en lo relacionado con la ubicación equivocada del inmueble. No obstante, sí encontró probada la causal 7ª, esto es, el indebido emplazamiento de los terceros interesados en el trámite de pertenencia, cuyos predios se encontraban superpuestos en el área de mayor extensión.
En consecuencia, el Tribunal declaró la nulidad de todo lo actuado en el mencionado proceso de pertenencia, a partir del auto admisorio de la demanda, sin incluirlo; y ordenó la cancelación de la inscripción de la demanda en el folio de matrícula Nº 060-34226, la consecuente anulación del registro del fallo en el proceso de pertenencia, y la devolución del expediente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena.
Fundamentos de la presente acción de tutela
9. Los accionantes resaltaron varios errores que –a su juicio– se presentaron en la actuación adelantada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en el marco del recurso de revisión y en la sentencia que desató dicho recurso, a partir de los cuales se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia.
10. Para los actores la presente acción de tutela contra providencia judicial resulta procedente ya que –según expresaron–: (i) es un asunto de relevancia constitucional “toda vez que las omisiones y acciones de los señores Magistrados accionados (…) afectan los derechos fundamentales nuestros” ; (ii) agotaron todos los recursos y nulidades que les fue posible alegar en el trámite de revisión9; (iii) se cumple con el presupuesto de inmediatez; (iv) las irregularidades de la actuación y de la sentencia acusada “son palmarias,(…) afectándose en forma determinante el sentido del fallo” ; y (v) no se trata de una sentencia de tutela.
Así mismo, expresaron que los hechos que generaron la vulneración fueron reseñados y resultan “ostensibles porque el Tribunal en varios momentos del trámite de revisión, decidió a favor de los BANCOS y entidades financieras (…) en detrimento de lo plenamente probado por nosotros: raizales del corregimiento de Arroyo Grande, integrantes de una comunidad étnica minoritaria, sin músculo económico, que desde hace más de 100 años ha sido la propietaria, digamos que de manera ancestral, de las tierras que pretende el gran capital del país”10.
Una vez expuestas las razones sobre la procedencia de la acción de tutela, los accionantes señalaron que la sentencia del Tribunal Superior de Cartagena incurrió en defectos fáctico, sustantivo, orgánico y procedimental, así:
Defecto fáctico, por falta de valoración de algunos elementos de prueba
11. Para los actores, con la expedición de la providencia del 24 de abril de 2015, se incurrió en defecto fáctico, toda vez que el Tribunal omitió la valoración de ciertos medios probatorios que los accionantes aportaron en el trámite de revisión. (i) En efecto alegaron que se demostró documentalmente que los títulos expuestos por los revisionistas (Bancos y entidades financieras) no eran oponibles a los nativos de la comunidad de Arroyo Grande. Lo anterior, por cuanto esos títulos fueron obtenidos en procesos de pertenencia en los que se demandó a indeterminados y no se citó a los raizales, a pesar de que son los propietarios del predio de mayor extensión identificado con el folio de matrícula Nº 060-34226. Explicaron que se trata de una omisión esencial porque –según argumentan– sólo a los raizales descendientes de las personas identificadas en el referido folio de matrícula Nº 060-34226, les está “permitido prescribir adquisitivamente parte del bien común”11.
De igual forma, (ii) los accionantes indicaron que el Tribunal omitió valorar el hecho de que la demanda de prescripción adquisitiva estaba inscrita en el folio de matrícula del Nº 060-34226, y que los folios de matrícula presentados por los revisionistas están incluidos “dentro de ese globo total, resultando obvio que ellos quedaron debidamente enterados del proceso desde el momento en que ocurrió esa publicidad registral (16 de octubre de 2007)”12. Por tanto, era ostensible que no podía configurarse la causal 7ª del artículo 380 del C.P.C., como lo declaró el Tribunal. Indicaron además que los recurrentes no quisieron comparecer al proceso de pertenencia por decisión consciente, pues se comprobó, con el folio referido, que no les fue imposible conocer la inscripción pública de la demanda.
De otra parte, (iii) los demandantes señalaron que al momento de evaluar el material probatorio en lo relacionado con el presunto traslape de los predios de los recurrentes y el de mayor extensión, no se evaluó:
Que el terreno de propiedad de INVERSIONES LA LUJOSA LTDA. (revisionista) está situado en el corregimiento de las Canoas, y no en el de Arroyo Grande, que es donde está la parte prescrita por los accionantes.
Que la certificación del IGAC reporta que los corregimientos de las Canoas y Arroyo Grande “están situados en kilómetros diferentes de la vía al mar: Cartagena Barranquilla”13.
Que la certificación expedida por la Oficina de Planeación Distrital de Cartagena, reafirma la ubicación diferenciada de los corregimientos las Canoas y Arroyo Grande.
Que el globo general (folio de matrícula Nº 060-34226), de aproximadamente 3.500 hectáreas, tiene diferentes anotaciones de prescripción de áreas, y que el área prescita por los accionantes (440 hectáreas aproximadamente) es una particular y concreta ubicada en Arroyo Grande.
Defecto fáctico, por valoración probatoria arbitraria
12. Para los accionantes el Tribunal Superior de Cartagena valoró arbitrariamente las pruebas tendientes a determinar el presunto traslape entre los predios identificados por los recurrentes y el terreno sobre el que se declaró la adquisición por usucapión. Explicaron que la autoridad judicial efectuó una “generalización de simple mención de la pruebas, sin aplicación de los principios científicos a cada medio y al conjunto de ellos, sin ningún análisis crítico-razonado, tanto individual como colectivo del acervo”. Indicaron que el dictamen pericial emanado por el IGAC no efectuó los cotejos de plancha necesarios para llegar a las conclusiones a las que finalmente arribó; es decir, se realizó una conceptualización, a falta de una prueba técnica, que benefició a los revisionistas y repercutió en el derecho que los actores tenían de refutar la prueba técnica.
Defecto sustantivo y procedimental, por el decreto de una prueba de oficio
13. Como lo refieren los accionantes en el acápite de hechos, la autoridad judicial accionada decretó una prueba pericial de oficio dentro del trámite del recurso extraordinario de revisión, con el fin de dilucidar la eventual superposición territorial de los predios de los recurrentes y el adquirido por usucapión, así como la ubicación del predio sobre el que recayó la pretensión adquisitiva.
Ese hecho –según los actores– es constitutivo de un defecto sustantivo y procedimental, ya que según el inciso 8º del artículo 383 del CPC14 y amplia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en el trámite de revisión sólo se pueden decretar pruebas a petición de parte, en atención a la naturaleza excepcional del referido recurso. Por tanto, el Tribunal inaplicó la norma pertinente y le dio viabilidad a un procedimiento distinto al regulado por el Código de Procedimiento Civil.
Explicaron que propusieron ese alegato ante el Tribunal en varias oportunidades procesales, y que sus súplicas fueron despachadas desfavorablemente a pesar de tratarse de un vicio insanable. Afirmaron que el Tribunal se excusó en que los recurrentes habían solicitado el mencionado dictamen pericial, pero esa justificación es insuficiente, ya que dicha solicitud probatoria fue negada en dos oportunidades.
Defecto orgánico por falta de competencia de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena
14. Los accionantes manifestaron que se incurrió en un defecto orgánico porque la autoridad judicial accionada carecía de competencia para decretar la prueba pericial, pues en el trámite del recurso de revisión no se pueden decretar pruebas de oficio, y en la práctica de dicha prueba se evadió el cumplimiento de los términos procesales regulados en la ley para este tipo de procesos. En efecto relataron que:
El 26 de septiembre de 2011 se decretó oficiosamente la prueba, pero no fue practicada porque el IGAC determinó que no tenía el personal disponible para llevarla a cabo15. Por tanto, se continuó con el procedimiento regular.
Vencido el término probatorio, en junio de 2012, el asunto entró al despacho para que se profiriera la sentencia.
El 14 de agosto de 2012, vencido el término para fallo, se emitió auto en el que se amplió en 6 meses el término para decidir16.
El 25 de septiembre de 201217, el Tribunal profirió auto en el que decretó, “por segunda vez, como prueba de oficio, el dictamen pericial del IGAC, sobre los mismos puntos”18. Es decir, amplió el término probatorio sin ninguna justificación, porque el asunto ya estaba en el despacho para fallo.
Desde ese momento –señalaron– pasaron 3 años en los cuales aportaron varias pruebas documentales, incluido un dictamen pericial, que contradice lo establecido por el IGAC.
A pesar de los elementos de prueba aportados, el Tribunal emitió sentencia el 24 de abril de 2015, en la que, a juicio de los accionantes, ignoró sus reclamaciones y benefició a los recurrentes.
Para los promotores de la acción esas actuaciones transgredieron los términos y reglas procesales regentes, particularmente porque la sentencia se dictó luego del vencimiento del término establecido para el efecto.
15. Por lo expuesto, los accionantes solicitaron que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, que se dejen sin efectos “las actuaciones de los accionados afectados por los defectos que dan procedencia a ella (sic), incluida la sentencia del 24 de abril de 2015(…)”19.
Actuaciones procesales en sede de tutela
Mediante auto del 28 de mayo de 2015, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de tutela y ordenó su traslado a los convocados y terceros interesados, para garantizarles los derechos a la defensa y contradicción20.
Respuestas de las entidades
Juzgado 2 Civil del Circuito de Cartagena de Indias
El Juez solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela21. Indicó que dentro del proceso ordinario de pertenencia se llevaron a cabo todas las etapas procesales y que en el momento de proferir sentencia se encontraron acreditados los elementos fácticos y jurídicos para acceder a la pretensión adquisitiva. En ese sentido, destacó que se practicaron pruebas documentales y testimoniales, y se realizó una inspección judicial de acuerdo con los postulados legales.
Por último, afirmó que, a pesar de los hechos expuestos en la demanda de tutela, en el libro radicador Nº 23 del despacho consta que el asunto aún sigue en el Tribunal Superior de Cartagena, debido al trámite del recurso extraordinario de revisión, sin decisión de fondo.
Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena de Indias
La Sala Civil-Familia del Tribunal indicó que se está a lo expuesto en la sentencia en la que resolvió el recurso de revisión22, “que en últimas se erige como el único insalvable sustento, para defender los fundamentos jurídicos expuestos por la Sala (…) en la decisión que adoptó”. Como anexos remitió copia de la decisión censurada.
Decisiones proferidas en sede de tutela
Mediante sentencia proferida el 4 de junio de 2015, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia denegó la protección de los derechos fundamentales invocados por los accionantes23. La Sala evaluó la sentencia emitida por el Tribunal, de acuerdo a los defectos que le fueron endilgados en el escrito de tutela, y encontró razonable la actuación adelantada por la autoridad judicial en el trámite y la sentencia de revisión.
En efecto, el a-quo estimó que para resolver el recurso extraordinario de revisión, el Tribunal debía leer de manera conexa la causal 7ª del artículo 380 del C.P.C. y el artículo 407 ibídem24, que regula el proceso de declaración de pertenencia. En esa medida, la causal de revisión sí era procedente, ya que el emplazamiento se hizo bajo la errada premisa fáctica de que el inmueble estaba localizado en el municipio de Santa Catalina y no de Cartagena. Para la Sala esa apreciación estuvo debidamente soportada en el material probatorio aportado con la solicitud de revisión extraordinaria.
En torno a la prueba pericial de oficio realizada por el IGAC, la Corte indicó que ésta se decretó porque fue solicitada por los recurrentes, lo que descarta una vía de hecho en este sentido.
Los accionantes impugnaron la sentencia de tutela de primera instancia y solicitaron su revocatoria25. Manifestaron que la Sala de Casación Civil avaló la actuación del Tribunal al admitir las premisas cuestionadas, es decir que el dictamen pericial del IGAC podía tenerse en cuenta porque fue solicitado por los recurrentes y que el emplazamiento estuvo errado, a pesar de que se practicó en contra de una clara prohibición en ese sentido y que la inscripción de la demanda en el folio inmobiliario le otorgó la posibilidad a los recurrentes de darse por enterados del proceso de pertenencia. Señalaron que para el estudio de este caso “no basta con el análisis somero que hace la Sala de Casación Civil, sino que se requiere un estudio minucioso del expediente (que ahora integralmente allegamos en copia)” y de los defectos que (…) resaltaron en el escrito introductor” (fl.169 cd.1).
En la impugnación, los actores ampliaron los argumentos en los que fundaron el defecto orgánico e indicaron que además de la falta de competencia para el decreto y práctica de la prueba de oficio, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena carecía de competencia para dictar la sentencia en la que resolvió el recurso de revisión, ya que vencido el año para proferir la decisión, según el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, extendió el plazo por el término de 6 meses adicionales, empero profirió la sentencia transcurridos más de 2 años después de que venció el término prorrogado “cuando ya carecía de competencia funcional para ello” (fl.169 cd.1).
Finalmente, los accionantes reiteraron los argumentos presentados en la acción constitucional.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo de tutela del 22 de julio de 201526, decidió confirmar la sentencia impugnada. En primer lugar, señaló que la Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena no incurrió en una vía de hecho, puesto que la decisión adoptada se fundó en razones de hecho y de derecho claramente expuestas en la providencia.
En concordancia con esa conclusión, aludió a los argumentos expuestos por la autoridad judicial accionada cuando indicó que si en gracia de discusión se excluyera la prueba decretada de oficio, “la conclusión seguiría siendo la misma. Se trata, pues, de una argumento intrascendente que en nada varía la decisión” (fl.7 cd.2). También destacó que los accionantes propusieron la nulidad de la prueba, y ese debate se zanjó mediante decisión del 12 de febrero de 2014, cuando la autoridad accionada declaró no probada la causal invocada. Asimismo señaló que si este es el hecho vulnerador no concurre el presupuesto de inmediatez, pues la acción de tutela se formuló más de un año después.
Finalmente, frente a la presunta pérdida de competencia funcional, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia indicó que los accionantes no habían manifestado esa circunstancia a lo largo del proceso, razón por la que el juez de tutela no estaba facultado para analizar un asunto propio del juez natural.
1.- Corresponde a la Corte Constitucional analizar, en Sala de Revisión, la sentencia proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

References: artículo 150
 artículo 32
 artículo 380
 artículo 243
 artículo 380
 artículo 380
 artículo 383
 artículo 380
 artículo 407
 artículo 124