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Timestamp: 2018-02-24 23:51:07+00:00

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Sentencia A.P. Barcelona 671/2013 de 12 de diciembre. Comunidades de Propietarios. Ascensores. Mantenimiento - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Barcelona 671/2013 de 12 de diciembre
Empresas de mantenimiento de ascensores: Reducción de la reclamación de cantidad interpuesta contra Comunidad de Propietarios en concepto de indemnización, de acuerdo con cláusula penal pactada, ante la resolución unilateral por parte de ésta del contrato de mantenimiento del aparato elevador de su propiedad antes de la finalización del plazo de diez años pactado. Contrato de adhesión: Existencia de cláusulas no negociadas y abusivas. Preaviso: Concepto.
ROLLO N.º 605/2012 - 5.ª
JUICIO VERBAL NÚM. 1603/2011
JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 7 GRANOLLERS
SENTENCIA N ú m. 671
D.ª M. DELS ÀNGELS GOMIS MASQUE
VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimotercera de esta Audiencia Provincial, constituida por un solo magistrado en aplicación del art. 82.2, 1.º L.O.P.J. reformada por L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, los presentes autos de Juicio verbal, número 1603/2011 seguidos por el Juzgado Primera Instancia 7 Granollers, a instancia de ZARDOYA OTIS, S.A. contra CTAT.PROP. DIRECCION000 NUM000 - NUM001 DE GRANOLLERS, los cuales penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por demandada contra la Sentencia dictada en los mismos el día 26 de marzo de 2012, por el/la Juez del expresado Juzgado.
Primero.—La parte dispositiva de la Sentencia apelada, es del tenor literal siguiente:
"FALLO: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la procuradora de los tribunales D.ª Ana M.ª Roca Vila, en nombre y representación de ZARDOYA OTIS, S.A., debo condenar y condeno a la CTAT.PROP. DIRECCION000 NUM000 - NUM001 DE GRANOLLERS, a abonar a la actora la cantidad de 3.564,12 euros, así como las costas".
Segundo.—Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada mediante su escrito motivado, dándose traslado a la contraria se opuso en tiempo y forma; elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial,.
Tercero.—Se señaló para resolver el día 2 de octubre de 2013.
Cuarto.—En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
Primero.—Se ejercita con la demanda inicial una acción de reclamación de cantidad por la que la actora, ZARDOYA OTIS S.A., interesa se condene a la Comunidad de Propietarios demandada al pago de la suma de 3.564'12€ en concepto de indemnización, de acuerdo con la cláusula penal pactada, ante la resolución unilateral por parte de ésta del contrato de mantenimiento del aparato elevador de su propiedad antes de la finalización del plazo de diez años pactado, plazo que fue expresamente negociado, fijándose el precio precisamente en atención a la duración contractual.
La demandada opone, básicamente, a tal pretensión, además del incumplimiento contractual de la propia actora que justifica la resolución del contrato, la nulidad de diversas cláusulas de las contenidas en el contrato (la duración del contrato, la relativa a la prórroga automática y plazo de preaviso para que proceda la finalización y la propia cláusula penal), incluidas en un contrato de adhesión, no negociadas y abusivas, y ello en aplicación de la normativa de defensa de los consumidores y usuarios. Por ello solicita la desestimación de la demanda, y de considerarse que no existe causa justificada para la resolución contractual que, atendida la abusividad alegada, se modere la pena, limitándola al importe correspondiente a los tres meses de preaviso no efectuado.
La sentencia de primera instancia considera que no se ha acreditado el alegado incumplimiento de sus obligaciones por parte de la actora, y estimando válido y ajustado a derecho el contrato suscrito por las partes, estima la demanda en su integridad.
Frente a dicha resolución se alza la parte demandada impugnando la sentencia recaída al considerar que incurre en error en la valoración de la prueba y reitera los argumentos en los que basó su oposición, por lo que interesa su revocación, dictándose otra en los términos solicitados en el acto del juicio.
En consecuencia, el debate en esta instancia queda, pues, fijado en los mismos términos que en la primera, disponiéndose para su resolución del mismo material probatorio.
Segundo.—En lo que se refiere al incumplimiento contractual, el tribunal comparte tanto la apreciación probatoria como las conclusiones jurídicas alcanzadas por el juez a quo, por lo que este pronunciamiento ha de ser confirmado.
Como señala la STS 28.6.2012: " La jurisprudencia más reciente (de la que es ejemplo la STS de 14 de junio de 2011, RC n.º 369/2008 ) viene interpretando la norma general en materia de resolución de obligaciones recíprocas ( artículo 1124 CC ) en el sentido de entender que el incumplimiento que constituye su presupuesto ha de ser grave o sustancial, lo que no exige una tenaz y persistente resistencia renuente al cumplimiento pero sí que su conducta origine la frustración del fin del contrato, esto es, que se malogren las legítimas aspiraciones de la contraparte ( STS de 9 de julio de 2007, RC n.º 2863/2000 , 18 de noviembre de 1983, 31 de mayo de 1985, 13 de noviembre de 1985, 18 de marzo de 1991, 18 de octubre de 1993, 25 de enero de 1996, 7 de mayo de 2003, 11 de diciembre de 2003, 18 de octubre de 2004, 3 de marzo de 2005, 20 de septiembre de 2006, 31 de octubre de 2006 y 22 de diciembre de 2006), lo que ocurre, en los términos de los Principios de Unidroit (art. 7.3.1 [2.b]), cuando se «priva sustancialmente» al contratante, en este caso, al comprador, «de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato»"; en definitiva, para la definición de incumplimiento basta atender al dato objetivo de la injustificada falta de cumplimiento, siempre que tenga la entidad suficiente para motivar la frustración del fin del contrato.
Por lo tanto, para que proceda la resolución del contrato, es necesario que, además de que quien promueve la resolución haya cumplido las obligaciones que le correspondieran, por una parte, que se aprecie en el acreedor que insta la resolución un "interés jurídicamente atendible", lo cual expresa, en sentido negativo, la posibilidad de apreciar el carácter abusivo o contrario a la buena fe, o incluso doloso, que puede tener la resolución cuando se basa en un incumplimiento más aparente que real, pues no afecta al interés del acreedor en términos sustanciales, o encubre la posibilidad de conseguir un nuevo negocio que determinaría un nuevo beneficio. Y, por otra parte, es necesario que el incumplimiento del deudor se trate de un incumplimiento de cierta entidad, que se ha caracterizado como "verdadero y propio" ( Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 1994 , 7 de marzo y 19 de junio de 1995), "grave" (Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de enero , y 19 de diciembre de 1996 , 30 de abril y 18 de noviembre de 1994), "esencial" (Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1994 , y 11 de abril de 2003), que tenga importancia y trascendencia para la economía de los interesados ( Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 1983 y 19 de abril de 1989), o entidad suficiente para impedir la satisfacción económica de las partes ( Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1985 , y 24 de septiembre de 1986) o bien que genere la frustración del fin del contrato ( Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 1995 , y 15 de octubre de 2002), o la frustración de las legítimas expectativas o aspiraciones, o la quiebra de la finalidad económica, o la frustración del fin práctico del contrato ( Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 1990 , 21 de febrero de 1991 , 15 de junio y 2 de octubre de 1995). De tal manera que sólo un incumplimiento esencial faculta para la resolución del contrato, en otro caso, podrá hablarse de cumplimiento defectuoso o de incumplimiento parcial que, si bien puede dar lugar a las responsabilidades indemnizatorias que del mismo se deriven (ex art. 1101 CC y concordantes), no puede fundar o justificar la resolución del contrato.
Y esto es lo que sucede en el caso de autos, los incumplimientos denunciados y que han quedado acreditados, si bien pueden constituir un cumplimiento defectuoso, carecen de la entidad suficiente para configurar una causa resolutoria. A este respecto el tribunal hace suyos los razonamientos contenidos en la sentencia de primera instancia, que se comparten y a los que nos remitimos, bastando añadir que resulta significativo que datándose los incumplimientos denunciados en los años 2008 y 2009, en la Junta General celebrada en fecha 1.2.2010, no sólo no se adoptara acuerdo alguno en relación a la resolución del contrato, sino que, planteada la posibilidad de un cambio de condiciones en el contrato de mantenimiento del ascensor efectuado por Otis, expresamente se acordó (doc 4) "continuar amb l'actual modalitat de contracte OM, i acceptar el 10% de descompte". Por otra parte y en relación a los fallos detectados por la ECA al producirse el cambio de empresa conservadora (por lo que dichos fallos no motivaron la resolución del contrato), es lo cierto que no queda probado que los mismos sean consecuencia de un defectuoso mantenimiento ni que su subsanación formara parte de las obligaciones asumidas por Otis Zardoya en el contrato de mantenimiento.
Tercero.—Sentado lo anterior es preciso entrar a resolver acerca de la abusividad de las cláusulas que se denuncia, teniendo en consideración que al respecto al sentencia de primera instancia se limita a afirmar que entiende que el contrato de mantenimiento OM suscrito entre las partes hoy litigantes, es válido y ajustado a derecho.
En este caso, el contrato de mantenimiento de ascensores que nos ocupa tiene los caracteres generales de un contrato de adhesión a unas condiciones generales, pues formalmente se configura como un conjunto de cláusulas impresas y uniformes, que se presentan como un reglamento normativo y que han sido elaboradas por el empresario oferente, como parte de un sistema de contratación en masa, al que la Comunidad de Propietarios simplemente se adhiere, sin que ni siquiera pudiera obstar a su condición de contrato de adhesión el que alguna de sus condiciones hubieran podido ser concretadas específicamente entre las partes, y constaran sobreimpresas, pues el propio artículo 1, 2 de la Ley 7/1988, de 13 de abril, que regula las Condiciones Generales de la Contratación, precisa que el hecho de que ciertos elementos de una cláusula, o que una o varias cláusulas aisladas, se hayan negociado individualmente no excluye la aplicación de esta ley al resto del contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata de un contrato de adhesión, redacción que se repite en el párrafo segundo del artículo 10 bis de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, textos ambos vigentes al tiempo de celebrarse el contrato.
Y según lo previsto en el artículo 3.1 de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, que se transcribe en el citado art. 10 bis de la Ley 26/1984 de 19 de julio, después de la reforma de la Ley 7/1998 de 13 de abril, se consideran cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato, y en todo caso se consideran cláusulas abusivas las estipulaciones que se relacionan en la Disposición Adicional.
En concreto, en la Disposición Adicional Primera de la Ley 26/1984, redactada conforme a la reforma introducida por la Ley 7/1998 de 13 de abril, se establece que, a los efectos previstos en el artículo 10 bis, tendrán el carácter de abusivas las cláusulas que reserven al profesional que contrata con el consumidor un plazo excesivamente largo o insuficientemente determinado para aceptar o rechazar una oferta contractual o satisfacer la prestación debida, así como las que prevean la prórroga automática de un contrato de duración determinada si el consumidor no se manifiesta en contra, fijando una fecha límite que no permita de manera efectiva al consumidor manifestar su voluntad de no prorrogarlo.
En este mismo sentido, en la actualidad, el artículo 1, apartado Seis, de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, no aplicable en este caso por razones de vigencia temporal, pero que viene a recoger la doctrina favorable al consumidor en la interpretación de las cláusulas abusivas, prohíbe, en los contratos de prestación de servicios o suministro de bienes de tracto sucesivo o continuado, las cláusulas que establezcan plazos de duración excesiva o limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin al contrato, permitiendo al consumidor el ejercicio del derecho a poner fin al contrato en la misma forma en que lo celebró, sin ningún tipo de sanción o de cargas onerosas o desproporcionadas, tales como la pérdida de las cantidades abonadas por adelantado, el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente, la ejecución unilateral de las cláusulas penales que se hubieran fijado contractualmente o la fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los daños efectivamente causados.
Y el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, aunque tampoco aplicable en este caso por razones de vigencia temporal, sigue considerando abusivas las cláusulas que supongan la imposición de plazos de duración excesiva, o el establecimiento de limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin a estos contratos.
En el presente caso partimos de un contrato de arrendamiento de servicios con una duración pactada de 10 años (así se hizo constar, de manera mecanografiada en las condiciones particulares y así lo entiende la actora, si bien de manera manuscrita se recoge que la duración del contrato será "a partir del 1 de enero de 2005 y hasta el 31 de diciembre de 2015", lo que serían 11 anualidades), prorrogable por idéntico período salvo denuncia por cualquiera de las partes con noventa días de antelación y pactándose una cláusula penal para caso de desistimiento (resolución unilateral voluntaria anticipada) por la que se establece una indemnización equivalente al 50% del importe del precio que corresponda al tiempo que falte por cumplir hasta la finalización del período contractual o prórroga en curso. Tanto la cláusula relativa a la prórroga automática, como la cláusula penal se encuentran preimpresas, lo que indica que las mismas son cláusulas de adhesión, excluidas de negociación. Por lo que se refiere a la duración del contrato, este tribunal ha declarado en numerosas ocasiones que una duración superior a cinco años (y ello constituye una postura mayoritaria en la jurisprudencia) ha de considerarse abusiva, por tratarse de una extensión temporal extralimitada, sin que pueda aducirse para justificar su existencia que el plazo contractual fue expresamente aceptado por la parte pues aún cuando así fuese ello no desvirtúa su carácter abusivo, dado que en tales hipótesis, se considera que el beneficio es palpable y evidente para la empresa de mantenimiento, al garantizar la permanencia y continuidad en el contrato, reportando beneficios durante un prolongado período temporal, pero sin reportar ningún beneficio para la usuaria contratante ya que, durante ese período, le quedará vetada cualquier posibilidad de contratar con otra empresa del sector a precio inferior al pactado. Para obviar esta última consideración la actora alega en su demanda que fue la demandada quien optó por esta alternativa de entre las varias que le fueron propuestas a causa de su menor precio; pero lo cierto es que, ante la negativa de la comunidad demandada, no existe prueba alguna de que se ofertara efectivamente a la contratante la posibilidad de escoger entre diversos períodos de contratación ni las diferencias de precio existentes entre las diversas opciones temporales. Ante la falta de prueba de esta alegación, hemos de partir de una duración contractual de diez años que, por lo expuesto ha de considerarse abusiva; y por tanto, como tal cláusula abusiva ha de considerarse, en aplicación de la normativa de protección y defensa del consumidor, nula y, por ello, tenerla por no puesta.
En consecuencia, y habiéndose desarrollado la relación contractual durante más de cinco años, ha de concluirse que la comunidad estaba facultada para resolver el contrato, debiendo observar, en todo caso, el plazo de preaviso pactado.
La infracción de preaviso pactado comporta que la demandada venga obligada a abonar a la actora una indemnización por importe equivalente al precio del servicio del período de tres meses (noventa días), esto es, la suma de 526'2€.
Por todo cuanto antecede, procede, estimando en parte el recurso de apelación, revocar la sentencia de primera instancia en el sentido indicado.
Cuarto.—Siendo parcial la estimación de la demanda, no procede una especial imposición de las costas devengadas en la primera instancia (art. 394.2 LEC). Idéntico pronunciamiento procede respecto de las costas de esta alzada, al haber sido estimada, al menos en parte, la apelación (art. 398.2 LEC).
ESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE C/ DIRECCION000 N.º NUM000 / NUM001 DE GRANOLLERS contra la sentencia de fecha 26 de marzo de 2012 dictada en el juicio verbal núm. 1603/2011 del Juzgado de 1.ª Instancia núm. 7 de Granollers, SE REVOCA dicha resolución, y en su lugar se dicta otra por la que, estimando parcialmente la demanda deducida contra la citada apelante por ZARDOYA OTIS, S.A., SE CONDENA a la demandada al pago de la suma de 526'2 (QUINIENTOS VEINTISEIS CON VEINTE CÉNTIMOS) EUROS.
No se efectúa una especial declaración sobre las costas de ninguna de las dos instancias.
Contra la presente resolución cabe recurso de casación si concurre interés casacional que habrá de interponerse ante este tribunal, así como, conjuntamente con el mismo, recurso extraordinario de infracción procesal, si concurren los requisitos legales para ello.
Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el día de la fecha, por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a que la ha dictado, celebrando audiencia pública. DOY FE.

References: resolución 
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 resolución 
 artículo 1124
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 resolución 
 resolución 
 resolución 
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 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 87
 Real Decreto 
 resolución