Source: http://elyoacusoargentino.blogspot.com/2016_05_01_archive.html
Timestamp: 2017-06-25 00:08:33+00:00

Document:
recíproca entre el DIH y el derecho
interno en un CANI ocasiona entonces una situación en la que los miembros de los grupos armados no
interno, incluso por actos de violencia
que no están prohibidos por el DIH (por
ejemplo, ataques contra objetivos militares). Esta contradicción inherente entre las dos bases
jurídicas es parte del motivo por el cual los grupos armados no estatales no
respetan las normas de DIH, incluidas las que prohíben los ataques contra la
población civil y los bienes de carácter civil. No
tiene ningún incentivo jurídico acatar las normas del DIH puesto que de todos modos pueden ser castigados por el Gobierno
contra el cual se enfrentan, sea que acaten las leyes y costumbres de la guerra y respeten a las personas
civiles y los bienes de carácter civil sea
para remediar a la falta de equilibrio entre los beligerantes en un CANI que resulta del derecho interno. Según el artículo 6.5: «A la cesación de
las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o
detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado». Esta norma tiene también carácter consuetudinario y es aplicable en los CANI según
la práctica de varios Estados que han otorgado amnistías después de un CANI, mediante acuerdos, legislación u otras medidas especiales. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la
Asamblea General, y otros organismos de las Naciones Unidas y regionales también
han alentado las amnistías o han expresado su satisfacción por las amnistías otorgadas
por Estados al final de conflictos armados. Cabe
recordar que de las amnistías a las que se aquí
se alude no se relacionan con crímenes de
guerra (o con otros crímenes según el derecho
internacional como el genocidio o los crímenes contra la humanidad), que puedan haber sido cometidas durante un CANI, ya que serían contrarias
a la obligación de los Estados de investigar y castigar esos actos.
cumplimiento del DIH por parte de un grupo armado no estatal. Se afirma que añadir otra razón de incriminación, llamada acto «de
terrorismo» cometido en un conflicto armado que no está prohibida según el DIH reduce aún más la
posibilidad de lograr el respeto de estas normas. Como se explica más arriba, los ataques contra los objetivos militares llevados a cabo
por actores no estatales están prohibidos
por el derecho interno. Las amnistías, o cualquier otro medio de reconocer
el comportamiento de grupos que trataron de combatir según el derecho de la guerra
es entonces jurídicamente (y políticamente) muy difícil en vista de que esos
actos son calificados «de terrorismo». En cuanto a los ataques contra los
civiles y los bienes de carácter civil, ya están prohibidos según el DIH
(crímenes de guerra) y el derecho interno.
lo tanto, no está clara la ventaja jurídica que tiene de acusarlos de
«terroristas» dado que ya hay suficientes prohibiciones según los dos derechos
existentes. Si esa apelación es el resultado de doctrinas o decisiones políticas
destinadas a descalificar a los adversarios no estatales llamándolos
«terroristas», constituye, posiblemente un obstáculo para futuras negociaciones
de paz o para la reconciliación nacional necesarias para poner fin a un
conflicto armado y garantizar la paz. Publicado por
Las amnistías y los CANI.
Capítulo 859 - El principio de distinción, inspira todas las otras normas, sobre la conducción de las hostilidades del D.I.H. (continuación)
artículos 51.2 del Protocolo adicional I y 13.2 del Protocolo adicional II se prohíben específicamente los actos de terrorismo en la
que «quedan prohibidos los actos o amenazas de
violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población
civil». Según el Fallo emitido en 2006 por el TPIY en el caso Galic, esta prohibición es vinculante no sólo por ser una norma
convencional, sino también por su índole de
importante que el hecho de que el DIH prohíba específicamente algunos actos de
terrorismo es que casi todas las normas «regulares» que contiene sobre la conducción de las hostilidades prohíben los actos que
podrían ser considerados «terroristas» si se
cometieran fuera de un conflicto armado. Como
normas sobre la conducción de las hostilidades del DIH. Para demostrar porqué los regímenes jurídicos aplicables a los conflictos armados y al terrorismo no deben
confundirse, es necesario recordar que, según el principio de distinción, el DIH tanto en los CAI como en los CANI prohíbe absolutamente los ataques directos y deliberados contra las personas civiles. Esta prohibición –expresada
específicamente mediante la prohibición de aterrorizar a la población civil,
como se señala más arriba– es también una norma
del DIH consuetudinario y su violación constituye un crimen de guerra.”
en otras secciones del presente informe.
mismo modo que las personas civiles, los bienes de carácter civil (definidos en
DIH como «todos los bienes que no son objetivos militares») no pueden ser
objeto de ataques directos y deliberados. En
caso de duda acerca de si un bien que
normalmente se dedica a fines civiles, tal
como una casa u otra vivienda o una escuela, se
utiliza para contribuir eficazmente a la acción militar –por lo cual sería entonces un objetivo militar–, debe presumirse que no se
utiliza con tal fin. A pesar de que, como se mencionó más arriba,
una vertiente del DIH rige (prohíbe) los actos de violencia contra las personas
civiles y los bienes de carácter civil en un conflicto armado, la otra permite,
a, al menos no prohíbe, los ataques contra los combatientes o los objetivos militares.
Estos actos son
la esencia misma de un conflicto armado y, como
tales, no deberían ser definidos
jurídicamente como «de terrorismo» según otra rama del
derecho internacional. Hacerlo supondría que son actos prohibidos
que deben ser penalizados según esa otra rama del derecho internacional. Esto
estaría en conflicto con la regulación dicotómica que es central en el DIH. Cabe observar que las
mencionadas normas sobre la conducción de las hostilidades que prohíben los ataques contra los civiles o los bienes
de carácter civil se aplican también en los CANI. Sin
embargo, existe una diferencia
jurídica vital entre los CAI y los CANI. Según el DIH, no existe un
estatuto de «combatiente» ni un estatuto de «prisionero
de guerra» en los CANI. Los derechos
internos prohíben y penalizan la violencia
contra las personas o grupos particulares,
incluidos todos los actos de violencia que pudieran
ser cometidos durante un conflicto armado.
parte no estatal no tiene derecho, según el
derecho interno, a tomar las armas para
esencia del estatuto de combatiente), ni puede
esperar que se le asigne inmunidad contra
los enjuiciamientos por ataques contra objetivos
militares (la esencia del estatuto de
prisionero de guerra). En otras palabras, todos
los actos de violencia perpetrados en un CANI
por un grupo armado no estatal están
normalmente prohibidos y en general castigados
con severidad en el derecho interno, independientemente
de su licitud según el DIH. Publicado por
El principio de distinción,
inspira todas las otras normas,
sobre la conducción de las hostilidades del D.I.H.
Una importante diferencia entre el DIH y el régimen jurídico aplicado al terrorismo es que el DIH se basa en que ciertos
actos de violencia en la guerra -contra objetivos y personal militares- no están prohibidos. Sin embargo, cualquier
acto de "terrorismo" está prohibido por definición y constituye un crimen. Estos dos regímenes jurídicos
no deberían difuminarse, habida cuenta de sus diferentes lógicas y normas. Esto es especialmente
importante en situaciones de conflicto armado no internacional, en las cuales la designación de
"terrorista" puede desincentivar más aún el respeto del DIH por los grupos armados organizados (que ya están sujetos a
enjuiciamiento penal en el marco del derecho interno).”
con lo que nos ilustra la “Guía”, para situaciones similares a la referida
precedentemente, originada en el CICR, citada en el Capítulo 854 y s.s. expresa
la Conferencia convocada por ella que: “No hay una
dicotomía análoga en las normas internacionales sobre los actos de terrorismo.
La característica que define cualquier acto clasificado
jurídicamente como «de terrorismo» según el derecho internacional y según el derecho interno es que está tipificado como un crimen: ningún acto de violencia calificado
de «terrorismo» está o puede estar exento
de enjuiciamiento. El código actual de delitos
terroristas incluye 13 tratados
llamados sectoriales, aprobados a nivel
internacional, que definen actos
específicos de terrorismo. También
hay un proyecto de Convenio General sobre el Terrorismo internacional que ha
sido objeto de negociaciones en las Naciones Unidas desde hace más de diez
años. Se estima que los tratados actualmente vigentes definen casi cincuenta
delitos, incluidos unos diez contra la aviación civil, cerca de dieciséis
contra la navegación marítima o las plataformas continentales, unos doce contra
las personas, siete relacionados con el uso, la posesión o la amenaza de
utilizar bombas o materiales nucleares y dos crímenes sobre la financiación del
regímenes jurídicos que rigen los conflictos armados y el terrorismo difieren
también en que no sólo el DIH se basa en la noción de igualdad de derechos y
obligaciones de las partes en un conflicto armado (cabe recordar, igualdad de
derechos y obligaciones, según el DIH, no significa que exista esa igualdad
entre las partes en un CANI según el derecho interno). Por consiguiente,
también está prohibido que cualquier parte en un conflicto armado ataque directamente
a los civiles enemigos, pero no que ataque los objetivos militares del
adversario. Por razones obvias, no se aplica el mismo principio a los actos de terrorismo.
Una razón vital para
no amalgamar los conflictos armados y los actos de terrorismo es que la normativa jurídica que rige los conflictos armados ya prohíbe la gran mayoría de actos que, si fueran cometidos en tiempo de paz, serían llamados «terroristas». Según el DIH, están prohibidos, por ser crímenes de guerra:
i) los actos de terrorismo específicos perpetrados en un conflicto armado, y
ii) una serie de actos de otro índole que habitualmente serían llamados «terroristas»
si fueran cometidos en una situación ajena a un conflicto armado.
i) El «terrorismo» está específicamente prohibido en el artículo 33 del IV Convenio de Ginebra, así como en el
artículo 4.2 d) del Protocolo adicional II. En el primer caso, la prohibición tiene la finalidad de proteger a las personas
civiles en poder del adversario en un CAI.
prohibición se refiere a las personas que no participan o que han dejado de participar
directamente en las hostilidades que, del
mismo modo, puedan estar en poder de un adversario en un CANI. El
lugar en que figuran las dos disposiciones y el alcance que tienen dejan claro
que la finalidad es prohibir a una parte en un conflicto armado que aterrorice
a los civiles bajo su control, especialmente mediante castigos colectivos. Publicado por
así como en el artículo 4.2 d) del Protocolo adicional II,
El «terrorismo» está específicamente prohibido,
en el artículo 33 del IV Convenio de Ginebra
Justicia, que receptó las normas internacionales, de fondo y rituales, para
poder instruir las actuaciones del caso, no tuvo el mismo empeño en acudir al
derecho internacional humanitario consuetudinario, cuando correspondía. De haber adoptado una actitud distinta, no se habría sobreseído definitivamente en la causa y
respecto de los imputados, haciéndose lugar a la
excepción de prescripción de la acción penal. Se resiste a ingresar profundamente en los meandros de este tema
que, reconocemos, es nuevo en los anales de la actividad perquisitiva de
nuestros tribunales. No es imposible
haber profundizado lo que resulta del
derecho consuetudinario y lo que los demás
Estados, su doctrina, su jurisprudencia piensan al respecto. En una
palabra, antes de adoptar una resolución que daba finiquito a la investigación
criminal, consideramos que era imprescindible haber agotado tanto la investigación sobre la materialidad
del evento como la consiguiente responsabilidad criminal de
sus autores. Si hasta la CSJ del país, autorizó el ingreso al
derecho interno de determinadas disposiciones internacionales, en ciertas
circunstancias, autorizada por la reforma constitucional de 1994, tal poder extraordinario de un nivel constitucional, debió ser seguido también, por la necesaria exigencia del
agotamiento de estos extremos procesales y de
fondo. Maguer cuando tratados y convenciones, rubricados por la
Argentina, así lo exigen.
una ocasión muy similar, el Tribunal Constitucional del Perú, enfrentado ante
el cierre o no de la actividad instructoria, habida cuenta la gravedad de los
eventos que fueran denunciados ante el Juzgado, señaló que “debe tenerse presente
prescripción de la acción es una institución eminentemente garantista que supone la defensa
del imputado contra los excesos del poder estatal. En tal sentido, no puede ser utilizada con la finalidad de encubrir graves actos delictivos que deben ser investigados (Cfr.
F p. N° 218-2009-PHC/TC, 03693-2008-PHC!TC); en otros términos, la necesidad de
investigación de hechos graves puede hacer ceder las expectativas de seguridad jurídica derivadas de la
prescripción de la acción penal. Por otro lado, el Tribunal Constitucional
reafirma la validez y vigencia del artículo 2 de la Convención Americana
sobre de Derechos Humanos, según la cual el Estado peruano se compromete a adoptar las medidas legislativas o de otro
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades
en ella consagrados. Asimismo, conforme al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados, el Estado peruano no puede invocar el derecho interno para justificar el
incumplimiento de un tratado. En suma, se trata de equilibrar, de un lado, los mandatos de seguridad jurídica que subyacen al reconocimiento
constitucional de la prescripción de la acción penal con el deber estatal de investigar actos violatorios de los derechos humanos y, de otro, el respeto de los compromisos internacionalmente asumidos.” Publicado por
La prescripción no puede ser utilizada para encubrir graves actos delictivos.
divergencia es que, en términos jurídicos, un
conflicto armado es una situación en que
están permitidos ciertos actos de violencia (lícitos) y otros están
prohibidos (ilícitos), mientras que cualquier acto
de violencia designado como «de terrorismo» es siempre ilícito. Como ya se
dijo, la finalidad última de un conflicto
armado es imponerse a las fuerzas armadas enemigas. Por esta razón,
está permitido, o al menos no está prohibido, que las partes ataquen los
objetivos militares de la parte adversaria.
La violencia dirigida contra esos objetivos no está prohibida en el DIH, independientemente de que sea el
hecho de un Estado o de una parte no estatal. Los actos de violencia contra
los civiles y los bienes de carácter
civil son, en cambio, ilícitos, porque uno de los propósitos
fundamentales del DIH es preservar a las personas civiles y a los bienes de carácter civil de los efectos de las hostilidades.
Por lo tanto, el DIH regula tanto los actos
lícitos como los ilícitos de violencia y
es la única rama del derecho internacional que adopta esta doble perspectiva.”
anterior afirmación, en cuanto nos señala que el Derecho Internacional
Humanitario regula tanto los actos lícitos como los ilícitos de violencia, nos
permite resaltar esta última afirmación. De tal suerte que podemos señalar sin temor a equivocarnos, que los
fallos emanados de nuestra justicia, en cuanto aplican la extinción de la
acción penal por el transcurso del tiempo transcurrido, entre la fecha del
evento y la del juzgamiento, podrían tildarse de nulos por la mismas razones
que se pusieron de relieve, al decretar la nulidad de las leyes de Punto Final
y de Obediencia Debida. El terrorismo, se señala, es un delito internacional. Un
caso impresionante por su gravedad, fue el atentado cometido el 2 de julio de
1976, en el salón comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal (ex
Coordinación Federal) ocasión en que se encontraban almorzando allí, alrededor
de 100 personas. Debido al estallido de una bomba de tiempo, de las llamadas
“vietnamita” (con explosivos y perdigones, de una gran onda expansiva y poder
de daño) dejada por un miembro de la organización subversiva “Montoneros” quien
alcanzó a huir, fallecieron a raíz del estallido 23 suboficiales y oficiales de
la policía federal y una persona del sexo femenino resultando con distintos
grados de lesiones casi un centenar de personas que allí estaban almorzando.
Individualizados los autores, todos de esta organización ilegal, pasado el
lapso legal, fueron todos sobreseídos por haber prescripto la acción penal de
dicho acto delictivo. Publicado por
Cualquier acto de violencia designado como de terrorismo es siempre ilícito.

References: artículo 6
 artículo 33

artículo 4
 artículo 4
 artículo 33
 resolución 
 artículo 2
 artículo 27