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Timestamp: 2020-07-08 11:08:07+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 113/93 de Corte Constitucional, 25 de Marzo de 1993 - Jurisprudencia - VLEX 43557175
Dec. 2067/91. Art. 21 incs. 2 y 4 y art. 24. Efectos de las sentencias de constitucionalidad. Aclaracion de sentencias. Inexequibles.
Sentencia citada en: 610 sentencias, 53 artículos doctrinales, una disposición normativa
La facultad de señalar los efectos de sus propios fallos, de conformidad con la Constitución, nace para la Corte Constitucional de la misión que le confía el inciso primero del artículo 241, de guardar la "integridad y supremacía de la Constitución", porque para cumplirla, el paso previo e indispensable es la interpretación que se hace en la sentencia que debe señalar sus propios efectos. No hay que olvidar que, según el artículo 5 de la Constitución, el Estado reconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona, reconocimiento obligatorio para la Corte Constitucional, como para todas las autoridades pero con mayor fuerza. Por ello, recortar, mediante una norma de inferior jerarquía, la facultad que la Corte tiene de fijar el contenido de sus sentencias, podría impedirle defender los derechos de los súbditos frente a las autoridades. Salta a la vista que el P. de la República se excedió en el ejercicio de las facultades que le confirió la Asamblea Nacional Constituyente, pues éstas se le confirieron para dictar el "régimen procedimental", dentro del cual, como se explicó, no están, no pueden estar, comprendidos los efectos de las sentencias ejecutoriadas dictadas en asuntos de constitucionalidad.
Si al aclarar la sentencia se restringen o se amplían los alcances de la decisión, o se cambian los motivos en que se basa, se estará en realidad no ante una aclaración de un fallo, sino ante uno nuevo. Hipótesis esta última que pugna con el principio de la cosa juzgada, y atenta, por lo mismo, contra la seguridad jurídica. Hay que tener en cuenta que ninguna de las normas de la Constitución que reglamentan la jurisdicción constitucional, confiere a la Corte la facultad de aclarar sus sentencias. Ni en las once funciones descritas en el artículo 241, ni en ninguna otra norma constitucional, se asigna a la Corte Constitucional la facultad de servir de órgano consultivo a los jueces . Y tampoco hay norma constitucional que les permita a éstos elevar tales consultas. De otra parte, la posibilidad de aclarar " los alcances de su fallo ", no sólo atenta contra la cosa juzgada, sino que es contraria a la seguridad jurídica, uno de los fines fundamentales del derecho. Además, la existencia de múltiples aclaraciones, haría desordenada y caótica la jurisprudencia de la Corte. Sin que sobre advertir que si la ley, según la ficción universalmente aceptada, es conocida por todos, con mayor razón hay lugar a presumir que los jueces, generalmente graduados en Derecho, tienen la suficiente formación jurídica para leer y entender las sentencias de la Corte. Lo cual explica porqué la norma comentada, a más de ser inexequible, es inútil.
N. acusada : inciso 2o. parcial
Demandantes: J.A.P.P., L.B.P.B. y G.M.U..
Haciendo uso de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos J.A.P.P., LUZ B.P.B. y G.M.U., presentaron demanda de inconstitucionalidad contra una parte del inciso segundo del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, por presunta infracción de los artículos 4, 53, 84 y 23 transitorio de la Constitución Nacional.
El aparte demandado se escribe en bastardilla :
Luego, señalan que el artículo 23 transitorio de la Carta concedió al P. de la República precisas facultades para establecer el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deben surtirse ante la Corte Constitucional, "pero no fue autorizado para establecer regímenes diferenciales en las áreas penal y laboral", que es lo que estatuye la norma acusada al declarar "el efecto retroactivo de las declaraciones de inconstitucionalidad que profiera la Corte Constitucional, pero excluye las que se refieran a la aplicación extung (sic) de la ley laboral".
Igualmente, agregan que también se infringe el artículo 4 que consagra la primacía de la Constitución, de manera que cualquier norma jurídica que sea incompatible con sus preceptos, deviene inconstitucional.
Para finalizar, dicen los impugnadores que tampoco se dió aplicación al artículo 84 de la Constitución que "instituye que un derecho o una actividad que haya sido reglamentada de manera general, no puede ser afectada por las autoridades públicas estableciendo requisitos adicionales para su ejercicio. Entonces si el artículo 53 ha establecido como garantía constitucional el principio de favorabilidad sin limitarla a materia penal, policiva o disciplinaria" , la disposición acusada es inexequible, porque "se está incluyendo una restricción impropia que con mayor generosidad en las garantías de los ciudadanos concedió el artículo 53 de la Constitución".
Enviada la comunicación ordenada por el art. 244 de la Constitución, dentro del término de fijación en lista el Ministerio de Justicia presentó un escrito destinado a justificar la constitucionalidad del mandato impugnado por cuanto no "restringe en absoluto ningún derecho fundamental en materia laboral", ni contraría las demás normas constitucionales citadas por los impugnadores.
Para sostener su solicitud, afirma el Procurador que ni en la Constitución antes vigente, ni en el anterior régimen procedimental constitucional, contenido en el decreto 432 de 1969, se consagraba el efecto de los fallos de inexequibilidad, motivo por el cual le correspondió a la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia señalarlos, atendiendo en primer término al significado del vocablo "inexequibilidad", cuya declaratoria determina "el desaparecimiento de lo así sentenciado, de la normatividad jurídica por ser contrario a la Constitución, cúspide del orden jerárquico establecido en nuestro derecho".
Continua su concepto el Ministerio Público, estableciendo que el principio de favorabilidad tiene connotaciones diferentes en el campo penal y laboral. Al respecto, afirma:
" En efecto, mientras que en el primero ( materia penal ) es supuesto que haya una sucesión de leyes o cambio de legislación en que una situación de hecho se regule de diferentes maneras, en la segunda (materia laboral) opera una primacía de la realidad sobre formalidades en la relación laboral (...). En tanto que en el aspecto penal es permitida la aplicación de la norma solo (sic) en lo favorable, en materia laboral la disposición que se adopte debe aplicarse sin escindir su contenido, es decir, en su integridad"
" Una diferencia fundamental se aprecia en uno y otro principio no obstante tratar ambos el fenómeno de la favorabiliad: mientras que en en el aspecto laboral las normas solo (sic) tienen aplicación hacia el futuro, en materia penal, por mandato constitucional, el principio de la irretroactividad de la la ley penal tiene una importante excepción en el caso de que la ley nueva sea más favorable al inculpado(...) "
" En esta excepción se funda precisamente el que el legislador extraordianario haya consignado que los fallos de la Corte tendrán efectos retroactivos en materia penal, policiva y disciplinaria, campo en el cual opera de manera excepcional el principio de retroactividad de la ley (...)" ( Fls 32,33)
Y finaliza manifestando que en el aparte acusado del inciso 2o. del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991,
"no podía entonces por razones obvias incluírse la materia laboral, porque allí las disposiciones siempre se aplican hacia el futuro como en las demás materias reguladas por el derecho, incluídas las sentencias de la Corte que por regla general tienen efectos futuros".
La Corte es competente para conocer y decidir la presente acción de inexequibilidad, por dirigirse contra parte de una norma que pertenece a un decreto expedido por el P. de la República en ejercicio de las facultades que le confirió el artículo 23 transitorio de la Constitución, decreto cuyo control le fue asignado a la Corte Constitucional, en virtud del artículo transitorio 10, en concordancia con el 6. Para mayor claridad, conviene transcribir estas normas:
"ARTICULO TRANSITORIO 23: R. alP. de la República de precisas facultades extraordinarias para que dentro de los dos meses siguientes a la promulgación de la Constitución dicte mediante decreto, el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional.
"En todo tiempo el Congreso podrá derogar o modificar las normas así establecidas.
"Mientras se expide el decreto previsto en el inciso primero, el funcionamiento de la Corte Constitucional y el trámite y despacho de los asuntos a su cargo, se regirán por las normas pertinentes del Decreto 432 de 1969".
"ARTICULO TRANSITORIO 6: Créase una Comisión Especial de treinta y seis miembros elegidos por cuociente electoral por la Asamblea Nacional Constituyente, la mitad de los cuales podrán ser delegatarios, que se reunirá entre el 15 de julio y el 4 de octubre de 1991 y entre el 18 de noviembre de 1991 y el día de la instalación del nuevo Congreso. La elección se realizará en sesión convocada para este efecto el 4 de julio de 1991.
"Esta Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
"a) I. por la mayoría de sus miembros, en todo o en parte, los proyectos de decreto que prepare el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas al P. de la República por el artículo anterior y en otras disposiciones del presente Acto Constituyente, excepto los de nombramientos.
"c) Reglamentar su funcionamiento."
ARTICULO TRANSITORIO 10- Los decretos que expide el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades otorgados en los artículos anteriores tendrán fuerza de ley y su control de constitucionalidad corresponderá a la Corte Constitucional.
Como se ve, la competencia de la Corte Constitucional para conocer de las demandas de inexequibilidad contra el decreto 2067, que no fue improbado por la Comisión Especial, se basa en normas expresas. Esto explica porqué la Corte conoció de la demanda contra el artículo 38 del mismo decreto, declarado exequible. ( Sentencia No. C-105, de fecha 11 de marzo de 1993, Magistrado ponente Dr. J.G.H. ). Y conoció, también, de la presentada contra el último inciso del artículo 2o, declarado inexequible. ( Sentencia No C-03, de fecha 14 de enero de 1993, Magistrado ponente Dr. A.M.C.)
b). LAS SENTENCIAS DE LA CORTE EN EJERCICIO DEL CONTROL JURISDICCIONAL Y LA COSA JUZGADA.
La constitución de 1991 se refirió a la fuerza de cosa juzgada que tienen las sentencias que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccional, atributo que la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ya les había reconocido invariablemente. Al respecto, establece el artículo 243 :
"ARTICULO 243.- Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.
"Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la constitución."
c). EL DECRETO 2067 DE 1991.
En uso de las facultades que le confirió el Artículo transitorio 23 de la Constitución, el P. de la República dictó el Decreto 2067 de 1991, " Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional".
¿ Qué dijo el Artículo transitorio 23 de la Constitución?.
¿Qué debe entenderse por régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional?. Sencillamente, la regulación del trámite de todos los procesos cuyo conocimiento corresponde a la Corte Constitucional. No resultan inoportunas algunas reflexiones al respecto.
En general, en el léxico jurídico que podríamos llamar corriente, procedimental es sinónimo de procesal, palabra ésta última que designa lo "concerniente al proceso".
Lo anterior, se repite, en el léxico jurídico usual. S., el término procedimental, neologismo aún no aceptado por la Real Academia Española, pues no figura en la última edición de su diccionario, lo usan algunos procesalistas con un sentido diferente. G.C. y L. Alcalá-Zamora y Castillo en el "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", explican que es "neologismo propuesto por los procesalistas para diferenciar en cierto modo el aspecto de trámite o material, que en las causas significa el procedimiento, de lo abstracto o relación que entrañan lo procesal y el proceso." (ob. cit, 12a ed. 1978, editorial Heliasta, Buenos Aires, Tomo V , pág 433).
C., por su parte, distingue entre dos nociones afines: el proceso y el procedimiento. El primero es la "suma de actos que se realizan para la composición del litigio"; el segundo, "el orden y la sucesión de su realización". Y explica: "La diferencia cualitativa entre los dos conceptos es tan profunda, que llega a reflejarse en una diferencia cuantitativa, que se puede expresar considerando el proceso como continente y el procedimiento como contenido: en realidad, si un solo procedimiento puede agotar el proceso, es posible y hasta frecuente que el desarrollo del proceso tenga lugar a través de más de un procedimiento; el paradigma de esta verdad lo ofrece la hipótesis, absolutamente normal, de un proceso que se lleva a cabo a través del primero y del segundo grado; y como se verá, en los dos grados tienen lugar dos procedimientos, que se suman en un solo proceso." ( "Sistema de Derecho Procesal Civil", tomo IV, No 614, pág. 2, Ed. Uteha Argentina, 1944, B/Aires).
En síntesis: es claro que cuando el artículo transitorio 23 de la Constitución se refiere al "régimen procedimental", debe entenderse por tal el orden y la sucesión de los trámites en los juicios y actuaciones ante la Corte Constitucional. Régimen Procedimental es concepto diferente al de régimen procesal, pues esta última expresión se refiere, por una parte, a nociones abstractas, como el proceso, la relación procesal, y, por la otra, al proceso como una suma de procedimientos.
Lo dicho explica porqué el decreto 2067 de 1991, trata de actos como la forma de las demandas, las notificaciones, los términos, los traslados, etc., actos que podríamos llamar materiales y concretos. Las nociones abstractas del derecho procesal, aunque naturalmente son la base del decreto mencionado, están físicamente ausentes de él.
La anterior digresión demuestra que la facultad concedida por la Asamblea Constituyente al P. en el artículo transitorio 23, sólo autorizaba a éste para dictar mediante decreto el régimen procedimental, régimen que se agota al terminar el proceso. Y aun si se deja de lado la distinción señalada y se considera que las nociones de régimen procedimental y régimen procesal, tienen el mismo significado, es evidente que el referido régimen está circunscrito al proceso, no va más allá.
d). ¿CUANDO TERMINA UN PROCESO?
e). LOS EFECTOS DE LOS FALLOS DE LA CORTE EN ASUNTOS DE CONSTITUCIONALIDAD.
El inciso primero se limita a copiar parcialmente el inciso primero del artículo 243 de la Carta, para concluír, refiriéndose a las sentencias que profiera la Corte Constitucional, que "son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares". Declaración que, en rigor, no quita ni pone rey, por ser redundante. Pues el hacer tránsito a cosa juzgada, o el tener "el valor de cosa juzgada constitucional", no es en rigor un efecto de la sentencia: no, más bien es una cualidad propia de ella, en general.
P. que aun en los casos en que la Corte declara exequible una norma acusada por vicios de forma en su creación, la sentencia hace tránsito a cosa juzgada, pues en lo sucesivo será imposible pedir la declaración de inexequibilidad por tales vicios.
f). ¿CUAL ES LA AUTORIDAD LLAMADA A SEÑALAR LOS EFECTOS DE LOS FALLOS DE LA CORTE?
En consecuencia, incurrió en falta el P. de la República al dictar la norma demandada, pues ejerció funciones atribuídas por la Constitución a la Corte Constitucional. Violó, concretamente, el artículo 121, según el cual "ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley". Y violó, además, el inciso tercero del artículo 113, que consagra el principio de que los "diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas".
Además, inaceptable sería privar a la Corte Constitucional de la facultad de señalar en sus fallos el efecto de éstos, ciñéndose, hay que insistir, estrictamente a la Constitución. E inconstitucional hacerlo por mandato de un decreto, norma de inferior jerarquía. Pues la facultad de señalar los efectos de sus propios fallos, de conformidad con la Constitución, nace para la Corte Constitucional de la misión que le confía el inciso primero del artículo 241, de guardar la "integridad y supremacía de la Constitución", porque para cumplirla, el paso previo e indispensable es la interpretación que se hace en la sentencia que debe señalar sus propios efectos. En síntesis, entre la Constitución y la Corte Constitucional, cuando ésta interpreta aquélla, no puede interponerse ni una hoja de papel.
No existe el riesgo de que la Corte desborde sus facultades, pues la tarea de guardar "la integridad y supremacía de la Constitución", sólo puede cumplirla en los "estrictos y precisos términos" del artículo 241.
g). LIMITES DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTICULO TRANSITORIO 23
¿Qué hizo el artículo transitorio 23 de la Constitución?. Concedió unas facultades extraordinarias al P. de la República, en los siguientes términos:
"ARTICULO TRANSITORIO 23.- Revístese al P. de la República de precisas facultades extraordinarias para que dentro de los dos meses siguientes a la promulgación de la Constitución dicte mediante decreto, el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional".
" Estando en cabeza del Congreso Nacional la titularidad de la función legislativa y siendo, por tanto, excepcionales los casos en que al P. de la República le es permitido ejercerla, uno de los cuales es el de las denominadas facultades extraordinarias (artículo 150, numeral 1o, de la Constitución vigente; 76, numeral 12 de la anterior), el uso de esas atribuciones, que de suyo no son propias del Ejecutivo, está limitado de manera taxativa y estricta al ámbito material y temporal fijado por la ley habilitante.
" Así lo ha entendido de tiempo atrás la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y así lo considera también la Corte Constitucional.
" Ello implica que el P. tan sólo puede legislar, con apoyo en las facultades concedidas, dentro del tiempo previsto por la propia ley y que los correspondientes decretos únicamente pueden tratar sobre los asuntos en ella indicados, sin lugar a extensiones y analogías. El desbordamiento de tales límites por el Jefe del Estado representa una invasión de la órbita constitucional del Congreso y la consiguiente violación de la Carta Política." (Corte Constitucional, Sentencia No. C-416, Magistrado Ponente, Dr. J.G.H.G., Gaceta Constitucional tomo II, pág. 38 ).
Comparando, a la luz de esta interpretación que la Corte reitera, el inciso segundo del artículo 21, del Decreto 2067, con el artículo transitorio 23, salta a la vista que el P. de la República se excedió en el ejercicio de las facultades que le confirió la Asamblea Nacional Constituyente, pues éstas se le confirieron para dictar el "régimen procedimental", dentro del cual, como se explicó, no están, no pueden estar, comprendidos los efectos de las sentencias ejecutoriadas dictadas en asuntos de constitucionalidad.
h). OTRAS NORMAS DEL DECRETO 2067 DE 1991
La segunda, el que sería absurdo que la Corte se abstuviera de estudiar una norma que tiene visos de inexequibilidad, y hace parte de un mismo decreto, por el solo hecho de no haber sido incluída en una demanda. Tal conducta, de ser deliberada, implicaría faltar a los fines del artículo 241 de la Constitución.
Lo anterior explica porqué el inciso tercero del artículo 6o. del decreto 2067, en su parte final, expresa :"La Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales".
i). INCISO FINAL DEL ARTICULO 21 DEL DECRETO 2067, que reza:
En primer término, las mismas razones que llevan a concluír que es inexequible el inciso segundo, son valederas para llegar a similar conclusión respecto de éste. Pues también se refiere a los efectos de la sentencia, asunto que le estaba vedado al P., por no estar comprendido en el régimen procedimiental que fue el objeto de las facultades conferidas por el artículo 23. Esto, en cuanto al contenido de la sentencia.
j). ARTICULO 24, cuyo texto es este: "Artículo 24.- La declaración de constitucionalidad de una norma no obsta para que proceda la acción de tutela respecto de acciones y omisiones de las autoridades o de los particulares derivadas de ella.
"Tampoco impide, que un juez no aplique la norma cuando por las circunstancias particulares del caso sea necesario proteger algún derecho constitucional que no fue considerado en la sentencia de la Corte Constitucional. En estos casos, el juez podrá, de oficio, elevar consulta a la Corte para que ésta aclare los alcances de su fallo. La Corte podrá resolver la consulta dentro de los diez días siguientes a la recepción del escrito donde se formule la consulta y comunicará inmediatamente al juez correspondiente la absolución de la consulta".
Sin que sobre advertir que si la ley, según la ficción universalmente aceptada, es conocida por todos, con mayor razón hay lugar a presumir que los jueces, generalmente graduados en Derecho, tienen la suficiente formación jurídica para leer y entender las sentencias de la Corte. Lo cual explica porqué la norma comentada, a más de ser inexequible, es inútil .
D. inexequibles las siguientes disposiciones, todas del Decreto 2067 de 1991:
El inciso segundo del artículo 21, que dice:
c). El artículo 24, cuyo texto es este:
"Artículo 24.- La declaración de constitucionalidad de una norma no obsta para que proceda la acción de tutela respecto de acciones y omisiones de las autoridades o de los particulares derivadas de ella.
C., publíquese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta Constitucional.
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57636 de 17 de Enero de 2012
Auto nº 006/04 de Corte Constitucional, 3 de Febrero de 2004

References: artículo 241
 artículo 5
 artículo 241
 artículo 21
 artículo 23
 artículo 4
 artículo 84
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 21
 artículo 23
 artículo 38
 artículo 2
 artículo 243
 artículo 243
 artículo 121
 artículo 113
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 21
 artículo 241
 artículo 6
 artículo 23
 artículo 21
 artículo 24