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Timestamp: 2020-06-03 04:22:41+00:00

Document:
Justicia Gratuita - cantabria.es
Información Adicional Justicia Gratuita
El derecho a la justicia gratuita esta reconocido en el art. 119 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1978, permitiendo a quiénes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, acceder a la justicia, para la defensa de sus derechos e interés legítimos.
En el orden jurisdiccional social los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social y en el orden Contencioso-administrativo para los litigios que se sustancien en esta materia.
En el orden contencioso-administrativo, así como en la vía administrativa previa, los ciudadanos extranjeros en los procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España, a su devolución o expulsión del territorio español, y en todos los procedimientos en materia de asilo.
En los litigios transfronterizos en materia civil y mercantil, las personas físicas contempladas en el Capítulo VIII de la Ley 1/1996.
Las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas.
Las personas a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o profesional habitual y requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos.
Las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo.
Excepcionalmente, en los supuesto definidos en el artículo 5 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, y con sus límites, la Comisión mediante resolución motivada, podrá conceder el derecho a las personas cuyos recursos e ingresos, excedan de los ordinariamente requeridos, en atención a las circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o familiares a su cargo, las tasas judiciales y otros costes derivados de la iniciación del proceso, objetivamente evaluadas. En las mismas condiciones se podrá conceder atendiendo a las circunstancias de salud y discapacidad del solicitante o de las personas que los tengan a su cargo cuando actúen en un proceso en su nombre e interés, siempre que se trate de procedimientos que guarden relación con las circunstancias de salud o discapacidad. En todo caso, cuando el solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría especial.
El derecho de asistencia jurídica gratuita se reconoce a aquellas personas físicas que careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales:
Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud en caso personas no integradas una unidad familiar.
Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud en caso de personas integradas en unidades familiar con menos de cuatro miembros.
El triple del indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud en caso de personas integradas en unidades familiares de cuatro o más miembros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa.
En el caso de las personas jurídicas, tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita, aquellas que careciendo de patrimonio suficiente tengan un resultado contable en cómputo anual inferior a la cantidad equivalente al triple del indicador público de renta de efectos múltiples
Se consideran modalidades de unidad familiar, las siguientes:
La integrada por los cónyuges no separados legalmente o parejas de hecho constituidas de conformidad con los requisitos legales exigidos, y si los hubiera:
En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial, la formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro, que cumplan los requisitos anteriores.
El indicador público de rentas de efectos múltiples se fija por el Estado en la Ley de Presupuestos anual. Actualmente está fijado en 6.454,03 euros anuales.
Dos veces el indicador público de rentas de efectos múltiples: 12.908,06 euros.
Dos veces y medio el indicador público de rentas de efectos múltiples: 16.135,08 euros.
Tres veces el indicador público de rentas de efectos múltiples: 19.362,09 euros.
Cinco veces el indicar público de rentas de efectos múltiples: 32.270,15 euros.
Además de las rentas y otros bienes patrimoniales o circunstancias que declare el solicitante, se tendrán en cuenta los signos externos que manifiesten su real capacidad económica, teniéndose en cuenta la titularidad de bienes inmuebles siempre que no constituyan la vivienda habitual del solicitante, así como los rendimientos del capital mobiliario.
Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, así como información sobre la posibilidad de recurrir a la mediación u otros medios extrajudiciales de solución de conflictos, en los casos no prohibidos expresamente por la ley, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión. Tratándose de víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos, así como de menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, el asesoramiento y orientación gratuitos inmediatamente previo a la interposición de denuncia o querella.
Asistencia de abogado al detenido, preso o imputado que no lo hubiera designado, para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y el detenido, preso o imputado no hubiere designado abogado en el lugar donde se preste. Igualmente será de aplicación dicha asistencia letrada a la persona reclamada y detenida como consecuencia de una orden de detención europea que no hubiere designado abogado. En estos casos no será necesario que el detenido, preso o imputado acredite previamente carecer de recursos, sin perjuicio de que si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, deba abonar al abogado los honorarios devengados por su intervención.
Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones públicas. En su defecto, ésta se llevará a cabo, si el Juez o el Tribunal lo estima pertinente, en resolución motivada, a cargo de peritos designados de acuerdo a lo que se establece en las leyes procesales, entre los técnicos privados que correspondan.
La asistencia jurídica gratuita se extiende a todos los trámites e incidencias, incluida la ejecución, del proceso para el que ha sido concedida, incluyendo la interposición y sucesivos trámites de los recursos que se interpongan contra las resoluciones recaídas que pongan fin a la correspondiente instancia.
Los abogados y procuradores designados desempeñarán sus funciones de asistencia y representación de forma real y efectiva durante todo el proceso hasta su terminación, incluidos, en su caso, los trámites de la ejecución de sentencia o resolución que le dé fin, siempre que dichos trámites tengan lugar dentro de los dos años siguientes a la resolución dictada en instancia.
Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita se presentarán ante las oficinas del Servicio de Orientación Jurídica del lugar en que se halle el Juzgado o Tribunal que haya de conocer del proceso principal para el que aquél se solicita, o ante el Juzgado del domicilio del solicitante. En este último caso el órgano judicial dará traslado inmediato de la petición al Colegio de Abogados.
¿Existe un modelo normalizado?
El modelo normalizado de solicitud aparece en el Anexo I del Decreto de Cantabria 86/2008.
Los impresos se facilitarán en las dependencias judiciales y en el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados de Cantabria así como en la propia sede de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Cantabria. También puede ser descargado para cumplimentar electrónicamente pulsando aquí.
La solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no suspenderá el curso del proceso aunque la suspensión puede decretarse por el Juez si entiende que el transcurso de los plazos puede provocar la preclusión de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes.
¿Qué documentación debo adjuntar con la solicitud?
A la solicitud se debe adjuntar la siguiente documentación:
Fotocopia del dni, pasaporte, tarjeta de residencia.
Declaración de utilidad pública de asociaciones o inscripción registral de fundaciones.
Declaración impositiva de la unidad familiar (IRPF, en su caso, Patrimonio) o de las personas jurídicas (impuesto de sociedades).
Certificado de la Agencia Tributaria de no haber presentado declaración (en el caso de que la unidad familiar no este obligada a presentar declaración de IRPF).
Nota simple del Registro de la Propiedad (si se alegan cargas sobre los bienes inmuebles).
Certificado de los centros de trabajo y de altas y bajas de la Seguridad Social.
Certificado del INMEN en el que conste la percepción de ayudas por desempleo y período al que se extiende.
Otra documentación relevante.
La declaración errónea, el falseamiento u ocultación de datos darán lugar a revocación del derecho por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.
La revocación llevará consigo la obligación del pago de todos los honorarios o derechos devengados por los profesionales intervinientes desde la concesión del derecho, así como de la cantidad equivalente al costo de las demás prestaciones obtenidas en razón de dicha concesión, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que, en su caso, correspondan.
¿Cúando se solicita?
El derecho a asistencia jurídica gratuita debe solicitarse por el demandante antes de presentar la demanda o en el caso del demandado antes de presentar la contestación, salvo que con posterioridad a ese momento se produzcan, por una insuficiencia económica sobrevenida, las circunstancias y condiciones necesarias para obtenerla. De igual forma, sólo se concederá este derecho en la segunda instancia (para la interposición de recursos), sin haberlo solicitado en la primera, o en el recurso de casación, cuando dicha insuficiencia se produzca con posterioridad.
¿Quién resuelve la solicitud?
La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita es competente para resolver las solicitudes de asistencia jurídica gratuita.
La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita es un órgano colegiado formado por el Director General del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria, o la persona en quien delegue, el decano del Colegio de Abogados o el colegiado que éste designe, el decano del Colegio de Procuradores o el colegiado que éste designe, y un funcionario que ocupe un puesto de trabajo cuyo desempeño corresponda a funcionarios pertenecientes a cuerpos o escalas del grupo A (el Jefe de Servicio de Mediación y Justicia Gratuita, o la persona en quien delegue).
La Comisión, una vez efectuadas todas las comprobaciones, dictará resolución en el plazo máximo de treinta días, contados a partir de la recepción del expediente por la Comisión, reconociendo o denegando el derecho a la asistencia jurídica gratuita y determinando cuáles de las prestaciones son de aplicación a la solicitud.
¿Qué hacer frente a la denegación de la solicitud?
La impugnación, para la que no será necesario abogado, debe realizarse por escrito y de forma motivada, en el plazo de diez días desde la notificación de la resolución o desde que haya sido conocida por cualquiera de los legitimados para interponerla, ante el secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita (lugar y dirección)
El juez o tribunal resolverá, manteniendo o revocando la resolución impugnada. Podrá imponer una sanción pecuniaria de 30 a 300 euros a quien hubiere promovido la impugnación de manera temeraria o con abuso de derecho.
Servicio Orientación Jurídica Santander
Palacio de Justicia de Las Salesas
Avenida Pedro San Martín s/n
39010. Santander (Cantabria)
Teléfono: 942 345 065
Servicio Orientación Jurídica Torrelavega
Avenida de España 10
39300. Torrelavega (Cantabria)
Teléfono: 942 804 052
Servicio Orientación Jurídica Castro Urdiales
Plaza de la Barrera 2, 2º
39700. Castro Urdiales (Cantabria)
Servicio Orientación Jurídica Laredo
Calle José Antonio 8
Servicio Orientación Jurídica Santoña
Servicios Sociales El Cantal s/n
39740. Santoña (Cantabria)
Teléfono: 942 671 178
Comisión de Justicia Gratuita de Cantabria
Calle Castilla 1, entresuelo
Teléfonos: 942 208 788; 942 208 795 ; 942 209 931
Trámites on line a través del Consejo General de la Abogacía Española

References: artículo 5
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