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Timestamp: 2019-09-16 08:51:53+00:00

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Registro Oficial. 29 de JUNIO del 2006 Suplemento
1569 Modifícase el Reglamento General a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas..
1072-04-RA Revócase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por la ciudadana Carmen Rocío Cárdenas Meza.
1082-04-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el doctor César Augusto Alarcón Cosita.
1091-04-RA Recházase la acción de amparo constitucional propuesta por la ciudadana Genoveva Solanger Caicedo Males y revócase la resolución venida en grado.
1098-04-RA Confírmase la resolución venida en grado y recházase la acción de amparo constitucional propuesta por el ciudadano Víctor Hugo Gavidia Flores.
002-05-RS Recházase el recurso de apelación propuesto por la ciudadana Rita Elena Moran Arévalo.
0026-2005-HD Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el hábeas data solicitado por Horts Moeller Freiré.
0048-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por Eduardo Cicerón Merchán Arrieta y otros.
0102-05-HC Revócase la resolución venida en grado y concédese el recurso de hábeas corpus propuesto por el doctor Patricio Soria Beltrán
0172-05-RA Confírmase la resolución venida grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por la ingeniera comercial Carmita Olivia Molina Aguirre.
0181-05-RA Revócase la resolución venida en grado y acéptase parcialmente la acción de amparo constitucional propuesta por la abogada Patricia Gabriela Castro Coronel
0243-2005-RA Inadmítese la acción planteada por Mercy Camacho Calderón.
0287-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por Bolívar Enrique Terán Freiré, por improcedente.
0289-05-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el ciudadano Noé Zambrano Ojeda, en su calidad de Presidente y representante legal de la Asociación de Defensa del Usuario y el Consumidor-Guayas (ADUC-G).
0307-2005-RA Revócase la resolución de la Jueza de instancia y concédese el amparo constitucional propuesto por la señora Myriam Rocío Calderón Gómez y otras.
0318-2005-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo constitucional propuesto por Geosonda Jessenia Méndez Franco.
0326-2005-RA Confírmase la decisión del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por Ángel Agustín Monar Pinos..
0332-2005-RA Revócase la resolución del Juez de instancia e inadmítese la acción de amparo constitucional interpuesta por Gina María Benítez Hernández..
0341-2005-RA Confírmase la decisión del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por Eduardo Vinicio Calles Llanos..
0353-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por Carlos Cobo Campaña y otro, por improcedente.
0357-2005-RA Revócase la resolución de la Jueza de instancia y concédese el amparo constitucional propuesto por el señor Pedro Bolívar Díaz Guevara y otros..
0364-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo constitucional propuesto por Germán Ernesto Villacís Moreno..
0374-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo constitucional propuesto por Luis Oswaldo Muñoz Venegas.
0382-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por el señor Jorge Alfonso Ponce Salazar.
0390-2005-RA Confírmase la resolución de la Segunda Sala del Tribunal de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por Pedro Eulicer Moreira Macías, por improcedente.
0396-2005-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por Guido Aníbal Goyes Olalla, por improcedente.
0404-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por Antonio Tiberio Meló Brito.
0274-06-RA Revócase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el Coronel de Policía de E. M. Gerardo Ramiro Zapata Pacheco.
0479-2005-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y concédese la acción de amparo constitucional propuesta por el ingeniero Francisco Pons Neumane.
0625-2005-RA Confírmase la resolución venida en grado y concédese la acción de amparo constitucional planteada por el licenciado Manuel Hornero Moreno Mora.
0006-2006-RS Acéptase la queja presentada por el señor Manuel de Jesús Moran Torres y otra y ordénase al Consejo Provincial del Guayas dicte la resolución de la apelación presentada.
- Gobierno Municipal del Cantón Loreto: Reformatoria que reglamenta la utilización de la vía pública en la jurisdicción urbana.
Que, el Art. 59 de la Constitución Política\n de la República, al referirse a la seguridad social, determina\n que no podrá crearse ninguna prestación ni mejorar\n las existentes si no se encontraren debidamente financiadas,\n según estudios actuariales;
Que, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas,\n integra el Sistema Nacional de Seguridad Social, de conformidad\n con el Art. 304 de la Ley de Seguridad Social;
Que, con fecha 9 de junio del 2006, el Ministro de Defensa\n Nacional dictó un nuevo Reglamento de Remuneraciones del\n Personal Militar de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, derogando\n el reglamento anterior y sus reformas, para equiparar las remuneraciones,\n que contempla un nuevo método de cálculo, dejando\n sin efecto la fórmula polinómica del sistema anterior;\n por lo cual, la estructura salarial involucra cambios trascendentales\n en el cálculo de las prestaciones, que deben establecerse\n en base a la nueva estructura remunerativa de los miembros en\n servicio activo de las Fuerzas Armadas;
Que, de conformidad con lo establecido en el Art. 10 del nuevo\n Reglamento de Remuneraciones del Personal Militar de las Fuerzas\n Armadas Ecuatorianas, vigente a partir del 9 de junio del 2006,\n las aportaciones a la Seguridad Social Militar se realizarán\n sobre el 100% del sueldo imponible, equivalente al haber militar\n del nuevo sistema;
Que, el Reglamento General a la Ley de Seguridad Social de\n las Fuerzas Armadas, expedido con Decreto Ejecutivo No. 850 del\n 4 de junio de 1993, publicado en el Suplemento del Registro Oficial\n No. 209 del 11 de los mismos mes y año, determina que\n su finalidad es normar y establecer procedimientos generales\n a los conceptos enunciados en la Ley de Seguridad Social de las\n Fuerzas Armadas que permitan su cabal aplicación. En lo\n referente a la cuantía de las prestaciones que concede\n el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA),\n se establecerá actuarialmente en función del tiempo\n de servicio activo y efectivo acreditado en las Fuerzas Armadas,\n que corresponde al comprendido entre la fecha de alta como oficial\n o tropa hasta la fecha de su baja;
Que, el Decreto Ejecutivo No. 850 del 4 de junio de 1993,\n publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 209, del\n 11 de los mismos mes y año, mediante el cual se dictó\n el Reglamento General a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas\n Armadas, en su Título IV se refiere a las prestaciones\n y a la base impositiva para su concesión;
Que, para la equiparación de las prestaciones y la\n revalorización de pensiones militares, bajo el nuevo sistema\n remunerativo, es imprescindible definir su aplicación,\n en función de los estudios actuariales, tiempo de servicio\n y disponibilidades económicas; y,
En ejercicio de la atribución que le confiere el Art.\n 171, numeral 5, de la Constitución Política de\n la República, y Art. 11, literal f) del Estatuto del Régimen\n Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,
Expedir las siguientes reformas al Reglamento General a la\n Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas:
Artículo 1.- Al final del inciso segundo del Art. 19,\n en lugar del punto colocar una coma y agregar lo siguiente:
"aplicando lo establecido en los Arts. 22, 26, y 112\n de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas."
Artículo 2.- Sustitúyase el Art. 20 por el siguiente:
"Art. 20.- Sueldo imponible.- El sueldo imponible, que\n equivale al haber militar, y que sirve de base para el cálculo\n de las prestaciones que concede el Instituto de Seguridad Social\n de las Fuerzas Armadas (ISSFA), es el correspondiente al mes\n en que se produce la baja del militar, calculado de conformidad\n al Reglamento de Remuneraciones del Personal Militar de las Fuerzas\n Armadas Ecuatorianas.
La base impositiva de aportación sobre la cual se efectuarán\n las cotizaciones y cálculo de las prestaciones que otorga\n la Seguridad Social Militar, será al ciento por ciento\n del respectivo haber militar, determinado en el Reglamento de\n Remuneraciones del Personal Militar de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas."
Artículo 3.- Sustitúyase el Art. 22 por el siguiente:
"Art. 22.- Tiempos de oficial y tropa.- La pensión\n de retiro o de invalidez para el asegurado que acredite en la\n Institución Armada, tiempo de servicio como oficial y\n como tropa, se calculará en base al haber militar que\n le corresponda al grado obtenido a la fecha de la baja, a multiplicarse\n por el factor de retiro o de invalidez, que se expresa en el\n porcentaje que resulta de la suma de los dos tiempos de servicios\n mencionados, conforme lo establece el Art. 22 de la Ley de Seguridad\n Social de las Fuerzas Armadas."
Artículo 4.- A continuación del primer inciso\n del Art. 93, agréguese el siguiente:
"El incremento de las pensiones contributivas del Estado,\n para efecto de la implementación del nuevo Sistema Remunerativo\n Militar, se cancelará en cuanto el Estado transfiera los\n recursos económicos necesarios. El cálculo de estas\n pensiones se efectuará sobre la base del setenta por ciento\n del haber militar del respectivo grado, al que se aplicará\n el factor que resulte del tiempo de servicio activo y efectivo."
Artículo 5.- A continuación del Art. 149, inclúyanse\n los siguientes artículos:
"Art. 150.- Los nuevos valores de las prestaciones que\n conceda el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas,\n a favor de sus afiliados, se calcularán previo a la transferencia\n presupuestaria correspondiente y, en ningún caso serán\n inferiores a las otorgadas hasta la presente fecha.
Art. 151.- Los incrementos de las pensiones de montepío\n militar, se darán en la misma proporción de los\n incrementos de las pensiones al personal en servicio pasivo,\n aplicando un porcentaje único equivalente al incremento\n promedio de las pensiones de retiro de oficiales y tropa.
Art. 152.- Las pensiones de los ex combatientes de la Campaña\n Internacional de 1941, y los contemplados en la Ley Especial\n No. 83, publicada en el Registro Oficial No. 666 del 31 de marzo\n de 1995, se actualizarán en base de los correspondientes\n decretos ejecutivos dictados y que se dictaren al respecto.
Art. 153.- Para la aplicación del inciso tercero del\n Art. 63 de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas,\n el sueldo total será equivalente al haber militar vigente\n a la fecha del siniestro, previsto en el Reglamento de Remuneraciones\n del Personal Militar de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas.
Art. 154.- Pensiones de retiro e invalidez en curso de pago.-\n El personal militar dado de baja antes de la expedición\n del nuevo Reglamento de Remuneraciones del Personal Militar de\n las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, tendrá derecho a una\n pensión de retiro o de invalidez, calculada al setenta\n por ciento del sueldo imponible o haber militar del correspondiente\n grado, sin considerar el tiempo de servicio en el grado, que\n ostenta el militar en servicio activo, multiplicado por el factor\n de retiro o de invalidez, según el caso, expresado como\n porcentaje del tiempo de servicio activo y efectivo en la Institución\n Militar.
EI porcentaje del setenta por ciento establecido en el inciso\n anterior, está sustentado en cuanto dicho personal militar\n realizó sus aportes a la Seguridad Social Militar sobre\n el setenta por ciento del sueldo total.
Art. 155.- Indemnización Global.- El sueldo imponible\n o haber militar para el pago de la indemnización global,\n establecido en el Art. 81 de la Ley de Seguridad Social de las\n Fuerzas Armadas, será el equivalente al ciento por ciento\n del último haber militar del personal militar que se separa\n sin derechos.
Art. 156.- Los porcentajes del aporte individual obligatorio\n del militar en servicio activo para financiar las prestaciones\n y servicios contemplados en la Ley de Seguridad Social de las\n Fuerzas Armadas y el aporte patronal del Ministerio de Defensa\n Nacional, en su calidad de empleador, establecidos en base al\n sueldo imponible o haber militar del régimen de remuneraciones,\n que en el nuevo sistema remunerativo están ponderados\n y racionalizados en referencia al haber militar, encontrándose\n debidamente sustentados en los balances actuariales aprobados\n por el Consejo Directivo del ISSFA."
Artículo 6.- A continuación de la QUINTA DISPOSICION\n TRANSITORIA, agréguese la siguiente:
"SEXTA.- Para el cálculo de las prestaciones sociales,\n a concederse en función del nuevo sistema remunerativo\n de las Fuerzas Armadas, se observarán las siguientes disposiciones:
a) Pensión de retiro e invalidez: Para el personal\n militar que pase a situación de retiro durante el período\n de transición, hasta alcanzar el ciento por ciento del\n haber militar, la determinación del sueldo imponible para\n efectos de cálculo de su pensión, se efectuará\n bajo los siguientes parámetros:
Período Porcentaje del haber militar
\n 1-junio al 31-dic/06 76%
\n 1-ene al 31-dic/07 82%
\n 1-ene al 31-dic/08 88%
\n 1-ene al 31-dic/09 94%
\n desde el 1 ene/10 100%
En todos los casos, se considerará lo dispuesto en\n los artículos 22, 26 y 112 de la Ley de Seguridad de las\n Fuerzas Armadas, respecto a los porcentajes por años de\n servicio activo y efectivo;
b) Cesantía: Para el cálculo del seguro de cesantía,\n el sueldo imponible referido en el Art. 44 de la Ley de Seguridad\n Social de las Fuerzas Armadas, será el equivalente al\n cuarenta por ciento del haber militar para oficiales y el cincuenta\n por ciento para tropa.
La cesantía del personal militar, en el período\n de transición del nuevo sistema de remuneraciones militares,\n hasta alcanzar el ciento por ciento del haber militar, se calculará\n considerando la diferencia entre el valor de la cesantía\n del régimen remunerativo vigente a enero del 2006 y el\n de la cesantía calculado con el haber militar a la culminación\n del proceso de equiparación en el año 2010. Esta\n diferencia, se multiplicará por el porcentaje anual asignado\n por el Estado para aplicar la equiparación de remuneraciones\n y su producto se incrementará al valor correspondiente\n a la cesantía del año inmediato anterior.
La cesantía del personal militar dado de baja entre\n el 1 de junio y el 31 de diciembre del 2006 será la establecida\n a enero del referido año;
c) Seguro de vida: El sueldo imponible promedio de oficiales\n referido en el Art. 60 de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas\n Armadas, para el cálculo del seguro de vida para oficiales\n será el equivalente al 40% del haber militar promedio\n de oficiales; para voluntarios, tripulantes y aerotécnicos\n el sueldo imponible promedio de tropa, será el equivalente\n al cincuenta por ciento del haber militar promedio de tropa;\n y, para aspirantes a oficiales, aspirantes a tropa y conscriptos,\n el sueldo imponible promedio general, será el equivalente\n al cincuenta por ciento del haber militar promedio general de\n los asegurados en servicio activo.
El seguro de vida, en el período de transición\n del nuevo sistema de remuneraciones militares, hasta alcanzar\n el ciento por ciento del haber militar, se calculará considerando\n la diferencia entre el valor del seguro de vida del régimen\n remunerativo vigente a enero del 2006 y el seguro de vida calculado\n con el haber militar a la culminación del proceso de equiparación\n en el año 2010; esta diferencia, se multiplicará\n por el porcentaje anual asignado por el Estado para aplicar la\n equiparación de remuneraciones y su producto se incrementará\n al valor correspondiente al seguro de vida del año inmediato\n anterior.
El cálculo del seguro de vida entre el 1 de junio y\n 31 de diciembre del 2006, será el vigente a enero del\n referido año."
\n Artículo Final.- El presente decreto entrará en\n vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 22 de junio del 2006.
No. 1072-04-RA
Magistrado ponente: Dr. Carlos Soria Zeas
En el caso signado con el No. 1072-04-RA
Carmen Rocío Cárdenas Meza, por sus propios\n derechos, interpone ante la Jueza Vigésimo Tercera de\n lo Civil de Pichincha, acción de amparo constitucional\n contra los señores Alcalde y Procurador Síndico\n Municipal del Distrito Metropolitano de Quito, y solicita se\n deje sin efecto la Resolución número 129-2004 expedida\n el 31 de mayo del 2004, mediante la cual se ordenó el\n derrocamiento del muro levantado en el bien inmueble de la demandante,\n así como que se disponga a dichas autoridades se actualice\n el catastro relativo al mencionado predio. En lo principal, la\n accionante manifiesta lo que sigue:
Que es propietaria del 1,74% del lote de terreno situado en\n el Barrio La Tola, perteneciente a la parroquia Tumbaco, del\n cantón Quito, provincia de Pichincha;
Que posteriormente a la adquisición de los derechos\n y acciones sobre el referido inmueble, el 11 de noviembre del\n 2003 solicitó al Municipio de Quito, Administración\n Tumbaco, se le conceda el permiso para edificar el cerramiento,\n trámite que fue suspendido por la autoridad municipal\n bajo el argumento de que para obtener tal autorización,\n la accionante debía presentar previamente el informe de\n regulación metropolitana;
Que a fin de cumplir con lo requerido por la corporación\n municipal, solicitó por dos ocasiones el informe de regulación\n metropolitana, el cual hace relación a lo que se conoce\n como línea de fábrica, y tiene como objeto establecer\n datos sobre retiros frontales, posteriores, área mínima\n de lote por sector, etc.; es decir, información que está\n única y exclusivamente a cargo del cabildo;
Que cuando se acercó a retirar el informe en alusión\n se le comunicó que el trámite pertinente se hallaba\n suspendido, por cuanto el Departamento de Avalúos y Catastros\n de la Administración Tumbaco no actualizaba aún\n el catastro del 100% de los derechos y acciones que componen\n la propiedad que adquirió;
Que dentro del procedimiento para la transferencia de dominio\n de un bien inmueble o de los derechos y acciones que lo conforman,\n a priori de la inscripción del título pertinente\n en el Registro de la Propiedad del cantón que corresponda,\n se debe pagar los impuestos de registro municipal, plusvalía,\n alcabalas y otros servicios administrativos, circunstancia que\n en su caso se realizó el 30 de enero del 2001;
Que luego de efectuar los pagos antes referidos, la municipalidad\n debe proceder con el catastro del inmueble, es decir, a la actualización\n del registro de los propietarios y los porcentajes que cada uno\n de estos tienen en una propiedad;
Que en su caso, el trámite de catastro le correspondía\n efectuar a la Administración Municipal de Tumbaco y no\n a ella, y que debido a la negligencia o falta de cuidado de los\n funcionarios municipales en cuanto a la actualización\n de datos, no se le concedió el informe de regulación\n metropolitana, problema que se mantiene hasta la presente fecha;
Que el problema por el que actualmente cursa la accionante\n surgió cuando con anterioridad a la fecha de presentación\n de la solicitud por la cual requirió autorización\n para construir un cerramiento, ella ya se encontraba habitando\n en una casa construida en el terreno del cual era propietaria\n en parte, por lo que, debido a la necesidad de proteger a su\n familia de cualquier peligro o amenaza de personas indeseables\n y ladrones, procedió a levantar un cerramiento de muro\n que da a una calle de uso público, contando con la esperanza\n de que la autorización solicitada para ese efecto le sería\n concedida, la misma que nunca se expidió;
Que por esa razón no pudo presentar el permiso para\n construir el cerramiento, puesto que la Administración\n Municipal de Tumbaco ni siquiera le confirió el informe\n de regulación metropolitana debido a que no tenía\n datos actualizados en su catastro;
Que mientras se tramitaba el permiso de construcción\n del cerramiento, fue citada con una providencia de la Comisaría\n de Construcciones de Tumbaco, en la que se menciona que a instancia\n de la persona que le vendió el inmueble, se ha puesto\n una denuncia en su contra por levantar el cerramiento sin contar\n con autorización para ese fin;
Que el 17 de marzo del 2004, la Comisaría Metropolitana\n del Valle de Tumbaco, le concedió 5 días de plazo\n para presentar el permiso de construcción de cerramiento,\n es decir, que debía hacerlo hasta el 22 de los mismos\n mes y año, lo cual, como era lógico, no pudo cumplir\n en razón de que el cabildo no cuenta con el catastro actualizado,\n lo cual le fue explicado oportunamente al Comisario Metropolitano,\n a pesar de lo cual el 24 de marzo del 2004 se dispuso el derrocamiento\n del muro;
Que ante tal decisión administrativa, propuso recurso\n de apelación para ante el Alcalde, quien en un análisis\n superficial confirmó lo dispuesto por el Comisario, según\n consta en la Resolución número 129-2004 del 31\n de mayo del 2004;
Que el 14 de junio del 2004, al solicitar se le conceda por\n escrito la razón por la que no se le otorga el informe\n de regulación metropolitana, obtuvo por respuesta que\n existe imposibilidad de atender lo peticionado debido a que existe\n inconsistencia en el certificado de ventas conferido por el registro\n de la propiedad, por lo que no se puede cargar ni unificar los\n derechos y acciones del predio; y,
Que el acto impugnado vulnera lo establecido en el artículo\n 23, numerales 20 y 23 de la Constitución Política\n del Ecuador.
A la Audiencia Pública llevada a cabo el 19 de octubre\n del 2004 en el juzgado de instancia, comparecen la actora junto\n a su abogado patrocinador; así como la parte demandada,\n a través de su abogado defensor.
El Juez Vigésimo Tercero de lo Civil de Pichincha,\n mediante fallo expedido el 28 de octubre del 2004, resolvió\n conceder la acción de amparo constitucional propuesta\n por la accionante.
PRIMERA.- El Tribunal Constitucional es competente para conocer\n y resolver este caso, de conformidad con lo dispuesto en los\n artículos 95, y 276 numeral 3 de la Constitución\n de la República.
SEGUNDA.- No se advierte omisión de solemnidad sustancial\n alguna que pueda incidir en la resolución del presente\n caso, por lo que se declara su validez.
TERCERA.- Del texto constitucional y de la normativa singularizada\n en la Ley Orgánica de Control Constitucional, se establece\n de manera concluyente que la acción de amparo constitucional\n es procedente cuando de manera simultánea y unívoca,\n concurren los siguientes presupuestos: a) Que exista un acto\n u omisión ilegítimos proveniente de autoridad pública;\n b) Que sea violatorio de un derecho subjetivo consagrado en la\n Constitución o en un tratado o convenio internacional\n vigente; y, c) Que de modo inminente, amenace con causar un daño\n grave.
Un acto de autoridad pública es ilegítimo cuando\n ha sido dictado por una autoridad que no tiene competencia para\n ello, o sin observar los procedimientos previstos por el ordenamiento\n jurídico, o cuando su contenido es contrario a dicho ordenamiento,\n o ha sido dictado arbitrariamente, esto es, sin fundamento o\n suficiente motivación.
Por otra parte, se considera que una autoridad pública\n incurre en omisión ilegítima cuando, a pesar de\n ser competente y estar obligado por norma expresa a ello, no\n ha emitido un pronunciamiento o no ha ejecutado un acto.
CUARTA.- Es pretensión de la accionante, que se suspenda\n los efectos de la resolución número 129-2004 expedida\n el 31 de mayo del 2004, por el Alcalde del Distrito Metropolitano\n de Quito, mediante la cual se confirmó la resolución\n número 011-CM1-AZVT-2004 emitida por el Comisario Metropolitano\n Valle de Tumbaco 1, el 24 de marzo del 2004, en la que se dispuso\n el derrocamiento del muro construido por la actora en el bien\n inmueble de su propiedad.
Así mismo, acusa la actora la existencia de omisión\n ilegítima de parte de la autoridad demandada, al no haberle\n otorgado el catastro actualizado del bien inmueble de su propiedad,\n por lo que, consecuentemente, solicita se ordene la emisión\n del mismo.
Por tanto, atenta a las aspiraciones procesales formuladas\n por la demandante en su libelo inicial, corresponde a esta Magistratura\n efectuar una disquisición de las piezas que obran dentro\n del proceso a fin de establecer, en ambos casos, la concurrencia\n coetánea o no de los requisitos de procedibilidad de la\n acción de amparo constitucional.
QUINTA.- Señala la accionante en su demanda (fojas\n 10 y 11), que ante la necesidad de cercar su propiedad para evitar\n que ingresen a ella personas indeseables que puedan atentar contra\n su seguridad y la de su familia, procedió a construir,\n por cuenta propia, un cerramiento, confiada de que la autorización\n que para tal efecto había solicitado a la autoridad municipal,\n sería expedida sin mayor demora.
Respecto a la construcción de cerramientos, la letra\n b) del artículo R.II.200 del Código Municipal del\n Distrito Metropolitano de Quito, establece que la realización\n de cerramientos requiere de la expedición del permiso\n de trabajos varios que debe ser solicitado en la Administración\n Zonal correspondiente. Es decir, que era deber de la accionante\n solicitar a la administración municipal la autorización\n pertinente previo a la construcción del cerramiento sobre\n el inmueble de su propiedad.
SEXTA.- La doctrina administrativista define a los deberes\n en sentido amplio como las meras finalidades perseguidas por\n la ley más allá de cualquier fin psicológico\n o individual, las cuales deberán ser logradas o cumplidas\n por el administrado (Tesis de Derecho Administrativo, Tomo II,\n Edición 2002, Editorial Stradtrurami, San José-Costa\n Rica), existiendo por tanto deberes de carácter negativo\n y los de efectos positivos, estos últimos, consistentes\n en la ejecución de actividades o conductas por parte del\n administrado. Dentro de los deberes positivos se encuentran aquello\n denominados por los autores como prestaciones forzosas, es decir,\n "aquellos casos en que la Administración impone a\n los administrados deberes de comportamiento que no enriquecen\n el patrimonio de aquella o su organización, sino que se\n hacen surgir por puras consideraciones abstractas" (Curso\n de Derecho Administrativo, Décima Edición, Madrid,\n Civitas, 2000). Como ha notado Giannini, "frente a estos\n deberes la Administración no exhibe un derecho, sino una\n potestad, que es la que le permite imponerlos o vigilarlos en\n el caso concreto"
Hecha esta explicación, es pertinente referirse al\n artículo 97 de la Constitución Política\n del Ecuador, que estatuye los deberes y responsabilidades que,\n sin perjuicio de otros contenidos en la Carta Política\n y en la ley, corresponden a los ciudadanos ecuatorianos. Entre\n tales deberes se encuentra el contenido en la letra a) de dicho\n artículo, cual es el de "Acatar y cumplir la Constitución,\n la ley -entendida en sentido material y no formal- y las decisiones\n legítimas de autoridad competente".
Partiendo de este precepto constitucional, esta Magistratura\n ha de concluir entonces, en que la imposición prevista\n en la letra b) del artículo R.II.200 del Código\n Municipal del Distrito Metropolitano de Quito, se constituye\n en un deber, en stricto iuris impuesto por la norma municipal,\n toda vez que demanda la ejecución de una conducta, que\n en el caso que nos ocupa, consiste en el hecho de solicitar a\n la administración municipal autorización previa\n para la construcción de cerramientos, la cual sólo\n una vez concedida provoca u origina en aquel que la recibe el\n derecho a realizar el objeto para el cual fue otorgada, esto\n es, la construcción del cerramiento, dada la relación\n causal que existe entre la autorización y la práctica\n del hecho para la cual esta ha sido obtenida.
SEPTIMA.- En el caso materia del presente análisis,\n se puede fácilmente apreciar, que la accionante procedió\n a construir un cerramiento sobre el inmueble de su propiedad\n sin contar antes con la autorización expresa que para\n ese efecto debía otorgarle la administración municipal;\n lo hizo más bien sobre la base de una mera expectativa,\n como ella misma señala en su libelo inicial al manifestar\n que tenía la esperanza de contar con tal autorización\n en el plazo de 15 días, circunstancia esta que, conforme\n a lo previsto en la regla sexta del artículo 7 del Código\n Civil, Codificado, bajo ningún concepto generó\n derecho alguno a su favor en virtud del cual podía levantar\n el referido cerramiento.
OCTAVA.- El artículo R.II.290 del Código Municipal\n del Distrito Metropolitano de Quito, prevé la consecuencia\n jurídica aplicable para aquellos casos en que se procede\n a la construcción de cerramientos sin contar con la autorización\n municipal. Esta consecuencia no es otra cosa que la imposición\n de una multa equivalente al doce y medio por ciento hasta el\n ciento veinticinco por ciento de la remuneración básica\n unificada, sin perjuicio de la demolición de la construcción,\n en caso de que se hayan transgredido las normas de zonificación.
Esta norma así como la contenida en el artículo\n R.II.200 del Código ibídem, concuerda plenamente\n con la disposición del artículo 2 de la Ley Orgánica\n de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, cuya\n letra b) establece como una de las finalidades de dicho cabildo,\n la de regular y controlar, con competencia exclusiva y privativa,\n las construcciones o edificaciones, su estado, utilización\n y condiciones.
NOVENA.- De la revisión de las piezas procesales, y\n en especial, del contenido del acto impugnado, se puede observar\n que el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito actuó\n en uso de la facultad que le confiere el artículo 21 de\n la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano\n de Quito, en concordancia con lo dispuesto en los artículos\n R.II.200 y R.II.290 del Código Municipal del Distrito\n Metropolitano de Quito. En consecuencia, la resolución\n impugnada ha sido dictada por autoridad competente en ejercicio\n de sus atribuciones específicas y a base de las normas\n legales y reglamentarias antes enunciadas; por lo que no se observa\n violación de derecho o garantía constitucional\n alguna y menos que se ocasione daño grave a la accionante.
DECIMA.- Por otra parte, la accionante manifiesta que la autoridad\n demandada ha incurrido en omisión ilegítima, por\n no haberle otorgado el catastro actualizado del bien inmueble\n de su propiedad. Sobre este aserto, conviene que esta Magistratura\n exprese lo siguiente:
El artículo 3 de la Ley Orgánica de Régimen\n para el Distrito Metropolitano de Quito, preceptúa lo\n siguiente:
"Art. 3.- El Distrito Metropolitano de Quito se regula\n por las normas de esta Ley, pero en todo lo que no se oponga\n a ella, le son aplicables las disposiciones de la Ley de Régimen\n Municipal, así como de otras leyes que precautelan y garantizan\n la autonomía de los organismos del régimen seccional"\n Lo resaltado es de la Sala.
Por su parte, el artículo 306 de la Ley Orgánica\n de Régimen Municipal, Codificada, establece:
"Art. 306.- Las municipalidades mantendrán, actualizados\n en forma permanente, los catastros de predios urbanos y rurales.\n Los bienes inmuebles constarán en el catastro con el valor\n de la propiedad actualizado" Énfasis añadido.
Según las normas invocadas, es deber de las municipalidades\n del país, entre ellas, el Municipio del Distrito Metropolitano\n de Quito, mantener actualizados los catastros de los bienes raíces\n que se hallan situados en su jurisdicción; sin embargo,\n el sometimiento de los cabildos a esta disposición legal,\n estará supeditado a las circunstancias propias de cada\n inmueble, siendo varias de ellas las trasferencias de dominio\n que acontezcan, fraccionamientos, fusiones, etc., eventos estos\n que según la forma en que hayan sido logradas, podrían\n constituirse en óbice que evitarían el cumplimiento\n del presupuesto legal antes citado, siempre que tales inconvenientes\n no puedan ser solucionados por la misma administración\n municipal. Dicho de otro modo, si la actualización del\n catastro de un predio no puede ser efectuado por causas imputables\n al administrado o a terceros, resulta obvio que mientras aquellas\n causas no sean subsanadas por estos, dicho trámite será\n inviable para la municipalidad; empero, si el trámite\n se entorpece por causas imputables a la administración\n municipal, tal situación deviene en una omisión\n ilegítima, pues, priva al interesado de completar un proceso\n administrativo, cuyo resultado le puede ser necesario para efectuar\n otra clase de gestiones -en el presente caso, el Informe de Regulación\n Metropolitana-.
UNDECIMA.- En la especie, consta a foja 1 del expediente,\n el oficio número 287-UAYC-AZVT del 14 de junio del 2004,\n suscrito por el Jefe de la Unidad de Avalúos y Catastros\n de la Administración Zonal Valle Tumbaco, en el que se\n comunica a la accionante que no se puede efectuar el catastro\n de su predio porque "hay inconsistencia en el certificado\n de ventas, del registro de la propiedad por lo que no se puede\n unificar ni cargar los derechos y acciones; según resolución\n No. 095 del 05 de noviembre del 2001"
En tal virtud, esta Magistratura, repara en el hecho de que\n no existe omisión ilegítima por parte de la administración\n municipal, toda vez que ésta ha expresado fundamentadamente\n la razón por la que no es posible actualizar el registro\n catastral del predio del accionante, debiendo ésta gestionar\n las medidas que fueren necesarias, en principio, en el Registro\n de la Propiedad y luego, donde fuere pertinente, para eliminar\n la causa descrita en el párrafo precedente.
\n Por lo expuesto y en uso de sus atribuciones constitucionales\n y legales, esta Sala,
1.- Revocar la resolución venida en grado; y, en consecuencia,\n negar la acción de amparo constitucional propuesta por\n la ciudadana Carmen Rocío Cárdenas Meza; y,
2.- Devolver el expediente al Juez de origen para los fines\n pertinentes.
f.) Dr. José García Falconí, Vocal Segunda\n Sala.
RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede\n fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional\n a los siete días del mes de junio del año dos mil\n seis.- LO CERTIFICO.-
No. 1082-04-RA
En el caso signado con el No. 1082-04-RA
El doctor César Augusto Alarcón Costta, por\n sus propios derechos y por los que representa del Partido Político\n Libertad, en su calidad de Director Nacional, interpone ante\n el Juez Vigésimo Tercero de lo Civil de Pichincha, acción\n de amparo constitucional contra el Presidente del Tribunal Supremo\n Electoral. En lo principal, el demandante manifiesta lo siguiente:
Que el 23 de julio del 2003 fue notificado con la Resolución\n RJE-PLE-TSE-13-2003 de fecha 17 de julio del 2003, suscrita por\n el Secretario General del Tribunal Supremo Electoral, en la que\n se declara la extinción del Partido Político Libertad,\n Listas 11, anteriormente denominado Partido Político Alianza\n Nacional, por haber obtenido el 1.02% en las elecciones pluripersonales\n nacionales 21 de mayo del 2000; y, 1.86% en las elecciones pluripersonales\n nacionales del 20 de octubre del 2002; habiéndose dispuesto,\n además, la cancelación de su inscripción\n en el Registro de Partidos y Movimientos Políticos del\n Tribunal Supremo Electoral, por encontrarse incurso en la causal\n de extinción prevista en el literal c) del artículo\n 35 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos;
Que el artículo 115 de la Constitución Política\n del Estado estatuye que el partido o movimiento que en dos elecciones\n pluripersonales nacionales sucesivas, no obtenga el porcentaje\n mínimo del cinco por ciento de los votos válidos\n quedará eliminado el Registro Electoral, norma con la\n que concuerda la disposición contenida en la letra c)\n del artículo 35 de la Ley de Partidos Políticos;
Que el segundo inciso del artículo 37 de la Ley de\n Partidos Políticos, preceptúa que para calcular\n el cuociente electoral al que se refiere el literal c) del artículo\n 35 ibídem, sólo se tomará en cuenta las\n elecciones pluripersonales, debiendo sumarse todos los votos\n obtenidos por el partido a nivel nacional en tales elecciones\n para fijar el cuociente electoral, hecho lo cual corresponde\n dividir el resultado para la suma total de votos válidos\n receptados para las correspondientes dignidades a nivel nacional\n , produciéndose la causal cuando el partido político\n no alcance el 0,05% como cuociente;
Que a partir de las elecciones de 1998 no se puede aplicar\n el referido artículo 37, lo cual permite colegir que tampoco\n se pueda invocar la antes mencionada causal de extinción\n de un partido político; criterio éste que ha sido\n considerado, incluso, por el Tribunal Constitucional en sus resoluciones\n números 0497-2003-RA y 0728-2003-RA, mediante las cuales\n concedió las acciones de amparo propuestas por los partidos\n CFP, Listas 4; y, Alfarismo Nacional, Lista 14, respectivamente,\n las que perseguían los mismos fines que la demanda formulada\n por el Partido Político Libertad, Listas 11, que ha dado\n origen a la presente causa;
Que en las indicadas resoluciones, el Tribunal Constitucional\n consideró el informe emitido el 2 de julio del 2003 por\n la Comisión Jurídica del Tribunal Supremo Electoral,\n la misma que concluyó que no se puede aplicar el artículo\n 37 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, y\n que por tanto debe ordenarse el archivo de los expedientes de\n extinción de los partidos políticos que se hallen\n sometidos a este proceso, toda vez que desde las elecciones de\n 1998 hasta la del 2002, no existe en el Tribunal Supremo Electoral\n datos de los votos por las listas de los partidos políticos\n en tales elecciones, sino votos por candidatos;
Que el Tribunal Supremo Electoral, mediante resolución\n número REJ-PLE-TSE-8-2003 del 20 de marzo del 2003, le\n hizo conocer acerca del inicio del trámite de extinción\n del Partido Libertad, Lista 11, y de cancelación de su\n inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas\n del Tribunal Supremo Electoral, por no haber obtenido el cinco\n por ciento de votos válidos en las dos últimas\n elecciones pluri personales nacionales;
Que mediante notificación número 00001110 del\n 23 de julio del 2003, el Secretario General del Tribunal Supremo\n Electoral hizo conocer a los miembros de la Comisión Jurídica,\n Director de Organizaciones Políticas, Director de la Comisión\n Social, y Director Financiero, de la mencionada entidad, que\n el Pleno del organismo en sesión del 17 de julio del 2003,\n dictó la resolución número RJE-PLE-TSE-7-2003,\n por la cual aprobó la fórmula de cálculo\n para obtener los porcentajes de las organizaciones políticas\n que participaron en las elecciones pluripersonales, disponiendo,\n además, que dicha fórmula se aplique a todos los\n partidos y movimientos políticos que se encuadran dentro\n del proceso de extinción, de tal forma que se pueda conseguir\n el porcentaje de representación política que determinará\n cuáles son las organizaciones políticas que están\n incursas en la causal de extinción constante en el segundo\n inciso del artículo 115 de la Constitución Política\n del Ecuador;
Que mediante el acto impugnado en la presente causa, que fuera\n expedido por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral en sesión\n del 17 de julio del 2003, se declaró la extinción\n del Partido Político Libertad, Listas 11 y se dispuso\n la cancelación de su inscripción del Registro de\n Partidos y Movimientos Políticos del Tribunal Supremo\n Electoral, habiéndose aplicado para el efecto, la nueva\n fórmula de cálculo de representación política;\n circunstancia ésta que permite apreciar que tal resolución\n se produjo el mismo día que el Pleno del organismo aprobó\n la resolución que estableció una fórmula\n de cálculo de representación política, lo\n que evidencia violación de las garantías del debido\n proceso, especialmente la consagrada en el numeral 1 del artículo\n 24 de la Carta Magna, pues, se aplicó retroactivamente\n una sanción no prevista en la Ley, la que debió\n ejecutarse conforme a la ley preexistente y con observancia del\n trámite que correspondía, conculcándose\n también el derecho de defensa.
El actor fundamenta su demanda en lo dispuesto en los artículos\n 23, 95, 119 y 130 de la Constitución Política del\n Ecuador; y, en los artículos 46, 47 y 48 de la Ley Orgánica\n de Control Constitucional.
En la Audiencia Pública llevada a efecto el día\n 21 de octubre del 2004 en el juzgado de instancia, comparece\n el representante de la Procuraduría General del Estado,\n no así la parte demandada, cuya rebeldía es acusada\n por el Juez al momento de la diligencia. No obstante, de fojas\n 70 a la 74 de los autos, consta el escrito por medio del cual\n la autoridad accionada comparece a la presente causa, manifestando\n que el acto impugnado es un acto totalmente legítimo,\n puesto que fue dictado a base de expresas disposiciones constitucionales\n y legales contempladas en la Constitución, Ley Orgánica\n de Elecciones, Ley Orgánica de Partidos Políticos\n y sus Reglamentos respectivos; que el acto que se impugna se\n encuentra ejecutoriado, por lo que no cabe ningún tipo\n de reclamación; que el amparo constitucional es improcedente,\n por cuanto el Tribunal Supremo Electoral es el único organismo\n competente para juzgar asuntos de materia electoral; y, que en\n el presente caso, no existe la posibilidad de un daño\n inminente, ya que el acto cuya ilegitimidad acusa el demandante,\n fue expedido por el Tribunal Supremo Electoral hace más\n de un año.
El Juez de la causa resuelve negar la acción de amparo\n constitucional propuesta por el actor.
PRIMERA.- El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el numeral\n 3 del artículo 276 de la Constitución Política\n de la República; y, los artículos 12 numeral 3,\n y 62 de la Ley Orgánica de Control Constitucional, es\n competente para conocer y resolver el presente caso.
SEGUNDA.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que\n pueda incidir en la resolución del presente caso, por\n lo que se declara su validez.
TERCERA.- Del texto constitucional y de la normativa singularizada\n en la Ley de Control Constitucional, se establece de manera concluyente\n que la acción de amparo constitucional es procedente cuando\n de manera simultánea y unívoca, concurren los siguientes\n presupuestos: a) Que exista un acto u omisión ilegítimos\n de la autoridad pública; b) Que sea violatorio de un derecho\n subjetivo; y, c) Que cause o amenace causar un inminente daño\n grave.
\n CUARTA.- Un acto es ilegítimo cuando ha sido dictado por\n una autoridad pública que no tiene competencia para ello,\n o cuando no ha sido dictado de conformidad con los procedimientos\n señalados por el ordenamiento jurídico, o cuyo\n contenido sea contrario a dicho ordenamiento, o bien que se lo\n dicte sin fundamento o suficiente motivación.
QUINTA.- La pretensión del accionante es que se disponga\n la suspensión definitiva de los efectos de la resolución\n RJE-PLE-TSE-13-2003, expedida por el Pleno del Tribunal Supremo\n Electoral el 17 de julio del 2003, y notificado al demandante\n el 23 de los mismos mes y año, mediante el cual se declaró\n la extinción del Partido Político Libertad, Lista\n 11; y, se dispuso la cancelación de su inscripción\n del Registro de Partidos y Movimientos Políticos del Tribunal\n Supremo Electoral.
SEXTA.- Uno de los requisitos de procedibilidad de la acción\n de amparo constitucional, es que el acto ilegítimo que\n viole o pueda violar cualquier derecho fundamental, cause o amenace\n con causar un daño grave e inminente.
Si bien es cierto que la violación de una garantía\n o derecho fundamental causa por ese sólo hecho, un daño\n a quien lo sufre, la inminencia es relevante para determinar\n la procedencia de la acción de amparo constitucional.\n En esta clase de acción, la inminencia es un concepto\n que implica, necesariamente, la proximidad del mal, daño\n o perjuicio una vez que se conculca un derecho fundamental.
Nuestro ordenamiento jurídico no contempla un plazo\n de caducidad para la interposición de una acción\n de esta naturaleza; no obstante, el operador constitucional debe\n calificar la inmediatez o urgencia del daño, según\n las reglas de la sana crítica y tomando como referencia\n los fallos que a este respecto ha expedido el Tribunal Constitucional.
SÉPTIMA.- El daño que se produce o ha de producirse\n por la violación de un derecho fundamental, no puede ser\n eventual o remoto. En eso consiste, precisamente, la característica\n de la inminencia. Lo eventual es lo que puede suceder, pero no\n existe certeza, lo que lo convierte en una contingencia incierta.\n Lo remoto, en cambio, es lo lejano. Lo ocurrido tiempo atrás\n no puede ser remediado por una medida cautelar como el amparo,\n sino por un proceso de conocimiento. Con el transcurso del tiempo,\n la facultad de oponerse pierde consistencia y los derechos subjetivos\n que han sido potencialmente negados o desconocidos no pueden\n recuperar su vigencia por la vía del amparo constitucional.\n Si lo que se impugna es un acto expedido y notificado casi un\n año tres meses antes de

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Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6
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 artículo 97
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 21
 artículo 3
 artículo 306
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 artículo 115
 artículo 35
 artículo 37
 artículo 37
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 artículo 115
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 artículo 276
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