Source: https://es.scribd.com/document/337449875/Guia-para-los-vigilantes
Timestamp: 2017-03-30 15:02:36+00:00

Document:
Guía para los vigilantes
NavegarInteresesStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseVigilancia Ciudadana de Contrataciones y Obras PúblicasGuía para los vigilantes
Proética / Banco Mundial
© Proética
Consejo Nacional para la Ética Pública
(Capítulo Peruano de Transparency International)
Teléfonos: (511) 446-8941, 446-8943 y 446-8589
Telefax: (511) 446-8581
Correo electrónico: proetica@proetica.org.pe
Manco Cápac 826, Lima 18 - PERÚ
www.facebook.com/ProeticaPeru
www.twitter.com/ProeticaPeru
www.redanticorrupcion.pe
www.es.scribd.com/proetica
Av. Álvarez Calderón 185
Contenidos: Pabel Molina, Paola Patiño y Samuel Rotta
Ilustraciones: Andrea Lértora
Edición: Samuel Rotta
Diagramación: Daniela Gómez
Hecho el depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº xxxxxxx
El presente manual ha sido realizado en base a la información recogida en talleres llevados a cabo
en siete distritos de Ayacucho. Agradecemos la participación de los comités de vigilancia, los frentes de defensa, juntas
vecinales, comunidades campesinas, juntas de regantes, madres de comedores populares de los
distritos de Víctor Fajardo, Cangallo, Vilcashuamán, Palmapampa, San Francisco, Putacca y San
Juan Bautista; asimismo el apoyo de Comisedh, miembro de la Red Nacional Anticorrupción en
Ayacucho, en la implementación de los talleres. Agradecemos también los aportes de Sergi Pérez Serrano, del Banco Mundial, y de Lidia Reyes, del programa de apoyo a la reforma del sector
salud Parsalud II.
Presentación. ¿Vigilar, yo?
I. La importancia de la vigilancia ciudadana
II. La transparencia en la gestión pública
III. La rendición de cuentas
IV. Las adquisiciones y contrataciones públicas
V. ¿Cómo vigilar la ejecución de una obra pública?
¿Vigilar, yo?
Hola, vigilante:
Hemos preparado esta guía para ayudarte a realizar mejor tus
actividades de seguimiento a procesos de contratación del Estado.
El Estado peruano, a través de las distintas instituciones que lo
conforman, sea la municipalidad de tu distrito o el Ministerio de
Salud, realiza compras de bienes y contrata la ejecución de obras
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, a
veces ocurre que no se contrata los mejores productos, sino que, por
distintas razones, se termina comprando algo deficiente o se encarga
obras a empresas que no cumplen. En algunas ocasiones eso se debe
a que hay corrupción en los procesos de contratación. Otras veces es
pura ineficiencia.
Como fuere, los ciudadanos tenemos derecho a involucrarnos en
el seguimiento a las contrataciones para poder contribuir a que se
seleccione las mejores opciones, de forma honesta y eficiente.
En esta guía vas a encontrar información útil para poder saber
cómo son los procesos de contratación y cómo puedes realizar tus
actividades de seguimiento o vigilancia. Esperamos que tengas claro,
además, que la participación y la vigilancia ciudadana es un derecho
que tenemos todos nosotros.
Y si otra vez te vuelves a preguntar si puedes vigilar la gestión de
tus autoridades e instituciones, ten claro que sí puedes hacerlo. Y
confiamos en que después de leer esta guía te sientas más preparado
¿En qué consiste esta guía?
Queremos que primero quede bien claro que la vigilancia ciudadana
es un derecho que tenemos y que nadie puede impedir que los
ciudadanos participemos de la gestión pública haciéndole seguimiento
a las decisiones y acciones de las instituciones (salvo, claro, ciertas
excepciones establecidas en las normas).
En las partes siguientes desarrollaremos las nociones de transparencia
y rendición de cuentas, las cuales facilitan la vigilancia y la participación
Luego desarrollaremos el tema de las adquisiciones de las entidades
públicas, por qué y cómo compra el Estado peruano y cuáles son los
puntos claves de los procesos sobre los cuales los vigilantes debemos
de estar al tanto para saber si ocurren irregularidades.
Finalmente, revisaremos los procesos de ejecución de obras y, al igual
que en el caso anterior, nos concentraremos en aquellos aspectos a
los que es necesario prestarles atención y compartiremos algunas
recomendaciones que deben facilitar el ejercicio concreto de la
vigilancia a la ejecución de obras.
Como anexos encontrarás información complementaria que te será de
utilidad para afinar tus capacidades de vigilancia: normas pertinentes
y datos de lugares donde poder denunciar irregularidades, fuera de
las entidades públicas vigiladas.
I. La importancia de
La vigilancia ciudadana
Podemos entender la vigilancia ciudadana como el conjunto de
actividades de observación y de fiscalización que desempeña la
población para ver si las instituciones del Estado están haciendo
bien o no su trabajo, desde una perspectiva ciudadana. La vigilancia
es una forma de participación ciudadana y es importante porque,
de un lado, se puede colaborar con la gestión de las instituciones
públicas, corrigiendo errores que puedan presentarse y que no sean
detectados por los procedimientos propios de las entidades, y de otro
lado, se puede identificar posibles irregularidades en el manejo de los
recursos públicos que deben ser denunciadas.
La vigilancia es un derecho que tenemos los ciudadanos y está
reconocido en la Constitución, en los artículos 2 y 31:
Artículo 2, inciso 5.- Toda persona tiene derecho a solicitar sin
expresión de causa la información que requiera y a recibirla de
cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que
suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan
la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por
ley o por razones de seguridad nacional.
Artículo 31.- Los ciudadanos tienen derecho a participar en los
asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa;
remoción o renovación de autoridades y demanda de rendición
de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir
libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones
y procedimientos determinados por ley orgánica.
En el Perú hay un marco normativo que desarrolla estos enunciados
y que facilita la vigilancia de los ciudadanos. Existe una ley que obliga
a las instituciones públicas a hacer transparente su información;
es decir, a mostrar y explicar las acciones y decisiones que están
II. La transparencia en la
Desde el año 2002 existe una ley que regula y garantiza el derecho a
acceder a la información pública, derecho que, como ya hemos visto,
está reconocido en la Constitución de 1993; y además también está
reconocido por tratados internacionales que el Perú ha suscrito (ver
caja), por lo cual el Estado peruano se ha comprometido a actuar de
forma transparente1.
Reconocimiento internacional del derecho al acceso a la información
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión.”
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), artículo 19.
“[...] 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección [...]”
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), artículo 19.
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de
su elección [...]”
Convención Americana de Derechos Humanos (1969), artículo 13.
Adaptado de: ¡EXIJO UNA EXPLICACIÓN! RENDICIÓN DE CUENTAS PARA REDUCIR LA CORRUPCIÓN,
manual elaborado por Proética.
En nuestro país, cumpliendo con este ordenamiento internacional, con
lo establecido en la Constitución de 1993, pero también respondiendo
al escándalo que significó la exposición de la corrupción del régimen
fujimorista a través de los conocidos “vladivideos”, se discutió y se
aprobó la ley 27806, llamada Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Esta ley fue publicada en agosto de 2002 y entró
en vigencia en enero de 2003. En febrero de ese año (2003), se publicó
la ley 27927 que introdujo algunas mejoras importantes en la norma
original. Se incluyó, por ejemplo, a las empresas estatales en el ámbito
de aplicación de la ley. El reglamento de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública se publicó en agosto de 2003 a través
del Decreto Supremo 072-2003-PCM.
Las instituciones que están obligadas a actuar en el marco de la Ley de
Transparencia son las siguientes:
•	El Poder Ejecutivo: incluyendo a todos los ministerios y organismos
públicos descentralizados.
•	El Poder Legislativo.
•	El Poder Judicial.
•	Los Gobiernos Regionales.
•	Las Municipalidades.
•	Los organismos constitucionalmente autónomos, como
Contraloría General de la República o la Defensoría del Pueblo.
•	Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del
Estado, cuyas actividades se realicen en virtud de potestades
administrativas y, por lo tanto, se consideren sujetas a las normas
comunes de derecho público, salvo mandato expreso de una ley
que las refiera a otro régimen.
•	Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios
públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión,
delegación o autorización del Estado, conforme a las normas.
Todas estas instituciones (incluyendo a algunas empresas privadas,
como se señala en el último punto), tienen que cumplir con mantener
de carácter público -es decir, hacer transparente- toda aquella
información que:
• Haya sido creada por una entidad pública.
Por ejemplo: la relación de beneficiarios de un programa social
en un ministerio.
• Haya sido obtenida por una entidad pública.
Por ejemplo: las ofertas de empresas ante una licitación
convocada por un municipio (de acuerdo a ley, estas se
mantienen reservadas hasta el momento en que el concurso
termina).
• Se encuentre en posesión de una entidad pública.
Por ejemplo: un estudio preparado por un consultor privado
para un municipio sobre la viabilidad de una obra.
• Se encuentre bajo control de una entidad pública.
Por ejemplo: el registro de asistencia de los maestros en las
escuelas, que maneja la dirección de cada Institución Educativa
y, periódicamente, la UGEL (Unidades de Gestión Educativa
Local) responsable.
Hay que tener en cuenta que la ley no obliga a las entidades públicas
a producir información que no tengan al momento en que se haga
una solicitud de acceso. Por ejemplo, si una municipalidad no lleva
estadísticas sobre los robos en el distrito, no está obligada a brindar
esta información (si es que es su obligación tener esos datos y no está
cumpliendo, estará incurriendo en otro tipo de falta).
Existen dos grandes maneras mediante las cuales las instituciones
hacen pública la información: una que podríamos llamar “proactiva”,
que consiste en que la entidad está obligada a difundir información así
nadie la solicite, a través de medios de comunicación, particularmente
la Internet (portales electrónicos de las entidades). Y otra que podemos
llamar “reactiva”, la cual consiste en que la entidad entregue cierta
información ante un pedido específico realizado por una persona.
La Ley 27806 precisa que todas las entidades públicas obligadas deben
publicar, de forma permanente y actualizándola periódicamente, la
1. Datos generales de la entidad
o	Marco legal
o	Comunicados emitidos
o	Organización
o	Organigrama
o	Procedimientos
o	TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos) y
otros instrumentos de gestión.
2. Información presupuestal
o	Presupuestos ejecutados
o	Proyectos de inversión
o	Partidas salariales
o	Beneficios de altos funcionarios y del personal en general
3. Adquisiciones de bienes y servicios
o	Programación
o	Montos comprometidos
o	Proveedores
o	Cantidad y calidad de los bienes y servicios adquiridos
4. Actividades oficiales de los altos funcionarios de la entidad
5. Finanzas públicas
o	Presupuesto (ingresos, gastos y financiamiento)
o	Proyectos de inversión pública en ejecución (presupuesto
total, presupuesto del periodo reportado, nivel de
ejecución y presupuesto acumulado)
o	Personal (activo, pasivo, número de funcionarios,
directivos, profesionales, técnicos, auxiliares, sean
nombrados o contratados por un periodo mayor a tres
meses en el plazo de un año -sin importar el régimen
laboral en que se encuentren- rangos salariales y
bonificaciones).
o	Registro de procesos de selección de contrataciones y
o	Progresos en los indicadores de desempeño establecidos
en los planes estratégicos.
6. Información adicional que la entidad considere pertinente.
Debe tenerse en cuenta que la información que se refiere a las finanzas
públicas es tan importante que la Ley de Transparencia, en su artículo
5, señala que debe de difundirse de acuerdo con las condiciones de
cada localidad. Así, si en un municipio la población no cuenta con
acceso a Internet, debe recurrirse a otros medios de comunicación,
que pueden ir desde un diario o boletines hasta pizarrones o vitrinas,
e incluso audiencias. Las autoridades no deben usar como excusa que
no hay Internet y que por eso no difunden esta información.
Publicación reactiva
Llamamos así a las respuestas que las entidades están obligadas a
brindar a las personas que solicitan determinada información que,
teniendo las características señaladas antes (producida por la entidad,
obtenida por la entidad, en posesión de la entidad o bajo control de la
entidad) no está publicada bajo el marco proactivo anterior.
El procedimiento general para solicitar información pública está detallado en
el artículo 11 de la ley 27806 y en el artículo 10 del reglamento de esta norma.
A continuación, presentamos un esquema que sintetiza el procedimiento.
1.	Debes preparar tu solicitud expresando de manera concreta y
precisa la información a la que te interesa acceder. Acompaña tu
solicitud de tus datos personales, como tu nombre y apellido, el
número de tu documento de identidad, tu domicilio y firma (si el
solicitante no sabe firmar, puede poner su huella digital). Si quien
pide la información es menor de edad no es necesario poner el
número de identificación. Puedes incluir tu número de teléfono
o, si tienes, tu dirección de correo electrónico, lo cual es útil para
facilitarle a la entidad que te notifique o si prefieres recibir la
información por correo electrónico.
2.	Para presentar la solicitud debes hacerlo a través de la unidad
de trámite documentario (ventanilla de mesa de partes) o del
portal electrónico de la entidad (lo cual supone que tal portal
debe contar con un canal operativo para hacer solicitudes de
información), y debe estar dirigida al funcionario designado
por la entidad como el responsable de brindar información
(es obligación de la entidad designar a este funcionario). Si no
conoces el nombre del funcionario, si no ha sido designado o si te
equivocas y pones el nombre incorrecto, no te preocupes, porque
es obligación de la unidad de trámite documentario canalizar tu
solicitud adecuadamente.
•	Si deseas acceder a tu propio expediente, este procedimiento no es
aplicable. En este caso, tienes derecho, como administrado, a acceder
en cualquier momento, directamente y sin restricciones a cualquier
expediente administrativo en el que seas parte, incluyendo el derecho
a obtener copias de los documentos (ley 27444, artículo 55).
•	La Ley de Transparencia (artículo 12) contempla la figura del acceso
directo a la información. Se trata de la posibilidad mediante la cual el
ciudadano puede consultar documentación de la entidad, durante las
horas de atención al público, en las propias instalaciones. La atención
debe ser directa e inmediata.
3.	Con respecto al costo, el único precio que debe asumir el
solicitante es el de la reproducción de la información requerida
(artículo 20 de la ley). El monto de la tasa debe estar en el TUPA de
la entidad (Texto Único de Procedimientos Administrativos). Esta
tasa sólo podrá incluir aquellos costos directa y exclusivamente
vinculados con la reproducción de la información solicitada
(artículo 13 del reglamento). En otras palabras, en ningún caso
podrá incluirse dentro de los costos el pago por remuneraciones
o uso de infraestructura ni cualquier otro concepto ajeno a la
La Defensoría del Pueblo ha señalado que el costo de reproducción no
debe ser equivalente o superior al costo del mercado, argumentando
que el Estado no puede lucrar a costa del ejercicio de un derecho
fundamental, y el precio del mercado siempre implica una ganancia
por encima del valor neto de reproducir. Conocer el valor de mercado
puede servirte como referencia para saber si te están cobrando una tasa
4.	La respuesta a una solicitud debe ser entregada por la entidad
en un plazo máximo de siete días útiles. Este plazo puede ser
prorrogado por cinco días útiles más, siempre y cuando se
comunique al solicitante, dentro de los siete días iniciales, que
se va a realizar tal ampliación. El contacto se hará a través de
los datos que se brindó a la entidad al momento de ingresar
la solicitud, por eso es muy importante que pongas tus datos
claramente y completos en ese momento.
5.	Si la respuesta recibida es ambigua o incompleta, o si no se recibe
una respuesta dentro del plazo previsto, se puede considerar la
solicitud denegada. En estos casos se puede presentar un recurso
de apelación ante la propia institución pública. La apelación tiene
un plazo de diez días útiles para ser respondida. Si eso no ocurre, o
si la entidad no se rectifica, se da por agotada la vía administrativa,
y se puede: i) pasar a la vía judicial, iniciando contra la entidad un
proceso contencioso administrativo, o ii) se puede interponer un
recurso de Habeas Data.
6.	La vía judicial: el proceso contencioso administrativo se usa para
impugnar una resolución administrativa que ha sido dada en
última instancia. Debes saber que desde que entró en vigencia
el Código de Procedimientos Constitucionales (Ley 28237) ya no
es indispensable que se agote la vía administrativa para iniciar el
trámite judicial.
7.	El Habeas Data: se llama así al mecanismo que protege el derecho
de acceso a la información pública. Es un proceso constitucional
y como tal tiene algunas características: i) es más rápido que los
procesos judiciales regulares, ii) no existe etapa probatoria, iii)
los jueces tienen que darle prioridad al trámite de los procesos
constitucionales, bajo responsabilidad, iv) no se necesita un
abogado, v) no se paga tasas judiciales. Puedes recurrir al Habeas
Data después de los diez días útiles en que se presentó el pedido
y fue denegado o la respuesta dada fue insatisfactoria. El recurso
se presenta ante los jueces de primera instancia especializados
en lo civil, con competencia en el lugar donde ocurrieron los
hechos. Para interponer un Habeas Data tienes que haber hecho
un reclamo previo y el demandado debe haberse ratificado en
su incumplimiento o no haber respondido tu solicitud dentro de
los plazos legales. Si en el Poder Judicial, en segunda instancia,
se declara infundada o improcedente tu demanda de Habeas
Data, puedes recurrir al Tribunal Constitucional, bajo la figura
del “agravio constitucional” dentro de un plazo de días, contados
desde el día en que la entidad judicial te notificó la improcedencia
de tu demanda.
8.	Tanto en el caso del contencioso administrativo como en el
Habeas Data, si te dan la razón, el resultado puede ser que el juez
ordene al demandado cumplir con la entrega de la información.
También puede, además, exigir a la entidad pública que modifique
sus normas a fin de adecuarlas a la Constitución y a la Ley de
La Ley de Transparencia protege alguna información que podría ser
pública. Se ordena según los siguientes criterios:
1) Información secreta (artículo 15) es toda aquella cuya divulgación
puede afectar la seguridad nacional o el carácter democrático de
Por ejemplo: la disposición de las tropas en la zona de frontera o los
planes militares de respuesta a una posible agresión de un país enemigo.
2) Información reservada (artículo 16) es aquella cuya divulgación
afecta la seguridad ciudadana interior del país. También se consideran
reservados las conversaciones del Estado previas a la firma de un
acuerdo internacional. Debes saber que esta información se vuelve
pública una vez que las causas que motivan su reserva desaparecen.
Por ejemplo: el plan de un operativo policial para detener a una banda
de secuestradores o las actas de las reuniones de los funcionarios que
negociaron los tratados de libre comercio que ha suscrito nuestro país
con otros países.
3) Información confidencial (artículo 17) incluye una serie de categorías:
Recomendaciones u opiniones que sean parte del proceso previo a la
toma de decisión de gobierno (todos los niveles de gobierno). Tomada
la decisión, termina la excepción.
4) Información protegida por secreto bancario y tributario.
5) Información de expedientes administrativos en trámite o en
investigación (referencia a potestad sancionadora de la Administración
Pública). Culminado el procedimiento, o a los seis meses desde que se
inició, se levanta la excepción.
6) Información preparada por asesores jurídicos que pudiera revelar
la estrategia de defensa en un proceso administrativo o judicial que
involucre a la entidad pública. Al concluir el proceso, estos informes se
vuelven públicos.
7) Información sobre datos personales cuya publicidad sea una
invasión de la intimidad personal o familiar. Entra en este rubro la
información referida al estado de salud personal. No entra en esta
categoría la información consignada en las hojas de vida o currículum
vítae de los funcionarios y servidores públicos (méritos profesionales y
calificaciones). En algunos casos, un mismo documento contiene datos
públicos y datos íntimos; situación ante la cual las entidades públicas
deben entregar los documentos tachando los datos que responden a la
intimidad (artículo 19 de la ley).
Si una entidad pública rechaza un pedido de información
argumentando que lo solicitado cae dentro de las excepciones de ley,
el escrito de rechazo debe señalar las razones objetivas claramente y
calificar la información como secreta, reservada o confidencial. Esto
quiere decir que no basta con que, por ejemplo, el municipio te diga
que un expediente de una licitación es “reservado”, sino que tiene
que justificar ese carácter. El Tribunal Constitucional sostiene que de
no hacerlo se estaría incurriendo en una violación por omisión del
derecho fundamental a la información (expedientes 950-00-HD/TC y
1071-98-HD/TC). Además, las entidades públicas no pueden ampliar
las excepciones mediante normas con rango de ley, lo cual significa que
los municipios ni los Gobiernos Regionales a través de ordenanzas ni
el Poder Ejecutivo, a través de Decretos Legislativos, pueden introducir
nuevas excepciones).
En caso de incumplimiento a la normatividad sobre transparencia,
corresponde una sanción por falta grave en el ámbito administrativo
(artículo 4 de la ley), lo cual implica el máximo castigo, que por el
TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos) podría ser la
destitución. Y en el campo penal puede acarrear una denuncia penal
por el delito de abuso de autoridad (según la tipificación del artículo
377 del Código Penal), con sanción no mayor a dos años de pena
privativa de la libertad y treinta a sesenta días de multa. La denuncia
penal se presenta ante el fiscal de turno, quien hará las investigaciones
correspondientes y determinará si hay elementos para acusar al
denunciado ante el Poder Judicial.
La rendición de cuentas se refiere a la responsabilidad que tienen las
autoridades de informar y explicar a los ciudadanos sobre las decisiones
y acciones que toman. Las obligaciones de la ley de transparencia
(los portales electrónicos, difundir información periódicamente y el
mecanismo de solicitud de información) constituyen una manera de
El marco legal peruano considera otras modalidades. Entre ellas, las
más importantes son, entre los gobiernos regionales y municipales,
las audiencias de rendición de cuentas. Las leyes en las que se
considera estas audiencias son la Constitución, la Ley de Bases de la
Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 2.
Rendición de cuentas de los Gobiernos
Esta última (ley 27867), en su artículo 8, señala que la rendición de
cuentas es uno de los principios rectores de la política y la gestión
regional. Además, propone que las audiencias públicas son una de las
maneras a través de las cuales tal principio puede concretarse en la
práctica. Luego, en su artículo 24, esta ley establece que el gobierno
regional debe realizar, por lo menos, dos audiencias públicas al año.
Y dice, además, que una de ellas debe ser en la capital de la región
y la otra en una provincia distinta. El artículo establece que, en esas
audiencias, el gobierno regional dará cuentas a los ciudadanos sobre
los logros y avances alcanzados durante el periodo. La información
que debe ser rendida en las audiencias es la siguiente:
• Información presupuestal.
• Disposiciones regionales emitidas (ordenanzas, acuerdos de
Consejo, decretos y resoluciones regionales).
• Avances en el Plan Concertado de Desarrollo Regional.
• Informes de las direcciones sectoriales regionales.
• Adquisiciones de bienes y servicios (montos, proveedores, calidad y
cantidades adquiridas).
• Actividades oficiales y de participación ciudadana (que es un balance
de cómo ha funcionado el Consejo de Coordinación Regional).
Para el caso de los municipios, la ley no es tan precisa como lo es para los
gobiernos regionales, pero no se puede afirmar que hay un vacío. Por
un lado, existe la Ley del Procedimiento Administrativo General (27444),
que en su artículo 182 recuerda que las normas administrativas prevén
la convocatoria obligatoria a una audiencia pública cuando determinado
acto administrativo pueda: i) afectar derechos o intereses en materia
medio ambiental, ahorro público, valores culturales, históricos,
derechos del consumidor, planeamiento urbano o zonificación; o, ii)
cuando el pronunciamiento sobre autorizaciones, licencias o permisos
que el acto habilite incida directamente sobre servicios públicos. Este
mismo artículo también establece que, durante la audiencia pública,
cualquier tercero, sin necesidad de acreditar legitimación especial,
está habilitado para presentar información verificada, para requerir
el análisis de nuevas pruebas, así como expresar su opinión sobre las
cuestiones que constituyan el objeto del procedimiento o sobre la
evidencia actuada. Esto significa que cualquier ciudadano participante
de la audiencia puede expresar su punto de vista y demandar más
explicaciones. El artículo es claro, sin embargo, al señalar que la
audiencia no es una interpelación a la autoridad.
Bases normativas de la rendición de cuentas en el presupuesto
La Constitución del Perú (artículo 199) dice que los gobiernos
regionales y locales deben formular sus presupuestos con la
participación de la población. También dice que deben rendir cuentas
anualmente de su ejecución, bajo responsabilidad y conforme a ley.
La ley marco del presupuesto participativo (Ley 28056) y su reglamento
desarrollan esta obligación y establecen que:
•	La rendición de cuentas es una fase del proceso del PP. (Artículo 6)
•	Los Presidentes Regionales y Alcaldes están obligados a rendir
cuentas, de manera periódica, ante la asamblea de agentes
participantes, sobre los avances de los acuerdos logrados en la
programación participativa, así como del presupuesto total de la
entidad. (Artículo 11)
•	Uno de los objetivos del Presupuesto Participativo es reforzar el
seguimiento, control, vigilancia de la ejecución del presupuesto y
fiscalización de la gestión, fortaleciendo las capacidades regionales
y locales para fines del proceso participativo y vigilancia ciudadana.
(Reglamento)
•	Tal objetivo se alcanza a través del desarrollo de talleres de
trabajo, el primero de los cuales servirá para que la autoridad regional
presente, actualice o desarrolle el Plan de Desarrollo Concertado de
la jurisdicción, para rendir cuentas sobre el avance en el logro de los
objetivos estratégicos y para hacer una evaluación de los resultados del
proceso presupuestario y participativo del año previo. (Reglamento)
•	Corresponde a la sociedad civil la vigilancia a los gobiernos
respecto del cumplimiento de los acuerdos y resultados del proceso
participativo. Para ello, los agentes participantes eligen y conforman
los Comités de Vigilancia y Control del Presupuesto y Gestión. De
encontrarse indicios o pruebas de presuntos delitos, el Comité de
Vigilancia tiene la facultad de realizar la denuncia correspondiente
ante la Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República,
Ministerio Público o el Congreso de la República, según corresponda.
Rendición de cuentas del Presupuesto
De otro lado, existe la rendición de cuentas en el proceso del Presupuesto
Participativo (PP). El PP es un instrumento político y técnico a través del
cual se garantiza la presencia del interés colectivo en la priorización del
gasto público. Las autoridades regionales o locales y los representantes
de la sociedad civil definen a qué y cómo se van a orientar los recursos
teniendo en cuenta los objetivos estratégicos planteados en el Plan de
Desarrollo Concertado. La elaboración del presupuesto participativo
requiere planificación y una permanente coordinación entre los actores
del Estado y la sociedad civil, así como entre los gobiernos regionales
y locales. Por ese motivo, la Dirección Nacional del Presupuesto
Público del Ministerio de Economía ha publicado el Instructivo para el
Presupuesto Participativo, el cual detalla todas las fases que debe tener
un proceso participativo.
Durante la fase llamada Desarrollo de los Talleres de Trabajo (quinta
fase), entre otras cosas, las autoridades deben brindar información sobre
el cumplimiento de los acuerdos tomados en el proceso participativo
del año anterior, así como el nivel de avance en la implementación
del Plan de Desarrollo Concertado y el nivel de cumplimiento de los
compromisos asumidos por cada uno de los actores del proceso. De
otro lado, también debe informarse (y explicar) cualquier modificación
presupuestaria que se hubiera hecho por algún cambio en la priorización
La rendición de cuentas durante el proceso del presupuesto
participativo debe servir para:
•	Brindar insumos para el proceso participativo en curso, pues
permite conocer el nivel de cumplimiento de los acuerdos y el
estado de los proyectos priorizados en el proceso anterior.
•	Facilitar la labor de los comités de vigilancia y control del
proceso anterior.
•	Recoger propuestas y recomendaciones de los ciudadanos
para mejorar la gestión y anticipar cualquier error en el manejo del
•	Fortalecer la relación democrática entre autoridades y ciudadanos,
•	Darle legitimidad políticas a las decisiones que se toman como
parte del desarrollo del proceso participativo.
•	Incrementar la responsabilidad y transparencia en el ejercicio de la
función pública para prevenir actos de corrupción.
El Comité de Vigilancia y Control del
Como hemos visto, este comité es parte del proceso del presupuesto
participativo. Es conformado al inicio del proceso, y su vigencia es de
dos años. Sus integrantes son agentes participantes, a quienes se les
encarga hacer el seguimiento a las distintas etapas del proceso. El
número mínimo de integrantes es de cuatro personas: presidente,
vicepresidente, secretario y tesorero.
Tiene competencias para vigilar el desenvolvimiento de las distintas
etapas del proceso según los principios del instructivo, así como
el cumplimiento de los acuerdos concertados en el presupuesto
Tiene como obligación informar cada tres meses sobre los resultados
de la vigilancia ante los consejos de coordinación (regional o local,
según corresponda) y ante la sociedad civil. Como se ha señalado,
si se encuentran indicios o pruebas de delitos, deben interponer la
IV. Las contrataciones y
El Estado es el principal comprador de bienes y servicios y es el
contratista de las obras más importantes del país. Las decisiones
debieran ser las mejores, pues esos bienes, servicios y obras tienen
una injerencia directa sobre la calidad de la vida de la gente. Sin
embargo, por las mismas dimensiones que tienen y los montos que
involucran es que suelen estar en el ojo de intereses corruptos,
los cuales buscan aprovechar cualquier falla en los controles para
sacar partido. Es ahí, por eso mismo, que nosotros, como vigilantes,
tenemos que estar más alertas; para lo cual necesitamos entender
cómo funcionan estos procesos.
¿Qué y cuánto compra el Estado?
El Estado es el principal comprador del país. Ello, por supuesto,
dinamiza las industrias nacionales y se genera crecimiento
económico. De acuerdo con estadísticas del Organismo Supervisor
de Contrataciones del Estado (OSCE), el año 2010 el conjunto de
instituciones públicas que conforman el Estado peruano adquirió o
contrató por más de S/. 40 mil millones. Las entidades adquieren o
contratan el suministro de bienes y servicios y la ejecución de obras.
¿Quién compra? ¿Quién vende?
El Estado cuenta, según las estadísticas del OSCE para 2010, con cerca
de 2400 entidades y organismos que compran en todo el país. Se
pueden distribuir en los siguientes rubros:
•	459 de nivel nacional: ministerios, organismos autónomos y
•	312 de nivel regional: gobiernos regionales y sus dependencias.
•	1578 de nivel local: municipios provinciales, distritales y sus
¿Cómo compra el Estado? Las normas
sobre contratación pública
La Constitución Política señala que debe haber principios y normas
básicas de la contratación pública en el Perú sobre objetos contractuales
diversos. En lo referido a los Contratos de la Administración Pública en
materia de bienes, servicios y obras a favor del Estado, así como de
disposición de bienes del Estado, el artículo 76° de la Constitución
Política establece que:
“Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos
o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y
licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación
de bienes.”
Es decir, constitucionalmente se obliga a que cualquier contratación
con fondos públicos se realice de acuerdo a un marco normativo.
Este marco existe. Las normas que lo conforman están ordenadas en
el anexo legal de esta guía. Aquí nos detendremos sobre la Ley de
Contrataciones del Estado, eje de todo este marco legal, que contiene
las disposiciones y lineamientos que deben observar las entidades del
sector público en los procesos de contrataciones de bienes, servicios
u obras y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los
La ley fue aprobada por el Decreto Legislativo (DL) 1017, publicado
el 4 de junio de 2008. Esta ley cuenta con un Reglamento que fue
aprobado por el Decreto Supremo 184-2008-EF. Ambos documentos
legales regulan los distintos procedimientos que deben seguirse en
la contratación pública, desde los actos preparatorios hasta la etapa
de ejecución contractual. También contemplan mecanismos de
solución de controversias y las sanciones a los funcionarios de las
entidades del sector público a través de Sistema Nacional de Control
y a los proveedores a través de las sanciones facultadas al Organismo
Superior de Contrataciones del Estado (OSCE).
Las entidades del Estado peruano pueden realizar las adquisiciones que
están dentro del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC)
a través de organismos internacionales, como la UNOPS o la OIM,
amparados en el convenio de Cooperación Internacional, aprobado
mediante el Decreto Legislativo 721.
El Organismo Supervisor de
El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) tiene
una serie de funciones (art. 58 de DL 1017) con respecto al control
y promoción de las adquisiciones del Estado. Entre ellas está la
competencia para realizar una fiscalización aleatoria o selectiva de
procesos de contratación que se den bajo esta normatividad, imponer
sanciones a proveedores que actúen en contra de las reglas de juego,
y transmitirle a la Contraloría los casos en los que hubiera encontrado
indicios razonables de delito o de perjuicio económico para el Estado.
Sin embargo, no existen análisis de estas competencias que puedan
dar una impresión general sobre si se están cumpliendo o no, y en
qué medida.
Alcances de la Ley de Contrataciones del
Esta norma es válida para las contrataciones que deben realizar las
entidades para proveerse de bienes, servicios u obras, asumiendo
el pago del precio o de la retribución correspondiente con fondos
públicos, y demás obligaciones derivadas de la calidad de contratante.
Contiene las disposiciones y lineamientos que deben observar las
Entidades del Sector Público en los procesos de contrataciones de
bienes, servicios u obras, y regula las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos.
Por “entidades” entendemos:
a) El Gobierno Nacional, sus dependencias y reparticiones;
b) Los Gobiernos Regionales, sus dependencias y reparticiones;
c) Los Gobiernos Locales, sus dependencias y reparticiones;
d) Los Organismos Constitucionales Autónomos;
e) Las Universidades Públicas;
f) Las Sociedades de Beneficencia y las Juntas de Participación Social;
g) Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú;
h) Los Fondos de Salud, de Vivienda, de Bienestar y demás de
naturaleza análoga de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional
del Perú;
i) Las empresas del Estado de derecho público o privado, ya sean de
propiedad del Gobierno Nacional, Regional o Local y las empresas
mixtas bajo control societario del Estado; y
j) Los proyectos, programas, fondos, órganos desconcentrados,
organismos públicos del Poder Ejecutivo, instituciones y demás
unidades orgánicas, funcionales, ejecutoras y/o operativas de los
Poderes del Estado; así como los organismos a los que alude la
Constitución Política del Perú y demás que sean creados y reconocidos
por el ordenamiento jurídico nacional.
La Ley de Contrataciones no es aplicable en los siguientes casos:
•	Cuando se trata de contratos de locación de servicios o servicios no
personales entre las entidades y personas naturales.
•	Contrataciones por montos inferiores a 3 UIT.
•	Los contratos que, por mandato de una ley o de una autoridad
jurisdiccional, debidamente publicado en el diario El Peruano, deben
realizarse con un determinado proveedor (los peritos, por ejemplo).
•	Contrataciones para la defensa del Estado en caso de controversias
internacionales sobre inversión, sea por arbitraje o en medio judicial.
•	Contrataciones realizadas a través de organismos internacionales, que
ya señalamos.
Principios del régimen de la contratación
Los principios de la contratación pública están establecidos en el
artículo 4° de la ley de Contrataciones del Estado. Los principios,
acompañados de una breve explicación sobre en qué consisten, de
acuerdo a la norma, son los siguientes:
Trato justo e
No dejar de lado al hombre que es el beneficiario final. Todo
proceso debe satisfacer necesidades y a la vez cumplir metas y
objetivos, lo que impacta en la población social.
Los actos referidos a las contrataciones deben caracterizarse por
su honradez, veracidad, justicia y probidad.
Fomentar la participación a competir sin discriminar.
Acuerdos y resoluciones de los funcionarios y órganos
responsables de las contrataciones de la Entidad se adoptarán
en estricta aplicación de la Ley y el Reglamento; así como en
atención a criterios técnicos que permitan objetividad en el
tratamiento a los postores y contratistas.
En todos los procesos de contratación, los objetos a contratar
deben ser razonables, en términos cuantitativos y cualitativos, para
atender el interés público y el resultado esperado.
Los bienes, servicios u obras que se contraten, deben reunir
los requisitos de calidad, precio, plazo de ejecución y entrega y
deberán efectuarse en las mejores condiciones en su uso final.
Los actos deben ser públicos. En caso que se trate de actos
reservados por su naturaleza, deben volverse públicos una vez que
termine el proceso y la decisión sea tomada.
Debe recurrirse a mecanismos de transparencia como portales
electrónicos, medios de comunicación masiva, el SEACE.
En toda contratación se aplicarán los criterios de simplicidad,
austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos,
en las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos
y resoluciones recaídos sobre ellos. En las Bases y en los
contratos deben evitarse exigencias y formalidades costosas e
Los bienes, servicios u obras deben reunir condiciones de
calidad y modernidad tecnológica para cumplir fines requeridos,
desde el mismo momento en que son contratados, y por un
determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad
de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con
los avances científicos y tecnológicos.
Todo postor de bienes, servicios u obras debe tener
participación y acceso para contratar con las Entidades en
condiciones semejantes a las de los demás, estando prohibida
la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas.
Debe haber un trato justo, equitativo y con responsabilidad en
términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades para
los distintos participantes (debe aliviarse los requerimientos para
favorecer a PYMES por ejemplo).
Debe evitarse generar impacto ambiental negativo. Debe evaluarse
la sostenibilidad del bien durante su vida útil, incluyendo el costo
de su eliminación.
Estos principios rigen la actuación de los agentes públicos y
privados que intervienen en las contrataciones estatales. Buscan
garantizar que las entidades obtengan bienes, servicios y
obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a costos
o precios adecuados. Además sirven como criterios interpretativos
e integradores para resolver problemas que puedan aparecer
en la aplicación de las normas, supliendo los vacíos que las
normas puedan tener.
La gestión de adquisiciones y contrataciones es un proceso que
involucra diversos actores dentro de las entidades públicas y fuera
•	El titular de la entidad es la más alta autoridad ejecutiva, según cada
organización, y sus funciones son aprobar, autorizar y supervisar los
procesos de contratación. Estas funciones están previstas en la ley.
Estamos hablando, como ejemplos, del alcalde, en el caso de los
municipios; o del Presidente Regional, en el caso de los gobiernos
•	El área usuaria es la dependencia cuyas necesidades buscan ser
atendidas con determinada contratación o que, dada su especialidad
dentro de la entidad, es la que canaliza los requerimientos
formulados por otras dependencias.
•	El órgano encargado de las contrataciones es la unidad que realiza
las actividades relativas a la gestión del abastecimiento al interior
de una entidad. Suele ser el área de logística.
•	El Comité Especial es un órgano colegiado que se encarga de
seleccionar al proveedor que brindará los bienes, servicios u
obras requeridos por determinada área usuaria en un proceso de
El proceso de contratación se puede dividir en tres grandes fases:
Primera Fase: Actividades preparatorias y programación, que
involucra identificar la necesidad y planear la adquisición, hacer el
requerimiento, preparar el expediente de contratación y elaborar las
Segunda Fase: Selección, que involucra la convocatoria, absolver
consultas y observaciones a las bases, recibir las propuestas, evaluarlas
y señalar al ganador de la Buena Pro.
Tercera Fase: Ejecución contractual, involucra una etapa de apelación
y la ejecución del contrato. El contrato entre la entidad y la empresa
ganadora incluye el propio documento contractual, que debe ajustarse
a la proforma incluida en las Bases. Debe incluir las Bases integradas,
la oferta ganadora y los documentos que se hubieran derivado del
proceso de selección. El documento de contrato debe contener,
como mínimo, garantías, solución de controversias y mecanismos de
resolución del contrato. Al final de la ejecución se cierra el expediente
de contratación.
El Comité Especial es un órgano colegiado que se encarga de seleccionar
al proveedor que brindará los bienes, servicios u obras requeridos por
determinada área usuaria en un proceso de contratación.
Todo procedimiento de contratación requiere que se tramite el
respectivo Expediente de Contratación. Este debe contener los siguientes
•	Características técnicas mínimas de lo que se ha programado adquirir.
•	Estudio de posibilidades del mercado y el valor referencial.
•	Disponibilidad presupuestal.
•	Tipo de proceso.
•	Modalidad de selección.
•	Todas las actuaciones del Comité Especial, desde su designación.
•	Todas las propuestas (ganadoras y no ganadoras), que se irán
incorporando.
•	Contrato, que se incorporará a su suscripción.
•	Toda la documentación generada desde el requerimiento hasta la
liquidación del contrato.
Si quieres conseguir información sobre un proceso de selección que ya
terminó, solicita acceso a este documento a través de una solicitud de
Recuerda que mientras la fase de selección esté abierta, habrá
documentos reservados (por ejemplo, las propuestas de todos los
postores), cuya reserva se levantará al declararse un ganador. Hay otros
documentos que bajo ningún supuesto pueden estar reservados, como
El contrato es otro documento clave en el que puedes buscar
información. Recuerda que es un documento público y, por lo tanto,
sujeto a la normatividad sobre transparencia, aún cuando esté en
Procesos y modalidades de selección
Los procesos de selección son: licitación pública, concurso público,
adjudicación directa pública, adjudicación directa selectiva y
adjudicación de menor cuantía, los cuales se podrán realizar de
acuerdo a las siguientes modalidades: Compras Corporativas,
Subasta Inversa o Convenio Marco.
El tipo de proceso de selección se determina según el monto del valor
referencial. Según se haga más complejo el proceso, los requisitos
para participar serán mayores también.
de...
Adj. Directa
obras o
Según el artículo 18 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2011 (ley 29626), los topes para determinar cada tipo de
proceso son los siguientes:
> = a 400,000.00
> = a 1,800,000.00
< = de 400,000.00
< = de 1,800,000
> de 200,000.00
> de 900,000.00
<= de 200,000.00
<= de 900,000
> de 40,000.00
> de 180,000.00
<= de 40,000.00
<= de 180,000.00
> de 10,800.00 *
ADJUDICACIÓN DE MANOR CUANTIA
* D.S. N° 252-2010-EF
En cuanto a las modalidades se puede señalar:
•	Mediante compras corporativas las Entidades se agrupan para
adquirir o contratar bienes y servicios de manera conjunta,
realizando un único proceso de selección con el objetivo de reducir
los costos de transacción y aprovechar las ventajas de la economía
de escala, obteniendo bienes y servicios con valor agregado Y
produciéndose de esta manera un mejor aprovechamiento de los
recursos del Estado y facilitando la estandarización de bienes y
•	El convenio marco es la modalidad que permite contratar
directamente bienes o servicios que requieran las entidades, sobre
la base del registro de precios y condiciones establecidas en el
catálogo del Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones
(SEACE).
•	A través de la subasta inversa una entidad realiza la adquisición de bienes
comunes o la contratación de servicios comunes a través de una oferta
pública y en la cual, el postor ganador será aquel que ofrezca el menor
precio o costo en igualdad de circunstancias comerciales y de servicio.
Esta modalidad de selección puede realizarse de manera presencial (en
acto público, con propuestas de precios y lances verbales) o electrónica
(según los procedimientos que se establezcan de forma específica).
Están exoneradas de los procesos de selección de adquisiciones y
contrataciones que se realicen:
Entre entidades del sector público.
Para contratar servicios públicos sujetos a tarifas únicas.
En situación de emergencia o desabastecimiento inminente.
Con carácter de secreto militar o de orden interno.
Cuando exista proveedor único.
Para que un proveedor pueda hacer negocios con el Estado debe
estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. Esto no es
necesario cuando los montos de las compras sean inferiores a 3 UIT
(S/. 10,800.00 para el año 2011). Los empresarios interesados en
concursar en un proceso de selección deben contar con su registro
en el RNP. Si a una empresa se le declara nulo su registro por haber
presentado información falsa, se mantendrá fuera del registro durante
dos años contando desde el momento en que se declara la nulidad.
En el RNP existen proveedores de bienes, de servicios, consultores
de obras, ejecutores de obras e inhabilitados para contratar con el
Puedes revisar si la empresa que ha ganado un proceso de selección
en tu municipio o gobierno regional está inscrita en el RNP del
Órgano Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
(OSCE) en la siguiente página web: www.rnp.gob.pe El registro de
proveedores inhabilitados se encuentra en: http://www.osce.gob.pe/
consultasenlinea/inhabilitados/busqueda.asp
Aspectos vulnerables a la corrupción en
los procesos de contratación
La casuística muestra que los procedimientos dentro de las tres
fases señaladas están poblados prácticamente en su totalidad de
vulnerabilidades a actos de corrupción, sobre las cuales hay que
poner mucha atención al momento de hacerles vigilancia.
En el siguiente esquema se muestra una sistematización de los
procedimientos y las vulnerabilidades:
Sub fase
• Incorporación de compras que no son necesarias.
• Fraccionar requerimientos en procesos más pequeños o por
debajo de 3 UIT, para poder adjudicar directamente.
• Manipular la selección de las empresas para solicitar
• Recurrir a exoneraciones para evitar los controles.
resultados del proceso de selección.
• Interferir en la independencia del Comité.
• Establecer criterios de evaluación que favorecen a
determinado postor.
• Solicitar requisitos desproporcionados para declarar desierto
• Restringir la publicidad del concurso.
• Favorecer a un postor entregándole información que le
permita mejorar su propuesta.
• No respetar los criterios de evaluación ni su forma de
• Interpretar las propuestas sin sustento formal.
• Hacerse de la vista gorda ante la presentación de
documentos falsos para sustentar una propuesta.
• Cambiar o renegociar sustancialmente un contrato.
Como se puede apreciar, hay un amplio conjunto de actividades que se
hacen para sacar provecho indebido de los procesos de contratación.
Seguramente, la lista puede ser más grande todavía, pero esta es una
aproximación general, que así ordenada, según las fases del proceso,
permite estar más alertas sobre cada una de ellas.
V. ¿Cómo vigilar la ejecución
de una obra pública?
Un ejercicio muy importante es la vigilancia a las obras que se
ejecutan en nuestra localidad. No solo porque debemos ayudar a
cautelar el buen uso de los fondos públicos, sino para estar seguros de
que las obras se están haciendo bien, pues nosotros seremos quienes
usemos esas pistas, ese sistema de drenaje, el agua de ese reservorio,
nos atenderemos en esos establecimientos de salud y nuestros hijos
irán a esas escuelas que se construyan o remodelen.
Pero, ¿cómo se vigila la ejecución de una obra? ¿En qué aspectos
debiéramos de concentrarnos? ¿Qué pasa si no tenemos experiencias
con otras obras?
Antes de pasar a ver esas preguntas hay algunas recomendaciones
que sería bueno que tomes en cuenta si decides pasar a la vigilancia:
•	Participa activamente en las actividades y reuniones convocadas en el
marco del presupuesto participativo, sea municipal o regional.
•	Trata de organizarte. Aunque el derecho es individual y, en principio,
una sola persona puede hacerlo, la experiencia muestra que una
organización de vecinos, de madres, un comité de autodefensa, un
comité de beneficiarios, etc., puede hacer más llevaderas las actividades
de vigilancia y participación.
•	Preséntate ante la entidad pública y hazles saber tu deseo (y el de tu
organización) de vigilar determinada obra. La vigilancia, en principio,
no debe ser para confrontar a la autoridad, a menos que los indicios
nos fuercen a ello. El supuesto es que todos tenemos el mismo interés:
las mejores obras para la comunidad, por esa razón las autoridades
debieran ser nuestros aliados.
Aspectos sobre los cuales vigilar
Ahora, sí. Para determinar los puntos o aspectos que podemos vigilar,
usaremos una ficha de vigilancia de obras (anexo 1) que ha sido
preparada por los miembros del Grupo Regional de La Libertad de la
Red Nacional Anticorrupción que promueve Proética. Ese instrumento
nos brinda un marco inicial para hacer la vigilancia. Las cosas sobre las
que hay que poner la atención son las siguientes:
Es obligatorio que todas las obras tengan un cartel de obra. Ese cartel
no tiene fines publicitarios sino informativos. Debe estar puesto en
un lugar visible. El cartel debe señalar el nombre de la obra, el monto
que se ha destinado a la misma, la fuente de financiamiento, cuál es la
unidad ejecutora, cuál es la empresa contratista y cuál es la empresa
supervisora, así como el plazo en que debe concluirse.
Es el documento –un cuaderno—en el que se detallan todos los
acontecimientos y avance de la obra. Es manejado por el ingeniero
Es el responsable inmediato de la obra. Como su nombre señala, se
trata de un profesional que está a cargo de las obras, razón por la cual
debe estar permanentemente en el lugar de ejecución de la obra.
Cuando quieras acercarte a hacer vigilancia de una obra pública, debes
coordinar la actividad con el ingeniero residente. Si él no es consciente
de que tiene que permitirte la vigilancia, tomando todas las medidas
de seguridad necesarias, explícale lo que has aprendido en esta guía
con respecto al derecho a la vigilancia. Si es muy peligroso, podrán
coordinar para hacerlo en otro momento, pero debe hacértelo saber.
El supervisor cumple el papel de verificar que la obra se levante de
acuerdo al contrato, que se utilice los materiales ofrecidos, que los
profesionales cumplan con los perfiles ofrecidos en el contrato, entre
otros aspectos. Para ponerlo de una forma sencilla: son los ojos de
la entidad pública en la obra. En muchos casos, la supervisión es
también contratada por un concurso (en obras grandes, por ejemplo)
y es realizada por empresas especializadas. Puedes revisar su contrato
con la entidad pública correspondiente y asegurarte que desarrollen
la supervisión de acuerdo al mismo.
Dado que la supervisión de una obra tiene intereses parecidos a los
tuyos; es decir, ver que la obra se haga bien, una buena estrategia es
entablar una alianza con los profesionales que realizan esa función.
También es útil relacionarte con los obreros, quienes muchas veces
son contratados en el mismo lugar de ejecución de la obra, y son
compañeros de la comunidad. Ellos podrían darte más información si
es que la obra está haciéndose bien o si es que hay alguna irregularidad
(si están usando un tipo de material en vez del que ofrecieron en el
contrato, por ejemplo), pero que no denuncian por temor a perder su
En el contrato se precisa los materiales que se utilizarán. Si tienes la
posibilidad de determinar los materiales que se están usando, hazlo;
puesto que es muy común que se usen productos de menor calidad
para ahorrar costos. Si pudieras conseguir el apoyo de profesionales
sería muy útil para hacer una evaluación más técnica. Los materiales
deben estar adecuadamente puestos en un almacén de materiales.
Uno de los datos más útiles es conocer el nivel de avance de la obra.
Como se señaló eso debe estar registrado en el cuaderno de obra. El
ingeniero residente puede dar esa información también.
Mientras más información recojas en la visita a una obra, en mejores
condiciones estarás para hacerte una opinión y dar sustento, de ser
necesario, a la denuncia. Si tienes una cámara de fotos, utilízala. En
todo caso, la ficha que adjuntamos a esta guía te debiera servir como
base para fijarte en el tipo de datos que necesitas.
¿Qué hacemos con las irregularidades
encontradas?
Si encontramos irregularidades en la obra podemos entregar la
información debidamente sustentada a la institución pública que
ha encargado la obra. También la podemos hacerla llegar a nuestro
alcalde y también a medios de comunicación para que se enteren.
Recuerda que mientras más gente sepa, mejor.
Lugares donde se puede ir a denunciar, colocar una queja o buscar
•	Ante el titular de la propia entidad: el alcalde en un municipio, el
director en una Dirección Regional, el presidente en un Gobierno
•	El órgano de control institucional de la entidad (OCI).
•	El Ministerio Público.
•	La Defensoría del Pueblo.
•	Los medios de comunicación.
Organízate con tus vecinos. Aunque una sola persona puede
hacer vigilancia, la experiencia muestra que es mejor si se
El comité de vigilancia debe presentarse ante las autoridades
responsables de la obra y coordinar con ellos la visita que se
Tomen contacto con el supervisor de la obra y expóngale el
motivo de la vigilancia ciudadana.
Confirmen si el perfil del supervisor corresponde al profesional
propuesto en el contrato.
Es importante que tomen una nota de los avances de la obra.
Les puede ser útil una ficha de observación.
Corroboren si los equipos y el personal de la supervisión
corresponde al de su propuesta técnica en el proceso de selección.
Si hay cambios, pidan explicaciones sobres los motivos.
Certifiquen la participación del persona profesional propuesto
en el proceso de ejecución de la obra.
Tengan reuniones periódicas con el supervisor de obra
mientras dura la ejecución, con el fin de que se informen
sobre la situación de la obra. Recuerda que ustedes son los
beneficiaros y usarán sus instalaciones.
Conversen con los obreros. En muchos casos son gente de la
localidad y les pueden ayudar a informarse.
Controlen la permanencia a tiempo completo del ingeniero
residente y del supervisor durante la ejecución de la obra. El
residente tiene que estar todo el tiempo que se ejecute la obra.
Miren que los equipos sean movilizados a la obra en al cantidad
y tiempo requeridos en el expediente técnico.
Vigilen que los trabajos se ejecuten dentro del plazo
Involucren a profesionales y personal competente en
las pruebas de equipos, sistemas eléctricos, sanitarios,
electrónicos, etc. Miembros de los colegios de ingenieros les
pueden dar una mano.
Tomen en cuenta que la obra tiene una garantía de siete (7)
años desde el momento que se entrega. Si detectan defectos,
se deben reportar a la entidad para que el contratista se haga
Recuerden que la mejor forma de vigilar es organizándonos
con nuestros vecinos y con la gente de nuestra comunicad para
hacer mas eficiente nuestra vigilancia
Leer más sobre este usuarioSkip carouselUrgent discussion is needed on decision-making, transparency and access to information mechanisms for REDD+ in PeruCargo Carta MINAM Sobre FONAMPrograma del foroREDD+ AND CORRUPTION RISKS FOR AFRICA'S FORESTSCandidatos finalistas a la Jefatura de la ONPEEstados financieros de Proética al 31 de diciembre de 2015 y de 2014 junto con el dictamen de los auditores independientesEstados financieros de Proética al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 junto con el dictamen de los auditores independientesEstados financieros de Proética al 31 de diciembre de 2012 y de 2011 junto con el dictamen de los auditores independientes¿Problema u oportunidad?, por Jorge MedinaTackling Corruption to Protect the World’s ForestsDeclaración de Intereses - Ministro de Cultura, Salvador Del Solar Declaración de Intereses - Ministra de Educación, Marilú MartensDeclaración de Intereses - Ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín VizcarraDeclaración de Intereses - Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana AljovínDeclaración de Intereses - Ministro de Cultura, Salvador del SolarDeclaración de Intereses - Ministro de Cultura, Salvador del SolarDeclaración de Intereses - Ministro de Cultura, Salvador del Solar Declaración de Intereses -Ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo LunaDeclaración de Intereses - Presidente del Perú, Pedro Pablo KuczynskiDeclaración de Intereses - Ministra de Salud, Patricia GarcíaDeclaración de Intereses - Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Perez TelloDeclaración de Intereses - Ministro de Agricultura y Riego, José HernándezDeclaración de Intereses - Ministro de Defensa, Jorge Nieto MontesinosDeclaración de Intereses - Ministra del Ambiente, Elsa GalarzaDeclaración de Intereses - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo
Sign up to vote on this titleUsefulNot usefulGuía para los vigilantes por Proética0.0 (0)InsertarDescargaDescripción:Vigilancia ciudadana de contrataciones y obras públicas.Vigilancia ciudadana de contrataciones y obras públicas.Leer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: © All Rights ReservedDownload as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMostrar másMostrar menos
RelacionadoUrgent discussion is needed on decision-making, transparency and access to information mechanisms for REDD+ in Perupor ProéticaCargo Carta MINAM Sobre FONAMpor ProéticaPrograma del foro: "El Caso Lava Jato. Una perspectiva regional: el rol de la sociedad civil"por ProéticaREDD+ AND CORRUPTION RISKS FOR AFRICA'S FORESTS: CASE STUDIES FROM CAMEROON, GHANA, ZAMBIA AND ZIMBABWEpor ProéticaCandidatos finalistas a la Jefatura de la ONPEpor ProéticaEstados financieros de Proética al 31 de diciembre de 2015 y de 2014 junto con el dictamen de los auditores independientespor ProéticaEstados financieros de Proética al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 junto con el dictamen de los auditores independientespor ProéticaEstados financieros de Proética al 31 de diciembre de 2012 y de 2011 junto con el dictamen de los auditores independientespor Proética¿Problema u oportunidad?, por Jorge Medinapor ProéticaTackling Corruption to Protect the World’s Forests: How the EU Can Rise to the Challengepor ProéticaDeclaración de Intereses - Ministro de Cultura, Salvador Del Solarpor Proética Declaración de Intereses - Ministra de Educación, Marilú Martenspor ProéticaDeclaración de Intereses - Ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarrapor ProéticaDeclaración de Intereses - Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovínpor ProéticaDeclaración de Intereses - Ministro de Cultura, Salvador del Solarpor ProéticaDeclaración de Intereses - Ministro de Cultura, Salvador del Solarpor ProéticaDeclaración de Intereses - Ministro de Cultura, Salvador del Solarpor Proética Declaración de Intereses -Ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Lunapor ProéticaDeclaración de Intereses - Presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynskipor ProéticaDeclaración de Intereses - Ministra de Salud, Patricia Garcíapor ProéticaDeclaración de Intereses - Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Perez Tellopor ProéticaDeclaración de Intereses - Ministro de Agricultura y Riego, José Hernándezpor ProéticaDeclaración de Intereses - Ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinospor ProéticaDeclaración de Intereses - Ministra del Ambiente, Elsa Galarzapor ProéticaDeclaración de Intereses - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillopor ProéticaDeclaración de Intereses - Ministro del Interior, Carlos Basombríopor ProéticaDeclaración de Intereses - Ministro de la Producción, Bruno Giuffrapor ProéticaDeclaración de Intereses- Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Romero Lozadapor ProéticaMore From ProéticaSkip carouselUrgent discussion is needed on decision-making, transparency and access to information mechanisms for REDD+ in PeruCargo Carta MINAM Sobre FONAMPrograma del foroREDD+ AND CORRUPTION RISKS FOR AFRICA'S FORESTSCandidatos finalistas a la Jefatura de la ONPEEstados financieros de Proética al 31 de diciembre de 2015 y de 2014 junto con el dictamen de los auditores independientesEstados financieros de Proética al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 junto con el dictamen de los auditores independientesEstados financieros de Proética al 31 de diciembre de 2012 y de 2011 junto con el dictamen de los auditores independientes¿Problema u oportunidad?, por Jorge MedinaTackling Corruption to Protect the World’s ForestsDeclaración de Intereses - Ministro de Cultura, Salvador Del Solar Declaración de Intereses - Ministra de Educación, Marilú MartensDeclaración de Intereses - Ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín VizcarraDeclaración de Intereses - Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana AljovínDeclaración de Intereses - Ministro de Cultura, Salvador del SolarDeclaración de Intereses - Ministro de Cultura, Salvador del SolarDeclaración de Intereses - Ministro de Cultura, Salvador del Solar Declaración de Intereses -Ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo LunaDeclaración de Intereses - Presidente del Perú, Pedro Pablo KuczynskiDeclaración de Intereses - Ministra de Salud, Patricia GarcíaDeclaración de Intereses - Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Perez TelloDeclaración de Intereses - Ministro de Agricultura y Riego, José HernándezDeclaración de Intereses - Ministro de Defensa, Jorge Nieto MontesinosDeclaración de Intereses - Ministra del Ambiente, Elsa GalarzaDeclaración de Intereses - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer TrujilloDeclaración de Intereses - Ministro del Interior, Carlos BasombríoDeclaración de Intereses - Ministro de la Producción, Bruno GiuffraDeclaración de Intereses- Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Romero LozadaDeclaración de Intereses - Ministro de Economía y Finanzas, Alfredo ThorneDeclaración de Intereses - Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados

References: Artículo 2

Artículo 31
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 13
 artículo
5
 artículo 11
 artículo 10
 artículo 55
 resolución 
 artículo
377
 artículo 8
 artículo 24
 artículo 182
 artículo 76

artículo 4

resolución 
 artículo 18