Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-805-08.htm
Timestamp: 2017-10-21 19:41:32+00:00

Document:
C-805-08
De acuerdo a lo establecido en el artículo 243 de la Constitución Política, los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccional gozan de fuerza de cosa juzgada. Ello implica que las decisiones judiciales adoptadas por la Corporación en cumplimiento de su misión de garantizar la integridad y la supremacía de la Constitución, adquieren valor jurídico y fuerza vinculante. La cosa juzgada constitucional, además de proteger la supremacía normativa de la Carta, está llamada a garantizar la efectiva aplicación de los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima de los administrados, ya que por medio de esta figura, se garantiza que el órgano encargado del control constitucional sea consistente con las decisiones que ha proferido previamente.
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Sentido formal
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, la ciudadana Mercedes Olaya Vargas solicitó ante esta Corporación la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 32 de la Ley 1142 de 2007 “por medio del cual se reforman parcialmente las leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana"
A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, de conformidad con su publicación en el Diario oficial No. 46673 del 28 de junio de 2007,
D.O. No. 46673 del 28 de Junio de 2007
“Por medio del cual se reforman parcialmente las leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana"
Estima la demandante que la norma acusada vulnera el art. 29 de la Carta, en especial, el principio del acto y la prohibición de la doble incriminación o non bis in ídem. Así mismo, considera vulnerado el principio de igualdad y la prohibición de “discriminación injusta” (art. 13 superior), e infringe los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
1. Considera que la negativa automática de los beneficios legales, judiciales y administrativos con fundamento en la existencia de antecedentes penales, configura una nueva sanción para el ciudadano, lo cual vulnera el artículo 29 de la Carta en cuanto dispone que a la persona se le sanciona por el "acto" que se le imputa. En este orden de ideas estima que el artículo 32 de la Ley 1142 de 2007 regresa al "derecho penal de autor' en contraposición al "derecho penal de acto" que se consagró en el artículo 29 de la Constitución Nacional.
2. También se vulneraría el principio del non bis in ídem, consagrado en el mismo precepto, pues la norma demandada posibilita que nuevamente se tenga en cuenta ese hecho anterior, y su correspondiente sentencia de condena ejecutoriada, para ahora negar un beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo.
3. Sobre la presunta vulneración al principio de igualdad (Art. 13 C.P.) señala que ésta se produce en primer lugar, en razón a que la negativa automática no opera para quienes no tienen antecedentes penales; y en segundo lugar, por que la norma impugnada no hace ninguna distinción entre delitos de grave ofensa social, y aquellos donde la ofensa no es tan grave, ni entre delitos que se inician de oficio y aquellos que requieren querella de parte. Adicionalmente, complementa este reproche señalando que la norma no respeta los límites de razonabilidad y proporcionalidad.
4. Aduce que resulta desproporcionado e irrazonable que aún en casos en que la pena se haya declarado extinguida mediante resolución judicial, el antecedente judicial continúe produciendo efectos negativos automáticos respecto del reincidente. Tal circunstancia desconocería igualmente “el derecho al olvido”.
5. Aprecia así mismo como motivo de inconstitucionalidad el hecho de que la norma impugnada no haya establecido explícitamente si se refiere a hechos o sentencias, acaecidos o proferidas dentro de los cinco años anteriores a la nueva condena, lo que en opinión de la demandante generaría incertidumbre jurídica.
El ciudadano Fernando Gómez Mejía, interviene en calidad Director del Ordenamiento Jurídico del Ministerio del Interior y de Justicia, para solicitar la constitucionalidad de la norma demandada. A continuación se presenta una síntesis de su intervención:
Estima que la medida se “ajusta al principio de proporcionalidad ya que existe una clara correlación y equilibrio entre la nueva conducta y la sanción a imponer. Tal vez lo injusto o desigual, señala, sería el dar un tratamiento igual a quien reincide continuamente en su actuar delictivo que a quien delinque por primera vez o lo ha vuelto a hacer luego de más de media década”.
El señor Fiscal General de la Nación intervino para solicitar la declaratoria de exequibilidad del precepto acusado. A continuación se presenta una síntesis de los argumentos de la intervención:
2.1. Sobre la supuesta vulneración del “orden justo” contemplado en el preámbulo, señala que la omisión que refiere la demandante en el sentido que la norma no indicó si cobija hechos o sentencias ocurrido o proferidas dentro de los cinco años anteriores a la nueva condena, carece de relevancia frente a la regla general de la vigencia hacia el futuro de las leyes de derecho penal sustantivo, al igual que la irrestricta prevalencia de las normas favorables en los casos excepcionales de tránsito legal en el tiempo.
Sostiene que la reincidencia, es un elemento diferencial objetivo, dado que la conducta del reincidente tiene una gravedad objetiva superior a la de quien por primera vez comete una conducta punible, por lo que la diferencia entre reincidentes y no reincidentes es a todas luces razonable y proporcional. Los beneficios y subrogados penales “pretenden tener en cuenta las particulares condiciones del sancionado, en los casos en los que puede y debe ser razonablemente tratado de manera más benigna, tras haber demostrado no representar riesgo para la comunidad; en los casos de reincidencia, no sólo se ha vuelto a manifestar la nocividad social del agente, sino que se hace imperativo enviar un refuerzo conminador a los destinatarios de la norma”.
2.2.1. La reincidencia -entendida como la manifestación personal de reiterada contradicción con las normas de la comunidad-, impone al Estado, a la hora de aplicar las sanciones correspondientes, una rigidez especial. Es claro que, si la reincidencia es un elemento objetivo suficientemente relevante como para poder justificar la mayor punibilidad de una conducta (allí donde prima el derecho penal de acto), con mayor razón es digno de consideración en la instancia donde se tiene en cuenta la personalidad del infractor”.
2.3. Sobre la supuesta vulneración de la proscripción de doble incriminación (non bis in ídem) destaca la Fiscalía que los hechos que son tenidos en cuenta por la norma enjuiciada no son los que fueron objeto de juicio pasado, sino la reincidencia como fenómeno autónomo que implica una mayor gravedad del nuevo delito y una mayor necesidad de pena, con miras a las prevenciones general y especial. De otra parte, no existe identidad de causa entre los motivos que llevaron al enjuiciamiento inicial y al levantamiento de beneficios ante la reincidencia, por lo que resulta evidente que no se está ante una vulneración del non bis in idem, pues difícilmente puede hablarse de sanción frente a la norma del artículo 32 de la Ley 1142 de 2007.
El señor Procurador General de la Nación emitió el concepto No. 4542 mediante el cual solicita a la Corte declarar la exequibilidad del artículo 32 de la Ley 1142 de 2007, del cual se destacan las siguientes consideraciones específicas:
1. En cuanto al cargo por presunta vulneración del principio de igualdad señala que las personas excluidas por la norma acusada de los beneficios y subrogados, son aquellas que tienen antecedentes penales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 de la Carta Política, lo cual las coloca en una situación fáctica diferente a aquellas que durante ese lapso no han cometido delito alguno o si lo han hecho éste ha sido calificado como culposo.
2. Para la Procuraduría “la disposición cuestionada tampoco vulnera el principio de non bis in ídem, ni desconoce 1a responsabilidad fundada en el acto, pues la exclusión de quien ha sido condenado por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco años anteriores, de los beneficios y subrogados penales no constituye una sanción, razón por la cual no puede afirmarse que se condene dos veces a la persona por un mismo comportamiento, dado que los antecedentes penales se aprecian únicamente respecto de la nueva conducta.
3. Sostiene que el Legislador, en ejercicio de la facultad de configuración legislativa que ostenta en materia penal, puede determinar de manera objetiva quienes pueden ser acreedores al otorgamiento de los beneficios y subrogados penales, mecanismos éstos que por su carácter excepcional, deben estar sometidos al cumplimiento de ciertas condiciones especiales, una de las cuales puede ser la ausencia de antecedentes, sin que ello implique la vulneración del ordenamiento superior y menos aún del valor de la justicia, que consiste en darle a cada quien lo suyo.
3. Cuestión Preliminar. Existencia de cosa juzgada constitucional
3.1.De acuerdo a lo establecido en el artículo 243 de la Constitución Política, los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccional gozan de fuerza de cosa juzgada. Ello implica que las decisiones judiciales adoptadas por la Corporación en cumplimiento de su misión de garantizar la integridad y la supremacía de la Constitución, adquieren valor jurídico y fuerza vinculante.[1]
El alcance de la cosa juzgada constitucional ha sido desarrollado de manera amplía en la jurisprudencia, a través de la definición de categorías independientes con diferencias claras. De esta forma, se han establecido diferencias conceptuales y prácticas entre lo que se entiende por cosa juzgada absoluta[2] y por cosa juzgada relativa[3], y entre cosa juzgada formal[4] y cosa juzgada material[5].
3.2. Pues bien, en la sentencia C-425 de 2008[6] la Corte emitió pronunciamiento de fondo frente a una demanda ciudadana que sometió a escrutinio constitucional el artículo 32 de la Ley 1142 de 2007. La mencionada sentencia determinó:
“Sexto. Declarar EXEQUIBLES los artículos 26 y 32 de la Ley 1142 de 2007, por los cargos analizados en esta sentencia”.
“Le corresponde a la Corte establecer (…) (vi) Si la reincidencia puede ser tenida como criterio – objetivo - para excluir de subrogados y beneficios penales al sujeto activo del delito”.
“Según criterio de los demandantes la norma acusada vulnera los artículos 13 y 29 de la Constitución, como quiera que sanciona dos veces por una misma causa y fundamenta su decisión en criterios de peligrosismo penal”.
“54. Los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena y los beneficios con los cuales se sustituye una pena restrictiva por otra favorable, han sido regulados en los diferentes estatutos procesales en provecho de las personas que han sido condenadas en los casos expresamente definidos por la ley. Como lo ha advertido la Corte[7], estos beneficios tienen como fundamento la humanización del derecho penal y la motivación para la resocialización del delincuente.
En síntesis, para la Sala, no existe limitación constitucional en la incorporación de la reincidencia para excluir de los subrogados penales o beneficios a condenados, pues como se explicó la adopción de esas medidas es una facultad libre del legislador que no contradice las normas constitucionales”
En consecuencia, frente a la demanda dirigida contra el artículo 32 de la Ley 1142 de 2007, la Corte declarará estarse a lo resuelto en la sentencia C- 425 de 2008, que concluyó en la exequibilidad del precepto acusado.
Primero. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-425 de 2008 que declaró la EXEQUILIDAD, por lo cargos analizados, del artículo 32 de la Ley 1142 de 2007.
[1] Cfr, entre otras, las siguientes providencias: Sentencias C-310 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil), C-97/95 y C-774/200; los Autos A-174 y A-289ª de 2001. SU-047 de 1999.
[2] Existe cosa juzgada absoluta “cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del control abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia, es decir, se entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente a todo el texto Constitucional.” ( Cfr. Sentencia C-310 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil). Para consultar los alcances y diferencias entre cosa juzgada relativa y cosa juzgada absoluta se pueden consultar los siguientes fallos: C-366 de 2006 (MP. Rodrigo Escobar Gil), C-850 de 2005 (MP. Jaime Araujo Rentería), C-710 de 2005 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), A-163 de 2005 (MP. Jaime Araujo Rentería), C-914 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), C-1004 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), C-567 de 2003 /(MP. Álvaro Tafur Galvis), C-063 de 2003 (MP. Alfredo Beltrán Sierra), C-415 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), C-045 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil), entre otras.
[3] Existe cosa juzgada relativa cuando el juez constitucional limita en forma expresa los efectos de la decisión, dejando abierta la posibilidad para que en un futuro “se formulen nuevos cargos de inconstitucionalidad contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a los que la Corte ya ha analizado.”( [3] Cfr. Auto de Sala Plena, A-174 de 2001).
[4] La Corte ha establecido que puede declararse la existencia de cosa juzgada formal, en aquellos casos donde existe un pronunciamiento previo del juez constitucional en relación con el precepto que es sometido a un nuevo y posterior escrutinio constitucional. Al respecto se ha pronunciado esta Corte en las sentencias C-457 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), C-394 de 2004 (MP. Álvaro Tafur Galvis), C-1148 de 2003 (MP. Jaime Córdoba Triviño), C-627 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), C-210 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), C-030 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Galvis), C-1038 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), C-1216 de 2001 (MP. Jaime Araujo Rentería), C-1046 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), C-774 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil), C-489 de 2000 (MP. Carlos Gaviria Díaz) y C-427 de 1996 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[5] Se presenta el fenómeno de la cosa juzgada material cuando a pesar de haberse atacado por medio de una demanda, la constitucionalidad de una norma formalmente distinta, su materia o contenido normativo resulta ser idéntico al de otra(s) disposición(es) que ya fue(ron) objeto del análisis de constitucionalidad. ( Cfr, entre otras, las Sentencias C-427/96, C-447/97, C-774/2001 y C-1064/2001).
[7] Al respecto: sentencias C-565 de 1993. M.P. Hernando Herrera Vergara y C-806 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández

References: artículo 243
 artículo 241
 artículo 32
 artículo 29
 artículo 32
 artículo 29
 resolución 
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 248
 artículo 243
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 32