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Timestamp: 2017-08-23 19:22:00+00:00

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Real Decreto 591/2014, de 11 de julio, por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos al reconocimiento de la compensación de los costes de escolarización previstos en el apartado 4 de la disposición adicional trigésimo octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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REAL DECRETO 591/2014, DE 11 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AL RECONOCIMIENTO DE LA COMPENSACIÓN DE LOS COSTES DE ESCOLARIZACIÓN PREVISTOS EN EL APARTADO 4 DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMO OCTAVA DE LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (BOE 184 DE 30)
a) Que el alumno o alumna deba escolarizarse en una comunidad autónoma que tenga lengua cooficial, de acuerdo con los respectivos Estatutos de Autonomía.
b) Que la comunidad autónoma haya optado por un sistema en el que las asignaturas no lingüísticas se impartan exclusivamente en lengua cooficial o en alguna lengua extranjera, y que no provea una oferta de enseñanza sostenida con fondos públicos en la que se utilice el castellano como lengua vehicular en una proporción razonable con la enseñanza ofertada en la lengua cooficial.
c) Que el alumno o alumna o, en su caso, quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela, hayan solicitado a la Administración educativa la utilización del castellano como lengua vehicular en la enseñanza y que dicha solicitud no haya sido atendida de acuerdo con lo indicado en la disposición adicional trigésima octava a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
d) Que el alumno o alumna curse educación básica en un centro privado no sostenido con fondos públicos que imparta enseñanza en castellano como lengua vehicular en una proporción razonable con la enseñanza ofertada en la lengua cooficial.
1. El procedimiento regulado en este real decreto se iniciará mediante solicitud de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela de los alumnos o alumnas o, en caso de que estos fueran mayores de edad o emancipados, de los propios alumnos o alumnas, que reúnan los requisitos previstos en el artículo 2.
2. El modelo de solicitud se encontrará disponible en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así como en las oficinas de Atención al Ciudadano de dicho Ministerio y de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en comunidades autónomas con lengua cooficial.
3. La solicitud deberá dirigirse a la Dirección General competente en materia de cooperación territorial con las Administraciones educativas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Las solicitudes podrán presentarse en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 o a través del sistema de tramitación electrónica que establezca el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en su sede electrónica.
4. La solicitud deberá presentarse acompañada de la siguiente documentación:
a) Copia compulsada de la documentación acreditativa de la identidad de los alumnos y sus representantes legales, o bien su consentimiento para que el órgano instructor pueda comprobar los datos personales incorporados a los documentos de identidad del interesado mediante un Sistema de Verificación de Datos de Identidad, según el artículo único.3 del Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
b) Copia de la solicitud de admisión presentada a la Administración educativa en la que figure la solicitud de utilización del castellano como lengua vehicular en la enseñanza, o en su defecto copia de la solicitud expresa de utilización del castellano como lengua vehicular en la enseñanza.
c) Copia del documento que acredite la matriculación del alumno o alumna en el centro privado docente que cumpla los requisitos recogidos en el artículo 2.1.d).
1. La instrucción del procedimiento corresponderá a las Áreas Funcionales de la Alta Inspección de Educación en las Delegaciones del Gobierno, que de oficio acordarán todas las actuaciones necesarias para la tramitación del procedimiento.
2. En todo caso, el órgano instructor solicitará a la Administración educativa competente información sobre la oferta educativa en castellano en la zona de escolarización considerada, que comprenderá, en todo caso:
a) La expresión del número total de alumnos y alumnas escolarizados, desglosados en función de si en la enseñanza que reciben se emplea total o parcialmente el castellano o solo la lengua cooficial.
b) Justificación, en su caso, de las diferencias en la proporción de enseñanza en castellano y en la lengua cooficial.
3. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto a la Administración educativa competente para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.
4. El órgano instructor elaborará una propuesta de resolución tomando en consideración, en cada caso, al menos los siguientes criterios:
a) La estructura territorial de las zonas de escolarización.
b) La existencia o inexistencia en el municipio del domicilio o del lugar de trabajo de los interesados o en la zona de escolarización correspondiente de oferta de enseñanza en castellano sostenida con fondos públicos, y el porcentaje del horario que supone la impartición de materias no lingüísticas en castellano.
c) Las medidas adoptadas, en su caso, por la Administración educativa en contestación a la solicitud prevista en el artículo 3.4.b).
d) La proximidad del centro privado que cumpla los requisitos recogidos en el artículo 2.1.d), en el que el alumno se matricule, al lugar del domicilio o de trabajo de los interesados.
5. El instructor elevará la propuesta de resolución al órgano competente para resolver.
1. Corresponde a la Dirección General competente en materia de cooperación territorial con las Administraciones Educativas resolver sobre el reconocimiento del derecho a obtener la compensación de los gastos de escolarización, así como sobre su revocación.
2. Los gastos efectivos de escolarización que deberán ser objeto de compensación comprenderán todos aquellos costes que se consideren necesarios en cada caso para la eficaz prestación del servicio educativo y, en particular, los gastos de matriculación, escolarización, y en su caso los derivados de la prestación de los servicios complementarios de transporte, comedor e internado de acuerdo con lo indicado por el artículo 82.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, así como todos aquellos gastos cuya falta de realización impida continuar las enseñanzas.
3. El derecho a obtener la compensación de los gastos efectivos de escolarización tendrá efectos desde el inicio del curso en que se reconozca hasta la terminación de la educación obligatoria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7.
1. En el plazo de un mes a partir de la notificación de la resolución de reconocimiento del derecho a la compensación, el representante legal del beneficiario deberá aportar la documentación justificativa de los gastos previstos en el artículo 5.2.
2. El órgano instructor, dentro de los conceptos y límites establecidos en el artículo anterior, formulará la liquidación de los gastos susceptibles de compensación, que comprenderá los gastos relativos al curso escolar completo a que se refiera la solicitud, y la notificará al interesado.
3. El pago de la compensación se realizará por mensualidades.
4. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 7, la liquidación y pago de la compensación correspondiente a los cursos siguientes se practicará al inicio de cada curso escolar.
1. La Dirección general competente en materia de cooperación territorial con las Administraciones Educativas revocará mediante resolución motivada el reconocimiento del derecho a obtener la compensación de los gastos efectivos de escolarización en los siguientes supuestos:
a) Cuando conste que la Administración educativa garantice que el alumno o alumna recibirá enseñanza en castellano, dentro del marco de su programación educativa. Salvo supuestos excepcionales debidamente justificados, no se considerará que se cumple esta circunstancia cuando la Administración educativa haya tomado medidas que supongan la atención individualizada en castellano o la separación en grupos dentro de cada clase o línea por razón de la lengua habitual.
b) Cuando el reconocimiento se hubiera obtenido de forma fraudulenta, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir el interesado.
c) Cuando se dejen de cumplir, con posterioridad a la resolución de reconocimiento, los requisitos establecidos en la disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en este real decreto para obtener dicho reconocimiento.
2. La autoridad competente para resolver acordará de oficio el inicio del procedimiento de revocación. Con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
3. Cuando la revocación se fundamente en los párrafos a) o c) del apartado 1, la resolución producirá efectos a partir del curso escolar siguiente al que sea notificada.
1. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con periodicidad trimestral, en su caso, los correspondientes acuerdos de retención por los gastos abonados por padres, madres y tutores legales a los centros docentes privados en ejecución de este real decreto.
2. El Estado podrá deducir o retener, de los importes satisfechos por todos los recursos de los regímenes de financiación de las comunidades autónomas, el importe de los gastos de escolarización en centros privados asumidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por cuenta de las comunidades autónomas.
2. Con anterioridad al inicio de cada curso escolar, previo informe vinculante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte podrá modificar el indicador tomado como referencia para determinar la cuantía máxima de los gastos de escolarización susceptibles de compensación previsto en el artículo 5.2, con objeto de adecuarlo a los costes efectivos de escolarización ofertados en el mercado.
Disposición final tercera. Normativa supletoria.

References: Real Decreto 

REAL DECRETO 
 real decreto 
 artículo 2
 artículo 38
 Real Decreto 
 artículo 2
 resolución 
 artículo 3
 artículo 2
 resolución 
 artículo 82
 artículo 7
 resolución 
 artículo 5
 artículo 7
 resolución 
 resolución 
 real decreto 
 resolución 
 artículo 5