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Timestamp: 2019-03-19 19:30:10+00:00

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Laboral | Abogados Carranza
De nuevo una Clasificacion Profesional en la Consejeria de Empleo de la CAM
Se solicita la clasificación profesional y reclamación de cantidades de una trabajadora de la Comunidad de Madrid sobre las funciones que viene realizando desde el inicio dentro de los programas formativos en materia de empleo cuya competencia corresponde a la Administración Autonómica. Se constata que la trabajadora lleva realizando tareas que exceden de su propia categoría y que la Comunidad de Madrid no ha llevado a cabo ningún promoción profesional en los últimos años.
La relevancia de la Sentencia expuesta es la condena directa a la Administración Autonómica por un abuso de derecho y fraude en la categoría formal de la trabajadora, la cual no se ajustaba a las funciones que venía realizando. Así, la trabajadora lleva desde el inicio de la relación laboral prestando servicios para la Comunidad de Madrid con funciones que exceden la categoría formal de Auxiliar Administrativo.
La sentencia destaca que las funciones realizadas por la actora no tienen nada que ver con las funciones propias de un Auxiliar Administrativo, en tanto que la actora tiene capacidad de autonomía y responsabilidad propia debido a que las directrices realizadas por su superior son genéricas y no concretas y directas, que serían las propias de un auxiliar administrativo. En consecuencia, se quiebra el principio laboral de adecuación función-categoría. Acogiendo las tésis que los Juzgados de lo Social de Madrid han ido validando los ultimos meses en relacion con las categorias profesionales.
Sentencia Clasificacion Editada.pdf
Condena a un Instituto de Investigacion por lesion de derechos fundamentales.
El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), Organismo Publico de investigación, especializado en el desarrollo tecnológico espacial, dependiente del Ministerio de Defensa despidió a una de sus trabajadoras que estaba siendo contratada de forma fraudulenta, ya que la relación que la obligó a mantener era de autónoma y no laboral.
La referida empleada demandó a la empresa para que se la reconociera que su prestación de trabajo no era como autónoma sino laboral ordinaria, como la mayor parte de los trabajadores y consiguió una sentencia favorable refrendada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En medio de ese proceso y después de la primera sentencia de instancia, que le reconoció que era indefinida y laboral, le cesó y, además lo hizo en periodo de baja por maternidad, después de ponerla todo tipo de problemas para realizar su trabajo en la gestación y posterior lactancia.
El Juzgado de lo Social afirma que el despido es nulo por:
1) Despedirla en periodo de garantía por maternidad contrarío a lo dispuesto en el art. 55.5.c) del Estatuto de los Trabajadores.
2) Por violar el Derecho Fundamental a la discriminación de trato ya que otro empleado, hombre, en sus mismas circunstancias no fue cesado. Y,
3) Por violación del Derecho Fundamental a la Tutela Judicial efectiva en su vertiente del derecho a la indemnidad de cualquier persona a no ser represaliada por haber reclamado a su empresa los derechos que le corresponden, en este caso la petición inicial a que se la reconociera indefinida y laboral, no autónoma.
Es importante destacar que el Juez hace una importante llamada a la empresa por ser Pública, ya que, según la sentencia, este tipo de organismos, por su naturaleza, debe de "velar con mayor celo y rigor en el cumplimiento de los Derechos consagrados por la Constitución"
doc06686620170602124235.pdf
Despido Nulo en la Comunidad de Madrid - RESAD
Lun, 05/29/2017
El TSJ de Madrid revoca la sentencia de instancia, declarando la nulidad del despido en la Comunidad de Madrid - RESAD, por vulneración de derechos fundamentales.
El TSJ de Madrid ha declarado la nulidad del despido de un trabajador de la Comunidad de Madrid que prestaba sus servicios en la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático), revocando la declaración de improcedencia otorgada en la sentencia de instancia. El TSJ ordena el reingreso y reincorporación del trabajador a la Comunidad de Madrid, al estimar probado que éste fue represaliado por haber ejercido su derecho a reclamar una relación laboral por tiempo indefinido. La sentencia no solo ordena su readmisión, sino que mantiene que la relación laboral no es temporal, sino indefinida, al haber cubierto el trabajador un puesto de carácter permanente en la RESAD.
La vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de garantía de indemnidad, es el derecho que la Comunidad de Madrid transgredió, represaliando al trabajador por el mero hecho de haber reclamado la fraudulencia del vínculo temporal.
De este modo, se ordena la readmisión del trabajador a su puesto de trabajo, con carácter indefinido, y cobrando los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el día en que se produzca la citada readmisión.
TSJ despido nulo.pdf
Nueva Clasificacion Profesional en la Consejeria de Empleo de la CAM
Jue, 05/25/2017
Se solicita la clasificación profesional y reclamación de cantidades de una trabajadora de la Comunidad de Madrid sobre las funciones que viene realizando desde el inicio dentro de las Oficinas de Empleo cuya competencia corresponde a la Administración Autonómica. Se constata que la trabajadora lleva realizando tareas que exceden de su propia categoría y que la Comunidad de Madrid no ha llevado a cabo ningún promoción profesional en los últimos años.
La relevancia de la Sentencia expuesta, con la ya analizada del Social nº 31 de Madrid, es la condena directa a la Administración Autonómica por un abuso de derecho y fraude en la categoría formal de la trabajadora, la cual no se ajustaba a las funciones que venía realizando. Así, la trabajadora lleva desde que se traspasaron las competencias en materia de empleo (año 2000) prestando servicios para la Comunidad de Madrid con funciones que exceden sobremanera de la categoría formal de Auxiliar Administrativo.
La sentencia destaca que las funciones realizadas por la actora no tienen nada que ver con las funciones propias de un Auxiliar Administrativo, en tanto que la actora tiene capacidad de autonomía y responsabilidad propia debido a que las directrices realizadas por su Coordinadora son genéricas y no concretas y directas, que serían las propias de un auxiliar administrativo. En consecuencia, se quiebra el principio laboral de adecuación función-categoría.
Cabe destacar que la Juzgadora destaca la falta de prueba en contrario por parte de la Comunidad de Madrid, siendo que la prueba a favor de la trabajadora, entre la cual se encuentra el propio Informe de la Inspeccion de Trabajo, no ha sido ni tan siquiera desvirtuada, por lo que la presuncion de las pruebas conllevan a mostrar una realidad que impera en gran parte de las Oficinas de Empleo de nuestro pais.
Social 28R Sentencia Estimatoria clasificacion editada.pdf
ABUSOS EN LOS SERVICIOS Y OFICINAS DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
La relevancia de la Sentencia expuesta es la condena directa a la Administración Autonómica por un abuso de derecho y fraude en la categoría formal de la trabajadora, la cual no se ajustaba a las funciones que venía realizando. Así, la trabajadora lleva desde el inicio de la relación laboral (1989) prestando servicios para la Comunidad de Madrid con funciones que exceden la categoría formal de Auxiliar Administrativo.
La sentencia destaca que las funciones realizadas por la actora no tienen nada que ver con las funciones propias de un Auxiliar Administrativo, en tanto que la actora tiene capacidad de autonomía y responsabilidad propia debido a que las directrices realizadas por su superior son genéricas y no concretas y directas, que serían las propias de un auxiliar administrativo. En consecuencia, se quiebra el principio laboral de adecuación función-categoría.
Cabe destacar que en los hechos figura la falta de promoción profesional en el ámbito del personal laboral de la Comunidad de Madrid, por lo que la regulación de promoción establecida por Convenio Colectivo resulta inaplicable de hecho y congela los derechos de promoción de los trabajadores laborales.
Ante tal situación, el Juzgado de lo Social determina que el denominado “obstáculo convencional”, es decir, el procedimiento de promoción laboral regulado en Convenio Colectivo, no puede lesionar el principio de adecuación función – categoría, siendo que este prevalece sobre el obstáculo convencional.
Social 31. Sentencia Editada.pdf
DESPIDOS NULOS EN EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION CON CESION ILEGAL DE MANO DE OBRA
SENTENCIA_NULIDAD_MAEC_FIIAPP.pdf
Resolución Contrato Articulo 50 ET
Mié, 12/16/2015
El actor trabajador por tiempo indefinido con ESABE instó el 29 de noviembre de 2012 la resolución de su contrato por impago de salarios, si bien en fecha 30 de noviembre de 2012 la empresa procedió a su cese.
La Sentencia de instancia estimó la demanda por resolución del contrato y reclamacion de cantidad condenando al pago de la indemnización por improcedencia y a los salarios no percibidos. La representacion de FOGASA recurrió en suplicación ante el TSJ de Madrid quien estimó el mismo, absolviendo a FOGASA y condenando unicamente al pago de los salarios hasta el 30 de noviembre de 2012 a la empresa ESABE.
El Tribunal Supremo casa la sentencia y determina que hay que seguir el criterio marcado por la STS de 20 de julio de 2012 que determinó una mayor flexibilidad a la hora de la resolución del contrato por parte de los trabajadores.
El Tribunal Supremo continua la estela marcada en 2012 sobre la flexibilizacion a la hora de compatibilizar la resolución del contrato de trabajo, debido a la situación juridico - social creada al trabajador quien no percibe ningun tipo de salario y ha de continuar prestando servicios, situandole en una posición de desventaja juridica y de abuso de derecho por parte del sector empresarial debido a la doctrina tradicional relativa a la judicializacion de la reclamacion por rescinsión del contrato.
Asi el Supremo determina: Pues bien, la STS/4ª/Pleno de 20 de julio 2012 (rcud. 1601/2011 ) dio un paso más al permitir, entre otras cosas, la introducción de una mayor flexibilidad, particularmente en supuestos como el que aquí se nos plantea, " de forma que no se obligue al trabajador a mantener unas condiciones de trabajo que, aunque no sean contrarias a su dignidad o a su integridad, pueden implicar un grave perjuicio patrimonial o una pérdida de opciones profesionales ". Es ésta doctrina la que sigue la sentencia de contraste y de la que, sin embargo, se aparta claramente la sentencia recurrida.
2015-12-15-la-accion-del-articulo-50-et-resolviendo-extrajudicialmente-el-contrato-de-trabajo.pdf
STJUE de 13 de mayo de 2015 sobre Despido Colectivo
Lun, 05/18/2015
El Juzgado de lo Social Nº 33 de Barcelona realizó 3 preguntas al Tribunal de Justicia de la Union Europea, en relación con la trasposición de la Directiva 98/59 sobre Despidos Colectivos al Derecho Español.
Concretamente se preguntaba sobre el concepto de "centro de trabajo" aplicable a los despidos colectivos, asi como si para el computo de los despidos se ha de contabilizar a aquellos referidos a un contrato de duración determinada.
El TJUE determina en su sentencia de 13 de mayo de 2015 que el Derecho laboral español contradice la normativa europea debido a que el Estatuto de los Trabajadores contiene referencias a la empresa en su conjunto, mientras que la Directiva se refiere a "centros de trabajo". Concretamente se afirma "infringe el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 98/59 una normativa nacional que introduce como unica unidad de referencia la empresa y no el centro de trabajo, cuando de la aplicacion de dichos criterio conlleva obstaculizar el procedimiento de informacion y consulta establecido en los articulos 2 a 4 de esta Directiva"
Es decir, la referencia contenida en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores ha de ser entendida al centro de trabajo, siempre y cuando, el termino empresa conlleva un mayor beneficio en el procedimiento de informacion y consulta.
El TJUE ante la indeterminacion del concepto de "centro de trabajo" ofrece una serie de definiciones para que pueda acotarse el citado termino:
- aquella unidad a la que se hallan adscritos los trabajadores afectados por el despido para desempeñar su cometido. A efectos de la definición del concepto de «centro de trabajo» no resulta esencial que dicha unidad disponga de una dirección facultada para efectuar autónomamente despidos colectivos.
- una entidad diferenciada, que tenga cierta permanencia y estabilidad, que esté adscrita a la ejecución de una o varias tareas determinadas y que disponga de un conjunto de trabajadores, así como de medios técnicos y un grado de estructura organizativa que le permita llevar a cabo esas tareas
- la entidad en cuestión no debe estar dotada necesariamente de autonomía jurídica alguna ni de una autonomía económica, financiera, administrativa o tecnológica para poder ser calificada de «centro de trabajo».
Asi, esta Sentencia, de obligado cumplimiento para las autoridades españolas y los organos judiciales, conllevará a una modificacion del regimen del despido colectivo en España, al determinar que el mismo se circunscribe al centro de trabajo en los terminos expuestos en la sentencia.
Sentencia del Juzgado de lo Social de Madrid, con condena a una indemnización tras diversas solicitudes de diferencias salariales.
Se analiza el derecho de un trabajador al cobro de las diferencias salariales, debido a que la Comunidad de Madrid no respetó las condiciones laborales que tenía aquel, cuando prestaba sus servicios en la empresa pública TURMADRID, una veZ reincorporado el actor a la administración Autonómica. El trabajador ha reclamado consecutivamente 3 años de diferencias salariales siendo turnadas las demandas en diferentes Juzgados de lo Social de Madrid, estimando las pretensiones del trabajador y siendo confirmadas por el TSJ de Madrid. Tras 3 demandas idénticas, el Juzgado de lo Social condena a la Comunidad de Madrid por temeridad a 6.000 euros y costas del letrado.
La relevancia de la Sentencia expuesta es la condena a la Administración autonómica de Madrid al pago de 6.000 euros por temeridad así como las costas de letrado, debido a que la Comunidad de Madrid, tras 4 años, no ha procedido a regularizar las condiciones laborales del actor, obligando a éste, año tras año, a acudir a los Juzgados de lo Social a reclamar la cuantía ya reconocida por 3 sentencias judiciales. El Juzgado estima que existe “contumacia” de la Comunidad de Madrid en oponerse al abono de las diferencias salariales sin apoyo de hecho ni de derecho, lo que conlleva a la imposición de una multa por importe máximo de 6.000 euros.
El Juzgado de lo Social nº 36 de Madrid estima la demanda de un trabajador de IMADE
Mar, 04/03/2012
IMADE (Instituto Madrileño de Desarrollo)
El Juzgado de lo Social nº 36 de Madrid, en sentencia de 28 de marzo de 2012, ha estimado las pretensiones de un trabajador del extinto IMADE, ordenando que se le abone el salario de conformidad con las retribuciones que tenía reconocidas en dicho Instituto.
Este Juzgado de Madrid ha determinado que el proceso de transferencia del personal de IMADE a la Comunidad de Madrid, no puede suponer merma alguna en las retribuciones que este personal tenía reconocidas en el Instituto extinto. Aplica, de este modo, la sucesión de empresas y, en su virtud, determina que no es posible detraer cantidad alguna a este trabajador, pese a que la Ley 8/2010, de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, señalara que la integración del personal en dicha Comunidad se efectuaría con las cuantías fijadas en el Convenio Colectivo. La resolución judicial argumenta que dicha previsión legal no es de aplicación al caso y, finalmente, ordena que el trabajador siga percibiendo las cantidades que cobraba en IMADE, con el abono, asimismo, de las diferencias salariales devengadas hasta que se interpuso la demanda.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 51
 resolución