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Timestamp: 2019-07-21 07:05:22+00:00

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C-205 de 2003
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020015321CC-SENTENCIAC205200311/03/2003CC-SENTENCIA_C_205__2003_11/03/2003200153212003Sentencia C-205/03 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL -Inexistencia por contenido normativo RECEPTACION -Concepto RECEPTACION -Evolución legislativa RECEPTACION- Tipificación RECEPTACION -Trámite legislativo LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA -Facultad de establecer una modalidad especial del tipo penal de receptación RECEPTACION -Modalidad específica RECEPTACION -Características particulares de la modalidad específica Se trata de un tipo penal en dos actos, conformado por una acción consistente en comerciar con autopartes usadas de vehículos automotores, y una omisión referida a la no demostración de la procedencia lícita de dichos bienes con la cual se consuma el ilícito. RECEPTACION -Modalidad específica con sujeto activo indeterminado El ilícito se consuma cuando una persona realiza una actividad comercial pero, por alguna circunstancia no logra demostrar la procedencia lícita de las autopartes usadas de vehículo automotor. RECEPTACION -Consumación del ilícito en la modalidad específica LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA -Bloque de constitucionalidad constituye un límite axiológico al ejercicio del mismo CORTE CONSTITUCIONAL -Principios que someten el ejercicio del ius puniendi E sta Corporación ha entendido que el ejercicio del ius puniendi está sometido a los principios de estricta legalidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, razonabilidad, igualdad y responsabilidad por el acto en tanto que límites materiales a la ejecución de esta competencia estatal. NORMA PENAL -Intervención del Estado La tipificación penal de una conducta y la fijación de la pena correspondiente implican siempre una severa intervención del Estado en el ejercicio de los derechos fundamentales, en especial de la libertad individual. CORTE CONSTITUCIONAL -Controla límites impuestos al legislador por la Constitución CORTE CONSTITUCIONAL -Incompetencia para realizar valoraciones sobre la conveniencia de la tipificación penal CONGRESO DE LA REPUBLICA -Competencia para tipificar penalmente una conducta TIPO PENAL -En sentido material la creación tiene reserva de ley LEGISLADOR -Obligación de respetar el principio de legalidad de las penas y de los delitos en sus diversas manifestaciones LEY PENAL -Restricción y protección de los derechos fundamentales NORMA ACUSADA -Legislador realizó una punición contraria al principio de estricta legalidad PRINCIPIO DE ESTRICTA LEGALIDAD -Vulneración Al realizar la descripción comportamental de la conducta punible, pues al pretender tipificar como delito el comercio de autopartes de vehículos automotores de procedencia ilícita resultó, a su vez, penalizando a quienes, por ejemplo, no conservan las facturas correspondientes pero comercian con bienes que pueden tener un origen lícito, ya que sólo quedará exento de responsabilidad quien logre demostrar la adquisición lícita de los mismos. PRINCIPIO DE LESIVIDAD -Desconocimiento BIEN JURIDICO -Criterio de medición de la pena a imponer /BIEN JURIDICO -Concepto /BIEN JURIDICO -Cumple una función social LEY PENAL -Necesidad condicionada por la lesividad para terceros de hechos prohibidos DERECHO PENAL DEL ACTO -Penaliza a las personas por sus actos y no por lo que son PRINCIPIO DE LEGALIDAD -Vulneración El legislador al momento de tipificar una nueva modalidad de receptación violó el principio de legalidad en la medida en que con su actividad no se terminó protegiendo un determinado bien jurídico constitucionalmente válido, ya que el ilícito comienza su ejecución al comerciar con autopartes usadas de vehículos automotores sin conservar la factura de los mismos, lo que puede constituir una actividad económica legítima. Se estableció asimismo un tipo penal basado no en el acto sino en el autor violándose de está manera también el artículo 29 constitucional. NORMA ACUSADA -Legislador está sancionando a una persona por dedicarse a una actividad económica JUZGAMIENTO -Precisa la existencia del acto humano LEGISLADOR -Sanción a una persona por el hecho de dedicarse a una actividad económica PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD -Rango constitucional PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD -Límite a la actividad punitiva del Estado PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD -Relación medio-fin PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD -Implica un juicio sobre la idoneidad del tipo penal NORMA ACUSADA -Inexistencia de un bien jurídico tutelado PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD -Límite a la actividad del legislador El principio de razonabilidad, en tanto que límite a la actividad del legislador, implica la exclusión de toda decisión adoptada de manera manifiestamente absurda, injustificada o insensata, vale decir, apartándose de los designios de la recta razón. NORMA ACUSADA -Finalidad no es constitucionalmente aceptable PRESUNCION DE INOCENCIA -Concepto El derecho fundamental a la presunción de inocencia, recogido en el artículo 29 constitucional, significa que cualquier persona es inicial y esencialmente inocente, partiendo del supuesto de que sólo se puede declarar responsable al acusado al término de un proceso en el que deba estar rodeado de las plenas garantías procesales y se le haya demostrado su culpabilidad. Así pues, la presunción de inocencia, se constituye en regla básica sobre la carga de la prueba. ESTADO SOCIAL DE DERECHO -Carga de la prueba corresponde al Estado PRUEBA -Obtención con respeto a las exigencias legales /PRINCIPIO ONUS PROBANDI INCUMBIT ACTORI PRESUNCION DE INOCENCIA -Rango de derecho fundamental PRESUNCION DE INOCENCIA -Acompaña al acusado desde el inicio de la acción penal hasta el fallo definitivo PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO -Aplicación RECEPTACION -Modalidad especial contraría ordenamiento constitucional LEGISLADOR -Problema de orden sustancial desde que estructuró el tipo penal invirtiendo la carga de la prueba DEBER DE COLABORACION CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA -Deber ciudadano abstracto y genérico no puede convertirse en una fuente de criminalización de conductas, en desmedro de las garantías judiciales NORMA ACUSADA -No admite comparación con enriquecimiento ilícito de particulares CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD -No implica cambio de jurisprudencia en la materia ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULAR -Penalización bajo la vigencia del antiguo estado de sitio ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULAR -Delito de origen constitucional /ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULAR -Busca castigar la propiedad obtenida ilícitamente ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULAR -Tipo penal con sujeto activo indeterminado /ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULAR -Tipo penal condiciona la punibilidad /ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULAR -Delito especial y autónomo ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULAR -Expresión "no justificado" ajustada a la Constitución /ENRIQUECIMIENTO ILICITO -Derecho a la no autoincriminación ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULAR -No inversión de la carga de la prueba NORMA ACUSADA -Estructura de la norma penal conduce a una inversión de la carga de la prueba LEGISLADOR -Partió de una presunción de culpabilidad LEGISLADOR -Dificultad para la consecución de la prueba no puede suplirse por la vía de la inversión de la carga de la prueba RECEPTACION -Tipificación en otros ordenamientos jurídicos PRESUNCION DE INOCENCIA -Vulneración E l legislador violó el principio constitucional de presunción de inocencia por cuanto al momento de tipificar una modalidad especial de receptación, partió de una presunción de culpabilidad del acusado, invirtiendo la carga de la prueba que de forma alguna constituye el cumplimiento de un deber ciudadano sino el ejercicio del derecho de defensa en aras a desvirtuar esa presunción de culpabilidad. DIGNIDAD HUMANA -Limita el ejercicio de configuración normativa del legislador DIGNIDAD HUMANA -Valor fundante de la organización estatal y de su ordenamiento jurídico DIGNIDAD HUMANA -Reconduce a un problema fundamental de la convivencia DIGNIDAD HUMANA -Es materia de determinación de tipos penales DIGNIDAD HUMANA -No vulneración PRINCIPIO DE LA BUENA FE -Principio general del derecho PRINCIPIO DE LA BUENA FE -Contenido y efectos PRINCIPIO DE LA BUENA FE -Aplicación PRINCIPIO DE LA BUENA FE -No vulneración Referencia: expediente D-4229
Marcela Patricia Jiménez ArangoCONSTITUCIONALIDADClara Inés Vargas HernándezDemanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 1º, de la Ley 738 de 2002, "Por la cual se adiciona un artículo al Código Penal".D4229Identificadores20020015322true28599Versión original20015322Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 1º, de la Ley 738 de 2002, "Por la cual se adiciona un artículo al Código Penal".
ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULAR-Expresión "no justificado" ajustada a la Constitución/ENRIQUECIMIENTO ILICITO-Derecho a la no autoincriminación
Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 1º, de la Ley 738 de 2002, "Por la cual se adiciona un artículo al Código Penal".
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 40-6, 241-4 y 242 la ciudadana Marcela Patricia Jiménez Arango solicita a la Corte declarar inexequible el artículo 1º de la Ley 738 de 2002, "por la cual se adiciona un artículo al Código Penal"
La Magistrada Sustanciadora, mediante auto del 23 de agosto de 2002 admitió la presente demanda por cumplir los requisitos de ley y en consecuencia ordenó su fijación en lista, el traslado al señor Procurador General de la Nación, para efectos de obtener el concepto de su competencia, al tiempo que se ordenó la comunicación del presente proceso al Señor Presidente de la República, al Presidente del Congreso y al Ministro de Justicia así como al Fiscal General de la Nación, a la Federación Nacional de Comerciantes - Fenalco, a la Asociación de Fabricantes de Autopartes y a los departamentos de Derecho Penal de las Universidades Externado, Nacional y Rosario con el fin de que emitieran su concepto en relación con la presente demanda.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de juicios y previo el concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir de fondo la demanda de la referencia.
Artículo 447A.Quien comercie con autopartes usadas de vehículos automotores y no demuestre su procedencia lícita, incurrirá en la misma pena del artículo anterior.
Indica que la norma demandada impone al ciudadano investigado demostrar su inocencia, esto significa que se invierte la carga de la prueba, pues la disposición Constitucional establece que le corresponde al Estado por medio de la Fiscalía General de la Nación la carga de la prueba de la acusación y de la responsabilidad penal y no al primero.
Concluye en su escrito, que un tipo penal que ordene al ciudadano demostrar que los bienes que tiene son legítimos, es decir, que parte del presupuesto de la mala fe y consagra la presunción de culpabilidad, es contrario al ordenamiento justo de un Estado social y democrático de derecho según el preámbulo de la Carta Política y ofende la dignidad humana consagrada en le artículo 1º de la Norma Superior, toda vez que el hombre es bueno por naturaleza y corresponderá al Estado demostrar lo contrario. Por lo que solicita que se debe declara la inexequibilidad de la Ley demandada.
1. - Representante a la Cámara, Germán Navas Talero.
Interviene para coadyuvar en la defensa de la exequibilidad de la norma demandada, porque la redacción de esta modalidad especial del delito de receptación, es ajustado en su integridad al Ordenamiento Superior, como quiera que su estructura es la misma por la cual se tipificó el delito de Enriquecimiento Ilícito (artículo 412 C.P.), esto quiere decir, que valen los mismos argumentos que se expresaron para declarar la exequibilidad de esa norma.
El ciudadano Luis Camilo Osorio Isaza, en calidad de Fiscal General de la Nación intervino en el proceso de la referencia y manifestó que la norma acusada no contradice ningún precepto o principio constitucional; por el contrario, propugna por realizar los fines esenciales del Estado.
Así mismo expresa, que hay que destacar la exposición de motivos de la Ley realizada por el senador Vargas Lleras, en el sentido de que si se sanciona severamente a quienes se dedican a la venta de partes de automotores de segunda mano, se está atacando el hurto de vehículos, porque si se miran las cifras estadísticas de la delincuencia en el país, allí encontramos que el delito de hurto de carros, del primero de enero al 31 de mayo de 1999, alcanzó en el país la cifra de 7.298 vehículos y 6.242 motocicletas, para un total de 13.550. En sólo mes de junio de 1999 se hurtaron 2.386 automotores. Una gran cantidad de esos vehículos, nunca más vuelven a ser recuperados, y la forma más usual de deshacerse de éstos, es convirtiéndolo en partes, para de esta forma negociarlos "al menudeo".
Frente a la presunta vulneración de la presunción de inocencia, afirma que este principio no puede ser absoluto porque si se aceptara de esta manera, se generaría una situación de impunidad la que a todas luces sí resulta contraria a los lineamientos Constitucionales y así lo ha considerado la jurisprudencia sobre el tema cuando se ha pronunciado respecto del principio de la buena fe. En tal sentido se estableció en la Sentencia C-023 de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía, que "nada más contrario a la realidad en cualquier sistema jurídico, que sin excepción reconocen el principio de buena fe, han existido las pruebas como una norma de conseguir la seguridad en la vida de los negocios y, en general, en todas las relaciones jurídicas". Argumenta entonces que el legislador puede en ocasiones establecer excepciones al principio constitucional de buena fe, por lo que indica que la buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria, en todo caso la mala fe deberá probarse.
Como corolario de lo argumentado, el Fiscal General, señala que lejos de violar algún precepto de la Carta, lo que hace es desarrolla el artículo 2º de la Constitución en cuanto a los fines del Estado; por lo que la Ley es exequible y así debe ser declarada por la Corte.
3.- Federación de Aseguradores de Colombia - FASECOLDA.
Esta institución por intermedio de su Vicepresidente Jurídico, Manuel Guillermo Rueda Serrano, considera que el principio de la buena fe que el actor entiende violado con la norma acusada, no es absoluto y tiene limitaciones, entre las cuales se encuentra la protección a la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia, es decir, la protección al interés común.
Argumenta que la normasub examine, efectivamente considera ab initio la culpabilidad de quien comercia con autopartes usadas de vehículos automotores; mientras el Estado nada hace para demostrar su culpabilidad, la persona investigada debe asumir la carga de la prueba de su inocencia al exigirle demostrar la procedencia lícita de estos elementos.
Sostiene que la expresión "y no demuestre su procedencia lícita", contenida en el artículo acusado, infringe las garantías procesales de presunción de inocencia y de asunción de la carga de la prueba en contrario por parte del Estado; en consecuencia, señala que esta expresión debe ser retirada del ordenamiento normativo por infracción directa.
A su juicio, sólo la expresión "y no demuestren su procedencia lícita", contenida en el nuevo artículo 447 A del Código Penal vulnera los principios de presunción de inocencia y de asunción de la carga de la prueba en contrario por parte del Estado, señaladas en el artículo 29 constitucional; el resto del precepto acusado debe ser declarado exequible, bajo el entendido que la carga de demostrar la procedencia ilícita de las autopartes usadas de vehículos automotores que se comercian, ha de ser asumida por el Estado a través de la Fiscalía General de la Nación, y así lo debe declarar la Corte.
5. Federación Nacional de Comerciantes - FENALCO.
Indica que en el caso de los remates realizados tanto por entidades estatales como las privadas, los documentos en ellos entregados están utilizándose de manera ilegal para respaldar, en los desguazaderos, la tenencia de repuestos de vehículos hurtados, porque con base en el acta de entrega de éstos, amparan la venta ilegal de autopartes fruto de su fraccionamiento, es decir, estas personas se están valiendo de un procedimiento formal para "legalizar" una actividad ilegal.
6. Intervención Universidad el Rosario.
De igual modo indica que el Código de Procedimiento Penal en su artículo 7°, consagra como principio rector del proceso penal colombiano que "toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una sentencia condenatoria definitiva sobre su responsabilidad penal", se entiende este principio como columna vertebral del proceso, el cual no puede de plano presumir que la persona sea culpable de antemano, mientras no existan las pruebas y la responsabilidad plenamente probada por el funcionario judicial para proferir una decisión de tal magnitud.
Sostiene que es necesario hacer distinción, en relación con los términos "inocencia" y "responsabilidad", pues en el proceso penal, la inocencia no se demuestra, lo que se investiga es la responsabilidad en la comisión del punible, cuya consecuencia da como resultado que cualquier decisión tomada por el funcionario judicial debe ser fundamentada y motivada en las pruebas y hechos que presenten si efectivamente el sindicado es sujeto de ser absuelto o condenado; por lo tanto la presunción de inocencia se mantiene viva durante el desarrollo del proceso, y sólo es desvirtuada en el momento en que se tenga certeza de la comisión del delito y la responsabilidad en su realización.
El señor Procurador General de la Nación, en concepto Nro. 3048 de fecha 8 de octubre de 2002, sostiene que la Ley 738 de 2002, fue expedida porque los derechos como la integridad física, el patrimonio de cada persona y el de la economía nacional, están siendo afectados con el hurto de vehículos y el contrabando de éstos o sus autopartes.
En este orden de ideas, el Procurador General de la Nación, solicita a la Corte declarar la exequibilidad del artículo 1° de la Ley 738 de 2002.
1. Si constituye el artículo 1 de la Ley 738 de 2002, una reproducción material de una norma declarada inexequible, violando así la prohibición contenida en el artículo 243 de la Constitución Política.
2. Si la norma legal demandada en cuanto dispone que quien comercie con autopartes usadas de vehículos automotores y no demuestre la procedencia lícita de éstas será sancionado penalmente, viola o no el Preámbulo de la Carta Política, y los principios constitucionales de la dignidad humana ( art. 1 de la CN ), legalidad estricta, proporcionalidad, razonabilidad, presunción de inocencia ( art. 29 de la CN ) y buena fe ( art. 83 de la CN ).
3. Examen sobre la cosa juzgada constitucional.
En sentencia C-626 del 21 de noviembre de 1996, la Corte declaró inexequible en su totalidad el artículo 9 de la Ley 228 del 21 de diciembre de 1995 "Por la cual se determina el régimen aplicable a las contravenciones especiales y se dictan otras disposiciones", cuyo texto era el siguiente:
"ARTICULO 9. Ofrecimiento o enajenación de bienes de procedencia no justificada. El que en lugar público o abierto al público ofrezca para su enajenación bien mueble usado, cuya procedencia no esté justificada, incurrirá en arresto de seis (6) a dieciocho (18) meses, siempre que la conducta no constituya hecho punible sancionado con pena mayor.
"Del artículo 29 de la Constitución resulta que ni el legislador ni los jueces pueden presumir la culpabilidad de nadie.
En nuestro sistema jurídico, ha sido proscrita, entonces, la responsabilidad objetiva, de lo cual resulta que el legislador no puede asumir, desde el momento en que consagra el tipo penal, que la sola circunstancia de haber incurrido un individuo en la conducta tipificada apareja la necesaria consecuencia de su responsabilidad y de la consiguiente sanción penal. Esta, al tenor del artículo 29 de la Carta, únicamente puede proceder del presupuesto de que al procesado "se le haya declarado judicialmenteculpable" (subraya la Corte).
En efecto, la disposición impugnada contempla sanción para quien, "en lugar público o abierto al público, ofrezca para su enajenación bien mueble usadocuya procedencia no esté justificada" (subraya la Corte), lo que supone necesariamente que el sindicado se entiende responsable, a menos que demuestre la procedencia lícita de lo que pretende vender, en un clásico traslado de la prueba.
Se declarará la inexequibilidad del precepto acusado, en su totalidad".
Si bien subsiste el texto constitucional que sirvió de referencia para la declaratoria de inexequibilidad, en este caso el artículo 29 de la Carta Política, la norma que fue expulsada del ordenamiento jurídico tipificaba una contravención especial denominada "Ofrecimiento o enajenación de bienes de procedencia no justificada", en tanto que la disposición demandada incorporó un tipo penal al nuevo Código Penal, esto es, se trata de dos preceptos jurídicos ubicados en contextos normativos completamente distintos.
Además, el comportamiento que aparecía descrito en el artículo 9 de la Ley 228 de 1995 tenía unas particularidades en cuanto al lugar donde podía ser cometido, es decir "en lugar público o abierto al público", amén de algunas referencias a las pruebas procedentes en estos casos, como los contratos respectivos, las cuales se encuentran ausentes en la norma legal sub examine.
Otro tanto puede predicarse del objeto sobre el cual recae la conducta: en el caso de la contravención se aludía a un "bien mueble usado", de manera general; en el nuevo tipo penal, el legislador se refiere a "autopartes usadas de vehículos automotores".
Además, en el caso de la contravención el legislador incluyó como ingrediente normativo de la misma "cuya procedencia no esté justificada", y en el presente caso se alude a una acción consistente en comerciar con autopartes usadas de vehículos automotores y a una omisión cual es no demostrar la procedencia lícita de un bien.
4. La materia objeto del control de constitucionalidad.
Desde el derecho romano, este delito no era más que una modalidad de la participación en el ilícito encubierto, pues se consideraba que quien ayudaba al delincuente a obtener su impunidad o el fin propuesto con el delito, aunque no hubiera intervenido en su ejecución, prolongaba de esta forma el iter criminis más allá de los límites de la consumación. El Digesto trató de establecer una distinción entre los autores del hecho punible y los favorecedores "Los que acogen a los malhechores son una especie pésima de gentes, sin las cuales ninguno pudiera estar oculto mucho tiempo, y se manda ser castigados como ladrones"[1]. Así se mantuvo, durante siglos, la confusión entre el culpable de atacar la propiedad privada y el que le facilitaba colaboración posterior a aquél, a pesar de las críticas que sobre el particular formuló Carrara[2].
El Código Penal colombiano de 1890, en su artículo 25, enumeraba quienes eran encubridores, con el casuismo propio de la época[3]. La enumeración comprendía, entre otras conductas, dos modalidades consideradas como principales, el ocultamiento criminal y la receptación, de la siguiente manera:
"Son encubridores: 1 ) los que espontáneamente, sin concierto anterior a la perpetración del delito, receptan o encubren después la persona de alguno o algunos de los autores, cómplices o auxiliadores; o los que protegen los defienden o les dan auxilio o noticias para se precavan o se fuguen; u ocultan alguna de sus armas, o alguno de los instrumentos o utensilios con que se cometió el delito, o alguno de los efectos en que éste consista;o compran, expenden o distribuyen algunos de dichos efectos,sabiendo que aquellas armas, instrumentos o utensilios han servido para el delito, o que de él han provenido aquellos efectos" ( negrilla y subrayado fuera de texto ).
"El que fuera de los casos de concurso en el delito, ocultare o ayudare a ocultar o asegurar el producto o fruto del mismo, o lo comprare o expendiere a sabiendas de su procedencia, incurrirá en prisión de seis meses a cinco años y multa de veinte a dos mil pesos". ( negrilla y subrayado fuera de texto ).
El Código Penal de 1980, en su Capítulo IV, bajo la denominación común de encubrimiento recogió dos modalidades del mismo: el favorecimiento ( art. 176 )[4] y la receptación ( art. 177 ). Este último prescribía:
"Artículo 177. Receptación. El que fuera de los casos de concurso en el delito, oculte o ayude a ocultar o a asegurar el objeto material o el producto del mismo, o lo adquiera o enajene, incurrirá en prisión de seis meses a cinco años y multa de un mil a cien mil pesos".
Años más tarde, la Ley 190 de 1995 "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa" modificó el artículo 177 del C.P. en los siguientes términos:
"ARTICULO 31. El artículo 177 del Código Penal quedará así:
3. Si la persona que realiza la conducta es importador o exportador de bienes o servicios, o es director, administrador, representante legal, revisor fiscal u otro funcionario de una entidad sujeta a la inspección, vigilancia o control de las Superintendencias Bancaria o de Valores, o es accionista o asociado de dicha entidad en una proporción igual o superior al diez por ciento (10%) de su capital pagado o del valor de los aportes cooperativos."
Al año siguiente fue expedida la Ley 228 del de 1995 "Por la cual se determina el régimen aplicable a las contravenciones especiales y se dictan otras disposiciones", cuyo artículo 9 rezaba:
Al año siguiente, una vez más, se modificó la regulación penal de la receptación. En efecto, la Ley 365 de 1997 "Por la cual se establecen normas tendientes a combatir la delincuencia organizada y se dictan otras disposiciones", dispuso lo siguiente:
"Artículo 7º. El artículo 177 del Código Penal quedará así:
"ARTICULO 177: Receptación. El que sin haber. tomado parte en la ejecución de un delito adquiera, posea, convierta o transmita bienes muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a cinco (5) años y multa de cinco (5) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales, siempre que el hecho no constituya otro delito de mayor gravedad.
"Si la conducta se realiza sobre un bien cuyo valor sea superior a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales, la pena privativa de la libertad se aumentará de una tercera parte a la mitad.
"Sobre el supuesto de la imposibilidad de interpretar extensivamente el artículo 177 del Código Penal, debe destacarse igualmente que de acuerdo con la redacción actual de dicha disposiciónse llega a soluciones francamente injustas en materia de delitos contra el patrimonio económico, debido a la dureza de las sanciones allí previstas. En efecto, con la actual legislación resultan favorecidos los autores de los delitos contra la propiedad frente a los receptadores, pues mientras el autor de un hurto recibe pena de uno (1) a seis (6) años, la persona que adquiere el bien producto de ese hurto queda sometida a una sanción de tres (3) a ocho (8) años de prisión[5].
"Estimamos que la Ley 190 de 1995 en su art. 31tipifica de manera antitécnica las diversas formas de receptación y que sería conveniente como lo propone el proyecto, describir más adecuadamente las conductas y ajustarlas al derecho internacional para entre otras cosas, acercarnos a la Convención de Viena en cuanto a los verbos rectores y a la inclusión del elemento a sabiendas que evitara la generalización y la ambigüedad que surge de expresiones como "origen mediato o inmediato en un delito" o "realice cualquier otro acto...". ( negrilla fuera de texto ).[6]
"ART. 447. Receptación. El que sin haber tomado parte en la ejecución de la conducta punible adquiera, posea, convierta o transfiera bienes muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá en prisión de dos ( 2 ) a ocho ( 8 ) años y multa de cinco ( 5 ) a quinientos ( 500 ) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
"Si la conducta se realiza sobre un bien cuyo valor sea superior a mil ( 1000 ) salarios mínimos legales mensuales vigentes la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad"
El nuevo artículo del Código Penal tuvo su origen en un proyecto de ley presentado por el Senador Germán Vargas Lleras ante el Senado de la República, en el cual se proponía lo siguiente:
"Proyecto de Ley número 25 de 2000 Senado, "Por el cual se adiciona el contenido del artículo 177 del Código Penal"
"Artículo 1. Adiciónase al artículo 177 del Código Penal un inciso segundo, del siguiente tenor:
"Artículo 177. Receptación.
"Se encuentra en la situación consagrada en el inciso anterior, quien se dedique a la compraventa de partes de vehículos automotores que sean de segunda mano. ( negrilla y subrayado fuera de texto ).
"Artículo 2. Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación"
Senador de la República[7]
Posteriormente, el 7 de mayo de 2001 se presentó el "Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley número 25 de 2000 senado. Por el cual se adiciona el artículo 177 del Código Penal", documento en el cual se justificaba sancionar un nueva variedad de receptación introduciendo, eso sí, algunas modificaciones importantes al proyecto inicial, con base en los siguientes argumentos:
"Por el cual se adiciona el contenido del artículo 447 de la ley 599 de 2000 Código Penal"; ( subrayado dentro del texto )
"b ) Se modifica el artículo primero del proyecto en los siguientes aspectos:
· Se modifica el verbo rector del tipo penal contenido en el proyecto original ( compraventa ) por el término "comercialización" el cual comprende todo tipo de negocios comerciales con este tipo de bienes.
· Se elimina, por considerarlo innecesario, la expresión "que sean de segunda mano".
· Finalmente, se adiciona "Exceptúase las partes usadas para maquinaria agrícola".
"PLIEGO DE MODIFICACIONES AL PROYECTO DE LEY 25 DE 2000 SENADO. Por medio de la cual se adiciona el artículo 447 del Código Penal.
Artículo 1. Adiciónase al artículo 447 del Código Penal un inciso segundo del siguiente tenor:
"Artículo 447.Receptación.
"Se encuentra en la situación consagrada en el inciso anterior, quien se dedique a la comercialización de partes usadas de vehículos automotores. Exceptúase las partes usadas que correspondan a maquinaria agrícola ( negrilla dentro del texto ).
Gustavo A. Guerra Lemoine"[8]
Correspondió a los Senadores Gustavo A. Guerra Lemoine y Cecilia Rodríguez González- Rubio presentar el texto de la "Ponencia para segundo debate al proyecto de ley número 25 de 2000 senado. Por el cual se adiciona el contenido del artículo 177 del Código Penal.", documento en el cual se justificó la tipificación de esta nueva clase de receptación, y se introdujo el actual elemento normativo del tipo consistente en "y no demuestre su procedencia lícita":
"... lo que se propone con la iniciativa, tal y como fue aprobado por la Comisión Primera del Senado de la República, es adicionar un nuevo artículo al ordenamiento jurídico penal en donde se sanciona con la misma pena del delito de receptación a quien comercie con autopartes usadas de vehículos automotores y no demuestre su procedencia lícita ( subrayado fuera de texto ).
"Como ninguna otra negociación de bienes usados, reconstruidos o reacondicionados, la que corresponde a partes de vehículos automotores, quienes se dedican a ella de manera informal, saben de su propiedadnon santa, porque ellos mismos no han generado ni validado el origen lícito. De otra parte, no tiene sentido que el dueño legítimo de un automotor, por mayor necesidad que tenga, venda el espejo retrovisor o una de las llantas, o la tapa del combustible, o los limpiabrisas. Por lo mismo, no es ningún despropósito considerar legalmente que está en la situación de receptación, cuando el agente se dedique a la compraventa de partes de vehículos automotores, pero que además esas partes sean usadas, reconstruidas o reacondicionadas." ( subrayado fuera de texto ).
"TEXTO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 25 DE 2000
"Artículo 1. El Código Penal tendrá un artículo nuevo numerado como 447A
Eduardo López Villa[9].
La voluntad del legislador de crear un tipo penal que consistiese en una forma especial de receptación, quedó asimismo plasmada en el texto del "Informe de ponencia para segundo debate al proyecto de ley número 180 de 2001 cámara, 025 de 2000 senado":
"La presente iniciativa pretende adicionar la regulación que el Estatuto Penal contempla sobre la receptación, introduciendo una modalidad Específica referida a la comercialización de autopartes usadas de vehículos automotores sin la acreditación de la procedencia lícita de las mismas, en la medida en que se considera que el incremento desmedido que ha tenido el hurto de vehículos automotores tiene una parte de explicación en el mercado negro de autopartes robadas, por lo cual, imponiendo una sanción penal a aquellos comportamientos, se desestimulará el hurto de vehículos"[10]. ( negrilla y subrayado fuera de texto ).
Así las cosas, queda claro que fue la voluntad del legislador establecer una modalidad especial de aquel tipo penal amplio o genérico de receptación que aparece recogido en el artículo 447 del C.P., y que sólo comparte con este último la sanción a imponer, lo que no le quita la autonomía y especialidad que se le quiso imprimir.
Por otra parte, de conformidad con una interpretación sedes materiae, según la cual se le atribuye un significado a un enunciado a partir del lugar que ocupa en el contexto normativo del que forma parte, la ubicación de este nuevo tipo penal resulta elocuente en el sentido de que se halla a continuación del artículo 447 del nuevo C.P. que tipifica el delito de receptación; además, el legislador le agregó una letra ( A ) a la numeración del artículo, lo cual indica que se trata de una variedad especial de receptación. Es más, para efectos de su punibilidad, como ya se advirtió, el legislador remitió la cuantificación de la pena a la prescrita en el artículo 447 del C.P.
Además, recurriendo a una interpretación a rubrica, en tanto que variedad de la sistemática consistente en atribuir un significado en función del título o rúbrica que encabeza al grupo de artículos en el que aquél se encuentra[11], se tiene que la conducta contenida en la norma demandada corresponde a una forma de encubrimiento pues se ubica en el Capítulo VI, "Del encubrimiento".
En este orden de ideas, la Corte considera que el tipo penal consagrado en el artículo 447A del Código Penal constituye, sin lugar a dudas, una modalidad específica del hecho punible de receptación, que aparece descrito en el artículo 447 del C.P., y que el legislador al tipificarlo le dio plena autonomía. Esta forma especial de receptación presenta unas características particulares que lo diferencian en cuanto a su estructura del tipo genérico de receptación en cuanto se trata de un tipo penal en dos actos, conformado por una acción consistente en comerciar con autopartes usadas de vehículos automotores, y una omisión referida a la no demostración de la procedencia lícita de dichos bienes con la cual se consuma el ilícito. Además, la adopción de una decisión de fondo en este caso de receptación no requiere que se encuentren previamente sancionados los autores del delito encubierto.
Uno de los fines del Estado Social de Derecho que pregona la Carta Política es el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario. Además, por mandato superior las autoridades de la República están instituidas, entre otros objetivos, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, así como para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades (C.P. Preámbulo y arts. 1° , 2° y 5°). Precisamente el derecho penal es uno de esos instrumentos que permite asegurar la protección y vigencia de los derechos fundamentales[12].
Además, es menester que el ejercicio de un control constitucional efectivo en estos casos vaya más allá de dejar sin efecto normas penales manifiestamente irrazonables o arbitrarias, abarcando también un examen detenido sobre la proporcionalidad que ofrece cada una de estas medidas, ya que, siguiendo a Ferrajoli "la intervención punitiva es la técnica de control social más gravosamente lesiva de la libertad y de la dignidad de los ciudadanos", y en consecuencia, "el principio de necesidad exige que se recurra a ella sólo como remedio extremo", es decir, nullum crimen sine necessitate[13].
En algunas situaciones, por el contrario, es manifiesto el deber que tiene el legislador de expedir leyes penales, de ejercer un deber de protección de los derechos humanos, como fue la tipificación del delito de genocidio o de la desaparición forzada de personas, que por lo demás responde al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano, o incluso para hacer efectiva una norma constitucional, como es el caso del enriquecimiento ilícito, tal y como lo ha sostenido la Corte[14].
Pues bien, siendo la norma penal, al mismo tiempo, un instrumento de intervención en el ejercicio de los derechos fundamentales y un mecanismo de protección de los mismos, así como de determinados bienes constitucionales, dado que un concepto de bien jurídico vinculante para el legislador sólo puede derivar de los cometidos plasmados en la Carta Política de un Estado Social de Derecho fundado en la libertad del individuo, en tanto que límites a la potestad punitiva del Estado. Por lo tanto, esta Corporación ha entendido que el ejercicio delius puniendi está sometido a los principios de estricta legalidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, razonabilidad, igualdad y responsabilidad por el acto en tanto que límites materiales a la ejecución de esta competencia estatal[15].
La Corte ha sido constante en afirmar que la creación de tipos penales tiene reserva de ley, en sentido material[16], en tanto que manifestación del principio democrático y garantía del pluralismo político: se reservan ciertas materias a la forma de ley, elaborada por quienes son los representantes de los ciudadanos y mediante un proceso legislativo caracterizado por los principios de contradicción y publicidad. La ley aparece como la expresión de la voluntad popular, realizada en un proceso donde se garantizan el principio democrático y el pluralismo político.
En tal sentido la Corte, en sentencia C-599 de 1999, con ponencia del Magistrado Alejandro Martínez Caballero consideró lo siguiente:
"La finalidad de esta representación popular en la elaboración de las leyes penales deriva no sólo del respeto de la separación de poderes, y de los con­troles que ésta supone para la protección de la libertad individual, sino que también debe permitir un proceso público de debate y aprendizaje en la concepción y ejecución de las políticas criminales, es decir una elaboración más demo­crática de la ley penal. Esta discusión pública debe permitir que la respuesta penal no sea un recurso contingente que el poder político utiliza a discreción, sin debate, para hacer frente a las dificul­tades del momento. La respuesta penal debe ser propor­cional a la conducta objeto de la sanción, debe ser idónea, operar únicamente cuando no hay otras alternativas, y no debe ser criminógena, es decir, causar más problemas de los que resuelve. Esto sólo es posible si la definición de las políticas criminales se hace a través de una amplia discusión democrática, y no mediante una inflación de normas penales promulgadas apresuradamente."
El deber de observar la estricta legalidad comprende pues la obligación que tiene el legislador de respetar el principio de legalidad de las penas y de los delitos en sus diversas manifestaciones: 1 ) La prohibición de la analogía ( nullum crimen, nulla poena sine lege stricta ); 2 ) la prohibición del derecho consuetudinario para fundamentar y agravar la pena ( nullum crimen, nulla poena sine lege scripta ); 3 ) la prohibición de la retroactividad ( nullum crimen, nulla poena sine lege praevia ); 4 ) la prohibición delitos y penas indeterminados ( nullum crimen, nulla poena sine lege certa )[17]; 5 ) el principio de lesividad del acto ( nulla lex poenalis sine iniuria )[18]; 6 ) el principio de la necesidad de tipificar un comportamiento como delito ( nullum crimen sine necessitate )[19] y 7 ) el derecho penal de acto y no de autor.
En el caso del artículo 447A del C.P., del examen que se adelantó anteriormente sobre el contenido y alcance que presenta esta norma, se desprende que el legislador realizó una punición contraria al principio de estricta legalidad. En efecto, si bien no apeló a la analogía para determinar el comportamiento ilícito o la pena a imponer ni tampoco recurrió al derecho consuetudinario para fundamentar y agravar la sanción penal o vulneró la prohibición de la retroactividad, violó dicho principio al realizar la descripción comportamental de la conducta punible, pues al pretender tipificar como delito el comercio de autopartes de vehículos automotores de procedencia ilícita resultó, a su vez, penalizando a quienes, por ejemplo, no conservan las facturas correspondientes pero comercian con bienes que pueden tener un origen lícito, ya que sólo quedará exento de responsabilidad quien logre demostrar la adquisición lícita de los mismos.
Al respecto cabe señalar que por bien jurídico la doctrina contemporánea ha entendido aquellas "circunstancias dadas o finalidades que son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema social estructurado sobre la base de esa concepción o para asegurar el funcionamiento del mismo"[20]. En tal sentido, el bien jurídico está llamado a cumplir una función social; y desde una perspectiva dogmática, constituye una importante guía para la interpretación de la norma penal y se erige en un criterio de medición de la pena a imponer, dado que la mayor o menor gravedad de la lesión al bien jurídico, o la mayor o menor peligrosidad de su ataque, influyen decisivamente en la gravedad del hecho. De allí que no se consideren como bienes jurídicos, objeto de tutela penal, las conminaciones arbitrarias, las finalidades puramente ideológicas, las meras inmoralidades, y por supuesto, el ejercicio de una actividad constitucionalmente válida.
En otros términos, la absoluta necesidad de las leyes penales resulta condicionada por la lesividad para terceros de los hechos prohibidos, a la luz del principionulla poena, nullum crimen, nulla lex poenalis sine iniuria. Así pues, en el presente caso, al criminalizarse un comercio cuando no se conservan las facturas pero que puede ser lícito, tal formulación no está protegiendo bien jurídico alguno.
Además, cabe señalar que la Constitución de 1991, en su artículo 29, parte de un derecho penal de acto, es decir, se penaliza a las personas por sus actos y no por lo que son, al establecer que "nadie podrá ser juzgado sino por leyes preexistentes al acto que se le imputa", de donde se deriva que el juzgamiento precisa la existencia de un acto humano, lo cual supone el compromiso de sus esferas volitiva e intelectiva y no la simple causación material del acto y el examen del mismo, con independencia de determinadas calidades personales del individuo.
En tal sentido, la Corte considera que un derecho penal de acto se opone a uno de autor, basado únicamente en la posibilidad de castigar el carácter o el modo de ser de una persona. Enlaza este principio con el delegalidad y su exigencia de tipicidad de los delitos; el mandato de determinación de la ley penal reclama una descripción diferenciada de cada conducta delictiva, lo cual fue negado por el "derecho penal de autor" y la teoría de los "tipos de autor" que propusieron los penalistas nacionalsocialistas: en lugar de castigar el homicidio, el hurto, las falsedades, etcétera ( tipos de conductas ), el derecho penal debía castigar al "homicida", al "ladrón", al "falsificador", etcétera ( tipos de autor ).
La Corte también ha sido constante en afirmar que el legislador debe respetar el principio de proporcionalidad, el cual emana del principio del Estado Social de Derecho y del respeto por la dignidad humana y por lo tanto es de rango constitucional y concreta el principio de ponderación de bienes en el sentido de una prohibición de exceso. En palabras de Roxin "los daños y peligros que parten del autor deben soportarse, a pesar del interés preventivo en evitarlos, cuando son menores que la pérdida de libertad que conllevaría la medida para el implicado"[21].
"Sin necesidad de elevar el principio de antijuridicidad (Código Penal, art. 4) al rango de principio supralegal, bien puede afirmarse que éste tiene su corolario constitucional en el principio de proporcionalidad o 'prohibición de exceso', deducido jurisprudencialmente de los artículos 1º (Estado social de derecho, principio de dignidad humana), 2º (principio de efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución), 5º (reconocimiento de los derechos inalienables de la persona), 6º (responsabilidad por extralimitación de las funciones públicas), 11 (prohibición de la pena de muerte), 12 (prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), 13 (principio de igualdad) y 214 de la Constitución (proporcionalidad de las medidas excepcionales)".
"La Corte también ha sido constante en afirmar que mientras en el cumplimiento de la función legislativa no resulten contrariados los preceptos fundamentales "bien puede el legislador crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados, todo de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado"[22]. Por lo anterior, solamente "en los casos de manifiesta e innegable desproporción o de palmaria irrazonabilidad," [23] correspondería al juez Constitucional declarar la inexequibilidad de la disposición normativa que sea objeto de análisis.
La Corte ha entendido además, que el principio de proporcionalidad implica un juicio sobre la idoneidad del tipo penal, en el sentido de que este último realmente apunte a la protección de un bien jurídico constitucionalmente garantizado. Así las cosas, todos los poderes públicos se encuentran constitucionalmente obligados a respetar el principio de idoneidad, en tanto que subprincipio de aquel de proporcionalidad[24], en la creación o aplicación de la normatividad que permita la restricción de los derechos fundamentales y especialmente si se trata de asuntos criminales, incluso en mayor medida que en otras materias, ya que los tipos penales deben ser considerados desde la perspectiva de su funcionalidad, esto es, desde el punto de vista de los fines que persiguen.
El principio de razonabilidad, en tanto que límite a la actividad del legislador, implica la exclusión de toda decisión adoptada de manera manifiestamente absurda, injustificada o insensata, vale decir, apartándose de los designios de la recta razón[25]. Para autores como Tixier, la noción de razonabilidad puede "permitir al juez ejercer un cierto control sobre la finalidad de los actos particulares o de las autoridades públicas frente a una regla general que éstas han establecido"[26].
En el caso concreto del artículo 447A del C.P., la finalidad de la norma no resulta ser constitucionalmente aceptable por cuanto, se insiste, no se está restringiendo el derecho fundamental a la libertad personal, en aras a garantizar la vigencia de un bien jurídico amparado por la Carta Política, y en consecuencia, el medio empleado resulta ser manifiestamente irrazonable ya que se está exigiendo al ciudadano demostrar, en todos los casos, el origen lícito de un bien con el cual está comerciando, aunque no se cuente con los debidos soportes documentales, caso en el cual se torna casi imposible demostrar la prueba del origen lícito del bien, es decir, no se establece un simple deber de colaboración con las autoridades judiciales sino se le impone una obligación so pena de asumir su responsabilidad penal. En tal sentido, el principio de razonabilidad indica que la tipificación de una conducta debe hacerse, en todos los casos, dentro de un marco de posible cumplimiento por los ciudadanos, es decir, dentro de una posibilidad probatoria asequible.
El ejercicio delius puniendi por parte del Estado, como lo ha reconocido la Corte, tiene como limitante constitucional, en consonancia con diversos textos internacionales sobre derechos humanos, el principio de presunción de inocencia[27]. Al respecto, alega la actora que el artículo 447A del nuevo Código Penal, al ordenarle al procesado o imputado demostrar la procedencia lícita de las autopartes usadas de vehículos automotores es contraria a la presunción de inocencia, consagrada en los artículos 29 constitucional, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El derecho fundamental a la presunción de inocencia, recogido en el artículo 29 constitucional, significa que cualquier persona es inicial y esencialmente inocente, partiendo del supuesto de que sólo se puede declarar responsable al acusado al término de un proceso en el que deba estar rodeado de las plenas garantías procesales y se le haya demostrado su culpabilidad. Así pues, la presunción de inocencia, se constituye en regla básica sobre la carga de la prueba, tal y como aparece consagrado en numerosos textos de derechos humanos[28].
En numerosas ocasiones[29], esta Corporación ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el contenido y alcance del principio de presunción de inocencia. Así, en sentencia C-252/01 la Corte consideró al respecto lo siguiente:
"La presunción de inocencia sólo puede quedar desvirtuada definitivamente en una sentencia que tenga ese carácter y ello no puede ocurrir cuando están pendientes de resolver serios cuestionamientos acerca de su validez jurídica. Es decir, que si a un fallo se le imputan errores de derecho (in judicando o in procedendo), esta cuestión debe ser resuelta antes de que el mismo haga tránsito a la cosa juzgada.
"La presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico adquiere el rango de derecho fundamental, por virtud del cual,el acusado no está obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia y por el contrario ordena a las autoridades judiciales competentes la demostración de la culpabilidad del agente. Este derecho acompaña al acusado desde el inicio de la acción penal (por denuncia, querella o de oficio) hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la convicción o certeza, mas allá de una duda razonable, basada en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con el acusado. Esto es así, porque ante la duda en la realización del hecho y en la culpabilidad del agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro reo, según el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado. ( subrayado fuera de texto )
"Ahora bien, entiende la Corte que diferentes circunstancias relacionadas con el paso del tiempo afectan la actividad judicial dando lugar a la prescripción de la acción penal: la pérdida de interés social para imponer una sanción al delincuente, la dificultad en conseguir pruebas de la culpabilidad y la injusticia de mantener a una persona indefinidamente sujeta a las consecuencias de la acción penal, más aún cuando la propia Constitución consagra el principio de presunción de inocencia (C.P. art. 29), y la prohibición de las penas y medidas de seguridad imprescriptibles (C.P. art. 28).
Cuando el artículo 29 inciso 4º de la Constitución Política, dispone que "Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable", se establece un postulado que no admite excepción alguna e impone como obligación la práctica de un debido proceso, de acuerdo con los procedimientos que la Constitución y la ley consagran para desvirtuar su alcance[30].
"La presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico adquiere el rango de derecho fundamental, por virtud del cual, el acusado no está obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia y por el contrario ordena a las autoridades judiciales competentes la demostración de la culpabilidad del agente. Este derecho acompaña al acusado desde el inicio de la acción penal (por denuncia, querella o de oficio) hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la convicción o certeza, mas allá de una duda razonable, basada en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con el acusado. Esto es así, porque ante la duda en la realización del hecho y en la culpabilidad del agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro reo, según el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado.
"La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11º, reafirma el carácter fundante de la presunción, por virtud del cual: "Toda persona acusada de un delito tienederecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa".[31]
"El Decreto 2700 de 1991 señala en su artículo 2º: "En desarrollo de las actuaciones penales prevalece el principio de la presunción de inocencia según el cual toda persona se presume inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se produzca una declaración definitiva sobre su responsabilidad" Igualmente la ley 600 de 2000, en su artículo 7º expresa: " Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una sentencia condenatoria definitiva sobre su responsabilidad penal. En las actuaciones penales toda duda debe resolverse a favor del procesado...".[32]
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del 12 de Noviembre de 1997, asunto Suárez Rosero c. Ecuador, realizó las siguientes consideraciones sobre el principio de presunción de inocencia:
"La Corte pasa a analizar el alegato de la Comisión de que el proceso contra el señor Suárez Rosero violó el principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 8.2 de la Convención Americana. Dicho artículo dispone que
" Esta Corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Este concepto está expresado en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general (art. 9.3). En caso contrario se estaría cometiendo una injusticia al privar de libertad, por un plazo desproporcionado respecto de la pena que correspondería al delito imputado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo cual está en contra de principios generales del derecho universalmente reconocidos.
Más, recientemente, la misma instancia internacional, en sentencia del 18 de agosto de 2000, asuntoCantoral Benavides c. Perú, señaló:
La Corte observa, en primer lugar, que en el presente caso está probado que el señor Cantoral Benavides fue exhibido ante los medios de comunicación, vestido con un traje infamante, como autor del delito de traición a la patria, cuando aún no había sido legalmente procesado ni condenado (supra párr. 63.i.).[61]
En el caso concreto del artículo 447A del Código Penal, el legislador lo diseñó con una estructura que se aleja del cumplimiento de los deberes que está llamado a cumplir el Estado en materia de investigación criminal, en el sentido de que es menester que ésta se inicie con una prueba de cargo recaudada por el aparato estatal y del principio de presunción de inocencia a favor del acusado. Ciertamente, la indagación por la comisión de un hecho punible, por mandato constitucional, debe partir del principio de presunción de inocencia, la cual se mantiene hasta que en un fallo definitivo ésta quede completamente desvirtuada con base en el material probatorio recaudado por el Estado; es más, la duda en la realización del hecho y en la culpabilidad del sindicado, en virtud del principio delin dubio pro reo, debe resolverse a favor del acusado.
Sin lugar a dudas, el tipo penal recogido en el artículo 447A del nuevo C.P., consistente en comerciar con autopartes usadas de vehículos automotores y no demostrar la procedencia lícita de las mismas está instaurando una presunción de culpabilidad, la cual, a no dudarlo, resulta ser contraria a la Constitución y a diversos textos internacionales de derechos humanos.
En efecto, el legislador está descargando al Estado de su deber constitucional de desvirtuar la presunción de inocencia que favorece al sindicado, al haber operado, desde la estructuración misma del tipo penal, una inversión de la carga de la prueba en detrimento de los derechos del acusado, a quienab initio se le presume su responsabilidad, lo que implica que puede abrírsele investigación, dictarle medida de aseguramiento o incluso resolución de acusación, pues aquélla sólo se desvirtúa si logra demostrar la procedencia lícita de las autopartes usadas de vehículos automotores con las que comercia. De tal manera se contraría el postulado consagrado en nuestro ordenamiento constitucional, según el cual está proscrita la obligación del sindicado de demostrar su inocencia.
Tan grave violación de la Constitución, contrario a lo que solicitó el representante del Ministerio del Interior y de Justicia al señalar que la expresión "y no demuestre su procedencia lícita" debe ser retirada del ordenamiento normativo por infracción directa por cuanto "conculca las garantías procesales de presunción de inocencia y asunción de la carga de la prueba en contrario por parte del Estado.", no permite suprimir solamente la mencionada expresión pues, la Corte considera que de procederse a lo solicitado se haría más evidente la vulneración al Texto Fundamental por parte del legislador ya que se estaría persiguiendo penalmente, sin más, a la persona por el sólo hecho de dedicarse a comerciar con autopartes usadas de vehículos automotores. Un tipo penal de esta naturaleza, a no dudarlo, violaría de manera flagrante la libertad de empresa.
Cabe de igual manera señalar que la exigencia que trae la norma sub examine de demostrar la procedencia lícita de los bienes con los que se comercia no guarda relación alguna con el deber constitucional que el artículo 95.7 constitucional le impone a toda persona de "colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia". En efecto, este deber ciudadano, abstracto y genérico, no puede convertirse en una fuente de criminalización de conductas, en desmedro de las garantías judiciales.
Se está en presencia de un delito de origen constitucional que, para el caso de los particulares, busca castigar la propiedad obtenida ilícitamente y cualquier otro interés económico que de ella se pueda derivar. Se trataba de un tipo penal con sujeto activo indeterminado, en segundo lugar, y como consecuencia de la calidad del sujeto, el tipo penal condiciona la punibilidad del enriquecimiento no solo a que éste sea injustificado, sino que además provenga de "actividades delictivas"; en tercer lugar, se trata de un delito especial y autónomo, como quiera que describe un modelo de comportamiento al que puede adecuarse en forma directa o inmediata la conducta del actor, sin necesidad de recurrir a otro tipo penal, ni a otro ordenamiento jurídico[33], de allí la independencia normativa de las expresiones "injustificado" y "actividades delictivas", así como de la entidad constitucional de la conducta, se deriva la especialidad y autonomía del delito de enriquecimiento ilícito de particulares[34]
En cuanto a la expresión "no justificado", la Corte en sentencia C-319 de 1996 la encontró ajustada a la Constitución por cuanto "debe recordarse lo dicho en el punto anterior en cuanto a que su operancia no conduce en manera alguna a una inversión de la carga de la prueba, pues es al Estado a quien corresponde en última instancia probar el hecho típico, antijurídico y culpable, de conformidad con los medios de prueba existentes y los elementos de juicio aportados al proceso. Se reitera que la explicación que brinde el imputado en relación con el presunto incremento patrimonial injustificado corresponde a un acto propio del ejercicio del derecho de defensa, como quiera que en las instancias procesales debe permitírsele al sindicado explicar su conducta."
Por ejemplo, en otros ordenamientos jurídicos, la tipificación del delito de receptación parte de que quien comercia con determinados bienes conoce la procedencia ilícita de éstos, lo cual constituye un hecho psicológico que debe inferirse, al faltar normalmente la prueba directa, por hechos externos admitidos o demostrados por otros medios de prueba, mediante los cuales es posible establecer un nexo causal y lógico[35]. Además, para la doctrina y la jurisprudencia extranjeras es claro que, en la mayoría de los casos, las investigaciones penales que se adelantan por receptación se apoyan en el manejo de pruebas indiciarias[36].
Así las cosas, el principio de dignidad humana reconduce a un problema fundamental de la convivencia: la constante tensión entre autosuficiencia del individuo y las necesidades, derechos y obligaciones que derivan de las circunstancias actuales de la vida en comunidad[37].
En materia de determinación de tipos penales, el principio de dignidad humana exige dotar al derecho penal de un contenido respetuoso de una imagen del ciudadano como dotado de un conjunto de derechos derivados de su naturaleza humana, de la igualdad real de los hombres y de su facultad de participación en la vida social.[38] Así mismo, prohíbe el recurso a penas crueles, inhumanas o degradantes.
Pasa la Corte a analizar si le asiste o no razón a la demandante cuando sostiene que, en el caso concreto del artículo 1 de la Ley 738 de 2002, correspondiente al artículo 447A del Código Penal, el legislador vulneró el principio constitucional de la buena fe "puesto que si corresponde al ciudadano demostrar la licitud de elementos que tiene en su poder, entonces, se invierte el principio y se desconoce tal presunción".
De conformidad con el artículo 83 constitucional, las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, "la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas". Se trata de un principio general del derecho y por ende irradia innumerables aspectos del ordenamiento jurídico con una pluralidad de matices y de consecuencias prácticas.
En numerosas ocasiones la Corte se ha pronunciado sobre el contenido y los efectos que despliega el principio de la buena fe[39]. En tal sentido, en su sentencia C-840 de 2001 consideró lo siguiente:
"De acuerdo con la doctrina el principio de la buena fe constituye pieza fundamental de todo ordenamiento jurídico, habida consideración del valor ético que entraña en la conciencia social, y por lo mismo, de la importancia que representa en el tráfico jurídico de la sociedad. Contenido ético que a su vez incorpora el valor de la confianza dentro de la base de las relaciones sociales, no como creación del derecho, que sí como presupuesto, con existencia propia e independiente de su reconocimiento normativo. La buena fe se refiere exclusivamente a las relaciones de la vida social con trascendencia jurídica, sirviendo al efecto para valorar el comportamiento de los sujetos de derecho, al propio tiempo que funge como criterio de reciprocidad en tanto se toma como una regla de conducta que deben observar los sujetos en sus relaciones jurídicas, esto es, tanto en el ámbito de los derechos como en la esfera de los deberes y obligaciones."
"Y en cuanto hace a la violación del principio de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Carta, para la Corte es evidente que el cargo es improcedente, pues la norma Superior no puede ser quebrantada por los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001, ya que como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional la presunción de buena fe está orientada a proteger al particular de los obstáculos y trabas que las autoridades públicas, y los particulares que ejercen funciones públicas, ponen frente a él en todas sus gestiones, como si se presumiera su mala fe, y no su buena fe.[40] Al efecto, valga recordar que según del artículo 83 Superior"Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas"
Es incuestionable que el ejercicio de la acción de repetición no constituye propiamente una gestión de los particulares ante el Estado, sino ante todo un mecanismo procesal previsto en el inciso segundo del artículo 90 de la Carta Política con el fin de proteger la integridad del patrimonio público y la moralidad y eficiencia en el desempeño de funciones públicas, en los eventos en que existe una condena de reparación patrimonial por un daño antijurídico generado por la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente estatal."[41]
En el caso concreto de la variedad de receptación de que trata el artículo 447A, resulta asimismo improcedente referirse a una vulneración al principio de la buena fe, por cuanto el legislador no está regulando propiamente una "gestión" de los particulares ante el Estado sino un comportamiento lesivo para la sociedad cual es el tráfico de autopartes usadas de vehículos automotores. En otros términos, en materia de tipificación de comportamientos delictivos, el principio de la buena fe no se constituye en un límite al ejercicio de la libertad de configuración del legislador, lo cual de modo alguno significa que aquél no resulte aplicable al momento de valorar la conducta del sindicado.
5. Efectos del fallo.
Debe aclarar la Corte, que la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 738 de 2002 no conduce a despenalizar en Colombia el delito de receptación sobre comercialización de autopartes usadas de vehículos automotores de procedencia ilícita. En efecto, siendo el tipo penalsubexamine una modalidad de la receptación general, el Estado está ante el deber constitucional de continuar persiguiendo esta clase de criminalidad, problema de trascendencia social que reconoce la Corte, con fundamento en el artículo 447 del C.P., aún con las dificultades probatorias que ello pueda conllevar las cuales el Estado puede sortear empleando las herramientas jurídicas existentes.
Declarar INEXEQUIBLE la Ley 738 de 2002 "Por la cual se adiciona unartículo al Código Penal".
Inexequible LEY_738_2002_25/04/2002
Inexequible Artículo 447A LEY_599_2000_24/07/2000
Que el H. Magistrado doctor ALVARO TAFUR GALVIS, no firma la presente sentencia por encontrase en permiso debidamente autorizado por la Sala Plena.
Salvamento de voto a la sentenciaC-205/03
Autor: Marcela Patricia Jiménez Arango
1. Desconocimiento del precedente judicial constituido por la Sentencia C-319 de 1996. La receptación de autopartes usadas como variante del enriquecimiento ilícito.
Conforme se indicó, la declaratoria de inexequibilidad pronunciada por la Corte en el presente caso, desconoce sin duda el precedente constitucional que constituía la Sentencia C-319 de 1996[42], mediante la cual esta Corporación encontró ajustados a la Constitución Política los artículos 148 del Código Penal anterior, tal como fue subrogado por el artículo 26 de la Ley 190 de 1995, y el 1º del Decreto 1895 de 1989 que consagraban, respectivamente, los tipos penales de enriquecimiento ilícito de servidor público y de particulares.
- Como puede observarse, en las dos formas de enriquecimiento ilícito la ley penalizaba "la propiedad obtenida ilícitamente y cualquier otro interés económico que de ella se pueda derivar"[43].
- Con dicha penalización se perseguía proteger la moral como bien jurídico de relevancia constitucional, con fundamento en lo reglado por el artículo 34 de la Carta que no otorga reconocimiento a ninguna forma de enriquecimiento que se produzca ilícitamente "en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social".
- El comportamiento se configuraba por el incremento patrimonial "no justificado", es decir, aquel respecto del cual su detentador no estaba en capacidad de demostrar una procedencia lícita.
De esta manera, tanto en los delitos que la Corte consideró exequibles en la Sentencia C- 319 de 1996, como en el delito del Artículo 1° de la Ley 738 de 2002, se presentaban estas coincidencias: (i) la conducta consistía en detentar una propiedad ilícitamente obtenida o derivar de ella un provecho económico igualmente ilegal; (ii) en últimas el interés protegido era la moral social[44]; (iii) en uno y otro caso se trataba de delitos autónomos; (iv) en ambas conductas se presentaba como elemento normativo la no justificación de provecho económico ilícitamente obtenido o la imposibilidad de demostrar su procedencia lícita.
En aquella ocasión -de la Sentencia C-319 de 1996- bajo la consideración según la cual, por motivos que tienen que ver con la preservación de la moral social, la única propiedad que debe ser jurídicamente avalada es la que procede de un justo título y ha sido adquirida " con arreglo a las leyes civiles"[45], la Corte encontró que el incremento patrimonial de procedencia ilícita debía ser penalizado. A la conclusión anterior se arribó con un claro soporten de las normas superiores, pues el delito de enriquecimiento ilícito es de raigambre constitucional. Sobre este particular en el mencionado fallo expresó:
"En primer término debe señalar la Corte que el enriquecimiento ilícito es una conducta delictiva a la cual se refiere expresamente la Constitución Política y que, por tanto, demanda como exigencia imperativa ineludible su adecuada tipificación legal. En efecto, este tipo delictivo se encuentra plasmado en el segundo inciso del artículo 34, así:
"Artículo 34. ...
"No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos medianteenriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social". (Subrayas de la Corte).
"El bien jurídico protegido por esta norma es, ante todo, la moral social, bien jurídico objeto de expresa tutela constitucional. Se trata, en efecto, de un delito que lesiona gravemente este valor, que el Constituyente de 1991 buscó preservar y defender, no sólo a través del precepto constitucional citado, sino de otros varios que se encuentran igualmente consagrados en la Constitución Política.
"Desde el punto de vista del derecho comparado, pareciere exótico el que una Constitución se ocupe específicamente de un determinado delito, como lo hace en este caso la de Colombia con el enriquecimiento ilícito. Pero no debe olvidarse que las constituciones -y en general cualquier norma-, deben amoldarse a las exigencias que plantean las realidades sociales, políticas, económicas o culturales de una determinada sociedad, atendiendo a las circunstancias cambiantes de los tiempos.
"En el caso colombiano, lo que llevó al Constituyente de 1991 a darle fundamento constitucional al delito de enriquecimiento ilícito fue el proceso de grave deterioro de la moral pública y de los valores éticos que ha venido padeciendo nuestra sociedad en las últimas décadas, y que ha adquirido dimensiones verdaderamente alarmantes, fenómeno que se ha traducido en una desenfrenada corrupción, no sólo a nivel de la administración pública en general sino también de los particulares. En ambos casos, ha sido evidente la incidencia funesta del narcotráfico y su enorme poder corruptor, que ha penetrado de manera ostensible en casi todas las esferas de la sociedad colombiana.
"El enriquecimiento ilícito no es ni puede ser protegido por la Constitución que, por el contrario, sanciona directamente a las personas que detenten patrimonios signados por ése origen con la extinción del dominio, la que se debe declarar a través de sentencia judicial (C.P., art. 34). La propiedad y, en general, los derechos, adquiridos al margen de las leyes civiles, vale decir, por medio o al abrigo de actividades ilícitas, tampoco están cubiertos con la tutela del Estado (C.P. art. 58). La actividad económica que de cualquier manera se lucre de esta misma suerte de actividades, carece del patrocinio del Estado, pues únicamente la empresa que actúa dentro de los límites del bien común, tiene una función social y se hace merecedora de la protección de las leyes y de las autoridades (C.P. art. 333).
"Como se ha señalado, la Constitución prefigura el delito de enriquecimiento ilícito y mal pueden, entonces, considerarse inconstitucionales las leyes que, en perfecta consonancia con ella y con su filosofía, sancionan penalmente las conductas que lo evidencian."[46] (Negrillas fuera del original)
Quien comercia con autopartes de ilícita procedencia obtiene para sí un enriquecimiento ilícito. Se lucra a costa de aquella persona que resulta ser la legitima propietaria de tales autopartes. Y este enriquecimiento así obtenido no solo no merece reconocimiento jurídico, pues la Carta Política solo protege la propiedad adquirida conforme a las leyes civiles (C.P. Art. 58), sino que además puede ser penalizado cuando se demuestra la mala fe de quien así se lucra. Así pues, la penalización del delito de receptación de autopartes para su posterior comercialización desarrollaba eficazmente el artículo 34 superior.
"La previsibilidad de las decisiones judiciales da certeza sobre el contenido material de los derechos y obligaciones de las personas, y la única forma en que se tiene dicha certeza es cuando se sabe que, en principio, los jueces han interpretado y van a seguir interpretando el ordenamiento de manera estable y consistente"[47]
2. La interpretación de la norma avalaba su constitucionalidad.
2.2Interpretación teleológica.
3. El no desconocimiento de los principios de legalidad y presunción de inocencia por parte del artículo 1° de la Ley 738 de 2002.
No sobra recordar que los comerciantes están obligados a llevar contabilidad y a soportar con los documentos pertinentes, según las normas contables comúnmente aceptadas en Colombia, las operaciones que deben registrar en los libros correspondientes (C.Co. arts. 48 y sig.). Sobre este particular, sostuvo el Consejo de Estado que "El llevar la contabilidad es uno de los principales deberes que la ley le impone a algunas personas, en especial a los comerciantes. [Y que esta contabilidad, por determinación de la ley] ha de llevarse en libros."[48]
"No es entonces la explicación que rinde el sindicado frente a una acusación de incremento patrimonial no justificado un acto de violación al principio constitucional de la presunción de inocencia, pues como ya se anotó, se trata de una justificación de sus actos frente a las imputaciones debidamente formuladas por el Estado en su contra, para que en desarrollo del artículo 29 de la Constitución Política, tenga la oportunidad de explicar su conducta. El artículo bajo examen consagra entonces un deber específico y concreto de transparencia en el manejo de los bienes públicos por parte de los servidores públicos, que en nada contraviene el debido proceso ni ningún otro derecho consagrado en la Constitución Política."
"En el segundo caso, y en relación con la expresión "no justificado", debe recordarse lo dicho en el punto anterior en cuanto a que su operancia no conduce en manera alguna a una inversión de la carga de la prueba, pues es al Estado a quien corresponde en última instancia probar el hecho típico, antijurídico y culpable, de conformidad con los medios de prueba existentes y los elementos de juicio aportados al proceso. Se reitera que la explicación que brinde el imputado en relación con el presunto incremento patrimonial injustificado corresponde a un acto propio del ejercicio del derecho de defensa, como quiera que en las instancias procesales debe permitírsele al sindicado explicar su conducta."
De esta forma, se insiste, la carga de diligencia impuesta por la norma al sindicado no tiene como objetivo desvirtuar la filosofía que inspira el régimen penal y procesal imperante, ni desconocer las garantías que gobiernan el derecho al debido proceso penal. Al respecto, el artículo 250 de la Carta es claro en señalar que corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores, indagando tanto lo favorable como lo desfavorable al sindicado y respetando en todo momento sus derechos fundamentales y las garantías procesales. Entonces, en este caso, a las autoridades competentes les asistía la obligación de establecer la responsabilidad del infractor, allegando el soporte probatorio que permitiera inferir: Latipicidad de la conducta, como era la de negociar con repuestos usados no adquiridos en el mercado formal; la antijuridicidad, es decir, la trasgresión de una prohibición establecida por el propio ordenamiento para la protección de determinados bienes jurídicos; y la culpabilidad, consistente en que el comerciante, a ciencia y paciencia, se sustrajo del deber de adquirir los repuestos lícitamente.
En consecuencia, en cumplimiento de sus deberes constitucionales y en ejercicio de sus competencias, el Estado, a través del Congreso de la República, se encontraba plenamente habilitado para elevar a la categoría de delito la conducta de receptación de autopartes usados, a partir de imponer a quienes se dedican a esa actividad la carga de adquirir lícitamente tales repuestosso pena de que su incumplimiento genere una sanción penal; sin que con tal proceder se estuviere desconociendo el ordenamiento Superior.
4. Interpretación de la norma frente a todo el texto constitucional.
De acuerdo a lo dicho, el legislador, en ejercicio de esa libertad de configuración normativa (C.P. arts. 29 y 150-2), al definir el tipo de receptación de autopartes usadas persiguió dar cumplimiento a una gama amplia de valores, principios y derechos de rango constitucional. La vigencia efectiva de los mismos que se lograba con ello ha debido ser seriamente evaluada a la hora de examinar la disposición demandada, sin limitarse a mirarla exclusivamente desde la óptica extrema de las garantías individuales que constituyen la presunción de legalidad, e inocencia. Una labor de ponderación de los diversos principios y valores comprometidos en la norma se le exigía a la Corte, de manera que la prevalencia del bien general sobre el privado o particular y la urgencia de preservar la moral social no se vieran injustamente menguadas, desatendidas e ignoradas.
[1] Rodríguez Devesa, J, "Encubrimiento", en Nueva Enciclopedia Jurídica, t. VIII, Barcelona, edit. Francisco Seix, 1956, p. 448.
[2] Para Carrara resultaba absurda la proposición de que uno pueda hacerse partícipe de un delito ya realizado, pues no se puede concebir una causa posterior a su efecto. Citado por Maggiore, Derecho Penal. Delitos en particular, Bogotá, Edit. Temis, 1989, p. 190.
[3] Pérez, L.C. Derecho penal. Partes general y especial. De los delitos en particular. Bogotá, Edit. Temis, 1984, p. 404.
[4] El artículo 176 del C.P. de 1980 disponía lo siguiente "Favorecimiento. El que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible y sin concierto previo, ayudare a eludir la acción de la autoridad, o a entorpecer la investigación correspondiente, incurrirá en arresto de seis ( 6 ) meses a cuatro ( 4 ) años. Si se tratare de contravención se impondrá multa de un mil a diez mil pesos".
[5] Gaceta del Congreso Núm. 284 del 23 de julio de 1996, "Exposición de motivos del proyecto de ley núm. 18 de 1996, Senado, por medio de la cual se establecen normas tendientes a combatir la delincuencia organizada y se dictan otras disposiciones", pp. 4-12.
[6] Gaceta del Congreso del 2 de octubre de 1996, núm. 416 DE 1996, "Ponencia para primer debate del proyecto de ley No. 18 de 1996 en el Senado". Pgs. 1-8
[7] Gaceta del Congreso, núm. 290, jueves 27 de julio de 2000, p. 15.
[8] Gaceta del Congreso, núm. 189, jueves 10 de mayo de 2001, p. 11.
[9] Gaceta del Congreso, núm. 520, 12 de octubre de 2001, p. 8.
[10] Gaceta del Congreso, núm. 50, 18 de marzo de 2002, p. 3.
[11] Ezquiaga Ganuzas, F., La argumentación en la justicia constitucional española, País Vasco, Edit. HAAE, 1987, p. 125.
[12] Corte Constitucional, sentencia del 2 de mayo de 2002, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 165 ( parcial ) de la Ley 599 de 2000 "por la cualse expide el Código Penal", demandante: Marcela Patricia Jiménez Arango. M.P. Clara Inés Vargas H.
[13] Ferrajoli, L., Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Valladalid, 1997, p. 465.
[14] Sent. 316 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[15] Ver al respecto los siguientes fallos: C-587 de 1992, C-504 de 1993, C-038 de 1995, C-345 de 1995, C-070 de 1996, C-113 de 1996, C-125 de 1996, C-394 de 1996, C-013 de 1997, C-239 de 1997, C-297 de 1997, C-456 de 1997, C-472 de 1997, C-659 de 1997, C-404 de 1998, C-083 de 1999, C-996 de 2000, C-1164 de 2000, C-173 de 2001, C-177 de 2001 y C-317 de 2002, entre otras.
[16] Ver al respecto las siguientes sentencias: C-996 de 2000 y C-939 de 2002.
[17] Roxin, C., Derecho Penal. Parte General. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Madrid, Edit. Civitas, 1997, p. 140. En el mismo sentido, puede citarse la siguiente obra: Mir Puig, S., Derecho Penal. Parte General. Barcelona, quinta edición, 2002, p. 75.
[18] Ferrajoli, L, ob.cit, p. 467.
[19]Ibídem, p. 468.
[20] Roxin, ob.cit., p. 56.
[21] Ver, Roxin, ob.cit., p. 106.
[22] Sentencia C-013/1997 M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
[24] González-Cuellar Serrano, N., Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso penal. Madrid, Edit. Colex, 1990, p. 159.
[25] Sobre el contenido del principio de razonabilidad, ver Perelman "Le raisonnable et le déraisonnable en droit", APD, 1978, p. 36.
[26] Tixier, A., "La regle de reasonableness dans la jurisprudence anglo-americaine", RDP, 1956, p. 279.
[27] Sent. C-317 de 2002 M. P: Clara Inés Vargas Hernández
[28] Artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, artículo 8-2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 14-2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
[29]Entre otras, las siguientes sentencias: T-460/92, T-463/92, T-471/92, T-500/92, T-520/92, T-525/92, T-581-92, C-599/92, C-053/93, C-114/93, T-145/93, T-162/93, C-171/93, T-272/93, T-375/93, C-390/93, C-411/93, T-420/93, T-450/93, T-538/93, T-561/93, T-097/94, C-176/94, C-176/94, C-213/94, C-004/96, C-245/96, C-048/97, C-, C-098/99, C-1444/00 y C- 774/01.
[30] Corte Constitucional, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 86 de la Ley 599 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal". Actor: Luis Eduardo Montoya Medina. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[31] Subrayado por fuera del texto original.
[32] Sentencia C- 774 de 2001
[33] Corte Constitucional, sentencia C-319 de 1996.
[34]Ibídem.
[35] Así pues, el Código Penal español de 1995 dispone al respecto: CAPÍTULO XIV. De la receptación y otras conductas afines 298. 1. El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. 2. Esta pena se impondrá en su mitad superior a quien reciba, adquiera u oculte los efectos del delito para traficar con ellos. Si el tráfico se realizase utilizando un establecimiento o local comercial o industrial, se impondrá, además, la pena de multa de doce a veinticuatro meses. En estos casos los Jueces o Tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias particulares del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria, por tiempo de dos a cinco años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años". ( subrayado fuera de texto ).
[36] Así por ejemplo, para el Tribunal Supremo Español, la mediación de un precio vil o mezquino en la operación de compraventa de la autopartes usadas delata el ánimo de aprovechamiento del receptador. ( Tribunal Supremo, sentencias 2179/94; 2165/94 y 1765/94 ), en Código Penal, Madrid, Edit. Colex, 1996. Para autores como Jaén Vallejo, en los casos de receptación es preciso entrar a desvirtuar la presunción de inocencia mediante pruebas indiciarias, las cuales se distinguen de las simples sospechas por lo siguiente: " a ) La prueba indiciaria ha de partir de hechos plenamente probados, pues se entiende que no es posible basar una presunción, como lo es la prueba indiciaria, en otra presunción; y "b ) Lo hechos constitutivos de delito deben deducirse de esos indicios ( hechos completamente probados), a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria", en Jaén Vallejo, M, Los principios de la prueba en el proceso penal. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, Centro de Investigaciones de Derecho Penal y Filosofía del Derecho, 2000, p. 37
[37] Benda, E., "Dignidad humana y derechos de la personalidad", en Manual de Derecho Constitucional, Madrid, Edit. Marcial Pons, 2001, p. 125.
[38] Mir Puig, S., ob.cit, p. 94.
[39] Entre muchas otras, las siguientes: T-010/92, T-427/92, T-487/92, T-238/93, C-394/94, C-415/94, C-527/94, C-540/95, C-540/95, C-340/96, C-269/99, C-812/01, T-1214/01.
[40] Sentencias C-544 de 1994 y C-540 de 1995.
[41] Corte Constitucional, sentencia del 14 de mayo de 2002, C-374/02, Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001"Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición". Actores: Jorge Pabón Apicella y Luz Beatriz Pedraza Bernal. M.P. Clara Inés Vargas H.
[42] M.P Vladimiro Naranjo Mesa
[43] Sentencia C-319 de 1996. M. P Vladimiro Naranjo Mesa.
[44] Si bien el delito de receptación de autopartes se ubica dentro de los delitos contra la administración de justicia, el propósito legislativo, además de consistir en la eficacia en la persecución del delito de hurto de automotores, persigue también y de manera inmediata acabar con el enriquecimiento que proviene directa o indirectamente de él, pues como en el caso del delito de enriquecimiento ilícito, dicha forma de incremento patrimonial deteriora la moral social.
[45] Constitución Política, artículo 58.
[46] Sentencia C-319 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[47] Sentencia C-836 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[48] Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de abril 30 de 1998, expediente 8790, C.P. Daniel Manrique Guzmán.

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