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Timestamp: 2019-05-24 13:10:33+00:00

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Por Entidad / Supersociedades
Superintendencia de Sociedades Concepto 115-161533 Octubre 17 de 2018 Para descargar este documento en PDF, haz clic aquí (250 Kb) En ACTUALÍCESE producimos y distribuimos conocimiento en temas contables, tributarios y legales. Tenemos un un boletín diario gratuito y ofrecemos una actualización permanente PREMIUM con las siguientes herramientas: Suscripciones (acceso total al portal, 1 Revista/mes, […]
Oficio 220-127618 de 14-08-2018
La Superintendencia de Sociedades se refirió a las sociedades de hecho, por lo cual trae a colación el artículo 499 del Código de Comercio, en el cual se dispone que las sociedades de hecho no tienen personería jurídica, por lo cual las obligaciones que contraiga la sociedad de hecho se entenderán adquiridas por los socios de hecho.
De igual manera, mediante el presente oficio la Supersociedades aclara que en el evento en el que una sociedad de hecho haya sido declarada sociedad existente mediante sentencia judicial tendrá el mismo tratamiento de una sociedad común en caso de liquidación.
Oficio 220-127256 de 13-08-2018
La Superintendencia de Sociedades se refirió a los requisitos para la constitución de una SAS, por lo cual trae a colación la Ley 1258 de 2008, la cual permite a los constituyentes determinar con plena libertad la estructura orgánica de este tipo societario, a la vez que establece unos mínimos requisitos formales de constitución en los términos y condiciones previstos por los artículos 2 y 5 de la presente ley.
Adicionalmente, mediante el presente oficio se estableció que la misma se puede constituir por medio de un poder, pero no se dicta que pueda llevarse a cabo por medio de un contrato de mandato. Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades, después de analizar los requisitos de un contrato de mandato estableció que estos son acordes con los requisitos para que sea otorgado un poder y, por ende, no debería existir limitación alguna para que en un contrato de mandato se encomiende la constitución de una SAS.
Oficio 220-121488 de 03-08-2018
Mediante el Concepto 220-121488 de 2018, la Superintendencia de Sociedades señala que, si bien en la legislación no se encuentran estipuladas las circunstancias puntuales en las cuales se puede dar lugar al levantamiento del velo corporativo, realizar este acto supone establecer responsabilidades, penas y sanciones adicionales a los accionistas, por motivo de las actuaciones desleales, deshonestas y/o maliciosas de estos últimos, en las que hayan sido utilizadas las sociedades.
Por último, aclara la Superintendencia de Sociedades que la decisión de levantar el velo corporativo debe ser decretado por un juez, el cual debe analizar cada caso puntual para tomar esta decisión.
Oficio 220-116431 de 31-07-2018
La Supersociedades, mediante el Oficio 220-116431 de 2018 indicó que, en cumplimiento de las formalidades y requisitos exigidos por la ley según la clase de bien identificado al momento de suscribir el contrato o acto unilateral en la creación de una SAS, el pago o entrega del aporte en especie debe hacerse en la forma y términos estipulados en dicho acto.
Por consiguiente, los asociados no pueden entregar un bien distinto al estipulado en el documento de constitución, so pena de que la sociedad por conducto de los administradores acuda a los arbitrios de que tratan los artículos 125 y 397 del Código de Comercio.
Oficio 220-115230 de 30-07-2018
La Supersociedades, mediante el presente oficio, se refirió a los derechos que adquieren las empresas absorbentes en procesos de fusión, como lo es la trasmisión de experiencia de la sociedad absorbida a la sociedad absorbente.
Por lo anterior, la Supersociedades concluye que la fusión implica una concentración de empresas, con el fin de obtener un fortalecimiento económico y la unión de fuerzas que se involucran en la sociedad absorbente, en aras de hacerla más competitiva y fuerte en el mercado. Le es dable a la absorbente invocar como suya la experiencia de la sociedad absorbida, puesto que esta también entra a formar parte del patrimonio de la absorbente o nueva sociedad.
Oficio 220-114429 de 27-07-2018
La Supersociedades, mediante el Oficio 220-114429 de 2018 indicó que, una vez admitidas al proceso de reorganización, las sociedades conservan la capacidad jurídica de continuar desarrollando su objeto social, incluidos los actos directamente relacionados y aquellos cuya finalidad sea cumplir obligaciones derivadas de su existencia y actividad.
Por consiguiente, las medidas cautelares deben ser expresamente decretadas por el juez del proceso de reorganización, aunque pueden cobijar toda clase de bienes, los cuales deben ser sometidos a la evaluación de procedencia a través de un juicio de proporcionalidad. Por lo anterior, las medidas cautelares no operan automáticamente si en el auto que admite a la sociedad al proceso de insolvencia el juez del concurso no ordena el embargo de las cuentas bancarias de la sociedad.
Resolución 200-000558 de 19-07-2018
La Supersociedades mediante la Resolución 100-002657 de 2016, estableció los criterios que deben ser tenidos en cuenta por las sociedades para determinar si deben adoptar un programa de ética empresarial. Con el propósito de dar claridad sobre los criterios antes mencionados, se emite la resolución 200-000558 de 2018, en la cual además se precisa la fecha a partir de la cual las sociedades deben acatar la obligación de adoptar dicho programa.
En la presente norma se estipula que estarán obligadas a tener un programa de ética empresarial, las sociedades que en el año inmediatamente anterior hayan realizado de manera habitual, negocios de cualquier naturaleza con personas naturales o jurídicas extranjeras de derecho público o privado, siempre y cuando se cumplan otras condiciones.
Finalmente, si a 31 de diciembre la sociedad cumple con los criterios establecidos en la presente norma, tendrá plazo hasta el 30 de junio del siguiente año para adoptar el programa de ética.
Resolución 514-000549 de 16-07-2018
La Supersociedades emitió la Resolución 514-000549 de 2018, por la cual hace oficial el monto de la contribución del año en curso, a cargo de las sociedades vigiladas y controladas que se encuentren en condiciones normales de operación, así como aquellas que se encuentren en procesos de insolvencia, reorganización y/o liquidación.
Por lo anterior, dichas entidades sometidas a control y vigilancia por parte de la Supersociedades deberán pagar 14 centavos por cada $1.000 en activos, lo cual implica una disminución de 8,9 % frente a lo que se desembolsaba el año pasado, cuando la contribución era de 15,37 centavos por cada $1.000 de activos totales.
Por otro lado, en la presente normatividad se estipula que las sociedades sometidas al régimen de insolvencia deberán pagar la tarifa mínima, la cual equivale a un salario mínimo legal vigente ($781.242).
Oficio 220-100614 de 14-07-2018
La Supersociedades, mediante el presente oficio, se pronuncia frente a la readquisición de acciones y el pago de utilidades, trayendo a colación el artículo 396 del Código de Comercio.
Después de analizada la norma, se concluye que la enajenación de acciones readquiridas debe corresponder a un contrato de suscripción de acciones, cuya naturaleza difiere de aquella que atañe al pago de utilidades; puesto que estas últimas corresponden a un pago proporcional a la parte pagada del valor nominal de las acciones, cuotas o partes de interés de cada asociado, por lo que la Supersociedades afirma que son figuras diferentes.
Oficio 220-100615 de 14-07-2018
La Supersociedades, mediante el presente oficio, se refirió a la capitalización de la sociedad y a la colocación de acciones cuando los accionistas hayan renunciado estatutariamente al derecho de preferencia en el contrato social.
Por lo anterior, se precisa que el compromiso de futuras capitalizaciones debe estar previsto en los estatutos de la sociedad y, por ende, no es posible que la asamblea general apruebe un reglamento de emisión y colocación de acciones en el que de manera autónoma se imponga a los accionistas la obligación de suscribir otras acciones.
Por otra parte, la Supersociedades precisa que es obligación de la sociedad, por conducto de sus administradores, permitir a los accionistas el ejercicio del derecho de preferencia, salvo que, por estipulación estatutaria o por decisión de la asamblea general de accionistas, se disponga la emisión de acciones sin sujeción al derecho de preferencia.
Oficio 220-100610 de 14-07-2018
La Supersociedades, mediante el presente oficio, se refirió a la posibilidad que tiene una persona natural no residente de realizar, mediante el mercado cambiario, un préstamo a una sociedad radicada en territorio colombiano.
Por lo anterior, la Supersociedades trae a colación el parágrafo 2 del artículo 44 de la Resolución externa n.° 1 del 25 de mayo de 2018 (expedida por la junta directiva del Banco de la República), por el cual se estipula que las personas naturales no residentes no podrán otorgar créditos en divisas a residentes colombianos ni a intermediarios del mercado cambiario. Adicionalmente, la entidad afirma que, si una persona natural no residente tiene la intención de realizar el envío de dinero a una sociedad, debe realizarlo por medio del envío de capital a la compañía.
Oficio 220-100424 de 13-07-2018
La Supersociedades, mediante el presente oficio, se refirió a que las acciones son derechos patrimoniales que se extinguen por el trascurso del tiempo, cuando no se ejercitan los derechos concedidos. El plazo para que opere la prescripción no se encuentra reglamentado, pero se entiende que se extinguen ordinariamente por prescripción de largo tiempo, es decir, 10 años.
Por lo anterior, en el caso de que prospere la prescripción extintiva de los derechos de las acciones de los socios desaparecidos, se debe tener en cuenta lo estipulado en el Oficio 220-179538 de 2014, en el cual se plantea la alternativa de la disminución del capital social en una cuantía igual a la correspondiente a los títulos objeto de prescripción; caso en el cual la suma pertinente podría llevarse a la cuenta de pérdidas y ganancias.
Oficio 220-098244 de 10-07-2018
En virtud de lo establecido en los artículos 82 al 85 de la Ley 222 de 1995, le corresponde a la Superintendencia de Sociedades, la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales.
Por lo anterior, toda sociedad operadora de libranza está sometida, como mínimo, a la inspección de la Supersociedades, lo cual implica la remisión de información sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa o sobre operaciones específicas de la misma, sin que pueda inferirse que dicha sociedad presenta irregularidades en su administración u operación.
Oficio 220-096540 de 10-07-2018
La Supersociedades, mediante el presente oficio, se pronuncia frente a la terminación de los acuerdos de reestructuración y el cumplimiento de un fallo de tutela debidamente ejecutoriado.
Por lo anterior, la Supersociedades reitera que el artículo 35 de la Ley 550 de 1999 determina los eventos o causales y procedimientos para que la terminación del acuerdo de reestructuración de una sociedad pueda operar de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial. Por otra parte, la Supersociedades se pronunció, estableciendo que, “frente al cumplimiento de un fallo de tutela debidamente ejecutoriado, será necesario poner en conocimiento del nominador del acuerdo, los pormenores por los cuales al parecer no se ha cumplido con las órdenes impartidas por el fallo de tutela, sin perder de vista la prelación del crédito, lo que determina el orden de pago de
La Supersociedades, mediante el presente oficio, se refirió al nombramiento de liquidador por parte de esta en procesos de liquidación privada.
Por lo anterior, se reitera que se debe tener en cuenta que, previo al nombramiento del liquidador por parte de la entidad, se deben agotar los medios legales y estatutarios indicados para el nombramiento del liquidador.
Finalmente, la designación del liquidador, prevista en el artículo 24 de la Ley 1429 de 2010, se hará de conformidad con lo previsto en la reglamentación que el gobierno nacional se encuentra próximo a expedir.
Oficio 220-096185 de 09-07-2018
La Supersociedades, mediante el presente oficio, se pronuncia frente a la aplicación del Decreto 667 de 2018, el cual regula el trámite sobre el registro del control ejercido por la persona natural accionista único, en una sociedad por acciones simplificada.
En efecto, la regulación del Decreto 667 de 2018 se refiere al trámite de la inscripción de la situación de control. Cabe resaltar que la cámara de comercio pertinente, donde se constituya la sociedad por acciones simplificada, inscribirá la situación de control en los casos de accionista único persona natural; la persona que se rehúse a inscribirse como controlante deberá manifestarlo en la constitución y por escrito, dirigiéndose a la Cámara de Comercio.
Oficio 220-096461 de 09-07-2018
La Supersociedades, mediante el presente oficio, se pronuncia al respecto de la inscripción de las actas, entendiéndose por estas como la relación escrita de lo sucedido, tratado y acordado en las juntas. A su vez, se hace mención de las implicaciones que acarrea el extravío de libros de actas.
Es el administrador quien tiene la custodia de los libros de comercio y el deber de conservarlos, siendo responsable ante los socios, el ente social y los terceros por la integridad de los mismos. En caso de cualquier inconveniente suscitado, debe presentar la denuncia por pérdida, extravío o destrucción, y proceder a reconstruirlos.
Oficio 220-096234 de 09-07-2018
La Supersociedades, mediante el presente oficio, se pronuncia frente a la convocatoria a reuniones extraordinarias de la asamblea general de accionistas, contempladas en el artículo 423 del Código de Comercio.
Por lo anterior, en el caso de que la convocatoria no haya sido prevista en el contrato social, se hace necesario acudir al percepto legal contenido en el artículo 423 del Código de Comercio, en el que se plantea “la posibilidad de que una quinta parte de las acciones suscritas, soliciten la convocatoria de una reunión extraordinaria, facultad que está referida al Superintendente de Sociedades, quien podrá hacerlo en forma directa o impartir la orden respectiva”.
Oficio 220-095979 de 07-07-2018
En virtud del artículo 84 de la Ley 222 de 1995, solo las sociedades sujetas a vigilancia por parte de la Superintendencia de Sociedades, que vayan a colocar acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto y/o acciones privilegiadas, deben obtener autorización previa. Por ende, el contrato de suscripción de acciones ordinarias efectuado por cualquier sociedad comercial no está sujeto a la autorización previa de esta superintendencia.
La Supersociedades trae a colación el artículo 385 del Código de Comercio, en el cual se dispone lo siguiente: “las acciones no suscritas en el acto de constitución y las que emita posteriormente la sociedad serán colocadas de acuerdo con el reglamento de suscripción”.
Oficio 115-038283 de 25-06-2018
La Supersociedades, mediante el presente oficio, reitera que de acuerdo con los indicado en las NIIF plenas y NIIF pymes, el importe de las acciones propias en cartera se deducirán del patrimonio, por lo cual dicho importe se reconocerá por el valor razonable de la contraprestación entregada y será revelado en un aparte en el estado de situación financiera.
En la presente norma también se hace alusión a la contabilización de la reserva y adquisición de las acciones propias; toda vez que después de la readquisición de acciones, la sociedad puede optar por distribuir las acciones propias en cartera a título de dividendo, siendo esta una opción dentro de las 5 establecidas en el artículo 417 del Código de Comercio.
Concepto 220-84682 de 01-06-2018
La Supersociedades a través del Concepto 220-84682 de 2018, se pronunció frente a la posibilidad de que una SAS se dedique al préstamo de dinero teniendo como garantía las hipotecas.
Por lo anterior, la Superintendencia de Sociedades concluye que siempre y cuando la SAS haya incluido el otorgamiento de préstamos en el objeto social de la sociedad, en los estatutos de constitución de esta, no hay ninguna disposición legal que prohíba la actividad mencionada. Sin embargo, las limitaciones que tienen las S.A.S para desarrollar lo anterior, está directamente relacionado a la procedencia de los recursos que está prestando y que, si estas no son de propiedad de la sociedad estaría incurriendo en intermediación financiera o captación masiva y habitual de recursos del público y por ende, requeriría autorización previa, según lo manifestado por la superintendencia de sociedades.
Oficio 220-084271 de 31-05-2018
La Supersociedades, mediante la presente normatividad, hace alusión al Oficio 220-040565 de 2018, en el cual se indagó respecto a la posibilidad de ceder o transmitir la experiencia en los procesos de fusión o escisión.
La Superfinanciera señala que, si por medio de un proceso de fusión se integran el patrimonio y las empresas de las sociedades participantes, la sociedad absorbente puede aducir como suya la experiencia de la sociedad absorbida, ya que la experiencia hará parte del patrimonio de la primera. Cabe resaltar que la cámara de comercio tiene la potestad para realizar el debido proceso ante el Registro Único de Proponentes –RUP– y, a su vez, las entidades contratantes tienen la potestad para aceptar o no la experiencia.
La Superintendencia de Sociedades, mediante el Oficio 220-083827 de 2018, se pronunció acerca de las facultades de liquidador en su papel de auxiliar de la justicia y representante legal de una sociedad.
La Supersociedades determinó que los liquidadores se encuentran facultados para proceder a conciliar las objeciones propuestas por los acreedores, con la finalidad de resolver conflictos frente a obligaciones que tienen un carácter claro, expreso y exigible. Finalmente, cabe resaltar que el liquidador, desde el inicio de su gestión, debe evaluar las contingencias que afectarían el curso del proceso y, por ende, estructurar planes de contingencia para encontrar la solución más sana y favorable para su representada.
Oficio 220-072648 de 11-05-2018
La Superintendencia de Sociedades recalcó que, dado el hecho de que la matriz se encuentra vinculada a una situación de control o grupo empresarial, no existe solidaridad entre ella y su subordinada. Por ende, los derechos que le asisten a cada una deben ser cumplidos por si mismas en ejercicio de su autonomía, puesto que, a pesar del vínculo, ello no faculta a la matriz para asumir derechos que no le son inherentes.
En caso de que la subordinada se liquide sus derechos y obligaciones, no pueden ser asumidas por la matriz, pero podría existir solidaridad. Lo anterior, no por el hecho de tener un vínculo, sino por un hecho subsecuente, producto de la conformación del grupo empresarial.
Finalmente, cabe resaltar que la situación de control o grupo empresarial debe inscribirse en el registro mercantil de la circunscripción de cada uno de los vinculados, según lo plasmado en la ley mercantil.
Oficio 220-072784 de 11-05-2018
La Supersociedades, mediante la presente normatividad, indica que es función del liquidador decidir la entrega o no de los activos sociales, sin necesidad de formalidades especiales, con excepción de aquellos casos en los que se hagan adjudicaciones de bienes inmuebles.
La distribución anticipada de remanentes entre los asociados supone que, existiendo la obligación de cancelar un pasivo externo, la sociedad debe disponer de un monto que le permita distribuir entre los asociados la parte indicada, pues, de lo contrario, no podrá haber una distribución anticipada. Cabe resaltar que, para lo anterior, no será necesario protocolizar los documentos de liquidación, salvo casos excepcionales.
Oficio 115-071785 de 11-05-2018
La Supersociedades, mediante el presente oficio, aclaró que, según lo establecido en el artículo 35 de la Ley 222 de 1995 y el Decreto 2420 de 2015, la matriz o controlante, además de preparar estados financieros individuales, deberá preparar y presentar estados financieros consolidados. Por lo anterior, todas las matrices o controlantes del extranjero que constituyan sucursales o sociedades en el territorio colombiano deberán cumplir con la normatividad nacional.
En la presente norma también se infiere que las sociedades establecidas en Colombia se encuentran obligadas a preparar y presentar el estado financiero consolidado con su subordinada en el exterior, según lo que trata la NIIF 10 o la Sección 9 del Estándar para Pymes.
Oficio 220-066697 de 09-05-2018
Celebrar contratos laborales con los asociados o con terceros, con el fin de hacer aparecer pagos por ese concepto y obtener así beneficios fiscales, son maniobras que no resultan ajustadas a derecho. Por ende, se debe responder tanto civil como tributariamente.
Oficio 220-063929 de 07-05-2018
El incremento del capital suscrito de ordinario se lleva a cabo mediante un contrato de suscripción de acciones, y se debe reflejar en la contabilidad. A su vez, debe quedar reflejado en los títulos de acciones de los accionistas y el libro de registro de acciones.
Oficio 220-060372 de 30-04-2018
La dación en pago entre la sociedad como acreedora y el accionista como deudor, deberá recaer sobre bienes distintos a las acciones de la compañía. Lo anterior, dado que, de manera imperativa, la legislación mercantil fija los casos en los cuales una sociedad puede readquirir sus propias acciones.
Oficio 115-056616 de 24-04-2018
La Supersociedades, mediante el presente oficio, reitero que, en primera instancia, la NIFF 13, en los párrafos 2, 15 y 16, establece los criterios que se deben cumplir para poder medir un instrumento financiero a valor razonable. De igual manera, en los párrafos 91 al 99 establece los criterios de revelación sobre las mediciones a valor razonable de dichos instrumentos financieros.
Por otra parte, la revelación de las inversiones medidas a valor razonable se hará en las notas a los estados financieros, según lo establecido en los párrafos 117 y 118 de la NIC 1.
La Superintendencia de Sociedades reitera que las características principales de las empresas multinivel son, en primera instancia, la incorporación de personas naturales o jurídicas que, a su vez, incorporen a otras; en segundo lugar, la obtención de compensaciones u otros beneficios por la venta de bienes o servicios y, finalmente, la coordinación, dentro de una misma red comercial, de las personas incorporadas.
En el presente concepto, la Supersociedades determinó la imposibilidad para que las compañías que operan por medio de mercadeo multinivel celebren contratos de distribución, pero señalando que sí están facultadas para celebrar contratos de venta según el artículo.
En el presente oficio, la Superintendencia de Sociedades se pronuncio frente a dos aspectos relevantes, en primera instancia, sobre la forma en que se debe contabilizar los días hábiles para la convocatoria de reuniones ordinarias o extraordinarias de la asamblea general, y en segunda instancia, acerca de cómo se debe contabilizar los días cuando el área administrativa labora el sábado.
La Superintendencia de Sociedades determinó que el conteo para los días de antelación con los cuales se debe hacer la convocatoria de accionistas se debe hacer a partir del día siguiente a la fecha en la cual se convocó hasta la media noche del día anterior a la reunión, por ende, no se tiene en cuenta ni el día de la convocatoria ni el día de la reunión; y si las oficinas donde funciona la administración de la sociedad operan los días sábados, este será considerado hábil para el cómputo de términos.
En el pacto de retroventa de acciones la cesión se realiza bajo todos los parámetros legales, pero se debe incluir una cláusula que permita al vendedor recobrar los títulos bajo las condiciones y dentro del plazo acordado a cambio del mismo precio de venta o a un precio distinto previamente acordado.
La Superintendencia de Sociedades, mediante el presente oficio, infiere que es viable extinguir la propiedad de las acciones de una sociedad anónima, cuando el titular de estas ha dejado de ejercer sus derechos durante el lapso de tiempo necesario para que opere la prescripción extintiva, la cual se encuentra regulada en los artículos 2512 y siguientes del Código Civil.
Cabe resaltar que el artículo 2512 del Código Civil hace mención de las dos formas de prescripción: la prescripción adquisitiva, que tiene su campo de acción en la adquisición de derechos reales, y la prescripción extintiva, en la extinción de las obligaciones y acciones en general.
Por su parte, la Supersociedades concluyó que los bienes muebles que incorporan derechos políticos y económicos pueden ser objeto de prescripción adquisitiva por parte un socio o un tercero, con el fin de convertirse en poseedor, en caso de que quien ostenta la condición de propietario la abandone.
Oficio 220-050360 de 05-04-2018
La Superintendencia de Sociedades señala que, el órgano al que le corresponde designar al representante legal de una sociedad anónima es la junta directiva; para ello trae a colación en primera instancia, el Oficio 220-021145 de 2018 que a su vez remite al Oficio 220-093087 de 2012 donde se abarca todo lo relacionado a las sociedades comerciales que son constituidas con aportes estatales y de capital privado, las cuales están sujetas a las reglas del derecho privado.
Por otra parte, la Sentencia de 1975 M.P.Dr. Luis Sarmiento Buitrago, en lo referente a la constitución de una sociedad de economía mixta, donde son definidas como sociedades de comercio, sujetas al derecho mercantil. Finalmente, el artículo el 440 del Estatuto Mercantil dispone que las sociedades tendrán, como mínimo, un representante legal y uno o más suplentes designados por la junta directiva para determinados períodos.
Oficio 220-042594 de 23-03-2018
Una sociedad será subordinada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a otra(s) persona(s), que será(n) su matriz filial en el caso que sea directa, o matriz subsidiaria, la cual sería por intermedio de las subordinadas de la matriz, según lo previsto en artículo 260 del Código de Comercio.
Oficio 220-041880 de 21-03-2018
Para las SAS es viable acordar condiciones distintas a las generales que el Estatuto Mercantil prevé para la distribución de dividendos. Sin embargo, existe una premisa que se debe respetar, según la cual: la utilidad a disposición de los socios es la que resulta luego de que la compañía atienda todos los gastos y obligaciones que la ley ha impuesto, tales como gastos financieros, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.
Cuando, a juicio de la Superintendencia de Sociedades, existan hechos notorios que indiquen la entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas, entre otras, a cambio de bienes, servicios o rendimientos no justificados de una forma financieramente razonable, esta se verá facultada para intervenir, según el artículo 6 del decreto 4334 de 2008.
Oficio 220-049776 de 21-03-2018
La Superintendencia de Sociedades señala que el titular de las acciones representativas de capital puede ceder su derecho de dominio y, por ende, ceder sus derechos políticos a otro socio o terceros, a través de contratos de prenda, anticresis y usufructo.
Cabe resaltar que no hay ley que estipule o haga referencia al carácter gratuito u oneroso de los contratos o acuerdos que se celebren en relación con los derechos políticos innatos a las acciones. Por ende, son responsabilidad de cada accionista los perjuicios que ocasione a los demás socios por los contratos pactados.
Finalmente, la Superintendencia de Sociedades trae a colación el concepto 97008759-2 de 1997, donde la misma señala: “Es claro entonces que en las tres situaciones pueden los acreedores prendario y anticrético y el usufructuario ejercer los derechos vinculados a la calidad de accionista, con las limitaciones propias de cada gravamen en particular, sin que la asamblea pueda restringirlos so pretexto de no ostentar ellos tal carácter pues, como vimos, respecto de la constitución de tales gravámenes no aplica la restricción del derecho de preferencia”.
La Supersociedades señala que, en su criterio, si a través de la fusión se integran el patrimonio y las empresas de las sociedades participantes, le es dable a la absorbente invocar como suya la experiencia de la sociedad absorbida, ya que ésta también entra a formar parte del patrimonio de la absorbente o nueva sociedad, pues no se trata de una fusión de empresarios, sino de empresas, esto es, de la actividad de cada una de las sociedades. No obstante, será discrecional de las entidades contratantes, aceptar o no, respecto de una sociedad que se haya fusionado la experiencia de las absorbidas para acreditarla como suya, como igual lo será de la Cámara de Comercio para su inscripción en el registro de proponentes, teniendo en cuenta las condiciones que al efecto establece el Decreto 92 de 1998.
Respecto a la tarifa a la cual debe liquidar el IVA, un patrimonio autónomo constituido por una entidad pública administrado por una fiducia que también es una entidad pública, en un contrato firmado antes del 1 de enero de 2017; la Dian señala que como entidad pública la misma ley sólo le permite celebrar única y exclusivamente contratos de fiducia pública y encargos fiduciarios, con estricta sujeción a lo dispuesto en la norma. Dicho encargo fiduciario o fiducia pública deberán cumplir estrictamente con las normas previstas en la ley de contratación, así como las disposiciones fiscales, presupuestales, de interventoría y control a las cuales esté sujeta la entidad estatal fideicomitente. Lo anterior implica la sujeción a las leyes y específicamente al régimen del IVA en materia de contratación estatal a la tarifa vigente que se retrotrae a la fecha de la celebración del contrato, esto es al 16% en el caso estudiado, teniendo en cuenta que es una entidad pública la fideicomitente, de conformidad con lo previsto en el artículo 192 de la Ley 1819 de 2016.
Concepto 220-039387 de 14-03-2018
La Supersociedades señala que, la noción de empresas fachada o empresas de papel, comporta siempre una conducta defraudadora, bien sea de la ley o hacia las personas. Pero si bien es cierto las empresas en cuestión carecen de un reconocimiento legal represivo, también lo es que las conductas irregulares desplegadas a su amparo sí son susceptibles de ser combatidas, o sus efectos nocivos evitados, con apoyo en herramientas legales y, además, en el desconocimiento del velo corporativo. Cabe señalar que el literal d) del numeral 5 del artículo 24 del Código General del Proceso confirió a la Supersociedades facultades jurisdiccionales en materia societaria; atribuciones que entre otras, le permite conocer de la declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios y la desestimación de la personalidad jurídica de las sociedades sometidas a su supervisión, cuando se utilice la sociedad en fraude a la ley o en perjuicio de terceros; los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. Asimismo, conocerá de la acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven de los actos defraudatorios.
Oficio 220-033879 de 06-03-2018
La causal de liquidación por pérdidas aplica tanto a las sucursales de sociedades extranjeras con régimen general, como a las sucursales extranjeras del régimen especial, según los términos del artículo 490 del Código de Comercio; a su vez, la sociedad extranjera debe decidir entre liquidarse o no en Colombia.
Oficio 220-031119 de 26-02-2018
La Supersociedades precisa que, al ser la sucursal una extensión de la sociedad extranjera que adolece de personería jurídica, su liquidación se circunscribe a la liquidación de los negocios en el territorio nacional, mediante la venta de los bienes afectos a la actividad realizada en el país por la sociedad extranjera. Por la misma razón, no es posible hablar de disolución, y por ende procede la inscripción de la decisión por parte de la matriz de liquidar los negocios de su sucursal, no de la disolverlos. En consecuencia, a partir de dicha inscripción deberá agotarse en lo pertinente el procedimiento de liquidación establecido en el Código de Comercio (artículos 225 y siguientes) y anunciarse con la expresión “en liquidación”. Cabe señalar que podrá designarse como liquidador de una sucursal de sociedad extranjera a un extranjero, siempre y cuando el objeto de la sociedad no consista en un servicio público o en una actividad declarada como de interés nacional, tal como lo señala el artículo 473 del Código de Comercio.
Frente a la figura de la exclusión de socios, la Supersociedades precisa que, de acuerdo con las disposiciones legales que regulan el proceso de cesión de cuotas sociales (artículo 362 y siguientes del Código de Comercio) se trata de una medida excepcional que tiene lugar una vez aprobada por la Junta de Socios la respectiva medida, con el consiguiente reintegro de aportes. Es así que sólo procede bajo los precisos supuestos establecidos por los estatutos, por la legislación especial aplicable a las sociedades de seguridad privada, y adicionalmente, por las reglas generales contenidas en la Circular Básica Jurídica No. 100-000005 del 22 de noviembre de 2017, lo que supone la autorización por parte de la Superintendencia de Sociedades que deberá solicitarse de manera previa al perfeccionamiento de tal reforma, mediante comunicación escrita, y conlleva que las Cámaras de Comercio estén en la obligación de abstenerse de inscribir las reformas estatutarias que no cuenten con el lleno de los requisitos legales.
Oficio 220-023015 de 16-02-2018
La Superintendencia de Sociedades señala que, en su gran mayoría, los papeles de comercio pueden ser objeto del derecho de inspección; sin embargo, algunos de dichos papeles podrían resultar cobijados por la restricción legal señala en el artículo 48 de la Ley 222 de 1995, en la medida en que incorporen o respondan a un secreto industrial, comercial o incluyan datos que de ser divulgados, puedan ser utilizados en detrimento de la sociedad; circunstancia que, inexorablemente, queda bajo la responsabilidad exclusiva de la administración, la cual cuenta con todos los elementos de juicio para definir si es posible negar el acceso a la información.
Oficio 220-022788 de 15-02-2018
La Supersociedades precisa que no es condición sine qua non, para la aportación de una sucursal de sociedad extranjera, que esta se liquide pues la sucursal puede seguir funcionando con todas las características de establecimiento de comercio e, incluso, sin que se perciba la mutación de titular. En consecuencia, una sociedad extranjera puede aportar su sucursal a una sociedad comercial sin necesidad de liquidarla. De acuerdo con lo anterior, el aporte en especie de la sucursal de la sociedad extranjera, no comporta la liquidación de la misma, basta con la cancelación del registro de la inversión por parte de la sociedad extranjera. Dicho esto, efectuado el aporte, cambia el titular de la inversión puesto que ya no será la sociedad extranjera, sino la sociedad colombiana. En el caso en el cual la sociedad extranjera opte por liquidar la sucursal, el aporte se haría en divisas, es decir, aquellas que como resultado del proceso de liquidación, sean retornadas a la casa matriz y reintegradas al país como inversión extranjera, con el fin de adquirir acciones en una compañía.
Oficio 220-021126 de 13-02-2018
Dentro del proceso de liquidación voluntaria de una sociedad, el liquidador está en el deber de hacer la provisión de los recursos necesarios para el pago de las obligaciones contingentes, entre las que se encuentran las laborales en litigio, garantizando de esta manera, el pago de la condena en caso de un fallo desfavorable a aquella. Ahora bien, aunque la legislación no lo prevé expresamente, la Supersociedades considera que efectuada tal operación, es decir, la reserva de los recursos necesarios para el pago de la eventual sanción, y habiéndose realizado el pago de todos los pasivos de la sociedad, no existe impedimento alguno para que se entreguen anticipos a los socios y se continúe el trámite liquidatorio hasta la aprobación y registro de la cuenta final de liquidación pues, se reitera, ya estaría amparada la satisfacción de la obligación contingente.
Oficio 220-021133 de 13-02-2018
Al iniciar el proceso de liquidación voluntaria de una sociedad, el liquidador debe publicar un aviso con el fin de informar a los acreedores sociales del estado de liquidación, y luego realizar el inventario, el cual debe conformarse con base en el estado de inventario, con la relación pormenorizada o detallada de todos los activos y pasivos de la sociedad, incluyendo los contingentes o litigiosos, esto es, con toda la información necesaria para su cabal identificación, a fin de establecer la situación financiera de la sociedad en liquidación, las actuaciones a adelantar para recuperar los activos que no se encuentren en su poder, la realización de los bienes, y satisfacer en lo posible las obligaciones ciertas y hacer la provisión para el pago de las que se concreten en el futuro. Cabe señalar que, si una vez terminado el proceso de liquidación privada de una sociedad aparecen activos y/o pasivos no incluidos en el inventario que sirvió de base para el mismo, lo procedente es hacer un inventario adicional, con la individualización de aquellos, la prelación para el pago que corresponda y demás información requerida en las disposiciones legales.
Oficio 220-021120 de 13-02-2018
El parágrafo 4 del artículo 17 de la Ley 1116 de 2006, el cual establece que “el juez del concurso podrá autorizar el pago anticipado de las pequeñas acreencias, es decir aquellas que, en conjunto, no superen el cinco por ciento del pasivo externo del deudor”, solo opera para obligaciones causadas con anterioridad a la admisión del trámite de reorganización y hasta la confirmación del acuerdo. Esto implicará una variación en la calificación y graduación de créditos como en los derechos de voto, y deberá reflejarse en dicha autorización. Esto, en aras de dar claridad y precisión de los valores para la aprobación del acuerdo de reorganización, pues una vez otorgada esta, el pago de tales acreencias quedan supeditadas a lo acordado en el mismo, lo que hace improcedente en esa etapa procesal de ejecución del acuerdo la aplicación de este precepto.
Oficio 220-019608 de 09-02-2018
La cesión de cuotas que se realiza en una sociedad de responsabilidad limitada, regulada por los artículos 353 y siguientes del Código de Comercio, constituye una reforma estatutaria que, además, comporta un procedimiento supeditado a las reglas previstas en los artículos 362 y siguientes del mismo código, el cual, entre otros, determina que deba hacerse por escritura pública, so pena de ineficacia; advertencia expresa de que no producirá efectos respecto de terceros ni de la sociedad sino a partir de la fecha en que sea inscrita en el registro mercantil. Por consiguiente, sin el cumplimiento de los requisitos y las formalidades legales aludidos, incluido el otorgamiento de la escritura pública y su correspondiente registro en la Cámara de Comercio del domicilio social, la cesión de cuotas no surtirá los efectos del negocio pretendido, independientemente de las obligaciones que se generen para los interesados.
Oficio 220-014543 de 08-02-2018
La Supersociedades recuerda que los liquidadores son responsables ante los asociados y ante terceros por los perjuicios que se les cause por violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes, sin perjuicio de la acción social de responsabilidad que procede contra los administradores en los términos del artículo 25 de la Ley 222 de 1995, previa decisión de la asamblea general o de la junta de socios, que podrá ser adoptada aunque no conste en el orden del día. Cabe señalar que la decisión sobre la acción social de responsabilidad contra el liquidador implica su remoción, por lo cual será necesario remitirse a los artículos 228 y 229 del Código de Comercio, y en tal virtud proceder al nombramiento del nuevo liquidador, o en su lugar, a adelantar la liquidación parte de los asociados, si estos así lo acuerdan unánimemente.
Oficio 220-013152 de 05-02-2018
Los honorarios derivados de los contratos u órdenes de prestación de servicios y de apoyo a la gestión de carácter privado, celebrados antes de la fecha de iniciación del proceso liquidatorio, no gozan de la protección especial reconocida en la ley al salario como crédito de primera clase, pues tienen una caracterización jurídica distinta, derivada de la naturaleza del vínculo que lo origina, especialmente en cuanto a la autonomía para el desempeño de la actividad contratada. En consecuencia y teniendo en cuenta que tampoco se encuentran enlistados entre los créditos de segunda, tercera y cuarta clase, las sumas correspondientes a estos honorarios carecen de privilegio para su pago y estarían dentro de la categoría de créditos de quinta clase o quirografarios, con la única excepción de aquellos devengados en virtud del contrato de mandato comercial, es decir, el conferido para la celebración o ejecución de actos de comercio. Esto, por disposición expresa del artículo 2277 del Código de Comercio.
Oficio 220-013301 de 05-02-2018
Las sucursales de sociedades extranjeras no son un ente jurídico distinto de su casa matriz; por tal motivo, no solo carecen de personería jurídica, sino de accionistas propios y de junta directiva; de ahí que, por disposición expresa de los artículos 471 y 472 del Código de Comercio, las mismas solo cuentan con un apoderado general para atender los negocios en Colombia que actúa como representante, quien deberá tener uno o más suplentes, así como con un revisor fiscal, cuya designación ha de constar en el documento o resolución a través del cual la sociedad extranjera acuerde establecer negocios permanentes en el país. Dicho documento, una vez protocolizado, deberá inscribirse en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde va a desarrollar su actividad. En este orden de ideas, es claro que las referidas sucursales no celebran reuniones de junta de socios o asamblea general de accionistas y, por lo mismo, no están obligadas legalmente a llevar ni a inscribir en el registro mercantil el libro de actas de que trata el artículo 195 del Código de Comercio.
Oficio 220-012757 de 02-02-2018
Para perfeccionar la fusión entre una sociedad de responsabilidad limitada y una sociedad por acciones simplificada, se requiere el otorgamiento de una sola escritura pública contentiva del respectivo acuerdo, así como los demás documentos previstos en el artículo 177 del Código de Comercio, entre los que se enlistan las actas en las que conste la aprobación de la reforma estatutaria por parte de los órganos competentes de cada una de las sociedades involucradas en la misma, atendiendo además, que este documento público debe inscribirse en el registro mercantil del domicilio de las mismas para efectos de publicidad. Sobre el otorgamiento de la escritura pública para formalizar una operación de fusión como la descrita, es preciso observar que, si bien esta formalidad no se exige tratándose en general de las reformas estatutarias de la sociedad por acciones simplificada, sí lo es en todo caso para cualquier modificación de una sociedad de responsabilidad limitada, incluida, obviamente, la fusión en que participe como absorbente o como absorbida; ello implica que deba satisfacerse tal requisito para que el mencionado acto tenga efectos jurídicos respecto de terceros, independientemente de que haya o no involucrados, bienes sujetos a registro.
Oficio 220-008947 de 30-01-2018
El artículo 262 del Código de Comercio especifica la sanción de ineficacia para los negocios que se celebren contrariando la prohibición de las sociedades subordinadas de tener participación patrimonial en las sociedades que las dirijan o controlen. La imbricación es entendida, en materia de grupos, como la existencia de participaciones recíprocas entre las participes del conglomerado. No solo puede darse este fenómeno entre la matriz y las subordinadas, sino también entre sociedades subordinadas. No obstante, la única que está expresamente prohibida por la ley colombiana es la participación de las subordinadas en el capital de las sociedades que las dirijan o controlen. Así pues, la norma en mención restringe la denominada imbricación societaria, para evitar el desvanecimiento de capital entre las sociedades, la duplicación parcial y ficticia de los aportes de los asociados, y para proteger, en últimas, la prenda general de los acreedores societarios. Para que tenga lugar la imbricación se requiere de una situación de control entre dos sociedades. En esencia, los requisitos para que se presente la imbricación societaria son entonces: i) la existencia de una sociedad matriz; ii) la presencia de una o varias sociedades subordinadas; y iii) que la subordinada participe en el capital de la matriz. Reunidos tales elementos, existe imbricación sin importar si el capital está representado en acciones o partes de interés, y si las mismas fueron adquiridas a títulos gratuito u oneroso.
Oficio 220-008433 de 29-01-2018
En materia cambiaria, la competencia atribuida a la Supersociedades, se limita a la aplicación del régimen sancionatorio, en los términos del artículo 82 de la Ley 222 de 1995, relacionada con el cumplimiento del régimen cambiario en materia de inversión extranjera en Colombia, inversión colombiana en el exterior y endeudamiento externo, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Decreto 1746 de 1991, que se cumple por conducto del Grupo de Régimen Cambiario, regulación que es pertinente revisar para ilustrarse acerca de las sanciones a que haya lugar. De acuerdo con la estructura del referido decreto, las sanciones pueden ascender al 200% del monto de la infracción cambiaria comprobada, la cual, de ser procedente, se aplicará con observancia estricta del debido proceso, previa formulación de un pliego de cargos y valoración de las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, atendiendo la naturaleza administrativa de la infracción cambiaria, la índole objetiva de la responsabilidad correspondiente y los objetivos perseguidos por el Régimen de Cambios.
Oficio 220-007522 de 25-01-2018
La Supersociedades precisa que la casa matriz es la titular de la personería jurídica mientras las sucursales son establecimientos de comercio por medio de los cuales actúa la sociedad, por lo que al no ser persona jurídica no puede ser calificada en ninguna de las categorías de micro, pequeña o mediana empresa. En consecuencia, el tamaño empresarial no está determinado por la situación propia de la sucursal de sociedad extranjera, es decir, por el número de trabajadores, el valor de sus activos o renta anual, sino por el tamaño de la empresa matriz.
Oficio 220-006899 de 22-01-2018
La liquidación de una sociedad no puede vulnerar los derechos y acreencias laborales, ni la prelación que estas tienen en el proceso de liquidación, ya sea que la relación laboral se haya desempeñado directamente o a través de tercerización, pues la garantía a proteger es constitucionalmente la misma. La disolución de la persona jurídica privada que es objeto de liquidación, y el consecuente cese de su actividad productiva, no puede constituirse en un espacio para el desconocimiento o la vulneración de los derechos de las personas que allí laboraban. Los derechos consagrados en los artículos 25 y 53 de la Constitución Nacional y del derecho al mínimo vital, hacen imperativo que el proceso liquidatorio sea respetuoso de los derechos de los trabajadores. Por esta razón, la crítica situación financiera que pueda enfrentar una empresa no la releva del deber de cumplir con sus obligaciones previamente adquiridas, “por cuanto es obligación de las entidades públicas o privadas el prever con antelación las partidas presupuestales indispensables, que conlleven a la garantía y cumplimiento puntual de las obligaciones laborales”. En cualquier caso, si ello no fue previsto, las acreencias laborales deben tener una efectiva prelación frente a las demás deudas asumidas por la empresa y deben ser pagadas conforme a las condiciones pactadas en las convenciones colectivas, si a ello hay lugar.
Oficio 220-006763 de 22-01-2018
La Supersociedades señala que si en la sociedad de responsabilidad limitada la administración y representación recae directamente en cabeza de sus socios, amén del precepto contenido en el artículo 358 del Código de Comercio, se habrá de tener en cuenta el régimen de deberes que prevé el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, a cuyo tenor los administradores deben obrar con buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Además, en cumplimiento de sus deberes, estos realizarán los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social de la empresa que representan; deberán, de igual manera, guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad, abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada, abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la junta de socios o asamblea general de accionistas.
Para reducir el capital de una sociedad, cuando la medida implique un efectivo reembolso de aportes, deben cumplirse los requisitos para ese fin, previstos en el artículo 145 del Código de Comercio; entre ellos se encuentra la autorización de la Superintendencia de Sociedades, en cuyo caso no es necesario que la compañía se encuentre en causal de disolución por pérdidas. Por el contrario, si el propósito de la operación es enervar la causal de disolución por pérdidas que han reducido el patrimonio por debajo del 50% del capital suscrito, de que trata el numeral segundo del artículo 457 del Código de Comercio, es posible disminuir el capital sin necesidad de cumplir los requisitos anotados, puesto que la reducción no implica, en ese caso, un reembolso de aportes; condición que determina el cumplimiento de las condiciones a que alude el artículo 145 del Código de Comercio.
Oficio 220-003321 de 18-01-2018
La regla de circulación o libre negociabilidad de la factura es inherente a su condición de título valor endosable y, en tal virtud, se encuentra especialmente protegida con el desconocimiento de toda estipulación que de alguna manera la contravenga, y la sanción de su retención o restricción a la negociabilidad. Esta máxima de circulación o libre negociabilidad no sufre menoscabo alguno por el hecho de que el obligado, como adquirente de los bienes y servicios de que da cuenta la misma, sea una entidad pública de los órdenes nacional, departamental o municipal, pues la ley no consagra distinción alguna sobre el particular. Así pues, no es factible que las entidades públicas de los órdenes nacional, departamental o municipal se opongan o restrinjan de manera alguna la regla en mención reconocida expresamente a la factura, o exijan requisitos adicionales para su pago.
revisor fiscal NIIF procedimiento retención Supersociedades liquidación ​DIAN Retención en la Fuente Consejo Técnico de la Contaduría Pública CTCP SAS Resumen Semanal Impuesto de Renta IVA renta

References: artículo 499

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