Source: http://campanabajobandera.blogspot.com/2014/04/
Timestamp: 2019-06-26 16:54:55+00:00

Document:
campana bajo bandera: abril 2014
Publicado por soldados no reconocidos en 16:33 0 comentarios
Bolivia sancionó una ley de
El presidente Evo Morales sancionó la primera ley de defensa aérea del país. Las Fuerzas Armadas podrán abrir fuego contra naves implicadas en el tráfico de drogas o que violen la seguridad nacional
Crédito: Presidencia de Bolivia
"Esta norma nos permite fundamentalmente enfrentar al narcotráfico", dijo Morales al promulgar la disposición en una ceremonia realizada en el presidencial Palacio Quemado, en La Paz. El gobernante explicó que, con la ley, Bolivia dispondrá de "un instrumento que permitirá seguir mejorando la lucha contra el narcotráfico". "Vamos bien en erradicación y disminución de cultivos de coca", principal insumo de la cocaína, dijo.
Sin embargo, "lamentablemente en el oriente boliviano operan muchas avionetas sin permiso, al interior de Bolivia y (también) se desplazan hacia el exterior", explicó.
En ese sentido, planteó la necesidad de continuar equipando a las Fuerzas Armadas y a la Policía con equipos y tecnología modernos.
En enero pasado, Bolivia anunció la incorporación de seis helicópteros Superpuma franceses como parte de un plan gubernamental para mejorar los controles fronterizos con Perú y Brasil, con alto tráfico de cocaína.
Lo que Bolivia "necesita son los radares" para detectar vuelos clandestinos
El gobierno de Morales expulsó, en 2009, a la agencia antidrogas estadounidense DEA, acusándola de complot, y el año pasado fue informado por Washington de la conclusión del programa de apoyo antidrogas.
La Paz compró, además, a China seis aviones livianos biplaza K-8 para la lucha antidrogas, en 2011, con una inversión de 58 millones de dólares.
¿Qué pasa en otros países de América Latina? relevó la posición de los países de la región sobre este tema:
Argentina: aún no cuenta con una ley de derribo de aviones. La oposición presentó tres proyectos de ley ante la Cámara de Diputados, pero el oficialismo se opone a su aprobación.
Brasil: la norma fue aprobada en 2004 durante el gobierno de Lula. Se permite derribar aviones ilegales, aunque se establece nueve procedimientos que se deben cumplir antes de disparar. Las únicas que pueden ser abatidas por los militares son las naves que corresponden al narcotráfico. Mientras que los aviones de otros países serán advertidos. En tanto, únicamente las Fuerzas Aéreas pueden atacar la aeronave en cuestión con la aprobación del presidente.
Bolivia: el mandatario Evo Morales logró la aprobación de la ley de derribo de aviones. Ésta será aplicable a las "aeronaves civiles, nacionales y extranjeras que se encuentren operando en el espacio del Estado boliviano" de forma ilegal. Lo que busca atacar el Gobierno es el narcotráfico, el contrabando y el tráfico de armas.
Colombia: es uno de los pioneros en esta actividad. Con la presencia de la guerrilla en su país, el gobierno colombiano desde hace años cuenta con una ley de este tipo para combatir el narcotráfico. El país ha sido una de las principales rutas del tráfico de drogas y armas.
Chile: también dispone de una ley de derribos, que fue sancionada durante el gobierno social demócrata.
Ecuador: el hecho de limitar con Colombia hizo que ese país también sancionara esta ley para evitar cualquier penetración de las guerrillas y los cárteles narco.
Paraguay: no posee una legislación de este tipo, pero en los últimos tiempos comenzó a impulsar un proyecto para su aprobación. Paraguay limita con la Argentina y Brasil, dos países que últimamente están siendo utilizados como ruta para el tráfico de drogas.
Perú: es uno de los pioneros junto con Colombia. Desde la década del noventa tiene un marco regulatorio.
Uruguay: cuenta con normas para controlar su espacio aéreo, incluido el derecho a derribar aeronaves hostiles o que se sospeche que participan en actividades ilegales.
Venezuela: el presidente Nicolás Maduro aplica la Ley de Interceptación Aérea, promulgada por el presidente Hugo Chávez en 2011, contra aquellos aviones que utilicen el espacio aéreo para traficar drogas.
Honduras: la llamada Ley de Exclusión Aérea "fue aprobada la noche del viernes 17 de enero en un solo debate" por 80 de los 128 diputados del Congreso Nacional, la mayoría oficialista, en una sesión extraordinaria. La ley establece una serie de pasos que deben seguirse antes de que una aeronave sea atacada por ser sospechosa de traficar estupefacientes. También crea una "zona exclusiva aérea" en los departamentos caribeños de Gracias a Dios, Colón, Islas de la Bahía y Olancho, oriente, los más utilizados por los narcotraficantes para aterrizar aviones cargados con drogas.
NO AFLOJAR AMIGOS DE SOLCOYMNEUQUEN
MALVINIZANDO.........
OTRO COLEGIO ELIGIÓ A NUESTRA ASOCIACIÓN PARA ESCUCHAR NUESTRA HISTORIA Y HOMENAJEAR A NUESTROS CAMARADAS RECONOCIDOS. MUCHAS GRACIAS A TODA LA FAMILIA DE LA ESCUELA 204 DE CENTENARIO.
MIENTRAS MUCHOS DE NUESTROS CAMARADAS ELIJEN LA TRAICIÓN FORMANDO NUEVAS ASOCIACIONES PARA LUCRAR EN SUS CIUDADES, HAY OTROS QUE DEJAN SUS LABORES Y FAMILIAS PARA SEGUIR MALVINIZANDO Y SEGUIR DENTRO DE LAS ASOCIACIONES PONIENDO EL HOMBRO EN CADA ACTIVIDAD, FUERZA CAMARADAS A SEGUIR LA LUCHA SOMOS POCOS PERO INTEGROS Y SERIOS.........
MUCHOS DE ESTOS ALUMNOS DEMOSTRARON UNA SERIEDAD Y NOS HICIERON PREGUNTAS MUY BUENAS, COMPRENDEN PERFECTAMENTE LA HISTORIA , LOS DOCENTES HAN HECHO UN EXCELENTE TRABAJO MALVINIZANDO, NUEVAMENTE MUCHAS GRACIAS POR LA INVITACION
Publicado por soldados no reconocidos en 16:43 0 comentarios
Fallo CASTRO MIGUEL ANGEL 2da Instancia
Sala "A" Camara Federal de Cordoba
En ejemplar fallo, la sala "A" de la Camara Federal de Cordoba , con voto unanime de los Dres CARLOS JULIO LASCANO (Subrogante) – IGNACIO MARÍA VELEZ FUNES – JOSÉ VICENTE MUSCARÁ, confirman la sentencia de 1ra instancia declarando la INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO 509/88, la INCONSTITUCIONALIDAD del Art. 1ro del decreto 1244/98 y al Inconstitucionalidad del Art. 1ro la ley Nro 24.892, como fuera requerido en la demanda , incluyendo lo ordenado en :"Asimismo, ordenó el pago del retroactivo del beneficio reconocido, desde los cinco años anteriores a la fecha del reclamo administrativo"
"el actor destinado en la IV Brigada Aérea de Caza con asiento en la Provincia de Mendoza, con motivo del conflicto del Atlántico Sur (Islas Malvinas), recibe orden de trasladarse a la Base Aérea Militar San Julián Provincia de Santa Cruz, para cubrir la seguridad de todas las instalaciones terrestres así como la seguridad de dicha Base Aérea. Explica que el despliegue fue para el personal militar Superior y Subalterno destinado en esa unidad a los efectos de operar armamento, consistiendo los servicios propios de la base aérea los de cargar y descargar el armamento de los aviones (bombas, cohetes, entre otros) en el lugar y tiempo establecido, debiendo para ello conjugarse en forma sincronizada una serie de eventos tales como: que el avión esté en servicio operativo para volar lo que importa, no sólo el buen funcionamiento de la mecánica sino también, que esté cargado de combustible, cargado con el armamento, que posea la seguridad necesaria para no ser saboteado o dañado por una ataque aéreo o por grupos comando que impidan el cumplimiento de la misión asignada. Expresa asimismo que toda la tarea desarrollada es en forma conjunta, no existiendo puesto con mayor importancia que otro, ya que cualquier falla en la cadena importa que un avión no pueda despegar y por consiguiente no pueda cumplir con su misión."
"De tal modo, realizando una interpretación armónica de las disposiciones citadas y la jurisprudencia en relación al caso de autos, cabe señalar que -atento las funciones desempeñadas por el Sr. Castro que fue convocado y movilizado a raíz del conflicto bélico del Atlántico Sur- el mismo gozaba de “Estado Militar” por tratarse, valga la redundancia, de un militar sujeto a los reglamentos y leyes especiales que regulan dicho estado, sin importar el rango o la fuerza militar en la que revistaba. De esta forma y tal como se sostuvo por esta misma Sala “A” en su anterior integración en la causa: “ARFINETTI, Víctor Hugo c/ EN – Ministerio de Defensa – Acción Declarativa de Certeza”(P° 174 “A” – F° 58/67), no pueden soslayarse las condiciones bajo las cuales fueron
convocados todos aquellos militares que participaron en el conflicto del Atlántico Sur, esto es, que no puede desconocerse que nuestro país se encontraba jurídica y militarmente en “estado de guerra” desde el 31 de mayo de 1982 y bajo las circunstancias y particularidades típicas de dicho estado se procedió a la convocatoria de los ciudadanos argentinos que –conforme el ordenamiento jurídico imperante en ese momento- estaban en condiciones de ser alcanzadas por la misma.
Y sosteniendo que : "En el mismo sentdo se expidió nuestro Máximo Tribunal en el ya citado caso: “GEREZ, Carmelo Antonio c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/ Impugnación de Resolución Administrativa” (G.-123-XLIV, del 9/11/2010),", relacionando que la jurisprudencia de la CSJN ya sostiene el reclamo interpuesto.
Publicado por soldados no reconocidos en 17:12 0 comentarios
PROYECTOS 2014........
no quieran esto,
que todo antecedente es
cuando los politicos
nos tratan que no
Iniciado: Diputados Expediente: 8027-D-2013
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 189 Fecha: 16/12/2013
DEROGACION DEL DECRETO 509/1988, REGLAMENTARIO DE LA LEY 23109, DE BENEFICIOS A LOS EX SOLDADOS CONSCRIPTOS QUE HAN PARTICIPADO EN LAS ACCIONES BELICAS DESARROLLADAS EN EL ATLANTICO SUR ENTRE EL 2 DE ABRIL Y EL 14 DE JUNIO DE 1982.
MARTINEZ, OSCAR ARIEL FRENTE RENOVADOR SANTA FE
8027-D-2013
189 (16/12/2013)
MARTINEZ, OSCAR ARIEL.
ASUNTOS CONSTITUCIONALES; DEFENSA NACIONAL; PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL.
Artículo 1°.- Derógase el Decreto Reglamentario N° 509 del año 1988, de la Ley Nacional N° 23109, por inconstitucional de acuerdo al Artículo 99, Inciso II, de la Carta Magna de la Nación Argentina.
Para la fundamentación de este proyecto debemos en cuenta que todas las leyes cuyas fotocopias adjuntan, son los estamentos legales, vigentes en el año 1982, por lo que rigió el desarrollo del Conflicto del Atlántico Sur en sus aspectos.
Los mismos encuadran perfectamente a todos los exsoldados conscriptos que desempeñaron su rol de combate en zona continental, por lo tanto son veteranos de guerra, pero estas leyes no se tuvieron en cuenta nunca para dar los beneficios que realmente le corresponde a todos ellos.
Una situación muy especial y que llama mucho la atención, es la no utilización de la Convención de Ginebra, la cual la Argentina adhirió a través de las Leyes 14.442, ratificada por Ley 14.467 y como ya está demostrado se ratifica con las Leyes Nacionales 24.668 y 23.379. Entonces, si al adherir nuestro país a esta Convención Internacional y ésta a su vez, tiene mayor jerarquía que las leyes nacionales, la pregunta es: ¿Por qué no se aplica y por qué no se aplicó antes si con esto sólo basta y sobra para dar el reconocimiento correspondiente?
Leyes, decretos y comunicados vigentes en el año 1982:
a) El Artículo N° 43 de la Convención de Ginebra del 12 de agosto de 1949, Protocolo Adicional relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales.
b) Ley Nacional N° 17.649/68 del 22 de febrero de 1968, en sus Artículos 1 y 2.
c) Ley Nacional N° 16.970 del año 1966, vigente en 1982, en el título III y su Artículo 10, Título VI y sus Capítulos I y II, en el decreto reglamentario N° 739 de esta Ley, en el Título II y sus Artículos 31 y 32.
d) Ley 22.674 del 12 de noviembre de 1982
e) Comunicado N° 19
f) Ley Nacional Secreta y Reservada N° 22.559 del 30 de marzo de 1982
g) Ley Nacional N° 22.580, en los Artículos 1 y 2 del día 5 de mayo de 1982
h) Decreto 999 de la Junta Militar de Gobierno con fecha de publicación en el Boletín Oficial el 24 de mayo de 1982
i) Código de Justicia Militar vigente en 1982, enmarcado en la Ley Nacional N° 14.029 y sus artículos 882, 883 y 884
j) Decreto N° 688/82 convocatoria a las reservas contempladas en la Ley N° 16.970 de Defensa Nacional vigente en el año 1982
k) Ley N° 17.649 de movilización del 22 de febrero de 1968.
A partir de 1983 el beneficio para obtener la condición de Veterano de Guerra es encuadrar en la Ley Nacional N° 23.109, pero principalmente a lo que reza su decreto reglamentario N° 509/88
- Ley 23.109/84
Artículo 1°: Tendrán derecho a los beneficios que acuerda la presente ley los ex soldados conscriptos que han participado en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril al 14 de junio de 1982.
- Decreto 509/88
Reglamentación de la Ley N° 23.109 que acordara beneficios a los exsoldados conscriptos que han participado en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur.
Bs. As. 26/04/88
Artículo 1°: A los efectos de la aplicación de la Ley 23.109 se considerará Veterano de Guerra a los Exsoldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la plataforma continental, las ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR y el espacio aéreo correspondiente.
Este decreto del año 1988, emitió con la firme intención de quitarle a la ley el poder abarcativo de ésta ya que la misma encuadra "a todos" los exsoldados partícipes del conflicto. La situación es como todos sabemos; este decreto de acuerdo al Artículo 99, Inciso II de la Constitución Nacional es "INCOSTITUCIONAL", un decreto no puede cambiar o condicionar el espíritu de una Ley, ya que la Ley tiene mayor jerarquía institucional.
La Constitución Nacional en su Artículo 99, inciso II dice:
"Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las Leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias".
Las Leyes se cumplen por lo que dicen o rezan en su contenido, no hay que interpretarlas.
Qué Ley especifica puntualmente en su letra o texto que el continente quedó fuera de la guerra o no tuvo participación.
TÍTULO III - MÉTODOS Y MEDIOS DE GUERRA.
DEFENSA Y SEGURIDAD-DEFENSA CIVIL-MOVILIZACION-
Ley 17.649
BUENOS AIRES, 22 de febrero de 1968
Boletín Oficial, 1 de marzo de 1968
Derogado, de alcance general
ID infojus LNS0001123
DEFENSA NACIONAL, Fuerzas Armadas, seguridad interior, política de defensa nacional
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 del Estatuto de la Revolución Argentina, EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: Plan de Movilización
ARTICULO 1.- Esta ley establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales fundamentales para el planeamiento y la ejecución de la movilización, que es el conjunto de medidas y procedimientos por los cuales se adecua el potencial de la Nación con el objeto de satisfacer las exigencias de la seguridad nacional para caso de guerra.
ARTICULO 2.- Las tareas de movilización se cumplirán:
a) En situación de paz;
b) En situación de guerra públicamente declarada, existente de hecho o inminente.
ARTICULO 3.- El plan de movilización será aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad (CONASE) como un documento integral. Las enmiendas de actualización o perfeccionamiento del mencionado plan, serán introducidas en la medida necesaria y con la frecuencia que las circunstancias impongan.
ARTICULO 40.- (Nota de redacción) Modificatorio Ley 16.970
ARTICULO 41.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
ONGANIA - LANUSSE
LEY N° 16.970
Bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación y ejecución de la defensa nacional.
Buenos Aires, 6 de octubre de 1966
ESTRUCTURA Y REGIMEN FUNCIONAL DE LA DEFENSA NACIONAL
Artículo 9º - Al Presidente de la Nación, en su carácter de Jefe Supremo de la Nación, compete la máxima responsabilidad en la dirección superior de la defensa nacional y, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, la conducción superior de éstas.
Artículo 10. - Los ministros del Poder Ejecutivo, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, los secretarios de Estado, los gobernadores de Provincia y del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur e intendentes municipales, dentro del ámbito de su respectiva competencia, tienen la directa responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Nación en materia de defensa nacional y de preparar y ejecutar las medidas pertinentes.
Artículo 11. - A los fines de la seguridad nacional, dependerán del Presidente de la Nación en forma directa e inmediata:
a) Consejo Nacional de Seguridad (CONASE) y su Secretaría;
b) Comité Militar (C.M.);
c) Central Nacional de Inteligencia (C.N.I.).
Artículo 12. - El Consejo Nacional de Seguridad será presidido por el Presidente de la Nación, el cual adoptará en todos los casos las resoluciones en los actos que origine su funcionamiento y estará integrado por los ministros del Poder Ejecutivo, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, como miembros permanentes, el Secretario de Estado Jefe de la Central Nacional de Inteligencia como asesor permanente en inteligencia y por los Secretarios de Estado como miembros no permanentes. Los miembros no permanentes concurrirán a las reuniones del CONASE cuando así lo disponga el Presidente de la Nación.
Artículo 13. - Compete al Consejo Nacional de Seguridad:
a) El Planeamiento de largo plazo de la política y estrategia nacionales que afectan a la seguridad, sobre la base de la evaluación de los objetivos políticos que se haya propuesto alcanzar el Gobierno Nacional, con miras a la obtención de los objetivos nacionales;
b) Coordinar su acción con el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), a fin de armonizar los planes respectivos;
c) Impartir las directivas a las autoridades responsables de la seguridad nacional;d) Establecer las normas legales y la creación de los organismos necesarios a la defensa nacional, que complementen y refuercen la seguridad nacional;
JURISDICCION TERRITORIAL Y REQUISICIONES
Artículo 42. - Los magistrados judiciales que desempeñen funciones en los Teatros de Operaciones mantendrán independencia en su acción y la plenitud de sus atribuciones para la aplicación de la legislación vigente y de los bandos que se dicten.
Artículo 43. - En caso de conmoción interior, sea ésta originada por personas o por agentes de la naturaleza, podrá recurrirse al empleo de las Fuerzas Armadas para establecer el orden o prestar los auxilios necesarios. Para ello, en aquellas zonas o lugares especialmente afectados podrán declararse Zonas de Emergencia a órdenes de autoridad militar para la imprescindible coordinación de todos los esfuerzos.
EMPLEO DE PERSONAS Y RECURSOS
Artículo 44. - El servicio de defensa nacional es el conjunto de obligaciones destinadas a asegurar la defensa nacional que impone la Nación a las personas de existencia visible y jurídica sujetas a las leyes argentinas.
Artículo 45. - El servicio de defensa nacional comprende el servicio militar y el servicio civil de defensa.
Artículo 46. - El servicio militar es la obligación que cumplen los argentinos varones y mujeres, nativos, por opción o naturalizados, incorporados a las Fuerzas Armadas en el servicio de conscripción o en la reserva, convocados por el Poder Ejecutivo conforme a lo establecido en el artículo 21º de la Constitución Nacional y leyes contribuyentes; los voluntariamente incorporados según la Ley para el Personal Militar y los extranjeros voluntarios conforme al régimen que se establezcan.
Artículo 47. - El servicio civil de defensa es la obligación que cumplen los habitantes del país, que no sea el Servicio militar, para satisfacer necesidades de la Seguridad Nacional. Este Servicio comprende:
a) El cumplimiento de las responsabilidades de orden permanente que, en mayor o menor grado y solidariamente, deben compartir todos los habitantes, sin distinción de nacionalidad, sexo o edad para la protección de la población en general.
b) La prestación, por parte de los especialmente convocados por autoridad civil o militar, de determinadas actividades o servicios que hagan a la Seguridad Nacional.
Artículo 48. - Los deberes mencionados en el inciso a) del artículo 47 serán considerados carga pública irrenunciable. La prestación de los servicios o actividades citadas en el inciso b) del mencionado artículo, será retribuida según lo establezca la Ley especial que se dicte para el Servicio Civil de Defensa.
Artículo 49. - La movilización es el conjunto de medidas y procedimientos por los cuales se adecua parcial o totalmente el potencial Nacional para satisfacer las exigencias de la Seguridad Nacional.
Artículo 50. - Todos los habitantes de la Nación y las personas de existencia visible o ideal, públicas o privadas, y las instituciones con asiento en el país están obligados a proporcionar los informes y datos destinados a servir a la movilización, conforme a los requerimientos de la autoridad competente. Si tal aporte implicara una prestación de servicios, será retribuido según lo establezca la respectiva Ley.
Onganía. - Nicanor E. Costa Méndez.
LEY Nº 22.674(*)
Sanción y promulgación: 12 noviembre de 1982
Publicación: B.O. 16/XI/82
Art. 1º- Toda aquella persona que resultare con una inutilización o disminución psicofísica permanente como consecuencia de su intervención en el conflicto con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, y en la Zona de Despliegue Continental, tendrá derecho a un subsidio extraordinario que se otorgará previa comprobación de las circunstancias que determinaron los hechos, mediante las actuaciones que al efecto serán labradas en el ámbito militar correspondiente.
Art. 2º.- Los montos a liquidar serán los que resulten de multiplicar el haber mensual del grado de Teniente General o equivalente, vigente a la fecha de efectuarse la liquidación, por el coeficiente diez (10).
Porcentaje de incapacidad a liquidar
1 a 9% 30%
10 a 19 % 40%
20 a 29 % 50%
30 a 39% 60%
40 a 49% 70%
50 a 59% 80%
60 a 66% 90%
Art. 3º.- En el caso de fallecimiento tendrán derecho a percibir el subsidio que establece la presente Ley, los deudos que a ese momento reúnan los requisitos del art. 82 de la Ley 19.101 (Ley para el personal militar); art. 13 de la Ley 19.349 (Ley de Gendarmería Nacional); art. 13 de la Ley 12.992 (sustituido por Ley 20.281), régimen de retiros y pensiones del personal de Policía de la Prefectura Naval Argentina; art. 38 de la Ley 18.037 (t.o. 1976) o art. 26 de la Ley 18.038 (t.o. 1980). El subsidio se liquidará con arreglo al orden excluyente y distribución establecidos en los arts. 86 y 87 de la Ley 19.101, 105 y 106 de la Ley 19.349, 17 incs. a y b de la Ley 12.992 (sustituido por Ley 20.281), art. 41 de la Ley 18.037 (t.o. 1976) y art. 29 de la Ley 18.038 (t.o. 1980), según sea el régimen orgánico en el que estuvieran comprendidas las personas mencionadas en el art. 1º.
Art. 4º.- Cuando no existan deudos con derecho a la percepción del subsidio según queda establecido en el artículo anterior y en casos debidamente fundados en razones de amparo y seguridad social, el Poder Ejecutivo, a propuesta de los respectivos Comandos en Jefe de las Fuerzas Armadas podrá otorgar el subsidio a otras personas no contempladas en la presente Ley.
Art. 5º.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley se aplicarán con carácter retroactivo a partir del 2 de abril de 1982.
Art. 6º.- El subsidio otorgado por esta Ley no puede ser objeto de embargo, y goza de todas las franquicias y privilegios acordados al crédito por alimentos.
Art. 7º.- El subsidio otorgado por esta Ley es solamente incompatible con los beneficios determinados en el art. 116 de la Ley 19.349 y los del art. 20 de la Ley 20.281, debiendo en este caso manifestar el beneficio la opción correspondiente.
Art. 8º.- Las erogaciones que resulten de la aplicación de la presente serán atendidas con el saldo remanente del "Fondo Patriótico Malvinas Argentinas".
Art. 9º.- Comuníquese, etc.- Bignone- Martínez Vivot.
"Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales".
Ley 22.559
Bs. As., 30/3/1982
VISTO la situación existente en las Islas Malvinas, Georgias y Sandwichs del Sur,
ARTICULO 1º - En el supuesto de situaciones que afecten a la Seguridad Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional podrá constituir Teatros de Operaciones y Gobernaciones Militares y designar a los respectivos Comandantes y Gobernadores Militares en cualquier jurisdicción del territorio nacional, previa resolución del Comité Militar.
ARTICULO 2º - Derógase el artículo 33 de la ley 16.970.
ARTICULO 3º - La presente Resolución será publicada de ser considerado necesario por el Comité Militar. En caso contrario su texto se dará a conocer a quienes sean responsables de su cumplimiento.
REMUNERACIONES AL PERSONAL CONVOCADO LEY N° 22.580 Disposiciones que regulan los aspectos inherentes a las retribuciones a asignarse a los convocados. Derogación de la Ley N° 21.914. Buenos Aires, 5 de mayo de 1982 En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional,
ARTICULO 1°- Las disposiciones de la presente ley regulan los aspectos inherentes a las retribuciones a asignarse a los convocados para la prestación de servicios militares, y en cumplimiento con el servicio civil de defensa al personal civil y ex agentes civiles de los comandos en jefe de las Fuerzas Armadas, como así también al resto de los ciudadanos de la Nación Argentina, excepto el de conscripción, en relación con exigencias propias de la seguridad nacional, así como la situación de los estudiantes y la estabilidad propia en los empleos o cargos en relación de dependencia. ARTICULO 2°- El personal de la reserva fuera de servicio convocado para cumplir con las obligaciones inherentes a la seguridad nacional, el personal civil en actividad de los comandos en jefe de las Fuerzas Armadas y los ex agentes civiles de los mismos, como así también los demás ciudadanos de la Nación Argentina, percibirán desde la fecha efectiva de alta en la Fuerza Armada en que sean incorporados, los siguientes haberes: a) Personal de reserva, no proveniente del cuadro permanente, que no posea grado de oficial o suboficial, los correspondientes a los voluntarios de primera, o equivalente. b) Personal de reserva, no proveniente del cuadro permanente, con grado de oficial o suboficial, la remuneración del personal militar en actividad, servicio efectivo, del grado con el que sea convocado. c) Personal de reserva, proveniente del cuadro permanente, con grado de oficial o suboficial, la remuneración del personal militar en actividad, servicio efectivo, del grado con el que sea convocado. d) Personal civil que reviste en actividad, permanente o transitorio, en los comandos en jefe de las fuerzas armadas, la remuneración y retribución suplementaria que establezca el Estatuto para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas y su reglamentación. e) Los ex agentes civiles de los comandos en jefe de las Fuerzas Armadas, a excepción de aquellos que hubiesen sido exonerados, percibirán la remuneración y retribución suplementaria que establezca el Estatuto para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas y su reglamentación, y los que determine la reglamentación de esta ley, correspondientes a los agrupamientos, clases, subclases, en los que revistaron mientras prestaban servicios. f) Los ciudadanos de la Nación Argentina no comprendidos en los apartados anteriores, la remuneración y retribución suplementaria que establezca el Estatuto para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas y su reglamentación y las que determine la reglamentación de esta ley, correspondientes al agrupamiento (clase, subclase y categoría de revista) con el que sea convocado. ARTICULO 3°- Además de los haberes mencionados, el convocado con excepción del personal militar citado en el inciso c) y el personal civil en actividad aludido en el inciso d) del artículo anterior, que a la fecha de su citación se encontrare prestando servicios en organismos del Estado nacional, provincial o municipal, entes descentralizados, empresas del Estado o mixtas y sociedades del Estado, así como el que se desempeñare en relación de dependencia en la actividad privada, gozará del derecho a percibir, a cargo del empleador, desde la fecha de su alta efectiva en la Fuerza Armada en que sea incorporado, hasta treinta (30) días después de su desconvocatoria, la remuneración correspondiente a su empleo con los incrementos salariales respectivos, hasta un máximo equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la remuneración mensual que por todo concepto perciba la generalidad de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el caso de efectuarse una convocatoria por treinta (30) días o menor, percibirá una única remuneración, la cual no podrá ser inferior al equivalente a un (1) haber mensual que por todo concepto le corresponda. El convocado que gozare de un haber jubilatorio, independientemente de las remuneraciones que le correspondan de acuerdo al artículo 2°, continuará percibiendo dicho beneficio sin deducción alguna, que por aplicación de cualquier norma legal vigente pudiera corresponder. Esta disposición se aplicará respecto del personal de la reserva proveniente del cuadro permanente, con las limitaciones dispuestas en el artículo 80 bis de la Ley N° 19.101. ARTICULO 4°- El convocado que tenga relación de dependencia gozará de los derechos previstos en el artículo 214 del Régimen de Contrato de Trabajo Ley 20744 modificada por Ley 21.297 (t.o. Decreto N° 390/1976). ARTICULO 5°- El convocado, con la excepción de los comprendidos en los incisos c) y d) del artículo 2°, que tenga ingresos que no provengan de relación de dependencia, percibirá del Estado nacional, independientemente de los consignados en el artículo 2°, una compensación extraordinaria cuyo monto y condiciones de percepción serán establecidos por el Poder Ejecutivo nacional. Dicha compensación no excederá el porcentaje establecido en el artículo 3° de esta ley y estará exenta de los aportes previsionales y asistenciales. ARTICULO 6°- Los empleadores tendrán derecho a exigir al Estado nacional, el reintegro de los salarios y sus contribuciones abonadas en relación con los convocados, cuando simultáneamente tuvieran más del diez por ciento (10%) de su personal convocado, correspondiendo el reintegro solamente de aquellos dependientes que superen ese porcentaje. Dicho reintegro no excederá en ningún caso el porcentaje establecido en el artículo 3°, por cada dependiente. Este beneficio se extenderá hasta treinta (30) días corridos después de la desconvocatoria. En el caso que la convocatoria fuera por treinta (30) días o menor, cabe la misma excepción que la prevista en el segundo párrafo del artículo 3°. ARTICULO 7°- Con independencia de los beneficios previsionales que puedan corresponder a cada convocado en razón de su actividad o empleo al momento de su convocatoria, en el ámbito de las Fuerzas Armadas les serán aplicables los establecidos en la Ley para el Personal Militar N° 19.101 y la Ley N° 20.239 para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas y sus respectivas reglamentaciones, conforme los haberes que cada uno perciba según lo determinado en el artículo 2° de la presente ley. ARTICULO 8°- La reglamentación de esta ley dispondrá la forma de instrumentar el reembolso o compensación a los empleadores de la actividad privada con arreglo a lo establecido en el artículo 6°. ARTICULO 9°- Todo ciudadano convocado, de acuerdo con los alcances de la presente ley, que se encuentre cursando estudios en cualquier nivel y modalidad de la enseñanza, en instituciones educativas de las jurisdicciones nacionales, provinciales, municipales o privadas, mantendrá la condición de alumno regular mientras esté convocado. Por vía de reglamentación, el Poder Ejecutivo nacional establecerá las condiciones de excepción para que los alumnos den cumplimiento a las obligaciones propias de los estudios que cursan. ARTICULO 10- Quedan suspendidas durante la vigencia de la presente ley todas las disposiciones legales y reglamentarias nacionales, provinciales o municipales y las convencionales que regulen de cualquier modo las remuneraciones del personal de la reserva fuera de servicio convocado para prestar servicios militares y del personal civil convocado para prestar servicios en las Fuerzas Armadas en función de lo establecido en la Ley del Servicio Civil de Defensa, a que se refiere la presente ley. ARTICULO 11.- Las disposiciones de la presente ley y su reglamentación serán también de aplicación para el personal convocado por la Ley N° 20.318. ARTICULO 12.- Los gastos emergentes de las previsiones de la presente ley serán atendidos por rentas generales. ARTICULO 13.- La presente ley regirá a partir del día 1 de abril de 1982. ARTICULO 14.- Derógase la Ley N° 21914. ARTICULO 15.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. GALTIERI Amadeo R. Frúgoli Roberto T. Alemann Carlos A. Lacoste Julio C. Porcile Cayetano C. Licciardo
Ley 14029 CODIGO DE JUSTICIA MILITAR Art. 882. - El tiempo de guerra, a los efectos de la aplicación de este código, comienza con la declaración de guerra, o cuando ésta existe de hecho, o con el decreto de movilización para la guerra inminente, y termina, cuando se ordena la cesación de las hostilidades.
Art. 883. - Se considera que una fuerza está frente al enemigo, desde el momento que ha emprendido los servicios de seguridad contra el mismo.
Art. 884. - Se considera que una fuerza está en campaña, cuando operare en plazas o territorios declarados en estado de guerra, aunque ostensiblemente no aparezca enemigo armado, y cuando por razones de gobierno o estado, la autoridad militar dispusiere que las tropas practiquen servicio como en tiempo de guerra.
ARTICULO 4.- El plan mencionado en el artículo 3 de esta ley estará compuesto por:
a) El Plan de Movilización Militar, que abarcará el Plan Conjunto de Movilización Militar y el Plan de Movilización Industrial Militar.
El Plan Conjunto de Movilización Militar, considerado previamente por el Comité Militar, también formará parte del Plan Militar de las Fuerzas Armadas;
b) El Plan de Movilización Económica;
c) El Plan de Movilización Social;
d) El Plan de Movilización de Política Exterior;
e) El Plan de Movilización de Política Interior;
*ARTICULO 5.- Los planes mencionados en el artículo 4 de esta Ley, corresponden a cada uno de los campos de la movilización y contendrán las medidas y procedimientos necesarios para adecuar el potencial de la Nación asignado a cada uno de ellos por el Consejo Nacional de Seguridad, en las pertinentes directivas de planeamiento.
En el caso particular del campo de movilización militar, se deberá tener en cuenta que:
1. El Plan de Movilización Industrial Militar contendrá todo lo concerniente a la obtención, el almacenamiento y el control de consumo de los efectos, elementos y materiales específicos de las Fuerzas Armadas, así como las materias primas, estratégicas o críticas, que también serán consideradas en la preparación de dicho Plan. La obtención, además, abarcará la investigación científica y técnica, el fomento de la producción y las previsiones de transformación;
2. El Plan Conjunto de Movilización Militar contendrá las medidas y procedimientos para la administración del personal y los medios existentes en las Fuerzas Armadas y los que les proporcionará la Movilización Industrial Militar y la de los restantes campos, a fin de transformar el poder militar existente en el poder militar necesario.
ARTICULO 6.- En situación de paz se adoptarán y se cumplirán las medidas y los procedimientos previstos en el Plan de Movilización, que por razones de importancia y oportunidad no deban quedar diferidos para el supuesto mencionado en el inciso b) del artículo 2 de esta ley. Tales medidas y procedimientos, cuando por su naturaleza corresponda, serán incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad, con el grado de prioridad que establezca el CONASE.
ARTICULO 7.- En situación de guerra públicamente declarada, existente de hecho o inminente, continuará en ejecución el Plan de Movilización y se ajustarán los planes de desarrollo y seguridad.
ARTICULO 8.- El Plan de Movilización también incluirá, oportunamente, medidas y procedimientos, armonizados con los planes de desarrollo y seguridad, para adecuar el potencial de la Nación a las necesidades del país, propias del período inmediato posterior a una guerra.
CAPITULO II Estructura y régimen funcional
ARTICULO 9.- Al presidente de la Nación le compete la máxima responsabilidad en la dirección superior de la movilización. En el ejercicio de tal responsabilidad será asistido por el CONASE.
ARTICULO 10.- Los ministros del Poder Ejecutivo nacional, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, los secretarios de Estado, toda autoridad que dependa directamente del presidente de la Nación, los gobernadores de provincia y del territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y los intendentes municipales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, tienen la directa responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las resoluciones adoptadas por el presidente de la Nación en materia de movilización.
*ARTICULO 11.- A los fines de esta ley, compete al CONASE:
a) Considerar los proyectos de directivas para la movilización, preparados por la Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno y adoptar las decisiones pertinentes. Las directivas referentes a la asignación o a la convocatoria de personas, que posibiliten la ejecución del Plan de Movilización, serán impartidas al ministro de Defensa;
b) Considerar el proyecto de cada uno de los componentes del Plan de Movilización, mencionados en el artículo 4 de esta ley, y adoptar las decisiones pertinentes. Tales proyectos serán presentados:
1. El de movilización militar, por el ministro de Defensa, que a tal efecto, y en lo referente al Plan Conjunto de Movilización Militar, será asistido por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.
2. El de movilización económica, por el ministro de Economía y Trabajo.
3. El de movilización social, por el ministro de Bienestar Social.
4. El de movilización de política exterior, por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto.
5. El de movilización de política interior, por el ministro del Interior.
c) Ejercer la supervisión necesaria para asegurar el cumplimiento y la adecuada coordinación de las medidas y los procedimientos dispuestos en las directivas para la movilización y en el plan de movilización;
d) Considerar los proyectos, preparados por la Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno de medidas tendientes a fortalecer la conciencia nacional respecto de la importancia de los problemas inherentes a la movilización, y de cursos de formación o capacitación para el personal que cumpla tareas de planeamiento de la movilización, y adoptar las decisiones pertinentes.
[Modificaciones] *ARTICULO 12.- Los Ministros de Economía y Trabajo, de Bienestar Social, de Relaciones Exteriores y Culto y del Interior, son responsables de la preparación de los proyectos de planes componentes del Plan de Movilización, correspondientes a los campos económicos, social, de política exterior y de política interior, respectivamente.
Dichos campos serán delimitados, en cada caso, por el Consejo Nacional de Seguridad en las pertinentes directivas de planeamiento, teniendo en cuenta, para ello, las respectivas competencias normales y las necesidades de potencial correspondientes a otros ministerios u organismos del Estado, que, a los fines de la movilización, sea necesario asignar.
Los demás ministros, excepto el de Defensa cuyas responsabilidades están establecidas en el artículo 13, deberán satisfacer los requerimientos que les formulen los ministros responsables de la preparación de los planes de cada campo, de acuerdo con lo que al respecto establezca el Consejo Nacional de Seguridad en las directivas para la movilización.
El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto es el responsable, además, de la determinación, con la participación de la Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno del componente del potencial de la Nación de interés para la movilización, propio del ámbito de competencia de dicho Ministerio.
[Modificaciones] ARTICULO 13.- El ministro de Defensa es el responsable de:
a) La participación del Ministerio de Defensa en la determinación del potencial industrial de la Nación, de interés para la movilización;
b) La preparación del proyecto de Plan de Movilización Industrial Militar, según lo dispuesto en el artículo 5 de esta ley y de acuerdo con las directivas de planeamiento que a tal efecto imparta el CONASE;
c) El cumplimiento de las directivas mencionadas al final del inciso a) del artículo 11 de esta ley.
ARTICULO 14.- Los secretarios de Estado son los responsables de:
a) La participación de la respectiva secretaría de Estado en la determinación del potencial de la Nación; de interés para la movilización;
b) La preparación de la parte respectiva del proyecto de Plan de Movilización pertinente, de acuerdo con las directivas e instrucciones que les imparta el ministro de quien dependen.
*ARTICULO 15.- A los fines de esta ley son funciones de la Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno:
1. Entender en el análisis de los requerimientos emergentes del Planeamiento Militar Conjunto.
2. Entender en la determinación del potencial de la Nación de interés para la movilización, es decir, la capacidad total del país -en lo militar, en lo económico, en lo social y en lo político- para afrontar las exigencias de la seguridad nacional en caso de guerra. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de esta ley, participará en la determinación del potencial propio del ámbito de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
3. Proponer los proyectos de directivas para la preparación del Plan Conjunto de Movilización Militar que será considerado por el Comité Militar y los mencionados en el artículo 11 de esta ley.
4. Participar en el proceso de preparación de los proyectos de planes de movilización mencionados en los artículos 4 y 14 de esta ley y en la armonización de los mismos.
5. Proponer las medidas y los cursos a los cuales se refiere el inciso d) del artículo 11 de esta ley.
[Modificaciones] *ARTICULO 16.- A los fines del artículo 12 de esta Ley, todos los ministros, excepto el de Defensa, contarán como organismo de trabajo, con comisiones que se denominarán "Comisión de Movilización del Ministerio...", que corresponda. Estas comisiones estarán integradas y funcionarán en la forma que dictamine la reglamentación de esta Ley.
[Modificaciones] ARTICULO 17.- Para el cumplimiento de las responsabilidades establecidas en los incisos a) y b) del artículo 13 de esta ley, el ministro de Defensa contará con una comisión de movilización industrial militar dependiente del mismo y presidida por un oficial superior de las Fuerzas Armadas designado por el Poder Ejecutivo nacional. La comisión mencionada estará integrada y funcionará en la forma que determine la reglamentación de esta ley.
A los fines establecidos en el inciso c) del artículo 13 de esta ley, el ministro de Defensa contará como organismo de trabajo con la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas. Lo específicamente militar estará a cargo de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con lo que establece la ley de servicio militar.
ARTICULO 18.- Los proyectos de directivas mencionados en el artículo 15 de esta ley deberán basarse, fundamentalmente, en:
a) Los documentos que fijen objetivos, políticas y estrategias de la Nación;
b) El potencial de la Nación, de interés para la movilización;
c) Los documentos emergentes del Planeamiento Militar Conjunto;
d) El Plan General de Desarrollo y Seguridad;
e) El Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad.
ARTICULO 19.- Las autoridades mencionadas en el artículo 10 de esta ley dispondrán las medidas pertinentes que aseguren la más amplia intervención en las tareas de movilización, de todos los funcionarios y empleados públicos que, desempeñandose dentro del ámbito de sus respectivas competencias, sean necesarios para el cumplimiento de dichas tareas.
ARTICULO 20.- Los entes descentralizados, los entes autárquicos , las empresas estatales y todos los organismos que en cualquier medida dependan de las autoridades mencionadas en el artículo 10 de esta ley, quedan obligados a efectuar las tareas de movilización requeridas por las respectivas autoridades.
ARTICULO 21.- Los organismos que se ocupen del planeamiento de la movilización formarán parte del Sistema Nacional de Planeamiento.
CAPITULO III De las personas y los recursos
ARTICULO 22.- A los fines de la convocatoria de personas y su remuneración, serán de aplicación la ley de servicio militar, la ley de servicio civil de defensa y sus respectivas reglamentaciones
[Contenido relacionado] ARTICULO 23.- Por el Ministerio de Defensa se mantendrán actualizados los datos necesarios para la asignación o la convocatoria de personas.
ARTICULO 24.- El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para exceptuar temporaria o permanentemente del servicio militar, salvo el de conscripción, a las personas que considere conveniente mantener en sus funciones o tareas habituales, emplear en otras funciones o tareas, o convocar para el servicio civil de defensa.
ARTICULO 25.- Los habitantes de la Nación y las personas de existencia ideal e instituciones, con asiento en el país, tienen obligación, limitada a las necesidades de la movilización, de:
a) Proporcionar informes y datos destinados a conocer la actividad que realizan y estimar la que puedan realizar;
b) Permitir, en los lugares donde desarrollen actividades de interés para la movilización, inspecciones destinadas a conocer la actividad que realizan, estimar la que puedan realizar y obtener los datos vinculados con tales actividades.
Tal obligación será carga pública irrenunciable.
La información obtenida no podrá tener otro destino ni otro uso que el de satisfacer las necesidades de la movilización.
*ARTICULO 26.- Las autoridades competentes para requerir los informes y datos y disponer las inspecciones a que se alude en el artículo 25 de esta ley son los miembros permanentes y no permanentes del CONASE el Secretario de Planeamiento y Acción de Gobierno.
La reglamentación de esta ley establecerá las formalidades, los alcances y los procedimientos para el ejercicio de la facultad establecida en el párrafo anterior.
[Modificaciones] ARTICULO 27.- En los supuestos del artículo 25 de esta ley, cuando sea necesaria la prestación de servicios de carácter no habitual o extraordinario se podrá solicitar una remuneración o indemnización.
En caso de desacuerdo entre las partes, el monto será fijado judicialmente. En ningún caso se indemnizará el lucro cesante.
*ARTICULO 28.- El que denegare, retaceare, falseare o proporcionare con demora un informe o dato que, por aplicación del artículo 25 de esta ley, le sea requerido por autoridad competente, será reprimido con prisión de 2 meses a 2 años.
[Normas complementarias] *ARTICULO 29.- El que impidiere o dificultare una inspección que, por aplicación del artículo 25 de esta ley, sea dispuesta por autoridad competente, será reprimido con multa de m$n. 100.000 a
m$n. 5.000.000.
Sin perjuicio de la penalidad establecida en el párrafo anterior, si se tratare de una persona jurídica, a requerimiento fundado de la autoridad competente que dispuso la inspección, podrá cancelarse la respectiva personería.
[Normas complementarias] *ARTICULO 30.- El que revelare, comunicare o diere a conocer información obtenida por aplicación del artículo 25, o diere a la misma otro destino o uso del previsto en dicho artículo, será reprimido con prisión de uno a 4 años e inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena.
Si los mismos hechos se cometieren por imprudencia o negligencia, las penas se reducirán de un tercio a la mitad. [Normas complementarias]
*ARTICULO 31.- La documentación referente a la movilización, clasificada como secreta por cualquiera de las autoridades mencionadas en el artículo 26 de esta ley, será considerada "secreto político o militar", según el caso, a los efectos de los artículos 222 y 223 del Código Penal.
[Normas complementarias] *ARTICULO 32.- Para entender en los delitos contemplados en esta ley, será competente la justicia federal, salvo que los imputados estuvieren sometidos a la jurisdicción militar.
[Normas complementarias] CAPITULO V Disposiciones diversas
ARTICULO 33.- El Poder Ejecutivo nacional, asistido por el CONASE, podrá poner en ejecución, anticipadamente, medidas y procedimientos previstos en el Plan de Movilización.
ARTICULO 34.- Con fines de evaluación, periódicamente el Poder Ejecutivo nacional deberá ensayar medidas y procedimientos previstos en el Plan de Movilización.
ARTICULO 35.- Las comisiones mencionadas en el artículo 16 de esta ley asesorarán al respectivo ministro en todo lo referente a seguridad nacional.
ARTICULO 36.- La reglamentación de esta ley establecerá un glosario que será de uso obligatorio en todo lo atinente a movilización.
ARTICULO 37.- Esta ley será reglamentada dentro de los ciento cincuenta días de su promulgación.
ARTICULO 38.- El Poder Ejecutivo nacional adoptará las medidas necesarias para asegurar, dentro de los ciento veinte días siguientes al dictado de la reglamentación de esta ley, el funcionamiento de los organismos que se ocupen del planeamiento de la movilización.
ARTICULO 39.- El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la adecuación de los reglamentos militares pertinentes, a las disposiciones de esta ley y su reglamentación.
Ley 24.668
Reconócese la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta en los términos del artículo 90 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales.
Sancionada: Julio 3 de 1996
Promulgada de Hecho: Julio 29 de 1996
ARTICULO 1º - Reconócese la COMPETENCIA DE LA COMISION INTERNACIONAL DE ENCUESTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 90 DEL PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949, RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES - (PROTOCOLO I), adoptado en Ginebra -CONFEDERACION HELVETICA- el 10 de junio de 1977.
ARTICULO 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. - ALBERTO R. PIERRI. - CARLOS F. RUCKAUF. - Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo. - Edgardo Piuzzi.
Capítulo VI - El planeamiento contribuyente.
El objetivo estratégico.
663. Luego del hundimiento del Crucero General Belgrano, se impuso la necesidad de navegar en aguas negadas a los Submarinos nucleares, con lo que la Flota se replegó sobre aguas poco profundas. Por razón de ese repliegue se hizo operar al Grupo Aéreo Embarcado desde aeródromos en tierra, con el objeto de mejorar sensiblemente su rendimiento, disminuido en el mar por las características del PAL "25 de Mayo".
664. No se prepararon planes de alternativa para las nuevas circunstancias, operacionales y tácticas, por lo que, al no poder cumplir con la misión, esta situación, en general se mantuvo sin modificación hasta el fin del conflicto.
EN ESA FORMA SE HABRÍA CONTRIBUIDO A ALIVIAR LA PRESIÓN DEL ENEMIGO SOBRE LAS ISLAS MALVINAS.
d. HABER SIDO UNO DE LOS PROPULSORES DE LA IDEA DE RECUPERAR LAS ISLAS Y, NO OBSTANTE, AL PRODUCIRSE LA ACCIÓN BRITÁNICA, PROPICIAR EN EL COMIL LA DECISIÓN DE NO EMPLEAR EN LA BATALLA LAS UNIDADES DE SUPERFICIE PROPIAS, ADUCIENDO LAS CAPACIDADES DE LA FUERZA SUBMARINA NUCLEAR ENEMIGA. SIN EMBARGO, DICHAS CAPACIDADES HABÍAN SIDO YA ANALIZADAS, LLEGÁNDOSE A LA CONCLUSIÓN - EL DIA 30 DE MARZO- DE QUE LAS AMENAZAS SERIAN FUNDAMENTALMENTE NAVALES Y QUE EL COMANDO DEL TEATRO DE OPERACIONES A ESTABLECER DEBÍA, POR ELLO, SER EJERCIDO POR EL COMANDANTE DE OPERACIONES NAVALES. ESTE RECLAMO, SI BIEN LÓGICO, NO SE COMPADECE CON LA DECISIÓN DE REPLEGAR EL GRUESO DEL PODER NAVAL PROPIO, A LA HORA DEL COMBATE, Y RESULTA INCOMPATIBLE CON SU ACTUAL JERARQUÍA E INVESTIDURA.
e. SUSTRAER UN MEDIO ESENCIAL DEL PODER MILITAR DE UN POSIBLE ENFRENTAMIENTO CON EL ENEMIGO, CON LO CUAL SE PRODUJERON LOS SIGUIENTES EFECTOS NEGATIVOS PARA LA SUERTE DE LAS ARMAS PROPIAS :I
3) DESMORALIZAR AL PERSONAL, TANTO DE LA ARMADA CUANTO DE LAS OTRAS FUERZAS, YA QUE MIENTRAS UNA PARTE ESTABA EMPEÑADA EN EL COMBATE, OTRA ERA SUSTRAÍDA DE ESTE.
4) PRODUCIR, EN EL FRENTE INTERNO, UNA SENSACIÓN DE FRUSTRACIÓN Y DESCRÉDITO, AL ADVERTIR QUE LAS NAVES DE SUPERFICIE PREPARADAS Y SOSTENIDAS PARA LA DEFENSA NACIONAL, NO ERAN EMPLEADAS AL MOMENTO DE COMBATIR, NI AUN EN FORMA RESTRINGIDA.
Publicado por soldados no reconocidos en 18:06 0 comentarios

References: Resolución 

Artículo 1
 Artículo 99
 Artículo 10

Artículo 1

Artículo 1
 Artículo 99
 Artículo 99
 artículo 5

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46
 artículo 21

Artículo 47

Artículo 48
 artículo 47

Artículo 49

Artículo 50
 resolución 
 artículo 33
 Resolución 
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 80
 artículo 214
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 13
 artículo 5
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 15
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 16
 artículo 90