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Timestamp: 2019-08-17 13:37:26+00:00

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Derecho Societario de Julio Rougès: ALGUNAS REFORMAS DE LA LEY 26.994. LA SUSTITUCIÓN DE LAS SOCIEDADES DE HECHO E IRREGULARES POR LAS SOCIEDADES INFORMALES DE LA SECCIÓN IV
ALGUNAS REFORMAS DE LA LEY 26.994. LA SUSTITUCIÓN DE LAS SOCIEDADES DE HECHO E IRREGULARES POR LAS SOCIEDADES INFORMALES DE LA SECCIÓN IV
La ley 26.994, “Código Civil y Comercial de la Nación” (sancionada el 1-10-2014, promulgada el 7-10-2014 y publicada el 8-10-2014, que entrará en vigencia el 1º de agosto de 2015, según el artículo 7 del referido cuerpo normativo sustituido por el art. 1° de la ley 27.077, publicada en el Boletín Oficial el 19-12-2014) en su Anexo II, punto 2., introduce modificaciones a la ley 19.550, cambia su denominación –pasa a llamarse “Ley General de Sociedades” (en adelante, LGS)- y sustituye el texto legal vigente ordenado según el decreto n° 841/84, por un régimen normativo parcialmente disímil.
El artículo 1° de la LGS redefine a la sociedad, al disponer que “habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas.”
Cualesquiera que sean los méritos de esa categoría en el derecho comparado, afirmar el género –negocio jurídico indirecto- no implica negar la especie, pues éste puede o no ser simulado, y en el caso en que se encubre el carácter unipersonal de una sociedad con la cobertura aparente de una pluralidad de socios o contratantes, no hay duda alguna de que ingresamos en el campo de la simulación. La recepción de la simulación lícita como categoría ontológicamente diferenciada (art. 334, CCC), torna innecesaria la figura del “negocio jurídico indirecto”.
El anterior art. 1° conceptualizaba no a la sociedad como ente creado por un contrato, sino al contrato que da nacimiento a aquél, al acto constitutivo (“habrá contrato de sociedad...”). En su nueva formulación, no se refiere únicamente al acto fundacional, sino a la organización creada por dicho acto (“...habrá sociedad...”).
Si la ley hubiese querido continuar en el mismo plano que bajo el régimen normativo anterior, aunque aceptando el nacimiento por voluntad de un solo constituyente, se habría limitado a aludir al negocio jurídico genético, en términos aproximados a “habrá acto jurídico constitutivo de sociedad, cuando una o más personas...”. Pero es evidente que para el legislador, lo relevante fue concebir a la sociedad como la estructura jurídica de la empresa; como una forma de organización de la actividad económica, que puede encauzarse a través de emprendimientos unimembres.
Se legisla así sobre la sociedad simple o residual; y ya el cambio de nombre –en el que se desecha la palabra irregular- comporta una toma de posición acerca de dichas sociedades; máxime teniendo en cuenta que calificar de “no constituida regularmente” –como lo hizo la ley 19.550 antes de la reforma de la ley 26.994- a una sociedad no es neutro: significa la simple tolerancia de una situación que se reputa poco amparada por el derecho –con “personalidad jurídica precaria”, dice la Exposición de Motivos- y llena de connotaciones indebidamente negativas. Las palabras en el derecho suelen tener una carga emotiva tanto para el emisor como para el destinatario del mensaje[10], por lo que no es de extrañar que si para el legislador de 1972 la tipicidad (artículos 1; 17, etcétera) y la inscripción (art. 7) eran tan relevantes, se desalentase la formación y el funcionamiento de sociedades de hecho, y se sancionara la no inscripción y el abandono del iter constitutivo, con la ininivocabilidad de derechos y defensas nacidos del contrato social.
En el derecho privado campea el principio de libertad de configuración de las formas de los actos jurídicos, y en tal sentido, dispone el art. 974 del Código Civil (ley 340): “Cuando para este Código, o por las leyes especiales no se designe forma para algún acto jurídico, los interesados pueden usar de las formas que juzgaren convenientes”. En idéntica dirección se alinea el art. 1020 del mismo cuerpo normativo[11], y no vemos un motivo válido para no aplicar esos principios al ordenamiento societario
Los contratos pueden ser innominados (art. 1143 del Código Civil; artículo 970 del Código Civil y Comercial), y esa carencia de tipicidad no afecta su validez; por el contrario, en principio las estipulaciones negociales son ley para las partes (art. 1197 del Código Civil; el artículo 958 del Código Civil y Comercial –complementado por los arts. 959 y 960- consagra, de modo semejante, la libertad de contratación)[12]. En materia de sociedades civiles –un ejemplo destacado es la sociedad de abogados, o contadores- el contrato podía ser hecho verbalmente (art. 1662). Vélez Sarsfield dijo en la nota a dicho precepto:
Influidos como estaban por el Código Civil Italiano los redactores del anteproyecto convertido en ley 19.550, no era de extrañar que adoptaran la sanción de nulidad para la atipicidad (art. 17)[13]. Sin embargo, fueron más lejos que el modelo inspirador, pues a diferencia de éste, no contemplaron la figura de la “simple sociedad”, no sometida a inscripción ni formas especiales[14]. Además, dentro del sistema de las sociedades –conforme al Código Civil italiano de 1942- la sociedad colectiva ocupa la posición de tipo genérico de sociedad comercial, siendo superflua una manifestación explícita de los contratantes[15]; a la vez, la sociedad colectiva está regulada, en parte, por la remisión a las normas de la sociedad simple[16], y puede ser irregular, si no está inscripta[17]; sin embargo, tanto la sociedad colectiva regular, como la sociedad colectiva irregular están sometidas a un mismo régimen en lo que se refiere a las relaciones internas entre los socios[18]; ambas son variantes de un mismo tipo de sociedad[19].
Más aformalista es el derecho anglosajón, al que durante mucho tiempo los juristas formados en la estructura y conceptos del derecho continental, han mirado con un desprecio a veces no disimulado. Sin pretensiones conceptualistas, en los Estados Unidos y Reino Unido[20], la partnership –algo así como nuestra sociedad colectiva, aunque existen Limited Liability Partnerships que tienen alguna semejanza con nuestra SRL- es la relación que existe entre personas que realizan un negocio en común para obtener utilidad, siempre que tal relación no se encuentre registrada como una corporation, o no esté sujeta a leyes especiales[21]. En el derecho inglés, la partnership no es calificada como un contrato, sino como una relación[22]; en Estados Unidos, la partnership es una asociación de dos o más personas para conducir como condóminos un negocio para obtener utilidad[23]. En ambos casos, no se exige el cumplimiento de ninguna formalidad especial, rigiéndose los derechos de las partes por las estipulaciones contractuales.
Cuando distintas legislaciones de países avanzados imponen menor cantidad de exigencias formales, y no establecen nulidades derivadas de aquéllas; cuando la propia legislación vernácula del siglo XIX era menos rigurosa, es hora de pensar si el legislador –cuyos inspiradores fueron destacados juristas- no ha extraviado el camino. En palabras de CABANELLAS DE LAS CUEVAS[24] que hacemos nuestras, “no hay ningún interés visible –salvo el estético y dogmático del legislador- en causar tamaños perjuicios a los particulares que no forman una sociedad típica, particularmente teniendo en cuenta que el vacío legal que podría originarse en tal caso puede fácilmente solucionarse creando un conjunto de normas que, siéndolo en general, no lo sean de ningún tipo en particular...El régimen de tipicidad de la LSC, con sus sanciones excesivas y con la inflexibilidad de sus normas...forma parte de un amplio esfuerzo, subyacente a la LSC, de sujetar los contratos societarios a un régimen estricto de registro y control formal. Este sistema es inútil, en la práctica, para tutelar los intereses de socios y acreedores...”.
El sistema se apartaba en forma manifiesta de la realidad -y aún se aparta, ya que a la fecha de este ensayo no entró en vigencia la ley 26.994- Cotidianamente sociedades irregulares o de hecho producen bienes y servicios, pagan en mayor o menor medida impuestos –las sociedades de hecho se encuentran inscriptas como tales para el pago de tributos nacionales y provinciales- y cumplen una función social útil, con prescindencia de que se encuentren o no constituidas por escrito, conforme a algún tipo social, o no estén inscriptas. Algunos de los casos más graves de defraudación a los acreedores, al fisco y al régimen sucesorio y de bienes en el matrimonio han sido consumados por sociedades impecablemente típicas y regulares, lo que rara vez ocurre -dada la responsabilidad solidaria de los socios- en el caso de las sociedades no regularmente constituidas.
Antes de la ley 26.994 –que eliminó la sociedad civil- las sociedades civiles de hecho están regidas por las mismas reglas que las sociedades civiles constituidas por escritura pública. La circunstancia de ser sociedades de hecho no tornaba aplicable el severo régimen de la ley 19.550, que se limitaba –en lo que a las “sociedades de hecho” atañe- a las que tenían objeto comercial (art. 21)[25]. Las diferencias entre ambas eran sustantivas:
* tercero, y derivado de lo anterior, la quiebra de la sociedad civil de hecho no comportaba la quiebra de los socios[26].
La mayoría de los autores opinaba que sociedades de hecho eran únicamente las carentes de toda instrumentación; las sociedades atípicas serían simplemente nulas[27]. Una doctrina minoritaria -con la que concordamos- sostenía que la sociedad con objeto comercial constituida por instrumento público o privado, sin sujetarse a ningún tipo, se regía por la normativa de la sociedad de hecho[28].
1) Desde el punto de vista gramatical, la LSC (artículo 17) declaraba nula solamente "la constitución de una sociedad de los tipos no autorizados por la ley". El precepto no decía que la sociedad fuera nula, sino que lo es nula la constitución de la sociedad; dicha nulidad del acto fundacional no acarreaba la inexistencia ni invalidez de la sociedad, en cuanto fenómeno asociativo y de organización. No siempre la interpretación más recomendable es la exégesis literal de los preceptos, pero en este caso, era además la más valiosa, y acorde con el principio de conservación y subsistencia de la sociedad (art. 100).
3) La hermenéutica que cuestionamos conducía a la inconsecuencia de que se trate con mayor severidad a la sociedad instrumentada deficientemente -por su atipicidad- que a la carente de toda instrumentación. Una sociedad de hecho constituida verbalmente tendría por hipótesis un tratamiento más favorable, para el derecho, que si se la constituyese en forma escrita. Esa conclusión era claramente absurda, y no resultaba admisible una exégesis que la acepte.
Rechazamos una comprensión del ordenamiento jurídico que admite la inconsecuencia. Más allá de la intención psicológica del legislador, las leyes y los cuerpos normativos deben inteligirse como dotados de una racionalidad intrínseca que permita al intérprete superar sus eventuales deficiencias, insuficiencias o contradicciones. Son principios reconocidos desde antaño por la Corte Suprema de la Nación que la inconsecuencia no se supone en el legislador, y por ello las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto[29]; que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema del que forma parte, es la consideración de sus consecuencias[30].
Los supuestos de atipicidad que bajo el régimen anterior había acuñado la doctrina surgían de falencias formales notoriamente menos significativas que la total carencia de instrumentación, o la instrumentación de la sociedad como sociedad de hecho. Así:
1) Se ha dicho que una S.R.L. sin gerente es una sociedad atípica[31].
2) Se ha afirmado que debe juzgarse que existe sociedad de tipo no autorizado, cuando se aparta de alguno o algunos de los requisitos caracterizantes, o se mezclan los requisitos caracterizantes de dos o más tipos; v.g., sociedad de responsabilidad limitada con las cuotas representadas por títulos negociables; sociedad anónima con responsabilidad solidaria y subsidiaria de los accionistas, etcétera. Siendo así, no parece razonable que esos casos deban tener un tratamiento peor que el dispensado a una sociedad constituida verbalmente.
La ley 16.060 uruguaya, pese a haberse inspirado en la nuestra, es más flexible. En su art. 37 dispone que "ni la sociedad ni los socios podrán invocar respecto de cualquier tercero, derechos o defensas fundados en el contrato social"; pero no se niega a los socios la posibilidad de invocar inter partes lo que en aquel contrato se hubiese estipulado.
* que no resulta admisible la transformación que contempla el art. 74, pues la sociedad transformada no es regular ni típica[32].
* que no era posible la rescisión parcial o el retiro de uno de los socios[33].
La ley 19.550 fue criticada en este aspecto por la doctrina autoral, que propició su modificación[34]. Haciéndose eco de las críticas, la ley 22.903 reformó parcialmente el régimen anterior, posibilitando la regularización (artículo 22).
La regularización producía sus efectos hacia el futuro, y en tal sentido, el ordenamiento societario disponía que:
Como en las sociedades no regularmente constituidas los socios no pueden invocar derechos y defensas nacidos del contrato social (art. 23), la única mayoría posible era la de socios.
El desprecio de la ley por la autonomía de la voluntad conducía, en este caso, a situaciones absurdas: una sociedad anónima que había abandonado su iter constitutivo –y consecuentemente, era irregular a la fecha de la petición- pero en la cual ya se habían realizado aportes, en la que una mayoría de socios representase una minoría del capital, podía ser convertida en una sociedad colectiva por voluntad de los socios minoritarios, a quienes se posibilitaba así utilizar la "regularización" de una sociedad que nació con vocación de ser regular, y de capital, como arma de extorsión de los socios mayoritarios en su aporte de capital. Si bien tenían la alternativa del receso (art. 22, tercer párrafo), ese derecho se concedía a los socios "que votaron contra la regularización", y no a quienes votasen en contra de la adopción de determinado tipo, o no votaran. En cualquier caso, no dejaba de ser un absurdo que los principales aportantes fuesen tratados de igual forma que los que aportaron muy poco, por el hecho de que la sociedad –que adoptó uno de los tipos previstos en la ley- no se hubiera inscripto.
Cualquiera de los socios podía exigir, en todo momento, la disolución, cuyos efectos se producían, en principio, desde la última notificación fehaciente de su decisión a los restantes socios. Sin embargo, la ley otorgaba a éstos la posibilidad de decidir por mayoría de personas, dentro de los diez días de la última notificación, la regularización. Una vez adoptada esa decisión –en el angustioso plazo antes señalado- contaban con cincuenta días adicionales para suscribir el contrato constitutivo con adopción de alguno de los tipos, y solicitar su inscripción.
La solución legal era manifiestamente inconstitucional, por no constituir una reglamentación razonable del derecho de asociación reconocido por el artículo 14 de la Ley Fundamental, ni de las libertades de trabajar y comerciar, que comprenden el derecho de hacerlo en forma asociada. No se advertía la presencia de ningún interés público ni de terceros en negar a los socios derechos nacidos del contrato, salvo el interés de la ley en desalentar estas sociedades. Pero las leyes por sí solas no tienen –no deben tener- un interés propio, sino proteger intereses que no están en la ley. Las leyes no se sancionan para protegerse a sí mismas, sino para la tutela de derechos e intereses privados o sociales.
Cabe agregar que la sociedad –aun en su texto anterior a la ley 26.994- no sólo podía ejercer derechos de índole contractual ("emergentes de los contratos….", rezaba el texto legal), sino todos los que hubieran nacido de relaciones o situaciones jurídicas de cualquier índole, puesto que es un sujeto de derecho (artículo 30 del Código Civil; artículos 141 y 142 del Código Civil y Comercial[35]).
A título meramente ejemplificativo, la ley 24.977 de monotributo (artículo 2°) considera pequeños contribuyentes a las sociedades de hecho y comerciales irregulares (Capítulo I, Sección IV, de la ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y sus modificaciones), en la medida que tengan un máximo de tres (3) socios; la ley 11.683 considera sujetos pasivos de derechos tributarios –y correlativamente, de los derechos y garantías que esa ley reconoce- a "las personas jurídicas del Código Civil y las sociedades, asociaciones y entidades a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho" (art. 5, inciso b), por lo que las sociedades de hecho o irregulares revisten ese carácter[36].
El acápite 2.7. del anexo II dispone:
La conversión ope legis aquí prevista tiene un matiz distinto, porque para la ley es indiferente escudriñar cuál fue el fin práctico perseguido por las partes al constituir una sociedad atípica por omisión (“....omitir requisitos esenciales tipificantes”) o por adición (“...comprender elementos incompatibles con el tipo legal”). Sea cual fuere la intentio facti y la intentio iuris de los constituyentes, o lo que habrían querido si hubiesen previsto la nulidad, la sociedad nula por atipicidad deviene sociedad simple o residual, y no produce los efectos propios de su tipo.
El precepto recorta así la autonomía privada, y lleva a situaciones de inseguridad jurídica, por la dificultad de determinar qué elementos son incompatibles con el tipo.
Imaginemos una sociedad colectiva, en la que se estatuya un directorio colegiado –porque así lo hayan previsto los socios, al regular el régimen de la administración (artículo 127)- o que la participación social se represente en títulos libremente negociables, entendiendo los socios que la exigencia de consentimiento unánime para la transferencia de la parte (artículo 131) es una estipulación natural, pero no imperativa[37]. No entraremos a analizar si tales cláusulas son válidas o no; supondremos que no lo sean, y que ambas previsiones contractuales son incompatibles con el tipo regulado en los artículos 125 a 133 de la LGS. Tampoco evaluaremos las alternativas de que la autoridad a cargo del Registro decida hacer lugar a la inscripción o no. Lo cierto es que los fundadores quisieron constituir una sociedad colectiva, con cláusulas en principio extrañas al tipo pero que no violan ninguna norma de orden público, y quedan sujetas a un régimen jurídico distinto, aun en la hipótesis de que el Registro haya inscripto a la sociedad, sin observaciones.
El artículo 21 de la ley 19.550 reformada prescribe: “La sociedad que no se constituya con sujeción a los tipos del Capítulo II, que omita requisitos esenciales o que incumpla con las formalidades exigidas por esta ley, se rige por lo dispuesto por esta Sección.”
1- La sociedad atípica, que comprende
* la que, por instrumento escrito, no se constituya conforme a algunos de los tipos de la parte especial de la ley;
* la que se constituye explícitamente como sociedad simple o residual;
* Si faltan elementos necesarios para la configuración de un contrato válido –vicio del consentimiento; causa ilícita expresada en el instrumento- no opera la conversión legal, que presupone un acto jurídico válido o nulo por vicios formales o defectos de instrumentación o de tipicidad, pero que contenga en sí los elementos de un consentimiento prestado sin vicios que afecten al discernimiento, la intención, la voluntad, la capacidad, el objeto y la causa.
Los artículos 22 y 23 de la LGS contiene las reformas más importantes sobre este tópico, al purgar a la ley del vicio constitucional que afectaba al antiguo artículo 23: la ininvocabilidad de los derechos y defensas nacidos del contrato social. En sustitución, disponen:
Además de ser invocable entre los socios –la mejor reforma, a nuestro entender- el contrato social es oponible a los terceros si se acredita que lo conocieron efectivamente al tiempo de la contratación o del nacimiento de la relación jurídica obligatoria.
En este tópico, sigue las directrices del Código Civil y Comercial, que asigna efectos jurígenos al conocimiento, con independencia de la inscripción. Exaempli gratia:
* El artículo 157, segundo párrafo del nuevo ordenamiento dispone: “La modificación del estatuto produce efectos desde su otorgamiento. Si requiere inscripción es oponible a terceros a partir de ésta, excepto que el tercero la conozca.”
Hay una diferencia entre los preceptos del Código Civil y Comercial y la nueva LGS: co nforme a aquéllos, basta el conocimiento –real o presunto- de los terceros, para que pueda oponérseles el contrato o la representación; en cambio la ley general de sociedades, condiciona la oponibilidad a terceros del instrumento no inscripto, al conocimiento efectivo por aquéllos al tiempo de la contratación o del nacimiento de la relación jurídica obligatoria.
La exigencia de coetaneidad de la gnosis carece, a nuestro criterio, de justificación suficiente en las relaciones contractuales o provenientes de la declaración unilateral de voluntad, y no tiene ningún justificativo respecto de las relaciones extracontractuales. Analicemos ambos tópicos por separado:
Supongamos que un tercero, al momento de contratar o de recibir por endoso un título valor, desconoce por completo el contenido del contrato de la sociedad residual. Luego –desde un segundo después, hasta antes de la prescripción- se entera del contenido negocial, por intermedio de terceros, o como consecuencia de correspondencia epistolar sobreviniente ¿Por qué razón no puede la sociedad oponer las cláusulas de su contrato al tercero que ya lo conoce, aunque no lo haya conocido al momento del negocio jurídico, si ese desconocimiento no fue determinante de la contratación?
Nos situemos en la hipótesis de que un daño extracontractual es provocado por un dependiente, o por un vicio o riesgo de la cosa de propiedad de la sociedad simple o residual. Salvo situaciones excepcionales, el tercero no conoce al momento del hecho el contrato que liga a los socios de aquélla. ¿Por qué motivo la sociedad no puede invocar el contrato social, si éste consta en un instrumento no inscripto pero con fecha cierta?
Las estipulaciones concernientes a la representación[39] pueden ser invocadas entre los socios (artículo 23), como en general todo el contenido contractual (art. 22).
En las relaciones con terceros cualquiera de los socios representa a la sociedad exhibiendo el contrato
2.11.- Sustitúyese el artículo 24 de la Ley Nº 19.550, T.O. 1984, por el siguiente:
“Responsabilidad de los socios.
2.12.- Sustitúyese el artículo 25 de la Ley Nº 19.550, T.O. 1984, por el siguiente:
“Subsanación.
[11] “Para los actos bajo firma privada no hay forma alguna especial. Las partes pueden formarlos en el idioma y con las solemnidades que juzguen más convenientes” (art. 1020, C.C.).
[12] Artículo 958. “Libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres.”
[13] El art. 2249 del Código Civil italiano de 1942 consagró esa solución.
[14] Art. 2251; ver FRANCESCO GALGANO, “Derecho Comercial. Volumen II. Sociedades”, Ed. Temis, 1999, pág. 80
[15] GALGANO, obra y tomo citados, págs. 158-159.
[18] Autor, obra y tomo citados, p. 161.
[19] Autor, obra y tomo citados, pág. 164.
[20] Esos grandes países, líderes no sólo por sus niveles de ingreso per capita y por las dimensiones de sus economías, sino por la calidad de sus instituciones educativas, no desdeñan la teoría en las cuestiones que realmente lo justifican, pero son reacios a las macroconstrucciones dogmáticas propias de la filosofía y el derecho continentales.
[21] SERGIO LE PERA, “Joint Venture y sociedad”, 2ª reimpresión, Ed. Astrea, 1992, pág. 46.
[22] LE PERA, obra citada, pág. 46.
[23] Uniform Partnership Act, cf. LE PERA, obra citada, pág. 51-52.
[24] GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, “Derecho Societario. Tomo 6: Sociedades nulas, irregulares y de hecho”, Ed. Heliasta, 1997, págs. 266-267.
[25] Si la sociedad tenía objeto civil, siendo de hecho, quedaba regida por el régimen del Código Civil (CABANELLAS DE LAS CUEVAS, “Derecho Societario” –Parte General- Tomo 2, Ed. Heliasta, 1994, pág. 377; Tomo 5, págs. 393, y ss.).
[26] ADOLFO ROUILLON, “Reformas al régimen de los concursos”, Ed. Astrea, 1986, pág. 219 y ss., señala que “en la sociedad civil, regular o irregularmente constituida, los socios no están obligados solidariamente por las deudas sociales, si expresamente no lo estipularon así (art. 1747, Código Civil)...y por ende, es improcedente extender la quiebra de la sociedad civil a sus socios”. En igual sentido, QUINTANA FERREYRA-ALBERTI (“Concursos. Ley 19.551 comentada”, Ed. Astrea, 1990, Tomo 3, pág. 21), dicen: “...el...art. 1747 del Código Civil prescribe que los socios no están obligados solidariamente por las deudas sociales; de modo que tampoco serían responsables ilimitados, lo cual parece ser un grado de extensión supina de la calidad de deudor solidario”, concluyendo que “la quiebra de la sociedad civil no importa de la de sus socios” (pág. 21). VICTOR LUIS MONTESI (“Extensión de la quiebra”), Ed. Astrea, 1985, pág. 27 opinaba en forma coincidente: “En principio, la quiebra de la sociedad civil no importa la de sus socios porque éstos contraen responsabilidad limitada a una porción viril (art. 1747 del Código Civil)”.
[27] RICARDO NISSEN, "Ley de sociedades comerciales", Ed. Abaco, segunda edición, 1993, T.I, pág. 221; GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, "Introducción al derecho societario", pág. 363, Ed. Heliasta S.R.L., 1993; JOSÉ IGNACIO ROMERO, "Las sociedades irregulares y la reforma de la ley 22.903", Ed. Depalma, 1984, separata de la R.D.C.O., nºs 95 a 98, pág. 43.
[28] JULIO CESAR RIVERA, citado por LÓPEZ DE ZAVALIA en su "Teoría de los contratos", Zavalía Editor, 1995, T. 5, Parte Especial (4), pág. 505. También parece ser la opinión de JULIO CÉSAR OTAEGUI (“Invalidez de actos societarios”, págs. 185 y ss.): “La constitución de una sociedad de los tipos no autorizados por la ley es nula...sea por la inclusión de cláusulas repugnantes al tipo, o por la omisión de un requisito esencial tipificante. Esto significa que el vicio no es convalidable, pero no que el acto no produce efecto alguno. La norma en correlación con la LS, art. 7, 21 y ss., presente las siguientes facetas: 1. La invalidez de las sociedades atípicas, solución extendida en derecho comparado ante los inconvenientes planteados por la admisibilidad de las mismas...2. La producción de ciertos efectos, no obstante la invalidez, lo que hemos denominado un supuesto de ineficacia por inoponibilidad, con ciertas salvedades, conduce a la conversión del negocio jurídico...3. Los efectos son los que corresponden al régimen de la sociedad irregular...”
[29] CSN, Rieffolo Basilotta, Fausto", sent. del 5 de febrero de 1987, publ. en La Ley, 1987-D, pág. 719, Nº 214; CSN, 21 de Abril de 1992, “Parada, Aidée c. Norambuena, Luis E., La Ley, 1992-D, 30; Fallos, 307:518 -La Ley, 1985-C, 630 y sus notas.
[30] CSN, "Morcillo de Hermelo, Elena c/ Gobierno Nacional", sent. del 12 de Febrero de 1987, publ. en La Ley, 1987-D, pág. 719, Nº 215
[31] GERVASIO COLOMBRES, “Curso de derecho societario”, p. 62 y ss.
[32] Primer Congreso de Derecho Societario, libro de ponencias, Ed. Depalma; ponencias de los Dres. HECTOR CAMARA, IGNACIO ESCUTI, HORACIO ROITMAN, EFRAIN HUGO RICHARD, JOSE IGNACIO ROMERO y JUAN CARLOS PALMERO, "Regularización de sociedades de hecho", T.I., pág. 474; JOSE MARIA CRISTIA (h), T.I., pág. 559; etcétera.
[33] En sentido contrario, HÉCTOR ALEGRÍA y ANÍBAL M. REYES ORIBE, "Admisibilidad legal de la rescisión parcial en las sociedades irregulares, en caso de acuerdo unánime", ponencias, T.I., págs. 569-577; HÉCTOR CÁMARA, JOSÉ IGNACIO ROMERO y EFRAÍN HUGO RICHARD, "Limitaciones al derecho individual de requerir la disolución de la sociedad irregular o de hecho", ponencias, T.I., pág. 593.
[34] JOSE MARIA CRISTIÁ, "Regulación de las sociedades no constituidas regularmente", ponencias, pág. 559; HÉCTOR ALEGRÍA, "Necesidad de legislar posibilitando el saneamiento de la irregularidad societaria", ponencias, págs. 561-567, etcétera.
[35] Artículo 141.- Definición. “Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación.”
[36] Según la Resolución General N° 2337/2007, del 14/11/2007 - (B. O. 15/11/2007): Artículo 1º- “Las sociedades -incluidas las no constituidas regularmente y las de hecho-, asociaciones y las demás personas jurídicas y sujetos indicados en los incisos b) y c) del Artículo 5º de la Ley Nº11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, siempre que no se encuentren alcanzados por el procedimiento dispuesto en la Resolución General Nº2325 (AFIP) y Resolución General Nº5/07 (IGJ), a los fines de solicitar la inscripción ante esta Administración Federal, deberán observar en sustitución de lo previsto en la Resolución General Nº10, sus modificatorias y complementarias, las disposiciones que se establecen por la presente resolución general.”
[37] El artículo 131 de marras contempla la posibilidad del “pacto en contrario”, que puede recaer no solamente sobre la mayoría exigible para autorizar la cesión, sino sobre la libre cesibilidad.
[39] Además de las atinentes a la administración, organización y gobierno (arts. 22 y 23).
Publicado por Julio Rougès en 12:24

References: artículo 7
 artículo 1
 artículo 970
 artículo 958
 artículo 14
 artículo 21
 artículo 23
 artículo 157
 artículo 24
 artículo 25
 Artículo 958
 Artículo 141
 Resolución 
 Artículo 1
 Artículo 5
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 131