Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321123.html
Timestamp: 2019-03-19 23:32:39+00:00

Document:
as201321123
Auto Supremo: 123/2013
Expediente: PT-48-12-S
Partes: José Antonio Rodríguez Quinteros y otros Compañía Minera Sumaj Orcko “COMISO” S.A. c/ Alan Edgar Pinto Landaeta. Corporación Minera de Bolivia COMIBOL
Proceso: Cumplimiento de Transacción.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma cursante de fs. 1011 al 1027 de obrados, interpuesto por Gilberto Julio Mirabal Aguilar y Patricia Villca Quinteros en representación de Alan Edgar Pinto Landaeta, Presidente Ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL contra el Auto de Vista Nº 199/2012 de 18 de octubre 2012, cursante de fs. 992 a 993 y vlta. pronunciado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso ordinario de cumplimiento de transacción seguido por la Compañía Minera Sumaj Orcko COMISO S.A. a través de sus representantes en contra de la entidad recurrida COMIBOL, los antecedentes procesales; y,
Que, mediante Sentencia Nº 232/2008 de 17 de mayo 2012, el Juez Cuarto de partido en lo Civil y Comercial de la capital, declaró:
1.- Probada en parte la demanda de cumplimiento de transacción, de 12 de octubre 2001, debiendo darse ejecución a la cláusula cuarta punto 2) en lo relativo a la Comisión de Minería y Geología incluyendo minerales en rajos y en parrilla producidos por COMISO S.A., sobre los informes técnicos elaborados por la comisión conformada de fechas 21 de noviembre 2001, 7 de diciembre 2001 y 19 de agosto 2002 y que se traducen en: a) reconocimiento de las reservas mineralizadas que dejó COMISO por la explotación de las minas que hubo arrendado de COMIBOL; b) reconocimiento del costo de mineral quebrado que COMISO dejó en parrilla cuyo valor y tonelaje se estableció por informe técnico; c) reconocimiento de que se produjo una explotación clandestina de minera de la veta Potosí (arrendada a COMISO S.A.) porque COMIBOL no garantizó ni mantuvo la quieta y pacífica posesión, lo que ocasionó un lucro cesante que debe ser cubierto y averiguado en ejecución de Sentencia; d) que el canon de arrendamiento como obligación de COMISIO S.A. fue satisfecho íntegramente e igualmente el alquiler por concepto de arrendamiento de la planta de trituración no es obligación de COMISO S.A.; h) De existir rubros no cuantificados en los informes, luego de su reconocimiento judicial sean valorados en ejecución de Sentencia para supago a favor de la parte demandante.
2.- Declaró improbada la demanda incoada por COMISO S.A. en contra de COMIBOL en cuanto a emitir pronunciamiento judicial con referencia a la resolución Nº 3458/2006 de 23 de junio 2006, ni retención judicial de $us.47.450,87 dispuesta por el Juez de Trabajo y Seguridad Social en fecha 8 de agosto 2003 que se imputarían a los derechos de crédito nacidos del contrato de arrendamiento de fecha 20 de septiembre de 1994 a favor de COMISO, por no haberse demostrado o acreditado documentalmente.
3.- Improbada en todas sus partes la demanda de nulidad de documento privado de acta de compromiso de conciliación incoada por COMIBOL contra COMISO S.A.
4.- Probadas las excepciones de falta de derecho y mérito en la Corporación Minera de Bolivia al interponer su demanda de nulidad; de legalidad y cosa juzgada de la transacción de 12 de octubre 2001.
Deducida la apelación por la Corporación Minera de Bolivia, a través de su representante Patricia Villca Quinteros, los antecedentes fueron remitidos ante el Tribunal de Segunda Instancia, que por Auto de Vista Nº 199/2012 de 18 de octubre 2012, cursante de fs. 992 a 993 y vlta., confirmó íntegramente la Sentencia apelada.
En conocimiento de la determinación adoptada por el Ad quem, COMIBOL, a través de sus representantes Gilberto Julio Mirabal Aguilar y Patricia Villca Quinteros, interpusieron recurso de apelación tanto en el fondo como en la forma, mismo que se pasa a considerar.
1.- Afirman que el Auto de Vista impugnado que confirma la Sentencia de 17 de mayo 2012, desde su admisión ha incurrido en nulidad, ya que se admitió y resolvió una demanda en base a un documento nulo de pleno derecho, sin considerar la nulidad prevista en el art. 505 del Código Civil y art. 122 de la Constitución Política del Estado. De otro lado también manifiestan que al aceptarse una demanda que se funda en un documento nulo que a su vez fue base para la Sentencia y Auto de Vista, se ha dejado en absoluta indefensión a COMIBOL y por ende se vulneró el debido proceso.
2.- Acusan también de falta de fundamentación en el Auto de Vista recurrido que es semejante a un telegrama careciendo de fundamentos legales para sustentar la decisión de confirmar la Sentencia de Primera Instancia. Señala que el mismo no se ha pronunciado sobre el punto 1, 2, 4, 5, 6, desarrollando cada uno de estos.
1.- Indican que el Ad quem hubiera incurrido en error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba, en lo que corresponde a la cursante de fs. 35 a 36 referida a la Resolución del Directorio General de COMIBOL Nº 2195/2011 de 4 de julio 2001, por el cuál se resuelve el contrato suscrito con COMISO S.A. y de la que se puede observar que el Directorio General de COMIBOL es la máxima instancia de decisión, al cual está supeditado los actos del Presidente Ejecutivo, funcionario que si bien puede adoptar medidas necesarias correspondientes, no podría suscribir ni firmar documentos en los que se compromete los intereses de COMIBOL y por ende del Estado, sea de conciliación o de transacción; aspecto que ha sido establecido como criterio forzado por parte del A quo y confirmado por el Ad quem.
2.- Señala que ha existido violación, interpretación errónea, aplicación indebida de la ley y disposiciones contradictorias en la Sentencia, de los arts. 945, 946, 510, 511, 513, 514, 520, 521, 291 y 1465 del Código Civil, concernientes a la “transacción”, naturaleza, eficacia e interpretación de los contratos y en la que se hace una diferencia entre “conciliación” y “transacción” y que respecto a esta normativa el A quo concluyó considerando que el Acta de compromiso de conciliación tiene fuerza de ley por constituir una transacción, lo que resulta una verdadera equivocación, si se toma en cuenta que el documento se refiere únicamente a “compromiso de conciliación”.
Indican que el art. 946 es claro al mencionar que para efectuar una transacción necesariamente debe existir capacidad de disposición sobre los bienes comprendidos en la transacción y en el caso presente COMIBOL no puede disponer de sus bienes con un documento de compromiso de conciliación sin ninguna clase de aprobación previa, toda vez que se habla del reconocimiento de reservas mineralizadas, reconocimiento de mineral quebrado que COMISO dejó en parrilla con valor y tonelaje, no existiendo norma alguna en la que el juez pueda basarse para determinar que COMIBOL podía transar sobre estos rubros de tipo netamente económico y que directamente afectan a COMIBOL.
Por lo anterior señalado solicita en cuanto al recurso de casación en la forma, se anule obrados hasta la admisión de la demanda de cumplimiento de transacción y efectos consiguientes planteados por COMISO S.A. o hasta el vicio más antiguo en su caso anulando el Auto de Vista Nº 199/2012 o incluso la Sentencia de 17 de mayo 2012. Y en cuanto a la casación de fondo, impetra se case el Auto de Vista Nº 199/2012 y pronunciándose en el fondo se declare probada la demanda de nulidad de acta de compromiso de conciliación de 12 de octubre 2001 e improbada en todas sus partes la demanda de cumplimiento de transacción.
Que, conforme señala el art. 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, derecho que se efectiviza una vez que el Tribunal al que se acude responde a los motivos de su impugnación, respuesta que además debe ser motivada y fundamentada, aspecto que se tiene desarrollado por el Tribunal Constitucional a través de la SC-0758/2010-R, que señala: “La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las Resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías”. En ese orden, también es preciso destacar que este Tribunal Constitucional a través de la SC 0632/2010-R de 19 de julio, entre otras, aclaró que: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”. En el caso de Autos y de la revisión del recurso de apelación que cursa de fs.956 a 964 y vlta. la entidad recurrente expuso los agravios que el Auto de Vista Nº 199/2012 extraña, no siendo evidente que dicho recurso carezca de la fundamentación exigida, evidenciándose además contradicción en la resolución que emite el Tribunal de Alzada, en dos situaciones concretas:
Primero, señala que la apelación de la Sentencia carece de fundamentación exigida por las normas legales y obvia las características propias de una expresión de agravios y por otra concluye en su parte resolutiva confirmando la Sentencia sobre la base del análisis de dos puntos señalados en la apelación (agravios).
Segundo, afirma el Ad quem que no existe exposición de motivos y razones de hecho y derecho que amerite consideración alguna de agravio sufrido y contradictoriamente, en el numeral 4 y 5 de la Resolución define qué es la transacción y sobre la nulidad pretendida por la parte demandada, afirma que sólo habrá nulidad cuando la irregularidad esté referida a una forma procesal “esencial” y no a una forma procesal “accidental”; de lo que se concluye que el Ad quem si afirmó no existir motivos y razones que ameriten la consideración de algún agravio sufrido, no debió dar respuesta a ningún punto de la apelación, mucho menos hacerlo de manera general y sin fundamentación, por lo que al considerar de manera parcial solo algunos de los puntos a los que ha referido la entidad demandante, ha contravenido lo previsto en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el Auto de Vista no se ha circunscrito a resolver los puntos que fueron objeto de apelación de manera total.
Que, el Tribunal de Alzada, negó el derecho a la impugnación que tiene todo litigante, así como el derecho a recibir una respuesta al petitorio efectuado, sea ésta afirmativa o negativa, pero debidamente fundamentada, aspecto que es corroborado por la SC 0962/2010-R cuya línea jurisprudencial respecto al derecho de petición puntualiza: “…debe entenderse el mismo como la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o Resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas…el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa”; asimismo la SC-1068/2010-R, refirió: “La Constitución Política del Estado actual ha ubicado a este derecho en el art. 24, dentro de la categoría de los derechos civiles, pues se entiende que parten de la dignidad de las personas entendiendo que cuando se aduzca el derecho de petición, la autoridad peticionada, ya sea dentro de cualquier trámite o proceso, éste tiene el deber respecto a otros individuos de responder en el menor tiempo y de forma clara. En resumen las autoridades vulneran el derecho de petición cuando: a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado”. (el subrayado es nuestro); y la SC 0195/2010-R que determina sobre el derecho a la petición, que: “…no necesariamente debe ser de carácter positivo o favorable, sino también de negativa o de rechazo, siempre y cuando sea fundamentada".
Por otra parte, se evidencia de manera inobjetable que el Ad quem al no cumplir con su labor efectiva de responder a los agravios expuestos en el recurso de apelación de la entidad ahora recurrente y menos emitir una resolución fundamentada y motivada; ha producido en los demandados desconocimiento de cuál el razonamiento jurídico que tiene el Tribunal de Segunda instancia para adoptar determinada Resolución.
Por las razones expuestas, corresponde a este Tribunal fallar conforme dispone los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 271 núm. 4) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 199/2012 cursante de fs. 992 a 993 y vlta. y dispone que el Tribunal de Alzada, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva Resolución con arreglo a lo previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.
Se exhorta al Tribunal de Alzada, observar el principio de pertinencia y el derecho a la tutela judicial efectiva, en virtud al cual las partes pretenden una respuesta o Resolución fundamentada a la impugnación que deducen.

References: resolución 
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