Source: https://es.scribd.com/doc/25359754/amparo-agrario
Timestamp: 2016-04-30 16:30:07+00:00

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Esta nueva forma de ver las cosas, que impuso un "modo" y "un estilo" distintos, perduró mucho tiempo. Fue definitoria y decisiva de la gran etapa de la reforma agraria entendida, primordialmente, como distribución de tierras. En torno al presidente, eje de las decisiones finales -en más de un sentido- y "suprema autoridad agraria", como dijo la antigua fracción XIII del artículo 27 constitucional, giraban los órganos auxiliares, con mayores o menores potestades. Esos órganos, personajes de la complicada trama, con títulos adecuados para intervenir en el proceso, fueron los gobernadores de los estados, el departamento o Secretaría de la Reforma Agraria -que había sido Departamento Agrario, o de Asuntos Agrarios y Colonización-, el cuerpo consultivo, las centrales campesinas, las comisiones agrarias mixtas, los comités particulares ejecutivos, los comisariados ejidales. Los tribunales permanecieron fuera de la escena, con la salvedad relativa de los órganos de la justicia federal de amparo, cuya intervención siguió la suerte oscilante y peculiar del amparo agrario. Así se hallaban las cosas cuando llegó la reforma constitucional de 1992. En efecto, la "cuestión agraria", un enorme problema de justicia -para seguir el hilo de las monstruosas injusticias que caracterizaron este sector de nuestra vida civil, como otros, recuérdense las aleccionadoras descripciones de Mariano Otero y Ponciano Arriaga-, se resumió inicialmente en el reparto de la tierra. La acaparación de los bienes rurales en formas de latifundismo que mucho se asemejaban, mutatis mutandis, a las encomiendas coloniales (entrega de tierras, operarios y poder sobre unas y otros), había de remediarse con la devolución a los despojados y la dotación a los peones del campo. "Toda la tierra y pronto", fue la nerviosa divisa de Cabrera. Había que repartir la tierra, y en este empeño cifraron su energía agrarista varios gobiernos de la etapa reconstructora. La distribución no podía verse frenada por procedimientos laberínticos -aunque éstos llegaron, -trámites prolongados que también proliferaron- y resoluciones formalistas. Si la tierra debe pertenecer a quien la trabaja, y México era una república de trabajadores del campo, había que difundir la tenencia de la tierra con celeridad y firmeza irrevocable. Cualquier dique a este torrente sería visto como perturbador y
contrarrevolucionario. Andando el tiempo, el reparto amainó el paso y surgieron los "otros temas" del agro, cada vez más urgentes: insumos, crédito, tecnología y seguridad jurídica. El énfasis se trasladó de las instituciones a cargo del reparto, a las instituciones -establecidas o por establecerse- a cargo de esos otros bienes, tangibles o intangibles, pero determinantes de la suerte que corrieran el campo y los campesinos. Veamos ahora la petición de tribunales agrarios. No tiene caso traer a cuentas la división de poderes, criatura de la experiencia inglesa y garantía de la Constitución, como advirtió con rigor la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, de 1789. El hecho es que, pese al descrédito de los tribunales ordinarios -que suscitó el descrédito de los tribunales "en general" para los hombres del campo y la fábrica-, hubo con frecuencia solicitudes para el establecimiento de tribunales en materia agraria. Un notable precedente de esta pretensión se halla nada menos que en el Plan de Ayala, que previó la existencia de "tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la Revolución", ante los que llevarían sus reclamaciones "los usurpadores que se consideren con derecho" a los bienes inmuebles transmitidos a los campesinos despojados. A partir de ahí, con regular frecuencia y acento diverso, hubo planteamientos en favor de los tribunales. Fueron asunto de reuniones especializadas, como el Primer Congreso Revolucionario de Derecho Agrario (México, 1959), el Congreso Nacional Agrario (Toluca, 1959) y el VIII Congreso Mexicano de Derecho Procesal (Jalapa, 1979). Esta corriente despuntó discretamente, asimismo, en las reformas de 1982 al artículo 27 constitucional (fracción XIX). Al llegar 1992, el gobierno fraguaba la reforma constitucional en materia agraria. Llegaban a ella tensiones y expectativas que se habían desarrollado en los años previos. El proyectista resumió los datos que sustentarían la reforma en un breve conjunto, sobre el que se montó la exposición de motivos de la iniciativa de ese año: incremento general de la población, destinataria final de una producción agrícola que debía ser cada vez más abundante y oportuna; aumento de la población campesina: no en números relativos -donde se presenta un decremento drástico-, sino en números absolutos; agotamiento de
la tierra disponible; pulverización o atomización de las propiedades rurales o áreas de tenencia; insuficiencias en la economía del campo; incompetencia para afrontar las circunstancias y las demandas del mundo globalizado. El efecto de esos factores se concentró en una palabra: injusticia. Estos fueron algunos precedentes del movimiento favorable a la judicialización de las controversias agrarias, que finalmente se acogió en la reforma constitucional de 1992. Los procesalistas suelen distinguir diversas categorías en la tipología procesal: pública, privada y social, con venas comunicantes entre unos y otros. El proceso agrario reviste carácter social, en la medida en que fue concebido para rescatar los derechos de un sector desvalido. Por ello debe pretender la igualdad por compensación -para emplear los términos de Couture-, concepto que arraiga en la justicia social y en la certeza de que los desiguales no deben ser tratados como iguales. Si lo fueran, se consumaría una nueva injusticia. Es preciso restablecer el equilibrio a través de sistemas de defensa material -no meramente formal- que se incorporan a la ley y rigen la conducta procesal de los juzgadores. Esto no milita contra la justicia, sino en su favor. Implica la posibilidad de hacer justicia de veras, en el caso concreto, bajo la luz de la equidad. 1 En efecto, que tan importante ha sido el reparto de tierras en México, que en el escudo del estado de Puebla se dibujó una mano desnuda en cuya palma se advierte una milpa o verdura que representa el primer reparto agrario efectuado al amparo del Plan de Ayala, suscrito en Ayuxuxtla de Zapata Puebla el 28 de Noviembre de 1911. 2 De esa guisa, el amparo agrario fue creado en los tiempos del presidente López Mateos, para hacer efectiva la justicia social en ese ámbito, sin embargo, muchos piensan que el juicio de amparo en materia agraria ya no tiene razón de ser, no existe o es anacrónico, nada de eso, hoy día todavía hay ejidos y sigue existiendo la justicia agraria, pensar que después de la reforma
Cfr http://www.tribunalesagrarios.gob.mx/notas/Origen.html Cfr http://www.emexico.gob.mx/work/EMM_1/Puebla/21000a.htm
constitucional del artículo 27, relativa a que se podría desaparecer el ejido y transformarse en pequeña propiedad se haría en todos lados es una fantasía. Cierto, debe de tomarse en cuenta que si ese fuera el caso ya no habría tribunales agrarios ni en los juzgados de distrito y tribunales colegiados se recibieran juicios de amparo en materia agraria, pero, también se debe entender que ahora las nuevas figuras jurídicas y el reconocimiento de que antes no era “tutelar” la defensa de los campesinos ejidatarios, sino una máscara para tener votos y sujetos leales a los intereses de los líderes campesinos, hecho que se palpa al saber que hoy día es aplicable la caducidad en materia agraria, independientemente de quien haya promovido el amparo, lo anterior conforme a las siguientes jurisprudencias: Registro No. 185436 Tesis: 2a./J. 138/2002 “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 198 DE LA LEY AGRARIA Y 9o., FRACCIONES I, II Y III DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA POR INACTIVIDAD PROCESAL, PUES ESA DECISIÓN NO SE IDENTIFICA CON LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN LAS FRACCIONES I, II Y IV DEL NUMERAL 18 DE LA MENCIONADA LEY ORGÁNICA. De la interpretación sistemática de los artículos citados, se desprende que el recurso de revisión, competencia del Tribunal Superior Agrario, es un mecanismo de defensa cuya procedencia es excepcional y que no es apto para impugnar toda resolución que dicten los Tribunales Unitarios Agrarios que le son inferiores en grado, sino exclusivamente para controvertir sentencias que decidan en el fondo sobre acciones en materia de: 1) conflictos de tierras entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, o entre uno o varios sujetos colectivos de derecho agrario y uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones; 2) restitución de tierras, bosques y aguas; y/o 3) nulidad de actos de autoridades estatales en materia agraria. En ese orden de ideas, si las resoluciones que declaran la caducidad de la instancia en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, no se identifican con alguno de los supuestos previstos en el artículo
18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, dicho recurso resulta improcedente contra ellas.” CT 99/2002-SS. Registro No. 185437 Tesis: 2a./J. 139/2002
“CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.” CT 99/2002-SS. En efecto, de los anteriores criterios se observa una nueva óptica que tiende a aplicar, ahora sí, la celeridad en los juicios agrarios, recordemos como en épocas pasadas era del conocimiento general que los juicios agrarios y sus amparos tardaban años en resolverse, situación que hoy día, conforme a las tesis trascritas se trata de abatir, pues lo importante ahora es la celeridad procesal, así, se están acabando los abogados que tenían por años el asunto, y el consabido “negocio”, pues siempre obtenían algún recurso o medio de defensa que alargara el procedimiento, situación que hoy día en algunos profesionales del derecho se presenta, pero son los de la vieja guardia, pues a
nadie, en este día, le conviene tener tierras ociosas, cosa que con anterioridad si “convenía”, pues los campesinos seguían recibiendo recursos del gobierno federal, por el simple hecho de ser “campesinos”, de ahí el nuevo punto de vista que permite que la tierra pueda ser incluso vendida y que sea diversos los tribunales que conozcan de la esencia de esas tierras, en términos de las siguientes jurisprudencias: No. Registro: 194,588 Tesis: 2a./J. 6/99 “SOLAR URBANO TITULADO. LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN POR SU TENENCIA. De conformidad con lo dispuesto por la Ley Agraria en vigor, en particular por su artículo 69, se consolida el derecho de propiedad respecto de un solar de la zona de urbanización del ejido con la expedición del título oficial correspondiente y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, de tal manera que queda fuera de las prescripciones de las leyes agrarias, como lo confirma la circunstancia de que la propia ley reconoce la prescripción positiva, la enajenación y la embargabilidad de los lotes urbanos de un ejido; de tal suerte, que si se otorgó a una persona el título de propiedad de determinado solar, esta propiedad no se comprende dentro de las previsiones de las leyes agrarias y, en consecuencia, su titular ya se trate de un ejidatario o de quien no tiene ese carácter, en caso de menoscabo o perturbación del dominio no puede recurrir a las autoridades agrarias para obtener la protección de su derecho, sino que debe acudir a las autoridades judiciales del fuero común, mediante el ejercicio de la acción que corresponda.” CT 17/98. No. Registro: 194,589 Tesis: 2a./J. 5/99 “SOLAR URBANO NO TITULADO, EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS POR SU TENENCIA. De la Ley Agraria en vigor, título tercero, capítulo II, sección cuarta, que comprende los artículos 63 a 69 relativos a las tierras del asentamiento humano, se infiere que una vez consolidado el derecho de propiedad respecto de un solar de la zona de urbanización del ejido, el mismo queda fuera de las prescripciones de las leyes agrarias, como
lo confirma la circunstancia que la propia ley prevé, de que procede la prescripción positiva, la enajenación y la embargabilidad de los lotes urbanos de un ejido; de tal suerte, que si se otorgó a una persona el título de propiedad de determinado solar, esta propiedad no se comprende dentro de las previsiones de las leyes agrarias y, en consecuencia, su titular ya se trate de un ejidatario o de quien no tiene ese carácter, en caso de menoscabo o perturbación del dominio no puede recurrir a las autoridades agrarias para obtener la protección de su derecho, sino que debe acudir a las autoridades judiciales del fuero común, mediante el ejercicio de la acción que corresponda. Lo anterior significa que mientras el ejidatario o avecindado únicamente tenga la posesión de un solar sin habérsele expedido aún el título de propiedad correspondiente, tal predio seguirá sujeto al régimen ejidal y, por tanto, los conflictos que deriven del mismo, deben ser legalmente resueltos por los Tribunales Unitarios Agrarios.” CT 17/98. Hoy, la propiedad social de ejidos y de comunidades comprende 52% del territorio nacional, esto es, alrededor de 103 millones de hectáreas de la superficie del territorio nacional. La Ley Agraria expedida en 1992 y vigente en la actualidad, tiene aplicación directa sobre la propiedad social, ejidal y comunal y, en algunos casos, sobre la propiedad privada plena, como lo es en el caso de las excedencias a los límites, en la adquisición del dominio pleno, y otros aspectos. Debemos precisar que la propiedad social es una modalidad de la propiedad privada consagrada por la Constitución Política, que esta modalidad de la propiedad privada cuenta con una regulación federal, esto es, que cuenta con una ley propia y no local, por el contrario, como son los códigos civiles; que cuenta con características y limitaciones establecidas en la ley específica que le rige, la Ley Agraria, y por ello, requiere de un control documental específico a cargo del Registro Agrario Nacional, en contrapartida del Registro Público de la Propiedad local. Redondeando, diríamos que el régimen de la propiedad social de ejidos y comunidades es un régimen de propiedad privada a nivel federal, con normatividad propia y con un control y una administración especializada. Las características particulares de la propiedad social y en general las de los hombres del campo que son sus titulares, donde también podemos comprender
a los propietarios privados, conjuntándolos en la naturaleza de su propiedad rural, hacen necesaria la existencia de una institución defensora de sus derechos, así como de órganos jurisdiccionales especializados que resuelvan las controversias que resulten de la aplicación de dicha normatividad y de la tutela de aquellos derechos,
tales tribunales se encuentran ya dentro del
organigrama de la administración pública federal, y que los interesados pueden impugnar sus resoluciones en la vía de amparo, cuando sea procedente, Ahora bien, hablemos de la tramitación del amparo directo en materia agraria. Cierto, en forma genérica, la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales traza los rasgos fundamentales de la tramitación del amparo directo, abocándose a su reglamentación en el título tercero, que se refiere a los juicios de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, por este motivo, y por lo genérica que es la ley en cuanto a su tramitación, muchas de las problemáticas que se presentan en esta etapa inicial que se sigue ante la autoridad responsable, tienen que ser resueltas a través de la jurisprudencia establecida por la Corte y Tribunales Colegiados. En efecto, la Ley de Amparo, en el capítulo I (arts. 158 a l65), expone las disposiciones generales para su tramitación y procedencia; en el capítulo II (arts. 166 a 169) concreta los requisitos de la demanda y su presentación, y en el capítulo III (arts. 170 a 176) regula sobre la suspensión del acto reclamado. Ahora bien, el artículo 163 de la ley de la materia, dispone que “la demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable que lo emitió...”, relacionado con este precepto, el diverso previsivo 165 establece que “la presentación de la demanda en forma directa, ante autoridad distinta de la responsable no interrumpirá los términos a que se refieren los artículos 21 y 22 de esta ley”. En este sentido, y de una correcta interpretación de los preceptos antes invocados, se precisa que las únicas autoridades legalmente autorizadas para recibir demandas de amparo directo y proveer sobre tal presentación, son aquellas que hayan dictado o emitido la sentencia definitiva, laudo o resolución que pongan fin al juicio, lo que lleva a concluir —y así lo ha determinado la doctrina y jurisprudencia— que si una
Cfr http://www.pa.gob.mx/publica/rev_22/Isaías%20Rivera.pdf
demanda de garantías se plantea en vía directa ante autoridad distinta de la responsable, sólo por error o desconocimiento en la materia, deberá considerarse que el término establecido por los artículos 21 y 22 sigue transcurriendo y en consecuencia, cuando se intente la vía biinstancial, la demanda, luego entonces, se considerará interpuesta extemporáneamente. En este rubro, es importante destacar que en la práctica son muchas las ocasiones en que los accionantes de la justicia federal confunden la vía mediante la cual se intenta obtener el amparo y protección de la justicia, así, tramitan el juicio de amparo directo cuando la procedencia correcta es la vía indirecta y viceversa. Ante esta problemática, que se insiste es muy común en la tramitación del amparo agrario, existen diversos criterios —ya sea que se sustenten en tesis o constituyan jurisprudencia— respecto a la improcedencia de la demanda de amparo por extemporaneidad, y ellos pueden encuadrarse en la siguiente clasificación: a. El criterio más recurrente, se contiene en tesis jurisprudenciales que sostienen que al no existir precepto legal alguno que autorice a considerar como extemporáneo el amparo que por error fue interpuesto dentro del plazo legal ante una autoridad incompetente, su presentación interrumpe el término que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo. b. Los Tribunales Colegiados han sustentado el criterio de que el Juez de Distrito no debe estimar extemporánea la demanda de amparo, si ésta se presentó ante la autoridad responsable en vía directa y por determinación posterior de un Tribunal Colegiado se establece que la parte promovente equivocó la vía; sin embargo, y en contraposición a lo expresado líneas antes, tal criterio sólo se sustenta en casos en los cuales sea discutible la procedencia de la vía, por lo cual no debe hacerse extensivo a los casos en que por mero desconocimiento del derecho, se intenta la vía errónea. c. No obstante lo anterior, el criterio más reciente y aplicable que sostiene la Corte en pleno en la tesis jurisprudencial 1/95, visible a páginas 9 y 10 del Anexo al informe de labores de 1995, bajo el rubro “Amparo directo planteado como indirecto. Para determinar la oportunidad en su promoción, debe atenderse a la fecha de presentación de la demanda ante el juzgado de distrito”, en su parte medular, de acuerdo con lo previsto por el artículo 49 de la Ley de Amparo y acorde con la interpretación de este precepto, permite
concluir que se refiere al caso en que la parte quejosa equivoca la vía, promoviendo amparo indirecto respecto de los actos contra los cuales procede amparo directo, y dado que dicha equivocación no imposibilita la defensa del quejoso, debe considerarse que se interrumpe el término legal de presentación de la demanda de garantías y, por tanto, a fin de determinar la oportunidad de su presentación, debe atenderse a la fecha en que se presentó ante el Juzgado de Distrito y no a aquella en que la reciba el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, sin que resulte aplicable el artículo 165 de la invocada ley, toda vez que su contenido no se refiere al caso de equivocación de la vía, sino al de una demanda planteada como amparo directo pero que se presenta ante autoridad distinta a la responsable. Algunos aspectos importantes que reconoce la jurisprudencia en cuanto a las facultades de la autoridad responsable en la tramitación de la demanda de amparo directo son los siguientes: 1) Deben, presentado el escrito de demanda y sus copias, remitirlo invariablemente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, sin importar a quien lo haya dirigido la parte quejosa. 2) Carece de facultades legales para desecharla, fijar competencias o proveer en dicho escrito, excepción hecha de lo relativo a la suspensión del acto reclamado. 3) Tendrá la obligación de hacer constar, al pie del escrito de demanda, la fecha en que se notificó al quejoso la resolución reclamada y la de presentación del escrito, requisito que no debe faltar, aun cuando en el oficio de remisión se hagan constar estos datos (arts. 163 y 164). De lo anterior, se puede concluir que la función de la responsable en cuanto a la presentación de la demanda está concretamente determinada, y sólo debe limitarse a: • Recibir la demanda. • Revisarla íntegramente. • Acordar el emplazamiento a la parte tercero perjudicada. • Pronunciarse sobre la procedencia de la suspensión del acto reclamado. • Integrar debidamente el expediente de amparo. • Remitir íntegro el expediente de donde emana el acto reclamado.
• Rendir informe justificado. • Remitirlo adjunto a los emplazamientos, expediente agrario y demanda. Ahora bien en lo que atañe al impetrante, podemos decir que el artículo 166 de la ley de la materia establece una serie de requisitos que debe cubrir la parte quejosa para la procedencia de su demanda de amparo, sin embargo, en materia agraria el juicio de amparo, de carácter eminentemente tutelar y protector, ofrece una gran simplificación de estos requisitos a los promoventes a grado tal, que la suplencia de la queja en el amparo social agrario se extiende no sólo a la queja misma y sus exposiciones, comparecencias y alegatos, ofrecimiento o recolección de oficio de pruebas, omisión de exhibir las copias requeridas por el artículo 167, sino a suplir la queja aun cuando no se expresen conceptos de violación o agravios, como así lo ha sostenido la corte en la tesis “Agrario. Suplencia de la queja. La falta de conceptos de violación o agravios en la demanda o escrito de revisión, respectivamente, constituyen la máxima deficiencia” y en su parte conducente expresa: “…Esta suplencia opera no sólo cuando los conceptos de violación y agravios sean deficientes; o sea, se omita alguno de ellos, sino también cuando no se expresen conceptos de violación en la demanda o agravios en el escrito de revisión, que es lo que constituye la máxima deficiencia de la queja; pues basta para que el órgano judicial pueda o deba suplir la deficiencia de la queja, que se haya promovido el juicio de garantías o interpuesto el recurso de revisión.” 4 Para continuar con el tema se transcribirá una sentencia de amparo en revisión, para mejor conocimiento del tema: AMPARO EN REVISIÓN: R. A. ___/2004. RECURRENTE Y QUEJOSA: ___ MAGISTRADO RELATOR: SECRETARIA: México, Distrito Federal. Acuerdo del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente al día_____. VISTOS Y RESULTANDO:
Cfr http://www.pa.gob.mx/publica/rev_22/Gabriela%20Hernández.pdf
PRIMERO.- Por escrito presentado el catorce de agosto de dos mil tres, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, LA QUEJOSA, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, por considerar violadas, en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en contra de las autoridades y por actos que a continuación se detallan: "AUTORIDADES RESPONSABLES: 1) Como ordenadora, el Tribunal Unitario del Octavo Distrito en el Distrito Federal. 2) Como ejecutora, la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Distrito Federal. ACTO RECLAMADO: 1) De la autoridad señalada como ordenadora, las actuaciones de privación de derechos agrarios que como ejidataria me corresponden respecto del certificado número 775490, del poblado Huipulco, Delegación Tlalpan, Distrito Federal, particularmente la Resolución de fecha 19 de septiembre de 1991, publicada en el Periódico Oficial del Distrito Federal el 24 de febrero de 1992, así como todas las consecuencias legales que deriven de tal acto reclamado.- 2) De la autoridad señalada como ejecutora, reclamamos el cumplimiento e inscripción de dicha Resolución dictada por la señalada Comisión Agraria Mixta de fecha 19 de septiembre de 1991 y cada una de sus consecuencias legales, como lo son la cancelación del Certificado de Derechos Agrarios número 775490 a nombre de la suscrita quejosa del poblado Huipulco, Delegación Tlalpan, Distrito Federal". En la demanda de garantías se estimaron violados los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y no se señaló tercero perjudicado. SEGUNDO.- Como antecedentes, la parte quejosa señaló los siguientes: "1.- Con fecha 10 de marzo de 1986, la Comisión Agraria Mixta emitió resolución en el expediente número 36-XXII-P.D.A., relativo a la Privación y Reconocimiento de Derechos Agrarios del Ejido de Huipulco, Delegación Tlalpan, Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal, que fue 15 de
abril del mismo año, resolución que fue impugnada por los integrantes del Comisariado Ejidal en funciones a través del recurso de inconformidad ante el Cuerpo Consultivo Agrario, quien en fecha 23 de febrero de 1989, emitió resolución que revocó la emitida por ese órgano Colegiado para efectos de que se repusiera totalmente el procedimiento llevado a cabo.- - - 2.- Por oficio número 185 bis, de fecha 16 de enero de 1991, el C. Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Distrito Federal, remitió a esta Comisión Agraria Mixta el expediente integrado con la documentación resultante de la Asamblea General Extraordinaria de Ejidatarios, celebrada en el núcleo agrario que nos ocupa, el día 17 de noviembre de 1990, en cumplimiento a la resolución emitida por el Cuerpo Consultivo Agrario.- - - 3.- La Comisión Agraria Mixta al estudiar el expediente y los elementos consideró procedente la solicitud formulada por la Asamblea General Extraordinaria, por lo que con fundamento en el artículo 426 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, en fecha 17 de enero de 1991, inició el Procedimiento de Privación de Derechos Agrarios de los campesinos propuestos por la Asamblea que cubrieran los requisitos existentes por la ley.- - - 4.- La referida Asamblea manifiesta que ante la necesidad de depurar el Censo de Ejidatarios, solicita se priven de sus derechos y se cancelen los correspondientes certificados a 119 ejidatarios entre los cuales se encuentra la suscrita, en razón de haber recibido supuestamente algunos beneficios en especie y en efectivo derivados de la tierra, situación que en ningún momento es cierta, toda vez que la suscrita siempre ha estado en posesión y usufructuando las tierras que amparan el certificado número 775490, mismo que me ampara como ejidataria del poblado que nos ocupa.- - - 5.- Por lo que en ningún momento, tuve conocimiento de que la suscrita estuviera privada de mis derechos de ejidataria, violando así mi garantía de audiencia, toda vez que nunca se me informó de la celebración de dicha asamblea ya que en esa época no contábamos con autoridades legalmente reconocidas y por tanto todas aquellas
asambleas que fueran realizadas carecía de veracidad por no cubrir con los requisitos establecidos por la derogada Ley Federal de la Reforma Agraria dejándome en estado de indefensión, es decir, nunca agotó las etapas procesales a que tengo derecho como es la notificación para ofrecer las pruebas que a mi interés conviniera y mucho menos me dio la oportunidad de haber sido oída y vencida en juicio violando flagrantemente las garantías constitucionales a que tengo derecho.- - - 6.- Por lo que al haber acudido a la Procuraduría Agraria; y que después de ello se solicitó a un abogado, de la misma institución, investigara mi situación y en donde finalmente me enteré de que mi derecho como ejidataria estaba cancelado por una resolución emitida por la Comisión Agraria Mixta y que constituyen la materia de este juicio de amparo.- - 7.- Con lo anterior, se denota la mala fe en que incurrió la autoridad responsable y que con ello, se violó nuestra garantía de audiencia y legalidad, porque jamás me mencionó la cancelación de mis derechos agrarios". TERCERO.- La demanda se turnó al Juzgado Quinto de Distrito "A" en Materia Administrativa en el Distrito Federal y se registró con el número _____/2003. Seguidos los trámites correspondientes, en sentencia de cinco de diciembre de dos mil tres, engrosada el veintiocho de enero de dos mil cuatro, resolvió el Juzgador: "ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías, promovido por La quejosa, contra actos de las autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución.- Notifíquese…".
CUARTO.- Inconforme con la resolución anterior, interpuso recurso de revisión LA QUEJOSA, mediante escrito presentado el doce de febrero de dos mil cuatro. El pliego de agravios se turnó a este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y por acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil cuatro, se formó el toca R.A. ____/2004. Por auto de veintiséis de febrero de dos mil cuatro se admitió el recurso. Se puso el expediente a disposición del Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción quien se abstuvo de formular pedimento. Encontrándose los presentes autos en estado de resolución, fueron turnados al Magistrado relator para la formulación del proyecto respectivo mediante acuerdo de uno de marzo de dos mil cuatro. CONSIDERANDO: PRIMERO.- Este Tribunal Colegiado tiene competencia legal para decidir el presente asunto con apego a los artículos 85, fracción II de la Ley de Amparo y 37, fracción IV y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La promoción del recurso de revisión fue oportuna, en virtud de que la sentencia impugnada se notificó a la recurrente el veintinueve de enero de dos mil cuatro, y el recurso se presentó por conducto de la Juez Federal del conocimiento el doce de febrero de dos mil cuatro. SEGUNDO.- La sentencia recurrida se apoya en los razonamientos siguientes: "…SEGUNDO. Ante todo, en términos del artículo 77, fracción l, y 227, de la Ley de Amparo, deben precisarse los actos reclamados que por esta vía se impugna, según confirma la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en Pleno, misma que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, es necesario precisar en qué consisten aquéllos, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos en que tal proceder resulte necesario para una mejor impartición de justicia. Se transcriben el rubro de la mencionada tesis, para efectos ilustrativos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".- - - En este orden, tenemos que la quejosa reclama por esta vía: a) La resolución emitida y aprobada por el Pleno de la Comisión Agraria Mixta del Distrito Federal, en sesión ordinaria de diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y uno, relativa al Procedimiento de Privación de Derechos Agrarios, Nuevas Adjudicaciones y Actualización de Derechos en el Ejido del Poblado "Huipulco", delegación Tlalpan, Distrito Federal, por la que se cancelaron entre otros certificados agrarios, el número 775490, de cuya titularidad se ostenta la hoy inconforme, así como sus efectos y consecuencias que se traducen la cancelación del mencionado certificado agrario, ante la autoridad correspondiente.- - - También resulta aplicable al aserto anterior, por identidad jurídica substancial, la tesis III.1o.A.31 K, que puede consultarse en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 647, que dice: "ACTO RECLAMADO. ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO".- (Transcribe texto).- - TERCERO. Pese a que la autoridad Delegado del Registro Agrario Nacional en el Distrito Federal, negó la existencia de los actos que se le atribuyen, consistente en la cancelación del certificado de derechos agrarios número 775490, a nombre de la quejosa La quejosa, debe tenerse por cierto, toda vez que de las constancias de autos, así como de la lectura al informe justificado rendido se advierte que la extinta Comisión Agraria Mixta ordenó la remisión de la resolución impugnada a la entonces Dirección General del Registro Agrario Nacional, hoy Registro Agrario Nacional, tal como se corrobora con la constancias que en copia certificada obran en
los presentes autos: primero, de la resolución aludida, a fojas de la 33 a la 40, y segundo, de la inscripción de referida la cancelación, a foja 100, al advertirse la participación del ente jurídico público.- - Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 91-96, Tercera Parte, visible en la página siete, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO".- (Transcribe texto).- - - En ese contexto, contrario al argumento de la responsable, en el sentido de que la delegación del Registro Agrario Nacional se creó con base en los decretos de reformas al artículo 27 Constitucional, publicados en el Diario Oficial de la Federación el seis y veintiocho de enero de mil novecientos noventa y dos, y la resolución combatida fue pronunciada por la entonces Comisión Agraria Mixta el diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y uno, por lo que dicha delegación distrital no participó en el procedimiento de cancelación del certificado agrario ya mencionado, debe precisarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 con relación al 152, fracciones I, II y VIII, compete a la esfera de atribuciones del Registro Agrario Nacional, como órgano desconcentrado jerárquicamente subordinado a la Secretaría de la Reforma Agraria, la materialización de las inscripciones ordenadas en resoluciones judiciales o administrativas, y que la reforma constitucional de referencia otorgó a la nueva institución la naturaleza jurídica de órgano desconcentrado, conservando su naturaleza registral de la propiedad agraria del país, con independencia de que dicha función se realice o no por la delegación distrital, pues por el hecho de que el órgano administrativo descentralice sus funciones en unidades administrativas, denominadas delegaciones, no conlleva a descentralizar su competencia, que por otra parte, esta determina en la ley de la materia.- - - CUARTO. En cambio, debe tenerse por cierto el acto reclamado que se le atribuye al Tribunal Unitario del
Octavo Distrito en el Distrito Federal, toda vez que al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto reclamado, además que como ya se dijo, los Tribunales Agrarios fueron creados por reforma al artículo 27 de la Constitución Federal, de fecha seis de enero de mil novecientos noventa y dos.- - - Sirve de apoyo, por ilustrativa al tópico en estudio, en este último aspecto, la tesis 4a. XVI/94, sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Junio de 1994, Octava Época, página 383, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUANDO UN TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO SUSTITUYE A LA RESPONSABLE PARA DAR CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA, DEBE AGOTARSE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 104, 105 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE AMPARO".- (Transcribe texto).- - QUINTO. Sea que las partes lo aleguen o no, previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, por ser ésta una cuestión preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido por el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, que dice: "Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio".- - - El suscrito examina la causa de improcedencia prevista en la fracción XV, del artículo 73, de la Ley de Amparo, ya que de la demanda de garantías se desprende que la quejosa señaló como acto reclamado la resolución de diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y uno, dictada por la Comisión Agraria Mixta, publicada en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos, por la que se privan y cancelan derechos agrarios y sucesorios, y se reconocen nuevas adjudicaciones a ejidatarios del poblado "Huipulco", Delegación Tlalpan, Distrito Federal.- - - Asimismo, se desprende que la quejosa promueve la instancia constitucional, en virtud de que en la aludida resolución agraria, se cancelaron entre otros certificados agrarios, el número 775490, cuyo titularidad fue
reconocida, a _________, pero que en la constancia registral (foja 41) aparece con el nombre de_________, derivado de que la unidad de dotación que ampara tal certificado fue expropiada e indemnizada, como a todos los afectados.- - - Argumenta en el libelo constitucional y en posteriores alegatos, que la cancelación del certificado agrario le causa perjuicio en su carácter de ejidataria, toda vez que no fue emplazada al procedimiento de privación que culminó con la cancelación del referido documento, pues en la resolución agraria reclamada, se alude a _______ y no a________, cuyos derechos fueron cancelados.- - - Como puede advertirse, en la resolución de la Comisión Agraria Mixta, de diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y uno, resolvió la privación de los derechos agravios, entre otros, el identificado con el número 775490, cuya cancelación se ordenó en términos del séptimo considerando: (Lo transcribe).- - - Ahora bien, el origen de la anterior determinación se localiza en el acuerdo de la Asamblea General de Ejidatarios para la depuración del censo ejidal del núcleo de población denominado "Huipulco", perteneciente a la Ciudad de México, Distrito Federal, ubicado en la delegación Tlalpan, (a fojas 42 a la 57), la que tuvo verificativo el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa, que en la parte que interesa consigna lo siguiente: - - -"LA ASAMBLEA CON LA FINALIDAD DE DEPURAR EL CENSO DE EJIDATARIOS SEÑALADO AL PRINCIPIO DE LA PRESENTE ACTA HACE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: POSTERIORMENTE, POR RESOLUCIONES PRESIDENCIALES DE FECHAS VEINTE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y LOS ONCE Y DE SIETE DICIEMBRE "EL DE MIL CON NOVECIENTOS CINCUENTA SE DEVOLVIERON, TRÉBOL"
SUPERFICIE DE 8-00-00 HECTÁREAS APROXIMADAMENTE A VILLA LÁZARO CÁRDENAS, CAUSAHABIENTE DEL C. ALBERTO P. PELLANDINI Y, DE 20-45-29 HECTÁREAS DEL SEÑOR AUGUSTO RODRÍGUEZ..." "CON BASE A ESTAS DISPOSICIONES JURÍDICAS, Y TOMANDO EN CUENTA QUE EN
AQUELLAS FECHAS NO SE DEPURÓ EL CENSO DEL EJIDO A PESAR DE QUE LOS EJIDATARIOS AFECTADOS RECIBIERON COMPENSACIONES EN ESPECIE Y EN EFECTIVO POR BIENES DIFERENTES A LA TIERRA, ESTA ASAMBLEA RECONOCE Y APRUEBA LA NECESIDAD DE DEPURAR SU CENSO Y PARA TAL EFECTO SE SOLICITA PRIVEN DE SUS DERECHOS Y SE CANCELEN LOS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES DEL "TRÉBOL" Y 86 DE LAS RESTANTES, CUYA RELACIÓN ES LA SIGUIENTE: - - No. 43 CERTIFICADO No 775490 TITULAR. MARGARITO FLORES.- "ESTA ASAMBLEA HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES AGRARIAS LO SIGUIENTE: PRIMERO. - -SEGUNDO. SE CONSIGNAN LOS NOMBRES CORRECTOS DE LOS TITULARES YA QUE EN EL CENSO, BASE DE LA INVESTIGACIÓN AGRARIOS DE EXISTE LOS UN CÚMULO SON DE ERRORES. LOS TERCERO. SE CONSIGNAN LOS NÚMEROS DE LOS TÍTULOS CUALES TENEDORES TITULARES Y EN ALGUNOS CASOS LOS NÚMEROS DE LOS CERTIFICADOS DE DERECHOS AGRARIOS CONSIGNADOS EN EL CENSO QUE EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL INEXPLICABLEMENTE SUSTITUYO POR EL NÚMERO DEL TÍTULO".- - - Bajo tales premisas, de acuerdo con el antecedente antes reproducido, la asamblea ejidal tuvo, entre otros objetivos, la depuración censal del núcleo agrario de referencia, tomando en consideración las resoluciones administrativas dictadas por el titular del Poder Ejecutivo, cuyo efecto fue devolver los predios a sus originales propietarios, previa expropiación e indemnización a los ejidatarios, sin que la autoridad agraria de ese entonces realizará la depuración del censo ejidal.- - - De esa guisa, la depuración censal realizada por la asamblea de ejidatarios y aprobada por la resolución de la extinta Comisión Agraria Mixta, resolvió en ese orden, privar de los derechos agrarios y cancelar el certificado número 775490, defendido en esta vía, precedió de las resoluciones presidenciales expropiatorias y la falta del censo ejidal que se
ajustará a las determinaciones del núcleo agrario y de la Comisión Agraria Mixta, como autoridad competente para llevar a cabo la privación de los derechos agrarios y, ordenar la cancelación de los certificados correspondientes, a la entidad registral correspondiente.- - - Del examen de las constancias descritas en párrafos anteriores, se sigue que con independencia de que tanto la asamblea ejidal de diecisiete de noviembre de mil novecientos de noventa como la resolución de diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y uno, haya consignado que fue a _____ a la persona a quien se privó de los derechos agrarios; lo cierto es que en ambos documentos se identificó el certificado 775490, por lo que resulta indubitable que se trata del mismo número de certificado que se reclama en esta instancia, como se corrobora de la simple lectura de la copia certificada que de su inscripción obra en los asientos del Registro Agrario Nacional, a foja 41.- - - En consecuencia, si se arriba a la convicción de que el multicitado certificado de derechos agrarios fue cancelado por la resolución de diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y uno, dictada por la extinta Comisión Agraria Mixta, por virtud de solicitud del núcleo de población ejidal denominado "Huipulco", aprobada en asamblea general de ejidatarios, por haberse ejecutado resoluciones presidenciales de expropiación y haber recibido el ejidatario bienes distintos a la tierra, lo que se traduce en el conocimiento de los actos de los hoy se duele, se deduce que la parte quejosa promovió en forma extemporánea el juicio de garantías de que se trata, tomando en consideración que no presentó su libelo constitucional en el término de 30 días que dispone el artículo 218 de la Ley de Amparo, ya que de acuerdo con las constancias que obran en autos, a juicio del suscrito, resultan reveladoras de que la impetrante de garantías no desconocía la cancelación del certificado de derechos agrarios identificado con el número 775490, y cuya pretensión de desprende únicamente de que en la anotación registral se haya establecido el nombre de ______ y no el de_______, que es congruente con los antecedentes de la
documentación agraria de la que se ha hecho mención.- - - En ese contexto, para una mejor comprensión del tema, debe tenerse presentes los artículos 73, fracción XV, de la Ley de Amparo y 18, fracción IV de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.- - - Previo a su transcripción, precisa hacer referencia que los Tribunales Agrarios fueron creados por reforma al artículo 27 de la Constitución Federal, de fecha seis de enero de mil novecientos noventa y dos.- - En la adición realizada a la fracción XIX del artículo 27 constitucional, quedó como segundo párrafo el siguiente: "Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por Magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente".- - Los artículos transitorios del mencionado decreto de reformas, establecieron: (Los transcribe).- - - Ahora bien, en fecha veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Agraria, que en sus artículos 1o., 163 y primero a tercero transitorios, establece: (Los transcribe).- - Por su parte, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en sus artículos 1o., 2o., 18, así como en los transitorios primero y cuarto, dispone: (Los transcribe).- - - De los preceptos relacionados, se desprende que en virtud de las reformas al artículo 27 de la Constitución Federal, de la derogación de la Ley Federal de Reforma Agraria, la vigencia de la nueva Ley Agraria y de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, como se deriva de la presente reclamación, compete en el aspecto examinado, a los indicados tribunales, pues a ellos corresponde, entre otras, las que se deriven de resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una
obligación de dotación de tierras y, consecuentemente, son los que cuentan con competencia para resolver sobre la insubsistencia del procedimiento que culminó con la resolución agraria reclamada.- - De lo anterior, se infiere que como el acto reclamado consiste en la resolución agraria publicada en la Gaceta del Departamento del Distrito Federal, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos, fue emitida por una autoridad agraria, como lo fue la extinta Comisión Agraria Mixta, y que en la aludida resolución se altera o extingue un derecho, como lo es la cancelación del certificado agrario número 775490, cuya titularidad pretende ostentar Margarita Flores, es incuestionable que en su contra, previo a la promoción del juicio de amparo, debió promoverse el juicio agrario de nulidad que establece la fracción IV, del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, ante el Tribunal Unitario Agrario, porque a través de ese medio de defensa del acto reclamado pudo haberse modificado, revocado o nulificado.- - - Lo anterior es así, además porque el artículo 166 del la Ley Agraria, establece que los Tribunales Agrarios, "podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo Tercero de la Ley de Amparo"; lo que implica que para el otorgamiento de la suspensión, no se exijan mayores requisitos que los que al respecto establece la Ley de Amparo, y además, porque la resolución agraria reclamada de diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y uno, publicada en la Gaceta del Departamento del Distrito Federal, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos, se funda, entre otros, en lo dispuesto en los artículos 12, fracciones I y II, 89, 431 y demás relativos de la Ley Federal de la Reforma Agraria, 57, 58 67 y 68 del Reglamento Interno de la Comisión Agraria Mixta.- - Brinda sustento a lo antes expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 41/98, sustentada por la Segunda Sala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tomo VIII, Julio de 1998, Novena Época, página 168, que dice: "TRIBUNALES AGRARIOS. PROCEDE ANTE ELLOS LA ACCIÓN DE NULIDAD PREVISTA EN LA LEY QUE LOS RIGE, AUN CUANDO LOS ACTOS CUYA NULIDAD SE DEMANDA HAYAN ACONTECIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA DEROGADA LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA".- (Transcribe texto).- - - De lo antes expuesto, se impone sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto de la resolución que ha quedado precisada, en términos de lo dispuesto en la fracción XV del artículo 73, en relación con la fracción III del artículo 74, de la Ley de Amparo.- - Bajo esa orden de ideas, al resultar improcedente el juicio de garantías respecto del acto concreto de aplicación reclamado por la parte quejosa, igual consideración debe hacerse, respecto de los actos de ejecución de los mismos.- - - En uso de la facultad que confiere el artículo 30, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se estima necesario notificar personalmente a las partes quejosa y tercero perjudicada la presente resolución en el domicilio que señalaron para tales efectos". TERCERO.- La recurrente hace valer los siguientes agravios: "PRIMERO: Se me causa agravio porque el Juez de Distrito dictó una resolución sin examinar cuidadosamente las constancias que obran en autos y fue omiso en recabar de oficio todas aquellas pruebas que puedan llegar a la verdad, como lo menciona el Libro Segundo del Amparo en Materia Agraria, Título Único, Capítulo Único, artículos 212, 224, 225, 226 y 227, así como los artículos 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, tal como se probó, aun cuando sea distinto al invocado en la demanda.- - - SEGUNDO: No se precisa la acción agraria que causó el desposeimiento de mi parcela, ni se analizó correctamente la causal de privación de los derechos agrarios que la Asamblea Ejidal de fecha 17 de noviembre de 1990 aplicó, ya que la causal acordada no se encuentra contemplada en el artículo 85 de la entonces vigente y hoy derogada Ley Federal de Reforma Agraria, violándose flagrantemente este ordenamiento legal.- - - En
efecto, causa agravio el considerando quinto de la multicitada resolución ya que violenta lo consagrado en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, el cual dice a la letra: (Lo transcribe).- - También la sentencia recurrida viola en mi perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque el Juez para resolver el procedimiento agrario omite recabar diversas pruebas documentales, por lo tanto dicha resolución no se encuentra debidamente fundada y motivada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional.- - - Asimismo, como tercero perjudicado se acreditó el Comisariado Ejidal de Huipulco, Delegación Tlalpan, D.F., en representación del Núcleo Agrario y cuyos alegatos que obran en autos fueron presentados de manera extemporánea dos días después de la celebración de la audiencia constitucional, este documento superveniente aclara y precisa hechos con los que se puede llegar a la verdad legal, a este documento no le recayó acuerdo.- - - Ahora bien, el artículo 218 de la Ley de Amparo, establece textualmente: (Lo transcribe).- - - En mis alegatos que obran en autos señalé bajo protesta de decir verdad, que por comparecencia ante el Comisariado Ejidal de Huipulco, Delegación Tlalpan, D.F., de fecha 15 de julio del 2003, con presencia de personal de la Procuraduría Agraria, fue cuando tuvo conocimiento del acto reclamado que impugno por esta vía, esto sucedió debido al Programa Nacional de Testamentos Agrarios "Hereda" ante la imposibilidad que tuve para designar a mis sucesores. (Anexo1).- - - La privación de los derechos agrarios no fue un acto consentido por mí ya que en ningún momento tuve conocimiento de que la suscrita estuviera privada de mis derechos de ejidataria, toda vez que yo asistía a las reuniones que se convocaban, porque como lo señalé en mi escrito inicial de demanda, no había órganos de representación vigentes en el ejido (Anexo 2), sin embargo, nunca se me informó de la celebración de dicha Asamblea ya que en esa época reitero no contábamos con autoridades legalmente reconocidas, así mismo, la Comisión Agraria Mixta nunca agotó la etapa procesal a que tenía derecho
como es la notificación para ofrecer pruebas y alegatos que a mi interés conviniera y mucho menos me dio la oportunidad de ser oída y vencida en juicio dejándome en estado de indefensión, volando flagrantemente las garantías constitucionales a que tengo derecho.- - - En autos y en los informes justificados rendidos por las autoridades responsables no obra constancia que acredite que fue notificada, oída y vencida en el juicio celebrado ante la Comisión Agraria Mixta.- - - El día catorce de agosto de 2003, presenté ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Federales, la presente demanda de garantías formándose el expediente en el que se actúa y el día 15 del mismo mes y año se admitió la demanda en el Juzgado de Distrito correspondiente.- - Como se puede apreciar, estoy dentro de los treinta días contemplados en el artículo 218 de la Ley de Amparo.- - - Ahora bien, respecto de que la presente demanda debió presentarse primero ante el Tribunal Unitario Agrario para demandar la nulidad del acto que se reclama, si bien es cierto que es la instancia que surgió en base a las reformas constitucionales al artículo 27 Constitucional, publicadas el 6 de enero de 1992 y con la promulgación de la nueva Ley Agraria el 26 de febrero de 1992, también es cierto que la Comisión Agraria Mixta ejercía funciones de Tribunal, por eso el Tribunal Agrario es autoridad sustituta, al expediente de privación le recayó resolución y se publicó en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal, sin embargo ya precisé cuando tuvo conocimiento del acto reclamado y con fundamento en el artículo 212 fracción III de la Ley de Amparo que literalmente dice: (Lo transcribe).- - - Por lo tanto resulta jurídicamente ilógico aplicar la causal de improcedencia prevista por la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo.- - - En relación al acuerdo y afirmación de la Asamblea Ejidal, que posteriormente el Juez del conocimiento se basa y da como buena de acuerdo a hechos reales, para emitir la resolución y que dice lo siguiente: (Transcribe texto).- - - El Delegado del Registro Agrario Nacional en el Distrito Federal acredita esta aseveración con:
(Transcribe texto).- - - Sin embargo el citado funcionario omite enviar copia certificada de las constancias de notificación de la privación de los derechos agrarios o de que fue oída y vencida en juicio, así como copia certificada del comprobante del pago de indemnización en especie o en efectivo que supuestamente recibí y el Juez del conocimiento también es omiso en requerirlas.- - Asimismo el funcionario y el comisariado ejidal tercero perjudicado omiten decir quién indemnizó en especie y en efectivo a la suscrita y el monto además de que nadie precisa la acción agraria que me desposeyó de mi parcela, en virtud de que en autos no obra ningún decreto expropiatorio y en la sentencia de mérito reiteradamente se señala.- - - Al respecto, esta aseveración que es fundamental para el A quo debe ser analizada y comprobada plenamente con las constancias legales que obren en el juicio, mismas que no obran en autos y que no fueron requeridas de oficio por el Juez como lo señalan los artículos 224, 225 y 226 de la Ley de Amparo, más aún supliendo la deficiencia de la queja con base en el artículo 227 del ordenamiento legal citado.- - - En su sentencia el Juez señala que el motivo del desposeimiento de mi parcela entre otras fue por una expropiación debidamente indemnizada en especie y en efectivo, lo cual resulta totalmente falso.- - - En autos no obra el decreto expropiatorio aludido, ni mucho menos las constancias de que fue indemnizada en especie y en efectivo, sin embargo en mi escrito de alegatos le requerí a su Señoría que requiriera al Comisariado Ejidal para que presentara las constancias que acrediten que recibí la supuesta indemnización en especie y en efectivo, lo cual no se hizo y fue precisamente a él porque la Asamblea Ejidal fue quien supuestamente me privó y para haber tomado ese acuerdo es obvio que tenían los comprobantes del pago correspondiente.- - Ahora bien, tanto el Juez como la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional en el Distrito Federal fueron omisos porque con fundamento en el artículo 224 de la Ley de Amparo el primero debió requerir y el segundo presentar copias certificadas
de las resoluciones agrarias a que se refiere el juicio, de las actas de posesión y de los planos de ejecución de esa diligencia, de los censos agrarios, de las actas de asamblea relacionadas y de las demás constancias necesarias para determinar con precisión los derechos agrarios de la suscrita y del tercero perjudicado, así como de los actos reclamados.- - - En este sentido omitió presentar copia certificada del acta de asamblea de fecha 4 de agosto de 1974, relativa a la investigación sobre usufructo parcelario y depuración censal del Ejido Huipulco, en la cual se demuestra en la foja dos que la suscrita estaba como ejidataria titular sin conflicto y se demuestra en las fojas 12, 13 y 14 quiénes fueron las personas que recibieron indemnización por devolución de su unidad de dotación al propietario original (anexo 3).- - Asimismo, anexo a esa acta se encuentra un convenio que firman estos ejidatarios en los que se puede observar la indemnización en especie y en efectivo que reciben, sin que la suscrita aparezca (Anexo 4).- - - Por otro lado, el Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito, autoridad sustituta de la Comisión Agraria Mixta también fue omisa y no informó al Juez de Distrito que ya había cosa juzgada sobre un caso similar, en el expediente 04/TUA24/97 (Anexo 5).- - - Los cinco anexos se adjuntan con fundamento en los artículos 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.- - - También en autos obran los alegatos presentados de manera extemporánea por el Comisariado Ejidal, ahora información superveniente, mismos que no fueron tomados en consideración, y establecen textualmente: (Transcribe texto).- - Como se puede observar la Asamblea Ejidal de fecha 17 de noviembre de 1990 me privó supuestamente de mis derechos agrarios y canceló el certificado de los certificado de los derechos agrarios número 775490.- - - La violación que me causó la Asamblea Ejidal de Huipulco de fecha 17 de noviembre de 1990, así como la extinta Comisión Agraria mixta, quien dictaminó el expediente, ahora Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito fue declarar la privación de los derechos agrarios de Margarita Flores
y la cancelación del certificado número 775490 del Poblado denominado Huipulco, Delegación Tlalpan, Distrito Federal, expedido a mi favor, en virtud de que la causal de privación invocada no se encuentra prevista por el artículo 85 de la entonces Ley Federal de Reforma Agraria, además de no ser oída ni vencida en juicio previa notificación de la autoridad responsable antes y después de la privación de los derechos agrarios.- - - En efecto, el artículo 85 de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, en vigor al desahogarse el procedimiento que se analiza, expresamente señala que: (Transcribe texto).- - - En las condiciones antes señaladas, se estima que con los elementos probatorios vertidos, no queda legalmente demostrado en autos lo siguiente: A) No hay constancias de que haya recibido indemnización en especie o en efectivo alguna con motivo de la "supuesta expropiación" de mi parcela que argumenta el Juez.- - B) La Causal invocada por el órgano Supremo del Ejido, la Asamblea, para solicitar la privación de mis derechos agrarios, que sirvió de base a la resolución de la Comisión Agraria Mixta, dictada el 19 de septiembre de 1991 y publicada el 24 de febrero de 1992, es indiscutible que dicha circunstancia de privación no está contemplada como causal de privación de los derechos agrarios en el artículo 85 de la Ley Federal de Reforma Agraria.- - - C) No hay constancias de que haya sido notificada de mi privación de los derechos agrarios o de que haya sido oída y vencida en juicio.- - Por lo tanto los argumentos que sirvieron de base para la privación de los derechos agrarios así como la sentencia emitida por el A quo violan flagrantemente los principios legales invocados al inicio del presente recurso.- - - Finalmente, solicito a ese H. Tribunal Colegiado que se me conceda la protección de la Justicia de la Unión sobre los actos reclamados a las autoridades responsables y se resuelva la restitución de mis derechos agrarios del certificado número 775490, otorgándoseme nuevamente la calidad de ejidataria".
CUARTO.- Son esencialmente fundados los agravios expresados por la recurrente, de conformidad con las siguientes consideraciones: En ellos aduce en síntesis que, el Juez Federal del conocimiento omitió recabar diversas pruebas documentales, que por tanto la sentencia no está debidamente fundada y motivada. Cabe precisar que al formular su demanda de garantías, la recurrente señaló que en forma indebida las autoridades responsables la privaron de sus derechos agrarios derivados del certificado 775490 del Poblado Huipulco, Delegación Tlalpan, Distrito Federal, sin que se haya respetado su garantía de audiencia, pues a solicitud de la Asamblea General Extraordinaria, de diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa, tomó la decisión de depurar el censo de ejidatarios, solicitó de las autoridades agrarias correspondientes la cancelación de diversos certificados agrarios, entre los cuales se encuentra el de la quejosa, sin que previa a dicha determinación estuviera privada de sus derechos ya que afirma siempre ha estado en posesión de las tierras que ampara el certificado; con base en la solicitud de la Asamblea la entonces Comisión Agraria Mixta resolvió el diecinueve de septiembre privarla de sus derechos agrarios, determinación que se publicó en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos. El Juez Federal del conocimiento sobreseyó en el juicio al considerar que, del contenido de las constancias que obran en autos se desprende que con independencia que del contenido del acta de asamblea general extraordinaria y de la resolución que emitió la Comisión Agraria Mixta se haya consignado que se cancelaron los derechos agrarios de _____ y no de _____, el número de certificado sí coincide, y que dicha cancelación derivó de la ejecución de las resoluciones presidenciales de expropiación y porque los ejidatarios afectados recibieron bienes distintos a la tierra, lo que consideró se traducía en el conocimiento de los actos reclamados y que por ello la presentación de la demanda fue extemporánea, pues no se presentó en el término de treinta días a que alude el artículo 218 de la Ley de Amparo. El Juez consideró que también se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XV, del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues la resolución impugnada la emitió la otrora Comisión Agraria Mixta, por lo que en
términos de la reforma al artículo 27 Constitucional y a la Ley Agraria procedía el juicio agrario de nulidad a que se refiere la fracción IV, del artículo 18 de la Ley Orgánica del los Tribunales Agrarios ante el Tribunal Unitario Agrario, porque a través de este medio de defensa pudo haberse modificado revocado o nulificado. Debe precisarse que en el caso, la demanda de garantías se promovió porque dice la quejosa que no se le respetó su garantía de audiencia en el procedimiento de cancelación de sus derechos agrarios y que culminó con la cancelación del certificado 775490, expedido a su nombre y no al de Margarito Flores, pues con independencia que coincida el número de certificado en el acta de asamblea general que se celebró el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y en la resolución que con motivo de ella emitió la Comisión Agraria Mixta publicada en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos, no se trata de la misma persona como lo afirma el Juez del conocimiento. Ahora bien, si el amparo se promovió por violación a la garantía de audiencia, y la autoridad al rendir el informe justificado afirmó que la resolución que tomó la Comisión Agraria Mixta derivó de la solicitud de la asamblea general de ejidatarios de diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa, en la que se acordó que los ejidatarios afectados por diversas resoluciones presidenciales y debido a que recibieron compensaciones en especie o en efectivo debía depurarse el censo, y que concluyó con la cancelación del certificado de derechos agrarios de la quejosa, es necesario para resolver conforme a derecho que los documentos que sirvieron de base para la determinación anterior obren en autos tal y como lo consideró el Juez al dictar el proveído de seis de octubre de dos mil tres, en el que dijo: "…Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no obran la totalidad de las constancias que tengan relación con el acto reclamado, tales como resoluciones agrarias, actas de posesión, planos de ejecución, censos agrarios, certificados de derechos agrarios, títulos de propiedad y demás constancias que sean necesarias para determinar con precisión los derechos agrarios de la quejosa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 226, 152, parte final, de la Ley de Amparo y 297,
fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2° y suplementarios, así como en el artículo 11, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Reforma (sic), requiérase a la autoridad DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA, para que en el término de tres días, contados a partir de su legal notificación, remita las constancias enunciadas con antelación, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente asunto…". (foja 63 del cuaderno de amparo). Del análisis de las constancias que obran en autos no se desprende que la autoridad haya cumplido con el requerimiento apuntado, por lo que en el caso existe una violación al procedimiento en perjuicio de la quejosa que debe repararse, máxime que en el caso se trata de privar de sus derechos agrarios a un miembro del ejido, por lo que con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia que se estudia para que se reponga el procedimiento a fin de que se recaben las pruebas necesarias para poder resolver el presente asunto conforme a derecho, partiendo de la base de que la quejosa se ostenta como tercera extraña a juicio, alegando la falta de notificación al procedimiento reclamado y violación directa al artículo 14 Constitucional, o sea la garantía de audiencia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 83, 85, 91 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.- Se revoca la sentencia. SEGUNDO.- Se ordena reponer el procedimiento. Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad archívese el toca; regístrese la presente ejecutoria en términos del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así por unanimidad de votos, lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que integran los Magistrados, Presidente ______, _______ y ________. Fue Ponente el primero de los señores Magistrados antes mencionados.
Firman el Magistrado Presidente y Ponente, con la Secretaria de Tribunal que autoriza y da fe. Del ejemplo analizado, se observa que el juicio de amparo en materia agraria persiste, pues aún tenemos muchos asuntos que han quedado en términos de la anterior legislación, y que tendrán que ser resueltos, dado el interés que hoy día tiene las tierras que hasta hace años no se podía enajenar y hoy ese supuesto ya no existe, concluyéndose que no ha cambiado el amparo en materia agraria, los que han cambiado son los actores y la celeridad del juicio de amparo.
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