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Timestamp: 2020-05-25 14:21:05+00:00

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Decreto 110/2012, de 19 de junio, de Asistencia Jurídica Gratuita
Publicado en BOPV núm. 132 de 06 de Julio de 2012
Vigencia desde 01 de Septiembre de 2012. Revisión vigente desde 01 de Septiembre de 2012
Artículo 3 Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita
Artículo 7 Convocatoria y sesiones
Artículo 9 Información sobre los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita
Artículo 10 Sistema informático y oficina virtual de la Asistencia Jurídica Gratuita
Artículo 11 Finalidades
Artículo 14 Iniciación del procedimiento normalizado
Artículo 15 Excepciones al procedimiento normalizado
Artículo 17 Subsanación de deficiencias
Artículo 18 Tramitación de las solicitudes exceptuadas de la aportación de documentos
Artículo 19 Designaciones provisionales y remisión a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita
Artículo 21 Renuncia a la designación
Artículo 22 Resolución: contenido y efectos
Artículo 23 Falta de resolución expresa
Artículo 25 Insostenibilidad de la pretensión
Artículo 26 Impugnación jurisdiccional
Artículo 28 Servicios de Orientación Jurídica
Artículo 30 Turnos especializados
Artículo 31 Turno de guardia
Artículo 32 Turno de oficio y libre elección de abogado o abogada
Artículo 33 Unidad de actuación letrada
Artículo 34 Quejas y reclamaciones
Artículo 36 Compensación económica
Artículo 37 Compensación económica por turno de guardia. Liquidación y forma de pago
Artículo 38 Compensación económica por Turno de Oficio. Liquidación y forma de pago
Artículo 39 Compensación económica por gastos de funcionamiento. Libramiento y forma de pago
Artículo 40 Documentos acreditativos de la certificación y justificación
Artículo 41 Cuentas separadas
Artículo 42 Plazo de caducidad de los partes de confirmación
Artículo 43 Contenido de la prestación
Artículo 44 Peritos pertenecientes a la Administración autonómica
Artículo 45 Peritos privados
Primera Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto
ANEXO I AL DECRETO 110/2012, DE 19 DE JUNIO . DECLARACIÓN DE DATOS PARA LA CONCESIÓN DEL DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
ANEXO II AL DECRETO 110/2012, DE 19 DE JUNIO . MODELO A PRESENTAR POR EL LETRADO/A EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DENTRO DEL PLAZO DE UN MES A FIN DE DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN MATERIA PENAL PARA UN/A SOLICITANTE QUE SE HALLA INCLUIDO/A EN EL ÁMBITO PERSONAL DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1/96.
ANEXO III AL DECRETO 110/2012, DE 19 DE JUNIO . MODELO DE ESCRITO POR EL QUE EL PETICIONARIO/A SE COMPROMETE A TRAMITAR LA SOLICITUD DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA ANTE EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS.
ANEXO IV AL DECRETO 110/2012, DE 19 DE JUNIO . MODELO A PRESENTAR POR EL LETRADO/A EN EL COLEGIO DE ABOGADOS PARA DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL ÁMBITO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE EXTRANJERÍA PARA PROCESOS DE DENEGACIÓN DE ENTRADA, DEVOLUCIÓN Y EXPULSIÓN AL HALLARSE EL PETICIONARIO/A EN EL ÁMBITO PERSONAL DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1/1996.
ANEXO V AL DECRETO 110/2012, DE 19 DE JUNIO . MODELO DE RATIFICACIÓN DE VOLUNTAD DEL PETICIONARIO/A DE EJERCITAR LA ACCIÓN JURISDICCIONAL PARA LA QUE SOLICITA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
ANEXO VI AL DECRETO 110/2012, DE 19 DE JUNIO . PRIMERAS ACTUACIONES
D 153/2018, de 30 Oct. CA País Vasco (Asistencia Jurídica Gratuita)
Edicto Tribunal Superior de Justicia de 16 Dic. 2013 CA País Vasco (recurso contencioso-administrativo n.º 890/2012, declarando la nulidad de un párrafo del artículo 31.4 del D 110/2012, de 19 Jun., de asistencia jurídica gratuita)
Párrafo «Los Colegios de Abogados y el Departamento competente en materia de justicia fijarán la organización de los turnos de guardia» del número 4 del articulo 31 declarado nulo por Sentencia 644/2013 de 11 de noviembre, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª). Véase Edicto [PAÍS VASCO] 16 diciembre 2013 dimanante del recurso contencioso-administrativo n.º 890/2012, declarando la nulidad de un párrafo del artículo 31.4 del Decreto 110/2012, de 19 de junio, de asistencia jurídica gratuita y la conformidad a derecho del resto de los preceptos del citado Decreto («B.O.P.V.» 31 enero 2014).
TSJPV, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, S 644/2013, 11 Nov. 2013 (Rec. 890/2012)
Téngase en cuenta que las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, se adscriben al Departamento de Justicia y Administración Pública, de conformidad con lo establecido en la letra d) del número 2 del artículo 2 de D [PAÍS VASCO] 472/2009, 28 agosto, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Justicia y Administración Pública («B.O.P.V.» 7 septiembre).
D [PAÍS VASCO] 110/2012, 19 junio, derogado por la disposición derogatoria del D [PAÍS VASCO] 153/2018, 30 octubre, de Asistencia Jurídica Gratuita («B.O.P.V.» 6 noviembre), el 1 de enero de 2019.
1.- El presente Decreto tiene por objeto la regulación del procedimiento para el reconocimiento del derecho de Asistencia Gratuita, consagrado en el artículo 119 de la Constitución Española, el régimen de funcionamiento de los órganos que intervienen en el mismo y el establecimiento de las relaciones entre la Administración Autonómica y las Instituciones Colegiales competentes para la gestión del servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.
2.- Este Decreto será de aplicación para el reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita en los procedimientos judiciales que se tramiten ante órganos cuya competencia territorial no se extienda fuera del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en los procedimientos administrativos en materia de extranjería, siempre que se encuentren legalmente comprendidos en el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, así como en aquellos otros procedimientos administrativos a que se refiere el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
3.- El reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita conllevará para sus titulares las prestaciones contempladas en el artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
1.- Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita son los órganos colegiados competentes para efectuar el reconocimiento del derecho de Asistencia Jurídica Gratuita en su ámbito territorial. Estarán adscritas al Departamento competente en materia de justicia, que les facilitará los recursos humanos, materiales y económicos que precisen para su correcto funcionamiento, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
2.- Tendrán su sede en cada una de las capitales de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, ejerciendo sus funciones y competencias en su respectivo ámbito territorial, en las dependencias que a tal fin les destine el Departamento competente en materia de justicia.
3.- Cuando el volumen de asuntos que soporta una Comisión lo justifique, mediante resolución del Departamento competente en materia de justicia podrá acordarse la creación de delegaciones de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. Las delegaciones estarán compuestas de forma idéntica a las Comisiones en cuanto al número de miembros y su origen o procedencia.
1.- Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita estarán integradas por los siguientes miembros.
2.- Al objeto de garantizar la continuidad de los trabajos y el buen funcionamiento de las Comisiones, se nombrará una persona suplente por cada persona titular, que será designada de la misma manera que éstas. Los miembros titulares y suplentes podrán actuar indistintamente.
1.- Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de, al menos, tres miembros de la Comisión, incluyendo entre estos al presidente o presidenta y al secretario o secretaria.
2.- El régimen de convocatorias y sesiones será el previsto en el artículo 26 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; no obstante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita podrá establecer un calendario de sesiones, no siendo preciso en este caso efectuar su convocatoria, a la que se entenderán citadas todas las personas integrantes de la misma.
3.- Se reunirán al menos con una periodicidad quincenal, sin perjuicio de que la Comisión acuerde variar dicha periodicidad atendiendo al volumen de los asuntos a tratar.
1.- Son funciones de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.
3.- Asimismo informarán sobre su funcionamiento al Departamento competente en materia de justicia, facilitando los datos y estadísticas que les sean requeridos, desagregados por sexo, y propondrán a éste las actuaciones que consideren necesarias para el correcto funcionamiento del servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.
1.- La gestión administrativa de los procedimientos se llevará a cabo a través de las aplicaciones informáticas del Departamento competente en materia de justicia y las de los respectivos Colegios Profesionales, que conformarán el sistema informático de Asistencia Jurídica Gratuita.
2.- Las aplicaciones informáticas estarán interconectadas a través de una vía telemática en un entorno seguro, que garantice la unicidad de datos entre la gestión que realicen los Colegios de Abogados y Procuradores y la que desarrollen las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita y la Dirección a quien se tribuya la gestión de la Justicia Gratuita. A tal efecto, a través de una resolución de dicha Dirección, se regulará el contenido, formato y condiciones de envío de los archivos que deben ser incorporados al sistema informático de Asistencia Jurídica Gratuita, gestionado por aquella Dirección.
3.- El sistema informático de Asistencia Jurídica Gratuita dispondrá de una oficina virtual a través de la cual las personas solicitantes, los abogados y abogadas y los procuradores y procuradoras del Turno de Oficio podrán consultar el estado de tramitación de sus expedientes y, en su caso, aquéllos que dispongan de firma digital podrán realizar la tramitación de solicitudes de forma electrónica.
1.- El Consejo Asesor estará integrado por los siguientes miembros.
2.- Se nombrará una persona suplente por cada uno de los miembros del Consejo, que se designará de la misma manera que las personas titulares.
3.- El Consejo podrá convocar a sus reuniones, cuando lo considere necesario, a personal técnico o cualificado para el estudio de aquellas cuestiones que se determinen mediante acuerdo.
1.- El Consejo se reunirá siempre que la presidencia lo convoque y, como mínimo, una vez al año. Su funcionamiento se ajustará a las disposiciones que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2.- Para el cumplimiento de sus finalidades, el Consejo podrá recabar los datos e informes que considere convenientes de cualquiera de los Colegios Profesionales.
3.- La concurrencia a las reuniones del Consejo Asesor de Asistencia Jurídica Gratuita, debidamente justificada por la secretaria o secretario, dará derecho a una indemnización en los términos, condiciones y por el importe previstos en la normativa sobre indemnizaciones por razón del servicio del Gobierno vasco. Se exceptúa de tal indemnización a las personas que participen en su condición de funcionarias y cargos de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
1.- El procedimiento para reconocer el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita se iniciará a instancia de parte, mediante la presentación del modelo normalizado contenido en el anexo I del presente Decreto.
2.- Los Colegios de Abogados adoptarán las medidas necesarias para que las y los profesionales intervinientes en los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita faciliten los impresos a las personas interesadas y procuren que éstas los cumplimenten adecuadamente, auxiliándolas para ello si fuese necesario.
3.- La solicitud inicial se acompañará de la documentación acreditativa de los datos en ella recogidos, conforme al anexo I de este Decreto, salvo que, siendo necesario interrumpir los correspondientes plazos procesales, no puedan entregarse en ese momento los documentos indicados.
4.- El requerimiento judicial de designación provisional de abogado o abogada y procurador o procuradora, realizado conforme al artículo 21 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, o al artículo 33 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para asegurar la defensa o representación de las partes en un proceso no constituye iniciación del procedimiento salvo que se adjunte la manifestación de voluntad de la persona interesada mediante la presentación del formulario correspondiente para el reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita. El propio órgano judicial facilitará a la persona interesada la solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita que una vez cumplimentada será remitida al Servicio de Orientación Jurídica.
1.- No será precisa la tramitación a que se refiere el artículo 14 en el ámbito de la jurisdicción penal -salvo en delitos contra la seguridad vial, delitos cometidos por menores, violencia de género o intrafamiliar, estafas y delitos perseguibles únicamente mediante querella-, y en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa en el caso de personas extranjeras para procesos de denegación de entrada, devolución o expulsión del territorio español. En estos supuestos la Administración abonará las actuaciones de los profesionales designados siempre que estos estimen que sus clientes o personas representadas presenten notoria insuficiencia de medios económicos y sean acreedores del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.
2.- En el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa o civil, cuando se trate de recurrir las órdenes forales relativas a la edad del o la menor extranjera, podrá iniciar el procedimiento de reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita el letrado o letrada que represente los intereses de la persona extranjera cuya minoría de edad sea discutida, conforme al procedimiento establecido en el párrafo 1 de este artículo.
3.- En materia de extranjería en procedimientos de denegación de entrada, devolución o expulsión, será necesario que la persona beneficiaria ratifique su voluntad de presentar el recurso en el momento de su interposición por cualquier medio que deje constancia expresa de su identidad y del conocimiento de la resolución. Cuando la representación sea requerida por el órgano judicial para acudir a la vía jurisdiccional, el nombramiento de procurador o procuradora de oficio deberá solicitarse por la propia persona interesada. Asímismo, en los casos en que se reconozca Asistencia Jurídica Gratuita en la vía administrativa previa, también será necesaria la ratificación de la voluntad de ejercitar la acción jurisdiccional en los términos previstos en el párrafo anterior, ratificación que se efectuará conforme al modelo incorporado al anexo V de este Decreto.
4.- En el resto de los supuestos no incluídos en los párrafos anteriores se estará al procedimiento general fijado en el artículo 14.
1.- Las solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita así como la documentación preceptiva, se presentarán debidamente cumplimentadas ante los Servicios de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados correspondiente al lugar en que se halle el órgano judicial que conozca o haya de conocer del proceso principal para el que se solicita, o ante el Juzgado correspondiente al domicilio de la persona solicitante. En este último caso, el órgano judicial remitirá la petición al Servicio de Orientación Jurídica territorialmente competente.
2.- En el procedimiento especial para enjuiciamiento de juicios rápidos y en materia de extranjería será de aplicación lo preceptuado en el artículo 15.1 de este Decreto cuando se enjuicien los delitos en él referenciados. En todo caso, no será precisa la acreditación previa de recursos económicos por parte de la persona asistida, debiendo aportar la documentación necesaria en los cinco días siguientes al de la presentación de la solicitud. En estos supuestos, el abogado o abogada recabará de la persona a la que asiste la cumplimentación de la solicitud y dará traslado de ésta, en el plazo de cuarenta y ocho horas, al Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados competente para su tramitación.
3.- En procedimientos penales por delitos contra la seguridad vial, delitos cometidos por menores, violencia de género o intrafamiliar, estafas y delitos perseguibles únicamente mediante querella, el letrado informará a su cliente de la obligación de tramitar su solicitud en el plazo de un mes a contar desde su designación, instando a firmar a la persona peticionaria un documento normalizado conforme al modelo incorporado al anexo III de este Decreto, con la advertencia de que caso de no tramitar en diez días dicha solicitud, se le tendrá por desistido de su derecho y deberá abonar los gastos ocasionados por su defensa.
4.- En los procedimientos atribuídos a los Juzgados de Menores, se hará una única solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita con independencia de las piezas que se abran y será firmada, en nombre y representación de la o el menor, por quien tenga su representación legal o guarda de hecho y, en su defecto, por el Ministerio Fiscal si existiesen intereses contrapuestos o un conflicto de intereses entre el o la menor y la persona que tenga su representación legal o guarda de hecho.
5.- En los procedimientos de familia o de medidas de hijos e hijas extramatrimoniales, se considerará que hay intereses contrapuestos entre los miembros de la pareja, por lo que la solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita se realizará individualmente, debiendo cumplir cada uno de ellos los requisitos económicos al objeto de la oportuna designación. Tal designación será única y exclusivamente para la persona beneficiaria del derecho.
6.- Presentada la solicitud ante el Servicio de Orientación Jurídica correspondiente, éste, de haberse iniciado ya el proceso, advertirá al peticionario que de pretender la suspensión del procedimiento habrá de solicitarlo expresamente ante el órgano judicial.
1.- Los Servicios de Orientación Jurídica examinarán la documentación presentada y si apreciasen que es insuficiente o que en la solicitud existen defectos o no está debidamente cumplimentada, requerirán a la persona interesada, indicando con precisión los defectos o carencias advertidas, para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o adjunte la documentación pertinente, advirtiéndole que en el caso de no hacerlo, se le tendrá por desistida. El requerimiento deberá practicarse de forma que quede constancia de su recepción.
2.- Transcurrido este plazo sin que se produzca la subsanación, el Servicio de Orientación Jurídica archivará aquellos expedientes en los que no exista designación, trasladando a la Comisión, con dictamen provisional de desfavorable, aquéllos en los que esta designación se hubiere producido.
3.- En los casos en que la Comisión aprecie defectos formales en la tramitación del expediente, procederá a su devolución al Servicio de Orientación Jurídica para su correcta tramitación.
1.- Analizada la solicitud y los documentos justificativos, y subsanados en su caso los defectos advertidos, si el Colegio de Abogados estimara que la persona peticionaria cumple los requisitos legalmente establecidos para obtener el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, procederá en el plazo máximo de quince días, contado a partir de la recepción de la solicitud por dicho Colegio o de la subsanación de los defectos, a la designación provisional de abogado y lo comunicará inmediatamente al Colegio de Procuradores, en el caso de ser preceptiva la intervención de procurador o procuradora, para que dentro de los tres días siguientes designe al profesional que asuma la representación.
2.- En las jurisdicciones civil, social y contencioso-administrativa, la designación se realizará a favor del abogado o abogada elegido por el solicitante que hubiese ejercido el derecho que le reconoce el artículo 32 de este Decreto siempre que no haya agotado el cupo. Caso de haberse agotado, se procederá a designar un letrado o letrada por turno aleatorio, según la organización que se haya establecido por el Colegio. El abogado o abogada designado podrá excusar la designación de forma motivada de conformidad con lo previsto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
3.- Realizadas las designaciones provisionales, los Colegios tendrán un plazo máximo de tres días para trasladar a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita el expediente completo, a los efectos de verificación y resolución de la solicitud.
4.- En el mismo plazo comunicarán a la persona interesada el nombramiento provisional, conteniéndose en dicha comunicación la información relativa a la obligación de abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por los servicios efectivamente prestados por los o las profesionales designados con carácter provisional en el caso de no obtener el reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.
5.- En el caso de que el Colegio de Abogados no efectuase el nombramiento provisional de abogada o abogado previsto en los párrafos anteriores, lo comunicará en el plazo de cinco días a la persona solicitante y trasladará la solicitud a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.
6.- Si el Colegio de Abogados, en el plazo de quince días desde la recepción de la solicitud o, en su caso, desde la subsanación de los defectos, no hubiere realizado ninguna de las actuaciones previstas en los párrafos anteriores, la persona solicitante podrá reiterar su solicitud ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita en el plazo de quince días.
7.- En este caso, la Comisión requerirá el expediente al Colegio de Abogados junto con un informe sobre la petición, ordenando, cuando resulte procedente, la designación provisional de abogado o abogada y, si fuera preceptivo, de procurador o procuradora, continuando el procedimiento previsto en este Decreto.
8.- Los Colegios Profesionales establecerán las medidas necesarias para garantizar a las víctimas de violencia de género, violencia intrafamiliar y de agresión sexual la designación provisional de abogado o abogada y, si es preceptiva su intervención, de procurador o procuradora, con antelación suficiente a las comparecencias o vistas de juicios rápidos en los que deban intervenir.
9.- Será obligación de los Colegios Profesionales el mantenimiento y actualización de las bases de datos de colegiados y colegiadas dadas de alta en los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita.
10.- Los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados, trasladarán a la correspondiente Comisión la relación de los expedientes tramitados de manera excepcional al procedimiento normalizado para su validación.
2.- A los efectos previstos en el párrafo anterior, la Comisión podrá recabar de las Administraciones Tributarias o de cualquier otra Institución o Entidad, la confirmación de los datos de carácter económico que consten en la documentación presentada con la solicitud y cualquier otro dato relativo a su capacidad económica, siempre que lo estime indispensable para dictar la resolución.
3.- La Comisión oirá a la parte o partes contrarias en el pleito o contra las que se pretenda ejercitar la acción si estima que pueden aportar datos o cuando sea solicitado por éstas.
5.- Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita darán preferencia absoluta y tramitarán con urgencia las solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita, tanto de las víctimas como de los imputados o imputadas, en el ámbito del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de delitos.
6.- A través del sistema informático de Asistencia Jurídica Gratuita las Comisiones dispondrán de las listas de colegiados y colegiadas en ejercicio adscritos a los servicios de Justicia Gratuita, en su caso, con las de especializaciones por órdenes jurisdiccionales.
1.- Realizadas las comprobaciones pertinentes, la Comisión dictará una resolución en la que reconocerá o denegará el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita. Las notificaciones se realizarán en el plazo de tres días a la persona solicitante, al Colegio de Abogados y de Procuradores, a las partes interesadas, así como al Juzgado o Tribunal que esté conociendo del proceso o al Juez o Jueza Decana si éste no se hubiera iniciado. Serán realizadas por la secretaria o el secretario de la Comisión.
2.- La resolución estimatoria del derecho implicará la confirmación de las designaciones de abogado o abogada y, en su caso, de procurador o procuradora, efectuadas provisionalmente por los Colegios Profesionales.
3.- Si el proceso aún no se hubiese iniciado, los o las profesionales designadas deberán adjuntar la resolución estimatoria al escrito con el que se inicien las actuaciones, a los efectos de que la parte o las partes contrarias puedan hacer uso del derecho previsto en el artículo 20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita, circunstancia de la que advertirán tanto en la notificación al solicitante como en la realizada a los Colegios Profesionales.
4.- La resolución desestimatoria, una vez sea firme, implicará la sobrevenida ineficacia de las eventuales designaciones de oficio realizadas, salvo en la jurisdicción penal, debiendo la persona solicitante designar abogado/a y procurador/a de libre elección. La persona solicitante deberá abonar los honorarios y derechos económicos correspondientes a las actuaciones practicadas por los y las profesionales designados con carácter provisional. En estos supuestos, tales profesionales intervinientes podrán reclamar judicialmente sus honorarios.
1.- Sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa, transcurrido el plazo de treinta días sin que la Comisión la hubiere dictado quedarán ratificadas las decisiones previamente adoptadas por los Colegios de Abogados y de Procuradores, con los efectos que en cada caso correspondan.
2.- Si los Colegios Profesionales no hubieran adoptado decisión alguna en el plazo previsto, el silencio de la Comisión será positivo. En este caso, a petición de la persona interesada, el órgano judicial que conozca del proceso o, si la solicitud se realizó antes de la iniciación de aquél, el Juez o Jueza Decano/a competente, declarará el derecho en su integridad y requerirá de los Colegios Profesionales la designación de abogado o abogada y, si fuese preceptivo, de procurador o procuradora.
3.- Cuando la persona interesada haya fundado su pretensión en las circunstancias excepcionales previstas en el artículo 5 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la falta de resolución expresa de la Comisión dará lugar a que la solicitud se entienda estimada, y por tanto, reconocido el derecho.
1.- De conformidad con lo establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la declaración errónea o el falseamiento u ocultación de datos por las personas solicitantes de Asistencia Jurídica Gratuita que hayan sido determinantes para el reconocimiento del derecho, darán lugar, en todo caso, a su revocación por parte de la Comisión. A estos fines la Comisión tendrá potestades de revisión de oficio.
2.- La Comisión, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de persona interesada, declarará la nulidad o anulabilidad de la resolución que reconoció el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, en los términos establecidos en los artículos 102 y 103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3.- La revocación del derecho comportará la obligación del pago por parte del beneficiario de los honorarios y derechos económicos devengados por los profesionales designados de oficio. Respecto al coste de las demás prestaciones obtenidas en razón de dicha concesión, la Administración Autonómica podrá exigir dicho reembolso mediante el procedimiento administrativo de apremio.
4.- Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita son competentes para revocar las resoluciones denegatorias del reconocimiento del derecho, conforme a lo previsto en el artículo 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5.- Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
1.- Cuando el abogado o abogada designado o designada para un proceso considere insostenible la pretensión que pretende hacerse valer, deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dentro de los quince días siguientes a su designación, mediante la presentación de un informe debidamente motivado en el que exponga los argumentos jurídicos en los que fundamenta su decisión. A continuación se tramitará conforme a lo previsto en los artículos 32 a 35 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
2.- Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita llevarán un registro especial en el que constarán los expedientes tramitados con motivo de la insostenibilidad de las pretensiones producidas.
3.- Las resoluciones de las Comisiones desestimatorias de la solicitud de insostenibilidad de la pretensión serán comunicadas a la persona solicitante, a los y las profesionales de oficio, a los Colegios de Abogados y de Procuradores y al órgano judicial.
2.- Al objeto de posibilitar eventuales impugnaciones contra la estimación o desestimación presunta de la solicitud, será de aplicación lo establecido en el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3.- Los Servicios Jurídicos del Gobierno Vasco, en los cinco días siguientes a su notificación, remitirán a la Dirección que tenga atribuida la gestión de la Justicia Gratuita las resoluciones judiciales de las impugnaciones tramitadas.
ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
1.- Los Colegios de Abogados y de Procuradores regularán y organizarán los servicios de asistencia letrada y defensa y representación gratuitas atendiendo a criterios de eficacia, igualdad de trato y oportunidades, funcionalidad, agilidad, accesibilidad, calidad y transparencia.
2.- Los Colegios Profesionales, comunicarán al Departamento competente en materia de justicia, las directrices generales sobre organización y funcionamiento de los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita para asegurar el eficaz cumplimiento de lo previsto en este Decreto.
3.- Asimismo los Colegios Profesionales velarán por el correcto desarrollo de la actividad de los y las profesionales designados y adoptarán cuantas medidas sean necesarias para garantizar la efectividad y el pleno respeto de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas a ser asesorados, defendidos y representados por profesionales suficientemente cualificados y a recibir una prestación profesional de calidad.
4.- Con esta finalidad los Colegios de Abogados desarrollarán, entre otras, las siguientes funciones:
5.- Con idéntica finalidad los Colegios de Procuradores llevarán a cabo, entre otras, las siguientes funciones:
6.- Para el adecuado desarrollo de las funciones previstas en los párrafos anteriores, en el seno de los Colegios podrán constituirse grupos o comisiones en relación con el Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita.
1.- Cada Colegio de Abogados contará con un Servicio de Orientación Jurídica que asumirá, además de las funciones que le asigne la Junta de Gobierno, las siguientes:
3.- Los Colegios de Abogados adoptarán las medidas precisas para facilitar el acceso de la ciudadanía a los Servicios de Orientación Jurídica y dar a conocer su localización y sus funciones.
1.- El Departamento competente en materia de justicia, el Consejo Vasco de la Abogacía y el Consejo Vasco de Procuradores acordarán anualmente los requisitos generales de formación y especialización para la prestación de los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita.
2.- Los requisitos de formación a que alude el párrafo anterior garantizarán que la asistencia jurídica y defensa en juicio de mujeres víctimas de violencia de género, de menores y en materia de extranjería la lleven a cabo abogados y abogadas especializados; así como en otras especialidades en las que se acuerde la obligatoriedad de una formación específica.
3.- El Consejo Vasco de la Abogacía, con el visto bueno del Departamento competente en materia de justicia, programará anualmente cursos dirigidos a la formación de las y los colegiados para el acceso a los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita. Asimismo, programará cursos de formación continua obligatorios para las y los integrantes de los turnos.
4.- El Departamento competente en materia de justicia contribuirá a la financiación de la formación de las y los colegiados exigida en los párrafos anteriores conforme a sus posibilidades y disponibilidad presupuestaria.
1.- Los Colegios de Abogados garantizarán el servicio de asistencia letrada a la persona detenida, a la persona denunciada o a la persona a quien se atribuya en el atestado policial los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, así como la defensa en los juicios de conformidad que se celebren ante el Juzgado de Guardia. Para ello organizarán un turno de guardia permanente cuyos integrantes actuarán tan pronto sean requeridos por las Comisarías o por los Juzgados. Los Colegios supervisarán y controlarán su correcto funcionamiento, y darán cuenta al Departamento competente en materia de justicia del régimen de prestación de los mismos y de los cambios que en ellos se produzcan.
2.- Los Colegios de Abogados deberán constituir el turno de guardia permanente en situación de disponibilidad de los letrados y letradas durante las 24 horas del día para la prestación del servicio de asistencia letrada, así como para los turnos especiales, realizando cuantas asistencias sean necesarias durante el mismo.
3.- Los Colegios de Procuradores constituirán un servicio que les permita dar a conocer a los órganos judiciales y a las partes que lo soliciten el procurador o procuradora designado con antelación suficiente a la celebración de las vistas o comparecencias en los juicios rápidos en el orden penal en las que deban intervenir.
4.- Los Colegios de Abogados y el Departamento competente en materia de justicia fijarán la organización de los turnos de guardia, con especificación del número de letrados o letradas integrantes de cada uno de los servicios de guardia. Esta organización quedará reflejada y podrá actualizarse anualmente en la resolución que fije los baremos de compensación económica.
Párrafo «Los Colegios de Abogados y el Departamento competente en materia de justicia fijarán la organización de los turnos de guardia» del número 4 del articulo 31 declarado nulo por Sentencia 644/2013 de 11 de noviembre, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª). Véase Edicto [PAÍS VASCO] 16 diciembre 2013 dimanante del recurso contencioso-administrativo n.º 890/2012, declarando la nulidad de un párrafo del artículo 31.4 del Decreto 110/2012, de 19 de junio, de asistencia jurídica gratuita y la conformidad a derecho del resto de los preceptos del citado Decreto («B.O.P.V.» 31 enero 2014). TSJPV, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, S 644/2013, 11 Nov. 2013 (Rec. 890/2012) Edicto Tribunal Superior de Justicia de 16 Dic. 2013 CA País Vasco (recurso contencioso-administrativo n.º 890/2012, declarando la nulidad de un párrafo del artículo 31.4 del D 110/2012, de 19 Jun., de asistencia jurídica gratuita)
1.- Los Colegios de Abogados y Procuradores establecerán sistemas de distribución equitativa para la designación de las y los profesionales de oficio. Dichos sistemas serán públicos para todas las abogadas o abogados y procuradoras o procuradores y podrán ser consultados por las personas solicitantes de Asistencia Jurídica Gratuita.
2.- La designación de abogados o abogadas y procuradores o procuradoras se realizará a favor de los inscritos en las listas de Turno de Oficio gestionadas por los Colegios Profesionales respectivos.
4.- Se establece la libre elección de abogado o abogada en las jurisdicciones civil, social y contencioso-administrativa. La designación provisional y definitiva de abogado o abogada en procesos de estas jurisdicciones se realizará a favor de la persona elegida por la o el solicitante entre las incluidas en la lista correspondiente que no hubiesen agotado su cupo máximo. Los cupos máximos quedaran establecidos por una resolución del Departamento competente en materia de justicia, previa negociación con los Colegios de Abogados.
5.- Cuando la persona solicitante no manifieste expresamente su deseo de elegir un profesional o cuando el o la profesional elegido o elegida por aquélla haya agotado el cupo establecido al efecto o sea excusado de la defensa, se procederá a la designación por turno, de conformidad con lo previsto en el párrafo 2. En ningún caso la persona solicitante podrá elegir un profesional una vez le haya sido designado el que corresponda por turno.
1.- Salvo en los supuestos en que concurran causas de renuncia o excusa de los profesionales designados, estos desempeñarán sus funciones hasta la finalización del procedimiento en la instancia judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, siempre que se inicie dentro de los dos años siguientes a la sentencia.
2.- La asistencia letrada a las víctimas de violencia de género la prestará el mismo abogado o abogada desde que se requiera dicha asistencia y hasta la finalización del procedimiento penal, abarcando además cualesquiera otros procesos penales, civiles, contencioso-administrativos y sociales, así como procedimientos administrativos, que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida, sin que sea necesario aportar documentación económica en cada una de las solicitudes hasta que transcurran 6 meses desde la solicitud inicial. Este mismo derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima. Si el abogado o abogada se excusa de la defensa en el orden penal y el Colegio acepta la excusa implicará el cese en los demás procedimientos y la designación de un nuevo letrado o letrada.
3.- Con carácter general, la asistencia letrada en los procedimientos penales la prestará un único abogado o abogada desde la detención, si la hubiere, o desde la primera comparecencia, y se entenderán con dicho profesional todas las fases del procedimiento.
1.- De conformidad con el artículo 41 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, las quejas o reclamaciones formuladas como consecuencia de las actuaciones de los y las profesionales encargados de los servicios colegiales de Asistencia Jurídica Gratuita deberán ser presentadas ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, quien dará traslado de las mismas a los Colegios correspondientes.
1.- La tramitación de las reclamaciones de indemnización se ajustará a lo establecido por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, en lo que sea aplicable y, en todo caso, con las siguientes precisiones:
2.- El Departamento competente en materia de Asistencia Jurídica Gratuita sufragará el coste del seguro de responsabilidad civil que haga frente a las contingencias derivadas de la responsabilidad patrimonial establecida en el artículo 26 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita hasta un máximo de 4.113 euros, a repartir entre los Colegios de Abogados y de Procuradores.
1.- El Departamento competente en materia de justicia, dentro de las consignaciones presupuestarias, compensará económicamente:
2.- El Departamento competente en materia de justicia, tramitará el pago por el importe que corresponda calculado según el baremo vigente.
1.- El Departamento competente en materia de justicia actualizará anualmente, mediante la oportuna resolución, el importe aplicable a la compensación económica por servicio de guardia de veinticuatro horas establecido en el módulo para la guardia de disponibilidad recogido en el anexo VI, que se abonará con independencia de las prestaciones que se realicen en dicha guardia.
2.- Los Colegios Profesionales trasladarán al Departamento las liquidaciones trimestrales correspondientes, mediante certificado colegial, junto con la documentación exigida por el artículo 40 del presente Decreto. Cumplimentado este trámite, el Departamento procederá trimestralmente a efectuar los libramientos oportunos a favor de los respectivos Colegios para su posterior distribución entre los letrados y letradas.
3.- Sin perjuicio de la organización y determinación definitiva de los grupos, así como del número de profesionales que conformarán el servicio de guardia en cada partido judicial, tal y como recoge el artículo 31 del presente Decreto, se establece un mínimo de cuarenta y un letrados para prestar estas tareas los días laborables en toda la Comunidad Autónoma del País Vasco, que se reducirán en el número que sea necesario durante los fines de semana y festivos para adecuarse a la menor actividad, sin que el servicio prestado sufra merma o perjuicio.
1.- El Departamento competente en materia de justicia procederá a la compensación económica de las actuaciones correspondientes a la defensa y representación gratuitas llevadas a cabo por las y los profesionales adscritos al Turno de Oficio. Serán compensadas económicamente siempre que tengan por destinatarios a quienes obtengan el reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.
2.- El importe de la compensación que corresponde a las y los profesionales designados de oficio por las actuaciones realizadas se determinará conforme a las bases económicas y módulos que figuran como anexo VI al presente Decreto.
3.- Salvo en los procesos monitorios, ordinarios y verbales de la jurisdicción civil y en el proceso ordinario de la jurisdicción social, las y los profesionales designados de oficio devengarán la compensación económica correspondiente a su actuación, al inicio del procedimiento, cuando concurra la primera de las actuaciones procesales establecidas en el anexo VI del presente Decreto. Dicha compensación económica abarcará la totalidad del procedimiento incluida, en su caso, la ejecución.
4.- Las y los profesionales procederán a la justificación de las cantidades que se les deben abonar en el plazo máximo de tres meses a partir de la finalización del trámite correspondiente.
5.- Los y las profesionales presentarán la liquidación bien a través del sistema informático común u homologado que se establezca por resolución del Departamento competente en materia de justicia, o bien en otro soporte ante el Colegio Profesional correspondiente, siendo en este último caso responsabilidad de dicho Colegio Profesional el traslado de los datos necesarios al referido sistema.
6.- Los Colegios Profesionales trasladarán al Departamento competente en materia de justicia las liquidaciones trimestrales correspondientes mediante certificado colegial, junto con la documentación exigida por el artículo 40 del presente Decreto.
1.- De conformidad con lo prevenido en el artículo 38 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, serán objeto de compensación económica a los Colegios de Abogados y Procuradores, el coste que genere el funcionamiento operativo de los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, los de asesoramiento y orientación previos al proceso y de calificación provisional de las pretensiones solicitadas que efectúen aquellos.
2.- El Departamento competente en materia de justicia distribuirá a los Colegios de Abogados a fin de atender sus respectivos gastos de funcionamiento, una cantidad que será el resultado de aplicar sobre la base de lo devengado el año anterior en concepto de turnos de guardia del artículo 37 y actuaciones de las encuadradas en el artículo 38, un porcentaje, variable en función de los tramos que a continuación se indican. El resultado de aplicar los porcentajes aplicados a los tramos conformará la cantidad total a percibir por cada Colegio.
3.- Los Colegios de Procuradores percibirán para atender a sus gastos de funcionamiento la cantidad resultante de aplicar a lo devengado el año anterior en concepto de actuaciones el baremo escalonado siguiente.
4.- En el primer trimestre de cada ejercicio económico se abonará a cada Colegio de Abogados y Procuradores el cien por cien de la cantidad indicada en los párrafos anteriores.
1.- Se establecerán los medios telemáticos a través de los cuales el Departamento competente en materia de justicia podrá verificar la efectiva realización de las actuaciones que dan derecho a las compensaciones correspondientes.
2.- La justificación trimestral de la aplicación de los fondos percibidos comprenderá la presentación ante la Dirección que tenga atribuida la gestión de la Justicia Gratuita de los documentos siguientes:
3.- En cualquier caso, los Colegios Profesionales guardarán debidamente ordenada la información relativa a cada profesional, donde figurará el importe bruto abonado, la retención practicada en concepto de Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas y el importe neto liquidado finalmente entregado al letrado, información con la que se confeccionará y remitirá trimestralmente a la Dirección que tenga atribuida la gestión de la Justicia Gratuita, junto con las justificaciones del presente párrafo, la relación trimestral conjunta donde figure el importe bruto abonado, la retención practicada en concepto de Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas y el importe neto liquidado finalmente entregado al conjunto de letrados de cada Territorio Histórico.
4.- Los Colegios de Procuradores deberán presentar las justificaciones de las actuaciones profesionales de representación gratuita en los términos de los anteriores párrafos que les sean aplicables.
5.- Los Colegios de Abogados y de Procuradores deberán conservar la documentación justificativa de las asistencias jurídicas gratuitas por un período de cinco años. La Dirección que tenga atribuida la gestión de la Justicia Gratuita podrá, en cualquier momento, solicitar de los Colegios la aportación de dicha documentación.
2.- Antes de la realización de la prueba pericial, el técnico privado designado conforme a lo previsto en el párrafo segundo de aquel artículo, remitirá a la Dirección que tenga atribuida la gestión de la Justicia Gratuita, para su aprobación, una previsión del coste económico de aquélla, que incluirá necesariamente los extremos siguientes:
4.- En los asuntos de familia en que deban realizarse periciales, éstas se incardinarán dentro del módulo de contador-partidor establecido en el baremo económico aplicable a este Decreto.
5.- Cuando la persona titular del derecho a Asistencia Jurídica Gratuita hubiera sido condenada en costas en la sentencia que pone fin al proceso y dentro de los tres años siguientes a la terminación del mismo viniera a mejor fortuna, estará obligada a abonar las peritaciones realizadas por técnicos privados.
ANEXO I AL DECRETO 110/2012, DE 19 DE JUNIO
DECLARACIÓN DE DATOS PARA LA CONCESIÓN DEL DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
ANEXO II AL DECRETO 110/2012, DE 19 DE JUNIO
MODELO A PRESENTAR POR EL LETRADO/A EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DENTRO DEL PLAZO DE UN MES A FIN DE DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN MATERIA PENAL PARA UN/A SOLICITANTE QUE SE HALLA INCLUIDO/A EN EL ÁMBITO PERSONAL DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1/96.
ANEXO III AL DECRETO 110/2012, DE 19 DE JUNIO
MODELO DE ESCRITO POR EL QUE EL PETICIONARIO/A SE COMPROMETE A TRAMITAR LA SOLICITUD DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA ANTE EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS.
ANEXO IV AL DECRETO 110/2012, DE 19 DE JUNIO
MODELO A PRESENTAR POR EL LETRADO/A EN EL COLEGIO DE ABOGADOS PARA DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL ÁMBITO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE EXTRANJERÍA PARA PROCESOS DE DENEGACIÓN DE ENTRADA, DEVOLUCIÓN Y EXPULSIÓN AL HALLARSE EL PETICIONARIO/A EN EL ÁMBITO PERSONAL DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1/1996.
ANEXO V AL DECRETO 110/2012, DE 19 DE JUNIO
MODELO DE RATIFICACIÓN DE VOLUNTAD DEL PETICIONARIO/A DE EJERCITAR LA ACCIÓN JURISDICCIONAL PARA LA QUE SOLICITA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
ANEXO VI AL DECRETO 110/2012, DE 19 DE JUNIO

References: Artículo 3

Artículo 7

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23
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Artículo 25

Artículo 26

Artículo 28

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45
 ARTÍCULO 2
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 artículo 31
 artículo 31
 artículo 2
 artículo 119
 artículo 20
 artículo 6
 resolución 
 artículo 26
 resolución 
 artículo 21
 artículo 33
 artículo 14
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 artículo 15
 artículo 32
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 resolución 
 artículo 20
 resolución 
 resolución 
 artículo 5
 resolución 
 resolución 
 artículo 105
 artículo 43
 resolución 
 artículo 31
 artículo 31
 resolución 
 artículo 41
 Real Decreto 
 artículo 26
 artículo 40
 artículo 31
 resolución 
 artículo 40
 artículo 38
 artículo 37
 artículo 38
 ARTÍCULO 2
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