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﻿ Sentencia 9778 de julio 14 de 2000
SENTENCIA 9778 DE 14 DE JULIO DE 2000
CONTENIDO:DECLARACIÓN Y PAGO ELECTRÓNICO DE IMPUESTOS. EL CONTRIBUYENTE NO PUEDE SER OBLIGADO A UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS. ANULA EL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO 1487 DE 1999, DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y EL ARTÍCULO 2 DE LA RESOLUCIÓN 832 DE 1999, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD, PROCESO ADMINISTRATIVO, DIAN, CONTRIBUYENTE, PROCESO TRIBUTARIO, DECLARACIÓN DEL IMPUESTO, PAGO DEL IMPUESTO, ESTATUTO TRIBUTARIO, PAGO DEL IMPUESTO POR CANAL ELECTRÓNICO, PAGO ELECTRÓNICO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:346 DE OCTUBRE DE 2000, PÁG.1955
Sentencia 9778 de julio 14 de 2000
DECLARACIÓN Y PAGO ELECTRÓNICO DE IMPUESTOS
EL CONTRIBUYENTE NO PUEDE SER OBLIGADO A UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS
Ref.: Expediente 9778
Decreto Gobierno Nacional
DIAN resolución.
Santafé de Bogotá, D.C., catorce de julio de dos mil.
EXTRACTOS: «En ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, el actor, actuando en nombre propio, demanda a la Nación, representada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para que se declare la nulidad del artículo 2º del Decreto Reglamentario 1487 de 1999 y del artículo 2º de la Resolución 832 de 1999, expedida por la Directora de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
Las normas cuya declaratoria de nulidad se demandan son del siguiente tenor:
“DECRETO 1487 de 1999
Por medio del cual se autoriza el sistema declaración y pago electrónico de la DIAN y se establecen algunos parámetros operativos para la presentación de las declaraciones tributarias y el pago de los impuestos por a888<vía (sic) electrónica.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial de las contenidas en los artículos 189, numeral 11 de la Constitución Política y del artículo 579-2 del estatuto tributario,
“ART. 2º—La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante resolución determinará los contribuyentes que deben presentar las declaraciones tributarias de los impuestos administrados por la entidad y de las retenciones en la fuente, a través del sistema declaración y pago electrónico. La resolución que se expida para el efecto deberá especificar los criterios bajo los cuales se incorporan los diferentes grupos de contribuyentes”.
“RESOLUCIÓN NÚMERO 832 DE 1999
por la cual se señalan algunos contribuyentes, responsables y agentes de retención que deben presentar las declaraciones tributarias y efectuar los pagos de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y de las retenciones en la fuente, a través del sistema declaración y pago electrónico.
La directora general de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades legales y, en especial de las consagradas en el artículo 19 literales b) y nn) del Decreto 1071 de junio 26 de 1999, y el Decreto 1487 del 12 de agosto de 1999,
ART. 2º—Obligados a utilizar el sistema declaración y pago electrónico. Los contribuyentes responsables y agentes de retención relacionados a continuación deberán presentar las declaraciones tributarias de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y realizar todos los pagos exclusivamente, por los medios previstos dentro del sistema declaración y pago electrónico.
Debe precisar la Sala si tanto el artículo 2º del Decreto 1487 de 1999, “por medio del cual se autoriza el sistema declaración y pago electrónico de la DIAN y se establecen algunos parámetros operativos para la presentación de las declaraciones tributarias y el pago de los impuestos por vía electrónica”, como el artículo 2º de la Resolución 832 de 1999, “por la cual se señalan algunos contribuyentes, responsables y agentes de retención que deben presentar las declaraciones tributarias y efectuar los pagos de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y de las retenciones en la fuente, a través del sistema declaración y pago electrónico”, desconocen o no el texto del artículo 579-2 del estatuto tributario, al prever la primera de las disposiciones en mención que la DIAN mediante resolución determinará los contribuyentes que deben presentar sus declaraciones por medios electrónicos, y enunciar, la segunda de ellas, los contribuyentes, responsables y agentes de retención que deben presentar sus declaraciones tributarias y pagar por tales medios.
En opinión del demandante los actos acusados desconocen el texto legal en comento al convertir en obligación la facultad que tiene el contribuyente de presentar o no sus declaraciones por medios electrónicos, previa autorización solicitada para el efecto en caso afirmativo, puesto que mientras la norma superior ordena al gobierno que, previa solicitud del contribuyente, lo autorice a emplear medios electrónicos, los actos acusados, sin que medie solicitud alguna, obligan a los contribuyentes a emplear los medios electrónicos contra su voluntad con las graves consecuencias que se derivan del artículo 5º del Decreto 1487 de 1999.
Pues bien, prevé el artículo 579-2 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 49 de la Ley 383 de 1997, lo siguiente:
“ART. 579-2.—Presentación electrónica de declaraciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 579, el Gobierno Nacional podrá autorizar la presentación de las declaraciones y pagos tributarios a través de medios electrónicos, en las condiciones y con las seguridades que establezca el reglamento. Cuando se adopten dichos medios, el cumplimiento de la obligación de declarar no requerirá para su validez de la firma autógrafa del documento”.
Por su parte, el artículo 579 ibídem, cuya norma fuente es el Decreto 2503 de 1987, artículos 16 y 126, al cual se remite la norma anterior, prescribe lo siguiente:
“ART. 579.—Lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias. La presentación de las declaraciones tributarias deberá efectuarse en los lugares y dentro de los plazos que para tal efecto señale el gobierno nacional. Así mismo el gobierno podrá efectuar la recepción de las declaraciones tributarias a través de bancos y demás entidades financieras”.
A su vez, el artículo 578 ibídem, prevé que las declaraciones tributarias se deben presentar en los formatos que prescriba la DIAN, esto es, en los formularios oficiales, aun cuando excepcionalmente dicho organismo puede autorizar la recepción de declaraciones que no se presenten en los formularios oficiales.
De la interpretación armónica de las disposiciones en mención, se desprende que sin desconocer el mandato imperativo derivado del artículo 579 del estatuto tributario, en el sentido de que la presentación de las declaraciones tributarias (que deben ser presentadas en formularios oficiales), se debe efectuar en los lugares y plazos que señale el Gobierno Nacional, el mismo Gobierno Nacional puede autorizar la presentación de las declaraciones a través de medios electrónicos, “en las condiciones y con las seguridades que establezca el reglamento”.
Lo anterior quiere decir que es potestativo del gobierno autorizar o no la presentación de declaraciones por medios electrónicos, lo que se corrobora no sólo con la inflexión verbal “podrá” que trae el artículo 579-2 del estatuto tributario, sino con la prevención de “dejar a salvo” la presentación “documental” de las declaraciones en los lugares y plazos señalados, que es en últimas lo que significa la expresión “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 579”, que también trae la disposición en mención.
Dicho de otra manera: el obligado a declarar debe presentar su declaración tributaria (en los formularios oficiales, por lo general), en los lugares y plazos que para el efecto señale el Gobierno Nacional, pero sólo esta entidad puede autorizar que los contribuyentes presenten su declaración por medios electrónicos, ya que si el gobierno lo dispone, así puede hacerlo.
La facultad gubernamental en mención fue ejercida mediante el artículo 1º del Decreto 1487 de 1999, que previó lo siguiente:
“ART. 1º—Autorízase la presentación de las declaraciones tributarias y el pago de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y de retenciones en la fuente, a través del sistema declaración y pago electrónico establecido por la DIAN, que cuenta con los. siguientes mecanismos de seguridad:
Identificación inequívoca de origen y destino en todas las comunicaciones.
Cifrado de datos transmitidos y almacenados.
Números de control para garantizar la integridad de la información.
Protocolo que impide la negación del envío y/o recepción de la información.
Certificados con firma electrónica y claves secretas de acceso para contribuyente y revisor fiscal.
PAR.—La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante resolución de carácter general definirá la operatividad de dichos mecanismos y la interacción entre los diferentes agentes que intervienen en el proceso”.
Ahora bien, después de referirse a la potestad del gobierno de autorizar la presentación de declaraciones tributarias y los pagos tributarios a través de medios electrónicos, el artículo 579-2 del estatuto tributario prescribe que “cuando se adopten dichos medios, el cumplimiento de la obligación de declarar no requerirá para su autorización de la firma autógrafa del documento”.
Dentro del contexto en mención, esto es, dentro del contenido del artículo 579-2 del estatuto tributario, y lógicamente respetando la previsión de lo que la Sala ha denominado “dejar a salvo la presentación documental de la declaración en los lugares y plazos señalados por el gobierno”, resulta lógico entender que además de la facultad del gobierno de autorizar la presentación de declaraciones en medios electrónicos, existe una potestad para el declarante de presentar sus declaraciones en tales medios, pues no otra cosa significa la posibilidad que a continuación da la ley al sostener que “cuando se adopten dichos medios, el cumplimiento de la obligación de declarar no requerirá para su validez de la firma autógrafa del documento”, dado que quien adopta dichos medios es quien los utiliza, o sea, quien declara y paga, y no el gobierno, porque éste lo que hace es autorizar la utilización de medios electrónicos para las declaraciones y pagos.
Lo dicho no significa que quede al arbitrio del contribuyente declarar o no declarar, como parece entenderlo la parte demandada, sino que si a pesar de existir una autorización del gobierno para declarar por medios electrónicos, el contribuyente decide no adoptar el medio, debe regirse por la regla imperativa del artículo 579 ibídem, que ordena la presentación de la declaración (documental) ,en los lugares y plazos señalados por el gobierno.
De lo hasta aquí expuesto es evidente que la previsión del artículo 2º del Decreto 1487 de 1999 en el sentido de que la DIAN determine los contribuyentes que deben presentar declaración por medios electrónicos, desconoce en efecto el texto del artículo 579-2 del estatuto tributario, pues es el contribuyente, quien, existiendo la previa autorización del gobierno para declarar por medios electrónicos, puede adoptar dichos medios en sus declaraciones y pagos, y por ende, no puede ser obligado a declarar en medios electrónicos por parte de la DIAN, por lo que dicha norma debe ser anulada, y por tanto, retirada del ordenamiento jurídico.
A su vez, y por idénticas razones, es violatoria del artículo 579-2 del estatuto tributario la norma de la Resolución 832 de 1999 de la DIAN, por la cual se relacionan los contribuyentes obligados a presentar las declaraciones y a pagar por medios electrónicos, esto es, el artículo 2º del citado acto administrativo, pues, se repite, el contribuyente tiene la facultad de utilizar o no los medios electrónicos para sus declaraciones y pagos.
Adicionalmente, las facultades de la DIAN con base en las cuales se expidió la resolución acusada, previstas en los literales b) y nn) del Decreto 1071 de 1999, que respectivamente se traducen en la administración de los tributos a su cargo y en el establecimiento de políticas de administración de información y desarrollo de sistemas, al igual que la evaluación de la calidad de servicios informáticos, deben ser ejercidas en el sub judice dentro del marco legal del artículo 579-2 del estatuto tributario, por lo que mal podía la DIAN enlistar los contribuyentes “obligados a utilizar el sistema declaración y pago electrónico”, según las precisiones expuestas. En consecuencia, el artículo 2º de la Resolución 832 de 1999, también será anulado por la Sala.
Cabe recordar que independientemente de que las declaraciones y pagos por medios electrónicos signifiquen un importante avance tecnológico, deseable en aras del principio de eficiencia del tributo, el legislador no convirtió en obligatorios tales medios para el contribuyente, ante lo cual pierden fuerza las razones de conveniencia expuestas por la demandada, máxime si se tiene en cuenta que se está en presencia de juicios de legalidad.
Anúlanse el artículo 2º del Decreto 1487 de 1999 y el artículo 2º de la Resolución 832 de 1999, expedida por la directora de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
Magistrados: Daniel Manrique Guzmán, Presidente—Germán Ayala Mantilla—Julio E. Correa Restrepo—Delio Gómez Leyva.

References: ARTÍCULO 2
 ARTÍCULO 2
 RESOLUCIÓN 
 artículo 84
 artículo 2
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 579
 resolución 
 resolución 
 artículo 19
 artículo 2
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 579
 resolución 
 artículo 5
 artículo 579
 artículo 49
 artículo 579
 artículo 579
 artículo 578
 artículo 579
 artículo 579
 artículo 579
 artículo 1
 resolución 
 artículo 579
 artículo 579
 artículo 579
 artículo 2
 artículo 579
 artículo 579
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 artículo 2
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 artículo 579
 artículo 2
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 artículo 2
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