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Timestamp: 2018-01-20 01:54:03+00:00

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Enable -Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [E/CN.4/2003/88]
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [E/CN.4/2003/88]
INFORME DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE LOS PROGRESOS ALCANZADOS EN LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL ESTUDIO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DISCAPACIDAD
En su resolución 2002/61, la Comisión de Derechos Humanos exhortó a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) a que informase a la Comisión, en su 59º período de sesiones, sobre los progresos alcanzados en la aplicación de las recomendaciones contenidas en el estudio sobre los derechos humanos y la discapacidad y sobre el programa de trabajo de la Oficina en relación con los derechos humanos de las personas con discapacidad. En el estudio titulado Derechos humanos y discapacidad: uso actual y posibilidades futuras de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la discapacidad, que había sido encargado al Centro de Investigación sobre Derechos Humanos y Discapacidad de la Universidad de Galway (Irlanda) por el ACNUDH, se analizaron las disposiciones de los seis tratados básicos de derechos humanos desde la perspectiva de la discapacidad y se examinó el funcionamiento del régimen de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la discapacidad. En el estudio se observó que se había producido un importante cambio de perspectiva en relación con la discapacidad en todos los sistemas económicos y sociales, y que en los últimos dos decenios se había afirmado y realzado la dimensión de los derechos humanos. Se presentó a los Estados, los órganos de supervisión del cumplimiento de los tratados, el ACNUDH, la Comisión de Derechos Humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil una serie de recomendaciones encaminadas a incrementar el uso del régimen de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la discapacidad.
En el presente informe se señala que la aplicación de esas recomendaciones puede tener un considerable efecto en la promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Las distintas partes interesadas han alcanzado progresos en la aplicación de las recomendaciones. Varios Estados han comenzado a considerar la discapacidad una cuestión de derechos humanos y a informar sobre la discapacidad en sus informes periódicos sobre la aplicación de los instrumentos de derechos humanos que han ratificado. Las instituciones nacionales de derechos humanos han mostrado un creciente interés en esta cuestión, como lo indican tanto las actividades de distintas instituciones como las conclusiones y recomendaciones aprobadas en las últimas reuniones regionales de instituciones nacionales.
A. El mandato previsto en la resolución 2002/61 de la Comisión de Derechos Humanos
El presente informe se presenta de conformidad con la resolución 2002/61, de 25 de abril de 2002, de la Comisión de Derechos Humanos1, en la que ésta exhortaba a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), a que le informase en su 59º período de sesiones sobre los progresos alcanzados en la aplicación de las recomendaciones contenidas en el estudio sobre los derechos humanos y la discapacidad presentado en el 58º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos y sobre el programa de trabajo de la Oficina en relación con los derechos humanos de las personas con discapacidad.
B. El estudio los sobre derechos humanos y la discapacidad
El estudio titulado Derechos humanos y discapacidad: uso actual y posibilidades futuras de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la discapacidad (en lo sucesivo, "el estudio") es el primer resultado de un proyecto concebido por el ACNUDH para que se reconozca cada vez más la dimensión de los derechos humanos de la discapacidad2. Este proyecto de largo aliento se origina en la resolución 2000/51 de la Comisión, de 25 de abril de 2000, en la que ésta invitaba a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los de Derechos Humanos, en cooperación con el Relator Especial sobre Discapacidad de la Comisión de Desarrollo Social, a examinar medidas para fortalecer la protección y vigilar los derechos humanos de las personas con discapacidad.
En el estudio, que fue encargado al Centro de Investigación sobre Derechos Humanos y Discapacidad de la Universidad de Galway (Irlanda), se reafirma que el debate sobre los derechos de los discapacitados no se centra tanto en el goce de derechos concretos sino en garantizar a todas las personas con discapacidad un disfrute igual y efectivo de todos los derechos, sin discriminación. En el pasado, las personas con discapacidad habían sido víctima de una relativa invisibilidad, y la condición y las salvaguardias jurídicas normalmente asociadas con el estado de derecho o bien no se aplicaban en absoluto, o bien se dejaban de lado en gran medida tratándose de la discapacidad. En el estudio se reconoce que se ha producido un importante cambio de perspectiva en los últimos dos decenios, y que se ha reafirmado y realzado la dimensión de derechos humanos de la discapacidad. Aunque lento y desigual, el proceso de garantizar que las personas con discapacidad disfruten de los derechos humanos sigue su curso en todos los sistemas económicos y sociales.
El propósito de un enfoque de la discapacidad desde el punto de vista de los derechos humanos es potenciar a los discapacitados y velar por que participen activamente en la vida económica, social, cultural y política. Dicho enfoque exige velar por que los discapacitados tengan pleno acceso a los derechos que les corresponden -y que la mayoría de las personas dan por sentado- sin discriminaciones y con pleno respeto de la diferencia. Significa abandonar la tendencia o considerar a los discapacitados un "problema" y reconocer las importantes contribuciones que pueden hacer en todos los aspectos de la vida de la sociedad.
En el estudio se analiza la pertinencia del régimen de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la discapacidad. Se examinan las disposiciones de los seis principales tratados de derechos humanos desde el punto de vista de la discapacidad y se analiza la manera en que el régimen funciona al estudiar la forma en que los Estados Partes informan sobre la cuestión de los derechos humanos y la discapacidad a los órganos que supervisan el cumplimiento de los tratados y la forma en que éstos reaccionan. En el estudio se llega a la conclusión de que los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas ofrecen muchas posibilidades en el ámbito de la discapacidad, pero que por lo general no se han utilizado lo suficiente para promover los derechos de los discapacitados. La tesis principal que en él se sostiene es que se podría fortalecer y agilizar el proceso de reforma en lo referente a la discapacidad que está teniendo lugar en todo el mundo si se hiciese un uso mayor y más preciso de esos instrumentos de derechos humanos.
Por último, en el estudio se sugiere una serie de opciones para el futuro, tanto para mejorar el uso de las normas y mecanismos de derechos humanos en vigor en relación con la discapacidad como para estudiar la posible necesidad de un nuevo instrumento internacional. Se presenta a los Estados Partes, los órganos de supervisión del cumplimiento de los tratados, el ACNUDH, la Comisión de Derechos Humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil una amplia gama de recomendaciones encaminadas a incrementar el uso del régimen de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la discapacidad.
El estudio se publicó -únicamente en inglés- en noviembre de 2002. Antes de esa fecha, podía obtenerse únicamente en el sitio web del ACNUDH. También se distribuyeron a las delegaciones ejemplares de una revisión no editada en el 58º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos y a los participantes en algunas reuniones donde se trataban temas relacionados con la discapacidad, como el acto especial organizado para el lanzamiento del estudio, la reunión interregional de expertos sobre la proyectada nueva convención sobre los derechos humanos y la dignidad de las personas con discapacidad, organizada por el Gobierno de México en junio de 2002, y el primer período de sesiones del Comité Especial creado por la Asamblea General para examinar las propuestas relativas a una nueva convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad.
C. Estructura del informe
El presente informe está dividido en tres partes. En la primera se examinan los progresos alcanzados por una serie de agentes en la aplicación de las recomendaciones contenidas en el estudio. La segunda parte se centra en la labor emprendida por el ACNUDH en la esfera de los derechos humanos y la discapacidad en general y en las recomendaciones que los autores del estudio le hicieron en particular. La tercera parte contiene algunas observaciones finales y recomendaciones sobre cómo mejorar la eficacia de los mecanismos de derechos humanos en el ámbito de la discapacidad. Dado que el estudio se publicó recientemente, el informe contiene tan sólo información preliminar, pues se necesitará más tiempo para aplicar la mayoría de las recomendaciones.
II. APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL ESTUDIO SOBRE DERECHOS HUMANOS Y DISCAPACIDAD
A. Medidas adoptadas por los Estados
En el estudio se observa que muchos Estados ya incluyen información sobre la discapacidad en sus informes periódicos sobre la aplicación de los tratados de derechos humanos que han ratificado. En el estudio se recomienda a los Estados Partes que: a) traten la discapacidad como una cuestión amplia de derechos humanos e informen periódicamente sobre los progresos realizados y los obstáculos encontrados en el logro de la igualdad de derechos para los discapacitados; b) consulten más estrechamente a las organizaciones no gubernamentales (ONG) interesadas en la discapacidad -especialmente a las formadas por personas con discapacidades- al elaborar sus informes periódicos; y c) propongan a personas discapacitadas para que sean elegidas como miembros de los órganos de vigilancia del cumplimiento de los tratados.
Los siguientes Estados respondieron a la nota verbal remitida por el ACNUDH en la que se pedía información sobre las medidas adoptadas para aplicar esas recomendaciones: Argentina, Cuba, Chile, China, Chipre, España, Honduras, México, Noruega, Portugal, Qatar y República Checa.
La Argentina ha aprobado varias leyes y normas en relación con la promoción y protección de los derechos humanos de los discapacitados y recientemente ratificó la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Se ha creado un Comité, integrado por representantes de la Administración y la sociedad civil, a fin de examinar la manera de aplicar la Convención y afianzar la igualdad de oportunidades en el caso de las personas con discapacidad. Además, se creó la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, adscrita a la Jefatura de Gabinete de Ministros, que periódicamente consulta a los discapacitados y a sus organizaciones sobre las medidas que cabe adoptar para luchar contra la discriminación y para facilitar la participación plena de esas personas en la vida de la sociedad.
El Gobierno de Chile reafirmó su compromiso de consolidar la protección y la vigilancia de los derechos humanos de los discapacitados. En septiembre de 2002 se creó el Consejo Directivo del Fondo de Desarrollo de la Sociedad Civil con el objeto de incrementar la participación activa de la sociedad civil y del sector privado en la definición de la política y los programas públicos. Entre los miembros del Consejo Directivo figura un representante de los discapacitados, lo que garantiza la participación de estas personas y las organizaciones de discapacitados en la adopción de decisiones que los afectan. Chile también manifestó que estaba dispuesto a proponer a personas con discapacidad para ser elegidas en los órganos de vigilancia del cumplimiento de los tratados.
El Gobierno de China afirmó que la Constitución del país contiene disposiciones concretas para la protección de los derechos de las personas con discapacidad. En diciembre de 1999, se promulgó una ley general para promover la igualdad de derechos de esas personas y en las provincias y los distritos también se ha aprobado una normativa similar. Desde 1996 también se han formulado dos planes quinquenales para concienciar de los derechos de las personas con discapacidad. El Ministerio del Interior, en consulta con el Ministerio de Construcción y la Organización de Discapacitados de China, aprobó un plan para mejorar la accesibilidad a las edificaciones. Se han puesto en marcha programas especiales para facilitar la rehabilitación de los discapacitados y velar por que su capacidad, autonomía e integración social aumenten. En el ámbito de la enseñanza, el Ministerio de Educación ha dictado una serie de reglamentos sobre educación integradora de niños con discapacidad en que también se tienen en cuenta sus necesidades especiales. También hay programas de formación profesional y capacitación para facilitar la integración de los discapacitados en el mercado de trabajo normal. China apoya la proyectada nueva convención internacional sobre la discapacidad y cree que cualquier futuro tratado debe abordar la dimensión de derechos humanos de la discapacidad, así como su aspecto de desarrollo social. También habrá que tener en cuenta los distintos orígenes culturales y niveles de desarrollo. Sea cual fuere, el nuevo instrumento deberá comprender los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, y prever derechos tanto individuales como colectivos. Es preciso prestar una atención especial al derecho a la supervivencia y al derecho al desarrollo.
Cuba concede una importancia especial a la promoción y protección de los derechos humanos de los discapacitados, y promueve políticas sociales encaminadas a garantizar el acceso gratuito y universal a los servicios sociales básicos y la satisfacción de las necesidades básicas de todo ser humano. Las organizaciones de discapacitados participan plenamente en la evaluación de la eficacia de las políticas y programas para los discapacitados. En 1995, el Gobierno adoptó un Plan Nacional de Acción para personas con discapacidades. Como complemento del Plan de Acción se creó el Consejo Nacional para la Atención a las Personas con Discapacidad (CONAPED) a fin de promover la coordinación necesaria en la aplicación de las políticas públicas en el ámbito del empleo, la accesibilidad, los servicios sanitarios, la educación, la rehabilitación y el acceso a la tecnología y la información. El Gobierno de Cuba apoya la elaboración de una convención internacional amplia e integral sobre los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. En esa nueva convención se deberían tratar tanto los derechos económicos, sociales y culturales como los derechos civiles y políticos, además de tener en cuenta las distintas condiciones económicas y sociales imperantes en los países desarrollados o en desarrollo. En particular, el nuevo instrumento debería tratar de hacer efectivo el derecho al desarrollo, que es un requisito para que se dé una solución integral y duradera a las necesidades especiales de los discapacitados.
Chipre informó de la promulgación de la Ley de atención al discapacitado, que persigue salvaguardar la igualdad de derechos y oportunidades de los discapacitados y promover su integración social y económica. La personas discapacitadas participan en la formulación, la aplicación y el seguimiento de las políticas y acciones relevantes a su favor a través de sus representantes en los distintos comités y consejos en todos los niveles. En el nivel más alto, los discapacitados participan en el Consejo de Rehabilitación, un órgano asesor adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que constituye un foro de debate de todas las cuestiones que afectan a las personas con discapacidad. También se han promulgado otras leyes y reglamentos encaminados a lograr la igualdad de oportunidades en ámbitos como la educación y el acceso a lugares y edificios públicos y a la rehabilitación profesional.
La República Checa suele hacer referencia a la cuestión de la discapacidad en sus informes periódicos sobre la aplicación de los tratados de derechos humanos que ha ratificado. En su informe inicial sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, correspondiente al período 1993-1999, se hacían distintas referencias a los discapacitados, así como en la adición a este informe, y en el segundo informe periódico sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño correspondiente al período 1995-1999. La República Checa informó que en sus informes sobre la aplicación de los otros instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas no se hacía referencia explícita a los discapacitados. Siempre se tiene en cuenta la información facilitada por las ONG ya se trate de información solicitada o no- al elaborar los informes, y se invita periódicamente a las organizaciones a que formulen sus observaciones sobre el proyecto de informe.
El Gobierno de Honduras informó que la Fiscalía de la Niñez y Discapacitados trata de definir las cuestiones que afectan a las personas con discapacidad en base a las comunicaciones que presentan a la Fiscalía. Se da un trato especial a esas comunicaciones, lo que en muchos casos la obliga a intervenir para defender sus intereses ante las personas, entidades o instituciones del Estado que constituyen el problema a que se refieren las quejas. La Fiscalía mantiene relaciones con ONG que trabajan con discapacitados, lo que permite coordinar las medidas para atender determinados casos y facilita la preparación de los informes. La selección de los candidatos a miembros de órganos creados en virtud de tratados no ha sido una de las funciones de la Fiscalía, pero dada su actividad en todo lo relacionado con la discapacidad, se examinará con otras instituciones del Estado cuando sea posible, la candidatura de personas con discapacidad.
El Gobierno de México concede una gran importancia a la protección de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad y cree que necesitan protección especial contra los distintos tipos de discriminación a que están sujetas. México promovió la creación del Comité Especial de la Asamblea General encargado de examinar las propuestas relativas a una nueva convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad. El propósito del nuevo instrumento no debe ser crear derechos específicos, sino velar por el disfrute efectivo y en pie de igualdad de todos los derechos humanos sin discriminación por las personas con discapacidad. El Gobierno de México también considera que es de todo punto procedente que los Estados presten una atención especial a esta cuestión al amparo de los instrumentos internacionales de derechos humanos en vigor y en los informes periódicos que presenten. En este sentido, México ha comenzado a preparar sus informes periódicos correspondientes a cinco de los seis tratados, que serán sometidos en breve a la consideración de los correspondientes órganos creados en virtud de tratados. Esos informes se están elaborando en consulta con las ONG y las organizaciones de discapacitados, y en ellos se facilitará información concreta sobre las medidas adoptadas para promover y proteger los derechos humanos de esas personas.
Noruega informó de que, en relación con el seguimiento del Plan Nacional de Acción para las Personas con Discapacidad, el Ministerio de Asuntos Sociales había aprobado un informe3, en el que se sugieren distintas medidas para velar por la plena participación de los discapacitados, así como por la igualdad de oportunidades de esas personas. Entre estas recomendaciones figuran: a) la aprobación de una ley de lucha contra la discriminación para prohibir cualquier forma de discriminación contra los discapacitados; b) la consolidación de la legislación vigente en materia de personas con discapacidad, así como la aprobación de medidas para velar por que se aplique; c) la creación de un órgano de los derechos de los discapacitados a fin de que vigile el cumplimiento de las Normas Uniformes de las Naciones Unidas y de las leyes y reglamentos nacionales en materia de discapacitados; y d) la aprobación de medidas encaminadas a incrementar la participación de las personas con discapacidad y de sus organizaciones en todas las decisiones que los afecten. A fin de complementar ese informe, el Ministerio de Asuntos Sociales está preparando un Libro Blanco, que se presentará al Parlamento de Noruega a principios de 2003.
En Portugal, la Constitución dispone que las personas con discapacidad disfrutarán plenamente de todos los derechos y estarán sujetas a todos los deberes enunciados en la carta constitucional, y garantiza un trato especial a las personas que lo necesitan. El Estado aplica una política nacional de prevención de la discapacidad y de tratamiento, rehabilitación e integración de los ciudadanos discapacitados. En el ámbito de la vivienda y el transporte, la legislación exige que se garantice la accesibilidad a las personas con impedimentos físicos. Ya existen indicaciones en lenguaje Braille en el metropolitano, así como manuales escolares escritos en este lenguaje. El Estado lleva a cabo una serie de programas educativos encaminados a facilitar la integración social y a concienciar al público sobre las personas con discapacidad, sus derechos, sus necesidades, sus posibilidades y lo que aportan. El Estado apoya las organizaciones de discapacitados.
El Gobierno de Qatar informó que en 1989 había aprobado un plan de acción sobre las necesidades especiales de educación de los niños con discapacidad. En el plan se enuncian los requisitos para admitirlos al sistema educativo, así como los derechos de los muchachos y las muchachas con necesidades especiales, en particular los deficientes mentales, así como los que tienen impedimentos visuales o auditivos. En el ámbito de los servicios sanitarios, una decisión ministerial dictada en 1997 regula la asistencia económica que brinda el Estado a las familias de personas con discapacidad que necesitan una atención médica especial o permanente o un alojamiento especial. Las personas discapacitadas que no tienen familia reciben atención médica en los hospitales. En 1999, por un Decreto del Emir se estableció el Consejo Supremo de Asuntos Familiares. En 2002, el Consejo Supremo creó un Comité Nacional de Personas con Necesidades Especiales, que trata de garantizar a esas personas el acceso a una vida digna y a una amplia atención en los ámbitos educativo, sanitario y social. El Comité también les proporciona toda una serie de oportunidades de formación, rehabilitación, empleo y participación en el proceso de desarrollo. En el proyecto de ley de personas con necesidades especiales se dispone que esas personas tienen derecho a ejercer los derechos enunciados en la legislación en vigor, además de algunos derechos especiales que son necesarios para garantizar su plena participación y la igualdad de oportunidades.
España informó de que el fundamento jurídico para la protección de los derechos humanos de los discapacitados es la Constitución española y una serie de leyes y normas aprobadas en los últimos años que desarrollan las disposiciones constitucionales en materia de no discriminación e igualdad de oportunidades. En cuanto a la integración social, la Ley Nº 13/19824 persigue lograr la plena participación de los discapacitados en la vida política, económica, social y cultural. A fin de lograr este objetivo, se adoptó un plan de acción para el período 1997-2002 en relación con las personas con discapacidad. El Gobierno, en colaboración con el Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI) y distintas ONG que trabajan en el ámbito de la discapacidad, han elaborado un plan coordinado de aplicación que está centrado entre otras cosas, en: a) la aprobación de una nueva ley de no discriminación e igualdad de trato para las personas con discapacidad; b) la formulación de un plan de acción para el empleo en el siglo XXI; y c) la formulación y aplicación de un plan nacional de accesibilidad.
B. Medidas adoptadas por los órganos creados en virtud de tratados
En el estudio sobre los derechos humanos y la discapacidad se reconoce que, independientemente de lo limitado de sus recursos y la necesidad de hacer frente a la diversidad de cuestiones y grupos, los órganos que vigilan el cumplimiento de los tratados han demostrado que están dispuestos a tratar la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. No obstante, en el estudio se observa que sigue habiendo margen para prestar más atención a la situación de las personas con discapacidad. Las recomendaciones dirigidas a los órganos creados en virtud de tratados incluyen: a) examinar la posibilidad de aprobar comentarios generales o recomendaciones para aclarar la pertinencia de las distintas normas de derechos humanos en el contexto de la discapacidad; b) contemplar la posibilidad de organizar días de debate sobre el tema de la discapacidad; c) pedir información sobre el disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad en la lista de cuestiones que se envía a los Estados Partes e incluir las cuestiones relacionadas con la discapacidad en el diálogo con los Estados Partes; y e) aumentar el número de referencias a la discapacidad en las observaciones finales.
El ACNUDH distribuyó por adelantado ejemplares de una versión sin editar del estudio a los presidentes de los seis órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos. Se está distribuyendo el estudio a todos los miembros de los Comités. El ACNUDH informará sobre los progresos realizados por dichos órganos en la aplicación de las recomendaciones antes mencionadas en su próximo informe a la Comisión de Derechos Humanos.
C. Medidas adoptadas por la Comisión de Derechos Humanos
En el estudio se elogia a la Comisión de Derechos Humanos por el gran interés que ha empezado a mostrar en las cuestiones relacionadas con la discapacidad, como se refleja en las resoluciones que aprobó en sus períodos de sesiones 54º y 56º, celebrados en 1998 y 2000 respectivamente, y se alienta a la Comisión a que mantenga e intensifique el proceso de incorporación de la discapacidad como cuestión de derechos humanos: a) reservando un día de debate sobre el tema de la discapacidad, y b) designando un Relator Especial sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad.
D. Medidas adoptadas por las instituciones nacionales de derechos humanos
En el estudio se reconoce que ya muchas instituciones nacionales de derechos humanos se ocupan de la cuestión de la discapacidad y los derechos humanos, y se recomienda que estudien la posibilidad de crear un grupo de trabajo sobre discapacidad y derechos humanos que les permitiría entender mejor la discapacidad como una cuestión de derechos humanos e intercambiar experiencias útiles. Asimismo se hace un llamamiento al ACNUDH para que facilite en lo posible el establecimiento de dicha tribuna. Las instituciones siguientes han proporcionado información sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a esas recomendaciones: el Defensor de los Derechos Humanos de Bosnia y Herzegovina, la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Hong Kong y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la India.
El Defensor de los Derechos Humanos de Bosnia y Herzegovina señaló que su Oficina seguirá ocupándose de la cuestión de la discapacidad y los derechos humanos, y apoya la idea de crear un grupo de trabajo sobre esta cuestión. La Comisión de Igualdad de Oportunidades de Hong Kong ha elaborado diversos informes y realizado varios estudios en que se investigaban cuestiones de discapacidad. Publicó códigos de conducta sobre el empleo y la educación con arreglo a la Ordenanza sobre la discriminación de las discapacidades de 1995 en que se protege a las personas discapacitadas de la discriminación en las principales actividades de la vida de la sociedad. La Comisión fiscaliza lo relativo a los derechos de los discapacitados en los informes que el Gobierno presenta a los diversos órganos de seguimiento del cumplimiento de los tratados de derechos humanos, y comunica información y sus opiniones al Gobierno. La Comisión también apoya la potenciación de las ONG en sus actividades de defensa de los derechos de los discapacitados por medio de un programa de financiación de la participación de la comunidad en materia de igualdad de oportunidades, que suministra fondos a las ONG para organizar proyectos en la comunidad para el fomento de la igualdad de oportunidades en razón del género y las discapacidades.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de la India vigila el cumplimiento de las leyes sobre discapacidades y ha propuesto las enmiendas del caso. Por ejemplo, se ha elaborado un conjunto de directrices detalladas sobre la calidad de las instituciones de salud mental para dar un mejor cumplimiento a la Ley de salud mental de la India de 1987. La Comisión estableció un Grupo sobre la Discapacidad en 2001 y designó un Relator Especial sobre la discapacidad para, entre otras cosas: a) proporcionar un asesoramiento experto a la Comisión en las cuestiones relativas a los derechos de los discapacitados; b) prestar asistencia a la Comisión al tramitar quejas individuales; y c) ayudarla a vigilar y examinar las leyes nacionales y las normas internacionales sobre la discapacidad. La Comisión está formulando una política interna sobre la discapacidad, junto con un plan de acción detallado, que estará lista en los próximos meses.
En una reunión del Comité de Coordinación de la Red de las Américas de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (San José, 17 y 18 de julio de 2002), la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos acordó celebrar un taller sobre los derechos humanos de las personas con discapacidades.
En la Cuarta Conferencia de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de África (Kampala, 14 a 16 de agosto de 2002), dichas Instituciones instaron a los Gobiernos de sus respectivos países a adoptar diversas medidas concretas para fomentar la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos de las personas con discapacidades en lo tocante a la prevención, la educación, el empleo, la accesibilidad, las consultas, la racionalización y la acción afirmativa. Las instituciones nacionales africanas se comprometieron a: adoptar medidas para educar al público en cuanto a los derechos de los discapacitados, vigilar el cumplimiento que los gobiernos dan a las leyes para proteger a dichas personas, y participar plenamente en las futuras deliberaciones sobre el proyecto de convención sobre la protección y promoción de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidades y ayudar a los representantes de esas personas a participar en las deliberaciones. Pidieron que el ACNUDH facilitara la celebración de una reunión de las instituciones nacionales de África para examinar las cuestiones relacionadas con la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidades antes de la Reunión de 2003 sobre el proyecto de convención.
El papel que pueden tener las instituciones nacionales en el contexto de la protección de los derechos de los discapacitados fue discutido en la Séptima Reunión Anual del Foro de Asia y el Pacífico de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Nueva Delhi, 11 a 13 de noviembre de 2002). En el Foro se hizo hincapié en que un alto porcentaje de los 600 millones de discapacitados viven en el sur o el sureste de Asia, y se instó a las instituciones de derechos humanos de Asia y el Pacífico a que procuraran facilitar la integración de los derechos de las personas con discapacidades en la cultura nacional de derechos humanos de sus respectivos países. En el Foro se hicieron varias recomendaciones a las instituciones nacionales de derechos humanos como: a) asegurarse de que sean asequibles a las personas con discapacidades de cualquier forma y en particular velar por que estén compuestas adecuadamente de discapacitados; b) sensibilizar y educar al público acerca de los derechos de los discapacitados; c) incrementar el uso de litigios y acuerdos amigables; d) utilizar sus facultades de investigación para procesar los casos de violación de los derechos de los discapacitados; y e) promover una coordinación efectiva con las ONG interesadas en las discapacidades. En respuesta a la decisión adoptada en la primera reunión del Comité Especial de la Asamblea General, las 12 instituciones nacionales de derechos humanos de la región de Asia y el Pacífico decidieron que estarían representadas independientemente en las negociaciones cuando se debatieran las propuestas para una nueva convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Las instituciones nacionales que asistieron a la Segunda Mesa Redonda del Consejo de Europa con Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y la Cuarta Reunión Europea de dichas instituciones (Belfast, Reino Unido, y Dublín, Irlanda, 14 a 16 de noviembre) convinieron en incrementar su cooperación en esta materia, en particular los esfuerzos para redactar una nueva convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad debido a que 2003 será el Año Europeo de las Personas con Discapacidad.
E. Medidas adoptadas por las ONG
Con respecto a la sociedad civil, en el estudio se señala que las ONG interesadas en la discapacidad están comenzando a considerar al régimen de derechos humanos de las Naciones Unidas una fuente de inspiración y de valiosa doctrina jurídica. Para profundizar sus conocimientos del derecho en materia de derechos humanos, en el estudio se recomienda que dichas ONG combinen sus recursos y constituyan un observatorio internacional de los derechos humanos y la discapacidad o un órgano parecido que pueda contribuir a una mayor sensibilización y a la capacitación de los propios discapacitados en materia de derechos humanos. Dicha agrupación debería colaborar más estrechamente con las ONG interesadas en los derechos humanos establecidas o tradicionales a fin de aprender de sus experiencias e incitarlas a tratar la discapacidad como una cuestión de derechos humanos.
El ACNUDH instará a las ONG interesadas en la discapacidad a trabajar junto con los órganos de vigilancia del cumplimiento de los tratados para que la discapacidad pase a ser una perspectiva de sus actividades. Junto con el Relator Especial sobre Discapacidad de la Comisión de Desarrollo Social, el ACNUDH también intenta fomentar una participación más activa en esta esfera de las ONG interesadas en los derechos humanos.
III. PROGRAMA DE TRABAJO DEL ACNUDH SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
A. Aplicación de las recomendaciones contenidas en el estudio sobre los derechos humanos y la discapacidad
En el estudio sobre los derechos humanos y la discapacidad se elogia la atención que el ACNUDH presta a la cuestión de los derechos humanos de las personas con discapacidad, y se señala que gracias a ello esas personas están adquiriendo visibilidad y prominencia dentro del régimen de derechos humanos. En el estudio también se hace hincapié en que aún se puede hacer más para aprovechar el impulso actual y seguir avanzando, y se formulan las recomendaciones siguientes al ACNUDH:
Crear una página web sobre los derechos humanos y la discapacidad;
Planificar una serie de estudios monográficos sobre el tema y guías prácticas sobre la discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos;
Designar por lo menos un funcionario encargado de las cuestiones relativas a la discapacidad y los derechos humanos;
Indicar que la Oficina está dispuesta a aceptar solicitudes de pasantía de personas con discapacidades;
Fomentar la docencia y la investigación de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos;
Tener protagonismo en el fomento de la causa de los derechos humanos de las personas con discapacidad en todo el sistema de las Naciones Unidas.
Cabe señalar en este contexto que en los informes del Alto Comisionado al Consejo Económico y Social en 2001 y 2002 también se hablaba de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
El ACNUDH ha creado una nueva página web sobre los derechos humanos y la discapacidad con vínculos a la página web sobre discapacidad del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de la Secretaría de las Naciones Unidas. La página sobre discapacidad puede ser consultada por personas con impedimentos de la vista. Se va a ampliar para que se puedan consultar los documentos pertinentes de los órganos creados en virtud de tratados.
En marzo de 2002, el ACNUDH creó un puesto, con cargo a contribuciones extrapresupuestarias, para tratar cuestiones de discapacidad y derechos humanos. La Oficina también está dispuesta a aceptar solicitudes de pasantía de personas con discapacidad.
El ACNUDH reconoce la importancia de fomentar la docencia y la investigación de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, y ha realizado actividades a ese efecto con arreglo al Plan de Acción del Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos, 1995 20045. En 1998, la Oficina estableció el proyecto ACC (Asistencia a las comunidades) mediante el cual se presta asistencia a particulares, instituciones y ONG para actividades de derechos humanos en las comunidades locales con pequeñas donaciones de un máximo de 3.000 dólares. Algunas de las actividades a que se prestó apoyo con arreglo al proyecto tenían que ver con la educación en la esfera de los derechos humanos por lo que respecta en particular a la discapacidad. Por ejemplo, la Unión General de Palestinos Discapacitados llevó a cabo una campaña de sensibilización sobre los derechos de los discapacitados en diciembre de 2000 y enero de 2001.
El ACNUDH está intentando incrementar la colaboración con otros organismos y órganos de las Naciones Unidas cuyo mandato se refiere a la discapacidad. La Oficina trabaja de cerca con la División de Política Social y Desarrollo del DAES, e intercambia regularmente información con otros organismos de las Naciones Unidas como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). El 18 de septiembre de 2002, la Oficina organizó una reunión oficiosa sobre los derechos humanos y la discapacidad con los organismos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, con vistas a incrementar la cooperación y el intercambio de información sobre las cuestiones relativas a la discapacidad y a coordinar iniciativas con respecto a la proyectada nueva convención. Asistieron a la reunión representantes de la OIT, el ACNUDH, el PNUD, el UNICEF y la OMS. El ACNUDH intentará seguir celebrando consultas oficiosas breves sobre los trabajos del Comité Especial e incluir a otros organismos en estas actividades.
B. Otras actividades realizadas en la esfera de los derechos humanos y la discapacidad
El estudio sobre los derechos humanos y la discapacidad tiene repercusiones importantes para las futuras actividades del ACNUDH en la esfera de la promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad. De acuerdo con su enfoque de distintas vías, la Oficina ha establecido un plan a largo plazo destinado a:
Fomentar la integración de las cuestiones relativas a la discapacidad en las actividades de los órganos creados en virtud de tratados y los mecanismos de derechos humanos extraconvencionales, por ejemplo facilitando la contribución de las instituciones nacionales de derechos humanos, las ONG y los organismos de las Naciones Unidas con un mandato pertinente a la discapacidad a las actividades de vigilancia de los órganos creados en virtud de tratados;
Apoyar la elaboración del proyecto de convención sobre los derechos humanos y la dignidad de las personas con discapacidad;
Incrementar la cooperación con el Relator Especial sobre Discapacidad de la Comisión de Desarrollo Social y otros organismos especializados de las Naciones Unidas interesados en la esfera de la discapacidad.
El ACNUDH prosigue su estrecha colaboración con los esfuerzos del Relator Especial sobre Discapacidad de la Comisión de Desarrollo Social para consolidar la dimensión de desarrollo social de la discapacidad. En este sentido, la Oficina le presta asistencia para que vele por que se dé cumplimiento a las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad6 y se apruebe el proyectado suplemento de las Normas Uniformes7.
C. Acción con respecto a las propuestas para la aprobación de una nueva convención sobre los derechos humanos y la dignidad de las personas con discapacidad
El ACNUDH participa en los trabajos del Comité Especial establecido por la Asamblea General "para que examine propuestas relativas a una convención internacional amplia e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad"8. El propósito de las actividades realizadas por el ACNUDH a este respecto es que las personas con discapacidad disfruten más y más, en igualdad de condiciones y efectivamente, de todos los derechos humanos, y de velar por que como mínimo todo texto que se redacte esté basado en las normas de derechos humanos en vigor. El ACNUDH también incita a las instituciones nacionales de derechos humanos y las ONG, en particular las que hayan sido establecidas por personas con discapacidad, a participar en las consultas en curso.
El ACNUDH participó en calidad de observador en la Reunión interregional de Expertos sobre la Convención internacional amplia e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, organizada por el Gobierno de México con el apoyo del DAES y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (México, D. F., 11 a 14 de junio de 2002). También asistió al primer período de sesiones del Comité Especial de la Asamblea General (Nueva York, 29 de julio a 9 agosto de 2002). La Oficina también formuló varias declaraciones y prestó asistencia técnica en cuestiones de forma y de fondo. Como se exigía en la resolución de la Asamblea General, la Oficina hizo llegar al Comité Especial el estudio sobre los derechos humanos y la discapacidad. Copias del resumen del estudio traducido a todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas también fueron distribuidas como documento oficial de la Asamblea General.
En el primer período de sesiones del Comité Especial se examinaron principalmente cuestiones de forma, como las modalidades de participación de las ONG acreditadas en los trabajos del Comité Especial y la participación de las instituciones nacionales en futuros períodos de sesiones. En el informe del Comité Especial9, se exponen los trabajos del Comité, la decisión aprobada y algunas recomendaciones a la Asamblea General. En él también figura el texto de un proyecto de resolución sobre las futuras actividades del Comité que fue presentado a la Asamblea General en su quincuagésimo séptimo período de sesiones.
Es fundamental reafirmar que todas las personas con discapacidades tienen el derecho a protección de la discriminación y al pleno disfrute de sus derechos humanos en condiciones de igualdad, y que "cualquier violación del principio fundamental de igualdad y cualquier discriminación o diferencia negativa de trato de las personas con discapacidad que contravenga las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad vulnera los derechos humanos de esas personas10".
La aplicación de las recomendaciones contenidas en el estudio sobre los derechos humanos y la discapacidad podría tener repercusiones considerables en la promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Con ese fin, los Estados, los órganos, organismos y programas de las Naciones Unidas, las ONG y otros agentes pertinentes deben tenerlas en cuenta detenidamente. Es importante que los gobiernos aborden a fondo la cuestión de los derechos humanos de las personas con discapacidad cuando presenten informes sobre los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas del caso. Por su parte, los órganos encargados del seguimiento de los tratados de derechos humanos tal vez deseen incluir las cuestiones relativas a la discapacidad, según corresponda, en las listas de cuestiones y las observaciones finales a fin de estudiar la posibilidad de formular comentarios generales sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad y, más en general, hacer de la discapacidad una perspectiva de sus actividades de vigilancia. Habría que incitar a las instituciones nacionales de derechos humanos y las ONG a incrementar sus actividades en materia de derechos humanos y discapacidad, así como su cooperación con los órganos creados en virtud de tratados.
En el estudio se recomienda que la Comisión de Derechos Humanos estudie la posibilidad de designar un relator especial sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad11. Si la Comisión toma la decisión de crear este procedimiento especial, es importante que se asegure la complementariedad con el mandato del Relator Especial sobre Discapacidad de la Comisión de Desarrollo Social.
En el estudio se llega a la conclusión de que se debe considerar una nueva convención temática un medio de consolidar la promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidades. Es de vital importancia que los Gobiernos, los órganos y organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, los órganos creados en virtud de tratados competentes inclusive, las comisiones regionales, el Relator Especial sobre Discapacidad de la Comisión de Desarrollo Social, las instituciones nacionales de derechos humanos y discapacidad, las ONG y los expertos independientes interesados en el asunto contribuyan a la realización del cometido del Comité Especial establecido por la Asamblea General. Tal vez enriquezca también grandemente las deliberaciones del Comité Especial la participación de representantes de las comisiones económicas regionales, expertos, las instituciones nacionales de derechos humanos, y las instituciones y organizaciones nacionales sobre la discapacidad.
1 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2002, Suplemento Nº 3 (E/2002/23-E/CN.4/2002/200), cap. II, sec. A.
2 G. Quinn y T. Degener, Derechos humanos y discapacidad: uso actual y posibilidades futuras de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la discapacidad, HR/PUB/02/1, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2002.
3 "From Users to Citizens - A Strategy for the Dismantling of Disabling Barriers" (Informe de Noruega 2001: 22).
4 Ley Nº 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos.
5 A/56/271.
6 Resolución 48/96 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1993.
7 Llegar a los más vulnerables: proyecto de suplemento de las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, anexo del informe del Relator Especial de la Comisión de Desarrollo Social sobre las actividades de vigilancia de la aplicación de las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad realizadas durante su tercer mandato, 2000 2002 (E/CN.5/2002/4).
8 Resolución 56/168 de la Asamblea General, de 19 de diciembre de 2001.
9 A/AC.265/2.
10 Resolución 2002/61 de la Comisión de Derechos Humanos, párr. 1.
11 G.Quinn y T. Degener, op. cit., pág. 281.

References: resolución 
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