Source: https://tc.vlex.es/vid/1999-32-30-1997-2001-stc-26906585
Timestamp: 2019-10-22 16:01:20+00:00

Document:
STC 58/2007, 14 de Marzo de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 26906585
STC 58/2007, 14 de Marzo de 2007
Número de Recurso: 1358-1999
Recurso de inconstitucionalidad 1358-1999. Promovido por el Parlamento de Andalucía en relación con varios artículos y las cuantías fijadas en la sección 32 de la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 1999, sobre la financiación de las Comunidades Autónomas a las que no se aplica el modelo para el quinquenio 1997-2001. Principios de interdicción de la arbitrariedad del legislador, autonomía y suficiencia financiera, coordinación, lealtad y solidaridad: STC 13/2007. Voto particular.
Sentencia citada en: 83 sentencias, 5 artículos doctrinales, una resolución administrativa
STC 58/2007, de 14 de marzo de 2007
El día 29 de marzo de 1999 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional un escrito del Presidente del Parlamento de Andalucía, en representación de la citada Cámara, mediante el que se interpone recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 89, así como contra las cuantías fijadas en la sección 32 (“Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales”, “Participación de las Comunidades Autónomas en los ingresos del Estado”, “Participación en los ingresos territoriales del Estado por el IRPF”, “Participación en los ingresos generales del Estado”, “Liquidación definitiva de la participación en los ingresos del Estado correspondiente a ejercicios anteriores”, programa 911-B), de la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 1999, al considerar que vulneran los arts. 1.1, 2, 9, 40.1, 66.2, 131.1, 137, 138, 139, 156.1 y 157 de la Constitución española, los arts. 56.1, 56.3 y 58, así como la disposición adicional segunda y la disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía para Andalucía, los arts. 1, 2 y 13 de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas, los arts. 109 a 123 y 133 a 135 del Reglamento del Congreso de los Diputados y los arts. 104 a 128 y 148 a 151 del Reglamento del Senado.
Vulneración de los principios de coordinación entre la hacienda estatal y la hacienda de las Comunidades Autónomas y de la suficiencia financiera.
Pues bien, subraya el Parlamento andaluz que el hecho de que las cuantías fijadas en la sección 32 se determinen de acuerdo con el método establecido para el “quinquenio 1992-1996” supone que se está concretando la participación de Andalucía en los ingresos del Estado mediante el uso de la variable población calculada a 1 de julio de 1988 (con una cifra de 6.851.154 andaluces), con desconocimiento de los 383.719 nuevos andaluces reconocidos oficialmente el día 1 de mayo de 1996 (por el Real Decreto 1645/1997, de 31 de octubre) que elevó aquella cifra a la de 7.234.873 personas en Andalucía (Anexo II de la citada norma reglamentaria). De esta manera, se petrifican los datos y variables del método a los oficiales a 31 de diciembre de 1991, lo cual produce como resultado una merma de los ingresos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que sólo para el año 1999, tomando como referencia el índice de evolución 99/90 aplicado por el Gobierno Central (1,7313), supone 43.029,4 millones de pesetas menos de financiación (Anexo III: Informe relativo a la cuantificación de la financiación adicional para la Comunidad Autónoma de Andalucía). Esta circunstancia resulta respecto de la Comunidad Autónoma de Andalucía contraria a los principios de coordinación y suficiencia financiera. No sucede lo mismo, sin embargo, para las restantes comunidades autónomas cuya población haya descendido desde el 1 de julio de 1988 hasta el 1 de mayo de 1996, bien hayan aceptado el nuevo sistema de financiación, habida cuenta de la aplicación del principio de restricción inicial en el sistema recogido en el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 23 de septiembre de 1996 (conforme al cual la financiación total que se asigna a cada comunidad autónoma es una cantidad igual a la que se percibía por el sistema del quinquenio 1992-1996), bien no lo hayan aceptado (como Extremadura y Castilla-La Mancha), pues, aun cuando no les sea de aplicación dicho principio de restricción inicial, sin embargo a Extremadura le sería de aplicación su cifra de población de 1988 (que era superior en 54.200 personas a la de 1996) y respecto de Castilla-La Mancha, aunque su población de 1988 era inferior en 1.756 personas a la de 1996 la disminución financiera que ello le supone es prácticamente inapreciable.
Para la parte actora puede aceptarse constitucionalmente que no se tenga en cuenta el coeficiente de población en sus estrictos términos para aquellas comunidades autónomas que así lo aceptaron (esto es, las Comunidades Autónomas que han asumido el nuevo modelo), pero no es admisible para Andalucía, que no ha aceptado el nuevo sistema, y a la que, consiguientemente, no puede imponérsele el método del quinquenio anterior (1992-1996) para la determinación de su participación en un nuevo quinquenio (1997-2002), desconociendo así su incremento de población en más de un 43 por 100 del producido en España (383.719 habitantes más en Andalucía sobre un total de 883.132 habitantes en todo el territorio nacional), circunstancia que necesariamente debe ser tomada en consideración para cuantificar la financiación global de la Comunidad Autónoma de Andalucía so pena de provocar su insuficiencia financiera, lo que se opondría a lo establecido en la LOFCA, en la medida en que al aludir ésta a la “población” hace referencia a un dato reconocido oficialmente por el censo de población a 1 de mayo de 1996. De hecho, no sólo la propia Ley impugnada toma en consideración las cifras de población oficialmente aprobadas por el Gobierno (y vigentes en 31 de diciembre de 1999) para determinar la participación de los municipios, de las provincias, de las comunidades autónomas uniprovinciales no insulares y de las islas en los tributos del Estado para 1999 (arts. 73.2 y 74.4), sino que en el propio el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de noviembre de 1997, sobre financiación de los servicios de Sanidad en el período 1998-2001 (servicio considerado fuera del ámbito de la LOFCA), se concluye que el fondo destinado a la cobertura de las prestaciones generales se distribuirá “en atención al criterio de población protegida, determinada a partir de los últimos datos sobre población de derecho aprobados por el Instituto Nacional de Estadística (1996)”.
Establecimiento unilateral de la participación en los ingresos del Estado para la Comunidad Autónoma andaluza en 1999 y privación de la posibilidad de su revisión.
Incumplimiento de la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
La disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su apartado 1 que “[d]adas las circunstancias socioeconómicas de Andalucía, que impiden la prestación de un nivel mínimo en alguno o algunos de los servicios efectivamente transferidos, los presupuestos generales del Estado consignarán, con especificación de su destino y como fuentes excepcionales de financiación, unas asignaciones complementarias para garantizar la consecución de dicho nivel mínimo”, añadiendo su apartado 2 que: “[l]os criterios, alcance y cuantía de dichas asignaciones excepcionales serán fijados para cada ejercicio por la Comisión Mixta paritaria Estado-Comunidad Autónoma a que se hace referencia en el apartado 2 de la Disposición transitoria sexta”.
Para el Parlamento de Andalucía, entonces, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es aplicable al presente supuesto, en el que ha de apreciarse la inconstitucionalidad del art. 86 de la Ley de presupuestos generales del Estado para 1999 en la medida en que no contempla entre los recursos financieros de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999 los previstos en la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía, contrariamente a lo que sí hizo el art. 37 del Real Decreto-ley 12/1995. En efecto, este precepto, antes citado, es el resultado del acuerdo que se produce en el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidades Autónomas, en sesión celebrada el 22 de febrero de 1996, en el que puso de manifiesto la existencia de algunos servicios en los cuales no se había alcanzado el nivel mínimo exigido por la mencionada disposición adicional, razón por la cual la Secretaría de Estado de Hacienda y la Consejería de Economía y Hacienda (punto segundo del Acta de la Sesión) consideran procedente fijar unas asignaciones extraordinarias, proponiendo a la Comisión Mixta una “entrega a cuenta de 20.000 millones de pesetas para el presente ejercicio” (1996).
Inconstitucionalidad de los arts. 82, 83, 84, 85, 87 y 89 de la Ley 49/1998, de presupuestos generales del Estado para 1999.
Precisa el Parlamento de Andalucía, en primer lugar, que los arts. 82, 83, 84, 85, 87 y 89 de la Ley 49/1998, de presupuestos generales del Estado para 1999, y las cuantías fijadas en la sección 32, establecen para las Comunidades Autónomas cuyas respectivas comisiones mixtas han adoptado el modelo para la aplicación del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas en el quinquenio 1997-2001 aprobado en el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 23 de septiembre de 1996, de un lado, su porcentaje de participación en los ingresos del Estado para el quinquenio 1997-2001 aplicable desde el 1 de enero de 1999 y, de otro, su participación en los ingresos del Estado.
La Sección Cuarta de este Tribunal acordó admitir a trámite el recurso mediante providencia de 13 de abril de 1999, dando traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, para que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Todo ello con publicación en el “Boletín Oficial del Estado” (lo que se cumplimentó en el BOE núm. 95, de 21 de abril de 1999).
Por escrito registrado el 29 de abril de 1999 el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó a este Tribunal el Acuerdo de dicha Cámara, de 27 de abril de 1999, por el que se acordaba su personación en el procedimiento a los solos efectos de formular alegaciones en relación con la violación de las normas reguladoras del procedimiento legislativo que se denuncia en la demanda (motivo cuarto), encomendando la representación y defensa de la Cámara al Letrado de las Cortes Generales don Fernando Sáinz Moreno, Jefe de la Asesoría Jurídica de la Secretaría General de la Cámara, con remisión del recurso a la Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General.
Por escrito registrado en este Tribunal el mismo día 5 de mayo siguiente se recibió otra comunicación de la Presidenta del Senado en el sentido de que se tuviera a dicha Cámara por personada en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
El día 6 de mayo de 1999 el Letrado de las Cortes Generales Sr. Sáinz Moreno, en representación del Congreso de los Diputados, presentó escrito de alegaciones en el que manifestaba que, aun cuando el Parlamento de Andalucía, en el fundamento cuarto de su recurso, alegaba, entre otros motivos, la vulneración de los arts. 109 a 123 y 133 a 135 del Reglamento del Congreso de los Diputados, así como de los arts. 104 a 128 y 148 a 151 del Reglamento del Senado, sin embargo no expone razonamiento alguno sobre la mencionada vulneración, limitándose a declarar que ya fueron expuestos en los recursos de inconstitucionalidad núms. 1249-1997 y 1383-1998, razón por la cual también él da por reproducido el contenido de las alegaciones que, en su día, presentó en los mencionados recursos (de las cuales acompaña fotocopia), en los que se solicitaba que se declarase que en la tramitación parlamentaria de la Ley impugnada no se había cometido el vicio de inconstitucionalidad alegado por la parte recurrente.
Para el Letrado de las Cortes, en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1249-1997 se reprochaba al legislador haber aprobado el art. 83 (y, por conexión, los arts. 82 y 84) de la Ley de Presupuestos del Estado para 1997, haciendo “una remisión al ‘Modelo del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas en el Quinquenio 1997-2001’, que adquiere de esta forma el valor de ley, con manifiesto desprecio de los principios constitucionales de seguridad jurídica y publicidad de las normas consagradas en el artículo 9.3 del texto constitucional, así como del procedimiento establecido en los arts. 109 a 123 y 133 a 135 del Reglamento del Congreso de los Diputados y artículos 104 a 128 y 148 a 151 del Reglamento del Senado”, debiendo presumirse que esa misma objeción es la que el Parlamento de Andalucía hacía a la Ley de presupuestos generales del Estado para 1998 y, en consecuencia, también ahora a la Ley de presupuestos generales para 1999. Concretamente se alegaba por el Parlamento de Andalucía no sólo que se confería valor de ley al “Modelo del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas en el Quinquenio 1997-1001” (aprobado por Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera a través de una técnica de remisión normativa no ajustada al procedimiento legislativo), sino también que la incorporación del anterior “Modelo de Sistema de Financiación” a la legislación vigente se realizaba obligando a los Diputados a votar sin posibilidad de debate y enmienda.
El Abogado del Estado formuló sus alegaciones mediante escrito presentado el día 7 de mayo de 1999, en el que suplica que, previos los trámites legales, se dicte Sentencia por la que se desestime el presente recurso de inconstitucionalidad, declarándose la conformidad con la Constitución de los preceptos legales impugnados.
En primer lugar, y tras delimitar el objeto del recurso de inconstitucionalidad, da respuesta a la impugnación de los arts. 82, 83, 84, 85, 87 y 89 de la LGPE para 1999, precisando que la parte recurrente insiste especialmente en la inconstitucionalidad de la determinación de la participación en los ingresos del Estado (PIE), por entender que innova el régimen jurídico previsto en el art. 13 LOFCA, asumiendo la Ley de Presupuestos la regulación de una materia reservada a Ley Orgánica tanto por la Constitución (art. 157.1.a) como por la propia LOFCA (art. 13.1).
En relación con el art. 89 de la Ley 49/1998, señala en primer lugar el Abogado del Estado que dado que es difícil deducir de la demanda por qué se impugna, dado lo sucinto de sus argumentos, entiende de aplicación la doctrina recogida en la STC 61/1997, FJ 13, según la cual corresponde a la parte que pretende la declaración de inconstitucionalidad de un precepto razonar los motivos de la impugnación, de tal manera que en los casos en los que no se cumpla con esta carga puede hablarse de una falta de diligencia procesalmente exigible, que puede determinar la desestimación sin más de la pretensión.
A continuación pasa el Abogado del Estado a contestar la alegación relativa a la fijación de las “entregas a cuenta” por el art. 86 LPGE para 1999, rechazando, antes que nada, que haya habido una imposición unilateral por el Estado de un modelo determinado de financiación, dado que, a su juicio, el art. 86 LPGE para 1999, lejos de imponer un modelo de financiación en concreto, lo único que hace es aprobar los créditos presupuestarios correspondientes al 98 por 100 de las entregas a cuenta que, con cargo a la participación en los impuestos estatales, van a financiar durante el ejercicio 1999 a las Comunidades Autónomas a las que no es de aplicación el modelo del sistema de financiación para el quinquenio 1997-2001 por no haberlo aceptado y no existir, en consecuencia, acuerdo sobre el sistema de financiación aplicable en 1999. Es decir, se trata simplemente de unas transferencias (aceptadas por otra parte por la Comunidad Autónoma) que, ni constituyen modelo de financiación alguno, en la medida en que se limitan a establecer para el año 1999 las entregas a cuenta con cargo a la parte de la financiación de las Comunidades Autónomas que constituye la participación en los ingresos generales del Estado, ni prejuzgan la liquidación definitiva, que “se realizará con arreglo al sistema de financiación adoptado, o el que se adopte durante 1999, para estas Comunidades Autónomas, por acuerdo de su respectiva Comisión Mixta”, y que tienen como única finalidad evitar dejar sin los recursos que proporciona la participación en los impuestos estatales a aquellas Comunidades Autónomas cuyas respectivas Comisiones Mixtas no hayan adoptado un acuerdo sobre su financiación. En efecto, basta con acudir a la letra de los preceptos comentados en los apartados anteriores para comprobar cómo se refieren a las Comunidades Autónomas que han aceptado el nuevo modelo de financiación, haciéndose mención expresa del porcentaje de participación de las Comunidades Autónomas en los ingresos del Estado para el quinquenio 1997-2001, aplicables en los diversos ejercicios que se desglosa, conforme al modelo de financiación, en función de los porcentajes definitivos de participación en los ingresos territoriales del Estado del IRPF para el quinquenio y los porcentajes definitivos de participación de las comunidades autónomas en los ingresos generales del Estado. Sin embargo, el art. 86 (aplicable a las Comunidades Autónomas que no han aceptado el nuevo modelo) no alude a la fijación de porcentaje alguno, ni impone modelo de financiación de ningún tipo a la Comunidad Autónoma recurrente, sino que simplemente aprueba las transferencias de crédito para dotar las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado, que se calculan (como sucedió para 1997 en virtud de lo establecido en el Real Decreto-ley 7/1997) de la única manera posible dadas las circunstancias: partiendo de la participación en los impuestos estatales de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 1996, se actualiza a 1999 de acuerdo con las reglas previstas en el acuerdo II.6 del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 20 de enero de 1992 para el anterior quinquenio (aceptado por dicha Comunidad en su momento). Esta actualización, hecha en beneficio de la Comunidad recurrente, sería, a juicio del Abogado del Estado, el único reflejo de la denunciada “imposición unilateral” del sistema de financiación del quinquenio anterior.
Las siguientes alegaciones del Abogado del Estado se dirigen a dar respuesta a la denuncia de vulneración de los principios de coordinación y suficiencia financiera de los arts. 156 CE, y 2.1 d) y 13 LOFCA. La inconstitucionalidad de este precepto derivaría de la falta de negociación entre el Estado y la comunidad autónoma, lo que habría impedido la revisión del porcentaje establecido para la fijación de la participación en los impuestos estatales de la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de no haberse revisado los criterios de fijación del citado porcentaje y, en particular, la variable de población, ocasionándose así una merma en los recursos financieros de la comunidad autónoma dado el incremento que ha experimentado la población de Andalucía en el período transcurrido desde el año 1988 al año 1996.
En último lugar, pasa a dar respuesta el Abogado del Estado a la alegación centrada en la existencia de contradicción entre el art. 86 LPGE para 1999 y la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que la comunidad autónoma recurrente basa en la falta de la correspondiente dotación presupuestaria (se trataría, pues, de una inconstitucionalidad por omisión, aunque no se utilice literalmente esta expresión). Pues bien, precisa la representación del Estado, antes que nada, que para que, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal (con cita de las SSTC 24/1982, 74/1987, 87/1989, 142/1993), pueda hablarse de una inconstitucionalidad por omisión, es necesario que concurran dos requisitos: en primer lugar, que el Texto Constitucional contenga un mandato de lege ferenda; y, en segundo lugar, que en el posterior desarrollo legal se incumpla el mandato impuesto. Dicho esto considera el Abogado del Estado que la previsión de la disposición adicional segunda del Estatuto de Andalucía de que los presupuestos generales del Estado puedan consignar unas asignaciones complementarias para garantizar un nivel mínimo en la prestación de alguno, o de algunos, de los servicios transferidos a la Comunidad Autónoma debe interpretarse sistemáticamente en relación con el art. 158.1 CE, con el que guarda identidad de objeto y del que es desarrollo, el cual prevé que en “los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos en todo el territorio español”.
Por otra parte, aunque el apartado segundo de aquella disposición transitoria aporta, para el Abogado del Estado, la singularidad del tratamiento bilateral (Administración del Estado-Junta de Andalucía) para determinar los “criterios, alcance y cuantía” de las asignaciones excepcionales, no puede aislarse esta previsión estatutaria del tratamiento necesariamente multilateral que establecen los arts. 3.2 d) y 15 LOFCA, que atribuyen al Consejo de Política Fiscal y Financiera la deliberación sobre “la apreciación de las razones que justifican en cada caso la percepción por parte de cada una de las Comunidades Autónomas de las asignaciones presupuestarias, así como los criterios de equidad seguidos para su afectación”. Aunque la bilateralidad es, en realidad, la característica más importante que singulariza al Estatuto de Andalucía en esta materia (a diferencia, por ejemplo, de la disposición adicional segunda del Estatuto de Extremadura, que, aun cuando constata similar necesidad de financiación, remite su atención al sistema general del art. 15 LOFCA), sin embargo, esta peculiaridad “metodológica” no puede llevar a entender como realidades diferentes las previsiones del art. 15 LOFCA y del Estatuto de Andalucía. Ciertamente, aunque la parte actora insiste en diferenciar radicalmente la previsión estatutaria del art. 15 LOFCA, aportando para ello las actas de las reuniones núms. 18 (celebrada el 22 de febrero de 1996) y 19 (que tuvo lugar el 26 de noviembre de 1996) de la Comisión Mixta Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, sin embargo, por lo que se refiere a la primera de ellas “no ha aportado la documentación completa de la reunión, puesto que ha omitido, inexplicablemente, el Acuerdo suscrito entre el Secretario de Estado de Hacienda y la Consejera de Economía y Hacienda de Andalucía el 16 de febrero de 1996”, en el que se manifiesta expresamente que “la Comunidad Autónoma de Andalucía también plantea la necesidad de instrumentar, en el más breve plazo posible, el mecanismo de financiación establecido en el art. 15 LOFCA, al objeto de culminar el diseño del sistema general de financiación de las Comunidades Autónomas, tal y como ha venido señalando en los sucesivos Acuerdos quinquenales de financiación” (apartado 3), añadiéndose a continuación que “por las representaciones de la Administración General del Estado se considera que, en virtud del principio de coordinación que debe regir la instrumentación y aplicación de los diferentes mecanismos del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, la fijación definitiva del alcance y cuantía de las asignaciones excepcionales se debe realizar mediante la aplicación de la Metodología que con carácter general se recomienda por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la LOFCA, según los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de fecha 23 de febrero de 1992 y 7 de octubre de 1993” (apartado 4), fijándose finalmente, en primer lugar, una dotación excepcional para el año 1996 de 20.000 millones de pesetas, que “tendrá el carácter de anticipo a cuenta de la asignación que definitivamente se fije para este ejercicio” (que como reconoce la propia parte recurrente ya fueron atendidos en enero de 1997 y, por tanto, no constituyen el objeto de este recurso), y, en segundo lugar, una consignación en la sección 32 de las Leyes de presupuestos generales del Estado para 1997 y 1998 de 12.000 millones de pesetas, vinculada, precisamente, al desarrollo del art. 15 LOFCA. Por último, y en ejecución del Acuerdo sexto de los adoptados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 23 de septiembre de 1996, se ha constituido un grupo de trabajo con el mandato de tratar en el seno de tal órgano estas cuestiones.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 1 de julio de 2004, la Presidenta del Parlamento de Andalucía solicitaba se la tuviese por desistida del presente recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 82, 83, 84, 85, 86, 87 y 89 de la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 1999, y contra las cuantías fijadas en la sección 32, salvo en la impugnación relativa al art. 86 y las cuantías fijadas en la sección 32, que se mantiene. Posteriormente, por Auto núm. 391/2004, de 19 de octubre, este Tribunal acordó tener por desistido parcialmente al Parlamento del Andalucía del recurso de inconstitucionalidad núm. 1358-1999, manteniéndose únicamente la impugnación del art. 86 y la sección 32 de la Ley 49/1998.
Por escrito de fecha 1 de febrero de 2007 doña Elisa Pérez Vera dirigió un escrito a la Presidenta de este Tribunal en el que solicitaba su abstención en el debate y votación de la resolución relativa al presente recurso de inconstitucionalidad, debido a que en su anterior condición de Presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía intervino en la adopción del Dictamen núm. 40/1999, de 12 de marzo, sobre el recurso de inconstitucionalidad que pretendía plantear el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con determinados preceptos de la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 1999, cuyo objeto era idéntico al que constituye el actual recurso de inconstitucionalidad núm. 1358-1999, promovido por el Parlamento de Andalucía.
Por Auto del Pleno de este Tribunal, de fecha de 13 de febrero de 2007, se acordó estimar la causa de abstención formulada por doña Elisa Pérez Vera en el presente recurso de inconstitucionalidad, apartándola definitivamente del referido procedimiento, dado que, aun cuando la intervención de la mencionada Magistrada, en su calidad de Presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, en la adopción del Dictamen emitido por dicho órgano con carácter previo al planteamiento por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía del recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 1999, no fue desarrollada directamente en relación con el presente recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Andalucía, sin embargo existe una total identidad en cuanto al objeto de aquel Dictamen y el del recurso que nos ocupa, por lo que cabía entender que la actividad desarrollada en aquel caso puede quedar integrada en las causas 13 y 16 del art. 219 LOPJ.
Por providencia de 13 de marzo de 2007, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 14 del mismo mes y año.
Como ha quedado expuesto en los antecedentes, tras el desistimiento parcial formulado por el Parlamento de Andalucía, el presente recurso de inconstitucionalidad queda exclusivamente referido al art. 86 y a las cuantías fijadas en la sección 32 (“Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales”, “Participación de las Comunidades Autónomas en los ingresos del Estado”, Programa 911-B) de la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 1999 (“Financiación en 1999 de las Comunidades Autónomas a las que no sea de aplicación el modelo del sistema de financiación para el quinquenio 1997-2001”).
Por lo que respecta a la participación en los ingresos del Estado, imputa el Parlamento de Andalucía a las disposiciones impugnadas tres lesiones diferenciadas. En primer lugar, se imputa la vulneración de la prohibición de arbitrariedad recogida en el art. 9.3 CE, al haberse fijado de forma injustificada el porcentaje de participación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en los ingresos generales del Estado conforme a la población oficial de 1991 y no a la de 1996. Pues bien, en el análisis de esta vulneración concluíamos en la STC 13/2007 que “no puede apreciarse que carezca de toda justificación razonable la opción del legislador, ya que, aun cuando pueda discreparse de ella, no cabe duda de que no responde a capricho o mero voluntarismo, al ser consecuencia de la inexistencia, en el momento de aprobarse el nuevo sistema de financiación, de un censo oficial diferente”, habida cuenta que “el Acuerdo 1/1996, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por el que se acuerda que la financiación global se determinará según las variables y ponderaciones actualmente aplicables, se adoptó el día 23 de septiembre de 1996, momento en el cual estaba vigente el censo general de población del año 1991 (también referido al padrón municipal de habitantes), aprobado por el Real Decreto 406/1992, de 24 de abril, por el que se declaran oficiales las poblaciones de derecho y de hecho resultantes del censo de población referidas al 1 de marzo de 1991”, razón por la cual no podía calificarse como arbitrario “el hecho de que la variable de población que sirve de base a la liquidación a cuenta contenida en las disposiciones de la Ley 65/1997 impugnadas, y a la que hace referencia el Acuerdo 1/1996, de 23 de septiembre, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se calculara tomando como referencia el último censo general de población aprobado, a saber, el de 1991, en la medida en que, como ya anticipamos anteriormente, se trata de una opción legislativa que no es una decisión irrazonable ni arbitraria o carente de justificación, sino que, por el contrario, entra dentro del margen de configuración del que goza el legislador en este ámbito”. En definitiva, en la medida en que el art. 85 de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 1998, entonces, y ahora el art. 86 de la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 1999, no hacen “sino plasmar el contenido del Acuerdo 1/1996, de 23 de septiembre, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que fue adoptado cuando aún no se habían declarado oficiales las cifras de población resultantes de la renovación del padrón municipal [lo que se produciría por el Real Decreto 1645/1997, de 31 de octubre (BOE núm. 262, de 1 de noviembre de 1997)]”, rechazábamos entonces, como también debemos hacer ahora, este primer motivo de recurso (STC 13/2007, de 18 de enero, FJ 4).
En segundo lugar, entiende el Parlamento de Andalucía que la fijación del porcentaje de participación en los ingresos generales del Estado conforme a la población oficial de 1991, tomando una población inferior a la de 1996, afecta a la suficiencia financiera de la Comunidad Autónoma, pues al desconocer el incremento poblacional experimentado se le está produciendo una merma en sus ingresos (art. 156.1 CE). Pues bien, con relación al principio de suficiencia financiera, después de recordar en la citada STC 13/2007, de 18 de enero, que “ésta va íntimamente ligada a la autonomía financiera de los entes territoriales, instrumento indispensable para la consecución de su autonomía política”, lo que “exige que dichos entes disfruten de la plena disposición de los medios financieros precisos para poder ejercer, sin condicionamientos indebidos y en toda su extensión, las funciones que legalmente les han sido encomendadas”, efectuábamos dos precisiones. En primer lugar, que dicho principio tiene un primer límite “en la propia naturaleza de las cosas”, por lo que “dicha suficiencia debe quedar enmarcada, como concepto relativo que es, en el marco de las posibilidades reales del sistema financiero del Estado en su conjunto”. Y, en segundo lugar, que para valorar si una determinada Comunidad Autónoma goza de recursos suficientes para ejercer la autonomía financiera constitucionalmente consagrada es preciso “atender al conjunto de los recursos de que puedan disponer” y a “las competencias que le han sido atribuidas”, así como a “los servicios que gestionan” y “dentro siempre de las reales disponibilidades económicas de un sistema globalmente presidido por el principio de solidaridad entre todos los españoles” (STC 13/2007, de 18 de enero, FJ 5).
Por otra parte, considera el Parlamento de Andalucía que la fijación de aquel porcentaje de participación en los ingresos generales de forma unilateral por el Estado, sin acuerdo previo en la Comisión Mixta Estado-Junta de Andalucía, ha desconocido las exigencias de coordinación, cooperación y lealtad constitucional que imponen las normas del bloque de la constitucionalidad, vulnerando el art. 156.1 CE, el art. 13.1 LOFCA (en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/1996, de 27 de diciembre) y el art. 58.1 y la disposición transitoria sexta EAAnd. Pues bien, sobre este particular comenzábamos señalando en la STC 13/2007, de 18 de enero, que “es al Estado a quien corresponde, en el momento de establecer la participación de las Comunidades Autónomas en los ingresos transferibles, ponderar los intereses en juego, tanto los del conjunto de las Comunidades Autónomas como de los suyos propios, en virtud de la competencia exclusiva que sobre la materia le atribuye el art. 149.1.14 CE”, competencia exclusiva que le habilita “no sólo el señalamiento de los criterios para el reparto de la participación que se les conceda a las Comunidades Autónomas en los ingresos estatales, sino también la concreción por ley de esa participación” (STC 13/2007, de 18 de enero, FJ 6).
Finalmente, y en relación con la otra fuente de financiación afectada por el presente recurso de inconstitucionalidad, las asignaciones de nivelación de los servicios públicos esenciales, denuncia el Parlamento de Andalucía el incumplimiento por parte del Estado de la previsión recogida en la disposición adicional segunda de la norma estatutaria, que a su juicio exigiría la puesta a disposición de la Comunidad Autónoma de Andalucía de cantidades adicionales a las derivadas de la aplicación del art. 15 LOFCA.
Voto particular que formula el Magistrado don Pablo Pérez Tremps a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1358-1999.
STSJ Comunidad de Madrid 461, 21 de Febrero de 2006

References: resolución 
 Real Decreto 
 artículo 34
 artículo 9
de lege ferenda
 artículo 15
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto