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Timestamp: 2017-12-17 18:51:53+00:00

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D E C R E T A. de Chihuahua, para quedar redactada en los siguientes términos: LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA - PDF
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Elisa Rojas Peralta
1 LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, D E C R E T A ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Chihuahua, para quedar redactada en los siguientes términos: LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES PRELIMINARES CAPÍTULO I GENERALIDADES Artículo 1.- Objeto de la Ley. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y tienen por objeto regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado, así como el
2 procedimiento correspondiente, la actuación de las autoridades competentes, los efectos de la resolución que se emita y los medios para la intervención de terceros que se consideren afectados por la misma. Artículo 2.- Definición de extinción de dominio. La extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre los bienes mencionados en el artículo 8 de la presente Ley, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal. La sentencia en la que se declare tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado. Artículo 3.- Disposiciones supletorias. A falta de regulación suficiente en la presente Ley respecto de las instituciones y supuestos jurídicos regulados por la misma, se estará a las siguientes reglas de supletoriedad: I. En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio, a lo previsto en el Código de Procedimientos Penales del Estado; II. En cuanto al hecho ilícito, al Código Penal del Estado; III. En el procedimiento de extinción de dominio, a lo previsto en el Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado; 2
3 IV. En los aspectos relativos a la regulación de bienes, obligaciones y derechos, a lo previsto en el Código Civil en vigor en el Estado. Toda la información que se genere u obtenga con relación a esta Ley, se regirá en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. El Procurador General de Justicia del Estado entregará un informe anual al Congreso del Estado sobre el ejercicio de las facultades que le otorga esta Ley. CAPÍTULO II DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Artículo 4.- Acción de extinción de dominio. La acción de extinción de dominio es de carácter real, de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder, o lo haya adquirido, sin perjuicio de los recursos que cualquier persona que se considere afectada pueda interponer para demostrar la procedencia lícita de tales bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de los mismos. 3
4 El ejercicio de la acción de extinción de dominio corresponde al Ministerio Público. El Ministerio Público podrá desistirse de la acción de extinción de dominio en cualquier momento, antes de que se dicte sentencia definitiva, previo acuerdo del Procurador General de Justicia del Estado. En los mismos términos, podrá desistirse de la pretensión respecto de ciertos bienes objeto de la acción de extinción de dominio. Artículo 5.- Carpetas de investigación de procesos penales. Para la preparación de la acción de extinción de dominio, el Ministerio Público podrá emplear la información que se contenga en las carpetas de investigación que se integren en los términos del Código de Procedimientos Penales. Los documentos de la carpeta que se decidan introducir, tendrán para efectos de prueba el carácter de públicos o privados, de acuerdo con su naturaleza, en cada caso. Artículo 6.- Principio de territorialidad en bienes inmuebles. Esta Ley se aplicará en tratándose de inmuebles que se encuentren ubicados en el territorio del Estado de Chihuahua. Cuando se encuentren situados fuera del mismo, se dará vista a la autoridad competente de dicho lugar, sin perjuicio de ordenar las medidas necesarias para la procedencia y tramitación de la acción de extinción hasta su conclusión en este Estado. 4
5 Artículo 7.- Procedencia de la Ley por hecho ilícito. Procede la extinción de dominio respecto de los bienes a que se refiere esta Ley, cuando existan elementos suficientes para determinar que sucedieron los hechos ilícitos en los casos de: I. Secuestro; II. Robo de vehículos, y III. Trata de personas. Para los efectos de esta Ley, se entiende que existen elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió, cuando se reúnan indicios respecto de los elementos objetivos o externos y, en su caso, normativos de los delitos a que se refieren las fracciones anteriores, aun cuando no se haya determinado quiénes intervinieron en él o el carácter de su participación. La muerte del o los probables responsables no cancela la acción de extinción de dominio. Artículo 8.- Procedencia de la Ley por hecho ilícito. Procederá la extinción de dominio de los bienes relacionados o vinculados con los hechos ilícitos a que se refiere el artículo anterior, en cualesquiera de los supuestos siguientes: 5
6 I. Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito; II. Aquellos que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito. Se entenderá por ocultar, la acción de esconder, disimular o transformar bienes que son producto del delito; y por mezcla de bienes, la suma o aplicación de dos o más bienes; III. Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo; IV. Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de los delitos a que se refiere el artículo anterior y el acusado por estos delitos se ostente o comporte como dueño. Se entiende que una persona se comporta u ostenta como dueño de los bienes materia de la acción de extinción de dominio, cuando tenga la posesión de los bienes, o tenga poder material de decisión sobre el uso, destino o disposición de los mismos. Para los efectos de esta Ley, los delitos anteriormente mencionados, cuando generen un beneficio económico o persigan ese fin, se considerarán delitos patrimoniales. 6
7 La extinción de dominio procederá aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. Artículo 9.- Solicitud de decomiso en procedimiento penal. El ejercicio de la acción de extinción de dominio no excluye que el Ministerio Público solicite el decomiso de los mismos bienes con motivo del ejercicio de la pretensión punitiva, en los casos que resulte procedente, siempre y cuando no se haya resuelto en el procedimiento correspondiente la extinción de dominio a favor del Estado. Artículo 10.- Excepción de la acción respecto de ciertos bienes. Se exceptúan de la acción de extinción de dominio, las armas de fuego, municiones y explosivos respecto de los cuales, en todo caso, deberá observarse lo dispuesto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Tratándose de narcóticos, se procederá en los términos de la legislación federal aplicable. Los bienes asegurados que resulten del dominio público o privado de la Federación, del Estado o de los municipios, se restituirán a la dependencia o entidad correspondiente, de acuerdo con su naturaleza y a lo que dispongan las normas aplicables. 7
8 Se exceptúan también la fauna y la flora protegidos, materiales peligrosos y demás bienes cuya propiedad o posesión se encuentre prohibida, restringida o especialmente regulada, en cuyo caso, se procederá en los términos de la legislación aplicable. Artículo 11.- Bienes abandonados o decomisados. La acción de extinción de dominio no procederá respecto de los bienes asegurados que el Ministerio Público y la autoridad judicial resuelvan que han causado abandono, así como de aquéllos respecto de los cuales la autoridad judicial resuelva su decomiso con carácter de cosa juzgada. TÍTULO SEGUNDO DEL PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CAPÍTULO I DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Artículo 12.- Imposición de medidas cautelares. El Tribunal, a solicitud fundada del Ministerio Público, podrá imponer las medidas cautelares necesarias para garantizar la conservación de los bienes materia de la acción de extinción de dominio y, en su oportunidad, para la aplicación de los bienes a los fines a que se refiere el artículo 53 de esta Ley. 8
9 Son medidas cautelares: I. El aseguramiento de bienes; II. III. IV. El embargo precautorio; La intervención en la administración o en caja de las sociedades; Tratándose de muebles, el depósito con vigilancia de la autoridad en el lugar en el que disponga el Tribunal, quien decretará las medidas necesarias para su conservación, a cargo de la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Tratándose de inmuebles, de igual manera se decretará la vigilancia de la autoridad y las medidas necesarias para su conservación; V. Tratándose de dinero, este podrá ser administrado por la Secretaría de Finanzas y Administración, pudiendo abrir cuenta especial que genere rendimientos; en caso de que se declare extinguido el dominio, los bienes pasarán al Estado, en caso contrario, se entregarán a su dueño, y VI. El arrendamiento de los bienes, celebrando contratos que mantengan la productividad y su valor, siendo la Secretaría de Finanzas y Administración quien se hará cargo de estos actos. 9
10 Artículo 13.- Aseguramiento de bienes. El Tribunal ordenará la aplicación de las medidas cautelares correspondientes, respecto al aseguramiento de los bienes materia de la extinción de dominio que estén identificados, o ratificará el aseguramiento realizado por el Ministerio Público. Artículo 14.- Recurso de apelación en medidas cautelares. Contra la resolución que ordene o niegue el otorgamiento de las medidas cautelares procederá el recurso de apelación que se admitirá, en su caso, sólo en el efecto devolutivo. Artículo 15.- Anotaciones en el Registro Público de la Propiedad. Tanto las medidas cautelares que se tomen, como la demanda, deberán ser anotados en el Registro Público de la Propiedad. En todos los casos, la Secretaría de Finanzas y Administración deberá ser notificada de cualquier medida cautelar o levantamiento de cualquier acto que implique variación en la situación de bienes sujetos a acción de extinción de dominio. En la anotación correspondiente se insertará la leyenda: Bien sujeto a juicio de extinción de dominio. Artículo 16.- Imposición, modificación y revocación de medidas cautelares. El Tribunal acordará la medida cautelar que resulte procedente en el auto admisorio de la demanda o en cualquier etapa del procedimiento a 10
11 petición del Ministerio Público y, en su caso, ordenará el rompimiento de cerraduras y el uso de la fuerza pública para su ejecución y todas aquellas actividades necesarias para asegurar la aplicación de las medidas cautelares. Mientras no se dicte sentencia definitiva, se podrá modificar o revocar la resolución que haya decretado o negado las medidas cautelares, cuando ocurra un hecho superviniente que lo justifique. El demandado o afectado por la medida cautelar no podrá transmitir la posesión, enajenar, ni gravar los bienes o constituir cualquier derecho sobre ellos, durante el tiempo que dure aquélla, ni permitir que un tercero lo haga. Los bienes sobre los que se haya dictado una medida cautelar no serán transmisibles por herencia o legado durante la vigencia de esta medida. Artículo 17.- Bienes sujetos a diversos actos jurídicos previos. Cuando los bienes que se aseguren hayan sido previamente embargados, intervenidos, secuestrados o asegurados, se notificará el nuevo aseguramiento a las autoridades que hayan ordenado dichos actos, así como a la Secretaría de Finanzas y Administración y al Registro Público de la Propiedad correspondiente. Los bienes continuarán en custodia de quien se haya designado para ese fin, y a disposición de la autoridad judicial que conozca de la acción de extinción de dominio. 11
12 De levantarse el embargo, intervención, secuestro o aseguramiento previos, quien los tenga bajo su custodia, los entregará al Tribunal que conozca de la acción de extinción de dominio. Los bienes asegurados no podrán ser enajenados o gravados por sus propietarios, depositarios, interventores o administradores, durante el tiempo que dure el aseguramiento en el procedimiento derivado de la extinción de dominio, salvo disposición en contrario. El aseguramiento no implica modificación alguna a los gravámenes existentes con anterioridad sobre los bienes. CAPÍTULO II DE LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Artículo 18.- Autonomía del procedimiento de extinción de dominio. El procedimiento de extinción de dominio será autónomo del de materia penal, distinto e independiente de cualquier otro de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen. 12
13 Artículo 19.- Tribunal de Extinción de Dominio. El procedimiento de extinción de dominio se tramitará ante un Tribunal de Extinción de Dominio, integrado por tres jueces de primera instancia, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 20.- Partes en el procedimiento de extinción de dominio. Son partes en el procedimiento de extinción de dominio: I. El actor, que será el Ministerio Público. II. El demandado, que será el dueño, quien se ostente o comporte como tal, o ambos. III. El o los terceros afectados, que será todo aquel que se considere afectado por la acción de extinción de dominio y acredite tener un interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio. Artículo 21.- Vista a la Secretaría de Finanzas y Administración. En todos los casos en que se inicie acción de extinción de dominio, se dará vista a la Secretaría de Finanzas y Administración para los efectos señalados en esta Ley. 13
14 Artículo 22.- Gestión de negocios y representación. En ningún caso será admisible la gestión de negocios o judicial en las acciones de extinción de dominio. Quien promueva a nombre de otro, deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar en la fecha de la presentación de la contestación, en su caso. Artículo 23.- Condena en gastos y costas. En los juicios que se tramiten por extinción de dominio, no habrá lugar a condenación en costas. Cada parte será responsable de sus propios gastos y los que originen las diligencias que promuevan. En el caso del Ministerio Público, los gastos originados por las promociones y diligencias solicitadas correrán a cargo del erario estatal. Artículo 24.- Formulación de la acción de extinción de dominio. La acción de extinción de dominio se formulará mediante demanda del Ministerio Público, previo acuerdo del Procurador General de Justicia del Estado o del servidor público en quien delegue dicha atribución. Artículo 25.- Contenido de la demanda. La demanda deberá indicar: I. El juzgado competente; 14
15 II. III. IV. La descripción de los bienes respecto de los cuales se solicita la extinción de dominio, señalando su ubicación y demás datos para su localización; Las constancias pertinentes respecto de la investigación de los delitos relacionados con los bienes materia de la acción; En su caso, el acuerdo de aseguramiento de los bienes, ordenado por el Ministerio Público dentro de la investigación penal; el acta en la que conste el inventario y su estado físico, la constancia de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el certificado de gravámenes de los inmuebles, así como la estimación del valor de los bienes y la documentación relativa a la notificación del procedimiento para la declaratoria de abandono y, en el supuesto de existir, la manifestación que al respecto haya hecho el interesado o su representante legal; V. El nombre y domicilio del titular de los derechos, de quien se ostente o comporte como tal, o de ambos; VI. Las actuaciones conducentes, derivadas de otras investigaciones penales en curso o de procesos concluidos; VII. La solicitud de las medidas cautelares necesarias para la conservación de los bienes, en los términos que establece esta Ley; 15
16 VIII. La petición de extinción de dominio sobre los bienes y demás pretensiones, y IX. Las pruebas que se ofrecen, debiendo en ese momento exhibir las documentales o señalar el archivo donde se encuentren, precisando los elementos necesarios para la sustanciación y desahogo de los otros medios de prueba. Artículo 26.- Resolución sobre demanda y pruebas ofrecidas. Una vez presentada la demanda con los documentos que acrediten la procedencia de la acción y demás pruebas que ofrezca el Ministerio Público, el Tribunal contará con un plazo de setenta y dos horas para resolver sobre la admisión de la demanda y de las pruebas ofrecidas, debiendo proveer lo necesario para la preparación y desahogo de las mismas y ordenar la notificación de ésta al demandado o a su representante legal y, en su caso, la publicación de los edictos a que se refiere la fracción II del artículo 27 de esta Ley. Si la demanda fuere obscura o irregular, el Tribunal deberá prevenir por una sola vez al Ministerio Público para que la aclare, corrija o complete, otorgándole para tal efecto un plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del auto que lo ordene. Aclarada la demanda, el Tribunal le dará curso o la desechará de plano. 16
17 Igualmente, ordenará la notificación a todo aquel tercero afectado, y que tenga interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio, a fin de que se apersone y conteste la demanda y ofrezca las pruebas que a su interés convengan. En dicha notificación se apercibirá al demandado o al tercero o a sus representantes legales para que no enajenen o graven los bienes asegurados y que señalen domicilio en el lugar del juicio, para que se hagan las notificaciones. El Tribunal, en el auto de admisión, señalará los bienes materia de juicio, el nombre del o los demandados, concediéndoles el plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación para contestar la demanda; en caso de que no se le dé contestación, declarará su rebeldía y continuará el procedimiento. En dicho auto el Tribunal proveerá lo conducente en relación con las medidas cautelares que en su caso hubiera solicitado el Ministerio Público en la demanda. Si los documentos con los que se le corriera traslado excedieren de 500 fojas, por cada 100 de exceso o fracción se aumentará un día más de plazo para contestar la demanda sin que pueda exceder de veinte días hábiles. En el auto admisorio deberá señalarse la fecha programada para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, la cual deberá realizarse dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta días 17
18 naturales, no pudiéndose prorrogar dicha fecha, a no ser que exista una causa que lo justifique. Contra el auto que niegue la admisión de la demanda o la admita procederá recurso de apelación, el cual se admitirá en el efecto devolutivo. Artículo 27.- Notificación de la demanda. Admitida la demanda, el Tribunal ordenará la notificación como sigue: I. Personalmente a los demandados y a los afectados que se tengan identificados y se conozca su domicilio, de conformidad con las reglas siguientes: a) La notificación se practicará en el domicilio del demandado o del afectado. En caso de que el demandado se encuentre privado de su libertad, la notificación personal se hará en el lugar donde se encuentre detenido; b) El notificador deberá cerciorarse del domicilio, entregar copia de la resolución que se notifique, de la demanda y de los documentos base de la acción; recabar nombre o media filiación y, en su caso, firma de la persona con quien se entienda la diligencia, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, en el acta de notificación constarán los datos de identificación del secretario o actuario que la practique; 18
19 c) De no encontrarse el interesado o persona alguna que reciba la notificación, o habiéndose negado a recibirla o firmarla, la notificación se hará en los términos dispuestos por el artículo 123, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique. El Tribunal podrá habilitar al personal del juzgado para practicar las notificaciones en días y horas inhábiles. II. Cuando hubiere que citar a juicio a alguna persona que haya desaparecido, no tenga domicilio fijo o se ignore dónde se encuentra, la notificación se realizará por los edictos en los términos de lo dispuesto en el artículo 123 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y por Internet. En este último caso, el Supremo Tribunal de Justicia deberá habilitar un sitio especial en su portal de Internet a fin de hacer accesible el conocimiento de la notificación a que se refiere esta fracción por cualquier interesado. Cuando los bienes materia del procedimiento de extinción de dominio sean inmuebles, la cédula de notificación se fijará, además, en cada uno de éstos. 19
20 La notificación surtirá efectos al día siguiente en que hubiera sido practicada. El edicto surtirá efectos de notificación personal al día siguiente de su última publicación. La única notificación personal que se realizará en el proceso de extinción de dominio será la que se realice al inicio del juicio en los términos de la presente Ley. Todas las demás se practicarán mediante publicación por lista. Artículo 28.- Plazo para la práctica de las notificaciones. En un plazo no mayor de siete días hábiles contados a partir de que se dicte el auto admisorio, el Tribunal deberá ordenar las diligencias necesarias para que se efectúen las notificaciones correspondientes en los términos de esta Ley. Artículo 29.- Contestación de la demanda. Desde el escrito de contestación de demanda o del primer acto por el que se apersonen a juicio el demandado y el afectado, deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos en el lugar de residencia del Tribunal que conozca de la acción de extinción de dominio. El escrito de contestación de demanda deberá contener las excepciones y defensas del demandado. 20
21 En el escrito de contestación de demanda se deberán ofrecer las pruebas, debiendo exhibir las que estén a su disposición o señalar el archivo donde se encuentren. En todo caso, las pruebas deberán ser desahogadas en audiencia. Artículo 30.- Excepciones e incidentes de previo y especial pronunciamiento. En el proceso de extinción de dominio no habrá lugar al trámite de excepciones ni de incidentes de previo y especial pronunciamiento. El Tribunal desechará de plano, los recursos, incidentes o promociones notoriamente frívolos o improcedentes. CAPÍTULO III DE LAS PRUEBAS Artículo 31.- Ofrecimiento de pruebas. Las pruebas sólo podrán ser ofrecidas en la demanda y en la contestación. El Tribunal, en el plazo de diez días, antes de la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 26, deberá pronunciar el acuerdo respectivo en el que determine sobre la admisión o el desechamiento de las pruebas ofrecidas, notificándolo personalmente a las partes. Tratándose de la prueba de inspección, el oferente tendrá obligación de preparar la prueba respectiva para que se desahogue en la audiencia 21
22 señalada. El dictamen pericial deberá rendirse el día de la audiencia de desahogo de pruebas. Artículo 32.- Reglas de admisión de pruebas. El Tribunal deberá recibir todas las pruebas que presenten las partes, excepto la de confesión de las autoridades y aquellas que fueren contrarias al derecho o a la honestidad. Las pruebas se admitirán, siempre que tengan relación con: I. El hecho ilícito; II. III. IV. La procedencia de los bienes; Que los bienes materia del procedimiento no son de los señalados en el artículo 7 de esta Ley, o Que respecto de los bienes sobre los que se ejercitó la acción, se ha emitido una sentencia firme favorable dentro de un procedimiento de extinción de dominio. Artículo 33.- Principios probatorios. En el proceso de extinción de dominio el actor debe probar los hechos constitutivos de la acción y el demandado, así como el tercero que comparezca a juicio, sus excepciones. 22
23 Artículo 34.- Pruebas supervinientes. Las pruebas supervinientes, salvo aquéllas previstas en el Capítulo de Recursos, podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia, y el Tribunal de conocimiento ordenará dar vista a la contraparte de esas pruebas, para que en el plazo de cinco días exprese lo que a su derecho convenga. Hecho lo cual, en su caso, mandará desahogarlas. Artículo 35.- Diligencias para mejor proveer. El Tribunal, para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, podrá decretar la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria o proveer la preparación y desahogo de la prueba pericial, cuando se planteen cuestiones de carácter técnico y no hubiere sido ofrecida por las partes, debiendo pronunciar el acuerdo correspondiente en la audiencia de desahogo de pruebas, dando conocimiento a los interesados del desahogo de la prueba de que se trate. Sección Primera Prueba Documental Artículo 36.- Presentación de documentos. Los documentos deberán presentarse al ofrecer la prueba documental. El oferente está obligado a expresar el archivo en que se encuentren aquellos 23
24 documentos que no tiene en su poder o manifestar si se encuentran en poder de terceros y si son propios o ajenos. Sección Segunda Prueba Pericial Artículo 37.- Admisión de la prueba pericial. La prueba pericial sólo será admisible cuando se requieran conocimientos especiales en la ciencia, arte, técnica, oficio o industria de que se trate. Los peritos deben tener título en dichos conocimientos, a los que pertenezca la cuestión sobre la que ha de oírse su parecer, si los mismos requieren título para su ejercicio. Si no lo requieren o requiriéndolo, no hubiere peritos en el lugar, podrá ser nombrada cualquier persona entendida a satisfacción del Tribunal, aun cuando no tenga título. Artículo 38.- Proposición de la prueba pericial. Se propondrá la prueba pericial en los términos siguientes: I. Se señalará con toda precisión la ciencia, arte, técnica, oficio o industria sobre la cual debe practicarse la prueba; los puntos sobre los que versará y las cuestiones que se deben de resolver. 24
25 II. III. Se debe señalar el nombre y domicilio del perito, así como su calidad, técnica, artística o industrial. Debiendo anexar copia autorizada de su cédula profesional o documentos que acrediten su calidad de perito. Si faltare cualesquiera de los requisitos anteriores, el Tribunal requerirá a la parte oferente para que subsane dicha omisión dentro de los tres días naturales posteriores, contados a partir de la notificación, de lo contrario, desechará de plano la prueba. IV. Cuando los peritos rindan sus dictámenes y éstos resulten contradictorios, se designará un perito tercero en discordia, el que debe satisfacer los requisitos anteriores. V. Las partes o el tercero en cualquier momento podrán convenir en la designación de un solo perito para que rinda su dictamen. VI. También las partes o el tercero podrán manifestar su conformidad con el dictamen del perito de la contraria, haciendo las observaciones que consideren. VII. Si la parte contraria o el tercero venido a juicio no hicieren la designación de su perito o el designado por éstos no se hiciere presente a aceptar el cargo conferido, el Tribunal procederá de inmediato a designar un perito en rebeldía. 25
26 VIII. En el supuesto de que el perito designado por alguna de las partes, que haya aceptado y protestado el cargo conferido, no presentare su dictamen pericial en el término concedido, se le dará vista al oferente para que tome todas las medidas necesarias a efecto de que se rinda en el término de cuarenta y ocho horas y, de no presentarlo, se declarará desierta la prueba. IX. Los peritos quedan obligados a rendir sus dictámenes antes de la audiencia de desahogo de prueba, excepto el perito en rebeldía, el tercero en discordia o el nombrado por el Tribunal, que lo rendirán en el término que se señale, tomando en cuenta las condiciones del juicio. Artículo 39.- Aceptación del cargo. En caso de estar debidamente ofrecida la prueba, el Tribunal la admitirá, quedando obligados los oferentes a que sus peritos, dentro del plazo de tres días, se presenten para la aceptación del cargo y la protesta de desarrollar su peritaje fiel y legalmente. Artículo 40.- Designación de peritos auxiliares de la administración de justicia. El Tribunal podrá designar peritos de entre aquellos autorizados como auxiliares de la administración de justicia, a designar el perito de cualquier colegio, asociación o barra profesional, artística, técnica o científica, o 26
27 bien, de instituciones de educación superior, pública o privada, o cámara de comercio o confederación de cámara a la que corresponda el objeto del peritaje, los que estarán obligados a practicar el dictamen en cumplimiento a los objetivos del presente ordenamiento. Sección Tercera Reconocimiento o Inspección Judicial Artículo 41.- Desahogo de la prueba. El reconocimiento o inspección judicial podrá practicarse de oficio o a petición de parte, con citación previa de los litigantes, fijándose al efecto día, hora y lugar, en que tendrá verificativo. Al solicitarse este medio de prueba, se determinarán los puntos sobre los que debe versar y, durante la práctica de la diligencia correspondiente, las partes, sus representantes o abogados, o los terceros, podrán hacer las observaciones que estimen oportunas. Del reconocimiento se levantará una acta circunstanciada que firmarán los que hayan concurrido, asentándose pormenorizadamente los puntos que provocaron ese medio de prueba, las observaciones y todo lo necesario para esclarecer la verdad que se trate de hacer constar por medio de esa diligencia. 27
28 Sección Cuarta Prueba Testimonial Artículo 42.- Desahogo de la prueba. El oferente de la prueba testimonial está obligado a presentar a los testigos propuestos en la audiencia de desahogo de pruebas. El oferente de la prueba testimonial, desde el ofrecimiento de la misma, debe hacer saber al Tribunal la imposibilidad de presentar por sí mismo a los testigos, en cuyo caso, se procederá a citarlos con los apercibimientos de ley, para que comparezcan al desahogo de la prueba en cuestión. Artículo 43.- Excepciones a la obligación de comparecencia. No estarán obligados a concurrir al llamamiento judicial para el desahogo de la prueba testimonial, y podrán declarar en informe por escrito: I. El Presidente de la República; los Secretarios de Estado de la Federación; los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Procurador General de la República; II. El Gobernador del Estado; el Secretario General de Gobierno; el Procurador General de Justicia del Estado; los diputados al Congreso del Estado; los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Estatal Electoral; el Consejero Presidente del Instituto Estatal 28
29 Electoral; el Consejero Presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública; el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y los presidentes municipales; III. Los extranjeros que gozaren en el país de inmunidad diplomática, de conformidad con los tratados vigentes sobre la materia, y IV. Los que, por enfermedad grave u otro impedimento calificado por el Tribunal, se hallaren en imposibilidad de hacerlo. Con todo, si las personas enumeradas en las fracciones anteriores renunciaren a su derecho a no comparecer, deberán prestar declaración conforme a las reglas generales. Artículo 44.- Formulación de preguntas a testigos. Salvo los casos referidos en el artículo anterior, para el examen de los testigos no se presentarán interrogatorios escritos. Las preguntas serán formuladas verbal y directamente por las partes, las que tendrán relación directa con los puntos controvertidos y no serán contrarias a la ley, ni a la honestidad. Cuando el testigo resida fuera del lugar del juicio, se librará exhorto al Tribunal de la residencia de aquél para que sea examinado. Para este efecto, la parte que promueva la prueba presentará, al ofrecerla su 29
30 interrogatorio por escrito con una copia para cada una de las contrapartes, por si fuese su deseo formular sus repreguntas, estar en posibilidad de acompañar el pliego correspondiente, el cual deberá estar desahogado antes de correr traslado a las partes para la formulación de alegatos. Artículo 45.- Audiencia de desahogo de prueba. En la audiencia de desahogo de prueba, en su momento procesal, al desahogar la prueba testimonial se procederá a tomarle la protesta al testigo en turno para que se conduzca con verdad y de advertirle las consecuencias legales del falso testimonio; acto seguido, se procederá a hacer constar su nombre, edad, estado civil, domicilio, ocupación, si es pariente y en qué grado de alguno de los litigantes, si es dependiente o empleado del que lo presente, o tiene con él sociedad o alguna otra relación de interés; si tiene interés directo o indirecto en el litigio; si es amigo íntimo o amigo manifiesto de alguno de los litigantes. El Tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá resolver la aplicación de medidas de protección para los testigos. A continuación, se procederá al examen del testigo, lo que se hará en forma separada y sucesiva, sin que unos puedan presenciar la declaración de los otros, ni que exista comunicación entre ellos, antes, durante o después de sus propias declaraciones, en tanto dure la audiencia de desahogo de prueba. 30
31 Sección Quinta Valoración de las Pruebas Artículo 46.- Valor judicial de las pruebas. El Tribunal valorará las pruebas desahogadas, en los términos establecidos por el Código de Procedimientos Civiles. Artículo 47.- Prueba desierta. El Tribunal deberá decretar desierta una prueba admitida cuando: I. Materialmente sea imposible su desahogo; II. III. El oferente no haya cumplido los requisitos impuestos a su cargo en la admisión de la prueba, siempre y cuando se le haya requerido para ello; Por otras pruebas desahogadas se advierte notoriamente que es inconducente el desahogo de las mismas; IV. Cuando, en tratándose de la prueba testimonial, el oferente no presente los testigos ofrecidos en la fecha indicada; V. En tratándose de la testimonial hostil, el oferente omita presentarse a su desahogo habiendo comparecido los testigos. 31
32 Artículo 48.- Principios de la audiencia y orden de prueba. La audiencia de desahogo de pruebas deberá celebrarse bajo los principios de oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad. Las pruebas se desahogarán comenzando con las del Ministerio Público y continuando con las de la parte demandada y, en su caso, las del tercero. Se dará cuenta a la parte que corresponda de los dictámenes presentados para que exprese lo que a su derecho convenga. Desahogadas las pruebas, las partes o el tercero, si fuere el caso, formularán sus alegatos verbalmente o por escrito en la misma actuación. Concluida la audiencia, citará a las partes para oír sentencia. CAPÍTULO IV DE LA SENTENCIA Artículo 49.- Contenido. La sentencia deberá declarar la extinción de dominio sobre el o los bienes objeto de la acción, sin compensación ni prestación alguna por parte del Estado a favor del propietario, debiendo contener el lugar en que se pronuncie, el Tribunal que la pronuncie, el nombre de los demandados o del 32
33 tercero que se presentó a juicio, un extracto claro y sucinto de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, los fundamentos y consideraciones conducentes, así como la procedencia o improcedencia de la acción. Artículo 50.- Objeto de la litis. La sentencia de extinción de dominio se ocupará, precisamente, de la acción o acciones deducidas y las excepciones opuestas por la parte demandada o el tercero que compareció a juicio y de las demás pretensiones deducidas oportunamente en el litigio. Cuando los puntos litigiosos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Artículo 51.- Identificación de bienes. Cuando hayan sido varios los bienes en extinción de domino, se deberá hacer, con la debida separación, la correspondiente declaración a cada uno de ellos, identificándolos adecuadamente. Artículo 52.- Derechos reales o gravámenes preexistentes en los bienes. En caso de que se dicte sentencia que declare la extinción de dominio, el Tribunal deberá definir la situación que deben guardar aquellos derechos reales o cualquier gravamen impuesto al bien o a los bienes objeto de la acción. 33
34 Artículo 53.- Improcedencia de la acción y levantamiento de medidas. En caso de que se declare improcedente la acción de extinción de dominio, el Tribunal deberá resolver sobre el levantamiento de las medidas cautelares que se hayan impuesto sobre los bienes. Artículo 54.- Improcedencia de la acción y devolución de bienes. En caso de que el Tribunal declare improcedente la acción de extinción de dominio de todos o de alguno de los bienes objeto de la acción, ordenará la devolución de los mismos, disponiendo su entrega inmediata y, de no ser posible, cubriendo la indemnización que corresponda conforme las posibilidades del fondo. Artículo 55.- Aclaración de sentencia. La parte que estime que la sentencia de extinción de dominio es contradictoria, ambigua u obscura, podrá promover por una sola vez su aclaración, dentro de los tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación. Esas aclaraciones podrán hacerse de oficio dentro del día siguiente hábil al de su publicación. El auto en que se aclare la sentencia de extinción de dominio se 34
35 considerará parte de ésta. El Tribunal no podrá, en ningún caso, al realizar la aclaración, variar o alterar la parte sustancial de la sentencia de extinción de dominio. CAPÍTULO V DE LA EJECUCIÓN Artículo 56.- Ejecución de sentencia y adjudicación de bienes. Una vez que cause ejecutoria la sentencia que resuelva la extinción del bien, el Tribunal ordenará su ejecución y la aplicación de los bienes a favor del Estado, en los términos de la presente Ley y del Código Administrativo. Los bienes sobre los que sea declarada la extinción de dominio o el producto de la enajenación de los mismos serán adjudicados al Gobierno del Estado y puestos a disposición para su destino final a través de la Secretaría de Finanzas y Administración. Las acciones, partes sociales o cualquier título que represente una parte alícuota del capital social o patrimonio de la sociedad o asociación de que se trate, no computarán para considerar a las emisoras como entidades paraestatales. La Secretaría de Finanzas y Administración no podrá disponer de los bienes, aun y cuando haya sido decretada la extinción de dominio, si en alguna causa penal se ha ordenado la conservación de éstos por sus efectos 35
36 probatorios, siempre que dicho auto o resolución haya sido notificado previamente a dicha Secretaría. Para efectos de la actuación de esa Secretaría en su carácter de mandatario, cuando haya contradicción entre dos o más sentencias, prevalecerá la sentencia que se dicte en el procedimiento de extinción de dominio, salvo que esta última se pronuncie sobre la inexistencia del hecho ilícito. Artículo 57.- Ejecución de sentencia y adjudicación de bienes. El valor de realización de los bienes y sus frutos, cuyo dominio haya sido declarado extinto, mediante sentencia ejecutoria se destinarán, hasta donde alcance, conforme al orden de prelación siguiente, al pago de la reparación del daño causado a la víctima u ofendido de los delitos, cuando los hubiere, por los que se siguió la acción de extinción de dominio, determinada en la sentencia ejecutoria del proceso correspondiente. En caso de que el dictado de sentencia penal que ordene pagar reparación del daño, a cargo del propietario de los bienes cuyo dominio ha sido extinto, sea posterior a la resolución de extinción de dominio y tales bienes hayan sido enajenados, el monto de la reparación del daño se hará a cargo del Fondo a que se refiere el artículo 71 de esta Ley. 36
37 La reclamación de créditos sobre los bienes cuyo dominio ha sido extinto a favor del Estado, se tramitarán de conformidad con la legislación aplicable. Artículo 58.- Remanentes del valor de los bienes. Los remanentes del valor de los bienes que resulten una vez aplicados los recursos correspondientes en términos del artículo 57, se depositarán por la Secretaría de Finanzas y Administración en el Fondo a que se refiere el artículo 71 de esta Ley. Artículo 59.- Determinación judicial. Para efecto de lo señalado en el artículo 57, la Secretaría de Finanzas y Administración estará a lo que el juez determine, siempre que exista cantidad líquida suficiente, derivada del procedimiento de extinción de dominio correspondiente. CAPÍTULO VI DE LOS RECURSOS Artículo 60.- Recursos en materia de extinción de dominio. Contra los autos y resoluciones pronunciados en el procedimiento de extinción de dominio proceden los recursos de revocación, apelación y revisión. 37
38 Sección Primera Recurso de Revocación Artículo 61.- Procedencia. El recurso de revocación procederá solamente contra las resoluciones que resuelvan sin sustanciación un trámite del proceso, a fin de que el mismo Tribunal que las dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Artículo 62.- Trámite y reserva. La revocación de las resoluciones pronunciadas durante audiencias orales deberá promoverse tan pronto se dictaren y sólo serán admisibles cuando no hubieren sido precedidas de debate. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato, y de la misma manera se pronunciará el fallo. La revocación de las resoluciones dictadas fuera de audiencia deberá interponerse por escrito, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, en el que se deberán expresar los motivos por los cuales se solicita la revocación. El Tribunal se pronunciará de plano, pero podrá oír a los demás intervinientes, si se hubiere deducido en un asunto cuya complejidad así lo ameritare. La interposición del recurso implica la reserva de recurrir en apelación, si fuera procedente. 38
39 Sección Segunda Recurso de Apelación Artículo 63.- Objeto. El recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal de segunda instancia examine en la resolución apelada, si se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de la prueba o si se alteraron los hechos y, en vista de ello, confirme, revoque o modifique la resolución apelada. Artículo 64.- Trámite y sustanciación. El recurso de apelación procede y se sustanciará en los términos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, respecto de aquellos autos que no sean de mero trámite y causen un gravamen no reparable en sentencia al interesado. Artículo 65.- Interposición. El recurso de apelación deberá interponerse por escrito dentro de los siguientes tres días al de surtir efectos, si se tratare de auto, o dentro de seis días, si fuere la sentencia. 39
40 Artículo 66.- Efectos de la admisión. El recurso de apelación procede en el efecto devolutivo o en ambos efectos. En el efecto devolutivo contra cualquier auto y, en ambos efectos, contra la sentencia definitiva. Sección Tercera Recurso de Revisión Artículo 67.- Procedencia. La revisión procederá contra la sentencia firme, en todo tiempo, y únicamente a favor del propietario del bien que haya sido objeto de extinción de dominio cuando, después de pronunciada la sentencia, sobrevengan hechos nuevos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho ilícito no existió. Artículo 68. Interposición. El recurso de revisión se interpondrá por escrito ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Deberá contener la concreta referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables. Junto con el escrito se ofrecerán las pruebas y se acompañarán las documentales. 40
41 Artículo 69.- Procedimiento. Para el trámite del recurso de revisión regirán las reglas establecidas para el de apelación, en cuanto sean aplicables. El Tribunal competente para resolver podrá disponer todas las indagaciones y diligencias preparatorias que consideren útiles y delegar su ejecución en alguno de sus miembros. También podrá producir prueba de oficio en la audiencia. Artículo 70.- Restitución. Cuando resulte la anulación de la sentencia recurrida, se ordenará la restitución del bien o los bienes de que se trate, o cuando no sea posible, ordenará la entrega de su valor a su legítimo propietario. CAPÍTULO VII DEL FONDO Artículo 71.- Constitución. Con los recursos a que se refiere el artículo 58 de la presente Ley, se constituirá un fideicomiso público, en los términos del Capítulo V de la Ley de Entidades Paraestatales. 41
42 T R A N S I T O R I O S PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor noventa días naturales después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. SEGUNDO.- El Titular del Poder Ejecutivo Estatal contará con un plazo de treinta días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta Ley, a efecto de presentar la iniciativa para la constitución del fideicomiso público a que se refiere el artículo 71 del Decreto. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 150, fracción I; y se adicionan los artículos 59, con un tercer párrafo y una fracción; y el 150 Cuater, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, para quedar redactados de la siguiente manera: ARTÍCULO 59. Las Salas serán unitarias o colegiadas y el Pleno determinará la materia sobre la que conocerá cada una. Existiendo varias de un mismo ramo se les designará por orden numérico. En materia penal: I. a III. 42
43 En materia de extinción de dominio: I. Las salas serán colegiadas, integradas por tres magistrados civiles, para conocer de los recursos de apelación y de revisión, en los términos de la Ley de la materia. ARTÍCULO 150. Corresponde a los jueces de primera instancia de acuerdo a su ramo: I. Conocer de los asuntos civiles, familiares, penales o de extinción de dominio, que no estén expresamente encomendados a otra autoridad judicial y los que en forma explícita les señalen las leyes; II. a XIV. ARTÍCULO 150 Cuater.- Los Tribunales de Extinción de Dominio conocerán de la acción de extinción de dominio, en los términos de la Ley de la materia. T R A N S I T O R I O S PRIMERO.- El presente Artículo Segundo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 43
44 SEGUNDO.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, realizará el nombramiento y adscripción de los jueces especializados que integrarán el o los Tribunales de Extinción de Dominio, previo a la entrada en vigor de la Ley de Extinción de Dominio. El Supremo Tribunal de Justicia podrá adscribir a jueces civiles de primera instancia en dichos Tribunales, hasta que se capaciten y nombren a los especializados. La organización y funcionamiento de los Tribunales de Extinción de Dominio, así como para las Salas Colegiadas que conozcan de la materia en alzada, se regirá por los acuerdos generales que al efecto dicte el Supremo Tribunal de Justicia. D A D O en el Edificio que ocupa el Centro Municipal de las Artes, Antigua Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, Chih., declarado Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los once días del mes de marzo del año dos mil diez. 44
45 PRESIDENTE DIP. HÉCTOR ARCELUS PÉREZ SECRETARIA SECRETARIO DIP. ROSA MARÍA BARAY TRUJILLO DIP. JUAN MANUEL DE SANTIAGO MORENO 45

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