Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/182658-1357-91115-2015-13-1027.HTML
Timestamp: 2019-04-20 09:21:48+00:00

Document:
Expediente número 13-1027
El 5 de noviembre de 2013, el abogado Ricardo Castillo Serrano, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 88.161, quien dijo actuar en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil MAMMOET VENEZUELA C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui el 27 de junio de 2003, bajo el número 30, Tomo A-13, solicitó la revisión –conjuntamente con medida cautelar innominada- de la sentencia número 000385-2013 dictada el 3 de julio de 2013 por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, que declaró sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por la hoy solicitante contra el fallo dictado el 19 de noviembre de 2012 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, que declaró sin lugar la apelación ejercida por la misma contra la sentencia dictada el 24 de mayo de 2012 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, en el marco del juicio por cobro de bolívares –a través del procedimiento por intimación- que incoó contra la sociedad mercantil Construcciones Atlas Falcón C.A.
El 7 de noviembre de 2013, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En fechas 7 de octubre de 2014 y 12 de marzo de 2015, el apoderado judicial de la parte demandante solicitó a esta Sala el pronunciamiento correspondiente a la solicitud de revisión interpuesta.
El 20 de mayo de 2015, mediante decisión número 630, esta Sala declaró inadmisible la solicitud de revisión, al observar que junto con la demanda se consignó copia simple del poder que acreditaba la representación del abogado Ricardo Castillo Serrano.
El 18 de junio de 2015, la abogada Betty Lara Mora, actuando en su condición de apoderada de la hoy solicitante, según consta en sustitución de poder que realizó la abogada Ana Capafons Miranda –cuyo original anexó a su escrito-, pidió que se le expidieran copias certificadas del poder anexo a la solicitud que encabeza los autos. En esa misma fecha, se dio cuenta en Sala y se agregó al expediente.
El 24 de septiembre de 2015, la abogada Betty Lara solicitó a esta Sala “(…) que se pronunciara sobre el fondo de la presente causa, en virtud, [de] que en autos se encuentra inserto documento Poder que acredita la representación de los recurrentes (…)”. En esa misma fecha, se dio cuenta en Sala y se agregó al expediente.
De las actas que fueron anexadas en copias certificadas a la solicitud de revisión, se desprenden los siguientes antecedentes:
El 15 de febrero de 2012, los apoderados judiciales de la empresa Mammoet Venezuela C.A. interpusieron demanda por cobro de bolívares (de cuatro facturas) contra la empresa Construcciones Atlas Falcón C.A., conforme al procedimiento de intimación que prevén los artículos 640 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
El 22 de febrero de 2012, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón admitió la demanda; en consecuencia, ordenó intimar a la empresa Construcciones Atlas Falcón C.A. para que pagara la cantidad de tres millones doscientos ochenta y un mil cuatrocientos setenta y cinco bolívares con treinta y cinco céntimos (3.281.475,35).
El 1 de marzo de 2012, el apoderado judicial de la empresa Construcciones Atlas Falcón C.A. se dio por intimado en nombre de su mandante; y, el 2 de marzo de 2012, hizo oposición al decreto intimatorio y argumentó que las facturas no fueron presentadas en original.
El 19 de marzo de 2012, consignó escrito mediante el cual solicitó que desechara los argumentos de la parte intimada en la oposición sobre la inadmisibilidad de la demanda.
El 21 de marzo de 2012, el apoderado judicial de la parte intimada opuso la cuestión previa enunciada en el ordinal 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil (prohibición de la ley de admitir la demanda); la cual fue replicada por la parte demandante mediante escrito consignado el 28 de marzo de 2012.
El 16 de abril de 2012, la parte demandante promovió pruebas, respecto de las cuales el mencionado Juzgado de Primera Instancia admitió la promovida en el capítulo primero referida a las facturas anexas a la demanda.
El 24 de mayo de 2012, el aludido Juzgado de Primera Instancia declaró con lugar la cuestión previa opuesta y, por ende, terminado el procedimiento; dejó sin efecto la medida preventiva de embargo; ordenó la notificación de las partes; y condenó en costas a la parte demandante. Contra la misma, la parte demandante ejerció recurso de apelación el 31 de mayo de 2012.
El 11 de junio de 2012, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Punto Fijo, oyó la apelación en ambos efectos.
El 7 de agosto de 2012, la parte intimante-apelante presentó la fundamentación del recurso de apelación ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Coro, el cual fue ratificado mediante escrito del 10 de octubre de 2012.
El 19 de noviembre de 2012, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Coro, declaró sin lugar la apelación y confirmó la sentencia dictada el 24 de mayo de 2012 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito, con sede en Punto Fijo, que declaró con lugar la cuestión previa opuesta por la parte intimada y, por ende extinguido el proceso; además, condenó en costas a la parte apelante.
Contra este fallo, la parte intimante anunció recurso de casación, el cual fue admitido por auto de ese mismo Tribunal dictado el 6 de diciembre de 2012. El 1 de febrero de 2013, fue formalizado ante la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
El 3 de julio de 2013, la Sala de Casación Civil de este máximo Tribunal declaró sin lugar el recurso de casación y condenó en costas a la parte demandante.
El apoderado judicial de la empresa Mammoet Venezuela C.A., solicitó la revisión constitucional de la sentencia número 000385-2013 dictada el 3 de julio de 2013 por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, con base en los siguientes argumentos:
Que el fallo vulneró el derecho al debido proceso, “al declarar inadmisible el recurso de casación, ya que avaló la interpretación extensiva de los supuestos de inadmisibilidad del procedimiento intimatorio, ocurridas en el proceso al no percatarse del desacierto procesal al que llegaron los jueces de instancia al confundir los presupuestos de admisibilidad del procedimiento monitorio con los de la pretensión, que es a lo que está dirigida la cuestión previa contenida en el ordinal 11° del artículo 346 adjetivo, que mal prosperó, por cuanto la inadmisibilidad regulada en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil se refiere a la pretensión, por ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o [a] alguna disposición expresa de la ley” (destacado del escrito).
Que “[e]n ese supuesto se examina la naturaleza de la cuestión jurídica discutida para determinar si la misma es o no contraria a derecho, situación ésta diametralmente distinta a la admisibilidad de la demanda POR UN TRAMITE (sic) ESPECIAL, pues en modo alguno se está señalando que la pretensión es contraria a derecho, sino sólo que no puede ser satisfecha mediante ese procedimiento especial, sino por el ordinario, para lo cual el legislador previó el mecanismo de la oposición, que en el caso concreto fue debidamente ejercido, siendo que por efectos de la oposición ejercida, ya se encontraba por los canales del procedimiento ordinario, que si bien permitía en la oportunidad de la contestación oponer cuestiones previas, no podía prosperar la del ordinal 11° del artículo 346 adjetivo, bajo el supuesto de inadmisibilidad del procedimiento monitorio, por cuanto el mismo ya había dejado de existir por efecto de la oposición, desvaneciéndose la finalidad a la cual estaba dirigido que no es otra que otorgarle fuerza ejecutiva a los títulos presentados con la demanda, quedando ahora, a través de los canales del procedimiento ordinario darle solución al fondo de la controversia con los alegatos ofrecidos declarando con o sin lugar la demanda, previo análisis de las pruebas aportados (sic) que al no hacerlo viola flagrantemente el debido proceso en el caso de [su] representada (…)” (destacado del escrito).
Que la sentencia también incurrió en la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, por cuanto “(…) al declarar sin lugar el recurso de casación dejó firme la inadmisibilidad de la acción, ya que se cercenó la estabilidad de un proceso ordinario que ha debido proseguir sus fases posteriores, lo cual se traduciría, en la necesidad de replantear un nuevo juicio, que ya se encuentra por los canales del juicio ordinario, lo que consecuencialmente evitó que en el tiempo el órgano judicial conozca del fondo del asunto para que mediante una decisión dictada en derecho, determine el contenido y la extensión del derecho deducido (…)” (destacado del escrito).
Que “(…) el fallo, en otra modalidad de la violación a la garantía de la tutela judicial efectiva, de forma enrevesada y confusa sostiene que se equivocó esta representación ‘al señalar que con la oposición al decreto intimatorio cesan los efectos de este procedimiento especial, ya que el mismo continua (sic) por los trámites del procedimiento ordinario, cuestión que no es del todo así, pues el título que da origen a la pretensión no queda modificado como consecuencia de ello, y mantiene su característica de ser un instrumento que persigue el pago de una cantidad líquida y exigible, que en definitiva, lo que lo hace susceptible de ser acompañado como instrumento fundamental para intentar la acción de(sic) cobro de bolívares a través del procedimiento por intimación’ (…)”.
Que “(…) si la Sala [de Casación] Civil estaba clara en el anterior supuesto, debió declarar que por efectos de la oposición al decreto intimatorio debió proseguirse con el procedimiento ordinario. Tal forma de decidir deja a la sentencia hoy recurrida (sic) en revisión sin basamentos lógicos sobre los cuales apoya su resolución, lo cual compone el vicio de inmotivación que lleva aparejado (sic) la violación a la garantía constitucional referida a la tutela judicial efectiva (…)”.
Que el fallo objeto de revisión “desconoció precedentes dictados por la Sala de Casación Civil, lo cual condujo a que el mismo, de haberlos acogido, el resultado contenido en su dispositivo no hubiere declarado sin lugar el recurso de casación y en consecuencia, la inadmisibilidad de la acción ejercida por mi representada (…)”.
El 3 de julio de 2013, la Sala de Casación Civil de este máximo Tribunal, dictó la sentencia número 000385/2013, con ocasión del recurso de casación anunciado y formalizado por la representación de la hoy solicitante contra el fallo dictado el 19 de noviembre de 2012 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, que declaró sin lugar la apelación ejercida por la misma contra la sentencia dictada el 24 de mayo de 2012 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial de la misma Circunscripción Judicial, que declaró con lugar la cuestión previa opuesta por la parte intimada, en el marco del juicio por cobro de bolívares que incoó esta contra la empresa Atlas Falcón C.A., a través del procedimiento especial por intimación-, conforme a los siguientes fundamentos:
“(…) Señala el formalizante, que el sentenciador quebrantó formas sustanciales de los actos con menoscabo al derecho de defensa, en infracción de los artículos 15, 341, 643 y 652 del Código de Procedimiento Civil, al haber declarado inadmisible la demanda por cobro de bolívares (vía intimación), por cuanto consideró que la intimante pretende a través del presente procedimiento, el cobro de unas facturas que están subordinadas a un contrato de prestación de servicios celebrado con la demandada, lo que en opinión del sentenciador de alzada no puede apreciarse como el cobro de un crédito líquido y exigible, pues si bien fueron acompañadas cuatro (4) facturas como instrumentos fundamentales de la acción, las mismas no son autónomas, por cuanto derivan de un contrato de servicios.
Ahora bien, con relación a la indefensión, ha dicho esta Sala, entre otras en sentencia de fecha 31 de octubre de 2006, Nº RC-809, caso: Enrique José Chacón Breto y otro, contra Zoraida del Valle Luján Blasini, expediente Nº 2005-730; lo siguiente:
De la doctrina antes citada se desprende, que el menoscabo del derecho a la defensa en un determinado proceso judicial, que degenera en indefensión, supone para las partes entre otras cosas, que el juez los coloque en una situación que implique la limitación o imposibilidad de defender los intereses que les son propios, siendo además necesario que: ‘…1) no obedezca la indefensión a la impericia, abandono o negligencia de la propia parte; y 2) que haya habido perjuicio cierto para la parte que arguye la indefensión, pues de lo contrario sería intrascendente la ilegalidad de la actuación del juez y no habría vicio que subsanar…’. (Sentencia del 20 de octubre de 2004, caso: Luís Antonio Bello Valera, contra Municipio Aragua del estado Anzoátegui).
Ahora bien, en el presente caso, el ad quem para confirmar la sentencia del a quo, estableció lo siguiente:
‘…De lo anterior, se colige que la parte actora pretende a través del presente procedimiento de intimación, la ejecución de un contrato de servicio celebrado con la demandada, lo cual no puede considerarse como el cobro de un crédito liquido (sic) y exigible, pues si bien fueron acompañadas cuatro (4) facturas) como instrumentos fundamentales de la acción, las mismas no son autónomas, por cuanto derivan de un contrato de servicios, donde se establecieron, tal como se indica en el escrito libelar, el cumplimiento de obligaciones para ambas partes contratantes; de lo que se concluye [a] que la presente reclamación no le es aplicable el procedimiento monitorio previsto en el artículo 640 del Código de Procedimiento civil (sic), ya que la prestación reclamada está subordinada a la efectiva prestación del servicio contratado por la empresa accionante, tal como lo manifiestan las apoderadas actoras en el libelo al indicar: ‘…cumpliendo nuestra mandante con su obligación derivada de la orden de servicio emitida y la orden de compra recibida de la empresa demandada’; y no constando en autos prueba alguna que acredite o haga presumir el cumplimiento de esa prestación, pues tan solo consta la manifestación de la parte actora; es por lo que se concluye [que] en el presente caso estamos en presencia de una causal de inadmisibilidad de la acción de acuerdo a lo establecido en el articulo 643 numerales 1° y 3° del Código de procedimiento (sic) Civil, en concordancia con el articulo 640 eiusdem, por lo que la cuestión previa opuesta relacionada con la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, resulta procedente; en tal sentido[,] la sentencia apelada debe ser confirmada y así se decide.’
En este orden de ideas, para determinar si el ad quem incurrió en el vicio delatado, se considera necesario realizar las siguientes consideraciones:
Respecto a la promoción de las cuestiones previas, en la exposición de motivos del Código de Procedimiento Civil, se señala lo siguiente:
Conforme a lo anterior, resulta claro que el demandado puede oponer cuestiones previas en el procedimiento de intimación, una vez que éste haga formal oposición al decreto de intimación y el proceso continúe por los trámites del procedimiento ordinario, tal como ocurrió en el sub iudice.
Ahora bien, con relación a la cuestión previa prevista en el ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, opuesta por el demandado cuando haya hecho oposición al juicio por intimación, la Sala Político Administrativa de esta Máxima Jurisdicción, en sentencia N°602, de fecha 9 de octubre de 1997, caso: Jan Jankovich Warentis, contra el Banco Central de Venezuela, en el expediente N° 12.7647, señaló lo siguiente:
Conforme al criterio jurisprudencial supra transcrito, en el juicio por intimación, es natural que previa e incidentalmente, se le permita al demandado rechazar la demanda y hacer que se le niegue la entrada al proceso, alegando la excepción de la prohibición legal de admitir la acción propuesta, es decir, aquélla que procede cuando la ley sólo permite inadmitirla por determinadas causales, por lo tanto, la parte demandada puede alegar que la pretensión del demandante no es líquida ni exigible, ya que no se cumpliría con lo establecido en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, debido a que no se satisface uno de los requisitos fundamentales para el ejercicio del procedimiento por intimación, como es que el crédito sea líquido y exigible.
Por otra parte, en lo que concierne a los requisitos para la admisión de la demanda por el procedimiento intimatorio, esta Sala, en sentencia N° 1.382, de fecha 24 de noviembre de 2004, caso: Multiservicios Lesluis, C.A., contra Antonio Juguera Román, expediente N° 2004-464, estableció lo siguiente:
Conforme al criterio doctrinario precedentemente citado, esta Sala ha establecido, que el procedimiento por intimación no es la vía idónea para solicitar el cumplimiento de un contrato en el que las partes se imponen el cumplimiento recíproco de obligaciones, ya que a través del mismo, tal como lo señala el artículo 640 del texto adjetivo se persigue el pago de sumas líquidas y exigibles.
A través de la presente delación, el formalizante pretende hacer ver a esta Sala, que la sentencia recurrida suplió defensas de fondo que en todo caso correspondía su ejercicio a la parte demandada, lo cual no es cierto, pues fue la propia intimada quien en la oportunidad procesal correspondiente opuso como cuestión previa la prohibición de admitir la acción propuesta a través del procedimiento monitorio.
De igual forma, yerra el formalizante al señalar que con la oposición al decreto intimatorio cesan los efectos de este procedimiento especial, ya que el mismo continúa por los trámites del procedimiento ordinario, cuestión que no es del todo así, pues el título que da origen a la pretensión no queda modificado como consecuencia de ello, y mantiene su característica de ser un instrumento que persigue el pago de una cantidad liquida y exigible, que es en definitiva, lo que lo hace susceptible de ser acompañado como instrumento fundamental para intentar la acción de cobro de bolívares a través del procedimiento por intimación.
El menoscabo del derecho a la defensa de las partes supone que a éstas, por parte del propio juzgador, les sea impedido el acceso a los medios y recursos procesales a los cuales tienen derecho, no así, cuando empleado el medio o ejercido el recurso, resulte improcedente.
En este caso, y contrario a lo afirmado por el formalizante, la Sala observa, que en virtud de la oposición realizada por el demandado al decreto de intimación, la presente causa continuó su curso por los trámites del procedimiento ordinario, en el cual se confiere a las partes intervinientes todas las garantías propias del (sic) debido proceso, derecho a la defensa y tutela judicial efectiva. Dicha circunstancia, indudablemente permitió a ambas partes en la incidencia que resolvió la cuestión previa opuesta, ejercer eficazmente su derecho a defenderse, y traer a los autos sus respectivos elementos de prueba que soporten sus pretensiones o excepciones.
En razón de lo anterior, considera esta Sala que la sentencia recurrida no menoscabó el derecho a la defensa de la parte intimante, por lo cual, la denuncia por quebrantamiento del artículo 640 del Código de Procedimiento Civil y de los ordinales 1°, 2° y 3° del artículo 643 eiusdem, así como la infracción de los artículos 15 y 341 ibídem, debe ser declarada improcedente. Así se decide.
En lo que respecta a la violación de las normas constitucionales consagradas en los artículos 26, 49, 253 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las cuales vienen a sustentar la denuncia por menoscabo analizada y resuelta anteriormente, esta Sala considera que no existe tal infracción en virtud de la improcedencia del menoscabo y la indefensión delatadas. Así se establece (…)” (destacado del fallo transcrito).
Por una parte, es menester precisar y reiterar que la doctrina de esta Sala ha establecido que para dar trámite a este tipo de solicitudes, es imprescindible que se anexe junto con la misma una copia certificada del fallo cuyo examen pretende y el original o la copia certificada del poder (vid. sentencia números 157/05; 406/05; 1137/05; 2613/05; 2620/05; 3726/05; 1972/06; 257/08; 47/10; 1520/11; 1125/12; 1254/12; 1255/12; 400/13 y 1245/13) [destacado de la presente sentencia], obligación que deriva del artículo 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el que se prevé que “(…) el demandante presentará su escrito, con la documentación indispensable para que se valore su admisibilidad… En el caso de que la demanda sea presentada sin la documentación respectiva se pronunciará sobre su inadmisión (…)”; sin embargo, atendiendo al principio pro actione resulta plenamente válido la presentación ad efectum videndi del documento –en original o copia certificada- que acredite la cualidad que dice ostentar el abogado (ya que ello implica la certificación que expide el Secretario del órgano jurisdiccional de su original), mas no así con la sentencia cuya revisión constitucional se pretende.
Quien suscribe Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, salva su voto por disentir del criterio sostenido por la mayoría sentenciadora que declaró HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional interpuesta el 5 de noviembre de 2013, por el apoderado judicial de la sociedad mercantil Mammoet Venezuela C.A., de la sentencia N° 000385-2013 dictada, el 3 de julio de 2013, por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, que declaró sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por la hoy solicitante contra el fallo dictado, el 19 de noviembre de 2012, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, que declaró sin lugar la apelación ejercida contra la sentencia de Primera Instancia que declaró con lugar la cuestión previa opuesta y, por ende, terminado el procedimiento; dejó sin efecto la medida preventiva de embargo; ordenó la notificación de las partes, y condenó en costas a la parte demandante, todo en el juicio que por cobro de bolívares intentó la solicitante contra la sociedad mercantil Construcciones Atlas Falcón C.A.

References: artículo 346
 artículo 346
 artículo 341
 artículo 346
 artículo 640
 artículo 346
 artículo 640
 artículo 640
 artículo 640
 artículo 643
 artículo 129