Source: http://manifestar.org/noticias/
Timestamp: 2017-07-27 04:23:39+00:00

Document:
Noticias - Manifestar
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), admitió la acción por intereses colectivos interpuesta por un grupo de ciudadanos contra los alcaldes del municipio Barinas del estado Barinas, José Luis Machín Machín y Gustavo Eduardo Marcano, del municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui. De la misma forma, en la sentencia 389/2017, del 1 de junio, la Sala admitió la demanda, bajos los mismos intereses contra el gobernador del estado Miranda Henrique Capriles Radonski.
Así lo indicó el TSJ en las sentencias N° 376/2017, N° 377/2017 y N° 389/2017 que además acordó el amparo cautelar solicitado, ordenándoles realizar todas las acciones y utilizar los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos, así como proceder a la inmediata remoción de tales obstáculos y mantener las vías y zonas adyacentes a estas libres de barricadas.
La Sala también les ordenó cumplir con su labor de ordenamiento del tránsito de vehículos para garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas, y ejercer la protección de los vecinos y habitantes del municipio, impidiendo reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito.
Esta demanda se suma a la admitida el 24 de mayo, por la misma Sala contra ocho alcaldes, lo que sumaría un total de diez municipios afectados. Sus alcaldes están amenazados con pena privativa de libertad de no evitar el desarrollo de protestas en su jurisdicción. El derecho a la manifestación se encuentra consagrado en el texto constitucional, concretamente en los artículos 53, 62 y 68. Este derecho sólo está sujeto a la prerrogativa de que la manifestación sea realizada de manera pacífica, tal y como lo establece el artículo 68 de la Carta Magna.
Las sentencias emanadas por la Sala Constitucional refuerzan el carácter restrictivo adoptado por el Estado frente a la ola de manifestaciones en contra del gobierno nacional registradas desde finales de marzo de este año.
Tribunal Supremo de Justicia, 31 de mayo de 2017, TSJ ADMITE DEMANDA POR INTERESES COLECTIVOS Y DIFUSOS CONTRA ALCALDE DEL MUNICIPIO LICENCIADO DIEGO BAUTISTA URBANEJA DE ANZOÁTEGUI. Recuperado en https://goo.gl/0EmXer
Tribunal Supremo de Justicia, 01 de junio de 2017, TSJ ADMITE DEMANDA POR INTERESES COLECTIVOS Y DIFUSOS CONTRA GOBERNADOR DEL ESTADO MIRANDA. Recuperado en https://goo.gl/K3SJbS
El Universal, 31 de mayo de 2017, TSJ admite demanda contra alcaldes de Barinas y Anzoátegui. Recuperado en https://goo.gl/a8W0ND
Globovisión, 01 de junio de 2017, TSJ admite demanda contra Gobernador Henrique Capriles. Recuperado en https://goo.gl/yRfRHJ
Foto: Francisco Bruzcomore
Foto referencial, de Francisco Bruzco.more
El 24 de mayo, el ministerio del Poder Popular para la Educación indicó a través de un comunicado la apertura de procedimientos disciplinarios, civiles y penales, contra quince (15) instituciones educativas privadas, además de sanciones a los propietarios y personal directivo, por “provocar e incitar dentro de las instalaciones educativas y sus adyacencias acciones de violencia, y el inaceptable desprecio e irrespeto a nuestro Pabellón Tricolor símbolo de nuestra identidad”. Los planteles sancionados se ubican en los estados Miranda, Distrito Capital y Zulia.
Estudiantes de las instituciones sancionadas realizaron diversas acciones de protesta pacífica en rechazo al gobierno nacional, algunas reprimidas tanto por cuerpos de seguridad como por grupos de civiles violentos.
El derecho a la manifestación pacífica, consagrado en los artículos 53, 62 y 68 de la Constitución Nacional, establece que la única condición que se debe llevar a cabo para que el ejercicio del derecho sea legítimo es que la manifestación tenga un carácter pacífico. Las protestas deben ser asumidas como pacíficas, no es legítimo que las autoridades pre juzguen la conducta de manifestantes por su vestimenta, apariencia física, creencias o demandas, ya que eso constituye discriminación.
Invocar delitos de desacato o el “interés superior del niño”, figura jurídica difusa en cuanto a su contenido, para suprimir el ejercicio del derecho por parte de adolescentes, resulta contrario a estándares nacionales e internacionales. La edad no es un factor limitante para el ejercicio de derechos y tampoco puede ser una excusa proteccionista para condenar una opinión política.
Cualquier persona está facultada legalmente para reunirse y expresar su opinión sobre temas de interés social, necesarios para la promoción del debate de cara a exigir la restitución de la institucionalidad democrática que respete, incluya y tolere la diversidad de opiniones, incluso las que pueden resultar ofensivas sobre lo público en sus diferentes expresiones.
Las sanciones emitidas por el Ministerio de Educación, encabezado por Elías Jaua, contrarían principios constitucionales y constituyen medidas de intimidación directas que tienen como finalidad inhibir el debate abierto, libre y plural de ideas por parte de la sociedad civil.
Ministerio del Poder Popular para la Educación, 24 de mayo de 2017. Recuperado en https://goo.gl/291oqr
Agencia Venezolana de Noticias, 25 de mayo de 2017, Ministro de Educación ratifica sanciones a colegios privados por irrespetar tricolor nacional. Recuperado en https://goo.gl/Og2G0t
El Nacional, 22 de mayo de 2017, Estudiantes de bachillerato trancan la av Lecuna para protestar. Recuperado en https://goo.gl/ivbMsk
El Nuevo País, 22 de mayo de 2017, Reprimidos liceístas durante protesta en la avenida Lecuna. Recuperado en https://goo.gl/bHYWKv
Foto: Miguel González.more
Foto: Francisco Bruzco.more
(Caracas, 29 de abril de 2017). El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) desea recordar que el actual proceso de movilización ciudadana se ha originado, entre otras razones, tras la ruptura del hilo constitucional y la erosión de las competencias establecidas por la Carta Magna a la Asamblea Nacional. El movimiento de indignación ha rechazado la violación continuada de la Constitución, la cual se inició en mayo de 2016 tras la aprobación del llamado “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica”. Dicho decretó, en la práctica, se constituyó en el marco jurídico de las actuaciones de la dictadura en Venezuela.
Ante la grave crisis y situación de conflicto que vive el país hemos insistido que la solución tiene que ser pacífica, democrática y Constitucional. La Constitución debe ser, en todo momento, el marco de referencia y la guía para la acción de las instituciones, partidos políticos, organizaciones sociales y la población en general.
La Carta Magna es el último pacto social consensuado en el país, reivindicado por Hugo Chávez en el primer período de su mandato como la “mejor del mundo”, y defendida por las fuerzas políticas y sociales que cuestionan la gestión de Nicolás Maduro. Para Provea la Constitución representa, en los actuales momentos, la mejor herramienta para enfrentar al gobierno dictatorial. Queremos insistir que las garantías presentes en el texto constitucional fueron consecuencia de la lucha de los movimientos sociales venezolanos en la década de los 80´s y 90´s, no una concesión de ningún gobierno, cuyos contenidos reflejaban los estándares internacionales existentes en materia de derechos humanos.
A partir de su segundo mandato, Hugo Chávez se apartó progresivamente del proyecto de país presente en la Constitución. La imposición del proyecto “Socialismo del Siglo XXI”, la creación de un “Estado Comunal”, la obligatoriedad de conformar “Consejos Comunales” si se deseaba interlocución con las autoridades, la cooptación de los poderes públicos o la militarización de la seguridad ciudadana y de la sociedad son elementos que no figuran dentro del texto aprobado en 1999. La Carta Magna contempla diferentes mecanismos para dirimir las diferencias entre los venezolanos, como la posibilidad de evaluar la gestión de los funcionarios electos a mitad de su período, mediante Referendo Revocatorio. Desde la perspectiva de derechos humanos la Constitución venezolana es un buen marco normativo, pero ha faltado voluntad política por parte de las autoridades para satisfacer los derechos y garantizar el funcionamiento de una institucionalidad sólida, eficiente y de gestión trasparente.
Por otra parte, la promoción de una Asamblea Constituyente no contempla sólo la relegitimación de los poderes, sino la redacción y aprobación de una nueva Carta Magna. La iniciativa puede partir del Presidente de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.
Provea sostiene que el camino para empezar a resolver la crisis en el país es el anuncio de un cronograma electoral que incluya elecciones regionales en el plazo más corto posible, las elecciones municipales a finales de año, y definir la fecha de realización de las elecciones presidenciales en el año 2018. Nicolás Maduro ha tomado la decisión de suspender indefinidamente cualquier proceso electoral hasta no generar las condiciones para obtener resultados positivos. La realización de elecciones no es un indicador suficiente para describir a un gobierno como democrático, pero la derogación del derecho al sufragio es suficiente para calificarlo como “Dictadura”. Por tanto, la divulgación de estas fechas sería una victoria de las protestas realizadas en las últimas semanas en el país.
Siendo un avance la difusión de las fechas, es insuficiente sin las condiciones que permitan el libre ejercicio del derecho a la participación electoral de todos los venezolanos, sin discriminación. Para ello se deben respetar los estándares que califican a los procesos electorales como democráticos: Inclusivos, transparentes, competitivos y electividad de los principales cargos públicos. Además debe revisarse la conformación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, por lo que los funcionarios que no sean independientes y hayan avalado la vulneración del hilo constitucional, deben renunciar para dar paso a la posibilidad de contar con un árbitro que genere la suficiente confianza en el proceso. Para lograr estas condiciones mínimas, el proceso de movilización pacífico debe mantenerse masivamente en la calle. Ante la situación de ausencia de democracia en nuestro país, elecciones y manifestaciones no son excluyentes sino complementarios.
Igualmente consideramos fundamental una renovación del Tribunal Supremo de Justicia con cumplimiento estricto de los procedimientos establecidos en la Constitución, considerando la falta grave cometida con las sentencias 155 y 156 calificadas por la Fiscal General de la República como decisiones que rompieron el hilo constitucional.
La defensa de la Constitución de 1999 exige rechazar las posibilidades no contempladas por ella, o la realización de un proceso constituyente en momentos de alta crispación política, que puedan poner en riesgos las garantías en derechos humanos contemplados en ella e ignorando el principio de progresividad de derechos.
Por tal razón llamamos a la población venezolana a seguir ejerciendo la presión en las calles de manera pacífica, exigir el respeto a la Constitución y reclamar los cambios institucionales necesarios para que haya condiciones suficientes para el respeto de la voluntad popular.
Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (Provea)more
Los gobernadores de los estados Táchira y Yaracuy dictaron sendas normativas restringen el ejercicio de los derechos humanos a la reunión, manifestación pacífica y libre participación en los asuntos públicos, garantizados en los artículos 53, 68, 62 de la Constitución Nacional.
Inconstitucionalidad de Forma
En Venezuela sólo las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional pueden eventualmente fijar limitaciones a los derechos humanos y estas deben respetar la posibilidad misma de ejercerlos libremente. Las normativas de Yaracuy y Táchira no son leyes, sino actos sub-legales, (decretos, resoluciones), y los gobernadores no tienen potestades para limitar la manifestación pacífica.
Inconstitucionalidad de Fondo
El 21 de abril el Gobernador del estado Yaracuy, Julio León, publicó el Decreto 3914, un texto de redacción abierta y ambigua que fomenta la arbitrariedad del poder estadal, lo cual viola el principio de legalidad, previsto en el artículo 137 de la Carta Magna. Con un amplio ámbito de discrecionalidad para el funcionario de turno, prohíbe cualquier acción que tienda a desestabilizar la paz (artículo primero) o a intimidar gravemente a la población yaracuyana (artículo segundo), en particular la participación de encapuchados en manifestaciones públicas.
El jueves 27 de abril la gobernación de Táchira encabezada por José Vielma Mora emitió el decreto 175 en el cual prohíbe de forma genérica actos contrarios al orden público y a la paz social de la Nación. De forma similar a lo establecido por el Decreto 3914 del estado Yaracuy, el artículo 4 del decreto 175 del estado Táchira establece textualmente: “Se prohíbe realizar manifestaciones o disturbios con ocultamiento de la identidad visible o perceptible de sus ejecutantes mediante el uso de capuchas, pasamontañas o facsímiles de rostros”.
La Constitución Nacional consagra en su artículo 68 que todo ciudadano tiene derecho a manifestar pacíficamente. Asimismo los artículos 53 y 62 aseguran el derecho de todo ciudadano a reunirse con fines lícitos y a participar activa y libremente en los asuntos públicos.
Por su parte, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos existe una presunción en favor de la celebración de reuniones pacíficas, independientemente de sus manifestantes[1]. El efecto de esta presunción es que no es legítimo pre juzgar la conducta de manifestantes por su vestimenta, apariencia física, ni siquiera por sus creencias o demandas.
En caso de que el Estado invoque razones de seguridad nacional y la protección del orden público para restringir o limitar una reunión, debe demostrar la naturaleza exacta de la amenaza y el peligro existente.[2] Según el relator Maina Kiai, el interés nacional, político o gubernamental no es sinónimo de seguridad nacional o de orden público[3]. Finalmente, en caso de que en las protestas, una persona o grupo de manifestantes ejecutara acciones violentas, es necesario recordar que “los delitos que cometan algunas personas no deben atribuirse a otras cuyas intenciones y comportamiento es pacífico” como lo expone Maina Kiai.
Los decretos están pensados para dificultar, estigmatizar y criminalizar el desenvolvimiento de los manifestantes es por ello que Espacio Público exige a los Gobernadores de los estados Yaracuy y Táchira:
Dejar sin efecto los decretos 3914 y 175 por violar los derechos humanos a la reunión pacífica, a manifestarse y a participar libremente en asuntos públicos.
Adoptar las medidas necesarias para garantizar el pleno disfrute de estos derechos, asumiendo la promoción de un ambiente fértil para su realización en condiciones de igualdad y no discriminación y con garantías de integridad y seguridad personales.
Facilitar los canales institucionales apropiados a los fines de atender los reclamos legítimos y necesidades individuales y colectivas que expresan los ciudadanos a través de la reunión pacífica, manifestación y cualesquiera otras formas de protesta cívica.
[1]Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, Véanse A/HRC/20/27, párr. 26, y A/HRC/23/39, párr. 50.
[2] Comité de Derechos Humanos, comunicación núm. 1119/2002, Lee c. la República de Corea, dictamen aprobado el 20 de julio de 2005, párr. 7.3.
[3] Informe Conjunto del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca de la gestión adecuada de manifestaciones. 4 de febrero de 2016, párr. 31
COFAVIC: medidas de control de orden público que castigan manifestantes configuran el delito de tortura
Comunicado integro de COFAVIC
Debemos destacar que las violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en el marco del control del orden público se han desarrollado bajo el Decreto número 2.323, publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria 6.227 en fecha 13 de mayo de 2016, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica y el cual se extendió en fecha 13 de enero de 2017 mediante el decreto numero 2667 publicado en la Gaceta Oficial Nro. 41.074, así como de la vigencia de la Resolución 008610, ambos abiertamente inconstitucionales y que por ello producen nefastos resultados para los derechos humanos y las libertades públicas.
Las instituciones con competencia en materia de derechos humanos deben actuar de manera independiente, sin prejuicios políticos o de otra índole. Las personas sometidas a juicio deben contar con todas las garantías judiciales y el debido proceso en todo estado de su investigación.
Todas las medidas de restablecimiento del orden público deben ser compatibles con los derechos humanos y los principios de una sociedad democrática. Tal y como lo establece el artículo 332 de nuestra Constitución: “Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna”. El Estado venezolano está en la obligación constitucional de adecuar sus planes operativos de control del orden público, debe disponer de diversos medios para el uso diferenciado de la fuerza, mantener el funcionamiento independiente del Poder Judicial, respetar y garantizar el debido proceso y la garantías judiciales de todas las personas, elaborar técnicas de control de multitudes que reduzcan al mínimo la necesidad de recurrir a la fuerza, emplear técnicas de persuasión, mediación y negociación; así como cumplir la prohibición constitucional del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, tal y como está consagrado en el artículo 68 de nuestra Constitución.
Desde el 04 de abril del 2017 al día de hoy se han registrado 09 asesinatos, cuyas circunstancias deben ser aclaradas e investigadas de manera independiente, efectiva y conclusiva por las autoridades competentes.
COFAVIC debe expresar su más grave preocupación sobre la agudización de la militarización de los mecanismos de orden público y el llamado a armar a 500.000 milicias civiles según el Poder Ejecutivo para defender la paz, la soberania e independencia de la patria, anuncio que se hizo en medio de un contexto de protestas que se desarrolla en el país.
El Estado está en el deber de mantener el orden público pero bajo el respeto y la garantía de los derechos humanos de todos. Los mecanismos de control del orden público pueden contemplar métodos disuasivos permitidos pero nunca pueden ser utilizados para castigar y doblegar el ánimo de los manifestantes por sus ideas o posiciones políticas. Si el propósito es inflingir intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales con el fin de castigarla por un acto que haya cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, estamos frente al crimen de tortura, tal y como está definido en el articulo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
Tampoco está permitido bajo ninguna circunstancia alegada, ni siquiera en contextos de conflicto armado interno o internacional, que fuerzas de seguridad ataquen zonas residenciales, Iglesias, comercios, hospitales, centros de salud , centros educativos y en general sitios donde las personas desarrollan su vida, dado que esto configura crímenes de lesa humanidad.
Debemos recordar que tanto la jurisprudencia interamericana como los estándares internacionales han establecido de manera clara que la Responsabilidad de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos es única e indivisible para los Estados. Y que también parasoberania de orden publico yias civiles segun sobre la agudizacion de la militarizacion de los mecanismos de orden publico ypara…dicha responsabilidad internacional puede generarse también por actos de particulares en principio no atribuibles al Estado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia vinculante e histórica, relativa al Caso Caracazo dictaminó que: ante los elementos que caracterizaron este caso (violaciones a los derechos humanos ocurridas en febrero y marzo de 1989) se reveló que los cuerpos armados y los organismos de seguridad del Estado venezolano no estaban preparados para afrontar este tipo de situaciones de perturbación del orden público. Por lo que este Tribunal Interamericano aseveró que “el Estado debe adoptar todas las providencias necesarias y, en particular, las tendientes a formar y capacitar a todos los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido, aun bajo los estados de excepción”. Además, hizo especial énfasis en que no se puede invocar pretextos de mantenimiento de seguridad pública para violar el derecho a la vida. Por último, recalcó que “el Estado debe garantizar que, de ser necesario emplear medios físicos para enfrentar las situaciones de perturbación del orden público, los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad utilizarán únicamente los que sean indispensables para controlar esas situaciones de manera racional y proporcionada y con respeto a los derechos a la vida y a la integridad personal”.
Como la ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la regla general establece que el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales debe estar prohibido. Su uso excepcional debe estar formulado por ley, y ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el “absolutamente necesario” en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler. Cuando se usa fuerza excesiva toda privación de la vida resultante es arbitraria, por lo que solamente deberá hacerse uso de la fuerza “o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control”. Además, en los supuestos en que se justifique el uso de la fuerza letal, el mismo debe ser “planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades”.
Instamos a los órganos de investigación a la utilización de estándares internacionales para documentar los presuntos crímenes (art 23 de la CRBV): Con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, denominado El Protocolo de Minnesota, y el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, denominado Protocolo de Estambul.
Entre el 18 y 20 de abril se han registrado 1.289 arrestos por protestas
Según cifras publicadas por el Foro Penal, entre el 18 y 20 de abril se han registrado 1.289 arrestos, de los cuales aun se mantienen 458 personas detenidas. El pasado 18 de abril se efectuaron 20 arrestos, un día después se apresaron a 628 ciudadanos, mientras que el 20 de abril arrestaron a 103 personas.
En el Estado Bolívar se registraron 102 arrestos los últimos 3 días, 77 en Anzóategui, 72 en Falcón y 72 en Aragua. Para el 20 de abril todavía se encontraban 445 ciudadanos esperando por audiencia de presentación.
Actualmente se registraron 657 arrestos más en comparación a la cifra récord de Mayo de 2014 cuando se detuvieron alrededor de 622 ciudadanos.
La organización denunció que existen 2 privados en libertad y 273 liberados sin presentación. De acuerdo al diario Aragueño, el pasado 20 de abril se registraron más de 60 presos, gran parte de las detenciones se realizaron en los sectores de Base Aragua, Parque Aragua, La Victoria y El Limón.
Dimas Rivas, coordinador regional del Foro Penal comentó que muchos de los detenidos desconocen los delitos que se les imputan.
Situación Entre enero y septiembre de 2016 se registraron 2741 protestas a nivel nacional, lo que representa un incremento de 35,89% en relación al mismo periodo del año 2015. Los meses de abril-mayo junio concentran la mayor cantidad de manifestaciones con un total 1373, es decir, el 50% del periodo.
Derechos laborales exigidos por diversos sectores, públicos y privados, contabiliza el 28,38% de las protestas. La exigencia de normalización de venta y suministro de comida se ubica por primera vez en nueve años de registro, entre los reclamos de mayor incidencia, que junto con derecho de los usuarios – vinculados también a la venta de alimentos - suma 516 manifestaciones (18,83%). La demanda por el servicio de agua, la regularidad del suministro o la mejora de sus condiciones registra unas 287 protestas a nivel nacional. En quinto lugar, los derechos políticos/civiles asociadas a demandas electorales, en apoyo o en contra de medidas del Gobierno, alcanzan el 6,5 % de las exigencias.
Medidas restrictivas y ruptura del hilo constitucional Además de seguir vigente (desde enero de 2015) la resolución 008610 que autoriza a militares el uso de armas de fuego para el control de manifestaciones, en este escenario se han tomado medidas que merman las garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, continúa su criminalización al asumirla como “alteración del orden público” y exigir un “permiso” que es inconstitucional.
Fallecidos Un total de once (11) personas fallecidas se registraron en el contexto de manifestaciones públicas, dos (2) de ellos funcionarios policiales[15], dos (2) privados de libertad durante motines en centros penitenciarios y siete (7) durante protestas por comida. En el último caso, las víctimas fueron tanto manifestantes como ciudadanos que se hallaban en las cercanías de las protestas, saqueos o intentos de saqueo a las afueras de establecimientos comerciales, públicos y privados.
Foto: Miguel González - Crónica Uno.

References: artículo 68
 artículo 137
 artículo 4
 artículo 68
 Resolución 
 artículo 332
 artículo 68
 resolución