Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6644
Timestamp: 2020-02-29 10:02:26+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 5/2010
SENTENCIA 5/2010, de 7 de abril
(BOE núm. 111, de 07 de mayo de 2010)
ECLI:ES:TC:2010:5
En el recurso de amparo núm. 431-2007, promovido por don Juan Carlos Costa Torres y don Moisés Sánchez Vichi, representados por la Procuradora de los Tribunales doña Rosina Montes Agustí y asistido por el Abogado don José Álvarez Domínguez, contra la Sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz, de 7 de diciembre de 2006, que desestima el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Cádiz, de 30 de marzo de 2006, que les condenó como autores de un delito contra la salud pública. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Presidenta doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sección.
1. Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el día 17 de enero de 2007, la Procuradora de los Tribunales doña Rosina Montes Agustí, en nombre y representación de don Juan Carlos Costa Torres y don Moisés Sánchez Vichi, interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial que se cita en el encabezamiento.
a) Por Sentencia de 30 de marzo de 2006, el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Cádiz condenó a cada uno de los demandantes de amparo, como autores de un delito contra la salud pública de sustancia que no causa grave daño para la salud (hachís), a las penas de tres años y seis meses de prisión, multa de 5.000 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como al pago de las costas procesales.
b) Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación, desestimado por Sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz.
3. Los recurrentes fundamentan su demanda de amparo en la vulneración de los derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE).
4. Por providencia de 17 de julio de 2008, la Sección Segunda acordó la admisión a trámite de la demanda así como, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz para que en el plazo de diez días remitiera testimonio del rollo de Sala 99-2006, al haber recibido ya el testimonio de las actuaciones remitido por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Cádiz.
5. Mediante una providencia de la misma fecha, la Sección Segunda acordó formar la correspondiente pieza separada de suspensión y, de conformidad con lo previsto en el art. 56 LOTC, conceder un plazo común de tres días al Ministerio Fiscal y a los solicitantes de amparo para que formularan alegaciones sobre el particular. Evacuado dicho trámite, mediante Auto de 11 de septiembre de 2008 la Sala Primera acordó acceder a la suspensión solicitada exclusivamente en lo referido a las penas privativas de libertad impuestas y sus accesorias legales.
6. A través de una diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Primera, de 2 de septiembre de 2008, se tienen por recibidos los testimonios de las actuaciones y, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se dio vista de las mismas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por término de veinte días, dentro de los cuales podrían presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme a lo establecido en el art. 52.1 LOTC.
7. El día 31 de octubre de 2008 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal, interesando la denegación del amparo solicitado.
Rechaza igualmente el Fiscal la existencia de una vulneración del art. 18.3 CE como consecuencia de la falta de notificación al Ministerio Fiscal de las resoluciones que autorizaron las intervenciones telefónicas. Destaca, en primer lugar, que del examen de las actuaciones se desprende que si bien no hay constancia de la notificación al Ministerio Fiscal del Auto de 14 de noviembre de 2003, ello es irrelevante porque la línea telefónica afectada nunca llegó a ser intervenida, al haber causado baja con anterioridad. Y respecto a la intervención autorizada por Auto de 28 de noviembre de 2003, que sí se practicó, consta en las actuaciones que el Fiscal tuvo conocimiento de todo lo actuado en fecha 3 de diciembre de 2003 y mostró su conformidad estampando en las diligencias la fórmula “Visto”, sin que la breve demora en la notificación pueda tener la consecuencia que pretenden los demandantes, habiéndose acordado la intervención mediante un Auto correcto desde la perspectiva constitucional. También señala el Fiscal que no consta la notificación al Ministerio Fiscal del Auto de 23 de diciembre de 2003 por el que se prorroga la intervención telefónica, pero que ello es de nuevo irrelevante porque la prórroga no arrojó ningún resultado de interés para la condena de los demandantes de amparo.
8. Por providencia de 22 de marzo de 2010, la Sala Primera acordó deferir la resolución del presente recurso de amparo a la Sección Primera, de acuerdo con lo previsto en el art. 52.2 LOTC y en la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, al resultar aplicable al mismo doctrina consolidada de este Tribunal.
9. Por providencia de 5 de abril de 2010 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 7 del mismo mes y año.
1. El presente recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz, de 7 de diciembre de 2006, que desestima el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Cádiz, de 30 de marzo de 2006, que condenó a los recurrentes como autores de un delito contra la salud pública.
2. Como primer motivo de amparo se denuncia la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), tanto por la insuficiente motivación de los Autos que acuerdan las intervenciones telefónicas, como por la falta de notificación de los mismos al Ministerio Fiscal.
3. En cuanto a la denunciada vulneración del art. 18.3 CE derivada de un deficiente control judicial de la intervención, no ponen en cuestión los recurrentes que el órgano judicial haya efectuado un seguimiento de la misma y conocido los resultados de la investigación, sino que se afirma que tal control no existió porque no consta la notificación de los Autos que autorizan la intervención al Ministerio Fiscal. Una queja que ha de rechazarse igualmente, en aplicación de la doctrina sentada por la STC 197/2009, de 28 de septiembre, FJ 7, y reiterada en las SSTC 219/2009 y 220/2009, de 21 de diciembre, FJ 6.
Como recordábamos en estas Sentencias, desde la STC 49/1999, de 5 de abril, FJ 6, dictada por el Pleno de este Tribunal, venimos señalando que la garantía jurisdiccional del secreto de las comunicaciones no se colma con la concurrencia formal de una autorización procedente de un órgano jurisdiccional (en el caso del ordenamiento español, el Juez de Instrucción, al que la Ley de enjuiciamiento criminal configura como titular de la investigación oficial), sino que ésta ha de ser dictada en un proceso, único cauce que permite hacer controlable, y con ello jurídicamente eficaz, la propia actuación judicial. En ese contexto -y siempre en referencia a supuestos en los que los Autos de intervención y prórroga se dictan en el seno de unas “diligencias indeterminadas”, que no constituyen en rigor un proceso legalmente existente- posteriores resoluciones han declarado contrario a las exigencias de control de la intervención la falta de notificación al Ministerio Fiscal de los Autos de intervención o prórroga, cuando no existe constancia de que efectivamente se produjera tal conocimiento, en la medida en que tal ausencia impidió el control inicial del desarrollo y cese de la medida, en sustitución del interesado, por el garante de los derechos de los ciudadanos (SSTC 205/2002, de 11 de noviembre, FJ 5; 165/2005, de 20 de junio, FJ 7; 259/2005, de 24 de octubre, FJ 5; 146/2006, de 8 de mayo, FJ 4). Por tanto, “lo que nuestra doctrina ha considerado contrario a las exigencias del art. 18.3 CE no es la mera inexistencia de un acto de notificación formal al Ministerio Fiscal de la intervención telefónica -tanto del Auto que inicialmente la autoriza como de sus prórrogas-, sino el hecho de que la misma, al no ser puesta en conocimiento del Fiscal, pueda acordarse y mantenerse en un secreto constitucionalmente inaceptable, en la medida en que no se adopta en el seno de un auténtico proceso que permite el control de su desarrollo y cese” (STC 197/2009, de 28 de septiembre, FJ 7). Lo que llevaba a concluir que en el caso enjuiciado en esta Sentencia -en el que las intervenciones telefónicas se acordaron en el seno de unas diligencias previas, de cuya existencia tuvo conocimiento el Ministerio Fiscal desde el primer momento- , la falta de constancia en las actuaciones de un acto formal de notificación al Fiscal de los Autos que autorizan y prorrogan las intervenciones telefónicas, no constituía un defecto constitucionalmente relevante en el control de la intervención, en la medida en que no impidió el control inicial de su desarrollo y cese y no consagraba, por tanto, un “secreto constitucionalmente inaceptable”.
Del mismo modo, en el presente caso las intervenciones telefónicas se acordaron en el seno de un auténtico proceso, las diligencias previas 2869-2003 abiertas por el Juzgado de Instrucción núm. 4 del Puerto de Santa María mediante Auto de 14 de noviembre de 2003, de cuya existencia tuvo conocimiento desde el primer momento el Ministerio Fiscal, pues en el citado Auto se acuerda ponerlo en su conocimiento, constando una diligencia del Secretario Judicial que señala que se cumple lo acordado. Por tanto, desde el primer momento el Ministerio Fiscal pudo intervenir en las actuaciones en defensa de la legalidad y como garante de los derechos del ciudadano, quedando así garantizada la posibilidad efectiva de control inicial de la medida hasta su cese. Por otra parte, tanto en el Auto de 14 de noviembre de 2003 como en el de 28 de noviembre de 2003 se acordó la puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal y en relación con este último -único relevante a los efectos del presente amparo, como anteriormente se expuso- consta en las actuaciones el “Visto” del Ministerio Fiscal de fecha 3 de diciembre de 2003. Siendo así, la inexistencia de un acto formal de notificación, no puede considerarse un defecto constitucionalmente relevante en el control de la intervención, pues no ha impedido el control inicial del desarrollo y cese de la medida y no consagra, por tanto, un “secreto constitucionalmente inaceptable”.
4. Descartada la nulidad de las intervenciones telefónicas practicadas al no apreciarse vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), no cabe apreciar tampoco la nulidad de las restantes pruebas, que en la demanda de amparo se consideran derivadas de aquéllas. Lo que nos lleva a rechazar igualmente la denunciada vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), que se sustenta exclusivamente en la invalidez de la prueba de cargo practicada.
5. Como segundo y tercer motivo de amparo, se denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), que derivaría de la inaplicación a don Moisés Sánchez Vichi de dos atenuantes: por una parte, de la atenuante analógica de drogadicción (art. 21.6 del Código penal, CP, en relación art. 21.2 CP), pese a que había quedado suficientemente acreditada su prolongada adicción a la cocaína y al hachís; por otra, de la atenuante analógica del art. 21.6 en relación con el art. 21.4 CP, que la jurisprudencia aplica cuando se realizan actos de colaboración con la Justicia una vez iniciada la investigación de los hechos en relación con el acusado, pues la confesión de los hechos sin ocultación de datos relevantes debería tener tal valor.
Por lo que respecta al valor atenuatorio de la confesión de los hechos, la Sentencia de instancia (fundamento jurídico segundo) destaca que ni la confesión fue previa a la apertura del proceso, ni el acusado confesó en su totalidad los hechos, “no inculpando ni a Juan Carlos ni al proveedor, ni facilitando dato alguno respecto a ellos”. Y la Sentencia de apelación (fundamento jurídico cuarto) afirma que si bien el apelante reconoció los hechos cuando fue detenido por la policía cuando portaba 5.095 kilos de hachís, hechos que resultaban evidentes dada la cantidad de droga, el fundamento de la atenuación según reiterada jurisprudencia no es cualquier clase de contribución, sino la cooperación útil con la Justicia, lo que no concurre en el presente caso, pues “su declaración no arrojó dato alguno que pudiera esclarecer el modus operandi o la intervención de terceras personas, pues sólo hizo referencia a un tal Luis de Madrid que le hizo el encargo de transportar la droga”, lo que determina que no pueda apreciarse la atenuante analógica del art. 21.6 CP en relación con el art. 21.4 CP.
6. Finalmente, y en cuanto a la denunciada vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), esta queja no puede ser acogida, con independencia de cualquier otra consideración, por las siguientes razones:
En primer lugar, porque, conforme a reiterada doctrina de este Tribunal, es requisito indispensable para que pueda estimarse vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas que el recurrente las haya invocado en el procedimiento judicial previo, mediante el requerimiento expreso al órgano judicial supuestamente causante de tales dilaciones para que cese en las mismas. Esta exigencia, lejos de ser un mero formalismo, tiene por finalidad ofrecer a los órganos judiciales la oportunidad de pronunciarse sobre la violación constitucional invocada, haciendo posible su reparación al poner remedio al retraso o a la paralización en la tramitación del proceso, con lo que se preserva el carácter subsidiario del recurso de amparo. De ahí que sólo en aquellos supuestos en los que, tras la denuncia del interesado (carga procesal que le viene impuesta como un deber de colaboración de la parte con el órgano judicial en el desarrollo del proceso), el órgano judicial no haya adoptado las medidas pertinentes para poner fin a la dilación en un plazo prudencial o razonable podrá entenderse que la vulneración constitucional no ha sido reparada en la vía judicial ordinaria, pudiendo entonces ser examinada por este Tribunal (por todas, SSTC 177/2004, de 18 de octubre, FJ 2; 220/2004, de 29 de noviembre, FJ 6; 63/2005, de 14 de marzo, FJ 12; 153/2005, de 6 de junio, FJ 2; y 233/2005, de 26 de septiembre, FJ 12). Y en el presente dicha exigencia no se ha cumplido, pues del examen de las actuaciones se desprende que los recurrentes en ningún momento hicieron durante la fase de instrucción una denuncia expresa de concretas paralizaciones de la causa imputables al órgano judicial y constitutivas de dilaciones indebidas. Sólo posteriormente, una vez finalizada la instrucción y cuando ya no era posible adoptar medida alguna para poner fin a las presuntas dilaciones, en el escrito de defensa (folio 719) se afirma que una tardanza de más de dos años en instruir la causa vulnera este derecho fundamental, “como en el momento procesal oportuno se justificará”; queja que se reproduce como cuestión previa al acto del juicio (folios 868 ss.) y en el escrito de conclusiones alternativas (folios 877ss.), a los efectos de solicitar la aplicación de la atenuante analógica del art. 21.6 CP.
Denegar el amparo solicitado por don Juan Carlos Costa Torres y don Moisés Sánchez Vichi.
Número y fecha BOE [Núm, 111 ] 07/05/2010
Tipo y número de registro Recurso de amparo 431-2007
Fecha de resolución 07/04/2010
Promovido por don Juan Carlos Costa Torres y otra persona respecto a las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Cádiz que les condenaron por un delito contra la salud pública.
En proceso penal dos hombres fueron condenados como autores de un delito contra la salud pública. En el proceso se tuvo como prueba de cargo la declaración sumarial ratificada en el acto de juicio de uno de los imputados, junto a las declaraciones de los agentes de policía que intervinieron en el operativo, así como el contenido de las conversaciones intervenidas. Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación que fue desestimado. La Sentencia deniega el amparo aplicando la doctrina consignada en la STC 197/2009, al considerar que respecto de la autorización judicial de intervención telefónica existió una motivación conforme a las exigencias de la jurisprudencia del Tribunal, lo cual permite excluir la existencia de una investigación meramente prospectiva y afirmar la legitimidad constitucional de la medida. En relación con la notificación al Fiscal de la medida de intervención, estableció que la inexistencia de un acto formal de notificación no puede considerarse un defecto constitucionalmente relevante en el control de la intervención, pues no ha impedido el control inicial del desarrollo y cese de la medida y no consagra, por tanto, un “secreto constitucionalmente inaceptable” toda vez que dicha medida ha sido dictada en un proceso, único cauce que permite hacer controlable, y con ello jurídicamente eficaz, la propia actuación judicial. Por otra parte, la Sentencia recuerda que la apreciación o no de la concurrencia de circunstancias eximentes o atenuantes de la responsabilidad es una cuestión de estricta legalidad penal cuya resolución corresponde a los órganos judiciales competentes, y que, para el presente caso, los órganos judiciales ofrecieron al recurrente una respuesta suficientemente motivada y no arbitraria o irrazonable respecto de la no aplicación de las atenuantes analógicas de drogadicción y de actos de colaboración con la justicia. Del mismo modo, se descarta la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, teniendo en cuenta que los recurrentes no denunciaron esta situación en el momento oportuno y que, por tanto, dicha denuncia carece de sentido cuando el proceso penal ya ha finalizado en ambas instancias.
Los Autos que autorizan la intervención de los teléfonos de uno de los recurrentes cumplen con las exigencias de motivación, ya que además de identificar a la persona y el teléfono objeto de intervención, la duración de la misma, quién ha de llevarla a cabo y cuándo ha de darse cuenta al órgano judicial, hacen constar la existencia de indicios objetivos de la comisión de un delito contra la salud pública así como de la posible participación del investigado en el delito [FJ 2]. [FJ 2].
La falta de constancia en las actuaciones de un acto formal de notificación al Fiscal de los Autos que autorizan y prorrogan las intervenciones telefónicas, no constituye un defecto constitucionalmente relevante en el control de la intervención, en la medida en que no impidió el control inicial de su desarrollo y cese, no consagrando, por tanto, un secreto constitucionalmente inaceptable [FJ 3].
De las dos únicas pruebas practicadas no se desprende ni una adicción grave, ni que el consumo fuera alto, ni que fuera de heroína, por lo que no puede concluirse que el acusado tuviera limitadas sus facultades intelectivas ni volitivas por el consumo prolongado de drogas [FJ 5].
La apreciación de circunstancias atenuantes de la responsabilidad por colaboración con la Justicia no incluye cualquier clase de contribución, sino la cooperación útil con la Justicia, lo que no concurre en el presente caso, pues la confesión no arrojó dato alguno que pudiera esclarecer el modus operandi o la intervención de terceras personas [FJ 5].
Doctrina sobre el derecho al secreto de las comunicaciones, en su vertiente de intervención telefónica motivada (SSTC 49/1999, 197/2009) [FJ 2].
Doctrina sobre el derecho al secreto de las comunicaciones, en su vertiente de control judicial de la intervención telefónica (SSTC 197/2009, 220/2009) [FJ 3].
Doctrina sobre el principio de legalidad penal en su vertiente de atenuante por colaboración con la justicia (SSTC 211/1992, 239/2006) [FJ 5].
Doctrina sobre el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, en su vertiente de falta de invocación del derecho vulnerado (SSTC 211/1992, 239/2006) [FJ 6].
No puede ser acogida la queja sobre vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas ya que los recurrentes en ningún momento hicieron durante la fase de instrucción una denuncia expresa de concretas paralizaciones de la causa imputables al órgano judicial y constitutivas de dilaciones indebidas, y tan sólo se quejaron de la tardanza una vez finalizada la instrucción y cuando ya no era posible adoptar medida alguna para poner fin a las presuntas dilaciones [FJ 6].
Artículo 24.2 (derecho a un proceso sin dilaciones), ff. 1, 6
Artículo 21.4, f. 5
Artículo 21.6, ff. 5, 6
Auto de intervención telefónicaAuto de intervención telefónica, f. 3
Control judicial de la intervención telefónicaControl judicial de la intervención telefónica, ff. 2, 3
Derecho a un proceso sin dilaciones indebidasDerecho a un proceso sin dilaciones indebidas, Doctrina constitucional, f. 6
Derecho al secreto de las comunicacionesDerecho al secreto de las comunicaciones, ff. 2, 3
Derecho al secreto de las comunicacionesDerecho al secreto de las comunicaciones, Respetado, ff. 2, 3
Intervención telefónicaIntervención telefónica, ff. 2, 3
Motivación suficiente de la intervención telefónicaMotivación suficiente de la intervención telefónica, ff. 2, 3
Notificación al Ministerio Fiscal de la autorización de intervención telefónicaNotificación al Ministerio Fiscal de la autorización de intervención telefónica, f. 3
Atenuante de drogadicciónAtenuante de drogadicción, ff. 5, 6
Atenuante por colaboración con la justiciaAtenuante por colaboración con la justicia, f. 5
Delitos contra la salud públicaDelitos contra la salud pública, ff. 1, 2
Condena que no aprecia atenuante por colaboración con la justiciaCondena que no aprecia atenuante por colaboración con la justicia, f. 5

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Artículo 24

Artículo 21

Artículo 21