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Timestamp: 2018-10-19 15:09:34+00:00

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Soberanía popular - Diccionario de Ciencia Política y de la Administración
Según la clásica definición de Jean Bodin, recogida en su obra de 1576,"Los seis libros de la República", soberanía es el «poder absoluto y perpetuo de una República»; y soberano es quien tiene el poder de decisión, de dar las leyes sin recibirlas de otro, es decir, aquel que no está sujeto a leyes escritas, pero sí a la ley divina o natural. Thomas Hobbes suprimió la dependencia de la ley natural que Jean Bodin trazaba en su definición de soberanía y constituyó al soberano en única forma de poder.
En 1762, Jean-Jacques Rousseau retomó la idea de soberanía pero con un cambio sustancial.
En sus estudios políticos y sociales Jean Jacques Rousseau desarrolló un esquema social, en el cual el poder recae sobre el pueblo, argumentando que es posible vivir y sobrevivir como conjunto sin necesidad de un último líder que fuese la autoridad.
En El Contrato Social, Rousseau argumenta “…que el poder que rige a la sociedad es la voluntad general que mira por el bien común de todos los ciudadanos…”. En su modelo político, Rousseau atribuye al pueblo la función de soberano. A este término no le asigna características que designan a una sola clase o nación, sino la representación de una comunidad de los que desean formar un Estado y vivir bajo las mismas leyes que son la expresión de la voluntad general.
El pueblo, como soberano, debe llevar a cabo una deliberación pública, que ponga a todos los ciudadanos asociados en un plano de igualdad, en la cual el cuerpo no puede decidir nada que atente contra los intereses legítimos de cada uno. La Constitución francesa de 1793 fue el primer texto legal que estableció que "…la soberanía reside en el pueblo…". Rousseau, atribuye a cada miembro del Estado una parte igual de la que denomina la "autoridad soberana". Para Jean Jacques Rousseau el soberano es el pueblo, que emerge del pacto social, y como cuerpo decreta la voluntad general manifestada en la ley.
Esta es probablemente la primera referencia teórica sobre la soberanía popular. Así el sufragio universal se convierte en un derecho fundamental y la condición ciudadana es igual para todos con independencia de cualquier otra consideración, salvo las limitaciones de edad o juicio.
El soberano es ahora la colectividad o pueblo, y ésta da origen al poder enajenando sus derechos a favor de la autoridad. Cada ciudadano es soberano y súbdito al mismo tiempo, ya que contribuye tanto a crear la autoridad y a formar parte de ella, en cuanto que mediante su propia voluntad dio origen a ésta, y por otro lado es súbdito de esa misma autoridad, en cuanto que se obliga a obedecerla.
Frente a estas ideas, el abate Joseph Sieyès postuló que la soberanía radica en la nación y no en el pueblo, queriendo con ello expresar que la autoridad no obrara solamente tomando en cuenta el sentimiento mayoritario coyuntural de un pueblo, que podía ser objeto de influencias o pasiones desarticuladoras, sino que además tuviera en cuenta el legado histórico y cultural de esa nación y los valores y principios bajo los cuales se había fundado.
Así, de Rousseau nace el concepto de soberanía popular, mientras que del abate Sieyès nace el de soberanía nacional.
Ambos conceptos se dan indistintamente en las constituciones modernas, aunque después de la Segunda Guerra Mundial ha retomado con fuerza el concepto de soberanía popular que se mira como más cercano al pueblo, el cual se supone que actualmente tiene un grado de cultura cívica y moderación mucho más alto que en el tiempo de la toma de la Bastilla en 1789.
3. Derecho Constitucional-Definiciones
• Principio relativo a la titularidad de la soberanía en el Estado, que organiza y legitima el poder estatal sobre el axioma de su titularidad por el pueblo. A diferencia del principio de soberanía nacional, que ha sido sobre todo un principio de legitimación, éste tiene importantes consecuencias organizativas, ya que postula una organización del Estado en la que de modo efectivo el poder se asiente sobre el consentimiento del pueblo y éste pueda determinar la acción del anterior.
En el plano organizativo, el principio exige la primacía de los órganos representativos electivos, en particular de las Asambleas legislativas, así como el incondicionado imperio de la Ley, expresión de la voluntad general con sometimiento pleno a la misma de los órganos administrativos y judiciales; puede también derivarse de este principio, allí donde existe control de la constitucionalidad de las leyes, la exigencia de que las mismas no sean invalidadas, sino cuando incurren en clara e inequívoca contradicción con la Constitución.
La Jefatura del estado monárquica no es incompatible con el principio, a condición de que no participe en la determinación de las orientaciones políticas seguidas.
Históricamente, el principio de la soberanía popular ha quedado asociado con la extensión del sufragio, así como con un entendimiento de la democracia, en la que la participación popular no puede limitarse o condicionar su actuación. Excluida la democracia directa, el principio favorece la introducción, en el Estado representativo, de institutos de democracia semidirecta o de democracia participativa.
El reconocimiento de la soberanía popular no implica la atribución al pueblo de un poder desprovisto de límites; el «pueblo» ha de considerarse como poder constituido y sólo puede actuar fuera del derecho para restablecerlo (derecho de resistencia).
Como indicamos bajo la voz soberanía nacional, ésta ha dejado de oponerse a la soberanía popular y se llega, en las modernas Constituciones, a formulaciones sintéticas de una y otra; así, el artículo 1.2 de la nuestra establece: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». En la medida en que el contenido del principio de soberanía popular es equivalente al del principio democrático, que se halla expresamente recogido en nuestro texto constitucional (art. 1.1), carecería de sentido oponer a éste aquella formulación del artículo 1.2.
• Principio por el que todos los poderes soberanos del Estado residen en el pueblo y se manifiestan en el ejercicio del poder constituyente. Elemento integrante y esencial del Estado de Derecho. Rousseau lo refería en su obra El Contrato Social.
• DERECHO CONSTITUCIONAL: Soberanía cuyo titular es el pueblo considerado como la totalidad concreta de los ciudadanos, cada uno de los cuales tiene una fracción de esta. Concepción formulada por J. J. ROUSSEAU en el Contrato social, y cuyas consecuencias son el derecho de sufragio (necesariamente universal) y la democracia directa (ya que la elección de diputados no es sino un mal mayor que debe ser corregido admitiendo el mandato imperativo y recurriendo a los procedimientos de la democracia semidirecta). V. Electorado, Mandato político.
1.) LA SOBERANÍA NACIONAL RESIDE EN EL PUEBLO ESPAÑOL, DEL QUE EMANAN LOS PODERES DEL ESTADO.
a) El apartado 2 del precepto que analizamos recoge una doble fórmula de nuestro constitucionalismo histórico. De una parte el principio de la soberanía nacional, consagrado en la Constitución de 1812 (art. 3: "La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo, pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales"), y reiterado por aquellas inspiradas en el liberalismo progresista: lo hace el Preámbulo de la Constitución de 1837 ("Siendo la voluntad de la Nación revisar, en uso de su Soberanía, la Constitución política promulgada en Cádiz…), y más rotundamente en el art. 32 de la Constitución de 1869 ("La soberanía reside esencialmente en la Nación, de la cual emanan todos los poderes").
Pero, además, se concreta el sujeto titular de la soberanía. En lugar de hacer una declaración más abstracta, como suele suceder en el Derecho comparado y pedían algunos partidos nacionalistas en las Cortes Constituyentes, se opta por concretar la soberanía en el pueblo español. Se trata de un reforzamiento explícito de lo que después recogerá el artículo 2 de la Constitución. Como titular de la soberanía, el pueblo español fue el detentador del poder constituyente originario (recuérdense las palabras del Preámbulo de nuestra Carta Magna: "la Nación española…", y al final, "Las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado") y lo es del derivado, esto es, de las reformas que en el futuro pueda sufrir el texto aprobado en 1978. En coherencia con este principio los artículos 167 y 168 de la Constitución atribuyen la potestad de revisión a las Cortes Generales y al pueblo español mediante referéndum (referéndum que es sólo facultativo en los supuestos de revisión de aspectos menos esenciales del texto constitucional, en los términos previstos en el art. 167.CE).
En consecuencia, cualquier intento secesionista al margen de estos procedimientos chocaría frontalmente contra el precepto comentado. Para mayor detalle véase el comentario al artículo 2 de la Constitución.
2.) LA CONVERGENCIA ENTRE SOBERANÍA NACIONAL Y SOBERANÍA POPULAR
El debate ideológico entre ambas concepciones sobre la soberanía ha desaparecido y de hecho el artículo 1.2 de la Constitución española -que es reproducción del artículo 3.1 de la francesa de 1958- es una síntesis. Habiendo surgido ambos conceptos de soberanía nacional y popular para contratarse uno a otro, se ha llegado finalmente a una convergencia o compromiso.
El paso del tiempo ha enfriado la contraposición originaria que expresa, por ejemplo, la Constitución de Cádiz (nacional) y la Constitución de 1931 (popular).
En la Constitución de 1978, fruto del consenso, se elimina la antinomia soberanía nacional soberanía popular, convirtiéndole en síntesis que es también la síntesis entre reforma y ruptura para la refundación del Estado. De otra parte esta síntesis tiene también el valor de confirmar que la soberanía es unitaria y corresponde a toda la nación española y no es divisible o fragmentable en las partes que componen la nación (“autonomía no es soberanía” ha proclamado reiteradamente nuestro Tribunal Constitucional).
La fórmula sincrética, que no ambigua y menos aún ambivalente del artículo 1.2 de la Constitución es: “La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado”. Así pues se confirma el origen democrático de los poderes estatales, la legitimación democrática del poder. Los poderes constituidos (legislativo, ejecutivo y judicial) emanan, derivan del pueblo -que es el soberano creador y constituyente, fundador- con carácter general a través de la elección periódica en la que designa a sus representantes o mandatarios libremente elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto. Así pues el artículo 1.2 se sitúa como norma de apertura de la Constitución, en el arranque de la misma, para cimentar todo el edificio constitucional desde el principio democrático.
3.) REFLEXIONES SOBRE LA SOBERANIA POPULAR
…. pues, es indudable que los ciudadanos que componen el pueblo español están sujetos jurídicamente tanto a la Constitución como al resto del ordenamiento jurídico. Tal sujeción es, en principio, difícilmente compatible con la soberanía del pueblo español que proclama el artículo 1,2. Si, en efecto, la soberanía residiese en el pueblo español, los miembros que lo componen (los ciudadanos de los que habla el artículo 9,1) no estarían sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, sino que sería al revés: el ordenamiento jurídico en su conjunto —incluida, por tanto, la Constitución— estaría sujeto a la voluntad popular…
…si conforme al Preámbulo de la CE la ley es «la expresión de la voluntad popular», la Constitución, de acuerdo con los dos primeros apartados del artículo 1 y con el artículo 9,1, se configura como la máxima expresión de esta voluntad. Al someterse a ella y al ordenamiento jurídico que de ella nace, el pueblo español se somete a sí propio. No hay, así, contradicción alguna entre la soberanía del pueblo español y la sujeción jurídica de éste a la Constitución y al resto del ordenamiento, entre el artículo1,2 y el 9,1…
..Así lo viene a reconocer el Tribunal Constitucional cuando señala que «el sentido que en nuestra Constitución (art. 1,2) reviste el principio del origen popular del poder obliga a entender que la titularidad de los cargos y oficios públicos sólo es legítima cuando puede ser referida, de manera inmediata, a un acto concreto de expresión de la voluntad popular…
..Es, portante, el ordenamiento jurídico el que limita la participación del pueblo y el que establece en particular las condiciones en que éste podrá elegir y. ser elegido —lo cual supone, una vez más, reconocer objetivamente su soberanía—,…
• Varela Suances. J (1992) “Algunas reflexiones sobre la soberanía popular en la Constitución española
• http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/soberanía-popular/soberanía-popular.htm
• https://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa_popular
• https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
• https://histodiccionario.wikispaces.com/Soberan%C3%ADa+popular+nacional
• https://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
• https://www.boe.es/legislacion/constitucion.php
• http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1bthPtPoXOoJ:dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/79463.pdf+&cd=18&hl=es&ct=clnk&gl=es
• http://www.unioviedo.es/constitucional/miemb/varela/varela.html
• www.soberania.es/Subpaginas/TESIS/PDF/DEFINICION.pdf
• http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=1&tipo=2
• https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/79463.pdf)
• Varela Suances. J (1992) “Algunas reflexiones sobre la soberanía popular en la Constitución española”, “REDC”, nº 36, pp. 71-104
Marcos Cortes García
revisión de página: 2, última edición: 25 Apr 2016 21:06

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