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Timestamp: 2019-12-11 03:28:09+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 793, de 20/03/2007
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 793
celebrada el martes, 20 de marzo de 2007
- Relativa a la utilización de la biomasa forestal procedente de operaciones de prevención de incendios y de planes de gestión forestal sostenible, como combustible. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/001120.)... (Página 2)
- Sobre un programa de medidas urgentes para la paralización de las obras de la central térmica Cristóbal Colón, en Huelva. Presentada por los Grupos Parlamentarios de Esquerra Republicana (ERC), Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto. (Número de expediente 161/001401.)... (Página 4)
Para impulsar la apertura de un Parador Nacional en Paredes de Nava, en la provincia de Palencia. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001443.)... (Página 8)
- Sobre la ruta del vino Montilla-Moriles. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001614.)... (Página 10)
- Relativa a la aplicación del Plan Miner II en las minas de Endesa generación de As Pontes y Limeisa, de Cerceda. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001951.)... (Página 13)
- Sobre regulación de la legislación de las aguas minerales y termales.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001967.)... (Página 15)
- Relativa al impulso por parte del Gobierno de una ley de contratos de distribución. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/002053.)... (Página 17)
- Relativa al cierre de la empresa Delphi en Puerto Real (Cádiz).
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002144.)... (Página 20)
- RELATIVA A LA UTILIZACIÓN DE LA BIOMASA FORESTAL PROCEDENTE DE OPERACIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y DE PLANES DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE COMO COMBUSTIBLE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC). (Número de expediente: 161/001120.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, con el orden del día que tienen sus señorías en su poder y que trata del debate y la votación correspondiente de ocho proposiciones no de ley, que no voy a reproducir.
Antes de comenzar, para ordenar el debate, la mayoría de los grupos que componen esta Comisión me han pedido que a la una o a la una menos cinco, mejor dicho, interrumpamos la misma para asistir a la concentración que va a haber en la puerta del Parlamento en relación con la guerra de Irak.
Si somos capaces de agilizar el debate, no hará falta interrumpir sino que podríamos terminar antes de la una. Por lo tanto, vamos a fijar las doce y media como la hora para la posible votación, o sea, que no votaremos antes de las doce y media, y si llegamos a esa hora y nos queda alguna proposición, interrumpiríamos y volveríamos a continuar.
Así que, sin más preámbulos, damos comienzo al debate de la primera proposición no de ley que es relativa a la utilización de la biomasa forestal procedente de operaciones de prevención de incendios y de planes de gestión forestal sostenible, como combustible. El autor es el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y para defenderla tiene la palabra su portavoz don Jordi Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Presentamos hoy desde Esquerra Republicana esta proposición no de ley relativa a la utilización de la biomasa forestal procedente de las operaciones de prevención de incendios y de planes de gestión forestal sostenible como combustible.
Déjenme, señorías, que les haga referencia en, primer lugar, a lo que exponía el Libro Blanco sobre la reforma del marco regulatorio de generación de energía eléctrica. En él se constataba que las primas a la biomasa eran insuficientes y que hacían falta ayudas complementarias a este tipo de energía o a este tipo de generación de energía procedente de la biomasa, por lo menos hasta que se cumplan los objetivos fijados para esta fuente de energía. Así, nuestro grupo presenta hoy esta proposición no de ley que discutiremos esta mañana. Proponemos en ella medidas retributivas adicionales para los diferentes usos de la biomasa, con unas ayudas o unos incrementos reclamados desde hace ya muchos años por el sector. A modo de paréntesis, diré que hay varios sectores de energías alternativas que están pidiendo ya hace tiempo y a gritos esa reforma del Real Decreto 436 para que haga viable económicamente sus fondos de energía. Si nos ceñimos directamente a la proposición
no de ley que presenta hoy el Grupo de Esquerra Republicana, hace referencia a esas mejoras retributivas en la biomasa, pero especialmente hace hincapié en el incremento, que para nosotros es imprescindible, en la mejora de los incentivos a las centrales de producción de energía eléctrica en régimen especial que utilicen como combustible biomasa forestal procedente de operaciones de prevención de incendios y de planes de gestión forestal sostenible.
El Plan de fomento de energías renovables 2005-2010, en el capítulo dedicado a la biomasa, expone que la obtención de residuos forestales supera los precios obtenidos energéticamente, pero que esta actividad se justificaría en términos medioambientales. Existe un amplio consenso en que es necesario intervenir en la reducción de combustibilidad de los bosques, como medida de prevención de incendios, y este consenso alcanza también a la necesidad de incentivar las operaciones de aclarado de bosques mediante primas económicas. Tanto es así, les recuerdo, señorías, que en la Ley 10/2006, de modificación de la Ley de Montes, se incluyó una disposición adicional segunda, mediante una enmienda que presentó nuestro grupo parlamentario, que establecía que el Gobierno, en el marco del Plan de fomento de las energías renovables, utilizará las primas e incentivos de las centrales de producción de energía eléctrica en régimen especial a aquellas que utilicen como combustible biomasa forestal procedente de operaciones de prevención de incendios y de planes de gestión forestal. Las primas e incentivos serán las que establezca el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
Pues bien, señorías, ha transcurrido ya casi un año de la aprobación de esta Ley de Montes, y la actualización que exigía esta disposición adicional aún no se ha producido. La proposición no de ley que hoy discutimos propone al Gobierno materializar tal obligación o la obligación que les marcábamos en esta disposición final, creando un subgrupo específico para las centrales de producción de energía eléctrica en régimen especial que utilicen como combustible principal biomasa forestal, procedente de operaciones de prevención de incendios y de planes de gestión forestal sostenible, y la creación de tal grupo es imprescindible, a nuestro entender, para dar cumplimiento al trato específico establecido en la ley para las centrales que usen este tipo concreto de combustibles. También creemos en nuestro grupo que dada la necesidad de incentivar con urgencia la gestión forestal sostenible y la prevención de incendios, y dada la necesidad de avanzar en los objetivos de fomento de las energías renovables, nos parece fundamental que el Gobierno incorpore una mejora inmediata y urgente a la retribución de este origen específico de biomasa como fuente energética.
En definitiva, les marco estas dos últimas, digamos, visiones que estoy dando a esta posición de esta proposición no de ley. Primera, tenemos una Ley de Montes que exige al Gobierno tomar medidas sobre este asunto, y después, que dada la necesidad que tenemos en el Estado español de mejorar esa gestión de lo que vienen a ser los bosques y todo el material combustible en estos bosques, sería necesario que se aprobara una iniciativa como la que presenta hoy nuestro grupo. Estamos a las puertas de, seguramente, uno de los veranos más calurosos y más secos de la historia reciente de nuestro país, estamos a las puertas, si no llueve en breve, de ver lo que puede hacer que esa gestión de prevención de incendios sea cada vez más necesaria, más urgente y pueda ayudar a que después no tengamos que aprobar iniciativas, como hemos hecho a finales de los últimos veranos, para intentar dar solución a incendios que no hemos sabido prevenir o que no hemos tenido la posibilidad de prevenir.
Por consiguiente, presentamos esta proposición no de ley que marca claramente esa separación dentro de los diferentes tipos de biomasa y marcar ese grupo b.6.1 una tarifa que nuestro grupo ha calculado necesaria en torno a un 150 por cien durante los primeros veinte años desde la puesta en marcha y de un 90 por cien a partir de entonces, así como una prima del 84 por ciento y unos incentivos del 10 por ciento. Y también señalamos en esta proposición no de ley que al resto de biomasa o al resto de este punto b.6 una tarifa del 125 por ciento durante los próximos veinte años y un 90 por ciento para los restantes, así como una prima del 70 por ciento y unos incentivos del 10 por cien. Hemos calculado esas primas no a nivel aleatorio, sino porque entendemos que es la prima necesaria para que estas instalaciones sean económicamente sostenibles y para que esa gestión de lo que puede ser la biomasa forestal esté incentivada y podamos impulsar de esta manera una mejor gestión.
Esperando que los grupos den apoyo a esta iniciativa que presentamos hoy y que se apruebe esta PNL, doy por concluida mi exposición.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda presentada por el Grupo Socialista.
Tiene la palabra el diputado señor Torres.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Mi grupo parlamentario, aceptando como buena la propuesta que hace Esquerra Republicana de Catalunya, y compartiendo bastantes cosas de las que dice, hemos presentado una enmienda de sustitución que pretende decir lo mismo pero sin valorar el coste o las primas, las tarifas o las primas aplicables a la biomasa, porque este es un asunto suficientemente delicado como para que sólo se determinen las tarifas, las primas y los incentivos tras un estudio bastante concienzudo realizado por técnicos competentes, que los tiene el Ministerio y los tiene la Comisión Nacional de la Energía, a fin de evitar que podamos producir una sobreprima tan importante que,
al final, en vez de incentivar la limpieza ordenada, armónica de los bosques para evitar en lo posible incendios o para cuando estos se produzcan que sean lo menos dañinos posible, incentivemos que la gente arrase con los bosques. Hay que tener claro que el monte bajo es necesario para la vida, pero también para evitar la erosión, conservar la humedad. Nos parece que la propuesta que hace Esquerra Republicana es aceptable. Está en el camino correcto, pero en este momento el Gobierno ha elaborado un borrador de real decreto para sustituir al actual, al 436/2004, de 12 de marzo. Ese borrador de real decreto va a regular la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial y de determinadas instalaciones de energías asimilables entre el régimen ordinario, que sustituirán al actual real decreto. Con fecha 9 de marzo el Gobierno envió un borrador... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Torres, un segundo. Señorías, ruego un poco de silencio porque no hay forma de oír al interviniente. Puede seguir.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Decía que con fecha 9 de marzo el Gobierno envió este borrador de real decreto a la Comisión Nacional de la Energía para que esta emitiera el preceptivo informe y el 9 de marzo el Gobierno ha recibido ese informe de la Comisión Nacional de la Energía, y también se han recibido las alegaciones de los particulares recogidas en el trámite de audiencia, a través del Consejo Consultivo de Electricidad.
Por tanto, el Gobierno está estudiando y analizando el informe recién llegado de la Comisión Nacional de la Energía y las alegaciones que han presentado los particulares, las alegaciones del sector, para elaborar un real decreto que contemple todos los intereses en juego y trate de retribuir adecuadamente a cada uno de los combustibles utilizados para generar energía eléctrica en régimen especial.
El Gobierno quiere, y el en borrador ya se contempla, una nueva división de la biomasa, se amplían las subdivisiones de la biomasa porque estamos de acuerdo con lo que plantea Esquerra Republicana, y en ese sentido se va a cumplir el punto número 1 de la proposición no de ley de Esquerra Republicana de Catalunya. Además entiende que la retribución a la biomasa ha de aumentar porque es insuficiente en este momento, y pretende retribuirla adecuadamente para garantizar que las inversiones producidas se puedan rentabilizar, pero no exagerando para evitar la picaresca. El Grupo Socialista entiende que es correcto lo que plantea Esquerra Republicana en el punto 2 de su PNL que es certificar que la biomasa que procede de operaciones de prevención de incendios o de planes de gestión forestal sostenible, se pueda utilizar como combustible con la nueva prima, tarifa, incentivo que establezca el real decreto cuando se promulgue. Por tanto, con nuestra enmienda garantizamos que la biomasa va a tener más subdivisiones para contemplar las que propone Esquerra Republicana de Catalunya , que el objetivo de este real decreto va a ser conseguir unos umbrales de rentabilidad adecuados para cada tipo de proyecto y, finalmente, que se pueda certificar cuando esta biomasa procede de planes procedentes de prevención de incendios o de gestión sostenible.
Rogamos a Esquerra Republicana de Catalunya de que acepte nuestra enmienda, que contempla exactamente lo mismo que plantean, aunque sin establecer aquí las cantidades de la tarifa, de la prima y del incentivo, y resuelve su pretensión que da cobertura a lo que entiende que es correcto. Esperamos que Esquerra Republicana acepte la enmienda.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Tiene la palabra don Cándido Reguera por el Grupo Popular.
El señor REGUERA DÍAZ: El Grupo Popular toma la palabra para fijar su posición en relación con la proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana, que nos parece oportuna. En este momento se está modificando el real decreto 436/2004 y también nos parece una medida acertada en cuanto es una forma de garantizar las prevenciones de incendios mediante esta posición de recuperar todos los elementos que se puedan utilizar del bosque como biomasa y como energía. La propuesta de Esquerra Republicana nos parece bien y vamos a votar a favor de la misma.
El señor PRESIDENTE: El señor Ramón, para aceptar o no la enmienda del Grupo Socialista.
El señor RAMÓN TORRES: Hemos estado negociando hace poco tiempo y querría acabar de hablar con el portavoz socialista a ver si llegamos a un texto que favorezca más nuestra iniciativa. Si acaso antes de votar ya expresaré a la Mesa el sentido de nuestra aceptación o no de enmienda.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, me parece un buen procedimiento. Si les parece a SS. SS. lo haremos así en todas las proposiciones no de ley y, al final, antes de ir a la votación el turno de aceptaciones o no precederá a cada votación.
- SOBRE UN PROGRAMA DE MEDIDAS URGENTES PARA LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE LA CENTRAL TÉRMICA CRISTÓBAL COLÓN, EN HUELVA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (GER-ERC), EL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001401.)
El señor PRESIDENTE: Terminado este primer punto, la siguiente proposición no de ley es sobre un programa de medidas urgentes para la paralización de las
obras de la central térmica Cristóbal Colón, en Huelva, que presentan los grupos de Esquerra Republicana de Catalunya, el Grupo Mixto e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra para defender esta proposición no de ley el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Esta iniciativa, como ha dicho el señor presidente, trata de un programa de medidas para la paralización de la central térmica Cristóbal Colón, de la ría de Huelva. Señorías, en primer lugar, la población afincada en la zona denominada ría de Huelva se está viendo afectada por la contaminación y el impacto ambiental de las plantas químicas, energéticas y de todo tipo instaladas en la ribera de la ría, en su polo químico y en el puerto exterior. Los niveles de ozono sobrepasan con frecuencia el umbral máximo permitido y la temperatura del agua aumenta progresivamente. El estudio contenido en la Agenda 21 Local de Huelva también corrobora este incumplimiento. La contaminación denominada afecta al conjunto del área metropolitana de la que forman parte municipios tan importantes como Palos de la Frontera, La Rábida, Moguer, Punta Umbría y Mazagón. En concreto y para hacer referencia a esta contaminación la sociedad española de neumología ha señalado recientemente a Huelva como la sociedad española con mayor tasa de asma, en torno a un 14,60 por ciento. En relación a la emisión de gases con efecto invernadero, las previsiones para el conjunto de la media española están en 2,8 toneladas para el año 2005 y, sin embargo, en Huelva estas cantidades se elevan exponencialmente a 5,72 toneladas por año. De estas cifras onubenses, el 50 por ciento de los gases pertenecen solo a dos empresas, a Unión Fenosa, ciclos combinados y a Endesa, ciclos combinados.
Señorías, para justificar la construcción de la nueva central térmica Cristóbal Colón se elaboró por parte del Ministerio de Industria un informe inaceptable. Se basaba en dos argumentos que no son exactos. En primer lugar, decía que la primera razón era omitiendo deliberadamente la inminente inauguración de nuevas centrales de Unión Fenosa, una de 1.200 megavatios y dos de los tres grupos de 400 megavatios en el puerto exterior de Huelva, además de las centrales de cogeneración de la plantas del polo químico de Huelva como ENCE Celulosas, Ertisa, Aurecán y otras junto con las nuevas instalaciones eólicas instaladas en la provincia que no supera los 450.000 habitantes. En segundo lugar, otra razón de las que se utilizaban respecto a la calidad y la seguridad del suministro por parte del ministerio, es que este conjunto de centrales existentes producen hoy día cuatro veces la energía eléctrica consumida por toda la provincia, es decir, que el autoabastecimiento estaba más que garantizado. Por estas razones este informe está en estos momentos sub iúdice en la Sala segunda de lo Contencioso-administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Prueba también de la inexactitud de aquel informe ha sido la Resolución ministerial dictada el 21 de octubre de 2005 por el Gobierno actual, por la que se deniega a Endesa la autorización solicitada para construir una central térmica similar en Sevilla, y se hace una resolución derogatoria basada en los estudios de modelización en impacto ambiental que provocarían sus niveles contaminantes en la ciudad de Sevilla y su afectación al río Guadalquivir.
Efectivamente, señorías, el Ayuntamiento de Huelva ha denegado la licencia de obras, y, sin embargo, Endesa siguió adelante con todo tipo de argucias para acabar terminando la construcción de esta planta, con dudosa legalidad, en contra también de la opinión del redactor del Plan general de ordenación urbana y del jefe de los Servicios Técnicos Municipales. Además, estas obras contravienen los acuerdos firmados en 1991 por las administraciones, partidos políticos y patronal, para la recuperación de la avenida Francisco Montenegro, es decir, de la zona del puerto interior de Huelva, donde confluyen los dos ríos, y que esa renovación o recuperación sería progresiva y escalonada. Además, los estudios de modelización matemática del Consejo Superior de Investigaciones Científicas concluyen que la ría de Huelva no admite más capacidad que dos grupos de ciclo combinado de 400 megavatios, porque un aumento de dicha capacidad haría imposible el respeto a las directivas europeas que imponen un límite máximo al incremento de temperatura en la ría.
La autorización ministerial, pues, del Gobierno anterior para la central Cristóbal Colón de Endesa desoyó todos estos informes y, además, dos informes más de la mayor importancia. Uno, de la Dirección General de Protección Ambiental de la Junta de Andalucía, en el que se pone de manifiesto lo complicado que resulta, desde el punto de vista de la carga potencial de contaminación atmosférica, asumir la instalación de una nueva central térmica ya que la superación de los niveles de emisión de óxido nítrico no parecen aconsejarlo. En segundo lugar, también desoyó otros informes de la Delegación Provincial de Huelva, de la Consejería de Agricultura, indicando que el documento presentado no hacía mención alguna a la influencia ambiental de las aguas de refrigeración en la turbina de vapor sobre el medio marino.
Señorías, resumiendo, la nueva central térmica Cristóbal Colón de ciclo combinado tiene una tramitación administrativa que adolece de irregularidades notorias. Su construcción se ha realizado sin licencia de obras y sin control urbanístico, y su puesta en funcionamiento acarrearía un fuerte aumento de la contaminación atmosférica, con un impacto dañino para la salud de la población agrícola y de las marismas del Odiel, declaradas reservas de la biosfera por la Unesco. En conclusión, esta proposición no de ley, suscrita por nuestro grupo parlamentario, Esquerra Republicana y Grupo Mixto, insta a lo siguiente: a la paralización de la central; a que el Ministerio de Industria revise la certificación sobre la situación eléctrica de Huelva y la remita al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; a que el
Ministerio de Medio Ambiente realice un estudio de modelización matemática integrada de esta central con las existentes en el polo químico y el puerto exterior, como hizo en la central denegada en Sevilla; a que se agilice la elaboración del informe sobre contaminación por ozono encargado al Centro Superior de Investigaciones Científicas; a cumplir la proposición no de ley aprobada el 9 de abril de 1999 en esta Cámara para la realización de un diagnóstico sobre la situación ambiental y sanitaria del entorno de la ría de Huelva, hoy por hoy incumplida; a crear, en colaboración con la Junta de Andalucía y los municipios afectados, un consorcio para la gestión sostenible de la ría, tal y como propuso -y no se cumplió- el Defensor del Pueblo andaluz en su informe de 2000 y, finalmente, a dictar una moratoria a la instalación de nuevas industrias contaminantes en dicha zona hasta que no se concluyan dichos informes sobre la situación medioambiental y sanitaria de la ría de Huelva.
Cabe destacar por último que, a fecha de hoy, 23.000 ciudadanos han respaldado el objetivo de recuperar para la ciudadanía la zona llamada Punta de Sebo y la avenida Francisco Montenegro, es decir, recuperar para la ciudadanía, para el medio ambiente y para las condiciones sanitarias el conjunto de la ría de Huelva, aunque sea en un proceso a medio plazo.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda de sustitución presentada por el Grupo Socialista.
El señor RAMÓN TORRES: Presidente, no sé si como proponente tocaría ahora hacer...
El señor PRESIDENTE: Yo he preguntado al principio quién iba a defender la proposición.
El señor RAMÓN TORRES: ... de todas maneras, somos tres grupos firmantes y deberíamos defenderla los tres.
El señor PRESIDENTE: Bien, señor Ramón, pero me lo tenía que haber advertido cuando lo he preguntado para haber dividido el tiempo, porque lo que no puede ser es que haya tres intervenciones con todo el tiempo; eso no es posible. En todo caso, con brevedad, señor Ramón, le cedo la palabra.
El señor RAMÓN TORRES: Con brevedad, pero no entiendo por qué no puede haber tres intervenciones si hay tres firmantes.
El señor PRESIDENTE: No puede haberlas porque en el Reglamento no se contempla eso así. Es una proposición, por cada proposición son diez minutos, con independencia de los grupos que la presenten.
El señor RAMÓN TORRES: Sí, pero como grupo tendría posibilidad de marcar posiciones, igual que la marco ahora como cofirmante.
El señor PRESIDENTE: Sí, posibilidad de fijar posición, sí, pero eso viene después de la enmienda.
El señor RAMÓN TORRES: Voy a ser breve dada la exposición del portavoz anterior.
El señor PRESIDENTE: Si me permite un segundo, señor Ramón. Vamos a ver, hay una posibilidad de intervenir como fijación de posiciones, dado que el tiempo de la exposición se ha consumido y los argumentos serían parecidos. Si le parece, señor Ramón, damos la palabra al autor de la enmienda y luego, en fijación de posiciones, puede intervenir su grupo también. O si lo prefiere, hace ahora una intervención de dos minutos.
El señor RAMÓN TORRES: Hago una intervención rápida.
El señor PRESIDENTE: Bien, pues tiene la palabra.
El señor RAMÓN TORRES: Me sumo a la intervención que ha hecho el portavoz que me ha precedido en la palabra porque somos firmantes conjuntos de esta proposición no de ley.
Para sumar datos a los que ya se han expuesto, nuestro grupo entiende que hay datos objetivos que explican que la situación energética en ningún caso es la que explicaba o la que daba el dudoso certificado que se emitió por parte del anterior Gobierno. En una provincia como Huelva, que no supera las 400.000 personas y que produce cuatro veces la energía consumida no sólo en un momento normal sino en el récord de consumo, en ningún caso hace ver que este estudio fuera necesario. Los estudios de modelación matemática del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, encargados por la orden ministerial, concluyeron que la ría de Huelva no admite más capacidad que dos grupos de ciclo combinado de 400, referente al inaceptable incremento de temperatura en 8 grados de la ría de Huelva, según directrices europeas medioambientales de obligado cumplimiento.
Es verdad también que el nivel de contaminación del aire hace insostenible la actual generación de estos gases contaminantes. Para darles algún dato, según el Ministerio de Medio Ambiente sobre los derechos de emisión de gases contaminantes que las empresas españolas han gestionado para el período 2005-2007, en 2005, a España le correspondían 3,8 toneladas por habitante y año, y en 2007, 3,5 toneladas por habitante y año; en cambio, en la ciudad de Huelva, son 26,4 toneladas por habitante y año, y en 2005, 32,7 toneladas por habitante y año. Estas referencias, que se exponen en la exposición de motivos de esta proposición no de ley, nos hacen ver también que el grado de contaminación ambiental es
prácticamente inasumible y hace o explica el sentido de la proposición no de ley que presentamos hoy. Asimismo, se hace referencia a que la autorización ministerial del antiguo Gobierno de la central de Endesa de Huelva, a nuestro entender, desoyó informes importantes; los ha comentado el señor don Gaspar Llamazares en su intervención anterior. Básicamente, el de la Dirección General de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía, aportado por la Delegación Provincial de Huelva, que manifestó lo complicado que resultaba, desde el punto de vista de carga potencial de contaminación atmosférica, asumir la nueva instalación de esta central térmica, y el de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, que indicaba que en el documento presentado no hacen mención alguna a la influencia ambiental de las aguas de refrigeración de la turbina de vapor sobre el medio marino.
En definitiva, por todo lo que dice la exposición de motivos, por no haber atendido esos informes, que aconsejaban no hacer esta instalación por la ya grave contaminación atmosférica o contaminación de gases contaminantes que tiene la zona de la ría de Huelva, y porque entendemos que no explica en ningún caso la necesidad o la demanda de energía en esa zona, hoy se tendría que aprobar esa proposición no de ley y exigir, sobre todo, que Gobierno que lleve a cabo los estudios que la fase dispositiva de esta proposición no de ley exige.
Gracias, señor presidente, y disculpe que me haya demorado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, para defender la enmienda de sustitución del Grupo Socialista, el señor Oria.
El señor ORIA GALLOSO: El punto 1 de la petición de la proposición no de ley sobre paralización de la central de ciclo combinado de Endesa va a ser bastante difícil de poder llevar a cabo, habida cuenta de que la instalación está funcionando desde el 13 de noviembre de 2006 y además está funcionando con un mandamiento judicial y, eso sí, con una fianza de 6 millones de euros depositada en dicho juzgado.
La tramitación reglamentaria de esta central cumple todos los requisitos previstos en el real decreto que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de instalaciones de energía eléctrica, a saber: cumplió el trámite de información pública, tiene informes técnicos favorables de la Subdelegación del Gobierno, cuenta con una declaración de impacto ambiental, cuenta con la autorización ambiental integrada. Esta nueva central térmica de ciclo combinado, Cristóbal Colón, cuenta también con informe favorable de la Comisión Nacional de la Energía, cuenta con una resolución de autorización administrativa y del proyecto de ejecución; además, cuenta con un acta de puesta en marcha definitiva a efectos de explotación comercial otorgado por las dependencias de Industria de la Subdelegación del Gobierno en Huelva. Además, el suelo donde está ubicada esta nueva central es propiedad de Endesa, donde ya tenía instalada una antigua central térmica, y, también en el Plan general de ordenación urbana de Huelva capital, de 1999, la calificación que tiene es de uso industrial, y ésa es la calificación que en estos momentos tiene ese suelo. A mayor abundamiento, sustituye a la antigua central térmica de fuel-oil, con una antigüedad de treinta años, y que era una de las instalaciones más contaminantes del polo químico. A efectos prácticos, lo que se ha producido no es una nueva central térmica, sino la sustitución de una antigua, con lo que a efectos prácticos, como decía, lo que se produce es una mejora tecnológica.
En el año 2002, Red Eléctrica Española emitió un informe en el que condicionaba el desmantelamiento de los grupos II y III de la antigua central a la puesta en funcionamiento del grupo de ciclo combinado. Pero es que, además, el día 19 de marzo, ayer, ha emitido un nuevo informe donde considera procedente el cierre del grupo III de la vieja central térmica, el más contaminante, dejando disponible el grupo número II hasta conseguir con la central de ciclo combinado el equivalente a la generación de energía conectada a la red general de la provincia.
En cuanto a los siguientes puntos de la petición, la PNL hace referencia a cuestiones medioambientales, es verdad que eso no impidió en su día el informe favorable del órgano medioambiental de la Administración autonómica y del órgano de la Administración medioambiental central y de la Comisión Nacional de Energía. Todo esto es para situarnos un poco en dónde estamos. Desde luego, la gente de Huelva, los onubenses en estos momentos seguramente no hubiésemos permitido un polo químico de esas características en uno de los lugares más emblemáticos de la provincia de Huelva, desde el punto de vista medioambiental, hay que tener en cuenta que es la desembocadura de los dos ríos de Huelva, el Tinto y el Odiel, que vienen a desembocar en el mismo punto y que se llama ría de Huelva, con unas playas de arenas blancas que históricamente los ciudadanos de la provincia, de Huelva capital fundamentalmente, utilizaban para su disfrute. No nos gusta absolutamente nada ese polo químico, pero la verdad es que está ahí.
Huelva, también para situarnos un poco en el contexto en el que se instaló ese polo químico, en los años sesenta era, como muchas capitales de Andalucía, una ciudad sin recursos económicos de ningún tipo, con una agricultura de secano y una pesca que estaba en aquellos momentos emergiendo, que al final lo que daban en la práctica era una economía de subsistencia: era una de las provincias más pobres de España dentro de la pobreza que había en aquellos momentos. El polo, por tanto, significó un alivio para esa economía porque, entre otras cosas, fijó la población impidiendo su emigración, como se daba en muchas otras ciudades y pueblos de Andalucía, y también es verdad que posibilitó un flujo de trabajadores desde las zonas más pobres de la provincia,
como era el Andévalo y la cuenca minera, que ya entonces apuntaban la grave crisis que se avecinaba.
Con todo, su ubicación produjo efectos muy perniciosos, desde el punto de vista de la salud, a la población de Huelva. La grave contaminación medioambiental provocada por las industrias del polo provocó una reacción entre la población que originó a su vez una sensibilidad entre las distintas fuerzas políticas, sociales y económicas que se asentaron en la denominada, Mesa de la descontaminación. Su trabajo y el esfuerzo de las administraciones y empresarios del polo dio como resultado un Plan corrector de vertidos y un Plan de calidad del aire que se plasmó en un acuerdo sobre recuperación de la avenida Francisco Montenegro. Esas actuaciones han posibilitado que en la ría en estos momentos se vuelva a pescar, que haya vuelto la vida, que la gente vuelva a bañarse en su playa, en la playa de siempre, en la Punta del Sebo, o que se hayan producido titulares de prensa en 2004 y 2005 del siguiente tenor: La industria de Huelva realizó en 2004 las mayores inversiones medioambientales de su historia, o Huelva recupera la primera posición en calidad del aire en Andalucía, o Los vertidos hídricos han disminuido un 14 por ciento en relación a 2003, o Con los datos disponibles de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en 2004 Huelva fue la capital andaluza con mayor porcentaje de calificaciones globales buenas o admisibles en cuanto a la calidad del aire. Esto sitúa a Huelva en primera posición, después de que en años anteriores ocupase el segundo lugar en el conjunto de las ocho principales ciudades de Andalucía y ha sido precisamente consecuencia del acuerdo entre todas las fuerzas políticas y todas las fuerzas sociales y económicas de la provincia, que invirtieron en la recuperación medioambiental.
El señor ORIA GALLOSO: Termino enseguida, señor presidente. Desde luego, se sigue trabajando, y se sigue trabajando en ese sentido. Y se han venido realizando informes como el propiciado por la Consejería de Salud, con financiación de la Unión Europea a través de los fondos Feder, titulado, Diagnóstico de la situación sanitaria del entorno de la ría de Huelva, que se ha dado a conocer hace muy poco tiempo. Los resultados, las conclusiones las tengo aquí adelante, nos vienen a decir que no existen problemas más allá de los propios de una zona de las características de Huelva, una zona de marismas, y de ninguna manera por encima de la media. En cuanto a la balsa de fosfoyeso tiene plazo de caducidad, habida cuenta de que la Administración de costas ha iniciado el proceso de recuperación de los terrenos en concesión administrativa.
En definitiva, en el polo químico de Huelva, y termino, señor presidente, trabajan en estos momentos, entre puestos de trabajo directos e inducidos, 16.500 personas. Como consecuencia de ello, la industria en Huelva es esencial para el desarrollo económico en el presente y en el futuro de la provincia. Yo creo que eso se merece un esfuerzo de los distintos portavoces de esta Comisión para intentar llegar a un acuerdo y estoy dispuesto a negociar esa enmienda que hemos presentado.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? Señor Reguera, por el Grupo Popular, tiene la palabra.
El señor REGUERA DÍAZ: Señorías, hemos analizado esta proposición no de ley y han salido puntos en los que podemos ser favorables a ella, que son los puntos número 3, 5 y 6, pero de ninguna manera estamos de acuerdo en que esa planta se cierre, entre otras cosas, porque contribuye a paliar el problema que existe en este momento, que es el exceso de contaminación, con otras plantas existentes que van a cerrarse con la puesta en marcha de la misma.
Inicialmente, nosotros votaríamos favorablemente a los puntos 3, 5 y 6; al resto, votaríamos de forma desfavorable en caso de que se mantenga la iniciativa y no se acepte la enmienda del Grupo Socialista.
- PARA IMPULSAR LA APERTURA DE UN PARADOR NACIONAL EN PAREDES DE NAVA, EN LA PROVINCIA DE PALENCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente: 161/001443.)
El señor PRESIDENTE: Dejamos para la fijación de posiciones la aceptación o no de las enmiendas.
Pasamos a la tercera proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, que dice así: Para impulsar la apertura de un parador nacional en Paredes de Nava, en la provincia de Palencia. Para defender la proposición presentada, tiene la palabra la señora Sánchez García.
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Señorías, el Grupo Popular presenta hoy a debate esta proposición para impulsar la apertura de un parador nacional en la provincia de Palencia, más concretamente en la localidad de Paredes de Nava, y lo hacemos por dos razones. La primera, el compromiso del entonces ministro de Industria, señor Montilla, que en una visita a Palencia, a petición de sus anfitriones y, concretamente del alcalde palentino que solicitó un parador, dejó en el aire esa posibilidad siempre que hubiera una edificación singular y se pusiera a disposición del ministerio dicha edificación. Por tanto, primero, un compromiso de una persona que ya no es ministro, pero entendemos que esto no ha cambiado por haber existido un compromiso de un alto responsable del Gobierno. Y la segunda, porque en contestaciones
a preguntas escritas dirigidas al Gobierno por esta diputada que les habla, el ministerio queda abierto a disponibilidad presupuestaria y al interés turístico. Es decir, antes de hacer la presentación de esta PNL, la contestación del Ministerio dice: no obstante, y a pesar de existir un parador en Cervera de Pisuerga, está dispuesto a estudiar con el mayor interés y rigor la propuesta de un nuevo establecimiento en Palencia, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria y dicha propuesta cumpla con los requisitos de interés turístico y viabilidad comercial.
Pues bien, con posterioridad a esta primera, la segunda contestación que se produce un mes después de la presentación de la PNL dice que están dispuestos a estudiar con el debido interés cualquier propuesta.
Bien, señorías, dicho esto, tengo que decirles que la localidad paredeña dispone de una serie de características capaces de crear un núcleo de actividad económica ligada al turismo en una de las zonas más afectadas por la despoblación como es la zona de Tierra de Campos. La alcaldesa de este municipio cree que la intervención de las administraciones es una pieza clave para el impulso de la villa; por ello, y con el aval de todos los grupos municipales del Ayuntamiento, toman el acuerdo de unirse a esta solicitud que el Grupo Popular plantea en esta Cámara.
La villa de Paredes de Nava es cuna de artistas de una trascendencia histórica que sobrepasa el ámbito nacional y que son del siglo XVI y XVII como pueden ser, Pedro y Alonso Berruguete, pintor y escultor, respectivamente, es cuna del poeta Jorge Manrique y es cuna de Felipe Berrojo de Isla, arquitecto del barroco castellano. Además de esto, dispone de una serie de recursos culturales y medioambientales que están revalorizando el patrimonio local, entre los que se encuentran edificios de arquitectura mudéjar. Dicha villa cuenta con unos valiosos archivos históricos y un magnífico museo de escultura y pintura, que unidos al Centro de Interpretación de Tierra de Campos, le hacen singular en toda la provincia. También quiero destacar que el canal de Castilla, obra de ingeniería del siglo XVIII, pasa por esta localidad y que las lagunas de La Nava, un humedal precioso y que está cerquita de ellos puesto que se encuentra a cinco kilómetros, en Fuentes de Nava, hace que esto deba ser tenido en cuenta en el tema medioambiental. En cuanto al capital humano, aquí hay un numeroso y magnífico plantel de diferentes oficios artesanales, como son ceramistas, anticuarios, ebanistas y artesanos del cuero, que a través de sus talleres llevan el nombre de la villa por toda la geografía española.
Señorías, hecha esta breve glosa de sus innumerables méritos como sede de esta infraestructura hotelera, hace ya algunos años, desde el ayuntamiento de la localidad y a través de la Dirección General de Turismo y Paradores Nacionales, se analizó la posibilidad de ubicar un parador en esta villa. El edificio elegido por la Dirección General de Turismo fue el convento franciscano que hoy sirve como sede al consistorio paredeño; no obstante a esta elección y si fuera necesario, tengo que poner aquí de manifiesto que el pueblo tiene catorce edificios singulares que podrían servir para el fin que hoy nos ocupa y que supondría un impulso a esta Tierra de Campos y a todo su entorno, y cuando digo entorno me refiero a su patrimonio tanto monumental como medioambiental, dos características que suele valorar a la hora de decidir el propio Ministerio y la Dirección de Turismo y Paradores.
Todas las instituciones de Castilla y León están realizando un esfuerzo en promover un turismo de calidad para el aprovechamiento económico y social de los recursos naturales y culturales de la región y, como he dicho antes, la Tierra de Campos es además una comarca que posee un gran potencial para el desarrollo de un turismo de interior, en Paredes de Nava o en su entorno geográfico, puesto que no existe ninguna infraestructura en el sector hotelero de categoría similar a la de un parador, por tanto, sería una promoción de primer orden para la zona y revalorizaría el destino turístico en el conjunto de la misma y el beneficio que esto conlleva. Tengo que decirles que las comunidades autónomas no tienen competencias en este tema, por consiguiente, si esto hubiera sido así, la verdad es que ahora no estaríamos haciendo esta proposición. El Ayuntamiento, consciente de lo que este proyecto conlleva, está dispuesto a hacer todos los esfuerzos necesarios para que esta infraestructura pueda ser un éxito.
Teniendo en cuenta que la inversión en paradores hasta el año 2008 está prevista en una cifra de 304 millones de euros, consideramos oportuno iniciar los estudios; y es oportuno a la vez que tardío y, señorías, tengo que decir que es muy tardío porque ha transcurrido más de un año desde la presentación de esta PNL hasta el día de hoy, es decir, que la estamos debatiendo casi al final de la legislatura. Por tanto, y para terminar, yo pediría a todos los grupos de esta Comisión su voto favorable, y fíjense, señorías, su voto favorable no para incrementar los presupuestos, sino para iniciar el primer paso de lo que proponemos con un único punto que es, instar al Gobierno a que los ministerios de Economía y Hacienda e Industria, Turismo y Comercio inicien los estudios en relación con las dos respuestas que nos ha dado el ministerio y en relación con el compromiso, como digo, del entonces ministro, señor Montilla. Sólo son los estudios, no hace falta que digamos que es que no hay dinero y que los presupuestos no lo contemplan; no, son los estudios, estudios y proyectos para poner en marcha antes del fin de esta legislatura un parador nacional en Paredes de Nava. Vuelvo a repetir que es tardío porque esta legislatura está ya prácticamente finalizando, y es tardío no por la responsabilidad que tengamos en haberla presentado, sino porque hace un año y pico que se ha presentado y la estamos debatiendo hoy.
Les pediría a SS.SS. que no voten en contra porque es un proyecto extraordinario, y hablando de la despoblación de las zonas, la Tierra de Campos es la más
castigada y necesitamos fijar la población dentro del ámbito de Castilla y León.
El señor PRESIDENTE: No hay ninguna enmienda presentada. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Mateos.
El señor MATEOS MARTÍN: Señorías, ruego, en primer lugar, disculpen la nasalidad de mi tono, pero es debido a las inclemencias meteorológicas que me afectan demasiado, más viniendo de un lugar cálido a un lugar tan frío como es Madrid.
En primer lugar, Paradores de Turismo constituye sin lugar a dudas una red de establecimientos o la red de establecimientos más distinguida de España gracias a una extensión por toda la geografía, incluidas Ceuta y Melilla, excepto Baleares, lo que ya está en vías de solución, y se han convertido además en un sinónimo de calidad. Paradores, además, acumula una trayectoria ciertamente ejemplar, una magnífica proyección que puede verse en los resultados, que aumentan en cada ejercicio, así como en el incremento de clientes y de facturación, también, gracias a una política firme, decidida y sensata en su proceso de expansión y de su amplia red.
Desde el año 2004, las inversiones de Paradores están en torno a los 20,5 millones de euros, y en la Comunidad Autónoma de Castilla y León las inversiones en reformas ascienden a 11 millones de euros. Simplemente como ejemplos diré que en Puebla de Sanabria se han hecho inversiones por 4,3 millones de euros, en La Granja por 5,5 millones de euros, o está previsto que se hagan en el ejercicio 2007, y en el parador de San Marcos por 2 millones. Asimismo, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha está prevista la construcción de dos nuevos paradores, uno en la población de Béjar y otro en la de Villablino.
Por todo ello, desde el Grupo Socialista entendemos, sin menospreciar la proposición no de ley que presenta el Partido Popular, y teniendo en cuenta que todo lo que se ha expuesto seguramente es cierto, que es verdad que los grupos municipales lo apoyan, que la población de Paredes de la Nava seguramente tiene las condiciones necesarias para contar con un parador, como ocurre en muchísimos más lugares de España, pero atendiendo al presupuesto y a la acción inversora que se está haciendo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, mi grupo votaría en contra de la proposición no de ley, confiando en que quizás más adelante, en otro momento, pudiese llevarse a cabo.
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Perdón, señor presidente, una matización. Yo creo que ha habido un lapsus. Ha dicho Castilla-La Mancha, cuando es Castilla y León.
- SOBRE LA RUTA DEL VINO MONTILLA-MORILES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente: 161/001614.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición número 4, sobre la ruta del vino Montilla-Moriles, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Polonio.
La señora POLONIO CONTRERAS: La proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista sobre la ruta del vino Montilla-Moriles en su exposición de motivos es bastante extensa, bastante clara y bastante minuciosa, pero sí me gustaría entrar en algunos aspectos que considero interesante destacar.
Como bien dice la exposición de motivos, desde la Secretaría General de Turismo de España se puso en marcha, en todo el ámbito de la apuesta por la calidad, un plan integral de calidad del turismo español, y entre sus programas se incluía el denominado Calidad en los productos turísticos.
En este marco, la propia Secretaría General de Turismo convocó un concurso de asistencia técnica para la realización de un estudio de definición del producto Rutas del vino, así como sus normas de autorregulación.
Hay que decir que el producto Rutas del vino de España consiste en la integración de los recursos y servicios turísticos de interés de una zona vitivinícola para construir un producto, a partir siempre de la calidad e identidad del destino, optimizando la comercialización conjunta, el nivel de satisfacción de la demanda, y el desarrollo socioeconómico integral del territorio. En este sentido, no cabe ninguna duda de que el turismo del vino impulsa el desarrollo socioeconómico integral y sostenible del territorio, generando a la vez empleo y riqueza, y, por supuesto, mejorando la calidad de la vida de la población local. Quiero igualmente destacar el valor enológico del producto del vino. Sin cultura de vino no hay ruta del vino, y sin ruta del vino no hay producto turístico. La viticultura es el eje temático de este producto, y el turista debe percibirlo durante todas las etapas de su viaje y en cualquier componente de la cadena de valor turística que constituye la ruta.
Entre las rutas que participaron inicialmente en el proyecto se encuentra la ruta Montilla-Moriles. Actualmente hay que decir que esta ruta está certificada conforme a la marca Rutas del vino de España, siendo la primera ruta de Andalucía que obtuvo dicha distinción. Además, desde el año 2006, forma parte de la oferta turística del Instituto de Turismo de España, y, por tanto, significa que se encuentra integrada en los canales de promoción, distribución y comercialización controlados por Turespaña, diferenciándose así de otras ofertas de turismo enológico y gastronómico existentes en España.
La ruta del vino Montilla-Moriles, tal y como está diseñada, es una clara apuesta por la calidad en el sector
del vino, y pasa por la mejora de los productos que se están ofertando, por detectar nuevas necesidades demandadas por los turistas, así como por el establecimiento de mecanismos de control que permitan optimizar estos recursos con los que contamos. Por otro lado, desde julio de 2005, se aprobó por la mesa de directores generales de turismo el Plan de dinamización del producto turístico Ruta del vino Montilla-Moriles, un plan que en diciembre de ese mismo año fue ratificado en una conferencia sectorial de turismo. Este plan constituye una gran apuesta por parte de los ayuntamientos que componen la ruta, y que están organizados a través del Consorcio Ruta del Vino Montilla-Moriles, además de ser una gran apuesta también de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, y también del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, mediante la Secretaría General de Turismo. Como digo, el 13 de diciembre de 2005 este plan de dinamización consiguió la certificación, y la ratificación estatal supone que el Ejecutivo socialista se ha comprometido a aportar el 33 por ciento, es decir, 1.051.667 euros, de los 3,15 millones de euros con que cuenta el presupuesto final del proyecto.
Quiero destacar que la ruta transcurre por el sur de la provincia de Córdoba, en la campiña, y atraviesa los nueve municipios que conforman el eje vertebral de la ruta, y cuyos ayuntamientos se encuentran muy involucrados en el proyecto. Córdoba, Montilla, Montemayor, Moriles, Aguilar de la Frontera, Lucena, La Rambla, Fernán Núñez y Puente Genil son en concreto los municipios que conforman el Consorcio de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, y que apuestan firmemente por este proyecto.
No puedo terminar mi intervención sin decir, como cordobesa, y en concreto como ciudadana de la campiña sur cordobesa y del municipio de Montilla, que esta comarca de la campiña sur es la cuna del vino fino, de reconocido prestigio. Es el producto por excelencia de una zona vitivinícola cuyos caldos han sido destacados con la distinción denominación de origen, toda una garantía de calidad. Además de un sello de identidad inconfundible de la cultura y de las tradiciones de la región, estos vinos han despertado el interés de mucha gente, porque el vino es un producto singular que atrae por sí mismo, pero, además, muchos turistas que llegan a esta región se muestran interesados en conocer todo su proceso de producción.
Dentro de la oferta turística de esta zona está prevista la puesta en marcha de un museo temático andaluz del vino, que estará emplazado en el edificio principal -llamado del alhorí- del Castillo de Montilla, lugar de nacimiento de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán. Por ello, y por toda la intervención que he hecho anteriormente, por esa importancia de ese plan de dinamización, y por esa apuesta importante de todas las administraciones, de todos los ayuntamientos de esta comarca, también de la Junta de Andalucía, y sobre todo en el caso que nos ocupa, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, sería muy interesante -y eso es lo que demandamos en esta proposición no de ley- una actuación concreta por parte del Ministerio respecto de dicho museo, previsto dentro del marco de este plan de dinamización; una actuación que estaría dirigida al enriquecimiento de contenidos o al acondicionamiento de la sala del museo, favoreciendo así el desarrollo y dinamización del mismo.
Pero también sería interesante, para la mayor optimización de los recursos, la creación de un observatorio turístico de esta ruta, una actuación prevista en un principio en este plan de dinamización, y que estaría destinada a la determinación de las necesidades del sector turístico presentes y futuras, y entre sus objetivos, por concretar, estaría el conocimiento exhaustivo de la realidad del territorio y de la evolución y los resultados de las acciones y programas turísticos implantados en la ruta.
Entendemos desde el Grupo Parlamentario Socialista que son dos actuaciones muy importantes como colofón de todo ese plan que se ha puesto en marcha, que, como digo, es una apuesta muy importante de toda la zona, de la Junta de Andalucía y también -con la certificación de la ruta y con la firma del plan de dinamización- obviamente, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Quiero terminar diciendo, si me lo permite la Presidencia, que para mí ha sido un honor haber podido tratar este tema tan importante para la zona de Montilla-Moriles en esta Comisión del Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Caracuel.
La señora CARACUEL DEL OLMO: Señorías, yo empiezo mi intervención dando las gracias a mi grupo por haberme dejado intervenir en esta proposición no de ley, y darme la oportunidad de poder hablar del desarrollo económico integral y sostenible de mi tierra. Estoy convencida de que precisamente este producto actúa en pro y en beneficio del turismo, generando empleo y también riqueza para nuestra tierra. Por lo tanto, estoy convencida de que con ello se mejora la calidad de vida de nuestra población.
Esta proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista la considero acertada, pero desde luego no la considero novedosa, ya que cuando hablamos del castillo, vemos que es continuidad de las políticas llevadas a cabo por el Partido Popular, dado que fue precisamente con los gobiernos de José María Aznar cuando surgió de donde arrancó este proyecto. No me queda más remedio que recordar los proyectos llevados a cabo por el PER, de limpieza y de desbroce del recinto del castillo, así como que, en el año 1999 se concedió por parte del Gobierno al Ayuntamiento de Montilla un plan
piloto de empleo para las obras de consolidación del edificio, la excavación y la catalogación de los restos arqueológicos del castillo.
Asimismo, también en el año 2003, a través de la resolución de la Comisión Mixta de los Ministerios de Fomento y de Cultura, que eran los encargados de la selección y aprobación de los proyectos, se aprobó una cantidad de 2,4 millones de euros para dicho proyecto.
Por lo tanto, me parece bien -ya lo he dicho- esta proposición no de ley, y me parece bien también que se continúe con las políticas del Partido Popular, aunque algunas veces todo esto choca con las intenciones reveladas por alguna ministra del equipo de Zapatero, como la ministra de Sanidad, declaraciones e intenciones que tanto daño han hecho al sector de la hostelería y del turismo, ya que el vino es un producto ligado a nuestra cultura, y sin poder promocionarlo, sin esa promoción, perderían tanto los productores como otros sectores afectados en nuestra tierra. Y qué decir de la ministra de Cultura, de la señora Carmen Calvo, que siendo consejera de la Junta de Andalucía reclamaba al Gobierno de Aznar una serie de cuestiones que ella misma estaba incumpliendo desde la Junta de Andalucía, y hoy día la ministra de Cultura, también de nuestra tierra, mira para otro lado.
Pero, señorías, aun pasando por alto todo esto, vuelvo a decir que estoy de acuerdo con el fondo, por lo que vamos a apoyar dicha proposición; sin embargo, no tengo más remedio que decir que, leída la proposición no de ley, a mí personalmente me llega a confundir, ya que observo en ella una descoordinación que a mí me crea incertidumbre, cosa muy distinta a lo que yo creo que un gobierno debe de crear, que sería todo lo contrario. Y digo esto, señorías, porque esta proposición no de ley, que fue presentada el 28 de marzo de 2006 -hoy estamos a 20 de marzo de 2007- se tendría que haber retirado por el Partido Socialista ya que -y sin tener en cuenta lo hecho, como ya he expuesto, por los gobiernos del Partido Popular- durante este año, es decir, desde el 28 de marzo de 2006 al 20 de marzo de 2007, se ha firmado un convenio por parte del Gobierno de Zapatero con el Ayuntamiento de Montilla, que se aprobó por unanimidad en un pleno extraordinario celebrado el 5 de diciembre de 2006, es decir, fecha posterior al 28 de marzo de 2006 en que se presenta esta proposición no de ley. Por este convenio se financia la primera fase de la restauración del Castillo de Montilla, presupuestado en 800.000 euros, de los cuales el ministerio aportaría el 75 por ciento, y el resto, el Ayuntamiento de Montilla.
Por otra parte, el 21 de julio de 2006 -también fecha posterior a la presentación de la PNL- el Consejo de Ministros aprueba más de un millón de euros para un plan de dinamización del producto turístico Ruta del vino Montilla-Moriles (Runores.); posteriormente, el 29 de diciembre de 2006 -también después de la presentación de la PNL- aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado el convenio de colaboración entre el Ministerio...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Caracuel. Les ruego a los señores diputados que guarden silencio, y a la señora Caracuel que vaya terminando, señoría, porque es un turno de fijación de posiciones y lo ha rebasado ampliamente.
La señora CARACUEL DEL OLMO: Termino, señor presidente.
Señorías, tengo que ir terminando, como me ha dicho el presidente, pero he de decir que estoy de acuerdo totalmente con la proposición no de ley, aunque dudo muy mucho de la intención de la misma en estos momentos, como ya he expresado; no sé si será por oportunismo político, dado que las elecciones municipales están muy próximas, o por qué.
No obstante, señorías, me gustaría añadir a esta proposición no de ley una enmienda in voce donde se le inste al Gobierno a que elabore un informe donde veamos toda la aportación que el Gobierno ha podido hacer en este tiempo. Yo, señorías, sé que el grupo proponente no me lo va a aceptar, no obstante, yo sí apoyo la proposición no de ley, porque ellos sabrán las razones que tendrán para haberla expuesto, y para mi tierra todo lo que es bueno no sobra; por lo tanto, bienvenida sea. (La señora Polonio Contreras pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Hemos quedado al principio que se decidirá sobre las propuestas en el momento de la votación, pero si el Grupo Socialista quiere intervenir en este momento, no hay ningún inconveniente. Tiene la palabra la señora Polonio.
La señora POLONIO CONTRERAS: Sí, preferimos hacer uso ahora del turno para aceptar o rechazar la enmienda.
En principio, me sorprende bastante que por un lado se diga que se apoya esta propuesta pero que en definitiva pidan su retirada. Nosotros la vamos a mantener porque el objetivo sigue vigente, y el objetivo no es ni más ni menos que realizar una actuación muy concreta y muy puntual, como se pide en la proposición no de ley, en torno a esa dinamización y a esa promoción del vino. Por lo tanto, la vamos a...
El señor PRESIDENTE: Un segundo. Este turno es para decir si acepta o no la enmienda.
La señora POLONIO CONTRERAS: Sí, a continuación pensaba decirlo. No vamos a aceptar la enmienda puesto que creemos que se aleja mucho del contenido concreto de esta PNL, que lo que pide es una actuación, y ellos lo que piden es un informe, que tiene cabida a través de otros cauces y trámites parlamentarios.
RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL PLAN MINER II EN LAS MINAS DE ENDESA GENERACIÓN, DE AS PONTES, Y LIMEISA, DE CERCEDA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001951.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la quinta proposición no de ley, relativa a la aplicación del Plan Miner II en las minas de Endesa Generación, de As Pontes, y Limeisa, de Cerceda, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra para su defensa el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Galicia se encuentra con un grave problema, porque sus minas de lignitos pardos van a ser cerradas el 31 de diciembre del año en curso. (Rumores.)
En general, en relación con el Estado español, el Plan Miner II contempla la posibilidad de incorporar a 1.700 trabajadores de las empresas auxiliares en la empresa principal y 520 recolocaciones...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Rodríguez. Señorías, esta sala tiene una acústica por la que se oye todo en cualquier sitio; yo rogaría que lo tuvieran en cuenta, porque incluso hablando bajito se oye; si tienen que hablar por teléfono o hablar entre sus señorías, les ruego salgan fuera, porque si no es imposible que los taquígrafos tomen las notas correctamente. Continúe, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Decía que existen unos compromisos por el Plan Miner II de carácter general que contemplan la incorporación de 1.700 trabajadores a las empresas principales y 520 recolocaciones en nuevos proyectos industriales, y son unas cifras de carácter general.
En el caso particular de Galicia, hasta ahora conocemos unos acuerdos entre los sindicatos de ámbito estatal y las empresas, en concreto.
Endesa y Fenosa, que no acaban de clarificar el futuro precisamente de los trabajadores sobrantes por el cierre de la minería de lignito pardo.
En particular Unión Fenosa es el caso más alarmante, porque no contempla para nada ninguna solución dentro de lo que es la perspectiva o el amparo general que se da de 1.700 incorporaciones y 500 recolocaciones para el conjunto del Estado español; y en el caso de Endesa existe un acuerdo, del 4 de agosto de 2006, por el cual se contemplan 80 incorporaciones y 50 nuevos puestos de trabajo. Por lo tanto, las empresas auxiliares en el caso de los lignitos pardos, que es el caso de Galicia, no son tratadas de una forma ecuánime, y además son tratadas con disparidad de criterios porque en un caso no hay nada en el acuerdo con los sindicatos, caso de Unión Fenosa, y en el otro, como vimos, hay solamente un aspecto parcial que dista mucho de cubrir todas las necesidades.
Debemos de tener en cuenta que las explotaciones del lignito pardo, que inicialmente fueron apartadas y no contempladas en el Plan Miner I, fueron después en cierta manera acogidas, a través de muchas presiones políticas y movilizaciones de carácter popular, puesto que no se acababa de entender cómo prácticamente más del 20 por ciento de la producción del carbón del Estado español quedaba precisamente excluida de sus procesos de reestructuración, sobre todo cuando la principal fuente de energía eléctrica, que se produjo a través de la explotación de carbón, fue precisamente la que producía sobre todo la central térmica de Endesa, en As Pontes, y en menor medida la central térmica de Unión Fenosa, en Cerceda. En definitiva, contribuimos al desarrollo económico del Estado español durante muchos años, y, francamente, se crearía un gravísimo problema socioeconómico si ahora tanto las empresas como el Gobierno no posibilitasen un tejido alternativo complementario, y también una política social acorde precisamente con las necesidades de los trabajadores.
Ante esta situación tan problemática, hubo ya un acuerdo del Parlamento de Galicia que consistió en pedirle al Gobierno gallego, y por lo tanto también al Gobierno del Estado, que se defendiese un criterio igual para Galicia que para el conjunto de la minería del carbón en cuanto a incorporaciones -4 por cada 9 bajas- y la prioridad para los proyectos industriales de Galicia con nuevas industrias para recolocación de los excedentes mineros.
Debe tenerse en cuenta, como dije antes, que el hueco que nos hicimos en el Plan del Carbón, primero, en 1998, fue totalmente marginal y claramente discriminatorio, que en lo que tiene que ver con inversiones dedicadas a infraestructuras o a industrias y formación fue paliado desde luego de una manera notoria, en las relaciones del Gobierno bipartito de Galicia con el Ministerio de Industria. Pero en este momento nos quedan precisamente por cubrir estos aspectos sociales a los que estoy haciendo alusión, por eso sería fundamental que, por ejemplo, en cuanto a las prejubilaciones, se contemplase esa posibilidad de ayudas oficiales a los trabajadores de empresas auxiliares que tuviesen 52 años, ocho de coeficiente reductor, y los tres últimos en la empresa principal; pero para eso hay que posibilitar la incorporación a esta empresa principal, de tal manera que se puedan ir acomodando los cuadros de personal precisamente a su reducción de una manera progresiva, y sin que nadie quedase fuera del amparo de esta medida prejubiladora; y en el caso de los sobrantes que tuviesen que ir a recolocaciones, posibilitarlas a través de nuevo tejido industrial alternativo.
Por lo tanto, se trata de no olvidar las subcontratas, las compañías auxiliares, en las que muchos trabajadores de ellas llevan más de veinte o treinta años de actividad en la mina. Por eso hemos presentado esta proposición no de ley, y solamente quiero decir que ya hemos llegado a un acuerdo transaccional entre las enmiendas del Partido Socialista y las enmiendas presentadas a nuestra
iniciativa por el Partido Popular. Quedaría en concreto un primer punto, que diría: Mantener criterios en relación con las prejubilaciones del personal de compañías auxiliares pertenecientes a minas de lignito pardo que permitan su incorporación a las empresas principales, siempre que reúnan los requisitos para su prejubilación, al amparo del Plan del Carbón 2006-2012, y a través de acuerdos con los sindicatos. Y el segundo punto sería el relativo a la enmienda presentada por el Partido Popular, que reproduce el acuerdo de los sindicatos con la Consellería de Industria del Gobierno gallego, y que dice:dado que las minas gallegas de lignito pardo terminan su explotación extractiva el 31 de diciembre de 2007, se dé prioridad a los proyectos empresariales presentados por Galicia, aprobando ayudas, en su máxima intensidad, establecidas en el plan para todos los proyectos que cumplan los requisitos, y así facilitar la instalación de nuevas industrias que posibiliten la recolocación de los excedentes mineros.
Esperamos señorías, que hoy haya también un acuerdo unánime en este sentido al que me he referido, y que continúe -para bien de los trabajadores, por lo tanto, en un aspecto social fundamental- un acuerdo ya iniciado en el Parlamento de Galicia.
El señor PRESIDENTE: Hay dos enmiendas presentadas a esta proposición no de ley, una del Grupo Popular y otra del Grupo Socialista. Para defender la enmienda presentada por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Nuestro grupo parlamentario ve con interés el que se debata en esta Comisión de Industria la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto relativa a la aplicación del Plan Miner II en las minas de Endesa y de Limeisa, en las localidades de As Pontes y Cerceda, respectivamente.
Señorías, la circunstancia de que todas las minas gallegas tienen que cerrar sus puertas el 31 de diciembre del año 2007 -lo cual no sucede en ninguna comunidad autónoma con esta intensidad- va a obligar a cerrar a todas las industrias gallegas en una fecha muy reciente, con la problemática que se plantea para las empresas auxiliares. Aquí no vamos a poder hablar de excedentes, sino que vamos a tener que hablar, lamentablemente, de despidos globales, de cuadros de personal enteros despedidos. Es por lo que en la Comunidad Autónoma, y en el seno de su Parlamento autonómico, se aprobó en el mes de junio del año 2006 una iniciativa, una proposición no de ley, votada unánimemente por todos los grupos parlamentarios, que es justamente el texto que hemos trasladado, vía enmienda, a esta proposición no de ley.
En definitiva, nuestro grupo parlamentario quiere que el Gobierno, ante el cierre de las minas gallegas de lignito pardo de As Pontes y Cerceda, dé una salida no traumática para los trabajadores y trabajadoras de las empresas auxiliares, y planteábamos en este texto dos alternativas complementarias. Celebramos que el señor Rodríguez, portavoz del Grupo Mixto, acepte íntegramente el punto segundo de nuestra enmienda, que responde, como dije antes, también a un acuerdo parlamentario tomado en Galicia. Y por lo que se refiere al primer punto, el texto que plantea como alternativa, el texto transaccionado nos parece un criterio correcto, en la medida en que mantiene con relación a las prejubilaciones de las compañías auxiliares una serie de criterios que nosotros compartimos. De modo que nuestra posición va a ser a favor de este acuerdo, a favor por lo tanto de las comarcas mineras de As Pontes y de Cerceda.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Carro.
El señor CARRO GARROTE: En efecto, tratamos hoy la situación de los trabajadores de las compañías auxiliares afectados por el Plan del Carbón, y es necesario reconocer que el Plan del Carbón 2006-2012 supone para Galicia un avance muy importante en relación al Plan del Carbón anterior, simplemente teniendo en cuenta un dato: con una pérdida de empleo muy inferior a la del plan anterior, casi diez veces menos en pérdida de puestos de trabajo, sin embargo los recursos del Plan del Carbón 2006-2012 más que duplican los del plan anterior, con lo cual esperamos que lo que ya fue una experiencia positiva de la aplicación de los fondos del Plan del Carbón en las localidades de As Pontes y Cerceda y ayuntamientos mineros colindantes, suponga también una oportunidad de relanzamiento de la actividad económica en el período 2006-2012 de aplicación de este Plan del Carbón.
Pero, dicho esto, es cierto que más allá del tratamiento de los trabajadores de las empresas principales, existen una serie de compañías auxiliares con trabajadores que, al cierre de la mina, se verán afectados por la eliminación o la pérdida de una actividad, algunas de forma inmediata, el 31 de diciembre de 2007, otras más tarde, debido al proceso de estancamiento y de cierre de la mina, pero, en todo caso, se va a producir en los próximos años una pérdida de empleo en estas empresas. Es por eso que ya el Plan del Carbón anterior estableció unos criterios mediante los cuales, en determinadas situaciones, aquellos trabajadores que habían estado de una forma continuada trabajando en el sector pudieran acceder indirectamente a las prejubilaciones a través de su incorporación a las empresas principales.
Compartimos el fondo de la proposición no de ley que hace el BNG, sin embargo, no podíamos compartir la forma en que estaban redactados esos dos puntos, en concreto el punto primero. Tal como aparece redactado, parece como si instara al Gobierno a que ejecutara, en primera persona, la incorporación de estas personas de compañías auxiliares a las empresas principales Limeisa y Endesa Generación, cuestión ésta que, obviamente, resultaría bastante extraño que fuera instada por este Congreso de los Diputados. En segundo lugar, el segundo
punto hablaba de poner en marcha un plan de recolocaciones, que tampoco parece muy operativo o muy lógico -cuando el Plan del Carbón tiene sus propios mecanismos de seguimiento y de aplicación de las medidas que se van adoptando- que se iniciara ahora, dentro del plan, un nuevo plan de recolocaciones; cuando menos la terminología no era la adecuada.
Por ello entendemos que el texto que hemos propuesto para transaccionar el punto primero es más adecuado. Hablamos de mantener los criterios -nos referimos a los criterios del plan anterior- en relación a las prejubilaciones del personal de compañías auxiliares pertenecientes a las minas de lignito pardo, que permitan su incorporación a las empresas principales, siempre que reúnan los requisitos para su prejubilación, tal como decía anteriormente, y al amparo del Plan del Carbón 2006-2012, lo que significa al amparo también de sus procedimientos y de los mecanismos de la Comisión de Seguimiento, y a través de acuerdos con los sindicatos, porque es así, a través de acuerdos entre los sindicatos y las empresas principales, como se instrumentaliza este procedimiento.
En relación a la enmienda presentada por el Partido Popular, teniendo en cuenta que el punto segundo especialmente -porque el primero quedaría dentro de este texto transaccionado- plantea un texto que es idéntico al texto aprobado en el Parlamento gallego, y teniendo en cuenta también que las asignaciones o la distribución de los fondos del Plan del Carbón están territorializadas desde el inicio y, por lo tanto, cuando hablamos de priorizar los proyectos empresariales presentados en Galicia, hablamos tanto de una acción de la propia gestión del plan conjunta como de la propia gestión de la Comunidad Autónoma a la hora de tramitar y proponer las actuaciones dentro de los recursos que han sido asignados a Galicia en el Plan del Carbón.
Por lo tanto, nos parece que es un texto aceptable, que está en concordancia con lo que el propio plan establece, y, por lo tanto, proponemos una transacción final, que espero que sea unánime, con el punto primero, que pasaremos ahora a la Mesa, y con el punto segundo de la enmienda del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: ¿Fijación de posiciones? Veo que no hay ningún grupo.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001967.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto, sobre regulación de la legislación de las aguas minerales y termales, que es una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra para su defensa el señor Mas.
El señor MAS I ESTELA: Señorías, no es nueva la preocupación de esta Comisión por los temas del termalismo, por los temas de la economía ligada al tratamiento termal, toda vez que es un sector en crecimiento, y ha sido una preocupación del sector en los últimos años su falta de regulación concreta, ya que es una regulación dispersa, confusa, antigua.
La pretensión del Grupo Socialista no es más que la de instar al Gobierno a ordenar esta situación y a regularla de cara al futuro para poder desarrollar convenientemente un sector que, desde un punto de vista económico, tiene su importancia, especialmente desde el punto de vista del crecimiento o de las posibilidades de crecimiento del sector turístico.
El termalismo, en un sentido amplio, se ha convertido en España en un sector económico, dentro del sector turístico, de primera magnitud, con crecimientos superiores al 15 por ciento anual, con un gran valor añadido. Estamos hablando de un sector no estacional, estamos hablando de un sector que recoge a todo tipo de posibles receptores de esta actividad. Esto contribuye a que sea por sí mismo un importante yacimiento de empleo, y, dado que las instalaciones termales están generalmente situadas en municipios pequeños, es un crecimiento de empleo de un impacto relevante en el medio rural. Hay que añadir al termalismo cosas como la talasoterapia, el uso del agua del mar para terapia, o hemos de tener en cuenta el desarrollo de los spa, que en algunas clasificaciones de la prensa anglosajona alcanzan más de 40 categorías distintas, y son muchos los hoteles que vemos en estos momentos que ofrecen estos servicios para ampliar el valor añadido de lo que proponen.
La necesidad de afrontar una profunda reforma de la regulación de aguas minerales y termales ha sido una demanda constante y prioritaria del sector para garantizar su desarrollo económico, y como ya he reiterado antes o reitero ahora, para garantizar el desarrollo económico de los municipios donde se ubican los mismos, que suelen ser municipios de interior y de pequeñas dimensiones. Actualmente, tanto desde el sector como desde las administraciones, también se apuesta de forma firme y sólida por la calidad total del producto ofrecido, como distintivo de nuestros competidores más cercanos. Todo ello exige que haya que poner al día la regulación de las aguas minerales y termales. Hoy es dispersa, compleja y caótica, puesto que su dominio está regulado por la Ley de Aguas y el aprovechamiento de los recursos lo está por la Ley de Minas, Ley de Minas anterior a la Constitución.
Para permitir el desarrollo de este sector, pues, creemos que es necesario crear una normativa específica que permita unificar la protección de los recursos naturales, que el abuso en su utilización no sea pernicioso para el sector y, al mismo tiempo, que posibilite el desarrollo económico y social de las zonas afectadas. Por tanto, la proposición no de ley es muy sencilla: indica solamente que el Congreso insta al Gobierno a estudiar la posible modificación de la normativa vigente sobre aguas minerales y termales, y, en su caso, el posterior
desarrollo de una legislación adecuada. Como ven, señorías, no se trata de decidir exactamente qué es lo que se pretende hacer con este sector, sino de instar al Gobierno a que modifique, si es necesario, la normativa vigente y desarrolle la legislación adecuada.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señorías, ciertamente, como decía nuestro querido compañero Manuel Mas, esta Comisión ha sido siempre sensible a los temas del turismo termal, del termalismo, y se ha puesto de manifiesto, sobre todo en los debates presupuestarios, incluso con visitas de esta Comisión allí donde se hablaba de este importantísimo sector.
Nosotros hemos presentado una enmienda justamente a la parte dispositiva de esta proposición no de ley porque entendemos que es necesario clarificar los principios fundamentales con arreglo a los cuales ha de realizarse un estudio de la normativa vigente sobre aguas minerales y termales. No compartimos en su integridad la afirmación de que estemos ante una legislación caótica, anquilosada o anticuada. Admitimos que, efectivamente, hay algunas normas de una antigüedad en el tiempo importante, pero no por ello sus fundamentos han de decaer simplemente por eso, porque hunden sus raíces en la corrientes jurídicas más importantes del orden jurídico en el que se mueve el Estado español.
Pero lo que nos ha llamado a preocupación, señor presidente, ha sido un borrador de anteproyecto que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio puso en circulación entre el sector, en el que se planteaban cuestiones como la demanialización de las aguas minerales y termales, que nosotros entendemos que no tiene fundamento en casos de utilidad pública y de interés social porque establece un canon de aprovechamiento de las aguas minerales que carece del apoyo de una memoria económica y financiera, porque tampoco se basa en los principios de ordenación del sistema tributario o también porque, desde nuestro punto de vista, no contempla adecuadamente los derechos de las propiedades privadas preexistentes. Nos parece que ese anteproyecto, ese borrador que por ahí anda circulando no respeta los principios constitucionales de propiedad privada y de libertad de empresa, y por eso, si de alguna manera desde la Comisión entendemos que procede instar al Gobierno a estudiar una posible modificación de la normativa vigente sobre las aguas minerales y termales, debemos de afirmar, en primer lugar, que este estudio ha de realizarse con audiencia del sector y, en segundo lugar, que la legislación, la regulación, la normativa que se estudie debe respetar en todo caso los derechos constitucionales de la propiedad privada y de la libertad de empresa.
Se trata, por lo tanto, de aunar los derechos de los propietarios, de las personas que están aprovechando estos recursos, y que han realizado importantes inversiones en los balnearios. Se trata también de impulsar el desarrollo de los municipios en los que se ubican estas instalaciones termales, estos balnearios. Como bien decía el señor Mas, normalmente suelen ser municipios pequeños y de interior que necesitan de un fuerte impulso. Se trata también de que en este estudio se aborde la diferenciación de los distintos productos que hoy hay en el mercado, porque es necesario deslindar lo que es un balneario de lo que es un spa o de lo que es un centro de talasoterapia.
Hoy se están empleando terminologías equívocas, se habla de los spa como balnearios. Un spa es un establecimiento de salud que ofrece tratamientos, terapias o sistemas de relajación, utilizando como base principal el agua, pero no nos olvidemos de que es agua común de la traída, tratada con aditivos, mientras que cuando estamos refiriéndonos a balnearios hablamos de establecimientos que están dotados de medios adecuados, que utilizan aguas mineromedicinales declaradas de utilidad pública, con fines terapéuticos y preventivos, y, por lo tanto, tienen una consideración de establecimientos sanitarios. Y como bien decía el señor Mas también, la talasoterapia es un medio terapéutico que utiliza el agua del mar, las algas, el barro y otras substancias que se extraen del mar.
Por lo tanto, realidades distintas, ámbitos regulatorios muy especiales, derechos de propiedad, concesiones administrativas, competencias estatales, competencias autonómicas, bien merece que aprobemos una iniciativa, pero que incluya estas cautelas y que, por supuesto, cuente con la anuencia, con la audiencia del sector, al que queremos por otra parte beneficiar. En este sentido, si nuestra enmienda fuese aceptada, no tendríamos ningún inconveniente en apoyar esta interesante iniciativa.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? Tiene la palabra, por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro grupo querría manifestar su posición respecto a la proposición no de ley del Partido Socialista sobre la regulación de la legislación de las aguas minerales y termales. Desde nuestro punto de vista, el fondo de la proposición no de ley que nos trae el grupo que da apoyo al Gobierno es un globo sonda que muy recientemente ya tuvimos la posibilidad de poder conocer, al menos este grupo parlamentario, ya que llegó a nuestro poder un anteproyecto de ley que planteaba llevar a las Cortes el Grupo Parlamentario Socialista. El interés del Gobierno de modificar la vigente regulación de aguas minerales y termales, revertiendo la propiedad al Estado, con concesiones de 60 años y el pago de los correspondientes impuestos a los ayuntamientos por parte de los actuales propietarios, consideramos que esta intención, que la definiríamos como malévola desde nuestro punto de vista, es una intención que existe, que subsiste en este anteproyecto
que ha caído en nuestras manos, y, por lo tanto, nosotros consideramos que ésta no deja de ser una expropiación forzosa de medios privados o de activos privados al servicio de la economía productiva que no llegamos a entender ni a considerar, dentro de la perspectiva global del siglo XXI.
Por lo tanto, nos parece un tanto pueril que, como se desprende de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, se pretenda realizar esa operación, en atención a una regulación dispersa, compleja y caótica, creando una normativa que permita unificar la protección de los recursos naturales con el desarrollo económico y social de las zonas afectadas.
Como es natural, ante este anteproyecto -ya que, cuando el río suena, agua lleva- la reacción del sector no se ha hecho esperar. Para las empresas afectadas -y nosotros estamos totalmente de acuerdo con sus manifestaciones- es un atropello y un despropósito político, caso de que se llegara a consumar, así como jurídico, que vulnera, desde nuestro punto de vista, los derechos de un sector industrial que mueve más de 1.000 millones de euros anuales en España. Quizás al Gobierno esta cantidad le pueda parecer insignificante, si la comparamos con los grandes datos económicos, interesantes desde nuestra perspectiva económica, pero nosotros le damos una gran importancia. Es un sector al que esta Comisión y el Gobierno, en los diferentes gobiernos que se han sucedido a lo largo de estas últimas legislaturas, le han prestado una atención, relevante, y pensamos que tendría que continuar en la misma dirección.
Desde el punto de vista del Ministerio de Industria, promotor de esta propuesta, se trata simplemente de clarificar la propiedad de este tipo de aguas y de que las empresas que las explotan paguen un canon por el uso de un bien público, a través de una expropiación forzosa que nosotros ya les podemos decir de antemano consideramos no acorde con el siglo XXI, y con el modelo económico que está defendiendo en estos momentos también el Partido Socialista.
Estos datos y consideraciones creemos que no son baladíes, pero creo que el Estado no los considera así; entonces, ¿qué razones mueven al Gobierno a impulsar lo que algunos llaman una nacionalización o una expropiación forzosa de los medios de producción? Es difícil responder a esta pregunta, pero creemos que la respuesta no se halla, como dice la proposición no de ley, en una regulación dispersa, compleja y caótica.
Ésta es una proposición envolvente, con buenas maneras, pero que en el fondo y en el trasfondo, según hemos podido constatar, leer y documentar, contiene una expropiación forzosa de los medios de producción, concretamente de las empresas que se dedican a las aguas termales. Desde nuestro punto de vista, no es necesario incautarse de una propiedad por una mala regulación; si la regulación no es correcta, modifiquémosla. Por otra parte, parece que el objetivo del Gobierno es incautar, expropiar unos bienes sin un justiprecio.
Solamente quiero manifestar que en Cataluña existen más de 15 estaciones termales, que han elevado anualmente el número de visitantes que reciben, y con una tradición importante en la cultura catalana, y esto también lo haríamos extensivo a muchísimas más estaciones termales que existen en el resto de España, en el resto de comunidades autónomas, y, por lo tanto, nosotros pensamos que en estos momentos estos centros han hecho importantes esfuerzos en modernizarse, ofreciendo servicios con alto valor añadido, y no queremos darles la espalda a través de una legislación que, repito, esconde algunos tics de expropiaciones forzosas que no son acordes a los tiempos que estamos viviendo.
Por simple justicia, yo diría que en caso de que no aceptaran la enmienda que ha presentado el Partido Popular, en la cual queda perfectamente claro que no se puede llegar a una expropiación forzosa de los medios de producción, nosotros votaríamos en contra de esta proposición no de ley.
(Pide la palabra el señor Mas.)
El señor PRESIDENTE: No, señoría; al final. Hemos dicho que la aceptación o no de las enmiendas la haríamos al final. Si usted quiere hacerla ahora, la hacemos ahora, da igual. No hay más posicionamiento de grupos porque no hay más grupos presentes, por eso no he preguntado; hay tres grupos y los tres han intervenido.
- RELATIVA AL IMPULSO POR PARTE DEL GOBIERNO DE UNA LEY DE CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 161/002053.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición séptima, relativa al impulso por parte del Gobierno de una ley de contratos de distribución. Tiene la palabra el grupo proponente, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Efectivamente, el Grupo Parlamentario Catalán ha presentado esta proposición no de ley que hace referencia al impulso por parte del Gobierno de una ley de contratos de distribución. También quiero manifestar en este sentido que, al mismo tiempo que hemos presentado esta iniciativa, se ha presentado otra iniciativa legislativa, a iniciativa popular -el pasado 6 de marzo se ha presentado en el Congreso de los Diputados- que acordó admitirla a trámite, para que se pudiera tener en consideración una proposición de ley de contratos de distribución, iniciando el procedimiento previsto en la Ley orgánica 3/1984, de 26 de marzo, de regulación de la iniciativa legislativa popular. Es evidente por ello que el sector está reclamando una regulación que actualmente no existe, y por este motivo nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, a
instancias de unas reclamaciones sectoriales que en estos momentos está promoviendo Faconauto concretamente, que es la asociación de distribuidores de vehículos de todas las marcas que están implantadas en el Estado español, ha recogido estos sentimientos, estas reivindicaciones, estos planteamientos para poder plantear esta proposición no de ley en el Congreso de los Diputados.
¿Por qué? Primero, en base a estas reivindicaciones de la federación de distribuidores de automóviles de todas las marcas en España. En segundo lugar, también por la importancia que tiene el sector de la distribución.
Recogiendo una serie de datos estadísticos, podríamos observar que la distribución en España representa actualmente el 27 por ciento del producto interior bruto español, aproximadamente 600.000 millones de euros; que está integrada por un tejido empresarial de más de 825.000 empresas, de las que más del 95 por ciento son pequeñas y medianas empresas; que las empresas de estos sectores ocupan de forma directa aproximadamente a 3.250.000 personas y de este número el 90 por ciento se concentra básicamente en pequeñas y medianas empresas; y también hay que manifestar que este sector se encuentra ampliamente diversificado, tanto por su volumen como por sus productos, desde la distribución de productos alimentarios, publicaciones, libros, textil, vehículos, calzado, hogar hasta la distribución de mayoristas, minoristas, grandes, pequeñas y medianas superficies. Es un sector, repito, muy amplio, pero nos gustaría que esta proposición no de ley se circunscribiera básicamente a un sector muy específico, que ha sido el motivo de nuestra iniciativa, como es el de la distribución de automóviles en toda España. Probablemente existan algunos sectores que, como éste, planteen las mismas reivindicaciones, pero básicamente nuestra orientación va dirigida en esta dirección.
Por otro lado, insistimos en que existe una necesidad evidente de regulación. La inexistencia de una regulación en este ámbito interno provoca que en el modelo de distribución comercial podamos encontrar, pero específicamente en el de distribución de marcas automovilísticas de todo el Estado español, en numerosos casos posiciones de fuerte desequilibrio entre los diferentes operadores. En algunos casos, la posición de fuerza se mantiene por parte de proveedor, pero en otras es el distribuidor el que dispone de un poder suficiente para imponer condiciones que, desde una perspectiva de libertad de mercado, se hace difícil justificar. Es en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas comerciales en el que, por su dimensión, estas circunstancias pueden ser especialmente negativas, con el fin de propiciar su continuidad y su supervivencia.
Estas condiciones, que difícilmente van a poder ser contempladas en la construcción de un mercado moderno y competitivo, además están dando lugar a situaciones de desequilibrio que generan inseguridad jurídica, por una parte, y promueven conflictos innecesarios, por otra, entre los distintos operadores económicos del mercado. Por ello, parece necesario que se regule, señorías, este ámbito: contenido del contrato, derechos de información, obligaciones de las partes, extinción del contrato, indemnizaciones por daños y perjuicios, pactos de exclusiva, etcétera.
Por este motivo, nuestro grupo, teniendo la sensibilidad que nos han transmitido estos sectores, que padecen estas incongruencias en su tráfico mercantil cotidiano, ha querido hacer nuestra esta proposición no de ley, con el objetivo de poder llegar a convencer al Gobierno de que es necesario impulsar la adopción de una normativa adecuada que potencie la autonomía e independencia empresarial, que, al mismo tiempo, impulse la seguridad jurídica necesaria de las relaciones entre proveedores y distribuidores franquiciados, a fin de afianzar y consolidar un mercado de distribución con garantías jurídicas, y al mismo tiempo abierto, competitivo y sin restricciones innecesarias.
Es verdad, señorías, que el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, en este caso el Grupo Parlamentario Socialista, nos ha presentado una enmienda de modificación a nuestro texto, que vamos a aceptar. Nos hubiera gustado también que esta enmienda pudiera contener la posibilidad de que la proposición no de ley -que probablemente será aprobada hoy en esta Cámara- tuviera un plazo más amplio. No ha sido posible llegar a un acuerdo con el Gobierno para implementar un plazo de tres, seis o nueve meses al respecto, pero nos conformamos con que el Gobierno sea sensible a esta iniciativa, que no sólo es de nuestro grupo, sino que también afecta a muchos sectores empresariales del país, y, al mismo tiempo, no deja de ser consecuente que podamos hoy aprobar una proposición no de ley que, en breve tiempo, probablemente a través de esta iniciativa popular, sea tomada en consideración en el Pleno del Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Mas, para defender la enmienda presentada.
El señor MAS I ESTELA: La problemática de la distribución comercial es muy compleja, tanto por el tipo de productos que se pueden comercializar y los sectores que pueden verse involucrados, como por el tipo de empresas, mayores, medianas, muchas pequeñas, como por el tipo de contrato que se puede establecer en ellas: distribución, franquicia, distribución en exclusiva, minorista, mayorista, etcétera. Por tanto, nos parece que, a pesar de que el proponente del Grupo Parlamentario de Convergéncia i Uniò, señor Sánchez, ha hablado de que lo que les gustaría, más que un proyecto de ley de contratos de distribución, sería una referencia mayor a los contratos de distribución del sector del automóvil, todavía vemos con más preocupación esta idea.
Si ya era difícil pensar en un proyecto de ley de contratos de distribución que encorsetara completamente todos los sectores económicos, todas las formas de distribución,
todos los tipos de empresas que hay aquí -y ya sería muy complicado-, centrarlo mucho más en temas de distribución de automóviles nos parecería llegar a un desmenuzamiento muy grande de las posibilidades de este tipo de contratos, y regularlo por ley sería muy complicado, toda vez que además ahí hay un conjunto de regulación que hace referencia a este tipo de contratos de distribución. Por ejemplo, en el caso de distribución de automóviles hay un reglamento de la Comisión Europea, del año 2002; la figura de franquicia está recogida en el artículo 62 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista; el contrato de agencia está también recogido por una ley del año 1992, del régimen jurídico de contratos de agencia; hay normas sobre competencia desleal; acabamos de aprobar aquí, la semana pasada, la Ley de Defensa de la Competencia que regula cómo se deben hacer estas cosas cuando se produce abuso; se han desarrollado medidas de arbitraje que han abierto un cauce, menos oneroso que el tradicional proceso de la jurisdicción civil, para hacer valer los derechos de las partes, y, además, nuestro grupo parlamentario sabe que la Comisión General de Codificación está trabajando en la revisión del Código de Comercio sobre algunos aspectos que pueden incidir en este tema. Por tanto, nos da la impresión que tomar un acuerdo por parte de esta Comisión y de la Cámara en su conjunto sobre un proyecto de ley de contratos de distribución es encorsetar demasiado, como decía antes, las muchas posibilidades que existen en este sector. Por esta razón, aceptando que pueden darse casos de dominio, de abuso, que en las posibles relaciones contractuales entre proveedores y clientes pueden ir saliendo cosas nuevas y modificándose continuamente, con nuevos sectores, estamos pensando, por ejemplo, en el tema de los servicios, que antes estaba muy poco desarrollado; se estaba hablando mucho más de bienes y ahora hablamos de bienes y también de distribución de servicios, con lo cual creemos que la propuesta que hacemos en nuestra enmienda de sustitución tiene más posibilidades de adecuarse a la realidad. Nuestra propuesta sustituye el texto de presentar a las Cámaras un proyecto de ley de contratos de distribución e instamos al Gobierno a analizar la problemática existente en los contratos de distribución comercial hoy en día y proponer aquellas modificaciones legislativas -he nombrado un conjunto de leyes que afectan a este tema, ya veremos si hay que cambiar estas u otras leyes- pertinentes a los efectos de corregir las disfunciones que se pueden dar en este tipo de contratos. Pensamos que esta nueva redacción es más adecuada con las posibilidades exactas que puede tener el sector comercial que es, repito, muy diverso, con muchas formas, que además se van a crear nuevas y, por tanto, creemos que esto es mucho mejor para este tipo de contratos. Esperamos que esta enmienda sea aceptada. El grupo proponente ya ha dicho que la puede aceptar, aunque puede haber algunas pequeñas mejoras que también podrían ser aceptadas por este grupo que propone esta enmienda de sustitución.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: El debate de las proposiciones no de ley es necesario, porque en la mañana de hoy hemos podido conocer cuál es el trasfondo de la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ya que en la exposición, en el texto de la misma se infería el deseo de un proyecto de ley en materia de contratos de distribución comercial pero sin concretar absolutamente nada. Hoy hemos sabido que el interés, que el trasfondo que subyace detrás es el deseo de dar respuesta a la problemática existente en el sector de la distribución selectiva de automóviles, la problemática que tienen los concesionarios y que ha sido trasladada a través de su organización, de la Federación Española de Asociaciones de Concesionarios de Automóviles, Faconauto. Efectivamente, nosotros reconocemos la existencia en ese sector de la distribución de una determinada problemática que puede ser merecedora de un tratamiento normativo especial, y en este sentido estaremos muy atentos a sus inquietudes y trataremos de encauzarlas desde el punto de vista de la normativa legal. Pero el ámbito de la distribución es tremendamente amplio -se decían unos números por parte del señor Sánchez i Llibre-, estamos hablando, nada más y nada menos, de 841.000 empresas del sector comercial, el 27,5 por ciento del total de las empresas españolas; estamos hablando de una ocupación de casi 3 millones de personas; estamos ante un gran sector y con una gran amplitud. No se puede llegar a la conclusión de que con estas magnitudes, con la participación que se tiene del 47 por ciento en el valor añadido bruto del país, la regulación que actualmente está vigente en España es insuficiente y genera problemas para su crecimiento. No sería admisible el reconocer esa afirmación como veraz. Existen normas que regulan las relaciones comerciales, cómo no va a haberlas; existe el propio contrato de compraventa, tanto civil como mercantil, el contrato de agencia, la concesión mercantil y un conjunto de normas de ámbito civil y mercantil que vienen integrando perfectamente los distintos tipos jurídicos que hay para regular las múltiples relaciones que existen hoy en el mercado. Por supuesto, siempre aparecen nuevas realidades que es preciso abordar. La franquicia hace años era un contrato inexistente en España, hoy ha merecido una regulación.
Recientemente, el Gobierno ha legislado un registro de franquiciadores y se puede avanzar, pero todas las reformas que se lleven a cabo en esta materia tienen que hacerse, desde nuestra perspectiva, primero, de un modo consensuado y con audiencia del sector; es imprescindible. Segundo, deben de acotarse necesariamente las reformas que se quieran emprender.
No se puede hacer una pretendida referencia a que hay un problema de regulación en el sector de la distribución cuando sólo afecta a determinados ámbitos. Así que nos
parece imprescindible el circunscribir lo que salga de esta Comisión a que se inste al Gobierno a que analice la problemática de los contratos de distribución comercial, no a que presente un proyecto de ley, como reza la iniciativa. Nosotros estamos en desacuerdo con la iniciativa, pero nos mostramos favorables a que se analice la problemática de aquellos contratos de distribución comercial que realmente estén hoy con problemas y que merezcan una mejora. En cualquier caso, le sugerimos al proponente de la iniciativa, así como también al enmendante, el señor Mas, que se recoja en el texto que finalmente se someta a votación, que se hará este análisis con audiencia del sector de la distribución.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002144.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última proposición no de ley, relativa al cierre de la empresa Delphi en Puerto Real (Cádiz), presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Mancha.
El señor MANCHA CADENAS: En primer lugar, permítanme que muestre nuestra comprensión, nuestro respeto y nuestra solidaridad y apoyo nuevamente con las 4.000 familias que sufren la inquietud de la posible pérdida de sus puestos de trabajo en la empresa Delphi Systems España en su planta de Puerto Real, en la provincia de Cádiz.
Señorías, la Bahía de Cádiz es un rincón paradisíaco de nuestra geografía que alberga a cerca de 800.000 habitantes y que ha sufrido desde siempre un castigo por distintos cierres y reconversiones salvajes, destruyendo capitales humanos de extraordinaria calidad. En 1992, gobernando don Felipe González, se clausura la más importante fábrica de bienes de equipo, la empresa San Carlos, ubicada en San Fernando, y que albergaba a cerca de 3.000 operarios. Sufrimos en la década de los ochenta y de los noventa trágicas reconversiones en el sector naval que conducen en pocos años a la pérdida de más de 10.000 empleos en la bahía. Tras unos años, 1996-2004, de relativa bonanza, donde la cifra de desempleados en Cádiz se aminora de 103.000 a 74.000, asistimos a la asunción de responsabilidades por parte del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero.
Diremos que hoy, en febrero-marzo, el número de parados supera los 104.000 en la provincia de Cádiz. Las primeras medidas para la industria son drásticas. Altadis súbitamente ve disminuir su ocupación con la pérdida de 350 empleos. Los astilleros pasan a convertirse en verdaderos arsenales militares sin apenas carga de trabajo civil y sufren una reconversión que deja aquellas emblemáticas plantas en simples talleres, perdiendo más de 3.000 operarios directos e indirectos. Hoy sólo sobreviven en la bahía dos grandes empresas, Delphi, multinacional estadounidense de automoción, y una factoría aeronáutica, Airbus, sobre la que se ciernen también, desgraciadamente, nubes negras y malos presagios e inquietud.
¿Qué sucede en Delphi, señorías? Hace exactamente un mes, el 22 de febrero, los responsables de la planta, con alevosía, comunican súbitamente al comité de empresa el cierre inmediato y sin retorno de toda la factoría. A partir de ahí el grito de: Delphi no se cierra, es el clamor constante de todos los ciudadanos de la bahía. Pero este aviso no fue tan súbito, se habían detectado anomalías, signos, alarmas, que los mismos trabajadores habían denunciado. Está demostrado que las administraciones socialistas conocían, tanto la autonómica como la central, con anterioridad las continuas pérdidas, la falta de mercado, el traslado de maquinaria a otros países del este, la huida de contratos a Polonia, la universidad denuncia incluso que se habían cancelado contratos de prácticas, y sobre todo un endeudamiento progresivo de la empresa. Sepan SS.SS. que Delphi había percibido en concepto de ayudas y subvenciones de las administraciones públicas más de 80 millones de euros. A mayor abundamiento, se había rubricado un Plan Industrial y de viabilidad entre la empresa norteamericana y la Junta de Andalucía que abarcaba desde 2005 a 31 de diciembre de 2010. Señorías, cada vez que el PSOE asume la responsabilidad de gobernar se inicia en nuestra bahía una estrategia de cierres y reconversiones. La bahía se agrieta y valga como ejemplo San Carlos, el debilitamiento del sector naval, Altadis, las azucareras, la reestructuración del sector vinícola, nefasta reforma agraria o los pésimos acuerdos pesqueros. Nosotros creemos que el anunciado cierre de Delphi -y hoy nos proyectamos exclusivamente sobre Delphi- es una cuestión de Estado, y ello obliga a aunar fuerzas por encima de banderías, de enfoques diferentes y de debates partidistas.
Pueden no creerme, pero debemos huir del oportunismo, de la demagogia barata y del protagonismo. Nosotros deseamos colaborar con las administraciones socialistas en la búsqueda y encuentro de una coherente y posible solución. Pero es que ustedes, señores socialistas, no son unos invitados más a la mesa, no pueden pasar de puntillas por la crisis.
Delphi ha significado un cúmulo de errores y despropósitos. La empresa se ha equivocado en el fondo y en la forma, porque ha vulnerado la legislación española y comunitaria y no se ha respetado el Plan Industrial del 2005 al 2010; toda una ceremonia de soberbia y de desprecio a las normas del territorio donde se ubicaron. Pero son ustedes los que deben mover ficha. No se queden con los brazos cruzados y presionen a la empresa que ya ha hablado y ha provocado alarma. Por eso, le pedimos, le exigimos la máxima potencia, firmeza y contundencia jurídica, política y diplomática. ¿No se les ha ocurrido a ustedes reunirse con los comisarios europeos de Industria y de Trabajo? ¿No saben que mañana mismo los alcaldes de la bahía se reúnen con los máximos responsables
comunitarios? Han creado ustedes un gran sanedrín de responsables centrales y autonómicos, ¿no se les ha ocurrido a ustedes plantear una reunión bilateral con Estados Unidos para defender los intereses de los trabajadores españoles? ¿Vamos a pagar con el empleo el cúmulo de errores de su política diplomática y exterior? ¿O creen ustedes que va a ser Cuba y Venezuela quienes van a resolver los problemas de Delphi? Sólo le pedimos que tomen la iniciativa y asuman su responsabilidad, porque hay miembros importantes de su partido que manifiestan, y nos preocupa, que hay que plantear planes alternativos a Delphi. El señor Almunia advierte que el cierre de Delphi no se puede parar. ¿Por qué el 23 de febrero, al día siguiente del anuncio del cierre, el ministro de Industria sentencia: se buscarán alternativas al cierre y se procurará minimizar los daños en el capítulo laboral? ¿Por qué el ministro de trabajo el 25 de febrero vaticina: no podemos afirmar que Delphi no se cerrará porque eso depende exclusivamente de ella? ¿Por qué el consejero de Innovación de la Junta de Andalucía asegura: considero preciso acometer conversaciones con otras empresas para que se instalen en la bahía y puedan servir de amortiguadores a este cierre? ¿Tienen asumido ustedes que se cierra? Señorías, nosotros entendemos que Delphi tiene solución, que Delphi puede perfectamente ser saneada sin que se recorte ni un solo puesto de trabajo. Señores diputados, el portavoz del Grupo Socialista y este diputado que les habla hemos elaborado -y así lo queremos los dos grupos y pedimos una adhesión de todos los demás- una propuesta encaminada a apostar por la viabilidad de Delphi. Señor presidente, el texto de esa propuesta -que lo tiene S.S.-quedaría de la siguiente manera, evidentemente con la enmienda del Grupo Socialista que...
El señor PRESIDENTE: Si le parece, señor Mancha, cumplimos los trámites de los turnos y luego ya veremos cómo quedan las enmiendas y los grupos que las proponen. Lo digo para no adelantarnos a los acontecimientos.
El señor MANCHA CADENAS: De acuerdo. En el último turno de clarificación de enmiendas se lo haré saber.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda planteada por el Grupo Socialista y para su defensa tiene la palabra el señor Román.
El señor ROMÁN GUERRERO: Efectivamente, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda porque había una parte de la propuesta del Grupo Popular que no nos convencía. Es verdad que hay algunos puntos de la propuesta del Grupo Popular que se pueden asumir, pero hay otro en el que no es así, porque podía significar que se le daba alas a la empresa y podía entenderse que este Congreso de los Diputados daba por bueno o tomaba nota del cierre de Delphi. Me refiero al apartado en el que se dice: En el caso de que se produjese el cierre definitivo de la factoría, instamos al Gobierno a emprender, en coordinación con... En el momento en el que estamos actualmente, que la empresa oficialmente no ha comunicado ese cierre de actividad ni a la Administración andaluza ni a la Administración española, sino que ha enviado un fax al comité de empresa, ha vulnerado de una manera clara lo que es la directiva europea 98/59, de 20 de julio de 1998, sobre despidos colectivos; me la he leído y el incumplimiento es radical, profundo en el procedimiento y en el fondo.
Por tanto, tenemos que estar en contra. En segundo lugar, la Administración andaluza tampoco tiene ninguna notificación oficial, que es la que tiene asumidas las competencias de carácter laboral por el Estatuto de Autonomía. Por tanto, a nosotros ese punto nos parecía inasumible. Es verdad que en un tema de esta naturaleza es bueno trasladarle a la empresa que todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo y lo mismo que pasó en el Pleno del Parlamento del pasado día 13 de marzo de 2007, que se aprobó por unanimidad, pase en esta Comisión de Industria, que también se apruebe por unanimidad. Por tanto, yo creo que podremos presentar una transacción hecha por el Grupo Popular y por el Grupo Socialista sobre la base de lo que aprobó el Pleno del Congreso de los Diputados, pero mejorándolo; como digo, una propuesta que puede ser asumida por todos los grupos políticos, ya que está basada en el acuerdo unánime del Pleno del Congreso. Desde luego, nosotros hacemos especial hincapié en el mantenimiento de la actividad, y no voy a entrar a hablar de cómo estaba España en tiempos de Felipe González ni los puestos de trabajo que se crean o se dejan de crear, porque creo que ese no es el tema. Todo el mundo sabe que Navantia en estos momentos en la Bahía de Cádiz, que mantiene abiertos los tres astilleros, es la que asume el 20 por ciento global de la carga civil de toda Navantia en España, como muchas veces se queja nuestro parlamentario gallego, que habla en ocasiones de la actividad de Fene y de Ferrol. Tenemos una carga de trabajo evaluable en 5.000 millones de dólares en los tres astilleros de la bahía. Es una carga impresionante, la más alta que nunca ha tenido la Bahía de Cádiz en el sector naval. Por tanto, el sector naval tiene futuro en nuestra provincia. Se ha hablado de las ayudas públicas recibidas, pero estas ayudas las ha recibido con UCD, con el PP, con el PSOE y con la Junta de Andalucía. Todos los partidos políticos y todas las administraciones en todos los tiempos han dado ayudas a Delphi, en otro tiempo General Motors, para que desarrollara su actividad y se mantuviera en ella. ¿Conocíamos las dificultades? Claro que las conocíamos, tanto las conocíamos como que la Junta de Andalucía fue la muñidora de un plan industrial. Por eso exigimos ahora que ese Plan Industrial 2005-2010, que se elaboró entre los sindicatos y la empresa, se cumpla. Como este cumplimiento del plan industrial se establece también en la propuesta que hace el Grupo Popular, nosotros lo vamos a admitir, como también iba en la que hizo originariamente
Izquierda Unida. Se hace este plan industrial porque conocíamos las dificultades y había una regulación de empleo que afectaba a 400 trabajadores. Pero aquí lo que tenemos que hacer es, como dije en el Pleno, mandar un mensaje a la empresa, a los trabajadores y a la sociedad, de que el Congreso de los Diputados, el conjunto de los grupos políticos, cuando se trata de un tema de esta naturaleza, que afecta a 1.600 trabajadores de la plantilla y a otros tantos eventuales y de empresas auxiliares, tiene una voz unánime en contra del cierre de esta factoría, porque eso sería verdaderamente un problema laboral, social, sindical y político impresionante. Les quiero decir a ustedes que en estos momentos la agenda política en la provincia de Cádiz es la agenda laboral de Delphi en gran medida. Asimismo, les quiero anunciar que retiramos el punto 4 y que el Grupo Socialista lo presentará como una proposición no de ley independiente a esta Comisión. Es el punto que habla de acelerar, de acuerdo con la Junta de Andalucía, el desarrollo del polígono público de Las Aletas en su triple vertiente logística, tecnológica e industrial, con la participación del Ayuntamiento de Puerto Real, así como incentivar nuevas implantaciones industriales, hacer que la Zona Franca pueda desarrollar el establecimiento y la creación de empresas y, finalmente, acelerar los planes de ampliación del puerto de Cádiz, que ya están contemplados y aprobados por Puertos del Estado y por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Por tanto, en aras a la unanimidad este punto lo presentaremos como una proposición no de ley independiente. En consecuencia, creo que estamos en las mejores condiciones para aprobar por unanimidad una propuesta conjunta basada originariamente en la de Izquierda Unida pero con aportaciones del Grupo Popular y del Grupo Socialista. Aquí, desde luego, hay sólo un leitmotiv, que es el que nos importa, la continuidad, el mantenimiento de la actividad industrial de Delphi, y de ahí no nos podemos mover. Yo creo que todos los pasos que se den tienen que ir en la dirección de conseguir esa continuidad de la actividad industrial, porque eso es lo que permite el mantenimiento de los puestos de trabajo y no hablar de recolocaciones que tendrían una trayectoria bastante más azarosa.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que hay una transaccional entre los dos grupos a partir de la proposición y de la enmienda.
Señor Mancha.
El señor MANCHA CADENAS: Con generosidad y con justicia quiero decir, rápidamente, que agradecemos al Grupo Socialista que el punto número 4 lo separe para poder debatirlo posteriormente, y ya tiene el voto afirmativo del Grupo...
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Mancha, este es un trámite para clarificar las enmiendas. El Grupo Socialista ha anunciado que va a hacer eso, pero no depende de aquí.
El señor MANCHA CADENAS: De acuerdo, pero que no se entienda de otra manera. Rápidamente y por economía, los puntos 1, 2 y 3 de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que coinciden con nuestro texto, fueron votados y aceptados por unanimidad en el Pleno del martes pasado, con lo cual lo aceptamos. El punto 4 desaparece y aceptamos el punto que sería 4 y que es el 5 del texto del Grupo Socialista, porque es exactamente el mismo texto que el nuestro y tiene un solo propósito, que Delphi continúe viva.
El señor PRESIDENTE: De cualquier forma, hagan llegar a la Mesa la enmienda transaccional.
¿Hay algún grupo que quiera fijar posición en relación con esta proposición? (Pausa.)
El señor LLAMAZARES TRIGO: Mi grupo parlamentario hará todo lo posible por que mantengamos la posición que defendimos en el Pleno y, por tanto, que lo que se revalide sea esa posición. No entenderíamos un cambio en un plazo de pocos días. Por tanto, lo que haremos será respaldar una posición que ha sido unánime en el Congreso de los Diputados y que no debería ponerse en cuestión en una Comisión parlamentaria.
El señor PRESIDENTE: Hemos concluido el debate de las proposiciones. Hemos anunciado que votaríamos no antes de las doce y media, son las doce y veinticinco, por tanto, dentro de cinco minutos votamos. Aprovecho para recomendarles a los señores portavoces que hagan llegar a la Mesa, con la mayor claridad posible, las diferentes transaccionales que aquí se han debatido. (Pausa.)
Vamos a proceder a las votaciones. Cumpliremos en cada una de ellas el trámite de aceptación o no de las diferentes enmiendas por parte de los grupos que habían presentado las iniciativas.
La primera proposición es la relativa a la utilización de la biomasa forestal procedente de operaciones de prevención de incendios y de planes de gestión forestal sostenible como combustible. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y hay una enmienda del Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Ramón para decir si la acepta o no.
El señor RAMÓN TORRES: Aceptamos la intención del Grupo Socialista, pero no aceptaremos la enmienda que nos propone. (El señor Torres Sahuquillo pide la palabra.)
El señor TORRES SAHUQUILLO: Quisiéramos solicitar que esta proposición se votara en dos bloques, el punto 1 y 2 en un bloque y el 3 y 4 en otro bloque.
El señor PRESIDENTE: Para eso necesitamos la aceptación del grupo proponente. ¿Acepta la votación separada el grupo proponente?
El señor RAMÓN TORRES: Sí.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Entonces votamos el bloque primero, puntos 1 y 2.
Segundo bloque, puntos 3 y 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. Por tanto, queda aprobada la proposición en los términos en que se había presentado por el grupo proponente.
Proposición sobre programa de medidas urgentes para la paralización de las obras de la central térmica Cristóbal Colón, en Huelva.
Esta iniciativa está presentada por tres grupos y hay una enmienda del Grupo Socialista. ¿Se acepta esta enmienda?
El señor LLAMAZARES TRIGO: En lo que me toca de la proposición, no habiendo condiciones objetivas, mantenemos la propuesta tal y como está.
El señor DELGADO ARCE: Nuestro grupo desearía votación separada, si no tiene inconveniente el proponente, de los puntos 3, 5 y 6.
El señor PRESIDENTE: ¿Acepta la votación separada?
El señor LLAMAZARES TRIGO: No hay inconveniente.
El señor PRESIDENTE: Votamos los puntos 3, 5 y 6.
Resto de la proposición.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra; 35.
Proposición para impulsar la apertura de un parador nacional en Paredes de Nava, en la provincia de Palencia. Ha sido presentada por el Grupo Popular y se vota en sus propios términos.
Proposición sobre la ruta del vino Montilla-Moriles. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Se vota en sus propios términos.
Proposición relativa al Plan Miner II en las minas de Endesa Generación, de As Pontes, y Limeisa, de Cerceda. Había una transaccional con acuerdo del grupo proponente y de los grupos enmendantes. Votamos, por tanto, la transaccional.
Proposición sobre regulación de la legislación de las aguas minerales y termales. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y hay una enmienda del Grupo Popular. Señor Mas.
El señor MAS I ESTELA: Para tranquilidad del señor Sánchez i Llibre y para que quede clara cuál es la posición del Grupo Socialista, aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Y para clarificación de todos los grupos, se acepta la enmienda con una recomendación del Grupo Popular.
Proposición relativa al impulso por parte del Gobierno de una ley de contratos de distribución, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Aceptamos gustosamente las dos indicaciones de los dos partidos mayoritarios para su tranquilidad también y para demostrar
que, aunque lo parezca, no estamos en el régimen cubano todavía. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Es suficiente, señor Sánchez i Llibre, porque la explicación generaría otra discusión. (Risas.)
Votamos, por tanto, esta proposición no de ley con la enmienda del Grupo Socialista y el añadido indicado por el Grupo Popular.
Última proposición no de ley relativa al cierre de la empresa Delphi en Puerto Real (Cádiz). Hay una transaccional aceptada por el grupo proponente y también por el grupo enmendante. Por tanto, votamos esta transaccional.

References: Real Decreto 
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 Resolución 
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 artículo 62