Source: http://jardindehipotesis.blogspot.be/2017/06/
Timestamp: 2017-12-15 02:45:44+00:00

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El jardín de las hipótesis inconclusas: 1/06/17 - 1/07/17
Algunas evidencias. Primera: las carreras de Fórmula 1 no son ni los coches de choque ni carreras de cuadrigas. Se trata de ser más rápido que los rivales y se ha de intentar adelantarlos, se puede "cerrar la puerta" al coche que trata de adelantar; pero no se puede forzar a un coche fuera de la pista y en las trazadas ha de respetarse el espacio del otro coche. Podría ser de otra forma, pero no lo es; las reglas de la Fórmula 1 así lo establecen y lo que acabo de decir está en la esencia de este deporte. Hay toques, claro; pero cada toque es un incidente que no debería haberse producido.
Segunda: cuando hay un toque entre dos choques es porque uno de los dos o ambos o un tercero han cometido un error (a salvo de que haya habido un fallo mecánico). En teoría podría investigarse cada toque para identificar al o los responsables; pero tan solo cuando alguno de los pilotos ha actuado de forma excesivamente imprudente (son carreras, un cierto riesgo de ha asumirse siempre, de otra forma se dotaría a los Fórmula 1 de intermitentes) se produce la sanción.
Tercera: estas sanciones están siendo de una cierta gravedad. Hace poco se sancionó a Carlos Sáinz con pérdida de posiciones en la parrilla de salida y pérdida de puntos en la "superlicencia" (el carnet que han de tener los pilotos de Fórmula 1 para poder competir) por un incidente durante la carrera de Canadá por una maniobra "descuidada y potencialmente peligrosa" al no darse cuenta de que otro piloto venía adelantando, lo que hizo que el piloto español le cerrara el paso de manera indebida causando un accidente.
Cuarto: cuando se comete una acción que causa un daño ha de distinguirse entre los casos que se denominan "culposos" y los "dolosos". La distinción es fundamental en Derecho, tanto en el ámbito civil como en el penal y, además, es de sentido común. Existe una infracción culposa cuando alguien causa un daño por una actuación imprudente, pero sin voluntad de causar ese daño. Existe dolo cuando el daño que se causa es pretendido; esto es, cuando se es consciente de que se está actuando fuera de lo permitido. Evidentemente, las infracciones dolosas son mucho más graves que las culposas. Es más peligroso quien conscientemente actúa con la intención de causar un daño que quien es simplemente imprudente.
Las infracciones que se cometen durante las carreras de Fórmula 1 son en su inmensa mayoría culposas. Carlos Sáinz no pretendía cerrarle el paso a Grossjean, pero no lo vio por un descuido; de igual forma que en la carrera de hoy Ocon no pretendía golpear a su compañero de equipo, Pérez. Los incidentes suelen darse por un "exceso de optimismo" o por un descuido. Las infracciones dolosas en la Fórmula 1 son más raras; pero creo que se hace evidente para todos que este tipo de infracciones deben ser castigadas de una manera mucho más dura. Quien a los mandos de un coche de carreras, compitiendo con otros coches de carreras, rodeado de compañeros que se están jugando la integridad física, actúa conscientemente contra los límites del deporte se convierte en un peligro y, por tanto, debe actuarse sin dilación contra él.
Hay casos históricos de actuaciones dolosas al volante de un Fórmula 1. Me vienen a la cabeza cuatro anteriores hoy a la de Vettel, tres protagonizadas por Schumacher y una por Nelsinho Piquet. La de Piquet fue un accidente producido a propósito en el Gran Premio de Singapur del año 2008 y que acabó significando la victoria en aquella carrera de Fernando Alonso. En aquella ocasión la investigación acabó con sanciones durísimas para los implicados, que implicaron su expulsión de la Fórmula 1.
Las primera de Schumacher fue en el año 1994, cuando echó de la pista a Damon Hill. No se llegó a probar que hubiera actuado dolosamente; pero, la verdad es que da toda la impresión de que fue así
En 1997 Shumacher repitió la maniobra, esta vez contra Villeneuve; pero en esta ocasión se entendió que había actuado de forma consciente, aunque de manera instintiva y sin premeditación, y por tanto la sanción se limitó a quitarle todos los puntos del campeonato (y no excluirlo de la competición, como seguramente hubiera resultado adecuado).
La tercera, que ya sí vi en directo, fue en el Gran Premio de Mónaco de 2006. Allí Michael Schumacher, durante la calificación, aparcó su coche en la penúltima curva del circuito, bloquándolo e impidiendo que el resto de pilotos pudieran mejorar su vueltas. También fue sancionado. Pese a que había conseguido el mejor tiempo en la calificación fue "condenado" a salir en última posición.
Nada de lo anterior es, sin embargo, comparable al comportamiento de hoy de Vettel. Durante el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, en una de las salidas del safety car, Hamilton estaba en primera posición y Vettel segundo. Cuando el safety car ya había apagado sus luces y, por tanto, el control del pelotón había pasado a quien circulaba primero, Hamilton, éste hace una frenada y Vettel choca con él. Un incidente que no debería haberse producido y que indica que o bien Hamilton había hecho una maniobra "errática" o que Vettel no estaba suficientemente atento o se encontraba demasiado cerca de Hamilton.
Ahora bien, la maniobra que quiero comentar no es ésa, y que entra dentro de lo culposo; sino lo que sigue: Vettel se coloca a la par que Hamilton y lanza el coche contra él para golpearlo lateralmente
Es clara la intencionalidad de Vettel: se ha enfadado con Hamilton, a quien culpa del choque que acaban de tener y decide no solamente echarle una bronca en plena carrera, sino además darle un "recadito" en forma de colisión lateral ¡con un Fórmula 1 y en plena carrera!
Es difícil mesurar la gravedad de la irresponsabilidad de Vettel. Es claro, como decía, que los Fórmula 1 ni siquiera compitiendo pueden ser utilizados para golpear a otro coche; mucho menos en la situación de reanudación de la carrera en la que se encontraban. La acción de Vettel es una agresión en toda línea que desvió el coche del inglés contra el muro y que tenía toda la pinta de ser una amenaza ¡en medio de una carrera en la que los coches circulan a más de 300 kilómetros por hora!
Es, por otra parte, muestra de una actitud antideportiva que es mucho más grave cuando se trata de un cuádruple campeón del mundo contra un triple campeón del mundo. Deben dar imagen de limpieza, y más cuando estamos hablando de conducción. El deporte ha de transmitir valores, más de 400 millones de personas ven en todo el mundo cada Gran Premio de Fórmula 1 y la actitud de Vettel muestra un desprecio absoluto por estos espectadores, por sus rivales y por su propio equipo. El coche que utiliza para intimidar a Hamilton no es suyo, sino de Ferrari, y la escudería lo pone en sus manos para correr de acuerdo con el reglamento, no para que lo utilice como un coche de feria contra otro competidor.
En definitiva, me parece de lo más grave y antideportivo que he visto en Fórmula 1. Una agresión a otro piloto utilizando el coche y sin ni siquiera tener la disculpa de estar peleando por una posición.
¿Se quedará la sanción en el stop and go de diez segundos que se le impuso durante la carrera? Me parecería una buena sanción para el choque inicial, pero una tomadura de pelo si estamos hablando del volantazo de Vettel contra Hamilton.
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El pasado 24 de mayo la Comisión de Interior del Parlamento de Cataluña aprobó la siguiente Resolución (Resolución 672/XI del Parlamento de Cataluña, sobre la violencia y la vulneración de derechos en el ámbito universitario, el desarrollo del debate y la votación puede seguirse aquí).
La moción fue presentada por el Grupo parlamentario de Cs, y tiene su origen, fundamentalmente, en los incidentes ocurridos en la UAB y de los que ya me he ocupado aquí en varias ocasiones (la última, aquí).
El punto de partida es una situación anómala que padecemos en la UAB y en otras universidades catalanas. Desde hace tiempo grupos de presuntos estudiantes campan a sus anchas y deciden tanto quién puede expresar sus opiniones en el campus y quién no, y también cuando se tiene clase y cuándo no. El que se hable de presuntos estudiantes se justifica en que en ocaciones actúan encapuchados, lo que dificulta determinar quién se esconde tras esa capucha.
Estos grupos imponen mediante la coacción sus propios criterios, y víctimas de sus actuaciones son tanto, en general, los integrantes de la comunidad universitaria, que ven bloqueados en ocasiones los accesos a la Universidad por barricadas custodiadas por encapuchados o impedido su acceso a las clases.
Como en particular el colectivo de Joves SCC-UAB, que ha visto como todas sus carpas informativas han resultado boicoteadas por un grupo de estudiantes autodenominados "antifascistas" que ha llegado a rajar una bandera española ubicada en la carpa y a destrozar otra llegando a rociarla con un extintor.
La situación de violencia y coacción que aquí se muestra tiene dos corolarios que deberían escandalizarnos. En primer lugar, la UAB ha rechazado condenar las agresiones sufridas por el colectivo de jóvenes de SCC, tal como explicaba en la entrada de este blog que citaba un poco más arriba. Por otra parte, los Mossos d'Esquadra han renunciado en ocasiones a actuar en la UAB bajo el argumento de que un protocolo firmado entre la UAB y el Departamento del Interior les impide intervenir en el campus universitario sin autorización del Rector o Rectora salvo en determinados supuestos de excepcional gravedad. La idea es que tan solo la integridad física de las personas se verá protegida por la policía. En cambio cualquier restricción de los derechos y libertades que no suponga vulneración de la integridad físca de los individuos no será objeto de atención por parte de la policía.
Resulta, evidentemente, inadmisible. En democracia los ciudadanos no solamente tenemos derecho a nuestra integridad física, sino también al ejercicio de nuestros derechos y, por tanto, las instituciones, autoridades y fuerzas de seguridad no tienen que contentarse con evitar que alguien sea golpeado, sino que han de poner los medios para que todos puedan ejercer con normalidad todos sus derechos, incluidos lo que se derivan de la libertad ideológica y de expresión.
Por eso resulta tan relevante la moción aprobada por el Parlamento de Cataluña el 24 de mayo.
En primer lugar, supone una condena sin paliativos de las violencias, coacciones y episodios de vandalismo que padecemos en el campus universitario. Tras la condena por parte del Parlamento se hace más difícil entender que la Universidad se resista a realizarla.
En segundo lugar se aborda el tema de los protocolos entre el Departamento del Interior de la Generalitat y la Universidad que limitan la actuación de la policía en el campus. Es importante porque la resolución aprobada por el Parlamento indica que han de garantizarse "los derechos fundamentales y las libertades individuales y colectivas de todos los miembros de la comunidad universitaria". Es decir, se desautoriza que la actuación policial se limite a proteger uno de esos derechos, el de la integridad física. Todos los derechos y libertades individuales y colectivos han de contar con la protección de las fuerzas de orden público.
Finalmente, en el tercer punto de la resolución aprobada, el Paralamento insta a la comunidad universitaria a reafirmar su compromiso con principios fundamentales como son la libertad, la democracia, la justicia, la igualdad y la solidaridad. Un compromiso que no debería operar en el vacío, sino que tendría que implicar la adopción de medidas que permitan garantizar de forma efectiva estos principios para todos los miembros de la comunidad universitaria. Que no vuelva a pasar que ante las coacciones de los encapuchados los Mossos d'Esquadra se nieguen a entrar en el campus y que no se repita que se toleren boicots a quienes quieren expresar en libertad sus ideas.
Agradezco al Parlamento de Cataluña y, en particular a quienes han promovido y apoyado esta Resolución su tarea por recuperar la democracia y libertad plenas en la Universidad. Creo que esta Resolución es un gran paso adelante.
Publicado por Rafael Arenas García en 15:05 No hay comentarios:
La Comisión de Venecia le ha enviado una carta a Puigdemont.
Se trata de la respuesta a la que remitió el Presidente de la Generalitat a este órgano asesor del Consejo de Europa en materias constitucionales. Valora la calidad democrática de las regulaciones de los países europeos y ha intervenido en la supervisión de algunos referéndums de autodeterminación. En este contexto ha elaborado un código de buenas prácticas en materias de referéndums que es citado con frecuencia.
La carta de Puigdemont está fechada el 29 de mayo. En ella se comunica a la Comisión de Venecia la Resolución del Parlamento de Cataluña que insta a solicitar la cooperación de esta institución para la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Se afirma que la voluntad de la Generalitat es la de realizar una consulta acordada con el Gobierno español y se informa de la negativa de éste a pactar la realización de dicha consulta.
En definitiva, es una muestra más del proceso de internacionalización del conflicto que el nacionalismo catalán lleva intentando desde hace cinco años. En todo este tiempo, cargados de los argumentos "democráticos" que han venido elaborando desde hace décadas, han pretendido que la comunidad internacional denuncie la pretendida falta de democracia de España, reconozca el derecho a la autodeterminación de Cataluña, exija al Gobierno español que ofrezca vías para la realización de una consulta sobre la secesión en Cataluña y, eventualmente, reconozca la independencia de esta región.
Hay que admitir que los secesionistas habían planteado bien su caso desde la perspectiva de la comunicación, hasta el punto de que muchos en España habían comprado su discurso. Percibía -y aún percibo- cierto acomplejamiento en quienes se oponen al secesionismo, como si realmente éste tuviera alguna base democrática que hiciera que se tuviera una cierta prevención en oponérsele abiertamente.
Quienes nos oponemos activamente al proceso separatista padecemos constantemente este imaginado plus democrático que se reconoce a los nacionalistas. Hace unas semanas, por ejemplo, presentábamos en el Congreso de los Diputados el segundo informe de Societat Civil Catalana sobre déficits democráticos en Cataluña, y podrá comprobarse cómo las intervenciones de Podemos y del PSOE no eran especialmente contundentes con lo que allí se explicaba; y algunas cosas son estremecedoras.
El discurso nacionalista, ese que pretende que más allá de la ley puede residir una legitimidad que debería ser atendida, ha calado -inexplicablemente- en personas que deberían ser conscientes de los mimbres con los que se construye la democracia moderna en Europa, aquella que surge de las cenizas que dejaron los regímenes totalitarios de los años 20 y 30 del siglo XX y que tiene muy claro que la democracia se consigue a través del Derecho. Quienes hemos alzado la voz contra el régimen nacionalista hemos sufrido este desenfoque, y así hemos tenido que soportar dudas sobre nuestro talante democrático cuando, precisamente, lo que nos mueve es la restauración plena de la democracia en un territorio, Cataluña, en el que los nacionalistas han introducido prácticas intolerables desde los estándares internacionales.
Es duro que en tu propio país se ponga en duda que lo que te mueve es, precisamente, la consecución del reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y la garantía de los principios que han de inspirar el funcionamiento de las instituciones democráticas; y es por eso que agradecemos a la Comisión de Venecia que recuerde lo que nosotros venimos diciendo desde hace tiempo.
En marzo la Comisión de Venecia, en un informe que debería ser ampliamente difundido, analizaba la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional realizada en el año 2015. Ese informe contiene un contundente alegato sobre la obligación de acatar la Constitución y las decisiones del Tribunal Constitucional, así como de la necesidad de forzar a la autoridades que no obedezcan las decisiones del Tribunal Constitucional con el fin de que las acaten. No son mis palabras, son las palabras de la Comisión de Venecia ¿se imaginan la reacción de tantos en España si un documento de Societat Civil Catalana dijera eso, que hay que forzar a las autoridades desobedientes al cumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional? Que aquí sea piedra de escándalo una afirmación que, de acuerdo con la Comisión de Venecia, es esencial para que podamos hablar de una democracia madura, da cuenta del grado de distorsión en que se encuentra la política española.
La carta de la Comisión de Venecia del día 2 de junio es otra muestra de las cosas sobre las que aquí dudamos y que en Europa tienen meridianamente claras.
La carta acusa recibo de la información remitida por Puigdemont y habla del referéndum, claro; pero de todas las condiciones que tiene que cumplir tan solo se fija en una: el referéndum debe ajustarse a las exigencias previstas en la Constitución y en las leyes. Además, recuerda a Puigdemont que la propia Comisión de Venecia tiene como nombre oficial "Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho". Toda una lección en una sola frase: no hay legitimidad al margen de la ley. Justo lo contrario de lo que sostienen los nacionalistas.
¿Servirá esto para que en España se deje de jugar a contentar a los nacionalistas y asumamos que no solamente no tienen un plus de legitimidad democrática, sino que sus propuestas de actuación unilateral y al margen de la ley son una amenaza para la democracia completamente inadmisible?
Tengamos convicción, porque tenemos razón; desde la Comisión de Venecia nos lo han vuelto a recordar.
No es difícil encontrarse en Cataluña con personas que, incluso teniendo buen criterio para otras cosas, sostienen que no debe insistirse demasiado en el incumplimiento de la ley en que incurren de una manera grosera y arrogante diversas administraciones catalanas, tanto la Generalitat como no pocas administraciones locales. Cuando se señala lo inadmisible de ese comportamiento la respuesta es evasiva, se alude a la necesidad de buscar soluciones políticas y se minimizan las consecuencias y la gravedad de los incumplimientos legales. Al final, se acusa de formalista a quien alega la ley, como si se tratara de un recurso en el que se refugian quienes no tienen argumentos mejores.
Se trata de una actitud equivocada y extraordinariamente peligrosa e, incluso, perversa, tal como intentaré mostrar a continuación.
La ley no es ningún capricho, son la serie de reglas que permiten que unos y otros convivamos sin recurrir a la fuerza para conseguir aquello que deseamos o para evitar que otro nos quite lo que es nuestro. En toda sociedad hay diferentes puntos de vista o perspectivas, no todos ven de la misma manera los conflictos que inevitablemente se plantean, y cuando surgen estas discrepancias la ley determina cómo hemos de actuar.
En toda sociedad el cumplimiento de la ley es garantía de paz y convivencia; pero es aún más relevante en aquellos casos en los que existe una fractura social como la que ahora experimentamos en Cataluña entre quienes pretenden la secesión y quienes nos oponemos a ella. Cuando otros puntos de encuentro han sido rotos la ley permanece como el último reducto de reglas que al tener que ser acatadas por todos permiten la convivencia. Si unos creen que no han de cumplir la ley ¿por qué los otros habrán de hacerlo? Y si nadie ajusta sus comportamientos a lo legalmente establecido ¿cómo se resolverán los conflictos? ¿por la fuerza? ¿utilizando mecanismos de presión o coacción? Por desgracia algo de esto estamos comenzando a ver en Cataluña.
No, el cumplimiento de la ley no es negociable. Me enervan quienes parecen supeditar el cumplimiento de las normas a una negociación previa. Es justo al revés: cualquier negociación, diálogo o pacto es solamente posible cuando se ha asegurado el cumplimiento de la ley y la amenaza de un posible incumplimiento no se introduce como un elemento más de la negociación. Ese tipo de chantaje es, por definición, inadmisible.
Por otra parte, no puede dejar de señalarse que todos estamos obligados al cumplimiento de la ley, pero las instituciones y autoridades tienen un reforzado deber de acatamiento. En tanto en cuanto la administración goza de la posibilidad de utilizar la fuerza frente a los ciudadanos, tan solo una actuación escrupulosamente ajustada a la legalidad es legítima. La autoridad o funcionario que ejerce su poder público al margen de la ley es, simplemente, un delincuente. En nada se distingue de un mafioso y, si acaso, su comportamiento es aún más reprobable, porque adquirió su condición de autoridad por la confianza que el ordenamiento al que traiciona puso en él. A su condición de matón une, por tanto, la de traidor.
Es por todo esto que me sorprende que tantos estén dispuestos a tolerar que Puigdemont, Junqueras y otras autoridades públicas hagan manifiesto que actuarán, si es preciso, contra lo que establece la Constitución. Ahora mismo ya hay abundantes ejemplos de autoridades públicas que han decidido no obedecer ni la ley ni los tribunales. Ahí están todos los ayuntamientos en los que pese a las órdenes de las Juntas electorales no se descolgaron las esteladas que había en lugares de titularidad pública ¡durante las campañas electorales! Un incumplimiento grave de las reglas que permiten unas elecciones limpias es justificado cuando no jaleado por quienes mantienen que todo ha de verse en su contexto, incluyendo en este todo algo que no debería estar sometido a ninguna condición, el cumplimiento de la ley.
Creo, por tanto, que es una aberración bastante evidente que se tolere que las autoridades públicas hagan alarde de que incumplen las leyes y las sentencias; pero para quien sea alérgico al razonamiento abstracto le planteo la siguiente pregunta: ¿qué pensaría si Rajoy declarara que dadas las condiciones excepcionales que se viven en Cataluña se verá forzado a adoptar las medidas que sean necesarias para reconducir la situación sin necesidad para ello de ajustar su comportamiento a los límites legales y estando vinculado solamente por la voluntad popular, por el deseo de los españoles de mantener la unidad nacional? ¿Se imagina al presidente del Gobierno de España diciendo que actuará al margen de la Constitución y sin ajustarse a lo que prevé nuestro Derecho con el fin de poner fin al desafío separatista? Una aberración, ¿verdad? Pues ¿por qué no les parece la misma aberración si esto lo dice Puigdemont? Y aquí no interrogo solamente a los nacionalistas, hay quienes -con razón- crucificarían a Rajoy por una aberración semejante y, sin embargo, están dispuestos a ser comprensivos con esa misma aberración si sale de la boca de un nacionalista.

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