Source: http://www.slideshare.net/carlangas73/informe-sobre-la-investigacin-clnica-en-personas-institucionalizadas
Timestamp: 2016-05-04 19:52:26+00:00

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3 Er Informe De La ObservacióN Elec...
VIVERA - PRESENTACION 2013
Informe sobre la Investigación clínica en personas con VIH institucionalizadas Investigación clínica en personas con VIH institucionalizadas Miguel Angel Ramiro Avilés Universidad de Alcalá1. IntroducciónEl presente informe tiene como objetivo analizar la investigación clínica, centrada o noen el VIH, que tiene como sujetos a las personas con VIH que están recluidas en uncentro penitenciario. La relevancia normativa de este aspecto concreto se debe a que, engeneral, la participación de este grupo de personas, los reclusos con o sin VIH, en lainvestigación clínica plantea dudas sobre su capacidad para consentir libremente, conplena voluntariedad, la participación en una investigación clínica debido a la situaciónde sujeción especial en la que se encuentran. Este cuestionamiento parte de la discusiónacerca no sólo de cómo es posible llevar a cabo el proceso de información y de cómo sedebe obtener el consentimiento sino también de la propia conveniencia de su inclusiónen la investigación clínica. Toda investigación clínica, cuya justificación última se encuentra en losbeneficios que puede producir el aumento del conocimiento en términos de mejora de lamedicina, debe evitar la explotación, el sometimiento a tratos inhumanos, crueles ydegradantes y la discriminación de las personas que participan, y para ello debe hacerrespetando su capacidad para tomar sus propias decisiones.2. Una breve historia sobre la investigación clínica en el ámbito del VIH/SidaLa aparición del VIH/Sida a principios de los años 80 del siglo pasado y lainvestigación clínica que se ha desarrollado sobre esta enfermedad como centro dereflexión ha trastocado alguno de los presupuestos y principios éticos básicos de lainvestigación clínica ya que los grandes avances terapéuticos logrados han sido posible 1
gracias a que se flexibilizaron los criterios que definían la relación riesgo-beneficio-daño. La investigación clínica, que es la parte de la investigación biomédica en la quese produce la participación de seres humanos, está diseñada para contribuir al avance delos fines y objetivos de la medicina mediante el desarrollo de nuevas intervenciones yprocedimientos terapéuticos, tanto de diagnóstico como de prevención (Levine, 2008).La participación de seres humanos obliga a que la investigación permita hacer unaestimación del valor y de la validez de las consecuencias que se puedan anticipar y paraello la investigación debe estar diseñada correctamente (Freedman, 1987). Si el diseñode la investigación no fuese el adecuado, entonces la participación de seres humanospodría no ser correcta desde el punto de vista ético al estar sometidos a riesgosexcesivos o al poder producirse daños irreparables. El objetivo de la investigación clínica no es proveer un diagnóstico, untratamiento preventivo o terapéutico, sino comprobar una hipótesis, elaborarconclusiones y generalizar el conocimiento (Miller & Rosenstein, 2003). Esta es unacuestión muy importante que debe resaltarse ya que a pesar de que teóricamente sepuede establecer una diferencia entre asistencia sanitaria e investigación clínica, en lapráctica existe una tensión dramática ya que ambas funciones –la de investigador y la demédico- las suele realizar la misma persona (Katz, 1973) y cuando se trata deinvestigación clínica muchas veces el participante potencial es paciente del médico(Brock, 2008). El médico/investigador se ha comparado, usando las imágenes propiasde las novelas de espías, a un agente doble con intereses contrapuestos ya que por unlado, en su faceta de médico, debe velar por el bienestar del paciente proporcionándoleel mejor tratamiento posible; por otro lado, en su faceta de investigador, ve al pacientecomo el sujeto idóneo en el que tratar de probar su hipótesis de trabajo (Levine, 1992).La tensión existente entre el investigador y el médico se ejemplifica a la perfección enel diseño de la investigación clínica basada en la randomización (Levine, 2008). Una investigación clínica randomizada es un estudio controlado en el que laterapia que va a ser evaluada (por ejemplo, un nuevo tratamiento antirretroviral basadoen una coformulación a dosis fija) se administra a una parte de la población del estudiomientras que a la otra parte o bien se le administra otra terapia (el tratamientoantirretroviral estándar) o bien se le administra placebo (cuando no existe opciónterapéutica disponible), sin poder tener en cuenta exclusivamente el criterio delbienestar del paciente. Esto ha llevado a que se haya argumentado que dado que el 2
conflicto es irresoluble, las funciones deben realizarse por personas distintas paraproteger mejor los intereses de las personas que participan en la investigación (Beecher,1970). El conflicto se entiende como una tragedia y nada puede hacerse porque elmédico/investigador se encuentra solicitado a la vez de forma inexorable por lasexigencia de la práctica médica y de la investigación. Otra línea de argumentación, encambio, es que tal separación no debe producirse porque la mejor garantía de que losintereses de los participantes en la investigación se van a proteger reside en la‘conciencia’ del médico (Levine, 1988) o porque es posible manejar dicho conflictohaciendo entender al potencial participante de cómo su relación con el médico se va amodificar en el contexto de la investigación (Brody & Miller, 2003). Esta última posturatiene el mérito de no caer en el paternalismo de la segunda y de apelar a la ética de laresponsabilidad ya que se insta al médico/investigador a que se haga cargo y evalúe lasposible consecuencias beneficiosas o perjudiciales que puede tener la inclusión de unapersona en una investigación clínica. La investigación clínica está suficientemente justificadas por el incremento delbienestar que puede producir al aumentar el conocimiento y con ello mejorar lasintervenciones y los procedimientos terapéuticos, tanto de diagnóstico como deprevención, que repercuten directamente en la protección de la salud de las personasreduciendo las tasas de mortalidad y de morbilidad de las enfermedades, desarrollandonuevas técnicas de rehabilitación, mejorando la calidad de vida. Se trata, por lo tanto, deestablecer cómo debe producirse la investigación clínica en seres humanos, no si sepuede o no se puede reclutar a seres humanos. Así, en el caso que nos ocupa, se trataráde saber cómo se puede producir la participación en la investigación clínica de laspersonas con VIH que estén institucionalizadas en un centro penitenciario; qué garantíasdeben establecerse para que dicha participación sea éticamente aceptable. El apoyo público que tiene que recibir la investigación clínica se basa en elpresupuesto de que la investigación clínica debe realizarse de forma ética y lassuspicacias que se puedan levantar entre determinados colectivos de personas (personascon discapacidad, minorías étnicas, reclusos) se deben a que en ciertas ocasiones,partiendo de la creencia de que el médico en una sociedad democrática sería un buenpadre de familia que cumpliría sus deberes deontológicos, la investigación clínica no seha realizado éticamente. Así, las suspicacias que pueden existir alrededor de lainvestigación clínica hicieron que cuando la pandemia del VIH estaba asolando a losmiembros de la comunidad afroamericana, éstos fueran reacios a participar en los 3
ensayos clínicos que les podrían aportar algún tipo de beneficio (Jones, 2008; Killen,2008). El recuerdo del caso Tuskegee pesaba demasiado en las conciencias (Reverby,2010). Sin confianza en que la investigación clínica se va a realizar de forma éticamentecorrecta será muy difícil reclutar a las personas que son necesarias para llevarla a cabo,el proceso de selección no será el correcto y el conocimiento que se obtenga puedeverse afectado. La protección de las personas que participan en la investigación clínica ha idomodificando sus patrones, muchas veces como consecuencia de acontecimientoshistóricos que han sacudido a la opinión pública: desde los horrores del nazismo, al casodel Jewish Chronic Disease Hospital, al caso del estudio Tuskegee sobre la sífilis o a lapandemia del VIH. En el caso de la pandemia del VIH, desde 1981 hasta 2012 se ha desarrolladouna gran actividad de investigación clínica. Afortunadamente la ingente inversiónpública y privada ha dado sus frutos ya que en un tiempo relativamente corto laenfermedad ha pasado de no tener cura a poder ser tratada como cualquier otraenfermedad crónica, aumentándose la calidad de vida de las personas con VIH y lacantidad de años de vida. Desde que en 1996, durante la XI Conferencia Internacionalsobre Sida celebrada en Vancouver, se presentase la Terapia Antirretroviral de GranActividad (TARGA), las tasas de mortalidad y morbilidad asociadas al VIH/Sida se hanreducido considerablemente y se ha dado una mayor esperanza de vida a las personascon VIH al pasar de la falta absoluta de esperanza a una situación médica en la que laenfermedad es manejable. Como señala Anthony Fauci, el extraordinario esfuerzoinvestigador dedicado al Sida durante las dos primeras décadas de la pandemia y larapidez con la que se han logrado avances sobrepasan con creces los esfuerzos y losavances que se han logrado en cualquier otra enfermedad infecciosa a lo largo de lahistoria (Fauci, 1999). Fue en 1986 cuando se realizó el primer ensayo clínico controlado con placebodesde que en 1983 fuese aislado e identificado el retrovirus. Este primer ensayofinanciado por la compañía farmacéutica Burroughs Wellcome probó la efectividad dela azidotimidina (AZT) al reducir la mortalidad entre los pacientes con Sida (Fischl etal, 1987). Al poco tiempo de que se hicieran públicos los resultados de este ensayo, laspersonas con Sida exigieron el acceso al AZT. Esta exigencia no era fácil de satisfacer yplanteaba serios problemas éticos y legales ya que se trataba del único ensayo clínicoque se había desarrollado hasta la fecha, se había realizado en un grupo pequeño de 4
personas que tenían la enfermedad en un estado avanzado, con unos criterios deinclusión muy restrictivos, tenía unos efectos secundarios considerables, sólo mejorabala esperanza de vida en el corto plazo y la eficacia a largo plazo y la seguridad erandesconocidos (Killen, 2008). A pesar de esto, y dada la ausencia de una opciónterapéutica mejor, la FDA aprobó la comercialización y el uso del AZT por aquellaspersonas que se encontrasen en la misma situación clínica que las personas en las que sehabía realizado el ensayo clínico. Al tiempo, la FDA y la compañía farmacéuticalanzaron un programa de acceso novedoso (treatment IND, treatment investigationalnew drugs) que iba más allá del uso compasivo ya que no se basaba en casos aisladossino en un reclutamiento masivo de personas con el que se pretendía recopilar datos deseguridad. En tan solo seis meses 4000 personas tuvieron acceso al AZT (Fleiger,1995). La pandemia del VIH cambió para siempre el acceso y la regulación de losfármacos experimentales para enfermedades mortales (life-threatening diseases) ya quederribó o redefinió algunas barreras éticas, en especial las que hacían referencia alprincipio de autonomía y al principio de justicia. En concreto, el principio de autonomíase vio afectado al cuestionarse hasta qué punto las personas que tienen una enfermedadque pone en riesgo su vida pueden participar en la investigación clínica, asumiendo yconsintiendo los probables riesgos y los hipotéticos beneficios que conlleva suparticipación. Se señaló que las personas con una enfermedad que ponía en peligro suvida y que no disponían de una terapia eficaz debían acceder a aquellos fármacos quehubieran demostrado su eficacia aunque no fuera de manera concluyente. Esto suponíareconocer que estaba en manos del paciente consentir la asunción de una serie deriesgos que fueran más allá del mínimo. Las salvaguardias impuestas por el InformeBelmont se entendían como obstáculos que les impedían tener acceso al únicotratamiento que había demostrado cierta eficacia. No se les respetaba como personas yaque se les limitaban la autonomía personal y se les imponía una medida paternalista. Enel caso del principio de justicia, la investigación clínica sobre el VIH ha dado forma a laidea de que los beneficios potenciales de la participación deben ser compartidos deforma justa y equitativa ya que aumentó la participación de las personas que no estabancerca de un centro de investigación y de mujeres y minorías raciales lo cual contribuyóa mejorar la información de salud que se disponía (Killen, 2008). En resumen, la realidad de la pandemia del Sida puso sobre la mesa de la éticade la investigación clínica una serie de temas y problemas sobre el acceso a las 5
intervenciones experimentales, exigiendo una nueva interpretación de los principiosbásicos, y consiguió un cambio legislativo al modificarse las normas que regulaban elacceso a los tratamientos experimentales cuando se tratase de enfermedades mortales.3. La regulación de la investigación biomédica en España: la Ley 14/2007, deInvestigación Biomédica, y el RD 223/2004, de Ensayos Clínicos.Las dos normas básicas que regulan la investigación clínica en España son la Ley14/2007, de Investigación Biomédica, y el RD 223/2004, de Ensayos Clínicos. A estasnormas se deben añadir las normas especiales que regula la investigación en reclusos, elartículo 211 del Reglamento Penitenciario y la Instrucción 11/2005 de la DirecciónGeneral de Instituciones Penitenciarias. El análisis de la legislación básica deja en claroque en nuestro sistema legal se ha establecido como un principio ético y un requisitolegal que la investigación clínica en seres humanos debe contar, salvo en una serietasada y muy excepcional de casos, con el consentimiento informado de las personasque participan en la misma. El análisis de la legislación especial deja en claro que ennuestro sistema legal se ha establecido una serie de restricciones que limitan laparticipación de los reclusos, con o sin VIH, en la investigación clínica, sobre el VIH osobre cualquier otra enfermedad. Al primer análisis dedicaré este apartado y al segundoanálisis dedicaré el siguiente. El artículo 1 de la Ley 14/2007 define su objeto y su ámbito de aplicaciónseñalado que la Ley 14/2007 tiene por objeto regular, con pleno respeto a la dignidad eidentidad humanas y a los derechos inherentes a la persona, la investigación biomédica,tanto básica como clínica. De todas las ramas que componen la investigaciónbiomédica, este informe se centra en las investigaciones relacionadas con la saludhumana que impliquen procedimientos invasivos, esto es, todas las intervencionesrealizadas con fines de investigación que impliquen un riesgo físico o psíquico para elsujeto afectado. Un procedimiento invasivo especial es el de los ensayos clínicos conmedicamentos, que no está regulado por la Ley 14/2007 sino por el RD 223/2004, alque luego haremos referencia. La realización de cualquier actividad de investigación biomédica que impliqueun procedimiento invasivo comprendida en la Ley 14/2007 requerirá el previo ypreceptivo informe favorable del Comité de Ética de la Investigación y estará sometida 6
a la observancia de una serie de principios y garantías con el fin de asegurar laprotección de la dignidad e identidad del ser humano con respecto a cualquierinvestigación que implique intervenciones sobre seres humanos en el campo de labiomedicina. De igual forma se debe garantizar a toda persona, sin discriminaciónalguna por causas genéticas o por cualquier otra causa, el respeto a la integridad y a susdemás derechos y libertades fundamentales, en especial su derecho a que se proteja laconfidencialidad en el tratamiento de los datos de carácter personal y de las muestrasbiológicas y en la realización de análisis genéticos. Se debe hacer prevalecer la salud, elinterés y el bienestar del ser humano que participe en una investigación biomédica porencima del interés de la sociedad o de la ciencia. La investigación se desarrollará, pues,de acuerdo con el principio de precaución para prevenir y evitar riesgos para la vida y lasalud. De igual forma, el artículo 6 de la Ley 14/2007 introduce en nuestro sistemajurídico el principio de no discriminación a causa de sus características genéticas, acausa de su negativa a someterse a un análisis genético o a prestar su consentimientopara participar en una investigación biomédica o a donar materiales biológicos. Las investigaciones que implican procedimientos invasivos en seres humanossólo podrá llevarse a cabo en ausencia de una alternativa de eficacia comparable y nodeberá implicar para el ser humano riesgos y molestias desproporcionados en relacióncon los beneficios potenciales que se puedan obtener (art. 14 Ley 14/2007). Sinperjuicio de lo anterior, cuando la investigación no tenga la posibilidad de producirresultados de beneficio directo para la salud del sujeto participante en la misma sólopodrá ser iniciada en el caso de que represente un riesgo y una carga mínimos paradicho sujeto, a juicio del Comité de Ética de la Investigación que deba evaluar lainvestigación. Esta última cuestión es controvertida porque la investigación clínica notiene como objetivo beneficiar directamente al sujeto participante sino generarconocimiento. No se debería diferenciar entre investigación clínica terapéutica y noterapéutica pues esa no es su finalidad sino que debería diferenciarse entre investigaciónclínica sobre una enfermedad que afecta al sujeto o investigación clínica sobre unaenfermedad que no afecta al sujeto. En el primer caso, al estar afectado el sujeto de lainvestigación por la enfermedad sobre la que se investiga, el conocimiento que segenera podría llegar a beneficiarle aunque no se puede garantizar tal extremo. La centralidad de la información y el consentimiento se observan en el hecho deque diversos artículos de la Ley 14/2007 regulan el consentimiento informado y elderecho a la información. En este sentido, se señala que se respetará la libre autonomía 7
de las personas que puedan participar en una investigación biomédica o que puedanaportar a ella sus muestras biológicas, para lo que será preciso que hayan prestadopreviamente su consentimiento expreso y escrito una vez recibida la informaciónadecuada, debidamente documentada y en forma comprensible. La información seproporcionará por escrito y comprenderá la naturaleza, importancia, implicaciones yriesgos de la investigación. Si se tratase de una persona con discapacidad, lainformación se prestará en condiciones y formatos accesibles apropiados a susnecesidades. Si el sujeto de la investigación no pudiera escribir, el consentimiento podráser prestado por cualquier medio admitido en derecho que permita dejar constancia desu voluntad. Si se trata de una persona incapacitada legalmente, el consentimiento seotorgará por representación, el cual será proporcionado a la investigación a desarrollar yse efectuará con respeto a la dignidad de la persona y en beneficio de su salud. Noobstante, las personas incapacitadas participarán en la medida de lo posible y según suscapacidades en la toma de decisiones a lo largo del proceso de investigación prestado suasentimiento. La información que debe proporcionarse incluirá el propósito, el plan detallado,las molestias y los posibles riesgos y beneficios de la investigación. Dicha informaciónespecificará los siguientes extremos: a) naturaleza, extensión y duración de losprocedimientos que se vayan a utilizar, en particular los que afecten a la participacióndel sujeto; b) procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos disponibles; c)medidas para responder a acontecimientos adversos en lo que concierne a los sujetosque participan en la investigación; d) medidas para asegurar el respeto a la vida privaday a la confidencialidad de los datos personales de acuerdo con las exigencias previstasen la legislación sobre protección de datos de carácter personal; e) medidas para accedera la información relevante para el sujeto, que surjan de la investigación o de losresultados totales; f) medidas para asegurar una compensación adecuada en caso de queel sujeto sufra algún daño; g) identidad del profesional responsable de la investigación;h) cualquier futuro uso potencial, incluyendo los comerciales, de los resultados de lainvestigación; i) fuente de financiación del proyecto de investigación. En el caso de queno se conozcan estos extremos existirá el compromiso explícito de completar lainformación cuando los datos estén disponibles. En el caso de que nos encontremos con personas que no tengan capacidad paraexpresar su consentimiento, la investigación sobre una persona incapaz de obrar, salvoque, en atención a su grado de discernimiento, la resolución judicial de incapacitación le 8
autorizase para prestar su consentimiento a la investigación, únicamente podrá serrealizada si concurren las siguientes condiciones: a) que los resultados de lainvestigación puedan producir beneficios reales o directos para su salud (con lasalvedad antes mencionada); b) que no se pueda realizar una investigación de eficaciacomparable en individuos capaces de otorgar su consentimiento; c) que la persona quevaya a participar en la investigación haya sido informada por escrito de sus derechos, amenos que esa persona no esté en situación de recibir la información; d) que losrepresentantes legales de la persona que vaya a participar en la investigación hayanprestado su consentimiento por escrito, después de haber recibido la información. Losrepresentantes legales tendrán en cuenta los deseos u objeciones previamenteexpresados por la persona afectada. Cuando sea previsible que la investigación no vaya a producir resultados enbeneficio directo para la salud de esos sujetos (con la salvedad antes mencionada), lainvestigación podrá ser autorizada de forma excepcional si además concurren lassiguientes condiciones: a) que la investigación tenga el objeto de contribuir, a través demejoras significativas en la comprensión de la enfermedad o condición del individuo, aun resultado beneficioso para otras personas de la misma edad o con la mismaenfermedad o condición, en un plazo razonable; b) que la investigación entrañe unriesgo y una carga mínimos para el individuo participante; c) que la autorización de lainvestigación se ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal. Si la investigación clínica se quiere hacer en personas incapaces de consentirdebido a su situación clínica, deberán cumplirse las siguientes condiciones específicas:a) que no sea posible realizar investigaciones de eficacia comparable en personas que nose encuentren en esa situación de emergencia; b) que en el caso de que no sea previsibleque la investigación vaya a producir resultados beneficiosos para la salud del paciente(con la salvedad antes mencionada), tenga el propósito de contribuir a mejorar de formasignificativa la comprensión de la enfermedad o condición del paciente, con el objetivode beneficiar a otras personas con la misma enfermedad o condición, siempre queconlleve el mínimo riesgo e incomodidad para aquél; c) que la autorización de lainvestigación se ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal. Se respetará cualquierobjeción expresada previamente por el paciente que sea conocida por el médicoresponsable de su asistencia, por el investigador o por el Comité de Ética de laInvestigación correspondiente al centro. Las personas que participen en unainvestigación en situación de emergencia o, en su caso, sus representantes legales, 9
deberán ser informados a la mayor brevedad posible. Asimismo se deberá solicitar elconsentimiento para continuar participando en las investigaciones, en cuanto el pacientese halle en condiciones de prestarlo. Todas las personas que participen en una investigación biomédica, incluso lasincapacitadas legalmente, podrán revocar su consentimiento o asentimiento en cualquiermomento. La falta de consentimiento o la revocación del consentimiento o delasentimiento previamente otorgado no supondrá perjuicio alguno en la asistenciasanitaria del sujeto. Así, las personas a las que se solicite su participación en unainvestigación serán informadas específicamente de su derecho a rehusar elconsentimiento o a retirarlo en cualquier momento sin que pueda verse afectado por talmotivo su derecho a la asistencia sanitaria. Con este derecho se quiere garantizar lavoluntariedad de la decisión, sin que pueda mediar coacción o manipulación. Si la investigación da lugar a información relevante para la salud de losparticipantes, ésta debe ser puesta a su disposición, lo que se hará efectivo en el marcode la asistencia en curso o, en su defecto, prestando un asesoramiento específico,incluido en consejo genético. De igual forma, se respetará el derecho de la persona adecidir que no se le comunique esa información, incluidos los descubrimientosinesperados que se pudieran producir. No obstante, cuando esta información, segúncriterio del médico responsable, sea necesaria para evitar un grave perjuicio para susalud o la de sus familiares biológicos, se informará a un familiar próximo o a unrepresentante, previa consulta del comité asistencial si lo hubiera. En la investigación biomédica es muy importante la protección de datospersonales y garantías de confidencialidad (art. 5 Ley 14/2007), de tal forma que sedebe garantizar la protección de la intimidad personal y el tratamiento confidencial delos datos personales que resulten de la actividad de investigación biomédica, conforme alo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal,y se prohíbe la utilización de datos relativos a la salud de las personas con finesdistintos a aquéllos para los que se prestó el consentimiento. Las mismas garantías seránde aplicación a las muestras biológicas que sean fuente de información de carácterpersonal. La cesión de datos de carácter personal a terceros ajenos a la actuación médicoasistencial o a una investigación biomédica, requerirá el consentimiento expreso yescrito del interesado. En el supuesto de que los datos obtenidos del sujeto fuentepudieran revelar información de carácter personal de sus familiares, la cesión a tercerosrequerirá el consentimiento expreso y escrito de todos los interesados. Cualquier 10
persona que, en el ejercicio de sus funciones en relación con una actuación médico-asistencial o con una investigación biomédica, cualquiera que sea el alcance que tenganuna y otra, acceda a datos de carácter personal quedará sometida al deber de secreto.Este deber persistirá aún una vez haya cesado la investigación o la actuación. Tal y como se ha señalado, toda investigación biomédica que comporte algúnprocedimiento invasivo en el ser humano deberá ser previamente evaluada por elComité de Ética de la Investigación correspondiente del proyecto de investigación. Laevaluación deberá ser previa a la autorización, favorable y debidamente motivada ytendrá en cuenta la idoneidad científica del proyecto, su pertinencia, factibilidad y laadecuación del investigador principal y del equipo investigador. La realización de lainvestigación deberá ajustarse en todo caso al contenido del proyecto al que se hubieraotorgado la autorización. El Comité de Ética de la Investigación tomará las medidas quesean oportunas con el fin de comprobar que la continuidad del proyecto está justificadaa la luz de los nuevos conocimientos que se alcancen a lo largo de su ejecución.Cualquier modificación en las condiciones autorizadas para un proyecto deinvestigación que se considere relevante no podrá llevarse a cabo sin el previo dictamenfavorable del Comité de Ética de la Investigación y la aprobación de la autoridadcompetente y cualquier información relevante sobre la participación en la investigaciónserá comunicada por escrito a los participantes o, en su caso, a sus representantes, a lamayor brevedad. El artículo 18 de la Ley 14/2007 reconoce que las personas que hayan sufridodaños como consecuencia de su participación en un proyecto de investigación, recibiránla compensación que corresponda. La realización de una investigación que comporte unprocedimiento invasivo en seres humanos exigirá el aseguramiento previo de los dañosy perjuicios que pudieran derivarse de aquélla para la persona en la que se lleve aefecto. Cuando, por cualquier circunstancia, el seguro no cubra enteramente los dañoscausados, el promotor de la investigación, el investigador responsable de la misma y elhospital o centro en el que se hubiere realizado responderán solidariamente de aquéllos,aunque no medie culpa, incumbiéndoles la carga de la prueba. Ni la autorizaciónadministrativa ni el informe del Comité de Ética de la Investigación les eximirán deresponsabilidad. Se presume, salvo prueba en contrario, que los daños que afecten a lasalud de la persona sujeta a la investigación, durante su realización y en el año siguientea su terminación, se han producido como consecuencia de la investigación. Sinembargo, una vez concluido el año, el sujeto de aquélla estará obligado a probar el daño 11
y el nexo entre la investigación y el daño producido. Se introduce de esta manera lainversión de la carga de la prueba durante la realización de la investigación clínica y enel año siguiente a su terminación, con el fin de proteger a la parte más vulnerable. Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de lainvestigación y reducir los riesgos e incomodidades para los individuos participantes.Por tal motivo, las personas que vayan a participar en la investigación tienen el deber defacilitar los datos reales sobre su estado físico o su salud. En cualquier caso, elinvestigador tomará las medidas necesarias, que incluirán la consulta a los médicosresponsables de la asistencia de los participantes, para comprobar dichos extremospreviamente a la iniciación de la investigación, con objeto de asegurar que las personaspara las cuales la investigación revista especial riesgo sean excluidas de la misma. Conel fin diferenciar la asistencia sanitaria de la investigación, las decisiones médicasrelacionadas con la salud de los sujetos participantes en la investigación corresponden almédico responsable de su asistencia. De igual modo, la investigación no deberá retrasaro privar a los participantes de los procedimientos médicos preventivos, diagnósticos oterapéuticos que sean necesarios para su estado de salud. En el caso de investigacionesasociadas con la prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades, deberáasegurarse que los participantes que se asignen a los grupos de control recibanprocedimientos probados de prevención, diagnóstico o tratamiento. Podrá recurrirse aluso de placebo sólo si no existen métodos de eficacia probada, o cuando la retirada deestos métodos no presente un riesgo o perjuicio inaceptable para el paciente. Cuando la investigación implique a mujeres en edad fértil, se tendrá en cuenta elposible impacto adverso sobre un embarazo existente desconocido o posterior, así comosobre la salud del embrión, el feto o el niño. La investigación realizada durante elembarazo y lactancia se contempla en el artículo 19 de la Ley 14/2007. Exclusivamentepodrá autorizarse una investigación en la que participe una mujer embarazada, respectoa la cual dicha investigación no vaya a producir un beneficio directo (con la salvedadantes mencionada), o sobre el embrión, el feto, o el niño después de su nacimiento, si secumplen las siguientes condiciones: a) que la investigación tenga el objeto de contribuira producir unos resultados que redunden en beneficio de otras mujeres, embriones, fetoso niños; b) que no sea posible realizar investigaciones de eficacia comparable enmujeres que no estén embarazadas; c) que la investigación entrañe un riesgo y unperjuicio mínimos para la mujer y, en su caso, para el embrión, el feto o el niño; d) quela embarazada o los representantes legales del niño, en su caso, presten su 12
consentimiento en los términos previstos en esta Ley. Cuando la investigación se lleve acabo en una mujer durante el periodo de lactancia, deberá tenerse especial cuidado enevitar un impacto adverso en la salud del niño. Esto último se observa, por ejemplo, enla investigación clínica sobre los efectos de la lactancia materna en los recién nacidos ylos plazos en los que se aconseja y se desaconseja dicha lactancia en caso de que lamadre sea seropositiva al VIH. Por lo que respecta a los ensayos clínicos con medicamentos, el RD 223/2004 seaplicará a los ensayos clínicos con medicamentos de uso humano que se realicen enEspaña. A estos efectos, el uso compasivo no tendrá la consideración de ensayo clínico,esto es, la administración de un medicamento en investigación a un solo paciente, en elámbito de la práctica médica habitual y con el único propósito de conseguir unbeneficio terapéutico para el paciente. Un ensayo clínico es toda investigación efectuadaen seres humanos para determinar o confirmar los efectos clínicos, farmacológicos y/odemás efectos farmacodinámicos, y/o de detectar las reacciones adversas, y/o deestudiar la absorción, distribución, metabolismo y excreción de uno o variosmedicamentos en investigación (forma farmacéutica de una sustancia activa o placeboque se investiga o se utiliza como referencia en un ensayo clínico, incluidos losproductos con autorización de comercialización cuando se utilicen o combinen -en laformulación o en el envase- de forma diferente a la autorizada, o cuando se utilicen paratratar una indicación no autorizada, o para obtener más información sobre un usoautorizado) con el fin de determinar su seguridad y/o su eficacia. Tendrán laconsideración de sujetos del ensayo todas las personas que participan en un ensayoclínico, bien recibiendo el medicamento en investigación, bien como control. Sólo se podrá iniciar un ensayo clínico cuando el Comité Ético de InvestigaciónClínica que corresponda y la Agencia Española de Medicamentos y ProductosSanitarios hayan considerado que los beneficios esperados para el sujeto del ensayo(con la salvedad antes mencionada) y para la sociedad justifican los riesgos; asimismo,sólo podrá proseguir si se supervisa permanentemente el cumplimiento de este criterio.Sólo se podrán realizar ensayos clínicos cuando se cumplan todos los requisitossiguientes: a) disponer de suficientes datos científicos y, en particular, ensayosfarmacológicos y toxicológicos en animales, que garanticen que los riesgos que implicaen la persona en que se realiza son admisibles; b) que el estudio se base en losconocimientos disponibles, la información buscada suponga, presumiblemente, unavance en el conocimiento científico sobre el ser humano o para mejorar su estado de 13
salud y su diseño minimice los riesgos para los sujetos participantes en él; c) que losriesgos e inconvenientes previsibles para los sujetos del ensayo se hayan ponderado conrespecto a los beneficios previsibles para cada sujeto del ensayo y futuros pacientes.Con el fin de garantizar una protección óptima de la salud y los derechos de los sujetos,no se podrán llevar a cabo investigaciones obsoletas o repetitivas. El ensayo clínico debe estar diseñado para reducir al mínimo posible el dolor, laincomodidad, el miedo y cualquier otro riesgo previsible en relación con la enfermedady edad o grado de desarrollo del sujeto; tanto el umbral de riesgo como el grado deincomodidad deben ser definidos de forma específica y monitorizados durante elensayo, especialmente cuando los sujetos del ensayo sean menores, adultos incapaces oconstituyan una población especialmente vulnerable en razón de su situacióneconómica, médica o social. Este es el caso de las personas con VIH que estánencarceladas. Los ensayos clínicos se realizarán en condiciones de respeto a los derechos delsujeto y a los postulados éticos que afectan a la investigación biomédica con sereshumanos. En particular, se deberá salvaguardar la integridad física y mental del sujeto,así como su intimidad y la protección de sus datos, de acuerdo con la Ley Orgánica15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. Por tal motivo, se obtendrá ydocumentará el consentimiento informado de cada uno de los sujetos del ensayo,libremente expresado, antes de su inclusión en el ensayo. Los sujetos participantes en ensayos clínicos sin beneficio potencial directo parael sujeto en investigación recibirán del promotor la compensación pactada por lasmolestias sufridas. Esto se permite en la fase I de los ensayos clínicos en la queparticipan sujetos sanos que no tienen la enfermedad o condición que se estudia. Lacuantía de la compensación económica estará en relación con las características delensayo, pero en ningún caso será tan elevada como para inducir a un sujeto a participarpor motivos distintos del interés por el avance científico. En los ensayos clínicos sinbeneficio potencial directo para la salud de los sujetos participantes, el riesgo que estossujetos asuman estará justificado en razón del beneficio esperado para la colectividad. En los casos de investigaciones sin beneficio potencial directo para el sujeto eninvestigación cuando son menores e incapaces, para evitar la posible explotación deestos sujetos, no se producirá ninguna compensación económica por parte del promotor,a excepción del reintegro de los gastos extraordinarios y pérdidas de productividad quese deriven de la participación del sujeto en el ensayo. En menores y en sujetos 14
incapacitados podrán realizarse ensayos sin beneficio potencial directo para el sujetoúnicamente si el Comité Ético de Investigación Clínica considera que se cumplen lossiguientes requisitos: a) que se adoptan las medidas necesarias para garantizar que elriesgo sea mínimo; b) que las intervenciones a que van a ser sometidos los sujetos delensayo son equiparables a las que corresponden a la práctica médica habitual en funciónde su situación médica, psicológica o social; c) que del ensayo se pueden obtenerconocimientos relevantes sobre la enfermedad o situación objeto de investigación, devital importancia para entenderla, paliarla o curarla; d) que estos conocimientos nopueden ser obtenidos de otro modo; e) que existen garantías sobre la correcta obtencióndel consentimiento informado. En mujeres gestantes o en período de lactancia, sólo se podrán realizar ensayosclínicos sin beneficio potencial directo para ellas cuando el Comité Ético deInvestigación Clínica concluya que no suponen ningún riesgo previsible para su salud nipara la del feto o niño, y que se obtendrán conocimientos útiles y relevantes sobre elembarazo o la lactancia. Los sujetos que participen en ensayos con un posible beneficio potencial directopara el sujeto de investigación –porque tienen la enfermedad que se estudia- o susrepresentantes legales únicamente podrán recibir del promotor el reintegro de los gastosextraordinarios y pérdidas de productividad que se deriven de su participación en elensayo. Sólo podrá realizarse un ensayo clínico con medicamentos en investigación si,previamente, se ha concertado un seguro u otra garantía financiera que cubra los dañosy perjuicios que como consecuencia del ensayo puedan resultar para la persona en quehubiera de realizarse, salvo que el ensayo se refiera únicamente a medicamentosautorizados en España, su utilización en el ensayo se ajuste a las condiciones de usoautorizadas y el Comité Ético de Investigación Clínica considere que las intervencionesa las que serán sometidos los sujetos por su participación en el ensayo suponen unriesgo equivalente o inferior al que correspondería a su atención en la práctica clínicahabitual. El promotor del ensayo es el responsable de la contratación de dicho seguro deresponsabilidad o de la garantía financiera y éstos cubrirán las responsabilidades delpromotor, del investigador principal y sus colaboradores, y del hospital o centro dondese lleve a cabo el ensayo clínico. Cuando no se concierte seguro u otra garantíafinanciera o, por cualquier circunstancia, el seguro o la garantía financiera concertadosno cubran enteramente los daños, el promotor del ensayo clínico, el investigador 15
principal y el hospital o centro donde se realice el ensayo serán responsablessolidariamente, sin necesidad de que medie culpa, del daño que en su salud sufra elsujeto sometido al ensayo clínico, así como de los perjuicios económicos que sederiven, incumbiéndoles la carga de la prueba de que no son consecuencia del ensayoclínico o de las medidas terapéuticas o diagnósticas que se adopten durante surealización. Ni la autorización administrativa, ni el dictamen favorable del Comité Éticode Investigación Clínica eximirán de responsabilidad al promotor del ensayo clínico, alinvestigador principal y sus colaboradores o al hospital o centro donde se realice elensayo clínico en estas circunstancias. Se presume, salvo prueba en contrario, que los daños que afecten a la salud delsujeto del ensayo durante su realización y en el año siguiente a la terminación deltratamiento se han producido como consecuencia del ensayo. Sin embargo, una vezconcluido el año, el sujeto del ensayo esta obligado a probar el nexo entre el ensayo y eldaño producido. Serán objeto de resarcimiento todos los gastos derivados delmenoscabo en la salud o estado físico del sujeto sometido al ensayo clínico, así comolos perjuicios económicos que se deriven directamente de dicho menoscabo, siempreque éste no sea inherente a la patología objeto de estudio, o se incluya dentro de lasreacciones adversas propias de la medicación prescrita para dicha patología, así como laevolución propia de su enfermedad como consecuencia de la ineficacia del tratamiento. En todos los casos se requiere la previa obtención del consentimiento una vezque la persona sujeto del ensayo o sus representantes han sido informados. Elconsentimiento informado es la decisión, que debe figurar por escrito y estar fechada yfirmada, de participar en un ensayo clínico adoptada voluntariamente por una personacapaz de dar su consentimiento tras haber sido debidamente informada y documentadaacerca de su naturaleza, importancia, implicaciones y riesgos. En el supuesto de que elsujeto tenga un impedimento para escribir, el consentimiento podrá otorgarse en casosexcepcionales de forma oral en presencia de al menos un testigo. Cuando quien haya deotorgar el consentimiento sea una persona con discapacidad, la información se leofrecerá en formatos adecuados, según las reglas marcadas por el principio de diseñopara todos, de manera que le resulte accesible y comprensible, y se arbitrarán lasmedidas de apoyo pertinentes para favorecer que pueda prestar por sí su consentimiento.Cuando el sujeto del ensayo no sea una persona capaz para dar su consentimiento, ladecisión deberá adoptarse por su representante legal. 16
El sujeto del ensayo deberá otorgar su consentimiento después de haberentendido, mediante una entrevista previa con el investigador o un miembro del equipode investigación, los objetivos del ensayo, sus riesgos e inconvenientes, así como lascondiciones en las que se llevará a cabo, y después de haber sido informado de suderecho a retirarse del ensayo en cualquier momento sin que ello le ocasione perjuicioalguno. El consentimiento se documentará mediante una hoja de información para elsujeto y el documento de consentimiento. La hoja de información contendrá únicamenteinformación relevante, expresada en términos claros y comprensibles para los sujetos, yestará redactada en la lengua propia del sujeto. El análisis de la legislación básica que hemos hecho muestra la necesidad deindagar sobre el fundamento filosófico del principio ético por el cual la investigaciónclínica en seres humanos debe contar con el consentimiento informado de las personasque participan en la misma. Esto permite clarificar de qué manera debería entenderse elrequisito legal del consentimiento informado y qué límites, si es que existe alguno,deben tenerse en cuenta (Brock, 2008). El fundamento filosófico que está detrás de laobligación legal de obtener el consentimiento informado de las personas antes desometerlas a una investigación clínica es su autonomía. La filosofía kantiana y el papelcentral que en ella tiene la autonomía personal es el origen de la doctrina y la prácticadel consentimiento informado en la investigación clínica. El imperativo kantiano de quenadie puede ser utilizado como un medio sino como un fin en si mismo cobra especialimportancia en el ámbito de la investigación clínica pues el objetivo principal de lamisma no es beneficiar directamente al participante sino producir conocimientogeneralizable que beneficie a terceras personas. El beneficio, pues, no puede entenderseexclusivamente desde el punto de vista individual sino desde el colectivo ya que lainvestigación puede contribuir a mejorar el conocimiento que se tiene de la enfermedady cómo ésta se desarrolla. El principio de autonomía supone que las personas tienen la capacidad de formarsus propios valores, con los que va a construir una concepción de la buena vida, un plande vida o un proyecto de florecimiento humano que le conduzca a la salvación o a lafelicidad. La autonomía permite que las personas tomen decisiones significativas sobresu propia vida, siguiendo sus planes y proyectos, y sean libres de llevar a cabo ciertasdecisiones y ciertos comportamientos sin la interferencia de otros (Beauchamp &Childress, 2001). 17
Una vez que se ha establecido la base ética del requisito del consentimientoinformado, es preciso determinar cuándo las personas están tomando decisionesautónomas (Dworkin, 1988). Decidir implica seleccionar de entre una serie dealternativas, que en el caso de la investigación clínica se concreta, por ejemplo, entreparticipar o no en el ensayo clínico con medicamentos. ¿Qué requisitos debe tener elconsentimiento informado para que pueda afirmarse que una persona ha adoptado unadecisión autónoma en el caso de que se le haya ofrecido formar parte de unainvestigación clínica? Cabe señalar que los requisitos son que la elección haya sidoinformada, voluntaria y hecha por una persona competente (Brock, 2008).A. InformaciónCada participante potencial en la investigación clínica debe tener la informaciónapropiada de una manera comprensible (Brock, 2008) y en un formato adecuado a susnecesidades, una vez que se hayan adoptado los ajustes razonables. Como el objetivo dela información es permitir que las personas puedan tomar una decisión informada, elinvestigador tiene la obligación de ofrecer la posibilidad de que los potencialesparticipantes le formulen preguntas (Levine, 1986), convirtiéndose de esa manera en unapoyo necesario en el proceso de toma de decisiones. Aunque la cuestión sobre qué información debe darse a los potencialesparticipantes está regulada en muchas normas legales y existen listados más o menosextensos sobre los apartados que se deben incluir, todavía no se ha solucionadodefinitivamente la cuestión sobre el detalle con el que se debe dar la información, enespecial la información sobre los riesgos y beneficios potenciales que entraña laparticipación en la investigación clínica. La calidad y la cantidad de la información sonlos dos parámetros que se deben controlar para que se pueda producir un consentimientoválido. Lo difícil, como es obvio, es encontrar el equilibrio. Dan Brock señala que existen tres criterios que se suelen utilizar en la asistenciamédica (el criterio de la práctica profesional, el criterio de la persona razonable y elcriterio de la información a la medida), que podrían trasponerse al ámbito de lainvestigación clínica, mediante los que se pretende llegar a determinar ese detalle(Brock, 1993) y alcanzar el equilibrio. El primer criterio (la práctica profesional) señalaque el médico/investigador debe dar la información con el detalle con el que lo harían lamayoría de sus colegas; el segundo criterio (la persona razonable) señala que elmédico/investigador debe dar la información con el detalle que una persona razonable 18
querría tener para poder tomar una decisión. Estos criterios, según Brock, soncuestionables pues en el primer caso se asume que la práctica profesional es la correctay en el segundo caso no se puede llegar a saber con certeza qué es una personarazonable. Dan Brock propone el criterio de la información a medida ya que permitedeterminar en cada caso particular qué grado de detalle requiere cada persona. Lamanera de lograr este criterio en la investigación clínica es mediante una entrevista en laque el potencial participante puede formular al investigador todas las preguntas queestime pertinentes. De esta manera se puede no sólo establecer una información a lamedida de cada persona, ya que unas demandarán más información que otras en laentrevista o tendrán unas dudas diferentes, sino que se permite diferenciar nítidamentela hoja de información y el documento de consentimiento informado del proceso deobtención del consentimiento informado (Wendler & Rackoff, 2001). La obtención de un documento firmado de consentimiento informado no essinónimo de que exista un consentimiento válido desde el punto de vista ético sino sólode que se ha cumplido superficialmente el formalismo legal. Así las cosas, elconsentimiento informado no debe equipararse al documento sino que debe entendersecomo un proceso en continuo desarrollo en el que la nueva información que se obtengadurante la investigación debe comunicarse a los participantes por si, a la vista de lamisma, deciden cambiar de opinión y abandonarla. El consentimiento informadoentendido como proceso supone que la información deba proporcionarse antes, durantey después de la investigación clínica. El objetivo de la información es que el potencial participante en la investigaciónclínica sepa aquello que es importante para su vida y que sea probable que le afectepositiva o negativamente por la participación en la investigación. De ahí que carezcande sentido las hojas de información extensas en exceso, muchas de ellas pensadas paraevitar reclamaciones judiciales, o las que incluyan un lenguaje técnico demasiadosofisticado o sin una explicación clara. Ni la extensión de la información ni el detallecon el que la información debe proporcionarse significan que el potencial participantedeba entender la base científica y médica de toda la investigación (Sreenivasan, 2003).Un consentimiento informado válido no requiere un nivel particular de entendimientode la información por parte del participante, más allá de aquello que es importante parasu vida y que sea probable que le afecte positiva o negativamente por la participación enla investigación. El repeat back debe limitarse a esas cuestiones importantes para suvida y no entrar en los detalles científicos o médicos de la investigación (Fink et al, 19
2010). Un consentimiento válido requiere que la información relevante sea accesible alos participantes de forma comprensible y que vaya acompañado de un proceso que lepermita hacer preguntas y aclarar la información (Brock, 2008).B. VoluntariedadLa voluntariedad es el segundo requisito para que haya un consentimiento válido. Esterequisito obliga al investigador a asegurarse de que el consentimiento del participantesea voluntario y no esté sometido a ningún tipo de coerción, esto es, no existe laamenaza de encontrarse en una situación peor si una persona no acepta participar en lainvestigación (Brock, 2008). Una persona a la que su médico, cuya bata blanca estárepresentando en ese momento el papel del investigador, le invita a formar parte de unainvestigación clínica puede pensar que si no acepta participar su asistencia sanitariapuede verse afectada negativamente. La relación asimétrica basada en la auctoritas queexiste en este tipo de relación profesional contribuye a generar esa sensación. De igualforma, una persona puede verse forzada a participar en una investigación clínica porpresiones basadas en la potestas de su entorno más cercano, ya sea familiar, religioso oétnico. Esto es especialmente importante en le caso de las personas con VIH que estánencarceladas. De ahí que sea tan importante que el médico/investigador haga todos losesfuerzos para asegurar a los potenciales participantes que su asistencia sanitaria no severá afectada si decide no participar en la investigación clínica. En el caso de laspresiones familiares se debe procurar aislar a la persona de las mismas asumiendo elmédico/investigador la responsabilidad de su no inclusión en la investigación clínica. En el intento de reclutar a una persona para una investigación clínica la ética dela responsabilidad debe evitar que se cruce la línea, demasiado delgada en muchasocasiones, que separa la ilegítima coerción de la legítima advertencia o consejo, que seproduce cuando una persona le dice a otra que haga o no haga tal cosa y deduce susrazones del beneficio que se derivará de ello a favor de la persona hacia la que vadirigido el consejo o la advertencia. El consejo, pues, entra en el ámbito de las medidaso acciones paternalistas que pueden estar justificadas (Ramiro Avilés, 2006). Así, porejemplo, un paciente en el que ha fracasado la terapia estándar puede ser aconsejado porsu médico para que forme parte de un ensayo clínico con la esperanza de que éste puedabeneficiarle, haciéndole saber que el objetivo principal de la investigación es generarconocimiento. Dan Brock señala que los casos similares a este no pueden serconsiderados como coerción ya que el médico/investigador lo único que está haciendo 20
es advertirle de lo que le puede ocurrir si el paciente no participa. Es la enfermedad laque hace que la situación empeore, no es por algo que el médico vaya a hacer o vaya adejar de hacer (Brock, 2008). No obstante, esta postura no es pacífica ya que puedeconsiderarse que existe coerción si el paciente es impelido por la enfermedad a formarparte del ensayo clínico, particularmente cuando las intervenciones que forman lainvestigación clínica tienen efectos secundarios graves (Agrawal, 2003; Bosk, 2002). Laparticular historia del la investigación clínica sobre el VIH vendría a desmontar estaúltimo. La manipulación de la elección también afecta a la voluntariedad delconsentimiento ya que disminuye la calidad y la cantidad de información que recibe unpotencial participante en la investigación clínica (Kligman & Culver, 1992). Se producemanipulación cuando se influye en una persona alterando las opciones disponibles o lavaloración que se tiene de las opciones disponibles (Faden & Beauchamp, 1986). Estoúltimo puede ocurrir cuando deliberadamente la información transmitida sugiere directao indirectamente a los potenciales participantes en la investigación clínica el principiodel cuidado personal que es propio de la atención sanitaria y no de la investigación ocuando las hojas de información son vagas o ambiguas sobre la probabilidad de queexista la posibilidad de obtener un beneficio. No se cambian sus opciones –puedeparticipar o no participar- pero sí la valoración de las mismas –participar es mejor-. También se discute si puede existir coerción, y por ende la voluntariedad delconsentimiento puede estar viciada, cuando no existe una amenaza sino cuando seofrece un beneficio por participar en la investigación clínica (Wilkinson & Moore,1997; Emanuel, 2004). Este sería el caso cuando a las personas que deciden formarparte de la investigación clínica se les ofrece mejorar la situación asistencial o acceder adeterminados tratamientos. Aunque se rechaza que sean coerción pues dejan a laspersonas la opción de permanecer en la misma situación que tenía antes de la oferta,tales ofrecimientos levantan suspicacias éticas cuando se ofrecen a personas que vivenen condiciones de privación ya sea porque tienen escasos recursos económicos o porqueno tienen acceso a los tratamientos médicos (Brock, 2008). En tal caso, el ofrecimientode uno de estos beneficios puede determinar que una persona que vive en dichascircunstancias decida participar en la investigación clínica a pesar de los riesgos quepuede entrañar. Como señala Dan Brock, los ofrecimientos a personas pobres decompensaciones monetarias significativas o de acceso a un cuidado médico porparticipar en una investigación son un tipo de explotación (Brock, 2008). La 21
explotación ocurre cuando un sujeto, ya sea una persona o una empresa, para lograr susfines se aprovecha de la pobreza, falta de poder o dependencia de otro u otros sujetosusándolos sin compensarles adecuadamente. Las cuestiones más relevantes sobre laexplotación y cómo afecta a la voluntariedad ocurren en las investigacionesinternacionales, ya que es allí donde el estándar de tratamiento es subóptimo(Wertheimer, 2008). Los centros penitenciarios pueden ser uno de esos lugares en losque el estándar puede ser subóptimo. Por último, la voluntariedad también puede verse afectada por el hecho de queuna persona esté institucionalizada, ya sea en un centro abierto o cerrado o de maneravoluntaria o involuntaria. Hasta la mitad de la década de los setenta del siglo veinte erabastante común realizar ensayos clínicos con medicamentos con la población carcelaria(Moser et al, 2004). Entre la década de los cincuenta y la década de los setenta cientosde internos de los centros penitenciarios de Pennsylvania participaban eninvestigaciones clínicas, hasta el punto de que en 1976 el 85% de los ensayos clínicosen fase I se hacían con reclusos (National Commission, 1976). Las razones quejustificaban dicha investigación era que se encontraban en un ambiente controlado y quepodían sentirse motivados por una compensación económica baja o por ligeras mejorasen sus condiciones de vida mientras estuvieran en prisión. El reclutamiento era mássencillo, las bajas menores y prácticamente están a disposición de los investigadoresdurante las veinticuatro horas del día. Cumplen mejor las órdenes y los tratamientos alestar acostumbrados a ser monotirizados y controlados. Se descontaba la influencia quela cautividad o la situación de desigualdad física, financiera, educativa o social. Estapráctica, como veremos en el siguiente epígrafe, en la actualidad está sometida a fuertesrestricciones (Bonham & Moreno, 2008).C. CompetenciaEl tercer y último requisito para que haya un consentimiento informado válidoéticamente es que la persona que va a participar sea competente para dar suconsentimiento (Buchanan & Brock, 1989). Aunque la competencia tiene unadimensión legal, en este momento sólo se hace referencia a la dimensión ética de lamisma. La competencia es un requisito de la validez ética del consentimiento porque sinella, aunque la información relevante se haya transmitido y no haya ni coacción nimanipulación, los potenciales participantes en una investigación clínica carecen de lascapacidades de razonamiento para llegar a una elección que se ajuste a sus valores e 22
intereses. La capacidad de tomar decisiones es un fenómeno clínico complejo quetransita por una secuencia continua que va desde la incapacidad para tomar decisioneshasta la plena capacidad para tomar decisiones pero en dicha secuencia no es posiblever nítidamente cuando se produce el paso de una a la otra y por las estacionesintermedias (Rosenstein & Miller, 2008). La atribución de competencia se basa en unaserie de presunciones sobre la capacidad de razonamiento que tienen las personas. Así,en primer lugar, se presume que todas las personas que son mayores de edad soncompetentes, mientras que, en segundo lugar, determinados grupos de personas bien porrazones etarias (menores de edad), bien por razones de su estado de salud (situaciónclínica de coma) o bien por su elevado grado de discapacidad (demencia profunda) sepresume que no son competentes (Ramiro Avilés, 2006). ¿Qué capacidades derazonamiento se necesitan para tener competencia y por qué se presume que esos gruposno las tienen? Brock, Griso y Appelbaum señalan que hay una serie decapacidades/habilidades que deben estar presentes para que el consentimiento seaválido: entender, comunicar, razonar, deliberar y tener objetivos y valores (Brock, 2008;Griso & Appelbaum, 1998). La presencia de estas capacidades y de su ejercicio por una persona esdeterminante para establecer desde el punto de vita ético su competencia a la hora deconsentir o rechazar su participación en una investigación clínica (Moye et al, 2006).Estas capacidades focalizan la atención en el proceso de toma de decisión y no en ladecisión en si misma, evitando de esa manera el paternalismo consecuencialista. Estosignifica que deben evaluarse las deficiencias en el proceso de toma de decisión,dejando a un lado si la persona ha aceptado o ha rechazado la participación en el ensayoclínico. La razón que justifica algún tipo de intervención paternalista para evitar que unapersona se dañe a si misma es que se ha detectado algún defecto en el proceso, noporque la decisión se considere que es incorrecta. Por otro lado, si los defectos sonsubsanables, entonces se deberán hacer todos los ajustes razonables y adoptar todos losapoyos que sean necesarios para permitir que la persona pueda tomar por si misma suspropias decisiones; pero si no lo fueran, no quedaría más remedio que declarar laincompetencia y buscar a una tercera persona que sea competente para que tome unadecisión (Cantor, 2009). En una investigación clínica es sumamente importante que la personacomprenda, asuma y se responsabilice de los riesgos a los que se expone, de ahí que enel proceso de toma de decisión éstos deben estar siempre en el primer plano ya que 23
afectan a su vida, su salud y su bienestar. La persona debe tener la capacidad deentender los riesgos y de comunicar la elección que ha hecho una vez que ha razonado ydeliberado sobre las consecuencias previsibles y cursos de acción alternativos. Estohace que en la escala que mide la capacidad de tomar decisiones se deba ser másexigente cuando se trata de una investigación clínica (Rosenstein & Miller, 2008).4. La participación de reclusos en la investigación clínica: la inclusión conrestricciones.En nuestro sistema legal, la privación de libertad sólo se puede producir mediante unasentencia judicial según se dispone en el artículo 17 de la Constitución y en la Ley deEnjuiciamiento Criminal. Si bien es cierto que las personas que están encarceladastienen limitados ciertos derechos y libertades (movimiento, derechos políticos…),también lo es que debido al carácter voluntario no se le puede imponer la participaciónen una investigación clínica. La situación sujeción especial no justifica que se leimponga la participación. Debe recordarse que el artículo 156 de la Constitución señalaque nadie será sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos odegradantes, y que en múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos esostratos inhumanos se han equiparado a que nadie será sometido a experimentos médicoso científicos sin su libre consentimiento. Se recoge así una salvaguardia fundamentalcomo es la del libre consentimiento, el cual si se quiere que sea real deberá serinformado. Aparecen de esta forma los tres requisitos básicos para que la inclusión delas personas encarcelada en una investigación clínica no suponga su sometimiento atratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: información, voluntariedad ycompetencia. La persona encarcelada deberá estar informada para poder consentir; lapersona encarcelada manifestará un consentimiento libre y voluntario; la personaencarcelada tiene competencia para consentir. A esto se añade que incluso la propiaposibilidad de la inclusión está cuestionada, estableciéndose restricciones a la misma. Como se ha señalado, la investigación clínica que tenía como sujetos a personasencarceladas era muy común hasta la década de los años setenta del siglo pasado y esasinvestigaciones contribuyen a crear la particular historia accidentada de la investigaciónclínica. El colectivo de las personas encarceladas, junto a colectivos como el de laspersonas con discapacidad, ha sido uno de los principales protagonistas de esa historia.Esta historia suele contarse a través de una serie de casos escandalosos que han 24
sacudido la conciencia de las personas y que han motivado la adopción de una serie detextos legales y de buenas prácticas que de alguna forma regulan y guían laparticipación de seres humanos en la investigación clínica (Levine, 1988). El principalcaso, aunque no el único pero sí posiblemente el más atroz, fue el perpetrado por losmédicos e investigadores nazis hasta 1945. En España se ha producido investigación enreclusos en momento infames de nuestra historia cuando se utilizó a presos republicanospara establecer la confirmación empírica de que las ideologías de izquierdas prevalecenentre individuos psicóticos y con bajos niveles de inteligencia (Juárez, 1999). Noobstante, conviene aclarar que nos vamos a referir a la investigación que se realiza conpersonas que están encarceladas por una sentencia judicial y no a personas que están encampos de concentración (como era el caso alemán y español). El colectivo de personas a las que vamos a hacer referencia han sidoencarceladas por una sentencia judicial después de un procedimiento que ha respetadolas reglas del proceso debido. Estas personas están separadas de la población general yviven en instituciones en las que su libertad de elección está seriamente limitada, vivenbajo el control de otros, lo que les convierte en unos actores en desigualdad decondiciones (Bonham & Moreno, 2008). No obstante, mantienen un cierto grado dereconocimiento jurídico de derechos ya sea en su condición de interno o en su condiciónde ciudadanos. Se plantea, pues, la discusión de su participación en la investigacióndesde el Estado de Derecho. Desde la aprobación del Código de Nuremberg en 1947 hasta la actualidad hahabido diferentes reacciones normativas a la situación de desprotección en la que seencontraba este colectivo de personas (Burt, 1975; Bach-y-Rita, 1974). Aparece de estaforma una dinámica reactiva ya que la regulación del gobierno es el resultado de unproceso de cuatro pasos: se produce un hecho escandaloso, el hecho se expone demanera sensacionalista, existe indignación popular, el gobierno reacciona dictandonormas o creando instituciones que tratan de evitar que vuelva a producirse (Iacono,2006). En nuestro sistema jurídico se regula de manera paternalista (justificada) laparticipación de los reclusos en la investigación clínica. Como ha podido comprobarse,en la legislación básica, la Ley 14/2007 y el RD 223/2004, no se menciona entre lassituaciones especiales la investigación clínicas con personas que estén encarceladas.Parecería que la regulación de la investigación clínica con reclusos sólo pueden hacerseintramuros cuando la realidad muestra que los reclusos acuden frecuentemente a 25
hospitales donde los médicos e investigadores les pueden ofrecer ser parte de lainvestigación. En los centros penitenciarios españoles se hace poca investigaciónbiomédica y en pocos centros (García, 2010; Fernández de la Hoz & Gómez Pintado,2005). Las normas que regulan la participación de los reclusos en la investigaciónclínica son el artículo 211 del Reglamento Penitenciario y la Instrucción 11/2005 de laDirección General de Instituciones Penitenciarias El artículo 211 del Reglamento Penitenciario determina que los internos nopueden ser objeto de investigaciones médicas más que cuando éstas permitan esperar unbeneficio directo y significativo para su salud y con idénticas garantías que las personasen libertad. Así, sólo podrán participar en investigaciones clínicas sobre enfermedades osituaciones socio-sanitarias que tengan o afecten a los internos o que tengan muchaprevalencia entre ellos (siendo el VIH una de ellas). La propia denominación‘investigación médica’ debería ser reformada ya que no es sinónima de ‘investigaciónbiomédica’. Por otro lado, los principios éticos en materia de investigación sobre losseres humanos deben aplicarse de forma estricta y, en particular, en lo que concierne alconsentimiento informado y a la confidencialidad. Toda investigación llevada a cabo enprisión debe estar sometida a la aprobación de una comisión de ética o a cualquier otroprocedimiento que garantice el respeto a estos principios. Normalmente se trata de unComité de Ética de la Investigación externo al centro penitenciario al no existir unComité Penitenciario de Ética de la Investigación. Los internos deberán ser informados,ya que es un derecho reconocido en nuestro sistema legal, de la existencia de losestudios epidemiológicos que les afecten que se lleven a cabo en la prisión en la que seencuentren. Por su parte, la Instrucción 11/2005 se limita a recordar la importancia de laobtención del consentimiento informado y de la protección de los datos de carácterpersonal, y a establecer el procedimiento administrativo pertinente. Podría sostenerse que si un recluso recibe información accesible, adaptada a susnecesidades y registrada en un formato adecuado; recibe los apoyos necesarios durantetodo el proceso de toma de decisiones; y tiene las capacidades de entender, comunicar,razonar, deliberar y de tener objetivos y valores, no hay ningún impedimento para quesea incluida en una investigación clínica en igualdad de condiciones que el resto de laspersonas sin que produzca explotación y sin necesidad de establecer medidaspaternalistas que la protejan. No hacerlo así supondría un trato discriminatorio ya que seestaría tratando de forma desigual dos situaciones iguales y no existiría una justificaciónracional. Una postura como esta sólo analizaría las circunstancias personales y pasaría 26
por alto que estas personas están en una situación de subordinación al estarinstitucionalizadas en un centro penitenciario. Esta situación de subordinación es normativamente relevante y debe tenerse encuenta a la hora de regular su participación en la investigación clínica imponiendo unaserie de restricciones que les protejan ante la situación de vulnerabilidad en que seencuentran. El hecho de estar aislados y bajo las órdenes de otros afecta a lavoluntariedad de su decisión (Boham & Moreno, 2008). Las condiciones externas deaislamiento y sometimiento a las órdenes pueden motivar a las personas a involucrarseen actividades que tratarían de evitar si no estuvieran ni aislados ni motivados (NationalCommission, 1976). El ejercicio de la libre voluntad está a menudo en conflicto con laexistencia de una estructura jerárquica de mando. Al igual que se contempla para otroscolectivos, la investigación clínica por defecto debería hacerse en personas voluntariascapaces de dar un consentimiento válido y sólo se podrá incluir a personas encarceladassi se cumplen con una serie de salvaguardas adicionales (Rosenstein & Miller, 2008).Esas salvaguardas adicionales limitarían la participación de personas encarceladas a loscasos en que (a.) no se puede realizar una investigación de eficacia comparable enindividuos capaces de otorgar su consentimiento y/o (b.) cuando la investigación vaya acontribuir, a través de mejoras significativas en la comprensión de la enfermedad ocondición del individuo, a un resultado beneficioso para otras personas de la mismaedad o con la misma enfermedad o condición, en un plazo razonable. Estas salvaguardassuponen una cláusula de necesidad: sólo podrán ser incluidas en una investigaciónclínica cuando su participación sea necesaria e imprescindible para contestar la preguntacientífica planteada (Wendler et al, 2003). Las personas encarceladas no deben, portanto, ser incluidas si no es necesaria su participación bien porque se pueda realizar unainvestigación de eficacia comparable en individuos libres bien porque la investigaciónno va a contribuir, a través de mejoras significativas en la comprensión de laenfermedad o condición del individuo, a un resultado beneficioso para otras personas dela misma edad o con la misma enfermedad o condición, en un plazo razonable. A estecontenido se podría añadir el criterio del ‘riesgo mínimo’, según el cual existe un riesgomínimo cuando la probabilidad y la magnitud del daño o de la incomodidad anticipadaen la investigación no son mayores que los que tendría en su vida cotidiana o durante eldesarrollo de las pruebas físicas o psicológicas de rutina (Rosenstein & Miller, 2008). ¿Y si el riesgo fuera mayor que el mínimo? La posibilidad de que una personacompetente consienta su participación en una investigación clínica que suponga un 27
riesgo mayor que el mínimo, que hasta incluso pueda no ser considerado razonable,comienza a plantearse, como se ha señalado, cuando apareció la pandemia del VIH. Lalección que se puede aprender es que éticamente puede admitirse que cualquier personapueda participar en una investigación clínica que supone un incremento del riesgomínimo si dicha investigación va dirigida a curar la misma enfermedad que le aflige(Cantor, 2009). De igual forma, sería necesario para garantizar la voluntariedad que existiese unComité Penitenciario de Ética de la Investigación que velase por la seguridad y elbienestar de las personas, con o sin VIH, que están encarceladas y van a participar enuna investigación clínica (García, 2010). Posiblemente estas cláusulas adicionales (mínimo riesgo, misma enfermedad,preferencia de persona competente) sean paternalistas ya que se interfiere en elcomportamiento de una persona para evitar que haga un comportamiento que sólo le vaa afectar a ella. Su posible justificación pasa por el hecho de que está presente unapremisa fáctica como es que la persona destinataria de la norma puede ser consideradacomo no competente debido a que el entorno en el que se encuentra afecta a suvoluntariedad. Se considera como incompetente básico a aquella persona que no evalúasuficientemente los riesgos de la actividad en la que está inmersa, o que es incapaz desalvaguardar aquellos bienes que considera valiosos, o que no es capaz de saber qué eslo que más le conviene atendiendo a sus propios intereses. Esto es, no es capaz deenfrentarse racionalmente o con una alta probabilidad de éxito a ciertos desafíos oproblemas que va a encontrarse en algún momento a lo largo de su vida (GarzónValdés, 1988). No obstante, aunque un juicio de incompetencia es una condiciónnecesaria para una intervención paternalista justificada, dicho juicio de incompetencianunca tiene que ser considerado como una condición suficiente para dicha intervención(Murphy, 1974). No se pueden perder de vista las repercusiones negativas que tiene elcomportamiento en la propia persona que lo realiza. Así, la intervención paternalistasólo estará justificada cuando la persona no competente vaya a realizar uncomportamiento que le vaya a causar un daño grave e irreparable. No obstante, elobjetivo de la medida paternalista no tiene como objetivo hacer que el comportamientosea menos peligroso sino que la persona recobre su competencia. En todo caso, la medida paternalista en forma de cláusula de necesidad formaparte de un sistema que permite la investigación clínica con restricciones. Aunque laspersonas encarceladas pueden ser excluidas de algunos ámbitos públicos o de algunas 28
instituciones sociales, no pueden ser excluidas completamente de la investigaciónclínica ya que los peligros derivados de su situación de vulnerabilidad pueden evitarseadoptando las salvaguardas adicionales. Si bien es cierto que su situación deencarcelamiento es relevante normativamente, esto no puede suponer que siempre seanexcluidos porque no se puedan adoptar cautelas que garantizan una verdaderavoluntariedad. Además su inclusión puede hacer que mejore el conocimiento y con elloel cuidado que puedan recibir en el futuro. Su exclusión injustificada supondría un tratodiscriminatorio y una violación del principio de justicia que obliga a hacer un repartoequitativo de las cargas y de los beneficios de la investigación (Beauchamp &Childress, 2001). La exclusión perjudica su nivel de protección y de asistencia sanitaria(McClimens & Allmark, 2011). Debe, por tanto, cumpliendo con las garantías antesseñaladas, promoverse la inclusión de las personas encarceladas en la investigaciónclínica, asegurando un acceso igualitario a los servicios y un reparto igualitario de losrecursos. Como antes se señalaba, no cabe excluir a ningún colectivo de la investigaciónclínica y la discusión se debe centrar en cómo se puede realizar de forma ética. Comoafirma Julio García, se debe llegar a un compromiso entre el respeto a las decisiones delos internos y su protección. El respeto a las decisiones debe conceder a los internos elderecho a participar en una investigación clínica cuando otorguen su consentimientosincero, voluntario e informado; la protección se conseguirá mediante mecanismos decontrol y examen tendentes a asegurar que la decisión de participar es verdaderamentevoluntaria (García, 2010). 29
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3 Er Informe De La ObservacióN Electoral 2008
COMSA Cleanroom Technology - Bio&Pharma (French)

References: artículo 1
 artículo 6
 resolución 
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 17
 artículo 156
 artículo 211
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