Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/PL-2015/as20151L389.html
Timestamp: 2019-03-20 07:45:20+00:00

Document:
as20151L389
AUTO SUPREMO Nº 389/2015-RRC-L
Expediente : Cochabamba 76/2010
Parte Imputada : Pedro Zuleta Cuellar
Delitos : Robo y otros
Por memorial presentado el 3 de mayo de 2010, cursante de fs. 235 a 237 vta., Pedro Zuleta Cuellar, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 22/2010 de 13 de abril, de fs. 226 a 229, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y José Cristóbal Herrera contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Robo, Robo Agravado y Lesiones Graves, previstos y sancionados por los arts. 331, 332 y 271 del Código Penal (CP), respectivamente.
Desarrollado el juicio oral y público, por Sentencia 32/2008 de 4 de agosto (fs. 166 a 170 vta.), el Tribunal Segundo Mixto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, con el voto disidente de la Presidenta del Tribunal, declaró al imputado Pedro Zuleta Cuellar, autor y responsable de la comisión del delito de Robo, previsto y sancionado por el art. 331 del CP, condenándole a la pena de tres años de reclusión a cumplir en el Penal de San Sebastián varones de la ciudad de Cochabamba; más la reparación del daño civil a favor de la víctima y costas a favor del Estado, averiguables en ejecución de Sentencia; asimismo, le declaró absuelto de la comisión de los delitos de Robo Agravado y Lesiones Graves, previstos y sancionados por los arts. 332 y 271 del CP. En aplicación del art. 366 del Código de Procedimiento Penal (CPP), concedió el beneficio de la suspensión condicional de la pena.
Contra la referida Sentencia, el acusador particular José Cristóbal Herrera y el imputado Pedro Zuleta Cuellar, formularon recursos de apelación restringida (fs. 176 a 177 vta. y fs. 185 a 188 vta.), resueltos por Auto Vista de 22/2010 de 13 de abril, emitido por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, que declaró improcedentes los recursos de apelación restringida y confirmo la Sentencia apelada, motivando la formulación del recurso de casación.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 260/2015-RA-L de 03 de junio (fs. 246 a 248 vta.), se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, sobre los cuales este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del CPP.
A manera de preámbulo, el recurrente señala que el Auto de Vista omitió reparar los defectos de la Sentencia denunciados en su apelación restringida comprendidos en el art. 370 incs. 4), 5) y 6) del CPP, que atentan a sus derechos y garantías procesales.
1) Argumenta que el Auto de Vista no reparó la falta de fundamentación que viola el parágrafo 2º del art. 124 del CPP, debido a que no enuncia el hecho y las circunstancias objeto del juicio, ni explica los medios que determinaron cómo sucedieron los hechos, desconociendo la razón de su condena a tres años de presidio, aspecto que vulnera sus derechos fundamentales y que fue motivo de su apelación restringida, mismo que no fue considerado por el Tribunal de alzada.
2) Que en Sentencia se “mutilaron” (sic), las declaraciones testificales especialmente de los testigos de cargo Ángel Pozo y Wilber Chambi y las de descargo de Maritza Herrera y Alejandro Altamirano, sin especificar por qué las considera o no verídicas, incurriendo en la falta de valoración, tomando en cuenta sólo partes de las mismas lo que constituye defectuosa valoración de la prueba previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, limitándose al desarrollo cronológico de las declaraciones, sin señalar de manera objetiva lo que se ha probado y las partes de las declaraciones que generaron convicción en los juzgadores; sin embargo, el Tribunal de alzada, pese a que la apelación se apoyó en la denuncia de defecto de forma o procedimiento, ofreciendo prueba en mini disk y CD del juicio, omitió señalar fecha de audiencia de fundamentación vulnerando los arts. 410 y 411 del CPP, infringiendo el debido proceso, el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, por existencia de vicios en el Auto de Vista.
El recurrente solicita la admisión del recurso y se anule el Auto de Vista recurrido por existir vicios de nulidad, inobservancia y errónea aplicación de la norma sustantiva y falta de valoración de la prueba.
Mediante Auto Supremo 260/2015-RA-L de 03 de junio, cursante de fs. 246 a 248 vta., este Tribunal admitió dos motivos del recurso de casación formulado por el imputado Pedro Zuleta Cuellar para su análisis de fondo.
Desarrollado el juicio oral, el Tribunal Segundo Mixto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dictó Sentencia condenatoria contra Pedro Zuleta Cuellar por la comisión del delito de Robo, y; lo absolvió de la comisión de los delitos de Robo Agravado y Lesiones Graves, en base a los siguientes fundamentos: i) El imputado, aprovechando que trabaja en el lugar donde sucedió el hecho, agredió físicamente al querellante José Cristóbal Herrera, con ventaja desmedida para apoderarse de un reloj, una tarjeta Visa Internacional y un celular LG, conforme se demuestra por las pruebas F-3 y F-4, corroborado por la malla rota del reloj que le fue devuelto a la víctima y por las declaraciones de Ángel Pozo y la propia víctima; ii) Como elementos anteriores o antecedentes se tiene que la víctima se encontraba en el lugar del hecho y el conflicto surge por la supuesta negativa de pago del consumo efectuado por la víctima, conforme se desprende de las declaraciones de Ángel Pozo, de la víctima, de la testigo de descargo Maritza Herrera y del propio imputado; iii) Como circunstancias concomitantes, el imputado conociendo la ilicitud de su accionar devolvió las cosas a través de Sonia Mustafá, lo que evidencia que no se encontraban en poder de su dueño; sino, del imputado reteniendo consigo bienes ajenos; iv) El hecho es doloso, porque el imputado premeditó, pensó y planificó el hecho, para después mediante intimidación, perpretar el delito; v) Conforme el art. 20 del CP, Pedro Zuleta tiene calidad de autor, por actuar personalmente reteniendo las cosas de José Cristóbal Herrera de forma ilícita; y, vi) Precautelando los derechos constitucionales del imputado y los intereses social y de la víctima, corresponde sancionar la conducta del imputado por romper la paz social y conculcar bienes jurídicamente protegidos como son la propiedad y la seguridad ciudadana, por administrar un local abierto al público.
II.2. Del recurso de apelación restringida del imputado Pedro Zuleta Cuellar.
A través de su recurso de apelación restringida (fs. 185 a 188 vta.), denunció los siguientes agravios:
i) Se le dejó en indefensión al haberse rechazado su solitud de suspensión de la audiencia de juicio por inasistencia de dos de sus testigos vulnerándose los arts. 16.II de la Constitución Política del Estado (CPE), 8 de la Convención de Derechos Humanos, defecto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP; ii) La Sentencia no se fundamentó adecuadamente conforme el art. 124.II del CPP, por no explicar cómo sucedieron los hechos, limitándose a desarrollar las declaraciones que resultan contradictorias respecto a las circunstancias; asimismo, debió señalar lo que se probó en juicio vulnerando los arts. 370 incs. 4), 5) y 6) del CPP; iii) No se valoró a cabalidad las declaraciones de los testigos y la prueba en conjunto, sin señalar las partes de las declaraciones que generaron convicción sobre la existencia de los hechos, aplicando erróneamente los arts. 3, y 173 (no cita el cuerpo legal), incurriendo en el defecto previsto por el art. 370 incs. 4), 5) y 6) del CPP, añade que no se demostró que su persona tuvo contacto con la víctima, que la declaración de la víctima es contradictoria respecto a su estado civil, cuando reconoció como agresor a León Morales, y que no sabía quién sustrajo sus cosas; tampoco se tomó declaración de Sonia Mustafá, quien fue la que devolvió los objetos. Que el querellante consumió bebidas alcohólicas en compañía de una dama, sin poder cancelar la cuenta y, los garzones, que son los únicos que tienen contacto con los clientes fueron los que pidieron que dejara alguna prenda por el consumo y que él sólo se encargaba de hacer las cuentas. Que el informe del Pol. Roger Montero señalaba que se dejó los objetos como garantía, sin embargo, no fue llamado a declarar; y, iv) Se inobservó el art. 219 inc. 1) del CPP, porque el Acta de desfile identificativo no puede ser válida, pese a encontrarse presentes sus abogados defensores; igualmente solicitó la exclusión probatoria de la Inspección Ocular, por vulnerar el art. 219 inc.1) del CPP.
En su petitorio solicita al Tribunal de alzada, deje sin efecto la sentencia o en su defecto emita nueva sentencia absolutoria; en su otrosí, señala que ofrece como prueba todo lo producido en juicio y el acta de registro, debiendo remitirse obrados conforme el art. 409 del CPP.
Radicada la causa en la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, ésta resolvió el fondo del recurso de apelación restringida emitiendo el Auto de Vista 22/2010 de 13 de abril, en el cual concluyó que: i) Respecto al defecto denunciado por no suspenderse la audiencia de juicio por inasistencia de dos de sus testigos, conforme consta en el acta de registro de juicio de 31 de julio de 2008, el Tribunal de Sentencia después de deliberar, rechazó la solicitud; empero, ordenó se libren mandamientos de aprehensión para los testigos y comparezcan en la siguiente audiencia, argumentando que la parte imputada tuvo bastante tiempo desde el 17 de mayo para prever la presencia de sus testigos, no evidenciándose violación a su derecho a la defensa al preverse la presencia posterior de sus testigos; por cuanto, no existiría el defecto previsto por el art. 69 inc.3) del CPP; ii) Según el art. 173 del CPP, con relación al 13 del mismo cuerpo legal, los elementos de convicción son válidos legalmente en tanto se obtengan de forma lícita; en el caso de la litis, no existe elemento alguno que implique exclusión probatoria acreditada o ilustre la existencia de prueba ilícita; que los elementos probatorios lícitos condujeron a establecer la responsabilidad del imputado respecto al delito de Robo y no así de los delitos de robo agravado y lesiones graves; asimismo, los medios que se admiten son los que directa o indirectamente son útiles para el convencimiento de la verdad; que el Tribunal de Sentencia emitió un fallo ajustado a las reglas de evidencia circunstanciada que permitieron asumir la dimensión procesal de credibilidad uniforme en tiempo y lugar, emitiendo resolución con unanimidad de votos respecto a la responsabilidad del imputado con relación al delito de robo, con la disidencia de la Presidenta del tribunal que impuso la pena de 4 años. Por tales fundamentos es de su competencia efectuar una nueva valoración.
En lo concerniente a la fundamentación de la Sentencia, ésta cuenta con una debida relación histórica del hecho acusado (fundamentación fáctica), ajustada a las reglas de evidencia circunstancial, coherente, congruente armónica y correlacionada, sin ingresar en contradicciones puesto que determinó la culpabilidad del imputado con relación al delito de Robo por estar plenamente comprobado y lo absolvió por los otros dos delitos por considerar que la prueba no fue suficiente, basado en los elementos incorporados legalmente a juicio y debidamente valoradas, indicando expresamente las razones que motivaron el fallo, teniendo unidad lógica en su redacción, por cuanto no advierte los defectos previstos por el art. 370 incs. 4), 5) y 6) del CPP; iii) Sobre la exclusión del Acta de desfile identificativo, no se evidencia que el imputado denunció a la autoridad judicial correspondiente la vulneración de sus derechos o garantías respecto a que no se dio cumplimiento al art. 219-1 del CPP. De acuerdo al art. 54 incs. 4) y 6) del CPP, el Juez de instrucción ejerce el control de la investigación durante la etapa preparatoria debiendo acudirse ante dicha autoridad a efectos de denunciar cualquier vulneración a sus derechos y, en su caso, hacer uso de los recursos que la ley franquea; por cuanto, el imputado al no haber hecho el reclamo oportuno, a la fecha precluyó el momento procesal para impugnar esa supuesta vulneración, conforme se tiene en las Sentencias Constitucionales 553/2005-R y 1933/2004-R, por lo que no es posible reparar dicha etapa, más aun si se encontraba presente su abogado que es el encargado de velar por sus derechos , entendiéndose su consentimiento; no evidenciando defecto de la sentencia previsto por el art. 370 inc. 4) del CPP.
Con estos argumentos el Tribunal de alzada declaró improcedentes los recursos de apelación restringida de José Cristóbal Herrera y Pedro Zuleta Cuellar.
III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LOS DEFECTOS DE FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA
Dos de los motivos del recurso de casación formulado por la parte imputada fueron admitidos por este Tribunal ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización, teniendo en cuenta que el recurrente denunció la existencia de defectos absolutos que recaen en la restricción o disminución de derechos y garantías fundamentales.
III.1. Respecto a la denuncia de falta de reparación del Tribunal de alzada a los defectos que contendría la Sentencia.
En el caso en análisis, se evidencia que el recurrente, en su primer motivo denuncia que el Auto de Vista impugnado no reparó la falta de fundamentación de la Sentencia concerniente a la enunciación del hecho y las circunstancias, como tampoco explicó los medios que determinaron cómo sucedieron los hechos, desconociendo las razones de su condena.
Con carácter previo, es importante recalcar, que la CPE, reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II, 117.I y 180.I, siendo uno de sus elementos la debida fundamentación y motivación de las resoluciones, por el cual se obliga a todo juzgador emitir un fallo sustentado en razonamientos de hecho y de derecho que apoyen su decisión, exigencia prevista por el art. 124 del CPP; debiendo cumplir con ciertos parámetros que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica: i) Expresa por qué se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas.; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida; pero, utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica. No es que la fundamentación o motivación sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales; sino, sea clara y concisa. En esa línea, la Sentencia Constitucional 1365/2005-R de 31 de octubre, señaló que: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución, aun siendo extensa, no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”.
Ahora bien, ingresando en el análisis del motivo, revisado el memorial de apelación restringida del recurrente, se advierte que en su segundo agravio denunció que la Sentencia no fundamentó adecuadamente cómo sucedieron los hechos, limitándose a desarrollar las declaraciones que resultan contradictorias respecto a las circunstancias, debiendo señalar lo que se probó en juicio, aspectos que vulnerarían los arts. 370 incs. 4), 5) y 6) del CPP. Sobre este punto apelado, el Tribunal de alzada, se pronunció en su considerando III titulado: “FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN.- Al punto uno de la apelación del Acusador Particular José Cristóbal Herrera y al punto dos de la apelación del imputado Pedro Zuleta” (sic), manifestando que en la Sentencia apelada se presenta una debida relación histórica del hechos acusado, porque, el fallo contiene una adecuada fundamentación fáctica emitiendo su fallo ajustado a las reglas de evidencia circunstancial, guardando coherencia, armonía, congruencia y correlación, que de ninguna manera incurre en contradicciones; toda vez, que el hecho acusado de Robo previsto por el art. 331 del CP, fue comprobado plenamente, así como la culpabilidad del imputado Pedro Zuleta Cuellar, agregando que la Sentencia se basó en medios o elementos incorporados legalmente al juicio e igualmente incorporados por su lectura; toda vez, que propuesta la prueba de cargo y descargo, fueron correctamente valoradas en base a la apreciación conjunta y armónica tal como establece el art. 173 del CPP; consecuentemente, se encuentran debidamente fundamentada con indicación expresa de las razones que motivaron el fallo, existiendo suficientes elementos de prueba que acreditan la responsabilidad del imputado en el delito de Robo previsto en el art. 331 y no así en los delitos de Robo Agravado y Lesiones Graves previstos en los arts. 332 y 271 del CP, teniendo la sentencia una unidad lógica en su redacción.
También se advierte que el Tribunal de Sentencia, después de la valoración de todas las pruebas introducidas a juicio, manifestó en el Segundo Considerando de la Sentencia como hechos probados que: 1) José Cristóbal Herrera, el día 11 de mayo de 2006, ingresó al local la Bella Época a consumir bebidas alcohólicas hasta el amanecer, suscitándose una discusión por una supuesta falta de pago del consumo, motivo por el cual el imputado junto a otros sujetos no identificados, lo agredieron desapoderándole de su reloj, un celular y una tarjeta Visa internacional, objetos devueltos por Sonia Mustafá 5 días después del hecho; 2) no se acreditó con prueba la participación de otras personas; 3) que no se valoró los certificados odontológicos convalidados por el médico forense, por ser dudosos y no cumplir con los días de impedimento previstos por el tipo penal; 4) que Pedro Zuleta Cuellar, no acreditó el depósito voluntario o prendario de los objetos secuestrados que, conforme el Código Civil (CC), deben recibirse bajo inventario.
De igual manera, en el acápite “2.-Fundamentación Jurídica y Subsunción”, el Tribunal de Sentencia concluyó que la conducta del imputado se subsumió al tipo penal de Robo debido a que, aprovechando la ventaja de trabajar en el local, agredió a la víctima (violencia en las personas) con ventaja desmedida (intimidación) para apoderarse de una cosa ajena, conforme las pruebas F4 y declaraciones testificales de Ángel Pozo y del imputado, así como la malla rota del reloj; que por las declaraciones de Ángel Pozo, de la víctima, del imputado y la testigo de descargo Maritza Herrera, se demostró que José Herrera y Pedro Zuleta se encontraban en el lugar del hecho, surgiendo el problema a raíz de la falta de pago del consumo, demostrándose la interrelación entre ambos; conociendo la ilicitud de su accionar, el imputado devolvió las cosas a la víctima a través de Sonia Mustafá.
En ese contexto y de conformidad a lo extensamente expuesto, se advierte que la Sentencia cuenta con una fundamentación expresa, clara, completa, legítima y lógica, señalando de manera circunstanciada los hechos acaecidos el 11 de mayo de 2006, explicando los hechos que fueron probados y aquellos que no, razón por la cual se condenó a Pedro Zuleta Cuellar por la comisión del delito de Robo y fue absuelto por los otros dos delitos de Lesiones Graves y Robo Agravado, decisión asumida al haber determinado que carecían de valor los certificados odontológicos presentados por el querellante, por ser dudosos y porque no se demostró con prueba alguna la intervención de otras personas; asimismo, cuando el Tribunal de Sentencia realizó la subsunción de la conducta del imputado al tipo penal de Robo previsto por el art. 331 del CP, señaló la configuración de los elementos del tipo penal y las pruebas que la sustentaban; por lo cual, el Tribunal de alzada adecuadamente concluyó que la Sentencia presentaba una debida relación histórica del hecho acusado; es decir, que contenía una correcta fundamentación fáctica, emitiendo su fallo ajustado a las reglas de evidencia circunstancial, con la debida coherencia, congruencia y correlación, sin incurrir en contradicciones, indicando de manera fundamentada las razones que motivaron el fallo, basado en los elementos de prueba que acreditaron la responsabilidad del imputado en el delito de Robo previsto en el art. 331 del CP; resultando inverosímil lo aseverado por el recurrente de que el Tribunal de alzada no consideró la falta de fundamentación de la Sentencia respecto a la enunciación de los hechos y los medios que los determinaron, desconociendo la razón de su condena. En ese ámbito, corresponde desestimar el reclamo por ser expresamente infundado.
III.2. Respecto a la denuncia de falta o defectuosa valoración de la prueba.
En este segundo motivo el recurrente refiere que sólo se tomaron en cuenta fragmentos de las declaraciones testificales, sin señalar objetivamente lo probado y qué partes generaron convicción, defecto de procedimiento que se denunció en su apelación restringida ofreciéndose prueba en un mini disk y CD del juicio; revisados los antecedentes, se evidencia primero, que el Tribunal de alzada, resolviendo de manera conjunta las denuncias de ambas partes relacionadas con los defectos previstos por el art. 370 incs. 4), 5) y 6) del CPP, referido a que la Sentencia se base en elementos introducidos ilegalmente a juicio, que carezca de fundamentación o sea insuficiente o contradictoria y que se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba; concluyó que los medios admitidos permitieron el convencimiento de la verdad; emitiendo el Tribunal de Sentencia un fallo ajustado a las reglas de evidencia circunstanciada que permitieron asumir la dimensión procesal de credibilidad uniforme en tiempo y lugar, respecto a la comisión del ilícito de Robo, resolución que contó con unanimidad de votos sobre la responsabilidad del imputado con relación al delito de robo; asimismo, el Tribunal de alzada determinó que no existía elemento alguno que implique exclusión probatoria acreditada e ilustre la existencia de prueba ilícita, como es el caso del Acta de desfile identificativo, sosteniendo que la etapa procesal para denunciar la vulneración de sus derechos correspondía a la etapa preparatoria o, en su caso, hacer uso de los recursos que la ley franquea y, al no haber hecho el reclamo oportuno, dejó precluir su derecho de impugnación relacionada con la citada prueba y la vulneración del art. 219 inc. 1) del CPP,; argumentos que los vocales sustentaron con la jurisprudencia de las Sentencias Constitucionales 553/2005-R y 1933/2004-R, manifestando la imposibilidad de reparar dicha etapa, considerando además que su abogado defensor se encontraba presente, profesional encargado de velar por sus derechos. De igual manera, el Tribunal de apelación concluyó que los elementos probatorios introducidos a juicio fueron debidamente valorados y que condujeron a establecer la responsabilidad del imputado respecto al delito de Robo y no así de los delitos de robo agravado y lesiones graves; considerando los que son directa o indirectamente útiles para el convencimiento de la verdad; no siendo de su competencia efectuar una nueva valoración de los elementos probatorios.
Ahora serán verificados los fundamentos de la Sentencia, ciertamente se advierte, que de fs. 167 a 169, el Tribunal de Sentencia a tiempo de proceder a la descripción de la prueba judicializada en la causa, tanto en lo que respecta a la testifical y documental, estableció los motivos atinentes a su relevancia o pertinencia con relación a los hechos acusados, para luego desarrollar la labor de apreciación en el conjunto de la prueba, plasmado en su Segundo Considerando, que derivó en la adecuación de la conducta del imputado en el delito de Robo, previsto y sancionado por el art. 331 del CP y, por otro lado concluyó que la conducta desplegada por el imputado no se subsumía a los delitos de Robo Agravado y Lesiones Graves previstos y sancionados por los arts. 332 y 271 del CP, en razón a que las pruebas aportadas en juicio, no fueron suficientes para llegar a la convicción de que el imputado cometió tales delitos.
Por otro lado, respecto al argumento del recurrente que el Tribunal de alzada no corrigió la “mutilación” de las declaraciones testificales realizadas por el tribunal de juicio y que vulneró el art. 411 del CPP, por no señalar fecha de audiencia de fundamentación que le hubiese permitido probar este hecho con el mini disk y CD´s de la copia del juicio oral, revisado el memorial de apelación restringida, se advierte que el imputado, en su acápite “III DEFECTOS DE LA SENTENCIA” (sic) alegó defectuosa valoración de la prueba porque no se valoró a cabalidad las declaraciones de los testigos y la prueba en conjunto y sin señalar las partes de las declaraciones que generaron convicción sobre la existencia de los hechos, aplicando erróneamente los arts. 3, y 173 (no cita el cuerpo legal); exponiendo como sustento: 1) Que no se demostró la existencia de contacto entre su persona y la víctima; 2) Que la declaración de la víctima es contradictoria respecto a su estado civil, así como el hecho de que reconoció como agresor a León Morales; sin embargo, manifestó que no sabía quién sustrajo sus cosas; 3) Que no se tomó la declaración de Sonia Mustafá, quien fue la persona que devolvió los objetos; 4) Que no se consideró que el querellante consumió bebidas alcohólicas en compañía de una dama, sin poder cancelar la cuenta y, los garzones, que son los únicos que tienen contacto con los clientes fueron los que pidieron que dejara alguna prenda por el consumo y que él sólo se encargaba de hacer las cuentas; y, 5) Que el informe del Pol. Roger Montero señalaba que se dejó los objetos como garantía, sin embargo, no fue llamado a declarar. Argumentos que, como se señaló precedentemente, fundamentaron la denuncia de existencia de defectuosa valoración de la prueba; sin embargo, no se advierte en el contenido íntegro de la apelación, razones que sustenten una denuncia concreta de defecto procedimental que sería probado mediante los mencionados CD´s y el mini disk, pruebas que además no fueron ofrecidas conforme prevé el art. 410 del CPP, prueba que debe estar ligada a demostrar algún defecto de forma o procedimiento cometido por el inferior; en ese contexto, el Tribunal de alzada considerará su pertinencia, para ello resulta imprescindible que el apelante señale de manera concreta e individual cada prueba y el defecto procedimental en concreto que pretende probar. En ese sentido, al no haber realizado una correcta argumentación del defecto de forma o procedimiento en que hubiese incurrido el Tribunal de juicio y el señalamiento expreso de adjuntar prueba que demuestre el mismo, impidió al Tribunal de apelación conocer este reclamo dentro de los límites de los arts. 410, 411 y 412 del CPP, razón por la cual no señalaron fecha de audiencia de fundamentación, al no ser esta una atribución de oficio del Tribunal de alzada, sino por solicitud expresa de las partes y ante la denuncia de un defecto de forma o procedimiento cometido por el Juez o Tribunal inferior. Este entendimiento se halla también plasmado en el Auto Supremo 350/2006, que en su tercer párrafo señaló: “Este razonamiento se sustenta en el artículo 411 del Código de la materia, que dispone la realización de una audiencia cuya exclusiva finalidad puede ser la producción de la prueba, ofrecida dentro de los límites del artículo 410 del Código de Procedimiento Penal” (el resaltado es propio); ello en razón a restringir la posibilidad de introducir prueba en la etapa de apelación, que desvirtuaría la concepción del juicio oral, público y contradictorio, etapa única e idónea para la producción y valoración de la misma.
De lo señalado se evidencia que el Tribunal de alzada se pronunció como correspondía respecto al punto impugnado en el recurso de apelación restringida, ejerciendo su facultad de controlar la valoración de la prueba realizada en sentencia, constando que el razonamiento jurídico contenido en la Sentencia, se adecuó a las reglas que impone el sistema de sana crítica; por lo que, corresponde declarar infundado el presente motivo.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Pedro Zuleta Cuellar de fs. 235 a 237 vta.

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 RESOLUCIÓN 
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 artículo 411
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