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Timestamp: 2018-11-18 04:03:50+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 666, de 01/12/2010
Año 2010 IX Legislatura Núm. 666
- Sobre accesibilidad de los edificios electorales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001282.) ...
- Relativa al Sistema de Vigilancia Exterior (SIVE) instalado en el litoral valenciano. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001762.) ... (Página 6)
- Sobre riesgos laborales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/001859.) ... (Página 9)
- Relativa a la incorporación de todas las policías integrales del Estado español al sistema de Schengen. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/001988.) ... (Página 13)
- Sobre construcción de almacenes para custodia de droga, hasta su posterior destrucción. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001561.) ... (Página 17)
- Relativa a elaboración de una nueva Ley de Protección Civil. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001375.) ... (Página 20)
- Sobre la habilitación de l'Aeroport Lleida-Alguaire como puesto fronterizo para autorizar el acceso o la salida del territorio Schengen desde o hacia Estados no firmantes del Convenio de aplicación del acuerdo Schengen. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001752.) ... (Página 23)
- Sobre modificación de la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001310.) ... (Página 25)
La señora PRESIDENTA: Señoras diputadas, señores diputados, vamos a dar comienzo al orden del día de esta sesión de la Comisión de Interior.
En primer lugar, aparte de que tengamos algún cambio en el orden del día a petición de algunos diputados, que veremos posteriormente, la diputada doña Rosa Díez, del Grupo Mixto, me ha pedido que introduzca junto a la PNL que presenta el Grupo Socialista una proposición -de la que no dispongo ahora del número; luego lo diré- que tiene el mismo contenido.
Introduciríamos también la PNL de UPyD, si los grupos están de acuerdo, si no, aceptaríamos su enmienda. (Pausa.) Lo que planteo es introducir una PNL más, que sería la número correspondiente a la de UPyD, o bien como enmienda o bien como proposición no de ley, o acumularla. Es un cambio en el orden del día, por eso lo estoy planteando.
El señor GONZÁLEZ SERNA: Si se produce la acumulación decae la enmienda.
La señora PRESIDENTA: Claro, es como si estuviéramos debatiendo dos PNL de idéntico contenido.
La señora PIGEM I PALMÉS: Pero sin tener el texto.
La señora PRESIDENTA: El texto está en los dos temas pendientes. El texto de UPyD no está en el orden del día. Está en los documentos que tenemos en la carpeta de asuntos pendientes, pero es verdad que no está incluido en el orden del día de esta reunión.
Señora Díez, para aceptar que pasara esa PNL nos tendría que decir a la Comisión si el contenido es idéntico a la enmienda que está presentada.
¿La enmienda y la PNL son de idéntico tenor o no?
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: A ver, son dos PNL que quieren exactamente lo mismo. El primer párrafo contiene exactamente la misma pretensión, y la proposición no de ley que yo había planteado antes de que se registrara la proposición del Grupo Socialista concreta en un segundo párrafo; añade dos párrafos más. El objeto es exactamente el mismo; la redacción literal, naturalmente, no es exactamente la misma. Es de los supuestos de acumulación normal, yo no quiero generar ningún problema.
La señora PRESIDENTA: En resumidas cuentas, sería exactamente igual tramitar la enmienda que aceptar la PNL, y como parece que no tenemos disponible la documentación sobre la proposición no de ley, aceptamos la enmienda y en el fondo es exactamente igual.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Muy bien, presidenta. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Si no hay ninguna otra indicación... (La señora Pigem i Palmés pide la palabra.) ¿Sí, señora Pigem?
La señora PIGEM I PALMÉS: Señora presidenta, ha hablado de alteración en el orden del día y me gustaría saberlo, porque no voy a defender yo todos los temas y esto supone una organización sobre la marcha.
La señora PRESIDENTA: La primera proposición es del Grupo Parlamentario Socialista, la segunda del
Grupo Parlamentario Popular, pero creo que hay alguna variación, ¿no?
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Si fuera posible, por problemas de uno de los diputados que no es miembro de la Comisión y tiene luego otra sesión, quisiéramos debatir la relativa al aeropuerto de Lérida, de Esquerra Republicana, en segundo lugar o antes.
La señora PRESIDENTA: No, no puede ser porque los autores de esta PNL nos han pedido precisamente pasarla al último lugar. Ese cambio no se podría hacer. El que sí podemos hacer es cambiar la número 7 por la 8, es decir, la 7 pasaría a la 8 y la 8 a la 7. Señor Olabarría, ¿quiere introducir algún cambio?
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, señora presidenta, quisiéramos que se pudiera adelantar la 6.º
La señora PRESIDENTA: ¿Están de acuerdo los grupos que tienen PNL por delante de la del PNV en que pase, por ejemplo, al cuarto lugar? (Asentimiento.) Pues la veremos en cuarto lugar y la número 4 pasará al sexto lugar.
- SOBRE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS ELECTORALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001282.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al primer punto sobre accesibilidad de los edificios electorales. Tiene la palabra para su defensa la señora Martín.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Señorías, como se ha incluido en la exposición de motivos del texto registrado de esta proposición del Grupo Socialista, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, acogió el principio de accesibilidad universal por el que todos los entornos, productos y servicios han de reunir las condiciones para ser comprensibles, utilizables y practicables para todas las personas. Toda la legislación aprobada durante los años de Gobierno socialista contempla y pone de manifiesto el tratamiento de la discapacidad como una materia transversal. El programa electoral del Partido Socialista de 2008 se comprometía al desarrollo de la Liondau, a acortar plazos de su desarrollo y, lógicamente, esto conlleva el traslado de este compromiso al ámbito electoral. Para nuestro grupo se impone la necesidad de aplicar la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que establece que los Estados garantizarán a las personas con discapacidad el ejercicio de los derechos políticos en igualdad de condiciones, entre otras formas mediante la garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
Es necesario e imprescindible tramitar lo antes posible el que hemos llamado real decreto del voto accesible. Se debe garantizar o, mejor dicho, debemos garantizar el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad para que puedan no solo acceder a los espacios físicos que deberán utilizarse como colegios electorales, sino que también los locales deben estar debidamente señalizados, deben disponer de los materiales accesibles que sean necesarios y también, señorías, debemos garantizar la disponibilidad del servicio de interpretación del lenguaje de signos para aquellas personas que sufren discapacidad auditiva y acuden a ejercer su derecho al voto o bien forman parte de una mesa electoral. Igualmente, debemos tener presente la posibilidad de que una persona con discapacidad visual pueda acceder con normalidad tanto a depositar su voto como a permanecer en una mesa durante la jornada electoral con el apoyo complementario que necesite. No podemos olvidarnos de las personas con discapacidad motriz.
Ellos también podrán necesitar un medio de transporte adecuado en caso de no disponer de un medio de transporte público accesible hasta el local electoral y debemos tener también respuesta para su necesidad. Muchos de los espacios electorales, la gran mayoría, son espacios públicos y ya deben ser accesibles. La adecuación de estos espacios en todo caso es competencia de la Administración local y autonómica. De ahí la necesidad de consensuar las decisiones con las demás administraciones. Pero la adecuación de los procedimientos y los materiales necesarios, según la convocatoria electoral, es una competencia estatal. Una vez más se impone la necesidad de la colaboración entre todas las administraciones, lógicamente en el ámbito de sus competencias. Señoría, es mucho el trabajo que hay que realizar y aun quedan unos meses para la próxima convocatoria de elecciones. Siguiendo el mandato recibido por las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, debemos tomar decisiones para las personas con discapacidad y con las personas que tienen capacidades diferentes. Por esto, el Grupo Socialista ha traído hoy esta proposición y esperamos el apoyo unánime de todos los grupos.
En el texto que presentamos hemos detectado una errata y queremos que se corrija en nuestra propuesta. Se trata de instar al Gobierno a que, teniendo en cuenta los criterios negociados con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, acelere, y no aclare, acelere la aprobación de la normativa sobre las condiciones de accesibilidad y no discriminación que garantice la plena igualdad de trato de las personas con discapacidad en los procesos electorales. Como bien hemos visto al inicio de la Comisión, se ha presentado una enmienda del Grupo Mixto y además pretendemos acumular otra proposición no de ley del mismo grupo.
Por nuestra parte no hay inconveniente porque creemos que son muchos los aspectos que hay que regular a fin de facilitar el acceso a los colegios electorales, pero también a la participación y al ejercicio del voto. Así pues, llegaremos a un texto conjunto.
La señora PRESIDENTA: Señora Martín, le agradezco la brevedad en la exposición. He olvidado decir que si los portavoces lo consideran oportuno, nos autolimitemos un poco el tiempo porque son muchas PNL.
Calculo que no vamos a votar antes de las dos y cuarto.
Para la defensa de la enmienda que ha sido presentada a esta PNL que estamos examinando tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Como ya se ha dicho por parte de quien presenta la iniciativa, el Grupo Socialista, hay un altísimo grado de coincidencia entre lo que pretende defender esta diputada con estas enmiendas y lo que mueve al Grupo Socialista a presentar esta iniciativa. Creo que todos compartimos que lo que viene ocurriendo desde que tenemos democracia es que ante la proximidad de las elecciones, las juntas electorales, los partidos políticos analizamos minuciosamente aspectos del proceso relacionados con cosas tan importantes como las dimensiones de las papeletas, los logotipos, el tamaño de las urnas, los casilleros para votar y otros detalles regulados de forma bien pormenorizada en la normativa electoral. Dicha normativa, que resulta prolija en la regulación de todos estos aspectos, obvia regular de una manera igualmente exhaustiva criterios objetivos para certificar la idoneidad de los locales en los que se celebran elecciones para todas aquellas personas que tienen alguna discapacidad y que, por tanto, tienen un acceso limitado a la hora de ejercer su derecho al voto. Debido a estas dificultades de acceso a los colegios electorales, nos hemos encontrado muchas veces con situaciones que todos hemos lamentado, tales como la de que una familia tenga que transportar en brazos a una persona que quiere votar y que no puede acceder con normalidad a la mesa o trasladar una urna al exterior, como también se ha tenido que hacer en algunas ocasiones para que esa persona que quiere votar pueda ejercer su derecho como ciudadano. Son obstáculos que en muchos casos disuaden finalmente a estas personas para ejercer ese derecho. Otra de las barreras son las que se encuentran las personas con deficiencia visual -de ahí las enmiendas concretas que hemos presentado-, la imposibilidad de ver la información expuesta en los colegios electorales, donde se detalla la sección y mesa en que han de votar, por citar sólo un ejemplo. Esta información, a nuestro juicio, debería publicarse en un tamaño y letra con contraste de colores y altura adecuada para que las personas con deficiencias visuales sean capaces de leerla. En definitiva, favorecer que los ciudadanos que tienen no solamente el derecho sino además el deseo de ejercer ese derecho de acercarse a la urna y de expresar su compromiso y su voto, puedan hacerlo sin más problemas que los que ya tienen derivados de su situación de discapacidad o de sus minusvalías. Por eso, hemos querido añadir, concretando la proposición no de ley defendida por el Grupo Parlamentario Socialista, los dos últimos párrafos de aquella que finalmente no se ha podido acumular y que fue presentada también en el año 2009, unos meses antes de esta que hoy estamos debatiendo. Para concretar esto que les acabo de decir, el contenido de esos dos párrafos, que son una adición, es el siguiente: recoger de manera pormenorizada los criterios objetivos de accesibilidad a los colegios electorales, precisamente para certificar su idoneidad y regular con especificidad el tamaño de la letra, colores, contraste y altura de los papeles en los que se debe publicar y exponer la información electoral de los colegios, esto último, como les decía antes, en relación con aquellas dificultades que sufren las personas que tienen una capacidad visual disminuida.
La señora PRESIDENTA: Señora Martín, aunque usted ya lo ha dicho en su intervención, entiendo que quedan incorporados los párrafos de la PNL o de la enmienda de la señora Díez.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Sí, señora presidenta, vamos a rehacer el texto y se lo haremos llegar a la Mesa.
La señora PRESIDENTA: Sería entonces una transaccional.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Sí, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Para fijar la posición, de menor a mayor, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, vamos a votar favorablemente tanto a la proposición presentada por el Grupo Parlamentario Socialista como a la enmienda presentada por la señora Díez. Fundamentalmente porque estamos hablando de discapacidad y nosotros presentamos ayer una moción, que fue objeto de aceptación por unanimidad, que hace referencia a los discapaces en el ámbito electoral, ámbito donde no se ha avanzado; es decir, sobre los ciegos ya hay propuestas y mecanismos incluidos en la Loreg que posibilitan el voto autónomo de los ciegos mediante el uso de las papeletas en braille, pero falta todavía el ámbito importante de las personas discapacitadas con movilidad reducida. Como le digo, ayer aprobamos una moción de mi grupo parlamentario donde se establece la remoción de los obstáculos arquitectónicos en las fincas urbanas, y los colegios electorales, señora presidenta, participan de esa doble condición o naturaleza, la de colegios electorales cuando
lo son y cuando no lo son la de fincas urbanas. En tanto en cuanto las medidas para la remoción de obstáculos arquitectónicos a las fincas urbanas puedan ir aplicándose en los términos de la moción que mi grupo presentó, este problema quedará, en cuanto a las personas discapacitadas con movilidad reducida, resuelto. Buena parte de las personas con discapacidad afectas por algún tipo de discapacidad -hay 8 millones en el Estado español- podrá ejercer uno de los derechos -la quintaesencia- paradigmáticos de cualquier democracia como es el ejercicio del derecho de sufragio sin compañía, de forma autónoma y de forma por tanto absolutamente libre. Por último, yo personalmente, desconozco por qué razón, soy el único diputado que pertenece a la Comisión de seguimiento de la Convención aprobada por Naciones Unidas para las personas afectas por algún tipo de discapacidad. Desde esa perspectiva, mi sensibilidad ya está acreditada por la mera pertenencia a dicha Comisión, por tanto quiero felicitar al grupo proponente, al grupo enmendante o al que ha propuesto otra proposición no de ley de esas características, es decir a todos, y creo que esto merita la unanimidad a la hora de los votos.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Señora presidenta, quiero manifestar sin más preámbulo que nuestro voto va a ser favorable, como no podía ser de otra manera, dada la sensibilidad de mi grupo en todos estos temas y teniendo en cuenta también la necesidad de dar un impulso a algo que es la aseguración de la no discriminación y la igualdad de trato de todos los ciudadanos, principios constitucionales recogidos en nuestra Constitución. Me alegra la aclaración que ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pues finalmente me ha hecho comprensible qué es lo que se mandataba al Gobierno, dado que no entendíamos qué aclaración de normativa teníamos que hacer. Con la palabra aceleración adquiere toda su dimensión natural y real, porque las asociaciones de personas con discapacidad llevan reuniéndose con el Gobierno -nos consta- desde principios del año 1999, y aunque decían que a finales del año 1999 estaría esto resuelto, vemos que todavía no ha sido así. Han tenido otra reunión, a la que ha seguido en fechas la iniciativa del Grupo Socialista, lo cual nos hace pensar que finalmente sí se va a acelerar esta normativa.
Por último, quiero recordar también que estamos tratando el anteproyecto de ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y que al respecto el informe del Consejo Económico y Social nos dice en su página 9: Cabe recordar que uno de los aspectos más importantes de la integración de las personas con discapacidad es la accesibilidad en todas sus dimensiones, el entorno físico, el transporte, la información, las comunicaciones, etcétera, que, tal como se recoge en la convención, debe garantizarse en igualdad de condiciones con las demás personas. Lo llamativo es que dice: Sin embargo, el texto del anteproyecto no incorpora ninguna novedad a este respecto, lo que llama especialmente la atención de este consejo. Como del anteproyecto al proyecto pueden subsanarse las cosas, dentro de esta iniciativa de acelerar, creo que debe entenderse que debe de ser para toda la normativa que afecta a las personas con discapacidad en cuanto a la accesibilidad de una manera transversal, es decir, en todas aquellas que se estén tramitando.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular la señora Guerra tiene la palabra.
La señora GUERRA GUERRA: Antes de nada quiero manifestar el voto favorable de mi grupo, aunque bien es verdad que nada tiene que ver la redacción con la defensa que ha hecho la responsable, en este caso la diputada del Partido Socialista.
La propuesta que traía hoy el Grupo Socialista a esta Comisión dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, teniendo en cuenta los criterios negociados con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, aclare la aprobación de la normativa sobre las condiciones de accesibilidad y no discriminación que garantice la plena igualdad de trato de personas con discapacidad a los procesos electorales. Ha dicho la diputada del Grupo Socialista que ya no es que se aclare, sino que se acelere. En este caso, yo quiero decirle a la diputada que existe la ley de la que ella ha hablado, la 51/2003, de 2 de diciembre, aprobada por el Partido Popular y que tengo aquí, que deja muy claro lo que había que hacer en este concepto. Además, en su disposición final quinta se dice: En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno establecerá las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que, según lo previsto en el artículo 10, deberán reunir las oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al ciudadano y aquellos de participación en los asuntos públicos, incluidos los relativos a la Administración de Justicia y a la participación en la vida política y los procesos electorales. Es más, en esa disposición final quinta se dice claramente: En el plazo de tres a cinco años desde la entrada en vigor de esta ley, todos los entornos, productos y servicios nuevos serán accesibles y toda disposición, criterio o práctica administrativa discriminatoria será corregida. Si la ley fue aprobada en 2003 está claro que estos tres o cinco años corrían desde 2006 a 2008. Han pasado ocho años, y aunque en este caso la diputada ha dicho que de lo que se habla en estos momentos es del decreto del voto accesible, lo que sí dice, y además lo dice porque ella lo pone en la redacción, es que en su momento el Partido Socialista, en el programa electoral de 2008, hablaba de acortar plazos. En la página 68 de lo que
fue el programa electoral del Partido Socialista, discapacidad, empleo y accesibilidad e igualdad de derechos, se redacta de esta manera: Acortaremos los plazos máximos establecidos en la Ley de Igualdad, no discriminación y accesibilidad universal, Liondau, para garantizar la accesibilidad universal a los entornos, productos y servicios.
Creo que está clarísimo que ya han pasado ocho años desde la aprobación de la ley. Hay que decir que las leyes están para cumplirlas, pero a veces hay que poner un poco más. Y aunque ahora la diputada haya dicho que en la redacción ha habido una errata y se pone acelerar, quiero decirle que ayer he leído en el portal electoral del Partido Socialista lo siguiente: El PSOE ha presentado una proposición no de ley al Congreso para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad en los procesos electorales. No es un grupo el que puede garantizar esto en los procesos electorales. Hay una ley y lo que tienen que hacer, en este caso el Gobierno, es cumplir esta ley. Es lo único que queda. En cuanto a la errata, se habrán dado cuenta en el momento porque lo que dice el portal electoral de la presentación es lo siguiente: El portavoz adjunto socialista en la Comisión de Interior y ponente de esta iniciativa, el señor don Carlos González Serna, reclama la necesidad de mejorar en el acceso a los edificios electorales. Eso ya lo hemos pasado, hay una ley que hay que cumplir y la ley es de 2003. El acceso a los colegios electorales ya existe en esa ley. Por lo tanto, no hay que traer una proposición no de ley para conseguirlo. Quizás están desfasados en el tiempo. Tampoco se acortan plazos porque ya están caducados. Hay una ley que es la que tienen que hacer cumplir.
Para cerrar, en este portal electoral del Partido Socialista -lo he sacado ayer- se dice: Nada haría más visible este compromiso que trasladarlo al ámbito electoral, ha afirmado González Serna, a la vez que han insistido en la necesidad de ir un paso más allá: seguir avanzando en las mejoras de las condiciones de las personas con discapacidad. Seguir avanzando es cumplir la ley. No se trata de reclamar, garantizar, aclarar o acelerar.
Por otro lado, ustedes, que sustentan al Gobierno como grupo, lo que tendrían que decir es que hay una ley que deja muy claro que hay que cumplirla, que han pasado ocho años desde que esa ley se ha puesto en práctica, aunque, como han dicho los grupos que han intervenido, todavía hay dificultades en los colegios electorales. Por tanto, ni portales electorales ni programas electorales, hay que dejarse de propaganda y ponerse a trabajar. Las asociaciones de personas con discapacidad tienen muy claro que esto no se ha hecho. Por eso la señora Pigem decía en esas reuniones que han mantenido: cumplan la ley. Lo único que pedimos desde mi grupo es que se cumpla la ley y que esos plazos que ya han caducado no se han de garantizar o acelerar sino que se han de cumplir. En ese sentido mi grupo propone su voto favorable para que se cumpla la ley del año 2003.
- RELATIVA AL SISTEMA DE VIGILANCIA EXTERIOR (SIVE) INSTALADO EN EL LITORAL VALENCIANO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001762.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 2.º Proposición no de ley 1762, del Grupo Parlamentario Popular, sobre el SIVE en el litoral valenciano. Para su defensa tiene la palabra la señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Hace un año se instaló en el litoral valenciano un sistema integrado de vigilancia exterior compuesto por un conjunto de radares colocados en la costa que sirven para detectar la inmigración ilegal, el narcotráfico e incluso pueden ayudar a luchar contra el terrorismo. El SIVE se presentó por el Gobierno como un novedoso instrumento para luchar contra los tráficos ilegales en el espacio europeo y hoy es un elemento fundamental en el control de nuestras costas. Sin embargo, a pesar de este sistema, a pesar de los muchos millones invertidos en el mismo, la vigilancia del litoral valenciano no está asegurada debido a que desde su instalación se han detectado distintas deficiencias en su funcionamiento, deficiencias que han sido recogidas en los medios de comunicación de la Comunidad Valenciana reiteradamente, que han sido denunciadas por los miembros del Gobierno valenciano y que han motivado numerosas preguntas escritas al Gobierno, tanto en el Congreso como en el Senado, por parte de los diputados y senadores del Partido Popular, incluso provocó que el Grupo Parlamentario Socialista preguntase al secretario de Estado por esta cuestión hace unos meses. La concatenación de errores y fallos técnicos no tardaron en demostrar las debilidades ante la llegada de pateras y lanchas de narcos. Así, en los primeros cuatro meses desde la puesta en marcha, solo se detectaron cuatro de las quince embarcaciones ilegales que entraron en las costas valencianas, pudiendo las otras once, entre las que había pateras y lanzaderas con droga, burlar la vigilancia, sin olvidar las tragedias humanas con cinco cadáveres procedentes de pateras hundidas. Hasta tal punto ha sido deficiente la puesta en marcha de este dispositivo en las costas de la Comunidad Valenciana que el ministerio ha tenido que utilizar radares móviles para paliar los constantes fallos del sistema, entre otros motivos porque las embarcaciones utilizadas para introducir inmigrantes ilegales desde el norte de África no son detectadas por los radares fijos. Es un sistema, insisto, plagado de deficiencias técnicas. Recordemos que en el escaso año de funcionamiento de estos radares han sufrido numerosas averías técnicas que los han dejado fuera de servicio en muchas ocasiones. Hasta tuvieron que enviar a Israel los sensores para arreglarlos.
Todo ello se ve agravado por los problemas de falta de personal para atender dichos radares puestos en evidencia
reiteradamente por las asociaciones de la Guardia Civil. El pasado mes de septiembre estas asociaciones denunciaron que con la nueva reorganización del Servicio Marítimo, avalada por la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana, la costa valenciana había quedado sin patrulleras durante diez días en el mes de agosto, como se sabe, el mes más sensible a la posible llegada de embarcaciones ilegales. Tampoco debemos olvidar las denuncias ante la falta de formación adecuada del personal allí destinado. Baste resaltar que el propio ministerio, en respuesta parlamentaria a esta diputada, confirmaba la escasa formación recibida, a tan solo 16 de los 21 agentes destinados en estas funciones, además -cito literalmente- de una breve formación en grupos reducidos sobre aspectos específicos de las capacidades del sistema y forma de operarlo durante quince días. ¿Les parece una formación adecuada?
No nos deja de sorprender que, a pesar de todo lo dicho, a pesar de las denuncias de las asociaciones de la Guardia Civil, de los continuos problemas que estos sistemas de vigilancia están teniendo desde su puesta en marcha, que nos consta que no se limitan a la costa valenciana, los miembros del Gobierno se nieguen a reconocerlos y afirmen sin rubor que es un sistema que está funcionando con un rendimiento óptimo. Voy a relatar cronológicamente algunos de los fallos del sistema durante el año que lleva en servicio. El pasado 30 de septiembre de 2009, una semana después de la presentación oficial de los radares, descubren en Torrevieja una planeadora que presuntamente transportaba droga y que no fue detectada por los radares. El 5 de octubre llegan tres pateras a Santa Pola y otra más a la isla alicantina de Tabarca con 27 inmigrantes ilegales. Su desembarco tampoco fue advertido por el SIVE. El 5 de noviembre un pesquero halla por casualidad una patera que Salvamento Marítimo y los radares del SIVE llevaban buscando 48 horas sin éxito. El 17 de noviembre otro pesquero, el Nuevo Nazareno, halla una patera con 11 sin papeles que tampoco fue detectada por el radar. Durante 2009 en Alicante se colaron más de una decena de pateras. Así lo reconoció el Gobierno en una respuesta parlamentaria, pero lo atribuyó a los fallos de accidentalidad geográfica de la zona. El pasado mes de marzo de 2010, tras detectar los radares una embarcación con drogas en Murcia, esta consiguió atravesar 155 millas marítimas, 300 kilómetros, sin ser abordada por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil por falta de personal, y logró desembarcar en Valencia más de 3.000 kilos de hachís, según la Guardia Civil, pudiéndose detener solo a uno de los implicados en tierra, eso sí, sin recuperar la droga. El pasado 3 de agosto una patera fue vista de forma casual por un pesquero a una milla de la costa de Alicante sin que ningún radar consiguiera detectarla, a pesar de encontrarse dentro de su radio de alcance.
¿Les parece, señorías, un buen servicio? ¿Les parece un óptimo rendimiento? Para el Grupo Popular estos ejemplos evidencian el fracaso en la seguridad del litoral valenciano. La vigilancia en nuestras costas hoy no está asegurada y sigue siendo ineficaz, insuficiente y nefasta.
Desde el Grupo Popular queremos hoy destacar que no ponemos en duda la valía del sistema, pero no podemos conformarnos con las deficiencias de su funcionamiento. Pedimos al Gobierno hoy que asuma mayor compromiso, que establezca las medidas necesarias para mejorar y solventar las deficiencias de funcionamiento de un sistema de vigilancia exterior que no es capaz de garantizar hoy por hoy la seguridad del litoral valenciano, con objeto de que esta inversión económica sea rentable y eficaz y se convierta de verdad en una herramienta útil para luchar contra los tráficos ilegales.
Se han presentado a nuestro texto dos enmiendas, una de adición de UPyD que solicita mayores recursos y embarcaciones, petición que nos parece adecuada porque mejora el texto -por tanto, no tenemos ningún inconveniente en aceptarla-, y una enmienda del Grupo Socialista que intenta suavizar nuestro petitum instando al Gobierno a seguir impulsando medidas necesarias para solucionar los problemas, pero desde el Grupo Popular, en aras al consenso y como muestra de nuestra buena voluntad, de nuestra predisposición a llegar a acuerdos y de nuestro interés por mejorar la seguridad de nuestras costas, que es el objetivo que hoy perseguimos, vamos a aceptar dicha enmienda del Grupo Socialista. Eso sí, les adelantamos que no vamos a permitir que esto sea un brindis al sol, que vamos a exigir que cumplan su compromiso, que seguiremos muy atentos y muy vigilantes y denunciaremos cada fallo, cada deficiencia que se pueda producir en el sistema.
La señora PRESIDENTA: Como ya se ha dicho, hay presentadas dos enmiendas a esta PNL. Para defender la primera tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Efectivamente, hemos presentado una enmienda de adición en la que se plantea la necesidad de dotar de mejores medios materiales a quienes prestan ese servicio. Tal y como ha dicho la diputada que ha planteado la iniciativa en nombre del Grupo Parlamentario Popular, en el caso de Valencia en concreto el problema no es solo que tienen zonas de sombra -es decir, áreas en las que los sistemas no ven y por tanto no pueden detectar posibles embarcaciones que traten de introducir droga o inmigrantes ilegales u otro tipo de actuaciones contrarias al Estado de derecho-, sino los recursos que complementan el SIVE, esto es la escasez de embarcaciones en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, porque las que hay -lo saben quienes ahí trabajan- son viejas y de escasa potencia. No sirve de nada que el SIVE detecte pateras o lanchas de droga -cosa que en todo caso debe de hacer- si no hay además embarcaciones que las persigan. Y a nuestro juicio, y tal y como se ha denunciado en reiteradas ocasiones, lo que está ocurriendo en ese litoral valenciano son ambas cosas, que no está cubierta correctamente desde el punto de vista técnico la zona -es decir, que
existen esas áreas negras en las que no se ve- y que en algunas ocasiones -y hay ejemplos constatados y documentados de que así ha sido-, aunque las hayan visto, no había una embarcación con suficiente rapidez, con suficiente potencia y capacidad para perseguir a la patera o a la embarcación que traía drogas y, por tanto, a pesar de que en este caso la vieron, no la pudieron detener porque no tenían una embarcación adecuada para perseguirla. Por tanto, el objetivo de nuestra enmienda es aceptar, como no podía ser de otra manera, la propuesta del Grupo Parlamentario Popular y añadir una exigencia al Gobierno de que además de resolver técnicamente los problemas que el SIVE está dando en esa zona se adecuen los recursos a disposición de los guardias civiles que allí trabajan para que puedan hacer en condiciones de mayor eficacia su tarea.
La señora PRESIDENTA: Para defender su enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Bernabeu.
El señor BERNABEU PASTOR: Nos complace muchísimo el interés que muestra el Partido Popular por este tema en la Comunidad Valenciana, sobre todo si tenemos en cuenta que por parte de algunos miembros del Gobierno de esa comunidad durante bastante tiempo se cuestionó la voluntad del Gobierno de España de implantar el sistema en las costas de nuestra comunidad.
Declaraciones públicas al respecto pueden ser accesibles en cualquier momento. Nada nuevo, la misma actitud hemos visto en otros proyectos de grandes infraestructuras. Si quieren oportunamente les recuerdo lo que la alcaldesa de Valencia dijo sobre el AVE: que si llegaba en 2010 se tiraba por la ventana. (Risas.)
Pues bien, frente a esto le digo que el Gobierno de España cumple y, como se ha dicho, efectivamente desde 2009 las costas valencianas cuentan con el servicio correspondiente de vigilancia exterior. El SIVE ya es una herramienta de utilidad para luchar contra los tráficos ilegales.
Evidentemente, no se trata de una barrera fija. Estoy escuchando las intervenciones tanto del Grupo Parlamentario Popular como de UPyD y parece que estemos instalando un muro, una barrera física. No es una barrera física, en ningún caso, por favor. Es un sistema de detección adelantada que permite evidentemente localizar e interceptar en su caso aquellos tráficos ilegales que tratan de llegar a la costa. Pero no es un sistema infalible ni con el Gobierno del Partido Popular ni con el Gobierno del Partido Socialista ni con ningún otro gobierno. No es un sistema infalible. Además, también me permito recordar que desempeña asimismo un importante papel en el salvamento de vidas humanas, cosa que aquí no ha surgido. Estamos hablando por supuesto de la persecución del delito, que es importante, pero también hay una labor importantísima en salvamento de vidas humanas ante naufragios y otros accidentes en el mar, especialmente en el auxilio de los inmigrantes que pretenden llegar a nuestras costas en frágiles embarcaciones.
Este diputado, junto con otros parlamentarios de la provincia de Alicante, tuvimos oportunidad de visitar el SIVE en la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante. Pudimos comprobar cómo las instalaciones funcionaban perfectamente, al menos en ese momento, y la calidad y resolución de las imágenes de las cámaras y radares. Por supuesto se trata de un material -y el que les habla conoce algo de materiales de este tipo por su profesión- técnicamente sofisticado y con bastantes posibilidades de deterioro y por supuesto con dificultades de puesta en funcionamiento y que, como todo este tipo de material, de esta instrumentación, requiere tiempo para su perfeccionamiento y sobre todo para la formación de su personal, que no consiste solo en unos cursos sino en la práctica diaria, 24 horas sobre 24, así es como funciona al menos por lo que vimos cuando pudimos visitar la comandancia en la provincia de Alicante, como decía.
Además se ha citado en alguna ocasión que hay deterioros, evidentemente, cae un rayo y afecta a una cámara, es cierto, pero esto es un imponderable -lo reconocerán- como ocurre en otros ámbitos; si hablamos de tráfico rodado, por ejemplo, también hay dificultades en los radares, y también alguno de los infractores escapa a ese sistema de vigilancia, cómo no. ¿Qué estamos pidiendo aquí? Estamos pidiendo optimizar los recursos y en eso estaremos de acuerdo. Por eso hemos presentado la enmienda, y además hemos presentado la enmienda porque, tal y como estaba presentada por el Partido Popular, supongo que es simplemente un error, pero yo al menos no la entiendo Y la leo. Dicen ustedes: instar al Gobierno para que establezca las medidas necesarias para mejorar y solventar las deficiencias. Yo entiendo que no vamos a mejorar las deficiencias, supongo yo que no se refieren a esto, y por eso hemos presentado la enmienda, no por otro motivo, es decir, es una enmienda que intenta mejorar el texto que ustedes proponen. Porque entendemos que no es un sistema perfecto y es susceptible de mejora es por lo que hemos presentado esa enmienda, que además agradecemos que sea aceptada por el Grupo Popular.
La señora PRESIDENTA: Tiene ahora la palabra para fijar la posición del PNV el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Es correcta la reflexión semántica o filológica que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista. La oración exacta tendría que predicar lo siguiente: se trataría de empeorar las deficiencias.
(Risas.) Pero al margen de cuestiones semánticas que no vienen al caso en este momento, quiero comentar que llama la atención que no siendo el SIVE una barrera física o un muro, como bien ha sido comentado, tampoco parece muy razonable que la flota pesquera resulte más eficaz a la hora de interceptar contrabandistas, pateras y otro tipo de embarcaciones que realizan acciones manifiestamente delictivas. Por tanto,
debemos felicitarnos por el consenso que parece haberse suscitado a pesar de la polémica, no solo filológica sino también política, que se haya podido llegar a un punto de consenso que posibilite quizás votar por unanimidad esta proposición no de ley seguramente importante para mejorar la seguridad ciudadana.
La señora PRESIDENTA: Finalizado este punto se entiende que están defendidas las dos enmiendas y luego las votaremos.
(Número de expediente 161/001859.)
La señora PRESIDENTA: En el punto 3.º del orden del día vamos a ver la PNL 1859, del Grupo Parlamentario Popular, sobre riesgos laborales en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para su defensa tiene la palabra el señor Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: La profesión de policía entraña sin duda un especial riesgo en su ejecución que yo creo que está asumido por todos los que libremente deciden formar parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, un especial riesgo que creo que merece la consideración de la sociedad y el reconocimiento político de esa labor que realizan los policías, que en muchas ocasiones asumen posibles riesgos para su integridad física en el desarrollo de su función al servicio de los ciudadanos. El problema que planteamos es un problema de riesgos laborales en un ámbito muy específico que requiere, como así se ha establecido, una normativa especial porque no es aplicable la normativa de riesgos laborales que genéricamente rige para el conjunto de los trabajadores. Es un problema extraordinariamente grave y además me atrevería a decir que ha habido una actitud por parte del Gobierno en materia de riesgos laborales en el ámbito de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que podríamos casi definir de negligente por la incapacidad o la falta de voluntad del Gobierno para llevar a cabo la legislación que el propio Gobierno ha aprobado sobre esta misma cuestión.
Para dar dos pinceladas sobre la dimensión del problema, el conjunto de días perdidos por diferentes causas en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el año 2008 -doy datos del año 2008 porque este es otro de los problemas que también se reflejan en la iniciativa, la imposibilidad, a pesar de tener las iniciativas parlamentarias de control presentadas, de conocer con exactitud cuál es el alcance del número de bajas que se están produciendo en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado-, último año del que tenemos datos, estábamos hablando de 3,5 millones de días, lo cual significa una merma en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los efectivos realmente disponibles con respecto a los efectivos existentes de casi 10.000 guardias civiles y policías nacionales. Estamos hablando de más de 5.000 bajas por acto de servicio. Es decir, 5.000 lesiones o enfermedades que ocurren en razón de la labor policial que desempeñan los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estamos hablando, y es un dato que a mí me resulta especialmente preocupante, de casi 6.000 bajas por motivos psicológicos, que, sin duda, es una cifra que debe llevarnos a una reflexión.
Es un problema de una enorme gravedad sobre el que ha habido una absoluta falta de respuesta por parte del Gobierno. Para que no parezca que es un discurso propio de la oposición, de cargar las tintas o de poner dramatismo en la situación, quiero leerles, aunque sea de manera muy breve, algunos extractos de un informe elaborado por la Comisión Europea, en concreto por el comisario de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión, un informe que se eleva al Gobierno español con fecha de 30 de septiembre último. El comisario dice: La legislación nacional en materia de riesgos laborales aún no se aplica íntegramente al caso de la Guardia Civil, en particular, en lo referente a la aplicación y funcionamiento efectivo de los servicios de prevención. En primer lugar, el número de integrantes del organigrama de prevención de riesgos profesionales de la Guardia Civil indicado en la respuesta a autoridades españolas parece insuficiente a la vista del número de personas que componen el cuerpo, aproximadamente 83.000, y del número de edificios oficiales que posee, 2.691. Parece que disponer de 7 agentes para controlar este importante número de personas y edificios no bastaría para realizar estas tareas.
Añade que, por otra parte, las autoridades españolas indican que la estructura periférica, los jefes de las unidades de nivel inferior a comandancia, compañía y puesto se encargan de la coordinación efectiva en este ámbito velando por el cumplimiento de las normas, pero que esta circunstancia no puede justificar la ausencia de unidades en las zonas o en las comandancias por dicha función asumida por los jefes de compañía y puesto que está prevista por una orden para lograr una aplicación efectiva de la misma. A este efecto, las informaciones comunicadas a la Comisión indicarían que esta situación conduciría, por ejemplo, a fallos en el sistema de comunicación de incidentes. Esto podría observarse en el hecho de que durante la campaña de prevención los numerosos incidentes señalados no habían sido nunca comunicados por ningún jefe de compañía o de puesto.
En cuanto al argumento de las autoridades españolas según el cual la Guardia Civil desplegaría esfuerzos considerables para dotar a las oficinas de prevención de las comandancias y de las zonas de los recursos humanos y materiales necesarios, conviene señalar que son las autoridades españolas las mismas que los reconocen así, que más de cuatro años después de la publicación de la orden interna 724/2006 y de la orden que regula esta cuestión la normativa aún no se aplica y se estarían realizando esfuerzos para poner en funcionamiento los servicios de prevención. Además, las autoridades españolas
mencionan en su respuesta las medidas adoptadas, entre las que cabe citar la evaluación de 5.244 puestos de trabajo o la elaboración de 63 planes de emergencia o los estudios de 81 accidentes. A la vista de la envergadura de la institución de la Guardia Civil, como ya se ha mencionado, las cifras presentadas parecen insuficientes. En efecto, la elaboración de 63 planes de emergencia en un organismo que cuenta con 2.691 cuarteles no parece suficiente. Según las informaciones recibidas por la Comisión, la comandancia de la Guardia Civil de La Coruña -la mayor unidad de Galicia en número de personas que trabajan allí- no tendría planes de evacuación, que se hallarían solo en fase de proyecto y se habrían realizado en ejercicio. No les aburro más, pero sí quiero decirles la conclusión a la que llega la Comisión Europea: En consecuencia, la Comisión Europea estima que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le corresponden en virtud de los artículos 4, 6, 7 y 9 de la Directiva marco 89/391 del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores. Lo he leído muy rápido, pero el informe de la Unión Europea es absolutamente demoledor sobre las condiciones en las que está el sistema de prevención de riesgos laborales en el conjunto de la Guardia Civil.
En el caso del Cuerpo Nacional de Policía yo diría que la situación es un poquito mejor que la que describe la Comisión Europea porque al menos sí se ha hecho una auditoría de cuáles son los riesgos de cada uno de los puestos de trabajo, que, por cierto, se ha hecho encargando el estudio a una empresa privada, lo cual a mi grupo le parece muy bien pero en este debate tan clásico que tenemos sobre lo público-privado no deja de resultar chocante que los grandes defensores de lo público al final, como ha demostrado el presidente del Gobierno esta mañana, son en estos momentos los más abanderados de las privatizaciones, también en el caso de los riesgos laborales en el ámbito de la Policía Nacional. (Una señora diputada: No tiene nada que ver.) Pero la situación es muy parecida, es decir, no podrían hacerlo de otra manera más que encargándoselo a una empresa privada porque para el conjunto del Cuerpo Nacional de Policía hay siete funcionarios dedicados a esta tarea. Deberían haberse creado unidades en todas las jefaturas superiores, porque así lo establece la normativa que el propio Gobierno ha aprobado, y no se ha creado absolutamente ninguna. No están ni catalogados los puestos de trabajo tan siquiera. La comisión de riesgos laborales se reúne bastante menos que esta Comisión de Interior en el Parlamento. Ha pasado un año hasta que se ha reunido. Las actividades de formación en materia de riesgos laborales ni siquiera llegan al 4 por ciento del conjunto de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía. Insisto, la situación es un poquito mejor que en la Guardia Civil pero manifiesta claramente también deficiencias muy serias e incumplimientos muy graves de la propia normativa que estaba aprobada en materia de riesgos laborales en el Cuerpo Nacional de Policía.
Nuestra proposición no de ley pide dos cosas. En primer lugar, que nos presenten un plan de actividades y compromisos concretos por parte del Gobierno sobre cómo vamos a solucionar esta situación y, en segundo lugar, que mantengan informados al Parlamento. Si la Comisión Europea se ha encargado de hacer un informe tan extenso sobre los incumplimientos del Gobierno en materia de riesgos laborales en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en España creo que, si cabe, mayor obligación aún tendríamos en esta Comisión de hacer un seguimiento exhaustivo de esta cuestión porque, en definitiva, lo que está en juego es la seguridad, la integridad física y la vida de muchos miles de funcionarios de Policía y de Guardia Civil que asumen que su profesión tiene un riesgo, pero precisamente por ello nosotros, como legisladores y responsables políticos, deberíamos ser especialmente cuidadosos en tratar de aminorarlos.
Quiero añadir por último, presidenta, que se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Mixto. Es una enmienda de adición que añade dos puntos que nos parece que complementan nuestra iniciativa y que por tanto vamos a aceptar.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de esa enmienda tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Compartimos, como no podía ser de otra manera -y como creo que comparten quienes aquí se encuentran-, la preocupación por la situación que ha descrito el portavoz en esta proposición no de ley del Grupo Popular. Hemos presentado una enmienda con el objetivo de separar, a la hora de regular sus derechos, a la Guardia Civil de la Policía Nacional, que aparece tratada conjuntamente en la proposición no de ley planteada y defendida por el Grupo Popular porque son cuerpos diferentes que tienen regulaciones distintas. Por tanto, a la hora de plantear su regulación, creemos que ha de ser tratada de manera diferente aunque en ambos colectivos lo que prime sea encontrar un reglamento que les permita defender sus derechos, en este caso ejercer su trabajo con el máximo de seguridad.
Fijaré mi intervención, que le aseguro, presidenta, que será breve, específicamente en el cuerpo de la Guardia Civil. Habíamos presentado una proposición no de ley el 15 de junio de 2009 en relación con la prevención de riesgos laborales de la Guardia Civil que todavía no ha podido verse, pero aprovecho este trámite para decir que el objetivo era el mismo y, sí se sustancia aquí, yo retiraría esa proposición no de ley.
Si les he citado la fecha es porque en aquel momento se había producido un acontecimiento, que fue la muerte de Miguel Ángel Herguido, un cabo de la Guardia Civil de Tráfico de Xátiva que falleció como consecuencia -así se determinó por parte del tribunal que lo investigó- del lamentable estado que presentaba una de las ruedas de la moto con la que patrullaba, en la que estaba haciendo su trabajo. Es un caso más, pero desgraciadamente no es el
único. Hay otro caso que seguramente sus señorías recordarán también de una policía nacional que entrenando se cayó del caballo y que no llevaba casco porque no los tenían. Su accidente mortal fue producto de que no llevaba un instrumento reglamentario, que era un casco. Estas son cosas que se pueden prevenir y pueden evitarse las consecuencias. Se trata de que, sabiendo que estamos hablando de los cuerpos de la Policía y de la Guardia Civil, que tienen el ejercicio de sus derechos limitados, sobre todo en el caso de la Guardia Civil limitados, restringidos y regulados de forma diferente precisamente porque estamos hablando de un cuerpo militar, la exceptuación de esos derechos nunca nos puede llevar a exceptuar el derecho a la prevención de los riesgos laborales.
El proponente ha citado varias resoluciones extensas de la Unión Europea y yo les querría citar al respecto la del Tribunal de la Unión Europea del año 2006, que resolvió que no cabía excluir a categorías enteras de trabajadores del ámbito de la aplicación de la directiva -directiva marco en relación con la protección de los derechos de los trabajadores- solo en función de las misiones específicas realizadas por algunos de ellos.
Es decir, no se les puede excluir de la protección de esos derechos, del derecho a hacer su trabajo, minimizando los riesgos laborales por su realización. Entendemos, por tanto, que no existe motivo alguno, ni siquiera -permítanme la expresión entre comillas- en el caso de la Guardia Civil, un cuerpo militar, para privarles de órganos representativos en materia de seguridad e higiene en el trabajo, máxime cuando en relación con los guardias civiles en la Ley de derechos y deberes de los guardias civiles se recogió el derecho de asociación profesional y, por tanto, su derecho a participar de forma efectiva en todo lo concerniente a los derechos de los funcionarios de la Guardia Civil, entre ellos el derecho a la prevención de riesgos laborales. Por ello presentamos esta enmienda, donde planteamos la participación en ese ámbito -en el ámbito que recoge la ley, no en ningún otro- en la elaboración de ese reglamento que les permita minimizar los riesgos y tener un plan de prevención que realmente evite que, precisamente porque funcionan sin ningún tipo de plan de prevención de riesgos laborales, se produzcan muertes entre ellos que son absolutamente evitables y que no tenemos ningún derecho a no hacer todo lo posible para evitarlas.
La señora PRESIDENTA: Grupos parlamentarios que no han presentado enmienda. Tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Vasco el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Esta proposición no de ley brillantemente defendida por el señor Cosidó nos genera ciertas dudas, ciertas reservas mentales.
Existe una Ley de Prevención de Riesgos Laborales de carácter general aplicable a los trabajadores en su conjunto, donde sí es obligatorio pactar, como sabe la presidenta, planes de seguridad. Es una ley reciente en el tiempo, fruto de un amplio consenso entre los interlocutores sociales y que recabó la unanimidad de esta Cámara cuando se aprobó, en la que hay deficiencias y mejoras que hacer. Por ejemplo, no se consignan dentro de los planes de seguridad de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales los accidentes in itínere o los accidentes en misión, es decir, los que se producen fuera del centro de trabajo, cosa muy frecuente en relación con los funcionarios policiales, que tienen que realizar normalmente sus funciones fuera de su centro de trabajo concreto, utilizando además vehículo, automóviles o de otra naturaleza, para su traslado, para su realización. Existen también reales decretos donde se establecen planes de seguridad que de alguna forma acogen las especialidades de un cuerpo con las características de aquellos que están llamados a proteger la seguridad ciudadana o realizar funciones de policía judicial o seguridad civil y, desde esa perspectiva, parece que deberían ser suficientes las medidas de prevención que en esos reales decretos se consignan. En este momento manifiesto honestamente que tengo dudas del ajuste de estos planes de prevención consignados en los reales decretos relativos a la seguridad o a los planes de seguridad tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil en relación con su suficiencia, su coherencia o su nivel de protección, si este nivel de protección es equiparable a los planes de seguridad que obligatoriamente se han de negociar en el ámbito de las empresas previstas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y también de su ajuste a la directiva que ha sido citada por el señor Cosidó y a su reinterpretación por una sentencia del tribunal europeo, no solo por una declaración del comisario de Empleo y Seguridad.
Estas dudas, señora presidenta, van a conducir a mi grupo a la abstención hasta tener las ideas más claras sobre todas estas cuestiones.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Mi grupo parlamentario comparte en buena medida las razones que han impulsado al grupo proponente a plantear esta iniciativa. Me gustaría hacer una matización con respecto a datos que se dan en la exposición de motivos, donde aparecen unos porcentajes de aumento realmente alarmantes, que sin negar que han aumentado, sí he de decir que se citan las plantillas del año 2004 y del año 2008 como si fueran plantillas fijas. Es cierto que quizá ha aumentado el porcentaje, pero se tiene que ver relativizándolo porque también han aumentado las plantillas. Conviene hacer una matización sobre esto para no inducir a más alarma de la necesaria, que no niego que pueda o deba haber.
Nosotros compartimos que la cultura de prevención y salud laboral avanza muy lentamente en los cuerpos policiales, eso es así. Se ha citado aquí por el mismo proponente, por el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra y también por la señora Díez que la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales es del año 1995 y que el 12 de enero de 2006 la Comisión Europea condena en una sentencia al Reino de España -le condena además con costas- por el incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de la directiva 89/391/CEE, del Consejo. Con esto se dice todo; no estamos cumpliendo en el año 2006. A raíz de esta sentencia es cierto que salen los reales decretos y las órdenes de prevención de riesgos laborales. Llegados aquí me pasa un poco como al señor Olabarría, es decir, creo que lo que hay que hacer es cumplir lo que se dispone en estas reales órdenes y decretos antes de dilucidar si hemos de seguir con nuevos planes, si hemos de ajustarlo con planes, etcétera, por no decir ya la divergencia que hay y que se ve en las actas, por ejemplo, del último Pleno del Consejo de la Guardia Civil del pasado 14 de octubre, donde por parte de la Asociación Unificada de la Guardia Civil se considera que se tienen que implantar los órganos de participación porque se entiende que a raíz de la nueva ley no se tiene impedimento legal alguno, mientras que por parte de la Administración se insiste en que la representación tiene que ser a través del consejo. Por tanto, antes de presentar nuevos planes deberíamos dilucidar hasta qué punto se cumplen las reales órdenes y, a la vista de esto, seguir impulsando lo que sea necesario para mejorar la prevención de riesgos laborales, que es algo que reitero que compartimos.
De los dos puntos que tiene su iniciativa, si se me permite votarlos separados, me abstendría en el primer punto y en cambio votaría favorablemente el segundo porque informar a esta Comisión sí me parece un ejercicio de transparencia, al tiempo que nos obliga a tener encima de la mesa esta preocupación por la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a los cuerpos policiales, que realmente es algo que siempre tenemos que tener en cuenta.
La señora PRESIDENTA: Luego lo aclararemos a la hora de la votación, pero entiendo que usted está diciendo que votaría el punto primero y segundo de la PNL.
La señora PIGEM I PALMÉS: Sí.
La señora PRESIDENTA: Le toca ahora el turno de fijación de posición al Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Arnaiz.
La señora ARNAIZ GARCÍA: Debatimos hoy esta proposición no de ley del Grupo Popular sobre riesgos laborales en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que, la verdad, he tenido que leer unas cuantas veces porque no entendía ni el propósito ni el sentido ni los razonamientos de la misma.
Intentaré poner un poco de claridad y centrar el tema.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, inspiró la normativa específica tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional basándose en los principios de eficacia, coordinación y participación. Así, el artículo 13 del Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil, recoge quién es el competente en esta materia, manifestando que los órganos de prevención son el conjunto de medios humanos necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud en el desempeño de las actividades.
Los apartados 3 y 4 de la Orden 724/2006, de 10 de marzo, de la que sugiero al portavoz del Grupo Popular que haga una lectura detallada, en la que se regulan estos órganos de prevención, señalan qué funciones les corresponden, entre las que se encuentran el diseño, implantación y coordinación de un plan de prevención de riesgos laborales, así como el estudio de los accidentes ocurridos en acto de servicio y de las enfermedades profesionales que se produzcan en las distintas unidades.
También este apartado tercero establece los órganos de prevención en el cuerpo de la Guardia Civil, que son un servicio de prevención, una sección de prevención de zona, oficinas de prevención de comandancia y otras unidades. También en la regulación de los derechos y deberes se crea el Consejo de la Guardia Civil que tiene, entre otras funciones, conocer las estadísticas trimestrales sobre el índice de absentismo y sus causas, sobre los accidentes en acto de servicio y enfermedades profesionales y sus consecuencias, sobre los índices de siniestralidad, así como los estudios periódicos o específicos que se realicen sobre condiciones de trabajo. En cuanto al Cuerpo Nacional de Policía, el artículo 14 del Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, sobre prevención de riesgos laborales, fija la participación de los funcionarios en estas tareas a través de los delegados de prevención en su respectivo ámbito territorial. También el artículo 15 de este mismo real decreto establece que la comisión de seguridad y salud laboral, de carácter paritario, tiene entre sus funciones, en primer lugar, la elaboración y aprobación de los planes y programas; en segundo lugar, el conocimiento y análisis de los daños producidos en la salud o integridad física y psíquica; en tercer lugar, la valoración de las causas y, por último, la propuesta de las medidas oportunas.
Me he detenido en las respectivas normativas vigentes para incidir en que existen cauces de información y participación, órganos que funcionan con normalidad y que se reúnen con la periodicidad establecida. La pretensión del Grupo Popular en esta PNL parece consistir en suplantar las competencias que las leyes otorgan con claridad a los órganos o servicios de prevención; unos órganos en los que se materializan los derechos de consulta y participación de los trabajadores en relación con las cuestiones que afectan a la seguridad y salud en el trabajo. No será este grupo el que colabore en este atropello.
El Grupo Parlamentario Socialista respeta, como no puede ser de otra manera, la legislación relativa a la prevención de riesgos laborales en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y considera, discrepando con
algún portavoz que se ha manifestado con anterioridad, que no es competencia de esta Cámara el conocimiento sobre la evolución de las bajas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque tampoco lo sería conocer la evolución de las bajas en el sector de la construcción, en el sector del transporte por carretera o en cualquier otro sector con alta siniestralidad. Nuestras funciones son parlamentarias, no administrativas.
Entremos en el contenido del cuerpo propositivo. El Grupo Popular señala que el aumento del número de bajas constituye un grave riesgo para la salud y resta, además, un importante potencial de servicio para garantizar su función constitucional de mantenimiento de la seguridad ciudadana. Parece un poco grotesca su preocupación por la salud laboral de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ahora que están en la oposición. Poco lo demostraron cuando gobernaron, y refrescaré su memoria. Sí, sí, clama al cielo. El balance de sus ocho años de Gobierno en lo que respecta a la cartera de Interior no pudo ser más nefasto.
Redujeron la plantilla de las fuerzas de seguridad en 20.000 efectivos, respondiendo a su máxima de que quien quiera seguridad que se la pague.
Esa política de merma de efectivos sí que era un lastre importante en las condiciones de trabajo tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, aquello sí que era un factor decisivo que incidía sobremanera en la salud y en la seguridad de nuestros cuerpos.
En estos seis años hemos pasado de 118.000 efectivos en el año 2004 a 154.000, una cifra espectacular que algo tendrá que ver en el incremento de las bajas laborales, porque, a más personal, más situaciones de baja que pueden plantearse, sencillamente; no busque tres pies al gato. En estos seis años la política de seguridad ha sido una prioridad para este Gobierno, lo que se evidencia en el incremento presupuestario de todos estos años que ha hecho posible incrementar plantillas, aumentar retribuciones, mejorar la acción social, la formación, renovar vehículos, vestuario, material, instalaciones. Pero donde también se ha volcado este Gobierno es en los aspectos cualitativos, en los derechos y deberes, en la jornada laboral, en los permisos y licencias, en la seguridad laboral.
Todo este balance tan positivo ha hecho posible que tengamos unas cifras de criminalidad tan positivas. La fórmula es bien sencilla. Aquí no hay trampa ni cartón. Más presupuesto, más efectivos, más eficacia policial y menos criminalidad.
La proposición no de ley también dice que la aplicación de la legislación de riesgos laborales es muy incipiente en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y yo lo comparto, pero ustedes son responsables de esta demora. Lo que sorprende es que lo pongan de manifiesto y no muestren el mínimo sonrojo. La Ley marco 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, tuvo que esperar el regreso de un gobierno socialista para que se dictara la normativa específica sobre prevención en los colectivos de Policía y seguridad mediante el Real Decreto 179/2005 y el Real Decreto 2/2006. Por tanto, si hay un desarrollo escaso solo es atribuible al Grupo Popular porque si hubieran hecho sus deberes no hubiese sido necesario esperar diez años; habría mucho camino recorrido.
Para finalizar, apoyándome en todo lo que he mencionado hasta el momento, en nombre de mi grupo, considero que en esta materia los mecanismos de información y consulta son los adecuados. Por tanto, la proposición no de ley del Grupo Popular no es oportuna, es más bien un disparate, por lo que nuestra posición es de rechazo.
- RELATIVA A LA INCORPORACIÓN DE TODAS LAS POLICÍAS INTEGRALES DEL ESTADO ESPAÑOL AL SISTEMA DE SCHENGEN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/001988.)
La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate de este punto pasamos al siguiente. Como anuncié al principio, vamos a cambiar el 4.º por el 6.º Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco relativa a la incorporación de todas las policías integrales del Estado español al sistema de Schengen. Para su defensa tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Lo que pretende mi grupo parlamentario con esta proposición, señora presidenta, como reza el rótulo de la misma, es la incorporación de todas las policías integrales existentes en el Estado español al sistema Schengen, que es un sistema configurado en el año 1985 y ratificado mediante el correspondiente convenio por estas Cortes con fecha 21 de julio de 1991. El sistema Schengen tiene funciones de naturaleza policial, pero se dedica también a otras actividades como el control del flujo de extranjeros y cierto control sobre el derecho de libertad de movimientos de los ciudadanos pertenecientes a la Unión Europea. Es un sistema que fundamentalmente se provee de la información que es necesaria para la eficiencia de las policías que tienen funciones plenas en el Estado español. Si por algo se caracteriza el Estado español es porque hay múltiples operadores policiales garantes de la seguridad ciudadana. Hay tres policías integrales que tienen policías plenas en el ámbito de la seguridad ciudadana, que pueden ejercer funciones de policía judicial, de seguridad civil y todas las que corresponden al resto de los cuerpos policiales, particularmente el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Me estoy refiriendo a tres policías que tienen este carácter de policía integral: la Ertzaintza, los Mossos d´Esquadra y la Policía foral de Navarra. Desde esa perspectiva, la no pertenencia a estructuras como la de Schengen y los mecanismos de información que se pueden obtener o la mera pertenencia a otras estructuras como Europol, e incluso Eurojust en lo atinente a las funciones policiales o a las actividades de naturaleza jurisdiccional policial que se manejan en Eurojust, merman notablemente las
posibilidades de funcionamiento de policías como es el caso de la vasca, cuyo funcionamiento está previsto en el Estatuto de Autonomía de Gernika en su artículo 57, teniendo además el carácter de derecho histórico constitucionalizado por la disposición adicional primera de la Constitución española, en tanto en cuanto el propio artículo 17 del Estatuto de Autonomía de Gernika establece que la creación de la Ertzaintza dimana de la constitucionalización de esta disposición adicional de la Constitución a la que provee la Constitución. Luego la propia Ertzaintza está constitucionalizada o tiene un fundamento constitucional sin perjuicio de que los estatutos de autonomía pertenecen a lo que se denomina técnicamente bloque de constitucionalidad, es decir, tiene todas las competencias de los cuerpos policiales de ámbito estatal -los que funcionan en el ámbito de todo el Estado-, salvo aquellas que expresamente se exceptúan en el propio Estatuto de Autonomía, que particularmente son dos: la emisión de determinados documentos oficiales como el pasaporte o el documento nacional de identidad y algunos otros, y el control de las fronteras y de las costas. Excluyendo estas competencias que son fruto de expresa exclusión del ámbito competencial de la Ertzaintza -lo mismo que ocurre con los Mossos d´Esquadra y con la Policía foral Navarra-, carece de sentido político excluir a estas fuerzas policiales de los mecanismos de información o de las estructuras policiales existentes en la Unión Europea.
Señora presidenta, aquí se podrá refutar esta propuesta, este pedimento de mi grupo parlamentario, con argumentaciones o fundamentación política o con fundamentación de pura conveniencia, ahora bien, no hay ninguna fundamentación de carácter jurídico que resulte razonable. Es una exclusión arbitraria la que se ha hecho, que contradice el bloque de constitucionalidad, contradice el Estatuto de Gernika en su artículo 17 y sus homónimos, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley de Amejoramiento de fuero de la Comunidad Foral de Navarra. Desde esa perspectiva, se está incumpliendo la legalidad en tanto en cuanto el contenido, el pedimento, la parte dispositiva o el contenido material de esta proposición no de ley no sea aceptada. Yo sé que no lo va a ser porque ya me lo han comentado, con honestidad digna de mejor causa, los portavoces de los grupos parlamentarios mayoritarios, con lo que ya se está aceptando o se está asumiendo un incumplimiento de la legalidad basado en funciones de desconfianza o de conveniencia, o por razones políticas deletéreas que a mi grupo se le escapan. En todo caso, yo les pediría, por pura reciprocidad y por honestidad, que nos digan exactamente por qué razones se va a excluir a policías integrales que tienen competencias plenas en el ámbito policial -desde la seguridad ciudadana en el sentido lato de la expresión a las de policía judicial, seguridad civil y todas las demás- de mecanismos o estructuras de información, en el ámbito policial paneuropeo o europeo, que son imprescindibles para la eficiencia de la seguridad ciudadana en los ámbitos territoriales -comunidad autónoma en este caso- donde estas policías desarrollan sus funciones de forma íntegra, mediante un sistema de sustitución de los cuerpos policiales preexistentes o que antes realizaban estas funciones, que son el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, que solo se mantienen -o deberían mantenerse- para las funciones que se exceptúan como competencias propias de estas policías autonómicas, como es la emisión de ciertos documentos oficiales que ya he citado y el control de las costas y de las fronteras. Me gustaría saber cuáles son las razones -si es que los grupos parlamentarios mayoritarios en esta Cámara se van a mantener en la posición recurrente y permanente de avalar esta exclusión- que les llevan a incumplir requerimientos expresos del ordenamiento jurídico y, si me permite la licencia la presidenta, del ordenamiento jurídico-constitucional.
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la intervención de los grupos para su toma de posición. Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Señora presidenta, desde Convergència i Unió nos vamos a sumar con entusiasmo a la iniciativa que nos presenta hoy el Grupo Parlamentario Vasco. Las razones las ha expuesto con detalle el portavoz don Emilio Olabarría y yo, por sintetizar, diré que si realmente en el Estado español hay una pluralidad de operadores que garantizan la seguridad de sus ciudadanos y en algunos territorios concretos, como el País Vasco, Navarra o Cataluña, tenemos policías integrales, es decir, es la única policía que tenemos para garantizar la seguridad, no se alcanza a entender por qué a estas policías se les da un trato que les impide acceder a aquellas bases de información policial que son necesarias para garantizar esta seguridad de manera óptima porque, si no fuera así, tampoco tendrían acceso el resto de policías.
Esta es una de las reivindicaciones que constantemente se nos hace por parte de los sindicatos de policías, y quiero citar aquí al sindicato Erne de la Ertzaintza y también al sindicato de los Mossos d'Esquadra, Sindicat de Policies de Catalunya, que además de mostrar todo el apoyo a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco insisten en que si las organizaciones sindicales de la policía vienen reclamando como suyo el derecho de estar representadas en el citado marco europeo es porque entienden necesaria la información transnacional que en ella se maneja en aras de un mejor servicio público a la ciudadanía. Es decir, el hecho, para que quede constancia, de tener que acceder a estas bases a través de los cuerpos de ámbito nacional, lo que puede provocar, y provoca, son demoras y dilaciones que pueden ocasionar graves perjuicios a la actuación policial. Si hemos de garantizar de la mejor manera posible la igualdad de los ciudadanos ante la seguridad, hemos de asegurar que los operadores policiales, encargados de hacerlo posible, de
hacerlo realidad, tengan acceso a los mismos instrumentos de información.
Por último, el señor Olabarría ha dicho que le gustaría saber cuáles son las razones por las que esto no se va a apoyar. A mí también me gustaría saberlo. Yo recuerdo que en la primera intervención en esta legislatura del ministro del Interior, el señor Olabarría le planteó ya esta cuestión y la respuesta del ministro no fue negativa. Dijo: No es una posición, en principio, negativa. Es una posición cautelosa. Tengo algunas dudas, porque hace falta despejar los criterios de eficacia para saber de qué manera se va a poder realizar la función policial de garantizar la seguridad de los ciudadanos de mejor manera. Por tanto, si no ha una oposición rotunda, sino que había alguna duda, ha pasado tiempo suficiente para haberla despejado -han pasado más de dos años- y, por tanto, nos gustaría saber cuáles son las razones que impiden que las policías integrales de territorios como el País Vasco, Navarra o Cataluña, puedan acceder a servicios de información para garantizar la seguridad de los ciudadanos de estos territorios en igualdad de condiciones con las de los ciudadanos del resto del territorio español.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Álvarez de Toledo.
La señora ALVAREZ DE TOLEDO PERALTA RAMOS: El señor Olabarría nos ha traído hoy a debate a esta Comisión una vieja reivindicación de su grupo: La incorporación de las policías autonómicas al circuito policial de Schengen y, si no me equivoco, la última vez que se debatió este asuntos fue hace un año en el Parlamento vasco. Y el Partido Nacionalista Vasco, por boca del señor Egibar, se empleó a fondo en dejar en evidencia al Partido Socialista por no hacer en el Gobierno aquello que había exigido desde la oposición. Comprendo su frustración. En 2004 los socialistas votaron una moción para incorporar a la Ertzaintza de inmediato en Schengen y en cuanto llegaron al Gobierno se olvidaron del asunto. Desde entonces, los señores Ares y Rubalcaba se dedican a marear la perdiz. Yo en este caso diría que me alegraría si no fuera porque simultáneamente, en un doble juego, van dando pasitos en la dirección de la que ahora, paradójicamente, reniegan. Me refiero a la incorporación de la Ertzaintza en la Comisaría conjunta de Hendaya criticada, creo que con motivo, por los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía.
En todo caso, les diré que me tomé el trabajo de leer la transcripción de la sesión de hace un año en el Parlamento vasco y no me resultó especialmente edificante. Porque el debate se convirtió en una mera pugna competencial, cuando lo verdaderamente importante, lo que debería ocuparnos a todos es cómo garantizar mejor la seguridad de los ciudadanos. Este es el enfoque con el que mi grupo aborda la iniciativa que debatimos hoy y lo que nos lleva a votar, como ha anticipado el señor Olabarría, en contra de su aprobación.
Votaremos que no a esta iniciativa por tres motivos que voy a intentar explicar. El primero es que parte de lo que aquí se reclama no necesita ser reclamado porque ya ha sido concedido. Me refiero a que la Ertzaintza pueda, como dice la exposición de motivos, disponer directamente de la información dimanante de las estructuras policiales transnacionales europeas y de manera especial del sistema Schengen. Cierro la cita. La Ertzaintza tiene pleno al SIS, al Sistema Informático Schengen, desde 1997, cuando el Gobierno del Partido Popular le dio acceso a una red que hasta entonces solo podía usar el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Gracias a ello los agentes de la Ertzaintza no solo pueden consultar todos los datos de criminalidad del área Schengen, sino también actualizar ficheros para incluir o retirar señalamientos, un instrumento clave para la persecución del delito.
El Gobierno del Partido Popular también permitió la presencia de un inspector de la Ertzaintza en el conocida como oficina Sirene, que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad, y que sirve para recibir y recabar información complementaria de los demás Estados del área Schengen en materia de persecuciones, peticiones de cooperación, vigilancia en las fronteras, etcétera. Desde entonces también se han producido muchos avances. Hoy los agentes de la Ertzaintza, también Mossos d'Esquadra y Policía foral de Navarra tienen acceso a la información de Schengen. Trabajan con datos concretos que reciben a través de sus representantes que se encuentran físicamente en los servicios de la Policía judicial en Canillas. No estamos, por tanto, ante un problema de falta de información de las policías autonómicas. El intercambio de información es cada vez más fluido. Quiero destacar que para nosotros esto muy importante y muy positivo. Más que nunca, la lucha contra la criminalidad depende de la información, y la información, para ser de alguna utilidad, tiene que fluir de manera rápida y ágil entre los distintos cuerpos policiales encargados de protegernos. Por eso, el Partido Popular siempre apoyará todas la iniciativas encaminadas a potenciar la colaboración y el intercambio de información entre las policías autonómicas, estatales y europeas.
Ahora bien, una cosa es potenciar la colaboración y otra distinta aceptar medidas que puedan fomentar la dispersión o la descoordinación. La iniciativa que nos presenta el grupo vasco, va más allá de una simple petición de mayor información para las policías autonómicas; reclama la incorporación directa de los cuerpos policiales autonómicos en las estructuras organizativas de Schengen. Es decir, pretende que las policías autonómicas sean interlocutores directos con las policías de otros estados en igualdad de condiciones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y eso es lo que nosotros no podemos aceptar por dos razones. Primero, porque choca con el modelo de seguridad que defiende mi grupo y que establece nuestro ordenamiento jurídico. Según nuestra Constitución, las relaciones internacionales son competencia exclusiva del Estado, del Gobierno central y ninguna comunidad autónoma está facultada
para mantener una relación directa con otros países en paralelo o al margen del Gobierno de la nación. Y eso afecta, por supuesto, a la cooperación internacional en materia de seguridad. La Ley 2/1986, que regula las funciones de las fuerzas de seguridad, lo deja claro en el artículo 12, y así quedó también recogido en la ratificación del acuerdo de adhesión de España al convenio de aplicación del acuerdo de Schengen.
Ese documento, firmado en 1994 por el Gobierno del señor González, estableció que los únicos agentes competentes para actuar en los órganos de Schengen son los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y del Cuerpo de la Guardia Civil en el ejercicio de sus funciones de policía judicial, así como los funcionarios dependientes de la Administración de Aduanas, es decir, únicamente los representantes del Gobierno central.
A esta objeción jurídica o competencial añadimos una muy importante para nosotros que es de carácter práctico. El Grupo Vasco ha invocado la eficacia como argumento para defender su iniciativa y también lo ha hecho la señora Pigem en su intervención. Nosotros creemos que es al revés, que precisamente en aras de la eficacia tenemos que rechazar esta iniciativa.
De por sí resulta ya muy difícil coordinar las policías de los veintinueve Estados firmantes de Schengen, más el Reino Unido e Irlanda, como para añadir la complejidad que supondrían tres, cuatro o diecisiete interlocutores más de un mismo Estado. Una sola voz se escucha y se entiende mejor que muchas voces hablando de lo mismo a la vez. Pero, además, los grandes desafíos a la seguridad que se combaten desde Schengen -el terrorismo, el crimen organizado articulado en bandas multinacionales, las redes de inmigración ilegal- exigen una visión y una capacidad operativa amplia de conjunto. Esa visión y esa capacidad operativa la tienen, en nuestra opinión, los Estados. El Estado es quien más eficazmente puede coordinar las políticas, estrategias y operaciones policiales contra un tipo de delincuencia que no conoce fronteras, que no suele circunscribirse al ámbito de una comunidad autónoma ni en su organización ni en su actuación. Tanto para coordinarnos bien con el resto de Schengen como para coordinarnos bien dentro de España es necesario un coordinador, valga la redundancia, no tres o cuatro, que sirva de interlocutor hacia fuera y de nexo de unión hacia adentro, de ventanilla única a la que deben tener acceso todos los cuerpos policiales que operan en nuestro país, de manera señalada las policías autonómicas que ejercen una excelente tarea y labor en la protección de los ciudadanos. De hecho, este debería de ser para nosotros uno de los grandes objetivos en los próximos años, potenciar la integración y coordinación de nuestro sistema de seguridad. Así lo entendemos en el Grupo Parlamentario Popular. Por eso hace escasas semanas presentamos en esta misma Comisión una enmienda al proyecto de ley de trasposición de una directiva sobre intercambio de información policial en la Unión Europea, precisamente para que sea el Ministerio del Interior, en la persona del secretario de Estado de Seguridad, y en el caso de delitos competencia de las autoridades aduaneras el Ministerio de Economía y Hacienda, quienes actúen como únicos puntos de contacto nacionales a la hora de recibir y aportar información entre las policías de otros países y los distintos cuerpos que operan en España. La enmienda fue incorporada a la ley y de ello nos congratulamos. En esa dirección vamos a seguir trabajando para tener un sistema de seguridad más eficaz, más eficiente, mejor coordinado, en el que haya la mejor colaboración posible entre todos los cuerpos policiales que operan en el mismo y más integrado. Un modelo, en definitiva, que anteponga la seguridad de los ciudadanos a cualquier otra consideración y, desde luego, a cualquier consideración de tipo político.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Canongia.
El señor CANONGIA GERONA: El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco nos ha emplazado para que demos las razones por las cuales no podemos apoyar su proposición. Intentaré explicárselo con brevedad. Lo que usted nos pide de iure yo diría que se realiza de facto. Intentaré convencerle; no sé si seré capaz, pero al menos lo intentaré.
Empecemos por el principio. El convenio de aplicación del acuerdo de Schengen del 19 de julio de 1990 persigue la supresión gradual entre los Estados firmantes de los controles de las fronteras comunes. El 25 de junio de 1991 el Reino de España firmó en Bonn la adhesión a este tratado. La libre circulación de personas dentro del espacio Schengen se acompaña de las necesarias medidas de coordinación y cooperación entre los servicios de policía y autoridades judiciales para proteger la seguridad interior de los Estados miembros, y en particular para luchar eficazmente contra la delincuencia organizada. En esta cooperación participan todos los Estados de la Unión Europea, incluso los que no pertenecen al espacio Schengen, y algunos terceros países, por lo que el ámbito territorial que abarca la cooperación es incluso más amplio que el espacio Schengen. Como instrumentos para la cooperación y coordinación policiales se creó el sistema de información Schengen, del que forma parte la base de datos de señalamientos nacionales, y se incorporó la oficina Sirene como punto de contacto único para tramitar toda información complementaria a los datos introducidos al sistema, dando servicio a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español.
Asimismo el convenio prevé que en las regiones fronterizas la cooperación pueda regularse mediante acuerdos entre los ministerios competentes de las partes contratantes y además por la firma de acuerdos bilaterales más completos entre partes contratantes que tengan frontera común, tal como facultan los apartados cuarto y quinto del artículo 39 del convenio. De esta forma, con fecha 7 de julio de 1998 se firmó el convenio de cooperación transfronteriza en materia policial y
aduanera entre España y la República Francesa. Este acuerdo prevé la ubicación de centros de cooperación policial y aduanera próximos a la frontera hispanofrancesa. A todos estos instrumentos de cooperación policial se han incorporado las policías autónomas integrales.
La Dirección General de Infraestructuras y Material de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Estado, ha dado cobertura técnica al sistema de información Schengen, cuya base de datos se encuentra en Estrasburgo, y ha proporcionado el acceso a los cuerpos policiales autonómicos integrales a dicho sistema y a la base de datos de señalamientos nacionales, lo que les ha permitido interactuar en igualdad de condiciones que los cuerpos estatales, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Por otra parte, se ha establecido de forma gradual la presencia de oficiales de enlace, a petición de los interesados, en las dependencias de la oficina Sirene, en la que se tramita toda la documentación de acuerdo con el sistema Schengen, teniendo el mismo acceso que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Toda solicitud de información por o para un cuerpo policial es tramitada con las mismas condiciones, al ser la oficina Sirene un organismo policial que trabaja por igual para todas las fuerzas y cuerpos de seguridad que tienen acceso al sistema de información Schengen. Igualmente, las policías autónomas vasca y catalana se han incorporado a los centros de cooperación transfronteriza constituidos entre España y Francia en determinados puntos fronterizos. Para ello, en el BOE número 242, de 9 de octubre de 2007, se publicó la resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior por la que se disponía la publicación de la declaración elaborada por el Ministerio del Interior en cumplimiento de lo dispuesto en el convenio de cooperación transfronteriza en materia policial y aduanera entre el Reino de España y la República Francesa, hecho ad referendum en Blois el 7 de junio de 1998, en la cual se declara que el cuerpo de Policía de la Generalitat de Catalunya, Mossos d'Esquadra, constituye en el ámbito de sus competencias servicio competente por la parte española para la ejecución y aplicación del convenio.
En referencia a la Ertzaintza, igual declaración fue publicada en el Boletín Oficial del Estado del 29 de febrero del presente año, de 2010.
Teniendo en cuenta que la presente proposición no de ley se refiere a la incorporación directa a las policías integrales autonómicas del Estado español, a las estructuras organizativas e información dimanantes del sistema Schengen, como hemos visto, las policías españolas ya vienen participando de dichas estructuras organizativas, asisten a sesiones y forman parte de los grupos de trabajo que se organizan para el desarrollo del sistema de información Schengen. En este foro conocen de primera mano las evoluciones del sistema que se exigen desde la Unión Europea y también tienen destacados oficiales de enlace en la oficina Sirene, de modo que puedan agilizar los asuntos que les competen y acceder a la información que precisen. Como puede ver el señor Olabarría, todo aquello que nos pide interpreto que hoy ya es una realidad. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señor Olabarría, no tiene turno porque esta propuesta no tiene enmiendas y por lo tanto su turno ha sido ya utilizado en toda su extensión. Comprendo que ha podido sentirse aludido pero el debate es así, interviene quien defiende la proposición no de ley.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Aludido con reiteración e incluso, si me permite, hasta con alevosía en algunos casos. (Risas.) Pero, si la presidenta estima que no hay turno ninguno...
La señora PRESIDENTA: No, no hay turno; sería romper el Reglamento.
- SOBRE CONSTRUCCIÓN DE ALMACENES PARA CUSTODIA DE DROGA, HASTA SU POSTERIOR DESTRUCCIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001561.)
La señora PRESIDENTA: Finalizado este debate, pasamos al siguiente punto, que aparece en el orden del día como punto cuarto, sobre construcción de almacenes para custodia de droga hasta su posterior destrucción. Es una proposición del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Con esta proposición no de ley tratamos de solucionar un grave problema que existe en algunas provincias españolas con la guarda y custodia de la droga incautada. Esto ocurre hasta su traslado para su destrucción, no hay sitio para almacenarla y en algunas provincias, como en la de Cádiz, por la que soy diputado, hay más de 100.000 kilos de droga almacenada en unas condiciones de inseguridad total. La cantidad de droga incautada cada vez es mayor y supera con creces la capacidad de almacenamiento, y para solucionarlo se utilizan todo tipo de lugares como oficinas, almacenes, locales, calabozos, contenedores, vehículos; es decir, todo lo que se encuentra a mano ante la falta de un edificio acondicionado. No hay garantías de seguridad en estos almacenes provisionales porque no son adecuados y además no hay vigilancia en la mayoría de ellos.
El proceso es el siguiente. Tras una operación policial antidroga hay que resolver el problema de qué hacer con la mercancía incautada. Se pone a disposición de la autoridad judicial que no tiene infraestructuras para ello y entonces se recibe en unos almacenes que deben tener -que no tienen en algunos casos, o al menos no suficientes- los departamentos de sanidad, a la espera de que desde el juzgado se den instrucciones para poder destruir esa droga. Para ello hay que trasladarla -y de
ello solo se encarga el CICO- en el caso de mi provincia nada menos que desde Cádiz hasta Asturias -más de mil kilómetros- con un transporte organizado. Un transporte que hay que preparar, vigilar y controlar, y después en la propia planta en Serín, Asturias -que no tiene capacidad suficiente, o al menos es muy lenta-, se incinera junto a material sanitario y ganadero, o sea que tiene que compartir esas tareas.
Problemas del sistema: Hay que transportar la droga en algunos casos, como he dicho, a una gran distancia; la planta no tiene esa capacidad; el almacenamiento se incrementa mientras se espera la decisión judicial y además la seguridad es un problema a resolver y cada uno en estas circunstancias trata de echar balones fuera. Pongo como ejemplo una respuesta parlamentaria en la que se me decía que las sustancias estupefacientes una vez incautadas son entregadas a la unidad de sanidad, donde permanecen a disposición de la autoridad judicial y los funcionarios del depósito son los encargados del pesaje, análisis, custodia y destrucción de las sustancias estupefacientes, además -dice-, sin que el Ministerio del Interior tenga competencia ni control sobre las sustancias depositadas, salvo las de seguridad que le sean asignadas. Yo creo que precisamente se le asignan porque es la misión que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y con esta proposición no de ley tratamos de favorecer esta responsabilidad y dar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad medios suficientes para que cumplan con su cometido.
Hay un antecedente ya en esta Comisión. En el año 2002 se debatió la necesidad de ampliar los recursos para la custodia y destrucción de droga, incluso en mi provincia se buscó un solar para hacerlo, se encargó un proyecto pero después del cambio de Gobierno no ha sido continuado.
Por todo ello, nosotros pedimos que, aunque la solución efectiva sería construir hornos incineradores en los sitios donde realmente hay una acumulación importante de incautaciones de droga, en vista del problema económico, por lo menos se construyan estos depósitos temporales destinados a la custodia de la droga en aquellas provincias, solamente en aquellas, como es lógico, donde hay un alto índice de incautación y donde existe el problema.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda que no podemos aceptar porque realmente no ayuda al objetivo de la proposición no de ley, porque pide que el Congreso inste al Gobierno a seguir impulsando el establecimiento de protocolos para el correcto y ágil almacenamiento y destrucción de drogas. Con protocolos no se almacena ni se destruye la droga; entonces, realmente no vemos que haya ánimo de hacerlo. Lleva razón cuando dice que se puede elevar el estudio de esta cuestión a una próxima reunión de la Comisión Nacional de Policía Judicial porque efectivamente los jueces son los responsables en ese tema, no de guardar la droga pero sí de controlarla. Por eso, creo que también los jueces podrían acelerar el proceso de destrucción. Como digo, con los protocolos no se resuelve y por eso no vamos a aceptar la enmienda. Les ruego que sean conscientes del problema que existe, de la gravedad de los incidentes que han ocurrido, como el hecho de que se hayan robado más de 100 kilos de cocaína en una comisaría, como ocurrió en Sevilla; que se haya hecho uso de esa droga que no está perfectamente controlada, incluso que haya habido mandos policiales imputados y condenados en esta situación; que se haya utilizado droga para pagar confidentes; en fin, se ha tenido la facilidad de tenerla tan a mano que se ha hecho un uso fraudulento de esta materia tan peligrosa. Así que les ruego a los grupos parlamentarios que sean conscientes de este problema y que, aunque no es la solución total, por lo menos garantizaremos la guarda y custodia de esta droga para que no vaya destinada a otros usos, solamente a la destrucción.
La señora PRESIDENTA: Para defender la enmienda socialista tiene la palabra la señora Álvarez.
La señora ÁLVAREZ OTEO: Mi grupo parlamentario ha elaborado esta enmienda de sustitución que intenta abordar la petición de soluciones que usted plantea en su propuesta, por supuesto sin descender al planteamiento genérico y poco viable en circunstancias de bonanza económica y, como usted ha hecho alusión, mucho más en las actuales circunstancias de un presupuesto austero que, por otra parte, ustedes reiteran con bastante contundencia.
No es viable la construcción de depósitos temporales destinados a la custodia de la droga en todas las provincias españolas con un alto índice de incautación, como usted ha descrito. Esto no quiere decir que no seamos conscientes, porque lo somos, de la problemática que existe al respecto. También la Policía y la Guardia Civil instan a la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial y han instado nada menos que a 4.500 jueces a la inmediata destrucción de los alijos, una vez se han obtenido las muestras. Me gustaría, lo más brevemente posible, motivar la enmienda que hemos elaborado para que ustedes en el último momento puedan cambiar de opinión y podamos llegar a un acuerdo que creo que conviene a todos.
El artículo 367 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal introducido por la Ley Orgánica 18/2006, de 5 de julio, señala que cuando se trata de sustancias tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas el juez instructor, previa audiencia del ministerio fiscal y de las partes, ordenará su inmediata destrucción, conservando muestras suficientes de dichas sustancias para garantizar ulteriores comprobaciones o investigaciones, todo ello sin perjuicio de que, de forma motivada, el órgano judicial considere necesaria la conservación de la totalidad de lo conservado que estará, por supuesto, siempre bajo la custodia del órgano judicial competente.
De esta regulación se deduce, por tanto, que existe una regla general en la materia que indica que, salvo cualificadas excepciones, ha de procederse a la destrucción de la droga incautada. Ahora bien, se exige en todo
caso una decisión judicial previo incidente de audiencia del ministerio fiscal y las partes. Ello ha de ser así porque la droga no solo constituye un objeto del delito, sino que la comprobación de su composición y existencia de principios psicoactivos constituye un objeto de prueba cuya fuente debe ser controlada en todo caso por el órgano judicial. Es cierto que en la última sesión del comité técnico de unidades de Policía judicial, celebrada el pasado 22 de noviembre, se puso de manifiesto que en algunos supuestos concretos se han detectado problemas de acumulación y por ello en esa misma sesión se dio cuenta asimismo de la circular de 28 de julio de 2010 de la Fiscalía Especial Antidroga, relativa a la destrucción de las drogas, estupefacientes y psicotrópicos depositados, en la que se pone de manifiesto una serie de protocolos tanto con carácter general como en relación con los depósitos ya acumulados.
La circular de la Fiscalía Especial Antidroga ha supuesto, en efecto, un importante avance al clarificar el régimen jurídico aplicable a estas circunstancias y permite establecer un protocolo de actuación más ágil para dar efectividad a la obligación de destruir las sustancias intervenidas conforme previene la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No obstante, a la vista de la existencia de problemas concretos que afectaban especialmente a ámbitos territoriales identificados y que usted ha descrito muy bien, se acordó la necesidad de elevar el estudio de la cuestión a la próxima reunión de la Comisión Nacional de Policía Judicial, así como de difundir el conocimiento de los nuevos protocolos de actuación a todos los sectores afectados.
En este contexto, como le decía anteriormente, parece oportuno conocer cuáles son las conclusiones que puede expresar la Comisión Nacional de la Policía Judicial, los efectos de la difusión de los nuevos protocolos, así como reiterar el mandato contenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de proceder a la destrucción de la droga incautada previa decisión judicial. Por tanto, no parece adecuado acometer nuevos gastos y crear nuevas infraestructuras, sino dotar de efectividad a los instrumentos que tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal como los que aquí se han referido, especialmente la circular de la Fiscalía Antidroga, han señalado para lograr tal finalidad, objeto que, por otra parte, usted persigue en su proposición.
Por todo ello, y lamentando que no hayamos llegado a un acuerdo según conversaciones previas, este grupo tiene que votar desfavorablemente su proposición no de ley tal y como está descrita, en todas las provincias de España con alto grado de incautación.
La señora PRESIDENTA: Resto de grupos que quieran intervenir en esta proposición no de ley. Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Creo que el problema que ha descrito el Grupo Popular a la hora de plantear su iniciativa, y que ha recogido en buena medida la portavoz del Grupo Socialista, debiera llevarnos a alcanzar un acuerdo en esta materia. He podido percibir en la intervención de la portavoz socialista consciencia de que, efectivamente, estamos ante un problema gravísimo, no menos grave que lo que ha descrito el portavoz del Grupo Popular; un problema real que cada año se agrava. Toneladas de droga se acumulan en viejos calabozos de las comisarías o en cuarteles inadecuados de la Guardia Civil. Yo quiero recordar que solo en el año 2007 las fuerzas de orden capturaron más de 385.000 kilos de hachís y casi 800 kilos de cocaína que se almacenan donde se puede, o sea en los lugares más inadecuados posibles. Son sustancias que quedan en depósito y a disposición de los jueces y que mientras estos deciden, aunque no se puede generalizar, naturalmente, se han producido como todos sabemos robos de droga. Quizá el más célebre de ellos y el que más repercusión ha tenido es el robo de 100 kilos de cocaína que se produjo en los bajos de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla y que se descubrió porque un abogado exigió un contraanálisis y resultó que era harina lo que estaba almacenado allí. La ley dispone que los alijos capturados sean destruidos con diligencia, pero todos sabemos que no se han activado con eficacia esas previsiones. A mi juicio resulta increíble que no se acelere la destrucción de las cantidades incautadas tras guardar lo que según la ley es suficiente para los contraanálisis, que son muestras pequeñísimas según la normativa de 1984 -que no creo que haya sido modificado en este sentido-, y en el caso de tener que guardar cantidades importantes porque así se establezca deben existir unos depósitos judiciales especialmente preparados. Por tanto la pretensión del Grupo Popular en su iniciativa a todos se nos ocurre que es lógica, pertinente. En Andalucía, por seguir con el ejemplo, en el momento de producirse la desaparición de esos 100 kilos mencionados, llevaban cuatro años sin que se hubiera destruido ninguna de las grandes cantidades de droga incautada. Por tanto, entendiendo la reflexión que plantea la portavoz del Grupo Socialista. A lo mejor la pretensión del Grupo Popular en su proposición no de ley de hacer este tipo de almacenes en todas las provincias que tengan altos grados de incautación es demasiado genérica. Entiendo que quizás es una redacción -si se me entiende- excesiva hacia arriba, pero me parece excesiva hacia abajo la propuesta que ha planteado el Grupo Socialista.
Me gustaría que pudiéramos llegar a un acuerdo, porque en caso de que no lo alcancemos yo no puedo rechazar la proposición no de ley que ha planteado el Grupo Popular porque, como he dicho anteriormente, me parece que es un problema grave, real y para el que hasta el momento presente no hemos puesto los medios necesarios para ser resuelto.
La señora PRESIDENTA: Veo que está el señor Tardà en la sala. ¿Quiere intervenir en este debate? (Denegación.) Por el Grupo Vasco, ¿señor Olabarría, quiere intervenir para fijar la posición de su grupo? (Asentimiento.) Tiene la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Quiero manifestar mi conformidad con una parte de las reflexiones de la señora Díez. La verdad es que parece desmesurado que haya que ubicar un almacén o un depósito de estas características en cada una de las capitales de provincia de España. Convertiría al Estado español no solo. Aun así, parece desmesurado el pedimento en la parte dispositiva donde se dice: Con altos índices de incautación. No deja de ser un concepto jurídico un tanto indeterminado, difícil de mensurar.
Habría que definir primero qué son altos índices de incautación. Desde luego, no solo en todas las capitales de provincia hay altos índices de incautación, según cómo se mensure o dimensione el concepto, que es manifiestamente metajurídico en estos términos; en muchos municipios hay altísimos índices de incautación, más que en muchas capitales de provincia. Desde esta perspectiva, aquí peca de cierta inconcreción la proposición que se nos presenta. Tendríamos que aclarar algunos de los conceptos y qué entendemos sobre todo por altos índices de incautación, sabiendo que altos índices de incautación para muchos se producen en muchos sitios, en muchos lugares, en muchos municipios, en muchas capitales de provincia, y para otros pueden ser índices de incautación razonables. No es mi grupo proclive de forma ordinaria a apoyar proposiciones basadas en fundamentos de carácter metajurídico o de difícil mesuración, dimensionamiento. Desde esta perspectiva, en estos momentos, digo lo que dije respecto a alguna de las proposiciones anteriores, las dudas que nos embargan respecto al contenido de esta proposición nos obligarán a abstenernos también en relación con la misma.
La señora PRESIDENTA: ¿Quiere intervenir la señora Pigem por el Grupo de CiU? (Asentimiento.)Tiene la palabra, señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Yo creo que el problema que se está planteando es real, que entre otras cosas obedece a la eficacia policial. Es decir, la Policía incauta cada vez más alijos de droga, afortunadamente, y esto supone que el centro donde se destruye la droga no da abasto para destruirla en un tiempo veloz, en un tiempo ágil, en un tiempo que no suponga que esta droga tiene que estar más allá de lo previsto en dependencias que no están habilitadas para ello, lo cual ha supuesto robos de dicha droga, por no hablar de otro tipo de circunstancias que conocemos y que son peligrosas y dañinas.
El problema está bien planteado, lo que me parece más imprecisamente acotado es la solución. Yo no sé si la solución pasa por construir unas dependencias no en todas las provincias españolas. Pone la iniciativa: En todas las provincias españolas con alto índice de incautación. ¿Qué quiere decir alto índice de incautación? Es un término impreciso, vago, no sabemos dónde está. Tampoco pienso que la enmienda que propone el Grupo Socialista dé respuesta al problema porque, siendo cierto que los protocolos para agilizar qué es lo que se hace con las drogas incautadas dependen básicamente del juez, aunque el juez diga lo que diga, si realmente el lugar donde deben destruirse no puede recibirlas en el tiempo adecuado, habrá que seguirlas almacenando. Por tanto, o ampliamos los sitios donde se van a destruir o habilitamos dependencias en donde de una manera razonable puedan estar hasta que puedan ser destruidas. De todas formas como a juicio de mi grupo el problema es cierto, es real y es existente, pero ninguna de las soluciones propuestas nos parece que realmente pueda solucionarlo de manera razonable, mi grupo va a optar por la abstención.
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez Ramos, aunque dijo antes que no iba a aceptar la enmienda, si tiene que decir algo nuevo, tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: No vamos a aceptar la enmienda. Solo quería decir que lo de los altos índices no es una medida ni una terminología jurídica, es física. Es en las provincias donde se incauta mucha droga y no cabe almacenarla; no hay almacén. Habrá que hacer un almacén, punto.
La señora PRESIDENTA: No vamos a reabrir el debate, porque ya ha sido realizado.
- RELATIVA A ELABORACIÓN DE UNA NUEVA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001375.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 5.º del orden del día, la PNL 1375 del Grupo Popular. Para la defensa de esa proposición no de ley tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CRUZ: Señorías, la proposición que trae el Grupo Popular se refiere a la Ley de Protección Civil que tiene, como ustedes conocen, más de veinticinco años. Es cierto que hay otras leyes que tienen más de veinticinco años; por ejemplo, nuestra Constitución cumple en estos momentos treinta y dos y continúa sirviéndonos para garantizar la convivencia democrática a todos los españoles. Sin embargo, hay otras leyes, como ocurre con la Ley de Protección Civil, que se están quedando desfasadas con el paso del tiempo. En 1985 esa ley estableció un marco que sirvió para poner en funcionamiento el sistema de protección civil.
(Rumores.) Esa ley de 1985 está elaborada de acuerdo con los principios constitucionales y, por ejemplo, regula las circunstancias en las que se puede exigir a los ciudadanos que presten...
La señora PRESIDENTA: Perdón, señora diputada.
Por favor, podrían bajar un poco el tono, porque cuesta trabajo seguir la intervención, probablemente incluso para las personas que están transcribiéndola.
La señora NAVARRO CRUZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Como decía se puede exigir a los ciudadanos según esta ley que presten su colaboración ante algunas situaciones. La protección civil, como saben ustedes, se concibe como un servicio público que es competencia de la Administración del Estado y en los términos que establece la ley actual del resto de las administraciones. La Ley de Protección Civil también establece que las actuaciones deben regirse respetando los principios básicos de prevención, planificación, coordinación y mando único en las estructuras operativas. Esta ley, además de especificar los deberes y obligaciones de los ciudadanos, se basa en planes de emergencia de actuaciones que deben desarrollarse para reaccionar ante situaciones graves. No es solo una declaración de interés, sino que también es un imperativo legal.
Como se habla de protección civil y hablamos de situaciones de emergencia nos estamos refiriendo fundamentalmente a vidas humanas. Aunque solo sea por solidaridad y por sentido común, cuando está una vida en juego tendemos casi todos a poner, como suele decirse, toda la carne en el asador. Independientemente de que nos lo pida o no una ley, lo normal es que todas las personas ayuden y se vuelquen, sobre todo si hay que salvar una vida humana, e intenten poner todo lo que está de su parte. Si la Constitución no recogiera absolutamente nada, la gente daría todo lo que tiene y lo que no en una situación de emergencia. Ya conocemos también el deber de los ciudadanos de participar en casos de emergencia, que además se regula según el artículo 30.4 de la Constitución y se especifica en el artículo 4 de la Ley de Protección Civil, donde se dice que todos los ciudadanos, a partir de la mayoría de edad, estarán sujetos a la obligación de colaborar personalmente en la protección civil en caso de requerimiento de autoridades competentes. En este punto tenemos que colocar a las administraciones, a las organizaciones y a las empresas, y a los ciudadanos. Que la gente tenga ese espíritu ciudadano es muy bueno, pero lamentablemente la experiencia nos dice que ante una situación de emergencia la reacción de la mayoría de las personas afectadas tiene como principal norma de conducta la improvisación. Aquí es donde comienza el problema, en la improvisación. La capacidad para improvisar, que en algunas ocasiones es muy efectiva, en otras es muy perjudicial. Cuando hablamos de una situación de emergencia en la que puede estar en juego la vida humana de muchas personas, determinadas cosas no se pueden dejar al azar, a la improvisación ni al nerviosismo. En muchas ocasiones estas cuestiones provocan más víctimas y más daños que el propio siniestro inicial.
En el panorama actual de las emergencias la ayuda entre las administraciones en muchas ocasiones son, desgraciadamente, ineficaces.
Eso ya se ha comprobado desgraciadamente más de una vez. Si se trata de recursos humanos, por ejemplo, no cabe permitirse que un contingente humano que se ha desplazado para participar en una intervención esté de brazos cruzados porque no sabe qué misión se le ha asignado en la comunidad de destino. Además de ser un sinsentido, como hemos dicho, puede convertirse en una tragedia. Los medios de apoyo tales como sistemas de comunicación, cartografía, alojamientos, etcétera, no deben dejarse a la improvisación, sobre todo, repito, si hay vidas en juego.
Eso, además de una mala gestión, es un riesgo innecesario. En definitiva hay que articular unos protocolos para no pedir ayuda sin más, para no pedir absurdos y sobre todo para canalizar la buena voluntad de la gente que actúa de buena fe, llegando a poner su vida en peligro. (Rumores.) Hoy en día un ciudadano puede llegar a tener la percepción de que en una emergencia llega a haber demasiada proliferación de servicios. Esa percepción es doblemente negativa, ya que por un lado da la sensación de abundancia de medios y por otro pueden percibir que hay una descoordinación; muchos organismos, muchos nombres distintos, mucha gente y además nadie sabe dónde acudir.
Las transferencias autonómicas y locales hacen cada vez más habitual que los ayuntamientos lleven a veces un trabajo... (Continúan los rumores.)
Me resulta muy difícil intervenir con estas conversaciones justamente a mi lado. Pediría a la señora presidenta que fuera tan amable de pedir silencio.
La señora PRESIDENTA: Por favor. Justamente están a la altura de la señora diputada que está interviniendo y no se la puede entender. Por favor, bajen el tono, salgan al pasillo o a donde quieran a hablar y déjenla intervenir con corrección.
La señora NAVARRO CRUZ: Se lo agradezco enormemente. Dada la hora que es prometo ser muy breve.
Como les decía, los ayuntamientos están articulando sus propios medios porque no se sienten protegidos por las administraciones y están desarrollando auténticos servicios de emergencia públicos, privados y mixtos. Estos servicios están costando dinero, esfuerzo y recursos materiales y humanos. Sin una coordinación superior pueden provocar un caos y, lamentablemente, una absurda y sobre todo trágica pérdida de vidas humanas. Otro aspecto de gran importancia es la declaración de los niveles de emergencia. Según la norma, son emergencias en las que está presente el interés general aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de administraciones diversas porque afectan a varias comunidades autónomas y exijan aportación de recursos de nivel suprautonómico, así como las que también por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección nacional de administraciones públicas implicadas. Si analizáramos estos siniestros y los más importantes que se hayan producido en sus provincias o comunidades autónomas en los últimos años habría que plantearnos si fue siempre correcta la actuación y el protocolo que se siguió, si fue correcta la coordinación y si fue adecuada la activación del nivel. Como compartirán conmigo, es fundamental que la respuesta a una emergencia sea ágil y eficiente, por eso tiene que asegurarse que la coordinación sea efectiva entre las administraciones
implicadas en la identificación de riesgos y en la gestión de las respuestas. Por eso es necesario crear un único órgano de carácter estatal. Estamos hablando de crear una agencia estatal de protección civil y emergencias que sirva para coordinar los servicios de protección civil y las emergencias entre todas las administraciones. Estamos convencidos de que esto permitiría ofrecer una respuesta coordinada entre las peticiones de necesidad que surgen cuando se presenta una emergencia.
El Grupo Popular piensa que sería bueno convertir la dirección general en agencia estatal. Adelanto que, como hemos llegado a un acuerdo o transacción con el resto de los grupos, estamos dispuestos a posponer este punto para cuando sea más conveniente. Sería bueno que pudiera hacerse este tipo de agencia para poder dar una respuesta inmediata y oportuna.
Otro aspecto muy importante en la protección civil es establecer una nueva ley de protección civil. ¿Serían ustedes capaces de decirme cuántos planes de emergencia municipal tienen homologados en sus respectivas autonomías? ¿Qué porcentaje representan sobre la totalidad de los planes existentes? ¿Cuántos años han tenido para la elaboración? En algunos casos han sido más de 20 años, y esa es una realidad. En cuanto a los planes especiales autonómicos a los que se refiere la legislación de protección civil, ¿cuántos tienen ya homologados o al menos redactados? ¿Qué hay del obligatorio catálogo de recursos movilizables actualizado? ¿Cómo está esa actuación? ¿Existe este catálogo ahí donde se supone que tiene que estar? En definitiva, el procedimiento para evitar esas reacciones improvisadas, además del trabajo constante, pasa por la planificación preventiva. Ningún plan es útil si se limita a simples documentos colocados en una estantería. Como herramienta de trabajo se deben desarrollar procedimientos operativos o protocolos de intervención que mejoren la gestión de las emergencias. Hay que dejar a la improvisación el menor número posible de acciones. Los principios de celeridad, oportunidad y proporcionalidad de medios nunca los debemos olvidar.
En definitiva, queremos coherencia y sensatez. No queremos hacer ideología política donde lo único que tiene que existir es tener o no sentido común. En este caso se trata de emergencias y de vidas humanas. Por tal razón hemos llegado a un acuerdo con el resto de los grupos parlamentarios, por lo que me parece que podríamos hacer la transaccional con el acuerdo de la inmensa mayoría de los grupos de esta Comisión. En este caso, retiraríamos el punto 2 referido a la creación de la agencia estatal de protección civil y dejaríamos en el punto 1 una transacción, de la que supongo que tendrá conocimiento la Mesa -un miembro de la Mesa se la habrá hecho llegar a la presidenta-, para ver si llegamos a un acuerdo absolutamente oportuno y prioritario como es modificar la ley, con idea de optimizarla y ponerla al día.
La señora PRESIDENTA: Se han presentado dos enmiendas: una por el Grupo Mixto y otra por el Grupo Socialista. Para su defensa, tiene en primer lugar la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Intervendré brevísimamente en la medida en que la enmienda de supresión que yo he presentado para la creación de la agencia ha sido aceptada y sobre todo por la transaccional de la que participo y a la que apoyo.
La señora PRESIDENTA: Les rogaría no ya por este turno, sino en general, a todos los diputados y diputadas que van a intervenir que limiten su tiempo porque no vamos a llegar a la hora que habíamos previsto para votar.
Tiene la palabra la señora Cabezón.
La señora CABEZÓN ARBAT: Haciendo uso de la palabra y siguiendo las indicaciones de la presidencia, vamos a ser extremadamente rápidos para cumplir con el horario previsto de la Comisión. Quiero explicar básicamente que desde el Grupo Parlamentario Socialista se ha presentado una enmienda de sustitución a la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Popular porque compartimos la misma filosofía sobre la creación de una nueva ley de protección civil. No es la primera vez que en esta Comisión y en este Congreso se trata la necesidad de dotar de nuevas herramientas legales y jurídicas para ayudar a la protección civil. Por ejemplo, y muy someramente, el 8 de abril de 2008 ya se hace referencia en el discurso de investidura del presidente del Gobierno. El 27 de mayo de 2008 el ministro del Interior, en una comparecencia a petición propia en esta misma Comisión, anunció literalmente: que ponga su acento en la cooperación interadministrativa, que se refuercen los mecanismos para permitir la colaboración más eficaz posible entre todas las administraciones, respetando, lógicamente, las competencias que en esta materia tienen asumidas tanto las comunidades autónomas como los municipios. Siguiendo con la misma tónica, la directora general de Protección Civil y Emergencias en el Senado, también en el seno de la Comisión de Interior, el 24 de noviembre de 2008 adelantó que entre los objetivos estratégicos del centro directivo se encontraba elaborar una nueva ley que deberá poner su acento en la cooperación y complementariedad interadministrativa, siendo preciso que en esta nueva ley quede garantizado el cumplimiento del principio de solidaridad interterritorial e integre y racionalice todos los medios que el Estado pone a disposición de las comunidades autónomas para hacer frente a las emergencias. Como vemos, no estamos ante un tema nuevo, por lo tanto crear una nueva norma que regule, refuerce e impulse el Sistema Nacional de Protección Civil está dentro de los objetivos que la dirección general tiene a corto plazo. Digo a corto plazo porque actualmente se está trabajando ya en la comisión redactora que brevemente va a poner el anteproyecto a disposición de esta Cámara. Este texto va a recoger sus principales fines y las necesarias relaciones entre las administraciones públicas en consonancia con lo que se ha expresado anteriormente, ya que estamos de acuerdo en la
visión que ha dado la ponente del Grupo Popular de que la protección civil es un servicio muy sensible al ciudadano, muy cercano, y donde todas las administraciones territoriales están implicadas e interconectadas. Así pues, ofrecemos nuestro voto positivo a la propuesta de presentar una nueva ley de protección civil que creemos que es demandada por el sector, y además es necesaria. En este aspecto no cabe punto de discusión. Cabe mencionar, como ya se ha comentado, que hemos llegado a un principio de acuerdo transaccional en el que hemos introducido unos pequeños cambios, utilizando como base la enmienda del Grupo Socialista, que creo que ha sido repartida y está a disposición de los portavoces de todos los grupos, por lo que no insistiré. Ahora bien, no podemos estar de acuerdo -por eso mismo hemos presentado la enmienda de sustitución- con la creación de una agencia ex novo, que es lo que plantea la proposición no de ley en su literalidad. Vamos a explicar los motivos.
En un periodo de restricción presupuestaria como en el que estamos actualmente y con un plan de austeridad vigente en el que hemos reducido veinte entes públicos y se han eliminado otras tantas agencias, no creemos que sea lógico que se propugne la creación de otro ente generador de gasto público, y más que se proponga esto por parte de un grupo, el Grupo Parlamentario Popular, que ha presentado infinidad de iniciativas en esta Cámara tendentes a la supresión de ministerios, fusión de empresas públicas y eliminación de agencias. Por tanto creemos que no es conveniente ni políticamente coherente, pero como estamos de acuerdo con la finalidad de la norma no vamos a entrar más en los motivos que pueden llevar a un rifirrafe político para el que no es la hora ni el momento.
Me congratulo -anglicismo con el que no estoy de acuerdo, pero lo empleo por utilizar el lenguaje de la Cámara- del acuerdo al que han llegado todos los grupos, que creo que es la finalidad que hemos de tener.
La señora PRESIDENTA: Como entiendo que ningún otro grupo quiere intervenir en este debate, lo damos por concluido.
- SOBRE LA HABILITACIÓN DE L'AEROPORT LLEIDA-ALGUAIRE COMO PUESTO FRONTERIZO PARA AUTORIZAR EL ACCESO O LA SALIDA DEL TERRITORIO SCHENGEN DESDE O HACIA ESTADOS NO FIRMANTES DEL CONVENIO DE APLICACIÓN DEL ACUERDO SCHENGEN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001752.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 7.º del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la habilitación del aeropuerto Lleida-Alguaire como puesto fronterizo para autorizar el acceso o la salida del territorio Schengen desde o hacia Estados no firmantes del Convenio de aplicación del acuerdo Schengen.
Vamos a continuar con el orden del día tal cual está puesto que el diputado pidió su alteración en prevención de que no pudiera llegar a tiempo. Como el señor Tardà está aquí vamos a seguir el orden del día tal como aparece publicado. Tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta, por el posible cambio, aunque no ha hecho falta.
El 17 de enero del año 2010 se inauguró el aeropuerto Lleida-Alguaire, que es el primer aeropuerto propiedad de la Generalitat de Cataluña. Con su puesta en funcionamiento se dio cumplimiento a una demanda de los agentes políticos y sociales de las comarcas leridanas. Esta es una infraestructura que permite que estas comarcas tengan infraestructuras de este tipo como las otras tres provincias catalanas, lo cual permite situar aquellas tierras en el mapa de todas las potencialidades de su desarrollo social y económico; de hecho los resultados en estos meses son, sin exagerar, óptimos. Estamos hablando ya de un movimiento de 42.500 pasajeros en siete meses, cifra que hace prever que se va a cerrar el año por encima de los 50.000 pasajeros y durante este verano se ha alcanzado la máxima actividad con un operativo de 24 operaciones cada fin de semana. El pasado mes de septiembre se presentaron nuevos vuelos, concretamente la compañía Vueling con conexiones con catorce destinos europeos y también con distintos destinos en el Estado español; la compañía Ryanair ofrecerá a partir del año 2011 nuevas rutas desde Madrid y Vigo; a partir de febrero del próximo año desde Lisboa, para potenciar el turismo relacionado con los deportes de invierno; por último Ryanair continuará ofreciendo sus vuelos a Francfort y a Milán, tal como ha venido haciendo desde el pasado mes de febrero de 2010.
De manera que atendiendo al contexto económico, que no es el mejor, estos datos son extraordinarios y además demuestran que existen unas perspectivas francamente muy esperanzadoras. De hecho el Gobierno de Cataluña ya ha adjudicado mediante la empresa pública GISA la redacción de un anteproyecto para la construcción de una nueva terminal y para la ampliación de la plataforma, el aparcamiento y los accesos. Todo ello crea las condiciones necesarias para que nuestra petición se ponga a debate de esta Comisión, y se vislumbra que será recibida con interés.
¿Qué es lo que se requiere ahora? Pues se requiere que el Gobierno español haga los deberes para que finalmente podamos disponer, tal como lo planteamos en la parte dispositiva de esta proposición no de ley, que se efectúen los cambios normativos necesarios que hagan posible que este aeropuerto sea habilitado como puesto fronterizo autorizado para el acceso o la salida del territorio Schengen desde o hacia Estados no firmantes del Convenio de aplicación del acuerdo Schengen. Fíjense lo que significa. Significa,
entre otras cosas, que los operadores turísticos y la industria turística de las comarcas ya puedan planificar contratos, por ejemplo, con el turismo proveniente de la República de Rusia, que es un mercado magnífico, extraordinario, lleno de potencialidades para el desarrollo de la industria turística del Pirineo, por hablar de uno de los mercados que tienen mayores posibilidades.
Atendiendo a la demanda de la presidenta de ser sucintos en la exposición, creo que con lo dicho y lo redactado en la proposición no de ley ustedes son conscientes de lo que significa poder aprobar esta proposición no de ley. El ministro Blanco ya se comprometía a ello. Sabíamos de la voluntad del Gobierno de no poner palos a la rueda a esta predisposición, a esta voluntad del Gobierno de Cataluña, pero las cosas se han ido retardando y, a nuestro entender, cualquier retraso va en perjuicio de la economía de la zona. Tengan en cuenta que se trata de que en los contratos turísticos que se puedan establecer para la próxima temporada 2011-2012 se pueda contemplar, en el inicio incluso de las negociaciones entre los sectores, que en la primavera del año 2011 ya existirá la habilitación en los términos que solicitamos. Es por ello que celebramos que hayamos alcanzado una transaccional, firmada por el Grupo Socialista y Esquerra Republicana, grupo proponente, a fin y efecto de que en el plazo de cinco meses -aquí es muy importante el calendario porque tenemos que llegar al mes de marzo o abril con los deberes hechos para que puedan trabajar los industriales del sector- se haya habilitado el aeropuerto tal como lo solicitamos, al menos en todo aquello que afecta a la habilitación del puesto fronterizo, y también que se incluya la instalación de la aduana.
El Grupo Socialista firma la transaccional con Esquerra Republicana de Cataluña para que en cinco meses los distintos ministerios hagan todos los deberes que tengan que hacer para que al final lleguemos a tiempo y que en el mes de abril podamos tener habilitado el aeropuerto y decir hoy a toda la ciudadanía de aquellas tierras y a los industriales que empiecen a trabajar con la premisa de que en el mes de abril este Gobierno habrá cumplido, porque así se lo dice el Grupo Socialista a instancias de Esquerra Republicana.
La señora PRESIDENTA: Aunque ya se ha comentado que hay una enmienda transaccional que está repartida, tiene la palabra el señor Larrosa, por el Grupo Parlamentario Socialista como grupo enmendante.
El señor LARROSA PIQUÉ: El señor Tardà hoy ha hablado de política turística y es de agradecer. Yo voy a hablar de competitividad. Por eso defiendo la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista y defiendo también la transaccional a la que se ha llegado. Creo que es justo poner de relieve una de las acciones más importantes que ha llevado a cabo el Gobierno de la Generalitat de Cataluña precisamente en las tierras de Lleida, porque una infraestructura por si sola no es causa suficiente para tener y ser más competitivos, pero es una condición absolutamente necesaria para ello. Eso es lo que ha llevado a que el Gobierno de la Generalitat, durante estos últimos años, haya hecho una apuesta decidida precisamente para favorecer no solo la movilidad de cualquier pasajero, sino pensando en generar mayor riqueza apoyándose en sus principales sectores económicos, como pueden ser el turismo y también la industria agroalimentaria, etcétera. Quiero aprovechar estos dos minutos para felicitar al Gobierno de la Generalitat por llevar a cabo esta iniciativa.
¿Qué es lo que pretendemos con esta enmienda? Recordar al Gobierno que para que esta infraestructura adquiera su máxima potencialidad tenemos que llevar a cabo los estudios pertinentes que permitan la habilitación como frontera exterior Schengen. También he recordar al Gobierno que las cosas hay que hacerlas en un período de tiempo, pensando en la generación de riqueza, en la capacidad que tiene el sector turístico, por ejemplo, para la generación de empleo, etcétera. El señor Tardà hacía referencia a los cinco meses, plazo que coincide con el momento de la generación de contratos para la temporada de turismo de nieve 2011-2012. Sin embargo quiero poner de manifiesto que en estos momentos ya hay precontratos firmados con operadores turísticos del Reino Unido, porque quiero recordar que el principal mercado de nieve que hay en toda Europa es el turismo británico. Esta plataforma aeroportuaria, no solo para el Pirineo catalán sino también para el Pirineo aragonés, se convierte en un elemento absolutamente imprescindible para potenciar el ciclo económico a favor que todos deseamos. El ministro de Fomento así se comprometió y en esa línea nos ratificamos, apoyando lo que dijo el ministro durante una visita a Lleida y sabiendo que hay condicionantes técnicos. Hablamos de habilitación de puestos que depende de Interior, hablamos de aduana que depende del Ministerio de Economía, hablamos de personal, y, al final, todo ello tiene que conducir a una actualización normativa vía orden del Ministerio de la Presidencia. Eso es lo que pedimos al Gobierno de acuerdo a la transaccional.
Quiero recordar que existe un reglamento vigente de 1981 que habla de la calificación como aeropuertos de interés general de aquellos aeropuertos que reciben tráfico internacional, pero en el año 1981 no estábamos ni en la Unión Europea ni habíamos firmado el Tratado de Schengen, por lo que consideramos que es importante proceder a esta actualización. Me consta que, de acuerdo a lo que se comprometió el ministro Blanco, en estos momentos el Ministerio de Fomento ha terminado de redactar el anteproyecto de ley que modifica este extremo.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que quieren intervenir? (Pausa.)
La señora TARRUELLA TOMÀS: Como ha dicho el señor Tardà, proponente de esta proposición de ley,
Lleida era la única provincia catalana que hasta no hace mucho no disponía de aeropuerto propio. Lleida es una provincia que ha trabajado desde hace mucho tiempo para impulsar su economía y favorecer la internacionalización de todas sus empresas. Consideramos que es muy importante para la exportación y para seguir creciendo contar con este aeropuerto Lleida-Alguaire.
Existe una absoluta unanimidad entre toda la ciudadanía de Lleida, en todas las instituciones y en la sociedad civil en que se pueda tener como puesto fronterizo, más allá de las fronteras exteriores de la Unión Europea. De hecho, en la campaña electoral que terminó el domingo no ha habido ningún partido político que no defendiera su aeropuerto de Lleida-Alguaire, así como la necesidad de extender las fronteras.
Nosotros apoyaremos esta proposición no de ley. Nos gusta la transaccional sobre la que han llegado a un acuerdo el Grupo Socialista y Ezquerra Republicana. Nos felicitamos para que esto siga adelante y pueda llevarse a cabo en los términos previstos.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor LLorens.
El señor LLORENS TORRES: Con la brevedad que usted nos ha recomendado y que la hora requiere. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Llorens. Estamos terminando el debate.
¿Pueden mantener un poco de silencio para poder oír correctamente a la persona que está en el uso de la palabra?
El señor LLORENS TORRES:. Muchas gracias por su protección, señora presidenta.
La propuesta presentada por Esquerra Republicana nos parece muy oportuna y procedente. Estamos de acuerdo con la exposición de motivos y, por ser breve, es de las pocas infraestructuras que el tripartito nos ha traído en estos siete años a Lleida, de la que podemos sentirnos orgullosos todos los leridanos, que sin fisuras y desde todas las formaciones políticas apoyamos que este aeropuerto sea rentable y operativo. Nace con poco tránsito, como es natural, como todos los aeropuertos, pero seguro que el respaldo de todas las fuerzas parlamentarias y del conjunto de la sociedad catalana lo hará muy rentable. Viene a completar una serie de infraestructuras importantes que se unen a la alta velocidad, que trajo el Gobierno del Partido Popular, y a los accesos que me permito recordar aquí que faltan para ese aeropuerto, como la autovía Lleida-Valle de Arán, la A-14, que en el tramo Lleida-Rosselló-Alguaire ha quedado descartada de las inversiones previstas en los presupuestos del Estado para el año que viene.
En principio no nos gustaba la enmienda presentada por el Grupo Socialista a la iniciativa del grupo propietario de esta proposición porque presentaba una cierta ambigüedad a la que ya estamos acostumbrados, una falta de compromiso. Por último, como el autor y propietario de esta iniciativa ha conseguido un acuerdo para fijar un plazo, respaldamos esta propuesta, no sin antes comentar, como le he dicho al señor Tardà, que probablemente, si el señor Zapatero reacciona patrióticamente, como todos esperamos, con elecciones anticipadas, será el Gobierno del Partido Popular el que tenga que llevar a cabo esta iniciativa que hoy aprobamos en esta Comisión. (Risas.) No se pongan nerviosos.
- SOBRE MODIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL MILITAR A LA GUARDIA CIVIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001310.)
La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate de esta proposición no de ley, pasamos al punto 8.º y último del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil. Para su defensa tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Trataré de ser breve para que, además de perder la votación, no me gane el desafecto de mis compañeros por la hora en la que se va a celebrar este debate.
Quiero empezar por establecer una premisa que quizá no fuera necesaria, pero en todo caso quiero hacerlo así, y es que lo que traemos a la consideración de esta Comisión, la defensa de los derechos civiles de la Guardia Civil en esta situación concreta de la que vamos a hablar, es plenamente compatible con la naturaleza militar del cuerpo. Me importa mucho esta cuestión porque, a mi juicio, el debate o la resolución sobre lo que hasta el momento presente ha venido estableciéndose al respecto y que tratamos de modificar con estos dos párrafos que se añadirían a una ley orgánica que está en vigor no es una modificación legal, sino tratar de que la interpretación de la ley se ajuste a aquello que formó parte del debate político, a los antecedentes de la ley. Es decir, que la interpretación de los tribunales no vaya en contra de aquello que formó parte de las consideraciones políticas y de los objetivos de la ley. Yo no estaba en la Cámara cuando esto se discutió, pero sí he leído los debates, he leído las intervenciones de sus señorías y conozco, por lo que he leído, los objetivos que tenía el Poder Legislativo cuando aprobó esta Ley Orgánica 12/2007 a la que planteamos que se añadan dos párrafos.
Esta iniciativa no cuestiona el carácter militar del cuerpo de la Guardia Civil, pero tampoco podemos aceptar que el ejercicio de sus derechos civiles, que están restringidos y regulados de forma diferente precisamente por su carácter militar y por las funciones que desarrollan, pueda ni deba anular derechos que tienen los guardias civiles por el hecho de ser ciudadanos. Ni se cuestiona su carácter militar ni se pone en riesgo el cumplimiento de sus obligaciones. Dicho esto, quiero recordar que la aprobación de la Ley Orgánica 12/2007,
del régimen disciplinario de la Guardia Civil, supuso -y así se reconoció por toda la Cámara y desde luego por los afectados- un paso en la democratización de la Guardia Civil. Sin duda, uno de los extremos más importantes que se recogió en esa ley fue la no aplicación del Código Penal Militar a los agentes de la Benemérita, salvo como se recoge en la disposición adicional cuarta en tiempos de guerra, durante la vigencia del estado de sitio, durante el cumplimiento de misiones de carácter militar o cuando el personal del citado cuerpo se integrara en unidades militares. Esta norma ha sido interpretada, según mi punto de vista, al margen de la finalidad de la reforma desde hace meses por la Sala Militar del Tribunal Supremo, en sentencias como la del 16 de abril de 2009, del 20 de abril de 2009, del 16 de junio de 2009 y de 8 de mayo del mismo año. Entre otras se realiza una interpretación que se aleja del espíritu de la norma, de forma que el Código Penal se aplica a los agentes -les apelo a que vean estas sentencias- no solo en los casos que prevé la disposición adicional cuarta que antes he leído sino también en situaciones en las que los guardias no se encuentran de servicio y en los casos en los que aun estando de servicio policial, insisto de servicio policial, el hecho en sí no forma parte de los actos propios del mismo.
Esta interpretación no es pacífica en la sala, ya que existen en todas las sentencias votos particulares que no comparten el criterio, y supone en la práctica que cuando un guardia civil esté de servicio no le será aplicable el código citado pero cuando lo termine sí lo será. Pondré un ejemplo práctico -acabo, presidenta, de verdad-. Esta interpretación lleva a resultados tan estrambóticos como que si por ejemplo un guardia civil insulta o desobedece a un superior durante el servicio será sancionado por el régimen disciplinario a un determinado número de días de suspensión de empleo, pero si lo hace no estando de servicio acabará cumpliendo pena de cárcel. No creo que el legislador quisiera eso cuando elaboró esta norma ni cuando se aprobó. No se deduce ni de la literalidad de la norma ni de la lectura de lo que fueron las intervenciones de sus señorías y por eso proponemos que se añadan a esa disposición adicional cuarta dos párrafos que digan exactamente lo que está en los papeles que obran en su poder y que voy a evitar leer para ahorrar siquiera treinta segundos.
La señora PRESIDENTA: No hay enmiendas presentadas a esta PNL. ¿Grupos que quieran intervenir en este debate?
Señor Olabarría tiene la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Intervendré con mucha brevedad, señora presidenta, para decir que en términos conceptuales la argumentación de la señora Díez es muy razonable, quizás no por lo que haya dicho sino por lo que haya dejado de decir -intuimos todos-. En primer lugar, todavía no soy capaz de comprender por qué un cuerpo cuya denominación es Guardia Civil tiene naturaleza militar. Desde el año 1986 nadie me ha dado una respuesta razonable sobre esta vidriosa cuestión. En segundo lugar, tampoco sé por qué existe una Sala de lo Militar en el Tribunal Supremo, que es otra disfunción. (Risas.)
Desde esta perspectiva, estas cosas pueden producirse por circunstancias ajenas a la argumentación de la señora Díez y, por lo tanto, dado que esto es de difícil resolución en el momento procesal en esta Comisión en la que ahora nos encontramos mi grupo se va a abstener, yo mismo me voy a abstener.
La señora PRESIDENTA: Un día haremos un debate de lingüística, no jurídico sino de lingüística, un día que tengamos ganas. (Risas.-El señor Olabarría Muñoz: No sería malo.)
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Con brevedad pero sí quiero intervenir porque considero que estamos tocando una cuestión que tiene trascendencia.
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Cosidó. Por favor, pueden bajar el tono.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Tiene trascendencia e importancia porque afecta a la naturaleza de una institución que sin duda resulta crucial para el mantenimiento de nuestra seguridad y la propia conformación de la estructura de nuestro Estado como es la institución de la Guardia Civil.
La portavoz del grupo proponente de esta proposición no de ley iniciaba su intervención manifestando que con su propuesta no trataba de cuestionar la naturaleza militar de la institución y yo quiero decir que eso me alegra, no sé si me congratula pero en todo caso me alegra porque creo que es bueno que tengamos las ideas claras, que tengamos un consenso lo más amplio posible y en ese sentido, aunque intervengo antes que el Grupo Socialista, creo que los dos grupos mayoritarios de la Cámara, en este caso acompañados por algún otro grupo minoritario, no por el señor Olabarría como ha dejado claramente expuesto en su intervención, estamos de acuerdo en mantener la naturaleza militar de la Guardia Civil. Eso es algo que nosotros hemos mantenido siempre y creo que lo hemos mantenido con toda coherencia, lo hemos mantenido en el Gobierno, lo hemos mantenido en la oposición y nunca hemos dado a nuestros interlocutores ninguna expectativa falsa en ese sentido. Creo que es bueno que ese consenso no solamente exista sino que se fortalezca y que todos lo mantengamos con la misma coherencia -yo espero que así sea-, estemos en el Gobierno o estemos en la oposición porque creo que eso da mucha estabilidad a esta institución. Además hoy es una posición mayoritariamente compartida por los guardias civiles y por las asociaciones profesionales de la Guardia Civil que hoy no están poniendo encima de la
mesa, no están poniendo en cuestión la desmilitarización de la Guardia Civil. Insisto, creo que eso es positivo y desde luego está en el ánimo de mi grupo hacer todo lo posible por fortalecer y mantener ese consenso.
Es verdad que podemos abrir una discusión sobre qué significado tiene la naturaleza militar de una institución y cuáles son sus implicaciones; es más, tenemos abierto ahora mismo en la Cámara un debate sobre derechos y deberes de las Fuerzas Armadas y de alguna forma, si me lo permiten, hay una cierta revisión de lo que significa ser militar, porque probablemente no sea lo mismo lo significaba en el siglo xix que lo que puede significar en el siglo xxi y cuáles son las implicaciones de lo militar en el ámbito de derechos y deberes. También quiero decir, porque me parece muy importante, que esta defensa firme de la naturaleza militar de una institución en ningún caso puede utilizarse para que los guardias civiles, precisamente por tener limitados algunos derechos sindicales, algunos derechos políticos, se conviertan en policías de segunda clase y se conviertan en los policías peor pagados y peor tratados de todo nuestro sistema público de seguridad. Creo que precisamente por esa naturaleza y por las limitaciones de derechos que implica la consideración de militar, los poderes públicos, el legislador y el Gobierno, deberíamos ser particularmente sensibles y particularmente receptivos a algunas de las demandas en el caso de que sean justas y legítimas, como creo que son muchas de las que se están formulando en el momento actual por parte de los guardias civiles.
Como bien habrá leído la portavoz del Grupo Mixto en los debates de la ley, sabrá que mi grupo no votó a favor de esa ley de derechos y deberes ni de la de régimen disciplinario, que es a la que se refiere esta modificación del Código Penal Militar para limitar la aplicación del Código Penal a los guardias civiles. No votó esa ley, y entre otras razones no la votó precisamente por la causa que ella trae en su proposición no de ley. No la votamos porque entendimos que la ley generaba confusión y generaba incertidumbre jurídica sobre el régimen -el régimen penal en este caso- que se iba a aplicar a los guardias civiles en cada momento. En los propios debates de la ley está dicho por parte de nuestro grupo que esto iba a generar una situación de inseguridad para los guardias civiles y lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón porque la expectativa que se creó con la aprobación de esa ley es básicamente que el Código Penal no sería de aplicación a los guardias civiles salvo en aquellas misiones específicamente militares que se le pudieran asignar. La realidad es que el Código Penal se ha seguido aplicando a la Guardia Civil. Tan es así esa indefinición jurídica, que el propio director general de la Policía y de la Guardia Civil ha tenido que emitir órdenes para tratar de interpretar cuál debía ser la aplicación de la ley, señalando a los mandos de la Guardia Civil que, en la medida de lo posible, no actuaran en determinados supuestos por una vía penal sino que actuaran para corregir determinadas conductas o determinados hechos a través únicamente del régimen disciplinario. Se dan situaciones tan absurdas como la que la propia proponente señalaba, en la que a un guardia civil se le aplica el Código Penal Militar no estando de servicio y, en cambio, no se le puede aplicar desempeñando un servicio peculiar o lo que se denominan servicios peculiares de la institución que tienen que ver más con la seguridad ciudadana.
Hay una cierta confusión en el propio concepto de la ley, en el sentido de que establece en el Cuerpo de la Guardia Civil una doble naturaleza en razón de la misión que la Guardia Civil desempeña en cada momento, cuando para nosotros la Guardia Civil es una institución que tiene una naturaleza única, que así está definida por el legislador, una definición constitucional, porque así lo permite la Constitución española, que es su naturaleza militar, que tiene dos dualidades o dos posibilidades de función o de misión: unas de naturaleza militar y otras de naturaleza estrictamente civil que son de naturaleza policial. No es un problema, como se puede desprender de algunas de las intervenciones, en nuestra opinión, de interpretación de los jueces. En nuestra opinión, hay un problema de indefinición o de mala redacción por parte del legislador.
Por tanto, coincidiendo en que es verdad que tenemos un problema, no nos parece que la proposición no de ley, tal y como la plantea el Grupo Mixto, sea una solución adecuada. Primero, y no quiero caer en ningún tecnicismo legislativo, nosotros como Comisión o como Congreso de los Diputados no podemos instar al Gobierno a introducir un nuevo artículo en una ley orgánica. (El señor Olabarría Muñoz: Sí podemos.) Podemos instar a que se inicie una reforma legislativa, pero tenemos en el Reglamento capacidad para hacerlo con una proposición de ley que sería, en mi opinión, lo más adecuado al caso: presentar una proposición de ley para modificar un código que nos parece que debe ser modificado. Así es que le damos hasta la redacción al Gobierno. Por tanto, ya digo que es una cuestión de pura formalidad y de pura técnica legislativa, pero creo que la iniciativa parlamentaria más adecuada para tratar de afrontar esta cuestión hubiera sido proposición de ley más que proposición no de ley.
De todas formas, no me escabullo en una cuestión meramente formal para no entrar en el fondo de la cuestión. En el fondo de la cuestión no estamos de acuerdo con dos cuestiones sustanciales de la propuesta, tal y como está redactada por el Grupo Mixto. En primer lugar, restringe las misiones de naturaleza militar únicamente a aquellas misiones que pueda desempeñar la Guardia Civil en el extranjero. No, puede haber misiones de naturaleza militar, las hay de hecho, y el real decreto que regula las misiones de naturaleza militar recientemente aprobado por el Gobierno las regula tanto en el interior de nuestro territorio como en el extranjero.
Segundo, en nuestra opinión, hay artículos del Código Penal Militar que son aplicables a los guardias civiles por su naturaleza y no por la misión que desempeñan en cada momento y pongo un ejemplo muy claro. Los ultrajes a la nación o a la bandera que son delitos contemplados en el Código Penal Militar, pero que están
contemplados con penas de multa en el Código Penal Civil, para nosotros en el caso de un guardia civil, que es un militar que ha jurado especial fidelidad a esa bandera, requieren una especial protección como bien jurídico. Entendemos que hay artículos y podríamos mencionar también los referidos a la obligación de colaboración con la justicia militar (La señora Díez González: Sí, claro.) y otra serie de artículos que sería necesario aplicar o que, en nuestra opinión, deben ser aplicados a los guardias civiles en cualquier supuesto.
Por todo ello no vamos a votar favorablemente, vamos a votar en contra de esta proposición no de ley. Somos conscientes de que se ha creado un problema y, desde luego, de forma consensuada, porque entendemos que en todo caso en estas cuestiones es muy bueno -como he dicho al principio- que actuemos de manera consensuada, es decir, con acuerdo del máximo número de grupos, pero en todo caso con el grupo que en estos momentos sustenta al Gobierno, pues a través de la fórmula que pueda ser adecuada estudiaríamos la cuestión, pero anuncio que no vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Bar Cendón.
El señor BAR CENDÓN: Señorías, cada vez que se trae a colación algún tema específicamente referido a la Guardia Civil parece que esta subyacente -e incluso hay algún grupo al que siempre le interesa que subyazca- la misma controversia: la naturaleza militar o no de este cuerpo de seguridad del Estado. Y no es que no se tenga claro. Tras todos estos años de andadura constitucional, de alternancias de gobiernos que así la mantuvieron, de promulgación de diversas leyes de todo rango, desde orgánicas a meras órdenes ministeriales, yo creo que está bastante claro para todo el mundo. Lo único que ocurre es que discrepamos. No discrepamos mucho, la verdad, sobre la valía y el mérito del cuerpo o sobre sus funciones en materia de seguridad. Discrepamos sobre la naturaleza de lo que en esencia lo define que para nosotros, y para las leyes vigentes, es su carácter de cuerpo militar. Por eso surge muchas veces este tipo de debates, porque reintroducen insistentemente el mismo objeto aunque sea por una cuestión aparentemente colateral. Sucedió, por ejemplo, con motivo del debate de una PNL -lo recordará la señora Díez- sobre los indultos a guardias civiles por pertenecer a sindicatos. O sucedió con motivo de los debates sobre las leyes orgánicas que definieron sus deberes y derechos y su reglamento disciplinario. En este caso ya no eran temas tan colaterales. Este tema más concreto -el que estamos hablando hoy- fue incluso materia de enmiendas, la 1 y la 75. Lo recordarán porque la 1 era de Izquierda Unida y la 75 del Grupo Popular, que luego se retiraron por no entrar en el ámbito de lo que se estaba discutiendo cuando hablábamos del reglamento disciplinario de la Policía Nacional.
Por eso, para evitar debates en falso nosotros vamos a hablar desde el principio con absoluta claridad. Creemos en el modelo que contienen ahora mismo las leyes vigentes. Creemos y defendemos la naturaleza militar del cuerpo de la Guardia Civil y entendemos que no es ningún anacronismo, como dice la señora Díez en su exposición de motivos, el que los requerimientos disciplinarios sean especialmente estrictos para los miembros de este cuerpo. Son, en todo caso, requerimientos que se asumen consciente y voluntariamente, y precisamente por eso hay que ponerlos en valor. Porque parte del respeto, de la alta consideración que les tiene la población y de su eficacia devienen precisamente del compromiso particular que asumen sus miembros con el respeto a estos requerimientos disciplinarios y a la renuncia al ejercicio de determinadas libertades de las que sí gozan otros servidores públicos. Esto no está en absoluto reñido con una concepción moderna y actual de la Guardia Civil en la que se aúnan -esta es su definición- las funciones policiales que desarrolla con la naturaleza militar de su estructura.
Señorías, como decíamos, son muy numerosos los fundamentos legales que sustentan este modelo y la voluntad del legislador no admite muchas dudas. Solo citaré de pasada algunas de las más significativas: La Ley Orgánica de 1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; la Ley Orgánica 5/2005, de Defensa Nacional; la 39/2007, de la Carrera Militar; muy recientemente el Real Decreto 96/2009, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, que dedica el artículo 2 precisamente a la Guardia Civil. Estas dos últimas normas son además posteriores a otras normas específicas esenciales para entender lo que estamos discutiendo hoy, que son la Ley 42/1999, de régimen de personal de la Guardia Civil; la Ley 11/2007, de deberes y derechos y, la última, la 12/2007, de régimen disciplinario. Todas y cada una de ellas insisten en la naturaleza militar del cuerpo y la condición militar de sus miembros.
Tras esto aparece el debate sobre cuándo es aplicable, en virtud de esa condición, el Código Penal Militar y cuando lo es el reglamento de régimen disciplinario específico. Señorías, si la voluntad del legislador ha sido siempre la de preservar el carácter militar no puede sorprendernos en absoluto -ni creo que estemos aquí para enmendar la plana al Tribunal Supremo, a la Sala quinta, de lo Militar- las numerosas sentencias que se han venido dictando y la jurisprudencia sentada. Muy resumidamente, sin abrir el debate legislativo, porque es un debate que ya se hizo -no digo que las leyes no puedan ser modificadas, pero no vamos a reabrir ahora un debate del año 2007-, la disposición adicional cuarta de la Ley 12/2007 introdujo una modificación al Código Penal Militar y concretamente añadió un artículo 7 bis, que venía a añadir las condiciones en las que no sería de aplicación el Código Penal Militar: "En la realización de los actos propios del servicio que presten en el desempeño de sus funciones". En ese caso no es de aplicación el Código Penal Militar. Y también acota en un segundo
párrafo las situaciones en las que este primer párrafo no sería de aplicación: guerras, sitio, misiones militares, integración en unidades militares. No parece que haya mucha ambigüedad. Así pues, lo que configura la excepcionalidad no es la aplicación del Código Penal Militar, porque en ningún caso se dice que los guardias civiles sean excepcionalmente militares, lo son de hecho ordinariamente, pero ejercen habitualmente funciones policiales, de protección de la seguridad ciudadana y del libre ejercicio de los derechos y libertades. Por eso no se aplica el Código Penal Militar en su integridad y por eso lo habitual será la aplicación del régimen disciplinario específico. Pero conviene delimitar técnica y conceptualmente dónde está lo excepcional y dónde está lo ordinario. Lo que es conceptualmente extraordinario es un régimen disciplinario que se le aplica de entre todos los militares exclusivamente a la Guardia Civil. ¿Por qué? Lo dice la exposición de motivos de la ley: porque desarrolla unas funciones durante cuyo ejercicio el régimen disciplinario castrense encontraría disfunciones o una nula o escasa aplicabilidad. Otras cosas no pueden en cambio sustraerse a la aplicación de lo que sería el régimen militar ordinario -usted citó algunas, señor Cosidó-; las distintas sentencias del Tribunal Supremo así lo entienden: si el hecho resulta ajeno al servicio, no puede sostenerse que se esté ante actos propios del servicio. Y más adelante: cuando la acción u omisión punible lesiona o ponga en peligro un bien jurídico de naturaleza militar distinto del servicio policial -usted, me parece que citaba la bandera- que presta el sujeto activo, en tal caso el hecho dejaría de estar amparado por dicha exclusión. Esto es lo que dicen innumerables sentencias del Tribunal Supremo, la Sala quinta, y entendemos nosotros que no se confunden, que el Supremo no se está confundiendo al interpretar; saben lo que están sentenciando y cómo motivan esas sentencias.
Señorías, todo lo antedicho no está reñido, nunca lo ha estado, para este Gobierno ni para este grupo, con la modernidad, la eficacia policial o la mejora de los derechos, deberes o condiciones de vida y de trabajo de los agentes de la Guardia Civil. Muchas de las normas citadas, que han sido muy bien recibidas en el seno del cuerpo, se han hecho en estos últimos años. Han mejorado sus deberes y derechos con una ley orgánica; han mejorado enormemente su régimen disciplinario específico; han mejorado su capacidad de representación y diálogo con la Administración -no es cierto lo que dice la PNL en la exposición de motivos: que no tengan representantes-; han mejorado sus condiciones de trabajo, su jornada laboral, sus vacaciones, su conciliación con la vida familiar; el enorme aumento de sus plantillas ha contribuido también a un mejor reparto de las tareas y racionalización de la cadena de mando; y existe un claro compromiso por parte de este Gobierno de seguir con las mejoras, por ejemplo, con una nueva ley de personal. Todo esto lo saben y lo aprecian los agentes y sus representantes, aunque todo proceso de mejora desde luego pueda tener altibajos, discrepancias y hasta momentos tensos. Pero en ningún caso nuestro grupo va a apostar por desnaturalizar uno de los valores más importantes de la Guardia Civil y que le ha dado todo su mérito y su prestigio: su naturaleza militar. Es por esa razón principal por la que nos oponemos a la aprobación de la PNL propuesta.
La señora PRESIDENTA: Vamos a iniciar las votaciones.
Votamos la PNL con número de expediente 1282, que era el punto 1.º del orden del día. Esta PNL, como saben, tuvo una enmienda que se ha convertido en transaccional. Por tanto, votamos el texto de la PNL transformado con la enmienda transaccional.
En segundo lugar, votamos la PNL con número de expediente 1762, que ha tenido dos enmiendas que también se han convertido en una enmienda transaccional. Votamos el texto con la enmienda transaccional.
El señor GONZÁLEZ SERNA: Si no recuerdo mal la información que obra a disposición de este portavoz, hay dos enmiendas, una del Grupo Socialista y otra de Unión, Progreso y Democracia, y vamos a pedir votación separada, que es lo que habíamos hablado con el grupo proponente.
La señora PRESIDENTA: Votamos la transaccional y el segundo párrafo que votaremos aparte. La enmienda transaccional que deberíamos votar tiene dos párrafos. Uno está basado en una enmienda y el segundo párrafo en otra enmienda. Se ha pedido votación separada de esos dos párrafos en la que se resume toda la enmienda transaccional.
La señora PIGEM I PALMÉS: Me gustaría tener el párrafo que votamos.
La señora PRESIDENTA: Se ha repartido, pero por si acaso no los tienen, son cortos, los leo. El primer párrafo, que procede de la enmienda del Grupo Socialista, dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir impulsando las medidas necesarias para solucionar las deficiencias de funcionamiento que se produzcan en el sistema de vigilancia exterior que vela por la seguridad del litoral valenciano, con objeto de que esta herramienta mejore sus utilidades para luchar contra los tráficos ilegales. Tiene una adición de un segundo párrafo, que está aceptado por el grupo proponente, que es la enmienda del Grupo Mixto, que dice: Así como la dotación de mayores recursos y embarcaciones para poder realizar de una manera más eficiente su labor. Lo que nos piden es votar los dos párrafos por separado.
Votamos el segundo párrafo de la enmienda transaccional que procede de la enmienda de UPyD.
Votamos el punto 3.º, que es la proposición no de ley con número de expediente 1859, que tenía una enmienda de UPyD. Esta proposición tiene cuatro párrafos. ¿Votamos conjuntamente o por separado?
El señor GONZÁLEZ SERNA: El Grupo Socialista pide votación separada de las cuatro.
La señora PRESIDENTA: Votamos el primer párrafo, que se corresponde con el primero de la proposición no de ley del grupo proponente, del Grupo Popular.
Votamos el tercer párrafo que es el primero de la enmienda.
Votamos ahora el último párrafo que es el segundo de la enmienda del Grupo Mixto.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado. Por tanto, queda rechazada en su conjunto esta proposición no de ley.
Votamos la proposición no de ley con número de expediente 1561, que es el punto 4.º del orden del día, que no tenía enmienda.
Votamos el punto 5.º del orden del día, proposición no de ley relativa a una nueva Ley de Protección Civil, con número de expediente 1375, con una enmienda transaccional. Por tanto, votación de la enmienda transaccional.
Votamos el punto 6.º del orden del día, que es la proposición no de ley del Partido Nacionalista Vasco con número de expediente 1988, que no tiene ninguna enmienda.
Punto 7.º, proposición no de ley con número de expediente 1752, sobre el aeropuerto de Lleida, con enmienda transaccional procedente de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que es el texto que se vota.
Por último, votamos el punto 8.º, número de expediente 1310, sobre la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil, que no tiene enmiendas.

References: real decreto 
 artículo 10
 resolución 
 artículo 13
 Real Decreto 
 artículo 14
 Real Decreto 
 artículo 15
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 57
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 12
 artículo 39
 resolución 
 artículo 367
 artículo 30
 artículo 4
 resolución 
 resolución 
 real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 7