Source: https://todolaboral365.wordpress.com/real-decreto-32014-de-10-de-enero-por-el-que-se-establecen-las-normas-especiales-para-la-concesion-de-ayudas-previas-a-la-jubilacion-ordinaria-en-el-sistema-de-la-seguridad-social-a-trabajadores-a/
Timestamp: 2017-08-19 22:32:06+00:00

Document:
Real Decreto 3/2014, de 10 de enero, por el que se establecen las normas especiales para la concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social, a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas | todolaboral365
PAGO. INCOMPATIBILIADES Y SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN
Trabajadores despedidos de acuerdo con los artículos 51 y 52.c) del ET, que cumplan los siguientes requisitos:
Tener cumplida una edad, real o teórica (por aplicación de coeficientes reductores de edad), inferior en 4 años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación [art. 161.1.a) y disp. trans. 20ª LGSS], a cuyos efectos se considerará como tal la que le hubiera correspondido al trabajador teniendo en cuenta las cotizaciones correspondientes al periodo de percepción de la ayuda.
Tener cubierto el periodo de cotización exigido para causar derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva al alcanzar la edad legal para el acceso a la misma que en cada caso resulte de aplicación.
No estar incursos en alguna causa de incompatibilidad para percibir la ayuda (que se analizarán más adelante), ni en alguno de los supuestos previstos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, General de subvenciones.
Debe advertirse que los requisitos indicados en los apartados 1, 3 y 4 no serán exigibles cuando la concesión de las ayudas derive de solicitudes presentadas antes del 30 de enero de 2014, si bien en estos supuestos, los trabajadores deberán tener al menos 60 años de edad en el momento de acceder a las ayudas y la duración máxima de éstas será de 5 años (disp. trans. 1ª RD).
CONTENIDO Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS
Las ayudas previas a la jubilación ordinaria comprenden una ayuda económica que percibirá mensualmente el trabajador yla cotización a la Seguridad Social durante el periodo de percepción.
Durante el primer año: 75 % del resultado de dividir entre 7 la suma de las bases de cotización de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, excluidas las horas extraordinarias, correspondientes a los 6 meses anteriores a la fecha del despido, con el límite de la pensión máxima establecida en el sistema de la Seguridad Social para el ejercicio correspondiente.
Durante del segundo año y sucesivos: la cuantía señalada en el punto anterior se incrementará acumulativamente de acuerdo con el promedio del índice de revalorización de las pensiones (IRP) contributivas de la Seguridad Social establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) para el año en que se comience a devengar la ayuda, más los índices de revalorización establecidos en las LPGE de los 3 años anteriores.
A este respecto, la disposición transitoria 2ª del RD, establece los siguientes porcentajes de revalorización (que comprenderá tanto la cuantía de ayuda como de las bases de cotización) en función del momento en que inicien sus efectos económicos:
Duración: con participación de las Administraciones públicas (en los términos que se verán más adelante), máximo de 4 años y, en todo caso, hasta el cumplimiento de la edad legal de acceso a jubilación.
La cuota a ingresar será la resultante de la aplicación de las siguientes reglas:
La base inicial de cotización será el promedio de las 6 últimas bases por contingencias comunes anteriores a la fecha del despido (12 últimas si se trata de trabajadores con contrato a tiempo parcial o fijos discontinuos), actualizada de acuerdo con los IRP contributivas de la Seguridad Social desde el momento del despido hasta la fecha de acceso del trabajador al sistema de ayudas previas.
Respecto a la actualización mencionada deben tenerse en cuenta dos consideraciones:
Que se entenderá referida a las bases máximas de cotización del Régimen General de la Seguridad Social cuando se esté en supuestos en los que la concesión de las ayudas derive de solicitudes presentadas antes del 30 de enero de 2014 (disp. trans. 1ª RD).
Que no se aplicará cuando se trate de ayudas a trabajadores procedentes de expedientes tramitados al amparo de la Ley 21/1992, de Industria, supuestos en los que se considerará como base inicial la correspondiente a la última cuota devengada.
Una vez calculada la base inicial, se revalorizará acumulativamente a partir del 2º año de percepción, en el porcentaje de incremento que se fije para la revalorización de la ayuda, si bien en ningún caso la base de cotización resultante podrá ser superior a la máxima vigente en cada momento para el grupo de cotización de que se trate.
El tipo de cotización aplicable para obtener la cuota será el correspondiente a contingencias comunes establecido para el año de efectividad de la ayuda, excluido el porcentaje correspondiente a aquellas prestaciones de las que están excluidos los beneficiarios de las ayudas, esto es, además de todas las derivadas de contingencias profesionales, las derivadas de contingencias comunes que no tengan la naturaleza de pensiones.
Duración: todo el periodo de percepción de la ayuda.
Debe advertirse que, a la peculiaridad descrita en cuanto a la limitación de la acción protectora del sistema, se añade que los trabajadores beneficiarios durante la percepción de la ayuda, serán considerados en situación asimilada al alta en el Régimen General de la Seguridad Social, con obligación de cotizar.
Para la obtención de las ayudas previas a la jubilación, que en todo caso estarán condicionadas a las disponibilidades presupuestarias, el RD establece dos procedimientos: por un lado, el que ha de seguirse para el reconocimiento de los trabajadores potencialmente beneficiarios y, una vez superado éste, un segundo para la concesión de las ayudas.
1º PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS TRABAJADORES POTENCIALMENTE BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS
La solicitud (cuya tramitación puede hacerse por vía telemática –art. 6.1 párrafo 3º-), que incluirá los extremos y se acompañará de la documentación establecida en el artículo 6.2 del RD, se presentará ante el órgano competente en razón de la ubicación del centro/s a los que se adscriban los trabajadores afectados (de la Administración General del Estado –AGE- o de la Comunidad Autónoma correspondiente) por los sujetos y en los plazos siguientes:
Por la empresa y la representación legal de los trabajadores conjuntamente, si se trata de trabajadores afectados por despido colectivo.
Plazo: en los 15 días siguientes a la comunicación a la autoridad laboral del acuerdo alcanzado en el periodo de consultas.
Por la empresa y la representación legal de los trabajadores conjuntamente, o únicamente la empresa en caso de inexistencia de representación legal de los trabajadores, si se está ante trabajadores despedidos en virtud del artículo 52.c) del ET –despido objetivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción-.
Plazo: en el periodo de 15 días, computado desde la entrega de la comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo -plazo de preaviso [art. 53.1.c) ET-], o en los 15 días siguientes al despido en caso de que no se conceda el mismo.
La resolución y la notificación correspondiente se llevará a cabo por el órgano competente en el plazo máximo de 2 meses. El silencio administrativo por el transcurso del referido plazo máximo sin haberse notificado la resolución, se entenderá negativo y, por tanto, desestimada la solicitud.
Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, o contra la desestimación por silencio administrativo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo admitiéndose la posibilidad de recurso potestativo de reposición.
2º PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS
Que se estime la solicitud de reconocimiento de los trabajadores potencialmente beneficiarios de las ayudas -todos o sólo algunos de los despedidos-, es presupuesto necesario para el reconocimiento del derecho a la concesión de las ayudas, si bien, tal y como ya se ha señalado, este reconocimiento habrá de solicitarse a través de un “segundo” procedimiento, el que se trata aquí y del que destaca lo siguiente:
La solicitud, acompañada de la documentación establecida al efecto por el artículo 7.1 del RD, deberá presentarse por la empresa.
Plazo, dos opciones:
6 meses anteriores a la fecha en la que se produzca el cumplimiento de todos los requisitos exigidos a los trabajadores para ser beneficiarios (vistos en el primer punto de este resumen).
con posterioridad al día en que el beneficiario cumpla los requisitos exigidos para tener derecho a la percepción de la ayuda, devengándose en este caso con retroactividad de 3 meses, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.
Al igual que en el procedimiento anterior, la resolución y la notificación correspondiente se llevará a cabo por el órgano competente en el plazo máximo de 2 meses, entendiéndose el silencio administrativo como negativo y procediendo la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo y el potestativo de reposición.
La financiación de las ayudas, que incluye la cotización a la Seguridad Social, corre a cargo de:
Las empresas solicitantes en un 60 %, o porcentaje superior si existe previa conformidad de éstas.
El programa correspondiente de los Presupuestos Generales del Estado, o de la Comunidad Autónoma cuando haya recibido el traspaso de servicios en esta materia, el 40 % restante.
APORTACIÓN DE LAS EMPRESAS SOLICITANTES
Las empresas solicitantes de las ayudas deberán ingresar, a requerimiento del órgano instructor (vid. art. 11 RD), en la TGSS, la aportación a su cargo (60% o más), pudiendo optar entre:
Realizar un único pago, dentro del plazo de los 30 días naturales siguientes al requerimiento de pago o plazo inferior si así se establece en aquél.
Fraccionar el pago en tantas anualidades como años vayan a permanecer los trabajadores percibiendo las ayudas, con un máximo de 4.
Para el primero de los pagos el plazo es el señalado en el punto anterior (30 días naturales o plazo inferior), periodo en el que, además –y a excepción de las entidades dependientes de la AGE o de sus organismos públicos y las sociedades mercantiles estatales-, deberán presentarse las garantías suficientes, a juicio de la Tesorería General, para responder de las obligaciones pendientes y cuya validez se extenderá desde que los trabajadores deban comenzar a percibir las ayudas hasta, al menos, un año después del vencimiento de la anualidad que se garantiza (vid. art. 17 RD sobre requisitos de las garantías).
Para el abono de la segunda y siguientes anualidades el plazo será el de los 30 días naturales inmediatamente anteriores al inicio de la anualidad de que se trate.
APORTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Debe advertirse que en los casos en que la concesión de las ayudas derive de solicitudes presentadas antes del 30 de enero de 2014, el abono de esta aportación a las ayudas anteriores se podrá hacer fraccionadamente, por anualidades, hasta un máximo de 5 años (disp. trans. 1ª RD).
Las ayudas previstas en el Real Decreto 908/2013, mencionadas al principio de esta exposición, siempre que se refieran al mismo proceso de reestructuración.
Por último, y para concluir este extenso resumen, se señalan las causas de extinción y suspensión de la ayuda previa a la jubilación ordinaria y la obligación de cotizar:
CAUSA DE SUSPENSIÓN:
Realización de una actividad remunerada comenzada con posterioridad a la concesión de la ayuda, cuando se realice a tiempo completo o su remuneración sea superior al SMI en cómputo anual. La percepción de la ayuda se reanudará, sin efectos retroactivos, en la fecha en que se acredite el cese en la actividad o, en su caso, en la fecha en que se agoten las prestaciones por desempleo.
Expiración del plazo previsto en la resolución de su concesión.
Adquisición por el beneficiario de la condición de pensionista de jubilación con anterioridad al fin del plazo previsto en la resolución de la concesión de la ayuda.
Reconocimiento de una incapacidad permanente, total para la profesión habitual, absoluta o gran invalidez, con posterioridad a la concesión de la ayuda.

References: artículo 13
 artículo 6
 artículo 52
 resolución 
 artículo 7
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución