Source: https://www.oprimide.com/el-derecho-a-la-asistencia-sanitaria-de-les-inmigrantes-en-situacion-irregular-en-espana-durante-el-periodo-constitucional/
Timestamp: 2019-09-16 10:46:15+00:00

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El derecho a la asistencia sanitaria de les inmigrantes en situación irregular en España durante el período Constitucional – Oprimide
La asistencia sanitaria se constituye como un pilar fundamental del estado de bienestar.
Protesta en julio de 2015 frente al Ministerio de Sanidad, en el Paseo del Prado en Madrid, para reivindicar que la sanidad vuelva a tener carácter universal en España y cubra a los inmigrantes sin papeles // Fuente: El País
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A la luz de la Ley General de Sanidad de 1986 podemos definir el concepto “universalización” como la prestación de asistencia sanitaria en condiciones de igualdad para todes les ciudadanes con un contenido homogéneo y con financiación pública. El derecho a la asistencia sanitaria ha sido un asunto conflictivo en cuanto a quiénes son sujetos de este. No se discute sobre si les nacionales españoles lo ostentan o no, sino que el asunto se centra sobre si la población inmigrante residente en España, ya sea en situación irregular o no, puede ostentarlo también.
“Desde el año 2000, España ha pasado por uno de los fenómenos demográficos y sociales más rápidos de su historia: la llegada masiva de inmigrantes” (Miyar Busto y Garrido Medina, 2010; 12). Este fenómeno ha tenido impacto en distintos ámbitos, desde los puramente culturales hasta cambios en el mercado laboral y en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Este cambio demográfico despertó distintas opiniones entre la población española, siendo de especial relevancia la aparición de distintas noticias en las que se les atribuía un uso fraudulento o intensivo de la asistencia sanitaria a grupos de inmigrantes. Por ejemplo, Mediterráneo Digital, medio online, aseguraba en una de sus noticias que 7 de cada 10 euros de la sanidad pública eran consumidos por rumanes, ecuatorianes y marroquíes según un informe del Tribunal de Cuentas. Otras noticias aseguraban que les inmigrantes tenían medicamentos gratis, que colapsaban la sanidad pública o, incluso, que habían contagiado de VIH y tuberculosis a agentes de la Policía Nacional. Todas aquellas noticias fueron desmentidas, pero sucedió lo que suele ocurrir con los bulos: la noticia falsa obtuvo mucha más difusión que aquellas que las desmentían. Gracias a esto comenzó a construirse entre la población un sentimiento de rechazo hacia les inmigrantes, fomentándose la xenofobia y el racismo motivados por un discurso económico sobre el despilfarro de bienes y servicios sanitarios. Una de las características fundamentales de este clima era el rechazo a todo inmigrante pobre o con bajos recursos económicos; nadie ponía en duda la integridad en el uso de bienes y servicios sanitarios de un inmigrante o viajero/a europeo/a (u occidental).
¿Quién ostenta el derecho a asistencia sanitaria en España?
Analizando el marco jurídico sanitario existente en nuestro país durante el período Constitucional pueden diferenciarse, con carácter general, tres etapas distintas.
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad entró en vigor el 19 de mayo de ese mismo año, reformándose numerosas veces hasta el momento actual. Su redacción es una respuesta al artículo 43 de la Constitución, reconociendo el derecho a obtener las prestaciones del sistema sanitario a todes les ciudadanes y a les extranjeres residentes en España, aunque no reconoce el derecho a obtener dichas prestaciones de forma gratuita.
Diecisiete años después de la Ley 14/1986 entró en vigor la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS. La redacción original de esta Ley establecía como titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todes les españoles y les extranjeres en el territorio nacional en los términos previstos en el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Dicho artículo reconocía el derecho a la asistencia sanitaria, en las mismas condiciones que les españoles, a les extranjeres que se encontrasen en España inscrites en el padrón del municipio en el que residiesen habitualmente. De igual manera, se reconocía la asistencia sanitaria de urgencia ante la contracción de enfermedades graves o accidentes hasta su alta médica. A los extranjeros menores de 18 años se les reconocía el derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que a los españoles, y ese mismo derecho se les reconocía a las extranjeras embarazadas que se encontrasen en España.
A la luz de esta regulación inicial, podríamos afirmar que, aquelles extranjeres que se encontrasen empadronades en un municipio español tenían derecho a la asistencia sanitaria, mientras que, aquellos que no se encontraran en esta situación solo tendrían este derecho en caso de urgencia, de ser menores de edad o de ser una mujer embarazada.
En el año 2012, durante el gobierno del Partido Popular, tuvo lugar la entrada en vigor del Real Decreto - Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. A través de este real decreto se modifica el artículo 3 de la Ley 16/2003 e introduce el concepto de "asegurado", siendo estos el sujeto de derecho de la asistencia sanitaria en España con cargo a los fondos públicos.
Otorgaba la condición de asegurados a:
Les trabajadores por cuenta ajena o propia, afiliades a la Seguridad Social (SS) y en situación de alta o similar a esta.
Pensionistes del sistema de la SS o preceptores de cualquier otra prestación periódica de la SS, incluida la prestación y el subsidio por desempleo.
En caso de haberse agotado la prestación por desempleo, tendrán la condición de asegurados quienes figuren inscrites en la oficina correspondiente como demandante de empleo, no acreditándose la situación de asegurado por cualquier otra vía.
En aquellos casos en los que una persona no cumpliera ninguno de dichos requisitos, se les concede esta misma condición a quienes ostenten la nacionalidad española o de algún estado miembro de la UE, del Espacio Económico Europeo o de Suiza que residan en España y les extranjeros titulares de un permiso o autorización de residencia.
Este concepto de asegurado no modifica el derecho a la asistencia sanitaria de les nacionales españoles, pero si modificaba la situación de les extranjeres que se encuentran en territorio español. Se pasa de una situación en la que el derecho a asistencia sanitaria se consigue a través del empadronamiento en un municipio del territorio español, a conseguirse mediante la autorización para residir en territorio español.
Debemos tener en cuenta que existe una diferencia considerable entre tener la condición de empadronado y poseer una autorización para residir en territorio español. Si acudimos al artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, podemos comprobar que para inscribirse en el Padrón municipal no es necesario poseer permiso de residencia en territorio español; esto implica que aquelles extranjeres que se encuentren en nuestro país de forma irregular podrían, de todas formas, inscribirse en el Padrón municipal.
Se pasa de una situación de atención sanitaria universal, a un sistema en el que se deja a una de las poblaciones más desfavorecidas fuera del sistema, es decir, aquellas personas que, independientemente de estar empadronadas o no, carecen de permiso de residencia. Con esta nueva regulación no se dejaba fuera a cualquier inmigrante o extranjere, sino que se dejaba sin asistencia a aquelles que carecían de recursos económicos y/o de permiso de residencia, dejándolos en una situación de desamparo. El Real Decreto-Ley 16/2012 únicamente otorgaba asistencia sanitaria a les extranjeres no autorizades ni registrades como residentes en España en casos de urgencia por enfermedad grave o accidente, asistencia al embarazo, parto y posparto, y a les menores de edad.
En 2018 se promulgó el Real Decreto-Ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al SNS, cuyo objetivo era revertir la situación creada por el Real Decreto-Ley 16/2012 y volver a establecer un sistema sanitario universal.
Este Real Decreto-Ley modifica la Ley 16/2003 y pasa a reconocer como titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todas las personas con nacionalidad española y a las personas extranjeras que tengan establecida su residencia en el territorio español. Aunque pudiera parecer que nos encontramos en la misma situación que con el Real Decreto-Ley 16/2012, no es así, puesto que reconoce también el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a las personas extranjeras no autorizadas ni registradas como residentes en España en las mismas condiciones que para nacionales y extranjeres autorizades.
Nos encontramos por primera vez con una regulación estatal que asegura que aquellas personas extranjeras no autorizadas ni registradas como residentes en España tienen el mismo derecho a la protección de la salud y atención sanitaria que los nacionales y extranjeres autorizades. Aunque se reconoce este derecho, se remite a las CCAA para que sean estas quienes establezcan el procedimiento para la solicitud y expedición del documento identificativo que acredite dicha asistencia.
¿Cuántas personas perdieron el derecho a la asistencia sanitaria con el Real Decreto-Ley 16/2012?
El requisito exigido con anterioridad al Real Decreto-Ley 16/2012 para tener derecho a asistencia sanitaria era el empadronamiento, por lo tanto, podríamos afirmar que durante el período anterior a 2012 el objetivo de la legislación era conceder este derecho a una población especialmente vulnerable: les inmigrantes en situación irregular. Tras la entrada en vigor de esta nueva norma el requisito pasó a ser la posesión de un permiso de residencia – exigencia mucho más restrictiva que la inscripción en un Padrón municipal – lo que implicó que el derecho a la asistencia sanitaria de algunas personas desapareciera. En la siguiente tabla se recoge el número de personas inmigrantes extracomunitarias empadronadas en España que se encontraban en situación irregular, es decir, que carecían de permiso de residencia. El resultado es la diferencia entre el número de extranjeres extracomunitaries empadronades en España y el número de extranjeres en Régimen General con permisos de residencia en vigor.
CÁLCULO DEL NÚMERO DE INMIGRANTES EMPADRONADOS EN ESPAÑA EN SITUACIÓN IRREGULAR
INMIGRANTES EXTRACOMUNITARIES EMPADRONADES
3.356.129
3.186.867
2.782.534
2.773.989
2.794.818
2.945.005
TARJERAS RESIDENCIA EN VIGOR
2.364.909
2.349.018
2.252.450
2.151.382
2.108.629
2.149.927
INMIGRANTES EXTRACOMUNITARIES SITUACIÓN IRREGULAR
991.220
934.417
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE y del Portal Inmigración del Ministerio de Trabajo, Migraciones y SS
La entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012 implicó que, en un principio, cerca de un millón de personas perdieran el derecho a la asistencia sanitaria. Como puede observarse en la Tabla, el número de inmigrantes extracomunitaries empadronades en situación irregular ha disminuido de forma notoria a lo largo de los últimos años.
¿Es cierto que la población inmigrante realiza un uso excesivo de los servicios de asistencia sanitaria?
Diversos autores han realizado estudios cuantitativos sobre el nivel de utilización de los servicios de atención primaria y de otras prestaciones del SNS con el objetivo de determinar si verdaderamente existen diferencias entre la población inmigrante y la autóctona (española).
NIVEL DE UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y DE OTRAS PRESTACIONES DEL SNS POR PARTE DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE
CALDERÓN-LARRAÑAGA Y OTROS (2011)
VALL-LLOSERA CASANOVAS Y OTROS (2009)
REGIDOR Y OTROS (2009)
LÓPEZ NICOLÁS Y RAMOS PARREÑO (2009)
SOLER GONZÁLEZ (2008)
CATALUÑA, EN LA CIUDAD DE MADRID, EN CANARIAS Y EN LA C. VALENCIANA
Nº MEDIO CONSULTAS ANUALES INFERIOR EN POBLACIÓN INMIGRANTE.
TRAS AJUSTAR CARGA MORBILIDAD NO DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS.
Nº DE CONSULTAS POBLACIÓN INMIGRANTE INFERIOR A POBLACIÓN AUTÓCTONA
USO MUY SIMILAR O LIGERAMENTE INFERIOR AL DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
MENOR USO DE LOS SERVICIOS Y MENOR GASTO MEDIO POR PARTE DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE
MAYOR USO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS QUE LA POBLACIÓN AUTÓCTONA
A la luz de los diferentes estudios observados podría afirmarse que la población inmigrante no lleva a cabo un uso excesivo de los servicios y prestaciones sanitarias del SNS, sino que su uso es inferior al de la población autóctona. Si bien los distintos autores coinciden en señalar que esa diferencia en el uso no se debe al origen de las personas, sino a las características sociodemográficas de las poblaciones, por lo que las diferencias no son realmente significativas.
Lo que se pretendía con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012 era disminuir las ineficiencias del SNS que se traducían en un incremento del gasto público sanitario. Como se puede ver a través de la lectura de distintos estudios, no existían ineficiencias en la atención a inmigrantes en cuanto a uso excesivo de servicios. Por lo tanto, al excluir a esta población del acceso a la asistencia sanitaria no se estaría produciendo un ahorro real, sino que podríamos hablar más bien de un recorte de derechos que se traduciría en una disminución del gasto a costa de poner en peligro la universalidad del SNS.
Desde mi punto de vista personal, considero vital que cualquier estado moderno posea un SNS de carácter universal. Esto es así puesto que la salud es, como señala la OMS, un derecho que posee cualquier persona por el simple hecho de serlo. Por ello, considero que no podemos dejar que sean la suerte o el destino de cada persona la que decida si tiene derecho a gozar de esa salud por carecer de medios económicos suficientes o por haber nacido en un estado distinto al que se encuentra.
Llegado este punto, es importante diferenciar entre el coste social y el gasto público. El coste social es aquel en el que incurriría un Estado debido a que, por motivos de raza, nacionalidad, económicos, etc., algunos de sus ciudadanos no pudieran acceder ni a las prestaciones sanitarias más básicas. El gasto público es aquel en el que incurre un Estado al prestar servicios sanitarios. Un Estado que trate de reducir su gasto público a costa de incrementar el coste social es un estado ineficiente puesto que desatiende las necesidades y derechos más básicos de sus ciudadanos.
En términos de equidad y solidaridad es responsabilidad de los estados proporcionar a quienes se encuentran en su territorio el acceso a un sistema sanitario público de calidad.
Etiquetas: Asistencia SanitariaAtención PrimariaAtención Sanitariainmigrantes en situación irregularReal Decreto - Ley 16/2012SaludSeguridad SocialSistema Nacional de Salud

References: artículo 43
 artículo 12
 Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 3
 artículo 16