Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A024-08.htm
Timestamp: 2017-11-23 15:09:49+00:00

Document:
A024-08
Auto 024/08
DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE ACCION DE TUTELA-Libertad del accionante de elegir tanto la jurisdicción como la especialidad de los jueces
ACCION DE TUTELA CONTRA MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA-Competencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA-Competencia del Tribunal Superior de Bogotá
Referencia: expediente ICC-1184
Conflicto de Competencia entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Tribunal Administrativo de Boyacá
Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil ocho (2008)
1.- El señor Héctor Jesús Espinel Cardozo, a través de apoderado, interpone acción de tutela, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contra el Ministerio del Interior y de Justicia, por haber vulnerado su derecho al debido proceso en el trámite que autorizó su extradición.
2.- El accionante afirma que en octubre del año 2006, el Gobierno de los Estados Unidos formalizó su solicitud de extradición.
3. Agrega que Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia autorizó su extradición, mediante providencia del 18 de abril de 2007.
4. Posteriormente, mediante Resolución 110 del 4 de mayo de 2007, el Ministerio del Interior y de Justicia autorizó la extradición del señor Héctor Jesús Espinel Cardozo. Contra este acto administrativo, el accionante interpuso recurso de reposición, decisión confirmada mediante la Resolución 260 del 10 de julio de 2007.
5. Para el actor, la Resolución 110 de 2007 incurre en una vía de hecho, puesto que se presentaron varios vicios en el trámite de autorización de la extradición.
6.- Mediante Auto del 8 de octubre de 2007, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, se declaró incompetente en el conocimiento de la acción de tutela. Lo anterior, al señalar que los efectos de la resolución se producían en el Departamento de Boyacá, toda vez que el accionante se encontraba detenido en la penitenciaria de Cómbita.
7.- Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 2, mediante Auto del 25 de octubre de 2007, señaló que no compartía la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá al considerar que: (i) la autoridad demandada es una autoridad del orden nacional, y por tanto, los efectos de sus actos se aplican a todo el territorio nacional y (ii) los jueces de tutela no pueden, a priori, determinar la autoridad que es la responsable de la transgresión al derecho fundamental. En consecuencia, remite el expediente a la Corte Constitucional con el fin de que dirima el conflicto.
2.- En efecto, si bien no existe norma que lo disponga de manera expresa, los conflictos que se susciten en materia de tutela, deben ser resueltos por el superior jerárquico común de los jueces o tribunales entre los cuales se presente la colisión. Sólo en caso de no existir superior jerárquico común, la Corte Constitucional tiene la competencia para conocer de tal diferencia.[2]
3.- En el presente conflicto de competencia el superior jerárquico común del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Tribunal Administrativo de Boyacá es el Consejo de Estado. Es éste quien, en principio, debería conocer del presente conflicto.
4.- A pesar de que la Corte ha reconocido reiteradamente que su competencia es residual y que cuando los jueces en conflicto tengan un superior jerárquico común que pueda conocer del conflicto no le corresponde a esta Corporación hacerlo, en virtud de los principios de celeridad y sumariedad en el procedimiento de tutela, y del derecho al acceso oportuno a la administración de justicia, la Corte ha llegado a asumir de manera directa el conocimiento de conflictos de competencia teniendo en cuenta el objetivo de garantizar la mejor protección de los derechos fundamentales. Ha dicho la Corporación:
5.- Dado el tiempo transcurrido desde la interposición de la tutela hasta la fecha en que esta Corporación conoce del conflicto de competencia, la Sala considera necesario entrar a resolver de manera directa la presente colisión.
4.- Por otra parte, en este tipo de casos la Corte Constitucional ha fijado la regla jurisprudencial según la cual el criterio que deben aplicar los jueces o tribunales antes de abstenerse de asumir el conocimiento de una solicitud de amparo constitucional, es la elección que haya efectuado el accionante respecto al lugar donde desea se tramite la acción y la jurisdicción que conozca la acción. Lo anterior, a partir de la interpretación sistemática del artículo 86 Superior y del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que garantizan a todo persona reclamar “ante los jueces - a prevención” la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. [4]
5.- Sobre este particular ha precisado la Corte que “existe un interés del ordenamiento jurídico en proteger la libertad del actor frente a la posibilidad de elegir el juez competente de las acciones de tutela que desee promover. Libertad, que si bien está sometida a las reglas de competencia fijadas por el artículo 37 (factor territorial) y por las reglas del decreto 1382 (factor subjetivo y factor funcional), resulta garantizada por el ordenamiento, al ofrecer la posibilidad de elegir la especialidad del juez de tutela competente.”[5]
6.- Por lo anterior, aplicando la regla jurisprudencial indicada, el despacho que debió asumir el conocimiento de la solicitud de tutela era el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, si se tiene en cuenta que ésta fue la elección del demandante.
Por otra parte, la competencia territorial se encuentra demostrada en el presente asunto. En efecto, la Resolución 010 de 2007 fue expedida por una autoridad del orden nacional y en consecuencia: (ii) el Ministerio del Interior y de Justicia tiene su sede en la ciudad de Bogotá, y por tanto, es éste el lugar donde, presuntamente, ocurrió la vulneración del derecho fundamental del debido proceso del accionante y (ii) al tratarse de una Resolución expedida por un Ministerio, autoridad del orden nacional, los efectos de la misma son predicables de la totalidad del territorio, y no sólo en la cárcel donde se encuentra recluido el accionante.
PRIMERO: REMITIR el expediente contentivo de la acción de tutela interpuesta por Héctor Jesús Espinel Cardozo contra el Ministerio del Interior y de Justicia, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, para que adelante la correspondiente actuación judicial.
SEGUNDO: Por Secretaría General COMUNÍQUESE al Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 2, la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tengan conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional en relación con el conflicto de competencia.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO A-024 DE 2008
Referencia: ICC-1184
Conflicto de competencia entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Tribunal Administrativo de Boyacá.
[3] Ver ICC-720 del 30 de septiembre de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, en el cual esta Corporación conoció de manera directa un conflicto de competencia entre las salas Civil-Familia y Penal del Tribunal Superior de Buga, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia era la entidad que, en principio, debía resolverlo, toda vez que habían transcurrido más de tres meses desde la interposición de la tutela sin que esta pudiera haber sido resuelta en virtud de la colisión. Ver también ICC-711, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, en el cual la Corte asumió conocimiento del conflicto entre el Juzgado 26 Penal del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá -Sala Penal- a pesar de que, en virtud de la competencia residual de esta Corporación debería conocer la Corte Suprema de Justicia. Para el momento de la resolución del conflicto de competencia ya habían transcurrido más de 6 meses desde la interposición de la tutela.
[5] Corte Constitucional. Auto 277 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[6] Normatividad que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte integran el denominado bloque de constitucionalidad.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 86
 artículo 37
 artículo 37
 Resolución 
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