Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as201810817.html
Timestamp: 2019-11-16 02:22:04+00:00

Document:
as201810817
AUTO SUPREMO Nº 817/2018-RRC
Por Sentencia 22/2017 de 7 de abril (fs. 93 a 99 vta.), el Tribunal Séptimo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Erwin Santos Alcalá Córdova, autor de la comisión del delito de Suministro de Sustancias Controladas, en grado de Tentativa, previsto y sancionado por el art. 51 de la Ley 1008, con relación al art. 8 del Código Penal (CP), imponiendo la pena de cinco años y cuatro meses de reclusión, más el pago de días multa en la cantidad de mil bolivianos, a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día.
Contra la mencionada Sentencia, el imputado Erwin Santos Alcalá Córdova (fs. 105 a 107), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 70 de 6 de noviembre de 2017, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 303/2018-RA de 14 de marzo de 2018, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
El recurrente en su memorial de recurso de casación, hace una relación del contenido del Auto de Vista impugnado, el cual identifica en el recurso la no citación de los defectos de la Sentencia; empero, resalta que planteó recurso de apelación restringida porque existió inobservancia como también errónea aplicación del art. 51 de la Ley 1008, mencionando que se lo procesó por un delito que no cometió y que además la citada normativa condiciona que debe existir un dictamen de dos especialistas de un instituto de farmacodependencia público, situación que nunca aportó el Ministerio Público para este efecto.
El recurrente solicita se case el Auto de Vista y en su lugar se dicte una nueva resolución conforme a la jurisprudencia vigente.
Mediante Auto Supremo 303/2018-RA de 14 de mayo, cursante de fs. 137 a 139, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Erwin Santos Alcalá Córdova, para su análisis de fondo ante la concurrencia de presupuestos de flexibilización.
Por Sentencia 22/2017 de 7 de abril, el Tribunal Séptimo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Erwin Santos Alcalá Córdova, autor de la comisión del delito de Suministro de Sustancias Controladas, en grado de Tentativa, previsto y sancionado por el art. 51 de la Ley 1008, con relación al art. 8 del CP, imponiendo la pena de cinco años y cuatro meses de reclusión, más el pago de días multa en la cantidad de mil bolivianos, a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día, en base a los siguientes argumentos:
Como hechos generadores del proceso penal, se tiene que el Ministerio Público presentó acusación contra Erwin Santos Alcalá Córdova por la comisión del delito de Suministro de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 51 de la Ley 1008, que según la precisión de hechos juzgados se tiene que el día jueves 10 de octubre de 2013, por inmediaciones del Plan 3000, la patrulla policial inspecciona diferentes zonas del lugar, a conocimiento de que una persona de sexo masculino, se estaría dedicando a la venta ilícita de sustancias controladas al raleo. En esa búsqueda, por inmediaciones de la Avenida Bolivia, se observa una persona de sexo masculino conduciendo un vehículo de manera sospechosa, motivo por el cual se lo intervino, conminándolo a que exhibiera si tenía en su poder sustancias controladas; sin embargo, refirió que no tenía nada. Durante la realización de la requisa, se encontró en su billetera residuos de una yerba verduzca con características a marihuana, encontrándose también el mismo contenido en un envoltorio de papel color blanco. Esta yerba fue sometida a prueba de campo narco test, dando resultado positivo (+) para marihuana, cuyo pesaje dio un total de doce gramos.
El Tribunal de Sentencia, una vez analizadas y valoradas las pruebas producidas en juicio determinó como hechos probados:
Primero.- Que, en fecha 10 de octubre de 2013, el acusado fue aprehendido por inmediaciones de la Av. Bolivia del Plan 3000, al encontrarse en posesión de una yerba verduzca con características de marihuana.
Segundo.- Que, la yerba verduzca encontrada en poder del acusado, y que luego fue sometida a prueba de campo, dio positivo para marihuana con un peso total de doce gramos.
Tercero.- Que, el acusado tenía pleno conocimiento que se encontraba en poder de sustancias controladas y a momento de ser aprehendido estaba conduciendo un vehículo marca Mitsubishi, color negro, modelo 1999, y placa 1603CRF.
Por lo que, concluyó dicho Tribunal que el imputado Erwin Santos Alcalá Córdova es autor y culpable del delito de Suministro de Sustancias Controladas en grado de tentativa, previsto y sancionado por el art. 51 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008), en concordancia del art. 8 del CP, imponiendo una pena de cinco años y cuatro meses de reclusión, más el pago de días multa en la cantidad de mil bolivianos, a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día.
Contra la mencionada Sentencia, Erwin Santos Alcalá Córdova interpuso recurso de apelación restringida, denunciando los siguientes aspectos en correspondencia a los motivos admitidos en el recurso de casación:
Denunció que el Tribunal a quo, con relación al delito de Suministro de Sustancias Controladas, estableció que el mismo no es típico ni antijurídico; empero, de forma incongruente dicta Sentencia estableciendo su culpabilidad por el delito de Suministro de Sustancias Controladas en grado de tentativa.
Denunció que la Sentencia no tiene ninguna congruencia, debido a que versa sobre el delito de Suministro de Sustancias Controladas; pero, la imputación provisional es por el delito de Consumo y Tenencia, previsto y sancionado por el art. 49 de la Ley 1008, el mismo que fue modificado por el Ministerio Público y consecuentemente fue juzgado por un delito que no habría cometido. Refiriendo; además, que en el desarrollo del juicio no se ha probado su calidad de vendedor o traficante de estupefacientes, debido que por las pruebas aportadas se demuestra que es consumidor.
La apelación restringida expuesta precedentemente, fue resuelta por el Auto de Vista impugnado, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró improcedente el recurso interpuesto por el recurrente y confirma la resolución impugnada, conforme a lo siguiente:
En relación al primer motivo refiere que, el recurrente no cita en ninguna parte los defectos de la Sentencia conforme el art. 370 del CPP, limitándose a citar el defecto sin especificar cuál es la norma sustantiva u objetiva erróneamente aplicada. Cita una norma presuntamente violada pero el fundamento es distinto. Concluyendo que, este reclamo es incongruente e incumple con la fundamentación que le obliga el art. 408 del CPP, con relación al art. 398 del mismo cuerpo normativo.
En relación al segundo motivo, refiere que a pesar que el Ministerio Público tiene la obligación de demostrar la culpabilidad del acusado, la defensa tiene la facultad de presentar prueba de descargo idónea que desvirtúe los extremos señalados por el acusador, pero esta situación no ocurre en este caso, limitándose a indicar que se acusa por un delito que no cometió. También, establece que el recurrente no hace mención de las pruebas que supuestamente fueron valoradas erróneamente y cuál es la interpretación cabal que debió hacer el Tribunal a quo, tampoco expresa la existencia de agravios, declarando; en consecuencia, la improcedencia del recurso.
III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA VERIFICACIÓN
DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN
En el presente caso, en relación al motivo admitido por el Auto Supremo 303/2018-RA de 14 de mayo, la parte recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado identifica en el recurso la no citación de los defectos de la Sentencia; empero, el recurso de apelación restringida fue planteado porque existió inobservancia y errónea aplicación del art. 51 de la Ley 1008, refiriendo que se lo procesó por un delito que no cometió y que además la citada normativa condiciona que debe existir un dictamen de dos especialistas de un instituto de farmacodependencia público, situación que nunca aportó el Ministerio Público para este efecto; refiriendo además que en los tipos penales descritos por la Ley 1008, no admiten la aplicación de la figura de tentativa.
En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de alzada, corresponde dilucidar si los extremos denunciados son evidentes y si constituyen violación de derechos y/o garantías constitucionales, incongruencia omisiva o falta de debida fundamentación, a fin de dejar sin efecto el fallo impugnado o declarar infundado el recurso intentado.
III.1. De la debida fundamentación en las Resoluciones judiciales.
Entre los componentes primordiales que rige el debido proceso como garantía constitucional de protección del Estado a la persona, se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, que a lo largo de la jurisprudencia han sido ampliamente desarrolladas; no obstante, resulta conveniente recalcar los parámetros de su entendimiento no sólo a los administradores de justicia, sino también a todo administrado. En ese sentido, La obligación de fundamentar las resoluciones también es aplicable a las resoluciones que resuelven apelaciones así la SC 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, indicó: ‘Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso'.
Ahora bien, a efectos de ingresar al fondo de la problemática planteada se debe considerar las exigencias contenidas en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006 y 207 de 28 de marzo de 2007 entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser: expresa, clara, completa, legítima y lógica. i) Expresa porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.
III.2. Del principio de congruencia.
El principio de congruencia se encuentra constituido como un orientador trascendental del adjetivo penal, cuya importancia deviene de su concepción del proceso como una unidad, al establecer normativamente los límites de desenvolvimiento de todos los sujetos intervinientes en la ingeniería procesal penal; asimismo, orienta su concepción sobre la configuración y las reglas de organización de la Resolución judicial; a efectos de, que cada una de las denuncias puestas en conocimiento del juzgador merezcan consideración y respuesta. Sobre ello, el Auto Supremo 308/2015-RRC de 20 de mayo, define el principio de congruencia, conforme lo siguiente: “Entendido como la concordancia o correspondencia que debe existir entre la petición formulada por las partes y la decisión que sobre ella tome el juez, fue definido por un sinnúmero de autores, como Devis Echandía, quien lo definió como: “el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y contencioso-administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas”. (DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría General del Proceso, Tomo I, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1984, pág. 53). (Las negrillas son nuestras).
El principio de congruencia se configura en dos modalidades: a) La primera, conocida como congruencia interna, que obliga a expresar de forma coherente todos los argumentos considerativos entre sí y de éstos con la parte resolutiva, y; b) La segunda, conocida como congruencia externa, que es a la que hace referencia el autor precitado, relativa a la exigencia de correspondencia o armonía entre la pretensión u objeto del proceso y la decisión judicial. Este tipo de congruencia queda afectado en los siguientes supuestos: 1) La incongruencia omisiva o ex silentio, que se presenta cuando el órgano jurisdiccional omite contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes; 2) La incongruencia por exceso o extra petita (petitum), se produce cuando el pronunciamiento judicial excede las peticiones realizadas por el recurrente, incluyendo temas no demandados o denunciados, impidiendo a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido; 3) La incongruencia por error, que se da cuando en una sola resolución se incurre en las dos anteriores clases de incongruencia, entendiéndose por tanto, que el órgano judicial, por cualquier tipo de error sufrido, no resuelve sobre los motivos del recurso, sino que equivocadamente lo hace sobre aspectos totalmente ajenos a los planteados, dejando sin respuesta las pretensiones del recurrente.” (sic).
La parte recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado identifica en el recurso, la no citación de los defectos de la Sentencia; empero, el recurso de apelación restringida fue planteado porque existió inobservancia y errónea aplicación del art. 51 de la Ley 1008, mencionando que fue procesado por un delito que no cometió y que la citada normativa condiciona que debe existir un dictamen de dos especialistas de un instituto de farmacodependencia público, situación que nunca aportó el Ministerio Público para este efecto; refiriendo además que en los tipos penales descritos por la Ley 1008, no admiten la aplicación de la figura de tentativa.
A efectos de ingresar al fondo de la problemática planteada, referida a defecto absoluto por falta de fundamentación conforme el motivo precedentemente señalado, se debe previamente analizar lo denunciado en el recurso de apelación restringida, por lo que corresponde señalar los aspectos denunciados por el recurrente los cuales son los siguientes:
En apelación restringida refirió que el Tribunal a quo determinó que no ha sido demostrada la acusación fiscal por el delito de Suministro de Sustancias Controladas; sin embargo, el propio Tribunal incongruentemente lo declara culpable por el mismo delito, pero en grado de tentativa, más aún cuando la imputación provisional es por el delito de Consumo y Tenencia, juzgándole por un delito que no cometió. Tampoco se habría comprobado que es vendedor o traficante de estupefacientes. Concluyendo que, al no existir congruencia entre la acusación y la Sentencia, por adolecer de motivación y fundamentación, la misma debe ser revocada.
A tal efecto, el Auto de Vista impugnado refirió que en relación al motivo invocado y analizado que, el recurrente no cita en ninguna parte los defectos de la Sentencia conforme el art. 370 del CPP, limitándose a citar el defecto sin especificar cuál es la norma sustantiva u objetiva erróneamente aplicada. Cita una norma presuntamente violada pero el fundamento es distinto. Concluyendo que este reclamo es incongruente e incumple con la fundamentación que le obliga el art. 408 del CPP, con relación al art. 398 del mismo cuerpo normativo y disponiendo la admisibilidad del recurso en la forma, pero su improcedencia en el fondo.
Al respecto, analizado este motivo de casación y verificado lo denunciado en apelación restringida con lo resuelto por el Tribunal de alzada, se puede concluir que es evidente la falta de debida fundamentación en que incurrió este último al resolver el agravio denunciado, tomando en cuenta que el Auto de Vista impugnado admite el motivo del recurso; pero, en su fundamentación refiere que el recurrente habría incumplido con los requisitos de forma exigidos por el art. 408 del CPP y omitiendo resolver sobre la problemática denunciada, incongruencia que manifiesta la insuficiencia en la motivación y fundamentación que sostengan su decisión sobre este motivo de impugnación, considerando que los argumentos del motivo de apelación restringida objeto de análisis hicieron referencia a reclamos específicos, la inobservancia y errónea aplicación del art. 51 de la Ley 1008, por procesamiento de un delito no cometido y observando de la Sentencia que en los tipos penales descritos por la Ley 1008, no admiten la aplicación de la figura de Tentativa.
Sobre todos estos reclamos el Tribunal de alzada, refiere indebidamente que no se habrían cumplido los requisitos formales de interposición del recurso de apelación restringida, a pesar de disponer su admisión y omite resolver sobre el fondo del motivo denunciado, incongruencias de sus partes considerativas y dispositivas que han generado duda sobre la decisión asumida por el Tribunal de alzada y que se ve reflejando en el reclamo que presenta el recurrente en esta instancia casacional.
Esta decisión judicial se funda en razonamientos contrarios a los expresados en el punto III.2. del preste fallo, siendo evidente en el Auto de Vista impugnado la falta de congruencia interna, debido a que el Tribunal de alzada omite expresar de forma coherente todos los argumentos considerativos entre sí y de éstos con la parte resolutiva; es decir, que en contrario al razonamiento expresado en el punto III.1. de la presente resolución, del análisis efectuado de la fundamentación del Auto de Vista impugnado se advierte que el Tribunal de alzada reemplazó una debida fundamentación por una simple alusión de que no se cumplieron los requisitos formales de interposición del recurso de apelación restringida a pesar de haber sido admitido, omitiendo dar una respuesta expresa, clara, completa, legítima y lógica a cada una de las denuncias desarrolladas en el motivo que superó el filtro de admisión, omitiendo considerar los hechos descritos y su respectivo análisis jurídico, en directa transgresión de su derecho al debido proceso en su componente acceso a una resolución debidamente motivada y congruente, conforme los elementos configurativos desarrollados en Auto Supremo 199/2013 de 11 de julio.
En consecuencia, esta Sala Penal asume, con base al análisis efectuado sobre el Auto de Vista, que el Tribunal de alzada aplicó incorrectamente el art. 124 del CPP, por la indebida fundamentación emitida sobre la denuncia efectuada por el recurrente e insertos en el motivo en apelación restringida, desconociendo la doctrina legal aplicable desarrollada, razones bastantes que llevan a la Sala en aplicación del art. 419 y 420 del CPP dejar sin efecto al Auto de Vista impugnado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Erwin Santos Alcalá Córdova, cursante de fs. 125 a 126 vta.; y por consiguiente, con los fundamentos expuestos precedentemente y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 70/2017 de 6 de noviembre, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente resolución.

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