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Timestamp: 2019-12-14 13:30:31+00:00

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Los otros saqueos de Chile. Breve análisis del derecho a la alimentación en nuestro país
Valeria Campos Salvatierra*
Se ha utilizado estos días de revuelta y estado de emergencia en Chile, desde el Gobierno y la prensa, la noción de “saqueo” para señalar la práctica de ciertos grupos de la población que, de modo ilegal, se adueñan de recursos que son propiedad privada. La RAE define el saqueo como un “apoderarse violentamente de lo que se halla en algún lugar”. Es interesante que, además, los saqueos mejor reconocidos como tales sean a los supermercados, grandes tiendas normalmente dispuestas es varias sucursales que son la cara visible de uno de los negocios más rentables de la configuración actual del mercado: el retail. Hemos visto, no sin cierta tendencia amarillista, cómo arden en plena televisión abierta los Líder, Jumbo, Santa Isabel, Unimarc y Tottus de todo Chile. Lugares donde se comercializan sobre todo alimentos y otros bienes propios de las economías domésticas, estas cadenas tienen su momento de origen en el Chile de 1959, con la apertura del primer Almac en la comuna Providencia en Santiago. Desde entonces, el supermercado ha ocupado un lugar central en las vidas de las chilenas y chilenos, convirtiéndose en el lugar de abastecimiento preferido, por sobre el clásico almacén de barrio, la pulpería e incluso las ferias libres. Que lo que primordialmente se saquee sean estos lugares de acopio a granel y venta al por menor de multitud de productos de consumo doméstico es, sin duda, simbólico en muchos aspectos.
Al mismo tiempo, aunque con una potencia retórica de otra naturaleza, también se ha hablado desde la ciudadanía de otros “saqueos”: esta vez para referir al actuar corrupto de la clase política, en colusión estructural con los poderes económicos. Se han dado ejemplos concretos de estos saqueos, como la elusión de empresas “zombies” (1996-2004), la colusión de los pollos (1996-2010), la colusión del papel higiénico (2000-2011), el caso Milico-Gate (2010-2014), Paco-Gate (2000-2019), el perdonazo del SII a Johnson’s (2012), la colusión de las farmacias (2007-2008), las evasiones de Penta (2009-2010), SQM (2010-2014), el caso Caval (2015)[1], entre otros hechos de similar naturaleza. Sin embargo, poco se habla de los saqueos políticos que han tenido como objeto directo a los recursos naturales alimentarios de todas las chilenas y chilenos, saqueos que además ocurren en nuestro país desde al menos 30 años. Quiero centrarme en este motivo para dar cuenta de cómo los alimentos han estado históricamente desprotegidos, cooptados en su valor por los mercados más excluyentes y las más salvajes leyes de la oferta y la demanda neoliberal. Esto los ha transformado en puros y simples bienes de consumo, cuestión que a pesar del paradójico hecho de que los alimentos son las cosas del mundo más estructuralmente determinadas para su consumición, pasa a llevar un derecho humano fundamental: el derecho a una alimentación adecuada.
Estos saqueos políticos a nuestros alimentos son manifiestos en numerosas prácticas legislativas y administrativas. Desde cuestiones generales y transversales, como el problema de regulación de propiedad de las aguas que ha puesto a Chile en la mira del mundo con “el caso paltas” bajo el titular “El aguacate que llega a Europa seca a Chile”[2]; hasta la problemática y corrupta Ley de pesca y acuicultura y la amenaza aun “fantasma” de la Ley de protección de obtentores vegetales, reforzada en el convenio internacional TPP-11. Volveremos sobre estos puntos. Aunque flagrantes en sí mismos, los saqueos políticos que estas disposiciones legales permiten son, en mi hipótesis, la consecuencia de un problema mayor: la falta de vínculo estructural e histórico entre alimentación y política en nuestro país.
Esta carencia ya era denunciada, por así decirlo, en Europa a partir del siglo XIX. En efecto, en 1825 Jean Anthelme Brillat-Savarin –considerado el “primer gastrónomo”– afirmaba: “De cómo las naciones se alimentan, depende su destino”[3], reconociendo así todo el peso político que tiene la alimentación en pocas y precisas palabras. Así también lo visibilizaba Ludwig Feuerbach con la publicación de La ciencia natural y la revolución (Die Naturwissenschaft und die Revolution) en 1850. Ahí, se trataba de reconocerle a la alimentación el rol fundamental que tiene en la vida de las personas y, por tanto, la importancia fundamental del comer para cualquier lucha política. “El hombre es lo que come” (Der Mensch ist was er isst, dice la consigna en su idioma original, articulada en torno a la rima entre “es” –ist– y “come” –isst)[4], cuestión que hace del comer un acto no solo biológico, sino además un hecho social, antropológico, político, económico y hasta ontológico fundamental.
Sin embargo, la alimentación no ha logrado revestirse de una significación política sólida y permanente en nuestra cultura. Comer ha sido doblemente reducido: a un acto de supervivencia casi transparente para la praxis política, a la vez que ha obtenido cierta relevancia social solo de su vinculación con el ocio, la festividad y el placer desinteresado políticamente. Esto último se acentúa con la configuración de un sector productivo altamente elitista llamado hoy gastronomía. Pero la noción de gastronomía tiene un origen distinto: fue acuñada por el mismo Brillat-Savarin y definida como una ciencia que estudia al ser humano en cuanto ser que se alimenta[5], obteniendo su importancia y dignidad como saber justamente de la profundidad con que la alimentación se imbrica en la praxis humana, y de su incalculable impacto en diferentes ámbitos de nuestro quehacer[6]. Pero dado las reducciones antes mencionadas, la gastronomía no ha logrado ser reconocida como una ciencia que pueda sentar bases para políticas públicas alimentarias. El reducir la gastronomía a un fenómeno elitista, marcado incluso por la frivolidad y la despreocupación ética, social y política[7], ha sido perjudicial para las naciones que buscan atender a la alimentación sin separar la economía de la subsistencia, por un lado, de la cultura y el bienestar, por otro.
En Chile, la situación política de la alimentación reproduce su marginación histórica del ámbito de los intereses de un estado de derecho. En primer lugar, constatemos que la alimentación no ha sido en nuestra legislación, desde el nacimiento de nuestra República, un tema relevante. No aparece nombrada en la constitución de 1980, que solo le da un reconocimiento implícito al internacionalmente reconocido “Derecho a la alimentación adecuada”. Este fue registrado primero en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Fue además reafirmado y apuntalado en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 en Roma, donde se llegó a su última formulación: “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre”[8]. En 1999 se le introduce una observación general que especifica y operacionaliza los conceptos utilizados en la formulación del derecho, establece obligaciones y violaciones, hace referencia a la necesidad de contar con una legislación marco, establece obligaciones internacionales, entre otras notas[9]. Aun así, para 2003 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) constataba que el derecho, sin bien consagrado en varias constituciones políticas a nivel global, no contaba en muchos casos con marcos legales que propiciaran su efectiva aplicación. Por ello, consideró la necesidad de entregar directrices más concretas a los estados firmantes del pacto, lo que se concretó un año después[10].
En Chile, el derecho a la alimentación solo aparece de modo implícito, a diferencia de los catorce países que sí lo consideran de modo explícito en América Latina y el Caribe[11]. En nuestra constitución política, el derecho se deriva del artículo 5, en el que se estipula que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana” y que “es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. También puede vincularse, nuevamente de modo indirecto, al artículo 19 que reconoce en sus incisos 1 y 9 “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona” y “el derecho a la protección de la salud”. Un caso de total contrapunto sería, por ejemplo, la Constitución boliviana de 2009, que no solo reconoce entre los derechos humanos fundamentales al derecho a la alimentación (Art. 16)[12], sino que además en su Título III, artículo 405 protege expresamente a los agricultores y pueblos originarios campesinos en vistas de dar énfasis a la “seguridad y soberanía alimentaria”[13].
Esta referencia constitucional indirecta, que en realidad es una flagrante omisión[14], no tiene consecuencias irrelevantes. Ha hecho que todas las políticas públicas asociadas a la alimentación sean hoy insuficientes para sostener la calidad de vida de una población que, si bien ha superado el hambre, no ha podido sobreponerse a la mal nutrición. Muchas cifras dan cuenta de ello, y no me centraré en este artículo en numerarlas[15]. Pero sí es necesario que resumamos brevemente en qué ámbitos operan estas políticas, a partir de una revisión de lo que la FAO llamaba en su observación al derecho a la alimentación y que se encuentra a su vez reforzado en el documento sobre las Directrices, “ley marco” o “marco legal de referencia”. Se trata de un “instrumento básico de aplicación de la estrategia nacional para el derecho a la alimentación”, el conjunto de las leyes y normativas generales que lo sostienen concretamente en Chile. Normalmente, este conjunto enfatiza aquellas disposiciones que más directamente tienen que ver con la nutrición y la salud pública. Sin embargo, en mi hipótesis, estas políticas tienen un enfoque mucho más amplio, y están primariamente referidas al ámbito del desarrollo económico, vía una promoción de la actividad agropecuaria, acuícola y pesquera, cuyo fin directo es la producción/extracción de gran escala con énfasis en la exportación de materias primas. Solo luego encontramos aquellas referidas a la salud pública, en dos principales líneas de acción: la inocuidad alimentaria y el manejo de los problemas nutricionales de la población. El primer grupo de políticas se agruparon en su génesis bajo la consigna “Chile, potencia alimentaria”, que intenta posicionar a nuestro país como uno de los agentes nacionales más poderosos a nivel mundial, en lo que a variedad y “calidad” de productos se refiere, de modo de fomentar el desarrollo económico[16]. Estas políticas han adquirido progresivamente mayor peso dentro de la normatividad sobre alimentos en nuestro país, justamente en la medida en que impulsan la actividad económica en general, aunque no necesariamente aseguran un mejoramiento de nuestro modo de alimentarnos[17]. Además, la derivación del atributo de “calidad” del alimento de cuatro variables básicas –1) la inocuidad alimentaria y 2) las características nutricionales, 3) organolépticas y 4) comerciales– tiende a reducir la complejidad de elementos que influyen en el criterio de validez sobre lo que es “bueno” en alimentación.
Respecto al segundo grupo de políticas, las más fuertemente desarrolladas son las de inocuidad alimentaria[18], pues influyen además directamente en el desarrollo del primer grupo que, como señalábamos, ostentan jerarquía normativa. Y aunque deseable, la inocuidad alimentaria como mecanismo político-sanitario que asegura la disminución y el control de patologías asociadas a la alimentación, tiende hoy a ser excesivamente limitante[19]. Respecto de las políticas orientadas a la mejor nutrición de la población, la transformación del problema de la desnutrición en “epidemia” de obesidad, ha planteado desafíos que no parecen estarse manejando en toda su complejidad. La ley 20.670 que crea el sistema “Elije vivir sano” de 2013[20], y la ley 20.606 2012 sobre la composición nutricional de los alimentos y su publicidad (ley de etiquetado o de “los sellos”)[21], sin duda aportan a la concientización de la población sobre el impacto que tiene en su salud el modo de alimentarse, pero operan sobre la clausura de la discusión en los límites de la composición de los alimentos a nivel de macronutrientes, cayendo peligrosamente en lo que ha sido llamado peyorativamente “nutricionismo”[22].
En cualquier caso, y más allá de cada una de estas disposiciones por separado, la implementación de una ley marco que es exigida por el reconocimiento del derecho a la alimentación, tiene como fin último la cohesión y articulación de todas las políticas públicas y leyes existentes mediante disposiciones generales que debiésemos encontrar en solo un cuerpo legal fundamental. Mientras esto no se dé, seguiremos teniendo en Chile políticas alimentarias inconexas y dispersas en diferentes textos, cuestión que impide aunar fuerzas cuando se trata de resistir a los avasalladores saqueos neoliberales.
Los saqueos históricos
La insuficiencia que se concluiría de un análisis detallado de cada una de estas disposiciones legales en sin duda tema para un trabajo de largo aliento. Solo podemos sobrevolar, a partir de algunos breves abordajes, problemas hoy de altísima gravedad y amenaza para la alimentación de los chilenos, especialmente en relación con ciertas disposiciones legales. Últimamente, ha tenido mucha tribuna el llamado “caso paltas”, que en realidad es un problema de propiedad sobre las aguas para uso agrícola. Este problema remite a la Constitución de 1980, que permite vender, arrendar o especular con este recurso básico. En su artículo 24 consigna que “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”, instancia que contradice e incumple la resolución de Naciones Unidas de 2010 nº 64/292, donde se reconoce el acceso al agua potable como un derecho humano. El documento de Asesoría Parlamentaria del 13 de abril de 2018, “Mercado del agua en Chile e inscripción y transacciones de los derechos de aprovechamiento de aguas”, señala que:
En Chile, la gestión de los recursos hídricos opera en base a un modelo de mercado, regulado por el Código de Aguas de 1981. El citado marco regulatorio se basó en la idea de que el acceso al agua es un bien económico, cuya asignación se gestiona más eficientemente a través de los derechos de propiedad privada, precios y mercados. Tales derechos privados sobre el agua pueden ser adquiridos a través de una “acción administrativa” de la Dirección General de Aguas (DGA) o ser comprados a través del mercado del agua[23].
Al menos desde 2015, se tiene registro de demandas por intervención ilegal de los ríos Petorca y La Ligua en la región de Valparaíso, situación que progresivamente desde 1997 ha dejado a numerosos agricultores sin agua para riego[24]. Pocos días antes del estallido social del 17 de octubre de 2019, el día 13, la prensa local informaba que las comunas de Limache, Hijuelas y la Calera pedían intervención del Estado en el conflicto de aguas del río Aconcagua por extrema sequía, y la necesidad de generar turnos de riego para abastecer a los pequeños y medianos agricultores[25]. Estas situaciones de sequía y la necesidad de distribuir el uso de aguas, llevaron a los agricultores de la zona, en vínculo con el “Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente”, a culpar a la gran industria de la palta, que desde hace casi 20 años produce mediante monocultivos el fruto, principalmente para su exportación a Europa y China. El reportaje antes citado, publicado en El País de España, generó tensiones por la constatación de que cada kilo de palta necesita unos 2.000 litros de agua, información que se suma a la evidente sequía de los dos ríos que riegan la provincia y a la sistemática eliminación del bosque nativo con el fin de instalar plantaciones. Como se esperaba, los grandes productores agrupados en el Comité de Paltas entregaron una declaración pública que desmiente muchas de estas informaciones y, como siempre en el discurso empresarial, pone énfasis en la generación de empleos en la región[26]. Asimismo, circula en Netflix una serie documental[27] en la que protagonistas de lo que se denomina una verdadera “guerra”, hablan de un “cartel de las paltas” en Chile, que se ha dedicado a “robar” agua para las grandes plantaciones mediante canales subterráneos. Mientras tanto, las aguas de la zona van y vienen, manteniéndose la impunidad por falta de investigaciones sustanciales, sin que pueda ser efectivamente garantizado el acceso a las aguas y consideradas un bien público.
Una ley especialmente problemática, y que es parte del primer grupo de políticas que citábamos, es la polémica Ley de pesca y acuicultura nº 20.107 de 2013. La periodista Nancy Guzmán dio con el mejor título para su investigación sobre los casos de corrupción en torno a la larga historia de propuesta, creación, tramitación y modificación de esta ley en nuestro país: “El saqueo al mar”[28]. Porque, en efecto, esta ley no solo es el efecto de una carencia de legislación sobre los recursos alimentarios en Chile, sino que constituye uno de los casos más flagrantes en que la corrupción y el cohecho se han hecho presentes en un procesos legislativo: desde la creación de su primera versión en 1989, las presiones de corporaciones familiares sobre parlamentarios, en pugna económica con el sector artesanal, se montaban sobre una nula protección de especies marinas endémicas de nuestras costas. Si bien en la modificación de 2001 introduce un límite máximo de captura por embarcación, este no se estableció de acuerdo al estado biológico de los recursos, sino mediante cuotas históricas y capacidades de almacenaje. Esto no solo afectó el trabajo de los pescadores artesanales, sino que también y de modo sustancial a la biomasa marina en su totalidad. Sólo se introduce la necesidad “urgente” de contar con comisiones científicas de asignación de cuotas de pesca en la última modificación de 2013. Sin embargo, el trabajo de estas comisiones es totalmente insuficiente respecto de la biodiversidad de nuestros recursos, pues una parte importante de ellos no cuenta con regulación alguna hasta la fecha –entre ellas, la hoy tan consumida reineta–. Todo esto, sumado a las artimañas más ilegales que mediante corrupción manifiesta terminaron en la aprobación de las Cuotas Individuales Transferibles (CIT) renovables anualmente, cuestión que entrega la mayor parte de los derechos de pesca a las famosas siete familias permitiéndoles además transferir dichos derechos mediante su venta o simple traspaso, despojando completamente al Estado chileno de su propiedad sobre el mar de nuestras costas. Entregar estos derechos sobre la base del añejo argumento de la creación de trabajos y aumento de la inversión es un abuso que además de ser falaz tiene como consecuencia la casi total depredación actual de nuestros recursos marinos[29].
Un tercer caso que nombraba, el resguardo del derecho de propiedad intelectual sobre especies vegetales, aun no tiene grandes impactos en nuestro país, pero es sin duda una amenaza para el patrimonio alimentario genético de nuestro territorio. Con la ratificación en 2011 del acuerdo internacional UPOV 1991 sobre protección de obtenciones vegetales, y con la eminente entrada de Chile en el TPP-11 –que permitiría modificar la ley 19.342 de 1994, basada en el UPOV de 1978– se corre el riesgo de que una especie nativa e incluso endémica, o una creada por campesinos o agricultores pequeños que no han tramitado su propiedad intelectual sobre tal semilla, pueda entrar en la categoría de “nueva” especie y pueda ser sujeto de protección por parte de un tercero[30]. Esto afecta tanto a los campesinos que, desde ese momento tendrían que pagar patentes por el uso de semillas tradicionales, como a la biodiversidad del territorio nacional y así a todos los chilenos. Aun cuando el tratado en cuestión significa un riesgo en este sentido, el verdadero peso se lo lleva la total falta de legislación en temas de protección patrimonial genético vegetal –y comestible–. Así se consigna expresamente en la Estrategia nacional de biodiversidad 2017-2030 creada por el actual Ministerio del medio ambiente:
Aún queda mucho camino por recorrer, en el ámbito de la conservación de la biodiversidad genética. En efecto, el acceso a nuestra riqueza genética nativa, para aprovechar sus beneficios de manera justa y equitativa, no está suficientemente regulado y tampoco existen suficientes salvaguardas de la diversidad genética frente al ingreso, reproducción o tránsito por el país de organismos genéticamente modificados, pese a los avances en estas materias a nivel internacional, a través de los Protocolos de Nagoya y de Cartagena, apéndices del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), los que aún no han sido ratificados por Chile[31].
Hasta que no existan leyes firmes sobre protección de biodiversidad de recursos naturales que son además alimentos, el derecho a la alimentación de las futuras generaciones de nuestro país se verá fuertemente vulnerado. La introducción de la agricultura industrial con la creación en 1964 del INIA como organismo de investigación científica y tecnológica al servicio de la “revolución verde” iniciada en México en 1943, ya ha sido causante de la escaza producción y comercialización de cientos de especies vegetales, cuestión que nos deja a un paso de la extinción y de la pérdida significativa de la biodiversidad. La desregulación que sufre nuestro mar y sus recursos ya tiene efectos en este sentido que ha dejado nuestras mesas sin valiosos recursos de valor patrimonial y cultural: sin lenguado, sin bacalao (mero), sin merluza, entre otras especies tradicionalmente muy apreciadas por las chilenas y chilenos.
Existen numerosos indicios actuales de que la alimentación sí es una praxis política, y que es necesario con urgencia darle relevancia en todo cuerpo legal y en todo discurso social. Como señala Paul Ariès, “no es tanto la comunidad la que se cierra alrededor de su fuego (feu), como este hogar (foyer) común lo que crea la comunidad; de la misma manera que no es la comunidad la que comparte un banquete, sino que es el banquete el que crea la comunidad en términos políticos”[32]. La configuración de la comunidad, no solo de hecho sino también simbólicamente, a partir de la convivialidad es algo que no puede ser tan fácilmente refutado[33]. Habría que hacer una extensa historia política de la alimentación para traer más casos de este hecho a la palestra. Pues lo cierto que es que desde la misma prehistoria podemos hablar de políticas alimentarias[34].
La cuestión hoy en todo el mundo, pero también y con cierta urgencia en Chile, es saber cómo dar el correcto peso político a la alimentación. Siguiendo nuevamente a Ariès, en nuestro siglo el principal desafío no ha sido la conquista espacial, sino “saber cómo alimentar a 8 millones de humanos sin destruir los ecosistemas” [35]. Este problema de acceso a la comida ha sido tratado también en ciertos contextos teóricos bajo el nombre de gastropolítica, término acuñado por Arjun Appadurai en 1981, y que es definido como “el conflicto o competencia sobre recursos culturales o económicos específicos que emerge en las transacciones sociales concernientes a la comida”[36]. Si la pregunta no es solo si la alimentación tiene cariz político sino cómo lo tiene, podemos ya considerar que el espectro en el que el devenir político de la comida se mueve es bastante amplio y complejo. En este trabajo, mi intención era dar una mirada rápida a ciertos ejemplos de política alimentaria en Chile que son los que hoy tienen a la comida sumida también en una crisis social de grandes proporciones. Crisis que perfectamente podemos atribuir a un saqueo político que lleva operando en Chile más de cinco décadas y que no dudemos que tiene y seguirá teniendo gran impacto en nuestra vida cotidiana. Pues, aunque quizás el hambre no vuelva, gracias a las tecnologías de la producción industrial de alimentos, nos dejará ciertamente sin la comida del pasado. Comida que no es solo valiosa por su carácter tradicional y patrimonial, sino ante todo porque es comida, y no solo “un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos”[37]. El futuro, tal como amenaza hoy, es de la comida procesada. Cambiar este futuro depende de detener hoy los saqueos a los recursos naturales, y la forma más inmediata podría ser introducir, como en la constitución boliviana, la necesidad de contar a nivel constitucional con una declaración fuerte sobre nuestra soberanía alimentaria. Pues una declaración sobre ella implica no solo pretender disponer suficientemente y distribuir correctamente comida adecuada para la población, sino también cuestionar fuertemente las relaciones de poder que se concentran en distintos eslabones de la cadena alimentaria, el comercio internacional de alimentos, el monopolio de medios de producción, el acceso a la información y, en última instancia, la arraigadísima y peligrosa creencia de que los alimentos no son más que meras mercancías[38].
* Profesora auxiliar del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile. Doctora en filosofía e investigadora del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología de Chile, FONDECYT. Ha publicado artículos sobre el pensamiento de Emmanuel Levinas, Jacques Derrida, Walter Benjamin, Michel Foucault, Eric Weil, Adam Smith, entre otros, con foco en la ética y su relación con cuestiones fenomenológicas, discursivas y epistemológicas. Es autora de los libros Violencia y fenomenología. Derrida entre Husserl y Levinas (Santiago: Metales Pesados, 2017), Transacciones peligrosas. Economías de la violencia en Jacques Derrida (Santiago: Pólvora, 2018), y Comenzar por el terror. Ensayos sobre filosofía y violencia (Buenos Aires: Prometeo –en prensa para 2019). Actualmente, su investigación se centra en desentrañar las funciones epistemológicas y las consecuencias ético-políticas de la metáfora alimentaria en el discurso filosófico.
[1] Diego Alonso Bravo, “La cifra de la indignación: Académico calcula en más de cuatro mil millones de dólares las pérdidas que sufrió el Estado en beneficio de unos pocos”, El Desconcierto, 20 de octubre de 2019. Consultado en noviembre de 2019, disponible en https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/20/la-cifra-de-la-indignacion-academico-calcula-en-mas-de-cuatro-mil-millones-de-dolares-las-perdidas-que-sufrio-el-estado-en-beneficio-de-unos-pocos/.
[2] Meritxell Freixas, “El aguacate que llega a Europa seca Chile”, El País, 22 de marzo de 2019. Consultado en noviembre de 2019, disponible en https://elpais.com/elpais/2019/03/21/planeta_futuro/1553160674_048784.html?id_externo_rsoc=FB_CM.
[3] Jean Anthelme Brillat-Savarin, La fisiología del gusto. Meditaciones sobre gastronomía trascendental (Barcelona: Óptica, 2011).
[4] Ludwig Feuerbach, Die Naturwissenschaft und die Revolution. Gesammelte Werke Ed. by Schuffenhauer, Werner. BAND 10. Kleinere Schriften III (1846-1850).
[5] Brillat-Savarin, La fisiología del gusto, 40; Carlo Petrini, Bueno, limpio y justo. Principios de una nueva gastronomía (Madrid: Polifemo, 2007), 65.
[6] No es imprecisa la consigna popular que dice que “comer es un acto cultural”: ya que trasciende las funciones biológicas de supervivencia y que es fuente continua de significados, valores, redes afectivas y formas de cooperación, además de componer la matriz básica de la economía y siempre el mayor desafío para la política.
[7] Petrini, Bueno, limpio y justo, 50-51. En efecto, confundir la gastronomía sólo con una de sus disciplinas asociadas, la cocina, constituye también un error. El ars culinaria es sólo una parte de la gastronomía como ciencia humana centrada en la alimentación.
[8] El derecho a una alimentación adecuada (art. 11): 12/05/99. E/C.12/1999/5, CESCR OBSERVACION GENERAL 12. (General Comments). COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, 20º período de sesiones, Ginebra, 26 de abril a 14 de mayo de 1999.
[9] Observación General número 12, la noción de “derecho a la alimentación”, sobre la que señala lo siguiente: “El derecho a la alimentación adecuada debe interpretarse como un derecho dispuesto a atender tanto la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada; como el acceso a éstos de una forma sostenible”.
[10] Aprobado por los 187 Estados Miembros del Consejo General de la FAO, nace el documento Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, 2005). Consultado en noviembre de 2019, disponible en http://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/RTF_publications/ES/RightToFood_Guidelines_ES.pdf.
[11] Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela.
[12] Al señalar que “toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación y que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población”, Constitución Política del Estado de Bolivia. Consultado el 8 de noviembre de 2019, disponible en https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf.
[13] Sobre la noción de “soberanía alimentaria”, se trata de un término acuñado por la FAO en conjunto con otras ONG’s. De acuerdo con The Six Pillars of Food Sovereignty, desarrollado en Nyéléni, 2007 (Food Secure Canada, 2012), la soberanía alimentaria descansa sobre seis pilares: 1. Se centra en alimentos para los pueblos: a) Pone la necesidad de alimentación de las personas en el centro de las políticas. b) Insiste en que la comida es algo más que una mercancía. 2. Pone en valor a los proveedores de alimentos: a) Apoya modos de vida sostenibles. b) Respeta el trabajo de todos los proveedores de alimentos. 3. Localiza los sistemas alimentarios: a) Reduce la distancia entre proveedores y consumidores de alimentos. b) Rechaza el dumping y la asistencia alimentaria inapropiada. c) Resiste la dependencia de corporaciones remotas e irresponsables. 4. Sitúa el control a nivel local: a) Lugares de control están en manos de proveedores locales de alimentos. b) Reconoce la necesidad de habitar y compartir territorios. c) Rechaza la privatización de los recursos naturales. 5. Promueve el conocimiento y las habilidades: a) Se basa en los conocimientos tradicionales. b) Utiliza la investigación para apoyar y transmitir este conocimiento a generaciones futuras. c) Rechaza las tecnologías que atentan contra los sistemas alimentarios locales. 6. Es compatible con la naturaleza: a) Maximiza las contribuciones de los ecosistemas; b) mejora la capacidad de recuperación; c) rechaza el uso intensivo de energías de monocultivo industrializado y demás métodos destructivos. Cf. Nyeleni 2007, Forum for Food Sovereignty. Consultado en noviembre de 2019, disponible en https://nyeleni.org/DOWNLOADS/Nyelni_EN.pdf; también Gustavo Gordillo y Obed Méndez, Seguridad y soberanía alimentaria. Documento base para la discusión (Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, 2013). Consultado el 8 de noviembre de 2019, disponible en http://www.fao.org/3/a-ax736s.pdf.
Sobre la noción de “seguridad alimentaria”, el documento de las Directrices dice lo siguiente: “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Los cuatro pilares de la seguridad alimentaria son la disponibilidad, la estabilidad del suministro, el acceso y la utilización”.
[14] Pues el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 fue suscrito por Chile en 1969 y promulgado por Augusto Pinochet mediante el Decreto nº 326 del 29 de abril de 1989.
[15] Cf., entre otros, el informe “Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe” (FAO/OPS, 2017). Consultado en noviembre de 2019, disponible en http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO-countries/Uruguay/docs/PANORAMA_2017.pdf.
[16] Cf. Pablo Villalobos, Álvaro Rojas y Michel Leporati, “Chile potencia alimentaria: compromiso con la salud y la nutrición de la población”, Revista Chilena de Nutrición 33 (2006), Suplemento Nº1.
[17] En la medida en que las normativas de estandarización de la producción son impuestas internacionalmente como barreras de exportación –por la Unión Europea o Estados Unidos, los principales socios comerciales de América Latina–, muchas veces no se cumplen a cabalidad para el consumo interno.
[18] Cf. “Inocuidad alimentaria”, Instituto de Salud Pública, Ministerio de Salud de Chile. Consultado en noviembre de 2019, disponible en http://www.ispch.cl/inocuidad-alimentaria.
[19] Los ejemplos más claros los hallamos en políticas impulsadas en períodos de emergencias sanitarias, y que hoy no sólo han perdido su valor, sino que limitan fuertemente otras dimensiones del desarrollo de la alimentación. Nos referimos a políticas como las referidas a la pasteurización de la leche, que obliga a acabar con ciertas prácticas artesanales que aportaban elementos fuertemente relacionados con el patrimonio, la sustentabilidad y rentabilidad de los productos lácteos (Cf. http://www.sernac.cl/wp%E2%80%90content/uploads/leyes/decreto/ds_977%E2%80%9096_reglamento_alimentos.pdf). O podemos considerar también las disposiciones respecto del índice de yodamiento de la sal de mar para consumo humano, impulsadas en plena epidemia del bocio en los años 60 (http://www.sernac.cl/wp-content/uploads/leyes/decreto/ds_977-96_reglamento_alimentos.pdf).
[20] La creación del Sistema Elige Vivir Sano tiene como objetivo generar hábitos y estilos de vida saludables y prevenir y disminuir los factores y conductas de riesgo asociadas a las enfermedades no transmisibles derivadas de hábitos y estilos de vida no saludables. El sistema implementa las siguientes acciones: 1) fomento alimentación saludable mediante medidas de información, educación y comunicación de hábitos y practicas saludables; 2) promoción de prácticas deportivas, actividades al aire libre, desarrollo familiar, recreación y manejo del tiempo libre. (http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1051410).
[21] Ver https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1041570.
[22] Ver Michael Polland, In Defense of Food. An Eater’s Manifesto (Nueva York: Penguin, 2008), 29-40.
[23] “Mercado del agua en Chile e inscripción y transacciones de los derechos de aprovechamiento de aguas”, Asesoría Técnica Parlamentaria, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 13 de abril de 2018. Consultado en noviembre de 2019, disponible en https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=130134&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION.
[24] “Apareció el agua en la provincia de Petorca y ya se constató una intervención del río”, Soy Chile, 1 de diciembre de 2015. Consultado en noviembre de 2019,disponible enhttps://www.soychile.cl/Quillota/Policial/2015/12/01/361472/Aparecio-el-agua-en-la-provincia-de-Petorca-y-ya-se-constato-una-intervencion-del-rio.aspx.
[25] Camila Rojas Vargas, Limache, Hijuelas y La Calera solicitan intervención del Río Aconcagua para asegurar turnos de riego a sus agricultores, Soy Quillota, 13 de octubre 2019. Consultado en noviembre de 2019, disponible en https://www.soychile.cl/Quillota/Sociedad/2019/10/13/619798/Limache-Hijuelas-y-La-Calera-solicitan-intervencion-del-Rio-Aconcagua-para-asegurar-turnos-de-riego-a-sus-agricultores.aspx.
[26] La declaración del comité fue la siguiente: «El Comité de Paltas Hass lamenta esta información errónea e incompleta que desprestigia a un producto y a una industria sustentable que genera más de 19 mil empleos directos en la Región de Valparaíso y beneficia directamente a 53.730 personas” (“Productores de palta reaccionan a reportaje de El País que los acusa por la sequía: “desprestigia a un producto y a una industria sustentable”, El Mostrador, 22 de marzo 2019. Consultado en noviembre de 2019, disponible en https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/03/22/productores-de-palta-reaccionan-a-reportaje-de-el-pais-que-los-acusa-por-la-sequia-desprestigia-a-un-producto-y-a-una-industria-sustentable/).
[27] Se trata de Rotten, el primer capítulo de su segunda temporada, “La guerra del aguacate”.
[28] Nancy Guzmán, El saqueo al mar. Una historia sobre la destrucción y capitalización de los recursos naturales chilenos (Santiago: Editorial Planeta, 2019).
[29] Tomando solo el caso de los peces que se extraen por actividad pesquera (excluyendo los de cultivo): según informa la Subsecretaría de Pesca, siete se encuentran agotados, uno subexplotado, cinco sobreexplotados (incluida nuestra merluza común, que aparecía agotada en 2015), cuatro en plena explotación y siete no están sujetos a regulación (entre ellos, la hoy famosa reineta). Cf. “Peces”, Subsecretaría de Pesca, Gobierno de Chile, consultado el 8 de noviembre de 2019, http://www.subpesca.cl/portal/616/w3-propertyvalue-618.html.
[30] El convenio entrega cuatro criterios para la patentación de una especie vegetal: que sea nueva, distinta, homogénea y estable. En su artículo 6, describe la novedad como sigue: “La variedad será considerada nueva si, en la fecha de presentación de la solicitud de derecho de obtentor, el material de reproducción o de multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros de otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, a los fines de la explotación de la variedad”. En el artículo 7, sobre la distinción, dice: “Se considerará distinta la variedad si se distingue claramente de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida. En particular, el depósito, en cualquier país, de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para otra variedad o de inscripción de otra variedad en un registro oficial de variedades, se reputará que hace a esta otra variedad notoriamente conocida a partir de la fecha de la solicitud, si ésta conduce a la concesión del derecho de obtentor o a la inscripción de esa otra variedad en el registro oficial de variedades, según el caso”. La pregunta es, ¿qué significa que una variedad sea “notoriamente conocida”? En Chile, según cifras del Ministerio del Medio Ambiente, solo el 25% de la flora nativa se encuentra conservada en bancos de semillas, lo que da para pensar que cualquier semilla perteneciente al 75% restante puede ser objeto de patentación si no es “notoriamente conocida”. Cf. Unión Internacional para la Protección de las Especies Vegetales, “Convenio internacional para la protección de las especies vegetales”, (UPOV, Ginebra, 1991). Consultado en noviembre de 2019, disponible enhttps://www.upov.int/upovlex/es/conventions/1991/act1991.html#P360_22348.
[31] Ministerio del Medio Ambiente, Gobierno de Chile, “Estrategia Nacional de biodiversidad 2017-2030”. Consultado en noviembre de 2019, disponible en https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/03/Estrategia_Nac_Biodiv_2017_30.pdf, 26.
[32] Paul Ariès, Une histoire politique de l’alimentation. Du paléolithique à nos jours (París: Max Milo, 2016), 14.
[33] Basta recordar la enorme familia de fieles de la comunidad cristiana congregadas en torno a la “partición del pan” como cuerpo de Cristo.
[34] Ariès, Une historie politique de l’alimentation, 14 y siguientes.
[35] Ibíd., 12
[36] Arjun Appadurai, “Gastro‐politics in Hindu South Asia”, American Ethnologist 8 no. 3 (1981).
[37] En su Disposición no. 6, la Observación General no. 12 al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala expresamente: “El derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos”. “Observación general nº12: el derecho a una alimentación adecuada (artículo 11)”, Red-DESC. Consultado en noviembre de 2019, disponible en https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-12-derecho-una-alimentacion-adecuada-articulo-11.
[38] En efecto, siguiendo a Gordillo y Méndez (ibíd.,), el concepto de soberanía alimentaria no es neutro en términos de relaciones de fuerza. Ella implica un cuestionamiento del modelo político y económico imperante en una sociedad, y la necesidad de contar con una democracia robusta. Además, privilegia enfáticamente modos de producción agrícolas de pequeña escala, locales y sostenibles (mientras que el de seguridad tiende a una integración de agricultura a pequeña escala, agricultura industrial y agricultura biotecnológica).

References: artículo 5
 artículo 19
 artículo 405
 artículo 24
 resolución 
 artículo 6
 artículo 7