Source: http://www.elderecho.com/foro_legal/mercantil/Liquidacion-societaria-tutela-judicial-efectiva_12_867435002.html
Timestamp: 2017-08-18 08:48:04+00:00

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Consecuentemente, la resolución judicial que declara procedente, por concurrir causa para ello, la disolución societaria, no hace otra cosa que reconocer el derecho subjetivo material de nueva configuración jurídica que, ante esas circunstancias, poseen los administradores, los socios o cualquier interesado, derecho de obtener un pronunciamiento de modificación jurídica de la situación sobre la que se opera y que se traduce en el caso de la pretensión disolutoria, no en la extinción inmediata de la sociedad sino en la apertura de un proceso de extinción que se inicia, propiamente, con el proceso de liquidación, coetáneo a la propia declaración disolutoria (art 371-1º LSC -EDL 2010/112805- durante el cual la sociedad “en liquidación” mantiene su personalidad -art
371-2º LSC-) al punto que incluso en determinadas condiciones –art 370 LSC- es susceptible de retorno o reactivación a la sociedad disuelta.
Es cierto que la mera declaración del estado de disolución de la sociedad puede resultar insuficiente para la definitiva extinción de la sociedad. Sin duda, el proceso liquidatorio que se apertura requiere de determinados actos, legalmente establecidos, que implican actividad. Y la primera es –con la excepción del ámbito concursal- la de designación de liquidadores, que como bien se conoce, sustituyen a los administradores (art 374 y 375 LSC -EDL 2010/112805-, haciendo la ley societaria recaer sobre ellos la activación y desenvolvimiento del proceso liquidario atribuyéndoles facultades conservatorias y de gestión social, de liquidación propiamente dicha, de reparto y adjudicación, de representación y, por supuesto, deberes.
Ello explica que en la regulación de la disolución judicial de sociedades regulada en la Ley 15/2015 de jurisdicción voluntaria -EDL 2015/109914- contemple entre los acuerdos a adoptar en la resolución judicial de conclusión del expediente, el de la designación de los liquidadores y la remisión del testimonio de la resolución al Registro Mercantil para su inscripción –art 128-2 LJV-, adelantando el cumplimiento de lo dispuesto en el art 369 LSC -EDL 2010/112805-.
Y el cumplimiento del único pronunciamiento de la Sentencia debería obtenerse por los cauces previstos en el artículo 521.2 LEC -EDL 2000/77463-, esto es, “mediante su certificación y, en su caso, el mandamiento judicial oportuno”, cumpliéndose con lo establecido en el artículo 369 LSC -EDL 2010/112805- que dispone que “la disolución de la sociedad se inscribirá en el Registro Mercantil”.
Sin embargo, pueden darse casos en que la aplicación de lo dispuesto en el artículo 376 LSC -EDL 2010/112805- conduzca a situaciones irresolubles, como cuando el bloqueo de los órganos sociales impida la designación de liquidadores según lo previsto en los Estatutos.
Que esto es posible lo ha considerado la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña de 17 de abril de 2013 -EDJ 2013/79857- que contempla un supuesto como el que acabamos de mencionar, pronunciándose del siguiente modo: “citábamos precisamente en la fundamentación jurídica de nuestra sentencia de 26 de febrero de 2010 la dictada por la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2007, que permitió igualmente, en el caso de bloqueo, proceder a la designación judicial del liquidador judicial, supliendo el Tribunal, la posibilidad de los socios de alcanzar un acuerdo al respecto, considerando incluso que una negativa injustificada conforma un abuso de derecho, razonando dicha resolución: ‘nos hallamos ante una actitud imputable de bloqueo de la Junta, incursa en fraude por el resultado torticero perseguido’. Por otra parte debe ponerse de relieve la transcendencia de las operaciones de liquidación, que van dirigidas a la determinación de la existencia o inexistencia de un remanente de bienes repartibles entre los socios, para, previa satisfacción de los acreedores sociales, proceder, en su caso, a su reparto (S. 3 julio 2003), por lo que su finalidad de ‘protección de los intereses contrapuestos de los socios y los acreedores sociales’ (S. 15 julio 2003) exige procurar, dentro de lo posible que se efectúe por personas capacitadas y dotadas de las condiciones de objetividad e imparcialidad. De ahí que, como ocurre en el caso, cuando la previsión estatutaria es someter la designación de los administradores a la Junta de la sociedad, la falta de la mayoría al efecto, deba ser sustituida por la designación judicial”.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 521
 artículo 369
 artículo 376