Source: https://tc.vlex.es/vid/ra-p-143891
Timestamp: 2018-11-16 05:08:03+00:00

Document:
STC 91/2000, 30 de Marzo de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 143891
Número de Recurso: 3868/1998
RA 3868/98. Promovido por don Domenico P. frente al Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que declaró procedente su extradición a Italia para cumplir condena de reclusión perpetua, por delitos de asesinato y otros. Supuesta vulneración de los derechos a no sufrir indefensión, a la prueba, a la igualdad en la aplicación de la ley, y a no sufrir penas inhumanas o degradantes; vulneración del derecho a la defensa: extradición para cumplir penas de prisión por delitos muy graves, impuestos en juicio celebrado en ausencia del acusado, sin posibilidad de impugnación ulterior que le permita estar presente. Votos particulares.
Sentencia citada en: 1247 sentencias, 65 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, 7 resoluciones administrativas, 2 noticias
En el recurso de amparo núm. 3868/98, interpuesto por don Domenico P. , representado por la Procuradora de los Tribunales doña Belén Aroca Flórez, y bajo la dirección del Letrado don José-Miguel Garrido Maestre, contra el Auto 49/1998 del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de fecha 17 de julio de 1998, dictado en el expediente de extradición 35/1996, que desestimó el recurso de súplica formulado contra el Auto núm. 21/1998, de 4 de mayo de 1998, de la Sección Segunda de la misma Sala, que declaró procedente la extradición solicitada por la República de Italia. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Tomás S. Vives Antón, quien expresa el parecer del Tribunal.
Mediante escrito registrado en el Juzgado de guardia de Madrid el 21 de agosto de 1998 se interpuso el recurso de amparo que se ha dejado mencionado en el encabezamiento.
Por Nota verbal núm. 629, de 30 de diciembre de 1996, la Embajada de Italia en Madrid formuló solicitud de extradición de quien en este proceso es recurrente de amparo, nacido en San Lorenzo (Italia), por un total de once motivos, de los cuales nueve son órdenes de detención por imputación de delitos no juzgados (apartados 1 a 7 y 10 y 11 del informe del Ministerio Fiscal) y otros dos son órdenes para la ejecución de sentencias dictadas en ausencia del reclamado (apartados 8 y 9 del informe del Ministerio Fiscal). En estas últimas fue condenado a las siguientes penas: doce años, dos meses y quince días de reclusión y medida de seguridad de vigilancia especial de seguridad por un año, en el primero caso; en el segundo, veinte años de reclusión. Al reclamado se le acusa y se le condenó por ser miembro destacado de la organización mafiosa denominada N¿drangueta, dedicada a la venta de sustancias estupefacientes, así como por el asesinato de miembros de otros grupos mafiosos que competían por el control de tales actividades ilícitas, imputándosele un total de noventa y ocho asesinatos consumados, treinta y seis asesinatos frustrados, asociación ilícita o terrorismo, detención ilegal, receptaciones, falsificaciones, tenencia ilícita de armas, inhumación ilegal, amenazas y contrabando, entre otros delitos.
Con anterioridad a la demanda de amparo que se analiza, el Sr. P. formuló el recurso de amparo núm. 2396/97 en el que cuestionó su mantenimiento en prisión provisional, el cual fue inadmitido a trámite mediante providencia de la Sección Primera de este Tribunal.
Durante la tramitación ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de la solicitud de extradición, por providencia de 5 de febrero de 1998 se concedió al recurrente el plazo de tres días previsto en el art. 13.1 de la Ley de Extradición Pasiva (LEP), para que efectuara sus alegaciones. El 10 de febrero el actor solicitó la suspensión del procedimiento hasta tanto se acumulara una nueva petición de extradición tramitada por Italia, y subsidiariamente, dado lo voluminoso de la causa, pidió que se le otorgara igual plazo que al Ministerio Fiscal para formular las alegaciones (cuatro meses). Un mes más tarde, el 11 de marzo, la Sección dictó resolución por la que no accedía a ninguna de ambas pretensiones, daba por precluido el trámite de alegaciones y señalaba la vista de la extradición para el día 16 de marzo, es decir, cinco días más tarde.
Las alegaciones fueron presentadas por escrito ante el Juzgado de guardia de Madrid el día 14 de marzo de 1998. En el acto de la vista --el 16 de marzo-- la defensa del ahora recurrente de amparo aportó una Sentencia dictada en Italia en la que se le condenaba, pese a su rebeldía, por un hecho que, aparentemente, según la solicitud de extradición, no había sido enjuiciado al formularla (hecho reseñado en el apartado núm. 6 del informe del Ministerio Fiscal), lo que demostraría la mala fe de las autoridades italianas. Se solicitó asimismo que tal resolución fuera traducida al castellano, lo que no fue acordado por la Sección Segunda.
El Auto 21/1998 de la Sección Segunda, de 4 de mayo de 1998, declaró la procedencia de la extradición respecto a los hechos contenidos en las órdenes de detención números 1 a 7, así como las números 10 y 11, y respecto a las condenas comprendidas en las órdenes de ejecución núms. 8 y 9, siempre de conformidad con la numeración del informe del Ministerio Fiscal.
Formulado recurso de súplica, el Auto 49/1988 del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 17 de julio de 1998, lo desestimó y confirmó la procedencia de la extradición por las mismas órdenes de detención y de ejecución que la resolución impugnada.
El recurrente solicita en la demanda, para obtener el restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados, la declaración de nulidad de los Autos impugnados y de todo el procedimiento previo. Subsidiariamente pide que si se concediera la extradición, quede condicionada a la repetición de los juicios celebrados en ausencia del reclamado y a la no imposición de una pena de prisión de carácter perpetuo. Mediante sucesivos otrosíes solicita el recibimiento del pleito a prueba, el requerimiento de testimonio de las actuaciones y la suspensión de la ejecución del acuerdo de extradición. En la demanda se consideran vulnerados los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE); el derecho a no ser sometido a penas o tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE) en relación con el art. 25.2 CE y con el art. 14 CE; y el derecho a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión (art. 24.1 CE), así como el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 CE).
En el primer motivo de amparo, el recurrente cuestiona la constitucionalidad de la decisión judicial que autoriza su entrega a Italia tomando como título dos de las peticiones de extradición que tienen por objeto el cumplimiento de sentencias condenatorias dictadas en ausencia del reclamado. Dice el recurrente, sin mayor argumentación, que tal decisión judicial vulnera su derecho a obtener la tutela judicial efectiva que garantiza el art. 24.1 CE.
La segunda queja del recurrente denuncia que en ninguno de los supuestos sometidos a la consideración de los órganos judiciales, ya sean las peticiones de extradición para enjuiciamiento ya sean las de cumplimiento de condena, la Audiencia Nacional ha condicionado la entrega a que el Estado italiano dé garantías de que no se hará cumplir al recurrente una pena de reclusión perpetua.
Según el demandante, al no exigirse dicha garantía en la parte dispositiva de la resolución, la defensa del Sr. P. solicitó aclaración de la misma, sin que la Sección entendiera que había lugar a dicha aclaración. Se alega, sin razonamiento adicional alguno, que dicha pena es imponible conforme al Ordenamiento penal italiano, y no supeditar la extradición al cumplimiento de la condición propuesta supone la lesión de sus derechos a no sufrir penas o tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE) y a que las penas privativas de libertad estén orientadas a la reinserción y reeducación social (art. 25 CE).
El tercer motivo del recurso se centra en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión (art. 24.1 CE) y del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 CE). Según la demanda, aquél ha sido vulnerado ya que la Sala, a pesar de la complejidad del expediente, no accedió a prolongar el plazo de tres días para instrucción y alegaciones de la defensa previsto en el art. 13.1 LEP, pese al criterio favorable del Ministerio Fiscal, ni tampoco accedió a la suspensión de la celebración de la vista. Según alega, aunque dispuso de un plazo de un mes y dos días para presentar su escrito de alegaciones, el Fiscal dispuso para el mismo objetivo de un plazo de cuatro meses, por lo que se le debería haber otorgado a la defensa del Sr. P. un plazo igual al del Ministerio Fiscal.
En cuanto a la segunda pretensión de amparo formulada en este motivo, cabe destacar que en el acto de la vista su Letrado aportó como prueba documental una Sentencia dictada por las autoridades judiciales italianas en la que se condenaba al Sr. P. supuestamente por los hechos descritos en el apartado 6 del informe del Ministerio Público, estableciéndose una pena de reclusión perpetua en un proceso celebrado en ausencia del condenado. Aunque el documento fue admitido, la Sala no accedió a traducirlo. La prueba propuesta pretendía poner de manifiesto lo que estimaba mala fe de las autoridades italianas, pues en la demanda de extradición los hechos enjuiciados habían dado lugar a una petición para enjuiciamiento. Según la demanda, al no ordenar la Sala la traducción del documento y no hacer nada para comprobar su veracidad ha vulnerado el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa.
Mediante providencia de 14 de septiembre de 1998, la Sección Tercera de este Tribunal acordó, de conformidad con lo dispuesto por el art. 50.3 LOTC, conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal el plazo común de diez días para que formularan, con las aportaciones documentales que procedieran, las alegaciones que estimasen pertinentes en relación con la posible carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda, prevista en el art. 50.1 c) de la misma disposición.
Mediante escrito registrado en la sede de este Tribunal el 13 de octubre de 1998, la representación del recurrente adujo que habiendo acordado el Consejo de Ministros en su sesión de 2 de octubre de 1998 la entrega del recurrente a Italia y habiéndose comunicado dicho acuerdo al Servicio de Interpol, resultaba urgente un pronunciamiento inmediato de este Tribunal acerca de la admisión del recurso y de la suspensión de dicha entrega. En apoyo de esta solicitud, al día siguiente presentó un nuevo escrito acompañado de varios documentos, de los que se deducía que la entrega se podría llevar a cabo a partir del día 15 de octubre, por lo que se reiteraba la solicitud de suspensión.
El 15 de octubre de 1998, la Sección Tercera de este Tribunal dictó providencia por la que acordó admitir a trámite la demanda y ordenó, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir las actuaciones a la Sala y que ésta emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento de extradición, excepto el recurrente de amparo, para que pudieran comparecer, si lo deseaban, en el presente procedimiento. Por otra providencia de la misma fecha, acordó tramitar el incidente sobre suspensión, de conformidad con lo previsto por el art. 56 LOTC.
Tras las alegaciones de las partes, la Sala Segunda de este Tribunal dictó el Auto 221/1998, de 21 de octubre, en el que suspendió la ejecución de los Autos impugnados, sin que tal suspensión alcanzara a las medidas referidas a la situación personal del recurrente, que correspondía adoptar a la Audiencia Nacional.
Mediante providencia de 16 de noviembre de 1998, la Sección Tercera acordó dar vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal por un plazo común de veinte días, para que durante el mismo pudieran formular las alegaciones que estimasen pertinentes, de acuerdo con el art. 52.1 LOTC.
La representación de don Domenico P. formuló sus alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal el 15 de diciembre de 1998. Además de reiterar y dar por reproducidos los argumentos ya expuestos en la demanda, el escrito insiste en que los órganos judiciales han infringido el principio de igualdad, acompañando un Auto dictado esta vez por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal que en relación con otro proceso de extradición --expediente 10/98-- seguido también contra el Sr. P. declara procedente la extradición a Italia, pero, eso sí, en este caso condicionada a que la pena impuesta no sea la de prisión perpetua. Este Auto es posterior a los impugnados en la demanda de amparo, ya que lleva fecha de 3 de noviembre de 1998.
El escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal fue registrado en la sede de este Tribunal el 16 de diciembre de 1998, interesando la estimación parcial del presente recurso de amparo, en el sentido de que se declare que los Autos recurridos, en cuanto han accedido a dos solicitudes de extradición ejecutiva antes de que se hubiese publicado en España la retirada de la reserva formulada por Italia al Título III del Segundo Protocolo Adicional del Convenio Europeo de Extradición, han vulnerado el derecho del recurrente a un proceso con todas las garantías. El Fiscal en definitiva solicita la anulación parcial de los referidos Autos en dicho extremo, y que se desestime el recurso en todo lo demás.
Por providencia de fecha 28 de marzo de 2000, se señaló para deliberación y votación de esta Sentencia el día 30 del mismo mes y año.
La extradición del recurrente, de nacionalidad italiana, fue solicitada por las autoridades de su país de origen, tomando como base once motivos distintos. Nueve de ellos se refieren a hechos de los que está acusado y pendiente de enjuiciamiento, los dos restantes son sentencias condenatorias en las que, como en el resto de los supuestos, se le acusa de gravísimos delitos contra la vida, la propiedad y la salud pública. Como con mucho más detalle se recoge en los antecedentes de esta resolución y en los de las resoluciones judiciales impugnadas, las autoridades del Estado requirente han acusado o condenado al Sr. P. por ser miembro destacado de la asociación de tipo mafioso denominada N¿drangheta, cuyo objetivo principal era la venta de drogas y la eliminación de los miembros de otros grupos competidores que aspiraban al control de dichas actividades ilícitas, habiéndosele atribuido un total de noventa y ocho asesinatos consumados y treinta y seis asesinatos frustrados. Asimismo se le imputa la comisión de otros hechos que podrían ser constitutivos de los delitos de asociación ilícita, terrorismo, detención ilegal, tenencia ilícita de armas, amenazas, inhumación ilegal, receptación, falsificación y contrabando.
El recurrente considera que en la tramitación judicial de la petición de extradición se ha vulnerado su derecho a no padecer indefensión y a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa. Dichas lesiones serían consecuencia de la decisión de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de no suspender la celebración de la vista ni ampliar en su favor el plazo para formular alegaciones previsto en el art. 13.1 de la Ley de Extradición Pasiva (en adelante LEP), pese a que el Ministerio Fiscal dispuso de cuatro meses para realizarlas y pese a la complejidad del expediente. Considera también que la decisión de la Sección de no ordenar la traducción ni contrastar la veracidad de una sentencia italiana relacionada con las peticiones de extradición, que aportó en el acto de la vista, ha vulnerado su derecho a valerse de los medios de prueba pertinentes para su defensa.
Se entienden también vulnerados los derechos a no sufrir penas o tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE) y a que las penas estén orientadas a la reinserción y reeducación social (art. 25 CE), con razón de la decisión de la Audiencia Nacional de no condicionar la entrega para ser juzgado del reclamado a que la República de Italia ofreciera garantías de que no se haría cumplir al reclamado una pena de reclusión perpetua. En la medida en que dicha condición ha sido impuesta en otras resoluciones judiciales que ofrece como término de comparación, estima también que tal omisión ha lesionado su derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE).
Por último, la demanda de amparo cuestiona desde diversos ángulos la constitucionalidad de la decisión judicial que autoriza su entrega a Italia tomando como título dos de las peticiones de extradición que tienen por objeto el cumplimiento de sentencias penales condenatorias dictadas en ausencia del reclamado. A dicha decisión se imputa, ex art. 24 CE, la lesión de los derechos fundamentales a obtener la tutela judicial efectiva y a ser presumido inocente, a la igualdad en la aplicación de la ley y a la legalidad penal (arts. 14 y 25 CE).
El hecho de que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no ampliara el plazo para alegaciones de la defensa, establecido en el art. 13.1 LEP, al objeto de que el Letrado del Sr. P. formulara las suyas en contra de la solicitud de extradición y de las del Ministerio Fiscal, ni aplazara, aún más de lo que lo hizo, la celebración de la vista señalada al efecto, no ha provocado al recurrente la indefensión que veda el art. 24.1 CE.
Tampoco ha razonado el recurrente sobre el supuesto desequilibrio material que le habría producido el hecho de que el Ministerio Fiscal gozara de un plazo mayor para instruirse del expediente y formular sus alegaciones. Frente a este silencio, la lectura de las resoluciones impugnadas, y de la propia demanda, pone de relieve que la defensa del recurrente ya tenía conocimiento de gran parte del expediente judicial previo, toda vez que participó en la fase de instrucción, como lo acredita el que interpusiera el recurso de amparo núm. 2396/97 contra la denegación de la puesta en libertad del Sr. P. , recurso que es silenciado ahora por el recurrente. Además, pese a denegar la ampliación del plazo, el Tribunal le permitió formular sus alegaciones fuera de plazo, mediante providencia de 11 de marzo de 1998, alegaciones que, finalmente se presentaron mediante escrito presentado ante el Juzgado de guardia el 14 de marzo de 1998, como se reconoce en la demanda y consta en su solicitud de aclaración dirigida a la Sala con fecha 20 de mayo de 1998. Dichas alegaciones, reforzadas por su intervención oral en la vista del día 15 de marzo, fueron contestadas por la Sección y por el Pleno de la Sala de lo Penal, ya que la defensa formuló su recurso de súplica sin ningún impedimento y obtuvo respuesta adecuada a sus pretensiones.
En cuanto a la queja derivada de haber tenido que celebrar la vista "con la prueba que se pudo reunir en apenas 48 horas", debe afirmarse que si así fue, lo ocurrido se debió únicamente a la falta de diligencia de la defensa del recurrente, que se desinteresó de sus obligaciones materiales de defensa ex art. 13.1 LEP, confiando indebidamente en el éxito de sus peticiones de aplazamiento y prórroga, por lo que sólo a ella sería imputable la presunta limitación denunciada (STC 137/1996, de 16 de septiembre). Si la Sección Segunda no tuvo conocimiento del escrito de alegaciones del Letrado del Sr. P. fue porque dicho escrito resultó presentado el día anterior a la celebración de la vista pero no en la Secretaría de la Audiencia Nacional, sino en el Juzgado de guardia de Madrid. Y, en todo caso, la representación del Sr. P. estuvo presente en el mismo acto de la vista y tuvo la oportunidad de exponer sus alegaciones oralmente, o por lo menos no acredita que se le hubiera opuesto algún impedimento a este respecto por el órgano judicial. Cabe recordar que para poder apreciar la indefensión que fundamenta la queja es siempre preciso que la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado no se haya debido a una actitud voluntariamente aceptada por él o imputable a su propio desinterés, pasividad, malicia o falta de la necesaria diligencia (SSTC 48/1984, 68/1986, de 27 de mayo, 58/1988, de 6 de abril, 166/1989, de 16 de octubre, 50/1991, de 11 de marzo, 167/1992, de 26 de octubre, 103/1993, de 22 de marzo y 334/1993, de 15 de noviembre).
La misma suerte desestimatoria ha de correr la pretensión de amparo que imputa a la Sección Segunda de la Audiencia Nacional haber conculcado su derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa [antecedentes 2, letra d) y 3, letra c) de esta resolución]. Para apreciar una vulneración de estas características es preciso que, siendo relevante para la decisión final del litigio, el medio de prueba propuesto en legal forma, sea inadmitido inmotivadamente o mediante una interpretación y aplicación de la legalidad manifiestamente arbitraria o irrazonable (SSTC 149/1987, de 30 de septiembre, y 1/1996); o que, siendo admitido, no se practique por causas imputables al órgano judicial o que éste no lo valore al resolver el litigio (SSTC 116/1983, de 7 de diciembre, 147/1987, de 25 de septiembre, 50/1988, de 22 de marzo, 205/1991, de 30 de octubre, 65/1992, de 29 de abril, 357/1993, de 29 de noviembre, 110/1995, de 4 de julio, 131/1995, de 11 de septiembre, 164/1996, de 28 de octubre y 205/1998, de 26 de octubre). En el caso presente el recurrente no ha acreditado que alguno de estos defectos haya tenido lugar, ni tampoco la relevancia que tal medio de prueba hubiera tenido sobre la decisión final adoptada en el proceso, pues las razones de oposición a la entrega, planteadas por el recurrente quedaron ceñidas a impugnar la constitucionalidad de la misma si ésta no quedaba condicionada a la celebración de un nuevo juicio y a la no imposición de la pena de reclusión perpetua.
En efecto, durante la vista celebrada ante la Sección Segunda, la defensa del Sr. P. aportó una Sentencia dictada por un Tribunal italiano con la pretensión de que se tradujera y se acreditara su veracidad para así demostrar la "mala fe" de las autoridades italianas, pues en la solicitud de extradición presentaban uno de los procesos como no concluido mediante un fallo definitivo, cuando tal Sentencia evidenciaba que el correlativo proceso penal estaba concluso. Como queda expuesto, el objetivo perseguido por la prueba no era relevante para la decisión de fondo que habría de adoptarse. Se constata, además, que la actuación de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional no desoyó totalmente las pretensiones de la parte, sino que admitió el documento y lo incorporó a la causa, si bien no ordenó su traducción. En conclusión, el recurrente pudo proponer sin indebida limitación los medios de prueba pertinentes para su defensa, y por ello no se produjo la infracción denunciada.
Desechada la relevancia de las quejas referidas al procedimiento judicial de extradición, nos corresponde ahora analizar las que impugnan la constitucionalidad de las resoluciones judiciales que le pusieron fin acordando la entrega incondicionada del recurrente a las autoridades italianas, pese a que las dos condenas penales que sirven de título a la extradición han sido dictadas in absentia, y se alega la posibilidad de que, por el resto de peticiones, le sea impuesta al recurrente la pena de reclusión perpetua. De entre tales quejas hemos de distinguir las que suponen una violación directa de los derechos fundamentales del recurrente por parte de los órganos de la jurisdicción española, de aquellas otras en las que se imputa a nuestra jurisdicción una actuación lesiva de dichos derechos en la medida en que otorga validez a ciertos actos de una jurisdicción extranjera que se estiman contrarios a ellos.
En cuanto a las segundas, que se formulan al amparo de los arts. 15, 24.1 y 25 de la Constitución, parten de entender que cuando los poderes públicos nacionales (entre ellos, la jurisdicción) reconocen, homologan o dan validez a una resolución adoptada por una autoridad extranjera cuya ejecución se reputa lesiva de un derecho fundamental, sus actos han de entenderse también lesivos de dicho derecho. Dicho de otro modo, dan por supuesto que la lesión del derecho fundamental en que pueda incurrir la actuación de un poder público extranjero vicia de inconstitucionalidad la del órgano judicial español que, al cumplimentarla u otorgarle validez, da lugar a que dicha lesión se materialice. La primera premisa del recurso es, pues, la de que, en virtud de la repercusión que los actos de otro Estado tienen sobre la actuación de los poderes públicos españoles puede darse el caso de que éstos, al otorgar efectividad a determinadas actuaciones de otros Estados, vulneren "indirectamente" alguno de los derechos fundamentales susceptibles de amparo.
Examinando en primer término la presuposición de que los poderes públicos españoles pueden vulnerar "indirectamente" los derechos fundamentales cuando reconocen, homologan o dan validez a resoluciones adoptadas por autoridades extranjeras, ha de afirmarse inequívocamente que se apoya en una jurisprudencia reiterada de este Tribunal. Nuestros pronunciamientos en este sentido se refieren tanto a casos de extradición, como a decisiones judiciales de homologación de sentencias dictadas por Tribunales extranjeros, a través del mecanismo del exequatur, supuestos ambos en que los órganos judiciales españoles han de pronunciarse sobre la validez constitucional de resoluciones dictadas por Tribunales no nacionales, pese a que la Constitución española rige solamente en el territorio nacional. Y abarcan, desde luego, la actuación extraterritorial de nuestras autoridades nacionales.
Por referencia a este último supuesto, en la STC 21/1997, de 10 de febrero, establecimos, en términos generales, que "en efecto, es procedente recordar aquí, de un lado, que `los poderes públicos españoles no están menos sujetos a la Constitución cuando actúan en las relaciones internacionales ... que al ejercer ad intra sus atribuciones¿, como se ha dicho en la Declaración de este Tribunal de 1 de julio de 1992, fundamento jurídico 4, y ello es aplicable a las autoridades y funcionarios dependientes de dichos poderes". A partir de lo cual concluimos que "si el mandato del art. 10.2 CE impone que los preceptos constitucionales sean interpretados de conformidad con las normas internacionales sobre protección de los derechos humanos, ha de recordarse también que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado, en relación con el art. 1 del Convenio de Roma de 1950, que el ámbito de la jurisdicción estatal, a los fines de la protección que ese instrumento garantiza, no se circunscribe al territorio nacional. Por lo que cabe imputar al Estado una lesión de los derechos que el Título I del Convenio reconoce en relación con actos realizados por sus autoridades fuera del territorio estatal (asunto Drozd y Janousek c. Francia y España, Sentencia de 26 de junio de 1992, y asunto Loizidou c. Turquía, Sentencia de 23 de marzo de 1995), presupuestos que indudablemente concurren en el presente caso, dado que nos encontramos ante una actividad realizada por autoridades españolas en un espacio situado más allá del territorio español, como antes se ha dicho".
A lo que inmediatamente se añade lo que sigue: "El marco territorial expansivo en que se mueven los supuestos de extradición y el necesario cuidado que incumbe a las autoridades del país requerido para velar por el respeto de los derechos fundamentales del extraditado, ya ha sido puesto de relieve -bien que en un contexto diverso-- por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencia Soering, de 7 de julio de 1989). También lo fue, en su momento, por este Tribunal, que tuvo ocasión de recordar que `la concesión de una extradición para que el extranjero extraditado fuera sometido al cumplimiento de una sentencia condenatoria pronunciada en un proceso en el cual no se hubiera respetado alguno de los derechos fundamentales antes mencionados, sería nula, por contraria a nuestra Constitución, y para ello no sería obstáculo el hecho de que las vulneraciones directas contra los derechos fundamentales se hubieran cometido en otro país ... pues constándoles a nuestros Tribunales aquellas vulneraciones, no podrían acceder ellos a la extradición sin hacerse autores eo ipso de una nueva lesión contra los derechos del extranjero extradido¿ (STC 11/1983). Una doctrina, en suma, que ha de reiterarse en este caso, y que autoriza a entrar a conocer de las alegaciones de fondo hechas por el recurrente" (FJ 4).
Establecida así la posibilidad de vulneraciones "indirectas" de los derechos fundamentales, y pasando a analizar su fundamento, se advierte que la exposición que antecede comporta, al menos prima facie, un resultado paradójico. El hecho de que la actuación que se examine desde la perspectiva constitucional sea la de los Tribunales españoles no lo elimina enteramente; pues lo cierto es que la apreciación de si los Tribunales nacionales han vulnerado o no la Constitución se basa en una valoración previa, relativa a si la actuación pasada o futura de los órganos de un Estado extranjero (obviamente no sometidos a la Constitución española) resulta o puede resultar vulneradora de los derechos fundamentales reconocidos en la misma, hasta el punto de invalidar el principio general de excluir toda indagación al respecto. En términos semejantes, según hemos visto, se plantea la cuestión en el ámbito europeo.
Pues bien, para llevar a cabo esa determinación, la Constitución española de 1978, al proclamar que el fundamento "del orden político y de la paz social" reside, en primer término, en "la dignidad de la persona" y en "los derechos inviolables que le son inherentes" (art. 10.1) expresa una pretensión de legitimidad y, al propio tiempo, un criterio de validez que, por su propia naturaleza, resultan universalmente aplicables. Como hemos afirmado en varias ocasiones "proyectada sobre los derechos individuales, la regla del art. 10.1 CE implica que, en cuanto `valor espiritual y moral inherente a la persona¿ (STC 53/1985, de 11 de abril, FJ 8) la dignidad ha de permanecer inalterada cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre ... constituyendo, en consecuencia un minimum invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar" [STC 120/1990, de 27 de junio, FJ 4; también STC 57/1994, de 28 de febrero, FJ 3 A)]. De modo que la Constitución española salvaguarda absolutamente aquellos derechos y aquellos contenidos de los derechos "que pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadano o, dicho de otro modo ... aquéllos que son imprescindibles para la garantía de la dignidad humana" (STC 242/1994, de 20 de julio, FJ 4; en el mismo sentido, SSTC 107/1984, de 23 de noviembre, FJ 2 y 99/1985, de 30 de septiembre, FJ 2).
Por lo tanto, hemos de afirmar desde ahora que al contenido absoluto de los derechos fundamentales, determinado en la forma que acaba de indicarse y que, según lo dicho, comporta necesariamente, una proyección ad extra, no pertenecen todas y cada una de las características con las que la Constitución consagra cada uno de ellos, por más que, en el plano interno, todas ellas vinculen inexcusablemente incluso al legislador, en razón de su rango. Sólo el núcleo irrenunciable del derecho fundamental inherente a la dignidad de la persona puede alcanzar proyección universal; pero, en modo alguno podrían tenerla las configuraciones específicas con que nuestra Constitución le reconoce y otorga eficacia. Así, al analizar esta cuestión en relación con las garantías contenidas en el art. 24 CE, las SSTC 43/1986, FJ 2 y 54/1989, FJ 4, han señalado que, si bien los Tribunales extranjeros no se hallan vinculados por la Constitución española ni por su elenco de derechos protegidos por el recurso de amparo, sí lesionan los derechos fundamentales las resoluciones de los órganos judiciales españoles que homologan "una resolución judicial foránea en un supuesto en que, por ser contraria a los principios esenciales contenidos en el art. 24 de la Constitución, debiera haber sido repelida por el orden público del foro". Este último concepto "ha adquirido así en España un contenido distinto, impregnado en particular por las exigencias del art. 24 de la Constitución", ya que "aunque los derechos fundamentales y libertades públicas que la Constitución garantiza sólo alcanzan plena eficacia allí donde rige el ejercicio de la soberanía española, nuestras autoridades públicas, incluidos los Jueces y Tribunales, no pueden reconocer ni recibir resoluciones dictadas por autoridades extranjeras que supongan vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados constitucionalmente a los españoles o, en su caso, a los españoles y extranjeros" (STC 43/1986, FJ 4).
Admitida en tales términos la posible relevancia constitucional de las quejas consistentes en las que hemos denominado "vulneraciones indirectas" de los derechos fundamentales, nos corresponde analizar ahora la supuesta lesión de los arts. 15 y 25 CE que se anuda a la decisión de entrega incondicionada basada en los mandamientos de prisión (Ordinanze di custodia in carcere) por los que se concedió la extradición, en la medida en que los hechos investigados en ellas son, según dice, de los que podrían dar lugar a la imposición de la pena de "reclusión perpetua", pena que considera inhumana y degradante e incompatible con los fines de reinserción social que nuestra Constitución proclama como orientación de las penas privativas de libertad.
Nos resta por examinar la supuesta lesión del derecho de defensa que el recurrente deriva del hecho de haberse accedido a su entrega pese a que dos de las peticiones de extradición vienen fundadas en sendas órdenes de ejecución -designadas con los núms. 551/1996 y 154/1996- derivadas de condenas por delitos graves (las penas impuestas fueron de doce y veinte años de reclusión) dictadas tras un juicio en contumacia.
El órgano judicial, al desestimar el recurso de súplica, ha considerado que es posible la entrega incondicionada del recurrente a Italia porque, pese a haber sido juzgado en ausencia bajo la acusación de haber cometido un delito grave, las circunstancias del enjuiciamiento permiten entender garantizado el derecho de defensa en el proceso que ha dado lugar a su condena. Al justificar su decisión señala que el derecho del acusado a estar presente en la audiencia, siendo una de las garantías básicas del juicio justo integrada en el más amplio concepto de derecho de defensa, es un derecho disponible que, por lo tanto, admite su renuncia expresa o tácita. Entiende, por ello, que la decisión de no comparecer ante el Tribunal del juicio tras la oportuna citación, no es sino una forma de renunciar a tal derecho y a los que se pueden ejercer mediante la participación en la vista oral. Para la Sala, tales consideraciones vienen reforzadas por las siguientes circunstancias: el acusado fue regularmente citado a la vista oral, se permitió la intervención en todo el proceso, también en la vista, del Letrado de su elección y que recurrió la sentencia con éxito parcial. Todo ello sería exponente de "un ejercicio activo y eficaz de su derecho a la defensa" (fundamento jurídico cuarto del Auto de 17 de julio de 1998).
Conviene destacar, en principio, que en el caso que nos ocupa, a diferencia del resuelto en la reciente STC 147/1999, no se discute ni la efectiva convocatoria del recurrente al juicio oral, ni la participación en éste del Letrado de elección del acusado, ni la posibilidad de recurrir la sentencia condenatoria dictada en primera instancia, supuestos éstos reiteradamente abordados por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No se cuestiona, pues, la citación a juicio ni la corrección constitucional de la asistencia técnica. Todo el peso de la queja recae sobre la compatibilidad del juicio que se desarrolla pese a la incomparecencia del acusado debidamente citado, en causa por delito grave, con las exigencias constitucionales del derecho de defensa, cuando no es posible instar un juicio rescisorio contra la decisión de condena.
En dicha resolución, al justificar la trascendencia constitucional del juicio en ausencia del acusado, ya sea ésta voluntaria o involuntaria, señalamos que "el derecho fundamental recogido en el art. 24.1 CE comporta la exigencia de que en todo proceso judicial deba respetarse, a través de la contradicción, el derecho de defensa de las partes contendientes", exigencia ésta que "alcanza su máxima intensidad en el ámbito penal por la trascendencia de los intereses en juego, y los principios constitucionales que lo informan (presunción de inocencia, derecho a conocer la acusación y ejercicio del derecho de autodefensa, entre otros), pues no en vano --como destacamos en la STC 41/1997, de 10 de marzo, FJ 5--, al proceso penal se acude postulando la actuación del poder del Estado en su forma más extrema --la pena criminal-- y esta actuación puede implicar una profunda injerencia en la libertad del imputado y en el núcleo más `sagrado¿ de sus derechos fundamentales. Por ello su plena efectividad ha de ser singularmente exigente en la fase plenaria, en la que se ha de practicar contradictoriamente la prueba capaz de desvirtuar la presunción de inocencia, para garantizar el equilibrio entre las partes acusadoras y acusadas y brindar al Tribunal amplios elementos de juicio para pronunciarse sobre las pretensiones ejercitadas (STC 4/1982, de 8 de febrero, FJ 5)".
No obstante, nuestra jurisprudencia (SSTC 37/1988, de 3 de marzo, 181/1994, 29/1995, de 6 de febrero y 162/1999, de 27 de septiembre), ha reconocido que el derecho a participar en la vista oral y a defenderse por sí mismo forma parte del núcleo del derecho de defensa que ha de considerarse esencial desde la perspectiva del art. 24 CE y, por lo tanto, que constituye el punto de partida en la fijación del que hemos denominado "contenido absoluto" de los derechos fundamentales que, necesariamente, ha de proyectarse ad extra.
El derecho del acusado a estar presente en el acto del juicio oral puede inferirse inmediatamente de los arts. 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, según los cuales "Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial ... para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal" y "a que se presuma su inocencia mientras no se prueba su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa"; y del art. 14, núms. 1 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 1966, en la medida en que reconoce a toda persona el derecho a "ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal ... en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella", y se establece como garantía mínima de toda persona acusada de un delito el derecho "a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección ...", sin que sea necesario volver a destacar la importancia que, a tenor del art. 10.2 CE, revisten tales textos a la hora de determinar el contenido absoluto del derecho a un proceso justo (art. 24 CE).
En ese contexto han de entenderse las numerosas resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativas a la importancia capital que ha de darse a la presencia del acusado en el marco de un juicio justo (SSTEDH de 12 de febrero de 1985 --caso Colozza c. Italia, núm. 27--; de 28 de agosto de 1991 -caso FCB c. Italia, núms. 28 a 36--; de 23 de noviembre de 1993 --caso Poitrimol c. Francia, núms. 31 y 35--; de 22 de septiembre de 1994 -casos Lala y Pelladoah c. Holanda, núms. 27 y 40, respectivamente).
Esto sentado, hemos de partir de que lo que de ningún modo resulta compatible con el contenido absoluto del derecho a un juicio justo (art. 24.2 CE) es la condena in absentia sin la aludida posibilidad ulterior de subsanar las deficiencias que la falta de presencia haya podido ocasionar en los procesos penales seguidos por delitos muy graves.
Pues bien, dicho ésto, la argumentación del Auto recurrido se basa en considerar que el acusado renunció tácitamente a ejercer su autodefensa al decidir de forma voluntaria no comparecer en el acto del juicio y, a partir de dicha supuesta renuncia, concluye que no hubo lesión del derecho de defensa a la vista del resto de circunstancias antes descritas, pese a admitir que no existe en el Ordenamiento jurídico italiano la posibilidad de un juicio rescisorio de fondo sobre el fundamento fáctico y jurídico de la condena en los casos de contumacia.
Por ello las quejas referidas a la autorización de entrega incondicionada para el cumplimiento de las Órdenes de ejecución núm. 551/1996 de la Fiscalía de Turín, y núm. 154/1996 de la Fiscalía General de Bari, han de ser atendidas. La argumentación ofrecida por las resoluciones de la Audiencia Nacional no se ajusta a las exigencias absolutas que dimanan del derecho de defensa, tal y como las hemos definido, pues admiten la legitimidad constitucional del juicio en contumacia por delito castigado con pena grave cuando no se dan al acusado posibilidades de impugnación ulterior que salvaguarden adecuadamente sus derechos de defensa, lo que determina la estimación parcial de la demanda.
Declarar que las resoluciones judiciales impugnadas a que se ha hecho referencia en el encabezamiento de esta resolución han vulnerado el derecho de defensa del recurrente (art. 24.2 CE).
Anular parcialmente el Auto núm. 49/1998 del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de fecha 17 de julio de 1998, dictado en el expediente de extradición 35/1996, que desestimó el recurso de súplica formulado contra el Auto núm. 21/1998, de 4 de mayo de 1998, de la Sección Segunda de la misma Sala, únicamente en cuanto declara procedente, de modo incondicionado, la extradición solicitada por la República de Italia para el cumplimiento de las Órdenes de ejecución 551/1996 de la Fiscalía de Turín, y 154/1996 de la Fiscalía General de Bari, manteniendo el resto de pronunciamientos del mismo.
Retrotraer, también parcialmente, las actuaciones, en lo que se refiere a las citadas Órdenes de ejecución, para que el órgano judicial competente dicte nueva resolución sobre las mismas, conforme a las exigencias constitucionales especificadas en el fundamento jurídico núm. 16 de esta resolución.
Voto particular que formula el Presidente don Pedro Cruz Villalón a la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 3868/98.
Mi discrepancia se limita a la respuesta al problema que se aborda a partir del FJ 10, y que es enunciado en el FJ 12 en los siguientes términos: "Todo el peso de la queja recae sobre la compatibilidad del juicio que se desarrolla pese a la incomparecencia del acusado debidamente citado, en causa por delito grave, con las exigencias constitucionales del derecho de defensa, cuando no es posible instar un juicio rescisorio contra la decisión de condena" (FJ 12).
No hay, por tanto, divergencia en lo que se refiere a la posibilidad de pronunciar condenas en ausencia, cuya licitud en determinados supuestos, entre los que se encuentra implícitamente el presente, la mayoría acepta: "en determinadas ocasiones, atendiendo a intereses que son dignos de protección, puede admitirse la condena en ausencia" (FJ 13). La discrepancia se plantea sólo en relación con el alcance y trascendencia de la falta en el ordenamiento italiano de la posibilidad incondicionada de instar un juicio rescisorio frente a las condenas en ausencia (FJ 15). La Sentencia de la que respetuosamente discrepo entiende, en efecto, que, al no haber condicionado la Audiencia Nacional la extradición a "un nuevo proceso" (FJ 16) mediante el que se den al recurrente las posibilidades de impugnación suficientes, se ha producido una vulneración del derecho fundamental de defensa: "Por lo tanto cabe concluir que constituye una vulneración `indirecta¿ de las exigencias absolutas dimanantes del derecho proclamado en el art. 24.2 CE, al menoscabar el contenido esencial del proceso justo de un modo que afecta a la dignidad humana, según precisamos en el fundamento jurídico 8, acceder a la extradición a paises que, en casos de delito muy grave, den validez a las condenas en ausencia, sin someter la entrega a la condición de que el condenado pueda impugnarlas para salvaguardar sus derechos de defensa" (FJ 14).
Abordando ya el fondo, la primera afirmación que entiendo debe hacerse es que la categoría de las "vulneraciones indirectas" debe someterse a una relativización determinante cuando estamos ante Estados que, desde hace medio siglo, se encuentran integrados en una misma comunidad de derechos y libertades, entendiendo por tal la integrada por el reconocimiento común de una tabla de derechos y libertades, y sometida efectivamente a un órgano jurisdiccional supranacional al que pueden acceder directa y libremente todas las personas sometidas a la soberanía de los respectivos Estados. Tal es desde luego nuestro caso, en el que dicha comunidad existe en los indicados términos: hay un Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuyo artículo núm. 6 es decisivo en la materia, así como también hay una autoridad jurisdiccional encargada de asegurar la eficacia de estos derechos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por otra parte, las autoridades a quienes se imputa la vulneración directa del derecho lo son de un Estado que, lejos de acabar de ingresar en esta comunidad, forma parte de la misma desde su propia fundación.
Prescindiendo sin embargo de lo anterior, y abordando la consideración sustantiva que la mayoría cree necesaria, habría ante todo que suponer que el contenido de este "contenido absoluto" del derecho fundamental no debería causar problemas: el instinto debería decirnos inmediatamente lo que pertenece a ese núcleo irrenunciable, a esa idea mínima del proceso justo extraída de la dignidad de la persona que no puede valer en unos sitios sí y en otros no. Admitiendo, sin embargo, que esa común percepción inmediata no se produjera, habría dos procedimientos para indagar dicho contenido: uno, realizado en solitario, es decir, sin asomarnos fuera de nuestras fronteras, que trataríamos de proyectar sobre los demás; otro, realizado junto con los Estados que comparten una misma concepción de los derechos y libertades, dado que se trata de un concepto, el de contenido absoluto, llamado a ser operativo en este ámbito. A menos, lógicamente, que ya exista una norma, de cuya constitucionalidad no se dude, y que permita resolver el problema planteado sin necesidad de ulterior indagación.
Creo, sin embargo, que la labor de indagación del contenido absoluto del derecho a la defensa (art. 24.2 CE) es innecesaria cuando existe una norma de ámbito supranacional, respecto de la que no se suscitan dudas de constitucionalidad, que aborda específicamente el problema de la extradición de los condenados en rebeldía en el marco del Convenio Europeo de Extradición, el art. 3.1 del segundo Protocolo adicional al mismo, ratificado por nuestro país sin formulación de reserva alguna. Entiendo, a estos efectos, que dicho Convenio es tratado internacional en el sentido del art. 10.2 CE, por lo que está llamado a operar como pauta interpretativa de nuestros derechos.
Voto particular discrepante que formula don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, al que se adhieren don Rafael de Mendizábal Allende y don Vicente Conde Martín de Hijas, Magistrados del Tribunal Constitucional, a la Sentencia recaída en recurso de amparo núm. 3868/98.
Error de enfoque.-
La proyección de los derechos ad intra y ad extra, y la dignidad de la persona.
Todas las infracciones penales afectan a la dignidad de la persona.-
La presencia personal del acusado.
Las circunstancias concurrentes del caso.
El Convenio de Roma.
Sentencia nº 737/2003 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Mayo de 2003
STSJ La Rioja 286/2013, 5 de Diciembre de 2013
Sentencia de Audiencia Nacional - Sala de lo Contencioso, 25 de Julio de 2007

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