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Timestamp: 2019-10-22 09:29:25+00:00

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﻿ Sentencia T-893 de diciembre 3 de 2013
SENTENCIA T-893 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:ESTRUCTURACIÓN DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ EN EL CASO DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS COMO EL VIH SIDA. ES INCONSTITUCIONAL CUANDO UN FONDO DE PENSIONES NO TIENE EN CUENTA LAS COTIZACIONES QUE REALIZO UNA PERSONA, PORTADORA DEL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA O CON CUALQUIER OTRA ENFERMEDAD DEGENERATIVA, DESDE LA ESTRUCTURACIÓN DE LA INVALIDEZ HASTA QUE EFECTIVAMENTE SE PRESENTA LA DISMINUCIÓN REAL DE CAPACIDAD LABORAL. ADICIONALMENTE, SE REITERA QUE LA LEY QUE ESTRUCTURA LA PENSIÓN DE INVALIDEZ DEBE TENER EN CUENTA LO QUE EN JURISPRUDENCIA SE HA REITERADO CUANDO SE ESTÁ EN PRESENCIA DE ENFERMEDADES DE CARÁCTER DEGENERATIVO, CON EL FIN DE NO VULNERA DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN CON ESTA CLASE DE DEFICIENCIAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, PENSIÓN DE INVALIDEZ, DERECHO DE PETICIÓN, FONDOS DE PENSIONES, PROTECCIÓN ESPECIAL A PERSONA CON VIH, SEGURIDAD SOCIAL, ESTADO DE INVALIDEZ, PERSONA CON VIH
Sentencia T-893 de diciembre 3 de 2013
Ref.: Expedientes T-3.942.900, T-3.994.183, y T-4.001.758 acumulados
Dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela emitidos en única instancia por: el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Medellín (exp. T-4.001.758) y el Juzgado Especializado en Restitución de Tierras de Pasto (exp. T-3.942.900). En segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá (exp. T-3.994.183).
Mediante auto del 15 de agosto de 2013, la Sala de Selección ocho decidió acumular los expedientes T-3.942.900, T-3.994.183 y T-4.001.758 para ser fallados dentro de una misma sentencia, luego de advertir que existe conexidad temática entre ellos.
1.2. Afirma que elevó reclamación escrita ante el ISS (hoy Colpensiones), solicitando la determinación de su pérdida de capacidad laboral(1).
1.3. Mediante resolución del 15 de junio de 2012, le fue reconocida pérdida de capacidad laboral del 67.70% por la comisión médico laboral de la gerencia nacional de atención al pensionado del ISS, por ser portador de la enfermedad VIH-SIDA, cuya fecha de estructuración data del 9 de marzo de 2012.
1.5. Posteriormente, el 15 de noviembre de 2012, el gerente nacional de Colpensiones resolvió negar la pensión de invalidez considerando que si bien el actor acreditaba un porcentaje de discapacidad equivalente al 67.70%, no cumplía con el tiempo requerido de cotizaciones para acceder a ese beneficio(2).
Fotocopia del informe que determina la pérdida de capacidad laboral del accionante en un 67.70%, elaborado por la Comisión Médico Laboral del ISS (fls. 8 y 9, cdno. 1).
Copia del reporte de semanas cotizadas, expedido por Colpensiones desde el año 1967 hasta el 22 de noviembre de 2012 (fls. 12 al 15, cdno. 1).
Fotocopia del recurso presentado por el accionante ante Colpensiones, solicitando que se reconozca su pensión aplicando la normatividad contenida en el Decreto 758 de 1990 (fls. 16 y 17, cdno. 1).
4.1. Decisión de única instancia.
II. Expediente T-3.994.183.
1.1. La señora Mercedes Villamarín Herrera mediante apoderado judicial, formuló acción de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones —Colpensiones—, al considerar que dicha entidad vulneró sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social y al mínimo vital.
1.3. Afirma que debido a su precario estado de salud, mediante Resolución 3036 del 24 de marzo de 2000; fue calificada con una pérdida de capacidad laboral del 57.5%, con fecha de estructuración del 13 de noviembre de 1997.
1.4. La accionante afirma haber seguido trabajando con mucho esfuerzo en sus labores con ayuda de un bastón, hasta que en el año 2009, le fue cada vez más difícil adelantar cualquier tipo de actividad, por lo cual presentó una tutela que conoció y falló el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá, en la que se ordenó a la Gerencia Nacional de Atención al Pensionado del ISS realizar un nuevo dictamen de invalidez.
1.7. Mediante Resolución 5032 del 22 de febrero de 2010, el ISS resolvió no acceder a la solicitud de la señora Mercedes Villamarín, ya que a pesar de haber aumentado la pérdida de capacidad laboral a un 60.34%, no cumplía a la fecha de estructuración de la invalidez, con los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993.
Mediante auto del 14 de mayo de 2013, el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá decidió admitir la acción de tutela e informar a la Administradora Colombiana de Pensiones —Colpensiones—, del trámite adelantado.
Fotocopia del informe que determina la pérdida de capacidad laboral de la accionante en un 60.34%, elaborado el 2 de diciembre de 2009, por la gerencia nacional de atención al pensionado del ISS (fls. 11 y 12, cdno. 1).
Copia del reporte de semanas cotizadas, expedido por Colpensiones desde el año 1967 hasta el 31 de marzo de 2012 (fls. 14 al 17, cdno. 1).
Fotocopia de la Resolución 5032 del 22 de febrero de 2010, expedida por el ISS, por medio de la cual se denegó la solicitud de reconocimiento de la pensión (fls. 18 al 20, cdno. 1).
Copia de las órdenes clínicas de la señora Mercedes Villamarín Herrera expedidas por la EPS Sanitas y Cirei (fls. 26 al 42, cdno. 1).
El Tribunal Superior del Distrito Superior de Bogotá, Sala de Decisión Laboral, mediante providencia del 28 de junio de 2013, confirmó el fallo del a quo. Las razones que llevaron a adoptar dicha determinación fueron las siguientes: (i) la imposibilidad del juez constitucional de sustituir los mecanismos ordinarios de defensa y (ii) la inexistencia de un perjuicio
1.2. El accionante afirma que mediante resolución del 18 de mayo de 2012, le fue reconocida por la comisión médico laboral de la gerencia nacional de atención al pensionado del ISS, pérdida de capacidad laboral del 71.10%, por ser portador de la enfermedad VIH-SIDA, cuya fecha de estructuración data del 30 de diciembre del año 2000.
1.3. En virtud a lo anterior, el día 19 de julio de 2012, envió a Colpensiones los documentos exigidos por la ley, solicitando el reconocimiento de la pensión de invalidez.
Actuaciones del juez de única instancia
Fotocopia del informe que determina la pérdida de capacidad laboral del accionante en un 71.10%, elaborado por la gerencia de atención al pensionado del ISS (fls. 12 y 13, cdno. 1).
Copia del reporte de semanas cotizadas, expedido por Colpensiones desde el año 1977 hasta el 31 de julio de 2012 (fls. 10 al 11, cdno. 1).
4.1. Decisión de instancia única.
En el presente caso todos los accionantes, en diferentes circunstancias, han solicitado el reconocimiento de la pensión de invalidez. Sus pretensiones fueron negadas teniendo en cuenta que a primera, vista no reúnen el número de semanas exigidas en la ley para acceder a la prestación. Los actores censuran las resoluciones mediante las cuales se les negó las prestaciones pensionales, debido a que la AFP desconoció las particularidades propias de sus asuntos, específicamente no tuvo en cuenta que a pesar de sufrir de ciertas enfermedades de carácter degenerativo todos ellos han efectuado aportes al sistema, con posterioridad a la supuesta fecha de estructuración los cuales ahora son ignorados por Colpensiones.
3. Procedencia de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de la pensión de invalidez a personas que padecen VHI-SIDA u otra enfermedad de carácter degenerativo. Reiteración de jurisprudencia.
“Para que la acción de tutela sea procedente como mecanismo principal, el demandante debe acreditar que, o no tiene a su disposición otros medios de defensa judicial, o teniéndolos, éstos, no resultan idóneos y eficaces para lograr la protección de los derechos fundamentales presuntamente conculcados. A su turno, el ejercicio del amparo constitucional como mecanismo transitorio de defensa iusfundamental, implica que, aun existiendo medios de protección judicial idóneos y eficaces, estos, ante la necesidad de evitar un perjuicio irremediable, pueden ser desplazados por la acción de tutela”(3).
“La jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar que, en virtud del principio de subsidiariedad de la tutela, los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser en principio resueltos por las vías ordinarias —jurisdiccionales y administrativas— y sólo ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional. En efecto, el carácter subsidiario de la acción de tutela impone al interesado la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales. Tal imperativo constitucional pone de relieve que para acudir a la acción de tutela el peticionario debe haber actuado con diligencia en los procesos y procedimientos ordinarios, pero también que la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia del mecanismo de amparo establecido en el artículo 86 superior”.
Igualmente, este tribunal ha manifestado que cuando el accionante logra demostrar la ocurrencia de un perjuicio irremediable procede la acción de tutela como mecanismo transitorio a pesar de existir vías judiciales alternas, como cuando las condiciones físicas del peticionario permiten deducir que se encuentra en un especial estado de indefensión “y de no intervenir de inmediato el juez constitucional se produciría un daño irremediable”(4).
“El deber del juez de tutela es examinar si la controversia puesta a su consideración: (i) puede ser ventilada a través de otros mecanismos judiciales y (ii) si a pesar de existir formalmente, aquellos son o no suficientes para proveer una respuesta material y efectiva a la disputa puesta a su consideración. Por consiguiente, no es suficiente, para excluir la tutela, la mera existencia formal de otro procedimiento o trámite de carácter judicial. Para que ello ocurra es indispensable que ese mecanismo sea idóneo y eficaz, con miras a lograr la finalidad específica de brindar inmediata y plena protección a los derechos fundamentales, de modo que su utilización asegure los efectos que se lograrían con la acción de tutela. No podría oponerse un medio judicial que colocara al afectado en la situación de tener que esperar por varios años mientras sus derechos fundamentales están siendo violados”.
3.2. Acogiendo lo anterior, esta corporación ha determinado que por regla general la acción de tutela no procede para ordenar el reconocimiento de pensiones, ya que existen medios ordinarios idóneos para resolver dicha pretensión. Sin embargo, excepcionalmente, cuando la pensión adquiere relevancia constitucional, por estar relacionada directamente con la protección de derechos fundamentales como la vida, la integridad física, el mínimo vital, el trabajo y la igualdad, su reconocimiento y pago pueden ser reclamados mediante el ejercicio del amparo constitucional, para evitar un perjuicio irremediable(5).
La Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse en casos de personas que padecen dicha enfermedad y ha manifestado que esa patología coloca a quien lo padece en un estado de deterioro permanente con grave repercusión sobre la vida misma, puesto que ese virus ataca el sistema de defensas del organismo y lo deja totalmente desprotegido frente a cualquier afección que finalmente termina con la muerte”(6).
Recordado el marco fáctico y las decisiones de tutela que se revisan, considera la Sala de Revisión que a la luz de los planteamientos jurídicos y jurisprudenciales expuestos en las precedentes consideraciones, la presente acción de tutela sí es el mecanismo idóneo para la defensa de los derechos fundamentales del accionante y para lograr el reconocimiento de su pensión de invalidez”.
Ahora bien, desde la perspectiva de cuál es prima facie la acción jurídica de reclamo, la pensión de invalidez se presenta, —se insiste— prima facie, como un derecho de origen legal que busca una compensación de carácter económico por la pérdida o disminución considerable de la capacidad laboral, por lo cual en principio corresponde al juez laboral analizar su procedencia. Pero, adquiere relevancia constitucional para ser debatido en sede de tutela, entre otros casos, cuando su reconocimiento es solicitado por personas en situación de especial protección como los enfermos de VIH, por lo que hace pertinente la procedencia de la tutela para lograr el eventual reconocimiento del mismo y evitar con ello la ocurrencia de un perjuicio irremediable”.
“En el presente caso se observa que la esquizofrenia esquizo-afectiva, que es la patología que aqueja a la persona necesitada de la protección tutelar, es una condición que afecta al paciente haciéndole difícil diferenciar entre experiencias reales e irreales, pensar de manera lógica, tener respuestas emocionales apropiadas ante los estímulos generados por otras personas y comportarse normalmente en situaciones sociales.
Considerados estos factores, el derecho a la pensión de invalidez adquiere el carácter de derecho fundamental por sí mismo, por tratarse de personas que por haber perdido parte considerable de su capacidad laboral, no pueden acceder al mercado de trabajo, de modo que dicha pensión se convierte en la única fuente de ingresos con la que cuentan para la satisfacción de sus necesidades básicas y las de su familia, así como para proporcionarse los controles y tratamientos médicos requeridos. Esta penosa situación coloca a dichos individuos en un completo estado de indefensión y vulnerabilidad que hace indispensable la adopción de medidas urgentes para evitar la consumación de un perjuicio irremediable”.
4. Evolución de los requisitos para acceder al derecho a la pensión.
La implementación del sistema pensional en Colombia se remonta al año 1946, cuando se creó la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) y se establecen otras cajas a nivel local, que cubrían únicamente a los empleados del sector público. De esta manera se fundaron 1040 cajas de previsión, tanto nacionales como territoriales, que se financiaban principalmente con aportes del Estado Colombiano y de los trabajadores públicos(7).
Para el año de 1950, con la expedición de el Decreto 2663 de 1950 (CST), el riesgo de invalidez de los trabajadores, fue asumido por el Instituto de los Seguros Sociales de conformidad con el artículo 259, numeral 2º el cual establece que: “las pensiones de jubilación, el auxilio de invalidez y el seguro de vida colectivo obligatorio dejaran de estar a cargo de los empleadores cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto de los Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo instituto”.
El sistema de financiación del fondo común para el pago de las pensiones de jubilación fue modificado mediante los decretos 433 de 1971 y 1935 de 1973, por medio de los cuales se exoneró al Estado de los aportes para la financiación de los seguros pensionales, radicando las cotizaciones en cabeza del trabajador y el patrono. El modelo estaba sustentado en la existencia de un fondo común del que se pagaban las prestaciones(8).
Por su parte, el artículo 5º del Decreto 3041 de 1966 consagró que tendrían derecho a la pensión de invalidez los asegurados que: (i) fuesen inválidos de carácter permanente conforme a lo preceptuado en la Ley 90 de 1948 y (ii) tuviesen acreditadas 150 semanas de cotización dentro de los 6 años anteriores a la invalidez, setenta y cinco (75) de las cuales deben corresponder a los últimos 3 años.
Posteriormente, se expidió el Decreto 232 de 1984, el cual ajustó los requisitos de cotización para asegurar el reconocimiento de una pensión de invalidez, específicamente dispuso que “la persona declarada invalida tenía derecho al reconocimiento de una pensión de invalidez si acreditaba 150 semanas de cotización- para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, IVM, dentro de los seis (6) años anteriores a la invalidez o 300 semanas de cotización en cualquier época”.
Sin embrago, con la expedición de la Constitución de 1991, se alteró sustancialmente el paradigma legal y normativo que regía a la seguridad social, específicamente la Carta, en su artículo 48, consagró esta garantía como un derecho y como un servicio público de carácter obligatorio que se presta conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
La seguridad social se encuentra prevista en la Constitución como un derecho económico y social. En virtud de tal reconocimiento, la jurisprudencia constitucional ha señalado que: “en cuanto a su naturaleza jurídica el mismo se identifica como un derecho prestacional(9). Ello es así, por una parte, porque todas las personas tienen el derecho de exigir un conjunto de prestaciones a cargo de las entidades que integran el sistema de seguridad social, no solamente dirigidas a garantizar los derechos irrenunciables de las personas, sino también a obtener una calidad de vida acorde con el principio de la dignidad humana(10), y por la otra, porque para asegurar su efectiva realización, se requiere en la mayoría de los casos acreditar el cumplimiento de normas presupuestales, procesales y de organización, que lo hagan viable y, además, permitan mantener el equilibrio económico y financiero del sistema”(11).
Para considerar a una persona inválida (art. 38):
Para acceder a la pensión de invalidez se requiere (art. 39):
Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez”.
Ley 100 de 1993, tuvo dos reformas. La primera, con la expedición de la Ley 797 de 2003, que en su artículo 11 había dispuesto nuevas y más rigurosas exigencias para el reconocimiento de la pensión de invalidez, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, en Sentencia C-1056 de ese mismo año, por haber incurrido en vicios de trámite durante su expedición(12).
Sin embargo, ante la evidente regresividad que planteaba el requisito de fidelidad al sistema, la Corte, en Sentencia C-428 de 2009, estudió el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 y consideró “resultaba contrario al principio de no regresividad consagrado en el artículo 48 de la Constitución y otros postulados de carácter internacional, en relación con lo anteriormente contemplado en el precepto 39 de la Ley 100 de 1993”, por lo cual declaró inexequible este último requisito.
5. La aplicación de los principios de progresividad y primacía de la realidad respecto de personas declaradas inválidas, cuando estas han continuado realizando aportes al sistema general de pensiones.
Igualmente, el artículo 3º del decreto en mención señala que el momento de estructuración de la invalidez de una persona es “la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación”.
Cabe señalar que a nivel jurisprudencial se ha definido que una persona es inválida cuando no puede obtener los medios necesarios para su subsistencia ejerciendo la actividad que habitualmente desempeñaba, por la disminución o pérdida de sus capacidades intelectuales y/o físicas. Desde antaño, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia advirtió que “una persona es declarada inválida, el día en que le sea imposible procurarse los medios económicos de subsistencia”(13).
En el caso de lo que comúnmente se conoce como SIDA(14), hay que precisar que un aspecto inicial de la enfermedad es la detección de la inoculación del virus del VIH, caso en el cual el paciente adquiere el carácter de seropositivo, lo cual no significa que automáticamente se diezme su sistema inmunológico. Esto en razón a que hasta el día de hoy no existe una vacuna 100% efectiva que elimine la patología del sistema, y lo que ocurre es que “eventualmente, un seropositivo desarrollará los síntomas del sida en el lapso de 5 a 8 años o más después de la infección”(15), más no en el momento del contagio.
Siguiendo ese mismo precedente, en la Sentencia T-710 de 2010, la Corte en un asunto en el cual una persona que padecía VIH solicitaba el reconocimiento de la pensión mediante la acción de tutela, determinó:
Existen casos en los que la fecha en que efectivamente una persona está en incapacidad para trabajar, es diferente a la fecha que indica el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral. Lo anterior se presenta, generalmente, cuando se padecen enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, en donde la pérdida de capacidad laboral es paulatina. Frente a este tipo de situaciones, la Corte ha evidenciado que las juntas de calificación de invalidez establecen como fecha de estructuración de la invalidez aquella en que aparece el primer síntoma de la enfermedad, o la que se señala en la historia clínica como el momento en que se diagnosticó la enfermedad”.
“la fecha de la invalidez debe corresponder al momento preciso en que la persona pierde la capacidad de laboral; por lo cual resulta errado que las juntas de calificación tomen como fecha de estructuración de la invalidez la fecha en que diagnosticó la enfermedad. En este orden, lo primero que se debe aclarar es que la fecha de estructuración de una enfermedad de deterioro progresivo establecida por las juntas de calificación no necesariamente describe el momento en que se diagnosticó la enfermedad como tal”.
Ahora bien, esta corporación no solo ha aplicado estos precedentes en supuestos en los que el accionante es portador de la enfermedad VIH-SIDA, ya que en reiteradas oportunidades lo ha aplicado en asuntos donde el peticionario padece de una enfermedad degenerativa y de deterioro progresivo. Ejemplo de lo anterior es la Sentencia T-561 de 2010 en la cual este tribunal falló un asunto con los siguientes antecedentes: (i) la accionante se afilió al ISS en el año de 1983 y cotizó de manera ininterrumpida por más de 23 años; (ii) fue declarada inválida por padecer una enfermedad de origen mental; (iii) la fecha de estructuración se fijó en el mismo año de la afiliación, es decir 1983;(iv)por esa razón se determinó la imposibilidad de conceder el derecho a la pensión.
“Cuando se trata de accidentes o de situaciones de salud que generan la pérdida de capacidad de manera inmediata, la fecha de estructuración de la invalidez coincide con la fecha de la ocurrencia del hecho; sin embargo, existen casos en los que la fecha en que efectivamente una persona está en incapacidad para trabajar, es diferente a la fecha que indica el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral. Lo anterior se presenta, generalmente, cuando se padecen enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, en donde la pérdida de capacidad laboral es paulatina. Frente a este tipo de situaciones, la Corte ha evidenciado que las juntas de calificación de invalidez establecen como fecha de estructuración de la invalidez aquella en que aparece el primer síntoma de la enfermedad, o la que se señala en la historia clínica como el momento en que se diagnosticó la enfermedad, a pesar de que en ese tiempo, no se haya presentado una pérdida de capacidad laboral permanente y definitiva —Decreto 917 de 1999—. Esta situación genera una desprotección constitucional y legal de las personas con invalidez”.
“Actualmente pueden acceder al derecho a la pensión de invalidez quienes logren demostrar: (a) que han perdido el 50% o más de su capacidad laboral y (b) que han realizado cotizaciones iguales o superiores a 50 semanas en los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez o, en algunos casos, para enfermedades de tipo progresivo, teniendo en cuenta la fecha de la calificación de la misma(16).
Esta última subregla, aparentemente extraña al contenido de la Ley 100, se ha fundado dentro de la jurisprudencia constitucional a partir de los principios de favorabilidad y de primacía de la realidad sobre las formas, contenidos en el artículo 53 de la Carta, y en desarrollo de la premisa según la cual los dictámenes de pérdida de la capacidad laboral no son intangibles y deben respetar los derechos de los trabajadores y el debido proceso”.
Se hace esta claridad, pues en enfermedades que por su evolución y complejidad suelen ser degenerativas y catastróficas, como es el caso del VIH-SIDA, la persona diagnosticada como portadora de esta enfermedad, puede continuar con una vida relativamente normal, y seguir trabajando y realizando cotizaciones por periodos de tiempo bastante largos, cotizaciones que son lo suficientemente importantes y valiosas como para que, llegado el momento en que definitivamente su enfermedad le impida seguir laborando, no sean tenidas en cuenta al momento de ser calificada como persona inválida”.
La Ley 6ª de 1945 estableció la favorabilidad en la legislación colombiana, al señalar en su artículo 36 que “Las disposiciones de esta sección y de la sección segunda, en cuanto sean más favorables a los trabajadores (empleados y obreros) tanto oficiales como particulares, se aplicarán de preferencia a cualquier otra que regulen la materia a que aquella se refieren a su turno, estas últimas se aplicarán de preferencia a las referidas secciones de la presente ley, en cuanto fueran más favorables a los trabajadores”. Por su parte, el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo prevé que: “en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador, evento en el que la regulación que se adopte deberá aplicarse en su integridad”.
El principio de favorabilidad en materia laboral opera en caso de duda, tanto en la aplicación como en la interpretación de las fuentes formales del derecho. Su razón de ser es la protección al trabajador debido a su situación de debilidad económica o material(17). Este tribunal ha señalado que existe un problema de interpretación cuando “hay duda sobre cuál sea la ley aplicable, pero también cuando la norma en cuestión admite más de una lectura y se duda cuál de estas se debe aplicar al caso concreto. Sin embargo cuando la discusión involucra los derechos de los (las) trabajadores(as), por mandato constitucional, se debe seleccionar entre dos o más entendimientos posibles de una norma aquel que favorece al trabajador(a) y no el que lo (la) desfavorece o perjudica”(18).
En concordancia con esta línea argumentativa, el artículo 3º del Decreto 917 de 1999, establece que el momento de estructuración de la invalidez es “la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva”. A su vez la Corte Constitucional, ha determinado que el régimen jurídico aplicable al momento de reconocer una pensión de invalidez en principio, es el vigente al momento de estructurarse la misma. La Sentencia T-043 de 2007 sobre ese aspecto manifestó lo siguiente:
“De manera general y salvo la norma aplicable en cada caso, la ley de estructuración es la vigente al momento del acaecimiento de la condición que hace exigible la prestación, es decir, la fecha de estructuración de la discapacidad, declarada por la junta de calificación correspondiente”(19).
Actualmente, los requisitos para acceder a la pensión de invalidez se encuentran consagrados en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993. La norma dispone que “tendrá derecho a la pensión de invalidez la persona que sea declarada inválida, por enfermedad o por accidente”, y que “haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración”.
“Se ha manifestado que frente a los cambios normativos que puedan presentarse respecto a los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, la Ley 100 de 1993 no previó un régimen de transición, el cual no resulta indispensable cuando la nueva normatividad implica cambios favorables y progresivos en materia de seguridad social. Sin embargo, cuando se establecen medidas regresivas como la imposición de requisitos más gravosos para acceder a la pensión, el legislador debe en principio prever un régimen de transición atendiendo la prohibición prima facie de retrocesos frente al nivel de protección constitucional alcanzado, y más en tratándose de regulaciones que afecten a sujetos de especial protección constitucional como son los disminuidos físicos. Régimen de transición que debe predicarse del régimen anterior, estableciendo periodos que permitan acoplarse a las exigencias del nuevo régimen y salvaguarde así las expectativas legítimas de quienes estaban próximos a cumplir los requisitos para pensionarse. Bajo tal situación, como la Corte lo ha expuesto en dos sentencias de revisión(20), lo procedente es aplicar el régimen pensional anterior que resulta más favorable, inaplicando para el caso la normatividad legal vigente para la fecha de estructuración de la invalidez”.
Sobre este aspecto la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral ha manifestado lo siguiente(21):
“Si el afiliado había cumplido requisitos más estrictos, al amparo de una legislación anterior, para acceder a la pensión de invalidez, no resultaba proporcionado ni conforme a los principios constitucionales de la seguridad social, entre ellos el de la condición más beneficiosa, que se negara la prestación con base en la aplicación del nuevo régimen, incluso en el evento que la estructuración de la invalidez hubiera acaecido bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993”.
“En efecto el numeral 1º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003 exige un mayor número de semanas para acceder al reconocimiento de la pensión de invalidez, afectando a las personas que han cumplido con los requisitos de las normas anteriores y por efecto de la declaratoria de pérdida de la capacidad laboral no pueden continuar cotizando para obtener la pensión de invalidez y con ocasión de los cambios legislativos resultan gravemente afectados. Esta situación ha sido considerada como una medida regresiva y por ello en ciertos casos especiales se ha dado aplicación al principio de favorabilidad en la medida que los requisitos exigidos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 resultan menos gravosos que las disposiciones actuales en materia de pensión de invalidez”.
7.1. Expediente T-3.994.183.
El primer caso(22) hace parte del conjunto de expedientes que fueron acumulados mediante auto del 15 de agosto de 2013 por la Sala de Selección de Tutelas número Ocho. Consiste en la solicitud de protección de derechos elevada por una persona, que pese a tener una pérdida de la capacidad laboral del 57.5%, según consta en el primer dictamen que se le realizó, no tuvo acceso a la pensión de invalidez debido a que la fecha de estructuración fue estimada para el 13 de noviembre de 1997, cuando a la actora se le descubrió una enfermedad de deterioro progresivo conocida como: “artritis reumatoidea, diabetes mellitus, e hígado graso medicamentoso”.
La AFP demandada niega la prestación y la vulneración de los derechos fundamentales, con base en la fecha de estructuración de la invalidez que arrogaron los dos dictámenes practicados. En su entender para el momento en que perdió su capacidad de trabajo (nov. 13/97) Mercedes Villamarín Herrera no contaba con los requisitos que contemplaba el artículo 39 de la Ley 100.
En primer lugar y previo a definir qué criterios jurisprudenciales son aplicables a la definición de la fecha de estructuración de la invalidez, la Sala advierte que el asunto presentado por la ciudadana Mercedes Villamarín Herrera refleja claramente la existencia de una afectación múltiple a sus derechos fundamentales, lo cual amerita la procedencia de la acción de tutela en los términos expresados por la jurisprudencia de esta corporación. Esto en razón a que no hay duda que debido a la condición de discapacidad que aqueja a la peticionaria, aunada a las afectaciones físicas y corporales que ha venido acumulando con el tiempo, implican la existencia de una situación que requiere medidas urgentes e impostergables. Basta con contemplar la historia clínica que fue adjuntada con el escrito de tutela(23), para comprobar que se trata de una persona que ha acumulado afecciones delicadas, que indubitable y progresivamente le han impedido seguir trabajando y que inexorablemente le dificultan a un grado extremo desarrollar cualquier tipo de actividad en este momento.
En este sentido, la Corte Constitucional ha considerado, de manera excepcional, la viabilidad de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento, restablecimiento y pago de derechos pensionales, aún en presencia de otros medios de defensa judicial, “cuando se ha advertido que de tal reconocimiento depende la protección de otros derechos de raigambre constitucional”(24).
“La jurisprudencia ha explicado que las regulaciones sobre el tema disponen que la fecha de la invalidez corresponde al momento preciso en que la persona pierde la capacidad laboral. Por ello, explica la Corte, en algunos casos ha resultado errado que las juntas de calificación tomen como fecha de estructuración de la invalidez la fecha en que diagnosticó la enfermedad. Pues, dicha fecha no representa el momento en que la persona ya no puede laborar más. Por lo cual, se deben contar las cotizaciones realizadas hasta el momento en que se dictamina la calificación de la invalidez en un porcentaje superior al 50%. Y, a partir de dicha fecha (de la calificación) exigir el requisito de las cotizaciones mínimas. Esto, en tanto que el diagnóstico de una enfermedad de deterioro progresivo no significa per se la incapacidad de seguir laborando”.
Respecto a la fecha de estructuración de la primera invalidez establecida el 13 de noviembre de 1997 subyace un razonamiento de carácter inconstitucional, que consiste en que quien sufra de deformaciones en las extremidades(25) queda automáticamente excluido de toda expectativa laboral y, como consecuencia, de cualquier esperanza de cobertura de la seguridad social. Esta postura es contraria a los principios constitucionales reconocidos en nuestra Carta, en la medida en que niega la posibilidad de que las personas en situación de discapacidad puedan integrarse y desempeñarse en el empleo formal.
En aplicación del principio de primacía de la realidad, la fecha de estructuración de la invalidez “debe comprobarse en términos materiales y no solamente formales”(26). En estos términos, para la Corte Constitucional es claro que el solo diagnóstico de “artritis reumatoidea” en el año de 1997 no constituyó una pérdida de la capacidad de tal magnitud, que le impidiera acceder a un empleo; en su lugar, es menester definir un momento diferente, de manera que sea compatible con criterios técnicos y, por supuesto, con los postulados constitucionales y legales respectivos. La Sala no pasa por alto que habrá eventos en los cuales una discapacidad efectivamente constituya la imposibilidad real de desempeñar un empleo específico, pero “solo cada caso y según sus circunstancias, puede mostrar al calificador las limitaciones y restricciones a la empleabilidad”(27). Asunto que conforme a lo detallado anteriormente no es el caso de la señora Mercedes Villamarín Herrera.
Al igual que en el caso anterior, en este asunto el señor Fernando Alberto Herrera Zapata solicita el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Particularmente, en este evento pone de presente que padece la enfermedad VIH-SIDA y que ha sido calificado con un 71.10% de pérdida de la capacidad laboral, cuya fecha de estructuración data del 30 de diciembre del año 2000 según dictamen expedido por la comisión médico laboral, de la gerencia.
De las pruebas aportadas la Sala comprueba que en el caso del señor Fernando Alberto Herrera Zapata, el momento en que se estructuró la supuesta pérdida de capacidad hasta el día de hoy ha cotizado más de 325.72 semanas(28), es decir ha laborado y aportado al sistema de seguridad social durante más de 82 meses, en otros términos, durante casi 7 años. Sin embargo, como se observa, gran parte de las cotizaciones efectuadas por el actor son desconocidas por el fondo de pensiones bajo el entendido de que la enfermedad se estructuró hace más de 13 años.
“Es posible que, en razón del carácter progresivo y degenerativo de la enfermedad, pueden darse casos, como el presente, en los que, no obstante que de manera retroactiva se fije una determinada fecha de estructuración de la invalidez, la persona haya conservado capacidades funcionales, y, de hecho, haya continuado con su vinculación laboral y realizado los correspondientes aportes al sistema de seguridad social hasta el momento en el que se le practicó el examen de calificación de la invalidez”.
Así las cosas, de acuerdo con lo expuesto es evidente que al peticionario se le están desconociendo los casi 7 años que trabajó y aportó al sistema, debido a que la decisión de Colpensiones es contraria a la Constitución, ya que: (i) está probado en el expediente que el accionante continuó prestando sus servicios y (ii) la Corte entiende que una persona que realmente tenga una pérdida de capacidad laboral del 71.10%, jamás habría podido efectivamente laborar durante el tiempo y período en el que lo hizo el actor.
En este último asunto la solicitud de protección de derechos es elevada por una persona que mediante resolución del 15 de junio de 2012, le fue reconocida pérdida de capacidad laboral del 67.70% por la comisión médico laboral de la gerencia nacional de atención al pensionado del ISS, por ser portador de la enfermedad VIH-SIDA, cuya fecha de estructuración data del 9 de marzo de 2012.
Ahora bien, el accionante solicita mediante la acción de tutela que se le apliquen las disposiciones contenidas en el artículo 6º del Decreto 758 de 1990(29). Según el Luis Fernando Cañar Cerón está plenamente demostrado que ha cotizado al sistema de seguridad social más de 300 semanas en cualquier época, por lo cual debe reconocerse la prestación solicitada. Sin embargo y tal como se explicó en la parte motiva de esta sentencia, si bien la Corte ha permitido que en aplicación del principio de favorabilidad en un caso concreto se empleen las disposiciones del anterior régimen de pensión, esto solo sucede cuando “este resulta más favorable” y “cuando previamente el accionante cumplía los requisitos que contemplaba la anterior disposición”.
“La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador” (resaltado y cursiva fuera de texto)
Así las cosas en el presente caso está demostrado que el accionante ha seguido desempeñado su trabajo hasta la actualidad. Razón por la cual no debe desconocerse que tratándose del virus del VIH-SIDA la pérdida de capacidad laboral no es inmediata sino progresiva, y en ese contexto es inconstitucional que el fondo de pensiones no tenga en cuenta las cotizaciones que el accionante realizó desde la estructuración de la invalidez hasta que efectivamente se presentó la disminución real de capacidad laboral.
En el caso particular de las enfermedades degenerativas, que como sucede con el VIH-SIDA, permiten que quien sea portador o padezca una enfermedad de estas características, logre desarrollar una actividad económicamente productiva, y que a consecuencia de su actividad laboral, realice aportes o cotizaciones al sistema pensional, en periodos de tiempo que pueden extenderse hasta por varios años”(30).
1. Dentro del expediente T-3.994.183, REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Superior de Bogotá, Sala de Decisión Laboral del 28 de junio de 2013, que confirmó el fallo proferido por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, del 22 de mayo de 2013, que denegó la protección de los derechos fundamentales invocados por la señora Mercedes Villamarín Herrera. En su lugar, CONCEDER la tutela de sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social, y al mínimo vital y ORDENAR a Colpensiones que, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos en esta providencia, en el término de 48 horas inicie los trámites pertinentes para que a la actora le sea reconocida de manera definitiva y empiece a pagársele la pensión de invalidez, lo cual no podrá exceder el término de 20 días calendario.
2. Dentro del expediente T-4.001.758, REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Medellín del 30 de mayo de 2013, que denegó la protección de los derechos fundamentales invocados por el señor Fernando Alberto Herrera Zapata. En su lugar, CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales a la seguridad social, a la dignidad humana, a la igualdad y al mínimo vital, y ORDENAR a Colpensiones que teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos en esta providencia, en el término de 48 horas inicie los trámites pertinentes para que al actor le sea reconocido de manera definitiva y empiece a pagársele la pensión de invalidez, lo cual no podrá exceder el término de 20 días calendario.
3. Dentro del expediente T-3.942.900, REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Único Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto, del 15 de abril de 2013, denegó la protección de los derechos fundamentales invocados por el señor Luis Fernando Cañar Cerón. En su lugar, CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales a la seguridad social, al derecho de petición, a la subsistencia digna y al mínimo vital por los argumentos presentados en esta providencia. y ORDENAR a la Colpensiones que en el término de 48 horas inicie los trámites pertinentes para que el actor le sea reconocido de manera definitiva la pensión de invalidez, este procedimiento no podrá exceder el término de 20 días calendario.
(1) La acción de tutela no refiere la fecha en la que el actor elevó la solicitud, ni de las pruebas en el expediente puede determinarse.
(2) La resolución expedida por Colpensiones no establece qué régimen cobija la solicitud del actor, pero se entiende que la decisión adoptada se fundamentó en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, con sus actuales reformas.
(3) Sentencias T-225 de 1993 y SU-544 de 2001.
(4) Sentencia T-145 de 2011.
(5) Cfr. Sentencia T-106 de 1993.
(6) Sentencias T-505 de 1992 y T-271 de 1995.
(7) Sentencia C-258 de 2013.
(8) Sentencia C-258 de 2013.
(9) Sentencias: T-102 de 1998, T-560 de 1998, SU-819 de 1999, SU-111 de 1997 y SU-562 de 1999.
(10) Sentencia C-432 de 2004.
(11) Sentencia C-227 de 2004 y C-111 de 2006.
(12) El contenido del referido artículo 11 de la Ley 797 de 2003, disponía lo siguiente: ART. 11.—Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones: (1). Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado 50 semanas en los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del 25% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. (2). Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma. Parágrafo. Los menores de 20 años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado 26 semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria”.
(13) Sentencia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación del 17 de agosto de 1954.
(14) El SIDA no es el virus que diezma al sistema inmune, el Sida es el conjunto de enfermedades que ingresan al organismo como producto de la infección causada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
(15) Cfr. Mercedes Diez Ruiz-Navarro y Asunción Díaz Franco, «Evolución del sida en España», Investigación y Ciencia, 442, julio de 2013, págs. 60-64 (61).
(16) (sic).
(17) Sentencia T-138 de 2012.
(18) Sentencia T-545 de 2004.
(19) Cfr. Sentencia T-043 de 2007.
(20) Sentencias T-1291 de 2005 y T-221 de 2006.
(21) Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, radicación 24280, Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil cinco (2005).
(22) Se debe aclarar que si bien el expediente T-3.942.900 fue radicado antes que el proceso T- 3.994.183. Por cuestiones metodológicas y con el fin de lograr una mayor comprensión de la aplicación contraria a derecho que se evidencia en los asuntos acumulados, se expondrá inicialmente el expediente de referencia, independientemente del orden en el que haya llegado a esta corporación.
(23) Folio 26 al 42.
(24) Sentencia T-726 de 2007.
(25) En los folios 37 al 42, aparecen imágenes de la deformación en las articulaciones de la actora.
(26) Cfr. Ibídem.
(27) T-594 de 2011.
(28) Información obtenida de el historial del accionante, https://hla.Colpensionestransaccional.gov.co. Fecha de consulta 23 de octubre de 2013.
(29)Tendrán derecho a la pensión de invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes condiciones: a) Ser inválido permanente total o inválido permanente absoluto o gran inválido y, b) Haber cotizado para el seguro de invalidez, vejez y muerte, ciento cincuenta (150) emanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez”.
(30) (sic).

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 86
 artículo 259
 artículo 5
 artículo 48
 artículo 11
 artículo 1
 artículo 48
 artículo 3
 artículo 53
 artículo 36
 artículo 21
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 39
 artículo 1
 artículo 39
 artículo 39
 resolución 
 artículo 6
 resolución 
 artículo 39
 artículo 11