Source: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/1998/00951-1997-AA.html
Timestamp: 2017-12-16 13:05:02+00:00

Document:
0951-1997-AA
EXP. N° 951-97-AA/TC
ADA MILCA RIVERA CALDERÓN
En Huánuco, a los tres días del mes de julio de mil novecientos noventa y ocho, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia.
Recurso de nulidad que debe ser entendido como extraordinario interpuesto por doña Ada Milca Rivera Calderón contra la resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas ciento cincuenta y cuatro, su fecha veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y siete, que revocando la apelada declaró improcedente la Acción de Amparo contra el Alcalde Distrital de la Municipalidad de Sicaya.
Con fecha veintitrés de enero de mil novecientos noventa y siete, doña Ada Milca Rivera Calderón interpone Acción de Amparo contra el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Sicaya con el objeto de que se deje sin efecto, en su caso, la Resolución Municipal N° 004-96-MDS de fecha treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y seis, mediante la cual se declara excedente a la demandante, quién por motivos de salud solicitó permiso y/o licencia con goce de haber desde el veintiocho de octubre, hasta el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y seis, la misma que fue autorizada y aprobada por el demandado; que cuando la demandada retornó a su centro de trabajo al término de su licencia, no se le permitió firmar su asistencia dejando constancia de dicho acto por ante el Juez de Paz de Sicaya y un miembro de la Delegación de la Policía Nacional del Perú, motivo por el cual formuló denuncia penal ante la Tercera Fiscalía Provincial de Huancayo, por el delito de abuso de autoridad y violación de la libertad de trabajo en su agravio; aduce la demandante que como consecuencia de haberla denunciado penalmente el demandado expide la resolución cuestionada que la declaró excedente por proceso de evaluación, sin notificársele.
El demandado Alcalde de la Municipalidad Distrital de Sicaya contesta la demanda precisando que la demandante voluntariamente se ha sometido a la evaluación habiendo quedado desaprobada al haber obtenido como nota cincuenta puntos, que no ha agotado la vía administrativa, y que ésta no es la vía idónea.
El Juez del Primer Juzgado en lo Civil de Huancayo, con fecha once de febrero de mil novecientos noventa y siete, a fojas ochenta y cuatro, declara fundada la demanda, por considerar principalmente que, el Reglamento de Evaluación aprobado por Resolución Municipal N° 001-96-MDS, podría haber tenido validez o aplicación para el segundo semestre del año de mil novecientos noventa y seis, más no así para el primer semestre de dicho año, en razón a que ninguna ley o resolución administrativa tiene efecto retroactivo.
La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Junin, con fecha veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y siete, a fojas ciento cincuenta y cuatro, revoca la apelada, por estimar que la demandante al presentar su demanda no ha hecho de conocimiento del Órgano Jurisdiccional; que ella se había sometido a la evaluación que informan las fotocopias que obran en autos, y que la declaratoria de excedencia es el resultado de la evaluación funcional ordenada por la normatividad vigente.
1. Que, la demandante solicita se deje sin efecto para su caso la Resolución Municipal N° 004-96-MDS, de treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y seis, que la declara excedente en la Municipalidad Distrital de Sicaya.
2. Que, la resolución de alcaldía cuestionada, ha sido ejecutada sin haber quedado consentida, lo que exime a la demandante de la exigencia de agotar la vía administrativa, ya que opera la excepción prevista en el inciso 1) del Artículo 28° de la Ley N° 23506.
3. Que, la Octava Disposición Transitoria y Final de la Ley N° 26553, que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 1996, incluyó a los Gobiernos Locales, dentro de los alcances del Decreto Ley N° 26093, autorizándolos a efectuar evaluaciones de personal, de acuerdo a las normas que para el efecto establezcan, pudiendo cesar por causal de excedencia, al personal que en las mismas no califique.
4. Que, la adecuada protección constitucional contra el despido arbitrario, supone que el trabajador no puede ser despedido sino por causa justa debidamente comprobada, por lo que los procesos especiales de cese de los servidores públicos por causal de excedencia, deben realizarse con escrupulosa observancia de las disposiciones legales vigentes, a fin de no vulnerar derechos fundamentales de sus servidores.
5. Que, la copia de la Resolución de Alcaldía N° 002-96-MDS de nueve de setiembre de mil novecientos noventa y seis, y del informe N° 001-CEP-96 de once de octubre de mil novecientos noventa y seis, que obra en el expediente de fojas setenta y siete, y setenta y nueve, se acredita la condición de Alcalde y Regidores, de don Longino Navarro Balvin, don Antenor Vilchez Zarate, y doña Edy Juana García Maravi, designados para conformar la Comisión Evaluadora del Personal, de la Municipalidad demandada, lo cual conforme lo expresado por este Colegiado en reiterada jurisprudencia, contraviene lo establecido en el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado y el inciso 3) del Artículo 37° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 23853, en virtud de los cuales los regidores ejercen función de Fiscalización y vigilancia de los actos de la administración municipal, careciendo de competencia para realizar acciones que originen ceses de personal; en consecuencia se ha vulnerado el derecho constitucional de la demandante a un debido proceso, consagrado en el inciso 3) del Artículo 139° de la Constitución Política del Estado.
REVOCANDO la resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Junin, de fojas ciento cincuenta y cuatro, su fecha veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y siete, que revocó la apelada que declaró improcedente la demanda; y reformándola declara FUNDADA la Acción de Amparo; en consecuencia inaplicable a la demandante la Resolución Municipal N° 004-96-MDS y ordenaron que la demandada cumpla con reponerla en el puesto de trabajo que venía desempeñando al momento de su cese o a otro de igual categoría, sin goce de haber por el tiempo no laborado. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el Diario Oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

References: resolución 
 Resolución 
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 Resolución 
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 Resolución 
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 Artículo 28
 Resolución 
 Artículo 191
 Artículo 37
 Artículo 139
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