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Timestamp: 2019-01-21 08:02:15+00:00

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FORO ACADÉMICO: ARTICULO - ANALISIS REFORMA LEY CONCURSAL
Análisis critico a la reforma de la ley concursal
en materia de relaciones laborales y cooperativas de trabajo.
A propósito de los despachos de comisión aprobados en la Cámara de Diputados.
Por Francisco Junyent Bas
La última reunión de la Comisión General de Legislación, relativa a los anteproyectos sobre modificación de la ley concursal en aspectos laborales y específicamente en materia de cooperativas de trabajo, tuvo por finalidad escuchar a los especialistas en la materia para luego formular los correspondientes despachos de comisión.
Así, a la postre se aprobó un primer proyecto de mayoría en donde se fusionaron las propuestas del denominado Proyecto Donda y las contenidas en el Poder Ejecutivo y que fue pulido definitivamente por los asesores de los diputados interesados.
Asimismo, también mereció aprobación un despacho de minoría que solo recibió algunos aspectos contenidos en el proyecto Donda y fundamentalmente pulió el presentado por el Poder Ejecutivo y que fue repasado legísticamente por especialistas de nota.
De tal modo, a la fecha se encuentra a consideración de la Cámara de Diputados de la Nación los dos despachos emitidos por comisión: uno, el de mayoría que comentaremos en esta oportunidad y el de minoría que virtualmente respeta la redacción original del proyecto del Poder Ejecutivo y que tiene la ventaja de haber sido revisado íntegramente por concursalistas de diversas corrientes lográndose un texto consensuado a los fines de su aprobación por el Congreso de la Nación.
En la aludida reunión de especialistas, y de la lectura de sus opiniones, puede advertirse que el proyecto Donda era sumamente resistido por los avances que realiza en materia de contralor de los trabajadores en la etapa del concurso preventivo, tal como lo veremos infra
Por el contrario, también se advirtió que, pese a algunas observaciones, la alternativa más viable consistía en aprobar el proyecto del Ejecutivo que recibió el apoyo de la Dra. Alejandra Tevez, el Dr. Daniel Truffat y el suscripto y que como dijimos fue revisado por juristas especializados para dotarlo de coherencia y unidad.
De tal modo, hoy la Cámara de Diputados tiene a su consideración dos proyectos diferentes en materia de modificación de la ley 24.522 sobre el rol de los trabajadores en el concurso preventivo y, fundamentalmente, en materia de continuación de la empresa por la cooperativa de trabajadores que denotan las importantes diferencias existentes entre los legisladores.
Esta dualidad de despachos de comisión tornará complejo el tratamiento en el Congreso, máxime cuando se advierte el desconocimiento que existe sobre la materia y la fuerte carga ideológica que trae aparejado la temática relativa a la inserción de los trabajadores en el concurso preventivo y en la quiebra.
II. El mantenimiento de la fuente de trabajo y la reversión de la quiebra.
Desde esta perspectiva, y a la luz de la actual realidad social y de los precedentes judiciales existentes, cabe afirmar que la recuperación de las empresas en crisis constituye una alternativa de mantenimiento de las fuentes de trabajo que incide en la actividad económica y productiva mejorando la situación social de grandes sectores de la población y este es el objetivo central que no debe perderse de vista.
De esta forma, la reversión de la quiebra, mediante la continuación de la explotación por los trabajadores, tiene como finalidad la reconstrucción del tejido productivo, favoreciendo los ingresos de los empleados e incrementando el consumo interno, disminuyendo los índices de desocupación, todo lo cual, permite también bajar los índices de deserción escolar, evitar el crecimiento de la delincuencia, y propender a un mayor grado de "homeostasis" del sistema social con menor tasa de conductas o subculturas desviadas.
En consecuencia, hubiese sido preferible que todos los sectores fuesen capaces de dejar de lado sus intereses sectoriales y apoyaran el proyecto del Ejecutivo, dejando a salvo simplemente el tema relativo a la "compensación" de los créditos para la compra de la empresa.
En efecto, tal como veremos, esta alternativa de pago no puede ser por la totalidad de los créditos laborales, sino, por el "dividendo" que corresponda, de conformidad a la tasación de la empresa que haya hecho el perito en cumplimiento de lo dispuesto por el inc. 1 del art. 205, de manera de respetar el reparto entre todos los acreedores.
Así, con esa sola salvedad, el proyecto del Ejecutivo no solo era viable sino que permite a los trabajadores habilitar la compra de numerosas "empresas recuperadas"; en vez de embarcarnos nuevamente en el debate de dos despachos disímiles que "declaman" tutelar a los trabajadores pero que , al dividir las eventuales modificaciones, tornan mucho más compleja la construcción de un texto unificado.
A esta altura de las circunstancias cabe recordar que el actual proyecto del Poder Ejecutivo había sido presentado hace cinco años por el radicalismo y anteriormente por otros legisladores de diversa extracción partidaria, por lo que las nuevas modificaciones siguen demorando la reforma.
Cabe preguntarse ¿Hasta cuando seguiremos haciendo esperar a los trabajadores para introducir nuevas reformas que solo atrasan el proceso?
De lo dicho se sigue que, tanto el despacho de mayoría como el de minoría, solo han realizado "cosmética" en los proyectos originales y, por ende, solo serán motivo de demoras legislativas innecesarias.
A modo de aproximación procederemos a realizar un breve análisis de las reformas del despacho de mayoría, sin perjuicio de que muchos de los comentarios también son extensibles al texto propuesto por la minoría de la comisión.
III. Análisis exegético.
A esos fines iremos comentando las reformas propuestas al pie de cada una de ellas.
ARTÍCULO 1º.- - Incorpórase como inciso 8) del art. 11º del Título II, Capítulo I, Sección I de la Ley Nº 24.522 - Ley de Concursos y Quiebras - el siguiente texto:
"8) Acompañar nómina de empleados, con detalle de domicilio, categoría, antigüedad y última remuneración percibida.".
Comentario: "El retorno de la maldición de la momia".
Este inciso que se agrega tenía como sentido originario habilitar el concurso preventivo a quienes estaban al día en el pago de los salarios, tal como lo intentó la reforma introducida por la ley 20.595, en el año 1973 que motivara la dura crítica del maestro Maffía sobre el hiperprivilegio del ente estatal acreedor de los aportes previsionales y de numerosos autores, pese a la flexibilización que introdujo la ley 24.241 en orden al pago de las contribuciones previsionales.
Ahora, ambos despachos de comisión sólo exigen acompañar la nómina de empleados, domicilio, categoría, antigüedad y remuneración, es decir, constituye una mera reiteración de las exigencias del libro del art. 52 de la ley 20.744 que están obligados a llevar todos los empleadores y tiene como inconveniente que puede constituirse en un obstáculo para acceder a la solución preventiva.
En consecuencia, resulta sobreabundante y corre el riesgo de volverse una espada de Damocles pues, antes de la presentación concursal el deudor o deudora se asegurará de no tener empleados" en negro" y, consecuentemente, en un país donde el "informalismo" es realmente alto, la norma no favorecerá el mantenimiento de la fuente de trabajo y dejará afuera al más débil de todos, el empleado informal.
En una palabra, el agregado no solo es innecesario sino que puede llegar a ser negativo con respecto a la realidad del empleo informal en nuestro país, cuya solución debe propenderse por las vías idóneas y no impidiendo una alternativa de saneamiento empresario como lo es el concurso preventivo.
ARTÍCULO 2º.- Modifícase el inciso 10 del artículo 14 del Título II, Capítulo II, Sección I de la Ley N° 24.522 - Ley de Concursos y Quiebras- el que queda así redactado:
"10) La fijación de una audiencia informativa que se realizará con CINCO (5) días de anticipación al vencimiento del plazo de exclusividad previsto en el artículo 43. Dicha audiencia deberá ser notificada fehacientemente a la totalidad de los trabajadores que integren la planta de personal de la empresa. A tal efecto podrán labrarse actas de notificación firmadas por los empleados y certificadas por la máxima autoridad del área encargada de recursos humanos de la empresa o su representante legal. Dichas notificaciones deberán tener carácter de declaración jurada.".
Comentario: "La notificación de la audiencia informativa."
La notificación que plantea el art. 14 inc. 10 de la audiencia informativa a todos los trabajadores carece de sentido, pues como veremos, estos no pueden alterar la propuesta realizada por el concursado y a todo evento, estarán informados de las negociaciones de la etapa concordataria si se logra una adecuada conformación del comité de acreedores.
Va de suyo, que también pueden obtener la información pertinente si se la requieren a la sindicatura mediante la presentación pertinente
Así, conviene recordar que la audiencia prevista en oportunidad de la finalización del período de exclusividad tiene por finalidad que la concursada y los acreedores realicen las observaciones que consideran pertinentes a la propuesta proyectada a los fines de su eventual conformidad.
En muchos casos, esta audiencia será innecesaria pues las mayorías de acreedores impuesta por la legislación se habrán obtenido con anterioridad y el propio texto legal dice que entonces no se toma, art. 45 in fine, atento a la existencia de acuerdo.
Por otro lado, si el Comité de Acreedores funciona adecuadamente, el representante de los trabajadores estará al tanto de la propuesta y consiguientemente, se la hará conocer a los empleados de la empresa quienes tienen en dicho comité el órgano idónea para hacer llegar las opiniones que consideran pertienentes.
En consecuencia, no se advierte el sentido de notificar a todos los trabajadores una audiencia que no siempre se tomará y que en caso de efectivizarse tiene como finalidad una eventual mejora de la propuesta para lograr el acuerdo preventivo.
Estos aspectos, tal como se dijo, están cubiertos por la actuación de la sindicatura y del Comité de Acreedores y la notificación a los trabajadores deberá hacerla este último órgano que para eso se constituye.
ARTICULO 3º.- Modifícase el inciso 11 del artículo 14 del Título II, Capítulo II, Sección I de la Ley N° 24.522 - Ley de Concursos y Quiebras- el que queda así redactado:
"11) Correr vista al síndico por el plazo de DIEZ (10) días, el que se computará a partir de la aceptación del cargo, a fin de que se pronuncie sobre:
b) Previa auditoría en la documentación legal y contable, informe sobre la existencia de otros créditos laborales comprendidos en el pronto pago.".
Comentario: "Una eliminación totalmente inconveniente."
La modificación del inc. 11 del art. 14 mantiene las dos primeras mandas para que el síndico articule el listado de acreedores prontopagistas y elimina el requerimiento sobre la situación de los trabajadores.
La reforma es disvaliosa, nada tiene que ver la eventual denuncia del concursado, art. 11 inc. 5 o el proyectado inc. 8, con la conveniencia de que el síndico, como técnico en Administración y en contabilidad emita opinión sobre la situación de los trabajadores ante ala suspensión del Convenio Colectivo.
En realidad, esta supresión, que no está contemplada en el despacho de minoría, tiene directa relación con la eliminación que el despacho de mayoría hace de la suspensión de los convenios colectivos en el art. 20 de la ley 24.522.
Cabe insistir en lo lamentable de una reforma que pretende defender a los trabajadores "impidiendo el diálogo entre estos y la empresa concursada" mediante la formulación del convenio de crisis.
Se podrá decir que esta última alternativa no ha tenido efectividad práctica o en su caso ha servido para abusos pero, lo real y cierto, es que cuando la empresa se encuentra en crisis, el dialogo entre los sectores que integran la empresa resulta indispensable y, lejos de eliminar la alternativa, hay que profundizarla concientizando tanto al empresario como a los trabajadores sobre la necesidad de analizar la organización de la empresa y las eventuales modificaciones que pueden ser necesarias en orden a la correcta utilización de los recursos humanos.
La alternativa del abuso se evita con un adecuado contralor de la sindicatura y del comité de acreedores.
En consecuencia, esta labor del síndico es fundamental para conocer la verdadera situación de los trabajadores y propender a una reorganización consensuada entre capital y trabajo.
Hemos dicho que el proyecto en el art. 8 elimina la suspensión de los Convenios Colectivos, pero esta es una medida que, no solo evita el diálogo, sino que ignora la realidad de lo que sucede en las empresas concursadas.
En efecto, el estado de cesación de pagos obliga a replantear las relaciones laborales, y el art. 20 en este aspecto refleja dicha realidad.
Adviértase que la Senadora Liliana Negre de Alonso ha presentado un proyecto en el Senado para fortalecer el Convenio de Crisis y lo más conveniente sería asumirlo a dicho proyecto para "unir fuerzas" y obtener coincidencias que faciliten la aprobación de la reforma.
ARTÍCULO 4º.- Incorpórase como inciso 13 del artículo 14 del Título II, Capítulo II, Sección I de la Ley N° 24.522 -Ley de Concursos y Quiebras- el siguiente texto:
"12) La constitución de un comité de control, integrado por los tres acreedores quirografarios de mayor monto, denunciados por el deudor y un representante de los trabajadores de la concursada, elegido por los trabajadores.".
Comentario: "El cambio de "nomen iuris": ¿la misma tarea?"
La constitución de un Comité de Control aparece como una técnica legislativa equivocada, ya que el Comité de Acreedores (este el el organismo que debe nominarse en el proyecto) tiene de conformidad al art. 260 la facultad de controlar todo el proceso del concurso preventivo y no hace falta nominarlo de "control" en una " aparente posición de fuerza" que desdibuja la función sindical.
Por ello, hay que señalar que lo que se constituye es el Comité de acreedores, tal como lo hace el despacho de minoría, al cual se le agrega el representante de los trabajadores y es este el que debe cumplir con la obligación de mantener informados a sus compañeros sobre la marcha del proceso, es decir, créditos verificados, propuestas y cualquier otra alternativa que coadyuve a la obtención del acuerdo y a la tutela de los trabajadores.
En este aspecto, pese a que existirán resistencias, parece por demás razonables que los empleados estén representados en el Comité de Acreedores para poder seguir y conocer lo sucede en el Concurso Preventivo y la incorporación de un delegado de los trabajadores constituye una medida moderada y adecuada para tutelar los intereses de aquellos en orden a la vigencia de la relación de empleo que se asegura con la conservación de la empresa mediante la obtención del acuerdo preventivo.
En una .palabra, en orden a la constitución del comité, este órgano es de acreedores y no suple la labor sindical, por lo que, la reforma adecuada es la que contiene el despacho de minoría que sigue nominandolo como Comité de Acreedores.
Va de suyo que el agregado que el despacho de minoría realiza al art. 15 estableciendo que el concursado mantiene la administración bajo la vigilancia del síndico y del Comité de acreedores no debe entenderse como superposición de funciones sino convergencia de intereses comunes, tal como se sigue del esquema de intervención que tiene este último órgano en la primera etapa, art. 16, como así también en el período concordatario art. 42 y en el contralor del acuerdo.
ARTÍCULO 5º.- Modificase el artículo 15 del Título II, Capítulo II, Sección II de la Ley N° 24.522 -Ley de Concursos y Quiebras- que quedará redactado como sigue:
"Administración del concursado. El concursado conserva la administración de su patrimonio bajo vigilancia del síndico. El comité de control podrá, a su vez, solicitar información al síndico sobre la administración del patrimonio del concursado. El síndico deberá realizar las acciones correspondientes e informar al comité de control lo solicitado.".
Comentario: "Una redundancia que denota desconocimiento."
En esta inteligencia, el agregado sobre las facultades del Comité de Control, que, en realidad, es Comité de Acreedores vuelve a reiterar lo que ya dice el art. 260, lo que demuestra un desconocimiento de la normativa concursal y una "insistencia" en la superposición de la tarea del síndico y del Comité que sólo logrará que los síndicos reunidos en la Federación de Consejo Profesional critiquen duramente la norma y complicará inútilmente la aprobación de la reforma.
En una palabra, hay que decirlo con todas las letras: el síndico no necesita de ningún Comité de Control y, por supuesto, que debe informar al Comité de Acreedores, de conformidad al art. 260, tal como expresamente lo señala el segundo apartado de esta norma exhibiéndole los libros y registros contables, como así también, requiriendo cualquier otra información que sea idónea y pertinente a los fines de asegurar la buena marcha del proceso y tutelar la administración de la empresa concursada.
En esta línea, puede proponer planes de custodia y conservación del patrimonio, solicitar audiencia y requerir cualquier otra medida conveniente en la etapa procesal de su actuación.
De tal modo, el agregado que se hace al art. 15 en realidad" no agrega nada" y solo "irritará" a los síndicos, con lo cual se darán nuevos motivos de crítica de la reforma, perdiendo de vista el objetivo fundamental de mantener la fuente de trabajo.
ARTÍCULO 6º.- Modificase el artículo 16 del Título II, Capítulo II, Sección II de la Ley N° 24.522 -Ley de Concursos y Quiebras- que quedará redactado como sigue:
“Actos Prohibidos. El concursado no puede realizar actos a título gratuito o que importen alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación.
Pronto pago de créditos laborales: Dentro del plazo de 10 días de emitido el informe que establece el artículo 14 inciso 11), el Juez del concurso autorizará el pago de las remuneraciones debidas al trabajador, las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades laborales y las previstas en los artículos 132 bis., 232, 233 y 245 a 254, 178, 180 y 182 de la Ley Nº 20.744; artículo 6º a 11 de la Ley Nº 25.013; las indemnizaciones previstas en la Ley Nº 25.877, en los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 25.323; en los artículos 8º, 9º, 10, 11 y 15 de la Ley Nº 24.013; en el artículo 44 y 45 de la Ley Nº 25.345; en los estatutos y en el artículo 16 de la Ley Nº 25.561, que gocen de privilegio general o especial y que surjan del informe mencionado en el inciso 11 del artículo 14.
Los créditos serán abonados en su totalidad, si existieran fondos líquidos disponibles. En caso contrario y hasta que se detecte la existencia de los mismos por parte del síndico se deberá afectar el 5 % mensual del ingreso bruto de la concursada.
Excepcionalmente el juez podrá priorizar dentro de iguales categorías de créditos, el pago de los que por su naturaleza o circunstancias particulares deban ser afectados a cubrir contingencias de salud o alimentarias.
La autorización se tramita con audiencia del síndico y del comité de control; para su otorgamiento el juez ha de ponderar la conveniencia para la continuación de las actividades del concursado y la protección de los intereses de los acreedores.".
Comentario: "Las facultades judiciales de priorizar determinados valores en el pronto pago."
La nueva redacción del art. 16 de la ley 24.522 es loable en cuanto incorpora como crédito prontopagable a los" contenidos en los estatutos que reglan las relaciones laborales" eliminando las dudas que sobre dicho aspecto había aparejado el texto del actual art. 20 que no los citaba expresamente.
Desde otro costado, la facultad que se le otorga al juez de "priorizar" a determinados créditos para cubrir contingencias de salud o alimentarias, también parece razonable a la luz de la jurisprudencia sobre los llamados "acreedores involuntarios" pese a lo cual la apertura de la norma la dota de cierta ambigüedad y requerirá nuevamente de un gran esfuerzo de los jueces para utilizarlo estrictamente en casos sumamente fundados y cuando la equidad y la justicia resulten patentes en el caso concreto.
De todas formas, hay que modificar el nombre de Comité de Control por Comité de Acreedorees.
En lo demás el artículo no ofrece mayores dificultades aún cuando aumenta del 1 al 5% el ingreso bruto a retener para los créditos de pronto pago, cuando en realidad lo que debió hacerse es autorizar al juez a establecer el porcentaje según la situación de la empresa y, así, convertirlo en una facultad judicial, que dependa de las circunstancias de cada empresa y no fijar un porcentaje arbitrario que no se adecue a las circunstancias de tiempo, lugar y modo.
En una palabra, lo prudente hubiese sido mantener el porcentaje del 1% y habilitar a la juez para que, previo informe del síndico y del comité de acreedores, pueda aumentar dicho porcentaje cuando la reorganización empresaria demuestre la viabilidad de establecer un aporte mayor para enfrentar los créditos prontopagables.
Dicho derechamente, hay que dotar a la norma de razonabilidad y, nada mejor que confiar en la sensibilidad de los jueces, evitando esquemas fijos preestablecidos que no se correspondan con la realidad de la empresa.
De lo contrario, nuevamente se estará prohijando una eventual disyuntiva entre los trabajadores en relación de dependencia y los acreedores laborales, todo un sinsentido.
ARTICULO 7º.- Incorporase como último párrafo del artículo 19 del Título II, Capítulo II, Sección II de la Ley Nº 24.522 - Ley de Concursos y Quiebras - el siguiente texto:
"Quedan excluidos de la disposición precedentes los créditos laborales correspondientes a la falta de pago de salarios y toda indemnización derivada de la relación laboral.".
Comentario: "La continuidad de los intereses laborales en el concurso preventivo".
El nuevo texto proyectado establece la continuación de los intereses laborales en caso de concurso preventivo, en una excepción a la cristalización de la masa pasiva dispuesta por el art. 19 de la ley 24.522 y constituye la confirmación legislativa del Plenario Excursionistas de l Cámara Nacional de Comercio.
El criterio legislativo, tiene sus aspectos polémicos, lo que motivará sin duda una fuerte polémica por las proyecciones económicas que puede aparejar para la empresa, pese a lo cual aparece como una norma que tutela al crédito laboral por su carácter alimentario.
Este precepto, en el concurso preventivo, si bien puede ser discutido, ya es jurisprudencia de la Cámara Nacional de Comercio y, consecuentemente se sustenta en la necesidad que la concursada se mantenga al día en el pago de los salarios y en cuanto al abono de los créditos de pronto pago lo sea en tiempo propio, sin afectar su carácter alimentario.
De todas formas, la verdadera tutela de los créditos laborales tiene que darse mediante el sistema establecido por la ley 23.472 que ponía en cabeza del Estado la responsabilidad de pagar los créditos laborales mediante un seguro creado a tal efecto, tal como lo recepta la legislación comparada.
ARTICULO 8º.- Modificase el artículo 20 del Título II, Capítulo II, Sección II de la Ley N° 24.522 -Ley de Concursos y Quiebras- que quedará redactado como sigue:
"Contratos con prestación recíproca pendiente. El deudor puede continuar con el cumplimiento de los contratos en curso de ejecución, cuando hubiere prestaciones recíprocas pendientes. Para ello debe requerir autorización del juez, quien resuelve previa vista al síndico. La continuación del contrato autoriza al cocontratante a exigir el cumplimiento de las prestaciones adeudadas a la fecha de presentación en concurso bajo apercibimiento de resolución.
En caso de liquidación en la quiebra, los créditos que se generen por las prestaciones mencionadas en el párrafo anterior gozan de la preferencia establecida por el artículo 240.”
Comentario: "La derogación del convenio de crisis."
Hemos dicho que la supresión de la suspensión de los Convenios Colectivos y la eliminación del Convenio de Crisis no resulta conveniente pues, ignora la realidad económica empresaria y en nada favorece a los trabajadores que muchas veces son los primeros en admitir la necesidad de la reorganización.
Por un lado, la reforma proyectada va a afectar el propio interés de los trabajadores que están dispuestos a hacer sacrificios siempre que sea en post de la defensa de la fuente de trabajo, y en la medida que el convenio de crisis se asiente sobre un plan de empresa que asegure la continuidad de la relación de empleo.
En realidad, de lo que se trata es de asegurar que se concrete el "Convenio de crisis", con intervención de la autoridad laboral y del juez del concurso, tutelando los derechos de los trabajadores y respetando el orden público de la ley 20.744.
Una vez más tenemos que reiterar que las crisis exigen de alternativas de diálogo y la propia reforma la introduce al modificar el art. 190 pero, pareciera que las visiones "parcializadas", se imponen en una evidente muestra de incapacidad para articular convivencia social y, con mayor razón, en la empresa donde convergen el capital y el trabajo.
Desde otro costado, esta eliminación no se condice, tal como se dijo supra con el proyecto de reforma de la legisladora Liliana Negre de Alonso y, más allá de las diferencias políticas, en un tema tan delicado es conveniente aunar esfuerzos.
ARTÍCULO 9º.- Modificase el artículo 29 del Título II, Capítulo III, Sección I de la Ley N° 24.522 -Ley de Concursos y Quiebras- que quedará redactado como sigue:
"Carta a los acreedores e integrantes del comité de control. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28, el síndico debe enviar a cada acreedor denunciado y a los miembros del comité de control, carta certificada en la cual le haga conocer la apertura del concurso, incluyendo los datos suscintos de los requisitos establecidos en los incisos 1 y 3 del Artículo 14, su nombre y domicilio y las horas de atención, la designación del juzgado y secretaría actuantes y su ubicación y los demás aspectos que estime de interés para los acreedores.
La omisión en que incurra el síndico, respecto del envío de las cartas, no invalida el proceso, pero advertida dicha circunstancia, el juez mandará cursar dicha notificación a costa del síndico.".
Comentario: "Una norma vacía de contenido."
La carta a los acreedores que ahora incorpora a los integrantes de Comité de Control, es un verdadero sinsentido.
En efecto, la Carta de los Acreedores tiene como finalidad hacer conocer la convocatoria que implica la apertura del concurso a todos los acreedores.
Por el contrario, el comité de acreedores provisorio se ha constituido o está en etapa de constitución y tiene facultades propias para pedir información al síndico sobre todos los datos que se pretende sean notificados.
Dicho derechamente, el Comité de Acreedores conoce la iniciación del proceso preventivo y por ende no necesita de carta alguna a los fines del proceso verificatorio pues, cada uno de sus integrantes la recibirá como acreedor denunciado, art. 11 inc. 5 de la L.C.
En esta línea, es una tarea propia del Comité de Acreedores requerir a la sindicatura la nómina de los acreedores a los cuales se les haya remitido la carta certificada haciéndole conocer la iniciación del proceso preventivo y de aquellos que se hayan presentado pretendiendo su insinuación en el pasivo concursal.
En fin, una carga innecesaria a la sindicatura de una labor para el cual es Comité de Acreedores está plenamente facultado, lo que pareciera demostrar que el síndico es controlado por el Comité de Acreedores y esto no es así.
Cada uno de los órganos tiene su propia función y sus propias facultades de información para el mejor desarrollo del concurso y la carga de exigencias a la sindicatura no solo no tiene sentido, sino que será mal vista por toda la doctrina con fundadas razones.
ARTICULO 10.- Incorpórase como último párrafo del artículo 34 del Título II, Capítulo III, Sección III de la Ley Nº 24.522 - Ley de Concursos y Quiebras - el siguiente texto:
"Los trabajadores de la concursada que no tuvieren el carácter de acreedores tendrán derecho a revisar los legajos y ser informados por el síndico acerca de los créditos insinuados.".
Comentario: "El conocimiento de los trabajadores del pasivo de la empresa."
La revisión de los legajos por parte de los trabajadores directamente es una "utopía", en atención a que se trata de una labor técnica que tiene plazos puntuales y, consecuentemente, el síndico es el órgano idóneo para emitir opinión sobre las pretensiones de los acreedores.
En consecuencia, no se trata de que cada trabajador revise cada uno de los legajos sino, justamente, de que estos últimos conozcan cual es el pasivo insinuado, a cuyo fin, tienen en el proyecto un delegado especial que integra el Comité de Acreedores, mal llamado Comité de Control.
En una palabra, la labor que pretende el art. 10 del despacho de mayoría es propia del Comité de Acreedores y así, el representante de los trabajadores tendrá el asesoramiento legal necesario y podrá comunicar cualquier novedad relevante a los trabajadores.
Dicho derechamente, la medida tiene por objeto el conocimiento de los trabajadores del eventual pasivo y no una revisión que implica conocimientos técnicos contables y jurídicos que quita sentido a la intervención individual planteada en la norma.
Así, cabe insistir que es el trabajador, que integra como delegado especial el Comité de Acreedores, el que debe realizar esta tarea y, en su caso, informar a los compañeros sobre el pasivo insinuado y si existiera alguna anomalía efectuar la denuncia pertinente al síndico y al juez para que se investigue sobre la veracidad de la insinuación creditoria.
Habilitar una revisión genérica, como la que plantea la reforma, solo conseguirá que los síndicos consideren menoscabada su labor y obtendrá duras críticas de la doctrina, además de ser una norma que entorpece inútilmente un sistema verificatorio que funciona adecuadamente.
ARTÍCULO 11.- Modifícase el artículo 42 del Título II, Capítulo IV de la Ley Nº 24.522 - Ley de Concursos y Quiebras - que quedará redactado como sigue:
Constitución del Comité de control. En dicha resolución el juez designará a los nuevos integrantes del Comité de control, el cual quedará conformado como mínimo por un acreedor por cada categoría de las establecidas, debiendo integrar el mismo necesariamente el acreedor de mayor monto dentro de la categoría y por dos nuevos representantes de los trabajadores de la concursada, elegido por los trabajadores, que se incorporaran al ya electo conforme el artículo 14 inciso 13. El juez podrá reducir la cantidad de representantes de los trabajadores cuando la nómina de empleados así lo justifique. A partir de ese momento cesarán las funciones de los anteriores integrantes del Comité.
Comentario: "El Comité de Acreedores no se confunde con el síndico."
La reformulación del Comité de Acreedores, mal llamado de Control, no es una medida prudente y no le agrega nada a las actuales facultades de vigilancia e información que le otorga el art. 260 de la Ley Concursal.
Por el contrario, pareciera establecer una superfetación de funciones con el síndico totalmente inconveniente, ya que no puede confundirse el control de la administración que realiza la sindicatura y la vigilancia que está en cabeza del Comité de Acreedores.
Ambos aspectos, control y vigilancia, no son sinónimos pero se complementan, evitando una superposición de tareas innecesaria.
En efecto, el síndico controla la administración y el Comité de acreedores vigila la marcha del proceso pudiendo pedir cualquier información a la sindicatura, tal como surge del actual texto del art. 16 y, por ende, cabe ratificar que el cambio de nomenclatura será mal visto por la doctrina y en especial por los síndicos.
Va de suyo que mantener la órbita funcional de cada órgano del concurso, ambos como auxiliares de la justicia, resulta fundamental para el buen desarrollo del proceso concursal
Dicho derechamente, si se quiere que una norma prospere no hay que irritar a los interesados inútilmente.
Hemos dicho que se trata de asegurar el éxito del concurso preventivo y mantener informado a los trabajadores.
En rigor, este Comité debe seguir integrado por el trabajador que ya esta interiorizado en la situación concursal, y en su caso, lo que hay que agregar es que este trabajador puede pedir asesoramiento especial.
En una palabra, a este artículo hay que darle una formulación más adecuada a la realidad, señalando que en la oportunidad de la resolución de categorización el delegado de los trabajadores que integra el Comité de los Acreedores se encuentra habilitado para pedir asesoramiento específico en los temas que afecten a sus representados.
ARTÍCULO 12.- Modifícase el artículo 43 del Título II, Capítulo IV de la Ley Nº 24.522 - Ley de Concursos y Quiebras - que quedará redactado como sigue:
"Período de exclusividad. Propuestas de acuerdo. Dentro de los noventa (90) días desde que quede notificada por ministerio de la ley la resolución prevista en el artículo anterior, o dentro del mayor plazo que el juez determine en función al número de acreedores o categorías, el que no podrá exceder los treinta (30) días del plazo ordinario, el deudor gozará de un período de exclusividad para formular propuestas de acuerdo preventivo por categorías a sus acreedores y obtener de éstos la conformidad según el régimen previsto en el artículo 45.
La propuesta no puede consistir en prestación que dependa de la voluntad del deudor. Si consiste en una quita, aún cuando contenga otras modalidades, el deudor debe ofrecer, por lo menos el pago del cuarenta por ciento (40 %) de los créditos quirografarios anteriores a la presentación.
El deudor podrá presentar modificaciones a su propuesta original hasta el momento de celebrarse la Junta Informativa prevista en el artículo 45, penúltimo párrafo.".
Comentario: "El debatido piso del 40% como propuesta mínima."
El artículo al volver a establecer el piso de 40% de los créditos quirografarios, como base mínima de la propuesta, pareciera razonable y tiende a evitar los concordatos írritos y abusivos.
Va de suyo, que nuevamente el agregado traerá consigo los debates que se produjeron bajo la vigencia del original texto de la ley 24.522 que contenía dicho dispositivo.
Además, puede decirse que hoy, justamente ante la ausencia de dicho piso, la judicatura avanzó en el análisis de los parámetros mínimos de una propuesta para evitar que el convenio se tornase abusivo, tal como sucedió en los conocidos precedentes que no viene a cuento citar en esta oportunidad.
Es más, puede decirse que en la actualidad lo relevante es que la propuesta sea ponderada a valores actuales como lo decidió la Corte Suprema de Justicia en Arcangel Magio, validando este tipo de canal de ponderación socioeconómica del convenio.
En una palabra, el piso del 40% de los créditos quirografarios no podría nunca servir de pretexto para validar un convenio en donde la concursada esté en condiciones de pagar un porcentaje mayor.
Lo relevante es que se trate de la mejor propuesta y que exista una verdadera "solidaridad en las pérdidas" superando de este modo, en un "esfuerzo compartido" entre deudor y acreedores la crisis empresaria para beneficio de todos los interesados y de la comunidad toda.
De todas forma, el texto legal proyectado no es observable puntualmente, siempre que se tengan en cuenta las consideraciones que hemos realizado y el largo camino jurisprudencial consolidado por los numerosos precedentes existentes en materia de abusividad del convenio.
ARTÍCULO 13 .- Modifícase el artículo 45 del Título II, Capítulo IV de la Ley Nº 24.522 - Ley de Concursos y Quiebras - que quedará redactado como sigue:
“Plazo y mayorías para la obtención del acuerdo para acreedores quirografarios. Para obtener la aprobación de la propuesta de acuerdo preventivo, el deudor deberá acompañar al juzgado, hasta el día del vencimiento del período de exclusividad, el texto de la propuesta con la conformidad acreditada por declaración escrita con firma certificada por ante escribano público, autoridad judicial, o administrativa en el caso de entes públicos nacionales, provinciales o municipales, de la mayoría absoluta de los acreedores dentro de todas y cada una de las categorías, que representen las dos terceras partes del capital computable dentro de cada categoría. Sólo resultarán válidas y computables las conformidades que lleven fecha posterior a la última propuesta o su última modificación presentada por el deudor en el expediente.
a) Quirografarios verificados y declarados admisibles comprendidos en la categoría.
b) Privilegiados cuyos titulares hayan renunciado al privilegio y que se hayan incorporado a esa categoría de quirografarios.
Con CINCO (5) días de anticipación al vencimiento del plazo del período de exclusividad, se llevará a cabo la audiencia informativa con la presencia del juez, el secretario, el deudor, el comité de control y los acreedores que deseen concurrir. En dicha audiencia el deudor dará explicaciones respecto de la negociación que lleva a cabo con sus acreedores, y los asistentes podrán formular preguntas sobre las propuestas.
Si con anterioridad a la fecha señalada para la audiencia informativa, el deudor hubiera obtenido las conformidades previstas por el Artículo 45, y hubiera comunicado dicha circunstancia al juzgado, acompañando las constancias, la audiencia no se llevará a cabo.”
Comentario: "Una reforma insuficiente y que insiste en el Comité de Control."
La modificación del art. 45 se limita a cambiar Comité de Acreedores por Comité de Control, aspecto sobre el cual ya nos hemos pronunciado en contra pues las funciones son las mismas y a la postre lo único que se consigue es crear nuevas resistencias en contra de la reforma legal y evitar la sanción de una reforma muy necesaria para las cooperativas de trabajo.
La reforma que propone es funcional con los sectores que critican y cuestionan la tutela de los trabajadores y especialmente a las cooperativas de trabajo ya que reitera la superposición de labor entre la Sindicatura y el Comité de Acreedores.
En rigor, en esta linease vuelve a insistir en el error de que el Comité debe estar conformado por acreedores que representen la mayoría del capital, cuando en realidad lo importante es el carácter de acreedor concurrente y no la cuantía del crédito, sin perjuicio de la relevancia que implica el monto de los créditos de los integrantes del órgano.
Va de suyo aue los representantes de los trabajadores de la concursada es lógico que también se mantengan en su labor y en ese aspecto la reforma no es cuestionable.
ARTÍCULO 14.- Sustituye el inciso 1) del artículo 48 de la Ley Nº 24.522 - Ley de Concursos y Quiebras - que quedará redactado como sigue:
“1) Apertura de un registro. Dentro de los dos (2) días el juez dispondrá la apertura de un registro en el expediente para que dentro del plazo de cinco (5) días se inscriban los acreedores, la cooperativa de trabajo conformada por trabajadores de la misma empresa –incluida la cooperativa en formación- y otros terceros interesados en la adquisición de las acciones o cuotas representativas del capital social de la concursada, a efectos de formular propuesta de acuerdo preventivo. Al disponer la apertura del registro el juez determinará un importe para afrontar el pago de los edictos. Al inscribirse en el registro, dicho importe deberá ser depositado por los interesados en formular propuestas de acuerdo.”
Comentario: "La legitimación de las cooperativas."
Este primer inciso es totalmente razonable y se condice con el proyecto del Ejecutivo.
En primer lugar, y con relación a la denominada intervención de terceros o salvataje de la empresa, pautado en el art. 48 de la ley 24.522, la reforma legitima a la cooperativa de trabajo “de la misma empresa” para anotarse como “cramdista”, es decir, como interesada para proponer acuerdo a los acreedores concurrentes al concurso preventivo y, consecuentemente, en caso de lograr las conformidades correspondientes, requerir la transferencia del paquete accionario que le permita ser la nueva titular de la empresa.
Va de suyo que esta alternativa está vigente con el actual esquema normativo y el “agregado” tiende simplemente a dar mayor claridad al alcance de la legitimación de los eventuales cramdistas asegurando a los trabajadores la negociación con los acreedores y con los propios dueños de la empresa.
De tal modo, no solamente competirán en la segunda vuelta la propia concursada y eventuales terceros interesados, sino que también los empleados, si se núclean en cooperativas, quedan habilitados para intentar el acuerdo con los acreedores y obtener el derecho a ser los nuevos titulares de la empresa.
En consecuencia, no será necesario esperar la quiebra de la concursada para que los asalariados, adecuadamente agrupados en este tipo de entidad solidaria, intenten el saneamiento y recuperación del establecimiento, a cuyo fin, atento estar todavía en etapa concordataria, requerirán el voto afirmativo de los acreedores, según las pautas del art. 45 y 48 de la L.C. proponiéndoles un acuerdo de pago y reorganización empresaria que se sustente en su propia aptitud de gestionar la empresa que conocen desde sus entrañas.
En esta inteligencia, también cabe destacar que los trabajadores deben ser concientes que cuando la empresa no pueda ser gestionada solamente por la cooperativa, es de toda lógica y razonabilidad buscar convenios de colaboración empresaria que le permitan asegurar la continuidad de la explotación empresaria.
En esta perspectiva, la cooperativa podía también asociarse con otras entidades o directamente integrar otro tipo asociativo que dotara de eficacia a la propuesta de continuación de la explotación.
En una palabra, se trata de abrir causes de colaboración de trabajadores y también con otros sectores de la sociedad y no encerrarse en esquemas dogmáticos que solo conducen a frustrar la continuación de la empresa.
ARTÍCULO 15.- Incorpórase como artículo 48 bis de la Ley Nº 24.522 - Ley de Concursos y Quiebras – el siguiente texto:
“Artículo 48 Bis.- En caso que, conforme el inciso 1 del artículo anterior, se inscriba la cooperativa de trabajo – incluida la cooperativa en formación-, el juez ordenará al síndico que practique liquidación de todos los créditos que corresponderían a los trabajadores inscriptos por las indemnizaciones previstas en los art. 232 y 245 del Régimen de la ley laboral o la que hayan acordado las partes. Los créditos así calculados podrán hacerse valer en el procedimiento de adquisición del capital social de la concursada previsto en el inciso 4 del mismo artículo.
Homologado el acuerdo correspondiente, se producirá la disolución del contrato de trabajo de los trabajadores inscriptos y los créditos laborales se transferirán a favor de la cooperativa de trabajo convirtiéndose en cuotas de capital social de la misma. El juez fijará el plazo para la inscripción definitiva de la cooperativa bajo apercibimiento de dejar sin efecto la homologación. La cooperativa asumirá todas las obligaciones que surjan de las conformidades presentadas.-
El Banco de la Nación Argentina y la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuando fueren acreedores de la concursada, deberán otorgar las respectivas conformidades a la cooperativa acordando a la misma una quita del 50% del capital e intereses compensatorios devengados, la renuncia al cobro del 100% de los punitorios y las facilidades de refinanciación de deudas más favorables vigentes en sus respectivas carteras.-
El juez podrá eximir a la cooperativa de presentar las conformidades correspondientes a los acreedores quirografarios cuando el monto total de las indemnizaciones a ser abonadas a todos el personal en el supuesto de disolución de contrato de trabajo previsto en el art. 196 (Ley contrato trabajo, aclarar), con más los gastos de conservación y justicia y créditos con privilegio especial, fuere superior al valor patrimonial de la empresa, fijado conforme al inciso 3) del art. anterior.-
Quedan exceptuados los trabajadores inscriptos de efectuar el depósito del 25% del valor de la oferta prevista en el último párrafo del inc. 4 del art. 48 y del depósito del 5% del capital suscripto previsto en el art. 9 de la ley 20337, en el trámite de constitución de la cooperativa la autoridad de aplicación encargada de su inscripción acordará primera prioridad al trámite de la misma debiéndose concluir dentro de los 10 días hábiles.”.
Comentario: "Una norma inexplicable."
El art. 48 bis traerá una durísima critica por parte de la doctrina.
El pasivo quirografario debe acordarse tal la finalidad del concurso preventivo y los créditos privilegiados de los trabajadores no tienen porque inmiscuirse en este aspecto.
Cabe insistir que se trata de lograr que este tenga sanción y no articular normativas que no serán votadas por las mayorías necesarias en atención a la confusión conceptual que denotan.
ARTICULO 16- Deróganse los artículo 69 al 76, Capítulo VII del Título II, de la Ley Nº 24.522 y sus modificatorias - Ley de Concursos y Quiebras-.
Comentario: "La derogación del APE."
La derogación del APE no parece una reforma inteligente cuando se trata de tutelar a los trabajadores.
En efecto, la cuestión de la regulación del APE merece todo un capítulo aparte y se soluciona puntualizando que los recaudos del art. 72, una vez presentado el acuerdo ante el juez, deben ser "revisados" por una sindicatura que emita opinión fundada a la manera del actual informe del art. 39 de la LC para recién habilitar el proceso de oposición del art. 75 de la LC.
Por otra parte, hay que aclarar que las mayorías deben ser previas a la presentación del acuerdo para asegurar la seriedad del instituto y que el acuerdo alcanza solo a los firmantes.
Con estas reformas el APE cambia su actual discrecionalidad pero, nuevamente cabe advertir que en la reforma de las cooperativas de trabajadores no resulta conveniente introducir otro tema de debate y mucho menos derogar un instituyo en forma integral, cuando todo el derecho comparado lo tiene regulado, aún cuando incorpora los controles brevemente relacionados en este comentario.
ARTÍCULO 17- Sustitúyese el artículo 129 de la Ley Nº 24.552 y sus modificatorias – Ley de Concursos y Quiebras- por el siguiente:
“ARTÍCULO 129.- Suspensión de intereses. La declaración de quiebra suspende el curso de intereses de todo tipo. Sin embargo, los compensatorios devengados con posterioridad que correspondan a créditos amparados por créditos laborales y garantías reales pueden ser percibidos hasta el límite del producido del bien gravado después de pagadas las costas, los intereses preferidos anteriores a la quiebra y el capital.”.
Comentario:"Una confusión conceptual inexplicable."
El art. 129 se encuentra contemplado en el proyecto del Ejecutivo y en realidad no agrega nada pues no existen los intereses de los créditos laborales de carácter compensatorio.
En efecto, los intereses en caso de los créditos laborales son siempre moratorios y por ende están suspendidos al igual que los de las garantías reales.
En realidad este artículo, por reglar la situación liquidativa en la quiebra, solo habilita la continuación de intereses "compensatorios", es decir de créditos no vencidos.
De todas formas, por el grave dislate jurídico que significa no será resistido.
I. El régimen en materia de intereses.
La doctrina y la jurisprudencia concursal reconocen que la insolvencia, que origina los procedimientos universales del concurso preventivo y la quiebra, condujo a someter a las relaciones jurídicas patrimoniales a un régimen especializado con el fin de superar la crisis.
A éste sistema específico no escaparon los intereses devengados por el capital correspondiente a un crédito concursal impago, garantizado mediante garantías reales.
En efecto, el interés es el lucro, retribución, renta o ganancia producida por el capital, tal como lo enseña Elena Highton .
Desde esta perspectiva y según la función económica que desempeñan, pueden ser compensatorios o retributivos, y moratorios o punitorios; los primeros, son los que se pagan por el uso de un capital ajeno y, los segundos, en concepto del perjuicio sufrido por el acreedor por el retardo incurrido por el deudor en el cumplimiento de sus obligaciones.
Así, Highton explica que el interés compensatorio es el precio del dinero, es retributivo del uso del dinero, y constituye la contraprestación, vinculándose necesariamente con el transcurso del tiempo por el cual ha sido celebrado el contrato.
Por el contrario, el interés moratorio está dado por el resarcimiento que debe pagar el deudor por el cumplimiento extemporáneo de su obligación de dar una suma de dinero.
De allí que los intereses moratorios surgen como sanción resarcitoria y se originan en la mora del deudor.
En esta línea, cabe recordar que se ha entendido que los intereses compensatorios, producida la mora, continúan a título de moratorios, salvo pacto expreso en contrario, art. 568 del C. Comercio.
De tal modo, cabe analizar cómo funcionan los intereses en el concurso preventivo y en la quiebra.
II. La dualidad en la ley concursal.
En el concurso preventivo, el precepto legal contemplado en el art. 19 de la LC. establece que “...su presentación produce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella, que no esté garantizado con prenda o hipoteca. Los intereses de los créditos así garantizados, posteriores a la presentación, sólo pueden ser reclamados sobre las cantidades provenientes de los bienes afectados a la hipoteca o a la prenda...”.
Por su parte, en la quiebra, el art. 129 de la L.C. establece que, la declaración falencial suspende el curso de los intereses de todo tipo. Sin embargo, los compensatorios devengados con posterioridad, que correspondan a créditos amparados con garantías reales, pueden ser percibidos hasta el límite del producido del bien gravado después de pagadas las costas, los intereses preferidos anteriores a la quiebra y el capital.
Ahora bien, con relación a los intereses anteriores y a su extensión, la pauta específica está contenida en el art. 242 inc. 2 de la L.C.
En efecto, la norma aludida expresa que quedan amparados por el privilegio las costas, todos los intereses por dos años anteriores a la quiebra y los compensatorios posteriores a ella hasta el efectivo pago con la limitación establecida en el art. 126 de la ley 24.522.
De tal modo, la cuestión se centraría en determinar el alcance de los intereses posfalenciales, es decir, si abarca únicamente a los compensatorios o, por el contrario, también integra los moratorios.
La temática planteada requiere de una adecuada convergencia entre el régimen hipotecario reglado en el Código Civil con el sistema de privilegios pautado en la ley concursal.
En una palabra, los arts. 19 y 129 de la ley concursal, si bien articulan la "cristalización o estabilización del pasivo", hemos advertido que exceptúan a los créditos garantizados con prenda o hipoteca.
III. La excepción de los créditos prendarios e hipotecarios.
La mayoría de las legislaciones confirma la excepción referenciada por entender que los créditos con garantía real mantienen intacta en la quiebra su posición jurídica, en consonancia con la ley que regula tal garantía .
Ahora bien, la razonabilidad de la exclusión ha sido expuesta con claridad por Bonelli , quien señala que la garantía ha sido estipulada precisamente para el caso de insolvencia y sería extraño que en el momento de hacerla valer fuese limitado su alcance.
Por otra parte, en virtud de su derecho real, éstos acreedores tienen acción para cobrar sobre la cosa la totalidad del crédito garantido por el fallido.
En esta línea, Rivera expone que las garantías reales se constituye justamente para precaverse de los efectos de la insolvencia y que, si éstos créditos quedaran sometidos al mismo régimen que los quirografarios, la hipoteca y la prenda carecerían de sentido y utilidad práctica y ello afectaría severamente al crédito.
Así, ha dicho la Corte Suprema que una solución que desconozca el sistema preferencial que ostenta este tipo de créditos alteraría gravemente el delicado instrumento de las garantías reales, afectando de un modo insospechado la seguridad del tráfico.
Ahora bien, esta tutela no tiene el mismo alcance en el concurso preventivo y en el quiebra, a la luz del régimen de privilegio y la extensión estipulada, aspectos que resultan necesario analizar.
IV. El rango y la extensión del privilegio con garantía real.
IV. 1. El alcance del privilegio.
Desde esta perspectiva, una vez establecido que los créditos con garantías reales están exceptuados del régimen suspensivo, cabe establecer las diferencias entre el concurso preventivo y la quiebra, como así también analizar la graduación que les concede el régimen falimentario.
Así, el art. 241 inc. 4° de la ley concursal se ocupa de los créditos garantizados con hipoteca, prenda, warrant y de los instrumentados mediante la emisión de debentures y obligaciones negociables con garantía especial o flotante.
Estos créditos con privilegio especial son aquellos cuyo rango preferente se ejerce sobre el producto de la liquidación del bien o bienes que constituyen el asiento del privilegio, todo lo cual implica que en este aspecto se atienen a la legislación fondal.
En esta línea, Graziabile enseña que el fundamento de la excepción dada a las garantías hipotecarias y prendarias es evidente, ya que se estipulan para asegurar el cumplimiento de la obligación, ante la eventual cesación de pagos del deudor.
En este aspecto, Rouillón explica que el acreedor privilegiado puede obtener intereses posteriores a la sentencia de quiebra, pero siempre que estos sean “compensatorios”, expresión que, a su juicio, excluye a los intereses punitorios y a los sancionatorios, pero incluye a todos los réditos que compensen la privación de uso del capital, anteriores o posteriores a la exigibilidad de éste.
En igual sentido, Villanueva manifiesta que los intereses que acceden a los créditos con garantía real están estipulados específicamente en la ley concursal.
Ahora bien, con relación a los intereses posteriores, señala que sólo continúan su curso los compensatorios devengados con posterioridad a ella, distinguiendo la solución establecida en el art. 129 para la quiebra, de la que articula el art. 19 en el concurso preventivo que no establece dicha limitación, sino que habilita el reclamo de estos réditos sin distinción.
IV. 2. La diferencia entre el concurso preventivo y la quiebra.
De la lectura de la doctrina que intenta discernir la extensión de los intereses de los créditos con garantías reales se colige una notable ambivalencia.
En efecto, en el concurso preventivo el art. 19 de la L.C. tutela a todos los intereses posteriores, en la medida que alcance el producido del bien, sin distinción de ninguna naturaleza.
Así, Patricia Ferrer explica que el acreedor hipotecario no queda afectado por la apertura del concurso preventivo del deudor y, en consecuencia, el curso de los intereses no se modifica y podrá percibir la totalidad del crédito por capital más los intereses compensatorios, moratorios y punitorios, devengados con anterioridad y con posterioridad a la petición del concurso preventivo, en la medida que alcance el producido de la liquidación del bien.
Por el contrario, en la quiebra, el art. 129 de la L.C. refiere exclusivamente a la posibilidad de que los intereses posfalenciales privilegiados sean los compensatorios.
En este línea, la norma autoriza el devengamiento únicamente de los “compensatorios”, entendiéndose que son los pactados como retribución por el uso del capital ajeno y que pueden ser percibidos hasta el límite del producido por la liquidación del bien gravado, luego de pagadas las costas, los intereses preferidos anteriores a la quiebra y el capital, en coherencia con el sistema de privilegios que instituye el art. 242 inc. 2° y de acuerdo al orden de prioridades que allí se impone.
Por ende, se encuentran exceptuados los intereses moratorios y punitorios de naturaleza resarcitoria, cuyo decurso queda suspendido a la fecha de la quiebra, pues ellos implican una pena para el deudor en mora, que no es atribuible luego del auto de quiebra .
Por su parte, cuando Rouillón y Villanueva se refieren a los intereses excluidos, nominan a los punitorios y sancionatorios y dejan a salvo aquellos que compensan la privación del uso del capital.
VI. Los intereses posfalenciales.
Desde esta perspectiva, cuando la doctrina excluye del privilegio a los punitorios o sancionatorios, debate la cuestión de los intereses “moratorios” pues, siguiendo el pensamiento de Rouillón , el art. 129 segundo párrafo de la L.C. comprende todos los réditos que compensan la privación del uso del capital, anteriores o posteriores a la exigibilidad de éste.
Resulta patente que el jurista rosarino no distingue entre “compensatorios” propiamente dichos y “moratorios”, pues con toda claridad incluye en el privilegio a los intereses anteriores o posteriores a la exigibilidad del capital.
Este criterio se contradice con el precedente jurisprudencial emanado de la Cámara de Apelaciones corbobesa que afirma que con posterioridad a la quiebra corren exclusivamente los intereses compensatorios hasta su efectivo pago, en tanto que suspenden su curso los intereses moratorios y punitorios, sin perjuicio de que puedan cobrarse en los términos del art. 228 de la L.C.
En esta línea, el fallo referenciado señala que la solución concursal de suspender los moratorios y punitorios responde a que éstos implican una pena para el deudor en mora que no es atribuible al fallido luego del Auto de quiebra.
Así, el art. 129 de la L.C. solamente autoriza el devengamiento los intereses “compensatorios”, entendiéndose que son los pactados como retribución por el uso del capital ajeno.
IV. La eventual justificación de la diversidad del régimen reglado.
No cabe duda que la solución es diferente a la establecida para el concurso preventivo y, en alguna medida, cabe preguntarse si haya su justificación en la necesidad de asegurar el pago en “moneda de quiebra” o si la normativa contradice la tutela de los derechos reales.
A todo evento, cabe reiterar las opiniones citadas supra, en donde se puntualiza que la garantía ha sido establecida para el caso de insolvencia y resulta paradójico que en el momento de hacerla valer se limite su alcance.
A su vez, el acreedor hipotecario tiene acción para cobrar sobre la cosa la totalidad del crédito garantido por el fallido, lo que no se condice con la limitación contenida en el art. 129 de la L.C.
Así, recordamos a Rivera cuando destaca que las garantías reales se constituyen justamente para precaverse de los efectos de la insolvencia y que, si éstos créditos quedaran sometidos al mismo régimen que los quirografarios, la hipoteca y la prenda carecerían de sentido y utilidad práctica y ello afectaría severamente al crédito.
De todas formas, la misma doctrina concursalista en forma mayoritaria sostiene que los intereses posteriores tutelados por el privilegio del art. 242 inc. 2° de la L.C. son solamente los compensatorios y que, en consecuencia, los moratorios o punitorios carecen de dicha graduación.
Es más, la doctrina explica que los intereses compensatorios devengados con posterioridad a la quiebra, que no alcancen a ser satisfechos con el producido de la venta del bien, no se transforman en quirografarios, sino que se extinguen.
V. La solución jurisprudencial.
Desde el derecho judicial el pensamiento mayoratorio se refleja en la causa “Azelio” cuando la sentencia expresa que “...la verdadera razón que impide el cómputo de los intereses compensatorios en esta causa, no es la vertida por el primer juez ( abuso del derecho), sino otra mucho más radical, cual es que para que se pueda hablar de intereses compensatorios “...es condición ineluctable que el vencimiento de la obligación hipotecaria se haya operado después de la iniciación del proceso universal, en cuyo caso el acreedor tiene derecho a percibir los réditos de tal naturaleza por el período transcurrido entre la declaración de la falencia y el ulterior vencimiento de la deuda garantizada”.
El Tribunal continúa sosteniendo que, si por el contrario, el vencimiento de la obligación acaeció antes de la quiebra, a partir de ese momento ya no puede hablarse de intereses “compensatorios” sino de intereses “moratorios” o “punitorios” los que solo pueden computarse hasta la inauguración del proceso colectivo. En el diseño legal, con la liquidación del asiento del privilegio, se podrán cobrar los intereses compensatorios y punitorios devengados antes de la declaración de quiebra, y con posterioridad a ella solo corresponderá percibir los intereses compensatorios pactados que se devenguen hasta la fecha de vencimiento de la obligación, no los intereses posteriores, que por definición serían moratorios o punitorios
En consecuencia, los intereses posfalenciales comprendidos en el privilegio son sólo los “compensatorios” por la falta de disponibilidad del capital, por lo que no se incluyen los moratorios y obviamente tampoco los punitorios.
En síntesis, encontrándose vencida la obligación hipotecaria con anterioridad a la declaración de la quiebra, no hay devengamiento de intereses compensatorios, sino de carácter moratorios, y estos últimos se encuentran suspendidos por imperio del art. 129 de la L.C.
De todo lo dicho se sigue que la extensión de los intereses privilegiados en la ley 24.522 tienen un régimen específico en el concurso preventivo y en la quiebra.
En el proceso liquidativo, todos los intereses corren hasta la sentencia de quiebra, cualquiera sea su naturaleza, aún los punitorios.
Ahora bien, con posterioridad a la quiebra, únicamente se devengan los compensatorios hasta su efectivo pago, pero para ello es condición indispensable que la obligación hipotecaria haya vencido luego de la iniciación del proceso falencial.
De tal modo, sólo en este supuesto, el acreedor hipotecario tendrá derecho a percibir los intereses compensatorios devengados entre la apertura de la quiebra y el posterior vencimiento de la deuda garantizada mediante hipoteca.
Por el contrario, si el vencimiento de la obligación se produjo con anterioridad a la declaración falencial, ya no podrá percibir los intereses compensatorios, sino los punitorios o moratorios hasta la fecha de apertura del proceso universal.
ARTICULO 18.- Modifícase el inciso 1) del artículo 161 del Título III, Capítulo III, Sección I de la Ley Nº 24.522 - Ley de Concursos y Quiebras - que quedará redactado como sigue:
"1) A toda persona que, bajo la apariencia de la actuación de la fallida, ha efectuado de cualquier modo los actos en su interés personal y dispuesto de los bienes como si fueran propios, en fraude a sus acreedores;"
Comentario: "Una reforma innecesaria."
La modificación del art. 161 inc. 1 de la LC no ofrece inconvenientes de ninguna naturaleza y, en realidad, produce confusión sobre el alcance de los recaudos para la extensión.
Lo mas grave es que tiene "nombre propio" pues va en contra de una interpretación legal de la Cámara Nacional de Comercio y no es prudente hacer este tipo de reformulaciones, cuando de lo que se trata es de defender las cooperativas de trabajo.
Adviértase que también se modifica el art. 45 en el concurso preventivo y nada se dice del anacrónico régimen de exclusión de votos que ignora las relaciones grupales entre empresas y que ha dado lugar a un debate jurisprudencial, aún vigente.
En una palabra, hay que acotar la reforma a los aspectos laborales o en su caso definir desde el comienzo cuales son los tópicos a reformar incorporando los antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios que fundamentan las reformas que se proponen.
De lo contrario, la reformulación de la ley aparece asincrónica y fragmentaria no favoreciendo la adecuada articulación del sistema concursal.
ARTICULO 19- Sustitúyese el artículo 187 de la Ley Nº 24.522 y sus modificatorias – Ley de Concursos y Quiebras- por el siguiente texto:
“ARTÍCULO 187.- Propuestas y condiciones del contrato. De acuerdo con las circunstancias el juez puede requerir que se presenten diversas propuestas mediante el procedimiento que estime más seguro y eficiente y que se ofrezcan garantías.
La cooperativa de trabajo del mismo establecimiento podrá proponer contrato. En este caso se admitirá que garantice el contrato en todo o en parte con los créditos laborales de sus asociados pendientes de cobro en la quiebra.
Al vencer el plazo o resolverse el contrato, el juez debe disponer la inmediata restitución del bien sin trámite ni recurso alguno”.
Comentario: "La contratación de activos."
La contratación de los activos o de algún establecimiento por parte de las cooperativas de trabajo en la llamada continuación atípica esta planteada en la reforma del Ejecutivo y constituye una norma absolutamente razonable que tiende a defender la fuente de trabajo.
Por otro lado, ubica bien la función de la sindicatura y ello ayuda a su comprensión y aceptación.
De tal modo, el nuevo artículo permite que, aún cuando no haya una resolución de continuación de la explotación de la empresa en general, el síndico puede contratar la explotación de determinados bienes y/o establecimientos, poniendo las condiciones a consideración del juez concursal.
En este sentido, la cooperativa de trabajo también puede proponer un contrato para proseguir con algún aspecto del emprendimiento, ya sea, mediante el alquiler de ciertos activos o la prosecución de la actividad de algunos de los establecimientos.
Va de suyo que en todos los casos la sindicatura fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones contractuales y está autorizada para ingresar al establecimiento para controlar la labor empresaria.
De esta forma, se advierte que el legislador ha tenido en cuenta numerosas realidades tribunalicias donde, pese a la quiebra de la empresa, puede “salvarse” un aspecto de la organización empresaria y vehiculizarse una alternativa de producción y de trabajo, mediante la actividad de algún establecimiento.
El mantenimiento de una empresa, aún cuando sea parcialmente, implica un mayor y mejor valor que su desguace y posterior liquidación.
“ARTICULO 20º -Sustituyese el primer párrafo del art. 189 del a Ley Nº 24.522 y sus modificatorias, de la ley 24.522, por el siguiente:
ARTÍCULO 189.- Continuación inmediata. El síndico puede continuar de inmediato con la explotación de la empresa o alguno de sus establecimientos, si de la interrupción pudiera resultar con evidencia un daño grave al interés de los acreedores y a la conservación del patrimonio, si se interrumpiera un ciclo de producción que puede concluirse o entiende que el emprendimiento resulta económicamente viable. También la conservación de la fuente de trabajo habilita la continuación inmediata de la explotación de la empresa o de alguno de sus establecimiento, si la mayoría absoluta del personal en actividad o de los acreedores laborales, organizados en cooperativa, incluso en formación, la soliciten al síndico o al juez, a partir de la sentencia de quiebra y hasta cinco (5) días luego de la última publicación de edictos en el diario oficial que corresponda a la jurisdicción del establecimiento. El síndico debe ponerlo en conocimiento del juez dentro de las VEINTICUATRO (24) horas. El juez puede adoptar las medidas que estime pertinentes, incluso la cesación de la explotación, con reserva de lo expuesto en los párrafos siguientes.”
Comentario: "Una nueva alternativa de continuación inmediata."
Hemos dicho en otras oportunidades que la continuación de la empresa en forma inmediata por parte de las cooperativas de trabajadores esta implícita en el actual sistema legal.
Por ende, la nueva formulación del art. 189 es correcta y no merece objeción de ninguna naturaleza.
Así, el texto transcripto mantiene la legitimación del síndico para disponer la continuación inmediata de la continuación de la empresa en los siguientes casos:
a) si de su interrupción pudiera resultar un daño grave al interés de los acreedores,
b) a la conservación del patrimonio,
c) si se interrumpiera un ciclo de producción que puede concluirse
d) o, entiende que el emprendimiento resulte económicamente viable.
e) Por último, si se encuentra en juego la fuente de trabajo y los trabajadores, agrupados en una cooperativa, le solicitan hacerse cargo de la explotación y le hacen saber que presentarán antes del informe del art. 190 el correspondiente plan de empresa con las consiguientes proyecciones económicas.
f) En su caso la petición de los trabajadores puede hacerse al juez, ante la inmediatez de la quiebra, si el funcionario no se hubiese hecho cargo.
Tal como se advierte, el modalizador fundamental que habilita la continuación de la empresa es su viabilidad y su relevancia como fuente de trabajo, pues, indudablemente todas las otras alternativas dependen justamente de la real posibilidad de que el emprendimiento se sustente económicamente, como así también, asegure el empleo en el entramado social y productivo del país.
En este sentido, la norma mejora el actual texto del art. 189 de la L.C.Q. al eliminar el carácter excepcional de la continuación y, establecer como directriz central del mantenimiento de la explotación la viabilidad de la empresa y su resguardo como fuente de trabajo.
“ARTÍCULO 21.- Sustitúyese el artículo 190 de la Ley Nº 24.522 y sus modificatorias, de Concursos y Quiebras por el siguiente:
“Trámite común para todos los procesos. En toda quiebra, aun las comprendidas en el artículo precedente, el síndico debe informar al juez dentro de los veinte (20) días corridos contados a partir de la aceptación del cargo, sobre la posibilidad de continuar con la explotación de la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos y la conveniencia de enajenarlos en marcha. En la continuidad de la empresa se tomará en consideración el pedido formal de los trabajadores en relación de dependencia que representen la mayoría absoluta del personal en actividad o de los acreedores laborales quienes deberán actuar en el período de continuidad bajo la forma de una cooperativa de trabajo. A tales fines deberá presentar en el plazo de veinte (20) días, a partir del pedido formal, un proyecto de explotación conteniendo las proyecciones referentes a la actividad económica que desarrollará, del que se dará traslado al síndico para que en plazo de cinco (5) días emita opinión al respecto.
En caso de disidencias o duda respecto de la continuación de la explotación por parte de los trabajadores, el juez, si lo estima necesario, puede convocar a una audiencia a los trabajadores y al síndico, para que comparezcan a ella, con toda la prueba de que intente valerse.
El juez, a los efectos del presente artículo y en el marco de las facultades del artículo 274, podrá de manera fundada extender los plazos que se prevén en la ley para la continuidad de la empresa, en la medida que ello fuere razonable para garantizar la
liquidación de cada establecimiento como unidad de negocio y con la explotación en marcha.”.
Comentario: "Las exigencias para la continuación a cargo de las cooperativas."
I. Una adecuada reformulación de los requisitos legales.
El nuevo texto del art. 190 esta bien conformado pues no solo habilita a la cooperativa de trabajo sino que exige un proyecto de explotación sobre el cual el síndico debe opinar y consecuentemente permite que en caso de duda se convoque a una audiencia de los trabajadores y la sindicatura y el juez resuelven definitivamente.
La norma es absolutamente razonable y no merece objeción.
De la simple lectura del texto proyectado se advierten los siguientes aspectos:
a) El síndico continúa con la obligación de informar sobre la posibilidad de continuar con la explotación de la empresa.
b) Los trabajadores, agrupados en cooperativas pueden pedir la continuación pero deben presentar un proyecto de explotación con las proyecciones referentes a la actividad económica.
c) El síndico debe emitir opinión sobre el proyecto.
d) En caso de duda, el juez puede convocar a una audiencia a los intervinientes justamente para lograr la mejor información para resolver.
e) En este sentido, se faculta al magistrado a prorrogar los plazos de explotación para garantizar la liquidación de cada establecimiento como unidad de negocio y con la explotación en marcha.
Las pautas normativas reseñadas ponen de relieve que el síndico sigue siendo una “pieza fundamental” pues, es el órgano técnico que debe auxiliar al juez emitiendo opinión sobre la viabilidad de la explotación, ya sea, a su cargo, ya sea, por la cooperativa de trabajo.
En esta última hipótesis debe emitir opinión fundada sobre el plan de explotación presentado por los trabajadores, requisito que predica no solo la necesidad de la viabilidad empresaria, sino que, asegura la seriedad del requerimiento.
II. El plan de empresa de la cooperativa.
Desde esta perspectiva el plan de explotación constituye el mejor modo de asegurar la aptitud productiva de la empresa, la relevancia de la explotación empresaria y las ventajas que se derivan del mantenimiento de la actividad.
Por ello, cabe destacar que la norma tiene un alto grado de razonabilidad, ya que, impone en caso de disidencias o dudas una audiencia a los fines de resolver la continuación de la explotación y donde son parte necesaria los intervinientes en al articulación y el síndico.
En una palabra, sólo a través de una adecuada y fundada información y con los elementos probatorios pertinentes, el tribunal estará en condiciones de resolver.
De este modo, los trabajadores tienen plena conciencia que la única forma de asegurarse la continuación es por la vía legal instaurada por la ley.
De esta forma, se desactiva toda actitud “violenta” como las conocidas “tomas de fábricas” que reconocen como génesis la ausencia de tutela legal.
En efecto, la alternativa del conflicto colectivo de trabajo se sustenta actualmente en la ausencia de una correcta regulación en orden al derecho de los trabajadores para intentar la continuación de la empresa y la correspondiente defensa de su fuente de trabajo.
Así, la reforma proyectada al priorizar el mantenimiento de la fuente de trabajo y reglar en forma adecuada la alternativa de continuación de la empresa fallida torna operativa la tutela del art. 14 bis de la Carta Magna.
ARTÍCULO 22.- Sustitúyese el artículo 191 de la Ley Nº 24.522 y sus modificatorias, de Concursos y Quiebras, por el siguiente:
La autorización para continuar con la actividad de la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos será dada por el juez en caso de que de su interrupción pudiera emanar una grave disminución del valor de realización, se interrumpiera un ciclo de producción que puede concluirse o en resguardo de la conservación de la fuente laboral de los trabajadores de la empresa declarada en quiebra.
2) El plazo por el que continuará la explotación, el cual no podrá ser menor a un ejercicio económico anual, teniendo en cuenta el ciclo productivo de la empresa. El plazo podrá prorrogarse excepcionalmente a solicitud de la cooperativa o el síndico, por resolución fundada.
Comentario: "Una directriz central de la reforma: el mantenimiento de la fuente de trabajo."
La modificación del art. 191 es relevante en cuanto establece que la fuente de trabajo es una directriz central para resolver la continuación de la empresa.
Además, habilita al juez a establecer un plazo que tenga relación con el ciclo productivo de la empresa y que puede prorrogarse por resolución fundada.
Tal como se sigue del texto proyectado, el juez es la única autoridad que puede resolver la continuación cuando estime que la explotación de la empresa es económicamente viable, oportunidad en la que debe pronunciarse no solo sobre el plan de explotación, sino también, sobre el tipo y periodicidad de la información que debe suministrar el síndico y la cooperativa de trabajo, estableciendo el plazo de duración, a cuyo fin, debe tomar en cuenta el ciclo productivo y el tiempo necesario para la enajenación de la empresa.
En una palabra, como se desprende de la norma aludida el plan de explotación, la información adecuada, el tipo de actividad y, por ende, el ciclo productivo son pautas interrelacionadas a los fines de establecer el plazo de continuidad.
De todas formas, debe quedar bien en claro que siempre la continuación de la empresa concluye con su enajenación de conformidad al texto de los art. 203 y siguientes de la ley concursal.
ARTÍCULO 23.- Sustitúyese el artículo 192 de la Ley Nº 24.522 y sus modificatorias, de Concursos y Quiebras por el siguiente:
Régimen aplicable. De acuerdo a lo que haya resuelto el juez, el síndico o el coadministrador, actuarán de acuerdo al siguiente régimen:
1. Se consideran autorizados para realizar todos los actos de administración ordinaria que correspondan a la continuación de la explotación;
2. Para los actos que excedan dicha administración, necesitan autorización judicial, la que sólo será otorgada en caso de necesidad y urgencia evidentes;
3. Las obligaciones legalmente contraídas por el responsable de la explotación gozan de la preferencia de los acreedores del concurso;
4. En caso de revocación o extinción de la quiebra, el deudor asume de pleno derecho las obligaciones contraídas legalmente por el responsable de la explotación;
5. Sólo podrá disponerse de los bienes afectados con privilegio especial desinteresando al acreedor preferente o sustituyendo dichos bienes por otros de valor equivalente.
Conclusión anticipada. El juez puede poner fin a la continuación de la explotación antes del vencimiento del plazo fijado, por resolución fundada, si ella resultare deficitaria o, de cualquier otro modo, ocasionare perjuicio para los acreedores, teniendo en cuenta el resguardo de la fuente laboral de los trabajadores de la empresa declarada en quiebra.".
Comentario: "La adecuada articulación de la cooperativa de trabajo."
I. El riesgo empresario y la actuación de la entidad de los trabajadores.
La reformulación del art. 192 es absolutamente razonable pues dispone del régimen de explotación y establece que la cooperativa de trabajo no obliga a la quiebra, ubicándola correctamente como un tercero que debe continuar con la explotación y, oportunamente adquirir la empresa por las vías indicadas en el art. 205 a 213 de la LC.
En este aspecto, cabe destacar que tanto la sindicatura como la cooperativa, deberán requerir autorización judicial para los actos que excedan la administración ordinaria.
La manda aludida pone de relieve que siempre es el órgano jurisdiccional quien resuelve el grado y extensión del modo de explotación.
Por otra parte, el nuevo articulado destaca que el riesgo empresario siempre está a cargo de la cooperativa de trabajo, pues, cuando ésta es la titular de la explotación las obligaciones que contraiga son a su exclusivo cargo y no gozan de la preferencia de los acreedores del concurso, contrariamente a lo que se dispone cuando el síndico es el continuador.
Dicho de otro modo, cada vez que haya un tercero a cargo de la continuación de la explotación éste último será el responsable de las obligaciones que contraiga, liberando de este modo, al concurso para beneficio de los acreedores concurrentes.
Asimismo, el texto proyectado mantiene la facultad del juez de ordenar la conclusión anticipada de la explotación si ella resultare deficitaria o de cualquier otro modo resultare perjuicio para los acreedores.
Este texto del art. 192 in fine es fundamental pues, se convierte en una directriz central del sistema de continuación de la empresa que siempre debe estar enderezado a un resultado positivo, o sea, no deficitario y tampoco debe perjudicar a los acreedores.
De este modo, se da respuesta a quienes entienden que las cooperativas de trabajo pueden afectar los intereses de los acreedores o justificar por si mismas la continuación de la empresa.
En primer lugar, la articulación de las cooperativas de trabajo, si bien tutela la relación laboral, debe enmarcarse en una explotación planificada que mantenga un mejor valor para la realización final de la empresa.
II. La cooperativa es un tercero y no se confunde con la quiebra.
Hemos dicho que la reforma proyectada, art. 191, habilita al juez a pronunciarse sobre el plan de explotación y autoriza la prórroga del plazo de explotación, a cuyo fin deberá tener en cuenta el ciclo productivo y el tiempo necesario para la enajenación de la empresa o establecimiento.
Tal como se desprende de la norma aludida el plan de explotación, la información adecuada, el tipo de actividad y, por ende, el ciclo productivo son pautas interrelacionadas a los fines de establecer el plazo de continuidad.
La afirmación precedente implica reiterar que la sola existencia de la cooperativa de trabajo no justifica la continuación empresaria, sino que, los trabajadores deberán preocuparse por llevar a cabo una gestión que respete la planificación oportunamente presentada como sustento de la explotación, tal como ha sucedido en numerosos casos.
Dicho de otro modo, el proyecto legislativo reconoce que el cooperativismo se ubica y actúa dentro de los sistemas económicos existentes, proponiendo mejoras reales en las condiciones y en el desarrollo de las actividades laborales de quienes adopten un emprendimiento de esta categoría y en ningún momento cuestionan la propiedad individual.
III. El sentido y alcance de las cooperativas.
En un esquema macro económico, las cooperativas no buscan suprimir el capital, sino otorgar poder directivo a los trabajadores brindando sustento al mantenimiento de fuentes de trabajo, mediante la reducción de los costos de producción y manteniendo alejada de la marginalidad social a un importante grupo de personas que de otro modo padecerían la miseria de la falta de trabajo.
Tal como lo hemos dicho, esta instancia regulatoria tiende a preservar el derecho al trabajo y a la asociación con fines profesionales y económicos, art. 14 y 14 bis de la Carta Magna; como así también, artículos 14, 22 y 37 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y; art. 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Dicho de otro modo, las cooperativas de trabajo son aquellas empresas organizadas para la producción de bienes y servicio, en las cuales los trabajadores que las integran dirigen todas las actividades de las mismas y aportan directamente su fuerza de trabajo, con el fin primordial de realizar actividades productivas y recibir, en proporción a su aporte de trabajo, beneficios de tipo económico y social (art. 99, Ley 4179 de Asociaciones Cooperativas).
ARTÍCULO 24.- Sustitúyese el artículo 195 de la Ley Nº 24.522 y sus modificatorias, de Concursos y Quiebras por el siguiente:
“ARTICULO 195.- Hipoteca y Prenda en la continuación de empresa. En caso de continuación de la empresa, los acreedores hipotecarios o prendarios no pueden utilizar el derecho a que se refieren los Artículos 126, segunda parte, y 209, sobre los bienes necesarios para la explotación, en los siguientes casos:
1. Cuando los créditos no se hallen vencidos a la fecha de la declaración y el síndico satisfaga las obligaciones posteriores en tiempo debido;
2. Cuando los créditos se hallen vencidos a la fecha de la declaración, mientras no cuenten con resolución firme que acredite su calidad de acreedor hipotecario o prendario;
3. Cuando exista conformidad del acreedor hipotecario o prendario para la suspensión de la ejecución.
Son nulos los pactos contrarios a las disposiciones de los incisos 1) y 2);
Por decisión fundada y a pedido de la cooperativa de trabajadores, el juez de la quiebra podrá suspender las ejecuciones hipotecarias y/o prendarias por un plazo de hasta dos (2) años.”
Comentario: "El diferimiento del concurso especial: un tema complejo."
El diferimiento del concurso especial en los tres incisos reglados en el nuevo art. 195 no ofrece mayores problemas, y lo que se va a cuestionar son los dos años del último párrafo.
De todas formas, la norma aparece razonable y el plazo no es excesivo si se advierte que se trata de recuperar la empresa
Adviértase que en el caso de las entidades deportivas los plazos de la administración fiduciaria superan ampliamente los previstos en la ley de quiebras para la continuación de la explotación y, aunque nada se diga sobre los acreedores con garantías reales, el esquema de la ley 25.284 permite renegociar este tipo de acreencias por la recuperación del flujo de fondos
En realidad, el régimen de la L.E.D. implica una verdadera reversión de la quiebra de mucho mayor profundidad que la alternativa que se otorga a los trabajadores en la continuidad de la empresa, todo lo cual hace pensar en la necesidad de profundizar el análisis de este tipo de solución.
ARTÍCULO 25.- Incorporase como último párrafo del artículo 196 de la Ley Nº 24.522 y sus modificatorias, de Concursos y Quiebras, el siguiente:
“No será de aplicación el párrafo anterior para el caso de que la continuidad de la explotación sea a cargo de una cooperativa de trabajadores o cooperativa de trabajo.”
Comentario: "La convergencia entre la ley laboral y el nuevo esquema cooperativo."
Es absolutamente lógico que el art. 196 no sea de aplicación en el caso de la continuación por parte de las cooperativas pues aquí los trabajadores dejan de ser empleados para pasar a ser asociados.
Tal como veremos a continuación, los asalariados pasan a ser los propietarios de la empresa y de allí que en materia cooperativa no opera más la clásica relación patrón-empleado, sino que, todos los asociados dadores de trabajo constituyen una nueva especie de trabajadores.
En efecto, por un lado se puede decir que han adquirido un nuevo estatus de asociados, pero también caber afirmar que por mantener su rol laboral y no ser capitalistas inversores, se configura una nueva especie de trabajadores.
ARTÍCULO 26.- Modifícase el artículo 197 del Título III, Capítulo IV, Sección III de la Ley Nº 24.522 - Ley de Concursos y Quiebras - que quedará redactado como sigue:
"Elección del personal. Resuelta la continuación de la empresa, el síndico, debe presentar ante el juez, dentro de los DIEZ (10) días corridos a partir de la resolución respectiva, una nómina de dependientes que debería cesar definitivamente ante la reorganización de las tareas, considerando para la confección de la misma, la antigüedad en el empleo, las cargas de familia y la voluntad expresada por el trabajador.
En el caso en que el juez preste conformidad sobre dicha nómina, se deben respetar las normas comunes y los dependientes despedidos tienen derecho a verificación en la quiebra. Los que continúan en sus funciones también pueden solicitar verificación de sus acreencias. Para todos los efectos legales se considera que la cesación de la relación laboral se ha producido por despido directo.
No será de aplicación el presente artículo en los casos de continuidad de la explotación a cargo de una cooperativa de trabajadores”.
Comentario: "El trabajador cooperativo: una categoría poco comprendida."
El art. 197 reformulado se ajusta en todo a la actual jurisprudencia y no merece objeciones de ninguna naturaleza.
En esta inteligencia, se tutelan los derechos laborales al establecer el respeto de las pautas de la ley 20.744 para designar a la nómina de dependientes que debe cesar en la relación laboral.
A su vez, se establece con claridad que los cooperativistas rectius ex trabajadores pasan a ser asociados y consecuentemente la norma no puede ser de aplicación en caso de que se constituya el ente solidario que debieran integrar todos los empleados en relación de dependencia, respetando siempre el principio de puertas abiertas que rige en el derecho cooperativo.
Este aspecto de la conversión de trabajador asalariado a trabajador asociado debe ser adecuadamente comprendido por el sector laboral que muchas veces no alcanza a comprender el nuevo rol que les corresponde y las posibilidades de que tiene en orden a establecer relaciones asociativas de colaboración para asegurar la continuación de la explotación.
En esta línea, cabe insistir que la cooperativa puede asociarse con otras entidades o sociedades para asegurar la gestión empresaria.
Además, desde el punto de vista cooperativo,lo relevante es el reglamento interno que establezca los diversos roles y el modo de reparto de los excedentes para evitar que se acuse a la cooperativa de una pantalla que oculta una empresa de otro tipo y evitar deformaciones que desmerecen el sistema.
ARTÍCULO 27.- Sustitúyese el artículo 199 de la Ley Nº 24.522 y sus modificatorias, de Concursos y Quiebras, por el siguiente:
Obligaciones laborales del adquirente de la empresa. El adquirente de la empresa cuya explotación haya continuado sólo será considerado sucesor del concurso con respecto a los derechos laborales de los trabajadores cuya relación se mantuvo en este período. En consecuencia, no es sucesor del fallido sino en ese concepto y los importes adeudados con anterioridad a la quiebra serán objeto de verificación o pago en el concurso.
En caso de que la adquirente sea la cooperativa de trabajo deberá estarse al régimen de la Ley Nº 20.337.”.
Comentario: "El principio de solidaridad."
La reformulación del art. 199 con la inserción del principio de solidaridad para los trabajadores que se mantienen en el período de explotación y continuidad es totalmente razonable.
Este artículo es absolutamente justo y no merece reparo.
De todas formas, no cabe duda alguna que la reforma reeditará el debate sobre el pasivo laboral y muchos autores insistirán en que debe ser abonado por la quiebra y no por el adquirente.
En nuestra opinión, cuando se trata de trabajadores que se han mantenido durante el período de continuación de la explotación, el adquirente debe responder a las partes generales del derecho laboral y asumir a dichos empleados con todas las responsabilidades correspondientes, ya que aseguraron el funcionamiento de la empresa y no puede predicarse con justicia el actual esquema de ruptura del principio de solidaridad.
ARTÍCULO 28.- Modifícase el artículo 201 del Título III, Capítulo V de la Ley Nº 24.522 - Ley de Concursos y Quiebras - que quedará redactado como sigue:
"Comité de Control. Dentro de los DIEZ (10) días contados a partir de la resolución del Artículo 36, el síndico debe promover la constitución del comité de control según lo dispuesto en el artículo 42, que actuará como controlador y órgano de consulta de la etapa liquidatoria. A tal efecto cursará comunicación escrita a la totalidad de los trabajadores que integren la planta de personal de la empresa y a los acreedores verificados y declarados admisibles, con el objeto que, por mayoría de capital designen los integrantes del comité.".
Comentario: "Una reforma que ya hemos cuestionado."
La insistencia en nominar como Comité de Control al Comité de Acreedores denota una confusión de funciones con la sindicatura que hemos cuestionado en párrafos anteriores.
El artículo debiera seguir hablando de Comité de Acreedores pues en esta inteligencia tanto el síndico como este órgano se complementan y se obtienen las mismas finalidades que persigue la norma proyectada, evitándose incorrectas interpretaciones y, lo mas importante, ubicando cada cosa en su lugar.
ARTÍCULO 29.- Incorpórase como artículo 203 bis de la Ley Nº 24.522 y sus modificatorias, de Concursos y Quiebras, el siguiente:
“ARTÍUCLO 203 bis.- Los trabajadores reunidos en cooperativa de trabajo están habilitados para solicitar la adquisición de conformidad con el artículo 205, inciso 1) y podrán hacer valer en ese procedimiento la compensación con los créditos que le asisten a los trabajadores de la fallida, de conformidad a los artículos 241, inciso 2) y 246, inciso 1) de la ley concursal, no siendo aplicable en este caso la prohibición del artículo 211 y deducido del precio las mejoras o gastos de mantenimiento introducidos por la adquirente. El monto de las indemnizaciones será calculado, a los fines de la compensación, de conformidad con el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976), los estatutos o contratos individuales, y sus modificatorias o del Convenio Colectivo de Trabajo correspondiente según el que resultare más conveniente a los trabajadores. El plazo del pago del precio podrá estipularse al momento de efectuarse la venta.”
Comentario: "La adquisición de la empresa por los trabajadores."
I. El derecho a compensar los créditos laborales y la necesidad de acordar el plazo de pago.
El art. 203 que permite la compensación es uno de los más cuestionados en doctrina y reconoce como precedente el caso de Comercio y Justicia.
La única observación que le haría es que la compensación no se hace por la totalidad de los créditos verificados sino por el dividendo proporcional que le correspondería según la tasación de la empresa, tal como se hizo en Comercio y Justicia.
Esa es la capacidad de pago de los trabajadores.
Otro aspecto fundamental es la posibilidad de pactar o convenir el plazo de pago para poder obtener apoyo económico o crediticio del Estado.
En este sentido, la norma puntualmente ordena que el monto de las indemnizaciones será calculado con el art. 245 de la ley 20.744 o del convenio colectivo de trabajo.
De este modo, la reforma hace valer el clásico principio laboral de “la ley más favorable al trabajador” lo que también es visto con disfavor por parte de la doctrina concursalista.
En este aspecto, no puede ignorarse que nos encontramos en el terreno de la convergencia interdisciplinaria del derecho laboral y concursal y que, el principio protectorio reconoce raigambre constitucional pues, descansa sobre el art. 14 bis de la Carta Magna.
II. La viabilidad de la compensación.
Desde esta perspectiva, la regla de la norma más favorable al trabajador como una pauta de aplicación normativa tiende a asegurar el derecho alimentario que le asiste.
En efecto, por más argumentos que se den en contra no puede obviarse que el arrendamiento de la fuerza de trabajo que se concreta en el salario no es una simple “mercancía” como lo entiende una visión capitalista.
Así, la doctrina social de la Iglesia a través de las numerosas Encíclicas Papales como Rerum Novarum de Leon XIII, Popularum Progressio de Pablo VI, Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis y Centecimus Annus de Juan Pablo II, destacan con la autoridad moral del magisterio que el capital no es otra cosa que trabajo acumulado.
Dicho de otro modo, en el crédito del trabajador se encuentra incorporada una calidad modalizadora que surge de la propia persona del trabajador.
III. La totalidad de los créditos o el dividendo concursal.
Por ello, aún cuando la pauta establecida por el proyecto pueda ser debatida, no carece de razonabilidad, sino que, tiende a mejorar la capacidad adquisitiva de la cooperativa de trabajo optimizando sus recursos.
Es cierto que en el caso de Comercio y Justicia la compensación sólo se habilitó por el “dividendo” concursal, pero ello, fue un criterio pretoriano surgido de la sensibilidad de la juez interviniente, que hoy es receptado y mejorado por el proyecto.
Cabe admitir que la norma pudo tener otra textura en orden al criterio de cuantificación de los créditos laborales, pero, tampoco puede ignorarse la necesidad de optimizarlos créditos surgidos de la relación laboral, máxime cuando los trabajadores han sido los artífices de la continuidad empresaria.
ARTÍCULO 30.- Sustitúyese el artículo 205 de la Ley Nº 24.522 y sus modificatorias, de Concursos y Quiebras, por el siguiente:
“Enajenación de la empresa. La venta de la empresa o de uno o más establecimientos, se efectúa según el siguiente procedimiento:
3) La venta debe ser ordenada por el juez y puede ser efectuada en subasta pública. En ese caso deben cumplirse las formalidades del Artículo 206 y las establecidas en los incisos 3, 4 y 5 del presente artículo, en lo pertinente;
4) Si el juez ordena la venta, sin recurrir a subasta pública, corresponde al síndico, con asistencia de quien haya sido designado para la enajenación, proyectar un pliego de condiciones en el que debe expresar la base del precio, que será la de la tasación efectuada o la que surja del Artículo 206, la que sea mayor, descripción sucinta de los bienes, circunstancias referidas a la locación, en el caso en que el fallido fuere locatario, y las demás que considere de interés. La base propuesta no puede ser inferior a la tasación prevista en el inciso 1. Pueden incluirse los créditos pendientes de realización, vinculados con la empresa o establecimiento a venderse, en cuyo caso debe incrementarse prudencialmente la base. La condición de venta debe ser al contado, y el precio deberá ser íntegramente pagado con anterioridad a la toma de posesión, la que no podrá exceder de VEINTE (20) días desde la notificación de la resolución que apruebe la adjudicación.
Las diligencias indicadas en los incisos 1) a 6) (7?) de este artículo deben ser cumplidas dentro de los CUATRO (4) meses de la fecha de la quiebra, o desde que ella quede firme, si se interpuso recurso de reposición o desde que haya finalizado la continuación según corresponda para cada caso. El juez puede, por resolución fundada, ampliar el plazo en noventa (90) días;
8) A los fines de la adjudicación el juez ponderará especialmente el aseguramiento de la continuidad de la explotación empresaria, mediante el plan de empresa pertinente y la magnitud de la planta de personal que se mantiene en actividad como tutela efectiva de la fuente de trabajo. El plazo para el pago del precio podrá estipularse en el pliego de licitación.
9) Dentro del plazo de VEINTE (20) días, desde la notificación de la resolución definitiva que apruebe la adjudicación, el oferente debe pagar el precio, depositando el importe. Cumplida esta exigencia, el juez debe ordenar que se practiquen las
inscripciones pertinentes, y que se otorgue la posesión de lo vendido. Si vencido el plazo el adjudicatario no deposita el precio, pierde su derecho y la garantía de mantenimiento de oferta. En ese caso el juez adjudica a la segunda mejor oferta que supere la base;
10) Fracasada la primera licitación, en el mismo acto el juez, convocará a una segunda licitación, la que se llamará sin base.”.
Comentario: "Licitación o subasta y el derecho a igualar la oferta."
El nuevo artículo 205 no merece objeción alguna en cuanto habilita a la cooperativa a comprar ya sea en caso de licitación o subasta y además a igualar la oferta de los terceros.
Además es relevante el inc. 8 en cuanto establece que el juez debe asegurar la tutela de la fuente de trabajo.
Por razones de brevedad, y a los fines de clarificar la presente exposición cabe señalar los aspectos relevantes de la norma en cuanto establece las siguientes pautas:
a) La venta de la empresa requiere de su tasación específica mediante la persona designada para la enajenación.
b) La venta puede ser efectuada por licitación o por subasta pública.
c) Existen en todos los casos concurrencia plural debiendo presentarse las ofertas según la modalidad de que se trate.
d) La cooperativa de trabajo tiene el derecho de igualar la oferta.
e) El juez el que debe aprobar en caso de licitación el pliego pertinente, y en caso de subasta, disponer la modalidad concreta de realización, pudiendo a tales fines hacerse asesorar por especialistas y especialmente tener en cuante la tutela de la fuente de trabajo como lo manda el inc. 8.
El actual esquema permite que el oferente pague el precio estipulando especialmente el plazo.
ARTÍCULO 31.- Sustitúyese el artículo 213 de la Ley Nº 24.522 y sus modificatorias, de Concursos y Quiebras, por el siguiente:
“Venta directa. El juez puede disponer la venta directa de bienes, previa vista al síndico, a la cooperativa de trabajo para el caso de que ésta sea continuadora de la explotación, cuando por su naturaleza, su escaso valor o el fracaso de otra forma de enajenación resultare de utilidad evidente para el concurso.
En ese caso, determina la forma de enajenación, que puede confiar al síndico o a un intermediario, institución o mercado especializado. La venta que realicen requiere aprobación judicial posterior.”.
Comentario: "La compra directa."
El art. 213 es realmente revolucionario al habilitar la venta directa a la cooperativa cuando esta sea continuadora de la explotación y hayan fracasado los otros modos de realización.
La norma aunque sea resistida hay que defenderla en la medida que la cooperativa demuestre que es una continuadora eficaz de la empresa recuperada.
En una palabra, cabe puntualizar que el proyecto, con un criterio mesurado y prudente, sigue manteniendo el régimen de licitación y subasta, en donde puede competir la cooperativa compensando los créditos laborales y pactando el precio.
Ahora bien, en casos especiales, también se autoriza la venta directa cuando los trabajadores se encuentren a cargo de la explotación empresaria y ésta alternativa sea la más útil para el resultado de la liquidación falencial.
No cabe duda alguna que la compra directa sigue siendo una alternativa excepcional ya que en principio, la liquidación de la empresa debe hacerse por licitación o subasta.
El derecho a igualar la oferta que ostenta la cooperativa de trabajo es una alternativa relevante para obtener la adquisición si durante la continuación de la explotación la entidad solidaria ha obtenido el apoyo de los acreedores y, en especial del Estado que puede conceder créditos para completar la inversión que permita adquirir la empresa.
En definitiva, la reforma de la ley concursal requiere fundamentalmente de una política de Estado en orden al apoyo crediticio de las empresas"recuperadas".
ARTÍCULO 32.-Sustitúyese el primer párrafo del artículo 217 de la Ley Nº 24.522 y sus modificatorias, de Concursos y Quiebras, por el siguiente:
“Las enajenaciones previstas en los Artículos 205 a 213 y 214, parte final, deben ser efectuadas dentro de los CUATRO (4) meses contados desde la fecha de la quiebra, o desde que ella queda firme, si se interpuso recurso de reposición.* El juez puede ampliar ese plazo en NOVENTA (90) días, por resolución fundada. En caso de continuación se aplicará el plazo establecido en el artículo 191, inciso 2).”… .
Comentario: "El plazo de liquidación ."
El art. 217 ajusta el plazo de liquidación al término de explotación del art. 191 inc. 2 y en ello no merece objeción alguna y, por el contrario es absolutamente razonable que estando de por medio la explotación de la empresa por parte del síndico o de la cooperativa el aludido plazo se extienda según el ciclo de producción.
De tal forma, se asegura el mejor valor de la empresa en marcha y se defiende la fuente de trabajo.
ARTÍCULO 33.- (Artículo 33 Dip. Donda): Modifícase el inciso 2 del artículo 241 del Título IV, Capítulo I de la Ley Nº 24.522 - Ley de Concursos y Quiebras - que quedará redactado como sigue:
"2) Los créditos por remuneraciones debidas al trabajador por veinticuatro (24) meses y los provenientes por indemnizaciones por accidentes de trabajo, antigüedad o despido, vacaciones, sueldo anual complementario, falta de preaviso y fondo de desempleo, sobre las mercaderías, materias primas y maquinarias, que siendo de propiedad del concursado, se encuentren en el establecimiento donde haya prestado sus servicios o que sirvan para su explotación.
El mismo privilegio recae sobre el inmueble donde haya prestado sus servicios el trabajador, el precio del fondo de comercio, el dinero, títulos de crédito o depósitos en cuentas bancarias, marcas y patentes o de otro tipo que sean directo resultado de la explotación;"
Comentario: "El alcance del privilegio laboral y una confusión conceptual que debe corregirse."
La extensión del plazo del privilegio por 24 meses y la incorporación de las vacaciones en la extensión del privilegio especial laboral aparece totalmente razonable.
Por el contrario, pretender que dicho privilegio recaiga sobre el inmueble y sobre el dinero es un dislate jurídico.
El privilegio cuando recae sobre el inmueble afecta el derecho real de dominio y por ende debe respetar el principio de especialidad en la cosa y en el crédito.
El crédito laboral no es factible determinarlo de antemano y por ende este privilegio "abierto" violaría la normativa de los derechos reales que es de orden público.
Por otra parte, el dinero no puede ser gravado con un privilegio especial pues hace al giro empresario de todos los días y lejos de defenderse la fuente de trabajos se afectarían los intereses que se pretenden defender.
La norma debe suprimir todo el último párrafo sobre la ampliación del privilegio al inmueble y al dinero.
ARTÍCULO 34.- Modificase el inciso 1 del artículo 246 del Título IV, Capítulo I de la Ley Nº 24.522 - Ley de Concursos y Quiebras - que quedará redactado como sigue:
“1) Los créditos por remuneraciones y subsidios familiares debidos al trabajador por veinticuatro (24) meses y los provenientes por indemnizaciones de accidente de trabajo, por antigüedad o despido y por falta de preaviso, vacaciones y sueldo anual complementario, los importes por fondo de desempleo y cualquier otro derivado de la relación laboral. Se incluyen los intereses por el plazo de TRES (3) años contados a partir de la mora, y las costas judiciales en su caso;"
Comentario: "Los intereses debidos."
La ampliación de los plazos en torno a la tutela de los créditos laborales con privilegio general en la medida que existe mora, aparece absolutamente razonable, siempre que se tenga en cuenta que los intereses moratorios están suspendidos a partir de la fecha de la sentencia de quiebra y esta norma colisiona con el art. 129.
En estos aspectos se advierte que el despacho de mayoría no alcanza a comprender la correcta inteligencia de los textos alcanzados por las reformas parciales que se pretenden incorporar.
Por el contrario, el despacho de minoría, revisado por especialistas, contiene una mejor integración normativa
ARTÍCULO 35.- Modifícase el artículo 260 del Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley Nº 24.522 - Ley de Concursos y Quiebras - que quedará redactado como sigue:
"Controlador. Comité de control. El Comité provisorio de control, en el concurso es un órgano de información y consejo. El comité definitivo es el controlador necesario en la etapa del cumplimiento del acuerdo preventivo, y en la liquidación en la quiebra. Sus integrantes son elegidos por los acreedores por mayoría de capital, y el comité debe ser integrado por un número mínimo de tres acreedores. Asimismo, debe ser integrado por los representantes de los trabajadores, elegidos por los trabajadores de la concursada o fallida. La propuesta de acuerdo preventivo debe incluir la conformación y constitución del comité de control. El comité constituido para controlar el cumplimiento del acuerdo mantiene sus funciones en caso de declaración de quiebra como consecuencia de incumplimiento del acuerdo.
El comité, provisorio o definitivo, en el concurso tiene amplias facultades de información y consejo. Puede requerir información al síndico y el concursado; exigir la exhibición de libros; registros legales y contables; proponer planes de custodia y conservación del patrimonio del concursado; solicitar audiencias ante el juez interviniente, y cuanta otra medida considere conveniente en la etapa procesal de su actuación. En la etapa de liquidación en la quiebra el comité puede proponer medidas, sugerir a quien debe designarse para efectuar la enajenación de los activos o parte de ellos, fundando su proposición en razones de conveniencia para la mejor realización de los bienes; exigir información a los funcionarios del concurso; solicitar audiencias al juez interviniente y cuanta otra medida considere conveniente en la etapa procesal de su actuación.
El comité provisorio, previsto en el Artículo 14, inciso 11, cumplirá funciones informativas y de control en el trámite de acuerdo preventivo hasta su sustitución por el comité de control conformado en el acuerdo. Durante su desempeño tendrá las facultades previstas en el párrafo segundo, primera parte del presente artículo.
Contratación de asesores profesionales. El comité de control podrá contratar profesionales abogados, contadores, auditores, evaluadores, estimadores, tasadores y cualquier otro que considere conveniente, para que lo asista en su tarea con cargo a los gastos del concurso. La remuneración de dichos profesionales será fijada por el juez al momento de homologación del acuerdo, del cumplimiento del acuerdo preventivo, o de la finalización de la liquidación -según haya sido el caso de la actuación de dichos profesionales- en relación con el desempeño cumplido y la labor realizada, no pudiendo resultar dicha remuneración, en su conjunto para todos los intervinientes, superior al MEDIO POR CIENTO (0,50%) del monto de los créditos de los que resulten titulares los miembros del comité, ni inferior a un sueldo de secretario de primera instancia de la jurisdicción en que tramite el concurso o quiebra.
Remoción. Sustitución. La remoción de los integrantes del comité de control se rige por lo dispuesto en el Artículo 255. Sin perjuicio de ello, sus integrantes podrán ser sustituidos en cualquier oportunidad por los acreedores, bajo el mismo régimen de mayorías de su designación, excepto por los representantes de los trabajadores, que podrán ser sustituidos en cualquier oportunidad por la mayoría absoluta de la totalidad de los trabajadores de la concursada o fallida".
Comentario: "Una modificación que desluce la reforma."
La modificación del Comité de Acreedores por Comité de Control no es positiva y como ya se ha dicho, produce una confusión y superposición con la tarea sindical que carece de sentido y solo producirá polémica afectando la suerte de este proyecto.
Hay que mantener el régimen del actual artículo 260 con sus facultades de información y consejo e incorporar el representante de los trabajadores.
En efecto, no cabe ninguna duda que el Comité de Acreedores tiene desde una perspectiva la tarea de información y consejo pero no de control directo propio de la sindicatura, art. 15 de la Ley 24.522.
En esta línea, cabe también reconocer que la función de información tiende obviamente al control de aquellos aspectos relacionados con la actividad de la concursada o fallida y, desde esta perspectiva, el art. 260 al incorporar a los trabajadores de la empresa no es cuestionable.
Ahora bien, la limitación de las funciones a la correcta información y consecuente proposición de medidas para la mejor actuación en el concurso preventivo o para la adecuada realización de los bienes en la quiebra no debe llevar a confundir la tarea de dos órganos diferenciados como son en la sindicatura y el Comité de Acreedores.
De allí que concordamos que dicho órgano se integre con delegados de los trabajadores pero no estamos de acuerdo que tenga tareas de control directo propios de la sindicatura y del juez.
Es más, si se lee con detenimiento el nuevo art. 260, más allá del término "control" que se utiliza en el nuevo texto, el contenido integral del enunciado normativo demuestra que la labor fundamental es de información y consejo.
ARTÍCULO 36.- Modifícase el artículo 262 del Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley Nº 24.522 - Ley de Concursos y Quiebras - que quedará redactado como sigue:
"Evaluadores. La valuación de las acciones o cuotas representativas del capital en el caso del artículo 48, estará a cargo de bancos de inversión, entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina, o estudios de auditoría con más de diez (10) años de antigüedad.
La remuneración del evaluador la fijará el juez en la misma oportunidad en que regule los honorarios de los demás funcionarios y abogados, y se hará sobre la base del trabajo efectivamente realizado, sin consideración del monto de la valuación".
Comentario: "La función de los evaluadores."
El nuevo artículo habilita al Comité de Acreedores, mal llamado de control, a proponer una terna de evaluadores para la labor del art. 48 de la LC.
En esta línea, no cabe duda alguna que la norma debiera establecer directamente el sorteo de los evaluadores pese a lo cual, la posibilidad de que el Comité de Acreedores proponga una terna no es vinculante para el juez pues en rigor se entiende que la lista de evaluadores, confeccionada por la Cámara de Apelaciones, esta integrada por entidades o estudios de auditoria con demostrada idoneidad para la labor que le impone el estatuto falimentario.
ARTÍCULO 37.- Modifícase el artículo 289 del Título IV, Capítulo IV de la Ley Nº 24.522 - Ley de Concursos y Quiebras - que quedará redactado como sigue:
"Régimen aplicable. En los presentes procesos no serán necesarios los dictámenes previstos en el artículo 11, incisos 3 y 5, y no regirá el régimen de supuestos especiales previstos en el artículo 48 de la presente ley. El controlador del cumplimiento del acuerdo estará a cargo del síndico y del comité de control. Los honorarios por la labor del síndico en esta etapa serán del 1% (uno por ciento) de lo pagado a los acreedores."
Comentario: "Honorarios por la labor de control del cumplimiento del acuerdo."
La modificación del art. 37 es una cuestión totalmente ajena a los trabajadores y a las cooperativas de trabajo.
Esta norma es absolutamente anacrónica pues es un proceso sin procedimiento como dijo Maffía alguna vez.
No hay razones para excluir del salvataje a los pequeños concursos que pueden ser negocios, pequeños, valga la redundancia, pero absolutamente viables como para defender su continuidad también por este procedimiento y hay precedentes donde se ha declarado la inconstitucionalidad de la limitación.
El agregado sobre los honorarios del síndico, si bien esta bien intencionado, no refleja toda la temática arancelaria que debe ser adecuadamente reformulada.
A esta altura de nuestro análisis resulta prudente señalar que los comentarios vertidos son una primera lectura de los proyectos y de los correspondientes despachos de comisión y a la postre, parece prudente insistir en la aprobación del proyecto del Poder Ejecutivo que ya ha sido conformado en varios períodos legislativos..
Publicado por Foro Académico en 7:32
Cr. Daniel Julio dijo...
Luego de leer el extenso proyecto y de compartir casi la totalidad de las críticas vertidas, a las que obviamente, pueden agregarse algunas otras que no vienen al caso ahora, concluyo con desazón que puede perderse una nueva oportunidad para jerarquizar la función del síndico y "acomodar" sus exíguos honorarios ya que, a las tareas agregadas por otras reformas sin la justa y debida remuneración adicional, ésta reforma va a significar nuevas cargas adicionales para la sindicatura sin una retribución acorde.

References: ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2
 artículo 14
 artículo 43
in fine
 artículo 14

ARTÍCULO 4
 artículo 14

ARTÍCULO 5
 artículo 15

ARTÍCULO 6
 artículo 16
 artículo 14
 artículo 6
 artículo 44
 artículo 16
 artículo 14
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 240

ARTÍCULO 9
 artículo 29
 Artículo 14
 artículo 34

ARTÍCULO 11
 artículo 42
 resolución 
 artículo 14
 resolución 

ARTÍCULO 12
 artículo 43
 resolución 
 artículo 45
 artículo 45

ARTÍCULO 13
 artículo 45
 Artículo 45

ARTÍCULO 14
 artículo 48

ARTÍCULO 15
 artículo 48
 artículo 69

ARTÍCULO 17
 artículo 129
 artículo 161
 artículo 187
 resolución 

ARTÍCULO 189
 artículo 190
 artículo 274

ARTÍCULO 22
 artículo 191
 resolución 
 resolución 

ARTÍCULO 23
 artículo 192
 resolución 
in fine

ARTÍCULO 24
 artículo 195
 resolución 

ARTÍCULO 25
 artículo 196

ARTÍCULO 26
 artículo 197
 resolución 

ARTÍCULO 27
 artículo 199

ARTÍCULO 28
 artículo 201
 resolución 
 Artículo 36
 artículo 42

ARTÍCULO 29
 artículo 203
 artículo 205
 artículo 211
 artículo 245

ARTÍCULO 30
 artículo 205
 Artículo 206
 Artículo 206
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 205

ARTÍCULO 31
 artículo 213

ARTÍCULO 32
 artículo 217
 resolución 
 artículo 191

ARTÍCULO 33
 artículo 241

ARTÍCULO 34
 artículo 246

ARTÍCULO 35
 artículo 260
 Artículo 14
 Artículo 255
 artículo 260

ARTÍCULO 36
 artículo 262
 artículo 48

ARTÍCULO 37
 artículo 289
 artículo 11
 artículo 48