Source: http://recursosteologicos.org/Documents/TesisColombia1.htm
Timestamp: 2014-07-25 22:17:06+00:00

Document:
LA CONCIENCIA RELIGIOSA DE COLOMBIA EN DIÁLOGO, UNA APROXIMACIÓN REFLEXIVA DE CARÁCTER JURÍDICO- RELIGIOSO
DORIS MARITZA RAMOS RODRÍGUEZ
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE MAESTRÍA EN TEOLOGÍA
DR. EN FILOSOFÍA FERNANDO ABILIO MOSQUERA BRAND
A Lucila, mi madre, la mujer que me enseñó que también se ama a Dios
“A todos aquellos a quien Dios animó para que me brindaran su soporte y apoyo
en los momentos de mayor necesidad. Ustedes saben de quienes son… ¡ Mil Gracias !”
INTRODUCCION CAPITULO UNO: La Conciencia Religiosa desarrollada dentro de un proceso histórico-legal.
1.1 Síntesis histórico-legal. 1.1.1 Conquista y la Colonia (1492 – 1810): una libertad de conciencia religiosa atrapada entre la cruz y la espada.
1.1.2 Independencia (1810 – 1821): una libertad de conciencia religiosa subordinada a la herencia cultica de los conquistadores.
1.1.3 La Gran Colombia (1821 – 1830): una libertad de conciencia religiosa encarcelada por la hegemonía eclesial.
1.1.4 Nueva Granada, La Confederación Granadina, Los Estados Unidos de Colombia (1843 – 1886): una libertad de conciencia religiosa secuestrada por la intransigencia eclesiástica.
1.1.5 La Constitución de 1991 y la Libertad Religiosa (1991 hasta el presente): una conciencia religiosa liberada dentro del marco del pluralismo estatal.
CAPÍTULO DOS: La Conciencia Religiosa encaminada dentro del Estado Laico No Confesional.
2.1 Estado y Santa Sede a partir del Concordato de Julio 20 De 1974 en relación con la Constitución De 1886.
2.1.1 Afirmaciones legales de la Corte Constitucional frente al Concordato. 2.1.2 Revisión de constitucionalidad del Concordato.
2.1.3 Sustentación de la Corte para revisar el Concordato.
2.1.4 Sanción final de la Corte Constitucional.
2.1.5 Análisis constitucional de los artículos de la Ley 20/74 que aprueba los textos del Concordato
2.1.6 Análisis constitucional de los artículos de la Ley 20/74 que aprueba el protocolo final.
2.2 Estado y Santa Sede a partir del Concordato de Julio 20 de 1974 en relación con la Constitución de 1991.
CAPÍTULO TRES: La Conciencia Religiosa interpretada dentro del litigio argumentativo sobre la Ley de Libertad Religiosa y de Cultos.
3.1 Litigios argumentativos del Artículo 19 de la Constitución Nacional entre 1991 a 2001.
3.1.1 Valor constitucional de los ritos, preceptos y costumbres de las honras fúnebres en materia religiosa.
3.1.2 Valor constitucional de la autonomía pro-creativa y sexual en materia religiosa.
3.1.3 Valor constitucional de la legítima limitación de la libre expresión en materia religiosa.
3.1.4 Valor constitucional del descanso obligatorio en materia religiosa.
3.1.5 Valor constitucional de la contaminación ambiental en materia religiosa.
3.1.6 Valor constitucional de la objeción de conciencia. 3.1.7 Valor constitucional de la diferencia etno-cultural en materia religiosa.
3.2 Juicios de valoración
3.2.1 Opinión de la Jurisprudencia y la Doctrina
3.2.1.1 En cuanto a la relación binómica de la ley de libertad religiosa y de cultos con otros derechos fundamentales.
3.2.1.2 En cuanto a la relación binómica entre las libertades de pensamiento opinión/ religión/ conciencia.
3.2.2 Juicios de valor de esta investigación
3.2.2.1 Sobre el alcance de la libertad religiosa en la dimensión práctica.
3.2.2.2 Sobre la propuesta estatal de convivencia civilizada fundamentada en el principio de neutralidad religiosa igualitaria.
3.2.2.2.1 En cuanto a la posición igualitaria de las confesiones.
3.2.2.2.2 En cuanto a una jerarquía y cabeza visible representativa.
Es muy difícil involucrarse en un tema como éste sin tener en mente algunas expectativas e interrogantes con respecto a la forma como la Iglesia de Jesucristo representada en Colombia está asumiendo hoy su papel histórico frente al reto de hacer uso del espacio jurídico abierto por el Constituyente de 1991 para todas las confesiones religiosas en la vida nacional. La razón de ser del presente trabajo de investigación es el deseo de unirme a los intentos anteriores de otros líderes y laicos protestantes para proporcionar una reflexión que aporte en alguna manera a la discusión actual en cuanto la Libertad Religiosa y de Cultos. La pretensión es sencilla. Este trabajo de tesis anhela ser un estímulo eficaz para los cristianos en el sentido de llevarles a tomar con mayor seriedad y asumir con mayor responsabilidad el creciente compromiso que esta discusión legal impele: la participación a nivel nacional de los cristianos protestantes en el proceso de diálogo jurídico-religioso planteado por el Estado. Como parte que somos del estamento social de este país, estamos llamados, como dice el Apóstol San Pablo, en Ro. 6:15 a “ser siervos de la justicia”, a “invocar el nombre del Señor para que nuestra nación sea salva” (Ro. 10:13). Pero, el mismo Apóstol nos muestra el camino en Ro. 10: 14,15: “¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quién no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuan hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!” Es a través de una relevante proclamación del evangelio en medio de los tiempos presentes que se lleva a cabo esta labor.
Este llamado tiene dos fuentes de responsabilidad para nosotros: una divina y una humana. En cuanto a la responsabilidad divina, sabemos que Dios nos ha encomendado el ministerio de reconciliar a Colombia con Dios, porque allí comienza la respuesta para que las fuerzas sociales en conflicto de nuestra patria, encuentren el sendero a la paz. Cómo dice 2 Cor. 5:20. “Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios”. En cuanto a la responsabilidad humana es un compromiso ineludible el informarnos como nacionales colombianos, de las leyes que protegen el derecho fundamental a la libre conciencia religiosa de los individuos y del colectivo social; y aprender a ser relevantes sin desconocer la diferencia y la confrontación que genera la cosmovisión cristiana frente a la cosmovisión secular.
Cada creyente, como lo expresa 2 Cor. 5:14ª “el amor de Cristo nos constriñe” debe esforzarse para ver “si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres” (Ro.12:18). El creyente comprometido se encuentra en el deber cristiano y patriótico de profundizar más y más en la reflexión de la función profética del protestantismo en Colombia. Los colombianos se encuentran ávidos de beber de las fuentes de aguas vivas de refrigerio que corren del interior del creyente, de beber a Cristo en medio de esta aberrante ola de violencia que azota a la población civil. La sed por un cambio es grande, por lo tanto, es propicio el tiempo para llevar el mensaje del Evangelio de una forma contundente y adecuada y para ello, se necesita que los creyentes se preparen teológica y jurídicamente sobre el tema. Con esta investigación se pretende que haya una información sobre el litigio argumentativo en torno a la libre conciencia religiosa planteada por esta tesis en la década de 1991 a 2001 por el Estado y las diferentes confesiones religiosas que cohabitan en Colombia y que haya una reflexión seria que dirija sus planteamientos hacia el reconocimiento de que ha llegado el momento coyuntural propicio para re-direccionar el diálogo hasta ahora trazado.
Las fases del proceso de investigación para llegar a unas conclusiones se concretan de la siguiente manera:
Fase uno: LA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, se parte de la premisa de que el nuevo Estado Laico No Confesional produjo en la década de 1991 a 2001, una desorientación socio-religiosa en las instituciones estatales y confesiones religiosas, al no estar preparados para asumir el reto que implicaba tal cambio, lo cual produjo una posición reactiva generalizada y no pro-activa frente al tema. Para identificar la desorientación socio-religiosa en las instituciones estatales y confesiones religiosas se tendrán en cuenta las siguientes preguntas que pretenden ser respondidas en esta tesis:
¿Cómo se ha producido el diálogo entre el Estado y las diferentes confesiones religiosas del país?
¿Cuáles son los problemas que ha presentado este diálogo?
¿Cuál ha sido el aporte del Estado y de la Iglesia Protestante a este diálogo? ¿Cuál ha sido el espacio jurídico-religioso igualitario para las confesiones religiosas diferentes a la católica?
Fase dos: OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. · Reconocer cuál es el significado del concepto de respeto a las minorías religiosas que los organismos judiciales del país manejan en la década de 1991 a 2001. · Observar cuáles son los límites al ejercicio del derecho a Libertad Religiosa y de Cultos que plantean los legisladores en nombre del Estado Colombiano para las diferentes confesiones religiosas, en especial la protestante.
· Analizar la manera en que la rama jurisdiccional en cabeza de la Corte Constitucional equipara y relaciona los derechos fundamentales de la Carta Magna que apoyan la Libertad de Religión y de Cultos y de que forma estos mismos derechos limitan su ejercicio. · Mostrar en la dimensión práctica y el alcance del derecho a la libertad religiosa y de cultos, el valor constitucional del derecho a la vida, a la objeción de conciencia, a la diversidad étnica y cultural, a los medios de comunicación, a la contaminación auditiva, a los días festivos religiosos como descanso obligatorio y al culto y veneración en las honras fúnebres.
· Emitir juicios de valor y descubrir desafíos que procedan de la reflexión jurídico-religiosa de esta investigación.
Fase tres: EL MARCO DE REFERENCIA, aquí se tendrán en cuenta los antecedentes históricos dentro de las Constituciones Políticas más sobresalientes de cada época, en el marco de la conciencia religiosa. La presente investigación es conciente que al entrevistar la historia jurídica de Colombia en materia de conciencia religiosa, el trabajo se constituye en una labor ardua y extensa, por lo tanto no es una guía exhaustiva de todos los hechos generados alrededor de los conflictos jurídicos de la conciencia religiosa en Colombia, pretende ser una oportunidad para animar al lector a indague de manera personal la línea conductora histórico-religiosa con mayor detenimiento. Una labor de esta clase sería un apoyo para el futuro del Cuerpo de Cristo en el país. Fase cuatro: LA METODOLOGÍA, para dar a conocer los hechos y procesos se tendrán en cuenta las mediciones de algunas herramientas jurídicas como lo son las sentencias de la Corte Constitucional y el empleo de estrategias conceptuales que arrojen unos datos indicadores para encontrar el epicentro del debate jurídico-religioso y su significado en la dimensión práctica de la ejecución de este espacio jurídico igualitario para las confesiones religiosas en Colombia. El campo de investigación de la tesis es una muestra bibliográfica circunscrita a la jurisprudencia y doctrina esbozada por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y Consejo de Estado.
Fase cinco: CONCLUSIONES Y DESAFÍOS: identificación del proceso de desorientación socio-religiosa y el reto que genera la implementación de una re-orientación del diálogo.
1 LA CONCIENCIA RELIGIOSA Y DE CULTOS DESARROLLADA DENTRO DE UN PROCESO HISTORICO-LEGAL Para empezar este capítulo se quieren dejar sentados algunos precedentes de lo que se ha constituido en una nueva forma de pensamiento político, que sin lugar a dudas sería imposible en esta tesis dejar de mencionar. Se trata del nuevo manejo que se le ha dado a los conceptos de los derechos fundamentales que se reflejaron en la Constitución de 1991 y que llevaron a Colombia a despertar una nueva conciencia civil, a ejercitar los nuevos poderes que el Estado le ha dado a los colombianos y que se pueden utilizar con eficacia, como herramientas para construir, como muy bien lo dijo el ex-presidente de la República César Gaviria Trujillo: “Una gran obra común que no se ve, no se puede inaugurar con cintas rojas, ni tocar con las manos, pero que es la más urgente y trascendental: ese espíritu colectivo de libertad, igualdad y tolerancia, esa cultura democrática que es la Constitución realmente viviente”.[1] Los principios fundamentales consagrados en cualquier constitución son derechos que se pueden exigir ante la rama judicial, que se pueden aplicar directamente, pero que necesitan ser desarrollados por medio de unas leyes concretas. En la Constitución de Colombia en su Título II, Capítulo I se resaltan los siguientes derechos: vida (Art. 11), integridad personal (Art. 12), igualdad (Art. 13), reconocimiento de la personería jurídica (Art. 14), intimidad (Art. 15), autonomía personal (Art. 16), prohibición de la esclavitud (Art. 17), libertad de conciencia (Art. 18), libertad de religión y de cultos (Art. 19), libertad de expresión (Art. 20), honra (Art. 21), paz (Art. 22), presentar peticiones respetuosas (Art. 23), libre circulación por el país (Art. 24), trabajo en condiciones dignas (Art. 25), escoger profesión u oficio (Art. 26,) libertad de enseñanza (Art. 27), ser libre (Art. 28), debido proceso (Art. 29), reunión y libertad de asociación (Art. 37, 38) y otros. Hoy, el mismo Estado Colombiano se encuentra en problemas muchas veces para darle forma y para interpretar su contenido, por eso la constitución de 1991 le ha dado facultad discrecional a los jueces, es decir, le ha dado libertad de aplicación y decisión de acuerdo con cada circunstancia en particular, para que comiencen a darle vida a estos derechos fundamentales por medio de sus fallos o sentencias. Toda la actividad que se está generando alrededor de la aplicación de la ley de Libertad Religiosa y de Cultos a través de los organismos judiciales del Estado y de las distintas Confesiones Religiosas que existen en Colombia, está creando nuevos caminos y modelando nuevas estructuras por donde la iglesia de Jesucristo podrá vivir, actuar y realizar su labor evangelizadora. Para el caso que nos ocupa directamente, el derecho fundamental de la Ley de Libertad Religiosa y de Cultos, tenemos que remitirnos a la norma vigente consagrada en la Constitución de 1991 en su Art. 19. Esta norma se ha consolidado a través de un proceso jurídico sin precedentes en la historia de Colombia. Es por ello que en este primer capitulo se quiere mostrar en líneas grandes el desarrollo histórico-legal y los factores que prepararon y abonaron el terreno para llegar a la discusión jurídica presente. Se aclara que dicho recorrido histórico no pretende ser un compendio completo de los hechos, sino una oportunidad de observar aquellos eventos más relevantes para esta investigación de una manera sucinta y apuntando a lo esencial.
1.1. SINTESIS HISTÓRICO-LEGAL Esta breve síntesis histórica ayudará a conocer con propiedad, la responsabilidad que se tiene en medio de los agobiantes problemas políticos, sociales y religiosos de Colombia. Es necesario rescatar los tiempos más memorables, aquellos que evidenciaron la forma como se manejó el tema de la religión en Colombia. Una reseña histórica como esta, pretende ser una pequeña entrevista a la Historia de Colombia en los períodos más importantes que se hayan vivido con respecto a la libertad religiosa y de cultos. El eje central de la libertad religiosa en cualquier país se fundamenta en un principio manejado por todos los pueblos del mundo: la conciencia y su libertad de acción, la manera de creer y pensar en medio de un contexto económico, político, religioso y social. Cada vez que en la historia colombiana se han vivido momentos críticos y violentos, esta de presente que se ha dejado de lado la libertad de conciencia y con ello se ha contribuido a la esclavitud mental de los nacionales, dejando frutos desastrosos de control a través del miedo. Esta situación puede convertirse en eventos cíclicos donde se repite cada vez el mismo error por causa de la falta de análisis serio. De alguna manera ganan quienes tienen el poder, y el pueblo, base de la nación, no solamente recibe las consecuencias sino que también adolece de la posibilidad de apropiarse de los derechos civiles para poder defenderse. En los diferentes momentos políticos del país, se pueden detectar algunos manejos que forman parte de una herencia que se remonta a más de 500 años: el período de la venida de los españoles a América. Fue en esta etapa donde se abrieron surcos sociales para sembrar una semilla de miedo y falta de libertad para dirigir la vida civil, ya que los españoles catalogaron como una mala conciencia indígena, a toda actitud de rebelión contra sus propósitos. Es por ello que se quiere comenzar un recuento a partir del período de la Conquista y la Colonia.
1.1.1 Período de la Conquista y la Colonia (1492 – 1810): una libertad de conciencia religiosa atrapada entre la Cruz y la Espada: cuando la Corona Española inició su proceso de evangelización en las Indias, ésta no se dio dentro de los parámetros de una libertad de conciencia religiosa; desde sus comienzos la conquista se realizó con la cruz y la espada. Justo González lo describe así:
“Hasta el día de hoy perdura ese conflicto en la iglesia que se fundó en aquella era de los conquistadores. Por haber llegado a estas playas bajo el signo de la espada, ciertos elementos dentro de ella se creen en la obligación de continuar bajo ese signo, y seguir acomodando el evangelio a los deseos y conveniencias de quienes detentan el poder. Pero por haber nacido bajo el signo de la cruz, hay en esa misma iglesia quienes insisten en la necesidad de colocar todas las estructuras del poder humano bajo el juicio de la cruz”.[2]
Esta tensión se refleja claramente en la forma como los indígenas asumieron sus rituales religiosos antiguos a escondidas de los conquistadores y la falsedad de su aceptación a las enseñanzas de los misioneros venidos de España; pues se sintieron vulnerados en sus derechos y no entendieron cuáles eran los motivos para dejar de adorar a sus dioses. Esta imposición social destruyó su estructura jerárquica y organizacional, ya que como cualquier pueblo, sus relaciones sociales giraron en torno a su fe, tal como lo expresa Justo González: “Todo esto sin embargo, no fue únicamente producto de la era de los conquistadores. Desde mucho antes se había ido preparando el camino para semejante interpretación de los acontecimientos. Cuando en el siglo IV comenzó a desarrollarse la teología oficial del Imperio Romano, que tendía a excluir de la proclamación cristiana la necesidad de justicia en las estructuras sociales, y les daba especial autoridad en la iglesia a los poderosos del orden social, se comenzó a preparar la tragedia de la era de los conquistadores. De hecho, éstos no hicieron más que aplicarle a la nueva situación creada por los descubrimientos el modo de entender la fe cristiana, y la misión evangelizadora, que se había creado a través de los siglos para beneplácito de los poderosos”.[3] Según Justo González, parte del problema radicaba en los hechos acontecidos durante la conquista y la colonia de América. El imperio romano, en el siglo IV, había dejado una herencia hermenéutica sobre la justicia social muy acorde con los intereses de los poderosos de la época: mientras que se pudiera evangelizar, no importaba lo que pasara en los aspectos más cruciales del orden social de los pueblos conquistados. Pareciera que la religión nada tuviera que ver con la actitud frente a la alteridad y su conciencia clara de ser persona delante de Dios, mucho menos plantear una defensa a los menos favorecidos por el régimen político de la época. Justo González expresa como en medio de esta falta de respeto a la vida humana que vivieron los indios y los negros, hubo un pequeño grupo que aún en medio de las situaciones más precarias y de los ambientes más inhóspitos, hicieron la diferencia con un trato digno, con protestas públicas y por escrito, entregando sus vidas en favor de aquellos que no tenían voz:
“Sin embargo, numerosas protestas se dieron (...) muchas de ellas han quedado olvidadas en los anales de una iglesia dominada por los poderosos, pero los hombres y hechos cuya memoria han llegado a nuestros días dan testimonio de que, aun en medio de aquellos tiempos violentos, en las selvas más apartadas, en los lugares más peligrosos, hubo quienes supieron ver la distancia entre el evangelio de Jesucristo y el de los conquistadores, entre el amor de Dios y el amor de Mamón”.[4] Otro autor que deja una estimable huella de reflexión tardía sobre todos los hechos acontecidos en la época de la Conquista y Colonia es Pablo Alberto Deiros, quién en su libro “Los evangélicos y el poder político en América Latina”, entrega una selección de aportes y reflexiones de teólogos y líderes eclesiales evangélicos sobre una perspectiva sociológica e histórica de la responsabilidad política en América Latina, con ello ayuda a retomar el hilo conductor ideológico de los latinoamericanos teniendo como punto de partida la conquista y la colonia. Al tomar en cuenta las reflexiones que hace Samuel Escobar A. en su conferencia “El poder y las ideologías en América Latina” encontramos que la Iglesia Católica jugó un papel ambiguo y contradictorio, al buscar privilegios dentro del poder político, quien terminó imponiendo obligaciones a la institución eclesiástica frente al poder colonial. La iglesia se convirtió en una entidad que se acomodaba a los intereses políticos de la época y llegó a ser un instrumento de gobierno y pieza indispensable para los deseos de los señores feudales. Escobar se apoya en una traducción de las palabras de Iván Vallier de su libro “Catolicismo, Control Social y Modernización en América Latina”:
“La Iglesia en América Latina desarrolló temprano una estrategia de sobrevivencia que podríamos llamar “política”, es decir, una maximización de ganancias a corto plazo cuando las condiciones le eran favorables, ejercitando moderación en período de incertidumbre, y con una disposición siempre lista a entrar en componendas cuando la situación lo demandaba. Bajo estas circunstancias, la Iglesia como símbolo potencial de autoridad y estabilidad moral socavó su propia función”.[5] Al mencionar tales argumentos, Escobar trata de dar más peso a sus reflexiones y con ello concreta su declaración contundente sobre el papel ambiguo de la Iglesia en la época de la colonia y la conquista. Es aquí donde las palabras de Orlando Fals Borda encajan dentro de este recorrido histórico sobre los posibles factores que prepararon el camino para la actual discusión legal sobre la religión y sus libertades en Colombia:
“La religión dejaba de ser una experiencia mística o meramente espiritual, para adoptar una ideología específica traducible a elementos de organización social. Esta es la de un nuevo mundo cristiano como una “ética colonial escolástica” y con derechos y doctrinas como ocurre con las ideologías seculares. Así es un conjunto de ideas prácticas tanto como un conjunto de ideas y creencias lo que se transplanta a la América para crear al nuevo orden (...) Si la meta final era la formación de una “Cuidad de Dios”, las metas reales resultaron ser la translación y reproducción de una ideología con condiciones, sustituciones y adopciones: esto es la sociedad señorial que regía en la península ibérica”.[6] Se puede pensar que es precisamente en la época Colonial cuando el panorama se torna menos alentador para una conciencia libre, ya que los tribunales de la inquisición, institución que se constituyó en brazo fuerte del poder eclesiástico, lograron someter la conciencia religiosa de los nacionales, convirtiéndose en un organismo independiente y con autoridad al lado del Estado. Fue un poder temporal que sobrepasó los límites de la soberanía nacional, con todas las prerrogativas para gobernar y manejar las conciencias de sus feligreses. Todo esto se constituyó con el tiempo en una herencia cultural de sumisión pasiva, no sólo de cuerpo, sino también de estructura mental. En esta parte de la historia se comenzó un proceso lento de pérdida de la libre conciencia de la población civil ante las autoridades estatales y eclesiásticas. Al parecer la lucha para el rescate de los derechos perdidos se constituyó en una causa inalcanzable desde sus comienzos por el estado de confusión, conformismo y pasividad social del pueblo, convirtiéndolo así en un objeto cosificado, susceptible de perder la autonomía de sus decisiones y controlado. En pocas palabras: la esclavitud total.
Surge en medio de estas condiciones un proceso que afecta el respeto y el trato digno a los indios y a los negros. El mismo sistema conquistador y colonial había legitimado la actitud de tratar al indígena y al negro como propiedad, como objetos de trabajo, sin tener oportunidad de protegerse o defenderse, sin poder aspirar a tener conciencia para ejercer sus derechos mínimos. La época reflejaba la deshumanización y el irrespeto a la dignidad humana. La ideología manejada en la época fue un instrumento jurídico que los conquistadores y colonizadores utilizaron para dar visos de legalidad a sus actos de conquistas deshumanizantes. Uno de estos instrumentos legales que se encuentran en la historia es el famoso “Requerimiento” de Palacios Rubio, que debía ser leído ante los indios mediante interpretes antes de llegar a actitudes hostiles. Dicho documento contenía una breve historia del mundo desde la creación, llegando finalmente al Papado y la donación que el Sumo Pontífice había hecho a los reyes de España para que conquistaran las islas y tierra firme. Se requería entonces a los oyentes que se sometieran a la Iglesia, al Papa, al Rey y a la Reina y se les detallaban las consecuencias bélicas en caso de no someterse:
“Y tomaré vuestras mujeres e hijos y los haré esclavos, y como tales los venderé y dispondré de ellos como Su Majestad mandare, y os tomaré vuestros bienes y os haré todos los males y daños que pudiere, como a vasallos que no obedecen ni quieren recibir a su señor y le resisten y le contradicen; y protesto que las muertes y daños que de ella se recrecieren sea lustra culpa y no de Su Majestad, ni mía, ni de estos caballeros que conmigo vinieron, y de cómo os lo digo y requiero, pido al presente escribano que me lo de por testimonio”.[7] En este momento histórico la actitud de la iglesia no se mostró consecuente con su fe y los frutos de amor al prójimo que se esperaban de ella, ya que la iglesia aceptó la institución de la esclavitud. Algunos miembros del clero y algunas órdenes religiosas como la de los Jesuitas procuraban por muchos medios, un tratamiento humanitario de parte de los amos, sin embargo, su preocupación fundamental fue la cristianización y la salvación del alma de los esclavos, pero nunca mejorar su sistema de vida. A pesar de la falta de interés y celo por los esclavos e indígenas, la historia nos cuenta que ni los traficantes de esclavos ni los amos deseaban tener problemas de conciencia ni dificultades con la Iglesia, por ello, en general, no obstaculizaron la acción del clero ni la de los misioneros empeñados en evangelizarlos. Como ejemplo notable del siglo XVII se puede nombrar la labor de los Jesuitas Alonso de Sandoval y Pedro Claver. Ellos se dedicaron a atender los esclavos negros en Cartagena de Indias. Al Padre Sandoval se le atribuye la elaboración de una especie de Código para las misiones de cristianización de los esclavos, que parece estar basado en sus experiencias en Lima, Perú. Según la Enciclopedia Nueva Historia de Colombia, “Conquista y Colonia de la Colombia Indígena”, en su tomo I, el método y la forma de enseñanza religiosa que propuso el padre Jesuita Alonso de Sandoval en su código misional, fue inspirado en el siguiente principio aristotélico: “... el amo y el esclavo que por naturaleza merecen serlo tienen intereses comunes y amistad recíproca”.[8] Se cree que esta forma de pensamiento llevada a la práctica por muchos misioneros españoles ayudó a afianzar en los negros esclavos una mal sana resignación de su condición, hasta el punto de verlo como algo natural, algo así como una predestinación del Cielo, como si la voluntad del Creador del Universo fuera que los negros trabajaran en los campos, las minas y los ingenios azucareros de la América recién descubierta. El padre Sandoval recomendaba a los sacerdotes adoctrinar a los negros esclavos, ofreciéndoles felicidad dentro del cautiverio y alegría en el trabajo forzado, distorsiones que sinceramente fueron vergonzosas y poco dignas de los representantes de Dios en la tierra para este período de la historia. Es una muestra más de cómo fueron utilizadas las enseñanzas y prácticas religiosas para dominar, explotar y controlar la población negra, con el agravante que aún las mismas doctrinas religiosas fueron impartidas con superficialidad. En África y en América, sólo se limitaban a colocarles nombre a los esclavos y bautizarlos, sin comenzar un verdadero discipulado formal y eficaz.
Se puede decir entonces que la cultura colonial (siglo XVII) se caracterizó por el descenso vertiginoso de la población indígena y negra por causa de los trabajos forzados y las enfermedades, por la consolidación en una sociedad colonial criollo de españoles americanos, por un sistema de valores que dependía totalmente de los principios y patrones culturales españoles y por una religiosidad influenciada por los eventos que estaban aconteciendo en Europa, de manera especial en España como la Contra Reforma y la Inquisición. Esta influencia dominante de la Iglesia afectó la organización político-eclesiástica (Estado-Iglesia) y todas las esferas de la vida de las colonias. Un fenómeno se comienza a gestar dentro del ejercicio de la libertad de la conciencia religiosa en América: el Estado asumió el compromiso de velar por la pureza de la fe, por lo tanto la Iglesia católica se ve avocada a no criticar la conducta política que los gobernantes, algo que nunca se reconoció oficialmente, pero que fue un hecho fácil de percibir. Esta situación le dio amplio poder a la Iglesia Católica en las colonias para controlar las conciencias individuales, y guiar la cotidianidad de su vida familiar y social. Entonces, es la Iglesia quién se dedica, sin plena conciencia de ello, en sus primeros momentos, a desaparecer la cultura autóctona de los indígenas y negros, a educar su conciencia religiosa y social y a darle supremacía a la élite blanca. Esta actividad adquiere posteriormente un control sin límites a través del Tribunal de la Inquisición, donde el Santo Oficio, con plena conciencia y utilizando diversos métodos de represión violenta, vigiló la actividad de los nuevos creyentes con tanto celo que terminó privándoles del derecho a una conciencia religiosa autónoma.
1.1.2 Independencia (1810 – 1821): una libertad de conciencia religiosa subordinada a la herencia cultica de los conquistadores: en esta época, la situación en el aspecto religioso se mantuvo. La preocupación de los patriotas criollos estuvo enfocada en establecer leyes que ayudaran a la organización política del pueblo libertado. Se dieron unos indicios de constituciones como la Constitución de Cartagena, la Primera Constitución de Cundinamarca. La Constitución de Tunja, la Segunda Constitución de Cundinamarca, la Constitución de Antioquia, la Constitución de Popayán, la Constitución de Pamplona de las Indias, la Constitución de Mariquita, la Constitución de Neiva, la Declaración de Pore, la Ley Fundamental de 1819 hasta llegar ala Ley Fundamental de la Unión de pueblos de 1821. Durante estos períodos, la posición del Clero fue estar al lado de los españoles. Sin embargo, en el momento más significativo, cuando estalló la revolución en 1810 y se dio el grito de independencia, el Clero se situó a favor de los que habían conseguido su libertad, buscando con ello la mayor de las prebendas que haya tenido en su historia eclesiástica: ser la única religión del Estado. 1.1.3 La gran Colombia (1821 – 1830): una libertad de conciencia religiosa encarcelada por la hegemonía eclesial: según la Constitución Bolivariana del 5 de Mayo de 1830 en su Título II: De la Religión Colombiana:[9]
Artículo 6.- La religión Católica Apostólica Romana es la religión de la República.
Artículo 7.- Es un deber del Gobierno, en ejercicio del patronato de la iglesia colombiana, protegerla y no tolerar el culto público de ningún otra.
Se puede observar que la Constitución Bolivariana legalizó los privilegios de protección a la Iglesia Católica que hasta el momento eran derechos consuetudinarios aceptados por la comunidad y afianzó la prohibición de otros credos o cultos religiosos. Esta posición permaneció hasta 1843, con una pequeña apertura de permitir otros cultos, sin que esto amenazara los privilegios religiosos que poseía la Iglesia Católica. En este período ya se dan indicios de libertad de conciencia religiosa, pero dicho logro no duró mucho tiempo debido al desmoronamiento de la Gran Colombia y la re-estructuración de la Nueva Granada que en su Carta Magna renovó los privilegios de protección a la Iglesia Católica y no dio espacio para las otras confesiones, como a continuación se refleja.
1.1.4 Nueva Granada, La Confederación Granadina, Los Estados Unidos de Colombia (1843 – 1886): una libertad de conciencia religiosa secuestrada por la intransigencia eclesiástica: el pensamiento de la Libertad de Conciencia y de Religión se encuentra sumergido dentro de la supremacía de la Iglesia Católica, hecho que se constata al prestar atención al contenido jurídico-religioso de las siguientes constituciones: Constitución de la República de Nueva Granada de 1843, Constitución de la República de Nueva Granada de 1853, Ley de Creación del Estado de Antioquia (1856), Ley de Creación del Estado de Santander (1857), Constitución para la confederación Granadina de 1858, Pacto de la Unión de 1861, Ley primera de 1863, Constitución política de Estados Unidos de Colombia de 1863, hasta la Constitución de 1886. Para afirmar tal posición, se aduce como razón el reconocimiento que el catolicismo era profesado por la mayoría del pueblo colombiano. Se puede decir que se toleraron otros cultos, sin embargo al final se inicia una cruel e ilegal persecución policiva hacia todo credo religioso no católico. La Iglesia Católica avaló y apoyó las estructuras estatales que consecutivamente cambiaban de poder de unas manos a otras. Esto se ve reflejado en la lista de presidentes que pertenecieron al régimen centralista de la Nueva Granada: Pedro Alcántara Herrán (1841-1845), Tomás Cipriano de Mosquera (1.845-1849), José Hilario López (1849-1852), José María Obando y otros que gobernaron en condición de vicepresidentes o designados como Manuel Murillo Toro, General Santos Acosta, Salvador Camacho Roldán, Santiago Pérez, Eustorgio Salgar, Aquiles Parra, Rafael Núñez, Francisco Javier Zaldúa, José Eusebio Otálora, un ciclo o período de Radicalismo en Colombia, según lo expresa Javier Ocampo López[10] en su libro “Historia Básica de Colombia”, quienes permitieron que un buen número de cristianos evangélicos y liberales fueran mártires y muchas iglesias y colegios evangélicos fueron destruidos.
Gabriel Muñoz Uribe en su libro “La Libertad religiosa en Colombia.- ¿Hacia dónde vamos?”, plantea de una manera directa la raíz de muchos problemas políticos de esa parte de la historia colombiana: la intransigencia religiosa.
“Para ello, solo hay que volver a tras a los años 40 y 50 donde la misma sociedad da testimonio fehaciente y además los innumerables documentos que reposan en los juzgados donde se dieron cita muchas denuncias y muchos documentos que aunque no fueron tramitadas, por lo menos fueron archivadas y sirven de testimonio de que en esa época muchos colombianos protestantes fueron sacrificados y conducidos al suplicio y muchas capillas y escuelas primarias evangélicas fueron incendiadas al grito e invocando al Corazón de Jesús y a la Santísima Virgen María con el permiso de la clase política dominante y del clero de la Iglesia Católica”.[11] Muñoz Uribe plantea que la manera de acabar con los complejos sociales de la patria, y recuperar el equilibrio mental y moral que dejó como herencia esa fase histórica tan grotesca es a través del auto-análisis y el auto-control. El se concentra en el retorno de un ente moral que ya casi se había olvidado en Colombia: la libertad de conciencia. Esta conciencia individual se encontraba amparada en la Constitución Política de 1886 como reza en su Titulo IV: De la religión y de las relaciones entre la iglesia y el estado
Artículo 53.- El Estado garantiza la libertad de conciencia.
El Gobierno podrá celebrar con la Santa Sede convenios sujetos a la posterior aprobación del Congreso para regular, sobre bases de recíproca deferencia y mutuo respeto, las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica (artículo 13 del Acto Legislativo número 1 de 1936).
Artículo 54.- El Ministerio Sacerdotal es incompatible con el desempeño de cargos públicos. Podrán, sin embargo, los sacerdotes católicos ser empleados de la instrucción o beneficencia públicas.
Para Muñoz Uribe:
“Negarle al hombre la libertad de conciencia y por consiguiente su libertad religiosa para someterle por la fuerza o por la represión policiva a la observancia de una religión del Estado, única y todopoderosa, no dejando al ciudadano libertad alguna para expresar y querer libremente otros cultos no otros modos de exaltar su religiosidad, es negar precisamente la totalidad de la doctrina de Cristo nuestro Salvador y predeterminar al hombre hacia una forma de creencia eliminándole toda libertad y por consiguiente esclavizándole el espíritu, que es la peor de las tiranías que hayan podido concebirse en la historia de la humanidad”.[12] Según Muñoz Uribe[13], la Constitución de Colombia de 1886 protege el derecho a una libre conciencia religiosa y por lo tanto el Estado estaba llamado a garantizarlo. En su ponencia, el mandato constitucional del artículo 53, de no ser molestado por su opinión religiosa ni compelido a profesar prácticas contrarias a su conciencia, forma parte de este derecho dentro del desarrollo nacional; tal libertad es la que determina todas las acciones del Estado Colombiano, y no es el Estado quien define la verdad o el error de dichas creencias, ya que lo constituiría en un amo de las conciencias religiosas de sus nacionales, convirtiéndolo en un estado esclavista. La intransigencia religiosa no sólo manifiesta la represión de la libertad de conciencia sino que igualmente vulnera los derechos de justicia e igualdad de los conciudadanos. No se puede perder de vista, entonces, que la libertad de cultos es directamente proporcional a la libertad de conciencia. Desde 1886 hasta la época actual han pasados muchos eventos donde de una forma u otra, la conciencia religiosa en Colombia sigue bajo los parámetros de todo el actuar histórico social de la Iglesia Católica. El Estado mancomunadamente con la fe católica ha manejado una política confesional preferencial indiscutible, un espacio donde esta confesión ha permanecido con privilegios en muchos aspectos de la vida nacional como son: efectos civiles del matrimonio católico, separación de cuerpos, auxilios estatales para la educación, validación civil y jurídica de las circunscripciones eclesiásticas, atención espiritual al personal militar (capellanías), fuero Eclesiástico, colaboración entre la Jurisdicción Civil y la Jurisdicción Eclesiástica, exención Tributaria a la propiedad eclesiástica y contribuciones a las misiones católicas. El trato preferencial a la Religión Católica reflejado en los diferentes estadios de legalidad de la Constitución de 1886 se mantuvo hasta 1990, y con ello ya se pueden ir esclareciendo los factores que influenciaron y abonaron el terreno para el actual debate en consideración, la discusión legal que todavía se encuentra en período embrionario: una situación de concordato o matrimonio del Estado con la Confesión Católica que avaló la invisibilidad jurídico-religiosa de las demás confesiones religiosas en Colombia. Sin embargo, esto no quiere decir que el resto de confesiones dejó de palpitar en sus creencias y mucho menos, dejó de crecer. El aumento de fieles a estas creencias diferentes a la católica ha sido considerable hasta tal punto que hoy son una fuerza social con influencia suficiente para solicitar un espacio jurídico-religioso visible en esta época contemporánea, Solicitud que cobra vida en el artículo 19 de Constitución Política de 1991.
Aunque, según el Secretariado de Ecumenismo Arquidiócesis de Medellín, las estadísticas hablan de la identificación mayoritaria de un 95% del pueblo colombiano con la fe católica, son muy notorios los resultados de un proceso creciente de adeptos por parte de la fe protestante en sus diferentes manifestaciones y en otras confesiones[14].
A partir de este punto, se explorará la manera como se accedió a la Libertad Religiosa y de Cultos a través de la Constitución de 1991. 1.1.5 LA CONSTITUCIÓN DE 1991 Y LA LIBERTAD RELIGIOSA (1991 HASTA
EL PRESENTE): UNA CONCIENCIA RELIGIOSA LIBERADA DENTRO DEL MARCO DEL PLURALISMO ESTATAL.
Como fue expuesto en las anteriores etapas, proceso de formación del concepto de libertad de conciencia religiosa ha sido una lucha larga y muchas veces violenta en Colombia, por la forma como se ha heredado la cultura religiosa. Razón por la que a partir de 1991 se encuentra enfrentada a un espacio de libertad que debe saber manejar con plena conciencia de los que significa el pluralismo estatal.
Según lo expresa Carlos Arboleda Mora, la conciencia religiosa actual se ve afectada por el pluralismo confesional en Colombia. En el proceso de búsqueda de la libre conciencia religiosa, entendido este proceso como un derecho de libertad de creencia que se encuentra enmarcado dentro de un Estado No Confesional, el cual reconoce a todos como ciudadanos sin privilegios por pertenecer a una u otra religión, pero que tampoco rechaza o excluye a ningún nacional por pertenecer a cualquier sistema religioso, Arboleda Mora, acota lo siguiente: Colocarlo como cita… ojo
“Al tratar de buscar el significado de la palabra pluralismo, encontramos que la Real Academia Española lo define así: “sistema por el cual se acepta o reconoce la pluralidad de doctrinas o métodos en materia política, religiosa, económica, etc.” De esta connotación se colige que el pluralismo es una invitación a adoptar una cosmovisión universal en medio de un sin fin de paradigmas: llegar al perfil del ciudadano global. En el ámbito religioso se considera que cada individuo es libre de escoger y practicar su religión, y que ésta se reduce al ámbito de lo privado, sin consecuencias públicas o sociales. La religión se toma como creencia personal y se expresa en un culto colectivo, pero como comunidad social no tiene por qué controlar al Estado. Es una comunidad de la que se puede salir o a la que se puede entrar, no ofrece ningún tipo de resistencia o de cambio en la vida nacional, existe por derecho propio y no debe afectar en ningún modo el proceso colectivo de la nación. El nivel intervensionista y de afectación de la actividad religiosa en un país se encuentra reflejado en proporción directa a la política de la autoridad estatal.”[15]
Teniendo en cuenta estas connotaciones de Arboleda Mora y trayéndolo al campo de nuestro país, es imperante tratar de encontrar el pensamiento de las instituciones políticas y judiciales colombianas en cuanto a la cultura religiosa. Las primeras preguntas que surgen en este sentido son: ¿Puede la religión separarse de la vida social? ¿Puede separarse de cultura? ¿Tiene la religión un papel en la sociedad civil? ¿Puede relegarse lo religioso sólo a la privacidad? En este marco de referencia se puede comenzar a entender el significado de Pluralismo en Colombia, buscando el principio inherente que se desprende: la neutralidad religiosa igualitaria del Estado Colombiano frente a todas las confesiones religiosas.
Según la corte Constitucional en Sentencia XXX se puede hablar entonces que el fundamento pluralista del Estado colombiano obliga a las instituciones del Estado a un reconocimiento igualitario y autónomo para todas las iglesias y confesiones religiosas, en especial frente a la actuación de las autoridades públicas. Este reconocimiento religioso igualitario se convierte en un referente común obligatorio para la expedición e interpretación de cualquier regulación normativa relativa a cualquier acto religioso. Es la entrada en vigencia de un nuevo orden constitucional que introduce reformas importantes al Estado y su relación con las distintas iglesias y creencias y lo relacionado con los alcances de dicha ley. Así lo declara:
“La Constitución de 1991 establece el carácter pluralista del Estado social de derecho colombiano, del cual el pluralismo religioso es uno de los componentes más importantes. Igualmente, la Carta excluye cualquier forma de confesionalismo y consagra la plena libertad religiosa y el tratamiento igualitario de todas las confesiones religiosas, puesto que la invocación a la protección de Dios, que se hace en el preámbulo, tiene un carácter general y no referido a una iglesia en particular. Esto implica entonces que en el ordenamiento constitucional colombiano, hay una separación entre el Estado y las iglesias porque el Estado es laico. Esa estricta neutralidad del Estado en materia religiosa es la única forma de que los poderes públicos aseguren el pluralismo y la coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas. (...)". De manera que la cuestión religiosa en la Carta Política vigente, fue asumida por el constituyente a partir de un espíritu pluralista y tolerante, lo cual determinó que el nuevo Estado social de derecho colombiano se apartara de la histórica adscripción a la prevalencia de un credo religioso específico, como era el de la religión católica, para dar paso a la configuración de un Estado laico, con plena libertad religiosa, la cual se traduce en la aceptación general de la diversidad de creencias y expresiones religiosas, confesiones, iglesias y cultos dentro del ámbito nacional, así como en la coexistencia de las mismas en un plano de igualdad frente al Estado y al ordenamiento jurídico, con garantía de sus minorías y con el correlativo reconocimiento en la forma de una libertad pública y un derecho fundamental de rango superior, especialmente protegido (C.P. Arts. 1º y 19”). [16] El Pluralismo Estatal Religioso oficializado desde la Constitución de 1991, después de 14 años de vida jurídica, se convierte en una acción obligada de análisis y en un punto ineludible en la agenda protestante. La Iglesia de Cristo en Colombia debe revisar con urgencia la manera como la Carta Magna consagra la Libertad Religiosa para poder entender la actitud del Estado frente al espacio público religioso que ofrece a las diferentes creencias y de manera especial a la confesión de fe protestante, porque es dentro de ese espacio público habilitado por el Estado, que la Iglesia Protestante en Colombia está llamada a realizar su labor profética, evangelística y discipuladora.
Este acto investigativo es un deber cristiano, es una iniciativa de reflexión en unos momentos coyunturales porque la plataforma social y jurídica lo permite, y aun, en medio del estar abrumados, desesperados y desesperanzados con la violencia que ha estado azotando al país, se abre una luz de esperanza. La función profética de la Iglesia en el mundo coloca al creyente en la imperiosa posición y necesidad de presentar ese mensaje de esperanza y paz haciendo su mayor esfuerzo por realizar una labor apropiada dentro de la legalidad y la legitimidad.
La situación que Colombia atraviesa se le puede calificar, además de caótica, de anómica. La anomia, se puede definir como la ausencia de norma. Sin embargo, parece imposible hablar de ausencia de normas en un país donde constantemente se emiten gran número de normas. Permanentemente entran y salen códigos y estatutos legales que hace difícil captar lo que está o no vigente. Entonces, es posible deducir que no es el número de normas lo que determina que un país tenga una vida regulada, sino más bien, el empeño de los destinatarios de ese país para apropiarse y actuar de ellas, para el caso en mención, la Constitución Colombiana de 1991. Toda esta reflexión lleva a definir que la situación actual es una situación anómica porque de una u otra forma los nacionales necesitan aprender a hacer efectivas estas normas para que se les concedan los beneficios individuales y colectivos. El Estado no pretende desconocer las dificultades que se presentan para tener acceso a estas prebendas legales en medio de la violencia y la falta de seriedad para aplicarlas y para hacerlas cumplir. Otras imposibilidades surgen por ignorancia, otras por desconocimiento de las leyes que rigen, otras por un conciente quebrantamiento de las leyes, otras por omisión estratégica. Es la incorporación de la norma en la vida de los colombianos la que logra relaciones sociales más tolerantes y menos violentas. Aunque el Estado no provee todas las posibilidades para tales prebendas que se desprenden de las leyes, no lo exime de la responsabilidad de dar viabilidad para que ellas favorezcan individual y colectivamente a sus nacionales. Se infiere, entonces, que el constituyente del 91, quiso ofrecerle al país unos cauces de convivencia civilizada para una mejor calidad de vida. Sin embargo, sería bueno anotar que esta actuación se ha caracterizado, según la evaluación del congresista Carlos Gaviria, por algunas singularidades y paradojas.
Para hablar un poco del diagnóstico realizado por el constituyente del 91, se tendrán en cuenta las palabras del Doctor Carlos Gaviria en su ponencia a un grupo de pastores en Medellín, donde expone que el constituyente de 1991 hizo una interpretación del hecho histórico de la Constitución del 91, como un diagnóstico hobbesiano y como una propuesta Rouseauniana.
Como un diagnóstico hobbesiano: el doctor Gaviria se refería a Tomas Hobbes, especialmente en su obra “El leviatán”, decía en algunos de sus apartes que el hombre en estado de naturaleza es lobo para el mismo hombre y que no hay fuerza ni poder para evitarlo, que el estado de naturaleza es defenderse del vecino, el vecino puede atentar contra la vida, puede controlar los bienes guiado por el egoísmo. Para Hobbes lo anterior es una característica esencial de la naturaleza humana, por eso la propuesta de Hobbes, a partir de ese pesimismo frente a la naturaleza humana era una propuesta dura, era para domar al hombre, para domar la humanidad. Entonces, se requiere, según Hobbes, un régimen fuerte, se requiere mano dura. El doctor Gaviria aseveró que el constituyente de 1991, hizo ese tipo de diagnóstico al trabajar en la nueva constitución colombiana.
Como una propuesta Rouseauniana: continúa el doctor Gaviria aclarando lo que para él significa una de las grandes paradojas del constituyente del 91. En sus palabras: “Es un hecho que en Colombia se reclama casi siempre cuando nos encontramos ante una situación de esas, dramáticas como las que todos los días vivimos, una nueva masacre cometida por los paramilitares, la guerrilla, y a veces hasta por las mismas fuerzas militares del estado Colombiano. La paradoja más significativa de la que quiero hablarles fue que el constituyente de 1991, como quien dice, no fue fiel al pensamiento hobbesiano, si no en la primera parte, en la segunda, cuando hizo ya una propuesta, digamos cuando formuló una receta para el país pensó mas bien en otra orientación, no hizo una propuesta sobre un diagnóstico hobbesiano se hizo una propuesta Rouseauniana. J. J. Rouseau pensaba todo lo contrario de Hobbes, que el hombre es bueno por naturaleza, y que ese egoísmo y esa violencia que palpamos todos los días se debe es a que el hombre ya ha sido pervertido, y ha sido pervertido porque se le ha privado de aquello que le permite ratificar su condición de bondad natural, que es la libertad, y por tanto es una utopía, una quimera, un imposible pensar en el regreso al estado de la naturaleza, la historia no se detiene, la historia es irreversible al menos deben crearse condiciones similares para que el hombre recupere su bondad original, y por tanto, hay que darle al hombre un mayor margen de libertad, un mayor paso con el Estado, y por tanto elaboró una propuesta concreta de un gobierno mas democrático, un gobierno muchísimo mas amable, esa es la propuesta de la constitución que nosotros hemos tenido”[17]
Cada colombiano es conciente que, aunque la Carta Política es una propuesta de vida a largo plazo, ella por sí misma nunca tendrá la virtud de trasformar la conducta de la comunidad de un día para otro. El simple hecho de haberla formulado no asegura su efectividad y los cambios tan anhelados por el Estado y sus nacionales. Sin embargo, de alguna manera puede tener una opinión optimista frente a la constitución del 91, porque al apropiarse de esas pautas de conductas, al perseguir esos propósitos, esas metas que el constituyente del 91 le propuso al país, podrá aspirar a algunos cambios radicales en Colombia. El constituyente del 91 indicó un nuevo camino por medio del incremento notable de los derechos fundamentales. En estos derechos establece y plasma nuevas aspiraciones humanas, nuevos propósitos, unos derechos que deben ser inmediatamente tutelados por el Estado y sus nacionales, porque si esos derechos no se tutelan, no hay dignidad humana. Lo que fundamenta los derechos humanos es su dignidad, porque como cristianos hay un reconocimiento inequívoco que el “hombre es la corona de la creación”, por ende, el hombre merece un trato privilegiado. El Estado, a través de la Constitución Política del 91, plantea la dignidad humana desde una perspectiva pluralista bajo el principio de neutralidad religiosa igualitaria, como lo expresa el preámbulo de la Constitución:
“El Pueblo de Colombia, en el ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la Unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA”[18]
A partir de los postulados del anterior preámbulo, se esclarece que lo que el constituyente propuso, fue un cambio de paradigma de convivencia. El anterior paradigma permitía el reduccionismo y la hegemonía religiosa, donde se pretendía que todos pensaran y actuaran del mismo modo, que todos profesaran las mismas creencias religiosas; que no se aceptaran tal diferencia hasta el punto de hablar de “confesiones no católicas” para diferenciarlas y con ello también venía el hecho de una iglesia privilegiada. Las demás personas colombianas, creyentes o confesantes de otras religiones con una perspectiva distinta a la Iglesia Católica Romana eran una especie de parias, herejes heterodoxos, y por tanto no merecían el tratamiento privilegiado del que gozaba la Iglesia Católica. Este cambio de paradigma expresado en un principio de neutralidad religiosa igualitaria, donde se elevó a toda confesión religiosa diferente a la católica a igualdad de condiciones ante el Estado, trajo como resultado un espacio religioso más abierto. Esta constitución lo que hace es ratificar la condición de sujeto moral de las personas. ¿Qué significa ratificar la condición de sujeto moral de las personas? Para responder esta pregunta, se toman en cuenta las palabras utilizadas por el doctor Carlos Gaviria en su encuentro con los Pastores de Medellín:
“Yo soy sujeto moral cuando tengo capacidad de optar, cuando tengo capacidad de elegir, cuando tengo capacidad de creer y vivir en función de mis creencias, cuando tengo convicciones políticas y puedo actuar en función de esas convicciones que tengo, eso si que es importante, el derecho trasciende a la espera de lo meramente íntimo, no tiene mucho sentido que me digan: le garantizamos la libertad de conciencia, pero siempre que actúe como nosotros le decimos, eso es una distorsión del sujeto moral, para que yo sea un sujeto moral íntegro, debo poder actuar en función de mis creencias y en función de mis convicciones y por tanto con la Constitución del 91 está abriendo esta posibilidad. Que bello que en este país puedan convivir armónicamente varias creencias, varios tipos de convicciones políticas, y que lo hagan solidariamente, esa es la propuesta central de la Constitución Colombiana de 1991”[19]
Teniendo en cuenta las palabras del Doctor Gaviria, hay que decir que si la propuesta central del constituyente hace referencia a la capacidad de aprender a convivir convenientemente en la diferencia, entonces son indispensables dos principios importantes: el principio de la igualdad y el principio de respeto a la diferencia. Sólo cuando se respeta la diferencia y se le trata Al otro de acuerdo con su singularidad se está ratificando el principio de igualdad para todos. La historia de la humanidad ha demostrado que el símbolo de los gobiernos autoritarios, dictatoriales que aplastan al hombre, que aplastan al sujeto moral, al “homus religiosus”, es el desconocimiento de la dignidad humana, el irrespeto a la igualdad y a la diferencia. Entonces, para el Estado, los principios anteriormente mencionados, parecen dos principios antagónicos, pero más bien son complementarios e idóneos para una convivencia digna. Sin embargo, la fe protestante reconoce que la complementariedad e idoneidad su interpretación y aplicación debe ser dentro de un marco referencial, dentro de un referente común, porque de no ser así, se está corriendo un riesgo enorme de sincretismo religioso. Estos dos principios deben estar liderados por el principio de una verdad absoluta: Dios. Aquí es donde la Constitución pluralista no se encuentra con el cristianismo Protestante. Este va a ser el reto de la evangelización presente y futura: cómo evangelizar en un país donde su marco de referencia religiosa es la tolerancia y donde se considera como signo de una convivencia social civilizada y digna, la capacidad de convivir armónicamente la no imposición de la fe que se profesa.
Dentro de las leyes consagradas en la Constitución Política de Colombia, se encuentran algunas que dan soporte a estos principios fundamentales que otorgan vida jurídica a la propuesta central de la Carta Magna de 1991: aprender a vivir armónicamente en medio de la diferencias y un tratamiento igualitario, y para el caso concreto en esta investigación, incluye las diferencias religiosas o confesionales:
El art. 2 que reza así:
“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” [20] Al igual, se puede complementar con el art. 13, que expresa lo siguiente:
“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades, y gozarán de los derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y afectiva, y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”[21]
El art. 13 de la Constitución dice que los colombianos y todas las personas residentes en Colombia son iguales ante la ley, y no se refiere a una libertad puramente formal que no genera acciones concretas. Igualmente sucede con el Art. 2 de la misma, el cual expresa que el Estado deberá promover las condiciones que permitan que tal igualdad sea una igualdad real, expresada en leyes concretas. Estas acciones no son otra cosa que políticas sociales, y por eso justamente, de acuerdo con este propósito se establecen en la Constitución derechos que permitan gozar de una convivencia social sana. Se reconoce que esta es una Constitución con muchas ambiciones, y precisamente una de las dificultades es llevar a la práctica lo que está escrito en el papel en un proceso realmente igualitario. No es posible acostumbrarnos a ver que la brecha entre el derecho que se escribe y el derecho que se realiza, se cierre cada vez más. Se puede mostrar al mundo una constitución ejemplar, democrática y libre, pero lo importante es provocar con ella relaciones de libertad y respeto de los derechos del Estado con los nacionales, de los nacionales con los nacionales, y garantías que algún día se hagan realidad. Una manera de tomar en serio la Constitución Colombiana de 1991 es darle forma a los derechos que ahora tienen las iglesias y que antes no tenían. El hecho de hacer solicitudes respetuosas al Estado por un trato en igualdad de condiciones, es ejercitar derechos que no deben quedar solamente escritos en el papel. Es comenzar el proceso de dar forma a los principios fundamentales contenidos en la Constitución y permitir que nazcan a la vida jurídica las garantías que el Estado provee a sus nacionales en materia religiosa. No es asumir una actitud egoísta cuando se están solicitando tales derechos, no, es una actitud de conciencia de valía y de reconocimiento profundo de la función profética de Iglesia de Cristo, porque este espacio jurídico proporcionado debe ser aprovechado al máximo y con toda sabiduría. Cuando se ejercen los derechos en nombre de la confesión religiosa a la que se encuentra circunscrito, se está notificando al país que como protestantes se ha tomado en serio esta propuesta estatal de consolidar un espacio religioso igualitario para todas las confesiones religiosas del país. Tomar en serio la Constitución del 91, reporta ventajas al país. Le da la oportunidad a Colombia de volver a tener un profundo respeto por la vida humana, que parece utópico en este momento, aunque lo utópico es lo que todavía no tiene lugar, sin embargo puede llegar a tener lugar. Los cristianos protestantes buscan apoyar el respeto por la vida humana a través del Reino de Dios instaurado en la tierra y ese reino trae paz, justicia social y todos los anhelos que los colombianos se esfuerzan por tener. Aunque parezca difícil, se vive en la constante esperanza de que Dios esté del lado de lo imposible y que lo imposible se haga viable. Pero que oportuno y bíblico sería buscar ese propósito dentro de la cobertura estatal. Así lo manifiesta el Señor en las Sagradas Escrituras según los siguientes textos bíblicos: Romanos 13: 1-5:
“Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella; porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia” (RV 60)
Primera de Timoteo 2: 1-3:
“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, y acciones de gracia, por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador” (RV60)
En la historia religiosa del país, jamás se contó con una oportunidad tan grande de poder hacer la obra de Dios en medio de garantías estatales mínimas. Las nuevas circunstancias de igualdad de condiciones, permiten acompañar un proceso nacional de re-estructuración de Colombia con mayor libertad de acción en el campo religioso, permite ser solidarios con los problemas del país desde nuestra perspectiva cristiana.
El Art. 1 de la Constitución dice así:
“Colombia es un Estado de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”[22]
Entonces, el Estado Colombiano se fundamenta en la solidaridad, el trabajo y sobre todo en el respeto a la dignidad humana. Esa es la más grande declaración que contiene a constitución de 1991. Es un compromiso con la persona como sujeto moral, como sujeto capaz de optar en libre conciencia porque cuando no se puede optar libremente como sujeto moral, las obras que se realizan son coaccionadas, son impuestas, se es un objeto de manipulación, se está cosificado. La reivindicación de la dignidad humana, de la calidad de persona se consigue cuando se tiene la posibilidad de escoger libremente. Ahora los cristianos protestantes y el resto de confesiones religiosas, pueden expresar y vivir su fe en igualdad de condiciones para predicar la esperanza en medio de la desesperanza. Se es sujeto moral con libertad para mostrar solidaridad con la alteridad. La solidaridad se expresa al brindar un mensaje de alentador por medio de la cosmovisión cristiana. El prójimo es el próximo, el que está cerca a mí, dijo Jesucristo. Y ese prójimo, esa alteridad tiene necesidad del evangelio de las buenas nuevas. Sin lugar a dudas, se ampliaron los derechos religiosos y se abrieron más espacios en la vida pública de la Nación, pero urge entender que esto implica más obligaciones porque genera la oportunidad de poder actuar en favor del Reino de Dios en medio de la legalidad y la legitimidad. La responsabilidad es más grande ahora porque ya no hay que invertir energías frente al Estado en la defensa y protección de las vidas al predicar el evangelio como en antaño lo hicieron otros creyentes en la época de la violencia en Colombia, o en tratar de luchar por espacios para poder expresar y predicar la fe y convicciones protestantes. Se abren más posibilidades, es cierto, pero ¿qué hacer con ellas? ¿qué hacer con el espacio? Se necesita una actuación sabia, con conocimiento de las leyes y con habilidades prácticas para desarrollar estrategias jurídicas para permear la vida política, social y económica de Colombia. Esa apertura estatal a la pluralidad de confesiones religiosas, también afecta negativamente, y es un hecho que también hay que enfrentar. Todas las iglesias han sido puestas en un plano de igualdad, no hay lugar al privilegio, no hay iglesia oficial, lo que existe es un ambiente de libertad de cultos y religiones para que las personas crean en lo que les parezca razonable creer, y para que actúen en función de las convicciones que adopten. Y esto es un una moneda de dos caras para entender y reflexionar con cuidado en medio del trabajo eclesial. A un lado hay libertad para creer lo que se opte por creer y vivir desde esta cosmovisión, pero al otro lado, hay que ser tolerante con las creencias de otros y no tratar de imponer la confesión religiosa a los demás. Salta a la vista una pregunta ¿cómo realizar un trabajo de evangelización en medio de esta doble situación?
Este pluralismo y esta libertad de conciencia religiosa se encuentra sustentada en la Constitución por dos artículos muy importantes: el art. 18 y el art. 19. Transcribimos el art. 18 de nuestra constitución:
“Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelida a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”[23]
Igualmente, transcribimos el art. 19 de la Constitución de 1991:
“Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”[24].
Los dos artículos anteriores, ratifican en primera instancia, la dignidad humana, la condición de libertad para que nadie violente la conciencia y en segundo lugar, la libertad de religiones y de cultos. La libertad de culto significa que si se opta por una creencia, se la pueda manifestar y dar testimonio de ella públicamente, sin ninguna vergüenza y sin limitación porque el Estado como tal no puede limitar a sus nacionales la posibilidad de exteriorizar aquello que creen.
Otra norma más que parece conducente traer a colación es el art. 20 de la Constitución Colombiana:
“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”[25]
Este Art. 20 consagra la libertad de expresión, da la oportunidad no sólo de ratificar con actos lo que se cree, si no que también se puede corroborar con palabras, también es posible tratar de enseñar a los otros que aquella creencia que se tiene es una creencia razonable y legítima y que ellos pueden adoptarla. Ese es el pluralismo del cual habla la Constitución del 1991, pero ese pluralismo religioso tiene una manifestación inevitable e inmediata: la igualdad de las iglesias, los derechos de las iglesias no oficiales que hasta el momento no contaban con tal cobertura estatal, la ratificación legítima que no hay iglesia oficial en Colombia. Los cristianos protestantes deben apropiarse de esta oportunidad y ejercitar los derechos adquiridos para hacer la obra de evangelización en Colombia. Como pueblo cristiano se está haciendo historia en medio de la plataforma política y social de Colombia y se es a la vez verdadero protagonista de la Historia de la Iglesia de Jesucristo de la contemporaneidad. La forma de abordar este momento coyuntural de legalidad religiosa será analizada y evaluada por los predecesores del Cuerpo de Cristo. Los logros y beneficios obtenidos serán sus logros y los errores cometidos serán heredados por las nuevas generaciones de creyentes que conformarán la Iglesia. Es una gran responsabilidad, hay que realizar esta labor con humildad y con plena conciencia de una dependencia totalmente de Dios para cumplir un buen papel en el desarrollo de los acontecimientos religiosos del país. Todos los pasos dados para construir una nueva visión confesional cristiana ser avalados y guiados por Aquel que es dueño de la Iglesia y del mundo: Jesucristo.
Después de este corto preliminar por la actividad legal manejada en estos últimos 14 años con respecto a la libertad religiosa, hay que recordar el compromiso de ser sal y luz en medio del país porque ser un mandato divino según Mateo 5: 13- 16:
“Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (RV60)
El tema a continuación hace referencia al cambio de dirección que ha tomado el Estado Colombiano: de un Estado Confesional se ha convertido en un Estado Laico. Hay que considerar que este punto es de vital importancia para la reflexión jurídico-religiosa y sus implicaciones en Colombia.
[1] CEPEDA, Manuel José. Los Derechos Fundamentales en la Constitución de 1991. Santa Fe de Bogotá: TEMIS, 1992. Contraportada.
[2] GONZALEZ, Justo. Historia del Cristianismo Tomo II. Miami: UNILIT, 1994. p. 254.
[5] VALLIER, Iván. Catolicismo, Control Social y Modernización en América Latina. Santa Cruz: Universidad de California, 1970. p. 25-26.
[6] FALS BORDA, Orlando. Subversión y Cambio Social. Bogotá: Tercer Mundo, 1968. p. 39 –41.
[7] DEIROS, Pablo Alberto. Los evangélicos y el poder político en América Latina. Ensayos. Buenos Aires: Nueva Creación. 1986. p. 152.
[8] Enciclopedia Nueva Historia de Colombia, “Conquista y Colonia de la Colombia Indígena”, en su tomo I
[9] La Constitución del 5 de Mayo de 1830 en su Título II: De la Religión Colombiana
[10] OCAMPO LÓPEZ, Javier. Historia Básica de Colombia. Bogotá: Plaza & Janes, 1994. p. 237-239.
[11] MUÑOZ URIBE, Gabriel. “La Libertad Religiosa en Colombia”, Bogotá: (falta editorial) 1955. p. 9-22.
[13] Ibid., p. 9-22.
[14] ARBOLEDA MORA, CARLOS. “El Ecumenismo en Preguntas” Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana.- 2003 p. 67-93.
[15] ARBOLEDA MORA, Carlos. Aspectos Históricos del Pluralismo Religioso en Colombia 1999.http://www.unesco.org/most/. Febrero 25 de 2004.
[16] Sentencia C-478 de Julio 7 de 1999. Corte Constitucional. REF: Exp. D-2295.- Acción pública de inconstitucionalidad contra el literal d) – parcial - del Art. 29 de la Ley 48 de 1993.- Actor: Williams Flórez Noriega.- Magistrado Sustanciadota: Martha Victoria Sáchica Mendez.- Santafé de Bogotá D.C. Julio 7/99.
[17] ASOCIACIÓN PARA LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS.- Palabras del Doctor Carlos Gaviria en su ponencia a un grupo de pastores en Medellín. Hotel Nutibara. Octubre de 2001. [18] NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, Julio4 de 1991. Edición Actualizada 2001. Editorial Unión Ltda.,. 2002. Pág. 9 [19] Asociación para Ley de Libertad Religiosa y de Cultos.- Palabras del Doctor Carlos Gaviria en su ponencia a un grupo de pastores en Medellín. Hotel Nutibara. Octubre de 2001. [20] Ibid., p. 9.
[21] Ibid., p. 11 - 17
[22] NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, Julio 4 de 1991. Edición Actualizada 2001. Editorial Unión Ltda., Santa Fe de Bogotá D.C. 2002. Págs. 11 – 17.
[23] Ibid., p. 11 – 17.
[24] Ibid., p. 11 – 17.
[25] Ibid., p. 11 a 17.

References: Artículo 19

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 53

Artículo 54
 artículo 53
 artículo 19