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Timestamp: 2020-05-31 23:48:25+00:00

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﻿ SENTENCIA 7322 DE FEBRERO 17 DE 2005
SENTENCIA 7322 DE 17 DE FEBRERO DE 2005
CONTENIDO:RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA JURÍDICA ESPECIAL A LAS IGLESIAS Y CONFESIONES RELIGIOSAS. SE SUPEDITA A LA DEBIDA ACREDITACIÓN DE LAS EXIGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SEGÚN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DEBEN CUMPLIRSE.
TEMAS ESPECÍFICOS:PERSONA JURÍDICA, CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA, IGLESIA
Sentencia 7322 de febrero 17 de 2005
Ref.: Expediente núm. 11001-03-24-000-2001-0267-01 (7322)
Actora: Federación de Iglesias Cristianas Confraternidad de Colombia.
• El agotamiento de la vía gubernativa
Previo al examen de los cargos, corresponde a la Sala determinar si se agotó la vía gubernativa, a la luz de la manera como se surtió la notificación de los actos acusados y sus implicaciones en el ejercicio de los recursos.
El artículo 47 Código Contencioso Administrativo establece como requisito de toda notificación o publicación que su texto indique los recursos que legalmente proceden contra las decisiones de que se trate, las autoridades ante quienes deben interponerse, y los plazos para hacerlo. Según se observa en el expediente la constancia de notificación de la Resolución 2290 de 6 de diciembre de 2000, que archivó la solicitud de personería jurídica especial, carece de estas anotaciones obligatorias.
A su vez, el artículo 48 establece:
“ART. 48.—Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos de que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales.
Por consiguiente, la notificación de la Resolución 2290 de 2000 no está llamada a producir efectos legales, pues no habiendo sido presentado el recurso de apelación en forma personal, debe entenderse que el vicio de la notificación efectuada sin el lleno de los requisitos prescritos en el artículo 47 Código Contencioso Administrativo no se saneó.
En el sub exámine se rechazó el recurso de apelación ejercido por la actora contra la Resolución 2290 de 6 de diciembre de 2000, que archivó su solicitud de personería jurídica especial por no haberse presentado personalmente, es decir, por no haberse ejercido conforme a los requisitos exigidos por el artículo 47 Código Contencioso Administrativo. No obstante, a juicio de la Sala no puede tenerse por saneado el vicio de la notificación con el ejercicio de un recurso sin el cumplimiento del requisito de la presentación personal; puesto que bajo dicha circunstancia no hay certeza sobre la identidad de quien ha interpuesto el recurso.
Así, debe entenderse que a la luz del inciso final del artículo 135 Código Contencioso Administrativo, en este caso las autoridades no le concedieron al particular la oportunidad de interponer los recursos procedentes, quedando facultado para demandar directamente los actos correspondientes. El texto de la norma es el siguiente:
Las razones precedentes motivan el disentimiento de la Sala en relación con el concepto del Ministerio Público. Se impone, pues, adentrarse en el examen de los cargos por violación a la libertad religiosa y de cultos y al derecho de asociación, al debido proceso y la alegada ilegalidad de las objeciones en que la subdirección de libertad religiosa y de cultos fundamentó el archivo la solicitud de reconocimiento de personería jurídica especial formulada por la actora. A ello seguidamente se procederá, previas unas someras consideraciones sobre el marco constitucional de las libertades religiosas y de cultos y su regulación normativa en la Ley Estatutaria 133 de 1994, particularmente en lo relativo al reconocimiento de personería jurídica especial a las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, que es la temática de los actos acusados.
1. El régimen constitucional de las libertades religiosa y de cultos y la regulación normativa en materia de reconocimiento de personería jurídica especial a las iglesias, confesiones. Denominaciones religiosas, confederaciones y asociaciones (L. E. 133/94 y D. 782/95 y 1399/98)
A los efectos de este fallo importa recordar que la Constitución de 1991 suprimió el reconocimiento de la confesionalidad católica de la Nación colombiana, y adoptó la fórmula del estado de libertad religiosa, como principio de organización social y política al instituir en su artículo 19, las libertades religiosa y de cultos y la igualdad ante la ley de todas la confesiones religiosas e iglesias.
Para dar desarrollo a la visión constitucional sobre la libertad religiosa y de cultos y sobre la igualdad de las iglesias y confesiones religiosas el congreso debía expedir la regulación normativa común a las religiones y cultos y el régimen jurídico para que los sujetos, bien de manera individual u organizados en comunidades religiosas o de fieles, adeptos o creyentes, pudiesen desarrollar sus actividades, mediante el reconocimiento de la existencia organizada de iglesias y confesiones religiosas como personas jurídicas, con capacidad de producir efectos normativos, fiscales, civiles, subjetivos, personalísimos, de crédito, reales, de derecho público y de cooperación.
Fue así como en la Legislatura ordinaria de 1992 el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley estatutaria sobre libertad religiosa 209 Senado —1 Cámara— “Por la cual se desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política” que a la sazón se convirtió en la Ley 133 de 1994, estatutaria sobre la libertad religiosa y de cultos.
Su contenido normativo se divide en cinco capítulos y lo conforman diecinueve artículos. El capítulo I regula lo referente al derecho de libertad religiosa; el capítulo II regula el ámbito del derecho de libertad religiosa; el capítulo III regula lo relativo a la personería jurídica de las iglesias y confesiones religiosas, el capítulo IV regula la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas. Finalmente, el capítulo V se ocupa de las disposiciones transitorias y finales.
Por su pertinencia para el examen de los cargos, es del caso tener en cuenta el contenido normativo del capítulo III de la Ley 133, que reguló lo relativo al reconocimiento de personería jurídica especial a las iglesias y confesiones religiosas, y los procedimientos administrativos para su obtención y para su inscripción ante el Ministerio de Gobierno (hoy: del interior y justicia).
El artículo 11 reitera el reconocimiento de la personería jurídica de derecho público eclesiástico a la iglesia católica y a las entidades erigidas o que se erijan conforme a lo establecido en el inciso 1ºdel artículo IV del concordato, aprobado por la Ley 20 de 1974.
Ahora bien, como las demás iglesias o confesiones religiosas tienen derecho, por mandato del artículo 19 Constitución Política, a que se reconozca su personería como cualquier asociación de fines lícitos, y a que el Estado esté sujeto en relación con ellas, a las reglas sobre la plena igualdad que prescribe la Constitución Política, los artículos 9º y 10 de la Ley 133 reconocen una categoría especial a la personería jurídica de las iglesias y confesiones que voluntariamente la soliciten, para que desarrollen sus actividades bajo las plenas garantías y derechos que la ley estatutaria les reconoce.
De la personería jurídica de las Iglesias y confesiones religiosas.
La petición deberá acompañarse de documentos fehacientes en los que conste su fundación o establecimiento en Colombia, así como su denominación y demás datos de identificación, los estatutos donde se señalen sus fines religiosos, régimen de funcionamiento, esquema de organización y órganos representativos con expresión de sus facultades y de sus requisitos para su válida designación (Negrilla fuera del texto).
ART. 11.—El Estado continúa reconociendo personería jurídica de derecho público eclesiástico a la iglesia católica y a las entidades erigidas o que se erijan conforme a lo establecido en el inciso 1º del artículo IV del concordato, aprobado por la Ley 20 de 1974 (2) .
ART. 12.—Corresponde al Ministerio de Gobierno la competencia administrativa relativa al otorgamiento de personería jurídica, a la inscripción en el registro público de entidades religiosas, así como a la negociación y desarrollo de los convenios públicos de derecho interno
Al examinar la constitucionalidad del capítulo Ill, en sentencia C-088 de 1994 (M.P. Dr. Fabio Morón Díaz) la Corte Constitucional consignó las consideraciones siguientes:
“[...] Según lo dispone el proyecto, el Ministerio de Gobierno reconocerá personería jurídica a las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones, y confederaciones y asociaciones de ministros, que lo soliciten, y que en dicho ministerio funcionará el registro público de entidades religiosas.
En desarrollo de esta previsión, la petición que debe elevarse deberá ir acompañada de documentos fehacientes, en los que conste la fundación o el establecimiento de la entidad en Colombia, así como su denominación y demás datos de identificación, los estatutos donde se señalen sus fines religiosos, régimen de funcionamiento, esquema de organización y órganos representativos, con expresión de sus facultades y de sus requisitos para su válida designación, lo cual desde cualquier punto de vista encuentra pleno fundamento en la Carta Política, bajo el entendido de que este procedimiento es apenas la vía administrativa para efectos de acceder a una figura jurídica, que habilita para ejercer diversas categorías de derechos, en un régimen de libertad religiosa y de cultos, que pueden ejercerse aún sin la mencionada personería, la cual es necesaria sin embargo para regularizar de modo ordenado y público unas funciones especiales que solo pueden ser desarrolladas bajo esta forma. [....]”.
Por su parte, el artículo 14 de la Ley 133 de 1994 reconoce a las iglesias y confesiones religiosas a las que el Ministerio del Interior haya reconocido personería jurídica especial, entre otros, los siguientes derechos:
a) Crear y fomentar asociaciones, fundaciones e instituciones para la realización de sus fines con arreglo a las disposiciones del ordenamiento jurídico;
b) Adquirir, enajenar y administrar libremente los bienes muebles e inmuebles que considere necesarios para realizar sus actividades; de ser propietarias del patrimonio artístico y cultural que hayan creado, adquirido con sus recursos o esté bajo su posesión legítima, en la forma y con las garantías establecidas por el ordenamiento jurídico;
c) Solicitar y recibir donaciones financieras o de otra índole de personas naturales o jurídicas y organizar colectas entre sus fieles para el culto, la sustentación de sus ministros y otros fines propios de su misión;
d) Tener garantizados sus derechos de honra y rectificación cuando ellas, su credo o sus ministros sean lesionados por informaciones calumniosas, agraviantes, tergiversadas o inexactas.
El artículo 15 ídem faculta al Estado a celebrar con las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros, que gocen de personería y ofrezcan garantía de duración por su estatuto y número de miembros, convenios sobre cuestiones religiosas, ya sea tratados internacionales o convenios de derecho público interno, para acordar la posibilidad de que impartan enseñanza e información religiosa y ofrezcan asistencia y atención religiosa por medio de capellanías o de instituciones similares a sus miembros, cuando éstos se encuentren en establecimientos públicos docentes, militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros, bajo la dependencia de las iglesias y de las confesiones religiosas, conforme a lo previsto en los literales d) (3) y g) (4) del artículo 6º, en el inciso segundo (5) del artículo 8º ídem, y en el artículo 1º de la Ley 25 de 1992 (6) . Dichos convenios de derecho público interno estarán sometidos al control previo de legalidad de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y entrarán en vigencia una vez sean suscritos por el Presidente de la República.
Los artículos 1º del Decreto 782 de 1995 y 1º del Decreto 1319 de 1998 reglamentaron el artículo 9º de la Ley 133 de 1994 precisando cuáles son los documentos fehacientes que debe acompañar una entidad o asociación religiosa a la solicitud de obtención de personería jurídica especial.
El tenor literal del artículo 1º del Decreto 782 de 1995 es el siguiente:
“ART. 1º—Las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros, para la obtención de su personería jurídica especial, deberán presentar ante la oficina jurídica del Ministerio de Gobierno la correspondiente petición acompañada de documentos fehacientes en los que conste su fundación o establecimiento en Colombia, así como su denominación y demás datos de identificación, los estatutos en que se señalen sus fines religiosos, régimen de funcionamiento, esquema de organización y órganos representativos con expresión de sus facultades y de sus requisitos para su válida designación.
La persona jurídica se reconocerá cuando se (sic) debidamente los requisitos exigidos y no se vulneren los preceptos de la Ley 133 de 1994 o los derechos constitucionales fundamentales.
Luego, el artículo 1º del Decreto 1319 de 1998 preceptuó:
“ART. 1º—Documentos fehacientes. Para efectos de lo previsto en el artículo 9º de la Ley 133 de 1994 y el artículo 1º del Decreto 782 de 1995, entiéndese por documentos fehacientes necesarios para la obtención de personería jurídica especial por parte de las iglesias, confesiones, denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros, ante el Ministerio del Interior, los siguientes:
d) Acta de designación de dignatarios con indicación de nombre, documento de identidad y período de ejercicio;
e) Acta de designación del representante con indicación de nombre, documento de identidad y período de ejercicio; constancia de designación de los lugares destinados permanente y exclusivamente para culto, indicando la ciudad, dirección, teléfono si lo hubiere, nombre y documento de identidad del ministro de culto responsable;
g) Constancia de la determinación de las filiales indicando la ciudad, dirección y teléfono, si lo hubiere;
i) Acta de creación de los institutos de formación y estudios, teológicos, si los hubiere, indicando la ciudad, dirección, teléfono si lo hubiere, nombre y documento de identidad, del director de los mismos;
PAR.—Las actas y constancias de que trata el presente artículo deberán ser expedidas por el representante y secretario de la entidad religiosa, con sus respectivas firmas y documentos de identidad”. (Negrilla fuera del texto)
5.2.2. El cargo de violación a la libertad religiosa y de cultos y al derecho de asociación.
Alega la actora que se violaron los derechos de libre asociación y de libertad religiosa y de cultos al no otorgarle la personería jurídica especial de que tratan la Ley 133 de 1994 y su Decreto Reglamentario 782 de 1995 y exigirle el lleno de los requisitos establecidos en el Decreto 1319 de 1998.
Como quedó expuesto, la libertad religiosa y de cultos tienen rango constitucional y fueron desarrollados en Ley 133 de 1994, cuyos artículos 4º y 6º preceptúan:
ART. 4º—El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de cultos, tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público, protegido por la ley en una sociedad democrática.
ART. 6º—La libertad religiosa y de cultos garantizada por la Constitución comprende, con la consiguiente autonomía jurídica e inmunidad de coacción [...].
El reconocimiento y goce efectivo de los citados derechos no significa en modo alguno que los particulares estén exonerados de dar estricta observancia a las exigencias y procedimientos que según el ordenamiento jurídico deben cumplirse, pues el respeto estricto al debido proceso instituido en el artículo 29 Constitución Política, es también principio constitucional de imperativo acatamiento.
Como quedó expuesto, el artículo 10 de la ley estatutaria sobre libertad religiosa y de cultos (L. 133/94) es concluyente al supeditar el reconocimiento de la personería jurídica especial a la debida acreditación de los requisitos exigidos por su artículo 9º y sus normas reglamentarias. Tales exigencias y las establecidas en el Decreto 1319 de 1998 con un mayor nivel de detalle, se conciben con la intención de materializar el ejercicio de los derechos sustanciales.
5.2.3. El Decreto 1319 de 1998 es el régimen normativo aplicable a la solicitud de personería jurídica especial formulada por la actora el 9 de diciembre de 2000, cuyo archivo dispusieron los actos acusados.
Argumenta la actora que a su solicitud de personería jurídica especial no puede aplicársele el Decreto 1319 de 1998 por cuanto no había entrado en vigencia al momento en que se radicó.
Para desvirtuar el argumento la defensa alega que dicha solicitud de personería jurídica especial fue radicada a nombre de la Confraternidad Cristiana de Colombia y no de la Federación de Iglesias Cristianas Confraternidad de Colombia.
A esos efectos, es del caso precisar la secuencia cronológica de los antecedentes que consta en el expediente, así:
— El 11 de julio de 1997 la Confraternidad Cristiana de Colombia, entidad de carácter religioso sin ánimo de lucro, con personería jurídica civil reconocida mediante Resolución Especial 174 de 6 de abril de 1989, por intermedio de apoderado, formuló ante la oficina jurídica del Ministerio del Interior solicitud de reconocimiento de la personería jurídica especial prevista en el Decreto 782 de 1995. Para los efectos, especificó que en asambleas nacionales generales de 1996 y 1997 la confederación, con el objetivo de acogerse al régimen especial de entidades religiosas de que tratan la Ley 133 de 1994 y su Decreto Reglamentario 782 de 1995, se transformó en la Federación de Iglesias Cristianas Confraternidad de Colombia.
En respuesta a la solicitud mediante oficios 941-816 de 6 de agosto de 1997 y 3-816 de 7 de enero de 1998 la subdirección de libertad religiosa y de cultos del Ministerio del Interior le sugirió a la actora realizar dos reformas estatutarias que ajustaran la entidad religiosa a lo requerido por el Decreto 782 de 1995.
Mediante Oficio 577-816 del 13 de julio de 1999 la subdirección de libertad religiosa y de cultos comunicó a la actora que, publicado el Decreto 1319 de 1998 debía ajustarse a sus requerimientos, presentando todos los documentos a que él hace referencia en el término de treinta (30) días, so pena de archivarse la solicitud.
Dicho archivo se presume, puesto que el 20 de octubre de 1999 y el 3 de abril de 2000, la transformada Federación de Iglesias Cristianas Confraternidad de Colombia formuló nuevamente sendas solicitudes de personería jurídica especial fundamentándose en lo preceptuado por el artículo 5º del Decreto 1319 de 1998 y solicitó traslado de los documentos obrantes en el radicado que se archivó mediante Resolución 1623 de 27 de septiembre de 1999. Ambas solicitudes fueron archivadas por falta del lleno de los requisitos a que hace referencia el Decreto 1319 de 1998.
Mediante sentencia de 12 de abril de 1999 (M.P. Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz) esta sección denegó la pretensión de nulidad del Decreto 1319 de 1998 presentada por el apoderado de la actora. Como ratio decidendi para desestimar los cargos de la demanda consideró que el decreto acusado no disponía que sus regulaciones debían aplicarse a las solicitudes que se encontraran en trámite o que dicho trámite debía interrumpirse para que ellas se ajustaran a sus exigencias, por el contrario, debían seguirse los lineamientos de su artículo 9º que indicaban que sus disposiciones regirían a partir de la fecha de su publicación.
— Finalmente, el 9 de agosto de 2000 se hizo la última solicitud de que da cuenta el expediente. Para la solicitud se requirió el traslado de los documentos que se habían radicado con la anterior petición, como lo permitían los artículos 13 y 14 del Decreto 2150 de 1995.
Mediante Oficio 830-1442 de 25 de septiembre de 2000 la subdirección de libertad religiosa y de cultos consideró inviable conceder la personería jurídica especial solicitada, por cuanto una vez revisada la documentación encontró que el acta aportada, además de que carece de las firmas de aprobación, corresponde a la transformación de una entidad en otra y no a la de su constitución; como lo exige la norma. No se aportó el acta que aprueba los estatutos, ni la decisión del consejo de ancianos sobre la elección de secretario general de la federación. Asimismo, se observó que los estatutos no contienen causales de retiro y expulsión, no designan el representante, sus funciones y período de ejercicio, ni especifican en qué consiste la violación grave que apareja retiro y expulsión. En consecuencia, se le otorgó el término de treinta (30) días para hacer los ajustes solicitados, so pena de archivarse la solicitud.
La solicitud fue archivada mediante la Resolución 2290 de 6 de diciembre de 2000 por no haberse atendido el anterior requerimiento. El 15 de diciembre de 2000 fue notificada personalmente a Oscar Norberto Reyes Pla, apoderado de la Confederación Cristiana de Colombia, sin el lleno de los requisitos del artículo 47 Código Contencioso Administrativo que ordena indicar en el texto de toda notificación los recursos que legalmente procedan, las autoridades ante quienes deban interponerse, y los plazos para hacerlo.
Mediante la Resolución 134 de 1º de febrero de 2001 la dirección jurídica del Ministerio del Interior, rechazó el recurso de apelación interpuesto el 22 de diciembre, por no reunir los requisitos establecidos en el artículo 52 Código Contencioso Administrativo, concretamente, por no haber sido presentado personalmente. El rechazo del recurso de apelación fue notificado al apoderado de la Federación de Iglesias Cristianas Confraternidad de Colombia por edicto fijado en la secretaría de la subdirección de libertad religiosa y de cultos del Ministerio del Interior el 13 de febrero de 2001, en los términos de los artículos 45 del Código Contencioso Administrativo.
Mediante memorial radicado el 23 de febrero de 2001 el apoderado de la Federación de Iglesias Cristianas Confraternidad de Colombia interpuso recurso de queja contra la Resolución 134 de 1º de febrero de 2001 que negó el recurso de apelación ante el director general jurídico del Ministerio del Interior.
Por Auto 1 de 16 de abril de 2001 la dirección general jurídica del Ministerio del Interior confirmó las Resoluciones 2290 de 6 de diciembre del 2000 y 134 de 1 de febrero de 2001, proferidas por la subdirección de libertad religiosa y de cultos, por considerar que el recurso de apelación no satisfizo los requisitos del artículo 52 del Código Contencioso Administrativo. El texto del Auto 1 de 2001 en su parte considerativa dice así:
“Lo esgrimido por el actor se constató, observando a folio 203 que el recurso de fecha diciembre 22 de 2000 fue radicado en la oficina de correspondencia del Ministerio del Interior con el Nº 24295, no obstante en él no consta nota de presentación personal, por lo que se considera que efectivamente el requisito de presentación personal no se surtió y que las explicaciones dadas por el apoderado, no son de recibo, en el sentido [de] que era obligación de la persona que recibe la comunicación hacer la nota de presentación personal, puesto que el lugar donde radicó el escrito del recurso es el de la correspondencia general del ministerio y no el despacho de la subdirección de libertad religiosa y de cultos; a lo que el apoderado como profesional del derecho, sabe que la presentación personal de un recurso solo la certifica el despacho específico a quien se dirige”. (Negrilla fuera del texto).
El anterior recuento permite colegir:
— La primera solicitud a que se refiere la demanda, y de que da noticia el expediente, radicada el 11 de julio de 1997, especificó que la Confraternidad Cristiana de Colombia, para acogerse al régimen especial de entidades religiosas de que tratan la Ley 133 de 1994 y su Decreto Reglamentario 782 de 1995 se transformó en la Federación de Iglesias Cristianas Confraternidad de Colombia. La reforma se aprobó en las asambleas generales nacionales ordinarias celebradas entre el 15 y 19 de enero de 1996, y entre el 15 y 17 de enero de 1997 y en la asamblea general extraordinaria de 13 y 14 de marzo de 1997.
Así, debe determinarse que las disposiciones aplicables al trámite iniciado el 11 de julio de 1997 eran las que para esa fecha se encontraban vigentes, esto es, la Ley 133 de 1994 y el Decreto 782 de 1995. Debe tenerse en cuenta, además, que fue justamente esta sección quien se pronunció en acción pública de nulidad instaurada por el apoderado de la actora contra el Decreto 1319 de 1998, considerando que los requisitos y trámites a que él hace referencia son aplicables solamente a aquellos trámites que se iniciaron luego de su publicación. En lo pertinente el texto de la sentencia es el siguiente:
“En lo que respecta a los cargos 1º y 2º, para la Sala tampoco tienen vocación de prosperidad, por lo siguiente:
En parte alguna del decreto acusado se dispone que sus regulaciones deban aplicarse a las solicitudes que se encuentran en trámite o que dicho trámite deba interrumpirse para que ellas se ajusten a las exigencias del mismo. Por el contrario, el artículo 9º de aquél prevé que sus disposiciones rijan “a partir de la fecha de su publicación”, que lo fue el 15 de julio de 1998, en el Diario Oficial número 43340, lo cual pone de manifiesto que tales disposiciones se aplican a las solicitudes que se presenten a partir de la referida publicación y no a las anteriores”.
Aunque la Resolución 1623 de 27 de septiembre de 1999 que ordenó archivar el trámite iniciado el 11 de julio de 1997 no fue demandada, en razón de lo expuesto puede concluirse que incurrió en irregularidades al aplicar el Decreto 1319 de 1998 a un trámite anterior a su vigencia, pues mediante Oficio de 13 de julio de 1999 se explicó que habría lugar al archivo si no se ajustaba el trámite a los requerimientos de carácter documental del Decreto 1319 de 1998; con todo, la Sala no puede ocuparse de él porque no es objeto de la demanda.
— El acto acusado, esto es, la Resolución 2290 de 6 de diciembre de 2000, nada tiene que ver con el trámite iniciado el 11 de julio de 1997, pues dicho acto, según se lee en el resumen probatorio, archivó la petición elevada el 9 de agosto de 2000, en razón de que los documentos requeridos para el otorgamiento de personería jurídica especial no fueron aportados, conforme lo exige el Decreto 1319 de 1998. Se trató una nueva petición totalmente independiente en la cual, además, se especificó que se solicitaba el reconocimiento de la personería jurídica especial de que tratan la Ley 133 de 1994 y el Decreto 782 de 1995, con fundamento en el Decreto 1319 de 1998. El cargo no prospera.
Así pues, la controversia se circunscribe a analizar el acto que decidió archivar la solicitud presentada el 9 de agosto de 2000, por considerar que no se allegaron oportunamente los documentos que prevé el artículo 1º del Decreto 1319 de 1998 para el otorgamiento de la personería jurídica especial.
Conforme se leyó, el artículo 1º del Decreto 1319 de 1998 proporciona un listado general de los documentos que deben aportarse para el otorgamiento de la personería jurídica especial de que tratan la Ley 133 de 1994 y su Decreto Reglamentario 782 de 1995.
El archivo se motivó en que la actora no aportó los documentos que le fueron exigidos en el Oficio 830-1442 de 25 de septiembre de 2000, emanado de la subdirección de libertad religiosa y de cultos. El texto del Oficio 830-1442 de 25 de septiembre de 2000 es el siguiente:
“Ministerio del Interior Subdirección de libertad religiosa y de cultos
Santafé de Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2000
Dr. Oscar Norberto Reyes Pla
Federación de Iglesias Cristianas Confraternidad de Colombia
Calle 99 Nº 33-34
Asunto: Solicitud de personería jurídica especial
En relación con el trámite de su petición, una vez revisada la documentación aportada encontramos que el acta de constitución corresponde a la transformación de una entidad en otra, no a la constitución de la entidad solicitante, con lo que no se da cumplimiento a lo establecido en el literal a), artículo 1º del Decreto 1319 de 1998 el cual dispone que para los efectos de lo previsto en el artículo 9º de la Ley 133 de 1994 y el artículo 1º del Decreto 782 de 1995, entiéndese por documentos fehacientes para la obtención de la personería jurídica especial por parte de las iglesias, confesiones, denominaciones, religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros, entre otros, el “acta de constitución de la entidad”.
Además, carece de las firmas de quienes participaron y la aprobaron, acorde con lo prescrito en el literal e), artículo 2º, ibídem.
De otra parte, aportan el acta A011-1999 correspondiente a la reforma de estatutos, y no la aprobación de éstos de conformidad con lo previsto en el literal c., artículo 1º, ibídem.
Igualmente, no se aportó la decisión del consejo de ancianos sobre la elección del secretario general de la federación, según autorización de la asamblea y que consta en el Acta A012-2000 de la doceava asamblea general.
Respecto de los estatutos, los mismos no contienen los siguientes aspectos:
1. Causas de retiro y expulsión
2. Designación del representante, funciones y período de ejercicio.
Asimismo, el artículo 1º, y el parágrafo transitorio hacen referencia a la reforma de la entidad religiosa, lo cual no es procedente de acuerdo a lo inicialmente manifestado.
De otra parte, en relación con las causales de retiro, (19.4.2.2.) y con las causales de expulsión, (19.5.2.1.), se debe especificar en qué consiste la violación grave.
Finalmente, nos permitimos informarle que dispone de un término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de envío de la presente comunicación para hacer los ajustes solicitados, de conformidad con lo normado en el artículo 4º del Decreto 1319 de 1998.
Transcurrido el término anterior, sin dar cumplimiento a este requerimiento, esta subdirección expedirá acto administrativo que ordene el archivo de la solicitud de su personería jurídica especial”.
Por su parte, el texto de la Resolución 2290 de 6 de diciembre de 2000 es del siguiente tenor:
“El subdirector de libertad religiosa y de cultos del Ministerio del Interior,
en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 5º del Decreto 1319 de julio de 1998, y
Que Carlos Aquilino Cabrera Martínez, identificado con cédula de ciudadanía número 71.181.208 de Puerto Berrío, obrando en su condición de representante legal de la Confraternidad Cristiana de Colombia, mediante poder otorgado al doctor Oscar Norberto Reyes Pla, portador de la tarjeta profesional 10.969 del C. S. de la J., solicitó el día 9 de agosto del año 2000, el reconocimiento de la personería jurídica especial de que trata la Ley 133 de 1994 y sus Decretos Reglamentarios 782 de 1995 y 1319 de 1998 como Federación de Iglesias Cristianas Confraternidad de Colombia.
Que una vez estudiada la documentación presentada, la subdirección de libertad religiosa y de cultos mediante Oficio 830-1442 del 25 de septiembre de 2000, enviado por correo el 26 del mismo mes y año, le hizo algunas observaciones al apoderado de la entidad solicitante, por no encontrarse ajustada a las mencionadas normas le manifestó, además, que debía darse estricto cumplimiento a las mismas en un término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de envío de la comunicación.
Que la entidad dio respuesta al mencionado requerimiento, dentro del término del artículo 4º del Decreto 1319 de 1998, mediante comunicación radicada el 31 de octubre del año 2000, pero, sin cumplir en su totalidad las exigencias de dicho decreto.
Que en consecuencia, resulta procedente dar aplicación a lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto 1319 de 1998 y, por tanto,deberá ordenarse el archivo de la solicitud correspondiente.
ART. 1º—Ordénase el archivo de la solicitud de personería jurídica especial de la Federación de Iglesias Cristianas Confraternidad de Colombia., con domicilio principal en Bogotá D.C.
ART. 2º—Notifíquese la presente resolución, en los términos de los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, al doctor Oscar Norberto Reyes Pla, en su condición de apoderado de la entidad, quien con posterioridad a su ejecutoria podrá presentar nueva solicitud, de acuerdo con, lo prescrito en el artículo 5º del Decreto 1319 de 1998.
ART. 3º—Contra la presente providencia proceden los recursos de la vía gubernativa, los cuales deberán interponerse dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación.
Dada en Santa Fe de Bogotá D.C., a 6 de diciembre de 2000”.
Debe inferirse entonces, que es por demás infundado el cargo de falta de motivación de la decisión de la subdirección de libertad religiosa y de cultos que ordenó el archivo de su solicitud de personería jurídica especial, por cuanto la Resolución 2290 de 6 de diciembre de 2000 hace referencia al Oficio 830-1442 de 25 de septiembre de 2000, en el cual, según se leyó, se individualizan en debida forma los requisitos incumplidos por la solicitud, establecidos en el artículo 1º del Decreto 1319 de 1998.
5.2.3. El cargo de violación al debido proceso
En todas las instancias procesales la actora alega que los actos acusados se expidieron violando su derecho fundamental al debido proceso.
El trámite dispuesto por el Decreto 1319 de 1998 en sus artículos 4º y 5º para el otorgamiento de personería jurídica especial determina:
“ART. 4º—Estudio de documentación. La subdirección de libertad religiosa y de cultos verificará y estudiará en un término no mayor de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de radicación de la respectiva solicitud de personería jurídica especial, la documentación aportada por la entidad religiosa.
En el evento de no encontrase la solicitud conforme a lo establecido en las normas, el solicitante contará con el término de treinta (30) días para hacer los respectivos ajustes, el cual correrá a partir de la fecha de la respectiva comunicación oficial efectuada por la subdirección de libertad religiosa y de cultos.
ART. 5º—Archivos. La subdirección de libertad religiosa y de cultos, expedirá acto administrativo que ordene el archivo de la solicitud de personería jurídica especial, cuando haya transcurrido el término a que se refiere el inciso segundo del artículo anterior, sin dar cumplimiento al requerimiento de ajustar o completar la documentación aportada”.
Así, debe afirmarse que la Resolución 2290 de 6 de diciembre de 2000 no contravino los trámites establecidos y, que por el contrario, la decisión en el sentido de ordenar el archivo de la solicitud fue acertada al observar que la actora no había cumplido los requisitos previstos por el artículo 1º del Decreto 1319 de 1998 para el otorgamiento de la personería jurídica especial y que pasados 30 días a partir de la comunicación del Oficio 830-1442 de 25 de septiembre de 2000 no había ajustado o complementado la documentación aportada, según lo exigía dicho oficio. De otro lado, la decisión fue clara en observar que el archivo no era óbice para que pudiera presentarse una nueva solicitud.
Por su parte, se alega que la subdirección de libertad religiosa y de cultos incurrió en violación al omitir trasladar al trámite en el cual se profirieron los actos acusados los documentos allegados a las solicitudes anteriores, conforme expresamente solicitó en el acápite de pruebas de la petición formulada el 9 de agosto de 2000. Para sustentar su imputación explica que el texto de los artículos 10 Código Contencioso Administrativo y 13 y 14 del Decreto 2150 de 1995, prohiben que en los trámites administrativos se exijan de documentos que obren en poder de la administración.
Es cierto que los artículos mencionados en el párrafo anterior determinan que los funcionarios no podrán exigir a los particulares constancias, certificaciones, copias o fotocopias de documentos que la entidad tenga en su poder; e igualmente está prohibida la exigencia de todo comprobante o documento que acredite el cumplimiento de una actuación administrativa agotada, cuando una en curso suponga que la anterior fue regularmente concluida. Sin embargo, no está probado en el expediente que la subdirección de libertad religiosa y de cultos se haya negado a incorporar los documentos a cada uno de los nuevos trámites iniciados después del 11 de julio de 1997 y específicamente al radicado el 9 de agosto de 2000; cosa distinta es que fuese improcedente el reconocimiento de la personería jurídica especial toda vez que no se habían cumplido los requisitos a qué hace referencia el Decreto 1319 de 1998 para su otorgamiento.
5.2.4. El cargo por ilegalidad de las objeciones que fundamentaron el archivo de la solicitud de reconocimiento de personería jurídica especial de la actora.
Retomando, específicamente el Oficio 830-1442 de 25 de septiembre de 2000 proferido por la subdirección de libertad religiosa y de cultos afirmó no encontrar ajustada la documentación aportada para la solicitud de personería jurídica especial por cuanto: i) el acta aportada, además de que carece de las firmas de aprobación, corresponde a la transformación de una entidad en otra y no a su constitución, como lo exige la norma; ii) no se aportó el acta que aprueba los estatutos, ni la decisión del consejo de ancianos sobre la elección de secretario general de la federación; iii) los estatutos no contienen causales de retiro y expulsión y no especifican en qué consiste la violación grave a que éstas se sujetan, y tampoco regulan la designación del representante, sus funciones y período de ejercicio.
Tratándose de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho que debe decidirse conforme al principio de justicia rogada, la carga de la prueba corre a cargo del actor, quien debió haber presentado, por lo menos, copia de los documentos radicados en la dependencia del Ministerio del Interior con cada una de las peticiones que iniciaron los trámites de solicitud de la personería jurídica especial, y que permitieran inferir con certeza que las objeciones propuestas carecían de fundamento. Siendo que tal cosa no puede predicarse en el presente caso, e imposibilitado el análisis probatorio, se hará un examen general de las observaciones y de su sustento legal, a partir de lo que se anexó a las solicitudes.
Los documentos de que dan razón la peticiones de 11 de julio de 1997, 20 de octubre de 1999, 3 de abril de 2000 y 9 de agosto de 2000, que cabe precisar no fueron controvertidos por la demandada, son los siguientes:
1. Fotocopias tomadas de la documentación que reposa en el archivo de la personería jurídica de la entidad en la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá D.C., de los siguientes documentos: Acta de Constitución, de los estatutos, que regían la entidad antes de la transformación y reforma.
2. Fotocopia auténtica del reglamento interno que rige a la federación y sus iglesias afiliadas.
3. Extractos de la octava asamblea nacional celebrada entre 15 y el 19 de enero de 1996; novena asamblea general ordinaria celebrada entre el 15 y el 17 de enero de 1997 y la asamblea general extraordinaria celebrada entre el 13 y 14 de marzo de 1997, en los que trata sobre los asuntos relacionados con la transformación de la entidad y la aprobación de los nuevos estatutos.
4. Documento original de los estatutos aprobados en la octava asamblea nacional celebrada entre 15 y el 19 de enero de 1996; novena asamblea general ordinaria celebrada entre el 15 y el 17 de enero de 1997 y la asamblea general extraordinaria celebrada entre el 13 y 14 de marzo de 1997.
5. Reglamento de la estructura de las iglesias locales aprobado por la asamblea general de la Federación de Iglesias Cristianas Confraternidad de Colombia, conforme a la novena asamblea general ordinaria celebrada entre el 15 y el 17 de enero de 1997 y la asamblea general extraordinaria celebrada entre el 13 y 14 de marzo de 1997.
6. Certificado de personería jurídica y representación legal de la Confraternidad Cristiana de Colombia.
Todos los documentos de la solicitud con radicación 816 cuyo archivo se ordenó por medio de la resolución número 1623 de 27-09-99, relacionados con la existencia, representación legal y reformas estatutarias de la entidad; y de los cuales solicito traslado al expediente que se conforme con la presente solicitud, petición que es procedente de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 14 del decreto 2150 de 1995.
Anexo además los siguientes:
1. Original de Acta de Asamblea Extraordinaria de 16 julio de 1998 (4 folios).
2. Extracto expedido por el presidente y secretario de la asamblea general, del acta correspondiente a la onceava asamblea nacional de la federación, en la cual se aprobó el reglamento interno y se delegó al consejo nacional de ancianos para hacer las reformas necesarias para adecuar los estatutos a los requerimientos del Decreto 1319 de 1998.
3. Reglamento interno de la federación en documento suscrito por el presidente y las secretarias de la asamblea en la cual se aprobó.
4. Acta número 11 del consejo nacional de ancianos, del 24 de septiembre de 1999, en la que se aprueba la reforma estatutaria a que se hizo referencia en el numeral 2º (10 folios).
5. Constancia de que tratan los literales f), g) y h) del artículo 1º del Decreto 1319 de 1998.
Todos los documentos que se encuentran en el archivo de la solicitud con radicación 1136 y de los cuales solicito traslado al expediente que se conforme con la presente solicitud, petición que es procedente de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 14 del decreto 2150 de 1995.
1. Extracto expedido por el presidente y la secretaria de la asamblea general, del acta correspondiente a la doceava asamblea ordinaria del año 2000, en la cual se reeligió al presidente de la federación por un período estatutario y se nombraron nuevos miembros para el consejo nacional de ancianos.
2. Senda comunicaciones de los representantes legales de las Iglesias Cristianas Confraternidad de Pereira, Anorí, Laureles, Manrique, Santacruz, Itagüí, Cabañitas, 20 de julio y los Libertadores expresando su voluntad de mantenerse como miembros de la Federación de Iglesias Cristianas Confraternidad de Colombia.
Así, se cumple el requisitos (sic) por la cual fue archivada
Todos los documentos que se encuentran en el archivo de la solicitud con Radicación 1367 y de los cuales solicitó traslado al expediente que se conforme con la presente solicitud, petición que es procedente de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 14 del decreto 2150 de 1995.
1. Acta número 25 del 24 de julio de 2000 del consejo nacional de ancianos, por la cual se reforman los estatutos de la entidad en cuanto a las prohibiciones de los miembros y causales de expulsión; y aprobación y modificación del reglamento interno. (5 folios)
2. Original de los estatutos que rigen la entidad, integrado en él su texto original y las reformas que a ellos se ha introducido hasta la fecha. (24 folios)”
Por su parte, los requisitos del acta de constitución, según el artículo 2º del Decreto 1319 de 1998, son los siguientes:
“ART. 2º—Acta de constitución. El acta de constitución de las iglesias, confesiones, denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros, deberá contener como mínimo:
a) Lugar, fecha y hora de la asamblea constitutiva;
d) Relación de los asuntos discutidos y aprobados por los participantes,
e) Las firmas de quienes participaron y la aprobaron”.
Debe concluirse entonces, que la observación consistente en que el acta aportada, además de que carece de las firmas de aprobación, corresponde a la transformación de una entidad en otra y no a la de su constitución, tiene sentido y fundamento legal, pero solo parcialmente. La exigencia de las firmas es forzosa y no puede pasarse por alto; sin embargo, debe entenderse que teniendo en cuenta que por regla general la transformación de una entidad en otra no produce solución de continuidad en la existencia de la persona jurídica, en sus actividades, ni en su patrimonio, el acta de constitución que debió exigirse, con las firmas a que hubiera lugar, no era otra que la de la Confraternidad Cristiana de Colombia a la cual debía anexársele la de su transformación en la Federación de Iglesias Cristianas Confraternidad de Colombia. Con todo, no habiendo sido allegado al expediente documento alguno que permita el cotejo, es imposible determinar si el acta aportada al trámite administrativo cumple con los requisitos del artículo 2º del Decreto 1319 de 1998.
De otro lado, la observación consistente en que no se aporta el acta de aprobación de reforma de estatutos que se efectuó según Acta A011-1999, conforme lo exige el literal c) del artículo 1º del Decreto 1319 de 1998, parece ir en contra de la evidencia probatoria, pues, según se transcribió, al expediente que dio trámite a la solicitud de personería jurídica especial se aportó Acta número 11 del consejo nacional de ancianos, del 24 de septiembre de 1999, la cual da fe de la aprobación de la reforma que dijo adecuar los estatutos a los requerimientos del Decreto 1319 de 1998. En todo caso, siendo que el cotejo estricto no es posible en sub exámine, no puede prosperar el cargo.
La presunción de legalidad de la orden de ajuste de los documentos, que se funda en que se omitió aportar la decisión del consejo de ancianos sobre la elección del secretario general de la federación, según se dispuso en la doceava asamblea general por Acta A012-2000, no se desvirtúa. Para controvertir lo expuesto la actora no hace afirmación específica alguna, ni aporta prueba en contrario, en ese sentido, no puede declararse nula la Resolución 2290 que archiva la solicitud por ausencia, entre otras, de dicho documento que pretende constatar la transparencia de los procesos de la entidad.
Para las observaciones que se hacen respecto de los estatutos debe tenerse en cuenta que el artículo 3º del Decreto 1319 de 1998 señala:
“ART. 3º—Estatutos. Las normas estatutarias de las iglesias, confesiones, denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros, deben contener como mínimo los siguientes aspectos:
b) Régimen de funcionamiento;
k) Clases se asambleas, su convocatoria y quórum;
l) Designación de representante, funciones y período de ejercicio;
q) Normas sobre disolución y liquidación;
r) Pautas sobre destinación del remanente de los bienes de la entidad religiosa, una vez disuelta y liquidada”.
Los reparos que hace la subdirección de libertad religiosa y de cultos del Ministerio del Interior a los estatutos presentados con la solicitud de personería jurídica especial expresan que dichos estatutos no contienen causales de retiro y expulsión, no especifican en qué consiste la violación grave a la que éstas se sujetan, y no designan el representante, sus funciones y período de ejercicio. Conforme al tenor del artículo 3º del Decreto 1319 de 1998, se infiere que dichas exigencias tienen fundamento legal y que el cargo no prospera.
La certificación expedida por la oficina de personas jurídicas de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., allegada al expediente y al trámite administrativo, según se afirmó, da razón de que el representante legal inscrito de la Federación de Iglesias Cristianas Confraternidad de Colombia, entidad sin ánimo de lucro, reconocida mediante Resolución Especial 174 de 6 de abril de 1989, es William Rodríquez Campo, nombrado por un período de dos años contado a partir del 17 de enero de 2000. A renglón seguido el artículo noveno en sus numerales 2.1. a 2.13. establece las funciones del presidente, dando así cumplimiento al requisito a que hace referencia el artículo 1º del Decreto 1319 de 1998. Con todo, quedando por cumplir varios de los requisitos el cumplimiento de éste por ningún motivo obliga la nulidad de los actos acusados.
Del cumplimiento de los demás requisitos, es decir, del establecimiento de causales de retiro y expulsión no dan cuenta los documentos allegados.
Debe precisarse además que efectivamente tiene validez el argumento de la defensa que precisa que en todo caso la decisión de archivo de la solicitud de personería jurídica especial no tiene gran incidencia, por cuanto la actora tiene la oportunidad de solicitar nuevamente, en cualquier tiempo, su otorgamiento, e igualmente puede solicitar el traslado de los documentos aportados a los anteriores trámites iniciados.
Finalmente, en cuanto a la solicitada nulidad del Oficio 830-1442 de 25 de septiembre de 2000, asiste la razón a la representante del Ministerio Público cuando afirma que por no poner fin a una actuación o por no imposibilitar continuarla no puede hablarse de un acto susceptible de control jurisdiccional.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de febrero de 2005.
(2) Este artículo reitera la previsión normativa del concordato con la santa sede en cuanto reconoce a la iglesia católica personería jurídica de derecho público eclesiástico. En Sentencia C-027 de 5 de febrero de 1993 la Corte Constitucional examinó su constitucionalidad por los aspectos de forma y por de fondo y lo halló conforme con la Constitución Política: no obstante la inexequibilidad declarada en relación con varios de sus artículos, por resultar contrarios a la Carta de 1991.
Al revisar la constitucionalidad del artículo IV del concordato la corte precisó:
“Aunque el artículo al reconocer la aludida personalidad jurídica anuncia una ventaja o primacía para la iglesia católica, puesto que al apartar de la legislación nacional ordinaria, el otorgamiento de personerías jurídicas a las autoridades eclesiásticas católicas, establece una posible prevalencia, debe manifestarse que el hecho de que las demás iglesias puedan pactar mediante una ley con el Estado, el reconocimiento de una peculiar. auténtica y propia personería jurídica, no permite predicar en trato discriminatorio.
Con las excepciones que implican los artículos 39 y 108 de la Carta, debe decirse que no hay artículo constitucional alguno que se refiera al otorgamiento de las personerías jurídicas, derecho que se le reconoce corto fundamental a la persona (art. 16). El artículo 39 hace alusión al reconocimiento jurídico de los sindicatos o asociaciones de trabajadores o empleadores y el artículo 108 trata sobre la misma figura pero respecto a los partidos o movimientos políticos: fuera de ellos, no existe en la Constitución Nacional norma que establezca requisitos y procedimientos constitucionales para reconocer personerías jurídicas. En consecuencia, tanto las circunstancias o condiciones necesarias para obtener la aludida personería, como el modo de tramitarla son objeto de reglamentación legal y en este sentido resulta constitucional, formal y materialmente, la Ley 20 de 1974. En el aparte acerca del reconocimiento de personerías jurídicas.
Siendo entonces de carácter legal el reconocimiento de personerías jurídicas, como antes se dijo, es cabalmente la Ley 20 de 1974. La que acepta y reconoce la personería jurídica otorgada por ella a sus distintos estamentos y entidades. Para el logro de sus fines espirituales y evangélicos. Ello no obsta para que una ley regule la materia respecto de todas las religiones incluyendo a la iglesia católica, estatuto que de todos modos mantendrá la independencia de ellas en su forma de organización y funcionamiento internos. Se trataría de una ley estatutaria de las previstas en el artículo 152 literal a) de la Carta”.
(3) d) Contraer y celebrar matrimonio y establecer una familia conforme a su religión y a las normas propias de la correspondiente iglesia o confesión religiosa. Para este fin, los matrimonios religiosos y sus sentencias de nulidad, dictadas por las autoridades de la respectiva iglesia o confesión religiosa con personería jurídica tendrán efectos civiles, sin perjuicio de la competencia estatal para regularlos;
(4) g) Recibir e impartir enseñanza e información religiosa, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento, a quien desee recibirla; de recibir esa enseñanza e información o rehusarla.
(5) ART. 8º—Para la aplicación real y efectiva de estos derechos, las autoridades adoptarán las medidas necesarias que garanticen la asistencia religiosa ofrecida por las iglesias y confesiones religiosas a sus miembros, cuando ellos se encuentren en establecimientos públicos docentes, militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros bajo su dependencia.
(6) ART. 1º—El artículo 115 del Código Civil se adicionará con los siguientes incisos:
“Tendrán plenos efectos jurídicos los patrimonios celebrados conforme a los cánones o reglas de cualquier confesión religiosa o iglesia que haya suscrito para ello concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno con el Estado colombiano.
Los acuerdos de que trata el inciso anterior solo podrán celebrarse con las confesiones religiosas e iglesias que tengan personería jurídica, se inscriban en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Gobierno, acrediten poseer disposiciones sobre el régimen matrimonial que no sean contrarias a la Constitución y garanticen la seriedad y continuidad de su organización religiosa.

References: artículo 47
 Resolución 
 artículo 48
 Resolución 
 artículo 47
 Resolución 
 artículo 47
 artículo 135
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 11
 artículo 19
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 29
 artículo 10
 artículo 9
 Resolución 
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 9
 Resolución 
 artículo 47
 Resolución 
 artículo 52
 Resolución 
 artículo 52
 artículo 9
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 39
 artículo 108
 artículo 152
 artículo 115