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Timestamp: 2020-01-29 15:01:22+00:00

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Xornal de Galicia para el Mundo - La asociación APEDANICA solicita al Abogado General del Estado datos estadísticos y procedimientos de impugnación de defensa de la Abogacía del Estado a presuntos corruptos
La asociación APEDANICA solicita al Abogado General del Estado datos estadísticos y procedimientos de impugnación de defensa de la Abogacía del Estado a presuntos corruptos
;Jurídico 19 Enero 2017 Sección; Especiales 2068 votos
Sr. D. Eugenio López Álvarez
Ministerio de Justicia con copia
Cc: Oficina de Conflictos de Intereses
Publicado en www.cita.es/apedanica-ae.pdf
Al no haber más respuesta que el acuse de recibo de 7/12/16 del escrito de 5/12/16, la asociación APEDANICA ha decidido dar la máxima publicidad a todo conflicto de intereses relacionado con los abogados del Estado que puedan defender (o no) a acusados por malversación o prevaricación u otros delitos relacionados con la corrupción, con más motivo y mayor precisión al haber publicado datos el CGPJ en
APEDANICA se remite a lo publicado en www.cita.es/apedanica-ci.pdf (documento que se adjunta) para justificar y detallar su interés por los conflictos de intereses de los abogados del Estado que defiendan a investigados por presunta corrupción.
No puede admitirse secretismo alguno ni privacidad en el uso de recursos públicos para la defensa de quien está siendo investigado, precisamente, por su mal uso. Toda defensa de abogados del Estado debe ser institucional, no personal o privada, y los procedimientos de designación deben ser transparentes y publicables. Es decir, que igual que el CGPJ publica esos datos judiciales, también deben publicarse, al menos las estadísticas y cifras anuales disponibles sobre las defensas que la Abogacía del Estado asume, su criterio y procedimiento de impugnación, en el que la asociación APEDANICA tiene el máximo interés en personarse.
El interés es más legítimo aún en el caso ya precisado en el escrito de 5/12/16, aunque no tenemos ni uno solo de los escritos posiblemente presentados por la abogada del Estado Dª María Dorronsoro Alberdi (no tenemos confirmado su nombre salvo por la notificación de un auto adjunto que también se le notifica a ella pero no se nos dio traslado de ningún escrito suyo ni de trámite u oportunidad para oponernos e impugnar su designación por la Abogacía del Estado), más aún cuando venimos denunciado diversos negocios de varios abogados del Estado con la UPM.
APEDANICA y su presidente solicitan copia íntegra del expediente de la Abogacía del Estado para la defensa del ex rector de la Universidad Politécnica de Madrid UPM Javier Uceda Antolín, y cuantos datos sean publicables sobre estadísticas, cifras anuales y procedimientos de impugnación u oposición o recurso contra las designaciones de abogados del Estado para investigados por delitos relacionados con la corrupción, reiterando lo que ya consta en el escrito de 5/12/16, lo que pedimos adjuntando último auto notificado en el procedimiento judicial, con certificado de APEDANICA y se reitera todo lo ya manifestado hasta ahora ignorado. Solicitamos también pronto acuse de recibo con la fecha de la firma digital.
Documento con firma digital en www.miguelgallardo.es/eugenio-lopez.pdf
Adjunto documentación relevante sobre la defensa por abogada del Estado del ex rector de la Universidad Politécnica de Madrid UPM, a a la que nos oponemos.
Esa misma documentación consta tanto en la Oficina de Conflictos de Intereses que, según se adjunta, nos dice que la ha trasladado al Ministerio de Justicia, y en el Juzgado de Instrucción 32 de Madrid en recurso de reforma y subsidiario de apelación ya admitido según resolución judicial que también se adjunta y debe haber recibido ya la abogada del Estado cuyo nombre ignoramos que, contra nuestra expresa y firme oposición, defiende al ex rector UPM Javier Uceda Antolín.
Reiteramos todo lo ya manifestado en el escrito que puede verse en la denuncia y la documentación que se adjunta ya publicada en Internet www.cita.es/oci-ae.pdf
Por lo expuesto, considerando la relevante documentación adjunta, solicitamos que tanto la Oficina de Conflictos de Intereses como la Abogacía del Estado a la mayor brevedad abran los expedientes que correspondan en derecho y nos tengan por personados para oponernos y recurrir las resoluciones que nos perjudiquen pero desde ahora mismo ya solicitamos que nos atienda el funcionario instructor para lo que ofrecemos nuestro teléfono de atención permanente 902998352.
Muy especialmente, insistimos en nuestra solicitud de una urgente reunión con el abogado del Estado que sea más competente sobre la documentación adjunta.
Solicitamos pronto acuse de recibo de este escrito que también queda publicado con firma digital en www.miguelgallardo.es/eugenio-lopez.pdf
Fdo. Dr. e Ing. Miguel Gallardo, www.cita.es Tel.: 902998352
Adjuntando auto judicial, correo electrónico de la Oficina de Conflictos de Intereses y cuanto ya consta publicado en www.cita.es/oci-ae.pdf
atn. Pablo Sanz Barrera
y para Abogado General del Estado
Adjunto recurso judicial en el que se menciona expresamente a la Oficina de Conflictos de Intereses y a la Abogacía General del Estado. Con independencia de las resoluciones judiciales, administrativamente aquí solicitamos que se abra un expediente sobre los diversos conflictos de intereses de la Universidad Politécnica de Madrid UPM y más concretamente de su ex rector Javier Uceda Antolín, con 2 abogados del Estado (Carlos Enrique Romero Duplá y Santiago Cid Fernández) que pueden condicionar, muy ilícita e irregularmente, un procedimiento judicial penal.
En efecto, es muy notorio y fácilmente comprobable que, al menos, Carlos Enrique Romero Duplá y Santiago Cid Fernández han mantenido relaciones empresariales con un entramado de empresas participadas por la Universidad Politécnica de Madrid UPM especialmente por la Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo (SGECR) Axon Capital. Al menos en uno de los casos la Oficina de Conflictos de Intereses ya tramitó una denuncia administrativa que solicitamos sea incorporada al expediente. Pero en cualquier caso, las relaciones entre abogados del Estado y los entramados de empresas administradas por funcionarios de la UPM deben ser objeto de un riguroso análisis considerando la gravedad de los hechos que se desprenden de la documentación judicial adjuntada. Además, el expediente de la Abogacía del Estado por el que se resuelve designar abogado del Estado para defender al ex rector de la UPM Javier Uceda Antolín, al que por el juzgado todavía no hemos tenido acceso, es otro conflicto de intereses en sí mismo porque lo que se denunció es, precisamente, el uso indebido y presunta malversación prevaricadora de los servicios jurídicos de la UPM y en especial, del letrado Juan Manuel del Valle Pascual contra mí y mi empresa con el resultado de una condena en costas que tuvo que pagar la UPM también a la Abogacía del Estado. Un reciente titular de prensa dice que “LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA PRODUCE MONSTRUOS” y por lo que parece, la Abogacía del Estado ya está defendiendo una monstruosidad de conflictos de intereses, a lo que nos oponemos decididamente.
Este escrito de denuncia y la documentación que se adjuntan quedan publicados en Internet www.cita.es/oci-ae.pdf
Juzgado de Instrucción 32 de Madrid
Diligencias Previas 1560/13 (RECURSO)
Documento judicial publicado con firma digital en
www.miguelgallardo.es/recuso-penal-rector.pdf
Miguel Torres Álvarez, procurador del Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, CITA SLU y APEDANICA con teléfono 902998352, bajo la dirección letrada del Dr. José Manuel López Iglesias, como mejor proceda, presenta RECURSO DE REFORMA Y SUBSIDIARIO DE APELACIÓN contra el auto de fecha 2.11.16, notificado el 24 (que no va acompañado de ningún informe de FISCAL), con estas ALEGACIONES:
PREVIA 1ª.- Reiteramos de nuevo que se ya ha solicitado el DVD con video de la comparecencia del ex rector investigado Javier Uceda Antolín y adjuntamos la hoja sellada por LexNet de lo que lamentamos con nuestra respetuosa queja que haya sido ignorado por el auto que aquí se recurre lo que pedimos por tercera vez.
PREVIA 2ª.- El auto hace referencia a escritos de la Fiscalía y Abogada del Estado de los que no se nos ha dado traslado y son obviamente fundamentales para mis representados hasta el punto de que sin el DVD solicitado reiteradamente y los escritos que parece que constan en autos estamos, una vez más, en indefensión, por lo que todas las actuaciones sin que se nos trasladen deben ser nulas, como aquí pedimos que se declaren en reforma y subsidiariamente en apelación.
1ª El auto que recurrimos dice que “las diligencias practicadas ponen de manifiesto que no ha resultado debidamente acreditada la perpetración del delito que dio lugar a la incoación de la causa”, sin siquiera mencionar cuál era. Sin embargo, en la denuncia de 7.11.2011 y en la documentación que ya entonces se aportó, queda bien acreditado el uso indebido de recursos públicos para uso personal, particular y privado. La malvarsación de servicios jurídicos institucionales ante la Agencia Española de Protección de Datos AEPD para impedir que se publiquen hechos relevantes sobre las actuaciones de funcionarios en favor de la SGAE y BOLIDEN, y considerando entre otros el folio 180 con la simple lectura de la denuncia que parece haber sido ignorada en los 4 autos de archivo de varios jueces de instrucción distinto y todos ellos anulados por autos de la Audiencia Provincial de Madrid de los que ha sido ponente Eduardo de Urbano Castrillo estimando nuestros recursos de apelación (lo alegado en los anteriores recursos de reforma ha sido siempre ignorado por completo en este juzgado instructor), evidencia justo lo contrario de lo que dice el auto que aquí se recurre: existen presuntos delitos de malversación y prevaricación de los que, al menos, son responsables el ex rector de la UPM Javier Uceda Antolín y el director de los servicios jurídicos (ver folio 180 de la numeración foliada por la Audiencia Provincial).
2ª La única diligencia (muy mal) practicada ha sido un surrealista interrogatorio al investigado Javier Uceda Antolín, que ejerció su derecho a no contestar a ninguna pregunta de los acusadores particulares y, dicho sea con el debido respeto y en estrictos términos de defensa, Su Señoría admitió que no sabía nada del asunto, y era evidente que ni se había leído la denuncia ni la motivación para que fuera la instructora la que preguntase, al menos, por el folio 180 y por cuanto pudiera entender como indicio de malversación por uso indebido de recursos públicos en asunto manifiestamente personal, particular y privado, con prevaricación.
Hemos pedido ya 2 veces el DVD, y aquí lo pedimos por tercera vez, para poder señalar el minuto exacto en el que Su Señoría admite que desconoce por completo el asunto, aunque todo el vídeo debe ser digno de atención judicial como muestra de absoluta indefensión nuestra más allá de lo ya alegado en recursos anteriores (ignorados en este juzgado y estimados en apelación ante la Audiencia) por la doctrina y jurisprudencia del "ius ut procedatur" que se fundamenta, entre otras muchas, en la Sentencia TC 9/2008, de 21 de enero de 2008 (BOE núm. 40, de 15 de febrero de 2008) de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, a la que volvemos a remitirnos, una vez más, porque siguen sin aplicarse las garantías del art. 24.2 CE (SSTC 41/1997, de 10 de marzo, FJ 5; 16/2001, de 29 de enero, FJ 4; 81/2002, de 22 de abril, FJ 2; 93/2003, de 19 de mayo, FJ 3; 21/2005, de 1 de febrero, FJ 4; 176/2006, de 5 de junio, FJ 2) en estas (¿nulas?) diligencias.
4ª El auto que aquí se recurre dice “por otra parte, sí queda acreditada la persecución judicial y ante organismos varios por parte del denunciante”. Esta afirmación del auto merece una respuesta por parte del denunciante.
El Dr. e Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, al menos en todos los asuntos judiciales que ha confiado a este letrado, siempre ha mostrado y demostrado veracidad y rigor en todas y cada una de sus manifestaciones, aportando verazmente datos relevantes y muy precisos que nunca han tenido que ser rectificados. Ni siquiera conocemos ningún desmentido admisible sino calumnias, injurias con muy diversas descalificaciones personales e insultos contra el Dr. Gallardo por parte de quienes en su momento (ahora ya no tanto) apoyaron al investigado Javier Uceda Antolín para crear un entramado de empresas entre las cuales algunas ya han beneficiado a más de un abogado del Estado y muchos funcionarios que las administraron sin que conste su compatibilidad ni se hayan rectificado los datos publiados al respecto.
En efecto, en este mismo Juzgado, desde el 17.6.13 (hace ya más de tres años y medio), consta textualmente lo siguiente:
1º El pasado viernes 30 de marzo de 2012 recibimos un escrito firmado por el Abogado del Estado Jefe (P.D.F. Carmen Cacho Egües) por el que, ERRÓNEAMENTE, se nos reclaman unas costas a las que fue condenada la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM). Tal error fue comunicado el mismo viernes en el teléfono de la Abogacía del Estado 917005551.
2º El fondo del asunto en el que se produce el error se inicia por presuntas MALVERSACIONES y PREVARICACIONES del rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y de sus letrados empleados públicos que, necesariamente, han tenido que ser conocidas y tienen documentadas varios abogados del Estado que han intervenido en los P.O. 410 y 430 ambos de 2010 de la sección 1ª de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, y especialmente, por los abogados del Estado adscritos a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
3º Es un hecho bien conocido por la Oficina de Conflictos de Intereses que mi empresa CITA y yo personalmente he denunciado la incompatibilidad de un abogado del Estado, Carlos Enrique Romero Duplá, con evidente influencia personal en la AEPD y que ha ostentado cargos en negocios privados con funcionarios de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en AXON, sociedad de capital riesgo. Puede verse la denuncia en Internet http://www.miguelgallardo.es/red.pdf
4º Recientemente he sabido que otro abogado del Estado, Santiago Cid Fernández, ostenta cargos en empresas participadas por la misma sociedad de capital riesgo. Basta introducir en el buscador Google el nombre de “Santiago Cid” con AXON (19 resultados) o con DOCONTIME (14) para evidenciar la relación de dos abogados del Estado con empresas a su vez relacionadas con la UPM.
Ni este letrado ni su representado Dr. Gallardo conocen de ninguna rectificación ni siquiera matización de esos hechos que, repetimos, constan en este juzgado desde el 17.6.13 en escritos que se adjutan y que desde esa misma fecha el Dr. Gallardo mantiene publicados en www.miguelgallardo.es/malversado18.pdf
Es muy singular la gravedad de que una sociedad mercantil participada por una universidad pública haga negocios con abogados del Estado y que su rector ahora sea defendido de una denuncia por malversación (entre otras cosas de costas pagadas a la mismísima Abogacía del Estado con fondos públicos de la UPM para asuntos por definición personales) y prevaricación por una abogada del Estado cuyo nombre no se nos permite conocer ni se nos ha dado traslado de ninguno de sus escritos en los que pide el archivo de estas diligencias. Lo cierto es que ese escrito de fecha 17.6.13 debe ser conocido por EL FISCAL pero también por esa abogada del Estado que defiende al ¿investigado? Javier Uceda Antolín porque él mismo solicitó copia completa de las actuaciones, incluyendo las diligencias previas de las que estas emanan, y por lo tanto, da por buenos esos hechos ya documentados hace más de 3 años y medio que afectan, al menos, a dos abogados del Estado en sociedades relacionadas con las UPM de la que era entonces máximo responsable el ahora ¿investigado? Javier Uceda Antolín.
Consciente este letrado de la gravedad de los conflictos de intereses, prudentemente ha solicitado a su representado Dr. Gallardo que compruebe los hechos y ha respondido textualmente lo siguiente:
Es público y notorio que las numerosas empresas administradas por funcionarios de la UPM han hecho negocios, al menos, con dos abogados del Estado directamente en el caso de AXON CAPITAL SGECR, SA e indirectamente por sus participadas como DOC ON TIME SA pero son muchas más las relaciones de la UPM y su ex rector con el querellado en otro juzgado letrado director de sus servicios jurídicos con abogados del Estado, y también con fiscales y familiares directos de fiscales, incluyendo a quienes se jactan de todo ellos como la funcionaria del Cuerpo de Gestión Procesal Matilde Villar Doncel, de la Fiscalía de Madrid. No se trata de ninguna persecución, sino de que los conflictos de intereses ya son tan claros que explican por sí mismos la total impunidad, desde que en 2004 fue nombrado rector Javier Uceda Antolín, de todo cuanto está sancionado como falta en el artículo 95 del Estatuto Básico del Empleado Público en la UPM. Pero además, se han utilizado indebidamente recursos públicos para amedrentar a quien denuncia descaradísimas incompatibilidades y conflictos de intereses. Me ofrezco para ratificar todos los escritos por los que Javier Uceda Antolín, la abogada del Estado y cualquier fiscal considere que “persigo” cuando lo que he hecho ha sido señalar monstruosas entidades que constan en el Juzgado como la Universidad Politécnica de Madrid LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC) registrada en Austin, TX, EEUU, AXON CAPITAL, E-AIDIT, o la SICAV JERIGONDOR, SA presidida y administrada por un vicerrector de la UPM, en un complejo entramado societario controlado por cargos de dirección de la UPM. Pero la cuestión, aquí y ahora, es si Javier Uceda Antolín utilizó o no recursos públicos (notarios como el habitual de la UPM, letrados y procuradores) para fines ilícitos tanto en la AEPD como en la Audiencia Nacional y mi testimonio es que sí, que lo hizo a sabiendas y deliberadamente con el letrado entonces director de la asesoría jurídica de la UPM, Juan Manuel del Valle Pascual. Éste es mi testimonio.
Este letrado, considerando ese testimonio y la documentación que ya consta en las actuaciones, siguiendo las indicaciones de mi representado Dr. Gallardo, debe agotar todas las instancias para que en este procedimiento Javier Uceda Antolín no sea defendido por la abogacía del Estado, menos aún sin identificar a la abogada del Estado que pidió el archivo en escrito del que no se nos da traslado.
Reiteramos que, como decíamos en el último escrito completamente ignorado en el auto que aquí se recurre, más allá de esa solicitud, a la vista de que el investigado Javier Uceda Antolín en su condición de ex rector de la Universidad Politécnica de Madrid UPM ha solicitado que la Abogacía del Estado le defienda, aunque no se nos haya comunicado ninguna resolución al respecto, ni se identificase a quien le defendió en su comparecencia, mi patrocinado ha ejercido libremente su derecho de denunciar ante la Fiscalía que no ha podido conocer el nombre del abogado ni ha tenido oportunidad de oponerse a que la Abogacía del Estado intervenga, siendo más justo que, si la Abogacía del Estado interviene, sea para acusar al investigado.
5ª No es cierto que el Dr. Gallardo persiga a nadie, pero sí es cierto que combate lo mejor que sabe y como mejor puede la incompatibilidad y el conflicto de intereses en competencia desleal por actividades remuneradas y administración de empresas de funcionarios públicos que el ex rector de la UPM Javier Uceda Antolín ha encubierto a sabiendas de su ilegalidad. La Oficina de Conflictos de Intereses (que ha dependido de varios ministerios desde que el Dr. Gallardo denunció por primera vez por lo que dispone el art. 95 del Estatuto Básico del Empleado Público, pero el mejor testigo de la actitud del rectorado de la UPM es el subdirector adjunto de esa Oficina de Conflictos de Intereses, Pablo Sanz Barrera que ha comprobado por sí mismo cómo el rector y la asesoría jurídica de la UPM reaccionan ante cualquier denuncia de la más descarada incompatibilidad en conflicto de intereses en la UPM.
El juzgado puede, y entendemos que debería pedir un informe al funcionario Oficina de Conflictos de Intereses, Pablo Sanz Barrera, localizable en el teléfono 912732649 tanto sobre lo que no sabemos qué abogada del Estado denomina como “persecución”, como sobre el uso de recursos públicos para defender derechos que en todo caso son siempre personales, particulares y privados en perjuicio de los denunciantes que aquí ejercen su derecho al “ius ut procedatur”.
6ª Más allá del art. 24 de la CE al que apelamos, la fundamentación jurídica para el enjuiciamiento de la malversación prevaricadora en este caso, en su esencia, es bien asemejable a la ya citada en la denuncia de 7.11.2011 en la que citábamos expresamente el AUTO de la Sección 16ª rollo nº 156/11 de la Audiencia Provincial de Madrid por las Diligencias Previas 1891/2009 del Juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid (caso del presunto espionaje por funcionarios de la Comunidad de Madrid), a cuyo punto OCTAVO con algunas diferencias más a favor aún para que se instruya eficazmente la malversación de recursos jurídicos, pagos a notarios y procuradores en la UPM porque a diferencia de aquel caso que pese a los archivos de la instructora, también sigue vivo, es que en este caso son los perjudicados directos quienes recurren una y otra vez por el derecho al “ius ut procedatur” sin que se practiquen las diligencias para la documentación que reiteradamente pedimos.
Si es cierto que, aunque seguir a alguien no sea delito en el conocido caso del espionaje entre altos cargos del Gobierno la Comunidad de Madrid, el uso indebido de fondos y funcionarios públicos para hacerlo sin justificación lícita alguna sí es delito tanto en la CAM como en la UPM, aquí también debe serlo e instruirse mejor, más aún si una abogada del Estado cuyo nombre desconocemos consulta a los abogados del Estado en la Agencia Española de Protección de Datos AEPD en la que no nos consta ningún precedente remotamente asemejable a lo perpetrado dolosamente por el ex rector de la UPM Javier Uceda Antolín con varios letrados todos ellos empleados públicos, uno de ellos ya investigado por una demanda civil presuntamente prevaricadora en malversación en el Juzgado de Instrucción 2 por hechos distintos, aunque relacionables por lo que evidencia el folio 180 de estas actuaciones, también ignorado por la instructora.
Es cierto que no es delito denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos AEPD pero, repetiremos una y otra vez, que sí es delito y alegaremos hasta la extenuación que sí es delito el utilizar recursos públicos para amedrentar a quien publica información veraz de relevancia pública e interés general sobre los peritos privados de la SGAE y Boliden, al mismo tiempo que se hacen negocios con abogados del Estado en una Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo como AXON-CAPITAL beneficiándose de subvenciones y ayudas públicas para competir deslealmente contra quienes no las reciben.
El auto que aquí recurrimos concluye que no existe delito. NO ES CIERTO. Lo que no ha existido es una instrucción eficaz porque ni siquiera se ha requerido toda la documentación que lo evidencia a la UPM, sino que se ha ignorado de manera contumaz hasta lo que consta en otras diligencias por otro delito de malversación. ¿Quién se hace responsable de que cualquier institución pública pague a notarios, procuradores y utilice sin límite ni control a sus letrados funcionarios públicos para asuntos que por definición son personales (personalísmos), particulares (particularísimos) y privados (privadísimos)?
Lamentamos que, como el resto de los hechos y fundamentos de la denuncia de 7.11.2011 el el AUTO de la Sección 16ª rollo nº 156/11 de la Audiencia Provincial de Madrid por las Diligencias Previas 1891/2009 del Juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid (caso del presunto espionaje por funcionarios de la Comunidad de Madrid) sea completamente ignorado en las resoluciones de este Juzgado, pero reiteramos una vez más lo que el juzgado siempre ha ignorado, desde el año 2011.
No todos los letrados o abogados del Estado son iguales. No todos hacen negocios con entidades dependientes de la UPM. No todos se prestan a defender a quien antes debieran acusar. No todos los perjudicados renuncian al “ius ut procedatur”.
Por lo expuesto, al Juzgado se solicita que teniendo por presentado este recurso de reforma y subsidiario de apelación con la documentación que lo acompaña, lo admita y anule el auto de fecha 2.11.16, notificado el 24, procediendo, a la mayor brevedad posible, a la práctica de las siguientes diligencias:
1ª Que el Juzgado requeriera a la secretaria general de la Universidad Politécnica de Madrid UPM, cargo que actualmente ocupa María Teresa González Aguado, con teléfono 913366035 TODOS LOS EXPEDIENTES COMPLETOS que afecten a los denunciantes sin pretextar nada porque de haber algún derecho a la privacidad, o datos personales, serían de los denunciantes y no de los funcionarios públicos presuntos malversadores y prevaricadores, más aún considerando el documento del folio 180 con el correo electrónico que motiva por sí mismo otras imputaciones penales (diligencia ya propuesta en el escrito anterior, presentado hace un mes, que además, se adjunta con datos LexNet).
2ª Que considerando especialmente las relaciones del rectorado de la UPM con varios abogados del Estado, entre otras, por la Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo AXON-CAPITAL SGECR participada por la UPM según consta en este Juzgado desde hace más de 3 años y medio por la documentación que también se adjunta, se nos proporcione copia testimoniada de todo cuanto conste en los autos sobre la identidad, el nombramiento y las actuaciones de la abogada del Estado que defiende al ex rector de la UPM, con trámite judicial para oponernos solicitando informe a la Oficina de Conflicto de Intereses.
3ª Que al no haberse acompañado el auto que aquí se recurre de ningún escrito o informe de ningún representante del Ministerio Fiscal, se nos dé el traslado que dice el auto pero que no se ha hecho, al igual que reiteramos por tercera vez que solicitamos el DVD (ya entregado virgen) con la comparecencia grabada del ex rector de la UPM Javier Uceda Antolín, con plazo para hacer las manifestaciones que a nuestro derecho convenga como perjudicados personados en esta causa.
Por ser de hacer justicia que pedimos según fecha dada por LexNet en documento judicial publicado con firma digital del letrado en página 7 de
Se adjunta hoja sellada de escrito anterior ignorado por el Juzgado y también nuestro escrito de 17.3.13 (hace ya más de tres años y medio), con la relevante documentación que entonces se adjuntó, y que puede verse publicada en Internet
http://www.miguelgallardo.es/malversado18.pdf
(sin ninguna oposición ni rectificación de ningún dato de ningún tipo)
Diligencias Previas 1560/13
Por denuncia de 14.11.2011 publicada en
www.miguelgallardo.es/malversado.pdf
Documento publicado con firma digital en www.cita.es/malversado-ae.pdf
Miguel Torres Álvarez, procurador del Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, CITA SLU y APEDANICA con teléfono 902998352, bajo la dirección letrada del Dr. José Manuel López Iglesias, como mejor proceda, DICE:
1º Con fecha 28.9.16 y registro del 29 se presentó escrito con DVD/CD virgen solicitando copia del vídeo de la comparecencia del investigado Javier Uceda Antolín, sin que hasta la fecha tengamos noticia ni resolución alguna al respecto pasado ya un mes para hacer una simple copia de la última actuación judicial.
2º Más allá de esa solicitud, a la vista de que el investigado Javier Uceda Antolín en su condición de ex rector de la Universidad Politécnica de Madrid UPM ha solicitado que la Abogacía del Estado le defienda, aunque no se nos haya comunicado ninguna resolución al respecto, ni se identificase a quien le defendió en su comparecencia, mi patrocinado ha ejercido libremente su derecho de denunciar ante la Fiscalía que no ha podido conocer el nombre del abogado ni ha tenido oportunidad de oponerse a que la Abogacía del Estado intervenga, siendo más justo que, si la Abogacía del Estado interviene, sea para acusar al investigado.
3º Considerando el estado de las actuaciones y la documentación que adjuntamos ya conocida por la Fiscalía, entendemos que procede requerir a la secretaria general de la Universidad Politécnica de Madrid UPM, cargo que actualmente ocupa María Teresa González Aguado, con teléfono 913366035 TODOS LOS EXPEDIENTES COMPLETOS que afecten a los denunciantes sin pretextar nada porque de haber algún derecho a la privacidad, o datos personales, serían de los denunciantes y no de los funcionarios públicos presuntos malversadores y prevaricadores, más aún considerando el documento del folio 180 con el correo electrónico que motiva por sí mismo otras imputaciones penales.
Por lo expuesto, al Juzgado solicito que teniendo por presentado este escrito con la documentación (48 páginas) que se adjuntan, lo admita y considerando el estado de las actuaciones se instruya eficazmente sobre la denuncia de 14.11.2011
Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Madrid José Javier Polo para oposición a actuación de la Abogacía del Estado en favor de investigado en el Juzgado de Instrucción 32, Dil. Prev. 1560 /2013 que emanan de las 8131/2011 publicado en www.miguelgallardo.es/fiscal-polo-ae.pdf
El ex rector de la Universidad Politécnica de Madrid UPM Javier Uceda Antolín ha comparecido el 27.9.16 y, según parece, porque no se ha notificado ni se han atendido las reclamaciones de mi abogado, fue asistido por letrada designada por la Abogacía del Estado. Como suele ser habitual, ningún fiscal estuvo presente como garante de la legalidad en caso de que la abogada del investigado no se identifique.
No me corresponde a mí teorizar sobre el ¿derecho a ser defendido por Abogado del Estado?, por parte de quien está siendo investigado por malversación y prevaricación, pero en las circunstancias de las Dil. Prev. 1560 /2013 del Juzgado de Instrucción 32, pasados ya casi 5 años de mi denuncia y tras 3 recursos estimados para que se instruya, estoy en mi derecho de poner en conocimiento de la Fiscalía estos graves hechos. Los abogados de todos los investigados deben ser siempre, sin excepción alguna, perfectamente identificados, tanto si son abogados del Estado, como si no. El vídeo de la comparecencia del 27.9.16, debería ser analizado por la Fiscalía junto al resto de las actuaciones, en las que no se identifica a la abogada del investigado.
La Abogacía del Estado debería acusar y no defender al investigado por delitos contra la Administración pública, y en especial, por presunta malversación y prevaricación. Los hechos cometidos por el ahora investigado Javier Uceda no tienen precedente alguno, y créame que los hemos buscado en la jurisprudencia y en la Agencia Española de Protección de Datos AEPD, cuyos abogados del Estado podrán confirmar la singularidad única de lo denunciado. Es más, en los archivos de la Abogacía del Estado debe constar, al menos, un expediente con un documento reconocidamente erróneo firmado por el Abogado del Estado Jefe (P.D.F. Carmen Cacho Egües) en marzo de 2012 extremadamente relevante para que, de oficio, se deniegue lo que pretende el investigado Javier Uceda. Nuestro escrito para hacer notar aquel error a Carmen Cacho Egües puede verse publicado en Internet
http://www.miguelgallardo.es/abogadodelestado.pdf
En cualquier caso, en el seno de la Abogacía del Estado ya existen claros e inadmisibles conflictos de intereses en relación a los hechos investigados, siendo de aplicación el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado porque la Abogacía del Estado ya ha representado a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD (por cierto, opiniéndose a las pretensiones y a la misma personación de la UPM de la que era representante legal el ahora investigado por malversación y prevaricación Javier Uceda Antolín de tal manera, que la UPM fue condenada en costas teniendo que pagar a la Abogacía del Estado, en presunta malversación y prevaricación). Pero el conflicto de intereses con la AEPD no es el único del ahora investigado por malversación y prevaricación, Javier Uceda Antolín.
Si el ex rector de la Universidad Politécnica de Madrid UPM Javier Uceda Antolín ha hecho el uso de recursos públicos que consta en las actuaciones por las que ha sido citado como investigado, cabe preguntarse y preguntar directamente a la Abogacía del Estado qué garantías ofrece para tranquilizar a quien sospecha que los proyectos y convenios de la UPM con el Centro Nacional de Inteligencia CNI se usen también para beneficio personal, particular y privado. Cuestionar las relaciones del investigado Javier Uceda con el CNI no es atacar nada que pueda afectar a la seguridad nacional, sino antes al contrario, preocuparse por esa seguridad en manos de quien hace lo que ya se le atribuye en las actuaciones a las que algún abogado ¿del Estado? que desconocemos está teniendo ya acceso. Pero para facilitar su comprensión sobre este gravísimo problema, sugerimos que la Abogacía del Estado, y también la Fiscalía, se pregunten por las relaciones del CNI con la UPM, ya que pueden publicarse pronto, incluso más allá de lo que consta registrado en el Senado de España y publicamos en www.miguelgallardo.es/senado-cni-upm.pdf
Tanto mi abogado dentro del procedimiento judicial, como yo mismo ante la Abogada General del Estado, o ante la Oficina de Conflictos de Intereses, podemos ejercer muy diversas acciones para que el investigado no vuelva a abusar ni de los servicios jurídicos de la UPM, ni de los de la Abogacía del Estado. A mí me ha costado ese abuso, al menos, lo que bien conoce el fiscal Adrián Zarzosa Hernández, y todo precedente de oposición de la Fiscalía a la defensa de investigados por Abogado del Estado podrá ser utilizado sin límite alguno. Es una cuestión que debería estar claramente resuelta, pero como ningún fiscal ni la jueza conocen el problema de fondo, seguirán dándole vueltas.
Hago público este escrito para que, además de poner los hechos en conocimiento del fiscal ausente, todos los fiscales, abogados del Estado y cualquiera que pueda dictaminar sobre el ex rector de la UPM y su actuaciones en presunta malversación. Por si puede ser útil, además de cuanto consta en las actuaciones, recomiendo la lectura del escrito registrado en el senado de España sobre un más que sospechoso convenio entre la UPM y el Centro Nacional de Inteligencia CNI. Si el ahora investigado puede disponer de letrados funcionarios libremente, todo cuanto ha desarrollado la UPM con el CNI está en grave riesgo.
Más allá de lo que resuelva el Juzgado, hemos detectado una gran arbitrariedad en la Abogacía del Estado contraria al espíritu y la letra del artículo 9 apartado 3 de la Constitución Española y pedimos al Ministerio Público la interdicción de esa arbitrariedad.
Escrito publicado en www.miguelgallardo.es/fiscal-polo-ae.pdf con firma digital de la empresa más afectada por los hechos denunciados.
Fdo. Dr. e Ing. Miguel Gallardo, www.cita.es Tel.: 902998352 adjuntando acta de 7.9.16 y www.miguelgallardo.es/senado-cni-upm.pdf
apedanica-ae.pdf 1780 kB 2017-01-19 13:16

References: resolución 
 artículo 95
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 9