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Timestamp: 2018-10-23 01:47:29+00:00

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﻿ SENTENCIA 40766 DE 2010
SENTENCIA 40766 DE 02 DE MARZO DE 2010
CONTENIDO:RÉGIMEN SALARIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO. LA LEY 4ª DE 1992, REGULA LAS CONDICIONES SALARIALES DE LOS “EMPLEADOS PÚBLICOS” Y NO LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJADORES VINCULADOS POR CONTRATO DE TRABAJO. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD NO LA DETERMINA LOS ESTATUTOS SOCIALES, SINO EL GRADO DE PARTICIPACIÓN ESTATAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO DEL TRABAJADOR OFICIAL, TRABAJADOR OFICIAL, RÉGIMEN SALARIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO, REAJUSTE DEL SALARIO
SENTENCIA 40766 DE 2010
Rad. 40766
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Rubiel Rojas Ríos, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., el 30 de enero de 2009, en el proceso ordinario laboral promovido por el recurrente al Banco Cafetero en Liquidación.
Pretende el demandante el reajuste y pago de su sueldo mensual a partir del 1º de enero de 2002, en el porcentaje del índice de precios al consumidor correspondiente a los años 2001 a 2004, sumado al incremento anual del 3% adicional, pactado convencionalmente; también pide el reajuste de la indemnización convencional por despido sin justa causa comprobada, primas legales, semestrales extralegales de junio y diciembre, vacaciones, cesantías e intereses y demás emolumentos que resulten a su favor, la indemnización moratoria prevista en el Decreto 797 de 1949; subsidiariamente, la indexación de los valores resultantes de cada uno de los conceptos laborales antes anotados.
Expone que prestó sus servicios personales a la accionada, mediante contrato de trabajo a término indefinido, desde el 1º de abril de 1980 hasta el 28 de marzo de 2005, es decir, 24 años, 11 meses y 28 días, en la ciudad de Facatativá, tuvo la calidad de trabajador oficial, su último cargo fue el de cajero; mediante comunicación DRH 371 del 22 de marzo de 2005, el banco dio por terminado el contrato de trabajo, sin justa causa; desde el 1º de enero de 2002 hasta la fecha de terminación del contrato, la demandada no realizó el ajuste salarial que le correspondía como servidor público, según lo ordenado por el Gobierno Nacional, por lo que el último aumento salarial se produjo entre el periodo comprendido del 1º de diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2001, sin que posteriormente se hubiese realizado reajuste alguno; el banco suscribió con el sindicato UNEB, la última convención colectiva de trabajo, el 1º de diciembre de 1999; estipuló en su artículo 6º, los aumentos de sueldos entre el periodo comprendido del 1º de diciembre de aquel año al 30 de noviembre de 2000, al igual que del periodo 1º de diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2001, correspondiente al IPC del tal periodo.
Afirma que la entidad demandada, además de reconocer los aumentos convencionales y legales de sueldo a sus trabajadores, realiza en forma automática e independiente un aumento del 3%, pactado convencionalmente, teniendo en cuenta el semestre en el que se produjo el ingreso a la entidad; siempre fue beneficiario de ese porcentaje, el cual inicialmente fue otorgado por la junta directiva y posteriormente incorporado a la convención colectiva de trabajo; la accionada entre el 1º de enero de 2002 hasta cuando se produjo su despido, fue una sociedad de economía mixta, siendo el Estado su propietario en un 100%; el banco, para desestimar los aumentos, aduce que por haberse reducido en menos del 90% la participación estatal, a partir del 5 de julio de 1994 y hasta el mes de septiembre de 1999, las relaciones laborales para los empleados de la entidad se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo, por tal razón para los años 2002 a 2005 no realizó en forma automática los reajustes que le asisten y por ello canceló en forma incompleta sus sueldos, prestaciones sociales y la indemnización por despido.
El banco, al contestar la demanda, se opuso a las pretensiones y adujo que la reclamación carecía de fundamento fáctico y jurídico; de sus hechos, admitió la relación laboral y sus extremos temporales, cargo, incremento del salario del actor en un 3% para los años 2001 al 2005 y el origen de dicho aumento, beneficiarse de la convención colectiva vigente; propuso como excepciones, “inexistencia de la obligación”, “prescripción”, “carencia de respaldo normativo”, “buena fe” y la “genérica”.
La primera instancia terminó con sentencia del 27 de junio de 2008, mediante la cual el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., absolvió a la accionada de todas las pretensiones de la demanda y dejó las costas a cargo del demandante.
Al decidir la apelación interpuesta por el demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., mediante sentencia del 30 de enero de 2009, confirmó la del a quo y le impuso las costas a la parte actora.
Precisó que de acuerdo con lo previsto en el Decreto 092 de 2000, el Banco Cafetero, es una sociedad por acciones, de economía mixta del orden nacional, de la especie de las anónimas, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, “excepto en cuanto al régimen de personal que será el previsto en el artículo 29 de sus estatutos, y el de las actividades propias del giro ordinario de sus negocios, que se sujetarán a las disposiciones del derecho privado”.
Estimó que el actor no tenía derecho al reajuste salarial solicitado, para lo cual, citó la sentencia de ese tribunal del 31 de mayo de 2002, en la que se dijo:
“Está probado en el plenario que al demandante no se le ajustó el salario para el 2000, en la forma señalada en la mentada sentencia. Por lo que resta esclarecer si el actor tiene o no derecho al aumento de salario allí previsto.
El artículo 1º del Decreto 092 de febrero de 2000 dispuso que el Banco Cafetero S.A. es una sociedad por acciones, de economía mixta del orden nacional, de la especie de anónimas, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, excepto en cuanto al régimen de personal que será el previsto en el artículo 29 de sus estatutos y el de las actividades propias del giro ordinario de sus negocios que se sujetarán a las disposiciones del derecho privado. Y en los estatutos se prevé que todos los empleados del banco, salvo el presidente y contralor del banco, están sujetos al régimen de los empelados particulares. Dándole, entonces, una naturaleza jurídica especial a los empleados, no obstante estar sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado.
Lo anterior permite concluir que al ser beneficiados con el aumento salarial dispuesto en la Sentencia C-1433 de 2000 únicamente los servidores públicos, no le asiste derecho al actor para reclamarlo, dada que a este se le aplicaban las normas de los empelados (sic) particulares, concretamente lo establecido en la convención colectiva de trabajo vigente en la empresa, la cual le era aplicable según se infiere de los hechos 1, 7, 11 y 15 de la demanda, tanto que se le hizo el incremento salarial del 3% consagrado en dicho estatuto. Normatividad que excluye el eventual aumento porque la convención colectiva de trabajo es la que se celebra entre uno o varios empleadores o asociaciones, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia (CST, art. 467), es pues, una verdadera ley en sentido formal, sin que se puede escindir su contenido, para aplicar exclusivamente lo conveniente, desnaturalizándola.
De ahí, que la Corte Constitucional en la sentencia de marras señaló:
“Declarara que en el artículo 2º de la Ley 547 de 2000 se incurrió por el Congreso en el incumplimiento de un deber jurídico, emanado de las normas de la Constitución señaladas en la parte motiva de esta sentencia y, específicamente, de los artículos 53 y 150, numeral 19 literal e), así como del artículo 40 de la Ley 48 de 1992. En consecuencia, declarará la exequibilidad del mencionado artículo, salvo en cuanto se omitió el mencionado deber jurídico, en lo relativo al ajuste salarial de los servidores públicos por el año 2000, en lo cual es inexequible”.
Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, pretende que se case totalmente la sentencia proferida “con fecha 31 de octubre de 2008”, y que, en sede de instancia, revoque en su integridad la proferida por el “Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá con fecha 26 de febrero de 2007”, para que en su lugar se concedan las súplicas de la demanda; con tal propósito formula cuatro cargos, los cuales fueron oportunamente replicados; se estudiarán conjuntamente, por así permitirlo el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.
Acusa la sentencia de violar, por vía directa, la aplicación indebida, “del artículo 1º del Decreto 092 de 2000 que se remite al artículo 29 de los estatutos del Banco Cafetero (Esc. Pública 3497/99, Not. 31 de Bogotá), habiendo dejado de aplicar las siguientes disposiciones de carácter sustancial. El artículo 8º del Decreto 1050 de 1968; el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, el artículo 3º del Decreto 3130 de 1968; artículos 2º y 3º del Decreto-Ley 130 de 1976; artículo 97 de la Ley 489 de 1996; y los artículos 461 y 464 del Código de Comercio y los artículos 6º, 1519, 1619, 1740, 1741 del Código Civil; el artículo 2º de la Ley 50 de 1936 que subrogó el 1742 del Código Civil; el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, los artículos 20 y 43 del Código Sustantivo del Trabajo y Seguridad Social y los artículos 53, 58 y 123 de la Constitución Política de Colombia de 1991”.
Al fundamentar la acusación, parte de un concepto que atribuye al Consejo de Estado, sin identificarlo, respecto de las dos clases de empresas de economía mixta, de acuerdo a si el aporte oficial es inferior o superior al 90% del capital social, lo cual determina su naturaleza. De lo anterior deduce “que la entidad no cambia su naturaleza jurídica cuando se aumenta o disminuye el capital accionario del Estado por encima o por debajo del 90% del total accionario; solo se modifica en la entidad el régimen aplicable a sus trabajadores, calificándolos como oficiales en aquellas empresas donde la participación oficial es superior al 90% y como trabajadores particulares cuando la participación estatal es inferior al 90%”.
Alude a la sentencia de esta Sala del 9 de diciembre de 1974, Radicación 4695, de la que copia un segmento para los fines de su argumentación; hace referencia al artículo 29 de la escritura 3497 del 28 de octubre de 1999, “por la cual se reforma la naturaleza del Banco Cafetero”; y transcribe los artículos 461 y 464 del Código de Comercio, el 3º del Decreto 3130 de 1968, el 2º del Decreto Extraordinario 130 de 1976 y el 97 de la Ley 489 de 1996, para afirmar que “la asamblea de accionistas no puede cambiar el régimen aplicable a los trabajadores de la entidad demandada, a su acomodo; debe tener en cuenta lo dispuesto por las normas anteriormente indicadas (...) generando en esta forma un vicio insaneable que determina una nulidad absoluta, por tener un objeto ilícito”.
Luego transcribe el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, para señalar que el artículo 29 de la mencionada escritura pública resulta ineficaz. Agrega que “el régimen aplicable a los trabajadores de la entidad demandada, corresponde al de empleado oficial”, que dicha calidad no se modifica por disposición de una de las partes, “su verdadera naturaleza se halla expresada en la ley y en diferentes sentencias”. Cita, en su apoyo, las sentencias de la Corte del 30 de enero de 2003, Radicación 19108 y del 3 de diciembre de 2007, Radicación 29256, y la del Consejo de Estado —Sala de lo Contencioso Administrativo— Sección Cuarta, Radicación 66001-23-31-000-2003-00487-01 (15594).
Insiste en que no hubo cambio en la naturaleza de la entidad, “ya que el Banco Cafetero siguió siendo oficial, lo ocurrido corresponde a una simple modificación transitoria del régimen que se aplica a los empleados oficiales vinculados mediante contrato de trabajo”; copia el artículo 28 del Decreto 2331 de 1998 y apartes de la Sentencia T-345 de 2007 de la Corte Constitucional y concluye que, “el trabajador tiene derecho al aumento legal ordenado por el Gobierno Nacional y según las sentencias distinguidas con los números C-1433 de octubre 23 de 2000, C-1064 de octubre 10 de 2001, C-1017 de octubre 30 de 2003, C-931 de septiembre 29 de 2004”.
Acusa la sentencia impugnada de “violar directamente el concepto de interpretación errónea de los artículos 53, y 123 de la Constitución Política de Colombia de 1991”.
Al sustentar la acusación expresa que la sentencia “considera que son servidores públicos únicamente los empleados públicos y deja por fuera a los trabajadores oficiales”; agrega que, según la Constitución Política, los empleados oficiales “son servidores públicos y tienen los derechos y garantías que le otorgan las leyes”, por lo que la interpretación que hace el tribunal “deja a los trabajadores del Banco Cafetero sin los beneficios concedidos por el Gobierno Nacional a todos los servidores públicos”. Cita, en su apoyo, una sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, D.C.
Acusa la sentencia de violar, por vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida, las siguientes normas: “artículo 1º del Decreto 092 de 2000 que se remite al artículo 29 de los estatutos del Banco Cafetero, en relación con las siguientes disposiciones de carácter sustancial: el artículo 3º del Decreto 3130 de 1968; artículos 2º y 3º del Decreto-Ley 130 de 1976; artículo 97 de la Ley 489 de 1996; y los artículos 461 y 464 del Código de Comercio y los artículos 6º, 1519, 1619, 1740, 1741 del Código Civil; el artículo 2º de la Ley 50 de 1936 que subrogó el 1742 del Código Civil; el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, los artículos 20 y 43 del Código Sustantivo del Trabajo y Seguridad Social y los artículos 53, 58 y 123 de la Constitución Política de Colombia de 1991; las primeras por haberlas aplicado inadecuadamente al presente caso y las restantes por haberse dejado de aplicar, cuando era forzoso hacerlo, por haber estimado erróneamente unas pruebas y dejado de apreciar otras”.
“1. No dar por demostrado, estándolo que para los años 2000 al 2005, el capital estatal del Banco Cafetero era superior al 90% del total accionario, por ende, se le aplican a sus trabajadores las normas del artículo 3º del decreto 3135 de 1968 y demás normas relacionadas en el cargo”.
“2. No dar por demostrado, estándolo que el régimen aplicable a los trabajadores del Banco Cafetero, a partir del 29 de septiembre de 1999 y en adelante, hasta la fecha, diferentes al presidente y el contralor de dicha entidad, se rigen por las normas de los empleados oficiales, según el artículo 3º del Decreto 3135 y otras normas, en consideración al hecho de que el capital estatal del Banco Cafetero era superior al 90% del total accionario”.
“3. No dar por demostrado, estándolo que el Banco Cafetero no efectuó el aumento legal del salario del demandante a partir del año 2001; solo realizó los aumentos convencionales del 3% anual”.
“4. Dar por demostrado, sin estarlo, que el artículo 29 de la escritura pública 3497 del 28 de octubre de 1999, Notaría 31 de Bogotá, contentiva de la reforma estatutaria de la entidad demandada, permitió el cambio de régimen aplicable a los trabajadores del Banco Cafetero en contravía con lo dispuesto por las normas que rigen las relaciones de los trabajadores oficiales; y no dar por demostrado, estándolo que el Banco Cafetero es una entidad oficial y sus trabajadores excepto el presidente y el contralor, son trabajadores oficiales, según las normas mencionadas en el cargo”.
“5. No dar por demostrado, estándolo que en el contrato de trabajo que vinculó al demandante con el demandado, pactaron aplicar <todas las disposiciones legales que rigen para los trabajadores oficiales y las del reglamento de trabajo o estatuto de personal que regulen las relaciones entre el Banco Cafetero y sus trabajadores>”.
“6. No dar por demostrado, estándolo, que el Banco Cafetero hoy “en Liquidacion” desconoce el derecho a mantener el poder adquisitivo de los salarios de sus trabajadores cuando le niega al trabajador reclamante el aumento de salarios para los años 2000 a 2005”.
“7. No dar por demostrado, estándolo, que la devaluación que sufre el peso colombiano, otorga el derecho a la movilidad del salario de toda clase de remuneración, es decir, debe aumentarse el salario a todo trabajador particular u oficial como mínimo el porcentaje certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, tanto para servidores públicos como para trabajadores particulares”.
Señala como prueba mal apreciada la certificación de la composición accionaria del banco, en la que se describe, año por año, dicha composición y que a partir del 28 de septiembre de 1999 correspondía al 99,9999948% (fl. 56).
Denuncia como no apreciadas, la escritura pública 3497 del 28 de octubre de 1999 (fls. 228 a 247); los documentos obrantes a folios 58 a 62 correspondientes a la devaluación de los años 2001 a 2005 y la carta de la presidencia del banco accionado obrante a folio 41 del expediente.
Reitera que la naturaleza jurídica de la entidad no la determina los estatutos sociales, sino el grado de participación estatal; anota que la certificación sobre la composición accionaria del banco, estipula claramente que desde su creación en 1953 hasta el 4 de junio de 1994, la participación del Estado correspondía al 100%; y que solo transitoriamente descendió para el año de 1994 al 85,11%, hasta alcanzar a partir del 28 de septiembre de 1999, el 99,9999948%; agrega que el actor ostentaba la calidad de empleado oficial y no de trabajador particular. Alude a la sentencia de esta Sala del 3 de diciembre de 2007, Radicación 29256.
Explica que la accionada tiene participación estatal superior al 90% del capital accionario, por ende, la naturaleza es oficial, riñendo en esta forma con el contenido de la naturaleza jurídica descrita en el artículo 29 de la Escritura Pública 3497 del 28 de octubre de 1999; añade que el ad quem tampoco tuvo en cuenta el contrato de trabajo, el cual se suscribió cuando el banco tenía un capital estatal del 100% y se le aplicaba el régimen de los empleados oficiales. La misma suerte corrió la certificación del DANE para efectos de los aumentos de sueldos.
Acusa una “violación directa”, de las siguientes normas: “el artículo 21 del Decreto 2067 de 1991; el artículo 4º de la Ley 4ª de 1992, el artículo 2º de la Ley 547 de 2000; el artículo 2º de la Ley 628 de 2000; el artículo 2º de la Ley 780 de 2002, el artículo 2º de la Ley 848 de 2003; los artículos 13, 20 y 43 del Código Sustantivo del Trabajo y Seguridad Social; el artículo 3º del Decreto 3130 de 1968; artículos 2º y 3º del Decreto-Ley 130 de 1976; artículo 97 de la Ley 489 de 1996 y artículo 461 del Código de Comercio; los artículos 13, 53, 123, 187, 241 y 243 constitucionales; y por último, el artículo 2º del Decreto 2316 de 1953 y artículo 1º del Decreto 663 de 1993 por el cual se reformó el Banco Cafetero”.
Señala que son varios los motivos de inconformidad que surgen del contenido de la sentencia impugnada:
“1. La naturaleza jurídica el (sic) Banco Cafetero hoy en liquidación.
“2. La naturaleza jurídica de sus trabajadores.
“3. Derecho a mantener el poder adquisitivo de los salarios de los servidores públicos.
“4. Derecho a la movilidad del salario tanto de servidores públicos como de trabajadores particulares, es decir, cobija a toda clase de remuneración.
“5. Derecho a la igualdad y derecho de asociación.
“6. Existencia de la ratio dicidendi contenidas en las sentencias de constitucionalidad C-1433 de octubre 23 de 2000, C-1064 octubre 10 de 2001, C-1017 de octubre 30 de 2003, C-931 de septiembre 29 de 2004, proferidas por la honorable Corte Constitucional, para efectos de aumentar la remuneración del trabajador y la trasgresión de dichas razones, por el a quo y el ad quem, al desatender la cosa juzgada constitucional (C.N., art. 243) e irrespeto a la interpretación auténtica que hace la Corte Constitucional con fuerza de autoridad (C.N., art. 241).
“7. La sentencia que se enrostra en esta demanda también viola el debido proceso al quebrantar principio constitucional que establece: <... situación más favorable al trabajador en caso de deuda (sic) en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho...>, consagrado en el artículo 53 constitucional”.
Luego se refiere a cada uno de los aspectos anteriormente enunciados y reitera los argumentos esbozados en los cargos anteriores.
Aduce que los reajustes reclamados no están fundamentados en preceptivas legales; que la Corte Constitucional no los estableció para los años que reclama el actor, sino que se limitó a determinar el incumplimiento de un deber jurídico por parte del gobierno y del Congreso; además, señala que la naturaleza del vínculo del demandante, para la época de los hechos, se regía por el Decreto 92 de 2000 y el artículo 29 de los estatutos de la entidad.
La Sala observa que en el desarrollo de la primera acusación, la censura plantea la existencia de una nulidad absoluta, frente a lo cual se debe advertir, que tal situación, por ser un hecho nuevo, no puede analizarlo la Corte, pues de hacerlo se violaría el debido proceso y el derecho de defensa del accionado, por cuanto al no ser debatido en las instancias, no se le permitió pronunciarse frente al tema.
Reclama el demandante el reajuste de su sueldo mensual básico, a partir del 1º de enero de 2002, en el porcentaje del IPC correspondientes a los años 2001 a 2004, con fundamento en el aumento ordenado por el Gobierno Nacional y en las diferentes sentencias que al efecto ha emitido la Corte Constitucional, particularmente la C-1433 de 2000.
El tribunal, concluyó que el actor no tenía derecho a los reajustes reclamados, por cuanto el régimen jurídico de los trabajadores de la entidad demandada, era el previsto en el Decreto 092 de 2000 y en el artículo 29 de sus estatutos, es decir, el de los particulares, y el aumento salarial dispuesto en la Sentencia C-1433 de 2000, únicamente beneficiaba a los servidores públicos.
En ese orden, es preciso señalar que a partir del 6 de julio de 1994, el Banco Cafetero, mutó su naturaleza de empresa industrial y comercial del Estado, de carácter oficial, que hasta el día anterior había ostentado, para convertirse en sociedad de economía mixta, sometida al régimen de las empresas privadas; esa situación perduró hasta el 28 de septiembre de 1999, cuando se produjo una sustancial variación de su capital accionario, por efectos de la reinversión hecha por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, reasumiendo su antiguo régimen, es decir, de empresa industrial y comercial del Estado y sus empleados volvieron a quedar inmersos en el régimen propio del trabajador oficial.
Así las cosas, es evidente el error jurídico del juzgador de segundo grado, en ese puntual aspecto, sin embargo, de todas maneras, la acusación no está llamada a prosperar, en tanto esta Sala se ha pronunciado en reiteradas oportunidades frente a pretensiones similares presentadas en contra de la misma entidad demandada; y en tal sentido, ha establecido que los aludidos aumentos salariales están dirigidos a los servidores públicos señalados en la Ley 4ª de 1992, entre los cuales no se encuentran los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo, como es el caso del actor; así, lo expresó en sentencias del 27 de enero, 17 de febrero y 27 de octubre de 2009, radicaciones 33420, 34064 y 37383, respectivamente; en la última de las providencias reseñadas, se dijo:
De allí que la ley en su artículo 1º establece que el Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta, fijará el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva nacional, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico, de los empleados del Congreso Nacional, la rama judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República, de los miembros del Congreso Nacional, y de los de la fuerza pública.
Así mismo su artículo 4º, establece que “Con base en los criterios y objetivos contenidos en el artículo 2º el Gobierno Nacional, dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año, modificará el sistema salarial correspondiente a los empleados enumerados en el artículo 1º literal a), b) y d), aumentando sus remuneraciones. Igualmente, el Gobierno Nacional podrá modificar el régimen de viáticos, gastos de representación y comisiones de los mismos empleados” (la parte resaltada fue declarada inexequible a través del Fallo C- 710 de 1999, proferido por la Corte Constitucional).
Por lo anterior considera la Sala, que lo dispuesto en dichas disposiciones, no cobija al demandante, toda vez que no fue empleado público de la rama ejecutiva nacional, empleado del Congreso Nacional, la rama judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral, la Contraloría General de la República, miembro del Congreso Nacional o miembro de la fuerza pública.
Siendo ello así, como en efecto lo es, los reajustes deprecados no están amparados en ninguna disposición legal como lo pregona la censura, y las sentencias de la Corte Constitucional que menciona se encaminaron a determinar el incumplimiento del deber jurídico del gobierno y el Congreso, al no haber previsto lo necesario para efectuar los reajustes de los salarios de los empleados públicos en el presupuesto de rentas y recursos de capital, contenido en la ley de apropiaciones; por lo que su ratio decidendi, según todo el contexto de las mismas, no estaba cobijando a trabajadores como el actor que no tienen tal condición, y en consecuencia el fallo recurrido no desconoció la cosa juzgada constitucional.
Así las cosas, de todo lo expuesto se colige que el demandante no tiene derecho a los reajustes que pretende, dado que los preceptos de la Ley 4ª de 1992, no son aplicables al asunto que se decide, pues ella regula las condiciones salariales de los empleados públicos y no de trabajadores como el accionante vinculado por contrato de trabajo, quienes tienen la posibilidad de mejorar tales condiciones con sus empleadores, mediante acuerdos, o la negociación colectiva conforme a lo dispuesto en el artículos 55 de la Constitución Nacional y 467 del Código Sustantivo del Trabajo.
Por lo tanto, como quedó visto, al no existir mandato legal que obligue a la entidad accionada a efectuarle al actor los aumentos salariales pretendidos, no puede hablarse tampoco de desacato al principio consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, al establecer la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación de las fuentes formales del derecho; y menos aún de violación al debido proceso”.
Bastan las anteriores consideraciones para concluir que los cargos no prosperan.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 30 de enero de 2009, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en el proceso adelantado por Rubiel Rojas Ríos contra el Banco Cafetero en Liquidación.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuelvase al tribunal de origen.

References: artículo 6
 artículo 29
 artículo 1
 artículo 29
 artículo 2
 artículo 40
 artículo 51
 artículo 162
 artículo 1
 artículo 29
 artículo 8
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 97
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 29
 artículo 2
 artículo 29
 artículo 28
 artículo 29
 artículo 3
 artículo 97
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 21
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 97
 artículo 461
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 53
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 53