Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28DSCD-12-PL-31.CODI.%29
Timestamp: 2019-12-09 17:44:13+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 31, de 16/02/2017
cve: DSCD-12-PL-31
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 31
Sesión plenaria núm. 29
- Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales. ("BOE" núm. 24, de 28 de enero de 2017). (Número de expediente 130/000008) ... (Página3)
- Proyecto de ley de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 2-1, de 2 de diciembre de 2016. (Número de expediente 121/000002) ... (Página15)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación)... (Página32)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página33)
Avocación por el Pleno ... (Página33)
Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales ... (Página3)
El señor ministro del Interior (Zoido Álvarez) expone a la Cámara las razones que han llevado a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, la señora Sorlí Fresquet y los señores Alli Martínez y Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Salvador García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Alonso Cantorné, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Ábalos Meco del Grupo Parlamentario Socialista, y Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 ... (Página15)
El señor ministro de Hacienda y Función Pública (Montoro Romero) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución intervienen el señor Vendrell Gardeñes y la señora Honorato Chulián, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Navarro Fernández-Rodríguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Marí Bosó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página32)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales, se aprueba por 334 votos a favor más 2 votos telemáticos, 336, y 2 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 85 votos a favor, 248 en contra más 2 votos telemáticos, 250, y 3 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución presentada al proyecto de ley de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se rechaza por 70 votos a favor, 253 en contra más 2 votos telemáticos, 255 y 13 abstenciones.
Sometidas a votación las solicitudes de avocación por el Pleno del proyecto de ley de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, se rechazan por 93 votos a favor, 242 en contra más 2 votos telemáticos, 244, y 1 abstención.
- REAL DECRETO-LEY 2/2017, DE 27 DE ENERO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS ÚLTIMOS TEMPORALES. (Número de expediente 130/000008).
Comenzamos con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales. Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro del Interior. (Rumores). Silencio, señorías.
Hoy presento ante ustedes, para someterlo a su convalidación, un real decreto-ley para adoptar medidas urgentes que contribuyan a paliar los daños producidos por los últimos temporales, cuyas consecuencias han padecido diferentes comunidades autónomas. Como bien saben ustedes, durante los últimos días del mes de noviembre y los primeros días del mes de diciembre del pasado año 2016 se produjeron importantes precipitaciones de gran intensidad y persistentes que afectaron principalmente a la costa occidental de la provincia de Málaga y al litoral de las provincias de Cádiz y Huelva. Fueron también muy importantes las precipitaciones que se produjeron en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante. Las graves consecuencias de este temporal llevaron a este Gobierno a desplegar un importante dispositivo para ayudar a los afectados. Personalmente pude comprobar en el Centro de Coordinación del 112 de Andalucía, en Málaga, donde coincidí con la presidenta de la Junta de Andalucía, la señora Susana Díaz, la importante coordinación de todas las administraciones, además de visitar los municipios afectados, analizar los daños y seguir sobre el terreno la evolución del temporal. Desgraciadamente, tuvimos que lamentar la pérdida de dos vidas humanas, una en Estepona y otra en La Línea de la Concepción, algo que es irreparable y, aunque ya lo hice en su día, quiero volver a trasladar mi más sincero pésame a sus familias y amigos. Como consecuencia del intenso temporal de lluvia, señorías, se activaron tanto el Plan especial para inundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como los planes de emergencia municipales en esas provincias y el Plan de autoprotección del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.
Posteriormente, desde el pasado 17 de diciembre, se sucedieron tanto en el Levante peninsular como en las Islas Baleares precipitaciones persistentes y de elevada intensidad, de hasta 200 litros por metro
cuadrado, acompañadas de viento fuerte y temporal marítimo. Este episodio tuvo consecuencias muy graves sobre la población en las comunidades autónomas de Valencia, Murcia y las Islas Baleares, así como también en las provincias de Almería y de Albacete. La situación fue especialmente grave en Murcia. Para que se hagan sus señorías idea, en esta comunidad autónoma desde el pasado 17 de diciembre se han registrado más de 2.400 incidentes relacionados con las intensas precipitaciones. Pero eso no es todo porque, más recientemente, entre el 15 y el 21 de enero, ya en este año, se han producido diferentes episodios de fuertes nevadas, lluvia, viento y fenómenos costeros que han afectado principalmente a la Comunidad Valenciana, a las Islas Baleares, a Cataluña, a Murcia y también a la provincia de Albacete nuevamente. Los daños han sido numerosos. Además de las molestias que ocasionan a los ciudadanos el corte de carreteras y la interrupción en algunos casos del servicio ferroviario y del servicio eléctrico, los principales daños se han centrado en las zonas costeras, sobre todo en playas y paseos marítimos, y también en la producción agraria. Este temporal también ha provocado daños en viviendas, vehículos, carreteras y desbordamiento de ríos, aunque vuelvo a insistir en que lo más grave es que estos episodios meteorológicos extremos han comportado la pérdida de vidas humanas.
Quiero en este momento destacar y agradecer, si me lo permiten sus señorías, la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de todas las personas que han participado en los dispositivos de seguridad y en numerosas actuaciones de rescate y evacuación. Muchas gracias a todo el personal de Protección Civil y Emergencias, aquellos que están enmarcados dentro de la red nacional, así como los que forman parte de las distintas comunidades autónomas y de los municipios. También quiero mostrar mi agradecimiento a la Guardia Civil, a la Policía, a la Dirección General de Tráfico y a todas las unidades de la Guardia Civil de Tráfico, a todo el personal de la Dirección General de Carreteras y de la Unidad Militar de Emergencia, así como también a los efectivos del resto de administraciones autonómicas y locales y a los numerosos voluntarios, en especial a los de la Cruz Roja, que se esforzaron sin tener en cuenta ni la hora ni las condiciones climatológicas para estar siempre ayudando a todos los afectados.
Señorías, este Gobierno tenía claro desde el primer momento que había que actuar, que la magnitud de la emergencia exigía la toma inmediata de medidas para, por un lado, poder restablecer lo antes posible los servicios públicos esenciales y, por otro, ayudar a la recuperación de las zonas afectadas desde la fecha que abarca este real decreto-ley. La Administración General del Estado, en base al principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, tenia que aprobar una serie de medidas, que son las que se contemplan en este real decreto-ley, para complementar las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones territoriales. Así que, sin más dilación y en base a la normativa vigente, el Consejo de Ministros, en sus reuniones de los días 9 y 23 de diciembre del año 2016, acordó la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga, Castellón, Valencia y Alicante por el episodio de lluvias de finales de noviembre y primeros de diciembre; la provincia de Badajoz por el pedrisco del mes de julio; las comunidades autónomas de Valencia, Murcia e Islas Baleares y las provincias de Almería y de Albacete por las inundaciones producidas desde el 17 al 23 de diciembre. Por razones de urgencia y de economía procedimental, en esta norma también se declaran zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil las comunidades autónomas de Valencia, Islas Baleares, Cataluña y Murcia, así como la provincia de Albacete por los temporales de nevadas, lluvias, viento y fenómenos costeros acaecidos entre el 15 y el 21 de enero del año 2017. Por último, por los graves daños generados, se determina la extraordinaria y urgente necesidad de la aplicación de las medidas contenidas en los acuerdos del Consejo de Ministros y en este real decretoley también a las comunidades autónomas de Valencia, Islas Baleares, Cataluña y Murcia, así como a la provincia de Albacete, como consecuencia de las nevadas, lluvias, viento y fenómenos costeros acaecidos entre el 15 y el 23 de enero del corriente año.
Señorías, adicionalmente a las medidas adoptadas en los acuerdos de Consejo de Ministros, en aplicación del principio de solidaridad interterritorial y al igual que en las ocasiones en que ha sido necesario actuar con carácter urgente ante situaciones de alteración grave de las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada, con el fin de ejecutar las medidas cuya adopción requiere una norma con rango de ley, es por lo que el pasado 27 de enero aprobamos este real decreto-ley que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 28 de enero y que hoy les presentamos para su convalidación. Señorías, entiendo que este es un tema de especial sensibilidad y espero que suscite el necesario consenso para que pueda aprobarse sin ningún tipo de problema. Las ayudas previstas en este real decretoley contemplan, por un lado, beneficios fiscales; es decir, estarán exentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas las ayudas excepcionales por daños personales concedidas en el artículo 1
a unidades familiares o de convivencia económica que hayan sufrido daños personales. (Rumores). Por otro lado, contempla facilidades para identificar la titularidad sobre los inmuebles afectados por los siniestros a unidades familiares o de convivencia económica que hayan sufrido daños materiales en su vivienda habitual o en los enseres de primera necesidad. Asimismo se ayuda a las corporaciones locales para hacer frente a los gastos de emergencia que han realizado. También hay ayudas para titulares de establecimientos mercantiles, industriales, de servicios y titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas. (Rumores).
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Por último, se regulan ayudas para personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestación personal o de bienes a requerimiento de la autoridad competente en materia de protección civil y a comunidades de propietarios por los daños en elementos comunes que se hayan producido. En este real decreto se determina un plazo de dos meses desde su entrada en vigor para solicitar dichas ayudas, que deberán tramitarse por las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno y que serán resueltas por el ministerio que dirijo.
También hay en este real decretoley otras medidas que son competencia de otros departamentos. Por ejemplo, tendrán exenciones de la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles correspondiente al ejercicio en que haya tenido lugar del siniestro y habrá una reducción en el impuesto sobre actividades económicas e incluso estarán exentos de las tasas del organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico establecidas en la Ley 16/1979, de 2 de octubre. Lógicamente, la disminución de ingresos en los tributos locales que eso suponga será compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. También hay reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias y subvenciones de hasta un 50 % del coste de los proyectos que ejecuten los ayuntamientos, diputaciones provinciales, consejos insulares, comarcas, mancomunidades y comunidades autónomas por obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal, así como en la red viaria de los consejos insulares y de las propias diputaciones provinciales. Estas subvenciones se atenderán con el presupuesto del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Por supuesto, todo esto se completará con actuaciones concretas en materia de dominio público hidráulico en la costa, en la red nacional de caminos naturales y en ayudas por daños causados en explotaciones agrícolas y ganaderas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y también con ayudas concretas de otros ministerios, como los ministerios de Fomento, de Defensa, de Empleo, etcétera. Por último, pero no por ello menos importante -es más, yo me atrevería a decir que es lo fundamental-, se establece claramente la financiación de todas estas medidas con el compromiso de que este Gobierno habilitará los créditos correspondientes y los que sean necesarios.
En definitiva, señorías, este Gobierno ha actuado con rapidez y diligencia, tal y como las circunstancias excepcionales lo exigían. Espero que estas medidas sumen el consenso necesario para su puesta en marcha porque en este Gobierno entendemos que son necesarias, urgentes y además son justas. Señorías, en nombre del Gobierno y también -por qué no decirlo- de todos los ciudadanos afectados, les pido el voto favorable para este real decretoley.
En el turno de fijación de posiciones interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días.
La convalidación de este real decreto-ley está absolutamente justificada porque se trata de avalar las actuaciones que el Gobierno ha debido adoptar con urgencia y excepcionalmente ante los daños originados por temporales e inundaciones en diferentes comunidades autónomas y la necesidad de aplicar mecanismos de solidaridad y ayuda que permitan recuperar la vida cotidiana y las condiciones de las poblaciones y lugares afectados. En esta ocasión el texto que ha presentado el ministro Zoido hace referencia a los temporales del pasado trimestre y también al pedrisco que a finales de julio arruinó las cosechas en varios municipios de la provincia de Badajoz, con más de 10.000 hectáreas afectadas,
pérdida del cien por cien de la cosecha en más de la mitad de estos terrenos y daños valorados en casi 12 millones de euros, un durísimo golpe para la agricultura y la economía de estos lugares.
La convalidación de estas medidas es la respuesta parlamentaria a unas situaciones que, desgraciadamente, se repiten todos los años y que a menudo son objeto de controversia, porque cuando hay intervención humana suele ponerse de manifiesto la falta de previsión o cierta descoordinación que deja en entredicho la buena utilización de los recursos públicos ante situaciones ligadas a los efectos meteorológicos. Por lo que he podido repasar en los precedentes de iniciativas similares en anteriores legislaturas, la llamada a la necesidad de aplicar medidas paliativas para enfrentar los desastres ocasionados por la naturaleza es una constante, pero también lo es la llamada a la prevención ciudadana y a la sensatez para escuchar y atender a los servicios meteorológicos y de Protección Civil, sobre todo cuando se trata de recomendaciones para evitar desplazamientos de vehículos de transporte de mercancías y de personas.
Mi voto -como supongo que será el resto de la Cámara- será favorable a esta convalidación.
También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.
Nos presentan hoy unas ayudas -para nosotros ridículas e insuficientes- para la agricultura, los establecimientos y algunas viviendas, pero no proponen ni un solo euro que atienda el destrozo a las playas y la costa, y el mismo ministro ha dicho que es una de las zonas más afectadas. Las lluvias y la nieve de diciembre y enero destrozaron la costa valenciana. Este decreto no recoge ni un punto para atender las consecuencias de los peores temporales que han azotado el País Valencià. Llevamos años reclamando inversión en regeneración de costas, llevamos años avisando que esto pasaría, llevamos años reclamando la falta de inversión en la regeneración de nuestras playas. Hemos llegado a presentar como enmienda a los Presupuestos Generales del Estado hasta 68 millones de euros para evitar la regresión de la playa, siempre con el voto negativo del Partido Popular, también de los diputados y diputadas populares que representan al País Valencià. Así pues, ante este decreto, ¿cómo piensan hacerlo?, ¿cuánto dinero van a invertir? Y lo más importante, ¿cuándo lo van a hacer?
Los pueblos de costa necesitan ya medidas urgentes. En escasos dos meses viene la temporada de Pascua y después verano. (Rumores). Esto supone buena parte de los ingresos anuales de la mayoría de pueblos que han sido afectados por el temporal, pero a ustedes, señorías del PP...
La señora SORLÍ FRESQUET: ... esto les da igual, y se nota en cómo ni tan siquiera atienden nuestras intervenciones. Les importa la foto (Muestra una fotografía), como esta que se hizo el ministro de Fomento hace poco tiempo en Almenara. Supongo que recuerda el destrozo en este pueblo. Se ve claramente cuáles fueron las consecuencias del temporal. Pues si el Gobierno no se da prisa, va a ser al propio Ayuntamiento de Almenara al que le tocará poner algún tipo de solución para poder recibir turistas este verano, como a tantos otros ayuntamientos -Benicarló, Vinaroz, Alcalà-Alcossebre, Almassora, Chilches, Burriana-, los mismos a los que les han impuesto un techo de gasto y que ahora tendrán que afrontar su falta de actuación. Pero a ustedes les importa la foto, y esta ya la tienen. Cuando tienen interés en destinar dinero a algo ya se buscan las artimañas para hacerlo, como por ejemplo con la conexión Atocha-Chamartín, que, por cierto, está pagada con dinero del corredor mediterráneo. Así que, aunque el tiempo aprieta, les invitamos a que esta vez esto sea algo más que una foto.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Alli Martínez.
El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchísimas gracias, señora presidenta. Señores diputados, muy buenos días.
Señor ministro, tendrá, lógicamente, el apoyo de los dos escaños de Unión del Pueblo Navarro en la convalidación de este real decreto de medidas urgentes para paliar los daños causados por el temporal en los meses de noviembre y diciembre del año pasado. Insisto que votaremos a favor. Además, señor
ministro, hay dos cuestiones que han mejorado en relación con el real decreto-ley de 2015, año en el que Navarra fue declarada como zona afectada. Esas mejoras son, en primer lugar, que estas ayudas sí que parecen -corríjame si me equivoco- que van a cubrir la franquicia aplicada por el Consorcio de Seguros Agrarios y, en segundo lugar, también muy relevante, la validez que va a tener la presentación de la póliza del seguro de la campaña anterior en aquellos casos en los que el siniestro se haya producido antes de que entren en vigor las pólizas del seguro de este año. Esos son dos grandes avances con relación a hace dos años.
Pero también le tengo que decir, señor ministro, que hay dos asuntos que preocupan a los agricultores, en general de España y también de Navarra. En primer lugar, hay algunos gastos no asegurables. Por ejemplo, hay elementos estructurales de una explotación agraria, como pueden ser las válvulas, las electroválvulas, los cabezales de riego, los filtros, o los invernaderos, que no están incluidos. Por tanto, habría que considerarlo en futuros reales decretos. En segundo lugar, la complejidad que tiene acreditar la titularidad del propietario en aquellos casos en los que ha arrendado a agricultores esas pequeñas explotaciones, esas parcelas. Ahí sí que insistimos en que sean menos rigurosos en relación con este tema. Hace dos años, en la Comunidad Foral de Navarra hubo 217 solicitudes de ayuda y apenas 94 fueron favorables, debido precisamente a ese motivo, la complejidad que tiene la acreditación de la titularidad del tomador del seguro y la propiedad de las parcelas.
Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidenta. Señor ministro, buenos días.
Como decía el señor Martínez en su intervención, esto pasa a menudo y no se puede evitar por el clima que sufre nuestro país. Por tanto, lo que debemos hacer es plantarle cara. Lo que pasa, señor ministro, es que hoy estamos discutiendo cómo reparamos el daño causado, pero hablamos muy poco de cómo evitar el daño que nos ha causado este temporal. Lo decía el otro día en mi intervención. En el año 2015 el Gobierno se comprometió a invertir 32 millones en el Maresme para evitar posibles daños, como los que hoy estamos lamentando. Municipios del Garraf o de las comarcas de Tarragona han sufrido los daños irreparables que este temporal les ha causado y por eso, aunque apoyemos este real-decreto, nos parece que deberíamos tomar medidas por otro lado para evitar encontrarnos en una situación como ésta más adelante.
¿Qué es lo que nos parece francamente mejorable de este real decreto? Pues el artículo 7 nos parece francamente mejorable, ya que como no estamos hablando, a nuestro juicio, de supuestos ordinarios de superávit presupuestario sino que estamos hablando de unos hechos absolutamente extraordinarios que necesitan el apoyo incondicional del Gobierno y de esta Cámara, lo que debemos hacer es no ponerles las cosas difíciles y establecer municipios de primera o de segunda clase. Lo que vamos a hacer, señor ministro, es ponerles las cosas fáciles a todos, a aquellos que han podido cumplir y a aquellos que no, para que salgan lo más rápido posible de esta situación. Aun así, nuestro voto será favorable.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días, señorías; buenos días, señora presidenta.
Actuaré lo más brevemente posible porque poco más se puede decir de este real decreto-ley. Quizás, si se mira con perspectiva, lo raro es que tachemos de extraordinarios sucesos como este, sucesos como cualquier temporal o como cualquier fenómeno natural de los que últimamente estamos teniendo demasiadas reproducciones.
Podríamos decir que la naturaleza humana es bastante más torpe que la Naturaleza, con mayúsculas, y que no sabemos prever que, efectivamente, en algún momento se va a cobrar todo aquello que los hombres no hemos sabido coordinar de forma adecuada con ella. Por ello, al margen de las catástrofes, de los episodios concretos, lo realmente importante de este real decreto-ley es el régimen jurídico que lo sustenta, que no es otro que la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, cuyo artículo 24 es el que contempla una serie de medidas, de consecuencias, incluso la coordinación que resulta necesaria en este tipo de catástrofes. La parte expositiva de esa ley habla de que la vulnerabilidad de las personas
en nuestra sociedad, entre las múltiples y complejas amenazas de catástrofes naturales, industriales o tecnológicas, es la que fundamenta la necesidad de actuar con algún tipo de ayuda. Estas en este caso se concretan para paliar daños personales, a viviendas, enseres, establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros, etcétera. Pues bien, de las medidas que se contemplan, todas ellas lógicas, todas ellas consecuentes con el artículo 24 de la Ley 17/2015, simplemente quiero destacar que hay ayudas directas a personas, ayudas que son fácilmente acreditables; ayudas a establecimientos industriales, mercantiles, agrarios y marítimo-pesqueros, que tienen determinada la cuantía, que es el 7 % de los daños indemnizables producidos por el siniestro hasta un importe máximo de 8.000 euros, que es una cifra tan cierta o tan arbitraria como ustedes quieran pero que ahí está, no la vamos a criticar aunque haría falta objetivarla. Tiene ayudas para los titulares de explotaciones agrarias. Tiene beneficios fiscales en exención de la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles, de actividades económicas, las tasas de Tráfico por la tramitación de bajas de vehículos. Pero tiene también, en cuanto a estos beneficios fiscales, una importante precisión -por lo que luego diré- y es que estos serán compensados a los ayuntamientos y corporaciones locales a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Y esa sí es una importante precisión que conviene destacar. Tiene reducciones fiscales especiales, tiene ayudas a corporaciones locales; tiene otras, por ejemplo las ayudas directas, con una subvención de hasta el 50 % de obras a estas corporaciones locales.
Poco más se puede decir. Vamos a apoyarla, pero me gustaría terminar mi intervención haciendo tres pequeñas precisiones. Este es un real decreto-ley que atiende a su propio contenido, a la situación de excepcionalidad. Es bueno que los reales decretos-leyes atiendan a situaciones de excepcionalidad y no a situaciones ordinarias; esta lo es y nos alegramos por ello. Falta, a nuestro modo de ver, un pequeño detalle y es que en las inversiones que refiere que deben realizar las corporaciones locales no señala que no deban computar como déficit a efectos de deuda de estas corporaciones, y estas están demasiado limitadas en su capacidad de actuación como para que estas actuaciones obligadas no las tengan que computar además como déficit, señor ministro. Les diré algo de forma anecdótica. (Rumores).
El señor BARANDIARAN BENITO: Este ha sido un suceso, ha habido otros antes. Es bueno que contemple un régimen de ayudas, y nos alegramos por ello, pero existen regímenes de ayudas para otro tipo de situaciones excepcionales que están pendientes de pagar, y voy a hacer referencia a una en concreto: en el año 2014 hubo un temporal en el Cantábrico y costa atlántica como consecuencia de oleaje, de fenómenos de mar, del que se derivó también algún régimen de ayudas para las corporaciones locales y administraciones públicas que tuvieron que efectuar diferentes actuaciones. Aquellas actuaciones se pagaron en una buena parte, excepto en una: la Diputación Foral de Gipuzkoa, que aún está pendiente de cobrar el importe de las mismas, precisamente como consecuencia de la congelación presupuestaria del año 2016, que le ha impedido cobrar aquello que incluso estaba ya reconocido. Por tanto, señor ministro, Gobierno, les rogaría que antes de empezar a pagar todo esto -que está muy bien que se pague-, se pague aquello que está pendiente aún de anteriores catástrofes.
El señor OLÒRIZ SERRA: Senyora presidenta, diputats i diputades, bon dia.
Al temporal de nieve y frío que afectó al oeste de Europa la semana del 16 al 22 de enero -recuerden, de lo excepcional a lo ordinario- también hay que añadir un temporal marítimo que con especial violencia castigó las localidades costeras del mediterráneo y de las Illes Balears, especialmente durante el fin de semana del 20 al 22 de enero. Los daños causados por el temporal marítimo son evidentes a lo largo de los Països Catalans, llegando incluso a que poblaciones como Malgrat de Mar, Maresme, se hayan quedado sin playa o a que en Badalona las olas del temporal hayan roto el colector de aguas residuales situado entre Badalona y Sant Adrià del Besós. En Pineda de Mar las olas destrozaron parte del paseo marítimo y del carril bici. Se trata de la zona donde no hay escollera y el mar entró por debajo y se llevó el paseo y diversos elementos del mobiliario urbano. Las afectaciones en puntos de la costa catalana se reproducen tanto en el norte como en el sur de Cataluña. El temporal también afectó a varias poblaciones de las comarcas de Girona como Cadaqués o Calonge. En el paseo marítimo de Sant Antoni de Calonge
las grandes olas dejaron en algunos tramos medio metro de arena y algunas playas han quedado prácticamente cubiertas de restos de vegetales y desperdicios. El consistorio de esta localidad calcula que la limpieza de todo ello costará unos 50.000 euros. Las lluvias también han hecho crecer los arroyos, y en Lloret quedaron atrapados decenas de vehículos. El Prat de Llobregat ha resultado ser uno de los municipios más afectados, con numerosas pasarelas destrozadas y la práctica desaparición de su playa. En Barcelona el temporal alcanzó tal fuerza que llegó a romper el dique de contención situado en la zona del Fòrum. En la costa de Garraf, en Sitges, el agua ha provocado que algunas playas hayan quedado cubiertas de algas. En municipios como Torredembarra, en la costa tarraconense, algunos restaurantes han tenido que retirar la arena de las terrazas y el agua, que en algunos casos ha llegado hasta el interior de los locales. La arena también ha cubierto el paseo marítimo. El litoral del Vendrell también se ha visto gravemente afectado con grandes cantidades de arena arrastradas por la fuerza del mar hasta dentro del casco urbano, vaciando casi completamente las playas de esta ciudad. En los municipios costeros de las Terras de l'Ebre el temporal también se ha hecho notar y en Les Cases d'Alcanar, por ejemplo, ha dañado escolleras, playas y ha llenado el paseo marítimo de rocas y de arena. En el Pais Valencià el temporal, con olas de hasta seis metros, ha causado destrozos importantes en varias localidades costeras. En el paseo marítimo de Almenara, Castelló, el agua ha inundado la primera línea de la playa y ha arrastrado todo tipo de residuos hasta la orilla, mientras que en Cullera, Valencia, el paseo marítimo ha quedado inundado con daños en el mobiliario urbano. En la ciudad de Valencia el fuerte oleaje ha llegado hasta las casas de la urbanización La Casbah -no es la primera vez- y ha roto un tramo del paseo marítimo. En Gandía los conductos de agua para duchas y servicios han resultado afectados en su totalidad, así como el mobiliario situado cerca de la línea de mar. También ha sufrido desperfectos el paseo marítimo que deberá ser nivelado debido al desplazamiento de arena que se ha producido. En las Illes Balears Cala Ratjada, situada en Mallorca, se ha visto gravemente afectada por una gran inundación al romperse uno de los diques de contención. Por su parte, en Formentera, la playa de Ses Illetes, situada dentro del Parque Natural de Ses Illetes, numerosas pasarelas han resultado arrancadas de cuajo por la fuerza del mar. En la isla de Menorca, tanto Maó como Ciutadella, las dos principales ciudades, se han visto afectadas en lugares como Sant Lluis o Cala'n Bosch. Unos desperfectos que ponen de manifiesto el olvido al que ha sido postergada la gestión del litoral y de las playas del Estado español.
El litoral mediterráneo lleva sufriendo más de medio siglo de intervenciones insostenibles, que le confieren una extrema vulnerabilidad y fragilidad cuando se produce un temporal marítimo; en este caso excepcionales y ordinarios. La construcción de puertos deportivos mal diseñados y la sobreexplotación e impermeabilización de las cuencas hidrográficas, junto a la disminución de los sedimentos de aguas han supuesto una regresión de las playas y un constante perjuicio a las infraestructuras costeras. Las constantes intervenciones de regeneración de las playas mediante dragas y construcción de espigones han conllevado la regresión de la población y viveros de algas, la alteración periódica de los ecosistemas marinos, perjudicando gravemente la actividad pesquera y una modificación de la morfología de la costa. Una actuación que obvia una visión global de la problemática y la necesaria modificación del modelo de gestión del agua y de los hendimientos de las cuencas hidrográficas y que, además, se imponen sin ningún estudio previo de impacto ambiental ni consulta a las instituciones implicadas, imponiendo, por tanto, un proyecto de regeneración del litoral cortoplacista, con grandes costes económicos y que, además, no asegura la regeneración de playas e hipoteca la política de reordenación del litoral. Las actuaciones mediante dragados y movimientos de arena y la fijación de esta mediante la construcción de espigones representan una política de aplicar pedazos sobre las consecuencias de los sucesivos temporales marítimos, en vez de abordar las causas de la problemática de la regresión del litoral. Por todo ello, consideramos este real decreto necesario pero muy insuficiente, especialmente, como ya se ha dicho, en la rehabilitación de las costas. Es imprescindible poner en marcha un plan del litoral, que cuente con la participación de todos los actores institucionales, así como los colectivos afectados, pesca y turismo, para la gestión sostenible del litoral marítimo. No podemos perder más tiempo o tendremos otra vez el problema corregido y aumentado.
Acabo. Tenemos cerca del Congreso el Teatro de la Zarzuela; puede que algunos de ustedes hayan oído hablar de una obra lírica, Marina, libreto de Francesc Camprodon y de Emilio Arrieta, un catalán y un vasco. Acabaré con la primera estrofa con la que comienza la obra: Costas las de Levante, playas las de Lloret. Preservamos, preservaremos y lucharemos por un litoral mediterráneo sostenible. ¡Sostenibilitat i republica! (Aplausos).
El señor SALVADOR GARCÍA: Gracias, presidenta.
Señor ministro, señorías, estamos hoy ante la convalidación del Real Decreto 2/2017, de 27 de enero, porque han sucedido una serie de situaciones excepcionales, aunque son situaciones excepcionales que sabemos que regularmente se producen y no somos capaces de calcular con previsión qué tipo de daños puedan causar. No obstante, eso no quita para que sí podamos actuar en el aspecto de la previsión y que haya cosas que realmente podamos hacer no para evitar lo inevitable, no para evitar que condiciones climatológicas adversas provoquen daños y desperfectos hasta los niveles que hemos podido ver, porque para eso hace falta este real decreto, ya que esas cosas se pueden producir, pero sí podemos trabajar precisamente en la previsión. Han hecho una magnífica exposición sobre medio ambiente y sobre el mantenimiento y regeneración de playas, que suscribo, porque es algo en lo que realmente hay que invertir y hay que intentar que cuando vengan estas condiciones adversas afecten en menor medida porque haya una preservación, repito, de ese ámbito. Pero tampoco se deben rebajar presupuestos, por ejemplo, en mantenimiento de carreteras, en señalización, porque cuando hay una gran nevada y hay gente que se queda atrapada es cuando echamos en falta que nuestras carreteras estén en orden y que nuestra señalización sea la correcta. Repito, esto pasa porque son situaciones excepcionales, pero sí podemos trabajar en este sentido en la previsión.
Por otra parte, viendo el real decreto, viendo los importes, echamos un poco de menos que no se haya hecho un cálculo del coste estimado de la aplicación de este real decreto ni del número de beneficiarios posibles. Entendemos que se debería haber dado audiencia a personas afectadas y especialmente a las comunidades autónomas o municipios que se han visto lastrados por estos hechos pero, bueno, al final está aquí el real decreto, contiene una serie de ayudas, buenas son, y nosotros lo vamos a apoyar, aunque pediremos que el Gobierno haga una valoración de dichas ayudas para que después se puedan mejorar. A partir de aquí, quiero decirle al señor ministro y al conjunto del Gobierno que tenemos que trabajar en la previsión porque las condiciones meteorológicas no las podemos cambiar pero hoy en día el hombre del tiempo funciona muy bien y sabe avisarnos cuándo van a llegar. Si lo hiciéramos correctamente, otro gallo cantaría.
El señor ALONSO CANTORNÉ: Gracias, presidenta. Buenos días.
Señorías, no vamos a entrar en el detalle de si se ha de aportar un euro más o un euro menos, porque el problema que se nos plantea hoy no es solo cuánto nos costará la factura sino, como ya ustedes recogen en este decreto vivo, durante cuánto tiempo seguiremos aportando a los desastres ambientales. El señor ministro de Fomento en la Comisión nos habló de lluvias, de nieves, de vientos, de frío y de olas excepcionales; la pregunta que se hace la ciudadanía es si son realmente excepcionales o a partir de ya las situaciones excepcionales se convertirán en normales. El otro día leíamos cómo nuestro presidente del Gobierno se ofrecía a mediar ante el señor Trump. Ya que el señor Rajoy está dispuesto a ser intermediario ante el presidente de los Estados Unidos, le emplazamos para que le haga entender qué parte del cambio climático no entiende. Recuerdo que en 2007, cuando el señor Rajoy aún no era presidente del Gobierno, declaró ante la prensa -voy a leer textualmente un extracto de un periódico claramente pimpinela como es El País-: El presidente del PP y candidato de este partido a la Presidencia del Gobierno, señor Mariano Rajoy, ha restado hoy importancia al cambio climático aludiendo a un primo suyo, catedrático de Física de la Universidad de Sevilla. Yo de este asunto -decía el señor Rajoy- sé poco -afirmaba-, pero mi primo supongo que sabrá. Y entonces dijo: Oiga, he traído aquí a diez de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No podemos convertir esta cuestión en el gran problema mundial. A juicio del señor Rajoy esos días había otros problemas más importantes, como los problemas del sector energético y los problemas de las emisiones. Imagino que se refería a Garoña, a la factura eléctrica o a la pobreza energética. Negar el cambio climático debe ser un mal de los candidatos, porque usted ya ha rectificado e imagino que ha convencido a su
primo. Hay que reconocer que los dirigentes del PP tienen la mano rota en convencer a presidentes de los Estados Unidos, como hizo el expresidente Aznar con el señor Bush en las Azores, zona de anticiclones. Por tanto, ahora que a Marcelo ya no le tenemos en la bancada azul, pondremos todas nuestras esperanzas en el señor Rajoy y hoy no hablaremos de cambio climático, ya que damos por seguro que usted, señor Rajoy, hará entrar en razón al presidente Trump.
Estos años de crisis que ustedes, señorías del PP, ya dan por superada, nos han servido para aprender muchas lecciones. Recuerdo al señor Herrera cuando les explicaba que era mejor invertir en líneas convencionales de ferrocarril que en Aves y en aeropuertos sin aviones o cuando nos dimos cuenta en una Comisión, gracias a la señora Colau, invitada a propuesta del señor Herrera, que los desahucios eran un crimen, que los desahucios eran un crimen, insisto. Habíamos vivido los años del tocho y del tocomocho, el boom inmobiliario, las radiales, el Castor, los trasvases, todo por el progreso. De pronto, como una plaga bíblica, llegó la crisis financiera y la burbuja estalló, no había responsables, era como ahora, algo excepcional, una catástrofe, solo cabía despedir y apretar cinturones y eliminar greix, para aquellos que entienden de operación diálogo; dejarnos como la mojama en servicios y derechos sociales. Se culpó a todo el mundo. Habíamos estirado más el brazo que la manga y vivido por encima de nuestras posibilidades. Trabajábamos poco y cobrábamos demasiado. Ahora hablan de torres caídas, de manguitos de nieve en las catenarias, de las fuerzas de la naturaleza y, en cambio, no se dice que en España apenas queda libre el 30 % del litoral y la totalidad de este puede llegar a ocuparse en 2025.
En la actualidad nuestro mal llamado progreso ha degradado muchos de los entornos de forma irreparable. Los años noventa del siglo XX fueron en España de calma meteorológica y relanzamiento económico, circunstancias que propiciaron una expansión explosiva del turismo, cuyas semillas habían venido sembrándose en las décadas anteriores. Buena parte de nuestras playas y casi la totalidad de las dunas fueron ocupadas sin plan alguno. Se rellenaron numerosos tramos de costa primero con arenas de mar y luego con arenas de cantera, que no cumplían con los requisitos de tamaño y textura apropiados. Las playas artificiales, incapaces de albergar la flora y la fauna características, se anclaron en espigones de obra y se impusieron las playas urbanas flanqueadas por paseos marítimos construidos en los dominios del mar, hiriendo de muerte a las playas como ecosistemas ribereños. Al señor De la Serna y a la señora Tejerina les hemos de decir que se inundan las zonas manifiestamente inundables, frase que no debería causar sorpresa alguna y que debería haberse tenido en cuenta a la hora de cerrar golas, de desecar ámbitos acuáticos e invadir dunas para construir rascacielos, campos de golf y aeropuertos en espacios que se han hurtado para el uso y lucro privados y que previamente eran dominios comunes de todos los españoles. Digamos la verdad, la Ley de Costas, la nueva, defiende intereses privados frente a los de todos los españoles. Hay 36.000 ocupaciones alegales en dominio público de un total de 40.000. Hay 3.000 chiringuitos, 1.700 industrias y un millar de hoteles. La Ley de Costas del 1998 obligaba a demoliciones a partir de 2018, gastos que con su última reforma se han aplazado para que lo paguen nuestros nietos, pero la reforma comporta enormes gastos potenciales. Nos estamos gastando, según los expertos, cerca de 1.000 millones de euros por año y seguirán en aumento según vaya incrementándose el nivel del mar. A estos habrá que añadir los costes de oportunidad por pérdida de valor ambiental de nuestro paisaje litoral y, sobre todo, los gastos de dinero público contante y sonante para proteger nuestros intereses privados, que supone la opción que ustedes defienden. Estamos a las puertas de otro año récord por número de visitantes. Las compañías aéreas se frotan las manos. Las reservas de plazas hoteleras van viento en popa. Las chaquetas verdes han desconvocado su huelga pero siguen su lucha. Y, ahora, todos a correr, porque nos llega el verano y necesitamos arena en las playas. El señor Esteban, el otro día en la Comisión, nos hablaba de la película El día de mañana para definir el relato del señor De la Serna. Yo, como catalán, soy experto conocedor de la película del Día de la Marmota. Repondremos la arena y arreglaremos los paseos marítimos, que es imprescindible, hasta que vuelvan los temporales y de nuevo volver a empezar. Yo, de ustedes, dejaría una partida fija para arreglar los desastres derivados de nuestras leyes medioambientales y urbanísticas.
Señorías, ¿son conscientes de que las inversiones en el Ministerio de Fomento han de tener la prioridad de dirigirse hacia el mantenimiento en la mejora, ya sea en líneas de ferrocarril, convencional o carreteras, no en nuevas infraestructuras necesarias? Como nos recuerdan habitualmente las señorías del PP, España está a la cabeza en kilómetros de autopistas, de líneas de alta velocidad, de pistas de aeropuertos, de viviendas vacías, de puertos sobredimensionados con estibadores en lucha y que quieren negociar, y de tener, eso sí, las banderas más largas que nadie. Ustedes, que dicen que aman tanto a su país, hagan algo más que poner parches, imprescindibles a día de hoy, pero sean valientes y hagan
política, modifiquen las leyes. Les hacemos una propuesta: ¿por qué no creamos una comisión interdisciplinar de expertos para buscar soluciones a medio y largo plazo? Señorías, nos estamos jugando el litoral, nos estamos jugando la economía. Señorías, nos estamos jugando el país.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ábalos Meco.
El señor ÁBALOS MECO: Gracias, señora presidenta. Muy buenos días.
Las ayudas que hoy abordamos, a través de este real decreto que se nos ha presentado para su convalidación, están referidas -como se ha dicho insistentemente aquí- a los daños provocados por el reciente temporal que azotó varias comunidades y provincias y que causó la muerte de al menos seis personas. Estas ayudas incluían aportaciones -el ministro las ha detallado- y ayudas económicas para viviendas, locales, explotaciones industriales. Es verdad que también va a hacer falta reconstruir mucha obra municipal, muchos servicios y suministros y, en ese sentido, nos parece muy acertada la propuesta que este grupo hizo en su día de que las administraciones locales, los Gobiernos locales, puedan recurrir a su superávit para hacer frente a estas obras.
En general, como iniciativa nos parece bien, aunque las ayudas podrían haber sido algo más; se quedan cortas en función de los daños ocasionados. Se pueden poner algunos ejemplos, como el interior de la provincia de Castellón, que ha estado incomunicado varios días, o la zona en concreto de Requena-Utiel, en Valencia, donde las instalaciones ganaderas han tenido muchos problemas de acceso; los caminos habrá que hacerlos por entero; no ha habido posibilidades de acceder a las explotaciones y, por lo tanto, ha sido difícil proveer de alimentos a los animales y ha habido muchísimas muertes de animales en las ganaderías; los ganaderos han tenido que hacer desembolsos importantes para la maquinaria pesada de la que no disponen. En definitiva, han tenido unos gastos cuantiosos. Pensemos que en algunas zonas el grosor de la nieve ha sido entre 70 y 110 centímetros, cosa que no es normal por allí. También ha habido fallos en la red, en el suministro eléctrico, y esto, a su vez, ha provocado mayores pérdidas todavía. Por lo tanto, en materia de agricultura y ganadería, para próximas ayudas, habría que intentar subir este límite y llegar, al menos, a 15.000 euros; plantearse la condonación del pago del IBI sin las limitaciones que establece el decreto. Está bien que el decreto plantee una compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para la condonación del IBI. También hubiera sido conveniente una bonificación en las cuotas de la Seguridad Social durante un tiempo -no se plantea en el decreto- y que las tasaciones del seguro e indemnización del daño real en parcela se hicieran en función de las exigencias comerciales, independientemente de la franquicia que se establece. Tampoco se plantean préstamos con interés subvencionado, ni una cuestión muy particular que tiene que ver con facilitar ayudas para los fungicidas usados para evitar daños adicionales en producción y plantación.
Como decía antes, nos parece bien la introducción que se ha hecho para la financiación de las obras por parte de las administraciones locales, pero más allá de todo esto lo importante de las ayudas -que están muy bien, insisto- es que estas puedan tramitarse y lleguen a ser percibidas por los beneficiarios. En este sentido, aprovecho para lamentar que otro decreto anterior, el Real Decreto-ley 12/2015, no haya conseguido aplicar los beneficios previstos. Tengo aquí una respuesta a una pregunta escrita por parte de mi compañero diputado por Málaga, Miguel Ángel Heredia, en la que se dice que las subvenciones no han podido ser tramitadas porque muchas de las convocatorias no están ni hechas. Ha pasado un tiempo desde entonces y es lamentable que ayudas que se supone que se debían aplicar con alguna urgencia no hayan podido ser cobradas de momento. Así es que damos la bienvenida a estas ayudas, pero nos queda pendiente celebrar el cumplimiento de las mismas.
Más allá de estas medidas encaminadas a paliar los daños, creo que siempre hay un espacio previo para la política pública. Un espacio para la anticipación y la prevención que procure una mayor seguridad para las personas y sus bienes. Dicho de otro modo, las desastrosas consecuencias de estos fenómenos podrían haberse amortiguado con una mayor voluntad política, voluntad política que se traduce en política pública pero también en la gestión eficaz de los recursos de las administraciones. Ayer mismo aprobamos una moción instando al Gobierno a mejorar los sistemas de coordinación entre órganos de la Administración General del Estado y el resto de administraciones públicas para asegurar la viabilidad en la red de carreteras, evaluar y corregir las deficiencias en la aplicación de los planes de actuación frente a contingencias invernales, a incrementar dotación de medios, etcétera. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Fue ayer mismo, así que no les canso, pero en definitiva una mayor
eficacia en la gestión de recursos ordinarios, una mayor coordinación entre las administraciones. No se trata muchas veces de una cuestión de recursos, sino de saber trabajar con los existentes, y en el plano de la política pública es evidente que tenemos grandes carencias. Por ejemplo, es urgente que el Gobierno cumpla con sus compromisos en relación con los planes de prevención de inundaciones. En algún punto sí ha habido inundaciones, pero cualquier día puede ser peor; esto es así. Nosotros tenemos pendiente en la Comunidad Valenciana las obras de prevención de inundaciones que afectan al Júcar y al Segura, que han estado paralizadas durante mucho tiempo. También tenemos que intentar mitigar los efectos de obras que están dañando claramente nuestro litoral. No hay protección de nuestro litoral, o mejor dicho, lo que hay es una política de desprotección que además pudimos comprobar en el debate del año 2013 sobre la Ley de Costas, aquella ley que se llamaba de protección cuando lo que hace es desproteger claramente. Por tanto, cuando ocurre alguna cosa de estas -que no es que haya sido exagerado-, cualquier temporal significa que nuestras playas se quedan sin arena y año tras año hay que reponer arena, malgastar el dinero, después viene otro temporal y no queda nada de arena. Esto se debe a que no hay ninguna política de protección, más bien hay una política agresiva frente a nuestro litoral, que, como también aquí se ha dicho, pasa por ir acercando cada vez más la obra hasta el propio límite del mar. Hay obras portuarias que en el caso de Valencia es evidente que se están llevando todas las playas del sur y que ya está afectando a las construcciones, algunas de las cuales no tendrían ni que estar. Por tanto, estamos poniendo en cuestión algo que para nosotros es una joya en nuestra actividad económica: el turismo. Con esta política de echar arena y hacer puertos, de que los ríos no lleguen al mar, al final pasa lo que pasa. No es problema de un temporal, no es problema de ninguna cuestión meteorológica; es una cuestión estructural. Por tanto, el Gobierno debería plantearse seriamente, en lo que se refiere al Plan de prevención de inundaciones respecto de las demarcaciones hidrográficas, una política de mayor protección del litoral que vaya más allá del simple dragado de arena. Es el momento de proteger nuestras playas, especialmente las del Mediterráneo. Por cierto, habrá que hacer frente o tener en cuenta aquel mapa de riesgo de inundaciones, todavía casi inédito. Así que bienvenidas las ayudas para paliar daños, pero sería mejor que se comprometieran con una política ambiciosa que fuera capaz de evitar mayores catástrofes.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Ábalos.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Camps Devesa.
Señor ministro, señorías, procedo a fijar la posición del Partido Popular respecto a la convalidación del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales. Señorías, tanto los temporales de lluvia y marítimos acompañados de fuerte viento del pasado mes de diciembre, que afectaron a las provincias de Málaga, Cádiz, Huelva, Almería y Albacete, así como a la Comunidad Valenciana y a la Región de Murcia, como más recientemente los diferentes episodios de fuertes lluvias, vientos, nevadas y fenómenos costeros, que han afectado a las Comunidades Autónomas Valenciana, Illes Balears, Cataluña y la Región de Murcia, así como a la provincia de Albacete, son los que se contemplan en este real decreto como causantes de los daños que se pretenden paliar. Señorías, estos temporales de lluvia, frío y nieve, especialmente el último de ellos, superaron todas las previsiones razonables y la propia Agencia Estatal de Meteorología los consideró excepcionales desde un punto de vista meteorológico y climatológico. De hecho, según remarcó la propia Aemet -lo digo para las señorías que han dicho que ha habido falta de prevención-, no se tiene constancia de un temporal tan extenso e intenso en los últimos treinta años por lo menos, pudiendo decirse que esta situación de nevada fue histórica y que además se produjo en particular donde habitualmente no se habían producido nevadas, afectando a una gran extensión del país y con un volumen e intensidad verdaderamente elevados. Señorías, no sé si esto es causa del cambio climático al que algunos han hecho referencia, pero yo soy de Benidorm y les puedo asegurar que en mis cincuenta y tres años de vida no había visto nevar nunca en la playa de Benidorm, temporal que además se prolongó durante cuarenta y ocho horas.
Cabe recordar, señorías, que junto a esta excepcionalidad en los fenómenos meteorológicos, se produjeron otros hechos concurrentes nada habituales, como por ejemplo la caída de torres de alta tensión, que explican gran parte de las consecuencias, de lo que luego sucedió y que no me detendré a relatar porque ya ha sido motivo de debate en este Congreso en varias ocasiones y es de sobra conocido. Y es conocido, señor ministro, porque este Gobierno no ha parado de dar explicaciones e información, antes durante y después de los temporales, tanto en sede ministerial como sobre el terreno -lo ha
recordado alguna de sus señorías con una foto que ha expuesto en esta tribuna-, así como en este Congreso de los Diputados. El ministro de Fomento ha sido interpelado y ha comparecido en Comisión y también lo ha hecho quien hoy presenta en nombre del Gobierno este real decreto-ley, el ministro del Interior. Se ha explicado pormenorizadamente, señorías, que los medios preventivos se activaron debidamente, se cumplió con lo establecido en los distintos protocolos de actuación que, como bien saben sus señorías, fueron aprobados por el anterior Gobierno Socialista y actualizados algunos de ellos, pero que, sin lugar a dudas y tras los hechos acaecidos, tal como ya ha anunciado el propio Gobierno, habrá que seguir mejorando. Se actuó ante la emergencia con el mayor rigor técnico posible y con la máxima coordinación de los servicios públicos, a cuyos trabajadores queremos agradecer nuevamente desde el Grupo Parlamentario Popular la labor que realizaron en unas condiciones enormemente duras. Muchas gracias a todo el personal de Protección Civil y Emergencias, de la Guardia Civil, de la Policía, de la Dirección General de Tráfico, de la Dirección General de Carreteras, de la Unidad Militar de Emergencias y también a los efectivos del resto de administraciones, que se esforzaron sin tener en cuenta la hora ni las condiciones meteorológicas para ayudar a todos los afectados.
Señorías, el Gobierno del Partido Popular resolvió tan pronto como fue posible estas incidencias, que afectaron a miles de ciudadanos; no miró hacia otro lado y no evitó asumir responsabilidades, como sí hicieron en otras circunstancias parecidas, aunque menos graves, otros Gobiernos. Pero no basta, señorías, con actuar con diligencia para subsanar con inmediatez los efectos de unas circunstancias como esta, también hay que actuar con celeridad para subvenir la grave perturbación de las condiciones de vida de la población, el pleno restablecimiento de los servicios públicos esenciales y, en definitiva, la recuperación de la normalidad en las zonas afectadas, que es lo que hace el Gobierno de una manera tremendamente ágil con la aprobación de este real decreto-ley que va a tener el apoyo de mi grupo parlamentario para su convalidación, como no podía ser de otra manera.
Me ha extrañado, señorías, la referencia que han hecho algunos de ustedes a que no existe una valoración cuantitativa de los daños que hay que subsanar. Les hubiera bastado con ver la documentación que el Gobierno remitió a esta Cámara y que tuvo entrada el pasado 1 de febrero, que claramente delimita el impacto presupuestario de esos daños: 193.300.000 euros. Y me ha extrañado todavía más que algunas de sus señorías, en concreto enseñando una foto desde esta tribuna, hayan dicho que no hay líneas determinadas para ayuda a poblaciones en función de la rehabilitación de parte de su litoral. Han mencionado, además, un pueblo de la provincia de Castellón, Almenara. Pues bien, señorías, deberían mirarse mejor los papeles. Aquí, dentro de la memoria económica, figura: Castellón, Almenara, recuperación del paseo marítimo de Almenara, 2 millones de euros. Aparece en esta memoria económica, señoría, bastaría con que hubieran mirado los papeles. (Aplausos). Pero no se queda ahí, lo menciono como ejemplo de todos los pueblos de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Almería que aparecen. Señoría, usted es de Castellón; yo soy de Alicante. Le hubiera bastado mirar el informe para ver que no solo Almenara, sino Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Alcalà de Xivert, Torreblanca, Cabanes, Oropesa, Almazora, Burriana, Nules, La Llosa y Moncófar también acompañan al pueblo de Almenara, (Aplausos), así como todos los demás de las provincias de Valencia, de Alicante, de Almería, de la Región de Murcia y de Cataluña que no me da tiempo a recitar en este momento.
Señorías, del discurso que han hecho algunos de ustedes no me acaba de quedar claro si están a favor o en contra de estas ayudas de regeneración del litoral. Del discurso que ha hecho el representante de Esquerra Republicana de Catalunya no sé si quería que se repusiera nuevamente todo lo que el temporal marítimo se ha llevado o que se quede como está. Y del que ha hecho el representante de Podemos, una disertación con su opinión sobre medidas medioambientales, tampoco me ha quedado claro si va o no a apoyar este real decreto-ley de ayudas a personas físicas y jurídicas que han padecido daños en virtud de estos temporales. Quiero dejar clara la posición de mi grupo: nosotros sí, señor ministro, nosotros vamos a apoyar la convalidación de este real decreto-ley porque no podemos entender que alguien pida que no se vayan a aprobar ayudas destinadas a paliar daños personales en viviendas y enseres, en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros, turísticos y de otros servicios, en explotaciones agrícolas y ganaderas, señor Ábalos, o por prestaciones personales o de bienes de personas físicas o jurídicas. ¿O alguien se puede oponer a que se fijen beneficios fiscales con carácter general para todos los que hayan sufrido daños en virtud de estos temporales, así como reducciones del mismo tipo para las entidades agrarias? ¿O alguien se puede oponer a que se establezca y determine el régimen de cooperación y ayudas a las corporaciones locales? ¿O alguien se puede oponer a que se establezca un régimen de exención en el caso de inversiones realizadas para reparar
daños? El Grupo Parlamentario Popular, señor ministro, desde luego que no. Por eso reitero nuevamente nuestro voto favorable a la convalidación de este real decreto-ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Camps. (El señor ministro del Interior, Zoido Álvarez, pide la palabra). Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Señor presidente, muchas gracias.
Solo quería agradecer el tono que se ha empleado por todos y cada uno de los portavoces, con independencia de algunas de las diferencias que se han puesto de manifiesto.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo al debate de totalidad del proyecto de ley de contratos del sector público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Les informo de que los grupos parlamentarios Mixto y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea han solicitado la avocación de este proyecto de ley. Dicha solicitud se someterá a votación, en su caso, a continuación de la correspondiente a la enmienda a la totalidad.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda y Función Pública.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, el Gobierno trae hoy a esta Cámara el proyecto de ley de contratos del sector público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Se trata de un proyecto de ley muy extenso, prolijo y elaborado con el que el Gobierno no solo cumple con la obligación de trasposición al ordenamiento jurídico nacional de las mencionadas directivas comunitarias, sino que trata de dar la respuesta más adecuada para que la norma se acomode a las necesidades y al esquema organizativo del sector público de nuestro Estado de las autonomías.
Como saben sus señorías, la regulación de distintos aspectos de las contrataciones públicas no es algo que se aborde por primera vez por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Ya en la X Legislatura acometimos diversas reformas con las que hemos tratado de mejorar la gestión de las administraciones públicas en general y en materia de contratación en particular. No obstante, la aprobación de las mencionadas directivas comunitarias nos ha dado la oportunidad de introducir nuevas exigencias derivadas de estas directivas, de mejorar algunas de las cuestiones que se han ido aprobando en años anteriores e incluso, en algunos aspectos, de ir más allá de lo que se nos exige por parte de la Unión Europea, todo ello con el objetivo de dotar a las administraciones españolas de una herramienta útil para garantizar que las contrataciones del sector público se ajusten a los estándares más avanzados en materias como la transparencia, la eficiencia, la libre competencia, la simplificación de los procedimientos, el uso de las nuevas tecnologías o la responsabilidad social y medioambiental. No debemos olvidar que cuando hablamos de las contrataciones del sector público nos referimos a un universo económico de una gran magnitud y que como tal tiene repercusión en multitud de factores de la vida y de la actividad económica de las empresas y de los ciudadanos. Eso es ya razón más que suficiente para que los poderes públicos seamos extremadamente cuidadosos en su regulación y supervisión.
La contratación pública española se desarrolla a través de aproximadamente 125.000 contratos anuales, que es una cifra muy importante. Esto significa que cada semana se están materializando una media de 24.000 contratos, que en términos económicos representan algo más del 10 % del producto
interior bruto del país. Un número tan elevado de contratos evidentemente exige una estricta regulación y control para no caer en el riesgo del caos administrativo y exige también que esa regulación esté inspirada en una serie de principios que garanticen la correcta actuación de todos los actores del sector público que están facultados para la formalización de contrataciones. No debemos olvidar que entre este número tan elevado de contratos los hay de muy diferentes tipologías y naturalezas; los hay que suponen a las arcas públicas tan solo unas decenas de euros y los hay que movilizan cientos o incluso miles de millones de euros, contratos que a su vez son adjudicados por un gran número de órganos de contratación de naturaleza jurídica y de dimensiones diversas, desde pequeños ayuntamientos hasta grandes órganos de empresas públicas pertenecientes a la Administración General del Estado o a las comunidades autónomas. Es aquí donde surge el primer reto de la ley, teniendo en cuenta que la norma debe afectar a todas las administraciones públicas sin distinción. Efectivamente, la obligación del Gobierno es establecer un marco de actuación que sea útil y de obligado cumplimiento para todas las administraciones y entidades que dependan de ellas, desde el respeto a su autonomía y tratando de armonizar los distintos puntos de vista a partir de la coordinación de los principales actores implicados. Consciente -como no puede ser de otra manera- de las peculiaridades de la organización territorial del Estado español, que es la esencia de la nación en la que vivimos, este proyecto de ley se adecua a la distribución constitucional de competencias, y así lo ha dejado claro el dictamen emitido al respecto por el Consejo de Estado.
Por otra parte, el proyecto de ley contempla la creación de un comité de cooperación en materia de contratación pública en el que participarán la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Me gustaría destacar que la creación de este comité de cooperación supone que por primera vez exista un cauce institucionalizado de cooperación en materia de contratación pública. Además, se le han asignado funciones muy importantes, como la elaboración de una propuesta de estrategia nacional de supervisión de la contratación pública, que permitirá que las peculiaridades de todos los niveles de la Administración queden reflejadas en esa actuación de supervisión que se desarrollará en el conjunto del Estado. La citada estrategia nacional de supervisión para todo el sector público español deberá ser aprobada formalmente por la Junta consultiva de contratación pública del Estado. La junta, a través de una nueva Oficina de supervisión de la contratación pública, es el órgano al que la ley atribuye la competencia de la supervisión y buenas prácticas en la contratación pública, coordinando dicha actuación con las que realicen en su ámbito el resto de administraciones públicas competentes.
Señorías, como he dicho anteriormente, el proyecto de ley de contratos del sector público nace de la doble necesidad de trasponer al ordenamiento jurídico español el paquete de directivas comunitarias aprobadas hace ya tres años en la Unión Europea en materia de contratación y de hacer que esa armonización con la normativa europea se acomode a nuestras propias inquietudes en materia de contratación y a nuestro Estado de las autonomías. Efectivamente, a finales de febrero del año 2014 se aprobaron las tres directivas comunitarias en materia de contratación. La primera de ellas es la Directiva 2014/23/UE, sobre la adjudicación de contratos de concesión, y las otras dos sustituyen a sendas normas existentes desde el año 2004, la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública y la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. España lleva retraso sobre el plazo establecido para incorporar las tres directivas al ordenamiento jurídico español debido en buena medida a la situación política surgida tras las dos convocatorias de elecciones generales, que paralizaron la actividad legislativa habitual durante prácticamente un año. Este retraso sobre la fecha límite establecida para la trasposición de las directivas de contratación pública ha hecho que la Comisión haya abierto un procedimiento de infracción contra España, pero lo misma sucede -y no es buscar consuelo alguno- con otros veinte Estados miembros, que tampoco han cumplido con el plazo señalado. Debido al procedimiento de infracción abierto y por la necesidad de no demorar la aprobación de las nuevas leyes de contratación, una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno fue la remisión a las Cortes de este proyecto de ley. De hecho, consciente de la complejidad que suponía la tarea, y ya antes de que las nuevas directivas estuvieran definitivamente aprobadas, el Gobierno había comenzado a elaborar y tramitar dos anteproyectos de ley de trasposición que sustituirían al vigente texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y a la vigente Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Cada uno de los nuevos textos incorpora al ordenamiento español la correspondiente directiva comunitaria, mientras que el contenido de la nueva directiva de
adjudicación de contratos de concesión se incorpora de forma mayoritaria al proyecto de ley de contratos del sector público.
La importancia de no demorar la incorporación de determinados aspectos de la nueva directiva al ordenamiento jurídico español fue lo que llevó al Gobierno a modificar el texto refundido de la Ley de Contratos vigente a través de tres leyes puntuales que se encontraban en tramitación parlamentaria en la X Legislatura. De esta manera, se pudo aprobar una nueva regulación de las prohibiciones de contratar, así como la nueva regulación de la acreditación por parte del empresario de su solvencia económica y financiera, incorporando la posibilidad de que el órgano contratante exija como criterio de solvencia para poder acceder a una adjudicación el cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores vigente en nuestro país. De esta manera, el Gobierno pretende combatir la morosidad de grandes empresas con sus subcontratistas. Finalmente, también se aprobó de una forma anticipada la nueva regulación de los contratos reservados a centros especiales de empleo, empresas de inserción o que se ajusten al marco de programas de empleo protegido. Asimismo, mediante acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 16 de diciembre, se adelantó para el sector público estatal, antes de que se apruebe la nueva ley de contratos, la supresión del procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía, respondiendo a una petición reiterada de la Comisión Europea en este sentido.
Por tanto, ¿qué es lo que persiguen tanto estas normas que ya se aprobaron en meses pasados como el proyecto de ley que debatimos en esta Cámara? El Gobierno, en sintonía con lo establecido en las directivas comunitarias, con este proyecto de ley pretende involucrar a todas las administraciones públicas y a sus distintas entidades, y en general al conjunto de la sociedad, principalmente a las empresas, en un proceso de modernización de los procedimientos de contratación; un proceso que busca incrementar al máximo la transparencia, en sintonía con distintas iniciativas que se han estado poniendo en marcha en los últimos cinco años, convencidos como estamos de que cuanto mayor sea esta -la transparencia- más difícil será que se produzcan episodios de fraude y corrupción como los que, por desgracia, han sucedido en España durante demasiado tiempo. Por otro lado, buscamos mejorar la eficiencia de la contratación pública, ya que de esta manera se podrá garantizar que los mejores estándares de calidad en las obras y servicios prestados son compatibles con la fijación de un precio adecuado, de manera que las contrataciones no tengan efectos negativos sobre las cuentas públicas del país. En tercer lugar, el Gobierno pretende simplificar todo lo posible los procedimientos de contratación, de manera que se facilite el acceso a los mismos del mayor número posible de empresas. Estamos convencidos de que una mejora de la competencia entre empresas beneficia a la economía y mejora la calidad de las obras realizadas y de los servicios que se prestan a los ciudadanos. Esto resulta especialmente interesante para las pequeñas y medianas empresas, que en ocasiones se ven impedidas para acudir a determinadas licitaciones porque carecen de medios o de información suficiente. Finalmente, el objetivo del Gobierno es cumplir adecuadamente con lo que señalan las nuevas directivas comunitarias de contratación pública al tiempo que se corrigen determinadas disfunciones detectadas con la aplicación de la normativa actual.
Para alcanzar estos objetivos, que estoy seguro que comparte la totalidad de los grupos de esta Cámara, el proyecto de ley de contratos del sector público introduce importantes novedades sobre la legislación vigente. En primer lugar, hace que los procedimientos de contratación sean más sencillos y ágiles, ofreciendo mayores facilidades para que las empresas licitadoras puedan acceder a la contratación pública y reduciendo las cargas administrativas que soportan. Para que esto sea posible, una de las medidas concretas que incluye el proyecto de ley en tramitación es la generalización del uso de la declaración responsable como una forma más sencilla de que la empresa acredite que cumple con los requisitos previos para poder acceder a una determinada licitación pública. Hasta ahora, en buena parte de las licitaciones se pide la presentación de una gran cantidad de documentación, en ocasiones bastante compleja, para acreditar que las empresas interesadas cumplen los requisitos o condiciones para acceder a la adjudicación. Esto desincentiva con frecuencia a empresas de menor tamaño, que tienen menos recursos para atender a estas exigencias previas a la adjudicación. Con el objetivo de que esto no fuera un obstáculo que limitara la competencia en las adjudicaciones, el Gobierno ya aprobó en el año 2013 una reforma de la Ley de apoyo a los emprendedores, que estableció la declaración responsable como medio para que las empresas pudieran acceder a una licitación pública sin necesidad de presentar en un momento inicial toda la documentación requerida. Aquella modificación legal ha estado funcionando para los contratos de obra con un valor estimado inferior a un millón de euros y para los contratos de servicios y suministros inferiores a 90.000 euros. A partir de la entrada en vigor de la nueva ley de contratos del sector público, se generaliza la declaración responsable a todos los procedimientos con independencia del importe y del tipo
de contrato. De esta manera la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos solo deberá presentarse cuando la empresa consiga la adjudicación o en el caso de que así lo reclame el órgano de contratación si este observara alguna irregularidad o indicio de fraude que le aconsejara requerir la citada documentación en cualquier momento del procedimiento. Para conseguir una mayor reducción de las cargas administrativas y para que exista una mayor claridad y garantía de procedimiento, la nueva ley establece un modelo único de declaración responsable para casi todos los procedimientos de contratación, el llamado documento europeo único de contratación, que facilita la contratación superando barreras lingüísticas y fronterizas y que podrá reutilizarse en varias licitaciones. Además, cuando haya que presentar la documentación acreditativa, la ley establece por primera vez que las administraciones públicas no podrán pedir en ningún caso aquellos documentos que ya obren en su poder o en poder de otros Estados miembros de la Unión Europea porque figuren en alguna base de datos nacional.
Otra de las vías que va a permitir mejorar en la transparencia de las licitaciones al tiempo que reduce las cargas administrativas haciendo que las contrataciones sean más sencillas, menos costosas y más abiertas a una mayor competencia, en especial por parte de las pequeñas y medianas empresas, es el fomento de la contratación electrónica. El proyecto de ley que nos ocupa establece la obligatoriedad de utilizar medios electrónicos en la práctica totalidad de los procedimientos de contratación y en todas las fases de los mismos desde el momento en que entre en vigor la norma. Quiero recordar aquí que nuestro país lleva muchos años en la vanguardia de la Administración electrónica y que su uso se extiende de una forma generalizada por parte de ciudadanos y empresas facilitando las relacionadas de la sociedad con la Administración pública. No podemos olvidar que la sencillez que proporciona la Administración electrónica supone un incentivo para la inversión empresarial. Además, en el caso de España las empresas están aprovechando las innovaciones tecnológicas que han servido para la rápida implantación de la factura electrónica en nuestro país. Se trata de un modelo, este de la factura electrónica, que, por cierto, es objeto de atención por parte de otros países de Europa para modernizar sus propios métodos de gestión. A partir de esta dilatada experiencia, el proyecto de ley desarrolla a lo largo de su articulado el empleo de los medios electrónicos en todas las fases de los procedimientos de contratación, garantizando los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y agilidad. A modo de ejemplo, la ley establece que deberán hacerse por medios electrónicos tanto la publicidad de la convocatoria de los contratos como de las adjudicaciones realizadas; el acceso libre y directo a los pliegos de condiciones y a otros documentos propios de los procesos de contratación; las comunicaciones entre la Administración y las empresas, etcétera.
Me gustaría señalar que actualmente la plataforma de contratación del sector público ofrece ya la posibilidad de realizar procedimientos de contratación por medios íntegramente electrónicos desde el año 2016 de manera gratuita. Esto nos va a permitir que los procedimientos de licitación se materialicen por medios exclusivamente electrónicos desde el mismo momento en que se apruebe la ley. De esta manera, España se adelantará a las previsiones de la Unión Europea, toda vez que la Directiva 2014/24/UE establece como fecha límite para hacerlo el mes de octubre de 2018. También conviene destacar la introducción de un nuevo procedimiento de contratación: el procedimiento abierto simplificado; una alternativa al desaparecido procedimiento negociado sin publicidad por cuantía, que era muy utilizado por su agilidad, pero que tenía el riesgo de prestarse a un uso abusivo y en ocasiones irregular debido a la ausencia de publicidad del mismo. Frente a este, el nuevo procedimiento abierto simplificado será igual de ágil, pues podrá adjudicarse en menos de un mes, pero además tendrá todas las garantías de publicidad, pues su convocatoria se publicará en Internet, pudiendo presentarse a él todos los empresarios que lo deseen.
Otra de las novedades que presenta este proyecto de ley de contratos del sector público es que incluye varias medidas que favorecen la transparencia en la contratación, lo que sirve al objeto de luchar contra el fraude y la corrupción. Entre estas medidas, además de las ya mencionadas de fomento de la contratación electrónica y el uso de Internet para dar a conocer las convocatorias y las adjudicaciones, está la inclusión en el ámbito de la aplicación de la ley de aquellos agentes sociales que están financiados a través de presupuestos públicos. Esta medida sintoniza con el contenido de la ley de transparencia aprobada en la X Legislatura, que exige determinadas obligaciones a entidades que se financian mayoritariamente con fondos públicos. En este caso, todas ellas estarán obligadas, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, a adjudicar sus contratos siguiendo un procedimiento público con todas las garantías de transparencia. Por otra parte, el proyecto de ley que debatimos hoy amplía de una manera sustancial la información pública que todos los órganos de contratación deberán publicar en el perfil del contratante, de manera que se pueda acceder a través de Internet no solo a una amplia información de la
convocatoria de la licitación, sino también a otras informaciones que resulten relevantes en el procedimiento de contratación como el número de licitadores, así como todos los contratos que hagan, hayan hecho o pretendan hacer en el futuro, incluyendo una información completa de los mismos así como la interposición de recursos o las modificaciones de contrato. (Rumores).
Todo esto permitirá tener un control exhaustivo de los procedimientos, tanto por parte de los ciudadanos en general como de las empresas interesadas o de los órganos encargados del seguimiento y control de las contrataciones. Asimismo, es de destacar que por primera vez en la regulación de la contratación pública española se introduce un precepto específico de lucha contra la corrupción, traspuesto de la directiva europea. Este artículo obliga a los órganos de contratación a adoptar las medidas adecuadas para la lucha contra el fraude, la corrupción y el favoritismo, así como a prevenir, detectar y solucionar los conflictos de intereses que puedan surgir en cualquier contrato público. La norma también incluye nuevos supuestos en los que queda prohibido contratar con la Administración, así como la limitación de los casos en los que se puede utilizar el denominado procedimiento negociado, con el fin de evitar que se pueda contratar a determinados contratistas de manera fraudulenta.
Me gustaría destacar que se endurecen las condiciones de las llamadas encomiendas de gestión, que pasan a llamarse encargos, y que permiten que una Administración pueda encargar directamente a una entidad o empresa pública la realización de una actividad. Al introducir nuevas exigencias para la realización de estos encargos, se trata de evitar que los órganos de contratación vulneren el principio de libre competencia y de igualdad de trato, perjudicando al resto de las empresas que pudieran estar interesadas en la realización de estas actividades.
Otra de las novedades destacadas de este proyecto de ley es que impulsa el acceso de las pymes a las contrataciones a través de varios artículos. Ya he hecho referencia a cuestiones que favorecen la presencia en los procesos de contratación de estas empresas, como puede ser la generalización en el uso de la contratación electrónica y, por extensión, la utilización de Internet en todo el proceso; la creación del nuevo procedimiento abierto simplificado o la ampliación a prácticamente todos los casos de contratación de la declaración responsable. Me gustaría destacar asimismo que la ley incentivará a partir de su entrada en vigor que los contratos se dividan en lotes siempre que sea posible, de manera que las administraciones públicas y otros órganos afectados por la ley deberán justificar el motivo por el que no lo hacen en determinadas adjudicaciones, cuando anteriormente debían explicar por qué lo hacían. Esta división en lotes facilitará el acceso a las adjudicaciones a empresas que, por su menor tamaño, tienen mayores dificultades para competir por determinados contratos de mayor cuantía o volumen. Asimismo, se incorporan a la ley algunas medidas de apoyo a las pymes ya avanzadas en la Ley de emprendedores, por ejemplo, la posibilidad de que las administraciones públicas exijan en los pliegos, como condiciones de solvencia económica y financiera, que las empresas que optan a la adjudicación paguen a sus contratistas y proveedores en un plazo inferior al límite que se establezca por orden ministerial. Adicionalmente, la nueva ley de contratos introduce como novedad que los subcontratistas no podrán renunciar a su derecho a cobrar intereses de demora, creándose así una garantía específica para que estos perciban las cantidades adecuadas en los plazos establecidos. (Continúan los rumores).
Otra de las novedades que introduce esta nueva ley es que pone la contratación pública al servicio de la innovación. El objetivo es que la contratación pueda utilizarse como herramienta para incentivar la actividad innovadora de las empresas y, por tanto, el crecimiento económico. De esta manera, las soluciones innovadoras que se desarrollen para dar respuesta a las necesidades del sector público se incorporarán a las obras, suministros y servicios para, de esta forma, beneficiar al conjunto de los ciudadanos. El nuevo procedimiento de asociación para la innovación está llamado a canalizar este proceso.
Finalmente, otra de las grandes novedades que ofrece esta ley es la introducción de las consideraciones sociales y medioambientales como nuevos criterios en la adjudicación de los contratos. Estos criterios podrán ser exigidos por las entidades del sector público tanto durante la licitación de las obras o servicios como a lo largo de la ejecución del contrato, como en este último caso favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo o la conciliación del trabajo y la vida familiar. Por otra parte, se impone por primera vez a los órganos de contratación que tomen las medidas adecuadas para garantizar que los contratistas cumplen con las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral que estén incluidas en nuestro ordenamiento jurídico o en los convenios colectivos afectados.
Por último, como he manifestado anteriormente, tiene una consideración especial el tratamiento a las personas con discapacidad mediante la reserva de contratos a centros especiales de empleo que, como sus señorías conocen, tienen que tener al menos un 70 % de personal con discapacidad, o en el establecimiento de una prohibición a la hora de contratar en aquellas empresas que no cumplan con el requisito legal de que al menos el 2 % de sus empleados sean trabajadores con discapacidad. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Señorías, termino mi intervención de esta mañana destacando que el proyecto de ley endurece las modificaciones de los contratos de una manera más exigente de lo que establece la Directiva 2014/24/UE. Esta directiva es a su vez consecuencia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y considera que no son admisibles modificaciones de contratos cuyo contenido, en el caso de haber formado parte del procedimiento de adjudicación, podría haber hecho que el adjudicatario fuera distinto del que resultó ganador de la licitación. Así, en el proyecto de ley del Gobierno se señala que el Consejo de Estado deberá elaborar un dictamen sobre las modificaciones superiores al 20 % del valor total en los contratos, tanto de las administraciones públicas como del resto de las entidades afectadas por la ley cuando estén sujetos a regulación armonizada. Además, la ley de contratos del sector público obligará a publicar la citada modificación en el perfil del contratante. Esta obligación, unida a la también novedosa posibilidad de que se puedan presentar recursos especiales contra las modificaciones ilegales, hace que cualquier tipo de modificación del contrato esté muy restringida, lo que evitará que pueda ser utilizada para favorecer arbitrariamente a determinadas empresas.
Señora presidenta, señorías, el Gobierno somete a la consideración de la Cámara este proyecto de ley de contratos del sector público, con el objetivo de ofrecer a las administraciones y empresas un nuevo marco legal en el que desarrollar sus relaciones contractuales de manera que estas sean más transparentes, dinámicas y eficientes. Estamos convencidos de que el proyecto de ley que hoy debatimos aquí va a modernizar los procedimientos de contratación, al tiempo que los hará más abiertos a la competencia, y en ese sentido serán también más justos para las empresas, más beneficiosos para los ciudadanos, que son los destinatarios de las obras y servicios que se contratan, y menos costosos para las administraciones públicas, lo que también supondrá un ahorro significativo en sus presupuestos. (Rumores).
Creo sinceramente que es una buena ley, que se ajusta perfectamente a las demandas de la Unión Europea y, sobre todo, que responde a las necesidades objetivas del sector público español; además da una respuesta adecuada a las exigencias de calidad y eficiencia por parte del sector público que merece la sociedad española. En cualquier caso, como todo proyecto de ley, sin duda es mejorable, y el Gobierno está abierto a las propuestas de esta Cámara para que entre todos podamos incorporar a nuestro ordenamiento la mejor ley de las posibles hoy.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías. (Aplausos).
A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Buenos días. Gracias, señora presidenta.
El debate que traemos hoy a esta Cámara con la enmienda a la totalidad no es un debate técnico sobre cómo regular la contratación pública, es un debate profundamente político sobre los derechos de la ciudadanía. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea garantiza en su artículo 41 el derecho a una buena administración, el derecho a que los asuntos públicos, los asuntos de la ciudadanía, sean gestionados de manera eficaz, con imparcialidad y por una Administración eficaz.
La contratación debe estar basada en la ética pública y debe ser un instrumento para promover la responsabilidad empresarial, social y ambiental. Las directivas europeas plantean una nueva manera de entender la contratación pública sobre la base de esos objetivos, la llamada contratación estratégica. El proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, que traspone al ordenamiento jurídico español las directivas europeas de contratación y concesiones, es fundamental y de una gran importancia, que no puede despacharse con un trámite de urgencia y en el debate en Comisión. Solo un dato: Supone el 10 % y algunas fuentes incluso hablan del 15 % del PIB español, como decía el ministro. Esta ley se tramita de urgencia por el retraso en la trasposición de las directivas. Nosotros también tenemos prisa, pero hay que hacerlo bien y no somos el único caso, pues hay muchos otros países que aún tampoco han traspuesto la directiva. Y que nadie se equivoque, nosotros somos favorables a estas directivas europeas y a su
necesaria trasposición porque contienen elementos garantistas importantes, lo que ocurre es que entendemos que no se traspone adecuadamente. (Continúan los rumores).
¿Por qué una enmienda a la totalidad? Por lo que les decía, porque creemos que el Gobierno no ha traspuesto bien esas directivas y, que a pesar de lo que se dice en la exposición de motivos en el preámbulo de la ley y lo que ha dicho ahora el ministro, en el articulado no se incorporan de forma correcta, sistemática y coherente los principales objetivos de las directivas. Y es un problema difícil de resolver solo con enmiendas parciales porque pensamos que es un problema estructural de la ley. Es más, en el paso de anteproyecto a proyecto, la ley sometida a información pública e informado por el Consejo de Estado el texto ha empeorado y ha vuelto atrás en cuestiones importantes como cambios regresivos importantes y como la posibilidad de que los órganos contratantes puedan establecer sus propias normas de contratación, abandonando el objetivo inicial de un régimen jurídico común para todo el sector público, o el tema del recurso especial al que luego me referiré. Nadie en ese periodo de información pública se lo pidió y la pregunta sería: ¿Quién ha influido para que estos cambios tan importantes se hayan producido? Por tanto, nosotros pensamos que el proyecto de ley supone un paso atrás en la lucha contra la corrupción y las irregularidades -no lo decimos nosotros, lo dice Transparencia Internacional-, no supone un avance real hacia una contratación pública que fomente la responsabilidad social ambiental y laboral -no lo decimos nosotros, lo dicen las organizaciones sociales- y no moderniza la contratación pública, es demasiado continuista con la normativa vigente y es centralista y recentralizadora.
La primera cuestión. Estamos hartos de ver casos de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones o de adjudicaciones a cambio de dinero para pagar campañas electorales. Estamos hartos. Caso Gürtel, caso Bárcenas, caso Nóos, caso Púnica, caso Imelsa, caso Taula y, cómo no, en Catalunya los casos Mercuri y el caso del 3 %. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Tres cosas: cobro de comisiones, el fraude de la contratación pública y la financiación irregular del PP, no en todos, en algunos también de Convergència. Evidentemente, esto no significa que toda la contratación pública se haga mal en España, faltaría más, pero es que lo ha dicho la propia Comisión. Ha dicho la Comisión que en España tenemos un problema de irregularidades en la contratación pública. La cuestión es: ¿Este proyecto de ley está a la altura de los problemas que tiene la contratación pública en España? No, y no por las siguientes razones porque, como les decía, se mantiene que cada organismo pueda establecer sus propias instrucciones de contratación en lugar de un régimen jurídico común. En la práctica esto supone miles de instrucciones concretas, de empresas o fundaciones públicas para dictar condiciones de adjudicación muy a la medida, setenta, y parece mentira que eso se lo digamos nosotros, contra la unidad de mercado y también creemos que contra la seguridad jurídica. ¿Qué quieren, que vuelvan a producirse casos como el de Acuamed, por ejemplo? Una puerta abierta al fraude y a la corrupción y también una barrera para las pequeñas empresas.
En España hemos tenido históricamente el récord de modificados, presupuestos a la baja para ganar el concurso que luego se van incrementando en la ejecución, y ahí es donde está buena parte de la corrupción. En el proyecto de ley se introduce la posibilidad de modificación libre de los contratos no armonizados y, aunque se mantengan controles cuando se supera el 20 %, creemos que eso es un paso atrás muy grave y que es otra puerta abierta al fraude, a la corrupción y otra barrera a las pequeñas empresas. Se mantiene el doble recurso, el recurso especial a los tribunales administrativos especiales, a los que se someten los contratos con regulación armonizada a partir de determinados importes; unos tribunales que han demostrado su eficacia y su rapidez, y se mantiene la otra vía, la de los tribunales -el contencioso-administrativo-, con lentos y largos procesos de entre seis y ocho años. Es imprescindible que un licitador pueda recurrir a los tribunales especiales en el caso de detectar irregularidades, y que los recursos se puedan resolver con rapidez. Otra puerta abierta al fraude y a la corrupción. (Rumores).
Transparencia. Han eliminado el procedimiento de contratación negociada sin publicidad, y eso es positivo. En cambio, en contratos menores no se avanza en la transparencia; se mantiene por debajo de determinadas cantidades la posibilidad de contratar directamente y sin publicidad. En España tenemos un grave problema, porque la mitad de los contratos públicos, según la Comisión Europea, tienen un único licitador. Donde debería haber flexibilidad, mantienen los largos trámites y carreras de obstáculos para el propio funcionamiento de las empresas, y donde debería haber mayor control, ustedes imponen flexibilidad. Tampoco es una ley que favorezca la responsabilidad social y corporativa. No creemos que ese sea el camino.
La contratación pública puede potenciar los derechos laborales y sociales o puede contribuir a la precariedad laboral. Se debe favorecer a las empresas de economía social y solidaria y el cooperativismo con lotes específicos, por ejemplo. Pero este proyecto de ley no reconoce los criterios sociales y
ambientales como criterios de adjudicación, solo en caso de desempate. No es lo mismo poner como criterios del contrato de suministro energético que no haya cortes a la gente que sufre pobreza energética, como ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, o prescindir de este tipo de criterios sociales. ¿Hay que proteger a la pequeña y mediana empresa? Sí, las pequeñas empresas subcontratadas por las grandes empresas han de poder recibir los pagos directamente de los órganos contratantes, por ejemplo. Es imprescindible que se incorpore a la prohibición de contratar a las empresas que operen en paraísos fiscales. -Quien defrauda al país no puede competir con empresas que cumplen con sus obligaciones-. Es centralista y recentralizadora y, como siempre, aprovechan cualquier ley para centralizar. Se califican como básicos trámites reglamentarios de detalle vulnerando, a nuestro entender, la propia doctrina del Tribunal Constitucional. (Continúan los rumores).
En este proyecto, que viene de cuando ustedes tenían mayoría absoluta, y se nota, lo que proponemos nosotros es rehacer ese proyecto de ley con el diálogo de todos los grupos parlamentarios, no solo en Comisión, porque hay que evitar que esta sea una ley parche, que sea una ley Frankenstein. Es imprescindible otro proyecto de ley para generar una cultura de la contratación pública, basada en la ética, la responsabilidad social y ambiental.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Honorato Chulián.
La señora HONORATO CHULÍAN: En primer lugar, nos congratulamos por tener aquí el debate sobre el proyecto de ley de contratos que creo que se debía esta Cámara, por ponerse como se ha puesto, encima de la mesa, tanto por el ministro como por mis compañeros precedentes, una ley crucial dentro de su Estado. Hoy comparecemos aquí solicitando la devolución de este proyecto por responsabilidad y por coherencia con una normativa europea moderna a la que tendríamos que tender. la ley de contratos del sector público, como he dicho antes, no es una ley cualquiera, y no se puede analizar este texto del proyecto de ley sin tener en cuenta que en España existe una situación crítica, una situación de corrupción generalizada, que ha anidado, de alguna manera, en la contratación administrativa.
La vigente Ley de contratos públicos no ha sido eficaz y no ha sido capaz de evitar estos supuestos de corrupción y, por lo tanto, es necesario hacer algo absolutamente diferente para ser eficaz en esta lucha contra la corrupción. Pero el texto que tenemos encima de la mesa nos parece una cierta continuación del texto anterior. Es un texto farragoso que, como digo, no permitirá hacer frente a esta corrupción y no apuesta por una contratación moderna, transparente y europea.
En lo que se refiere a la técnica legislativa, en primer lugar, el propio Consejo de Estado hablaba en su informe de que estamos ante un texto farragoso, un texto que participa de lo que se ha dado en llamar la desvaloración de las leyes, de oscura terminología, de carácter excesivamente prolijo y que, en ocasiones, incluye declaraciones e incisos que realmente no generan norma jurídica. Lo dice el Consejo de Estado, y es que el Gobierno ha optado por mantener en este proyecto una estructura de Ley de Contratación del Sector Público que viene de 2007, una estructura extensa de hasta 340 artículos, con 40 disposiciones adicionales y múltiples referencias internas que hacen que su texto sea complejo de descifrar. Creemos que la corrupción sobrevive mucho más en textos oscuros, complejos y farragosos, con falta de recursos legales eficientes y con procedimientos interminables.
En segundo lugar, y en cuanto al concepto mismo de trasposición, las directivas son normativas que requieren la trasposición de los objetivos en el ordenamiento, pero esa trasposición implica una operatividad concreta y práctica en el ordenamiento del Estado miembro al que se aplica. Lo que ocurre en este proyecto es que se copia la directiva y se aloja en diferentes partes del proyecto de Ley de contratos, pero no se establece una mecánica operativa ni su concreción práctica de cómo se realiza en nuestro ordenamiento y en nuestro procedimiento concreto. En tercer lugar, nos parece que carece de modernidad, de visión europea. Las directivas comprometen, como bien ha dicho el ministro, a todos los Estados miembros a alcanzar antes de octubre de 2018 el escenario de contratación pública, y es verdad que hay determinadas disposiciones relacionadas con la contratación electrónica, pero están residenciadas al final en tres disposiciones, de forma descoordinada y no se integran en el propio procedimiento de contratación. (Rumores). Y citaré tres casos: por ejemplo, respecto a los actos públicos de apertura de las ofertas, no se dice cómo se hace ese tránsito a la contratación electrónica; o por ejemplo, las reuniones de la mesa de contratación; o por ejemplo, los términos y los plazos se calculan siempre sobre la base del papel escrito. Creemos que un sistema de contratación íntegramente electrónica, eficiente y con plazos de presentación de ofertas breves y mecánicas de presentación sencillas permitirían de forma natural
extinguir la contratación directa y mutar hacia otro tipo de procedimientos de licitación mucho más transparentes, con muchas más posibilidades de concurrencia de proveedores locales. En cuarto lugar, faltan criterios relacionados con la igualdad. Creemos que este texto debería haber abogado por elementos que ayuden a eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres. Ya el propio Consejo de Estado hablaba de la exigua y deficiente memoria de género que acompañaba al anteproyecto de ley, además -y cito textualmente-, el propio informe del Consejo de Estado nos dice que, salvo lo referido en los artículos 145 y 200, nada dice el texto sobre el fomento de la contratación de empresas de mujeres, cuando más de la mitad de las empresas creadas desde el inicio de la crisis económica lo han sido por ellas. En este mismo sentido, también nos sorprende que el texto que nos llega sea un texto con un lenguaje sexista y sin respeto a la igualdad de género. (Continúan los rumores).
En quinto y último lugar, echamos en falta también la creación de un comisionado que dependiera de las Cortes Generales y no de la Junta Central de Contratación, en esa capacidad de supervisión y de control del conflicto de intereses y de prevención de la corrupción. Nos parece imprescindible que esto se realice no desde un órgano enmarcado dentro de la estructura del propio Ministerio de Hacienda, sino que se residencie en un órgano independiente y que rinda cuentas a esta Cámara, no al Ejecutivo. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señoría, un segundo para mandar guardar silencio, porque no se escucha. Me cuesta trabajo escuchar a la oradora, fíjense el murmullo que hay en la Cámara.
Adelante, señora Honorato.
La señora HONORATO CHULÍAN: Muchas gracias, presidenta.
Para terminar, no se trata de enmendar o suprimir algunos artículos de este proyecto; se trata de elaborar una nueva ley en colaboración con todos los sectores, un proceso participativo como el que se hizo para aprobar la ley en el año 1995. Entendemos que si no se retira este texto y se elabora un texto alternativo, tocaría presentar enmiendas a este proyecto de ley -evidentemente vamos a presentarlas-, pero nos preocupa que lo que obtengamos como resultado sea una suerte de texto Frankenstein de la contratación administrativa, que no sirva a los objetivos de las directivas europeas y que tampoco permita abordar los problemas que en este momento tenemos dentro del país en cuanto a la contratación administrativa. Por lo tanto, pedimos a esta Cámara que valore la necesidad de evitar esta ley Frankenstein, que sería mucho más compleja de entender que el proyecto ya existente, y que entre todos hagamos de la contratación administrativa una casa de la que podamos desalojar para siempre la corrupción.
La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Señor ministro, señoras y señores diputados, nuestra formación política no va a apoyar esta enmienda a la totalidad y vamos a intentar razonarlo. La verdad es que han coincidido tanto el Gobierno como los enmendantes en que seguramente esta es una de las leyes más importantes que se van a tramitar. Yo ya les digo que es seguro la de mayor envergadura de las que se tramitarán en esta legislatura, porque afecta a todos los ciudadanos, porque afecta a un gran número de empresas y porque afecta al conjunto de la Administración pública del Estado español. Además, se ha constatado que llevamos un retraso considerable -desde nuestra perspectiva, imputable únicamente al Gobierno- en la trasposición de un conjunto de directivas. Y, como se está viendo estos días, no solo afecta a estas directivas, tenemos otras pendientes, tenemos sentencias de los tribunales europeos que también se deben regularizar y llevamos un notable retraso en cuanto a la adaptación a la normativa comunitaria. Por tanto, de entrada, no se nos ocurre ningún motivo para continuar manteniendo este retraso. Eso, como verán no indica que nosotros estemos de acuerdo con el texto propuesto por el Gobierno pero, en todo caso -y ya se lo avanzo-, vamos a enmendarlo en distintos aspectos.
Quiero hacer una reflexión al grupo proponente de la enmienda a la totalidad. Deben tener ustedes mucha confianza en que el Gobierno para creer que, en caso de que trajera otro proyecto, su contenido fuera muy diferente. Yo creo que la cosa estaría muy cercana y, por tanto, cuanto antes nos pongamos a trabajar y a enmendar el texto que ha propuesto el Gobierno, más operativo será para todos. Es verdad que genera algunas dudas, algunas que podemos compartir en su enmienda a la totalidad y otras cuestiones que sinceramente no compartimos.
Nos preocupa un tema -ya se lo avanzo- competencial. En otras ocasiones, y creo que esta va a ser una más, se utiliza la trasposición de directivas comunitarias para cercenar las competencias de las comunidades autónomas. Hay jurisprudencia por parte del Tribunal Constitucional amplia que establece que la trasposición de directivas comunitarias no tiene que significar el cambio o la redistribución de competencias a nivel interno. Este, tal como lo han planteado, es el caso que tenemos ahora encima de la mesa. Ustedes, más allá de redactar un texto que yo diría que es ley, reglamento y algo más, todo concentrado, creo que otra vez cometen un abuso excesivo de la legislación básica. Y con un abuso excesivo de la legislación básica, más un texto muy reglamentista, van a dejar sin capacidad de desarrollar las competencias autonómicas y vamos a caer en el mismo error en el que se cayó con la anterior Ley de contratos públicos, que prácticamente no dejan margen a las comunidades autónomas; de hecho, muchas de ellas ya no legislan porque no les queda capacidad de legislar. Eso, señor ministro, vamos a intentar arreglarlo en este trámite parlamentario. Sinceramente, creo que cometen un abuso de la legislación básica; que dejan sin espacio, en el caso de Cataluña, el desarrollo del mismo Estatut de Catalunya que en este ámbito -le recuerdo- no fue impugnado ante el Tribunal Constitucional y, por tanto, está plenamente vigente. Entendemos que sí que se puede considerar que hay un cierto intento de recentralización en este ámbito, pero -se lo digo a los proponentes- pierdan cualquier esperanza, esto no va a ser modificado por el Gobierno. Los que estamos en esta Cámara tenemos la responsabilidad de modificarlo y, a diferencia de la legislatura anterior, la aritmética parlamentaria da para que lo podamos hacer. Por tanto, cuanto antes nos pongamos a trabajar, muchísimo mejor.
Otro argumento por el cual no vamos a votar esta enmienda a la totalidad. Creo que eran los dos mismos diputados los que el martes, en una proposición legislativa de su grupo, proponían la derogación de la LRSAL y nuestro grupo les dijo: No estamos de acuerdo con muchos de los aspectos que ustedes plantean pero entendemos que lo importante es iniciar el trámite parlamentario, y les votamos a favor. Ahora voy a invertir el argumento. No estamos de acuerdo al cien por cien con la propuesta del Gobierno pero entendemos que tenemos que iniciar el trámite parlamentario, que tenemos que presentar estas enmiendas y, entre todos, ponernos de acuerdo. Yo me quejaba desde esta tribuna de que las ocho -ahora creo que son nueve- únicas iniciativas legislativas que se han aprobado desde que tenemos nuevo Gobierno lo han sido por real decreto-ley convalidado y sin la posibilidad de tramitarse como proyecto de ley. Esta vez tenemos la posibilidad, utilicémosla. No es que yo tenga muchas esperanzas, no les voy a engañar, pero sí que hay algunos aspectos que son francamente mejorables. Ustedes dicen que no mejora suficientemente la transparencia, que no es suficiente para luchar contra la corrupción, y podríamos estar incluso de acuerdo, pero les aseguro que mejora en relación con la situación actual. No perpetuemos más una legislación que se ha considerado que no ha sido útil.
El Gobierno ha dicho, señor ministro, que ustedes ya han ido actuando y que, por ejemplo, modificaron que algunos trámites como los contratos negociados sin publicidad fueran eliminados en el mes de diciembre. Es verdad, aunque algunas comunidades autónomas como Cataluña o algunos ayuntamientos ya lo hicimos muchos meses antes. No generemos más retraso. Pero también les pido, y la verdad es que hasta ahora han estado receptivos, que una vez iniciado el trámite parlamentario no corramos. Esta es una ley muy importante, vamos a tener que negociar muchísimo, seguro que las enmiendas se van a tener que transaccionar. Por tanto, tomémonos el tiempo necesario para hacer una buena ley.
Nosotros tenemos enmiendas en el ámbito competencial, tenemos enmiendas en los criterios de adjudicación y muchísimos en procedimientos, y les apunto uno que yo creo que nos tendríamos que poner también como reto: Criterios de adjudicación, el precio. De acuerdo, pero el precio según el coste que tenga para la propia Administración. No debemos poner IVA excluido sino precio con IVA incluido, porque quizá para la Administración General del Estado es lo mismo pero para las comunidades autónomas no lo es, para los ayuntamientos tampoco y para determinadas entidades exentas de IVA tampoco es lo mismo porque no acaban compitiendo en igualdad de condiciones. Este es uno de los muchos ejemplos que seguro que vamos a ser capaces de consensuar si se inicia este procedimiento legislativo. Por tanto, vamos a posicionarnos hoy en contra de esta enmienda a la totalidad y ya les manifiesto nuestra predisposición no solo a enmendar parcialmente sino también a ser capaces de acordar y negociar muchas de estas enmiendas.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Egun on. Buenos días.
Nuevamente nos encontramos ante un proyecto de ley que tiene su razón de ser en la aprobación de una nueva generación de directivas europeas en esta materia -concretamente, la 23, 24 y 25- que obligaban a su trasposición a nuestro ordenamiento jurídico de forma inminente. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). El límite se fijó para abril de 2016 y, como no se han traspuesto y Bruselas urge a hacerlo, llega a esta Cámara tras haber sido clasificada su tramitación como competencia legislativa plena y urgente. Nos ha llamado la atención esta tramitación urgente, lo que provoca que el plazo de enmiendas sea más breve a pesar de las prórrogas existentes por tratarse de una ley transversal que afecta a numerosos sectores, entidades y empresas. Es, en definitiva, una ley de gran calado social y político si además tenemos en cuenta que la contratación pública representa aproximadamente el 10 % del PIB, como bien ha dicho el señor ministro.
Estas directivas persiguen incrementar la eficiencia del gasto público para lo cual es necesario e imprescindible aumentar la eficiencia en los procedimientos de contratación. Esto pasa por su racionalización y simplificación y por permitir que los compradores utilicen mejor la contratación pública en apoyo a objetivos sociales como, por ejemplo, la protección del medio ambiente, un uso más eficiente de los recursos, la promoción de la innovación o la inclusión social, y también por asegurar las condiciones para prestar unos servicios públicos de alta calidad. Los principios de estas directivas se extienden a todas las fases de la contratación, optan por prescindir del establecimiento de reglas excesivamente rígidas y deben servir de modelo general para toda la contratación pública. No olvidemos que la inversión pública es un elemento indispensable para el desarrollo económico y social de un país, para generar niveles de crecimiento económico y también para diseñar y poner en práctica políticas públicas. Entendemos -o queremos entender- que la obligación de trasposición debe ser considerada como una oportunidad nueva para regular correctamente una materia de tanta importancia económica y social; trasposición que, además de simplificar y favorecer una transparencia efectiva, debe preservar la idea de uniformidad jurídica. Es también el momento para actualizar los conceptos y pilares sobre los que se diseñó el modelo del contrato administrativo, donde la idea de las prerrogativas administrativas ceda a favor de un modelo de igualdad, eficiencia e integridad.
También es verdad que en el último texto publicado en el BOE se dio marcha atrás en diferentes cuestiones con respecto al anterior y esto ha podido generar recelos o duda. Para muestra basta un botón, ya que hoy se nos ha planteado una enmienda a la totalidad con la que compartimos algunas dudas y argumentos que pasaré a comentar; pero ello no quiere decir que vayamos a apoyar dicha enmienda a la totalidad, porque entendemos que no podemos perder más tiempo retrasando una ley tan importante para la actividad económica y la competitividad que, como he dicho anteriormente, afecta a todo tipo de empresas, entidades y órganos de contratación.
Entre nuestras dudas y preocupaciones, quiero citar que es un texto extenso y que puede provocar una problemática relativa el escaso ámbito de intervención normativa que se deja a las comunidades autónomas. No se uniformiza el régimen jurídico de la contratación para todos los poderes adjudicadores con independencia de su consideración o no como Administración pública, ya que se mantienen instrucciones de los entes no Administración pública para los contratos no armonizados. Se permite la ampliación de los plazos de pago establecidos previamente, por lo que parece que no se cumple escrupulosamente la legislación en materia de morosidad. Desaparece el supuesto del procedimiento negociado sin publicidad por la cuantía, a pesar de que nació con intención de evitar la opacidad. También se mantiene la figura del contrato menor y sus cuantías, cuya amplia utilización por parte del sector público quizá aconseja mayores exigencias de transparencia. El recurso especial no se extiende a cualquier contrato con independencia de su importe. Abre la posibilidad de libre modificación en los contratos no armonizados para los poderes adjudicadores no Administración pública. No se diferencia claramente el procedimiento de licitación con negociación y el procedimiento negociado sin publicidad. La regulación induce a una confusión desde el punto de vista procedimental y no permite reconocer el procedimiento negociado sin publicidad como un procedimiento estrictamente excepcional.
Respecto a la contratación electrónica, hay una referencia tímida en disposiciones adicionales en el uso de las comunicaciones y procedimiento electrónico; no sabemos si se va a poder materializar del todo.
Tampoco creemos que se ahonde en la idea de la inclusión de criterios sociales y ambientales que debe impregnar de forma transversal toda la contratación pública. Dado que es una ley extensa podríamos incluir muchas dudas, pero no se trata de hacer un decálogo de preocupaciones, sino de que a partir de estas y otras las vayamos analizando y consensuando para que el resultado final no sea una nueva oportunidad perdida que consolide un nuevo modelo que ponga en valor el principio de buen gobierno. Una contratación trasparente mejora la economía y la competitividad. Así, desde el punto de vista económico, la inversión pública impulsa la actividad económica a través de la demanda, mejora la eficiencia del proceso productivo y lleva además aparejado un complemento de solidaridad, porque busca la expansión de áreas de menos renta relativa.
Como ya he avanzado, y dado que tenemos la posibilidad de presentar enmiendas parciales para intentar llegar al máximo consenso posible y consolidar así ese nuevo modelo al que me he referido, no vamos a apoyar esta enmienda a la totalidad.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Molt bon dia a totes i a tots, señoras y señores diputados. Señor ministro, señor Montoro, atendiendo hace un rato a su extensísimo discurso debo decirle que nuestro grupo ha convenido que quizás se trate de su particular homenaje al santo del día de hoy que, si no lo sabe, es San Pánfilo de Cesarea (Rumores), cuyo martirio conmemora hoy la Iglesia católica. Vaya por delante, señor Montoro, que en ningún caso le estoy llamando a usted pánfilo, ni mucho menos, pero temo que por pánfilos nos ha tomado hoy usted al resto de compañeros del hemiciclo.
Señorías, la trasposición de la directiva sobre los contratos del sector público llega, pero para variar llega tarde o con retraso, señor ministro, y además la trasponen intentando esquivar absolutamente su espíritu. Si la directiva pretende estimular la contratación pública de pequeñas y medianas empresas y a la vez estimular la economía social, ustedes nos traen aquí una ley con la que pretenden, una vez más, señorías del Grupo Popular, blindar los privilegios adquiridos en el Estado español por parte de las grandes empresas y de los grandes oligopolios. No hemos presentado enmienda a la totalidad porque entendemos que no podemos retrasar más la trasposición de la directiva, pero avanzamos -aparte de que nos vayamos a abstener en la votación de la enmienda a la totalidad de los compañeros de Podemos- que vamos a presentar decenas de enmiendas con la finalidad de favorecer a las pymes y a la economía social en detrimento, como no podría ser de otra manera, de las oligarquías económicas que se enriquecen cada vez que ustedes publican una ley en el Boletín Oficial del Estado. Por cierto, aunque no por casualidad, las mismas oligarquías económicas que Bárcenas apuntaba como generosas mecenas de un determinado partido político convirtiendo la democracia representativa en una democracia orgánica. De hecho, el Estado concentra la contratación pública en grandes empresas y oligopolios que ganan indecentes beneficios como meros gestores y a costa de los precios y de las condiciones de explotación con que subcontratan a pequeñas y medianas empresas, a las que para mayor inri crucifican con una morosidad legalmente amparada.
Esquerra Republicana de Cataluña defiende eliminar la casta, y no solo la casta, sino la casta y la caspa que negocia en el palco del Bernabeu. Queremos eliminar esta casta y esta caspa, señor ministro, y queremos hacerlo a favor de una economía verdaderamente productiva. Para ello proponemos la incorporación de criterios sociales en la contratación pública, a fin de que sea como una herramienta para la redistribución de la riqueza; pero no solo para redistribuir la riqueza, cosa obvia, sino también para una dignificación salarial y, a la vez, laboral, y evidentemente para un beneficio social. No solo se trata de garantizar unos contratos dignos para las empresas, que finalmente acaban ejecutando las obras o los servicios públicos, y un empleo de calidad para sus trabajadores y sus trabajadoras, sino que, paralelamente, se trata de estimular una economía productiva enraizada al territorio y que muy difícilmente se acaba deslocalizando.
Queremos que las pymes, que la economía social, que el comercio justo tengan acceso a la contratación pública, siguiendo, sin inventar nada, las directrices establecidas por la Comisión Europea. Lo repito una vez más, para que quede un poco más claro: que las pequeñas y medianas empresas aumenten su participación en los contratos públicos. No descubro nada si digo que las pymes facturan el 52 % del volumen de negocio europeo y que esta cifra desciende hasta el 30 %, o menos, cuando hablamos de su
participación en los contratos públicos, que es el caso que nos ocupa hoy. Es una enorme equivocación seguir apostando por las grandes economías de escala, de las cuales se benefician solo las grandes empresas. También hay que tener en cuenta a las empresas identificadas con el territorio, a las empresas que todo el mundo identifica con la gente, con la realidad. Las directivas europeas juegan a este mismo modelo, la prueba es que facilitan las adjudicaciones en pequeños lotes, la eliminación de la obligación de tener que acreditar una enorme solvencia o, por ejemplo, la reducción de las cargas administrativas.
Acabo. Es absolutamente determinante favorecer la igualdad de género, velar por unos salarios dignos, velar por una contratación estable y por la protección de las pequeñas y medianas empresas para impulsar una contratación pública socialmente responsable, incorporando objetivos de mejora en las condiciones laborales, de justicia social, de fomento de la economía social, cooperativa a la vez, entre muchas otras. Ustedes pretendían blindar privilegios, como he dicho al empezar mi intervención, nosotros pretendemos favorecer a las pymes y a la economía social en detrimento de las oligarquías. No nos tomen por pánfilos, señor Montoro. Nosotros y nosotras trabajaremos para hacerlo posible, no lo duden.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Navarro Fernández-Rodríguez.
El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Señorías, había pensado empezar esta intervención de un modo completamente distinto a como lo voy a hacer. Pensaba leer con tono aburrido un artículo del proyecto, el 129, sobre criterios de valoración de ofertas, y solo una parte, porque el artículo completo me habría llevado toda la intervención: son cuatro hojas, catorce mil caracteres, dos mil palabras. Pero, como digo, se lo voy a ahorrar, porque el tono voluntariamente monocorde del señor Montoro -voluntario, porque cuando quiere bien sabe ser vehemente- ha tejido un hechizo tal de aburrimiento que a los más prudentes los ha expulsado a la cafetería (Aplausos) y a los que nos hemos quedado nos ha dejado catatónicos, incapaces de ver lo que hay detrás de esta ley, de este dinosaurio tan aburrido.
Ese es un gran problema, porque lo que hay detrás es un campo inmenso. Usted ha dicho el 10 % del PIB, el diputado de Podemos ha subido al 15 %, la CNMC habla del 18 % del PIB, casi 190.000 millones de euros al año. En un campo tan grande las consecuencias de un mal funcionamiento son muy graves. Según estudios de la Unión Europea, las deficiencias de tensión competitiva en la contratación pública podrían traducirse en pérdidas cercanas a 47.500 millones de euros al año. Insisto: podemos estar derrochando 47.500 millones de euros al año.
Yo intentaré ser breve y no aburrirles y, frente a la oscuridad del hechizo, les voy a poner casos concretos. Todos conocen el caso de las radiales, ayer mismo lo tratamos en la Comisión de Fomento. Todos ustedes saben que vamos a tener que pagar una cantidad cercana a los 5.000 millones de euros por unas carreteras que sencillamente no eran necesarias. Si se hubiera tratado de una mera irresponsabilidad política, de una idea absurda, posiblemente nunca se hubieran construido. Se construyeron porque la ley que ahora tratamos de enmendar convertía al Estado, nos convertía a todos nosotros, en garantes de los sueños faraónicos de los políticos y esto a través de tres mecanismos legales. Uno es la responsabilidad patrimonial de la Administración. Otro es una deficiente valoración de las concesiones, que ahora tenemos que rescatar. Y sobre todo un inadecuado reparto de riesgos entre la concesionaria y la Administración. ¿Ven ustedes el cóctel que producen irresponsabilidad política y mala legislación? Pues ahora, nosotros, podemos actuar sobre el segundo de los ingredientes.
Miren: el problema es que el poder político ha colonizado la contratación pública y en ella florecen el amiguismo y la corrupción. Insisto: tenemos ahora una gran oportunidad. Nosotros no entendemos que un proyecto de esta categoría se haya tramitado por la vía de urgencia, pero tampoco vamos a apoyar una enmienda a la totalidad. Nosotros queremos debatir la ley, queremos mejorarla, estamos trabajando ya muy en serio en las enmiendas. Y en Ciudadanos vamos a afrontar este asunto desde una perspectiva general y atendiendo a los problemas particulares más perentorios que nos ha presentado la legislación hasta ahora existente. Desde la perspectiva general nos proponemos sencillamente un cambio de cultura. Hasta ahora los problemas de la contratación se afrontan desde la perspectiva burocrática y el tono aburrido. Ante los evidentes problemas de la contratación, ante la corrupción, ante el amiguismo, la ley va añadiendo nuevas trabas burocráticas que van sumando nuevo peso al dinosaurio, lo van haciendo más inmanejable. En Ciudadanos creemos que es el momento de cambiar el foco, y tenemos que ponerlo en dos cosas: asegurar una verdadera competencia y asegurar que la contratación pública se desenvuelva con criterios de eficiencia.
Por una razón, porque cuanto más competitiva y eficiente sea, menor será la posibilidad de corrupción, menor será la posibilidad de amiguismo, mejor la asignación de los recursos y menor el despilfarro.
Pero esto, velar por la eficiencia y competencia, al final ha sido siempre un problema secundario para el legislador. En este cambio de cultura que proponemos la Unión Europea nos está señalando el camino. Nos dice: Es prioritario crear una autoridad administrativa independiente con funciones de supervisión, evaluación y diseño de la política de contratación pública -lo dice, por ejemplo, la decisión del Consejo de la Unión Europea de 2 de agosto de 2016-, y esto no es nada raro. ¿Por qué se entiende perfectamente que un mercado que factura 30.000 millones de euros anuales, como es el de las comunicaciones electrónicas, tenga un regulador independiente y una permanente preocupación por la competencia y en cambio otro, de 190.000 millones, con unas pérdidas de eficiencia de 47.000 millones, no cuente con tal regulador? Por todo esto esta será, les anticipamos, nuestra primera medida dentro del enfoque general: proponer la creación de una autoridad de regulación del mercado de la contratación pública.
Y puesto que hablamos de competencia y de eficiencia, tenemos que señalar algo más. Todos conocemos qué son los elefantes blancos, esos proyectos faraónicos muy vistosos pero costosísimos y de nula rentabilidad social. Debemos incluir en la contratación pública la evaluación con técnicas económicas y esta evaluación debemos conseguirla de forma eficiente y sin incrementar los recursos burocráticos. Las evaluaciones deben ser antes y después de la licitación, ex ante y ex post. La disposición adicional 39 del proyecto se refiere a la oficina nacional de evaluación. Dice que está encargada de examinar la viabilidad financiera y otros aspectos relativos a las concesiones de obras y servicios. Nos parece muy bien, pero nosotros la queremos extender a toda la contratación, a otros contratos distintos de concesión, en los que a partir de cierto importe sea preceptivo un informe de dicha oficina nacional de evaluación. Puesto que es uno de los puntos de nuestro pacto de investidura, entiendo que no habrá problemas en llegar a acuerdos en este aspecto.
Hasta aquí el enfoque general, en el particular voy a mencionar simplemente unos puntos. Tenemos que hablar de las pymes. La directiva se fija como uno de los objetivos estratégicos que las pymes participen efectivamente en el mercado, y el proyecto atiende a ello en la exposición de motivos, pero a veces se olvida en el articulado. Debemos prestar especial atención no solo a la división en lotes, sino también a los periodos de pago a los subcontratistas, no quedarnos solo en los adjudicatarios. Debemos hablar, como hemos dicho, de las concesiones. Tenemos que hacer un claro reparto de riesgos entre Administración y concesionario, que haga imposible el actual mecanismo de socialización de pérdidas y privatización de ganancias, donde exista el verdadero riesgo y ventura. Tenemos que hablar de sobrecostes y de las obras que hay actualmente paralizadas y para ello tenemos que meternos muy en serio con la modificación de contratos. Señor Montoro, usted ha dicho que es más exigente que lo que dice la Unión Europea, pero es mucho más laxa de lo que era nuestra propia legislación hace unos años. Tenemos un abuso de las modificaciones en España, con el que tenemos que acabar. Tenemos que hablar, por supuesto, de transparencia. Ya se ha mencionado, queremos un portal de contratación nacional en el que vuelquen la información de forma clara todos los portales de contratación de los poderes adjudicadores. En este sentido, hemos aceptado algunas de las enmiendas que nos ha propuesto en todas las reuniones que ha mantenido con los grupos la Fundación Civio.
En suma, señorías, en la fase de enmienda que se avecina tenemos por delante un trabajo que va a ser muy duro, que va a ser poco de escaparate, pero que es muy importante, porque en él se decidirá si la contratación pública será un campo en el que florezcan la corrupción, el amiguismo y los elefantes blancos o bien el primer paso para una contratación limpia, eficiente y acorde con el siglo XXI.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Navarro.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Serrano Jiménez.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el proyecto de ley de contratos del sector público traspone a la legislación española la directiva europea en esta materia aprobada en febrero de 2014. Señor Montoro, la materia es árida, pero no piense que con su tono uniforme, que quiere pasar de puntillas, no nos vamos a dar cuenta de que el proyecto de ley que han traído a esta Cámara no es un proyecto bueno. El proyecto de ley debería suponer una mejora de la gestión pública agilizando los procedimientos para conseguir prestar un mejor servicio a la ciudadanía. A pesar de las distintas reformas, la legislación de contratos nunca ha conseguido ser ágil y nunca ha conseguido terminar con la lentitud. Para que haya un buen servicio público es necesaria una
administración eficaz; es necesario fomentar e incentivar la concurrencia, dando cabida a un amplio sector de empresas que le permita trabajar con las administraciones públicas y mejorar con ello la competencia; se debería tener la garantía de la publicidad y transparencia que exige una actuación cristalina en la gestión y utilización de los recursos públicos desde el primer trámite hasta el último, luchando de esta forma contra la corrupción, y se debería impulsar la implementación de las políticas medioambientales, sociales y de I+D que nos exige una sociedad del siglo XXI ante los retos del futuro. El texto de la ley, con la trasposición de la directiva y tras el retraso que llevamos en su aplicación, debería ser puntero y de referencia en la Unión Europea para empezar a paliar desde la contratación pública -junto a otras muchas medidas- la crisis económica, los graves problemas de corrupción, la precariedad salarial, la desigualdad, el retroceso en derechos sociales, la escasez de tejido productivo y la falta de inversión en investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Era la oportunidad que tenía el Gobierno para establecer desde la propia Administración y a través de la contratación administrativa medidas que garantizaran la reversión de la injusta situación social, laboral y empresarial que ha propiciado el Partido Popular en los últimos años de mayoría absoluta. Sin embargo, el texto que ha presentado no cumple ni alcanza los objetivos que la normativa comunitaria impone para la contratación pública. Lo que estoy diciendo no es una declaración política del Grupo Parlamentario Socialista sin más, lo expongo porque lo respaldan órganos consultivos que han mostrado su preocupación con este texto porque ya habían advertido al Gobierno de las deficiencias del anteproyecto; tanto el Consejo Económico y Social como el Consejo de Estado lo hicieron. Pero los cambios que hizo el Gobierno en el anteproyecto no subsanaron las profundas y graves deficiencias y el proyecto que ha llegado al Parlamento es farragoso y de difícil comprensión.
En cuanto a su contenido, nos preguntamos por qué el Gobierno no ha incorporado cuestiones resueltas por los tribunales para garantizar la transparencia e igualdad de trato en todas las fases de la contratación pública, evitando vías de escape que propicien la discrecionalidad y arbitrariedad en su actuación. Además, señorías, cuando las decisiones judiciales dictaminan y ponen en evidencia las carencias de las leyes en materia de transparencia e igualdad de trato, es obligación del Legislativo y de este Parlamento evitar nuevos casos de corrupción con reformas legales efectivas y necesarias, y en este caso no se producen. ¿Por qué no le interesan al Gobierno?
En otro orden de cosas, también nos preguntamos por qué el Gobierno realmente no desea un crecimiento de la actividad económica a través del impulso del emprendimiento, porque si lo deseara facilitaría la participación de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, en la contratación pública. La Administración tiene que propiciar esa participación, facilitando la constitución de las garantías y estableciendo mayores plazos para presentar sus ofertas, en definitiva, tiene que garantizar la concurrencia en igualdad de oportunidades y de condiciones con las grandes empresas. Muchas veces en la letra, en los plazos y en los tecnicismos se esconden verdaderos vetos de competencia que impiden a las pequeñas y medianas empresas acceder a contratos públicos porque no tienen los mismos medios.
De todos es sabido que las políticas sociales no entusiasman al Grupo Parlamentario Popular, pero dejar en manos del órgano que contrata, dejar al criterio de la Administración la implantación de las consideraciones sociales y medioambientales en todas las fases de la contratación es dar cabida desde el Gobierno a profundos retrocesos en estos ámbitos y amparar actuaciones antisociales y poco sostenibles en las prácticas empresariales. No es posible avanzar si la Administración no da ejemplo. La trasposición que ha hecho el Gobierno de las directivas comunitarias no puede ser más desafortunada y exige una profunda reforma sin más dilaciones en el tiempo -no podemos tardar más-, recopilando, estudiando y consensuando con todos los sectores sociales las sugerencias que nos han hecho sin llegar a caer en la responsabilidad de un plante para hacer este trabajo solo porque el Partido Popular no ha hecho el suyo. Si el Gobierno no ha cumplido, cumpliremos nosotros, porque el texto es manifiestamente mejorable.
Por tanto, señorías, apoyar la enmienda de devolución cuando la reforma de la contratación pública viene impuesta por un mandato comunitario y urge porque estamos fuera de plazo no parece lo más conveniente, entre otras cosas, para la imagen de España en el exterior. Además, señoras y señores diputados de Unidos Podemos, si tanto les preocupa la corrupción, su enmienda a la totalidad implica alargar en el tiempo los gravísimos problemas de corrupción que tiene este país por una deficiente transparencia en la contratación. Necesitamos una legislación adecuada para luchar contra los casos de corrupción. La enmienda a la totalidad propicia el bloqueo en el tiempo de la solución al problema de la corrupción. Si se mejora la contratación pública, con una revisión y modificación en profundidad del proyecto que ha presentado el Gobierno a través de las enmiendas que presentemos -consensuadas no solo con esta Cámara, sino también con la sociedad civil-, conseguiremos frenar cualquier posibilidad de corrupción cuanto antes.
Además, señorías, eso constituiría un pacto social contra la corrupción, pero Podemos, una vez más, prefiere ser irresponsable y no asumir la función que los ciudadanos le han dado en las urnas: la de representar y defender las miles de enmiendas que han llegado y que sí constituyen medidas contra la corrupción.
Por otra parte, los remedios que proponen son bastante sorprendentes, porque ustedes no añaden garantías ni transparencia pero sí más burocracia, enredándose en recursos que resuelve la propia Administración para siempre ganar. En relación con los contratos menores, lo que hay que hacer es publicarlos y establecer responsabilidades políticas y administrativas en la propia ley. Añadir burocracia no es la solución, lo que hay que hacer es ser cristalinos como el agua, señor Vendrell, en cada trámite y establecer responsabilidades tan solo por la falta de publicidad. ¿Cuánto tardaríamos en aprobar una ley que urge si se devuelve al Gobierno con una enmienda a la totalidad?
En resumen, señoras y señores diputados de Unidos Podemos, las razones que ustedes utilizan para solicitar la devolución del texto del Gobierno tienen mucha prosa y poca enjundia jurídica y política. Me quedo con la sensación de que para ustedes ha sido más fácil articular esta enmienda de devolución que proponer enmiendas de modificación o adición, que exigen estudiar el texto, analizar los informes preceptivos emitidos, reunirse con el mayor número posible de entidades implicadas para conocer sus propuestas y plantear enmiendas serias y fundamentadas basadas en el conocimiento de la materia. Eso es lo que está haciendo el Grupo Parlamentario Socialista. Ya lo hemos dicho, no nos gusta, pero llevamos tres meses trabajando en este proyecto de ley y en el otro para hacerlos mejores, porque somos conscientes de que darán cobertura legislativa a un marco de actividades profesionales, el relacionado con las administraciones públicas, que representa nada más y nada menos que el 20 % del PIB, señor Montoro, según el Ministerio de Economía; usted ha dicho el 10, pero pónganse de acuerdo en los datos, porque según el Ministerio de Economía es el 20 % del PIB. (La señora vicepresidenta, Romero Sánchez, ocupa la Presidencia).
En estos meses hemos recibido solamente al proyecto de ley que nos ocupa 1.300 propuestas de enmienda por parte de más de sesenta entidades que representan a miles de empresas y asociaciones y que acogen a miles de trabajadores. Los socialistas vamos a plantear que estos proyectos de ley garanticen la aplicación del principio de transparencia en todas las fases de los contratos como medida más eficaz para asegurar la integridad, la lucha contra la corrupción y la eficiencia en el gasto público. Y vamos a plantear que se imponga la obligación de implementar mediante la contratación pública las mejores políticas de la Unión Europea en materia social, medioambiental, de innovación y de promoción de las pequeñas y medianas empresas.
Les adelanto ya que el Grupo Parlamentario Socialista presentará más de 500 enmiendas al proyecto de ley de contratos del sector público. Presentar más de 500 enmiendas a un proyecto de ley, señoras y señores diputados, es prácticamente como presentar una enmienda a la totalidad, pero con una diferencia: estamos trabajando. Lo que hacen ustedes es devolverlo con la esperanza de que el Gobierno presente otra cosa, pero, como ya se ha dicho aquí, el Gobierno no lo va a hacer. Todo ello lo hace el Grupo Parlamentario Socialista con un objetivo irrenunciable: que la nueva ley de contratos garantice fielmente las pautas que imponen las directivas comunitarias de contratación vigentes para alcanzar en este ámbito de gestión pública los objetivos de la Estrategia Europea 2020. Por estas razones, el voto del Grupo Parlamentario Socialista va ser no a su enmienda a la totalidad. Yo les propongo que se sumen a ese pacto social con esta Cámara y con la sociedad civil para que hagamos la mejor ley de contratos de este país, la ley de contratos que este país necesita, transparente, eficaz y eficiente, y para que no haya ningún atisbo de corrupción.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Marí Bosó.
Señoras y señores diputados, cuenta don Julián de la Morena López, del Observatorio de Contratación, que la primera referencia histórica a la contratación pública en nuestro país se encuentra en el Real Decreto de 27 de febrero de 1852, publicado por Bravo Murillo, que se inicia señalándole a la reina Isabel II que, previo acuerdo del Consejo de Ministros, presentó el de Hacienda a las Cortes el 29 de diciembre de 1850 un proyecto de ley de contratos sobre servicios públicos, con el fin de establecer ciertas trabas saludables, evitando abusos fáciles de cometer en una materia de peligrosos estímulos y de garantizar la administración contra los tiros de la maledicencia. Y es cierto, pues, que ya desde entonces
todas las normas de contratación pública que han venido han perseguido y profundizado en gran medida en estas tres finalidades. Dicho de otra forma, señorías, toda la normativa de contratación ha ido profundizando en la tarea de incrementar la concurrencia, aumentar la transparencia y objetividad de los procedimientos de contratación, simplificando y evitando abusos, y asegurar a la Administración la eficiencia en sus procesos en garantía de todos los ciudadanos. Y persiguiendo estos objetivos mismos también, el proyecto de ley de contratos del sector público, que hoy es objeto de enmienda a la totalidad, ha seguido un proceso de elaboración muy minucioso, escuchando a todos. Y si bien la ley tiene retraso en la trasposición de las directivas sobre el plazo señalado, lo cierto es que este retraso, señor Bel, es debido no al Gobierno, sino al marasmo en el que estuvimos en esta Cámara durante diez meses de no es no. Sin embargo, inmediatamente después de producirse el desbloqueo, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el presente proyecto de ley. Y sobre este particular, señor Vendrell, sobre la obligación de trasponer las directivas en materia de contratación, y por eso que usted decía de que tenemos prisa, pero hay que hacerlo bien -lo cual, si me permite, con respeto, suena a excusa-, le citaré un argumento de autoridad de su propio grupo político, el del señor Mayoral, que ayer en este Pleno señalaba que no cumplir con nuestra obligación de trasponer pone a nuestro país en peligro. Sonará raro, señorías, que el Grupo Popular coincida en esta apreciación con el señor Mayoral, pero es que no vemos coherente su enmienda a la totalidad de hoy, solicitando simplemente la devolución del texto al Gobierno, y no se compadece con el peligro que observaba el señor Mayoral y observábamos nosotros en el procedimiento de sanción a nuestro país. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
¿Este es un proyecto de ley distinto del anteproyecto de ley? Cierto. ¿De qué se sorprende el grupo enmendante? Se hace un trámite de audiencia pública precisamente para eso, para mejorar el anteproyecto, para incorporar sugerencias de todos. El proyecto de ley mejora respecto del anteproyecto por la aportación de numerosas entidades y colectivos, porque para eso son los trámites de audiencia pública, y aquello que usted decía de que en el anteproyecto estaban las instrucciones internas de contratación y en el proyecto ya no, fue precisamente cumpliendo una exigencia del Consejo de Estado en su trámite de audiencia pública. Ya sé, señorías, que si ustedes no hablan de fraudes de participación democrática, como hacen en el texto de la enmienda, no serían ustedes, pero es que en el trámite de audiencia pública de abril de 2015, además de ser abierto al público, se pidió expresamente hasta a 126 entidades que hicieran sus aportaciones, y en abril de 2015, el director general de Patrimonio se dirigió expresamente a ustedes, como al resto de grupos políticos, solicitándoles que participaran en el trámite de audiencia pública y aportaran sus alegaciones. Luego, señoría, antes de hablar de fraudes de participación democrática, miren de participar democráticamente ustedes también en esta fase de audiencia pública. (Aplausos). Se puede estar en la calle y, al mismo tiempo, estar pendiente de las tramitaciones, salvo que ustedes hayan acordado estar solo en la calle el pasado fin de semana. Es su opción que ustedes hayan decidido estar solo en la calle o que decidieran no aportar nada en el trámite de audiencia pública, pero al denunciar fraudes de participación democrática, quejarse de la farragosidad del texto -por cierto, porque las directivas cada vez son más prolijas, el texto también sale prolijo al tenerlas que trasponer-, decir que no garantiza eliminar la corrupción ni simplifica procedimientos, al denunciar todo esto, señoría, uno esperaría que hubieran presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo y no que simplemente hicieran el pase de devolución del texto al Gobierno. (Aplausos). Esto sería lo coherente, sería lo que nos iluminaría a todos y sería también algo no tan decepcionante como que tras anunciarnos todos los males no propusieran al menos algún remedio.
Señorías, contrariamente a lo que afirman en su enmienda a la totalidad, el proyecto de ley mejora decididamente los mecanismos de prevención contra la corrupción -los ha señalado el ministro de Hacienda en su exposición-; simplifica los procedimientos de adjudicación de contratos; garantiza la transparencia y la contratación electrónica, porque hace más exhaustiva la información a publicar en todas las plataformas y perfiles del contratante; hace una apuesta inequívoca por fomentar la denominada contratación estratégica en el ámbito social, laboral y medioambiental, que afecta -como ha señalado el señor ministro de Hacienda- a todas las fases de licitación y ejecución de los contratos; y por primera vez en nuestra normativa, se impone a los órganos de contratación la obligación de garantizar que los contratistas cumplan con las obligaciones en esta materia. (Rumores).
El señor MARÍ BOSÓ: Por tanto, señoría, usted podrá atribuirse la representación de las entidades sociales, podrá repetir como un mantra que el proyecto de ley no impulsa la contratación pública social y medioambientalmente sostenible, pero que ustedes crean que afirmar esto tiene el poder espiritual de los
mantras hindúes no significa que la realidad del proyecto de ley no les desmienta paso a paso. (Aplausos). La atención que el proyecto de ley presta a estas cuestiones sociales, laborales y medioambientales es muy amplia, como, por otra parte, necesita una sociedad que quiera ser cada vez más inclusiva. En definitiva, señor Vendrell y señora Honorato, las razones que ustedes han dado para oponerse totalmente a este proyecto de ley tienen muy poco fundamento y parece que más bien responden... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un segundo, señor Marí.
Señorías, por favor, guarden silencio. Continúe.
Las razones que ustedes han dado tienen muy poco fundamento y parece que más bien responden a lo que se espera que diga el personaje que ustedes han construido. Y, al final, ¿sabe qué pasa, señor Vendrell? Pasa que cuando ustedes hablan de la gente falta que piensen en la gente, señoría, falta que piensen en la gente. (Aplausos).
Este proyecto de ley no requiere una enmienda a la totalidad ni mucho menos sin texto alternativo. Lo que requiere este proyecto de ley de contratos del sector público es el análisis, la información suficiente, el contraste de pareceres, la disposición atenta a las sugerencias y aportaciones tanto de entidades como de sectores sociales, pero también de los grupos parlamentarios. Este proyecto de ley requiere el esfuerzo de todos para enriquecer el texto legal presentado por el Gobierno. Esta es la disposición del Grupo Parlamentario Popular y esta es la disposición que esperaríamos observar en su grupo. (Rumores).
Señorías, estamos saliendo de una durísima crisis económica haciendo reformas estructurales. (Continúan los rumores).
Señorías, siéntense y guarden silencio, por favor, que está terminando el orador.
Estamos saliendo de una durísima crisis haciendo reformas estructurales. Hemos vuelto al crecimiento y a la generación de empleo, y a ello han contribuido decisivamente las políticas del Gobierno del Partido Popular, porque este es el Gobierno que, pensando en la gente, decidió no rehuir sus responsabilidades y afrontar de cara la reforma de nuestra actividad económica, y es sin duda también la reforma de la contratación pública una reforma transcendente para hacer un mejor y más eficiente uso de los fondos públicos, que permita un mejor crecimiento, más sostenible e integrador, para hacer, en fin, una mejor Administración pública al servicio de los ciudadanos.
En primer lugar, convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336 más 2 votos telemáticos, 338; a favor, 334 más 2 votos telemáticos, 336; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda convalidado el real decreto-ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336 más 2 votos telemáticos, 338; a favor, 85; en contra, 248 más 2 votos telemáticos, 250; abstenciones, 3.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, el real decreto-ley no se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
La señora PRESIDENTA: Pasamos, a continuación, a la votación de la enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de ley de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336 más 2 votos telemáticos, 338; a favor, 70; en contra, 253 más 2 votos telemáticos, 255; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad de devolución.
La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a votar la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23 y 2014/24, de 26 de febrero de 2014, presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336 más 2 votos telemáticos, 338; a favor, 93; en contra, 242 más 2 votos telemáticos, 244; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, no queda avocado por el Pleno el proyecto de ley.

References: artículo 1
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 7
 artículo 24
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 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 41
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