Source: http://www.blog.liliaaguilar.com/2015/06/01/iniciativa-de-la-reforma-politica-de-la-ciudad-de-mexico/
Timestamp: 2017-09-21 23:14:04+00:00

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Iniciativa de la reforma política de la Ciudad de México - liliaaguilar.com
La suscrita, Lilia Aguilar Gil, diputada federal integrante de los Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 fracción numeral I, 77 numeral I y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política del Distrito Federal, al tenor de la siguiente.
Históricamente, los habitantes de la Ciudad de México se han encontrado en una posición política inferior a la del resto de los mexicanos, ya que el Distrito Federal es una entidad que carece de los mismos derechos y obligaciones que poseen el resto de los estados que conforman el Pacto Federal. En las últimas décadas se han otorgado al Distrito Federal diversos espacios de autonomía; sin embargo, el proceso de transformarlo en una entidad plenamente autónoma sigue sin completarse, por lo que la ciudad continúa subordinada en muchos sentidos al gobierno federal.
Esta iniciativa propone las reformas constitucionales que son necesarias para consolidar a la Ciudad de México como una entidad plenamente autónoma y soberana, con los derechos y obligaciones que le corresponden como una parte integrante del Pacto federal; pero que, al mismo tiempo, mantenga su carácter de sede de los Poderes federales y capital de la República. Con dichas reformas, se dará pie a que los habitantes de la Ciudad de México puedan dotarse de una Constitución propia, lo cual es un derecho que les corresponde y del que sus compatriotas de los demás estados del país han gozado ininterrumpidamente desde hace más de siglo y medio.
La lógica fundamental que inspira esta propuesta parte de la naturaleza del federalismo: todo lo concerniente al régimen interior de una entidad federativa le corresponde a sus ciudadanos y sólo a sus ciudadanos determinarlo. El pacto federal, expresado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe limitarse a establecer las garantías constitucionales de todos los ciudadanos, el funcionamiento de los órganos federales y la relación entre la Federación y las entidades federativas.
Lo anterior se combina con la consideración de que la Ciudad de México es la capital de la República Mexicana y que por eso tiene necesidad de reglas que medien la relación de los Poderes federales con el gobierno de la ciudad. Por eso se la iniciativa propone también la creación de un principio de capitalidad.
También se toma en cuenta la importante realidad de que la Ciudad de México se encuentra compuesta por una sola mancha urbana continua y que las divisiones políticas actuales sirven principalmente para fines administrativos. Consideramos inconveniente el convertir a las actuales delegaciones políticas en municipios y dotarlas con las facultades que le asigna el artículo 115 constitucional a dicha figura, ya que eso crearía tensiones entre los distintos niveles de gobierno e impediría que las políticas públicas se implementaran de manera armónica a lo largo de todo el territorio de la Ciudad, tal como ocurre desafortunadamente en la parte de la zona metropolitana que está en el estado de México.
Proponemos que la ciudad siga aprovechando las ventajas actuales de la centralización de varias funciones de gobierno y que se divida en demarcaciones con aquellas responsabilidades y atribuciones que sean apropiadas y consistentes con la característica de estar integradas a una gran mancha urbana. De este modo, se dejará que la Constitución de la Ciudad de México sea la que distribuya competencias específicas hacia sus demarcaciones en la manera más conveniente para que la Ciudad funcione como una sola.
La creación de dichas demarcaciones debe incorporar la demanda democrática de que cuenten con cuerpos colegiados que sirvan como los órganos representativos de los vecinos que habitan en su territorio. Por eso proponemos que las demarcaciones estén gobernadas por Ayuntamientos. Con ello, la ciudad tendrá un gobierno representativo en cada demarcación y sus servidores públicos serán responsables ante la población.
Por último, la presente iniciativa considera las complejidades derivadas del hecho de que la mancha urbana de la Ciudad de México se extiende más allá de la frontera del Distrito Federal. Al respecto, proponemos que la reforma política del Distrito Federal también incluya la institucionalización y homologación de los diversos acuerdos que existen actualmente entre las entidades federativas de la zona metropolitana del valle de México para la coordinación de sus políticas públicas en aquellos temas que afectan a toda la región. Nuestra propuesta en este tema se centra en corregir los errores de diseño de los organismos existentes, fortalecerlos dotándolos de más facultades y evitar que dependan de la voluntad política de los gobiernos en turno. Con ello esperamos que se la población de la ciudad más poblada del país pueda gozar de políticas públicas más ordenadas y efectivas.
Historia de la autonomía de la ciudad
El gobierno de la Ciudad de México ha evolucionado a lo largo de los años con sus notas distintivas. En los primeros años de la vida independiente de nuestro país, las turbulentas circunstancias políticas y económicas de la época impidieron que se pudiera resolver el problema de cómo hacer compatible la presencia de los Poderes federales en la ciudad con la necesidad de un gobierno local representativo para el Distrito Federal.
En principio, las Constituciones de 1824 y 1857 permitían que se eligieran popularmente las autoridades locales, aunque el Distrito Federal no fuera un estado. Sin embargo, los diversos intentos de reglamentar este arreglo siempre fracasaron y sólo los ayuntamientos eran electos de esta forma. Las funciones ejecutiva y legislativa de la ciudad quedaron, de facto, a cargo de los poderes federales durante el siglo XIX. Finalmente, el Congreso y los estados aprobaron en el año 1900 la propuesta de Porfirio Díaz de que se reformara la Constitución para formalizar esta situación y los Poderes federales quedaron de jure como gobierno de la ciudad.
La Constitución de 1917 mantuvo el modelo de dejar los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la ciudad en manos de los Poderes federales, y siguió permitiendo la elección popular de los ayuntamientos. Sin embargo, en 1928 se aprobó una profunda reforma que suprimió los ayuntamientos y centralizó la administración de toda la ciudad en el Departamento del Distrito Federal. El jefe de dicho departamento era dependiente del presidente de la República y podía ser nombrado y removido libremente por él. Se establecieron las delegaciones políticas para la administración territorial, cuyos jefes también eran designados. Los únicos contrapesos al poder del Ejecutivo fueron la creación de un Consejo Consultivo y el que el Congreso de la Unión mantuviera la función legislativa para el Distrito Federal.
Ese modelo funcionó por varias décadas, pero el proceso de expansión, la industrialización y la aparición de movimientos urbanos independientes y de diferentes clases sociales produjeron que la complejidad de los problemas urbanos y la pluralidad política de la sociedad aumentaran exponencialmente.
Surgieron las demandas ciudadanas de convertir a la Ciudad de México en el estado 32 y de reconocer tanto el déficit democrático como la falta de derechos políticos de los capitalinos. Sin embargo, los defensores de esta idea se toparon con la reacia oposición de quienes querían mantener la posición de subordinación de la ciudad para poder seguir explotándola con fines políticos y electorales.
Sólo como resultado de las crisis políticas y económicas que azotaron nuestro país en las décadas de los 80 y 90 fue posible ir conquistando poco a poco los espacios de autonomía que goza actualmente el Distrito Federal, lo cual fue un proceso de reformas paralelo al que permitió la democratización de nuestro sistema político y el fortalecimiento del Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos.
En 1986 se estableció la Asamblea de Representantes del DF. Esa primera asamblea tenía algunas facultades reglamentarias importantes, vigilaba la administración pública de la ciudad y podía nombrar a los miembros del Tribunal Superior de Justicia del DF; sin embargo no tenía capacidad para intervenir en las decisiones de desarrollo de la ciudad y no tenía a su cargo la aprobación de las contribuciones locales.
En 1993 se eliminó al Departamento del Distrito Federal y se estableció el gobierno del Distrito Federal, con un Ejecutivo electo indirectamente. Además, la asamblea adquirió capacidades legislativas, la prerrogativa de imponer contribuciones locales, y el derecho de presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión exclusivamente a temas relacionados con el Distrito Federal. Sin embargo, la Asamblea no quedó equiparada con una legislatura estatal, porque no se le dio derecho de presentar iniciativas sobre cualquier tema ni tampoco se le permitió votar para ratificar las reformas constitucionales propuestas por el Congreso de la Unión.
Desafortunadamente, el Distrito Federal siguió estando subordinado al gobierno federal, porque el Congreso de la Unión mantuvo la capacidad de legislar en la Ciudad, de crear y reformar el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y de aprobar el tope de endeudamiento presupuestario. Por otro lado, el Procurador de Justicia del Distrito Federal y a los mandos de la policía también quedaron como empleados responsables ante el Presidente de la República, lo cual dejaba al gobierno local sin control sobre las importantes funciones de la seguridad pública y la procuración de justicia.
Después de esto, las reformas para el Distrito Federal sólo han estado encaminadas a mejorar la representatividad del gobierno local, no en aumentar su autonomía. En 1996 y 1999 se permitió la elección popular directa del jefe del gobierno y de los jefes delegacionales, y en el año 2013 se reformó la fórmula electoral para eliminar la regla de gobernabilidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
No obstante, la falta de acuerdos ha impedido eliminar todas las otras medidas que, por lo menos en el derecho, siguen subordinando políticamente a la Ciudad de México y que mantienen a sus ciudadanos en un plano de desigualdad frente al resto de los mexicanos que viven en los estados de la República.
En la sección 1 se enumeran los cambios a los artículos 40, 41, 43, 44, 71, 119 y 135 que son necesarios para otorgar plena soberanía a la Ciudad de México sobre sus asuntos internos, dotarla de los mismos derechos políticos que poseen los Estados y permitir que cuente con una Constitución propia. Asimismo, se propone el principio de capitalidad para mediar las relaciones entre los Poderes de la Unión y el gobierno de la Ciudad de México.
En la sección 2 se propone la primera parte de una nueva redacción del artículo 122, la cual define los poderes y atribuciones mínimos que la Constitución de la Ciudad de México deberá garantizar a sus organismos ejecutivos, legislativos y judiciales, así como a las demarcaciones territoriales. También se establecen, de forma análoga a como ocurre para los Estados, las características mínimas que deberán cumplir las leyes e instituciones locales en las materias electoral, de transparencia y de procuración de justicia.
En la sección 3 se propone la segunda parte de la nueva redacción del artículo 122, en la cual se define la manera en la que se deberán coordinar la Ciudad de México y los estados de la zona metropolitana del valle de México para que atiendan en conjunto los problemas regionales y que tengan políticas públicas similares.
En la sección 4 se presentan los ajustes que serán necesarios a los artículos 117, 120 y 121 para igualar las obligaciones de la Ciudad de México con las que tienen los Estados. Dichos cambios se refieren a las materias sobre las que no podrá legislar la Ciudad de México y las obligaciones mutuas de reconocer la jurisdicción de las leyes de cada estado y de la Ciudad de México dentro de sus respectivos territorios.
En la sección 5 se presentan las reformas al artículo 73 para que el tope de la deuda pública de la Ciudad de México deje de depender de la aprobación del Congreso de la Unión; con ello, la deuda de la ciudad pasará a ser responsabilidad exclusiva del gobierno local. Paralelamente, se presentan otras reformas al mismo artículo relacionadas con la facultad del Congreso de normar las materias en las que hay concurrencia entre los distintos niveles de gobierno.
En la sección 6 se proponen modificaciones al régimen de responsabilidades de los servidores públicos que se encuentra normado en los artículos 108, 109, 110 y 111 (juicio político y juicio de procedencia). Dichas modificaciones buscan que los servidores públicos de la Ciudad de México ya no sean considerados empleados federales y que queden sujetos únicamente a un régimen de responsabilidades local, del mismo modo que los servidores públicos de los estados.
En la sección 7 se proponen diversas modificaciones a otros artículos relacionados. Dichos cambios consisten principalmente en ajustar la redacción de los artículos con el nuevo nombre y la nueva posición de la Ciudad de México dentro del Pacto Federal. En esta sección se hace énfasis en evitar la frase “Entidades Federativas”, ya que el lenguaje utilizado es importante que los Estados conserven su carácter jurídico actual.
Por último, en la sección 8 se describe el régimen transitorio que se propone para el decreto con las modificaciones descritas en las secciones anteriores, especialmente lo concerniente a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
Sección 1. Soberanía para la Ciudad de México y principio de capitalidad
Las condiciones descritas anteriormente sobre la historia de la autonomía de la Ciudad de México ya no pueden seguir siendo toleradas, porque impiden que los capitalinos tomen libre y soberanamente decisiones sobre el desarrollo de su ciudad y porque crean tensiones políticas innecesarias entre los gobiernos federal y local.
Hoy, la realidad política de la ciudad y del país, caracterizada por la pluralidad y la competencia electoral, hace posible y necesario concretar la visionaria fórmula de Francisco Zarco, la expresión más avanzada del Constituyente de 1856 y 1857, que defendió la compatibilidad entre la presencia de los poderes federales y los derechos políticos locales, bajo la simple condición de que se definieran ámbitos de competencia y se respetaran la autonomía y responsabilidades que corresponden al gobierno local de la entidad en el marco del federalismo mexicano.
Por ello proponemos que se reconozca la soberanía de la Ciudad de México para tomar decisiones sobre todos sus asuntos internos y que se le permita contar con una Constitución propia. También proponemos que, al igual que en el caso de los estados, se reconozcan las prerrogativas de la Ciudad para presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión sobre cualquier tema y para participar en la ratificación de las reformas constitucionales.
Sin embargo, también consideramos que la presencia de los Supremos Poderes de la Unión en la ciudad genera necesidades especiales de coordinación entre los dos niveles de gobierno. El ejemplo más inmediato es el de las necesidades de seguridad pública que generan las manifestaciones políticas de los ciudadanos de todo el país que vienen a la Ciudad de México a transmitir sus reclamos a las instancias del gobierno federal. Así como ese, existen muchos otros casos de servicios públicos que el gobierno federal requiere de la Ciudad de México y viceversa.
Así, creemos que también se necesita establecer también un Principio de Capitalidad, por el que la Ciudad de México quede encargada de proveer servicios básicos y seguridad pública a los Poderes federales, pero que el costo adicional generado por los mismos sea financiado por la federación. Otros casos de coordinación entre los dos niveles de gobierno deben quedar en una ley que regule la materia.
En este sentido, se propone modificar los Artículos 40, 41 y 43 de la Constitución para especificar que la Ciudad de México es una parte componente de la República; que es libre y soberana en todo lo concerniente en su régimen interior; y que el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes de la Ciudad de México en lo que toca a su régimen interior, en los términos de la Constitución de la Ciudad de México.
También se propone cambiar artículo 44 para establecer que la Ciudad de México no será considerada como un Distrito Federal, pero se mantiene su estado como capital de los Estados Unidos Mexicanos. También se añade el principio de capitalidad, que consiste en la obligación del gobierno de la Ciudad de México de garantizar las condiciones necesarias para que los Poderes federales puedan ejercer sus facultades. Se establece que el Congreso de la Unión deberá expedir una ley reglamentaria y que deberá destinar recursos en el Presupuesto de Egresos para cubrir los gastos de la Ciudad de México en el cumplimiento de esta obligación. Adicionalmente, se prevé que el Ejecutivo federal podrá asumir en situaciones de necesidad el mando de las fuerzas de seguridad pública de la Ciudad de México.
Se presentan reformas a los artículos 71 y 135 para que la Ciudad de México, a través de su Poder Legislativo, tenga las mismas prerrogativas que los estados tienen por ser considerados como entes soberanos que forman parte de la federación. Con dichas reformas, la Ciudad de México podrá presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión que versen sobre cualquier tema; además, su voto contará en los procesos de ratificación de las reformas constitucionales.
Por último, se modifica el artículo 119 para especificar que los Poderes de la Unión tendrán la obligación de proteger a la Ciudad de México contra toda invasión o violencia exterior. También que deberán auxiliarla en caso de sublevación o trastorno interior en caso de que la Legislatura de la Ciudad de México así lo solicite –o su Ejecutivo, si ésta no se encuentra reunida–. Todo esto del mismo modo como actualmente ocurre para los estados de la República.
Sección 2. Bases para la Constitución de la Ciudad de México
Actualmente, el artículo 122 de la Constitución establece los derechos de los poderes Ejecutivo y Legislativo federales para intervenir directamente en los asuntos del Distrito Federal. También enumera aquellas materias sobre las que la federación delega autoridad a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que establezca normas locales. Por último, delimita los principios a los que debió ajustarse el Congreso de la Unión para expedir el Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México, el cual ha servido para regular a los órganos de gobierno de la Ciudad de México en lugar de una Constitución propia.
Proponemos que los habitantes de la Ciudad de México tengan la oportunidad de establecer la Constitución Política de la Ciudad de México. En ese sentido, creemos que es necesario cambiar íntegramente el texto del artículo 122 para eliminar los poderes del gobierno federal para intervenir en los asuntos de la ciudad y para que deje de considerarse que la autoridad de los órganos de gobierno locales fue delegada por los poderes federales.
Proponemos que el artículo 122 tenga un numeral 1 en el que se establezcan las bases mínimas que deberán guiar a los constituyentes locales para crear la Constitución Política de la Ciudad de México. Dichas bases son similares a las que los artículos 115 y 116 establecen para los estados y obligarán a la Ciudad de México a adoptar una forma de gobierno republicana, representativa y con separación de poderes, en la que cada rama del gobierno tenga garantizada su independencia y sus facultades.
Sin embargo, consideramos que la Ciudad de México debe diferenciarse del resto de los estados de forma muy importante, ya que dividirla en municipios sería muy desventajoso si tomamos en cuenta que el territorio que ocupa actualmente el Distrito Federal está ocupado, principalmente, por una sola mancha urbana. Por eso proponemos que la Ciudad de México se divida en demarcaciones con gobiernos representativos locales, pero que sea la Constitución de la Ciudad la que distribuya funciones entre el gobierno central y las demarcaciones. De esta forma, la ciudad seguirá contando con un solo gobierno, tal y como ocurre actualmente, y las demarcaciones trabajarán armónicamente con el gobierno central dentro de su ámbito de acción.
Los siguientes puntos son los ejes que proponemos para la redacción de la primera parte del artículo 122:
• Se eliminan las facultades del Congreso de la Unión y del presidente de la República para intervenir en el gobierno interior de la Ciudad de México.
Se establece que existirá una Constitución Política de la Ciudad de México.
Se elimina la enumeración de las facultades delegadas a los poderes locales. Ahora se designa que todos los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la ciudad estarán depositados en la Asamblea Legislativa, el jefe del gobierno y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, respectivamente.
Se definen las restricciones y reglas mínimas para elegir al Jefe de Gobierno y a los integrantes de la Asamblea Legislativa, los cuales serán análogos a los que se especifican en el artículo 116 para los estados.
Se garantiza la independencia del Poder Judicial de la Ciudad de México.
Se sustituye a las delegaciones políticas con demarcaciones territoriales. Dichas demarcaciones estarán gobernadas por Alcaldías que se compondrán por un Cabildo y un Alcalde. El cabildo tendrá un número de integrantes que determinará lo Constitución de la Ciudad de México y estará encargado de la vigilancia de la administración de la alcaldía; además tendrá la facultad de aprobar los nombramientos de los funcionarios nombrados por el alcalde para evitar abusos y casos de nepotismo. El alcalde tendrá a su cargo la administración pública de la demarcación.
Se establece que las alcaldías tendrán autonomía para gestionar y resolver asuntos sobre servicios urbanos, ordenamiento territorial, obras, y desarrollo social, así como asuntos jurídicos y de gobierno. Sin embargo, se especifica que la Constitución de la Ciudad de México podrá reservar materias para el gobierno de la ciudad o establecer mecanismos de concurrencia entre el gobierno central y las alcaldías.
Se garantiza que la Asamblea asigne un presupuesto anual a cada alcaldía tomando en cuenta su tamaño, desarrollo, capacidades y necesidades específicas.
No se otorga a las alcaldías la facultad de establecer impuestos, derechos o contribuciones.
Las reglas de generación de las tablas de valores de suelo serán uniformes en toda la Ciudad, pues serán propuestas por el jefe de gobierno. Igualmente le corresponderá a él proponer los impuestos, derechos y contribuciones que se cobren en toda la ciudad.
Se aprovechará la eficiencia de contar con un solo organismo de recaudación en la ciudad, como ocurre actualmente.
Se replica para la Ciudad de México la obligación que tienen los estados de organizar sus instituciones de procuración de justicia bajo los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.
Las fuerzas de seguridad pública quedan bajo el mando único del jefe del gobierno. Se especifica que sólo a él compete el nombramiento y remoción de los líderes de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, se debe ver esta modificación en combinación con la que mencionamos anteriormente al artículo 44 que faculta al Ejecutivo federal para asumir el mando superior de las fuerzas de seguridad pública de la Ciudad de México en caso de necesidad.
Las relaciones contractuales con los trabajadores del gobierno del Distrito Federal actualmente se encuentran reguladas por el inciso b) del artículo 123 de la Constitución, lo que los equipara con los trabajadores del gobierno federal. En comparación, las relaciones de los estados con sus trabajadores se rigen por leyes locales que están formuladas a partir del artículo 123.
Se propone que la Asamblea Legislativa tenga la facultad de expedir una ley que rija las relaciones del gobierno de la Ciudad de México con sus trabajadores, en los mismos términos que las leyes de los estados sobre la materia.
1. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de tres poderes locales que ejercerán las funciones ejecutiva, legislativa y judicial en los términos establecidos en su propia Constitución Política, la cual se sujetará a las siguientes bases:
I. El Poder Legislativo local se depositará en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Sus integrantes serán electos por sufragio universal, libre, secreto y directo, mediante los principios de mayoría relativa y representación proporcional, en los términos establecidos en la Constitución política de la ciudad. Ningún partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que represente un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento.
La Constitución de la Ciudad de México deberá establecer la elección de los diputados que serán electos para un periodo no mayor a tres años, así como la elección consecutiva, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
La hacienda pública de la Ciudad de México será unitaria, y estará a cargo del gobierno central. Corresponderá al Poder Legislativo de la Ciudad de México examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de la entidad y de las demarcaciones territoriales, e imponer las contribuciones necesarias para cubrirlo. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.
Existirá una entidad superior de fiscalización de la Ciudad de México, la cual será un órgano con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan las leyes locales. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.
El titular de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes en la Asamblea Legislativa, por periodos no menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.
II. El Poder Ejecutivo local se depositará en el jefe del gobierno de la Ciudad de México que tendrá a su cargo la administración pública de la Ciudad. Será electo para un periodo no mayor a seis años, mediante votación universal, libre, secreta y directa. No podrá ser electo quien en cualquier carácter haya desempeñado anteriormente el cargo de jefe del gobierno.
Corresponderá al jefe de gobierno de la Ciudad de México, además de las obligaciones y prerrogativas que establezca la Constitución local, el proponer a la Asamblea Legislativa las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
La administración pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. Para efectos de su organización política y territorial se establecerán demarcaciones cuyo número, denominación y límites serán definidos por la Constitución de la Ciudad de México, conforme a las siguientes disposiciones:
a) Cada demarcación será gobernada por una Alcaldía, de elección popular directa, integrada por un Cabildo que será presidido por un alcalde. El cabildo tendrá el número de concejales que determine la Constitución local en relación proporcional la base poblacional de cada demarcación territorial.
Los miembros del cabildo serán electos mediante voto universal, directo y secreto, conforme a las disposiciones que se establezcan en la Constitución y la ley electoral locales. Sus miembros podrán ser electos para el mismo cargo por un periodo adicional consecutivo; en cuyo caso, la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Sólo podrán ser removidos y sustituidos en los términos que se establezcan en la Constitución Política de la Ciudad de México.
b) Corresponde al Cabildo supervisar y evaluar el funcionamiento de la administración pública de la demarcación, así como de aprobar los asuntos de su competencia que establezca la Constitución local y las leyes de la Ciudad de México. El Cabildo emitirá sus resoluciones en forma colegiada y sesionará en pleno o en comisiones; durante sus sesiones se dará voz a los órganos de participación ciudadana definidos por las leyes locales. Los concejales en comisiones vigilarán y fiscalizarán el ramo de la administración que les asigne el pleno del cabildo.
c) El alcalde preside el cabildo y es el responsable de la administración pública de la demarcación, la cual tendrá las dependencias que se establezcan en la ley orgánica que se expida para tal efecto. Los nombramientos de los titulares de estas dependencias deberán ser propuestos por el alcalde y aprobados por el cabildo; el alcalde los podrá remover de su cargo en los términos que se establezcan en la Constitución de la Ciudad de México.
d) Las alcaldías contarán con el presupuesto que establezca a su favor el Poder Legislativo local, que deberá considerar una distribución basada en criterios poblacionales, de capacidad económica y de marginalidad social, así como en las necesidades específicas de la demarcación, buscando en todo momento una distribución equitativa que incentive el desarrollo económico y sustentable de las demarcaciones. Tendrán autonomía y responsabilidad presupuestal.
e) Las alcaldías tendrán facultades para gestionar y resolver los asuntos de su demarcación en las materias de servicios urbanos, desarrollo urbano y obras, desarrollo social, jurídico y gobierno, salvo en los casos en que la Constitución local y las leyes respectivas señalen expresamente la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México. Dichos ordenamientos establecerán los mecanismos de coordinación y responsabilidad concurrente entre las demarcaciones y el gobierno central para la prestación y regulación de las materias señaladas.
III. El Poder Judicial local se ejercerá por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y por los tribunales que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México, los cuales tendrán autonomía y presupuesto propio. Los jueces y magistrados tendrán garantizada la independencia en el ejercicio de sus funciones en la Constitución de la ciudad.
Los magistrados integrantes del Poder Judicial local deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser magistrados las personas que durante el año anterior al día de la designación hayan ocupado en la Ciudad el cargo de Secretario o su equivalente, procurador de Justicia o diputado local.
La Asamblea Legislativa deberá expedir una Ley Orgánica para el Poder Judicial de la Ciudad de México donde se establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de los jueces y magistrados locales. Dicha ley también establecerá un Consejo de la Judicatura que estará encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial local.
Los magistrados locales durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señale la Constitución de la Ciudad de México. Podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen la Constitución y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la Ciudad de México.
IV. En materia electoral, la Constitución de la Ciudad de México y las leyes electorales locales deberán cumplir con lo establecido por la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución.
V. La procuración de justicia de la Ciudad de México se organizará y ejercerá con base en los principios de autonomía, responsabilidad, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.
VI. Corresponde al jefe de gobierno el mando único de las instituciones de seguridad pública de la ciudad, en los términos que establezcan la Constitución y las leyes locales. Del mismo modo, le corresponde nombrar y remover libremente a los servidores públicos que lideren las fuerzas de seguridad pública.
VII. Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expida la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias;
VIII. La Constitución de la Ciudad de México establecerá un organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de esta Constitución y la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.
Sección 3. Coordinación metropolitana
La Ciudad de México se extiende más allá de los límites del Distrito Federal. La zona metropolitana del valle de México está definida por aquellos municipios hacia los que la mancha urbana de la Ciudad de México se extiende de manera continua y aquellos en los que un gran porcentaje de la población se dedica a actividades económicas que están directamente ligadas con las de la ciudad; esto incluye, 59 municipios del estado de México, uno del estado de Hidalgo y las 16 delegaciones del Distrito Federal. En 2010 se contaron 20, 116, 842 mexicanos que vivían en ella, casi 18 por ciento de la población total del país.1
Esta situación vuelve esencial que los gobiernos que están comprendidos en la Zona Metropolitana se coordinen para planear y regular de manera conjunta el desarrollo de la ciudad y atiendan y resuelvan de manera conjunta su problemática común con visión de largo plazo. Desafortunadamente, la falta de autonomía de la ciudad resultó en que dicha coordinación no se dio sino hasta principios de la década de los 90s, cuando el Distrito Federal y el Estado de México comenzaron a construir una serie de comisiones metropolitanas basadas en las fracciones VI del Artículo 115 y G del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Actualmente existen cinco comisiones presididas por la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana: Agua y Drenaje, Asentamientos Humanos, Medio Ambiente, Transporte y Vialidad; y Seguridad y Justicia. Todas son instancias en las que los organismos de las administraciones públicas del Distrito Federal, el estado de México y el gobierno federal construyen acuerdos para coordinarse en políticas públicas regionales. Este modelo ha dado algunos resultados importantes; sin embargo, el éxito ha sido disparejo en las distintas áreas debido a que algunas de estas comisiones no cuentan con suficientes facultades y otras tienen un diseño que las hace depender de la voluntad política de quienes las integran.
Por esta razón se propone establecer en la Constitución el modelo de comisiones ejecutivas que existe en el presente; pero se amplían y homologan las facultades de las mismas, se les dota de presidencias y secretariados ejecutivos más efectivos y se manda que cada comisión cuente con dos documentos básicos: un plan rector que defina política públicas comunes en su materia y una agenda de obras de infraestructura y equipamiento que permita acordar la realización de proyectos de impacto regional.
Los siguientes son los puntos más importantes de nuestra propuesta para la segunda parte de una nueva redacción del artículo 122:
Consejo Urbano General del Valle de México
• Se establece el Consejo Urbano General del Valle de México, el cual será un organismo para que el jefe del gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores de los estados comprendidos en la zona metropolitana de la Ciudad de México puedan coordinar políticas públicas en temas que afectan a toda la región.
Se aumenta el número de comisiones que existen actualmente de cinco a siete. Se propone que el Consejo trabaje en siete comisiones temáticas:
– Agua y drenaje;
– Asentamientos urbanos y ordenamiento territorial;
– Recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos;
– Vialidad y movilidad urbana; y
Las subcomisiones tendrán presidencias y secretariados conjuntos. Esto evitará la situación actual en la que las presidencias se van rotando y quedan sujetas a la voluntad política del gobierno de la entidad en turno o del gobierno federal.
Se cambia la participación del gobierno federal. Ahora ya no será parte de las presidencias rotativas, pero seguirá estando presente en las comisiones.
El Consejo tendrá la responsabilidad de aprobar Planes Rectores para cada Comisión. Estos planes definirán las bases de la coordinación de las políticas públicas en la región a través de objetivos, metas, políticas, reglas de operación, estándares, criterios, acciones, estrategias y evaluaciones.
El consejo también deberá acordar agendas de obras de infraestructura y equipamiento para facilitar la coordinación en la realización de proyectos de impacto regional dentro de todas las áreas de gobierno que abarcan las comisiones.
Se facilita que las entidades federativas que están comprendidas en la zona metropolitana de la Ciudad de México puedan, a través de la comisión, crear organismos públicos o concesionados que se encarguen de la provisión o regulación de servicios públicos. Esto podría servir, por ejemplo, para crear un organismo regional encargado de la planeación y regulación de los autobuses públicos de la región, o para extender la jurisdicción del Sistema de Transporte Colectivo Metro hacia el territorio del estado de México.
1. (Como se describió en la sección anterior)
2. Los gobiernos de las entidades comprendidas en la Zona Metropolitana del Valle de México se coordinarán conforme a las siguientes bases:
I. A efecto de enfrentar problemas urbanos comunes y armonizar sus respectivas políticas el jefe de gobierno y los gobernadores de los estados comprendidos en la zona metropolitana del valle de México integrarán el Consejo Urbano General del Valle de México.
II. El Consejo tendrá las siguientes comisiones: Agua y drenaje; asentamientos urbanos y ordenamiento territorial; medio ambiente; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos; vialidad y movilidad urbana; y seguridad pública.
III. Las comisiones tendrán presidencias conjuntas integradas por un funcionario que represente al gobierno de cada una de las entidades federativas, quienes deberán tener el nivel de Secretario o equivalente del ramo correspondiente. También contarán con secretariados conjuntos que se encargarán de organizar los trabajos de las comisiones y procurar que se lleven a cabo sus reuniones. Se compondrán por un funcionario representante de cada entidad federativa, nombrado por su respectivo presidente de comisión.
IV. En cada comisión participará con voz y voto el secretario o equivalente del gobierno federal del ramo correspondiente. En el caso de la Subcomisión de Procuración de Justicia participará el Fiscal General de la República. También participarán con voz, pero sin voto los ejecutivos de los municipios y los organismos territoriales de la Ciudad de México que sean afectados por las decisiones de las comisiones.
V. Cada subcomisión elaborará un Plan Rector, donde se establezcan los objetivos, metas, políticas, reglas de operación, estándares, criterios, acciones, estrategias y evaluaciones que deberán aplicar las autoridades de las entidades federativas de manera coordinada dentro de sus respectivas jurisdicciones. Los Planes Rectores serán aprobados por la Comisión Metropolitana.
VI. Cada subcomisión elaborará una agenda de obras de infraestructura y equipamiento, las cuales serán aprobadas por la Comisión Metropolitana. Las entidades federativas se coordinarán entre sí y con el gobierno federal para la construcción de proyectos que tengan impacto regional.
VII. El Consejo podrá crear organismos regionales con la capacidad de proveer servicios públicos directamente o por medio de concesiones que cubran a toda la Zona Metropolitana del Valle de México. Para el financiamiento de dichos organismos regionales, la Comisión podrá permitirles que cuenten con fuentes de ingresos propios, destinar fondos aportados por las entidades federativas, o establecer convenios con el gobierno federal para destinar a ellos parte de sus asignaciones de fondos federales.
Sección 4. Prerrogativas y obligaciones de la Ciudad de México
Al reconocer a la Ciudad de México como una parte del Pacto Federal que goza de soberanía, se vuelve necesario igualar sus prerrogativas y obligaciones con las que tienen los Estados de la República.
Primero, se propone que la Ciudad de México quede sujeta a las mismas prohibiciones que establece el artículo 117 para los estados. Algunas de esas prohibiciones están relacionadas con facultades exclusivas de la federación, como acuñar moneda o firmar tratados con potencias extranjeras. Otras tienen que ver con impedir restricciones al comercio interior y al tránsito de personas, o con la regulación de la contratación y el uso de la deuda.
En segundo lugar, se propone reformar el artículo 121 para señalar que el jefe del gobierno de la Ciudad de México estará obligado, como los gobernadores de los estados, a publicar y hacer cumplir las leyes federales.
Por último, se propone cambiar el Artículo 121 para que la Ciudad de México también participe en las obligaciones recíprocas que tienen los Estados. Esto incluye que se los Estados y la Ciudad de México acepten que la jurisdicción de sus leyes locales se limita al interior de su territorio; que reconozcan mutuamente los actos públicos, registros, procedimientos judiciales, actos del registro civil y títulos profesionales avalados por cualquiera de los otros; y que se puedan ejecutar sentencias de los tribunales de un Estado o de la Ciudad fuera de su jurisdicción en los casos que prevé la Constitución.
Sección 5. Deuda Pública de la Ciudad de México y facultades del Congreso en materia de coordinación.
Las capacidades de una unidad política para decidir sobre su gasto público, así como de contraer deuda y obligaciones financieras son dos de los elementos fundamentales que permiten que ésta sea considerada como libre y soberana. La Ciudad de México se encuentra actualmente bajo la tutela del gobierno federal, ya que la aprobación de su tope de endeudamiento no le corresponde a su Asamblea Legislativa, sino al Congreso de la Unión.
Aunque se ha establecido la práctica de que el Congreso sea respetuoso de la petición de la Ciudad de México sobre su tope de endeudamiento, siempre ocurren tensiones políticas innecesarias debido a que la federación queda como garante de dicha deuda. Además, la puerta está abierta para obligar a la Ciudad a que tenga que negociar la planeación de su desarrollo con las fuerzas políticas bajo la distribución que tienen en el Congreso de la Unión, no con la que tienen en el poder legislativo local. Una situación como esa podría dañar la relación entre los dos niveles de gobierno, además de que sería muy inconveniente para los habitantes de la Ciudad.
Por estas razones, se propone modificar el Artículo 73 en su fracción VIII para eliminar la facultad del Congreso de la Unión para aprobar la deuda de la Ciudad de México. También se elimina la obligación de la Ciudad de rendir cuentas al Congreso sobre el uso de esos recursos. Esta modificación pone en igualdad de condiciones a la Ciudad de México respecto al Resto de los Estados en el uso de su deuda pública local. También tendrá la implicación de que la deuda pública de la Ciudad de México ya no tendrá que ser respaldada por el gobierno federal.
Como ya se mencionó anteriormente, la Ciudad de México quedará sujeta a las mismas prohibiciones que el Artículo 117 marca para los Estados. Por lo tanto, la Ciudad deberá obedecer las disposiciones de la fracción VIII de dicho artículo y tendrá prohibido contratar empréstitos para fines distintos a inversiones públicas productivas. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México deberá expedir una ley con las bases que normen dichas inversiones y el Jefe de Gobierno deberá rendir cuentas sobre el ejercicio de dichos recursos.
Aparte, se presentan también otras reformas al resto del artículo 73, las cuales están encaminadas a incluir a la Ciudad de México y a sus demarcaciones en la redacción de las fracciones que facultan al Congreso a regular la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Al respecto es importante señalar que en esta iniciativa consideramos que las materias de seguridad pública, educación, asentamientos urbanos, equilibrio ecológico, protección civil y turismo deben continuar siendo funciones centralizadas bajo el Gobierno de la Ciudad de México, tal como ocurre actualmente; por esta razón no se incluye en las fracciones XXI, XIII, XXV, XXIX-C, XXIX-G, XXIX-I y XXIX-K del artículo 73 que el Congreso pueda legislar sobre la participación de las demarcaciones en dichas materias.
Sección 6. Responsabilidades de los servidores públicos de la Ciudad de México
La relevancia de este tema es evidente si consideramos la historia reciente. Antes de las elecciones de 2006, el gobierno del presidente de la República, Vicente Fox, se empeñó en promover un juicio de procedencia en el Congreso de la Unión contra el jefe del gobierno, Andrés Manuel López Obrador. El Caso “El Encino”, que dio origen a todo, era sólo una pantalla para ocultar que la acusación perseguía el fin político de evitar que López Obrador pudiera ser candidato presidencial. El conflicto dañó seriamente las relaciones entre la Ciudad y el gobierno federal y mostró lo problemático que es que la federación tenga jurisdicción para remover directamente a los servidores públicos de la ciudad.
El evento mencionado muestra la necesidad de que los servidores públicos de la Ciudad de México sólo estén sujetos a un régimen de responsabilidades local, del mismo modo que ocurre en el caso de los servidores públicos de los Estados.
Se propone modificar los artículos 108, 109, 110 y 111 para que los servidores públicos de la Ciudad de México dejen de estar sujetos directamente al régimen de responsabilidades establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, excepto para el caso de violaciones graves a dicha Constitución y a las leyes federales. Si este fuera el caso, cuando el Congreso de la Unión acuse a un servidor público de la Ciudad de México mediante juicio político o un juicio para proceder penalmente por delitos federales, la resolución sólo será declarativa y se transmitirá a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.
En el mismo sentido, las modificaciones propuestas mandan que la Constitución de la Ciudad de México establezca un régimen de responsabilidades propio para la Ciudad, en los mismos términos que la Constitución federal. Asimismo, la Asamblea Legislativa deberá aprobar una Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la Ciudad de México.
7. Otros artículos relacionados
Para terminar, se modifican diversos artículos para adecuar su texto a las reformas propuestas anteriormente. Principalmente estas adecuaciones están relacionadas con cambiar el nombre del Distrito Federal por el de Ciudad de México.
Como técnica legislativa se ha preferido incluir el nombre de la Ciudad de México y conservar la palabra Estados siempre que fue posible. Rechazamos la redacción que habían acordado los Grupos Parlamentarios del PAN y el PRD en el Senado, en la cual se sustituía la palabra Estados por la frase Entidades Federativas. Consideramos que la palabra “entidades” refleja muy imperfectamente el carácter jurídico de los Estados, e incluso lo erosiona abriendo la puerta a cuestionamientos sobre su libertad y soberanía, así como sobre la naturaleza de nuestro Pacto Federal.
Algunas de las adecuaciones a los artículos relacionados tienen otros efectos implícitos que se enumeran a continuación:
En el artículo 5o el cambio faculta a la ciudad para regular las profesiones y los títulos profesionales en su territorio.
En el artículo 21 no se incluye a las demarcaciones de la Ciudad de México como organismos encargados de la seguridad pública. Esto se debe a que las bases para la Constitución de la Ciudad de México definidas en nuestra propuesta para el artículo 122 definen que la seguridad pública en la ciudad esté bajo el mando único del jefe del gobierno, tal como ocurre actualmente.
En el artículo 26 se incluye a las demarcaciones de la Ciudad de México como organismos obligados a utilizar la información oficial producida por el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
En el artículo 27 se establece que la Ciudad y sus demarcaciones podrán poseer los bienes raíces que necesiten para proveer servicios públicos. También que la Ciudad de México deberá contar con una ley propia para ejercer el derecho de declarar una propiedad privada como de utilidad pública, con las restricciones que marca la Constitución.
En el artículo 41 se incluye el derecho de los partidos políticos nacionales de participar en las elecciones que se realicen en las demarcaciones de la Ciudad de México
En el artículo 55 se define que los diputados y senadores al Congreso de la Unión que representen a la Ciudad de México deberán haber nacido en ella o ser vecinos.
En los artículos 76 y 89 se eliminan las facultades del Senado de la República para nombrar y remover directamente al jefe del gobierno, así como la facultad del Ejecutivo federal para hacer dicho nombramiento en caso de que no se encuentre reunido el Senado. Se incluye a la Ciudad de México para que el Senado pueda nombrar un Jefe de Gobierno Provisional en caso de que se declare la desaparición de poderes en la Ciudad. También se incluye que los Poderes de la Ciudad de México puedan acudir al Senado de la República para solucionar disputas políticas entre dos de ellos.
En los cambios al inciso c) de la fracción I, así como a los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 105 se elimina el supuesto de que algunas leyes de la Ciudad de México son de carácter federal.
En el inciso B del artículo 123 se deja de considerar a los trabajadores de la Ciudad de México bajo la misma categoría que los trabajadores del gobierno federal. Esta medida funciona en conjunto con la fracción VII del numeral 1 del artículo 122, que establece que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México legislará sobre este tema tomando como base el propio artículo 123.
La redacción propuesta del artículo 125, deja de estar basada en la idea de que los servidores públicos del Distrito Federal forman parte del gobierno federal.
En el artículo 133 se elimina la prohibición expresa al gobierno federal de establecer alcabalas en el Distrito Federal, ya que esto quedará fuera de su jurisdicción. Es importante señalar que la Ciudad de México tampoco podrá establecerlas, ya que queda sujeta, como el resto de los Estados, a las prohibiciones contenidas en el artículo 117.
Se propone convocar a la elección de un Congreso Constituyente conformado expresamente para la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México. Este Congreso será independiente de la actual Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tanto en su integración como en sus funciones. Esto asegurará que los representantes que lo conformen tengan en cuenta sólo los intereses de largo plazo de la ciudad, en contraste con los diputados de la Asamblea que estarían condicionados por sus intereses como funcionarios electos para una función distinta y buscarían sobre controlar la administración pública.
El Congreso Constituyente deberá elegir una comisión de siete miembros encargada de redactar un proyecto de Constitución de la Ciudad de México en un plazo de 20 días naturales. Dicho proyecto será discutido y aprobado por el Congreso en un periodo máximo de dos meses. Cuando quede aprobada la Constitución de la Ciudad de México, el Congreso Constituyente se disolverá inmediatamente. La comisión para redactar el proyecto inicial evita que el Ejecutivo actual o cualquier otro actor unitario tenga el enorme poder de establecer el las bases de la discusión del Congreso Constituyente, tratando de sujetarla a sus intereses de partido o a los de su administración.
Para la elección del Congreso Constituyente se propone la utilización de dos métodos simultáneos. Por un lado, se utiliza una base territorial para elegir a la mitad de los diputados del Congreso Constituyente. Se plantea elegir un diputado por cada uno de los 27 distritos electorales federales uninominales en los que está dividido actualmente el Distrito Federal. En dicha elección deberán existir las suficientes garantías para que cualquier candidato independiente pueda tener posibilidades reales de ser electo.
Por otro lado, se propone un segundo método que se considera especialmente apto para permitir que los ciudadanos independientes tengan una participación importante en el Congreso Constituyente de la Ciudad de México. Se plantea que el Congreso de la Unión seleccione una lista de 50 ciudadanos del Distrito Federal que cuenten con acreditaciones y experiencia en temas como derecho constitucional, derecho administrativo, planeación urbana, medio ambiente, participación ciudadana, coordinación metropolitana y procuración de justicia. Dichos ciudadanos serán seleccionados por medio de una convocatoria pública y pasarán por un proceso de escrutinio realizado por una comisión bicameral del Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión seleccionará a los 50 ciudadanos con las mejores calificaciones y el electorado de la ciudad de México deberá elegir de entre ellos a 27 diputados que se sumarán a los electos en los distritos uninominales.
Artículo Primero. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. El Congreso de la Unión expedirá una convocatoria para la elección de un Congreso Constituyente de la Ciudad de México 30 días después de que sea promulgado el presente proyecto.
Artículo Tercero. De acuerdo con los plazos establecidos por la convocatoria, el organismo electoral del Distrito Federal recibirá candidaturas de los partidos políticos nacionales y de ciudadanos independientes para cada uno de los 27 distritos electorales que le corresponden al Distrito Federal para las elecciones federales de diputados de mayoría relativa.
Artículo Cuarto. De acuerdo con los plazos de la convocatoria, el Congreso de la Unión recibirá candidaturas de ciudadanos del Distrito Federal que puedan acreditar que poseen conocimientos y experiencia en temas de derecho constitucional, derecho administrativo, derecho electoral, planeación urbana, medio ambiente, participación ciudadana y seguridad pública. A partir de las candidaturas recibidas, una comisión bicameral seleccionará a los 50 candidatos mejor calificados. Esta lista de candidatos será entregada al Organismo Electoral del Distrito Federal. De la lista de los 50 seleccionados, los electores elegirán, en lista abierta, a los otros 27 que integraran la Asamblea Constituyente.
Artículo Quinto. No podrán ser candidatos para el Congreso Constituyente de la Ciudad de México aquellos ciudadanos que se encuentren en funciones en un cargo de elección popular del Distrito Federal. Los ciudadanos que trabajen en la administración pública del Distrito Federal deberán separarse de su cargo para poder postularse como candidatos.
Artículo Sexto. El organismo electoral del Distrito Federal organizará una elección para seleccionar a los diputados del Congreso Constituyente de la Ciudad de México. Dicha elección se realizará dentro de las fechas señaladas en la convocatoria y será regulada en lo aplicable conforme a las leyes electorales vigentes en el Distrito Federal.
Artículo Séptimo. En la fecha de la elección, los ciudadanos de la Ciudad de México emitirán un voto para elegir al diputado correspondiente a su distrito electoral.
Artículo Octavo. Los ciudadanos también recibirán una boleta especial para seleccionar a los 10 candidatos de la lista de 50 personas seleccionadas por el Congreso de la Unión que más representen sus preferencias. Los 27 candidatos de la lista que sean votados más veces por los electores serán elegidos como diputados del Congreso Constituyente de la Ciudad de México.
Artículo Noveno. El Congreso Constituyente de la Ciudad de México deberá quedar establecido e iniciar sus sesiones 15 días después de la Elección.
Artículo Decimo. Los diputados constituyentes, sin necesidad de la citación, se reunirán en el recinto que señalen las convocatorias, nombraran de entre sus miembros, en escrutinio secreto y a mayoría de votos, un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios.
En su primer día de sesiones, el Congreso Constituyente de la Ciudad de México deberá elegir una comisión de siete integrantes encargada de redactar un proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México. Dicha comisión contará con 20 días naturales para presentar su proyecto al pleno del Congreso Constituyente.
Artículo Undécimo. A partir de la presentación del proyecto de Constitución el Congreso Constituyente tendrá un plazo improrrogable de sesenta días naturales para aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México.
Artículo Duodécimo. El Congreso Constituyente de la Ciudad de México se disolverá en cuanto sea aprobada y promulgada la Constitución Política de la Ciudad de México.
Artículo Decimotercero. La Constitución Política de la Ciudad de México entrará en vigor el día siguiente de que sea promulgada.
Artículo Decimocuarto. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal asumirán las funciones de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y del jefe de gobierno de la Ciudad de México respectivamente en cuanto sea aprobada la Constitución política de la Ciudad de México.
Las delegaciones políticas del Distrito Federal asumirán las funciones de las demarcaciones definidas en el artículo 122, numeral 1, inciso II, de esta Constitución en cuanto sea aprobada la Constitución de la Ciudad de México. Las partes de esta Constitución y de la constitución local referentes a los cabildos y a los cambios en la distribución territorial de las demarcaciones entrarán en vigor hasta la siguiente elección.
Artículo Decimoquinto. Se entenderá que las leyes federales que mencionen al Distrito Federal se refieren a la Ciudad de México a partir de la aprobación del presente proyecto.
Artículo Decimosexto. Las leyes federales que regulan asuntos que estén en la jurisdicción de la Ciudad de México quedan abrogadas a partir de la aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Artículo Decimoséptimo. El Poder Legislativo de la Ciudad de México deberá expedir una ley para regular la transición de los empleados del Distrito Federal contemplados en el inciso B del artículo 123 de esta Constitución a empleados de la Ciudad de México que estarán protegidos de acuerdo con el inciso A del artículo 123 de esta Constitución.
Artículo Decimoctavo. Los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se integraran en el Poder Judicial de la Ciudad de México, una vez que este inicie sus funciones, de conformidad con lo que establezca la Constitución Política de dicha entidad.
Artículo Decimonoveno. En tanto se expida la Constitución Política de la Ciudad de México, continuara vigente la legislación que la ha regido.
Con base en lo expuesto, se propone el siguiente proyecto de
Artículo 1 del decreto. Se modifican los artículos 3o, 5o, 6o, 17, 18, 21, 26, 27, 40, 41, 43, 44, 53, 55, 56, 62, 71, 73, 76, 79, 82, 89, 95, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue
Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Ciudad de México, sus demacraciones y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.
La ley determinará en cada estado y la Ciudad de México, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación, los estados y la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y la Ciudad de México que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley.
El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o de la Ciudad de México podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada uno de los Estados y la Ciudad de México, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad
La federación, los estados y la Ciudad de México garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.
La federación, los estados y la Ciudad de México podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.
La federación, los estados y la Ciudad de México establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la federación, la Ciudad de México, los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a los estados, la Ciudad de México y los municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.
B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la federación, estados y municipios, así como para la Ciudad de México y sus demarcaciones, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.
VI. Los estados y la Ciudad de México, lo mismo que los municipios de toda la República y las demarcaciones la Ciudad de México, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos.
Las leyes de la federación, de los estados, y de la Ciudad de México en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.
VII al XVI. …
XVII. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, en sus respectivas jurisdicciones, expedirán leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de las extensiones que llegaren a exceder los límites señalados en las fracciones IV y XV de este artículo.
XVIII. a XX. …
Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados y de la Ciudad de México, que son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y de la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de los estados y municipios, así como los de la Ciudad de México y sus demarcaciones. El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para la Ciudad de México. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de los estados y la Ciudad de México conforme a la legislación aplicable.
Apartado B. Para fines electorales en los estados y la Ciudad de México, el Instituto Nacional Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley:
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, de la Ciudad de México, de sus demarcaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
Artículo 43. Las partes integrantes de la federación son la Ciudad de México y los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, y Zacatecas.
Artículo 44. La Ciudad de México es la sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México con los límites y extensión que le asigne el Congreso General.
El gobierno de la Ciudad de México garantizará las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales. El Congreso de la Unión expedirá la ley que establezca las bases para esta coordinación. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se destinarán recursos para cubrir los gastos de la Ciudad de México en su carácter de capital de la República; el jefe de gobierno de la Ciudad de México anualmente enviará al Congreso el proyecto de egresos correspondiente.
Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre los estados y la Ciudad de México se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un estado o de la Ciudad de México pueda ser menor de dos diputados de mayoría.
III. Ser originario del Estado, o en su caso de la Ciudad de México, donde se haga la elección, o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella.
Los gobernadores de los estados y el jefe del gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.
Los secretarios del Gobierno de los estados y de la Ciudad de México, los magistrados y jueces federales, de los estados o de la Ciudad de México, así como los presidentes municipales y titulares de las demarcaciones de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de la elección;
Artículo 62. Los diputados y senadores propietarios durante el período de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la federación, de los estados o de la Ciudad de México por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador.
VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29.
XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservándose a los ciudadanos que la forman, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a los estados y a la Ciudad de México la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos.
Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, los Estados, y la Ciudad de México y los municipios
XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la federación, la Ciudad de México, los estados y los municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución.
XXV. Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma;
XXVI y XXVII. …
XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y sus demarcaciones, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional;
1o. a 5o. …
Los estados y la Ciudad de México participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas de los estados fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica.
XXIX-B. …
XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los estados, de los municipios y de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución.
XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados, de la Ciudad de México, sus demarcaciones y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la federación, los estados, la Ciudad de México, sus demarcaciones y los municipios, coordinarán sus acciones en materia de protección civil, y
XXIX-J. Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, los Estados, la Ciudad de México, sus demarcaciones y los municipios; así como de la participación de los sectores social y privado;
XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la federación, estados, municipios y la Ciudad de México y sus demarcaciones, así como la participación de los sectores social y privado.
XXIX-L. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados, de la Ciudad de México, de sus demarcaciones y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado, y
XXIX-M. …
XXIX-N. Para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán las bases para la concurrencia en materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, Estados y Municipios, así como de la Ciudad de México y sus demarcaciones, en el ámbito de sus respectivas competencias.
XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los Estados, los Municipios, la Ciudad de México y sus demarcaciones coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo noveno del artículo 4o. de esta Constitución.
XIXX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, la Ciudad de México, sus demarcaciones y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.
XXIX-Q al XXIX-S. …
XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal, de la Ciudad de México, de las demarcaciones y municipal, que determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.
XXIX-U. …
V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado o de la Ciudad de México, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador o jefe del gobierno provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales locales. El nombramiento de gobernador o jefe del gobierno se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado, no podrá ser electo gobernador o jefe del gobierno constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los Estados o de la Ciudad de México no prevean el caso.
VI. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los Poderes de un estado o de la Ciudad de México cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de armas. En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República y a la del estado.
IX. (Se deroga);
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, la Ciudad de México y sus demarcaciones, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
VI. No ser secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, gobernador de algún estado ni jefe de gobierno de la Ciudad de México, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección; y
VI. No haber sido secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni gobernador de algún estado o jefe del gobierno de la Ciudad de México, durante el año previo al día de su nombramiento.
Las Constituciones de los Estados y de la Ciudad de México establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un estado, el jefe del gobierno de la Ciudad de México o las legislaturas de las entidades federativas.
VII. De las que surjan entre un Estado y uno o más vecinos de otro o de la Ciudad de México, así como las que surjan entre la Ciudad de México y uno o más vecinos de un Estado.
a) La federación y un estado o la Ciudad de México;
c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales;
e) Un estado y la Ciudad de México;
f) La Ciudad de México y un municipio;
g) a j) …
k) Dos Poderes de la Ciudad de México, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y
Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados, de la Ciudad de México, de sus demarcaciones o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.
a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales expedidas por el Congreso de la Unión;
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano;
e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en contra de leyes expedidas por la propia asamblea, y
f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal o en la Ciudad de México, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del estado que les otorgó el registro o, en su caso, por las expedidas por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México;
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y de la Ciudad de México, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.
h) El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal, estatal y de la Ciudad de México, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano garante de la Ciudad de México, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.
i) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales, de los estados y de la Ciudad de México, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones;
Artículo 106. Corresponde al Poder Judicial de la federación, en los términos de la ley respectiva, dirimir las controversias que, por razón de competencia, se susciten entre los Tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Estados o de la Ciudad de México, entre los de un Estado y los de otro, o entre los de un Estado y los de la Ciudad de México.
Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
Los gobernadores de los estados, el jefe del gobierno de la Ciudad de México, los diputados a las legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, los integrantes de los ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y de la Ciudad de México les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.
Las Constituciones de los estados de la República y de la Ciudad de México precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los estados, en los municipios, en la Ciudad de México y sus demarcaciones.
Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
Los gobernadores de los estados, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y de la Ciudad de México les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.
Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho y el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.
Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y de la Ciudad de México les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.
Artículo 117. Los estados y la Ciudad de México no pueden, en ningún caso:
Los estados, la Ciudad de México, sus demarcaciones y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los Ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública.
El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados y la Ciudad de México dictarán, desde luego, leyes encaminadas a combatir el alcoholismo.
Artículo 119. Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados y a la Ciudad de México contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o transtorno interior, les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la legislatura del estado o de la Ciudad de México o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida.
Artículo 120. Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales.
Artículo 121. En cada Estado de la Federación y en la Ciudad de México se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes:
I. Las leyes de un Estado y las de la Ciudad de México sólo tendrán efecto en su propio territorio, y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él.
III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado o de la Ciudad de México sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados fuera de su jurisdicción, sólo tendrán fuerza ejecutoria, cuando así lo dispongan las leyes propias del lugar donde éstos se encuentren.
Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas fuera de la jurisdicción de la justicia que las pronunció, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio, a dicha autoridad, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio.
IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado o de la Ciudad de México, tendrán validez en los otros.
V. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado o de la Ciudad de México, con sujeción a sus leyes, serán respetados en los otros.
La Constitución de la Ciudad de México deberá establecer la elección de los diputados que serán electos para un periodo no mayor a tres años, así como la elección consecutiva, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato
II. El Poder Ejecutivo local se depositará en el jefe del gobierno de la Ciudad de México que tendrá a su cargo la administración pública de la ciudad. Será electo para un periodo no mayor a seis años, mediante votación universal, libre, secreta y directa. No podrá ser electo quien en cualquier carácter haya desempeñado anteriormente el cargo de Jefe de Gobierno.
Corresponderá al jefe del gobierno de la Ciudad de México, además de las obligaciones y prerrogativas que establezca la Constitución local, el proponer a la Asamblea Legislativa las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
a) El gobierno y la administración de cada demarcación estarán a cargo de una Alcaldía, integrada por un cabildo que será presidido por un alcalde. El cabildo tendrá el número de concejales que determine la Constitución local en relación proporcional a la base poblacional de cada demarcación territorial.
IV. En materia electoral, la Constitución de la Ciudad de México y las leyes locales deberán cumplir con lo establecido por la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución.
Artículo 125. Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la Federación y otro de un Estado o de la Ciudad de México que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar.
Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México, de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.
VI. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.
Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y la Ciudad de México.
Artículo Primero. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente alde su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Décimo. Los diputados constituyentes, sin necesidad de la citación, se reunirán en el recinto que señalen las convocatorias, nombraran de entre sus miembros, en escrutinio secreto y a mayoría de votos, un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios.
Artículo Decimotercero. La Constitución Política de la Ciudad de México entrará en vigor al día siguiente de que sea promulgada.
Las delegaciones políticas del Distrito Federal asumirán las funciones de las demarcaciones definidas en el artículo 122 numeral 1 inciso II de esta Constitución en cuanto sea aprobada la Constitución de la Ciudad de México. Las partes de esta Constitución y de la constitución local referentes a los Cabildos y a los cambios en la distribución territorial de las demarcaciones entrarán en vigor hasta la siguiente elección.
1 Inegi, Sedesol y Conapo. “Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México”. Junio de 2012. http://www.inegi.org.mx/Sistemas/multiarchivos/doc/702825003884/DZM2010 1.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

References: artículo 115
 artículo 122
 artículo 122
 artículo 73
 artículo 44
 artículo 119
 artículo 122
 artículo 122
 artículo 122
 artículo 122
 artículo 116
 artículo 44
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 127
 artículo 95
 artículo 116
 artículo 123
 artículo 6
 Artículo 115
 artículo 122
 artículo 122
 artículo 117
 artículo 121
 Artículo 121
 Artículo 73
 Artículo 117
 artículo 73
 artículo 73
 resolución 
 artículo 5
 artículo 21
 artículo 122
 artículo 26
 artículo 27
 artículo 41
 artículo 55
 artículo 105
 artículo 123
 artículo 122
 artículo 123
 artículo 125
 artículo 133
 artículo 117
 artículo 122
 artículo 123
 artículo 123

Artículo 1

Artículo 3
in fine
 resolución 

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 53

Artículo 62
 artículo 29
 artículo 21
 artículo 3
 artículo 27
 artículo 4
 artículo 4
 resolución 
 resolución 
 artículo 6

Artículo 106

Artículo 108

Artículo 109

Artículo 110
 resolución 

Artículo 111

Artículo 117

Artículo 119

Artículo 120

Artículo 121
 artículo 116

Artículo 125

Artículo 127

Artículo 135
 artículo 122