Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520447.html
Timestamp: 2019-03-23 21:38:18+00:00

Document:
as201520447
Auto Supremo: 447/2015
Sucre: 18 de Junio 2015
Expediente: LP- 18-15-S
Partes: Juana Vera de Quispe y otros c/ Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
Proceso: Mejor Derecho de Propiedad
VISTOS: El recurso de casación de fs. 589 a 594, interpuesto por Carmen Alejandra Castro Arteaga en representación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, contra el Auto de Vista signada con la Resolución Nº S-263, de 12 de septiembre de 2014 que cursa de fs. 581 a 583 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de mejor derecho de propiedad, seguido por Juana Vera de Quispe y otros en contra del recurrente, la concesión de fs. 596, los antecedentes del proceso, y:
El Juez Séptimo de Partido en lo Civil de la ciudad de La Paz pronuncia la Sentencia signada con Resolución Nº 22, de 4 de febrero de 2013 que cursa de fs. 527 a 531 y vta., que declara probada en parte la demanda de fs. 54 a 55 vta., formulado por Rosa Calle de Mita y Eufracio Mita Mamani por sí y en representación de Juana Vera de Quispe, Vicenta Amaro vda. de Gironda, Nino Javier, Roxana Giovana, Henry Ángel Cores Aruquipa, reconociéndoles el mejor derecho a los actores en relación a los inmuebles de su propiedad, respectivamente.
Resolución de primera instancia que es recurrida de apelación por la entidad demandada y elevada la Resolución en grado de consulta, la misma es aprobada y confirmada mediante Auto de Vista de fs. 581 a 583 y vta., fallo que a su vez es recurrido de casación.
Cita los arts. 190, 192 inc. 2) y 236 del Código de Procedimiento Civil, para señalar que el Auto de Vista incurre en ausencia de motivación racional y lógica, refiriendo que la Sentencia declara probada en parte la demanda reconociendo el derecho de propiedad a los actores, que fue apelada, pues solo Vicenta Amaro vda. de Gironda y Eufracio Mita Mamani y Rosa Calle de Mita han demostrado su mejor derecho de propiedad que proviene de Pedro Quispe cuyo título registrado data de la gestión 1946, empero al reconocerse el mejor derecho en favor de Juana Vera de Quispe, Roxana Giovana Henry Ángel y Nino Javier Cores Aruquipa, es ultra petita y cuestiona si la propiedad del Gobierno Municipal hubiera sido transferida por el mismo vendedor, lo que no acontece en el caso de Autos, pues estos últimos demandantes no han acreditado el origen de su derecho propietario, por lo que acusa falta de análisis y fundamentación, así el Ad quem ni siquiera respondió a los puntos expuestos en alzada, que también vulnera la seguridad jurídica, pues en el presente caso el Gobierno Municipal ha inscrito su título conforme a la literal de fs. 61 en el que se señala que dentro de la planimetría de la zona Tacagua aprobado mediante ordenanza Nº 169/83, sobre la superficie de 363.610,00 m2., el área verde se halla signada con el Código Catastral 030-126-001 inmerso en la superficie de 37.369,50 m2., con área verde 11 con una superficie de 543,88 m2.
Acusa vulneración de los arts. 1538, 1546 del Código Civil, art. 191, 192 num. 3 y 375 del Código de Procedimiento Civil, aludiendo que Juana Vera de Quispe y Nino Javier, Roxana Giovana y Henry Ángel Cores Aruquipa debían demostrar su mejor derecho frente al recurrente sobre los inmuebles ubicados en la calle Julio Téllez de la zona de Alto Tacagua, pues la primera adjuntó su Escritura N° 305/96 cuya inscripción data de 2--/1998, los segundos adjuntaron como prueba la Escritura N° 1006/1999 sin sello de inscripción en Derechos Reales, esos agravios denunciados como infracciones de la Sentencia debió ser considerado por el Tribunal de alzada en sentido positivo y negativo, por lo que señala que el recurso se encuentra aperturado para verificar el pronunciamiento o no de las pretensiones deducidas en el proceso, que corresponde ser anulados, reitera que la Sentencia como el Auto de Vista recurrido carecen de motivación, pues se soslayó los agravios del recurso de apelación y la valoración de las probanzas por el Juez, sin analizar la prueba presentada por el Municipio de La Paz, ya que la Resolución recurrida es discrecional pues no expone los motivos jurídicos y legales para la emisión de la aprobación y confirmación del fallo de primera instancia.
Asimismo acusa violación de los arts. 1283, 1286, 1287 y 1311 del Código Civil y 330 de su procedimiento, al no haber efectuado valoración de la prueba presentada por la entidad recurrente, señala que el informe DG-UPM N 1462/2005 de fs. 61 establece que dentro de la planimetría vigente de la zona Tacagua aprobada mediante Ordenanza Municipal 169/83 de 21/11/1983 sobre una superficie total de 363.610,00 m2 el área verde signada con el Código Catastral 030-0126-0001, el formulario de fs. 62 corre el Informe Técnico N° 1435/05 sobre antecedentes legales, refiriendo que el derecho propietario de la entidad recurrente sobre un área verde signada con el N° 11 con una superficie de 543,86 m2 ubicado en la Av. Julio Téllez.
Por lo expuesto solicita la nulidad de obrados hasta fs. 527 hasta que el Juez emita nueva Resolución o se case el Auto de Vista y en el fondo se declare probada en parte la demanda respecto a Eufracio Mita Mamani y Rosa Calle de Mita y Vicenta Amaro vda. de Gironda.
Sobre la acusación relativa a la fundamentación irracional e Ilógica, en cuanto al reconocimiento del mejor derecho de propiedad de Juana Vera Quispe, Roxana Giovana, Henrry Ángel y Nino Javier Cores Aruquipa y cuestiona si la propiedad del Gobierno Municipal hubiera sido transferido por el mismo vendedor, pues estos últimos demandantes no han acreditado el origen de su derecho de propiedad, acusando falta de análisis y fundamentación, ya que el Tribunal de Alzada no respondió a los puntos de alzada.
Se dirá que la falta de fundamentación o la falta de respuesta a los agravios, si bien es un requisito de las resoluciones judiciales, empero dicha falta debe ser exigida mediante los mecanismos de protección señalados por el ordenamiento legal, así se tiene el art. 17 de la Ley del Órgano judicial señala lo siguiente: “III. La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”, ahora si el recurrente consideraba que el fallo resulta ser carente de fundamentación, debía solicitar la petición de complementación y/o explicación contenida en el art. 239 del Código de Procedimiento Civil, con la finalidad de que el Ad quem se pronuncie sobre la falta de fundamentación o la expresión de un agravio no absuelto, aspecto no advertido por la Entidad recurrente. Por otra parte en cuanto a la falta de pronunciamiento de los agravios se dirá que, conforme al art. 16 del mismo cuerpo legal orgánico, la irregularidad procesal debe causar perjuicio a la parte de tal manera que por su magnitud la misma solo pudiera ser subsanada con la anulación de obrados.
Por otra parte en cuanto a la falta de acreditación del derecho de propiedad de Juana Vera Quispe, Roxana Giovana Henrry Ángel y Nino Javier Cores Aruquipa o el cuestionamiento de que la propiedad de la Entidad recurrente a tenga o no un mismo antecesor dominial, o el relativo a que se tenga el título conforme la Ordenanza Municipal y la superficie descrita por un código catastral, son aspectos de fondo, impertinentes para ser considerados dentro de un recurso de casación en la forma.
En cuanto a la acusación de los títulos de Juana Vera de Quispe y Nino Javier, Roxana Giovana y Henry Ángel Cores Aruquipa, frente a los títulos del Ente Municipal sobre terrenos ubicados en la calle Julio Linares, respecto a su antecedente dominial e inscripción en Derechos Reales.
1.- Si dirá que el título de propiedad de Juana Vera vda. Quispe, se encuentra en fs. 2 a 7 en el que consta el Testimonio de la E.P. Nº 305/96 de 8 de marzo de 1996, por el que José Quispe Coriza, señala ser propietario de una extensión de terreno superficie de 49.75 m2., registrado en Derechos Reales bajo la Partida Nº 160 fojas 160 del Libro 1 “E” de 1986, quien transfiere la superficie de 200 m2 en favor de Juana Vera de Quispe, el mismo que fue registrado en la partida Nº 01475203 de 2 diciembre de 1998 y posteriormente matriculada en el folio real Nº 2010990089239; asimismo del detalle de la matricula de folio real (fs. 2), se tiene que su antecedente dominial es la partida Nº 160, Fojas 160, del Libro de Propiedades del año 1986; ahora (conforme a la valoración integral de los medios de prueba) relacionado con los certificados de tradición treintañal de fs. 11 y 16 se tiene conforme a dicha relación dominial que la partida Nº 160 fs. 160 del Libro de 1986 le corresponde a José Quispe Coriza, quien hubiera adquirido la propiedad mediante sucesión hereditaria de Pedro Quispe, quien fue titular de la partida Nº 398 Fs. 422 del Libro Nº “40” de 1946, de lo que se deduce que Juana Vera vda. de Qusipe aún no haya adjuntado un certificado de tradición exclusiva de su inmueble, se tiene que por el resto de la documentación se evidencia que su derecho de propiedad emerge de Pedro Quispe, no existiendo controversia sobre la ubicación del mismo y confrontado con la propiedad del Ente Municipal, que conforme al acta de inspección en Derechos Reales (fs. 455 renglón 29 y ss.) se concluyó que en el Libro de Registro de Partidas de 1986-1B, figura la Partida Nº 688 con fecha de ingreso abril de 1986 en favor del Gobierno Municipal de La Paz, por lo que se deduce que la inscripción de Juana Vera vda. de Quispe tiene la relación dominial a la Partida Nº 398 fs. 422 del Libro Nº “40” de 1946, a diferencia del título de propiedad del Gobierno Municipal de La Paz que tiene su inscripción en la Partida Nº 688 inscrita en el mes de abril de 1986, sin precedente dominial, documentos que son valorados conforme a los arts. 1287 y 1289 del Código Civil, consiguientemente no se advierte error al haber otorgado en mejor derecho de propiedad respecto a Juana Vera vda. de Quispe.
2.- Por otra parte, en cuanto a la propiedad de Nino Javier, Roxana Giovana y Henry Ángel Cores Aruquipa, se tiene que su propiedad se encuentra descrita mediante el Testimonio de la E.P. Nº 1006/1999 de 27 de mayo de 1999, por el que se evidencia que Juana Vera de Quispe, alegando ser propietaria de un lote de terreno de 200 m2 en la zona de Alto Tacagua, registrado en Derechos Reales en la partida computarizada Nº 1088768 de 30 de agosto de 1990, refiere otorgar la misma en calidad de venta en favor de Nino Javier, Roxana Giovana y Henry Ángel Cores Aruquipa, quienes inscribieron su título en la Oficina de Derechos Reales bajo la matrícula de folio real Nº 2.01.0.990096409 de 28 de junio 1999, que refiere como antecedente dominial la partida WANG 1088768, empero de ello esta última partida computarizada no tiene mayor antecedente dominial, pues no se ha adjuntado documentación que acredite su tracto dominial que la anteceda, tampoco se puede relacionar dicho antecedente sobre la base de los informes treintañales de fs. 11 y 16 (pues estos no refieren para nada a la partida computarizada 01088768 de 30 de agosto de 1990 ni a la matrícula de folio real Nº 2.01.0.990096409), por lo que el título de Nino Javier, Roxana Giovana y Henry Ángel Cores Aruquipa, siendo flexibles se remontará hasta el 30 de agosto de 1990 (que refiere la partida computarizada 01088768 conforme a la E.P. Nº 1006/1999), aún así, con ese margen de flexibilidad, se concluye que la misma resulta ser de data posterior al título del Gobierno Municipal de La Paz, que -conforme al acta de inspección de visu de Derechos Reales- tiene la inscripción de su propiedad en la partida Nº 688 inscrita en el mes de abril de 1986, inspección judicial que no fue observada en su oportunidad por los demandantes que no cuestionaron la forma de obtención de dicho dato, al margen de ello los actores no cuestionaron que las propiedades en debate se encontrarían en lugares distintos sino que admitieron de que encuentran en el mismo lugar, por lo que se arriba a la conclusión en base a lo dispuesto por los arts. 1287 y 1289 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil, que los de instancia no consideraron efectuar la relación del tracto dominial que precede al título de los hermanos Cores-Aruquipa respecto al título de propiedad de la entidad recurrente, correspondiendo corregir este error modificando la Resolución de grado, pues resulta claro que el mejor derecho de propiedad le asiste al Gobierno Municipal de La Paz, pues el Ad quem en la revisión del proceso, no efectuó una relación en cuanto al tracto dominial del derecho de propiedad de las partes litigantes
Por otra parte en cuanto a la consideración del informe de fs. 61 y formulario de fs. 62, relativo a la aprobación de la planimetría determinaría el mejor derecho de propiedad, sin embargo de ello se dirá que aún siendo documentos administrativos, el mejor derecho de propiedad establecido en el art. 1545 del Código Civil, señala el requisito del registro en la oficina de Derechos Reales; ahora si la entidad recurrente considera que en el área debatida se encuentra asentados los actores (Juana Vera de Quispe Eufracio Mita Mamani y Rosa Calle de Mita, y Vicente Amaro vda. de Gironda), quienes cuentan con su registro de Derechos Reales, entendiendo que el titular-urbanizador del predio (pese a ceder derechos al Gobierno Municipal por efecto del trámite de urbanización) llegó a vender las áreas cedidas, la entidad recurrente tiene la vía para activar por la nulidad de esas ventas efectuadas a terceros, pues ya se contaba con un trámite administrativo y un plano de urbanización aprobado, empero la misma se la debe efectuar por vía del nulidad de las ventas efectuadas por el titular-urbanizador que efectuó hacía terceros.
Por último, se debe señalar que el art. 1545 del Código Civil, al describir la acción por mejor derecho de propiedad, no solo refiere otorgar la pretensión a la parte que haya efectuado la inscripción de su título respecto a otros adquirientes de un vendedor común, sino que en su interpretación extensiva el articulado también debe aplicarse a los casos en los cuales existan dos o mas registros cuyos títulos refieran al mismo predio con antecedentes dominiales distintos, registro de Derechos Reales que conforme al art. 1538 del Código Civil surte efectos respecto a terceros, por lo que en estos casos también se deberá debatir el mejor derecho de propiedad.
Por lo expuesto corresponde emitir Resolución en base a los arts. 271 num. 2) y 4) del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO, el recurso de casación en la forma y de conformidad con los arts. 271 mu. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista signada con la Resolución Nº S-263, de 12 de septiembre de 2014 que cursa de fs. 581 a 583 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y deliberando en el fondo declara IMPROBADA la pretensión de mejor derecho de propiedad formulada por Nino Javier, Roxana Giovana y Henry Ángel todos de apellido Cores Aruquipa, debiendo inscribirse la presente Resolución sobre la matrícula Nº 2.01.0.990096409, para efectos de seguridad jurídica.

References: Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución