Source: https://www.scribd.com/document/227945189/Rep-Araci-On
Timestamp: 2017-07-25 08:19:46+00:00

Document:
Rep Araci OnUploaded by LuisaFdaGarcíaRelated InterestsRapeWomanGenocidesColombiaState (Polity)Rating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: © All Rights ReservedDownload as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentRECOMENDACIONES PARA GARANTIZAR LA REPARACIÓN DE LAS MUJERESVÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Grupo de trabajo: Mujer, género por la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación Bogotá, octubre 13 de 2006 Preámbulo El Grupo de trabajo: Mujer, género por la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación está conformado por organizaciones y mujeres independientes que consideran que todo proceso de negociación que se adelante en Colombia debe garantizar la participación y representación de las mujeres, sus derechos y la incorporación de sus necesidades e intereses estratégicos así como de todas las personas que por transgredir los estereotipos de género han visto violados sus derechos en el marco del conflicto armado. El Grupo busca generar espacios de reflexión, discusión y proposición de alternativas para que en el contexto de aplicación de la Ley 975 de 2005 -Ley de Justicia y paz- las mujeres accedan a la verdad, la justicia y la reparación como actoras y sujetas de derechos, única vía posible hacia la reconciliación. El Grupo de trabajo parte de la comprensión de que no basta con demandar la inclusión de la perspectiva de género en las distintas políticas públicas sino que es necesario proponer acciones y mecanismos que coadyuven a garantizar verdad, justicia y reparación para las mujeres. En el marco de esta intención el Grupo de trabajo realizó un seminario-taller, los días 28 y 29 de junio del 2006, al que invitó a reflexionar a mujeres provenientes de distintas experiencias (políticas, organizativas, académicas, gubernamentales y de organismos internacionales) en torno a de qué manera se debe reparar a las mujeres víctimas del conflicto armado colombiano. A partir de los aportes, el debate y las preocupaciones que afloraron en los dos días de trabajo, surgió un primer documento que se puso en discusión en una reunión de trabajo llevada a cabo el 8 de septiembre del 2006, a la que se convocó a las mismas participantes del seminario-taller. El presente documento es el resultado final del trabajo de ambas fechas. El documento consta de tres partes. En esta primera parte se da a conocer el origen del documento y su intención. En la segunda se presentan los principios que fundamentan las recomendaciones. Y, por último, en la tercera parte se exponen las recomendaciones agrupadas en cuatro bloques: Para la determinación de las víctimas y los delitos; Para atender a las necesidades de las víctimas; Para garantizar la restitución, indemnización y rehabilitación; y Para garantizar la satisfacción y no repetición. Las recomendaciones están dirigidas a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) instancia creada por la Ley 975 de 2005 para :  “Garantizar a las víctimas su participación en procesos de esclarecimiento judicial y la realización de sus derechos”.  “Presentar un informe público sobre las razones para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales”.  “Hacer seguimiento y verificación a los procesos de reincorporación y a la labor de las autoridades locales a fin de garantizar la desmovilización plena de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, y el cabal funcionamiento de las instituciones en esos territorios”.  “Hacer seguimiento y evaluación periódica de la reparación de que trata la… [Ley 975] y señalar recomendaciones para su adecuada ejecución”.  “Presentar, dentro del término de dos años, contados a partir de la vigencia de la presente ley, ante el Gobierno Nacional y las Comisiones de Paz de Senado y Cámara, de Representantes, un informe acerca del proceso de reparación a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley”.  “Recomendar los criterios para las reparaciones de que trata la presente ley, con cargo al Fondo de Reparación a las Víctimas”.  “Coordinar la actividad de las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes”.  “Adelantar acciones nacionales de reconciliación que busquen impedir la reaparición de nuevos hechos de violencia que perturben la paz nacional”. A pesar de que, en estos últimos años, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Humanitario han avanzado en el reconocimiento de los derechos específicos de las mujeres y de la justicia de género, estos progresos no han permeado suficientemente las instancias ejecutivas, judiciales y académicas y, por tanto, son pocas las personas formadas para garantizar esta perspectiva por lo que se hace necesaria una especial intervención para garantizar justicia, verdad y reparación para las mujeres. Estas recomendaciones son un punto de partida y la apertura de un diálogo que se busca permanente entre las integrantes del Grupo de trabajo y quienes forman parte de la CNRR así como con las instancias estatales y gubernamentales responsables de la aplicación de la Ley de Justicia y paz. Fundamentación 1. La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas insta, entre otras, a los Estados miembros a aumentar la representación de la mujer en todos los niveles de decisión que tengan responsabilidades en torno a la prevención, gestión y resolución de conflictos; a que adopten una perspectiva de género en la que se incluyan las necesidades especiales de las mujeres y las niñas; subraya la responsabilidad de los Estados de poner fin a la impunidad a los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra, especialmente los relacionados con la violencia sexual y de otro tipo cometidos contra las mujeres y las niñas y alienta a que en los procesos de desarme, desmovilización y reintegración se tengan presentes las necesidades particulares de las excombatientes mujeres. 2. El acatamiento a la Resolución 1325, para el caso de las mujeres colombianas, significa entre otras: a. Garantizar su participación equitativa y paritaria en el diseño y puesta en marcha de los procesos judiciales, de reparación, búsqueda de la verdad y reforma de las instituciones atendiendo a sus necesidades específicas relacionadas con el género la edad, la clase, la etnia, la religión, la ideología, la orientación sexual y la discapacidad, entre otras. b. Ser reconocidas como víctimas cuando así lo fueron y, por tanto, garantizar su participación en todos los procesos, la restitución de las pérdidas sufridas, la indemnización, la satisfacción y la no repetición. c. Profundizar en el conocimiento del efecto diferenciado del conflicto armado en hombres y mujeres así como los efectos diferenciados que se derivan de la intersección de múltiples discriminaciones por razones de género, edad, clase, etnia, religión, ideología, orientación sexual y discapacidad, entre otras. 3. La ausencia de políticas públicas que garanticen verdad, justicia y reparación para todas las personas, sin distinción alguna, hace al Estado colombiano responsable de la perpetuación y generación de nuevas discriminaciones debido a las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres y la intersección de múltiples discriminaciones por razones de género, edad, clase, etnia, religión, ideología, orientación sexual y discapacidad, entre otras. 4. La justicia transicional es una alternativa integral que puede brindar el marco normativo a las políticas públicas que se implementen y los procesos judiciales que se adelanten para garantizar verdad, justicia y reparación para todas las víctimas. Es integral porque comprende: el juzgamiento a los autores de los crímenes, el establecimiento de la verdad de los hechos ocurridos, la realización de las reformas necesarias para garantizar mayores condiciones de gobernabilidad y profundización democrática y la reparación a las víctimas. 5. La reparación es un acto a partir del cual se reconoce a la víctima como sujeto de derechos. Al adelantar acciones reparadoras (restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición) se está reconociendo que hubo una víctima, es decir que hay una persona a quien se le han vulnerado alguno de sus derechos. La identificación de la víctima es el reconocimiento de que se está ante un sujeto de derechos, base fundamental de la democracia y punto de partida para la reconciliación. 6. La reparación busca aliviar el daño sufrido por las víctimas. Ésta debe ser suficiente, proporcional, efectiva, rápida y acorde con las características derivadas del género, la edad, la clase, la etnia, la religión, la ideología, la orientación sexual y la discapacidad, entre otras, de las víctimas. El derecho internacional considera constitutivas de reparación las siguientes modalidades: a. La restitución, que consiste, cuando así se pueda, en volver las cosas como estaban antes de ocurridas las violaciones a los derechos de las víctimas. b. La indemnización, que implica compensar con dinero todos los daños sufridos por la víctima incluidos los daños físicos, mentales, materiales, a la reputación y la dignidad, así como reponer la pérdida de oportunidades, los ingresos dejados de percibir y los gastos en que la víctima hubiese tenido que incurrir con motivo de la violación a sus derechos y/o la interposición de recursos para obtener protección y justicia. c. La rehabilitación médica, sicológica y social con la que se busca atender a las víctimas para ayudarlas a superar los traumas sufridos y derivados de la violación a sus derechos. d. La satisfacción que implica el castigo de los victimarios por los actos cometidos, las sanciones administrativas, las disculpas y declaraciones oficiales las conmemoraciones, los homenajes y el establecimiento de la verdad, entre otras. e. La no repetición que implica la toma de medidas para que cesen las violaciones y prevenir la repetición de los hechos. 7. El reconocimiento por parte del Estado colombiano, del derecho que tienen las víctimas a ser reparadas y la implementación de una política para garantizar este derecho es la base de la reconstrucción del vínculo de confianza no sólo entre las víctimas y el Estado sino de toda la sociedad y, por tanto, base para la reconciliación. 8. La justicia transicional es una herramienta que puede ayudar a restablecer el Estado social de derecho al juzgar a quienes han acumulado una capacidad de influencia en las decisiones políticas, sociales y económicas, gracias a la amenaza del uso de la fuerza o el uso efectivo de ésta, y reparar a quienes han sido víctimas de sus acciones, en general aquellas personas que han carecido históricamente de poder, patrimonio, representación, autonomía o libertad, entre ellas, las mujeres. 9. En los periodos de guerra, conflictos armados y represiones políticas los estereotipos masculinos y femeninos se exacerban y con ellos las expresiones de dominación, exclusión, expropiación y violencia contra las mujeres. El reconocimiento de esta realidad y la implementación de medidas y políticas acordes con una justicia de género son una oportunidad para que la sociedad colombiana busque una nueva forma de interacción social en la que las salidas militaristas y de abuso de la fuerza pierdan preeminencia y den lugar a una interacción basada en una legitimidad de socrática en la que se reconozca la diferencia y se la proteja. 10. La desactivación de la guerra no garantiza la desactivación de los estereotipos masculinos que asocian la masculinidad con un cierto tipo de virilidad que se expresa predominantemente a través del alarde y el uso de la fuerza, éstos quedan intocados a menos que sean reconocidos como un problema social que debe ser atendido mediante la formulación de políticas públicas. 11. La Ley 975 de 2005 puede tener el carácter de justicia transicional y de género siempre y cuando su reglamentación sea respetuosa de la Sentencia C-370 de la Corte Constitucional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Humanitario y, en especial, de los estándares de género del Estatuto de Roma. 12. La justicia de género parte del reconocimiento de que la justicia de por si no es neutra y su implementación no garantiza justicia para las mujeres a menos que: se reconozcan las relaciones de desigualdad que hay entre hombres y mujeres; se reconozcan y tipifiquen los delitos cometidos contra las mujeres; se promocione el ingreso al sistema judicial, sobre todo en los cargos de mayor jerarquía, de más mujeres; se sensibilice y capacite a los y las operadoras de justicia sobre los sesgos de género presentes en las normativas, procedimientos y garantías previstas para las víctimas. Recomendaciones Para la determinación de las víctimas y los delitos 12. Reconocer que las violaciones, sobre todo las violaciones sexuales de las que han sido víctimas las mujeres en los campos de batalla, exigen que los organismos encargados de recibir sus testimonios partan del reconocimiento de que este delito „enmudece‟ a las víctimas. La violación, a diferencia de otros delitos, es uno de esos crímenes que se devuelve contra sus propias víctimas; además del trauma ya vivido, si hablan, se cierne sobre ellas el temor al destierro emocional y físico; el riesgo de ser repudiadas por sus seres más cercanos o por sus comunidades de origen, que pueden llegar a percibirlas como emblemas del oprobio que ha mancillado el honor del clan. 13. Reconocer a las mujeres como víctimas por las violaciones a sus derechos; las violaciones a los derechos de sus parientes; la sobrecarga en el sostenimiento de los miembros de su familia en tanto sobrevivientes mayoritarias del conflicto armado. 14. Superar la victimización de las mujeres anteponiendo el hecho de que el reconocimiento como víctimas mujeres es una afirmación de su carácter de sujeto de derechos, entre ellos, el del derecho a la reparación. 15. Tener como parámetro básico, para la tipificación de los crímenes y de las víctimas, los estándares de género reconocidos por el Estatuto de Roma. En particular en lo concerniente a que los crímenes sexuales son constitutivos de crímenes de guerra , de lesa humanidad o de genocidio según la modalidad utilizada en su comisión. 16. Tener como base para la identificación de los crímenes sexuales los establecidos por el Estatuto de Roma el cual reconoce como tales: la violación , la esclavitud sexual , la prostitución forzada , el embarazo forzado , la esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que también constituya una infracción grave de los Convenios de Ginebra , y las violencias sexuales reconocidas por otros marcos legales como: aborto forzado, anticoncepción forzada, infección de transmisión sexual intencional, tráfico de embriones. 17. Reconocer que las mujeres víctimas de crímenes sexuales lo son porque en tiempos de guerra: a. Se exacerban las prácticas de control que los hombres ejercen sobre las mujeres así como el menosprecio y la desvalorización de los cuerpos de las mujeres. b. Los cuerpos de las mujeres son convertidos en territorios de guerra. 18. Establecer protocolos de levantamiento y exhumación de cadáveres que posibiliten la identificación de violencia sexual contra la víctima. 19. Prestar particular atención al desplazamiento forzado, el efecto desproporcionado de éste sobre las mujeres y a los crímenes que aumentan la discriminación histórica sufrida por las mujeres, especialmente la vulneración a los derechos patrimoniales. 20. Tener en cuenta que las mujeres integrantes de grupos armados (de las AUC o de las guerrillas) pueden ser también víctimas, en particular bajo las siguientes circunstancias: a. La obligación a formar parte de los grupos armados como esclavas domésticas o como esclavas sexuales, constituyéndose en víctimas de violación de los derechos a la libertad, integridad física, derechos sexuales y reproductivos, y al derecho de no ser sometidas a esclavitud ni tratos inhumanos crueles y degradantes. b. El sometimiento a prácticas de esterilización forzada y aborto forzado constituyéndose en una violación a sus derechos sexuales y reproductivos y los derechos a la libertad e integridad física. c. El establecimiento de vínculos de pareja con hombres de rangos altos para evitar el acoso sexual de los otros hombres del grupo, circunstancia que viola los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad. 21. Tener en cuenta que la Ley 975 de 2005 se expide en medio del conflicto con actores integrantes de grupos armados que siguen en confrontación abierta contra el Estado y sin haber manifestado su interés en desmovilizarse por lo que seguirán apareciendo víctimas a las cuales hay que garantizar también el derecho a la verdad, la justicia y la reparación independientemente de quien haya sido el perpetrador del crimen y el momento de la comisión de este. Para atender a las necesidades de las víctimas 22. Reconocer que el contexto de aplicación de la Ley 975 de 2005 sigue siendo de intimidación e inseguridad para las víctimas toda vez que el proceso de desarme y desmovilización adolece de problemas. Hay evidencias de la transmutación del paramilitarismo en uno de “tercera generación” en el que hombres hechos en la guerra y la amenaza, que no desmontaron las estructuras militares a las que pertenecían o han conformado otras, acceden a cargos de mando en las regiones y se convierten en fuentes de amenaza y chantaje permanente. Esta transformación del fenómeno exige y redoblar las medidas de seguridad para las víctimas y testigos que residen en zonas reconocidas como de presencia o influencia de estos grupos. 23. Crear campañas de información que incentiven a las mujeres a denunciar los crímenes cometidos contra ellas y a reivindicar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Las campañas deben dar a conocer los delitos reconocidos por la legislación, los procedimientos previstos para hacer justicia, establecer la verdad y los programas de reparación individual y colectiva. Los contenidos deben darse de tal manera que cada grupo humano sea reconocido en sus especificidades. Deben idearse mensajes que contribuyan a disminuir la tendencia a que las mujeres se consideren sólo víctimas por ser familiares de víctimas hombres (en general esposos o compañeros e hijos) y se reconozcan ellas mismas como tales cuando alguno de sus derechos ha sido vulnerado. 24. Tomar como base las Reglas de procedimiento y prueba del Estatuto de Roma, los principios que se deben tener en cuenta para la prueba de crímenes sexuales, los cuales son: a. El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre. b. El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre. c. El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual. d. La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrán inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o de un testigo. e. No se admitirá pruebas del comportamiento sexual anterior o ulterior de la víctima o de un testigo. 25. Tomar como base las Reglas de procedimiento y prueba del Estatuto de Roma, tendientes a garantizar la participación, la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual: a. Decretar que una parte del juicio se celebre a puerta cerrada o permitir la presentación de pruebas por medios electrónicos u otros medios especiales. b. Garantizar que se mantenga en reserva el nombre de la víctima y el derecho a su intimidad. c. Garantizar protección y seguridad a las mujeres víctimas para evitar que sobre ellas o sus seres queridos recaigan acciones de retaliación o represalias por su actuación en el proceso judicial. d. Capacitar a los y las funcionarias con respecto a la seguridad, la integridad y la dignidad de las víctimas y los testigos, sobre todo en lo relacionado con aspectos de género y culturales. e. Capacitar en cuestiones de trauma, violencia sexual y confidencialidad. 26. Garantizar la conformación de equipos multidisciplinarios y sensibilizarlos y capacitarlos en torno a las particularidades de género de las víctimas mujeres y los derechos que tienen como tales. Este equipo debe tener la capacidad de atender los problemas de salud física y mental derivados de los crímenes, asesorar a las víctimas sobre sus derechos y facilitar su participación en los procesos judiciales. 27. Brindar atención complementaria a las víctimas mujeres para suplir sus responsabilidades reproductivas y productivas el tiempo que dure el juicio y los trámites necesarios para ser reconocidas como beneficiarias de reparación. 28. Crear programas de atención psicosocial y médica para mujeres víctimas de violencia sexual que por motivo de ésta hayan contraído infecciones de transmisión sexual o hayan sido víctimas de infección intencional. Para garantizar la restitución, indemnización y rehabilitación 29. Diferenciar clara y tajantemente los programas de restitución, indemnización y rehabilitación de los destinados a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas. 30. Diferenciar clara y tajantemente las obligaciones y políticas que el Estado tiene que implementar para la reparación de las víctimas de aquellas necesarias para brindar atención humanitaria a las futuras víctimas del conflicto armado. 31. Establecer programas diferenciados de reparación individual y colectiva a las víctimas que a su vez reconozcan las diferencias de vulneración y perjuicio según sean: viudas, huérfanas o huérfanos; víctimas de violencia sexual; víctimas de desplazamiento; o víctimas de otros delitos. 32. Crear un fondo que posibilite la atención inmediata a las víctimas en temas como salud, acompañamiento psicosocial y participación en la etapa de juicio. 33. Identificar el carácter binario del delito sexual (como exacerbación de las prácticas de control y objetivación de los hombres sobre las mujeres y como territorio de guerra) para que la víctima sea reconocida como tal y por lo tanto reconocidos sus derechos; para ayudar a contestar la pregunta sobre los motivos del crimen de que fue víctima; para desnaturalizar el crimen sexual y reconocerlo como un evento que puede ser evitado; para reconocer que la violencia sexual es un problema que no desaparece con la resolución del conflicto armado a no ser de que se trabaje de manera comprometida en un cambio de mentalidad. 34. Establecer los parámetros a partir de los cuales se han de calcular los costos de la restitución y las indemnizaciones (individuales y colectivas) para garantizar que éstas sean suficientes, y proporcionales. Estos deben servir de base para la formulación de las pretensiones en los juicios y de mínimo por debajo del cuál no será aceptable llegar a acuerdos con la persona identificada como agresora. Estos parámetros deben calcular los costos de indemnización por violencias sexuales y los costos de todos los bienes materiales e inmateriales de las mujeres sea cual sea su valía. Ningún daño podrá ser considerado menor o irrelevante. 35. Propiciar espacios para garantizar que las víctimas mujeres puedan establecer las acciones que estiman son reparadoras de acuerdo con sus particularidades e intereses de género, edad, clase, etnia, religión, ideología, orientación sexual y discapacidad, entre otras. 36. Prever como subsanar la ausencia de títulos de propiedad de las mujeres y establecer mecanismos que permitan su titularidad y la restitución de sus bienes patrimoniales. En particular garantizar: a. La restitución de los recursos y bienes que tradicionalmente son gerenciados por las mujeres tales como huertos caseros, especies menores y los enseres y utensilios necesarios para su cuidado. b. La condonación de las deudas adquiridas por las mujeres con motivo de la aplicación del marco normativo para la atención a la población en situación de desplazamiento forzado. c. La formulación de una política especial para las mujeres víctimas que posibilite una restitución ágil de tierras, saneadas y de buena calidad, y su puesta en producción. Ninguna alternativa para este fin podrá hacerse sobre la base de que la víctima deba dar alguna contraparte (en especie, trabajo o dinero) o la haga incurrir en créditos. 37. Titular las tierras y propiedades a mujeres víctimas del conflicto armado como una forma efectiva de rehabilitación junto con programas de atención psicosocial para lograr la rehabilitación por los traumas sufridos. La reparación a las mujeres mediante la restitución de sus propiedades o el otorgamiento de éstas a manera de indemnización tiene un peso simbólico en tanto reconoce la expropiación histórica en la que han vivido, redistribuye los bienes concentrados en manos de los hombres y genera las condiciones y bases materiales necesarias para el empoderamiento de las mujeres. 38. Crear programas especiales de atención e integración familiar a los niños y las niñas fruto de violaciones sexuales. Para garantizar la satisfacción y no repetición 39. Desactivar los estereotipos masculinos que asocian el ser varón con el uso de la fuerza y la dominación de las mujeres y reconocer estos estereotipos como un problema social que debe ser atendido mediante la formulación de políticas públicas. Entre las políticas que coadyuvarían a ello se propone: 1. Involucrar a Ministerios de Educación, Cultura, Comunicaciones y Protección Social, y a la Comisión Nacional de Televisión en el diseño de campañas educativas que busquen sancionar la violencia ejercida contra las mujeres y deslegitimar los estereotipos que asocian la masculinidad a la dominación femenina 2. Crear procedimientos que le garanticen a las mujeres, en general, el acceso a la propiedad. 3. Capacitar y promover empresas productivas estratégicas (no sólo de subsistencia) para las mujeres. 4. Aprobar una legislación que tenga como principio el reconocimiento de las violencias de género como una violación a los derechos de las mujeres y que garantice el derecho a una vida libre de violencia. Reconocer que la violencia sexual contra cualquier mujer tiene un impacto en la totalidad de las mujeres y se constituye en una violación al derecho a la libertad y la libre circulación de todas. Formar a las Fuerzas Armadas del Estado desde una perspectiva de género y de seguridad humana como la concibe Naciones Unidas y reconocer públicamente que fueron y son inadmisibles y contrarios al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos, a la constitución y las leyes colombianas, armar a los civiles o involucrarlos en los conflictos armados y cohonestar a los grupos paramilitares o la connivencia hacia ellos. Construir una memora histórica en la que se incluya: . Los orígenes del conflicto armado. a. Las formas como se ha expresado la concepción de que las discrepancias sólo se pueden resolver amenazando o aniquilando a la otra parte y que es lícito el alcance de los intereses personales o de grupo mediante la amenaza de uso de la fuerza o el uso efectivo de ésta . b. La documentación de las experiencias que surgieron como alternativas de resolución de las diferencias e intereses sin la dominación o aniquilación del otro/a. c. La experiencia de resistencia pacífica y de reconstrucción del tejido social en la que las mujeres tuvieron una participación fundamental. d. Los efectos diferenciados del conflicto armado en mujeres y niñas y por pertenencia étnica, religiosa, ideológica, orientación sexual y discapacidad, entre otras, en particular la violencia sexual y de género que se perpetró contra ellas. e. Las respuestas a la exclusión y marginación de buena parte de la sociedad colombiana y sus implicaciones en la constitución del Estado colombiano y en la reivindicación y realización de los derechos de las mujeres. Garantizar que las mujeres participen de manera equitativa y paritaria en todas las comisiones que se creen en el marco de la búsqueda de la paz y en la definición de los nuevos pactos sociales que refrenden la construcción de un nuevo Estado. Dar a conocer a la opinión pública los acuerdos alcanzados por el gobierno nacional y los voceros de las AUC y crear los mecanismos necesarios para que toda la población, sin distinción alguna de género edad, clase, etnia, religión, ideología, orientación sexual y discapacidad, entre otras participe en la determinación de las nuevas reglas de interacción a partir de las cuales sea posible dejar atrás el uso de la fuerza y de la guerra para resolver las diferencias y/o obtener beneficios y se sienten las bases de la reconciliación. Notas De acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la Ley 975 de julio 25 de 2005. Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de derecho internacional, tanto en conflictos armados de índole internacional o no. El Estatuto de Roma tipifica como crímenes de lesa humanidad, entre otros, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos de género, cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. El Estatuto de Roma entiende por genocidio, entre otros crímenes, “las medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.” Entre los elementos que constituyen el crimen de violación están: “1. Que el autor haya invadido el cuerpo de una persona mediante una conducta que haya ocasionado la penetración, por insignificante que fuera, de cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor con un órgano sexual o del orificio anal o vaginal de la víctima con un objeto u otra parte del cuerpo. 2. Que la invasión haya tenido lugar por la fuerza, o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión sicológica o el abuso de poder, contra esa u otra persona o aprovechando un entorno de coacción, o se haya realizado contra una persona incapaz de dar su libre consentimiento.” Se establecen como elementos del crimen de esclavitud sexual los siguientes: “1. Que el autor haya ejercido uno de los atributos del derecho de propiedad sobre una o más personas, como comprarlas, venderlas, prestarlas o darlas en trueque, o todos ellos, o les haya impuesto algún tipo similar de privación de libertad. 2. Que el autor haya hecho que esa o esas personas realizaran uno o más actos de naturaleza sexual.” Los elementos del crimen de prostitución forzada son: “1. Que el autor haya hecho que una o más personas realizaran uno o más actos de naturaleza sexual por la fuerza, o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder contra esa o esas personas u otra persona, o aprovechando un entorno de coacción o la incapacidad de esa o esas personas de dar su libre consentimiento. 2. Que el autor u otra persona hayan obtenido, o esperaran obtener, ventajas pecuniarias o de otro tipo a cambio de los actos de naturaleza sexual o en relación con ellos.” En el Estatuto de Roma el elemento constitutivo del crimen de embarazo forzado es “que el autor haya confinado a una o más mujeres que hayan quedado embarazadas por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otra infracción grave del derecho internacional.” Los elementos del crimen de esterilización forzada en el Estatuto de Roma son: “1. Que el autor haya privado a una o más personas de la capacidad de reproducción biológica. 2. Que la conducta no haya tenido justificación en un tratamiento médico u hospitalario de la víctima o víctimas ni se haya llevado a cabo con su libre consentimiento.” El Estatuto de Roma establece como elementos del crimen de violencia sexual los siguientes: “1. Que el autor haya realizado un acto de naturaleza sexual contra una o más personas o haya hecho que esa o esas personas realizaran un acto de naturaleza sexual por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por el miedo a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder, contra esa o esas personas o contra otra o aprovechando un entorno de coacción o la incapacidad de esa o esas personas de dar su libre consentimiento. 2. Que la conducta haya tenido una gravedad comparable a la de una infracción grave de los Convenios de Ginebra.” Sin tregua. Políticas de reparación para las mujeres víctimas de violencia sexual durante dictaduras y conflictos armados Diana Esther Guzmán Rodríguez, Cecilia Barraza El libro es el es el resultado de un proceso de reflexión durante el año 2007, que varias organizaciones de derechos de las mujeres y de derechos humanos decidimos hacer en conjunto, en razón de un pasado común: conflictos armados y regímenes militares que violaron masivamente los derechos humanos de ciudadanos y ciudadanas en Argentina, Chile, Perú, Guatemala y que aún se violan en Colombia. Las organizaciones de Derechos Humanos CELS, DeJusticia junto a organizaciones de mujeres como el Equipo de Estudios Latinoamericanos (ELA), Corporación Humanas en Chile, Colombia y Guatemala, y DEMUS, se fijaron como norte analizar los procesos de reparación en sus respectivos países en el marco de los avances del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario. Se buscó identificar aprendizajes y dar cuenta de las ausencias y omisiones en particular en relación al impacto de las violaciones de derechos humanos a las mujeres en los contextos de guerra interna y/o represión, utilizando como punto de partida la violencia sexual en tanto expresión exacerbada de la discriminación sobre la base del género, presente históricamente también en los llamados tiempos de paz. En el proceso se realizaron tres talleres, los que permitieron poner en común los hallazgos de las investigaciones nacionales, plantearse. DeJuSticia participó en todo el proceso de discusión y en la elaboración del capítulo sobre Colombia. El artículo, elaborado conjuntamente con la Corporación Humanas Colombia, se titula Proceso de reparación para las mujeres víctimas de violencia en el marco del conflicto armado colombiano. Derechos humanos, Víctimas Ley 1448 de 2011 "POR LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS DE Atención, ASISTENCIA Y Reparación INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" En aras de establecer criterios tendientes a la ayuda direccionada a la atención, asistencia y reparación de victimas, quienes individual o colectivamente han sufrido daños, devenidos de infracciones al derecho internacional humanitario, o que a su vez, hayan sufrido violaciones que vayan en contravía a las normas internacionales de Derechos Humanos, que hayan ocurrido fruto del conflicto armado interno. Se establecen a su vez como víctimas, los cónyuges, compañeros permanentes y familiares en primer grado de consanguinidad, primero civil de la persona que se ha considerado como víctima directa, en caso de que este haya sido ultimado o estuviere desaparecido. Estableciendo criterios fundamentales de atención a dichos hechos, son constituidas medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, buscando el reconocimiento de condición de victimas, instituyendo apoyos con fines de dignificación a través de la materialización de sus derechos constitucionales. Como hecho primordial de interpretación directa de la ley, es necesario analizar ciertamente los principios que esta atañe, como lo son: • Dignidad • Principio de buena fe • Igualdad • Garantía del debido proceso • Justicia transicional • Carácter de las medidas transicionales • Condenas en subsidiariedad • Coherencia externa • Coherencia interna • Enfoque diferencial • Participación conjunta • Respeto mutuo • Obligación de sancionar a los responsables • Progresividad • Gradualidad • Sostenibilidad • Principio de prohibición de la doble reparación y de compensación • Principio de complementariedad • Acción de repetición y subrogación • Derecho a la verdad • Derecho a la justicia • Derecho a la reparación integral • Colaboración armónica • Aplicación normativa • Derechos de las victimas • Participación conjunta • Publicidad • Medidas especiales de protección Como compromiso primordial del Estado Colombiano, es el respetar y hacer respetar los principios constitucionales, tratados y convenios, e instrumentos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, donde impide que se produzca una violación dirigida a cualquier habitante dentro del territorio nacional, en particular dentro de las circunstancias otorgadas para catalogar a alguien como víctima. Es necesario, que las autoridades que intervengan directamente en las diligencias, brinden a cada víctima la información concerniente a los aspectos jurídicos, asistenciales, terapéuticos y aquellos que se relacionen con su caso, de principio a fin; de igual manera, se busca la atención humanitaria, atendiendo sus necesidades recurrentes a la alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas. Consecuentemente, se establece la asistencia y atención a las víctimas, con el fin de incluir a esta población en las medidas, programas y recursos de orden político, económico, social, y fiscal, donde de esta manera se busca la reincorporación a la vida social, política y económica del país. A través del plan nacional para la atención y reparación integral de las víctimas, el Estado busca la implementación de aquellas medidas que busquen la reparación y restitución tanto de sus bienes muebles como inmuebles, donde a su vez, sea garantizado el que no se repita la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante. Para garantizar el acceso a programas de educación y capacitación técnica a las víctimas, el Servicio Nacional de Aprendizaje, otorga prioridad y fácil acceso a jóvenes y adultos víctimas, donde de la mano del Ministerio de Protección social, diseñan programas y proyectos especiales, con el fin de generar empleo rural y urbano, para así propiciar el auto sostenimiento de las mismas víctimas. Siguiendo este lineamiento, es necesario el llevar el registro único de víctimas, el cual servirá, para soportar el manejo de la población catalogada como tal, así mismo, es necesario que la víctima presente una declaración ante el Ministerio Público, con el fin de ser incluidos dentro de dicho registro. http://www.defensoria.org.co/red http://www.redepaz.org.co/Recomendaciones http://www.dejusticia.org/ http://www.bdigital.unal.edu.co http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien http://www.archivobogota.gov.co/libreria/pdf/memorias_seminario_reparacion_victimas http://impuestos.shd.gov.co/portal/page/portal www.comfenalcoantioquia.com...PresentacionHablemosdeMed.ppt Recommended DocumentsDocuments Similar To Rep Araci OnSkip carouselLa Violación SexualAborto Por ViolacionAcciones Por La Despenalización Del Aborto en El Salvador (DIGNAS)Verdad y justicia.docViolencia Contra Las Mujeres Dr. RondonPolítica CriminalAudiencia Unica de Prision Preventiva ExpedienteTrauma después de la violación.docx(1978) El Principe de Los InfiernosComunicado Dignas Periodista 2015Eap.. Día de Los Derechos Humanos 2016El Enemigo en CasaBoletín Informativo 13Buenas Practicas Para La Atencion de La Violencia Sexual Contra Las Mujeres FLASOG 2011Caso Fernandez Ortega y Otros VsPenal II - Resumen (9)Bareiro, Line. Los Derechos Reproductivos...El Feminismo y El CuerpoLEY GENERAL DE VICTIMAS FEDERALTercer ParcialBoletin Infor-nº8Trabajo Para Edith Delitos Del Buen Orden PublicoLa Mujer IslámicaDilemas MoralesAcusacion FiscalArtículo 173Department of Labor60mngenderquizforwebsitespanish-1231159612117285-2Articulo Reparacion VF31085(08-07-09) co impropiaMore From LuisaFdaGarcíaSkip carouselEquilibrio Economico Del ContratoEnsayo Legalizacion de La DrogaLinea Jurisprudencial CorregidoAmar o DependerRESEÑATeoria Del ConflictoANALISIS JURISPRUDENCIALProyecto de MonografiaLa Reforma Economica en Los Paises DesarrolladosJUSTIFICACION MAPAS.docxTRABAJO DE LOS INCIDENTES.docxPAPER LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO COLOMBIANO FRENTE A LAS CLAUSULAS ABUSIVAS.docxDELITO SUBVENCIONES.docxRESUMEN DE LA TEORIA DE LAS VENTANAS ROTAS.docxTEORIA DEL CONFLICTO.docxANALISIS DE LA PELÍCULA.docxensayo control interno.docxENSAYO.docxEnsayo Auditoria y Control IntegralEl Principio de Oportunidad en El Código de Procedimiento Penal de ColombiaProyecto de Investigacion (1)La Ganaderia Como Operacion Exenta de IvaLa Reforma Economica en Los Paises DesarrolladosProyecto de Monografia (Correccion)Sobre La Cuestion JudiaLa Ganaderia Como Operacion Exenta de IvaGestion HumanaCreacion de Empresa CrezonePasos Para Crear Una Empresa

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 51