Source: https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2015/05/31/nuestros-lectores-173/
Timestamp: 2018-07-17 08:00:58+00:00

Document:
mayo 31, 2015 at 1:35 am
Narcotráfico ataca a nahuas de Ostula
A los pueblos de México y el mundo, a los medios de comunicación, al Congreso Nacional Indígena, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional:
La Comisión para la Defensa de los Bienes Comunales de Santa María de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, denuncia que el día 25 de mayo de 2015, nuestra comunidad sufrió un nuevo atentado por parte del cártel de Los Caballeros Templarios en la persona de su comandante general Cemeí Verdía Zepeda, lo que significa para nuestra comunidad no sólo una señal de alarma a la seguridad, sino a nuestra organización comunitaria y a nuestras posibilidades de seguir existiendo como pueblo.
Ante los hechos de que en un paraje cercano a la encargatura de La Cobanera fuera baleada con armas de grueso calibre la camioneta en que se transportaba nuestro comandante general, hechos en los que resultó herido el comunitario de Aquila Juan Manuel Sapién Cándido, las policías comunitarias de nuestra comunidad, junto con las policías comunitarias y autodefensas de los municipios de Aquila, Coalcomán, Chinicuila y Coahuayana, realizaron los días 25 y 26 de mayo operativos en toda la región para detener a los responsables, cuyo saldo preliminar es el de cuatro sicarios muertos, un muerto (el comandante comunitario de la cabecera de Ostula Reginaldo Rodríguez Flores) y un herido (Hilario Leyva Zambrano) de nuestra comunidad; así como otro comunitario de Aquila muerto y dos más de Aquila y Coalcomán que resultaron heridos.
Es éste el segundo atentado que sufre nuestra Policía Comunitaria y en particular nuestro comandante general Cemeí Verdía, después del 17 de diciembre en que fue emboscada una camioneta en la que viajaban comuneros de la encargatura de Xayakalan, atraque que iba dirigido a asesinar a nuestro comandante.
Nuevamente el cártel de Los Caballeros Templarios intenta acabar con nuestra organización comunal, ya que dicho atentado coincide con las acciones tomadas por la comunidad desde el pasado 23 de mayo, en que se consolidó un nuevo orden agrario en el territorio recuperado de Xayakalan, con el emparcelamiento de las tierras que nuestra comunidad recuperó en 2009 ante la invasión paulatina de dichas tierras por supuestos pequeños propietarios de La Placita, Michoacán, entre los que se encuentran principalmente Federico González Medina (alias Don Lico), jefe de plaza de Los Caballeros Templarios en la región, y Mario Álvarez (alias el Chacal), cabeza política del Partido Revolucionario Institucional y de dicho cártel en la costa de Michoacán. Es importante señalar que ese mismo 23 de mayo, al lugar donde se llevaba a cabo el emparcelamiento de tierras, se presentó una actuaria del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Coahuayana a nombre de un supuesto pequeño propietario que reclama un predio de 78 hectáreas, de las cuales 36 se encuentran dentro de nuestro territorio en una zona fuertemente ambicionada por la empresa minera Ternium, corporación que extrae hierro de las montañas de la sierra indígena nahua desde el Sur de Jalisco en la sierra de Manantlán hasta la costa de Michoacán.
Asimismo, mediante acciones descaradamente ilegales, el Tribunal Unitario Agrario 38, con sede en la ciudad de Colima, ha violado sistemáticamente los derechos procesales de nuestra comunidad para no reconocer el derecho que nos asiste desde tiempos inmemoriales como dueños de estas tierras.
Desde inicios de 2015, la comunidad ha venido realizando juicios a comuneros que se prestaron directa e indirectamente con el crimen organizado y con los atentados cometidos por éste. Atentados que han costado a nuestra comunidad 31 muertos y cinco desaparecidos desde junio de 2009.
La comunidad mantiene asegurada madera Dalbergia granadillo, conocida con el nombre de sangualica, que entre 2012 y 2013 fue saqueada de los bosques vírgenes de Ostula y que era exportada con la completa complicidad de los tres niveles de gobierno a China, a través de los puertos Lázaro Cárdenas y Manzanillo, lo que provocó la devastación de esta madera en los terrenos comunales. Actualmente, tras realizar las denuncias correspondientes, no ha habido justicia por parte de los gobiernos, quienes se han empeñado en pretender despojar a la comunidad de la poca madera que se logró rescatar y que costó la vida de comuneros y el sufrimiento de numerosas familias que hoy se cuentan en niños huérfanos y familias deshechas.
1. Que nuestra comunidad no permitirá más atropellos del narcogobierno y que hemos encontrado en nuestra organización y autonomía la única vía para reguardar nuestra integridad, seguridad y territorio.
2. Que señalamos como responsables directos de los ataques en contra de nuestra comunidad y de nuestro comandante Cemeí Verdía a Federico González Medina y Mario Álvarez, quienes han gozado de impunidad y protección de los malos gobiernos.
3. Que nuestra Madre Tierra está viva, como vivos y organizados estamos nosotros, por lo que nuestra lucha no parará pues de la historia aprendemos y de ella sabemos que en cuanto bajemos la guardia no habrá quien pare la sangrienta guerra en nuestra contra.
3. Respeto a la autonomía y a las tierras pertenecientes de tiempo inmemorial a la comunidad indígena de Santa María de Ostula.
¡Viva nuestra Policía Comunitaria! ¡Viva nuestro comandante Cemeí Verdía! ¡Gloria a nuestro comandante Reginaldo Rodríguez y a todos los caídos por la defensa y la libertad de Ostula y de las comunidades de la región!
Comisión para la Defensa de los Bienes Comunales de Santa María de Ostula
Solidaridad con la comunidad nahua de Ostula agredida por narcoparamilitares
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Jaime Cleofas Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas; Juan José Guerra Abud, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Salvador Jara Guerrero, gobernador del estado de Michoacán:
Se hace llegar esta acción urgente a las autoridades aquí aludidas porque, en virtud de los hechos abajo relatados, la comunidad indígena de Santa María de Ostula vive momentos muy tensos derivados de la agresión armada por parte de grupos narcoparamilitares pertenecientes al cártel de Los Caballeros Templarios.
Los hechos iniciales ocurrieron el día 25 de mayo pasado alrededor de las 8:00 de la mañana, cuando los agresores emboscaron, haciendo uso de armas de grueso calibre, el vehículo en que viajaba el primer comandante de la Policía Comunitaria de Santa María de Ostula, Cemeí Verdía Zepeda. Esto ocurrió a la altura del paraje Los Otates, sobre la carretera que une el poblado de La Cobanera y la cabecera municipal de Santa María de Ostula. En dicho atentado resultó herido el comunitario de Aquila, Juan Manuel Sapién Cándido, quien se encuentra fuera de peligro.
Tras el atentado, la Policía Comunitaria de todas las encargaturas de Santa María de Ostula, apoyada por los grupos de autodefensa de los municipios de Chinicuila, Coahuayana, Coalcomán y Aquila desplegaron cerca de 2 mil policías comunitarios desde la sierra hasta la costa, dentro del territorio comunal de Ostula, para lograr la detención, y poner a disposición de las autoridades correspondientes, a los agresores.
Esto llevó a varios enfrentamientos que iniciaron alrededor de las 4:00 de la tarde, en la zona conocida como La Marieta, donde se refugió el grupo de sicarios, el cual fue rodeados por los comuneros de Ostula. Manteniéndose los agresores atrincherados, fuertemente armados y protegidos por la accidentada topografía donde se realizaron enfrentamientos durante toda la noche del 25 de mayo y hasta mediodía del 26 de mayo. El saldo hasta el momento es de cuatro sicarios abatidos, así como Reginaldo Rodríguez y Miguel Ángel Sandoval de las policías comunitarias de Ostula y Aquila.
Cabe destacar que la presente agresión se da en el contexto de la guerra que emprendió la delincuencia organizada, algunos políticos y pequeños propietarios del municipio de Aquila contra la comunidad indígena de Santa María de Ostula. Esta serie de agresiones son la respuesta a las acciones desarrolladas desde 2009, cuando la comunidad recuperó más de 1 mil hectáreas que les había quitado el crimen organizado.
En particular se ha identificado que los hechos referidos han sido orquestados y ordenados por Mario Álvarez y Federico González, alias Lico, jefes del cártel de Los Caballeros Templarios en la Costa-Sierra de Michoacán, quienes se han refugiado en la entidad vecina de Colima. A pesar de ser delincuentes conocidos por todos los crímenes que cometieron en los municipios de Chinicuila, Aquila y Coahuayana, no han sido detenidos. Incluso, de Mario Álvarez se pasea pública y cínicamente por las principales calles del centro de la capital del estado de Colima.
Consideramos que los hechos referidos son una respuesta a los trabajos y acciones en defensa del territorio que emprendió la comunidad desde hace 1 año. Más en concreto, estos hechos son una respuesta a las acciones de la comunidad llevadas a cabo el sábado 23 de mayo, cuando fueron entregadas 106 hectáreas en 53 parcelas de las tierras recuperadas en 2009 para ponerlos en resguardo de 54 familias en el poblado de San Diego Xayakalan.
Lo anterior fue una acción acordada por la Asamblea General de Comuneros de Santa María de Ostula el 12 de junio de 2009 y ratificada el 30 de enero de 2015, con base en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los artículos 2 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 101 y 102 de la Ley Agraria vigente, así como por los usos y costumbres de la comunidad indígena de Santa María de Ostula. Estos terrenos estuvieron invadidos durante varios años por supuestos pequeños propietarios de La Placita, Michoacán. La defensa de los mismos ha costado la vida de 32 comuneros y la desaparición de cinco más, con relación a los cuales no existe acción alguna ni de las autoridades federales ni estatales para castigar y detener a los responsables. En virtud de ello se han realizado juicios comunitarios a personas que tienen algún tipo de responsabilidad en las agresiones en contra de la comunidad o en el despojo del territorio o de las maderas preciosas.
Tal es el caso del árbol conocido localmente como sangualica, cuyo nombre científico es Dalbergia granadillo, que según la normatividad vigente se encuentra en peligro de extinción, y que durante 2 años estuvo siendo explotada por la delincuencia organizada. De acuerdo con la denuncia formal hecha por la comunidad ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), fueron sacadas con la complicidad del gobierno municipal de Aquila. Esta instancia de gobierno incluso prestaba maquinaria para saquear la madera y trasladarla con completa impunidad a los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo para ser llevada presuntamente a mercados chinos.
Ante esa situación, la comunidad documentó la presencia de 138 metros cúbicos de madera cuartoniada o en rollo, misma que resguardó en el auditorio comunal. Adicionalmente a la denuncia presentada ante la autoridad correspondiente, la comunidad ha solicitado la autorización legal para aprovechar dicha madera. La respuesta de las instancias gubernamentales ha sido pretender decomisar la madera asegurada y consolidar así el despojo que ha costado el sufrimiento de decenas de niños huérfanos y viudas. El resguardo de dicha madera también ha representado para la comunidad el riesgo latente de que los grupos delictivos puedan regresar por el botín millonario. Es claro que la negligencia por parte de las instancias ambientales es también un importante factor de riesgo que amenaza la vida de las familias de Ostula. Decomisar la madera sería una injusticia histórica pues, además del fuerte daño ambiental y material, ha costado la vida de muchos comuneros.
Mientras se realizaba la entrega de tierras arriba referida el pasado 23 de mayo, la comunidad fue notificada por personal del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Coahuayana de una demanda para disputar un predio de 78 hectáreas, de las cuales 36 se encuentran dentro de los terrenos comunales. Esto se da en el contexto de una serie de acciones descaradamente ilegales, por ejemplo, por parte del Tribunal Unitario Agrario 38 con sede en la ciudad de Colima, que ha violado sistemáticamente los derechos procesales de la comunidad para no reconocer el derecho que nos asiste desde tiempos inmemoriales como dueños de estas tierras.
Una muestra de lo aquí mencionado es que ya el pasado 16 de diciembre de 2014 había sido atacado con armas de grueso calibre un vehículo similar a aquel en el que solía viajar el comandante de la Policía Comunitaria, Cemeí Verdía Zepeda. De ese ataque resultaron heridas cuatro personas: José Mora Mendoza (24 años), Félix Mejía Valdovinos (24), Salvador Mejía Valdovinos (28) y el niño Miguel Mejía Mora (5 años). Ello es una muestra del alarmante nivel de riesgo hacia los dirigentes de la Policía Comunitaria y las autoridades comunitarias.
Es de resaltar que en varias ocasiones la comunidad ha señalado de manera pública la responsabilidad en los asesinatos, desapariciones y en los recientes atentados en su contra, de Mario Álvarez, dirigente regional del Partido Revolucionario Institucional, y de Federico González Medina, jefe de plaza de los llamados Caballeros Templarios.
1. Que el Estado garantice la seguridad para la comunidad de Santa María de Ostula y que establezca medidas de no repetición, siempre en un marco de respeto a los usos y costumbres de la misma comunidad, así como del proceso de la Policía Comunitaria.
2. Que el Estado garantice el respeto pleno a las garantías necesarias para el funcionamiento de las policías comunitarias de la sierra y costa de Michoacán comandadas por el comunero Cemeí Verdía Zepeda.
3. Que el Estado realice las acciones necesarias para el castigo a los responsables por la muerte de Reginaldo Rodríguez y Miguel Ángel Sandoval, de las policías comunitarias de Ostula y Aquila muertos en combate.
6. Que sean desarticulados los grupos delictivos que continúan operando en el estado de Michoacán.
Denuncian hostigamiento laboral contra profesor de universidad de hidalgo
Estimados compañeros de Contralínea, mucho agradeceremos la publicación de la siguiente carta:
Los abajo firmantes, profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), queremos manifestar nuestro total rechazo al hostigamiento laboral que vive Héctor Barrios Quiroz, académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), por parte de la licenciada Cristina Flores Amador, coordinadora de la licenciatura en turismo, quien, violentando todo principio académico, se ha entrometido en el proceso de evaluación de los grupos a los que imparte clase Héctor Barrios y ha amenazado con afectarlo laboralmente.
Nuestro compañero lleva trabajando 13 años para la UAEH y nunca ha dejado de cumplir con los cometidos para los que fue contratado. Hoy la mencionada coordinadora pretende afectarlo en su carga horaria, inventando faltas de índole administrativo que el profesor jamás ha cometido; sin embargo, sabemos que lo que la citada licenciada pretende castigar es el hecho de que Héctor Barrios nunca ha aceptado subordinarse a su autoritarismo.
Cualquier universidad está obligada a respetar el libre pensamiento y manifestación de las ideas. Esto lo sabemos en la UNAM, y exigimos a las autoridades de la UAEH que hagan lo mismo y dejen de hostigar laboralmente al profesor Héctor Barrios Quiroz.
Por la Asamblea Universitaria Académica:
Juan Márquez Zea (Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Azcapotzalco), Emigdio Navarro Esquivel, Emilio Vivar Ocampo, Facundo Jiménez Pérez, Fernando Quintana Mendoza, Guadalupe Susano Caballero, Irma Tovar Corona, José Eduardo Amador Gordillo, Karla Edna García Rocha, Luis Darío Salas Marín, María Esther Navarro Lara, María Luisa Gaspar de la Teja, Miguel Ángel García Álvarez, Rafael Ordoñez Medina, Ricardo Díaz Díaz, Karina de la Vega Vargas.
Impunidad en el caso de la desaparición forzada contra Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya
La desaparición forzada de los Luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya acontecida el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, a cargo de policías estatales, federales y el Ejército Mexicano, cumple 8 años en la impunidad; 8 años en los que el Estado mexicano le ha apostado al desgaste y al olvido de este caso y de miles más. Sin embargo, estos 8 años para nosotros han sido de trabajo y lucha constante en los que se ha podido evidenciar al Estado mexicano como un Estado represor que mantiene como política sistemática la práctica de la desaparición forzada para mantener un clima de miedo y terror en la población.
En este tiempo transcurrido han confluido diversos esfuerzos que se han sumado a la exigencia de la presentación con vida de nuestros familiares; organizaciones de derechos humanos y populares, personas solidarias y personalidades han contribuido con su constancia, trabajo y dedicación a este proyecto de lucha.
En estos 8 años, a pesar de que aún no logramos nuestro objetivo principal, que es encontrar a Gabriel y a Edmundo, hemos podido evidenciar, bajo las propias leyes del Estado, que lo que les hicieron a nuestros seres queridos constituye claramente una desaparición forzada de personas, así lo constatan las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que dieron como resultado la emisión de la Recomendación 07/2009 y la resolución emitida el 19 de junio de 2014 por el Poder Judicial de la Federación, en la que se ordena realizar la búsqueda de ambos en los principales cuarteles militares. Con esto se deja claro una vez más que, a pesar de la negativa del Estado a reconocer la existencia de esta práctica, en los hechos se demuestra su existencia con la respuesta de sus propias instituciones.
Con este caso se ha demostrado que la justicia no existe en nuestro país, que el Estado encubre y protege a toda costa a los principales responsables de cometer este crimen de lesa humanidad: militares, Fuerzas Armadas y las diversas corporaciones policiacas, las cuales han permanecido impunes desde hace más de 40 años, a pesar de que existen evidencias y pruebas de su responsabilidad en cientos de violaciones graves a derechos humanos. Esto es evidencia de que las desapariciones forzadas constituyen una política de Estado que día a día cobra cientos de víctimas más en el país, configurándose como una práctica del terrorismo de Estado.
La desaparición forzada de Gabriel y Edmundo es un caso emblemático, no sólo por el carácter claramente político que éste implica y la evidente participación de agentes del Estado en su desaparición, sino también porque es un caso que ha logrado, por la vía jurídica, de derechos humanos y la presión política, que instancias como la CNDH y el Poder Judicial de la Federación emitan importantes recomendaciones y resoluciones que generan un antecedente importante en esta materia. Si bien esta resolución aún no ha sido cumplida, por la impunidad de la que hablamos anteriormente, queremos señalar que ha sido gracias a la presión y la constancia que hemos logrado arrancar esta resolución judicial. Nada ha sido producto de dadivas ni de la voluntad política del Estado, la cual no ha existido desde hace mucho tiempo.
La Gira Nacional Desaparición Forzada en México, Caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya: Un Crimen de Lesa Humanidad, que inicio el 16 febrero en Oaxaca con la participación de la Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda, e integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, visitó los estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Puebla, Pachuca, Michoacán, Guadalajara y tuvo como finalidad dar a conocer esta importante resolución judicial, sensibilizar y transmitir esta experiencia de lucha para que cada vez más personas conozcan esta situación y abracen la exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, objetivo que se cumplió al constatar en los hechos la solidaridad que organizaciones y personas nos manifestaron en las diversas ciudades que visitamos.
Por ello, ante el clima de violencia de Estado que se vive en el país, seguimos exhortando y llamando al pueblo a alzar la voz, a exigir el cumplimiento de esta resolución judicial y la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país.
Señalamos tajantemente que como familiares, organizaciones, así como los representantes legales, continuaremos en la exigencia de esta resolución judicial hasta agotar todas las líneas de investigación que aún quedan por realizar y lograr dar con el paradero de Gabriel y Edmundo.
¡Por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país! ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡Juicio y castigo a los responsables!
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Comité Cerezo México, Radio Estudiantil Libertaria, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Frente Oriente, Frente Popular Francisco Villa Independiente y Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México
Denuncian atropellos judiciales para desalojar viviendas
A los afectados por la especulación inmobiliaria, a las víctimas de desalojo y desplazamiento forzado; a las organizaciones en defensa del derecho humano a la vivienda; a los organismos defensores de derechos humanos; a los medios de comunicación; a la sociedad poblana; al pueblo de México:
El martes 26 de mayo, una comisión de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (Reddh) y del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) se entrevisto con el secretario adjunto del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla licenciado Guillermo Morales Rodríguez. La reunión es resultado de la protesta política realizada el pasado 21 de mayo con motivo de la denuncia que se expresó respecto al actuar ilegal del diligenciario José Martín Salazar Hernández, adscrito al Juzgado Décimo Segundo del Distrito Judicial de Puebla, hechos documentados y que son continuidad de un juicio irregular radicado en dicho Juzgado, del cual deriva una orden de lanzamiento que podría ejecutarse en cualquier momento.
Es importante destacar que la ilegal notificación se configura desde el momento en que, sin la presencia de la parte Actora, como lo señalaba el auto que la ordenó, se pretende llevar a cabo dicha diligencia cuyo instructivo se encontraba previamente elaborado haciendo constar que quedaba en manos de una persona desconocida y que fue modificado para anexar el nombre de Israel Sampedro Morales, quien realmente se encontraba en el domicilio. Por lo que ante la necesidad de hacer constar la ilegalidad y documentar el hecho, el coordinador general de la Reddh, Israel Sampedro Morales, fue amenazado por el diligenciario con “llevarlo detenido si no dejaba de grabar”.
Afortunadamente existe la documentación del suceso; de lo contrario, hubiera aparecido y revestido de legalidad en los autos del expediente 1160/2010 una notificación ilegal (como son las que hasta el momento se han llevado a cabo). Tal es el caso de aquellas en las que se precisa que el personal actuante del Juzgado 12 se cerciorara que en el domicilio señalado para la notificación habita María Elvira Guadalupe Dumit Garzón, de quien en autos obra Acta de defunción en la cual consta que su fallecimiento aconteció incluso mucho antes de la fecha de emplazamiento.
Los representantes del Tribunal Superior de Justicia externaron que se está llevando a cabo una investigación para sancionar al diligenciario José Martín Salazar Hernández, adscrito al Juzgado Décimo Segundo del Distrito Judicial de Puebla, por los hechos antes descritos. Y el compromiso de que analizarían este caso desde una perspectiva no solamente legalista, sino también humana.
Por parte de la comisión Reddh-FNLS argumentamos que el caso que nos ocupa no es, ni será, el único. El hecho es que este juicio ejemplifica un actuar constante y persistente en la procuración de justicia, ya que durante el juicio, al menos dos jueces y su personal han actuado en el expediente. Esto no implica que el diligenciario hoy sujeto a investigación no tenga que asumir su responsabilidad por su conducta contraria a los protocolos básicos de actuación judicial.
Expusimos también que una cosa es la autonomía de poderes como proceso administrativo, y otra que cada poder actúe de manera arbitraria para imponer un criterio único de interpretación de la Ley, pretendiendo con ello deslindarse de la responsabilidad que tienen como gobierno y Estado. Debido a que la vivienda es reconocida como derecho humano y por lo tanto tiene que interpretarse conforme al Bloque de Constitucionalidad y con base en los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad; y no como actualmente se realiza, tanto en juzgados como en la política pública del país, reduciendo la vivienda a la lógica mercantil. Por lo que, en este caso particularmente, antes de vulnerar el derecho a la vivienda, debió respetarse como parte de un debido proceso, el cual es de interés público para una debida administración de justicia para ambas partes, el derecho humano de audiencia, el cual fue violentado sistemáticamente, aprovechándose de esta situación de indefensión la parte Actora puesto que le concedió ventaja respecto a sus pretensiones.
Derivado de ello expusimos que era importante hacer del escrutinio público este caso, ya que pone en evidencia: que no todo los hechos jurídicos corresponden a los hechos reales y que la legalidad no representa en todo momento justicia, lo que genera contradicciones entre las disposiciones normativas y las exigencias legítimas del pueblo; aunado al actuar irregular por parte de las autoridades, pretendiendo sujetar a dicha “legalidad” al afectado sin que institucionalmente esta se haya respetado en un inicio.
Es importante destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios que señalan el derecho de Audiencia como parte fundamental del proceso judicial, para evitar la indefensión de las partes, y garantizar igualdad ante la Ley, señalando que el emplazamiento a una persona que ya falleció es suficiente para declarar ilegal todo lo actuado.
Propusimos como garantía de no repetición de estos hechos amenazantes, abusivos y por demás ventajosos, en cualquier juzgado y con cualquier diligenciario, la elaboración por escrito de un protocolo básico de cómo deben de actuar los diligenciarios, mismo que deberá ser entregado y explicado verbalmente a las partes al momento de la diligencia, para con ello garantizar el debido proceso. A lo cual respondieron que ya están dando capacitación de este tipo al personal del Tribunal, sólo que han iniciado de juzgados foráneos a la zona centro capital.
Finalmente, lo que quedó ambiguo es: ¿cómo calificará el Juzgado 12 Especializado en Materia Financiera del estado de Puebla la diligencia del pasado 20 de mayo en la que además de existir amenazas, no se cumplió con las formalidades legales ordenadas por el propio acuerdo y bajo las disposiciones que señala el ordenamiento aplicable?
Todos a organizarnos por el derecho humano a la vivienda
¡Queremos Vivienda Digna, No hacinamiento! ¡Alto a los desalojos forzados por especulación inmobiliaria! ¡Alto a los desalojos y desplazamientos forzados por megaproyectos!
Por la unidad obrera, campesina y popular:
Red de Defensa de los Derechos Humanos, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
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