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Timestamp: 2018-08-17 11:52:43+00:00

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﻿ Sentencia 35378 de agosto 4 de 2009
SENTENCIA 35378 DE 04 DE AGOSTO DE 2009
CONTENIDO:DESCUENTOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES PARA FONDOS DE EMPLEADOS SON LEGALES. VALORACIÓN PROBATORIA DE LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR DESCUENTOS DE LOS DERECHOS LABORALES, EN COPIA AUTÉNTICA O COPIA SIMPLE. LA VALIDEZ DE LAS PRUEBAS EN CASACIÓN SOLO PUEDE DEBATIRSE POR VÍA DIRECTA A TRAVÉS DE LA VIOLACIÓN DE MEDIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:COPIA DE DOCUMENTO, CLASES DE COPIA DE DOCUMENTO, DEDUCCIONES DEL SALARIO, CRÉDITO DE LIBRANZA, COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, DESCUENTO DE LA LIQUIDACIÓN LABORAL
Sentencia 35378 de agosto 4 de 2009
Ref.: Expediente 35378
Resuelve la Corte, el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Doris Esperanza Castro Vargas contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. el 9 de noviembre de 2007 en el proceso seguido por la recurrente contra la sociedad Sodimac Colombia S.A.
La demandante pretende de la demandada, que: (i) La reintegre al haber sido despedida estando incapacitada, razón por la que dicho despido no produce efecto. En subsidio, solicita: a) El pago de dineros retenidos ilegalmente durante la vigencia del contrato y a su terminación; b) Que se declare que la demandada no le expidió a la demandante, a la finalización del contrato de trabajo, la certificación prevista en el numeral 7º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo ni le practicó el examen médico de retiro; y c) El pago de la indemnización moratoria derivada de la declaración anterior.
El demandante fundamenta sus peticiones en que: 1. La demandante se vinculó como trabajadora temporal al servicio de la empresa demandada mediante la empresa de empleos temporales Sertempo en el año de 1996; 2. El 23 de diciembre de 1997, la actora fue vinculada directamente a la empresa demandada mediante contrato a término indefinido; 3. Aproximadamente, en el año de 1999 se inició un proceso de deterioro de la salud de la actora que fue avanzando hasta ser diagnosticada con la enfermedad profesional consistente en el síndrome ansioso depresivo causado por estrés laboral; 4. El 12 de marzo del 2002, la actora fue despedida del empleo sin justa causa y estando aquejada de una enfermedad adquirida al servicio de la empresa demandada.
La entidad demandada se opone a las pretensiones del actor. Para tal efecto, puntualiza que: (i) La patología de la actora era de origen común; (ii) La demandante no se encontraba incapacitada a la terminación del contrato; y (iii) A la actora no se le efectuó ningún tipo de retención ilegal de sus salarios y prestaciones. Finalmente, propone las excepciones de prescripción, falta de causa, inexistencia de la obligación, pago y buena fe.
El 15 de junio de 2007, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá condenó a la demandada a reembolsar a la demandante por deducciones no autorizadas la suma de $ 470.355,61, y absolvió a la demandada de las demás pretensiones formuladas en el escrito de demanda.
El Tribunal revocó la condena impuesta por el a quo, y en su lugar absolvió a la demandada de todas las pretensiones, sustentando la parte resolutiva de la sentencia, en las siguientes consideraciones:
“Retenciones ilegales
“... al analizar la Sala de decisión las pruebas a que se contrae el expediente conforme al artículo 60 de CPL, en especial la liquidación del contrato de trabajo, en donde se refleja los descuentos Fonsodi 46, por $ 351.538 y código 510, libranza compensar por $ 199.836 (fl. 48); libranza compensar 209722 (fl. 46) y comunicación del 11 de mayo de 2005, en donde se remite al Juzgado 8 laboral del circuito (sic) de esta ciudad, copia auténtica del pagaré y carta de instrucción (fls. 74 - 76), encuentra la Sala que efectivamente, aparece demostrado que la demandada contaba con plena autorización para hacer el descuento al demandante del salario, primas legales y extralegales, vacaciones, prestaciones sociales, indemnizaciones, cesantías y en general cualquier acreencia laboral que pudiera tener derecho, la suma adeudada al momento del retiro de la empresa, tal como se indicó en el pagare (sic) y carta de instrucciones librado por la demandante a Fonsodi (fls. 75-76). Igual autorización se incorporo (sic) en la libranza de compensar (fl. 46).
“Examen médico de retiro.
“La Sala comparte los argumentos expuestos por el juez de primera instancia que llevaron a desestimar dicha pretensión; ya que así lo ha reiterado la jurisprudencia...”.
“En cuanto al despido
“La inconformidad de la actora en su recurso radica, prácticamente en que se dejo (sic) de estudiar desde el punto de vista constitucional, el derecho que le asistía a la demandante para no ser despedida de su empleo, debió (sic) a que estaba sometida a stress laboral inhabilitante y que el juez desestimo (sic) su pretensión por existir prueba calificada para dictaminar el origen de la enfermedad y que el dictamen de la ARP no fue controvertido en su oportunidad, por lo que solicita que se indique cual (sic) es la prueba calificada para probar la causa de la enfermedad.
“Así la cosas, procede la sala a examinar las pruebas..., en especial el documento obrante a folios 32 a 35, del cual fluye que por encontrarse afiliada la demandante a la ARP Colmena, era la administradora la autoridad competente para determinar la calificación de la enfermedad de la demandante y por tanto al respecto considero (sic) en su comunicación 01502 de marzo de 2002, emitida por..., que las patologías de la demandante eran de enfermedades generales y comunes, que no cumplían con los presupuestos de las normas legales citadas para estar cubiertas por el sistema general de riesgos profesionales. Así mismo, no se demostró dentro del proceso que la demandante, se encontrara en incapacidad o licencia por enfermedad al momento del despido. Por lo que se habrá de confirmar la sentencia de primera instancia”.
El demandante en casación solicita que la Corte case el fallo recurrido, y que una vez constituida en tribunal de instancia, revoque la decisión del a quo, concediendo las pretensiones de la demanda.
El petitum de la demanda de casación se soporta en cuatro cargos, que fueron objeto de oposición, así:
“Acuso la sentencia recurrida de ser indirectamente violatoria por aplicación indebida del inciso 2º del artículo 53 de la Constitución Política, el cual fue transgredido en virtud de la violación medio de los artículos 51, 52, 60, y 61 del Código de Procedimiento Laboral y de los artículos 174, 183, 185, 252 y 277 del Código de Procedimiento Civil...”.
Acusa como pruebas erróneamente apreciadas, los documentos contenidos en los folios 32 a 35, y 136 a 140 del expediente.
El recurrente acusa al Tribunal de no dar por probado que la demandante se encontraba enferma, aquejándose de dolencias mentales, al momento del despido, tal como se colige de los documentos relacionados en la acusación como son, respuesta de la ARP Colmena a la reclamación presentada por la actora sobre el origen de su enfermedad, formulario de dictamen para calificación de la pérdida de la capacidad laboral y determinación de la invalidez, informe de enfermedad profesional, remisión, solicitud y autorización de servicios
“El cargo no contiene una sola disposición legal denunciada como infringida, mientras que, de otra parte, pretende encontrar apoyo en el artículo 53 constitucional que no es posible denunciar en casación como norma “legal” violada, mientras la restantes disposiciones son procesales”.
Si bien es cierto, que el numeral 1º del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991 atenuó el rigor técnico en cuanto a la proposición jurídica completa, también es cierto, que dicha disposición exige que por lo menos en los cargos se indique una norma de carácter sustancial que constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, requerimiento que no se presenta en el caso sub examine, toda vez que las normas procesales no constituyen normas de derecho sustancial. En cuanto al artículo 53 de la C.P., debe precisarse que, la Sala Laboral ha aceptado excepcionalmente que esta disposición sea válida para sustentar una proposición jurídica en casación, al derivarse los derechos pretendidos del artículo constitucional, sin embargo, en el presente caso no se puede predicar lo mismo, toda vez que se trata de una acusación vía indirecta en la que se pretende el reintegro de la trabajador por estar enferma, derecho de amplia regulación legal que no tiene expreso soporte o su fuente en el citado artículo.
No está de más indicar que el censor sustenta su acusación imputándole al Tribunal afirmaciones que no dijo y que además no son fundamento de la sentencia recurrida. El juez colegiado nunca concluyó que la demandante no estaba enferma, todo lo contrario, dio por demostrado que se lo estaba por patologías comunes. Lo que realmente dijo el ad quem, fue que la actora no se encontraba incapacitada o en licencia por enfermedad al momento del despido, razón por la que ni dando por superado las fallas técnicas, el cargo prosperaría.
Basta lo inicialmente dicho, para desestimar el cargo.
En consecuencia, no se casará la sentencia en cuanto al primer cargo aquí resuelto.
“Este cargo es subsidiario del anterior y se propone para el evento de no aceptar que la demandante debe ser reintegrada a su empleo”.
“Acuso la sentencia recurrida de ser directamente violatoria, por aplicación indebida de las siguientes normas: artículos 59, 65 y 149 del Código Sustantivo del Trabajo, los cuales fueron transgredidos en virtud de la violación medio de los artículos 51, 52, 54 A, 60 y 61 del Código de Procedimiento Laboral y de los artículos 174, 183, 252, 254, 276 y 277 del Código de Procedimiento Civil...”.
El recurrente manifiesta que el ad quem fundó su decisión absolutoria respecto de las pretensiones de retenciones ilegales de salarios y prestaciones, en la prueba visible a folio 46 del expediente, documento que obra en copia prácticamente ilegible y que, por tanto, no cuenta como constancia de autenticidad, lo cual resulta indispensable para ser tenido como prueba al tenor del artículo 54A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 254 del Código de Procedimiento Civil.
De la misma manera, desestima el documento que reposa a folio 74, debido a que este proviene de terceros, de tal suerte que para ser apreciado se requería del procedimiento establecido en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil. Además, los documentos provenientes de terceros no gozan de presunción de legalidad de acuerdo al artículo 54A del Código Procesal del Trabajo. Por lo demás, indica que:
“Es evidente que el haber tenido el ad quem como pruebas fundamentales en este proceso los documentales a folios 46 y 74 a 76, sin que puedan ser admitidos como tales y haber concluido con base en los mismos que la demandada acreditó haber contado con la autorización de la demandante para realizar descuentos a sus sueldos y prestaciones sociales, constituye una transgresión de las disposiciones probatorias anotadas...que condujo a la trasgresión de las siguientes disposiciones de carácter sustancial...”.
“Todo cargo propuesto por vía directa debe formularse prescindiendo de toda valoración probatoria, supuesto y técnica que no fue atendido por el censor cuando en el desarrollo del cargo dice “El documento” del folio 46 obra en una copia... Al “documento” de folio 74, proviene de terceros proceso... Es evidente que el haber tenido el ad quem como pruebas fundamentales en este proceso los documentos de folio 46 y 74 y 76...””.
“Este cargo es subsidiario del anterior y aquí en lugar de alegar la aplicación indebida de las normas sustanciales invocadas, se sostiene es su infracción directa”.
“Acuso la sentencia recurrida de ser directamente violatoria, por infracción directa de las siguientes normas: artículos 59, 65 y 149 del Código Sustantivo del Trabajo, los cuales fueron transgredidos en virtud de la violación medio de los artículos 51, 52, 54A, 60, y 61 del Código de Procedimiento Laboral y de los artículos 174, 183, 185, 252, 254, 276 y 277 del Código de Procedimiento Civil...”.
Presenta similares argumentos a los expuestos en el segundo cargo, solo modificándolos en lo referente a la orientación del cargo, siendo la modalidad escogida en esta tercera acusación, la infracción directa.
“... de nuevo se apoya en pruebas sin tener en cuenta que en la vía de ataque escogida debe hacerse aceptando los hechos y las pruebas sin poder ocuparse de ellas en la demostración.
El cargo segundo y tercero se estudiarán conjuntamente por sustentarse en similares normas, perseguir la misma finalidad, complementarse entre sí, sin perjuicio de haber sido formulados por diferentes vías y conceptos.
La Sala Laboral de la Corte reitera que los cuestionamientos sobre aducción, aportación, validez y decreto de pruebas, deben estar orientados por la vía directa, porque en estos casos no se trata de establecer errores en la valoración probatoria, sino la violación de preceptos legales que gobiernan esas situaciones procesales, tal como se expresó en la sentencia de 7 de febrero de 2001 de radicación 15438, y en la del 13 de julio de 2006 de radicación 27517. En consecuencia, no se equivoca el censor en la vía escogida en el segundo y tercer cago, donde ataca la validez de las pruebas en que se fundamentó el fallo impugnado.
El primer problema jurídico planteado consiste en establecer si tienen o no valor probatoria, las siguientes documentales: el folio 46, que contiene la libranza firmada por las partes y por el fondo de empleados de la demandada, y los folios 74 a 76, donde reposan la respuesta que dio el fondo de empleados a un oficio del juzgado, aportando pagaré, carta de instrucciones y comunicación donde se explica que el fondo le solicitó a la accionada que en virtud de los citados documentos se le descontará a la actora la suma de $ 351.538 por concepto de saldo de obligaciones.
El primer documento, lo cuestiona por ser copia simple, además, lo califica de ilegible, y que de haber sido aportada en original, tampoco sería válido, toda vez que la demandada no afirmó que provenía o estuviera suscrito por la accionante. Los segundos, folios 74 a 76, les cuestiona su valor probatorio por provenir de terceros, dándoseles el carácter de certificación, sin cumplir los requisitos del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil.
No le asiste razón a la demandante en su ataque, toda vez que los folios 46, 74 a 76 tienen pleno valor probatorio.
En materia laboral, en todos los procesos, salvo cuando se pretenda hacer valer como título ejecutivo, los documentos o sus reproducciones simples presentados por las partes con fines probatorios se reputaran auténticos, sin necesidad de autenticación ni presentación personal, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos emanados de terceros, de conformidad con el parágrafo del artículo 54 A del Código de Procedimiento Laboral. Así las cosas, se concluye que la libranza aportada por la parte demandada al contestar la demanda, se debe reputar auténtica y tiene valor probatorio, no requiriéndose exigencia adicional, como lo plantea el censor. Además, la parte demandante, quien aparece suscribiéndolo, no presentó tacha alguna en contra de dicho documento, tal como lo exige el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, en cuanto a que es ilegible se debe decir que aunque su contenido sea borroso, se permite leer, por lo que el Tribunal a bien tuvo en apreciarlo de acuerdo a las reglas de la sana crítica. El censor olvida que es deber principal del juez, buscar la verdad en el trámite del proceso, y por ello es que no debe descartar ninguna de las pruebas debidamente decretadas y practicadas, valorando hasta los documentos rotos, raspados, parcialmente destruidos o con enmendaduras que no afecten la totalidad del contenido, tal como lo ordena el artículo 261 del Código de Procedimiento Civil.
Por otra parte, los folios 74 a 76 son copias autenticadas por notario, previo cotejo con el original de acuerdo al sello y firma que lo respalda, documentos que de acuerdo al artículo 254 del Código de Procedimiento Civil tienen el mismo valor probatorio que el original, razón por la que también yerra el censor cuando cuestiona que el Tribunal los haya tenido en cuenta en su decisión, máxime cuando en su oportunidad procesal no los tachó.
Además, el pagaré y carta de instrucciones aparecen suscritos por la parte demandante, por lo que no se puede considerar como un documento de tercero, como erradamente lo pretende el recurrente.
“Este cargo es subsidiario del segundo y el tercero”.
“Acuso la sentencia recurrida de ser indirectamente violatoria, por aplicación indebida de las siguientes normas: artículos 59, 65 y 149 del Código Sustantivo del Trabajo...”.
“La infracción medio que condujo a la violación de las normas sustanciales anotadas se produjo, al haber violado el ad quem las disposiciones de los artículos 60 y 61 del Código de Procedimiento Laboral.
Acusa como documentos erróneamente apreciados, los contenidos en los folios 46, 75 y 76.
“El error de hecho cometido por el ad quem, consistió en haber dado por probado, sin estarlo, que la demandante y la demandada acordaron que el empleador podría realizar en la liquidación final del contrato de trabajo, descuentos a las sumas a pagarle a la actora...”.
Expone el recurrente, que el documento a folio 46, está casi completamente ilegible, no contiene ningún acuerdo entre las partes. Respecto de los documentos 75 y 76, debe anotarse que en estos no aparece manifestación de la voluntad de la demanda, concretamente el folio 75 es un pagaré sin monto, nombre del obligado, fecha de creación ni de vencimiento, cuyo beneficiario es Fonsodi, sin que en ninguno de sus 39 renglones aparezca ... el nombre del empleador, y que similares deficiencias presenta el folio 76, autorización para llenar pagaré que no indica fecha en que fue elaborado, no precisa el número del pagare y no está dirigida a la demandada sino a Fonsodi.
Arguye el opositor que lo encontrado por el Tribunal como acreditado, cuenta con todo el respaldo probatorio, en tanto que el fondo de empleados de la demandada le comunicó a la accionada de la existencia de un saldo insoluto a cargo de la demandante para efectuar el descuento y, adicionalmente, los documentos visibles a folios 75 y 76 registran, sin duda, que la demandante había autorizado al fondo de empleados en caso de retiro de la demandada, para que se hicieran los descuentos respectivos por el saldo mencionado, equivocándose de esta manera, el recurrente al afirmar que no había autorización para que la demandada descontará el saldo insoluto.
Luego de revisadas las pruebas que se relacionan en la acusación se concluye que no se presentó error protuberante en la valoración de las mismas, toda vez que del folio 46 se concluye que corresponde a una libranza suscrita por las partes y el fondo de empleados, donde la actora autorizó a la demandada a que le descontara de sus salarios y demás derechos laborales, una suma de dinero que el fondo le estaba prestado a la trabajadora con sus respectivos intereses, comprometiéndose la accionada a realizar dichos descuentos en virtud del acuerdo tripartito.
Así mismo, los folios 75 y 76 acreditan la existencia de un pagaré y carta de instrucciones, en donde la actora es la deudora y el fondo de empleados el acreedor, y que además la demandante autorizó para que se le descontara de sus salarios y demás derechos laborales la deuda que contrajo.
Todas estas pruebas, demuestran la deuda de la demandante con el fondo y las autorizaciones de descuento que había firmado como fuente de pago de dicha deuda, razón por la que no se presenta error evidente cuando el Tribunal concluyó, de su análisis, que los descuentos efectuados por la demandada estaban autorizados.
No está de más precisar, que las deducciones para fondos de empleados legalmente constituidos hacen parte de los descuentos permitidos, estando el empleador en la obligación de hacerlos, en virtud de los artículos 59 y 150 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 55 Decreto 1481 de 1989.
En consideración a lo anotado, no prospera el cargo.
Por lo anterior, no se casará la sentencia y se condenará en costas a la parte demandante, esto último en virtud del resultado del recurso y por haberse presentado réplica por parte de la demandada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 9 de noviembre de 2007, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en el proceso ordinario de Doris Esperanza Castro Vargas contra Sodimac Colombia S.A.
Costas a cargo de la demandante en el trámite del recurso extraordinario de casación.

References: artículo 57
 artículo 60
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 51
 artículo 53
 artículo 54
 artículo 277
 artículo 54
 artículo 277
 artículo 54
 artículo 289
 artículo 261
 artículo 254
 artículo 55