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Timestamp: 2018-01-16 09:27:11+00:00

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Sentencia A.P. Córdoba 318/2013 de 25 de noviembre. Accidente de tráfico. Falta de lesiones por imprudencia. Indemnización. Responsabilidad directa y solidaria. Error en la valoración de la prueba. Incongruencia. Desestimación - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Córdoba 318/2013 de 25 de noviembre
Accidente de tráfico: Falta de lesiones por imprudencia. Valoración de la prueba: Alcance del recurso de apelación, no apreciándose error alguno, habiéndose acreditado la existencia de sesiones de rehabilitación. Principio de rogación de parte: No cabe apreciarse incongruencia interna de la sentencia dado que lo concedido coincide con lo solicitado aunque, por error material, se fijase una petición inferior.
Juicio de Faltas n.º 16/2013
Juzgado de Instrucción num. 2 de Lucena
Rollo n.º 107/2013
SENTENCIA n.º 318/2013
En la ciudad de Córdoba, a veinticinco de noviembre de dos mil trece.
Juan Luis Rascón Ortega, magistrado de la Audiencia Provincial constituido en tribunal unipersonal, ha analizado el presente rollo de apelación en el que han sido partes apelantes Fulgencio y la compañía aseguradora Mapfre Familiar -asistidos por el procurador Francisco Javier Córdoba Aguilera y defendidos por el letrado Manuel Rejano de la Rosa-, y en el que ha intervenido también Julián - asistido por el procurador Pedro Ruiz de Castroviejo Aragagón y defendido por el letrado Andrés Cid Luque-.
Primero.—En el juicio de faltas arriba referido se dictó sentencia el día 23 de septiembre de 2013 en el que constan los siguientes hechos probados: Sobre las 16:30 horas del día 18 de mayo de 2012, Julián conducía el vehículo marca BMW con número de matrícula.... GGR por la Avenida Santa Teresa de lucena, cuando pro incidencias del tráfico detuvo la marcha, siendo alcanzado su vehículo por el automóvil matricula XE-....-EZ pilotado por Fulgencio, asegurado en la compañía de seguros MAPFRE FAMILIAR, que circulando inmediatamente detrás del vehículo del Sr. Julián, debido a una desatención de las circunstancias del tráfico y de la vía, no se percató con la suficiente antelación de que el vehículo que le precedía detenía la marcha.
As consecuencia del accidente Julián resultó con lesiones consistentes en esguince cervical y contusión lumbar, que requirió como medidas terapéuticas exploración clínica, exploración radiográfica, reposo relativo, relajantes musculares, antiinflamatorios no esteroideos, collarín cervical con carácter sintomático y rehabilitación (20 sesiones), invirtiendo en su curación 33 días impeditivos y con secuela en columna vertebral y pelvis-síndrome postraumático cervical (cervicalgia, mareos, vértigos, cefaleas) valorada en 1 punto.
Segundo.—En tal resolución se puede leer el siguiente fallo: Debo condenar y condeno a Fulgencio como autor responsable de la falta de lesiones por impurdencia de la que es acusado y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal subsidiaria del art. 53.1 C.Penal .
Fulgencio deberá indemnizar a Julián en la cantidad de 2.828,21 euros por las lesiones sufridas, y en la cantidad de 340 euros por gastos médicos acreditados.
De estas cantidades responderá de forma directa y solidaria la compañía de seguros Mapfre Familiar, con cargo a la cual devengarán los intereses prevenidos en el art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro .
Tercero.—Contra la citada sentencia, Fulgencio y la compañía aseguradora Mapfre Familiar interpusieron en tiempo y forma recurso de apelación por no creerla ajustada a Derecho, solicitando su absolución y, alternativamente, la rebaja de las indemnizaciones concedidas.
Cuarto.—Trasladado el recurso a la otra parte, argumentó sobre el mismo lo que tuvo por conveniente, solicitando la desestimación del mismo por entender que la sentencia dictada está ajustada a Derecho.
Quinto.—Remitidas las actuaciones a esta Audiencia Provincial, se forma el rollo oportuno, turnándose la ponencia y acordándose pasar las actuaciones al magistrado correspondiente para la resolución del recurso.
HECHOS PROBADOSSe aceptan íntegramente los hechos declarados probados en la sentencia recurrida.
Primero.—Objeto de recurso
Varios son los motivos sustantivos de oposición a la sentencia dictada en la primera instancia que invocan los recurrentes: 1.º, error en la valoración de la prueba padecido por la jueza de Instrucción; 2.º, infracción del artículo 621.3.º del Código Penal, por indebida aplicación del mismo; 3.º, error de la jueza a la hora de fijar el quantum indemnizatorio al haber concedido más cantidad de la expresamente solicitada por la víctima.
Segundo.—La s entencia recurrida
En la primera instancia, la jueza ha dictado una sentencia que está razonada y que es razonable. Ha motivado de manera comprensible y exhaustiva los argumentos que le llevan a un pronunciamiento condenatorio penal tras presenciar directamente el juicio oral celebrado y ha hecho una valoración jurídica de toda la prueba que ha de entenderse razonable porque sus conclusiones son perfectamente aceptables por la lógica humana. No son ni absurdas, ni irracionales, ni incongruentes. Antes bien, desde el conjunto probatorio ofrecido por las partes, declara como probado un accidente de tráfico por alcance injustificado de un coche a otro que causó daños corporales a una persona, daños que necesitaron hasta su total curación de una asistencia sanitaria y de ulterior tratamiento médico -rehabilitación-. A partir de ahí, subsume la conducta humana imprudente de quien no está atento a la circulación rodada en el tipo penal descrito en el artículo 621.3.º de nuestra norma penal común y deriva una sanción de igual naturaleza al infractor así como el reconocimiento de unas indemnizaciones a la víctima con arreglo al baremo anexo a la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
Tercero.—La valoración de la prueba en la primera instancia
Los recurrentes plantean de manera implícita su discrepancia con el relato fáctico consolidado en la sentencia y la fundamentación jurídica que lo acompaña, viniendo a alegar la deficiente valoración de la prueba practicada en plenario hecha por la jueza de Instrucción. Pretenden así su absolución.
Al respecto, hay que decir en esta instancia que el órgano de apelación no puede modificar esos hechos probados sentados en la primera sentencia para provocar la absolución de alguien condenado cuando lo que encuentra es, como en este caso, un análisis lógico de toda la prueba practicada y no razonamientos absurdos o irracionales que viciarían el veredicto. Y lógico es concluir que se produce el alcance de un vehículo a otro que le precede en la marcha cuando los dos conductores así expresamente lo declaran -el responsable del accidente reconociendo que conducía de forma distraída-, versión coincidente que es confirmada por diversas documentales aportadas por las partes; lo mismo que es lógico describir las consecuencias dañinas a la integridad corporal de la víctima a partir del informe completo, claro y preciso evacuado por una médica forense del Instituto de Medicina Legal de Córdoba
Precisamente, lo que se deduce en este tema del escrito de apelación es que las partes que lo suscriben no pretenden otra cosa que sustituir, con su particular, sesgada y hasta caprichosa valoración de prueba, la razonada y razonable de una jueza imparcial para consolidar un relato fáctico que es consecuencia natural de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral.
Cuarto.—La supuesta infracción del artículo 621.3.º del Código Penal
Sostienen los recurrentes que la jueza de la primera instancia ha infringido tal precepto legal porque lo ha aplicado cuando no debió de hacerlo, toda vez que el mismo, por remisión al delito de lesiones descrito en los artículos 147 y siguientes del Código Penal, exige la concurrencia de de tratamiento médico o quirúrgico posterior a la primera asistencia sanitaria y en este caso no lo hubo. Con la jurisprudencia que la jueza de Instrucción le recuerda a la parte, no puede estar más desacreditada esta opinión de parte: la víctima recibió una primera asistencia sanitaria y, posteriormente, un tratamiento de 20 sesiones de rehabilitación que objetivamente está dedicado a curar, con lo que este elemento normativo del tipo penal de lesiones imprudentes leves se cumple sobradamente.
Quinto.—La supuesta infracción del principio de rogación de parte
En el tercer motivo de impugnación, los recurrentes alegan incongruencia interna de la sentencia que concede más indemnización de la expresamente solicitada por la parte interesada. Con ello implícitamente se están refiriendo al principio de rogación que supone una limitación para el juez a la hora de fijar la responsabilidad civil en función de los particulares intereses de la parte que la solicita.
En el caso de autos ocurre que la víctima reclama por los 33 días que estuvo impedida para sus ocupaciones propias y por la secuela que el accidente le derivó -valorada por el médico forense en 1 punto-, más unos gastos sanitarios -de todas esas peticiones da cumplida explicación su letrado en el acto de la vista oral-, sin renunciar a todo o parte de esa indemnización, descontando la cantidad que la aseguradora ya le había pagado y, por supuesto, teniendo en cuenta el baremo -actualizado por resolución de 24 de enero de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones- anexo a la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículo a Motor -Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre-, de obligado cumplimiento cuando se trata de indemnizar los daños personales derivados de la circulación rodada. Y, a la hora de hacer la cuenta final, se equivoca y pide la suma de 1479,01€ en vez de los 2559,01€ que le corresponden con arreglo a la citada norma vinculante.
En ese escenario, no se puede sostener, como sostienen los recurrentes, que la jueza ha incurrido en incongruencia por haber quebrantado el principio de rogación porque lo que hace es atenerse escrupulosamente tanto a la petición sustantiva realizada por la víctima por los dos capítulos indemnizatorios por los que reclama, como a la norma jurídica que contempla las indemnizaciones solicitadas, lo que la lleva a corregir el mero error material padecido por aquélla a la hora de cuantificarlas dando más de lo que la parte formalmente postuló.
Por tanto, este último motivo de impugnación de la sentencia dictada en la primera instancia tampoco puede prosperar.
Este tribunal aprecia que los recurrentes se han conducido con temeridad a la hora de interponer el recurso de apelación. En esta segunda instancia han repetido el planteamiento de cuestiones fácticas y jurídicas adecuadamente resueltas por la jueza de Instrucción y que debieran haber satisfecho la inquietud de cualquier jurista común y, añadidamente, ha hecho causa de un error formal padecido por la víctima para tratar de menguar la justa indemnización que a la misma le corresponde. Esta realidad lleva a imponerle a tales partes las costas de esta instancia, una posibilidad que está expresamente contemplada en el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Desestimo el recurso de apelación interpuesto por Fulgencio y la compañía aseguradora Mapfre Familiar contra la sentencia dictada el día 23 de septiembre de 2013 por la jueza de Instrucción número 2 de Lucena en el juicio de faltas n.º 16/2013 y, en consecuencia, confirmo íntegramente dicha resolución, con expresa imposición de las costas de esta instancia a los recurrentes.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra ella no cabe recurso alguno. Una vez verificado, expídase testimonio y remítase al juzgado de procedencia para su ejecución.
Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronuncio y firmo.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 621
 artículo 621
 artículo 621
 resolución 
 artículo 240
 resolución