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Timestamp: 2020-07-13 08:26:18+00:00

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El tratamiento de datos personales de contagiados y sospechosos para la vigilancia epidemiológica en la nueva normalidad - Hay Derecho
21 mayo, 2020 /en Blog /por Ana Marzo Portera
En medio del debate sobre si es legítimo o no la toma de temperatura de las personas que acceden a un comercio o a un centro de trabajo, el pasado 12 de mayo se publicó la “Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad” (en adelante también Orden 404), a través de la cual se establecen una serie de obligaciones de recogida, tratamiento y remisión de información, tanto individualizada como agregada, para los centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, tanto del sector público como del privado, así como a los profesionales sanitarios que trabajan en ellos y servicios de prevención de riesgos laborales (en adelante también, los sujetos obligados).
Esta Orden (dictada al amparo de lo previsto en el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19) se enmarca en la “Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia COVID‐19, que el Ministerio de Sanidad publicó el 6 de mayo (posteriormente actualizada a fecha 12 de mayo) y establece en su artículo segundo que la COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente por lo que se hace necesario llevar a cabo la recogida de datos completos y precisos para apoyo de la toma de decisiones a la autoridad sanitaria.
De acuerdo con lo anterior, las unidades de salud pública de las comunidades y ciudades autónomas deberán obtener diariamente información sobre los casos sospechosos y confirmados de COVID-19, a través de los sujetos obligados.
Esta obligación se recoge en el marco de lo establecido en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, que establece la creación de una Red de Vigilancia en Salud Pública que incluya un sistema de alerta precoz y respuesta rápida que esté en funcionamiento continuo e ininterrumpido las veinticuatro horas del día.
El Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre creó la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) para permitir la recogida y el análisis de la información epidemiológica con el triple fin de (i) poder detectar problemas que puedan suponer un riesgo para la salud, (ii) difundir la información a las autoridades competentes y (iii) facilitar la aplicación de medidas para su control.
De hecho, este escenario legal es el que ha permitido a las autoridades competentes en materia de salud pública recoger y tratar información de la situación de la infección por SARS-CoV-2 y la COVID-19 desde el inicio de la pandemia y en el que ahora se enmarca la comunicación de datos que se llevará a cabo por los sujetos obligados.
La Orden 404 hace una llamada a cada componente de la RENAVE, a nivel autonómico y estatal, para advertir de que deberán destinar los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para la obtención de datos y el análisis continuo de la información, sin perjuicio de que igualmente se llevarán a cabo las adaptaciones pertinentes en los sistemas de información sanitaria y de vigilancia epidemiológica con el objeto de permitir a la RENAVE disponer de la información que la Orden establece.
Pero veamos a continuación cuáles son exactamente las obligaciones y procedimientos de obtención y comunicación de información para la vigilancia epidemiológica que contempla la Orden.
Por un lado, los servicios de atención primaria y hospitalaria, tanto del sistema público como del privado, así como de los servicios de prevención de riesgos laborales, son los sujetos obligados que deberán facilitar diariamente a las unidades de salud pública de las comunidades y ciudades autónomas información sobre los casos sospechosos e información individualizada de los casos confirmados de COVID-19. Concretamente, la información a obtener y comunicar al Ministerio de Sanidad desde el 12 de mayo de 2020 se describe en los anexos de la Orden.
Por otro lado, los laboratorios autorizados en España para la realización de pruebas diagnósticas para la detección de SARS-CoV-2 mediante PCR u otras pruebas moleculares deberán remitir directamente al Ministerio de Sanidad sus datos de contacto e identificación, así como datos de las pruebas diagnósticas realizadas.
De acuerdo con la Orden, la información individualizada de casos confirmados, se enviará al Ministerio de Sanidad a través de la herramienta de vigilancia SiViEs que gestiona el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III. Antes de las 12.00 horas de cada día se incorporará toda la información acumulada y actualizada hasta las 24.00 horas del día anterior.
Es obvio que la comunicación de datos que regula la Orden supone un tratamiento que, como las autoridades de protección de datos nos han recordado de forma periódica en esta situación de crisis sanitaria, debe garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos, concretamente lo establecido en el Reglamento (UE) General de Protección de Datos (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), siendo especialmente relevantes las obligaciones de información a las personas interesadas relativas a los datos obtenidos por los sujetos obligados, puesto que como nuestro Tribunal Constitucional ya manifestó en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre de 2000 uno de los elementos característicos de la definición constitucional del derecho fundamental a la protección de datos personales es el derecho a saber de los mismos.
En este punto hubiera sido deseable que la Orden ya incorporase exactamente la información que deberían recibir las personas interesadas acerca del tratamiento de sus datos personales, pero no ha sido así.
La Orden se limita a indicar que el responsable del tratamiento de los datos que serán comunicados por los sujetos obligados será el Ministerio de Sanidad y tiene por finalidad el seguimiento y vigilancia epidemiológica de la COVID-19 para prevenir y evitar situaciones excepcionales de especial gravedad, atendiendo a razones de interés público esencial en el ámbito específico de la salud pública, y para la protección de intereses vitales de los afectados y de otras personas físicas.
También indica que el Ministerio de Sanidad garantizará la aplicación de las medidas de seguridad preceptivas que resulten del correspondiente análisis de riesgos, teniendo en cuenta que los tratamientos afectan a categorías especiales de datos y que dichos tratamientos serán realizados por administraciones públicas obligadas al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.
Y menciona igualmente que el intercambio de datos con otros países se regirá por el RGPD, teniendo en cuenta la Decisión n.º 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud (cuyo objeto es objeto apoyar la cooperación y la coordinación entre los Estados miembros con el fin de mejorar la prevención y el control de la propagación de las enfermedades humanas graves a través de las fronteras de los Estados miembros y luchar contra otras amenazas transfronterizas graves para la salud) y el Reglamento Sanitario Internacional (2005) revisado, adoptado por la 58ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en Ginebra el 23 de mayo de 2005.
Pero, volviendo al “derecho a saber” que nuestro Tribunal Constitucional calificó como uno de los pilares fundamentales de la privacidad de los ciudadanos, la Orden no hace explícito el alcance del contenido del tratamiento de datos de acuerdo con el principio de transparencia recogido en los artículos 13 y 14 RGPD (información que cualquier persona precisa para disponer de un control sobre sus datos) acogiéndose aparentemente a las excepciones para ello, puesto que precisa expresamente “que las obligaciones de información del Ministerio se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 14 RGPD teniendo en cuenta las excepciones y obligaciones previstas en su párrafo 5”.
Pero ¿qué dice el artículo 14 RGPD y cuáles son estas excepciones? El artículo 14 aclara la información que el Ministerio de Sanidad debería proporcionar a cada ciudadano de quien reciba sus datos personales como consecuencia de la comunicación que los “sujetos obligados” llevarán a cabo según lo antedicho en la Orden 404, y que consiste en la siguiente:
a) La identidad y los datos de contacto del responsable (Ministerio de Sanidad);
b) Los datos de contacto del delegado de protección de datos;
f) En su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un destinatario en un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias basadas en garantías adecuadas cuáles son estas y los medios para obtener una copia de ellas o al hecho de que se hayan prestado.
i) La existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, y a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos;
j) El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;
k) La fuente de la que proceden los datos personales y, en su caso, si proceden de fuentes de acceso público;
l) La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para la persona interesada.
Como puede apreciarse no es un asunto baladí. Esta información, que permitiría al ciudadano tener un control sobre sus datos, es la que el Ministerio de Sanidad debería comunicar a cada persona de quien se traten datos personales como consecuencia de la aplicación de la Orden 404 y podría haber sido incluida en la propia Orden.
La norma indica concretamente que el Ministerio debería facilitar la información indicada i) dentro de un plazo razonable, una vez obtenidos los datos personales, y a más tardar dentro de un mes; ii) si los datos personales han de utilizarse para comunicación con la persona interesada, a más tardar en el momento de la primera comunicación con ella, o; iii) si está previsto comunicar los datos a otro destinatario, a más tardar en el momento en que los datos personales sean comunicados por primera vez.
Sin embargo, no parece que el Ministerio tenga intención de informar del contenido del tratamiento a las personas interesadas, como puede apreciarse por el hecho ya mencionado de que la Orden indica que el Ministerio de Sanidad “tendrá en cuenta las excepciones al deber de informar contempladas en el propio artículo 14 RGPD en su apartado 5º”.
¿Y cuáles son estas excepciones?
Pues según reza el artículo 14, en su apartado 5º:
a) Cuando la persona interesada ya disponga de la información, lo cual en este caso no se dará si el Ministerio no proporciona a los “sujetos obligados” la información que deberían trasladar a las personas contagiadas o sospechosas.
b) Cuando la comunicación de dicha información resulte imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado, en particular para el tratamiento con fines de investigación científica “a reserva” en este caso de que cumplir con la obligación de informar pueda imposibilitar u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de tal tratamiento o en otro caso, siempre que se hubieran adoptado “las condiciones y garantías adecuadas para proteger los derechos, libertades e intereses legítimos de las personas interesadas”, inclusive haciendo pública la información;
c) Cuando la obtención o la comunicación esté expresamente establecida por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca medidas adecuadas para proteger los intereses legítimos del interesado, o
No entraremos en el debate de la aplicabilidad de las excepciones ni en su caso, de las condiciones para ello, habida cuenta de que daría lugar para escribir otro post. Sin embargo, sí considero importante volver a aclarar que hubiera sido deseable en pro de la transparencia del tratamiento de los datos por nuestras instituciones, que se hubiera aprovechado la Orden para publicar, sino el total, sí parte de la información a que tienen derecho los ciudadanos como titulares de un derecho constitucional, como es el derecho a la protección de datos, dado que ello no habría puesto en riesgo los fines de tratamiento ni los hubiera obstaculizado.
Pese a que la Orden manifiesta que el responsable del tratamiento es el Ministerio de Sanidad, no queda tampoco clara la relación del Ministerio con el Instituto de Salud Carlos III (que es la entidad que gestiona la herramienta a través de la cual se enviarán los datos al Ministerio) ni parece que las políticas de privacidad que uno (Instituto de Salud Carlos III) y otro (Ministerio de Sanidad) tienen a disposición de los ciudadanos en sus sitios web. En esta línea, es menester advertir que la LOPDGDD establece la obligación para las Administraciones públicas de publicar electrónicamente sus registros de actividades en relación con el tratamiento de datos que llevan a cabo como responsables y encargados del tratamiento y s.e.u.o., no parece que en el registro de las actividades publicado por el Ministerio de Sanidad haya ninguna actividad de tratamiento relacionada con la Orden.
La transparencia en términos de privacidad para las AAPP debe ser además de una obligación una actitud puesto que, no en vano, la Administración Pública se encuentra entre las áreas de actividad con mayor número de reclamaciones recibidas en 2019 por parte de los ciudadanos, según indica la Agencia Española de Protección de Datos en su Memoria 2019.
Comparto en este punto opinión con Carme Sánchez (responsable en la Asociación Profesional Española de la Privacidad del grupo sobre administraciones públicas y privacidad) quién ve claro que las administraciones deben apostar por la privacidad y tenerlo como un valor añadido en su quehacer diario y contacto con el ciudadano.
Pero ¿qué ocurre en el caso de los denominados “sujetos obligados”? ¿Quedan ellos amparados por las excepciones del derecho a informar a las personas interesadas?En mi opinión no. La Orden no lo aclara, pero el artículo 13 RGPD, que es el que regula la información que deberá facilitarse a los titulares de los datos cuando sean ellos quienes proporcionen los datos personales, establece básicamente la misma obligación de información con el alcance que antes hemos descrito (con alguna diferencia) y la única excepción que se plantea es para el supuesto de que la persona interesada de quien se recogen los datos (esto es, los sospechosos y los contagiados) ya dispongan de la información, lo cual, obviamente no ocurre en la práctica.
En el artículo 23 RGPD se establece la posibilidad de limitar el principio de transparencia (que es el que obliga a trasladar la información a las personas interesadas) pero solo a través de medidas legislativas que así lo especifiquen. Pero no es el caso.
Esto nos conduce a advertir de la obligación que tienen las mutuas y los servicios de prevención de las empresas (como el resto de sujetos obligados) de informar en la recogida de los datos personales a los sospechosos de COVID-19 y a los contagiados del contenido del tratamiento de sus datos personales de acuerdo con el artículo 13 RGPD, cuando a través de la prestación de sus servicios habituales para las empresas tengan conocimiento de estos casos.
Nada tiene esto que ver con la reciente polémica que se ha levantado al hilo del comunicado de la AEPD en relación con la toma de temperatura por parte de comercios, centros de trabajo y otros establecimientos sobre lo cual ya se ha escrito mucho y en algún caso con detalle y argumento (véase artículo de opinión de Xavier Ribas) en el sentido de que el hecho de que la Orden 404 obligue a recoger determinada información a las mutuas y servicios de prevención no supone la necesidad de adoptar de forma generalizada dichos sistemas de toma de temperatura de las personas en el acceso a centros de trabajo, comercios, centros educativos u otro tipo de establecimientos.
La toma de temperatura es una opción que en cada caso deberán valorar los comercios, centros de trabajo y otros establecimientos en el marco de las medidas de reanudación de sus actividades habituales y en particular, en relación con los protocolos y medidas de prevención de COVID-19. Si bien en este punto la Agencia Española de Protección de Datos ha indicado que la aplicación de esta medida y el correspondiente tratamiento de datos requeriría la determinación previa que haga la autoridad sanitaria competente, que en estos momentos es el Ministerio de Sanidad, de su necesidad y adecuación al objetivo de contribuir eficazmente a prevenir la diseminación de la enfermedad en los ámbitos en los que se apliquen, regulando los límites y garantías específicos para el tratamiento de los datos personales de los afectados.
Si bien hasta el momento no parece que el Ministerio de Sanidad haya realizado una declaración pública sobre ello, la medida cada vez es más generalizada tanto en el sector privado como en el público (véase la Guía de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial elaborada por el Consejo General del Poder Judicial, que establece los órgano/s encargado/s de garantizar las medidas recomendarán a las Administraciones prestacionales que pueda realizarse el control diario de temperatura en el acceso a la sede judicial y la Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba y publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales que en relación con los “Centros de entrenamiento” exige que sean dotados de puntos de control de acceso especial, provistos de material de desinfección y aislamiento, de elementos técnicos que permitan comprobar la temperatura, de las personas que accedan al recinto, y circuitos cerrados de televisión CCTV). Concretamente además, según indica el propio Consejo Superior de Deportes el Ministerio de Sanidad ha validado la práctica totalidad del protocolo sanitario que, con las aportaciones de numerosos agentes, se remitió al departamento que comanda el ministro Salvador Illa.
No obstante, el silencio del Ministerio de Sanidad al respecto es patente como lo pone de manifiesto el hecho de que la Orden SNS/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad establece (entre otras) una serie de medidas para garantizar la protección de los trabajadores en su puesto de trabajo, así como para evitar la concentración de personas en determinados momentos en el nuevo escenario proporcionado por la fase 2, como son: asegurar que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos; garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de aproximadamente dos metros o en su caso que los trabajadores dispongan de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo; la sustitución del fichaje con huella dactilar por cualquier otro sistema de control horario que garantice las medidas higiénicas adecuadas para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores o en su caso, la desinfección del dispositivo de fichaje antes y después de cada uso, advirtiendo a los trabajadores de esta medida.
Además, si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, la Orden indica que deberá contactarse de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud correspondiente y, en su caso, con el correspondiente servicio de prevención de riesgos laborales y el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.
Reconduciendo en todo caso este post al tema objeto de análisis, una vez más demandamos de las autoridades, y en este caso concretamente al Ministerio de Sanidad, transparencia, concreción y más detalle sobre el tratamiento de los datos de los ciudadanos, recordando que, cualquier actividad de tratamiento que se realice con categorías especiales de datos, como es la salud, debería haber sido planificada a través de una evaluación de impacto cuyo resultado, cuanto menos, debería incluir no solo la definición de las medidas sino su propia implantación con carácter previo a la recogida de cualquier dato personal.
Etiquetas: Internet y Nuevas Tecnologías, privacidad, protección de datos, protección de datos personales
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References: Real Decreto 
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 artículo 23
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