Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2001-01115-2231-2014-de-enero-29-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_1360f4322bc9019ae0530a010151019a&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-12-15 03:01:47+00:00

Document:
AUTO 2001-01115 DE 29 DE ENERO DE 2015
CONTENIDO:PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA HACER EFECTIVA SENTENCIA PROFERIDA POR LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA UNA ENTIDAD PÚBLICA. EL DECRETO 01 DE 1984 CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ESTABLECE QUE LAS CONDENAS PROFERIDAS CONTRA LAS ENTIDADES PÚBLICAS DERIVADAS DE UNA DECISIÓN DE LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA SÓLO SON EXIGIBLES 18 MESES DESPUÉS DE SU EJECUTORIA. ADICIONALMENTE SEÑALA QUE EL JUEZ COMPETENTE PARA CONOCER DEL PROCESO EJECUTIVO ES EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PARA LO CUAL LA ACCIÓN TIENE UN TÉRMINO DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA EXIGIBILIDAD DE DICHO DERECHOEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR ES EL CORRESPONDIENTE AL ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DENOMINADO PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE MAYOR CUANTÍA.
TEMAS ESPECÍFICOS:BENEFICIO DE COMPETENCIA EN PROCESO EJECUTIVO SINGULAR, JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ENTIDAD PÚBLICA, OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PÚBLICA, JURISDICCIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO, PROCESO EJECUTIVO, ACUMULACIÓN DE PROCESOS EJECUTIVOS, CLASES DE PROCESO EJECUTIVO, OBLIGACIONES EN EL PROCESO EJECUTIVO SINGULAR, REPRESENTACIÓN EN PROCESO EJECUTIVO, TERMINACIÓN DEL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO, ADJUDICACIÓN EN EL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO, PROCESO EJECUTIVO EN LAS OBLIGACIONES DE DAR, TERCERÍA EN PROCESO EJECUTIVO, DILIGENCIA EN PROCESO EJECUTIVO, PROCEDENCIA DEL PROCESO EJECUTIVO, JURISDICCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, PRESENTACIÓN DE EXCEPCIONES EN EL PROCESO EJECUTIVO, ENTIDAD PÚBLICA NACIONAL, TERMINACIÓN DEL PROCESO EJECUTIVO, PROCESO EJECUTIVO DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA, PRESCRICIÓN DEL PROCESO EJECUTIVO, CADUCIDAD DEL PROCESO EJECUTIVO
Auto 2001-01115/2231-2014 de enero 29 de 2015
Radicación 050012331000200101115-02 (2231-2014)
Demandante: Gloria Eugenia Valencia Correa
Demandado: Municipio de Urrao-Antioquia
Acción: Solicitud de ejecución - Decreto 1 de 1984
Bogotá, D.C., veintinueve de enero de dos mil quince.
Ha venido el proceso de la referencia con informe de la Secretaría de la Sección Segunda de 18 de noviembre de 2014, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora Gloria Eugenia Valencia Correa contra el auto de 27 de noviembre de 2013 del Tribunal Administrativo de Antioquia, que rechazó por improcedente la solicitud de cobro ejecutivo efectuada por la demandante contra el municipio de Urrao-Antioquia.
La señora Gloria Eugenia Valencia Correa, actuando en representación de su menor hija Laura García Valencia, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicitó la nulidad del Oficio 251 de 21 de diciembre de 2000 proferido por el Alcalde del Municipio de Urrao, Antioquia, que le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes reclamada en favor de la mencionada menor.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia de primera instancia de 14 de septiembre de 2009 negó las súplicas de la demanda. Esta decisión fue revocada en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de 28 de abril de 2011, ejecutoriada el 29 de septiembre de 2011, en la cual resolvió lo siguiente:
“Revócase la sentencia de 14 de septiembre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las súplicas de la demanda incoada por Gloria Eugenia Valencia Correa contra el Municipio de Urrao, Antioquia. En su lugar,
Declárase la nulidad del Oficio 251 de 21 de diciembre de 2000, suscrito por el Alcalde del Municipio de Urrao, Antioquia.
Condénase a la entidad territorial accionada a pagar por los medios más expeditos los porcentajes completos que le correspondían por concepto de cotización a la seguridad social integral mientras subsistió la relación contractual, a saber, entre el 6 de enero y el 19 de mayo de 1998, al Instituto de Seguros Sociales por ser este el último Fondo al cual estuvo afiliado el señor Juan Guillermo García Escobar, sin perjuicio de que al momento en que se haga el reconocimiento pensional el ente accionado repita contra la parte actora respecto del 25% que por concepto de aportes le correspondía efectuar al causante de la prestación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Declárase que el tiempo laborado por el señor Juan Guillermo García Escobar, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios durante el 6 de enero y el 19 de mayo de 1998, se debe computar para efectos pensionales.
Indéxese la condena, en los términos consignados en la parte motiva de esta sentencia”.
La señora Gloria Eugenia Valencia Correa mediante oficio de 9 de marzo de 2012(1), solicitó al Alcalde del Municipio de Urrao-Antioquia, dar cumplimiento a la sentencia de 28 de abril de 2011 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, frente a lo cual la administración municipal a través del Oficio sin fecha 884(2) expedido por el Secretario de Gobierno del Municipio de Urrao contestó que, desde el 9 de marzo de 2012 solicitó al Instituto de los Seguros Sociales el cálculo actuarial para efectuar la respectiva cotización pero no ha obtenido respuesta, motivo por el cual esa entidad carece de soportes para hacer el pago de las cotizaciones ordenadas.
En atención a lo anterior, la señora Gloria Eugenia Valencia Correa, a través de apoderada, mediante memorial de 19 de noviembre de 2013(3), solicitó al Tribunal Administrativo de Antioquia:
“PRIMERO. Previo el desarchivo del proceso, librar mandamiento ejecutivo por obligación de hacer, a favor de la GLORIA EUGENIA VALENCIA CORREA en representación de la menor LAURA GARCÍA VALENCIA, de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva, de la sentencia dictada por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B, el 28 de abril de 2011, adicionada y aclarada el 4 de agosto de 2011, notificada esta última decisión el 22 de septiembre de 2011 y debidamente ejecutoriada el 29 del mismo mes y año.
SEGUNDO. Condenar a la entidad demandada en costas causadas en el presente trámite de acuerdo a lo dispuesto por el Acuerdo 1887 de junio de 2003 emanada del Consejo Superior de la Judicatura”.
II. EL AUTO IMPUGNADO
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto de 27 de noviembre de 2007(4), rechazó por improcedente la solicitud de cobro ejecutivo presentada por la señora Gloria Eugenia Valencia Correa, con los siguientes argumentos:
El a quo afirmó que, si bien los incisos 1º y 2º del artículo 335 del Código de Procedimiento Civil permiten al acreedor solicitar la ejecución de una sentencia que haya condenado a una suma de dinero ante el mismo juez que la profirió sin que se requiera formular demanda, también es cierto que el inciso 5º de esa misma norma señala que para el caso de la ejecución de sentencias de Tribunales Superiores en única o primera instancia, los cuales son equivalentes a los Tribunales Administrativos, el proceso ejecutivo debe ceñirse a las reglas generales de competencia.
Señaló que no es procedente en materia contenciosa administrativa aplicar los incisos 1º y 2º del artículo 335 del Código de Procedimiento Civil que permiten continuar la ejecución en el mismo proceso donde se profirió la sentencia de condena dictada contra la administración siempre que la respectiva solicitud se presente dentro de los sesenta (60) días siguientes a su ejecutoria, porque esto contradice el plazo legal de dieciocho (18) meses de inejecutabilidad de las sentencias condenatorias proferidas contra la administración que consagra el artículo 177 del Decreto 1 de 1984 - Código de Contencioso Administrativo.
Expresó que de acuerdo con los artículos 132 numeral 7(5), 134B numeral 7(6) y 134D numeral 2º literal i)(7) del Decreto 1 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, que determinan las reglas de competencia para los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, no es procedente en esta jurisdicción solicitar la ejecución de sentencias sin presentar la demanda ejecutiva correspondiente con los requisitos del artículo 137(8) del mencionado Decreto, acompañada del documento contentivo de la obligación, esto es la sentencia que preste mérito ejecutivo en las condiciones establecidas en el artículo 115(9) del Código de Procedimiento Civil, la cual debe ser sometida a reparto con el fin de que se surta el tramite previsto en el artículo 497(10) del Código de Procedimiento Civil.
La señora Gloria Eugenia Valencia Correa, mediante apoderada, a través de escrito de 29 de enero de 2014(11), apeló el auto de 27 de noviembre de 2013 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, con los siguientes argumentos:
La apoderada de la demandante señaló que de conformidad con el artículo 267 del Decreto 1 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, en los aspectos no contemplados en ese código se debe aplicar el Código de Procedimiento Civil. Dado que el referido Decreto no autoriza expresamente la ejecución de sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa dentro del mismo proceso declarativo donde fueron proferidas, deben aplicarse, por razones de economía procesal y de manera supletoria, los incisos 1º y 2º del artículo 335 del Código de Procedimiento Civil.
Afirmó que la remisión del artículo 267 del Decreto 1 de 1984 - Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Civil es amplia y flexible, en consecuencia la única condición que existe es que no haya en el Código Contencioso Administrativo normas expresas aplicables para solucionar el conflicto y que las disposiciones del Código de Procedimiento Civil que pretendan ser aplicadas sean compatibles con los procesos contenciosos administrativos.
Indicó que no puede aplicarse en el presente caso el inciso 5º del artículo 335 de Código de Procedimiento Civil, según el cual “la ejecución por condenas impuestas en sentencias de Tribunales Superiores en única o primera instancia o de la Corte Suprema en única instancia, se adelantará conforme a las reglas generales sobre competencia” por cuanto la providencia ejecutada no fue dictada en única sino en segunda instancia por el Consejo de Estado.
Manifestó que en el presente caso, la obligación consagrada en la sentencia de 28 de abril de 2011 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, comprende una obligación de hacer y no de pagar una suma de dinero, motivo por el cual no es procedente dar aplicación a los artículos 132 numeral 7º, 134B numeral 7º y 134D numeral 2º literal i) del Decreto 1 de 1984 - Código Contencioso Administrativo que establecen por razón de la cuantía la competencia de los Jueces y Tribunales Administrativos para conocer de las acciones ejecutivas derivadas de condenas impuestas por la jurisdicción contencioso administrativa.
Finalmente expuso que aun aceptado que la sentencia cuya ejecución se solicita conlleva una obligación de dar una suma de dinero y que deben aplicarse las normas sobre cuantías del Código Contencioso Administrativo, el Tribunal Administrativo de Antioquia no debió haber rechazado por improcedente la solitud de ejecución sino haber remitido el expediente declarativo junto con la petición a los Jueces Administrativos del Circuito de Medellín.
Procedibilidad del recurso
Es procedente el recurso de apelación presentado por la demandante contra el auto de 27 de noviembre de 2013 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia(12), en atención al artículo 181(13) del Decreto 1 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, el cual señala que los autos de rechazo de la demanda proferidos por los Tribunales Administrativos en primera instancia en pleno, en una de sus secciones o subsecciones son apelables, y toda vez que, se cumplió con las exigencias de oportunidad en su presentación(14) y debida sustentación(15) previstas por el artículo 213(16) de esa misma codificación.
Esta Corporación en Sala de Subsección es competente para decidir el presente recurso de apelación de conformidad con lo previsto por el artículo 213(17) del Decreto 1 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, por ser el superior funcional del Tribunal Administrativo de Antioquia, y en atención que, la mencionada norma señala en cuanto al procedimiento para decidir el recurso de apelación contra autos que el ponente debe elaborar el proyecto de decisión y la Sala resolverlo.
Para desatar el recurso de apelación el problema jurídico a resolver consiste en determinar, si el cobro ejecutivo de una sentencia proferida por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa puede adelantarse directamente ante el juez que la profirió sin necesidad de presentar una demanda y someterla a reparto, en atención al artículo 335 del Código de Procedimiento Civil.
Previo a la resolución del problema jurídico, la Sala expondrá la regulación aplicable al caso para hacer efectiva por vía judicial una sentencia de condena proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra una entidad pública.
La regulación aplicable al caso para hacer efectiva una sentencia de condena proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra una entidad pública(18)
El Decreto 1 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al caso(19), regula las condiciones y el procedimiento para hacer efectivas las condenas judiciales impuestas por la jurisdicción contenciosa a las entidades públicas.
El artículo 173 del mencionado Decreto establece que proferida la sentencia de condena, y una vez en firme, el juez administrativo debe comunicarla a la entidad vencida en el proceso, con copia íntegra de su texto. Así señala la norma:
“ART. 173.—Sentencia. Notificación. Una vez dictada la sentencia conforme lo dispone el artículo 103 de este Código se notificará personalmente a las partes, o por medio de edicto, en la forma prevista en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil tres (3) días después de haberse proferido. Al Ministerio Público se hará siempre notificación personal. Una vez en firme la sentencia deberá comunicarse con copia íntegra de su texto, para su ejecución y cumplimiento.
<Inciso adicionado por el artículo 62 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Ejecutoriada la sentencia de segunda instancia, para su cumplimiento, la Secretaría remitirá los oficios correspondientes”.
Los artículos 176 y 177 del referido Decreto consagran que las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia contenciosa administrativa deberán dictar dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, la resolución mediante la cual se adoptaran las medidas necesarias para su cumplimiento, y que una vez en firme la sentencia condenatoria, la entidad pública a cargo de su cumplimiento cuenta con un plazo de dieciocho (18) meses para cumplirla, so pena de ser ejecutable ante la justicia. Las normas en comento señalan expresamente lo siguiente:
“ART. 176.—Ejecución. Las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia dictarán, dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento (...)”.
“ART. 177.—Efectividad de condenas contra entidades públicas. Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada.
Si bien del artículo 177 del Decreto 1 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, se desprende que luego de que la condena proferida por la jurisdicción contenciosa administrativa sea exigible es ejecutable ante la jurisdicción ordinaria, la Ley 446 de 1998 asignó la competencia para conocer de esta ejecución a la jurisdicción contenciosa administrativa.
Los artículos 32, 40 y 42 de la Ley 446 de 1998, por los cuales se modificaron en su orden los artículos 87 y 132, y se adicionó el artículo 134B al Decreto 1 de 1984, asignaron de forma expresa la competencia para conocer de la ejecución de las condenas contenciosas administrativas contra las entidades públicas a la jurisdicción contenciosa administrativa, así:
“ART. 87.—De las controversias contractuales. Subrogado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas.
“ART. 132.—Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Subrogado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
7. De los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando la cuantía exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales.
“ART. 134-B.—Competencia de los jueces administrativos en primera instancia. Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 446 de 1998.> Los Jueces Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
7. De los procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando la cuantía no exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales.
El artículo 44 de la Ley 446 de 1998, modificó el artículo 136 del Decreto 1 de 1984, y en el numeral 11 consagró la caducidad de la acción ejecutiva contenciosa administrativa derivada de las decisiones judiciales proferidas por la jurisdicción contenciosa administrativa, así:
ART. 136.—Caducidad de las acciones. Subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:
11. La acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años, contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad será la señalada por la ley o la prevista por la respectiva decisión judicial.
La anterior norma por primera vez(20) consagró de manera expresa la acción ejecutiva en la jurisdicción contenciosa administrativa para el cobro de las decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción y estableció un término de caducidad de cinco (5) años desde la exigibilidad del título.
De la normatividad antes vista se concluye que el Decreto 1 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, establece de forma expresa: i) que las condenas proferidas contra las entidades públicas derivadas de una decisión de la jurisdicción contenciosa administrativa solo son exigibles dieciocho (18) meses después de su ejecutoria; ii) que el juez competente para conocer de la ejecución es el contencioso administrativo; iii) que el medio a través de cual se realiza el cobro de la referida condena es la acción ejecutiva contenciosa administrativa, la cual tiene un término de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho; y iv) que el procedimiento que debe seguirse es el del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía del Código de Procedimiento Civil.
Señala la demandante en el escrito de apelación que, por la remisión que el artículo 267 del Decreto 1 de 1984 - Código Contencioso Administrativo hace a las normas del Código de Procedimiento Civil deben aplicarse a su caso los incisos 1º y 2º del artículo 335 de esa codificación, los cuales permiten solicitar la ejecución de la sentencia de condena contenciosa administrativa ante el mismo juez que la profirió, sin necesidad de presentar una demanda y adelantar un proceso ejecutivo independiente.
Las normas sobre las cuales la apelante sustenta sus argumentos, señalan lo siguiente:
Decreto 1 de 1984.
ART. 267.—En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo.
Modificado por el artículo 35, Ley 794 de 2003. Ejecución. Cuando la sentencia haya condenado al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor podrá formular demanda ejecutiva con base en dicha sentencia, en el mismo expediente, ante el juez de primera instancia del proceso en que fue dictada. La demanda deberá formularse dentro de los sesenta días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o a la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso.
Los incisos 1º y 2º del artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, consagran la posibilidad de cobrar ejecutivamente una sentencia de condena ante el mismo juez que la profirió y sin necesidad iniciar un proceso ejecutivo independiente, siempre y cuando la solicitud de ejecución sea presentada dentro de los sesenta (60) días siguientes a su ejecutoria.
Para la Sala la mencionada norma no es aplicable al caso de la demandante porque de conformidad con los artículos 87, 132, 134B y 136 del Decreto 1 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, antes analizados, para la ejecución de providencias de condena contra entidades públicas proferidas por la jurisdicción contenciosa administrativa, existen reglas claras y expresas según las cuales el conocimiento del proceso ejecutivo corresponde a esta misma jurisdicción previo ejercicio de la acción ejecutiva contenciosa administrativa, lo cual implica la presentación de una demanda que debe ser sometida a reparto y evaluada conforme a los requisitos procesales de la acción, entre ellos la caducidad.
Además, la norma procesal civil esgrimida por la demandante resulta incompatible con el artículo 177 del Decreto 1 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, el cual señala que las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, contra entidades públicas solo son ejecutables dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.
En consecuencia de aplicarse la norma solicitada por la demandante se modificaría por vía judicial el plazo legal de inejecutabilidad de las sentencias contenciosas administrativas de condena contra entidades públicas de dieciocho (18) meses a sesenta (60) días, motivo por el cual es evidente que la norma civil en comento es incompatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que corresponden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En ese orden entiende la Sala que, la remisión normativa consagrada en el artículo 267 del Decreto 1 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, en materia de ejecución de sentencias de condena contra entidades públicas proferidas por la jurisdicción contenciosa administrativa únicamente remite al procedimiento que debe aplicarse una vez iniciado el proceso ejecutivo contencioso administrativo, conclusión que coincide con lo señalado en el artículo 87 del referido Decreto, previamente citado, según el cual en los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la jurisdicción contencioso administrativa se debe aplicar la regulación del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía contenida en el Código de Procedimiento Civil.
Adicionalmente debe la Sala indicar, aun cuando no es objeto de discusión en este proceso, que los artículos 104, 297 y 298 de la Ley 1437 de 2011(21) - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, siguiendo la línea legislativa del Decreto 1 de 1984, señalaron que la competencia para conocer de los procesos ejecutivos en los cuales se persigue la ejecución de sentencias contenciosas administrativas que condenen a una entidad pública al pago de sumas dinerarias, es del juez que la profirió previa iniciación del proceso ejecutivo correspondiente, es decir, que bajo esta regulación tampoco se ha considerado aplicable el artículo 335 del código de procedimiento civil.
Atendiendo a lo expuesto, dado que la actora mediante escrito de 19 de noviembre de 2013 solicitó directamente al Tribunal Administrativo de Antioquia la ejecución de la sentencia de condena contra el Municipio de Urrao-Antioquia, proferida en segunda instancia el 28 de abril de 2011 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, esta solicitud debía ser rechazada por improcedente, en consecuencia la providencia impugnada será confirmada.
En atención a lo anterior,
1. Confírmase, el auto de 27 de noviembre de 2013 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que rechazó por improcedente la solicitud de cobro ejecutivo de la sentencia de 28 de abril de 2011 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, efectuada por la señora Gloria Eugenia Valencia Correa contra el municipio de Urrao-Antioquia.
2. Devolver el expediente al Tribunal de origen, para lo pertinente.
Magistrados: Sandra Lisset Ibarra Vélez—Gerardo Arenas Monsalve—Alfonso Vargas Rincón (E).
1 Folios 3 a 5 del expediente, cuaderno principal.
2 Folio 6 del expediente, cuaderno principal.
3 Folios 1 y 2 del expediente, cuaderno principal.
4 Folios 7 a 10 del expediente, cuaderno principal.
5 Decreto 1 de 1984, artículo 132. Modificado por el artículo 2º, Decreto Nacional 597 de 1988, Modificado por el artículo 40, Ley 446 de 1998. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
7. De los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la jurisdicción contencioso administrativa, cuando la cuantía exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales.
6 Decreto 1 de 1984, artículo 134 B. Adicionado por el artículo 42, Ley 446 de 1998. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
7. De los procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por la jurisdicción contencioso administrativa, cuando la cuantía no exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales.
7 Decreto 1 de 1984, artículo 134 D. Adicionado por el artículo 43, Ley 446 de 1998. La competencia por razón del territorio se fijará con sujeción a las siguientes reglas:
i) En los procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, será competente el juez del territorio donde se profirió la providencia respectiva, observando el factor cuantía de aquella.
8 Decreto 1 de 1984, artículo 137. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá:
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación. Texto Subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-197 de 1999, bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica tiene la obligación de aplicar el artículo 4º de la Constitución.
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.
9 Código de Procedimiento Civil, artículo 115. Copias de actuaciones judiciales. De todo expediente podrán las partes o terceros solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas siguientes:
1. Cuando la copia sea parcial, la parte que no la haya solicitado podrá pedir a su costa que se agreguen piezas complementarias, dentro del término de ejecutoria del auto que la ordene. El juez negará la agregación de piezas notoriamente inconducentes y decretará de oficio las que estime necesarias para evitar abusos con actuaciones incompletas.
2. Si la copia pedida es de una sentencia o de otra providencia ejecutoriada que ponga fin al proceso, apruebe liquidación de costas, fije honorarios o imponga condenas, se ordenará de oficio agregar las piezas que acrediten su cumplimiento, si lo hubiere.
Solamente la primera copia prestará mérito ejecutivo; el secretario hará constar en ella y en el expediente que se trata de dicha copia. Si la providencia contiene condenas a favor de diversas personas, a cada una de ellas se le entregará su respectiva copia.
En caso de pérdida o de destrucción de la mencionada copia, podrá la parte solicitar al juez la expedición de otra sustitutiva de aquélla mediante escrito en el cual, bajo juramento que se considerará prestado con su presentación, manifieste el hecho y que la obligación no se ha extinguido o solo se extinguió en la parte que se indique. Además manifestará que si la copia perdida aparece, se obliga a no usarla y a entregarla al juez que la expidió, para que este la agregue al expediente con nota de su invalidación.
3. También se ordenará la expedición de las copias que solicite una autoridad en ejercicio de sus funciones; en este caso, las partes no podrán pedir la agregación de nuevas piezas.
4. La expedición de copias de la totalidad de un proceso terminado, en el cual no esté pendiente ningún trámite previsto por la ley, se ordenará mediante auto de cúmplase.
5. A petición verbal de cualquier persona, el secretario expedirá copias no autenticadas del expediente o de parte de este, en trámite o archivado sin necesidad de auto que las autorice. Tales copias no tendrán valor probatorio de ninguna clase.
6. Las copias podrán expedirse mediante transcripción o reproducción mecánica.
7. Las copias auténticas requerirán auto que las ordene y la firma del secretario.
10 Código de Procedimiento Civil, artículo 497. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que aquel considere legal. Inciso Adicionado por el artículo 29, Ley 1395 de 2010 Los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento de pago. Con posterioridad, no se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título, sin perjuicio del control oficioso de legalidad.
11 Folios 11 a 15 del expediente cuaderno principal.
12 Por medio del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, rechazó por improcedente la solicitud de cobro ejecutivo presentada por la demandante contra el municipio de Urrao-Antioquia.
13 Decreto 1 de 1984, artículo 181, Apelación <Modificado por el artículo 57de la Ley 446 de 1998. “El nuevo texto es el siguiente:> Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales de los Jueces y los siguientes autos proferidos en la misma instancia por dichos organismos, en pleno o en una de sus Secciones o Subsecciones, según el caso; o por los Jueces Administrativos:
14 El recurso de apelación fue presentado por la demandante el 29 de enero de 2014 (fl. 11), es decir dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación por Estado del auto de 27 de noviembre de 2013, que tuvo lugar el 24 de enero de 2014 (fl. 10 reverso).
15 El recurso de apelación fue sustentado en el mismo escrito en el que se interpuso, el cual obra de folios 11 a 15 del expediente.
16 Decreto 1 de 1984, artículo 213. Apelación de autos. <Artículo modificado por el artículo 68 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Con excepción del auto de suspensión provisional, cuyo recurso de apelación se resuelve de plano, el procedimiento para decidir el que se interponga contra los demás que sean objeto del mismo, será el siguiente:
17 Decreto 1 de 1984, artículo 213. Apelación de autos. <artículo modificado por el artículo 68 de la Ley 1395 de 2010. el nuevo texto es el siguiente:> Con excepción del auto de suspensión provisional, cuyo recurso de apelación se resuelve de plano, el procedimiento para decidir el que se interponga contra los demás que sean objeto del mismo, será el siguiente:
el recurso se interpondrá y sustentará ante el a quo dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del auto recurrido. una vez sustentado el recurso, se enviará al superior para su admisión. si el recurso no es sustentado oportunamente, se declarará desierto por el inferior y ejecutoriado el auto objeto de la apelación. si el recurso reúne los requisitos legales, será admitido por el superior mediante auto que ordene poner el memorial que lo fundamente a disposición de la parte contraria, durante tres (3) días, en la secretaría. si ambas partes apelaren, los términos serán comunes.
vencido el término de traslado a las partes, se debe remitir al ponente para que elabore el proyecto de decisión. el ponente registrará proyecto de decisión en el término de diez (10) días y la sala debe resolver dentro de los cinco días siguientes.
18 i) En un primer evento la jurisdicción contenciosa administrativa no conocía de procesos ejecutivos pues su única competencia se limitaba a la tramitación, conforme a las reglas del Código de Procedimiento Civil, de las apelaciones e incidentes de excepciones en juicios ejecutivos adelantados por jurisdicción coactiva (art. 252 del D. 1/84, reformado por el art. 63 del D. 2304/89); ii) con la expedición de la Ley 80 de 1993 se le asignó a la jurisdicción contenciosa administrativa el conocimiento de los procesos ejecutivos para el cobro de obligaciones surgidas de contratos estatales; iii) luego con la expedición de la Ley 446 de 1998 se le asignó a la jurisdicción contenciosa administrativa la competencia para conocer de la ejecución de todas las providencias judiciales de condena proferidas por esa jurisdicción.
19 El artículo 308 de la Ley 1437 de 2012, estableció para esa ley un régimen de transición y vigencia, al señalar que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo comenzaría a regir el dos (2) de julio del año 2012 y que se aplicaría a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad su entrada en vigencia, de forma tal que los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de esa ley seguirían rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior. Dado que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que fue expedida la sentencia que la señora Gloria Eugenia Valencia Correa pretende ejecutar se inició bajo la vigencia del Decreto 1 de 1984, y la solicitud de ejecución fue presentada dentro de ese proceso, son las disposiciones establecidas en ese decreto las aplicables al presente caso.
20 Ni en el texto original del artículo 136 del Decreto 1 de 1984, ni en la modificación introducida por la Ley 14 de 1988, ni en la modificación realizada por el Decreto Extraordinario 2304 de 1989, se consagraba expresamente la existencia de la acción ejecutiva para el cobro de decisiones judiciales proferidas por la jurisdicción contenciosa administrativa ni un término de caducidad para la misma.
21 Ley 1437 de 2011.
ART. 104.—De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.
Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (...)
6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades (...)” (Subrayado fuera de texto).
“ART. 297.—Título ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:
1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias (…)” (Subrayado fuera de texto).
“ART. 298.—Procedimiento. En los casos a que se refiere el numeral 1º del artículo anterior, si transcurrido un (1) año desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria o de la fecha que ella señale, esta no se ha pagado, sin excepción alguna el juez que la profirió ordenará su cumplimiento inmediato. (…)” (Subrayado fuera de texto).

References: artículo 85
 artículo 335
 artículo 335
 artículo 177
 artículo 137
 artículo 115
 artículo 497
 artículo 267
 artículo 335
 artículo 267
 artículo 335
 artículo 181
 artículo 213
 artículo 213
 artículo 335
 resolución 
 artículo 173
 artículo 103
 artículo 323
 artículo 62
 resolución 
 resolución 
 artículo 177
 artículo 134
 artículo 32
 artículo 40
 artículo 42
 artículo 44
 artículo 136
 artículo 44
 artículo 267
 artículo 335
 artículo 35
 artículo 335
 artículo 177
 artículo 267
 artículo 87
 artículo 335
 artículo 132
 artículo 2
 artículo 40
 artículo 134
 artículo 42
 artículo 134
 artículo 43
 artículo 137
 artículo 4
 artículo 115
 artículo 497
 artículo 29
 artículo 181
 artículo 57
 artículo 213
 artículo 68
 artículo 213
 artículo 68
 artículo 308
 artículo 136