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Timestamp: 2017-03-31 00:29:48+00:00

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Principio de rigidez constitucional del artículo 135 constitucional, ¿Resulta suficiente para realizar reformas constitucionales en materia de derechos humanos? | Ured
Principio de rigidez constitucional del artículo 135 constitucional, ¿Resulta suficiente para realizar reformas constitucionales en materia de derechos humanos?
Publicado por Dictum el 10/10/2013 en Dictum, Revista Dictum, Ured | 5038 Vistas | Leave a response	Priscila Andrea Reza Valadez
Egresada de la Universidad Anáhuac México Norte Derivado de las recientes reformas constitucionales del pasado junio de 2011 es que algunos juzgadores mexicanos han acogido diversas interpretaciones conforme al principio pro persona que han generado algunas inconformidades entre otros jueces mucho más conservadores que han decidido no aceptar las nuevas ordenanzas constitucionales que los obligan a velar en todo momento por los derechos humanos.
Una de las que me parece sumamente interesante es la sostenida por el actual Magistrado de Circuito Víctor Manuel Méndez Cortés, integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, misma que determina y desmenuza la imposibilidad con la que se ve limitada el Estado Mexicano para reformar la Constitución con el objeto de eliminar un derecho humano que con anterioridad el orden jurídico nacional garantizaba, esto aun cuando la misma se realice en términos del artículo 135 constitucional, disposición que materializa el principio de rigidez constitucional en sentido formal[1]; lo anterior en virtud de que el procedimiento para la reforma de nuestra Constitución es diferente según la clase de derecho o disposición que se intente modificar ya que cuando una reforma constitucional no afecta derechos humanos, debe practicarse en los términos previstos en el artículo 135[2] de la Constitución General, mientras que en tratándose de derechos humanos y sus garantías, es la misma Constitución la que contiene disposiciones especiales para reglamentar las reformas o modificaciones que pudieran darse en el caso, mismas que con toda claridad refieren que ninguna modificación o reforma puede suprimirlos ni eliminarlos (artículos 1° y 29 constitucionales).
Bajo esa óptica queda claro que el Poder Reformador de la Constitución no tiene facultades omnímodas para reformarla puesto que los derechos humanos y sus garantías no son susceptibles de eliminarse sino que tan sólo algunos de ellos pueden restringirse o suspenderse a través de un procedimiento específico en circunstancias determinadas únicamente por el Presidente de la República previo consentimiento de sus respectivos Secretarios de Estado y el Procurador General de la República, acuerdo que posteriormente debe ser aprobado por el Congreso de la Unión, siempre y cuando no se trate de los derechos enlistados en el artículo 29 constitucional que prevé un numerus clausus de derechos que no son susceptibles de suspensión o restricción (ni siquiera en un momento de emergencia nacional, como lo sería el caso en que procediera la aplicación de dicha disposición constitucional).
En ningún momento se le autoriza al constituyente permanente ni a alguno de los funcionarios públicos antes mencionados (Presidente de la República, Secretarios de Estado y Procurador General de la República) para eliminar derechos humanos toda vez que, como ya se mencionó con anterioridad, en nuestro sistema jurídico no se autorizan supresiones de derechos humanos, siendo sólo permisibles restricciones y limitaciones temporales siempre que éstas sean proporcionales y tengan como única finalidad hacerle frente a situaciones de excepción.
Es pues indispensable aclarar el panorama jurídico bajo el cual pueda restringirse uno o varios de los derechos humanos restringibles.
Como se ha expresado, las situaciones que permiten reducir, restringir y limitar el ejercicio de los derechos humanos y sus garantías, jurídicamente se les conoce como estado de excepción; tales situaciones autorizan ese estado jurídico de excepción exclusivamente cuando tienen vinculación con una crisis grave que afecte ya sea a la población en general, o bien, a una región determinada, por ello es que debe entenderse que la “alarma” no se establece para suprimir derechos humanos ni garantías sino que por el contrario, se realiza para permanecer en el disfrute de aquellos que resultan en mayor medida más elementales para el hombre conforme a su naturaleza misma.
Parece oportuno recordar pues que el Constituyente Permanente es el órgano reformador de la Constitución integrado por el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados integrantes de la Federación; y que éste órgano, como ya fue demostrado, carece de facultades no sólo para eliminar sino que también para restringir o suspender derechos humanos y garantías constitucionales pues el único facultado para realizar estas dos últimas es, como ya se mencionó con anterioridad, el Presidente de la República previo acuerdo de los titulares de la Secretarías de Estado y el Procurador General de la Repúblico, mismo que a su vez debe ser aprobado por el Congreso de la Unión.
Entonces, todo lo antes expuesto se resume en los siguientes puntos:
a) En primer lugar, no se permite la eliminación de derecho humano alguno por una reforma constitucional realizada por el Constituyente Permanente, o alguna otra autoridad sin importar que tal reforma se haga de conformidad con lo dispuesto por el artículo 135 constitucional.
b) No se desprende del artículo 1° ni de algún otro precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la permisión de suprimir un derecho elemental, pues sólo pueden restringirse algunos de ellos siempre que no se encuentren dentro del catálogo previsto por el artículo 29 constitucional acatando además los requisitos para que dicha supresión pueda ser considerada como legítima.
c) Existe una rigidez material en reformas constitucionales en cuanto al contenido de las mismas, pues en tratándose de la restricción de derechos humanos únicamente deben observarse los artículos 1° y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues en aplicación del principio de legalidad, la Constitución al referir de manera específica que los derechos humanos no pueden ser suprimidos ni eliminados, sólo da cabida a que éstos sean restringidos de la manera que se señala expresamente en los antes citados artículos constitucionales, esto es:
PRIMERA REGLA, en la república mexicana todas las personas gozarán de los derechos humanos y de las garantías para la protección de éstos;
SEGUNDA REGLA, el ejercicio de los derechos y de las garantías no pueden restringirse ni suspenderse;
TERCERA REGLA (vista como una excepción a la segunda regla) tales derechos sólo pueden restringirse o suspenderse, siempre que no se trate de los derechos mencionados en el catálogo del artículo 29 constitucional;
CUARTA REGLA, la restricción o suspensión de los derechos humanos restringibles o limitables puede hacerse en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece.
[1] Del antes mencionado principio cabe hacer la aclaración de que el mismo puede observarse tanto en sentido formal como en sentido material, entendiendo al primero de ellos como aquellas constituciones que establecen un procedimiento determinado y estricto para su reforma, mientras que el segundo de ellos se refiere a aquellas constituciones que tienen ciertos candados en determinadas materias que limitan el contenido de las posibles reformas constitucionales que puedan suscitarse.
[2] “Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.”
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