Source: http://vamosuruguay.com.uy/palabras-rendicion-marihuana/
Timestamp: 2018-11-14 10:09:42+00:00

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Mis palabras sobre Rendición de Cuentas, las laminas, la marihuana y el subsidio a la cerveza | Vamos Uruguay
SEÑOR BORDABERRY.-
Quiero destacar el hecho de que sea la señora senadora Ayala quien esté hoy presidiendo el Senado y que, por primera vez en la historia del país, haya dos mujeres en la titularidad de dos de los tres poderes del Estado, lo cual es muy bueno.
Dicho esto, me voy a referir ahora a esta rendición de cuentas, que creo confirma dos cosas. La primera es que el Frente Amplio mintió y vuelve a mentir. Eso es lo primero. La segunda es que siente un profundo desprecio por las normas legales, la separación de poderes y el cumplimiento de las sentencias judiciales. Esas dos cosas quedan palmariamente comprobadas en esta rendición de cuentas.
Coincidimos con la miembro informante en cuanto a que es necesario un orden económico. Vemos una madurez que por suerte han logrado en los últimos 10 o 12 años, y que no tenían antes, cuando pedían –aunque creo que algún economista del Frente Amplio todavía lo hace– algunas cosas que eran una locura. Sin embargo, sentimos que debemos señalar que le mintieron al pueblo uruguayo de la forma más descarada posible. ¡Y no una sino varias veces! Le mintió quien hasta hace poco ocupaba el cargo que en el día hoy ocupa la señora senadora Ayala; le mintió el presidente Vázquez y también le mintió el hoy ministro Astori. ¿Por qué? Porque en la campaña del año 2014, cuando señalábamos que el programa de gobierno del Frente Amplio necesariamente llevaba a un aumento de impuestos, se reían. Cuando señalábamos que había que cambiar para no tener que ir a ajustes fiscales, nos decían que estábamos enamorados de los ajustes fiscales. ¡Pero no! En Tacuarembó, Vázquez y Sendic dijeron que descartaban una suba impositiva, que aseguraban continuidad en la economía y que estábamos en un proceso virtuoso en el que no se aumentaría la carga tributaria. Y el contador Astori repetía que no iban a aumentar la carga tributaria en 2014, que no iba a haber más impuestos. Reconocía que las personas y las empresas no podían pagar más.
¡Es el segundo año que nos traen aumentos impositivos! Les mintieron a los uruguayos y lo tenemos que señalar, porque la próxima vez que les mientan –como lo van a hacer en el año 2019–, todos tienen que saberlo. ¡El año pasado aumentaron los impuestos al trabajo! ¡El año pasado aumentaron también los impuestos a las jubilaciones! ¡Y ahora vuelven a aumentar los impuestos! ¡Aumentan la tasa consular! ¡Aumentan los impuestos al juego!
Quizás el paradigma más grande de esto sea lo que respondió el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, el señor Scavarelli, cuando se le dijo que aumentaban los funcionarios y que se incrementaba el gasto fijo, al que se hizo referencia y que llaman endógeno, que no se puede mover. Atinó a decir: «Bueno, pero eso es lo que votó la gente». ¡No! ¡No! No es lo que votó la gente. No es necesariamente con aumento de funcionarios, con populismo, que se logra mejorar la educación o la salud. ¡No! Es con eficiencia, con gestión, con capacidad. Porque hemos aumentado el gasto y la cantidad de funcionarios y los indicadores nos dicen –ni que hablar en la educación y en la seguridad– que estamos mucho peor. Esto es doble problema: gastamos más y estamos peor. Además, señora presidenta, con este modelo, con ese peso del Estado, está aumentando el desempleo.
La miembro informante decía que bajaron los precios de los commodities. ¡No! ¡No se equivoquen! Bajaron un poco en el último año, pero en los últimos doce años han crecido como nunca en la historia. ¿Qué ha sucedido? Han tenido las mejores condiciones de la historia del Uruguay: baja tasa de interés internacional y, por ende, capitales que quieren ingresar porque allá les pagan poco interés, y aumento del precio de lo que vendemos ¡como nunca! ¡Y nos dicen que están enfrentando baja de precios! Es de no creer. Y en el medio, ¿qué hacen? ¡Imitan el modelo de Dilma y Lula e imitan el modelo de los «K», pero a la uruguaya!
Todos sabemos cómo hacemos las cosas los uruguayos. El otro día alguien me dijo que tendríamos que cambiar el himno y, en lugar de la letra que todos conocemos, deberíamos tomar la de la canción «Despacito», porque acá hacemos todo despacito. Ese es el ritmo del Uruguay. La verdad es que la aplicación de los modelos equivocados de los Lula, de los Dilma y de los Néstor y Cristina –que estamos imitando: de aumento de gasto populista, de incremento de gasto fijo, de pasar para adelante los problemas de infraestructura y sociales– no la llevamos a cabo como ellos, rápidamente, sino a la uruguaya: despacito. Y despacito, año a año, vamos aumentando los impuestos, aumentando la carga del Estado, aumentando las ONG compañeras –a las que les pagamos por afuera–, aumentando los adscriptos en los ministerios. Vamos aumentando y aumentando. Eso es lo que está pasando, despacito. Eso sí: ¡cuidado! Porque los otros países, cuando se recuperan, lo hacen rápido, y nosotros nos recuperamos despacito.
Se habló del acuerdo de UPM –firmado el otro día–, y creo que es malísimo, porque la misma UPM hace muchos años hizo una inversión más grande en dólares y con mucho más riesgo –porque era un país en el que nunca lo había hecho–, y no pidió ese convenio. ¡Confió en las instituciones del Uruguay! Y hoy, para concretarlo, les pide –dada la experiencia que tuvo y la de Montes del Plata– que le aseguren determinadas normas. Y, así, vamos creando un Estado de derecho paralelo, un Estado de derecho e impositivo para los grandes inversores –que los dejamos afuera de los problemas del país– y un Estado de derecho para quienes ya invirtieron en el Uruguay. Entonces, les damos privilegios impositivos como nunca, hacemos que ni siquiera tengan que ofrecerle los campos a colonización y, encima, les aseguramos garantías laborales que no les aseguramos a los demás, porque quien va a invertir dice «en estas condiciones no puedo» –en lo impositivo, en lo laboral–, y por ende, tienen que firmarle un convenio.
Hablaron de la deuda; de que están manejando bien la deuda. La verdad, creo recordar que eran USD 13.000 millones en el año 2005 y hoy son más de USD 30.000 millones, es decir, casi tres veces más. ¡La deuda es casi tres veces más después de 12 años de crecimiento! Y tuvieron –lamento que no esté presente la señora miembro informante– una falta de delicadeza al volver a insistir con Las Láminas. «No voy a hablar, porque trae recuerdos», dijo la miembro informante. Pero habló. Y claro, uno pensaría que después de 12 años de crecimiento económico, se acabaron los problemas alimentarios en el Uruguay, pero ¿sabe qué, señora presidenta? No. Y eso nos tiene que dar vergüenza. La señora ministra de Desarrollo Social reconoció que el 4,3 % de los niños del Uruguay de hoy se van a dormir con hambre todos los días, pasan hambre todos los días. Reitero: 4, 3 %. No lo decimos nosotros, sino la ministra de Desarrollo Social. ¡Y hablan de Las Láminas! Eso sí, no le llaman hambre, sino que, con esa capacidad que tienen para poner nombres a las cosas, hablan de «insuficiencia alimentaria». ¡Es hambre! ¡El 4,3 % de los niños uruguayos pasan hambre y me vienen a hablar de Las Láminas! ¡Por favor! Ahora bien, si quieren hablar de Las Láminas, vamos a hablar hoy. Y vamos a atender lo que dice hoy –no ayer ni hace diez años– quien denunciaba la situación. Hoy, la doctora María Elena Curbelo, que si bien está jubilada continúa trabajando en el barrio con la Fundación Retoño, dijo a una periodista: «La desnutrición otra vez está empezando a aparecer en Las Láminas. Hoy está aumentando la desnutrición. Creo que por el tema que nos pasó hace muchos años y es la fuente de trabajo». A continuación agregó: «Hoy una cantidad de familias no consiguieron corte, nosotros a la hora de la merienda, que es para compartir con los chiquitos discapacitados y que van a danza, notamos que aumenta la cantidad y las promotoras del barrio te dicen que hay hambre».
¿Quieren hacer política con estas cosas? Yo no, porque no hay que hacer política con los niños uruguayos que padecen problemas. Pero ¡miren qué mal gusto, señora presidenta! ¡Venir a sacar este tema acá en la discusión de la rendición de cuentas! ¡Denles más plata! Es el mismo momento en el que están diciendo que no saben qué hacer con un horno que en Paysandú les costó USD 80:000.000. No saben qué hacer con el horno y nos vienen a hablar de Las Láminas. ¡Por favor! La verdad, es de muy mal gusto.
Por otro lado, no voy a recordarles el caso de aquel paciente que fue comido por los perros, hace poco, en este Uruguay del crecimiento. ¿Se acuerdan de eso? Y en lugar de venir a discutir la rendición de cuentas –yo me había preparado los números, el análisis y todo–, vienen a hablar de Las Láminas. Como dice el nombre de la murga: «Nos obligan a salir». ¡Qué mal gusto! ¿Qué pensaban? ¿Que íbamos a dejar pasar este deterioro del debate que plantean? Vayan y hablen con la doctora Curbelo y llévenle dinero. Dejen de tirarlo en ALUR, en las empresas colaterales esas, y llévenle dinero para que no pase esto, dado que la situación actual es diferente a la de hace 10 o 12 años, porque hoy no hay crisis, porque no tienen que contar los pesos como lo hacíamos nosotros, porque hoy hay recursos y tienen posibilidades. ¡No les mientan más a los uruguayos! ¡No nos mientan más diciendo que no van a aumentar los impuestos! ¡No mientan más cambiándole el nombre al hambre y llamándola insuficiencia alimentaria! No, no lo hagan. Y no copien los modelos «K», de gasto interno, de ONG compañeras, de funcionarios que entran y entran y se llevan el dinero que necesitamos para estas políticas sociales.
Esta rendición de cuentas, señora presidenta, muestra también un profundo desprecio por el Estado de derecho, por la separación de poderes y por el cumplimiento de las sentencias judiciales. Esto no lo digo yo, sino la Suprema Corte de Justicia, no en una, sino en varias sentencias; y también lo dijo el Colegio de Abogados del Uruguay en una declaración hecha el 4 de setiembre de 2017 relacionada con el artículo 15 de este proyecto de ley. Dice: «Rechazamos enfáticamente los sucesivos intentos de excluir al Estado del sometimiento del mismo al ordenamiento jurídico.
Que, como ciudadanos y como abogados, nos manifestamos firmes defensores del principio republicano de la separación de poderes y del ineludible cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales pasadas en autoridad de cosa juzgada por parte de todas las personas, sean estas físicas, jurídicas, públicas o privadas.
El diferendo planteado con el reclamo de los Funcionarios Judiciales y la reiteración de fallos de la Suprema Corte de Justicia que han declarado inconstitucionales las leyes aprobadas por el Parlamento debe obligar a los impulsores de esas normas,» –es decir, a ustedes, los legisladores del Frente Amplio– «y a los legisladores todos,» –a nosotros también– «a cambiar su enfoque centrándolo en la más irrestricta defensa del orden jurídico que presupone, en primer término, el cumplimiento de los fallos judiciales.
A nuestro juicio no resulta constitucional el artículo aprobado por contravenir los principios de tutela jurisdiccional efectiva, de separación de poderes y de igualdad.
Que insta a todas las partes y específicamente a los poderes públicos a recorrer los caminos de diálogo que den pronta solución al problema, permita el funcionamiento normal del Poder Judicial y signifique la plena reafirmación del Estado de Derecho».
Estamos aprobando –sabiéndolo, porque todos los sabemos– un artículo inconstitucional, el 15 y, de vuelta, quieren vestirlo diciendo que, en realidad, están poniendo un poco de orden para después incluirlo en el presupuesto del año que viene. En realidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo que el Poder Ejecutivo, si quiere, lo paga; si no quiere, no lo paga, pero lo tiene que incluir en un mensaje presupuestal y el Parlamento lo aprobará o no. ¿Qué estamos diciendo? Que una sentencia judicial queda sujeta a la aprobación de otro poder del Estado, y eso, desde Montesquieu para acá, es inconstitucional. Pero, además –lo saben, y lo sabemos nosotros, aunque de repente hay alguno acá que no lo sabe–, ya hubo varias declaraciones de inconstitucionalidad frente a estas maniobras como la del artículo 15, y fue parte el Poder Ejecutivo y también el Poder Legislativo. Y la Suprema Corte de Justicia dijo que el hecho de que una sentencia se vaya a pagar si se dicta una ley que habilite el crédito equivale a decir que se va a pagar si el Poder Ejecutivo y el Parlamento quieren que se pague. Eso es condicionar la eficacia de la cosa juzgada a un acto de gobierno o legislativo, lo cual vulnera abiertamente la separación de poderes – ínsita de manera clara en la carta fundamental–, por la cual es el Poder Judicial el órgano encargado de juzgar y ejecutar lo juzgado.
Lo saben, porque esta sentencia tiene unos meses –y ya había otra el año pasado–, pero igual insisten. La verdad es que creo que esto ya es despreciar el Estado de derecho y la separación de poderes, porque insisten haciendo lo mismo cuando hay sentencias tan claras y contundentes. ¡Por lo menos, pongan más inventiva! Pero no, insisten con lo mismo.
Ya les digo y les advierto que este artículo 15 va a ser declarado inconstitucional porque lo es de aquí a la China, tal como lo afirmó un expresidente de la Suprema Corte de Justicia hace poco. Pero no; quizás estén pensando en las manifestaciones de un legislador del partido de gobierno –que hoy no está presente– sobre la última ley que se declaró inconstitucional cuando señaló: «con esta ley ganamos tiempo para transar». Entonces, ¿aprobamos leyes para ganar tiempo para transar? ¿Qué somos? ¿Somos una extensión del Poder Ejecutivo que aprueba leyes que le permiten enfrentar una negociación cuando aparecen estos problemas? ¡Eso es una barbaridad! Pero, ¡dale que va!
Otro tema de esta rendición de cuentas, que muestra un absoluto desprecio por las normas, es el relativo a la tasa consultar, por el impuesto que van a poner. No sé si los señores senadores leyeron el artículo 265, pero les recomiendo que lo hagan porque el artículo que vamos a votar dice que el destino de la tasa consultar es implementar acuerdos en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Por lo tanto, la norma dice que ese dinero se va a destinar a implementar acuerdos de la OMC, pero la señora miembro informante acaba de decir –también nos lo dijeron el señor ministro de Economía y Finanzas, el subsecretario y todos– que, en realidad, no va a ser para eso sino para financiar el aumento del gasto que han tenido en educación y demás. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo puede ser que el artículo indique un destino determinado para ese dinero pero en el discurso público se afirme que va a ser otro?
Uno se pregunta por qué hacen esto, por qué no dicen cuál va a ser el verdadero destino de lo recaudado. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que es ilegal y que contraviene tratados firmados por la república. Además, les recomiendo que lean el artículo porque tiene una trampa. En una parte de esta norma, se dice que será de aplicación la Ley n.º 18166. Muchos de los artículos que recibimos están redactados de esta forma, expresando que se aplica determinada ley o se sustituye una redacción por otra, y lo cierto es que nadie lo lee. Si leemos la Ley n.º 18166, nos encontramos con que ahí se establece que a México no se le puede cobrar tasa consular; es decir que cuando importemos productos de ese país no se va a cobrar esa tasa. Sin embargo, vemos que sí se cobrará a los países del Mercosur: Argentina, Brasil y Paraguay. Por suerte Venezuela ya no lo integra y esperemos que no lo haga por mucho tiempo, al menos hasta que cese la dictadura de Maduro. Tampoco están los países extrazona. Uno se pregunta por qué no le cobramos a México pero sí a los otros. La respuesta es que esto es así porque con México tenemos un tratado; pero –¡cuidado!– también tenemos un tratado con Argentina, Brasil y Paraguay, que nos obliga a darles las mismas condiciones que a la nación más favorecida. ¿Qué pasó? Violamos el tratado con los países del Mercosur pero no el firmado con México. ¡Es una cosa formidable! Además, le llaman tasa, y cuando les hicimos ver que no tiene las características de una tasa, nos dijeron que así se llamaba antes pero, en realidad, es un impuesto. Eso fue lo que nos dijo el subsecretario. Entonces, estamos poniendo un impuesto al que le llamamos «tasa», cuya recaudación se dice que se va a destinar a la Organización Mundial del Comercio pero, en realidad, irá a rentas generales para cubrir los agujeros del Estado central. ¡Siglo XX cambalache! Es difícil creer que se haga esto.
Cuando le preguntamos sobre el tema al subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores –el señor ministro no vino–, no pudo contestar; no supo contestar. Dijo que el señor ministro ya había expresado su opinión en el ámbito que correspondía, y yo me pregunto cuál es ese ámbito. ¡Este es el ámbito en el que corresponde que el ministro exprese su posición! Pero no; lo hizo en el Poder Ejecutivo y aquí no dio explicaciones. Yo leí sus declaraciones y el ministro no está de acuerdo con esto. También leí las del presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Bergara, y tampoco está de acuerdo con la tasa consular. ¿La vamos a aprobar igual? Creo que estamos equivocados.
A continuación, voy a referirme a algunas cosas que sucedieron en las sesiones de comisión en las que se trató la rendición de cuentas. El Ministerio de Turismo presentó dos artículos. Por el 107 pide una reasignación de gastos por una suma importante de dinero para comprar una nueva sede, ya que la actual es alquilada. Parece algo sensato, pero la verdad es que ¡el Estado uruguayo tiene tantos bienes inmuebles! ¿Habrá que comprarse uno?
Como habíamos seguido el tema, preguntamos si habían levantado la observación del Tribunal de Cuentas y nos dijeron contundentemente que sí; eso consta en la versión taquigráfica que tengo en mi poder. Dado que había sido levantado, pensé que podíamos acompañarlo. De todos modos, fui al Tribunal de Cuentas para averiguar cuál era la situación y lo cierto es que no se levantó la observación. El Tribunal de Cuentas dice que esa compra directa no se puede hacer. En el Parlamento, en la comisión, nos dijeron que había sido levantada, pero no era así y eso consta –reitero– en la versión taquigráfica. Pensé que quizás había sido un error y rápidamente pedí un oficio aclarando que votaríamos el lunes 18 de setiembre y necesitaba la información, pero no me contestaron ese oficio; no se lo contestaron a la comisión. Fuimos hasta allí, y en el Tribunal de Cuentas nos dijeron que esa compra es ilegal. ¿Saben por qué? Porque el fundamento del ministerio es que tienen una oferta de un inmueble y, si la licitación demora, pueden perderlo. Si ese es el fundamento para evitar una licitación, propongo que deroguemos el artículo 33 del Tocaf y no lo apliquemos más. Además, si tienen una oferta, quiere decir que se puede hacer un procedimiento competitivo. Pero no me contestaron ni levantaron la observación, y ni siquiera insistieron con el gasto. Entonces, le estamos votando USD 1:500.000 o USD 2:000.000 al Ministerio de Turismo para que se compre un inmueble aunque hay una observación del Tribunal de Cuentas de la república. ¿Esto se puede votar? ¿Están dispuestos a votar algo que el Tribunal de Cuentas dice que es ilegal? Yo no; señora presidenta: yo no lo voy a votar.
Hubo otro episodio enojoso en el que no me quiero meter mucho porque estoy seguro de que el señor senador Heber, que fue quien lo mencionó, lo va a plantear. Si no lo hace, le pediré una interrupción para plantearlo.
Hacía mención al tema planteado por el señor senador Heber, y solamente lo voy a mencionar de paso. Me refiero a las contrataciones en el Inumet. Como acá siempre hablamos con siglas, no sé qué significa la «u» en esa denominación; seguramente es Instituto Uruguayo de Meteorología. Bueno, el asunto es que parece que allí se habían vencido los contratos y, como no tenían tiempo para hacer los llamados, con el dinero destinado por convenio a comprar infraestructura contrataron a una secretaria y a un abogado. Dijeron que no tenían dinero.
Lo mejor de todo –no voy a seguir con este tema porque el señor senador Heber siempre lo plantea mucho mejor que yo– es que cuando consultamos al director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, el señor Scavarelli –que aparece a cada rato–, si tenía conocimiento de esta situación, con esa habilidad que posee contestó que, en realidad, más allá de que tuvieran conocimiento, como controlan lo que está registrado públicamente y la Corporación Nacional para el Desarrollo no está registrada, lo van a hacer más adelante. Es un hábil declarante. Sabía todo y no lo reconoció. Sin embargo, los representantes del Inumet dijeron –entiendo que hicieron bien– que la Oficina Nacional del Servicio Civil sabía, estaba de acuerdo. Manifestaron: «Lo hicimos porque ellos dijeron que estaba bien».
Si la Oficina Nacional del Servicio Civil dice que está bien hacer un convenio con la Corporación Nacional para el Desarrollo a los efectos de contratar por debajo de la mesa funcionarios en el Inumet, como dicen los muchachos, «estamos en el horno», absolutamente en el horno. Bueno, si tiene al hijo trabajando en el Ministerio del Interior, sin licitación ni concurso ni nada, ¿qué podemos esperar? ¿Qué vamos a esperar? Con seguridad el señor senador Heber planteará este tema mejor que yo, pero no pude aguantarme.
El otro tema al que quiero referirme, señora presidenta, es el que se planteó cuando concurrieron los representantes del Ministerio del Interior. Preguntamos por dos jerarcas. Uno de ellos había contratado a la hermana. ¡A la hermana había contratado! La había contratado como sicóloga, pero resulta que no lo era y les hacía estudios sicológicos a los que ingresaban al Ministerio del Interior. A ver si nos damos cuenta: el que ingresa al Ministerio del Interior es el que va a portar un arma y es el que después tiene que decidir si la usa o no. Por lo tanto, debe tener cierto condicionamiento, determinada aptitud sicológica, y quien controlaba el ingreso no era sicóloga pero dijo que lo era.
En ese momento, preguntamos cómo era posible que siguiera el jerarca que puso a la hermana y al sobrino en el ministerio. Porque está bien que no sepa si un ciudadano cualquiera es o no sicólogo, pero es seguro que tiene que saber si el hermano o la hermana tiene un título. Nosotros somos ocho hermanos, señora presidenta, y puedo decirle quién tiene título y quién no. Se lo digo con seguridad. No puedo decir que no sé. Cuando uno se recibe, se sabe, se comenta. En este caso no fue así. ¿Esta persona no tenía título y la contrató el hermano para controlar el ingreso de los policías? Se lo dijimos y, ¿sabe qué? En ese momento, el jerarca seguía en el cargo.
En la comisión, el ministro nos dijo, galleando, que iban a ver qué resolvía la Justicia sobre el título. Tuvieron tanta mala suerte que a la semana la Justicia resolvió y procesó a los dos funcionarios: al que hacía un año que le pedíamos al ministro que lo removiera –y también se lo pedimos el día que concurrió a la comisión–, por contratar a la hermana, que no era sicóloga, y a la falsa sicóloga por no tener el título.
Este tema de los títulos, a esta altura, ya parece una epidemia. Reitero: parece una epidemia. No voy a señalar el suceso que motivó que la señora presidenta esté sentada allí hoy, pero hasta tenían un vicepresidente del Frente Amplio que decía tener un título y no lo tenía. Yo no sé para qué estudié. ¿Para qué estudié? Podría haber dicho que era licenciado, que era sicólogo o lo que fuera y seguir…
Resulta que los procesaron, y a ese jerarca no lo removieron, sino que renunció. Y sigue ¡dale que va!
La verdad es que cuando veo todas estas cosas, cuando nos traen estas rendiciones de cuentas, siento que a veces uno habla y la gente no escucha. Las cosas se hacen igual. Falta el dinero. La solución siempre es poner más impuestos y, en realidad, podrían hacerse otras cosas.
En este sentido, presentamos un aditivo para ver si podemos empezar a poner un poco de orden en las sociedades anónimas que tiene el Estado. Veamos, señora presidenta. El año pasado ALUR perdió USD 12:500.000. Repito, ALUR perdió USD 12:500.000. ¿Vamos a seguir? El año pasado Ancsol, de Ancap, perdió USD 16:000.000. El año pasado Cementos del Plata de Ancap perdió USD 3:500.000. También el año pasado Conecta –parte de Ancap– perdió USD 11:000.000. Ducsa ganó. Bien. Gas Sayago, el año pasado, perdió USD 18:000.000, y este año, en el primer semestre, lleva perdidos USD 5:500.000.
Bueno, ¿no será momento de echarle un poco de mano a esto? Solamente el año pasado nos costaron USD 80:000.000 estas sociedades anónimas de la aventura industrializadora de los pseudoprogresistas con la plata de los uruguayos. ¿Cuánto piensan recaudar con la tasa consular? USD 90:000.000, es decir, lo que perdieron en estas empresas.
¿No habrá llegado el momento de no insistir más? ¿Qué estamos esperando con Gas Sayago? ¿No la liquidamos porque le tenemos reservado el cargo a la presidenta de Ancap y seguimos perdiendo millones de dólares? ¿No será el momento de pensar en abrir el capital a la inversión privada en esas sociedades anónimas de derecho privado? ¿No habrá que vender el 25 % de las acciones que dan plata? ¿Y cerrar las que no dan plata? Yo qué sé.
Dicen que una empresa vale diez veces su resultado. Si Ducsa ganó USD 23:000.000 el año pasado, vale USD 230:000.000. Si se vende el 25 %, tendremos una cantidad muy importante que puede servir para construir escuelas. ¿No será ese el camino? De paso, al que compre ese 25 %, le daremos la seguridad de que va a poner a un director en esa sociedad anónima. Como ese director va a tener que velar por sus accionistas, no va permitir la fiesta de los contratos con los amigos, la publicidad y todas esas cosas que sabemos que se hacen. ¿O nos olvidamos de que en ALUR, solo en el año electoral 2014, metieron a cien personas adentro? Podría seguir, pero voy a hacer referencia –si la señora presidenta habilita la presentación de PowerPoint– a los números que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas en este repartido, que no sé si lo tienen todos los señores senadores. Cuando analizamos estos números –en verdad, es mucha información y creo que si la dan es para estudiarla– nos encontramos con que en muchos incisos como, por ejemplo, el de educación o el de economía, eligen los años contra los cuales compararse. Por ejemplo, eligen los años 1995, 1998, 2002, 2005 o 2010, según como les convenga, por lo tanto, es muy difícil hacer un análisis si no se elige el mismo año para compararse. Repito: cuando se hace el análisis queda claro que están eligiendo los años que les conviene. Es tan evidente que no sé cómo lo presentan, porque es tomarnos por tontos pensar que no le vamos a prestar atención.
La primera gráfica que pueden ver en el PowerPoint muestra la diapositiva que trajo el Ministerio de Economía y Finanzas que dice que el gasto público social había tenido un gran aumento. La primera gráfica empieza en el año 95 y habla de millones de pesos; claramente muestra que estamos metiendo muchos más millones de pesos. ¡Está bien! La segunda, es por función y no se toma el año 95 sino el 2010, es decir que se saltea 15 años; y la tercera, muestra el gasto público social total y grafica a partir del año 2005. Entonces, si en millones de pesos iba tanto para arriba ¿por qué cuando es por porcentaje del PBI se toma el 2005? ¿Sabe por qué, señora presidenta? Porque en porcentaje del PBI recién este año se acaba de alcanzar lo que se invertía en gasto social en el año 2002.
En la gráfica siguiente está el gasto social según el PBI –muchas veces nos han dicho que es lo que hay que ver porque el PBI es lo que da los valores constantes– y ella muestra que en el año 2002 se invertía 25,3 % y ahora se está alcanzando el 25,6 %. ¡Los números no mienten, sino quienes hacen los números!, decía el contador Damiani, padre del actual presidente de Peñarol; aclaro que no estoy haciendo una alusión futbolera porque no es el mejor día para ello, y yo soy hincha de Wanderers.
¡Claro! ¡Si uno elige el año contra el que se compara pasan estas cosas! Lo mismo pasaba con los metros cuadrados invertidos por vivienda: aumentó el metro cuadrado de inversión en pesos y en dólares nos dicen ahora, pero cuando uno va a los números del año 91 ve que lo que aumentó es la inversión en vivienda suntuaria y mediana, pero no aumentó en la económica. ¡Y claro!, si nos meten todo adentro mejoran el promedio, esa es la lectura. ¡Pero cuidado!, porque una política de Estado tiene que dar las condiciones para que haya inversión en la vivienda suntuaria, no discriminar a nadie en la mediana, pero debe atender a la económica, y esos números no ayudan.
Ahora vamos a un número que es el peor de todos: el del modelo de rumbo económico; así lo llaman. Es el rumbo económico del déficit fiscal, el de Cristina y Néstor Kirchner, el de Lula y Dilma Rousseff. ¡Ojalá corrijamos ese rumbo! La raya de color azul representa lo que, según el Gobierno, iba a ser el déficit, y la roja indica el déficit real: en el 2012 se preveía un 1 % de déficit y fue 2,7 %; en 2013, un
0,9 % y fue de 2,3 %; en el 2014, un 0,8 % y fue de un 3,5 %. ¿Qué hicieron en el 2015? ¿Corrigieron el déficit para alcanzar la meta? No; se fijaron metas más bajas y aun así el año pasado tuvieron un desvío del 25 %. Corrigieron, ¡claro!, el año 2014, el de la fiesta electoral y de las mentiras impositivas, en el que el desvío del déficit fiscal fue de 433 %. Y nos dicen que en el 2019 no van a hacer fiesta electoral y van a tener un déficit de 2,5 %. ¿Quiénes son los grandes culpables? No solamente el aumento de funcionarios, sino el resultado de las empresas públicas, esas que hoy están usando como caja.
La siguiente gráfica representa el resultado de las empresas públicas desde el 2001. Vemos que mejoraron un poquito en el 2015 porque le hicieron pagar a la población en tarifas lo que venían haciendo, pero ahora volvieron a empeorar y, obviamente, la peor de la clase es la que tiene todas esas sociedades anónimas con la que juegan a ser industriales con la plata de los uruguayos, no con la propia: me refiero a Ancap. Los números que van desde el 2007 al 2013 mejoraron en el 2015, trasladando a tarifas sus pérdidas, y a pesar de eso volvieron a perder, volvieron a ver reducidos los resultados. UTE tuvo problemas bastante importantes en los años 2008, 2009 y 2012 porque la afectó la sequía y ahora no termina de despegar. Antel, de la que poco se habla porque está en las telecomunicaciones –un negocio en crecimiento que, por ende, no pierde mucho dinero– llegó a perder en el año 2014. Las empresas de comunicaciones en el mundo son las estrellas absolutas. Por dar un ejemplo, una de las personas más ricas del mundo, Carlos Slim, se dedica a las telecomunicaciones. Nosotros estamos contentos porque el año pasado hubo 0,2 % de ganancia en Antel después de haber perdido, cuando debería estar ganando –esto es peor que Ancap– un 10 %, 12 % o 15 % como esas empresas internacionales, pero como no pierde no le ponemos el foco. Por otro lado, OSE hace rato que tiene serios problemas.
Por último, cuando se habla de destrucción, de cuarenta mil puestos de trabajo, nos tenemos que dar cuenta que eso es exclusivamente por el gran problema que tenemos para competir como país, por ese gran problema que nos obliga a dar beneficios tributarios especiales a cualquiera que quiera invertir o que nos obliga a llamar al PIT-CNT para pedirle que firme un convenio, y que no le haga a una empresa internacional que quiere invertir en el Uruguay lo que nos hace a todos los uruguayos.
Por todos estos motivos, se imaginará señora presidenta, que no vamos a acompañar en general la votación de este proyecto de ley.
SEÑOR BORDABERRY.- ¿Podría repetir la última oración?
SEÑOR BORDABERRY.- Como fui aludido respecto a la evolución de los precios de los commodities, quiero decir nuevamente que todo depende del año con el cual nos comparamos. Si nos comparamos dos años hacia atrás, efectivamente, los precios están más bajos; si nos comparamos diez años hacia atrás, los precios de los commodities están muy por arriba de lo que estaban hace diez años. Hace cuatro o cinco años, cuando señalábamos que había un viento de cola a nivel internacional, lo negaban; decían «No es así», pero ahora dicen que lo que pasa es que se acabaron aquellos buenos precios. Pero aun con estos precios, estamos muy pero muy por encima de los de los años 2004 y 2005; ni que hablar.
Además, estoy seguro de que la señora senadora preopinante, como técnica que es, sabe que hay que analizar las cifras y cuando se abren los precios de los commodities vemos que los que más bajan son los que nos favorecen. El commodity que más bajó fue el petróleo; el que menos bajó –es más, subió– es la carne; y el más volátil es la soja, que va y viene. Pero todos –menos el petróleo– están muy por encima de lo que estaban en 2005. Entonces, el argumento es exactamente en contra de la posición de la señora senadora Moreira, porque si el commodity petróleo baja, nos favorece, y si los commodities carne y soja suben, nos favorece, y mucho. Estos datos son del Fondo Monetario Internacional y pueden consultarse online.
Respecto a las sociedades anónimas de las empresas públicas, creemos que algunas van a tener que cerrar o venderse, una u otra opción. ¿Por qué? Entendemos que el correo tenga que llegar hasta el pueblo Yacaré a llevar una carta, estamos de acuerdo con eso, pero me gustaría que alguien me explicara por qué la empresa CABA –creo que por suerte la están cerrando o ya la cerraron– tiene que vender perfumes y bebidas alcohólicas y perder USD 780.000 por año. ¿Esa es una función social? ¿Por qué Antel tiene que tener Antel USA y nosotros contribuir con USD 2:500.000 por año? ¿Por qué tenemos que tener la supertarea de vender cemento cuando hay empresas que lo hacen y el precio está casi cartelizado? ¿Por qué tenemos que perder entre USD 150:000.000 y USD 160:000.000 en la venta de cemento, tal como ha sucedido en los últimos años? ¿Por qué motivo tenemos que seguir manteniendo Gas Sayago a un costo de USD 18:000.000 por año? A esto me refiero cuando digo que hay que cerrar. Además, han privatizado una cantidad de cosas que eran inimaginables. Por ejemplo, han privatizado la generación de energía eléctrica, asegurándoles un precio a quienes la producen. Y está bien que lo hayan hecho, estamos de acuerdo.
Señora presidenta: por último, quiero decir que no nos quejamos del gasto público ni del aumento de impuestos para atender el gasto social; estamos de acuerdo con ese incremento impositivo, pero con lo que no estamos de acuerdo es con el aumento de impuestos para que ingresen más funcionarios, para las ONG compañeras, para la ineficiencia, para la venta de cemento, para la venta de perfumes, en fin, para que jueguen al industrial fracasado con el dinero de los uruguayos.
SEÑOR BORDABERRY.- El expresidente Barack Obama, durante su período de gobierno, aumentó los impuestos a los que más tenían en Estados Unidos. Fueron a verlo Bill Gates, Warren Buffett y una cantidad de grandes empresarios que eran los que debían pagar más y le dijeron: «Estamos de acuerdo con que nos aumente el impuesto, pero le pedimos que nos diga qué va a hacer con ese dinero».
–De eso es de lo que tenemos que hablar, porque aumentan el gasto para festivales político-populista-electorales, y para eso no hay que aumentarlo.
SEÑOR BORDABERRY.- Lamento las generalizaciones. Que se diga que en otras épocas se hacían algunas cosas y que se use eso como justificación para hacer las cosas mal es una aberración. Que se diga: «Resulta que hago esto mal porque los otros lo hacían antes y entonces puedo hacerlo» me parece un razonamiento equivocado y además injusto.
Tuve el honor de ocupar tres ministerios al mismo tiempo y no tenía un solo adscripto; no hice ingresar un solo funcionario como estoy seguro de que la mayoría de los que integraron esos cargos tampoco lo hicieron. Por lo tanto, acusar al voleo y generalizando al decir que esto lo hacían otros antes es una equivocación, como también lo es gastarse USD 2:500.000 en los amigos a quienes meten en los despachos, en el hijo del director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en el otro que es un atleta de no sé qué, etcétera. ¡Cuando uno mira la lista da vergüenza! También está el hijo de una periodista; véanla porque la lista está ahí. ¡Están gastando USD 2:500.000 por año en los amigos y después nos vienen a hablar de otras cosas!
Eso nosotros no lo hicimos; yo, por lo menos, no lo hice.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: hemos sido aludidos varias veces. No voy a hacer referencia a estos conceptos jurídicos ahora porque estoy seguro de que el señor senador Amorín hablará sobre ello. Lamentamos que no se tengan claros conceptos básicos del derecho constitucional uruguayo, pero siempre hay interpretaciones diferentes.
Queremos hacer mención a algo que dijo el señor senador Otheguy, haciendo referencia a nosotros. Él habló del aumento de la deuda pública y la calcula en relación al PIB; es lógico y se trata de visiones y perspectivas que siempre se pueden tener. Uno piensa que si hay más ingresos se va a cancelar la deuda, no que va a aumentar, pero son perspectivas que uno tiene. Sí quiero recordar que cuando acá discutíamos hace tres o cuatro años el aumento del endeudamiento de Ancap se nos decía lo mismo. Les decíamos que Ancap estaba aumentando su pasivo, que en 2005 eran USD 250:000.000 y lo estaba llevando a USD 2.000:000.000, y se nos decía que la empresa estaba vendiendo más, a lo que respondíamos que la estaban fundiendo. ¿Y qué pasó? La fundieron; y lo hicieron con ganas. Hoy lo decimos fuerte con respecto al Uruguay: ¡lo siguen endeudando! ¡Lo están fundiendo! ¡Estamos pagando intereses muy importantes! ¡Y dale que va! Si llegan a bajar realmente los commodities, los que nos duelen, quedamos descalzados absolutamente.
Quienes trajeron el tema de Las Láminas acá no fuimos nosotros, y ya lo dijimos hoy. Nos pareció de pésimo gusto ese ejemplo y nos obligó a hablar de ese tema. Pero, repito, no fuimos nosotros los que lo trajimos acá. A nuestro entender, es de pésimo gusto discutir aquí sobre esas cosas, pero si las traen, las hablamos y las contestamos.
En cuanto a la insuficiencia alimentaria, quien informó que el 4,3 % de los niños en el Uruguay se van a dormir con hambre no fuimos nosotros sino la ministra de Desarrollo Social, en presencia de algunos legisladores. O sea que no estamos trayendo nuestros números, sino que nos referimos a los números que suministra oficialmente la ministra de Desarrollo Social, a quien supongo que como están tan unidos no estarán objetando, ya que integra el programa, el plan, el equipo y todo lo del Frente Amplio.
Con respecto a la información sobre los funcionarios públicos, hay que decir que es incompleta. No nos hagamos más trampas al solitario, porque en esa información no están los miles de compañeros de las ONG que tienen trabajando y pagándoles en la Intendencia de Montevideo o en el Mides. Contratan a esas personas a través de ONG; lo sabemos todos y es el nuevo invento que han hecho. En esa información tampoco aparecen las miles de personas que han metido en las sociedades anónimas, propiedad de las empresas privadas. Solo en ALUR creo que fueron unas 800 personas; no recuerdo bien pues había 100 en 2014 pero ya traían 600 o 700. O sea que si quieren hablamos.
En cuanto a CABA, por suerte dejamos de vender perfumes y alcohol. Sobre Cementos del Plata, seguimos pagando para vender cemento. Si nos referimos a Gas Sayago, estamos esperando por Shell y esa espera nos costó USD 18:000.000 el año pasado y USD 5:000.000 este, es decir que llevamos USD 23:000.000 poniendo tiquitiqui para esperar a ver si nos contestan. Nos parece que tenemos que señalar esas cosas para que, dentro de lo posible, lo corrijan.
Por último, no entendieron lo de la tasa consultar. Ahora bien, si dicen que la van a terminar en 2020, pongámoslo en la ley. Es decir, si nos están asegurando hoy que la tasa consular se va a terminar en 2020, como acaban de decir, presentemos un proyecto de ley y pongámosle vigencia. Digamos que se acaba la tasa consular y se deroga a partir de 2020, y no discutimos más, les creemos. Digo esto porque, ¿saben qué? En 2006, en la revisión de la Organización Mundial del Comercio, en el GATT, dijeron que la iban a derogar enseguida, y en 2012 dijeron que la iban a derogar enseguida; entonces discúlpenme que la tercera vez que canta el gallo no les crea.
SEÑOR BORDABERRY.- Creo que es muy interesante lo que está diciendo el señor senador Lorier, pero me permito hacer una reflexión con él.
Como bien dijo, cuando empieza a bajar el dólar, la reacción es comprar dólares para generar demanda de esa moneda y que deje de bajar. Ahora bien, para comprar dólares ¿qué necesitamos? Pesos, como él dijo. ¿Y de dónde sacamos los pesos? De Letras de Regulación Monetaria que emitimos; no las sacamos de pesos que tenemos de superávit porque tenemos déficit. Entonces, si por un lado sacamos dólares y, por el otro, pesos, en realidad no estamos haciendo nada, porque estamos generando tanta demanda de un lado como del otro, con un problema que se refleja en las cuentas del Estado y en este presupuesto. Me refiero a que los dólares que compramos –esos USD 2.800:000.000 a los que se hizo referencia– se colocan a tasa 0, porque hoy en día los bancos no pagan casi tasa por los dólares, pero por los pesos de las Letras de Regulación Monetaria estamos pagando un interés importante. La diferencia entre lo que no nos pagan esos dólares y lo que pagamos por los pesos son unos USD 600:000.000 por año. ¿Vale la pena aplicar las teorías de Adam Smith de que hay que dejar que el mercado juegue porque, con más demanda, logro algo para no obtener ese resultado? ¿Vale la pena gastar esos USD 600:000.000 por año en esto, como nos dijo en su momento el presidente del Banco Central? Creo que no, salvo que tengamos pesos de superávit y, ahí sí, efectivamente podamos accionar, pero no vamos a lograr eso. Me parece que lo que dice el señor senador sobre esta operativa es mucho más profundo e importante de lo que todos nos imaginamos. Entiendo que el camino que estamos aplicando no es el idóneo para que el dólar no baje. Tendríamos que buscar algún otro tipo de instrumento.
SEÑOR BORDABERRY.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.
SEÑOR BORDABERRY.- Tal como hemos conversado, vamos a proponer votar por inciso, ir desglosando aquellos artículos en los que no estamos de acuerdo, votar en bloque aquellos en los que sí hay acuerdo y suprimir la lectura.
SEÑOR BORDABERRY.- Vamos a solicitar el desglose del artículo 1.º.
Corresponde pasar a la sección II, «Funcionarios».
SEÑOR BORDABERRY.- Pedimos el desglose de los artículos 3, 6 y 11.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: quiero reafirmar la gravedad del tema que está planteando el señor senador Heber. Creo recordar, además, que el señor director de la Oficina Nacional del Servicio Civil hablaba de esas quince personas, no como asesores, sino como su gabinete. Al parecer, su gabinete no le había advertido que esto es actuar con abuso de funciones. Según lo manifestado por los representantes del Inumet –tal como lo acaba de expresar el señor senador Heber–, se había vencido el contrato de algunos funcionarios y como solución les propusieron que se valieran de un convenio que tenían con la Corporación Nacional para el Desarrollo para inversiones en otra área y, en lugar del destino que tenía, contrataran funcionarios –entre ellos, una secretaria y un abogado– con vistas a hacer llamados a concursos más adelante. Mientras tanto, los funcionarios eran contratados sin concurso.
Hay un delito que quieren derogar que debe andar bastante cerca de esta conducta, no digo que lo sea, –no me corresponde decirlo–, pero hay un accionar arbitrario con conocimiento y confesión de violación de las normas para uso de un dinero público para el que no fue previsto. Esta es la gravedad de lo que está denunciando el señor senador Heber en este momento. Quizá esto explique también que ni el gabinete ni el propio director dijeran estar en conocimiento de que se reunían tres días a la semana con la gente del Inumet y les recomendaba hacer estas cosas.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: de acuerdo con el temperamento propuesto por la senadora Tourné, que compartimos, en primer lugar deberíamos votar el artículo 1.º, pues no lo votamos.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: solicito que se desglosen los artículos 15 y 16.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: obviamente, no vamos a votar el artículo 15.
Con relación al artículo 16, al igual que hizo nuestra bancada en la Cámara de Representantes, tenemos un sustitutivo. Es por esa razón que no vamos a votar este artículo.
SEÑOR BORDABERRY.- Solicito que se desglosen los artículos 51, 54 y 65.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: vamos a pedir el desglose de los artículos 75 y 77.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: por nuestra parte, queríamos pedir que se desglosaran los artículos 87, 92, 94, 99, 100 y 101.
SEÑOR BORDABERRY.- Por nuestra parte, vamos a solicitar el desglose de los artículos 103 y 105 y haremos una referencia a este último, luego de que haga uso de la palabra el senador Delgado.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: debido a lo avanzado de la hora y a la extensa duración de esta sesión, quizás pueda ser un tanto tedioso analizar un artículo, pero quisiera hacer una advertencia.
El artículo 105 que se va a votar, me parece que es inconstitucional. Por lo tanto, pediría a los señores senadores que por un instante prestaran atención al repartido. Con el fin de analizar el artículo, les comento a los señores senadores cómo es el sistema actual de la minería. El Código de Minería establece que todo lo que está por debajo de lo superficial pertenece al Estado. Sin embargo, ese mismo código establece que en el caso de los yacimientos, de los recursos minerales de la clase IV, la exclusividad de la explotación es para el superficiario. ¿Cuáles son estos yacimientos? Por ejemplo, el balastro, señora presidenta. Entonces, en el caso del balastro, según el Código de Minería, la explotación exclusiva pertenece al superficiario. Eso hasta hoy, porque este artículo establece que ese derecho, si bien no se quita, se suspende, pero no dice por qué plazo. ¿Por qué no dice que se quita ese derecho? Porque creo que vieron que si hacían eso incurrían en una responsabilidad muy clara. Si alguien tiene un derecho y sin compensación se lo sacan, evidentemente se incurre en responsabilidad. Por eso el artículo dice que se suspende el derecho. Digamos que es el mismo perro pero con distinto collar porque, de la misma forma, le están quitando el derecho.
Pero quizás lo más grave –y es la advertencia que hago, además de la inconstitucionalidad– es que esto deja en un limbo de imposibilidad la explotación de esas canteras, porque le suspenden el derecho al propietario, pero después dicen que la cantera no requerirá la tramitación de título minero. Al suspenderle el derecho al propietario, evidentemente el único que podría explotarlo sería el Estado, pero ¿qué parte del Estado? ¿El ente que lo pide? Eso no se dice. ¿Cómo lo explotaría el Estado? ¿Cómo hace para regular el ingreso, el procedimiento? ¿Mediante la tramitación de un título minero y su procedimiento? No, porque no lo requiere. Entonces no hay forma de regularlo, y ¿qué va a hacer? ¿Va a patear la puerta y se va a meter? No va a poder. Quiere decir que están suspendiendo el derecho, están diciendo que no se requiere un título minero y no están regulando cómo se ejercerá ese derecho.
Lo que se hace acá es crear un registro y pedir una autorización ambiental previa, pero se olvidan de lo más grueso, que es cómo regular la relación entre el que está pidiendo ese derecho, que será una entidad estatal –acá figuran las intendencias y el Ministerio de Transporte de Obras Públicas– y el propietario superficiario. Entonces, como no van a recurrir al Código de Minería no van a tener forma de regularlo, y el hecho de no estar regulado será fuente de problemas muy graves.
Me parece que este artículo –y ya sé que no abrirán la rendición de cuentas– debería ser objeto de revisión en la comisión de industria, porque cuando preguntamos qué estaban buscando, se nos dijo que era regular algo que pasa mucho en campaña y que todos conocemos. Por ejemplo, viene la junta local o la intendencia y le pide a quien tiene una cantera si los dejan sacar balastro para arreglar el camino, y todo el mundo dice que sí; nadie cobra por eso. No sé si será así cerca de las ciudades, pero en campaña nadie cobra.
El problema es que si al que deja sacar el balastro se le dice que tiene que ir a tramitar un título minero a Montevideo, seguramente dirá que no deja sacar nada. En los hechos, no hay nada regularizado en Montevideo.
Quisieron arreglar un problema, se pasaron de vuelta y, al suspender el derecho otorgado al superficiario, se metieron en un lío más grande. Por eso me parece que en la comisión respectiva debería reverse este artículo. En realidad, no debería votarse, y nosotros no lo vamos a votar, pero como lo va a votar el oficialismo, hacemos esa advertencia. Además de su inconstitucionalidad, está su falta de solución práctica. Evidentemente este es un artículo redactado por algunos burócratas en Montevideo que no saben cómo funcionan las cosas en la campaña.
SEÑOR BORDABERRY.- Quiero dejar en claro que yo no menosprecio los conocimientos de nadie. Es más: estoy de acuerdo con la finalidad de la norma, pero creo que está mal redactada y, entonces, tengo que decirlo, pero eso no es menospreciar los conocimientos de nadie, sino señalar algo haciendo un aporte.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: solicito el desglose de los dos artículos, y voy a fundamentarlo.
SEÑOR BORDABERRY.- El artículo 107 –al que nos referimos hoy– reasigna un dinero para que el Ministerio de Turismo compre una nueva sede. En primer lugar, entendemos que hay muchos inmuebles del Estado que están vacíos, pero más allá de eso queremos señalar que hay una observación de legalidad por parte del Tribunal de Cuentas a esta compra, que no ha sido levantada por el ministerio, pese a que cuando hicimos la pregunta sus representantes nos dijeron que estaba levantada. Hicimos las averiguaciones y comprobamos que no lo está. Tenemos la copia de la resolución del Tribunal de Cuentas, donde hace una observación porque no siguen la licitación. El argumento del Ministerio de Turismo para no hacerla es que si no lo compran temen perder la oferta. Obviamente, eso no entra en el artículo 33 del Tocaf, por lo que esta compra es ilegal, y por ese motivo no vamos a acompañarlo. Además, tiene la gravedad de que se nos dijo que estaba levantada la observación y de que enviamos hace ya diez días una nota al Ministerio de Turismo para que nos aclarara por qué nos había dicho que estaba levantada la observación, y no nos ha contestado.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: no entiendo por qué ese documento no nos fue suministrado a todos los integrantes de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, porque lo pedimos expresamente por nota pero no nos fue entregado. Entonces, la primera noticia que tenemos es que una señora senadora dispone de un documento que el Ministerio de Turismo no nos entregó.
Además, nos dijeron exactamente lo contrario a lo que establece ese documento, porque se nos afirmó que habían levantado la observación –consta en la versión taquigráfica– y acá se dice que reiteraron el gasto. Si lo hicieron, el Tribunal de Cuentas sigue insistiendo en que es ilegal la compra que están haciendo.
Por lo tanto, se está votando un artículo por el que se entrega dinero para hacer una compra que el Tribunal de Cuentas entiende que no es legal.
SEÑOR BORDABERRY.- Nosotros no hemos pedido el desglose todavía. Vamos a pedir que se desglosen los artículos 109, 111 y 112.
SEÑOR BORDABERRY.- Quiero pedir el desglose de los artículos 117, 118, 119, 120, 121, 126, 132 y 133.
SEÑOR BORDABERRY.- Solicito el desglose de los artículos 140 y 141.
SEÑOR BORDABERRY.- Solicito el desglose de los artículos 164, 165 y 167.
SEÑOR BORDABERRY.- Solicitamos que se desglosen los artículos 176 y 179.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: propongo que los artículos aditivos se pongan a votación todos juntos al final ya que sabemos que el oficialismo no los va a acompañar. Entonces, ya que su votación será negativa, sugiero ponerlos a votación al final así podemos seguir avanzando en el articulado.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: ya que estamos con los incisos del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, quiero recordar que hoy es 18 de setiembre y hay un compromiso de todos los partidos de renovación de los miembros de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas para antes del 20 de setiembre próximo, que es pasado mañana.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: pedimos el desglose de los artículos 187 y 189.
SEÑOR BORDABERRY.- Quiero señalar que el artículo 208 está redactado en una forma bastante particular, pues establece que la contratación no otorgará derechos –está bien–, pero tampoco otorgará expectativas. Es muy bueno saber que se dispone en la ley que no va a generar expectativas; no sé cómo van a hacer posible que ocurra esto, pero, ¡adelante! ¡Ya lo trataremos en comisión! ¡No va a generar expectativas! ¡Así que sepan todos que nadie puede tener expectativas en el Uruguay!
SEÑOR BORDABERRY.- Voy a hacer una sola advertencia: el Poder Ejecutivo va a violar el artículo 265, no lo va a cumplir. Ya lo anunció, lo va a violar. Lo advierto para que lo sepamos todos. El Poder Ejecutivo nos dijo a todos que lo recaudado a través de la tasa consular irá para financiar la educación. Así lo dijo la bancada oficialista hoy: lo que se recaude, esos USD 90:000.000, es para la educación. Les pido por favor que miren el inciso 2.º del artículo 265 –está en las páginas 127 y 128– que dice: «La Tasa tendrá como destino Rentas Generales. Con lo recaudado el Poder Ejecutivo asegurará que se cubran los costos de implementación de los compromisos asumidos por el país en el marco del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la Organización Mundial del Comercio…». O sea, estamos votando que los USD 90:000.000 vayan a cubrir los costos de la implementación de los compromisos asumidos por el país en el marco de la OMC y el Poder Ejecutivo dice que serán usados para otra cosa. Es decir, va a votarse una ley que ya sabemos que se va a violar. ¿Se dan cuenta de la gravedad? Estamos votando leyes para que no las cumplan. Acá dice cuál es el destino que hay que darle y va a hacer otra cosa. ¿Y lo vamos a votar? Le preguntamos al subsecretario sobre esto y nos dijo que en un mensaje aparte pusieron que si sobraba lo iban a usar para otras cosas. Quiere decir que, en lugar de ver lo que estamos aprobando acá, tenemos que ir a buscar un mensaje que no tiene fuerza de ley. No lo entiendo.
Y después de eso nos dicen que le dan la facultad al Poder Ejecutivo para que en el 2020, si quiere, empiece a reducirlo. Les voy a decir lo que dijo el Poder Ejecutivo del Frente Amplio en 2006, hace 11 años: «la tasa consular tiene fecha de expiración […] el Uruguay da seguridades […] de que perseverará en sus esfuerzos tendientes a cumplir sus compromisos y eliminar la tasa consultar». ¿Le digo lo que dijo el Gobierno del Frente Amplio en 2012, hace cinco años? Dijo: «La eliminación de la tasa consular sigue siendo parte de los objetivos prioritarios del Uruguay y será efectivizada ni bien lo permita la recuperación de la economía nacional».
En el 2006 y en el 2012 dijeron que la eliminarían y ahora, en el 2017, nos dicen que lo van a hacer en el 2020. Discúlpenme que no les crea; me parece que no les cree nadie y solamente les advierto que el año que viene el país tiene que ir a la revisión del GATT en la Organización Mundial del Comercio y van a revisarnos esto. Entonces, cuando nos revisen, van a decirnos: «ustedes no cumplen con lo que prometen», y la credibilidad en el país se va a ver afectada. La credibilidad y la confianza se pierden en un rato, pero se construyen en mucho tiempo.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: nosotros presentamos una propuesta de gravar la marihuana; está ahí el aditivo correspondiente. Creo que es importante fundarla, aunque sea por un minuto, porque es increíble que en el Uruguay paguen impuestos el cigarrillo y las bebidas alcohólicas y esté prohibido el cigarrillo electrónico, pero que la marihuana goce de todos los beneficios. Incluso tiene el IVA en suspenso porque es considerada un producto primario y, como tal, le damos un gran beneficio. Cuando analizamos a qué le ponemos impuestos, ¿qué hacemos? Gravamos al yogur, a los alimentos, pero, eso sí, ¡el que se quiera falopear con marihuana, adelante, dale que va, no hay problemas!
No nos parece justo, en base a la capacidad contributiva, que quien desee consumir marihuana para su solaz y entretenimiento –para pasarla bien– no aporte al erario, como sí lo hacen otros ciudadanos. Esperemos que revean esta política de fomento del consumo de la marihuana y la graven como hay que hacerlo; la propuesta está ahí.
SEÑOR BORDABERRY.- Voy a ser muy breve porque en el tema de las prioridades que debe tener todo Gobierno, coincidirán los señores senadores que así como la marihuana debe tener impuestos, el alcohol no debe ser subsidiado; me parece, digo yo. Entiendo que a la gente que produce alcohol no habría que darle dinero para que pueda hacer más rentable su negocio y menos aún si es una multinacional. En el artículo 268 estamos presentando un sustitutivo. Los señores senadores saben que desde que está el Gobierno progresista se les da dinero a los fabricantes de cerveza para que vendan mejor. Se les da USD 36:000.000 por año; repito ¡USD 36:000.000 por año! de subsidio a la cerveza. Ahora bajó USD 12:000.000, es decir que le vamos a dar USD 24:000.000 por año de aquí en adelante. Proponemos que en lugar de regalarles USD 24:000.000 a los que consumen cerveza, los destinemos a las escuelas rurales que tanto necesitan en el interior del país, porque es una cuestión de prioridad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Fomentar el consumo de la cerveza, sacarle los impuestos a la marihuana o apostar a la educación, educación y educación? Por eso hemos presentado un sustitutivo –que estoy seguro muchos compartirán– para dejar de darle USD 24:000.000 por año a esa firma internacional de cerveza, que tiene el 98 % del mercado uruguayo.
SEÑOR BORDABERRY.- Solicito que se suprima la lectura de los artículos aditivos y se voten en bloque.
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References: artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 265
 artículo 33
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 105
 artículo 107
 resolución 
 artículo 33
 artículo 208
 artículo 265
 artículo 265
 artículo 268