Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-987-de-octubre-10-de-2008?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920425378f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-06-05 05:04:32+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA T-987 DE OCTUBRE 10 DE 2008
SENTENCIA T-987 DE 10 DE OCTUBRE DE 2008
CONTENIDO:ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE LAS MUJERES EN ESTADO DE EMBARAZO. CONDICIONES ESPECIALES PARA QUE PROCEDA EL AMPARO DE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR VÍA DE TUTELA DE MUJERES EN ESTADO DE EMBARAZOLA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE TRABAJADORAS EN ESTADO DE EMBARAZO VINCULADAS POR MEDIO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRABAJADORA EMBARAZADA, PRINCIPIO DE ESTABILIDAD LABORAL
Sentencia T-987 de octubre 10 de 2008
Sentencia T-987 de 2008
Ref.: Expediente T-1948884
1. Manifiesta que ingresó a laborar a la alcaldía de Apulo el 1º de septiembre de 2006 como auxiliar de ludotecas en las instalaciones de la casa de cultura del municipio, con una asignación mensual de $ 550.000.
6. Relata que el 23 de diciembre de 2007, acudió a la unidad de urgencias del Hospital Universitario San Rafael de Girardot, por presentar problemas serios en su embarazo, diagnosticándosele “... Dx: Alto riesgo Obulitrino 73 g...” por lo que ameritó una incapacidad de 30 días a partir del 23 de diciembre de 2007, la cual fue prorrogada 15 días más desde el 23 de enero de 2008.
7. Considera que la administración municipal entrante en el año 2008 a pesar de tener conocimiento sobre los serios problemas de su salud, “por presentar síntomas de preclancia” (sic) y mediando una incapacidad médica, “decidió como primeros actos de su mandato, vulnerar todos los preceptos constitucionales fundamentales de mi patrocinada, al retirarla del servicio con la disculpa que había terminado la vigencia del contrato de (OPS) que la mantenía vinculada con la administración municipal, desconociendo la protección reforzada que a la mujer embarazada concede la carta magna...”.
8. Del mismo modo afirma que la administración municipal no la tenía afiliada a ningún tipo de seguridad social, ni tampoco hizo nada para que esta lo hiciera, como era su deber. Por esta razón, algunos amigos y familiares la auxiliaron en los gastos de: medicamentos, transportes para el traslado a los controles de su embarazo y parto, exámenes médicos, los cuales fueron prestados por el Sisbén.
10. Comenta que el pasado 18 de febrero, en un parto de alto riesgo y de forma prematura tuvo a su bebé. Igualmente, que los gastos médicos fueron cubiertos en parte por el Sisbén y en parte por amigos y familiares de la accionante.
12. En cuanto al estado de salud propio y de su hija comenta que sufre de “... alteración del sistema hormonal como resultado de la preclancia...” y quizá lo más preocupante es la salud de la bebé quien padece de dificultades gastrointestinales con reflujo...”, según diagnósticos que anexa. Sumado a ello afirma que su hija requiere un servicio de salud especializado el cual el Sisbén no cubre, desmejorando día a día su estado de salud.
El alcalde municipal del municipio de Apulo Antonio de Jesús Torres Vega, señaló que la accionante se vinculó a la administración como contratista de prestación de servicios en la ludoteca del municipio durante el periodo comprendido entre el 1º de septiembre de 2006 hasta el 31 de diciembre del mismo año y desde el 8 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2007, mediante orden de prestación de servicios y sus honorarios mensuales ascendían a la suma de quinientos cincuenta mil pesos.
Por último, manifestó que la acción de tutela es improcedente ya que entre el momento mismo en que termino el plazo de la orden de prestación de servicios y la interposición de la acción de tutela, que nos ocupa, trascurrieron más de tres meses sin que la accionante alegara perjuicio alguno.
El 28 de abril de 2008, el Juzgado Promiscuo de Apulo Cundinamarca, decidió tutelar de manera transitoria los derechos fundamentales a la dignidad humana, la familia, la integridad personal, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, el trabajo y la estabilidad laboral alegados por la accionante y ordenó: “(...) que dentro del termino de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la comunicación del presente fallo, reintegre a la actora al cargo que desempeñaba o a otro de condiciones similares, y cancele la indemnización de que trata el articulo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, el pago de las 12 semanas de descanso remunerado y demás salarios y prestaciones que le corresponden a la actora desde el momento del despido o que no le fue renovado la orden de prestación de servicios, como quiera que este careció de todo efecto hasta su reintegro”.
Por consiguiente no habiéndose acreditado una causal objetiva diferente del simple vencimiento del plazo de la ejecución de la orden de prestación de servicios, consideró que se ha debido dar estricto cumplimiento a las previsiones del articulo del Código Sustantivo del Trabajo, 239...”, referente a la autorización previa del funcionario del trabajo.
Por último, encontró que según las pruebas obrantes en el expediente el empleador conocía el estado de embarazo de la empleada, al igual que hizo referencia a la afectación del mínimo vital de la señora Castañeda el cual encontró ampliamente afectado.
— Que el municipio no podía contratar un nuevo auxiliar para la ludotecas hasta tanto no se suscribiera un nuevo convenio con la caja de compensación pertinente, para el funcionamiento de la misma.
— Que la demandante no informó a la alcaldía sobre su estado de embarazo.
— Que la demandante nunca solicitó al alcalde municipal el reintegro al cargo, los oficios que la señora Castañeda López dirigió al alcalde nunca manifestaron tal petición.
— Que el 14 del mes de marzo de 2007, es decir 6 días después de suscrita la orden de prestación de servicios con el municipio la accionante se afilió al régimen contributivo. Lo cual a su juicio “demuestra claramente que la demandante si tenía conocimiento de la obligación de afiliarse al sistema general de seguridad social”.
En conclusión, manifestó “el señor juez fue inducido a error por la accionante y su apoderado, que lograron confundir al despacho para proferir una decisión con base en supuestos falsos e inexistentes, que surgen de una equivocada interpretación de las normas, contrario a la jurisprudencia, y que lo lleva a legislar cambiando de un plumazo en su sentencia, la modalidad contractual orden de prestación de servicios para convertirla judicialmente en un contrato de trabajo...”.
El 20 de mayo de 2008, el Juzgado Civil del Circuito de la Mesa, decidió revocar el amparo concedido por la primera instancia, considerando que no obstante a que la actora afirma en su demanda que su contrato fue terminado por decisión de la alcaldía de Apulo a partir del 31 de diciembre de 2007, “tan solo instauró acción de tutela tres meses y medio después (abr. 17/2007) tal y como consta en la presentación personal ante el juzgado del a quo. Significando lo anterior que para su caso no se cumple con el presupuesto jurisprudencial de encontrarse en situación de riesgo inminente, ni necesitar una acción urgente, puesto que trascurrieron más de tres meses desde su desvinculación con la alcaldía, sin que considerase que corría riesgo su mínimo vital, ni el de su hija recién nacida”.
En palabras del juez: “la declaración judicial de la existencia o no de un contrato de trabajo o de una vinculación legal y reglamentaria, es asunto de la exclusiva competencia de los jueces del trabajo o de los jueces administrativos, a través de un procedimiento ordinario, según el caso”.
Por lo tanto, decretó: “Revocar en todas sus partes el fallo de fecha 28 de abril de 2008, que viene de revisarse y mediante el cual el Juzgado Promiscuo Municipal de Apulo dispuso la protección de los derechos fundamentales...”.
1. Fotocopia de la orden de prestación de servicios de fecha 8 de marzo de 2007 suscrita entre la accionante y la alcaldía de Apulo (fl. 2).
2. Fotocopia de prueba de embarazo positiva de la accionante, proveniente del laboratorio clínico del Hospital Marco Felipe Afanador, del 12-07-07 (fl. 3).
3. Fotocopia de escrito dirigido a la alcaldía de Apulo, suscrito por Roxana Castañeda, donde informa que entrega fotocopias de incapacidades médicas derivadas de su embarazo con fecha de recibido 4 de febrero de 2008 (fl. 4).
4. Fotocopias de certificados de incapacidad (fls. 5, 6 y 7).
5. Fotocopia de memorial suscrito por la accionante dirigido a la entidad accionada en la que solicita que se defina su situación laboral (fl. 8).
6. Escrito de contestación a la solicitud contenida en el punto 5 por parte de la alcaldía (fls. 9 y 10).
7. Fotocopias de la historia clínica relacionada con la evolución del embarazo de la señora Castañeda (fls. 13 a 30).
8. Registro civil de nacimiento de la niña Thaliana Valentina (fl. 31).
9. Declaración juramentada de la accionante ante una notaría (fl. 34).
10. Fotocopias de formulas medicas y facturas de gastos de la señora Castañeda (fls. 38 a 44).
11. Contrato de arrendamiento suscrito por la accionante (fl. 46).
12. Declaración rendida ante el juzgado de primera instancia por Ruth Cecilia Torres López directora de la ludoteca del municipio (fls. 89, 90 y 91).
Para efectos de resolver el anterior problema jurídico, la Sala estudiará la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de: (i) la estabilidad laboral reforzada de las mujeres en estado de embarazo; (ii) las condiciones especiales para que proceda el amparo de estabilidad laboral reforzada por vía de tutela de mujeres en estado de embarazo; (iii) la estabilidad laboral reforzada de trabajadoras en estado de embarazo vinculadas por medio de contrato de prestación de servicios y por último (iv) el análisis del caso concreto.
“El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia” resaltado fuera del texto original.
“ART. 53.—... igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía de la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad” resaltado fuera del texto original.
Como se puede observar la Constitución expresamente protege la estabilidad en el empleo y establece una especial protección de la mujer en embarazo. Ponderando estos postulados, la jurisprudencia de esta corporación en Sentencia C-470 de 1997, estableció:
“(...) la mujer embarazada tiene un derecho constitucional a una estabilidad laboral reforzada, pues una de las manifestaciones mas claras de discriminación sexual [o de género] ha sido, y sigue siendo, el despido injustificado de las mujeres que se encuentran en estado de gravidez, debido a los eventuales sobrecostos o incomodidades que tal fenómeno puede implicar para las empresas. Por ello, los distintos instrumentos internacionales han sido claros en señalar que no es posible una verdadera igualdad entre sexos, si no existe una protección reforzada a la estabilidad laboral de la mujer embarazada” (1) .
Así mismo, la Corte en Sentencia T-291 de 2005 reiteró que la estabilidad laboral reforzada en el caso de la mujer es: “(...) un derecho fundamental (2) , que se deriva del derecho fundamental a no ser discriminada por ocasión del embarazo (3) y que implica una garantía real y efectiva de protección a favor de las trabajadoras en estado de gestación o de lactancia (4) ”.
De conformidad con lo anterior, la legislación colombiana ha reforzado la protección constitucional a la maternidad, con una serie de beneficios que amparan a las madres trabajadoras y ha consagrado la prohibición de despido por motivo de embarazo o lactancia (CST, art.239) (5) .
Así mismo, por presunción legal se entiende que el despido se efectuó por causa de embarazo o lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del periodo de embarazo o dentro de los 3 meses posteriores al parto y sin autorización del inspector del trabajo o del alcalde municipal en los lugares donde no existiere aquel funcionario, independientemente de la clase de relación laboral que exista (6) .
Igualmente, la Corte ha sido enfática en señalar que donde: “(...) exista una relación laboral, cualquiera que ella sea, es predicable de la mujer embarazada el derecho a una estabilidad laboral reforzada, como una consecuencia del principio de igualdad, y por ende, su relación laboral no puede quedar ni suspendida ni anulada al punto de que se afecte su condición de mujer en estado de embarazo, toda vez que al margen del tipo de relación laboral que este operando, durante el periodo de embarazo la mujer es acreedora de un derecho especial de asistencia y estabilidad reforzada, que obliga, en el evento de ser despedida, a apelar a una presunción de despido por discriminación en razón del embarazo, siendo el empleador quien asuma la carga de la prueba que sustente el factor objetivo que le permita su despido de manera legal” (8) .
“a) que el despido se ocasione durante el periodo amparado por el “fuero de maternidad”, esto es, que se produce en la época del embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto (CST, art. 239).
En síntesis, para que proceda la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos de la mujer embarazada, es necesario que se cumplan las condiciones descritas anteriormente, con el fin de determinar, si el despido tiene una relación directa con el embarazo y saber si se configura un acto discriminatorio injusto, que tiene como consecuencia la aplicación de la presunción de despido en razón del embarazo, con la consecuente ineficacia del mismo y la posibilidad de obtener el reintegro la mujer afectada (11) .
Como se señaló inicialmente, la estabilidad laboral se predica de todos los contratos, sin importar su clase y sin importar que el patrono sea público o privado; pues lo que la Constitución busca es asegurarle al trabajador que su vínculo no se romperá de manera abrupta y por tanto su sustento y el de su familia no se verá comprometido por una decisión arbitraria del empleador (12) .
Tal estabilidad se predica también para los contratos de prestación de servicios, en los cuales a pesar de conocerse que su naturaleza no genera una relación laboral de subordinación, se debe aplicar el criterio establecido por la jurisprudencia mediante el cual se ha dicho para los contratos a termino fijo que el solo vencimiento del plazo o del objeto pactado, no basta para no renovar un contrato de una mujer embarazada. Lo anterior, teniendo en cuenta los principios de estabilidad laboral y primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes del contrato laboral; tal figura se aplica siempre que al momento de la finalización del plazo inicialmente pactado subsistan la materia de trabajo y las causas que los originaron y el trabajador haya cumplido efectivamente sus obligaciones, a este se le deberá garantizar su renovación (13) .
Si tal estabilidad opera para todos los trabajadores, con mayor razón se presenta para la protección de las mujeres en estado de embarazo sin importar la clase de contrato que hayan suscrito, ya que durante este especial periodo se requiere del empleador una mayor asistencia y respeto a su condición, casos en los que opera la presunción de despido por discriminación en razón del embarazo, debiendo el empleador asumir la carga de la prueba que apoye el factor objetivo que le permita efectuar el despido legalmente (14) .
En este caso, después de estudiar las subreglas aplicables al caso la Corte resolvió tutelar transitoriamente: “(...) los derechos constitucionales de la mujer embarazada de la señora Vianny Isabel Sánchez Villamizar y, en consecuencia, ordenar, al director del Hospital San Martín de Sardinata, restablecer una relación con la peticionaria que le permita a ella continuar trabajando en condiciones similares a aquellas en que lo venia haciendo, dentro del termino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la comunicación del presente fallo” (15) .
“Conceder la tutela transitoria a los derechos fundamentales de Claudia Marcela Acosta Venegas y Sara González Acosta, con el propósito de evitar un perjuicio irremediable y, en consecuencia, ordenar a la Universidad Militar “Nueva Granada” que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, reintegre a Claudia Marcela Acosta a la facultad de educación a distancia, en las mismas condiciones en que venía prestando sus servicios como diseñadora gráfica” (16) .
Por último, adujo que el precedente de la estabilidad laboral reforzada, no aplica en el presente caso ya que según el contrato de prestación de servicios entre la alcaldía y la accionante “no genera el pago de prestaciones sociales y como la misma no ostenta la condición de trabajadora oficial, ni de empleada pública, no le es dable predicar vulneración a un derecho fundamental que no tiene”.
6.2. Teniendo en cuenta lo expresado en la parte considerativa de esta sentencia relativo a que independientemente de la clase de relación laboral que tenga una mujer embarazada, esta tiene derecho a una estabilidad laboral reforzada; se analizará en el presente caso si se cumplen los requisitos establecidos por la jurisprudencia de esta corporación para que por vía de tutela proceda el amparo de dicha estabilidad.
“Que el despido se ocasione durante el periodo amparado por el “fuero de maternidad”, esto es, que se produce en la época del embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto (CST, art. 239).
Conforme al material probatorio obrante en el expediente entre la señora Roxana Castañeda y el municipio de Apulo, del 1º de septiembre al 31 de diciembre de 2006 se celebró un contrato de prestación de servicios consistente en la labor de “auxiliar de ludoteca y demás procesos que adelante la administración municipal” (17) , al igual que para la ejecución y vigencia del 8 de marzo al 31 de diciembre de 2007. De lo anterior se colige que entre uno y otro contrato se presentó solución de continuidad, pero se renovó en la misma persona que es la señora Roxana Castañeda.
De otra parte reposa a folio 31 certificado del registro civil de nacimiento de la niña Thaliana Valentina Galindo Castañeda con fecha de nacimiento del 18 de febrero de 2008. De lo anterior se desprende que la desvinculación del empleo de la señora Castañeda ya sea que se cuente del 31 de diciembre de 2007 o del 4 de febrero de 2008 (18) fecha por la que se renovó el contrato con otra persona, la no renovación del contrato se presenta claramente dentro del periodo de gestación de la accionante, por tanto se cumple el primer presupuesto.
“Que a la fecha del despido el empleador conocía o debía conocer la existencia del estado de gravidez, pues la trabajadora notificó su estado oportunamente y en las condiciones que establece la ley”.
Si bien en es tajante la afirmación del representante del municipio concerniente a que no fue notificado del estado de embarazo, la Sala encuentra elementos de prueba para colegir que al momento de la no renovación contractual el municipio tenía conocimiento del estado de embarazo de la señora Castañeda López; (i) a folio tres 3 reposa prueba de embarazo positiva expedida el 12 de julio de 2007 por el hospital Marco Felipe Afanador y se cuenta con la afirmación del apoderado de la accionante en la que dice que en esa fecha, su prohijada al conocer su estado de embarazo “le comunicó su condición a la directora de la ludoteca, al igual que a la alcaldía municipal” afirmación que no fue desvirtuada por la entidad accionada; (ii) en la declaración rendida ante el juzgado de primera instancia por parte Ruth Cecilia Torres López funcionaria de la ludoteca, aparece lo siguiente: “Preguntado: que tenía la calidad de jefe inmediato de Roxana Marcela? Contestó: yo, era la jefe inmediato, auque ella tenía contrato con la alcaldía. Preguntado: La señora Marcela Castañeda, le comentó a usted el estado de embarazo, en caso afirmativo en qué forma, verbal o escrito? Contestó: Sí, ella lo manifestó, tal vez como entre mayo y junio del dos mil siete (2007), fue verbal y también por escrito, presentó un certificado médico...” (19) .
Pero si esta situación lleva a dudar frente al tema de la notificación; (iii) la jurisprudencia de la Corte ha reconocido que el embarazo es un hecho notorio, de esta manera, ha hecho extensivo este medio de prueba a casos en que se involucran derechos de mujeres embarazadas, al respecto puede verse la Sentencia T-589 de 2006, en la que se reiteró:
“En relación a lo que se estudia en este acápite, es pertinente referirse al estado de gravidez como hecho notorio. Al respecto, esta corporación ha dicho que no se exige como requisito para la protección constitucional del derecho a la maternidad, que la notificación del estado de embarazo que se realiza al empleador, deba ejecutarse siguiendo ciertas formalidades. Así, la notificación es solo una de las formas por las cuales el empleador puede llegar al conocimiento de la situación del embarazo de sus trabajadoras, pero no la única; de esta manera, el juez constitucional debe indagar y establecer si efectivamente, el empleador estaba en condiciones de saberlo. En ese sentido, esta corporación ha admitido que dicho conocimiento se puede establecer mediante la figura del hecho notorio” (20) .
“En el caso concreto de la mujer embarazada, son evidentes los cambios que sufre esta con el trascurso del tiempo, lo que se traduce en el ámbito jurídico en una condición que afianza, entre más pasa el tiempo de embarazo, la posibilidad que tienen las otras personas de percibirlo”.
Igualmente, reposa en el expediente escritos del 29 de enero y 4 de febrero de 2008, dirigidos al nuevo alcalde por parte de la señora Castañeda en la que anexa incapacidades médicas por 30 días derivada de complicaciones en la gestación a partir del 23 de diciembre de 2007 (21) , renovada el 31 de enero de 2008 (22) y en las que solicita que se defina su situación laboral. Por tanto, al momento de analizar la situación de la señora Roxana Castañeda, el nuevo alcalde del municipio de Apulo, debió ponderar que se trataba de una persona en estado de embarazo que tenía serias complicaciones en su proceso de gestación, debiendo renovar como se venía haciendo el contrato de la señora Roxana Castañeda cumpliendo con la estabilidad laboral reforzada que la Constitución expresamente le brinda a las mujeres.
La entidad expone que la terminación del contrato no se presentó por motivo del embarazo sino por el contrario “a la terminación del objeto contratado y el plazo establecido para tal fin”. El objeto del contrato según el documento, era la de “adelantar la prestación de realizar los servicios como auxiliar de ludoteca y demás procesos que adelante la administración municipal” (23) , o en palabras de la directora de la ludoteca la de “realizar actividades lúdicas con los niños de los jardines y de la básica primaria” (24) .
Así, debió observar que en dos ocasiones (periodo del 1º de septiembre al 31 de diciembre de 2006 y del 8 de marzo al 31 de diciembre de 2007, se le había adjudicada esta labor a la señora Roxana Castañeda y a pesar de tener conocimiento de su estado de embarazo no lo renovó, para la Corte esta conducta es discriminatoria y desconocedora de la estabilidad laboral reforzada de las mujeres en estado de embarazo que la Constitución contempla para todo tipo de relaciones contractuales, incluso para los contratos de prestación de servicios como el que dio lugar a esta acción de tutela.
Igualmente, el contrato de auxiliar de ludoteca que ejecutaba la accionante, el 4 de febrero de 2008 según lo informó la directora del lugar (25) , se renovó con el mismo objeto y funciones que venía ejerciendo la señora Castañeda, por tanto al subsistir las causas del contrato se debió tener en cuenta la protección de la mujer en estado de embarazo tomando las medidas necesarias que garantizaran la estabilidad laboral reforzada de la señora Roxana Castañeda.
De esta manera la entidad accionada no argumentó la causal objetiva y relevante que justificara la no renovación del contrato de la señora Roxana Castañeda, es decir se limitó a afirmar que el objeto contractual y el plazo para el cual había sido contratada la accionante estaba terminado y no corrió con la carga de la prueba exigida por esta corporación, de sustentar el factor objetivo que le permite desvirtuar la presunción de discriminación, como por ejemplo que estaba imposibilitado para reubicarla porque el contrato no se pudo renovar, que la conducta de la señora Castañeda en ejercicio de sus funciones era reprochable o por la razón que fuere (26) .
En cuanto a la verificación de este presupuesto, por la naturaleza del contrato de prestación de servicios, la jurisprudencia de la Corte no ha verificado el cumplimiento de este requisito (confróntense las sentencias T-1201 de 2001 y T-529 de 2004 estudiadas en la parte considerativa de esta sentencias) y contemplando que para este tipo de casos la ley laboral no dispone que las inspecciones del trabajo expidan algún tipo de autorización para este clase de contratos, en el presente caso no se tiene en cuenta.
Para la Sala es evidente que el mínimo vital de la accionante y de su hija, se encuentran afectados, por la difícil situación económica en que ha quedado sumida como producto de la no renovación del contrato de prestación de servicios, frente a está situación aparece la siguiente afirmación de su representante judicial: “... Le tocó sufrir su embarazo de alto riesgo y más aun ahora que con una bebé, los gastos que esto significa, no cuenta con los recursos económicos para sufragar sus erogaciones personales ni las de su hija” (27) .
Sumado a lo anterior, en el expediente reposan fotocopias de formulas medicas posteriores a la fecha del parto y facturas de gastos (28) de la señora Castañeda para esa época por un valor aproximado de 250.000 pesos. Igualmente aparece contrato de arrendamiento suscrito por la accionante por valor de $ 170.000 pesos, lo anterior ligado a los gastos de servicios públicos y alimentación para una persona que devengaba 550.000 mil pesos mensuales, ostensiblemente atenta contra su mínimo vital y el de su hija.
Es necesario resaltar que desvincular laboralmente a mujeres que cuentan con la protección laboral reforzada sin una razón objetiva que lo justifique, conduce a que las mismas se encuentren en estado de indefensión, pues el quedar sin empleo afecta automáticamente su subsistencia y la de la persona por nacer, lo cual las sitúa en un total estado de desprotección. Al presentarse tal situación, su dilema trasciende de la órbita meramente legal, a la constitucional, dando cabida a la intervención del juez de tutela para proteger el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de las mujeres en estado de embarazo (29) .
Como consecuencia, se ordenará al municipio de Apulo, (si aun no lo hubiere hecho) que deberá restablecer la relación contractual con la peticionaria al cargo que venía desempeñando o a uno equivalente o de superior jerarquía, en las mismas o mejores condiciones que se venía desarrollando. Adicionalmente, la alcaldía del municipio de Apulo deberá reconocer a la señora Roxana Castañeda López los montos dejados de percibir durante la interrupción contractual, es decir desde la fecha en que debió haberse renovado el contrato y hasta la fecha en que se haga efectiva esta decisión.
Al respecto el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (30) , contempla:
“ART. 50.—La celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con entidades del sector público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas”.
En el presente caso, la señora Castañeda sabía que la seguridad social corría por su cuenta, es decir como bien lo probó la entidad accionada la señora Roxana Castañeda el 14 de marzo de 2007, seis días después de suscribir el contrato de prestación de servicios con la alcaldía se afilió al régimen contributivo a través de la EPS Solsalud pero no volvió a cancelar los aportes (31) . Sumado a ello en el mes de julio de 2007 se enteró de su estado de embarazo, pero prefirió ser atendida por el Sisbén entidad la cual según el acervo médico probatorio atendió su periodo de gestación y parto, al igual que las complicaciones en su salud y las de su hija.
Por lo tanto, corroborado que la asistencia de su derecho a la salud y el de su hija fue suministrada por el organismo del Estado (Sisbén), la Sala no encuentra que el derecho a la salud se encuentre en peligro, sobre todo si lo que principalmente se discute es la estabilidad en el trabajo de una mujer embarazada, que debía velar por la afiliación al sistema de seguridad social en salud.
Si bien el Decreto 2591 en su artículo 11 contemplaba: “La acción de tutela podrá ejercerse en todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos meses de ejecutoriada la providencia correspondiente”, el aparte subrayado fue declarado inexequible por esta corporación a través de la Sentencia C-543 de 1992. Dicho plazo no operaba para todos los temas como lo pretende hacer ver el juez de instancia, sino por el contrario, solo fue pensado para sentencias y providencias judiciales y en la actualidad se encuentra por fuera del ordenamiento jurídico, por tanto no puede ser tenido en cuenta en ninguna providencia por parte del juez de los derechos fundamentales.
Para la Corte, el presupuesto de la inmediatez como requisito de procedibilidad de la tutela, debe ponderarse bajo el criterio del plazo razonable y oportuno, con esta exigencia se pretende evitar que este mecanismo de defensa judicial se emplee como herramienta que premie la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica (32) .
Tal condición está contemplada en el artículo 86 de la Carta Política como una de las características de la tutela, cuyo objeto es precisamente la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de toda persona, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados.
En relación con el plazo razonable, esta Corte ha considerado que el mismo debe medirse según la urgencia manifiesta de proteger el derecho, es decir, según el presupuesto de inmediatez y según las circunstancias especificas de cada caso concreto (33) .
Pues bien, en el asunto sometido a revisión el juez de instancia cuenta los tres meses y medio desde el 31 de diciembre de 2007, desconociendo que la accionante venía agotando mecanismos alternativos a la acción de tutela, como peticiones ante la alcaldía el 29 de enero (34) y 4 de febrero (35) de 2008 para que se definiera su situación laboral, del mismo modo existe prueba suficiente que la gestación se estaba complicando (36) y que su hija nació el 18 de febrero necesitando un tiempo de recuperación después del parto, así el presentar la acción de tutela el 17 de abril a dos meses del parto, a todas luces para esta Sala de Revisión es un plazo razonable. Por lo anterior, los argumentos del juez de segunda instancia fueron desmedidos y no observaron las circunstancias específicas del caso concreto.
1. REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Civil del Circuito de la Mesa Cundinamarca que denegó el amparo solicitado. En su lugar, TUTELAR por las razones y en los términos de esta sentencia, los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al trabajo, a la condición especial de la mujer embarazada y el mínimo vital de la señora Roxana Castañeda López en nombre propio y en representación de su hija Thaliana Valentina Galindo Castañeda.
2. ORDENAR a la alcaldía municipal de Apulo Cundinamarca, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, si aún no lo hubiere hecho, restablezca la relación contractual con la peticionaria al cargo que venía desempeñando o a uno equivalente o superior, en las mismas o mejores condiciones que se venía desarrollando.
3. ADVERTIR a la señora Roxana Castañeda López que si lo considera pertinente, podrá acudir a la jurisdicción laboral para que determine la relación laboral que exista entre el municipio y ella, con el fin de que determine sobre el derecho que tenga al pago de indemnizaciones, salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir, para lo cual podrá exponer las pruebas y argumentos que considere pertinentes ante dicha jurisdicción.
4. ADVERTIR a la alcaldía municipal de Apulo Cundinamarca sobre el deber que tiene con el sistema de seguridad social integral al momento de liquidar los contratos, debiendo verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de los contratistas frente a los aportes a la seguridad social durante toda su vigencia.
5. LÍBRESE por Secretaria General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
(1) Sentencia C-470 de 1997.
(2) Posición reiterada en las sentencias T-1177 y T- 286 de 2003, entre muchas otras.
(3) Este criterio ha sido tratado, por las Sentencias: T-568 de 1996, C-710 de 1996, C-470 de 1997, C-373 de 1998, T-141 de 1993, T-497 de 1993, T-119 de 1997, T-606 de 1995, T-311 de 1996, T-426 de 1998, T-174 de 1999, T-315 de 1999, T-771 de 2000. T-778 de 2000, T-664 de 2001, T-1101 de 2001, T-167 de 2003, T-501 de 2004, T-063 de 2006, T-38 de 2006 y T-195 de 2007, entre otras.
(6) Artículo 240, Código Sustantivo del Trabajo.
(7) Artículo 239, Código Sustantivo del Trabajo.
(9) Al respecto confróntense las sentencias T-1236 de 2004, T-063 de 2006, T-381 de 2006 y T-195 de 2007, T-1008 de 2007, T-513 de 2008, T-549 de 2008, entre otras.
(10) Acerca de estos presupuestos pueden consultarse las sentencias T-373 de 1998, T-426 de 1998, T-874 de 1999; requisitos que han sido aplicados por la jurisprudencia de la Corte en las recientes sentencias: T-002, T-014, T-053, T-063, T-070, T-381, T-619 y T-1040 de 2006 y las T-056, T-069, T-071, T-195, T-221, T-465, T-546, T-561, T-761 de 2007, T-1008 de 2007, T-513 de 2008, T-549 de 2008, entre otras.
(13) Sentencias T-040 de 2001 y T-1003 de 2006.
(15) Sentencia T-1201 de 2001.
(16) Sentencia T-529 de 2004.
(17) Folio 2.
(18) Según la declaración rendida ante el juzgado de primera instancia por parte Ruth Cecilia Torres López funcionaria de la ludoteca, a folio 90 aparece lo siguiente: “Preguntado: Actualmente el cargo de auxiliar de ludoteca subsiste, en caso afirmativo quién lo ejerce y de qué fecha? Contestó: Sí existe, lo ejerce la señora Magdalena Galindo, creo que a partir del cuatro (4) de febrero de este año. Preguntado: Actualmente las funciones que ejecutaba o ejercía Marcela, como auxiliar de ludoteca, quién las está realizando? Contestó: La nueva auxiliar”.
(19) Con relación a la notificación del estado de mujer embarazada, la Corte en sentencia T-550 de 2004, estimó que “... no se exige como requisito para protección constitucional del derecho a la maternidad, que la notificación del estado de embarazo que se realiza al empleador, deba ejecutarse atendiendo ciertas formalidades”. Qué en este caso se cumplen.
(20) Sentencias T-362 de 1999 y T-778 de 2000.
(22) Folio 6.
(24) Folio 90.
(25) Folios 89, 90 y 91.
(26) En este sentido ya se había pronunciado la Corte en Sentencia T-1084 de 2002, manifestando: “(...) el solo advenimiento del término, en el caso de los contratos a término fijo, no constituye elemento objetivo suficiente para la terminación del contrato, debido al poder de irradiación del principio de estabilidad laboral, menos aún en el caso de las mujeres embarazadas frente a quienes, por tratarse de sujetos de especial protección, opera una estabilidad laboral reforzada. Por consiguiente, le corresponde al empleador correr con la carga de la prueba de sustentar en qué consiste el factor objetivo que le permite desvirtuar la presunción de discriminación que pesa sobre sí, en el caso de las trabajadoras que debido a su estado de gravidez, no son nuevamente contratadas o son despedidas” (negrillas fuera del texto original).
(27) Folio 49.
(28) Folios 38 a 44.
(29) Sentencia T-1040 de 2006.
(30) Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo.
(31) Folios 67 y 68.
(32) Al respecto entre muchas otras, se pueden ver las Sentencias (SU.961de 19, T-344 de 2000, T-537 de 2000, T-1229 de 2000, T-1570 de 2000, T-1694 de 2000, T-217 de 2001, T-527 de 2001, T-873 de 2001, T-1169 de 2001, T-1335 de 2001, T-028 de 2002, T-033 de 2002, T-079 de 2002, T-105 de 2002, T-558 de 2002, T-575 de 2002, T-577 de 2002, T-657 de 2002, T-728 de 2002 T-780 de 2002, T-825 de 2002, T-826 de 2002, T-843 de 2002, T-957 de 2002, T-971 de 2002, T-996 de 2002, T-1122 de 2002, T-056 de 2003, T-176 de 2003, T-194 de 2003, T-262 de 2003, T-305 de 2003, T-307 de 2003, T-386 de 2003,,T-418 de 2003, T-455 de 2003, T-456 de 2003, T-699 de 2003, T-712 de 2003, T-728 de 2003, T-730 de 2003, T-753 de 2003, T-759 de 2003, T-764 de 2003, T-796 de 2003, T-958 de 2003, T-1020 de 2003, T-1023 de 2003, T-1216 de 2003, T-1217 de 2003, T-052 de 2004, T-132 de 2004, T-567 de 2004, T-481 de 2004, T-520 de 2004, T-627 de 2004, T-635 de 2004, T-705 de 2004, T-778 de 2004, T-802 de 2004, T-812 de 2004, T-814 de 2004, T-1223 de 2004, T-013 de 2005, T-164 de 2005, T-280 de 2005, T-288 de 2005, T-515 de 2005, T-570 de 2005, T-951 de 2005, T-1148 de 2005, T-222 de 2006, T-268 de 2006, T-294 de 2006, T-304 de 2006, T-613A de 2006, T-654 de 2006, T-675 de 2006, T-692 de 2006, T-851 de 2006, T-1069 de 2006, T-001 de 2007, T-116 de 2007, T-185 de 2007, T-193 de 2007, T-231 de 2007, T-274 de 2007, T-335 de 2007, T-372 de 2007, T-387 de 2007, T-587 de 2007, T-620 de 2007, T-672 de 2007, T-681 de 2007, T-987 de 2007, T-1058 de 2007, T-1062 de 2007).
(33) Al respecto, en la Sentencia SU-961 de 1999, la Corte estableció: “La posibilidad de interponer la acción de tutela en cualquier tiempo significa que no tiene término de caducidad. La consecuencia de ello es que el juez no puede rechazarla con fundamento en el paso del tiempo y tiene la obligación de entrar a estudiar el asunto de fondo. Teniendo en cuenta el sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto”.
(34) Folio 8.
(35) Folio 4.
(36) Folios 13 a 30.

References: artículo 50
 artículo 11
 artículo 86
 artículo 36
 Artículo 240
 Artículo 239