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Timestamp: 2018-07-22 18:26:41+00:00

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Tenía que pagar una multa a la AFIP, pero lo "salvó" el Tribunal Fiscal
por Administrador del foro el Miér Mayo 18, 2011 7:38 am
El fisco quería aplicar una sanción a un contribuyente, pero el TFN revocó la penalidad
El Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) es una instancia administrativa a la que muchos contribuyentes recurren para resolver sus diferencias con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), especialmente en ocasión de que el fisco haya realizado algún ajuste con el cual el obligado no esté de acuerdo.
Los procedimientos son muy parecidos a los de la Justicia ordinaria, es decir, aquél que considere inapropiada una determinación o sanción impuesta por el organismo recaudador, deberá iniciar su reclamo presentando un escrito y justificar su opinión al respecto.
Así, a pesar de no depender de la Justicia nacional, a la hora de dictar una sentencia, los vocales del TFN deben "votar" argumentando su decisión, tal como lo realizan habitualmente los magistrados.
Entonces, al momento de pronunciarse, basta con que haya mayoría de votos entre los funcionarios para fijar la sentencia. Es decir, es suficiente que dos de los tres miembros del Tribunal se manifiesten en un mismo sentido para resolver el caso respectivo.
Ahora bien, ¿qué sucede si, a pesar de coincidir en su votación, llegan a la misma conclusión con argumentos distintos?.
Esto fue lo que sucedió en un reciente fallo donde la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal reveló esa incógnita, al revocar una sentencia del Tribunal y obligar a los vocales a "ponerse de acuerdo" en sus argumentos antes de tomar su decisión.
Mario Buedo, socio del estudio Montero & Asociados señaló que "sin lugar a dudas, lo llamativo de este fallo es el `reto´ que la Cámara le propina al Tribunal Fiscal y el llamado al cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte en lo referente a la integridad y coherencia que deben tener sus fallos".
En tanto, el consultor tributario, Iván Sasovsky, destacó que "la Justicia revocó una sentencia del TFN, por carecer de consenso a la hora de argumentar la decisión" y añadió que así, no hizo lugar "a una pretensión fiscal demasiado ambiciosa" de la AFIP, refiriendo así a una multa aplicada como resultado de un gasto no documentado debidamente por un contribuyente.
Todo comenzó cuando la AFIP le determinó de oficio a un contribuyente, inscripto en el Impuesto al Valor Agregado y en Ganancias, una deuda en concepto de estos tributos.
A este último, le sumó un incremento por la figura de "salida no documentada" y finalmente decidió también aplicar una multa por este motivo.
En este escenario, Carlos Lavallén elevó su reclamo al TFN, el cual sólo revocó la sanción, dejando firme las otras resoluciones del fisco.
Luego de la sentencia, fue el turno del organismo recaudador de protestar, esta vez, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Con este propósito, argumentó que si procedía el ajuste por "salida no documentada", también era válida la sanción ligada a ella.
En este sentido, sostuvo que era así: "Máxime cuando existen sobrados motivos para considerar que la recurrente ha actuado con dolo en la exteriorización de su situación impositiva, al utilizar en su beneficio comprobantes claramente ilegítimos de proveedores inexistentes".
Además, para la AFIP, en base al precedente "Red Hotelera Iberoamericana S.A.", una salida no documentada genera el pago de Ganancias por lo cual se descartaba que fuera una norma sancionatoria.
Por esta razón, las autoridades tributarias entendieron que "el contribuyente tiene una responsabilidad sustitutiva de la del beneficiario del pago, ya que el impuesto corresponde al ingreso de un tercero innominado y, consecuentemente, sobre ello resulta aplicable el régimen sancionatorio previsto por la Ley de Procedimientos Tributarios (Ley 11.683)".
A partir de los argumentos de la AFIP y como resultado del análisis de la sentencia del TFN, los camaristas pusieron de relieve que la decisión de revocar la multa fue "unánime, aunque con fundamentos diversos" y advirtieron la necesidad de un debate previo a la toma de su decisión.
Este punto cobra relevancia dado que la Justicia -en esta instancia- advirtió que, en este caso, los tres miembros del Tribunal votaron de forma coincidente, respecto de dejar sin efecto la multa, pero considerando para su conclusión distintas razones.
Frente a ello, los magistrados decidieron declarar la nulidad parcial del pronunciamiento anterior, revocar la sanción por salidas no documentadas y devolver las actuaciones al TFN para que emita un nuevo pronunciamiento en cuanto a los fundamentos que justificaban la no aplicación de la sanción.
Esto significa que la Cámara puso fin al reclamo de la multa y, al mismo tiempo, ordenó rever los referidos argumentos del TFN de modo de subsanar las incongruencias en sus criterios.
¿Qué opinó cada vocal?
Más allá del acuerdo sobre la inaplicabilidad de la penalidad, los miembros del Tribunal plantearon distintos justificativos:
•El primero de ellos sostuvo que las salidas no documentadas constituyen un impuesto "sui generis", y entendió que el artículo 37 de la Ley de Ganancias es "una norma sancionatoria y que para su aplicación deben cumplirse dos condiciones concurrentes": que la erogación carezca de respaldo documental y que no se pruebe por otros medios que debió ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas.
Sobre esa base, sostuvo que "en la especie sólo se cumplía con uno de los dos requisitos que permiten aplicar el tributo regulado por el artículo citado" y propició "revocar la resolución referida a las salidas no documentadas en todas sus partes".
•Otro vocal, observó que el contribuyente "no había probado en el procedimiento administrativo, ni ante esa instancia jurisdiccional, el destino de las sumas indicadas por la fiscalización". Por consiguiente, propuso que se confirmara la resolución en lo relativo a la determinación del impuesto -salidas no documentadas. Pero, en lo referido a la multa, entendió que las circunstancias constatadas en autos no revisten la entidad y gravedad requeridas para configurar la defraudación fiscal, razón por la cual se postuló su revocación.
•En tanto, el último funcionario, propuso confirmar la resolución apelada en cuanto fue determinada en base a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Red Hotelera Iberoamericana S.A.". No obstante, en cuanto a la multa, se propició también su revocación, aunque con fundamentos diversos.
En efecto, sostuvo que, de conformidad con el precedente "Radio Emisora Cultural S.A.", el propósito del artículo 37 de la Ley es asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal, y "no la represión de una conducta ilícita", de modo que no correspondía la aplicación de sanción alguna.
Por lo tanto, los camaristas sostuvieron que "se advierte que, aunque los tres votos coinciden en cuanto a la decisión final (la revocación de la multa) sus razones son discrepantes, con lo cual no se verifica una sustancial coincidencia de fundamentos que hacen a la validez del pronunciamiento".
Asimismo, destacaron que "más allá de su naturaleza administrativa, el Tribunal Fiscal es un órgano jurisdiccional cuyo funcionamiento responde a reglas semejantes a las de un tribunal de Justicia, de modo que también le resulta aplicable la jurisprudencia según la cual las sentencias de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales y aisladas de sus integrantes, sino como producto de un intercambio racional de ideas entre ellos".
En función de ello fue que los magistrados devolvieron las actuaciones al TFN.
Juan Pablo Scalone, socio del estudio Scalone & Asociados, indicó que "lo que la Cámara procura es que haya un debate entre los vocales que les permita arribar, al menos por mayoría, a una decisión en la que los fundamentos sean sustancialmente coincidentes".
"Para la Cámara, el hecho de que existan diferentes fundamentos, según el voto de cada vocal, sería una muestra de la ausencia de ese debate, más allá de que exista coincidencia en la resolución final", agregó.
Por su parte, Lucio Vuotto, senior de Tax & Legal de KPMG, sostuvo que "en este punto la Cámara hizo hincapié en la necesidad de, al menos, dos votos coincidentes para garantizar el debido proceso".
"Respecto de la multa en cuestión, no puede pasarse por alto que, de acuerdo al criterio del Máximo Tribunal, el importe en concepto de salidas no documentadas corresponde al impuesto no ingresado por el tercero", concluyó.
Por último, Buedo señaló que "teniendo en cuenta que se trata de un tema muy sensible a los contribuyentes como es el de la aplicación de sanciones dónde priman los principios del derecho penal, resulta saludable para nuestro sistema tributario que la doctrina de la Cámara propugne la uniformidad de criterios sobre todo al momento de convalidar, o no, sanciones que el fisco pretenda aplicar".
Sasovsky, destacó que "lo importante, es entender cómo funciona operativamente el instituto del Impuesto a las `salidas no documentadas´, que tal como lo expresara la Corte, constituye un tributo especial, ya que no es Impuesto a las Ganancias y no es sanción, siendo deducible para el pagador, en caso de tener como causa la cancelación de un servicio o de un bien deducible de la base del gravamen".
"Si bien su naturaleza ha dado lugar a varias interpretaciones y a una heterodoxa definición, su finalidad no fue determinada por el legislador, ni por necesaria implicancia; pero los antecedentes jurisprudenciales ya lo han definido hace mucho tiempo. Por lo cual, resulta hasta curioso que los miembros del Tribunal no se hayan puesto de acuerdo al momento de fallar", explicó el experto.
"Por otra parte, la sanción agravada, motivo de la causa, debe aplicarse siempre que se configure una acción por defraudación. Per se necesita una conducta dolosa", indicó Sasovsky. Y agregó que "el punto esencial es que debe manifestarse la existencia de una acción intencional de evadir al fisco, la cual debe ser sancionada, simplemente, por la confirmación de la provocación de un daño real, que configura la existencia de un delito".
"En definitiva, el tribunal debería revisar cuáles son los puntos objetivamente determinantes del caso, y actuar en consecuencia", concluyó el especialista.

References: sui generis
 artículo 37
 resolución 
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