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Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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DECRETO 2065/1974, DE 30 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (BBOOE DE 20 Y 22 DE JULIO)
Título I. Normas generales del Sistema de la Seguridad Social (Arts. 26 a 45)
Capítulo V. Servicios sociales (Arts. 26 a 35)
Sección 2.ª Higiene y seguridad del trabajo (Arts. 26 y 27)
Art. 26. Contenido de la higiene y seguridad del trabajo
Art. 27. Regulación y ejecución de las condiciones y requisitos que se han de cumplir en orden a la higiene y seguridad del trabajo
Sección 3.ª Medicina preventiva (Arts. 28 y 29)
Art. 28. Actuaciones a realizar por la Seguridad Social en el campo de la medicina preventiva
Art. 29. Aprobación de las campañas y programas de medicina preventiva a realizar por la Seguridad Social
Sección 5.ª Acción formativa (Arts. 33 a 35)
Art. 33. Contenido de la acción formativa, de los trabajadores y familiares a su cargo, a realizar por la Seguridad Social
Art. 34. Coordinación de las Universidades Laborales o centros de formación con las Entidades gestoras de la Seguridad Social
Art. 35. Contribución de la Seguridad Social al fomento y desarrollo de los estudios de carácter social
Capítulo VII. Gestión de la Seguridad Social (Art. 45)
Art. 45. Relación entre las Entidades gestoras de la Seguridad Social y el personal a su cargo
Título II. Régimen General de la Seguridad Social (Arts. 98 a 190)
Capítulo IV. Asistencia sanitaria (Arts. 98 a 125)
Sección 1.ª Disposiciones generales (Arts. 98 a 102)
Art. 98. Objeto de la asistencia sanitaria del Régimen General de la Seguridad Social
Art. 99. Hecho causante de la asistencia sanitaria del Régimen General de la Seguridad Social
Art. 100. Beneficiarios de la asistencia sanitaria del Régimen General de la Seguridad Social
Art. 101. Prestación de la asistencia sanitaria del Régimen General de la Seguridad Social
Art. 102. Obligaciones del beneficiario de la asistencia sanitaria del Régimen General de la Seguridad Social
Sección 2.ª Prestaciones médicas y farmacéuticas (Arts. 103 a 108)
Art. 103. Prestaciones médicas que comprende la asistencia sanitaria del Régimen General de la Seguridad Social
Art. 104. Modalidades de las prestaciones médicas comprendidas en la asistencia sanitaria del Régimen General de la Seguridad Social
Art. 105. Prestaciones farmacéuticas que comprende la asistencia sanitaria del Régimen General de la Seguridad Social
Art. 106. Libertad de prescripción de productos farmacéuticos por parte de las facultativos encargados de los Servicios Sanitarios del Régimen General de la Seguridad Social
Art. 107. Adquisición y dispensación de productos y especialidades farmacéuticas que comprenda la asistencia sanitaria del Régimen General de la Seguridad Social
Art. 108. Prótesis quirúrgicas, ortopédicas y dentarias que facilitará la asistencia sanitaria del Régimen General de la Seguridad Social
Sección 3.ª Ordenación de los servicios sanitarios (Arts. 109 a 120)
Subsección 1.ª Servicios sanitarios para enfermedad común y accidente no laboral (Arts. 109 a 116)
Art. 109. Competencia de la Entidad gestora para organizar los Servicios Sanitarios de la Seguridad Social
Art. 110. Criterios de organización de los Servicios Sanitarios de la Seguridad Social
Art. 111. Cupos base y máximo de titulares y beneficiarios de los Servicios Sanitarios de la Seguridad Social
Art. 112. Derecho de elección de facultativos dentro de los Servicios Sanitarios de la Seguridad Social
Art. 115. Supuestos especiales de prestación de servicios por facultativos que no pertenecen a los Servicios Sanitarios de la Seguridad Social
Art. 116. Estatuto jurídico del personal sanitario de la Seguridad Social
Subsección 2.ª Servicios sanitarios para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como para la asistencia a pensionistas (Arts. 117 a 120)
Art. 117. Organización de los Servicios Sanitarios de la Seguridad Social para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Art. 118. Facultativos obligados a prestar la asistencia sanitaria en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional
Art. 119. Retribuciones del personal sanitario y facultativos que intervengan en la asistencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales
Art. 120. Asistencia a pensionistas por los Servicios Sanitarios de la Seguridad Social
Sección 4.ª Normas comunes (Arts. 121 a 125)
Art. 121. Régimen de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social y de su personal
Art. 122. Servicios de urgencia de la Seguridad Social
Art. 123. Facultad disciplinaria sobre el personal sanitario que preste servicios a la Seguridad Social
Art. 124. Inspección de los Servicios Sanitarios de la Seguridad Social
Art. 125. Responsabilidad en materia farmacéutica por el despacho de medicamentos a cargo de la Seguridad Social
Capítulo XII. Disposiciones comunes del Régimen General (Arts. 186 a 190)
Sección 2.ª Disposiciones sobre seguridad e higiene en el trabajo en el Régimen General (Arts. 186 a 190)
Art. 186. Observación de las normas sobre seguridad e higiene en el trabajo establecidas en la presente Sección
Art. 187. Autorización y asesoramiento necesarios para el empresario antes de proceder a la apertura de un centro de trabajo
Art. 188. Paralización de trabajos que no cumplan las normas sobre seguridad e higiene en el trabajo
Art. 189. Categorías especiales de trabajadores que no serán empleados en máquinas que puedan suponer peligro
Art. 190. Servicios de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Quinta. Concesión de prestaciones de asistencia sanitaria de carácter especial acreditada su necesidad
Sexta. Medidas y conciertos de la Seguridad Social cuya validez continuará a la entrada en vigor del presente Decreto
De esta disposición únicamente insertamos el articulado declarado vigente por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
SECCIÓN 2.ª HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO
Artículo 26. Contenido.—La higiene y seguridad del trabajo, comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias, de tutela o de cualquier otra índole, que tengan por objeto:
a) Eliminar o reducir los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo.
b) Estimular y desarrollar en las personas comprendidas en el campo de aplicación de la presente Ley una actitud positiva y constructiva respecto a la prevención de los accidentes y enfermedades que puedan derivarse de su actividad profesional.
c) Lograr, individual y colectivamente, un óptimo estado sanitario.
Artículo 27. Regulación y ejecución.—1. El Ministerio de Trabajo regulará, con carácter general o especial, las condiciones y requisitos que a efectos preventivos se han de cumplir en las empresas y demás centros sometidos a esta Ley, en orden a la higiene y seguridad del trabajo. A tal efecto refundirá y ampliará, en su caso, las normas vigentes en la materia.
2. Previa la obtención o asignación de los recursos financieros precisos, el Ministerio de Trabajo, directamente, a través de sus servicios generales de seguridad e higiene en el trabajo, y en conexión con la Seguridad Social y sus Entidades gestoras, fomentarán la constitución de Consejos territoriales de higiene y seguridad en las ramas profesionales que así lo requieran, así como la fundación de laboratorios y centros de estudio y publicidad especializados y la realización de campañas de higiene y seguridad del trabajo.
3. En los Consejos a que se refiere el número anterior figurarán representantes sindicales de los empresarios y trabajadores de la correspondiente actividad. Dichos representantes, que, en todo caso, constituirán mayoría en cuanto al número de vocales del Consejo, serán designados por el Ministerio de Trabajo con arreglo al procedimiento previsto para el nombramiento de los trabajadores vocales de los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo. Entre las representaciones asumidas por los vocales natos de dichos Consejos figurará, en todo caso, la de la Organización Sindical.
4. El Ministerio de Trabajo, previo informe de la Organización Sindical, dictará las disposiciones relativas a la constitución, régimen orgánico y funcionamiento de los Consejos territoriales de higiene y seguridad del trabajo.
SECCIÓN 3.ª MEDICINA PREVENTIVA
Artículo 28. Contenido.—1. La Seguridad Social, a través de sus servicios sanitarios, podrá realizar campañas de medicina preventiva, previa la coordinación con la Sanidad Nacional, a los efectos de respetar las normas técnicas establecidas por aquélla con carácter general.
2. En la misma línea de coordinación, la Seguridad Social podrá llevar a cabo la preparación y desarrollo de programas de medicina preventiva que afecten, total o parcialmente, a la población protegida por aquélla, bien de forma exclusiva o bien para colaborar en programas que se extiendan a la población del país, con carácter general o limitado.
Artículo 29. Aprobación de las campañas y programas.—1. La aprobación de las campañas y de los programas para su desarrollo estará condicionada a la obtención o asignación de los recursos financieros precisos y corresponderá al Ministerio de Trabajo, por sí mismo, cuando afecten exclusivamente a la población protegida por la Seguridad Social, y, en otro caso, en coordinación con los demás Departamentos Ministeriales.
2. Los beneficiarios observarán cuantas medidas se adopten con carácter obligatorio en el campo de la medicina preventiva.
3. Todo el personal sanitario de la Seguridad Social viene obligado a colaborar en las campañas de medicina preventiva que se organicen, ejecutando cuantas medidas se dispongan en este orden por los Servicios correspondientes.
El Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) pasa a denominarse Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, según dispone el Real Decreto 840/2002, de 2 de agosto (BOE del 3).
SECCIÓN 5.ª ACCIÓN FORMATIVA
Artículo 33. Contenido de la acción formativa.—1. La Seguridad Social contribuirá a la elevación cultural de los trabajadores y familiares a su cargo mediante las aportaciones que, en forma de becas, bolsas de estudio, subvenciones o bajo cualquier otra modalidad de ayuda económica, efectúe con destino a las enseñanzas que se cursen en las Universidades Laborales, Centros Sindicales de Formación Profesional y demás Centros o Instituciones docentes, creados o que se creen, a los fines indicados.
El Real Decreto Ley 36/1978, de 16 de noviembre, suprimió el Servicio de Universidades Laborales, creando el Instituto Nacional de Enseñanzas Integradas, adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia.
2. Contribuirá, igualmente, a la dotación de los sistemas de promoción cultural y social de los jóvenes beneficiarios de notable aprovechamiento académico con vocación por los estudios universitarios, mediante becas para los Centros de Enseñanza Superior, o a través de la fundación y organización de Colegios Menores y Mayores y demás Instituciones que sirvan dichos fines de promoción y que estén bajo la tutela del Ministerio de Trabajo.
3. Los huérfanos menores de dieciocho años, de trabajadores muertos a consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional, tendrán preferencia absoluta para disfrutar de los beneficios de la acción formativa dispensada por todo tipo de Centros e Instituciones públicas. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, dictará las normas o adoptará las medidas necesarias para la efectividad de este derecho.
Artículo 34. Coordinación con las Entidades gestoras.—El Ministerio de Trabajo dictará las normas que se juzguen convenientes para conseguir un sistema orgánico de coordinación entre las Universidades Laborales y demás centros o programas de promoción y formación social con las Entidades gestoras de la Seguridad Social que contribuyan económicamente al sostenimiento de la acción formativa que se preste a través de aquéllos.
Artículo 35. Fomento y desarrollo de estudios sociales.—La Seguridad Social contribuirá al fomento y desarrollo de los estudios de carácter social, a través de los Servicios o Instituciones previstos en el artículo 4 de esta Ley, así como en conexión con la Organización Sindical y, en general, con Centros de docencia e Investigación especializados. De un modo especial se tenderá a concertar con la Universidad, previa aprobación por el Ministerio de Trabajo, la profesión de cursos superiores de Seguridad Social y, en su caso, trabajos de investigación sobre la materia.
Artículo 45. Personal de las Entidades gestoras.— 1. La relación entre las Entidades gestoras y, en su caso, Servicios de la Seguridad Social y el personal a su servicio se regulará por lo previsto en los Estatutos de Personal aprobados por el Ministerio de Trabajo o por el Estatuto General aprobado por el propio Ministerio.
Este número 2 ha sido derogado por la L 30/1984, de 2 de agosto (BOE del 3), de medidas urgentes para la reforma de la Función Pública, en lo que se oponga a ella.
El número 3 ha sido derogado por el Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero (BOE del 9), y éste, expresamente derogado por la Ley 30/1999, de 5 de octubre (BOE del 6). Con anterioridad, había sido derogado por el Real Decreto 118/1991, de 25 de enero (BOE de 7 de febrero), disposición que fue expresamente derogada por el Real Decreto Ley precitado. Ambas disposiciones han sido derogadas por la L. 55/2003, de 16 de diciembre (BOE del 17).
— REDACCIÓN VIGENTE DE 8 DE FEBRERO DE 1991 A 8 DE ENERO DE 1999. CONSECUENCIA DE LA MODIFICACIÓN INTRODUCIDA POR EL DECRETO 118/1991, DE 25 DE ENERO (BOE DE 7 DE FEBRERO), QUE DEROGA EL APARTADO 3.
Artículo 45. Personal de las entidades Gestoras.—La relación entre las Entidades Gestoras y, en su caso, Servicios de la Seguridad Social y el personal a su servicio se regulará por lo previsto en los Estatutos de Personal aprobados por el Ministerio de Trabajo o, por el Estatuto general aprobado por el propio Ministerio.
—	REDACCIÓN VIGENTE DE 23 DE AGOSTO DE 1984 A 7 DE FEBRERO DE 1991. CONSECUENCIA DE LA MODIFICACIÓN INTRODUCIDA POR LA LEY 30/1984, DE 2 DE AGOSTO (BOE DEL 3), QUE DEROGA EL APARTADO 2 EN LO QUE SE OPONGA A ELLA.
Artículo 45. Personal de las entidades Gestoras.—1. La relación entre las Entidades Gestoras y, en su caso, Servicios de la Seguridad Social y el personal a su servicio se regulará por lo previsto en los Estatutos de Personal aprobados por el Ministerio de Trabajo o, por el Estatuto general aprobado por el propio Ministerio.
3. Los Estatutos a que se refiere el número 1 de este artículo preverán el libre nombramiento y separación de su personal directivo o que ocupe cargos de confianza.
Compete al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Trabajo, el nombramiento y cese de los cargos directivos con categoría, determinada por Decreto, de Director General o asimilada.
—	REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 23 DE JULIO DE 1974 A 22 DE AGOSTO DE 1984.
2. Sin perjuicio del carácter estatutario de dicha relación, la Jurisdicción de Trabajo será la competente para conocer de las cuestiones contenciosas que se susciten entre las Entidades Gestoras y su personal, con excepción del comprendido en el número siguiente.
Artículo 98. Objeto.—1. La asistencia sanitaria del Régimen General de la Seguridad Social tiene por objeto la prestación de los servicios médicos y farmacéuticos conducentes a conservar o restablecer la salud de los beneficiarios de dicho Régimen, así como su aptitud para el trabajo.
2. Proporcionará también los servicios convenientes para completar las prestaciones médicas y farmacéuticas y, de un modo especial, atenderá a la rehabilitación física precisa para la recuperación profesional de los trabajadores.
Artículo 99. Hecho causante.—En la extensión y términos que se fijan en esta Ley, las contingencias cubiertas por las prestaciones de la asistencia sanitaria serán la enfermedad común o profesional, las lesiones derivadas de accidente, cualquiera que sea su causa, así como el embarazo, el parto y el puerperio.
Artículo 100. Beneficiarios.— 1. Serán beneficiarios de la asistencia sanitaria por enfermedad común, maternidad y accidente no laboral:
a) Los trabajadores por cuenta ajena que reúnan el requisito general exigido en el número 1 del artículo 94.
b) Los pensionistas de este Régimen General y los perceptores de prestaciones periódicas del mismo que no tengan el carácter de pensiones, en los términos que reglamentariamente se determinen.
c) Los familiares o asimilados que estén a cargo de las personas indicadas en los apartados anteriores y, en caso de separación de hecho, los cónyuges e hijos de dichas personas, siempre que unos y otros reúnan las condiciones que reglamentariamente se determinen.
Esta letra c) ha sido redactada por la L. 26/1990, de 20 de diciembre (BOE del 22).
2. Serán beneficiarios de la asistencia sanitaria por accidente de trabajo o enfermedad profesional los trabajadores por cuenta ajena que reúnan la condición general señalada en el numero 1 del artículo 94.
3. Para el ejercicio del derecho a la asistencia sanitaria, en vía administrativa o jurisdiccional, estarán legitimados los trabajadores y pensionistas, titulares de dicho derecho, sin perjuicio de las excepciones que se determinen reglamentariamente en favor de los demás beneficiarios.
—	REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 23 DE JULIO DE 1974 A 10 DE ENERO DE 1991.
Artículo 100. Beneficiarios.—1. Serán beneficiarios de la asistencia sanitaria por enfermedad común, maternidad y accidente no laboral:
c) Los familiares o asimilados que estén a cargo de las personas indicadas en los apartados anteriores y, en caso de separación de hecho, las esposas e hijos de dichas personas, siempre que unos y otros reúnan las condiciones que reglamentariamente se determinen.
2. Serán beneficiarios de la asistencia sanitaria por accidente de trabajo o enfermedad profesional los trabajadores por cuenta ajena que reúnan la condición general señalada en el número 1 del artículo 94.
3. Para el ejercicio del derecho a la asistencia sanitaria, en vía administrativa o jurisdiccional, estarán legitimados los trabajadores y pensionistas, titulares de dicho derecho, sin perjuicio de las excepciones que se determinen reglamentariamente a favor de los demás beneficiarios.
Artículo 101. Prestación de la asistencia.—La asistencia sanitaria se prestará al titular y a los beneficiarios a su cargo, con la extensión, duración y condiciones que reglamentariamente se determinen para las distintas contingencias constitutivas del hecho causante.
Artículo 102. Obligaciones del beneficiario.— 1. El beneficiario deberá observar las prescripciones de los facultativos que le asisten. Cuando sin causa razonable rechace o abandone el tratamiento que le fuere indicado podrá ser sancionado con la suspensión del derecho al subsidio que pudiera corresponderle o, en su día, con la pérdida o suspensión de las prestaciones por invalidez.
2. Reglamentariamente se determinará el procedimiento para calificar de razonable la negativa del beneficiario a seguir un tratamiento, en particular si éste fuese de tipo quirúrgico o especialmente penoso. En todo caso, el beneficiario podrá recurrir la decisión sobre el carácter de su negativa ante las Comisiones Técnicas Calificadoras a que se refiere el artículo 144.
3. Las Entidades obligadas a prestar la asistencia sanitaria no abonarán los gastos que puedan ocasionarse cuando el beneficiario utilice servicios médicos distintos de los que hayan sido asignados, a no ser en los casos que reglamentariamente se determinen.
La STS de 13 de octubre de 1999, Sala Cuarta, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, analiza los requisitos que debe cumplir el beneficiario de la Seguridad Social para que ésta, en virtud de lo dispuesto en este apartado, deba asumir los gastos ocasionados con motivo de un internamiento psiquiátrico en un centro de salud privado. Concluye que la inexistencia de este tipo de establecimientos a cargo de la Seguridad Social, no obliga de por sí a la entidad gestora a hacerse cargo de los gastos ocasionados en otros servicios privados, ya que el beneficiario no puede decidir por sí mismo la imposibilidad de internamiento en una institución pública ni su ingreso en otra concertada o privada, sino que debe dirigirse a la entidad gestora, no siendo suficiente la indicación o prescripción facultativa del ente gestor. Sólo ante una negativa injustificada o una falta de respuesta por parte de dichos órganos podrá el beneficiario acudir a la medicina privada, debiendo entonces comunicarlo a la pública con un plazo de antelación.
COMENTARIO AL ARTÍCULO 102: El artículo 102.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 1974 aprobada por el Decreto 2065/1974 (que no ha sido derogado) es el que primero regulaba esta cuestión y ello pues decía que "Las entidades obligadas a prestar la asistencia sanitaria no abonarán los gastos que puedan ocasionarse cuando el beneficiario utilice servicios médicos distintos de los que hayan sido asignados, a no ser en los casos en que reglamentariamente se determinen." En parecido sentido se pronuncia el artículo 17 de la Ley General de la Seguridad Social (Ley 14/1986) que establece que "Las administraciones públicas obligadas a atender sanitariamente a los ciudadanos no abonaran a éstos los gastos que puedan ocasionarse por la utilización de servicios sanitarios distintos de aquellos que les correspondan en virtud de lo dispuesto en esta Ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y en las normas que aprueben las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias."
Por tanto, en principio, la asistencia se debía recibir por los servicios médicos que correspondieran dentro del Sistema Nacional de Salud y no era posible acudir a la medicina privada, dejando a salvo los supuestos reglamentariamente determinados.
El desarrollo reglamentario de estas normas se ha encontrado en el artículo 18 del Real Decreto 2766/1967 de 16 de noviembre (Reglamento de Asistencia Sanitaria), en la redacción dada por el Decreto 2575/1973, que regulaba específicamente la cuestión de la "Asistencia sanitaria prestada por servicios ajenos a la Seguridad Social" y que establecía que: "Cuando el beneficiario por decisión propia o de sus familiares, utilice servicios distintos de los que le hayan sido designados, las Entidades obligadas a prestar la asistencia sanitaria no abonarán los gastos que puedan ocasionarse, excepto en los casos previstos en los números 3 y 4 de este artículo". A su vez dichos números 3 y 4 establecían lo siguiente:
«3. En los supuestos en que las entidades a que se refiere el número anterior, denegasen injustificadamente la prestación de la asistencia sanitaria debida, podrá reclamarse el reintegro de los gastos efectuados por la utilización de servicios distintos a los que corresponderían siempre que se hubiera notificado en el plazo de 15 días naturales siguientes al comienzo de la asistencia, debiendo, al solicitarse, razonarse la petición y justificar los gastos efectuados.
4. Cuando la utilización de servicios médicos distintos de los asignados por la Seguridad Social haya sido debida a una asistencia urgente de carácter vital, el beneficiario podrá formular ante la entidad obligada a prestarle asistencia sanitaria la solicitud de reintegro de los gastos ocasionados, que será acordada por este si de la oportuna información que se realice al efecto resulta la procedencia del mismo.»
Por lo tanto, la regulación tradicional de esta materia, que es la que procede de la norma que acabamos de transcribir, recoge sólo dos supuestos en los que era posible reclamar el reintegro de gastos médicos: el supuesto de denegación de asistencia y el supuesto de urgencia vital.
Este sistema sufrió un vuelco con la publicación del Real Decreto 63/1995 Sobre ordenación de Prestaciones Sanitarias del Sistema Nacional de la Salud en cuya disposición derogatoria se dejaba sin efecto expresamente lo previsto por las dos normas anteriores y cuyo artículo 5 establecía en su primer apartado que: "La utilización de las prestaciones se realizará con los medios disponibles en el Sistema Nacional de Salud ..." y cuyo apartado tercero establecía expresamente que:
«3. En los casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital, que hayan sido atendidos fuera del Sistema Nacional de Salud, se reembolsarán los gastos de la misma, una vez comprobado que no se pudieron utilizar oportunamente los servicios de aquel y que no constituye una utilización desviada o abusiva de esta excepción.»
Por tanto, el efecto inmediato de la aplicación del Real Decreto 63/1995, con la consiguiente derogación de la normativa anterior, es que los dos supuestos de reintegro de gastos que hemos dado en llamar "tradicionales" (denegación de asistencia y urgencia vital) han quedado reducidos a uno solo (urgencia vital) y se plantea entonces, el problema de cuál debe ser la solución que se de a las reclamaciones de reintegro de gastos que se puedan surgir en relación a la antigua denegación de asistencia.
Por lo tanto, a partir de la publicación de dicho Real Decreto las reclamaciones de reintegro de los gastos ocasionados por la prestación de la asistencia fuera de los sistemas públicos de salud se realizarán por la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración mediante reclamación en la vía contencioso-administrativa tal como establecen diversas Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo: 4 de abril de 2000 (Rec. 9724/1997) y 3 de mayo de 2000 (Rec. 7498/1997).
SECCIÓN 2.ª PRESTACIONES MÉDICAS Y FARMACÉUTICAS
Artículo 103. Prestaciones médicas.—La asistencia médica prestada por el Régimen General a sus beneficiarios comprenderá, con el alcance determinado en esta Ley, los servicios de Medicina general, especialidades, internamiento quirúrgico y Medicina de Urgencia, así como los de tratamiento y estancia en Centros y Establecimientos sanitarios.
2. El Ministerio de Trabajo, previa la obtención o asignación de los recursos financieros necesarios, podrá acordar la ampliación de las prestaciones sanitarias de este Régimen General.
3. Se atenderá igualmente a la organización, práctica y vigilancia de los reconocimientos médicos previos y periódicos a cargo de las empresas, de conformidad con lo establecido en las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley.
Artículo 104. Modalidades de la prestación médica.— 1. La asistencia médica podrá prestarse en el domicilio del enfermo, en régimen ambulatorio o de internado, de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en sus normas de aplicación y desarrollo.
Este número 2 ha sido derogado en el ámbito de gestión del INSALUD no transferido a las CCAA por el R.D. 571/1990, de 27de abril (BOE de 10 de mayo), y éste a su vez derogado por el Real Decreto 347/1993, de 5 de marzo (BOE del 31).
3. La asistencia en régimen de internado se hará efectiva en las Instituciones sanitarias de la Seguridad Social o mediante concierto y en aplicación del principio legal de coordinación hospitalaria, en las clínicas, sanatorios y establecimientos de análoga naturaleza de la Organización Sindical o de carácter público o privado.
Reglamentariamente se regulará el régimen de conciertos, especialmente de los que se formalicen por la Entidad gestora con las Facultades de Medicina.
4. La hospitalización por motivos quirúrgicos será obligatoria para la Entidad o, en su caso, empresa que colabore en la gestión de la asistencia sanitaria conforme a lo previsto en la presente Ley, así como para el beneficiario. Por motivos no quirúrgicos la hospitalización sólo será obligatoria cuando así se determine reglamentariamente. Específicamente serán objeto de esta determinación los internamientos en centros especiales.
— REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 23 DE JULIO DE 1974 A 10 DE MAYO DE 1990.
Artículo 104. Modalidades de la prestación médica.—1. La asistencia médica podrá prestarse en el domicilio del enfermo, en régimen ambulatorio o de internado, de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en sus normas de aplicación y desarrollo.
2. Las Instituciones de la Seguridad Social se clasifican en abiertas y cerradas, según que la asistencia que en las mismas se preste sea preponderantemente en régimen ambulatorio o de internado. Podrá acordarse por el Ministerio de Trabajo, a propuesta de la Entidad Gestora, el establecimiento de Centros especiales para la asistencia a favor de la infancia o de grupos especiales de beneficiarios o para atender, sin perjuicio de la finalidad asistencial y mediante la particular dotación de los medios adecuados, las finalidades de investigación y perfeccionamiento de técnicos sanitarios.
Artículo 105. Prestaciones farmacéuticas.— [...]
Este artículo 105 ha sido derogado por la Ley 25/1990, de 20 de diciembre (BOE del 22), del Medicamento, en todo lo que se oponga, que, a su vez, ha sido derogada por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE del 17).
Artículo 105. Prestaciones farmacéuticas.—1. La asistencia farmacéutica comprenderá las fórmulas magistrales, especialidades y efectos o accesorios farmacéuticos que se prescriban por los facultativos de la Seguridad Social.
2. Quedan excluidos de la prestación farmacéutica los productos dietéticos, de régimen, aguas minero-medicinales, vinos medicinales, elixires, dentífricos, cosméticos, artículo de confitería medicamentosa, jabones medicinales y demás productos análogos.
Artículo 106. Libertad de prescripción.— [...]
Este artículo 106 ha sido derogado por la Ley 25/1990, de 20 de diciembre (BOE del 22), del Medicamento, en todo lo que se oponga, que, a su vez, ha sido derogada por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE del 17).
Artículo 106. Libertad de prescripción.—Los facultativos encargados de los servicios sanitarios de este Régimen General podrán prescribir libremente las fórmulas magistrales y las especialidades farmacéuticas reconocidas por la legislación sanitaria vigente que sean convenientes para la recuperación de la salud de sus pacientes.
Artículo 107. Adquisición y dispensación de productos y especialidades farmacéuticas.— [...]
Este artículo 107 ha sido derogado por la Ley 25/1990, de 20 de diciembre (BOE del 22), del Medicamento, en todo lo que se oponga, que, a su vez, ha sido derogada por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE del 17).
— REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 23 DE JULIO DE 1974 A 10 DE ENERO DE 1991.
Artículo 107. Adquisición y dispensación de productos y especialidades farmacéuticas.—1. La dispensación de medicamentos será gratuita en los tratamientos que se realicen en las Instituciones propias o concertadas de la Seguridad Social y en los que tengan su origen en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. En los demás casos participarán los beneficiarios mediante el pago de una cantidad fija por receta o, en su caso, por medicamento, cuya determinación corresponderá al Gobierno, a propuesta del Ministro de Trabajo y previo informe de la Organización Sindical.
2. La Seguridad Social realizará la adquisición directa en los centros productores de los medicamentos que hayan de aplicarse en sus Instituciones abiertas o cerradas, a cuyo efecto se seleccionarán, conforme a criterios rigurosamente científicos, los medicamentos precisos para su aplicación en tales Instituciones abiertas y cerradas.
3. En todo caso, la dispensación de medicamentos para su aplicación fuera de las Instituciones a que se refiere el número anterior se efectuará a través de las oficinas de farmacia legalmente establecidas, que estarán obligadas a efectuar tal dispensación.
4. La Seguridad Social concertará con laboratorios y farmacias, a través de sus representaciones legales sindicales y corporativas, los precios y demás condiciones económicas que deberán regir en la adquisición y dispensación de productos y especialidades farmacéuticas a que se refieren los dos números anteriores.
A falta de acuerdo para el referido concierto o, si después de pactado, uno o varios laboratorios no aceptasen para el suministro de sus especialidades a la Seguridad Social el régimen pactado, o por cualquier eventualidad éste no pudiese ser aplicado, una Comisión presidida por un Delegado del Ministerio de Trabajo, y compuesta, además, por cuatro vocales en representación de la Seguridad Social, y otros cuatro, de los cuales tres serán designados por el Sindicato Nacional de Industrias Químicas, en representación de los laboratorios farmacéuticos, y uno por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos fijará de modo imperativo los topes máximos de precio que deban señalarse en ambos supuestos a los laboratorios titulares de especialidades para que las mismas puedan ser suministradas a la Seguridad Social.
Si las diferencias afectasen exclusivamente a las relaciones con las farmacias la totalidad de los vocales de esta Comisión no representantes de la Seguridad Social serían designados por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
5. Reglamentariamente se determinarán el procedimiento de los conciertos y el de funcionamiento de la Comisión a que se refiere el número anterior.
6. Lo dispuesto en los números anteriores se entenderá sin perjuicio de las facultades atribuidas al Ministerio de Trabajo para intervenir o participar en la determinación del valor de las sustancias medicentosas que normalmente puedan entrar en la composición de las especialidades farmacéuticas, así como en el establecimiento de los márgenes comerciales de laboratorios, oficinas de farmacia y demás intermediarios.
Artículo 108. Otras prestaciones sanitarias.—La Seguridad Social facilitará, en todo caso, las prótesis quirúrgicas fijas y las ortopédicas permanentes o temporales, así como su oportuna renovación, y los vehículos para aquellos inválidos cuya invalidez así lo aconseje. Las prótesis dentarias y las especiales que se determinen podrán dar lugar a la concesión de ayudas económicas en los casos y según los baremos que reglamentariamente se establezcan.
SECCIÓN 3.ª ORDENACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS
Subsección 1.ª Servicios sanitarios para enfermedad común y accidente no laboral
Artículo 109. Competencia.—La Entidad gestora organizará los Servicios Sanitarios de la Seguridad Social a su cargo, de conformidad con la presente Ley y con las normas que se dicten para su aplicación.
Artículo 110. Criterios de organización.— 1. [...]
Este número 1 ha sido derogado en el ámbito de gestión del INSALUD no transferido a las CCAA, por R.D. 571/1990, de 27 de abril (BOE de 10 de mayo), y éste a su vez derogado por el Real Decreto 347/1993, de 5 de marzo (BOE del 31).
2. Tales servicios también podrán ser organizados jerárquicamente, en cuyo caso los cometidos y actuaciones de los facultativos que lo integren quedarán definidos por las exigencias de la ordenación funcional de la asistencia.
Será jerarquizada la organización de las Instituciones Sanitarias Cerradas y de las Abiertas que hayan de adoptar la estructura y denominación de Centros de Diagnóstico y Tratamiento, en todo caso, y la de las restantes Instituciones Abiertas, cuando así lo aconseje la ordenación de la asistencia. La jerarquización se llevará a efecto conforme a lo que disponga el Ministerio de Trabajo, a propuesta del Instituto Nacional de Previsión.
Los párrafos tercero y cuarto de este número 2 fueron derogados por el R.D.-L. 1/1999, de 8 de enero (BOE del 9), y, éste, derogado por la Ley 30/1999, de 5 de octubre (BOE del 6). Con anterioridad, había sido derogado por el Real Decreto 118/1991, de 25 de enero (BOE de 7 de febrero), disposición que ha sido expresamente derogada por el Real Decreto-Ley precitado. Ambas disposiciones han sido derogadas por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE del 17).
Este número 3 ha sido derogado en el ámbito de gestión del INSALUD no transferido a las CCAA, por R.D. 571/1990, de 27 de abril (BOE de 10 de mayo), y éste a su vez derogado por el Real Decreto 347/1993, de 5 de marzo (BOE del 31).
Este número 4 ha sido derogado en el ámbito de gestión del INSALUD no transferido a las CCAA, por el R.D. 571/1990, de 27 de abril (BOE de 10 de mayo), y éste a su vez derogado por el Real Decreto 347/1993, de 5 de marzo (BOE del 31).
— REDACCIÓN VIGENTE DE 8 DE FEBRERO DE 1991 A 8 DE ENERO DE 1999. CONSECUENCIA DE LA MODIFICACIÓN INTRODUCIDA POR EL REAL DECRETO 118/1991, DE 25 DE ENERO (BOE DE 7 DE FEBRERO), QUE DEROGA LOS PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO DEL NÚMERO 2.
Artículo 110. Criterio de Organización.—1. [...]
2. Tales Servicios también podrán ser organizados jerárquicamente, en cuyo caso los cometidos y actuaciones de los facultativos que los integren quedarán definidos por las exigencias de la ordenación funcional de la asistencia.
Será jerarquizada la organización de las Instituciones Sanitarias Cerradas y de las Abiertas que hayan de adoptar la estructura y denominación de Centros de Diagnóstico y Tratamiento, en todo caso, y la de las restantes Instituciones Abiertas, cuando así lo aconsejen la ordenación de la asistencia. La jerarquización se llevará a efecto conforme a lo que disponga el Ministerio de Trabajo, a propuesta del Instituto Nacional de Previsión.
— REDACCIÓN VIGENTE DE 11 DE MAYO DE 1990 A 7 DE FEBRERO DE 1991. CONSECUENCIA DE LA MODIFICACIÓN INTRODUCIDA POR EL REAL DECRETO 571/1990, DE 27 DE ABRIL (BOE DE 10 DE MAYO), QUE DEROGA LOS APARTADOS 1, 3 Y 4 EN EL ÁMBITO DE GESTIÓN DEL INSALUD NO TRANSFERIDO A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
Las plazas vacantes de personal médico de las Instituciones Sanitarias jerarquizadas, Abiertas o Cerradas, previa la formalización o reajuste, en su caso, de la plantilla o plantillas correspondientes, se cubrirán por concurso que se atendrá a las normas que reglamentariamente se establezcan, sin que sea de aplicación a la provisión de las indicadas vacantes lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la presente Ley.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando en la Institución Abierta de que se trate actúen, con nombramiento en propiedad, facultativos de la especialidad que se jerarquice, la primera provisión de las plazas recaerá, en la forma y condiciones que reglamentariamente se establezcan, en dichos facultativos, con amortización de las plazas que hasta entonces desempeñaren, salvo que opten por no integrarse en la Institución jerarquizada, supuesto en el cual continuarán en el ejercicio de sus funciones y conservarán sus derechos individuales de carácter asistencial y económico; las plazas correspondientes a estos facultativos se amortizarán tan pronto como queden vacantes.
—	REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 23 DE JULIO DE 1974 A 10 DE MAYO DE 1990.
Artículo 110. Criterio de Organización.—1. Los Servicios Sanitarios estarán organizados en unidades territoriales que podrán ser de ámbito nacional, regional, provincial, de sector, de subsector y de zona.
3. A efectos de lo dispuesto en el número 1 de este artículo, la zona médica, como unidad primaria para la organización de la asistencia sanitaria, delimita respecto de las personas protegidas domiciliadas en ella el ámbito de actuación de los facultativos de medicina general.
4. Corresponderá al Ministerio de Trabajo, a propuesta del Órgano de gobierno competente de la Entidad Gestora, determinar y revisar, de acuerdo con las necesidades de la asistencia sanitaria, las localidades y zonas médicas de todo el territorio nacional, así como de los sectores y subsectores de especialidades en que aquéllas se integren. Cada localidad podrá constituir a este fin una zona médica, dividirse en varias o agruparse con otra u otras para constituir una o varias zonas médicas cuando las características de los núcleos de la población protegida por la Seguridad Social así lo aconsejen. En la delimitación de zonas médicas se armonizarán los criterios organizativos con el derecho de elección que se regula en el artículo 112, y en los medios rurales, con la organización de los Servicios Sanitarios Locales.
Artículo 111. Cupos base y máximo.— [...]
Este artículo 111 ha sido derogado en el ámbito de gestión del INSALUD no transferido a las CCAA, pero condicionada la eficacia de esta derogación al establecimiento efectivo de la estructura orgánica prevista en el R.D. 571/1990, de 27 de abril (BOE de 10 de mayo) y a la aprobación del Reglamento General para el Sector Sanitario, según establece la DD primera.2, de citado Real Decreto ha sido derogado por el Real Decreto 347/1993, de 5 de marzo (BOE del 31).
Artículo 111. Cupos base y máximo.—1. Corresponderá un Médico general a cada cupo base de titulares o, en su caso, de beneficiarios; el cupo base se fijará en las diferentes localidades en que haya suficiente número de titulares o beneficiarios, teniendo en cuenta la proporción existente entre la total población de la localidad y el número de aquellos que en ella residan. El número de especialistas guardará relación con el de Médicos generales cuando así lo aconseje la organización de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
2. El cupo base será utilizado únicamente para fijar, en su caso, el número de Médicos generales de las distintas localidades y su distribución en zonas médicas, sin que ningún supuesto garantice a cada Médico un número concreto o mínimo de titulares o beneficiarios, ni su vinculación inalterable a determinada zona.
3. El Ministerio de Trabajo, a propuesta del órgano de gobierno competente del Instituto Nacional de Previsión, determinará la composición numérica de los cupos base, de acuerdo con lo dispuesto en el número 1 de este artículo.
Dicha composición numérica sólo podrá revisarse en las fechas y transcurridos los plazos que se determinen en las disposiciones de aplicación y desarrollo.
4. Se señalarán los cupos máximos que puedan ser asignados a cada facultativo, los cuales no podrán sobrepasarse, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas.
5. El Ministerio de Trabajo, a propuesta del órgano de gobierno competente de la Entidad Gestora, dictará las disposiciones para la aplicación de lo establecido en el presente artículo, en las cuales, conforme a los fines de los cupos base, se tendrán en cuenta las localidades que por razones geográficas, demográficas y laborales no deban coincidir con un término municipal.
Artículo 112. Derecho de elección de facultativos.—1. Cuando en una determinada zona u otra circunscripción territorial presten sus servicios al Régimen General de la Seguridad Social varios Médicos generales, pediatras de familia o tocólogos, los titulares del derecho a la asistencia sanitaria gozarán de la facultad de elección en la forma que reglamentariamente se establezca. En los demás casos, la facultad de elección de Médico se reconocerá progresivamente, subordinada a la organización del servicio.
2. Cuando tales titulares no ejerzan la facultad de elección, o ésta no sea posible, la Entidad gestora lo asignará directamente a los facultativos que proceda.
3. Los Médicos tendrán libertad para rechazar nuevas asignaciones u opciones a su favor por encima del cupo base correspondiente a la plaza que desempeñan, siempre que existan varias en su zona o circunscripción. También estarán facultados para rechazar, salvo caso de urgencia, cualquier adscripción siempre que, en cada caso concreto, exista a juicio de la inspección médica causa que justifique dicha determinación.
4. La adscripción de los titulares a los facultativos, bien como consecuencia del ejercicio del derecho de elección o bien directamente, se hará en todo caso a través de la Entidad gestora.
5. Asignado un titular o, en su caso beneficiario a un facultativo, no se variará esta asignación sin, o contra, la voluntad de aquél, salvo en caso del traslado del facultativo en cuestión a otra zona o circunscripción territorial o en el previsto en el número 4 del artículo anterior.
Artículo 115. Supuestos especiales.— 1. [...]
2. En las zonas médicas en las que no existan Médicos especialistas de Pediatría, Puericultura o de Tocología, los Médicos generales al servicio de la Seguridad Social prestarán asistencia a la población infantil y, en su caso, a las gestantes y parturientas, sin perjuicio de que los beneficiarios puedan ser asistidos por los especialistas correspondientes de la circunscripción territorial de rango inmediato superior en los casos y en las formas que reglamentariamente se determinen.
El número 3 ha sido derogado por el R.D.-L. 1/1999, de 8 de enero (BOE del 9), y, éste, expresamente derogado por la Ley 30/1999, de 5 de octubre (BOE del 6). Con anterioridad, había sido derogado por el Real Decreto 118/1991, de 25 de enero (BOE de 7 de febrero), disposición que ha sido expresamente derogada por el Real Decreto-Ley precitado. Ambas disposiciones han sido derogadas por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE del 17).
— REDACCIÓN ANTERIOR POR LA D. DEROGATORIA DEL R.D.-L. 1/1999, DE 8 DE ENERO (BOE DEL 9). DEROGACIÓN DEL APARTADO 3.
VIGENTE DE 9 DE ENERO DE 1999 A 23 DE ABRIL DE 2012.
Artículo 115. Supuestos especiales.—1. Cuando las circunstancias geográficas, demográficas y laborales de una localidad lo aconsejen, a juicio y según las condiciones que al efecto fije el Ministerio de Trabajo, a propuesta de la Entidad Gestora, los Médicos, Practicantes y Matronas titulares de los Servicios Sanitarios locales tendrán el derecho y el deber, exclusivamente por el tiempo que dure su nombramiento como tales, de desempeñar los servicios sanitarios correspondientes, respectivamente, a plazas de Médicos generales, Practicantes y Matronas del Régimen General de dicha localidad.
VIGENTE DE 23 DE JULIO DE 1974 A 8 DE ENERO DE 1999.
3. Tan pronto se produzca una vacante y hasta tanto se provea con carácter definitivo será cubierta interinamente por el facultativo o auxiliar técnico-sanitario que designe la Entidad Gestora. Las plazas cubiertas interinamente no pierden su condición de vacantes y se incluirán necesariamente en la primera convocatoria que se formule de acuerdo con el artículo 113.
Artículo 116. Estatuto del personal sanitario.—1. El personal sanitario de la Seguridad Social prestará sus servicios conforme al Estatuto jurídico que reglamentariamente se establezca.
2. Dicho personal será remunerado mediante una cantidad fija por cada persona titular o, en su caso, por cada beneficiario cuya asistencia tenga a su cargo, o mediante otra fórmula de remuneración en cuanto así lo aconseje la estructura sanitaria o la naturaleza de los servicios prestados.
Subsección 2.ª Servicios sanitarios para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como para la asistencia a pensionistas
Artículo 117. Organización de los Servicios.—1. Los Servicios Sanitarios para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuando sean prestados por el Instituto Nacional de Previsión, de conformidad con lo previsto en el número 2 del artículo 197 serán los mismos y con organización común que los establecidos o que se establezcan para la asistencia de los casos de enfermedad común y accidente no laboral.
2. La Entidad gestora podrá utilizar personal sanitario bajo la modalidad de servicios concertados para la asistencia a que se refiere este artículo, así como Sanatorios y Centros especializados en la materia, oficiales o privados, mediante el oportuno concierto con arreglo a las normas que se establezcan reglamentariamente.
Artículo 118. Facultativos obligados a prestar la asistencia.—En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional estarán obligados a prestar asistencia sanitaria:
a) El personal sanitario de los servicios de la Entidad gestora, de las Mutuas Patronales y de las empresas que colaboren en la gestión, a cuyo personal, y en sus respectivos casos se acudirá preferentemente, y siempre que sea posible para la prestación de la asistencia.
b) Los titulares de los Servicios Sanitarios Locales, o cualquier otro facultativo, a petición de las Entidades incluidas en el apartado anterior, según los casos, o de cualquier empresario en caso de urgencia respecto a sus propios trabajadores.
Artículo 119. Retribuciones.—Las retribuciones del personal sanitario y de los facultativos que se hagan cargo o intervengan en la asistencia de los accidentados o de los afectados por una enfermedad profesional se regularán reglamentariamente.
En cualquier caso existirá una tarifa oficial obligatoria por acto médico, aprobada por el Ministerio de Trabajo para todos los facultativos o personal sanitario no integrados directamente o por concierto, en su caso, en los Servicios Sanitarios mencionados en el artículo 117.
rtículo 120. Asistencia a pensionistas.—Los Servicios Sanitarios para la asistencia a los pensionistas de la Seguridad Social se ordenarán según los términos que reglamentariamente se establezcan.
Artículo 121. Régimen de las Instituciones sanitarias y de su personal.— [...]
Este artículo 121 ha sido derogado en el ámbito de gestión del INSALUD no transferido a las CC.AA., por el R.D. 571/1990, de 27 de abril (BOE de 10 de mayo), y éste a su vez derogado por el Real Decreto 347/1993, de 5 de marzo (BOE del 31).
Artículo 121. Régimen de las Instituciones sanitarias y de su personal.—1. La asistencia en los ambulatorios y residencias de la Seguridad Social se regirá por los Reglamentos que para su régimen, gobierno y servicio se establezcan por el Ministerio de Trabajo a propuesta de la Entidad Gestora, así como por los Reglamentos y circulares internos del servicio; pudiendo ordenarse específicamente la asistencia en servicios médicos jerarquizados, sin perjuicio de la personal responsabilidad de sus componentes y de su subordinación a la dirección de la Institución.
2. Los Centros Especiales de la Seguridad Social se regirán en cuanto a organización, funcionamiento y régimen de su personal sanitario y de todo orden por los reglamentos específicos que para los mismos se dicten por el Ministerio de Trabajo.
Artículo 122. Servicios de urgencia.— [...]
Este artículo 122 ha sido derogado en el ámbito de gestión del INSALUD no transferido a las CCAA, por el R.D. 571/1990, de 27 de abril (BOE de 10 de mayo), pero condicionada la eficacia de esta derogación al establecimiento efectivo de la estructura orgánica prevista en el mismo y la aprobación del Reglamento General para el Sector Sanitario, según establece la DD primera.2, de citado Real Decreto, si bien, ha sido posteriormente derogado por el Real Decreto 347/1993, de 5 de marzo (BOE del 31).
Artículo 122. Servicios de urgencia.—Progresivamente, y en la medida y extensión que permita la estabilidad financiera de este Régimen General, se organizarán servicios de Medicina de Urgencia debidamente coordinados con los de igual tipo de la Sanidad Nacional, Provincial o Local. Tales servicios estarán dotados de los medios complementarios de personal auxiliar técnico-sanitario y de los medios de desplazamiento y transporte necesarios para garantizar a los beneficiarios de los núcleos urbanos y de los medios rurales una inmediata asistencia facultativa en aquellos estados y situaciones que por su índole y gravedad así lo requieran.
Artículo 123. Facultad disciplinaria.—La facultad disciplinaria sobre el personal sanitario que preste, por cualquier título, servicios a la Seguridad Social corresponde al Ministerio de Trabajo, con independencia de cualquier otra jurisdicción a que aquél esté sujeto en razón de actividades ajenas a la Seguridad Social. Las medidas que a este respecto pueda adoptar el Ministerio de Trabajo no tendrán necesariamente repercusión en otras actividades que se ejerzan al margen de la Seguridad Social.
Artículo 124. Inspección de los servicios sanitarios.— 1. Sin perjuicio de las facultades propias de la Inspección de Trabajo, corresponde a la Entidad gestora la inspección sobre la organización y funcionamiento de los servicios sanitarios propios o concertados, así como, en su caso, de los de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo y de los empresarios.
2. Los inspectores médicos y farmacéuticos del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social tendrán la consideración de autoridad pública en el desempeño de tal función y recibirán de las autoridades y de sus agentes la colaboración y el auxilio que a aquélla se deben.
Tendrán, de igual modo, la consideración de autoridad pública, en el desempeño de sus funciones, los inspectores médicos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Este número 2 ha sido redactado por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre.
— REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 23 DE JULIO DE 1974 A 31 DE DICIEMBRE DE 1999.
Artículo 124. Inspección de los servicios sanitarios.—1. Sin perjuicio de las facultades propias de la Inspección de Trabajo, corresponde a la Entidad Gestora la inspección sobre la organización y funcionamiento de los servicios sanitarios propios o concertados, así como, en su caso, de los de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo y de los empresarios.
2. Los inspectores médicos y farmacéuticos tendrán la consideración de autoridad pública en el ejercicio de tal función y recibirán de las autoridades y de sus agentes la colaboración y el auxilio que a aquélla se deben.
Artículo 125. Responsabilidad en materia farmacéutica.—1. El Gobierno, por Decreto, a propuesta del Ministro de Trabajo, establecerá las faltas por los actos u omisiones imputables a mala fe, ánimo de lucro o negligencia en que puedan incurrir los farmacéuticos en su actuación en la Seguridad Social, así como las sanciones que correspondan y que podrán llegar hasta la inhabilitación definitiva para el despacho de medicamentos a cargo de la Seguridad Social.
2. Independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, el farmacéutico estará obligado a resarcir de los perjuicios económicos que con su actuación hubiere ocasionado a la Seguridad Social o a las personas protegidas por la misma.
SECCIÓN 2.ª DISPOSICIONES SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN EL RÉGIMEN GENERAL
Artículo 186. Disposición general.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de esta Ley, en el Régimen General de la Seguridad Social se observarán las normas sobre seguridad e higiene en el trabajo establecidas en la presente Sección y en sus disposiciones de aplicación y desarrollo.
Artículo 187. Autorización y asesoramiento.—1. Todo empresario, antes de proceder a la apertura de un centro de trabajo, deberá obtener la oportuna autorización de la Delegación Provincial de Trabajo competente, previo informe de la Inspección de Trabajo relativo al cumplimiento de las disposiciones de seguridad e higiene. Igual autorización habrá de obtenerse para reanudar o proseguir los trabajos después de efectuar alteraciones, ampliaciones o transformaciones de importancia en los locales e instalaciones de los centros de trabajo.
2. El Ministerio de Trabajo facilitará el asesoramiento que se estime oportuno a las Entidades y Servicios oficiales encargados de la autorización e inspección relativas a la instalación, construcción o reforma de los edificios y locales destinados a lugares de trabajo.
Artículo 188. Paralización de trabajos que no cumplan las normas de seguridad.—1. La Inspección de Trabajo, además de cualquier otra actuación que proceda, podrá ordenar la paralización o suspensión inmediata de aquellos trabajos o tareas que se realicen sin observar las normas sobre seguridad e higiene en el trabajo aplicables y que, a juicio de la Inspección, impliquen grave riesgo para los trabajadores que lo ejecutan o para terceros.
2. Las empresas, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de tales decisiones, podrán impugnarlas ante el Delegado de Trabajo competente.
3. En todo caso, la paralización o suspensión cesarán tan pronto como se subsanen las causas que las motivaron.
4. El incumplimiento por parte de las empresas de las decisiones de la Inspección de Trabajo y de las resoluciones de la Autoridad laboral en esta materia se equipararán, respecto de los accidentes de trabajo que en tal caso pudieran producirse, a falta de formalización de la protección por dicha contingencia de los trabajadores afectados, con independencia de cualquier otra responsabilidad o sanción a que hubiera lugar.
5. La tramitación de los expedientes derivados de las suspensiones o paralizaciones previstas en el presente artículo se realizarán con arreglo a las normas especiales que se dicten al efecto, y en las que se abreviarán al máximo los plazos comunes de impugnación y resolución. En todo caso, se dará conocimiento a la Organización Sindical de la orden de paralización o suspensión de los trabajos.
Artículo 189. Categorías especiales de trabajadores.—Sin perjuicio de las normas específicas sobre trabajos prohibidos a mujeres y menores, las personas que sufran defectos o dolencias físicas, tales como epilepsia, calambres, vértigos, sordera, vista defectuosa o cualquier otra debilidad o enfermedad de efectos análogos, no serán empleadas en máquinas o trabajos en los cuales, a causa de dichos defectos o dolencias, puedan, ellas o sus compañeros de trabajo, ponerse en especial peligro.
Artículo 190. Servicios de Seguridad e Higiene en el Trabajo.—El Ministerio de Trabajo, atendidas las circunstancias de las empresas, en cuanto a su mayor o menor peligrosidad, número de trabajadores ocupados, situación geográfica y otras similares, determinará el establecimiento obligatorio de los Servicios de Seguridad e Higiene en el Trabajo que resulten procedentes. Entre tales Servicios se incluirán los relativos a Médicos de Empresa. Los Servicios de Seguridad e Higiene en el Trabajo serán propios, mancomunados o concertados, según los casos. Corresponde, asimismo, al Ministerio de Trabajo determinar los sistemas de titulación y especialización de sus componentes, su vinculación a la empresa y a su jurado y las demás condiciones profesionales.
Disposición transitoria quinta.— 1. Acreditada su necesidad, podrán concederse prestaciones de asistencia sanitaria o, en su caso, de asistencia social a los trabajadores que hubieran sido declarados en situación de invalidez permanente en el grado de incapacidad total para la profesión habitual a consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional, habiéndosele reconocido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 24/1972, de 21 de junio, una cantidad a tanto alzado por estar comprendidos en el supuesto previsto en el número 2 del artículo 137 de la Ley de la Seguridad Social de 21 de abril de 1966.
2. Asimismo se podrán conceder las indicadas prestaciones, acreditada su necesidad, a quienes, habiendo sido declarados en situación de incapacidad total para la profesión habitual por causa de enfermedad común o accidente no laboral, no hubieran obtenido la condición de pensionista por aplicación de cualquiera de los preceptos contenidos en los
Decreto 907/1966, de 21 de abril. Ley de la Seguridad Social
artículos 136 y 137 de la Ley de la Seguridad Social de 21 de abril de 1966.
3. Dichas prestaciones serán otorgadas en las condiciones que fije el Ministerio de Trabajo y con la participación de las Entidades que, en su caso, hubieran satisfecho las mencionadas indemnizaciones.
El número 4 ha sido derogado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, LGSS
—	REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 23 DE JULIO DE 1974 A 31 DE OCTUBRE DE 1994.
Disposición transitoria quinta.—1. Acreditada su necesidad, podrán concederse prestaciones de asistencia sanitaria o, en su caso, de asistencia social a los trabajadores que hubieran sido declarados en situación de invalidez permanente en el grado de incapacidad total para la profesión habitual a consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional, habiéndoles reconocido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 24/1972, de 21 de junio, una cantidad a tanto alzado por estar comprendidos en el supuesto previsto en el número 2 del artículo 137 de la Ley de la Seguridad Social de 21 de abril de 1966.
2. Asimismo se podrán conceder las indicadas prestaciones, acreditada su necesidad, a quienes habiendo sido declarados en situación de incapacidad total para la profesión habitual por causa de enfermedad común o accidente no laboral, no hubieran obtenido la condición de pensionista por aplicación de cualquiera de los preceptos contenidos en los artículos 136 y 137 de la Ley de la Seguridad Social de 21 de abril de 1966.
4. Cuando para determinar la base reguladora de la pensión por invalidez permanente, en el grado de incapacidad absoluta para todo trabajo o de gran invalidez, hayan de computarse bases de cotización en las que la cuantía de la base complementaria individual esté sujeta a una limitación con respecto a la de la base tarifada, se entenderá sustituida cada una de las bases de cotización en las que concurra tal circunstancia por el salario real del trabajador en el mes de que se trate, computado con arreglo a las normas que para la incapacidad permanente se establecían en el capítulo V del Reglamento para aplicación del texto refundido de la Legislación de Accidentes de Trabajo, aprobado por Decreto de 22 de junio de 1956, con las dos salvedades siguientes:
a) No se aplicará lo dispuesto en el presente número cuando el salario real así computado resultase inferior a la base de cotización del inválido.
b) Si en alguno de los meses a que corresponda la base de cotización el salario real satisfecho al interesado fuese inferior, por razones de edad, capacidad disminuida o cualquier otra circunstancia similar, a la cifra del salario mínimo interprofesional correspondiente a los trabajadores adultos, será éste el que sustituya a la base de cotización.
Disposición transitoria sexta.— 1. [...]
4. Continuarán en vigor, salvo que concurra alguna causa de extinción de los mismos, los conciertos que hubiera suscrito la Seguridad Social para la utilización de los establecimientos sanitarios de las Entidades colaboradoras del extinguido Seguro de Enfermedad, que cesaron en su colaboración conforme a lo dispuesto en la Ley de la Seguridad Social, de 21 de abril de 1966.
Este apartado 8 ha sido derogado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, LGSS.
9. Continuarán surtiendo sus efectos las medidas que hubiera adoptado el Ministerio de Trabajo, conforme a lo previsto en el número 13 de la disposición transitoria sexta de la Ley de la Seguridad Social de 21 de abril de 1966, respecto al personal sanitario que en 24 de abril de 1966 prestaba sus servicios a la Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo.
— REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 23 DE JULIO DE 1974 A 31 DE OCTUBRE DE 1994.
Disposición transitoria sexta.—1. En tanto no se disponga lo contrario por el Ministerio de Trabajo, subsistirán, con el carácter de Servicios Comunes del Sistema de la Seguridad Social, con el encuadramiento orgánico, funciones y competencias que les atribuyen las disposiciones vigentes:
a) El Fondo de Garantía de Accidentes de Trabajo, a que se refiere el capítulo V del texto refundido de la Legislación de Accidentes de Trabajo, aprobado por Decreto de 22 de junio de 1956.
b) El Fondo Compensador del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, creado por Decreto de 13 de abril de 1961 y regulado por Orden de 9 de mayo de 1962.
c) El servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo, creado por Ley de 8 de mayo de 1942.
2. Los contratos de seguros del extinguido ramo de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que estaban en vigor con las Entidades que practicaban la gestión de dicho seguro y que cesaron en la misma, con extinción de tales contratos conforme a lo dispuesto en la Ley de la Seguridad Social de 21 de abril de 1966, seguirán produciendo plenos efectos, de conformidad con la legislación anterior, por los accidentes ocurridos hasta la fecha en que, de acuerdo con la Ley citada, se produjo la extinción de dichos contratos.
3. En tanto no se dicten las disposiciones de aplicación y desarrollo de las normas contenidas en el número 3 del artículo 52 y en el número 3 del artículo 213 de la presente Ley el valor actual del capital coste de las pensiones a que los mismos se refieren se constituirá en un fondo, que será administrado, con absoluta separación de patrimonio y responsabilidad, por el Fondo de Garantía, a que se refiere el apartado a) del número 1 de esta disposición transitoria.
5. Subsistirán las dispensas de la limitación del ámbito territorial, establecida para las Mutuas Patronales en el apartado a) del artículo 203 de la Ley de la Seguridad Social, de 21 de abril de 1966, que hubiera concedido el Ministerio de Trabajo conforme a lo previsto en el número 8 de la disposición transitoria sexta de dicha Ley.
6. Las Mutualidades y Cajas de Empresas que tengan la condición de Instituciones de Previsión Laboral, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto de 10 de agosto de 1954 y que se encuentren tuteladas por el Servicio de Mutualidades Laborales del Ministerio de Trabajo, se integrarán en las Mutualidades Laborales respectivas, en el tiempo y bajo las condiciones que se determinen por dicho Ministerio.
7. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y oída la Organización Sindical determinará la forma y condiciones en que se integrarán en el Régimen General de la Seguridad Social, o en alguno de sus Regímenes Especiales, aquellos sectores laborales que, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, se encuentren comprendidos en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social, pero que en 24 de abril de 1966 no estuvieran encuadrados en una Institución de Previsión Laboral de las enumeradas en el artículo 1 del Decreto de 10 de agosto de 1954 y tuteladas por el Servicio de Mutualidades Laborales del Ministerio de Trabajo o en las Entidades Gestoras correspondientes de los Regímenes Especiales. Las normas que se establezcan contendrán las disposiciones de carácter económico que compensen, en cada caso, la integración dispuesta.
8. Las Empresas que forman parte de los sectores laborales, a que se refiere el número anterior, podrán optar entre asociarse a una Mutua Patronal, a efectos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, o cubrir dichas contingencias respecto al personal a su servicio con la Mutualidad Laboral que a tal efecto señalará el Ministerio de Trabajo para cada uno de los referidos sectores. En todo caso, será de aplicación a las Empresas, a que esta norma se refiere, lo dispuesto en el número 2 del artículo 204 de la presente Ley.

References: Real Decreto 

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29
 Real Decreto 

Artículo 33
 Real Decreto 

Artículo 34

Artículo 35
 artículo 4

Artículo 45
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 45

Artículo 45

Artículo 98

Artículo 99

Artículo 100
 artículo 94
 artículo 94

Artículo 100
 artículo 94

Artículo 101

Artículo 102
 artículo 144
 ARTÍCULO 102
 artículo 102
 artículo 17
 artículo 18
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 5
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 103

Artículo 104
 Real Decreto 

Artículo 104

Artículo 105
 artículo 105

Artículo 105

Artículo 106
 artículo 106

Artículo 106

Artículo 107
 artículo 107

Artículo 107

Artículo 108

Artículo 109

Artículo 110
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 REAL DECRETO 

Artículo 110
 REAL DECRETO 

Artículo 110
 artículo 112

Artículo 111
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 Real Decreto 
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Artículo 111

Artículo 112

Artículo 115
 Real Decreto 

Artículo 115
 artículo 113

Artículo 116

Artículo 117
 artículo 197

Artículo 118

Artículo 119
 artículo 117

Artículo 121
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 Real Decreto 

Artículo 121

Artículo 122
 artículo 122
 Real Decreto 

Artículo 122

Artículo 123

Artículo 124

Artículo 124

Artículo 125

Artículo 186
 artículo 27

Artículo 187

Artículo 188

Artículo 189

Artículo 190
 artículo 137
 Real Decreto 
 artículo 137
 Real Decreto 
 artículo 52
 artículo 213
 artículo 203
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 204