Source: https://www.scribd.com/document/117546989/Fallo-Causa-Ciccone
Timestamp: 2017-08-20 18:41:04+00:00

Document:
Causa N° 47.224 “Vandenbroele,
Alejandro Paul s/ rechazo de nulidad” Juzgado N° 4 – Secretaría N° 7 Expte. N° 1302/12
Reg. N°: 1569
/////////////nos Aires, 20 de diciembre de 2012. Y VISTOS Y CONSIDERANDO: I. Este Tribunal ha sido convocado para expedirse acerca de la alegada nulidad de ciertos actos practicados en el expediente de referencia. Particularmente se trata, en el caso, de vicios que afectarían el inicio mismo del
sumario. En la medida en que este se habría originado en los dichos de quien, por su lazo de parentesco con uno de los imputados, se encontraba impedida de declarar en el perjudicial sentido en que, a entender de los recurrentes, lo hizo, el proceso se encontraría afectado desde su nacimiento perturbando, en consecuencia, cada elemento colectado en su curso. De ahí pues que su vigencia debiera, por tanto, fenecer. Sin embargo, no es esta la única impugnación que el trámite de la causa ha recibido. Por el contrario, a la par de la presente incidencia, esta Sala ha sido llamada a resolver en otras dos actuaciones. Por un lado, la que reclama la nulidad del registro domiciliario desarrollado sobre una propiedad del Sr. Amado Boudou, que se habría realizado al margen de las disposiciones legales pertinentes dada su condición de presidente del Honorable Senado de la Nación. Por otra parte, aquella mediante la cual se ha postulado la nulidad de todas las medidas realizadas por el Dr. Carlos Rívolo -entonces fiscal de la causa- luego de haberse promovido su recusación. Una liminar lectura de los diversos aspectos introducidos por los recurrentes, defensores de Alejandro Vandenbroele, Amado Boudou y José María Núñez Carmona, nos trasporta a un ámbito en el cual varias son las cuestiones sobre las cuales discurrir y decidir. No obstante, más allá de la senda que cada parte ha escogido para canalizar su propio interés y la óptica que en ellos resida, los diversos
planteos comparten entre sí un factor que los identifica bajo un solo signo. Y con ello no nos referimos exclusivamente a la naturaleza que reposa en los planteos formulados y a la consecuencia que de ella deriva para el proceso –la nulidad-, sino a algo más sustancial. Todos ellos, en su propia esencia, reproducen un mismo factor que los cohesiona. La labor desarrollada por quien entonces representara al Ministerio Público Fiscal es el eslabón que engarza por igual a cada uno. Ya sea desde la declaración testimonial recibida, los allanamientos practicados, los elementos probatorios que le dieron basamento, en los distintos momentos se reitera sin embargo un único e idéntico componente. Fueron actos que el Dr. Carlos Rívolo habría llevado a cabo en oposición a las leyes que debió observar. Y tanto es así, tan estrecha resulta la unión entre las cuestiones que suscitan hoy el debate ante esta Cámara con las críticas al proceder del fiscal, que muchas de ellas no sean sino el eco de las protestas que se alzaron al reclamar el oportuno apartamiento de ese magistrado. Allí se habló en su momento del reprochable obrar de quien, por fuera del objeto de la causa y sin razones valederas, requirió información sumamente sensible –las declaraciones juradas patrimoniales de una de las partes- cuando pudo obtener los datos que le eran necesarios recorriendo un camino mucho más sencillo para la causa y con un menor sacrificio para los derechos individuales. Pues aun cuando tales declaraciones pudieran guardar así sea una débil vinculación con los actuales hechos de este sumario, tampoco la lógica aplicada fue tributaria del orden legal. Si el fiscal en verdad consideraba incluido, como materia del proceso, un supuesto delito de enriquecimiento ilícito, era el espurio incremento patrimonial lo que debía haber identificado antes que ir en busca de las asépticas cifras de un documento cuya única finalidad podía residir en el sólo intento de justificar un exceso de bienes. También se aludió a la asombrosa velocidad con la cual cierta información logró ser acercada a la causa, como ese oficio a la empresa Cablevisión que en el mismo transcurso de una mañana fue librado desde la fiscalía y contestado por la compañía.
O bien puede mencionarse, en esta cronología, aquellos esforzados intentos por defender su propia actuación en el expediente, incluso empleando para ello un ámbito procesal que no era el apropiado. Y finalmente, mas no por ello menos importante, los mismos actos que, impugnación mediante, ahora debe examinar esta Cámara. Pues sin perjuicio de cuál sea la respuesta que hoy se brinde al respecto, el sólo haber dado ocasión para que sean sometidos a escrutinio y al riesgo de hacer colapsar la investigación de eventos de innegable trascendencia para toda la sociedad, se instituye en un poderoso motivo que hubiese habilitado, de darse la posibilidad de una concreta evaluación del pedido, el alejamiento del fiscal. De hecho, no es ocioso recordar que así como una sanción de nulidad no conduce necesariamente a la separación de un magistrado del trámite
del sumario (art. 173 CPPN), tampoco esta respuesta exige, como antecedente ineludible, la existencia de un acto cuya validez sea fulminada por imperio de la ley. Varias son las razones que pueden llevar a la necesidad de disponer tan extrema solución en aras de preservar la primera garantía del justiciable: la imparcialidad de los órganos de persecución penal. No obstante, el tránsito recorrido por el proceso definió otro panorama. La conexidad de este expediente con uno que supuso la previa intervención de un fiscal distinto eximió de un análisis semejante. Sin embargo ello no alcanzó a la labor que aún tenemos por delante. Todavía se trata de examinar la validez de lo actuado en aquellas instancias y que, de momento, ha perdurado al flamante estadio que actualmente se transita y en el cual nuevos magistrados -juez y acusador- supieron imprimir de celeridad a un proceso que lo reclamaba. De ahí, la conveniencia de poder brindar la debida respuesta al amparo de un único contexto capaz de exhibir en plenitud los diversos planteos introducidos. Los Dres. Eduardo Freiler y Jorge Ballestero dijeron: II. La primera nulidad deducida alude a la génesis misma del sumario. Así se sostuvo la irregularidad de la denuncia que lo inició pues ella se había fundado, exclusivamente, en los dichos de Laura Muñoz, entonces cónyuge de Alejandro Vandenbroele. De tal modo, y dado el sentido de sus
manifestaciones, la defensa del nombrado aseveró que su testimonio carecía de todo valor para constituirse en la noticia de un delito, tal como así lo dispone el ordenamiento ritual. Íntimamente ligado a esta cuestión se imbricó otro de los aspectos introducidos: la nulidad de su declaración testimonial. Al respecto se señaló que ante el tenor de las expresiones vertidas por Laura Muñoz es que su declaración no podía admitirse. Su enfrentamiento con las limitaciones establecidas por nuestro proceso penal, que impide a un cónyuge formular manifestaciones en contra del otro, conducía, a criterio de los incidentistas, a declarar la invalidez de su incorporación como prueba dentro del proceso. Máxime, cuando el delito que se está investigando a partir de él no se evidencia cometido en su perjuicio, cual único factor que permitiría eludir las rígidas exigencias de la ley (art. 242 del C.P.P.N.). Si bien la nulidad de tal medida sola se encargaría de extender sus influjos respecto del resto de lo actuado en autos, al encontrar en ella su único y viciado origen, la defensa especialmente reparó en aquella que importó allanar el domicilio de esa testigo en tanto se dirigió al mero efecto de sanear la escasez probatoria que caracterizaba al expediente. Al dar contestación a la primera de las cuestiones introducidas el a quo recordó la sucesión de eventos que signara los momentos iniciales del proceso. Así reconoció que las declaraciones efectuadas por Laura Muñoz ante los medios de prensa en efecto estuvieron incluidas en el escrito de uno de los denunciantes. Sin embargo, también recordó que no fue ese el único elemento que cimentó las tres presentaciones que, desde distintas direcciones, reclamaron el inicio de una investigación criminal sobre los hechos de la causa. Más aún, muchas de ellas incluso habrían invocado noticias periodísticas que se remontaban a varios meses antes de las cuestionadas manifestaciones. En orden al siguiente planteo, y además de enfatizar que el vínculo marital entre el imputado y la testigo ya no podía considerarse vigente – dada su separación de hecho-, el juez rehusó la nulidad pretendida al no comprenderse cuál sería el sentido de esa sanción cuando Laura Muñoz nada en concreto pudo aportar sobre los sucesos objeto de este proceso.
Por último, sostuvo que ninguna irregularidad podía afectar el registro practicado sobre el domicilio de la nombrada, en tanto éste encontró impulso en un auto fundado y motivado que, como tal, satisfizo las exigencias de la ley. Al no haber recibido la respuesta esperada, la parte culminó acudiendo ante este Tribunal. Luego de criticar que el juez no hubiese dado contestación a los planteos de orden constitucional introducidos, habiendo preferido limitarse al análisis de circunstancias fácticas, el abogado de Vandenbroele, Dr. Germán Soria, cuestionó la fortaleza concedida a las diversas presentaciones agregadas a la causa cuando esta se edificó tan sólo en una denuncia y que es, justamente, la que recogió los dichos de Laura Muñoz.
Se agravió, también, de la peculiar interpretación que el juez otorgó a los términos de la ley al crear un supuesto excepcional que ella no prevé. Así, la defensa se encargó de afirmar que en la medida en que Muñoz y Vandenbroele no se encontraban divorciados al tiempo de los hechos que aquí interesan, la prohibición contemplada por el art. 242 del código ritual se hallaba vigente y, por tanto, reclamando la nulidad del testimonio recabado en oposición a sus preceptos. La misma tergiversación, a su vez, se habría registrado respecto del restante planteo formulado por la defensa. El recurrente destacó aquí que la invalidez del allanamiento no remitía a una propia carencia de fundamentos –tal la arista de evaluación concedida por el juez- sino por la única fuente que aquél registró. Toda vez que la medida se había basado en las manifestaciones de Laura Muñoz es que compartía las mismas deficiencias y, por ende, la misma sanción. El registro domiciliario era también nulo. III. Es cierto que el ámbito de polémica hasta aquí descrito revelaría la necesidad de ingresar en la discusión de tres cuestiones neurálgicas. Así lo planteó la defensa en su inicial escrito; ese tratamiento le concedió el fiscal al contestar la vista conferida, como el juez al brindar las razones de su temperamento; y ese ha sido el modo en que el tema arribó a nuestro conocimiento, vía la apelación deducida.
Sin embargo, si se atiende a los motivos que fundan cada uno de esos planteos de nulidad la situación cambia notablemente. El origen del sumario, el testimonio recabado en la provincia de Mendoza, el allanamiento allí practicado, en suma, la causa en sí misma a criterio del recurrente resulta viciada de una nulidad absoluta e insalvable. La petición, se optó, fue discriminada en tres aspectos; pero bien pudo haberse fragmentado aún más –mencionando en particular cada una de las piezas del expediente- o por el contrario reducido a un único eje: los dichos de Laura Muñoz. Sin importar en cuántas fracciones su solicitud pueda atomizarse, las diversas facetas de la pretensión deducida se hallan ligadas por un único denominador común. A criterio del incidentista, la validez de la causa se precipita tanto en su origen como en su desarrollo por basarse sobre las manifestaciones de quien, por su parentesco, le estaba vedado declarar en los términos en los que lo hizo. En la medida en que Laura Muñoz era aún esposa de Alejandro Vandenbroele no podía prestar ningún testimonio en contra de su marido por un delito que, como el ventilado en el expediente, en nada la damnificaba. De ahí que cualquiera fuese el cauce de incorporación de tales dichos en el marco de un sumario con pretensiones punitivas –vía su testimonio directo o bien su mediata referencia-, el valerse de esas declaraciones resulte en una afrenta a la tutela que el sistema penal consagra a la integridad del núcleo familiar (arts. 178 y 242 del C.P.P.N.). Y mayor verdad no podría residir en un argumento. En efecto, muy lejos de la singular lectura del a quo acerca de los alcances de las evocadas normas, este Tribunal ha reconocido y destacado el cabal espíritu que guió el nacimiento de esa previsión legal. No son admisibles las denuncias ni los testimonios que en perjuicio del otro brinden, al interior de un proceso penal, los cónyuges, descendientes, ascendientes o hermanos. La necesidad de preservar la cohesión familiar y la protección integral de esa primera y fundamental comunidad se erige intensamente ante cualquier otro interés que desee invocarse; incluido aquel que el proceso penal ha sido llamado a realizar (cfr. causa “Del Valle”, reg. Nro. 579, rta. el 16/6/09).
En estos términos no existiría supuesto más perfecto de verse comprendido por las disposiciones legales invocadas que aquel traído a estudio del Tribunal. Y, de así serlo, ningún resquicio a duda o interpretación podría impedir la solución ansiada por la defensa. Sin embargo, al momento de engarzar las previas y neutrales palabras de la ley con las concretas y reales circunstancias de la causa se advierte un punto que ningún tratamiento ha recibido en la petición de la defensa. Ella ha insistido en el lazo familiar que todavía unía a Laura Muñoz con Alejandro Vandenbroele, en cómo la presencia de esa testigo teñía todos los pasajes de la causa, en que el delito investigado lejos estaba de damnificarla. No obstante, ninguna referencia concreta se hizo acerca del último elemento que la norma exige para su práctica vigencia. No se indicó cuáles fueron las declaraciones que
Laura Muñoz formuló específicamente en contra de su marido que afectase su propia situación en la causa. Y es esta una ausencia que pronto se comprende. Al afrontar el análisis de la misma declaración de Laura Muñoz, la que en verdad interesa y la que tendría la fuerza de derrumbar todo lo actuado en autos, nada se vislumbra que pueda incluirse en ese concepto. Es cierto que la nombrada efectuó numerosos comentarios en contra de su marido. Amenazas, persecuciones, incluso lesiones se enlazan en una secuencia que harían a Vandenbroele protagonista de tales ilícitos. Sin embargo, ninguno de ellos vinculados a esta causa y ninguno que ella no pudiera, sino más aún debiera, denunciar; como en efecto habría hecho. Pero al momento de brindar aclaraciones acerca de la materia ventilada en este expediente, esto es, sobre las empresas denunciadas, las operaciones cuestionadas, la participación en ellas de su marido, su respuesta provino de un sencillo “no, yo de eso no sé nada”, acompañado de una breve mención a ciertos papeles que había tirado a la basura y de una imprecisa referencia a que “Alejandro se encargaba de los negocios de Boudou” (fs. 49vta. y 50 del principal). Así concluyó, pues, su testimonio. Si de ellos la defensa pudo extraer un sentido perjudicial para su asistido, capaz de vincular tal episodio con el previsto por la ley cuya aplicación reclama, la contrariedad pareciera residir en otro lugar. Por lo demás,
y en lo que a este punto respecta, el Tribunal comparte la lectura que el a quo concedió a los acontecimientos. Laura Muñoz nada pudo aportar acerca de los hechos de la causa, con lo cual ninguna evidencia, ni en contra ni a favor de Vandenbroele, puede considerarse contenida en sus declaraciones al menos, claro está, en lo que a nuestra área de incumbencia importa. De ahí, pues, que las aspiraciones del incidentista respecto de este planteo no puedan prosperar. Al no verse satisfechos todos los requisitos que la ley exige la nulidad postulada no encuentra una senda que le permita alcanzar el éxito a no ser por el simple recurso de instituirla en una mera proclama que, claramente nociva, olvidara que ella sólo ha de pronunciarse en provecho de una garantía y no de la sola vigencia de una norma instrumental. Es esta consecuencia la que el ordenamiento procesal ha buscado aventar al exigir, además de la acreditación del vínculo que prohíbe el testimonio, que las manifestaciones sólo encuentren un tenor hostil para quien en ellas es mencionado. Por otra parte, en la medida en que el resto de las cuestiones introducidas en este particular punto afincaban su propio triunfo en la aceptación de aquel aspecto, es que rehusado el carácter inválido del testimonio idéntica respuesta se extiende a los demás planteos efectuados. La ausencia de una manifestación capaz de afectar la situación de Vandenbroele en relación con los hechos de este sumario impide admitir que una denuncia que hace referencia a ella carezca de validez y, por tanto, arrastre en su caída todo lo actuado. Del mismo modo, el allanamiento dispuesto, y cuestionado, no ha logrado sino trazar una continuidad con aquel testimonio. Como la misma defensa lo aclaró en su presentación ante esta Cámara, el registro era nulo en tanto se fundaba en las mismas razones que anulaban la declaración de Laura Muñoz. Pero más allá de su escasa trascendencia, lo cierto es que todavía esta testimonial se instituye en una actuación vigente dentro del proceso y, por ello, de igual forma ha de estarlo el registro domiciliario que a aquélla se imbrica.
IV. El segundo tema traído a conocimiento del Tribunal se vincula, específicamente, con otro de los imputados. En este caso, es el Sr. Amado Boudou el verdadero interesado. La defensa orientó su crítica a la labor del Agente Fiscal que, violando las disposiciones de la ley de ética pública, accedió a las declaraciones juradas patrimoniales del Sr. Amado Boudou.; aspecto que ya antes habíamos adelantado. Ellas le habrían permitido advertir que el departamento cuyo allanamiento fue cuestionado en autos por el profesional, si bien titularidad del nombrado, era objeto de un contrato de locación. Eso generó que la orden dictada para su registro omitiera observar las precauciones exigidas por la ley de fueros. Aquí, pues, el núcleo de la nulidad peticionada. En efecto, sin indicar el destino que habría de conceder a la
información consignada en esos instrumentos, el representante del Ministerio Fiscal que entonces intervenía tomó conocimiento de los datos que en ellos obraban. Pero más aún. Esa averiguación se habría empleado en provecho de un sumario penal orientado a investigar un delito distinto de aquel que la ley indica para justificar la liberación de las reseñas patrimoniales declaradas por los funcionarios, esto es, un eventual supuesto de enriquecimiento ilícito (arts. 10, 11 y 19 de la ley 25.188). Por ello, de ningún modo la información así obtenida podía, a criterio del recurrente, ser válidamente empleada en este proceso. Sin embargo, eso no habría sido lo que aconteció. Con esos documentos como exclusiva evidencia, pues ninguna otra probanza sería capaz de acreditar ese mismo extremo, se advirtió que la vivienda propiedad del Sr. Boudou no era, en verdad, habitada por él, sino por otra persona que estaría, no obstante, vinculada con los hechos de la causa. Así fue que olvidando todas aquellas pruebas que certificaban la titularidad del nombrado sobre ese inmueble, se dispuso el allanamiento del domicilio, burlando, a entender del incidentista, las disposiciones legales que lo hacían destinatario de una particular protección. Amado Boudou, como vicemandatario de la Nación, ejerce la presidencia del Senado, y siendo éste un órgano legislativo le asistirían esas especiales garantías que le reconoce la ley de fueros en su artículo 1°: la inmunidad de su domicilio ante cualquier medida intrusiva en tanto la Cámara no
conceda la autorización para ello. Justamente ese permiso nunca fue concedido; antes bien, nunca fue solicitado. El allanamiento practicado en la vivienda del Sr. Boudou, soslayando ese imperativo legal, devendría por tanto insalvablemente nulo. En estos términos, entonces, fue introducida la concreta petición formulada por el letrado del Sr. Boudou, Dr. Diego Pirota, y conservada en esta instancia recursiva. Al dar respuesta a los distintos aspectos del planteo, el a quo siguió las razones que en su momento concedió el Sr. Fiscal. Así recordó el verdadero sentido que debía darse a los términos de la ley de ética pública; las amplias facultades que jueces y fiscales detentan para acceder a la información contenida en las declaraciones juradas que en su marco se resguardan; la existencia de otra prueba que igualmente ilustraba sobre la misma circunstancia y, finalmente, la estricta lectura que corresponde otorgar a la ley de fueros; una que excluye de sus alcances a quien carece del rol legislativo. No obstante, ninguno de estos motivos logró convencer al incidentista. Sin desconocer las atribuciones de los órganos de persecución penal, criticó que el magistrado hubiese olvidado que cada uno de los actos que supongan su práctica exige estar fundado. Máxime en un caso como el presente, en donde esas razones serían expresamente exigidas por la ley y en el cual, no obstante, ninguna explicación se otorgó. Pero además, y tras cuestionar la laxa y por tanto impropia interpretación dada a la norma acerca de los ilícitos involucrados, atacó aquella otra prueba invocada por el a quo y cuya presencia en el legajo fue precisamente reprochada al punto de haber servido de basamento, junto a otras, al pedido de recusación entonces formulado contra el fiscal. Nos referimos aquí al rememorado oficio a la empresa Cablevisión al que antes se aludió. Finalmente, y en orden a la tutela de la que era objeto el domicilio de Amado Boudou, el defensor renovó las distintas argumentaciones en las que, oportunamente, hizo reposar su primigenia petición. V. Si bien cabe reconocer el esfuerzo empeñado por la defensa para enlazar, bajo una armónica secuencia, diversos instantes en pos del éxito de su anhelo, lo cierto es que la historia reflejada en el expediente impide compartir su visión.
Partiendo de una perspectiva que suponga reconocer el más fiel de los escenarios proyectados por el recurrente, son los acontecimientos develados en la causa los que se empecinan en restarle toda razón práctica a su planteo. Aun de aceptarse que ninguna información válidamente ingresada al sumario rehusara la posesión del inmueble por parte de su titular; aun considerando que a Amadou Boudou le asisten las garantías inscriptas en el artículo 1° de la ley de fueros alegadas por el recurrente; incluso cuando se admitiera en el caso la inobservancia de sus postulados, existe un aspecto que se mantiene incólume. El inmueble allanado, se comprobó, ni constituía su domicilio particular, ni tampoco le servía de oficina. De tal manera, más allá de la veracidad o no de cada uno de
los argumentos esgrimidos por la defensa, es lo que la realidad ha finalmente develado lo que obstaculiza conceder la respuesta ansiada por la defensa, si no lo es bajo el riesgo de pronunciar una nulidad en el sólo provecho de la norma que se dice soslayada. Pues de otorgarse al Dr. Pirota el más franco de los aciertos no se trataría sino de la trasgresión de una disposición legal cuya razón de ser en el particular quedó extraviada desde el mismo momento en que, en los hechos, no existía legislador alguno que detentara su señorío sobre el departamento allanado. Cual suerte de delito imposible propio de la dogmática penal, esa infracción normativa que se aduce cometida por el juez al olvidar la aplicación de la ley de fueros ningún corolario fáctico alcanzó: ningún miembro parlamentario vivía o trabajaba allí; no existieron derechos que, en definitiva, se vieran lesionados, o siquiera perturbados, como único motivo capaz de habilitar la sanción pretendida. Y de hecho esta es la única lectura que corresponde dar a un suceso como el acaecido. Un parecer enfrentado a este llevaría a la ilógica consecuencia de admitir como válido una hipótesis diametralmente opuesta a la registrada. Tal ocurriría de ser el caso en el cual quien goza de la inmunidad sea el locatario de una vivienda propiedad de un tercero no alcanzado por esa garantía. Aquí, ninguna duda cabe que la observancia de la manda contenida en el art. 1° de la ley 25.320 es innegable y que su registro por fuera de esta exigencia deviene inválido, con prescindencia de que esa situación fuese tanto
conocida como ignorada por parte de las autoridades judiciales al momento de ejecutada la medida. Por ello, en nada interesa quién es el dueño registral de la propiedad. El imperio de la norma no está allí, sino respecto de su efectivo tenedor. En este caso, y más allá de cuál hubiese sido la información colectada con anterioridad, lo cierto es que ninguna persona protegida por la ley invocada por la defensa se vio afectada por el allanamiento dispuesto. En este sentido, las únicas exigencias legales operativas en el particular eran aquellas genéricas para cualquier ciudadano de la Nación, establecidas en nuestro ordenamiento ritual (art. 224 y ss. del C.P.P.N.). Y ellas fueron cabalmente observadas, tal como la misma defensa tácitamente ha admitido al no conservar ningún agravio sobre este punto que, pese a ser criticado en la presentación que dio génesis a su inicial petición no fue mantenido, sin embargo, en su escrito recursivo. De ahí que al interior de la misma lógica desarrollada por el incidentista en sus diversas presentaciones, su argumentación sea incapaz de conmover el rechazo obtenido en la anterior instancia. Por lo demás cabe señalar que la objeción esgrimida respecto de la obtención de las declaraciones juradas de Amado Boudou encontraba su cauce tan sólo como necesario fundamento para la admisión de la genuina nulidad postulada, esto es, el allanamiento de un inmueble de su propiedad. En consecuencia, toda vez que se han brindado los motivos por los cuales aquel registro ha sido ejecutado de manera correcta, ninguna razón perdura capaz de exigir de los suscriptos un análisis singular de esta temática, más allá del tratamiento que ya se le ha dispensado en los primeros pasajes de este resolutorio. No obstante, cabe aquí destacar que sin importar, a lo que aquí ahora interesa, cuál haya sido el camino transitado para la obtención de esos documentos o la información de allí lograda, ninguno de esos aspectos ejerce alguna influencia acerca de la validez de la medida desarrollada sobre el departamento titularidad del Sr. Boudou.
Es por ello que atendido ese punto, al cual se orientaba el cuestionamiento deslizado, no resta materia que debidamente introducida a examen de esta Alzada habilite su revisión. VI. El último punto de examen nos conduce ya a evaluar la actividad que, con posterioridad a su recusación, proyectó en la causa el Sr. Fiscal Carlos Rívolo. La ausencia de concreta indicación de los actos cuya fulminación se demandaba, la omisión de precisar el gravamen que su producción supuso para sus derechos y el carácter meramente informativo de las probanzas desarrollas en autos luego del instante que la defensa señalaría como eje de su pretensión, se instituyeron en las razones invocadas por el a quo para disponer el rechazo del pedido efectuado. Ello se impuso, así, en el promotor del
recurso de apelación a cuyo tratamiento hemos sido llamados. La defensa inició su petición recordando los diversos aspectos que estimularon el pedido de recusación formulado contra aquel magistrado y que, a su criterio, evidenciaba la tendenciosa forma en la que condujo la investigación. Tal situación y la gravedad de los motivos indicados para reclamar el apartamiento del acusador, a su criterio, deberían haber impulsado el cese de su labor en el sumario hasta tanto la solicitud fuera resuelta. Sin embargo, el Dr. Rívolo, lejos de detener su actividad, prosiguió con ella requiriendo una serie de informes cuya incorporación al legajo debería reputarse nula de conformidad a lo establecido por el art. 62 del C.P.P.N. Y ello pues si bien el planteo recusatorio culminó siendo abstracto, en razón de la conexidad dispuesta con otro expediente y con la intervención en él de otro fiscal, las razones que lo estimularon, a entender de la parte, se mantienen vigentes y más que evidentes como para admitir la sanción impuesta por aquella norma con independencia del resultado de la evocada controversia. VII. Aunque la defensa inauguró su presentación criticando el razonamiento elaborado por el a quo, no sólo por la incorrección de su temperamento sino por no haber entendido los alcances de su originaria petición, lo cierto es que ha sido ella la encargada de sembrar las dificultades para su cabal comprensión. De hecho, esa misma confusión es la que se ha reproducido una
vez más al acudir ante esta Cámara en el marco de una lógica que procura fusionar y al unísono escindir los presupuestos de su pedido de recusación con el planteo de nulidad aquí sustanciado. De tal forma, si tal como ella misma destaca, su solicitud supone atender a momentos procesales previos a la recusación planteada, como demostrativos de la falta de objetividad que a aquélla dio sustento, el ámbito acaba de desvanecerse. La solución que esta Cámara ha brindado en los apartados precedentes exime de reiterar aquí cada uno de los argumentos que conducen a rechazar esta arista de su planteo. Es por ello que el único aspecto que puede exigir aquí su atención es aquel que se concentra tan sólo en los actos que el fiscal practicó luego del reclamo de apartamiento hecho por la defensa, e identificado en los pedidos de informes efectuados entre los días 16 y 20 de abril del año en curso. En consecuencia, aquí bien debiera indagarse acerca de la entidad de esas medidas, de su relación con los derechos del incidentista, del grado de afectación de sus intereses, de los alcances de la nulidad pretendida. Sin embargo, lo cierto es que ninguno de ellos habrá de encontrar su espacio de estudio y de canalización. Como claramente advirtió el a quo, en la contienda planteada no ha existido argumentación alguna invocada en esa dirección. El solitario motivo alegado por la defensa para fulminar la vigencia de esos actos fue la aplicación de una norma del código ritual: el artículo 62. No obstante, en ello no advirtió que su único dominio no ha sido concebido para estos órdenes, sino sólo para supuestos en donde el planteo recusatorio resulta exitoso. Justamente esa conclusión es la que, más allá de su oportuna aspiración, hoy ha excedido la historia acaecida en autos. Desde el mismo momento en que la solicitud de alejamiento del Dr. Rívolo recorrió un camino distinto al pretendido –pues tal consecuencia se dio por la previa intervención de otro fiscal en el sumario al que fueron anexadas estas actuaciones-, los pilares sobre los que procuró sostenerse este pedido de nulidad solos se derrumbaron. Y si bien la defensa insistió en la persistencia de su planteo, frente al modo en que aquel apartamiento tuvo lugar, debió ocuparse por adicionar una razón distinta a la hasta entonces invocada que le permitiera
conservar vigentes sus expectativas; mas no lo hizo. Así se limitó a reclamar la aplicación del citado art. 62 del ordenamiento procesal frente a una situación que en la realidad no podía reflejar –siquiera como eventualidad- el supuesto contemplado en aquella previsión normativa. La recusación como tal no fue admitida, extinguiendo, por ende, la nulidad que exclusivamente en ella buscaba fundarse. Es por ello que las mismas constancias del proceso y el modo en que fue construida la pretensión del recurrente conduzcan a la necesaria homologación del resolutorio impugnado. VIII. Finalmente, en nada varía esta última respuesta la conducta que el Dr. Carlos Rívolo, según denuncia la defensa, habría exhibido con posterioridad al cese de su intervención en autos. Toda vez que las
alegaciones formuladas por los letrados en este punto refieren a situaciones que exceden del trámite del sumario, corresponderá a ellos, de así estimarlo, acudir a los canales institucionales pertinentes para la satisfacción de sus reclamos. IX. Por lo expuesto es que votamos por homologar los diversos pronunciamientos recurridos, que incluyen aquellos que tramitaran bajo los números de causa 47.098 y 47.235 del registro de esta Sala I, en todo cuanto deciden y han sido materia de apelación, sin costas (arts. 166 y ss., 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación). El Dr. Eduardo Farah dijo: 1) Creo necesario señalar, en primer término, que los cuestionamientos de los recurrentes que apuntan a un déficit en la fundamentación de las resoluciones dictadas en los incidentes n° 47.227 y 47.098 fracasan a la hora de ponerlos en crisis como actos jurisdiccionales válidos. Pese a la disconformidad de las defensas con las soluciones a las que finalmente arribó el juez, las respuestas a los planteos introducidos constituyen los argumentos criticados a través del recurso de apelación. La mayor o menor extensión de aquellas respuestas no las invalida en tanto satisface las exigencias del art. 123 del Código Procesal Penal de la Nación. Por lo demás, conforme se ha dicho repetidas veces “… la absorción del recurso de nulidad por el de apelación es propio de los códigos modernos, porque como advertía Carnelutti se iba operando la absorción de la invalidación por la impugnación…” (c. 33.566:
“Ojeda, D. s/ procesamiento y nulidad”, rta. 13/2/02, reg. 47; y de la Sala II, c. 13.771: “Guarda de Menna”, rta. 21/10/97, reg. 14.764). En otro orden, la denuncia respecto del trámite de las antes mencionadas incidencias, por haberse dado intervención a un Fiscal que, a criterio del apelante, tenía interés en defender los actos por él realizados, no conlleva vicio susceptible de invalidación “per se”, en la medida en que el Juez instructor cumplió con el procedimiento de sustanciación reglado por el código de rito –conf. Arts. 170 in fine, 446 y ccdtes. del CPPN- sin que éste haya previsto la imposibilidad de que participasen de él los magistrados y funcionarios –tanto el juez como el fiscal- que eventualmente hubiesen producido los actos atacados de nulidad. Distinta es la solución que, a mi juicio, corresponde adoptar en relación a la resolución dictada en el incidente n° 47.235, sobre la cual habré de referirme por separado, más adelante. 2) Ello sentado, he de ingresar en el estudio de la primera de las nulidades abordadas en el voto que antecede. No obstante que comprendo las razones que invocan mis colegas para relativizar la entidad cargosa del testimonio de Laura Muñoz, descalificando su utilidad probatoria, entiendo que dicho análisis es ajeno y, en todo caso, excede los términos del precepto legal que prohíbe el testimonio. Al mismo tiempo, considero que aun en la lógica del voto precedente, no es posible pasar por alto que el testimonio de Muñoz fue buscado especialmente por el Fiscal -órgano titular de la acción y acusadorcomo prueba de cargo, sin olvidar que la valoración o el convencimiento que pueda generar en el juzgador a la hora de probar una hipótesis delictiva remite a otra instancia procesal. Así las cosas, la declaración de nulidad postulada es la solución que se ajusta al texto expreso de la ley (art. 178 del CPPN: “no podrán testificar en contra del imputado, bajo pena de nulidad, su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del testigo o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que lo liga con el imputado”) y al criterio interpretativo de esa norma que esta Sala, en consonancia con la Doctrina, ha venido sosteniendo en los casos “Gutiérrez, Carina F.” (causa nº 33.132, del 14/8/2001, registro nº 641), “Duran Gutiérrez, A.” (causa nº 37.208, del 24/2/2005, registro nº 90) y “Martins, Raúl Luis”
(causa nº 46.789, del 25/10/2012, registro nº 1235) entre otros, pues a través de aquella prohibición no sólo se intenta “amparar el vínculo familiar preservándolo de las lesiones perpetuas que este tipo de hechos generan” sino también “evitar que estos enfrentamientos conyugales conviertan, innecesariamente, el accionar de la justicia en arma de rencillas domésticas” (CSJN, Fallos 315:459, voto del Dr. Carlos Fayt). Esta última circunstancia surge palmaria de la lectura de la declaración de Laura Muñoz. Análogo alcance confiere Roxin a la regulación de estos testimonios dentro del proceso penal alemán, explicando que su sentido reside en que a los parientes cercanos -“incluso todavía después del divorcio”- se les debe evitar el conflicto entre la obligación de decir verdad y el afecto de pariente pues, además, “sería tan escaso el valor de una declaración obtenida compulsivamente que no se justificaría una intromisión en la esfera familiar
íntima” (Claus Roxin, “Derecho Procesal Penal”, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2003, pág. 222/223). A diferencia de algunos de los precedentes apuntados, donde la palabra “cónyuge” implicaba una valla a la hora de hacer valer en plenitud el espíritu de la disposición -por ejemplo, cuando se trataba de una convivencia sin matrimonio-, el caso que se encuentra a estudio es estrictamente el previsto en la norma, es decir, no exhibe grieta por la cual pueda colarse siquiera una variante interpretativa. Apartarse de ella en perjuicio del imputado es lisa y llanamente desconocer que a la verdad como meta del procedimiento sólo se debe arribar por los medios y en la forma que la ley permite. Como consecuencia de lo anterior puede afirmarse que existía una prohibición de escuchar en calidad de testigo a Laura Muñoz en el marco de las actuaciones que se seguían contra su cónyuge, una prohibición que en caso de ser ignorada conducía, por expresa previsión legal, a la nulidad. El conocimiento de esa situación, su carácter notorio, es lo que irrita a la Defensa -y sorprende al resto- a la hora de evaluar la actuación del Fiscal, pues siquiera existe aquí la discusión generada sobre las denuncias prohibidas a causa de no ser expresa, para ese supuesto, la sanción de nulidad (ver causa 30.444: “Nieva”, rta. 10/12/98, reg. n° 1062). Violada la prohibición el Tribunal se encuentra, a mi juicio, en la obligación de declarar, aun de oficio, la nulidad del testimonio de Laura
Muñoz. Y esa sanción no sólo es de carácter absoluto sino que también es “rigurosa y no puede desconocerse al admitirse la denuncia (el testimonio) contra los restantes partícipes, cuando al mismo tiempo se la considera nula respecto de los parientes alcanzados por aquélla” (D´Albora, Francisco J. “Código Procesal Penal de la Nación”, novena edición corregida, ampliada y actualizada por Nicolás F. D´Albora, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, pág. 298). 3) Ahora bien, las consecuencias de esa declaración de nulidad distan de ser las ansiadas por el incidentista, quien en su planteo llegó a sostener “la ilegalidad de toda la instrucción” (ver fs. 11 vta). a) Por un lado, tengo para mí que las premisas de donde parte el juez instructor para referirse al origen de la causa son ciertas: tres fueron los denunciantes -Vitale, Monner Sans y Pacífico- que dieron cuenta, con algunas diferencias menores, de la misma notitia críminis que puso el foco en el levantamiento de la quiebra de la empresa Ciccone y en la titularidad de sus acciones; y, para ello, se valieron de distintas fuentes -“internet, publicaciones periodísticas anteriores a la aparición de Muñoz en los medios, entre otras” (v. fs. 27)-. En otras palabras, no fue Laura Muñoz quien llevó los hechos ante los estrados ni tampoco las denuncias formuladas pueden ser consideradas una estrategia para sortear la prohibición de denunciar –conf. art. 178 CPPN- en tanto no se basaron exclusivamente en sus dichos. Respecto de esto último -la existencia de fuentes
independientes- debe tenerse en cuenta que la denuncia radicada por Jorge Orlando Pacífico abarcaba los hechos que conformaron el objeto procesal -según la delimitación realizada por el titular de la acción penal (ver fs. 24/26)- y, también, que en ningún lugar hacía alusión a los dichos de Laura Muñoz. Por el contrario, esta denuncia, que entre otros estaba dirigida contra “Alejandro Paul Vanderbroele”, sólo aportaba como prueba un expediente de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando -UFITCO- caratulado “Ciccone Calc y otros s/ inf. a la ley 24.769” e identificaba como fuente de conocimiento “una conversación y a lo que surge de Internet: google”, a la par de puntualizar que todo lo dicho “surge de la quiebra de Ciccone”. La denuncia fue hecha el 14 de diciembre de 2011, más allá de su tardía ratificación (ver fs. 78).
La referencia a la información que se encontraba en Internet no es un detalle menor pues allí figuran las publicaciones periodísticas que conforman la base de las denuncias presentadas por Vitale y Monner Sans. En lo que aquí importa, interesan algunas anteriores a la aparición de Laura Muñoz en escena, tales como la nota de Carlos Pagni publicada, bajo el título “Duhalde, el villano favorito del gobierno”, el 30 de diciembre de 2010 en el diario La Nación, donde tras desplegar un halo de sospecha sobre el plan de pagos concedido a Ciccone, se lee: “Ricardo Echegaray y, sobre todo, Amado Boudou, deberían ser cuidadosos con las formas, por lo menos en este caso. Ciccone suele ser muy sincero cuando se confiesa con amigos, y los juzgados están llenos de indiscretos. Varios de ellos aseguran –sin aportar pruebas contundentes, que uno de los abogados que ofreció en Tribunales la liquidación de buena parte de los
compromisos de la empresa estaría relacionado con el ministro de economía…”. Estos antecedentes conceden la razón al magistrado instructor en su decisión de preservar la validez del inicio de las actuaciones. b) por otro lado, resta examinar la influencia que pudo haber tenido el testimonio prohibido sobre los actos posteriores del procedimiento. Existe una regla que establece qué ha de acontecer una vez comprobada una causa de nulidad. En particular, es el art 172 del CPPN el que prevé lo que en doctrina se conoce como regla de exclusión y que allí está formulada en los siguientes términos: “La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, hará nulos los actos consecutivos que de él dependan”. Se deriva de ello, por ejemplo, que la nulidad de una declaración testimonial se proyecta al auto de procesamiento sí, de sus fundamentos, se desprende que se basó de un modo decisivo en aquella prueba (conf. D´Albora, ob. cit, pág. 271). El método de supresión mental hipotética es el que permite proyectar los efectos de la eliminación del o los eslabones viciados. En palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Rayford”: “… resulta ventajoso para esa finalidad (apreciar la proyección de la ilegitimidad del acto viciado) el análisis de la concatenación causal de los actos, mas no sujeta a las leyes de la física sino a las de la lógica, de manera que por esa vía puedan determinarse con claridad los efectos a los que conduciría la eliminación de los eslabones viciados. Debe tenerse en cuenta, asimismo, la
posibilidad de adquisición de evidencias por otras fuentes distintas de las que se tengan por ilegítimas…” (Fallos 308:733). No hay argumentación de los apelantes en este sentido. En otras palabras, nada dicen acerca de cómo y en cuál acto posterior ha incidido el testimonio de Laura Muñoz, ni por qué su supresión hipotética debiera tornarlos inocuos. Sin embargo, ese déficit no exime a este Tribunal de seguir oficiosamente el método antes descripto dada la naturaleza de la cuestión, atento a que estaríamos frente a nulidades, nuevamente, de orden absoluto. Detenerse en lo que concretamente se dijo en la declaración es obligado. Allí se lee, entre toda una serie de circunstancias y anécdotas detalladas de un conflicto marital, lo siguiente: “…yo me entero del caso Ciccone porque un día de septiembre del año pasado leí una nota en ‘Los Andes’ que hablaba de este tema que involucraba a Boudou con un ‘abogado belga’. Yo enseguida me di cuenta que estaban hablando de Alejandro. Yo leí eso y empecé a comprar el diario más seguido para enterarme de lo que pasaba…”. Más adelante, concretamente a la pregunta “…para que diga qué conoce sobre el caso de la compra de Ciccone” respondió “…no, yo de eso no sé nada…”. De seguido, Laura Muñoz dijo que tenía para ofrecer una conversación “de hace tiempo” con su marido, de donde surgiría “su vinculación con Boudou y Nuñez Carmona”. Sin pasar por alto el furtivo modo de proceder, el avance sobre la privacidad de la pareja, lo cierto es que el aporte carece de trascendencia como prueba y como noticia, desde el momento en que esa hipótesis se encontraba desde la denuncia. Es así que la lectura del testimonio prohibido y lo obrado con posterioridad no muestra una ligazón en el sentido de concatenación o dependencia directa, ya que las medidas de prueba producidas de allí en más encuentran su justificación, no en lo manifestado por la cónyuge de A. Vanderbroele, sino en la amplitud de la hipótesis de conocimiento y en el basamento probatorio existente con anterioridad. Sin embargo, algo distinto sucede con el allanamiento al domicilio de Laura Muñoz, donde el Dr. Soria ve un desvío de poder por haber respondido, según su entender, a la intención solapada de sortear la ilegalidad del
testimonio, lo que explicaría la llamativa presencia en el lugar del abogado de la moradora. La diferencia con el resto de las probanzas es que, como lógica consecuencia de la -a priori- inutilidad de la información aportada en el testimonio prohibido -como se afirmó párrafos más arriba-, no había fundamento que justificara la inspección. Esa situación se vislumbra claramente al compulsar el pedido de allanamiento formulado por el entonces fiscal, el que carece de toda referencia o fundamento que permita justificar la medida coercitiva dirigida contra el domicilio de Laura Muñoz, escenario que claramente contrasta con el de los registros del domicilio personal de A. Vanderbroele y el de “The Old Fund”, diligencias razonablemente respaldadas por la compulsa de la causa n° 38.062/03 caratulada “Ciccone Calcográfica SA s/ concurso preventivo” del
Juzgado Comercial n° 8, Secretaría n° 15, del expediente remitido por la AFIP y de los informes de NOSIS correspondientes a “The Old Fund” y de A. Vanderbroele (ver fs. 208/210). Idéntica ausencia de fundamentación se repite en la orden del juez instructor y en el exhorto (ver fs. 211/218 y 243/245). Ergo, tan sólo en lo que respecta a ese allanamiento puede sostenerse, de acuerdo con lo postulado por la defensa, una suerte de capacidad de rendimiento -aunque indirecto- de la nulidad del testimonio prohibido, en tanto esa medida de coerción que, si bien luce válida en lo externo –está prevista en la ley, fue dictada por autoridad competente, etc.-, no tuvo una fuente válida, era innecesaria a los fines procesales (conf. Art. 193 del CPPN) y por ello fue tildada como desvío de poder. 4) En lo que atañe al allanamiento practicado en el domicilio de Juana Manso 740, Torre II, piso 25 de esta ciudad, propiedad de Amado Boudou, adhiero a lo expresado por mis colegas en pos del rechazo de la nulidad articulada al respecto. 5) El último de los planteos está dirigido a obtener la declaración de nulidad de los actos procesales cumplidos por el Fiscal Rívolo con posterioridad a su recusación, en función de lo establecido por los arts. 62 y 71 del CPPN.
Más allá de la forma en la que el actual juez a cargo del sumario sorteó la necesidad de expedirse en torno a la recusación del Fiscal Rívolo, fundada en su actuación previa en la causa, entiendo razonable la protesta de la parte pues el planteo no ha quedado abstracto como consecuencia del cambio de Fiscal. Mientras el apartamiento es un hecho que surte efectos a futuro, la nulidad de los actos implica borrar huellas del pasado bajo el fundamento de que ellos fueron llevados a cabo por un magistrado o funcionario que actuó de modo ilegítimamente interesado. No entenderlo así implicaría vaciar de sentido a la previsión legal del art. 62 del C.P.P.N.. Por eso, en este caso, la nulidad articulada atañe, no a un acto en particular (como en los supuestos tratados en los acápites anteriores) sino a todo lo actuado, de forma tal que es incorrecto exigir una identificación acto por acto en tanto encierra una confusión respecto de lo que es una nulidad puntual más allá de quién fue el funcionario que ordenó o practicó el acto- y aquélla que es consecuencia de la sospecha que pesa sobre el magistrado, en este caso, el Fiscal. Así como hay nulidades que pueden ser declaradas sin mella de la imparcialidad u objetividad del funcionario responsable de la actividad estatal, la que invoca la defensa hace el recorrido inverso pues su punto de partida es la sospecha respecto del funcionario y, como derivación, la sospecha sobre todos los actos por él practicados. Esto no es un invento de la parte ni algo antojadizo, por el contrario, fue expresamente previsto por el legislador. Lo que éste no previó fue qué suerte correrían los actos practicados si el desplazamiento ocurriera por otro motivo que no fuese la decisión de hacer lugar a la recusación, pero es de toda lógica pensar que, probada la falta de objetividad, la invalidez de los actos debe ser declarada. Piénsese en el caso extremo de un juez o fiscal que hubiese actuado en forma ilegítimamente interesada, que fuese recusado y que al llegar a la instancia de resolución del planteo renunciase: mal podría sostenerse que operó una suerte de amnistía sobre los actos practicados por el sólo hecho de que el alejamiento se produjo antes de revolver la recusación. Por estas razones, frente al planteo de la parte, a mi criterio el juez Lijo debió haber examinado la falta de objetividad denunciada en miras a dar una respuesta a las protestas de la parte en ese sentido, de suerte que al no
hacerlo incurrió en un supuesto de arbitrariedad por violación al art. 123 del CPPN que obliga a anular el pronunciamiento dictado y devolver el respectivo incidente para que emita una nueva resolución conforme a las pautas que he señalado. 6) Por lo expuesto, voto por: a) rechazar las nulidades deducidas por los recurrentes, vinculadas con los pronunciamientos emitidos en el marco de los incidentes nro. 47.224 y 47.098, así como del trámite concedido por el a quo a las referidas actuaciones (conf. considerando 1 de este voto). b) confirmar parcialmente la resolución dictada por el Juez instructor a fs. 23/28 del incidente registrado bajo el nº 47.224 en cuanto mantiene la validez del inicio del sumario, revocándola en lo que atañe al
testimonio recibido a fs. 46/50 a Laura Muñoz y a la orden y allanamiento practicado en su domicilio según constancias de fs. 211/218, 240/245 y 250/251 –todas ellas de los autos principales-, y declarando la nulidad de dichas diligencias (conf. Considerandos 2 y 3 de este voto). c) confirmar lo decidido por el Juez instructor a fs. 18/22 del incidente registrado bajo el nº 47.098 en cuanto rechazó el planteo de nulidad de la orden de allanamiento librada contra el domicilio de Juana Manso 740, Torre II, piso 25, de esta ciudad, de propiedad de Amado Boudou, y del allanamiento propiamente dicho llevado a cabo en el mentado domicilio (conf. considerando 4 de este voto). d) anular lo resuelto por el Juez instructor a fs. 10/13 del incidente registrado bajo en el nº 47.235 en cuanto rechazó el planteo de nulidad de lo actuado por el Fiscal Dr. Rívolo (conf. considerando 5 de este voto). En virtud del Acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: - CONFIRMAR las resoluciones dictadas a fs. 23/8 de este incidente nro. 47.224; a fs. 18/22 de aquel nro. 47.098 y a fs. 10/3 del identificado con el nro. 47.235, todos ellos del registro de esta Sala I, en todo cuanto deciden y han sido materia de apelación, sin costas (arts. 166 y ss., 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).
Regístrese, agréguese copia de lo aquí resuelto en los incidentes recién mencionados, hágase saber al Ministerio Público Fiscal y remítase a la anterior instancia, donde deberán practicarse las notificaciones que correspondan. Sirva el presente de atenta nota de envío.
Documents Similar To Fallo Causa Ciccone
AP1569-2014(43180)

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 62
in fine
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución