Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=15&id=1586
Timestamp: 2017-11-19 12:30:39+00:00

Document:
CELEBRADA EL JUEVES 5 DE FEBRERO DE 2015
Oficio con el que remite diversos informes.
Oficios con los que remite diversos proyectos de decreto (Minutas).
En relación al Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917.
Senadora Mónica Arriola Gordillo.
Senadora Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez.
De la Mesa Directiva, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República.
Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 30 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear.
Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 Bis; 3 y 6 de la Ley General de Salud.
Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona diversas fracciones al artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura.
Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal y el artículo 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.
Dictamen con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a adoptar las acciones necesarias para garantizar la seguridad y atención de las y los periodistas desplazados.
Dictámenes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Migratorios.
Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a convocar a la Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a instalar una mesa de negociación y acuerdos con los campesinos y comuneros de Sinaloa, Durango y Nayarit para que revisen y pacten los valores actuales de sus tierras, en donde se construyeron equipamientos urbanos y de comunicación.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: (11:42 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia se han acreditado 100 ciudadanos Senadoras y Senadores.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se abre la sesión del día jueves 5 de febrero correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio.
Una, del Senador Teófilo Torres Corzo, con la que remite el Informe de trabajo de las reuniones que sostuvieron él y la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del 2 al 9 de noviembre de 2014, en China, en ocasión del IV Seminario Económico Comercial México-China: Socios Estratégicos del Siglo XXI.
Y una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la que remite el Informe de trabajo de la Delegación Permanente del Congreso de la Unión ante el Foro Parlamentario Asia-Pacifico, que participó en la 23ª Reunión Anual en Quito, Ecuador, del 10 al 15 de enero del año en curso.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de los miembros de este órgano de gobierno para el tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Les informo que dicho acuerdo se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, para su conocimiento, señoras y señores Senadores, de tal manera que la Asamblea ha quedado enterada. Y, por tanto, remítase a la Cámara de los Diputados.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Asimismo, la Junta de Coordinación Política remitió el acuerdo por el que se establece el Calendario de sesiones para el segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio de esta LXII Legislatura.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: El asunto se encuentra publicado, de igual manera, en la Gaceta del día de hoy, para su conocimiento. La Asamblea se da por enterada.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un oficio con el que remite los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al cuarto trimestre de 2014. Adicionalmente, incluye la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de diciembre de 2014; asimismo, informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; y adjunta la información por la cual se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Remítase la documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibieron dos oficios del Banco de México, con los que envía la exposición sobre su política monetaria y su presupuesto para el ejercicio 2015.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Remítase dicha información a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un oficio por el que se informa de la renuncia del señor Alfredo Achar Tussie, como integrante del Consejo Consultivo de dicha comisión.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos para los efectos correspondientes.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: También de la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley General de Asentamientos Humanos y de la Ley General de Salud, devuelto para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Asimismo, de la Colegisladora se remitió un oficio por el que informa la elección de la Diputada Francisca Elena Corrales Corrales, como Secretaria de su Mesa Directiva, para cumplir el periodo comprendido del 3 de febrero de 2015 y hasta la conclusión del tercer año de ejercicio de la actual Legislatura.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Igualmente, la Cámara de Diputados remitió su Calendario Legislativo correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de esta Legislatura.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: El documento está publicado en la Gaceta, para su conocimiento, señoras y señores legisladores, de tal manera que la Asamblea queda debidamente enterada.
Y, por tanto, remítase copia a la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se recibió de la Comisión Permanente, el inventario de asuntos presentados durante el primer receso del tercer año de ejercicio.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Les informo que este documento consta de diversas proposiciones. El turno de los asuntos se publicará en la Gaceta y se harán comunicaciones a las comisiones correspondientes para los efectos del caso.
Compañeros y compañeras Senadores: Por acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios, para referirse a la conmemoración de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.
En este sentido, tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:
La Constitución del 5 de febrero de 1857, con algunos cambios, como la incorporación de varias disposiciones de las Leyes de Reforma; como la separación de la Iglesia y el Estado; el matrimonio como institución civil y la restauración del Senado como parte del Poder Legislativo, entre otras normas, continuó vigente hasta el triunfo de la Revolución.
No obstante, los hermanos Flores Magón, en 1903, en el 46 Aniversario de la Constitución de 1857, a través del Periódico Regeneración, realizaron una protesta con el lema: “La Constitución ha muerto”
Criticando la corrupción del sistema judicial, así como por las condiciones políticas y sociales del país, durante el Porfiriato.
Concluida la Revolución, don Venustiano Carranza, como encargado del Poder Ejecutivo, el 14 de septiembre de 1916, emitió un decreto convocando a un Congreso Constituyente para reformar la Constitución de 1857 y elevar a rango constitucional las demandas exigidas durante la Revolución.
El 1° de diciembre de 1916, en el Teatro Iturbide, en la ciudad de Querétaro, se instaló el Congreso Constituyente, abriendo sesiones con Diputados de todos los estados y territorios federales del país, excepto de Quintana Roo; con representación de las diversas fuerzas políticas.
En la sesión del 6 de diciembre de 1916, se integró la Comisión de Constitución, conformada por Francisco J. Múgica, quien la preside; Enrique Colunga, Luis G. Monzón, Alberto Román y Enrique Recio, se dio lectura al proyecto de Constitución de don Venustiano Carranza.
Era el texto de 1366 artículos, distribuidos en nueve títulos y 16 artículos transitorio, que recogen la concepción republicana, federalista y representativa de las constituciones anteriores, la demanda del sufragio directo en la elección de diputados, senadores y Presidente de la República, la no reelección presidencial, los principios de las Leyes de Reforma, la enseñanza laica, libre y gratuita, la tolerancia religiosa, el no reconocimiento de las órdenes religiosas, la prohibición de fueros y privilegios.
Este ordenamiento jurídico constituye una gran aportación al constitucionalismo mundial por ser la primera a nivel internacional en incluir los derechos sociales:
Con una exposición sistemática de las garantías individuales se protege a la propiedad y remite a una ley lo relacionado con la reforma agraria.
Recobra la nación, el derecho eminente sobre los recursos del territorio contra el aprovechamiento indebido o abusivo de las compañías subsidiarias extranjeras o monopolios locales, redistribuyendo la propiedad nacional que preserva su soberanía, la social para reivindicar los derechos que fueron arrebatados al pueblo y la propiedad privada.
Siguiendo los ideales de Zapata, se contempla la defensa de los pequeños propietarios y el reparto de tierras, se eleva a norma constitucional la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, sugerida por Luis Cabrera y decretada por Carranza en lo referente a la restitución y dotación de tierras a los campesinos, y autoriza el fraccionamiento de los latifundios, se declara inalienable e imprescriptible la propiedad de la nación, se sanciona la expropiación por causa de utilidad pública, así como el derecho comunal, siendo el artículo 27 las bases de una reestructuración del derecho a la propiedad.
El artículo 123 se instituye como protector de la clase obrera, en el Título Sexto, del Trabajo y de la Previsión Social, estableciendo una relación laboral más justa y equitativa para ambas partes: regula la relación laboral, las horas de trabajo o jornada laboral, el trabajo de menores, el salario; elimina las tiendas de raya, el descanso de las mujeres trabajadoras antes y después del parto, los accidentes de trabajo, el derecho a huelga y de asociación; las condiciones del contrato de trabajo y el patrimonio familiar, entre otros derechos.
Esta Constitución, que se promulgó el 5 de febrero de 1917, conservó gran parte del texto de la Constitución de 1857, adaptándose a la realidad social vigente. Desde su promulgación ha sufrido más de doscientas reformas, en las que se han incluido varias normas protectoras de los derechos individuales, una cobertura más amplia a la salud, el reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, ésta un tanto extemporánea, los derechos de las víctimas, normas procesales para hacer los juicios más ágiles y expeditos.
No obstante estas reformas, sigue habiendo una gran disparidad social, mucha pobreza, discriminación a los pueblos y comunidades indígenas, alta carencia en los sistemas de salud y educación pública.
Esperemos que este aniversario, como todos los que se celebran, sea en un futuro próximo cumplidos, y que estas normas constitucionales, con las exigencias y necesidades de nuestros pueblos, en lugar de estarlas remendando o parchando, mejor las vayamos respetando tal como dieron origen y vida a la Constitución, que es la que rige nuestra vida cotidiana y de los pueblos.
A continuación, tiene el uso de la tribuna el señor Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Adelante, señor Senador. Tiene usted el uso de la palabra.
El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Gracias. Con su venia, Senador Presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores:
La Constitución Mexicana que nos rige actualmente, es resultado de un largo proceso de lucha social, además de consensos y acuerdos entre las diversas fuerzas políticas existentes en nuestro país.
Algunos documentos que antecedieron a la actual Constitución son: el Acta Constitutiva de la Federación y la Constitución federal de 1824, las Siete Leyes constitucionales de 1835 a 1836, las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843, el acta constitutiva y de reformas de 1847 y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857.
Después de la Revolución de 1910, como una consecuencia de ésta y ante el obvio deterioro de las instituciones, México necesitaba fortalecer su sistema político para garantizar la ciudad de las personas y su patrimonio.
En este contexto histórico, el Presidente Venustiano Carranza convocó al Congreso para presentar un proyecto de reformas a las Constitución de 1857. De dicho proceso surgió la nueva Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917, en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro.
En esta acción se institucionalizó el movimiento revolucionario en un documento que recoge el sentir de la sociedad mexicana para velar por su bienestar político y social.
Desde su entrada en vigor hasta la fecha, el texto constitucional ha sufrido 220 decretos de reformas para mantenerlo vigente, de acuerdo a los cambios sociales y económicos en México y el mundo.
El día de hoy conmemoramos 98 años de la primera publicación de nuestra Carta Magna, celebrando que el contexto constitucional ha evolucionado e incorporando continuamente nuevos derechos y obligaciones.
En materia ambiental, que es el tema central de nuestro Partido Verde, hemos logrado los consensos necesarios para incorporar que el artículo 4o. constitucional, dos derechos fundamentales: el derecho a un medio ambiente sano y el derecho al agua.
Hoy en día la Constitución garantiza que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; y toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, limpia, aceptable y accesible.
De esta manera, nuestra Constitución representa actualmente la consolidación de la soberanía mexicana, que reside esencial y originariamente en el pueblo y, por tanto, es la máxima expresión de su autodeterminación.
Asimismo, la Constitución cumple funciones primordiales para todos los ciudadanos, entre ellas: estructura y organiza a las instituciones públicas, orienta la actuación de autoridades y gobernados, modula la conveniencia social de todos los mexicanos, resguarda los principios y valores que han dado sustento a nuestra nación; y la más importante, garantiza las libertades fundamentales de los ciudadanos.
A fin de garantizar la inclusión, la Constitución Mexicana ha sido traducida en 23 lenguas indígenas, tales como: el náhuatl, chontal, mixteco, tarahumara, zapoteco, entre otras.
Teniendo como ejemplo estos importantes logros, hoy celebramos que nuestra Carta Magna es un documento en constante evolución a fin de lograr una sociedad más justa, incluyente y sustentable.
Desafortunadamente hay derechos que para una gran parte de los mexicanos sólo existen en el papel. Por ello, retomando una frase de nuestro Presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto, la Carta Magna es historia, pero también es presente y guía del futuro.
El mejor homenaje que podemos y debemos hacer de nuestra Ley Suprema es cumplirla, guardar y hacer guardar sus preceptos.
En ese sentido, nuestra labor como legisladores es expedir y reformar leyes retomando los ideales de bienestar político y social que dieron origen al movimiento revolucionario y a nuestra Constitución.
A continuación y para referirse al mismo tema, tiene el uso de la palabra la Senadora Mónica Arriola Gordillo, del Partido Nueva Alianza.
La Senadora Mónica Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros senadores; al pueblo de México.
¿Cómo podemos celebrar verdaderamente el 98 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917?
Me parece que un recuento de la historia de su formación, expedición e inclusive de sus virtudes o defectos, sería ocioso.
De poco servirá que exaltemos lo que significa para nosotros esta piedra angular que contiene los más esenciales principios de nuestra sociedad, que fue construida a base de una lucha por el bienestar y libertad de nuestro pueblo, que representa la evolución política y social en México, si no hacemos un llamado a la acción y a la renovación.
Igualmente, sería redundante reconocer que nuestro país pasa por una crisis que requiere de la completa voluntad de todos y cada uno de los mexicanos.
Dejando a un lado la materia económica, ¿cuáles son los temas que más resuenan actualmente a nivel nacional e internacional y que han maltratado el retrato de nuestra nación?
El deteriorado Estado de Derecho utilizado sin rigor en discursos políticos, los derechos humanos francamente violentados, la pérdida de una cultura de la legalidad.
Los tiempos han cambiado, el país y los mexicanos han evolucionado; sin embargo, el objetivo que perseguimos siempre será el mismo: el bienestar de nuestra sociedad.
Los caminos para lograrlo, aunque abundantemente discutidos, tienen senderos comunes que son obligatorios para toda nación: el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas por encima de cualquier otra política de acción es vital para el éxito de nuestra misión.
Lo anterior es sencillo siempre y cuando rija la cultura de la legalidad, instruida siempre bajo la premisa principal: el cumplimiento de la Constitución ya ley no se negocian, su incumplimiento no se tolera.
Debemos comprender, compañeras y compañeros senadores, que las letras plasmadas ennuestra fundamental CartaMagna solo tienen vida a través de nosotros, su existencia, su espíritu, únicamente se manifiesta mediante nuestras decisiones convertidas en acciones.
Qué paradoja más espléndida aquella que compone su naturaleza y complexión, en ella todo lo necesario para prosperar, si nosotros, una mera fantasía.
Es por todo lo anterior, compañeras y compañeros, que en este aniversario más que regocijo, los invito a seguir la lucha por la observancia absoluta de los derechos humanos, a materializar el espíritu del Estado de Derecho y a profundizar en la institución de una cultura de la legalidad que gobierne nuestro porvenir.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchísimas gracias senadora.
Enseguida, tiene el uso de la tribuna el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, Senador Presidente. Compañeras, compañeros senadores:
A pesar de la naturaleza conmemorativa de este día, en que sin duda recordamos un hecho histórico y fundamental para nuestro país; a pesar también de que hoy en numerosas plazas de la República serán recreados los actos del Constituyente del 17, y se hablará sin duda de las disputas y debates del Congreso, y a pesar también de que biografías y pasajes se revivirán merecidamente con pasión y nostalgia, permítanme, compañeras, compañeros senadores,no hablar en esta ocasión de la historia y del pasado, sino del presente y de la realidad de nuestro país.
Lo hago, Senador Presidente, compañeras y compañeros, porque creo en el valor de la historia y la memoria, y porque estoy convencido de que ese valor se expresa en conocimiento heredado, en cultura transmitida entre generaciones, en experiencia social, en una trayectoria colectiva que compartimos y que nos ha traído hasta aquí, a este presente que sin duda nos exige, como en ningún otro momento de nuestro trayecto como nación, madurez.
Madurez como personas, madurez como representantes populares, madurez como pueblo.
En esta tesitura, este Senado de la República tiene hoy la responsabilidad de preguntarse si la Constitución vigente, este pacto fundamental y sustantivo para México, responde a las necesidades de nuestro tiempo o bien si es necesario renovarlo y adecuarlo para que su letra sea precisamente parte de la vida cotidiana de las personas y no sólo instrumento de abogados y jueces, de letrados y de legisladores.
Yo creo, compañeras y compañeros, en una Constitución que sea conocida, que sea difundida, hecha propia por el pueblo, por los hombres y las mujeres de la patria, y yo pregunto, respetados senadores, respetadas senadoras de la República, yo les pregunto, si ustedes creen que nuestra Carta Magna es hoy un documento de uso diario de los campesinos, de uso diario de las mujeres trabajadoras, de los jóvenes empresarios, si sus intereses y sus inquietudes están hoy vigentes en su articulado, y más aún, pregunto si están de acuerdo con las circunstancias que impone la modernidad hoy en día.
Ninguna sociedad y ninguna sacralidad es justificada para sostener que la Constitución debe ser perenne e inamovible.
Algunos dirán que esos procedimientos de reforma o de modificación están ya contemplados en el propio texto constitucional, pero este mensaje, compañeras y compañeros, no es sólo de carácter procesal o jurídico, sino es fundamentalmente social y político.
Yo estoy por una Constitución que garantice no sólo los derechos sociales, sino que propenda a su efectividad, es decir, que no sólo garantice en materia de justicia el debido proceso, sino también que sea inspiración y que sea instrumento para fortalecer la seguridad y la confianza de los ciudadanos.
Yo creo, Senador Presidente, en una Constitución que limite el poder público, pero al mismo tiempo que establezca una ética en los hechos para el ejercicio de la autoridad.
Ya Miguel Carbonell nos recuerda certeramente a Manuel Aragón cuando afirma que la idea de Constitución implica la idea de limitación.
Si la comunidad política ha de persistir es imprescindible entonces que el poder tenga al menos la limitación mínima de no alcanzar a destruirla.
Si la comunidad política ha de persistir en una determinada forma política, ésta será también un límite infranqueable para el poder.
Yo estoy, por lo tanto, compañeras y compañeros, por una Constitución que atienda el nuevo tiempo que vivimos, donde el poder sea transformado por completo y la comunidad sea mucho más abierta y conocedora, estoy seguro que está ávida de garantías pero también de oportunidades.
La Constitución, amigas y amigos míos, es la expresión del país. Y por esa razón afirmo que México tiene ya una voz más robusta que aquella de principios del Siglo XX, que ha superado, y sin duda sigue superando, numerosos obstáculos y que estamos, sin duda, hoy mejor equipados para fundar hogares con mayor bienestar, personas con derechos efectivos, instituciones cuya honestidad sea infranqueable y, sin duda, también un Estado cuya soberanía no sólo se declare, sino que se gane en los hechos.
Estoy seguro, Senadoras y Senadores, y con esto concluyo Senador Presidente, que conmemoramos hoy nuestra Carta Magna, pero también sobre todo conmemoramos la inteligencia y el pensamiento del pueblo de México, conmemoramos la Constitución y con ello también conmemoramos la oportunidad de cambiar a México.
Muchísimas gracias a todas y a todos por su atención.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: A usted, Senador Robles Montoya, muchas gracias.
Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a este tema.
Señoras y señores Senadores: Hoy se cumple un aniversario más de la promulgación de nuestras constituciones, la de 1857 y la de 1917. La primera fue orgullo nacional al amparo de la cual se consolidó nuestra nación; pero las reformas políticas surgidas durante la Revolución para garantizar la efectividad y el pleno goce de los derechos de todos los mexicanos, hicieron necesaria la redacción de un nuevo texto.
En poco más de 60 sesiones ordinarias, se analizó, discutió y aprobó el proyecto de ley presentado el 1° de diciembre de 1916, por Venustiano Carranza, quien señalaría a los integrantes del Congreso Constituyente: “Las reformas que propongo son hijas de una convicción sincera, son la expresión de mis deseos hondos y vehementes porque el pueblo mexicano alcance el goce de todas las libertades, la ilustración y progreso que le den lustre y respeto en el extranjero; y paz y bienestar en todos los asuntos domésticos”.
El 5 de febrero de 1917, el Jefe del Ejército Constitucionalista presentó en el gran Teatro Iturbide, hoy teatro de la República de la ciudad de Querétaro, nuestra actual Constitución, la cual entró en vigor a partir de mayo de ese año. En esa fecha dio inició a una etapa más de nuestra vida como nación al quedar establecido en este documento el compromiso de luchar por las causas sociales y defender los derechos de obreros y campesinos.
Una característica fundamental de la Constitución de 1917, como lo apunta Diego Valadés, es que la llevó a ser un referente internacional y fue la introducción de las garantías sociales, mismas que fueron adoptadas por muchos países democráticos.
Sin duda, muchos cambios se han registrado durante la vigencia de la Constitución de 1917.
México pasa de ser un país con una población cercana a 12 millones de habitantes, predominantemente rural, a ser un país con una población de casi 120 millones de habitantes, con grandes núcleos urbanos y una industria creciente, aunque no suficiente, pero también con un país con serias carencias todavía no resueltas.
Debo hacer notar que el cambio más significativo durante casi estos 100 años es el paso de una sociedad pasiva políticamente a una sociedad más participativa, de un sistema de un partido hegemónico con mayorías absolutas en el Congreso y con un predominio de la figura presidencial, a un sistema de partidos políticos en el que ya hay una oposición y en que los grandes temas nacionales tienen que ser discutidos y consensuados entre las fuerzas políticas. En 98 años de vida constitucional, nuestra Carta Magna ha sido modificada en 220 ocasiones, tan sólo en esta Legislatura se han emitido 14 decretos de reforma.
Es cierto que se han mejorado las leyes electorales, que se han perfeccionado el sistema de protección a los derechos humanos, que se han logrado avances en el impulso de la procuración y administración de justicia, que se ha dotado al país de un nuevo sistema de justicia penal, que ya se habla de derechos en materia de transparencia y acceso a la información, que se han reformado el marco legal en materia energética y de telecomunicaciones, que se han establecido reformas importantes para el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres como el derecho al voto y la reforma de paridad en materia electoral, la integración de órganos autónomos constitucionales idóneos para hacer realidad los anteriores postulados; pero siguen estando pendientes grandes retos.
De cara a la celebración del Centenario de nuestra Carta Magna y ante la imperiosa necesidad de abordar los graves problemas que como nación nos aquejan, es necesario revisar la debilitada coordinación entre Federación, estados y municipios en la corrupción, desgraciadamente presente en todos los trámites y mecanismos burocráticos, ya sea para la correcta administración de la justicia que para la asignación y acceso a los recursos; también es preciso abordar y solucionar las problemáticas sociales actuales frente a la lógica con que fueron creadas las mayorías de las instituciones en el Siglo XX.
Los trágicos acontecimientos de Iguala tocaron fibras muy sensibles en la sociedad. Y no se trata sólo de un desafortunado y dramático incidente local, tiene profundas raíces sociales e históricas; la miseria que agobia a millones de mexicanos, así como la corrupción que corroe amplias esferas de la burocracia y de los negocios privados o públicos; la degradación de gran parte de la clase política y la enorme y solapada expansión del narcotráfico. Y es que en el fondo también encontramos una violación sistemática a los derechos humanos.
Nuestra ley fundamental debe ser instrumento orientador hacia una patria más justa, más segura, más equitativa, con menos impunidad. Somos custodios de su aplicación, respeto y vigencia. De ello depende que en nuestro país exista un estado de pleno derecho democrático y con oportunidades de desarrollo para todas y todos; un Estado con paz social, con respeto a la libertad de todos, promotor de la convivencia armónica que anteponga el interés colectivo o encima de los intereses personales, particulares o de grupo acorde a la realidad social.
México también de manera urgente debe construir un sistema de rendición de cuentas que cuente con la capacidad de las instituciones para hacer responsables a los políticos y gobernantes de sus actos y decisiones.
México tiene la obligación de generar un sistema en donde los políticos y gobernantes tengan la obligación de justificar y aceptar las responsabilidades por las decisiones tomadas.
En suma, nuestra Constitución aún debe fortalecerse hacia la adopción de mecanismos que consoliden nuestro sistema democrático y de atender hacia el fortalecimiento de las instituciones para que éstas sean garantía de verdaderos límites al poder de políticos y grupos de interés.
A dos años de celebrar el Centenario de nuestra Constitución, también tenemos que comenzar a generar una seria reflexión sobre la misma y de cómo es percibida por los mexicanos. El reto es grande, pues implica generar una cultura de la Constitución; es decir, lograr que el pueblo de México conozca su Constitución y, en función de ello, ejerza sus derechos.
A pesar de que en estos 98 años de cambios constitucionales, nuestra Constitución ha reflejado modificaciones que fortalecen los derechos de los mexicanos y que intenta acercarse hacia ese estado democrático de derecho, lo cierto es también, como señala Diego Valadés, que “se ha generado una Constitución reglamentaria”, una Constitución para expertos. Es por ello que el cercano Centenario de la Constitución nos impondrá el gran reto de repensar hacia dónde va nuestra Constitución, y tal vez esa reflexión nos lleve a lo que el mismo Valadés señala: “reescribir la Constitución”.
Señoras y señores legisladores: En este 98 Aniversario de nuestra Constitución debemos reconocer que nuestro orden constitucional y legal está dañado y la cohesión social desquebrajada. Honrar a nuestra Constitución, honrar a nuestra Carta Magna en un aniversario más de su promulgación, es ocasión para establecer un compromiso por la legalidad y el respeto de nuestro marco legal y de las instituciones de aportar el mejor esfuerzo para lograr el fortalecimiento de nuestra vida democrática.
Finalmente, tiene el uso de la palabra, en la tribuna, la senadora Mayela Quiroga Tamez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene usted el uso de la palabra, senadora Quiroga.
La Senadora Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez: Con su venia, señor Presidente. Compañerasy compañeros Senadores.
Hoy conmemoramos el 98 Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, en la ciudad de Querétaro.
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI queremos destacar y realzar la importancia de esta norma fundamental, un documento que sentó las bases del Estado Mexicano moderno, en el que convergen armónicamente la institucionalidad y la esencia que le dieron origen a las ideas.
El texto constitucional de 1917 incorporó las principales demandas sociales de los campesinos, trabajadores y sectores populares que hicieron la Revolución Mexicana, y de esta manera colocó a México como un referente mundial en materia de derechos sociales, convirtiéndose en la más avanzada y progresista de su tiempo.
Para considerar la importancia de este documento fundamental, debemos trasladarnos al México de principios del siglo XX,específicamente la etapa de la Revolución Mexicana, movimiento que marco la pauta de un cambio de régimen político, pero al mismo tiempo sentó las bases para el rediseño de las instituciones de la República.
En diciembre de 1916, el entonces Presidente de México, Venustiano Carranza convocó a un Congreso Constituyente en el mes de febrero de 1917, en Querétaro, para presentar un proyecto de reforma a la Constitución de 1857, modificaciones y adiciones que darían origen a la Constitución que hoy continúa vigente en nuestro país.
La nueva Constitución retomó diversos lineamientos de la Constitución de 1857, entre los que podemos destacar la forma de Gobierno Republicana, Representativa, Democrática y Federal.
La división de poderes: Ejecutivo, Judicial y Legislativo, dividiéndose este último por primera ocasión en dos Cámaras: Diputados y Senadores.
También ratifico el sistema de elecciones directas y secretas, decretó la no reelección, creó el municipio libre, estableció un ordenamiento agrario relativola propiedad de la tierra.
Al mismo tiempo, la Constitución de 1917 se distinguió por incorporar el reconocimiento de importantes derechos sociales: como la libertad de culto, la libertad de expresión y asociación, la educación laica y gratuita, la jornada de trabajo de ocho horas; esto demuestra su eminente carácter social y la coloca como una precursora en la protección de los derechos fundamentales como son el derecho al trabajo y el derecho a la educación.
La Carta Magna de 1917 marcó las directrices de un proyecto nacional basado en la libertad, la democracia y la justicia social. Los mexicanos podemos decir con orgullo que en nuestro país surgió la primera declaración de los derechos sociales justamente contenida en el Texto Constitucional, cuya promulgación hoy conmemoramos.
Justamente, y para destacar la importancia central de la Constitución de 1917, en el año 2013, con motivo del 96 aniversario de su promulgación, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, convocó a los tres Poderes de la Unión para suscribir el acuerdo para crear el Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución de 1917.
El Comité coordinará un programa de actividades que buscará recordar la importancia histórica de la Constitución y la contribución al desarrollo político, económico y social del país, difundir el contenido de la Constitución y concientizar sobre la importancia de cumplir sus postulados y reflexionar sobre los mecanismos para hacer efectivos los derechos fundamentales consagrados en la propia Constitución.
Para el desarrollo de estas actividades, se convocará a las entidades federativas y municipios, a instituciones educativas, culturales y organizaciones ciudadanas con el fin de fortalecer el mecanismo y la participación de la sociedad civil; esto resulta de mayor importancia, sobre todo si consideramos que en el 2013, según datos de Mitofsky, apenas un 43 por ciento de la población sabía que el 5 de febrero de conmemoraba el Aniversario de la Promulgación de la Constitución, fecha que no alcanzó a ser identificada por la mitad de los mexicanos encuestados.
La conmemoración del Centenario de la Constitución debe de ser una gran fiesta cívica nacional, donde coincidan sociedad y gobierno para reformar el pacto social que nos dio origen y que nos permita superar los retos de construir una sociedad equitativa y democrática, tal como lo establece nuestra Carta Magna.
Compañeras y compañeros Senadores: Como legisladores es nuestra responsabilidad respetar y mantener la esencia que inspiró a los constituyentes de 1917 y sentó la bases para el México moderno, pero la mismo tiempo interpretar las necesidades de nuestra época, para aplicar las modificaciones que resulten necesarias, con el fin de mejorar el marco normativo de nuestro país, en respuesta a los cambios inherentes a toda sociedad.
En el Grupo Parlamentario del PRItenemos la plena convicción que así lo hemos hecho en esta LXII Legislatura, en la que con la plena responsabilidad y de cara a la nación, aprobamos diversas modificaciones a nuestra Constitución.
En el año 2017 será declarado Año del Centenario de la Constitución, y como legisladores debemos de trabajar para que más mexicanos conozcan la importancia de esta fecha trascendental.
La mejor manera de hacerlo es realizando nuestro trabajo con decisión y altura, y siempre pensando en los mexicanos.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, Senadora. Muchas gracias.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de jóvenes del municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, invitados por el senador Jesús Casillas Romero. Asisten a este recinto para presenciar los trabajos del Senado de la República.
Compañeros y compañeras Senadoras, informo a ustedes que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, con el propósito de armonizar su contenido con las disposiciones constitucionales y legales en vigor.
De tal manera que se turna a las Comisiones Unidas de Reglamento y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.
En el apartado de iniciativas, a continuación, tiene el uso de la palabra el senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear.
El Senador Héctor Yunes Landa: Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras, compañeros Senadores:
Provengo de un estado que históricamente le ha aportado energía a México, Veracruz aporta más del 20 por ciento de ingresos del sector público del país, en materia de producción de energía.
A lo largo y ancho de mi estado, Veracruz, se encuentran instaladas 14 centrales generadoras de energía eléctrica, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.
En la costa del estado, se encuentra instalada la única nucleoeléctrica que opera en el país, Laguna Verde, ubicada en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, que cuenta con una capacidad instalada de mil 610 megawatts, la operación de la central ha derivado en el fomento de una creciente cultura de protección civil, entre la población que habita los municipios contiguos a esta planta.
Como sabemos, otros países utilizan también la energía nuclear como fuente de energía, 441 reactores nucleares generan casi el 16 por ciento de la energía de la electricidad mundial.
Hay diversas iniciativas internacionales encaminadas a lograr que la tecnología nuclear se use para promover el desarrollo sostenible.
El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, se ha convertido en el principal foro intergubernamental para la cooperación científica y técnica en materia nuclear, además de coordinar el intercambio de información y la formulación de estrategias y mecanismos de seguridad nuclear.
Este organismo celebró la Convención sobre Seguridad Nuclear, donde 84 países, nuestro país México entre ellos, aprobaron el principal instrumento jurídico de carácter internacional que aborda de manera directa la seguridad nuclear.
Al respecto, nuestro país ha asumido el compromiso en materia de seguridad atómica, afirmando que la usanza de la energía nuclear debe de efectuarse de manera segura y de manera responsable, con la obligación de acatar una serie de normas de seguridad.
En tal virtud, México ha firmado 11 tratados internacionales, acuerdos y convenciones en materia nuclear.
De esta manera, uno de los principales ejes rectores de la política nacional en la materia, es el uso de la energía nuclear con fines pacíficos, cumplimiento cabalmente con las obligaciones adquiridas en los instrumentos internacionales y en lo establecido en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear.
En este sentido, nuestra Constitución, en su artículo 27, establece que la energía nuclear sólo se puede utilizar con fines pacíficos, y esla nación a quien le corresponde el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en todas las áreas.
A suvez, determina quela generación de energía eléctrica por medios nucleares es considerada como área estratégica, y es el sector público quien tiene a su cargo, de manera exclusiva, dicha actividad.
Por lo tanto, el Estado ha creado los organismos y empresas necesarias para el eficaz manejo de tales áreas estratégicas a su cargo.
Por otro lado, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear que entró en vigor el 5 de febrero de 1985, refiere en su artículo 19, que a la letra dice:
“La seguridad es primordial en todas las actividades que involucran a la energía nuclear y deberá tomarse desde la planeación, diseño, construcción y operación hasta el cierre definitivo, y del mantenimiento de las instalaciones nucleares y radioactivas, así como en las disposiciones y destino final de todos sus desechos”.
Igualmente, y de acuerdo con la ley en estudio, su artículo 20 define la seguridad nuclear como el conjunto de acciones y medidas encaminadas a evitar que los equipos, materiales e instalaciones nucleares y su funcionamiento constituyan riesgos para la salud del hombre y sus bienes, o detrimentos en la calidad del ambiente.
Del mismo modo, el artículo 21 precisa que la seguridad radiológicatiene por objeto proteger a los trabajadores, a lapoblación y a sus bienes, y al ambiente en general, mediante la prevención y limitación de los efectos que pudieran resultar de la exposición a la radiación ionizante.
Ahora bien, esta ley en su artículo 3, fracciones II y III, especifica dos tipos de instalaciones: la instalación nuclear y la radioactiva.
La primera, la describe como aquella en la que se fabrica, procesa, utiliza, reprocesa o almacena combustible por material nuclear.
La segunda, como aquella en la que se produce, fabrica, almacena o hace uso de material radioactivo o equipo que lo contenga o se tratan condicionan o almacenan desechos radioactivos.
En ese tenor, el artículo 22, párrafo segundo de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear establece que “tanto las instalaciones nucleares como la radioactivas, deberán contar consistemas de seguridad nuclear que satisfagan los requisitos que al respectose establezcan en otros ordenamientos y en las disposiciones reglamentarias de esta Ley”.
Adicionalmente, en lo que respecta al aviso y manejo de incidentes, el marco jurídico en materia nuclear, en su artículo 23 contempla que “cualquier persona que tenga conocimiento de un incidente que involucre materiales o combustibles nucleares, materiales radioactivos o equipo que los contenga o de las condiciones que puedan ocasionarlo, se deberá dar aviso a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, que en esos casos podránordenar o efectuar el retiro de los equipos, utensilios o materiales que impliquen algún riesgo para su depósito en lugares que reúnan las condiciones de seguridad apropiada.
Si bien es cierto que las diferentes naciones que son potencia mundial en el uso y aprovechamiento del material nuclear y radiológico establecen estrictas medidas de seguridad en sus instalaciones, no podemos afirmar que por esta razón no estén expuestas a accidentes en esta materia, como lo sucedido en el 2011 en Japón.
Señoras y señores Senadores: Aunque existen los organismos y mecanismos enfocados a salvaguardar a la ciudadanía en relación a las actividades nucleares y radioactivas, desafortunadamente, a últimas fechas, se han presentado en nuestro país diversos robos de material radioactivo, como los acontecidos en diciembre del 2013, cuando se reportó el robo de un camión de cobalto 60 en Temascalapa, Estado de México.
En junio de 2014, en Tultitlán, Estado de México, se sustrajo material radioactivo, conocido como cesio 137 y americio berilio, y apenas el pasado 3 de febrero de este mismo año, los medios de comunicación nos dieron a conocer también el robode tres vehículos que transportaban fuente radioactiva consistentes eniridio 192, utilizadas en la radiografía industrial y sustraídas en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Afortunadamente en los tres casos, el material radioactivo fue recuperado.
Cabe destacar que el robo del material radioactivo, entre otras situaciones, se debió a la falta de regulación en cuestión de seguridad durante el traslado del material radiológico.
Estas penosas y riesgosas situaciones develaron una omisión en la legislación en la materia.
Por ello, esta iniciativa de reforma que hoy presento, pretende contribuir en la prevención de incidentes y evitar situaciones de emergencia y riesgo, derivadas de la sustracción de desechos peligrosos, particularmente en materialesnucleares y radioactivos.
Es necesario modificar el marco jurídico que regula la actividad nuclear en México, con un sentido profundo en la seguridad de la población y en el medio ambiente.
Por ello, propongo que se adicione un segundo párrafo al artículo 30 de la Ley Reglamentariadel Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, para quedar como sigue:
Y con ello concluyo.
“Artículo 30.- Para garantizar la seguridad nuclear y radiológica establecida en los artículos 20 y 21 de la presente Ley, la Policía Federal resguardará los vehículos previamente autorizados para transportar materiales nucleares y radioactivos, equipos que los contengan, además de los dispositivos generadores de radiación
vigorizante durante su traslado, que comprende desde el lugar de origen hasta la disposición final.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador. Túrnese la presente Iniciativa a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 Bis, 3 y 6 de la Ley General de Salud.
He inscrito esta niciativa en atención a que la salud, sin duda, es un compromiso que preocupa a todo orden de gobierno, y por supuesto que el Senado de la República no es ajeno y creo que también nos une este tipo de causas.
Como lo define la ley: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social”. Y en este sentido es que acudo a esta tribuna a proponer, que para una correcta atención médica en la aplicación de la salud pública y asistencia social, las autoridades sanitarias dispongan de instituciones hospitalarias con el personal médico calificado e instrumental adecuado y suficiente que garantice la salud de la población. Y es que, compañeras y compañeros, las enfermedades dentales son un problema de salud pública al que no se le ha otorgado la importancia debida.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, México se encuentra entre los países de alto rango de frecuencia de enfermedades bucales, dentro de ellas, la caries dental que afecta a más de 90 por ciento de la población mexicana.
Las enfermedades bucales, por su alta morbilidad, se encuentran entre las 5 de mayor demanda de atención en los servicios de salud del país, situación también que condiciona el incremento del ausentismo escolar y laboral.
Y como consecuencia de lo anterior, la sociedad mexicana y sus instituciones carecen de la capacidad económica para resolver las necesidades de atención odontológica de la población.
Sin embargo, compañeras y compañeros, creo que también es importante señalar que la mayoría de las enfermedades bucales pueden ser controladas con actividades preventivas y de diagnóstico temprano para una disminución significativa de sus secuelas incapacitantes, como ha sido demostrado científicamente.
Por ejemplo, datos de la Asociación Dental Mexicana señalan: “Que el 85 por ciento de nuestra población padece caries; 90 por ciento de la población padece gingivitis, y de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, 9 de cada 10 mexicanos padecen caries o enfermedad de las encías; 8 de cada 10 adultos mayores de 60 años sólo tienen 10 piezas dentales”.
En este contexto, compañeras y compañeros, la normatividad de la prevención para la práctica odontológica, hasta el momento, no ha sido la estrategia de acción más efectiva para mejorar el estado actual de la salud bucal de la población mexicana.
Con estas acciones que nosotros queremos proponer, se busca, en teoría, reforzar las medidas básicas más importantes, como la higiene bucal, la alimentación adecuada y la eliminación de hábitos nocivos como parte fundamental de los estilos de vida y de los patrones de consumo.
Sin embargo, compañeras y compañeros, la política de atención y prevención bucal, en los últimos 20 años, ha originado sólo 2, sólo 2 normas oficiales, por lo que a 9 años de la última, la NORMA 013-SSA-2006, me permito plantear que debiese ser obligación de las autoridades el actualizar los métodos, las técnicas y los criterios de operación del Sistema Nacional de Salud, con base en los niveles de prevención, control y vigilancia epidemiológica de las enfermedades bucales de mayor frecuencia entre la población mexicana.
Y es en este contexto, como lo decía el señor Presidente, es que propongo reformar la Ley General de Salud, en cuanto a la obligación que deben asumir las autoridades, tanto en el ámbito federal, como en el ámbito estatal, en lo que se refiere al diseño de una política de atención especializada en la salud, y disponer de una campaña de presencia continua de personal odontológico en las escuelas de educación nivel básico y medio-superior, que forme, sin duda, en el estudiante el hábito de la educación bucal, porque creo, compañeras y compañeros, que con ello coadyuvaríamos a evitar la expansión de dichas enfermedades bucales al tiempo, por supuesto, de mejorar hábitos higiénico-alimentarios, y también a orientar la vigilancia en el consumo y en el uso adecuado de los fluoruros sistémicos y tópicos, también en lo que tiene que ver al empleo de medidas de protección específica, al diagnóstico temprano, así como el tratamiento y control de estas enfermedades.
Le quisiera rogar, Senador Presidente, para mayor detalle de la propuesta que estoy presentando, la iniciativa que someto a consideración de esta Soberanía, también quede íntegramente en el Diario de los Debates, y les agradezco muchísimo, a todas y a todos, su atención y el apoyo que le puedan dar a esta Iniciativa.
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño)Señor Presidente, le pregunto al orador, ¿si puedo sumar a su iniciativa?
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Le pregunta el Senador Víctor Hermosillo y Celada, ¿si se puede sumar a su iniciativa?
El Senador Benjamín Robles Montoya: Con todo gusto, señor Presidente.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Con todo gusto, Senador Víctor Hermosillo y Celada.
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño)Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, y se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que se inserte textual, al Diario de los Debates, la misma.
Enseguida se concede el uso de la tribuna al Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El Senador Eviel Pérez Magaña: Gracias, señor Presidente.
México es plural y diverso en lo social, en lo cultural y en lo político. Conocerlo es un principio, respetar principios constitucionales es nuestra obligación, pero armonizar esos principios con la legislación secundaria, es hacer posible una realidad social que se hace presente día a día, que reclama su espacio y le exige respeto a sus condiciones particulares.
Los pueblos indígenas tienen ya un marco internacional que protege sus derechos, el Convenio 169 de la OIT.
El artículo 2o. de nuestra Constitución lo reconoce, sus comunidades deben acceder plenamente a la jurisdicción del Estado con respecto a su libre autodeterminación y autonomía. Libre autodeterminación y autonomía son derechos que requieren normas secundarias.
Los congresos locales tienen esa atribución, sin embargo, las elecciones bajo sistemas normativos internos siguen siendo un problema de gobernabilidad, causan inestabilidad, y muchas veces violencia.
Hace un año aprobamos una reforma constitucional en materia político-electoral, y en mayo se publicaron nuevas leyes: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Pero quedó pendiente, hay que admitirlo, el tema de los derechos indígenas y sus sistemas normativos.
Por eso presento a consideración de ustedes una propuesta legislativa integral, orientada por el diario trabajo de la justicia federal en materia federal indígena, y es oportuno en este momento un reconocimiento de la actuación responsable, institucional y comprometida de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y sus 5 salas regionales.
Compañeras y compañeros: Proponemos introducir un nuevo juicio que proteja los derechos políticos, específicamente en el desarrollo y aplicación de los sistemas normativos internos, comprendido en 4 capítulos de un título especial de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral:
En el primero, se determina quiénes tienen derecho a promoverlo y en qué casos. Además enuncian sus principios generales, como son: justicia distributiva, autonomía, debido proceso, consulta pública integral, pleno respeto a su diversidad cultural y favorecimiento de la participación política de la mujer.
Justicia distributiva: Es tratar desigual a los desiguales, en la medida de su desigualdad.
Autonomía: Para salvaguardar el derecho a decidir y asumir de modo autónomo el control de sus propias instituciones, así como las formas democráticas de gobierno, su identidad, cultura, cosmovisión y protección de sus prácticas políticas tradicionales.
Debido proceso: Para dar plena materialidad a los derechos humanos, de manera que los indígenas tengan efectivo derecho a ser oídos, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.
Consulta pública: En atención a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y por el artículo 2o. de la Constitución mexicana.
Y, desde luego, el favorecimiento de la participación política de la mujer; que combata los perjuicios y las prácticas basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos; además se garantiza la observancia del principio pro-persona, en consonancia al respeto a los derechos humanos.
En el capitulo segundo, se regulan plazos con criterios de flexibilidad, considerando la mayor o menor accesibilidad material de los promoventes.
En un siguiente capítulo, se establece su procedimiento especial, contemplando suplencia, de manera integral, de la deficiencia o ausencia de agravios.
En un cuarto y último capítulo, se delimitan los efectos de la sentencia y entre otras obligaciones a cargo del Tribunal Electoral, la traducción de las sentencias en la lengua indígena o variante lingüística de la comunidad.
Compañeras y compañeros, puede haber quienes consideren que la Ley Electoral ya regula suficientes medios de impugnación; como son el juicio para la protección de los derechos político-electorales, de los derechos políticos electorales del ciudadano o el juicio de revisión constitucional electoral, y que han servido para resolver controversias en sistemas normativos internos.
Son observaciones muy respetables, pero recuerdan aquellas que durante décadas del siglo pasado, buscaron en la educación monolingüe, homogénea e integracionista la solución a un profundo problema social, que se calificó como el problema indígena.
Con ello, se pretendió disimular la explotación y discriminación de que fueron víctimas los pueblos originarios de la nación mexicana.
Es un tema, sin duda, interesante y tan complejo como nuestra diversidad cultural.
Por ello, solicito la participación de las comisiones y de las Senadoras y Senadores que deseen hacerlo.
Vale la pena, tenemos un compromiso con los pueblos indígenas.
Al Senador Presidente de la Mesa Directiva, pido ordene se inserte en el Diario de los Debates, el texto completo de la presente de la iniciativa.
Como lo solicita, se insertará en el Diario de los Debates la iniciativa correspondiente, misma que se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.
Ahora tiene la palabra la senadora Angélica De la PeñaGómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señoras senadoras y señores senadores.
El pasado 30 de enero de este año, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció un recorte presupuestal al Gasto Público por 124 mil 300 millones de pesos, con la finalidad de estabilizar las finanzas públicas ante el entorno de volatilidad, derivado de la caída internacional de los precios del petróleo.
Al respecto, esta Secretaría señaló que este recorte incluye ajustes al presupuesto de Pemex y CFE, por 62 mil y 10 mil millones, respectivamente.
Con relación a los gastos de la Administración Pública, señaló el secretario, habrá un ajuste por 52 mil millones de pesos, de los cuales el 60% corresponde al gasto corriente y 35% corresponde a gastos de inversión.
Adicionalmente, se anunciaron medidas de austeridad, en una reducción únicamente del 10% de servicios personales, en los gastos del gobierno, es decir, en sueldos y salarios.
Se trata, pues, de un ajuste, a todas luces insuficiente, para contrarrestar los efectos que la medida tendrá en la economía nacional, ya que se prevé que no se alcancen las metas del crecimiento del país.
En el Partido de la Revolución Democrática hemos sostenido, legislatura tras legislatura, que un modo de dignificar la función pública es el otorgamiento de sueldos adecuados y transparentes, evitando prebendas, canonjías y privilegios de los funcionarios de alto nivel; quienes con el establecimiento de sobresueldos y otro tipo de emolumentos violentan la Constitución y anulan el control que corresponde al Poder Legislativo, las entidades federativas y a la Cámara de Diputados, al establecer la remuneración anual de los cargos creados por ley, como lo establecen los artículos 75 y 127 de nuestra Carta Magna.
Estamos convencidos que deben eliminarse privilegios como son los seguros de gastos médicos para funcionarios, que son pagados por recursos de las y los contribuyentes; eliminar la partida destinada al pago de seguro por separación y eliminar plazas; dejar de pagar pensiones a ex presidentes de la República; racionalizar y hacer eficientes las compras de bienes y servicios; eminar gastos por telefonía celular, remodelación de oficinas y la prohibición del uso de aviones privados y la compra de automóviles para funcionarios, que son, desde nuestro punto de vista, compromisos ineludibles en un Estado democrático.
Al respecto, cabe señalar que desde el 24 de agosto de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos, que es muy importante recordar.
Porque en dicho decreto, se establecen las bases de un criterio que ordene las percepciones de las y los servidores públicos y erradique todo tipo de discriminación, con la cual se asignan los salarios de funcionarios públicos, compuestas por salarios, compensaciones, bonos y otras formas de ingreso, así como sus pensiones, algunas de ellas pensiones vitalicias, jubilaciones, retiros, sin ningún tipo de controles.
No obstante que han pasado casi cinco años sin que se haya aprobado esta legislación, la legislación secundaria que regule y haga efectivo el contenido de la reforma; las y los mexicanos seguimos siendo testigos de cómo se violenta la Constitución, en materia, justamente, de pensiones, percepciones, bonos, salarios, sobresueldos y privilegios, de la llamada “alta burocracia”, que contratan con los ingresos, carencias y necesidades de la mayoría de nuestra población.
México se caracteriza por ser uno de los países en donde es más latente la desigualdad social.
Por lo tanto, la iniciativa que hoy sometemos a la consideración de esta Soberanía, es, ni más ni menos, que el Partido de la Revolución Democrática ha venido trabajando e insistiendo, tiene que ponerse a discusión en comisiones y ante el Congreso de la Unión.
Es la misma que, en su momento, recuerdo, en 2010, el Senador Pablo Gómez Álvarez presentó ante el Pleno del Senado. Se trata ni más ni menos de volver a plantear una política salarial del gobierno, que en estos momentos está planteando el recorte presupuestal; pero simplemente es una medida en la coyuntura, no elimina la discrecionalidad existente en la política de sueldos y de todos los elementos que yo reiteradamente he mencionado al presentar esta iniciativa.
Señoras y señores: El nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública llega al cargo con dos años de retraso, con el respaldo absoluto, también en un momento coyuntural, por parte del Ejecutivo Federal, que ha dejado sin nombrar esta Secretaría; pero además olvidando que una de las primeras reformas de esta legislatura, y precisamente del Presidente Peña Nieto, fue la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde desaparece esta Secretaría de la Función Pública. Y en sus artículos, en especial el Segundo, dice lo siguiente: “Las modificaciones previstas en el presente Decreto para los artículos 26, 31, 37, 44 y 50 de esta ley, exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor a la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica”.
Lo leí textual. No entiendo, y con esto termino, ¿por qué la Junta de Coordinación Política determinó, y todos leímos en los medios de comunicación, que estaba desierto el nombramiento del Fiscal Anticorrupción? Después de que la misma Junta lanzó una convocatoria, y entre sus atribuciones señalaba que iba a verificar cada uno de los nombres de las personalidades que se inscribieron para dicho proceso.
El informe que llega de manera formal a las comisiones encargadas de procesar ese nombramiento e iniciar el curso de la convocatoria en la siguiente etapa de celebración de comparecencias, se nos informa por la Junta de Coordinación Política que todos y todas, de quienes se habían inscrito a partir de esta convocatoria, eran idóneos y habían cumplido con los requisitos planteados en la convocatoria.
Convocamos las comisiones a comparecencias a todas estas personalidades, que el asunto se atora, ¿quién sabe dónde?, ¿quién sabe por qué? Pero, pues, nos enteramos por la prensa que la Junta va a reiniciar este proceso, porque resulta que quienes estaban, quienes se habían inscrito no son idóneos y no reúnen los requisitos.
No entiendo. Me parece que ese tipo de cosas en estos momentos dan una mala lectura y no hacen ver bien al Senado de la República, y sobre todo no hacen bien a esta Legislatura, que inició reformando la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y después de dos años todavía no tenemos el Fiscal Anticorrupción autónomo, como lo señala la Constitución.
Es cuanto. Yo espero que ahora sí revisemos esta iniciativa que hoy ponemos a su consideración.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.
En otro apartado del orden del día, tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativo, con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Vivienda y la Ley General de Asentamientos Humanos.
Hago del conocimiento de la Asamblea que la Mesa Directiva, en consulta con los grupos parlamentarios, acordó incluir en esta sesión para su discusión el dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas fracciones al artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a fin de fortalecer las bases para el desarrollo sostenible de los sectores pesquero y acuícola.
Les informo que a este dictamen se le dio primera lectura el día 23 de septiembre del año 2014, por tanto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
En consecuencia de ello, para este tema se ha inscrito, a fin de hacer uso de la palabra, el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, a quien se le concede el uso de la palabra, del Partido de la Revolución Democrática, para exponer sus motivos a favor del dictamen correspondiente.
Sin duda que este decreto que adiciona una fracción VII Bis y modifica la fracción 57 del artículo 3o., así como los numerales 3, 4, 5 y 6, 7 y 8 del artículo Décimo Quinto Transitorio de la Ley de Aguas Nacionales, vendrá a coadyuvar, primero, al desarrollo de la acuacultura en México; y segundo, como consecuencia del desarrollo de esta actividad, si se atiende de manera adecuada, México dará un salto importantísimo en el combate contra el hambre, contra la desnutrición y contra la malnutrición.
En el mes de octubre del año pasado, se celebró en Roma la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición y Malnutrición. Algunos de los acuerdos son los siguientes:
Es importantísimo que el Senado de la República de México conozca estos acuerdos para que los haga suyos y los impulse.
En la declaración de Roma sobre la desnutrición, se dice “que se reafirma el derecho de todas las personas a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos suficientes, en consonancia con el derecho a una alimentación adecuada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre”, de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otros instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas.
Somos conscientes de que la malnutrición en todas sus formas, con inclusión de la desnutrición, la carencia de micro nutrientes, el sobrepeso y la obesidad, no sólo afecta la salud y el bienestar de las personas al repercutir negativamente en su desarrollo físico y cognitivo, comprometen el sistema inmunológico, aumentan la susceptibilidad a enfermedades transmisibles y no transmisibles, limitan la realización de potencial humano y reducen la productividad, sino que también suponen una pesada carga en forma de consecuencias sociales y económicas negativas para las personas, las familias, las comunidades y los estados.
La eliminación de la malnutrición en todas sus formas es un imperativo por razones sanitarias, éticas, políticas, sociales y económicas, con especial atención a las necesidades particulares de los niños, las mujeres, los ancianos, las personas con discapacidades, y otros grupos vulnerables, así como las personas afectadas por emergencias humanitarias.
Esta es parte de la Declaración de Roma, y el decreto que estamos discutiendo es un asunto que tiene que ver con eso.
Hoy el Senado mexicano si aprueba esta minuta que viene de Cámara de Diputados, sin duda que mostrará al pueblo de México la disposición que tiene en esta lucha que estamos enfrentando en contra de la malnutrición, la desnutrición, el hambre.
La acuacultura sin duda que es una fuente inagotable de alimentos sanos y nutritivos, en el pescado se encuentran todos los nutrientes que están implicados en el crecimiento y desarrollo de nuestros niños y adolescentes.
En la acuacultura se pueden producir especies como el camarón, la tilapia, el langostino, el bagre, la trucha arco iris, ostión y peces de ornato, entre otros.
Los datos de los niveles de pobreza y desnutrición de diversos sectores de la población en nuestro país, la acuacultura representa una alternativa viable para coadyuvar con la seguridad alimentaria.
Es importantísimo, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, que en este tema en donde los datos que nos da el CONEVAL y que nos da la CEPAL son verdaderamente dramáticos; esta lucha no la vamos a ganar si no le apostamos a que el modelo asistencialista, que hoy plantea el gobierno del Presidente Peña Nieto para resolver el problema del hambre, lo cambiemos por un modelo de producción social, y ahí, y ahí la acuacultura juega un papel importantísimo. Es necesario que en todos los embalses que se tengan en el país en condiciones de que se siembre cualquiera de las especies que hemos mencionado se haga; se pueden sembrar por millones, y esto no sólo es benéfico, sino es una situación que vendría a ayudar de manera directa al combate de la pobreza que se tiene a lo largo y ancho de la nación, tenemos que decirlo, no se ha reconocido sus aportaciones a la seguridad alimentaria, incluso, incluso al ahorro del agua, ya que su proceso productivo no consume agua.
¿Qué es lo que se está proponiendo en esta reforma?
Que se equipare la acuacultura como una actividad primaria y no como una actividad empresarial; es decir, que las tarifas de pago que hoy pagan los acuicultores por considerarse una actividad empresarial, se reduzcan de manera importante y entonces pueda desarrollarse como hasta la fecha no lo han hecho; se pretende homologar los beneficios de los acuicultores con otros sectores económicos primarios, entre otros, la misma tarifa para el pago del derecho de la extracción o derivación de aguas nacionales, dar las mismas oportunidades para regularizar su situación legal en el uso del agua e incorporar a la acuacultura en las relaciones comerciales de carácter formal facilitándoles al productor el acceso a diversos programas de apoyo para el campo ante las diferentes instancias gubernamentales.
Hemos asistido con nuestros compañeros a la SAGARPA, concretamente a la CONAPESCA para que los proyectos de acuacultura puedan ingresar esta dependencia y sean beneficiados los productores de especies acuícolas.
Lo que hemos encontrado es una traba que plantean las reglas de operación en las cuales se dice que mientras los acuicultores no tengan la concesión del agua, va a ser imposible que puedan acceder a los proyectos que hoy otorga la SAGARPA a través de CONAPESCA.
A partir de la insistencia, a partir de la presión, a partir de la actividad de relación permanente que hemos tenido con esta dependencia, para este año 2015 le podemos anunciar a los compañeros acuicultores que este requisito que parecía insalvable, hoy se ha corregido, y los acuicultores ya van a poder acceder a los proyectos en CONAPESCA, ya que este requisito de la concesión del agua ya no es indispensable; si a esto le sumamos lo que vamos a aprobar el día de hoy, y que yo espero que se apruebe por unanimidad del Senado de la República en el sentido de equiparar la acuacultura ya como una actividad primaria dándole todas las facilidades a los acuicultores, la lucha, la lucha contra el hambre, la lucha contra la desnutrición, la lucha contra la malnutrición sin duda que es tarea también del Senado de la República.
Por último, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, decirles que el problema del hambre es un asunto absolutamente de todos y que como señala la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición y Malnutrición en este tema que estamos planteando, la lucha contra el hambre es una lucha por cuestiones sanitarias, éticas, políticas, sociales y económicas; y por lo tanto, el Senado de la República tiene la obligación moral de sumarse a esta Declaración de Roma, de sumarse para la aprobación de este decreto y de sumarse a esta lucha que estamos dando contra el hambre en México.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, señor Senador Demédicis.
Se pregunta a la Asamblea si alguien desea hacer uso de la palabra.
Adelante Senador López Brito, tiene usted el uso de la palabra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para motivar a favor del presente dictamen.
El Senador Francisco López Brito: Gracias, señor Presidente. Muy buen día a todos, compañeras y compañeros Senadores.
A la Comisión de Pesca y Acuacultura; y a la Comisión de Estudios Legislativos se nos presenta este dictamen que proviene de Cámara de Diputados, y de la revisión del mismo que es precisamente seis adiciones al artículo 17 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, nosotros igual que la Comisión de Estudios Legislativos coincidimos en que son de aprobarse estas adiciones.
¿Qué trata el artículo 17?
El artículo 17 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, precisamente es el que enuncia los principios mediante los cuales se va a dar la formulación y conducción de la política de la pesca y la acuacultura sustentable en la aplicación de los diferentes programas por parte del área del gobierno federal y que en consecuencia tendrán que ser respetados también por las diferentes administraciones públicas estatales de las entidades de nuestro país.
Estas adiciones muy importantes al artículo 17, tienen que ver con posicionar los productos pesqueros y acuícolas nacionales en los mercados de alto valor garantizando la eficiencia y sanidad a lo largo de la cadena productiva dándole el valor agregado. Al tener estos principios de sanidad, y en el siguiente que habla de la inocuidad, precisamente estamos procurando que los productos pesqueros y acuícolas tengan este principio, tengan este cuidado, para precisamente a través de tener estos principios de elaboración, sean competitivos tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional.
La siguiente adición pues viene a impulsar el establecimiento de una cultura de la inocuidad en el manejo, distribución y comercialización de los productos pesqueros y acuícolas.
La otra adición es en el sentido de que reincidimos en lo que es el principio de la pesca con sustentabilidad, lo cual en todos los procesos del sector primario debemos ser respetuosos de este principio de sustentabilidad.
Se está agregando un principio también, en la fracción XII, de transversalidad para la instrumentación de políticas públicas, con un enfoque interdisciplinario para el fortalecimiento y desarrollo de una cultura empresarial ordenada en el tema pesquero y acuícola, orientada a toda la cadena productiva que aumente la productividad y mejore la competitividad.
Agrega también los principios de impulso regional equilibrado y de financiamiento para el desarrollo e innovación tecnológica y científica en la modernización de la flota pesquera de las unidades de cultivo, técnicas coeficientes, plantas procesadoras y métodos y artes de captura.
De tal manera que la propuesta que estamos haciendo ante este pleno viene con el propósito y el objetivo de fortalecer al sector pesquero y acuícola en nuestro país, para hacerlo cada vez más competitivo tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para beneficio de quienes están miles y miles de familias que están en este sector.
Les pido su voto aprobatorio.
No habiendo más oradores inscritos para motivar a favor de este tema, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación y, por tanto, ábrase el sistema electrónico de votación por 5 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico y con el voto del Senador Cota, se tiene un total de 89 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. VER DETALLE.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. En consecuencia, con 89 votos a favor queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se adicionan diversas fracciones al artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.
Se informa a la Asamblea la inclusión del siguiente dictamen, también como resultado del acuerdo de la Mesa Directiva con la consulta a los grupos parlamentarios.
Su primera lectura ocurrió el día 10 de diciembre del año 2014, se trata del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal; y el artículo 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, para combatir las conductas de cohecho a servidores públicos extranjeros.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se omite la lectura. En consecuencia, queda abierto para su discusión. Y en este sentido, se solicita a la Asamblea si alguna Senadora o Senador desea hacer uso de la palabra con relación a este tema.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exponer sus motivos a favor del presente dictamen.
Ciertamente, como usted lo anuncia, esta es una minuta que quedó inscrita para ser votada por este Pleno en el periodo pasado a finales de los días de trabajo en el mes de diciembre. Por lo tanto, es muy importante que hoy retomemos el curso de estas iniciativas que quedaron pendientes, estos decretos que quedaron pendientes de ser aprobados.
La reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, que hoy se pone a consideración, resultan ni más ni menos que congruentes con los compromisos vinculantes de Tratados Internacionales que México ha aprobado.
Me parece que es importante señalar que se toma a consideración de dos tratados importantes, que es la Convención Interamericana contra la Corrupción, y además la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, conocida como la Convención de Mérida.
Dichos instrumentos internacionales establecen disposiciones que obligan a nuestropaís como Estado parte de estos tratados, es decir, es un compromiso del Estado Mexicano establecer medidas para prevenir, disuadir y penalizar a las personas físicas o morales que otorguen, ofrezcan o encubran gratificaciones a servidores públicos de otros países a fin de obtener un beneficio para sus propios intereses.
La Convención Interamericana, por ejemplo, establece, y es muy pertinente recordar, establece la obligación de prohibir y sancionar el soborno internacional, y la Convención de Mérida, por ejemplo, establece que los Estados Parte tienen que adoptar las medidas necesarias para tipificar como delito el soborno de funcionarios públicos extranjeros, y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas.
Por lo tanto son totalmente pertinentes estas reformas de este dictamen, que están inscritas en el artículo 222 del Código Penal, para que quede debidamente la acreditación del tipo penal del cohecho sea más viable en su aplicación, la parte sustantiva fundamental del Código Penal y, por supuesto, además precisando la terminología utilizada en la redacción y eliminando elementos normativos del tipo penal, que son innecesarios.
En el caso del artículo 222 Bis, brevemente les podríamos destacar que en el caso del cohecho internacional, se precisa el tipo penal y se utilizan términos más adecuados, como la descripción de la conducta atípica, apegándola a las regulaciones normativas que rigen a la Administración Pública Federal.
Del mismo modo, el artículo 13 de la Ley Federal para la Protección a Persona que Intervienen en el Procedimiento Penal, se extiende la protección del Programa de Protección de Personas.
Esta minuta, que reforma el artículo 13, propone incluir en el programa a las personas que participen en procedimientos penales seguidos por delitos en los que los Tratados Internacionales, vigentes en nuestro país, exijan una protección especial para ellas y, por supuesto, todo lo que tenga que ver y relacionado con los delitos de cohecho internacional.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 32, por supuesto los mandata, es clara la vinculación de los Estados Parte de adoptar medidas apropiadas para proteger de manera eficaz a las y los testigos y peritos que presten testimonios sobre estos delitos.
De tal manera que es totalmente pertinente que hoy lo estemos aprobando de manera afirmativa.
En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar, en su momento, el resultado de la votación.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico y con los tres votos adicionales, se tienen un total de 88 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. VER DETALLE.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Está a aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal; así como el artículo 13 de la Ley Federal para la Protección de las Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. Remítase al Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 Constitucional.
Pasando a otro capítulo, tenemos ahora la discusión de un dictamen de las Comisiones de Seguridad Pública y de Derechos Humanos, con punto de acuerdo en torno a los periodistas desplazados.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, solicito a la Secretaríadé lectura a su parte resolutiva.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.
Único.- La Honorable Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación se adopten las acciones necesarias para garantizar la seguridad y atención de las y los periodistas, que como consecuencia de la violencia y amenazas que enfrentan en el ejercicio de su profesión se ven en la necesidad de desplazarse de forma forzada de sus lugares de residencia.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión el presente dictamen.
En este sentido ha solicitado el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exponer sus motivos a favor del dictamen.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra, Senadora Angélica de la Peña.
Bien, este es un dictamen que las Comisiones de Seguridad Pública y Derechos Humanos estamos acordando el punto de acuerdo, que por cierto, presenté el 11 de abril del 2013, que tiene como finalidad exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal a adoptar las acciones necesarias para garantizar la seguridad y la atención de las y de los periodistas desplazados en nuestro país.
Después de abril del 2013 a esta fecha, el tema se ha recrudecido, hay estados que son para las y los periodistas, para el ejercicio de su profesión, pues realmente un peligro que tenemos que seguir coadyuvando desde este ámbito, para quienes tanto trabajan en los medios de comunicación, tengan garantizado su derecho constitucional y también su vida, su integridad y la de sus familias.
Hoy México no está bien calificado a nivel internacional por agresiones, violaciones y asesinatos a trabajadores de los medios de comunicación, a periodistas, y en este caso, yo creo que es pertinente que se sigan impulsando, se redoblen los esfuerzos y que empiece a funcionar debidamente la fiscalía que aquí creamos.
Ustedes recordarán quehay un paquete de reformas muy importantes que este Senado aprobó en esta materia, en donde seguimos el curso iniciado después de una reforma constitucional de la promulgación, de la Ley General para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, y posteriormente una revisión adistintos códigos.
De manera muy puntual,destaco las reformas al Código Penal Federal, en donde establecimos los supuestos de cuándo se tenía que atraer por parte de la federación, particularmente por parte de la PGR y, de manera concreta, la fiscalía en la materia, todos los casos que tienen que ver con violaciones a los derechos de periodistas y defensores de los derechos humanos, en este particular de este dictamen tiene que ver con periodistas y que, por supuesto, están viviendo situaciones terribles en sus entidades federativas.
No hay manera de que, desde el ámbito local puedan tener resguardados todos sus derechos, tengan justicia, haya certidumbre en el proceso que tienen que emprender para garantizar el resarcimiento y la reparación del daño e insisto, el que puedan además de ejercer su función, su trabajo, también puedan hacerlo con toda libertad y con toda protección que la Constitución le ampara a todas las personas.
El punto exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación,se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la atención de las y los periodistas que, como consecuencia de la violencia y amenazas que enfrentanen el ejercicio de su profesión, se ven en la necesidad de desplazarse de manera forzosa de sus lugares de residencia.
El punto, creo, es claro, no es suficiente, hay que hacer más cosas y sobre todo, debiésemos pedir cuentasen estados, como en el estado de Veracruz, donde ejercer el trabajo de periodistas constituye un real riesgo de vida, de perder la vida de las y los periodistas, y lo decimos porque lo conocemos, porque sabemos, todos los casos que llegan al mecanismo de protección de periodistas y de defensores de derechos humanos y creo, y con esto termino, sin lugar a dudas, labronca sigue estando de manera preponderante en el ámbito local, hay que decirlo llana y puntualmente, la bronca sigue estando en el ámbito local.
Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.
De la misma forma que la Senadora Angélica de la Peña, vengo a hablar a favor de este punto de acuerdo.
Y déjenme iniciar esta intervención, hablándoles y compartiendo con ustedes la historia de Mario Segura.
Mario Segura era un periodista que trabajaba en la ciudad de Tampico, y que como muchos otros periodistas, no le alcanzaba el sueldo para poder vivir, por lo que los fines de semana se dedicaba a ser payaso de fiestas infantiles.
A Mario Segura se le ocurrió montar un blog que se llamaba “Alerta Oportuna”, en el que se podían publicar noticias sobre violencia, sobre abusos por parte del crimen organizado en la ciudad de Tampico, un ejercicio de periodismo ciudadano, que empezó a tener mucho éxito y empezó a llenarse de visitas que primero se contaban en cientos y al final se contaban por miles, y que invitaban, a la vez, a más ciudadanosa denunciar abusos, violencia, enfrentamiento, tiroteos, levantotes, en fin, lo que se vive cotidianamente en ciudades como esa.
El 13 de agosto del año 2012, hombres encapuchados secuestraron a Mario, lo golpearon, lo amenazaron y, obviamente, desde ese día para él y para su familia no hubo una opción distinta a la de huir; huir de su lugar de origen; huir dejando su patrimonio, dejando a sus amigos y también dejando atrás una forma honesta de vivir como periodista.
Se vino a la ciudad de México y, desde entonces y hasta la fecha, no ha encontrado trabajo.
Hoy su personaje, “Papá Mayito”, el personaje con el que trabajaba de payaso es la única fuente de ingreso que tiene. YaMario no puede hacer periodismo en Tampico; “Alerta Oportuna” despareció y una familia entera tiene que sobrevivir todos los meses por una razón inaceptable, porque el ejercicio de su profesión era lo suficientemente peligroso para él y para su familia. El Estado mexicano y el estado de Tamaulipas no podían hacer absolutamente nada.
Historias como la de él se han repetido en el país cada vez de manera más frecuente.
Reporteros sin Fronteras dice que, desde el 2000 hasta el 2013, en México 87 periodistas fueron asesinados; 14 periodistas están en el exilio; y 12, por lo menos en este registro son desplazados, sin contar los 20 periodistas desaparecidos en ese mismo periodo de tiempo.
Para otra organización, “Artículo 19”, entre 2012 y 2013 más de 30 periodistas mexicanos han tenido que huir de sus hogares para salvar sus vidas.
Por ejemplo, en 2012, 18 periodistas de provincia tuvieron que desplazarse a la Ciudad de México por razones de seguridad;y razones de seguridad que ya se ven traducidas no en percepciones, en amenazas directas al ejercicio de su labor.
Que a los periodistas desplazados no se les reconoce su condición, y no se les reconoce su condición porque ningún otro tipo de desplazamiento en nuestro país está reconocido.
El fenómeno del desplazamiento en México sigue siendo una ausencia terrible y dramática en nuestro marco normativo, porque estos son sólo los periodistas desplazados, hay empresarios, hay familias enteras que han tenido que dejar todo, porque la otra opción es enfrentarse al crimen organizado y las probabilidades de que esto termine en una tragedia son altísimas.
Esto debe de llamarnos a retomar, no solamente las iniciativas que están aquí en la Cámara de Senadores, sino una actitud diferente frente a un fenómeno, que según la propia ACNUR podría llegar a 250 mil personas en nuestro país.
Según la ACNUR, porque no hay datos oficiales, podría haber un cuarto de millón de personas desplazadas en este momento en México.
Habría que sumar a todos aquellos en estados como Guerrero, en estados como Michoacán, que viven una situación de desplazamiento hoy no reconocida, y por eso no puede ofrecer el Estado mexicano soluciones duraderas a esta situación.
Me parece que la actividad periodística debería estar protegida como una valuarte de nuestra democracia.
De manera inherente, los periodistas necesariamente tienen que desplazarse de un lugar a otro para reportear, para investigar, para indagar, para buscar la nota. Esto les implica moverse, trasladarse entre municipios, entre ciudades, incluso, entre estados. Pero nunca debería estar el desplazamiento de periodistas vinculados a que tengan miedo de perder la vida porque dicen la verdad; a que tengan miedo de perder la vida porque son incómodos para el crimen organizado; a que tengan miedo de perder la vida porque quizás sus autoridades estatales, municipales o locales no tienen la facultad o no asumen la facultad de protegerlos para que sigan aportándole al desarrollo democrático de nuestro país.
Por eso es que coincido con la Senadora Angélica de la Peña en apoyar este punto de acuerdo, que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para adoptar acciones necesarias para garantizar la seguridad, la atención y ofrecer soluciones duraderas a estos periodistas en el tema de desplazamiento forzado.
Desafortunadamente el punto de acuerdo fue ingresado en 2013, como ya lo señaló la Senadora de la Peña.
En muchos casos, puede ser que en el momento que haya acciones preventivas o acciones de seguridad, nos demos cuenta que sea demasiado tarde, y que personas como Mario ya estén en una condición diferente del momento en el que denunciaron su situación.
Por el bien del periodismo, de la crítica, de la libertad y de la propia democracia, no debemos de ser omisos, y por supuesto, no podemos permitir que los periodistas no tengan que dejar su casa, su trabajo, su familia por amenazas, por agresiones, por actos de intimidación que lamentablemente se viven absolutamente todos los días.
Que los periodistas no tengan miedo, debería de ser parte de nuestras tareas y de nuestras preocupaciones en este Senado de la República; y que el Estado mexicano les asegure las condiciones de seguridad necesarias para trabajar, debe de ser un encargo y una tarea también que asuma el propio Gobierno Federal.
Por su atención, les agradezco.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Robledo.
Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar a favor del dictamen.
Si bien es cierto que este dictamen fue presentado desde el 2013, no está ajeno a la realidad que vive el ejercicio del periodismo. Lo acabamos nuevamente de vivir de manera muyreciente en algunos estados de la república.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el preámbulo de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, señaló que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones, se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático.
Asimismo, declaró que la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable e inherente a todas las personas; es además un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática, a contrario sensu, la violación de este derecho fundamental atenta contra el estado democrático, dejando en entre dicho la viabilidad de la democracia, y en este sentido, desde hace más de una década, México vive bajo una grave crisis de respeto a los derechos humanos. Esto ha generado que practicar profesiones como el periodismo sea difícil y peligroso al ejercer.
De acuerdo con la organización francesa “Reporteros sin Fronteras”, México encabeza la lista de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo de América Latina, seguido de Colombia, Brasil y Honduras, situación que sirve para demostrar la convulsión de inseguridad, violencia e impunidad que vive nuestro país.
En este mismo sentido, a principios del año 2014, la Organización Artículo 19 catalogó a Veracruz como la entidad más peligrosa de América Latina para ejercer el periodismo.
Apenas el pasado 2 de enero, el periodista Moisés Sánchez Cerezo fue sustraído de su casa en el municipio de Medellín de Bravo, en Veracruz, por un grupo armado y encontrado sin vida días después. Este asesinato se suma a los 10 comunicadores que han sido asesinados desde el 2011.
Estos crímenes contra periodistas no tienen otro objetivo más que el de silenciar la voz de los comunicadores, coartar su libertad de expresión y permitir que el crimen organizado o autoridades puedan seguir actuando con toda libertad y en contra de la legalidad.
En este sentido, muchos periodistas, a fin de resguardar su integridad física y preservar la vida, se han visto obligados y forzados a desplazarse de sus lugares de residencia.
El mayor enemigo de la democracia es la censura y el control de la información. Y en este sentido, exhortar al Ejecutivo para emprender acciones de protección a los periodistas, no sólo es una necesidad, sino una urgencia, ya que en México no debe haber ni un periodista más muerto, ni desaparecido, ni perseguido, ni desplazado.
Por otro lado, si bien el dictamen del punto de acuerdo que se discute está enfocado prioritariamente al tema de la violencia física ejercida en contra de los periodistas, existe también otro tipo de violencia en contra de los medios de comunicación que coarta severamente la libertad de expresión, es decir, el altísimo nivel de represión y censura por parte de distintos actores gubernamentales, este tipo de mordaza, aunque menos visible que la terrible violencia contra los periodistas, la censura indirecta es muy insidiosa y debe ser atendida por la serie de amenazas que representa para la independencia de los medios y la libertad de prensa en México.
A diferencia de los ataques directos a la libertad de prensa, la censura indirecta es mucho más sutil, y rara vez genera niveles similares de la indignación internacional.
Como lo mencionaban diversas organizaciones en pro de la libertad de prensa, uno de los principales señalamientos en contra del país es que no ha tenido reglas claras y precisas sobre la asignación de publicidad oficial a los medios de comunicación, lo que genera que los gobiernos ejerzan presión en la línea editorial de la prensa. Por tal motivo, es importante denunciar esta situación.
El país requiere de apertura y transparencia. México está ávido de esa sana y justa competencia entre los medios de comunicación, en las que estos puedan participar de manera equitativa sin temor a que sean amenazados o censurados por parte de las instancias gubernamentales.
Es inadmisible prohibir y censurar una crítica constructiva. La opresión o control de los medios de comunicación vulnera la libertad de prensa y desintegra a cualquier gobierno.
En este sentido, la peligrosa tarea de informar se encuentra en una encrucijada, de la cual, esta Cámara no puede ser omisa y debe de tomar cartas en el asunto, en el ámbito de su competencia; endureciendo los castigos para las autoridades que propicien o sean cómplices de estas agresiones contra periodistas.
El Ejecutivo debe entender que si no emprende acciones eficaces en este tema, no solo pone en duda su capacidad al frente del Gobierno Federal; también pone en juego los principios de la democracia como pilares del Estado mexicano.
Los delitos y agresiones contra periodistas deben ser una prioridad para todas las autoridades. Se debe garantizar el derecho a la libertad de expresión, de lo contrario estaremos encaminados a un país de autoritarismo.
Es cuanto, señorPresidente.
Tiene el uso de la tribuna el Senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor de este dictamen.
El Senador Omar Fayad Meneses: Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores.
Vengo a nombre de la Comisión de Seguridad Pública, que me honro en presidir, y en nombre propio a apoyar este importante punto de acuerdo, que hoy presentamos en Comisiones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos y la propia Comisión de Seguridad.
Queriendo compartir con ustedes algunas reflexiones importantes que apoyen positivamente el sustento que debe tener este punto de acuerdo, para que el día de hoy cobre vida en el ámbito jurídico y político.
Y no puedo dejar de referirles, que en los últimos años, el Estado mexicano, ha avanzado significativamente, especialmente en el ámbito legislativo, en nuestro ámbito, en materia de la protección de las personas dedicadas al ejercicio del periodismo.
Desde el año 2007, por ejemplo, ustedes recordarán que se despenalizaron en el ámbito federal, los delitos de calumnia, de difamación y de injurias.
Y en la misma línea se reformó la Constitución, para establecer que las autoridades federales pudieran conocerde los delitos del fuero común, cuando tengan conexidad con delitos contra periodistas o limiten el derecho a la información o las libertades de expresión o la libertad de imprenta.
Se expidió, también, la Ley para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas.
Temas que han sido impulsados y aprobados de manera consensuada por la importancia que tiene el avance del Estado democrático yde la vulnerabilidad de quienes ejercen estas acciones desde la sociedad civil.
A pesar de ello, en el ámbito de lo local, aún se conservan conductas sancionadascomo delitos, mismas que son utilizadas contra periodistas, para coartar el ejercicio de la libre expresión y esto ha ocasionado en que muchos periodistas hayan tenido que abandonar su lugar deresidencia, para salvaguardar su integridad física.
En el 2012, por ejemplo, se señalaba que 18 comunicadores de provincia, tuvieron que desplazarse hacia la ciudad de México, por cuestiones de seguridad ante las amenazas que recibían.
Y para evitar que se agrave esta situación, las comisiones encargadas de la elaboración del presente dictamen, consideramos necesario que se diseñen políticas públicas para erradicar la tendencia de desplazamiento forzado a los periodistas y defensores de derechos humanos, para que estos puedan ejercer su libertad y confianza y contar con la tutela absoluta del gobierno.
Tenemos que empujar para que sea el Gobierno Federal, desde su ámbito, quien pueda articular las políticas públicas necesarias para que todas las normas que hemos creado durante ya muchos años, desde el año 2007 hasta la fecha, puedan tener absoluta vigencia.
Tenemos que empujar para que cada estado de la República, erradique de sus códigos, estas figuras que se han utilizado para poder coartar el derecho de la libre expresión y quitar la posibilidad de que pueda convertirse en conductas de carácter penal.
Delitos como la calumnia, la difamación, injurias, cuando se trate de comunicadores.
A mí me parece que éste es un tema, que debe avanzar en toda sociedad que se jacte de ser una sociedad moderna.
Este tema debe de caminar en toda democracia que se jacte de ser una moderna democracia.
Porque si aunado al problema que se vive cotidianamente en este sentido, sumamos el que nuestro país ha sido azotado por una ola de violencia, producto del crimen organizado y del narcotráfico, pues más aún tenemos que esforzarnos para que quienes se dedican a esta actividad de presentarnos el día a día a través de su libre expresión, no se vean forzados a dejar sus lugares de origen, porque se vean amenazados en su vida, en su persona, en su patrimonio, en sus derechos, en su integridad personal.
Vamos, pues, juntos, los invito a que apoyemos este dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Seguridad Pública, para que podamos seguir contribuyendo, desde el ámbito legislativo, con nuestro granito de arena, a fin de que podamos algún día decir que significativamente seacabaron los desplazamientos forzados de periodistas en este país, porque hicimos lo que teníamos que hacer.
Y por el apoyo que nos den las y los Senadores, muchas gracias.
El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Con gusto, Senador Fayad. Gracias.
Informo a la Asamblea que el Senador Benjamín Robles Montoya entregó el texto de su intervención, en favor de este dictamen, y se integrará al Diario de los Debates.
Tenemos ahora la discusión de diversos dictámenes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que contienen puntos de acuerdo.
Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría informe a la Asamblea las materias a que se refieren los dictámenes a discutir.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Los dictámenes se refieren:
A exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social,a enviar un análisis sobre el último Informe de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
Otro, para exhortar al titular de la dependencia de enviar un Informe de la situación actual de trabajo infantil en México.
Uno más, que solicita a la misma Secretaría un informe de números de empresas que han sido distinguidas con el “Emblema Igualdad Laboral entre Mujeres yHombres”.
Otro dictamen, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar una política pública específica para repatriados en materia de empleo.
Uno más, que exhorta a la Secretaría del Trabajo a que implemente una campaña de difusión de los servicios que se proporcionan a través del Programa Nacional de Empleo.
Otro dictamen, que exhorta a la Secretaría del Trabajo a enviar un informe sobre la implementación de un programa nacional preventivo y de sensibilización que prevenga y desaliente el despido por embarazo y la discriminación laboral en todos los centros de trabajo en el país.
Uno más, que exhorta al Ejecutivo Federal a concluir la revisión del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.
Se concede el uso de la tribuna al Senador David Monreal Ávila, para referirse al dictamen sobre empleo para repatriados.
Tiene usted el uso de la palabra, Senador.
La reforma aprobada por el Senado de los Estados Unidos de América hace casi dos años, con la cual se pretende alcanzar el estatus legal de 4 millones de indocumentados en ese país del norte, no resulta suficiente para el total de mexicanos que ya residen en esa nación. Aunado a lo anterior, se observa que los requisitos previstos son tardados y sólo un reducido grupo de personas podrían lograr esta legalización.
Este análisis deja entrever la necesidad de trabajar en acuerdos bilaterales para la implementación de nuevas políticas públicas en beneficio de un mayor número de migrantes.
El Consejo Nacional de Población señala que en el año 2013, México fue el segundo país a nivel mundial con más emigrantes, con un total de 13.2 millones de personas. Lo anterior nos da una idea del corto alcance que tiene esta reforma migratoria en los Estados Unidos de América, y de las consecuencias negativas que traerán consigo para nuestros connacionales.
Como ejemplo, se observa un aumento en los últimos años en las deportaciones de mexicanos, lo que trae consigo graves consecuencias a la economía rural, principalmente en la menor recepción de divisas y las pocas oportunidades laborales que se ofrecen a nuestros connacionales.
Un ejemplo claro de esta situación es la que vivimos en Zacatecas, un estado que hoy se distingue por el rezago económico y social que vive su población. Muestra de eso lo tenemos en el Censo de Población y Vivienda del 2010, elaborado por el INEGI, en el que se mostró que de cada 100 migrantes internacionales del estado, 98% fueron a Estados Unidos.
La masiva deportación de nuestros migrantes desembocaría en una grave problemática económica, laboral y social para el país. Por lo cual es imperante crear políticas y programas que aminoren esta situación.
Es preocupante que los requisitos para mantener una legal instancia en los Estados Unidos dejen desprotegidos a la mayoría de connacionales que residen en el vecino país del norte; pero aún más, que nuestro país no cuente con estrategias concretas para detener la migración a causa de la falta de empleo, promoviendo que más y más personas sigan buscando oportunidades en otros países y no en el nuestro.
Por lo anterior, considero necesario desahogar estos temas relacionados con la participación laboral de los mexicanos que han radicado en Norteamérica para aprobar leyes y políticas que favorezcan a los repatriados, y mejoren sus condiciones de vida en nuestro país. Es tiempo de velar por el bienestar de la mano de obra nacional ofreciendo oportunidades con el fin de lograr un país justo y equitativo, apostándole a la implementación de medidas que permitan una mayor generación de empleo, este es justo el momento de prever y establecer medidas que ayuden a diluir la problemática que se aproxima.
La sociedad ya lo demanda y el poder público debe ser congruente con su obligación de servir a nuestro país.
Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al dictamen sobre el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, Presidente. Senadoras; Senadores:
Bueno, aplaudimos los dictámenes que presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social, me parece que son importantes, y de manera particular, brevemente me refiero al que tiene que ver con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo.
Tenemos que aprobar ese convenio, tenemos que darle una lectura puntual a los preceptos del convenio que lo establecen como los Estados Parte, que se obligan no solamente a elevar la edad de admisión al trabajo, que ya lo tenemos en la Constitución, a quince años, sino también la instrucción, la opinión, para que gradualmente los estados parte se comprometan a ir realmente eliminando el trabajo infantil hasta llegar a los quince años de edad.
Yo creo que es lo mínimo que le debemos a la niñez de nuestro país, que efectivamente ejerza sus derechos a la educación, a la recreación, al recreo, a la cultura y, por supuesto, no trabaje, son cuestiones importantes, y tenemos un pendiente, aprobar el Convenio 138 de la OIT, aún cuando ya reformamos la Constitución.
La armonización con la ley en la materia pues es también indispensable, me refiero sobre todo para garantizar la norma que puntualice cuándo un adolescente mayor de quince años, y antes de que cumpla los dieciocho años de edad, pueda trabajar, y en qué tipo de trabajo, cuántas horas, etcétera. Ese es otro pendiente que tiene que ver también con esta materia.
Me circunscribo al dictamen que tiene que ver con el exhorto que se hace al Poder Ejecutivo Federal respecto de la aprobación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, reitero, aprobación.
Con todo respeto, pediría, de manera económica, Presidente de la Mesa, si está de acuerdo la Comisión, que corrijan el punto y cambien el término “ratificación” por “aprobación”, es algo que tenemos que corregir, porque el Senado no ratifica tratados internacionales. Lo que hace la facultad, la potestad del Senado de la República, es aprobar tratados internacionales. Hay que corregir ese verbo porque es muy importante.
A mí me preocupa mucho que se dictaminen estas propuestas, y avalo mucho que el Senador David Monreal haya presentado esta proposición; pero me llama la atención que no se tome a consideración otras iniciativas de otras Senadoras y otros Senadores. Desde el 6 de septiembre de 2012, presenté el punto para exhortar al Ejecutivo, es decir, desde el inicio de esta Legislatura, para que el titular del Poder Ejecutivo Federal envíe para su aprobación al Senado de la República el Convenio 189, que trata, ni más ni menos, que reconocer los derechos laborales de las y de los trabajadores del hogar; más del 90 por ciento tiene que ver, por cierto, con los derechos de mujeres, las trabajadoras del hogar, los hay también hombres, pero la inmensa mayoría son mujeres.
Simplemente recuerdo que este es un pendiente que venimos también arrastrando para reconocer los derechos de más o menos 3 millones de personas, mujeres en su mayoría, insisto, mujeres que no tuvieron oportunidad de estudiar, la inmensa mayoría, mujeres que vienen de los pueblos indígenas, por eso sufren tanta marginación, por ser indígenas y por ser mujeres; mujeres que vienen de la zonas rurales que no tienen otra condición de realizar una profesión más que el ir profesionalizándose en el trabajo doméstico y que hoy tenemos que dignificar ni más ni menos con este Convenio.
Hay experiencias muy importantes en América Latina que México podría aprovechar de cómo empezar a aplicar este convenio.
Yo destaco que en las diversas reuniones que hemos tenido en el marco de convocatorias de la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde participan otras instituciones el problema está en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por cierto, no en la Secretaría de Previsión Social, sino en el IMSS.
Por eso me parece que es necesario quienes compartimos esta preocupación, quienes tenemos compromiso con las trabajadoras del hogar, con los trabajadores del hogar que lo hagamos en serio, y también convoquemos al responsable del Instituto Mexicano del Seguro Social para que nos diga por qué está detenida esta iniciativa que el Ejecutivo debería mandarnos al Senado de la República, y que no lo hace, porque lo tiene detenido el Instituto Mexicano del Seguro Social, no ahora, lo tiene desde el sexenio pasado.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senadora de la Peña, es procedente su propuesta, y desde luego que se incorporará en los términos que usted lo está planteando. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente dictamen con punto de Acuerdo.
La Secretaria Senadora Maria Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no a siente)
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Aprobado el acuerdo. Comuníquese el mismo.
A continuación, tenemos la discusión de diversos dictámenes de la Comisión de Asuntos Migratorios que contienen puntos de Acuerdo. Debido a que los mismos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría informe a la Asamblea las materias a que se refieren los dictámenes a discutir.
Un exhorto a iniciar diversas acciones a favor del migrante.
Otro que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y autoridades municipales de diversos estados a redoblar esfuerzos para evitar más conculcaciones a los derechos fundamentales de los migrantes.
Uno más, que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre las acciones que ha emprendido para asistir a los connacionales repatriados a recuperar el patrimonio que dejaron en los Estados Unidos.
Otro que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a implementar una política pública concentrada en brindar a ambos lados de la frontera una atención integral a los migrantes, en particular a niños y jóvenes.
Otro que exhorta al Sistema Nacional DIF, a los DIF estatales y al Distrito Federal a contratar un mayor número de personal especializado en atención de madres, padres, familiares o tutores de niños y adolescentes migrantes que enfrenten un proceso de repatriación y requieran asesoría en materia de derechos migratorio y civil.
Uno más que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a destinar una partida presupuestal de sus recursos asignados a la contratación y capacitación de personal destinado a la atención de niños y adolescentes migrantes en las representaciones consulares de México en los Estados Unidos.
Otro que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Gobernación a impulsar modificaciones en el “Memorándum de Entendimiento sobre la Protección Consular de Nacionales de México y de Estados Unidos”, así como en el “Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos; y el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América sobre la Repatriación Segura, Ordenada, Digna y Humana”.
Otro que exhorta a la Cámara de Diputados a asignar recursos específicos a la Secretaría de Gobernación para que diseñe e implemente un programa de atención jurídica, psicológica, física y emocional para niños y adolescentes migrantes que se encuentran en proceso de repatriación, y que hayan sido víctimas de abuso sexual o violencia doméstica.
Y uno por el que se desecha la proposición que exhortaba la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar con equidad e igualdad los trámites para obtener la Carta de Naturalización.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, están a discusión los dictámenes a los que hemos hecho referencia.
Y para ello se ha inscrito oportunamente la Senadora Ana Gabriela Guevara, para presentar los dictámenes.
Se le concede el uso de la palabra para esos efectos.
La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Gracias, Presidente de la Asamblea, muy buenas tardes a todos.
La Comisión de Asuntos Migratorios dictaminó los mencionados puntos de Acuerdo con el fin siempre de salvaguardar los derechos de los mexicanos, y de todos aquellos que en tránsito por este país en busca de este fenómeno migratorio y que asumiendo la especial atención de los proponentes que elaboraron cada uno de estos puntos de Acuerdo han dado a los connacionales, y sobre todo a los menores, respetando siempre en todo momento el derecho a la unidad familiar.
Lo anterior se hizo exhortando a diferentes estados responsables de esas tareas, así pues, las integrantes de la comisión estuvimos de acuerdo siempre en que el exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como los exhortos hechos a la Secretaría de Gobernación, en actualizar los memorándums de entendimiento por todos aquellos casos que vimos en los temas de protección consular, así como el de la actualización de los denuedos de entendimiento, y que en ese mismo sentido se pide respetuosamente a la propia Secretaría de Relaciones Exteriores adopte diversas medidas para proteger a las y los mexicanos que habitan en los Estados Unidos por el tema de las deportaciones, y en la separación de familias, que, repito, se dio en gran medida y de manera arbitraria.
Por lo otro, también es sabido que esas instancias deben tener los medios para atender esas necesidades de los mexicanos de forma más eficaz posible, y debe proveer a las familias siempre con las herramientas que sean necesarias para poder recuperar a sus hijos y mantenerles unidos tanto con niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo estas circunstancias, haber enfrentado un proceso de deportación que los deja en total vulnerabilidad.
Y por eso hacemos un llamado al Instituto Nacional de Migración a seguir atentos al tema, así como al DIF Nacional y a los DIF estatales; así como al Distrito Federal que juegan un papel importante en este proceso, ya que de acuerdo con el artículo 162 de la Ley General de Salud, tiene entre sus objetivos la promoción de asistencia social y la prestación de servicios en este campo y la realización de diversos temas y acciones que establecen disposiciones legales.
También quiero hacer mención de que se dictaminó en sentido positivo la proposición que hizo la Cámara de Diputados, el incremento de recursos asignados al Ramo 12 del sector salud, y que hace énfasis en la atención de las familias transnacionales y la Secretaría para implementar medidas que permitan establecer la unificación de las familias.
Se hace también un llamado, y que aquí quiero hacer un paréntesis, aunque aparecía en sentido negativo, el llamado que hacía la Senadora Marcela Guerra al gobernador del estado de Texas, y creo que es una amenaza que tenemos que verla desde el punto de vista y con la objetividad que esto merece, hay que hacer el llamado como país, en que no tiene por qué tomarse de manera distinta ni tampoco verlo con un objetivo distinto en que no se violen los derechos humanos de manera sistemática como se ha hecho, sobre todo cuando ya existen acuerdos; y que como hacía mención anteriormente, memorándum que son aplicables en que hay forma de poder conducir esto sin necesidad de usar la fuerza ni tampoco de optar por medidas de fuerzas que violan los derechos humanos de estos migrantes.
Finalmente, quiero agregar que se desechó un punto de Acuerdo en el que exhortaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar con equidad e igualdad los trámites de obtención de la carta de naturalización, se encontraron diferentes cifras que obligaron a tomar esta determinación en la cual nos dice en un estudio que, del 2012 a la fecha, se han expedido alrededor de 9 mil cartas de naturalización a personas que eligieron nuestro país como nueva patria.
De este total, 76 por ciento son originarios de países latinoamericanos y particularmente Colombia, Cuba, Venezuela, Argentina, Perú, Guatemala, Honduras y El Salvador; de un total de los nuevos mexicanos, el 51 por ciento son mujeres y el 49 por ciento son hombres, todos ellos ejercen diversas ocupaciones como estudiantes, amas de casa, artistas, profesionistas o empresarios. Por lo tanto, cualquier extranjero que resida en el país y que cumpla con los requisitos que se establecen en la ley y su reglamento, puede iniciar el procedimiento para adquirir la nacionalidad mexicana por naturalización.
Quiero agradecer a todos los Senadores la atención de este tema del fenómeno migratorio que ha derivado de diferentes formas y también incitarles a que en las próximas sesiones, en los próximos momentos, empecemos con las iniciativas que nos permitan transitar hacia una mejor objetividad en atención a este fenómeno que sigue aquejando y que sigue despertando todavía muchas más inquietudes, y que han sido reflejadas en cada uno de los puntos de Acuerdo.
Es cuanto Presidente, muchas gracias.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ana Gabriela Guevara.
A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para referirse a todos los dictámenes.
Informo a la Asamblea que están inscritos el Senador Zoé Robledo Aburto y el Senador Víctor Hermosillo y Celada; y también la Senadora Gabriela Cuevas; Senadora Angélica de la Peña, también con gusto la anoto.
La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Gracias, Presidente.
Primero celebro el que puedan estarse presentando ante este Pleno diversos dictámenes de la Comisión de Asuntos Migratorios. En términos generales, desde esta comisión, lo que se está buscando es poder favorecer las condiciones de miles de personas migrantes de sus familias poder garantizar también los derechos de nuestros niños, de nuestras niñas y adolescentes que viajan a través del territorio nacional; o también aquellos que son repatriados en la frontera norte de nuestro país.
Celebro el que no quitemos el dedo del renglón; celebro el que siga en la agenda y como nos comprometimos desde el día 1° en este Senado, el tema de los migrantes sería una prioridad.
También hay que decir que hay grandes pendientes no solamente por parte del gobierno federal en la agenda migratoria, sino también varios pendientes dentro de este Senado de la República.
Hay iniciativas que aún no han podido ser dictaminadas como por ejemplo lo que estamos buscando y que presentamos hace ya algunos meses tanto la Senadora Layda Sansores como el Senador Zoé Robledo, la posibilidad de poder incluir en nuestra Constitución Política, en su artículo 11, el derecho de las personas migrantes. Yo espero que pronto podamos estarlo discutiendo en este Pleno también.
Quiero decir también que hay varias reformas a diversos artículos de la Ley de Migración, propuestas que elaboramos de la mano con expertos que integran el grupo de trabajo sobre política migratoria relacionados con temas de fondo; temas de fondo que tienen que ver con el fortalecimiento al Instituto Nacional de Migración, el procedimiento administrativo, las alternativas a la detención de las personas migrantes que son presentadas ante la autoridad administrativa, así como también el acceso a la justicia y debido proceso.
Hay también algunos otros temas relacionados con el tema migrantes que están pendientes que tiene que ver con ampliaciones presupuestales para el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y para el Instituto Nacional de Migración, aquellos puntos de Acuerdo en los que se cuestiona la política migratoria del gobierno federal.
Y lo anterior es importante, en virtud de que el año pasado el número de personas detenidas por el Instituto Nacional de Migración incrementó en un 26 por ciento con respecto al 2013; es decir, que de 86 mil 298 pasó a 117 mil 492 personas migrantes detenidas y alojadas en las estaciones migratorias en el año 2014.
Por lo que respecta a las detenciones de niñas, niños y adolescentes, resulta también urgente poder adecuar la Ley de Migración conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de garantizar en todo momento el interés superior a la niñez migrante. Dado que las cifras en 2014 incrementaron en un 57 por ciento, puesto que en 2003 hubieron 7 mil 31 detenciones contra 16 mil 644 niñas, niños y adolescentes que se efectuaron en el año 2014.
Reconozco la importancia de los dictámenes que se presentan el día de hoy, pero también dejar claro en este Senado de la República que tenemos un gran pendiente con el tema migratorio y es entrarle con mucha fuerza a este artículo 11 de la Constitución Política para que nuestros migrantes puedan tener ese derecho que les corresponde y, por supuesto, hacer lo necesario para adecuar la Ley de Migración para este país.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senadora Mariana Gómez del Campo.
Informo al Pleno que el Senador Zoé Robledo Aburto entregó los textos de sus intervenciones para todos los dictámenes, los cuales se integrarán al Diario de los Debates.
A continuación, para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Víctor Hermosillo y Celada.
No dejaré de insistir en la atención a los expulsados de Estados Unidos por la frontera norte, es un tema que ya tiene varios años aquí y hablamos mucho y se hace poco.
Se logró una reforma al artículo 184 de la Ley de Población para garantizar que a los expulsados de Estados Unidos se les dé ayuda desde salud, teléfono para que se puedan comunicar con sus parientes y amigos, situación de poder, quizás, darles un trabajo y aparte la posibilidad de transportarlos a su casa o al estado donde ellos quieran.
En el presupuesto de este año no se aumentó nada el dinero que se dedica a los migrantes. Realmente es una vergüenza porque estos compatriotas nuestros se la han jugado en Estados Unidos, mandan dinero a sus casas en una cantidad muy importante. Nuestra tercera fuente de divisas es precisamente el dinero que mandan los migrantes a sus parientes y cuando regresan aquí los tratamos muy mal; si no fuera por las ONG´s que existen a lo largo de la frontera estarían en una situación desesperada.
Varios compañeros hemos ido, yo soy fronterizo, pero nos han acompañado en viajes para ver la situación de estos migrantes. Por ejemplo, el Senador Demédicis ha estado ahí presente y se da cuenta de la situación tan precaria.
No sabemos cuántos van a expulsar este año, Estados Unidos es errático en la expulsión.
Hace tres años, por Mexicali pasaban 70 mil al año, el año pasado se redujo a 35 mil, más o menos, ustedes se han de imaginar que para una ciudad como Mexicali, recibir esa cantidad de gente es una carga muy fuerte porque aparte tenemos emigración del centro de la República, y no hay trabajo para todos, y estas pobres gentes tienen que ver cómo pueden sobrevivir; algunos se ven obligados hasta a hacer delitos ante las circunstancias que se encuentran o estar en las esquinas pidiendo una ayuda.
Todo lo que se ha hecho ha tenido oídos sordos. Realmente es una vergüenza que tratemos así a nuestros compatriotas.
Vuelvo a insistir, seguiré insistiendo en que ellos son mexicanos como nosotros, se la han jugado en el extranjero, ayudan a nuestro país de dos maneras, por una manera despresurizan el empleo aquí, aunque dejan a las familias aquí en un estado difícil, pero, por otro lado, mandan dinero desde el extranjero para ayuda precisamente de sus familias.
Entonces no creo que sea justo, y sobre todo habla muy mal de nosotros la manera como tratamos a los que expulsan de Estados Unidos de regreso a nuestro país.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Víctor Hermosillo y Celada.
Sonido por favor en el escaño del Senador Fernando Mayans Canabal. ¿Para qué asunto, Senador?
El Senador Fernando Mayans Canabal: (Desde su escaño) Senador Presidente, en base al artículo 59, numeral tres, le pido que verifique el quórum de la Asamblea.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Le pido nada más que nos permita desahogar el tema que estamos desarrollando, porque la votación sería hasta el final, entonces deje que se concluya la participación de los oradores que están inscritos y al final con gusto lo hacemos.
A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, para el mismo asunto.
Sonido nuevamente en el escaño del Senador Fernando Mayans Canabal.
El Senador Fernando Mayans Canabal: (Desde su escaño) Señor Presidente, en base al Reglamento del Senado, que estamos obligados a respetar, le estoy solicitando de la manera más atenta que verifique el quórum de esta Asamblea, porque si no, van a votar los espíritus.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Quiero decirle que, a juicio de esta Presidencia, hay el quórum para poder continuar con la sesión.
En el uso de la palabra la Senadora Gabriela Cuevas.
Me permite que concluya la participación de la Senadora Gabriela. Adelante, Senadora.
La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Con su venia, Senador Presidente.
El día de hoy es de celebrarse esta dictaminación por parte de la Comisión de Asuntos Migratorios, de los distintos puntos de Acuerdo que hemos estado presentando ante el pleno de este Senado de la República.
Y son de la mayor relevancia porque estamos hablando de los derechos humanos de miles de personas, y en especial de mujeres, de niños, niñas y adolescentes, que en su paso por nuestro país la encuentran más que difícil.
Y que decir, sin duda, la tarea, la labor esencial que tenemos como representantes populares de ver por nuestros connacionales que se encuentran en Estados Unidos.
Uno de los temas que resulta de la mayor relevancia tiene que ver con las gestiones que haga el gobierno de la República ante el gobierno estadounidense, sobre el patrimonio de nuestros connacionales que están siendo deportados. Cuando nuestros connacionales son deportados, muchos de ellos llevan años viviendo en los Estados Unidos, tienen una vivienda o cuentan con un coche, o cuentan, incluso, con una cuenta de banco, y quién le da seguimiento a ese patrimonio de tantas miles de familias.
Por eso es importante y por eso es que se solicita un informe a la Secretaría sobre ¿cómo es que se ha ayudado a nuestros connacionales a tener acceso a ese patrimonio que ellos mismos construyeron y que nadie les regaló?
En segundo lugar, otro de los puntos de Acuerdo, sin duda, de la mayor relevancia, busca que exista mayor presupuesto en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el DIF para que cuenten con mejores herramientas de trabajo, para apoyar y defender a nuestros migrantes.
Uno de los temas más importantes sin duda es la protección consular a los niños, niñas y adolescentes, que hoy no están contando con esa protección o que ni siquiera hay el personal suficiente para revisar cada uno de estos casos, y más bien parecieran todos entrar a un trabajo al vapor.
El siguiente tiene que ver con pedirle al gobierno de la República, a través de la cancillería, que actualice los Memorándums de Entendimiento que existen con los Estado Unidos, de manera tal que podamos estar actualizando ese marco normativo a la realidad que hoy se vive en la frontera entre México y Estados Unidos.
Uno muy importante tiene que ver con cómo trata la Patrulla Fronteriza a los niños, niñas y adolescentes, es urgente que cuenten con instalaciones más adecuadas, con personal más capacitado y que incluso existan los procedimientos más adecuados para trabajar con los niños y niños que están solicitando asilo en nuestro vecino del norte.
Y por último, un tema que también me parece fundamental, y aquí muchos de ustedes que provienen de estados expulsores de migrantes tiene que ver con la necesidad de diseñar una estrategia de trabajo en las comunidades de origen.
Mientras no existan mejores condiciones en las comunidades que hoy están expulsando a migrantes, difícilmente podremos abatir el problema de la migración, ¿por qué?, porque quien no tiene acceso a un crédito, que no puede tener una vivienda, quien está viviendo en condiciones de violencia, de marginación, claramente prefiere dejar eso a arriesgar su vida y migrar hacia los Estados Unidos.
Hoy nuestra obligación es exigirle al gobierno de la República que cuente con un programa de desarrollo humano en las comunidades de origen, y es por ello que celebro estos puntos de Acuerdo.
Quiero agradecer a la Comisión de Asuntos Migratorios por la sensibilidad que mostraron estos temas y, sin duda, hacer votos porque podamos pronto dictaminar también muchas iniciativas que se encuentran pendientes, que requieren del consenso de todos nosotros y que nos acordemos que a quien nos debemos es a nuestra gente.
Hay muchos de nuestros migrantes que están esperando que aquí nos pongamos a trabajar con mucho más ganas y mayor compromiso.
A continuación, para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez.
Pues me uno a las felicitaciones a la Comisión de Asuntos Migratorios, a sus integrantes, en particular a la Senadora Ana Gabriela Guevara, que ha mostrado un gran compromiso con los temas migratorios, y en particular ciertamente lo que tiene que ver con los derechos de las niñas, niños que están en una situación de migración.
Es importante recordar que aquí aprobamos después de una discusión muy intensa, la iniciativa preferente que dio origen a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y que de manera puntual destaco lo inscrito en el Título Segundo de esta ley, en el Capítulo Décimo Noveno, con la materia de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes.
Yo creo que el artículo 89 no tiene desperdicio, señala que este capítulo se refiere a las medidas especiales de protección que las autoridades deberán adoptar para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales o repatriados, en el contexto de la movilidad humana.
Me parece que es importante destacar que los dictámenes que están presentando en la Comisión de Asuntos Migratorios van en el contexto de lo que establece la ley y, por supuesto, también es necesario recordar que está a punto de presentarse un punto de Acuerdo, donde las presidencias de las seis comisiones que dictaminaron esta ley, la que encabeza la Senadora Hilda Flores, de Atención a Grupos Vulnerables, la que encabeza la Senadora Diva Hadamira Gastélum, de Igualdad de Género, de Educación, que encabeza el Senador Romero Hicks, de Estudios Legislativos, Segunda, que encabeza el Senador Encinas, y por supuesto, la que encabeza la Senadora Martha Elena García, de la Comisión de la Niñez, y su servidora, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
En el sentido de que se le pide al Secretario de Hacienda cumpla con los preceptos de esta ley y le dé etiquetación para ser plausible cada uno de los preceptos, incluyendo este título y este capítulo que tiene que ver con los derechos de niñas y niños en situación de migración.
No basta hacer una buena ley si no tiene un respaldo en los recursos presupuestales, y ese es el sentido presupuestal de los dictámenes que aquí están presentando las Senadoras que integran la Comisión de Asuntos Migratorios, y por lo tanto, necesitamos insistir que la ley no funciona si no hay una política pública que concrete, que implemente estos preceptos de la Ley, para que las niñas, niños y adolescentes, entre otros principios rectores, también puedan ejercer el principio del interés superior de la niñez.
Son situaciones que aquí han comentando, quienes me han antecedido en la palabra, de manera puntual, las condiciones tan adversas quienes hoy son invisibilizados, pero que, poco a poco, en base a las crisis humanitarias que empezamos a conocer, entonces sí nos llama la atención respecto a la situación que no es nueva y que no terminará, seguirá aumentando, será más crítica si no logramos que la Ley se aplique debidamente.
De tal forma que es totalmente pertinente lo que aquí nos presenta esta comisión y hay que respaldar, pero hay que respaldarla de manera estructural, no de manera coyuntural, como luego de repente hacemos, y la única cuestión estructural que funciona es etiquetación en los ramos específicos, la implementación del sistema nacional de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en donde están todas las instituciones que están inscritas, a las que se está exhortando en estos puntos que hoy vamos a aprobar: Salud, Relaciones Exteriores, Migración, etcétera, etcétera.
Finalmente, ojalá también ya instalemos el grupo de trabajo que revise integralmente la Ley de Migración, para tenerla inscrita en concordancia con la ley que aprobamos aquí recientemente.
La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.
Informo a la Asamblea que el punto de Acuerdo que han presentado los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo y José Rosas Aispuro, el de la voz, exhorta al Ejecutivo Federal a convocar a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a instalar una mesa de negociación y acuerdo con los campesinos y comuneros de los estado de Durango, Sinaloa y Nayarit, para que revisen y pacten los valores actuales de sus tierras en los que se construyeron equipamientos urbanos y comunicación, se turna a la Comisión de Reforma Agraria para su análisis y dictamen correspondiente.
Compañeras y compañeros Senadores: Informo a ustedes que recibimos un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que propone modificación a comisiones.
Pido a la Secretaría dé lectura al documento y que consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.
La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Doy lectura al documento.
Único.- El Senador Jorge Luis Lavalle Maury deja de pertenecer a la Comisión de Relaciones Exteriores y se integra como Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Aprobado el Acuerdo que modifica la integración de Comisiones.
Los textos de las intervenciones de los Senadores Silvia Garza Galván y Francisco López Brito sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, se integrarán al Diario de los Debates.
Asimismo, la intervención que nos ha hecho llegar la Senadora Mónica Arriola Gordillo sobre la misma Conmemoración.
Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el próximo martes 10 de febrero a las 11:00 horas.
(Se levantó la sesión a las 14:58 horas)
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1586

References: artículo 30
 artículo 27
 artículo 17
 artículo 13
 Artículo 5
 artículo 72
 artículo 27
 artículo 123
 artículo 4
 artículo 30
 Artículo 27
 Artículo 27
 artículo 27
 Artículo 27
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 3
 artículo 22
 Artículo 27
 artículo 23
 artículo 30
 Artículo 27
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 17
 artículo 3
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 58
 artículo 17
 artículo 72
 artículo 13
 artículo 222
 artículo 222
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 32
 artículo 58
 artículo 13
 artículo 72
 Artículo 19
 artículo 162
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 184
 artículo 59
 artículo 89