Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=651974
Timestamp: 2019-07-21 07:44:34+00:00

Document:
INCENTIVOS PARA INFORMACIÓN SOBRE DELITOS VINCULADOS A DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLÍTICOS
ENMIENDA DE LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN CUANTO A PROMESA DE COMPRAVENTA DE BIENES RAÍCES SIN RECEPCIÓN DEFINITIVA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
PROBLEMAS DE AGRICULTORES DE HUASCO POR DETERIORO DE CANAL DE RIEGO. OFICIO
RETRASO EN PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE CÁRCELES. OFICIOS
Sesión 32ª, en miércoles 2 de marzo de 2005
(De 16:26 a 19:1)
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece incentivos para entrega de información sobre delitos vinculados a detenidos desaparecidos y ejecutados políticos (3391-17) (se rechaza en particular y pasa a Comisión Mixta).......
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de contratos de promesa de compraventa de determinados bienes raíces sin recepción definitiva (3574-14) (se aprueba su informe).........
Proyecto de acuerdo que modifica el Reglamento del Senado (S 760-09) (queda pendiente su discusión general)................................................................................
Problemas de agricultores de Huasco por deterioro de canal de riego. Oficio (observaciones del señor Prokurica)...............................................................
Retraso en programa de construcción de cárceles. Oficios (observaciones del señor Cantero)...............................................................................................
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia y de Salud , y el señor Subsecretario del Interior .
--Se abrió la sesión a las 16:26, en presencia de 27 señores Senadores.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 28ª, ordinaria, en 18 de enero; 29ª, extraordinaria, y 30ª, ordinaria, ambas en 19 de enero, todas del año en curso, que no han sido observadas.
Del señor Contralor General de la República , mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, referido al pago de viáticos a trabajadores del aeropuerto El Tepual.
Del señor Ministro del Interior, por medio del cual da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Senador señor Horvath, acerca de la proliferación de juegos de azar.
Dos del señor Ministro Secretario General de la Presidencia : con el primero contesta un oficio enviado en nombre de los Comités, en cuanto a la urgencia para el despacho del proyecto de ley relativo a la recuperación del bosque nativo y fomento forestal (boletín Nº 669-01), y con el segundo responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Horvath, sobre la Reserva Nacional Los Flamencos.
Del señor Director General subrogante de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante el cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Stange, con relación a extranjeros que han ingresado al país desde el año 2003.
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales en materia de modernización municipal (boletín Nº 3.768-06).
Segundo informe de la Comisión de Defensa Nacional e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza el servicio militar obligatorio (boletín Nº 2.844-02).
Segundo informe de la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas (boletín Nº 3.129-03).
Segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; informe complementario de las Comisiones de Hacienda y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, unidas, e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior, con urgencia calificada de "suma" (boletín Nº 3.223-04).
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, mediante la cual solicita a la Sala reabrir el plazo para presentar indicaciones respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea juzgados laborales y juzgados de cobranza laboral y previsional en las comunas que indica (boletín Nº 3.368-13).
Agrega que la referida solicitud se efectúa por petición expresa del Ejecutivo, a fin de presentar indicaciones para proponer una gradualidad en la vigencia de determinadas normas de la iniciativa de ley.
--Se accede y se fija como plazo para la presentación de indicaciones el lunes 7, a las 12.
Señor Presidente , la Comisión de Trabajo comenzó a discutir en particular esta mañana el proyecto que crea los tribunales laborales, para los efectos de elaborar su segundo informe, y en el número 3 del Orden del Día de la Tabla de hoy se halla una iniciativa sobre cobranza judicial de imposiciones morosas.
Como ocurre que se deben concordar algunas indicaciones que presentará el Ejecutivo , el señor Ministro del ramo solicitó que se suspenda el análisis del proyecto mencionado en segundo término y se extienda la posibilidad de formular indicaciones al primero, de manera que se puedan hacer las adecuaciones requeridas para la coincidencia de ambos textos.
Por lo tanto, señor Presidente , pido, en nombre de la Comisión, que no se trate el proyecto signado con el número 3 del Orden del Día y se fije un nuevo plazo para indicaciones con relación a la iniciativa que crea los juzgados laborales, de forma que el Ejecutivo pueda hacerlas llegar y de ese modo resulten coherentes todas las normativas sobre justicia del trabajo.
Si le parece a la Sala, se procederá de la manera expuesta por el señor Presidente de la Comisión .
Respecto del plazo, no sé si resulta suficiente hasta el lunes 7, a las 12.
Señor Presidente , en realidad, es necesario que se extienda hasta después de la semana próxima, porque se debe resolver un tema con Presupuestos.
Me parece adecuado el lunes subsiguiente.
Si le parece a la Sala, se fijará para estos efectos el lunes 14 de marzo, a las 12, lo que reemplazará el acuerdo adoptado al respecto durante la Cuenta.
Correspondería comenzar el Orden del Día con el debate del proyecto que modifica la ley Nº 18.933, sobre Instituciones de Salud Previsional.
Sin embargo, habiendo conversado sobre el particular con el señor Presidente de la Comisión de Salud , con diversos integrantes de ella y con el señor Ministro de la Cartera , aquí presente, debo comunicar que existiría voluntad para postergar la discusión del texto hasta la semana siguiente, de manera que se pueda estudiar con más holgura tan importante iniciativa. Si bien ésta ha contado con un amplio grado de consenso, no ha habido suficiente tiempo para analizar el informe de la Comisión.
Señor Presidente , al Ejecutivo le parece que la complejidad de la materia y la relevancia de lo que se aprobaría -y tenemos la firme convicción de que así va a ser- ameritan el que todos los señores Senadores puedan interiorizarse debidamente de la normativa.
Por eso, ante la solicitud de varios de ellos en el sentido de postergar el debate, nos encontramos en la mejor de las disposiciones, con el fin de que efectivamente la totalidad de Sus Señorías conozcan mejor el texto, al igual que la ciudadanía.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Salud , Senador señor Ruiz-Esquide.
Señor Presidente , hubo una solicitud no expresa de parte de los Comités Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente en el sentido de dar más plazo antes de la discusión. Y yo, junto con los demás Senadores de la Concertación, hemos accedido gustosos.
Me parece que sería conveniente asumir el compromiso de tratar la iniciativa en el primer lugar de la sesión del próximo martes, porque la verdad es que el debate podría ser relativamente corto, dado que hay solamente unas diez votaciones y probablemente se retirarán cuatro o cinco objeciones formuladas.
Si le parece a la Sala, el proyecto quedará en el primer lugar de la Tabla de la sesión del próximo martes. Así, tendremos tiempo para estudiarlo más a fondo y la claridad de saber cuándo se va a tratar. Por lo demás, en la reunión de Comités inicialmente habíamos resuelto seguir ese camino, a solicitud de uno de ellos.
Por lo tanto, confirmaremos esa medida, para que el Ministro no pierda el viaje.
Corresponde continuar la discusión particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece incentivos para la entrega de información en los delitos vinculados a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, con segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3391-17) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Derechos Humanos, sesión 26ª, en 7 de septiembre de 2004.
Derechos Humanos (segundo), sesión 12ª, en 10 de noviembre de 2004.
Sesiones 27ª, en 8 de septiembre de 2004 (se aprueba en general); 20ª, en 14 de diciembre de 2004 (queda para segunda discusión); 22ª, en 15 de diciembre de 2004; 23ª, en 4 de enero de 2005 y 31ª, en 1 de marzo de 2005 (queda pendiente su discusión particular).
Como lo precisé en la sesión ordinaria de ayer, la discusión de la iniciativa se encuentra pendiente desde el 14 de diciembre del año pasado.
El segundo informe de la Comisión deja constancia de las modificaciones acordadas respecto del proyecto aprobado en general, todas las cuales contaron con la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
Sin embargo, se solicitó discusión y votación artículo por artículo. Esa es la situación en este momento.
Los artículos 9º permanente, nuevo, y primero a cuarto transitorios, nuevos, como indicó ayer el señor Presidente , son normas de carácter orgánico constitucional y, en consecuencia, requieren para su aprobación 27 votos favorables.
Continúa la discusión del artículo 1º, respecto del cual participaron diversos señores Senadores. Y abriré la inscripción para quienes deseen hacer uso de la palabra en esta oportunidad.
Se han inscrito para intervenir los Honorables señores Naranjo, Boeninger y Arancibia.
Señor Presidente , nos vemos enfrentados a uno de los temas más trascendentes que le corresponde vivir a nuestro país en su camino durante la transición. Y, en ese sentido, en los términos en que ha sido planteado, verdaderamente constituye un imperativo ético abordar y aprobar este proyecto. Lo digo partiendo de la base de los planteamientos que durante el último tiempo hemos escuchado a las distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos.
Traigo a colación que, antes de la propuesta "No hay mañana sin ayer", algunas organizaciones políticas que tienen representación en el Parlamento manifestaron su voluntad de colaborar a enfrentar el tema de los derechos humanos y, principalmente, todo lo que contribuya a esclarecer los hechos y saber la verdad, para que haya justicia.
Y, en ese sentido, me llama poderosamente la atención que los sectores de Oposición hayan expresado su rechazo a esta iniciativa. Uno puede comprender que, legítimamente, algunos pueden considerar que ella es insuficiente para los objetivos que se persiguen. A lo mejor, los incentivos que se plantean harán que muy pocas personas realmente quieran entregar información.
Por otro lado, para nadie es un misterio que las organizaciones de derechos humanos y, particularmente, de familiares de las víctimas también han expresado sus dudas sobre los objetivos del proyecto.
Sin embargo, si el espíritu que nos anima es contribuir a avanzar en la reconciliación y en esclarecer los hechos, creo que cualquier paso que se dé, aunque sea pequeñito, es importante.
Debo señalar, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos , que la iniciativa no me satisface del todo. Y quiero ser claro al reiterarlo: no me satisface. Pero estoy convencido de que es un avance en el sentido correcto. Y porque lo es, aun cuando sea pequeño, si alguien entrega información que sirva para conocer el paradero de una sola persona el objetivo se habría cumplido plenamente.
Así como en el pasado hubo gente que descalificó la Mesa de Diálogo por estimar que no iba a servir, al final los resultados se deben medir en función de si se cumplió o no el objetivo perseguido. Y bastaría que sólo el cuerpo de un detenido desaparecido fuera ubicado y que el dolor de su familia terminara al saber la verdad para que este proyecto se justificase por completo.
De allí la necesidad de valorar la iniciativa en lo que significa. Porque, digámoslo con claridad, ella distingue responsabilidades muy nítidamente. No es la misma participación la de quienes organizaron y planificaron la represión, habiendo dado las órdenes o habiendo actuado en forma directa, que la de muchas otras personas que tuvieron una actuación secundaria. Y el proyecto hace la excepción particularmente en el caso de aquellos muchachos, de aquellos niños -porque no eran sino eso- que cumplían el servicio militar, a quienes es obvio que debe exceptuarse de responsabilidad penal.
Y también cabe preguntar con claridad si alguien en la Sala podría señalar que delitos como el homicidio, las detenciones ilegales, los secuestros, las sustracciones de menores, las inhumaciones y exhumaciones ilegales no deben ser sancionados. ¿Alguien podría sostener, después de las discusiones habidas en el Hemiciclo cuando correspondió analizar el Informe Valech, que ese tipo de delitos debieran ser beneficiados? Resultaría difícil entenderlo. ¿O la situación de quienes intervinieron forzando, induciendo, instigando, ordenando que se matara gente? ¡Por favor!
Me parece que la iniciativa en análisis es importante, repito, en el espíritu de lo que he percibido aquí. Pretendo interpretar lo que he escuchado en este recinto. Y a las diversas bancadas, independiente de su posición, de si tuvieron participación o no en los hechos del golpe militar y la gravísima represión que ocurrió en nuestro país, les he escuchado en el último tiempo que quieren contribuir a esclarecer los hechos. ¡Y debo creerles! Y, como les creo, estimo que lo lógico y lo que corresponde es expresar una voluntad concreta. Y la voluntad concreta, señor Presidente , se expresa con gestos. Y el gesto que procede hoy, si se está por la reconciliación, por esclarecer los hechos, porque se sepa la verdad y haya justicia, es respaldar el proyecto, aunque -insisto- constituya un paso menor.
Pienso que el objetivo que se persigue bien merece que esta Honorable Sala respalde el texto en debate, y particularmente, como han expresado en sus intervenciones otros señores Parlamentarios, su articulado transitorio. Este último permite, por un lado, traspasar las causas de la justicia militar a la civil, y por otro -específicamente, el segundo transitorio-, agilizar los procesos, conforme a los términos como se plantea la nominación de los jueces que se abocarán a estos casos especiales.
Por consiguiente, invito a la Sala, de acuerdo con el espíritu que he percibido en ella durante este último tiempo, a apoyar esta iniciativa.
A continuación, tiene la palabra el Senador señor Boeninger.
Señor Presidente, la verdad es que no me sorprende el hecho de que este proyecto no se vaya a aprobar, porque simplemente se han reiterado los disensos que en materia de derechos humanos nos han perseguido tanto tiempo.
Antes de hacer un par de observaciones sobre el tema, quiero sumarme a quienes han mencionado de manera particular que, sin perjuicio del destino casi irremediable de la iniciativa en sus líneas matrices, se pudieran aprobar los artículos transitorios, pues cuanto tiene que ver con el traspaso de los casos de la justicia militar a los tribunales ordinarios y el nombramiento de ministros de corte especiales me parece de indiscutible mérito.
Respecto de la cuestión de fondo, debo reiterar, en primer lugar, que no me sorprende lo que está ocurriendo, porque he sido, desde hace muchos años, extremadamente escéptico en cuanto a que por la vía legislativa se puedan resolver estos asuntos que nos han perseguido durante tanto tiempo, los que seguirán en la agenda pública por bastantes años más. De manera que, francamente, creo que estas cuestiones sólo las pueden resolver los tribunales o el transcurso del tiempo.
En segundo término, pienso que el punto básico acá es que en el tratamiento de las violaciones de derechos humanos se persiguen dos objetivos o bienes sociales: verdad y justicia. Y ocurre que este proyecto nació con el propósito central de estimular y facilitar la obtención de información que conduzca a más verdad. El problema está en que una eficacia máxima de ese objetivo casi inevitablemente lleva a sacrificar algún grado del otro bien social, cual es la justicia. De manera que hay una especie de vaso comunicante en que se sacrifica algo de uno de estos dos bienes si se quiere más del otro.
El proyecto original del Ejecutivo, que, en lo personal, era absolutamente de mi agrado, pretendía aquello mediante disposiciones como la relativa a exención de pena en caso de informantes eficaces y a confidencialidad, en grado alto, de la identidad de ese tipo de testigos o informantes.
En la Cámara de Diputados ese texto se modificó, reemplazándose la exención de pena por rebajas y relativizándose lo tocante a la confidencialidad.
La razón de lo anterior -y quiero fijar mi criterio al respecto- fue que en el entorno social, político y cultural de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, hasta el día de hoy, no se ha aceptado cambiar -con mucha legitimidad- la postura que ha gobernado su actitud desde el comienzo: "toda la justicia y toda la verdad". De manera que la forma en que primitivamente se planteó el proyecto encontró la resistencia de quienes tienen esta férrea posición doctrinaria.
Ahora bien, puede que tal posición parezca utópica -y creo que en Derecho podría resultar así-, porque es imposible que se vaya a conseguir toda la justicia y toda la verdad. Sin embargo, aunque la iniciativa, como está hoy, resulte poco eficaz, sobre todo en comparación con el texto original, a mi modo de ver, lo que prima acá es que el entorno, que políticamente se halla representado en el Senado por una concreta bancada de los partidos de la Concertación, tiene una autoridad moral y un peso de legitimidad de tal dimensión que, mientras se siga pensando que debe mantenerse la aspiración a un ciento por ciento de verdad y de justicia, no me siento autorizado a discrepar de dicho criterio en una votación. La legitimidad moral que hay detrás de ese planteamiento, más allá de su eficacia, es demasiado fuerte como para que me atreva a pronunciarme en forma diferente.
Además, debo añadir que, según señaló recién el Senador señor Naranjo , el proyecto contiene disposiciones, como la del artículo 2º, que distinguen entre quienes indujeron o planificaron crímenes en materia de derechos humanos y aquellos que actuaron obedeciendo instrucciones superiores, lo cual también me parece de suma racionalidad.
Por los motivos expuestos, y reconociendo la pérdida de eficacia de la iniciativa para el objetivo inicialmente propuesto, anuncio mi voto favorable a ella tal como se encuentra redactada.
Solicito autorización para que pueda ingresar a la Sala el Subsecretario del Interior, señor Jorge Correa.
El señor LARRAÍN (Presidente).-.
Señor Presidente, ante todo, quiero destacar en esta oportunidad lo loable de los reiterados esfuerzos que todos hemos hecho para lograr obtener información que ayude a solucionar situaciones sociales pendientes, generadas a consecuencia del quiebre institucional gestado y producido a fines del siglo pasado.
En esta línea conceptual, permítaseme ser escéptico acerca de los resultados que se pudieran conseguir con el proyecto que nos ocupa, más allá de un ventajismo político o comunicacional de corto alcance, dados la experiencia obtenida en intentos anteriores y el natural impacto del tiempo en la memoria individual, como se está demostrando en la memoria colectiva.
Ahora bien, para los fines del presente debate, no voy a entrar en un análisis de nuestro pasado histórico, donde ciertamente imperó el terrorismo por parte de unos y se violaron los derechos humanos por parte de otros.
Tampoco voy a emplear un lenguaje que agreda u ofenda a quienes puedan sentirse molestos por las generalizaciones a que tanto recurren algunos de nuestros notables tribunos, cuyos términos o adjetivos incriminatorios no guardan relación ni consideración con el enorme y silencioso esfuerzo del movimiento nacional que logró sacar al país de la más siniestra y lamentable de las situaciones vividas.
Lo que voy a señalar tiene que ver con la iniciativa que estamos discutiendo, en el siguiente sentido.
Hasta el momento, y gracias a la carta de un señor Presidente , los procesos asociados con derechos humanos debían completar la investigación y juzgamiento para desembocar, en caso de condena, en la aplicación de la Ley de Amnistía. Es decir, se concretaba una condena pública del inculpado respecto del delito investigado, pero ahí terminaba el asunto.
De aprobarse el proyecto, luego de la investigación, juzgamiento y eventual condena, se produciría, para algunos inculpados, la rebaja de la pena en uno o dos grados. Con ello se estaría desconociendo la Ley de Amnistía, que ya produjo sus efectos y que debiera aplicarse en los procesos por hechos acaecidos entre los años 1973 y 1978.
Por eso, la presente iniciativa es de dudosa efectividad y -lo que es peor- complicaría aún más el tratamiento jurídico de los casos sometidos a los tribunales de justicia, los que ya enfrentan el cuestionamiento público por consideraciones que violentan la lógica ciudadana, como la de que el secuestro constituye un delito permanente, o la no aplicación oportuna de normas sobre prescripción, igualdad ante la ley y amnistía.
Por las razones señaladas, votaré en contra del proyecto, y particularmente del artículo 1º, que es el precepto que está en cuestión.
Señor Presidente , yo participé en la Comisión de Derechos Humanos que aprobó el texto en análisis y con el cual concordé. Creo que constituye un paso muy pequeño -como aquí se ha dicho-, pero que está en la línea del larguísimo, difícil, engorroso y complejo proceso, que hemos seguido desde 1990, de buscar la verdad y hacer justicia.
Esos elementos han estado presentes en la mente de todos quienes realmente queremos un encuentro en la justicia y en la verdad.
En la época en que yo ejercía la Presidencia del Senado , hicimos un enorme esfuerzo cuando se sometió a nuestra consideración el Informe Rettig. Recuerdo que, al ponerlo en discusión, pidió la palabra, con rapidez y fuerza, el entonces Senador señor Sergio Onofre Jarpa , en representación de los dos partidos que conforman la bancada de Oposición. Habló en nombre de la Derecha de Chile y manifestó su deseo de que en esa ocasión se aplaudiera y ratificara dicho Informe. Así ocurrió.
Ese acto de la Cámara Alta tuvo gran resonancia. Y el Informe Rettig fue el primer paso, donde se denunciaba y reconocía el hecho de que un número importante de ciudadanos había sido castigado en forma injusta.
Después se formó la Mesa de Diálogo. Fue otro paso, no bien recibido por todos, pero muy útil e importante, política y democráticamente, en el proceso de reencuentro.
Por último, fue emitido el Informe Valech, que significó un nuevo paso en un difícil camino, que ya es, a mi juicio, demasiado largo.
Porque, para que sea verdaderamente eficaz, la justicia debe tener un tiempo razonable; ser independiente (lo es); justa (lo ha sido en términos de aplicar la ley), y tiene que dar respeto y respaldo a todos los que están comprometidos: tanto a los acusados como a los acusadores. Pero mi opinión, como Senador y como abogado, es que la lentitud conspira contra la justicia.
La lentitud de los procesos, el hecho de tener personas acusadas, encausadas y no condenadas, en una búsqueda indefinida, a mi juicio castiga al respeto y al respaldo que la justicia supone. Sin embargo, por sobre todo, castiga a quienes se encuentran involucrados: tanto al demandante como al demandado, tanto al querellante como al querellado.
En los países, las penas sin aplicarse indefinidamente no se pueden permitir. Italia, que sufrió una tragedia con motivo de la invasión y de sus luchas intestinas, bajo la Presidencia del Jefe de Gobierno señor De Gásperi , en dos sesiones consecutivas de la Cámara de Diputados, resolvió una amnistía total.
Aquí no se ha dado esa situación. Pero pienso que se debe avanzar, aunque sea con pasos pequeños, para ir al encuentro de la verdad y, a través de ella, permitir que los jueces -en los cuales tengo plena confianza- resuelvan lo más rápidamente posible las respectivas responsabilidades de las personas.
Creo que una nación no puede estar permanentemente sujeta a que se acuse y que, transcurrido el tiempo, en cualquier momento, con razón o sin ella, tanto el acusado como el acusador se vean envueltos en un proceso que ya no pertenece a su historia, sino al pasado.
Me preocupa esto. Y no mido mis palabras. Tal vez alguno considerará que estoy buscando poner punto final a esta situación. El punto final lo pondrá la historia. No es algo que podamos hacer nosotros. Se encuentra sólo si ponemos las condiciones para que el mundo que va avanzando lo haga por un carril que no sea obstaculizado permanentemente.
Por eso he participado de este proyecto. Y, aun cuando lo encuentro extremadamente modesto, no creo que conspire contra el concepto de amnistía que se ha mantenido pendiente. Porque si ésta se produce, no sólo se cae toda la iniciativa, sino también sus beneficios. No atenta contra eso. Pero veo muy difícil que en el corto plazo esa presunta amnistía tenga el respaldo político y judicial suficiente.
Creo que la normativa en debate no daña a nadie. Afecta a algunas personas que por temor guardan algunos secretos. Hay una enorme cantidad de antecedentes que permanecen guardados inútilmente y que, de darse a conocer, podrían despejar lo relativo a los fallecidos o desaparecidos.
Por eso participé en este esfuerzo, que tampoco satisface a los parientes de las víctimas. Hemos tenido sesiones muy extensas y difíciles con las asociaciones que las representan. No lo consideran conveniente. Era mejor la iniciativa del Ejecutivo. Pero, en estas condiciones, no me parece justo oponerse a un pequeño avance, el cual, además, contiene algunas disposiciones que se refieren al traspaso
de procesos de la justicia militar a la civil.
A continuación, tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
Señor Presidente , pese a que el debate ha sido interesante, en mi concepto, resulta completamente desproporcionado con relación a la iniciativa en análisis, porque no significa nada. ¡Absolutamente nada!
Para no reiterar ni repetir conceptos, en primer término, quiero hacer mías las palabras expresadas ayer por el Honorable señor Espina , porque interpretan plenamente lo que fue el origen de este proyecto y lo que ha sido nuestra participación en él.
Debo recordar que el Presidente de la República , motu proprio, sin haber circunstancia, condición o situación que lo exigiera, al dirigirse al país, fijó como objetivo de su mandato generar las condiciones que permitieran avanzar en la solución de los temas pendientes en materia de derechos humanos. Y lo centró, como uno de los mecanismos para avanzar en este campo, en el proyecto de ley que envió al Parlamento, cuyo único y principal objetivo era dar herramientas -que no consagra nuestra legislación- para los efectos de conseguir los antecedentes que permitieran conocer la verdad sobre los detenidos desaparecidos y de esa manera, después de obtener esa información y esa verdad, posibilitaran la agilización de los procesos judiciales, a fin de que los tribunales avanzaran en ellos.
Ése es el nervio de este proyecto de ley. No hay otro. No tiene otro sentido. El Presidente de la República quiso avanzar para los efectos de lograr una mayor verdad.
No obstante discrepar de algunas normas de la iniciativa, le dimos nuestro total respaldo. Estamos convencidos de que una de las maneras de agilizar los procesos y de avanzar en la justicia y al mismo tiempo en la solución real de los problemas del pasado es a través de mecanismos que permitan llegar a la verdad. Nos interesa conocerla para los efectos de informarnos sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.
Cuando el Primer Mandatario pronunció su discurso, le dijimos que lo respaldábamos sin condiciones, sin agregar otros elementos ni proponer enmiendas a su iniciativa, a pesar de discrepar de algunas de sus disposiciones, como el propio Senador señor Arancibia lo ha señalado, en cuanto a la existencia de interpretaciones que pudiesen perjudicar las causas judiciales. Asimismo, le señalamos al respecto que aquí hay un objetivo país importante.
Así fue nuestro respaldo: sin condición de ningún tipo.
¿Qué pasó? Lo que todos hemos visto y presenciado. Y, ¡por favor!, no se intente ocultarlo, porque es demasiado evidente.
A iniciativa de las bancadas de los sectores socialistas, tanto de Diputados como de Senadores, se alteró sustancialmente el proyecto. Tan radicales han sido los cambios -no fueron enmiendas menores ni técnicas-, que todos llegamos a la conclusión de que la iniciativa se transformó en la nada misma, al extremo de que la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, por la unanimidad de sus miembros, presidida ni más ni menos que por el Senador señor Naranjo y con la presencia del Honorable señor Valdés y de quien habla, decidió devolverla al Ejecutivo , por carecer de toda eficacia jurídica. En el oficio correspondiente, de fecha 12 de enero de este año, solicitamos retirar de la convocatoria el proyecto de ley que estamos votando hoy. ¿Por qué? Porque no significa nada.
Más aún: no sólo deja de consignar los beneficios que ofrece, sino que, al mismo tiempo ¿lo digo a los señores Senadores de la Concertación-, a la luz de la resolución judicial de la Sala Penal de la Corte Suprema, va a generar problemas de aplicación o de interpretación de la ley. Porque dicha Sala sostiene que, mientras no aparezcan los cadáveres o los cuerpos, no se aplica la amnistía. No hay un beneficio mayor para quien desee entregar información mientras no aparezcan los cadáveres, ni se puede aplicar la Ley de Amnistía.
Por lo tanto, a raíz de las modificaciones introducidas por las bancadas socialistas en el Congreso, como también de la resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema, la iniciativa se ha transformado en algo completamente ineficaz, al punto que, por unanimidad, pedimos al Ejecutivo que la retirara de la convocatoria.
Por eso, no entiendo la situación. Pareciera que, de vuelta del verano, alguien decidió ordenar el Senado y se dio cuenta de que esta iniciativa había quedado traspapelada. No sé qué pasó. Da la impresión de que el Ejecutivo puede legítimamente haber dicho: está bien, pero quiero que se vote igual.
Para no apoyar la nada, preferimos votar en contra.
Terminó el tiempo del Honorable señor Chadwick.
Ha solicitado la palabra el señor Subsecretario del Interior.
Con la venia de la Sala, puede usar de ella.
El señor CORREA ( Subsecretario del Interior ).-
Señor Presidente , he escuchado con mucho interés las intervenciones de los Senadores señores Espina y Chadwick . Por haber llegado algo atrasado, no pude oír la del Honorable señor Arancibia .
Quiero manifestar la preocupación del Ejecutivo y dar a conocer las razones por las cuales no retiró ni retirará en lo sucesivo este proyecto, sobre el que los señores Parlamentarios deberán pronunciarse. Y expondré los motivos por los que resulta fundamental hacerlo.
Los Senadores señores Chadwick y Espina hicieron un recuento de cómo fue transformada la iniciativa original del Gobierno. Y eso constituye una verdad. Pero he de reiterar que el texto que en definitiva aprobó la Cámara de Diputados también se contiene en un mensaje.
Si bien es dable decir que en el transcurso de ese proceso hubo tensiones al interior de la Concertación, que la Derecha no tiene por qué arreglar -recuerdo las expresiones de ayer del Senador señor Espina -, no corresponde mirar el proyecto a través del proceso político que generó al interior de la coalición gobernante. Dicho proceso y aquellas tensiones son innegables. Y no estoy aquí para señalar que no existieron.
Sin embargo, la manera de enfocar hoy esta iniciativa es otra. Ella consiste en saber si vamos a intervenir o no desde el mundo político, en el estado en que se encuentran la tramitación de estas causas y las perspectivas de los familiares, o si simplemente vamos a dejar eso a los tribunales.
Frente a lo que el Congreso puede realizar, que es intervenir en la realidad, ésa es la única pregunta relevante. Y ésta radica, no en cómo se transformó el proyecto, sino en si estamos hoy en condiciones de hacer algo con relación a este problema o si vamos a cerrar la puerta para actuar políticamente en una situación que, entregada a los tribunales, no da luces de solución.
Señor Presidente , considero francamente exageradas y propias del apasionamiento de la discusión expresiones tales como que la iniciativa ha perdido toda eficacia o que es "la nada misma". Es cierto que se trata de un proyecto diverso del que fue enviado originalmente. Y es verdad, como lo señalaba ayer el Senador señor Viera-Gallo , que ante esta iniciativa podemos tener más o menos optimismo. Pero los hechos que enfrentamos son innegables. Hay en el país más de mil detenidos desaparecidos, respecto de los cuales no se tienen aún antecedentes. Hay quienes poseen esa información, pues la desaparición de aquéllos fue un hecho deliberado, y la disposición posterior de los cadáveres en muchos de esos casos, también. Alrededor de 300 personas se encuentran procesadas por esas causas, de las cuales cerca de 600 todavía están abiertas. Sin embargo, en la vía judicial, aun en esos procesamientos, aun habiendo ya alrededor de 50 condenados, no tenemos mayor información.
Entonces, la pregunta es: ¿Cabe hacer algo a nivel legislativo por modificar esa situación y por procurar tener información sobre los detenidos desaparecidos?
Se puede decir que el proyecto resulta insuficiente, que es factible pensar en más atenuantes para quienes entreguen información, en orden a que se reduzca más severamente la penalidad respecto de lo que ahora plantea la iniciativa.
No obstante, quiero señalar con toda claridad que votar en contra de este proyecto es negar la posibilidad de que exista una respuesta política frente a este fenómeno y hacer que, en definitiva, la situación en tribunales se mantenga exactamente igual que en la actualidad.
Señor Presidente , el Ejecutivo no puede garantizar cuántos casos se van a esclarecer si una iniciativa de esta naturaleza se aprueba. Es posible que seamos más o menos optimistas, pero al menos sabremos que las causas se verán con mayor celeridad, pues tendrán preferencia.
Creo que de lo que sí estamos conscientes todos en esta Sala es de que el proyecto en ninguno de sus preceptos significará ni impunidad, ni punto final, ni ninguna de esas cosas que tanto se han discutido. Y si abre el camino para que una persona entregue información acerca del caso de un detenido desaparecido, alentada por la posibilidad de recibir atenuantes o eximentes -esta iniciativa las contempla, al igual que la original-, pienso que es una obligación ética y moral, más allá de la política, votar a favor de él o por lo menos abrirse a la perspectiva de discutir nuevas fórmulas en Comisión Mixta.
Por tal razón el Ejecutivo no ha retirado -ni lo hará- el proyecto y espera, sinceramente, que si no es acogido en la Sala tengamos la factibilidad real de establecer, en una Comisión Mixta, algunos incentivos políticamente viables que nos permitan mirar con expectativas que hemos hecho lo posible, dadas las condiciones políticas actuales, para alentar la entrega de información respecto de una verdad que el país necesita.
Señor Presidente , el proyecto en debate, a pesar de que regula materias de índole jurídico-penal, desde sus bases fundamentales tiene una inspiración totalmente política que se sostiene en situaciones de carácter transitorio y que refleja, una vez más, un criterio sesgado y parcial en el juzgamiento de nuestra historia reciente.
El artículo 3º está redactado de tal manera que obligadamente el declarante ha de enmarcarse en los supuestos de la norma para acceder al beneficio correspondiente.
En consecuencia, tendrá que autoincriminarse al consentir, en forma implícita, en que los antecedentes que aporta corresponden a aquellos "que necesariamente debía conocer atendida su participación en los hechos que se investigan".
Entonces, este precepto, más que una contribución, constituye un obstáculo al fin que se pretende obtener con el proyecto, porque es muy improbable que dicha situación acontezca en la práctica.
Por otra parte, el principio rector es que la responsabilidad penal se remite a las circunstancias que rodearon el hecho punible al momento en que éste se produjo (salvo las excepciones que resultan de la aplicación del principio pro reo).
Sin embargo, el mismo artículo 3º discrimina descaradamente en perjuicio de los miembros de las Fuerzas Armadas, ya que permite al juez eximir de responsabilidad penal a los civiles que, en la época de la ocurrencia de los hechos que informan al tribunal, cumplían con su servicio militar obligatorio. Pero si la misma persona con posterioridad pasó a integrar los cuadros permanentes de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública, con solución de continuidad o sin ella, no se aplica el beneficio.
Eso es inaceptable. La norma legal contiene un tratamiento jurídico-penal distinto en atención a una circunstancia sobreviniente posterior a los hechos investigados y que no guarda relación con la responsabilidad penal que de ellos emana.
Incluso, si la persona se incorporó a alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública mucho tiempo después, tal como señala la norma propuesta, se le excluye del beneficio.
Un proyecto que incurre en contradicciones tan profundas y que confunde de esa manera los principios más esenciales que deben regir en nuestro sistema jurídico-penal, no resulta confiable ni conveniente.
Asimismo, a propósito de esta iniciativa, en la Sala se ha hablado mucho sobre la impunidad y la supuesta resistencia de los inculpados en los procesos sobre violaciones de los derechos humanos a proporcionar información. Para empezar, si vamos a hablar de impunidad, tenemos que considerar, entre otras cosas, el indulto a los terroristas que, en su oportunidad, el ex Presidente Aylwin dispuso a tabla rasa, a pocas horas del término de su mandato; y los diversos cuerpos legales que han resuelto posteriormente, y en el mismo sentido, acerca de la responsabilidad penal de un sector determinado del ámbito político.
En cuanto a la presunta resistencia a proporcionar información, me parece muy difícil e improbable que cualquier persona enfrente la pérdida de su libertad y el escarnio público proveniente de una cacería de brujas desatada en los últimos tiempos sólo por proteger a otra con quien no tiene un vínculo de tipo familiar.
Por eso, quiero que la búsqueda de la verdad comience por aceptar que los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden procesados en estas causas no conocen la información que de ellos se espera; que se los ha convertido en instrumento de una catarsis nacional que ha permitido a todos y a cada uno de los ciudadanos chilenos, incluyendo al sector político que se ha erigido como "víctima oficial" del quiebre institucional de 1973, mirar hacia el lado y seguir adelante.
Los procesados en estas causas han sido ofrecidos como cebo. Ello no ha hecho otra cosa que exacerbar la estrategia consistente en aumentar unilateralmente el margen de concesiones políticas, legislativas y también judiciales en esta materia, siendo cada día más incontrolable para el Gobierno.
No creo en la utilidad del proyecto, particularmente si tenemos en cuenta la forma abusiva, a mi juicio, como en estos días se instrumentalizan las normas legales, poniéndolas al servicio de intereses políticos.
Hoy hemos visto cómo, pasando por encima de todo principio, se pretende aplicar sanciones penales a las autoridades civiles del Gobierno militar, utilizando para tal objeto una figura de "presunción de responsabilidad penal" absolutamente contraria a nuestro Estado de Derecho y a las bases doctrinarias y éticas en las que se sustenta la justicia penal contemporánea.
Señor Presidente , no quería intervenir, pero a propósito de las palabras del Subsecretario del Interior , señor Correa , considero necesario establecer un par de hechos -seguramente desconocidos por él y a lo mejor también por algunos señores Senadores- que en alguna forma responden a la acción política que ahora él reclama como elemento indispensable para resolver este problema.
En 1999, el Senado encargó a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía la redacción de un proyecto de ley que permitiera saber el destino de los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Esta Comisión, presidida por el Honorable señor Silva , redactó una iniciativa, firmada por él y por los Senadores señores Urenda , Lavandero , Viera-Gallo y quien habla, que tenía dos objetivos fundamentales.
Primero -como es lógico-, declarar el derecho inalienable de toda persona a conocer el destino de los cuerpos de familiares, amigos, colegas de trabajo desaparecidos.
Y segundo, facultar a todos los jueces de Chile, en forma permanente, para recibir información privada de quienes tuvieran conocimiento de los hechos investigados; es decir, de la ubicación de los cuerpos de los detenidos desaparecidos.
El informe fue entregado al análisis de todos los señores Senadores y, desde nuestro punto de vista, hubo un ánimo muy evidente para avanzar en la normativa. Luego nos reunimos con los dos candidatos a la Presidencia de ese entonces, don Ricardo Lagos y don Joaquín Lavín , a fin de que conocieran el documento y resolvieran su destino político. Ambos candidatos manifestaron su disposición a apoyarlo.
Por tal motivo, existió un hecho político desarrollado en la plenitud de sus formas en el Senado de la República. No sólo se actuó por medio de un cuerpo legal, sino también, prudentemente, con aquellos candidatos, uno de los cuales iba a dirigir los destinos del país.
En esa ocasión les planteamos en reuniones privadas que, desde nuestro punto de vista, ese hecho político permanecería por siempre, con independencia de que se descubrieran o no los cuerpos de los detenidos desaparecidos, pero que también debíamos hacer esfuerzos para que dichos cuerpos se encontraran, con el objeto de dar una satisfacción lógica y natural a los parientes de las víctimas.
La discusión estaba radicada en la forma. Y ésa fue la proposición de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.
Sin embargo, como ya estaban produciéndose los primeros atisbos de otra situación que iba a ocurrir -todos los familiares de las personas que estaban siendo juzgadas en los tribunales por sucesos que afectaban claramente a los derechos humanos comenzaban a ser vetados en sus trabajos-, el Senador que habla manifestó que no nos parecía lógico -también lo reconoce el proyecto que estamos analizando- que quienes actuaron cumpliendo instrucciones militares, e incluso sus hijos y nietos, terminaran pagando un castigo de la sociedad.
Ello fue considerado absolutamente razonable por el Presidente de la República, don Ricardo Lagos, porque no era posible extender un castigo por determinado acto más allá de sus hechores reales.
En los momentos en que iba a iniciarse el debate de este tema en el Senado, el Ejecutivo de aquel entonces creó la Mesa de Diálogo y marginó la acción política generada en esta Corporación. Ese proyecto se encuentra hoy en día en condiciones de ser analizado.
Por tal motivo, la resolución del Senado es muy ajena y distinta a la señalada por el Gobierno por medio del señor Subsecretario del Interior . Nuestra responsabilidad es permanente, y la hemos demostrado con hechos y con un interés real por ser actores de un destino mejor para el país.
Señor Presidente , voy a votar favorablemente el proyecto en el marco de lo que aquí se ha manifestado, en términos de que, si es posible aprobarlo y ayuda a la resolución del problema de que se trata, será un pequeño paso, pero constituirá un avance. Si ello no es factible, pienso que habremos perdido la oportunidad de iniciar acciones -aunque no sean de fondo ni estén contempladas en su totalidad en un solo texto- para ir buscando ajustes a lo que sucedió en el país.
Señalo lo anterior sobre la base de cuatro o cinco ideas centrales respecto a estos asuntos, en los que siempre hemos mantenido nuestro criterio, y especialmente a raíz de algunas intervenciones que he escuchado.
Primero, en esta iniciativa no se está juzgando el golpe militar. Y esperamos que sirva a los efectos para los cuales fue redactada.
Siempre se retrotrae el tema a si aquél fue bueno, quiénes lo causaron y qué justificó dicha acción. Lo he manifestado en la Sala reiteradamente en nombre de los Senadores de la Democracia Cristiana. En este tipo de materias no estamos juzgando el golpe militar, el cual fue efecto político de una acción política de fuerza. Al respecto, puede hacerse un análisis histórico; pero no es el punto en cuestión.
Segundo, se juzgan las acciones excesivas, abusivas, contrarias a la naturaleza humana, que se realizaron sobre el pueblo chileno, sobre personas concretas, en los años de la dictadura militar.
Tercero, se habla mucho de la necesidad de no llevar a cabo acciones respecto de civiles que participaron en ese Gobierno o de la inconveniencia de hacerlo.
Pienso que esto también debe ser clarificado. La historia ha establecido que no se trató solamente de un Gobierno militar, sino de un Régimen civil-militar o militar-civil, donde participaron personas que no pertenecían a las Fuerzas Armadas. Hoy día, los propios ex miembros de las Fuerzas Armadas señalan de repente que la acción de los civiles parece haber desaparecido y que sólo se está arremetiendo en contra de ellas.
Finalmente, el proyecto reviste el carácter de una modificación jurídica. Pero la verdad es que, como país, debemos abordarlo en un marco ético-político. Es decir, este tema atañe a muchas naciones en la historia moderna, en que es preciso resolver algunos asuntos claves.
A la Izquierda no le atañe.
En definitiva, aquí la cuestión estriba en definir de qué manera abordar un tema como éste desde el punto de vista ético; cómo, frente al bien común, resolver el exceso en que incurre quien asume el poder y determinar la responsabilidad de las personas que estuvieron en él, para, en consecuencia, sancionarlas o, por lo menos, examinar su acción y decidir sobre el particular en la medida de su participación; y, finalmente, cómo sellar las heridas provocadas, en la perspectiva de que nunca se puede hacer algo si no se conoce la verdad.
Señor Presidente , jamás lograremos una paz definitiva entre nosotros si las personas afectadas no tienen, además de la verdad, la sensación de que a lo menos hubo un análisis acerca de los responsables.
Eso podría haberse hecho mucho mejor si -como dije hace un mes en esta Sala- hubiera existido un reconocimiento por parte del primer, único y principal responsable de lo ocurrido en Chile. De haber procedido así, muchos de sus propios subordinados no habrían tenido los sufrimientos que padecen en este instante.
En ese marco de bastante seriedad, y tratando de actuar de la manera más tranquila y serena posible para resolver un problema muy doloroso, votaré favorablemente el proyecto, pues ayuda a cerrar poco a poco las heridas.
A continuación, tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
Señor Presidente , escuché especialmente al señor Senador que, a propósito de una imputación que consideró desdorosa, planteó que el proyecto tiene una clara intencionalidad política.
Con el mayor respeto, quiero decir a Su Señoría que, si así fuere, ello enaltecería a la política, por tratar de buscar justicia ante problemas tan tremendos como los conocidos por el país en materia de derechos humanos, y que, si la violación de ellos tuvo -como efectivamente ocurrió- una intencionalidad política, eso sí es repugnante, aberrante.
Por tanto, estimo que Su Señoría, para fundamentar su posición, que podría haber sido respetable, no estaba con la serenidad que sí tuvieron otros distinguidos Senadores de la Oposición democrática, quienes se encuentran sentados en los curules de enfrente gracias al veredicto ciudadano, al cual se sometieron, y, aun cuando no participemos en plenitud de todas sus ideas, merecen nuestro franco respeto.
Señor Presidente , es factible que el proyecto adolezca de deficiencias -como lo manifestaron algunos colegas- y no alcance por completo la intención de quien lo propuso. Sin embargo, creo que en esta Sala no hay nadie que pueda manifestar que de aquí emergen leyes perfectas. Por eso, cada vez que es necesario, se utiliza la frase de que "las leyes son perfectibles". Y la normativa que nos ocupa también puede serlo.
Pues bien, en la búsqueda de solución a este problema tan doloroso, no me parece aconsejable responder como tal vez merece el aludido Senador, quien en varias oportunidades ha expuesto planteamientos llenos de ira, de dogmatismo, de una rabia camuflada que -me atrevo a señalarlo- representa a los sectores más asquerosos y ultristas de esta sociedad. Porque los argumentos aquí aducidos para justificar lo injustificable son de aquellos que, por razones de relación social o de camaradería dentro de este Hemiciclo, uno debería guardar interiormente.
Aun cuando de las 3 mil 195 víctimas de todo este proceso, que de alguna manera deseamos olvidar, en un solo caso se lograra encontrar la verdad, yo me daría por satisfecho.
Si de los mil 176 ejecutados políticos aparecieran los restos de uno, dos o tres, yo me sentiría satisfecho con la ley en proyecto, que -lo reitero- es imperfecta.
Si de las mil 262 víctimas con procesos vigentes respecto de los cuales no se ha llegado a una conclusión definitiva pudiéramos encontrar la verdad y la justicia acerca de una, yo me sentiría satisfecho.
Y si de las mil 927 víctimas sin procesos vigentes porque no existe información alguna que contribuya a su esclarecimiento hubiera definición sobre siquiera una, yo quedaría satisfecho.
Cuando pensamos que en algún momento el problema va a desaparecer, debemos ser realistas en el análisis. Y, sobre el particular, debo puntualizar que Chile no tiene por qué constituir excepción.
En Argentina terminó un Gobierno dictatorial mucho antes que en nuestro país. Allí aparecieron primero las organizaciones de familiares de personas cuyos derechos humanos fueron conculcados; después, las Madres de la Plaza de Mayo; hoy día están las Abuelas de la Plaza de Mayo, buscando a los hijos de sus hijos.
Con esto quiero decir que en Chile, expresemos lo que expresemos en el Parlamento sobre la búsqueda de la verdad y la justicia en relación con los derechos humanos, el problema no terminará así como así.
En Uruguay, todos los sectores políticos, en un momento dado, tras la búsqueda de la reconciliación, sacaron una ley destinada a poner punto final a la conculcación de los derechos humanos. Sin embargo, hoy día ese país enfrenta un afiebrado debate para desandar lo realizado, buscar la abolición de esa ley y seguir averiguando la verdad de lo allí acontecido.
Por eso, votaré por supuesto a favor de esta iniciativa.
Concluyo de inmediato, señor Presidente.
Respeto los planteamientos formulados seriamente por Parlamentarios de la Oposición democrática que se encuentran sentados con legitimidad frente a nosotros en este Hemiciclo. Empero, lamento que un señor Senador no haya tenido prudencia para recordar por qué se encuentra en esta Alta Cámara y entender, en consecuencia, que carece de una representación popular que avale los conceptos torpes que vertió durante la discusión de esta materia.
Entonces, cuando intervenga el Senador señor Boeninger , ¿también va a señalar que no tiene ninguna representación?
El Honorable señor Boeninger...
Evitemos los diálogos. Sus Señorías deben dirigirse a la Mesa.
Señor Presidente , he seguido con atención el debate. Respeto las opiniones, pero no las comparto cuando tienen una carga peyorativa que denigra e incluyen a un enorme conjunto de chilenos y chilenas que han servido en la Defensa Nacional.
Ayer escuché a un señor Senador insinuar que los mandos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros estaban detrás de todas estas situaciones. En el fondo, se pretendía concluir que los mandos no eran los apropiados o no habían estado a la altura de las circunstancias.
A renglón seguido, hoy hemos visto que varios señores Senadores de la Concertación aparecen como censores de las conductas de los chilenos y chilenas que estuvieron en la Defensa. Y se habla con absoluta ligereza de lo ético. Sin embargo, sólo se toma la ética manejada por ellos: ellos son el patrón, únicamente ellos tienen autoridad para hablar de ética.
Yo no escuché ningún planteamiento de la Oposición en los términos antes mencionados, porque no hay duda de que ella es consecuente con sus posiciones, con sus principios formativos.
¿Por qué señalo esto? Porque si nos remontamos a la época en cuestión, en torno a la ética, de la que tanto se ha hablado, debo traer a la memoria que en las bancadas de la Concertación hay personas que antes del 11 de septiembre de 1973 eran activistas. Cualquiera que haya sido la razón, tomaban parte en el MIR, en el MAPU o en otras organizaciones y planteaban con claridad que el paso siguiente había que darlo por la violencia.
Entonces, ¡no me vengan a hablar de ética como una medida de las cosas!
Todo lo que está ocurriendo se debe, sencillamente, a que en Chile no se ha querido entender que la ley tiene que ser igual para todos y a que, en el campo político, no hemos sido capaces de decir: "Señor, si aplicó la amnistía para un grupo, aplíquela para todos, aunque no le guste". Los artículos procedimentales de los actuales códigos deben ser aplicados a todos por parejo. Si así se hubiera hecho, toda esta discusión, toda esta enorme división y todo este -voy a ser un poco duro- odio que se percibe en las palabras de muchas personas habrían desaparecido y hoy estaríamos preocupados del futuro.
Tengo aquí un documento que contiene la posición del Cuerpo de Generales de Ejército y Almirantes en Retiro de la República de Chile. No es baladí, pues proviene de un grupo de personas que llegaron a ser oficiales generales, no por obra y gracia de la suerte, sino porque fueron capaces en su profesión.
Esta declaración, de 28 de enero recién pasado dice en parte lo siguiente:
"Consideramos que como una resultante de la situación que se vive en el país" -la que he estado comentando- "y que sin duda se repetirá, si no se toman las medidas del caso, sucedió con motivo de la notificación de la condena al ex Director y a la cúpula de la ex DINA, el día viernes 28 de enero, donde pudimos comprobar cómo se está vulnerando, no sólo la dignidad de seres humanos, sino que también, la institucionalidad misma de nuestro país, por cuanto se permitió que grupos violentistas, impulsados más bien, por razones políticas y de odio, se confabularan y se reunieran, por varias horas frente al Palacio de Justicia para hacer demostraciones de repudio a esos miembros de la ex DINA que iban a realizar un trámite de sus condenas y en esta acción no trepidaron en atacar de palabra y de hecho a las fuerzas de orden encargadas de mantener el orden público y de resguardar la integridad de los militares tanto a la entrada como a la salida de los tribunales.
"Triste espectáculo, Sr. Director, esta situación en la que se utiliza el odio contra el odio y así nuestra Patria continúa y continuará en un pasado, que la mayoría de los chilenos está consciente, que debemos superar.".
Firma el Presidente del Centro de Generales de Ejército y Almirantes en Retiro.
Señor Presidente , con hechos como el relatado, cualquier posible actitud encaminada a que la ley en proyecto rinda resultado cae por sí sola; esta iniciativa sólo sirve para abrir más odios entre los chilenos.
Señor Presidente , cuando un Senador habla, lo hace como tal. Y todos los integrantes de esta Corporación tenemos el mismo derecho a expresarnos y a emitir opiniones, le guste o no le guste al Honorable señor Roberto Muñoz Barra .
Cuando el Senador señor Boeninger manifiesta sus opiniones -en general, por lo demás, muy respetables-, sea en la Comisión de Hacienda o en la de Salud, nadie le dice jamás que no tiene derecho a hablar por ser designado en vez de electo.
Yo espero, señor Presidente , que ésta sea la última vez que se descalifica a un Senador por la forma como llegó a esta Corporación. Todos lo hicimos de acuerdo con la ley y nadie tiene derecho a descalificar por aquel motivo.
Si se quiere descalificar los argumentos, eso es otra cosa: pueden rebatirse todos los que se quiera. Pero el Honorable señor Muñoz Barra no tiene derecho a hablar en contra de un Senador por la manera en que llegó a la Cámara Alta.
Aquí se habla profusamente de los derechos humanos. Pero yo miro a quienes están sentados enfrente y recuerdo que muchos de ellos viajaban a la Unión Soviética, a la cual declaraban "el hermano mayor"; a lo mejor no sabían que allí se había matado a más de 100 millones de personas. Tal vez nunca leyeron los diarios. Quizá no sabían de la invasión a Hungría o del aplastamiento en la Primavera de Praga. A lo mejor desconocían que se ametrallaba a jóvenes en el Muro de Berlín.
¡O son cínicos o son ignorantes! ¡No pueden venir a decir hoy que están tan preocupados de los derechos humanos después de que respaldaron con mucho vigor todas las atrocidades allí cometidas!
Señor Presidente , esas mismas personas que ahora dicen estar tan preocupadas de los derechos humanos acogieron con gran cariño al "carnicero Honecker ", a quien dejaron aquí como huésped. Y hubo todo un lío, porque sucedió que ese señor estaba en el hospital pero sus bultos ya se encontraban en la Embajada de Chile. Nunca se dio una explicación real al respecto.
Ahora, cuando en pocas semanas más venga Fidel Castro , probablemente irán a rendirle pleitesía.
Señor Presidente, digamos la verdad: los derechos humanos sólo son tema en los países donde fueron violados por gente que no era de Izquierda.
¡Menciónenme algún juicio en contra de los jerarcas de la Unión Soviética, de Polonia, de Alemania Oriental! ¿Hubo juicio a Pol Pot? ¡Menciónenme sólo uno!
¡No hay ni uno, señor Presidente!
¿Qué? ¿Veinte? ¡Adónde...!
La verdad, señor Presidente, es que el tema de los derechos humanos ha sido levantado por la Izquierda para lloriquear por todos los horrores que ellos mismos protagonizaron o ayudaron a protagonizar.
¡Estoy hasta la corona de escucharlos lloriquear, pues antes, con mucho vigor, apoyaron el fusil como una forma de llegar al poder e imponer sus ideas!
Yo no estoy reclamando por lo que hicieron en el pasado. ¡Pero sean consecuentes! Es lo único que pido.
Lo cierto es que lo que se hizo en aquella época respondía a otra lógica. Estábamos en la Guerra Fría. Había dos ideologías absolutamente imposibles de transar. Se pensaba que la violencia era una forma de imponer las ideas propias a los demás; lo aplicaron en aquellos países, y lo hicieron en todo el mundo.
Aquí un señor Senador manifestó que confía en la justicia (¡pucha que lo envidio!). ¡Yo, no! La verdad es que no confío en ella, por lo menos en ciertas materias.
Cuando vemos que se levantan teorías tan peregrinas como la de secuestros que ya llevan cerca de 25 años, ¿quién puede decir honestamente que eso es justicia?
Aquello es ser justiciero; constituye una forma de reparar problemas del pasado. Y es tan absurdo, que resulta jocoso. No me digan que es justicia: sólo constituye una manera de tratar de hacer ahora lo que no se hizo a tiempo.
A esta discusión, señor Presidente , ya hemos asistido como 20 veces. ¿Por qué no decimos claramente que la Izquierda está todo el tiempo buscando el modo de levantar el tema de los derechos humanos para ver si gana más votos, para ver si gana más plata para la gente? ¿Por qué no nos sinceramos de una vez por todas y dedicamos nuestro tiempo a cosas más útiles para el futuro de nuestro país?
A continuación, tiene la palabra el Honorable señor Vega.
Frente a este tema, señor Presidente, no se puede dejar de hacer una reflexión.
Comparto plenamente la opinión de que este proyecto y muchos de los otros relacionados con los derechos humanos sólo tienen como propósito alivianar conciencias o tratar de limitar las responsabilidades que generó el pronunciamiento militar -o "golpe militar", como lo llaman algunos- del 11 de septiembre de 1973.
Todos sabemos que dicho pronunciamiento fue únicamente una reacción directa y extrema ante la anarquía política desencadenada en Chile por el Gobierno de la época. Se quebró el Estado de Derecho, se destruyó la democracia. Y las democracias no se reparan con un "parche curita": se deben construir de nuevo desde cero. Y por eso la gran confusión generada por este quiebre de la democracia obligó, inevitablemente, al uso de la fuerza.
Hay extensa documentación al respecto. Entre ella, una interesante carta del Presidente Frei Montalva a Mariano Rumor, entonces Presidente Mundial de la Democracia Cristiana , donde explica detalladamente la forma y consecuencias de la intervención de las Fuerzas Armadas en ese momento, en aquella tremenda crisis que los políticos no quisieron ver o que no quisieron evitar democráticamente (porque eran los únicos que podían evitarla en forma democrática).
Las Fuerzas Armadas hicieron su trabajo y entregaron un país reestabilizado. Se generaron los extremos inevitables, que todos lamentamos. Desgraciadamente, cuando se usa la fuerza en un Estado con su democracia destruida, sin instituciones que funcionen, esos extremos se producen siempre. El mundo está lleno de ejemplos de esta naturaleza, donde se violan los derechos humanos, porque no existen las estructuras adecuadas para llevar a cabo de la noche a la mañana una reformulación controlada de los sistemas democráticos.
Estabilizado el Gobierno, en esta paz actual, con todos ustedes expresando sus opiniones libremente, estamos tratando de buscar soluciones eficaces a los problemas generados hace tres décadas y prescritos hace ya largos años, mediante proyectos de ley que lo único que lograrán será producir mayores dificultades, incomodidades y discusiones, como las que hoy día tenemos.
Las instituciones de la Defensa cooperaron directa y puntualmente, con todos sus esfuerzos, en el Informe Rettig, que mencionó el problema del quiebre de la democracia. Así lo expresó en sus primeros capítulos. Lo señalaron todos los documentos de las instituciones de la Defensa relativos a dicho Informe. Asimismo, cooperaron en la Mesa de Diálogo y en el Informe Valech. Es decir, ha existido una cooperación permanente de estas instituciones básicas del Estado para recuperar la paz y la democracia que Chile hoy día está reconstruyendo.
Quisiera hacer también una pequeña reflexión acerca de la justicia militar, tan vapuleada, como si los procesos que van a salir de ella fueran a ser solucionados por los jueces civiles. Ignoro cuánto más hábiles son unos u otros. Lo único que sé es que los de la justicia militar son sistemas mundiales que, por las especiales características de las instituciones de la Defensa, éstas emplean en los momentos operativos. Hay procedimientos jerárquicos, órdenes no escritas, improvisaciones de subalternos, problemas de las estructuras en general, relaciones laterales y verticales que sólo conocen los especialistas en justicia militar.
Tengo plena fe en el profesionalismo de los integrantes de la justicia militar, quienes han llegado a muy buenas conclusiones. Los jueces civiles, que van a partir de cero,...
al entrar en estructuras tan complejas, generarán con el paso del tiempo, un sinnúmero de problemas mayores, como ya se está viendo.
Por esa razón, creo que el proyecto que nos ocupa es ineficiente y creará sensibilidades que este país hoy día no se merece.
Todavía no se toma la votación. Sin embargo, Su Señoría puede anticipar la suya.
Señor Presidente , en su intervención el señor Subsecretario del Interior señaló que había que tener presentes valores éticos y morales al momento de pronunciarse sobre esta normativa.
Yo quiero recordar que por parte de los Senadores de la Alianza siempre ha existido la mejor disposición para votar todas aquellas iniciativas que signifiquen avanzar en los juicios por violaciones a los derechos humanos, en la reparación a sus víctimas y en superar las heridas del pasado mediante la construcción de una auténtica reconciliación nacional.
Por eso, siento que las palabras de muchos señores Senadores de la Concertación son profundamente injustas, porque con nuestros votos se han aprobado -como ya dije- numerosos proyectos de manera principal a mitigar el dolor de las familias afectadas por las violaciones a los derechos humanos. Y ello, también con los votos de los Senadores institucionales, a quienes -en particular a uno-, lamentablemente, esta tarde se ha buscado descalificar de la forma más grosera e inaceptable, como hemos escuchado.
Tal como señaló la Senadora señora Matthei , todos estamos aquí revestidos de auténtica legitimidad: unos, porque recibimos el apoyo ciudadano; otros, en virtud de una carrera desarrollada en las Fuerzas Armadas o en Carabineros de Chile, que les permitió llegar al punto cúspide de sus respectivas instituciones. Lo mismo ocurre en el caso de ex Ministros de la Corte Suprema , de ex rectores de universidades estatales, de ex Ministros de Estado y de ex Contralores, todas personas altamente calificadas y cuyo desempeño aquí, en el Senado, ha sido siempre un aporte de tremenda importancia. Por lo demás, no olvidemos que en los meses recién pasados se alcanzó un acuerdo para votar el término de los Senadores vitalicios e institucionales.
Pero ya han transcurrido quince años, y no podemos desconocer la Constitución que nos rige, porque fue la que juramos respetar al momento de asumir nuestros cargos.
Por eso, quiero expresar al Honorable señor Cordero -porque, obviamente, a él se referían las palabras del Senador señor Muñoz Barra - mi mayor solidaridad. Y a todos los Senadores institucionales y al Senador vitalicio y ex Presidente de la República señor Eduardo Frei les manifiesto mi mayor respeto y consideración.
Creo que aquí todos estamos inspirados en entregar un aporte para la grandeza del país. Todos estamos inspirados en que olvidemos las heridas del pasado y nos unamos a fin de construir un futuro mejor para todos los chilenos. Y palabras como las expresadas esta tarde en esta Sala en nada contribuyen a ese propósito nacional.
Como no quedan Senadores inscritos, corresponde cerrar el debate e iniciar la votación.
Tiene la palabra el Senador señor Aburto.
Estoy pareado con el Honorable señor Silva.
Registre su votación sin problemas, señor Senador. Sólo conecte el aparato electrónico y quedará consignado su pareo.
¿El artículo 1º es de quórum especial, señor Presidente?
No, señor Senador. Los artículos 1º a 8º son de quórum simple.
El artículo 9º y las disposiciones transitorias sí revisten carácter orgánico constitucional. Por eso, los votaremos separadamente.
En primer lugar, pondré en votación el artículo 1º del proyecto; después sugeriré una secuencia para pronunciarnos sobre los demás preceptos.
En votación electrónica el artículo 1º.
--Se rechaza el artículo 1º (19 votos por la negativa, 17 por la afirmativa y un pareo).
Votaron por la negativa los señores Arancibia, Bombal, Canessa, Chadwick, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, García, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Prokurica, Ríos, Romero, Stange, Vega y Zurita.
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Boeninger, Flores, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Ominami, Parra, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés).
No votó, por estar pareado, el señor Aburto.
En mi opinión, desechado el artículo 1º del proyecto, debemos entender que el resto de las disposiciones permanentes y todas las transitorias también quedan rechazadas, y con mayor razón aquellas cuya aprobación requiere quórum orgánico constitucional.
--Con la misma votación anterior (19 votos en contra, 17 a favor y un pareo), se rechaza el resto del articulado y queda terminada la discusión del proyecto en este trámite.
Como la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa, corresponde la formación de una Comisión Mixta.
Sugiero que la integren los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
¿Y por qué no los de la Comisión de Constitución?
Porque el proyecto no fue analizado por ella.
Señor Presidente, pido que se proceda de la manera habitual. Es decir, que la Mesa solicite a las bancadas que nombren a los miembros de la Comisión Mixta.
Ése es el procedimiento regular. ¿O no?
Así se hace en la Cámara de Diputados, señor Senador.
En esta Corporación, la Comisión Mixta siempre queda conformada por los integrantes de la Comisión técnica respectiva. Si bien la Sala podría designar a otros Senadores, ése es el precedente.
Entonces, si le parece a la Sala, se designará a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía para integrar la referida Comisión Mixta.
Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto sobre modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de contratos de promesa de compraventa de determinados bienes raíces sin recepción definitiva.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3574-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Mixta, sesión 31ª, en 1 de marzo de 2005
Sesiones 27ª, en 8 de septiembre de 2004 (se aprueba en general); 19ª, en 6 de diciembre de 2004 (se aprueba en particular).
La controversia entre ambas ramas del Congreso se originó por el rechazo de la Cámara de Diputados a una de las modificaciones efectuadas por el Senado, en segundo trámite constitucional, que consistió en eliminar el depósito del promitente comprador en una cuenta de ahorro, respecto de la que autorizaría, mediante mandato, a la entidad bancaria para efectuar giros en nombre del promitente vendedor contra avances de la obra. Esta Sala estimó que este mecanismo no resguardaba los intereses del promitente comprador.
La Comisión Mixta, para resolver la divergencia suscitada, sugiere aprobar la enmienda del Senado, esto es, eliminar el mecanismo antes explicado.
El acuerdo pertinente fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Senadores señores Arancibia, Cordero, Naranjo y Sabag, y Diputados señora Caraball y señores García y Hales.
La Cámara de Diputados, en sesión de 20 de enero del año en curso, dio su aprobación al informe que ahora se discute.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión Mixta, Honorable señor Sabag.
Señor Presidente , el informe es muy breve y la relación del señor Secretario lo ha resumido completamente.
El Senado eliminó la letra b) del número 3 del artículo único, que permitía al promitente comprador abrir una cuenta de ahorro para que el banco girara anticipos a las empresas constructoras contra avances de la obra. Durante el debate de la Comisión Mixta, los señores Diputados insistieron en mantener dicho procedimiento, por considerar que favorecía a las pequeñas empresas constructoras, fundamentalmente a las pymes.
Nosotros explicamos que el fundamento de la iniciativa de ley consistía en proteger los ahorros de los potenciales compradores de viviendas, cuyos intereses quedaban indefensos. Como se entendió claramente nuestra posición, por unanimidad se aprobó la proposición original del Senado, en cuanto a que todo anticipo que se entregue por la compra de una vivienda debe estar debidamente protegido.
La tiene Su Señoría.
Señor Presidente , yo no asistí a todas las sesiones en que se discutió el proyecto. Por eso, a través de la Mesa, quiero consultar al Honorable señor Sabag , Presidente de la Comisión , acerca de una materia muy trascendente desde mi punto de vista.
De la lectura de los artículos, sobre todo de las modificaciones que ahora se plantean, queda la sensación de que el negocio de la compra y venta de viviendas está dirigido básicamente a personas individuales. Y me da la impresión de que el tema de los comités de vivienda no se trató.
Los comités de vivienda operan a través de terceras personas. Lo usual -y éste es un ejemplo típico- es que el comité adquiera el terreno -supongamos uno para sesenta viviendas-, luego obtenga el subsidio y la municipalidad asuma la responsabilidad de ser su ejecutor (esta situación se presenta cientos de veces). La municipalidad llama a propuesta pública; la empresa que se la adjudica inicia los trabajos en un terreno que no le pertenece y quiebra. Insisto: esto se da permanentemente.
Mi consulta al señor Presidente de la Comisión Mixta es la siguiente. Esta situación, que tiene una connotación distinta y que ha afectado a cientos o miles de personas -el Honorable señor Sabag conoce muchísimos ejemplos de este tipo en nuestra Región-, ¿queda resguardada de manera que permita enfrentar el problema del incumplimiento en la entrega de viviendas ya pactadas?
Tiene la palabra el Senador señor Sabag para absolver la pregunta del Honorable señor Ríos.
Señor Presidente, este proyecto de ley se refiere a las compras en verde y pretende que cada uno de los anticipos que den los potenciales compradores, cuyos intereses se desea cautelar, estén debidamente resguardados.
El caso que expone el Senador señor Ríos, relativo a los comités de vivienda o al uso de subsidios, queda debidamente amparado en esta normativa. La empresa constructora deja una garantía por los anticipos de los subsidios que pueda recibir. Por ejemplo, la empresa Bilbao , de Concepción, que se vio involucrada en un hecho acaecido en nuestra Región -fue muy destacado por la prensa-, aunque pasaron tres o cuatro años, tuvo que pagar la garantía consignada en la póliza de seguro y el SERVIU recuperó toda la plata. Es decir, nadie perdió nada: ni los pobladores ni el SERVIU. ¿Por qué? Porque los dineros estaban debidamente resguardados.
Con ese ejemplo, el informe especificó aún más el ámbito de protección, para que nunca se lleven la plata del Estado y menos la de los trabajadores.
El proyecto está orientado a la compra de viviendas en verde por personas sin experiencia en la materia, las que, a veces, luego de anticipar uno o dos millones de pesos, se enfrentan a la quiebra de la empresa constructora sin ninguna garantía y absolutamente desprotegidas. Esta normativa las defiende cuando se encuentran ante situaciones de tal índole.
Tanto el Ejecutivo como el Parlamento han apoyado esta iniciativa. Y la Comisión Mixta aprobó por unanimidad el criterio del Senado.
El impasse se produjo porque los señores Diputados estimaban que los anticipos podían favorecer a las pequeñas empresas constructoras, particularmente a las pymes. Pero nosotros no queremos protegerlas a ellas, sino resguardar el interés de los potenciales compradores.
Estoy pareado con mi Honorable colega Romero, señor Presidente , pero tengo la impresión de que el asunto no importa una mayor controversia.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (27 votos a favor y un pareo) y queda despachado el proyecto.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Ávila, Boeninger, Bombal, Canessa, Cordero, Flores, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Parra, Prokurica, Ríos, Ruiz (don José), Sabag, Valdés, Vega, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés).
No votó, por estar pareado, el señor Zurita.
Corresponde tratar el proyecto de acuerdo, iniciado en moción de los integrantes de la Mesa, que introduce modificaciones al Reglamento del Senado, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Constitución, sesión 28ª, en 18 de enero de 2005
La Comisión discutió el proyecto sólo en general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento.
El objetivo principal de la iniciativa es revisar el Reglamento de la Corporación para modernizar sus disposiciones y agilizar los distintos procedimientos que contempla, mediante diversas modificaciones de forma y de fondo.
La Comisión aprobó en general el proyecto de acuerdo por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Chadwick, Cordero, Espina y Viera-Gallo).
Si me lo permite la Sala, quisiera, desde la Mesa, hacer algunos comentarios a la iniciativa.
Esta propuesta de enmienda al Reglamento, que hemos presentado con el señor Vicepresidente, busca lograr objetivos importantes, en los que hemos trabajado desde que asumimos nuestros actuales cargos. Para tal efecto, evaluamos el funcionamiento de la Corporación con el actual Reglamento, a fin de incorporar modificaciones en los aspectos que necesitaban perfeccionamiento.
También recogimos, de la Secretaría del Senado y de Comisiones, la experiencia y las sugerencias que serían convenientes para realizar enmiendas que hagan más expedito, eficaz y transparente nuestro trabajo, con el objeto de que, además, responda al grado de desarrollo que ha alcanzado la Corporación. Porque, por un lado, muchas disposiciones reglamentarias ya no están operando, y por otro, una serie de prácticas que se han incorporado al trabajo parlamentario no han sido recogidas por el Reglamento.
Con este objetivo, trabajamos largamente con diversos integrantes de la Secretaría para llegar a este proyecto. La Comisión de Constitución lo aprobó en general y ahora se propone a la Sala que lo vote en los mismos términos. Posteriormente, se analizará en particular cada artículo y los señores Senadores podrán formular las indicaciones que estimen necesarias.
En cuanto a los temas centrales, las modificaciones propuestas abordan distintas finalidades.
En primer lugar, existe la voluntad de realizar un trabajo más ágil en la Sala. Con tal propósito, se incorpora una serie de enmiendas. Por ejemplo, esa labor se encuentra dividida en dos partes fundamentales: Orden del Día e Incidentes, y a cada una se le asigna hoy una cantidad de tiempo equivalente. En efecto, para tratar proyectos de la tabla, tenemos dos horas, y para intervenir en Incidentes, también. Pero el Orden del Día debiera tener una duración mayor, sobre la base de que en la otra parte de la sesión nunca se ocupa la totalidad del tiempo. Por ese motivo, se sugiere alterar la distribución horaria y disponer tres horas para el tratamiento de la tabla y sólo una para Incidentes, manteniendo la proporción de la asignación temporal entre los diversos Comités.
Siguiendo la misma idea de aprovechar mejor el tiempo, se plantea reducir la duración de los discursos de los Senadores: de 15 minutos a 10 en la discusión general y de 5 minutos a 3 en la discusión particular y el fundamento de voto.
Se presentan, entonces, varias indicaciones que reforman el Reglamento conforme a lo expresado.
Por otra parte, en el ánimo de generar más transparencia, se plantea la mayor cantidad de votaciones públicas posible. Se apunta, por ejemplo, a que todos los nombramientos que debe hacer el Senado respecto de la Corte Suprema, el Banco Central y el Consejo Nacional de Televisión no los realice mediante votaciones secretas, sino a través de votaciones públicas.
La idea es que esta Corporación, que está dando un paso muy importante sobre el particular, pueda también avanzar en esa línea, quedando sólo algunas votaciones circunscritas a la no publicidad. Es el caso de aquellas que afectan a terceros, como la rehabilitación de ciudadanía, la cual permanece en la misma condición de secreta. Porque se trata de situaciones en que no hay por qué redundar en hacerlas públicas, toda vez que podrían ser objeto de rechazo en su momento.
Asimismo, se han introducido modificaciones en aras de lograr un buen funcionamiento de la Sala y de procurar el orden dentro de ella. Porque hemos experimentado en más de una oportunidad la presencia en tribunas de algún grupo de exaltados, lo que ha obligado a proceder a su desalojo. Sin embargo, esas personas, que pueden afectar el desarrollo del debate, no tienen -por así decirlo- ninguna sanción, ni se encuentran impedidas de volver a la Sala e interrumpir de nuevo su trabajo.
Al respecto, estimamos adecuada la medida que ha sido planteada en forma insistente por algunos señores Senadores en el sentido de que las personas desalojadas por haber incurrido en un comportamiento indebido no puedan volver a ingresar durante algún tiempo. El propósito de la sanción es asegurar que los asistentes mantengan una conducta acorde con el funcionamiento y la dignidad de la Cámara Alta.
Así como hay propuestas relacionadas con la actividad en la Sala, existen otras vinculadas con la que llevan a cabo las Comisiones. En tal sentido, hemos planteado la idea de reordenar estas últimas de manera de hacer equivalente su labor, porque realizamos un estudio de los distintos órganos técnicos y pudimos apreciar que no todos tienen la misma intensidad de trabajo. Si pudiéramos concentrar algunas de ellas, de modo de sumar los esfuerzos y, por lo tanto, racionalizar su composición, quizás se lograría una labor más adecuada.
Además, se ha introducido una serie de otras modificaciones relativas, por ejemplo, a la publicidad de los documentos y la certificación del Secretario de la Comisión . Al haber mayor divulgación, es posible obtener también una mejor presencia y transparencia de la actividad que desarrollan los respectivos órganos técnicos y, al mismo tiempo, cumplir de manera más apropiada nuestros objetivos frente a la opinión pública.
Igualmente, se contemplan diversas disposiciones relacionadas, como lo señalé, con la búsqueda de mecanismos que permitan dar al Reglamento la mayor coincidencia posible con la realidad. De esta forma, se elimina lo que no se aplica; se incorporan los elementos surgidos en la práctica; se moderniza el lenguaje conforme a los términos que realmente utilizamos, por cuanto hay expresiones que no se emplean y que, sin embargo, están incorporadas en dicho cuerpo normativo, en fin.
El proyecto -como dije- es producto de un trabajo bastante largo realizado por una Comisión que hemos dirigido con el señor Vicepresidente del Senado. Contamos para ello con la activa participación del señor Secretario y de otras personas.
En virtud de lo anterior, solicitamos la aprobación en general de la iniciativa, para que durante la discusión particular -vale decir, a través del análisis de cada artículo- pueda generarse un debate más detenido de cada una de las propuestas que pretendemos incorporar.
Están inscritos para intervenir los Senadores señores Moreno, Martínez, Ávila, Andrés Zaldívar y Valdés.
Señor Presidente , la verdad es que ésta es una iniciativa bastante compleja. Además, sólo en este momento hemos tenido la posibilidad de conocer, mediante su relato, algunos de los aspectos contenidos en ella, para estudiar posteriormente el informe. Sin embargo, después de haberlo leído y de escuchar la reciente exposición, no me parecen adecuadas algunas de las propuestas formuladas.
En primer término, aprobamos una reforma constitucional que reduce a 38 el número de Senadores. Y una de las proposiciones consiste en otorgarles menos minutos para que intervengan. Si el problema es lo relacionado con el tiempo para que puedan expresar sus ideas, esos pocos Parlamentarios obviamente dispondrán...
¡Los pocos que vamos a ser!
Sí, señora Senadora . No se preocupe, pues estoy hablando en tercera persona.
En segundo lugar, no comprendo la eliminación de algunas Comisiones. Veo que se pretende sustituir la de Agricultura por una que se llama "De Recursos Renovables". Veo que se sugiere subsumir la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura en la de Recursos Renovables. Veo que se desea suprimir la Comisión de Medio Ambiente e insertarla en la de Salud.
La Senadora señora Frei me acota que también se afecta a la Comisión de Derechos Humanos.
En concreto, estimo que eliminar, por ejemplo, la Comisión de Pesca es un grave error, puesto que se relaciona con un sector tremendamente emergente en la sociedad y la economía y que presenta enormes complejidades, como lo hemos visto en los debates del Senado. Y poco tiene que ver con el rubro forestal, como tampoco con la agricultura y los problemas que ella involucra, por lo que no creo que exista ninguna vinculación entre una cosa y otra.
Si se coloca el medio ambiente -tema que constituye una preocupación básica en la mayoría de los países y es objeto de convenciones internacionales- en el ámbito del Ministerio de Salud, nadie podrá comprenderlo a nivel mundial, salvo que se crea que los chilenos estamos deteriorando la salud a través de aquél. Sería la única explicación lógica y coherente en tal sentido.
En consecuencia, señor Presidente , anuncio que no votaré a favor de esta iniciativa. Prefiero que se nos dé tiempo para estudiarla y que vuelva a Comisión antes de pronunciarnos. Porque si tengo que votarla, lo haré en contra. Me parece que no estamos en condiciones de mandar de un plumazo a la agricultura, por ejemplo, una señal de que el Senado de la República, sencillamente, ya no la considera importante y la subsume en otros elementos.
En cuanto a que el medio ambiente pasará a ser un asunto que dependerá del Ministerio de Salud, es del caso señalar que en este momento lo concerniente a la salud ambiental está siendo revisado a nivel del Ejecutivo. Y ello, precisamente, por la falta de una vinculación directa entre la salud pública, el tema médico, con lo que éste involucra, y las materias relacionadas con la salud ambiental, que más bien están ligadas a otro tipo de inversiones y de manejo. No considero adecuada la idea.
Solicito, señor Presidente -por lo menos, en mi nombre-, que el proyecto vuelva a la Comisión, para que también entreguen su opinión quienes participan en los otros órganos técnicos, por cuanto nunca fuimos consultados sobre el asunto. Y, obviamente, algunos tenemos determinado criterio acerca de cómo organizar nuestra labor, sin que ello desmerezca a quienes han trabajado en la elaboración de la iniciativa que nos ocupa.
En todo caso, debo recordar que se trata de proposiciones que pueden ser objeto de enmiendas durante la discusión particular.
Antes de ofrecer la palabra a otros señores Senadores, se la concederé a uno de los integrantes de la Comisión de Constitución.
Puede hacer uso de ella el Honorable señor Andrés Zaldívar .
Señor Presidente , comprendo perfectamente la inquietud de la Mesa -también nos ha ocurrido lo mismo a quienes la hemos integrado- acerca de la necesidad de adecuar el Reglamento de acuerdo con la experiencia que se va adquiriendo en el tiempo. Efectivamente, en el Senado, en varias oportunidades, a instancia de los distintos Presidentes, se han formulado proposiciones para ir innovando sobre el tema.
La verdad de las cosas es que normalmente ha habido bastante reticencia de parte del cuerpo de la Cámara Alta para introducir alguna modificación reglamentaria, debido a la costumbre y la forma como funcionamos, por cuanto creemos que el Reglamento tiene pocas dificultades en su aplicación.
Dicho cuerpo normativo fue reelaborado bajo la Presidencia del Honorable señor Valdés , quien durante ese período determinó la innovación para poder funcionar al volver la democracia, y después ha sufrido otras modificaciones.
En cuanto al proyecto, deseo manifestar que no participé -y esto no es una excusa- en la sesión donde fue analizado, porque estaba cumpliendo una misión que me había encargado el Senado. Por lo tanto, no tuve conocimiento del asunto, aunque sabía de la inquietud de la Presidencia y la Vicepresidencia por hacer algunas innovaciones.
Después de una lectura muy rápida del informe -no he tenido tiempo suficiente para una revisión minuciosa-, deseo proponer que se dé un plazo razonable para estudiar las enmiendas, que constituyen una revisión total al Reglamento. Aunque ello representa un buen propósito, seguramente se pueden introducir mejoras importantes.
Siempre que se sugiere reducir el tiempo de determinadas intervenciones, surge una reacción negativa. Cuando estuve en la Presidencia de la Corporación , logramos abreviarlas en alguna medida. Es un asunto que puede discutirse. A lo mejor, se pueda abreviar el estudio de ciertas materias, pero habría que precisarlo en detalle.
¿Qué quiero proponer? No voy a pronunciarme sobre el texto mismo, porque -quiero ser sincero- no lo he estudiado a fondo, debido a que, por razones ajenas a mi voluntad, no estuve en la Comisión cuando se analizó. Pero, para el buen desempeño nuestro y para que todos podamos participar en una reforma que puede tener mucha trascendencia, deseo solicitar que la Secretaría elabore un boletín comparado -como se hace para la discusión particular de los proyectos- que consigne en la primera columna lo vigente; en la segunda, las modificaciones propuestas, y en la tercera, el fundamento de éstas. Sé que el señor Secretario -porque ha trabajado en la materia y porque su experiencia también es un buen aporte- puede darnos algún fundamento de lo que el señor Presidente del Senado persigue con las enmiendas reglamentarias propuestas.
Ahora ya se han hecho algunas observaciones. Por supuesto, es perfectamente factible corregir determinados aspectos durante la discusión particular. El modificar la Comisión de Agricultura y cambiarle nombre puede arreglarse para ver dónde corresponde. El que la Comisión de Salud se una con la de Medio Ambiente podremos estudiarlo.
En mi opinión, efectivamente hay algunas Comisiones que deben reestructurarse, en aras de distribuir mejor la carga de trabajo. Porque, si hacemos una revisión de su funcionamiento -esto no es un cobro de cuentas a nadie, sino que, simplemente, corresponde a la realidad-, advertiremos que hay algunas que tienen una tarea tremenda. Yo participo en la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento -el señor Presidente también ha sido integrante de ella-, y puedo afirmar que es impresionante el número de sesiones que celebra. Y siempre he sostenido que, a lo mejor, en un momento dado habría que pensar seriamente en la posibilidad de dividirla en un área de Constitución y Reglamento, por un lado, y en una de Legislación y Justicia, por el otro. Habría que determinarlo. Es una materia que debe discutirse.
Por su parte, la Comisión de Hacienda también tiene mucho trabajo. A su vez, la de Transportes podría unirse con la de Obras Públicas. Todo esto es una argumentación muy al margen de la cuestión de fondo.
Pero, ¿cómo podríamos proceder? Creo que el Senado tiene la obligación de hacer una revisión en forma, recogiendo las propuestas importantes de los señores Senadores y no innovando en lo que no es necesario.
Entonces, señor Presidente , yo propondría lo siguiente. Primero, no iniciar hoy el debate de esta materia, sino encargar a la Secretaría la elaboración del boletín comparado a que me he referido. Una vez concluido éste, podríamos darnos ocho o diez días -lo que sea- para estudiar cada enmienda y llegar a la discusión general bien informados. Es decir, no actuar como en otro tipo de proyectos, en que podemos decir: "Despachémoslo rápido en general, porque después, en el trámite en particular, vamos a estudiarlo artículo por artículo y ver qué pasa". No; en este caso, hagamos una discusión más a fondo sobre el contenido mismo del proyecto y luego lo volvemos a Comisión, si hay voluntad del Senado para aprobarlo en general. Allí, con las argumentaciones de los señores Senadores, podremos hacer una revisión sistemática y ordenada de todo cuanto se quiere cambiar y pesquisar el alcance de la reforma. Yo creo que eso nos permitiría un buen mecanismo de despacho.
También deseo plantear la conveniencia de no fijar un plazo para la presentación de indicaciones, sino establecer un tiempo para despachar la iniciativa y que en el transcurso del debate en la Comisión -en la que cualquier señor Senador puede participar- hagamos las observaciones y modificaciones que se deriven del análisis.
Es lo que quería proponer, señor Presidente . Desde luego, de mi parte Su Señoría tendrá la mejor colaboración para lograr un buen resultado en beneficio del funcionamiento del Senado.
El señor Secretario me informa que el comparado ya se confeccionó. Por lo tanto, si así lo requieren los señores Senadores, puede entregarse para su conocimiento.
Por otro lado, quizás las recientes intervenciones de los Honorables señores Andrés Zaldívar y Moreno pueden abrirnos el camino para adoptar un criterio y fijar una pauta de trabajo.
Entiendo la inquietud de Sus Señorías, quienes a lo mejor quieren agregar otros argumentos. Al respecto, no tengo inconveniente en ofrecer la palabra. Pero ocurre que el Orden del Día concluye dentro de cuatro minutos y hay cinco señores Senadores inscritos.
No sé si abrir el debate de inmediato o avanzar en conclusiones como la sugerida por el Honorable señor Andrés Zaldívar . Parece muy bien fijar un plazo más amplio, entregar nuevos elementos de juicio y volver sobre la materia en un par de semanas. No hay inconveniente, porque el Reglamento debe satisfacernos y recoger la experiencia de cada uno. Hemos intentado hacerlo. Sabemos que muchas de nuestras propuestas van a merecer cambios y modificaciones; y, ciertamente, existe voluntad para hacerlo.
Si así lo quieren los señores Senadores, puedo ofrecerles la palabra para que intervengan por un minuto.
Seguiríamos el orden de inscripción y prorrogaríamos el Orden del Día hasta que termine este breve intercambio de opiniones. Luego fijaremos un criterio para proceder con el análisis de la materia.
En consecuencia, conforme al orden de inscripción, tiene la palabra el Honorable señor Martínez por un minuto.
Señor Presidente , el alma o la razón de ser del Senado es organizarse internamente y resolver los problemas relacionados con las áreas en las cuales el Gobierno conduce a su vez la administración del país, su vida económica, su quehacer político, etcétera. Por consiguiente, las Comisiones de estudio de la Corporación son la clave del Reglamento.
Por tanto, sugiero que en materia de nuevas Comisiones o de restricción del número de éstas, como se plantea en el número 11, que propone sustituir el artículo 27, el asunto sea objeto de un debate muy cuidadoso, porque es una señal para los sectores productivos, políticos, sociales, y así sucesivamente. Luego la agrupación propuesta aparentemente no sería adecuada.
Concuerdo con el planteamiento del Senador señor Andrés Zaldívar , por ser lógico. Es demasiado el peso de estos cambios frente al futuro que viene.
Señor Presidente, hemos llegado a un grado de astringencia extrema en materia de tiempo.
Básicamente, lo que pretendo señalar es que ojalá el esfuerzo realizado por mejorar el Reglamento logre una equilibrada combinación entre tradiciones y aspectos sensibles de ser mejorados en cuanto al funcionamiento.
Instituciones como ésta no deben desprenderse demasiado de lo que constituye un cierto legado histórico. Hoy en día, lo más revolucionario es ser conservador. Ello, por cuanto implica continuar atesorando principios que la modernidad ha pretendido sepultar o dejar atrás. Hay conceptos cada vez más vigentes, y no sólo en los planos retórico, ético, moral, sino también en un aspecto tan doméstico como el funcionamiento de una corporación.
Así que me reservaré para hacer valer estos criterios en el momento oportuno.
¡Gracias por sus expresiones "conservadoras", señor Senador...!
Señor Presidente , lo felicito por haber impulsado la iniciativa en debate, y a la Comisión de Constitución, que ha hecho el trabajo. Pero quiero decir que no quedo satisfecho con las propuestas. Respecto de algunas, comparto la opinión del Senador señor Moreno . Y con todo respeto por dicho órgano, estimo que éste no es un problema jurídico, pues nos compete a todos.
Después de seis años de experiencia a la cabeza de esta Corporación, y siendo uno de los pocos que conocieron el Senado antiguo, advierto falencias en nuestro funcionamiento, no de ahora, sino desde el año 1990.
Entonces, me parece que a quienes tenemos experiencia al respecto debiera dársenos una audiencia para que se consideren algunas de nuestras opiniones.
Por ejemplo, antiguamente la hora de Incidentes era la más importante del Senado. El país oía a las distintas autoridades, a los jefes de los partidos, y en la tarde los periodistas hacían sus comentarios. En la actualidad, quien interviene después de las 13 no es escuchado. El Senador que habla ha hecho un par de discursos en los últimos tres años, y algunos de los Honorables colegas han realizado espléndidas alocuciones, de las cuales nadie supo. ¡Es como si las hubieran pronunciado en Kenya!
Considero necesario cambiar los horarios y velar por una presencia del Senado más activa. Somos el más importante cuerpo político electivo de la República, y nuestras opiniones deben ser expresadas de manera distinta de como se ha estado haciendo hasta ahora.
Por eso, el tiempo dedicado a los debates debe ser acorde con las iniciativas de ley de que se trate y no con los discursos. Antes, la gente oía y leía los discursos, porque eran opiniones fundadas que representaban a la República desde el punto de vista político. Actualmente hay muchos "generalísimos", pero no son representantes del pueblo, sino de algunas personas.
Entonces, participemos como cuerpo en el debate nacional. Creo que podemos ordenarlo y hacerlo de mejor manera.
Por último, estoy de acuerdo con la propuesta de demorar un poco el análisis de la iniciativa y, también, en cuanto a la modificación de las Comisiones. Porque si el Senado va a estar compuesto de 38 miembros, hay que pensar mucho en la integración de aquéllas. Por de pronto, considero que hay algunas que no debieran existir. Pero lo de las Comisiones de Salud y Medio Ambiente me parece mejor borrarlo, porque sería feo mostrarlo hacia el exterior. No corresponde a lo que está pasando hoy día en Chile, en que hay un aplastamiento en la materia. Viene muchísima gente desde el extranjero a ver por qué en nuestro país no se respeta el medio ambiente. ¡Y nosotros lo colocamos junto con el rubro Salud...! ¡No puede ser!
Así que propongo postergar el tratamiento de esta iniciativa y que en algún momento exista la bondad de escuchar las opiniones de quienes tenemos por lo menos años de experiencia.
No diga eso, Su Señoría. Desde luego, usted, al igual que todos, tiene tribuna. Y, precisamente, ése es el sentido de esta reunión: ofrecer la palabra a todos los Senadores y, en su momento, tomar decisiones.
Señor Presidente , estoy de acuerdo en no votar hoy día esta iniciativa y en que se entregue el boletín comparado. Y, además, sugiero que se nos reparta a todos el trabajo relacionado con el ritmo de trabajo de cada Comisión.
Debo aclarar que aquí no estamos proponiendo una reforma de los Ministerios en el país, ni planteando un orden diferente de las materias de importancia. Se puede organizar las Comisiones de distinta manera. Lo que ocurre es que hay tres o cuatro que consumen el 80 por ciento del trabajo del Senado. Y eso va a seguir siendo así, por relevantes que sean ciertos asuntos. La de Medio Ambiente puede analizar cuestiones fundamentales en cierto momento, pero termina el análisis del proyecto respectivo y después pasa meses sin hacer nada. Eso es lo que ocurre. Y la labor...
Señor Senador , hay una estadística que indica que el 70 por ciento de las horas de trabajo de las Comisiones del Senado se reparten entre la de Constitución, Legislación y Justicia y la de Hacienda; después, hay tres o cuatro que tienen un ritmo regular, y el resto celebra muy pocas sesiones al año.
No dispongo de tiempo, señor Senador.
Así es. Quisimos hacer un debate breve, sin interrupciones.
Entiendo que la discusión es dificilísima, porque combinar modernización y tradición, en cualquier Congreso, es casi imposible. Así que el debate va a ser un tanto extenso.
Por otro lado, es evidente que esto nos atañe a cada uno de nosotros. Por lo tanto, el trabajo de Sala va a tener que ser casi como el de Comisiones. Porque aquí todos tenemos opinión. Éste no es un tema especializado, porque están en juego nuestros derechos como representantes y como legisladores.
Entonces, deseo pedir, primero, que se haga un resumen de los temas centrales. Por de pronto, visualizo tres tipos de propuestas, todas discutibles. Una, respecto de los tiempos; se puede debatir. Otra, una discusión muy central acerca del secreto, también muy controversial. Junto con el señor Presidente , hemos tomado una opción: eliminar el secreto y aumentar la transparencia. Se argumenta otra, que habrá que resolver. Y una tercera, relacionada con las Comisiones.
Sobre este último particular, dos cosas, nada más, y termino.
Primero, en la discusión que tuvimos se sostuvo que cualquier reforma en esta materia tiene que ser para la próxima legislatura, no para la que está en desarrollo. Además, toda la negociación de los equilibrios internos se hace por períodos de cuatro años.
Un segundo aspecto es que en marzo de 2006 vamos a ser 38. Y digo "vamos a ser" porque represento a una región impar, donde no hay renovación. Se van a mantener los mismos Ministerios y tendremos que reordenar las Comisiones. Ese aspecto debe quedar terminado durante este año, porque es muy difícil reformar el sistema de trabajo de ellas, cualquiera sea la reforma que se pretenda realizar, si no es en este período, de manera que en el siguiente, cuando se hagan las negociaciones internas entre bancadas, grupos y personas, ya se tenga el nuevo cuadro. Obviamente, no queremos afectar con esta propuesta la composición actual de las Comisiones durante el mandato que termina el 11 de marzo del año 2006. Lo que estamos sugiriendo es un orden de trabajo, que se podrá discutir, pero que al menos empiece a funcionar en esa fecha.
Efectivamente, tal cual lo señala Su Señoría, este cambio es para la próxima legislatura.
Estaba inscrito el Senador Ríos, quien no se halla en la Sala.
Señor Presidente , valoro el trabajo realizado, porque es necesario mejorar muchos aspectos del Reglamento y la forma como funciona el Senado. No podemos desconocer que somos parte de uno de los tres Poderes del Estado. Y debemos estudiar estos cambios con mucha atención, porque si vamos a ser 38 Senadores, obviamente, la carga de trabajo será distinta.
No creo que haya Comisiones ociosas, como señalaba el Senador señor Valdés . Si una de ellas tiene poco quehacer, su obligación es estar en contacto con la gente respecto de los asuntos de su especialidad. Por ejemplo, pienso que la de Agricultura debiera relacionarse con las regiones agrícolas. Puede que alguna no tenga proyectos de ley que tramitar, pero sí debe consultar a la ciudadanía. Eso también hemos de considerar.
En cuanto a los tiempos de discusión y otros aspectos, creo que Sus Señorías han hecho un avance, que valoramos; pero creemos que debiera constituirse una comisión especial para estudiar lo relativo al Reglamento, en la cual estén integrados los ex Presidentes del Senado , todos con bastante experiencia, y un representante de cada Comité, para que en conjunto discutan acuciosamente las distintas materias.
No estoy por la segunda discusión, como me habían sugerido algunos Senadores. Creo que no es ése el camino. Lo propio es que la Secretaría nos entregue el boletín comparado y, además, una minuta con los temas principales. Porque todos tenemos la mejor disposición para que el Senado -creo que ése es el interés de Sus Señorías- cuente con un nuevo Reglamento, que nos dé mayor relevancia. Porque es verdad lo señalado por el Honorable señor Valdés : aquí se puede hablar mucho; sin embargo, ¿quién lo sabe? Si uno no lo cuenta en su región, no sale publicado en ninguna parte.
Entonces, como ahora estamos en esto de las comunicaciones e importa tanto aparecer en la televisión, tenemos que pensar también en cómo hacer un Senado en Santiago y con mayor movilidad y más presencia en el país.
Todo eso hay que analizarlo, como dije, en una Comisión especial.
Reitero nuestro reconocimiento. Creo que tanto el Presidente como el Vicepresidente y la Secretaría están realizando una labor muy valiosa, porque hay diversos aspectos del Reglamento que, respetando las tradiciones, necesitan ser modernizados; de lo contrario, la Corporación no funcionará en buena forma.
Tengo la impresión de que las palabras expresadas por todos quienes han intervenido a propósito de esta materia apuntan a resaltar la importancia que reviste el Reglamento y a hacer presente la necesidad de que los cambios que se introduzcan reflejen el parecer de todos los señores Senadores. El proyecto de acuerdo recoge distintas experiencias; pero, naturalmente, es perfectible.
Ahora, como el ánimo es desarrollar un buen debate, sugiero hacernos eco de las proposiciones escuchadas esta tarde y postergar nuestro pronunciamiento para una próxima sesión, no de la semana entrante, sino de la siguiente, por ejemplo.
Como señalé, se elaboró un boletín comparado -lo haremos llegar a cada Senador- con los fundamentos de las enmiendas introducidas en las materias principales.
Además, según indicó el Honorable señor Gazmuri , se hizo un estudio sobre el funcionamiento de las Comisiones, con sus respectivas cargas de trabajo en los últimos años. También lo enviaremos a Sus Señorías.
En fin, entregaremos esos antecedentes a todos los Senadores, de manera que después de su análisis individual estemos en condiciones de efectuar un debate informado, más adelante, aquí, en la Sala. Si al final ésta llegara a la conclusión de que vale la pena reformar el Reglamento, podríamos aprobar en general la iniciativa. Y ése será el momento de examinar la propuesta que acaba de formular la Honorable señora Frei , en el sentido de que el órgano que se aboque al estudio pormenorizado de las modificaciones reglamentarias sea una Comisión especial y no la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, aunque, como su nombre lo indica, se trate de un asunto de su competencia.
Dicha Comisión especial se habrá de configurar en forma tal que nos ayude a confeccionar un reglamento adecuado al Senado de hoy o de mañana. Ése es el objetivo que, junto con el Vicepresidente y la Secretaría, hemos tenido. Pero, obviamente, es preciso incorporar también los criterios, experiencias y contribuciones que puedan hacer aquellos que poseen amplio conocimiento en la materia. Me refiero no sólo a quienes han ejercido los cargos de Presidente o Vicepresidente de la Corporación , sino también a los Presidentes de Comisiones, que tienen una visión muy especial.
Eso es lo que sugiero, recogiendo la inquietud planteada inicialmente por el Honorable señor Andrés Zaldívar , la cual de alguna manera fue compartida por todos los demás oradores: hacer llegar a cada Senador la totalidad de los antecedentes con que contamos, para su estudio, y retomar el tema, no la próxima semana, sino tal vez la siguiente, de acuerdo con nuestro ordenamiento.
Si le pareciera a la Sala, se procedería del modo indicado.
Señor Presidente , antes de que termine el Orden del Día, quiero hacer una solicitud formal a la Mesa, para que quede registro de ella y en definitiva decidan los Comités.
Desde el mes de enero, el proyecto signado con el Nº 6 ha ido quedando casi en la misma posición en la tabla, pero siempre en quinto o sexto lugar.
Pido consultar a los Comités la posibilidad de incluirlo en Fácil Despacho. El texto fue acordado unánimemente y sería de toda justicia analizarlo con oportunidad.
Como tengo facultad para resolver al respecto, la iniciativa a que se refiere Su Señoría se incluirá en la tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria del próximo martes.
Ha concluido el Orden del Día.
Al señor Presidente de la República , solicitándole disponer, por única vez, la CREACIÓN DE 15 MIL PENSIONES ASISTENCIALES ADICIONALES.
Al señor Ministro de Obras Públicas , pidiéndole que informe sobre PRIORIDAD ASIGNADA A PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA PASO MAMUIL MALAL
A los señores Ministro del Interior , Director Nacional de CHILEDEPORTES e Intendente de la Sexta Región , requiriéndoles dar PRIORIDAD A CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO, RECREACIONAL, CULTURAL Y ARTESANAL EN COMUNA DE DOÑIHUE.
Al señor Ministro de Obras Públicas ; a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo , y a los señores Intendente de la Sexta Región y Subsecretarios Regionales Ministeriales de Obras Públicas y de Vivienda, pidiéndoles DESTINACIÓN DE RECURSOS PARA TERMINACIÓN DE TERCERA ETAPA DE MUNICIPIO DE DOÑIHUE.
A los señores Ministro de Obras Públicas , Intendente de la Sexta Región , Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas y Director de Vialidad de la Sexta Región , solicitándoles recursos para AMPLIACIÓN DE BERMAS EN CRUCE "LOS BOLDOS" HASTA CAMINO "LA MINA", EN RUTA I-72, ROMERÍA HACIA PUQUILLAY Y CAMINO HACIA LA RAYUELA, SANTA CRUZ.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, pidiéndole financiamiento para CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS EN POBLACIONES "EL ESFUERZO" Y "CENTENARIO", EN SECTOR CERRILLOS, COMUNA DE DOÑIHUE.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo y al señor Intendente de la Sexta Región , solicitándoles DESTINACIÓN EN COMODATO DE RECINTO PARA INSTALACIÓN DE OFICINA REGIONAL DEL MOVIMIENTO UNITARIO CAMPESINO Y ETNIAS DE CHILE.
Al señor Presidente de Correos de Chile , requiriendo EDICIÓN DE SELLO POSTAL PARA CONMEMORACIÓN DE CIEN AÑOS DE "EL TENIENTE", COMUNA DE MACHALÍ.
Quiero saludar, en forma muy especial, a dos pequeñas futuras electoras que se encuentran en tribunas y que nos han acompañado esta tarde: ¡mis nietas...!
Les hacemos llegar, también, nuestros cordiales y cariñosos saludos.
Tampoco harán uso de sus tiempos los Comités Institucionales 2 e Independiente, Institucionales 1, Mixto (Partido Por la Democracia), Demócrata Cristiano y Unión Demócrata Independiente.
Señor Presidente , voy a referirme a la situación que está viviendo más de medio centenar de productores agrícolas de la provincia de Huasco, quienes, como se sabe, desarrollan una actividad que en la Tercera Región es muy difícil y requiere enorme esfuerzo.
En esa provincia existe gran número de predios agrícolas que se riegan a través de canales. El hecho es que, desde hace más de un mes, sobre cincuenta comuneros del canal Buena Esperanza cuentan con un riego no superior a 30 por ciento, a raíz de que Vialidad no ha efectuado la reparación de un ducto que cruza la Ruta 5 Norte y por el cual fluye el agua.
A pesar de que en octubre se informó a dicho organismo que se estaban produciendo diversos problemas con motivo de tal desperfecto, no se hizo nada en esa fecha y tampoco en noviembre. Ya hubo un accidente durante el verano, y los comuneros llevan más de un mes con sólo el 30 por ciento el agua. Sin embargo, no se han realizado los arreglos.
Por lo tanto, solicito que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas para que adopte las medidas necesarias a fin de que la Dirección de Vialidad lleve a cabo las reparaciones en el más corto plazo posible, con el propósito de evitar que se sigan provocando daños millonarios.
En efecto, según los dirigentes de la organización de canalistas, las pérdidas son superiores a mil millones de pesos, producto de siembras que se han visto afectadas por la falta de regadío y por cultivos que no se han podido concretar debido a la escasez de agua.
Por eso, pido que se envíe el oficio mencionado, con el objeto de que se efectúen las obras que cruzan la Ruta 5 Norte, correspondientes al canal Buena Esperanza, de la comuna de Vallenar, y se entreguen con la mayor brevedad.
Señor Presidente , deseo referirme a una situación en mi concepto grave: el retraso en la construcción de cárceles en el país.
En el caso particular de Antofagasta, las obras tienen una preocupante demora -no presentan más de 43 por ciento de avance- y las faenas están paralizadas.
Según información de prensa, el retardo obedece a diferencias económicas entre el Gobierno y el Consorcio BAS -formado por Besalco S.A., Torno S.A. y Sodexho -, que se adjudicó la construcción, operación y mantención del centro penitenciario por 20 años, con una inversión que supera los 15 mil millones de pesos.
Sin embargo, ése no es un hecho aislado, sino que se repite en otros lugares. En el primer grupo de cárceles licitadas se encuentran las de Alto Hospicio, La Serena y Rancagua, y en el segundo, las de Antofagasta y Concepción. Entiendo que, o todas las obras se encuentran paralizadas, o no se han cumplido los plazos pertinentes.
Esa situación, que de por sí resulta grave, trae aparejadas algunas consecuencias lógicas: las empresas contratistas, que son pymes, no sólo de la Segunda Región, sino también de todas aquellas donde se está produciendo este problema, se ven afectadas por la falta de liquidez; por cierto, terminan quebrando, y los trabajadores quedan con graves daños patrimoniales en sus remuneraciones, en sus cotizaciones previsionales y en otros derechos legales.
Esta situación me parece francamente escandalosa. Una vez más el Ministerio de Obras Públicas de nuestro país cae en el descrédito, producto del mal manejo de un importante conjunto de proyectos.
Sinceramente, me resulta vergonzante este tipo de actitudes. Reclamo del señor Ministro de Obras Públicas que con la mayor brevedad responda el oficio que le envié a finales de enero del año en curso para consultarle sobre este asunto.
Me gustaría que informara en detalle respecto del programa de construcciones de cárceles en las distintas ciudades del país; de si la ejecución de las obras se halla dentro de los plazos pertinentes; de los estados de avance en que se encuentran; de los montos involucrados; de las empresas de que se trata y los nombres de sus representantes; de las condiciones de los contratos, y de los recursos financieros del Presupuesto de la Nación que están comprometidos.
Esta información no es menor. No deja de llamar la atención que las empresas chilenas y extranjeras que hoy aparecen envueltas en tan grave irregularidad, paradójicamente, no obstante ese delicado conflicto, se adjudiquen otros contratos del mismo Ministerio de Obras Públicas, mientras se halla vigente esta seria controversia.
Por eso, resulta relevante oficiar al señor Ministro para que dé a conocer la individualización de las empresas y el nombre de sus representantes, y ojalá, si fuere pertinente, el de los socios.
Me agradaría conocer estos detalles, ya que considero escandalosa dicha situación, porque de alguna manera el Estado pasa a ser corresponsable del grave daño patrimonial que se produce a las Regiones involucradas, en particular a la Segunda. Empresas contratistas serias, que han construido un patrimonio, prestigio y conocimiento después de un largo desarrollo de actividades comerciales, hoy quiebran como consecuencia de hechos de esa naturaleza. Con este tipo de situaciones, el Ministerio de Obras Públicas está llegando a niveles escandalosos en cuanto a su ineficiencia.
Por otro lado, llama poderosamente la atención que, cuando uno se acerca a las secretarías regionales ministeriales -en este caso, de la Segunda Región- para pedir información sobre qué pasa con la construcción de la cárcel de Antofagasta, tanto el SEREMI como todos los funcionarios se encojan de hombros.
¿Por qué se encogen de hombros? Porque la administración de los programas se halla centralizada en Santiago, que debe multiplicarse para ejercer el control, el que, por cierto, ha sido muy ineficiente en todos los lugares donde se está desarrollando este tipo de proyectos.
En consecuencia, cabe preguntarse: ¿Cómo se encuentra funcionando la Coordinadora General de Concesiones? ¿Con qué eficiencia, con qué seriedad está llevando adelante su trabajo?
Porque, en el caso de los recintos carcelarios, resulta francamente bochornoso lo que estamos observando. Entiendo que en este minuto la mayor parte de las obras se encuentran paralizadas, con graves retrasos e incumplimientos, con lo cual se pone en grave riesgo la estabilidad de empresas regionales que pensaron que se trataba de estudios serios.
Entre paréntesis, paradójicamente, se dice que existe un grave desfase entre los precios establecidos por el Ministerio de Obras Públicas y los que han verificado las empresas después de los estudios técnicos y del desarrollo de los proyectos.
¿Dónde está la responsabilidad de la Coordinadora General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, que es una instancia estatal? ¿O, en realidad, la irresponsabilidad se halla en el ámbito de las empresas?
Solicité al señor Contralor General de la República que me diera a conocer los antecedentes de que disponía sobre la materia. Sin embargo, me acaba de contestar -ayer- que carece de toda información.
Por lo anterior, solicito en esta Sala oficiar al señor Contralor General de la República . Porque, tratándose de una Coordinadora General de Concesiones, se entiende que es una instancia de la Administración del Estado y no un problema entre privados, como se señala en la respuesta que me ha hecho llegar.
En consecuencia, pido al señor Contralor General de la República que ejerza las acciones fiscalizadoras en los ámbitos técnico, administrativo y financiero, conforme a las facultades que le competen, a fin de esclarecer el alcance del asunto que me preocupa.
En resumen, solicito oficiar al señor Ministro de Obras Públicas transcribiéndole el contenido de mi intervención y pidiéndole que con la mayor brevedad proporcione los antecedentes que solicité en enero recién pasado. Y también al señor Contralor General de la República , para que, dentro del marco de su ámbito legal, ejerza las acciones del caso y me informe del resultado de ellas.
Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría: al señor Ministro de Obras Públicas , reiterándole uno anterior, y al señor Contralor General de la República , en los términos recién expuestos.
En el resto del tiempo del Comité Renovación Nacional, nadie más hará uso de la palabra.

References: artículo 1
 artículo 2
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 resolución 
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 artículo 3
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 artículo 9
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 artículo 36
 artículo 27