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Timestamp: 2013-12-13 00:54:04+00:00

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Análisis de la expropiación administrativa. Singularidades de la expropiación de mercantiles, breve mención al caso YPF. | Mens Iuris
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Análisis de la expropiación administrativa. Singularidades de la expropiación de mercantiles, breve mención al caso YPF.	Publicado en 25.04.2012	de Borja M. En el presente trabajo el autor analiza la expropiación como técnica administrativa, también se hace un somero estudio del proceso de expropiación asi como los innumerables obstáculos que se irá encontrando el afectado durante el proceso. Por último se hacen breves menciones al caso de YPF y su posible inconstitucionalidad
La expropiación forzosa como institución de garantía patrimonial.
La expropiación directa por ley (caso único). La mala praxis de la autoridad gubernativa.
La declaración de utilidad pública e interés social como requisito previo.
La fijación del justiprecio: abusum ius administrationis.
Los jurados provinciales de expropiación. Criterio valorativo de los títulos valores de mercantiles.
La expropiación de YPF y su posible inconstitucionalidad.
1. LA EXPROPIACIÓN FORZOSA COMO INSTITUCION DE GARANTÍA PATRIMONIAL.
La Ley de Expropiación Forzosa de 1954 la define así en su artículo primero:
«cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueren las personas o Entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio».
Ese es la definición legal de la que debemos partir para analizar la institución en que consiste la expropiación. De dicha definición, que es la legalmente vigente en España, deben retenerse provisionalmente algunas ideas fundamentales:
La expropiación consiste en una privación que, además, es singular.
El objeto de la expropiación no sólo es la propiedad sino que, genéricamente, puede referirse también a cualesquiera derechos legítimos, reales o no (usufructos, servidumbres arrendamiento, etc.).
La privación no sólo consiste en la ablación o sustracción total de la propiedad o del bien o derecho, sino que pueden consistir en la imposición de gravámenes o derechos reales sobre el bien o derecho o incluso de obligaciones sobre los mismos.
La razón de tal presentacion como Institucion es que la propiedad (considerada como el derecho mas pleno y perfecto que se puede tener sobre una cosa, aunque no es el unico objeto de la expropiacion) no sólo es un derecho – y un derecho fundamental-, sino que también es algo más. En efecto el artículo 33.2 de la Constitución Española, habla de la función social de la propiedad, lo que nos pone inmediatamente sobre aviso de que cumple una misión que va más allá de la satisfacción del interés del titular del bien o derecho.
Por otra parte la expropiación puede verse como la negación del Derecho de propiedad, pero paradójicamente es también, si se quiere, su consagración. Esto es así puesto que, dado que la Constitución conceptua la propiedad como derecho y como derecho fundamental . Solo la Constitución misma, y nadie más, puede prever en qué supuestos tal derecho fundamental (y la Institución que expresa, pues no sólo se refiere al derecho de una persona sobre una cosa, sino a las funciones que ese derecho puede desempeñar) puede ser sacrificado. La idea es que nada, si no es la utilidad pública o el interés social, puede explicar la privación de la propiedad como derecho subjetivo. Con ello se proscriben prácticas del antiguo régimen que podían con alguna frecuencia acabar dejando en manos del capricho del Poder la privación de los bienes o derechos de los partículares, pese a que no fueran desconocidos ni la propiedad ni los iura quaesita como límites al poder del monarca absoluto.
Tratar la expropiación como Institución pone de manifiesto, por tanto, la importancia que la propiedad tiene, incluso cuando de lo que se trata es de sacrificarla; pues, pese a ello, lo primero que se hace es reconocerle la importancia y el valor que tiene en un Estado de Derecho y en una sociedad democrática y por eso se ponen en pie un conjunto de exigencias, requisitos y procedimientos sin cuya observancia no podrá privarse a nadie de su propiedad.
La expropiacion podriamos decir que produce un daño deliberadamente, aunque luego prima facie se deje indemne al que padece tal daño. No obstante el primum movens de la expropiación no radica en producir el daño – la privación de bienes o derechos – por producirlo, sino en satisfacer un interés público; lo que ocurre es que para conseguir ese fin se sabe que se produce el daño en que consiste la privación; y se quiere producirlo, aunque también se quiere compensar al que lo sufre de forma que quede indemne (sin daño).
2. LA EXPROPIACIÓN DIRECTA POR LEY (CASO ÚNICO). LA MALA PRAXIS DE LA AUTORIDAD GUBERNATIVA.
En el apartado anterior se ha examinado la competencia legislativa para regular con carácter general la expropiación, pero eso no debe ser confundido con la posibilidad de que la Ley no regule la expropiación en general, sino que sea ella misma la que expropie directamente un bien o derecho. Eso no es frecuente que ocurra, pero ha sucedido bastantes veces en nuestra historia y en la historia de los países de nuestro entorno.
El problema que suscitan este tipo de expropiaciones directas por el legislador no deja de ser paradójico. En efecto por una parte en la historia de las privaciones de la propiedad el legislador ha aparecido como el garante de la propiedad de los particulares, puesto que eran los representantes del pueblo los que se suponía que mejor defenderían los derechos de los ciudadanos frente a las viejas prácticas de los monarcas absolutos. Pero por otra parte, puesto que los jueces no pueden enjuiciar las Leyes directamente, la intervención del legislador democrático, expropiando directamente, priva al afectado de la posibilidad de discutir en sede judicial la conveniencia u oportunidad de la expropiación legislativa y solo le permitiría discutir los aspectos relativos a la indemnización y otros de dicho carácter o anejos, con la consecuente indefensión.
En ocasiones los procesos de expropiación son tan largos debido a los trámites burocráticos que pueden dar lugar a la reversión de la expropiación
La paradoja consiste en que la intervención supuestamente garantizadora del legislador presenta facetas, aparentemente, de menor garantía; en parte debido a que la Ley, con independencia de su rango formal plantea la cuestión de si debe obedecer a la idea material de la Ley como norma general o no singular. En efecto, la Ley singular suscita la cuestión de si satisface el concepto material de Ley (su distinción surge en Alemania debido al artículo 62 de la Constitución de Prusia de 1850): decisión que es norma porque regula con carácter general relaciones jurídicas repetibles en el tiempo que no se ciñen a un caso concreto.
La doctrina ha debatido sobre ello desde hace muchos años y lo cierto es que siempre ha habido leyes singulares o de caso único. Por otra parte hay que recordar que aunque la propiedad no es un derecho de los protegidos por el recurso de amparo de acuerdo con el articulo 53.2 de la Constitución, lo cierto es que los jueces y Tribunales pueden, de acuerdo con el articulo 163 de la CE, plantear la cuestión de constitucionalidad si entienden que una norma con rango de Ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución. Es verdad que el particular no tiene el derecho de plantear la cuestión, aunque sí a pedirlo al Tribunal competente, pero no cabe duda de que dicho Tribunal independiente si, en efecto, considera que la Ley es contraria a la Constitución puede – y en realidad debe – plantear la cuestión.
No existe en nuestra Constitución ninguna disposición, expresa o implícita, que imponga una determinada estructura formal a las leyes, impidiendo que éstas tengan carácter singular, si bien existen principios que obligan a concebir a tales leyes como excepcionales. Sin embargo, la promulgación de leyes singulares está sujeta a límites concretos, como el mismo principio de igualdad ante la ley, que impone a la ley una vocación de generalidad. Por ello, el canon de constitucionalidad es la razonabilidad y proporcionalidad de la misma al supuesto de hecho sobre el que se proyecta. Por consiguiente, como ha dicho el Tribunal Constitucional
“la ley singular sólo es compatible con el principio de igualdad cuando la singularidad de la situación resulte inmediatamente de los hechos, de manera que el supuesto de que la norma venga dado por ellos y sólo corresponda al legislador establecer las consecuencias jurídicas necesarias para alcanzar el fin que se proponen”.
De lo anterior se concluye que el contralor de constitucionalidad opera en estos casos en dos planos: por una parte excluyendo la creación arbitraria de supuestos de hecho y, de otro, asegurando la razonabilidad en función del fin propuesto y de las medidas adoptadas.
Ello ha ocurrido, por cierto, en España con la expropiación del grupo RUMASA, con ocasión de los problemas que planteaba a la economía nacional. La expropiación dio lugar a numerosos recursos ante el Tribunal Constitucional e incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también a recursos de amparo casi todos rechazados, así como a cuestiones de constitucionalidad; técnica esta última que demuestra que no deja de haber vías para enjuiciar por el Tribunal Constitucional las leyes expropiatorias de caso único.
3. LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL COMO REQUISITO PREVIO
Se trata, pues de un requisito previo, como dice la LEF en el capítulo I del Título II y como se recoge, como condición sine qua non, en el artículo 33.2 de la CE.
Sin utilidad pública o interés social que justifique la privación singular de derechos o bienes no puede haber expropiación. Por tanto ni la confiscación de bienes (prohibida por la CE), ni el capricho del poder, como en otras épocas podía suceder, constituyen títulos que habiliten para privar a nadie de sus bienes o derechos o de alguna forma restringirlos.
Las cuestiones que suscita ese requisito previo –la necesaria existencia de una utilidad pública o un interés social– son dos. Por una parte determinar en que consiste o cuál es el concepto de utilidad pública o interés social. Por otra aclarar cómo y quién determina qué fines son de utilidad pública o de interés social.
Es la CE la que en su artículo 33.2 permite deducir que sin satisfacerse esas finalidades que funcionan como requisitos previos o habilitantes de la expropiación, ésta no se puede dar. La Ley de Expropiación forzosa establece a ese respecto algunas cosas, entre las que puede citarse en primer lugar la previsión en su artículo 9 de que
“para proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que hay de afectarse el objeto expropiado.”
Debe empezar por subrayarse que lo que es de utilidad público o de interés social es el fin al que haya de afectarse el objeto expropiado. El objeto expropiado en sí mismo no tiene incorporado, por regla general, un fin que lo haga identificable con la utilidad pública.
No es el objeto sino el fin al que se quiere dedicar el objeto que se va a expropiar –y no el objeto en sí mismo– lo que tiene que calificarse como de utilidad pública o interés social para legitimar la expropiación. Si el fin es la construcción de un puerto, de una carretera, de un puente, de un centro penitenciario o de unas viviendas de protección oficial, podremos considerar que el fin al que se van a dedicar los bienes o derechos expropiados que han de servir de soporte a las actividades correspondientes son de utilidad pública o de interés social en la medida en que, por ejemplo, una carretera (una obra pública en definitiva) se realiza al servicio de todos y por tanto se ha venido considerando siempre como de utilidad pública.
4. LA FIJACIÓN DEL JUSTIPRECIO. ABUSUM IUS ADMINISTRATIONIS.
Una vez delimitado el alcance de material de la expropiación e iniciada su tramitación mediante el acuerdo de necesidad de ocupación de bienes o de adquisición de los derechos expropiables, tiene lugar la fijación de los términos en que ésta va a producirse. Debe tenerse en cuenta que esta fase únicamente se inicia cuando es firme el acuerdo de necesidad de ocupación (art. 25 LEF), es decir que no cabe acción legal alguna contra la misma. Esto significa que debe haber transcurrido el plazo de un mes desde que notificó o se publicó su contenido sin que haya interpuesto recurso alguno, o bien que una vez interpuestos los recursos correspondientes se ha dictado resolución administrativa sin que haya sido recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa o bien, de haberse recurrido, se ha dictado sentencia firme.
Sobre la base de este acuerdo firme se desarrolla el procedimiento en el que se determinan las condiciones en que se va a producir la expropiación, en particular, las de carácter económico por lo que se refiere a la indemnización que el expropiado va a recibir por sus bienes o derechos expropiados. La determinación de las condiciones de la expropiación pueden producirse de manera voluntaria entre la Administración expropiante y el sujeto expropiado, o bien a través de un procedimiento que vincula a ambas mediante el que se determina el justo precio.
Este convenio tiene que producirse dentro de los quince días siguientes a la notificación o publicación del acuerdo de necesidad de ocupación, ya que de no ser así se sigue un procedimiento de determinación forzosa de las condiciones de la expropiación y, en particular, de la indemnización a recibir por la misma. En todo caso, a lo largo de la tramitación de este procedimiento forzoso, siempre permanece abierta la puerta al mutuo acuerdo que puede darse en cualquier momento y con el que se daría por concluido el expediente iniciado.
El convenio expropiatorio no es un contrato administrativo sino que se trata de una adhesión a la expropiación que no altera las reglas de ésta, por lo que es imprescindible que se abone el precio pactado antes de la ocupación, y el expropiado no pierde ninguna de las garantías que tiene reconocidas (con respecto a los intereses y al retraso en el pago, etc.).
En el caso de que no se haya dado el acuerdo amistoso entre las partes, se procede a la determinación de justiprecio a través del procedimiento previsto en el Capítulo III LEF. El artículo 33.3 CE no hace referencia al precio justo sino que la indemnización debe corresponder con el valor económico del bien o derecho expropiado, por lo que es preciso que entre éste y la cuantía de la indemnización exista un proporcional equilibrio. La garantía constitucional de la correspondiente indemnización concede el derecho a percibir la contraprestación económica que corresponda al valor real de los bienes y derechos expropiados cualquier que sea este.
Ante la imposibilidad de establecer unos criterios objetivos que permitan una determinación automática del valor del objeto de la expropiación, se opta por establecer una aproximación de las partes a través de sus propuestas de valoración mediante las llamadas hojas de aprecio, que si no son admitidas, dan lugar a la intervención de una tercera estimación pericial de carácter imparcial emitida por los Jurados de Expropiación, aunque se estableces unos criterios orientadores para determinar el valor.
Debe tenerse en cuenta que la valoración del justiprecio tiene un carácter limitado y autoreferencial desde el punto de vista administrativo ya que se aplica únicamente a la expropiación y no tiene por qué coincidir con el valor fiscal del bien de que se trate. Las dificultades y problemas derivados de emplear únicamente las valoraciones fiscales llevan a ponderarlas con las de mercado (a través de unos criterios orientativos) y para casos excepcionales dejar abierta la posibilidad de apreciación de circunstancias específica mediante una valoración ad hoc.
Por lo tanto, el valor del bien debe ser un valor de sustitución que no sólo se refiere al valor del mercado del bien sino también todos los daños, perjuicio y costes derivados de la expropiación. La fijación de justiprecio tiene lugar a través de uno o varios subprocedimientos (piezas separadas) dentro del procedimiento expropiatorio principal, que serán individuales para cada uno de los propietarios del bien expropiable, aunque será único si el objeto pertenece a varias personas o cuando los bienes constituyen una unidad económica –esto es, cuando es un bien inmueble, que se halle inscrito bajo un mismo número en el Registro de la propiedad; o en el caso de que se trate de un bien mueble, que sea de propiedad colectiva–.
De entre las cuestiones a tener en cuenta por parte del afectado (al que la administración llama curiosamente beneficiario) es que las decisiones del Jurado Provincial de Expropiación constituyen afirmaciones iuris tantum por lo que se transmite al afectado la posibilidad de desvirtuar la pericial administrativa, con las consiguientes indefensiones que pueda encontrarse. Como no, estamos ante una nueva prerrogativa más de la potestas administrativa. Asi lo afirma el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 12 Mar. 2002, rec. 6110/1997.
“(…) La afirmación de que el Jurado carecía de elementos suficientes para llevar a cabo una valoración olvida la presunción «iuris tantum» de acierto y veracidad de las resoluciones de los Jurados Provinciales de Expropiación, presunción que solo puede ser desvirtuada mediante una prueba pericial encaminada a desvirtuar la afirmación contenida en la resolución recurrida y por ende la valoración efectuada por la Administración en su hoja de aprecio y asumida por el Jurado teniendo en cuenta sus características técnicas. Si alguien sostenía, como era el caso de los propietarios expropiados, que el valor de las acciones era superior al fijado por el Jurado, y que el error devenía de que la valoración por éste asumida era equivocada ya que no respondía a valores reales, debió haberlo acreditado así mediante la correspondiente prueba pericial, pues sin ella no cabe sostener, con arreglo a la jurisprudencia constante de esta Sala, que lo que el Jurado afirma es un valor real, calculado en base a un balance de situación referido a la fecha de expropiación cuyas partidas han sido actualizadas y ajustadas a valores reales en función de los resultados de la sociedad de los tres últimos años, no es real. (…)”
Otro peligro que debemos mencionar es que viene siendo arriesgadamente habitual la abundante jurisprudencia, entre ella, la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 Feb. 2002, rec. 4347/1997, que afirma que no se requiere una motivación detallada con los criterios valorativos empleados, solo basta una mera mención genérica. Parece que el alto tribunal obvia que la expropiación constituye un proceso especialísimo al tratar de negar la propiedad privada del individuo, derecho protegido por la Constitución. Quizás la justificación que podamos encontrar es en el principio de economia procesal, al ser los procedimientos masivos, al final se permite cierta arbitrariedad de la administración, pero como hemos comentado, no nos parece suficiente motivo de peso.
“(…) En los casos en que el Jurado Provincial de Expropiación motive en la forma que la Jurisprudencia de esta Sala viene exigiendo según doctrina constante, por todas sentencias de 4 Abr. 2000 y 18 Mar. 1999 y conforme a la cual no es preciso una justificación exhaustiva, siendo suficiente con que la argumentación, aunque breve, sea racional, bastando la mención genérica de los criterios utilizados para la valoración y la referencia de los elementos o factores comprendidos en la estimación, en estos casos sí es conforme a derecho que el Jurado Provincial asuma y haga propia la valoración efectuada por alguna de las partes en el expediente administrativo en su hoja de aprecio, en el supuesto de que estime que aquélla es correcta.
El artículo 34 de la Ley de Expropiación Forzosa no impone otra obligación que la de decidir ejecutoriamente sobre el justo precio de los bienes o derechos expropiados, pero no impone un procedimiento valorativo autónomo, siendo libre el Jurado Provincial de utilizar la fórmula que estime mas conveniente siempre y cuando motive su resolución en la forma establecida por la Jurisprudencia de esta Sala. La facultad excepcional que se contiene en el último inciso del precepto en cuestión, no se refiere mas que a la excepcionalidad de la prórroga del plazo de que dispone el Jurado Provincial de Expropiación para dictar resolución, en el supuesto de que las circunstancias del caso aconsejen llevar a cabo una inspección personal sobre el terreno de los bienes o derechos expropiados.(…) “
Debe tenerse en cuenta que esta valoración vincula al propietario en el sentido de que fija la cuantía máxima que puede llegar a fijar el Jurado de Expropiación y, en su caso, la jurisdicción contencioso administrativa. La Administración actuante debe pronunciarse sobre la valoración de los propietarios en plazo de veinte días, transcurrido el cual se entenderá aceptado. En el caso de que acepte manifiestamente la valoración de los propietarios, se entenderá entonces determinado definitivamente el justo precio y la Administración procederá al pago del mismo como requisito previo a la ocupación o disposición. En caso contrario, tras manifestar el rechazo, la Administración debe extender una hoja de aprecio fundada del valor del objeto de la expropiación que se notifica al propietario para que, en el plazo de diez días desde su notificación, la acepte o bien la rechace, en cuyo caso se pasa el expediente de justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación. En este último caso, el propietario puede hacer las alegaciones que estime pertinentes, empleando los métodos valorativos que juzgue más adecuados para justificar su propia valoración y aportar las pruebas que consideres oportunas en justificación de dichas alegaciones.
5. LOS JURADOS PROVINCIALES DE EXPROPIACIÓN. CRITERIO VALORATIVO DE LOS TITULOS VALORES DE MERCANTILES.
El Jurado Provincial de Expropiación no es un órgano jurisdiccional sino meramente administrativo aunque tiene una composición mixta. Éstos cumplen una doble función, tanto pericial por razón de su capacidad técnica y permanencia en la valoración de bienes y derechos, como judicial en la medida que dirime el desacuerdo entre las partes con respecto a la valoración. En efecto, los Jurados se constituyen en las capitales de provincia presididos por un Magistrado designado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y por cuatro vocales que son:
Un funcionario técnico designado por la Administración expropiante, que varia en función de la naturaleza de la expropiación –ingeniero agrónomo para fincas rústicas; ingeniero de caminos para aprovechamientos hidráulicos; ingeniero de montes para finas de aprovechamiento forestal; ingeniero de minas para expropiaciones de concesiones mineras; arquitecto cuando se trate de fincas urbanas; inspector de finanzas para valores mobiliarios–.
Un representante de las corporación profesional relacionada con los bienes o derechos expropiados (Cámara de Comercio, Industria y Navegación; Colegio Profesional; u Organización Empresarial).
Los Jurados de Expropiación deciden sobre el justiprecio de los bienes o derecho objeto de expropiación sobre la base de las hojas de aprecio formuladas por los propietarios y por la Administración mediante una resolución motivada en la que se razonan los criterios de valoración seguidos conforme a los dispuesto legalmente (arts. 34 y 35 LEF). La decisión de los Jurados agota la vía administrativa, por lo que contra la misma solamente procede el recurso contencioso-administrativo –en el caso de ser la Administración expropiante la recurrente tendría que declarar previamente la lesividad del acto–. A partir de la fecha del acuerdo se inicia la caducidad de la valoración.
Valoración de Títulos Valores
Los criterios de valoración que han de seguir los Jurados de Expropiación se encuentran determinados legalmente. Por una parte, cuando se trate de fincas los criterios vienen establecidos en el Título III del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.
Cuando se trate de valores mobiliarios mercantiles, estos son, participaciones en el capital (obligaciones, acciones, cuotas y demás) o en los beneficios de empresas mercantiles, se estimarán en la media aritmética que resulte de aplicar una serie de criterios valorativos como son (art. 40 LEF):
Tanto los propietarios como la Administración expropiante pueden llevar a cabo la tasación aplicando los criterios estimativos que juzguen más adecuados si la evaluación resultante de aplicar el criterio legal específico no resultare, a su juicio, conforme con el valor real de los bienes y derechos objeto de la expropiación, por ser éste superior o inferir a aquélla. El Jurado Provincial de Expropiación también puede aplicar los criterios estimativos que juzgue más adecuados cuando considere que el precio obtenido resulte notoriamente inferior o superior al valor real de los bienes. En todo caso no se trata de un sistema de libre valoración sino que se debe comenzar aplicando las normas de valoración particulares, introduciendo de forma motivada las rectificaciones que consideren, en alza o en baja, en el justiprecio.
Por último, en todos los casos de expropiación se abonará al expropiado, además del justo precio fijado en la forma establecida en los artículos anteriores, un 5% como premio de afección (art. 47 LEF).
En todos los casos de expropiación se abonará al expropiado, además del justo precio fijado en la forma establecida en los artículos anteriores, un 5% como premio de afección.
Se trata de una valoración objetiva y general de los daños morales derivados de la expropiación (es decir, el apego a un determinado inmueble, la historia familiar del mismo, etc.). Para evitar entrar en la imposible determinación de estascuestiones, se establece de una especie de indemnización a tanto alzado por el 5% del justiprecio, sin que sea necesario acreditar daño moral alguno.
La duración del procedimiento de fijación del justiprecio es de seis meses desde su iniciación mediante el acuerdo de necesidad de ocupación del bien o adquisición del derecho. Este plazo se interrumpe siempre que el procedimiento se paralice por causa imputable a los interesados. Una vez alcanzados los seis meses fijados como plazo máximo para resolver, la falta de pronunciamiento dará lugar a la caducidad del procedimiento dando lugar al archivo del mismo (art. 44 LRJPAC).
6. LA EXPROPIACIÓN DE YPF Y SU POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD.
Olvidando la toma de posesión manu militari, sin autorización judicial, de las propiedades de Repsol en Argentina, el artículo 17 de la Constitución de la República de Argentina reza lo siguiente:
El proyecto que debate el Senado (vid. ampliamente artículos anteriores) establece que la tasación la efectuará el Tribunal de Tasaciones de la Nación, como dispone la ley 21.499 de expropiaciones, pero no está previsto un pago previo por la parte que se expropiará a Repsol. El Tribunal de Tasaciones de la Nación realiza una tasación previa, dado que el proceso se alarga normalmente bastante, luego se debe depositar el dinero y a continuación tomar posesión. La ley permite que se deposite una cifra cercana al valor que está en discusión, pero no se puede tomar posesión sin pago previo.
Les invito a leer algunos artículos de la ley de Expropiaciones:
Ley 21.499 – Expropiaciones.
Es por ello que haciendo una breve lectura de estos artículos, el lector puede darse cuenta que si no existe el previo pago y se toma posesión de la cosa expropiada, la misma deviene no ajustada a derecho.
Si bien es cierto que el país austral ha pasado de ser exportador de crudo y gas a importador neto de energía, lo que pesa como una losa sobre sus cuentas, la culpa no ha sido de los grupos energéticos, y en particular de YPF, como pretende hacer creer el Gobierno populista de Kirchner, sino del control gubernamental de los precios de los hidrocarburos y de un marco regulatorio nebuloso e inseguro jurídicamente que, a la vista está, no incentiva precisamente los incrementos de producción de energía que con tanto énfasis demanda. Y es que la Administración Kirchner ha fiado buena parte de su errónea política económica a la financiación inflacionaria, al control de las reservas para el pago de deuda e importaciones y a los controles cambiarios para frenar la fuga de divisas, soslayando los ajustes reales en su gasto público, la corrección de sus desequilibrios estructurales, y conservando una tupida red de subsidios trufada de intereses, no siempre coincidentes, que lastra su desarrollo económico. En este escenario, parece evidente que lo que el Gobierno peronista de Kirchner pretende es servirse de la producción y reservas de YPF para intentar mantener alejado un poco más de tiempo el fantasma de la asfixia financiera, enviando de paso a los ciudadanos el mensaje populista de que los recursos de la nación están al servicio del pueblo. En este contexto se enmarca el hostigamiento orquestado y sistemático que ha sufrido la subsidiaria de Repsol en los últimos tres meses, operación que ha hundido el precio de sus acciones en bolsa, donde pierde más de un 40% en lo que va de año, fruto de las maniobras torticeras de un Gobierno que aspira a hacerse con el control de los cuantiosos recursos de YPF a precio de saldo.
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5 respuestas a Análisis de la expropiación administrativa. Singularidades de la expropiación de mercantiles, breve mención al caso YPF.
Luis M. dijo:	26.04.2012 en 19:26	Saludos,
Acabo de imprimirme su artículo y el de su compañero que trata el mismo tema, haciendo mención expresa del Blog, para un trabajo en la universidad que tengo que exponer en D. Administrativo. Les felicito por tener un blog de tanta calidad jurídica, y además trata de ayudar a juristas y futuros a comprender un mundo tan complejo como es el derecho.
Jose María A. H. dijo:	26.04.2012 en 21:21	Interesante, si señor, pese a la materia ha sido muy ameno, felicidades.
Nacho dijo:	28.04.2012 en 11:34	Muy didáctico. Sólo una cuestión. El derecho a la propiedad privada se regula en el artículo 33.1 de la Constitución, por lo que no se trataría de un Derecho Fundamental.
Borja M. dijo:	28.04.2012 en 17:21	Estimado Nacho,
Tienes toda la razón, si te fijas, comento que al no ser un derecho fundamental, no es susceptible de recurso de amparo.
Jose María A. H. dijo:	29.04.2012 en 22:10	Matizando a Nacho, pese a su posicionamiento en la constitución la presente considera que el derecho de propiedad si no positivado de forma que se capitule como fundamental es la base del sistema social y democrático de derecho sin el cual el individuo pierde gran parte del sustento que le convierte en un hombre libre, por cuanto lo considero fundamental desde un punto de vista iusnaturalista.
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