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Timestamp: 2018-05-23 08:43:03+00:00

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El padecimiento de un cuadro de stress y síndrome depresivo reactivo no justifica la concesión de la prisión domiciliaria al imputado – Microjuris - Argentina
24 abril 2018 por Ed. Microjuris.com Argentina
Partes: Incidente de prisión domiciliaria: M. C. S. G. del C. de J. s/ imposición de tortura agravada
Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Rioja
Cita: MJ-JU-M-108408-AR | MJJ108408 | MJJ108408
El padecimiento de un cuadro de stress postraumático y síndrome depresivo reactivo no justifica la concesión de la prisión domiciliaria al imputado.
1.-Corresponde rechazar el pedido de prisión domiciliaria ya que los informes periciales permiten concluir que no se advierten motivos suficientes que habiliten realizar una excepción al régimen establecido en la ley penal, la cual establece que es requisito para obtener el beneficio, encontrarse dentro de las situaciones establecidas en el art. 10 del Código Penal y su ccte. art. 32 de la Ley 24.660, al no estar acreditado que la privación de la libertad en el establecimiento carcelario impida o prive al imputado de recibir un adecuado tratamiento ni que su detención agrave su estado de salud.
2.-El padecimiento de un cuadro de Stress Postraumático y Síndrome Depresivo Reactivo, que le genera angustia al imputado, deviene de manera natural y humanamente consecuente con la situación que reviste y/o padece toda persona privada de su libertad, y no es una situación excepcional o única que permita otorgarle la prisión domiciliaria, sin perjuicio de que para resguardar su salud e integridad física y psíquica, deberá el establecimiento penitenciario arbitrar los medios necesarios para implementar los tratamientos médicos y/o psicológicos y/o psiquiátricos necesarios conforme su estado angustioso y de stress agudo, debiendo garantizarse con información periódica al Tribunal.
3.-La interpretación armónica de los arts. 32, inc. a) , de la Ley 24.660 y del art. 4 de la Ley 26.472 con los arts. 10 del Código Penal, 314 del Código Procesal Penal de la Nación y 32 de la Ley 24.660 surge claramente que el beneficio de la prisión domiciliaria puede ser otorgado a los procesados con prisión preventiva.
La Rioja, 27 de Diciembre de 2017.-
VISTOS: en los presentes autos Expte. N° 11873/2013/TO1/21 caratulados ” INCIDENTE DE PRISIóN DOMICILIARIA – M., C. S. G. DEL C. DE J. – P/IMPOSICION DE TORTURA AGRAVADA (ART. 1 TER. INC. 2), ALANAMIENTO ILEGAL PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA (ART. 142 INC. 5) “., ingresado a despacho para resolver el pedido de prisión domiciliaria solicitada por la letrada Defensora;
Y CONSIDERANDO: I. Que a fs. 341/354 vta. la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba – Sala B, dictó resolución en virtud de la cual resuelve: I. Declarar la nulidad de la resolución dictada con fecha 16 de junio por el Juzgado Federal La Rioja en cuanto dispuso no hacer lugar a la solicitud de detención domiciliaria del imputado C.M. en los términos del art. 123 del C.P.P.N., debiendo el juez proceder a dictar una nueva resolución conforme los lineamientos de la presente, y teniendo en cuenta la totalidad de los informes médicos, psicológicos y psiquiátricos y el habeas corpus oportunamente tramitada ante el juzgado Federal de Lomas de Zamora N° 2. II. . III. Disponer la pronta resolución del presente incidente por parte del Señor Juez de Instrucción, en virtud de las situaciones planteadas ante este Tribunal.
Que atento lo dispuesto por Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y habiendo ingresado a este Tribunal el presente incidente, en virtud de la elevación a juicio, a fs. 363 se ordena correr vista al Ministerio Público Fiscal, siendo evacuada la misma a fs. 365/366 vta.-
Que a fs. 101/102 y 105/110 vta. se encuentran incorporados, respectivamente, los informes psicológico y físico. En el informe sobre el examen pericial desde la perspectiva Psicológica, el Lic. Diego a Mac Gregor perito Psicólogo Ad-Hoc, Médico Forense de la C.S.J.N. juntamente con el Prof. Dr. Mariano Castex Med. Leg. M.N. 17658 perito de parte de la Defensa y el Lic.Martín Daniel Araguez, Consultor técnico DATIP M.N.56662, perito de parte de Ministerio Público Fiscal, concluye: “el examinado M. a nivel semiológico no presenta producción psicótica, ni signos de confusión mental. Aproximación diagnostica: . presenta un cuadro angustioso en grado moderado reactivo a la situación de encierro y detención con preponderancia de momentos de angustia que pueden desbordar sus defensas adaptativas. Tal estado angustioso, puede transformarse en posibles problemas psicosomático estomacales y como posibles pensamientos incipientes de muerte, por lo cual, se infiere un estado de estrés agudo, que requiere tratamiento psiquiátrico y psicológico en el lugar de detención. No se descarta, el posible hostigamiento de otros internos, como una variable más, en relación a su estado psíquico. Atento a las características del estado psíquico del examinado, se recomienda su seguimiento y la posible nueva evaluación psicológica forense, para dar cuenta de su evolución psíquica.”. Respecto al informe físico, la Dra. Silvia E. Palomero, Médico Forense de la C.S.J.N., juntamente con el Prof. Dr. Mariano Castex Med. Leg. M.N. 17658 perito de parte de la Defensa y el Dr. Claudio F. Capuano Consultor técnico DATIP, M.N. 77035, perito de parte de Ministerio Público Fiscal, manifiestan que “al momento del examen M. se encuentra clínicamente estable, hemodinamicamente compensado y sin signosintomatología de patología aguda en evolución. Las patologías crónicas que presenta se encuentran actualmente compensadas, bajo control médico periódico, tratamiento farmacológico y dietario. La privación de la libertad en un establecimiento carcelario no le impediría tratar adecuadamente sus dolencias, provistas que sean las condiciones que sugieren, como todas aquellas que puedan mejorarlas. Concluyen: “por lo expuesto, desde el punto de vista de su salud física y en su condiciones actual de salud, no encuadra dentro de las previsiones del art. 32 inc. A) b) y c) de la ley 26.472.
Que a fs. 144/145 vta.se encuentra incorporado el informe médico Psiquiátrico de fecha 22/06/2017, remitido vía mail por el Cuerpo Medico Forense de la Corte Suprema de Justicia firmado por la Dra. Mariana Patricia Chamot, Médico Forense de la C.S.J.N., juntamente con el Prof. Dr. Mariano Castex Med. Leg. M.N. 17658 perito de parte de la Defensa y la Dra. Maria Martha Scorticati medica Psiquiatra M.N. 83533 medica Legista perito de parte de Ministerio Público Fiscal (en disidencia punto 3), que concluye que: 1.- Al momento del examen las facultades mentales de M. C. . se encuentran en la normalidad psicojuridica; 2.- Presenta un cuadro clínico compatible con Stress Postraumático y Síndrome Depresivo Reactivo a su actual situación; 3.- Se infiere que su permanencia en el penal, puede agravar el cuadro clínico que presenta”.-
Que el Ministerio Publico Fiscal, al evacuar la vista manifiesta que: “. analizada la totalidad de la prueba, en particular el examen psiquiátrico obrante a fs. 144/145 vta. ., soy de opinión que no corresponde otorgar la prisión domiciliaria solicitada por la defensa técnica del Sr. M. Expresa que: “. Sin embrago, considero que no pueden obviarse, desde el rol que le compete a este órgano acusador publico, cuatro cuestiones: 1) . de todo el examen psiquiátrico se desprende que lo que causa el “stress postraumático y Síndrome depresivo Reactivo”, . es justamente reactivo a su actual situación, es decir, su encarcelamiento. . es natural, y hasta humanamente comprensible que, quien se haya privado de su libertad, se encuentre en un estado de angustia, no siendo una característica personal o exclusiva del Sr.M.; 2) . la perito de parte de este Ministerio Publico Fiscal, se pronunció en disidencia del punto 3 (en relación a la conclusión de que en el penal se agravaría el cuadro que presenta), sugiriendo tratamiento psicológico, lo cual a su vez, encuentra paralelismo con los resultados de la pericia psicológica oficial . con lo cual las opiniones de la perito de este Ministerio Público y la pericia oficial psicológica son coincidentes en que procede realizar dicho tipo de tratamiento en el establecimiento penitenciario; 3) No puede dejarse de lado que se trata de un imputado de alto riesgo procesal, no solo por haber manejado y tenido el control de la inteligencia del país, por ostentar el cargo jerárquico mas alto a nivel nacional dentro de la escala militar . como también los recursos económicos con los que cuenta, todo lo cual conforma un cuadro de situación que entiendo eleva el grado de sospecha sobre los riesgos procesales en autos, tanto de entorpecimiento de la causa como también con relación al peligro de fuga. .4) . encontrándose la causa principal ya en este Tribunal Oral y por ende la proximidad en la realización del debate, bajo los términos del articulo 366, primer párrafo del CPPN, y a fin de aventar cualquier posibilidad de fuga, y con ello, el impedimento de la iniciación de la etapa culmine de este proceso penal, deben evitarse cualquier posibilidad de elusión por parte del encausado . Por todo ello, solicita se rechace el pedido de prisión domiciliaria formulado por los defensores del imputado C. M., por no resultar procedente”.-
II. Que entrando al análisis de lo solicitado, corresponde ponderar la situación del imputado C. S. G. del C. de J. ., adelantando que no se encuentran dadas las condiciones para otorgarse el beneficio de la Prisión Domiciliaria solicitada.Atento los informes periciales obrantes en autos, no se advierten motivos suficientes que habiliten realizar una excepción al régimen establecido en la ley penal de fondo; la Normativa vigente establece que es requisito para obtener el beneficio de prisión domiciliaria solicitada, encontrarse dentro de las situaciones establecidas en el art. 10 del C.P. y su ccte. art. 32 de la Ley 24.660, normativas que establecen que podrá cumplir la prisión impuesta en detención domiciliaria: a) Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; b) Al interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; c) Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; d) Al interno mayor de setenta (70) años; e) A la mujer embarazada; f) A la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad, a su cargo”. Es claro este precepto en cuanto a las distintas circunstancias en las que un interno puede cumplir la pena impuesta en arresto domiciliario. Que ninguna de las circunstancias previstas por la ley es aplicable al imputado M.i.
Que el art. 32 inc. a) de la ley de 24.660 prescribe sobre los casos en los que el juez de ejecución podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria por razones de salud. El mismo criterio lo establece el art. 4 de la ley 26.472. De la interpretación armónica de las normas señaladas con los arts. 10 del C.P., 314 del C.P.P.N.y 11 y 32 de la ley 24.660 surge claramente del dispositivo legal que el beneficio puede ser otorgado a los procesados con prisión preventiva; en el caso del interno enfermo, siempre y cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario – art. 32 inc. a) ley 24.660, circunstancia esta que no se encuentra acreditada en autos, pues no surge constancia que demuestre que la privación de la libertad en el establecimiento carcelario impide o prive al imputado de recibir un adecuado tratamiento ni que su detención agrave su estado de salud.-
En tal sentido la Cámara Federal de Casación Penal, sala I, autos Expte. “Alsina, Gustavo Adolfo s/recurso de casación”. 08/03/2017 Causa n° : 93000172. Magistrados : Catucci, Riggi y Figueroa.- Registro n° 79/1 7: ” se sostuvo que como bien lo señaló el a quo el estado de salud del enjuiciado no encuadra en los supuestos que contempla la ley 24.660 y su modificatoria 24.672 para proceder a la concesión del beneficio del arresto domiciliario, ya que en su situación particular de salud se ha cumplimentado con los lineamientos que estableciera la CSJN in re “Bergés” y no se verifican razones de índole humanitaria que conduzcan a morigerar la detención que viene cumpliendo en un establecimiento carcelario, ya que los incumplimientos por parte del SPF, a los traslados, no pueden conducir al otorgamiento automático del arresto domiciliario, sin comprobar los requisitos legales. (Dres. Catucci, Riggi y Figueroa -en disidencia-).
Asimismo ha sostenido la Cámara Nacional de Casación Penal en autos Expte. “Martínez, Juan Ramón s/recurso de casación”. 19/08/09 Causa n° : 10691.Magistrados : Riggi, Ledesma, Catucci.- Registro n° 1114.09.3.: “.En tanto la detención domiciliaria no es un instituto de aplicación automática sino que obedece a “irrenunciables imperativos humanitarios” que deben ser evaluados por el magistrado que la concede en virtud de la “facultad” que le otorga el ordenamiento legal, está debidamente fundado el rechazo si el imputado no reúne las pautas objetivas de los inc. a y b del art. 32 ley 24.660, ya que, según los dictámenes médicos, no posee una enfermedad incurable en período Terminal, sino que se encuentra bajo un tratamiento adecuado a su dolencia e incluso se le realizan estudios periódicos de control.”.
En mérito a lo valorado, habiendo sido corrida la vista según lo prescripto por el art. 491 del C.P.P.N., oída la Sra. Fiscal General a fs. 365/366 vta, de conformidad a lo señalado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y considerando que la detención del imputado M. se ajusta a la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los estándares internacionales reconocidos por la Nación, asimismo por haberse ordenado conforme a derecho, no resulta procedente el beneficio de prisión domiciliaria solicitada por la defensa del imputado C.M., por no encuadrar dentro de la normativa vigente, para casos excepcionales de carácter humanitario, reconocidos por los tratados internacionales sobre derechos humanos los que deben ajustarse estrictamente al no ser de aplicación automática.
Ello así, toda vez que resulta claro el dictamen emitido por parte del Ministerio Público Fiscal cuando expresa que el encartado M.presenta un cuadro de Stress Postraumático y Síndrome Depresivo Reactivo lo cual genera un cuadro de angustia, el cual deviene de manera natural y humanamente consecuente con la situación que reviste y/o padece toda persona que se encuentra privada de su libertad, y en efecto ello no reviste una situación de carácter excepcional o única del procesado.
Sin perjuicio de lo considerado y dispuesto previamente, a efectos de resguardar la salud e integridad física y psíquica del procesado, deberá ordenarse al establecimiento penitenciario donde se encuentra alojado se arbitren los medios necesarios para implementar los tratamientos médicos y/o psicológicos y/o psiquiátricos necesarios conforme su estado angustioso y de stress agudo, debiendo garantizarse los mismos con información periódica al Tribunal.
Por otra parte, y ante la información arrimada a este Tribunal por parte de la defensa sobre episodios de hostigamientos en la persona del encartado M., deberá advertirse al Servicio Penitenciario sobre tal situación, a efectos de que se arbitren los recaudos necesarios y conducentes para evitar los mismos. Asimismo, y conforme las constancias obrantes a fs. 346 vta., resolución de la Cámara de Apelaciones de Córdoba que relata la circunstancia, expuesta por la defensa, Dra. Barbitta, de que “ha sido informada por los familiares del encartado que sufrió un nuevo hostigamiento, esta vez, en cabeza del Sr. Luís Patti, detenido también en el Hospital Penitenciario Central”, deberá ponerse en conocimiento de tal circunstancia al Servicio Penitenciario y, en los términos de lo prescripto por el Art. 177 inc. 1 del C.P.P.N, al Fiscal Federal de Primera Instancia.-
Por todo lo expuesto y considerado, previo a deliberar los Sres. Magistrados por medios electrónicos y telefónicos; en razón de estar en uso de Licencia el Señor Juez de Cámara Subrogante, Dr. Adolfo Raúl Guzmán, no suscribe la presente, conforme lo autoriza el Art. 399 del C.P.P.N. Por encontrarse el Señor Juez de Cámara Subrogante, Dr.Julián Falcucci en la Jurisdicción del Tribunal Oral en lo Criminal Federal I de Córdoba, y habiendo formado acuerdo conforme lo habilita la resolución 286/10 de fecha 11-03-2010 de la Excma. Cámara Federal de Casación Penal, suscribirá la presente en su Público Despacho con intervención de un Señor Secretario de Cámara, se adelantará vía mail y una vez ingresado su original en el Tribunal será incorporada en los presentes autos.
Que por todo ello, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja;
I. No Hacer lugar al pedido de prisión domiciliaria solicitado por la Defensa Particular del imputado C. S. G. del C. de J. M., por los motivos y con el alcance señalado en los considerandos de la presente resolución -arts. 32 de la ley 24.660 y ccte. art. 10 C.P.-
II. Ordenar al establecimiento penitenciario la implementación de los tratamientos médicos y/o psicológicos y/o psiquiátricos necesarios conforme su cuadro clínico, debiendo garantizarse los mismos con información periódica al Tribunal, conforme lo considerado.-
III. Librar oficio al Servicio Penitenciario Federal I – Ezeiza, a efectos a de que se arbitren los recaudos necesarios y conducentes para evitar episodios de hostigamientos en la persona del encartado M.; y poner en conocimiento la circunstancia, expuesta por la defensa, Dra. Barbitta, conforme lo señalado en lo considerado.-
IV. Librar oficio al Señor Fiscal Federal de primera Instancia, en los términos del art. 177 inc. 1 del C.P.P.N., y poner en conocimiento la circunstancia, expuesta por la defensa, Dra. Barbitta, conforme lo considerado.-
V. Tener presente la reserva del caso federal.-
VI. REGíSTRESE, PROTOCOLíCESE Y PUBLíQUESE.-
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