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Timestamp: 2018-03-17 20:55:26+00:00

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Última actualización: 20-11-2007
Ejecución de las resoluciones judiciales - Letonia
1. ¿Qué significa la ejecución en materia civil y mercantil?
2. ¿Cuáles son las condiciones para la expedición de una resolución o un título ejecutivo?
2.2. Requisitos de fondo
3.1. ¿Qué tipo de bienes pueden ser objeto de ejecución?
3.2. ¿Qué efectos surten la medidas de ejecución?
La ejecución es una fase en el procedimiento civil en la cual los agentes judiciales ejecutan una resolución de un tribunal, otras instituciones o funcionarios, si un deudor (el demandado) no cumple voluntariamente dicha resolución en el plazo establecido por la ley o por el tribunal.
Véase Profesiones jurídicas - Letonia respecto de las medidas de ejecución que puede aplicar un agente judicial.
Las resoluciones judiciales y extrajudiciales pueden ejecutarse cuando adquieren firmeza, salvo cuando la legislación o una sentencia judicial prevea su ejecución inmediata. Los agentes judiciales pueden instar los procedimientos de ejecución en virtud de cualquiera de los siguientes documentos ejecutivos:
un título ejecutivo emitido en un asunto civil o administrativo mediante una resolución judicial o una decisión del tribunal o juez, o en asuntos penales en virtud de una resolución judicial que apruebe un acuerdo, una resolución de un tribunal de arbitraje permanente, una decisión de una comisión de resolución de conflictos laborales, o una resolución de un tribunal extranjero o un tribunal de arbitraje extranjero;
una decisión de una institución o funcionario, en asuntos de infracciones administrativas;
un título ejecutivo expedido en virtud de un acto administrativo (artículo 539(2)(2) de la Ley de enjuiciamiento civil);
una decisión de un juez sobre la ejecución forzosa de obligaciones no impugnadas, la ejecución forzosa de obligaciones en procedimientos cautelares, o la venta voluntaria de bienes inmuebles en subasta judicial;
un título ejecutivo europeo emitido por un tribunal extranjero o autoridad competente en virtud del Reglamento (CE) nº 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados;
un certificado emitido por un tribunal extranjero o autoridad competente en virtud de los artículos 41.1 y 42.1 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo;
una decisión de una autoridad competente sobre la ejecución de sanciones impuestas por una organización internacional.
Los títulos ejecutivos son expedidos por el tribunal competente a petición del funcionario de ejecución. Para iniciar la ejecución de una resolución judicial, el título ejecutivo concedido al funcionario ejecutor o a un apoderado deberá presentarse a un agente judicial junto con una carta de solicitud.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de enjuiciamiento civil, los agentes judiciales son responsables de la ejecución de las siguientes resoluciones judiciales:
sentencias judiciales y resoluciones en asuntos penales relativos a la recuperación de propiedad;
resoluciones de tribunales extranjeros y tribunales de arbitraje extranjeros en asuntos especificados por la legislación;
resoluciones judiciales sobre la imposición de sanciones procesales o multas;
decisiones de comisiones de resolución de conflictos laborales.
decisiones de instituciones y funcionarios en asuntos de infracciones administrativas cuando se especifique en la legislación correspondiente;
actos administrativos relativos a pagos, emitidos por las autoridades y funcionarios habilitados por el Estado;
decisiones de personas vinculadas a la estructura jurídica (notarios, abogados, agentes judiciales) relativas a remuneraciones por servicios profesionales, remuneración por asistencia jurídica gratuita prestada y reembolso de gastos correspondientes a servicios proporcionados y tasas.
Los agentes judiciales pueden ejecutar los bienes muebles de un deudor (incluidos los bienes depositados ante otras personas) y bienes intangibles, el dinero debido por el deudor a otras personas (remuneración por trabajos realizados, pagos equivalentes, otras rentas del deudor, inversiones en instituciones de crédito) y sus bienes inmuebles. Determinados bienes especificados en la legislación y objetos que pertenezcan total o parcialmente al deudor no están sujetos a la ejecución en virtud de un título ejecutivo (por ejemplo, ajuar y mobiliario doméstico, prendas de vestir, alimentos, libros, instrumentos y herramientas que necesite el deudor para su trabajo cotidiano con el fin de ganarse la vida, etc.).
Cuando se toman medidas de ejecución contra los bienes muebles, bienes inmuebles o rentas de un deudor, el deudor deja de tener derecho a explotar éstos a su voluntad.
Cuando se acatan las órdenes o disposiciones de un agente judicial, éste elabora un documento y lo presenta al tribunal para que decida sobre la responsabilidad. El tribunal puede imponer una multa a las partes culpables, de hasta 250 LVL en caso de una persona física, o hasta 500 LVL en caso de un funcionario.
Si el agente judicial encuentra resistencia al aplicar las medidas de ejecución, podrá solicitar asistencia policial.
Si un deudor no comparece ante un agente judicial en cumplimiento de una citación, o se niega a dar explicaciones o información que se le exija legalmente, el agente judicial podrá acudir a los tribunales para obtener una resolución sobre la responsabilidad incurrida por esa persona. El tribunal podrá adoptar una resolución para forzar al deudor a comparecer, e imponerle una multa de hasta 100 LVL. Si un deudor proporcionase de forma intencionada información falsa, el agente judicial podrá acudir a los tribunales para que se dicte una resolución de infracción administrativa o se inicien diligencias penales.
Un documento ejecutivo puede presentarse para su ejecución en el plazo de 10 años tras la entrada en vigor de una sentencia de un juez o un tribunal, salvo que se especifiquen otros periodos en actos normativos. Si una sentencia judicial impone el pago a plazos, el documento ejecutivo seguirá vigente durante todo el periodo en el que se deban los pagos, y el plazo de 10 años comenzará a partir de la fecha final de cada pago.
Previa solicitud de una parte y habida cuenta de la situación patrimonial u otras circunstancias de las partes, el tribunal competente para conocer de un asunto podrá decidir posponer la ejecución de una resolución, dividir la ejecución en plazos, o modificar la forma o procedimiento por el que se ejecuta la resolución. Podrá formularse un motivo de recurso complementario contra una decisión judicial de posponer la ejecución de una resolución, dividir la ejecución de una sentencia en plazos o modificar la forma o procedimiento de ejecución, ante un tribunal superior, en el plazo de 10 días. Cuando las circunstancias entorpezcan o impidan la ejecución de una sentencia judicial, el agente judicial también podrá presentar al tribunal que dictó la sentencia una propuesta para posponer la ejecución de la resolución, dividir la ejecución de la resolución en plazos o modificar la forma o el procedimiento de ejecución.
Un agente judicial podrá posponer la ejecución previa solicitud de un funcionario de ejecución o una decisión del juez o tribunal de posponer la medida de ejecución o suspender la venta de la propiedad, o una decisión judicial de posponer la ejecución o dividir la ejecución de la resolución en plazos.
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