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Timestamp: 2018-09-23 16:51:29+00:00

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SENTENCIA SP14841-2015 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015
CONTENIDO:SANCIÓN ACCESORIA DE PRIVACIÓN DEL DERECHO A LA TENENCIA Y PORTE DE ARMAS EN LOS CASOS DE FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO. SE PRECISA QUE EN CASOS DE FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES DE DEFENSA PERSONAL O DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS –SEA QUE SE IMPUTE SÓLO ESA CONDUCTA PUNIBLE O EN CONCURSO DE DELITOS, SE ENTIENDE CUMPLIDA LA GARANTÍA DE MOTIVACIÓN DE LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN ACCESORIA DE PRIVACIÓN DEL DERECHO A LA TENENCIA Y PORTE DE ARMAS, CON LA DECLARACIÓN EN LA SENTENCIA DE QUE EL PROCESADO FABRICÓ, TRAFICÓ O PORTÓ ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES ‘SIN PERMISO DE AUTORIDAD COMPETENTE’. EN OTRAS PALABRAS, LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE QUE AJUSTÓ SU COMPORTAMIENTO A CUALQUIERA DE LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN LOS ARTÍCULOS 365 O 366 DEL CÓDIGO PENAL (TAMBIÉN AL ARTÍCULO 367 IBÍDEM), CONSTITUYE SUFICIENTE FUNDAMENTO PARA PRIVAR DEL MENCIONADO DERECHO AL CONDENADO. SE RECTIFICA CON ESTE CRITERIO, ENTONCES, EL PLASMADO EN EL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014 CSJ SP 17166-2014, RAD. 42536.
TEMAS ESPECÍFICOS:DEMANDA DE CASACIÓN, CASACIÓN DE OFICIO, PENA ACCESORIA, APLICACIÓN DE LA PENA ACCESORIA, CUMPLIMIENTO DE LA PENA ACCESORIA, CLASES DE PENA ACCESORIA, FABRICACIÓN DE ARMAS DE FUEGO
Sentencia SP-14841-2015 de octubre 28 de 2015
SP-14841-2015
Radicación 45867
(Aprobado acta 380)
Bogotá, D.C., octubre veintiocho de dos mil quince.
1. Se recuerda, en primer lugar, que la Sala asoció la posibilidad de vulneración de las garantías del acusado a la eventual “afectación del principio de legalidad de la pena, en concreto, al imponer” la sanción accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
En la Sentencia CSJ SP-2636-2015, marzo 11 de 2015, radicación 43881, la Sala resolvió un caso idéntico al presente y se remite a los argumentos allí expuestos, que se transcriben enseguida y se reiteran:
“En la fijación de las penas accesorias, según el artículo 52 del Código Penal, debe observarse estrictamente lo dispuesto en el artículo 59 ibídem, es decir, la obligación en la sentencia de fundamentar explícitamente ‘los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena’.
“La Corte ha sido constante en sus sentencias de casación en recordar ese deber y en múltiples oportunidades, inclusive acudiendo a la facultad oficiosa, ha dispuesto la exclusión de las sanciones privativas de otros derechos diferentes al de libertad que se han impuesto sin el cumplimiento de dicha obligación.
“En providencia reciente de la Sala (CSJ SP, dic. 11/2013, rad. 41543), en relación con la privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego, se trajo a la memoria la necesidad de motivar su determinación, indicándose que
‘la sola naturaleza del delito o las consideraciones plasmadas acerca de su configuración no evidencian, ni siquiera tácitamente, la procedencia de su imposición, dado que no puede confundirse la motivación acerca de la realización del injusto con la motivación relacionada con la imposición de la pena. La primera atañe a las pruebas que sustentan la manifestación en el mundo exterior de una conducta típica y antijurídica, mientras que la segunda concierne al reproche personal (manifestada en la sanción punitiva) que debe hacérsele al autor de dicho comportamiento, situación que en cada evento implica el análisis de una serie de principios, fines y valores distintos”.
“Y como en ese asunto no se consignaron puntualmente las razones que aconsejaban la restricción del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego, la Corte decidió eliminar esa pena accesoria de la sentencia.
“La tesis anterior la rememoró la Sala en el fallo CSJ SP 17166-2014, radicación 42536, en el cual se introdujo la siguiente modificación jurisprudencial:
‘En esta oportunidad, aunque la Sala insiste en recordar el deber que tienen los Jueces de fundamentar la fijación de las penas principales y accesorias, salvo la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en los casos en que su duración corresponda a la de la pena privativa de la libertad, ha vuelto a debatir el tema de si existe violación de la garantía de motivación de la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego cuando —como pasó— no se ha fundamentado su imposición en un caso como el examinado, donde se plantea lógica y necesaria su deducción, y la conclusión es que no.
‘No es deseable, desde luego, se repite, que inclusive cuando parece redundante sustentar una sanción (por ejemplo, la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad del padre en relación con el hijo al cual sometió a abusos sexuales), se dejen de expresar los motivos en la sentencia. Del mismo modo, cuando no se dicen frente a la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego en un caso como el presente, donde una persona es condenada por transportar con destino a un grupo armado ilegal explosivos más los accesorios aptos para detonarlos y una pistola con numerosos proyectiles de seguro para ser empleados en la realización de los fines violentos del colectivo criminal, no estima la Sala que la omisión quebrante la garantía de motivación ante el carácter axiomático que reviste privar del derecho a tener armas a quien las trafica para una organización guerrillera.
“2. El presente caso ha revivido la discusión a raíz de que la ponencia derrotada planteaba excluir la pena accesoria, por falta de motivación, de una parte, y porque los hechos aquí juzgados diferían de los tenidos en cuenta en la sentencia antes transcrita, expedida el 16 de diciembre de 2014.
“La Sala concluyó nuevamente que era necesario recordar a los Jueces el deber de sustentar la fijación de las penas principales y accesorias, salvo la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en los casos en que su duración corresponda a la de la pena privativa de la libertad.
“Mayoritariamente, a la par, se estableció como criterio general que en casos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de defensa personal o de uso privativo de las Fuerzas Armadas —sea que se impute sólo esa conducta punible o en concurso de delitos—, se entiende cumplida la garantía de motivación de la imposición de la sanción accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, con la declaración en la sentencia de que el procesado fabricó, traficó o portó armas de fuego o municiones ‘sin permiso de autoridad competente’. En otras palabras, la declaración judicial de que ajustó su comportamiento a cualquiera de las conductas descritas en los artículos 365 o 366 del Código Penal (también al art. 367 ibíd.), constituye suficiente fundamento para privar del mencionado derecho al condenado. Se rectifica con este criterio, entonces, el plasmado en el precedente jurisprudencial del 16 de diciembre de 2014 (CSJ SP 17166-2014, rad. 42536).
“No está de más advertir que esos delitos de peligro común, que pueden ocasionar graves perjuicios a la comunidad, se sancionan cada vez con mayor severidad en cuanto se constituyen en presupuesto obvio de la violencia nacional. Ese aumento de la punibilidad, a la vez, está inscrito —no hay duda— en políticas de desarme de la población claramente orientadas a contrarrestar la criminalidad asociada a la utilización de armas de fuego (o químicas, biológicas o nucleares), la cual se muestra como uno de los principales problemas que obstaculizan el desarrollo del país.
“No resulta sensato, en ese contexto, en casos de condena por delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones, exigir para la imposición de la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego una fundamentación adicional a la declaración de existencia de la conducta punible. Simple y llanamente porque se plantea lógica, necesaria y proporcional su deducción en tales casos. No se entendería que a quien se reprocha penalmente fabricar, traficar o portar armas de fuego o municiones, o armas químicas, biológicas o nucleares, no se le despoje del derecho a poseerlas por el tiempo que permita la ley”.
De conformidad con el precedente jurisprudencial, en consecuencia, no se excluirá la sanción accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego impuesta a los acusados. Sin embargo, se revisará su duración de 15 años señalada en las instancias.
Esa pena accesoria está prevista en el artículo 51 del Código Penal entre uno (1) y quince (15) años. Y como en su determinación aplica el sistema de cuartos que rige la individualización de la pena (art. 61, ibíd.), conforme lo ha admitido la jurisprudencia, es claro que, en concordancia con los criterios que guiaron la atribución de la pena de prisión (225 meses de prisión por los atentados contra la vida más el 16% de esa cantidad en razón del delito concursal de porte ilegal de armas —36 meses—), procede imponerle al procesado un total de 13 meses y 28 días. En este sentido se casará parcialmente el fallo impugnado.
1. CASAR OFICIOSA Y PARCIALMENTE el fallo proferido por el Tribunal Superior de M., para fijar la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego impuesta a los procesados J.M.Á.H. y D.F.L.H. en 13 meses y 9 días.
2. Las demás determinaciones de la sentencia se mantienen.
Con el habitual respeto por la decisión mayoritaria, salvo parcialmente mi voto en los siguientes términos:
Aunque estoy de acuerdo con la Sala en cuanto que en esta ocasión hubo menoscabo de las garantías de los procesados, J.M.Á.H. y D.F.L.H. porque en el ejercicio de dosificación punitiva de la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de arma se desconoció el principio de legalidad, toda vez que el juzgador ha debido aplicar el sistema de cuartos, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del Código Penal, discrepo de la decisión habida cuenta que la imposición de esa sanción no tuvo ninguna motivación específica en las sentencias de instancia y tampoco era posible extraerla de la exhibida para el injusto penal.
En ese orden, lo debido era casar oficiosa y parcialmente el fallo de segundo grado y excluir, de la condena impuesta a J.M.Á.H. y D.F.L.H., la referida sanción.
La tarea de individualización de las sanciones ha de orientarse por los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, tal como lo ordena el artículo 3º del Código Penal. Así mismo, por expreso mandato de los preceptos 52 y 59 de ese estatuto, la imposición de una pena accesoria debe estar precedida de una justificación, es decir, de unas razones, así sean mínimas, por las cuales el funcionario la considera necesaria en el caso concreto.
Si bien en esta ocasión el a quo expresó los motivos para fijar la pena de prisión, olvidó hacer lo propio con la accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, y la motivación de la primera no se extiende ni acredita la segunda. Así uno de los delitos por los que se proceda sea el de porte de armas de fuego de defensa personal, el funcionario judicial debe esgrimir por qué impone la pena accesoria de restricción del derecho a la tenencia y porte de armas. No hacerlo implica crear reglas de excepción al deber de motivar las sanciones, que no fueron previstas por el legislador, lo que riñe con un Estado de Derecho.
La motivación es una garantía del debido proceso, en especial, del derecho de defensa, y permite ejercer el de contradicción. Por ende, una providencia en la que aquella esté ausente, infringe esos derechos y lesiona el derecho de todo ciudadano a una garantía judicial efectiva.

References: ARTÍCULO 367
 artículo 52
 artículo 59
 artículo 51
 artículo 61
 artículo 3