Source: https://es.scribd.com/doc/6984078/4/III-LA-VICTIMA-EN-EL-CODIGO-PROCESAL-PENAL
Timestamp: 2016-04-30 18:16:47+00:00

Document:
SubirSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicEditors' Picks BooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks AudiobooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks ComicsHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks Sheet MusicHand-picked favorites from our editorsTop BooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop AudiobooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop ComicsWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop Sheet MusicWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodCrafts & HobbiesFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesAdaptationsChildren’sCrime & MysteryFictionHumorMangaNonfictionRomanceSciFi, Fantasy & HorrorSuperheroesYoung AdultPublishersArcanaArchie ComicsBOOM! StudiosDynamiteIDW PublishingKingstone ComicsMarvel ComicsSpace Goat ProductionsTop Cow ComicsTop Shelf ProductionsValiant Comics ZenescopeDifficultyBeginnerIntermediateAdvancedMixedInstrumentBrassDrums & PercussionGuitar, Bass, and FrettedPianoStringsVocalWoodwindsGenreClassicalCountryFolkJazz & BluesMovies & MusicalsPop & RockReligious & HolidayStandardsWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreSectionsiii. VICTIMOLOGÍA Y DERECHO CONSTITUCIONAL
REPARATORIOS
Una vez pasada revista a algunos de los fundamentos de la incor-
poración de la víctima como sujeto interviniente en el nuevo
proceso penal, se hace necesario precisar un concepto de víctima
para tener certeza sobre quiénes habrán de ejercer dicho rol al
interior del procedimiento.
Al respecto, el artículo 108 del Código dispone que, "para
efectos de este Código, se considera víctima al ofendido por el
delito", es decir, no formula una definición científica de la víctima
sino que sólo considera tal, para efectos del ejercicio de los dere-
chos que reconoce, al ofendido por el delito.
Aún así, cabe observar que este artículo incurre en una tau-
tología, puesto que las palabras víctima y ofendido son sinónimos
en nuestra legislación'", de manera que lo único que aclara el tenor
de esta disposición es que se trata sólo de la víctima del delito y
no del afectado por ningún otro fenómeno. Esto lleva a considerar
el concepto dogmático de sujeto pasivo del delito, esto es, el titular
o portador del bien jurídico protegido y en esta medida, a reflexio-
nar en torno a los distintos bienes jurídicos.
'•' O. cit., p. 100
" U. cit., p. 100.
'» RIEGO y DUCE, o. cit., p. 61.
LA XaCTIA-IA EN EL NUEVO PROCESO PENAL
En este sentido, Bustos advierte que no se debe confundir
"el sujeto pasivo del delito con el sujeto pasivo de la acción, que
es sólo la persona sobre que recae la acción típica, pero no ne-
cesariamente el destinatario de la protección del bien jurídico; así
quien hurta a un niño el bolso de su madre, actúa sobre el niño
y éste es el sujeto pasivo de la acción, pero es la madre el sujeto
pasivo del delito", esto es, la titular del bien jurídico. Dice Bustos
que "ciertamente víctima del hurto es el niño, pero el sujeto
pasivo es la madre"-'.
En este último ejemplo es posible distinguir, desde un pimto
de vista dogmático, entre sujeto pasivo de la acción y sujeto
pasivo del delito, que serían el niño y la madre, respectivamente.
Sin embargo, para efectos procesal penales, puede estimarse que
ambos han sido afectados por el delito, aunque de diferentes
maneras, de modo que pueden entrar en la categoría de sujetos
que el Código considera víctimas". En general, cuando se trata
de bienes jurídicos individuales —vida, salud, libertad, seguridad,
honor, patrimonio— no debieran plantearse mayores problemas
en incluir en la acepción del artículo 108 tanto al sujeto pasivo
de la acción típica como al titular del bien jurídico, que en estos
casos tienden a confundirse.
El problema se vuelve más complejo respecto de delitos que
afectan bienes jurídicos supraindividiiales, esto es, en que el titular
de los mismos es la colectividad en su conjunto o el Estado. En
estos casos, la persona que eventualmente sufre la acción típica
—el sujeto pasivo de la acción— no se confundiría con el titular
del bien jurídico —el sujeto pasivo del delito— que podría ser la
colectividad o el Estado. De esta manera, cabría preguntarse si
se incluye a ambos sujetos en la definición del artículo 108.
-' Manual de Derecho penal. Parte general, PPU, Barcelona 1994, p. 276.
" En contra HORVITZ y LÓPEZ, Derecho procesal penal chileno: principios,
sujetos procesales, ynedidas cautelares, etapa de investigación, t. I, Editorial Jurídica
de Chile, Santiago 2002, p. 298.
LA VICTIMA EN EL NUEVO PROCESO PEN/VL
Por ejemplo, en el delito del artículo 313 d del Código Penal
podría haber una persona lesionada en su salud individual, es decir,
un sujeto pasivo de la acción, y el titular del bien jurídico salud
pública, esto es, un sujeto pasivo del delito, que sería la colectivi-
dad. Asimismo, en los delitos terroristas tipificados en el artículo
2° de la ley 18.314, podría haber una persona lesionada en sus
bienes jurídicos individuales, vale decir, un sujeto pasivo de la
acción, y el titular del bien jurídico protegido, que sería el Estado.
En estos casos, para efectos del Código Procesal Penal, ¿son
víctimas los sujetos pasivos del delito, los titulares de los bienes
jurídicos protegidos? Una interpretación sistemática del artículo
108 del Código con el artículo 111 del mismo, que establece los
sujetos que pueden presentar querella, pareciera indicar que no.
Este último artículo hace una distinción entre la facultad de
presentar querella que asiste a la víctima, establecida en el inciso
1°, y aquélla que se le reconoce a cualesquiera personas capaces de
parecer en juicio domiciliadas en la provincia o región respecto de
delitos que, en general, vulneran intereses sociales, colectivos o
estatales, prevista en los incisos 2° y 3°. Respecto de los delitos
antes aludidos, el Código parece diferenciar, por una parte, la
víctima propiamente tal, que sería el sujeto pasivo de la acción
típica, la que podría querellarse en virtud del inciso 1° del artí-
culo 111 y ejercer los derechos de la víctima, y, por otra parte,
las demás personas que podrían presentar querella por el titular
del bien jurídico colectivo o estatal, en apUcación de los incisos
2° y 3° del mismo artículo. En estos casos, no constituiría espíritu
de la ley considerar víctimas a la colectividad o el Estado, pues
pareciera bastarle la persecución penal pública del Ministerio
Público, además de las personas que podrían presentar querella,
en representación del titular del bien jurídico afectado que sería
la colectividad o el Estado, según el caso.
Lo anterior parece seguirse también del tenor del artículo
53 del Código en cuanto dispone que "la acción penal pública
para la persecución de todo delito que no esté sometido a regla
especial deberá ser ejercida de oficio por el ministerio público.
LA VTCIIMA F,N r-.I. NUEVO PROCESO PENAL
Podrá ser ejercida, además, por las personas que determine la ley,
con arreglo a las disposiciones de este Código". Es decir, impone
al Ministerio Público el deber general de ejercer la acción penal
pública, salvo reglas especiales, y sólo faculta, además, a otras
personas determinadas para ejercer la misma acción, conforme al
artículo 111 ya citado.
En todo caso, es importante dejar establecido que, conforme
al tenor del artículo 108 del Código, no existe problema en con-
siderar víctimas tanto a las personas naturales como a las personas
jurídicas-', pudiendo presentarse la misma distinción señalada an-
teriormente entre la víctima y el titular del bien jurídico, como
podría ocurrir, por ejemplo, en el delito de giro doloso de cheque,
en que la víctima podría ser cualquier persona jurídica afectada en
su patiimonio y, en su carácter de delito económico, el sujeto
pasivo del mismo sería la colectividad.
En este sentido, una interpretación sistemática de los artí-
culos 53, 54 y 55 del Código, relativos a las acciones penales
privadas y públicas, parece restringir el concepto de víctima a las
personas, tanto naturales como jurídicas, en la medida que iden-
tifican víctima y persona ofendida por el delito.
Lo que no pareciera constituir espíritu de la ley es ampliar el
concepto de víctima, para efectos procesal penales, a asociaciones
intermedias dedicadas a la defensa de bienes jurídicos colectivos o
universales o cuyos objetos se relacionen con ellos, como ha pre-
tendido Maier-"*, pues sería difícil sostener que objetivamente han
sido afectadas por un delito contra dichos bienes jurídicos, sin
perjuicio de la norma del artículo 111, sobre la facultad de presen-
tar querella.
Como se ha visto, son muchos los problemas dogmáticos que
presenta la interpretación del artículo 108 del nuevo Código Pro-
cesal Penal, de los cuales sólo se enuncian algunos, sin perjuicio
" En este sentido: BUSTOS y LARRAURI, Victimologta: presejite y fumro,
PPU, Barcelona, 1993, p. 21; Riego y Duce, o. cit., p. 60.
-•» O. cit., p. 221.
LA VICTIMA EN F,L NUEVO PROCESO PENAL
del criterio fijado por el Fiscal NacionaP' y de la jurisprudencia
que ha de emanar de ios Tribunales de Justicia.
Ahora bien, respecto del rol de la víctima en el nuevo pro-
ceso penal chileno, podemos señalar que, tomando como referen-
cia los avances existidos al respecto en materia de victimología-'',
la Constitución Política de la República y la ley procesal penal
reconocen a la víctima, en cuanto sujeto con particulares intereses,
un haz de derechos o facultades procesales especiales", que se
concatena con las atribuciones generales de todo interviniente^^,
conformando el estatuto jurídico de la víctima al interior del pro-
ceso penal.
Lo anterior se traduce en el derecho de toda víctima al debido
proceso, que constituye una garantía constitucional aplicable no
sólo a la fase de juicio, sino también a la etapa preliminar, en
virtud de la reforma introducida por la Ley N° 19.519 al artículo
19 N° 3 de nuestra Carta Fundamental.
Todos estos derechos, vinculados como dijimos a la garantía
de debido proceso, pueden ser agrupados en diversas categorías-'^
En primer lugar encontramos las garantías, esto es, aquellos dere-
chos instrumentales que sirven de base para el ejercicio de otros
derechos, en este caso, al interior del proceso penal. Dentro de
25 Véase MINISTERIO PUBLICO, FISCALÍA NACIONAL, Reforma Pro-
cesal Penal Instnicáones Generales mímeros 1 a 25, Editorial Jurídica de Chile,
Santiago 2001, pp. 147-149.
''-'' Véase "Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las
víctimas de delitos y de abuso de poder", que se incluye como anexo en la
Resolución 40-34, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con
fecha 29 de noviembre de 1985.
" Por ejemplo, artículos 109 y 170 inciso 3° CPP.
-'« Por ejemplo, artículos 182 inciso 2°, 183 y 184 CPP.
-"' Para agrupar los derechos y garantías establecidos a favor de las vícti-
mas de delito, nos basaremos en la sistematización propuesta por
CONTRERAS y ROJAS, en: Material de Apoyo Sobre la Participación de la
Víctima en el Proceso Penal y los Deberes del Ministerio Piíblico. Ministerio
Público, Fiscalía Nacional, División de Atención a las Víctimas y Testigos.
Inédito. Santiago, 2002, pp. 5 y ss.
LA VICTIMA EN F.L NUEVO PROCESO PENAL
este importante grupo, podemos encontrar el derecho a la pro-
tección, al trato digno y a la información.
Sólo en la medida en que se asegura a la víctima la vigencia
de estas garantías, ella puede encontrarse en condiciones de ejercer
la segunda categoría de derechos. En este segundo orden de atri-
buciones, se encuentran las facultades de las víctimas para ejercer
acciones y pretensiones penales, ejercer funciones de contrapeso y
control sobre el aparato de justicia y ser reparadas del daño cau-
sado por la comisión del delito. Estas facultades tienen en común
dotar a la víctima de herramientas para ejercer una influencia en
la persecución y decisión penal de su caso.
A continuación efectuaremos una sucinta revisión teórico
práctica del contenido de tales derechos y garantías al interior del
proceso penal. Para ello nos basaremos en los respectivos textos
normativos y en la acción que respecto de la protección, respeto,
fomento y difusión de tales derechos ha efectuado el Ministerio
Público, a través de su División y Unidades Regionales de Aten-
ción a las Víctimas y Testigos (en adelante División y Unidades
Regionales)^", encargadas, respectivamente, de velar por el cum-
plimiento y cumplir los deberes del Ministerio Público respecto
de las víctimas y testigos".
'" Es importante tener presente que la gestión de las Unidades Regionales
de Atención a Víctimas y Testigos no se da respecto de todos los casos con
víctimas, lo cual sería prácticamente imposible. Sólo se da en los casos derivados
por los fiscales a dichas Unidades Regionales, conforme a criterios de deriva-
ción establecidos previamente por el Fiscal Nacional en su Instrucción General
N° 11. Al respecto ver MINISTERIO PÚBLICO, FISCALÍA NACIONAL, o.
cit., pp. 147 a 171.
" Artículos 20 letra f) y 34 letra e) de la Ley N° 19.640, Orgánica Cons-
titucional del Ministerio Público.
LA VI'CTLVIA EN FX NUEVO PROCESO PENAL
IV. DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS VÍCTIMAS AL
INTERIOR DEL PROCESO PENAL
1. GARANTÍA O D E R E C H O A LA PRO TECCIÓ N
La decisión de la víctima de recurrir a los órganos del sistema
penal reclamando su intervención se funda en la expectativa de
poner término a una situación, probablemente crónica, que le
resulta lesiva, o en la necesidad de precaver agresiones futuras
relacionadas con aquéllas que motivan su decisión. Además, ocurre
con cierta habitualidad, sobre todo cuando existe algún tipo de
vínculo entre la víctima y el hechor, que ella resulta expuesta a
represalias, amenazas o críticas que se oponen a su decisión de
denunciar y desincentivan su colaboración con la justicia^-.
Dichas situaciones de riesgo pueden ser facilitadas por ciertas
actuaciones procesales que, dada su publicidad o la necesaria
interacción entre víctima y hechor, ofrecen el espacio y la opor-
tunidad para intimidarla, amenazarla u hostigarla, constituyendo
tales amenazas, en sí mismas, un peligro cierto que resulta nece-
sario precaver.
En este sentido, no cabe duda que la sola activación del pro-
ceso penal no es suficiente para hacer cesar el conflicto que le
subyace, como también es claro que la efectiva participación de la
víctima en dicho proceso requiere de la creación de cierto espacio
de protección dentro del cual se pueda desarrollar la confianza
necesaria para ejercer los derechos que le confieren las leyes y
colaborar en la producción de los objetivos sociales perseguidos. El
reconocimiento de un papel a cumplir dentro del proceso penal
carecería de sentido sin el establecimiento de mecanismos que
procuren proteger la seguridad de la víctima.
Es por ello que, en el marco de la Reforma Procesal Penal,
se ha regulado el derecho de las víctimas a la protección en
diversos cuerpos normativos. En primer lugar, podemos recordar
" RIEGO y DUCE, o. cit., p. 70.
LA \'ICTLMA EN EL NUEVO PROCESO PENAL
lo que nos señala la Constitución Política de la República en su
artículo 80 A, que al definir las fijnciones del Ministerio Público
le fija como una de ellas proteger a las víctimas y testigos. Misma
mención tiene lugar esta vez en el artículo 1° de la Ley N°
19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
Esta función constitucional y orgánica constitucional es
desarrollada luego al interior del Código Procesal Penal, no sólo
como deber del Ministerio Público, sino también como derecho
de toda víctima que pueda encontrarse expuesta al riesgo de aten-
tado en contra de su vida, integridad, honor o intimidad.
Es así como se consagra, en la letra a) del artículo 109 CPP,
el derecho de toda víctima a solicitar medidas de protección frente
a probables hostigamientos, amenazas o atentados en contra suya
o de su familia, al mismo tiempo que en los incisos primero y
segundo letra b) del artículo 78 CPP, se consagra el deber del
Ministerio Público de adoptar medidas o solicitarlas, en su caso,
para proteger a las víctimas de delitos y sus familias frente a pro-
bables hostigamientos, ainenazas o atentados.
A lo anterior, se suman los artículos 6° y 289, también del
CPP, que señalan que el Ministerio Público está obligado a velar
por la protección de las víctimas de delito en todas las etapas del
procedimiento penal y que se podrá Hmitar la publicidad de la
audiencia de juicio oral cuando ello sea necesario para proteger
la intimidad, el honor o la seguridad de cualquier persona que
debiere tomar parte en el juicio, respectivamente.
Junto con lo expuesto, cabe recordar lo dispuesto en la letra
a) del artículo 83 CPP, que obliga a las policías a prestar auxilio
a la víctima como primera medida, antes de realizar cualquier
actividad de investigación y sin necesidad de recibir previamente
instrucción particular del fiscal.
De lo expuesto se colige que la víctima no es un objeto de
protección, sino que lo protegido es el derecho de la víctima y su familia
a la vida, integridad, seguridad, intimidad y honor^^, por lo que se
Los derechos señalados como objeto de protección, han sido extraídos del
LA VÍCTIMA EN EL NUEVO PROCESO PENAL
trata de la protección de algunos derechos que pueden verse en
riesgo como consecuencia del hecho de que una persona haya sido
víctima de delito o de su participación como interviniente o testigo
en el proceso penal.
Lo anterior es relevante, puesto que al tratarse de protección
de derechos, aún en el escenario de existir un riesgo, la persona
es considerada como tal, esto es, como un sujeto de derechos capaz,
por tanto, de decidir si acepta o no que se adopte una medida de
protección en su favor. Ello constituye nuevamente una muestra
del avance respecto del rol de la víctima en el nuevo sistema de
enjuiciamiento criminal ya que, si bien en el Código de Proce-
dimiento Penal se señala la existencia de un tímido deber de pro-
tección, éste se ejercía directamente sobre la persona víctima y no
sobre sus derechos, lo que constituía clara muestra de la
"instrumentalización" del ofendido a manos del antiguo proceso
En efecto, y sin considerar las medidas cautelares previstas
en la ley 19.325, relativa a actos de violencia intrafamiliar y
aquéllas contempladas en la reforma al Código Penal introducida
por la ley 19.617, sobre dehtos sexuales, el artículo 7° del Código
de Procedimiento Penal establece la obligación de dar protección
a los perjudicados, como una de las primeras diligencias del
sumario. Esta obligación, desde el momento en que no aparece
condicionada a la ocurrencia o presencia de circunstancia alguna,
debe entenderse en términos amplios y, por lo tanto, como referida
texto de los artículos 78 inciso segundo letra a), 109 letra a) y 289 inciso
primero. Este desarrollo amplio del concepto de protección de derechos, tanto
a la integridad como a la intimidad, puede ser descompuesto en dos dimensio-
nes, una referida a la protección en el sentido estricto, entendida como protec-
ción de derechos ligados a la seguridad y vida de las personas, y otra referida
a la prevención y disminución de la victimización secundaria, esto es, destinada
a proteger los derechos vinculados a la esfera de intimidad de la víctima frente
a las afecciones que puedan sufrir con ocasión de la participación de ésta en el
proceso penal; sin perjuicio de ello, en el presente trabajo se ha preferido tratar
conjuntamente ambas dimensiones.
LA VICTIMA EN EL NUEVO PROCESO PENAL
a un gran marco de atribuciones, en cuya virtud el juez se en-
cuentra facultado para "adoptar cualquier medida de protección
que le pueda parecer efícaz'""*.
No obstante, la aplicación del artículo 7° del antiguo Código
de Procedimiento Penal, ha presentado básicamente dos proble-
mas. Por una parte, en la práctica, los jueces no han adoptado
medidas o mecanismos de protección eficaces en favor del per-
judicado y, por otra, jurídicamente no se ha resuelto la cuestión de
aquellas medidas de protección, distintas a la prisión preventiva,
que suponen limitaciones al ejercicio de derechos conferidos o
reconocidos al inculpado, o a la vigencia de alguno de los princi-
pios formativos del procedimiento penal.
Así las cosas, cabe preguntarse en qué medida el Código
Procesal Penal contribuye a la solución de los dos problemas se-
ñalados.
Con relación al primero, originado en la práctica de los
operadores del sistema penal, el Código ha contribuido al desa-
rrollo de una práctica procesal más creativa y eficiente.
Este cambio no sólo se ve reflejado en la norma, sino tam-
bién en la forma en que los obligados a tal protección cumplen
su rol. Es así como el Fiscal Nacional del Ministerio Público, en
su Instrucción General número 11 Sobre Atención y Protección
a las Víctimas en el Nuevo Código Procesal Penal, ha señalado
que "Antes de adoptar cualquier medida de protección, el fiscal
solicitará la aceptación de la víctima o su familia"^', lo que cuenta
con la sola excepción de los casos en que existan indicios que
permitan presumir que la voluntad de la víctima se encuentra
bajo coerción.
Lo anterior ha tenido como consecuencia que, en el período
que se extiende entre el inicio de la Reforma y el 15 de marzo
de 2003, en las ocho regiones donde ésta regía a dicha fecha (I,
II, III, IV, VII, IX, XI y XII), se han adoptado 1.976 medidas
» RIEGO y DUCE, o. cit, p. 70.
" MINISTERIO PÚBLICO, FISCALÍA NACIONAL. O. cit., p. 164.
autónomas de protección a favor de los derechos de las victi-
mase"^.
En efecto, las medidas aplicadas autónomamente por los
fiscales para la protección de los derechos de las víctimas han
consistido en: la tramitación de una línea telefónica privada (86);
el establecimiento de consultas telefónicas periódicas de la policía
a la víctima (101); el contacto prioritario telefónico de la víctima
con la policía (565); la entrega de celulares de llamada restringi-
da, para que la víctima pueda comunicarse con el fiscal, la poUcía
o la Unidad Regional (31); las rondas periódicas de Carabineros
al domicilio de la víctima (949); el punto fijo de Carabineros (13);
la ubicación temporal en una casa de acogida (120); la relocaliza-
ción permanente en otro lugar del país (8); entrega de alarma
personal (49), y otras medidas (54), entre las que se encuentra la
instalación de botones de emergencia conectados con el cuartel
policial más cercano. Todas estas medidas se encuentran en per-
manente estudio y ampliación y la adopción de una o más de
éstas, depende de la evaluación del riesgo de afección a los dere-
chos en cada caso.
Junto con lo anteriormente expuesto, los fiscales, durante la
investigación, han adoptado otras medidas autónomas de protec-
ción, de carácter procesal, entre ellas: la reserva de identidad; el
uso de claves o números correlativos para identificar a la víctima
o datos relacionados con ella; el señalamiento de la fiscalía como
domicilio para las notificaciones a que halla lugar; impedir la
identificación visual, a través del uso de elementos que cambien
la apariencia de la persona durante los traslados en las reconstitu-
ciones de escena o de otros mecanismos; realizar las diligencias
de investigación fuera de la fiscalía, o evitar la individualización
de la víctima en la acusación cuando se pretenda reservar su
identidad en el juicio.
^'' Fuente de información: base computacional de datos de la División Na-
cional de Atención a las Víctimas y Testigos del Ministerio Público.
LA VICrriMA EN EL NUEVO PROCESO PENAI.
Las actividades efectuadas por los fiscales para la protección
de las víctimas se han visto notoriamente reforzadas cuando han
derivado los casos a las Unidades Regionales, las que han desarro-
llado evaluación de riesgo, diseñado programas de protección e
implementado directamente mecanismos de protección, lo cual
ha redundado en la práctica de 3447 actividades relacionadas con
medidas de protección en estos casos, para el mismo período
antes reseñado.
En relación con el segundo problema antes mencionado, el
Código constituye un avance respecto de la consagración de
nuevas medidas de protección, que impliquen limitaciones a los
derechos del imputado, aunque menos restrictivas que la prisión
El artículo 155 del Código contempla una amplia enumera-
ción de medidas cautelares personales distintas de la prisión
preventiva, que el tribunal puede decretar y que se orientan, entre
otros fines, a dar protección a la víctima, resolviéndose de este
modo la segunda dificultad planteada, a partir de la inclusión de
medidas desarrolladas en el derecho comparado que, en abstrac-
to, constituyen un eficaz instrumento en la protección de las
víctimas".
Lo anterior sin perjuicio de que, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 5° del Código, que consagra el principio de lega-
lidad respecto de las medidas privativas o restrictivas de libertad
o de otros derechos del imputado, se prohibe de manera categó-
rica la afección de un derecho establecido a favor del imputado,
de lo que se desprende que la enumeración de medidas cautelares
personales contenida en el artículo 155 del Código es taxativa, no
admitiéndose, por ende, su aplicación por analogía, ni la proce-
dencia de otras distintas a las específicamente señaladas. Ello sin
perjuicio de la procedencia de la prisión preventiva en aquellos
casos en que las medidas recién descritas fueren insuficientes o
" RIEGO y DUCE, o. cit., p. 72.
ineficaces y se cumplieren los presupuestos legales y fácticos que
la hacen aphcable.
De esa forma, el Código otorga a la víctima un lugar y la
hace titular del derecho a ser protegida, reconociendo como lí-
mite el respeto de los derechos y garantías del imputado.
Ahora bien, respecto de la procedencia de otras medidas de
protección, que impongan hmitaciones a la vigencia de alguno de
los principios formativos del procedimiento penal, en sede a lo
dispuesto en el artículo 6° del Código Procesal Penal, que esta-
blece el deber genérico del Ministerio Público de velar por la
protección de la víctima en todas las etapas del procedimiento
penal y del tribunal de garantizarle la vigencia de sus derechos,
se puede opinar, con fiíndamento, que tales medidas son proce-
dentes, previa autorización judicial, en virtud de lo prescrito por
el artículo 9° del mismo texto.
Como fundamento específico de tales medidas, pueden ser
invocados los artículos 289 y 308 del Código Procesal Penal. El
primero de estos artículos, en tanto norma que permite expresa-
mente la limitación de la vigencia del principio formativo de la
publicidad durante las audiencias de juicio oral, lo que debe ser
entendido como también aplicable a la audiencia de juicio oral
simplificado y a la audiencia de adelantamiento de prueba, en
virtud de lo establecido por los artículos 389 y 191 inciso final
del mismo Código, respectivamente. El segundo, en tanto permite
al tribunal disponer todas las medidas de protección que sean
necesarias para el resguardo de los derechos de un testigo, como
sería el caso de una víctima que declare en juicio con fines pro-
Respecto de estas medidas judiciales de protección de la
identidad e intimidad de las víctimas, los fiscales y las Unidades
Regionales han desplegado un importante trabajo para conseguir
su adopción, por parte de los tribunales, durante las audiencias
Entre estas medidas, cabe destacar que en la actualidad la
gran mayoría de los niños, niñas o adolescentes víctimas que
LA VICTLMA EN EL NUEVO PROCESO PENAL
deben declarar en juicio lo hacen desde una sala contigua al
tribunal, a través de un circuito cerrado de televisión especial-
mente instalado para esos efectos. También son dignos de des-
tacar los casos en que víctimas, tanto adultas como niños, niñas
o adolescentes, han prestado declaración detrás de un panel del
tipo biombo, lo que les ha permitido un contacto directo con el
tribunal y evitar enfrentar físicamente al imputado.
En este mismo plano, han sido de común aphcación los
mecanismos señalados para la restricción parcial de la publicidad
del juicio, previstos en el artículo 289 del Código Procesal Penal.
Tales medidas, en algunas ocasiones, han ido acompañadas de la
reserva de domicilio del testigo víctima y de la prohibición de
divulgación de su identidad durante el juicio, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 307 del Código.
Cabe destacar que, para plasmar en realidad el catálogo de
medidas señaladas anteriormente, desde el año 2002 y por pri-
mera vez en la historia de nuestro país, se ha dotado al Ministerio
Público de un fondo especialmente destinado al cumplimiento de
los deberes de atención y protección a las víctimas de delito y
testigos de cargo. Dicho fondo se encuentra regulado en su uso
por un reglamento interno del Ministerio Púbhco'**.
2. GARANTÍA O DERECFIO AL T R A T O D I G N O
Según afirma Maier, la incorporación de la víctima al sistema
penal "es el primer intento directo, desde el punto de vista de la
base del sistema y más allá de los diferentes alcances que sugiere
cada propuesta, por desmantelar un Derecho penal autoritario, tal
como el que nosotros conocemos culturalmente; es uno de los
"* Reglamento de Apoites Económicos del Ministerio Público a las Victimas y Tes-
tigos, aprobado por Resokición N" 308, de 24 de diciembre de 2001, del Fiscal
Nacional del Ministerio Público. Su revisión 1 ha sido aprobada por Resolución
N° 150 de 04 de junio de 2002, del Fiscal Nacional del Ministerio Público.
intentos por humanizar el Derecho penal, en el sentido de vol-
verlo a tratar como actividad de seres humanos concretos, indi-
viduales, personas que se interrelacionan y que, por ello mismo,
tienen conflictos entre sí, pero el primero que, desde el naci-
miento del Derecho penal que gira alrededor de la pena estatal,
toca su ftmdamento. El intento responde, más allá de los proble-
mas que crea la realización del modelo, a la sublimación de la
dignidad humana, a la estimación de que los hombres somos
suficientemente capaces y estamos —o estaremos— suficiente-
mente maduros para reflexionar y resolver entre nosotros, sin
demasiados argumentos autoritarios —al menos—, aquellos
conflictos en los cuales nos vemos entremezclados"''.
A partir de ello, podemos señalar que el derecho a recibir
un trato digno que asiste a las víctimas en el nuevo Proceso Penal
impone el deber de considerarlas como un fin en sí misnias^^.
Es por ello que, como vimos, las normas del Código de
Procedimiento Penal relativas al ofendido por el delito, que le
estimaban poco más que un objeto (de prueba), son reemplazadas
por otras que lo conciben como un sujeto de derecho, capaz de
participar en la resolución de su conflicto y que se hacen cargo
de las consecuencias perjudiciales que puede acarrear para la
víctima su intervención en el proceso, conocidas como victimiza-
ción seaindaria, asignando a los fiscales la tarea de impedir o
mitigar esas secuelas.
Es así como, el artículo 78 CPP obhga a los fiscales, durante
todo el procedimiento, a evitar o disminuir al mínimo cualquier
perturbación que hubieren de soportar las víctimas con ocasión de
los trámites en que debieren intervenir. Por su parte, el artículo
6° inciso 3° del mismo cuerpo de leyes, señala que la policía y los
demás organismos auxihares deberán otorgar a la víctima un trato
acorde con su condición de tal, procurando facilitar al máximo su
participación en los trámites en que haya de intervenir.
'" O. cit., p. 245.
•*" Artículo 1° inciso 4° de la Constitución Política de la República.
LA VICTIMA EN FX NUEVO PROCESO PENAL
En este contexto, cobra relevancia la Instrucción General
N° 11, del Fiscal Nacional del Ministerio Público"*', según la cual,
el fiscal debe tomar declaración a la víctima y conducir los careos
en que ella intervenga, evitando o disminuyendo al mínimo cual-
quier perturbación que ésta debiere soportar con ocasión de la
diligencia y empleando siempre un lenguaje adecuado a su con-
dición de tal.
Por otra parte, tratándose de los delitos sexuales previstos en
los artículos 361 a 367 bis y en el artículo 375 del Código Penal,
la Instrucción señalada establece'*^ que el fiscal no citará a la
víctima a un careo, salvo cuando se estime que éste sea estricta-
mente indispensable para aclarar las contradicciones o discrepan-
cias con el imputado o un testigo acerca de algún hecho o cir-
cunstancia relevante para la investigación de estos delitos.
Respecto del derecho a recibir un trato digno, cabe destacar
el apoyo que las Unidades Regionales otorgan a los fiscales para
que la víctima respecto de la cual concurran criterios de deriva-
ción*' enfi-ente diligencias de investigación, como exámenes cor-
porales o ruedas de reconocimiento de imputados. Sin lugar a
dudas, las molestias y perturbaciones que pueden sufrir las vícti-
mas que deban participar en tales diligencias son mucho mayores
si no se cuenta con la asesoría de profesionales que puedan brin-
dar apoyo emocional al ofendido, acompañarle a la realización de
la actuación y coordinarse con la institución que la ejecutará
(V.gr.: Servicio Médico Legal y Policías)
En cuanto a este último punto, cabe señalar que las Unidades
Regionales han prestado una atención integral a 3.747 víctimas
derivadas para tal efecto por los fiscales'*'*. De esta manera, el man-
dato legal de disminuir al mínimo la victimización secundaria que
pudiere sufrir el ofendido se convierte en una realidad palpable.
-" MINISTERIO PUBLICO, FISCALÍA NACIONAL, o. cit. pp. 156 y 157.
'' ídem.
"" Al respecto, ver nota 41.
•^ Dato correspondiente al período comprendido entre el 16 de diciembre
de 2000 y el 15 de marzo de 2003.
Finalmente, lo anterior se ve complementado con lo dis-
puesto en el inciso tercero del artículo 8° de la Ley N° 19.640,
que señala que el Ministerio Público adoptará las medidas admi-
nistrativas tendientes a asegurar el adecuado acceso a los fiscales
por parte de cualquier interesado, con pleno respeto a sus dere-
chos y dignidad personal. A esto se suma lo dispuesto por la letra
a) del artículo 14 del Código Orgánico de Tribunales, que pres-
cribe que será fijnción de los tribunales de garantía asegurar los
derechos de todos los intervinientes, de acuerdo a la ley procesal
3. GARANTÍA O D E R E C H O A LA INFORMACIÓN
La protección de la víctima no es suficiente para que ésta par-
ticipe con plenitud en el proceso; tampoco el trato digno será
bastante. Sin la información necesaria, el ofendido por el delito
permanecería inactivo. Podría tener ansias de intervenir en su
causa, mas no sabría cómo materializar su interés en participar.
Es en este sentido que el derecho de toda víctima a ser
informada resulta fimdamental. Para ello, el artículo 137 del CPP
impone a la mayoría de los operadores del sistema penal el deber
de exhibir, en un lugar destacado y claramente visible al público,
un cartel en el cual se consignen los derechos de las víctimas;
junto con ello, la letra a) del inciso 2° del artículo 78 del CPP
impone al Ministerio Público el deber de entregar a la víctima
información acerca del curso y resultado del procedimiento, de
sus derechos y de las actividades que debiere reafizar para ejer-
cerlos.
Al respecto, es necesario destacar la importancia de que el
fiscal, en cumplimiento de lo expuesto, al momento de tomar
declaración a la víctima, le informe de los derechos contemplados
en el artículo 109 del CPP y de las actividades que debiera rea-
lizar para ejercerlos. Asimismo, el fiscal debe informar a la víc-
tima que, para ser oída antes de que se pida o resuelva la suspen-
LA VICTIMA. EN EL NUEVO PROCESO PENAL
sión del procedimiento o su terminación anticipada, debe solici-
tarlo expresamente.
Tratándose de las distintas formas anticipadas de poner tér-
mino al procedimiento y sobreseimientos, el fiscal a cargo del caso,
antes de archivar provisionalmente la investigación, ejercer la fa-
cultad de no iniciar la misma, solicitar el sobreseimiento de la
causa, o comunicar su decisión de no perseverar en el procedi-
miento, debe informar a la víctima sobre el significado de su
decisión, los motivos que la Rindan, sus efectos penales y civiles
y los derechos que puede ejercer"*'.
Misma comunicación deberá efectuar el fiscal a la víctima
cuando pretenda aphcar el principio de oportunidad, para que así
la víctima pueda ejercer su facultad de oponerse al ejercicio de
dicho principio, ante el juez de garantía o el Ministerio Público.
Junto con el Ministerio Público, corresponde también a los
juzgados de garantía y a los tribunales orales en lo penal informar
a la víctima sobre la necesidad de solicitud previa para ser oída,
atendido a que el artículo 25 del Código Orgánico de Tribunales,
modificado por la ley 19.665, establece para dichos tribunales la
función de otorgar una adecuada atención, orientación e informa-
ción a la víctima. Lo anterior es relevante, toda vez que la víctima,
en virtud de lo dispuesto por la letra e) del artículo 109 del
Código, tiene derecho a ser oída, "si lo solicitare, por el tribunal
antes de pronunciarse acerca del sobreseimiento temporal o defi-
nitivo u otra resolución que pusiere término a la causa".
Cabe señalar que todas las actividades de información expues-
tas también deben realizarse respecto del abogado de la víctima,
si ésta ha designado uno. Así lo dispone el inciso final del artículo
78 del Código Procesal Penal.
Sobre esta materia, es relevante destacar que las Unidades
Regionales han proporcionado información específica sobre el
•*' Tales obligaciones se encuentran desarrolladas en la Instrucción General
N° 11, ya citada.
LA VÍCTIMA EN EL NUEVO PROCESO PEN.\L
caso a 3.087 víctimas, mientras que han entregado información
sobre derechos y la forma de su ejercicio a otras 2.767, todas ellas
dentro del universo de usuarios derivados por los fiscales"*'^.
Lo anterior se suma a la labor de difusión de derechos,
desarrollada por la División Nacional y las Unidades Regionales
de Atención a las Víctimas y Testigos, que ha llevado a la pro-
ducción y entrega de cartillas informativas sobre diversas institu-
ciones del nuevo proceso penal y derechos de las víctimas, así
como la forma de ejercer éstos; la producción de un vídeo sobre
tales derechos; el desarrollo de planes de difusión comunitaria
acerca de ellos'*''; la participación en charlas explicativas, y el
diseño y publicación del primer decálogo de derechos de las
víctimas, entre otras numerosas acciones en este sentido. Estos
instrumentos permiten a las víctimas de cualquier tipo de delito
comprender mejor sus derechos y así poder ejercerlos efectiva-
mente en los casos en que intervengan.
4. D E R E C H O A EJERCER ACCIONES Y PRETENSIONES
La víctima está facultada para iniciar el procedimiento penal,
poniendo en conocimiento del Ministerio Público, de funcionarios
de la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, Gen-
darmería de Chile, o de cualquier tribunal con competencia cri-
minal, un hecho que revistiere caracteres de delito (art. 173 CPP).
Por otra parte, recordemos que en los delitos de acción pú-
blica previa instancia particular, previstos en el artículo 54 CPP,
no puede precederse de oficio por el Ministerio Público sin que,
*' Datos correspondientes al período entre el 16 de octubre de 2000 y el 15
de marzo de 2003.
•*' El primer Plan de Difusión Comunitaria sobre los derechos de las víctimas
se ha llevado a cabo en varias comunas de la IV Región de Coquimbo, con la
asesoría de la ONG FORJA.
a lo menos, el ofendido por el delito hubiere denunciado el hecho
a la justicia, al Ministerio Público o la policía. El nuevo Código
incorpora algunos ilícitos al régimen de este tipo de acciones,
como las lesiones menos graves, la violación de domicilio y cier-
tas amenazas, entre otros.
Asimismo, el nuevo Código Procesal Penal mantiene ciertos
delitos de acción privada, que no pueden ser ejercidas por otra
persona que la víctima. Las acciones penales privadas que, según
afirma Maier, constituyen la excepción más profunda a "la regla
básica que gobierna la comprensión y estructura del procedi-
miento penal común", esto es, "reacción directa del Estado ante
la notitia criminis y apropiación del conflicto para su solución, de
oficío"'^^, no sufren mayor modificación en el Código Procesal
Penal, en relación con la antigua legislación de enjuiciamiento
Si la víctima quiere, además de poner en conocimiento un
hecho que reviste caracteres de delito, convertirse en parte acu-
sadora deduciendo la pretensión penal respectiva, puede presen-
tar querella (artículos 109 letra b) y 111, inciso primero CPP).
5. D E R E C H O A EJERCER FUNCIONES DE CONTRAPESO
Y C O N T R O L SOBRE EL APARATO DE JUSTICIA
Como ya hemos apuntado, se ha criticado que los órganos del
Estado vinculados al sistema penal tienden a burocratizar sus
funciones y a actuar de un modo genérico, sin atender los intere-
ses concretos de la víctima'*'^
Pues bien, en el nuevo proceso penal, el ofendido por el delito
tiene la facultad de ejercer funciones de contrapeso y control sobre
la actividad del Ministerio Público y de los tribunales, que permi-
ten que éstos adviertan y consideren sus necesidades.
O. cit., p. 226.
Al respecto, ver nota 18.
LA VÍCTIiMA EN EL NUEVO PROCESO PENAL
A continuación, analizaremos cómo el CPP y la ya mencio-
nada Instrucción General N° 11 abordan este derecho. Para ello
distinguiremos el control que puede ejercer la víctima sobre la
actividad del Ministerio Público, por una parte, y el que puede
ejercer en relación con la actuación de los tribunales, por otra.
S.l Derecho a Ejercer Funciones de Contrapeso y Control
Esta facultad puede incidir en la dirección de la investigación por
parte del órgano persecutor como, asimismo, en las distintas
decisiones que adopte el Ministerio Público y que conlleven la
suspensión o el término del caso.
En efecto, sin perjuicio de que es el Ministerio Público
quien dirige en forma exclusiva la investigación, la víctima puede
solicitar al fiscal todas aquellas actuaciones de instrucción que
considere pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los he-
chos (art. 183 CPP). Para ello, usualmente necesitará examinar
los registros y documentos de la investigación fiscal y policial,
ejerciendo la facultad que tiene al respecto (arts. 182, 227 y 228
Por otra parte, el ofendido por el delito tiene derecho a ser
oído por el fiscal antes de que éste pida o se resuelva la suspen-
sión del procedimiento o su terminación anticipada. Este derecho
puede ser ejercido por la víctima durante el procedimiento en la
medida de que lo solicite expresamente (art. 109, letra d.- CPP).
De ahí la importancia de que los fiscales, recibida la denuncia en
la fiscalía local, informen a la víctima que, para ser oída antes de
que se pida o resuelva la suspensión del procedimiento o su
terminación anticipada, deben solicitarlo expresamente'". Lo
anterior, en cumplimiento de la letra a) del inciso primero del
'" Al respecto, ver numeral 9 de la Instrucción General N" 11, MINISTERIO
PÚBLICO, FISCALÍA NACIONAL, o. cit., p. 151.
artículo 78 CPP, disposición que extiende el deber de informa-
ción a la víctima respecto no sólo del curso y resultado del pro-
cedimiento y de sus derechos, sino también de las actividades que
debe realizar para ejercerlos.
Si las víctimas solicitan ser oídas para los efectos recién
mencionados, la Instrucción General N° 11 impone ciertas obli-
gaciones a los fiscales, en aplicación de los deberes establecidos
en el art. 78 del CPP. En efecto, los fiscales deben escuchar el
parecer de la víctima antes de que decidan ejercer el principio de
oportunidad o solicitar la suspensión condicional del procedi-
miento. Si ésta ha designado abogado, los fiscales deben realizar
esa actividad también a su respecto".
Por otra parte, recordemos que la víctima puede oponerse
a las formas anticipadas de poner término al procedimiento. Así,
cuando el Ministerio Público archivare provisionalmente investi-
gaciones en las que no aparecieren antecedentes que permitieren
desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los he-
chos, el artículo 167 CPP reconoce a la víctima la facultad de
solicitarle al Ministerio Público la reapertura del procedimiento
y la realización de diligencias de investigación. Esta norma parece
encontrar fundamento en el hecho de que la víctima se ha visto
afectada en sus intereses como consecuencia del delito y en tal
medida, tiene la legitimidad para solicitar que se continúe con la
persecución penal y colaborar en la resolución del caso, propo-
niendo diligencias de investigación. Lo anterior, sin perjuicio de su
facultad de provocar la intervención del juez de garantía deducien-
do la querella respectiva, conforme lo prescribe el artículo 169
CPP. Esto último también es apUcable al caso en que el fiscal
ejerza la facultad para no iniciar la investigación (art. 168 CPP).
Respecto del principio de oportunidad, la víctima tiene una
importante facultad, establecida en el artículo 170 CPP, que
tendría como fundamento, al parecer, que si bien la apHcación de
'' Al respecto, ver números 25 y 39 de la Instrucción General N° 11, MI-
NISTERIO PÚBLICO, FISCALÍA NACIONAL, o. cit, pp. 155 y 158, res-
este principio ha significado en otros países el abandono de la
persecución penal de los delitos de bagatela, lo que ha tenido una
importancia práctica inmensa, también ha significado un abando-
no de los intereses del ofendido".
El inciso 3° del artículo 170 CPP dispone que el juez de
garantía dejará sin efecto la decisión del fiscal en orden a aplicar
esta forma anticipada de poner término al procedimiento, cuando
"la víctima manifestare de cualquier modo su interés en el inicio
o en la continuación de la persecución penal". Asimismo, el inciso
5° de dicho precepto permite a los intervinientes reclamar ante
las autoridades del Ministerio Público de la decisión del fiscal en
el plazo que señala, cuando hubiere vencido el término para
pedirle al juez que la deje sin efecto o cuando hubiere sido re-
chazada la petición respectiva.
5.2 Derecho a Ejercer Funciones de Contrapeso y Control
sobre las Decisiones de los Tribunales
En la medida que las víctimas soliciten ser oídas por los tribu-
nales, éstos deben escucharlas antes de pronunciarse acerca del
sobreseimiento, temporal o definitivo, u otra resolución que
pusiere término a la causa (letra e.- del artículo 109 CPP).
Al respecto, debe tenerse en cuenta la norma del inciso 2° del
artículo 69 CPP en cuanto dispone que "se entenderá la alusión
al tribunal, que puede corresponder al juez de garantía, al tribunal
de juicio oral en lo penal, a la Corte de Apelaciones o a la Corte
Suprema", de modo que todos estos tribunales deben oír a la víctima
antes de pronunciarse sobre dichas resoluciones, cuando ésta así lo
hubiere solicitado.
Además, la víctima puede impugnar el sobreseimiento tem-
poral o definitivo o la sentencia absolutoria que hubiere dictado
HIRSCH, o. cit., p. 101.
el tribunal (letra f- del artículo 109 CPP), mediante el recurso
de apelación o nulidad, según el caso.
6. D E R E C H O A LA REPARACIÓN DEL D A Ñ O CAUSADO
POR EL D E L I T O
El CPP establece varios institutos que, real o simbólicamente,
restituyen la situación en que se encuentra el ofendido al estado
anterior a la comisión del delito, y que tienden a satisfacer sus
intereses". Junto con ello, a partir de la reforma a este cuerpo
normativo, introducida por la Ley N° 19.789, se ha convertido
a los fiscales del Ministerio Público en sujetos promotores de la
reparación del daño causado a la víctima (art. 6° inc. 2° CPP),
lo que resulta plenamente concordante con lo dispuesto en las
instrucciones generales números 34 y 68 del Fiscal Nacional.
Según la primera de las instrucciones referidas, cuando a
juicio de los fiscales procediere un acuerdo reparatorio, éstos
deben desplegar una serie de actividades tendientes al logro de
tal salida alternativa (así, v. gr., ofrecer a la víctima y al imputado
que concurran voluntariamente a un centro especializado en me-
diación'''). En tanto, en virtud de lo dispuesto en la instrucción
general N° 68, los fiscales deben llevar a cabo las actividades
necesarias para determinar la existencia de bienes en el patrimonio
del imputado, con el fin ulterior de solicitar medidas cautelares
reales destinadas a asegurar el pago de costas y multas, como
asimismo a garantizar las responsabilidades civiles ex delicto^'\
" Se sigue un concepto amplio de reparación, propuesto por BOVINO, o.
cit., pp. 95 y 96.
" Véase punto 19 de la Instrucción General N.° 34 del Fiscal Nacional, en
MINISTERIO PÚBLICO, FISCALÍA NACIONAL, Refonna Procesal Pmal.
Instrucciones Generales N" 26 a 50. Santiago, 2001, pp. 191 a 213.
•" Véase punto 1 de la Instrucción General N.° 68 del Fiscal Nacional, en
MINISTERIO PÚBLICO, FISCALÍA NACIONAL, Reforma Procesal Penal
Instnicciones Generales N" 51 a 15. Santiago, 2002, p. 246.
La reforma al artículo 6°, además de hacer referencia a los
acuerdos reparatorios y a las medidas cautelares reales, impone
a los fiscales la obligación de promover otra clase de mecanismos
con la finalidad de lograr la reparación del daño causado a la
víctima. Así, se estima que los fiscales, al solicitar al juez de garan-
tía la suspensión condicional del procedimiento, tendrían que, si
el imputado está en condiciones de reparar el daño, preferir aque-
lla condición establecida en el artículo 238 letra e) del CPP, esto
es, el pago o debida garantía del pago de una suma de dinero, a
título de indemnización de perjuicios en favor de la víctima.
En cuanto a la salida alternativa recién citada, que es uno de
los mecanismos que permiten brindar reparación a la víctima''',
cabe destacar que de una muestra de casos en que se ha pronun-
ciado, disponible en la Fiscalía Nacional del Ministerio Público,
en un 32% se ha resuelto como medida el pago de una suma de
dinero a título de indemnización de perjuicios a la víctima.
Lo anterior ha sido posible, en parte, gracias a la labor des-
plegada por los fiscales, apoyados por las Unidades Regionales,
con el objeto de definir la conveniencia de la salida y la mejor
condición aplicable en el caso concreto, a la luz de ciertos cri-
terios generales de actuación emitidos previamente por el Fiscal
Nacional del Ministerio Público".
Otro aspecto a destacar respecto de la suspensión condicional,
como se ha puesto de manifiesto, es que la víctima juega un ver-
dadero papel de vigilante del cumplimiento de las condiciones que
el juez imponga"*, pues el inciso 3° del artículo 246 establece es-
pecialmente el "derecho de la víctima de conocer la información
relativa al imputado" y, por tanto, de acceso al registro reservado
que lleva el Ministerio Público.
"'• En este sentido, MAIER, o. cit., p. 231.
'' Al respecto ver Instrucción General N° 36, del Fiscal Nacional, en MI-
NISTERIO PÚBLICO, FISCALÍA NACIONAL, o. cit. pp. 191 a 213.
™ MATUS, "La justicia penal consensuada en el nuevo Código de Proce-
dimiento Penal", en Revista CREA, N° 1, Universidad Católica de Temuco,
2000, p. 191.
Ahora bien, el principal instituto que tiende a la reparación
es, sin duda, el acuerdo reparatorio que pueden convenir la víc-
tima y el imputado, respecto de un determinado grupo de delitos
que en general son de mediana gravedad, conforme al artículo
241 del CPP. Lo interesante está en que no se restringe el con-
tenido que pueden tener estos acuerdos, los que, por tanto, pueden
consistir en la simple explicación del imputado, su disculpa, un
trabajo en beneficio de la víctima, una compensación pecuniaria,
En todo caso, es importante tener en cuenta que la reparación
tiene un sentido muy diferente a la pena. La reparación no busca
alcanzar los fines de la pena, pues justamente con el acuerdo
reparatorio se renuncia a la imposición de ésta. Por eso, ha sos-
tenido Maier, "la reparación sólo puede aspirar a un lugar secun-
dario dentro del sistema. Secundario, pero no por ello menos ne-
cesario y cada vez más importante"''.
Para favorecer la aphcación de esta institución, Matus ha
señalado que "es perfectamente posible, y se encuentra legalmen-
te respaldado, que el Fiscal Nacional, en uso de su atribución de
fijar 'los criterios de actuación del Ministerio Público para el
cumplimiento de los objetivos establecidos en la Constitución y
las leyes', y dictar 'las instrucciones generales que estime nece-
sarias para el adecuado cumplimiento de las tareas de dirección
de la investigación de los hechos punibles, ejercicio de la acción
penal y protección de las víctimas y testigos', determine que la
Unidad de Atención de Víctimas y Testigos organice y diseñe
mecanismos que facihten la obtención de los adecuados consensos
que sean necesarios para recurrir con éxito" a los acuerdos repara-
torios, "evitando el gasto de la realización de los juicios orales
correspondientes"''".
'" O. cit., p. 207.
'•'" O. cit., pp. 199 y 200; en igual sentido, respecto de los Servicios de
Atención a la Víctima en España, BUSTOS y LARRAURI, o. cit., pp. 42, 43,
nota 32, y p. 78.
Pues bien, es en esta dirección que el Fiscal Nacional ha
establecido, en su Instrucción General N° 34, que las Unidades
Regionales pueden promover procesos voluntarios de mediación
entre imputado y víctima, previos a la celebración de acuerdos
reparatorios. Es así como los fiscales han derivado, hasta el 15 de
marzo de 2003, 481 víctimas a las Unidades Regionales para la
realización de procesos de mediación destinados a alcanzar acuer-
dos reparatorios, las que se suman a otras, derivadas a centros
especiahzados en mediación penal.
Las sahdas alternativas referidas constituyen mecanismos que,
junto con satisfacer los intereses de reparación de la víctima, per-
miten al sistema de justicia penal racionahzar sus recursos "al
retirar rápidamente un gran número de casos y permitir un mejor
tratamiento de los casos restantes —generalmente los más graves
y complejos, que demandan mayores esfuerzos persecutorios—."'^'.
El CPP conserva, junto con la facultad de interponer que-
rella criminal, un mecanismo tradicional de reparación consistente
en la posibilidad de perseguir en sede penal la responsabilidad
civil proveniente del delito. La víctima, con tal propósito, puede
deducir dos grupos de pretensiones civiles durante el curso del
En primer lugar puede, durante la fase de investigación y
con el propósito de obtener la devolución de los objetos recogi-
dos o incautados, deducir la pretensión restitutoria que prevé el
artículo 189 del nuevo Código Procesal Penal. Junto con ello, el
inciso 2° del artículo 59 del Código Procesal Penal permite a las
víctimas deducir todas las restantes pretensiones que tuvieren por
objeto perseguir las responsabilidades civiles derivadas del hecho
punible. Se trata de las pretensiones reparatorias. Éstas pueden
perseguir, v. gr., la indemnización del daño ocasionado por el
hecho antijurídico, conforme a las reglas generales (arts. 2314 y
siguientes del Código Civil) o especiales de responsabilidad
BOVINO, o. cit., pp. 100-101.
extracontractual (art. 370 CP, v. gr.); la nulidad de convenciones
en cuanto con ello se logre restablecer las cosas al estado anterior
de comisión del delito o cuasidelito civil; el pago del valor de los
efectos o instrumentos del delito, o bien, de las cosas que sirvan
de medio de prueba en la causa criminal, cuando no hubiere sido
posible obtener su devolución, etc.'^
Finalmente, en concordancia con lo anterior, cabe recordar
que la letra c) del inciso segundo del artículo 78 del CPP obliga
a los fiscales del Ministerio Público a informar a las víctimas sobre
su eventual derecho a indemnización y la forma de impetrarlo; así
como a remitir los antecedentes, cuando correspondiere, al orga-
nismo del Estado que tuviere a su cargo la representación de la
víctima en el ejercicio de las respectivas acciones civiles.
''- Un análisis sistemático del tema puede encontrarse en ROJAS y
CONTRERAS, Las acciones civiles en el Código Procesal Penal, artículo que
aparece en la presente publicación.
LA VICTIMA COMO TESTIGO EN EL
SoNiA ROJAS VALDEBENITO / CECILIA FREÍ LARRAECHEA
Abogados de la División Nacional de Atención
a las Víctimas y Testigos del Ministerio Público
SUA4ARIO: I. Introducción. II. Derechos fundamentales
de la víctima. 1. Derecho a la intimidad y principio de
publicidad. 2. Derecho a la salud. III. La protección de la
víctima y su derecho a la intimidad en el nuevo proceso
penal. 1. La investigación. 2. Audiencias de investigación.
3. Las policías y la prohibición de informar. 4. El juicio
oral. 5. Jurisprudencia del nuevo proceso penal en materia
de protección de la intimidad de la víctima. IV. Los niños
víctima en el proceso penal. 1. El derecho internacional.
2. La protección de la intimidad del niño víctima en el
nuevo proceso penal.
Más de este usuariotavolaritavolariHernandez Hector - La Exclusion de Prueba IlicitaHernandez Hector - La Exclusion de Prueba IlicitaTutorial.de.edicion.para.hacer.libro.en.formato.pdf.de.imagenTutorial.de.edicion.para.hacer.libro.en.formato.pdf.de.imagenVarios Autores - Criminología Crítica y Control Social 1 [El Poder Punitivo del Estado]Varios Autores - Criminología Crítica y Control Social 1 [El Poder Punitivo del Estado]Rivera, Inaki [coord] - Mitologias y Discursos sobre el CastigoRivera, Inaki [coord] - Mitologias y Discursos sobre el CastigoBataille, Georges - Breve Historia del ErotismoBataille, Georges - Breve Historia del Erotismo
Ministerio Publico by api-37572454,2K viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
RelatedInstituciones Del Nuevo Proceso Penal - TAVOLARIInstituciones Del Nuevo Proceso Penal - TAVOLARIby carlos-humberto-rosales-muro-5132Hernandez Hector - La Exclusion de Prueba IlicitaHernandez Hector - La Exclusion de Prueba Ilicitaby api-3757245El Acuerdo Reparatorio en El Nuevo Codigo Procesal PenalEl Acuerdo Reparatorio en El Nuevo Codigo Procesal Penalby Alexis Siguasposesiones inutiles.pdfposesiones inutiles.pdfby ApuntesDerechoEFICACIA DE LOS DERECHOS DE LA VICTIMA EN EL NUEVO PROCESO PENALEFICACIA DE LOS DERECHOS DE LA VICTIMA EN EL NUEVO PROCESO PENALby kolguinrSociedad de Personas y CapitalSociedad de Personas y Capitalby ApuntesDerecho Jucicio Ordinario de Mayor Cuantia Jucicio Ordinario de Mayor Cuantiaby ApuntesDerechoLOS BIENES - LA PROPIEDAD Y OTROS DERECHOS REALES - LOS BIENES - LA PROPIEDAD Y OTROS DERECHOS REALES - by ApuntesDerechoTratado de Las Obligaciones Vol 1 VodanovicTratado de Las Obligaciones Vol 1 Vodanovicby Ramiro Elías Mella SagredoCULPABILIDAD Y PENA - CARLOS KÜNSEMÜLLERCULPABILIDAD Y PENA - CARLOS KÜNSEMÜLLERby jebus666Bustos & Hormazabal - Lecciones de Derecho Penal - Vol. IIBustos & Hormazabal - Lecciones de Derecho Penal - Vol. IIby yonosoyesteHorvitz Maria Ines Lopez Julian - Derecho Procesal Penal Chileno Tomo iHorvitz Maria Ines Lopez Julian - Derecho Procesal Penal Chileno Tomo iby vamosderechoMaturana Miquel, Cristian y Otro - Derecho Procesal Penal Tomo 2Maturana Miquel, Cristian y Otro - Derecho Procesal Penal Tomo 2by Luis CelisDerecho Sucesorio - Fabián Elorriaga De Bonis (Segunda Edición 2010)Derecho Sucesorio - Fabián Elorriaga De Bonis (Segunda Edición 2010)by jebus666ramospazosren-derechodefamiliatomoii-100426225949-phpapp01ramospazosren-derechodefamiliatomoii-100426225949-phpapp01by vamosderechoMaturanazo VII LOS INCIDENTES, PROCEDIMIENTOS CIVILES ESPECIALES Y LOS ASUNTOS JUDICIALES NO CONTENCIOSOS Maturanazo VII LOS INCIDENTES, PROCEDIMIENTOS CIVILES ESPECIALES Y LOS ASUNTOS JUDICIALES NO CONTENCIOSOS by ApuntesDerechoLITIGACION_ESTRATEGICA_EN_EL_NUEVO_PROCESO_PENAL_-_CHILENOLITIGACION_ESTRATEGICA_EN_EL_NUEVO_PROCESO_PENAL_-_CHILENOby Vanessa Pasténla victima en el proceso penalla victima en el proceso penalby estigwebmezabarrosramn-manueldelasucesinporcausademuerte-100426223544-phpapp02mezabarrosramn-manueldelasucesinporcausademuerte-100426223544-phpapp02by vamosderechoHorvitz Maria Ines Lopez Julian - Derecho Procesal Penal Chileno Tomo IIHorvitz Maria Ines Lopez Julian - Derecho Procesal Penal Chileno Tomo IIby vamosderechoMeza Barros, Ramón. Manual de Derecho Civil. De las Fuentes de las Obligaciones. Tomo IIMeza Barros, Ramón. Manual de Derecho Civil. De las Fuentes de las Obligaciones. Tomo IIby Francisco Jara BustosManual de Derecho ElectricoManual de Derecho Electricoby Hector Fernando Gonzalez GalleguillosBacigalupo Enrique - Derecho Penal y El Estado de DerechoBacigalupo Enrique - Derecho Penal y El Estado de Derechoby SpartakkuExplicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado - Tomo II - Luis Claro SolarExplicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado - Tomo II - Luis Claro Solarby Daniela DerasTEORIA_DEL_DERECHO_-_MAXIMO_PACHECO_G.TEORIA_DEL_DERECHO_-_MAXIMO_PACHECO_G.by ApuntesDerechoPreguntasyrespuestasGradoCivilPreguntasyrespuestasGradoCivilby Dexter PinoRecursos ProcesalesRecursos Procesalesby ApuntesDerechomanual codigo tributario abundio perez6ta.pdfmanual codigo tributario abundio perez6ta.pdfby ApuntesDerechoSimilar to Ministerio PublicoInstituciones Del Nuevo Proceso Penal - TAVOLARIInstituciones Del Nuevo Proceso Penal - TAVOLARIHernandez Hector - La Exclusion de Prueba IlicitaHernandez Hector - La Exclusion de Prueba IlicitaEl Acuerdo Reparatorio en El Nuevo Codigo Procesal PenalEl Acuerdo Reparatorio en El Nuevo Codigo Procesal Penalposesiones inutiles.pdfposesiones inutiles.pdfEFICACIA DE LOS DERECHOS DE LA VICTIMA EN EL NUEVO PROCESO PENALEFICACIA DE LOS DERECHOS DE LA VICTIMA EN EL NUEVO PROCESO PENALSociedad de Personas y CapitalSociedad de Personas y Capital Jucicio Ordinario de Mayor Cuantia Jucicio Ordinario de Mayor CuantiaLOS BIENES - LA PROPIEDAD Y OTROS DERECHOS REALES - LOS BIENES - LA PROPIEDAD Y OTROS DERECHOS REALES - Tratado de Las Obligaciones Vol 1 VodanovicTratado de Las Obligaciones Vol 1 VodanovicCULPABILIDAD Y PENA - CARLOS KÜNSEMÜLLERCULPABILIDAD Y PENA - CARLOS KÜNSEMÜLLERBustos & Hormazabal - Lecciones de Derecho Penal - Vol. IIBustos & Hormazabal - Lecciones de Derecho Penal - Vol. IIHorvitz Maria Ines Lopez Julian - Derecho Procesal Penal Chileno Tomo iHorvitz Maria Ines Lopez Julian - Derecho Procesal Penal Chileno Tomo iMaturana Miquel, Cristian y Otro - Derecho Procesal Penal Tomo 2Maturana Miquel, Cristian y Otro - Derecho Procesal Penal Tomo 2Derecho Sucesorio - Fabián Elorriaga De Bonis (Segunda Edición 2010)Derecho Sucesorio - Fabián Elorriaga De Bonis (Segunda Edición 2010)ramospazosren-derechodefamiliatomoii-100426225949-phpapp01ramospazosren-derechodefamiliatomoii-100426225949-phpapp01Maturanazo VII LOS INCIDENTES, PROCEDIMIENTOS CIVILES ESPECIALES Y LOS ASUNTOS JUDICIALES NO CONTENCIOSOS Maturanazo VII LOS INCIDENTES, PROCEDIMIENTOS CIVILES ESPECIALES Y LOS ASUNTOS JUDICIALES NO CONTENCIOSOS LITIGACION_ESTRATEGICA_EN_EL_NUEVO_PROCESO_PENAL_-_CHILENOLITIGACION_ESTRATEGICA_EN_EL_NUEVO_PROCESO_PENAL_-_CHILENOla victima en el proceso penalla victima en el proceso penalmezabarrosramn-manueldelasucesinporcausademuerte-100426223544-phpapp02mezabarrosramn-manueldelasucesinporcausademuerte-100426223544-phpapp02Horvitz Maria Ines Lopez Julian - Derecho Procesal Penal Chileno Tomo IIHorvitz Maria Ines Lopez Julian - Derecho Procesal Penal Chileno Tomo IIMeza Barros, Ramón. Manual de Derecho Civil. De las Fuentes de las Obligaciones. Tomo IIMeza Barros, Ramón. Manual de Derecho Civil. De las Fuentes de las Obligaciones. Tomo IIManual de Derecho ElectricoManual de Derecho ElectricoBacigalupo Enrique - Derecho Penal y El Estado de DerechoBacigalupo Enrique - Derecho Penal y El Estado de DerechoExplicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado - Tomo II - Luis Claro SolarExplicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado - Tomo II - Luis Claro SolarTEORIA_DEL_DERECHO_-_MAXIMO_PACHECO_G.TEORIA_DEL_DERECHO_-_MAXIMO_PACHECO_G.PreguntasyrespuestasGradoCivilPreguntasyrespuestasGradoCivilRecursos ProcesalesRecursos Procesalesmanual codigo tributario abundio perez6ta.pdfmanual codigo tributario abundio perez6ta.pdfSABAS CHAGUAN SARRAS Manual Del Nuevo Procedimiento PenalSABAS CHAGUAN SARRAS Manual Del Nuevo Procedimiento Penal

References: artículo 108
 artículo 108
 artículo 108
 artículo 313
 artículo
2
 artículo
108
 artículo 111
 artículo
53

artículo 111
 artículo 108
 artículo 111
 artículo 108
 artículo
19

Resolución 

artículo 80
 artículo 1
 artículo 109
 artículo 78
 artículo 83
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 155
 artículo 5
 artículo 155
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 289
 artículo 307
 Resolución

 resolución 
 artículo 78
 artículo
6
 Artículo 1
 artículo 375
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 137
 artículo 78
 artículo 109
 artículo 25
 artículo 109
 resolución 
 artículo
78
 artículo 54

artículo 78
 artículo 167
 resolución 
 artículo 169
 artículo 170
 artículo 170
 resolución 
 artículo 109

artículo 69
 artículo 109
 artículo 6
 artículo 238
 artículo 246
 artículo
241

artículo 189
 artículo 59
 artículo 78