Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/12007
Timestamp: 2020-02-18 22:42:06+00:00

Document:
Satisfacción de las obligaciones en contratos cuyas prestaciones son correlativas
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO VS INTERNACIONAL DE SEGUROS Y PROTECCIÓN LIMITADA Y SEGUROS DEL ESTADO S.A
En una cláusula se estipuló lo siguiente: “Vigilaremos que todos los elementos de oficina no sean objeto de sustracción o daño. En caso de sustracción, los restituiremos, salvo fuerza mayor o caso fortuito, una vez haya concluidos (sic) la investigación administrativa que con el concurso de funcionarios de ambas partes se adelante y en la misma se declare la responsabilidad de nuestro empleado, por acción o por omisión. Para responder por las sustracciones que se puedan presentar, nuestra empresa mantendrá, durante la vigencia del contrato respectivo, la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, solicitada en el Pliego de Condiciones”.
¿Puede una entidad pública declarar el incumplimiento parcial de un contrato de vigilancia y solicitar que el contratista restituya los objetos perdidos de la entidad sin que se acredite su responsabilidad en una investigación administrativa, en virtud de la cláusula del contrato que dice “en caso de sustracción, deberán restituirlos, salvo fuerza mayor o caso fortuito”?
Un contrato del Estato que se caracterice por aleatorio está viciado de nulidad absoluta salvo que se trate de un contrato unilateral. «(...) El contrato del Estado está dominado por la regla general de la previsibilidad, lo que hace que se deba negar el paso a cualquier hipótesis de modalidad negocial aleatoria, no solo por atentatoria contra el interés público en la medida en que pone en peligro el patrimonio de la comunidad, sino en cuanto a que a partir del carácter imperativo de la planeación contractual y de la distribución de riesgos en los términos de las leyes 80 de 1 993 y 1150 de 2007, prácticamente un contrato del Estado que se caracterice por aleatorio estaría viciado de nulidad absoluta por causa ilícita puesto que desconocería el derecho público de la Nación en los términos del artículo 44 (num. 2) de la Ley 80 de 1 993 en concordancia con el 1523 del Código Civil, salvo que se trate de un contrato típicamente unilateral a la luz del artículo 1 496[2]56 de la misma codificación, en donde el riesgo absoluto del negocio sea asumido por el contratista y no por el Estado y a su vez éste no corra con pérdida alguna, pero sí participe de las ganancias, y sea el Estado titular tan solo de utilidades, esto es, bajo hipótesis y escenarios negociales absolutamente excepcionales.(...)» No es procedente la declaratoria del incumplimiento del contrato sin antes haber acreditado el cumplimiento propio de quien lo alega. «(...)tratándose de contratos sinalagmáticos, no se hacen exigibles para una parte, hasta tanto la otra no cumpla la que le corresponde (Art. 1609 C.C.). Desde ésta perspectiva, para la Sala es evidente que para poder solicitar ante el juez la declaratoria de incumplimiento, de una parte o de la totalidad del contrato por parte del contratista, es indispensable que éste, a su vez, acredite que satisfizo todas y cada una de sus obligaciones contractuales, de manera tal que hace exigibles las de su co-contratante.
En este sentido, no resulta procedente solicitar solamente la declaratoria de incumplimiento del contrato (…), sin antes haber acreditado plenamente el cumplimiento propio de quien lo alega, pues ello constituiría una pretensión incongruente, donde una eventual condena devendría en injusta e irregular, en tanto no está plenamente establecido que el incumplimiento del co-contratante obedeció a mora en el pago de la obligación, que sería, en el presente caso, la única situación que justificaría la condena solicitada…” [1] (Negrilla ajena al texto original) (...)»
[1] Código Civil. “Artículo 1 496. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente.” [2] Ibíd., artículo 1497: “El contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro.”
«(...) En el presente caso es necesario acudir a una de las llamadas reglas subjetivas, cual es la prevista en el artículo 1618 del Código Civil, según la cual una vez conocida la intención de los contratantes ha de estarse más a ella que a la literalidad de las palabras y esta intención, normalmente, se puede desentrañar tanto de la solicitud de cotización realizada por la entidad como de la propuesta formulada.
De otro lado, es necesario tener en cuenta que para que se estructure la responsabilidad contractual por infracción a la ley del contrato, es necesario acreditar: (i) el incumplimiento del deber u obligación contractual, bien porque no se ejecutó o lo fue parcialmente o en forma defectuosa o tardía; (ii) que ese incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio de la parte que exige esa responsabilidad y, obviamente, (iii) que existe un nexo de causalidad entre el daño y el incumplimiento[1].
En los contratos cuyas prestaciones son correlativas, como cada parte se compromete en consideración a la prestación que la otra le promete, se presenta una relación de interdependencia de las obligaciones recíprocas, razón por la cual del artículo 1609 del C.C. se extrae la regla según la cual no es permitido ni admisible que una de las partes del contrato exija a la otra que satisfaga sus obligaciones, mientras ella misma no lo haya hecho.
En este caso encuentra la Sala que si bien la entidad adelantó un procedimiento administrativo de investigación conjunta, éste no culminó con una declaratoria de responsabilidad de empleado alguno, toda vez que en el acta de reunión de los integrantes de la comisión de investigación administrativa conjunta, celebrada el día 13 de junio de 1995, cada una de las partes consignó sus conclusiones, la entidad en relación con la ocurrencia de fallas en la vigilancia y la sociedad contratista expresó que no existía claridad respecto de la responsabilidad. (...)»
[1] Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Exp. 6461 de 4 de julio de 1992, M.P. José Fernando Ramírez Gómez.
Una entidad pública no puede solicitar que se declare el incumplimiento de algunas de las obligaciones del contratista y solicitar que éste devuelva los objetos perdidos de la entidad, que se encontraban bajo la vigilancia del contratista sin que se acredite su responsabilidad, en virtud de la cláusula del contrato que dice “en caso de sustracción, deberán restituirlos, salvo fuerza mayor o caso fortuito” porque:
Cuando se conoce la intención de los contratantes debe estarse más a ella que a la literalidad de las palabras.
La entidad contratista sujetó la restitución de los bienes a una previa declaración de responsabilidad.
No puede atribuirse sentido a una de las estipulaciones de un contrato sin tener en cuenta las demás.
Para que se estructure la responsabilidad contractual por infracción a la ley del contrato se requiere acreditar: i) el incumplimiento del deber u obligación contractual, bien porque no se ejecutó o lo fue parcialmente o en forma defectuosa o tardía; (ii) que ese incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio de la parte que exige esa responsabilidad y, obviamente, (iii) que existe un nexo de causalidad entre el daño y el incumplimiento.
En los contratos cuyas prestaciones son correlativas no es permitido que una de las partes exija a la otra que se satisfagan obligaciones mientras ella misma no lo haga.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Exp. 6461 de 4 de julio de 1992, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Exp. 6461 de 4 de julio de 1992
CE SIII E 14.937 DE 2005
Conmutividad del contrato. «(...) Se destacan del concepto propuesto [conmutatividad del contrato estatal] otros dos elementos fundamentales para su conformación, cuales son el de su carácter, por regla general, de recíproco en las prestaciones[4]. “Bajo las exigencias del régimen positivo del contrato del Estado, y de su principio rector del interés público y general, la conmutatividad se da sobre la base de referentes objetivos que nos aproximen a puntos reales de equilibrio económico y no de supuestos convencionales, derivados de la autonomía de la voluntad y que adquieren fuerza no por su real equivalencia, sino en la medida en que el artículo 1498[7] (...) » Contrato bilateral. «(...)En virtud del contrato bilateral cada una de las partes se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa inmediatamente, al vencerse un plazo o al ocurrir alguna condición, de conformidad con los términos de la estipulación (arts. 1494, 1495, 1530 y ss. 1551 y ss. Código Civil). Por él cada contratante acude a prestar su consentimiento en la confianza en que la otra ejecutará las obligaciones recíprocas acordadas al tenor del contrato y en el tiempo debido. (…)»
[1] Ariño Ortiz. Teoría del equivalente económico en los contratos administrativos, cit., pp. 241 y ss. [2] Corte Constitucional, Sentencia C-892 del 22 de agosto de 2001. M. P. Rodrigo Escobar Gil: “El principio de reciprocidad de prestaciones encuentra su fuente de inspiración en los contratos que la doctrina suele definir como sinalagmáticos o bilaterales, caracterizados por prever el surgimiento de prestaciones mutuas o correlativas a cargo de los sujetos que integran la relación jurídico negocial. Bajo este criterio, y por efecto directo del sinalagma, las partes quedan obligadas recíprocamente a cumplir los compromisos surgidos del contrato, los cuales se estiman como equivalentes y que pueden llegar a concretarse en una contraprestación, en un valor recíproco, en un acontecimiento previsible o en una cooperación asociativa.” [3] Gabriel Escobar Sanín. Negocios civiles y comerciales, t. ii, Contratos, Medellín, Dike, 1 994, p.200: “Es de destacar que, en el ámbito del derecho privado, la equivalencia de las cargas mutuas tiene un efecto meramente subjetivo en cuanto que, lo determinante de la figura, es que cada una de las partes, según su libre y voluntaria apreciación, acepte que la prestación a la que se obliga es similar o directamente proporcional a la que recibe a título de retribución, sin que tengan ninguna incidencia aquellos elementos de carácter objetivo que establece o fija el mercado […]” [4] Ídem: “[…] No ocurre lo mismo en el derecho público donde es evidente que las prestaciones correlativas de las partes, en virtud del principio de la justicia conmutativa, tienen que mantener una equivalencia siguiendo el criterio objetivo de proporción o simetría en el costo económico de las prestaciones, lo que exige que el valor a recibir por el contratista, en razón de los bienes, obras o servicios que le entrega al Estado, deba corresponder al justo precio imperante en el mercado. Con ello, se fija un límite al ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, en aras de racionalizar la posición dominante de la administración, mantener el equilibrio del contrato y, de este modo, garantizar los derechos del contratista que se constituye en la parte débil de la relación contractual.” [5] Código Civil. “Artículo 1498. El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez; y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio.” [6] Antonio Manuel da Rocha e Meneses Cordeiro. Da boa fé no direito civil, Coimbra, Almedina, 2007, pp. 853 y ss. [7] Escobar Gil. Teoría general de los contratos de la administración pública, cit., pp. 447 y ss.
Documento: CE SIII E 19480 DE 2012

References: artículo 44
 artículo 1
 artículo 1497
 artículo 1618
 artículo 1609
 artículo 1498