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Timestamp: 2018-01-24 02:00:09+00:00

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Poderes del Juez como director del proceso y Análisis del artículo 15 del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Aduanas
De manera que en atención a lo anteriormente señalado, esta Sala desestima el alegato formulado por la representación judicial del Fisco Nacional, ya que no se configura en el fallo apelado el vicio de ultrapetita denunciado. Así se declara.
2) Errónea Apreciación de los Hechos.-
Sobre este particular, observa la Sala que la abogada fiscal Iris Josefina Gil Gómez, antes identificada, al referirse a las razones que sostuvo el Tribunal de la causa para anular la Resolución signada con las letras y números GGSJ/GR/DRAAT/2007/2328 de fecha 22 de agosto de 2007, emanada de la Gerencia General de los Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que declaró sin lugar el recurso jerárquico ejercido contra los actos administrativos supra identificados, emanados de la Gerencia de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira, sostuvo en su escrito de fundamentación de la apelación, “(…) que no existe en el caso bajo análisis, ni en el procedimiento administrativo de revisión, violación alguna del derecho a la defensa de la empresa recurrente y tampoco de su derecho a obtener oportuna respuesta (…)”, todo lo cual la hace afirmar que la Sentenciadora “(…) incurrió en una errónea apreciación de los hechos (…)”.
Por su parte, para anular el mencionado acto, la recurrida encontró fundamento en los siguientes argumentos:
“(…) se evidencia que la Administración Tributaria no resolvió la totalidad de los argumentos planteados por la parte actora, siendo evidente que se han menoscabado derechos y garantías constitucionales del contribuyente, la garantía y el resguardo de los derechos de los ciudadanos que es una función que corresponde al Estado (…)
(…) observa esta Juzgadora que el Superior Jerárquico administrativo resuelve el recurso obviando gran parte de la solicitud realizada por el contribuyente, quien alega la aplicación errada de la multa, por cuanto no se le aplicó la concurrencia, ni se emitió la resolución de multa, denuncia la detención indebida por parte de la Gerencia de la Aduana, y además solicita la aplicación de los antecedentes administrativos correspondientes al caso Almacenadora Alfranca, Uredent C.A y Comercializadora MAYGLE C.A, sin embargo, de la revisión minuciosa de la Resolución del Recurso Jerárquico, se desprende que en ningún momento la Administración resuelve dichos alegatos, obviando de plano la base del recurso y limitando su pronunciamiento a resolver los puntos que consideró necesarios según lo que incluyó en el capitulo (sic) correspondiente a los alegatos del contribuyente, sin considerar los alegatos planteados por el recurrente en su escrito siendo enteramente pertinentes y conducentes a los fines de la imposición de los actos recurridos y aun en el caso contrario es deber de la Administración pronunciarse al respecto, favorable o desfavorablemente a la solicitud del recurrente, tal actuación, es entendida por este despacho como una trasgresión del derecho a la defensa del administrado, derivado de la violación del derecho de petición y oportuna respuesta (…).
En virtud de los argumentos precedentemente expuestos, considerando que la Administración Aduanera se encuentra constitucional y legalmente obligada a emitir una resolución en forma comprensible, cierta, verdadera y efectiva, que no dé lugar a dudas, incertidumbres, insuficiencias, contradicciones o ambigüedades, y en atención a que en el caso de autos, el acto recurrido se encuentra en franca contradicción de lo establecido en el artículo (sic) 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe esta Juzgadora declarar la nulidad del acto administrativo por no estar adecuado, de conformidad con lo establecido en el articulo 240 ordinal 1º del Código Orgánico Tributario. Y así se declara (…)”.
Del análisis efectuado por esta Alzada sobre el fallo recurrido, se pudo constatar que el Tribunal a quo anuló el acto administrativo de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 240 del Código Orgánico Tributario de 2001, cuyo tenor es el que a continuación se señala:
“Artículo 240. Los actos de la Administración Tributaria serán absolutamente nulos en los siguientes casos:
1. Cuando así esté expresamente determinado por una norma constitucional, o sean violatorios de una disposición constitucional (…)”.
En tal sentido, se pudo constatar de la parte motiva de la sentencia apelada, que la Jueza fundamentó su decisión en la violación del derecho a la defensa del recurrente, toda vez que “(…) [en el acto recurrido] no se le aplicó la concurrencia, ni se emitió la resolución de multa, denuncia la detención indebida por parte de la Gerencia de la Aduana, y además solicita la aplicación de los antecedentes administrativos (…), sin embargo, de la revisión minuciosa de la Resolución del Recurso Jerárquico, se desprende que en ningún momento la Administración resuelve dichos alegatos (…)”. (Agregado de la Sala).
Así, observa esta Sala que aún cuando el Tribunal a quo no lo menciona en la sentencia apelada, el argumento jurídico referente a la violación del derecho a la defensa antes transcrito, que sirvió de fundamento para anular la Resolución de Jerárquico recurrida, encuentra como presupuesto lógico el vicio de inmotivación del acto administrativo, especialmente cuando su texto señala que “(…) la Administración Aduanera se encuentra constitucional y legalmente obligada a emitir una resolución en forma comprensible, cierta, verdadera y efectiva, que no dé lugar a dudas, incertidumbres, insuficiencias, contradicciones o ambigüedades (…)”.
En este sentido, la Resolución de fecha 22 de agosto de 2007 dictada por la Administración Aduanera que resolvió declarar sin lugar el recurso jerárquico ejercido por la contribuyente supra identificada, se centró en determinar si era procedente la sanción aplicada a la empresa transportista internacional TRANSPORTES ALIADOS Y CIA. LTDA., en su condición de Auxiliar de la Administración Aduanera, de conformidad con lo establecido el literal c) del artículo 121 de la Ley Orgánica de Aduanas de 1999. La Gerencia General de los Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) fundamentó sus razones en los siguientes argumentos:
1) En relación a la denuncia de violación del procedimiento aduanero sostuvo que: el acto administrativo impugnado que aplica a la empresa recurrente la multa contemplada en el literal c) del artículo 121 de la Ley Orgánica de Aduanas de 1999, dictado por la Aduana Principal de San Antonio del Estado Táchira del SENIAT, expresa las razones de hecho y de derecho en que se fundamenta tal decisión, por lo que concluye que el procedimiento para la imposición de multa controvertido por la empresa TRANSPORTES ALIADOS Y CIA. LTDA., se encuentra encuadrado dentro de las normas establecidas en la legislación aduanera.
2) En cuanto al vicio en la notificación, sostuvo la Administración Aduanera que: la notificación realizada en fecha 26 de junio de 2006 llenó los extremos previstos en el numeral 2 del artículo 162 eiusdem, por cuanto ésta fue entregada en el domicilio de la contribuyente, recibida por una persona capaz quien se identificó como secretaria de la empresa, alcanzándose el fin para el cual estaba destinada. Ello se evidencia del hecho de que la recurrente pudo activar todos los medios que tuvo disponibles para el pleno ejercicio de su derecho a la defensa, por lo que se declara improcedente el argumento de la recurrente.
3) Con respecto al vicio de error material en la Planilla de Pago Nro. 0690321691, la cual fue emitida a nombre del representante legal de la sociedad mercantil recurrente, la Gerencia General de los Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), subsanó el error y ordenó la emisión de una nueva planilla a nombre de la empresa TRANSPORTES ALIADOS Y CIA. LTDA.
4) Frente al argumento de falso supuesto de derecho, por la aplicación de la sanción prevista en literal c) del artículo 121 de la Ley Orgánica de Aduanas de 1999, la Administración Aduanera sostuvo que la funcionaria actuante pudo constatar la falta de declaración de los bultos sobrantes en el tiempo establecido en la Ley, lo cual calificó correctamente, subsumió los hechos en los supuestos de la norma indicada, y aplicó la sanción en ella establecida: cinco (5) U.T. por cada kilogramo bruto en exceso; por lo que consideró que su actuación se encontraba plenamente ajustada a derecho y libre de cualquier vicio en la causa,
Sobre este particular, corresponde a esta Alzada analizar si efectivamente el acto impugnado incurrió en el vicio de inmotivación y, consecuencialmente, vulneró el derecho a la defensa de la recurrente.
Con relación al vicio de inmotivación, en sentencia Nro. 00513, publicada el 20 de mayo de 2004, la Sala señaló lo siguiente:
“En cuanto al vicio de inmotivación alegado por el apoderado judicial del recurrente, esta Sala ha señalado en reiteradas oportunidades que el mismo se configura ante el incumplimiento total de la Administración de señalar las razones que tuvo en cuenta para resolver. Por tanto, no hay inmotivación cuando el interesado, los órganos administrativos o jurisdiccionales al revisar la decisión, pueden colegir cuáles son las normas o hechos que le sirvieron de fundamento.”
Igualmente, en fallo Nro. 00551, publicado en fecha 30 de abril de 2008 ratificado en sentencia Nro. 138 publicada en fecha 3 de febrero de 2009, la Sala indicó lo que sigue:
“Ahora bien, los artículos señalados establecen que todo acto administrativo, excepto los de simple trámite, debe contener expresión sucinta de los hechos que lo justifican y sus fundamentos legales. En este sentido, en jurisprudencia de esta Sala, se ha señalado que la motivación es un requisito esencial para la validez del acto administrativo; que basta para tener cumplido el mismo, que ésta aparezca en el expediente formado con ocasión de la emisión del acto administrativo y sus antecedentes, siempre que su destinatario haya tenido acceso y conocimiento oportuno de éstos, resultando suficiente en determinados casos, la simple referencia de la norma jurídica de cuya aplicación se trate.
En relación a la inmotivación como vicio de forma de los actos administrativos, se reitera que la misma consiste en la ausencia absoluta de motivación; mas no aquella que contenga los elementos principales del asunto debatido, y su principal fundamentación legal, lo cual garantiza al interesado el conocimiento de las razones sobre las cuales se basa la decisión. Resultando así suficiente que puedan colegirse cuáles son las normas y hechos que sirvieron de base a la decisión.” (Resaltado de la Sala).
De esta manera, tal y como lo ha señalado la Sala, el vicio de inmotivación se manifiesta cuando los actos administrativos carecen de argumentación de hecho y de derecho, lo cual resultaría un obstáculo tanto para que los órganos competentes ejerzan el control de legalidad sobre dichos actos, como para que los particulares destinatarios de las manifestaciones de voluntad de la Administración puedan ejercer cabalmente su derecho a la defensa.
En el caso sub júdice, se aprecia que tanto el Acta de Reconocimiento Nro. C-17566 de fecha 13 de junio de 2006 y la Resolución de Multa de fecha 18 de julio de 2006, así como la Resolución de fecha 22 de agosto de 2007 que resolvió el recurso jerárquico interpuesto, tenían por objeto precisar la procedencia de la sanción prevista en el literal c) del artículo 121 de la Ley Orgánica de Aduanas de 1999, en virtud de la presunta declaración extemporánea de los bultos de papa sobrantes.
En este sentido, la mencionada Resolución que resolvió el recurso jerárquico interpuesto por la contribuyente emitida por la Gerencia General de los Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), entre otros aspectos, señaló lo siguiente.
“(…) Tal como se puede observar del análisis del expediente administrativo, la Aduana Principal de San Antonio del Táchira, emitió el acto administrativo impugnado, (…) por medio del cual se impone a la empresa ahora recurrente, la multa contemplada en el artículo 121, letra c) de la Ley Orgánica de Aduanas, donde además se expresan todas las razones de hecho y de derecho en que fundamentan tal decisión, por lo que debemos concluir que el procedimiento para la imposición de la multa que impugna la recurrente, se encuentra perfectamente encuadrado dentro de las normas establecidas en la legislación aduanera (…)”.
De la anterior transcripción se desprende que el órgano tributario sí expresó en su decisión del recurso jerárquico los motivos de hecho y de derecho en los cuales se fundamentó para dictar la Resolución impugnada, toda vez que abordó los alegatos presentados por la sociedad mercantil recurrente, haciendo énfasis en dilucidar el retardo en la notificación por parte de la empresa TRANSPORTES ALIADOS Y CIA. LTDA. en relación a la existencia de bultos sobrantes, subsumiendo este hecho en la disposición contenida en el literal c) del artículo 121 de la Ley Orgánica de Aduanas de 1999 y, en consecuencia la aplicación de la sanción impuesta por la Administración Aduanera. Así se declara.
De lo expuesto anteriormente, contrariamente a lo alegado por el Tribunal a quo, concluye esta Alzada que el acto impugnado no violó el derecho a la defensa de la empresa recurrente, el cual viene conexo a otros derechos fundamentales como son el derecho a ser oído, el derecho a hacerse parte, el derecho a ser notificado, a tener acceso al expediente, a presentar pruebas y a ser informado de los recursos para ejercer la defensa.
En tal sentido, en el expediente administrativo se constata todo el procedimiento administrativo llevado por la Aduana Principal de San Antonio del Táchira del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) (folios 150 al 223), así como la existencia de la Resolución que resolvió el recurso jerárquico interpuesto (folios 11 al 28). De allí se desprende que la empresa TRANSPORTES ALIADOS Y CIA. LTDA. tuvo pleno conocimiento de todas las actuaciones durante la tramitación del procedimiento, las cuales se encuentran recogidas en dicho expediente. Por esta razón no podría hablarse de la afectación del derecho a la defensa de la recurrente, pues por el contrario, se aprecia que ésta conoció suficientemente los principales elementos de hecho y de derecho que sirvieron de base para la sustanciación de la investigación.
Como consecuencia de lo antes expresado, esta Sala declara procedente el alegato formulado por la representación fiscal, en relación con la errónea apreciación de los hechos en que incurrió la recurrida al pronunciarse sobre la omisión de pronunciamiento del acto recurrido, por lo tanto se revoca parcialmente el fallo apelado en lo atinente a la declaratoria de nulidad del acto recurrido. Así se declara.
Vista la declaratoria que antecede, esta Máxima Instancia considera inoficioso pronunciarse sobre el resto de los alegatos esgrimidos por la representante judicial del Fisco Nacional.

References: artículo 15
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 240
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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 Resolución 
 artículo 121
 artículo 121
 artículo 162
 artículo 121
 Resolución 
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 artículo 121
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 artículo 121
 Resolución 
 artículo 121
 Resolución