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Timestamp: 2014-03-09 19:20:25+00:00

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Penal. Ilegalidad de la aprehensión debe ser declarada por el juez de la causa, derecho a la dignidad - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1959/2011-R
Expediente: 2011-23247-47-AL
En revisión la Resolución pronunciada dentro de la acción de libertad, interpuesta por Ramiro Edgar Alanoca Alegre contra Freddy Alex Gutiérrez, Juez Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto del Distrito Judicial de La Paz.
Por memorial presentado el 10 de febrero de 2011, a horas 11:50, cursante de fs. 3 a 4 vta., el accionante expone los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
A consecuencia de la denuncia interpuesta en su contra por Liz Anghela Ibáñez Pardo, el 24 de noviembre de 2010, por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas, el Ministerio Público dio inicio a las investigaciones preliminares; transcurridos veinte días de iniciadas, no presentó requerimiento alguno, limitándose a solicitar la complementación de diligencias el 19 de enero de 2011, empero, al día siguiente ordenó su citación para el 25 de ese mes y año a horas 11:00, a objeto que prestara su declaración informativa; acto procesal al que no pudo asistir, apersonándose posteriormente y solicitando nuevo señalamiento. Pese a ello, sin sustento legal alguno, el representante del Ministerio Público expidió mandamiento de aprehensión y una vez ejecutado, -bajo criterios subjetivos y alejados del marco de legalidad- lo imputó formalmente por el delito de lesiones gravísimas.
La Jueza Tercera de Instrucción en lo Penal de El Alto, fijó audiencia de consideración de medida cautelar para el 3 de febrero de 2011, señalamiento del que no tomó conocimiento debido a que no fue citado personalmente con la imputación. Luego, por efecto de la recusación contra esa autoridad y los Jueces Cuarto y Quinto de Instrucción en lo Penal, no se realizó dicho acto procesal. Finalmente, la causa se remitió al Juzgado Primero, que fijó audiencia para el 10 del indicado mes y año a horas 14:45. Agrega que, aún tratándose de un caso con detenido, ninguna de las autoridades recusadas actúo con celeridad para la realización de la audiencia de consideración de medida cautelar.
El accionante alega la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, a la defensa, a la igualdad procesal y al debido proceso, sin citar los preceptos de la Constitución Política del Estado que los contienen.
Solicita se declare “procedente” el “recurso” de acción de libertad, se ordene su inmediata libertad y sea con costas.
Efectuada la audiencia pública a horas 9:30, del 11 de febrero de 2011, en presencia del accionante asistido por su abogado; ausentes la Jueza demandada y el representante del Ministerio Público, según consta en el acta cursante a fs. 41 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El abogado del accionante, ratificó los fundamentos de su demanda, y ampliándolos indicó: a) La Jueza Segundo de Instrucción en lo Penal, en suplencia de su homólogo Juez Primero, en audiencia de consideración de medida cautelar, determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva, imponiendo la detención domiciliaria de su cliente, fianza económica de Bs8 000 00.- (ocho mil bolivianos) y obligación de no acercarse a la víctima; medidas que se encuentran en grado de apelación; b) La ilegalidad de la detención subsiste, dado que la Jueza ordenó que mientras no cumpla con las medidas, se mantenga la aprehensión en celdas de la Corte Superior de Distrito, determinación que contraviene la SC 0176/2005-R, relativa a que se le debió otorgar un plazo razonable para el cumplimiento de lo dispuesto, considerando que su situación jurídica es la de aprehendido y no detenido preventivamente; y, c) Reiteró su petitorio.
Yenny Prado Saavedra, Jueza Segundo de Instrucción en lo Penal, en suplencia legal del Juez Primero, demandado, no asistió a audiencia y en informe escrito cursante a fs. 7 y vta., manifestó: 1) Tanto el imputado como la parte querellante, plantearon recusas de manera abusiva ante los Juzgados de Instrucción Primero, Tercero, Cuarto, Quinto y contra su persona; empero, la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, dispone los rechazos in límine y dada la modificación al art. 321 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se realizó la audiencia de consideración de medida cautelar, disponiéndose la detención domiciliaria del imputado, fianza económica en la suma de Bs8 000 00.- y otras medidas; 2) Planteado el incidente de nulidad de obrados por vicios en la tramitación de la investigación, se declaró la ilegalidad de la aprehensión y se notificó personalmente al accionante con la imputación formal, regularizándose su situación jurídica. Seguidamente, se realizó la audiencia de consideración de medida cautelar en base a la prueba obtenida lícitamente; y, 3) Se ordenó, que previo a obtener la libertad el accionante, debe cumplir con las medidas sustitutivas impuestas, debiendo especificar cuál el domicilio donde cumplirá la detención domiciliaria.
Concluida la audiencia, el Juez Segundo de Partido y de Sentencia de El Alto del Distrito Judicial de La Paz, constituido en Juez de garantías, pronunció la Resolución 43/2011 de 11 de febrero, cursante de fs. 42 a 48, por la que concedió la tutela solicitada, disponiendo: i) La inmediata libertad del accionante de las celdas de la Corte Superior de Distrito, otorgándole el plazo de cinco días para que cumpla con lo ordenado en la Resolución 60/2011 de 10 de febrero, dictada por la Jueza Segundo de Instrucción en lo Penal, en suplencia legal de su homólogo Primero, bajo alternativa de revocatoria conforme dispone el art. 247 del CPP; ii) Lo determinado, se debe cumplir sin perjuicio que las partes en el proceso penal principal puedan interponer los recursos ordinarios de ley, como la apelación incidental; y, iii) Sin costas por las características del proceso. Decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: a) El accionante se encuentra recluido nueve días en “depósito en las celdas de la Corte Superior de la ciudad de El Alto”, siendo éste extremo ilegal e inconstitucional; b) Tanto la parte querellante como accionante, hicieron uso excesivo de recusaciones, perjudicando el normal desarrollo de la administración de justicia; c) En etapa preparatoria, es atribución del juez de la causa conocer la vulneración al debido proceso, la cual fue considerada y salvada conforme manifiesta la Jueza demandada; d) El accionante se encuentra con medidas sustitutivas a la detención preventiva, para cuyo cumplimiento la Jueza debió darle un plazo razonable y no mantenerlo detenido o en “depósito en celdas de la Corte Superior de Distrito”; e) Al estar recluido el accionante por nueve días y no obstante haberse llevado a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares, se advierte la vulneración al debido proceso, presunción de inocencia, “seguridad jurídica”, derecho a la libertad de locomoción, dado que es objeto de una detención y procesamiento indebidos, en flagrante violación a la libertad consagrada en los arts. 22, 23 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y lo establecido por la SC “0611/00” de 26 de junio; y f) La acción de libertad no requiere el agotamiento previo de otras vías, tal como prescriben las SSCC 0298/2003-R y 0540/2002-R.
El art. 3 de la Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, modificatorio del art. 4.I de Ley 003 de 13 de febrero del mismo año, amplía las facultades otorgadas a este Tribunal, para resolver las acciones de defensa de derechos fundamentales, interpuestas con posterioridad al 7 de febrero del año 2009. Por lo que, mediante Acuerdo Jurisdiccional 001/2011 de 11 de enero, se procedió a la reanudación del trámite de dichas causas; sorteada la presente el 28 de octubre de 2011, se pronuncia Sentencia dentro de plazo.
II.1.El 30 de noviembre de 2010, el representante del Ministerio Público, comunicó el inicio de investigación dentro del proceso penal seguido contra el accionante a denuncia de Liz Anghela Ibáñez Pardo, por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas (fs. 9).
II.2.Mediante imputación formal de 2 de febrero de 2011, el representante del Ministerio Público atribuyó al accionante la comisión del delito de lesiones gravísimas, mencionado los arts. 270 incs. 2) y 4) y agravante 272 con relación al 252 inc. 3), todos del Código Penal (CP) y requirió la aplicación de la medida cautelar personal de detención preventiva. La Jueza Tercera de Instrucción en lo Penal, fijó audiencia cautelar para el 3 de igual mes y año a horas 10:30, acto procesal suspendido debido a la inasistencia del abogado del accionante, difiriéndose para horas 17:00 del mismo día. En esa fecha a horas 16:33, Ramiro Edgar Alanoca Alegre, presentó recusación contra la indicada autoridad, rechazada por Auto 056/11 de 3 de febrero de 2011, disponiendo remisión ante la Corte Superior de Distrito para su revisión por el Juzgado siguiente en número (fs. 11 a 17 y 20 a 23 vta.).
II.3.Por efecto de la recusación, la causa radicó el 5 de febrero de 2011, en el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal; en la misma fecha, “Jonny” Ever Vino Condori, recusó al Juez, quien no se allanó según Auto 040/2011 de 6 de febrero y ordenó la remisión al Juzgado siguiente en número. El 6 de igual mes y año, el accionante también recusó a esa autoridad, quien mediante decreto de la misma fecha, dispuso que estuviera a la referida Resolución (fs. 24 vta. a 28 vta.).
Por decreto de 7 de febrero de 2011, el Juez Quinto de Instrucción en lo Penal, fijó audiencia de consideración de medida cautelar para el 8 de igual mes y año a horas 9:05; en la fecha señalada, a petición del representante del Ministerio Público y parte querellante, el acto procesal se suspendió sin resolver la situación jurídica del accionante. Por memorial de 8 de ese mes y año, Ramiro Edgar Alanoca Alegre, recusó al Juez, quien no se allanó y ordenó la remisión de actuados al Juzgado siguiente en número, según Resolución 05/2011 de 8 de ese mes (fs. 29 vta. a 32 vta.).
II.4.Recusado el Juez Quinto de Instrucción en lo Penal de El Alto, la causa radicó el 9 de febrero de 2011, en el Juzgado Primero en lo Penal, cuyo titular señaló audiencia de consideración de medida cautelar para ese día a horas 16:10; acto procesal, que se difirió para el 10 de ese mes y año a horas 14:45, debido a la inconcurrencia del fiscal y del abogado del accionante, disponiéndose que “…el imputado mientras tanto se va a quedar en depósito judicial” (sic). El 10 de ese mes y año, Jimmy Ever Vino Condori, recusó a la indicada autoridad, por decreto de esa fecha, la Jueza Segundo de Instrucción en lo Penal, ordenó que la audiencia se desarrolle en la fecha fijada (fs. 33 vta. a 36).
II.5.En Auto 43/2011 de “11 de febrero” (fs. 37 y vta.), la Jueza Segundo de Instrucción en lo Penal, rechazó la recusación planteada por Jimmy Ever Vino Condori y prosiguió con la audiencia de consideración de medida cautelar. Mediante Auto 60/2011 de 10 de ese mes, previa ponderación de los suficientes elementos de convicción, ordenó medidas sustitutivas a la detención preventiva, consistentes en: 1) Detención domiciliaria; 2) Fianza económica de Bs8 000 00.-; 3) La prohibición de acercarse a la víctima; y, 4) La verificación de su domicilio por Secretaría del Juzgado. En la vía de complementación y enmienda, respecto de la solicitud del abogado del accionante de concesión de plazo para dar cumplimiento a las medidas sustitutivas y la interposición de la acción de libertad, la Jueza dispuso esperar la resolución de la acción de libertad para no ingresar en contradicciones (fs. 30 a 40 vta.). En informe cursante a fs. 7 y vta., la indicada autoridad, manifestó que previo a la instalación de la audiencia de consideración de medida cautelar, resolvió el incidente de nulidad por vicios en la tramitación de la investigación, declarando la ilegalidad de la aprehensión.
II.6.En audiencia de acción de libertad, el abogado de Ramiro Edgar Alanoca Alegre, indicó que su cliente hizo uso del recurso de apelación incidental contra la Resolución que dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva (fs. 41 y vta.).
El accionante alega encontrarse indebida e ilegalmente procesado y detenido, dado que el representante del Ministerio Público, sin considerar su apersonamiento, ordenó su aprehensión para después ponerlo a disposición de la Jueza Tercera de Instrucción en lo Penal, recusada al igual que los demás jueces que conocieron su caso, quienes no imprimieron la celeridad debida en resolver su situación jurídica, teniendo en cuenta que se encontraba “detenido”. Pese a haberse ordenado medidas sustitutivas a la detención preventiva, aún permanece en “calidad de depósito” en celdas policiales. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si vulneraron los derechos del accionante a la libertad de locomoción, a la defensa, a la igualdad procesal y al debido proceso, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
III.1. Alcance y finalidad de la acción de libertad
La Ley Fundamental, instituye la acción de libertad, como un acción de defensa oportuna y eficaz, cuya finalidad es resguardar y proteger los derechos a la vida y la libertad, tanto física como de locomoción, así como la garantía del debido proceso, cuando éstas últimas necesariamente estén vinculadas al derecho a la libertad física. Estando regulada a favor de toda persona que creyere estar ilegalmente perseguida o indebidamente procesada o privada de libertad.
Así, el art. 125 de la CPE, establece: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.
III.2. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
En función a la naturaleza de los derechos que resguarda el presente medio de defensa, su activación no se rige por los principios de subsidiariedad e inmediatez, como sucede en otras acciones de defensa contenidas en la Constitución Política del Estado. El desarrollo jurisprudencial efectuado por el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la norma fundamental, al respecto precisó que la acción de libertad es el medio idóneo, oportuno y eficaz para proteger los derechos a la libertad y la vida, siempre que no existan medios de impugnación ordinarios que cumplan la misma finalidad, de los cuales se podrá prescindir, sólo cuando se advierta que son inoportunos, dilatorios e inconducentes.
Bajo ese razonamiento y con la finalidad de guardar armonía entre los pronunciamientos de la jurisdicción constitucional y ordinaria, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, estableció tres supuestos de subsidiariedad excepcional, a ser observados por los órganos jurisdiccionales que conozcan las acciones de libertad, los cuales impiden el análisis de fondo de la problemática planteada. A efectos de resolver el caso concreto, corresponde citar el segundo supuesto, que establece: “Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física”.
En ese sentido, la jurisdicción ordinaria en materia procesal penal, a través de los mecanismos intraprocesales, tiene competencia para resolver y reparar los presuntos actos ilegales u omisiones indebidas en que hubiere incurrido el titular de la investigación, funcionarios policiales o el juez cautelar que tiene a su cargo el control de la investigación. Para el caso de impugnar la decisión del juez de la causa por la imposición de una medida cautelar, corresponde que previamente se active el medio de impugnación idóneo contenido en la Ley adjetiva penal, para que la autoridad superior ratifique o modifique la decisión del inferior a través de un nuevo pronunciamiento fundamentado y observando los agravios expuestos.
Si a pesar de haber agotado la vía ordinaria a través de los recursos idóneos persistiera la lesión, recién se activa la protección que brinda la justicia constitucional a través de la acción de libertad. Empero, cabe recordar que no resulta admisible que el accionante simultáneamente a haber interpuesto el recurso de apelación, recurra también a la acción de libertad con el mismo fin, cuando el medio de impugnación ordinario aún se encuentre pendiente de resolución y susceptible de modificarse, lo que denotaría desconocer la naturaleza jurídica y finalidad de esta garantía jurisdiccional. De producirse esa situación, implica romper la armonía y equilibrio entre los pronunciamientos de la jurisdicción constitucional y ordinaria, considerando que sobre el mismo hecho existirían dos decisiones paralelas.
III.3. La ilegalidad de la aprehensión debe ser declarada por el Juez de la causa y no en acción de libertad
Emergente del art. 279, concordante con el art. 54 inc. 1) de la Ley Adjetiva Penal, se delimita el ámbito de competencia entre el órgano de investigación y el jurisdiccional, precisando que este último tiene a su cargo resguardar el respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso y ejercer el control sobre los actos del Ministerio Público y la Policía Nacional. De donde se extrae que ante la aprehensión practicada por el titular de la acción penal o el órgano coadyuvante, en inobservancia de los casos específicamente previstos en la ley o de las formalidades legales, le corresponde al juez de la causa -en ejercicio del control de la investigación- conocer y declarar su legalidad o ilegalidad para posteriormente efectuar la ponderación sobre la aplicación de medidas cautelares requeridas por el Ministerio Público.
Al respecto la SC 0869/2011-R de 6 de junio, recogiendo el razonamiento establecido por este Tribunal en su jurisprudencia, precisó: “ (…)¨`; por lo que, frente a una petición efectuada por el imputado, en sentido de que se pronuncie sobre la legalidad de su detención, el juez está impelido, antes de pronunciar la resolución sobre cualquier medida cautelar, de analizar y pronunciarse sobre la legalidad formal y material de la aprehensión.
Ahora bien, estando establecido que el control de la legalidad formal y material de la aprehensión corresponde al juez cautelar, la jurisprudencia de este Tribunal ha determinado que el control que efectúa la autoridad judicial sólo puede ser revisado en esta jurisdicción cuando las ilegalidades cometidas en la aprehensión no fueron observadas ni reparadas por las autoridades judiciales competentes, un razonamiento contrario implicaría generar una innecesaria duplicidad de fallos cuando las supuestas lesiones ya fueron reparadas por las instancias competentes. Así la SC 0638/2006-R, de 4 de julio expresó el siguiente entendimiento. ´ (lo resaltado y subrayado nos pertenece).
En ese contexto, si el órgano jurisdiccional se pronuncia sobre la ilegalidad o legalidad de la aprehensión, no corresponde a la justicia constitucional efectuar un nuevo análisis sobre la ponderación realizada, en consideración a que se repararon las presuntas ilegalidades; en consecuencia, dicho control por esta jurisdicción, sólo será procedente cuando no se hubiere corregido por la autoridad competente. Por cuanto, restablecidas las formalidades legales por la instancia ordinaria, se entiende que la finalidad de la acción de libertad al respecto se ha cumplido.
III.4.1. Respecto de la aprehensión
El accionante, demanda tutela constitucional de sus derechos fundamentales a la libertad de locomoción, a la defensa, a la igualdad procesal y al debido proceso, alegando encontrarse indebida e ilegalmente procesado y detenido; revisados los antecedentes remitidos a esta jurisdicción, se advierte que en audiencia de consideración de medida cautelar desarrollada por la Jueza Segundo de Instrucción en lo Penal, en suplencia legal del Juez Primero, previo a la realización de dicho acto procesal, resolvió el incidente de nulidad por vicios en la investigación, a consecuencia de lo cual declaró la ilegalidad de la aprehensión.
En consecuencia, de acuerdo al razonamiento expresado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo, vía acción de libertad no puede realizarse un nuevo análisis sobre la legalidad o ilegalidad de la aprehensión, cuando la Jueza que ejerce el control de la investigación, efectuó la ponderación sobre los presuntos actos ilegales en que incurrió el representante del Ministerio Público, declarando su ilegalidad antes de resolver el requerimiento de medida cautelar. En ese sentido, la jurisdicción constitucional está impedida de emitir un nuevo pronunciamiento al respecto, sin provocar una disfunción procesal, que la jurisprudencia reiteró implicaría romper la armonía del orden jurídico establecido, al existir dos resoluciones sobre el mismo hecho; careciendo además de relevancia esa situación, siendo que la jurisdicción ordinaria se pronunció ya sobre la ilegalidad de la aprehensión y reparó los efectos de la misma; por tanto, no cabe mayor pronunciamiento al respecto.
III.4.2. Sobre la imposición de las medidas cautelares
Desde el momento que el accionante fuere aprehendido, se suscitaron una serie de recusaciones, según se detalla en las Conclusiones de esta Sentencia, para finalmente ser la causa de conocimiento de la Jueza Segunda de Instrucción en lo Penal en suplencia legal del Juez Primero, quien fijó audiencia de consideración de medida cautelar para horas 14:45 del 10 de febrero de 2011, en la que dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva. La acción de libertad, se interpuso en la misma fecha a horas 11:50, cuando la indicada autoridad aún no se había pronunciado sobre el requerimiento del Ministerio Público en imputación formal. De otra parte, cabe precisar que en audiencia de acción de libertad, el abogado del accionante manifestó que su defendido hizo uso del recurso de apelación incidental contra la Resolución que le impuso medidas sustitutivas a la detención preventiva.
En ese contexto, se advierten dos extremos, primero, el accionante activó la jurisdicción constitucional sin que previamente se hubiera pronunciado la Jueza demandada sobre los presuntos actos ilegales u omisiones indebidas que vulneraron los derechos denunciados en esta acción; y, segundo, resuelta la ilegalidad de su aprehensión e impuestas las medidas cautelares personales- medidas sustitutivas-, acudió a la vía ordinaria a través del recurso de apelación incidental, cuando ya se inició el procedimiento constitucional. Es decir, sobre los mismos hechos y con el mismo objeto, activó paralelamente dos jurisdicciones, pretendiendo que a través de la acción de libertad se revise el análisis efectuado por la Jueza demandada para declarar la ilegalidad de la aprehensión desconociendo la especial naturaleza jurídica y finalidad de la acción de libertad, considerando que un pronunciamiento simultáneo conllevaría quebrantar el equilibrio jurídico establecido, conforme se explicó en el Fundamento Jurídico anterior.
Bajo ese razonamiento, no es posible ingresar al análisis de fondo del problema jurídico planteado, teniendo en cuenta que el recurso de apelación incidental planteado por el accionante, aún se encuentra pendiente de resolución por el Tribunal superior, por cuanto existe la posibilidad de su revocatoria o modificación; en ese entendido, resulta aplicable al caso concreto el segundo supuesto de subsidiariedad excepcional desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional, correspondiendo denegar la tutela solicitada.
III.4.3. Aclaración sobre el “depósito judicial” cuando una persona se encuentre temporalmente privada de libertad
Resuelta la problemática planteada, llama la atención el término usado por el Juez Primero de Instrucción en lo Penal, en decreto de 9 de febrero de 2011, según se describe en la Conclusión II.4 de este fallo, al referirse a la restricción de libertad del accionante sin considerar su condición humana, disponiendo que permanezca en calidad de “depósito judicial” entre tanto se resuelve su situación jurídica, por lo que resulta pertinente recordar el valor jurídico y derecho fundamental de la dignidad a efectos de no incurrir en la aplicación de una medida restrictiva mediante términos jurídicos que dañen la dignidad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, en el preámbulo, expresa: “…la libertad, la justicia y la paz, en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana (…) los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana”, instrumento, que concibe a la dignidad humana como un valor sobre el que se sustentan otros valores. Juicio recogido por la Constitución Política del Estado al establecer que el Estado Boliviano se sustenta en valores como la dignidad inherente a sus fines y funciones -arts. 8.II, 9.2 y 22-; y, al mismo tiempo como un derecho fundamental en el art. 21 num. 2.
En base a los mandatos constitucionales de carácter imperativo, la uniforme línea jurisprudencial, estableció que toda persona debe ser concebida como un ser dotado de un fin propio y no como un medio o instrumento para la consecución de fines extraños; por lo que merece un trato especial acorde con su condición humana. Al respecto la SC 0787/2011-R de 30 de mayo, indicó: “…la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948…en su art. 1, al declarar que: ´Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros´.
La jurisprudencia constitucional, determinó que se vulnera el derecho en cuestión, cuando: ´…su titular es tratado como una cosa y no como una persona, como un medio y no como un fin, en irrespeto a su condición de ser humano, por ejemplo, cuando es sometido a la esclavitud, o cuando se le aplican tratos o penas degradantes, o se le hace objeto de discriminaciones o marginaciones por razón de raza, sexo, religión u otros motivos´ (0096/2010-R de 4 de mayo).
En ese sentido, el derecho a la dignidad, condiciona el accionar de particulares y funcionarios públicos, con relación al trato adecuado, en consideración del respeto de la condición de seres humanos, que merecen todas las personas sin excepción, evitando en todo momento provocar situaciones que las denigren”. (lo resaltado nos pertenece).
Bajo ese razonamiento, los servidores públicos y personas particulares están compelidos a observar que toda persona, por su sola condición de ser humano, no puede ser tratada como un objeto para obtener otros fines. Por consiguiente, corresponde aclarar que en materia penal, no existe la figura jurídica de “depósito judicial” para referirse a la restricción a la libertad bajo las figuras jurídicas del apremio, arresto, aprehensión y detención preventiva o condenada (o); en consideración a que se afecta la dignidad conforme se explicó. Recomendando por consiguiente a la autoridad demandada, un mejor y adecuado uso de los términos jurídicos para referirse a las partes procesales conforme a su dignidad y condición humana.
En consecuencia y por los fundamentos expuestos se concluye que el Juez de garantías al haber concedido la tutela solicitada, no obró correctamente.
El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confiere el art. 3 de la Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, que modifica el art. 4.I de la Ley 003 de 13 de febrero del mismo año, en revisión, resuelve; REVOCAR la Resolución 43/2011 de 11 de febrero, cursante de fs. 42 a 48, pronunciada por el Juez Segundo de Partido y de Sentencia de El Alto del Distrito Judicial de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo del problema jurídico planteado.

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