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Timestamp: 2018-05-25 17:00:29+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/2779/2006, 07-11-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2779/2006 de 07 de Noviembre de 2006
Núm. Resolución: 00/2779/2006
Un establecimiento se encuentra autorizado para funcionar en el régimen fiscal que le corresponde cuando ha acreditado cumplir las condiciones establecidas para ello. Cualquier variación de las condiciones esenciales para obtener la autorización, como la instalación del almacén fiscal, cambio geográfico o tipo de las mismas, ha de ser puesta en conocimiento de la autoridad competente, ya que significa una alteración de la base de la autorización concedida en su día y, en consecuencia, en la tramitación y obtención, en su caso, de un CAE acorde a las nuevas circunstancias. Mientras éstas no sean autorizadas, la recepción, almacenamiento y distribución de gasóleo con exención por destinarse al suministro de embarcaciones pesqueras no puede gozar del citado beneficio fiscal.
En la Villa de Madrid, a 7 de noviembre de 2006 en la reclamación económico- administrativa que, en segunda instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en SALA, en virtud del recurso de alzada interpuesto por el DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, con domicilio a efectos de notificaciones en Avenida Llano Castellano, 17, (28071) Madrid, contra los fallos del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de 23 de febrero de 2006, recaídos en sus expedientes números ... y ... promovidos por ..., S.A., por los conceptos de Impuestos Especiales y Sanción por importes de 772.774,14 € y 371.172,53 €, respectivamente.
PRIMERO.- En 31 de mayo de 2004, la Inspección de Hacienda del Estado de la Dependencia Regional de Aduanas e IIEE de la Delegación Especial ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, levantó acta previa de disconformidad A02 nº ..., referida al periodo 2000 a 2004, por el concepto de Impuesto sobre Hidrocarburos, en donde se hace constar que como consecuencia de la Diligencia de 26 de abril de 2001, según la cual el Servicio de Intervención de los IIEE. se personó en el establecimiento con C.A.E. n°..., del que es titular ..., S.A., al objeto de notificar a la Unidad Regional que ejerce las funciones de intervención no permanente en el establecimiento, verificación de las instalaciones, control de los registros contables y verificación de los elementos de medida y en la que el actuario puso de manifiesto que "practicada visita a las instalaciones se comprueba que estas no coinciden ni en ubicación, ni en los elementos de almacenamiento con lo autorizado por la oficina gestora de IIEE de ..., sin que se hayan comunicado a la misma estas modificaciones", se iniciaron actuaciones inspectoras de las cuales se deduce: a) Que la concesión correspondiente a las instalaciones dadas de alta con el C.A.E. n° ... se extinguió con la firma del acta de reversión por extinción de la concesión con fecha 15 de diciembre de 1999, con demolición, desmontaje y traslado al vertedero de la caseta y tanques enterrados correspondientes a las citadas instalaciones, motivo por el que desde la citada fecha no era posible la realización de operación alguna de almacenamiento y suministro de gasóleo bonificado desde las mismas. b) Desde la fecha indicada hasta el 31 de mayo de 2002, figuran registrados en el libro de existencias del establecimiento de referencia 3.451.569 litros de gasóleo recibido con exención, producto que, conforme a lo señalado en el punto anterior, no pudo ser comercializado al amparo del C.A.E. ..., puesto que a partir de dicha fecha carecía de las instalaciones afectas al mismo, siendo objeto de regularización en expediente de inspección n° ... mediante el correspondiente acuerdo de liquidación que fue objeto de reclamación registrada al n° ... c) Desde el 1 de junio de 2002 hasta 9 de marzo de 2004, figuran imputados al establecimiento de referencia 2.750.848 litros de gasóleo recibido con exención, producto que, conforme a lo señalado en la letra a) anterior, no pudo ser comercializado al amparo del C.A.E. ..., puesto que a partir de dicha fecha carecía de las instalaciones afectas al mismo, incumplimiento que es el objeto de regularización en la presente reclamación. d) El hecho de que la reclamante sea la titular de nueva concesión administrativa con objeto de la construcción y explotación de una estación de suministro de combustible a embarcaciones pesqueras en el Puerto de ... (firmada acta de reconocimiento final de obras con fecha 24 de septiembre de 1999), instalaciones desde las que se considera que se efectúa la comercialización del producto recibido desde 15 de diciembre de 1999 (fecha del acta de reversión de las instalaciones anteriores), no es óbice para considerar que tratándose de unas instalaciones distintas, situadas en distintas ubicaciones y con tanques de almacenamiento distintos, la simple comunicación de los cambios producidos respecto a la declaración inicial (que, en el presente caso, no consta en la propia oficina gestora ni es probada por el titular) sea suficiente para entender autorizada la nueva instalación, ya que nos encontramos ante un cambio del establecimiento desde el que se ejerce la actividad y que, por tanto, requiere una nueva autorización y un nuevo código de actividad y de establecimiento (C.A.E.). e) Careciendo la nuevas instalaciones de autorización alguna al objeto de recibir, almacenar y distribuir el gasóleo recibido con exención que se detalla en la letra b), resulta que el gasóleo recibido con exención a partir de la fecha de reversión de las instalaciones adscritas al C.A.E. ... (15 de diciembre de 1999) lo fue en unas instalaciones no autorizadas para recibir y comercializar un producto recibido con exención, procediendo, por ello, la regularización del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos correspondiente al citado producto con aplicación del tipo previsto en el epígrafe 1.3 de la Tarifa la (gasóleo para uso general), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8. 7° de la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales. Atendiendo a lo expuesto, el actuario propuso la liquidación por importe de 772.774,14 € donde 742.345,07 € corresponden a la cuota diferencial y 30.429,07 €, a los intereses de demora, en relación con el gasóleo recibido y distribuido con exención desde el 1 de junio de 2002 hasta 9 de marzo de 2004, al carecer de autorización desde la fecha de reversión de las instalaciones afectas al C.A.E. ... A la vista del acta, el informe del actuario y las alegaciones del interesado el Inspector Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e IIEE, en 6 de julio de 2004 dictó el acto administrativo de liquidación tributaria confirmando la propuesta incorporada al acta.
SEGUNDO.- Contra el acuerdo anterior, el interesado interpuso reclamación económico-administrativa nº ..., ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., mediante escrito presentado el día 3 de septiembre de 2004. Puesto de manifiesto el expediente y en el trámite procesal concedido al efecto, el interesado formuló las alegaciones y proposición de pruebas que estimó convenientes en defensa de su derecho, solicitando la anulación del acto impugnado. El citado Tribunal, por acuerdo de 23 de febrero de 2006 estimó la reclamación interpuesta con anulación del acuerdo recurrido, al considerar que, en el caso analizado, nos encontramos con que la reclamante venía ejerciendo la actividad de suministro de gasóleo exento a las embarcaciones pesqueras en el Puerto de ... al amparo de una Concesión Administrativa, teniendo autorizada el ejercicio de la citada actividad en relación a los Impuestos Especiales de Fabricación (IE s/ Hidrocarburos) con el C.A.E. n° ..., actividad que continuó ejerciendo al amparo de la nueva Concesión Administrativa que le fue otorgada paralelamente y como consecuencia del Acuerdo de Reversión de la originaria, y en cumplimiento de cuyos Pliegos de Condiciones se obligaba a efectuar una remodelación de las instalaciones afectas a dicha actividad con remodelación y ampliación de la caseta donde estaban ubicados el punto de suministro, interruptores, bombas, contadores e instalaciones eléctricas, así como el desmantelamiento y retirada de los antiguos elementos de almacenamiento y accesorios, con instalación de nuevos depósitos en la localización indicada en la última Concesión Administrativa otorgada, circunstancias que impiden considerar que nos encontremos ante un cese definitivo de la actividad ejercida al amparo de la primera de las concesiones administrativas referidas y el inicio de una nueva actividad en relación con la segunda concesión, como sostiene la inspección, puesto que la actividad ejercida por la reclamante, antes de la reversión de la primera concesión y tras la segunda concesión, ha sido la de suministro de gasóleo exento a las embarcaciones pesqueras en el Puerto de ..., sin que el hecho de que la misma haya sido ejercida al amparo de concesiones distintas o el que se hayan efectuado modificaciones en la caseta y sustituido los elementos de almacenamiento, con colocación de los nuevos en otra ubicación con objeto de adecuarlas a las actuaciones relativas al desarrollo de las obras previstas en el Plan de Utilización del Puerto de ..., al afectar a los terrenos objeto de la primera concesión las obras relativas al Proyecto de Urbanización de la Zona de ..., donde se encuentran ubicadas, desvirtúen que durante todo el tiempo analizado (antes y después de la reversión con otorgamiento paralelo de la nueva concesión) y de forma continuada (utilizando, en principio, los elementos originariamente autorizados en relación con la primera concesión y, tras la reversión de esta, con los nuevos elementos instalados en cumplimiento de los Pliegos de Condiciones correspondientes a la nueva concesión concedida en paralelo) ha sido una sola la actividad ejercida por la reclamante (suministro de gasóleo exento a las embarcaciones pesqueras) desde un mismo establecimiento (sito en el Puerto de ..., previo otorgamiento de la o las correspondientes concesiones administrativas que procedieran). Por todo lo cual considera el Tribunal Regional que en el supuesto planteado no nos encontramos ante un cese definitivo de la actividad ejercida al amparo de la primera de las concesiones administrativas referidas y el inicio de una nueva actividad en relación con la segunda concesión, argumento en base al que la inspección sostiene la regularización practicada, por lo que considera que la liquidación practicada no se ajusta a Derecho, todo ello sin perjuicio de la imputación, en su caso, de la infracción tributaria que pudiera corresponder como consecuencia del incumplimiento de la obligación establecida en el apartado 7° del artículo 40 del RIE, de comunicar fehacientemente las modificaciones efectuadas a la oficina gestora de ... Dicho acuerdo fue debidamente notificado a la empresa interesada en 24 de marzo de 2006.
TERCERO.- Como consecuencia de las anteriores actuaciones de intervención, por acuerdo de 31 de mayo de 2005, de la Unidad Regional de Aduanas e II. EE., comunicado a la empresa interesada en esa misma fecha, se inició el procedimiento sancionador indicando que las incidencias descritas podrían calificarse como infracción tributaria grave, de conformidad con los artículos 77 y 79 de la Ley General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, al disponer que constituyen infracciones tributarias graves, entre otras las siguientes conductas: "Disfrutar u obtener indebidamente beneficios fiscales, exenciones desgravaciones o devoluciones.", proponiendo una sanción por importe de 371.172,53 €, resultado de aplicar el 50 % a la cuota correspondiente. Por otro lado se le informaba de que para facilitar la aplicación retroactiva de la norma sancionadora más favorable y de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria había dictado la Instrucción 9/2003, de 18 de diciembre por la que desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2004 los órganos de la Agencia Tributaria no dictarían actos de imposición de sanciones en los procedimientos sancionadores en materia tributaria, por lo que dicho expediente sancionador continuaría a partir del 1 de julio de 2004 y debería concluir antes del 31 de diciembre de 2004.
CUARTO.- Reiniciado el expediente sancionador y tras verificar el encaje de la presente infracción en el régimen contenido en la Ley 58/2003 y constatar que, en este caso, su aplicación no es más favorable al interesado, se proponía mantener la sanción que se había propuesto de acuerdo con el artículo 87.1 con un importe 371.172,53 €, resultado de aplicar el 50 % a la cuota correspondiente. Por acuerdo de 8 de octubre de 2004 del Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e IIEE de la Delegación Especial de ... se confirmó la sanción propuesta citada. Se recibió escrito de alegaciones de la empresa interesada en 7 de octubre de 2004, es decir fuera del plazo concedido en la puesta de manifiesto, por lo que dichas alegaciones no se tuvieron en cuenta en la resolución del expediente sancionador.
QUINTO.- No conforme con el acuerdo anterior, la empresa interesada presentó, en 15 de noviembre de 2004, reclamación económico-administrativa nº ... ante el Tribunal Económico-Administrativo de ... Puesto de manifiesto el expediente el interesado formuló en 25 de mayo de 2005, dentro del plazo concedido, las alegaciones y proposición de pruebas que estimó convenientes en defensa de su derecho, solicitando la anulación del acto impugnado. El citado Tribunal, por acuerdo de 23 de febrero de 2006 estimó la reclamación interpuesta con anulación del acuerdo recurrido, por haberse anulado la liquidación de la que procede, por acuerdo del mismo Tribunal en la resolución de la reclamación nº ..., citada en el Antecedente de Hecho Segundo.
SEXTO.- Recibida por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, la notificación de las citadas resoluciones estimatorias del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de 23 de febrero de 2006, recaído en sus expedientes números ... y ..., por el concepto Impuestos Especiales y Sanción, el Director del citado Departamento, al amparo de lo previsto en el artículo 241 de la Ley General Tributaria, interpuso recurso de alzada en 13 de mayo de 2005, ante este Tribunal Económico Administrativo Central, alegando que cada establecimiento es autorizado a funcionar en el régimen fiscal que le corresponde, previa acreditación de cumplir todas y cada una de las condiciones establecidas reglamentariamente para su autorización. Por esta razón no puede hacerse extensiva esta autorización a cualquier recinto de un mismo titular sin que previamente haya sido admitida y validada la solicitud por la Administración tributaria, habida cuenta que la inscripción de los aludidos almacenes fiscales, debe ser objeto de una autorización, referida exclusivamente a un titular y a un establecimiento dotado de las instalaciones declaradas en la solicitud. Las autorizaciones concedidas a los diferentes operadores para que determinados establecimientos puedan actuar como almacenes fiscales, según lo dispuesto en el artículo 1.2 del citado Reglamento de Impuestos Especiales, están obligados a cumplir todos y cada uno de los requisitos que en su momento fueron una condición "sine qua non" imprescindible para su autorización, como son, entre otros, el acotamiento físico de las instalaciones y sus condiciones de funcionamiento. Por lo que solicita que se anule la resolución impugnada y se ratifique el acuerdo del Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e IIEE de ... Así mismo, al estimarse procedente la regularización tributaria consecuencia de la liquidación recurrida por la empresa, debe entenderse que es igualmente pertinente la aplicación de la sanción objeto de la resolución del TEAR nº ...
SÉPTIMO.- Por otro lado, notificada la empresa interesada en 17 de junio de 2006 del recurso de alzada presentado por el Director del Departamento de Aduanas e II. EE, contra los acuerdos dictados por el Tribunal Regional de ... citados, a los efectos prevenidos en el artículo 61 del R.D. 520/2005 de 13 de mayo, ésta presentó con fecha de sello de Correos de 6 de julio de 2006 escrito de alegaciones en oposición al recurso de alzada en donde en resumen decía: que no existe ninguna alteración sustancial por el hecho de que el almacén fiscal funcionara al amparo de una concesión administrativa u otra, habiendo determinado el cambio el interés de otro organismo público, y habiendo sido desarrollada la actividad de forma ininterrumpida en el mismo lugar, y sin que los usuarios hayan percibido ningún cambio sustancial ni, por supuesto, en nada se haya alterado la actividad o la operativa fiscal, ni surgido ningún riesgo para la Hacienda pública. Consecuentemente, la Sociedad estima que no se ha contravenido la Autorización, ni se han rebasado los límites del almacén fiscal discutido. Por otro lado las obras realizadas lo han sido de remodelación, modernización y ligero desplazamiento de los tanques enterrados, impuestas por la Empresa Pública de Puertos de ..., especificadas, controladas y demostrables, dentro de la misma ubicación, y destinadas, tan sólo a la mejora estética y de seguridad del abastecimiento del Puerto. Por lo que respecta a la sanción considera que el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... estimando la reclamación de la interesada y ahora recurrido, avala que nos encontramos ante una diferencia de criterio razonable en cuanto a la aplicación de la norma lo que puede ser causa de exclusión de la culpabilidad en el ámbito de la potestad sancionadora de la Hacienda Pública de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 1987. Dan por reproducidas las alegaciones ya presentadas en el Tribunal de instancia, destacando, la del principio de confianza legítima que impide que la Administración cambie, con efectos retroactivos, un criterio que ha venido sostenidamente manteniendo, así como que no existe ninguna duda en cuanto al fin exento del gasóleo recibido y suministrado, y la alegación previa en el sentido de que la liquidación se ha practicado a un responsable del impuesto sin derivación de la acción administrativa del sujeto pasivo, que sería el suministrador del producto, así como las referidas a la sanción impuesta.
PRIMERO.- Concurren los requisitos respecto a competencia, legitimación y formulación en plazo, exigidos por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que son presupuesto para la admisión a trámite del presente recurso, en el que la cuestión que se plantea es si los acuerdos del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de 23 de febrero de 2006, recaídos en sus expedientes número ... y ... promovidos por ..., S.A., por los conceptos de Impuestos Especiales y Sanción resultan conformes a Derecho.
SEGUNDO.- En este sentido hay que tener en cuenta que el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio de 1995, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales en su artículo 1.º de conceptos y definiciones define Almacén fiscal en su apartado 2 como el establecimiento autorizado para recibir, almacenar y distribuir, con las condiciones que se establecen en este Reglamento, productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación, con el impuesto devengado en el ámbito territorial interno, si bien con aplicación de un tipo reducido o de un supuesto de exención. En un establecimiento autorizado como almacén fiscal también se podrá recibir, almacenar y distribuir productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación con el impuesto devengado con aplicación de un tipo impositivo general. Por su parte el artículo 13, en su redacción dada por el Real Decreto 1965/1999, de 23 de diciembre dice que los empresarios que deseen poner en funcionamiento un almacén fiscal, lo solicitarán de la oficina gestora correspondiente al lugar de instalación, adjuntando la documentación necesaria para su inscripción en el registro territorial. Acompañará al escrito una memoria de la actividad que piensa desarrollar y una estimación razonada del mercado que espera atender. Asimismo, será condición necesaria para la autorización del almacén fiscal el que el solicitante se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. La autorización de funcionamiento del almacén fiscal podrá revocarse en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley y en este reglamento en relación con la instalación y el funcionamiento del mismo, así como en los casos en que sus titulares dejen de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. La revocación de la autorización de funcionamiento implicará, en su caso, la regularización de las existencias de los productos almacenados. Así mismo, el artículo 40 sobre la inscripción en el registro territorial señala: "1. Los titulares de fábricas, depósitos fiscales y almacenes fiscales, los operadores registrados respecto de los correspondientes depósitos de recepción, aquellos detallistas, usuarios y consumidores finales que se determinan en este Reglamento y las empresas que realicen ventas a distancia, estarán obligados, en relación con los productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación, a inscribirse en el registro territorial de la oficina gestora en cuya demarcación se instale el correspondiente establecimiento. 2. Con carácter general las personas que resulten obligadas a inscribirse en el registro territorial presentarán ante la oficina gestora que corresponda, la siguiente documentación: a) Una solicitud de inscripción suscrita por el titular del establecimiento o por su representante. En dicha solicitud, que podrá estar sujeta a modelo aprobado por el centro gestor, deberá hacerse constar como mínimo: 1.º El nombre y apellidos o razón social, domicilio fiscal y número de identificación fiscal del solicitante, así como, en su caso, del representante, que deberá acompañar la documentación que acredite su representación. 2.º La clase de establecimiento y el lugar en que se encuentre situado, con expresión de su dirección y localidad, o, en su caso, que se trata de un representante fiscal. 3.º Breve memoria descriptiva de la actividad que se pretende desarrollar en relación con la inscripción que se solicita. b) Plano a escala del recinto del establecimiento con indicación de los elementos de almacenamiento existentes así como, en su caso, de los elementos y aparatos de fabricación. La oficina gestora podrá autorizar que una zona delimitada del local en que se encuentre instalada una fábrica se considere fuera de la misma a los únicos efectos del almacenamiento y ulterior reexpedición de productos por los que se devengó el impuesto con ocasión de su salida de aquélla y que posteriormente fueron devueltos a su titular. ... 5. Recibida la documentación, la oficina gestora podrá remitirla a la Inspección para que realice las comprobaciones que pueda considerar oportunas, con el fin de verificar que las instalaciones y aparatos corresponden a los declarados y reúnen las condiciones exigidas por el presente Reglamento. Si no solicita dicho informe la oficina gestora procederá a la inscripción con arreglo a la documentación aportada. ... 7. Cualquier modificación ulterior en los datos consignados en la declaración inicial o que figuren en la documentación aportada deberá ser comunicada a la oficina gestora y, si se trata de un depósito fiscal, al centro gestor".
TERCERO.- De la normativa anterior se desprende que un almacén fiscal debe estar expresamente autorizado y que los términos de la autorización se refieren al plano a escala del recinto del establecimiento con indicación de los elementos de almacenamiento existentes así como, en su caso, de los elementos y aparatos de fabricación, que fue necesario aportar al hacer la solicitud y que es de lo que tiene conocimiento la oficina gestora. Cualquier modificación ulterior en los datos consignados en la declaración inicial o que figuren en la documentación aportada deberá ser comunicada a la oficina gestora, la cual lógicamente actuará en consecuencia. Lo que resulta claro es que para mantener la condición de almacén fiscal al amparo de una autorización concedida, no pueden hacerse modificaciones sin conocimiento de la oficina gestora, ya que de acuerdo con la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 14 de abril de 2003, el cumplimiento de los requisitos que, con carácter reglamentario se establecen en el Reglamento de los Impuestos Especiales, no constituyen meras obligaciones formales y caprichosas, sino condiciones ineludibles de aplicación. En el caso que nos ocupa, se han producido modificaciones, no sólo de remodelación de la caseta, sino de ubicación de los depósitos de almacenamiento consecuencia de un cambio de la concesión portuaria, es decir se ha cambiado de lugar el almacén, sin que la empresa haya podido justificar que haya realizado la reglamentaria notificación a la oficina gestora, por lo que puede considerarse revocada la autorización inicial y procedente la liquidación practicada según el acuerdo del Inspector Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e IIEE, de 6 de julio de 2004.
CUARTO.- Respecto al resto de alegaciones que el interesado da por reproducidas, en nada alteran el razonamiento expresado ya que en los casos que cita como similares al presente, según indica el propio interesado, le dieron conocimiento al órgano gestor de las obras realizadas, lo que permitió a éste tomar la decisión que consideró oportuna, situación muy distinta con el caso que nos ocupa en que se ha incumplido la obligación de informar al órgano gestor de las modificaciones realizadas en las instalaciones, por lo que no puede decirse que la Administración haya cambiado un criterio sostenidamente mantenido. Por lo que respecta al pago de la deuda tributaria el artículo 8.7 de la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales es clara cuando dice "Estarán obligados al pago de la deuda tributaria los que posean, utilicen, comercialicen o transporten productos objeto de los impuestos especiales de fabricación, fuera de los casos previstos en el artículo 16 de esta Ley, cuando no acrediten que tales impuestos han sido pagados en España.". respecto al uso que se le ha dado al gasóleo, no es el tema del debate.
QUINTO.- Declarada la procedencia de la liquidación, resulta igualmente aplicable la imposición de la sanción consecuencia del acuerdo de 8 de octubre de 2004 del Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e IIEE de la Delegación Especial de ... que fue anulada por la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de 23 de febrero de 2006, recaído en sus expedientes número ..., recurrido, por haberse anulado la liquidación practicada por los servicios de inspección tributaria. Por lo que respecta a la alegación del interesado en lo que se refiere a que nos encontramos ante una diferencia de criterio razonable en cuanto a la aplicación de la norma, no se trata de una diferencia de criterio sino a la aplicación de una sanción ante un hecho tipificado.
EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, como resolución del recurso de alzada interpuesto por DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, contra los fallos del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de 23 de febrero de 2006, recaídos en sus expedientes número ... y ... promovidos por ..., S.A., por los conceptos de Impuestos Especiales y Sanción, ACUERDA: Estimar el recurso interpuesto, anulando los acuerdos impugnados y confirmando la liquidación y sanción acordadas por la Dependencia Regional de Aduanas e IIEE de la Delegación Especial de ... en 6 de julio y 8 de octubre de 2004, respectivamente.
Resolución de TEAC, 00/2852/2005, 23-11-2005
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 23/11/2005 Núm. Resolución: 00/2852/2005

References: Resolución 
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 artículo 8
 artículo 40
 artículo 87
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 resolución 
 artículo 241
 artículo 1
 resolución 
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 artículo 61
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 13
 Real Decreto 
 artículo 40
 artículo 8
 artículo 16
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