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Timestamp: 2020-01-24 21:45:24+00:00

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1. En base a lo establecido en el art. 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Ley 19/2013 es de aplicación a:
La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas en exclusiva.
La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local, con excepción de las Diputaciones.
La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y los Cabildos Insulares.
2. En base a lo establecido en el art. 3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Ley 19/2013 determina que es sujeto obligado:
Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 30 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 20 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 10 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
3. En base a lo establecido en el art. 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Ley 19/2013 todo contrato:
Con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse semestralmente.
Con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse anualmente.
Con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente.
Con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse mensualmente.
4. El art. 11 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece que la información que debe aparecer en el Portal de Transparencia:
Será conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 enero, así como a las normas técnicas de interoperabilidad.
Será conforme al Esquema Nacional de Seguridad Informática, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 enero, así como a las normas técnicas de interoperabilidad.
Será conforme al Esquema Nacional de Ciberseguridad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 enero, así como a las normas técnicas de interoperabilidad.
Será conforme al Esquema Nacional de Red de Comunicaciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 enero, así como a las normas técnicas de interoperabilidad.
5. El art. 13 de la Ley 19/2013 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno define como información pública:
Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de las respectivas Jefaturas de Servicio de la Administración General del Estado.
Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder del Ministerio de Administración Pública.
Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de la Administración General del Estado.
Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de las Administraciones y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
8. El art. 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la información:
Deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
Deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de quince días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
Deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
Deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de diez días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
9. El art. 22 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, determina que el acceso a la información:
Preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a siete días.
Preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a quince días.
Preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días.
Preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a treinta días.
10. El art. 22 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, determina que el acceso a la información indica que el acceso a la información será gratuito:
No obstante, la expedición de copias compulsadas podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable.
No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable.
No obstante, la expedición de copias fieles del original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable.
No obstante, la expedición certificados de autenticidad podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable.
13. El nombramiento del Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno requiere que:
El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes desde la recepción de la correspondiente comunicación.
El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de dos meses desde la recepción de la correspondiente comunicación.
El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de quince días desde la recepción de la correspondiente comunicación.
El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de diez desde la recepción de la correspondiente comunicación.
16. En virtud de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno dispone que:
El plazo de prescripción de las infracciones será de seis años para las infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves.
El plazo de prescripción de las infracciones será de cinco años para las infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves.
El plazo de prescripción de las infracciones será de tres años para las infracciones muy graves, dos años para las graves y un año para las leves.
17. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estará compuesto por los siguientes órganos:
La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el Presidente del Consejo Consultivo.
La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que lo será también de su Comisión.
La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el Presidente del Tribunal de Cuentas.
La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el Presidente del Tribunal Constitucional.
18. La condición de miembro de la Comisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:
Exigirá dedicación exclusiva y dará derecho a remuneración.
No exigirá dedicación exclusiva y dará derecho a remuneración con excepción de lo previsto en el artículo siguiente.
Exigirá dedicación exclusiva y no dará derecho a remuneración con excepción de lo previsto en el artículo siguiente.
No exigirá dedicación exclusiva ni dará derecho a remuneración.
19. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:
Será nombrado por un período no renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.
Será nombrado por un período no renovable de cuatro años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.
Será nombrado por un período no renovable de seis años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.
Será nombrado por un período no renovable de tres años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.
20. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cesará en su cargo:
Por la expiración de su mandato, a petición propia o por separación acordada por el Tribunal Constitucional, previa instrucción del correspondiente procedimiento por el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por.
Por la expiración de su mandato, a petición propia o por separación acordada por el Gobierno, previa instrucción del correspondiente procedimiento por el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso.
Por la expiración de su mandato, a petición propia o por separación acordada por el Tribunal Supremo, previa instrucción del correspondiente procedimiento por el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso.
Por la expiración de su mandato, a petición propia o por separación acordada por el Consejo de Estado, previa instrucción del correspondiente procedimiento por el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso.
Concepto y principios informadores: colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: funciones.
Vídeo 1: los principios que los regulan y la ley aplicable al mismo.
Vídeo 2: transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Vídeo 3: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 32