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Timestamp: 2020-01-18 22:48:15+00:00

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Piden prisión preventiva oficiosa para feminicidas | Derecho penal | Mandato
La organización Justicia Pro Persona A.C. refiere que de no incluirse el feminicidio en la iniciativa de reforma al segundo párrafo del Artículo 19 de la Constitución, para considerarlo un delito que procede con prisión preventiva oficiosa, representaría para las mujeres una violación al derecho humano de la igualdad y a una vida libre de violencia.
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estudio dogmático del tipo de feminicidio
Tarea de Penal Feminicidio
T 2 MetodologíaInvestigación
CASO.-DELITO-FEMINICIDIO.doc
notaInformativa23
A#2_JEPO DERECHO EN PARTICIPACION.docx
Declaración textual íntegra de Abraham Torres
Acerca de Una Técnica Inadecuada Para El Análisis e Interpretación Del Delito de Feminicidio
EL FEMINICIDIO EN EL DEBATE DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA
La iniciativa de reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM), en la que se propone la ampliación del listado de delitos en los que
procede, oficiosamente, la medida cautelar de prisión preventiva, ha llevado a un debate jurídico y
social sobre la naturaleza, pertinencia y efectos de esta figura.
La prisión preventiva es una medida cautelar excepcional al derecho a la libertad que, de acuerdo
con el artículo 18 constitucional, debe aplicarse solo por delitos que merezcan pena privativa de
libertad. Sin embargo, mediante la reforma constitucional al sistema de justicia penal en 2008,
establece su aplicación oficiosa en un catálogo de delitos en los que el Constituyente Permanente
consideró no dejar a criterio del Ministerio Público en qué casos solicitarla, ni al arbitrio judicial la
valoración de su necesidad, a partir de la discrecionalidad de dicha solicitud1.
Los delitos en los que se dispuso ordenar la prisión preventiva oficiosa, son: delincuencia organizada;
homicidio doloso; violación; secuestro; trata de personas; delitos cometidos con medios violentos
como armas y explosivos; delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación,
el libre desarrollo de la personalidad y de la salud2.
Cabe resaltar que la decisión legislativa de estipular la prisión preventiva oficiosa en el 2008 atendió
al cambio del sistema de justicia mixto a uno de corte acusatorio, debido -entre otras razones- a una
situación de inoperancia, e ineficacia del sistema de justicia que ha llevado a un nivel de impunidad
sistemática, que ha tenido efectos mayores en un contexto de violencia generalizada en los últimos
años, donde existe un recrudecimiento en las formas y modos violentos de comisión de los delitos
y, en consecuencia, en los riesgos para las víctimas, testigos y comunidad. Es decir, esta reforma
constitucional en materia de justicia penal que incorpora el sistema acusatorio, respondió a una
situación de crisis del sistema de justicia en México.
Dicha reforma prevé mecanismos de control extraordinarios para que, en la transición a un sistema
democrático, se asegure la protección a las víctimas, testigos o a la propia comunidad; por lo que
incorpora, entre otras, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en delitos que –hasta el
momento- claramente atentan contra bienes jurídicos y derechos humanos como la vida e
integridad, los cuales tienen un mayor peso (o valor constitucional) que aquél que podría verse
afectado con la prisión preventiva, que es la libertad.
Lo anterior, de ninguna manera significa soslayar la libertad como un derecho fundamental que
puede ser limitado, solo en los casos en los que exista una causa estrictamente legal, legítima y
proporcional a lo que se pretende proteger. En este sentido, en un contexto de violencia e
impunidad generalizada como el que actualmente se vive en el país, la prisión preventiva oficiosa
1 Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 157.
2 Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 19.
para algunos delitos, sometida a un ejercicio de ponderación, es legal, legítima y cumple con el
En cuanto a su legalidad, es preciso señalar que aunque es una figura que debe desaparecer, en el
ideal que pretendemos como democracia, donde aún con un contexto de violencia se pueda confiar
en las capacidades de los operadores de justicia, es preciso señalar que el actual debate no es sobre
la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, sino que gira en torno a la inclusión de nuevos tipos
penales y la justificación para ello.
De acuerdo con el dictamen aprobado en Comisiones de la Cámara de Diputados, se propone
ampliar esta figura a otras conductas, algunas de ellas que no tienen como titular de los bienes
jurídicos a las personas, sino que afectan directamente el patrimonio del Estado y la democracia,
por lo que el debate se reduce a los motivos por los cuales se quiere y puede ampliar el catálogo de
delitos. En este sentido, si la propuesta no es derogar la figura de la oficiosidad de la prisión
preventiva en el texto constitucional, el debate es qué tipo de conductas están consideradas en el
mismo, y cuáles de las propuestas, merecen el mismo criterio.
Sobre este punto, a nuestra consideración, existe un falso debate sobre la “gravedad” de los delitos,
pues la mayoría de tipos penales que se encuentran descritos en la norma constitucional, no
atienden necesariamente al concepto de gravedad, sino a conductas en las que su naturaleza implica
un riesgo para las víctimas, testigos y la propia comunidad. Es decir, el análisis y debate específico
se encuentra en si es legítima la ampliación del catálogo de tipos penales, por un lado como
estrategia para atender una política criminal que busca combatir la corrupción y la protección de los
bienes del estado, o cumplir con los tres objetivos constitucionales de la prisión preventiva:
garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación y la
protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad.
Desde una perspectiva de derechos humanos, llevando a cabo un ejercicio de ponderación, los
bienes jurídicos atribuibles a las personas físicas, titulares de los derechos humanos, guardan mayor
relevancia que los atribuibles al Estado. Por ende, frente a los delitos que quedaron avalados en el
dictamen, la inclusión del feminicidio en el listado constitucional para la prisión preventiva oficiosa
cuenta con mayor legitimidad, razonabilidad y es acorde con la doctrina de protección de los
Un punto relevante a considerar en este debate es que entre los tipos penales que se contemplan
para la prisión preventiva oficiosa figura el homicidio doloso, cuyo bien jurídico tutelado es la vida.
En este sentido, debe considerarse que la exclusión del tipo penal de feminicidio –que también
tutela la vida y otros bienes jurídicos- dentro de la lista actual que contempla la norma constitucional
responde a que éste fue tipificado a partir de 2011, posterior a la reforma de 2008; sin embargo, su
exclusión constituye un acto de discriminación directa, ya que otorga un tratamiento diferenciado
e injustificado desde la propia norma constitucional, que no responde a criterios de razonabilidad,
objetividad, ni proporcionalidad, y que afecta directamente a las niñas y mujeres en un contexto
donde serlo implica ya un riesgo.
Según la experiencia de las organizaciones que acompañamos a familiares de víctimas de
feminicidio, constantemente nos enfrentamos a las deficiencias argumentativas del Ministerio
Público para justificar la necesidad y procedencia de esta medida cautelar, y en los pocos casos en
los que los Ministerios Públicos desarrollan una argumentación sólida, se evidencia la falta de
capacidades de los jueces, quienes en muchos casos argumentan que ante la ausencia del tipo penal
de feminicidio en el catálogo de delitos previstos para la aplicación oficiosa de esa medida cautelar,
en atención al principio de estricta legalidad en materia penal, se ven impedidos a otorgarla debido
a que en los juicios del orden criminal tienen prohibido aplicar la analogía frente al homicidio doloso
y mayoría de razón frente a otros delitos menos lesivos que el feminicidio3.
Las incapacidades y deficiencias actuales de los operadores del sistema de justicia no es algo menor,
merecemos contar con autoridades judiciales con las capacidades necesarias frente a la grave crisis
humanitaria que ha ocasionado la violencia generalizada en nuestro país, que verdaderamente
garanticen los derechos de todas las partes de un proceso penal; sin embargo, mientras eso se exige
y sucede -regresando a nuestro debate-, existen personas, la mayoría de ellas mujeres, que a pesar
de haber sufrido la pérdida de una hija, madre o hermana en manos de agresores formados por una
sociedad machista, son amenazadas y algunas de ellas también asesinadas por los mismos agresores
o sus redes de apoyo –considerando también el contexto criminal en el que nos encontramos-,
quienes son empoderados y protegidos por las deficiencias de un sistema de justicia penal que
arrastra prácticas de aquél donde la víctima ni siquiera era parte del proceso, es decir, no existía
para efectos de garantía.
Se han escuchado diversas posturas desde la academia en el sentido de que la figura de la prisión
preventiva oficiosa no reducirá la violencia ni la impunidad, lo cual es cierto. No obstante, lo anterior
representa un falso debate, ya que desde esa premisa se le impone a la prisión preventiva una
función a la cual no responde, dada su naturaleza de medida cautelar que, como ya se ha dicho,
constitucionalmente tiene por objetivo: garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el
desarrollo de la investigación y la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad.
Por otro lado, también es impreciso que atente contra el principio de presunción de inocencia pues
éste se garantiza con el proceso penal y el acceso a un juicio justo. Si bien la necesidad de la medida
cautelar debe justificarse casuísticamente con el análisis de los tres objetivos anteriores, e
independientemente de los argumentos vertidos sobre el riesgo generalizado en un contexto de
violencia e incapacidades institucionales, para que un juez resuelva otorgar una medida cautelar,
aun siendo oficiosa, es estrictamente necesario que el Ministerio Público aporte datos de prueba
suficientes para imputar un delito, para vincularlo a proceso y para sustentar la medida cautelar. En
ese sentido, exige un determinado estándar probatorio que la justifique, pues aún en los delitos
3 Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.
previstos en la Constitución que ameritan prisión preventiva oficiosa, si el agente del Ministerio
Público no aporta los suficientes datos de prueba que acrediten que se ha cometido un hecho que
la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en
su comisión4, el Juez resolverá no vincularlo a proceso y, en consecuencia, no daría lugar siquiera a
la discusión de la medida cautelar.
Otra afirmación en el debate sobre esta figura es que había personas inocentes que pasaban mucho
tiempo en la cárcel como consecuencia de los abusos de un sistema de justicia, lo que es totalmente
cierto; sin embargo, esa afirmación no ha sido sustentada con datos actuales a partir del estudio de
la implementación del sistema de justicia acusatorio, pues al menos formalmente, el contrapeso
también constitucional que se estableció para esos excesos, que se traducían también en otras
violaciones a los derechos humanos, es el que “la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo
que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior
a dos años”.
Si bien se coincide desde el análisis teórico con la academia y las organizaciones de derechos
humanos que se pronuncian en contra de este mecanismo extraordinario y de su ampliación a otros
tipos penales, también es una realidad que en la actualidad no están dadas las condiciones en el
sistema de justicia penal que aseguren a las víctimas, testigos y comunidad, la protección de sus
derechos humanos y el desarrollo del procedimiento penal en condiciones de igualdad,
especialmente en los casos de feminicidio y violencia contra las mujeres, en los que las deficiencias
de los operadores de justicia han permitido que los feminicidas se sustraigan de la acción de la
justicia, poniendo en riesgo la vida de otras mujeres. Y como ejemplos, solo algunos de los casos
más conocidos: Marisela Escobedo Ortiz5, madre de Rubí Marisol Frayle; Irinea Buendía Cortéz6,
madre de Mariana Lima Buendía; Lorena Gutiérrez7, madre de Fátima Quintana Gutiérrez.
En conclusión, de no incluirse el feminicidio en el proyecto de reforma al artículo 19 constitucional,
frente a la regulación actual que contempla el homicidio doloso, representaría para las mujeres y
niñas víctimas de feminicidio, una violación al derecho humano a la igualdad y a una vida libre de
violencia, fomentando prácticas discriminatorias y reforzando los obstáculos para el acceso a la
justicia, avaladas por la norma constitucional.
Por todo lo anterior, es necesario un debate profundo sobre la necesidad, pertinencia y legitimidad
de la prisión preventiva oficiosa para ciertas conductas, que coloque también los derechos de las
4 Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 16 y 19.
5 Asesinada el 16 de diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua Por exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí Marisol
Frayle, mientras el resto de su familia se encontraba en desplazamiento forzado en Estados Unidos, ante la determinación judicial de dejar libre al asesino
6 Irinea aún se encuentra en situación de desplazamiento forzado y sus hijos en riesgo, ante las amenazas de muerte por parte de las redes de apoyo del
feminicida, a pesar de que el caso de su hija obtuvo una sentencia histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
7 Lorena y su familia se encuentran en situación de desplazamiento forzado debido a las amenazas de muerte atribuidas por un grupo criminal.
víctimas que están en riesgo, ante las deficiencias estructurales del sistema de justicia, que requiere
de la profesionalización de las y los operadores de justicia, para estar a la altura de las necesidades
apremiantes que exige el grave contexto de violencia feminicida que se ha generalizado en nuestro
JUSTICIA PRO PERSONA, A.C.8
8 Es una organización de la sociedad civil, feminista, que busca impulsar la igualdad y la justicia social para víctimas de violaciones graves a los derechos
humanos, con el propósito de transformar las causas y prácticas estructurales que las generan, a través del diseño e implementación de estrategias de
incidencia, litigio, acompañamiento psicosocial, investigación y difusión, desde un enfoque diferencial con perspectiva de género. Forma parte del
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, red conformada por 43 organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos y familiares
de víctimas de violencia feminicida, con presencia en 23 estados del país.
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