Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/7037C2CB82D7FC8F032582E4003F31B1
Timestamp: 2019-05-22 21:44:13+00:00

Document:
Decreto 0732/2018. Boletín Oficial n° 33.929, jueves 9 de agosto de 2018, pp. 9-10.
Citas Legales : Constitución nacional - artículo 075 inciso 22), Constitución nacional - artículo 099 inciso 01), Ley 23.054, Ley 23.313, Ley 23.313 - artículo 26, Ley 24.156, Ley 24.156 - artículo 008 inciso a), Ley 24.156 - artículo 008 inciso b), Ley 24.156 - artículo 008 inciso c), Ley 24.185, Ley 24.185 - artículo 08, Ley 25.164, Ley 25.164 - anexo - artículo 04
Ciudad de Buenos Aires, 8 de Agosto de 2018
VISTO el Expediente N° EX-2018-29721503-APN-DGDYD#JGM, y
Que resulta un férreo compromiso del Gobierno Nacional profundizar la recuperación de la calidad institucional, la integridad y la transparencia en todas las políticas públicas.
Que la existencia de normas que asignan prioridad para acceder a un cargo público a los causahabientes de un agente o funcionario público fallecido en actividad y perteneciente a su planta permanente, consagran privilegios que contravienen la garantía de igualdad.
Que el artículo 16 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.
Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la Ley N° 23.054, y expresamente receptada en el artículo 75, inciso 22, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, en su artículo 1.1, compromete a los Estados Parte a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza; color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado en nuestro país por la Ley N° 23.313, y también integrado en el artículo 75, inciso 22, de nuestro texto fundamental, proclama, en su artículo 26, que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley, a la par que prohíbe toda discriminación y garantiza a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Que la Ley Marco de Regulación del Empleo Público N° 25.164, como derivación razonada de las mandas previstas en la CONSTITUCIÓN NACIONAL y en los Tratados internacionales de Derechos Humanos incorporados como parte integrante de la misma prescribe en el artículo 4° de su Anexo que “El ingreso a la Administración Pública Nacional estará sujeto a la previa acreditación de las siguientes condiciones:” “…b) Condiciones de conducta e idoneidad para el cargo, que se acreditará mediante los regímenes de selección que se establezcan, asegurando el principio de igualdad en el acceso a la función pública…”
Que la Ley de Convenios Colectivos para Trabajadores del Estado N° 24.185, en su artículo 8° excluye expresamente de las materias que pueden ser objeto de negociación colectiva al principio de idoneidad como base del ingreso y de la promoción en la carrera administrativa, por lo que como tal resulta indisponible para el propio Estado empleador.
Que tanto nuestra CONSTITUCIÓN NACIONAL como los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y las leyes referidas integran el bloque de juridicidad y representan los pilares de todo el ordenamiento jurídico, al cual el ESTADO NACIONAL debe sujetarse, respetando los derechos y libertades allí reconocidos y disponiendo todas las medidas conducentes para su efectiva concreción y plena operatividad.
Que los Tratados de Derechos Humanos son instrumentos vivos que deben interpretarse en forma evolutiva de acuerdo a la variación de los tiempos y las condiciones de vida actuales.
Que el ESTADO NACIONAL debe velar por preservar la integridad y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, cumpliendo con el ordenamiento jurídico nacional y supranacional.
Que, en consecuencia, resulta oportuno ratificar los principios bajo los cuales las personas deben ser seleccionadas para acceder al cargo público sobre la base de su idoneidad para ejercerlo, acreditada a través de un proceso que no conceda privilegios o preferencias discriminatorias y reñidas con el derecho de igualdad.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 1º.- Instrúyese a las Autoridades Superiores de los órganos y entes que integran el Sector Público Nacional, enumerados en el artículo 8°, incisos a), b) y c), de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, para que se abstengan de dictar actos administrativos o adoptar decisiones en el ámbito de sus respectivas competencias, que establezcan privilegios o preferencias para el acceso a los cargos públicos y empleos, fundadas en vínculos de parentesco. Asimismo, deberán abstenerse de incurrir en prácticas, políticas o procedimientos que permitan, faciliten, promuevan o fomenten tales privilegios o preferencias para el acceso a dichos cargos y empleos.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyese a las Autoridades Superiores de los órganos y entes comprendidos en el artículo 1° del presente para que procedan a revisar toda la normativa de sus respectivos órganos y jurisdicciones a efectos de disponer, en los casos que resulte de su exclusiva competencia, la inmediata derogación de las normas internas que establezcan privilegios o preferencias para el acceso a los cargos públicos y empleos, fundadas en vínculos de parentesco, y que permitan, faciliten, promuevan o fomenten tales privilegios o preferencias para el acceso a dichos cargos y empleos.
Si el rango de la normativa a que se refiere el párrafo precedente excediera las facultades propias de las autoridades respectivas, las mismas procederán a realizar los actos y diligencias a su alcance que permitan en lo sucesivo adecuar tales regímenes a lo dispuesto por el presente decreto.
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Citas legales: Ley 23.054

References: artículo 075
 artículo 099
 artículo 26
 artículo 008
 artículo 008
 artículo 008
 artículo 08
 artículo 04
 artículo 16
 artículo 75
 artículo 1
 artículo 75
 artículo 26
 artículo 4
 artículo 8

ARTÍCULO 1
 artículo 8

ARTÍCULO 2
 artículo 1

ARTÍCULO 3