Source: http://www.libertadidioma.com/2013/20130124.htm
Timestamp: 2019-02-20 03:10:07+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Jueves 24 Enero 2013
Francisco Rubiale Periodista Digital 24 Enero 2013
Emilio J. González Libertad Digital 24 Enero 2013
Manuel I. Cabezas González www.vozbcn.com 24 Enero 2013
Rajoy en silencio, CiU unida y PSC roto
Pablo Sebastián www.republica.com 24 Enero 2013
Como suele ser habitual en él, el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, permanece escondido y no dice nada a propósito de la declaración de soberanía (inconstitucional) del parlamento de Cataluña, promovida por CiU, con los votos de los seguidores de Mas y los del farsante de Duran i Lleida. Y apoyada por ERC y por ICV que van de comparsas de la derecha burguesa catalana, insolidaria y promotora de sus políticas en contra de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Y todo ello adornado con la ausencia, o “desobediencia”, de cinco diputados del PSC, lo que deja al PSOE en la peor situación.
Ayer fue un día malo para Cataluña, calificado de “Histórico” por la ceguera de Artur Mas y un día malo para España porque con esa declaración se inicia un proceso hacia la independencia de Cataluña de imposible cumplimiento. El que ha estallado, en las manos de Rajoy, entre otras cosas, por la “quietud” o incapacidad política del presidente del Gobierno de España que no ha sabido ni querido hacer las oportunas advertencias legales y económicas, más allá de comentarios generales como eso del “camino hacia ninguna parte”, sin mostrar la firmeza y contundencia necesaria, y mucho menos la autoridad que le corresponde.
Un día malo para España que debería tener consecuencias claras e inmediatas frente al gobierno desleal y rebelde de Artur Mas, al que está financiando el Estado español, y los españoles de a pié, para que, con esos fondos y dinero público y privado de España, Mas se lance hacia el referéndum ilegal de autodeterminación. Y lo hará en la compañía de ese gran farsante y claro responsable de la corrupción de Unió, Duran i Lleida quien ayer votó, con sus 13 diputados catalanes, a favor de la soberanía e independencia de Cataluña, y por supuesto a favor del referéndum ilegal que desean llevar a cabo en esta legislatura. Un Duran i Lleida que ha tomado el pelo a Rajoy -que le indultó a dos de su políticos condenados por corrupción- y que debería ser expulsado de la presidencia de la Comisión de Exteriores del Congreso de los diputados por esta deslealtad a España y por corrupción. Ayer los grandes diarios de Madrid apostaban por la ruptura de Mas y Duran en CiU y se han equivocado como se ha equivocado el gobierno de Rajoy con este personaje y con Unió.
En el Gobierno y en el PP están más dedicados a lavar y a tapar sus heridas de la corrupción del caso Bárcenas y de su aledaños en la cúpula del PP -lo que ahora todos desmienten después de haber dicho, como Cospedal, que “cada palo aguante su vela”-, que a defender la unidad y la dignidad nacional. Y en el PSOE siguen dando palos de ciego, ayer se tragaron la fuga de cinco de los veinte diputados del PSC, los que no querían votar en contra de la soberanía catalana, y además arrastran el apoyo del PSC al referéndum ilegal con el demencial argumento de que ha de ser legal y para votar que no a la independencia, lo que es el colmo de la desvergüenza política y de la idiotez. Lo que debería de obligar a Rubalcaba a presentar las siglas del PSOE en Cataluña (y puede que en el País Vasco también), porque al día de hoy el PSOE ya no es un partido “nacional”, a la vista de lo ocurrido en el PSC.
Y con estos mimbres, Rajoy escondido y Rubalcaba ninguneado, se pretende hacer en España un cesto de cohesión y de estabilidad nacional. Algo difícil de imaginar, máxime con esta clase política sin fuerza ni liderazgo, lo que hace difícil que España pueda salir de la crisis en la que vive que no solo es económica y social, sino además política, moral e institucional.
Golpe institucionalizado
EDITORIAL Libertad Digital 24 Enero 2013
El pleno del Parlamento catalán ha aprobado, con 85 votos de CiU, ERC, ICV y uno de la CUP, una declaración de soberanía que proclama a Cataluña "sujeto político y jurídico" y acuerda iniciar un proceso que haga efectiva su autodeterminación mediante una no menos ilegal consulta secesionista.
Ni que decir tiene que una declaración así supone todo un golpe institucionalizado contra la soberanía nacional, que reside en el pueblo español y que está en la base de nuestra Constitución y de todo nuestro ordenamiento jurídico. Lo mismo cabe decir de la consulta secesionista que aquélla viene a impulsar.
Sin embargo, lo más urgente en estos momentos es denunciar la pasividad del Gobierno Rajoy, sin la cual no se explica que un Parlamento y un Gobierno regionales se hayan decidido a situarse al margen de la legalidad, con la convicción, además, de que pueden hacerlo con total impunidad.
Si Artur Mas ha llegado a la convicción de que no se sentará en el banquillo por los delitos (de usurpación de atribuciones, desobediencia o prevaricación) que entraña la celebración de una consulta secesionista como la contemplada en la declaración soberanista es porque a ello le han conducido la pasividad y el silencio de la Fiscalía General del Estado, dependiente del Gobierno, y las propias declaraciones Rajoy y sus ministros.
Si Artur Mas ha llegado a la convicción de que su desafío contra la soberanía nacional y el Estado de Derecho no va a ser impedimento para que el Gobierno del PP le siga auxiliando financieramente, a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), no es porque se haya vuelto loco, sino porque a ello le han conducido las palabras y, sobre todo, la manera de proceder del presidente del Gobierno de la Nación.
Desde el mismo momento en que Artur Mas exigió a Rajoy la concesión de un inconstitucional concierto económico so pena de celebrar una consulta por la secesión, el presidente del Gobierno debió dejar en suspenso toda ayuda financiera a la Generalidad, hasta que sus reclamaciones fuesen compatibles con la Constitución. Asimismo, debió pedir a la Fiscalía General del Estado que advirtiese de las consecuencias penales concretas a las que se enfrentarían las autoridades que celebrasen ese tipo de consulta sin autorización de las Cortes Generales.
Rajoy, sin embargo, prefirió ocultar el chantaje para "evitar polémicas" y dedicó –como también va a hacer este año– la mayor parte del FLA a ese Gobierno regional en rebeldía. Esta insensata e irresponsable actitud, lógicamente, ni ha aplacado los impulsos secesionistas ni, dicho sea de paso, ha impedido que Mas incurra en un nuevo incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
El Gobierno, como buena parte de la prensa afín al PP, decidió confiar ingenuamente en que el revés electoral de CiU en las autonómicas llevaría a Mas a olvidarse de su desafío soberanista. Al constatar que no, que el resultado de las elecciones le reafirmaba en la apuesta soberanista, el PP de Rajoy y Sánchez-Camacho confió, con no menor ingenuidad, en que la supuestamente moderada UDC de Duran Lleida –salvada en el caso Pallerols por una bochornosa sentencia de conformidad aprobada por la Fiscalía– convencería a sus socios de no seguir en la senda secesionista.
No menos denunciable es la persistente pasividad del PP a la hora de combatir a los nacionalistas en el decisivo terreno de las ideas y de la comunicación política. De hecho, el PP ha llegado a hacer suya la falacia nacionalista de que el déficit de la Generalidad se debe no al despilfarro al que abocan las duplicidades y los delirios identitarios del Gobierno de CiU, sino al hecho de que no disfruta de soberanía fiscal.
Ya aprobada la gravísima declaración de soberanía, con el apoyo de la supuestamente moderada formación que lidera Duran Lleida, no podemos valorar la reacción del Gobierno de Rajoy. Pues no se ha producido todavía.
En cualquier caso, es evidente que los nacionalistas pincharon y notaron blando. ¿Ha de extrañar que sigan, con renovados bríos, en su empeño?
Antonio Robles Libertad Digital 24 Enero 2013
Muerto el franquismo en 1975, comenzó una etapa apasionante en España. Se le conoció como la Transición. El Régimen se había caracterizado en el campo de la libertad por el control de la información, la demonización de la pluralidad política, la persecución de los disidentes y la reducción de la pluralidad cultural y lingüística a una idea identitaria de España.
Desde aquella transición a la democracia, el catalanismo mimetizó aquellas formas franquistas: control de la información, satanización del disidente, construcción de una identidad virtual catalana y reducción de la pluralidad lingüística y cultural a la identidad nacionalista.
Con la Diada de la Independencia del último 11 de septiembre, el secesionismo creyó que Cataluña comenzaba la transición a la independencia, pero en realidad ha resultado ser el comienzo a la transición democrática. El fantasma de los demonios familiares que ha desenterrado la amenaza independentista ha acabado con la falsa unanimidad virtual contra España. En la Dictadura todos éramos antifranquistas; con la Transición, las diferentes ideologías e intereses afloraron y rompieron aquella falsa unanimidad. Con el vértigo independentista, los diferentes intereses económicos, culturales, lingüísticos y nacionales han aflorado con fuerza. Se han dejado sentir en aquellos partidos que vivían de la indefinición y jugaban a la puta y a la Ramoneta: CiU y PSC. La amenaza de ruptura ha polarizado el voto. CiU ya perdió 12 diputados en las últimas elecciones, pero la última encuesta de El Periódico le lleva a perder de 8 a 10 diputados más; y el PSC, de 1 a 2; incluso el PPC podría bajar 1 o 2 diputados por sus devaneos con el partido de Durán i Lleida; mientras que partidos definidos en sus posiciones suben: ERC, de 6 a 7; C's, que seguiría su ascensión imparable, hasta los 12 o 13 diputados (3 o 4 más), y la CUP, otros tantos.
Las discrepancias en la propuesta del Gobierno de Artur Mas y ERC sobre el derecho a decidir han desatado esa contradicción con una virulencia inimaginable sin el teatro de operaciones que desató la manifestación por la independencia del 11 de septiembre. La UDC de Duran y Lleida y la CDC del secesionista Artur Mas han vomitado públicamente sus diferencias, incluso sus rencores; y en el PSC los soberanistas que aún siguen en el partido, después de la espantá de Ernest Maragall hacia una nueva formación independentista, amenazan con la ruptura. De tanto jugar su sector más catalanista al derecho a decidir, y el resto a pasar inadvertido en el paisaje aceptando Cataluña como sujeto político, han logrado perder sus señas de identidad como partido. La abstención hubiera sido letal para ellos, y el no a regañadientes tendrá consecuencias (5 diputados han escenificado su rebeldía no votando). Puede que el partido no se rompa, pero su electorado ya ha comenzado el éxodo hacia C's.
Obligados todos a definirse por culpa de la amenaza rupturista, la hegemonía social del catalanismo se ha resquebrajado. Y las posiciones y opiniones, atomizado. Como en la transición española la unanimidad antifranquista.
La omertá mediática, prietas las filas y español el último, empieza a hacer aguas.
Nada será fácil para los ciudadanos catalanes que aman a España, pero ahora será infinitamente más difícil para los secesionistas. Hasta ayer se lo decían todo entre ellos, y ese todo era toda la realidad catalana, aunque no fuera así. A partir de ahora han de confrontar sus delirios con la razón y los intereses de quienes creemos que la soberanía reside en todo el pueblo español y no en la fuerza de un grupo nacionalista que nos ha robado la pluralidad política en Cataluña.
La declaración de soberanía del pleno del Parlamento autonómico ha iniciado esa transición política de Cataluña a la democracia. Las adhesiones inquebrantables han muerto. Cataluña se ha partido en dos: los unionistas, 41 (PPC, PSC y C's) y los secesionistas 81 (CiU, ERC y CUP). No sé si Artur Mas logrará romper España, pero ya ha logrado dividir Cataluña. Y despertarnos a todos.
El partido más pequeño (C's) ha sido el más grande. Alicia ha estado a la altura y el PSC sigue pidiendo perdón por ser español. Y algunos avergonzándose.
La declaración soberanista y el fin de la inocencia
Cristina Losada Libertad Digital 24 Enero 2013
Durante un tiempo se descansó en la idea de que los nacionalistas no harían causa de convocar un referéndum si pensaban que lo iban a perder. Esto concedía el alivio de un margen: mientras no estén seguros de ganarlo, no lo plantearán. Así se iba tirando, a la vez que se engrasaba el precario equilibrio con las concesiones que fuera menester. Hasta que no quedó nada por ceder excepto soberanía, cosa que intentó Zapatero con el nuevo Estatuto catalán y recortó el TC con sus tijeras de manicura. Bien. Cualquiera que fuese el sustento de aquella ilusión, mantenerla es imposible a día de hoy. El nacionalismo catalán ha redefinido las prioridades de tal manera que lo importante no es perder o ganar un referéndum –que sería, claro, ilegal–, sino el hecho de prepararlo y convocarlo si se tercia.
Como la tentación vive arriba, al Gobierno de España le tienta desdeñar, por la ausencia de efectos jurídicos, la declaración del Parlamento catalán que aprueba el derecho de autodeterminación con el eufemismo del "derecho a decidir", tras proclamar que "el pueblo de Cataluña" es un "sujeto político y jurídico soberano", porque yo lo digo. Sin embargo, los 85 diputados no aprobaron que la tierra es plana ni cualquier otra moción susceptible de tomarse a chufla, pero políticamente fútil. Pese a un preámbulo de cierta comicidad, que conduce de la Edad Media a la sentencia 31/2010 del TC pasando por Felipe V, esa declaración contraria a la legalidad es un triunfo político en manos del separatismo. Lo es, sea quien sea el que recoja los frutos: CiU o Esquerra, con mayor probabilidad. Desde luego, de los críticos de Unió, tan cortejados, tan deseados, tan moderados, nunca más se supo.
El caso del PSC es mucho más triste. Quiere estar en todos los sitios a la vez: en el derecho a decidir, en la ley y en el federalismo, que son tres opciones perfectamente incompatibles, y ayer salió del paso con quince noes y cinco síes disfrazados de no sabe, no contesta. Pero se trata de una incompatibilidad con la que el PSC convive desde el principio. Aunque son pocos los que lo recuerdan, cuando se discutía la Constitución y un diputado vasco propuso incluir el derecho de autodeterminación, los del PSC se ausentaron para evitar pronunciarse. Su portavoz, Martín Toval, explicó después a la prensa: "Si el derecho de autodeterminación se ejercitara, en su momento, para remodelar la forma de Estado y convertir éste en un Estado federal, nosotros no objetaremos nada". No es de ahora que el PSC y, a fin de cuentas, el PSOE intenten la cuadratura del círculo. Ah, su problema con España. No saben si mantenerla para gobernarla o romperla para poder gobernar.
Incomprensible silencio del Gobierno
Editorial www.gaceta.es 24 Enero 2013
El Parlamento autonómico de Cataluña aprobó ayer, como estaba cantado desde hace semanas, una declaración en la que se proclama que “el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano”. Esta proclamación nos parece, obviamente, inconstitucional de arriba abajo, pero podría ser que el Tribunal Constitucional encontrase alguna razón para darle el visto bueno, de modo semejante a como encontró el modo de declarar constitucional la ley de aborto provocado o la que establece los matrimonios entre personas del mismo sexo. Es posible que el Gobierno que preside Mariano Rajoy haya tenido en cuenta la completa imprevisibilidad del Tribunal Constitucional para no haber impugnado este acuerdo de la Cámara autonómica catalana desde el minuto uno de su adopción. Cuando estas líneas se escriben, el señor Rajoy está volando a América, donde de seguro altos intereses nacionales reclaman su atención preferente.
Queremos creer que semejante situación no se va a prolongar por mucho tiempo, pues 1) la Constitución establece en su artículo primero que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”; 2) el Gobierno, con su presidente al frente, juró en su día cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y 3) el artículo 161.2 de la Norma máxima dispone que “el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.
Las fuentes oficiales sólo remiten, hasta ahora, a principios generales: España es un estado de Derecho, en el que prevalece el imperio de la Ley. Y consultadas acerca de lo que ha hecho o piensa hacer el Gobierno al respecto, guardan silencio. Esto quiere decir que, desde el momento en que el Parlamento catalán aprobó la declaración de soberanía del pueblo catalán, lo cierto es que vivimos en un estado de ilegalidad manifiesta en un asunto sustancial para la convivencia entre los españoles, que observan, perplejos, cómo el Gobierno, primer responsable de que se cumplan la Constitución y la ley, parece desentenderse de un hecho publicitado, proclamado y conocido por cualquiera que se tome la molestia de consultar Internet. ¿Cuánto tiempo va a transcurrir hasta que haya nuevas noticias?
Editorial Estrella 24 Enero 2013
El vodevil político y el drama nacional
José Luis González Quirós El Confidencial 24 Enero 2013
La vida política española ofrece abundantes signos de frivolidad, y da muestras de una incoherencia preocupante. Tenemos enorme propensión a pasar del sobresalto a la comedia bufa, tal vez porque estamos acostumbrados a digerir información poco cocinada o mal aderezada. En la misma, tras conocer la amenaza que pende sobre el partido del Gobierno por supuestas revelaciones sensacionales, hemos llegado a ver cómo un parlamento autonómico aprueba una insólita declaración que asegura que Cataluña "tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano", sin que se pueda saber exactamente qué traerá consigo una frase tan atormentada. En semanas como ésta hay que concluir claramente que, dado que, pese a todo, el país sigue funcionando, la Nación está muy por encima de su clase política, una situación que no puede continuar de manera indefinida sin que se rompa algo insustituible.
La forma en que el PP ha cocinado la crisis Bárcenas ha acumulado chapucería, incoherencia, sospecha e insolidaridad de forma tan intensa que resulta inverosímil imaginar que el partido pueda seguir existiendo en manos de dirigentes tan irresponsables y necios. Se afirma que un extesorero popular, que se ha hecho con una cantidad casi inimaginable de dinero por medios perfectamente imaginables, amenaza a todo el mundo con revelar los nombres de las personas que recibían sobres y al parecer firmaban un recibo. Se puede tener una mala opinión de los políticos, pero suponer que sean capaces de firmar recibos de dinero ilegal desafía la credulidad de cualquier persona con dos dedos de frente.
Ha tenido que ser Aznar, muy fuera del primer plano político, quien cortase la espiral imaginativa interponiendo una querella ante unas supuestas informaciones que sólo han servido para ocultar momentáneamente el cuerpo del delitoPero, ante la inacción de los supuestos afectados y el cacareo discordante de los que afirman “yo no he sido”, el pueblo soberano arde en justa indignación con tan tonto motivo, porque nadie reclama la prueba de una conducta tan delictiva como estúpida e inverosímil. Ha tenido que ser Aznar, muy fuera del primer plano político, quien cortase la espiral imaginativa interponiendo una querella ante unas supuestas informaciones que sólo han servido para ocultar momentáneamente el cuerpo del delito. Mucho alto cargo del PP ha dado en esta encerrona la medida de su auténtica valía, aunque algunos periodistas crean que sus lectores no son capaces de distinguir las noticias de los horóscopos.
Por si faltara poco, en medio de la confusión, el desconcierto y la trifulca, a alguien se le ha ocurrido proponer un pacto sobre la corrupción, tal vez para declararla secreto oficial, al tiempo que Rubalcaba, en una muestra más de su altura de miras, se dispone a hacer leña de este bosque de rumores y tontadas, no sin antes declarar que pagar cantidades inusuales a familiares y correligionarios por hacer traducciones o escribir artículos que nadie leerá puede ser una práctica perfectamente razonable.
Algunos pensarán que, como es probable, todo este asunto pasará pronto al olvido y podrán seguir en lo suyo, como ha ocurrido hasta ahora con los mil episodios del mismo género que hemos venido soportando. También se dirá lo propio de la declaración catalana, que quedará en nada, lo que equivale a reconocer que la política empieza a ser un subgénero del vodevil. Lo grave es que, mientras tanto, el paro no se frena, la educación no mejora, la asistencia sanitaria se cuartea, pagamos más impuestos, obtenemos menos, la economía real no despega y la deuda común se agiganta.
Es evidente que el sistema de 1978 tiene dos grandes vías de agua que pueden hacerlo naufragar, y sería deseable que alguien hiciera algo por evitarlo, mientras se pueda, porque los naufragios no los cubre el seguro. Me refiero a la organización territorial del poder y al modo de funcionamiento de las fuerzas políticas. Los sindicatos y los partidos se mueven a sus anchas en ausencia de una ley que regule el derecho de huelga y el funcionamiento de estos últimos, su carácter democrático para que puedan cumplir los fines que justifican su existencia, la representación de la voluntad popular, la participación y el pluralismo político.
Sin controles definidos y reglas claras que potencien y regulen la competencia interna, los partidos se han convertido en oligarquías inmovilistas, en oficinas de colocación en las que sestean los mediocres y medran los corruptos. El sistema de articulación territorial del poder ha creado un auténtico imposible en el que todos quieren ser iguales a todos, pero, a la vez, más que los demás, lo que lo ha convertido en una caricatura de lo que pudiera haber sido y, por supuesto, en un gasto insoportable y en un criadero de podredumbre. Hace falta, pues, ponerle dos cascabeles al gato. Rajoy, pero no solo él, debería darse cuenta de que no basta, con ser meritorio, acercarse un poco a un déficit tolerable, que hay que corregir a fondo los mecanismos que nos han llevado al disparate económico y político, y que los tiene tan cerca de sus narices que corre el peligro de no verlos.
José Javaloyes www.republica.com 24 Enero 2013
Una declaración inútil
Editorial La Razón 24 Enero 2013
La declaración aprobada ayer por el Parlamento autonómico de Cataluña, en la que se define al pueblo catalán como «sujeto político y jurídico soberano» investido por el «derecho a decidir», viene a engrosar la larga lista de proclamas nacionalistas suscritas por los parlamentarios desde los años 90. En concreto, desde la primera moción, en 1999, se han ido sucediendo hasta llegar a las seis, cada una con sus matices peculiares; la sexta fue en septiembre de 2012 y puede considerarse el prólogo a la aprobada ayer. Es verdad que esta última va mucho más allá al exigir la celebración de un referéndum que encubre, sin apenas disimulo, someter a votación la independencia de Cataluña.
No obstante, resulta tan estéril e inoperante como todas las anteriores porque ni se ajusta a la legalidad ni es compatible con la Constitución. Además, sus promotores (CiU y los radicales de ERC, comunistas de IVC y antisistema de CUP) tampoco pueden aducir un apoyo parlamentario excepcional, pues los 85 votos cosechados quedan muy lejos del centenar largo al que aspiraban con la incorporación del PSC. Por tanto, ni por su planteamiento ni por su respaldo, la declaración separatista de ayer tiene mayor recorrido que sus precedentes. Lo que sí ha logrado esta iniciativa ha sido cuartear la convivencia entre los catalanes, crispar la gestión política en el peor momento de la crisis económica y sembrar la discordia en el seno de las dos formaciones políticas más votadas de Cataluña, CiU y el PSC.
Tal capacidad de demolición, sin precedentes, es obra de Artur Mas, un político que desde septiembre de 2012 ha emprendido una veloz carrera hacia la nada arrollándolo todo a su paso. Ni siquiera su propia formación se ha sustraído a su nefasta gestión, cuyas consecuencias para el futuro de CiU son impredecibles. Otra de las víctimas ha sido el PSC que, pese a recuperar a última hora la coherencia ideológica y rechazar la proclama separatista, ha pagado un peaje nada pequeño: cinco de sus diputados dieron la espalda al líder, Pere Navarro, lo que agudiza la crisis interna de un Partido Socialista que ha jugado a la ambigüedad hasta quemarse las manos.
En resumidas cuentas, todo el mundo ha salido perdiendo, desde la relación de Cataluña con el resto de España hasta la convivencia entre los propios catalanes, a cambio de una declaración inútil y sin viabilidad. Todos han perdido menos uno, la ERC de Oriol Junqueras, el dirigente republicano que ha vampirizado a Artur Mas y, con él, a los nacionalistas moderados. El gran vencedor de ayer no fue el Gobierno de la Generalitat, sino el que le sostiene en la sombra. Que este lamentable episodio se haya producido al día siguiente de que Mas admitiera públicamente su incumplimiento del déficit fiscal revela que sus prioridades no son resolver los problemas reales de los catalanes, sino alimentar sus quimeras absurdas.
¿Pacto anticorrupción? Ja, ja ja...
Javier González Méndez, Periodista Digital 24 Enero 2013
Javier Caraballo El Confidencial 24 Enero 2013
De las seis veces, seis, que en los últimos treinta años el Parlamento de Cataluña ha votado proclamas sobre el derecho a decidir y a la autodeterminación, la aprobada en la sesión de ayer sólo introduce la novedad sustancial de que es la última. Sin fecha para convocar un referéndum de autodeterminación y sin despejar ni uno solo de los esenciales obstáculos legales que existen, la declaración de ayer sólo responde a la necesidad política de un presidente derrotado de buscar una vía de escape que le permita salir adelante. Cada vez que Artur Mas ha exigido, para reforzar el proceso de independencia de Cataluña, una mayoría incontestable, ha acabado menguando políticamente. En las elecciones catalanas, reclamaba una “mayoría excepcional” y su partido perdió un buen puñado de diputados; en el debate de ayer, buscaba una “mayoría sólida” y ni siquiera alcanzó los dos tercios que le harían falta para cambiar el Estatut de Catalunya, 85 votos favorables frente a los 90 que delimitan la mayoría cualificada en el Parlament.
Con el primer varapalo, el de las urnas, Convergència i Unió debió entender que la estrategia política en la que les ha embarcado Artur Mas sólo les conduce a la división interna -ya se han dado los primeros conatos- y al fortalecimiento electoral de su principal adversario nacionalista, Esquerra Republicana, el partido que mejor representa el radicalismo independentista que está sembrando el president y que ya sale fortalecido en las encuestas. Por su parte, el hecho de que la declaración soberanista no haya conseguido ni siquiera los dos tercios que se exigirían para modificar el Estatut de Cataluña es un dato mucho más trascendente de lo que, en principio, podría considerarse.
El primer obstáculo legal que tendría que sortear una declaración de independencia en Cataluña es su propio Estatuto, aprobado por el pueblo catalán y por el Parlament hace tan sólo seis añosEs importante porque, como si se tratara de una carrera de vallas, el primer obstáculo legal que tendría que sortear una declaración de independencia en Cataluña es su propio Estatuto, aprobado por el pueblo catalán y por el Parlament hace tan sólo seis años. Luego vendrían la legalidad de España, plasmada en la Constitución, y la legalidad europea, que no contempla la desmembración de sus estados miembros. Pero antes, el Estatut, que en su artículo primero señala que “Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica”. Y más adelante, en el artículo tercero, precisa aún que “Cataluña tiene en el Estado español y en la Unión Europea su espacio político y geográfico de referencia e incorpora los valores, los principios y las obligaciones que derivan del hecho de formar parte de los mismos”. Para cambiar eso, a Artur Mas le harían falta un mínimo de 90 diputados, la mayoría cualificada de dos tercios. Y ni ayer, que se trataba sólo de un texto de grandes palabras sin trascendencia legal, alcanzó esa mayoría.
Ni siquiera la controvertida declaración de “Catalunya como sujeto político y jurídico” añade gravedad a otros textos aprobados antes por ese parlamento, sobre todo después de que se suprimiera del primer borrador de la declaración la referencia al derecho a la autodeterminación y a la intención de Cataluña de integrarse en la Unión Europea con un estado propio. En 1989 ya se aprobó en el Parlament un texto que señalaba que "el pueblo catalán no renuncia al derecho a la autodeterminación”; en 2011 se aprobó otra moción que reafirmaba “el derecho a la autodeterminación de los pueblos como derecho irrenunciable del pueblo de Cataluña”; y en octubre pasado, antes de acabar la legislatura, se aprobó otra resolución en la que otra vez se reconocía la necesidad del derecho a decidir del pueblo catalán y se emplazaba al Gobierno que saliera de las urnas a aprobar con urgencia una ‘hoja de ruta’. En teoría, esa ‘hoja de ruta’ tendría que haberse aprobado ayer, pero ya se ve que el cálculo de las mayorías ha desbaratado los planes de Artur Mas.
De ahí la declaración de lugares comunes aprobada ayer que, objetivamente, no añade nada a lo que ya existía. “No es una regulación jurídica, eso ya lo haremos. Tampoco es una hoja de ruta, eso ya lo decidiremos (…) Esta no es una declaración a favor de la independencia ni del federalismo. Es una declaración a favor de la democracia”, dijo en el debate el presidente del grupo parlamentario de CiU, Oriol Pujol. Pues vale. Políticamente, a eso se le llama parir un ratón. Aquella fábula que, desde los clásicos del imperio romano, nos advierte de aquellos que, como los montes, crean el pánico entre la población, con grandes alaridos con los que hacen creer a todos que están a punto de dar a luz, y sin embargo, al final, sólo nace un ratón. Parturient montes, nascetur ridiculus mus (“Parieron los montes, nació un ridículo ratón”).
José Oneto www.republica.com 24 Enero 2013
Por si faltara poco en el estado crítico en el que se encuentra el país, conmocionado por los últimos casos de corrupción, especialmente por las cuentas suizas del ex Tesorero del PP Luis Bárcenas y por los supuestos sobresueldos pagados en negro a dirigentes y responsables del aparato del PP; y desconcertado con las modificaciones hechas a última hora en la legislación sobre la Amnistía Fiscal, que ha permitido a Luis Bárcenas, a pesar de estar incurso en un proceso judicial, acogerse a ella, el Parlamento catalán ha aprobado este miércoles una declaración soberanista que es el pórtico del Referéndum de independencia, que está previsto para que tenga lugar en el año 2014 y que se convocará según las últimas declaraciones del presidente de Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC). Oriol Maspons, quiera o no el Gobierno central y decida lo que decida, el Tribunal Constitucional.
Un auténtico desafío que, en las actuales circunstancias de crisis institucional, política, económica y social, supone un notable agravamiento de la situación a la que, por el momento, no parece que quiera hacerle frente el Gobierno central y su presidente, convencido de que el ardor independentista actual, irá remitiendo, con lo que ha decidido no empezar a intervenir hasta que formalmente se convoque el Referéndum, para entonces recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, aún con el riesgo de llegar demasiado tarde, porque mientras tanto, al tiempo que se están poniendo las bases de la independencia catalana, el ministerio de Hacienda no para de transferir fondos económicos sin que se sepa qué cantidad de esos fondos están siendo transferidos a ese proceso bautizado como de “transición nacional”. Algo que es difícil de entender para una opinión pública cada vez más alarmada por una escalada que no tiene la consiguiente respuesta por parte del Gobierno central.
La convivencia malherida
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 24 Enero 2013
La mal llamada primavera árabe fue mostrando su verdadera cara a medida que los presuntamente moderados Hermanos Musulmanes consolidaban sus alianzas con los ortodoxos salafistas. Los fanáticos siempre cogen la batuta cuando se les otorga un mínimo de confianza y transforman las primaveras de la convivencia en los inviernos de la sharia. En Cataluña la sharia está circunscripta, por ahora, a una minoría de inmigrantes, pero se ha forjado otra alianza en la que los fanáticos secesionistas pretenden atrasar trescientos años el reloj de la historia para imponer su propia ley, incompatible con nuestro marco constitucional y con los pactos fundacionales de las sociedades española y europea. Aquí, como en todos los ámbitos donde los fanáticos intentan materializar sus dogmas y obsesiones, la convivencia está malherida y el totalitarismo asoma su fea cabeza.
Cuando se producen fenómenos de esta naturaleza, se activan también los anticuerpos de la racionalidad, cuya eficacia depende de la receptividad que encuentran en el sentido común de los ciudadanos. De esos ciudadanos que forman las mayorías silenciosas, pacíficas y productivas, que desprecian a los demagogos y no se lucran, como éstos y sus acólitos, con la conflictividad y el desorden sistemáticamente planificados. Afortunadamente, hoy Cataluña es escenario de esta catarsis terapéutica.
Camarilla retrógrada
Los testimonios de que la convivencia está malherida proceden no sólo de las víctimas directas de la discriminación y la intolerancia, sino, inesperadamente, de algunos de los imprudentes que han echado leña al fuego y hoy se sienten chamuscados. Antoni Puigvert, tenaz divulgador de las tesis secesionistas, pero sensible a los argumentos de quienes las impugnan, describe en dos artículos (LV, 7/1 y 14/1/2013) la reacción intemperante con que los guardianes de las esencias recibieron su tibia tentativa de ser ecuánime:
No hablé de las complicaciones que el proceso soberanista tendrá a lo largo de este año y del otro. Tampoco hice mención de las tensiones que causarán, en el infernal contexto económico, los nuevos recortes que ha anunciado el Govern. Sólo hablé del peligro de división interna que se está produciendo en nuestra sociedad. El proceso iniciado en nombre de la libertad catalana pone en riesgo un bien que considero superior: la unidad civil catalana.
Cuenta Puigvert que uno de sus cofrades, "hombre inteligente y preparado", calificó su argumento con una sola palabra: "Apocalíptico". Y un tertuliano, "joven profesor de periodismo, uno de los valores emergentes de la opinión soberanista", le espetó: "Estás deslegitimando el proceso". Y una semana después, todavía bajo los efectos del shock, Puigvert escribió, con su habitual amago de ecuanimidad:
En un mundo cada vez más mezclado, resulta que los catalanes tenemos gran experiencia en equilibrios. Estos equilibrios se están rompiendo en los espacios privados. Son muchas las anécdotas que se cuentan de amigos, parientes, conocidos y saludados que, acostumbrados a ceder, ahora chocan y se enojan. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué los que quieren avanzar hacia la ruptura se refrenen? Sólo pongo sobre la mesa un hecho: la evolución de la política catalana lleva, inevitablemente, a una confrontación interna que la mayoría no buscaba.
Fin de la ecuanimidad. Después de confesar, con otras palabras, que la convivencia está malherida, Puigvert exige a los "españolistas" que "abran nuevos pasillos de salida al conflicto político", lo cual implicaría dejar a sus conciudadanos a merced de la camarilla retrógrada. La misma que lo está acosando por su tibieza.
Cualquier referencia a la fractura de la sociedad catalana saca de sus casillas a quienes la usufructúan. Recordemos que, entrevistado por el somatén mediático dos días antes de las elecciones, Artur Mas exclamó (LV, 23/11):
Lo único que me molesta son los gritos de guerra como este de Aznar: "Si quieren romper España, antes tendrían que romper Catalunya". ¡Es imperdonable! Los catalanes tenemos orígenes muy diversos, apellidos diversos, hablas diversas... e intentar dividirnos por ahí, ¡eso me indigna!
Dos años de decadencia
En el apogeo de la escalada secesionista, la división entre los ciudadanos que somos las víctimas de este fenómeno regresivo –división entre los amigos, parientes, conocidos y saludados que enumera Puigvert– aumenta día a día, cualquiera sea nuestra opción. Y la sola idea de que esta situación de crispación y desgarro puede prolongarse durante dos años, como prometen sus gestores, alarma y moviliza a todos los estamentos productivos y responsables de la sociedad catalana, convencidos de que no sólo la convivencia está malherida: también la economía naufragará sin remedio.
Mientras CiU (cuya grave fractura interna es un fiel reflejo de la que padece Cataluña, mal que le pese a Mas) y ERC preparan el terreno para los dos años de decadencia y aislamiento, y mientras los postcomunistas de ICV desempeñan su función de celestinazgo entre las cada día más raleadas filas de un PSC desquiciado, las patronales catalanas piden crear "un clima de diálogo y pacto" entre los Gobiernos (LV, 11/1) y el presidente de la patronal Foment de Treball, Joaquim Gay de Montellà, fue contundente (LV, 18/1):
No queremos un choque de trenes. Ni una sociedad catalana fraccionada.
Francesc de Carreras describió con precisión el clima imperante (LV, 5/1):
En definitiva, los empresarios están más que nerviosos, tanto los grandes como los pequeños. Han hecho cálculos y lo de la independencia les perjudica mucho. Han visto el programa social y económico del nuevo Govern y no lo reconocen como suyo, sino que lo ven como contrario a sus intereses. De "amigo de los empresarios" Artur Mas está pasando a ser el enemigo a batir.
Para describir el aquelarre que han organizado Mas y su tutor Junqueras debo recurrir a un término del argot argentino que últimamente se está popularizando, por necesidad, en la prensa española: esto es un quilombo, o sea un burdel, pero un burdel donde impera el desorden. Un burdel donde no faltan los compadritos de la CUP, que ambicionan anexarse los míticos Països Catalans. Desde uno de éstos, Valencia, ironiza un leal compañero de viaje del somatén mediático, Josep Vicent Boira (LV, 16/9):
Quien conozca mi tierra, sabrá que deberán pasar generaciones para que los valencianos sigan a los catalanes por esta senda, si es que lo hacen. El lento y aburrido Plan A (el pacto fiscal, el corredor mediterráneo, la exportación y modernización productiva, el respeto por la lengua, la pluralidad estatal...) se podía entender en Valencia. Permitía alianzas. Sin embargo, el energético-turbo Plan B de Mas dejará a muchos en la luna de Valencia.
No hay que ser muy listo para saber que ni Valencia, ni Baleares ni el Rosellón francés caerán en las trampas cazabobos que arman los secesionistas retrógrados. Lo importante es comprobar que tampoco caerán en ellas los ciudadanos de Cataluña. Carles Castro, experto en demoscopia, nos tranquiliza periódicamente con sus cálculos. Ahora analiza las perspectivas del referéndum ilegal (LV, 21/1):
La duda es si ese intento no supondrá un nuevo ejercicio de sonambulismo, condenado a despertar en la cruda realidad tras consumir no pocas energías. Y esa duda se sustenta en los resultados del 25-N. En esa cita, las fuerzas partidarias de un Estado catalán en el marco europeo sumaron el 49,1% de los votos emitidos. Y ese resultado se produjo en unas autonómicas que registraron una participación récord, cercana al 70%. (...) Y la particularidad de esa cifra es que recuerda el desenlace de los referéndums celebrados en la provincia canadiense de Quebec.
El voto soberanista, sumadas las papeletas de CiU, ERC, CUP y SI, se impuso en 33 de las 41 comarcas (con porcentajes superiores al 60% en doce de ellas, y superiores al 70% en dieciséis). En cambio, sumó menos del 50% de los votos en ocho comarcas, y también en el cómputo global, de modo que su aplastante dominio territorial se vio neutralizado por el peso de una demografía concentrada en media docena de demarcaciones comarcales.
Esas demarcaciones comarcales son las que, tras una hipotética secesión, se secesionarían a su vez para volver a unirse a España y Europa. Para decirlo sin eufemismos: los núcleos rurales menos poblados y más alejados de la civilización urbana son los más proclives a dejarse engatusar por los discursos identitarios y simplistas de los demagogos. ¿Por qué seguirlos? Con un añadido: los secesionistas ya son minoría, pues no alcanzan el 50% de los votos emitidos, pero esa minoría se vuelve insignificante cuando se piensa que suman sólo el 34% del censo electoral.
La convivencia está malherida, la sociedad está fracturada, la crisis económica y el paro nos abruman, los capitostes secesionistas se disputan el control del codiciado botín intercambiando puñaladas traperas y una élite privilegiada se confabula para prolongar la agonía durante otros dos años. Es hora de decirles: Prou! Stop! Arretez! ¡Basta!
UN DESAFÍO INTOLERABLE
Quo vadis, Mas? Pan y circo para una Cataluña camino del suicidio
Benjamín López www.elsemanaldigital.com 24 Enero 2013
Por muy ridículo que sea este teatrillo que se ha montado en el Parlamento catalán, no podemos mirar hacia otro lado ante tamaña traición.
Esto de que el Parlamento catalán apruebe una declaración de soberanía es tan ridículo como si el Congreso de los Diputados aprueba una declaración modificando unilateralmente los tratados de la Unión Europea. O tan ridículo como que Unió vote por la soberanía catalana mientras su líder, Josep Antoni Duran i Lleida, se encuentra en Chile representando a España como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. De chiste, todo de chiste, por mucho bombo y boato que se quiera dar al asunto, por muy solemnes que se pongan y por muchos aspavientos que hagan.
La soberanía de Cataluña es como la periodista Amy Martin, no existe. Lo diga un catalán o un millón de catalanes o lo apruebe su Parlamento por unanimidad, no es cierto y no es válido. Su pretendido derecho a decidir, su derecho de autodeterminación, es una falacia, entre otras cosas porque obvia el derecho a decidir del pueblo español en su conjunto. Una parte no puede decidir el futuro de un todo. Así de simple.
Y Cataluña, lo diga un catalán, un millón de catalanes o el Parlamento por unanimidad, no está oprimida por España porque es parte de España en igualdad de condiciones, o mejores, que el resto de comunidades autónomas. Cataluña quiere dejar de ser solidaria con el resto del país, pero eso es como si usted o yo queremos dejar de pagar la cuota de la seguridad social porque estamos hartos de sufragar pensiones de otros, hospitales que nunca pisaremos y autopistas por las que jamás transitaremos. Así está montado el sistema y así debe de ser, por justicia.
Ahora bien, por muy ridículo que sea este teatrillo que se ha montado en el Parlamento catalán, no podemos mirar hacia otro lado, hacer como si no hubiera ocurrido. Artur Mas sigue empeñado en traicionar la Constitución que se comprometió a cumplir y defender. Eso, en mi pueblo, se llama traición y en otros pueblos, como el estadounidense, sería más que suficiente para que una pareja del FBI pusiera las esposas, sin contemplaciones, a un gobernador díscolo que se atreviera a decir y hacer la mitad que Mas en contra de su país, Estados Unidos.
Esta vez los nacionalistas catalanes han ido demasiado lejos. Me da igual si es para tapar malas gestiones, para huir de la justicia española o para conseguir mayor tajada económica. Simple y llanamente no se puede aceptar este desafío. Espero que Mariano Rajoy actúe con contundencia y, como primer paso, acuda al Tribunal Constitucional y, como segundo, se niegue en redondo a negociar absolutamente nada con Cataluña relacionado con el derecho a decidir o relacionado con la financiación de esa Comunidad. Porque España no negocia con regiones, negocia con otros estados. Hacerlo sería tanto como asumir una relación bilateral, darle carta de naturaleza a las pretensiones soberanistas de Mas y compañía.
La verdad es que este debate sobre la declaración soberanista ha servido para que unos cuantos se pongan en evidencia. CiU ha demostrado que aún se relame las heridas que le dejó el varapalo recibido en las urnas. El cruce de dardos envenenados entre Unió y Convèrgencia, entre Duran i Lleida y Mas, deja bien claro que aún no se han digerido los resultados y, lo más importante, que hay discrepancias en la coalición sobre cómo y hacia dónde debe dirigirse Cataluña.
Y ha servido también para que los socialistas catalanes del PSC demuestren una vez más, por si había dudas, que no son de fiar, que hoy pueden votar no a la declaración soberanista y mañana, dependiendo de cómo soplen los vientos dentro del partido, pueden pedir un referéndum o la independencia o vaya usted a saber. Eso de que en el PSC hay dos almas, una nacionalista y otra españolista, es una cursilada y un edulcorante de la realidad. El PSC es un partido catalanista con ramalazos nacionalistas al que España, en su conjunto, le importa muy poco o poquísimo.
Así que, de todo el esperpento que hemos visto en el Parlamento catalán, me quedo con las palabras del líder de Ciudadanos, Albert Rivera: "La soberanía reside en el pueblo español. Aquí termina el debate".
Sin la complicidad de la mayoría del Congreso no puede avanzar ninguna iniciativa de calado
Patxo Unzueta El País 24 Enero 2013
La autodeterminación para la secesión es una de las iniciativas políticas “que suscita mayor división interna en una sociedad, por lo que aceptar sin más que sea un derecho plantea problemas morales”, escribió en 2003 Stéphane Dion, el académico y político canadiense que impulsó la famosa ley de la claridad: una norma que concreta los criterios (nivel de participación y mayoría exigibles, etc.) para la aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo de ese país respecto a referendos de autodeterminación.
La votación de la resolución soberanista aprobada hace dos días por el Parlamento de Cataluña demuestra que ese derecho (o principio) no solo divide a la sociedad, sino a los partidos que lo defienden, incluso si lo hacen mediante la fórmula más suave de derecho a decidir. Al margen del voto decidido por cada grupo, es evidente que varios de ellos están internamente divididos sobre lo que se dilucidaba: CiU, por supuesto, con Unió más que reticente hacia el plan del que forma parte la declaración soberanista. El PSC, cinco de cuyos 20 diputados rompieron la disciplina absteniéndose. Cabe recordar sin embargo que de haber seguido la línea vigente hasta hace unas semanas (no interferir en el camino hacia la consulta) se habrían abstenido los 20. También hay división sobre el fondo en ICV, que ha anunciado un referéndum interno para decidir si en el de autodeterminación votará por o contra la independencia.
La semana pasada Artur Mas se declaraba abierto a la posibilidad de que la consulta no tuviera efectos jurídicos, es decir, que no fuera vinculante. Esa oferta pensada seguramente para atraer a los socialistas hizo aflorar la confusión entre dos conceptos de referéndum de naturaleza diferente: el consultivo, destinado a comprobar la magnitud real de las demandas independentistas, para obrar en consecuencia; y el resolutivo, destinado a decidir sobre la independencia.
La sugerencia de Mas parece apuntar a una consulta del primer tipo, pero la planteada en la resolución aprobada en el Parlament lo es del segundo: un referéndum de autodeterminación. Sin embargo, podría no ser un lapsus. Una votación no vinculante atraería el voto de personas poco o nada partidarias de la independencia tomada en serio (con todas sus consecuencias), pero favorables a votar a favor de ella para “castigar a Madrid” o, más pragmáticamente, para ejercer una presión sobre el Estado con la amenaza escisionista a fin de obtener concesiones en terrenos como el de la financiación, por ejemplo. Lo que distorsionaría el resultado incluso si solo se trata de verificar la continuidad en el tiempo de la fiebre independentista.
Esta confusión ha podido influir en la interna del PSC. Un referéndum consultivo, no vinculante, que fuera el punto de partida para negociar las condiciones del resolutivo podría haber sido visto como una forma de salvar el compromiso programático a favor del derecho a decidir sin avalar la convocatoria del otro.
Pero si se pretende, como sobre todo plantea ERC, situar ese referéndum decisorio como punto de partida, la eventual negociación con el Estado y otras instancias a que alude la declaración carece de sentido pues la decisión ya estaría tomada. Lo que agravaría el carácter unilateral de la propuesta soberanista, que es uno de sus puntos débiles. Los 85 votos a favor del referéndum alcanzados en la votación se aproximan a los dos tercios de la Cámara, lo que supone una mayoría muy amplia. No siempre, sin embargo, la mayoría parlamentaria asegura una mayoría social de la misma magnitud, como se vio en la votación sobre el nuevo Estatut: 90% de apoyo en el Parlament y una participación del 49% en el referéndum.
Pero sobre todo, ocurre que los partidos opuestos a la declaración soberanista suman una mayoría aún mayor en el Congreso de los Diputados. Y la experiencia indica que sin su apoyo o complicidad será imposible hacer avanzar cualquier iniciativa que para ser legal requiera reformas institucionales de calado. Así lo recuerda Pujol padre en el último tomo de sus memorias (Años decisivos. Destino. 2012), cuando reprocha al Tripartito que “ni preparaba el terreno [para la reforma del Estatut] ni se buscaban aliados fuera de Cataluña que garantizaran el éxito de la operación”.
Por grande que sea el acuerdo interno, una decisión que afecta a todos los españoles debería contar con su consentimiento; no necesariamente mediante un referéndum en toda España, hipótesis poco realista; pero sí que lo sometido a votación del censo catalán sea el resultado de un acuerdo entre las instituciones catalanas y las del Estado. Acuerdo que no tendría por qué versar sobre la secesión, dando esta por inevitable, sino sobre una reformulación del pacto estatutario; pero para ello sería necesario que Artur Mas volviera al punto de partida: al momento anterior al de desafiar a Rajoy con que si no se le daba lo que pedía, declararía la independencia de Cataluña.
Pedro Fernández Herrero Montcada i Reixac, Barcelona. El País 24 Enero 2013
Aunque quizás el título correcto debiera ser La No Immersió lingüística de Artur Mas. He dedicado años a la educación y quienes me conocen saben que difícilmente comulgo con verdades oficiales; la Immersió Lingüística es una de ellas. Pasado ya el enfrentamiento con el ministro de Educación, el animador de fiestas señor Wert, me es grato trasladar que se puede estar en contra de ambos y a favor de una opción educativa basada en el sentido común y los principios de la UNESCO, que además está en Cataluña. Es la opción educativa elegida por nuestro president Artur Mas para la formación de sus hijos.
¿Qué centro escogió nuestro president? Escola Europea AULA, cuya interesante web nos informa de que se inicia el aprendizaje “priorizando la lengua materna”, y prosigue: “El proyecto incluye el uso de las cuatro lenguas como vehiculares para cursar diferentes materias”. ¿Cuántas veces no habré tenido que oir al profesorado decir que no era educativo y no podía ser que hubiera más de una lengua vehicular? Pues está claro que nuestro president tiene una opinión distinta para con sus hijos. El modelo AULA, en una sociedad que utiliza ampliamente dos lenguas y se considera parte de un mundo globalizado, es el ideal. Es lo que un amigo mío, que lleva sus hijos a dicho colegio, llama racionalitat lingüística. ¿Por qué se niega que esta opción existe y da buenos resultados? Porque quienes dirigen la sociedad quieren asegurarse que los que mandarán en el futuro serán sus hijos y no los nuestros. Lector, ¿se le ocurre otro motivo?
Rivera: 'CiU y ERC quieren convertir el Parlament en un teatro de operaciones contra la democracia'
Ciudadanos anuncia que presentará "una proposición de ley para suprimir la figura del jefe de la oposición"
www.lavozlibre.com 24 Enero 2013
Barcelona.- El presidente de Cidadanos (C's), Albert Rivera, ha afirmado en el Pleno Extraordinario del Parlament en respuesta al President de la Generalitat, Artur Mas, que “CiU y ERC quieren convertir el Parlament en un teatro de operaciones contra la democracia y el Estado de Derecho”.
Albert Rivera comenzó su intervención recitando el artículo 1 de la Constitución, que recoge que la soberanía reside en el pueblo español. "Aquí podríamos acabar nuestra explicación", ha dicho entre protestas, antes de recordar que con la declaración pasan "por encima de la legalidad democrática". Rivera ha recordado que un estado de Derecho supone el respeto a las leyes "y el primer artículo es el que primero hay que leerse".
Además, ha anunciado que “Ciudadanos presentará una proposición de ley para suprimir la figura del jefe de la oposición” porque “no tiene sentido tener a un jefe de la oposición con siete partidos con representación en el Parlament y porque el señor Junqueras no es el jefe de la oposición, sino el ‘Conseller’ jefe del gobierno”. El líder de Ciudadanos ha recordado a Artur Mas que “tiene mayoría con el señor Junqueras para ejercer las competencias autonómicas del Parlament de Cataluña, pero no para saltarse la ley” y ha pedido “más gobernar a Cataluña y menos comité de operaciones Mas-Junqueras”.
El presidente de Ciudadanos ha afirmado que “este Parlament tiene muchas competencias” y ha puntualizado que “de hecho, Cataluña es la Comunidad Autónoma con más autonomía de la Unión Europea”. Rivera se ha preguntado: “¿Verdad que no puede declarar la guerra a Siria, ni el Parlamento de Cantabria puede decidir si España sale o no de la OTAN? Entonces desde este Parlament no ataque a la línea de flotación del Estado de Derecho”.
Rivera ha reiterado que desde su partido no quieren “que este gobierno fracture la sociedad catalana en dos bloques” y ha afirmado que “Ciudadanos tendrá firmeza, serenidad y convencimiento porque tenemos tanto respeto por el Parlament y los ciudadanos como para no convertirlo en una caja de resonancia”.
En cuanto a la elección de los ocho senadores que tienen que representar a la Generalitat en el Senado, Rivera ha afirmado que Ciudadanos “votará en contra de los candidatos porque Ciudadanos podía proponer un candidato, pero CiU y ERC han decidido que para que CiU pueda tener un senador más ha dejado fuera a Ciudadanos de esta representación utilizando el sistema de repartición menos usual”.
La Gaceta, www.lavozlibre.com 24 Enero 2013

References: artículo 161
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