Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/525705-df-5-2014-de-4-mar-gipuzkoa-procedimiento-de-acceso-a-los-recursos-de-inclusion.html
Timestamp: 2017-08-19 15:29:42+00:00

Document:
Decreto Foral 5/2014, de 4 de marzo, por el que se regula el procedimiento de acceso a los recursos de inclusión social de atención secundaria dependientes de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Publicado en BOG núm. 52 de 18 de Marzo de 2014
Segundo. Personas destinatarias.
Tercero. Idoneidad del recurso.
Cuarto. Requisitos generales de acceso.
Quinto. Inicio del procedimiento.
Séptimo. Valoración, diagnóstico y orientación.
Noveno. Carácter de la red de atención secundaria de inclusión social.
Décimo. Listas de espera.
Decimoprimero. Adjudicación de plaza y admisión.
Decimosegundo. Periodo de adaptación al centro asignado.
Decimotercero. Plan Individual de Atención.
Decimocuarto. Reglamento de régimen interno.
Decimoquinto. Finalización del periodo de utilización del recurso.
Decimosexto. Continuidad y prórroga del recurso.
Decimoséptimo. Incapacitación legal.
Decimoctavo. Traslado de equipamiento residencial.
Decimonoveno. Casos que provienen del Servicio de Protección a la Infancia y la Adolescencia del Departamento de Política Social.
Vigésimo. Casos orientados al programa de intervención socioeducativa con familias.
Vigesimoprimero. Casos en proceso de desintoxicación.
Vigesimosegundo. Casos con dificultades objetivas de acceso a los servicios sociales de base.
Vigesimotercero. Procedimiento de urgencia.
Vigesimocuarto. Baremos de valoración del Departamento de Política Social.
ANEXO 1 . TIPOLOGÍA DE RECURSOS
1) Alojamientos.
2) Servicios o centros de día.
3) Programas de intervención socio-educativa con familias.
4) Programas de acompañamiento especializado (apartado 2.7.3.1 del artículo 22 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales).
ANEXO 2 . TIPOLOGÍA ESPECÍFICA DE ALOJAMIENTOS
1. Alojamientos de alta intensidad de apoyo.
2. Alojamientos de media intensidad de apoyo.
3. Alojamientos de baja intensidad de apoyo.
El desarrollo de los servicios sociales en el campo de la atención secundaria para la inclusión social ha tenido un crecimiento considerable en el Territorio Histórico de Gipuzkoa durante los últimos años. Dicha etapa de crecimiento corresponde a la respuesta que la sociedad guipuzcoana, a través de sus instituciones y de su sociedad civil, ha proporcionado a las demandas de una problemática cada vez más visible.
La Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, contempla dentro de las materias de responsabilidad de las diputaciones forales, los recursos de inclusión social de atención secundaria, ámbito en el que incide expresamente el presente decreto foral. En el artículo 22 de dicha ley se establece el «Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales».
En concreto, en el mencionado artículo se enumeran los recursos de atención secundaria de inclusión social que son competencia de las diputaciones forales:
- 2.1 Servicio de valoración y diagnóstico de la exclusión.
- 2.2.3 Servicio o centro de día para atender necesidades de inclusión social.
- 2.3.2 Centros de acogida nocturna para atender las necesidades de inclusión social.
- 2.4.5 Centros residenciales para personas en situación de exclusión y marginación.
- 2.7.3.1 Servicios de intervención socioeducativa y/o psicosocial con familias.
Estos recursos se configuran con vocación de constituir una red integrada, diversificada y coordinada de atención que materializa la respuesta institucional a las necesidades presentadas.
Los objetivos principales de este decreto foral son:
1.º) Definir mejor el procedimiento de acceso a los recursos para la inclusión social de atención secundaria.
2.º) Definir de una forma más precisa la valoración técnica y el diagnóstico especializado que deben determinar la propuesta y orientación técnica para el acceso a los citados recursos.
3.º) Adecuarse a la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.
4.º) Regular diferentes procedimientos especiales para las derivaciones a los servicios con características propias.
Es objeto del presente decreto foral regular el procedimiento de acceso a los recursos de inclusión social dependientes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que conforman un conjunto de recursos de responsabilidad pública de atención secundaria definida en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.
Los recursos de inclusión social a los que resulta de aplicación el presente decreto foral se enumeran en los anexos 1 y 2.
1. Los recursos sociales objeto de este decreto foral se dirigen a personas y familias que se encuentran en situación de exclusión o marginación social y manifiestan disposición y capacidad para realizar procesos de inclusión social.
2. No podrán acceder a los recursos sociales objeto de este decreto foral las personas que:
a) Precisen una asistencia sanitaria especializada, al requerir un tratamiento o técnicas médicas o de enfermería de nivel asistencial superior a este tipo de recursos.
b) Estén afectadas de una enfermedad infecto-contagiosa tal que, adoptando el centro en el que se encuentre el recurso las medidas de prevención universales, no se pueda garantizar la prevención del contagio a las otras personas usuarias.
c) Presenten graves trastornos de comportamiento que distorsionen el normal funcionamiento del centro y/o afecten a la normal convivencia en el mismo.
Para determinar la idoneidad del recurso y su adecuación a las necesidades de las personas solicitantes se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
a) Situación de exclusión social y tipología de la persona usuaria.
b) Grado de conciencia del problema y de motivación para el cambio.
c) Competencia para seguir un proceso de inclusión social pautado por profesionales.
d) Aceptación del proceso y disposición a la realización de un proceso de inclusión social.
e) Situación legal y administrativa.
f) Situación de alojamiento.
g) Situación laboral u ocupacional.
i) Autonomía física y estado de salud.
j) Autonomía psíquica.
k) Habilidades y competencias sociales.
l) Relación familiar y unidad convivencial.
m) Red social de apoyo.
Podrán acceder a los recursos las personas que a la fecha de la solicitud cumplan los siguientes requisitos generales:
a) Edad: Personas comprendidas entre los 18 y los 64 años.
b) Empadronamiento en un municipio del Territorio Histórico de Gipuzkoa con 6 meses de antelación a la fecha de la solicitud, que estará acompañado de residencia legal y efectiva en el mismo. Excepcionalmente, las personas que demuestren un arraigo social en Gipuzkoa de al menos 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud, podrán ser eximidas del requisito de residencia legal. Por arraigo social se entiende la participación continuada en actividades que demuestren una voluntad de integración social en Gipuzkoa: Escolarización, empleo, actividades formativas, relación frecuente con los servicios sociales o entidades sociales, etc.
c) Presentar un grado de exclusión social que justifique la necesidad del recurso, determinado según el Instrumento de Valoración de la Exclusión Social aprobado por Decreto 385/2013, de 16 de julio.
d) Presentar capacidad para la aceptación de una intervención social socio-educativa pautada por profesionales y tener recursos personales para efectuar un proceso de inclusión social.
e) Presentar un estado de salud que no requiera asistencia continuada o cíclica en instituciones sanitarias, ni la adopción de medidas de salud pública en los recursos. Excepcionalmente, podrán optar a los recursos aquellas personas con enfermedades crónicas o adictivas, siempre que se encuentren en el momento de la solicitud bajo supervisión y en proceso de superación positivo, duradero y verificable.
f) Presentar un grado de autonomía personal que no precise de ayuda de tercera persona para la realización de las actividades de la vida diaria en los términos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
g) No presentar un grado de enfermedad mental que impida la realización de un proceso de inclusión social, medido según el baremo de orientación a alojamiento de inclusión social de atención secundaria que aplique el Departamento de Política Social.
h) No padecer trastornos de conducta graves que puedan perturbar la convivencia en el recurso, medido según el baremo foral de orientación a alojamiento de inclusión social de atención secundaria, complementario del Instrumento de Valoración de la Exclusión Social.
1. El procedimiento se iniciará previa solicitud de la persona interesada o de su representante en los servicios sociales municipales del ayuntamiento donde la primera estuviera empadronada.
2. Excepcionalmente, en el caso de las personas no empadronadas que acrediten arraigo social en los términos de la letra b) del apartado cuarto, se admitirán solicitudes a través de entidades sociales habilitadas.
La solicitud, debidamente cumplimentada y firmada, irá acompañada de la siguiente documentación:
a) Fotocopia de documento acreditativo de la identidad de la persona solicitante.
b) Declaración de ingresos si los hubiera.
c) Certificado de empadronamiento o documentación acreditativa de arraigo, en el caso de que la Diputación Foral de Gipuzkoa no pudiera obtener dicha información por sus propios medios.
d) Informe social en el que se especifiquen los contenidos del apartado tercero, que incluirá una motivación de la derivación y una valoración y orientación profesional favorable. En el informe social se valorarán expresamente los recursos personales para realizar un proceso de incorporación social.
e) En caso de ser necesario, informe médico en el que se haga constar que la persona solicitante cumple con los requisitos establecidos en las letras e) y g) del apartado cuarto y, en su caso, las pautas de medicación.
f) Si las tuviera, valoración de la discapacidad y/o valoración de la situación de dependencia.
g) Valoración del grado de exclusión social según el Instrumento de Valoración de la Exclusión Social aprobado por Decreto 385/2013, de 16 de julio.
h) Plan de atención personalizada al que se refiere el artículo 19.1, de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.
i) Cualquier otra información que resulte pertinente y que permita dar la orientación más adecuada a cada caso.
1. Las solicitudes debidamente cumplimentadas y la documentación necesaria se remitirán al Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
2. El Servicio de Inserción Social, Atención a Mujeres Víctimas de violencia machista y Urgencias sociales del Departamento de Política Social realizará la valoración, diagnóstico y orientación del caso teniendo en cuenta los siguientes aspectos para elaborar su propuesta:
a) Respuesta de la persona a intervenciones previas.
b) Grado de cronificación y de deterioro personal.
c) Objetivos estructurales a cubrir a través de la intervención.
d) Recurso más adecuado al perfil, las necesidades y los objetivos de la persona destinataria.
e) Duración estimada de la intervención.
3. A las solicitudes que el Servicio de Inserción Social, Atención a Mujeres Víctimas de violencia machista y Urgencias sociales valore como especialmente complejas, se podrá incorporar en la fase de diagnóstico el baremo foral de orientación a alojamiento de inclusión social de atención secundaria, complementario del Instrumento de Valoración de la Exclusión Social.
4. Cuando se produzca una variación en las circunstancias personales de la persona solicitante que justifique la modificación de la valoración efectuada, se podrá solicitar una revisión de la misma al Departamento de Política Social. En el caso de personas que ya estuvieran en un equipamiento residencial o de atención diurna, será la entidad gestora del recurso quien podrá solicitar dicha revisión.
1. A la vista del informe emitido, el director o directora general de Protección a la Infancia e Inserción Social resolverá la concesión o denegación de acceso al recurso solicitado.
2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses, contados desde la fecha de recepción de la solicitud en el Departamento de Política Social.
3. La resolución por la que se concede el acceso al recurso solicitado deberá identificar el tipo de recurso y la duración de la intervención autorizada. Dicha resolución deberá ser notificada a la persona solicitante o a su representante y comunicada a los servicios sociales del ayuntamiento o entidad social habilitada en el que se presentó la solicitud, así como a la entidad gestora del recurso.
4. Las resoluciones denegatorias deberán estar suficientemente motivadas.
1. La red de servicios y programas de inclusión social competencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa la integran los centros de inclusión social en los que la estancia está condicionada al cumplimiento de un programa socio-educativo, a la valoración profesional del caso y al cumplimiento de un Plan Individual de Atención. Dichos centros no tienen la consideración de residencia o vivienda habitual de las personas acogidas.
2. A efectos de las prestaciones económicas integradas en el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social regulado por la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social y de la Ayuda para la Garantía de Ingresos que concede el Departamento de Política Social, los centros residenciales para personas en situación de exclusión y marginación tienen la consideración de centros de acogida temporal.
1. La lista de espera es el instrumento a través del cual el Departamento de Política Social ordena las prioridades de atención a las necesidades sociales en función de los recursos disponibles, estableciendo el orden de acceso de aquellas personas que han obtenido una resolución favorable de acceso a un recurso.
2. Los criterios de gestión de la lista de espera serán los siguientes:
a) Grado de necesidad.
b) Evolución positiva del proceso de intervención.
c) Riesgo o vulnerabilidad.
e) Cercanía del centro al domicilio, al centro formativo u ocupacional.
3. La persona solicitante o, en su caso, la entidad a través de la que se haya formalizado su solicitud, podrán conocer la posición que ocupa su solicitud en la lista de espera.
1. El Departamento de Política Social remitirá a la entidad prestadora del recurso que corresponda la información que precise de la persona usuaria.
2. Una vez producida una vacante en un determinado servicio, la entidad prestadora correspondiente comunicará a la persona interesada la fecha definitiva de acceso, según el orden de preferencia establecido en la lista de espera que elabora el Departamento de Política Social. La entidad comunicará al Departamento de Política Social la fecha definitiva de acceso.
1. Previamente al ingreso en el recurso, se podrá establecer una fase de conocimiento mutuo que en ningún caso podrá ser superior a 15 días, contados desde la comunicación del Departamento de Política Social al centro.
2. Al ingreso de la persona usuaria, la o el profesional de referencia del recurso le explicará los objetivos de su estancia en el mismo, la duración prevista y los criterios de evaluación, entregándole una copia de los mismos y de las normas del centro. Asimismo, recabará por escrito su conformidad y su compromiso con dichas normas.
3. La o el profesional de referencia del caso ejercerá sus funciones adecuándolas al procedimiento básico de intervención previsto en el artículo 19 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.
4. El primer mes posterior a la fecha real de acceso se considerará como fase de adaptación, transcurrida la cual y tras su evaluación, la estancia tendrá carácter definitivo.
5. En la fase de conocimiento y en la fase de adaptación, la entidad prestadora del recurso podrá emitir un informe motivado en el que alegue dificultades para el acceso definitivo de la persona propuesta.
6. El Servicio de Inserción Social, Atención a Mujeres Víctimas de violencia machista y Urgencias sociales del Departamento de Política Social analizará el informe y en el plazo máximo de 15 días emitirá propuesta de resolución al Director General de Protección a la Infancia e Inserción Social para la resolución definitiva de la solicitud.
7. La aceptación del informe no supone pérdida del derecho de acceso al recurso para la persona solicitante, puesto que el Departamento de Política Social podrá proponer una nueva orientación del caso.
8. El Departamento de Política Social podrá revisar de oficio la resolución inicial, cuando disponga de información que indique que el acceso definitivo no es aconsejable.
9. Si transcurridos 3 días hábiles desde la comunicación a la persona interesada de la asignación de una plaza, no se hubiera incorporado al centro asignado sin causa justificada, se entenderá que renuncia a la plaza, quedando ésta disponible para la siguiente persona de la lista.
10. El acceso al centro obliga a la persona usuaria a aceptar las normas de funcionamiento del mismo.
1. La persona usuaria acordará con la entidad gestora del recurso, en el plazo máximo de un mes desde el inicio del servicio, un Plan Individual de Atención que defina las acciones a desarrollar para alcanzar los objetivos estructurales de la intervención. Dicho plan será enviado al Departamento de Política Social, el cual lo pondrá a disposición de los servicios sociales municipales correspondientes.
2. El Plan Individual de Atención deberá contener las necesidades sociales de la persona usuaria, los objetivos planteados y las acciones concretas a desarrollar. Asimismo, incluirá las áreas de servicios sociales, formación, jurídica, salud (general y mental), laboral y ocio y tiempo libre y cualquier otra área que se estime oportuna trabajar para la realización de un mejor proceso de inclusión social.
3. El centro evaluará el grado de cumplimiento del Plan Individual de Atención con una periodicidad mínima trimestral, y revisará y actualizará sus objetivos con la participación de la persona usuaria al menos una vez al año, cuando la intervención llegue a esa duración. Estas revisiones anuales serán remitidas al Departamento de Política Social, que las pondrá a disposición de los servicios sociales municipales correspondientes.
4. El equipo técnico del Departamento de Política Social y los servicios sociales municipales correspondientes podrán hacer sugerencias y proponer modificaciones a los Planes Individuales de Atención, que deberán ser compartidas con la persona usuaria.
Todos los recursos de la red de atención secundaria dispondrán de un reglamento de régimen interno que como mínimo contendrá las normas de convivencia del centro, los derechos y las obligaciones de las personas usuarias, instrumentos de participación de éstas y el régimen de infracciones y sanciones. Un ejemplar de dicho reglamento se facilitará a todas las personas usuarias en el momento de acceder al centro o recurso. También se remitirán copias actualizadas de dichos reglamentos al Departamento de Política Social.
1. Cuando se haya logrado la inclusión social de la persona usuaria y haya transcurrido el periodo máximo de estancia en el recurso o, por el contrario, cuando proceda la expulsión del centro como consecuencia de sanciones impuestas, la entidad gestora propondrá al Departamento de Política Social la baja de la persona usuaria.
2. Serán causas de baja en el recurso:
a) Finalización del programa, con cumplimiento de todos los objetivos fijados en el Plan de Atención Individual.
b) Baja pactada con la persona usuaria, con cumplimiento parcial de los objetivos fijados en el Plan de Atención Individual.
c) Abandono del programa por parte de la persona usuaria.
d) Traslado de centro dentro de la red de inclusión social de competencia foral.
f) Expulsión por infracciones muy graves. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.5 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, la expulsión implica una suspensión temporal del derecho al servicio durante 6 meses. Transcurrido dicho periodo de tiempo, se podrá iniciar un nuevo procedimiento de acceso.
g) Otras causas de baja por razones sobrevenidas.
3. Igualmente, los servicios sociales del ayuntamiento en el que esté empadronada la persona usuaria podrán proponer justificadamente la baja en el recurso, trasladando la solicitud al Departamento de Política Social. La solicitud será resuelta en el plazo máximo de 15 días.
4. Una vez recibido el informe justificativo de la propuesta de baja, el Departamento de Política Social tomará una decisión definitiva, una vez evaluada la propuesta.
5. En el caso de expulsión, la entidad gestora del recurso deberá remitir al Servicio de Inserción Social, Atención a Mujeres Víctimas de violencia machista y Urgencias sociales del Departamento de Política Social un informe justificativo en el plazo máximo de 48 horas desde la expulsión.
6. El Departamento de Política Social podrá desestimar el informe justificativo de la expulsión y podrá decidir su reingreso o un traslado de centro.
7. En cualquier caso, el Departamento de Política Social podrá actuar de oficio para valorar la conveniencia de dar de baja a la persona usuaria en el recurso.
8. El servicio se podrá suspender temporalmente, sin causar baja en el mismo, y con reserva de plaza, para circunstancias tales como un ingreso hospitalario o situaciones similares, con el correspondiente informe justificativo.
1. En el caso de que la entidad prestadora del recurso o profesional referente del caso consideren que la estancia de una persona usuaria debe prolongarse más allá del tiempo de estancia determinado como máximo por el Departamento de Política Social, y la persona atendida esté de acuerdo, deberán remitir al Departamento de Política Social una solicitud expresa antes de la finalización de la estancia, además de un informe social que justifique dicha petición.
2. La persona usuaria también podrá solicitar una prórroga, en cuyo caso el Departamento de Política Social requerirá un informe a la entidad prestadora del recurso.
3. En ambos casos, el informe hará constar la evolución habida en el tiempo de estancia, las posibles dificultades para la inclusión social y, en su caso, la justificación para la continuidad de la estancia.
4. El Departamento de Política Social deberá autorizar expresamente la prórroga del recurso prestado. En el caso que se deniegue la continuidad del recurso, la entidad gestora deberá cesar en su prestación.
Si con posterioridad al acceso a un recurso concurriera una discapacidad mental de tal grado que impidiera la toma de decisiones de la persona usuaria en aspectos básicos de su vida, la dirección del centro o profesional referente del caso comunicará tal circunstancia a la familia con el fin de iniciar los trámites oportunos para la asignación de un nuevo recurso. En el supuesto de no existir familia o de que ésta no atendiera al requerimiento, se comunicará el hecho al Departamento de Política Social, para adoptar las decisiones pertinentes que garanticen los derechos de la persona usuaria y orientar, en su caso, una tutela o curatela legal.
1. Las causas para solicitar traslado de centro o equipamiento podrán ser las siguientes:
b) Acercamiento al domicilio de procedencia o al centro formativo para facilitar el proceso de inclusión social.
c) Cambio en la situación de exclusión social que aconseje el acceso a otro recurso mejor adaptado a las necesidades actuales de la persona usuaria.
2. La solicitud de traslado la formularán el o la responsable del centro en el que se encuentre la persona usuaria o los servicios sociales municipales de referencia. En ambos supuestos se deberá consultar a la persona usuaria.
3. Las solicitudes de traslado serán analizadas por el Servicio de Inserción Social, Atención a Mujeres Víctimas de violencia machista y Urgencias sociales del Departamento de Política Social, quien podrá proponer el traslado atendiendo a la información disponible sobre la situación de la persona usuaria y su evolución.
1. Cuando una persona menor de edad atendida por el Servicio de Protección a la Infancia y la Adolescencia del Departamento de Política Social cumpla 18 años y dicho servicio considere que debe completar un proceso de emancipación, podrá solicitar el acceso a la red de atención secundaria de inclusión social directamente al Servicio de Inserción Social, Atención a Mujeres Víctimas de violencia machista y Urgencias sociales del Departamento de Política Social.
2. Dicha propuesta contendrá la conformidad expresa de la persona solicitante y el informe social ajustado al modelo diseñado específicamente para esta derivación.
1. En los casos orientados al programa de intervención socioeducativa con familias, los servicios sociales del ayuntamiento que tramite la solicitud deberán cumplimentar el baremo de valoración específica para este programa.
2. El Servicio de Inserción Social, Atención a Mujeres Víctimas de violencia machista y Urgencias sociales del Departamento de Política Social valorará el caso, teniendo en cuenta el contenido del presente decreto foral.
1. La solicitud de acceso de las personas implicadas en un proceso de desintoxicación podrán ser remitidas al Servicio de Inserción Social, Atención a Mujeres Víctimas de violencia machista y Urgencias sociales del Departamento de Política Social por aquellas entidades sociales autorizadas expresamente para ello.
2. En cualquier caso, la documentación a aportar será la siguiente:
a) Fotocopia del documento acreditativo de la identidad.
b) Certificado de empadronamiento o documentación acreditativa de arraigo.
c) Informe que motive la derivación.
d) Plan Individual de Atención.
1. Cuando una persona solicitante tenga dificultades objetivas de acceso a los servicios sociales de base por razones de situación legal, falta de empadronamiento o encarcelamiento, la solicitud podrá ser remitida al Servicio de Inserción Social, Atención a Mujeres Víctimas de violencia machista y Urgencias sociales del Departamento de Política Social por aquellas entidades sociales habilitadas expresamente para ello.
2. Por lo demás, el procedimiento de acceso a los recursos será el mismo que en los demás casos.
1. Cuando concurran circunstancias fortuitas de extraordinaria gravedad, el Departamento de Política Social podrá adjudicar una plaza vacante sin solicitud previa, siempre que se evidencie la aptitud de la persona de que se trate para ser atendida en el conjunto de recursos contemplado por el presente decreto foral.
2. Previamente, deberá justificarse la necesidad de atención urgente de la persona, a través de un informe social.
1. El Departamento de Política Social procederá, en el plazo máximo de un año a contar desde la fecha de entrada en vigor del presente decreto foral, a la aprobación de los siguientes baremos:
1. Baremo foral de orientación a alojamiento de inclusión social de atención secundaria, complementario del Instrumento de Valoración de la Exclusión Social.
2. Baremo de valoración específica para el programa intervención socioeducativa con familias.
2. Hasta que se aprueben los baremos de valoración a los que se refiere el párrafo anterior, será de aplicación el Instrumento de Valoración de la Exclusión Social aprobado por Decreto 385/2013, de 16 de julio.
Vigesimoquinto. El presente decreto foral surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.
Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa. Las personas interesadas podrán interponer directamente contra él recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Donostia-San Sebastián en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación.
La red de alojamientos para la inclusión social es compleja y presenta dos grandes ejes para su articulación: A) el nivel y etiología de la desestructuración de la persona y b) la voluntad o no de hacer un itinerario de inclusión. La respuesta a este par de ejes define el tipo concreto de centro.
Dado el nivel de recursos existentes y su grado de complejidad en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, su tipología específica se desarrolla en el anexo 2.
Los centros de día de atención secundaria son equipamientos de proximidad, flexibles y polivalentes, abiertos durante un amplio abanico de horas. La utilización horaria varía en función de las necesidades. Los personas usuarias de este tipo de servicio pueden ser personas que están en centros residenciales, pero también pueden ser personas que viven en sus domicilios y necesitan de un acompañamiento social y una intervención educativa continuada.
La intervención socio-educativa con familias, de atención secundaria, es un servicio con un conjunto de prestaciones relacionales orientadas a sustituir hábitos, comportamientos, percepciones, sentimientos y actitudes inadecuados, por otros más adaptados, así como a adquirir o a desarrollar las capacidades necesarias para hacer posible una adecuada convivencia y/o cuidado de las personas que se encuentran a su cargo, modificando, en su caso, aquellos aspectos que dificulten un adecuado ejercicio de las funciones parentales, familiares y convivenciales.
Se entenderá por acompañamiento especializado la prestación social de atención secundaria, en virtud de la cual la persona participa, en relación con un/una profesional cualificado/a, en una relación de ayuda que contribuye a mejorar el desenvolvimiento autónomo y la integración social. El acompañamiento especializado permite a la persona usuaria contrastar su situación, explicitar sus objetivos en relación con el desarrollo de su autonomía personal y su integración social y contar con una persona de referencia a lo largo del proceso.
Este programa tiene como objetivo principal una mejora de las condiciones de vida de las personas atendidas y una preparación a la vida autónoma que evite procesos innecesarios de institucionalización. El acompañamiento especializado es una programa de atención secundaria flexible y muy personalizado que no descarta el posterior acceso a centros, cuando la motivación para el cambio y la conciencia de problema estén más trabajadas.
TIPOLOGÍA ESPECÍFICA DE ALOJAMIENTOS
1.a) Centros residenciales de alta exigencia. Son alojamientos de atención de 24 horas, destinados a personas que han tenido un proceso de desestructuración importante y precisan una intervención de alta exigencia para hacer un proceso de Inclusión social.
1.b) Vivienda de grupo (pisos) de media exigencia. Son alojamientos sin atención de 24 horas, destinados a jóvenes entre 18 y 23 años que no han terminado su proceso de emancipación, por lo que precisan de un acompañamiento social intenso, debido a su alto riesgo social.
2.a) Centros residenciales para personas con situaciones cronificadas. Son alojamientos para personas con un proceso de deterioro importante, que precisan de un servicio de larga duración (3-6 años) con un enfoque que combina una visión de Inclusión social con una visión más paliativa.
2.b) Centros residenciales o pisos de media estancia. Son alojamientos, (generalmente centros de atención de 24 horas, pero también pisos), destinados a personas que tienen una desestructuración media y precisan una intervención de media exigencia y de media intensidad para su inclusión social.
2.c) Centro de valoración. Alojamiento destinado a personas que necesitan una valoración y un diagnóstico más completo, con una estancia que implica una observación continuada. Mientras se hace la valoración se empieza a hacer un proceso de incorporación social.
3.a) Viviendas de grupo (pisos) de inclusión social. Son alojamientos para individuos y familias, con unos niveles de exclusión social moderados pero con un arraigo social muy bajo, que precisan de intervenciones de intensidad variable, por el alto riesgo de agravamiento de la situación.
3.b) Viviendas de grupo (pisos) de desvinculación. Son alojamientos para personas que han pasado por otro tipo centros, pero todavía precisan de un acompañamiento social de mayor o menor duración para completar su proceso de incorporación social y como proceso de transición a la vida normalizada.

References: artículo 22
 artículo 22
 artículo 19
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 19
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 93