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Timestamp: 2019-01-23 09:59:00+00:00

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﻿ Sentencia 45603 de mayo 28 de 2014
SENTENCIA 45603 DE 28 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:CALCULAR EL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 100 DE 1993, NO DESCONOCE LOS PRINCIPIOS DE INESCINDIBILIDAD Y FAVORABILIDAD DE LA LEY. SE ESTABLECE QUE EL HECHO DE QUE LA NORMA QUE RIJA EL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL SEA EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993, Y LOS DEMÁS ELEMENTOS SEAN REGIDOS POR LAS LEYES ANTERIORES A LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES, NO DESCONOCE EL PRINCIPIO DE INESCINDIBILIDAD DE LA LEY, PUES LA MISMA NORMA ES LA QUE DISPONE LA MIXTURA NORMATIVA DENTRO DEL MARCO DE LA FACULTAD DEL LEGISLADOS DE CONFIGURAR LOS DERECHOS PENSIONALES, QUE BIEN PUEDE AMPARAR CIERTAS CONDICIONES DEL RÉGIMEN ANTERIOR Y MODIFICAR ASPECTOS COMO EL RELATIVO AL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN PENSIONAL. A SU VEZ, TAMPOCO SE DA TRANSGRESIÓN DE LA FAVORABILIDAD, PUESTO QUE NO SE TRATA DE UN CONFLICTO NORMATIVO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO QUE SE REFIERE A NORMAS VIGENTES, PUES HA DE ENTENDERSE QUE EN EL ASPECTO DEL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA TRANSICIÓN SALVO NORMA ESPECIAL, QUEDARON DEROGADOS LOS PRECEPTOS ANTERIORES.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, PENSIÓN DE VEJEZ, RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN, INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, PRINCIPIO DE INESCINDIBILIDAD
Sentencia 45603 de mayo 28 de 2014
SL6739-2014
Radicación: 45603
Interpuesto por el apoderado de la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver previo estudio de la demanda del recurso extraordinario y la réplica del instituto. Bogotá, D.C., no presentó oposición.
La Corte procederá al estudio conjunto de los cargos que se elevan contra el fallo del tribunal, en atención a que se orientan por la misma vía, persiguen idéntico objetivo, y por así permitirlo el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 161 de la Ley 446 de 1998.
Dada la orientación jurídica de los cargos no se discute que: i) a la actora el instituto demandado le reconoció pensión de jubilación por aportes mediante Resolución 8181 de 16 de mayo de 2003, a partir del 2 de septiembre de 2002, en cuantía de $ 488.958; ii) que cumplió 55 años de edad el 17 de julio de 2000; iii) que en toda la vida laboral acumuló 27,6 años de servicios; iv) que a la entrada en vigencia del sistema le hacían falta menos de 10 años para estructurar el derecho pensional.
1. De conformidad con la anterior situación fáctica, estima la Corte que no se equivocó el tribunal en el tema relativo a la normatividad que regula el ingreso base de liquidación pensional de las personas en régimen de transición que a la entrada en vigencia del sistema les hacía falta menos de 10 años para adquirir el derecho, que por regla general se calcula conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
En este caso no se discute que la actora como beneficiaria del régimen de transición estructuró el derecho a la pensión de jubilación por aportes conforme a la Ley 71 de 1988 a partir del cumplimiento de la edad, esto es, el 17 de julio de 2000, por lo que a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, le hacían falta menos de 10 años para adquirir el derecho.
Y ha precisado esta corporación que el régimen de transición garantiza a sus beneficiarios de cara a la prestación por vejez o jubilación, y en relación con la normatividad que venía rigiendo en cada caso, lo atinente a la edad y el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas para acceder al derecho, y el monto de la prestación en lo que toca con la tasa de reemplazo; pero no en lo referente al ingreso base de liquidación pensional que se rige en estricto rigor por lo previsto por el legislador en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que hace alusión para el evento de quienes estando en transición les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, al promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior.
Esta Sala de la Corte, en sentencia de 23 de febrero de 2010, radicación 37036, entre otras muchas, ha sostenido tal criterio. Dijo textualmente la corporación en esa providencia:
“… esta corporación tiene definido que la norma aplicable para establecer el ingreso base de liquidación de la pensión de vejez en casos como el que ocupa la atención de la Sala, no es otra que el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no siendo en consecuencia de recibo lo pretendido por la parte actora de que el IBL debió liquidarse con el 75% pero del promedio salarial devengado durante el último año de servicios, lo que trae consigo que no sea factible aplicar en su integridad el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, sino únicamente en aquellos aspectos que en el régimen de transición se dispuso eran gobernados por la legislación anterior, valga decir, la edad para acceder a la prestación, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto porcentual de la pensión.
En sentencia reciente del 20 de octubre de 2009 radicado 36662, en donde se discutía este puntual aspecto, la Sala mantuvo invariable su propio criterio que viene de tiempo atrás, cuyas enseñanzas desvirtúan lo expresado por la censura al final del cargo como “consideraciones de instancia”, y que ahora se reiteran por cuanto no existen nuevos elementos de juicio que permitan modificar el criterio que actualmente impera. En la decisión en comento, se puntualizó:
‘(...) La censura persigue que se determine jurídicamente, que el tribunal le dio un entendimiento o alcance equivocado al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al concluir que a un empleado público en régimen de transición se le liquida la pensión con el IBL en la forma prevista en el inciso 3º de ese ordenamiento legal, cuando debió acoger para estos efectos en su integridad el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 y con base en ello establecer el promedio devengado, que le resultaría más favorable al afiliado, y así no se violaría el principio de inescindibilidad de la norma, máxime que la transición conlleva la aplicación del régimen anterior y expresamente en lo que tiene que ver con el tiempo de servicios, la edad y el monto de la pensión; todo lo cual con el firme propósito de hacer variar la actual postura de la Corte Suprema de Justicia.
Igualmente ha adoctrinado, que no obstante lo anterior, en lo concerniente al ingreso base de liquidación de la pensión para quienes les hacía falta menos de diez (10) años para adquirir el derecho, no se rige por las disposiciones que antecedían a la pluricitada ley de seguridad social, sino por el inciso tercero del artículo 36 de marras que reza: “... El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo, si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación de índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE” (resalta la Sala), estructura que surge del propio texto de la ley, lo que permite válidamente esa mixtura normativa, sin que ello signifique violación alguna a los principios de favorabilidad y de inescindibilidad o aplicación total de la norma.
<En relación con el régimen de transición pensional y la regulación del ingreso base de liquidación, explicó esta Sala en la sentencia del 17 de octubre de 2008, radicación 33343:
‘De tal suerte que esa mixtura normativa, que no constituye un exabrupto jurídico, pues es característica de los regímenes expedidos para regular transiciones normativas, surge del propio texto de la ley y no es resultado de una caprichosa interpretación de las normas que instituyeron el sistema de seguridad social integral en pensiones” (lo resaltado es de la Sala).
En el específico caso de la pensión de jubilación por aportes, la Corte ha aplicado idéntico criterio para las personas en régimen de transición, aún durante la vigencia del artículo 6º del Decreto 2709 de 1994 que reglamentó el artículo 7º de la Ley 71 de 1988 y que fuera derogado por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, como se precisó entre otras, en sentencias CSJ SL, 23 abr. 2003, rad. 19459; reiterada en las CSJ SL, 24 jul. 2012, rad. 44980 y CSJ SL, 16 oct. 2012, rad. 43708.
Ahora bien, no se desconoce el principio de inescindibilidad cuando se calcula el IBL de las personas en régimen de transición que les faltaba menos de 10 años para adquirir el derecho a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, con fundamento en el artículo 36 de la Ley 100, pues es la misma norma la que dispone la mixtura normativa dentro del marco de la facultad del legislador de configurar los derechos pensionales, que bien puede amparar ciertas condiciones del régimen anterior y modificar aspectos como el relativo al ingreso base de liquidación pensional. Tampoco se da transgresión de la favorabilidad, puesto que no se trata de un conflicto normativo en los términos del artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo que se refiere a normas vigentes, pues ha de entenderse que en el aspecto del IBL para los beneficiarios de la transición salvo norma especial, quedaron derogados los preceptos anteriores.
Las enseñanzas plasmadas por esta Sala de la Corte en las providencias antes referidas tienen plena aplicación al caso sub examine, donde la demandante siendo beneficiaria del régimen de transición, se itera, a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, le faltaban menos de diez (10) años para adquirir el derecho, pues la pensión de jubilación por aportes se estructuró en el año 2000. Así las cosas, el ingreso base de liquidación “será el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”, según lo dispone el inciso 3º del citado artículo 36 de la ley de seguridad social.
2. En relación con los factores salariales a tenerse en cuenta para el cálculo de la pensión, se ha de señalar que con la incorporación de los servidores públicos al sistema de seguridad social verificada por la Ley 100 y desarrollada en sus decretos reglamentarios, ellos están en la obligación de efectuar aportes de conformidad con los artículos 13 literal d) y 18 de la Ley 100 de 1993. Es así como el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, que modificó el 6º del 691 de ese año, fijó los factores que integran el salario mensual base para calcular las cotizaciones al sistema de los servidores públicos y que son: la asignación básica mensual, los gastos de representación, la prima técnica cuando sea factor de salario, las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario; la remuneración por trabajo dominical o festivo; la remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y la bonificación por servicios prestados.
En sentencia CSJ SL, 26 feb. 2002, rad. 17192, ratificada en la CSJ SL, 10 mayo 2011, rad. 37927, explicó la Sala:
El artículo 36, inciso 3º, de la Ley 100 de 1993, no define los elementos integrantes de la remuneración del afiliado sujeto al régimen de transición, que conforman el ingreso base para calcular el monto de las cotizaciones obligatorias al sistema general de pensiones, ni tampoco los que deben conformar el ingreso base de liquidación de la pensión de vejez, sino que establece los periodos de remuneración que deben tomarse en cuenta para determinar este ingreso.
Cabe agregar que incluso antes de la entrada en vigencia del sistema de seguridad social integral, en los eventos en que los servidores públicos realizaban cotizaciones tampoco lo hacían sobre el total de lo devengado, sino que la ley fijaba los factores salariales para esos efectos; así el tema fue regulado inicialmente en el artículo 3º de la Ley 33 de 1985 y luego en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 modificatorio del anterior que en esencia contemplaba los mismos conceptos salariales a que hoy en vigencia de la Ley 100 de 1993, se refiere el Decreto 1158 de 1994 para integrar el salario base de cotización en materia pensional de los servidores públicos.
Importa precisar que el tema de los factores salariales se trató por la censura fundado exclusivamente en la infracción directa del artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, que no es aplicable al caso; de manera que la Corte no puede en razón del carácter dispositivo de este recurso extraordinario, efectuar un examen jurídico distinto al planteado en el recurso, ni mucho menos entrar a verificar hechos y pruebas del proceso para determinar la forma cómo se hicieron las cotizaciones, pues dada la vía de ataque seleccionada ese estudio fáctico está vedado al tribunal de casación.
Así las cosas, no incurrió el juzgador ad quem, en los yerros jurídicos que se le endilgan, y en consecuencia, no prosperan los cargos.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte demandante recurrente y a favor del instituto como único opositor. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 3’150.000. Por secretaría tásense las demás costas.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 26 de agosto de 2009, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Flor de Lina Jiménez de Álvarez contra el Instituto de Seguros Sociales en liquidación, sustituido procesalmente por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones y Bogotá, D.C.

References: ARTÍCULO 36
 ARTÍCULO 21
 artículo 51
 artículo 161
 Resolución 
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 1
 artículo 36
 artículo 1
 artículo 36
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 24
 artículo 36
 artículo 21
 artículo 36
 artículo 1
 artículo 36
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 42