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Timestamp: 2020-04-05 17:02:37+00:00

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Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de Septiembre de 2006. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Serie C No. 152 - Jurisprudencia - VLEX 428300166
Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de Septiembre de 2006. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Serie C No. 152
Fecha de Resolución: 21 de Septiembre de 2006
Caso: Servellón García y otros Vs. Honduras
Caso Servellón García y otros vs. Honduras
Sentencia de 21 de septiembre de 2006
En el caso S.G. y otros,
El 2 de febrero de 2005, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió ante la Corte una demanda contra la República de Honduras (en adelante “el Estado” u “Honduras”), la cual se originó en la denuncia No. 12.331, recibida en la Secretaría de la Comisión el 11 de octubre de 2000.
La Comisión presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte decidiera si el Estado violó los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de M.A.S.G. (16 años de edad), R.A.B.V. (17 años de edad), D.O.G.S. (19 años de edad) y O.Á.R. (32 años de edad). Asimismo, solicitó a la Corte que se pronunciara sobre la violación del Estado de los artículos 5.5 (Derecho a la Integridad Personal), 7.5 (Derecho a la Libertad Personal) y 19 (Derechos del Niño) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese tratado, en perjuicio de los niños M.A.S.G. y R.A.B.V., y de los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del referido tratado, en perjuicio de los familiares de las presuntas víctimas. La Comisión señaló que sometió ante la Corte la demanda por las supuestas condiciones inhumanas y degradantes de detención de las presuntas víctimas por parte del Estado; los golpes y ataques contra la integridad personal de los que se indica fueron víctimas por parte de los agentes policiales; su alegada muerte mientras se encontraban detenidos bajo la custodia de agentes policiales; así como la supuesta falta de investigación y garantías judiciales que caracterizan sus casos, los cuales se encuentran en la impunidad después de más de “nueve” años de ocurridos los hechos. Marco A.S.G., R.A.B.V., O.Á.R. y D.O.G.S., entre el 15 y 16 de septiembre de 1995, fueron supuestamente detenidos durante una detención preventiva u operativo realizado por la entonces Fuerza de Seguridad Pública (en adelante “FUSEP”)[1]. Los cuatro jóvenes fueron supuestamente ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado y el 17 de septiembre de 1995 sus cadáveres fueron encontrados, a la intemperie, en diferentes lugares de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.
La Comisión solicitó a la Corte que, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención, ordenara al Estado adoptar determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda. Por último, solicitó a la Corte que ordene al Estado el pago de las costas y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante los órganos del Sistema Interamericano.
La Corte Interamericana es competente para conocer el presente caso, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención, en razón de que Honduras es Estado Parte en la Convención Americana desde el 8 septiembre de 1977 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 septiembre 1981.
El 11 de octubre de 2000 el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Asociación Casa Alianza América Latina (en adelante “los peticionarios”) presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana, a la cual se dio trámite bajo el número 12.331.
El 27 de febrero de 2002 la Comisión Interamericana aprobó el Informe de Admisibilidad No. 16/02, mediante el cual declaró admisible el caso.
El 19 de octubre de 2004 la Comisión, durante su 121( Período Ordinario de Sesiones, aprobó el Informe de Fondo No. 74/04, de conformidad con el artículo 50 de la Convención, mediante el cual concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4.1 (Derecho a la Vida), 5.1 y 5.2 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de dicho tratado, en perjuicio de M.A.S.G., R.A.B.V., O.Á.R. y D.O.G.S., y los artículos 5.5 (Derecho a la Integridad Personal) y 19 (Derechos del Niño) de la Convención, en perjuicio de las presuntas víctimas menores de edad. Además, el Estado es responsable por la violación de los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de dicho instrumento, en perjuicio de los familiares de las presuntas víctimas. A su vez, la Comisión recomendó al Estado la adopción de una serie de medidas para subsanar las mencionadas violaciones.
El 2 de noviembre de 2004 la Comisión Interamericana transmitió el Informe de Fondo No. 74/04 al Estado y le otorgó un plazo de dos meses para que informara sobre las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones formuladas. En la misma fecha, la Comisión comunicó a los peticionarios la adopción del informe y su transmisión al Estado y les solicitó su posición respecto del eventual sometimiento del caso a la Corte Interamericana. El 2 de diciembre de 2004 los peticionarios solicitaron que el caso fuera sometido a la Corte.
El 13 de enero de 2005 el Estado presentó información, en la cual se refirió a las medidas adoptadas en relación con las recomendaciones del Informe de Fondo No. 74/04.
El 1 de febrero de 2005 la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de este Tribunal.
El 2 de febrero de 2005 la Comisión presentó la demanda ante la Corte, adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial y pericial. La Comisión designó delegados a E.F.A. y S.A.C., y asesores legales a A.D., M.B., V.M.B. y M.C.R..
El 2 de marzo de 2005 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), notificó ésta al Estado y le informó sobre los plazos para contestarla y designar representación en el proceso. Además la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó al Estado de su derecho a designar un juez ad hoc para la consideración del caso.
Ese mismo día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1.d y 35.1.e del Reglamento, la Secretaría notificó la demanda al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”) y a la Asociación Casa Alianza América Latina (en adelante “Casa Alianza”), designados en la demanda como representantes de las presuntas víctimas y sus familiares (en adelante “los representantes”) y les informó que contaban con un plazo de dos meses para presentar su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”).
El 29 de abril de 2005 el Estado comunicó la designación del señor Á.A.L., Embajador ante el Gobierno de Costa Rica, como Agente y de la señora Argentina Wellerman, como agente alterna[2].
El 2 de mayo de 2005 los representantes presentaron su escrito de solicitudes y argumentos, al cual acompañaron prueba documental y ofrecieron prueba testimonial y pericial. Los representantes solicitaron a la Corte que concluya que el Estado es responsable por la violación de los artículos 4.1 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 7 (Derecho a la Libertad Personal); 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del mismo tratado, en perjuicio de las presuntas víctimas, y por la violación de los artículos 5.5 (Derecho a la Integridad Personal) y 19 (Derechos del Niño) de la Convención respecto a M.A.S.G. y R.A.B.V.. Asimismo, los representantes alegaron la violación de los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, respecto a los familiares de las presuntas víctimas. Asimismo, solicitaron que la Corte declare la violación del derecho de la verdad de los familiares de las presuntas víctimas y de la sociedad hondureña en general, conforme a los artículos 8, 13, 25 y 1.1 de la Convención. Por último, solicitaron a la Corte determinadas medidas de reparación a favor de las presuntas víctimas y sus familiares, así como el pago de costas y gastos.
Los días 4 y 12 de julio de 2005 el Estado presentó el escrito de contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de contestación de la demanda”) y sus anexos, respectivamente, mediante el cual comunicó su allanamiento a los hechos contenidos en los párrafos 27 al 106 de la demanda presentada por la Comisión Interamericana, y contestó los hechos relativos al supuesto contexto en el que éstos se dieron, rechazando de este...

References: artículo 1
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 artículo 63
 artículo 50
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 artículo 35
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