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Timestamp: 2019-05-24 11:16:01+00:00

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﻿ SENTENCIA 13936 DE OCTUBRE 21 DE 2004
SENTENCIA 13936 DE 21 DE OCTUBRE DE 2004
CONTENIDO:IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. SE DECLARA LA NULIDAD DE LA EXPRESIÓN "INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD DEL BENEFICIARIO DE LOS MISMOS" CONTENIDA EN EL INCISO 3 DEL ARTÍCULO 10 DEL DECRETO REGLAMENTARIO 522 DE 2003.
TEMAS ESPECÍFICOS:BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sentencia 13936 de octubre 21 de 2004
Expediente 11001-03-27-000-2003-00047-01-13936
Actor: Sabas Pretelt De La Vega C/La Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Acción pública de nulidad contra el artículo 10, inciso 3º del Decreto 522 de 2003.
Bogotá, D.C., octubre veintiuno de dos mil cuatro.
El ciudadano Sabas Pretelt De La Vega, en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo solicita la nulidad de la frase “independientemente de la calidad del beneficiario de los mismos” contenida en el inciso 3º del artículo 10 del Decreto 522 de 2003 expedido por el Gobierno Nacional y mediante el cual se reglamentó el artículo 35, numeral 2º de la Ley 788 de 2002.
La norma objeto de la presente acción, fue publicada en el Diario Oficial 45.120 del 7 de marzo de 2003, y el texto del aparte demandado que se resalta, es el siguiente:
DECRETO 552 de 2003
“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 788 de 2002 y el estatuto tributario”.
“ART. 10.—Servicios de aseo, vigilancia y temporales de empleo. Para efectos del numeral 2º del artículo 468-3 del estatuto tributario, en cada uno de los contratos de prestación de servicios de aseo, de vigilancia aprobados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y temporales de empleo, prestados por empresas autorizadas por el Ministerio de la Protección Social, gravados con el impuesto sobre las ventas, IVA, a la tarifa del siete por ciento (7%), la base gravable corresponde a la cláusula AIU (administración, imprevistos y utilidad).
PAR. 1º—Los contratos a que se refiere este artículo, suscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 788 de 2002, en los cuales no se expresó la cláusula AIU, deberán ser adicionados con dicha cláusula, salvo los suscritos con entidades estatales a los cuales se les aplicará el tratamiento previsto en el artículo 6º del presente decreto. En todo caso, si no se ha expresado la cláusula AIU, la base gravable para el IVA, se determinará respecto de cada contrato como el valor total del mismo menos el correspondiente a costos y gastos directos comprobables.
PAR. 2º—Cuando para la prestación de alguno de los servicios a que se refiere este artículo no se requiera de contrato escrito y en consecuencia no exista cláusula AIU, el impuesto sobre las ventas, IVA, se causará sobre el valor total del servicio, aplicando las reglas generales del impuesto”.
El actor indica como normas superiores violadas el numeral 2º del artículo 35 de la Ley 788 de 2002, así como los artículos 6º, 113, 114, 121, 150, 189, numeral 11, y 338 de la Constitución Nacional.
Para el demandante, el numeral 2º del artículo 35 de la Ley 788 de 2002 gravó con impuesto sobre las ventas a la tarifa del siete por ciento (7%) a los servicios de vigilancia privada, temporales de empleo y aseo, únicamente sobre la parte del valor del servicio que corresponde a AIU (administración, imprevistos y utilidad), teniendo en cuenta que un alto porcentaje del valor total de estos servicios está destinado al pago de costos laborales, por lo que mal podría haber establecido un IVA sobre la nómina. Así mismo estableció que el valor del impuesto sería cobrado a las empresas que pertenezcan al régimen común, circunscribiendo su cobro entonces a quienes pertenecieran al régimen común del IVA, lo que implicaba que por exclusión no estarían sujetos al cobro del impuesto, los beneficiarios del servicio que no tuvieran esa calidad, sea porque pertenecieran al régimen simplificado o porque tenían la calidad de no responsables del IVA.
Sobre el servicio de vigilancia, el actor presenta una serie de consideraciones sobre su carácter de servicio público esencial estatal, que puede ser prestado de manera indirecta por particulares y que nació a la vida jurídica en razón de las condiciones de inseguridad imperantes, al alto grado de criminalidad, al desorden social gestado por grupos de delincuencia organizada, que colocaron al Estado en la imposibilidad de garantizar ese derecho social, viéndose avocado a buscar el concurso de parte de esa comunidad. Por ello si desde el punto de vista de los fines del Estado, los particulares se ven obligados a contratar vigilantes privados para salvaguardar su vida y bienes, no es de recibo cobrar el IVA por ese servicio a quienes por las circunstancias de orden público se ven obligados a contratarlo, y que por su calidad en relación con ese impuesto deben asumirlo como mayor valor del costo o gasto, razón por la cual el legislador quiso exceptuarlo para quienes no tenían la oportunidad de descontar ese IVA pagado por no tener la calidad de responsables del impuesto.
Así mismo afirma que no obstante dicho mandato perentorio a que el IVA sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada, aseo y temporales de empleo se cobrara únicamente a las empresas del régimen común, el aparte impugnado del artículo 10 del Decreto 522 de 2003 reglamentario del tema, señaló que el impuesto sobre las ventas en la prestación de servicios referidos se cobraría por parte de los responsables que presten esos servicios, independientemente de la calidad del beneficiario de los mismos, lo que implica que se cobre no solo a las empresas usuarias de lo servicios pertenecientes al régimen común como lo ordena claramente el artículo 788 de 2002, sino a los usuarios que pertenezcan al régimen simplificado del IVA o no tengan la calidad de responsables del impuesto.
En su concepto, el aparte impugnado contraría lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 35 de la Ley 788 de 2002, pues modifica lo previsto por la norma a la cual debe subordinarse, con lo cual excede la potestad reglamentaria contemplada por el artículo 189, numeral 11 de la Carta Política, ya que en su ejercicio no es posible consagrar previsiones que modifiquen o restrinjan lo dispuesto por la ley; esta facultad no es absoluta pues encuentra su límite en la Constitución y en la ley.
Finaliza advirtiendo que la norma demandada vulnera igualmente los artículos 113 de la Constitución Política, que se refiere a que las ramas del Poder Público son autónomas e independientes para el cumplimiento de sus funciones, 6º que se refiere a la responsabilidad de los particulares y los servidores públicos, el 121 que prohíbe a toda autoridad del Estado poder ejercer funciones distintas a las atribuidas por la Constitución y la ley y el 150 que señala las funciones del Congreso. En referencia a las anteriores normas constitucionales, sostiene que la cláusula general de competencia legislativa está radicada en el Congreso de la República y que las autoridades estatales no se encuentran facultadas para ejercer funciones que no les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley.
De lo anterior concluye que la norma impugnada usurpó una función propia del Congreso de la República como es la legislativa al consagrar el cobro del IVA a sujetos diversos a los contemplados en la ley, según lo dispuesto en el artículo 338 de la Carta, pues al disponer que el IVA por los servicios de aseo, seguridad y temporales de empleo sería cobrado a los beneficiarios “independientemente de su calidad” consagra unos sujetos pasivos del tributo diversos a los establecidos por el legislador de manera expresa y particular.
Por solicitud del demandante en el escrito de demanda, la Sala mediante auto del 29 de mayo de 2003 accedió a decretar la suspensión provisional del aparte acusado del inciso 3º del artículo 10 del Decreto Reglamentario 522 de 2003, al considerar que a primera vista al comparar la expresión “independientemente de la calidad del beneficiario de los mismos” con el numeral 2º del artículo 35 de la Ley 788 de 2002 incorporada al estatuto tributario en el artículo 468-3, surge la evidente violación normativa que señala el demandante, cumpliendo así uno de los requisitos que reclama el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo imponiéndose la procedencia de la medida cautelar. Al resolver el recurso de reposición interpuesto por la entidad demandada, la Sala mediante auto del 6 de agosto de 2003 no accedió a reponer el auto recurrido.
Para la apoderada de la administración tributaria, lo dispuesto en los apartes acusados del Decreto 522 de 2003, obedeció a válidos antecedentes estructurales del impuesto, por lo que se tendió a impedir que la causación del impuesto sobre las ventas se afectara con la introducción equívoca de gravar los bienes y servicios por la calidad de las personas implicadas en las operaciones.
Con este criterio el Gobierno Nacional pretendió rescatar la objetividad del impuesto, ya que dentro de la legislación tributaria, no puede figurar una actividad que no esté contemplada dentro de las exclusiones o exenciones del impuesto sobre las ventas, las cuales nunca han estado referidas a la calidad del beneficiario o adquirente.
Considera que no se puede aceptar la modificación de la causación, pues se modifica de paso tal objetividad, para dar lugar a una exención en calidad de las personas, haciendo del IVA un gravamen de tipo selectivo, naturaleza ajena a su connotación original y permanente en el tiempo.
Comenta sobre la evolución histórica del IVA en Colombia, y afirma que la ampliación de la base tributaria a través de la eliminación de la mayor parte de exclusiones de bienes y la adopción de un sistema de gravamen general sobre los servicios, tuvo efectos en un incremento potencial en el recaudo, el cual debe mantenerse con el fin de alcanzar las metas propuestas que se consignan en cifras reales como estimativos para formar parte de los ingresos corrientes de la Nación.
Después de anotar los criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional sobre la igualdad y proporcionalidad de los tributos, el alcance de la definición de servicios contenido en el artículo 1º del Decreto 1372 de 1992 y el concepto de la obligación tributaria fundamental, concluye que aceptar que la modificación en la objetividad del impuesto haga tránsito en la legislación fiscal, afecta el principio de certeza que se deriva de la legalidad de los tributos y que en el caso concreto, es el artículo 420 del estatuto tributario el que constituye el marco general al que deben sujetarse las regulaciones posteriores, con el fin de mantener incólume esa objetividad y congruencia del tributo.
Concluye manifestando que “Este mandato de unidad del impuesto, unido al resquebrajamiento de su objetividad, fue la motivación que condujo al Gobierno Nacional incluir la frase objeto de demanda, con lo que en un celoso rigor se podían rescatar los citados propósitos, en la causación del impuesto sobre las ventas respecto de los servicios de aseo, vigilancia privada y temporales de empleo”.
La parte demandante reitera los argumentos expuestos en la demanda, que el Gobierno Nacional a través del artículo 10 del Decreto 522 de 2003 vulneró lo dispuesto por el artículo 35, numeral 2º de la Ley 788 de 2002 en que debió fundarse, excediendo las facultades previstas en el artículo 189, numeral 11 de la Carta, así como las previsiones contenidas en los artículos 6º, 113, 114, 121, 150 y 338 de la misma.
Insiste que la norma demandada implica que el IVA se cobre no solo a las empresas usuarias de los servicios pertenecientes al régimen común como lo manda claramente la Ley 788 de 2002 sino a los usuarios que pertenezcan al régimen simplificado del IVA o no tengan la calidad de responsables del impuesto.
La parte demandada reitera lo aducido en la contestación de la demanda fundamentada en el propósito de la disposición demandada.
La procuradora sexta delegada ante esta corporación en su concepto de fondo considera que debe accederse a la petición de nulidad de la disposición acusada.
Con fundamento en el principio de legalidad de los tributos señala que la ley tributaria ha de contener todos aquellos elementos necesarios para integrar la obligación tributaria, como son el sujeto activo, pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa.
Debido a lo anterior, la consecuencia de orden práctico es que el campo de acción propio de los decretos reglamentarios en esta materia se ve reducido, puesto que los elementos que directamente han de estar contenidos en la ley no pueden ser omitidos en ella en aras de otorgar un mayor campo de acción y que aquellos han de limitarse a dar cumplida ejecución a las leyes, haciendo explícito aquello que ya se encuentra contenido en la ley y absteniéndose de ampliar o restringir el alcance de tales leyes en lo que respecta a los elementos de la obligación tributaria.
Indica que el numeral 2º del artículo 35 de la Ley 788 de 2002, fijó directamente como lo ordena la Constitución, uno de los elementos esenciales del tributo: el sujeto pasivo, es decir un mandato perentorio en cuanto a que el valor del IVA en los servicios de aseo, vigilancia y temporales de empleo, ha de ser cobrado de manera exclusiva a las empresas pertenecientes al régimen común del IVA. No obstante, el aparte impugnado del artículo 10 del Decreto 522 de 2003, determinó que el impuesto sobre las ventas fuese cobrado por parte de los responsables de tales servicios, independientemente de la calidad del beneficiario de los mismos, trayendo consigo el cobro del impuesto no solo a las empresas del régimen común, sino a aquellas empresas usuarias del régimen simplificado del IVA o no ostenten la calidad de responsables del impuesto.
Se evidencia entonces que el aparte demandado, incurre en franca violación de la Ley 788 de 2002, ley a la cual debía subordinarse, puesto que consagra una previsión modificadora de lo allí dispuesto, modifica uno de los elementos esenciales del tributo, como lo es el sujeto pasivo, mediante una abrogación por parte del ejecutivo de una facultad (función legislativa) propia del Congreso para tal efecto, incurriendo en un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria, lo cual no encuentra justificación por el propósito manifestado por la entidad oficial de mantener la objetividad del impuesto y rescatar el principio de certeza.
Se demanda la nulidad de la expresión “independientemente de la calidad de beneficiario de los mismos”, contenida en el inciso 3º del artículo 10 del Decreto 522 de 2003, reglamentario de la Ley 788 de 2002 y concretamente previsto para efectos del numeral 2º del artículo 468-3 del estatuto tributario adicionado por el artículo 35 de la Ley 788 de 2002 que enlista los servicios gravados con el impuesto a las ventas a la tarifa del 7%.
La acusación central de la demanda consiste en considerar que la norma demandada vulnera lo previsto en el artículo 35 de la Ley 788 de 2002, numeral 2º, que consagró el gravamen del impuesto sobre las ventas sobre los servicios de aseo, vigilancia aprobados por la Superintendencia de Vigilancia y los servicios temporales de empleo prestados por empresas autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que sería cobrado a las empresas que pertenecieran al régimen común.
Se advierte en primer lugar que la disposición demandada se encuentra suspendida provisionalmente mediante auto de esta sección proferido el 29 de mayo de 2003 y confirmado por auto del 6 de agosto del mismo año.
Sea lo primero, recordar que la Ley 788 de 2002 “por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial, y se dictan otras disposiciones” (1) introdujo cambios en los impuestos sobre la renta y complementarios, sobre las ventas, gravamen a los movimientos financieros, al consumo y el procedimiento tributario de tales tributos, entre otros. En las modificaciones efectuadas al impuesto sobre las ventas, se previó por el legislador de tal año, someter a tal impuesto algunos servicios que hasta antes de la expedición de dicha ley se encontraban excluidos total o parcialmente por el artículo 476 del estatuto tributario. Así pues el artículo 35 de la Ley 788 de 2002 adicionó el estatuto tributario con el artículo 468-3 y señaló que a partir del 1º de enero de 2003, estarían gravados con el impuesto sobre las ventas a la tarifa del 7% los servicios que taxativamente se enumeraron allí, aclarando en su parágrafo 1º que a partir del 1º de enero del año 2005, la tarifa pasaría al 10%.
Entre los nuevos servicios gravados con la tarifa diferencial del 7%, y con la cual se amplió la base tributaria por servicios en el impuesto sobre las ventas, aparecieron en el numeral 2º del citado artículo 35 de la Ley 788 de 2002, los referidos a aseo, vigilancia aprobados por la Superintendencia de Vigilancia Privada y los servicios temporales de empleo prestados por empresas autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o autoridad competente. El texto de la parte pertinente de la norma mencionada de la Ley 788 señalaba lo siguiente:
Ley 788 de 2002. ART. 35.—Servicios gravados con la tarifa del 7%. Adiciónase el estatuto tributario con el siguiente artículo:
ART. 468-3.—Servicios gravados con la tarifa del 7%. A partir del 1º de enero de 2003, los siguientes servicios quedan gravados con la tarifa del 7%:
... 2. Los servicios de aseo, los servicios de vigilancia aprobados por la Superintendencia de Vigilancia Privada y los servicios temporales de empleo cuando sean prestados por empresas autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o autoridad competente, en la parte correspondiente al AUI (administración, imprevistos y utilidad). Este valor será cobrado a las empresas que pertenezcan al régimen común.
... PAR. 1º—A partir del 1º de enero de 2005, los anteriores servicios quedarán gravados con la tarifa del 10% (se ha resaltado).
El transcrito numeral 2º del artículo 35 de la Ley 788 de 2002 como se puede apreciar trajo como base gravable no el valor total de la operación como lo prevé a nivel general para la venta de bienes y prestación de servicios el artículo 447 del mismo estatuto, sino el valor AUI representado por los costos incurridos por el prestatario de los mencionados servicios en cuanto a administración, imprevistos y la utilidad obtenida en cada servicio prestado.
Determinó igualmente que por la prestación de los servicios de aseo, vigilancia privada y temporal de empleo, debía generarse únicamente el impuesto cuando el beneficiario fuese un responsable del régimen común del IVA.
Para reglamentar el transcrito numeral 2º del artículo 35 de la Ley 788 de 2002, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Reglamentario 522 del 7 de marzo de 2003 en cuyo artículo 10 previó lo siguiente:
La cláusula AIU base del impuesto, se determinará respecto de cada contrato como el monto correspondiente a la diferencia entre el valor total del contrato y los costos y gastos directos imputables al mismo, discriminados y comprobables, que correspondan a mano de obra, suministros o insumes, y seguros cuando estos sean obligatorios.
PAR. 2º—Cuando para la prestación de alguno de los servicios a que se refiere este artículo no se requiera de contrato escrito y en consecuencia no exista cláusula AIU, el impuesto sobre las ventas, IVA, se causará sobre el valor total del servicio, aplicando las reglas generales del impuesto” (se ha resaltado).
Precisamente el aparte resaltado, constituye la frase demandada en el sub lite, ya que en concepto del demandante, el sujeto pasivo generalizado que el reglamento señala no se aviene a lo dispuesto en la norma reglamentada, esto es el artículo 35 de la Ley 788 de 2002.
Si bien es cierto el numeral 2º del artículo 35 de la Ley 788 de 2002 fue modificado por el artículo 52 de la Ley 863 de 2003, en el sentido de desaparecer la previsión de ser cobrado el impuesto únicamente a las empresas que pertenecieran al régimen común, también es cierto que esta nueva previsión legal, en nada modifica las consideraciones que deban efectuarse en esta providencia, toda vez que el análisis de legalidad debe hacerse frente a la ley que fue reglamentada por el decreto acusado, antes de la modificación a la que se ha hecho referencia.
Precisado lo anterior, encuentra la Sala que en efecto, tal como lo acusa la demanda y lo conceptúa el Ministerio Público, la frase “independientemente de la calidad del beneficiario de los mismos” contenida en el inciso 3º del artículo 10 del Decreto Reglamentario 522 de 2003 vulnera lo previsto en la parte final del numeral 2º del artículo 35 de la Ley 788 de 2002, ya que la norma superior fue muy clara al señalar que los servicios de aseo, vigilancia privada y los temporales de empleo serían gravados a partir del año 2003 con el impuesto sobre las ventas a la tarifa del 7%, pero solamente sería cobrado a las empresas que pertenecieran al régimen común, descartando que la causación y cobro se generara cuando la prestación de los citados servicios, se hiciera a un responsable del régimen simplificado o en general a una persona no inscrita en ninguno de los dos regímenes del IVA, es decir, ajena al IVA, de conformidad con las normas legales.
La norma reglamentaria al hacer exigible el gravamen del IVA a toda persona usuaria de los servicios de aseo, de vigilancia aprobados por la Superintendencia de Vigilancia Privada y de los servicios temporales de empleo prestados por empresas autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, excedió en forma ilegal, lo previsto por el legislador tributario del año 2002, que lo hizo exigible solamente para las empresas del régimen común.
La defensa de la legalidad del acto acusado expuesta por la parte demandada, a juicio de la Sala, constituye es una crítica al legislador del 2002 cuando hizo la previsión en el artículo 35 de la Ley 788 de que el valor del impuesto sería cobrado a las empresas que pertenezcan al régimen común, lo que considera rompía la estructura del impuesto sobre las ventas, en cuanto a la objetividad y generalidad del mismo, pero ello, para la Sala, no justifica, que por medio del ejercicio de la potestad reglamentaria, el ejecutivo pudiera, exceder el límite de la ley, so pretexto de remediar una supuesta falta legislativa.
En efecto, el reglamento representado por el artículo 10 del Decreto 522 de 2003 no podía enderezar o acomodar la normatividad del IVA a lo previsto para los demás servicios, ya que era evidente que la intención del legislador de 2002 había sido otra.
El desarrollo de la potestad reglamentaria otorgada al Presidente de la República por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, tiene como propósito la cumplida ejecución de las leyes; mediante el ejercicio de la misma se concretan circunstancias, detalles o aspectos no contenidas en ellas, pero sin que pueda el ejecutivo modificar el alcance y contenido de la ley que en forma precisa se ha previsto.
En materia tributaria, lo anterior cobra mayor importancia debido al principio de legalidad de los tributos, en virtud del cual, es competencia del legislador establecer los tributos y sus elementos esenciales (C.P., arts. 150, num. 12 y 338), de modo que si en esta materia el Gobierno Nacional, so pretexto de reglamentar una ley, modifica, extiende o restringe alguno de estos factores, invade competencias que le corresponden al Congreso y deviene en ilegal esa disposición.
En el presente caso, el aducido resquebrajamiento de la objetividad del IVA y la disminución en el recaudo por hacer el cobro selectivo en virtud de la calidad del sujeto beneficiario del servicio, no podían ser razones válidas para que el Gobierno Nacional al pretender acomodar la causación del IVA a su estructura original y permanente, señalara un sujeto pasivo económico diferente al consagrado por el legislador.
En tales condiciones, en sentir de la Sala, la frase “independientemente de la calidad del beneficiario de los mismos” contenida en el inciso 3º del artículo 10 del Decreto Reglamentario 522 de 2003, debe ser retirada del ordenamiento jurídico, por exceso de la potestad reglamentaria al prever como sujeto pasivo del IVA en los servicios de aseo, vigilancia privada y temporales de empleo, uno diferente al previsto en la norma reglamentada, numeral 2º del artículo 35 de la Ley 788 de 2002.
DECLÁRASE LA NULIDAD de la expresión “independientemente de la calidad del beneficiario de los mismos” contenida en el inciso 3º del artículo 10º del Decreto Reglamentario 522 de 2003.
Magistrados: María Inés Ortiz Barbosa, Presidente—Ligia López Díaz—Juan Ángel Palacio Hincapié—Héctor J. Romero Díaz.
(1) La Ley 788 del 27 de diciembre de 2002 fue publicada en el Diario Oficial 45.046 y empezó a regir a partir de tal fecha.

References: ARTÍCULO 10
 artículo 10
 artículo 84
 artículo 10
 artículo 35
 artículo 468
 artículo 6
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 10
 artículo 788
 artículo 35
 artículo 189
 artículo 338
 artículo 10
 artículo 35
 artículo 468
 artículo 152
 artículo 1
 artículo 420
 artículo 10
 artículo 35
 artículo 189
 artículo 35
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 468
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 476
 artículo 35
 artículo 468
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 447
 artículo 35
 artículo 10
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 52
 artículo 10
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 10
 artículo 189
 artículo 10
 artículo 35
 artículo 10