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Timestamp: 2020-05-24 21:39:32+00:00

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Ley Nº 73 / SUSTITUYE LA LEY N° 1232/86 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY
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Escrito por La BACCN Miércoles 03 de Abril de 2013 2,736 vistas
Fecha de Promulgación: 05-12-1991
Fecha de Publicación: 05-12-1991
Ley N° 73 | Sustituye la ley de Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay del 1986
​LEY N° 73/91
QUE SUSTITUYE LA LEY N° 1232/86 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY
DE LA NATURALEZA, DENOMINACION Y DOMICILIO
Artículo 1°.- La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios es un Ente Autárquico creado por la Ley N° 105 del 27 de agosto del año 1951 de duración indefinida, con Personería Jurídica y con patrimonio propio.
Artículo 2°.- El domicilio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios se constituye en la Capital de la República y solo los tribunales de la circunscripción judicial de la Capital serán competentes para los juicios en que la institución sea parte, como actora o accionada.
Artículo 3°.- Las referencias a la Caja y al Consejo, en esta Ley, se entenderán hechas a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios, y al Consejo de Administración de la misma, respectivamente.
Artículo 4°.- La referencia a funcionarios bancarios o empleados bancarios no determina diferencia entre unos y otros, en cuanto a los derechos y obligaciones de los afiliados y las instituciones patronales.
Artículo 5°.- A los efectos de esta Ley, la Caja es considerada como entidad patronal y su personal como funcionario bancario.
Artículo 6°.- La Caja tiene por objeto asegurar, a sus afiliados los beneficios previstos en esta Ley. Son sinónimos, a efectos de esta Ley, los términos afiliados y beneficiarios.
Artículo 7°.- Son afiliados de la Caja, con arreglo a las disposiciones de esta Ley:
a) Los empleados administrativos, de servicios y asesores financieros, jurídicos y técnicos, en los bancos oficiales y privados, nacionales y extranjeros, siempre que sean mayores de diez y ocho años de edad y presten servicios mediante el pago de una remuneración directa o indirecta, cualquiera sea su categoría, tipo de trabajo y forma de nombramiento, inclusive los suministrados por empresas prestadoras de servicios aunque sea temporalmente;
c) los jubilados y pensionados en el régimen de jubilaciones y pensiones de empleados bancarios; y
d) los funcionarios con servicios netamente bancarios reconocidos por la Caja, que llegaren a ocupar cargos de administradores, representantes, apoderados, presidente o miembros del Directorio o Consejo, en los bancos nacionales o extranjeros.
Artículo 8°.- Quedan excluídos de esta Ley:
a) los funcionarios de bancos extranjeros radicados en el Paraguay, siempre que comprueben su afiliación a entidades jubilatorias de otro país;
b) las personas que presten servicios de carácter técnico o profesional por tiempo limitado. Si esta contratación se prorroga o dura más de dos años, quedarán afiliados automáticamente a la Caja; y,
c) las personas que presten servicios en los bancos, sin que sus labores constituyan funciones bancarias y no estén incluidas en el Art.71 de la presente Ley.
Artículo 9°. Los recursos de la Caja se formarán:
a) con la contribución mensual obligatoria de los bancos y la Caja, del dieciséis por ciento (16%) sobre el total de remuneraciones definidas en el Art.10 de esta Ley;
b) con el aporte mensual obligatorio de los afiliados a la Caja, con excepción de los jubilados y pensionados, del diez por ciento (10%) sobre el total de las remuneraciones que perciban de acuerdo al Art.10 de esta Ley;
c) con el aporte adicional de los jubilados y pensionados del quince por ciento (15%) sobre el monto de la jubilación o pensión, hasta completar los requisitos establecidos en el Art.30 de la presente Ley, con excepción de los jubilados por invalidez y exoneración;
d) con el aporte obligatorio del cien por ciento (100%) del primer mes de sueldo de los empleados a su ingreso en los establecimientos bancarios, pagaderos en veinte y cuatro (24) cuotas mensuales;
e) con las diferencias por excesos hallados en la caja en los establecimientos bancarios y no reclamados por el público en el término de doce meses de haberse constatado el hecho;
f) con el aporte obligatorio de la diferencia del primer mes de remuneración cuando el empleado reciba aumentos o pase a ocupar un cargo mejor remunerado,
g) con las rentas líquidas de sus fondos e inversiones;
h) con los beneficios de sociedades de carácter comercial, industrial, financiero u otras que puedan crearse como entidades subsidiarias o independientes en los que tuviera participación la Caja;
j) con el importe de las multas que se percibieren de acuerdo a esta Ley; y
k) con el pago por parte del banco, del importe de tantos meses del último sueldo nominal y extraordinario en los casos de jubilaciones por exoneración como meses faltaren para completar veinte años de servicios, contándose la fracción del mes como mes entero a favor de la Caja, y no pudiendo en caso alguno ser menor a treinta meses del último sueldo nominal y extraordinario. Si el funcionario exonerado contare con más de veinte años de servicios reconocidos por la Caja, los bancos abonarán el importe de treinta meses de la mencionada última remuneración nominal y extraordinaria del exonerado.
El pago del importe correspondiente, por cada funcionario, será hecho obligatoriamente por los empleadores de una sola vez, dentro de los treinta días de su requerimiento por Caja.
Artículo 10.- La remuneración bancaria, a los efectos del cálculo de los aportes de los bancos y la Caja, y sus funcionarios, comprende la suma total de sueldos, jornales, dietas, gratificaciones, horas extraordinarias y cualquier otra forma de retribución ordinaria o extraordinaria, sin deducción, alguna, con excepción del aguinaldo legal y la bonificación familiar.
La remuneración bancaria será considerada en su expresión mensual y no se permitirá aportes calculados sobre sumas inferiores al sueldo mínimo legal inicial bancario.
Artículo 11.- Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja. Con ello se atenderán el pago de los beneficios que se otorguen, los gastos de administración y las inversiones que se efectúen de conformidad con las disposiciones de esta Ley.
En ningún caso se dispondrá de dichos fondos para otro objeto, bajo la responsabilidad personal y solidaria de los Miembros del Consejo que lo hubieren autorizado, la que se hará efectiva judicialmente en sus bienes sin perjuicio de la acción penal a que diere lugar la infracción.
Artículo 12.- Las disponibilidades de la Caja serán invertidas atendiendo a las mejores condiciones de seguridad, rentabilidad y liquidez, de conformidad con las reglamentaciones que dicte el Consejo. A dicho efecto, la Caja está autorizada a conceder préstamos hipotecarios y de otra naturaleza, como asimismo a crear o participar de sociedades de carácter comercial, industrial, financiero, de seguros, de servicios y otras entidades subsidarias o independientes en que participe la Caja.
En ningún caso la Caja otorgará préstamos ni garantías al Estado ni a las entidades autárquicas o autónomas.
Artículo 13.- En los casos en que la Caja hubiere concedido préstamos hipotecarios o de otra naturaleza a sus propios afiliados, está autorizada a retener de las jubilaciones, pensiones o de otros beneficios que correspondan a tales afiliados, o a sus causahabientes el importe de las cuotas o servicios de amortización, intereses y comisiones de los préstamos concedidos.
Artículo 14.- Los bienes de cualquier naturaleza y las rentas de la Caja, son inembargables, a excepción de los establecidos en el Art.91, inc. h). Sus créditos, contra toda persona física o jurídica, tienen privilegio sobre la generalidad de los bienes del deudor, sean muebles o inmuebles, a excepción de los créditos del Estado.
Artículo 15.- La Caja será dirigida y administrada por un Consejo compuesto de la siguiente manera:
a) un presidente, que deberá ser de nacionalidad paraguaya;
b) dos representantes de las Instituciones bancarias, uno por los bancos oficiales y otro por los bancos privados;
c) dos representantes de los afiliados activos, uno por los bancos oficiales y otro por los bancos privados; y
d) dos representantes de los afiliados jubilados, uno por el sector de jubilados de bancos oficiales, y otro por el sector de jubilados de bancos privados.
En los casos de los incisos b), c) y d), se nombrarán igual número de suplentes.
En relación a los incisos b), c) y d), el titular y el suplente procederán de distintas instituciones bancarias.
En caso de acefalía por ausencia o inhabilitación temporal del titular, ocupará su lugar el miembro suplente en carácter interino. Si la acefalía se produce por renuncia, inhabilidad permanente o muerte del titular o suplente, se procederá a un nueva elección.
En todos los casos, el Poder Ejecutivo procederá a su nombramiento dentro de los 30 días siguientes de su elección, que se hará conforme a lo dispuesto en el Art.16.
Artículo 16.- A los efectos del nombramiento por el Poder Ejecutivo, del Presidente, y los Miembros del Consejo de Administración de la Caja se procederá de la siguiente manera:
Con noventa días de anticipación al término de su mandato, el Consejo de Administración convocará a las instituciones bancarias oficiales y privadas a Asambleas para elección de representantes ante el mencionado Consejo. Al mismo tiempo, convocará a los diversos sectores afiliados a Asambleas Generales para elección de Representantes y Presidente del Consejo de Administración.
Las Asambleas se realizarán con sesenta días de anticipación, como mínimo, al término del mandato. Se regirán por las disposiciones del Reglamento que el Consejo dictará a ese fin, y los resultados serán comunicados a la Caja, dentro de los quince días siguientes a su realización.
Los representantes deberán pertenecer a cada sector, y serán electos por simple mayoría. Serán postulados Miembros titulares los que obtuvieren mayor cantidad de votos, y suplentes los que le sigan en orden de votos emitidos. En caso de empate, el Consejo los designará por sorteo ante la presencia de los candidatos electos. Será electo Presidente de la Caja el candidato que reúna mayor número de votos, sumados los emitidos por cada uno de los sectores de beneficiarios.
La nómina de los candidatos electos será remitido por la Caja al Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Justicia y Trabajo con treinta días de anticipación a la fecha de expiración del mandato, a los efectos de la promulgación del Decreto correspondiente.
La votación será secreta, en Asamblea General de afiliados convocada por el Consejo de la Caja. La postulación deberá hacerse en la forma y plazo indicados en el presente artículo.
Artículo 17.- El Presidente y los demás Miembros titulares y suplentes del Consejo, deberán ser funcionarios activos con un mínimo de diez años de servicios bancarios reconocidos por la Caja o ser jubilados bancarios. Los candidatos deberán reunir las condiciones de honorabilidad, idoneidad y versación para el desempeño de sus funciones.
Si el Presidente electo fuere un funcionario activo, el banco al cual pertenece deberá concederle permiso sin goce de sueldo por el plazo que dure el mandato, a los efectos de dedicar su tiempo completo a la Caja, sin que ello afecte sus derechos como funcionario.
Artículo 18.- El Presidente y los demás Miembros titulares del Consejo durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y no podrán ser reelectos sin luego de transcurrido un período como mínimo, posterior a la cesación de sus mandatos. Los suplentes podrán ser reelectos como titular o suplente para el siguiente período.
Artículo 19.- En caso de ausencia o impedimento temporal del Presidente, el Consejo elegirá de entre sus miembros titulares a quien interine el cargo. En caso de fallecimiento o impedimento, si la vacancia se produjera antes de los dos años de iniciado el mismo, el Consejo convocará a nuevas elecciones. Si se produjera luego de transcurrido dicho plazo, el Consejo elegirá de entre sus Miembros titulares a quien lo deba sustituir hasta el fin del período. En cualquiera de ambos casos, deberá ser necesario el nombramiento por el Poder Ejecutivo y se procederá de acuerdo a lo establecido en el Art. 16 en lo pertinente.
Artículo 20.- Los Miembros titulares del Consejo activos o pasivos, percibirán las dietas que les correspondan en tal carácter, además de sus respectivos sueldos o haberes jubilatorios. No se efectuarán aportes sobre dichas dietas.
El Presidente, si fuere un jubilado, tendrá el mismo régimen que los demás Miembros jubilados del Consejo, en cuanto a la percepción de haberes y a los aportes. Si fuere funcionario activo, aportará únicamente sobre la remuneración que perciba de la Caja y sus aportes serán computados para su haber jubilatorio.
El Presidente y los Miembros titulares del Consejo no podrá percibir ninguna otra remuneración de la Caja que la mencionada en el presente artículo y de acuerdo al respectivo Presupuesto. Los Miembros suplentes del Consejo en ningún caso percibirán remuneración alguna de la Caja, salvo que sustituyan al titular respectivo.
Artículo 21.- El Consejo sesionará en forma ordinaria una vez a la semana y en forma extraordinaria, cuando sea convocado por el Presidente, o a pedido de tres o más Miembros titulares.
Para que haya quórum se requerirá la presencia de por lo menos cuatro de los Miembros titulares del Consejo.
Las resoluciones del Consejo serán adoptadas por simple mayoría de votos de los presentes. El Presidente, como cada Miembro titular del Consejo, o en su ausencia su suplente, tendrá solamente un voto. En caso de empate, al Presidente le corresponderá decidir con otro voto.
De las resoluciones del Consejo se labrará acta que deberá ser suscrita por el Presidente y los Miembros asistentes.
Artículo 22.- Las resoluciones del Consejo podrán ser objeto de reconsideración, dentro de los ocho días hábiles de la notificación a los interesados. Resuelta la reconsideración, ésta podrá ser recurrida ante el Tribunal de Cuentas de acuerdo a lo establecido en el Art. 64 de la presente Ley.
Artículo 23.- El Presidente y los demás Miembros del Consejo no podrán participar en las deliberaciones y resoluciones sobre materias en que tenga interés particular o que sean de interés de empresas de las que forman parte, o de las personas asociadas con los mismos, así como su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive.
El Presidente y los demás Miembros titulares del Consejo no podrán participar como Directores o Representantes de la Caja en los Directorios de empresas subsidiarias o independientes en la que la Caja tenga participación.
Artículo 24.- Las resoluciones y los actos u omisiones del Presidente y de los demás Miembros del Consejo que violaren las leyes, resoluciones o reglamentos de la Caja o que implicaren la inejecución o mal desempeño de su mandato, harán incurrir en responsabilidad personal y solidaria a quienes hubieren participado en ellos. Quedan exceptuados de esta responsabilidad los Miembros que no hubiesen tomado parte en la resolución o que hubieran votado en contra de ella, haciendo constar en el acta de la sesión respectiva, los fundamentos de su disidencia.
Artículo 25.- Son atribuciones del Consejo:
a) cumplir y hacer cumplir esta Ley y sus reglamentos;
b) estudiar y aprobar los planes y programas de la Caja;
c) estudiar y aprobar el Proyecto de Presupuesto anual de la Caja;
d) estudiar y aprobar el Programa Anual de Préstamos de la Caja y las condiciones para su otorgamiento;
e) aprobar la Memoria Anual, el Inventario y el Balance General de cada ejercicio financiero, procediendo de acuerdo a Ley de Bancos;
f) conceder las jubilaciones, pensiones y demás beneficios establecidos en esta Ley;
g) disponer la actualización de los haberes de las jubilaciones y las pensiones;
h) autorizar la inversión de las disponibilidades de la Caja, la contratación de obras o servicios, la adquisición y enajenación de bienes;
i) autorizar la contratación de préstamos en el país o en el exterior, de acuerdo a las leyes respectivas;
j) aprobar los pliegos de bases y condiciones para los llamados a licitación pública o concursos de precios para la ejecución de obras o servicios y la provisión de materiales; asimismo las adjudicaciones y los contratos respectivos, de acuerdo a esta Ley;
k) elaborar el reglamento de esta Ley;
l) solicitar en cualquier momento la fiscalización de la Contraloría General de la Nación o del Superintendencia de Bancos;
ll) autorizar en cada caso la contratación de servicios de asesoría cuando la Caja lo requiera;
m) conceder préstamos de acuerdo al programa anual correspondiente;
n) resolver los pedidos de reconsideración de sus resoluciones dentro del plazo de veinte días hábiles;
ñ) fijar los intereses y comisiones de los préstamos;
o) fiscalizar la ejecución del Presupuesto de la Caja;
p) dictar las reglamentaciones internas de la Caja;
q) aceptar legados y donaciones;
r) autorizar, para asuntos de carácter exclusivamente administrativos, el uso de firmas a funcionarios de la Caja, a propuesta del Presidente;
s) autorizar el otorgamiento de poderes especiales o generales para asuntos judiciales y administrativos;
t) resolver la creación y/o participación en las sociedades mencionadas en el Art. 12 de la presente Ley;
u) crear, modificar o eliminar sucursales, departamentos o dependencias en la capital o en el interior de la República;
v) emitir bonos o títulos-valores;
w) orientar la administración de la Caja hacia la preservación de su capital y la obtención de rentas para la atención de sus objetivos;
x) dictar el estatuto del personal; e
y) resolver cualquier otro asunto vinculado a la gestión de la Caja, conforme a su naturaleza y objetivo.
Artículo 26.- Las admisiones temporales o permanentes; los nombramientos, ascensos, cesantías, sanciones o destituciones del personal de la Caja serán de competencia exclusiva del Consejo. Su número y retribución se regirá de acuerdo al presupuesto de la Caja.
Artículo 27.- El Presidente es el representante legal de la Caja y podrá ejercer, ante los poderes públicos e instituciones privadas u oficiales, las gestiones necesarias para hacer efectivo los derechos y obligaciones establecidos en esta Ley, así como las acciones legales pertinentes en cualquier fuero, incluyendo lo penal.
Artículo 28.- Son atribuciones del Presidente del Consejo:
a) dirigir y supervisar la administración general de la Caja; cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley, los reglamentos y las resoluciones del Consejo;
b) ejercer la representación de la Caja y otorgar poderes, previa autorización del Consejo, cuando las circunstancias lo requieran;
c) convocar a sesiones del Consejo y presidirlas;
d) autorizar la liquidación de las jubilaciones y pensiones; otorgadas por el Consejo;
e) autorizar los gastos previstos en el presupuesto;
f) preparar y proponer al Consejo los planes y programas administrativos, técnicos y financieros de la Caja y los contratos de adquisiciones y de otras operaciones que deban ser autorizadas por el Consejo;
g) proponer al Consejo la políticas referentes al personal de la Caja, establecidas en el Art. 26 de la presente Ley;
h) autorizar el pago de dietas, sueldos, jornales y previa autorización del Consejo, remuneraciones extraordinarias y otras asignaciones de acuerdo al presupuesto de la Caja;
i) elaborar el Proyecto de Presupuesto Anual de la Caja, como asimismo el programa anual de préstamos y someterlos a consideración del Consejo;
j) someter a la aprobación del Consejo los Pliegos de Bases y Condiciones de los llamados a licitación pública, concursos de precios o adjudicación directa para la ejecución de obras y servicios y para la provisión de materiales, de acuerdo a las disposiciones legales establecidas para el efecto;
k) presidir, o delegar, los actos de aperturas de sobre de ofertas en las licitaciones y concursos públicos de precios;
l) suscribir la Memoria Anual, el Balance General, el Inventario y el Cuadro de Resultados de cada ejercicio fenecido, conjuntamente con los funcionarios responsables;
ll) suscribir conjuntamente con un Miembro del Consejo las escrituras públicas de cualquier naturaleza, en que la Caja fuese parte;
m) suscribir conjuntamente con un Miembro del Consejo y los funcionarios autorizados, de conformidad a las reglamentaciones internas de la Caja, los documentos que comprometieran financieramente a la misma; y
n) ejercer todas las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Caja, de conformidad a esta Ley, los reglamentos respectivos y las resoluciones del Consejo.
Artículo 29.- La Caja acordará las siguientes jubilaciones:
c) por exoneración; y
d) por retiro voluntario;
Artículo 30.- El derecho a la jubilación se obtiene hallándose el beneficiario en servicio activo o no, en su empleo o cargo, a partir de los veinte años de aportes reconocidos, con las excepciones previstas en esta Ley y bajo las siguientes condiciones:
Se adquirirá al totalizar la cifra de ochenta y cinco puntos entre años de edad y de servicios, con excepción de:
1. Aquellos funcionarios que el 29 de diciembre de 1986, fecha de promulgación de la Ley N1 1232/86 hubieren cumplido un mínimo de diez años de antigüedad, podrán optar por la jubilación ordinaria al totalizar setenta y cinco puntos o haber cumplido cincuenta años de edad, siempre que al solicitarla tuvieren quince años de antigüedad, como mínimo.
2. Aquellos funcionarios que al 29 de diciembre de 1986, no hubiesen cumplido diez años de antigüedad, podrán optar por la jubilación ordinaria al totalizar ochenta puntos o cumplido cincuenta y cinco años de edad, siempre que al solicitarla tuvieren quince año de antigüedad, como mínimo.
1. Una antigüedad mínima de tres años como funcionario, si la invalidez es consecuencia de enfermedad no profesional o accidente que no sea trabajo;
2. Una antigüedad mínima de ocho año como funcionario, si la invalidez es consecuencia de senilidad o vejez prematura; y
3. Ningún requisito mínimo de antigüedad del funcionario, si la invalidez es causada por accidente de trabajo o enfermedad profesional, con la sola declaración de invalidez parcial o total.
Las situaciones previstas en este artículo exigirán la declaración de invalidez efectuada por una Junta Médica integrada con especialistas designados por la Caja, para cada caso.
c) Jubilación por Exoneración
Se concederá esta jubilación al afiliado que tenga como mínimo veinte años de servicios, con excepción de aquellos que al promulgarse esta Ley cumplieron por lo menos diez años de antigüedad, quienes tendrán derecho a los quince años de servicios reconocidos, la cual se otorgará en los siguientes casos:
1. Por despido o cesantía del funcionario; por exoneración a causa de la clausura o cierre de la Casa Central o Sucursales; expiración del término legal o contractual de las mismas; adquisición, transferencia o cesación de actividades por liquidación total o parcial del activo.
2. Cuando se menoscabe en forma evidente la situación jerárquica del empleado y siempre que, a juicio de la mayoría de los Miembros del Consejo o mediare resolución judicial, existan presunciones fehacientes de que el hecho tiene por objeto crear al funcionario una situación insostenible para obligarle a dejar su cargo.
Se concederá la jubilación por retiro voluntario al beneficiario que sin reunir los requisitos de la jubilación ordinaria cumpla veinte y cinco años de servicios reconocidos por la Caja.
Asimismo tendrán derecho a esta jubilación los funcionarios que al retirarse hayan cumplido, como mínimo, veinte años de servicios reconocidos, quienes podrán optar a seguir aportando su parte y el de la patronal sobre el sueldo actualizado del cargo o empleo que ocupaban, hasta completar los veinte y cinco año de servicios, oportunidad en que se les concederá la jubilación por retiro voluntario o la ordinaria si tuvieren la edad o puntaje correspondiente.
Artículo 31.- Las jubilaciones regirán desde el día en que el interesado deje el servicio bancario hasta cuya fecha efectuará los aportes determinados por esta Ley, a favor de la Caja.
En ningún caso la Caja abonará los beneficios de la jubilación, antes de que el banco y el afiliado realicen los aportes previstos en esta Ley.
Artículo 32.- El haber jubilatorio será el promedio que resultare de los últimos treinta meses de sueldo, remuneraciones por título y antigüedad, jornales, dietas, gratificaciones, horas extraordinarias y cualquier otra forma de retribución, con excepción del aguinaldo legal y el abono familiar.
No formarán parte del promedio jubilatorio aquellas gratificaciones y remuneraciones abonadas al término de las funciones bancarias o cualquier otra forma de retribución que no haya sido abonada en forma regular y periódicamente durante el plazo señalado más arriba.
Artículo 33.- El haber jubilatorio no podrá ser inferior al sueldo mínimo legal inicial establecido para los funcionarios bancarios del sector privado, ni será mayor a nueve veces al mismo sueldo mínimo legal inicial vigente a la fecha en que el beneficiario deje el servicio bancario.
Artículo 34.- El empleado que haya obtenido la jubilación y vuelva al servicio bancario, en cualquier categoría o condición, tendrá la opción de librarse del pago de los aportes a la Caja sobre el sueldo asignado al nuevo empleo y seguir gozando de los beneficios de la jubilación, o efectuar los aportes establecidos en esta Ley sobre el sueldo asignado al nuevo empleo suspendiendo los beneficios de la jubilación a fin de que dichos aportes puedan incrementar su haber jubilatorio en los términos del Art.35. De la opción adoptada por el jubilado que se reincorpore, dependerá que el empleador deba efectuar o no los aportes correspondientes a la Caja.
Artículo 35.- En el caso establecido por el artículo anterior, se requerirá de cinco años consecutivos de nuevos aportes para que el haber jubilatorio pueda ser modificado. El cálculo del nuevo haber jubilatorio se hará sobre el promedio de los treinta últimos sueldos. Antes de completar el expresado término de cinco años, el funcionario podrá volver a la situación anterior con el monto jubilatorio que le correspondía, y con la actualización, según el Art.41 de esta Ley, si hubiere lugar. En este caso, no tendrá derecho a la devolución de sus aportes.
Artículo 36.- Las jubilaciones y pensiones acordadas de conformidad con esta Ley son inembargables e inalienables. Es nula toda venta, cesión o constitución de derechos que recaigan sobre ellas e impidan su libre goce por el titular de las mismas.
Artículo 37.- En caso de fallecimiento de un jubilado o beneficiario que tenga derecho a gozar de la jubilación o haya prestado quince años de servicios reconocidos, tendrá derecho a percibir la pensión desde la fecha del fallecimiento, en la proporción y condiciones establecidas en este artículo, las siguientes personas por orden excluyente:
a) el cónyuge o concubino supérstite reconocidos judicialmente, en concurrencia con los hijos menores o incapacitados;
b) los hijos menores o incapacitados, mientras dure su incapacidad;
c) el cónyuge o concubino supértiste reconocidos judicialmente, en concurrencia con los padres del causante, siempre que estos hayan estado exclusivamente a cargo del beneficiario;
e) los hermanos o medio hermanos menores o incapacitados del causante, que se encuentren en las mismas condiciones de los padres mencionados en el inc. c) del presente artículo.
El importe de la pensión será equivalente al cien por ciento (100%) del total de la jubilación que percibía o a la que tenía derecho el causante. La mitad de la pensión corresponderá al cónyuge o concubino supértiste reconocidos si concurriesen los hijos o los padres del causante; la otra mitad se distribuirá entre éstos por parte iguales.
A falta de padres o hijos, la totalidad de la pensión, corresponderá al cónyuge o concubino reconocidos judicialmente.
La pensión al cónyuge, concubino o hijos, acrecerá proporcionalmente en la medida que los respectivos beneficiarios dejen de tener derecho a ella.
Artículo 38.- En caso que un afiliado de la Caja sea jubilado y pensionado al mismo tiempo, no perderá ninguno de estos derechos.
No podrán acumularse en una misma persona dos o más pensiones acordadas por la Caja, en cuyo caso el beneficiario percibirá la de mayor asignación.
Artículo 39.- En ningún caso las pensiones acordadas por esta Ley serán transmisibles ni aún entre los beneficiarios como derechohabientes de un mismo causante.
Artículo 40.- El derecho a la pensión se extingue:
a) para los hijos, hermanos y medio hermanos del afiliado, cuando lleguen a la mayoría de edad o cese la incapacidad; y
La incapacidad exigirá siempre el dictamen de una Junta Médica, designada por la Caja, en cada caso.
DE LA ACTUALIZACION DE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES
Artículo 41.- Las jubilaciones y pensiones otorgadas por la Caja, serán objeto de actualización al 31 de diciembre de cada año. A tal efecto, se formará un Fondo de Actualización con la contribución de los bancos y el aporte de los afiliados activos, en la siguiente forma:
a) con la asignación del dos por ciento (2%) de las contribuciones de los bancos y la Caja;
b) con la asignación de uno y medio por ciento (1,5%) de los aportes mensuales de los funcionarios de los bancos y la Caja;
Estos fondos se calcularán sobre los ingresos porcentuales que recibe la Caja en concepto de contribución de la patronal y aportes de los beneficiarios, deduciéndolos de los rubros establecidos en el Art. 91 inc. a) y b) de la presente Ley; y,
c) con el monto acumulado del ejercicio anterior respectivo, de la reserva establecida en este mismo artículo, a más de la diferencia a favor entre lo recaudado y lo efectivamente pagado, si hubiere, como asimismo con las rentas de dichos fondos.
La actualización de los haberes se establecerá a partir del primer año de la jubilación o pensión sobre las sumas que perciban en dichos conceptos en el mes de diciembre de cada año; será acumulativa y deberá abonarse a partir del mes de enero siguiente.
La utilización anual del Fondo será hasta un máximo del ochenta por ciento (80%); lo restante constituirá una reserva del Fondo.
La Caja distribuirá y administrará los Fondos y Reservas establecidos en este artículo de modo a obtener la mayor rentabilidad posible. A tales efectos, el Consejo dictará la reglamentación pertinente.
Si las posibilidades económicas de la Caja lo permitan, partes de las utilidades del ejercicio, podrán ser utilizadas para actualización de las jubilaciones y pensiones.
Artículo 42.- Corresponderá la devolución de los aportes, con intereses a ser reglamentado por el Consejo, en los siguientes caso:
b) al funcionario que fuere exonerado o dejado cesante del servicio bancario y que no reuniere los requisitos legales para obtener la jubilación o que fuere declarado inválido;
c) a los derechohabientes del afiliado fallecido que no tuvieren derecho a la pensión, conforme al orden excluyente señalado en el Art.37 de la presente Ley; y
d) cuando el funcionario se retira voluntariamente del servicio bancario.
No serán susceptibles de devolución los aportes patronales que corresponden a los servicios prestados por los funcionarios comprendidos en los incisos precedentes, ni el porcentaje relativo a los aportes de funcionarios activos destinados a formar el fondo de actualización de jubilaciones y pensiones.
Artículo 43.- En los casos de devolución de aportes, los beneficiarios que volvieren posteriormente al servicio bancario activo, a fin de tener derecho al cómputo de los servicios prestados con anterioridad, deberán reingresar la suma retirada y pagar además el interés máximo vigente para préstamos otorgados por la Caja a beneficiarios en el momento de la devolución por el término transcurrido desde el retiro de su aporte hasta el momento del reintegro, sobre la suma devuelta.
El derecho a la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo.
Artículo 44.- Si falleciere un afiliado con menos de quince años de servicios reconocidos, que no tuviere reunidos los requisitos para el otorgamiento de una pensión a los derechohabientes, la Caja otorgará a éstos, por una sola vez, un subsidio equivalente a tantas veces el último sueldo del causante como años de servicio tuviera reconocidos.
A LAS JUBILACIONES Y PENSIONES
Artículo 45.- El derecho a las jubilaciones y pensiones es imprescriptible e irrenunciable. Si estas fueren solicitadas dentro de los doce meses, contados a partir de la fecha en que el afiliado deje el servicio bancario o en que el mismo hubiere fallecido, los beneficios acumulados serán abonados a quien corresponda, conforme a la Ley.
Si la respectiva solicitud fuere presentada a la Caja con posterioridad al referido plazo, la jubilación o la pensión será concedida a partir de la fecha de la petición y no habrá lugar al pago de la referida acumulación.
Artículo 46.- Las jubilaciones y pensiones son vitalicias, y el derecho a percibirlas se pierde en los casos establecidos en esta Ley.
Artículo 47.- Se suspenderán temporariamente los derechos y obligaciones del afiliado a la Caja, cuando deje el servicio bancario voluntariamente o fuere exonerado.
El reintegro del funcionario que se haya retirado temporalmente se producirá automáticamente al volver a prestar servicio en una institución bancaria del país, conservando su antigüedad si llenare los requisitos establecidos en el Art. 43 de la presente Ley.
Artículo 48.- En caso de fallecimiento de un afiliado activo o jubilado, y no existiendo causahabientes algunos en las condiciones establecidas por esta Ley, la Caja contratará el servicio fúnebre correspondiente.
Asimismo en los casos que existiesen causahabientes de jubilados y pensionados fallecidos, la Caja otorgará a los mismos una ayuda social cuyo monto será establecido por la reglamentación pertinente para la financiación parcial de los gastos mortuorios.
Artículo 49.- El derecho de subsidio a los herederos prescribirá después de un año a la fecha del fallecimiento del causante.
Artículo 50.- La Caja podrá contratar un servicio médico para la atención a sus funcionarios y a los jubilados y pensionados por esta Ley. El servicio será reglamentado por el Consejo atendiendo a su costo. La Caja de común acuerdo con el Centro de Jubilados Bancarios del Paraguay y la Asociación de Jubilados de Bancos Privados, acordará una política común para asegurar la mayor eficiencia de dicho servicio.
Artículo 51.- La Caja, queda exenta del pago de todo impuesto fiscal, de cualquier naturaleza de acuerdo a sus actividades específicas. Los fondos de la Caja no podrán ser retenidos por ninguna institución oficial, debiendo ser depositados en cualquier banco o financiera del país, que garantice su mayor rentabilidad y seguridad.
Artículo 52.- La contratación de obras y servicios, así como la adquisición de bienes muebles, cuyo valor exceda al equivalente a doscientas (200) veces el sueldo mínimo legal inicial para bancarios del sector privado, se hará por licitación pública, previa convocatoria que será publicada, por lo menos, cinco veces, con quince días de anticipación en dos diarios de gran circulación de la Capital de la República.
Artículo 53.- El Consejo determinará la oficina o el lugar en que se podrá tomar conocimiento de las bases y condiciones de la licitación, la autoridad o persona a quien se entregarán las propuestas y el lugar, día y hora en que se abrirán las mismas.
Artículo 54.- Cuando el valor de la contratación de obras, servicios y de las compras de bienes muebles sea menor al fijado el en Art. 52, y mayor al equivalente a 25 veces el sueldo mínimo legal inicial para bancarios, se recurrirá al sistema de concurso de precios, debiendo solicitarse por lo menos tres ofertas, que serán presentadas en sobres cerrados; se tendrá en cuenta lo que establece el Artículo 52 en cuanto a la publicación.
Artículo 55.- Habrá lugar a adquisición directa.
a) cuando el valor de la compra o el precio sea menor a 25 veces el sueldo mínimo legal inicial para bancarios;
b) cuando, realizada por segunda vez una licitación pública, no se presentare postor o las propuestas recibidas fueren inaceptables o no estuvieren de acuerdo con el pliego de bases y condiciones establecidas;
c) cuando el concurso de precios diere como resultado la presentación de una sola oferta;
d) cuando por urgencia evidente, y previa resolución unánime del Consejo, no hubiere tiempo para esperar el resultado de la licitación pública, sin grave perjuicio para el patrimonio de la Caja;
e) cuando se trate de servicios profesionales de alto nivel técnico y probada experiencia en la ejecución de los mismos, deberá llamarse a concurso de méritos; y,
f) cuando se trate de repuestos para equipos de instalaciones existentes que deban adquirirse de los mismos fabricantes de dichos equipos o representantes.
Artículo 56.- Las garantías para el mantenimiento de las ofertas, el monto y el plazo de validez de las mismas, y la información referente a las restricciones legales que se tendrán en cuenta para la admisión o el rechazo de las ofertas, estarán expresamente indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones.
Artículo 57.- La adjudicación corresponderá a la propuesta más ventajosa, desde el punto de vista económico, siempre que se ciña estrictamente a las Bases y Condiciones establecidas en la Licitación o Concurso de Precios. La Caja podrá preferir sobre la propuesta de precio más bajo, aquella que, sin exceder un cinco por ciento (5%) del valor de la primera, o en paridad de condiciones, ofrezca mayores garantías de fiel cumplimiento en tiempo y forma.
Artículo 58.- En toda adquisición de bienes materiales o contratación de servicios, por vía administrativa directa, será obligatoria la presentación de por lo menos dos propuestas cuando el importe sea mayor al equivalente de un sueldo mínimo legal inicial para bancarios y menor al fijado en el Artículo 54 de esta Ley.
Artículo 59.- Las operaciones económicos-financieras y administrativas de la Caja serán fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos, y por el Síndico, quienes tendrán acceso a la contabilidad y a todos los libros y documentos de la institución, a los efectos del control y cumplimiento de las Leyes, Decretos y normas administrativas pertinentes.
La Caja dentro de los cuarenta días del cierre de su ejercicio financiero, publicará el Balance General y el Cuadro de Pérdidas y Ganancias en un diario de gran circulación de la Capital. Dentro del mismo plazo, la Caja remitirá a la Superintendencia de Bancos dichos documentos y demás informaciones requeridas por ésta para su análisis y Auditoría. Si del resultado de estos estudios surgen observaciones, la Caja publicará nuevamente su Balance con las modificaciones pertinentes en el término de diez días de la notificación. A los efectos de lo dispuesto en el Art.79 de la Ley N° 14/68, Orgánica de Presupuesto, la Caja elevará trimestralmente un informe de su gestión a la Contraloría General de la Nación.
Artículo 60.- La Caja será fiscalizada en forma permanente, conforme a lo señalado en el artículo anterior, por un Síndico designado por la Contraloría General de la Nación.
Artículo 61.- En lo relacionado a sus funciones bancarias, no se incluirán a los patrones y empleados bancarios en las obligaciones derivadas de las Leyes que rigen el Instituto de Previsión Social ni de cualquier otra institución de Seguridad Social.
Artículo 62.- La Caja llevará un registro completo y actualizado de los beneficiarios comprendidos en esta Ley, y formulará en el plazo de dos años como máximo, a partir de la promulgación de la presente Ley, su balance actuarial, que deberá remitirse a la Contraloría General de la Nación y a la Superintendencia de Bancos. Asimismo deberán establecer mensualmente su reserva matemática de acuerdo a las recomendaciones del Actuario de la Caja.
Artículo 63.- El ejercicio administrativo de la Caja es anual, y cerrará sus operaciones el día 31 de diciembre de cada año.
Artículo 64.- La Caja actúa como órgano administrativo en relación al otorgamiento de las jubilaciones y pensiones bancarias, y en todo lo que se refiere a la aplicación de esta Ley.
Las resoluciones que dicte el Consejo, serán apelables ante el Tribunal de Cuentas dentro del plazo de cinco días de la notificación, que puede ser hecha por nota, acta notarial o telegrama colacionado. Luego de concedido el recurso, se fundamentará la apelación, conforme a las reglas del Código Procesal Civil.
El recurso de apelación contra las Resoluciones del Consejo, puede ser interpuesto directamente ante el Tribunal de Cuentas, sin que dependa previamente de la reconsideración señalada en el Art. 22 de la presente Ley.
Artículo 65.- Las instituciones bancarias están obligadas a retener mensualmente las sumas a que se refiere esta Ley, y a depositarlas en la Caja, dentro de los cinco primeros días de cada mes vencido. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo traerá aparejada una multa de tres por mil de las sumas dejadas de ingresar, por cada día de retardo, hasta completarse el pago.
Artículo 66.- Ninguna disposición de esta Ley podrá tener el alcance para disminuir los derechos de las persona que hubieren obtenido jubilaciones y pensiones con anterioridad a la fecha de la promulgación de esta Ley.
Artículo 67.- Las entidades bancarias están obligadas a suministrar a la Caja, en un plazo máximo de ocho días hábiles, todos los informes y recaudos referentes a la situación de los afiliados bancarios, las veces que sean solicitados. En caso de reticencia o presunción de falsedad en los datos consignados, la Caja podrá solicitar indistintamente la intervención de la Superintendencia de Bancos o del Juzgado de Primera Instancia en los Criminal de Turno, a dichos efectos.
Artículo 68.- Los certificados de cuentas firmados por el Presidente y un Miembro del Consejo, tendrán fuerza ejecutiva. La repetición de cualquier suma, por error de cuenta, podrá ser reclamada por el deudor en el juicio ordinario posterior.
Artículo 69.- En las ejecuciones promovidas por la Caja, sólo serán admisibles las excepciones de pago, quita o espera y error de cuentas, acreditables con documentos fehacientes. La venta de los bienes ejecutados judicialmente se hará conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Civil, al respecto.
La venta de los bienes adjudicados judicialmente o en dación de pago a la Caja, se hará por concurso de precio, teniendo como base la tasación actualizada realizada por la Caja, y se publicará en un diario de gran circulación de la Capital por el término de cinco veces, en el plazo de diez días.
Artículo 70.- El mandato del actual Consejo de Administración fenecerá el 31 de diciembre de 1992 y no será tenido en cuenta a los efectos de la aplicación el Art. 18 de la presente Ley por este período.
Artículo 71.- A los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el Art. 15 inc. d) de la presente Ley, el Consejo de Administración de la Caja deberá convocar a Asamblea General, dentro de los treinta días de haberse promulgado esta Ley para la elección de los siguientes representantes:
Un representante titular y un suplente de los jubilados de Bancos Privados y un representante suplente por los jubilados de Bancos Oficiales para el Consejo de Administración.
Artículo 72.- Derógase la Ley N° 1232 del 29 de diciembre de 1986. La presente Ley entrará a regir a partir del 11 de enero del año siguiente a su promulgación.
Artículo 73.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobada por la H. Cámara de Diputados a quince días del mes de octubre del año un mil novecientos noventa y uno y por la H. Cámara de Senadores, sancionándose la Ley, a trece días del mes de noviembre del año un mil novecientos noventa y uno.
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