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Timestamp: 2020-02-19 12:37:38+00:00

Document:
STC 15/1982, 23 de Abril de 1982 - Jurisprudencia - VLEX 15034893
STC 15/1982, 23 de Abril de 1982
Fecha de Resolución: 23 de Abril de 1982
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 205/1981
1. A diferencia de los arts. 43 y 44 de la LOTC, el art. 45 de la misma no exige el requisito del agotamiento de la vía judicial procedente para poder interponer el recurso de amparo contra una resolución que imponga la obligación de prestar el servicio militar. El requisito procesal exigido en el art. 45 de la LOTC se concreta en el carácter ejecutivo de tal resolución, término que no cabe identificar con el agotamiento de la vía judicial. 2. El derecho a la objeción de conciencia es una manifestación o especificación de la libertad de conciencia y, dado que ésta es una concreción de la libertad ideológica reconocida en el art. 16 de la C. E., puede afirmarse que la objeción de conciencia es un derecho reconocido explícita e implícitamente en el ordenamiento constitucional español. 3. La expresión utilizada en el art. 30.2 de la C. E. («la Ley regulará con las debidas garantías la objeción de conciencia») significa la necesidad de la «interpositio legislatoris» no para reconocer, sino, como las propias palabras indican, para regular el derecho en términos que permitan su plena aplicabilidad y eficacia. 4. El derecho a la objeción de conciencia reconocido en el artículo 30.2 de la C. E. no es el derecho a no prestar el servicio militar, sino el derecho a ser declarado exento del deber general de prestarlo y a ser sometido, en su caso, a una prestación social sustitutoria. 5. La objeción de conciencia exige para su realización la delimitación de su contenido y la existencia de un procedimiento regulado por el legislador en los términos que prescribe el art. 30.2 de la C. E., ya que sólo si existe tal regulación podrá producirse la declaración en que el derecho a la objeción de conciencia encuentra su plenitud. 6. Sin embargo, el derecho del objetor no está por entero subordinado a la actuación del legislador. Los principios constitucionales y los derechos y libertades fundamentales vinculan a todos los poderes públicos y son origen inmediato de derechos y obligaciones. Su aplicabilidad inmediata no tiene más excepciones que aquellos casos en que así lo imponga la Constitución o en que la naturaleza misma de la norma impida considerarla inmediatamente aplicable, supuestos que no se dan en la objeción de conciencia. 7. Cuando se opera con reserva de configuración legal, el mandato constitucional tiene, hasta que la regulación tenga lugar, un contenido mínimo que ha de ser protegido, ya que de otro modo se produciría la negación radical de un derecho que goza de la máxima protección constitucional. El objetor de conciencia tiene derecho a que su incorporación a filas se aplace hasta que se configure el procedimiento que pueda conferir plena realización a su derecho de objetor. 8. La dilación en el cumplimiento del deber impuesto al legislador por la Constitución no puede lesionar un derecho reconocido en ella.
Sentencia citada en: 552 sentencias, 46 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, una resolución administrativa, una noticia
En el recurso de amparo núm. 205/1981, promovido por don Juan S. S. V., representado por la Procuradora de los Tribunales doña María L. U. . C. y bajo la dirección del Letrado don Joaquín R. J. C., contra el acuerdo de la Junta de Clasificación y Revisión Jurisdiccional de la Zona Marítima del Estrecho de 26 de septiembre de 1980, la resolución del Almirante Capitán General de la Zona Marítima del Estrecho de 19 de noviembre de 1980 y el Auto del Consejo Supremo de Justicia Militar de 13 de mayo de 1981, y en el que han comparecido el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado, siendo Ponente la Magistrada doña Gloria B. C., quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Don Juan S. S. V., perteneciente al Trozo de Melilla y al sexto llamamiento de Infantería de Marina del reemplazo del año 1980, solicita, en el momento legal oportuno, de la Junta de Clasificación y Revisión Jurisdiccional de la Zona Marítima del Estrecho la prórroga de incorporación al servicio militar de cuarta clase a), alegando objeción de conciencia «por motivos personales y éticos».
6. La resolución adoptada por el Consejo Supremo de Justicia Militar es notificada al interesado por correo recibido el día 20 de junio, si bien en la documentación aportada sólo figura al pie del expresado Auto la pertinente diligencia con fecha 16 de junio de 1981 para que se proceda a notificar dicho acuerdo a Juan .
7. Por escrito de fecha 14 de julio de 1981, doña María L. U. . C., Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de don Juan S. S. V., interpone recurso de amparo ante este Tribunal Constitucional contra el acuerdo de la Junta de Clasificación y Revisión Jurisdiccional de la Zona Marítima del Estrecho de 26 de septiembre de 1980, contra el acuerdo o resolución del Almirante Capitán General de la Zona Marítima del Estrecho de 19 de noviembre de 1980 y contra el Auto del Consejo Supremo de Justicia Militar de 13 de mayo de 1981, por entender que violan el derecho fundamental de objeción de conciencia contenido en el art. 30.2 de la Constitución, suplicando se declare la nulidad de dichos acuerdos y se restablezca a su representado en la integridad de su derecho adoptando al efecto las medidas adecuadas para que el Ministro de Defensa y sus órganos subordinados concedan a su poderdante la prórroga de incorporación a filas de cuarta clase a) en espera de que se dicte la nueva Ley Reguladora del Servicio Militar, prevista en el mencionado art. 30.2 de la Constitución.
9. Por providencia de 22 de julio de 1981, la Sección Primera de la Sala Primera de este Tribunal acuerda admitir a trámite la demanda de amparo interpuesta por don Juan S. S. V. y al mismo tiempo, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), solicitar de los correspondientes órganos y autoridades la remisión de las actuaciones originales o testimonio de ellas.
El Ministerio Fiscal estima que la resolución de la Autoridad Militar Jurisdiccional, en cuanto considerada por el demandante lesiva de un derecho fundamental garantizado por el art. 30.2 de la Constitución, y dada su naturaleza administrativa, es susceptible de recurso contencioso-administrativo, bien en procedimiento ordinario, bien en el procedimiento especial sumario de los arts. 6 y siguientes, de la Ley 62/1978 (disposición transitoria segunda , dos, de la LOTC). Partiendo de esta base, el Ministerio Fiscal propugna la inadmisión del recurso, ya que al no haber recurrido el demandante de amparo en ninguna de estas vías, ha dejado de cumplir el requisito del agotamiento de la vía judicial previa, exigido en el art. 43.1 de la LOTC.
14. Con fecha 14 de diciembre de 1981 se recibe un escrito del Almirante Capitán General de la Zona Marítima del Estrecho, interesando se le comunique si ha recaído resolución definitiva en el recurso de amparo promovido por Juan , o se ha decretado la suspensión de la ejecución del acuerdo denegatorio de la prórroga de incorporación a filas por él solicitada. Por oficio de 22 de diciembre último se comunica al Almirante Capitán General el estado procesal en que se encuentra el presente recurso.
Para cumplir el mandato constitucional es preciso, por tanto, declarar que el objetor de conciencia tiene derecho a que su incorporación a filas se aplace hasta que se configure el procedimiento que pueda conferir plena realización a su derecho de objetor, declaración, por otra parte, cuyos efectos inmediatos son equivalentes a los previstos en el Real Decreto 3011/ 1976, de 23 de diciembre, ya que, según advierte el Abogado del Estado, la Presidencia del Gobierno no está haciendo uso en el momento presente de la autorización en él contenida en relación con la prestación social sustitutoria.
2.° Estimar en parte el recurso de amparo formulado por don Juan S. S. V., a cuyo efecto acuerda:
STSJ Andalucía 2091/2011, 14 de Julio de 2011

References: resolución 
 artículo 30
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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 Real Decreto