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Timestamp: 2019-01-18 16:23:47+00:00

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RESOLUCIÓN 510 DE 07 DE MAYO DE 2004
CONTENIDO:SUBSIDIO FAMILIAR PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. SE ESTABLECE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS APLICABLES EN ZONAS URBANAS.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1240 DE JUNIO 15 DE 2004, PG.1048
“Por la cual se establece la distribución de recursos para la asignación de subsidios familiares para vivienda de interés social aplicables en zonas urbanas”.
en virtud de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 418 de 1997, artículo 29 546 de 1999, y en los artículos 11, parágrafo 1º del artículo 12, 13 y 48 del Decreto 975 de 2004, y
Que el artículo 29 de la Ley 546 de 1999 estableció que, durante los cinco años siguientes a la vigencia de esta, se asignará con recursos del presupuesto nacional una suma anual equivalente a ciento cincuenta mil millones de pesos ($ 150.000.000.000.00) expresados en unidades de valor real, UVR, con el fin de destinarlos a subsidio familiar de vivienda de interés social;
Que de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del mismo artículo 29, citado en el considerando anterior, el ochenta por ciento (80%) de los recursos presupuestales apropiados para el subsidio a la vivienda de interés social se destinará a zonas urbanas;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 546 de 1999, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 975 de 2004, mediante el cual se establecen los coeficientes porcentuales para la distribución nacional de recursos del subsidio familiar de vivienda de interés social, de acuerdo a los criterios técnicos expuestos en el mismo;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 975 de 2004, “para cumplir con la distribución nacional de los recursos del presupuesto nacional destinados al subsidio familiar de vivienda urbana, se requiere identificar las regiones con mayor atraso relativo generado por hacinamiento habitacional y calidad de la vivienda, al igual que aquellas que concentran la mayor cantidad de población. El indicador que reúne los anteriores factores es el resultado de la combinación del índice de necesidades básicas insatisfechas, NBI, para vivienda elaborado y certificado por el DANE que conjuga el índice de hogares en vivienda inadecuada y hogares con hacinamiento crítico, y la distribución de la población correspondiente a la proyección para el año 2004 certificada por el DANE; dicho indicador en adelante se denominará índice de población en pobreza relativa”.
Que el artículo 12 del Decreto 975 ya considerado, en desarrollo de los criterios técnicos establecidos en el artículo 11, indica los coeficientes porcentuales para la distribución nacional de recursos del subsidio familiar de vivienda de interés social;
Que el parágrafo 1º del artículo 12 del Decreto 975 de 2004 establece que, posterior a la destinación de recursos para la atención de la población desplazada, de la cual se trata también en este acto, en relación con decisiones de tutela que protegen esta población, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial distribuirá los recursos regionalmente, conforme a los porcentajes que se indicaron en la misma norma. Para cada vigencia se comunicará esta distribución por medio de resolución, como en efecto se hace en este acto;
Que existe a la fecha un número importante de fallos de tutela debidamente ejecutoriados, en los que se protege el derecho a la vivienda digna, en términos de ordenar a la entidad otorgante, brindar el beneficio a los tutelantes, en tanto cumplan con los requisitos exigidos por las normas vigentes para tener derecho a él, todo sujeto a las disponibilidades presupuestales con que se cuente para el efecto;
Que al examinar los fallos proferidos por los jueces de la República en los casos considerados antes, se tiene que se trata de decisiones de obligatorio cumplimiento, en tanto se observen por parte de los beneficiarios de los mismos con los trámites de ley y los requisitos para acceder al subsidio;
Que no obstante tratarse de población desplazada por la violencia, debe tenerse en cuenta que los recursos de que trata esta resolución son los ordinarios del presupuesto nacional destinados a vivienda de interés social, diferentes de los que trata el artículo 21 del Decreto 951 de 2001, sobre subsidio familiar de vivienda para población desplazada, que establece que “la financiación de la política de vivienda para la población desplazada se atenderá con cargo a los recursos que se asignen, para tal propósito, por parte del Gobierno Nacional”;
Que debe entenderse que el artículo 21 del Decreto 951 de 2001 trata sobre la atención a la población desplazada en general, según las consideraciones que más adelante se expresan y las reglas que para el efecto ha fijado la honorable Corte Constitucional en el fallo distinguido como T-025 de 2004, sobre el que también se hará alusión;
Que sobre la financiación de la política de atención a desplazados, la honorable Corte Constitucional se ha pronunciado en el sentido de que deberán o...enerse(sic) fuentes precisas de financiación para esta. Esto refuerza lo expresado en el considerando anterior sobre la especialidad de los recursos con que se financia la política de vivienda para la población desplazada. Se repite que en esta resolución se trata de los recursos de que trata el artículo 29 de la Ley 546 de 1999 y la atención a la población desplazada se hace en relación directa con el cumplimiento de decisiones judiciales particulares que benefician a esta, con los condicionamientos expresados antes, contenidos en los fallos que se han aludido;
Que a la fecha no existe dentro del presupuesto general de la Nación, y en particular dentro del presupuesto del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - Fondo Nacional de Vivienda, una definición diferente de recursos, en la forma en que se indica en la norma y de la manera como lo prevé la honorable Corte Constitucional;
Que sobre la atención de la población desplazada en general, por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se dará aplicación a lo decidido por la honorable Corte Constitucional en el fallo distinguido como T-025 de 2004, en el sentido de solicitar los recursos correspondientes para la atención de este tipo de población. Igualmente se coordinan de manera permanente con las instituciones involucradas en la atención de la población desplazada, las acciones que se seguirán para lograr este cometido y de esta manera cumplir además con la decisión aludida. Por último, tal y como se hace por medio de este acto administrativo, se dispone de una serie de recursos para atender las decisiones que se han tomado favorables a la población desplazada en los términos y condiciones que establecen estas;
Que no obstante este acto afectar recursos ordinarios, es necesario realizar las previsiones necesarias para el cumplimiento de las decisiones judiciales referidas en aplicación únicamente del parágrafo primero del artículo 12 del Decreto 975 de 2004, sin que se incumplan las decisiones judiciales y la política ordinaria de vivienda de interés social del Gobierno Nacional. De esta manera, la distribución de recursos se hará en la forma en que se indica en la norma precitada, sin hacer distribución regional de recursos para población desplazada;
Que dentro del anexo al presupuesto general de la Nación para el año 2004, en la Sección 3241 Fondo Nacional de Vivienda, se consagra como total del presupuesto, la suma de $ 122.496.626.200, correspondiente al rubro “C. Inversión”, por la misma cifra, para el programa “subsidios directos”, provenientes del contrato de empréstito BID número 1483/OC-CO que se encuentra debidamente firmado y pendiente del cumplimiento de las condiciones previas estipuladas en el empréstito para el primer desembolso. Se destaca que no existe distinción alguna en cuanto al destino de los subsidios, de tal manera que pueden tenerse en cuenta, igualmente, sin distinción alguna, para los potenciales asignatarios;
Que en la ficha EBI, del banco de proyectos de inversión, BPIN, del Departamento Nacional de Planeación, correspondiente a subsidios familiares de vivienda de interés social, tampoco hace distinción alguna en cuanto al destino de los subsidios;
Que corresponde al Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y a través del Fondo Nacional de Vivienda, asignar los recursos necesarios para la atención de los atentados terroristas que han afectado la vivienda de un número importante de ciudadanos, toda vez que el artículo 26 de la Ley 41...(sic) de 1997, establece que los hogares damnificados por los actos violentos definidos en la misma normativa podrán acceder al subsidio familiar de vivienda de conformidad con las disposiciones vigentes sin que para el efecto se tome en cuenta el valor de la solución de vivienda cuya compra, o recuperación sea objeto de financiación;
Que igualmente, en aplicación de las disposiciones sobre desastres naturales y calamidades públicas, contenidas en el Decreto 919 de 1989 y sus normas complementarias, corresponde al Estado, la atención de las necesidades de vivienda originadas en estas situaciones;
Que según lo establecido en el artículo 48, parágrafo único, del Decreto 975 de 2004, “cada entidad otorgante deducirá los valores de los subsidios correspondientes a reclamaciones aceptadas de la suma destinada a las asignaciones correspondientes o de asignaciones posteriores”.
La norma citada antes no distingue factor regional alguno por lo que los valores por concepto de reclamaciones deben descontarse del total de las sumas destinadas al subsidio familiar de vivienda;
Que por medio de la Resolución 10 del 27 de enero de 2003, del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, la cual modifica parcialmente la Resolución 1689 del 28 de diciembre de 2002 de bolsa ordinaria, se ordenó excluir de la Resolución 1689 de 2002 y ordenó igualmente la incorporación para la próxima asignación de bolsa ordinaria de subsidios familiares de vivienda, a los asignatarios que se indican en su artículo 1º. Se garantiza la correcta aplicación que hicieron los aspirantes al subsidio, en los departamentos para los cuales postularon originalmente estos hogares, sin violentar el orden jurídico y presupuestal existente, brindándoles a quienes no pudieron hacer efectivo su derecho, el beneficio del subsidio. Las consideraciones que se tuvieron en cuenta para tomar esta decisión constan en el acto administrativo correspondiente;
Que para el cumplimiento de este acto administrativo, debe tenerse presente que el Inurbe, en virtud de la expedición del Decreto 554 de 2003, perdió, desde el mes de marzo de 2003, toda competencia para asignar subsidios, la que fue otorgada a Fonvivienda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 555 de 2003, a partir de esa misma época. De otra parte, la Resolución 10 de 2003 del Inurbe es un acto administrativo que goza de la presunción de validez;
Que los incisos primero y segundo del artículo 13 del Decreto 975 de 2004, establecen:
“Del total de los recursos establecidos como límite máximo de asignación departamental, el sesenta por ciento (60%) se distribuirá bajo la denominada “bolsa ordinaria”, entre los hogares postulantes de todos los municipios del respectivo departamento, independientemente de la categoría que les corresponda según la ley. Los subsidios que se asignen con cargo a los recursos de esta bolsa podrán destinarse a planes de vivienda presentados a través del concurso de esfuerzo territorial.
El restante cuarenta por ciento (40%) de los recursos para asignación departamental se distribuirá exclusivamente entre los municipios que se encuentren dentro de las categorías 3, 4, 5 y 6 a las que se refiere el artículo 6º del presente decreto y que hayan presentado planes de vivienda a través del denominado “concurso de esfuerzo territorial” (...);
Que de conformidad con el artículo 12, parágrafo 1º, del Decreto 975 de 2004, los recursos establecidos para cada vigencia fiscal se comunicarán mediante resolución expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
ART. 1º—(Modificado).* Destinación de recursos para atención de acciones constitucionales; damnificados por atentados terroristas, tomas guerrilleras, desastres naturales o calamidad pública; reclamaciones y hogares pendientes de asignación mediante Resolución 10 de 2003 del Inurbe. Destínese treinta y un mil cuatrocientos cuatro millones setecientos sesenta y nueve mil pesos ($ 31.404.769.000.00) para la atención de hogares desplazados tutelantes que solicitan subsidio familiar de vivienda a través de acciones judiciales, solicitudes de subsidio por atentados terroristas, tomas guerrilleras, desastres naturales o calamidad pública, reclamaciones y Resolución 10 de 2003 de Inurbe, de acuerdo con la siguiente distribución:
Recursos disponibles $ 111.303.800.000
1 Acciones constitucionales $ 20.000.000.000
2 Reclamaciones $ 4.760.000.000
3 Atentados terroristas, desastres nat. $ 6.000.000.000
4 Resolución 10 de 2003 de Inurbe $ 644.769.000
Total a descontar $ 31.404.769.000
Total a distribuir $ 79.899.031.000
*(Nota: Modificado por la Resolución 735 de 2004 artículo 2° del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial)
(Nota: Véase Resolución 1399 de 2004 artículo 2° del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial)
ART. 2º—Distribución de recursos por departamento para el año 2004. Luego de efectuar las deducciones de recursos comprometidos, según el artículo anterior, con base en los criterios previstos en los artículos 11 y 13 del Decreto 975 de 2004 y sin perjuicio de la disponibilidad de recursos del presupuesto general de la Nación para tal fin, durante el año 2004, según el artículo 12 del Decreto 975 de 2004, aplicando los coeficientes porcentuales para la distribución nacional de recursos del subsidio familiar de vivienda de interés social correspondientes a los sectores urbanos de los diferentes departamentos, los valores para asignar en subsidios familiares de vivienda de interés social son los siguientes:
Distrito Capital y departamentos Coeficiente regional % Valor Bolsa ordinaria Bolsa de esfuerzo territorial
Bogotá 16,46 $ 13.151.380.502,60 $ 13.151.380.502,60
Valle 9,60 7.670.306.976,00 4.602.184.185,60 $ 3.068.122.790,40
Antioquia 8,47 6.767.447.925,70 4.060.468.755,42 2.706.979.170,28
Bolívar 7,18 5.736.750.425,80 3.442.050.255,48 2.294.700.170,32
Atlántico 6,36 5.081.578.371,60 3.048.947.022,96 2.032.631.348,64
Magdalena 4,61 3.683.345.329,10 2.210.007.197,46 1.473.338.131,64
Córdoba 4,33 3.459.628.042,30 2.075.776.825,38 1.383.851.216,92
Sucre 4,32 3.451.638.139,20 2.070.982.883,52 1.380.655.255,68
Cundinamarca 4,03 3.219.930.949,30 1.931.958.569,58 1.287.972.379,72
Cesar 3,98 3.179.981.433,80 1.907.988.860,28 1.271.992.573,52
Norte Santander 3,55 2.836.415.600,50 1.701.849.360,30 1.134.566.240,20
Nariño 3,44 2.748.526.666,40 1.649.115.999,84 1.099.410.666,56
Santander 2,87 2.293.102.189,70 1.375.861.313,82 917.240.875,88
Tolima 2,39 1.909.586.840,90 1.145.752.104,54 763.834.736,36
La Guajira 1,95 1.558.031.104,50 934.818.662,70 623.212.441,80
Huila 1,67 1.334.313.817,70 800.588.290,62 533.725.527,08
Risaralda 1,65 1.318.334.011,50 791.000.406,90 527.333.604,60
Meta 1,58 1.262.404.689,80 757.442.813,88 504.961.875,92
Cauca 1,44 1.150.546.046,40 690.327.627,84 460.218.418,56
Boyacá 1,42 1.134.566.240,20 680.739.744,12 453.826.496,08
Caldas 1,24 990.747.984,40 594.448.790,64 396.299.193,76
Quindío 1,12 894.869.147,20 536.921.488,32 357.947.658,88
Arauca 0,82 655.172.054,20 393.103.232,52 262.068.821,68
Caquetá 0,73 583.262.926,30 349.957.755,78 233.305.170,52
Casanare 0,72 575.273.023,20 345.163.813,92 230.109.209,28
Chocó 0,56 447.434.573,60 268.460.744,16 178.973.829,44
Putumayo 0,50 399.495.155,00 239.697.093,00 159.798.062,00
San Andrés 0,50 399.495.155,00 239.697.093,00 159.798.062,00
Guaviare 0,50 399.495.155,00 239.697.093,00 159.798.062,00
Amazonas 0,50 399.495.155,00 239.697.093,00 159.798.062,00
Vichada 0,50 399.495.155,00 239.697.093,00 159.798.062,00
Guainía 0,50 399.495.155,00 239.697.093,00 159.798.062,00
Vaupés 0,50 399.495.155,00 239.697.093,00 159.798.062,00
*(Nota: Modificado por la Resolución 735 de 2004 artículo 2°(sic) del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial)
ART. 3º—Remanente de recursos en las asignaciones. En el evento de que resulten recursos remanentes de las asignaciones de subsidio familiar de vivienda se dará aplicación a lo dispuesto en el 14 del Decreto 975 de 2004.
Dada en Bogotá, D.C, a 7 de mayo de 2004.

References: artículo 26
 artículo 29
 artículo 12
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 27
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 11
 artículo 12
 resolución 
 artículo 21
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 artículo 29
 artículo 12
 artículo 26
 artículo 48
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 artículo 1
 artículo 555
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 artículo 13
 artículo 6
 artículo 12
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 artículo 2
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