Source: http://www.analisisdecoyuntura.com.ar/index.php?a=562&c=100
Timestamp: 2019-08-23 16:58:47+00:00

Document:
La lucha por la autodeterminaciÃ³n
Multilaterales: construyendo unidad
Cambio de marea en el Pacífico
Neo colonialismo en el Atlántico Sur
Por Claudio Adrianzén Bei
Durante el mes de junio, los ataques de la OTAN contra territorio libio continuaron con persistente intensidad (sesenta bombas en un solo día sobre la capital, Trípoli, P12 8/6), en procura de lograr la salida del presidente Muammar Khadafy del gobierno, ya sea por medio de un exilio obligado o, mejor aún para los intereses de las potencias del norte, como cadáver ejemplar del poderío militar occidental. Pero, a pesar de la cantidad de bombas lanzadas y de las declaraciones altisonantes de figuras políticas principales como la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton (“Los días de Khadafy están contados. Trabajamos con nuestros socios internacionales en el marco de la ONU para preparar lo inevitable: la Libia de la era posterior a Khadafy”, LN 10/6), la fortaleza del líder árabe se mantuvo, al no perder el control de la ciudad cabecera e incluso conseguir éxitos militares como el derribamiento de un helicóptero de la OTAN en la zona de la ciudad costera de Zintan, dejando un saldo de 29 muertos y convirtiendo a aquel en el tercer vehículo aéreo abatido desde que la Alianza atlántica comenzó con su misión (P12 11/6). Al mismo tiempo, y al revés de los intereses del Imperio, las fisuras en el bloque atacante seguían profundizándose: “Existe una alta posibilidad de un oscuro o triste futuro para la alianza transatlántica (…). La dura realidad es que habrá un apetito y paciencia cada vez menores en el Congreso de Estados Unidos para gastar fondos cada vez más preciados en nombre de naciones que aparentemente no están dispuestas a destinar los recursos necesarios o hacer los cambios necesarios para ser socios serios y capaces en su propia defensa. (…) La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) corre el riesgo de caer en una irrelevancia militar colectiva”, afirmaba en su último discurso, antes de abandonar el cargo, el secretario de Defensa estadounidense Robert Gates (LN 11/6).
La estrategia de los países que integran la OTAN –como señalábamos en el número anterior de esta revista (ver “Valores supremos” en Análisis... nº 132)– es negar la autodeterminación de los pueblos, trabajando en fomentar y/o crear fisuras socio-políticas al interior de aquellos países a los que se quiere doblegar, buscando justificar su intervención en nombre de la “defensa de los DD.HH.” de los pueblos –ante la supuesta violación de los mismos por parte de sus propios gobiernos– y de “valores de libertad universales”, que coinciden exclusivamente con las políticas de libre cambio occidentales. Pero, en dicha estrategia, que es común a la historia de las principales potencias mundiales, se pueden establecer distintos “medios” o, mejor dicho, diversas tácticas, relacionadas con los distintos sectores de poder que están detrás de las mismas. La primera de ellas, que ha venido dominando la política militar estadounidense en los últimos años –y que tenía cabal expresión estatal bajo los mandatos presidenciales de George W. Bush–, implica intervenciones militares con amplio despliegue de tropas, ocupación efectiva y prolongada de los territorios en disputa y mando centralizado en los hombres del consejo militar norteamericano. El impulsor y principal beneficiado (económica y políticamente) de esta estrategia es el complejo tecnológico-militar con base en el territorio de los EEUU. Es el sector que se expresa más cabalmente en el ala “republicana” de la política estadounidense.
La otra postura conlleva la intervención militar a distancia (bombardeos, por ejemplo), el fomento de “guerrillas” internas o mercenarias que se sublevan ante su propio gobierno y negociación “diplomática” paralela, buscando, a su vez, hacer jugar a los organismos y tribunales “internacionales” que, dominados en gran medida por las mismas naciones que dirigen los ataques, “justifican” o “legalizan” las incursiones militares. Esta línea –que expresa al interior de Estados Unidos el presidente Obama y buena parte del ala “demócrata” de la política yanqui– coincide con la necesidad de hacer jugar al resto de las potencias mundiales en sus incursiones a países como, por ejemplo, los de Oriente Medio. Hay una necesidad común que, ante la crisis económica que ahoga sus presupuestos, los lleva a buscar adueñarse de los recursos naturales (combustibles, mayoritariamente) y asegurarse mercados cautivos para sostener la venta de su producción. A su vez, la dominación geoestratégica implica necesariamente también la expansión de una determinada ideología, coincidente, claro está, con aquellos “valores universales” de los que nos aleccionaba el presidente norteamericano durante su estadía en Gran Bretaña en el mes de mayo (ver “Valores supremos” en Análisis... nº 132). Esta vía de expansión, en el marco de una crisis de legitimidad mundial en aumento para los Estados Unidos (y también al interior del mismo país), conlleva a presionar a las naciones europeas más ricas para sumarse en cada nuevo frente de batalla. Pero, como señalaba el ahora ex secretario de Defensa R. Gates, el liderazgo estadounidense está debilitado, y de ahí su preocupación por el futuro de la OTAN. La unidad de acción está gravemente herida. El conflicto es claro: los países europeos, inmersos también en una crisis financiera que amenaza gravemente la existencia misma de su moneda y mercado comunes, no necesitan involucrarse, además, en otra larga y costosa incursión militar en Oriente Medio, de la cual el principal beneficiado sería, una vez más, Estados Unidos.
La estrategia europea es, en este sentido, más coincidente con la línea que expresa el presidente Obama e implica debilitar al régimen de Khadafy por medio de la acción diplomática, trabajando política, militar y económicamente con el sector “rebelde” que se organiza a través del Consejo Nacional de Transición (CNT), cuya fuerza reside en la ciudad oriental de Benghazi. Así, a los diez países que ya habían reconocido como “único interlocutor gubernamental válido” al CNT (Francia, Gran Bretaña, Italia, España y otros), se sumaron ahora Estados Unidos y Australia (LN 10/6), obligados a jugar también más a fondo las cartas “diplomáticas”. Como muestra de este conflicto, Noruega era uno de los aliados que, en la primera quincena del mes, amenazaba con retirar sus tropas de territorio libio. El país escandinavo no es, por el volumen de su economía y por el peso de su historia, uno de los ejes centrales militares europeos, con lo cual su rechazo a proseguir la incursión militar podía pasar desapercibido. Pero casi finalizado el mes llegaría un nuevo golpe a la unidad política de la OTAN: Italia, en la voz de su canciller, Franco Frattini, consideraba “fundamental suspender las hostilidades para evitar la consolidación de una división en dos de Libia” (LN y P12 23/6), pidiendo además la creación de un “corredor humanitario” para el ingreso de alimentos y medicinas en las ciudades sitiadas, como la capital Trípoli. El brote humanitario del gobierno de Berlusconi era exigido no sólo a causa de la profunda crisis financiera que azota al país mediterráneo, sino también porque el territorio libio, antigua colonia italiana, sigue siendo uno de los destinatarios centrales de su intercambio comercial con el mundo árabe.
La propuesta italiana profundizaba aún más las disidencias europeas. Francia y Gran Bretaña, cabezas de la intervención militar por intermedio de la OTAN, hacían saber su desacuerdo con el alto al fuego, en palabras del vocero de la cancillería francesa, Bernard Valero: “La coalición y los países reunidos en el grupo de contacto de Abu Dhabi, hace dos semanas, fueron unánimes en la estrategia a seguir: es necesario incrementar las presiones sobre Khadafy”, y del secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, quien aseguró que la alianza “continuará su misión” para evitar que “innumerables civiles pierdan la vida” (LN 23/6). Estas caritativas palabras llegaban un par de días después de que muriera al menos una décena de personas (entre ellos dos niños) a causa del impacto “errado” de las bombas occidentales sobre un edificio de viviendas en la capital Libia. “La Alianza para el Atlántico Norte [OTAN] lamenta la pérdida de vidas civiles inocentes y tiene mucho cuidado al realizar ataques contra un régimen que está decidido a aplicar la violencia contra sus propios ciudadanos”, señaló Charles Bouchard, responsable de las operaciones en Libia (P12 20/6).
En respuesta a estas posturas que, enfrentadas y todo, coinciden en la necesidad de doblegar la autodeterminación de los países del otrora llamado “tercer mundo”, llegaba de la mano del alto comité de la Unión Africana la propuesta de entablar una mesa de negociaciones entre representantes del gobierno libio y los sectores insurgentes sin la presencia del presidente Khadafy, postura que habría sido acordada con él mismo. Como figura saliente de la Unión Africana, el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, encabeza las negociaciones con ambos sectores al interior de Libia, país al cual viajó en el mes de mayo, oponiéndose fehacientemente a la intervención de la OTAN. En ese sentido, al tiempo que presentaba la propuesta que podría posibilitar una salida negociada al conflicto civil interno, prevenía sobre las graves consecuencias que acarrearía el magnicidio del líder libio por parte de las potencias occidentales, encubiertas bajo un oscuro manto de legalidad, y denunciaba que los bombardeos iban en contra de la propia resolución nº 1973 de la ONU, que expresaba la voluntad de proteger a la población civil: “La resolución de la ONU sobre Libia no da potestad a llevar a cabo un cambio de régimen o un asesinato político” (P12 27/6).
Luego de la propuesta africana, la respuesta de las potencias occidentales llegaba por medio de uno de sus resortes “legales”: la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya procedía a profundizar el asedio sobre la figura del presidente libio, decretando el pedido de captura internacional para él y su hijo Saif al-Islam, jefe de Inteligencia libio, por “crímenes de lesa humanidad”. Dicha resolución complica, una vez más, la posibilidad de una salida negociada, tal como proponía la Unión de países africanos. El círculo argumentativo aparecía en toda su debilidad cuando el canciller inglés, William Hague, argumentaba que el pedido de captura internacional era el basamento de la necesidad de derrocar a Khadafy, y justificaba implícitamente el accionar militar: “Las órdenes de arresto demuestran además por qué Khadafi perdió toda legitimidad y por qué debe irse inmediatamente. Sus fuerzas siguen atacando a los libios sin piedad y esto debe detenerse” (P12 28/6).
La resolución de la CPI está en concordancia con la política avalada desde la ONU en relación a la “obligación” de los países miembro de intervenir en otros países para “salvaguardar” a la población civil de las “violaciones de sus propios gobiernos”, extensión de la política norteamericana de intervención en otros países con la excusa de su propia “defensa nacional”, como ocurriera recientemente con la captura y asesinato de Osama Ben Laden en Paquistán, sin dar parte a las autoridades de ese país. En ese sentido se había manifestado el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en una entrevista exclusiva que le realizó el diario argentino La Nación: “Sabemos que en el pasado la ONU no fue lo suficientemente eficaz, lo suficientemente rápida, para proteger los derechos humanos, como hemos visto en Rwanda y en Srebrenica. Eso nos ha dado una buena lección. Y los líderes han adoptado un principio muy importante, el de la responsabilidad de proteger. Me alegro de que por primera vez el Consejo de Seguridad haya invocado el principio de la responsabilidad de proteger. Como secretario general, junto con el Consejo de Seguridad y los Estados miembro, siempre voy a tratar de sostener este principio”. En la misma entrevista, adelantaba los pasos a seguir en pos de un nuevo conflicto (intervención) en otro país árabe, Siria, bajo el mismo justificativo de los “derechos humanos violados”: “El Consejo de Seguridad, de manera muy activa y seria, está discutiendo qué tipo de acciones, qué curso de acción debería tomar [en Siria]. He hablado varias veces con el presidente sirio, Al-Assad, y el embajador, y voy a hablar de nuevo, para pedirle, urgirle a que escuche a su pueblo y que permita sin más demora una misión del Consejo de Derechos Humanos y equipos de evaluación humanitaria. Tenemos que proveer la asistencia necesaria a muchas personas que están heridas y entiendo que muchas, cientos de personas, miles de personas, han muerto allí. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo.” (LN 12/6). Estas palabras llegaban pocos días después de que apareciera la denuncia por parte del gobierno israelí de “provocaciones” por parte de Siria en el disputado territorio conocido como Los Altos del Golán –que implicó un enfrentamiento armado en 1967, cuando Israel ocupó con ayuda norteamericana esa rica zona donde vivían palestinos–, luego de que una protesta de palestinos que piden por el retorno del territorio ocupado por Israel al estado palestino fuera reprimido por la milicia israelí con un saldo de al menos 20 muertos: “Por desgracia, fuerzas extremistas a nuestro alrededor intentaron violar nuestras fronteras y amenazar a nuestras comunidades y ciudadanos. No les vamos a permitir que lo hagan”, señalaba el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (LN 6/6).
En paralelo a la situación destada por los bombardeos a la autodeterminación libia, las potencias occidentales se veían obligadas, luego de la ejecución de Osama Ben Laden, a tomar medidas en relación a su intervención –que lleva ya diez años– en Afganistán. En ese sentido, el presidente estadounidense Barak Obama anunciaba el retiro paulatino de las tropas apostadas en dicho territorio: “En la última década gastamos un billón de dólares en guerras, en un momento de creciente deuda y dura situación económica. Ahora nosotros debemos invertir en el recurso más preciado de Estados Unidos: su gente” (LN 23/6). España y Francia actuaban en concordancia. “Con el presidente Obama hemos hecho el mismo análisis. La muerte de Bin Laden fue un golpe muy serio para los terroristas, la transferencia de las responsabilidades a los afganos funciona bien y la situación de seguridad en ciertas provincias mejora”, señalaba Nicolás Sarkozy, aunque no podía precisar cifras ni fechas para la salida del país árabe: “[La retirada] se hará de manera proporcional y en un calendario comparable al movimiento estadounidense” (P12 25/6). Es decir, aún depende de lo que suceda con las tropas estadounidenses, país al mando de dicha invasión desde 2002, bajo el paraguas de la OTAN. Pero el retiro anunciado por Obama –al menos un tercio de los 99.000 soldados desplegados en Afganistán, hasta mitad de 2012–, veía un primer y gran escollo en sus propias fuerzas armadas y en los representantes del complejo tecnológico-militar. Luego del anuncio, hacía públicos sus reparos el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, quien calificó el anuncio de Obama como una salida “precipitada” de las tropas, hecho que “pondría en peligro los progresos obtenidos” en Afganistán (LN 23/6). Lo seguía el presidente del Comité de Servicios Armados, el republicano Howard McKeon, quien expresaba su oposición al plan de Obama: “Necesitamos una estrategia diseñada para poner al enemigo contra las cuerdas, no para darle más aliento.” Luego llegaba el turno del jefe del Estado Mayor Conjunto, Mike Mullen, quien calificaba la estrategia como “arriesgada”. “Los planes del presidente son más audaces y suponen un mayor riesgo de lo que yo estaba preparado para aceptar en un principio”, señalaba Mullen, que dirige las tropas norteamericanas sobre el terreno. Subrayó, no obstante, que tanto él como el comandante en jefe en Afganistán, David Petraeus, “apoyan por completo” el plan presentado por el presidente estadounidense (LN 24/6).
Como para echar tierra sobre los planes “pacifistas” del presidente y Premio Nobel de la Paz Obama, sobre el final del mes un nuevo y espectacular atentado en el centro de Kabul, capital afgana, mostraba el grado de “control” del territorio por parte de la OTAN: supuestos miembros talibanes morían y daban muerte a por lo menos dos civiles y un diplomático canadiense, al hacer estallar varias bombas en el Hotel Intercontinental (P12 29/6).
Mientras tanto, en Latinoamérica se profundizaban las medidas de unidad en torno a construir las bases de un desarrollo interno sostenido entre los mismos países del subcontinente, poniendo en el centro los temas energéticos, de desarrollo social y de defensa común, al tiempo que se pugnaba por un reconocimiento mundial al peso específico que significan las repúblicas americanas coordinadas en política interior y, más aun, exterior. En este sentido, durante junio se realizaron dos instancias que posibilitaron el desarrollo de estas líneas: una nueva reunión del G-20 en París, Francia, y una nueva cumbre del Mercosur hacia fin de mes. En el medio, se sucedió la primera reunión bilateral entre el presidente venezolano Hugo Chávez y la recientemente asumida primera mandataria de Brasil Dilma Roussef. Junto con ello, se posponía una cumbre de ministros de Economía y Finanzas de la Unasur, de cara al lanzamiento del Consejo de Economía y Finanzas del organismo regional, y se lograba avanzar en los borradores de varios acuerdos estratégicos que buscan: “a) promover el intercambio regional en monedas locales, sustituyendo el uso del dólar; b) impulsar la formación de un fondo de contingencia que actúe, en el caso de ataques especulativos, en defensa de las monedas y economías de la región; c) articular el uso de reservas internacionales, promoviendo la autonomía financiera de la región; d) buscar mecanismos de canalización del ahorro interno de los países de la región en favor de la capitalización de proyectos de inversión dentro de la misma área” (P12 10/6). En este sentido, José Félix Rivas, director del Banco Central de Venezuela y representante de su país en temas económicos en la Unasur, opinaba: “Por cómo se desarrolló la crisis mundial, a América latina le brindó un aprendizaje importante; una oportunidad para ponerse a pensar en mecanismos institucionales para enfrentar las crisis recurrentes, promover el desarrollo orientando el ahorro interno, mirar con atención los movimientos especulativos que son un componente importante del auge de precios de nuestros commodities, los granos y el petróleo.” Además, agregó como advertencia: “Latinoamérica ha sabido enfrentar una situación crítica, pero no está exenta de nuevos ataques especulativos. Este es el momento de aprovechar la experiencia” (P12 10/6).
También se producía el retorno de Honduras como miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de dos años del golpe de estado que destituyera al presidente Manuel “Mel” Zelaya. Esto posibilitaba la vuelta al país del ex presidente para ponerse al frente de una confluencia de fuerzas políticas que luchan por retornar a la senda que aquel había iniciado, de acercamiento a los países del ALBA y a sus políticas de desarrollo social sin injerencia externa, fundamentalmente estadounidense. Sin embargo, a pesar de las floridas palabras de reconciliación enunciadas por el presidente hondureño Lobo y, sobre todo, por el secretario de Estado norteamericano para asuntos de América latina, Arturo Valenzuela (“Todos tenemos que estar orgullosos de lo que logramos en la OEA”, P12 2/6), sobre finales de junio, ya retornado al trabajo político en su país, el depuesto Mel Zelaya denunciaba: “Se llama Acuerdo para la Reconciliación, pero cómo puede haber reconciliación si se está persiguiendo a la oposición, si un sector de los que firmó está siendo perseguido y el otro (los que lo derrocaron de su gobierno hace dos años) está siendo protegido” (P12 21/6).
Paralelamente, se terminaban de resolver las elecciones presidenciales en Perú, ganando la formula que lleva como cabeza al nacionalista Ollanta Humala, resistido por el “establishment” y los Estados Unidos, logrando derrotar a Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, presidente “autogolpista” de la década de los ’90 que aplicara, junto con su par argentino Carlos Menem, todas y cada una de las recetas del Consenso de Washington en pos de subordinar la soberanía nacional de su país, a un costo alto para la mayoría de su población.
Como una primera muestra de este nuevo rol que va construyendo el subcontinente en el mundo, en los primeros días de junio la presidenta argentina Cristina Fernández viajaba en misión de negocios al viejo continente, luego de visitar la nación mexicana. Hizo escala en Italia, donde se entrevistó con el premier Silvio Berlusconi y con el presidente, el ex comunista Giorgio Napolitano. En el país mediterráneo, la presidenta denominó su visita como un “relanzamiento” de las relaciones del país con Italia, pero también explicó que este relanzamiento implica una nueva relación “regional”, donde el país y el resto del subcontinente americano pretenden jugar como pares con los países del norte, aprovechando la profundidad de la crisis por la que atraviesan las “potencias”: “Vengan a la Argentina, vengan a conocernos, y más que leer los diarios –porque si leen los diarios por ahí se van a llevar una impresión equivocada– vayan a ver la oportunidad de negocios que hay y seguramente una vez más los italianos van a decidir, como lo decidieron hace muchos años, que la Argentina es un buen lugar para vivir y un buen lugar para invertir, (…) nosotros hablamos de agregar valor en origen, que es exactamente lo mismo que la regionalización, que consiste básicamente en que aquellas materias primas o productos que son típicos de determinada región sean transformados, agregando valor en ese lugar de origen” (P12 2/6). Como parte de la visita, el premier Berlusconi y la presidenta Fernández suscribieron un documento en el cual se destaca que “Argentina tiene un rol importante en el seno del G-20”, al tiempo que, como parte de los países que conforman el grupo Unidos por el Consenso –donde se agrupan las naciones que reclaman un cambio en el Consejo de Seguridad de la ONU–, declaraban que “reafirman la voluntad de la Argentina y de Italia para continuar trabajando estrechamente en pos de una reforma viable y realista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que resulte en un Consejo más democrático, eficiente y representativo” (P12 2/6). Cerrando la visita, el país conseguía otro reconocimiento por parte de Italia: le era cedido por más de veinte años el uso de un stand permanente para el arte argentino en la prestigiosa Bienal de Venecia. Ante esto, Cristina Fernández de Kirchner decía: “En esta visita a Italia, en esta primera visita a Italia de un presidente, sentía que el último país al cual no podíamos venir, pese a todo lo que nos une histórica y culturalmente, también había caído” (P12 4/6).
A su vez, durante la primera quincena se realizaba la primera reunión bilateral entre los presidentes de Brasil y Venezuela, por medio de la cual se sellaban acuerdos de desarrollo económico y social comunes, al tiempo que el país carioca conseguía un nuevo y explícito apoyo a su pretensión de lograr una modificación en el Consejo de Seguridad de la ONU, que permita la ampliación de los asientos permanentes (hoy son sólo cinco los países con “derecho de veto”: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China), para sentar ahí por primera vez a un país de los otrora denominados “tercermundistas”: “Durante siglos nuestra mirada estuvo volcada hacia centros distantes de nuestra realidad. Puertos y ciudades litoraleñas crecieron, mientras que el interior de Sudamérica seguía dormido. Queremos concretar todo el potencial de integración promocionando la ciudadanía y el bienestar de nuestros pueblos”, señalaba Dilma Roussef. A la vez, Chávez remarcaba: “Estamos creando y articulando un nuevo modelo de relación con Brasil, que no se limita a la competencia propia de los modelos neoliberales, sino que se trata de un modelo de cooperación y complementariedad económica que debe seguir fortaleciéndose, y los acuerdos suscritos hoy son muestra de ello (…). No queremos guerra, no queremos bombardeos, no queremos golpes de Estado. Estamos unidos, conscientes, integrándonos cada vez más” (P12 7/6). Los mandatarios firmaron nuevos convenios de cooperación entre los dos gobiernos en los sectores de energía, ciencia y tecnología, agricultura y comercio, y otro que viabilizará un proyecto de construcción de viviendas populares en Venezuela, como continuación del programa “Mi casa, Mi vida”, lanzado en Brasil en el pasado gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El proyecto venezolano, bautizado “Misión Vivienda” y cuyo costo estimado es de 3.000 millones de dólares, tendrá apoyo técnico de Brasil y recibirá financiaciones de la petroquímica Braskem, del grupo Odebrecht. A su vez, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el organismo estatal de fomento de Brasil, firmó un contrato para financiar las obras de un astillero en Venezuela.
Junto con ello, Roussef lanzaba un plan estratégico de control fronterizo bajo mando militar, buscando elevar la cantidad de puestos de frontera de 21 a 49, y dejaba en claro que era una medida que implica mayor unidad regional y no disputa: “Tengo la certeza de que ésta no es una acción que apunta a transferir el problema de nuestra frontera a los países vecinos; por el contrario, apunta a construir con ellos una protección en la región fronteriza, donde conviven en forma armoniosa, sin guerra, sin conflictos, 10 países de nuestra América latina” (LN 9/6).
Semanas después, durante una nueva Cumbre del Mercosur, la presidenta brasileña promovía más medidas de unidad y reaseguro regional frente al incremento de las presiones financieras desde los países centrales, sumergidos en la profunda crisis económica, luego de que en la cumbre del G-20 Europa sostuviera mantener sus enormes subsidios agrícolas como forma de protección individual: “En los países del Mercosur debemos estar bien atentos a lo que pasa en el mundo. En este momento de excepcional crecimiento de la región identificamos que algunos socios de afuera buscan vendernos productos que no encuentran mercado en el mundo rico (…). Necesitamos avanzar en el desarrollo de mecanismos comunitarios que reequilibren la situación.” A la vez, estaba presente el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien solicitó el ingreso de su país al grupo subregional, siguiendo los pasos de Venezuela. Además, el presidente de Uruguay, José Mujica, señaló los puntos que aún implican desigualdades al interior de la unidad regional, debilitando los objetivos estratégicos: “Debemos luchar por que la burguesía paulista se haga cargo de generar empresas aliadas y no colonizadas en toda América del Sur, juntar a los empresarios (…). Brasil no tiene la culpa de ser tan grande ni nosotros tenemos la culpa de ser tan chicos, y a llorar y a quejarse al cuartito. Esto se arregla multiplicando los actores, el crecimiento no se equilibra con la lástima, por eso bienvenido [presidente de Ecuador] Rafael Correa, te estamos esperando” (LN 30/6).
En la primera semana de junio se terminaba de definir el futuro gobierno de Perú, luego de una primera vuelta donde el candidato nacionalista Ollanta Humala ganara las elecciones con el 31,7% de los votos válidos (sólo los positivos), debiendo disputar la instancia de balotaje con Keiko Fujimori, hija del ex presidente condenado a prisión perpetua Alberto Fujimori, quien obtenía el 23,5% de los votos válidos. En la instancia inicial –donde también se eligieron congresistas (el poder Legislativo peruano es unicameral y posee 130 asientos), autoridades regionales y departamentales (provincias)–, la coalición Gana Perú que encabeza Humala cosechó 47 congresistas y Fuerza 2011, de los Fujimori, 37. Esto dejaba a ambos obligados a tejer acuerdos para alcanzar la mayoría.
La segunda vuelta se realizó casi dos meses después, y ahí pudo Humala conseguir lo que no había logrado cinco años antes frente al presidente Alán García, histórico líder del APRA, cuando perdió en la misma instancia por escaso margen. Ahora la fuerza política comandada por el ex militar peruano (dirigente de dos sublevaciones armadas contra el gobierno de Alberto Fujimori en los años ’90) obtuvo el 51,5% de los votos válidos, frente al 48,5% obtenido por Keiko. Sobre un padrón total de 19.949.915 electores, el porcentaje de ausentismo fue del 17,4%, produciéndose un incremento de cinco puntos en relación con la segunda vuelta de 2006, cuando el porcentaje de ausentismo había sido del 12,3%[1]. Si, como solemos hacer en cada análisis electoral en esta revista, tomamos el total del padrón para evaluar los reales porcentajes de votos que cosechó cada fuerza política, tenemos que al candidato nacionalista lo votó el 39,8% y a Keiko Fujimori el 37,5% del total de electores peruanos, residentes en país y en el extranjero.
Algunos datos más es necesario aportar para entender el conflicto político que, en coincidencia con lo que ocurre en la mayoría de las repúblicas latinoamericanas, atraviesa la constitución misma del entramado socio-económico peruano. Recordemos que en la anterior elección del año 2006, Ollanta Humala se había mostrado como un cercano admirador del gobierno bolivariano de Venezuela que conduce Hugo Chávez, razón por la cual partía para la presente contienda con la declarada oposición de los grandes medios, cámaras empresariales y financieras del Perú, así como de famosos intelectuales como el ahora premio Nobel Mario Vargas Llosa (a pesar de que este último le terminó dando, resignado, su apoyo para la segunda vuelta, luego de declarar que en el balotaje los peruanos deberían escoger “entre el cáncer y el sida”). El líder de Gana Perú ganó en 20 de las 25 provincias electorales peruanas, con amplios márgenes en el sur del país, donde rozó en algunos departamentos el 70% de los votos válidos. ¿Cuáles son los cinco departamentos donde no pudo imponerse ante la candidata fujimorista que contaba con el apoyo del “establishment” empresario-financiero? Tres de ellos son del norte del país, histórico bastión del APRA, quien como consecuencia del enorme descrédito del gobierno de Alán García ni siquiera llevó un candidato propio a la presidencia, por primera vez en su historia. El aprismo, en el poder del Estado desde 2006, gobernó casi todo el mandato con el apoyo explícito de la bancada fujimorista en el congreso, con lo cual era más que esperable que un amplio porcentaje de su “voto cautivo” partidario haya ido a parar a la hija de Fujimori. Las otras dos provincias en las que no pudo vencer Humala son la ciudad capital Lima y el puerto del Callao –territorio federal sin estatus de departamento–, lindante con aquella. Allí se concentra poco más de un tercio de la población del país, y es históricamente donde se acumulan las riquezas y los órganos de poder nacional. Es el control del puerto al servicio de la expoliación de las riquezas y el trabajo del interior. En Lima, Humala cosechó un 42,4% frente al 57,5% de Keiko, siempre contando sólo los votos positivos. Visto desde el ángulo inverso, en Lima, Keiko consiguió 3.107.049 votos, que significan el 41,5% de los 7.490.647 que cosechó en todo el país. Otro aporte no desdeñable para Fujimori llegó desde el extranjero, donde cosechó un 70,3% frente al 29,6 de Humala.
El desglose de los porcentajes muestra claramente que el electo presidente del Perú tendrá la mayor oposición a las reformas prometidas en la ciudad de Lima, principal beneficiada por la bonanza macroeconómica de los últimos años, que las consultoras financieras internacionales cifran en un 8% promedio de crecimiento anual, pero que no ha logrado perforar el piso de pobreza que, según guarismos oficiales, se ubica cercano a un 30% de la población. En este sentido, el mismo Humala señalaba, días antes de la segunda vuelta electoral: “En lo que no vamos a retroceder es en hacer que el crecimiento económico vaya acompañado de inclusión social. Para que haya inclusión social tenemos que asegurar políticas sociales como el Programa Pensión 65, para los mayores de 65 años que no tienen una pensión; un programa de nutrición infantil en los colegios; un programa de guarderías infantiles; defender los derechos laborales; elevar el salario básico de 600 a 750 soles (unos 220 dólares) en el primer año de gobierno; un aumento salarial a los policías para mejorar la seguridad; invertir en infraestructura, como aeropuertos, puertos, carreteras, escuelas, hospitales, vías férreas, porque ahora el país tiene un déficit de 40 mil millones de dólares en infraestructura pública, a través de asociaciones públicas y privadas; consolidar el proceso de descentralización para mejorar la inversión pública; ampliar el programa Juntos (de entrega de unos 35 dólares mensuales a los sectores más pobres) de cerca de 500 mil beneficiarios a 900 mil; ampliar los presupuestos de los programas sociales de comedores populares y del vaso de leche; entregar becas a los mejores estudiantes de las escuelas públicas para que accedan a una carrera universitaria; trabajar una política para el retorno de los tres millones de peruanos que viven en el extranjero, la mayor parte de los cuales son ilegales. En esas políticas sociales no vamos a retroceder. (…) Vamos a participar con entusiasmo en la consolidación de la unidad latinoamericana. El fortalecimiento de la Unasur será una prioridad de nuestra política exterior. Nosotros vemos con mucho interés la consolidación de la Unasur. Vamos a afianzar las relaciones políticas y económicas y de hermanamiento con los países de la región. No vamos a ideologizar las relaciones internacionales, sino que vamos a construir una agenda positiva con todos los países hermanos” (P12 4/6). Esta serie de anuncios, sumados al resultado electoral del domingo 5 de junio, hacían que el lunes 6, sin que hubiesen transcurrido siquiera 12 horas desde el triunfo electoral del candidato nacionalista Ollanta Humala, la Bolsa de Lima se fuera a pique, logrando la mayor caída de su historia: 12,51 %. Los inversores salieron a primera hora del día a liquidar sus activos, en una ola de ventas que obligó al regulador a suspender las operaciones bursátiles y al Banco Central peruano a intervenir para sostener la moneda local. El desplome afectó sobre todo a las grandes empresas mineras, como Sociedad Minera Volcán y Buenaventura, que figuran entre las cinco mayores compañías del país y que son uno de los motores de la economía peruana (LN 7/6).
El ya electo Ollanta Humala restaba importancia a lo que era un claro ataque financiero a su elección: “Lo que he visto es un bache en la Bolsa de Valores. La economía peruana es sólida, tiene un crecimiento sostenido desde hace ocho años. Esa es la realidad, por lo que este bache en la Bolsa no es un problema estructural. Las agencias aseguradoras de riesgo, la banca internacional, la banca de inversión como JP Morgan, han dicho que hay que seguir invirtiendo en el Perú, que las elecciones ya pasaron y la economía va bien”. No obstante, clarificaba qué sectores eran los que iban a tener que sentarse a rediscutir ganancias de cara a la necesidad de redistribuir los elevados beneficios de la explotación de las riquezas nacionales: “La pobreza en el Perú se origina por una mala redistribución de la riqueza y la riqueza se distribuye según una determinada política económica. Tenemos que corregir la política económica. No estamos hablando de cambiar el modelo capitalista, el modelo de una economía abierta de mercado. Nosotros defendemos esa economía de mercado. Lo que decimos es que la política económica actual tiene una serie de imperfecciones que no permite que el crecimiento sostenido de ocho años se traduzca en desarrollo y una mejora de la calidad de vida. Eso es lo que tenemos que corregir” (P12 8/6). “Vamos a respetar los acuerdos internacionales, como son las consultas ciudadanas. Fui elegido por el pueblo peruano y no por las mineras. No puedo dar concesiones mineras que afectan acuíferos, que es de donde se nutre la economía popular” (P12 10/6). A los pocos días, y aún sin tener los resultados finales oficiales, Humala emprendía una recorrida por los países sudamericanos en dos etapas. En Brasil se entrevistaba con la presidenta Dilma Roussef y también con el ex presidente Lula Da Silva, quien señalaba la importancia regional de la reciente elección peruana: “Con Humala la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) sale fortalecida. Si hay una ‘derechización’ conservadora en Europa, en América latina vemos el avance de los gobiernos progresistas. Incluso en Colombia, con el presidente (Juan Manuel) Santos, vemos avances muy puntuales de diálogo regional” (P12 11/6). Días después, Ollanta Humala tocaba suelo boliviano, y allí profundizaba su visión sobre la necesidad de la unidad regional: “Sueño con la reunificación del Perú y Bolivia, sueño que en algún momento esa línea fronteriza desaparezca y volvamos a ser una misma nación”, afirmaba mientras recordaba al mariscal boliviano Andrés de Santa Cruz, que en 1836 unió las dos naciones en una confederación que fue derrotada tres años después por el ejército chileno. “Aún lo tengo presente, porque creo que este siglo es el siglo de América, y particularmente de la región latinoamericana” (P12 22/6).
Quien tomaba nota también del cambio en las relaciones de fuerza políticas regionales que significa el triunfo de Humala en Perú –debilitando el otrora “eje Pacífico”, con Chile, Perú, Colombia y México como aliados cercanos de Estados Unidos–, era el diario La Nación, que dedicaba un editorial a la elección peruana y señalaba, luego de justificar “los reparos” del mundo financiero bursátil con el electo presidente nacionalista, sus deseos de que el próximo gobierno peruano esté obligado a inclinarse más hacia “el centro”, emulando, según entiende el editorialista, lo acontecido durante los inicios de Lula Da Silva y Tabaré Vázquez al frente de sus gobiernos: “Es innegable que, al margen de cumplir con su obligación cívica, pocos peruanos han votado convencidos en esta segunda vuelta. Es Humala quien deberá demostrar que aquellos que dudan de él están equivocados y que aquellos que confían en él no se sentirán defraudados. Se trata de una empresa tan complicada como la que debió emprender Lula desde 2003 y Tabaré Vázquez desde 2005, tras haber sido referentes de la izquierda. Existen otros antecedentes en América latina de líderes enrolados en un polo que se han desplazado hacia el centro y en él han hallado el justo equilibrio. Por el bien de un país hermano como Perú, ojalá que eso suceda con su presidente electo” (LN 9/6).
Como veíamos al inicio, las disputas en torno a los órganos de gobierno mundial –con algunos países (como Argentina y Brasil) presionando para que “se democraticen” dichas instancias, como el Consejo de Seguridad de la ONU, el FMI o los tratados comerciales bajo la órbita del G-20 y no del G-8– recrudecen en todos los planos y, de esa manera, el control territorial se vuelve a asumir como estratégico por parte de los países latinoamericanos, tal como veíamos más arriba en el caso brasileño, con el plan de pasos fronterizos.
En ese sentido, Argentina viene manteniendo en los últimos años un reclamo constante a Inglaterra, por intermedio de la ONU, para sentarse a negociar la soberanía de las Islas Malvinas. Aprovechando la visita del secretario general del organismo, el surcoreano Ban Ki-moon, el gobierno argentino elevó nuevamente una solicitud para que se inste a Gran Bretaña a plegarse a un proceso de negociación sobre el dominio de las islas atlánticas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner señalaba: “Hemos reiterado nuestro deseo de que Inglaterra acepte la resolución 2.065 de Naciones Unidas en el sentido de sentarse en la mesa de negociaciones con la Argentina. Las resoluciones de Naciones Unidas deben ser aceptadas por todos, por los países emergentes y por los desarrollados, y más aún por los desarrollados, porque cuanto mayor poder se tiene en todos los ámbitos, siempre mayor es el grado de responsabilidad (…). La Argentina puede dar cuenta de que es un importante actor y con alto grado de coherencia en la construcción de la paz, porque no sólo integramos misiones de paz como la de Haití y Chipre, sino que además somos respetuosos de cada una de las resoluciones de las Naciones Unidas”. Y apuntaba que era “hora de que los países que tienen un lugar importante, por formar parte del Consejo de Seguridad o el Grupo de los 8, convenzan al resto del mundo de que respeten las resoluciones de la ONU” (P12 14/6). Casi en simultáneo, en un acto encabezado por la presidenta, se le otorgaba el documento argentino a James Peck, nativo de las islas (llamados “kelpers”), hijo de un soldado inglés que peleó en la guerra de 1982. Cristina Fernández decía: “Aquí estamos todos juntos bajo la misma bandera. Sin agresiones, sin odios y sin rencores, porque en definitiva tanto los unos como los otros hemos sido víctimas del más terrible de los males de la civilización: la guerra.” Lo mismo hacía la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, aliada no kirchnerista del gobierno nacional: “Sienta un precedente en la Nación y en la provincia para que toda persona nacida en el territorio ocupado ilegítimamente por Reino Unido pueda obtener su documentación de identidad en nuestro Registro Civil” (P12 15/6).
La respuesta inglesa no tardaba en llegar, y lo hacía en la voz del propio premier David Cameron, quien tajantemente señalaba: “Mientras las islas Falklands (denominación británica de las islas Malvinas) quieran ser territorio soberano británico, deben seguir siendo territorio soberano británico. Punto final de la historia”. Rápidamente, la Cancillería local respondía: “La Argentina deplora que el gobierno del Reino Unido, en un lamentable acto de arrogancia, se adjudica la autoridad de poner ‘fin a la historia’ referida a una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas y aún pendiente de solución”, remarcando que “Gran Bretaña muestra un permanente desprecio al reiterado mandato de las Naciones Unidas y a los múltiples llamados de la comunidad internacional instando a la Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones a fin de alcanzar una solución a la disputa de soberanía en las Malvinas” (LN 16/6). Y el embajador ante la ONU, Jorge Argüello, marcaba el rasgo más general de la disputa: “La comunidad internacional deberá evaluar cuidadosamente hasta qué punto le conviene seguir reconociendo status de miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU a aquellos países que sistemáticamente ignoran o violentan las decisiones de la Asamblea General (…). Los dichos del señor Cameron confirman que el Reino Unido hará valer su interés por las buenas o por las malas. No están dispuestos a proceder conforme al derecho, sino a defender su posición de hecho, originada por la fuerza en el siglo XIX” (P12 16/6).
Esta situación obligaba a la oposición local a cerrar filas tras la postura esgrimida por el gobierno nacional. “Argentina debe seguir insistiendo en el marco del comité de colonización de la ONU para llegar a una solución”, marcaba Alfredo Atanasof, diputado por el Peronismo Federal; “El Atlántico Sur se convirtió para Gran Bretaña en un eje donde se disputará el dominio geopolítico y neoeconómico”, decía Julio César Martínez, diputado de la UCR; “No aceptamos que haya un punto final sobre Malvinas; tiene que haber un plan de recuperación de su soberanía”, señalaba, mientras criticaba la estrategia seguida desde el kirchnerismo, la diputada Patricia Bullrich (LN 17/6).
Días después, mientras se tocaba el tema en el Comité de Descolonización de la ONU, el canciller Héctor Timerman denunciaba: “Cameron no le está diciendo a la Argentina que no negocia. Cameron les está diciendo a las Naciones Unidas que no negocia, y eso es retrotraernos a una época colonial. O la persona cree que vive en el siglo diecinueve, o los dichos son mediocres y estúpidos. Entonces tenemos las dos posibilidades. O que Cameron viva la realidad vista con los ojos de un primer ministro de la época de la colonia, o que esté usando una patoteada que no es el mejor camino, no tiene ningún valor legal”. La resolución del comité era ejemplar, conteniendo la firma de los 29 miembros del mismo, y en su informe señalaba que “el mantenimiento de situaciones coloniales es incompatible con el ideal de paz universal de las Naciones Unidas” (P12 22/6). En respuesta desde Inglaterra, tomaba la palabra el ministro de Defensa británico Liam Fox, quien señalaba “Tenemos ya (aviones de combate) Typhoons estacionados en la zona y enviamos un mensaje muy claro de que tenemos el poder naval si fuera necesario y el compromiso de garantizar que las Malvinas se mantendrán libres y su pueblo disfrutará de la liberación por la que luchamos tan duro hace 30 años. (…) Los políticos al otro lado del mundo pueden cansarse lo que quieran, pero no cambiarán nuestra resolución política de retener la independencia y soberanía de las islas” (LN 28/6). La réplica local llegaba ahora en boca del ministro de Defensa, Arturo Puricelli: “Convertir al Atlántico Sur en una fortaleza es una provocación a la Argentina y a toda América latina”, advirtió, al tiempo que denunciaba una mayor presencia militar británica en las islas. Dijo que “en la zona hay un solo actor extracontinental que está armado y que pone en evidencia la irracionalidad del Reino Unido en la ocupación de Malvinas” (LN29/6).
Como hemos observado, la crisis avanza y obliga a los pueblos a preservar sus espacios vitales, ya sean herramientas financieras o territorios estratégicos militares, siempre de cara a profundizar la disputa con las potencias. En ese camino, la unidad regional sigue dando pasos firmes, que encuentran escollos, pero que no parecen modificar el rumbo general que viene de hace ya unos años.
[1] Todos los datos estadísticos han sido tomados de la página oficial de asuntos electorales de Perú, con los escrutinios al 100%: www.web.onpe.gob.pe.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución