Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/T-212-13.htm
Timestamp: 2017-10-20 19:46:43+00:00

Document:
T-212-13
Sentencia T-212/13
DERECHO A LA PERSONALIDAD JURIDICA DEL NIÑO-Fundamental
Es obligación del Estado remover aquellos obstáculos que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales de los menores de edad, particularmente si estas barreras constituyen meros formalismos, que nada aportan al ejercicio eficaz de los derechos y, por el contrario, lo entorpecen, con mayor exposición a condiciones de vulnerabilidad, que es precisamente lo que proscribe la carta fundamental.
NACIONALIDAD Y REGISTRO CIVIL DEL NACIDO EN EL EXTERIOR-Caso de menor nacido en el exterior, de padres colombianos y domiciliados en el país
NACIONALIDAD COLOMBIANA-Requisitos y normatividad
DERECHO A LA SALUD DEL MENOR-No puede negarse atención argumentando que no cuenta con documento de identidad de niña nacida en el exterior
DERECHO A LA NACIONALIDAD, A LA PERSONALIDAD JURIDICA, DIGNIDAD HUMANA Y A LA SALUD DE MENOR-Orden a la Registraduría con apoyo del ICBF para registrar como nacional colombiana a menor nacida en el exterior
Referencia: expediente T-3706408.
Acción de tutela interpuesta por Karina Fuentes Meza, en representación de su hija Ana Karina Meléndez Fuentes, menor de edad, contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Superintendencia de Notariado y Registro.
Procedencia: Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.
Bogotá, D. C., quince (15) de abril de dos mil trece (2013)
El expediente llegó a la Corte Constitucional por remisión de dicha Sala Penal, de acuerdo con los artículos 86 inciso 2° de la Constitución Política y 31 del Decreto 2591 de 1991. En noviembre 29 de 2012, la Sala Once de Selección lo escogió para revisión.
3. Con el fin de inscribir a su hija en el registro civil de Nacimiento de Colombia, la accionante ha acudido a varias notarías de Itagüí y Medellín, sin que haya sido posible su inscripción, pues el registro civil de nacimiento de la niña “no se encuentra apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del vecino país… República Bolivariana de Venezuela”, y no se ha aceptado el trámite por la falta de dicho apostillaje (f. 1 cd. inicial).
6. Relata que “en la actualidad mi hija se encuentra con graves quebrantos de salud, no se le está siguiendo bajo el programa de control y desarrollo, ni mucho menos los encuestadores del Sisben la incluyen por lo que no es colombiana, no está dentro de ningún programa” (f. 2 ib.).
7. Culmina afirmando que su hija “está totalmente desprotegida, al parecer y por el desconocimiento de la norma constitucional no quieren reconocer mi hija como colombiana, por el simple sello de apostillaje, sello que no puede estar por encima del interés superior de la menor, ni mucho menos por encima de la vida, la integridad, la dignidad y demás derechos fundamentales tanto míos como de mi hija” (f. 2 ib.).
En memorial de octubre 11 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Grupo de Trabajo de Nacionalidad, afirmó que “carece de competencia para realizar la inscripción de los ciudadanos colombianos por nacimiento en el registro civil, siendo exclusiva esta función a las notarías, oficinas de registro y consulados en el exterior” (f. 38 ib.).
Explicó el criterio de nacionalidad plasmado en la Constitución Política de Colombia, afirmando que en el caso concreto se cumplen los requisitos para adquirirla por nacimiento, al estar presente el vínculo de sangre (“ius sanguinis”) y el derecho del domicilio, “ius domicili”, pues estando los padres de la niña radicados con ella en Colombia y detentando ellos la patria potestad, “configuran el domicilio que debe tener aquel, es decir, los hijos que viven bajo la patria potestad de sus padres siguen el domicilio de estos” (f. 40 ib.).
Continuó, refiriéndose a la forma de probar el nacimiento de un ciudadano en el exterior, explicando que no existe norma constitucional que exija una prueba determinada en tal sentido y por lo tanto ello puede hacerse de varias formas, entre las cuales menciona “el Registro Civil de nacimiento debidamente apostillado o legalizado, según se trate, dependiendo si el país respectivo es parte o no de la ‘Convención sobre Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos y Extranjeros’” (f. 41 ib.).
Respecto del trámite de la apostilla para el caso concreto del registro civil de un menor de edad, explicó que “es un procedimiento que corresponde realizar a los padres de un menor, pues ellos detentan la patria potestad sobre éste. A los padres les corresponde una serie de obligaciones frente al hijo en relación con la nacionalidad, tal como es registrarlo ante la oficina respectiva de su país de origen, que, para el caso de los menores nacidos en el exterior con residencia igualmente fuera del país, sería el respectivo Consulado más cercano a su domicilio. En caso de no hacer el registro del menor en el Consulado, deben llevar documentos debidamente legalizados del país donde se encuentren, para hacerlos valer en Colombia” (f. 43 ib.).
Concluyó afirmando que el derecho a la nacionalidad de un menor de edad es fundamental (art. 44 Const.) y, apoyándose en sentencias de esta Corte[1], consideró que “debería hacerse prevalecer este derecho constitucional y proceder a inscribir al menor como nacional colombiano, teniendo como base las jurisprudencias transcritas.” (f. 46 ib.).
En octubre 5 de 2012, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín negó la protección solicitada por la accionante, por considerar que las entidades accionadas no incurrieron en arbitrariedad alguna que hubiese vulnerado los derechos reclamados, pues “se deja ver la imperiosa obligación tanto de los particulares como de las autoridades de someterse al imperio de la ley en punto a obtener u otorgar la nacionalidad colombiana, requisitos que surgen de un convenio debidamente aprobado por Colombia mediante la Ley 455 de 1998 y revisado por la Corte Constitucional, de lo cual se desprende que a través de dicha normatividad que regula la forma como deben legalizarse los documentos públicos extranjeros”, sin que por ello resulten transgredidos principios constitucionales (f. 31 ib.).
Afirmó que lo que se pretende a través de esta acción de tutela es conminar a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que omita el cumplimiento de un requisito legal, como es el apostillaje, bajo el argumento de que “no posee recursos económicos para viajar a Venezuela; pese a ello, sobre este argumento salta a la vista la improsperidad de la acción pues las razones de orden económico no son suficientes para sustraerse del cumplimiento del ordenamiento legal” (f. 31 ib.).
Concluyó expresando que “las inquietudes de la señora Fuentes Meza son explicables, justificables, pero ello no quiere decir que por eso la Registraduría Nacional del Estado Civil y demás accionados sean autores de violación de los derechos fundamentales de su pequeña hija” (f. 32 ib.).
Así, en marzo 14 de 2013 la Registraduría Nacional del Estado Civil remitió copia del escrito presentado ante el Tribunal Superior de Medellín en octubre 4 de 2012, en el cual solicitó denegar la tutela, “toda vez que la Registraduría Nacional le comunicó el trámite que debe adelantar la accionante y la entidad no ha realizado ninguna acción u omisión que vulnere o ponga en peligro derechos fundamentales constitucionalmente protegidos” (fs. 32 y 33 cd. corte).
Mediante memorial de marzo 15 de 2013, la Superintendencia de Notariado y Registro remitió copia del escrito presentado ante el Tribunal Superior de Medellín en octubre 5 de 2012, en el cual expresó que “carece de competencia para efectuar y conceder la nacionalidad colombiana” (f. 46 cd. corte).
Así mismo, con memorial de marzo 19 de 2013, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín remitió copia de los escritos presentados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que recogen las intervenciones antes expuestas (fs. 61 a 79 cd. corte).
La Corte Constitucional es competente para examinar en Sala de Revisión esta acción de tutela, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 (numeral 9°) de la Constitución, y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
El artículo 14 de la Constitución Política de Colombia consagra: “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.”
“La doctrina moderna considera que el derecho a la personalidad jurídica no se reduce únicamente a la capacidad de la persona humana a ingresar al tráfico jurídico y ser titular de derechos y obligaciones sino que comprende, además, la posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple hecho de existir e independientemente de su condición, determinados atributos que constituyen la esencia de su personalidad jurídica e individualidad como sujeto de derecho. Son los llamados atributos de la personalidad. Por consiguiente, cuando la Constitución consagra el derecho de toda persona natural a ser reconocida como persona jurídica está implícitamente estableciendo que todo ser humano tiene derecho a todos los atributos propios de la personalidad jurídica. Para la Corte Constitucional es claro que la filiación es uno de los atributos de la personalidad jurídica, puesto que ella está indisolublemente ligada al estado civil de la persona. El derecho a la filiación, como elemento integrante del estado civil de las personas, es un atributo de la personalidad, y por ende es un derecho constitucional deducido del derecho de todo ser humano al reconocimiento de su personalidad jurídica.”
“Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.
De otra parte, sí colateralmente la inexcusable omisión en el reconocimiento de la personalidad jurídica conllevare adicional desatención respecto de un derecho como la salud, ha de acudirse a lo expresado por esta corporación en sentencia T-885 de agosto 25 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra (no está en negrilla en el texto original):
“Ninguna institución de Salud del régimen subsidiado podrá negarse, entonces, a dar atención al menor, escudándose en que éste no cuenta con documento de identidad cualificado, porque esta discriminación atentaría contra su derecho prevalente a la salud.”
El derecho a la nacionalidad, en su concepción universal, está contenido en varios instrumentos internacionales, de los cuales cabe resaltar el igual texto del numeral 1° del artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), aprobada mediante Ley 16 de 1972: “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.”
En Colombia, ese derecho fundamental a la nacionalidad tiene acogida en el artículo 96 de la Constitución Política, modificado mediante Acto Legislativo 01 de 2002, que estatuye (el resaltado no es del texto original):
Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con arreglo a la ley.”
Complemento de la anterior norma es el artículo 76 del Código Civil que prevé: “El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella.”
Para materializar esa forma de adquisición de la nacionalidad se requiere un reconocimiento por parte del Estado, que se formaliza mediante anotación de la información de la persona en el registro civil, que delimita “su situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones”, según prevé el artículo 1° del Decreto 1260 de 1970, determinador del registro civil colombiano y del trámite o procedimiento de inscripción, en cuyo artículo 47 se lee:
“Los nacimientos ocurridos en el extranjero o durante viaje cuyo término sea lugar extranjero, se inscribirán en el competente consulado colombiano, y en defecto de éste, en la forma y del modo prescritos por la legislación del respectivo país.
Caso de que la inscripción no se haya efectuado ante cónsul nacional, el funcionario encargado del registro del estado civil en la primera oficina de la capital de la república procederá a abrir el folio, una vez establecida la autenticidad de los documentos que acrediten el nacimiento.”
Sólo se inscribirá a quien nazca vivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Código Civil.”
Como se observa, este trámite normal u ordinario está previsto para el registro del niño, a efectuar dentro de los 30 días siguientes a su nacimiento. Cuando de registro extemporáneo se trata, el artículo 50 ibídem, modificado por el 1° del decreto 999 de 1988, señala (el resaltado no es del texto original),
“Cuando se pretenda registrar un nacimiento fuera del término prescrito, el interesado deberá acreditarlo con documentos auténticos, o con copia de las actas de las partidas parroquiales respecto de las personas bautizadas en el seno de la Iglesia Católica o de las anotaciones de origen religioso correspondientes a personas de otros credos, o en últimas, con fundamento en declaraciones juramentadas, presentadas ante el funcionario encargado del registro, por dos testigos hábiles que hayan presenciado el hecho o hayan tenido noticia directa y fidedigna de él, expresando los datos indispensables para la inscripción, en la forma establecida por el artículo 49[2] del presente Decreto.
Los documentos acompañados a la solicitud de inscripción se archivarán en carpeta con indicación del código de folio que respaldan.”
El anterior trámite fue objeto de reglamentación mediante Decreto 2188 de 2001, del siguiente tenor (no está en negrilla en el texto original),
“Decreto 2188 de 2001 (Octubre 16) Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-ley 1260 de 1970 y se dictan otras disposiciones.
Artículo 1. Procedimiento para la inscripción extemporánea de nacimiento en el Registro Civil. Por excepción, cuando se pretende registrar el nacimiento fuera del término prescrito en el artículo 48 del Decreto-ley 1260 de 1970, la inscripción se podrá solicitar ante funcionario de registro civil, notario o funcionario autorizado por la ley, caso en el cual se seguirán las siguientes reglas:
Artículo 2. Duda razonable. Cuando las circunstancias en que se pretende hacer el registro generen duda razonable sobre las personas, los hechos o circunstancias que los sustenten, la autoridad competente se abstendrá de autorizar la inscripción.
Artículo 3. Corrección, modificación o alteración del registro civil de nacimiento. Cuando se pretenda corregir, modificar o alterar el registro civil de nacimiento ante autoridad competente, o en los casos de que esta deba hacerse por correo o ante autoridad distinta del lugar donde ocurrió el nacimiento, como lo establece el Decreto 158 de 1994, deberán seguirse las disposiciones del presente decreto.
Artículo 4. Formato único de Registro Civil y papel de seguridad. Los funcionarios de registro civil y los notarios, expedirán copias y certificados de las actas, folios y seriales que reposen en sus archivos, en el formato único y en el papel de seguridad que contenga las especificaciones mínimas que para el efecto determine la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Artículo 5. Derogatoria. Deróganse las disposiciones que le sean contrarias.
Artículo 6. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.”
5.1. Sea lo primero advertir que los padres son responsables directos de la protección de los derechos de los hijos, como se desprende del artículo 44 superior, en cuanto dispone (no está en negrilla en el texto original): “La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.”
“Custodia y Cuidado Personal. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo integral. La obligación de cuidado personal se extiende además a quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, social o institucional, o a sus representantes legales.”
Por la extemporaneidad, esa preceptiva, complementada por la reglamentación contenida en el Decreto 2188 de 2001 y unida a la patente nacionalidad colombiana (fs. 7 y 8 cd. inicial) de quienes están acreditados como padres por la documentación venezolana (fs. 15 a 18 ib.), surge como ulterior posibilidad para acreditar la nacionalidad, a lo que debe proceder de manera positiva la Registraduría Nacional del Estado Civil, con la colaboración que puede solicitar la demandante Karina Fuentes Meza a la correspondiente oficina del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que eficientemente deberá prestarle la colaboración necesaria, siempre en procura de hacer real la prevalencia de los derechos de la niña en cuya representación la mencionada actora interpuso la presente acción de tutela.
En tal virtud, se ordenará a la Registraduría Nacional del Estado Civil, por conducto del respectivo Delegado en Antioquia o quien al efecto haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, de manera expedita permita a Karina Fuentes Meza, con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, si fuere necesario, registrar como nacional colombiana a su hija Ana Karina Meléndez Fuentes, con base en declaraciones juramentadas rendidas por dos testigos ante Notario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 50 del Decreto 1260 de 1970, modificado por el artículo 1° del Decreto 999 de 1988 y reglamentado mediante el Decreto 2188 de 2001.
Primero. REVOCAR el fallo dictado en octubre 5 de 2012 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, que negó la tutela demandada por la señora Karina Fuentes Meza, en representación de su hija Ana Karina Meléndez Fuentes, menor de edad. En su lugar se dispone TUTELAR los derechos fundamentales de la mencionada niña a la nacionalidad, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la igualdad, la dignidad humana y la salud.
Segundo. ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil, por conducto de su respectivo Delegado en Antioquia o quien al efecto haga sus veces, que si aún no lo ha efectuado, de manera expedita permita a la señora Karina Fuentes Meza, con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar si fuere necesario, registrar como nacional colombiana a su hija Ana Karina Meléndez Fuentes.
Tercero. La empresa promotora de salud a que se encuentren afiliados los padres de la niña Ana Karina Meléndez Fuentes o ella individualmente, deberán disponer la prestación de los servicios que en tal ámbito sean requeridos.
Cuarto. Por Secretaría General de esta corporación, LÍBRESE la comunicación indicada en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Con aclaración y salvamento parcial de voto
ACLARACIÓN Y SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
A LA SENTENCIA T-212/13.
Referencia: Expediente T-3.706.408
4.1.1. En este sentido, el Estado debe cumplir la obligación contenida en el artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece:
En segundo lugar, salvo parcialmente mi voto, pues, a pesar de que la presente sentencia afirma que se dio la vulneración del derecho a la salud, dicha afirmación no se encuentra debidamente sustentada. En efecto, esta providencia omite determinar si una persona que no tiene un documento de identificación puede recibir atención en salud, por cuanto la accionante manifiesta que requiere del registro civil de la niña para que ésta reciba atención en salud.
II. Para resolver este problema jurídico es necesario tener en cuenta que las personas en situación desplazamiento tienen derecho a ser afiliadas al régimen subsidiado de salud. En este orden de ideas, es claro que el Estado tiene la obligación de prestar el servicio de salud a la menor Ana Karina Meléndez en virtud de los principios de universalidad (conforme al cual el Sistema General de Segundad Social en Salud cubre a todos los residentes en el país, en todas las etapas de la vida) y de enfoque diferencial (el cual reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, raza, etnia, condición de discapacidad y víctimas de la violencia para las cuales el Sistema General de Seguridad Social en Salud ofrecerá especiales garantías y esfuerzos encaminados a la eliminación de las situaciones de discriminación y marginación).
IV. Por lo tanto, se debió hacer referencia a la posibilidad de ordenar directamente la afiliación de la niña al Régimen Subsidiado de Salud sin contar con el documento de identificación. Al consultar la página del Sisbén se evidencia que ambos padres se encuentran afiliados al Régimen Subsidiado de Salud, de manera que en este caso se debe aplicar lo establecido por esta Corporación en la sentencia T-501 de 2010[3], en la que se determinó que se puede la afiliación en el Sistema de Salud: (…) de manera excepcional, cuando de por medio esté una grave afectación de un derecho fundamental, es posible que el juez de tutela, si se acredita la imposibilidad de allegar el registro civil de manera oportuna, otorgue el amparo constitucional del derecho mientras el interesado obtiene el registro. En tal hipótesis, al cumplirse las condiciones, esto es, que se acredite (i) una grave afectación de un derecho fundamental que haga imperativa la interposición de una acción inmediata, y (ii) la imposibilidad de obtener o de allegar el registro civil de manera oportuna, podrá el juez de tutela disponer que para establecer el estado civil, mientras se obtiene el registro civil, se allegue una prueba supletoria. (Negrillas fuera del texto)
[1] Citó la T-243 de marzo 3 de 2000, M. P. Fabio Morón Díaz, atinente a un caso en el que se solicitó a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia alterar el orden para proferir una sentencia en un proceso de sucesión en el que se adjudicaban bienes a una niña, y la T-885 de agosto 25 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, que hace referencia a la atención en salud de un menor de edad nacido en Venezuela, de padres colombianos, con pasaporte venezolano, censado por el Sisben, que no había sido inscrito en el registro civil de nacimiento, caso ante el cual se ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Consulado de Colombia en Caracas, registrar al menor de edad, con base en el artículo 47 del Decreto 1260 de 1970 y teniendo en cuenta el procedimiento previsto en el Decreto 2188 de 2001.
[2] (El resaltado no es del texto original) “Artículo 49. El nacimiento se acreditará ante el funcionario encargado de llevar el registro del estado civil mediante certificado del médico o enfermera que haya asistido a la madre en el parto, y en defecto de aquel, con declaración juramentada de dos testigos hábiles.
Los testigos declararán ante el funcionario sobre los hechos de que tengan conocimiento y la razón de éste, y suscribirán la inscripción. El juramento se entenderá prestado por el solo hecho de la firma.”
[3] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

References: artículo 14
 artículo 15
 artículo 20
 artículo 96
 artículo 76
 artículo 1
 artículo 47
 artículo 90
 artículo 50
 artículo 49

Artículo 1
 artículo 48

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6
 artículo 44
 artículo 50
 artículo 1
 artículo 36
 artículo 8
 artículo 47