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Timestamp: 2020-08-12 01:13:04+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 478, de 16/06/2014
cve: BOCG-10-D-478
161/002825 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre los mecanismos de sustitución del Rey ... (Página4)
161/002832 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las primas de la selección española de fútbol en el mundial de Brasil 2014 ... (Página5)
161/002834 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para el pago de la deuda histórica del Estado con Cataluña en materia de inversiones... (Página6)
161/002836 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la construcción de nuevos apeaderos de RENFE en la ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz)... (Página7)
161/002837 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las infraestructuras de transporte ferroviario en el Principado de Asturias y la Comunidad Autónoma de Castilla y León... (Página8)
161/002826 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Ayuntamiento de Úbeda a que, tras la asunción del servicio de limpieza, mantenimiento de parques y jardines y recogida de basuras, readmita a la totalidad de la plantilla de la empresa EMDESAU, antigua concesionaria del servicio... (Página10)
161/002835 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas a adoptar para cubrir la demanda eléctrica en la zona de la Foia de Castalla... (Página11)
161/002838 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para la defensa de la industria local y los sectores estratégicos de la economía... (Página12)
161/002827 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre recuperación integral del complejo de la Playa Grande de Miño y las Marismas del Baxoi... (Página13)
161/002829 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la hepatitis C... (Página14)
161/002831 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la elaboración de un nuevo calendario común de vacunación infantil que garantice una protección óptima de los menores y grupos de riesgo ... (Página15)
161/002833 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la entrada en vigor el 1 de enero de 2015 de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración en dos semanas del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida de forma no coincidente con la suspensión por maternidad... (Página19)
181/001909 Pregunta formulada por el Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla (GS), sobre objeto del contrato del Ministerio de Justicia con la empresa informática de El Corte Inglés en relación al inventario de los libros, del Registro Civil, y del tratamiento que puede dar a datos sensibles de la ciudadanía... (Página21)
181/001910 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre resultados que está constatando la Secretaría General de Pesca de la aplicación del Real Decreto 114/2013, de 15 de febrero, que regula el registro nacional de infracciones graves a la política pesquera común... (Página21)
181/001911 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre situación del proyecto nueva sede del Archivo Histórico Provincial y Biblioteca de Ourense ... (Página21)
181/001912 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre valoración del impacto que ha tenido en el sector de la discapacidad la supresión de los dos niveles en que se dividía cada grado en el Sistema para la Autonomía y Atención a las personas en situación de dependencia... (Página22)
181/001913 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre valoración del impacto que ha tenido en el sector de la discapacidad las sucesivas modificaciones del calendario para retrasar la entrada de nuevos beneficiarios en el Sistema Nacional de Dependencia... (Página22)
181/001914 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre valoración del impacto que ha tenido en el sector de la discapacidad la reducción en un 13% de la aportación de la Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo de protección en el Sistema Nacional de Dependencia... (Página22)
181/001915 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre valoración del impacto que ha tenido en el sector de la discapacidad la reducción en un 15% de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar en el Sistema Nacional de Dependencia... (Página23)
181/001916 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre valoración del impacto que ha tenido en el sector de la discapacidad la revisión de la regulación del convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, que pasa a tener carácter voluntario y sus cotizaciones pasan a ser a cargo exclusivamente del suscriptor... (Página23)
181/001917 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre valoración del impacto que ha tenido en el sector de la discapacidad la aplicación de un plazo suspensivo de hasta dos años para las nuevas prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar dentro del Sistema Nacional de Dependencia ... (Página23)
181/001918 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre valoración del impacto que ha tenido en el sector de la discapacidad la introducción de un régimen de incompatibilidades de las prestaciones del Sistema Nacional de Dependencia... (Página24)
181/001919 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre fecha prevista por el Gobierno para que se recuperen y se repongan las partidas específicas de vacaciones sociales del IMSERSO para personas con discapacidad... (Página24)
181/001920 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre previsiones acerca de modificar el Real Decreto regulador de la valoración de la discapacidad... (Página24)
181/001921 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre motivos por los que el Gobierno fulminó el convenio en materia de accesibilidad universal que durante 20 años suscribieron el IMSERSO y la Fundación ONCE... (Página25)
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromis-Equo don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los mecanismos de sustitución del Rey, para su debate en la Comisión Constitucional.
El artículo 57 de la Constitución Española establece taxativamente el carácter hereditario de la Corona, y así dispone que en su apartado primero que "La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos l de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica".
Como vemos, nada se dice respecto a la posibilidad de abdicación en favor de dicha u otra persona ni en cuanto a la posibilidad de donación previa al fallecimiento, siendo la herencia el único mecanismo previsto por la Carta Magna cuyo origen únicamente puede venir mortis causa.
La reciente noticia hecha pública el 2 de junio de 2014 de abdicación del rey en favor de su hijo, supone situarse en un supuesto de hecho carente de regulación al que el Parlamento ha de dar respuesta inmediata.
La única solución a la falta de regulación es la democrática: ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de manifestarse mediante referéndum sobre la posibilidad de que todos los cargos públicos y representativos del Estado español, incluida la Jefatura del Estado, sean designados mediante elección de los ciudadanos y ciudadanas, ya sea de manera directa o a través de sus representantes, tal y como establece el artículo 23 de la Constitución Española.
La abdicación del Rey y el vacío legal existente abren la posibilidad de la construcción de un estado en el que la ciudadanía pueda decidir libremente su representación política e institucional, una opción cuya regulación ha de nacer de este Parlamento.
Por todo lo anteriormente expuesto, presento la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar el proceso legislativo relativo a la regulación de la situación creada ante la abdicación del Rey en el sentido de profundizar en la democratización del Estado español estableciendo el principio de elección directa o a través de sus representantes de todos los cargos públicos e institucionales, incluida la Jefatura del Estado, por parte de los ciudadanos y ciudadanas, garantizando el principio de igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas tanto en el sufragio pasivo como en el activo.
Dicho proceso debe contar con la máxima participación ciudadana de todos los ámbitos políticos, sociales y académicos al objeto de iniciar un debate público acerca de la democratización del Estado.
Este proceso deberá concluir mediante referéndum, para que de manera libre y directa la ciudadanía pueda decidir acerca de los cambios en el ordenamiento jurídico que esta propuesta requiere."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Rosana Pérez Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002832
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las primas de la selección española de fútbol en el mundial de Brasil 2014, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
En la actual situación de crisis económica y social, con el incremento de la pobreza y las desigualdades, resulta inaceptable que los jugadores de la selección española de fútbol puedan ingresar unas primas de hasta 720.000 euros, a pesar de que son un colectivo privilegiado con sueldos desorbitados. Los jugadores españoles serían los mejor remunerados entre todos los participantes del mundial con un 20% más de lo que se embolsaron en Sudáfrica y el doble de las primas de, por ejemplo, brasileños y alemanes. Estos incrementos van en sentido contrario a la realidad de este país donde las caídas salariales y la reducción de las rentas, especialmente las más bajas, han caído de manera pronunciada en los últimos años. Las Administraciones Públicas no pueden negar el papel de referente social que juega el fútbol y el impacto de la ejemplaridad en la promoción de valores en el deporte que juega la selección ni abstraerse de la finalidad pública a la que debe servir la Federación Española de Fútbol.
Además, vistos los precedentes de las primas por las victorias españolas en Austria, Sudáfrica y Polonia y Ucrania, también es necesario asegurar que las primas tributen en España. Parte de los exagerados sueldos de los futbolistas se justifican por el rol de referente social que tienen, siendo ejemplo para la mayoría de la ciudadanía y especialmente para los jóvenes. Ello hace todavía más inaceptable la utilización de mecanismos inmorales para no asumir sus responsabilidades fiscales.
Se hace necesario, además, un proceso más amplio y complejo de limitación de todas las remuneraciones de los deportistas profesionales y, en concreto, en aquellos deportes con salarios más elevados. Teniendo en cuenta que la Real Federación Española de Fútbol es una entidad asociativa de utilidad pública, cuyos presupuestos son controlados por el Consejo Superior de Deportes, se hace necesario el impulso de una regulación sobre sueldos de futbolistas.
Otro debate de fondo relacionado con esta cuestión es la financiación del deporte de base y no profesional. La selección es una fuente de ingresos fundamental para la Federación Española de Fútbol; ya supone el 40% de los 150 millones de euros del presupuesto federativo. Por ello es necesario garantizar que los recursos generados por la selección revierten en la promoción del deporte, especialmente como elemento fundamental de un estilo de vida saludable.
1. Promover y auspiciar un pacto entre la Federación Española de Fútbol, las Ligas Profesionales de fútbol y las asociaciones de deportistas profesionales para impulsar un proceso de autorregulación dirigido a la progresiva reducción de los salarios y primas, y al establecimiento de límites salariales.
2. Crear una comisión interministerial cuyos objetivos sean:
a) Analizar las vías de financiación de las entidades deportivas en relación con la ley de mecenazgo.
b) Garantizar que la financiación pública a entidades deportivas va destinada exclusivamente a la promoción del deporte, como establece el mandato constitucional.
3. Realizar un estricto control fiscal para garantizar que el 100% de las primas recibidas por los componentes de la selección española de fútbol tributen en el Estado español."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2014.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002834
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, una Proposición no de Ley para el pago de la deuda histórica del Estado con Catalunya en materia de inversiones.
Tradicionalmente Catalunya no ha sido un destino prioritario de las inversiones del Estado. Así, en una serie de 26 años, desde 1986 hasta 2012, sólo en tres ejercicios el porcentaje de inversión del Estado en Catalunya ha superado el peso de la población catalana en el conjunto del Estado. Esta realidad es una de las causas por las que la balanza fiscal de Catalunya-España es permanentemente deficitaria para Catalunya, con cifras muy relevantes y que oscilan entre el 7 y el 9 por ciento del PIB catalán (entorno a los 15.000 M. ? anuales).
Para corregir parcialmente este despropósito, la reforma del Estatut de Autonomía de Catalunya incorporó la disposición adicional tercera, que establece:
"1. La inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años. Dichas inversiones podrán también utilizarse para la liberación de peajes o construcción de autovías alternativas.
2. Con esta finalidad se constituirá una comisión, integrada por las Administraciones estatal, autonómica y local."
Esta disposición se introdujo para garantizar que al menos durante siete años se invirtiera en Catalunya lo que le corresponde por su aportación al conjunto de la economía del Estado. Hecho que nunca ha ocurrido. El porcentaje del PIB de Catalunya respecto al del Estado está alrededor del 18,6% mientras que el porcentaje de inversión liquidada se sitúa en torno del 13,6%.
Así lo demuestran las únicas inversiones liquidadas territorializadas disponibles que son las que ofrece el Ministerio de Fomento. Estas incluyen tanto las inversiones realizadas por el Ministerio de Fomento, sus organismos y empresas como las inversiones relacionadas con el medio ambiente (Dirección General del Agua, las Confederaciones Hidrográficas y la Dirección General de Costas...). Estas inversiones representan el 84% del total las inversiones presupuestadas para Catalunya, con lo que tienen un elevado grado de representatividad.
Los siete años a los que se refiere la disposición adicional tercera del Estatut comenzaron a transcurrir en 2007 hasta 2013. La mayoría de ellos han coincidido con años de crisis, por lo que ha sido un período de baja inversión pública, pero aún así el Estado no ha cumplido con lo que establece esta ley orgánica aprobada por las Cortes y refrendada por el pueblo catalán, para estos siete años. La deuda histórica que se deriva de este incumplimiento se eleva a unos 3.500 millones de euros en Catalunya.
Es relevante reconocer de una vez esta deuda histórica, derivada de una disposición adicional de l'Estatut catalán, puesto que, durante este mismo período 2007-2013, los propios presupuestos generales del Estado han reconocido cumplir con disposiciones adicionales de otros estatutos de autonomía con redactados similares, pero en ningún caso se ha dado el cumplimiento en relación a lo establecido en el Estatuto catalán.
También es relevante reconocer esta deuda histórica del Estado con Catalunya en un momento como el actual, ya que recientemente el Ministerio de Hacienda ha manifestado haber acordado pagar a una
comunidad autónoma la deuda histórica, derivada de lo establecido en una de las disposiciones adicionales de su estatuto de autonomía.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acordar con la Generalitat de Catalunya, con urgencia, el pago de la deuda histórica que se deriva del cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002836
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la construcción de nuevos apeaderos de RENFE en la ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz), para su debate y votación en la Comisión de Fomento.
En los últimos años se ha concluido la duplicación de la vía férrea entre Jerez y Cádiz, que cumple la función de alta velocidad y de mejora del servicio de cercanía entre estas dos poblaciones. A lo largo del recorrido de 52,3 km, se han ido modernizando, adaptando e incluso haciendo estaciones nuevas. Además se han construido apeaderos en las distintas ciudades de la Bahía. Concretamente la ciudad de Cádiz tiene cinco apeaderos (Cortadura, Estadio, Segunda Aguada, San Severiano y Cádiz); en San Fernando existe la estación de Bahía Sur y un apeadero, además está en construcción un intercambiador en la Ardila. Puerto Real contará con la estación principal y la parada en la Universidad, y el Puerto de Santa María tiene apeadero en Valdelagrana, aparte de la estación principal. La ciudad de Jerez solo cuenta con un apeadero en el aeropuerto y la estación central, sin ninguna otra parada a lo largo de los 10 kilómetros que los separan. Aunque existe una terminal de mercancías cerca de la ELA de Guadalcacín, pero no tiene ningún uso.
Durante años se ha hablado en Jerez de contar con un apeadero en la zona del González Hontoria, pero nunca se ha llegado a realizar. En la actualidad se dan los condicionantes necesarios para que se pueda diseñar distintos apeaderos en el recorrido norte de la ciudad: el desdoble de la vía está concluido, se ha completado la integración del ferrocarril de la ciudad y además está próxima la llegada del AVE, que va a suponer un aumento de movimientos en una estación central muy saturada, con pocas posibilidades de aparcamiento y sin conexiones de transporte público desde cualquier punto de Jerez.
Además esta zona reúne los requisitos exigidos por ADIF para hacer nuevos apeaderos como es el número de personas que lo utilizarían y el incremento de los usuarios del tren. Estamos convencidos de que contar con distintos apeaderos en Jerez incrementaría el número de usuarios del tren no sólo por la población de la zona, sino porque es un punto de fácil comunicación con la Sierra de Cádiz y la Costa Noroeste a través de las autovías cercanas.
Hay que poner de manifiesto el amplio consenso social que hay en la ciudad a cerca de la necesidad de contar con distintos apeaderos. Desde hace años la asociación vecinal de Palos Blanco lleva pidiendo un apeadero, petición que se ha visto refrendada con el trabajo que viene desarrollando la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, que cuenta con el respaldo de numerosos colectivos, que apuestan por el desarrollo del uso del ferrocarril como el medio de transporte colectivo más seguro y sostenible que existe y que responde a la necesidad de ahorro y eficiencia energética. También hay un gran consenso político. El Ayuntamiento de la ELA de Guadalcacín ha aprobado en pleno solicitar una parada de tren en la
estación de mercancías y el pleno del Ayuntamiento de Jerez ha apoyado por unanimidad la propuesta de la Plataforma del Ferrocarril, para la construcción de tres nuevos apeaderos en la ciudad.
1. Realizar los estudios oportunos que determinen los lugares idóneos para construir apeaderos en el recorrido de la línea ferroviaria en su paso por la ciudad de Jerez.
2. Construir aparcamientos disuasorios para vehículos en el lugar que se construyan los apeaderos que permitan la fácil accesibilidad al tren por parte de los usuarios, a la vez que subsanen la falta de aparcamiento en la estación central y la densidad del tráfico por la zona."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2014.-María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002837
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre las infraestructuras de transporte ferroviario en el Principado de Asturias y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para su debate en la Comisión de Fomento.
Las infraestructuras de transporte tienen como principal función garantizar la movilidad de las personas y las mercancías, vertebrando el territorio en que se implantan, favoreciendo el desarrollo económico y la cohesión social. Constituyen por ello un medio al servicio de objetivos básicos de toda política social, como son el desarrollo económico y el empleo. Las infraestructuras participan de un marcado carácter social por cuanto que -bien planificadas- contribuyen a eliminar los desequilibrios territoriales y, en definitiva, las diferencias de oportunidad entre las regiones. Son de hecho un instrumento esencial de la política de solidaridad.
Desde que al principio de la década de los noventa, con la planificación de infraestructuras, se pusieron en marcha las primeras infraestructuras ferroviarias para la Alta Velocidad, esta materia ha suscitado vivas polémicas económicas y territoriales de distinto grado y contenido.
Enfocado principalmente a la modernización de las infraestructuras, la construcción de nuevas vías y el transporte de viajeros, a través de los distintos planes sectoriales de ámbito nacional, ha materializado en España una amplia y moderna red de autopistas y autovías y también de líneas ferroviarias de alta velocidad (AVE) de uso exclusivo de pasajeros, relegando a un segundo término tanto las cercanías como el tráfico de mercancías.
Además, la evolución en el Estado español de las inversiones y desarrollo de esas infraestructuras ha sido muy dispar, de tal modo que se ha priorizado la ejecución con criterios de mayor frecuentación y funcionalidad. De forma que los retrasos en la ejecución de inversiones en el caso del noroeste ibérico y en concreto de las comunidades autónomas del Principado de Asturias y de Castilla y León, puede suponer un riesgo de desequilibrio territorial y de pérdida de oportunidades de desarrollo.
Históricamente, el ferrocarril constituyó desde sus orígenes un motor decisivo en el desarrollo económico e industrial de este territorio y contribuyó a fortalecer los lazos que siempre los habían unido. Esta no es una cuestión menor, sobre todo cuando ambos padecen en estos momentos un proceso de envejecimiento de la población y de pérdida de la actividad productiva, vinculada a la minería del carbón.
El transporte de mercancías por ferrocarril, apenas contemplado en los planes antes mencionados, debería ser un núcleo de interés compartido para favorecer la logística a uno y a otro lado de la cordillera. Ambas autonomías deben aprovecharse del carácter estratégico del tramo ferroviario Gijón-León-Palencia que conecta el puerto de Gijón con el corredor ferroviario atlántico, carácter que fue refrendado por la UE
que lo incluyó en la red básica de la Red Transeuropea de Transportes como corredor mixto pasajeros y mercancías, apoyado en el carácter nodal del puerto de Gijón y la autopista del mar Gijón-Nantes.
Asimismo, el flujo de viajeros de uno a otro lado ha sido y sigue siendo constante. No en vano el propio Ministerio de Fomento resalta la importancia de los flujos de viajeros y mercancías entre Asturias y León en el Plan de Infraestructuras del Transporte y Vivienda (PITVI).
La línea de Alta Velocidad entre Madrid y Asturias, que pasa por León, se inició hace más de una década. En 2007 llegó a Valladolid y, desde entonces, aunque se ha desarrollado una parte del proyecto dándole continuidad, se cierne sobre su futuro una gran incertidumbre amparada en circunstancias políticas, técnicas o financieras.
La crisis y sus consecuencias han supuesto una drástica reducción de los recursos de la AGE destinados a esta infraestructura a través de los PGE, situándonos en una posición más que delicada en lo que se refiere a la consolidación de las nuevas infraestructuras ferroviarias y al sostenimiento de las ya existentes. A ello se han sumado los principios de austeridad general y la renuncia al impulso de todo lo que tiene un carácter público. Los retrasos o, en ocasiones, paralización de inversiones comprometidas no son admisibles por lo que supone de pérdida de oportunidades para el desarrollo.
Se considera absolutamente prioritaria la culminación del corredor ferroviario Madrid-Palencia-León-Gijón que unirá Madrid con Castilla y León y Asturias, con las características técnicas y funcionales recogidas en el Reglamento de la UE. Y entendemos que ésta ha de constituir una reivindicación compartida.
Estamos convencidos de que el desarrollo de las infraestructuras de transporte ferroviario constituye un elemento decisivo para garantizar a la ciudadanía su derecho a la movilidad, y un instrumento clave del crecimiento económico, la creación de empleo, el desarrollo de las actividades industriales y de servicios, la cohesión social y la vertebración del territorio.
Por todo ello, los grupos firmantes presentan la siguiente
1. Dar un impulso decidido del corredor ferroviario Madrid-León-Gijón con las características técnicas y funcionales establecidas en el Reglamento de la UE para la red básica de la red transeuropea de transportes, asignando los recursos presupuestarios y agilizando los trámites administrativos necesarios a tal fin.
2. Agilizar las obras de la variante de Pajares, pieza fundamental para la conexión ferroviaria de Asturias con León y el conjunto de la meseta, salvando la barrera de la Cordillera Cantábrica por un trazado alternativo, para su puesta en servicio en 2015, con uso mixto de viajeros y mercancías.
3. Aprovechar estas infraestructuras para potenciar y hacer más moderno y efectivo el transporte de mercancías, otorgando una mayor proyección al puerto de Gijón y Avilés como salida de mercancías hacia Europa potenciando los nudos logísticos asturleoneses.
4. Completar el tramo de Alta Velocidad en doble vía y sin merma alguna en los sistemas de seguridad entre León y Valladolid, cuyo último plazo anunciado, mayo de 2015, debe respetarse.
5. Integrar el ferrocarril en la ciudad de León y San Andrés del Rabanedo, garantizando la centralidad de la estación, a través de un soterramiento práctico y racional, superando los inconvenientes hoy existentes. Todo ello evitará la penalización de los viajeros de Asturias con destinos distintos a León y mejorará la conexión interregional entre León capital y Asturias.
6. Resolver otras integraciones en las ciudades que la precisen, que favorezcan la eficiencia de la línea Gijón-Madrid.
7. Iniciar la tramitación del tramo León-La Robla, en el presente año 2014, siguiendo las políticas de la UE de suprimir los cuellos de botella en las infraestructuras por el perjuicio que provocan en la competitividad del modo ferroviario.
8. Contribuir a su vez, con todas estas iniciativas, a garantizar el mantenimiento e impulso del empleo en todo el sector ferroviario.
9. No abandonar las inversiones para el mantenimiento del ferrocarril convencional por su importante papel en la vertebración de los diversos territorios y, sobre todo, en aquellos núcleos de población donde no llega la Alta Velocidad, poniendo en valor las cercanías y los regionales.
10. Promover un compromiso, de todas las instituciones responsables, para desarrollar de forma conjunta la ejecución de todas estas actuaciones."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2014.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, María Luisa Carcedo Roces, María Virtudes Monteserín Rodríguez, Helena Castellano Ramón, María Luisa González Santín y Gaspar Llamazares Trigo, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002826
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley por la que insta al Ayuntamiento de Úbeda a que, tras la asunción del servicio de limpieza, mantenimiento de parques y jardines y recogida de basuras, readmita a la totalidad de la plantilla de la empresa EMDESAU, antigua concesionaria del servicio, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
El Ayuntamiento de Úbeda prestaba el servicio de limpieza, mantenimiento de parques y jardines y recogida de basuras a través de una concesión a una empresa mixta, EMDESAU, compuesta por el propio Ayuntamiento y la empresa FCC.
En mayo de 2013, el Ayuntamiento se propuso recuperar el servicio para su gestión directa, comprometiéndose a conservar todos los puestos de trabajo de la empresa concesionaria que venía realizando dichos trabajos.
Sin embargo, el Ayuntamiento no se hizo cargo de 28 trabajadores, y ello a pesar del acuerdo de subrogación adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en el que asumía la readmisión de estos trabajadores.
En este momento, estos trabajadores se encuentran en un limbo jurídico, puesto que, aun no estando despedidos de la empresa a la que pertenecían, no se les permite incorporarse a sus puestos de trabajo. A lo que se une que en diciembre de 2013, con efectos retroactivos, la empresa les dio de baja en la Seguridad Social, sin que estos trabajadores recibieran ninguna comunicación de despido.
En definitiva, estos trabajadores de la empresa EMDESAU se encuentran en un limbo laboral que ha supuesto que los mismos lleven más de cinco meses sin cobrar sus salarios y sin la posibilidad de solicitar la prestación por desempleo a las que pudieran tener derecho, ya que formalmente no han sido despedidos de la empresa a la que pertenecían pero tampoco pueden incorporarse a sus puestos de trabajo.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se implique en el conflicto laboral existente entre el Ayuntamiento de Úbeda, la empresa EMDESAU y los trabajadores de esta empresa, y a que, en función de sus competencias, adopte las siguientes medidas:
1. Dirigirse al Ayuntamiento de Úbeda con el fin de asegurar el cumplimiento de su acuerdo plenario de subrogación en la prestación del servicio de limpieza, mantenimiento de parques y jardines y recogida de basuras, en el que se comprometía a la asunción de toda la plantilla, incluidos los 28 trabajadores no readmitidos, de la empresa EMDESAU, anterior concesionaria del servicio.
2. Resolver la situación de estos trabajadores ante la Seguridad Social, de conformidad con la normativa vigente."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2014.-María Concepción Gutiérrez del Castillo, Felipe Jesús Sicilia Alférez y Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002835
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre las medidas a adoptar para cubrir la demanda eléctrica en la zona de la Foia de Castalla, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Los municipios de la comarca de Foia de Castalla vienen reclamando, a lo largo de los últimos años, la puesta en servicio de una nueva subestación "ST Castalla" que permita atender la evolución creciente de la demanda eléctrica en la zona.
Esta subestación fue incluida en la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, realizada por la Subdirección General de Planificación Energética, dependiente de la Secretaría General de Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y aprobada en el Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008.
La necesidad de esta nueva instalación ha sido justificada y autorizada el 18 de enero de 2012, por la Conselleria d'Economia, Industria, Turisme i Ocupació de la Generalitat Valenciana, argumentando que la subestación ST Ibi, actual suministradora de electricidad, no puede ser ampliada debido a su configuración eléctrica.
Pero a pesar de contar con la correspondiente autorización administrativa del órgano competente, su funcionamiento depende de la construcción de la línea, en doble circuito, que la una a las subestaciones de Benejama y Novelda, para su conexión con la red de Transporte. Y por eso, a finales de 2012, los ayuntamientos de los municipios de la zona de influencia de la subestación solicitaron al Director General de Política Energética y Minas que se considerase como Especialmente Relevante la construcción de esta instalación para poder disponer de forma urgente de la potencia eléctrica que atendiera la demanda.
Además, mostraron su preocupación ante una situación en que las nuevas solicitudes de suministro o ampliaciones de potencia pendientes no podían ser atendidas con soluciones fiables, desde el punto de vista de garantía del suministro y la calidad del servicios, y viables técnica y económicamente para los consumidores demandantes sin poner en riesgo inminente la seguridad del sistema eléctrico de esa zona.
A fecha de hoy, no se han llevado a cabo las instalaciones necesarias para dar cobertura a las necesidades planteadas y lo que es peor, el Gobierno no estima la puesta en servicio de la subestación Castalla y sus instalaciones asociadas antes del 2017, según indica en su respuesta a una pregunta parlamentaria del Grupo Socialista.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, con el fin de atender la petición formulada por los municipios de la comarca de Foia de
Castalla, para la puesta en servicio, con carácter urgente, de la nueva subestación eléctrica y sus instalaciones asociadas, al objeto de disponer de la potencia eléctrica necesaria para satisfacer la demanda de la zona."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2014.-Patricia Blanquer Alcaraz y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002838
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa de la industria local y los sectores estratégicos de la economía, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
En Francia, desde el año 2005, las inversiones extranjeras en once actividades ligadas a las industrias de defensa y seguridad, las tecnologías de la información y las apuestas se someten a la autorización del Gobierno francés. Desde el pasado mes de mayo, mediante la aprobación de un nuevo decreto, pasan a estar protegidos también cinco actividades más en los sectores del aprovisionamiento de electricidad, gas, hidrocarburos y otras fuentes energéticas, la explotación de las redes de transportes, el agua, las comunicaciones electrónicas y la sanidad pública.
Con el nuevo decreto, el Ministerio de Economía debe autorizar previamente las inversiones de grupos extranjeros en una serie de casos en los que esté en juego la continuidad de la actividad y de las infraestructuras, o la preservación de ciertas competencias indispensables en aras del interés general. Se pueden bloquear decisiones empresariales que atenten contra los intereses económicos y exigir contrapartidas, ya que para obtener la autorización la empresa extranjera inversora se deben respetar ciertos compromisos.
Este mecanismo de autorización previa para una inversión extranjera no es novedoso en política comparada. En Estados Unidos, existe el Comitte on Foreign Investmen in the United States (CFIUS), una comisión federal que examina los proyectos de inversión extranjeros en EE. UU. y se reserva la posibilidad de vetarlos en caso de que potencialmente pudieran generar problemas para la seguridad nacional.
El decreto del pasado mes de mayo permitió al Gobierno francés tener mayor margen de maniobra ante las ofertas para la compra de la empresa Alstom por parte de Siemens y de la norteamericana General Electric. Esta compra afectará a los centros de Alstom en España del sector de las energías renovables. En el sector eólico, las oficinas de Barcelona representan la central de este negocio de Alstom a escala mundial. Cabe recordar que en lo referente a generadores de energía eólica y de turbinas hidroeléctricas, Alstom adquirió previamente empresas históricas catalanas, con tecnología local desarrollada tras muchos años de inversiones y trabajo.
El seguimiento, involucración y uso de su influencia del Gobierno francés, contrasta con la inacción y pasividad de las administraciones en España. Mientras en Francia se está trabajando para asegurar la continuidad de los centros de trabajo de Nantes, Cherbourg y Saint Nazaire donde se produce la turbina offshore Haliade 150; el Gobierno español ignora que el desarrollo de dicha tecnología se ha desarrollado íntegramente en Barcelona y no intercede para asegurar el futuro de los puestos de trabajo en España de Asltom.
En España, Alstom emplea a cerca de 4.000 personas en más de 30 centros de trabajo. La compañía tiene seis fábricas en España dedicadas tanto al mercado nacional como a la exportación. Además cuenta con el centro de I+D de referencia mundial en energía eólica y siete centros de desarrollo tecnológico para el resto de su cartera de productos y servicios. Cabe destacar que Alstom Wind es la compañía con más patentes europeas con origen en España, según el estudio "El sistema de patentes 2013", publicado por la escuela de negocios OBS. Con más de 200 ingenieros y técnicos dedicados al desarrollo de nuevas tecnológicas, el centro global de I+D de Alstom Wind, ubicado en Barcelona, presentó entre abril de 2012
y marzo 2013 un total de 48 patentes europeas e internacionales con origen en España, un 30% más que el año anterior. Sin embargo, dicha tecnología no se protege y su producción es frecuentemente llevada a otros centros.
La implicación del Gobierno es esencial para defender y asegurar el futuro de nuestros centros, cosa que implica el mantenimiento de puestos de trabajo, de alta calificación en la mayoría de casos. Pero también para asegurar el mantenimiento de la industria de energías renovables, actualmente atacada por las políticas del Gobierno. Consideramos que sin energías renovables no hay futuro, y el futuro de los países pasa por el desarrollo de estas tecnologías. Es un sector estratégico para el funcionamiento de la economía y de la sociedad en su conjunto y no se puede dejar en manos del libre funcionamiento del mercado.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo una estrategia de protección de la industria local y de los sectores estratégicos para la economía que contenga la autorización previa del gobierno de inversiones extrajeras en los siguientes casos:
a) Cuando supongan procesos de reestructuración empresarial que puedan suponer la pérdida de puestos de empleo, de infraestructuras, de control de las decisiones empresariales estratégicas o de proyectos.
b) Cuando se produzcan en sectores económicos estratégicos de la economía como aprovisionamiento de electricidad, gas, hidrocarburos y otras fuentes energéticas, la explotación de las redes de transportes, el agua, las comunicaciones electrónicas, la sanidad pública, defensa y seguridad y las tecnologías de la información."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2014.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002827
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre recuperación integral del complejo de la Playa Grande de Miño y las Marismas del Baxoi, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El municipio de Miño, situado en las Mariñas Coruñesas, en la ría de Betanzos, es uno de los principales enclaves de atracción turística de la provincia de A Coruña. Esta localidad, que cuenta con importantes vías de comunicación con las principales ciudades gallegas, ofrece a sus visitantes diferentes aspectos de interés como los ríos que discurren por el término municipal, el trayecto del Camiño Inglés compostelano o su rica variedad cultural y paisajística.
No obstante, su principal activo como foco de atracción turística lo constituyen sus seis magníficas playas, singularmente la Praia Grande en la que desemboca el río Baxoi formando una marisma y un complejo dunar de gran interés medioambiental.
La Praia Grande de Miño, que ostenta bandera azul desde 1984, cuenta con más de un kilómetro de longitud y, debido a la calidad de sus aguas, su arena fina y dorada, sus equipamientos que incluyen paseo marítimo, acceso para personas con movilidad reducida, alameda, servicio de salvamento y seguridad, etc., además de su conexión directa con la autopista, constituye uno de los centros turísticos de verano de las Rías Altas de Galicia con la consiguiente promoción económica del municipio y de la comarca.
Como consecuencia de los importantes y consecutivos temporales del reciente invierno, la Praia Grande de Miño se vio profundamente afectada perdiendo más de dos metros de altura de arena e incluso los cimientos de edificios cercanos al arenal. El impacto de esta pérdida debe ser solventada de forma urgente con objeto de que no se produzca un perjuicio económico irreparable debido a la imposibilidad de utilización del arenal en la época veraniega.
En la actualidad y a través de Demarcación de Costas, se está efectuando un aporte de arena para paliar el deterioro de la Praia Grande de Miño para lo cual se pretende añadir y mezclar con la arena original 50.000 metros cúbicos de arena con un coste que supera los 850.000 euros. No obstante, la arena utilizada presenta características muy diferentes de la arena original de dicha playa, tanto en relación con la granulometría como con en el color.
Esta arena de color grisáceo, mezclada con la original de la Praia Grande de Miño, cuando menos hará palidecer el color dorado que la caracteriza y provocará una grave e irreversible alteración de este arenal que representa uno de los más señalados atractivos naturales y turísticos de la comarca con la consiguiente pérdida de imagen y graves perjuicios económicos, patrimoniales y ambientales para todo el ayuntamiento y sus habitantes.
Según la documentación referente a la regeneración de la Praia Grande, no existe más que un estudio sobre la arena que se aporta en el que sorprendentemente no se menciona una característica tan importante como el color, determinando que es válida para todo tipo de playas de la zona, ni se acompaña de un estudio riguroso sobre las consecuencias de esta actuación.
Tanto la población de Miño como los usuarios y usuarias de la Praia Grande y del ecosistema natural en el que se enmarca, están alarmados por este hecho, en particular por estar dirigido por organismos cuya función es proteger y salvaguardar la costa y el patrimonio natural además de defender los intereses del municipio y sus habitantes.
- Reconsiderar la postura adoptada para la regeneración de la Praia Grande de Miño procediendo a la inmediata paralización del acopio y aporte de arena gris, el estudio de la pertinencia de estos aportes, la garantía de que en caso de que se decida que son imprescindibles se aporte arena adecuada y similar a la original en color, granulometría y todas aquellas características que califican el arenal original como de alta calidad.
- Realizar de forma urgente un proyecto de recuperación integral del complejo de la Playa Grande de Miño y las Marismas del Baxoi, consensuado entre la Demarcación de Costas, la universidad, grupos ecologistas y la corporación municipal como representante legítima de los vecinos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2014.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.- Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002829
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la hepatitis C, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La hepatitis C es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente al hígado y es causada por el virus de la hepatitis C (VHC). La infección es por lo general asintomática, pero la infección crónica puede producir fibrosis en el hígado y a la larga puede originar cirrosis. En algunos casos, los pacientes con cirrosis también presentan insuficiencia hepática, cáncer de hígado o varices esofágicas y gástricas.
El virus persiste en el hígado en aproximadamente 85% de quienes están infectados. Esta infección persistente puede tratarse con medicamentos: la terapia habitual para tratar la hepatitis C es una combinación de peginterferón y la ribavirina, y en algunos casos se añaden telaprevir y boceprevir.
En los últimos 15 años se ha trabajado para controlar la epidemia con el objetivo de eliminarlo y ahora nos hallamos en una revolución porque se ha logrado sin los efectos secundarios y en tiempos más cortos de tratamiento (sofosbuvir). Fármacos orales con una duración de entre ocho y doce semanas y con muy buena tolerabilidad. La comunidad médica se muestra muy optimista con estos potentes fármacos, que logran "desterrar" a los efectos secundarios del tratamiento clásico interferón (combinado con ribavirina y telaprevir o boceprevir), como son bajada de plaquetas, más riesgo de infección y de descompensación, entre otros, con una eficacia muy alta.
Es fundamental el acceso inmediato al nuevo medicamento Sofosbuvir, que cura un alto porcentaje de los casos, teniendo en cuenta que un trasplante hepático puede valorarse en 570.000 euros, sumando además el gasto en hospitalización, bajas laborales, recuperación, etc.
1. Que a través del Ministerio de Sanidad negocie la moderación del precio de Sofosbuvir en condiciones económicamente sostenibles para el Sistema Nacional de Salud, inmediatamente, pues de ellos dependen las miles de vidas de enfermos en España.
2. Solicitar al Gobierno de acuerdo con las Comunidades Autónomas a que elabore un Plan contra la hepatitis C donde venga reflejados protocolos de actuación que recomiendan expertos y científicos: Vigilancia epidemiológica, Prevención, Detección y Diagnóstico, Atención y tratamiento, Investigación, así como Asuntos y ayudas sociales.
3. Garantizar el uso compasivo de Sofosbuvir para todos los pacientes que estén en fase 2 de la enfermedad, sin esperar a las fases 3 y 4 de fibrosis avanzada."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.- José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002831
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada, doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la elaboración de un nuevo calendario común de vacunación infantil que garantice una protección óptima de los menores y grupos de riesgo, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Uno de los principales problemas estructurales de la sanidad en España, que tanto el Gobierno como el principal partido de la oposición se niegan a reconocer, es que en nuestro país no existe un sistema sanitario único que garantice una adecuada atención sanitaria a los ciudadanos, independientemente del lugar en el que residan.
La desigualdad de acceso a los servicios y las prestaciones sanitarias se hace todavía más patente cuando hablamos de elementos tan básicos como es el calendario vacunal. En cuyo caso, no existe 17 sistemas diferentes, si no que en España conviven 19 calendarios de vacunación en base a los contenidos y cronologías que recogen cada uno de ellos. La distribución competencial de la sanidad en España ha llegado a tal extremo de sinrazón que principios básicos y comunes a todo el país, como es la inmunología, con excepciones como puedan ser en determinados casos Ceuta y Melilla con la hepatitis A, han dado
lugar a decenas de programas de vacunación diferentes. Programas que en muchos de los casos se han aprobado y desarrollado sin criterios sanitarios o sociales y que se han traducido en barreras que dificultan la movilidad de los ciudadanos de un territorio a otro, además de importantes repercusiones burocráticas y de gasto en los sistemas de salud receptores. Una pérdida de recursos que nuestro país no puede permitirse en una situación de crisis económica tan grave como la que padecemos.
Con el objetivo de unificar el calendario de vacunación en nuestro país, en el año 2011, la Asociación Española de Vacunología (AEV) y la Asociación Española de Pediatría (AEP) elaboraron un documento que recogía toda una serie de argumentos y justificaciones que avalaban la creación de un calendario de vacunación único. Como consecuencia de la presión ejercida por las sociedades científicas y de los profesionales sanitarios, el Gobierno aprobó en marzo de 2013 un calendario de vacunación elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y aprobado conjuntamente al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), con la orden de comenzar la unificación nacional de los 19 calendarios de vacunación existentes en nuestro país a principios de 2014. Sin embargo, este calendario de vacunación único resultó decepcionante para los profesionales sanitarios y las sociedades científicas especializadas en el ámbito de la vacunación, al que calificaron de "muy básico", e incluso "retrógrado", en comparación con los calendarios de vacunación ya existentes en diferentes comunidades autónomas. Por ejemplo, se habla de retroceso con este calendario común porque se solicita a algunas comunidades autónomas que retiren las vacunas del neumococo y la varicela que tienen incluidas en sus calendarios de vacunación, como ocurre con la vacuna frente a la varicela en la Comunidad Foral de Navarra, las ciudades autónomas de Ceuta, Melilla y la Comunidad de Madrid. Esta última ya anunció que la retiraría de su calendario a partir de enero de 2014 para adaptarse al calendario de vacunación común del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se considera, por tanto, que este calendario de vacunación único es un "calendario de mínimos".
Las causas del fracaso del calendario de vacunación elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad son varias. En primer lugar, los especialistas en la materia han denunciado que en ningún momento se tuvieron en cuenta las consideraciones técnicas y recomendaciones hechas por la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del Ministerio, así como tampoco de las sociedades científicas y profesionales sanitarios, e incluso la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, no publica información de dicha ponencia en relación a varias vacunas que han demostrado una eficacia significativa en la prevención de enfermedades y el ahorro en costes derivados de ingresos y tratamientos por estas patologías como puedan ser la varicela, el neumococo o el meningococo.
Otra de las causas que han llevado al rechazo de este calendario es que no se incluye la vacunación sistemática frente al neumococo dentro del calendario de vacunación. La vacunación universal contra el neumococo ya fue propuesta por la AEP en el año 2003 e igualmente fue recomendada como vacunación sistemática para todos los niños españoles por la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del Ministerio en un documento técnico del año 2009, que no ha publicitado el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en su página web pudiéndose ver únicamente la versión del año 2005, en el que textualmente recomendaba que "sería aconsejable que las instancias correspondientes tomaran en consideración este informe en orden a valorar la introducción en el calendario sistemático infantil de vacunación de una vacuna antineumocócica conjugada de amplio espectro que cubriera, especialmente, los serotipos invasores más comúnmente aislados en nuestro país". Esta decisión de incluir la vacuna contra el neumococo contrasta con los calendarios de vacunación de los países de nuestro entorno, ya que solo Portugal no vacuna a los menores de este patógeno según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en su informe del año 2013.
La vacuna de la varicela también sale mal parada en el calendario único de vacunación al quedar relegada su administración a los 12 años de edad, siempre y cuando no se haya pasado la enfermedad. Si bien en muchas comunidades autónomas la vacuna de la varicela se inoculaba a una edad cercana a la establecida en el nuevo calendario de vacunación, existía la posibilidad de que los progenitores que así lo deseasen pudieran vacunar a sus hijos comprando las dosis pertinentes en los establecimientos de farmacia. Sin embargo, esta posibilidad se ha visto coartada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ya que ha bloqueado la libre comercialización de la vacuna de la varicela Varivax en las oficinas de farmacia desde el verano de 2013 sin motivación alguna, produciendo un desabastecimiento de dosis de vacuna frente a la varicela en el ámbito extrahospitalario.
Según datos públicos obtenidos a través de IMS Health España, una empresa que facilita información de la industria sanitaria, durante el periodo 2008-2012 se distribuyeron, por prescripción médica en España
y sin incluir Madrid, Navarra, Ceuta y Melilla, un total de 1.114.023 dosis de vacuna de varicela que fueron pagadas por los progenitores. Según estimaciones de la AEP con ese número de dosis prescritas se vacunaron en ese periodo aproximadamente 716.421 niños, que se traduce, dada la efectividad de la vacuna, en 600.000 casos de varicela evitados.
La AEP estima que en ese periodo de cinco años se evitaron mediante esas más de 710.000 vacunaciones, cerca de 6.000 hospitalizaciones, así como varios fallecimientos en base a las tasas de mortalidad de esta enfermedad. Unas tesis que apoya un informe elaborado por el Comité Asesor de Vacunas de la Comunidad de Madrid en un informe titulado "Informe sobre la varicela en la Comunidad de Madrid 2010" y publicado en marzo de dicho año, en el que se señala que:
"La vacunación universal frente varicela ha supuesto una reducción muy importante de la carga global de enfermedad en la CM en los niños vacunados, pero también en los no vacunados, lo que demuestra inmunidad de grupo. Las hospitalizaciones asociadas a varicela, que representan las complicaciones de la enfermedad (a veces graves), se han reducido un 50%. Hasta el momento actual, no parece haberse producido un desplazamiento de la enfermedad hacia edades adultas. La estrategia futura en la vacunación frente a varicela en la Comunidad de Madrid debe marcarse como objetivo primordial mantener e incluso mejorar las coberturas vacunales, para no mantener una población creciente de niños susceptibles. Los modelos matemáticos predicen que solo con coberturas iguales o superiores al 90% es posible disminuir la incidencia de la enfermedad no solo en niños sino en adultos, obteniendo así la máxima efectividad y eficiencia de la vacuna."
Sin embargo, todos estos datos no fueron suficientes para que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad haya desabastecido, desde el pasado verano, el mercado español de dosis de vacuna frente a la varicela. El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP), la Asociación Española de Vacunología (AEV) y la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) denunciaron el pasado mes de septiembre el desabastecimiento de vacunas de la varicela en multitud de comunidades autónomas sin notificación o alerta alguna por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como de la AEMPS. El Gobierno negó entonces, y lo sigue haciendo, que existiera dicho desabastecimiento de vacunas, reduciendo el suceso a un "desabastecimiento puntual" en las oficinas de farmacia, y no generalizado, como señalan multitud de asociaciones de profesionales del sector sanitario. Desde el Ministerio de Sanidad se ha señalado constantemente que se liberaron las dosis de vacunas "estimadas para el cumplimiento del calendario vacunal acordado por las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial". Una cuantía que a todas luces ha sido insuficiente y que ha supuesto que muchos padres tuvieran que obtener esta vacuna en despachos de farmacia portugueses o franceses. El desabastecimiento de esta vacuna y la no inoculación de esta a los menores de 12 años, ha tenido importantes consecuencias. Por ejemplo, la AEP estima que se han producido 125.000 casos más de varicela al año, miles de complicaciones y cientos de hospitalizaciones que estaban siendo evitados en los últimos años.
A la obligación de retirar la vacuna de la varicela que se suministraba en los servicios de salud de la Comunidad Foral de Navarra, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como de la Comunidad de Madrid, los recientes y dramáticos sucesos de la localidad burgalesa de La Puebla de Arganzón, en los que una menor falleció por una sepsis derivada de un proceso de varicela, hacen necesaria la revisión de las pautas que el calendario de vacunación único establecen sobre esta vacuna.
Otro retroceso que señalan los profesionales sanitarios, así como las sociedades científicas, está relacionado con las fechas establecidas para la inoculación de la vacuna del virus del Papiloma Humano. Según el calendario común de vacunación infantil esta debe administrarse a niñas de 14 años de edad en tres dosis. Sin embargo, diferentes comunidades autónomas ya están administrando esta vacuna entre los once y los trece años; unas edades que son óptimas para su administración según la AEP y la propia Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del Ministerio, que señala de manera textual en uno de los textos remitidos al Gobierno que: "Promover la rebaja progresiva de la edad de vacunación de modo que se administre la vacuna a las chicas preadolescentes de 11-12 años al objeto de incrementar coberturas, facilitar la labor de los sanitarios y disminuir los efectos psicógenos masivos".
Otra de las demandas de las sociedades científicas y profesionales sanitarios en cuanto a la inclusión de vacunas en el calendario de vacunación único es que la nueva vacuna frente al meningococo B, aprobada recientemente por la Agencia Europea del Medicamento para los menores a partir de los dos meses de edad, se libere y pueda ser administrada fuera del ámbito hospitalario ya que es el único recurso disponible para prevenir la enfermedad meningocócica por el serogrupo B.
Cabe recordar que la meningitis B es una enfermedad con una tasa de mortalidad cercana al 10%, que además supone numerosas y graves secuelas para las personas que la sufren, generalmente los niños menores de cinco años. Los calendarios de vacunación existentes hasta el momento recogían la vacuna frente a la meningitis C, pese a que el meningococo B es el causante del 65% los casos que se diagnostican en España. Una decisión que extraña a los pediatras españoles puesto que la vacuna previene el 80% de los casos y se administra de manera universal en otros Estados miembros de la Unión Europea.
El proceso de instauración de un calendario de vacunación pretendía unificar las pautas y mejorar la protección de los menores mediante la vacunación, pero a la luz de los resultados, este proceso no va a desembocar en un calendario de vacunación único ya que no todas las comunidades autónomas van a seguir las recomendaciones del Ministerio y el CISNS, al instaurar en sus territorios calendarios más completos que el elaborado por el Ejecutivo central.
En este sentido, consideramos que se ha perdido una oportunidad histórica para conseguir un calendario de vacunación óptimo en todo el territorio nacional por la falta de voluntad política demostrada por el Gobierno a la hora de elaborar un calendario de vacunación realista, actualizado y basado en evidencias sociales, sanitarias y epidemiológicas, en lugar de en claros criterios economicistas.
Los calendarios de vacunación tienen un objetivo prioritario: proteger a los menores de edad y los grupos de riesgo. Sin embargo, el Gobierno parecer relegar a un segundo término a estos grupos poblacionales al primar el ahorro en una partida presupuestaria cuya proporción es mínima en relación al gasto total farmacéutico del Sistema Nacional de Salud: se estima que la media anual del coste en vacunas es de 211 millones de euros al año mientras que el coste total en farmacia alcanza los 11.405 millones de euros anuales. Unas decisiones economicistas que también pueden considerarse cortoplacistas puesto que no se tienen en cuenta los ahorros que se obtienen de la prevención de ingresos hospitalarios, así como el ahorro en gasto farmacéutico de su tratamiento.
El calendario común de vacunación infantil que se implante en nuestro país debe tener en cuenta la evidencia disponible sobre seguridad, efectividad y eficiencia de las vacunas infantiles, así como la epidemiología de las enfermedades inmunoprevenibles. Para ello deberán adaptarse de manera dinámica a los cambios que puedan ir surgiendo e incorporando las vacunas, o novedades, que puedan aparecer en este ámbito sanitario para obtener la mayor protección posible de los menores y de los grupos de riesgo en nuestro país.
1. Elaborar un nuevo calendario común de vacunación infantil, de máximos y que garantice la igualdad de acceso a todos los ciudadanos independientemente de la comunidad autónoma en la que residan, en el que se tengan en cuenta las recomendaciones de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del Ministerio, así como las de la Asociación Española de Vacunología (AEV), la Asociación Española de Pediatría (AEP) y la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene sobre los plazos y los tipos de vacunas que el sistema público debe financiar, y por lo tanto:
a) Se incluya la vacuna de la varicela como medida preventiva en los términos que recomiendan las sociedades científicas anteriormente nombradas.
b) Se incluya la vacunación frente al neumococo de manera sistemática en el calendario de vacunación para los menores de edad, en los términos en los que las sociedades científicas y profesionales sanitarios recomiendan.
c) Se incluya la vacunación sistemática frente al meningococo B y se libere esta vacuna fuera del ámbito hospitalario
d) Se modifique las edades de inoculación de la vacuna del virus del papiloma humano de modo que se administre la vacuna a las chicas preadolescentes de 11-12 años.
2. Instar a la AEMPS para que libere nuevas dosis de vacuna frente a la varicela para que los progenitores que así lo deseen puedan vacunar a sus hijos antes de la edad determinada en el calendario vacunal del Consejo Interterritorial tal y como recomiendan el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP), la Asociación Española de Vacunología (AEV) y la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH).
3. Publicar toda la información elaborada por la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la página web del Ministerio en aras de la transparencia y divulgación científica."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/002833
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Igualdad, una Proposición no de Ley sobre la entrada en vigor el 1 de enero de 2015, de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración en dos semanas del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida de forma no coincidente con la suspensión por maternidad.
La sociedad tiene un reto en la consecución de la plena igualdad entre mujeres y hombres en todos sus ámbitos, a pesar de los muchos avances que hayamos podido experimentar en los últimos años.
Existe en la sociedad una aspiración real por un reparto más equitativo de las actividades laborales, de la remuneración en el trabajo, de las tareas domésticas o del cuidado de los hijos, pero al mismo tiempo se da la paradoja que la estructura legal no favorece un desarrollo en esa línea de los roles. Parece lógico pensar que los hombres no cambiarán mayoritariamente su menor implicación en el terreno doméstico y de la atención a los hijos, mientras se mantengan las condiciones que fomentan su dedicación casi en exclusiva al trabajo remunerado, descargando en las mujeres la práctica totalidad del no remunerado.
Si esta realidad es un hecho habitual en la convivencia diaria de las parejas, el fenómeno se acentúa radicalmente en el momento de la maternidad y la paternidad, punto de inflexión en el que se exige una reorganización vital y de asunción de nuevas responsabilidades de cuidado y crianza. Este proceso de reorganización de las tareas y del nuevo reparto de responsabilidades que se vive en una pareja ante la llegada de un hijo, ya sea por nacimiento, adopción o acogida, hoy en día responde aún a estereotipos sociales muy arraigados en nuestra sociedad y a ello contribuye de manera determinante la desigualdad legal existente entre los permisos de maternidad y paternidad.
En el recientemente aprobado Plan de Igualdad, la medida 35 hace mención a los permisos por nacimiento, adopción y acogimiento con una vaga referencia a la intención de "seguir avanzando en el desarrollo de medidas que apoyen la conciliación y corresponsabilidad con especial atención a los permisos parentales". No obstante, no hay concreción sobre cuáles podrían ser esas medidas. De hecho el propio redactado resulta confuso, pues incorpora el propósito de avanzar en el desarrollo de medidas pero sin concretar ni dar la menor pista sobre cuáles pudieran ser finalmente esas medidas.
Posponer de manera reiterada la aplicación de la Ley, en lo que se refiere a la ampliación de los permisos de paternidad a cuatro semanas, es un modo de perpetuar los roles de género y continuar perjudicando el desarrollo profesional de las mujeres, creando un claro marco de discriminación. También lo es no abordar una profunda reforma de los permisos por nacimiento, adopción y acogimiento, para acabar con las disfunciones que presentan a la par que con la discriminación que suponen para con ambos progenitores.
Las recomendaciones al Gobierno derivadas del Informe aprobado por la Comisión de Igualdad en materia de Igualdad, Conciliación y Corresponsabilidad se pronuncian con claridad por abordar una reforma profunda de los permisos por nacimiento, adopción o acogida para que impliquen de forma equitativa a ambos progenitores en el cuidado infantil. Hasta que ello se afronte, lo oportuno sería no demorar más el compromiso ya contemplado en la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida, con el fin de permitir
que el otro progenitor pueda gozar de las dos semanas de permiso de paternidad adicionales a las que disfruta en la actualidad.
Es preciso subrayar que la entrada en vigor de esta ley se ha aplazado en diversas ocasiones, la última el pasado mes de diciembre y no debe aplazarse más. La disposición final vigésima segunda de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 modificó la disposición final décima segunda de la Ley 9/2009, estableciendo, para el 1 de enero de 2015, la entrada en vigor de la ampliación a cuatro semanas de los permisos de paternidad. Urge garantizar que esta será la fecha definitiva de su entrada en vigor.
Desde Convergència i Unió realizamos una apuesta decidida por la igualdad efectiva de mujeres y hombres, por la conciliación de la vida familiar, laboral y personal y por la necesidad de un reparto equitativo de las responsabilidades en el hogar y familiares y para ello entendemos necesaria una reestructuración del sistema de los permisos de maternidad y paternidad en beneficio del cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que establece en su artículo 44 que "los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio".
Sin menoscabar en ningún caso la libertad de las personas para tomar las decisiones que crean más convenientes según su situación particular, laboral o familiar, sus propias creencias o el tipo de familia que quieren construir, consideramos que un primer paso para alcanzar ese objetivo de conciliación y de implicación de ambos progenitores en la crianza del hijo recién nacido, adoptado o acogido, así como la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, sería necesaria no solo la ampliación del permiso de paternidad del otro progenitor, sino que además su disfrute no fuera coincidente entre ambos progenitores a los efectos de tender a una implicación equitativa en el cuidado y crianza del nuevo miembro de la familia.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia i Unió presenta la siguiente
- Garantizar la entrada en vigor el 1 de enero de 2015, de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida.
- Realizar las modificaciones necesarias para que las dos semanas de nueva aplicación sean un instrumento al servicio de la conciliación y de la corresponsabilidad y que, por tanto, su disfrute tenga lugar de forma no coincidente con la suspensión por maternidad y sea intransferible entre los progenitores, con el objetivo que el menor goce del mayor tiempo posible en compañía de ambos progenitores."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2104.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
181/001909
¿Puede informar el Ministerio de Justicia del objeto del contrato con la empresa informática de El Corte Inglés en relación al inventario de los libros, del Registro Civil y en particular del tratamiento que una empresa privada puede dar a datos sensibles de la ciudadanía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2014.-Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.
181/001910
¿Qué resultados está constatando la Secretaria General de Pesca de la aplicación del Real Decreto 114/2013 de 15 de febrero, que regula el registro nacional de infracciones graves a la Política Pesquera Común?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2014.-Joaquín María García Diez, Diputado.
181/001911
¿Cuál es, a fecha de respuesta, la situación del proyecto Nueva Sede del Archivo Histórico Provincial y Biblioteca de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2014.-Celso Luis Delgado Arce, Diputado.
181/001912
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Discapacidad
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre el impacto que ha tenido en el sector de la discapacidad la supresión de los dos niveles en que se dividía cada grado en el Sistema para la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001913
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre el impacto que ha tenido en el sector de la discapacidad las sucesivas modificaciones del calendario para retrasar la entrada de nuevos beneficiarios en el Sistema Nacional de Dependencia?
181/001914
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre el impacto que ha tenido en el sector de la discapacidad la reducción en un 13% de la aportación de la Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo de protección en el Sistema Nacional de Dependencia?
181/001915
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre el impacto que ha tenido en el sector de la discapacidad la reducción en un 15% de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar en el Sistema Nacional de Dependencia?
181/001916
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre el impacto que ha tenido en el sector de la discapacidad la revisión de la regulación del convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, que pasa a tener carácter voluntario y sus cotizaciones pasan a ser a cargo exclusivamente del suscriptor?
181/001917
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre el impacto que ha tenido en el sector de la discapacidad la aplicación de un plazo suspensivo de hasta dos años para las nuevas prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar dentro del Sistema Nacional de Dependencia?
181/001918
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre el impacto que ha tenido en el sector de la discapacidad la introducción de un régimen de incompatibilidades de las prestaciones del Sistema Nacional de Dependencia?
181/001919
¿Cuándo prevé el gobierno que se recuperen y se repongan las partidas específicas de vacaciones sociales del IMSERSO para personas con discapacidad?
181/001920
¿Va a cambiar el Gobierno y cuándo, el Real Decreto regulador de la valoración de la discapacidad que sustituya al vigente de 1999?
181/001921
¿Por qué razón el Gobierno fulminó el convenio en materia de accesibilidad universal que durante 20 años suscribieron el IMSERSO y la Fundación ONCE?

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 57
 artículo 23
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 44
 Real Decreto 
 Real Decreto