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Timestamp: 2017-02-24 01:22:46+00:00

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Gestores Públicos: octubre 2014
Con esta medida se inicia el fin de la dispersión de los servicios de las Administraciones Públicas, hasta ahora en distintos portales
El pasado miércoles comenzó a funcionar el Punto de Acceso General, administracion.gob.es, que facilitará la relación de los ciudadanos con las Administraciones Públicas, al ser la puerta de entrada vía internet a los servicios públicos. El Punto de Acceso General es una de las medidas impulsadas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).
- Los trámites electrónicos representan ya el 78% del total de trámites de los ciudadanos con la Administración General del Estado
- El nuevo Punto de Acceso General, además de facilitar el acceso a los trámites por vía electrónica, orienta a los ciudadanos, centraliza la información, ofrece ayuda a los emprendedores, fomenta la participación ciudadana con más presencia en redes sociales y brinda una mayor disponibilidad de los buzones de sugerencias
- Está preparado para incorporar el sistema de identificación Cl@ve de los ciudadanos ante la Administración y la consulta de sus notificaciones a través de Notific@
Nota MHyAA.PP.- Tiene como objetivo construir la “Administración virtual”, de forma que los ciudadanos dispongan de un solo punto de entrada para acceder a toda la información necesaria para iniciar, tramitar y concluir sus procedimientos administrativos, obtener los datos necesarios para relacionarse con la Administración, cumplir sus obligaciones y conocer sus derechos.
Nuevos servicios en el Punto de Acceso General:
- El nuevo portal, orientará a los ciudadanos en su relación con las Administraciones Públicas, ofreciendo la información y los servicios que tienen a su disposición.
- Ofrece ayuda a las empresas y emprendedores, y canaliza a través de la Ventanilla Única Directiva de Servicios (eugo.es) las alternativas que la Administración ofrece para la creación de una empresa desde la red.
- Facilita el acceso al catálogo de procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de otras Administraciones Públicas, en función de la firma de convenios.
- Fomenta en los ciudadanos la utilización de la tramitación electrónica al facilitar el acceso a los servicios electrónicos mediante una clasificación y ordenación por materias desde la perspectiva ciudadana.
- Fomenta la participación de los ciudadanos con un aumento de la presencia en redes sociales y buzones de sugerencias y opinión.
- Integración con el sistema de identificación propio de la Administración General del Estado: Cl@ve.
- Consulta de las comunicaciones y notificaciones recibidas a través de la plataforma NOTIFIC@.
- Las notificaciones por comparecencia ante la sede electrónica del punto de acceso general.
Como antecedente al punto de acceso general existe desde el año 2006 el portal 060.es (www.060.es) que ofrece información sobre los servicios electrónicos y la actividad y organización de las AAPP. El Punto de Acceso General sustituye al citado portal e introduce las siguientes mejoras : - Orienta a los ciudadanos en su relación con la administración con pautas de ayuda organizadas en eventos / necesidades de los ciudadanos.
- Contiene guías de asistencia en eventos que implican varios trámites y/o de distintas administraciones.
- Permite el acceso a todos los procedimientos y trámites de la AGE con información sobre los mismos, documentación a presentar y acceso al formulario Ofrece información general sobre la organización de las Administraciones Públicas.
- Permite el uso de aplicaciones móviles de ayuda a los ciudadanos (actualmente, buscador de oficinas y, próximamente, buscador de empleo público y pruebas de capacitación profesional) disponibles en las dos principales plataformas (iOS y Android).
- En materia de empleo público, además de las suscripciones a convocatorias que ya podían realizarse, se podrán consultar en un futuro las comunicaciones y las notificaciones realizadas por correo postal, a través de la plataforma Notific@; además, se permite realizar las notificaciones por comparecencia en la sede electrónica del Punto de Acceso General.
administracion.gob.es,
Palma de Mallorca. 12,13 y 14 Nov. VI Congreso de FIASEP. “Hacia un control más eficaz de los fondos públicos”
El VI Congreso de Palma de Mallorca arrancará el jueves 12 de noviembre con la entrega del Premio a las Buenas Prácticas en Auditoría y Transparencia en el Sector Público. Ver programa . Inscripción
FIASEP. Los Congresos Nacionales de Auditoría en el Sector Público, que vienen celebrándose de forma bienal desde el año 2004, gracias a la colaboración entre diferentes órganos de control y la Fundación FIASEP, han alcanzado ya, en esta sexta edición, un general reconocimiento entre los profesionales de la materia, pertenecientes a las diversas instituciones públicas encargadas del control interno y externo, y a las firmas privadas que desarrollan esta labor o colaboran con el sector público.
El intercambio de experiencias, la puesta en común de cuestiones de actualidad o la reflexión y los estudios de visión más general constituyen, actividades de notable importancia que encuentran en estos congresos el marco natural en que desenvolverse, dada la variedad de temas que se tratan y la diversidad de participantes en los mismos. Se definen, así, como un punto privilegiado de encuentro y reflexión, del que se han de extraer conclusiones útiles para el futuro de la gestión pública, sean de carácter práctico y cercano o de mayor alcance y profundidad. El lema escogido en esta ocasión, “Hacia un control más eficaz de los fondos públicos”, pretende poner de manifiesto, precisamente, la necesidad de que el ejercicio del control y de la auditoría de la gestión económico-financiera del sector público sea más útil a los gestores públicos, y, en definitiva, a los intereses generales, a los que la actuación administrativa debe servir con objetividad.
Premios Por otro lado, en el marco del Congreso, se procederá a la entrega de los premios a las Buenas Prácticas en Auditoría y Transparencia en el Sector Público y Mariano Zufía a la trayectoria personal en la Auditoría Pública, convocados y concedidos por la Fundación FIASEP. Post relacionado: Los premios de Fiasep. Antonio Arias. Blog fiscalización.es
auditoría del sector público,
Fundación FIASEP,
V Congreso Fiasep
Oscar Sánchez en ¿Hay Derecho?: Corrupción norMAL y síndrome de inmunodeficiencia política
"Lo prioritario no es lo cuantitativo (cuánta cantidad de corrupción aflora), sino lo cualitativo (si funcionan o no los contrapesos democráticos que permiten detectar esa corrupción"
¿Hay Derecho?.-Óscar Sánchez.- La normalidad presenta su amenaza política. Especialmente porque su faz amenazante no se percibe como tal. Quién podría temer ante lo normal: quién podría temer ante lo que acaba percibiéndose como cotidiano, habitual, extendido, previsible, lógico, esperado o inevitable.
Cuando Adorno advirtió que la normalidad era “la enfermedad moral” del siglo XX, nos dejó una advertencia que conserva su vigencia en el XXI.
Las frases hechas alimentan acciones… por hacer. Esas frases hechas que subrayan la normalidad de la corrupción, alguna incidencia encerrarán en cuanto a la tolerancia que se le acaba brindando a esa corrupción. El caldo de cultivo que se gesta con palabras (a golpe de tópico y lugar común) presentará su plasmación práctica a través de los hechos. Al fin y al cabo, la primera función de los tópicos es “volvernos normales”: “acomodarnos al grupo, arroparnos con lo que se lleva (…)” (Aurelio Arteta, 2012. Tantos tontos tópicos. Ariel, Mi país se corrompe lo normal
Los medios que respaldan la corrupción
Dejadez, pasividad e indiferencia
La corrupción política es más, mucho más, que meter la mano en la caja. De ahí la división entre corrupción hard y corrupción soft. La primera tiende a estar tipificada. Siempre podrán encontrarse resquicios legales en los que cierta práctica corrupta escapa al Código Penal, pero en principio, dentro de un Estado de Derecho que merezca llevar tal nombre, esa corrupción hard resultará delictiva. Leer+
Posts relacionados. José María Maravall. 16.9.2013. El País. Más participación para salvar la política
Víctor Lapuente. Por qué hay tanta corrupción en España?
Novedad editorial: @policía: las historias de un éxito
Cómo funciona el Twitter de la Policía: un millón de historias humanas Carlos Fernández Guerra Editorial Aguilar. Gracias a su originalidad y sentido del humor, el Twitter de la Policía española es la cuenta oficial de seguridad más seguida del mundo, por delante del FBI.
Descubre una Policía comunicadora, revolucionaria y muy eficaz que busca que el ciudadano la conozca y participe de sus éxitos.
Cerca de un millón de seguidores son también colaboradores y protagonistas en tiempo real de la seguridad y de muchos de los casos planteados en la Red.
Entérate de los retos, las campañas, las mejores anécdotas y los logros que se han llevado a cabo gracias a la ciudadanía usando la cuenta de @policía.
Conoce a los héroes y villanos de Internet y las conmovedoras historias de cómo la sociedad actúa en situaciones límite ante la llamada de auxilio de @policía.
Mira qué hay tras las bambalinas: un equipo de personas con sus fakes, sus historias, sus aspiraciones y muchas ganas de tuitear.
El perfil de la Policía Nacional en Twitter es ya un hito a nivel nacional e internacional.
Por su lenguaje cercano, orientado a impactar y simpatizar con el ciudadano, así como su visión crítica y humorística de la actualidad, es ya el modelo a seguir para otras muchas instituciones y entidades privadas de todos los ámbitos, que han optado también por este tono informal de comunicación en las redes.
Contra los ciberacosadores
Alrededor de un millón de ciudadanos son ya fieles seguidores de @policia y han sido partícipes de los grandes aciertos y también de los polémicos errores o fakes de esta cuenta. Desde la exitosa petición de donantes de sangre para el accidente de tren de Santiago de 2013 hasta los consejos prácticos, la actuación efectiva para detener a ciberacosadores de varios personajes famosos o el cerco a pederastas, pasando por la puesta en marcha de nuevas formas de colaboración ciudadana como la #Tweetredada, con la que se ha conseguido atrapar a cientos de traficantes de droga en nuestro país.
Todo esto aderezado con las pequeñas «cagadas», los momentos de tensión y los tuits más torpes de @policía. En este libro no solo encontrarás el relato del éxito de @policía, sino todas las historias humanas que lo han hecho posible. Un millón de historias en una sola, una demostración del nuevo papel que tienen las instituciones y los ciudadanos en el siglo xxi.
Otras noticias. BOE 24.10.2014.-Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2015
Ministerio de Hacienda y AA.PP. Informe de evaluación de los servicios de la Administración Periférica del Estado 2013 Publicado por
@policía,
Carlos Fernández Guerra,
fiestas laborales2015,
Madrid 20-22 de Noviembre 2014.- X Congreso Cosital: Innovación e Imparcialidad. Una profesión de futuro
Madrid 20-22 de Noviembre 2014.- X Congreso Cosital. Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local: Innovación e Imparcialidad. Una profesión de futuro
16:30 – 18:00 Mesas redondas de reflexión y debate abierto
Mesa 1.-Gestión del conocimiento y dirección pública local
Moderador-Coordinador: Eulalio Ávila Cano, Presidente del C. G. de COSITAL
-José Luis Pérez López, Secretario Ayto. San Lorenzo de El Escorial
-Juan Carlos González, Subdirector de Programas Formativos INAP
-Milagros Ortiz Torremocha, Presidenta de la Asociación Valenciana de Técnicos de Personal de Administración Local
-Javier Oliva, Coach Ejecutivo
-Carlos Cardosa Zurita, Interventor del Consejo General, Presidente CT de Ciudad Real
Mesa 2.-Nuevas formas de comunicación. Una profesión en red Moderador-Coordinador: Víctor Almonacid, Secretario Gral. del Ayuntamiento de Alzira, Vicepresidente 4º del Consejo General de COSITAL Intervienen:
-Francisco Hierro Caballero, Secretario Ayto. Quintanilla de Vivar, Vicepresidente 5º del Consejo General de COSITAL
-Jesús Blanco Giró, Interventor. Ayto. Verín, Presidente CT Ourense
-Mª Rocío Claros Peinado, Tesorera Ayto. Alhaurín de la Torre, Vicepresidenta del CT de Málaga, Coordinadora Proyecto Esperanto
-Lorenzo Pérez Sarrión, Secretario Gral. Ayto. Gandía
-Alejandro Fernández Rodríguez-Oliva, Tesorero Ayto. Tenerife. Presidente CT Tenerife
-Emma Pozo Rodríguez, Secretaria-Interventora Ayto. Batres
Mesa 3. Profesionalidad en los pequeños municipios. El rol de las diputaciones provinciales
Moderador- Moderador-Coordinador: José Ignacio Martínez García, Jefe de Servicio Asistencia a Municipios SAT Granada, Vpte. 3º del C. G.de COSITAL Intervienen:
-Marien Peinado Lozano, Secretaria-Interventora Ayto. Jimena, Presidenta del CT de Jaén, Comisión Ejecutiva Consejo General de COSITAL
-Ginés Ortiz Barriuso, Secretario-Interventor Ayto. Viana de Cega, Presidente del CT de Valladolid
-Carlos Limón Martínez, Secretario Ayto. El Borge (Málaga)
-Julio Pedreira García, Servicio Asistencia Municipios Diputación de León, Presidente CT León
Pendiente de confirmar: Javier Cabanes, Presidente CT Tarragona
18:00 – 19:30.- Mesas redondas de reflexión y debate
Mesa 4.- El control de la gestión económico-financiera local
Patrocinada por: T-Systems
Moderador-Coordinador: Francisco Javier Biosca, Interventor Ayto. Manises, Presidente CT Valencia, Comisión Ejecutiva Consejo General de COSITAL
-José Fernando Chicano Jávega, Interventor Ayto. Tarragona
Beatriz Vigo Martín, Interventora Ayto. Madrid
J-aime Alvarez de Toledo Jaén, Tesorero Ayto. Alcalá de Henares, Presidente CT Madrid
-José Luis Pinotti Baldrich, Representante de la Economía del Bien Común
Pendiente de confirmar: José Antonio Rueda de Valenzuela, Interventor Concello Ames, Presidente CT A Coruña
Mesa 5.-La Secretaría General: Ley, Transparencia y Buen gobierno
Moderador-Coordinador: Rosa
de la Peña Gutiérrez,
Vicesecretaria Ayto. Palencia, Presidenta CT de Palencia, Comisión
Ejecutiva C. Gral de COSITAL
-José Carlos Castiñeira
Piñeiro, Secretario Ayto. Pontevedra, Presidente CT Pontevedra
-Víctor Almonacid Lamelas, Secretario
Gral. Ayto. Alzira, Vicepresidente 4º del Consejo General de COSITAL
-Antonio Serrano Pascual,
Secretario Gral. Diputación Provincial Huesca, Director del Observatorio de
Personal de Cositalnetwork-Proyecto Esperanto
-Manuel Paz Taboada,
Secretario Ayto. Galapagar
-Hilario Llavador
Cisternes, Secretario Ayto. Valencia
-David Ré Soriano, Secretario
Ayto. Alhama de Murcia, Presidente del CT Murcia
Mesa 6.-La gestión y recaudación profesional de los fondos públicos
Patrocinada por: Aytos
Moderador-Coordinador: Vicente Calvo del Castillo, Interventor Ayto. Santiago de Compostela, Comisión Ejecutiva Consejo General de COSITAL
-José Luis Martínez de la Riva Sánchez, Tesorero Diputación Granada
-Inmaculada Turú i Santigosa, Tesorera Ayto. Barcelona
-Blanca Jiménez Garrido, Tesorera Ayto. Manises
-Emilio Fernández Agüero, Tesorero Ayto. Talavera de la Reina
Pendiente de confirmar: Jaime Porquet Colomina, Interventor Diputación Provincial de Huesca, Presidente CT de Huesca
10.h.- Apertura oficial del congreso
Intervenciones del Presidente del Consejo General, EULALIO ÁVILA CANO y de las Autoridades Invitadas
11.h.-Conferencia inaugural. A cargo de Manuel Arenilla Sáez. Catedrático de Ciencia Política y de la Administración. Director del INAP
12,30. h.- Mesa redonda “El régimen jurídico de la habilitación nacional tras la reforma"
16 h.- Mesa redonda “Secretarios, interventores y tesoreros de la administración local: una visión exterior del futuro profesional”.
Patrocinada por: Wolters Kluwer
17.30.h.- Mesa redonda “La responsabilidad administrativa, penal y contable de los funcionarios con habilitación nacional”
Sábado, 22 de noviembre X Asamblea COSITAL
De 9.00h a 14.00 horas. Saludo de los Presidentes autonómicos de COSITAL. Entrega
Premio COSITAL. Desarrollo de la
Otras noticias. El BOE del día 11 de octubre de 2014 publica el cese como Directora General de Función Pública, Carmen Sánchez-Cortes Martín, que ha asumido la Secretaría de Estado de Justicia. Publicado por
Secretarios Interventores,
Xª Asamblea
Proyecto Aporta ha preparado un decálogo que explique los conceptos básicos en materia de datos abiertos
Datos.gov.- En la actividad diaria de la Administración Pública, se generan gran cantidad y variedad de datos con alto valor y gran potencial. El fin último de una iniciativa open data no es otro que habilitar y facilitar, en la medida de lo posible, la reutilización de la información del sector público para que repercuta finalmente en la sociedad.
El equipo del Proyecto Aporta ha preparado un decálogo que explique los conceptos básicos en materia de datos abiertos y facilite los primeros pasos para todos los agentes –periodistas, infomediarios, entidades privadas y usuarios- que estén interesados en reutilizar dicha información:
1.- Qué son los datos abiertos – fuente de información custodiada por los organismos públicos y guiada por una serie de principios que garantizan que se expongan al público en formatos abiertos y estándar y bajo licencias de uso no restrictivas de forma que cualquiera pueda acceder a ellos y reutilizarlos fácilmente.
2.-Datos reutilizables: licencias – listado de las licencias predefinidas y compatibles con los principios open data más frecuentes que determinan las condiciones de uso y las restricciones específicas a la hora de reutilizar la información pública. 3.-Dónde encontrar los datos – índice de los catálogos nacionales, regionales y locales donde acceder y descargar los datos abiertos de interés.
4.-La calidad de los datos - normas básicas para aprender a convivir con cierto grado de errores en los datos que vendrán ocasionados en su mayoría por su propio ciclo de vida.
5.-Interoperabilidad y estándares – identificación a los problemas existentes de interoperabilidad en la vertiente técnica, semántica y operativa.
6.-Persistencia y volatilidad – recomendaciones para afrontar que la disponibilidad de los datos no esté garantizada en los términos de uso, produciéndose una discontinuidad en el servicio.
7.-Herramientas para el tratamiento de datos – recorrido por las principales herramientas de scraping, tratamiento de datos, análisis, visualización, creación de mapas y geolocalización, elaboración de series temporales, generación de redes, librerías e interfaces de programación.
8.-Formación en el uso de datos – comunidades nacionales de datos abiertos y eventos open data que tienen lugar en España. 9.-Experimentación con datos – concursos de datos y hackathones que fomentan el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en la reutilización de la información pública.
10.-El valor de los datos y las oportunidades de negocio – consejos para la investigación de mercado y conocimiento de las necesidades actuales para el desarrollo de una idea basada en datos abiertos.
De esta manera, el Decálogo del Reutilizador de Datos Abiertos del Sector Público recoge los aspectos más importantes a tener cuenta para dar el salto a reutilizar los datos abiertos para la creación de nuevos proyectos, con fines comerciales o no, pero que seguro que generarán valor que repercuta finalmente en la sociedad.
+Info. Casos prácticos de reutilización de información en el sector público
datos.gov,
decálogo datos abiertos en el sector público
Granada, 13 y 14 Noviembre. La Función Pública Local a debate: un estado de la cuestión
Los días 13 y 14 de noviembre de 2014, se celebrarán en Granada las Jornadas: La Función Pública Local a debate: Un estado de la cuestión.
9:00 a 9:30 - Presentación de las Jornadas. Federico A. Castillo Blanco. Director de la sede territorial en Granada de la UIMP. María Asunción Torres López. Directora del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada. Miguel Olmedo Cardenete. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada y Juan B. Cano Bueso, Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía
9:30 a 10:30 - Conferencia: “La función pública local ante la crisis: oportunidades y retos”. Federico A. Castillo Blanco. Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Granada.
11:00 a 12:00 - Conferencia: “Incidencia de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en la función pública local”. Jesús Ángel Fuentetaja Pastor, profesor Titular de Derecho Administrativo. UNED.
12:00 a 13:00 - Conferencia: “El desarrollo de la figura del directivo público profesional: especial referencia al ámbito de la Administración Local”.Mariano Bacigalupo Saggese. Profesor Titular de Derecho Administrativo. UNED.
13:00 a 14:00 - Conferencia: “La problemática del personal eventual en la Administración Local”. Severiano Fernández Ramos. Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Cádiz.
16:00 a 18:00 - Mesa Redonda: “La selección y provisión de puestos de trabajo de los funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional”. Estanislao Arana García. Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Granada.
Sara Medina González. Profesora Contratado Doctor. Departamento de Derecho Administrativo. UNED.
Pilar Celma Alonso. Profesora Contratado Doctor. Departamento de Derecho Administrativo. UNED.
Antonia Santiago Fernández. Secretaria del Ayunto. Albolote.
Modera: Ildefonso Cobo Navarrete. Presidente de COSITAL Granada.
9:00 a 10:00 - Conferencia: “El Estatuto Básico del Empleado Público y su incidencia sectorial”. Juan Francisco Pérez Gálvez. Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Almería.
10:30 a 12:00 - Mesa Redonda: “El personal laboral en la Administración Pública”. María José Rodríguez Ramos. Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Sevilla.
Alberto Palomar Olmeda. Profesor Titular (Acred.) de Derecho Administrativo. Universidad Carlos III de Madrid.
José Antonio Fernández Avilés. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Granada.
Modera: D.ª. Ana Olmedo Gaya. Profesora Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Granada.
12:00 a 14:00 - Mesa Redonda: “Sistema retributivo, evaluación del desempeño y carrera profesional: propuestas para la Administración Local”. Ángel Luis Cabal. Director General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Principado de Asturias.
Luis Canal Fernández. Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias.
Javier E. Quesada Lumbreras. Profesor de Derecho Administrativo. Universidad de Granada.
Modera: Pilar Bensusan Martin. Profesora Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Granada.
16:00 a 17:30 - Mesa Redonda: “Criterios para la delimitación de funciones y la reserva de funciones locales a los funcionarios con habilitación de carácter nacional”.
Josefa Cantero Martínez. Profesora Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Castilla-La Mancha.
Carmen Fernández Rodríguez. Profesora Titular de Derecho Administrativo. UNED.
José Luis Martínez de la Riva Sánchez. Tesorero de la Dip. Granada.
17:30 a 18:30 - Conferencia: “La problemática de la función pública local: análisis desde la visión de los órganos consultivos”.
Juan B. Cano Bueso. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Almería.
Matriculación: Gratuita para estudiantes de la Universidad de Granada y funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional de la provincia de Granada.
10 € para aquellos profesionales del sector público que deseen asistir y obtener una acreditación de su participación en las Jornadas.
La inscripción deberá realizarse antes del 9 de noviembre a través del formulario disponible en el siguiente enlace: http://www.pga.uimpgranada.es/catalogo/174.
Para más información puede ingresar en la web www.uimpgranada.es o enviarnos un correo electrónico a jaque@ugr.es
Otras convocatorias: La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMYP) organiza el ciclo La Cuestión Catalana, una serie de conferencias de carácter multidisciplinar que tendrá lugar entre el 27 de octubre y el 24 de noviembre, a las 19 horas, en la sede de la academia.
Lunes 27 de octubre: Santiago Muñoz Machado. La solución constitucional para CataluñaLunes 3 de noviembre: Pedro Cerezo Galán. "Una y diversa España".
Miércoles 12 de noviembre: Alejandro Nieto. 1934-2014: analogías y diferenciasLunes 17 de noviembre: Ramón Tamames. Aventuras, inventos y mixtificaciones de la hispanocatalaneidadLunes 24 de noviembre: Emilio Lamo de Espinosa. El lugar de España en Cataluña
19 horas- Lugar. En la sede de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (Casa y Torre de los Lujanes, Plaza de la Villa 2-3, Madrid). Entrada gratuita, hasta completar aforo. Publicado por
La Cuestión Catalana,
Ayuntamientos y CC.AA deberán determinar las áreas prioritarias en las que reforzar su personal público en 2015.
La tasa de reposición podrá elevarse al 100% en determinadas áreas pero no superar el 50% del total.
Revista de prensa.- Expansión. 201.10.2014.-El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha recalcado hoy en el Congreso que cada administración pública deberá determinar las áreas prioritarias en las que reforzar su personal público en 2015.
"Se trata de que no continúe adelgazando la plantilla del sector público, porque tenemos que garantizar la prestación de los servicios públicos en las mejores condiciones", ha añadido.
El ministro ha constatado que una vez que las condiciones económicas han mejorado, y tras años de "sacrificios", en 2015 los funcionarios podrán recuperar una parte de la paga extraordinaria de dejaron de percibir en 2012.
Además, ha afirmado que "ahora que las disponibilidades presupuestarias nos lo permiten", la mesa de la función pública podrá reunirse "para poder llevar adelante una nueva tarea cara al próximo futuro".
Montoro ha agradecido su labor a los funcionarios y ha asegurado que él mismo se considera "fundamentalmente" un servidor público "que acumula trece trienios en la nómina".
Noticia relacionada. Información.com. El trabajo de por vida de los funcionarios, a debate
PGE2015,
Post de R. Jiménez Asensio: La "otra" transparencia: el derecho de acceso a la información pública "El poder y la información no se soportan bien. Al poder le gusta envolverse en el secreto”.(Byung-Chul Han, “En el enjambre”, Herder, Barcelona, 2014, pág. 67)
Noticia relacionada. Info Access: El Comité de Derechos Humanos de la ONU es instado a investigar las violaciones del Derecho a la Información en España. "Nos preocupa la poca calidad de la ley de acceso a la información, así como el abuso que se hace de denuncias a periodistas por difamación, pretendiendo intimidar a aquellos que sacan a la luz casos de corrupción o las malas prácticas del gobierno."
R. J. Asensio. Blog Estudi.con.- Desde que se anunció a bombo y platillo la tramitación y posterior aprobación (tras un año y medio de gestación) de la Ley de Transparencia, los distintos niveles de gobierno pusieron el foco de atención exclusivamente en una de las dimensiones de la Transparencia, la Publicidad Activa.
Foto Info Access Los innumerables esfuerzos que algunas Administraciones Públicas han hecho desde la entrada en vigor (e incluso antes) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para adecuar su práctica de gobierno a los mandatos de la norma son, bien es cierto, dignos de elogio.
Pero con frecuencia se olvida que esa dimensión “activa” de la Transparencia es solo una parte del problema y por mucho que se invierta en ella tiempo y recursos una Administración Pública podrá ser tachada de opaca cuando no haya resuelto cabalmente el otro nudo de la cuestión: articular un sistema estructurado de acceso a la información pública y proveer con celeridad y transparencia esa información solicitada por las personas y entidades que la demanden o, en su caso, dar respuestas rápidas y motivadas en los casos en que ese acceso a la información pública sea denegado. Dos años de plazo para las territoriales y uno para la AGE
El nuevo marco normativo básico en materia de Transparencia viene establecido por esa Ley citada. Su vigencia, sin embargo, solo es de momento parcial (Título II de Buen Gobierno), estando su vigencia y aplicabilidad diferida de forma escalonada para la Administración del Estado (un año a partir de la publicación de la Ley) y para las Comunidades Autónomas y Entidades Locales (cuyos órganos disponen, tal como prevé la disposición final novena, de un plazo máximo de dos años “para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley”).
No obstante, ese período máximo de dos años que tienen las Comunidades Autónomas y los Entes Locales para adaptarse a las obligaciones de esa Ley puede resultar algo equívoco, puesto que no cabe ocultar que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, lleva a cabo una profunda reformulación del derecho de acceso a la información pública (modificando radicalmente el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que reenvía a la propia Ley de Transparencia para el ejercicio de ese derecho de acceso a la información pública por los ciudadanos o por sus entidades, tal como prevé la disposición final primera de la Ley de Transparencia).
Ello podría implicar que, una vez que la Ley entre en vigor en lo que afecta al Título I de Transparencia para la Administración del Estado (al año de su publicación en el BOE), ese derecho de acceso a la información pública no solo sea plenamente ejercitable por los ciudadanos ante la Administración General del Estado y sus entidades vinculadas o dependientes, sino también ante cualquier Administración Pública (también ante las Comunidades Autónomas y Entidades Locales), pues cabe dudar razonablemente que se pueda dejar en suspenso o sin aplicación el ejercicio de un derecho (configurado de forma general y patrimonio de todos los ciudadanos) de acceso a la información pública en determinados niveles de gobierno.
Art.37 de la Ley 30/92
En efecto, una lectura literal de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, podría conducir a la solución de que ese derecho de acceso no tiene aplicabilidad efectiva hasta que las Leyes autonómicas no lo prevean y en todo caso como máximo antes de que transcurran los dos años desde la publicación de la Ley. Esta tesis “literal” implicaría que el derecho de acceso a la información pública regulado en el artículo 37 de la Ley 30/1992, no sería de aplicación a las Comunidades Autónomas y a los entes locales hasta que se produjera la condición prevista en la disposición final novena de la Ley (por otro lado, formulada en términos de una notable ambigüedad). Sin embargo, si eso fuera así, ¿qué régimen del derecho de acceso se aplicaría en esas entidades?, ¿el previsto en el artículo 37 anterior ya derogado?, ¿habría, por tanto, dos artículos 37 de la Ley 30/1992, de contenido radicalmente diverso, aplicables transitoriamente según el tipo de nivel de gobierno?. Absurdo e imposible: la derogación del artículo 37 no puede hacerse en dos tiempos y sus condiciones de aplicabilidad pensamos que tampoco.
No parece muy adecuada esa interpretación y más bien cabría deducir (en línea también con lo previsto en el guión segundo de la propia disposición final) que la referencia a “las obligaciones” a las que hace mención esa disposición final novena lo es exclusivamente a las de Publicidad Activa y no a las propias del derecho de acceso a la información pública, pues este es un derecho de los ciudadanos y cubre otra dimensión de la Transparencia distinta a la anterior. No se configura como “obligación”, sino como derecho de los ciudadanos que la Administración Pública debe atender en sus propios términos. Sería, por tanto, enteramente discutible que una Administración autonómica o entidad local se pretendieran amparar en la “no entrada en vigor (o en su no aplicabilidad) en sus respectivas administraciones” de ese derecho de los ciudadanos para no dar respuesta a la solicitud de información pública demandada a partir del año de publicación del citado texto.
Si esto fuera así (pues lo contrario significaría una discriminación en el ejercicio de un derecho dependiendo de la Administración Pública a la cual se solicite tal información) conllevará de inmediato una serie de retos de singular importancia para todos los gobiernos locales y autonómicos. Por ejemplo, todos aquellos que tienen que ver con la unidad que gestionará tales solicitudes de acceso y con los procedimientos internos para dar respuesta en plazo (un mes, prorrogable excepcionalmente otro más) de tales solicitudes. Pero sobre todo con relación a los criterios de admisión de solicitudes (las causas de inadmisión son muy tasadas), con la aplicación de las limitaciones para denegar el acceso (la realización del test del daño), así como con la ponderación con la posible afectación a la protección de datos personales.
En cualquier caso, independientemente de cuál sea la tesis que se mantenga en relación con la aplicabilidad efectiva de ese derecho en el ámbito autonómico y local, no se puede obviar que, teniendo en cuenta que dentro de unos meses se celebran elecciones municipales y en al menos trece Comunidades Autónomas, es muy factible que, conforme se aproxime la contienda electoral, la demanda de información pública se multiplique en los diferentes Ayuntamientos y Administraciones autonómicas por parte de entidades, colectivos ciudadanos, asociaciones y personas individuales. Esa demanda de información se basará, sin duda, en la ejercitabilidad inmediata de ese derecho regulado por la legislación básica general y frente a la cual no cabe interponer una necesidad de “adaptación a las obligaciones de la Ley”, pues estas son meramente instrumentales.
Si no se responde o se responde denegando el acceso o alegando que no “está en vigor ese derecho”, se invocará de inmediato por los solicitantes que el gobierno municipal no es transparente. Dará relativamente igual que el gobierno local haya hecho un notable esfuerzo por desplegar una política de Transparencia-Publicidad Activa (esta le puede servir de “paraguas” frente a toda aquella demanda de información que ya esté “colgada”). Y todo ello previsiblemente acabará en los tribunales de justicia o, en su caso, en los órganos independientes de resolución de reclamaciones. Pero los problemas no solo provendrán de la situación que se deriva de no disponer de unos servicios administrativos ni siquiera mínimamente preparados para hacer frente a una hipotética avalancha (o, al menos, a un buen número) de demandas de información pública y carecer asimismo de criterios básicos para resolver la denegación de tal derecho de acceso justificada en materia de límites (test de daños o criterios de ponderación) o por afectar a la protección de datos. Los servicios técnicos y jurídicos de estas Administraciones estarán sin duda “en pañales” cuando las primeras demandas de información se activen y deberán articular tanto un órgano o unidad que resuelva tales demandas como los procedimientos internos de tramitación de las mismas.
¿Se descuida el acceso a la información publica? Igualmente, como todo el acento se ha puesto en reforzar el principio de Publicidad activa, descuidando totalmente esta segunda e importante dimensión de la Transparencia como es el derecho de acceso a la información pública, la práctica totalidad de los legisladores autonómicos lo han fiado todo a la aprobación de leyes autonómicas y a la regulación en estas de órganos independientes de resolución de reclamaciones en los casos de denegación del acceso al derecho de información pública. Lo cual implica que cuando entre en vigor el nuevo marco que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública probablemente solo la Administración del Estado (y puede que alguna Comunidad Autónoma de forma excepcional) tendrán regulado ese órgano. ¿Dónde deberán acudir para plantear las reclamaciones previas frente a resoluciones denegatorias o de indamisión aquellas personas o entidades a las que no se les conceda el acceso?, ¿deberán ir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa?, ¿pueden acudir subsidiariamente al Consejo (estatal) de Transparencia y Buen Gobierno?
Demasiadas preguntas sin respuesta clara para una cuestión de tanta relevancia y que puede explotar en las manos de esos gobiernos autonómicos y locales en breve plazo (o, al menos, plantear algunas dudas jurídicas y no pocas tensiones fácticas importantes). Siempre cabrá escudarse en las tesis “ortodoxa” que ese derecho es de vigencia o aplicabilidad diferida en estos casos, pero más tarde o más temprano intuyo que los tribunales de justicia desmontarán esa lectura formal y escasamente adecuada a lo que es la regulación general de un derecho por parte del legislador básico.
ley 30/92,
22 y 23 Febrero. Madrid. VII #CNIS 2017
BIBLIOGRAFÍA EN LA WEB: La próxima legislación de los contratos del Sector Público ¿Oportunidad perdida?
Transparencia Activa en la Ciudad de Buenos Aires y en la Nación
Presentación resultados del IPAR 2016 y Propuestas de Buenas Prácticas en el Deporte
La puñalada del plazo de prescripción en la responsabilidad patrimonial
Despoblación y entidades bancarias
Impuesto de Plusvalía: no puede ser impuesto si no hay “plus de valía”

References: artículo 37
 artículo 37
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