Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2015-0165_ES.html
Timestamp: 2019-08-23 03:17:45+00:00

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sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la asistencia jurídica gratuita provisional a los sospechosos o acusados privados de libertad y a la asistencia jurídica gratuita en el procedimiento de la orden de detención europea
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la asistencia jurídica gratuita provisional a los sospechosos o acusados privados de libertad y a la asistencia jurídica gratuita en el procedimiento de la orden de detención europea
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos o acusados y a la asistencia jurídica gratuita en el procedimiento de la orden de detención europea
(-1) El artículo 6, apartado 3, letra c), del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y el artículo 14, apartado 3, letra d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho a la asistencia jurídica gratuita a quienes carezcan de medios suficientes para pagarla, cuando los intereses de la justicia lo exijan.
(-1 bis) El artículo 47, párrafo tercero, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta») establece que se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia.
(-1 ter) Los Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal1bis establecen un marco general sobre el derecho a la asistencia jurídica.
1bisAprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su Resolución A/Res/67/187, de 20 de diciembre de 2012.
(1) El objetivo de la presente Directiva es garantizar la efectividad del derecho a la asistencia de letrado mediante la asistencia que prestan los Estados miembros a las personas privadas de libertad en la fase inicial de los procesos penales y a las personas buscadas en los procedimientos de entrega con arreglo a la Decisión Marco del Consejo 2002/584/JAI1 (procedimiento de la orden de detención europea).
(1) El objetivo de la presente Directiva es garantizar la efectividad del derecho a la asistencia de letrado según lo dispuesto en la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo0 bis ofreciendo la asistencia de un letrado financiada por los Estados miembros a los sospechosos o acusados y a las personas buscadas en los procedimientos de entrega con arreglo a la Decisión Marco del Consejo 2002/584/JAI1 (procedimiento de la orden de detención europea). El ámbito de aplicación de la presente Directiva está determinado, en particular, por las disposiciones pertinentes de la Directiva 2013/48/UE.
0 bis Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (DO L 294 de 6.11.2013, p. 1).
1. Decisión Marco del Consejo 2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190 de 18.7.2002, p.1).
1 Decisión Marco del Consejo 2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190 de 18.7.2002, p.1).
(2 bis) De conformidad con el artículo 82, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en la medida en que sea necesario para facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales y la cooperación policial y judicial en asuntos penales con dimensión transfronteriza, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer normas mínimas mediante directivas adoptadas con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Estas normas mínimas deben tener en cuenta las diferencias entre las tradiciones y los sistemas jurídicos de los Estados miembros. Estas normas han de referirse, entre otras materias, a los derechos de las personas durante el procedimiento penal.
Se debe recordar la competencia de la Unión Europea en materia de justicia penal y mencionar el fundamento jurídico en que se basa la presente Directiva. Con arreglo al artículo 82, apartado 2, del TFUE, la Unión Europea es competente para legislar en este ámbito.
(3) El Programa de Estocolmo2 hizo hincapié en la consolidación de los derechos de las personas en el procedimiento penal. En su punto 2.4, el Consejo Europeo instó a la Comisión a presentar propuestas que adoptaran un enfoque gradual3 para reforzar los derechos de los sospechosos o acusados. Se han adoptado hasta la fecha tres medidas sobre los derechos procesales en el procedimiento penal:
(3) El Programa de Estocolmo2 hizo hincapié en la consolidación de los derechos de las personas en el procedimiento penal. En su punto 2.4, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a presentar propuestas que configuren una estrategia gradual3 para reforzar los derechos de los sospechosos o acusados, en particular, el derecho al asesoramiento jurídico y a la asistencia jurídica gratuita (medida C).
2. DO C 115 de 4.5.2010, p. 1.
3. DO C 291 de 4.12.2009, p. 1.
(3 bis) El 30 de noviembre de 2009, el Consejo adoptó una resolución sobre un plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en los procesos penales. Proponía varias iniciativas legislativas, entre las que se incluía la relativa al derecho al asesoramiento jurídico y a la asistencia jurídica gratuita en los procesos penales (medida C).
La presente Directiva se inscribe en una lógica global marcada por la Hoja de Ruta para reforzar los derechos procesales de las personas sospechosas y acusadas en los procesos penales, adoptada el 30 de noviembre de 2009.
(4) Se han adoptado hasta la fecha tres medidas sobre los derechos procesales en el procedimiento penal: la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo4, la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo5 y la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo6.
(4) Se han adoptado hasta la fecha tres medidas sobre los derechos procesales en el procedimiento penal: la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo4 relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo5 relativa al derecho a la información en los procesos penales y la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad.
4. Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (DO L 280 de 26.10.2010, p. 1).
5. Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (DO L 142 de 1.6.2012, p. 1).
6. Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (DO L 294 de 6.11.2013, p. 1).
(6) El alcance y el contenido del derecho a la asistencia de letrado se regulan en la Directiva 2013/48/UE. El sospechoso o acusado en un proceso penal debe tener derecho a la asistencia de letrado desde el momento en que tiene conocimiento, mediante notificación oficial u otro medio por las autoridades competentes, de que es sospechoso o de que se le acusa de haber cometido una infracción penal, con independencia de que esté privado o no de libertad. Este derecho se mantiene hasta la conclusión del proceso, que se entiende es la resolución final sobre si el sospechoso o el acusado ha cometido el delito, incluidas, en su caso, la condena y la resolución de eventuales recursos.
El considerando 1 (enmienda 5) ya se refiere al ámbito de aplicación de la Directiva sobre el derecho a la asistencia de letrado. Al hacer coincidir el ámbito de aplicación de ambas Directivas, huelgan más aclaraciones.
(6 bis) De conformidad con la Directiva 2013/48//UE, la asistencia jurídica se presta en los Estados miembros con arreglo a la Carta y al CEDH. En los casos en que un sospechoso o acusado sea privado de libertad, los Estados miembros han de adoptar las disposiciones necesarias para garantizar que la persona de que se trate esté en condiciones de ejercer efectivamente su derecho a ser asistido por un letrado, incluso organizando la asistencia de letrado cuando la persona no tenga uno, a menos que haya renunciado a ese derecho. En virtud de la presente Directiva, tales disposiciones podrán prever, en su caso, la asistencia jurídica gratuita.
La presente Directiva persigue garantizar la eficacia de la Directiva 2013/48/UE sobre el derecho a la asistencia de letrado, que afirma que las disposiciones para el ejercicio efectivo de dicho derecho podrían comprender las modalidades relativas a la asistencia jurídica gratuita.
(7) Una de las características fundamentales del juicio imparcial, tal como ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), es que la persona acusada de una infracción penal debe ser defendida efectivamente por un letrado que, en su caso, podrá designarse de forma oficial. La equidad del procedimiento penal exige que el sospechoso reciba la asistencia de un letrado desde el momento de la privación de libertad.
El nuevo considerando -1 bis ya se refiere al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. La referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos (en términos demasiado generales) no presenta ningún valor añadido.
(8) La Directiva 2013/48/UE dispone que cuando las personas sospechosas o acusadas se vean privadas de libertad, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para que puedan ejercer de manera efectiva su derecho a la asistencia de letrado, a menos que hayan renunciado a este derecho.
El considerando 1 (enmienda 5) ya se refiere al artículo 3 de la Directiva 2013/48/UE. No es necesario recordar solo un párrafo de este artículo y resulta excesivo incluir el texto íntegro del artículo.
(9) Para que los sospechosos o acusados que se ven privados de libertad puedan ejercer efectivamente su derecho a la asistencia de letrado en las fases iniciales del procedimiento, no deben esperar a recibir dicha asistencia hasta que concluya la tramitación de su solicitud de asistencia jurídica gratuita y la evaluación de los criterios de concesión de la asistencia jurídica gratuita, que podrían ser muy largas. Los Estados miembros deben, por lo tanto, garantizar que la asistencia jurídica gratuita provisional se preste sin demora injustificada tras la privación de libertad y antes de cualquier interrogatorio, y que se preste al menos hasta que la autoridad competente adopte una decisión sobre la asistencia jurídica gratuita y, en caso de denegación total o parcial, hasta que esta decisión sea firme o, en caso de que se conceda la asistencia jurídica gratuita, hasta que la designación del abogado por la autoridad competente sea efectiva.
(9) Para que los sospechosos o acusados puedan ejercer efectivamente su derecho a la asistencia de letrado en las fases iniciales del procedimiento, no deben esperar a recibir dicha asistencia hasta que concluya la tramitación de su solicitud de asistencia jurídica gratuita y la evaluación de los criterios de concesión de la asistencia jurídica gratuita, que podrían ser muy largas. Los Estados miembros deben, por lo tanto, garantizar que la asistencia jurídica gratuita provisional se preste sin demora injustificada antes de la realización de cualquier acto procesal para el que se requiera, con arreglo al Derecho nacional o de la Unión, la presencia de un letrado, y que se preste al menos hasta que la autoridad competente adopte una decisión sobre la asistencia jurídica gratuita y, en caso de denegación total o parcial, hasta que esta decisión sea firme o, en caso de que se conceda la asistencia jurídica gratuita, hasta que la designación del abogado por la autoridad competente sea efectiva.
(9 bis) La presente Directiva debe permitir la diversidad de sistemas de asistencia jurídica gratuita existentes en los Estados miembros de la Unión. Cada Estado miembro será responsable de la concesión de la asistencia jurídica gratuita. La asistencia jurídica gratuita debe ser concedida en función de una evaluación de los recursos económicos del solicitante («evaluación de los recursos») y/o de si la asistencia jurídica gratuita sirve al interés de la justicia en el caso concreto («evaluación del fundamento»).
La presente Directiva debe aplicarse dentro del respeto de las soberanías nacionales. No corresponde a la UE determinar las modalidades de concesión de la asistencia jurídica gratuita en los Estados miembros.
(10) Los Estados miembros deben garantizar que la asistencia jurídica gratuita se preste en la medida necesaria y no se limite de manera que impida a los sospechosos o acusados ejercer de manera eficaz el derecho a la asistencia de letrado tal como se establece en el artículo 3 de la Directiva 2013/48/UE.
Para garantizar el derecho a un juicio justo durante todo el procedimiento penal y reforzar eficazmente la confianza mutua entre los Estados miembros en sus sistemas de justicia penal, conviene ampliar el ámbito de aplicación de esta Directiva a la asistencia jurídica gratuita ordinaria para los sospechosos o acusados privados de libertad.
(11) Las personas buscadas por el procedimiento de la orden de detención europea que se vean privadas de libertad deben tener derecho a la asistencia jurídica gratuita provisional desde el momento de la privación de libertad en el Estado miembro de ejecución, al menos hasta que la autoridad competente adopte una decisión sobre la asistencia jurídica gratuita y, en caso de denegación total o parcial, hasta que esta decisión sea firme o, en caso de que se conceda la asistencia jurídica gratuita, hasta que la designación del abogado por la autoridad competente sea efectiva.
(11) Las personas buscadas por el procedimiento de la orden de detención europea deben tener derecho a la asistencia jurídica gratuita provisional desde el momento de la privación de libertad en el Estado miembro de ejecución, al menos hasta que la autoridad competente adopte una decisión sobre la asistencia jurídica gratuita y, en caso de denegación total o parcial, hasta que esta decisión sea firme o, en caso de que se conceda la asistencia jurídica gratuita, hasta que la designación del abogado por la autoridad competente sea efectiva.
(12) Los Estados miembros deben disponer que los costes de la asistencia jurídica gratuita provisional a las personas sospechosas o acusadas privadas de libertad y los costes de la asistencia jurídica gratuita provisional a las personas buscadas puedan ser reclamados a dichas personas si, en la posterior evaluación sobre su derecho a la asistencia jurídica gratuita, se comprueba que no cumplen los requisitos necesarios para beneficiarse de esta asistencia con arreglo a la legislación nacional.
(12) Los Estados miembros deben disponer que los costes de la asistencia jurídica gratuita provisional a las personas sospechosas o acusadas y los costes de la asistencia jurídica gratuita provisional a las personas buscadas puedan ser reclamados a dichas personas si, en la posterior evaluación y decisión definitiva de la autoridad competente sobre su derecho a la asistencia jurídica gratuita ordinaria, se comprueba que no cumplen los requisitos necesarios para beneficiarse de esta asistencia ordinaria con arreglo a la legislación nacional, y si facilitaron deliberadamente información falsa sobre su situación económica personal a las autoridades competentes. Con objeto de garantizar que la recuperación de los costes relacionados con la asistencia jurídica gratuita provisional no perjudique al sospechoso, acusado o persona buscada de forma que se menoscabe la equidad general del procedimiento, los Estados miembros deben garantizar que las condiciones ligadas a la recuperación de los costes sean claras y razonables y tengan en cuenta la situación económica específica del sospechoso, acusado o persona buscada.
(13) Para garantizar a las personas buscadas el derecho efectivo a la asistencia de letrado en el Estado miembro de ejecución, los Estados miembros deben garantizar que dichas personas tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita hasta la entrega, o, en los casos en que no se produzca la entrega, hasta que la decisión de entrega sea firme. El derecho a la asistencia jurídica gratuita puede estar supeditado a la evaluación de los recursos de la persona buscada o del interés de la justicia en proporcionar el beneficio de la asistencia jurídica gratuita, con arreglo a los criterios de concesión de dicha asistencia aplicables en el Estado de ejecución de que se trate.
(13) Para garantizar a las personas buscadas el derecho efectivo a la asistencia de letrado en el Estado miembro de ejecución, los Estados miembros deben garantizar que dichas personas tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita hasta la entrega, o, en los casos en que no se produzca la entrega, hasta que la decisión de entrega sea firme. El derecho a la asistencia jurídica gratuita puede estar supeditado a la evaluación de los recursos y/o a la evaluación del fundamento, con arreglo a los criterios de concesión de dicha asistencia aplicables en el Estado de ejecución de que se trate.
La presente Directiva debe respetar la diversidad de sistemas de justicia penal existentes en los Estados miembros de la Unión. Por tanto, debe aplicarse de conformidad con las normas vigentes en los Estados miembros en materia de asistencia jurídica gratuita.
(13 bis) En algunos Estados miembros se consideran infracciones penales ciertas infracciones leves, en particular infracciones leves de tráfico, infracciones leves de ordenanzas municipales generales e infracciones leves del orden público. En tales situaciones no sería razonable exigir que las autoridades competentes garantizasen todos los derechos que ampara la presente Directiva. Cuando, en el caso de infracciones leves, la legislación de un Estado miembro prevea sanciones que no lleven aparejada la privación de libertad, la presente Directiva solo debe aplicarse a los procesos que se sigan ante tribunales competentes en materia penal.
(13 ter) El ámbito de aplicación de la presente Directiva en relación con ciertas infracciones leves no debe ser óbice para que los Estados miembros respeten las obligaciones que hayan contraído en virtud del CEDH a fin de garantizar el derecho a un proceso imparcial, lo que incluye la obtención de asistencia letrada.
(14) A fin de garantizar que las personas buscadas puedan ejercer efectivamente su derecho a designar un abogado en el Estado miembro emisor para asistir al abogado en el Estado miembro de ejecución, de conformidad con la Directiva 2013/48/UE, el Estado miembro emisor garantizará que las personas buscadas tengan acceso a la asistencia jurídica gratuita para los fines del procedimiento de la orden de detención europea en el Estado miembro de ejecución. Este derecho puede estar supeditado a la evaluación de los recursos de la persona buscada o del interés de la justicia en proporcionar el beneficio de la asistencia jurídica gratuita, con arreglo a los criterios de concesión aplicables en el Estado miembro emisor de que se trate.
(14) A fin de garantizar que las personas buscadas puedan ejercer efectivamente su derecho a designar un abogado en el Estado miembro emisor para asistir al abogado en el Estado miembro de ejecución, de conformidad con la Directiva 2013/48/UE, el Estado miembro emisor garantizará que las personas buscadas tengan acceso a la asistencia jurídica gratuita provisional y a la asistencia jurídica gratuita para los fines de representación jurídica en ese Estado miembro con el fin de asistir al abogado en el Estado miembro de ejecución durante el procedimiento de la orden de detención europea. El derecho a la asistencia jurídica gratuita puede estar supeditado a la evaluación de los recursos y/o a la evaluación del fundamento, con arreglo a los criterios de concesión de dicha asistencia aplicables en el Estado miembro emisor de que se trate.
(15) La presente Directiva reconoce a los menores privados de libertad el derecho a la asistencia jurídica gratuita provisional, y a los menores buscados por el procedimiento de la orden europea de detención, el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
(15) La presente Directiva reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita provisional y ordinaria a los sospechosos, acusados o a las personas buscadas en situación de vulnerabilidad. Los menores son especialmente vulnerables, por lo que se les debe prestar particular atención, adoptándose medidas especiales con arreglo a la Directiva ... relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales.
(16) Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben velar por el respeto del derecho fundamental a la asistencia jurídica gratuita establecido en el artículo 47, apartado 3, de la Carta, y en el artículo 6, apartado 3, letra c), del CEDH, y garantizar que la asistencia jurídica gratuita esté a disposición de las personas que no disponen de recursos suficientes para costearla, siempre que el interés de la justicia lo exija.
(16) Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben velar por el respeto del derecho fundamental a la asistencia jurídica gratuita establecido en el artículo 47, párrafo tercero, de la Carta, y en el artículo 6, apartado 3, letra c), del CEDH, y garantizar que la asistencia jurídica gratuita esté a disposición de los solicitantes en función de una evaluación de los recursos y/o de una evaluación del fundamento. Deben respetar asimismo los Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal. Cuando la concesión de asistencia jurídica gratuita esté supeditada a dichas evaluaciones, se deben tener en cuenta las necesidades específicas de los sospechosos y acusados vulnerables.
(16 bis) El principio de eficacia del Derecho de la Unión exige que los Estados miembros establezcan vías adecuadas y eficaces de recurso en caso de vulneración de algún derecho otorgado a las personas físicas por el Derecho de la Unión. Debe disponerse de una vía eficaz de recurso cuando se haya limitado, retrasado o denegado la prestación de asistencia jurídica gratuita, cuando no se haya informado debidamente a los sospechosos o acusados de su derecho a recibir asistencia jurídica gratuita y cuando las disposiciones sobre el reconocimiento del derecho a la asistencia o sobre la recuperación de los costes no hayan sido claras. Por tanto, las personas que soliciten la asistencia jurídica gratuita deben tener derecho a recurrir una decisión que deniegue esta asistencia.
(17) Los Estados miembros deben recopilar datos que muestren cómo se ha podido acceder al derecho a la asistencia jurídica gratuita reconocido a los sospechosos o acusados y a las personas buscadas. Los Estados miembros también deben recoger datos sobre el número de casos en que se prestó asistencia jurídica provisional a sospechosos o acusados privados de libertad, así como a personas buscadas, y el número de casos en que no se ejercitó este derecho. Estos datos deben incluir el número de solicitudes de asistencia jurídica gratuita en el marco del procedimiento de la orden de detención europea cuando el Estado miembro actúa como Estado de emisión y de ejecución, así como el número de casos en que se concedió la asistencia. También deben recogerse datos sobre los costes de prestación de la asistencia jurídica gratuita provisional a las personas privadas de libertad y a las personas buscadas.
(17) Los Estados miembros deben recopilar datos que muestren cómo se ha podido acceder al derecho a la asistencia jurídica gratuita reconocido a los sospechosos o acusados y a las personas buscadas. Los Estados miembros también deben recoger datos sobre el número de casos en que se prestó asistencia jurídica a sospechosos o acusados, así como a personas buscadas, y el número de casos en que no se ejercitó este derecho. Estos datos deben incluir el número de solicitudes de asistencia jurídica gratuita en el marco del procedimiento de la orden de detención europea cuando el Estado miembro actúa como Estado de emisión y de ejecución, así como el número de casos en que se concedió la asistencia. También deben recogerse datos sobre los costes de prestación de la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos o acusados y a las personas buscadas.
(18) La presente Directiva debe aplicarse a los sospechosos o acusados, independientemente de su situación jurídica, ciudadanía o nacionalidad. La presente Directiva debe aplicarse a los sospechosos o acusados, independientemente de su situación jurídica, ciudadanía o nacionalidad. La presente Directiva promueve los derechos y principios fundamentales reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluidos la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad y a la seguridad, el respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la integridad de la persona, los derechos del menor, la integración de las personas discapacitadas, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, la presunción de inocencia y los derechos de defensa. La aplicación de la presente Directiva debe llevarse a cabo de conformidad con estos derechos y principios
(18) La presente Directiva debe aplicarse a los sospechosos o acusados, independientemente de su situación jurídica, ciudadanía o nacionalidad, sexo, raza, color, origen étnico o social, características genéticas, idioma, religión o convicciones, opinión política o de otra índole, pertenencia a una minoría nacional, propiedad, nacimiento, discapacidad, situación de residencia, edad u orientación sexual o cualquier otra condición. La presente Directiva promueve los derechos y principios fundamentales reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluidos la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad y a la seguridad, el respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la integridad de la persona, los derechos del menor, la integración de las personas discapacitadas, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, la presunción de inocencia y los derechos de defensa. La aplicación de la presente Directiva debe llevarse a cabo de conformidad con estos derechos y principios
(19) La presente Directiva establece normas mínimas. Los Estados miembros pueden ampliar los derechos establecidos en la presente Directiva con el fin de proporcionar un nivel más elevado de protección. Este mayor nivel de protección no debe constituir un obstáculo para el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales que las normas mínimas pretenden facilitar. El nivel de protección no debe ser nunca inferior al de las normas establecidas en el CEDH, tal como las ha interpretado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
(19) La presente Directiva establece normas mínimas. Los Estados miembros pueden ampliar los derechos establecidos en la presente Directiva con el fin de proporcionar un nivel más elevado de protección. Este mayor nivel de protección no debe constituir un obstáculo para el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales que las normas mínimas pretenden facilitar. El nivel de protección no debe ser nunca inferior al de las normas establecidas en el CEDH, tal como las ha interpretado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ningún caso debe interpretarse que la presente Directiva limita los derechos y garantías ofrecidos por las legislaciones nacionales que brinden un nivel más alto de protección.
La presente Directiva no puede rebajar el nivel de protección jurídica en vigor en los Estados miembros.
1. La presente Directiva establece normas mínimas sobre:
a) el derecho a la asistencia jurídica gratuita provisional de los sospechosos o acusados en los procesos penales que estén privados de libertad, y
a) el derecho a la asistencia jurídica gratuita provisional y ordinaria de los sospechosos o acusados en los procesos penales, y
b) el derecho a la asistencia jurídica gratuita provisional y a la asistencia jurídica gratuita de las personas buscadas que están sujetas al procedimiento de la orden de detención europea.
b) el derecho a la asistencia jurídica gratuita provisional y ordinaria de las personas buscadas que están sujetas al procedimiento de la orden de detención europea.
2. Por la presente Directiva se completa la Directiva 2013/48/UE. La presente Directiva no será interpretada en el sentido de limitar los derechos regulados en la Directiva citada.
2. Por la presente Directiva se completa la Directiva 2013/48/UE sobre el derecho a la asistencia de letrado. La presente Directiva no será interpretada en el sentido de limitar los derechos regulados en la Directiva citada.
a) los sospechosos o acusados en los procesos penales que estén privados de libertad y tengan derecho a la asistencia de letrado con arreglo a la Directiva 2013/48/UE;
a) los sospechosos o acusados en los procesos penales que tengan derecho a la asistencia de letrado con arreglo a la Directiva 2013/48/UE o a otros actos europeos jurídicamente vinculantes sobre garantías procesales para sospechosos menores de edad;
b) las personas buscadas.
b) las personas buscadas tal como se definen en el artículo 3, letra c), de la presente Directiva.
2. Sin perjuicio del derecho a un juicio imparcial, con respecto a las infracciones leves:
a) en caso de que la legislación de un Estado miembro contemple la imposición de sanciones por parte de una autoridad distinta de un tribunal con competencia en materia penal y que la sanción pueda ser objeto de recurso o remitirse a este tipo de tribunal; o
a) «asistencia jurídica gratuita»: la financiación y la asistencia prestada por un Estado miembro para garantizar el ejercicio del derecho a la asistencia de letrado;
a) «asistencia jurídica gratuita ordinaria»: la financiación y la asistencia prestada por un Estado miembro para garantizar el ejercicio del derecho a la asistencia de letrado;
b) «asistencia jurídica gratuita provisional»: la asistencia jurídica gratuita que se presta a una persona privada de libertad hasta la adopción de la decisión sobre la asistencia jurídica gratuita;
b) «asistencia jurídica gratuita provisional»: la asistencia jurídica gratuita que se presta hasta que se adopta y surte efectos la decisión sobre la asistencia jurídica gratuita ordinaria;
d) «letrado»: toda persona que, con arreglo a la legislación nacional, está cualificada y autorizada, incluso mediante acreditación por un órgano autorizado, para prestar asesoramiento y asistencia jurídica a los sospechosos o acusados.
d) «letrado de la asistencia jurídica gratuita»: toda persona que, con arreglo a la legislación nacional, está cualificada y autorizada, incluso mediante acreditación por un órgano autorizado, para prestar asesoramiento, asistencia y representación jurídicos a los sospechosos o acusados.
1. Los Estados miembros velarán por que las personas siguientes tengan derecho, si lo desean, a la asistencia jurídica gratuita provisional:
a) los sospechosos o acusados en los procesos penales, que estén privados de libertad;
b) las personas buscadas que estén privadas de libertad en el Estado miembro de ejecución.
b) las personas buscadas que tenga derecho a la asistencia de letrado con arreglo a la Directiva 2013/48/UE tanto en el Estado miembro de ejecución como en el Estado miembro emisor, de conformidad con el artículo 10 de dicha Directiva o cualquier otro acto europeo jurídicamente vinculante sobre garantías procesales para sospechosos menores de edad;
2. La asistencia jurídica gratuita provisional se concederá sin demora injustificada tras la privación de libertad y siempre antes del interrogatorio.
2. La asistencia jurídica gratuita provisional se concederá sin demora injustificada y siempre antes del interrogatorio.
3. La asistencia jurídica gratuita provisional se garantizará hasta la adopción y aplicación de la decisión definitiva sobre la asistencia jurídica gratuita, o, en caso de que al sospechoso o acusado se le conceda la asistencia jurídica gratuita, hasta que surta efecto la designación del letrado.
3. La asistencia jurídica gratuita provisional se garantizará hasta la adopción y aplicación de la decisión definitiva sobre la asistencia jurídica gratuita, y hasta cualquiera de los siguientes acontecimientos:
a) en caso de que se conceda la asistencia jurídica gratuita, hasta que surta efecto la designación del letrado, o
b) en caso de que se haya denegado la asistencia gratuita, hasta que la decisión sea firme y el sospechoso o acusado o la persona buscada haya dispuesto de una oportunidad razonable de encontrar un letrado de su elección.
Además de las enmiendas relativas a la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva con el fin de incluir toda la asistencia jurídica ordinaria, las enmiendas propuestas al apartado 3 tratan de precisar la naturaleza exacta de esos derechos. En particular, la asistencia provisional no debe suspenderse hasta que exista una decisión firme sobre la asistencia jurídica gratuita ordinaria. Además, el derecho de asistencia letrada también es aplicable cuando se ha rechazado la asistencia jurídica gratuita: en tal caso, debe darse tiempo suficiente para encontrar un letrado adecuado.
4 bis. Los Estados miembros garantizarán que la asistencia jurídica gratuita también incluya, cuando sea necesario, servicios de interpretación para que se efectúe la comunicación entre la persona privada de libertad y el letrado de conformidad con la Directiva 2010/64/UE, en particular con respecto al artículo 2, apartado 2, de esta.
5. Los Estados miembros deberán prever que los costes de la asistencia jurídica gratuita provisional puedan exigirse a los sospechosos o acusados y a las personas buscadas que no cumplan los criterios de concesión de la asistencia jurídica gratuita establecidos en su legislación nacional.
5. Los Estados miembros podrán prever que, con carácter excepcional, los costes de la asistencia jurídica gratuita provisional puedan exigirse a los sospechosos o acusados y a las personas buscadas si se constata mediante una decisión definitiva que dichas personas no cumplen los criterios de concesión de la asistencia jurídica gratuita ordinaria establecidos en su legislación nacional y si han facilitado deliberadamente a las autoridades competentes información falsa sobre su situación económica personal. Con objeto de garantizar que la recuperación de los costes relacionados con la asistencia jurídica gratuita provisional no perjudique al sospechoso, acusado o a la persona buscada de forma que se menoscabe la equidad general del procedimiento, los Estados miembros garantizarán que las condiciones ligadas a la recuperación de los costes sean claras y razonables y tengan en cuenta la situación económica específica del sospechoso, acusado o persona buscada.
1. Los Estados miembros velarán por que las personas a que se refiere el artículo 4, apartado 1, tengan acceso a asistencia jurídica gratuita si carecen de recursos económicos suficientes para sufragar la totalidad o parte de los costes de defensa y procesales debido a su situación económica («evaluación de los recursos») y/o cuando dicha asistencia sea necesaria en interés de la justicia («evaluación del fundamento»).
2. La evaluación de los recursos se basará en todos los factores pertinentes y objetivos, como ingresos, patrimonio, situación familiar, nivel de vida y el coste de un letrado de asistencia jurídica gratuita.
3. La evaluación del fundamento comprenderá la apreciación de la urgencia y complejidad del asunto, la gravedad de la infracción y la severidad de la pena que pueda imponerse, así como de las circunstancias sociales y personales del sospechoso, acusado o persona buscada.
4. Los Estados miembros comunicarán toda la información pertinente sobre la asistencia jurídica gratuita en los procesos penales de modo que sea fácilmente accesible y comprensible para los sospechosos o acusados y las personas buscadas, incluida la información sobre cómo y dónde solicitar tal asistencia, los criterios transparentes para reconocer a una persona el derecho a la asistencia jurídica gratuita, e información sobre las posibilidades de reclamación en caso de que se deniegue la asistencia jurídica gratuita o de que la asistencia jurídica gratuita prestada por el letrado sea insuficiente.
Artículos 4 ter
La decisión de conceder o denegar la asistencia jurídica gratuita y la designación de letrados será adoptada sin demora por una autoridad competente independiente. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades responsables tomen las decisiones diligentemente y que existan garantías sustanciales contra la arbitrariedad.
Asistencia jurídica gratuita a las personas buscadas
1. El Estado miembro de ejecución velará por que las personas buscadas tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita desde el momento de su detención en virtud de una orden de detención europea, y hasta su entrega, o, en los casos en que no se produzca la entrega, hasta que la decisión de entrega sea firme.
1. El Estado miembro de ejecución velará por que las personas buscadas tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita provisional y ordinaria cuando se emita una orden de detención europea, y hasta su entrega, o, en los casos en que no se produzca la entrega, hasta que la decisión de entrega sea firme.
2. El Estado miembro emisor garantizará que las personas buscadas que ejerciten su derecho a designar un abogado en el Estado miembro emisor para asistir al abogado en el Estado miembro de ejecución, de conformidad con el artículo 10 de la Directiva 2013/48/UE, tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita en ese Estado para los fines del procedimiento de la orden de detención europea en el Estado miembro de ejecución.
2. El Estado miembro emisor garantizará que las personas buscadas que ejerciten su derecho a designar un abogado en el Estado miembro emisor y en cualquier otro Estado en el que las autoridades competentes efectúen actividades de obtención de pruebas u otras actividades de investigación, de conformidad con el artículo 10 de la Directiva 2013/48/UE, tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita provisional y ordinaria en ese Estado para los fines del procedimiento de la orden de detención europea en el Estado miembro de ejecución.
3. El derecho a la asistencia jurídica gratuita mencionado en los apartados 1 y 2 podrá supeditarse a una evaluación de los recursos de la persona buscada o del interés de la justicia en proporcionar el beneficio de la asistencia jurídica gratuita, con arreglo a los criterios de concesión aplicables en el Estado miembro de que se trate.
3. La evaluación de la solicitud de asistencia jurídica gratuita ordinaria presentada por la persona buscada se basará en los criterios de concesión establecidos en el artículo 4 bis, es decir, la evaluación de los recursos económicos de la persona buscada en los Estados miembros en los que la asistencia jurídica gratuita está sujeta a una evaluación de los recursos y/o a una evaluación del interés de la justicia en proporcionar el beneficio de la asistencia jurídica gratuita en el caso concreto en los Estados miembros en que la asistencia jurídica gratuita esté sujeta a una evaluación del fundamento.
1. Con el fin de garantizar la eficacia y la calidad de la asistencia jurídica gratuita, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para asegurarse de que los servicios de asistencia jurídica gratuita que se presten tengan un nivel suficientemente elevado para salvaguardar el derecho a un proceso imparcial.
2. En particular, los Estados miembros velarán por que:
a) la asistencia jurídica gratuita se preste en todas las fases del proceso penal;
b) se establezcan o mantengan sistemas para garantizar la calidad e independencia de la asistencia jurídica gratuita, en particular, un sistema de acreditación de los letrados de la asistencia jurídica gratuita así como educación y formación profesional continua que garantice que dichos letrados poseen conocimientos, competencias y experiencia suficientes que contribuyan al ejercicio eficaz de los derechos de defensa;
c) se garantice la continuidad de la representación legal por el mismo letrado, si el sospechoso o acusado o la persona buscada así lo desea;
d) los sospechosos y acusados y las personas buscadas tengan derecho a que el letrado de la asistencia jurídica gratuita que se les haya asignado sea sustituido una vez;
e) se proporcionen financiación y recursos adecuados y se garantice la autonomía presupuestaria para el funcionamiento eficaz del sistema de asistencia jurídica;
f) se proporcione formación adecuada a todo el personal que participe en el proceso decisorio de la asistencia jurídica gratuita en los procesos penales;
g) se notifique por escrito a los sospechosos o acusados o a las personas buscadas toda decisión que deniegue, en su totalidad o en parte, la solicitud de asistencia jurídica gratuita.
1. Toda persona que solicite asistencia jurídica gratuita de conformidad con la presente Directiva tendrá derecho a recurrir una decisión que deniegue esta asistencia ante un tribunal independiente, a fin de preservar el derecho a un juicio imparcial y el derecho a la defensa.
2. Los Estados miembros se asegurarán de que las personas sospechosas, acusadas y buscadas tengan una vía eficaz de recurso si son vulnerados los derechos que les confiere la presente Directiva. Esos recursos incluirán el derecho al recurso contencioso cuando se haya limitado, retrasado o denegado total o parcialmente el acceso a la asistencia jurídica gratuita, o cuando no se haya informado debidamente a las personas acerca de su derecho a recibir asistencia jurídica gratuita provisional u ordinaria.
1. Los Estados miembros recopilarán datos sobre cómo se han aplicado los derechos recogidos en los artículos 4 y 5.
1. Los Estados miembros recopilarán datos estadísticos pertinentes sobre cómo se han aplicado los derechos recogidos en los artículos 4, 4 bis, 4 ter, 5 y 5 bis, garantizando la plena protección de los datos personales de los sospechosos o acusados o de las personas buscadas.
2. Los Estados miembros enviarán dichos datos a la Comisión [en los 36 meses siguientes a la publicación de la presente Directiva] y, posteriormente, cada dos años.
2. Los Estados miembros enviarán dichos datos a la Comisión a más tardar .... * y, posteriormente, cada tres años.
*DO: Insértese la siguiente fecha: dos años a partir de la publicación de la presente Directiva.
El 27 de noviembre de 2013, la Comisión aprobó una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la asistencia jurídica gratuita provisional a los sospechosos o acusados privados de libertad y a la asistencia jurídica gratuita en el procedimiento de la orden de detención europea(1).
Con arreglo al artículo 82 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la cooperación judicial en materia penal en la Unión se basa en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales. La aplicación de este principio necesita que los Estados miembros tengan confianza en los sistemas judiciales penales de los demás, incluso en la forma en que se salvaguardan los derechos de los sospechosos o acusados.
No obstante, en la realidad, las prácticas nacionales varían a este respecto. En este contexto, el 30 de noviembre de 2009 el Consejo adoptó la Hoja de Ruta para reforzar los derechos procesales de las personas sospechosas o acusadas en los procesos penales(2). Dicha Hoja de Ruta incluye el derecho a asesoramiento jurídico y a la asistencia de letrado como la medida C. El derecho a la asistencia jurídica está estrechamente vinculado al derecho a acceder a un letrado, recogido en la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013. Para las personas que carecen de los medios financieros necesarios, sólo el asesoramiento jurídico gratuito puede hacer eficaz el derecho de acceso a un letrado.
El derecho a la asistencia jurídica gratuita no es un tema fácil, lo que puede explicar por qué la Comisión se ha tomado un tiempo relativamente largo antes de presentar los instrumentos actuales. Sin embargo, ello no debe impedir que la nueva legislatura trate la propuesta de Directiva con carácter prioritario. La diferente interpretación del derecho a un juicio justo, en particular mediante la asistencia jurídica, reconocido, entre otros, en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, constituye un obstáculo para una cooperación judicial justa y eficaz en materia penal. Por lo tanto, el resto de medidas de la Hoja de Ruta y, en particular, el proyecto de Directiva sobre la asistencia jurídica, se deben aprobar lo antes posible.
La propuesta de la Comisión es un paso positivo para garantizar un nivel mínimo de asistencia jurídica en todos los Estados miembros. No obstante, se limita al derecho a la asistencia jurídica provisional para los sospechosos o acusados que se encuentran privados de libertad en los procedimientos penales, y al derecho a la asistencia jurídica provisional y a la asistencia jurídica a las personas buscadas que sean objeto de un procedimiento de orden de detención europea. Otros aspectos del derecho a la asistencia jurídica han sido incluidos en una Recomendación por separado de la Comisión(3).
El ponente opina que el enfoque fragmentado seguido por la Comisión puede reflejar el carácter sensible de la cuestión, pero no aumenta la seguridad jurídica, ni permite a las personas sospechosas o acusadas saber en qué medida van a tener efectivamente derecho a la asistencia jurídica y cuál será la calidad de dicha asistencia jurídica. Así pues, el ámbito de aplicación de la Directiva debe abarcar el derecho a una asistencia jurídica tanto provisional como ordinaria en toda circunstancia. En este sentido, la Directiva debe tener el mismo ámbito de aplicación que la Directiva 2013/48/UE sobre el derecho a la asistencia de letrado.
El ponente considera que las personas acusadas, sospechosas o buscadas podrían verse disuadidas de solicitar asistencia jurídica si los Estados miembros pueden cobrarles los costes relativos a la asistencia jurídica provisional si no cumplen con los criterios de concesión. Así pues, parece justo limitar la recuperación de los costes a aquellos casos en que las personas acusadas, sospechosas o buscadas faciliten deliberadamente información falsa.
Además, es importante que las personas acusadas, sospechosas o buscadas obtengan cierto grado de seguridad jurídica en lo que respecta a los criterios de concesión. Los criterios de concesión mencionados en la Recomendación de la Comisión aportan algo de claridad, pero no llegan a la plena armonización. Eso parece justificado, ya que simplemente sería imposible y también innecesario elaborar una legislación europea detallada a este respecto, teniendo en cuenta las diferencias entre los Estados miembros en lo que respecta a los costes de los procedimientos judiciales. Al mismo tiempo, ello también significa que, tal como se incluye en la Recomendación, en la Directiva se podría haber incluido una descripción general de la evaluación de los recursos o del fundamento de la solicitud, o al menos, algunos de sus elementos. El ponente está a favor de un enfoque de este tipo.
El ponente es consciente de las diferencias entre los Estados miembros en relación con la calidad de la asistencia jurídica que ofrecen. Esto depende, entre otras cosas, de los honorarios previstas para los letrados de la asistencia jurídica gratuita. Si estos honorarios son demasiado bajos, los letrados no estarán dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzos para proporcionar una ayuda legal de alta calidad. Una vez más, teniendo en cuenta las diferencias en los niveles de ingresos y costes entre los Estados miembros, no es posible establecer normas sobre el nivel de los honorarios. Sin embargo, esto hace que sea aún más importante incluir al menos algunas garantías sobre la calidad de la asistencia jurídica contemplada en la Directiva.
En particular, debe incluirse en la Directiva la norma de que, en la medida de lo posible, se deben tener en cuenta la preferencia y los deseos de las personas sospechosas o acusadas y de las personas buscadas con respecto a la elección del abogado de oficio. Lo mismo sucede con la necesidad de continuidad en la representación legal, si la persona sospechosa, acusada o buscada así lo desea. Asimismo, debe existir una norma para la sustitución del abogado de oficio, si la persona sospechosa, acusada o buscada ha perdido la confianza en el letrado y puede motivarlo con razones verificables. Dicha norma ni siquiera figura en la Recomendación.
Por último, el ponente considera que el artículo 6 de la Directiva es bastante impreciso: es difícil para los Estados miembros recopilar datos respecto de la aplicación de la Directiva en cada caso individual. La obligación de información debería centrarse en los problemas que se plantean en su aplicación, desde la perspectiva tanto de las personas sospechosas, acusadas o buscadas, como de las autoridades competentes.
COM(2013)0824 de 27 de noviembre de 2013.
DO C 205 de 4.12.2009, p. 1.
Asistencia jurídica a los sospechosos o acusados privados de libertad y asistencia jurídica en el procedimiento de la orden de detención europea

References: artículo 6
 artículo 14
 artículo 47
 Resolución 
 artículo 82
 artículo 82
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 47
 artículo 6
 artículo 47
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 4
 artículo 82
 artículo 47
 artículo 6
 artículo 6