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Timestamp: 2018-03-18 21:44:08+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 000021/2016 Tribunales de Apelación
ACUERDO Y SENTENCIA T.A. DEL TRABAJO 2ª SALA Nº 21/16
JUICIO: “ANDRES A. YEGROS C/ ACEROS DEL PARAGUAY S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y COBRO DE GUARANAÍES”. AÑO 2009; N° 125.
En la ciudad de Asunción, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, estando reunidos en la sala de Acuerdos del TRIBUNAL DE APELACIÓN DEL TRABAJO, Segunda Sala, 7° Piso del Palacio de Justicia, los Miembros Concepción Sánchez Godoy, Alma Méndez de Buongermini y Mario Ygnacio Maidana Griffith bajo la Presidencia de la primera de los nombrados, ante mí el Secretario autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: “ANDRES A. YEGROS C/ ACEROS DEL PARAGUAY S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y COBRO DE GUARANAÍES” a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la S.D. n° 155 de fecha 04 de agosto de 2015 (f. 253/256) dictada por el Juez de Primera Instancia en lo laboral del Cuarto Turno.
Previo estudio de los antecedentes, el Tribunal resolvió plantear la siguiente,
¿Está ajustada a derecho la resolución sometida a juzgamiento?
Conforme al sorteo de ley, dio como resultado el siguiente orden ALMA MÉNDEZ DE BUONGERMINI, CONCEPCIÓN SÁNCHEZ GODOY Y MARIO YGNACIO MAIDANA GRIFFITH.
A SU TURNO LA MAGISTRADA ALMA MÉNDEZ DE BUONGERMINI, DIJO: Que por la sentencia definitiva indicada el a quo resolvió: "...1. No hacer efectivo el apercibimiento del Art. 146 del C.P.T. al representante legal de la demandada Aceros del Paraguay (ACEPAR) y al actor Sr. Andrés Avelino Yegros , por los fundamentos expuestos en el exordio de esta Resolución. 2. Rechazar, la demanda planteada por el Sr. Andrés Avelino Yegros, contra la empresa “Aceros del Paraguay S.A. por cumplimiento de contrato colectivo de condiciones de trabajo y cobro de guaraníes en diversos conceptos fundado en el Considerando de ésta Resolución. 3. Costas, en el orden causado de conformidad al exordio de la presente Resolución. 4. Anotar...”.
La parte actora fundamentó el recurso interpuesto según escrito de f. 268/270 de autos argumentando cuanto sigue: “...Agravia a mi parte que el Juzgado de Primera Instancia haya rechazado la demanda promovida por el trabajador. En efecto, amparado en un par de cláusulas expresamente establecidas en el CCCT al cual se comprometió la empresa desde el año 1995, el trabajador reclamó la compensación económica prevista en los artículos 32 y 37 del CCCT atendiendo a que fue víctima de un accidente que derivó en la amputación de una de sus piernas... Sin embargo, pese a evidencias que confirman plenamente la validez del CCCT invocado por el trabajador en respaldo de su pretensión, el A-quo, rechazó la demanda argumentando que el CCCT del año 1995 había perdido vigencia y que el CCCT del año 2005 ya había dejado de lado las previsiones contendidas en los artículos 32 y 37 del convenio de 1995... La decisión del A-quo, debe ser revocada pues se apartó tanto de las pruebas producidas en juicio como de los principios rectores en materia laboral... 1)Pruebas dejadas de lado en forma injustificada por el A- quo: a fs. 255 vlta., último párrafo de la Sentencia recurrida, el A-quo reconoce e incluso detalla en forma minuciosa las resoluciones judiciales que, en su momento, declararon la validez y la vigencia del CCCT suscrito entre ACEPAR y sus dependientes en el año 1995. Dichas resoluciones judiciales fueron debida y oportunamente incorporadas al proceso e incluso, sobre las mismas, no se generó controversia alguna. A pesar de ello, el A-quo estimo que el CCCT del año 1995 no era aplicable al caso concreto en razón del que el accidente del trabajador ocurrió en el año 2008... el razonamiento del juez de primera instancia no se ajusta a derecho pues se apartó injustificadamente de las pruebas producidas en juicio; las referidas pruebas consisten en resoluciones judiciales firmes y ejecutoriadas que, en el mes de abril de 2009 (posterior al accidente del actor) y luego de un calvario judicial indecible, establecieron que el CCCT firmado entre Acepar y sus dependientes en el año 1995 debía ser observado, cumplido y respetado por varias razones entre las que se destacan: a) que el CCCT se hallaba vigente; b) que resultaba más favorable a los trabajadores; c) que no existe impedimento para aplicar indistintamente las cláusulas del Convenio colectivo del año 1995 y el del año 2005 en función a cuales sean los beneficios más convenientes para los trabajadores, etc., etc... Lo afirmado por el A-quo también agravia a mi parte pues resulta falso que la empresa haya probado por medios eficaces la vigencia del CCCT del año 2005. Antes bien, en el proceso fueron incorporados en carácter de pruebas varias resoluciones judiciales firmes y ejecutoriadas que determinan la vigencia del CCCT del año 1995. Ergo, lo que quedó acreditado eficazmente fue ese dato. En esas condiciones, el A-quo debió valorar en forma distinta la prueba de absolución de posiciones ficta de la Empresa Acepar haciendo efectivo el apercibimiento previsto en el artículo 146 del CPT ya que dicha prueba, no hace sino reforzar la pretensión del trabajador... Así las cosas, se impone que la S.D. N° 155 de fecha 4 de agosto de 2015 dictada en estos autos, sea revocada con costas. 2) Principios rectores del derecho laboral que fueron dejados de lado por el A- quo: Además de las pruebas que no fueron respetadas en la Sentencia recurrida, agravia a mi parte que el Juzgado inferior haya realizado una valoración contraria a lo que claramente disponen los principios que rigen en materia laboral... En efecto, habiéndose establecido que al interior de Acepar coexistían dos CCCT (el suscrito en 1995 y el suscrito en 2005), en el peor caso para la suerte del trabajador, debió aplicarse el Convenio o las cláusulas más favorables a su suerte. Esto es así, en virtud del principio que establece que en el caso de coexistencia o conflicto de normas, deben primar aquellas que resulten más favorables para el trabajador. En el caso concreto, los artículos 32 y 37 del CCCT del año 1995 y cuya validez y vigencia fueron decretadas judicialmente mediante sentencias firmes gestadas entre el 2001 y el 2009, establecen beneficios más favorables para los intereses del Sr. Andrés Avelino Yegros y por ende, deben ser aplicados con preeminencia por sobre las cláusulas del Convenio suscrito en 2005... Sin embargo, como Vuestras Excelencias podrán advertir, el A-quo se apartó injustificadamente del referido principio de interpretación ya que, pese a reconocer la coexistencia de dos CCCT, determinó que debía aplicarse el Convenio del año 2005 que resulta menos favorable para el trabajador, con el agravante, insistimos, que tanto los jueces y tribunales del fuero laboral como asimismo la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante sendos fallos firmes y ejecutoriados obrantes a fs. 10 a 17 de autos, establecieron claramente que el CCCT del año 1995 se encontraba vigente y por ende, el trabajador Andrés Avelino Yegros podía invocarlos válidamente...
Si a ello se le suma que la empresa Acepar reconoció en forma expresa que no ha cumplido con las obligaciones previstas en los artículos 32 y 37 del CCCT del año 1995 declarado válido por orden judicial, se tiene que la pretensión del trabajador debe ser admitida pues se encuentra fuera de discusión tanto el accidente sufrido como las terribles secuelas del mismo que derivaron ni más ni menos que en la amputación de una de sus piernas... Como se ve, la S.D. N° 155 de 4 de agosto de 2015 dictada en estos autos debe ser revocada, pues, resulta evidente que el A-quo no ajustó su decisión ni a las constancias del expediente ni a las normas y principios legales que rigen en materia laboral... Por último, también agravia a mi parte que el A-quo haya resuelto imponer las costas en el orden causado. En el caso concreto, las costas deben ser soportadas por la empresa pues el trabajador ha demostrado plenamente tanto la legitimidad de su pretensión como el incumplimiento injustificado de parte de Acepar de las obligaciones asumidas mediante los artículos 32 y 37 del CCCT del año 1995 cuya validez y vigencia fue decretada judicialmente a través de fallos y ejecutoriados que, por lo mismo, deben ser observados y respetados... Se impone por tanto que el Tribunal disponga la revocatoria de la S.D. n° 155 de fecha 4 de agosto de 2015 y por ende, que admita la pretensión articulada por el trabajador condenando a la empresa ACEPAR S.A. al pago de la suma de 1300 jornales mínimos, más los respectivos intereses moratorios y la indemnización compensatoria en base tanto a lo reclamado en la demanda como a lo previsto en los artículos 32 y 37 del CCCT del año 1995. Corresponde igualmente que se condene a la empresa a gestionar una prótesis adecuada para que el trabajador pueda paliar la amputación integra de sus pierna izquierda todo ello, con expresa imposición de Costas en ambas instancias...”.
A su tumo, la parte demandada contestó el recurso interpuesto a través del escrito obrante a f. 272/273, solicitando la confirmación de la sentencia dictada por el a quo.
Del estudio de las constancias de autos surge que agravia a la parte actora que la sentencia impugnada haya rechazado la acción promovida en autos. En ese sentido, la parte apelante señala que el actor fue víctima de un accidente que derivó en la amputación de una de sus piernas y por ello, reclama los beneficios previstos en los artículos 32 y 37 del CCCT del año 1995. No obstante, según la parte actora, el juez de grado inferior, al fundamentar la sentencia atacada, entendió que dicho contrato perdió vigencia al suscribirse el CCCT del año 2005, el cual no contenía los beneficios reclamados, es decir, las compensaciones pretendidas en el presente juicio. Ahora bien, la apelante señala en el escrito de sus agravios que su parte fundamentó sus pretensiones en resoluciones judiciales firmes y ejecutoriadas, que en el mes de abril del año 2009, establecieron que el CCCT del año 1995 debía ser observado, cumplido y respetado dado que se encuentra vigente, que resulta más favorable a los trabajadores y que no existe un impedimento para aplicar indistintamente sus cláusulas y las de CCCT del año 2005. Además, el apelante refiere que la absolución de posiciones ficta del representante de la firma demandada debió ser valorada a favor de su parte, haciéndose efectivo el apercibimiento del art. 146 del CPT. También señala el recurrente que debe aplicarse el convenio más favorable para el trabajador, en este caso, el del año 1995, conforme con los principios rectores del derecho laboral. Así mismo, solicita que las costas sean impuestas a la demandada, atendiendo que su parte ha demostrado la legitimidad de su pretensión. Por lo tanto, solicita una compensación económica con base en los arts. 32 y 37 del CCCT del año 1995, más sus intereses y la indemnización compensatoria. Por su parte la apelada, sostiene que al entrar en vigencia el CCCT del año 2005, el CCCT anterior perdió validez, tal como entendió el a-quo y por ello solicita la confirmación de la sentencia definitiva.
Puestas así las cosas, antes de entrar a analizar los argumentos del apelante es necesario hacer una breve reseña respecto de los contratos colectivos de condiciones de trabajo suscriptos entre el Sindicato de Trabajadores Asociados de Acepar (SITRASA) y Aceros del Paraguay S.A. (ACEPAR) de acuerdo con las instrumentales agregadas a autos. De ese modo, a fojas 06 de autos consta copia simple de una resolución de fecha 21 de julio de 1995 emanada del Ministerio de Justicia y Trabajo, a través de la cual se homologó un CCCT suscripto entra las partes citadas más arriba, el cual efectivamente contenía los beneficios reclamados por el apelante en el presente juicio en sus artículos 32 y 37, según instrumentales de f. 7/9, debe aclararse que estos documentos no fueron cuestionados por la demandada. Por otra parte, a f. 10/12 y 223/228 de autos obran copias de la S.D. n° 136 de fecha 16 de julio de 2007 dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral del Primer Tumo en el juicio “Sindicato de Trabajadores de Acepar (SITRAC) c/ Aceros del Paraguay S.A. s/ cobro de guaraníes en diversos conceptos”, en el marco de una demanda incoada por el referido sindicato, en fecha 14 de febrero de 2001, contra la firma empleadora a fin de que de ésta de cumplimiento a unas cláusulas del CCCT del año 1995, ya que -según la parte actora- la demandada estaba incumpliendo sus obligaciones contractuales desde mediados del año 2000, invocando para ello, el argumento que el mentado convenio en ese entonces ya no se encontraba vigente. No obstante la a-quo resolvió hacer lugar a dicha acción basada -según surge de los argumentos de la sentencia- en el art. 337 del C.T. ya que posteriormente no se suscribió un nuevo contrato entre las partes y tampoco la firma accionada demostró circunstancias económicas que pongan en peligro su actividad o existencia. Esta resolución fue aclarada a través de la S.D. n° 162 de fecha 03 de septiembre de 2007 (f. 13 y 218) y confirmada por medio del Ac. y Sent. 138 de fecha 17 de septiembre del 2008 emanado de este Tribunal (f. 14/15 y 213/214). A f. 16 y 240 (bis) de autos obra copia del A.I. n° 492 de fecha 01 de abril de 2009 dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por medio del cual se resolvió rechazar in limine una acción de inconstitucionalidad promovida por la representante convencional de la parte demandada contra varias resoluciones, entre ellas la sentencia definitiva y el acuerdo y sentencia, referidos más arriba. Por otro lado, a f. 53 y 168 de autos constan copias de la resolución n° 430 de fecha 25 de abril de 2005 dictada por el Ministerio de Justicia y Trabajo por medio de la cual se resolvió homologar un nuevo CCCT entre el Sindicato de Trabajadores Asociados de Acepar (SITRASA) y Aceros del Paraguay S.A. (ACEPAR). La vigencia de este CCCCT, según surge de las instrumentales de f. 50 y 165 de autos, fue prorrogada por resolución n° 928 de fecha 31 de diciembre de 2007 del Ministerio de Justicia y Trabajo, por un periodo de dos años más. Así mismo, a f. 18 de autos obra copia de la Resolución P.I.D.A.J. n° del I.P.S., por medio del cual se reconoce al asegurado Andrés Avelino Yegros, actor de esta demanda, una invalidez parcial permanente y se le concede una jubilación por accidente de trabajo equivalente al 50,20%, a partir del i7 de mayo de 2009.
Pues bien, de las instrumentales señaladas surge que con ninguna de ellas se comprueba que el CCCT del año 1995, fue aplicado luego de la vigencia del CCCT del año 2005, tal como pretende demostrar la parte apelante. Si bien, las S.D. n° 136 y 162 del 16 de julio y 03 de septiembre del 2007, respectivamente, y el Ac. Sent. 138 del 17 de septiembre de 2008, resolvieron acoger de manera favorable la aplicación del CCCT del año 1995, esto se debe a que en el juicio en que fueron dictadas estas resoluciones, se controvirtieron hechos que se remontan al año 2000, es decir, circunstancias anteriores a la vigencia del CCCT 2005, razón por la cual, resulta lógico que el juez de grado inferior y el tribunal de apelación, resolviesen la aplicabilidad del CCCT del año 1995 respecto de hechos generados durante su vigencia. Así mismo, las resoluciones emanadas de la Sala Constitucional de la CSJ, nada aportan a los argumentos de la parte apelante ya que hacen referencia a las resoluciones mencionadas precedentemente.
Puestas así las cosas, resulta de la cronología de los hechos según las instrumentales analizadas, que en el año 2005 el Sindicato de Trabajadores Asociados de Acepar (SITRASA) y la firma Aceros del Paraguay S.A. (ACEPAR) suscribieron un nuevo contrato colectivo de condiciones de trabajo - con una vigencia de dos años, prorrogados por otros tantos- que entró a reglar las relaciones entre los trabajadores y su empleadora ACEPAR. Cabe resaltar que la vigencia de este nuevo CCCT no fue discutida por el apelante, lo que el mismo argumenta es que además de dicho contrato, también se debe aplicar el suscripto en el año 1995, dependiendo del cual sea más favorable al trabajador.
En este escenario, es preciso acotar que es -jurídica y doctrinariamente- procedente asumir, que los beneficios conquistados por la clase trabajadora en una convención colectiva de condiciones de trabajo sean mantenidos, o por lo menos reflejados, en los subsiguientes convenios que se vayan suscribiendo con la empleadora durante el transcurso del tiempo. Sin embargo, no puede desconocerse que el propio C.T. en su art. 333 permite la revisión de un CCCT - por razones económicas que pongan en peligro la actividad o la existencia misma de la empresa- con el fin de lograr la modificación de las condiciones de trabajo pactadas. La norma citada, además, dispone que el proceso para la revisión será el mismo que el de formación, o el que se hubiese acordado por las partes. Ahora bien, en el caso de autos -obviamente- los beneficios reclamados por el actor (arts. 32 y 37 del CCCT de 1995) no se ven reflejados en el convenio colectivo firmado en el año 2005, es por ello que entabla la presente demanda. Mas, esta circunstancia, es decir, la legalidad o ilegalidad de la supresión de beneficios para la clase trabajadora en el nuevo convenio colectivo de trabajo tuvo que haber sido tratado en el momento correspondiente -cual es en el proceso de negociación y posterior suscripción que tuvo que haber tenido el nuevo convenio colectivo entre las partes- pero no en este juicio, pues tal análisis excede el objeto de estos autos. Ahora bien, no está en discusión que el accidente del que fuera víctima el actor -supuesto fáctico de la pretensión de esta demanda- tuvo lugar el 19 de octubre de 2008, lo cual significa que el contrato vigente en ese entonces era el celebrado en el año 2005, cuya vigencia fuera prorrogada en el año 2007 como se viera más arriba. Puestas así las cosas, resulta que el actor plantea la presente demanda solicitando la aplicación de un convenio colectivo de condiciones de trabajo que ya no estaba vigente entre las partes al momento en que aconteció el evento base de la pretensión. Admitir la tesis de la actora y apelante, de la aplicabilidad y subsistencia de convenios colectivos de condiciones de trabajo, que llegaron a su término, “por encima” de los vigentes - cuyo proceso de formación y perfeccionamiento no fue cuestionado- no resulta jurídicamente sostenible, ni equitativamente recomendable para preservar el buen relacionamiento de las partes -empleadores y trabajadores.
En este encuadre de las circunstancias del caso, el apercibimiento dispuesto por el art. 146 del C.P.T. que no hiciera efectivo el a quo a pesar de la incomparecencia del representante de la demandada -que agravia a la parte actora- deviene irrelevante puesto que, por un lado, las posiciones obrantes a f. 139, devienen inocuas ya que versan sobre hechos no discutidos por las partes; y por el otro, la confesoria no es un medio probatorio idóneo para resolver la cuestión planteada en autos, ergo, el presente recurso de apelación debe ser desestimado, debiéndose confirmarse la sentencia impugnada.
En cuanto a las costas, esta magistratura entiende que deberán ser impuestas en el orden causado siendo que fue resulta razonable que el actor se sintiera con derecho al reclamo pues los beneficios pretendidos tuvieron sustento en el CCCT anterior al vigente (art. 232 C.T.).
A SU TURNO, LOS MAGISTRADOS CONCEPCIÓN SÁNCHEZ GODOY Y MARIO YGNACIO MAIDANA GRIFFITH DIJERON: Que adhieren al voto de la colega preopinante por los mismos fundamentos.
Con lo que se dio por terminado el acto firmando los Señores Miembros todo por ante mí que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue a continuación.
Asunción, 29 de marzo de 2016.
VISTO; los méritos que ofrece el acuerdo precedente, el Tribunal de Apelación del Trabajo Segunda Sala;
1) CONFIRMAR la S.D. n° 155 de fecha 04 de agosto de 2015 dictada por el Juez de Primera Instancia en lo laboral del Cuarto Turno conforme con en el acuerdo que precede.
2) IMPONER las costas de esta instancia en el orden causado.
3) ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.
Dra. Concepción Sanchez. Miembro
Alma Mendez de Buogermini. Miembro
Dr. Mario Y. Maidana Griffith. Miembro
Horacio Sanchez P. Actuario

References: resolución 
 artículo 146
 resolución 
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 Resolución