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Timestamp: 2019-05-23 19:04:40+00:00

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Naciones Unidas cat/C/ven/Q/3-4/Ad - Página 7
d) Qué órganos de control interno son competentes para intervenir en caso de indicios de tortura o malos tratos por parte de personal penitenciario, cómo se garantiza su independencia y de qué manera se relacionan con la Fiscalía y el Defensor del Pueblo en estos casos.
La Ley de Régimen Penitenciario24 en su artículo 6 prohíbe someter a los penados a tortura y a cualquier clase de trato cruel, inhumano o degradante, así como el empleo de medios de coerción que no sean permitidos por la Ley. Asimismo, señala que cualquier violación de la presente disposición dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley.
El artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, desarrolla las competencias de esta Institución Nacional de Derechos Humanos que comprenden, entre otras, la facultad de iniciar y proseguir de oficio cualquier investigación sobre asuntos de su competencia mediar y conciliar en la resolución de conflictos; inspeccionar libremente los establecimientos del Estado; así como velar por los derechos y garantías de las personas que por cualquier causa hayan sido privadas de libertad, recluidas, internadas, detenidas o que de alguna manera tengan limitada su libertad.
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo se encuentra facultada para iniciar investigaciones cuando tenga conocimiento de casos de tortura, trato cruel, inhumano o degradante por parte de funcionarios que ejerzan funciones en el sistema penitenciario. Las resultas de dicha investigación serán remitidas al Ministerio Público a los fines de que se impongan las sanciones a que hubiere lugar.
Pregunta 23. En relación con las recomendaciones anteriores del Comité (párr. 11, apdo. c), sírvanse proporcionar información, durante el período objeto de examen, sobre todos los aspectos mencionados en el párrafo 46 de la Observación general N° 3 (2012) del Comité, sobre la aplicación del artículo 14 por los Estados partes. En particular, y en relación con la Ley contra la Tortura, sírvanse indicar:
a) Los medios de protección de que disponen las víctimas de tortura o malos tratos y sus familiares, tal y como prevé el artículo 6 de la Ley contra la Tortura, y la coordinación de estos medios con los previstos en la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales. En relación con esta última ley, indiquen el número de medidas de protección que se han acordado a víctimas de tortura en relación a las solicitadas y la evaluación que ha hecho el Estado parte de la eficacia de esa protección. En relación con el párrafo 13 del informe periódico, clarifiquen si las funciones de la Oficina de Atención a la Víctima incluyen la protección de las mismas. Indiquen asimismo si las víctimas de tortura tienen acceso a asistencia jurídica;
El artículo 6 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes consagra el derecho de las víctimas y familiares de exigir las medidas de protección previstas en el ordenamiento jurídico venezolano, a los fines de preservar su integridad personal. Dichas medidas de protección, junto al procedimiento aplicable para solicitarlas y obtenerlas, se encuentran desarrolladas en la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales.
La Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes contiene medidas para la protección laboral de las víctimas de tortura, a los fines de garantizar que el ejercicio de su derecho al trabajo no resulte afectado como consecuencia de la práctica de la tortura y sus efectos posteriores. Así, conforme al artículo 9 de la Ley Especial, toda víctima de tortura tiene el derecho a la reducción o adaptación de su jornada laboral, al cambio del centro de trabajo, y a la suspensión temporal de la relación laboral. De igual forma, conforme al citado artículo, las ausencias al puesto de trabajo, motivadas por la condición física o psicológica derivada de la tortura o el trato cruel, inhumano o degradante, no se consideran suspensión de la relación del trabajo, de conformidad con la legislación laboral vigente.
b) Las políticas públicas diseñadas para dar cumplimiento al artículo 10 de la Ley contra la Tortura sobre los programas y servicios de rehabilitación, la asignación presupuestaria y los métodos disponibles para evaluar la eficacia de estos programas. Sírvanse también indicar el avance en el establecimiento del Instituto Nacional de Atención a las Víctimas, contemplado en el quinto vértice de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela. Indiquen, asimismo, las medidas previstas para prestar asistencia a las víctimas inmediatamente después de la tortura;
El desarrollo de políticas públicas sobre programas y servicios de rehabilitación para las víctimas forma parte de los objetivos del Plan Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes25, ejecutado por la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura. En efecto, el tercer eje de dicho Plan, denominado “Defensa y atención integral a las víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” tiene como objetivo “generar mecanismos que permitan la atención integral.
El artículo 10 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes consagra la obligación del Estado de brindar reparación a las víctimas de tortura y asegurar su completa rehabilitación. Esta disposición legal desarrolla las previsiones constitucionales establecidas en los artículos 306 y 467 de la CRBV, los cuales consagran el derecho a la reparación y rehabilitación. Para tener acceso a esta reparación las víctimas disponen de procedimientos judiciales en la jurisdicción contencioso administrativa, penal y civil. A través de la jurisdicción contenciosa administrativa las víctimas de tortura pueden exigir al Estado la reparación del daño causado. Por intermedio de la vía penal y civil las víctimas pueden exigir al autor de la práctica de tortura la reparación de los daños producidos, con base en la responsabilidad civil derivada del delito o la responsabilidad civil.
En lo que respecta al establecimiento del Instituto Nacional de Atención a las Víctimas, la Fiscal General de la República, dispuso la creación de la Coordinación Nacional para la Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, mediante resolución N° 749, de fecha 30 de mayo de 2012, publicado en Gaceta Oficial N° 39.935, del 1ro. de junio de 2012, previendo para ello, la incorporación de una partida destinada a financiar la ejecución de programas, acciones o servicios de protección, asistencia integral, atención y orientación a las víctimas, así como la dotación de profesionales que integran el equipo multidisciplinario conformado por psicólogos y trabajadores sociales, que trabajan con el apoyo y la coordinación de las Unidades de Atención a la Víctima existentes a nivel nacional, para atender las demandas existentes. En lo que respecta al Control del Cumplimiento de las Medidas de Protección, se implementó un sistema de articulación periódica con los Cuerpos Policiales, con la finalidad de verificar que las mismas sean cumplidas en estricta observancia de los términos y condiciones establecidos por el juez competente en su decisión.
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, la referida Coordinación se encuentra habilitando los Centros de Protección necesarios, en aras de establecer el Servicio Nacional de Protección, para lo cual se están acondicionando actualmente,05 inmuebles ubicados en distintas regiones del país, tales como los estados Vargas, Nueva Esparta, Miranda, Lara y Área Metropolitana de Caracas, lo cual sería una respuesta oficial, oportuna y eficaz. Recientemente, se implementó el Manual de Normas y Procedimientos sobre el “Pago de Viáticos para el Cumplimiento de Medidas de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales”, en acatamiento a la obligación del Estado de suministrar los medios económicos para la persona beneficiaria de una medida de protección mientras se halle imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios, en acatamiento de lo establecido en el artículo 44 de la mencionada Ley de Protección.
Para finalizar, en el territorio venezolano durante los años 2012 al 2014, se tramitaron 7.650 Medidas de Protección de 8.229 solicitadas, se emitieron 3.343 Informes Psicológicos, más 2.633 Apoyos Psicológicos a los beneficiarios de las Medidas de Protección.
c) Si el artículo 10 de la Ley contra la Tortura reconoce a las víctimas de tortura o malos tratos el derecho a un recurso y a una reparación. En caso contrario, sírvanse especificar los medios de que disponen las víctimas para obtener reparación, incluidos todos los procedimientos penales, civiles, administrativos y no judiciales, así como información sobre el número de víctimas que han utilizado esos medios, cuántas han obtenido reparación y medidas conexas y en qué forma y de qué cuantía. Indiquen, asimismo, las medidas previstas en materia de satisfacción y garantías de no repetición. Sírvanse aclarar si el derecho a recibir indemnizaciones por tortura o malos tratos depende de la existencia de una sentencia en procedimientos penales por la que se ordene la concesión de una indemnización.
El desarrollo normativo contenido en la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Periodo 1958-1998, sirven como marco referencial de aplicación analógica a los supuestos contenidos en la Ley Especial Contra la Tortura, al establecer en su artículo 18, medidas relacionadas con la garantía de no repetición, donde el Estado venezolano se compromete, a: 1.Difundir públicamente la verdad, sin poner en peligro la seguridad de las víctimas; 2. Garantizar la reivindicación moral, social y política de todas las víctimas; 3. Pronunciarse oficialmente respecto al reconocimiento público de los hechos, la aceptación de las responsabilidades y el restablecimiento de la dignidad, la reputación y derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de delitos de lesa humanidad. 4. Desarrollar, promover y divulgar las políticas públicas de fortalecimiento institucional y de los derechos humanos, que erradiquen las prácticas arbitrarias del Estado, contrarias a los principios y valores humanistas contenidos en la Constitución de la República. 5. Promover diversas formas de dignificación de las víctimas y los hechos históricos señalados, a fin que permanezcan en la memoria colectiva de la presente y las futuras generaciones, como garantía que nunca más se repitan esos hechos; y 6. Reconocer su responsabilidad en la perpetración de cada hecho investigado, continuando las investigaciones correspondientes.
Pregunta 24. En cuanto a los párrafos 167 a 169 del informe periódico relativos a la aplicación de la Ley Para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas en el período 1958-1998, indiquen los mecanismos de reparación previstos, el número de reclamaciones de indemnización y rehabilitación presentadas, el número de las que fueron aceptadas y las cantidades concedidas y los montos efectivamente proporcionados en cada caso. Indiquen también el resultado de las investigaciones, los enjuiciamientos y las sanciones impuestas con respecto a la “Masacre de El Amparo” y los casos del “Caracazo”.
Con respecto al caso denominado El Caracazo, existen 336 Expedientes abiertos y están comisionados 04 Fiscales del Ministerio Público para investigar tales eventos, que son los Fiscales 1ro.y 4to. ante la Sala Plena y las Salas de Casación y Constitucional del TSJ, 30 a Nivel Nacional con Competencia Plena y 83 de Caracas. Se encuentran acusados los ciudadanos Italo Del Valle Augusto Alliegro, Fredis Ventura Maya Cardona, José Rafael León Orsoni, Virgilio Rafael Avila Vivas y Luis Guillermo Fuentes Cerra, por la comisión del delito de Homicidio Intencional Calificado, en Grado de Cómplice Necesario y Quebrantamiento de Pactos y Convenios Internacionales, el caso está en Fase de Juicio, en espera del desarrollo de la Audiencia donde se debatirán los elementos probatorios para determinar su responsabilidad penal. En cuanto al acusado Manuel Antonio Heinz Azpurúa (fallecido), el Tribunal correspondiente decretó el Sobreseimiento por extinción de la acción penal.
En cuanto a los acusados Jorge Antonio Jiménez Sánchez y Pedro Miguel Blanco Belmont, ambos ex funcionarios de la Policía Metropolitana, el primero por el delito de Homicidio Calificado, y el segundo por el mismo delito, en Grado de Cooperador; la celebración del Juicio Oral y Público está próximo a realizarse. Y en cuanto al acusado Pedro Colmenares Gómez, por la comisión del delito de Homicidio Calificado en Grado de Complicidad Correspectiva, la Audiencia Preliminar está por fijarse.
Entre las actuaciones más destacadas, se encuentran 615 entrevistas, 229 Inspecciones Técnicas ordenadas,125 exhumaciones de osamentas, 71 Inhumaciones en el Cementerio General del Sur, donde el Estado venezolano rindió homenaje a todas las víctimas, con el “Monumento al Caracazo”, por el cumplimiento de los 25 años desde la ocurrencia de los hechos; 79 inhumados en el Cementerio Las Clavellinas, 615 víctimas directas e indirectas, 9 acusaciones, 39 Sobreseimientos solicitados y decretados, y 2 Recursos ordinarios solicitados y acordados. Se han realizado 3 procesos de indemnizaciones, a saber: 1) 38 causas cuyos familiares fueron indemnizados en virtud de la sentencia de la CIDH, siendo un total de 182 personas indemnizadas. 2) 50 causas correspondientes al Primer Informe enviado a la Vicepresidencia de la República, en cuyo acto de indemnización efectuado los días 7, 8 y 9 de octubre de 2009, en la Vice-Presidencia de la República, fueron un total de 133 familiares indemnizados, correspondientes a cincuenta 50 víctimas, cuyos montos se adhieren a los parámetros establecidos por la CIDH; de esos 133, fueron indemnizados específicamente, 78 hijos, 24 padres, 24 cónyuges, cuyas cantidades de dineros entregadas se totalizaron en 53.750,00 Bs. para cada uno; y la cantidad de 15.050,00 Bs. para 07 hermanos. 3) 64 causas correspondientes al Segundo Informe enviado a la Vicepresidencia de la República, en cuyo acto de indemnización efectuado los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2010, en la Vice-Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, se indemnizó a un total 186 familiares de víctimas, correspondientes a 64 víctimas del “Caracazo” y un lesionado, cuyos montos se adhieren a los parámetros establecidos por la CIDH, de esos 187 indemnizados, fueron reparados específicamente: 80 hijos, 23 padres, 20 cónyuges, habiéndoseles entregado las cantidad de 65.000 Bs. a cada uno; y la cantidad de 18.200 Bs. para 63 hermanos.
Entre las actuaciones relevantes más recientes, se logró determinar la filiación heredo-biológica, con los familiares de la víctima, quien en vida respondiera al nombre de Teodoro Enrique Capote Guedez, los cuales fueron obtenidos con la colaboración de sus hijos José Teodoro Valencia y Guillermina del Carmen Valencia, así como de su hermana Nancy Marlene Capote Guedez. Los perfiles obtenidos y validados fueron introducidos en una aplicación de software diseñado por expertos en genética forense de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales y desarrollado por la Dirección de Tecnología, denominada “Sistema de Comparación de Perfiles Genéticos”, que es una base de datos de perfiles genéticos de personas desaparecidas, la cual permite comparar automáticamente los perfiles genéticos de referencia de familiares, dando como resultado características comunes o de filiación biológica, o exclusión en relación a la filiación heredo-biológica, siendo un diseño de apoyo pionero, pues sirve de soporte para otros tipos de base de datos.
Con respecto a los hechos denominados “La Masacre de El Amparo”, acontecido el 29 de octubre de 1988, específicamente en la localidad del Caño “La Colorada”, Distrito Páez, estado Apure (frontera con Colombia), donde se encuentran involucrados funcionarios policiales y militares del Comando Específico “José Antonio Páez” (Cejap) en aquella época, se había decretado el Archivo Fiscal el 30 de junio de 2000, por la Fiscalía Militar Superior de San Cristóbal, estado Táchira. Actualmente, en jurisdicción civil se encuentran comisionadas las Fiscalías del MP 62 y 80 a Nivel Nacional con Competencia Plena, y la Fiscalía 83 de Caracas, las cuales están realizando las diligencias útiles y necesarias respectivas, en virtud de la reapertura de la investigación el 22 de marzo de 2010, observándose que aún existen diligencias pendientes por ser practicadas de las cuales sin lugar a duda pudieran surgir nuevos elementos de convicción, por lo que aún continúa abierto el proceso penal.
Pregunta 25. Con referencia a los párrafos 176 a 183 del informe periódico, proporcionen ejemplos de casos que hayan sido desestimados por los tribunales debido a la presentación de pruebas o testimonios obtenidos mediante tortura o malos tratos.
En el Ministerio Público no se han presentado casos cuyos testimonios o elementos probatorios hayan sido declarados nulos por haberse obtenido mediante tortura o malos tratos. Sin embargo, de tener conocimiento de algún caso en específico, es menester que se obtenga dicha información a los efectos de proceder a iniciar las investigaciones penales pertinentes.
Pregunta 26. Sírvanse proporcionar información sobre:
a) El número de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos, sentencias condenatorias y penas impuestas en relación con i) casos de acoso y violencia escolar y castigo físico contra menores; ii) casos de explotación sexual y trabajo forzoso desde la adopción de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en 2007;
En cuanto al “acoso y violencia escolar y castigo físico a menores” no se encuentran previstos en el ordenamiento jurídico venezolano bajo dichas denominaciones, advirtiéndose que nuestra legislación ya no emplea el término “menores”, en concordancia con lo previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño y la doctrina internacional en la materia. No obstante, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), prevé en su artículo 254, el delito denominado como Trato Cruel y Maltrato. El Ministerio Público a través de las Fiscalías especializadas, desde el año 2011 hasta la presente fecha, ha tramitado 12.651 casos. Además, dentro del castigo físico contra Niños Niñas y Adolescentes (NNA,) se encuadra el tipo penal de Tortura, previsto y sancionado en el artículo 253 de la LOPNNA, y han ingresado 39 casos por este tipo penal.
En cuanto a los casos de explotación sexual, la ley que rige la materia de NNA, prevé este delito en su artículo 25, siendo un total de 89 ingresos, desde el año 2011 hasta la actualidad. En referencia al trabajo forzoso, previsto y sancionado en el artículo 255 de la LOPNNA, es de destacar que hasta la fecha no se han recibido denuncias por este tipo penal.
b) Las políticas y medidas de protección adoptadas, las campañas de sensibilización y capacitaciones realizadas y los servicios forenses y protocolos especializados creados en relación a estos casos en todos los ámbitos.
El MP, como parte actora del Sistema de Protección de NNA ha desarrollado programas y estrategias ejecutadas por la comunidad organizada, tendentes a su atención como mecanismo de prevención de delitos, con el fin de generar estrategias que desarrollen políticas institucionales en materia de seguridad ciudadana, que más allá de incidir en la disminución de los índices de violencia y criminalidad, procurando fomentar conductas cívicas que garanticen escenarios de óptima convivencia y en consecuencia, mejoras en la calidad de vida de las comunidades. A través del Área Social de la Dirección de Protección Integral de la Familia del MP, se han ejecutado diversas actividades dirigidas a NNA, tanto de carácter formativo, a través de charlas, conversatorios, talleres, así como de carácter recreativo, como torneos y clínicas deportivas. Asimismo, con las comunidades se ha trabajado dictando charlas sobre el Rol de los Consejos Comunales en el Sistema de Protección y en el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes, con el propósito de promover la conformación de los Comités de Protección Social de NNA, que juegan un papel importante en los procesos de conciliación como medio alternativo para la resolución de conflictos comunitarios y familiares. Sobre las actividades sociales del año 2013.
Por otra parte, el Ministerio Público, a través de la Unidad Técnica Especializada para la Atención Integral de NNA, ha brindado atención especializada a fin de prevenir y/o restituir la vulneración de los derechos y garantías fundamentales, en aquellos casos en los que han sido víctimas de la comisión de un hecho punible. La función de dicha Unidad consiste en coadyuvar en la actuación de los Fiscales en la coordinación y realización de evaluaciones Biopsicosociales, ejecutadas por un equipo interdisciplinario de psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, a fin de garantizar el resultado oportuno de las investigaciones penales, y tratar los casos integralmente. Del mismo modo, se realiza un seguimiento a los casos y se establecen enlaces con otras instituciones del área de la salud, para que las personas afectadas puedan recibir el tratamiento psicológico y psiquiátrico correspondiente.
En tal sentido, desde su creación en fecha 02 de noviembre de 2010, hasta abril de 2014, la Unidad Técnica Especializada para la Atención Integral de NNA, ha atendido la cantidad de 1.390 casos, discriminados de la siguiente manera: 1.155 casos en Caracas; y 235casos en los demás estados del país. De los cuales, 478 corresponden a la materia del Sistema de Protección de NNA; y 927 corresponden a la materia de género. Del mismo modo es importante señalar que la referida Unidad durante el período 2010-2014 ha brindado atención especializada a 3.373 personas, discriminadas de la siguiente manera: 1.754 Mujeres; 573 Hombres; 321 Niños; 355 Niñas; 212 Adolescentes Femeninas; y 158 Adolescentes Masculinos. Asimismo, se han realizado 2.504 asesorías, charlas, conversatorios, talleres, entre otros, dirigidos a los grupos vulnerables en el marco del Plan Nacional para la Prevención Social del Delito, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, promovido por el Ministerio Público.
Pregunta 27. Sírvanse indicar las medidas adoptadas para prevenir las agresiones y proteger la vida y la integridad física de personas que hacen público su disenso con las políticas oficiales, tales como activistas sindicales, opositores, manifestantes, periodistas y miembros de comunidades indígenas y campesinos. Asimismo, proporcionen información sobre el número de denuncias, desglosadas conforme al tipo penal, los procesamientos, enjuiciamientos, condenas y sanciones impuestas en el período a examen por amenazas y agresiones a estos colectivos y uso excesivo de la fuerza en la represión de concentraciones, especificando cuando el presunto autor es un agente estatal o miembro de “cuerpos de combatientes” o colectivos sociales armados.
En términos generales, esta pregunta será respondida haciendo referencia a cada uno de los hechos denunciados. Asimismo, se expondrá la actuación institucional realizada por el Ministerio Público en materia de derechos humanos, y ya desarrolladas por la Defensoría del Pueblo en contenidos anteriores; como también se señalara la actuación del Estado, frente a los sucesos y manifestaciones que tuvieron lugar desde el mes de febrero de 2014 y días sucesivos.
El Estado venezolano reconoce y garantiza el legítimo derecho a la manifestación pacífica y el ejercicio responsable de la libertad de expresión, en los términos previstos en los instrumentos internacionales válidamente ratificados por la República.
En virtud de ello, resulta necesario informar a este Comité que a partir del 12 de febrero del 2014, se desarrolló en Venezuela una ofensiva violenta destinada a deponer las legítimas autoridades escogidas por el pueblo en elecciones libres. Esta ofensiva, impulsada por factores de la oposición política, asumió como estrategia, el intentar paralizar el normal funcionamiento de la sociedad, mediante el desarrollo de acciones de violencia callejera, que para nada tiene que ver con el legítimo derecho de todas las venezolanas y venezolanos a manifestar pacíficamente.
Informamos que como parte de esta ofensiva fueron atacadas y destruidas diversas instalaciones tales como centros asistenciales, universidades y escuelas, incluyendo un centro de educación inicial para niños y niñas de 0 a 6 años. Al momento del ataque contra este centro, 89 niños y niñas se encontraban en su interior. Además, comunidades enteras fueron confinadas dentro de sus residencias por las acciones violentas, impidiendo el ejercicio de los derechos al libre tránsito, trabajo y educación, por sólo mencionar algunos de ellos.
En el marco de estos acontecimientos fue necesaria la debida actuación del Estado venezolano y en ese sentido, fueron aprehendidas varias personas en flagrante comisión de delitos. Los aprehendidos fueron puestos a la orden de los tribunales, con todas las garantías del debido proceso. Asimismo, aprovechamos la ocasión para ratificar que el Estado venezolano no tolera ni tolerará actuaciones policiales que atenten contra los derechos humanos. Los casos aislados que se han presentado están siendo debidamente investigados por las autoridades competentes. Muestra de esto son los 13 casos de funcionarios que permanecen privados de libertad, luego de haberse apartado de la orientación garantista y respetuosa de los derechos humanos que caracteriza al Estado venezolano. Más adelante se detallan las cifras y acciones específicas ejecutadas por el Ministerio Público sobre estos sucesos.
Gestión Institucional Ministerio Público:
En fecha 11 de septiembre del 2012, el Ministerio Público creó la Dirección de Gestión Social, la cual ha diseñado el Plan Nacional para la Prevención del Delito, Promoción y Defensa de los Humanos, acciones que promueven el fortalecimiento de la Organización y la Participación Popular dentro del proceso de Municipalización de la Justicia.
Para el éxito de esta propuesta se han propiciado espacios para la divulgación de las acciones impulsadas por el Estado venezolano en torno a la promoción y defensa de los DDHH, utilizando como estrategia operativa: Video-Foros, Conversatorios, Encuentros, reuniones, acompañamiento social a actividades particulares de las organizaciones, campañas de promoción y de difusión de mensajes alusivos a esta materia, entre otros. Asimismo, se impulsó la creación de una red comunal constituida por grupos vulnerables y víctimas de violación de DDHH en los años 60, 70, 80 y 90. Ello ha permitido la divulgación de información fundamental para reconocer cualquier intento de violación de los DDHH en el país. Ahora bien, dentro del MP se diseñó una Política a fin de que cada dependencia ejecute actividades de acción social según las competencias que desempeña, dirigidas a la población, tales como: niños, niñas y adolescentes, grupos familiares, población socialmente vulnerable, adultos mayores, así como a Organizaciones Sociales: Consejos Comunales (Comités: seguridad y defensa integral, de medios alternativos comunitarios, recreación y deportes, educación, cultura, formación ciudadana, familia e igualdad de género), Comunas, Salas de Batalla, Colectivos Sociales, Cooperativas, Delegados de Prevención en Salud y Prevención Laboral, Frentes Sociales, Organizaciones Campesinas, Comités Multifamiliares de Gestión de Nuevos Urbanismos, estudiantes y otras formas de organizaciones sociales.
Dentro de la política institucional del MP, a través de su gestión social, se tienen como vértice: a) Actividades Informativas: cuya función es hacer Difusión y Promoción, mediante programas radiales comunitarios, transmisión de mensajes promocionales, publicación en prensa de mensajes institucionales informativos, entrega de volantes, trípticos y/o folletos informativos en centros comerciales; b) Campañas de Concientización: con el objetivo de proporcionar información acerca de las causas y factores que generan la violencia y la ocurrencia de delitos, así como también el fomento de valores humanistas que promuevan la prevención integral y la convivencia solidaria. Dentro de la dinámica se plantea la transmisión de mensajes institucionales con contenido educativo y de reflexión que propicie la prevención integral y la convivencia solidaria en radios comunitarias y televisión, así como entrega de volantes, trípticos y/o folletos en materia de prevención integral y convivencia solidaria en espacios públicos de concurrida asistencia; con publicación de afiches, poster y pancartas educativas alusivas a la prevención social delito, Derechos Humanos y Convivencia Solidaria; c) Actividades Formativas: a través del “Conversatorio Comunal dirigidos a Comunidades y Estudiantes” que están orientados a desarrollar acciones conjuntas que contribuyan a disminuir los factores generadores de faltas y delitos, realizándose la presentación del tema a través de materiales audiovisuales, presentaciones, entre otros. También existen los “Encuentros de Sensibilización” con los que se promueven espacios que permiten visibilizar, reflexionar y debatir sobre situaciones que generen cualquier tipo de violencia, presentándose documentales y/o cortos, además de intercambio de experiencias/vivencias, lecturas guiadas. Las “Rutas de Prevención”generan espacios de participación popular, donde se ofrecen herramientas a las comunidades, en las áreas deportiva, recreativa, educativa, cultural y asesora; d) Actividades Participativas: Donde se desarrollan “Encuentros Comunitarios de Seguridad” que sirven para la construcción colectiva de propuestas y estrategias que vayan en pro de la Prevención Integral, Convivencia Solidaria, preservación de los Derechos Humanos y fortalecimiento del Poder Popular; en esta actividad se plantea la presentación de especialistas o profesionales en el área de seguridad, mesas de trabajo, exposiciones grupales o debates dirigidos por el o los especialistas, y elaboración de un esquema o plan de trabajo mediante el cual se ejecutarán las propuestas planteadas.
Durante el año 2014 se han realizado un total de 2.871 actividades enmarcadas en el Plan Nacional Para la Prevención Social del Delito, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, en el cual han participado un total de 122.490 ciudadanos y ciudadanas.
El Plan de Prevención antes aludido se encuentra inmerso dentro de los fines primordiales de la “Municipalización de la Justicia”, siendo ésta una política social de acercamiento entre las comunidades y los operadores de Justicia, en aras de implementar mecanismos de prevención y control del delito que ayuden a reducir la violencia. En este sentido, desde el año 2008, el Ministerio Público, creó las Fiscalías Municipales, las cuales son competentes para conocer hechos punibles que sean inferiores a 03 años de prisión, así como las faltas establecidas en el Código Penal, con el fin de atender las necesidades de las comunidades en la mayor cantidad de sectores del país posibles, así como promover la participación ciudadana en cada municipio para poder detectar y disminuir los conflictos que afectan a la colectividad, que se estén dentro de nuestra competencia, que tienen como logro final la convivencia solidaria entre los ciudadanos. Lo cual ha contribuido al descongestionamiento de casos en el Sistema Penal y por ende a brindar mayor celeridad procesal. Existiendo en la actualidad 28 Fiscalías Municipales en distintas regiones del país.
A este respecto, informen sobre los resultados de las investigaciones en los siguientes hechos:
a) El homicidio el 26 de noviembre de 2013 de José Chirinos, candidato a concejal en el municipio de Baralt, Estado de Zulia;
El caso del Homicidio de José Rodríguez Chirinos, se libraron 02 órdenes de aprehensión contra los ciudadanos Franklin De Jesús Abreu Alarcón y Yackson Javier Pérez Hernández, por la presunta comisión de los delitos de Asociación para Delinquir y Sicariato, encontrándose los cuerpos de seguridad haciendo labores para materializar la captura.
b) Las amenazas recibidas por la periodista Rayma Suprani, el 18 de marzo de 2013; y los actos de hostigamiento y amenazas al personal de Globovisión, como el perpetrado en sus oficinas presuntamente por personal militar en agosto de 2009;
En cuanto a las presuntas amenazas a la periodista Rayma Suprani, el 25 de marzo de 2013 el Ministerio Público comisionó a la Fiscalía 61 a Nivel Nacional con Competencia Plena, destacando que se ha solicitado en varias oportunidades el teléfono móvil de la víctima, negándose expresamente a entregarlo, lo cual representa un elemento fundamental para el esclarecimiento de los hechos investigados, en aras de poder determinar el origen de las amenazas referidas.
c) El homicidio, el 25 de abril de 2010, del dirigente sindical Jerry Díaz y el de los dirigentes sindicales Ricardo Gallardo, José Requena y Luis Hernández en 2008;
Sobre el Homicidio de Jerry Díaz, la Fiscalía 31 del Ministerio Público del estado Aragua, acusó al ciudadano Mocxi Ulises Castillo Montilla, y posteriormente ejerció Recurso de Apelación contra la Sentencia Absolutoria dictada por el Juzgado 1ro. de Juicio del referido Estado. Se está a la espera de la decisión por parte de la Corte de Apelaciones. Y en relación al Homicidio de los dirigentes sindicales Ricardo Gallardo, José Requena y Luis Hernández, el Ministerio Público acusó al ciudadano Julio Cesar Agrisone, y el Tribunal 5to de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, dictó Sentencia Condenatoria de 19 años de prisión en su contra, por los delitos de Homicidio Calificado y Porte Ilícito de Arma de Fuego.
d) El presunto uso desproporcionado de la fuerza, armas de fuego, perdigones y gases lacrimógenos por parte de agentes de seguridad del Estado en el control de las manifestaciones que tuvieron lugar desde el 4 de febrero de 2014, así como los supuestos ataques de grupos civiles armados durante las manifestaciones, y la reacción de las fuerzas de seguridad y del orden frente a estos supuestos ataques, resultando en al menos 37 muertes y más de 550 heridos;
El presunto uso desproporcionado de la fuerza, armas de fuego, perdigones y gases lacrimógenos por parte de agentes de seguridad del Estado en el control de las manifestaciones que tuvieron lugar desde el 4 de febrero de 2014, así como los supuestos ataques de grupos civiles armados durante las manifestaciones, y la reacción de las fuerzas de seguridad y del orden frente a estos supuestos ataques, resultando en al menos 37 muertes y más de 550 heridos.
Casos del Área Metropolitana de Caracas
Basil Alejandro Da Costa Fría (24 años), muere en fecha 12-02-2014, por herida causada por proyectil de Arma de Fuego, entre las Esquinas de Tracabordo y Monroy, cerca de la Av. México, Parroquia La Candelaria, Municipio Libertador, la Fiscalía 138 del Ministerio Público acusó a un funcionario adscrito al Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), por el delito Uso Indebido de Arma Orgánica, Quebrantamiento de Pactos Internacionales y Homicidio Intencional. En el presente caso están aprehendidos 5 funcionarios del SEBIN, 01 del Ejército, 01 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), encontrándose 02 Órdenes de Aprehensión por ejecutar. Encontrándose investigación penal abierta en relación al resto de los funcionarios, en las siguientes diligencias: Inspecciones técnicas del sitio, levantamiento planimétrico, comparación balística, análisis de sangre (por tipo y por morfología), trayectoria balística, análisis de los videos y antropométrica, múltiples entrevistas. En fecha 11-06-14, encontrándose en la actualidad en Fase de Juicio.
Juan Carlos Crisóstomo Montoya (50 años) muere en fecha 12-02-2014, por herida causada por proyectil de Arma de Fuego, entre las Esquinas de Tracabordo y Monroy, cerca de la Av. México, Parroquia La Candelaria, Municipio Libertador, cuya causa es conocida por la Fiscalía 55 del Caracas, en la cual fue aprehendido 1 funcionario, se practicaron como diligencias de investigación: inspecciones técnicas del sitio, levantamiento planimétrico, comparación balística, análisis de sangre (por tipo y por morfología), trayectoria balística, análisis de los videos y antropométrica y múltiples entrevistas, encontrándose dicha causa en Fase de Investigación.
Roberto José Redman Orozco (26 años) muere en fecha 12-02-2014, por herida causada por proyectil de Arma de Fuego, en la Avenida San Ignacio de Loyola, Municipio Chacao, cuya investigación es adelantada por las Fiscalías 36 a Nivel Nacional y 55 de Caracas, y se han practicado las siguientes diligencias de investigación: inspecciones técnicas del sitio, trayectoria intraorgánica, análisis de los videos y entrevistas. Dicha causa se encuentra en Fase de Investigación.
Elvis Rafael De La Rosa (29 años), muere en fecha 21-02-2014, al caer de de una moto por haberse enredado en un alambre galvanizado que se encontraba en una barricada, en la Avenida Rómulo Gallegos, Municipio Sucre, siendo adelantada la investigación correspondiente por la Fiscalía 35 de Caracas, en la cual se han practicado inspección técnica del sitio, reconocimiento médico legal y múltiples entrevistas, encontrándose la misma en Fase de Investigación.
José Alejandro Márquez (45 años) en fecha 19-02-2014 cae de una moto al ser perseguido por un funcionario de la G.N.B., entre las esquinas de Tracabordo y Monroy, cerca de la Av. México. Parroquia La Candelaria, Municipio Libertador, falleciendo el 22 02-2014, cuya investigación es adelantada por la Fiscalía 48 a Nivel Nacional, donde se han practicado como diligencias de investigación: inspecciones técnicas del sitio, levantamiento planimétrico, reconocimiento médico legal, análisis de sangre, por tipo y por morfología, análisis de los videos y vaciado de contenido de un teléfono celular, análisis hematológico, químico y biológico a los uniformes de los funcionarios de la Guardia del Pueblo y múltiples entrevistas, hasta la presente fecha no se ha ejecutado ninguna aprehensión y se encuentra en Fase de Investigación.
Asdrúbal Jesús Rodríguez Araguayan (26 años): en fecha 19-02-2014, fue aprehendido en Chacao por 02 funcionarios de Policía de ese Municipio y luego apareció sin vida en la Av. Boyacá (Cota Mil) Sector Sebucán, Municipio Sucre, la investigación fue adelantada por la Fiscalía 126 de Caracas, que acusó por los delitos de Uso Indebido de Arma Orgánica, Trato Cruel, Privación Ilegítima de Libertad, Quebrantamiento de Pacto, Acuerdos Internacionales y Homicidio Calificado Concausal, contra 01 funcionario de dicho cuerpo policial, y en lo que respecta al otro funcionario se acusó por los mismos delitos a excepción del último mencionado que es por Homicidio Calificado en Grado de Frustración, quienes se encuentran aprehendidos. Entre las diligencias más destacadas se practicaron: inspección técnica del sitio del suceso, protocolo de autopsia, pruebas de ATD a los funcionarios y a la víctima, planimetría versada, pruebas toxicológicas a la víctima, comparación balística, telefonía de los funcionarios actuantes (hoy detenidos) y múltiples entrevistas, actualmente la referida causa se encuentra en Fase de Juicio.
José Gregorio Amaris Cantillo (25 años), muere en fecha 06-03-2014, por herida causada por el proyectil de Arma de Fuego mientras limpiaba las calles en el Sector Los Ruices, Municipio Sucre, cuya investigación es adelantada por las Fiscalía 19 a Nivel Nacional y 61 de Caracas, se han practicado las siguientes diligencias de investigación: allanamiento (recolección de balas 9 mm), inspección técnica del sitio del suceso, fijación fotográfica, análisis de sangre, análisis de los videos y antropométrica, reconocimiento médico legal y se encuentra en Fase de Investigación.
Acner Isaac López Lyon (29 años), funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), muere en fecha 06-03-2014, por herida causada por el proyectil de Arma de Fuego mientras limpiaba las calles en el Sector Los Ruices, Municipio Sucre, cuya investigación es adelantada por Fiscalía 19 a Nivel Nacional y 61 de Caracas, se han practicado las siguientes diligencias de investigación: allanamiento (recolección de balas 9 mm), inspección técnica del sitio del suceso, fijación fotográfica, análisis de sangre, análisis de los videos y antropométrica, reconocimiento médico legal y se encuentra en Fase de Investigación.
Johan Alfonso Pineda Morales (37 años), muere en fecha 07-03-2014, por múltiples traumatismos al caer de su moto por un aceite derramado en el pavimento de manera intencional, en el Sector Distribuidor Altamira, Autopista Francisco Fajardo, dicha investigación es adelantada por la Fiscalía 158 de Caracas, siendo practicadas las siguientes diligencias de investigación: croquis, levantamiento del accidente, fijación fotográfica, se colectaron 3 envases de aceite de motor de 1 Lts, entrevistas y telefonía, actualmente la referida causa se encuentra en Fase de Investigación.
Glidis Karelis Chacon Benítez (25 años) funcionaria del SEBIN, fallece en fecha 07-03-2014 por heridas producidas por el paso de proyectil disparado por Arma de Fuego en la Autopista Prados del Este. La Fiscalía 4ta. de Caracas acusó por los delitos de Homicidio Intencional y Uso Indebido de Arma Orgánica, a 03 funcionarios adscritos a la Policía de Chacao, se realizó la aprehensión de 01 funcionario y 02 funcionarios se encuentran bajo medidas cautelares, se han practicado como diligencias de investigación: protocolo de autopsia, análisis de traza de disparos, incautación de armas de fuego, experticia de comparación y trayectoria balística, inspección técnica del sitio del suceso y vehículo involucrado, múltiples entrevistas y levantamiento planimétrico, actualmente dicha causa se encuentra en Fase de Juicio.
Francisco Alcides Madrid Rosendo (32 años), muere en fecha 18-03-2014, por herida producida por el paso de un proyectil disparado por Arma de Fuego, hecho ocurrido en el Sector Montalbán, Municipio Libertador, cuya investigación conoce la Fiscalía 121 de Caracas, se practicaron las siguientes diligencias: inspección técnica del sitio del suceso, fijación fotográfica del cadáver, múltiples entrevistas, análisis de trazas de disparo, protocolo de autopsia, experticia necrodáctilar, trayectoria balística, levantamiento planimétrico, pruebas hematológicas y análisis de video, encontrándose la misma en Fase de Investigación.
Jorge Steven Colina Tovar (24 años), funcionario de la P.N.B., muere en fecha 08 05-2014, por herida producida por el paso de un proyectil disparado por Arma de Fuego, en el Sector Los Palos Grandes, Municipio Chacao, cuya investigación conoce la Fiscalía 35 de Caracas, se practicaron como diligencias de investigación: protocolo de autopsia, trayectoria balística, inspección técnica del lugar del suceso, múltiples entrevistas y levantamiento planimétrico, dicha causa se encuentra en Fase de Investigación.
Casos del estado Aragua
Johan Gabriel Quintero Carrasco (33 años), muere en fecha 25-02-2014 por herida causada por proyectiles de Arma de Fuego, en el Centro Comercial Súper Líder, El Limón, Municipio Irragori, cuya causa en conocida por la Fiscalía 04ta. del estado Aragua, se ejecutaron ocho (08) órdenes de Allanamiento, sin colectar evidencia de interés criminalístico, encontrándose en Fase de Investigación.
Wilmer Juan Carballo Amaya (43 años), muere en fecha 24-02-2014 por herida causada por el paso de proyectil de Arma de Fuego, en la Urbanización La Fundación, Cagua, Municipio Sucre, cuyo caso conoce la Fiscalía 32 del estado Aragua, se ejecutó orden de Allanamiento, sin colectar evidencia de interés criminalístico, encontrándose en Fase de Investigación.
José Isabelino Guillen Araque (34 años), funcionario de la GNB, muere en fecha 16-03-2014, por herida causada por el paso de proyectil de Arma de Fuego, en la Urbanización Calicanto, 2da. Transversal, Municipio Girardot, cuyo caso conoce la Fiscalía 4ta. del estado Aragua, en el cual 02 órdenes de aprehensión están por ejecutar y se realizaron 30 órdenes de allanamientos, incautándose armas de fuego largas y cortas, actualmente se encuentra en Fase de Investigación.
Casos del estado Carabobo
Génesis Cristina Carmona Tovar (22 años), muere en fecha 19-02-2014, en la Clínica Guerra Méndez, luego de recibir el día 18-02-2014, un impacto de proyectil de Arma de Fuego, en la Avenida Cedeño cruce con Avenida Bolívar, cerca de la estación del Metro Cedeño, Parroquia Catedral, Municipio Valencia, cuyo caso conoce la Fiscalía 10 del estado Carabobo, en la cual no se han realizado aprehensiones y fueron practicadas como diligencias de investigación: Inspecciones técnicas del sitio del suceso, levantamiento planimétrico, análisis de sangre (por tipo y por morfología), trayectoria balística, análisis de fotografías, se colectó un proyectil de disparo único y múltiples entrevistas, actualmente se encuentra en Fase de Investigación.
Geraldin Moreno Orozco (23 años), muere en fecha 18-02-2014, por herida causada por el paso de proyectil de Arma de Fuego, en el Sector Tazajal, Moñongo, a la altura del Edif. Bayona Country, Municipio Valencia, la Fiscalía 28 del estado Carabobo presentó acusación por los delitos de Uso Indebido de Arma Orgánica, Quebrantamiento de Pactos y Tratados Internacionales, Trato Cruel en grado de Complicidad y Homicidio cometido con Alevosía por motivos Fútiles e Innobles, contra un funcionario adscrito a la Guardia Nacional Bolivariana, que se encuentra aprehendido; adicionalmente se logró la aprehensión de 01 funcionario perteneciente al mismo cuerpo militar, cuya causa aún está en Fase de Investigación. Al respecto, se han practicado las siguientes diligencias de investigación: Inspecciones técnicas del sitio, protocolo de autopsia, planimetría versada, colección y análisis de videos, múltiples entrevistas. Medida Cautelar para Paola Barroso y Franklin García. Encontrándose la causa en Fase Intermedia.
Julio Eduardo González Pinto (45 años), fiscal del MP, muere en fecha 18-02-2014, al colisionar su vehículo mientras esquivaba unos obstáculos en la calle, en la Avenida Cuatricentenario, Municipio Valencia, cuyo caso es conocido por la F 5º del estado Carabobo, fueron practicadas diligencias de investigación como: inspecciones técnicas del sitio, protocolo de autopsia, inspección técnica al vehículo, levantamiento técnico de la División de Siniestros del CICPC y múltiples entrevistas, encontrándose actualmente en Fase de Investigación.
Eduardo Ramón Anzona Carmona (29 años), muere en fecha 18-02-2014, por Traumatismo Cráneo encefálico, al caer de su moto tratando de esquivar unos obstáculos en la Avenida Michelena entre Uslar y Branger, frente al colegio Eduardo Viso, Parroquia San Blas, Municipio Valencia, cuya investigación es conocida por la F 5º del estado Carabobo, fueron practicadas las siguientes diligencias de investigación: inspecciones técnicas del sitio, protocolo de autopsia, inspección técnica al vehículo y múltiples entrevistas, encontrándose en la actualidad en Fase de Investigación.
Giovanni José Pantoja Hernández (28 años) funcionario de la G.N.B., muere en fecha 28-02-2014, por herida causada por proyectil de Arma de Fuego, en el Sector El Trigal, Municipio Valencia, cuya investigación es conocida por la F 5º del estado Carabobo, fueron practicadas como diligencias de investigación: inspecciones técnicas del sitio, protocolo de autopsia, planimetría, trayectoria intraorgánica, comparación balística, múltiples entrevistas. Dicha causa se encuentra nuevamente en Fase de Investigación.
Jesús Enrique Acosta Matute (22 años), muere en fecha 12-03-2014, por herida causada por proyectil de Arma de Fuego, en la Urbanización La Isabelica, Sector 8, Parroquia Rafael Urdaneta, Municipio Valencia, la Fiscalía 27 del estado Carabobo acusó a un funcionario por los delitos de Homicidio Intencional Simple y Uso Indebido de Arma Orgánica, la cual ya se materializó, encontrándose la causa en Fase Intermedia.
Ramzor Ernesto Bracho Bravo (36 años), funcionario de la GNB: Falleció el 12 03-2014 por herida causada por proyectil de Arma de Fuego en la Av. Feo La Cruz, Mañongo, entrada de El Trigal, Municipio Naguanagua, se libró 01 orden de aprehensión que está pendiente por ejecutar, se realizaron diligencias como: Inspección técnica del sitio del suceso, protocolo de autopsia, trayectoria balística intraorgánica, levantamiento planimétrico, múltiples entrevistas, retrato hablado, allanamiento, análisis de videos, fijación fotográfica, reconocimiento médico legal, análisis hematológicos, prueba necrodactilar. Encontrándose en Fase de Investigación.
Guillermo Alfonso Sánchez Velásquez (42 años), muere en fecha 12-03-2014, por herida causada por proyectil de Arma de Fuego, en la Urbanización La Isabelica, calle Henry Ford, Parroquia Rafael Urdaneta, Municipio Valencia, conociendo del caso la Fiscalía 27 del estado Carabobo, librándose orden de aprehensión contra un ciudadano. La causa actualmente está en Fase de Investigación.
Argenis de Jesús Hernández Moreno (30 años), muere en fecha 21-03-2014, por herida causada por proyectil de Arma de Fuego, en la Urbanización Los Tulipanes, Calle De Servicio, Municipio San Diego, cuya investigación es adelantada por la Fiscalía 27 de Carabobo, en la cual se han practicado las siguientes diligencias de investigación: protocolo de autopsia, análisis de traza de disparo (ATD), múltiples entrevistas, inspección técnica del sitio y el cadáver, planimetría, trayectoria balística y fijaciones fotográficas, encontrándose dicha causa en Fase de Investigación.
Mariana del Carmen Ceballos Belisario (32 años), fallece en fecha 19-03-2014 producto de ser atropellada por un vehículo automotor en la Avenida Andrés Eloy Blanco Frente al Centro Comercial Shopping Center del Municipio Valencia, Parroquia San José, la Fiscalía 1ra. de esa jurisdicción acusó por el delito de Homicidio Intencional, a un ciudadano que se encuentra en Arresto Domiciliario, encontrándose la causa en Fase Intermedia.
Casos del estado Lara
Arturo Alexis Martínez (58 años) muere en fecha 20-02-2014, por herida causada por proyectil de Arma de Fuego mientras limpiaba en la Avenida Germán Garmendia, La Trinitaria, cuya investigación es adelantada por la Fiscalía 4ta. del estado Lara, en la cual se realizó la aprehensión de un ciudadano y se han practicado como diligencias de investigación las siguientes: inspecciones técnicas del sitio, colección y peritaje de proyectil, reconocimiento del cadáver, fijación fotográfica, levantamiento planimétrico, trayectoria balística e intraorgánica, múltiples entrevistas, telefonía, experticia hematológica, protocolo de autopsia, análisis de video, prueba toxicológicas, análisis de trazas de disparos, allanamientos, reconocimiento técnico y autenticidad a documento de porte de arma de fuego, encontrándose dicha causa en Fase de Investigación.
José Cirilo Damas García (24 años), funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), muere en fecha 10-04-2014, por herida causada por proyectil de Arma de Fuego recibido el día 09-04-2014 en la Universidad Territorial Politécnico, cuya investigación es adelantada por la F 9º del estado Lara, en la cual se han practicado las siguientes diligencias de investigación: protocolo de autopsia, inspección técnica del sitio del suceso, análisis de videos, múltiples de entrevistas y levantamiento planimétrico, encontrándose dicha causa en Fase de Investigación.
Casos del estado Mérida:
Doris Elena Lobo Arias (40 años), muere en fecha 20-02-2014, por Traumatismo Cráneo encefálico, al caer de su moto tratando de esquivar unos obstáculos en Avenida Las Américas, Sector Santa Ana, Municipio Libertador, cuya investigación es conocida por la F 5º del estado Mérida, en el cual fueron practicadas las siguientes diligencias de investigación: inspecciones técnicas del sitio, protocolo de autopsia y múltiples entrevistas, siendo remitida la causa a la Unidad Técnico Científica, encontrándose en la actualidad en Fase de Investigación.
Gisella Victoria Rubilar Figueroa (46 años), muere en fecha 09-03-2014, por herida causada en ojo izquierdo por proyectil de Arma de Fuego, en la Avenida Ezio Valeri con Avenida Los Próceres, cuya investigación es adelantada por la Fiscalía 3ra. del estado Mérida, en la cual se han practicado las siguientes diligencias de investigación: 07 órdenes de allanamiento sin recolección de evidencias de interés criminalístico, encontrándose dicha causa en Fase de Investigación.
Jesús Orlando Labrador Castiblanco (39 años), muere en fecha 22-03-2014, por herida causada por proyectil de Arma de Fuego, en la Parroquia Antonio Espinetti Diny, Municipio Libertador, siendo adelantada la investigación correspondiente por la Fiscalía 1ra. del estado Mérida, la cual practicó las siguientes diligencias de investigación: inspección técnica del sitio del suceso y del cadáver, protocolo de autopsia, experticia toxicológica, telefonía, múltiples entrevistas, análisis de videos, experticia hematológica, comparación balística, análisis de trazas de disparo, levantamiento planimétrico, solicitud de datos filiatorios y relación de llamadas, encontrándose dicha causa en Fase de Investigación.
Miguel Antonio Parra (42 años), funcionario de la G.N.B, muere en fecha 24-03-2014, por herida causada por proyectil de Arma de Fuego, en el sector El Campito, cuya investigación es adelantada por la F 4º del estado Mérida, la cual practicó las siguientes diligencias de investigación: inspección técnica del sitio del suceso, múltiples entrevistas, experticia hematológica, experticia química, protocolo de autopsia y experticia balística, encontrándose dicha causa en Fase de Investigación.
Casos del estado Miranda
Adriana Grissel Urquiola Pérez (28 años), muere en fecha 23-03-2014, por herida causada por proyectil de Arma de Fuego, en Los Nuevos Teques, Edo Miranda, cuya causa es conocida por la F 1º del estado Miranda, la cual solicitó una (01) orden de Aprehensión con Alerta Roja en INTERPOL, y practicó las siguientes diligencias de investigación: Inspección técnica del lugar del suceso y del cadáver, protocolo de autopsia, levantamiento planimétrico, trayectoria balística, reconocimiento médico legal a la ciudadana múltiples entrevistas, planimetría, Orden de Allanamiento y telefonía, actualmente dicha causa se encuentra en Fase de Investigación.
Casos del estado Sucre
José Ernesto Méndez (17 años): Falleció en fecha 17-02-2014, al ser atropellado por un vehículo automotor en el Sector Plaza Miranda, Carúpano, cuya investigación es adelantada por la Fiscalía 7ma. del estado Sucre acusó por 03 delitos de Homicidios en las siguientes modalidades: Homicidio Intencional Simple, Homicidio Intencional en Grado de Frustración y Homicidio Intencional en Grado de Tentativa, contra un ciudadano que está aprehendido actualmente. Se practicaron las siguientes diligencias de investigación: inspecciones técnicas del sitio, fijación fotográfica, levantamiento planimétrico, examen toxicológico, examen médico forense, protocolo de autopsia, experticia al vehículo, múltiples entrevistas, peritaje al vehículo involucrado, reconocimiento médico legal a otras víctimas y análisis de video. La causa se encuentra radicada en el estado Anzoátegui, y está actualmente en Fase de Juicio.
Casos del estado Táchira
Jimmy Erwill Vargas González (32 años), falleció el día 20-02-2014, por Traumatismo Craneoencefálico al caer de un segundo piso mientras lanzaba piedras hacia la calle, en el Sector Pueblo Nuevo, Municipio San Cristóbal, siendo conocida la investigación por la F 3º del estado Táchira, en la cual se han realizado como diligencias de investigación: inspección técnica en el sitio del suceso, múltiples entrevistas, protocolo de autopsia, examen histológico, prueba de planimetría y análisis de video. El Ministerio Público solicitó el Sobreseimiento, estando la misma a la espera del pronunciamiento del Tribunal correspondiente.
Danny Joel Melgarejo Vargas (20 años), falleció en fecha 22-02-2014, al recibir varias heridas punzo penetrantes producidas por arma blanca durante un riña, en el sector Palo Gordo, Municipio Cárdena, San Cristóbal, cuya investigación es conocida por las fiscalias F 4º y F 19º del estado Táchira, se practicaron como diligencias de investigación: inspección técnico del sitio y del cadáver, múltiples entrevistas, experticia a botella de licor colectada en sitio del suceso, protocolo de autopsia y pruebas hematológicas, encontrándose la causa en Fase de Juicio respecto a un adolescente acusado por los delitos de Homicidio Intencional Calificado, cometido por Motivos Fútiles e Innobles y en Fase Intermedia en relación a otra ciudadana.
Luis Alejandro Gutierrez Camargo (23 años), falleció en fecha 04-03-2014, al colisionar su vehículo al tratar de esquivar unos obstáculos en la calle, en la Avenida Manuel Pulido Méndez, Municipio Junin, San Cristóbal, la Fiscalía 3ra. del estado Táchira presentó acusación contra un adolescente de 16años, por la comisión del delito de Homicidio Intencional Calificado cometido por Motivos Fútiles e Innobles. Se practicaron las siguientes diligencias de investigación: inspección técnico del sitio y del cadáver, múltiples entrevistas, experticia a botella de licor colectada en sitio del suceso, protocolo de autopsia y pruebas hematológicas. Encontrándose en Fase de Juicio.
Edicson Olivo Daniel Tinoco Carrillo (24 años), fallecio en fecha 10-03-2014, por herida causada por proyectil de Arma de Fuego, en la Avenida Carabobo, Municipio San Cristóbal, cuya causa es conocida por la Fiscalía 4ta. del estado Táchira, la cual practicó las siguientes diligencias de investigación: protocolo de autopsia en que se colectó proyectil .32, inspección técnica del sitio, trayectoria balística, planimetría, fijación fotográfica, múltiples entrevistas, telefonía y solicitud de videos de las cámaras de seguridad en las oficinas comerciales aledañas al lugar del suceso, actualmente dicha causa se encuentra en Fase Preparatoria.
Jhon Rafael Castillo Castillo, (23 años), se trata de un funcionario de la GNB que murió en fecha 19-03-2014, por herida causada por proyectil de Arma de Fuego, en la Avenida Ferrero Tamayo, cuya investigación es conocida por la Fiscalía 4ta. del estado Táchira, la cual practicó las siguientes diligencias de investigación: inspección técnica y fijación fotográfica del cadáver, protocolo de autopsia, múltiples entrevistas, inspección técnica, fijación fotográfica del sitio del suceso, levantamiento planimétrico, trayectoria balística y análisis de video, fueron solicitadas cinco (05) órdenes de Allanamiento y experticia telefónica, actualmente dicha causa se encuentra en Fase de Investigación.
Wilfredo Geovanny Rey Jaimes (32 años), falleció en fecha 22-03-2014, por herida causada por proyectil de Arma de Fuego, en la Avenida 19 De Abril, diagonal a la emisora 97.7 San Cristóbal, cuya investigación es conocida por la Fiscalía 4ta del estado Táchira, la cual practicó las siguientes diligencias de investigación: inspección técnica del sitio del suceso y del cadáver, protocolo de autopsia, trayectoria balística, levantamiento planimétrico, comparación balística, inspección técnica del vehículo involucrado, experticia hematológica y múltiples entrevistas, experticia en materia telefónica, actualmente dicha causa se encuentra en Fase de Investigación.
Franklin Alberto Romero Moncada (44 años), falleció en fecha 28-03-2014, presuntamente al recibir descarga eléctrica mientras se encontraban recogiendo escombros en la calle, en la Avenida Principal de Porineos Empalme Vial Quinimari, Municipio San Cristóbal, cuya investigación es conocida por la Fiscalía 4ta del estado Táchira, la cual practicó las siguientes diligencias de investigación: inspección técnica del sitio del suceso y del cadáver, protocolo de autopsia, fijación fotográfica, múltiples, entrevistas, levantamiento planimétrico, reconocimiento legal de objetos incautados y telefonía, encontrándose dicha causa en Fase de Investigación.
Casos del estado Zulia
Jonatan Enrique Martínez: Falleció el 08-03-14 por golpe de una valla publicitaria que fue presuntamente derribada por varias personas en avenida 16 Goajira, Sector Ziruma, de la ciudad de Maracaibo, conoce la Fiscalía 11 del estado Zulia, entre las diligencias más destacadas se encuentran: Inspección técnica del sitio del suceso, protocolo de autopsia, experticia de siniestro a la estructura metálica (valla publicitaria), análisis de lofoscopia, múltiples entrevistas, solicitud de videos de las cámaras del 171. Se remitió a la Unidad Técnico Científica, encontrándose actualmente en Fase de Investigación.
Roberto Luis Annese Gorin: Falleció el 29-03-2014 tras manipular un aparato explosivo denominado mortero en la Urbanización El Naranjal, Calle 51c, Frente a la Casa 15j-1-11, Parroquia Juana de Ávila. El hecho está siendo investigado por la Fiscalía 11 del Ministerio Público del Zulia las diligencias se encuentran: Experticias hematológicas, inspección técnica al cadáver y sitio del suceso, protocolo de autopsia, múltiples entrevistas. Se remitió a la Unidad Técnico Científico. La causa está en Fase Preparatoria.
Josue Emmanuel Farias Sánchez: Falleció el 22-06-2014 a raíz de una herida producida por el paso de una metra de cristal disparada por arma de fuego de fabricación casera, hecho ocurrido en fecha 29-05-2014, el Fiscal 4 del estado Zulia se encuentra investigando, y entre las diligencias practicadas están: Experticias de las evidencias, Reconocimiento Médico Legal, Protocolo de Autopsia, Barrido, Inspección Técnica del Sitio del Suceso. Continuando en Fase Preparatoria.

References: artículo 6
 artículo 15
 resolución 
 artículo 14
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 10
 resolución 
 artículo 13
 artículo 44
 artículo 10
 artículo 18
 artículo 254
 artículo 253
 artículo 25
 artículo 255
 resolución