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Timestamp: 2018-11-13 18:08:54+00:00

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47. Modificaciones del régimen de prescripción y su interrupción | Cuadernos de Política Fiscal
47. Modificaciones del régimen de prescripción y su interrupción
Son varias las modificaciones que afectan a la prescripción y a las causas de interrupción de la misma, con las que el proyecto de ley varía las redacciones de los artículos 67.2 y 68.1, 7 y 8 de la LGT.
Por lo que se refiere al cómputo de la prescripción, la nueva redacción del artículo 67.2 de la LGT no plantea objeciones, acomodándose a la teoría de la actio nata, al aclarar que cuando los hechos constitutivos de la responsabilidad se produzcan con posterioridad a la finalización del plazo para el pago voluntario, el plazo de prescripción se iniciará a partir del momento en que los hechos determinantes de la responsabilidad hubieran tenido lugar [vid. SÁNCHEZ PEDROCHE: “Primeras y preocupantes impresiones…”, cit., p. 106].
La redacción propuesta del artículo 67.2 de la LGT es la siguiente:
«2. El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios comenzará a contarse desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en período voluntario del deudor principal.
El artículo 68 de la LGT fue objeto de una modificación reciente, introducida por el RDLey 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
Con efectos de 1 de enero de 2012, la Disposición Final Primera.Uno.10 añadió un nuevo apartado 5 del artículo 68 de la LGT (renumerando el anterior 5 y siguientes), con la siguiente redacción: “5. Las actuaciones a las que se refieren los apartados anteriores y las de naturaleza análoga producirán los efectos interruptivos de la prescripción cuando se realicen en otro Estado en el marco de la asistencia mutua, aun cuando dichos actos no produzcan efectos interruptivos semejantes en el Estado en el que materialmente se realicen”.
Ese mismo precepto, experimenta ahora tres nuevas variaciones orientadas a impedir que computen plazos de prescripción durante el tiempo en que no puede reprocharse a la Administración su inactividad en el ejercicio de sus derechos [vid. el Informe de la AEDAF, cit., p. 24].
La primera se justifica para clarificar “el régimen jurídico que regula la interrupción del cómputo del plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación respecto de determinadas obligaciones tributarias cuando la acción de la Administración se dirija originariamente respecto de otra obligación tributaria distinta como consecuencia de la presentación de una declaración incorrecta por parte del obligado tributario”.
La redacción que se propone del artículo 68.1 de la LGT es la siguiente:
El cambio que se pretende introducir en el artículo 68.1.a) de la LGT promueve que las actuaciones de la Administración tributaria, realizadas con conocimiento formal del obligado tributario, conducentes al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda, interrumpan el plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta como consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario.
No parece conveniente esta forma de resolver la falta de puntería de la Administración, aunque su error venga motivado en una incorrecta declaración del obligado tributario, puesto que, aparte de las imprecisiones de la norma —¿cualquier incorrección de la declaración va a permitir ese resultado o debe tratarse de errores evidentes que no precisen de complejas interpretaciones?, es algo que el precepto no aclara [en el Informe de la AEDAF, cit., p. 25. se formulan otras preguntas más: ¿se refiere la incorrección a algún elemento o al conjunto de la obligación tributaria? Y, si se advierte que se declaró una obligación tributaria de forma incorrecta, y la obligación correcta no es una sino varias, ¿se produce la interrupción solamente respecto a una de las correctas o a todas ellas?]—, que introducen importantes elementos de inseguridad jurídica, se está confrontando abiertamente la línea interpretativa jurisprudencial [la reciente STS de 17 de mayo de 2012 (Rec. 1712/2008), FJ 4.º recuerda que “sólo interrumpe el plazo de prescripción la actividad administrativa en la que concurran las siguientes notas: 1ª) actividad real dirigida a la finalidad de la liquidación o recaudación de la deuda tributaria; 2ª) que sea jurídicamente válida; 3ª) notificada al sujeto pasivo; 4ª) y precisa en relación con el concepto impositivo de que se trata”, según la doctrina expuesta previamente en las SSTS de 22 de diciembre de 2008 (Rec. 4080/2006), de 6 de abril de 2009 (Rec. 5678/2003) y de 19 de julio de 2010 (Rec. 3433/2006), remarcando que “sólo son susceptibles de interrumpir la prescripción los actos tendencialmente ordenados a iniciar o a proseguir los respectivos procedimientos administrativos o que, sin responder a la mera finalidad de interrumpir la prescripción, contribuyan efectivamente a la liquidación, la recaudación o la imposición de sanción en el marco del impuesto de que se trate”. Vid. también las SSTS de 11 de febrero de 2002 (Rec. 7625/96), 29 de junio de 2002 (Rec. 3676/97), 17 de marzo de 2008 (Rec. 5697/03), 28 de abril de 2008 (Rec. 7719/02), 23 de junio de 2008 (Rec. 1514/03), 13 de noviembre de 2008 (Rec. 5442/04), 16 de julio de 2009 (Rec. 1627/2003), y de 24 de noviembre de 2011 (Rec. 578/2009)] que restringe la interrupción de la prescripción a las obligaciones concretamente afectadas por las actuaciones administrativas [vid. FALCÓN Y TELLA, Ramón: “La reanudación de actuaciones tras su interrupción injustificada o el transcurso del plazo máximo de doce meses”, en Quincena Fiscal, n.º 22, 2011, p. 9]; pudiendo pretenderse su proyección también sobre la extensión y alcance de los procedimientos de comprobación, lo que traería consecuencias en la interrupción injustificada de las actuaciones administrativas con incidencia en el cómputo del plazo de prescripción; situando, además, en peor condición al obligado que presentó una declaración incorrecta frente al que lisa y llanamente optó por no declarar, ya que esta última situación no aparece contemplada por el proyecto [sigo el Informe de la AEDAF, cit., pp. 24-25].
Como han destacado los comentaristas de los cambios que reflejaba el anteproyecto, y que se mantienen en el proyecto de ley, el redactor de la norma parece están pensando en las actuaciones giradas en relación a tributos incompatibles —fundamentalmente entre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y el Impuesto sobre el Valor Añadido, aunque pueda darse también en los impuestos personales sobre la renta (IRPF, IS, IRNR)—, en los que el efecto interruptivo del plazo de prescripción sobre un tributo podría venir dada tras una actuación de comprobación en la que se detecta la incorrección de la declaración por otro tributo distinto y previamente presentada por el obligado [en el Informe de la AEDAF, cit., p. 25, se pone como ejemplo una comprobación de valores por Actos Jurídicos Documentados de una operación de venta de inmueble sujeta y no exenta, a priori, al Impuesto sobre el Valor Añadido, en la que la Administración liquida y posteriormente se inicia otro procedimiento en el que se pretende liquidar por Transmisiones Patrimoniales Onerosas. También SÁNCHEZ PEDROCHE: “Primeras y preocupantes impresiones…”, cit., p. 107, se refiere a la posibilidad de que una citación para comprobar el IVA pueda acabar con una liquidación de TPO, destacando los problemas técnicos —por las competencias de órganos distintos (al estar cedido TPO a las Comunidades Autónomas, mientras que el IVA es tributo gestionado por el Estado) y los distintos destinatarios de los procedimientos, por la condición de sujeto pasivo en dichos tributos— y que con la excusa de luchar contra el fraude, suponga un verdadero atropello a la seguridad jurídica].
La variación propuesta en el artículo 68.7 de la LGT quiere hacer coincidir, en los casos en que se haya interrumpido el plazo de prescripción por la declaración de concurso del deudor, el momento de reinicio de aquél con el de la recuperación de las facultades de autotutela ejecutiva de la Administración.
En este caso, la inactividad administrativa se originó por circunstancias exógenas a su propio comportamiento y parece razonable que al adquirir firmeza la resolución judicial por la que se concluya el concurso vuelva a iniciarse el cómputo del plazo de prescripción; lo que también sucederá cuando se apruebe un convenio, para las deudas tributarias no sometidas al mismo.
La redacción que se propone del artículo 68.7 de la LGT es la siguiente:
«7. Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la interposición del recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por el ejercicio de acciones civiles o penales, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción competente o la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal o por la recepción de una comunicación judicial de paralización del procedimiento, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando la Administración tri- butaria reciba la notificación de la resolución firme que ponga fin al proceso judicial o que levante la paralización, o cuando se reciba la notificación del Ministerio Fiscal devolviendo el expediente.
La última de las modificaciones se refiere al artículo 68.8 de la LGT, justificándose en la exposición de motivos del proyecto para aclarar “los efectos de la suspensión del cómputo del plazo de prescripción por litigio, concurso y otras causas legales, explicitando que los efectos de dicha suspensión se extienden a todos los obligados tributarios”.
La medida se refiere a la suspensión del plazo de prescripción del derecho a exigir el pago de las deudas tributarias por litigio, concurso u otras causas legales, pretendiendo que los efectos sobre el obligado en que se den estas circunstancias, se extiendan al resto de sujetos solidariamente obligados al pago, incluido el deudor principal, sin perjuicio de que frente a los mismos puedan continuar las acciones de cobro que procedan [FALCÓN Y TELLA: “El anteproyecto de ley de intensificación…”, cit., pp. 12-13, opina que lo que se produce en realidad es una interrupción de la prescripción que debería implicar la supresión del párrafo segundo del artículo 67.2 de la LGT, en lugar de modificarlo, introduciendo en los apartados 1 y 2 del artículo 68 una nueva letra d) que contemplase esa interrupción por la producción de un presupuesto de hecho determinante de la responsabilidad solidaria frente a la obligación].
La redacción que se propone del artículo 68.8 de la LGT es la siguiente:
«8. Interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los demás obligados, incluidos los responsables. No obstante, si la obligación es mancomunada y sólo se reclama a uno de los obligados tributarios la parte que le corresponde, el plazo no se interrumpe para los demás.
La filosofía de la medida casa con la tutela del interés administrativo que informa otras variaciones expuestas en este mismo precepto, sin que existan motivos que justifiquen la pretendida extensión de la suspensión de unos procedimientos de recaudación a otros, relajando los plazos de prescripción para el ejercicio del derecho de cobro de la Administración [como se sugiere en el Informe de la AEDAF, cit., p. 26, si lo que se pretende es extender la suspensión del cómputo del plazo de prescripción de un derecho a otros derechos que estuvieran condicionados por el primero (como sería el caso en que la causa de suspensión concurriera en el deudor principal y ello condicionara la realización de actuaciones de cobro sobre otros deudores que sólo pueden ser llamados con posterioridad a determinadas fases del procedimiento recaudatorio seguido respecto del deudor principal), ello debería ser objeto de una nueva redacción que aclarase los supuestos concretos en que las actuaciones suspensivas de un procedimiento recaudatorio proyectan sus efectos sobre otros procedimientos recaudatorios].
La interconexión de procedimientos infringe la seguridad jurídica a la que debe servir la prescripción, pudiendo provocar indefensiones del deudor principal o responsables afectados por una suspensión cuyas circunstancias determinantes, invocadas por la Administración, probablemente desconozcan, limitando el pleno ejercicio de sus garantías [vid. SÁNCHEZ PEDROCHE: “Primeras y preocupantes impresiones…”, cit., pp. 107-108].
Etiquetado: interrupción de la prescripción, prescripción tributaria
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