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Timestamp: 2019-12-11 17:18:04+00:00

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Sentencia por inmisiones ruidosas y vibraciones
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Vistos por mí, , los presentes autos de juicio ordinario en el que han sido parte como demandantes D así como los hijos menores de edad de ambos, , representados todos ellos por el Procurador D. y asistidos por el Letrado D. y como demandada representada por la Procuradora Dña.
Con fech se presentó por el Procurador D. en nombre y representación de D. J y los hijos menores de ambos, demanda de juicio ordinario frente a basando dicha demanda en los hechos y fundamentos que en la misma se exponen.
Admitida a trámite la demanda por decreto de , se dio traslado de la misma a la demandada. Por escrito de la demandada contestó en los términos expuestos en tal escrito. Una vez contestada la demanda, por decreto de se convocó a las partes al acto de la audiencia previa para el día 6
Abierto el acto de la audiencia previa, comparecieron las partes en la forma arriba expuesta, afirmándose y ratificándose las partes en sus respectivos escritos, fijándose los hechos controvertidos y proponiéndose la siguiente prueba:
Interrogatorio del representante legal de la demandada.
Documental aportada con la demanda.
Más documental aportada en el acto en los términos indicados.
Testifical de
Pericial de D.
Por la demandada:
Documental aportada.
Testifical de A………….
B.- Policías Locales de
C.-TESTIGOS PERITOS
Toda la prueba propuesta fue admitida, citándose a las partes para el acto del juicio para el día
V- Abierto el acto del juicio, comparecieron las partes en la forma arriba indicada y se practicó la prueba propuesta, salvo la testifical de
VI- En la tramitación de este procedimiento se han observado y cumplido los preceptos legales de general y pertinente aplicación, excepto los relativos a los plazos, dada la carga de trabajo de este Juzgado y la complejidad presentada por el asunto que ha dilatado la labor de estudio del mismo.
VII- A la luz de la prueba practicada, se declara probado que la actividad ejercida por Estudio genera inmisiones ruidosas y vibraciones en la vivienda que ocupa y los hijos de estos, alcanzando mayor intensidad estas inmisiones en los momentos en que entra en funcionamiento una máquina denominada airdata.
PRIMERO- Antes de comenzar el análisis del fondo del asunto, deben hacerse dos precisiones: la parte actora a la hora de fijar los hechos controvertidos señaló que puesto que la demandada no había contestado a la acción de responsabilidad extracontractual, debía entenderse que había una admisión tácita de la misma, indicando la demandada que puesto que se partía de que el ruido emitido por las máquinas estaba dentro de los límites reglamentarios, ninguna molestia se generaba a los actores, por lo que no podía existir ni perjuicio ni daño, de forma que no se daban los presupuestos de la responsabilidad reclamadas.
La segunda precisión es la relativa a las acciones ejercitadas por los demandantes, dado que por un lado se reclama el cese de las inmisiones ruidosas tomando como base los arts. 348, 590 y 1908 del del Código Civil (en adelante, CC) y por otro lado, se hace referencia a la acción de responsabilidad extracontractual del art.1902 CC. Ahora bien el art.1908 CC no deja de ser una especifidad dentro del ámbito de la responsabilidad extracontractual y por otro lado, no podemos olvidar que la base de las dos acciones ejercitadas, como se ha señalado en el párrafo anterior, es la existencia de las molestias.
Realizadas las anteriores precisiones, debemos entrar a analizar el fondo del asunto. Como ya se ha señalado, la parte actora ejercita dos acciones: una la relativa al cese de las inmisiones ruidosas, que se concreta en la petición del suplico en la que se pide que se declare la existencia de la inmisión y que se condene a la demandada a cesar en su actividad hasta tanto no tome las medidas precisas para evitar las inmisiones, cuya efectividad habrá de ser comprobada mediante la realización de la correspondiente pericial. La otra acción ejercitada es la de responsabilidad extracontractual, partiendo del art. 1902 CC que da pie a la reclamación de cantidad que compone la segunda parte del suplico de la demanda. Ante las reclamaciones de la actora, la demandada en su contestación expone que pese a las denuncias presentadas por los mismos actores ante el Ayuntamiento, ha sido este el que ha realizado las correspondientes mediciones, sin que nunca se haya llegado a sancionar a Estudio, por lo que se niega que existan las inmisiones que sirven de base a la reclamación de los actores.
SEGUNDO- A la vista de las alegaciones de las partes, debemos en primer lugar, partir de una premisa: el hecho de que una actividad cuente con licencia municipal, no excluye que se puedan producir inmisiones de forma que de existir las mismas puede reclamarse tanto su cese como las indemnizaciones correspondientes por las molestias padecidas. Así lo viene reconociendo la Jurisprudencia que ha estudiado casos análogos al que nos ocupa:
“…dándose la responsabilidad extracontractual del art. 1902 del mismo Cuerpo legal cuando se ocasiona un daño, siendo aplicable analógicamente el citado art. 1908 a inmisiones como ruidos y olores y cabiendo también tener en cuenta la doctrina del abuso del derecho incorporada al art. 7 CC ; 5) según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el acatamiento y la observancia de las normas administrativas no exoneran de responsabilidad al causante de las inmisiones , y “los reglamentos no alteran la responsabilidad de quienes los cumplen, cuando las medidas de seguridad y garantía se muestran insuficientes en realidad para evitar eventos lesivos”, lo que a su vez debe ponerse en relación con la tendencia hacia una apreciación más objetiva de la responsabilidad extracontractual; 6) como principales exponentes de la doctrina jurisprudencial en la materia de que se trata cabe citar las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 1987 y 29 de abril de 2003…
…10) los informes acompañados con la demanda, debidamente ratificados por sus autores,”confirman las inmisiones que soportan las viviendas, procedentes sobre todo del ruido que produce la maquinaria de corte, que se encuentra al aire libre, así como el transporte de los bloques de mármol y el vertido de los residuos, destacándose en dichos documentos que los niveles de ruidos superan notablemente, tanto en horario diurno como nocturno, los niveles permitidos por la ordenanza municipal, siendo menor la afectación por vibraciones, que se constató sólo en una vivienda, conclusiones que a juicio de la Sala no se ven desvirtuadas por las conclusiones del informe aportado por las mercantiles demandadas que intenta, sin éxito, atribuir los ruidos a la proximidad de una carretera”; 11) “en la actualidad no se discute que las molestias generales por la percepción de inmisiones acústicas superiores a los niveles de tolerancia constituyen un daño moral extrapatrimonial indemnizable”; 12) la cuantificación del daño moral por ruidos molestos es compleja…” (STS, Sala de lo Civil, secc. 1ª, sent. núm. 889/2010 de 12 enero).
“Especialistas de la doctrina científica han destacado cómo ya las sentencias del Tribunal Supremo de 9 de abril de 1866 y 12 de mayo de 1891 rechazaron, en el ámbito del Derecho civil, el principio o teoría de la denominada “pre-ocupación”, en virtud de la cual se negaba la indemnización por actividad contaminante a quien se estableciera en el lugar después de haberse iniciado tal actividad. Aunque en el siglo XIX no se hubiera acuñado todavía ese término, lo cierto es que la sentencia de 1866 rechazó la aplicabilidad al caso de la Ley 22, título 8, partida 5, a favor de una compañía minera demandada por humos y vertidos perjudiciales para la finca y ganado del vecino, razonando que la adquisición de la dehesa por el perjudicado después de haberse iniciado parte de la actividad minera no suponía consentimiento de los perjuicios ni renuncia a reclamar por ellos; y la sentencia de 1891 negó que constituyera enriquecimiento injusto la pretensión indemnizatoria de quien había construido cerca de una escombrera perteneciente a una compañía de ferrocarriles, la cual acabó derrumbándose y causando daños a la construcción del demandante. Y como quiera que en el siglo XX fueron frecuentes los pronunciamientos del orden jurisdiccional civil que satisfacían las pretensiones de quienes se consideraban perjudicados por actividades contaminantes, existe hoy una importante corriente en la doctrina científica que propugna una potenciación de la vía civil como especialmente idónea para la tutela de los intereses medioambientales, a partir de la idea de que hasta ahora está infrautilizada sobre todo en la vertiente preventiva.
En la jurisprudencia de esta Sala es de cita obligada la sentencia de 12 de diciembre de 1980, sobre contaminación producida por las emanaciones de una central termoeléctrica que dañaban la vegetación de la zona. Tras examinar el Derecho comparado de la época y citar también la Ley 367 de la Compilación de Derecho Privado Foral de Navarra , esta sentencia declara que “si bien el Código Civil no contiene una norma general prohibitoria de toda inmisión perjudicial o nociva, la doctrina de esta Sala y la científica entienden que puede ser inducida de una adecuada interpretación de la responsabilidad extracontractual impuesta por el artículo 1902 de dicho Cuerpo legal y en la exigencia de una correcta vecindad y comportamiento según los dictados de la buena fe que se obtienen por generalización analógica de los artículos 590 y 1908, pues regla fundamental es que ‘la propiedad no puede llegar más allá de lo que el respeto al vecino determina'”. Más adelante puntualiza que “el ordenamiento jurídico no puede permitir que una forma concreta de actividad económica, por el solo hecho de representar un interés social, disfrute de un régimen tan singular que se le autorice para suprimir o menoscabar, sin el justo contravalor, los derechos de los particulares, antes por el contrario el interés público de una industria no contradice la obligación de proceder a todas las instalaciones precisas para evitar los daños, acudiendo a los medios que la técnica imponga para eliminar las inmisiones, como tampoco excluye la justa exigencia de resarcir el quebrantamiento patrimonial ocasionado a los propietarios de los predios vecinos, indemnización debida prescindiendo de toda idea de culpa por tratarse de responsabilidad con nota objetiva”. Y luego de considerar muy claro que el perjudicado también puede instar la cesación de la actividad lesiva, citándose a tal efecto como precedentes las sentencias de esta Sala de 28 de junio de 1913, 24 de febrero 1928, 23 de diciembre de 1952, 5 de abril de 1960 y 14 de mayo de 1963, aborda la cuestión nuclear de si la autorización administrativa de la actividad excluiría el conocimiento de la materia por el orden civil, concluyendo al respecto, con cita de la categórica sentencia de 19 de febrero de 1971, que “una cosa es el permiso de instalación de una industria con la indicación de los elementos que deben ser para evitar daños y peligros, cometido propio de la administración, y otra bien distinta que cuando por no cumplir los requisitos ordenados o porque los elementos empleados sean deficientes o adolezcan de insuficiencia, se produce un daño en la propiedad de tercero y se sigue un conflicto, su conocimiento competa a los órganos de la jurisdicción civil”.
Avanzando en la misma línea, la sentencia de 16 de enero de 1989, sobre un caso de contaminación de una industria siderúrgica que afectaba a las fincas y viviendas de los demandantes, así como al ganado vacuno de la zona, declaró rotundamente que “el acatamiento y observancia de las normas administrativas no colocan al obligado al abrigo de la correspondiente acción civil de los perjudicados o interesados en orden a sus derechos subjetivos lesionados, puesto que si aquellos contemplan intereses públicos sociales, ésta resguarda el interés privado exigiendo, en todo caso, el resarcimiento del daño y en su caso la adopción de medidas para evitarlo o ponerle fin”. En idéntico sentido se pronunciaron las sentencias de 24 de mayo de 1993 (recurso núm. 3096/90), 7 de abril de 1997 (recurso núm. 1184/93) y 16 de enero de 2002 (recurso núm. 2355/97): la primera de ellas, sobre un caso de emanaciones tóxicas de una fábrica de aluminio, declaró que no bastaba haber cumplido los reglamentos para exonerarse de responsabilidad civil, añadiéndose a este argumento que el artículo 1908 del Código Civil configura una responsabilidad de claro matiz objetivo; la segunda, sobre un caso de emanaciones tóxicas de una fábrica de productos químicos, reiteró los dos argumentos de la anterior; y la tercera, en fin, sobre un caso de mortandad de truchas en una piscifactoría por elevación de la temperatura del agua a causa de la utilización del caudal del río para la refrigeración de una central nuclear, examinándose al respecto el conflicto entre las concesiones administrativas de las dos empresas litigantes, resolvió que “por el solo hecho de resultar concesionaria preexistente” nada autorizaba a la titular de la central nuclear “a hacer un uso dañoso de la concesión”.
Ya específicamente sobre contaminación acústica o por ruidos, la sentencia de 29 de abril de 2003 (recurso núm. 2527/97) hace una recepción expresa de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, considera luego que la referencia a los “humos excesivos” en el ordinal 2º del artículo 1908 del Código Civil “es fácilmente transmutable, sin forzar las razones de analogía, a los ruidos excesivos, todo ello en el marco de las posibles conexiones con el artículo 590 del Código Civil” y, finalmente, reitera una vez más la doctrina de la Sala al afirmar que “los ruidos desaforados y persistentes, aunque éstos procedan en principio del desarrollo de actividades lícitas”, dejan de ser admisibles “cuando se traspasan determinados límites”; que “la autorización administrativa de una industria no es de suyo bastante para entender que fue otorgada ponderando un justo y equitativo equilibrio entre el interés general y los derechos de los afectados”; y en fin, que por “la conocida preexistencia de la vivienda” del actor, “incumbía tanto a la corporación como a la propia empresa la obligación de reducir los ruidos a un nivel soportable o tolerable”.
Después, la sentencia de 28 de enero de 2004 (recurso núm. 882/98), mediante una interpretación del artículo 1908 del Código Civil de acuerdo con el artículo 45.1 de la Constitución, extendería la formulación de aquel precepto “a las inmisiones intolerables y al medio ambiente”; consideraría que no era misión del Derecho civil la protección del medio ambiente en abstracto pero sí la “protección específica a derechos subjetivos patrimoniales” frente a agresiones de carácter medioambiental; y en fin, reiteraría una vez más tanto la doctrina de que “el cumplimiento de normativa reglamentaria no impide la apreciación de responsabilidad cuando concurre la realidad del daño causado por la persona física o jurídica” como la relativa al carácter objetivo de la responsabilidad contemplada en el artículo 1908 del Código Civil, todo ello en relación con un caso de daños a los propietarios de fincas y de cabezas de ganado por una intensa contaminación por fluorosis.
Por lo que se refiere a la legislación, la de naturaleza predominantemente administrativa ha proliferado de un tiempo a esta parte tanto en el ámbito local y autonómico como en el estatal y comunitario. Si se acota específicamente la relativa fundamentalmente al ruido, en el ámbito autonómico cabe citar a título de ejemplo, como pioneras, la Ley de Galicia 7/1997, de 11 de agosto, de Protección contra la Contaminación Acústica, y la Ley del País Vasco 3/1998, de 27 de febrero, de Protección del Medio Ambiente, con un artículo 32 titulado “Acciones en materia de ruidos y vibraciones”; como dictada teniendo en cuenta ya el Derecho comunitario, la Ley de Cataluña 16/2002, de 28 de junio, de Protección contra la Contaminación Acústica, una de cuyas particularidades es extender su aplicación a las actividades derivadas de las relaciones de vecindad pese a que éstas queden excluidas de la Directiva comunitaria de 2002 ; y como más reciente, la Ley de Baleares 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acustíca. Dedicada realmente a los ruidos de un determinado origen, la Ley de la Comunidad de Madrid 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la calle, y la Ley de Andalucía 7/2006, de 24 de octubre, aborda más directamente el mismo problema social al titularse “sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía”. En el ámbito comunitario se optó en un principio por abordar sectores específicos, dedicando un número considerable de Directivas a aproximar las legislaciones de los Estados miembros para el control y limitación de los ruidos procedentes de distintas fuentes (p. ej. las Directivas 70/157/CEE sobre vehículos de motor, 77/311/CEE sobre tractores, 80/51/CEE sobre aeronaves subsónicas, 92/61/CEE sobre vehículos de dos o tres ruedas y 2000/14/CEE sobre máquinas de uso al aire libre). Pero tras adoptarse una perspectiva más ambiciosa con la publicación del Libro Verde sobre política futura de lucha contra el ruido, se promulgó la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, cuyo artículo 3 define el “ruido ambiental” como “el sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas, incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos de actividades industriales”. Y en el ámbito estatal, la Ley 37/2003, del Ruido, ha transpuesto la Directiva comunitaria al derecho interno español no sin suscitar algunas críticas doctrinales por poner demasiado el acento en el número de decibelios.
Tampoco han faltado normas autonómicas de protección del paisaje. Así, la Ley 3/2995, de 20 de abril, de protección del medio nocturno de las Illes Balears, declara como la primera de sus finalidades “mantener al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas, en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general” (art. 2.a) si bien excluye de su ámbito de aplicación, entre otras, las instalaciones ferroviarias (art. 3.a); y la Ley de Cataluña 8/2005, de 8 de junio , de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje, dictada en adhesión al Convenio europeo del paisaje, aprobado por el Consejo de Europa el 20 de octubre de 2000, define el paisaje como “cualquier parte del territorio, tal y como la colectividad la percibe, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales o humanos y de sus interrelaciones”, y contiene una regulación predominantemente orientada a la actuación de los poderes públicos sobre el paisaje.
Las normas puramente civiles aplicables en materia de inmisiones dañosas han mantenido, en cambio, una notable estabilidad. A la permanencia durante más de un siglo de los artículos 590, 1902 y 1908 del Código Civil, y a la bastante menos añeja del artículo 7 del mismo Cuerpo legal, cuyo texto se incorpora en el año 1974 aunque plasmando normativamente una constante jurisprudencia de esta Sala desarrollada a partir de los años 40, se une en los Derechos civiles forales y especiales la Ley 367.a) del Fuero Nuevo de Navarra , del año 1973, que como principio general sienta el de que “los propietarios u otros usuarios de inmuebles no pueden causar riesgo a sus vecinos ni más incomodidad que la que pueda resultar del uso razonable de su derecho, habida cuenta de las necesidades de cada finca, el uso del lugar y la equidad” (STS, Sala de lo Civil, secc. 1ª, sent. núm. 589/2007 de 31 mayo).
“Alega la recurrente que tiene derecho a la instalación de aparatos de aire acondicionado, ya que tal derecho le fue válidamente concedido por la totalidad de los propietarios del inmueble, por lo cual, con independencia de que hace más de tres años los aparatos de la recurrente no están en funcionamiento, solicita se declare de forma expresa su derecho, en abstracto, a la instalación de dichos aparatos.
El recurso debe ser desestimado en este aspecto, en primer lugar porque el consentimiento al que alude la recurrente le fue concedido a la entidad Gilgo (documentos 2 a 18 de la contestación, folios 168 y siguientes), con lo cual dicha autorización no se puede entender que comprenda la autorización de instalación con respecto al recurrente, lo cual ya es motivo para desestimar tal aspecto del recurso.
A igual conclusión se llega si se tiene en cuenta que el hecho de que se autorice la instalación de un aparato de aire acondicionado no implica el que se autorice con ello el que el funcionamiento de dicho aparato ocasione molestias al propietario que da su autorización, máxime cuando, como acontece en el presente supuesto, el ruido que generan los aparatos instalados supera el margen establecido a tal efecto por la normativa. Debe tenerse en cuenta que si se entendiese que la instalación de un aparato de aire acondicionado implica también la autorización para provocar inmisiones por ruido en los pisos de los propietarios que dieron su consentimiento, sería tanto como considerar que éstos, mediante dicha autorización, han renunciado a su derecho a poder gozar y disfrutar plenamente de su vivienda, dicho de otro modo supondría que han aceptado una limitación a su derecho de propiedad, ya que el derecho de propiedad implica el pleno uso y disfrute del bien objeto del mismo sin otros límites que los marcados por la ley (artículo 348 del Código civil ), por lo cual en definitiva la hipótesis de que la autorización de una instalación de aire acondicionado implica la autorización a que dicho aparato de aire acondicionado genere molestias en el piso o local del propietario que ha prestado su consentimiento, supone entender que éste ha renunciado a su derecho a evitar dichas molestias, siendo constante la doctrina del Tribunal Supremo que señala que la renuncia a los derechos tiene que ser expresa (Ver STS de 31-10-1996 , 19-12-1997 11-10-2001 y 01-04-1993 , entre otras muchas) y por ello y dado que en modo alguno consta ni se desprende de lo actuado que la autorización concedida, además a otra entidad, implicase aceptación por parte de los propietarios que prestaron sus consentimientos, y en concreto el propietario del piso de la actora, para que el funcionamiento de dichos aparatos produjese molestias en sus respectivos inmuebles, debe entenderse que desde el momento en que existen dichas molestias provocadas por el nivel de ruido que – como se indicará en el siguiente fundamento – superan incluso el nivel establecido en la Ordenanza Municipal, el consentimiento prestado no implica la aceptación y consiguiente autorización de las inmisiones por ruido que generan los aparatos de aire acondicionado” (SAP Madrid, secc. 12ª, sent. núm. 413/2010 de 16 junio).
“Planteado el debate en los términos expresados, debe quedar claro de entrada que recae sobre quien es demandante la carga de acreditar probatoriamente en el curso del proceso ordinario entablado de que la actividad desarrollada por el demandado es molesta, debiendo ofrecerse adecuada y cumplida prueba al respecto, todo ello en observancia del principio de carga de la prueba prevista en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil – SSAP de Alicante, secc. 5ª, de 2 de enero de 2009 , de Asturias de 29 de enero de 2004, de Barcelona, secc. 13ª, de 16 de noviembre de 2004, de Guadalajara de 1 de octubre de 2003, de Granada, secc. 4ª, de 15 de febrero de 2008, de Las Palmas, secc. 4ª, de 4 de diciembre de 2007, de Madrid, secc. 19ª, de 23 de abril de 2004, de Pontevedra, secc. 2ª, de 25 de abril de 2002, secc. 3ª, de 28 de abril de 2006 y secc. 6ª, de 19 de febrero de 2009, y de Valladolid, secc. 1ª, de 21 de septiembre de 2001, señalando la SAP de Santa Cruz de Tenerife, secc. 4ª, de 20 de mayo de 2002 “es posible que el local lleve a cabo una actividad con un nivel de ruidos realmente molesto, pero es preciso demostrarlo …”-, pues la calificación de una determinada actividad como incómodo o molesta, no ha de hacerse apriorísticamente y sólo por las características generales de la misma, pues ésta es competencia de la Administración Municipal, responsable de las licencias de apertura y del seguimiento del desarrollo de la actividad, debiendo atenderse más bien al modo de realizarla en cada caso concreto y a la posición contumaz del agente ante las advertencias que le hayan sido hechas, de ahí que la determinación de si una determinada actividad es molesta o incómoda, corresponde a los tribunales en cada caso, lo que constituye una situación de hecho proveniente del uso de la cosa, de lo que se infiere que el cumplimiento de formalidades administrativas para la instalación no puede paliar el ejercicio de la acción de cesación en cuanto afecta al orden civil, de manera que ya se ejercite la acción al amparo de lo dispuesto en el artículo 1902 ó 1908.2 del Código Civil , como lo ha sido en el caso que nos ocupa, ya en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, la responsabilidad cobra un carácter marcadamente objetivo, sin que el mero cumplimiento de las disposiciones reglamentarias sea prueba de la diligencia exigible, sino que, antes bien, la falta de resultado positivo de las medidas que en evitación del daño se hubieran adoptado revela de por sí la insuficiencia de aquellas – SSTS de 14 de febrero de 1989, 4 de marzo y 3 de septiembre de 1992, 24 de mayo y 16 de julio de 1993, 7 de abril de 1997, 1 de junio de 1999 y 29 de abril de 2003, y SSAP de Asturias, secc. 1ª de 15 de marzo de 2005, de Badajoz secc. 3ª, de 25 de octubre de 2004, Cantabria, secc. 3ª de 7 de abril de 2005, de Guadalajara, secc. 1ª, de 31 de diciembre de 2003, de Madrid secc. 10ª de 15 de mayo de 2006, de Murcia, secc. 5ª, de 12 de diciembre de 2003 y de Valencia, secc. 7ª, de 22 de julio de 2005 -, pareciendo pues que la finalidad es de adaptación a la terminología empleada en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, desarrollado por Orden de 15 de marzo de 1963, lo que no significa, en modo alguno, que para determinar en la jurisdicción civil si una actividad es molesta sea necesario y suficiente con que sea una de las mencionadas en esas disposiciones administrativas y sean declaradas de esa manera por los organismos públicos competentes, pues, por el contrario, tiene declarado la jurisprudencia que la calificación de la actividad es un concepto de puro hecho, al margen y con independencia del alcance y significación que pudiera tener o dársele en la esfera administrativa y que el cumplimiento de formalidades administrativas no afecta a las consecuencias en el orden civil – SSTS de 22 de noviembre de 1960, 14 de febrero de 1989, 4 de marzo de 1992, 16 de julio y 28 de noviembre de 1993, expresando está última que “el cumplimiento de formalidades administrativas para la instalación de la industria no afecta a las consecuencias del mismo en el orden civil”, manteniendo en este sentido la SAP de Valladolid de 1 de marzo de 1972 que “tampoco es óbice que el industrial demandado instalara las máquinas con licencia del Ayuntamiento, porque la autorización administrativa no condiciona los derechos civiles, ni el respeto a la intimidad del hogar …”-, por lo que es perfectamente posible la realización de actividad probatoria tendente a lograr la inclusión de una determinada actividad dentro de cualesquiera de esas categorías aún cuando administrativamente no esté calificada como tal, como a la inversa, tratar de lograr que no se considere como tal pese a estarlo, aunque esta afirmación puede ser más teórica que real, de ahí que deba entenderse que la jurisdicción civil no es el campo hábil para debatir la validez o invalidez de las resoluciones administrativas- STS de 20 de marzo de 1989 -, no obstante lo cual, procede recordar como toda esta normativa sustantiva exige ser interpretada en forma restrictiva y rigurosa al limitar los derechos dominicales – SSTS de 31 de mayo y 25 de octubre de 1996 y AAPP de Barcelona de 18 de septiembre de 1980, Córdoba de 19 de noviembre de 1980 y Valladolid de 13 de octubre de 1995 -, siendo de sustancial importancia a la vista de lo hasta aquí expuesto quedar meridianamente claro que la existencia o no de licencia de actividad del negocio propiedad de quienes sean demandados, en modo alguno condiciona o vincula la resolución judicial a dictar, por cuanto que la regulación civil y administrativa responden a intereses distintos tutelados de manera diferente por el ordenamiento jurídico, de forma tal que la regulación de la actividad en relación a las normas administrativas en modo alguno será determinante del carácter supuestamente molesto que en orden a la actividad se presenta en el proceso judicial civil. Las autorizaciones administrativas de la actividad permite acreditar de principio acreditado el cumplimiento por la instalación y su emplazamiento de las disposiciones establecidas en interés general para su puesta en funcionamiento, pero en ningún caso alcanza a asegurar el normal desarrollo de la actividad licenciada, ni llega, desde luego, a legitimar las inmisiones nocivas o molestas que de él puedan derivarse en perjuicio de sus vecinos – SSAP de Las Palmas, secc. 4ª, de 24 de noviembre de 2006, de Pontevedra, secc. 6ª, de 19 de febrero de 2009, y de Sevilla, secc. 5ª, de 24 de septiembre de 2004 en la que se afirma contundentemente que “la jurisprudencia, en aplicación de las disposiciones […] relativas a las actividades molestas para los vecinos, se ha venido pronunciando de una manera reiterada por la autonomía del orden jurisdiccional civil, respecto de la reglamentación administrativa, en la fijación de la tolerancia debida por razones de vecindad a las inmisiones sonoras, defendiendo su puntual determinación en función de las circunstancias de cada caso”-, explicitando la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1997, con cita de las anteriores de 3 de diciembre de 1987 y 16 de enero de 1989, que frente a una actividad que cuente con licencia municipal (provisional o no), al particular perjudicado en sus derechos privados no le queda otro camino que la impugnación de la licencia por la vía administrativa, siendo así que la licencia (definida doctrinalmente como “autorización objetiva, real, neutral, reglada y motivada”), tiene un carácter neutral respecto de los derechos privados de tercero y únicamente produce efectos entre la Corporación que la concede y el sujeto a cuya actividad se refiere, sin que constituyan, por tanto, patente de corso frente a los derechos privados de los terceros, ni impongan a éstos la carga de litigar contra la Administración, sino con el particular causante del daño o perturbación. En definitiva, la licencia -bien o mal concedida, lo que efectivamente correspondería en su caso decidir a la jurisdicción contencioso administrativa- acredita que el titular está en regla con la Administración, como tuteladora de los intereses generales, y le pone a salvo de una reacción administrativa por su actividad (sanción o cierre), pero no resuelve las cuestiones que atañen a la propiedad privada y a su protección, por lo que el particular perjudicado conserva sus acciones civiles contra quien le perjudique, en el terreno estrictamente privado, tenga este licencia administrativa o no, siendo por ello que en sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, secc. 5ª, de 24 de septiembre de 2004 se apunta que no puede sostenerse, como prueba de que no se han ocasionado molestias por encima de esos límites de tolerancia, el hecho de que la autoridad municipal no haya acordado la clausura del local, pues la jurisprudencia en aplicación de las disposiciones relativas a las actividades molestas para los vecinos, se ha venido pronunciando de una manera reiterada por la autonomía del orden jurisdiccional civil, respecto de la reglamentación administrativa, en la fijación de la tolerancia debida por razones de vecindad a las inmisiones sonoras, defendiendo su puntual determinación en función de las circunstancias de cada caso, quedando lo hasta aquí expuesto perfectamente definido en la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, secc. 3ª, de 25 de octubre de 2004 cuando expresa que “desde el punto de vista jurídico y jurisdiccional civil, y tratándose como se trata de un ruido molesto, incómodo y perturbador, procedente de una actividad humana y de fuente emisora suficientemente determinada, se está, sin duda, ante una responsabilidad extracontractual perteneciente a la disciplina civil de las relaciones de vecindad, sin que a la aplicación de los medios de tutela civil por los órganos jurisdiccionales civiles sean obstáculo ni la regulación administrativa más o menos extensa, de la actividad (porque hay que distinguir el interés general de los intereses privados, civilmente protegibles: SSTS de 12-XII-80, 3-XII-87 y 16-I-89), ni la posible remisión de la norma civil de vecindad a disposiciones administrativas (SAP Segovia de 28-V-93), ni el hecho de que el ejercicio de la actividad ruidosa se halle amparado por la preceptiva licencia administrativa (STS de 18-VII-97), ni que la actividad se viniere desarrollando con observancia de las normas y medidas administrativas requeridas al efecto (SSTS de 4-III-92y 24-V-93); la actividad emprendida y ejercida con la oportuna licencia puede ser impedida por los tribunales del orden civil a instancia de los particulares cuyos derechos lleguen a verse lesionados por ella; el cumplimiento de las normas y resoluciones administrativas no coloca al obligado al abrigo de la correspondiente acción civil que los perjudicados o afectados pueden ejercitar en defensa de sus derechos subjetivos lesionados, cuando las medidas reglamentarias ser revelan insuficientes para evitar eventos lesivos (SSTS de 17-III-81y 28-V-91)”, por tanto, se pueden considerar como pautas de actuación en este particular aspecto: a) Que la competencia no viene determinada por la naturaleza de la norma a aplicar, sino por la naturaleza del conflicto (privado, entre particulares, o público, entre el ciudadano y la Administración Pública); b) Que la concesión de licencia sólo producirá efectos entre la Corporación y el sujeto a cuya actividad se refiere, pero no altera las situaciones jurídicas privadas entre ésta y las demás personas, entendiéndose siempre otorgadas las licencias” salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero”; c) Que son competencia de la jurisdicción civil tanto el resarcimiento del daño como, en su caso, la adopción de las medidas para evitarlo o ponerle fin; d) Que las medidas que se han de adoptar la jurisdicción civil, con “vis atractiva”, en la defensa de derechos privados y particulares, no queda en ocasiones agotada con medidas puramente cautelares, de prevención o corrección, sino que existen supuestos en los que la cesación del daño o perjuicio sólo se consigue con el cese o fin de la actividad, sin que sanción impuesta en el ámbito administrativo pase por significar, sin más, que la acción civil deba prosperar” (SAP Málaga, secc. 6ª sent. núm. 610/2010 de 19 noviembre).
TERCERO- La principal conclusión que podemos extraer de la Jurisprudencia antes recogida es que con independencia de que la actividad de la demandada cuente con licencia municipal, habiendo solicitado incluso una modificación de la misma dadas las variaciones que se van a hacer en el negocio, expediente que aun se encuentra en tramitación, es preciso comprobar si se producen las molestias denunciadas por los demandantes.
Según estos exponen en su demanda, las molestias consisten en “ruidos y vibraciones…que dimanan, principalmente, del funcionamiento de los equipos de refrigeración y climatización de la llamada “sala fría” del local, donde se ubican los equipos informáticos cuyo funcionamiento está programado para las veinticuatro horas del día”. En cambio, la demandada en su contestación manifiesta que tales molestias no existen, que Estudio ha intentado evitar las inmisiones que se denuncian, atendiendo a los requerimientos de la parte demandante, que incluso presentó denuncias en el Ayuntamiento, sin que haya habido sanción alguna, indicando que quedaban pendientes las correspondientes mediciones.
Ante tales manifestaciones de las partes, debemos acudir a la prueba obrante en autos, comenzando por el interrogatorio del representante legal de Estudio así como a las testificales que declararon sobre la existencia de las molestias que debe ser complementadas con el resultado de las periciales. Por lo que se refiere al interrogatorio del representante legal de Estudio, este manifestó que el negocio se abrió en el año 2007 y que cuenta con una sala de servidores (sala fría o data center) que tiene que estar ventilada las 24 horas todos los días del año para asegurar que la temperatura de la sala oscile entre los 21 y los 23 grados, ventilación que se logra con aparatos de aire acondicionado, siendo tales aparatos un split doméstico y un aparato de mayor potencia, llamado airdata. Dicho aparato ha estado desde siempre instalado en Estudio, si bien su funcionamiento ha pasado por numerosas vicisitudes pues en enero de 2013 se precintó dado que existían indicios de exceso de ruido en horario nocturno, habiéndose mantenido precintado hasta que se realizaron las mediciones para las periciales ordenadas. Asimismo, reconoció D. Carlos José que entre mediados de 2011 y mediados de 2012 la máquina no funcionó.
Según expuso D. Carlos José al poco de inaugurar las instalaciones ya bajaron los demandantes y se quejaron del ruido, preguntándole qué era lo que había instalado, enseñándoles el negocio, incluida la sala fría, quejándose ya Dña. J de las enfermedades que padecía y diciendo que las máquinas hacían mucho ruido. A la vista de tales manifestaciones, se desarmó el data center y se encargó a un técnico de sonido que hiciera un estudio y a la vista del resultado se hizo una obra reforzando la insonorización, con un importante aislamiento acústico, pese a lo cual siguieron las quejas, si bien no era preciso encender por las noches el airdata, funcionando sólo el split doméstico, dado que, según explicó D. Carlos José, al principio la mayoría de los servidores estaban instalados en …………………… la conexión vía Internet no era de buena calidad. Sin embargo, a finales de 2010 hubo un descenso de la facturación y se decidió disminuir gastos, de forma que habiendo mejorado la conexión de Internet en …………………, se optó por traer los servidores a esta localidad, pidiendo al Ayuntamiento la ampliación de licencia de actividad, licencia que se está tramitando, pero sin que haya habido ampliación de la maquinaría previamente instalada.
De forma paralela a esta decisión empresarial y dadas las molestias, se pactó con la Comunidad de Propietarios la instalación de un segundo split, por si el original se rompía, split que se instaló en el patio interior de la Comunidad, de acuerdo y con la autorización de esta, tal y como habían hecho otros vecinos. Sin embargo, esta instalación fue denunciada al Ayuntamiento de ……………., quien ordenó su retirada, lo que así se hizo en el plazo de 48 horas, colocando el aparato dentro de las instalaciones de Estudio. Según dijo D. José Carlos, desde la instalación de Estudio, el airdata cuando ha funcionado lo ha hecho sólo en horario diurno porque por las noches sólo funciona el split, parándose automáticamente el airdata, contando con licencia para el funcionamiento de tal aparato, insistiendo en que por las noches sólo ha funcionado el split doméstico.
Parecía desprenderse de la declaración de D. Carlos José que cuando hubo que retirar ese segundo split, Dña. Juana volvió a quejarse por los ruidos, indicándose D. Carlos José que la empresa cumplía con todos los requisitos, invitándole incluso a que hablara con el Ayuntamiento, acudiendo los técnicos que realizaron las mediciones, indicándoles que todo estaba bien. Aproximadamente en esa fecha es cuando se rompió el airdata (indicando D. Carlos José que él pensaba que los demandantes atribuyeron la paralización del aparato a sus quejas, si bien, el interrogado manifestaba que el aparato no funcionaba por el coste que ello suponía). En junio de 2012 se pudo hacer el esfuerzo económico para reparar el airdata, volviendo los demandantes a quejarse, exigiéndoles a los empleados de Estudio que pararan los aparatos, lo que así hicieron. Cuando él vuelve, los empleados le comentan lo sucedido y vuelven a poner en marcha el airdata, bajando Dña. Juana muy enfadada, teniendo que llamar a la Policía Local, hechos que volvieron a repetirse al cabo de una semana, esta vez con la presencia de varios vecinos, dando lugar a que finalmente en enero de 2013 se precintara el airdata.
CUARTO- En cuanto a las testificales, hay que distinguir entre las testificales de vecinos del inmueble, las de los empleados de Estudio y las de las personas que acudieron a realizar las mediciones. Los vecinos que declararon fueron los siguientes:
D. José .
El primero de los testigos antes indicados, que fue presidente de la Comunidad de Propietarios entre marzo de 2012 y marzo de 2013, vive en el 2º A, es decir, que vive sobre el vecino de al lado de los demandantes. Este testigo manifestó que ha percibido el ruido del local, un ruido o un zumbido continúo, como una vibración, siempre continúa. También dijo este vecino que estuvo presente en la medición en la vivienda de los demandantes hasta que le pidieron que saliera al pasillo, al vestíbulo, escuchando igualmente el ruido en el pasillo, momento que coincidió con la conexión a máxima potencia de los aparatos de refrigeración. Igualmente, este testigo manifestó que cuando él fue presidente de la Comunidad también se quejó del ruido su vecino de abajo, pero que luego este vecino dejó de escuchar los ruidos. Según dijo, mientras fue Presidente intentó mediar entre las partes, hablando de las quejas de los vecinos con Estudio, comprometiéndose desde la demandada a estudiar el problema, sin tener contactos posteriormente hasta la medición. Con referencia a tal medición dijo que alguien le había comentado que el resultado había sido que se superaba el límite, sin poder indicar quién le dijo que ese había sido el resultado ni cuándo se lo habían dicho.
A preguntas de la parte demandada, D. J dijo que en edificio viven 8 o 9 familias y que las únicas que se han quejado han sido los demandantes y el vecino al que él se refirió al ser preguntado por la parte demandante, sin que ese vecino le especificara cuándo sentía los ruidos.
D. Antonio es vecino de los demandantes, viviendo en la misma planta que estos y dijo que él no había oído los ruidos en su vivienda aunque sí había sentido un zumbido molesto y permanente en la vivienda de los actores, sintiendo ese zumbido a las horas de mediodía, diciéndole la demandante que venía de abajo, pareciendo un ventilador o una máquina, sintiéndose solo el ruido, recordando que fue en verano y que estuvo solo unos cinco minutos, aunque se dio cuenta de que Dña. Juana estaba muy afectada, dándole a entender que era por el ruido. A preguntas de la parte demandada dijo que esa visita la hizo en verano de 2013. En la última pregunta de la parte actora, este testigo dijo que no estuvo en la medición realizada para este procedimiento.
Otro de los vecinos que declaró fue D. Alfonso , que vive al lado de los demandantes y que ha estado en su vivienda. Este vecino dijo que cuando Estudio inició su actividad notó ruidos pero que al realizarse las obras (entendiendo que se refería a las obras de insonorización descritas por D. Carlos José), dejó de oírlo, aunque el vecino que está justo encima de la demandada, sí decía seguir sintiéndolo. Según este testigo, cuando él estuvo en la vivienda, más que ruido lo que se sentía era una vibración, un sonido constante. D. Alfonso sí estuvo en la medición y dijo que ese mismo ruido se sentía en la vivienda de los demandantes y en el pasillo o vestíbulo, escuchándose el ruido cuando se encendió la máquina, reconociendo que el resultado no se lo dijeron al momento, sino después y que le dijeron que había superado los límites. Por último y a preguntas de la parte demandada dijo que cuando había estado en la vivienda de los demandantes siempre había sido de día.
El último vecino que declaró fue D. Antonio vecino del segundo, que también ha estado en la vivienda de los demandantes, donde sintió como un ruido, más específicamente, un zumbido y vibraciones el verano pasado, habiendo ido por la tarde, aunque no ha sido esa la única vez que ha estado en la vivienda de los actores. D. Antonio estuvo también en la medición indicando que la Policía Local puso las máquinas a máxima potencia y que el ruido se escuchaba arriba, con menos intensidad que en el verano, notándose algo menos en el pasillo o vestíbulo. En relación al resultado, a D. Antonio le dijeron que estaba algo por encima de los límites permitidos.
Por lo que se refiere a los empleados o personas vinculadas con Estudio, declararon:
D.D.-D.-D.-
D. no es propiamente empleado de Estudio sino que es el arquitecto técnico que hizo el proyecto de adecuación y apertura de las instalaciones de Estudio así como la modificación de tal proyecto para su ampliación. D. Miguel Ángel manifestó que además de arquitecto técnico es ingeniero de la edificación y técnico en prevención de riesgos laborales. Según D. Miguel Ángel, su proyecto cumplía la normativa sobre ruidos, indicando que la modificación del proyecto inicial se hizo en el verano de 2010, siendo su objeto ampliar la sala fría en equipamiento y para que tal equipamiento se adaptase al horario en cuanto a los ruidos, concretando que cuando se hizo el proyecto inicial no era preciso hacer un estudio acústico especifico y que este sí era necesario para la ampliación dadas las características técnicas de la maquinaria que se iba a instalar. El testigo dijo que dicha medición fue la que se realizó en enero en presencia de los Policías Locales y de un Técnico Municipal, dado que su presencia es necesaria cuando se prevé que se van a superar los 70 decibelios, tal y como sucedía en este caso, dado que existe un procedimiento especifico cuando los umbrales se sitúan entre los 70 y los 90 decibelios, manifestando D. Miguel Ángel que la nueva maquinaria no estaba instalada, aunque sí estaba ya el airdata, porque este se preveía desde el principio, incluyéndolo la licencia de apertura. D. Miguel Ángel dijo que la medición se hizo tomando referencias en el interior de Estudio, en la sala fría y fuera así como en la calle y en el piso superior, encendiendo todos los aparatos.
El testigo D. Antonio es trabajador de……….. y dijo que en la sala fría hay dos tipos de aparatos, siendo uno de ellos el airdata, que comienza a funcionar a las 8 de la mañana y cesa antes de las 23, dado que tiene un reloj automático dentro, habiendo comprobado que todo funciona bien, manteniendo la temperatura a unos 21os. Este trabajador, que sigue siéndolo como administrador de sistemas, estuvo presente en la medición de enero, manifestando que las máquinas se pusieron a 16os, sin que nunca se pongan a esa temperatura. Asimismo, dijo que se pusieron todas las máquinas en marcha. Según D. Antonio, las máquinas no funcionan todas a la vez, sino que por las noches sólo funciona el split, incluso en verano, haciéndolo a más rendimiento pues el compresor está en funcionamiento más tiempo (“salta más tiempo” dijo D. Antonio). También dijo que el split no funciona durante el día porque el airdata mantiene la temperatura, no siendo preciso por la noche porque los servidores tienen menos rendimiento. D. Antonio manifestó que el airdata ha estado instalado desde el principio aunque hubo un tiempo en que no funcionó.
También es trabajador de Estudio, siendo su director general, el testigo D. Luis Según D. Luis Miguel en las instalaciones de Estudio hay un airdata y un split, funcionando el primero sólo por la mañana, no siendo preciso por la noche, cuando funciona sólo el split, siendo preciso que la sala fría esté a unos 22-23os de temperatura. En dicha sala fría están instalados los servidores mientras que en ………….. se sitúa el centro de datos, siendo un servicio externo, aunque se ha solicitado la ampliación para ubicar ese centro en………….. A preguntas de los actores, D. reiteró que el airdata sólo funciona durante el día, no siendo preciso por la noche, bastando en ese momento el split.
Igualmente, declaró como testigo D. que fue quien instaló el aire acondicionado en Estudio. D. Manuel indicó que el airdata estuvo roto porque se le había agotado el refrigerante, avisándolo en mayo o junio de 2011 de la rotura del aparato, que no fue arreglado hasta un año después, diciendo a preguntas de esta Juzgadora que se tardó un año en arreglarlo porque fue ese el tiempo que tardaron en aceptar el presupuesto del arreglo. A preguntas de los demandantes, D. Manuel dijo que no recordaba haber suministrado antes material a Estudio, aunque sí dijo que hubo un traslado y que hizo trabajos en unas instalaciones sitas en la………………………..
Las últimas testificales a las que debemos hacer referencia para determinar si existen o no esas inmisiones denunciadas por los actores son las siguientes:
El primero de estos testigos es Ingeniero Técnico Industrial y realizó el ensayo acústico. En dicho ensayo, que se hizo de noche, se midió tanto el ruido como la vibración, poniendo todas las máquinas (los dos splits y el airdata) a máxima potencia y bajándolas hasta la temperatura mínima, 16os. Según D. Javier, el valor que se reconoce como valor soportado es de 30 decibelios, siendo el resultado de la medición, 28 decibelios a los que hay que añadir una penalización de 6 decibelios, por lo que se llegaba a los 34 decibelios, superando en 4 ese valor soportado. D. Javier explicó que estas penalizaciones se añaden en función del tipo de ruido que existe, no respondiendo a un ruido que pueda escucharse en realidad dado que no se detecta fácilmente, precisando a preguntas de los demandantes, que las penalizaciones hacen referencia a picos que pueden surgir cuando el ruido es continuo. Con respecto a la forma de hacerse la medición, D. Javier dijo que no debe hacerse una escucha de 12 horas, dado que la medición debe hacerse en condiciones de silencio y con el foco ruidoso y si se hace una escucha de 12 horas se recogería cualquier ruido que se hiciera en ese tiempo tan prolongado. Por lo que se refiere a la medición hecha en Estudio, D. Javier indicó que la hizo a finales del año 2013, si bien, él no puede hacer mediciones, sino que sólo hace los estudios acústicos, siendo esa la única vez que trabajó para Estudio y estando igualmente presentes el técnico municipal y otras personas como D. Miguel y algunos vecinos, que no recordaba bien, aunque identificó a D. José . D. Javier dijo que arriba no se percibía el ruido, aunque también es una cuestión que depende de la sensibilidad de cada persona. En cuanto a los resultados, que el testigo dijo referidos a la normativa de la Junta de Andalucía sobre ruidos, dijo que en valor diurno no se excedían los límites, que el split siempre los respetaba, que el airdata sólo los sobrepasaba en el horario nocturno, matizando igualmente D. Javier que existen distintos tipos de valores con respecto al ruido, como puede ser, el valor diario y el anual, debiendo, tener en cuenta tanto el funcionamiento como el tiempo qué funciona.
Por lo que se refiere a los Agentes de la Policía Local de son los que estuvieron presentes en la medición, indicando el Agente 9563 que él estuvo en el domicilio de los demandantes e iba indicándole a su compañero que máquinas y cómo debían ponerse en marcha. Según este Agente, lo que se oía en la vivienda de los actores era algo muy leve, reconociendo que llegaron otras personas, más tarde cuando la prueba ya estaba iniciada. Según el Agente, él sólo estaba pendiente de lo que le iban indicando para comunicarle a su compañero lo que debía hacer a través del walkie. El Agente 9584 fue el que se quedó en las instalaciones de Estudio donde le dijeron cuáles eran las máquinas que iban a probar y poniéndolas en marcha según las indicaciones que su compañero le daba por el walkie, recordando que se pusieron en marcha todas las máquinas, aunque no recordaba la temperatura a la que se pusieron. El Agente dijo que con él estaban dos empleados de Estudio y que no había más personas, sin llegar a subir a la vivienda de los actores.
Por último y en cuanto a la testifical de Dña. debemos indicar que Dña. Valentina es la Letrada del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de , conocedora de los expedientes de disciplina incoados a Estudio. Según Dña. Valentina, desde que han surgido los problemas, tanto Estudio como la familia demandante han colaborado con el Ayuntamiento, aunque, en la última ocasión la familia no accedió a que se hiciesen las mediciones. Dña. Valentina indicó que las quejas de los actores eran por ruido diurno y nocturno y que se han hecho dos mediciones, una en 2009, sin que se detectara ruido y la que se hizo en 2013, sin saber aun el resultado de la medición, aunque sí le habían comunicado que existía una afección sonora. Por lo que se refiere a los expedientes, tras el inicial, se pidió la legalización de un techo acústico y luego de unas máquinas, que posteriormente se retiran, aunque según Dña. Valentina ese expediente aun no estaba concluido. También indicó que ha habido una ampliación de la licencia inicial no por iniciativa de Estudio, sino a raíz de la actuación del Ayuntamiento.
Concluido el análisis de la testifical relativa a las molestias, (hubo otras testificales pero referidas a los padecimientos de la demandante Dña. Juana), debemos ahora analizar tanto la documental como las periciales, siempre relativas a las inmisiones. Desde este punto de vista, los demandantes aportaron la siguiente documental:
Solicitudes presentadas por D.al Ayuntamiento de , quejándose por los ruidos padecidos y solicitando la práctica de mediciones y a la adopción de medidas, estando fechadas tales solicitudes el
Acta de comprobación, ensayo y medición de valoración de nivel de inmisión sonora, de fecha, indicando dicha acta que sólo se pudieron tomar seis medidas de un minuto al cesar el ruido del local emisor.
Contestaciones del Ayuntamiento de a las distintas reclamaciones efectuadas por el demandante. Estas resoluciones son las siguientes:
Resolución de 11 de diciembre de 2008, donde se procede al archivo de las actuaciones, por no existir infracción de la norma, si bien, se afirma que puesto que el ruido se siente principalmente en verano, se deja para tal época el realizar una nueva medición.
Resolución de 22 de enero de 2009, en la que se acuerda que no ha lugar a la incoación de expediente alguno a E, aunque sí se le indica que dados los cambios constatados (techo acústico), debe legalizarse dicha estructura.
Resolución de 21 de octubre de 2010, donde se constata la existencia de las dos unidades de aire acondicionado, ubicadas en el patio interior del bloque, indicando a E que en el plazo de 7 días debe paralizar el uso de tal maquinaria y proceder a solicitar la correspondiente modificación de su licencia para reflejar la existencia de tales máquinas.
Resolución de 12 de enero de 2011 donde se ordena a Estudio que elimine las máquinas y que, en caso de desear instalarlas, deberá solicitar la correspondiente licencia, debiendo instalarse la salida de aire de tales aparatos o en la fachada o en la cubierta o azotea del edificio. Dicha resolución se complementa con otra de 9 de febrero de 2011 por la que se comunica a D
Resolución de 25 de julio de 2012 por la que se comunica a D que como colindante se le da la posibilidad de realizar alegaciones a la solicitud de ampliación
Resolución de 19 de diciembre de 2012 donde se comunica a los demandantes que se iba a realizar la medición el
Comunicaciones dirigidas por los actores a Estudio, exponiéndole la situación padecida.
Denuncia presentada el 1 de abril de 2011 por D relativa a los ruidos padecidos así como comparecencia ante el mismo Cuerpo el día 1
Informe pericial de D.
Acta de la medición de ruidos hecha el 10 de enero de 2013.
Informe pericial complementario de D. A
Esta documental aportada por los actores bien con la demanda bien en la audiencia previa a raíz de la contestación a la demanda, se complementa con la más documental, interesada por los actores y relativa a la remisión por el Ayuntamiento de los expedientes indicados y relativos al objeto del presente procedimiento. A raíz del oficio dirigido por este Juzgado, el Ayuntamiento de remitió la siguiente documentación:
Copia de los índices de los expedientes de disciplina ambiental con copia de los documentos que los componen.
Copia del índice del expediente de licencia de apertura de Estudio con copia de los documentos que lo componen.
Copia del índice del expediente de reforma de la licencia de apertura con copia de los documentos que lo componen.
Dentro de la documental remitida por el Ayuntamiento debemos destacar, en adición a la ya reseñada al enumerar los documentos directamente aportados por la parte actora:
El atestado instruido por la Policía Local de como consecuencia de la denuncia presentada por D. José el 1 de abril de 2011, indicando los Agentes actuantes que en el local de Estudio se “escucha un ruido de lo que al parecer es el motor de un sistema de ventilación o aire acondicionado, el cual se para brevemente…dicha fuente de ruido no se observa a simple vista ya que está dentro del edificio y lo que se ve son las rejillas…”
Acta de la inspección ocular hecha por la Policía Local a raíz de la denuncia presentada por el actor el 1 de febrero de 2012, donde los Agentes recogen que “en determinados momentos se activa una especie de compresor de un motor, posiblemente de algún tipo de refrigeración, que tal ruido a juicio de los Agentes no es especialmente molesto, pero que se desconoce su valor en decibelios acorde a la normativa, asimismo no se puede apreciar si existen vibraciones y cual es el alcance de estas ya que para ello se deben realizar las mediciones sonométricas pertinentes así como las mediciones de vibraciones…”
Informe del Inspector Jefe de la Policía Local de dirigido al Área de Urbanismo del Ayuntamiento, donde se transcriben las manifestaciones de los Agentes de la Policía Local que intervienen a partir de la llamada de la actora el día 19 de julio de 2012. Los Agentes acuden a la vivienda y pueden comprobar “como efectivamente existe un molesto ruido que impide conciliar el sueño”.
Por lo que se refiere a la documental aportada por la demandada, es la siguiente:
Facturas relativas a los trabajos de aislamiento realizados en el local y de los aparatos de refrigeración instalados.
Informe relativo a la solución acústica del local.
Informe emitido por el Ayuntamiento de …………….el 22 de enero de 2009, donde se concluye que, si bien, el techo acústico del local no estaba incluido dentro de la licencia inicial, puesto que dicha obra suponía una mejora al disminuir el nivel de ruido, se concedía a Estudio un plazo de 30 días para la legalización de dicha obra.
Acta de la Junta ordinaria de la comunidad de propietarios de 26 de marzo de 2010 donde ya se recoge el problema relativo a los aparatos de aire acondicionado y los problemas de ruido que se detectaban.
Documentación técnica de los aparatos instalados.
Resoluciones del Ayuntamiento ya relacionadas y las relativas a la modificación de la licencia para legalizar las obras.
Correspondencia entre las partes.
Contrato de servicios externos.
Informe pericial sobre la medición de ruido en el local.
Si tenemos en cuenta tanto la testifical como la documental, parece claro que las inmisiones, bien sean en forma de vibración o de ruido existen, aunque debemos determinar si las mismas alcanzan un nivel que se puede calificar como molesto, pues, para poder estimar la pretensión de la parte actora, no basta con declarar que la inmisión existe, sino que la misma debe ser calificada como molesta y superar los límites permitidos, lo que permitiría ordenar el cese en la actividad de la demandada. Esta calificación de las inmisiones como molestas es el aspecto central de las pruebas periciales relativas a la medición de ruidos, resultando esenciales desde este punto de vista tanto las periciales unidas a las actuaciones como las explicaciones dadas por los peritos que realizaron las mediciones.
QUINTO- Debemos, pues, analizar tales periciales. El primero de los peritos que declaró fue D. En su informe D. Antonio concluye que “los ruidos en el salón en vivienda C/ procedentes de actividad y maquinaria en local colindante inferior superan el nivel máximo permitido entre 15 y 21 dBA.
El nivel continuo equivalente en período noche es de 32 dBA con presencia de ruido en baja frecuencia y tonos emergentes.
Los niveles resultados son incompatibles con el descanso y el uso normal de una vivienda.
Conforme al art. 58 del RPCCAA se considera que se está poniendo en peligro grave la salud de las personas al sobrepasar en más de 6 dBA el nivel máximo permitido”.
Al ser interrogado respecto de su informe, este perito indicó que la medición se hizo en horario nocturno, desde las 23:00 horas de la noche hasta las 7 horas de la mañana siguiente y que tuvo en cuenta las penalizaciones a aplicar por tonos emergentes, explicando que los tonos emergentes son ruidos que destacan por encima de los demás y que los sonidos en baja frecuencia son zumbidos bajos, como los que se sienten en una discoteca, resultando especialmente molestos. Este perito explicó que el límite habitable anual se ha fijado en 25 dBA, límite que se aplica cuando existe un foco ruidoso que emite sonido durante todo el año mientras que si se trata de un ruido que se produce en un espacio corte de tiempo dicho límite se fija en 30 dBA.
Asimismo, aclaró cuando se trata de medir emisiones ruidosas no se pueden hacer sumas de decibelios sin más porque un salto de 6 dBA supone que el ruido que se siente se ha elevado en el doble. Según este perito para realizar las mediciones no es preciso acceder a al foco ruidoso dado que el ruido se percibía ya en la vivienda al estar muy próxima al foco, por transmitirse desde el interior de la vivienda y por el tipo de ruido emitido.
Al ser preguntado sobre la medición que se realizó en enero de 2013 manifestó que también en esa ocasión y al ponerse en marcha el air data se superaron los límites permitidos entre 6 y 9 dBA.
Cuando fue interrogado por la Letrada de la demandada, dijo que en la medición que hizo en julio no había ningún otro técnico dado que no había nadie en la vivienda, ni siquiera el perito puesto que la medición se hizo colocando un “registrador” sonoro que se utiliza para el cálculo, colocando también una cámara y sin que existiera ningún otro ruido. Este mismo perito aclaró que utiliza el límite de 25 dBA en cómputo anual porque considera que el foco tiene un funcionamiento continuo dado que se trata de una sala fría. Respecto a las dos mediciones realizadas, especificó que en la que se realizó en enero de 2013 se superaron los 30 dBA, resultado que obtuvieron ambos peritos y que él obtuvo teniendo en cuenta las correcciones que la medición obtenida deben hacerse y que en cambio, en la otra medición no se superaron los 30 dBA.
El otro informe pericial fue el presentado por D. Juan quien concluye que “los niveles acústicos y vibraciones en la actividad, objeto de este informe, se encuentran fuera de los límites admisibles con lo determinado en RPCCAA por lo expuesto en el apartado a) respecto de los índices de ruido en el interior en la evaluación nº 1 en período de noche, tanto el valor medido como el valor diario, encontrándose dentro de los límites admisibles con lo determinado en RPCCAA por lo expuesto en el apartado a) respecto de los índices de ruido en el interior en la evaluación nº 1 en período de día y tarde tanto el valor medido como el valor diario así como el índice de vibración por lo expuesto en el apartado c) no pudiéndose determinar con exactitud con lo determinado en RPCCAA por lo expuesto en el apartado b) respecto de los niveles de ruido en la evaluación 2ª, valores reflejados en apartado de certificados, siempre que se mantengan las condiciones iniciales generadas en la actividad/instalación y de horario, colindantes y entorno existentes en el momento de la realización de los ensayos”.
Al ser preguntado, este perito dijo que estuvo en la medición que se hizo en enero de 2013, constatando que el foco emisor estaba en las instalaciones de Estudio, por lo que se accede a las mismas y se pone todo a funcionar, midiendo las inmisiones en la vivienda de los demandantes, midiéndose tanto los ruidos como las vibraciones. Según este perito, cuando entra en funcionamiento el airdata se superan los máximos permitidos, pero no cuando funcionan los dos splits. El perito explicó que durante el día se es más permisivo con los ruidos a soportar y los ruidos registrados no excederían los límites señalados, lo que sí sucede de noche, puesto que la medición, con las correcciones ya hechas arrojaba un resultado de 34 dBA.
A la hora de exponer como se hizo la medición, se indicó que en la prueba se pusieron todos los aparatos en funcionamiento y a su máxima potencia para crear la situación más desfavorable, siendo lo cierto que los aparatos no funcionan a ese nivel.
A preguntas del Letrado de los demandantes, D. Juan Alfonso dijo que el valor anual de 25 dBA es para instalaciones que funcionan 24 horas los 365 días del año y en ese caso, la instalación de Estudio sí excedería el límite reglamentario.
Pues bien, a la vista de las manifestaciones de los peritos, podemos concluir que las inmisiones bien en forma de ruido o de vibraciones existen, si bien, no superan los límites permitidos en horario diurno, pudiendo surgir el problema en horario nocturno, pues, si durante la noche entre en funcionamiento el aparato denominado airdata se superan los límites.
SEXTO- Desde este punto de vista, resulta entonces esencial determinar si ese aparato funciona en horario nocturno. Para ello, no podemos acudir a las periciales pues estas se han realizado poniendo en funcionamiento todos los aparatos y porque D. Antonio hizo una medición sin acceder a las instalaciones de Estudio por lo que no puede indicar que aparatos eran los que funcionaban en ese momento, de forma que sólo contamos para valorar este extremo con las testificales de los vecinos y de los trabajadores de estudio. Por lo que se refiere a los vecinos, D. dijo que había sentido tanto el ruido como la vibración continua (lo que encajaría con que efectivamente las instalaciones de Estudio precisan de una temperatura constante, pero no nos permite colegir si el airdata funciona también de manera continua) y que en la medición de enero de 2013 sintió el ruido incluso en el vestíbulo del inmueble aunque ellos se produjo cuando todos los aparatos se pusieron a su máxima potencia.
El vecino que vive en la misma planta que los demandantes, D. An reconoció que ha sentido el zumbido en la vivienda de los actores y que lo sintió en las horas de mediodia mientras que el vecino colindante, D. dijo que más que ruido se siente la vibración, un sonido constante y que él estuvo en la medición indicando que ese mismo ruido o vibración fue el que se sintió cuando se encendió la máquina y que en las restantes ocasiones que ha estado en la vivienda de los demandantes ha sido de día. El último vecino en declarar, D. reconoció haber sentido en el verano un zumbido y vibraciones por la tarde y que también estuvo en la medición, manifestando que cuando se pusieron las máquinas a toda potencia puso sentir el ruido aunque con menos intensidad que cuando estuvo en casa de los demandantes.
En cuanto a las personas vinculadas a Estudio y que se refiriesen en su declaración al funcionamiento del airdata, son las siguientes: D. El primero dijo que el airdata funciona desde las 8 de la mañana hasta antes de las 23 horas, pues cuenta con un reloj que tiene programado su funcionamiento. Este testigo, además, estuvo en la medición diciendo que la temperatura se puso en 16os cuando la temperatura sólo se mantiene a 21os y que se pusieron todas las máquinas a funcionar lo que tampoco sucede nunca. Asimismo, concretó que el airdata sólo funciona por el día no haciéndolo el split que sólo funciona por las noches. D. Luis Miguel, por su parte, manifestó que el airdata sólo funciona durante el día y que por la noche sólo lo hace el split.
A la vista de lo anterior y aun valorando con la debida prudencia estas dos últimas testificales, por ser los testigos trabajadores de la demandada, y teniendo en cuenta lo manifestado por los propios vecinos, consideramos que no ha quedado acreditado que el airdata funcione fuera de las horas en las que se permite una mayor emisión de ruidos, sin que el ruido o la vibración ocasionados por este aparato supere los límites permitidos en horario diurno y puesto que cuando funciona sólo el split los ruidos y vibraciones emitidos se mantienen dentro de los límites permitidos, consideramos que efectivamente existen las inmisiones ruidosas y las vibraciones, pero que estas se encuentran dentro de los niveles permitidos, por lo que
SÉPTIMO- en materia de indemnización.
OCTAVO- En cuanto a las costas, el art. 394.1 de la LEC dispone que ““en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho

References: artículo 1902
 artículo 1908
 artículo 1908
 artículo 590
 artículo 1908
 artículo 45
 artículo 1908
 artículo 32
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 217
 artículo 1902
 artículo 7
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