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Timestamp: 2018-02-19 14:13:35+00:00

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Publicado el Lunes, 12/01/04 09:52pm
El asunto del financiamiento al desarrollo agrícola ha puesto en evidencia la triste necesidad de crear con urgencia una Misión Keynes para repotenciar a los economistas mediáticos.
Desde hace varios días, las pantallas de televisión y los periódicos del ancient regime destacan la opinión de sus economistas mediáticos, especialistas en atacar cualquier planteamiento que pueda lesionar intereses de la oposición política a los cambios. La solicitud de financiamiento al sector agrícola, que ha reiterado el Presidente Chávez ante el BCV, por un millardo de dólares para impulsar las actividades agrícolas, ha sido un nuevo motivo para que se produzca un bombardeo mediático de clases de economía monetaria que, desgraciadamente, deja en entredicho el nivel de conocimiento de quienes han hecho del amarillismo económico una profesión. Como la ley del BCV, no sólo le faculta para financiar este tipo de operaciones sino que le obliga a actuar coordinadamente con el Ejecutivo Nacional “con el fin de promover y defender la estabilidad económica del país, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social y el desarrollo humano, consistente con las metas trazadas en el contexto de la política económica y en particular con las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación”, es obvio que ese organismo no puede desatender el reclamo del Ejecutivo para que cumpla con esas obligaciones; por ello, analizaremos, por ahora, sólo el aspecto económico del tema y no el jurídico, pues ya el propio BCV ha reconocido como ajustada a derecho la petición del Ejecutivo, limitándose a cuestionar la forma de cumplimiento de su obligación.
Los planteamientos se han centrado en:
1) El BCV no puede financiar gastos deficitarios del Gobierno; 2) Las reservas internacionales son para respaldar los bolívares que están en circulación y no se pueden tocar; 3) Si el BCV entrega el millardo, la inflación, como mínimo subirá al 40% (hay quienes han asomado el riesgo de hiperinflación de tres o cuatro dígitos) por la inundación de bolívares en la calle;; 4) EL BCV debe mantener su impoluta e institucional política, de no emitir dinero inorgánico, anticipando dinero para actividades agrícolas.
De acuerdo con su ley, es cierto que el BCV no puede financiar gastos deficitarios del gobierno, pero ocurre que financiar el desarrollo agrícola no es incurrir en gasto alguno. Una cosa es un gasto y otra es un crédito por cobrar. El gasto se consume, en tanto que una cuenta por cobrar es reembolsada por el acreedor (en este caso los productores pagarían al BCV el crédito recibido). Además si el crédito es para los productores, que son particulares, sería absurdo pretender que el gobierno incluyera partida alguna en el presupuesto para considerar un ingreso y un desembolso que no son de su incumbencia realizar sino gestionar, como con firmeza se ha hecho, para un sector productivo tan golpeado por el facilismo importador como el agropecuario. La confusión que hay sobre este aspecto fue televisada, cuando en una charla de estos economistas se presentó una balanza de dólares contra bolívares, a la que luego se quitó los dólares para evidenciar un supuesto desequilibrio; al hacer semejante presentación se hizo gala de desconocimiento de la partida doble presentada al público, hace mas de quinientos años, por Lucas Paccioli, pues los dólares no desaparecen de la balanza sino que son reemplazados por títulos de acreencia contra los productores que los reciben. Además, cuando el gobierno ha fundamentado su solicitud en los artículos 48 y 56 de la ley del BCV, está consciente que se trata de una solicitud de financiamiento para productores del campo y no de una solicitud de dinero gratis para un organismo público, tal como la ignorancia del contenido de esos artículos hace escribir a los que pretenden bloquear mediática mente un crédito a la inversión de sectores privados; solicitud que, por cierto, no es sino una parte de las necesidades totales, cuantificadas en unos cuatro millardos de dólares por el Ministro de Agricultura y Tierras.
Se alega que las reservas sólo sirven para garantizar los bolívares que circulan pues la ley del BCV establece la obligación de emitir monedas y billetes contra oro y/o divisas (el efectivo), lo cual impediría que se puedan entregar dólares para financiamiento alguno. Aquí se olvida que las monedas y los billetes representan un 20% de la liquidez monetaria total, que el BCV realiza la mayoría de sus operaciones mediante registros contables, no en efectivo y que el patrón oro o el patrón dólar ya no existe y que, el flujo de reservas (entradas y salidas) además de elementos del poder de compra comparado, definen la tasa de cambio mas que el sólo saldo de reservas que existan en un momento dado. También, se ha indicado que “las reservas internacionales no son un ahorro del país, una especie de fondo contra el cual girar directamente, porque prácticamente cada dólar que pertenece a ellas tiene como contrapartida la moneda, los bolívares que ha entregado a cambio el BCV, bien a la industria petrolera, a la banca o a cualquier otra entidad facultada para operar directamente con el BCV. Las reservas no son un ahorro sino el respaldo de los bolívares emitidos por el Banco y que circulan en el país”; al respecto hay que señalar que si bien se crea bolívares al ingresar dólares petroleros, que son los que alimentan la casi totalidad de las reservas, no es cierto que, automáticamente, esos bolívares están en espera de ser usados en la adquisición de los dólares ingresados al BCV, tal como el anterior sofisma quiere hacer ver. Primero, los poseedores de bolívares, que viven en Venezuela, necesitan adquirir bienes y servicios en el país y para cumplir con los pagos de tales compromisos no necesitan comprar dólares para atenderlos, sino bolívares que recirculan entre los depositantes en los bancos o bajo los colchones, si se trata de moneda y billetes; segundo, un manejo con criterio de prudente y eficaz administrador de esos dólares obliga a que, en principio, sean usados para la adquisición de bienes y servicios en el desarrollo del país o al pago de la deuda externa y, reconociendo que la actual cifra disponible en reservas internacionales de mas de 20 millardos de dólares, que sigue creciendo, es exagerada con respecto a la demanda anual adecuada de divisas para importaciones y cancelación de deuda externa, existe un excedente (que es ahorro aunque esto no lo entiendan) que debe servir para empezar a romper el inmovilismo económico; tercero, el artículo quinto de la ley orgánica de hidrocarburos del año 2001, expresa que “Los ingresos que en razón de los hidrocarburos reciba la Nación propenderán a financiar la salud, a la educación, a la formación de fondos de estabilización macroeconómica y a la inversión productiva, de manera que se logre una apropiada vinculación del petróleo con la economía nacional, todo ello en función del bienestar del pueblo”; de manera que ya existe una disposición legal adicional que reclama manejar en beneficio del desarrollo esas reservas originadas por el sector petrolero, por lo tanto el descuido en vigilar que no se produzcan fugas de capitales por montos tan monstruosos como los 30 millardos de dólares calculados para estos últimos años, actualmente sólo cuenta con el respaldo de la máxima liberal de “dejad hacer, dejad pasar” mas no, de las leyes de la República. Por lo demás, si puede el BCV generar bolívares (considerados como medios de pago, no como efectivo) por cualquiera de las operaciones que le permite su ley, cosa que realiza diariamente incluso cuando paga a los bancos los intereses por las enormes colocaciones que tienen en el Instituto Emisor (ocho billones de bolívares).
Con respecto al supuesto impacto inflacionario del financiamiento en dólares, debemos empezar por aclarar que no habrá inundación de bolívares en la calle. El utilizar dólares como fuente de financiamiento, por el contrario, es una propuesta conservadora desde el punto de vista monetario, pues cuando los productores requieran bolivarización parcial de los recursos recibidos, para poder efectuar desembolsos locales en adquisición de bienes y servicios, dichos dólares serían comprados por el público y así se retirarían bolívares de circulación; por otra parte los dólares aplicados a importar tractores y otros insumos necesarios no tienen efecto alguno sobre la liquidez en bolívares. El propio Presidente del BCV, según nota de los medios del 10 de enero ”destacó ante los presentes, entre quienes se encontraban también dirigentes agrarios, la importancia de tratar el tema del financiamiento en términos de bolívares y no de dólares, pues hay que reivindicar nuestro signo monetario” siendo así, el BCV está siendo menos conservador que el gobierno y está echando por tierra el repetido argumento de una supuesta inundación de bolívares pues entiende que se trata de una operación de crédito pura y simple que al final del proceso (al cobrarse el crédito concedido) tiene efecto cero sobre la liquidez monetaria.
De lo que se trata en el fondo es, que en el país está paralizada la actividad crediticia a la inversión, por lo que el BCV debe apoyar la inversión productiva en áreas que le recomienda el Ejecutivo basado en la Constitución de la República y la ley del BCV, que los bancos están dedicando sus recursos excedentes a invertir en títulos del BCV o del gobierno y no prestan para actividades que impulsen la producción y el empleo, necesarios para combatir la inflación, inflación que sólo se reducirá en la medida que produzcamos mas y mas barato; pero si esto se impide, con argumentos antediluvianos en materia monetaria, condimentados con inquina política, si que tendremos un aumento de la inflación; pero esto parece no que no lo entienden los economistas mediáticos. Resumiendo, los mediáticos no recuerdan que el crédito es una institución que tiene siglos de existencia y que el crédito para las actividades productivas debe promoverse y no bloquearse, pues es necesario para lograr el desarrollo de un país, ya que al final del impulso a esas actividades se creará mas riqueza al capitalizarse los beneficios obtenidos mientras que con el inmovilismo se crea pobreza y se hace mas dependiente una economía.
En cuanto al último argumento, parecen jugar a la ironía, pues en primer lugar el financiamiento de actividades agrícolas no se corresponde con emisión de dinero inorgánico, segundo, porque el BCV cuando emite títulos para recoger liquidez monetaria y paga intereses si que ha creado dinero de la nada y tercero, cuando en 1994 violando claramente los límites y garantías exigidas por la ley, anticipó recursos a los bancos privados, por intermedio de Fogade, por el equivalente a varios millardos de dólares para cubrir la llamada crisis financiera, sin vacilar, corrió un riesgo de creación de dinero inorgánico aduciendo en esa oportunidad razones que llevaban hasta a la consideración de que se trataba de un acto casi de salvación de la patria; en el caso de los financiamientos al sector agrícola no se trata de tapar un hueco dejado por el mal manejo de la actividad bancaria si no de impulsar una actividad económica prioritaria en criterio del actual Ejecutivo y su logro, si que permitirá fortalecer la patria en la que convivimos.
No es cierto que el BCV no pueda realizar operaciones directamente con el público, ya que las mismas están plenamente permitidas por el artículo 56 de la ley que lo rige. Estas operaciones pueden ser en bolívares o en dólares, ya que la ley no especifica ni prohíbe modalidad alguna. A su vez los títulos incluidos en la operación pueden provenir de operaciones entre particulares, sin intervención de entes financieros. Tampoco es cierto que el BCV para realizar las operaciones de financiamiento agrícola esté sujeto a plazo alguno. El artículo 56 ya citado remite a las operaciones del artículo 48. De estas últimas, la referida en el numeral seis de dicho artículo 48 sí tiene un plazo corto, extensible en cierto grado según el párrafo final del mismo artículo; pero las operaciones referidas en el numeral ocho de ese mismo artículo 48 no tienen plazo especificado (en la ley anterior, esta disposición estaba en el artículo 45, mismo numeral 8 con un plazo de hasta tres años), ya que este numeral ahora sólo dice que el BCV hará las operaciones “...considerando para ello los respectivos términos de vencimiento, prescripción y caducidad”, es decir, que ahora la ley es más amplia ya que el BCV no tiene un plazo, sino que considerará (tomará en cuenta) el respectivo plazo (el plazo necesario para cada operación).
Por último, en contra del argumento de que el BCV deba atender de manera prioritaria al objetivo fundamental que le señalan tanto la Constitución como su propia ley, cual es “lograr la estabilidad de precios y preservar el valor de la moneda”, quedando supeditada cualquier otra consideración al mandato señalado; hay que aclarar que conceder créditos en dólares a los productores sobre la base de lo que la ley permite tendría al final la misma incidencia que lo que el BCV hace actualmente: vender los dólares a los importadores. Sin embargo, la primera opción, al fomentar la producción y el empleo nacional y tender a abaratar los precios de los alimentos y evitar la salida de divisas en el futuro, luego de que los productores nacionales se hayan capitalizado e inclusive pueden exportar, es una opción que claramente fortalecería el cumplimiento del propio objetivo fundamental encomendado al BCV.

References: artículo 56
 artículo 56
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 45