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Timestamp: 2020-08-15 14:22:45+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 466, de 25/10/2010
Núm. 466
161/001948 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al apoyo al diálogo entre Serbia y Kosovo ... (Página 4)
161/001949 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación política en Ecuador ... (Página 5)
161/001950 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las actividades de ETA en Venezuela ... (Página 6)
161/001951 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la españolidad de Ceuta y Melilla ...
161/001945 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la mejora de medios humanos y materiales en las fronteras de Ceuta y Melilla ... (Página 8)
161/001955 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para impulsar la finalización de las obras de la B-40 entre Viladecavalls y Olesa de Montserrat durante el año 2012 ... (Página 8)
161/001959 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la celebración del Año Internacional de la Química 2011 ... (Página 9)
161/001960 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la acción exterior educativa ... (Página 9)
161/001961 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la participación autonómica en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ... (Página 10)
161/001958 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la preocupante situación por la que atraviesa el astillero vigués Factorías Vulcano ... (Página 11)
161/001952 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la seguridad de las balsas de residuos tóxicos industriales ...
161/001954 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la recuperación de las playas del litoral afectadas por el temporal de levante ... (Página 13)
161/001953 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la tarjeta sanitaria individual en braille ... (Página 14)
161/001956 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a encargar un estudio sobre la incidencia y la prevalencia de los abusos sexuales a menores en España ... (Página 14)
161/001957 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la realización de un estudio criminológico sobre los supuestos más graves de violencia de género, que permita mejorar el sistema de protección a las víctimas ... (Página 15)
161/001943 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para aumentar la transparencia en las subvenciones que otorga la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ... (Página 16)
161/001944 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al seguimiento, mediante programas de trazabilidad, de las subvenciones otorgadas a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ... (Página 17)
161/001947 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre cancelación de deuda a Pakistán ... (Página 17)
181/003097 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre previsiones acerca de retomar con el Gobierno británico el diálogo y seguir trabajando para recuperar la soberanía española sobre la Colonia de Gibraltar ... (Página 18)
181/003108 Pregunta formulada por el Diputado don Óscar Seco Revilla (GS), sobre valoración del hecho de que España haya sido el primer país europeo en ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ... (Página 19)
181/003099 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre previsiones acerca de la creación de segundos juzgados de lo contencioso-administrativo y de lo social, así como un juzgado de lo mercantil en Algeciras (Cádiz) ... (Página 19)
181/003100 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre previsiones acerca de la agilización de los trámites en la construcción de nuevas instalaciones para la Guardia Civil del Mar en el puerto de Algeciras (Cádiz) ... (Página 19)
181/003101 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez (GP), sobre funciones de apoyo y asesoramiento del Cuerpo Nacional de Policía a las policías locales en materia de extranjería ... (Página 19)
181/003096 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre tiempo previsto para la instauración y construcción de un centro de seguridad marítima integral en la Bahía de Algeciras (Cádiz) ... (Página 19)
181/003098 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre previsiones acerca de impulsar los acuerdos y convenios necesarios en el Marco del Plan Nacional de Arqueología Subacuática ... (Página 20)
181/003102 Pregunta formulada por el Diputado don Domingo Miguel Tabuyo Romero (GS), sobre valoración en lo referido al reconocimiento que hizo el Consejo de Europa, otorgándole la Mención de Itinerario Cultural a los Caminos del Arte Rupestre en el que participa España ... (Página 20)
181/003103 Pregunta formulada por el Diputado don Domingo Miguel Tabuyo Romero (GS), sobre nivel de incorporación de contenidos de colecciones digitales en el proyecto Hispania ... (Página 20)
181/003104 Pregunta formulada por el Diputado don Domingo Miguel Tabuyo Romero (GS), sobre adquisiciones más representativas realizadas en el ejercicio 2009-2010 para conservar, proteger e incrementar el Patrimonio ... (Página 20)
181/003105 Pregunta formulada por el Diputado don Domingo Miguel Tabuyo Romero (GS), sobre principales conclusiones de las jornadas celebradas desde el 19/07/2010 por las direcciones de los Institutos Cervantes con los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Educación y de Cultura ... (Página 20)
181/003106 Pregunta formulada por el Diputado don Domingo Miguel Tabuyo Romero (GS), sobre situación del proyecto de paisajes culturales ...
181/003107 Pregunta formulada por el Diputado don Domingo Miguel Tabuyo Romero (GS), sobre valoración del desarrollo de la campaña "Leer tiene premio" ... (Página 21)
232/000022 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 8829/2006, promovido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia, sobre el artículo 117 apartados 1 c), 2, 3 a) y c), 4 y 5 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña ... (Página 21)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIENRO
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Asuntos Exteriores, una Proposición no de Ley relativa al apoyo al diálogo entre Serbia y Kosovo.
La República de Kosovo declaró su independencia de Serbia el 17 de febrero del año 2008, nueve años después del final de la guerra entre el ejército serbio y las guerrillas de etnia albana de Kosovo. En octubre de 2009, las Naciones Unidas aprobaron la petición de Serbia de someter a decisión de la Corte Internacional de Justicia si la secesión de Kosovo había sido legal. El 22 de julio de 2010, dicho órgano judicial resolvió que Kosovo no había violado el derecho internacional al declarar su independencia de Serbia.
Descontenta con el fallo, Serbia pretendía llevar el asunto a Naciones Unidas, conteniendo en su borrador de resolución la condena de la declaración unilateral de independencia de Kosovo. Sin embargo, las futuras intenciones de Serbia de entrar a formar parte de la Unión Europea, junto a los esfuerzos realizados por los diplomáticos de la Unión Europea, trajeron consigo un acuerdo entre los 27 países miembros de la Unión y Serbia para presentar una resolución conjunta ante Naciones Unidas, suavizando los términos de la propuesta serbia.
Así, el 8 de septiembre de 2010 se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución por la que, en primer lugar, se reconoce el contenido de la decisión de la Corte Internacional de Justicia y, en segundo lugar, se aplaude la predisposición de la Unión Europea para facilitar un proceso de diálogo entre Serbia y Kosovo. Asimismo, sobre este proceso de diálogo se dice que será un factor para conseguir la paz, seguridad y estabilidad en la región, y que tratará de promover la cooperación entre las partes y la mejora de la calidad de vida de las personas.
En relación a la adopción de esta resolución, el Gobierno declaró su "profunda satisfacción" por el acuerdo alcanzado entre Serbia y la Unión Europea para presentar a la Asamblea General de la ONU una resolución coordinada sobre Kosovo en la que se instará al diálogo entre Belgrado y Prístina, tal y como reflejaba un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Entre los Estados miembros de Naciones Unidas, son 70 los que han reconocido ya la independencia de Kosovo, y 18 de ellos han abierto embajadas en Prístina (entre ellos, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Estados Unidos). De los países de la Unión Europea, sólo son 5 los que aún no ha realizado dicho reconocimiento: España, Grecia, Rumania, Chipre y Eslovaquia. Sin embargo, por lo que se refiere a Grecia, Rumania y Eslovaquia, estos países al menos tienen ubicada en la capital de Kosovo una Oficina de Representación. Chipre no cuenta con ninguna debido a sus dificultades económicas, pero no hay explicación razonable en cuanto a España. Así, atendiendo al compromiso que siempre ha demostrado el Estado español con los países que salen de una guerra para la promoción de sus intereses económicos, el fomento de la paz y la estabilidad, y la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes, creemos que resulta conveniente la apertura de una Oficina de Representación del Estado español en la capital de Kosovo, Prístina.
1. Apoyar el diálogo entre Serbia y Kosovo, que debe iniciarse tras la resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, con la finalidad de
conseguir la paz, seguridad y estabilidad en la región, así como promover la cooperación entre las partes y la mejora de la calidad de vida de las personas.
2. Abrir una Oficina de Representación en la capital de Kosovo, Prístina, con el objetivo de crear un marco común de relaciones e intereses económicos que contribuyan al desarrollo del país y al bienestar de sus habitantes."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2010.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación política en Ecuador, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
En el conjunto de las repúblicas iberoamericanas están establecidos en este momento, con alguna lamentable excepción, regímenes políticos sustentados en la decisión popular expresada a través de elecciones democráticas, y ello con independencia de las marcadas diferencias de tendencias políticas e incluso de las propias concepciones del Estado y de la forma de articular la convivencia de los ciudadanos en su seno.
Tal situación contrasta favorablemente con la existente en tiempos pasados aunque no tan lejanos, en los que las ominosas dictaduras militares eran la regla, contándose entre ellas algunas especialmente sangrientas en sus métodos represivos, y en que se ejercía un control militar sobre los regímenes civiles, en los que la real posibilidad de actuación democrática era limitadísima.
Debemos de congratularnos de la presente situación que ha permitido y sigue permitiendo la sucesión y alternancia de Presidencias y de Gobiernos por el veredicto de las urnas, en variadísimas versiones electorales, y que permite también en muchos casos la existencia de organismos contra mayoritarios, que resultan de indudable interés para el mantenimiento de los principios y valores democráticos.
La existencia de regímenes democráticos se ha mostrado, además, de gran ayuda para el inicio en unos casos y la consolidación en otros de articulaciones regionales, también variadas, pero imprescindibles para el progreso económico, social y también político del conjunto de Iberoamérica.
Es patente, sin embargo, que existen amenazas no menores que acechan tales procesos democráticos, y que la tentación del uso de las armas contra las decisiones democráticas no ha sido plenamente erradicada en el área.
El reciente ejemplo de Ecuador lo pone claramente de manifiesto.
El proceso de refundación del Estado impulsado por el Presidente Rafael Correa ha tenido como principales hitos el establecimiento -previo referéndum y elección universal- de una Asamblea Constituyente, con funciones simultáneas de legislación ordinaria, y la redacción y aprobación por el 63,93 % de votos favorables en posterior referéndum de una nueva Constitución, que se ha desplegado en la práctica con la provisión, también por elección popular de los cargos en el nivel presidencial, legislativo, provincial, municipal, de juntas parroquiales y para el Parlamento Andino, con resultados en cuanto a mayorías políticas formadas en cada nivel que resultan indiferentes para nuestro propósito, que se refiere a la situación democrática y no a cualquier preferencia por opciones políticas internas que competen sólo a los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador.
El pasado 29 de septiembre se produce un intento de golpe de estado, cuyas concretas circunstancias, antecedentes, y responsabilidades están siendo objeto de investigación, y lo serán de enjuiciamiento, por los correspondientes órganos constitucionales ecuatorianos, que comprenden un Poder Judicial independiente.
En cualquier caso es indiscutible que se produjo el intento de sustituir por la fuerza de las armas la voluntad expresada por los representantes democráticos de la ciudadanía, en intolerable alteración de los principios democráticos más elementales.
Los estrechos lazos con la República del Ecuador son de todo punto indiscutibles y se han hecho aún más próximos por la creciente existencia de ciudadanos y ciudadanas españoles de origen ecuatoriano y por la importantísima presencia de ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos en nuestro país, con los que convivimos diariamente y cuya preocupación por la situación compartimos y con cuya voluntad democrática somos plenamente solidarios.
Entra en nuestras obligaciones políticas como representantes de la soberanía popular la defensa de la democracia y de sus principios allí donde se ciernan amenazas contra las mismas, para contribuir a que jamás la fuerza de las armas sustituya la voluntad colectiva de las personas democráticamente expresada.
1. Reiterar su defensa de los principios, valores y normas de funcionamiento democráticos y la condena
de cualquier forma de ruptura de la legalidad constitucional en Ecuador, en todas las formas y ante todos los foros bilaterales y multilaterales que fueren oportunos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2010.-Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las actividades de ETA en Venezuela, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
En los últimos años, el protagonismo del terrorismo ha experimentado un auge considerable en el ámbito internacional. Desgraciadamente, dicha lacra ya adquirió importantes connotaciones a partir de la década de los sesenta, cuando se firmaron los primeros Convenios de ámbito internacional, como el tendente a garantizar la seguridad de las aeronaves, de 1963, o el que buscaba evitar el secuestro de las mismas, de 1970.
A su vez, en nuestro país nacía la banda terrorista ETA, quien realizó su primera acción violenta en julio de 1961 y su primer atentado de gran repercusión en 1968. A día de hoy, el triste balance que ofrece la banda es el de 839 personas asesinadas (527 de las cuales, civiles).
Poco antes del 11-S, la doctrina pasaba de la tradicional división entre la definiciones de terrorismo nacional e internacional (que diferenciaba la amenaza que representaban las FARC, el IRA o ETA de atentados como los de Lockerbie o los de las Embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, por citar algún ejemplo) a una concepción del terrorismo como amenaza global.
Así, aunque es cierto que aún podemos apreciar características propias según la región, lo cierto es que ya no es posible encapsular el terrorismo como un fenómeno nacional, puesto que está comprobado que todas estas bandas criminales tienen en mayor o menor medida ramificaciones que van más allá de sus fronteras, ya sea para buscar financiación, entrenamiento o evasión de la justicia. Es por ello que el gran desafío y principal objetivo consiste en hacer un buen uso de la cooperación policial, jurídica y diplomática.
Todo este proceso descriptivo y explicativo viene a materializarse en las recientes informaciones aparecidas en torno a la banda ETA y su vinculación con Venezuela.
El 24 de febrero de 2010, el Auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco afirmaba que Venezuela colaboraba con terroristas etarras desde al menos 2007, dictando entonces una orden de detención internacional contra Arturo Cubillas, entre otros.
Meses después, el 29 de septiembre, los etarras Javier Atristain y Juan Carlos Besance son detenidos en Guipúzcoa, y el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dicta un Auto ordenando su ingreso en prisión; en dicho Auto se recoge una confesión de los etarras que revela que recibieron adiestramiento de Arturo Cubillas en Venezuela entre julio y agosto de 2008.
Es de sobras conocido el hecho de que la banda terrorista ha operado durante muchísimos años en territorio francés. A raíz de la total cooperación y compromiso entre Francia y España, se ha podido acorralar y debilitar a ETA como nunca antes en su historia. Como consecuencia del acoso a la banda en el país galo, ésta ha buscado nuevos horizontes. La trascendencia de la información revelada en los dos Autos anteriormente citados, hace que Venezuela esté en el punto de mira y que resulte imperativo no sólo aclarar la veracidad de la información filtrada, sino lograr un compromiso firme del Gobierno bolivariano de su total colaboración con España para lograr el fin de la banda terrorista.
1. Presentar una protesta firme frente a las autoridades de Venezuela tras la nueva constatación policial y judicial de la actividad de la banda terrorista ETA en territorio venezolano.
2. Exigir al Gobierno de Venezuela que facilite toda la información relacionada con la actividad de ETA, dar o recibir entrenamiento en territorio venezolano, así como la vinculación de la banda con las FARC.
3. Expresar la máxima firmeza ante las gravísimas informaciones que vinculan al país bolivariano con ETA y las FARC.
4. Redoblar los esfuerzos para lograr la extradición de los terroristas que aún permanecen en Venezuela, y muy especialmente, Arturo Cubillas Fontán, quien, tal y como ha quedado demostrado en el Auto
de la Audiencia Nacional del juez Ismael Moreno, continúa en activo.
5. Recabar plenas garantías por parte del Gobierno venezolano de que en el futuro no se produzca ningún otro episodio de cooperación entre ETA y los altos funcionarios de Venezuela y que se tomen todas las medidas pertinentes para evitar que los terroristas de ETA se entrenen en Venezuela.
6. Tomar todas las medidas pertinentes para la extradición de todos los terroristas residentes en Venezuela con cuentas pendientes con la justicia española."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2010.-Gustavo de Arístegui San Román, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la españolidad de Ceuta y Melilla, para su debate en Comisión de Asuntos Exteriores.
Una de las causas de conflicto más habitual entre países vecinos es la disputa de territorios fronterizos; así, encontramos diversas reivindicaciones por tal motivo a lo ancho del planeta, como las existentes entre India y China o entre Tailandia y Camboya, entre otras muchas.
España linda con el Reino de Marruecos en sus fronteras terrestres con Ceuta y Melilla.
Ambas plazas españolas, sin embargo, al estar situadas en el norte de África, han sido cíclicamente reivindicadas por el reino alauí.
La postura del Gobierno español siempre ha sido muy firme al respecto, sin mostrar ningún tipo de duda o fisura acerca de la españolidad de ambas ciudades.
Ello es así porque la historia aporta argumentos suficientes para no mostrar la más mínima duda ante la legitimidad de la españolidad de ambas plazas: Melilla en el año 46 d.C. con el nombre de Flavia y Ceuta, en el 40 d.C. como Septem Frates, pasaron a ser ciudades tan romanas como Hispania, y precisamente Hispania era el mercado hacia el que dirigían su vida comercial. En la época medieval, durante el periodo de poder musulmán, Ceuta fue destruida en el siglo VIII y reconstruida en el IX.
Los califas españoles van a revindicarla siempre como parte del territorio ibérico; aun bajo el poder musulmán, Ceuta sigue siendo la misma ciudad romana y cristiana. Cuando el reino de Portugal se incorporó a la monarquía hispánica, en 1580, Ceuta también lo hizo. Pero en 1640, cuando Portugal se desgaja de España, los ceutíes decidirán que quieren seguir siendo españoles.
Por su parte Melilla, bajo el dominio árabe de la península, renace y se convierte en una ciudad próspera. Y, significativamente, no formará parte de los reinos musulmanes africanos, sino del califato de Córdoba; incluso cuando fue musulmana, Melilla fue española.
Así, vemos que la reivindicación de Marruecos es injustificada, pues durante 2000 años, Marruecos nunca tuvo en sus manos Ceuta y Melilla. Las primeras formaciones políticas que aparecen en la zona -el Reino de Nekor, la dinastía árabe de los idrisíes, las dinastías bereberes de almohades, almorávides y benimerines- no pueden ser consideradas como precedentes del Marruecos actual, pero, incluso si lo fueran, su supuesto derecho sobre nuestras ciudades es insostenible. La dinastía alauí o alauita, cuyas posesiones son el germen del Marruecos actual, surge en el siglo XVII, cuando Ceuta y Melilla ya llevaban 200 años bajo las coronas ibéricas y cristianas.
En noviembre de 2007 se produce la primera visita de un Jefe de Estado español desde la visita de Alfonso XIII en 1927 (si bien Don Juan Carlos y Doña Sofía las habían visitado como Príncipes en 1970). La reacción marroquí fue el tacharla de "provocación" y llamar a consultas a su Embajador.
En agosto, múltiples incidentes con la Guardia Civil española en la frontera con Melilla han vuelto a traer a primera plana a dicho punto geográfico. La ausencia de declaraciones tempranas por parte del Presidente del Gobierno o el Ministro de Asuntos Exteriores, la mediación del Rey y la negación categórica de que exista cualquier tipo de conflicto con Marruecos por parte del Gobierno, ha llevado a un amplio sector de la sociedad española y de la oposición a desconfiar de la tibieza que España está mostrando ante este asunto.
1. Mostrarse firme ante las provocaciones de ciertas asociaciones en las fronteras de Ceuta y Melilla y ante las reivindicaciones marroquíes sobre ambas ciudades. Asimismo mostrar público apoyo a la españolidad de Ceuta y Melilla, a sus instituciones y a sus ciudadanos.
2. Trasladar un mensaje claro y taxativo sobre la españolidad de Ceuta y Melilla, cuya soberanía ni está ni estará en el futuro en la mesa de negociación.
3. Fomentar las relaciones bilaterales entre España y Marruecos, sobre la base de una mejor coordinación y cooperación en los ámbitos económico, comercial, político y social, fundamentadas en la sinceridad, la transparencia,
el respeto mutuo, la búsqueda de sinergias positivas, el diálogo y contacto permanentes."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de agosto de 2010.-Gustavo de Arístegui San Román, Diputado.- María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001945
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la mejora de medios humanos y materiales en las fronteras de Ceuta y Melilla para su debate en la comisión de Interior.
Las Fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos son una de las fronteras más transitadas del mundo, y como consecuencia de ello, los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen una carga de trabajo muy por encima de la media. Pese a ello, los efectivos que están allí destinados y los medios materiales de que disponen resultan claramente insuficientes.
Esta desproporción entre los escasos medios disponibles y el enorme tránsito de bienes y personas hace que las aglomeraciones sean continuas.
A esto hay que añadir que según la propia Delegación del Gobierno de la Ciudad Autónoma, los vehículos y las personas transportan una gran cantidad de artículos de contrabando.
Cada día unos 35.000 marroquíes cruzan la frontera entre Marruecos y Melilla, y unos 30.000 la frontera entre Ceuta y Marruecos, transportando productos o para trabajar en España. La tensión que cada día se vive en la frontera, se ha visto incrementada este verano, después de que el gobierno marroquí emitiera cinco comunicados en los que acusaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas de agredir por motivos racistas a marroquíes y subsaharianos, así como por los incidentes y bloqueos vividos en la frontera.
Hay problemas estructurales en la frontera, eso es indiscutible. Pocos medios y pocos funcionarios. Sería necesario que existieran cabinas de control adecuadas con medios informáticos; que haya un número de efectivos adecuado para que todos los carriles de entrada y salida puedan estar a pleno rendimiento, los puestos mejor atendidos y lograr reducir las colas; sería necesario que la franja de seguridad se vacíe, que sea de verdad un espacio de respeto mutuo entre los países que dé tranquilidad a los funcionarios y a los que pasan de un país a otro.
La precariedad de medios materiales y humanos con la que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, están realizando su labor en las fronteras de Ceuta y Melilla, hace que ésta resulte encomiable,
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adecuar las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las fronteras de Ceuta y Melilla a la realidad de su carga de trabajo, y a dotar de los medios materiales necesarios para el cumplimiento de su deber con mayor eficacia y en mejores condiciones."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2010.-Ignacio Cosidó Gutiérrez y Antonio Gutiérrez Molina, Diputados.- María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001955
Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Fomento, la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la finalización de las obras de la B-40 entre Viladecavalls y Olesa de Montserrat durante el año 2012.
La mejora de la conectividad viaria entre las comarcas del Vallès Occidental y el Baix Llobregat es una necesidad no cuestionada en su globalidad, a pesar que en el transcurso de la última década ha existido un intenso debate sobre cuál debería ser la mejor opción para atender la necesidad de movilidad con el mínimo impacto ambiental.
Finalmente, después de diversos desencuentros, el Ministerio de Fomento empezó, a partir del año 2006, a construir el primer tramo de la autovía B-40 entre Terrassa y Abrera. Desde un punto de vista operativo, esta primera fase de la B-40 se licitó en tres subtramos. El pasado mes de julio, no exentos de dificultades, entraron en funcionamiento los subtramos Terrassa-Viladecavalls y Olesa de Montserrat-Abrera, sin solución de continuidad entre ambos, al encontrarse en obras el tramo intermedio Olesa-Viladecavalls.
Inicialmente, se consideraba factible que, si se mantenía el ritmo de trabajo previsto en la autovía B-40 entre Viladecavalls a Abrera podría entrar en servicio a lo largo del año 2012. Así estaba previsto en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. A pesar de ello, fruto del recorte presupuestario del Ministerio de Fomento, las obras en este tramo se han ralentizado hasta la mínima expresión. Sin embargo, las obras del tramo Viladecavalls-Olesa de Montserrat no constaban en la lista de infraestructuras paralizadas por el Estado. Lo cierto es que la paralización es una realidad, pues la UTE constructora se ha visto obligada a despedir la mayor parte del personal contratado para la obra y este mismo mes de septiembre se han desmontado las oficinas a pie de obra.
Con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, se ha podido constatar que el calendario de finalización se ha modificado hasta el año 2014, dos años más de lo previsto, sin ninguna explicación y dejando dos tramos de autovía incomunicados.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la finalización de las obras de la B-40 entre Viladecavalls y Olesa de Montserrat durante el año 2012."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2010.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/001959
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo del artículo 193 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la celebración del Año Internacional de la Química 2011, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
En diciembre de 2008, a iniciativa de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) y de la UNESCO, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró 2011 como Año Internacional de la Química. Bajo el lema "Química-nuestra vida, nuestro futuro" se organizará un amplio catálogo de actividades educativas, de divulgación y lúdicas para todas las edades, promoviendo especialmente el interés entre los jóvenes. Se pretende conseguir la participación de ciudadanos y ciudadanas de todas las edades y en todo el planeta, impulsando su crecimiento en los países en vías de desarrollo.
En una sociedad democrática, es necesario poner al alcance de la ciudadanía una cultura científica que permita actuar como ciudadanos y ciudadanas autónomos, críticos y responsables, participando en las decisiones sobre temas científico-técnicos.
La Química constituye una de las ciencias fundamentales de la naturaleza.
Sin su conocimiento es imposible comprender el universo que nos rodea y múltiples aspectos de la vida cotidiana así como garantizar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En este sentido, desempeña un papel fundamental en los sistemas educativos y es necesario reconocer, valorar y apoyar la labor de los docentes en la formación de los jóvenes en todos los niveles educativos.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, dentro del ámbito de sus competencias, y de acuerdo, en su caso, con las Comunidades Autónomas:
1. Apoye la celebración del Año Internacional de la Química 2011 mediante la promoción de actividades en todos los ámbitos educativos.
2. Difunda entre los profesores de Química de todos los niveles educativos la oportunidad de esta celebración para contribuir a un mejor nivel de la enseñanza de la Química y acercar a los jóvenes a su conocimiento.
3. Fomente la organización de actos culturales, académicos, científicos y lúdicos entre los estudiantes y la ciudadanía en general, relacionados con la celebración del Año Internacional de la Química."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2010.-Montserrat Palma i Muñoz y Guillermo Bernabeu Pastor, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001960
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la acción exterior educativa, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
La acción educativa exterior ha sido tradicionalmente un instrumento dirigido a transmitir los valores, cultura e intereses de la propia sociedad, para lo cual la difusión de la lengua es un factor determinante. Ha sido, por tanto, un complemento eficaz de las relaciones exteriores, tanto políticas, como económicas y culturales.
El propósito de la acción educativa española en el exterior ha ido evolucionando con el tiempo, desde el objetivo inicial de atender a los ciudadanos españoles expatriados, hasta el más reciente de educar a los residentes de los países anfitriones en un ámbito de difusión mucho más amplio, siempre con el fin de difundir los valores de la cultura propia, y con ello captar simpatías, consolidar alianzas, satisfacer intereses recíprocos y reforzar las relaciones de amistad con otros países.
La gran apertura internacional que supone la globalización ha incrementado la demanda de nuestra presencia educativa en el exterior, igualmente el aumento de programas y plazas en los países donde se encuentra. A la sazón, la nueva agenda de internacionalización educativa demanda una mayor y mejor presencia en los foros europeos e internacionales donde se diseña la nueva gobernanza educativa, donde se gestiona la cooperación educativa al desarrollo y donde se obtienen los mejores insumos para el diseño de nuestras políticas públicas educativas.
Junto a ello existen las demandas derivadas de la relevancia de los programas de movilidad del alumnado español y extranjero para el mutuo conocimiento de las lenguas y las culturas propias de cada país, en especial dentro del marco de movilidad potenciado en el seno de la Unión Europea. Igualmente las provenientes de la necesidad de que se promocione la incorporación temporal a los diferentes programas de la acción educativa en el exterior de un profesorado bien cualificado y con capacidad de innovación, para que el conocimiento y la formación adquiridos durante su estancia en el exterior tengan consecuencias beneficiosas para nuestro sistema educativo tras su regreso a España. Y en el mismo contexto las emanantes del impulso del aprendizaje de lenguas extranjeras, tal y como recoge el Programa de Mejora del Aprendizaje de Lenguas Extranjeras recientemente aprobado por el Consejo de Ministros.
Todas estas demandas deben acometerse en un escenario de austeridad presupuestaria y, en consecuencia, se deben reasignar los recursos existentes dirigiéndolos prioritariamente a los nuevos objetivos derivados de la internacionalización educativa.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que en el menor tiempo posible elabore un Plan de la acción educativa exterior que sitúe con carácter principal los recursos en el exterior al servicio de las prioridades educativas y formativas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2010.-Cándida Martínez López, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001961
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la siguiente Proposicion no de Ley sobre la participación autonómica en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, para su debate en la Comisión de Economía.
Actualmente el Fondo de Reserva de la Seguridad Social supera los 62.500 millones de euros. A pesar de que en la dura crisis, que afecta a todas las cifras de nuestra economía, la Seguridad Social ha obtenido notables superávits tanto en 2008 como en 2009. En 2010 de momento el superávit es superior a los 6.000 millones de euros. Todo ello demuestra el buen estado de la "hucha de las pensiones", una herramienta con un futuro más que garantizado en el largo plazo. A finales de 2009, según el informe anual del Fondo de Reserva remitido a las Cortes Generales, el 23,25 % estaba invertido en activos financieros de deuda pública extranjera, el 76,75 % restante en deuda pública española. La deuda de las CCAA son las grandes perjudicadas por estos criterios de inversión.
Ni el Real Decreto 337/2004, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social ni la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que es la normativa reguladora vigente del Fondo de Reserva, hacen mención alguna a la adquisición de deuda de las comunidades autónomas.
Este instrumento es de una enorme potencialidad financiera y podría contribuir a solventar los problemas de emisión de deuda de determinadas comunidades que a menudo no encuentran en los mercados internacionales
la confianza que merecerían por su solvencia. Consecuentemente algunas condiciones de colocación de deuda autonómica, con elevados intereses, no hacen más que incrementar el déficit español.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Real Decreto 337/2004, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en el siguiente sentido:
1. Modificar los criterios de inversión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para que el superávit generado en cada CCAA sea invertido en proyectos de creación de ocupación o de mejora del modelo productivo mediante la adquisición de emisiones de deuda de cada respectivo gobierno autonómico.
2. Hacer efectivo el traspaso de las competencias sobre la totalidad de las políticas activas de empleo, incluyendo la gestión de las bonificaciones por contratación y de los fondos de la formación continua, a todas aquellas Comunidades Autónomas que lo soliciten.
3. Vista la solidez de las cifras de la Seguridad Social, no se realizarán modificaciones del Sistema de Pensiones que supongan un incremento de la edad trabajada o los años cotizados, ni una reducción de la cuantía percibida por las personas pensionistas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2010.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los diputados Francisco Jorquera Caselas y Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley, relativa a sobre la preocupante situación por la que atraviesa el astillero vigués Factorías Vulcano, para su debate en Comisión.
El astillero de Factorías Vulcano situado en Vigo está atravesando por una situación preocupante debido a la negativa de la sociedad PYMAR de no concederle avales para la obtención de una línea de crédito y la no adhesión al Convenio de la junta de acreedores de Astilleros Juliana, lo que permitiría su venta y liberar cargas para mejorar la situación financiera y cumplir con los plazos de entrega de los barcos encargados.
Hay que tener presente que esta sociedad está participada por las administraciones central y autonómica, además de los astilleros privados.
La gravedad del problema ha llevado a los trabajadores de Factorías Vulcano a protagonizar un cierre en las instalaciones del astillero para que se solucione este problema que, en caso contrario, comprometería seriamente el futuro de esta factoría.
Debe tenerse presente que tanto la dirección de la empresa como la plantilla de trabajadores han realizado un importante esfuerzo en el proceso de saneamiento de la empresa. Por eso resulta doblemente incomprensible la negativa de la sociedad PYMAR que supone un auténtico freno al desarrollo de la capacidad productiva del astillero vigués, y que más bien, hace pensar en el inicio de un camino cuya meta es el desmantelamiento del sector naval de la Ría de Vigo.
El Ministerio de Industria no puede desinhibirse y dar la espalda a la empresa Factorías Vulcano. Es preciso que se implique y salve al astillero de la complicada situación en la que se encuentra. De lo contrario, en Galicia habría que empezar a pensar en una especie de persecución al sector del metal gallego, puesto que el Decreto del Carbón ha supuesto un auténtico muro a la viabilidad futura de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama, y ahora, el freno de PYMAR está siendo otra losa sobre la capacidad productiva de Vulcano.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno y al Ministerio de Industria a:
1. Iniciar las gestiones pertinentes para garantizar la continuidad y la viabilidad futura de la empresa Factorías Vulcano.
2. Adoptar las medidas necesarias para que la sociedad PYMAR avale el crédito para la construcción de buques y desbloquee el acuerdo de venta de la filial de Gijón.
3. Comprometerse en la búsqueda de soluciones que aseguren la pervivencia de la actividad de Vulcano y el mantenimiento de los puestos de trabajo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2010.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.- Francisco Xesús Jorquera Caselas, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la seguridad de las balsas de residuos tóxicos industriales, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.
El 4 de octubre de 2010 se produjo una rotura del dique de contención de una balsa con residuos tóxicos perteneciente a la empresa Magyar Aluminium Zrt en las inmediaciones de Ajica (Hungría). El vertido, de un millón de metros cúbicos de lodo rojo, causó ocho muertos, 150 heridos y cientos de civiles evacuados en los pueblos del entorno, y contaminó tres ríos hasta llegar al Danubio. Estos lodos contienen mercurio, arsénico y metales pesados tóxicos, algunos de ellos cancerígenos. Además, la alta alcalinidad de la sosa cáustica les hace corrosivos y producen quemaduras en la piel de las personas y de los animales. A todo ello hay que añadir los graves daños ambientales producidos en las tierras, bosques y ríos, sobre todo si los elementos tóxicos no se diluyeran suficientemente en el Danubio.
En el momento de la rotura, la balsa acumulaba el doble del volumen máximo permitido. La empresa, pese a conocer con anterioridad el estado defectuoso del dique de contención, no hizo nada para repararlo y prefirió mantener la balsa en funcionamiento para no perturbar la producción de óxido de aluminio y de hidróxido de aluminio que vende a Italia y España, que importan estos productos para colorear cerámicas o como material ignífugo en la fabricación de cables.
La empresa MAL Zrt ha propuesto pagar la grotesca suma de 200.000 euros para responder de los daños producidos, que los expertos cifran en sumas millonarias. La empresa sólo tiene concertado un seguro por valor de 40.000 euros y los empresarios afirman que carecen de fondos financieros para reparar los daños e indemnizar a los damnificados.
Sucede aquí algo parecido a lo que pasó tras la catástrofe similar acaecida en Aznalcóllar (España) en 1998, cuando la multinacional sueca Boliden clausuró la explotación de aluminio y desapareció de España sin pagar un solo euro de los 240 millones que costó la reparación de la balsa minera que dañó el entorno de Doñana.
Para colmo, a los pocos días de la catástrofe, la empresa MAL Zrt tuvo el cinismo de solicitar del gobierno húngaro el reinicio inmediato de los trabajos, cuando todavía existe el peligro de nuevas roturas en la balsa.
El inventario de 2002 del Instituto Geológico y Minero de España recoge la existencia de 988 balsas y presas mineras. De ellas, 524 están abandonadas, aunque se sellaron hace años y pueden estar contaminando la tierra sin control. Por ejemplo, hay balsas o depósitos de lodos en Asturias, como es el caso de Asturiana de Zinc, en El Espartal de San Juan de Nieva (Castrillón) y de las Minas de Oro en Boinás (Belmonte de Miranda), en las que las autoridades regionales descartan riesgos de vertidos. Pero algunas de las balsas españolas en activo pueden ser peligrosas. Este parece ser el caso de la situada en la mina de cobre de Las Cruces, en Gerena (Sevilla), cuya capacidad de 15 millones de toneladas será rebasada en poco tiempo en una balsa de arcilla demasiado frágil para soportar la presión de los residuos. También está bajo sospecha la presa de Aguzaderas, entre Río Tinto y Campofrío, que es tres veces mayor que la de Aznalcóllar y lleva diez años abandonada, habiéndose registrado filtraciones al río Odiel. La balsa de San Ciprián (Lugo), propiedad de la multinacional estadounidense Alcoa que fabrica aluminio con bauxita, ya supera la mitad de su capacidad, estimada en 28 millones de litros y la previsión es que continúe llenándose hasta 2025.
Científicos, ecologistas y vecinos temen que pueda producirse alguna rotura que arrase y contamine al pueblo de San Ciprián y una piscifactoría antes de acabar en el mar, que está a 600 metros.
El problema es que los controles de seguridad de los diques los hacen las empresas, que también suministran los datos de emisiones y escapes, que no son públicos, limitándose la Administración a supervisarlos.
La prevención es siempre menos onerosa en términos económicos que la remediación. Pero para que el principio de precaución se materialice, las empresas propietarias de estas instalaciones industriales, que se lucran con su actividad, deberían ser obligadas a poner todos los medios para prevenir estas catástrofes y remediarlas cuando se producen. Corresponde a los Estados extremar la vigilancia primero en labores de inspección, en la imposición de pólizas de seguros suficiente, de normas de obligado cumplimiento y de sanciones disuasorias en caso de infracción o de catástrofe debida a la negligencia de los empresarios.
Aunque en España existe normativa que regula este tipo de instalaciones, como es la Ley de responsabilidad ambiental, la Ley de prevención y control integrado de la contaminación y el Real Decreto sobre residuos industriales de minería extractiva, además de la directiva europea de 2005 sobre medidas de seguridad, el control y seguimiento están compartidos por las autoridades estatales, autonómicas y municipales competentes, suelen ser las propias empresas las encargadas del suministro de los datos.
1. Revisar y completar la normativa vigente que regula el depósito de residuos tóxicos en balsas industriales, para garantizar:
a) la seguridad, control y seguimiento de las instalaciones;
b) la existencia de planes de emergencia adecuados;
c) la obligación de las empresas de suscribir pólizas de seguros que cubran adecuadamente los riesgos personales, económicos y ambientales en caso de catástrofe;
d) la responsabilidad de la Administración en el control de las instalaciones y la publicación periódica de los datos y resultados de los controles.
2. En colaboración con las Comunidades Autónomas, emprender una inspección general de las instalaciones existentes en la actualidad, para proceder a la evaluación de riesgos y comprobar la resistencia de los muros de contención, el respeto del volumen de almacenamiento máximo permitido, la existencia de planes de emergencia y pólizas de seguros adecuados; y en su caso, promover el desmantelamiento de las instalaciones peligrosas que se encuentren próximas a los cauces de los ríos.
3. Promover la investigación y aplicación de alternativas al embalse de residuos tóxicos, como es el reciclaje del barro en nuevos materiales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2010.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/001954
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del Diputado Francesc Canet i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la recuperación de las playas del litoral afectadas por el temporal de levante, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente, Rural y Marino.
El pasado fin de semana del puente del Pilar un fuerte temporal de levante azotó la costa catalana y valenciana, produciéndose con especial virulencia en la provincia de Girona, donde se registraron episodios de lluvia de hasta 200 litros por metro cuadrado que provocaron que varios ríos de desbordasen y tuvieran que cortase carreteras, especialmente en la comarca del Alt Empordà.
No obstante, la peor parte de los daños producidos se la llevaron las playas catalanas, especialmente las del litoral del Maresme (como Premià, Vilassar o Cabrera de Mar) y de la Costa Brava y en concreto en el Golf de Roses, donde se registraron oleajes de hasta ocho metros de altura, provocando la desaparición de muchas playas como la de Punta de Roses, que ya fue regenerada el pasado verano.
De hecho, existen voces de instituciones y organizaciones sociales que cuestionan estas actuaciones por considerarlas poco consistentes y que reclaman que el dinero invertido sea para conseguir unas soluciones definitivas que impidan que periódicamente nos encontremos con los mismos daños.
Es evidente que cuando acaecen temporales de esta naturaleza, y experiencias no nos faltan, el fuerte oleaje provoca retrocesos de la línea de la costa, y en algunos casos se lleva playas enteras y provoca daños de gran magnitud en los paseos marítimos y edificaciones próximas a la línea de la costa.
No obstante, el temporal pasado, y, a la espera de que por parte de los alcaldes se haga el inventario de la totalidad de los daños, sólo ha perjudicado a las playas que han perdido gran parte de su arena. Por ello, es esencial que la arena de las mismas sea regenerada antes de que empiece la nueva temporada turística de 2011, a fin de no perjudicar aún más a los sectores económicos que viven del turismo, corno la hostelería, la hotelería, las agencias de alquileres y al sector servicios de esta zona con carácter general, que ya están muy castigados por la grave crisis económica.
- Proceder, de manera dialogada con la Generalitat de Catalunya y las poblaciones afectadas, a regenerar, mediante soluciones permanentes y definitivas, las playas del litoral, así como otras posibles infraestructuras afectadas por el temporal de levante del mes de octubre de 2010, antes de empezar la campaña turística de 2011."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2010.-Francesc Canet i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/001953
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la siguiente Proposicion no de Ley sobre la tarjeta sanitaria individual en braille, para su debate en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo.
La Tarjeta Sanitaria Individual es el documento identificativo y acreditativo de las personas usuarias para el acceso a los servicios sanitarios de cobertura pública, a cargo del Servicio Nacional de la Salud.
Las tarjetas magnéticas y carnets cada vez son más frecuentes en nuestra vida cotidiana: DNI, tarjetas bancarias, carnets de estudiante, etc.
El tamaño, la forma y la textura de los carnets a menudo son idénticos, lo que impide que las personas ciegas, a través del tacto, puedan saber a qué pertenece cada documento. Cabe destacar que la tarjeta sanitaria individual incluye un identificador táctil (una muesca) para las personas con dificultades visuales, de acuerdo a la Norma Europea EN 1332, parte 2, de mayo de 1998. Ahora bien, a menudo hay que recurrir a memorizar la colocación o el orden de los títulos en los tarjeteros, lo que en muchas ocasiones no resulta práctico ni eficaz. Esta situación conlleva que a menudo se debe solicitar ayuda a terceras personas para ayudar a indicar a que corresponde cada tarjeta.
En algunas Comunidades Autónomas como Madrid o Cataluña, los Gobiernos han resuelto esta situación regulando la incorporación del braille en la Tarjeta Sanitaria, incluyendo en el caso de Cataluña, las siglas identificativas del documento, y el número de identificación del usuario.
Consideramos que sería deseable, en aras de un diseño universal del documento, y de asegurar la garantía por igual de los derechos de las personas con discapacidad visual usuarias del Sistema Nacional de Salud en todo el Estado, extender la regulación ya vigente en Madrid y Cataluña.
Cabe por tanto, instar al Gobierno a regular la incorporación del braille en el modelo de tarjeta sanitaria Individual en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias autonómicas en la materia.
"El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno, antes de finalizar la legislatura, a modificar el Real Decreto 183/2004 de 30 de enero por el que se regula la tarjeta sanitaria individual, al objeto de incorporar al modelo de tarjeta sanitaria individual, a solicitud de los usuarios interesados, la inscripción en braille de siglas que permitan identificar de forma autónoma el documento, por ejemplo, las siglas de Tarjeta Sanitaria Individual (TSI), así como la numeración del código de identificación del usuario."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2010.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/001956
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a encargar un estudio sobre la incidencia y la prevalencia de los abusos sexuales a menores en España.
Nuestra sociedad necesita proteger a los niños y niñas de sufrir cualquier tipo de abuso. Los estudios realizados sobre la existencia de abusos sexuales infantiles en España y en otros Estados de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, estiman que un 23-25 % de las niñas y un 10-15 % de los niños sufren abusos sexuales antes de los 17 años. Generalmente se trata de abusos cometidos por un familiar o alguien del entorno de confianza del menor.
La existencia contrastada de graves secuelas en el niño, así como la interferencia del abuso sexual en el correcto proceso evolutivo del menor, ha sido una de las razones más importantes del auge en la investigación de esta problemática, así como de una mayor sensibilidad social hacia el tema. También se puede hablar de efectos a largo plazo, ya que los menores pueden continuar sufriendo un impacto cuando llegan a la edad adulta.
La mayoría de estudios hablan de consecuencias que afectan a todas las áreas de la vida de la víctima y que impiden hablar de un síndrome del abuso sexual, que permita su correcta identificación y detección. A pesar de ello, diversos autores constatan la alta frecuencia de una serie de problemas que parecen detectarse en la mayoría de víctimas de abuso sexual.
En general se comparten unas creencias erróneas que facilitan el no reconocimiento de este tipo de situaciones y tienden a esconder el problema, incluida la culpabilización de la víctima. Muchos casos no se denuncian, a pesar de la obligación social y legal de hacerlo.
Los últimos estudios rigurosos de investigación publicados sobre el abuso sexual infantil datan de 1994, fueron efectuados por encargo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y muestran una alta incidencia.
Atendiendo a que los datos son alarmantes y requieren una atención integral el colectivo de afectados, existen diversas fundaciones y asociaciones que trabajan con la infancia y la adolescencia, que están en disposición de abordar y tratar estos problemas. Para ello necesitan disponer de una información adecuada, en un tema que frecuentemente es olvidado y marcado por el tabú; así mismo, se les debe prestar apoyo en las iniciativas que llevan a cabo. En este sentido, la Fundación Vicki Bernadet trabaja desde su centro terapéutico y jurídico con una metodología interdisciplinaria. También invierte muchos recursos y esfuerzos en la formación, como herramienta fundamental para prevenir, detectar y tratar la problemática. Uno de los ejes centrales del trabajo de la entidad es la sensibilización social, ya que mediante una estrategia eficaz de comunicación y sensibilización, la Fundación ha conseguido que se hable de los abusos sexuales a menores en los medios de comunicación, que se discuta el tema en las escuelas y que se tenga en cuenta a las instituciones relacionadas con la infancia.
Esta Fundación, que desarrolla su trabajo en Cataluña, tiene la voluntad de extender sus proyectos al resto del Estado español, para lo que necesita el apoyo necesario para disponer de sostenibilidad y seguridad en el desarrollo de los mismos.
3. Dicho apoyo se llevará a cabo con pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2010.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/001957
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Igualdad, una Proposición no de Ley relativa a la realización de un estudio criminológico sobre los supuestos más graves de violencia de género, que permita mejorar el sistema de protección a las víctimas.
La Memoria 2010 de la Fiscalía General del Estado, en el capítulo III, dedicado a la actividad del Ministerio Fiscal durante el año 2009, y concretamente el apartado E. "Fiscales de Sala Coordinadores y Delegados para Materias Específicas y Secciones o Delegaciones Territoriales Especializadas", epígrafe 1. "Fiscal de Sala Delegada Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer", establece textualmente:
"Nuevamente planteamos la necesidad de llevar a cabo el proyecto abordado en Consejo de Ministros de enero de 2007 en el que se acordaba: "Promover la realización de un estudio criminológico sobre los supuestos más graves de violencia de género que permita mejorar el sistema de protección a las víctimas". Proyecto que, habiendo sido convocada la Fiscal de Sala para intervenir en su realización y mantener diferentes reuniones con otros participantes, no pudo llevarse a efecto, pese a la necesidad de conocer más en profundidad la naturaleza de este singular fenómeno; necesidad que sigue manteniéndose a fecha de hoy."
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, en el plazo más breve posible, un estudio criminológico sobre los supuestos más graves de violencia
de género que permita mejorar el sistema de protección a las víctimas, acordado por Consejo de Ministros en enero de 2007 y aún pendiente de realización."
161/001943
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para aumentar la transparencia en las subvenciones que otorga la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
La AECID otorga anualmente distintas subvenciones destinadas tanto a organizaciones sin ánimo de lucro, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, como a ciudadanos españoles y extranjeros que cumplan los requisitos establecidos en la normativa. Estas subvenciones se dividen en varios tipos: la Convocatoria Abierta y Permanente, la de proyectos, la de convenios, las subvenciones a la internacionalización de la cultura española en el exterior, etc.
Cada tipo de subvención está regulada por su propia normativa que establece su objeto y finalidad, las prioridades de la subvención, los beneficiarios, la cuantía de dicha subvención, la instrucción del procedimiento, la valoración, la resolución, el pago, el cumplimiento de los objetivos, la justificación, las obligaciones del beneficiario, las responsabilidades y los reintegros.
En la convocatoria abierta y permanente, la valoración de los proyectos presentados a ser subvencionados, se subordina a un sistema de puntuación que otorga una serie de puntos en base a unos criterios establecidos: la adecuación a las prioridades sectoriales y geográficas de la cooperación española se calificará con un máximo de tres puntos, el contenido, relevancia y calidad de la actividad, podrá recibir un máximo de dos puntos, la pertinencia y viabilidad de la actividad, podrá calificarse con un máximo de dos puntos y el grado de complementariedad con otras acciones relacionadas con la cooperación para el desarrollo, con un máximo de calificación de tres puntos. De esta manera, para la concesión de la subvención sería necesario obtener un mínimo de siete puntos y medio, como suma de los obtenidos en la valoración de los cuatro criterios expuestos, y tener una puntuación superior a cero en todos y cada uno de los cuatro criterios anteriores.
La normativa varía para las subvenciones de convenios y proyectos, en la que se establecen los siguientes criterios de valoración y puntuación: la solvencia institucional que aporta 100 puntos. La valoración de la propuesta que aporta 100 puntos. La complementariedad con la Cooperación Española que aporta 100 puntos. Finalmente, la valoración integrada se produce mediante una fórmula de agregación ponderada en la cual se da el siguiente peso a cada uno de los criterios: solvencia institucional: 20 %, valoración técnica de la propuesta: 70 % y complementariedad: 10 %.
En las tres convocatorias, la normativa establece que las resoluciones serán motivadas con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.
Sin embargo, la AECID no publica ninguna lista de los proyectos presentados, ninguna lista de los proyectos que han sido rechazados, ni ninguna lista con los motivos por los cuales los proyectos han sido aprobados o rechazados; afectando, de esta manera, a la transparencia del sistema de subvenciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo mejore la transparencia en la concesión de subvenciones a personas y entidades sin fines de lucro mediante la publicación de:
1. Todos los proyectos que han sido presentados a una subvención.
2. La puntuación otorgada a cada uno de ellos por la Agencia Española de Cooperación Internacional.
3. Los motivos concretos que han conducido a la Agencia Española de Cooperación Internacional a aprobar o rechazar cada uno de los proyectos presentados."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2010.-Gonzalo Robles Orozco, Diputado.- María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001944
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al seguimiento, mediante programas de trazabilidad, de las subvenciones otorgadas a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 8.3 establece que "la gestión de las subvenciones a que se refiere esta Ley se realizará de acuerdo con los siguientes principios de a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, b) eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante y c) eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos".
En lo que se refiere a la subvenciones destinadas a proyectos, programas y convenios destinados a la cooperación internacional para el desarrollo, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) otorga anualmente distintas subvenciones destinadas tanto a organizaciones sin ánimo de lucro, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, como a ciudadanos españoles y extranjeros que cumplan los requisitos establecidos en la normativa. Estas subvenciones se dividen en varios tipos: la Convocatoria Abierta y Permanente, las subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo para proyectos y convenios y las Ayudas y Subvenciones de Cooperación Internacional.
Los principios de publicidad y transparencia recogidos en el artículo 8 de la Ley General de Subvenciones también aparecen recogidos expresamente en la normativa que regula las subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo por parte de la AECID. Se hace necesario un seguimiento adecuado por parte de la AECID de los recursos destinados a proyectos de cooperación, desde que se concede la subvención hasta que finaliza la ejecución del determinado proyecto.
En este sentido, el artículo 32 de la Ley General de Subvenciones establece que "el órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención".
Por otro lado, al artículo 85 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, recoge que "el órgano concedente de la subvención tendrá la obligación de elaborar anualmente un plan de actuación para comprobar la realización por los beneficiarios de las actividades subvencionadas".
A día de hoy, La AECID, una vez resuelto el procedimiento de concesión de las subvenciones, no ha establecido un procedimiento para el seguimiento de la ejecución de los proyectos, no publica los informes de evaluación de las justificaciones realizadas por los beneficiarios de las subvenciones una vez que los proyectos han finalizado, ni realiza (o publica) un plan anual de actuación que compruebe la realización por los beneficiarios de las actividades subvencionadas.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, conforme a los principios de publicidad y transparencia establecidos la Ley General de Subvenciones:
1. Establezca un procedimiento público de seguimiento de los proyectos, programas y convenios concedidos por la AECID en todo su periodo de ejecución e indicando las incidencias de cada proyecto, programa o convenio.
2. Establezca un procedimiento público de consulta, en la página web de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de los informes de evaluación que se efectúen por entidades independientes de los proyectos, programas y convenios una vez que han sido ejecutados y justificados.
3. Publique un Plan Anual de Actuación para comprobar la realización por los beneficiarios de las actividades subvencionadas."
161/001947
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia
del diputado Francesc Canet i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre cancelación de deuda a Pakistán para su debate en Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Las inundaciones del pasado mes de agosto de 2010 en Pakistán han causado cerca de 2.000 muertos, 21 millones de afectados y han inundado cerca de una quinta parte de su territorio, con miles de desaparecidos y desplazados, y ha causado incalculables daños materiales.
Pakistán tiene contraída una deuda externa que asciende a un total de 54.300 millones de dólares, con un servicio de la deuda que triplica el gasto en sanidad. De esta deuda, el Estado español reclama cerca de 55 millones de euros en concepto de deuda externa, de los cuales 37,20 provienen de créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y 17,70 de quiebras de seguros otorgadas por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).
La sociedad civil paquistaní ha movilizado para exigir al Gobierno de Pakistán que audite la deuda del país y repudie aquella parte que resulte declarada ilegítima. Esta demanda es apoyada por organizaciones de la sociedad civil internacional que declaran la deuda ilegítima, al ser contraída a menudo por gobiernos dictadores y corruptos, como han sido los de los generales Zia Ul Haq y Pervez Musharraf.
En este sentido se han expresado la campaña ¿Quién debe a quién? (que aglutina a más de 50 organizaciones de todo el Estado español) y las redes internacionales de deuda como son Jubileo Sur (movimiento de oposición a la deuda externa integrado únicamente por colectivos de los países del sur), EURODAD (Red Europea conformada por 59 organizaciones que trabaja para la cancelación de la deuda a más de 18 países europeos) y el CADTM (Comité de Anulación de la Deuda en el Tercer Mundo, que trabaja todo el planeta), además de incontables organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo que están solicitando la anulación total de la deuda de Pakistán afectado por las inundaciones.
1. Cancelar el 100 % de la deuda externa reclamada a Pakistán, de manera inmediata, incondicional y sin ningún tipo de contraprestación.
2. Realizar una auditoría de la deuda externa que reclama a Pakistán para aclarar el origen de la misma, y si se demuestra que ha sido contraída por gobiernos dictadores o corruptos, tomar las acciones pertinentes contra las administraciones que han originado la deuda externa ilegítimamente.
3. No realizar ningún tipo de ayuda reembolsable o ligada con Pakistán.
4. No vehicular la ayuda a Pakistán mediante el Ejército español o cualquier otra fuerza militar.
5. Reclamar en las instancias internacionales oportunas, la adopción de las medidas anteriores por parte de la comunidad internacional y especialmente en la acción multilateral."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2010.-Francesc Canet i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
181/003097
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
¿Piensa el Gobierno retomar con el Gobierno Británico el diálogo y seguir trabajando para recuperar la soberanía española sobre la Colonia de Gibraltar, tal y
como se aprobó el 11 de marzo de 2009 en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2010.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
181/003108
Pregunta con respuesta oral en la Comision de Asuntos Exteriores
Diputado don Óscar Seco Revilla
¿Cómo valora el Gobierno que España haya sido el primer país europeo en ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2010.-Óscar Seco Revilla, Diputado.
181/003099
¿Tiene previsto el Gobierno la creación de un 2.° Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, y otro 2.° Juzgado de lo Social y un Juzgado de lo Mercantil en Algeciras (Cádiz), según se aprobó en Comisión de Justicia el pasado 3 de febrero de 2009?
181/003100
¿Cuándo piensa el Gobierno poner en marcha lo aprobado en la Comisión de Interior el 30 de septiembre de 2009, sobre la agilización de los trámites en la construcción de nuevas instalaciones para la Guardia Civil del Mar en el Puerto de Algeciras (Cádiz)?
181/003101
Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez
¿Qué funciones de apoyo y asesoramiento está realizando el Cuerpo Nacional de Policía a las policías locales en materia de extranjería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2010.-Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
181/003096
¿Qué tiempo tiene previsto el Gobierno para la instauración y construcción de un Centro de Seguridad Marítima Integral en la Bahía de Algeciras (Cádiz), tal y como se aprobó en Comisión de Fomento el 25 de noviembre de 2008?
181/003098
¿Tiene previsto el Gobierno impulsar los acuerdos y convenios necesarios en el Marco del Plan Nacional de Arqueología Subacuática, tal y como se aprobó en Comisión de Cultura el 25 de noviembre de 2009?
181/003102
Diputado don Domingo Miguel Tabuyo Romero
¿Qué valoración hace el Ministerio de Cultura, en lo referido al reconocimiento que hizo el Consejo de Europa, otorgándole la Mención de Itinerario Cultural a los Caminos del Arte Rupestre en el que participa España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2010.-Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.
181/003103
¿Cual es el nivel de incorporación de contenidos de colecciones digitales en el proyecto Hispania desde su puesta en marcha?
181/003104
Teniendo en cuenta la obligación del Estado de conservar, proteger e incrementar el Patrimonio ¿Cuales son las adquisiciones más representativas que se han realizado en el ejercicio 2009-2010?
181/003105
¿Cuales han sido las principales conclusiones de las jornadas celebradas, desde el pasado 19 de julio, por las direcciones de los Institutos Cervantes con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura?
181/003106
¿En qué situación se encuentra el Proyecto de Paisajes Culturales?
181/003107
¿Cual es la valoración que hace el Ministerio del desarrollo de la campaña "Leer tiene premio" que celebra su décima edición realizando diversas actividades por las provincias españolas?
232/000022
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 8829/2006, promovido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia, sobre el artículo 117 apartados 1 c), 2, 3 a) y c), 4 y 5 de la Ley Orgánica 6/2006 de 19 de julio, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, así como votos particulares formulados a la misma.
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 8829-2006, interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia contra los apartados 1 c), 2, 3 1 a) y c), 4 y 5 del art. 117 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Han sido parte el Abogado del Estado, el Consejo de Gobierno de la la Generalidad de Cataluña y el Parlamento de Cataluña. Ha sido Ponente el Magistrado don Pascual Sala Sánchez, quien expresa el parecer del Tribunal.
Desestimar el recurso de inconstitucionalidad núm. 8829-2006, promovido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia contra los apartados 1 c), 2, 3 a) y c), 4, y 5 del art. 117 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Dada en Madrid, a 29 de septiembre de 2010.

References: artículo 117
 artículo 193
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 193
 Real Decreto 
 artículo 193
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 resolución 
in fine
 artículo 193
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 32
 artículo 85
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 117