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Timestamp: 2019-03-20 09:21:26+00:00

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Los actores del Sistema Procesal Penal Acusatorio y sus Funciones en el Ámbito de la Federación - sijufor
Los actores del Sistema Procesal Penal Acusatorio y sus Funciones en el Ámbito de la Federación
Fuente de información: Cartilla Informativa de la Procuraduría General de la República sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/244280/15122016_Cartilla_Informativa_NSJP_DIGITALFINAL.PDF
La reforma constitucional en materia de seguridad y justicia del 18 de junio de 2008, ha marcado un antes y un después en la forma en cómo se concibe la justicia penal en el México independiente, toda vez que no sólo implica la transición de un proceso penal mixto a uno de corte acusatorio y oral, sino también conlleva la ampliación de los derechos de las personas imputadas y especialmente de las víctimas del delito, así como la participación de nuevos sujetos en el marco de la normas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
Si bien, el CNPP reconoce a diversos sujetos del procedimiento penal, la actuación de algunos de ellos ya se encontraba prevista. Sin embargo, sus facultades y obligaciones se han modifcado sustancialmente. Por tal motivo, la participación de los sujetos del procedimiento comienza a cobrar un papel más relevante, incluso, como parte procesal (Imputado y su Defensor; El Ministerio Público; la víctima u ofendido y su Asesor Jurídico), en razón de las facultades, obligaciones y derechos previstos en la Constitución, el Código Nacional y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, los cuales, en su conjunto sitúan a los sujetos procedimentales como fguras cardinales y no derivadas en el ámbito de la procuración y administración de justicia federal.​
De conformidad con lo que dispone el artículo 133 del CNPP, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos jurisdiccionales:
I. Juez de Control.
II. Tribunal de enjuiciamiento.
III. Tribunal de alzada.
Forma parte del Poder Judicial y se encarga de verificar que no se violen los derechos de los sujetos y partes en el procedimiento penal, incluidas las víctimas, testigos e imputados y su intervención es desde el inicio de la etapa de la investigación, hasta que se agota la etapa intermedia, con el dictado del auto de apertura a Juicio Oral.
Concede las peticiones que le formule el Agente del Ministerio Público Federal para afectar los derechos del imputado cuando resulte necesario.
Dirigir las audiencias de las etapas preliminares y resolver los incidentes que se promuevan en ellas.
Resolver sobre la aplicación de medidas preventivas y cautelares.
Resolver la vinculación a proceso.
Dictar sentencia definitiva en el procedimiento abreviado.
Es el órgano jurisdiccional ante el cual se desarrollará la audiencia de Juicio Oral y quien determinará sobre la inocencia o culpabilidad del imputado, emitiendo la sentencia definitiva que pone fin al proceso penal.
Presidir la audiencia de Juicio Oral.
Dictar sentencia con base en las pruebas presentadas durante la audiencia de juicio.
Imponer las penas que correspondan en caso de decretar la culpabilidad del acusado.
Es el órgano jurisdiccional integrado por uno o tres magistrados, que conocerá de los medios de impugnación, así como de determinadas resoluciones emitidas por los Jueces de Control y de Enjuiciamiento en el ámbito Federal.
La función del Tribunal de Alzada consiste en resolver todos los puntos planteados en los agravios, pudiendo revocar, modificar o confirmar la sentencia emitida por el Juez de Control o el Tribunal de Enjuiciamiento.
El Agente del Ministerio Público de la Federación, es un Servidor Público, perteneciente a la Procuraduría General de la República, encargado de dirigir la investigación de los hechos posiblemente constitutivos de delito y la probable participación del imputado en ellos.
De acuerdo a los artículos 127 y 131 del CNPP sus principales funciones son:
Conducir la investigación de los delitos.
Coordinar a las policías y a los servicios periciales durante la investigación.
Determinar en que casos es procedente no iniciar una investigación, archivar temporalmente el caso, o bien, decretar la reapertura del mismo y la aplicación de los criterios de oportunidad.
Resolver el ejercicio de la acción penal.
Promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal.
Presentar la acusación ante el Juez de Control.
Sostener la acusación ante el Juez o Tribunal de Enjuiciamiento.
Brindar las medidas de seguridad necesarias a las víctimas y testigos, para que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos.
Producir los medios de prueba con los que se pueda comprobar el delito y la responsabilidad del imputado en la audiencia de Juicio Oral.
Interponer los recursos correspondientes.
Para cumplir con estas funciones, el Agente del Ministerio Público cuenta con el apoyo de la Policía Federal Ministerial, servicios periciales y otras instituciones como auxiliares directos.
De conformidad con el Acuerdo A/101/13 del Procurador General de la República, la Policía Federal Ministerial es una unidad administrativa que se encuentra adscrita a la Agencia de Investigación Criminal. En ese sentido, dicha unidad administrativa se constituye como un órgano auxiliar directo del Agente del Ministerio Público de la Federación, en las áreas de investigación, realización de diligencias y aplicación de medidas restrictivas de la libertad.
Es importante mencionar que, el nuevo rol de los servidores públicos adscritos a la Policía Federal Ministerial, implica el reconocimiento de una responsabilidad propia que les permite participar de manera integral en la investigación de los delitos, por exigencias del progreso técnico y de la disponibilidad de mayor estructura investigadora que, a su vez, favorecen el incremento de competencia policial. Asimismo, incide directamente en el desarrollo de nuevos esquemas de formación, actualización y especialización policial, que se corresponden con el sistema procesal penal acusatorio.
En ese sentido, la actividad policial de los integrantes de la Policía Federal Ministerial, se encuentra orientada al dominio de prácticas y técnicas criminalísticas de investigación, a la administración de casos criminales, a la reflexión crítica y al pensamiento estructurado, así como al desarrollo de habilidades de expresión oral y corporal.
De acuerdo al artículo 132 del CNPP sus principales funciones son:
Recibir las denuncias sobre hechos presuntamente constitutivos del delito e informar al Agente del Ministerio Público de la Federación de manera inmediata las diligencias practicadas.
Realizar las detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciéndole saber a la persona detenida sus derechos.
Realizar el aseguramiento de los bienes relacionados con la investigación de los delitos.
Proporcionar atención a víctimas u ofendidos y proteger a los testigos del delito.
Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias posteriores y evitar una agresión real, actual e inminente de las personas a las que tiene la obligación de proteger.
Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos.
Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación.
Practicar las diligencias orientadas a la identifcación de los posibles implicados.
Reunir toda la información de urgencia que pueda ser útil para la investigación.
Dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales que les sean instruidos.
Cuando para el cumplimiento de estas facultades se requiera una orden judicial, la policía informará al Agente del Ministerio Público de la Federación para que éste la solicite.
Víctimas u Ofendidos
Las víctimas son aquellas personas que resienten directamente la afectación producida por un delito. El ofendido, es aquella persona física o moral que de manera indirecta resiente las consecuencias del delito. El CNPP amplía el concepto de víctima y establece que en los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima, se considerará como ofendidos al cónyuge, concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, por afnidad y civil o cualquier otra que tenga relación afectiva con la víctima.
Con la publicación de la Ley General de Víctimas en el año 2013, se incorporan diferentes normas tendentes a mejorar las condiciones de las víctimas frente a una posible revictimización por parte de las instituciones que conforman nuestro sistema de justicia penal.
De igual forma, los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos han favorecido notablemente la concepción que se tiene de las víctimas del delito. Es así que, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, determina la transformación de nuestro ordenamiento jurídico a efecto de situar a la víctima como un factor en la determinación e imposición de las sanciones penales (entre ellas la reparación del daño), así como portadora de plenas facultades procesales en relación directa con la pretensión de justicia penal.
La víctima u ofendido, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo establecido en el artículo 109 del CNPP, se le concede de manera enunciativa los siguientes derechos:
1. A contar con la información sobre los derechos que en su beneficio existan, así como a ser atendidos por personal del mismo sexo, o del sexo que la víctima elija, cuando así lo requiera y recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia, así como asistencia jurídica a través de un asesor jurídico.
2. A contar con protección cuando exista riesgo para su vida o integridad personal.
3. A contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable.
4. Al resguardo de su identidad y demás datos personales cuando sean menores de edad, se trate de delitos de violación contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas o cuando a juicio del Juez sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
5. A solicitar medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares.
6. A que se le repare el daño causado por la comisión del delito, pudiendo solicitarlo directamente al órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que el Ministerio Público lo solicite.
7. A comunicarse , inmediatamente después de haberse cometido el delito con un familiar e incluso con su asesor jurídico.
8. A recibir tratos sin discriminación a fin de evitar que se atente contra la dignidad humana y se anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por lo que la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna.
9. A ser informada cuando así lo solicite del desarrollo del procedimiento penal por su asesor jurídico, el Ministerio Público y/o en su caso, por el Juez o Tribunal.
10. A participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias.
11. A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba pertinentes con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos que sean procedentes.
El asesor Jurídico de la víctima u ofendido, es aquella persona que representará los intereses particulares de los mismos, pudiendo ser asignado de manera privada o bien, la asignación de un asesor jurídico público (pagado por el Estado). En ambos casos, deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado y deberá acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante cédula profesional.
El asesor jurídico podrá ser asignado en cualquier etapa del procedimiento y su labor será la de orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido. No obstante, la víctima u ofendido podrán actuar por si o a través de su asesor jurídico, quien solo promoverá lo que previamente informe a su representado. El Asesor Jurídico intervendrá en representación de la víctima u ofendido en igualdad de condiciones que el defensor.
La persona Imputada
Son aquellas personas a quienes se les atribuye la posible participación en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 20, apartado B, consagra una serie de derechos a favor del imputado a la luz de los tratados e instrumentos internacionales y que son recogidos en gran medida en el artículo 113 del CNPP, siendo de manera enunciativa los siguientes:
1. A ser tratado y considerado inocente hasta que se demuestre su responsabilidad.
2. A comunicarse con un familiar y con su defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo.
3. A estar asistido de su Defensor al momento de rendir su declaración, así como de cualquier otra actuación y a entrevistarse en privado previamente con él.
4. A tener acceso él y su defensa a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita de los mismos.
5. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez de Control, los hechos que se le atribuyen y los derechos que le asisten, así como en su caso, el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que la ordenó, exhibiéndosele, según corresponda, la orden emitida en su contra.
El defensor (público o particular) es la persona que representa y hace valer los derechos humanos que la Constitución, los tratados internacionales y la leyes, reconocen a todas las personas que se encuentren involucradas en un proceso penal en calidad de imputados.
Podrá ser designado por el imputado desde el primer momento de su detención y deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado con cédula profesional, con dominio de las técnicas y habilidades necesarias para la representación de los derechos del mismo (defensa técnica), sin que ello menoscabe el derecho de la persona imputada de intervenir directamente en el procedimiento (defensa material).
El imputado puede designar libremente un defensor particular, como solicitar al Agente del Ministerio Público de la Federación o al órgano jurisdiccional competente que le sea designado un defensor público de la federación. Es preciso señalar que, durante el transcurso del procedimiento el imputado podrá designar el número de defensores que considere conveniente, así como llevar a cabo un nuevo y posterior nombramiento.
De acuerdo a lo que establece el artículo 117 del CNPP sus principales funciones son:
Entrevistarse con el imputado para conocer directamente su versión de los hechos.
Representar a la persona imputada y ofrecer los medios de prueba pertinentes que sean necesarios para llevar a cabo una adecuada defensa.
Asesorar al imputado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos que le atribuyen.
Comunicarse directa y personalmente con el imputado, cuando lo estime conveniente.
Promover la observancia de las garantías y derechos procesales de la persona imputada, asegurando su efectiva e igualitaria participación en el proceso.
Presentar los argumentos y medios de prueba que desvirtúen la existencia del hecho delictuoso y la acusación.
Solicitar el no ejercicio de la acción penal.
Promover a favor del imputado la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal.
Informar a los imputados y sus familiares la situación jurídica en que se encuentra su defensa. El imputado puede contratar a su abogado particular o pedir al Agente del Ministerio Público de la Federación o al Juez de Control que le designe un defensor público de la federación.
Las actuaciones o audiencias del procedimiento contra el imputado en las que no esté presente el Defensor son nulas.
Toda persona que tenga información sobre un delito, ya sea por haberlo presenciado o por tener algún dato que pueda resultar de utilidad para la investigación, deberá presentarse a declarar cuando sea citado y tendrá la obligación de declarar la verdad de cuanto conozca.
1. A no declarar cuando los hechos le puedan fincar una responsabilidad penal.
2. A abstenerse de declarar cuando sea Tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, conviviente del imputado, la persona que hubiere vivido de forma permanente con el imputado durante por lo menos dos años anteriores al hecho, sus parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente hasta cuarto grado inclusive, salvo que fueran denunciantes.
3. A que se le informe la facultad de abstención cuando se ubique en alguno de los supuestos descritos en el punto anterior, pero si aceptan rendir testimonio no podrán negarse a contestar las preguntas formuladas.
4. A guardar secreto con motivo del conocimiento que tengan de los hechos en razón del oficio o profesión que desempeñen, tales como ministros religiosos, abogados, médicos, psicólogos, etc., quienes deberán de comparecer cuando sean citadas y explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar secreto.
5. A que si reside en algún lugar lejano al lugar que deba ir a rendir su declaración y carezca de medios económicos para trasladarse, el Juez dispondrá lo necesario para asegurar su comparecencia.
6. A contar con el auxilio de familiares o peritos especializados cuando se trate de menores de edad víctimas del delito o adultos en su calidad de víctimas por delitos de violación y secuestro, en los casos en que se tema por su afectación psicológica o emocional.
7. A solicitar protección al Juez o al Agente del Ministerio Público de la Federación por un plazo razonable a fin de proteger la integridad física o psicológica del testigo y sus familiares, pudiendo ser renovadas cuantas veces fuera necesario. Toda persona que sea citada por la autoridad jurisdiccional tiene la obligación de concurrir para declarar la verdad de lo que se le pregunta.
Servicios Periciales Federales
De conformidad con el Acuerdo A/101/13 del Procurador General de la República, la Coordinación General de Servicios Periciales es una unidad administrativa que se encuentra adscrita a la Agencia de Investigación Criminal. La investigación técnico-científica de los delitos es una realidad. Por ello, la Coordinación General de Servicios Periciales ha emprendido importantes acciones con el fin de contribuir con mayor eficiencia y eficacia a este propósito. Entre ellas destaca la creación de nuevos protocolos de actuación que se suman a la actualización de los que existían desde el año 2012, los cuales obligan a los servidores públicos a operar con apego a la ley, a estándares internacionales y con el irrestricto respeto a los derechos humanos de las víctimas y los indiciados, con el fin de dar respuesta inmediata, oportuna, eficiente, eficaz y responsable en la investigación de los delitos.
Asimismo, los Servicios Periciales Federales se constituyen como un actor fundamental en el Sistema Procesal Penal Acusatorio para garantizar que la obtención de aquellos elementos materiales que habrán de constituirse como prueba, se lleve a cabo libre de cualquier vicio; este rol se ve reflejado en la normatividad aplicable en materia de cadena de custodia para la preservación del lugar de la intervención, pero sobre todo, mediante el procesamiento técnico de los indicios o de los elementos materiales probatorios. En ese sentido, debemos recordar que la cadena de custodia es un sistema de control y registro que se aplica a los indicios y en general a todos aquellos elementos materiales que habrán de constituirse como prueba.
También permite garantizar que aquellos elementos que se presentan en el juicio, son los mismos que se recolectaron en el lugar de intervención y que se encuentran en iguales condiciones a las de aquel momento. Al respecto cabe señalar que no es algo que se afirme, por el contrario, la cadena de custodia se demuestra.
Además, con base en el Acuerdo A/009/15 por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia, vigente desde el 27 de febrero del 2015, se perfecciona la eficiencia en la investigación y persecución de los delitos.
Los peritos de igual forma, tienen derecho a que se le brinden las medidas de protección que resulten aplicables de las previstas para los testigos, y que ya fueron mencionadas con anterioridad.

References: artículo 133
 artículo 132
 artículo 20
 artículo 109
 artículo 20
 artículo 113
 artículo 117