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Timestamp: 2018-12-19 06:00:39+00:00

Document:
﻿ AUTO 9278 DE MAYO 5 DE 1994
AUTO 9278 DE 05 DE MAYO DE 1994
CONTENIDO:ARMAS DE USO PRIVATIVO DE LA FUERZA PÚBLICA, REQUISITOS EN CUANTO A CALIBRE
TEMAS ESPECÍFICOS:FUERZA PÚBLICA, DEPARTAMENTO DE CONTROL COMERCIO DE ARMAS, ARMAS DE DOTACIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA, MANEJO DE ARMAS DE DOTACIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:272 DE AGOSTO DE 1994, PÁG.971
Auto 9278 de mayo 5 de 1994
REQUISITOS EN CUANTO A CALIBRE
EXTRACTOS: «Las armas incautadas con ocasión del hurto son dos pistolas marca “Cesca”, de calibre 7.65 mm., cañón de tres (3) pulgadas, con sendos proveedores, uno con capacidad para doce (12) cartuchos y el otro sólo para ocho (8).
Estas dos pistolas, de “funcionamiento semi-automático” y “cadencia de disparo tiro a tiro”, fueron pericialmente calificadas como armas de defensa personal (fl. 203).
Es el Decreto 2535 de 1993, el último estatuto que ha entrado a definir cuáles armas son de uso privativo de la fuerza pública y cuáles de defensa personal.
El artículo 8º del aludido decreto, dispone:
a) Pistolas y revólveres de calibre 9.652 mm (.38 pulgadas) que no reúnan las características establecidas en el artículo 11 de este decreto.
b) Pistolas y revólveres de calibre superior a 9.652 mm (.38 pulgadas).
h) Granadas de iluminación, fumígenas, per-forantes o de instrucción de la fuerza pública.
j) Las municiones correspondientes al tipo de armas enunciadas en los literales anteriores” (subraya la Sala).
De conformidad con esta norma, pues, son armas de uso privativo de la fuerza pública, entre otras, las pistolas y revólveres de calibre superior a 9.652 mm., sin importar ninguna otra característica, lo mismo que las pistolas y revólveres de este calibre que no reúnan las condiciones señaladas en el artículo 11 de este mismo decreto.
Las dos pistolas incautadas en el caso sub examine son de calibre 7.65 mm., lo cual a las claras significa que por razón del calibre, ninguna de ellas puede considerarse arma de uso privativo de la fuerza pública, así una por tener un proveedor con capacidad superior a nueve (9) cartuchos, no cumpla con la totalidad de las características señaladas en el artículo 11.
La incongruencia que se advierte entre los dos artículos citados (8º y 11), de ninguna manera faculta al intérprete para tener una pistola como arma de uso privativo de la fuerza pública, sólo porque su proveedor tenga capacidad para más de nueve (9) cartuchos y sin importar el calibre, toda vez que en tratándose de esta clase de armas (las de uso privativo), el propio legislador las ha limitado a las de calibre no menor de 9.652 mm. Y es lógico que así lo hubiere hecho, porque si son armas de guerra y por tanto de uso privativo de la fuerza pública, “aquellas utilizadas con el objeto de defender la independencia, la soberanía nacional, mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica, el ejercicio de los derechos y libertades públicas, el orden constitucional y el mantenimiento y restablecimiento del orden público”, como lo dice el ya copiado artículo 8º, necesariamente se tiene que considerar el calibre, porque si es pequeño como el de las pistolas incautadas en este proceso, no resultarían por ello idóneas para buscar los objetivos que se persiguen con las armas de guerra, y por ende no pueden estimarse como de uso privativo de la fuerza pública.
Por esta misma razón no puede admitirse el argumento de que como la enumeración que trae el artículo 8º es meramente enunciativa y no taxativa (“tales como”, dice la norma), sí es posible comprender en ella la pistola de 7.65 mm., sólo por causa de la capacidad del proveedor —superior a nueve (9) cartuchos—. Por lo demás, este tipo de interpretación, por la indeterminación que implica, vulnera directamente el principio rector de la tipicidad, consagrado en el artículo 3º del Código Penal, en virtud del cual, “la ley penal definirá el hecho punible de manera inequívoca”.
Como de acuerdo con lo expuesto, las armas decomisadas en este proceso son de defensa personal y no de uso privativo de la fuerza pública, la competencia para conocer de él corresponde al Juzgado 30 Penal del Circuito de Medellín».
(Auto de mayo 5 de 1994. Radicación 9278. Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Duque Ruiz).

References: artículo 8
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 3