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Timestamp: 2020-03-30 04:41:48+00:00

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Publicado en BOC núm. 108 de 06 de Junio de 2019
Artículo 4 Carácter preceptivo o potestativo de las cláusulas sociales a incorporar. Se consideran dos clases de cláusulas sociales
Artículo 5 Clasificación de cláusulas sociales
CAPÍTULO SEGUNDO. Cláusulas sociales de carácter preceptivo
Artículo 6 Cláusulas sociales de carácter preceptivo en los procedimientos de contratación pública
CAPÍTULO TERCERO. Contratos reservados a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y a Empresas de Inserción
Artículo 7 Criterios generales de aplicación en los contratos reservados a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y a Empresas de Inserción
Artículo 8 Contratación reservada a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Inserción como finalidad del contrato
Artículo 9 Contratación reservada a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Inserción como objeto adicional del contrato
Artículo 10 Contratación reservada a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social para el fomento de inclusión laboral de personas con discapacidad con especiales dificultades de ocupación
Artículo 11 Cláusulas sociales generales en la contratación reservada a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Inserción
CAPÍTULO CUARTO. Directrices generales y criterios de una contratación pública responsable en diversos procedimientos
Artículo 12 Directrices generales
Artículo 13 Directrices generales en los contratos de obras y de concesión de obras
Artículo 14 Directrices generales en los contratos de servicios y de concesión de servicios
Artículo 15 Directrices generales en los contratos de servicios a las personas
Artículo 16 Directrices generales en los contratos de suministros
Artículo 17 Criterios generales de subcontratación
Artículo 18 Criterios sobre causas específicas de resolución
CAPÍTULO QUINTO. Criterios básicos de transparencia, verificación y evaluación en la aplicación de las cláusulas sociales
Artículo 19 Criterios generales de transparencia y verificación
Artículo 20 Criterios de transparencia y verificación en la preparación del contrato
Artículo 21 Criterios de transparencia y verificación en la fase de valoración y adjudicación
Artículo 22 Criterios de transparencia y verificación en la fase de ejecución y en la recepción del contrato
Artículo 23 Criterios de evaluación general sobre la incorporación de cláusulas sociales
Artículo 24 Indicadores de evaluación general sobre la incorporación de cláusulas sociales
Artículo 25 Aplicación del régimen sancionador por falseamiento de datos o incumplimiento
Disposición adicional primera Pliegos de cláusulas administrativas particulares
Disposición adicional segunda Documento Europeo Único de Contratación
Disposición adicional tercera Modelos tipo
Disposición adicional cuarta Criterios generales de transparencia y verificación
Disposición adicional quinta Comisión sobre cláusulas sociales
ANEXO I . Cláusulas sociales de preceptiva incorporación en todos los procedimientos de contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
1.- Obligaciones a cumplir con carácter previo a la formalización del contrato.
2.- Prohibiciones para contratar.
3.- Solvencia técnica.
4.- Tratamiento de proposiciones que incluyan valores anormales o desproporcionados
5.- Criterios de desempate.
6.- Mantenimiento de la calidad del empleo y cumplimiento de la legislación vigente en materia laboral.
7.- Condiciones de subrogación como empleadora.
8.- Igualdad de género.
9.- Igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad.
10.- Igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas LGTBI.
11.- Accesibilidad Universal.
ANEXO II . CLÁUSULAS SOCIALES DE INCORPORACIÓN POTESTATIVA EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.
1.- Definición interna del objeto del contrato con valor social añadido.
2.- Contratos reservados a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y a Empresas de Inserción.
3.- Valoración y adjudicación del contrato.
4.- Condiciones de ejecución y cumplimiento del contrato.
Con ese propósito la nueva Directiva Europea sobre contratación Pública - 2014/24/UE, en su considerando 2, señala que: "La contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europa 2020, como uno de los instrumentos, basados en el mercado, que deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos (...) y permitiendo que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes".
5. Se añadirá en los diversos anexos y modelos -formatos de declaración responsable y similares- un apartado con la siguiente redacción: "La entidad tiene la condición de ser un Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social o una Empresa de Inserción, de acuerdo con la normativa aplicable y las condiciones previstas en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley estatal 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público".
«El contrato tiene como finalidad la inclusión laboral de personas con discapacidad o con riesgo de exclusión social y laboral, empleadas en centros especiales de empleo de iniciativa social o en empresas de inserción, a través de la contratación los servicios de (especificar los fines correspondientes a los servicios a prestar); reservándose la participación en esta licitación a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y a las Empresas de Inserción, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley estatal 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y en el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social».
«Es objeto de este contrato la contratación del servicio de (especificar los fines correspondientes a los servicios a prestar), mediante la ocupación de personas con discapacidad o con riesgo de exclusión social y laboral, empleadas en centros especiales de empleo de iniciativa social o en empresas de inserción; reservándose la participación en esta licitación a los Centros Especiales de Empleo y a las Empresas de Inserción, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley estatal 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social».
«Es objeto de este contrato promover el empleo de personas con discapacidad con especiales dificultades de ocupación -contándose entre las mismas las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental, parálisis cerebral o pluri-discapacidad con un reconocimiento
de grado igual o superior al 33%-, empleadas en centros especiales de empleo de iniciativa social, a través de la contratación de los servicios de (especificar los fines correspondientes a los servicios a prestar); reservándose la participación en esta licitación a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley estatal 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y en el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social».
1ª. Buscar activamente oportunidades -tipos de cláusulas sociales potestativaspara promover las políticas sociales que se valora adecuado vincular a ese procedimiento de contratación;
1. Realizar los procesos de control y verificación del cumplimiento de las cláusulas sociales incorporadas en los respectivos contratos, a lo largo de su ejecución, y aportar, anualmente, a
la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Justicia la información correspondiente a los procesos de verificación y a los indicadores de evaluación recogidos en este Decreto, la cual dará traslado de la misma a la Dirección General de Política Social. Esta verificación en el cumplimiento del contrato se realizará con especial detalle a la finalización del mismo, cuando proceda la recepción de la obra o la culminación del servicio o el suministro contratado.
f) Requerir al contratista datos relativos a las condiciones laborales de los trabajadores, g) Y comprobar la obligación de pago a subcontratistas.
Cláusulas sociales de preceptiva incorporación en todos los procedimientos de contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Las cláusulas sociales de carácter preceptivo y, por tanto, de obligada incorporación en cualquier procedimiento de contratación pública que realicen los órganos de contratación del sector público autonómico, tienen como principal finalidad garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de derechos fundamentales y sociales, así como fomentar su extensión y desarrollo.
En los procedimientos de contratación pública que realicen los órganos de contratación del sector público autonómico, se deberán incluir las siguientes clausulas preceptivas sobre las obligaciones a cumplir con carácter previo a la formalización del contrato:
a. "Como condición de solvencia adicional, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, sobre contratos del sector público, en los contratos de obras, de servicios, concesión de obras y concesión de servicios, así como en los contratos de suministros que incluyan servicios o trabajos de colocación e instalación, los licitadores especificarán, en la oferta o en la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación. En este sentido, deberán aportar una relación del personal que se destinará a la ejecución del contrato. Alternativamente, y en su caso, declaración responsable por parte de la empresa donde se declare no tener todavía contratadas a las personas trabajadoras que se ocuparán en la ejecución del contrato y de las que aporta sus datos y que acreditará la afiliación y alta de todas ellas cuando las haya contratado y siempre con carácter previo al inicio de la actividad contratada.»
b. «De acuerdo con lo previsto en el artículo 201 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, sobre contratos del Sector público, los órganos de contratación tomarán las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, que los licitadores cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por la disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la citada ley. En este sentido, aquel licitador que haya presentado la mejor oferta, tendrán que presentar la documentación que acredite el cumplimiento de las citadas obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, en todos aquellos supuestos que guarden relación con el objeto del contrato».
Dicha documentación acreditativa deberá quedar predeterminada por parte del órgano de contratación en la documentación contractual.
En los procedimientos de contratación que realicen los órganos de contratación del Sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se deberá incluir la siguiente cláusula preceptiva sobre prohibiciones para contratar:
«No podrán contratar con los órganos de contratación del sector público autonómico, las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, o aquellas otras que establezca la legislación vigente en esta materia.
En los procedimientos de contratación pública que realicen los órganos de contratación del sector público autonómico, se deberán incluir las siguientes cláusulas preceptivas sobre solvencia técnica:
a) «Si el objeto contractual requiere aptitudes específicas en materia social, de prestación de servicios de proximidad u otras análogas, en todo caso se exigirá como requisito de solvencia técnica o profesional la concreta experiencia conocimientos y medios en las referidas materias, lo que deberá acreditarse por los medios que establece el apartado 1 del artículo 90 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. En este sentido se acreditará:
1º. Experiencia en la prestación de servicios sociales, o asistenciales similares, realizados en los tres últimos años con indicación del importe de facturación, la fecha y el destinatario, público o privado, de los servicios prestados.
2º. Formación específica del equipo humano que prestará el servicio con indicación de horas de formación y currículum en materia social específica (inserción, exclusión, género, discapacidad, u otros relacionados con el objeto del contrato)».
Los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los servicios pertinentes efectuados más de tres años antes cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia.
b) "El licitador, en la elaboración y presentación de la oferta, debe incorporar la perspectiva de género y evitar los elementos de discriminación sexista del uso del lenguaje, de discriminación de las personas por cualquier motivo y de su imagen."
c) «El licitador, en el momento de presentación de las ofertas, deberá acreditar o certificar mediante declaración responsable el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad.»
Con el objeto de apreciar proposiciones que incluyan valores anormales o desproporcionados, en relación al cumplimiento de las obligaciones laborales, se incluirá la siguiente cláusula preceptiva:
«Se considera un parámetro objetivo para apreciar que las proposiciones no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la indicación de un precio inferior a los costes salariales mínimos por categoría profesional, según el convenio laboral vigente.»
Los órganos de contratación del Sector público autonómico, de acuerdo con el artículo 147 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, establecerán en la documentación contractual criterios de adjudicación específicos para el desempate en los casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas.
Dichos criterios de adjudicación específicos para el desempate deberán estar vinculados al objeto del contrato y serán acordes con el referido artículo 147 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
En relación al mantenimiento de la calidad del empleo y el cumplimiento de la legislación vigente en materia laboral, los órganos competentes de contratación del sector público autonómico, de acuerdo con el artículo 201 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho que vinculan al Estado y a las Administraciones Públicas, en particular las establecidas en el anexo V de la citada ley. En este sentido, en el pliego de cláusulas administrativas particulares se recogerá la siguiente cláusula preceptiva:
«En la ejecución de los contratos, la empresa contratista, cumplirá las obligaciones aplicables en materia laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho que vinculan al Estado y a las Administraciones Públicas, en particular las establecidas en el anexo V de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.»
Asimismo, los órganos competentes de contratación del Sector público autonómico deberán incluir, como condiciones especiales de ejecución y cumplimiento del contrato por parte de la empresa adjudicataria, vinculadas al objeto del contrato y acordes al artículo 145 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, alguna o varias de las siguientes cláusulas:
«La empresa adjudicataria está obligada a favorecer la estabilidad en el empleo, asegurar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, contribuir a la integración laboral de los colectivos más desfavorecidos, de manera acorde con la legislación vigente en materia laboral y en cumplimiento de las cláusulas específicas de este contrato.»
«La empresa contratista está obligada a poner en conocimiento del órgano de contratación las contrataciones de nuevo personal que tenga que adscribirse a la ejecución del contrato y acreditar su afiliación y alta en la Seguridad Social.»
«La empresa contratista velará porque en la ejecución del contrato todos los productos que se utilicen provengan de empresas que cumplan con las normas internacionales aprobadas por la Organización Internacional del Trabajo relativas al cumplimiento del derecho laboral, al fomento de la oportunidad de trabajo decente y de la mejora de la protección social.»
«La empresa contratista debe establecer medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal y/o familiar de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución de este contrato.»
«La empresa adjudicataria debe garantizar que el personal adscrito al contrato recibe formación continuada para desarrollar las tareas propias de su puesto de trabajo y debe presentar un plan de calidad que contenga un sistema de detección de los déficits de formación, así como de la estrategia para su evolución.»
«La empresa adjudicataria de este contrato debe organizar acciones de formación profesional en el puesto de trabajo que mejoren la ocupación y la adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecución del contrato, así como sus capacidades y su calificación.»
«La empresa adjudicataria y, en su caso, las subcontratistas, deben promover la formación de su personal adscrito a la ejecución del contrato en materia de ….. (se especificará la obligación de promover una formación específica cuando esta acción tenga una relación directa con el objeto del contrato o con alguna de las cláusulas estipuladas).»
En relación a las condiciones de subrogación como empleadora, los procedimientos de contratación pública que realicen los órganos de contratación del sector público autonómico, deberán incluir, como condiciones de ejecución y cumplimiento del contrato por parte de la empresa adjudicataria, el cumplimiento de lo establecido en el artículo 130 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en todos aquellos supuestos que una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales.
En relación a la consecución de una efectiva igualdad de género, de acuerdo con el artículo 201 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia laboral y social para una efectiva igualdad de género, establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho que vinculan al Estado y a las Administraciones Públicas, en particular las establecidas en el anexo V de la citada ley.
La documentación contractual recogerá, además, las siguientes cláusulas preceptivas:
«La empresa adjudicataria estará obligada a aplicar, al realizar la prestación, medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de conformidad con lo que prevé la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.»
«La empresa contratista, de acuerdo con la legislación vigente en esta materia, garantizará la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada laboral. Asimismo, durante la ejecución del contrato la empresa contratista mantendrá medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución.»
«La empresa contratista, en el caso de estar obligada legalmente, deberá presentar el plan de igualdad entre hombres y mujeres negociado con representantes de las personas trabajadoras. En caso de que no presente la documentación correspondiente, será excluida de la licitación.»
«La empresa contratista, de acuerdo con la legislación vigente en esta materia, tiene que adoptar en la ejecución del contrato medidas para prevenir, controlar y erradicar el acoso sexual, así como el acoso por razón de sexo. Concretamente, la empresa contratista deberá entregar el plan, negociado con representantes de las personas trabajadoras, que detalle las medidas para prevenir, evitar y erradicar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, en relación con el personal adscrito a la ejecución del contrato. Estas medidas podrán consistir, como mínimo, en campañas informativas que detallen qué son conductas de acoso sexual o en razón de sexo; acciones formativas y la designación de personas de referencia que velen por un espacio de trabajo libre de violencias machistas o por orientación sexual o identidad de género.»
«La empresa contratista debe garantizar, de acuerdo con la legislación vigente en esta materia, que en las actividades derivadas de la ejecución del contrato no se utilizan lenguaje o imágenes sexistas.»
«La empresa contratista, en el caso de que no esté legalmente obligada a la elaboración del plan igualdad entre hombres y mujeres, tendrá que presentar una declaración responsable sobre las medidas aplicables en relación con las personas trabajadoras que participarán en la ejecución del contrato, para alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, eliminar estereotipos y fomentar una igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres.»
«La empresa adjudicataria que cuente con una proporción desequilibrada de mujeres (o de hombres) en su plantilla, deberá priorizar la contratación de mujeres (o de hombres). Se entenderá por plantilla desequilibrada aquella que cuenta con una representación o presencia de mujeres (o de hombres) inferior al 40 por ciento del total de la misma.»
En relación a la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, los procedimientos de contratación pública que realicen los órganos de contratación del sector público autonómico, de acuerdo con el artículo 201 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia laboral y social para una efectiva igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, establecidas
en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho que vinculan al Estado y a las Administraciones Públicas, en particular las establecidas en el anexo V de la citada ley. En este sentido, en el pliego de cláusulas administrativas particulares se recogerá la siguiente cláusula preceptiva:
«La empresa adjudicataria estará obligada a aplicar, al realizar la prestación, medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad en la propia actividad laboral y en el conjunto de sus actuaciones, de conformidad con lo que prevé el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la legislación vigente en esta materia.»
En relación a la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas LGTBI –en referencia a los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales-, los procedimientos de contratación pública que realicen los órganos de contratación del sector público autonómico , de acuerdo con el artículo 201 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas LGTBI –en referencia a los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales, establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho que vinculan al Estado y a las Administraciones Públicas, en particular las establecidas en el anexo V de la citada ley.
En este sentido, en la documentación contractual se recogerá la siguiente cláusula preceptiva:
«La empresa adjudicataria garantizará en la ejecución del contrato el respeto de los derechos de las personas LGTBI –en referencia a los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales- sin discriminación alguna por esta circunstancia de acuerdo con la legislación vigente en esta materia."
Asimismo, los órganos competentes de contratación del Sector público autonómico deberán incluir, como condición especial de ejecución y cumplimiento del contrato por parte de la empresa adjudicataria, vinculada al objeto del contrato y acorde al artículo 145 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la siguiente cláusula:
«La empresa adjudicataria aportará en el plazo máximo (X días, a especificar en el correspondiente pliego) posteriores a la fecha de formalización del contrato una declaración responsable sobre las medidas aplicables en la ejecución del contrato para garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas LGTBI, tanto si es el caso entre el personal que ejecuta el contrato como entre las personas destinatarias de la prestación. Las medidas, acordes con el objeto del contrato y la legislación vigente en esta materia, podrán consistir en formación en contenidos relacionados con las discriminaciones que pueden sufrir las personas LGTBI y en el conocimiento de la diversidad con respecto a la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género.»
En relación a la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas, los procedimientos de contratación pública que realicen los órganos de contratación del sector público autonómico, de acuerdo con el artículo 201 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia de accesibilidad universal y diseño para todas las personas, establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho que vinculan al Estado y a las Administraciones Públicas, en particular las establecidas en el anexo V de la citada ley, relacionadas con el objeto del contrato.
En este sentido, en el pliego de cláusulas administrativas particulares se recogerá la siguiente cláusula preceptiva:
«La empresa adjudicataria estará obligada a aplicar, al realizar la prestación, y en relación con el objeto del contrato, medidas destinadas a aplicar los criterios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas, de conformidad con lo que prevé el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la legislación vigente en esta materia.»
CLÁUSULAS SOCIALES DE INCORPORACIÓN POTESTATIVA EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.
Las cláusulas sociales de carácter potestativo, incluidas en este Anexo, se orientan a fomentar bienes de interés público con un positivo impacto social. Suponen una referencia de potenciales incorporaciones en los procedimientos que realicen los órganos de contratación del sector público autonómico, sin menoscabo de aquellas otras de carácter similar o análogo que los respectivos órganos encargados de la tramitación de expedientes de contratación consideren oportuno incorporar. En cualquier caso, las mismas, tendrán que adecuarse a las condiciones legales vigentes en materia de contratación con el sector público, u aquellas otras materias normativas propias del contenido específico de la respectiva cláusula potestativa que se decida incorporar.
Se podrán incorporar en el objeto del contrato el fin o fines sociales que se corresponden con las cláusulas sociales que se van a recoger en el respectivo procedimiento de licitación las siguientes cláusulas sociales que los respectivos órganos de contratación del sector público autonómico deberán adaptar, en función de cada tipo de contrato, para que se alcance en cada caso su mejor comprensión y seguridad jurídica. Se referencian, como posibles redactados a incorporar en el objeto del contrato, en función del fin o fines sociales que se correspondan a las cláusulas sociales que se decida incorporar por parte del respectivo órgano de contratación, los siguientes:
a) "Constituye el objeto del contrato (describir la finalidad principal el contrato) que incorpora características directamente vinculadas a la ejecución de un proyecto de inclusión laboral de personas con discapacidad o con riesgo de exclusión social."
b) "Constituye el objeto del contrato (describir la finalidad principal el contrato) que incorpora características directamente vinculadas a acciones positivas de género."
c) «El objeto del contrato es el servicio de (describir la finalidad principal el contrato) incluyendo la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social.
d) "Constituye el objeto del contrato (describir la finalidad principal el contrato) que incorpora características directamente vinculadas a acciones positivas de compra socialmente responsable de proximidad, con impacto social y medioambiental.»
e) bien una combinación de las anteriores.
2.1.- En este tipo de contratación reservada, ha de constar tanto en el título del contrato que se licita, como en el objeto del mismo, la condición de que se trata de un contrato reservado a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y a Empresas de Inserción, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional cuarta de la Ley estatal 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y en el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
El texto que, en función de la prioridad en los fines, puede describirse de acuerdo con una de estas dos variantes:
- Variante A: «Es objeto de este contrato la inclusión laboral de personas con discapacidad o con riesgo de exclusión social y laboral, empleadas en centros especiales de empleo de iniciativa social o en empresas de inserción, a través de la contratación los servicios de (especificar los fines correspondientes a los servicios a prestar); reservándose la participación en esta licitación a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y a las Empresas de Inserción, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley estatal 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y en el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social».
- x Variante B: «Es objeto de este contrato la contratación del servicio de (especificar los fines correspondientes a los servicios a prestar), mediante la ocupación de personas con discapacidad o con riesgo de exclusión social y laboral, empleadas en centros especiales de empleo de iniciativa social o en empresas de inserción; reservándose la participación en esta licitación a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y a las Empresas de Inserción, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley estatal 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y en el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social».
2.2.- En relación a esta figura de la reserva de contratos a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y a Empresas de Inserción, se proponen además otras cláusulas sociales a incorporar:
a) "Los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción que quieran participar en esta licitación deben estar inscritos, respectivamente, en el Registro de Centros Especiales de Empleo o en Registro de Empresas de Inserción del departamento competente en la materia."
b) "Los centros especiales de empleo de iniciativa social que quieran participar en esta licitación deben afectar a la ejecución del objeto contractual, como mínimo un 70% de personas con discapacidad, y cumplir las condiciones establecidas en el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, sobre los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, así como aquellas que se establecen en la disposición adicional cuarta de la Ley estatal 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y en el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social».
c) «El centro especial de empleo de iniciativa social que resulte adjudicatario tendrá que mantener, durante todo el plazo de ejecución del contrato, la condición de centro especial de empleo de iniciativa social."
d) "El centro especial de empleo de iniciativa social que resulte adjudicatario, sólo podrá subcontratar una parte del contrato con otras entidades que cumplan las condiciones que la legislación vigente establece para los centros especiales de empleo de iniciativa social."
2.3.- En el caso de establecer, como finalidad del contrato, la contratación de personas con discapacidad con especiales dificultades de ocupación, se recomienda utilizar las variantes siguientes:
a) «El contrato tiene como finalidad promover el empleo de personas con discapacidad con especiales dificultades de ocupación –contándose entre las mismas las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental, parálisis cerebral o pluri-discapacidad con un reconocimiento de grado igual o superior al 33%.-, empleadas en centros especiales de empleo de iniciativa social o en empresas de inserción, a través de la contratación de los servicios de (especificar los fines correspondientes a los servicios a prestar); reservándose la participación en esta licitación a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y a las Empresas de Inserción, de acuerdo con lo previsto en la disposición final 14ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.»
b) «Además del resto de requisitos que se establecen en este procedimiento de licitación, como criterios de solvencia técnica, se tendrán que acreditar:
b.1.- Que en la plantilla del respectivo Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social o Empresa de Inserción se cuente en su plantilla con un mínimo del 30% de personas con discapacidad con especiales dificultades de ocupación.
b.2.- Acreditar la debida experiencia, conocimientos y medios técnicos para favorecer la ocupación y la actividad laboral de las personas con discapacidad con especiales dificultades de ocupación en el mercado ordinario de trabajo.»
2.4.- Asimismo, se recomienda incorporar, en la ejecución del contrato, aquellas cláusulas que permitan verificar la continuidad de los porcentajes de la plantilla y de los medios técnicos adscritos.
En la redacción e incorporación de las cláusulas potestativas, relativas a la valoración y adjudicación del contrato, se tendrán que cumplir los criterios previstos en el artículo 145 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y aquellos otros que establece la citada ley.
3.1.- Calidad del empleo.
Se ofrecen diversas y positivas opciones de introducción de cláusulas sociales en la promoción de la calidad del empleo que se podrán tener en consideración cuando en el sector de actividad económica correspondiente al objeto del contrato que se licita, las retribuciones a las personas trabajadoras sean bajas en términos referenciales a otros sectores de actividad:
«Se valorará con un máximo ponderado de X puntos la estabilidad de la plantilla de las personas trabajadoras de la empresa contratista que ejecutarán el contrato que se licita.
La ponderación del criterio de adjudicación se aplicará tomando como referencia a las personas que en la documentación contractual se consideren como recursos humanos mínimos, que debe ejecutar el contrato y sus calificaciones profesionales, en su caso. Se computará el número de días trabajados en los últimos 36 meses anteriores a la fecha final del plazo de presentación de ofertas y con la misma modalidad contractual en el seno de la empresa licitadora.
La empresa que, según la información que facilite, sume más días con contratación estable de las personas trabajadoras requeridas como mínimo en la documentación contractual, recibirá la máxima puntuación.»
"Se valorará con un máximo ponderado de X puntos las medidas complementarias con respecto a los mínimos establecidos con respecto a las condiciones de seguridad y salud laboral establecidos en la normativa vigente y las certificaciones relativas a controles de calidad en la realización de los servicios.
"Se valorará con un máximo ponderado de X puntos las medidas complementarias de las condiciones laborales con respecto a los mínimos establecidos en el respectivo convenio colectivo, o, en su caso en las disposiciones legales vinculantes.
«Se valorarán las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral implantadas por la empresa o las medidas adicionales que se comprometa a implantar. La puntuación máxima será de x puntos y se otorgará en función del número y calidad de las medidas. En particular se valorarán las medidas relativas a: XXXX."
3.2.- Inclusión laboral de personas con discapacidad o con riesgo de exclusión social
Se podrán contemplar las siguientes cláusulas, o similares, para la promoción de la inclusión laboral de personas con discapacidad o con riesgos de exclusión social:
«Se otorgarán (concretar el porcentaje de puntos que se otorguen en el respectivo contrato) puntos a las empresas licitadoras que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en la plantilla a jornada completa o el equivalente en jornadas parciales, un mínimo de un (un porcentaje, %, de personas a determinar en el respectivo pliego) de personas con discapacidad o bien en situación o grave riesgo de exclusión social».
«Se valorarán las nuevas contrataciones adscritas a la ejecución del contrato de personas en situación legal de desempleo de acuerdo con lo que prevé el artículo 208 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que se lleven a cabo para ejecutar el contrato, cuando mejoren, si es el caso, las previstas en el pliego.»
3.3.- Igualdad de género.
En las relaciones laborales se producen discriminaciones injustificadas entre los hombres y las mujeres. Esta infracción del principio constitucional de igualdad de trato tiene diferentes manifestaciones.
Por ello, los procedimientos de contratación pública que realicen los órganos de contratación del sector público autonómico, podrán:
b) Incluir condiciones especiales de ejecución en la contratación pública tendentes a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, atendiendo a la naturaleza de los contratos y al sector de actividad donde se generen las prestaciones.
El cumplimiento de estas condiciones podrá ser calificado como obligación contractual esencial del contrato, y considerado su incumplimiento como causa de resolución del mismo.
Los órganos de contratación podrán incluir en la documentación contractual la obligación de la empresa adjudicataria de aplicar medidas destinadas a promover la igualdad entre mujeres y hombres en el momento de realizar la prestación, entre las que podrá estar la elaboración y ejecución de planes de igualdad. Estas medidas deberán incluirse en el anuncio de licitación.
En función del tipo de contrato y de las características del sector de actividad con el que se relaciona, en los pliegos particulares del procedimiento de adjudicación se podrán incorporar una o ambas cláusulas sociales sobre igualdad entre mujeres y hombres, a partir del redactado referencial siguiente:
«Se valorará con un máximo de X puntos las medidas complementarias, más allá de las preceptivas obligaciones legales, que la empresa concursante disponga en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. En especial se valorará la disponibilidad de planes de igualdad por parte de empresas no obligadas legalmente a su elaboración y aplicación, protocolos para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo, y medidas para favorecer a mujeres y hombres la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; de acuerdo con lo previsto en los artículos 42 al 49 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.»
Los órganos competentes de contratación del sector público autonómico podrán incluir preferentemente criterios de desempate que tendrán en cuenta consideraciones sociales y ambientales, que serán indicados en los pliegos. Entre ellos criterios relacionados con la igualdad de género como:
«En caso de empate entre las proposiciones más ventajosas se deberá señalar en la documentación contractual la preferencia en la adjudicación de los contratos para las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan la marca de excelencia en igualdad o incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La empresa adjudicataria en tales casos estará obligada a mantener los parámetros de igualdad relacionados con el género durante el plazo fijado en la adjudicación».
3.4. - Accesibilidad Universal.
Estas cláusulas se pueden introducir cuando las condiciones básicas de accesibilidad estén vinculadas con el objeto del contrato y el producto o el servicio que se ofrezca sea superior al del nivel mínimo exigido en la documentación contractual. Las cláusulas que se pueden incorporar serían:
«Se valorará con un máximo de X puntos las medidas complementarias, más allá de las preceptivas obligaciones legales, que la empresa concursante disponga en materia de accesibilidad universal y diseño para todas las personas.»
«Se considera como criterio complementario de adjudicación las mejoras de accesibilidad universal propuestas por las empresas licitadoras que superen las obligaciones legales establecidas en la legislación vigente en esta materia.»
3.5.- Valoración del precio a estipular en la documentación contractual.
Esta medida se complementa con la de determinación del presupuesto máximo de licitación, en el sentido de que el órgano de contratación del sector público autonómico estime el presupuesto máximo de licitación computando, entre otros factores, los costes salariales a partir de un convenio de referencia.
En los contratos en los que las retribuciones del personal trabajador sean determinantes del coste total, para evitar que las empresas licitadoras rebajen de manera temeraria la estimación de los costes salariales, el criterio de adjudicación que valora el precio del contrato podrá tener una ponderación de hasta un 35% de la puntuación total, para lo que se podrán contemplar la siguiente cláusula:
«Las ofertas que se realicen, en cualquier caso, deberán reunir las condiciones económicas para el cumplimiento estricto de la legislación laboral y el convenio colectivo del respectivo sector de actividad.»
4.1.- Contratación de personas en situación de paro y con riesgo de exclusión laboral
El órgano de contratación del sector público autonómico podrá incluir la medida social de incentivar que la empresa contratista incorpore en la ejecución del contrato de obras a personas en situación de paro con especial dificultad de inserción laboral o en situación de exclusión social.
El pliego puede identificar al colectivo específico en el que se quiere impactar la medida social o plantearlo de forma abierta e indiferenciada y podrá hacerlo a través de las siguientes cláusulas:
a) "Las nuevas contrataciones de personal que la empresa o empresas adjudicatarias de este contrato deban hacer para ejecutarlo deben efectuarse necesariamente entre personas que se encuentren en situación legal de desempleo conforme a lo que prevé el artículo 267 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre y, cuando sea posible, entre colectivos con particulares dificultades de inserción en el mercado laboral definidos en la legislación vigente o personas que dispongan del certificado de discapacidad.»
b) "La empresa adjudicataria tiene que reservar un X% de los puestos de trabajo de nueva contratación adscritos a la ejecución del contrato, a jornada completa, para que sea ocupado por personas en situación o grave riesgo de exclusión social, que estén desocupadas y tengan dificultades importantes para integrarse en el mercado de trabajo ordinario y que estén incluidas en alguno de los colectivos siguientes:
1. Personas con discapacidad física, psíquica o sensorial o con enfermedades mentales que tengan posibilidades de inserción en el mundo laboral.
2. Personas perceptoras de la renta social básica en edad laboral.
3. Jóvenes mayores de dieciséis años y menores de treinta provenientes de instituciones de protección de menores.
4. Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en proceso de rehabilitación y reinserción sociales.
5. Personas internas en centros penitenciarios cuya situación les permita acceder a una ocupación, o bien personas en libertad condicional y personas ex reclusas.
6. Personas que no puedan acceder a la renta social básica, pero que se encuentren, a juicio de los servicios sociales competentes, en situación de riesgo de exclusión.
7. Personas desempleadas de larga duración mayores de cuarenta y cinco años.
8. Personas participantes en programas municipales de ocupación laboral para personas en riesgo de exclusión.
9. Mujeres víctimas de violencia de género.
10. Padres o madres de familias monoparentales».
4.2.- Subcontratación con Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Inserción
Las cláusulas tipo que se pueden incorporar serán:
a) "La empresa o empresas adjudicatarias de este contrato que, de acuerdo con las cláusulas previstas se dispongan a subcontratar parte de la ejecución del contrato lo harán, preferentemente, a centros especiales de empleo de iniciativa social o empresas de inserción inscritas en los correspondientes registros del Departamento competente en la materia.
b) "La empresa o empresas adjudicatarias de este contrato que, de acuerdo con las clausulas previstas se dispongan a subcontratar parte de la ejecución del contrato lo harán, en un mínimo del X% (especificar porcentaje que se considere adecuado), a centros especiales de empleo de iniciativa social o empresas de inserción inscritas en los correspondientes registros del Departamento competente en la materia.
4.3.- Compra socialmente responsable, de proximidad, de comercio justo, de prevención del despilfarro alimentario, con impacto social y medioambiental
Para impulsar la competencia justa y asegurar la mejor relación calidad-precio, alcanzar beneficios medioambientales y apoyar un consumo alimentario responsable, las cláusulas tipo que se pueden incorporar serán:
a) «La empresa o entidad adjudicataria de suministros alimentarios para el consumo en los servicios de comedor de restauración, objeto de este contrato, deberán realizar sus compras de productos alimentarios de acuerdo con los siguientes criterios: saludables, de bajo impacto en el deterioro medioambiental y con un alto retorno en el desarrollo rural sostenible del territorio. Realizando, en este sentido, una compra preferente de productos alimentarios locales, de proximidad y de producción familiar.»
b) «La empresa o entidad adjudicataria de suministros alimentarios para el consumo en los servicios de comedor, objeto de este contrato, deberá realizar una compra preferente de productos alimentarios locales de proximidad y de producción familiar, procedentes de explotaciones agrarias y ganaderas de Cantabria.»
c) «La empresa o entidad adjudicataria en la gestión del servicio de comedor, objeto de este contrato, deberá contar con un protocolo de prevención y reducción del despilfarro alimentario, en toda la cadena de suministro y consumo, acorde con la legislación vigente en esta materia.»
d) «La empresa o entidad adjudicataria deberá incorporar en la prestación del servicio o en el contenido del suministro productos de proximidad, siempre que las características del contrato lo permitan.»
e) «La empresa o entidad adjudicataria deberá incorporar en la prestación del servicio o en el contenido del suministro productos de comercio justo, siempre que las características del contrato lo permitan.»
f) «La empresa o entidad adjudicataria deberá incorporar en la prestación del servicio o en el contenido del suministro productos con un positivo impacto social y medioambiental, siempre que las características del contrato lo permitan.»
4.4.- Condiciones de ejecución en la subcontratación
a) "La subcontratación de cualquier prestación del contrato no puede exceder del X% del importe total de adjudicación de este contrato y, en todo caso, las empresas subcontratadas deben disponer de una organización propia y con medios suficientes para llevar a cabo la actividad de que se trate, sin que en ningún caso se pueda producir cesión ilegal de personas trabajadoras."
b) "En caso de subcontratación, la empresa contratista debe comprobar, con carácter previo al inicio de la actividad subcontratada, la afiliación y el alta en la Seguridad Social de los trabajadores de las empresas con las cuales subcontrate y lo debe comunicar al órgano de contratación."
c) "La empresa adjudicataria debe velar para que la empresa subcontratista, si tiene que contratar nuevo personal para la ejecución del contrato, favorezca la contratación de personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social que estén desocupadas o que tengan dificultades importantes para integrarse en el mercado de trabajo."
d) "El contratista debe informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral, así como de las medidas previstas para la coordinación de actividades."
e) La empresa contratista debe velar para que la empresa subcontratista cumpla las cláusulas y criterios sociales estipulados en el respectivo contrato. Con especial atención a los relativos a la igualdad de género, la legislación en el ámbito laboral y la inclusión de personas con discapacidad o con riesgo de exclusión social.»
4.5.- Pago del precio a las empresas subcontratadas
La cláusula tipo que se puede incorporar será:
«Si la empresa subcontratista alega morosidad de la empresa contratista en el pago del precio que le corresponda por la prestación realizada según las obligaciones de pago del precio fijado en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, que establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se establece como obligación contractual entre las partes que el órgano de contratación proceda a pagar directamente a la empresa subcontratista, previa comprobación documentada de los hechos acaecidos y sin menoscabo de las medidas cautelares o sanciones que puedan proceder.»

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