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Timestamp: 2019-06-18 21:46:06+00:00

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Guía de la discapacidad-Ámbito servicios sociales | DavidT21Down
Guía de la discapacidad-Ámbito servicios sociales
¿Qué es la Discapacidad? ¿Quiénes tienen la consideración de personas con discapacidad?
Según la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Según el art. 2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la discapacidad se entiende como una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Según esta misma norma (art. 4) son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás por lo que, además y, a todos los efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
Si soy declarado/a judicialmente incapaz ¿eso me otorga un determinado grado de discapacidad a efectos de la Seguridad Social?
Sí. La Ley 20/2007 de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social dice en su Disposición adicional novena («Asimilación de las personas que judicialmente hayan sido declaradas incapaces») que, a los efectos de la aplicación de la Ley General de la Seguridad Social se entenderá que están afectadas por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento aquellas personas que judicialmente hayan sido declaradas incapaces.
¿Tener un Certificado de Reconocimiento del Grado de Discapacidad es igual que una Incapacitación Civil?
No. A través del Certificado de Discapacidad, antes llamado de Minusvalía (es interesante comprobar la adecuación terminológica y conceptual que arranca de la disposición adicional octava de Ley de Dependencia y que luego se materializará por Real Decreto 1856/2009), bien, pues, decíamos que el certificado de discapacidad lo que hace es certificar una valoración realizada con criterios técnicos fijados por un baremo estatal de la discapacidad física, psíquica y/o sensorial que presenta la persona así como los factores sociales complementarios que dificulten su integración social (sólo si la discapacidad es igual o mayor al 25% se sumaran estos factores hasta un máximo de 15 puntos), y con la finalidad de determinar y acreditar el tipo y grado de discapacidad.
El reconocimiento de la discapacidad permite acceder a cuantas medidas, prestaciones, servicios o beneficios de protección social están establecidos o puedan establecerse y dimensionar su cuantificación según la gradación establecida. En definitiva, las normas que regulen los beneficios o medidas de acción positiva podrán determinar los requisitos específicos para acceder a los mismos (art. 4.2 segundo párrafo Real Decreto legislativo 1/2013).
Este reconocimiento se establece tras los dictámenes técnicosfacultativos emitidos por los Equipos de Valoración y Orientación que dependen orgánica y funcionalmente de las correspondientes Delegaciones Territoriales de la Consejería con competencia en Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.
Sin embargo, una incapacitación civil es una medida de protección jurídica que sólo puede venir determinada por Sentencia judicial firme en los términos explicados en apartados anteriores.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia ¿da nuevos derechos a las personas incapacitadas judicialmente?
Sí pero únicamente en tanto en cuanto sean valoradas como dependientes o requieran de apoyo para su autonomía personal tal y como define la Ley 39/2006.
Para dar respuesta a algunas de las siguientes preguntas referidas a la «Ley de Dependencia» se ha consultado y extraído datos de la página web de la Consejería con competencias en materia de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. Dados los numerosísimos cambios normativos que se producen en esta materia es recomendable asegurar la vigencia de lo aquí expuesto.
Según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (art. 2) dependencia se define como el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.
No, una persona se encuentra en situación de dependencia, sin perjuicio del grado de discapacidad que pueda tener reconocido, cuando concurren, además de una limitación física, mental, intelectual o sensorial, dos factores: la incapacidad de la persona para realizar por sí misma actividades de la vida diaria, y necesidad de asistencia o cuidados de una tercera persona.
¿Cuáles son los requisitos básicos para ser beneficiario/a del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)?
Los/as españoles/as que cumplan los siguientes requisitos:
Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Para las/os menores de cinco años el período de residencia se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia. Personas emigrantes retornadas: deberán probar el periodo de residencia de cinco años en otro país mediante certificado emitido por el consulado español en dicho país o a través de certificado del padrón de españolas/es residentes en el extranjero (PERE).
Cada uno de estos grados se clasificaba a su vez en dos niveles en función de la autonomía y atención y cuidado que requiere la persona pero con la modificación introducida por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (BOE nº 168, de 14 de julio de 2012), desaparece esta distinción de niveles, permaneciendo únicamente la clasificación en grados de dependencia.No obstante, aquellas personas que tuvieran resolución de grado y nivel anterior a la entrada en vigor de dicha norma, siguen manteniendo la clasificación en grados y niveles hasta tanto se revise su situación.
El baremo de valoración de la situación de dependencia que podía encontrarse en el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, fue sustituido por el establecido por Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero.
Este baremo establece los criterios objetivos de valoración, los intervalos de puntuación para cada uno de los grados de dependencia, y los procedimientos y técnicas a seguir para ello.
¿Cómo se solicita, en Andalucía, el reconocimiento de la situación de dependencia?
Las solicitudes se deben presentar en el modelo oficial, que está a disposición de las personas interesadas en la página web de la Consejería competente en materia de Asuntos Sociales, en los centros de los Servicios Sociales Comunitarios de su Ayuntamiento y en la Delegación Territorial de la Consejería de la Junta de Andalucía con competencias en Asuntos Sociales.
¿Quién firma la solicitud del reconocimiento de la situación de dependencia?
La solicitud debe ir firmada por el propio solicitante del reconocimiento de la situación de dependencia o bien, su representante legal en caso de existir dicha representación por sentencia judicial firme tras el oportuno procedimiento de incapacitación-modificación de la capacidad de obrar. También están habilitados los Guardadores de Hecho que, en este último caso deberán cumplimentar un modelo al efecto.
Al margen de las previsiones generales contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la puerta de entrada al Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) es el Servicio de Información, Orientación, Valoración y Asesoramiento, lo que supone que el personal de los Servicios Sociales Comunitarios correspondiente a la residencia del solicitante sea el competente para iniciar, tras la petición de la persona solicitante, el expediente y la instrucción del mismo.
¿En qué momento se tiene derecho a las prestaciones reconocidas por la Resolución del reconocimiento de la situación de dependencia?
En el momento que se apruebe el Programa Individual de Atención (PIA)
1.- Datos identificativos y bancarios de la persona en situación de dependencia.
2. -Circunstancias personales y familiares.
4.- Propuesta de modalidad de intervención, con indicación de lo siguiente:
a. Servicio o servicios propuestos, con indicación de las condiciones específicas de la prestación de éste (centro, intensidad, periodos, etc).
b. En su caso, de no ser posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, propuesta de prestación económica vinculada al servicio.
c. Excepcionalmente, propuesta de prestación económica para cuidados familiares, cuando la persona beneficiaria esté siendo atendida en su entorno familiar y se reúnan las condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad de la vivienda.
d. En su caso, prestación económica de asistencia personal, con indicación de las condiciones específicas de acceso a dicha prestación.
¿Quién aprueba el Programa Individual de Atención (PIA)?
La persona titular de la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería de la Junta de Andalucía con competencia en Asuntos Sociales, previas las comprobaciones que procedan, dictará resolución por la que se aprueba el Programa Individual de Atención.
¿El Programa Individual de Atención (PIA) tiene validez permanente?
¿Cuál es el Catálogo de Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Andalucía?
El Catálogo de Servicios es el siguiente:
Servicio de Centro de Día y de Noche. Distinguiendo el Centro de Día para Mayores y el Centro de Día para personas con discapacidad.
Servicio de Atención Residencial. Distinguimos el centro residencial dirigido a personas mayores y el centro residencial de atención a personas con discapacidad.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía el servicio de ayuda a domicilio se define el servicio como una prestación realizada preferentemente en el domicilio que proporciona mediante personal cualificado y supervisado, un conjunto de actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a las personas con dificultades para permanecer o desenvolverse en su medio habitual.
Tipología de Centros de Atención Residencial en Andalucía:
Contempla tres:
Prestación económica vinculada al servicio (art. 17)
Prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores no profesionales (art. 18)
Prestación económica de asistencia personal (art. 19)
Los centros o las entidades que se encuentren acreditados para la atención a la dependencia e incluidos en la relación de los colaboradores de la Red del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Es una prestación económica destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite a la persona beneficiaria el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.
La efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia se ejercitará progresivamente, de modo gradual, y se realiza de acuerdo a un calendario. El primero fue aprobado en la Disposición final primera de la Ley de Dependencia que posteriormente se modificó en 2012 por el Real Decretoley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y que establece:
¿Un/a trabajador/a social puede firmar una solicitud de Reconocimiento de Dependencia o una Revisión de PIA de un usuario/ a? ¿y un familiar?
Si. El sistema de dependencia establece dos sistemas por el que una persona distinta al usuario puede firmar estos documentos. Si el usuario conserva su capacidad natural de decisión, pero tiene dificultades para firmar puede hacerlo un familiar o el trabajador social a través de una representación verbal que se ratificará cuando se acuda a la vivienda del usuario a hacer la correspondiente valoración. Si carece de dicha capacidad natural y está legalmente incapacitado podrá hacerlo su representante legal o apoyo. Si no está legalmente incapacitado puede hacerlo un familiar haciendo la correspondiente declaración de guardador de hecho. Si no existe familiar podrá y deberá hacerlo el trabajador social en ejercicio de sus labores profesionales de tramitación de los expedientes, tal como se establece en la competencia E16 de las competencias del Grado de Trabajo Social al establecer como tal la de «defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre si la situación lo requiere».
Un/a trabajador/a social que ha obtenido, o quiere obtener, plaza residencial para una persona que no quiere ser ingresado ¿cómo debería actuar?
Ver pregunta: «¿Un trabajador/a social puede obtener del Juzgado una autorización de ingreso involuntario de un usuario al que manifiestamente hay que ingresar en centro para su mayor beneficio?»
¿Una incapacidad civil es igual a una incapacidad laboral?
No. La incapacidad laboral puede definirse como la imposibilidad, en mayor o menor grado, para desarrollar algún tipo de actividad profesional. No se declara mediante una sentencia judicial sino a través de una resolución administrativa del INSS.
La sentencia de incapacitación no tiene por qué conllevar la imposibilidad de acceder a un puesto de trabajo. La incapacidad laboral sí.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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 resolución 
 Real Decreto 
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 Resolución 
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