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Timestamp: 2020-04-06 18:16:31+00:00

Document:
Acuerdo para la protección y promoción recíprocas de inversiones entre el Reino de España y la República del Paraguay, firmado «ad referendum» en asunción el 11 de octubre de 1993.
Vigencia desde 22 de Noviembre de 1996.
Artículo 2 Fomento y admisión
Artículo 9 Principio de subrogación
Artículo 10 Controversias entre las partes contratantes
El Reino de España y la República de Paraguay, en adelante «las Partes Contratantes»,
Reconociendo que la promoción y la protección de las inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimulan las iniciativas en ese campo,
a) Las personas físicas que, en el caso del Reino de España, sean residentes en España con arreglo al Derecho español, y, en el caso de la República de Paraguay las que de acuerdo con la legislación paraguaya sean consideradas nacionales de la misma.
b) Las personas jurídicas, incluidas compañías, asociaciones de compañías, sociedades mercantiles y otras organizaciones que se encuentren constituidas o, en cualquier caso, debidamente organizadas según el derecho de esa Parte Contratante y tengan su sede en el territorio de esa misma Parte Contratante.
Los bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales, tales como hipotecas, derechos de prenda, usufructos y derechos similares.
Todo tipo de derechos en el ámbito de la propiedad intelectual, incluyendo expresamente patentes de invención y marcas de comercio, así como licencias de fabricación «know-how» y «good-will».
4. El término «territorio» designa el territorio sobre el cual cada una de las Partes Contratantes tiene o puede tener, de acuerdo con el Derecho internacional, jurisdicción o derechos soberanos a efectos de prospección, exploración, explotación y preservación de recursos naturales.
3. Cada Parte Contratante otorgará, igualmente, cada vez que sea necesario, las autorizaciones requeridas en relación con las actividades de consultores o expertos contratados por inversores de la otra Parte Contratante.
4. El tratamiento concedido con arreglo al presente artículo no se extenderá a deducciones, exenciones fiscales ni a otros privilegios análogos otorgados por cualquiera de las Partes Contratantes a inversores de terceros países en virtud de un Acuerdo para evitar la Doble Imposición o de cualquier otro Acuerdo en materia de tributación.
La nacionalización, expropiación o cualquier otra medida de características o efectos similares que pueda ser adoptada por las autoridades de una Parte Contratante contra las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante en su territorio, deberá aplicarse, exclusivamente, por razones de utilidad pública o de interés social, conforme a las disposiciones legales, y, en ningún caso, deberá ser discriminatoria. La Parte Contratante que adoptará estas medidas pagará al inversor o a su derecho-habiente, sin demora injustificada, una indemnización adecuada, en moneda convertible y libremente transferible.
A los inversores de una Parte Contratante cuyas inversiones o rentas de inversión en el territorio de la otra Parte Contratante sufran pérdidas debidas a guerra, otros conflictos armados, un Estado de emergencia nacional, rebelión o motín u otras circunstancias similares, incluidas pérdidas ocasionadas por requisa, se les concederá, a título de restitución, indemnización, compensación u otro acuerdo, tratamiento no menos favorable que aquel que la última Parte Contratante conceda a sus propios inversores y a los inversores de cualquier tercer Estado. Cualquier pago hecho de acuerdo con este artículo será realizado de forma pronta, adecuada, efectiva y libremente transferible.
1. Cada Parte Contratante garantizará a los inversores de la otra Parte Contratante, con respecto a las inversiones realizadas en su territorio, la libre transferencia de las rentas de esas inversiones y otros pagos relacionados con las mismas y, en particular, pero no exclusivamente, los siguientes:
Las rentas de inversión, tal y como han sido definidas en el artículo 1.
Las indemnizaciones previstas en el artículo 5.
Las compensaciones previstas en el artículo 6.
El producto de la venta o liquidación total o parcial de las inversiones.
Las sumas necesarias para la amortización de préstamos y el pago de sus intereses.
Las sumas necesarias para la adquisición de materias primas o auxiliares, productos semifacturados o terminados o para la sustitución de los bienes de capital o cualquier otra suma necesaria para el mantenimiento y desarrollo de la inversión.
2. La Parte Contratante receptora de la inversión facilitará al inversor de la otra Parte Contratante o a la sociedad en la que participa el acceso al mercado de divisas en forma discriminatoria, a fin de adquirir las divisas necesarias para realizar las transferencias amparadas en el presente artículo.
Las condiciones más favorables que la del presente Acuerdo que hayan sido convenidas por una de las Partes Contratantes con los inversores de la otra Parte Contratante no se verán afectadas por el presente Acuerdo.
En el caso de que una Parte Contratante haya otorgado cualquier garantía financiera sobre riesgos no comerciales en relación con una inversión efectuada por sus inversores en el territorio de la otra Parte Contratante, esta última aceptará la subrogación de la primera Parte Contratante en los derechos económicos del inversor, desde el momento en que la primera Parte Contratante haya realizado un primer pago con cargo a la garantía concedida. Esta subrogación hará posible que la primera Parte Contratante sea beneficiaria directa de todo tipo de pagos por compensación a los que pudiese ser acreedor el inversor.
En lo que concierne a los derechos de propiedad, uso, disfrute o cualquier otro derecho real, la subrogación sólo podrá producirse previa obtención de las autorizaciones pertinentes, de acuerdo con la legislación vigente de la Parte Contratante donde se realizó la inversión.
3. El Tribunal de Arbitraje se constituirá del siguiente modo: Cada Parte Contratante designará un árbitro y estos dos árbitros elegirán a un ciudadano de un tercer Estado como Presidente. Los árbitros serán designados en el plazo de tres meses, y el Presidente en el plazo de cinco meses desde la fecha en que cualquiera de las dos Partes Contratantes hubiera informado a la otra Parte Contratante de su intención de someter el conflicto a un Tribunal de Arbitraje.
5. Si, en los casos previstos en el párrafo 4 del presente artículo, el Presidente del Tribunal Internacional de Justicia no pudiera desempeñar dicha función, o fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, se solicitará al Vicepresidente que efectúe las designaciones pertinentes. Si el Vicepresidente no pudiera desempeñar dicha función o fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes las designaciones serán efectuadas por el miembro más antiguo del Tribunal que no sea nacional de ninguna de las Partes Contratantes.
6. El Tribunal de Arbitraje emitirá su dictamen sobre la base de respeto a la Ley, a las normas contenidas en el presente Convenio o en otros Acuerdos vigentes entre las Partes Contratantes, y sobre los principios, universalmente, reconocidos de Derecho internacional.
A los tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión.
Al Tribunal de Arbitraje «ad hoc», establecido por el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional.
Al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), creado por el «Convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados», abierto a la firma en Washington, el 18 de marzo de 1965, cuando cada Estado Parte en el presente Acuerdo se haya adherido a aquél.
Al Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París.
Las disposiciones del presente Acuerdo y las de otros acuerdos concluidos entre las Partes Contratantes.
Hecho en dos originales en lengua española que hacen igualmente fe,
a 11 de octubre de 1993.
DIOGENES MARTINEZ,
MARIA ASUNCION ANSORENA CONTO,
Embajadora de España en Paraguay
El presente Acuerdo entró en vigor el 22 de noviembre de 1996, fecha de la última notificación cruzada entre las Partes comunicando el cumplimento de las respectivas formalidades constitucionales, según se establece en su artículo 12.1.
26 de diciembre de 1996.-

References: Artículo 2

Artículo 9

Artículo 10
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 12