Source: https://andreadeleon.blogspot.com/2013/05/derecho-medico-caso-protesis-poly_6770.html
Timestamp: 2018-07-19 07:26:06+00:00

Document:
Andrea De León , ABOGADOS CONSULTORES: Derecho Médico: Caso Protesis Poly Implants Prothese :REGISTRO NACIONAL OBLIGATORIO DE IMPLANTES MAMARIOS PIP
Derecho Médico: Caso Protesis Poly Implants Prothese :REGISTRO NACIONAL OBLIGATORIO DE IMPLANTES MAMARIOS PIP
Caracas, 07 de mayo de 2013
Consta en autos que, el 3 de mayo de 2012, GABRIELA DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ, en su carácter de DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y los abogados LARRY DEVOE MÁRQUEZ, JESÚS ANTONIO MENDOZA,ALEJANDRA BONALDE COLMENARES, LUCELIA CASPELLAROS PÉREZ, JAVIER LÓPEZ CERRADA, LILIAN QUEVEDO RUIZ,JASMÍN CUEVAS MORALES y DOLIMAR LÁREZ, con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los n.ros 93.897, 41.755, 71.884, 145.484, 84.543, 65.661, 124.701 y 131.291, respectivamente, y con adscripción a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, interpusieron, ante esta Sala, demanda de protección de derechos e intereses colectivos, conjuntamente con solicitud de medidas cautelares innominadas, a favor de todas aquellas personas naturales, habitantes de la República Bolivariana de Venezuela, que tengan implantadas en su cuerpo prótesis mamarias marca “PIP”, fabricadas por la sociedad mercantil francesa POLY IMPLANT PROTHÈSE (PIP) contra GALAXIA MÉDICA, C.A., con inscripción en el Registro Mercantil I de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 12 de junio de 1986, bajo el n.° 72, Tomo 67-A-Pro y anotada ante el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo la nomenclatura J-00230964-4; MULTI INDUSTRIAS MÉDICAS MULTIMED, C.A., con inscripción en el Registro Mercantil I de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 12 de junio de 1986, bajo el n.° 76, Tomo 67-A-Pro; FARMACIA LOCATEL, C.A., con inscripción en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 24 de febrero de 1994, bajo eln.° 46, Tomo 47-A-Sgdo; LOCATEL FRANQUICIA C.A., con inscripción en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 18 de marzo de 1997, bajo el n.° 37, Tomo 131-A-Sgdo, en su condición de únicos y exclusivos importadores y distribuidores autorizados en Venezuela de las antes referidas prótesis mamarias; la sociedad civil sin fines de lucro SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA RECONSTRUCTIVA, ESTÉTICA Y MAXILOFACIAL (SVCPREM), en su condición de agrupación de los cirujanos plásticos de Venezuela y laASOCIACIÓN VENEZOLANA DE CLÍNICAS Y HOSPITALES (AVCH), con inscripción ante la Oficina Subalterna del Registro Público del Primer Circuito del Municipio Sucre del estado Miranda (hoy Registro Inmobiliario), el 17 de abril del 2008, bajo el n.° 11, Tomo 6, Protocolo Primero, en su condición de agrupación de las instituciones privadas prestadoras de servicios de salud en Venezuela; todo en razón de que las prótesis mamarias marca “PIP”, fabricadas y distribuidas por la Sociedad Mercantil francesa “POLY IMPLANT PROTHÈSE (PIP)”, afectan la salud y amenazan la vida de todas aquellas personas que las tengan colocadas en sus cuerpos. Igualmente solicitaron la acumulación de la causa mediante la cual la ciudadana ADRIANA ALEJANDRA ZORRILLA GONZÁLEZ pidió a esta Sala el avocamiento de la pretensión de amparo que incoó contra los mismos sujetos pasivos de esta demanda, por cuanto esta causa pretende abarcar a todas las personas que se han implantado dichas prótesis.
El 6 de junio de 2012, esta Sala se declaró competente para el conocimiento de la demanda de protección de derechos e intereses colectivos que fue interpuesta a favor de todas aquellas personas naturales, habitantes de la República Bolivariana de Venezuela, que tienen implantadas en su cuerpo prótesis mamarias marca “PIP”, fabricadas por la sociedad mercantil francesa “POLY IMPLANT PROTHÈSE (PIP)”, contra GALAXIA MÉDICA, C.A.; MULTI INDUSTRIAS MÉDICAS MULTIMED, C.A.; FARMACIA LOCATEL, C.A.; LOCATEL FRANQUICIA C.A., en su condición de únicos y exclusivos importadores autorizados para la distribución en Venezuela de dichas prótesis mamarias; la sociedad civil sin fines de lucro SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA RECONSTRUCTIVA, ESTÉTICA Y MAXILOFACIAL (SVCPREM), en su condición de agrupación de los cirujanos plásticos de Venezuela y la ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE CLÍNICAS Y HOSPITALES (AVCH), en su condición de agrupación de las instituciones privadas prestadoras de servicios de salud en Venezuela; admitió la demanda y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ordenó la citación de las demandadas, las notificaciones pertinentes y la publicación de un cartel para hacer saber a las personas que se hayan visto afectadas por la implantación en su cuerpo de las prótesis mamarias marca “PIP”, fabricadas por la compañía “POLY IMPLANT PROTHÈSE (PIP)”, que pueden hacerse parte en el presente juicio.
En la anterior decisión, se decretó la tutela cautelar que fue solicitada, en el sentido de declarar que la problemática derivada de los implantes mamarios marca “PIP”, fabricados por la compañía “POLY IMPLANT PROTHÈSE (PIP)”, y que fueron colocados en el cuerpo humano, es un tema de salud pública; por lo que se prohibió su colocación, así como la de cualquier otro implante no autorizado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud; se ordenó el retiro y reemplazo de las prótesis mamarias, marca “PIP”, de forma programada, a costa de la Sociedad Mercantil GALAXIA MÉDICA, C.A. y del grupo económico del cual forma parte, de los MÉDICOS CIRUJANOS y las CLÍNICAS PRIVADAS, que intervinieron en la mamoplastia, en aquellos casos en los que se haya iniciado el proceso de filtración de las prótesis; se ordenó a los médicos de libre ejercicio, a través de la SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA, RECONSTRUCTIVA Y MAXILOFACIAL (SVCPREM) el suministro, a sus pacientes sometidos a mamoplastia, de la información sobre la marca de implantes mamarios que les fueron colocados, así como la conservación de las historias médicas de los pacientes a los que se les haya practicado; a los médicos de libre ejercicio, a través de la SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA, RECONSTRUCTIVA Y MAXILOFACIAL (SVCPREM) que gratuitamente realicen los chequeos y/o exámenes necesarios a los pacientes que operaron y a quienes les fueron colocadas dichas prótesis; a las Clínicas Privadas a través de la ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE CLÍNICAS Y HOSPITALES (AVCH), que practiquen gratuitamente los exámenes de diagnóstico necesarios a los pacientes que operaron y porten implantes mamarios marca “PIP”; al MINISTERIO DE PODER POPULAR PARA LA SALUD la elaboración de una planilla de registro de datos, en su página web, a objeto de que quienes porten dichas prótesis mamarias se inscriban para formar una relación, un PROTOCOLO y PROCEDIMIENTOS de actuación para quienes portan prótesis mamarias, en el que se establezcan los pasos que estas personas deben adoptar en su proceso de determinación, retiro y sustitución de los implantes y para los médicos relacionados con la colocación de implantes mamarios marca PIP, en el que se establezcan los pasos que éstos deben adoptar para dar respuesta a este asunto.
El 12 de junio de 2012, se libraron las boletas y el cartel cuya publicación se ordenó en la decisión que emitió esta Sala el 6 de junio de 2012.
El 15 de junio de 2012, se practicó la citación de GALAXIA MÉDICA, C.A.; MULTI INDUSTRIAS MÉDICAS MULTIMED, C.A.; FARMACIA LOCATEL, C.A. y LOCATEL FRANQUICIA C.A. en la persona de María Gabriela Sosa, titular de la cédula de identidad n.° 81.621.243; y a la sociedad civil sin fines de lucro SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA RECONSTRUCTIVA, ESTÉTICA Y MAXILOFACIAL (SVCPREM), en su condición de agrupación de los cirujanos plásticos de Venezuela, en la persona de Leonor Menezes, titular de la cédula de identidad n.° 10.010.372.
El 18 de junio de 2012, se practicó la notificación del Ministerio Público y del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS).
El 19 de junio de 2012, el abogado Javier López, con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 84.543, adscrito a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo procedió a retirar el cartel de emplazamiento cuya publicación fue ordenada por esta Sala en sentencia n.° 790 del 6 del mismo mes y año, ese mismo día se practicó la notificación del Ministerio del Poder Popular para la Salud en la persona de la ciudadana Maglys Ramos, titular de la cédula de identidad n.° 12.834.545.
El 20 de junio de 2012, comparecieron los abogados Diego Zabala y María Genoveva Páez Pumar, con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los n.os 85.218 y 85.558, en su carácter de apoderados judiciales GALAXIA MÉDICA, C.A. para presentar oposición a la decisión del 6 de junio de 2012, notificada el 15 de junio de 2012, y en especial en contra del aparte 3.3 del dispositivo de la sentencia, por lo que se ordenó la apertura del cuaderno separado.
El 20 de junio de 2012, se practicó la citación de la ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE CLÍNICAS Y HOSPITALES (AVCH) en la persona de Yusben Josefina Villanueva; titular de la cédula n.° 13.871.987 y de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, en la persona de Johan Sosa, titular de la cédula de identidad n.° 16.342.850.
El 21 de junio de 2012, se practicó la notificación de la Asamblea Nacional.
El 26 de junio de 2012, la abogada Eneida Fernandes Da Silva, con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 79.059,en su carácter de Defensora IV adscrita a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, consignó el cartel de emplazamiento que fue publicado en el Diario “ÚLTIMAS NOTICIAS”.
En 26 de junio de 2012, la demandada GALAXIA MÉDICA C.A., mediante su apoderada judicial María Genoveva Páez-Pumar, con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 85.558, compareció ante la Sala, para solicitar se deje expresa constancia en el expediente de la práctica de la última de las citaciones para la apertura del lapso de oposición a las medidas cautelares, por cuanto las citaciones y notificaciones que fueron practicadas no tienen la nota respectiva del alguacil ni del secretario, en pro de la seguridad jurídica de las partes. Ese mismo día, también comparecieron las representantes de la Asociación de Mujeres Portadoras de Prótesis Poly Implants Prothèse (ASOMUVENAPIP), con la asistencia de los abogados Gilberto Antonio Andrea González, Emilia De León Alonso de Andrea y Maribel del Valle Hernández Mariño, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los n.os 37.063, 35.336 y 38.346, respectivamente, y presentaron escrito mediante el cual solicitaron la adhesión de sus asociadas a esta causa y otorgaron poder apud acta a los abogados que las asistieron.
El 10 de julio de 2012, comparecieron los abogados Gilberto Antonio Andrea González y Emilia De León Alonso de Andrea, ya identificados en este fallo, y señalaron a la Sala que la petición de la contraparte de que se “deje constancia de la citación de todas las partes a través de un acto expresopetición esa que es contra legem en virtud de que NO CONSTA LA CITACIÓN DE LA PROCURADURIA DE LA REPÚBLICA (sic)…” y se reservaron el derecho de adherirse en tiempo útil una vez conste en autos dicha actuación. Ese mismo día, compareció la abogada María Genoveva Páez-Pumar, en su carácter de apoderada de Galaxia Médica C.A. y solicitó a la Sala el desglose del escrito de promoción de pruebas de la oposición a las medidas cautelares que fue erradamente agregado a la pieza principal, para que se incorpore al cuaderno de medidas.
El 11 de julio de 2012, compareció el abogado Roberto León Parilli, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 29.568, en su condición de presidente de ANAUCO USUARIOS DE BIENES Y SERVICIOS (ANAUCO UBS, A.C.) y presentó escrito para formalizar la adhesión de su representada a la presente causa como tercera coadyuvante de la parte actora.
El 17 de julio de 2012, compareció el abogado Gilberto Antonio Andrea González, antes identificado, en su condición de apoderado judicial de ASOMUVENAPIP a fin de solicitar que, de conformidad con la ley adjetiva “se deje constancia expresa de la citación de la ciudadana Procuradora de la República (sic) una vez que ello ocurra; pues a la fecha NO EXISTE EN AUTOS NINGUNA CONSTANCIA NI EVIDENCIA ALGUNA DE QUE SE HAYA PRODUCIDO LA CITACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Por lo que no es procedente que las empresas demandadas pidan dejar constancia de un HECHO PROCESAL TAN IMPORTANTE…” así como solicitaron la ejecución de la sentencia contentiva de las medidas precautelativas a los fines de que las afectadas puedan hacerse los exámenes de diagnóstico y aquéllas que se encuentran en estado de emergencia puedan acceder al acto médico quirúrgico reparador.
El 19 de julio de 2012, la abogada María Genoveva Páez- Pumar, ya identificada en este fallo, compareció ante la Sala, para solicitar nuevamente se proceda al desglose de la pieza principal de las actuaciones que guardan relación con la oposición que realizaron a las medidas cautelares, lo que fue acordado por auto del 14 de agosto de 2012.
El 20 de julio de 2012, el abogado Gustavo Miguel Natera Velásquez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 66.085,quien actúa en representación del Ministerio del Poder Popular para la Salud, en cumplimiento con las medidas cautelares ordenadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia n° 790 de fecha 6 de junio de 2012, consignó lo siguiente:
“1.- Marcado con la letra ‘B’, original del memorando N° 000526 de fecha 20 de julio de 2012, constante de dos (02) folios útiles, suscrito por la Viceministra de Redes de Salud Colectiva del Ministerio del Poder Popular para la Salud Dra. Miriam Morales, en el cual remite, Protocolo para la Atención Médica de Personas con Prótesis Mamarias PIP (Poly Implant Prothèse) y Planilla de Registro de Datos que será habilitada en la página Web del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
2.- Marcado con la letra ‘C’, original del documento de conformidad de Uso para el Registro Nacional Obligatorio de Personas con Prótesis constante de cinco (05) folios útiles, suscrito por la Viceministra de Redes de Salud Colectiva y el Director General de la Oficina de Tecnología y Comunicación (OTIC).
3.- Marcado con la letra ‘D’, original del Manual de Usuario para el Registro Nacional de Pacientes afectadas por Prótesis Mamarias PIP.
4.- Marcado con la letra ‘E’, original del protocolo para la Atención Médica de Personas con Prótesis Mamarias PIP (Poly Implant Prothèse), constante de dieciséis (16) folios útiles, suscrito por la Dra. Eugenia Sader Castellanos en su carácter de Ministra del Poder Popular para la Salud, con el respectivo visto bueno del Viceministro de Redes de Salud, Dr. José España, la Viceministra de Redes de Salud Colectiva Dra. Miriam Orales y la Consultora Jurídica de este Ministerio Dra. Nieves Maritza Sandoval”.
El 26 de julio de 2012, la apoderada judicial de Galaxia Médica, C.A. solicitó auto de ordenación del procedimiento a los fines de garantizar el derecho a la defensa y la unidad del proceso pues “nos han reiterado que la constante solicitud del expediente impide que la Sala provea o trabaje el expediente, lo cual resulta comprensible, sin embargo, deja a las partes o al menos a su representada en estado de indefensión. Así en razón de todos los acontecimientos antes descritos solicita: Que este Despacho defina de forma expresa cómo se deben computar los lapsos procesales en la presente causa y cuáles se entenderán como días de despacho o hábiles y (le) permita tramitar copias del protocolo presentado por los representantes de la Procuraduría”.
El 26 de julio de 2012, compareció el abogado Gilberto Antonio Andrea González, en su condición de apoderado judicial de ASOMUVENAPIP y consignó acta de la Junta Directiva donde consta la data de sus asociadas y solicitó copias certificadas de los protocolos que fueron consignados al expediente.
El 7 de agosto de 2012, compareció el abogado Rodrigo Lange Carías, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 146.151,en su carácter de apoderado de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (AVCH) y consignó instrumento poder que acredita su representación.
El 14 de agosto de 2012, compareció la apoderada de la parte demandada y solicitó a la Sala que, por cuanto se encuentran citadas y notificadas todas las partes y transcurrió sobradamente el lapso para que los terceros interesados se hagan parte en el procedimiento, se pronuncie sobre la participación de los terceros intervinientes fijando la oportunidad de la apertura del lapso de contestación.
El 26 de septiembre de 2012, el Secretario de la Sala Constitucional dejó constancia de la culminación del término de los diez días de despacho para que se entienda que los interesados o interesadas quedaron notificados en la presente causa.
El 24 de octubre de 2012, compareció la abogada Maribel del Valle Hernández Mariño, ya identificada en este fallo, en su carácter de apoderada judicial de ASOMUVENAPIP y solicitó se inste al órgano ejecutor de la sentencia que lleve a cabo el proceso de protección de las víctimas, así como solicitó pronunciamiento acerca de la adhesión de su representada.
El día 25 de octubre de 2012, la representación judicial de la ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE CLÍNICAS Y HOSPITALES (AVCH)consignó poder que acredita su representación y escrito de contestación de la demanda. En esa misma oportunidad, la abogada María Genoveva Páez-Pumar, ya identificada en este fallo, en su condición de apoderada de Galaxia Médica C.A. solicitó a la Sala, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se pronuncie sobre la participación de los intervinientes y se declare abierto el lapso de contestación, igualmente solicitó se ordene la apertura de la articulación probatoria del procedimiento cautelar, pedimento que reiteró el 30 del mismo mes y año, mediante diligencia en la que invocó la doctrina que se encuentra contenida en sentencia de esta Sala n.° 242 del 08 de marzo de 2012 (caso: Héctor Blanco-Fombona)
El 30 de octubre de 2012, compareció ante la Sala la abogada Laurie Annie Meneses, con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 181.135, actuando con el carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República según se desprende de Oficio-Poder D.P.C.C.C. N° 0750, del 29 de junio de 2012 y solicitó a la Sala se sirva pronunciarse sobre la participación de los intervinientes para que se inicie el lapso de diez días de despacho para la contestación de la demanda.
El 16 de noviembre de 2012, esta Sala Constitucional dictó sentencia n.° 1548 mediante la cual emitió pronunciamiento en la solicitud de avocamiento que formuló Adriana Alejandra Zorrilla González (http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Noviembre/1548-161112-2012-12-0167.html) y declaró lo siguiente:
“PRIMERO: AVOCA el conocimiento de la causa que interpuso la ciudadana ADRIANA ALEJANDRA ZORRILLA GONZÁLEZcontra las sociedades mercantiles GALAXIA MÉDICA C.A., MULTI INDUSTRIAS MÉDICAS MULTIMED, C.A., LOCATEL SERVICIOS S.R.L., FARMACIA LOCATEL C.A. y LOCATEL FRANQUICIA C.A. y declara la NULIDAD del auto que emitió el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 9 de abril de 2012, que ordenó la notificación a las partes de la fijación de la nueva audiencia oral.
TERCERO: ACUMULA la presente causa a la demanda de protección de derechos e intereses colectivos, que fue interpuesta, conjuntamente con medida cautelar innominada, por la ciudadana GABRIELA DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ, en su carácter deDEFENSORA DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y los abogados LARRY DEVOE MÁRQUEZ, JESÚS ANTONIO MENDOZA, ALEJANDRA BONALDE COLMENARES, LUCELIA CASPELLAROS PÉREZ, JAVIER LÓPEZ CERRADA, LILIAN QUEVEDO RUIZ, JASMÍN CUEVAS MORALES y DOLIMAR LAREZ, con adscripción a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, a favor de todas aquéllas personas naturales, habitantes de la República Bolivariana de Venezuela, que tengan implantadas en su cuerpo las prótesis mamarias marca “PIP”, fabricadas por la sociedad mercantil francesa POLY IMPLANT PROTHÈSE (PIP) contra GALAXIA MÉDICA, C.A.; MULTI INDUSTRIAS MÉDICAS MULTIMED, C.A.; FARMACIA LOCATEL, C.A.; LOCATEL FRANQUICIA C.A., en su condición de únicos y exclusivos importadores autorizados para la distribución en Venezuela de dichas prótesis mamarias; la sociedad civil sin fines de lucro SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA RECONSTRUCTIVA, ESTÉTICA Y MAXILOFACIAL (SVCPREM), en su condición de agrupación de los cirujanos plásticos de Venezuela y la ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE CLÍNICAS Y HOSPITALES (AVCH), en su condición de agrupación de las instituciones privadas prestadoras de servicios de salud en Venezuela, que se tramita ante esta Sala en el expediente signado bajo el n.ro 12-0526.
CUARTO: Con respecto a la solicitud de adhesión que formuló un considerable grupo de ciudadanas, esta Sala se pronunciará por decisión separada e INSTA a quienes manifestaron ser portadoras de prótesis fabricadas por la compañía “POLY IMPLANT PROTHÈSE” (PIP), a seguir los pasos del protocolo y procedimientos de actuación que instauró el Ministerio del Poder Popular para la Salud, para la determinación, retiro y sustitución de los implantes mamarios marca PIP a través del vínculo del portal electrónico del Ministerio del Poder Popular para la Salud:
(http://www.mpps.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=1884&Itemid=688)”.
El 11 de diciembre de 2012, compareció la abogada Laurie Annie Meneses, ya identificada en este fallo, con el carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República y expuso lo siguiente: “Vista la sentencia N.° 1548, de fecha 16 de noviembre de 2012, mediante la cual esta Sala: i) se avocó al conocimiento de la causa que interpuso la ciudadana Adriana Alejandra Zorrilla González contra las sociedades mercantiles GALAXIA MÉDICA C.A., MULTI INDUSTRIAS MÉDICAS MULTIMED, C.A., LOCATEL SERVICIOS S.R.L., FARMACIA LOCATEL C.A. Y LOCATEL FRANQUICIAS C.A.; ii) reconduce la pretensión y recalifica la acción como demanda de protección de derechos colectivos y difusos, y; iii) acumula la causa contenida en el expediente Nro. 2012-255, a la demanda de protección de derechos e intereses colectivos contenida en el expediente Nro. 2012-526, ambos de la nomenclatura llevada por la Sala, solicito se proceda a notificar a todas las partes interesadas de la mencionada decisión, a fin de dar continuidad al procedimiento (…).
El 13 de diciembre de 2012, compareció el abogado Javier Antonio López Cerrada, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 84.543, en su carácter de Defensor III adscrito a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y solicitó a esta Sala se proceda a notificar a las partes interesadas de la sentencia n.° 1548 de fecha 16 de noviembre de 2012.
El 19 de diciembre de 2012, el Dr. Gilberto Antonio Andrea González, en su condición de apoderado judicial de ASOMUVENAPIP, se dio por notificado de la decisión que ordenó avocamiento, acumulación y reconducción del amparo constitucional a la salud y a la vida intentado por Adriana Alejandra Zorrilla González, de quien también es apoderado y solicitó la citación y notificación de todas las partes a los fines legales consiguientes.
El 22 de enero de 2013, el abogado Francisco Gil Herrera, con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 97.215, en su carácter de apoderado judicial de Verónica la Corte Villegas compareció para adherirse a la demanda de protección de derechos e intereses a favor de todas aquellas personas que tienen implantado en su cuerpo prótesis mamarias marca “PIP”.
1. Mediante sentencia que esta Sala emitió en la presente causa el 06 de junio de 2012, bajo el número 790,http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/junio/790-6612-2012-12-526.html
se ordenó al Ministerio del Poder Popular para la Salud, la elaboración de una planilla de registro de datos, a objeto de que quienes portan prótesis mamarias marcaPIP, fabricadas por la compañía POLY IMPLANT PROTHÈSE (PIP), se inscribieran para formar una relación de las personas afectadas, así como se ordenó a dicho ente la elaboración de los PROTOCOLOS y PROCEDIMIENTOS de actuación, con los pasos que estas personas debían adoptar en el proceso de determinación, retiro y sustitución de los implantes mamarios marca PIP y otro para los médicos, relacionados con la colocación de dichos implantes mamarios con los pasos que éstos debían adoptar para dar respuesta a este asunto.
“PROTOCOLO PARA ATENCIÓN MÉDICA DE PERSONAS CON PRÓTESIS MAMARIAS PIP (Poly Implant Prothése),
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS POR LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, EN SENTENCIA N° 790
DE FECHA 6 DE JUNIO 2012
8. Una vez solicitada la cita debe enviar un correo electrónico a la dirección electrónica “registropip@mpps.gob.ve” informando lo siguiente:
9. Si llegada la fecha de la cita, y esta no se cumple debe enviar un correo electrónico a la dirección electrónica “registropip@mpps.gob.ve” informando lo siguiente:
13. Una vez concluida la primera consulta y cualquiera sea el resultado de la verificación de marca de la prótesis mamaria, el médico o médica consultado debe remitir un correo electrónico a la dirección electrónica “registropip@mpps.gob.ve” notificando el caso atendido mediante los siguientes datos:
3. En lo que respecta a la solicitud que formularon las representantes de la “ASOCIACIÓN DE MUJERES PORTADORAS DE PRÓTESIS POLY IMPLANTS PROTHÈSE (ASOMUVENAPIP)”, con la asistencia de los abogados Gilberto Antonio Andrea González, Emilia De León Alonso de Andrea y Maribel del Valle Hernández Mariño, sobre la admisión de sus asociadas a esta causa, esta Sala reitera que todas aquellas personas que se consideren afectadas por el implante de prótesis de la marca PIP y pretendan ser beneficiarias de la protección que se persigue en esta causa, deben proceder a inscribirse en elREGISTRO NACIONAL OBLIGATORIO DE IMPLANTES MAMARIOS PIP creado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Así se establece.
Como consecuencia del interés general que envuelve la presente causa, se ORDENA la publicación del texto íntegro de este auto en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con la siguiente mención en su sumario: “Auto de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara la obligatoriedad de la inscripción en el REGISTRO NACIONAL OBLIGATORIO DE IMPLANTES MAMARIOS PIP, fabricadas por la sociedad mercantil francesa POLY IMPLANT PROTHÈSE (PIP),creado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud de todas aquellas personas naturales, habitantes de la República Bolivariana de Venezuela que pretendan ser beneficiarias de la protección que se persigue en esta causa y de ordenación de dicho juicio”, así como en el portal web del Tribunal Supremo de Justicia.
2. SE INSTA al Ministerio del Poder Popular para la Salud a enviar la data recolectada a los fines de su incorporación en el expediente y la continuación de la causa una vez transcurrido el lapso de treinta (30) días continuos contados desde la constancia en autos de la publicación, a costa de laDEFENSORÍA DEL PUEBLO, parte accionante, del cartel de información de la carga de inscripción de aquellas personas afectadas en el REGISTRO NACIONAL OBLIGATORIO DE IMPLANTES MAMARIOS PIP, al cual se hizo referencia en el punto 1 de la presente sentencia. Una vez que conste en autos la información que fue solicitada, esta Sala dictará auto expreso, mediante el cual se pronunciará sobre la participación de las intervinientes y la apertura del lapso para dar contestación a la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
3. SE ORDENA la notificación de la sentencia n.° 1548, de fecha 16 de noviembre de 2012, mediante la cual esta Sala avocó el conocimiento de la causa que interpuso la ciudadana ADRIANA ALEJANDRA ZORRILLA GONZÁLEZ contra las sociedades mercantiles GALAXIA MÉDICA C.A., MULTI INDUSTRIAS MÉDICAS MULTIMED, C.A., LOCATEL SERVICIOS S.R.L., FARMACIA LOCATEL C.A. Y LOCATEL FRANQUICIAS C.A., recalificó la pretensión como demanda de protección de derechos colectivos y difusos y la acumuló a esta causa, así como la notificación de la presente sentencia, en el mismo cartel cuya publicación se está ordenando en el punto número 1 de este fallo a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO; las sociedades mercantiles GALAXIA MÉDICA, C.A.; MULTI INDUSTRIAS MÉDICAS MULTIMED; FARMACIA LOCATEL C.A.; LOCATEL FRANQUICIA C.A.; la sociedad civil sin fines de lucro SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA RECONSTRUCTIVA, ESTÉTICA Y MAXILOFACIAL (SVCPREM), en su condición de agrupación de los cirujanos plásticos de Venezuela; la ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE CLÍNICAS Y HOSPITALES (AVCH); la Asamblea Nacional; la Procuraduría General de la República, en la persona de la Procuradora General de la República; alMinisterio del Poder Popular para la Salud; al Ministerio Público; al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS); la Superintendencia de la Actividad Aseguradora; a ANAUCO USUARIOS DE BIENES Y SERVICIOS (ANAUCO UBS, A.C.) y a todas las personas que se hayan visto afectadas por la implantación en su cuerpo de las prótesis mamarias marca PIP fabricadas por la Sociedad Mercantil francesa“POLY IMPLANT PROTHÈSE (PIP)”, interesadas en hacerse parte en la presente causa, para que estas últimas realicen su inscripción en el registro correspondiente.
5.- Se ORDENA la publicación del texto íntegro de esta sentencia en la Gaceta Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con la siguiente mención en su sumario: “Auto de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara la obligatoriedad de la inscripción en el REGISTRO NACIONAL OBLIGATORIO DE IMPLANTES MAMARIOS PIP fabricadas por la sociedad mercantil francesa POLY IMPLANT PROTHÈSE (PIP) creado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud de todas aquellas personas naturales, habitantes de la República Bolivariana de Venezuela que pretendan ser beneficiarias de la protección que se persigue en esta causa y de ordenación de dicho juicio”, así como en el portal web del Tribunal Supremo de Justicia.
En Caracas, a la fecha ut supra
Publicado por Escritorio Jurìdico Andrea & De Leòn en 5:23 p.m.

References: in fine
in fine
 artículo 152
in fine
 artículo 155
in fine
 artículo 126
 artículo 155
in fine
 artículo 126