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Timestamp: 2020-01-29 01:16:34+00:00

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HERAS ABOGADOS BILBAO: marzo 2019
La ausencia de una resolución expresa en el plazo de seis meses conferido al efecto conlleva la aplicación de las reglas del silencio administrativo lo que supondrá la desestimación del a la devolución de la plusvalía solicitada al ayuntamiento. No obstante, el contribuyente podrá interponer el correspondiente recurso o reclamación.
El artículo 14 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone que contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho público de las entidades locales, solo podrá interponerse el recurso de reposición (…) sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la posibilidad de formular reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales; en tales casos, cuando los actos hayan sido dictados por una entidad local, el presente recurso de reposición será previo a la reclamación económico-administrativa.
Relacionado con el anterior, el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local dispone que contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales (…) se formulará el recurso de reposición específicamente previsto a tal efecto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Dicho recurso tendrá carácter potestativo en los municipios (…) cuya población supere los 250.000 habitantes; municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes; municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas y; municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales (en adelante los denominaremos “grandes municipios”).
Por tanto, iniciado un procedimiento de rectificación de la autoliquidación por el IIVTNU con solicitud de devolución de ingresos indebidos en el que no se ha obtenido respuesta por el ayuntamiento con consideración de “gran municipio” en el plazo de seis meses podrá interponerse un recurso (recordemos potestativo) de reposición o acudir a los Tribunales Económico-Administrativos Municipales e interponer la correspondiente reclamación. Ambos en el plazo de un mes desde el día siguiente al que produzca efectos el silencio administrativo.
Si el procedimiento se ha iniciado en un ayuntamiento que “no es gran municipio” procederá la interposición de un recurso de reposición, ostentando en este supuesto el carácter de obligatorio a los efectos de tener por agotada la vía administrativa previa a acudir a la vía judicial.
Para resolver un recurso de reposición, sea de carácter potestativo u obligatorio, el ayuntamiento cuenta con un plazo de un mes.
Habrá que diferenciar si la notificación de la resolución desestimatoria es por un ayuntamiento de un “gran municipio”, permitiéndose la interposición de la correspondiente reclamación económico-administrativa en plazo de un mes a computar desde el día siguiente a la notificación o, caso de no tratarse de un “gran municipio”, la notificación de la resolución produce la finalización de la vía administrativa previa, siendo el único recurso posible el planteado ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo competentes.
Si ha transcurrido el plazo de un mes sin resolución opera nuevamente las reglas del silencio administrativo, y la reposición se considerará desestimada, de acuerdo con el artículo 225 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, pudiendo interponerse la reclamación o recurso que proceda.
Nuevamente diferenciamos si el recurso de reposición se interpuso ante un ayuntamiento de un “gran municipio”, posibilitando la interposición de una reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal en plazo de un mes a computar desde el día siguiente al que produzca efectos el silencio administrativo (obligatoria para tener por finalizada la vía administrativa previa a la judicial), o si este ”no es gran municipio” la ausencia de respuesta al recurso de reposición determinará el fin de la vía administrativa previa y posibilitará el planteamiento del correspondiente recurso en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
El cómputo de los plazos tributarios en vía administrativa o económico-administrativa es particular, téngase en consideración que cuando la normativa tributaria señala el plazo de un mes a computar desde el día siguiente. En la práctica supone que estos deban computarse de fecha a fecha, aunque se inicien en su cómputo al día siguiente de la notificación o publicación del acto. Es decir, notificado el día 14 del mes de marzo, el recurso o reclamación podrá interponerse el 15 de marzo, pero nunca podrá superar en su presentación el 14 del mes de abril (incluido). Por todas, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 5.ª, de 4 de julio del 2018.
Para resolver una reclamación económico-administrativa el TEAM cuenta con un plazo de un año como norma general.
En estos supuestos ha finalizado la vía administrativa y para intentar obtener la devolución del IIVTNU habrá que instar el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados competentes en un plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto si existiera resolución expresa o, si no nos han contestado a ninguno de los recursos en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto, en atención al artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Con relación a los plazos para la interposición de recursos judiciales ante las actuaciones presuntas de la Administración es fundamental conocer el criterio mantenido por el Tribunal Constitucional en sentencia de 10 de abril del 2014 en la que se reconoce que la impugnación jurisdiccional de las desestimaciones por silencio no está sujeta al plazo de caducidad previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Publicado por HERAS ABOGADOS BILBAO en miércoles, marzo 20, 2019
El Gobierno, en el Consejo de Ministros celebrado el 1 de marzo, ha aprobado el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, publicado en el B.O.E. el día 5 de marzo y con entrada en vigor al día siguiente de su publicación. Dentro del paquete de medidas sobre la materia que el Real Decreto introduce, podemos destacar las siguientes:
En aras de dotar al arrendatario de una mayor seguridad jurídica y de mayor estabilidad en el arriendo, la nueva regulación introduce modificaciones en cuanto al plazo de duración de los contratos, ampliándose la prórroga obligatoria de tres a cinco años, si el arrendador es persona física y a siete años si es persona jurídica.
También se amplía la prórroga tácita de uno a tres años, de manera que, si ninguna de las partes manifiesta su voluntad de dar por finalizado el arrendamiento, con cuatro meses de antelación a la finalización de los cinco o siete años en el caso del arrendador y con dos meses de antelación en el caso del inquilino – plazo de preaviso que también se amplía, antes treinta días -, el contrato se prorrogará tácitamente por tres años.
Conforme a la anterior regulación cabía la posibilidad de exceptuar la aplicación de la prórroga obligatoria si el arrendador, una vez transcurrido el primer año de duración del contrato, comunicaba al arrendatario su necesidad de la vivienda, con al menos dos meses de antelación, para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial. Sin embargo, el Real Decreto-Ley incluye como condición para exceptuar la aplicación de la referida prórroga obligatoria que dicha necesidad se ponga de manifiesto de forma expresa en el contrato de arrendamiento.
Otras de las novedades que incluye la nueva regulación es que los contratos de arrendamiento que no estén inscritos en el Registro de la Propiedad vuelven a tener efectos frente a terceros, así, en el caso de que la vivienda arrendada se enajene, el adquirente quedará subrogado en los derechos y obligaciones dimanantes del contrato de arrendamiento.
Por otro lado, el Real Decreto Ley incluye determinadas medidas a fin de dotar de una mayor protección a aquéllos que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad.
También se modifica la Ley de Propiedad Horizontal, estableciendo la necesidad destinar el fondo de reserva de la comunidad de propietarios a sufragar obras de accesibilidad, se eleva la cuantía de dicho fondo de manera que el mismo no podrá ser inferior al 10% de su último presupuesto ordinario y se incluye la obligación de realizar obras y actuaciones de accesibilidad, con independencia de la cuantía de las mismas, si existe ayuda pública de al menos el 75% del coste.
Entre las medidas económicas y de índole fiscal que incluye la nueva regulación cabe destacar que, respecto al Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, se abre la posibilidad de que los ayuntamientos, mediante ordenanza fiscal, puedan establecer una bonificación de hasta el 95% en la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles de uso residencial destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma jurídica. Por otro lado, se modifica texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre de manera que los contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente están exentos del citado Impuesto.
Como medidas destinadas a dotar de una mayor transparencia e información en el mercado de alquiler e incentivar la oferta cabe destacar las siguientes:
– La determinación de la información mínima que deberán recabar los Depósitos Autonómicos de Fianzas.
– La creación del sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda, el cual se elaborará en el plazo de ocho meses por la Administración General del Estado mediante la utilización de datos procedentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, del Catastro, de los Depósitos Autonómicos de Fianzas y de los Registro de la Propiedad, entre otras fuentes. También se establece la posibilidad de crear sistemas de índices de referencia autonómicos a fin de que las Comunidades puedas definir políticas fiscales y programas públicos de viviendas en sus respectivos ámbitos territoriales.
– La posibilidad de que la legislación sobre vivienda pueda establecer el derecho de tanteo y retracto respecto a la totalidad del inmueble, a favor del órgano que designe la Administración competente en materia de vivienda
Por otro lado, en respuesta a la problemática que está planteando en algunas comunidades de propietarios la proliferación de viviendas turísticas, la nueva normativa, mediante modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, introduce la posibilidad de que, por acuerdo de una mayoría de tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, se pueda limitar o condicionar el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o para establecer cuotas especiales de gastos o incrementos en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20%.
Además, queda excluida expresamente de la Ley de Arrendamientos Urbanos la vivienda turística, para su específica regulación por las Comunidades Autónomas.
El Real Decreto-ley, cuya entrada en vigor se produjo el pasado día 6 de marzo, al estar las Cortes disueltas, necesitará ser convalidado a través de la Diputación Permanente, que tendrá 30 días desde su promulgación para votar dicha convalidación.
Publicado por HERAS ABOGADOS BILBAO en viernes, marzo 15, 2019
Publicado por HERAS ABOGADOS BILBAO en jueves, marzo 14, 2019
Publicado por HERAS ABOGADOS BILBAO en miércoles, marzo 13, 2019
Publicado por HERAS ABOGADOS BILBAO en martes, marzo 12, 2019
Se lleva a cabo a través de la Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, titulada “en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente”, que entró en vigor el 3 de marzo de 2018. Y modifica el tratamiento de los delitos de homicidio y lesiones imprudentes con vehículo a motor o ciclomotor, y de los delitos contra la seguridad vial.
b) En dos grados, si el número de lesionados fuere “muy elevado”.
Publicado por HERAS ABOGADOS BILBAO en lunes, marzo 11, 2019
Los primeros análisis de este Real Decreto Ley de medidas urgentes sobre alquiler ofrecen conclusiones poco alentadoras.
“En esos dictámenes se hable que no se hará desahucio de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Alternativa que no existe por el momento pese a las viviendas desocupadas que hay en nuestro país”, concluye.
Publicado por HERAS ABOGADOS BILBAO en lunes, marzo 04, 2019
Publicado por HERAS ABOGADOS BILBAO en viernes, marzo 01, 2019
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References: resolución 
 artículo 14
 artículo 108
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 225
 resolución 
 artículo 46
 artículo 46
 Real Decreto 
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 REAL DECRETO 
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