Source: https://www.derecholocal.es/novedades_jurisprudencia_ampliada.php?id=CATSUYZJ:7E38A788
Timestamp: 2019-05-22 04:55:57+00:00

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La sentencia aquí recurrida, rechazando las causas de inadmisibilidad opuestas de contrario (extemporaneidad y falta de legitimación) desestimó el recurso interpuesto contra la partida del presupuesto de gastos del citado Ayuntamiento relativa a la aportación a UDALBILTZA por entender, sustancialmente que: "dad[a]o, por lo tanto, la naturaleza y objetivos del Consorcio Udalbiltza, señalados por el artículo 5 de sus Estatutos, resulta inobjetable la competencia (objetiva y territorial) del municipio para contraer el compromiso "de gasto" que comporta la partida presupuestaria a que se contrae el recurso.
Podrá discutirse la validez de la asignación en función de su afectación, concretada en el acto de ejecución presupuestaria o de autorización del gasto o pretenderse su reintegro por causa del incumplimiento, en su caso, de las condiciones y obligaciones de la entidad subvencionada, establecidas en el convenio de colaboración a que se refiere el artículo 16 de la Ley 38/2003 , pero no puede discutirse la validez de la partida presupuestaria "per se" o en razón a los fines de la entidad subvencionada; ... no es una aportación dineraria entre la entidad local demandada y una Administración Pública diferente para financiar globalmente la actividad de la beneficiaria, y tampoco entre agentes de la primera cuyos presupuestos se integren en los generales de esa Administración, sino una aportación dineraria realizada por esa Administración a favor de una entidad (Consorcio) de naturaleza diferente para desarrollar actuaciones de interés común a ambas, que la destinataria tiene atribuidas en sus Estatutos; y por lo tanto la tal aportación está comprendida en el ámbito de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de conformidad con el artículo 2-1 y 2 de esa norma ... ya que la subvención controvertida se haya prevista nominativamente en los Presupuestos de la entidad local, ha de admitirse su concesión directa, esto es, sin que fuera necesaria la aprobación previa del Plan Estratégico a que se refiere el artículo 8-1 de la Ley 38/2003 y la convocatoria de un procedimiento de concurrencia para su otorgamiento con arreglo a las bases, también previamente aprobadas ( artículo 22-2 a de la misma Ley ) .
Así, y con independencia de que el Ayuntamiento haya aprobado un Plan Estratégico, que no es objeto del proceso, previamente o a posteriori, no pueden estimarse infringido el artículo 8 (apartados 1 y 3) de la Ley 38/2003 , y tampoco el artículo 16 de esa misma norma , ya que el convenio de colaboración a que se refiere ese precepto no es un requisito de validez de la concesión directa, sino el instrumento hábil para establecer las condiciones y obligaciones que asume el beneficiario y a cuyo cumplimiento se haya supeditada el disfrute o consolidación de la ayuda.
Por último, tampoco podemos considerar infringido el artículo 13-2 de la Ley 38/2003 por el hecho de que no se haya acreditado en el expediente de concesión de la subvención que el Consorcio Udalbiltza no se haya incurso en ninguna de las situaciones previstas por ese precepto, porque además de haberse concedido directamente la ayuda a través de los Presupuestos del Ayuntamiento, lo que tal precepto exige no es la acreditación "negativa" de las circunstancias a que el mismo se refiere sino que prohíbe que se conceda la subvención a quien se hallare en cualquiera de ellas.
La actuación municipal recurrida consiste, según hemos visto, en la concesión de una subvención a "Udalbiltza", entiéndase al Consorcio constituido con esa denominación, tal como se infiere, sin lugar a equívocos, de los actos anteriores y posteriores al de aprobación de los Presupuestos del Ayuntamiento demandado para 2014, como el convenio de colaboración estipulado por esa entidad local y la beneficiaria de la ayuda ... El Consorcio Udalbiltza se constituyó, al amparo del artículo 87 de la LBRL, mediante la asociación de Ayuntamientos, de suerte que no puede negarse la capacidad de obrar del Consorcio en ámbitos concurrentes con los de actuación de las entidades locales y, por lo tanto, el derecho a suscribir convenios con esas entidades y a recibir subvenciones de ellas en materias de interés común. lejos de haber acreditado la recurrente que la actividad subvencionada no se compadece con los intereses a los que debe atender la entidad local, so pena de vulnerar los principios enunciados ut supra, hay que apreciar una conexión "ratione materia" entre la acción fomentada y las competencias que la legislación de régimen local atribuye a esas entidades, sin perjuicio del control "ex post" del destino de la ayuda a la realización de la actividad prevista o causa de su concesión, de conformidad con las condiciones y obligaciones asumidas por la subvencionada en el convenio de colaboración ( art. 16 de la Ley38/2003 ) ... Además de que la subvención no se ha otorgado para fines "in genere" de la entidad subvencionada, o extramuros de los definidos en sus estatutos, sino para actividades vinculadas a los intereses del Municipio y, por lo tanto, a sus ámbitos de competencia, no puede sostenerse que el planteamiento de objetivos que no casen con el marco constitucional vigente, a salvo su revisión, deslegitime la acción de fomento objetivamente justificada, al margen de dichos objetivos cuya defensa o promoción está amparada por la Constitución".
Personada la recurrente, formalizó escrito de interposición de recurso fundado en el art. 88.1 LJCA :
Apartado c): "Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas esenciales de la sentencia ...",y, articulado en un solo motivo por infracción de los artículos 24 de la Constitución , 33 y 67 de la Ley Jurisdiccional , 218 LEC y 248 LOPJ (incongruencia omisiva).
Apartado d) : "Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate" y articulado en cinco motivos: 1º.- La sentencia infringe los artículos 9 , 24 y 137 de la Constitución , 9.4 de la Ley General de Subvenciones , 1 , 3 , 12 , 25 , 57 y 87 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL ), 110 del TR de disposiciones vigentes en materia de régimen local de 1986 (Real Decreto Legislativo 781/1986), 9.4 de la Ley General de Subvenciones y, 3 y 7 del Código Civil, así como la jurisprudencia; 2º.- Vulnera las reglas de la sana crítica al valorar la prueba documental, con infracción de los artículos 9.3 y 24 de la Constitución , 217 , 319 y 327 LEC ; 3.- Infringe los artículos 9 , 24 y 137 de la Constitución , 9.4 de la Ley General de Subvenciones , 1 , 3 , 12 , 25 , 57 y 87 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL ), 110 del TR de disposiciones vigentes en materia de régimen local de 1986 (Real Decreto Legislativo 781/1986), 9.4 de la Ley General de Subvenciones y, 3 y 7 del Código Civil, así como la jurisprudencia; 3º.- La sentencia recurrida ha infringido los principios de neutralidad y objetividad recogidos en los artículos 103 de la Constitución y 6.1 LRBRL : 4º.- Vulnera el principio de lealtad institucional recogido en los artículos 10 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y 4 de la Ley 30/1992 , de Régimen Jurídico de las AAPP y del Procedimiento Administrativo Común; 5º.- Infringe los artículos 2.2 , 3 , 8 , 16 , 22 y 28 de la Ley General de Subvenciones , en relación con los artículos 57 y 87 de la Ley 7/1985 , reguladora de las Bases de Régimen Local, y 7 del Código Civil.
El Consorcio Udalbiltza se constituyó en 2001 mediante escritura pública a iniciativa de los ayuntamientos de Oiartzun, Astigarraga y Zaldivia y sus estatutos fueron sometidos a información pública, tal como recoge la sentencia del TSJ del País Vasco de 28 de mayo de 2014 , que reconoce su constitución como sujeto dotado de personalidad jurídica propia y capacidad de obrar, de acuerdo con los arts. 87.1 de la Ley 7/85 y 110 del Real Decreto Legislativo 781/1986 , a los que expresamente se remite el art. 1º de sus Estatutos. Su art. 5º, al definir los objetivos y ámbito territorial, establece que:<< Los objetivos del Consorcio serán fomentar el desarrollo integral de las entidades consorciadas, la cooperación institucional entre ellas trabajando conjuntamente para logar la vertebración territorial, social y cultural en su ámbito territorial, sirviendo de instrumento para tal fin la elaboración y realización de estrategias de desarrollo que se pueden resumir en:
En ningún caso se entenderá que las entidades locales consorciadas hacen una cesión en bloque o de la totalidad de las competencias que sobre estas materias les reconoce la legislación de régimen local, sino que se posibilitará por los órganos del Consorcio la coordinación puntual y voluntaria de aquellas entidades locales en el ejercicio de competencias relacionadas con las materias antes citadas. A tal efecto las entidades locales y las demás entidades consorciadas podrán coordinarse por medio de los órganos del Consorcio o podrán atender a las propuestas que éstos les hagan para llevar a efecto proyectos o programas coordinados>>
En cuanto al motivo invocado al amparo del art, 88.1.c): incongruencia omisiva, es idéntico al articulado en todos los recursos interpuestos por la Abogacía del Estado en ese asunto, y, nuestra respuesta, como así lo hicimos en nuestras anteriores sentencias ha de ser también desestimatoria. al rechazarse a limine litis la nulidad del acuerdo impugnado porque no se ha cuestionado la constitución irregular del consorcio cuando en el proceso de instancia se esgrime un motivo distinto, cual es que el consorcio constituido es un artificio para obtener fondos públicos destinados a fines municipales.
En relación con la infracción denunciada en este motivo, esta Sala viene señalando desde hace tiempo, caso de la sentencia de 19 de julio de 2002 , "[...] que la incongruencia omisiva o ex silentio se producirá cuando el órgano judicial deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas, directa o indirectamente, a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento a su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales".
Circunstancia esencial que no concurre, pues la sentencia, si bien rechaza abordar "la nulidad del acuerdo impugnado en la irregular constitución del Consorcio Udalbiltza, cuando no es objeto de este procedimiento el acuerdo de constitución y aprobación de los estatutos de dicho Consorcio, sino el acto de una entidad distinta (el Ayuntamiento demandado) consistente en la aprobación de una partida de gastos a favor del mencionado Consorcio" (es más el acuerdo de aprobación de los Estatutos del Consorcio fue confirmado por sentencia TSJPV de 28 de mayo de 2014 (RCA 5999/02 ), sin embargo, partiendo de la legalidad formal del Consorcio y de que sus fines estatutarios -(recordemos que convalidados jurisdiccionalmente) entroncan con los intereses a los que debe servir el Ayuntamiento, "de suerte que la partida presupuestaria en cuestión comporta un compromiso de gasto que no puede desvincularse "ratione materia" de las competencias que el ordenamiento atribuye a la entidad local para la gestión de sus intereses, y que no se reducen a las específicamente atribuidas por el artículo 25-2 de la Ley de Bases de Régimen Local , sino que puede promover cualquier actividad, relacionada con las materias incluidas en ese precepto, que concierna a su esfera de intereses, de acuerdo con el apartado 1 del mismo precepto", y, añade que "Podrá discutirse la validez de la asignación en función de su afectación, concretada en el acto de ejecución presupuestaria o de autorización del gasto o pretenderse su reintegro por causa del incumplimiento, en su caso, de las condiciones y obligaciones de la entidad subvencionada, establecidas en el convenio de colaboración a que se refiere el artículo 16 de la Ley 38/2003 , pero no puede discutirse la validez de la partida presupuestaria "per se" o en razón a los fines de la entidad subvencionada; para el caso, como si se tratase de cualquier otra persona con capacidad de obrar, cuyas actividades y fines cohonesten con los propios de la entidad local".
La sentencia no desconoce el planteamiento de la actora -que el consorcio es un artificio constituido para obtener fondos públicos para fines no municipales-, pero, en este momento y dada su realidad legal y formal no cabe privarla de la subvención y ello sin perjuicio de que en un momento posterior pueda discutirse "discutirse la validez de la asignación en función de su afectación, concretada en el acto de ejecución presupuestaria o de autorización del gasto o pretenderse su reintegro por causa del incumplimiento, en su caso, de las condiciones y obligaciones de la entidad subvencionada, establecidas en el convenio de colaboración a que se refiere el artículo 16 de la Ley 38/2003 , pero no puede discutirse la validez de la partida presupuestaria "per se" o en razón a los fines de la entidad subvencionada".
Ha dado respuesta razonada y coherente a la cuestión planteada. El motivo ha de ser desestimado.
Entrando ya en el análisis de los vicio in "iudicando", el primer motivo cuestiona la valoración de la documental practicada en la instancia, de la que según el parecer de la parte, se infiere el abuso de derecho y el fraude de ley, y ello en cuanto se omiten los hechos probados de la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 2/2011, de 20 de enero , que describen la historia de Udalbiltza, su constitución, sus fines y sus medios de financiación, señalando la arbitrariedad en que se incurre cuando la sentencia recurrida desconoce estos hechos probados que acreditan que la finalidad de esa organización consorcial no es municipal sino extramunicipal, es política y, por lo tanto, no debe nutrirse de aportaciones de los presupuestos locales que deben servir a fines locales. Añade que el documento anejo a la demanda consistente en un informe elaborado por el consorcio Udalbiltza sobre las actividades desarrolladas en 2013, remitido a los Ayuntamientos, prueba que esas actividades excedían de lo municipal, por más que sus estatutos respondan al tipo de los consorcios municipales.
El segundo motivo denuncia la infracción de los arts. 9 , 24 y 137 de la Constitución , 9.4 de la Ley General de Subvenciones , 1 , 4 , 12 , 25 , 57 y 87 de la LRBRL , 110 del TR de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 y 3 y 7 del Código Civil y la jurisprudencia, y ello porque se soslayan los límites materiales y territoriales al dotar y aportar fondos públicos con destino a fines que no son municipales ni por razón del fondo (ratione materiae), ni por razón del territorio al que debe vincularse su aplicación o gasto, alegando que la sentencia realiza un análisis meramente formal y que al soslayar la realidad fáctica que subyace en la finalidad de la aportación presupuestaria realizada y la desconexión de los fines municipales a que debería servir la misma con la finalidad extramunicipal perseguida realmente por el CU, por más que sus estatutos se acomoden al tipo de un consorcio municipal, permite la quiebra del grupo normativo invocado en este motivo de casación. Planteamiento de la parte -todos los motivos giran en torno a esa idea- que no se corresponde con las apreciaciones que hemos hecho anteriormente y que por ello no puede compartirse.
En aplicación del art. 139.1.2.3 LJCA , se condena en costas a la Administración General del Estado, cuyo límite cuantitativo máximo, por todos los conceptos, se fija, ponderadamente y en atención a las concretas circunstancias, en 2.000 ? en favor de cada una de las dos partes recurridas.
NO HABER LUGAR al recurso de casación número 704/2016, interpuesto, en la representación que legalmente ostenta, por el Sr. Abogado del Estado, contra la sentencia - nº 12/16, de 25 de enero- de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo nº 452/14 , entablado también por la Administración General del Estado contra el acuerdo del Ayuntamiento de Tolosa de 30 de enero de 2014, por el que se aprobó el presupuesto para el ejercicio 2014, en el particular que incluye una partida a favor de la Entidad Udalbiltza. Con condena en costas en los términos establecidos en el precedente F.D. Quinto.
Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079130052019100129

References: e contrario
 artículo 5
 artículo 16
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 22
 artículo 8
 artículo 16
 artículo 13
 artículo 87
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 25
 artículo 16
 artículo 16
 Real Decreto