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Timestamp: 2018-08-19 06:01:14+00:00

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﻿ CIRCULAR EXTERNA 25 DE 1998
CIRCULAR EXTERNA 25 DE 15 DE ABRIL DE 1998
CONTENIDO:INSTRUCCIONES DE LA SUPERBANCARIA PARA REPRESENTANTES LEGALES DE LAS ENTIDADES VIGILADAS SOBRE MODIFICACIONES AL TÍTULO I, CAPÍTULO NOVENO DE LA CIRCULAR 7 DE 1996, RELACIONADAS CON OBLIGACIONES ESPECIALES DE DICHAS ENTIDADES.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1095 DE MAYO 30 DE 1998, PG. 906
CIRCULAR EXTERNA 25 DE 1998
En desarrollo de la constante tarea de actualización de la Circular Externa 007 de 1996 que desarrolla la Superintendencia Bancaria, y con el ánimo de cumplir los fines institucionales establecidos en la misma, a continuación se presentan algunas modificaciones y actualizaciones a la citada disposición administrativa:
Modificaciones al título I
Capítulo IX. “Obligaciones especiales de las entidades vigiladas”.
Numeral 6.3.1. Literal d) “Compra y venta de acciones”
En razón a que por error se transcribió mal el título de este literal habiendo aparecido la palabra “acciones” cuando ha debido ser la palabra “inversiones”, se modifica el encabezamiento que en adelante se denominará “Compra y venta de inversiones”. Para tal efecto se reemplaza la página 55-1.
Numeral 6.9.2. “Clientes exentos de llenar el formulario de control de transacciones en efectivo”
En relación con la obligación de reportar cualquier cambio que se presente en la lista de clientes exonerados de llenar el formulario de control de transacciones en efectivo, en adelante además se establece a las entidades la obligación de comunicar expresamente a la Superintendencia Bancaria los eventos en los cuales no se presenten novedades en dicho listado. En tal sentido, se reemplaza la página 55-5
Modificaciones al título II
Capítulo I. “Instrucciones generales relativas a las operaciones activas de crédito comunes a los establecimientos de crédito”.
Numeral 1. Literal k) “Celebración de operaciones activas de crédito con empleados públicos” y literal l. “Otorgamiento de créditos a funcionarios de la Superintendencia Bancaria”.
En razón a que la Corte Constitucional mediante Sentencia C- 280 del 25 de junio de 1996 declaró inexequible el numeral 29, artículo 41 de la Ley 200 de 1995 que prohibía a los servidores públicos solicitar u obtener préstamos o garantías de los organismos crediticios, sin autorización escrita y previa del jefe del organismo respectivo, es necesario eliminar los literales k y l del capítulo primero. En adelante, las entidades vigiladas se abstendrán de exigir a sus clientes o usuarios servidores públicos, la respectiva autorización.
En consecuencia, se reemplazan las páginas 10 y 11 del título segundo y se incorpora el literal k) con el contenido señalado a continuación.
Numeral 1. Literal k) “Operaciones de crédito con empresas de servicios públicos de carácter oficial”.
Conforme lo dispone el artículo 36.6 de la Ley 142 de 1994, disposición mediante la cual, entre otros aspectos, se estableció el régimen de los servicios públicos domiciliarios, “Está prohibido a las instituciones financieras celebrar contratos con empresas de servicios públicos oficiales para facilitarles recursos, cuando se encuentren incumpliendo los indicadores de gestión a los que deben estar sujetas, mientras no acuerden un plan de recuperación con la comisión encargada de regularlas”.
En razón a lo anterior, se ha reemplazado el antiguo literal k) (que fue eliminado), por uno nuevo denominado “Operaciones de crédito con empresas de servicios públicos de carácter oficial”, con el ánimo de instruir a las entidades vigiladas acerca del estricto cumplimiento que se debe dar a lo dispuesto en la citada normatividad.
Numeral 3.5. “Financiación exclusiva de la distribución de materias primas o adquisición de insumos para actividades productivas”.
Por virtud de lo dispuesto en el Decreto 2048 de 1996 los préstamos que se otorguen mediante el sistema de tarjeta de crédito tendrán un plazo máximo de doce (12) meses y se financiarán en el correspondiente período hasta por el valor total de cada utilización, en cuotas mensuales uniformes y aquellos consumos en el exterior o en moneda extranjera, se cancelarán en un plazo máximo de 3 meses.
En razón a lo anterior, este despacho modifica el numeral 3.5, capítulo primero del título II, que en adelante se denominará “Plazo y valor de financiación” y adiciona el numeral 3.6, para lo cual se reemplazan las páginas 15 y 16.
Numeral 6. “Crédito documentario”
Como quiera que el Gobierno Nacional mediante el Decreto 923 de 1997 adicionó las operaciones a las entidades autorizadas para expedir cartas de crédito en el sentido de autorizarlas a expedir cartas de crédito stand by, se modifica, se reordena el contenido del numeral 6, para lo cual se reemplazan las páginas 19, 20, 21, 22 y 23.
Modificaciones al título III
Capítulo VI. Numeral 1.11. “Ajustes por inversión”
Se modifica el mencionado numeral con el fin de corregir la referencia al literal e), numeral 1.4 del mismo capítulo que se encontraba mal citada. En consecuencia se reemplaza la página 49 del título tercero.
Modificación al título V
Capítulo II. Numeral 1.2, literal b) “Constitución de depósitos”
Con el fin de aclarar algunas dudas que han surgido en torno a la forma como debe calcularse el patrimonio técnico de los almacenes generales de depósito, se imparten algunas instrucciones al respecto.
Se modifica entonces el literal b), numeral 1.2 del capítulo segundo denominado “Constitución de depósitos” que en adelante se llamará “Constitución de depósitos-Relación de mercancías depositadas frente al patrimonio técnico-Clases de depósitos.”
Para tal efecto, se reemplaza la página 23 del título quinto.
Finalmente, se ha efectuado una revisión completa al índice de la circular básica jurídica, el cual ha sido corregido y actualizado. Por tal razón con la presente circular se anexa un nuevo ejemplar de índice que reemplaza en su totalidad al anterior.
b) Conocimiento del cliente. De acuerdo con las características particulares de los diferentes productos o servicios que ofrezca, cada entidad deberá diseñar y poner en práctica mecanismos de control que le permitan alcanzar un conocimiento adecuado de todos sus clientes, en cuanto a su identificación y la determinación de su actividad económica, a efecto de definir su perfil financiero.
El conocimiento del cliente debe empezar por el registro de entrada al sistema y el cumplimiento de los requisitos que determine la entidad para cada uno de los productos a través de los cuales se puede vincular. Es necesario que la entidad indague, por los medios que considere más eficaces, acerca de datos personales y comerciales relevantes.
Todos estos datos deben verificarse, estar soportados adecuadamente y actualizarse en forma permanente.
c) Conocimiento del mercado. Cada entidad deberá diseñar y poner en práctica mecanismos de control que le permitan alcanzar un conocimiento adecuado del mercado correspondiente a cada clase de producto o servicio que ofrezca, para determinar las características usuales de las transacciones que se desarrollan dentro del mismo y compararlas con las transacciones que realicen quienes negocien con esos productos o servicios.
d) Compra y venta de inversiones. Cuando las entidades realicen operaciones simultáneas, sucesivas o fraccionadas de compra y venta de inversiones de cualquier naturaleza, deberán identificar al comprador y la actividad económica del mismo, de conformidad con las instrucciones contenidas en los artículos 102 a 107 del estatuto orgánico del sistema financiero.
a) Segmentación del mercado. Con el fin de lograr un adecuado control de las operaciones que realizan, las entidades vigiladas deben adoptar parámetros de segmentación, o cualquier otro instrumento de similar eficacia, por niveles de riesgo, por clase de producto, o por cualquier otro criterio, que les permita identificar las operaciones inusuales.
Una adecuada segmentación debe permitirle a la entidad determinar el rango en el cual se desarrollan normalmente las operaciones que realizan los clientes y las características del mercado.
b) Consolidación de operaciones por cliente. Para determinar las operaciones inusuales es necesario consolidar, dentro de cada mes calendario, todas las operaciones de un mismo cliente.
c) Señales de alerta. Para facilitar la detección de las operaciones inusuales, cada entidad deberá definir en su manual de procedimientos un listado de señales de alerta.
Estas señales de alerta deben considerar la naturaleza específica de cada entidad, las diversas clases de productos o servicios que ofrece, los niveles de riesgo o cualquier otro criterio que a juicio de la entidad resulte adecuado.
d) Desarrollo tecnológico. Para facilitar la detección de las operaciones inusuales, las entidades vigiladas deben implementar niveles de desarrollo tecnológico que aseguren la mayor cobertura y alcance de sus mecanismos de control.
b) Función. La función del oficial de cumplimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto orgánico del sistema financiero es verificar la adecuada observancia de la totalidad de los procedimientos específicos diseñados por la institución con el fin de prevenir el lavado de activos. También le corresponde reportar al competente las posibles faltas que comprometan la responsabilidad de los funcionarios.
6.7.2. Auditoria interna
De conformidad con lo señalado en el numeral 3 del artículo 207 del Código de Comercio y en el numeral cuarto, capítulo tercero, título primero de la presente circular, a la revisoría fiscal le corresponde, entre otros, los deberes de velar por el cumplimiento de la ley y de colaborar con las autoridades.
6.9.1. Reporte consolidado de transacciones en efectivo a la Superintendencia Bancaria
Las entidades vigiladas deberán enviar la información de que trata el literal a) del numeral 6.4.1 del presente capítulo, a la unidad especial para la prevención de lavado de activos, dentro de los veinte (20) primeros días de los meses enero, abril, julio y octubre de cada año.
Dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes inmediatamente siguiente al de entrada en vigencia de la presente circular, deberá ser enviado a la unidad especializada para la prevención de lavado de activos, un listado con los nombres de todos los clientes que en ese momento estén exonerados (literal b) numeral 6.4.1 del presente capítulo) de llenar el formulario.
Para el caso de los departamentos teniendo en cuenta que la ley no establece autorizaciones especiales para exceder el cupo de endeudamiento, es ilegal cualquier tipo de financiación por encima del límite mencionado y en el evento en que el establecimiento de crédito la otorgue, debe calificar la obligación así concedida en categoría “E”.
— Como otro factor a considerar dentro del otorgamiento y calificación de los créditos concedidos a entidades territoriales, este despacho estima pertinente que los establecimientos de crédito tengan en cuenta mecanismos adicionales que les permitan evaluar en debida forma la capacidad de pago de dichas entidades y contar con suficientes elementos de juicio para valorar la seguridad de las operaciones realizadas.
En tal virtud y en forma concurrente con la verificación de los límites antes señalados, los establecimientos de crédito deben constatar que el saldo total de endeudamiento de la entidad territorial junto con el valor del crédito que se otorgará no exceda del 80% de sus ingresos corrientes. Por saldo de endeudamiento se entiende el total de la cartera a cargo de la entidad territorial y el valor de los bonos y demás títulos de deuda emitidos cuyo período de maduración no haya concluido. Tal información debe ser suministrada por la entidad territorial solicitante del crédito para lo cual ésta podrá hacer uso de los datos que reposan en el Ministerio de Hacienda.
En caso de que el establecimiento de crédito observe que se excede el límite del 80% antes señalado, deberá calificar la obligación como mínimo en categoría “C” o en una de mayor riesgo, según el nivel de endeudamiento que tenga la entidad territorial respectiva. Esta calificación no es aplicable cuando la entidad territorial demuestre que obtuvo autorización del Ministerio de Hacienda para exceder el cupo del 80%; en tal caso, se aplicarán las reglas contenidas en el capítulo II de la Circular Externa 100 de 1995.
Dicha autorización puede solicitarse en forma posterior a la presentación del exceso para aquellas entidades territoriales que se encuentren excedidas en la fecha de entrada en vigencia de esta circular.
— No obstante, las disposiciones contenidas en este numeral no serán aplicables a los créditos concedidos a entidades territoriales, convenidos bajo la modalidad de redescuento que a la fecha de entrada en vigencia la Circular 057 de 1995 —incorporada en la presente circular externa— no hubieren sido perfeccionados en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, esto es, aquellos respecto de los cuales no se haya firmado el respectivo empréstito con el establecimiento del crédito, pero la entidad de redescuento haya impartido su aprobación con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho instructivo.
En consecuencia, los créditos cuya aprobación por parte de la entidad de redescuento se hubieren producido con posterioridad a la vigencia de la Circular 57 de 1995, les serán aplicables todas las disposiciones incorporadas a esta circular.
2. Elaboración de manuales internos
Por otro lado, con el fin de que las entidades sometidas al régimen instituido por los decretos anteriormente citados den cabal cumplimiento al precepto contenido en el parágrafo 2º del artículo 41 del la Ley 80 de 1993, el cual dispone que, para la ejecución de estas operaciones de crédito es requisito indispensable proceder a su registro en la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se considera conveniente que en las minutas de contrato de empréstito interno que se acuerden con las entidades territoriales y sus organismos descentralizados, se incluya una cláusula que obligue a que previo el primer desembolso del préstamo, el prestatario, en cumplimiento de la citada disposición, remita a la Dirección General de Crédito Público copia autenticada del contrato de empréstito, para su consiguiente registro.
Las instrucciones contenidas en este literal, así como las disposiciones establecidas en el Decreto 1156 de 1995 no serán aplicables a las sociedades de economía mixta del orden nacional departamental o municipal en donde el Estado participe en una proporción inferior al 50% del capital de la sociedad.
k) Contratos con empresas de servicios públicos de carácter oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.6 de la Ley 142 de 1994, norma mediante la cual se estableció el régimen de los servicios públicos domiciliarios, “Está prohibido a las instituciones financieras celebrar contratos con empresas de servicios públicos oficiales para facilitarles recursos, cuando se encuentren incumpliendo los indicadores de gestión a los que deben estar sujetas, mientras no acuerden un plan de recuperación con la comisión encargada de regularlas”. En consecuencia, siempre que un establecimiento de crédito celebre operaciones de crédito con una empresa de servicios públicos de carácter oficial, deberá verificar previamente, de manera formal y dejando constancia escrita en los documentos de estudio del crédito, si la respectiva empresa se encuentra cumpliendo los indicadores de gestión (cuyo seguimiento y control es realizado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios), o, en su defecto, si ha suscrito un plan de recuperación con el correspondiente ente regulador que la habilite para endeudarse.
La cuota de manejo y la prima de seguro podrán seguir siendo informadas en la forma acostumbrada y se incluirán en el aviso de que trata el punto siguiente.
g) Avisos. El último día hábil de cada mes los establecimientos de crédito publicarán en un periódico de amplia circulación nacional —en las páginas informativas de temas económicos y en caracteres destacados—, la tasa de interés efectiva que cobrarán durante el mes siguiente, incluyendo, para efectos de su cálculo, todos aquellos cobros que influyen en la determinación del costo financiero del crédito a cargo del beneficiario del mismo, con el fin de que los usuarios estén informados del costo real que les implicaría la utilización de una u otra tarjeta de crédito.
Las entidades acreditarán el cumplimiento del requisito anterior, mediante la remisión a esta superintendencia de una copia del aviso respectivo, dentro de los cinco días comunes siguientes a la publicación.
3.5. Plazo y valor de financiación
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º. del Decreto 2048 de 1996 “Los préstamos que se otorguen mediante el sistema de tarjeta de crédito tendrán un plazo máximo de doce (12) meses y se financiarán en el correspondiente período hasta por el valor total de cada utilización, en cuotas mensuales uniformes”.
De otra parte se establece que “Cuando se trate de consumos en el exterior o en moneda extranjera, la cancelación del préstamo tendrá un plazo máximo de 3 meses, en cuotas mensuales uniformes, contado a partir de la respectiva utilización.
3.6. Prácticas inseguras
De conformidad con las facultades concedidas por el literal a) del numeral 5 del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero, se califican como inseguras las siguientes prácticas:
• El ofrecimiento de cupo de créditos sin solicitud del tarjetahabiente.
• El ofrecimiento de cupos de crédito a favor de grupos de personas, sin que éstas hayan formulado solicitud alguna ante tales entidades y sin que por parte de las instituciones se hubiere efectuado un análisis del riesgo a través del estudio de sus condiciones económicas, ya que la omisión de tal estudio puede comprometer los activos de dichas instituciones.
• El exceso en los cupos máximos
• No adoptar las medidas apropiadas para impedir que los tarjetahabientes que han excedido los cupos máximos aprobados continúen utilizando la tarjeta. Con el fin de prevenir la ocurrencia de hechos que puedan dar lugar a la realización de la práctica insegura descrita, los establecimientos de crédito deben circularizar a los establecimientos de comercio, dentro de los tres (3) días siguientes al registro del exceso, para que se abstengan de admitir la tarjeta correspondiente; lo anterior, sin perjuicio de que el establecimiento de crédito aplique las medidas que en el reglamento de uso de la tarjeta han de consagrarse para el evento en que el usuario incumpla la obligación.
• Cargos no autorizados en tarjetas de crédito
• Es igualmente práctica insegura aquella adoptada por algunas entidades emisoras de tarjetas de crédito según la cual se envía a los tarjetahabientes, junto con el extracto mensual un volante dentro del cual se les anuncia que recibirán próximamente una determinada revista o publicación impresa, por suscripción, con cargo a su cuenta. La respuesta que debe dar el cliente, según esta forma, debe ser negativa para no recibir el ofrecimiento, porque de lo contrario, automáticamente se considera aceptado el recibo de la publicación y, obviamente, la suscripción.
Al respecto debe aclararse que, al tenor de lo señalado en el artículo 1464 del Código Civil, el consentimiento consiste en “...el concurso real de las voluntades de dos o más personas...”, luego como principio básico de toda convención, solamente estaremos en su presencia en la medida en que “...todas y cada una de las personas han manifestado sus voluntades convergentes hacia un mismo querer (in ídem pactum consensus), lo que supone, a lo menos, la sucesión de dos actos simples: La propuesta y la aceptación. Es necesario que uno de los interesados proponga a otro u otros la celebración de la convención y que éste, a su turno, manifieste que está de acuerdo con tal propuesta y que adhiere a ella. Así eI encuentro y la unificación de la propuesta y su aceptación es lo que genera el consentimiento” (OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo “Teoría General de los actos o Negocios Jurídicos”. Editorial Temis, Bogotá 1980, pág. 150). Ahora bien, el punto de interés radica en lo relacionado con la aceptación, que por ningún motivo puede ser presumida —en principio— por el oferente, ni subsanada por éste, habida cuenta que la ley mercantil presupone, de manera obvia, en cabeza de su destinatario. Resulta necesario e imprescindible el pronunciamiento de aceptación del negocio que se ha propuesto, como quiera que existe incompatibilidad para entender —en un momento dado— el silencio del destinatario como una manifestación positiva para cobrar vida como negocio jurídico.
Nuestra legislación admite, en principio, solo la aceptación expresa (C. Co., art. 850), verbal, si la oferta es verbal, escrita si así es el ofrecimiento (C. Co., art. 851).
De manera singular se admite que “...la aceptación tácita, manifestada por un hecho inequívoco de ejecución del contrato propuesto...”, siempre y cuando el oferente tenga conocimiento de tal hecho durante el término de la oferta (C. Co., art. 854).
El silencio, entendido por Messineo, como “comportamiento equívoco y neutro”, no constituye por regla general actitud vinculante para quien lo guarda. En el derecho privado no rige el viejo aforismo romano “qui tacet consentire videtur”, o sea, quien calla otorga. Predomina por el contrario, el de que quien calla, simplemente calla. Así pues, se insiste, nuestro derecho mercantil se plegó a la fórmula francesa según la cual, para la manifestación del consentimiento necesario en los contratos no basta no decir no; es necesario decir SÍ . (CFR CANCINO RESTREPO, Fernando “Estudios de Derecho Privado” Editorial Temis Bogotá 1979, pág. 84).
determinar la viabilidad de la expedición de la respectiva aceptación con el propósito de evaluar en cada caso los riesgos que asumirá la institución.
Así las cosas, los establecimientos de crédito deberán abstenerse de otorgar aceptaciones que no reúnan los requisitos exigidos en las instrucciones contenidas en este numeral como los referentes al estudio de la situación financiera del solicitante en los términos descritos, por constituir dicha conducta una práctica no autorizada e insegura.
Con la expedición del Decreto 923 de 1997 se legítima a aquellas entidades autorizadas por la legislación financiera para otorgar crédito documentario, a otorgar cartas de crédito stand by, con lo cual, en adelante, la causa o condición para la expedición de una carta de crédito no deberá necesariamente radicar en un contrato de compraventa de mercaderías tal como lo disponía el artículo 3º del Decreto 2756 de 1976.
En el artículo 1408 del Código de Comercio encontramos la definición de crédito documentario en los siguientes términos: “Se entiende por crédito documentario, el acuerdo mediante el cual, a petición y de conformidad con las instrucciones del cliente, el banco se compromete directamente o por intermedio de un banco corresponsal a pagar a un beneficiario hasta una suma determinada de dinero o a pagar, aceptar o negociar letras de cambio giradas por el beneficiario contra la presentación de los documentos estipulados y de conformidad con los términos y condiciones establecidos.
Del texto de la definición transcrita hay quienes afirman que en virtud del crédito documentario el establecimiento de crédito es un mandatario con representación y que por consiguiente, actúa en nombre y representación del ordenante y no adquiere frente al beneficiario una obligación autónoma y propia.
Respecto de dicha teoría, se considera conveniente precisar que si bien es cierto la relación entre ordenante y el establecimiento emisor participa de las características del mandato comercial en los términos del artículo 1262 de nuestro Código de Comercio, esta figura contractual no resulta suficiente para explicar las múltiples y complejas relaciones jurídicas surgidas entre todas las partes intervinientes en la carta de crédito.
En efecto, resulta claro que existe una relación jurídica preexistente a la expedición de la carta de crédito entre ordenante-beneficiario, pero la misma no corresponde a un contrato de mandato. Así mismo, creemos que el contrato de mandato tampoco explica las relaciones existentes entre el beneficiario y el establecimiento de crédito, máxime si se tiene en cuenta que mientras que el mandato es un contrato por esencia revocable y que en consecuencia puede producirse su revocatoria en forma unilateral bien por el mandante o bien por el mandatario; la modalidad más frecuente en las cartas de crédito es la del crédito irrevocable y tal característica de irrevocabilidad conduce a que el compromiso de pago, aceptación o negociación adquirido por el banco, no pueda desconocerse posteriormente por él mismo, así como tampoco el ordenante pueda posteriormente revocar el encargo dado al establecimiento.
De otra parte, cabe anotar que en el crédito irrevocable el establecimiento se obliga para con el tercero (beneficiario) en forma directa y personal, mientras que en el mandato, el mandatario actúa tan solo como intermediario a nombre del mandante quien es el verdaderamente obligado para con el beneficiario.
De acuerdo con lo expuesto, se considera que si bien el contrato de mandato puede explicar parte de las relaciones jurídicas surgidas de una carta de crédito, la naturaleza jurídica del crédito documentario no resulta en todo derivada de esta especie contractual y, por tal razón, acogemos la teoría de gran parte de nuestra doctrina, según la cual el crédito documentario es un negocio jurídico complejo que resulta de la contabilización y conexión de las diversas relaciones jurídicas existentes entre todas las partes intervinientes en el mismo.
Luego de efectuadas las anteriores anotaciones en relación con la naturaleza jurídica del crédito documentario, consideramos necesario referirnos a las características de la carta de crédito, para enunciar luego las obligaciones surgidas a cargo del establecimiento emisor en virtud de su expedición.
6.2. Características de la carta de crédito
El crédito documentario tiene unas características especiales que lo diferencian de las demás operaciones bancarias de crédito. Tales características son las siguientes:
Partiendo de que el crédito documentario es un negocio jurídico complejo en cuanto que existe como consecuencia de diversas relaciones jurídicas interdependientes, la autonomía como característica del mismo no debe entenderse en un sentido absoluto, sino ligada a la existencia de los demás actos jurídicos que conforman este negocio complejo. Tal característica se deduce de lo dispuesto en la primera parte del artículo 1415 del Código de Comercio, el cual dispone que “la carta de crédito es independiente del contrato en relación con el cual haya de aplicarse el crédito abierto”.
En desarrollo del contenido literal de esta norma, se llega a concluir que el principio de autonomía es aplicable a las cartas de crédito, en cuanto que las relaciones entre comprador y vendedor generan unas consecuencias que no son oponibles a las relaciones entre el establecimiento de crédito como pagador y el beneficiario y que a su turno, las relaciones entre ordenante y el emisor son independientes a las que existen entre ordenante y beneficiario y entre pagador y beneficiario.
En virtud de esta característica, podemos afirmar por consiguiente que cada relación entre las partes las vincula en forma exclusiva y que los demás son terceros respecto de ella, de tal manera que no resultan afectados directamente por el desarrollo de la misma. De igual manera procede anotar que como consecuencia de esta característica, una vez abierta la carta de crédito el establecimiento asume un compromiso directo de pagar al beneficiario siempre y cuando éste cumpla con las condiciones y requisitos pactados en el crédito.
Este aspecto tiene especial relevancia, toda vez que a pesar de la autonomía propia de las distintas relaciones existentes en una carta de crédito, la obligación que asume el establecimiento frente al beneficiario es una obligación condicionada a que este último le acredite el cumplimiento de su obligación para con el ordenante mediante la presentación de los documentos exigidos en la carta de crédito.
De esta manera, y una vez cumplidas por el beneficiario las condiciones establecidas en el texto mismo de la carta, su posición frente al emisor será autónoma y en consecuencia no podrá el establecimiento como ya anotamos, oponerle excepciones que se deriven de las relaciones entre las otras partes. La anterior afirmación obedece precisamente a que la autonomía es la que constituye la esencia y mayor seguridad de pago al beneficiario.
b) Literalidad. Al igual que en los títulos valores esta característica de las cartas de crédito tiende a darle seriedad y seguridad a todas las operaciones involucradas en el crédito. Como consecuencia de la misma, las partes intervinientes en la carta solo podrán tener como valederas y exigibles las instrucciones órdenes, condiciones y requisitos que aparezcan debida y expresamente señalados en el texto mismo de ella. Por tal razón en las cartas de crédito se debe aplicar el más severo formalismo exigiéndole al establecimiento pagador como condición indispensable para que pueda proceder a pagar, una absoluta conformidad entre los requisitos que pretende cumplir el beneficiario y que aparecen consignados en la carta.
Esta característica hace referencia a los documentos que acompañan la carta de crédito y en virtud de la cual se presume que el vendedor ha satisfecho su obligación con el ordenante, cuando presenta al establecimiento de crédito los documentos formalmente correctos. Esta característica surge de las reglas y usos uniformes expedidas por la Cámara Internacional de Comercio, cuando afirman que los bancos deberán proceder al examen cuidadoso de los papeles y documentos presentados, para cerciorarse de que exteriormente están de acuerdo con las condiciones del crédito.
De lo anterior se deduce que el examen que procede efectuar por parte del establecimiento de crédito, es una verificación meramente formal y que por esta razón no puede el ordenante obligarlos a responder por las condiciones intrínsecas de los documentos. Consecuencia de tal principio es el texto del ya citado articulo 1415 de nuestro Código de Comercio el cual dispone a continuación: “... ni el banco emisor, ni el banco corresponsal en su caso contraen ninguna responsabilidad en cuanto a la forma, suficiencia, exactitud, autenticidad falsificación o defecto legal de ningún documento concerniente a dicho contrato; ni en cuanto a la designación, cuantía, peso, calidad condiciones, embalaje, entrega o valor de las mercancías que representan los documentos; ni en lo referente a las condiciones generales o particulares estipulados en la documentación; a la buena fe o a los actos de remitente o cargador, o de cualquier otra persona; ni en lo que atañe a la solvencia, reputación etc., de los encargadores del transporte o de los aseguradores de las mercaderías”.
Del análisis de la norma transcrita se concluye que entre las obligaciones que asume el establecimiento de crédito ocupa un lugar importante la verificación y el examen de los documentos imperando para ello el principio del formulismo, esto es, la no responsabilidad por el contenido real de los mismos ni de las calidades y demás características de las mercancías vendidas.
No obstante lo anterior, resulta preciso aclarar que los estabIecimientos de crédito deben actuar con el cuidado y profesionalidad característicos de su actividad en eI examen de tal documentación, pues aún cuando su obligación consiste en determinar si su tenor se encuentra conforme con los términos y condiciones deI crédito, tal examen de la forma meramente externa no excluye la responsabilidad de la entidad de crédito cuando la presentación de los documentos sea defectuosa, o cuando presente alteraciones o enmendaduras que con un examen diIigente sean fácilmente identificables y en consecuencia sugieran la falsificación o invalidez de los mismos. De otra parte, como afirma Francisco Zampella en su obra —documentos mercantiles y comercio internacional— “...la verificación no puede sobrepasar los límites del contenido e identidad misma de los documentos, y no debe por tanto imponer particulares investigaciones o comprobaciones.”
Pretender lo contrario, sería tanto como desconocer la independencia de las relaciones jurídicas existentes en la carta de crédito y llevaría al absurdo de señalar al estabIecimiento responsabilidades que resultan totalmente ajenas a su naturaleza de entidad financiera.
EI criterio aquí expuesto, repetimos, no exonera al estabIecimiento de crédito, ni podría hacerlo, de la responsabilidad que se Ie deducirá por su cuIpa grave o por eI dolo en eI examen superficial o negligente de documento que a la postre resultarán falsos o inválidos.
6.3. Obligaciones deI emisor
a) Identificación de los beneficiarios. Para efectos de los pagos respectivos de las cartas de crédito tanto sobre el interior como sobre el exterior, deberá identificarse plenamente a los beneficiarios de dichos pagos, dejando constancia en los registros respectivos del nombre completo y documento de identificación de las personas naturales y de los poderes y certificados de representación de aquellas personas que actúen como apoderados o como representantes legales.
b) Pago. Por otra parte, adquiere la obligación de pagar una suma de dinero; o de aceptar o negociar letras emitidas por el vendedor según los términos establecidos al momento de la apertura de la carta.
c) Verificación de la documentación del beneficiario. En tercer lugar, encontramos como obligación fundamental del establecimiento previa al pago o a la aceptación de letras, la de exigir del beneficiario los documentos requeridos en la ley y en la carta de crédito y asumir el análisis y examen de los mismos con buen juicio y responsabilidad. Una vez efectuado el análisis y en caso de encontrar que los documentos presentados por el beneficiario se encuentran conformes con los exigidos por la ley y por el propio ordenante, el emisor pagará por su cuenta y solo de esta manera tendrá acción para hacer efectivo al ordenante el valor del crédito otorgado una vez haya transcurrido el plazo pactado para la financiación.
Efectuado el análisis del punto anterior y llegando a la conclusión de que siempre que se presenten al establecimiento de crédito los documentos exigidos para la utilización de la carta de crédito dentro del término en ella misma establecido y que el examen formal de los mismos no de ningún indicio de su alteración o falsificación, el establecimiento se encuentra obligado a pagar en desarrollo del compromiso adquirido al momento de expedir la carta de crédito.
6.4. Transferencia de la carta de crédito
Sobre el particular encontramos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1413 del Código de Comercio, las cartas de crédito son en principio intransferibles salvo que en ellas se haga constar expresamente su transferencia. En este caso, quedará el beneficiario facultado para que el crédito abierto a su favor, pueda ser transferido a favor de uno o más beneficiarios, bien sea por la totalidad de su valor o bien por una parte de él siempre que instruya al establecimiento encargado de hacer el pago o las aceptaciones.
En cuanto hace relación a las condiciones bajo las cuales puede hacerse la transferencia, resulta conveniente tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 46 de las reglas y usos uniformes en cuanto que dicha norma dispone que el crédito solamente podrá transferirse en los términos y condiciones del crédito original. Por otra parte, encontramos que en relación con la transferencia de las cartas de crédito el artículo 1º del Decreto 2756 de 1976 establece que “las cartas de crédito transferibles no podrán negociarse mediante endoso. Su transferencia se hará con aplicación de las normas sobre cesión de créditos personales. En consecuencia, la negociación no produce efecto contra el obligado ni contra terceros, mientras no sea notificada por el cesionario al establecimiento de crédito”.
De conformidad con lo expuesto en la norma transcrita, debemos remitirnos a lo dispuesto en los artículos 1959 a 1966 del Código Civil, en los cuales se establecen las reglas aplicables a la cesión de créditos personales. Sobre el particular, encontramos que el artículo 1959 de dicho código establece un primer requisito para la eficacia de la cesión, el cual consistiría en la entrega del título por parte del cedente al cesionario. Posteriormente, el artículo 1960 ibídem agrega que “la cesión no produce efectos contra el deudor ni contra terceros, mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por este”. De la simple lectura de la norma anotada, resulta claro que el legislador no estableció como condición para la eficacia de la cesión la notificación al deudor “y” la aceptación de este último, sino que al decir “o” aceptó que la cesión se produjera válidamente con el cumplimiento de una de estas dos condiciones.
Tal afirmación, resulta armónica con los artículos 1961 y 1962 en los cuales el legislador reguló separadamente tanto la notificación al deudor como la aceptación de este último, estableciendo que la notificación debe hacerse con exhibición del título que llevará anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo la firma del cedente. La norma aludida resulta armónica además con la segunda parte del artículo 1º del Decreto 2756 de 1976 en cuanto estableció que la negociación no produce efecto mientras no sea notificada por el cesionario al establecimiento de crédito.
En desarrollo de las citadas disposiciones legales, este despacho considera que al existir en el decreto 2756 una remisión expresa a las normas del Código Civil, bastará la simple notificación del cedente al emisor efectuada en los términos del artículo 1961, para que el establecimiento de crédito se encuentre obligado a pagar al cesionario sin poder exigirle el cumplimiento de requisitos o formalidades adicionales a las que dichas normas establecen y en consecuencia no resultara admisible ni justificada le renuencia del banco a pagar al cesionario, alegando por ejemplo que éste no acreditó la debida representación de quien suscribió la cesión, o del ordenante, por cuanto estaría alegando con ello su propia culpa, toda vez que el mismo ha debido solicitarla bien al momento de expedir la carta de crédito o bien cuando se le notificó la transferencia al cesionario.
De conformidad con lo expuesto, este despacho se aparta de la tesis de quienes han distinguido la transferencia de la carta de crédito de la cesión de los derechos derivados de la misma afirmando que en el primer caso se trata de la cesión de una deuda, colocando a un segundo deudor en el lugar del original, y que en la cesión de derechos si se presenta la verdadera transmisión o cesión de un derecho, sin que ella requiera ningún acuerdo anterior a la misma por cuanto en principio todo derecho patrimonial es cedible y por consiguiente no resulta necesario decirlo para que el titular de los mismos esté facultado para hacerlo.
Contrario a dicha posición, este despacho considera que cuando en una carta de crédito se pacta su transferencia sí se está cediendo un derecho condicional y no una obligación, ya que en este caso el beneficiario no tiene ninguna obligación y, por lo tanto, el establecimiento carece de acción para exigir cualquier cumplimiento por parte del mismo pues su derecho nace cuando él cumple con las cargas que se establecen en la carta. En cuanto al principio de que todo derecho patrimonial es cedible y por consiguiente no resulta necesario decirlo para que el titular de las mismas esté facultado para hacerlo, consideramos que tal principio no resulta aplicable en el caso que nos ocupa ya que por norma expresa del Código de Comercio (artículo 887) se establece que si bien todo derecho patrimonial en principio es cedible, puede igualmente no serlo cuando existe pacto o disposición legal expresa en contrario, tal como sucede en virtud del principio de intransferible que consagra el articulo 1413 de nuestro Código de Comercio.
Como consecuencia de lo expuesto, será válida la trasferencia de la carta de crédito que se efectúe de conformidad con lo dispuesto en el Código de Civil y no podrá el establecimiento de crédito oponerse al pago de la misma alegando que corresponde al cesionario demostrar, que fue él quien cumplió la obligación de dar que correspondía al beneficiario inicial.
6.5. Concordato del ordenante
El compromiso que asume el establecimiento de crédito de pagar una suma de dinero o de aceptar o negociar títulos valores girados por el beneficiario siempre que los documentos se presenten en debida forma por el mismo dentro de la oportunidad señalada para el efecto, es una obligación condicional que tan sólo depende del cumplimiento de tales requisitos por parte del deudor.
Por consiguiente, y de conformidad con la independencia que ya anotamos respecto de las distintas relaciones jurídicas surgidas con la expedición de la carta, no podrá oponer el establecimiento de crédito al beneficiario como excepción al pago que le corresponde, el hecho de que el ordenante esté en proceso concordatario, pues no puede resultar el beneficiario afectado por la relación existente entre el emisor y el ordenante.
6.6. Apertura de créditos documentarios con recursos de líneas de crédito directas
Resulta válido establecer cartas de crédito utilizables con los recursos provenientes de líneas de crédito directas, con lo cual dichas cartas servirán sólo como instrumentos de pago y, en consecuencia, no podrán llevar consigo una financiación de la operación por parte de la entidad emisora de las mismas.
En el documento en el cual conste la solicitud de apertura de la carta de crédito debe quedar constancia explícita sobre la vinculación existente entre la misma como instrumento de pago y la línea de crédito directa; así mismo, deberá existir evidencia documental de la conformidad emitida por la entidad otorgante de la línea de crédito, en el sentido de que el banco emisor proceda a expedir la carta de crédito bajo el compromiso de pago del valor equivalente a las utilizaciones efectuadas, en los términos del acuerdo celebrado, cuyas condiciones deberán constar por escrito, toda vez que obrar en sentido diverso entrañaría una práctica insegura.
De otra parte, considerando las características de la operación, específicamente los compromisos que se adquieran frente al beneficiario de la carta de crédito y frente a los bancos corresponsales que obren como confirmantes, la entidad deberá establecer parámetros objetivos para evaluación del riesgo derivado de su celebración, en cuanto al análisis de la solidez financiera de la entidad otorgante de la línea de crédito directa.
El valor correspondiente de los recursos con los cuales se cancelaran o se han cancelado cartas de crédito emitidas por la entidad con las características anotadas, se registrará en la cuenta 8128 —líneas de crédito directo— de acuerdo con las instrucciones que se indican en el plan único de cuentas.
7.1. Condiciones
El artículo 622 del estatuto mercantil establece la posibilidad de crear títulos valores con espacios en blanco, pero al propio tiempo prevé que en las instrucciones dadas por el suscriptor no pueden existir dichos vacíos, toda vez que el título debe ser llenado de acuerdo con las instrucciones expresas del creador y no a criterio del tenedor.
En virtud de lo expuesto este despacho considera, al tenor del literal a), numeral 5 del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero, como práctica insegura y no autorizada la inobservancia de las instrucciones impartidas anteriormente. Igualmente, se permite recordar a las entidades que el llenar el título contrariando las instrucciones contenidas en la ley puede dar lugar a responsabilidades tanto civiles como penales.
Se entiende que una entidad de desarrollo regional cumple con su objeto cuando las operaciones de redescuento ante la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, y las realizadas en forma directa para las actividades enunciadas en el numeral 2 del artículo 268 del estatuto orgánico del sistema financiero encaminadas a la promoción del desarrollo económico social y cultural de la comunidad, representan como mínimo el setenta por ciento del total de sus activos.
1.6. Programa
La entidad de desarrollo regional que al momento de hacer la solicitud de que trata el numeral 1.3 del presente capítulo no cumpla con el porcentaje antes mencionado deberá presentar, junto con los documentos a que hace referencia el mencionado numeral un programa que contemple como término máximo un año, contado a partir de la correspondiente autorización, para la adecuación gradual al porcentaje mínimo requerido, el cual deberá ser evaluado y aprobado por la Superintendencia Bancaria.
1.7. Suspensión de la autorización impartida por la Superintendencia Bancaria
En el evento en que, para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, el porcentaje antes mencionado se haya reducido por debajo del mínimo permitido, la autorización impartida por esta superintendencia quedará suspendida y sólo podrá ser rehabilitada cuando la entidad suspendida demuestre que se ha ajustado al mencionado límite.
1.8. Operaciones de liquidez
Sin perjuicio de lo previsto en otras normas, solamente para atender requerimientos transitorios de liquidez las entidades de desarrollo regional podrán concederse entre sí o recibir de los establecimientos vigilados por la superintendencia bancaria préstamos a corto plazo, sin exceder del cinco por ciento del total de sus activos.
1.9. Encaje e inversiones
Las entidades de desarrollo regional no están sometidas a régimen de encaje ni a inversiones forzosas, de conformidad con el artículo 271 del estatuto orgánico del sistema financiero.
1.10. Adquisición y posesión de bienes muebles e inmuebles
Las entidades de desarrollo regional no están facultadas para adquirir o poseer bienes muebles e inmuebles diferentes de aquellos requeridos para el desarrollo normal de sus actividades. No obstante, podrán recibir bienes en dación en pago, los cuales deberán ser enajenados dentro de los dos años siguientes a la Fecha de su adquisición, a menos que dicho término sea prorrogado por la Superintendencia Bancaria de acuerdo con la previsiones vigentes al respecto para las instituciones financieras.
1.11. Ajustes de inversión
Las entidades de desarrollo regional que en la actualidad posean o tengan inversiones por un monto que exceda el determinado en el numeral 1.4., literal e) del presente capítulo deberán proceder a su enajenación en un plazo no superior a dos (2) años, contados a partir de a fecha de expedición del respectivo certificado de autorización.
1.12. Vigilancia
De conformidad con lo dispuesto en, el numeral 2 del artículo 270 del estatuto orgánico del sistema financiero, en concordancia con la letra a) del numeral 2 del artículo 325 de la misma normatividad, las entidades de desarrollo regional autorizadas por la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter, para intermediar en las operaciones de redescuento quedarán sometidas al control y vigilancia permanentes de la Superintendencia Bancaria.
1.13. Reforma de estatutos
Para los efectos del certificado de autorización, deberán reformarse los estatutos orgánicos de las entidades de desarrollo regional, a fin de que se ajusten a la presente instrucción.
Depósito deban, para poder celebrarse legalmente, referirse al depósito; es decir, constituyen actividades autónomas que se relacionan entre sí en la medida en que todas ellas encuentran en el depósito un factor común, pero no dependen de él.
Precisado lo anterior se puede concluir que:
1. Los almacenes generales de depósito no pueden desarrollar operaciones principales distintas de las señaladas por la ley especial que los rige.
2. No obstante lo anterior, cada actividad pueden desarrollarla los almacenes sin estar necesariamente ligadas al depósito, excepto para la expedición de certificados de depósito y bonos de prenda y otorgamiento de créditos con base en el numeral 5 del artículo 33 del estatuto orgánico del sistema financiero.
3. Los créditos sólo pueden concederse para los conceptos determinados en el numeral 5 del artículo 33 del estatuto orgánico del sistema financiero.
4. Pueden desarrollar todos los actos conexos con su objeto social, en desarrollo de lo previsto en el Código de Comercio, pues así lo enseña el canon 2034 de dicho ordenamiento.
5. La ampliación de su objeto social en puntos diferentes a los ya comentados, necesariamente tiene que hacerse mediante la modificación de la ley que los rige, sea mediante facultades que le concede el Congreso al gobierno o directamente por el Congreso.
1.2. Contrato de depósito
a) Contenido del contrato de depósito. En el contrato de depósito deberá constar:
2. Lugar de depósito
4. Plazo del depósito
b) Constitución de depósitos-relación de mercancías depositadas frente al patrimonio técnico-clases de depósitos. El monto de las mercancías que los almacenes generales de depósito pueden recibir en deposito no será superior a veinticuatro veces el valor de su patrimonio técnico, el cual se determinará tomando en cuenta lo dispuesto en los artículo 4º, 5º, 6º y 7º del Decreto 673 de 1994 y demás normas que lo adicionen o reformen. La relación anterior no se aplicará respecto de las mercancías de propiedad del Fondo Nacional del Café o de la Federación Nacional de Cafeteros que reciban en depósito los almacenes.
Los almacenes generales de depósito sólo pueden recibir mercancías bajo las siguientes modalidades:
5. Depósitos con certificado. Es el depósito por el cual los interesados han solicitado la emisión de certificados de depósito.
N. del D.: Esta circular va dirigida a los representantes legales y entidades vigiladas

References: artículo 41
 artículo 36
 artículo 207
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 36
 artículo 1
 artículo 326
 artículo 1464
 artículo 3
 artículo 1408
 artículo 1262
 artículo 1415
 artículo 1413
 artículo 46
 artículo 1
 artículo 1959
 artículo 1960
 artículo 1
 artículo 1961
 artículo 622
 artículo 326
 artículo 268
 artículo 271
 artículo 270
 artículo 325
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 4