Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23943
Timestamp: 2020-05-25 02:56:14+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 59/2014
SENTENCIA 59/2014, de 5 de mayo
ECLI:ES:TC:2014:59
En el recurso de amparo núm. 5324-2011, promovido por don Joaquín Ruiz de Andrés, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Natalia Martín de Vidales Llorente y asistido por el Letrado don Gaspar José Hernández Mesa, contra la resolución del Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía de 25 de febrero de 2003 que impuso al recurrente la sanción de 30.050,61 € de multa como responsable de una infracción del art. 14 c) y disposición transitoria primera de la Ley del Parlamento de Andalucía 13/1999, de 15 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía, así como contra la Sentencia dictada el 24 de noviembre de 2010 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Granada desestimatoria del recurso contencioso-administrativo formulado por el demandante contra la anterior resolución administrativa y contra la Sentencia dictada el 18 de julio de 2011, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada) desestimatoria del recurso de apelación formulado por el demandante contra la anterior Sentencia, han comparecido y formulado alegaciones el Ministerio Fiscal y la Letrada de la Junta de Andalucía. Ha sido Ponente el Magistrado don Enrique López y López, quien expresa el parecer del Tribunal.
a) Por resolución de 25 de febrero de 2003 se le impuso al hoy demandante de amparo una sanción de 30.050,61 € como responsable de una infracción muy grave contemplada en el art. 19.12 de la Ley del Parlamento de Andalucía 13/1999, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía.
b) El 22 de mayo de 2006 recibió, por primera vez, comunicación en su domicilio de la Agencia Provincial de la Administración Tributaria de la Diputación de Granada, por la cual se ponía en su conocimiento la existencia de un procedimiento ejecutivo de apremio por la cantidad ya mencionada, si bien a fecha de 19 de junio de 2006, la deuda ascendía, con recargo de apremio e intereses, a la cantidad de 40.522,02 €.
e) Contra dicha Sentencia se formuló recurso de apelación que fue desestimado por Sentencia de 18 de julio de 2011. Entiende el órgano judicial que al haberse realizado la notificación en el domicilio del establecimiento donde se cometió la infracción que figuraba en el boletín de denuncia, la notificación era correcta y constituiría a lo sumo un supuesto de anulabilidad y no nulidad, caso de conculcarse el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LPC). Además entiende que no se ha evidenciado como incorrecto el domicilio pues el servicio postal siempre ha hecho constar en todos los intentos de notificación la mención de “ausente”; máxime cuando el recurrente —no único interesado— cambia de domicilio con facilidad, como se aprecia en el expediente administrativo, aunque esa localización se consiga finalmente por el órgano de recaudación, ante el cual pudo alegarse la falta de notificación, como causa de oposición en el procedimiento de apremio.
7. Mediante escrito con entrada en el Registro General de este Tribunal el 21 de mayo de 2013, el Letrado de la Junta de Andalucía en la representación que por su cargo ostenta formuló alegaciones en las que estimó en primer lugar concurrente una causa de inadmisibilidad del recurso de amparo en virtud del art. 43 LOTC por no haberse agotado la vía judicial procedente al entender que debió recurrirse previamente la providencia de apremio, tanto en reposición, como en vía económico administrativa y finalmente ante la jurisdicción contencioso administrativa. Sobre el fondo del recurso de amparo, no aprecia la defensa letrada de la Junta de Andalucía la vulneración denunciada de la tutela judicial efectiva al haberse intentado la notificación en el domicilio del establecimiento en el que se cometió la infracción que era el que figuraba en el boletín de denuncia, con el resultado de “ausente”, dejando caducar el recurrente el aviso dejado por el funcionario de correos para su retirada en la correspondiente oficina, por lo que, a su juicio, es válida la notificación edictal, conforme a lo establecido por el art. 59 LPC.
1. La presente demanda de amparo tiene por objeto la impugnación de la resolución del Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía de 25 de febrero de 2003 que impuso al recurrente la sanción de 30.050,61 € de multa como responsable de una infracción del art. 14 c) y disposición transitoria primera de la Ley del Parlamento de Andalucía 13/1999, de 15 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía, así como contra la Sentencia dictada el 24 de noviembre de 2010 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Granada, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo formulado por el demandante contra la anterior resolución administrativa, y contra la Sentencia dictada el 18 de julio de 2011, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada) desestimatoria del recurso de apelación formulado por el demandante contra la anterior Sentencia.
Como recuerdan las SSTC 54/2003, de 24 de marzo, FJ 3; 157/2007, de 2 de julio, FJ 3; 226/2007, de 22 de octubre, FJ 3, y 32/2009, de 9 de febrero, FJ 4, reiterada doctrina de este Tribunal, desde la STC 18/1981, de 8 de junio, FJ 2, ha declarado, no sólo la aplicabilidad a las sanciones administrativas de los principios sustantivos derivados del art. 25.1 CE, considerando que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación con ciertos matices al Derecho administrativo sancionador al ser ambos manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, sino que también ha proyectado sobre las actuaciones dirigidas a ejercer las potestades sancionadoras de la Administración las garantías procedimentales ínsitas en el art. 24.2 CE. Ello, no solo mediante su aplicación literal, sino en la medida necesaria para preservar los valores esenciales que se encuentran en la base del precepto. En definitiva, como se ha afirmado en la STC 120/1996, de 8 de julio, FJ 5, “constituye una inveterada doctrina jurisprudencial de este Tribunal y, ya, postulado básico de la actividad sancionadora de la Administración en el Estado social y democrático de Derecho”.
El ejercicio de los derechos de defensa y a ser informado de la acusación en el seno de un procedimiento administrativo sancionador presupone, obviamente, que el implicado sea emplazado o le sea notificada debidamente la incoación del procedimiento, pues sólo así podrá disfrutar de una efectiva posibilidad de defensa frente a la infracción que se le imputa previa a la toma de decisión y, por ende, que la Administración siga un procedimiento en el que el denunciado tenga oportunidad de aportar y proponer las pruebas que estime pertinentes y de alegar lo que a su derecho convenga. En este sentido, el Pleno de este Tribunal en la STC 291/2000, de 30 de noviembrel, ha declarado, con base en la referida doctrina constitucional sobre la extensión de las garantías del art. 24 CE al procedimiento administrativo sancionador, que los posibles defectos en la notificación o emplazamiento administrativo, cuando se trate, como en este supuesto acontece, de un acto administrativo sancionador, revisten relevancia constitucional desde la perspectiva del art. 24 CE (FJ 4).
1º Declarar vulnerados los derechos del recurrente en amparo a la defensa y a ser informado de la acusación (art. 24.2 CE).
2º Restablecerlo en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la resolución del Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, de fecha 25 de febrero de 2003, recaída en el expediente sancionador GR-46/02- EP, así como de la Sentencia núm. 393/2010, de fecha 24 de noviembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Granada y de la Sentencia núm. 169/2011, de fecha 18 de julio, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede Granada).
Tipo y número de registro Recurso de amparo 5324-2011
Promovido por don Joaquín Ruiz de Andrés en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada que desestimaron su demanda contra resolución administrativa sancionadora en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.
La Junta de Andalucía impuso al ahora demandante de amparo una sanción de 30.050,61 euros de multa como responsable de una infracción en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. La resolución sancionadora le fue notificada a través de edictos, porque previamente se había intentado entregar en el local de negocio —un pub— en horario sin actividad mercantil. Posteriormente al llevar a cabo la ejecución forzosa sancionadora por su impago, la Administración localizó al interesado en su domicilio personal, donde le notificó la providencia de apremio.
Se otorga el amparo por vulneración padecida en el procedimiento administrativo sancionador del derecho a la defensa y a ser informado de la acusación. Reiterando la doctrina sentada en la STC 291/2000, de 30 de noviembre, las garantías procesales del art. 24.2 CE se aplican también en este caso porque se trata de un procedimiento administrativo sancionador. La vulneración se produce porque la Administración no agotó las posibilidades de notificación personal antes de acudir al emplazamiento edictal en el procedimiento sancionador, sin que la posterior notificación en vía ejecutiva subsane el vicio padecido.
La Sentencia declara que la Administración no obró con la debida diligencia en la búsqueda de domicilio en el que notificar personalmente o del horario adecuado (se intentó por la mañana en establecimiento que tenía horario nocturno) para llevarla a cabo, como evidencia la efectiva notificación de la vía de apremio en el domicilio personal del presunto infractor. La Sentencia reitera que las vulneraciones de las garantías procedimentales no son subsanables en el posterior procedimiento contencioso-administrativo.
La falta de notificaciones personales y la posterior notificación edictal, cuando consta el conocimiento del domicilio personal del recurrente en el que se notificó la vía ejecutiva, ha vulnerado su derecho de defensa y a ser informado de la acusación ex art. 24.2 CE, sin que tal situación de indefensión se produzca por causa imputable al demandante de amparo y sí a la Administración, que no obró con la debida diligencia en la búsqueda de domicilio en el que notificar personalmente o del horario adecuado para la notificación [FJ 4].
El ejercicio de los derechos de defensa y a ser informado de la acusación en el seno de un procedimiento administrativo sancionador presupone que el implicado sea emplazado o le sea notificada debidamente la incoación del procedimiento, pues sólo así podrá disfrutar de una efectiva posibilidad de defensa frente a la infracción que se le imputa (STC 291/2000) [FJ 3].
Doctrina sobre la aplicabilidad al procedimiento administrativo sancionador de los principios sustantivos derivados del art. 25.1 CE y de las garantías procedimentales del art. 24 CE (SSTC 18/1981, 291/2000, 226/2007) [FJ 3].
No concurre causa de inadmisibilidad por falta de agotamiento de la vía administrativa y judicial contra la providencia de apremio, pues la actuación administrativa impugnada es anterior al acto de apremio y de dicha actividad administrativa en el procedimiento administrativo sancionador se predica la nulidad por defectos en su notificación [FJ 2].
Artículo 14 c), f. 1
Derecho a ser informado de la acusaciónDerecho a ser informado de la acusación, Vulnerado, ff. 3, 4
Garantías procesales en el procedimiento administrativo sancionadorGarantías procesales en el procedimiento administrativo sancionador, ff. 3 a 5
Notificación edictal en procedimiento administrativoNotificación edictal en procedimiento administrativo, ff. 3, 4
Procedimiento administrativo sancionadorProcedimiento administrativo sancionador, ff. 3 a 5
Procedimiento de apremioProcedimiento de apremio, f. 2

References: resolución 
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Artículo 14