Source: https://www.scribd.com/document/100706653/Proposicion-de-Ley-de-Transparencia-y-Gobierno-Abierto-en-la-Comunitat-Valenciana
Timestamp: 2017-09-25 14:24:00+00:00

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Description: En 2010 Govern Obert desarrolló la primera Proposición de Ley de Transparencia y Gobierno Abierto de la Comunidad Valenciana
En 2010 Govern Obert desarrolló la primera Proposición de Ley de Transparencia y Gobierno Abierto de la Comunidad Valenciana
En 2010 Govern Obert desarrolló la primera Proposición de Ley de Transparencia y Gobierno Abierto de la Comunidad Valenciana.
Ante la dificultad por parte de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana de acceder a la información en manos de las instituciones públicas. Ante el silencio o la negación por la mayor parte de las autoridades públicas de la Comunitat Valenciana a dar la información que solicitan los ciudadanos. Careciendo de una ley específica a nivel nacional del derecho al acceso a la información a la que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana pudieran acogerse. Teniendo en cuenta que la soberanía nacional reside en los ciudadanos, que la información en manos de las instituciones públicas también pertenece a los ciudadanos, que el acceso a dicha información por parte de los ciudadanos es un derecho constitucional que se encuentra en la esencia misma de la democracia. Teniendo en cuenta que todos los documentos públicos son públicos y solamente pueden ser retenidos para proteger otros derechos e intereses legítimos, tal y como recoge la Constitución Española de 1978: Artículo 105 b) La ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. Derecho recogido también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Artículo 19 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Ante la dificultad de participación y colaboración ciudadana más allá del derecho al voto. Observando que otros gobiernos, como el de EEUU, Reino Unido y el del País Vasco, entre otros, han comenzado ya una política de gobierno abierto. Se crea esta Iniciativa Legislativa Popular para que Las Cortes Valencianas tramiten y aprueben la Propuesta de Ley de Acceso a la Información y Gobierno Abierto en la Comunitat Valenciana,
Considerando que el acceso a la información en manos de las instituciones públicas por parte de los ciudadanos, propietarios legítimos de dicha información, es un derecho crucial para el desarrollo de una sociedad democrática porque: i) Proporciona una fuente de información para los ciudadanos; ii) Ayuda a los ciudadanos a formarse una opinión sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas; iii) Se evita la corrupción, fomentándose la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de autoridades públicas, ayudando así a que se afirme su legitimidad. iv) Se evita la creación de corrientes de opinión basadas en creencias o rumores y no en datos empíricos e interpretables. v) Promueve en última instancia la participación de la ciudadanía en el sistema democrático, fomentando y fortaleciendo una democracia participativa más allá del parlamentarismo. Considerando la importancia de la transparencia de las autoridades públicas en una sociedad democrática y pluralista, elemento esencial en el desarrollo de un gobierno abierto, Considerando que la soberanía nacional reside en los ciudadanos, que la información en manos de las instituciones públicas también pertenece a los ciudadanos, que dicha información debe ser pública y solamente puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos, tal y como recoge la Constitución Española de 1978 en su artículo 105; teniendo en cuenta el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los artículos 6, 8 y 10 del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública en la toma de decisiones y el Acceso a la Justicia en los temas Medio Ambientales (Aarhus, 25 de junio de 1998) y el Convenio para la Protección de Individuos con respecto al Proceso Automatizado de Datos Personales del 28 de enero de 1981 (Nº de ETS. 108); teniendo en cuenta también la Declaración del Comité de los Ministros del Consejo de Europa sobre la Libertad de la Expresión y de la Información, adoptada el 29 de abril de 1982, así como las recomendaciones del Comité de Ministros de los Estados miembros Nº R (81) 19 sobre el acceso a la información en poder de las autoridades públicas, Nº R (91) 10 en la comunicación a terceros de datos personales en poder de los organismos públicos, Nº R (97) 18 referentes a la protección de los datos personales recogidos y procesados para fines estadísticos, Nº R (2000) 13 sobre política Europea en el acceso a archivos y Rec (2002) 2 sobre el acceso a los documentos públicos; Por el artículo 14.5 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, que contempla la posibilidad (regulada por la Ley 5/1993 de 27 de diciembre) de que los ciudadanos hagan proposiciones de ley, respaldadas por un mínimo de 50.000 firmas. Y basándose en el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos (Tromso, Noruega 18-6-2009), en la Directiva sobre Gobierno Abierto del presidente de los EEUU (Open Government Directive, Washington D.C. 8-12-2009) y en la Ley de Acceso a la Información de los EEUU (Freedom of Information Act, 1967), así como en la filosofía de Gobierno Abierto que se difunde a través de internet y otros medios, los abajo firmantes apoyan la Iniciativa Legislativa Popular para que Las Cortes Valencianas tramiten y aprueben la siguiente
Proposición de Ley de Acceso a la Información y Gobierno Abierto en la Comunitat Valenciana:
Sección I Artículo 1.- Disposiciones generales: 1) Los principios precisados de aquí en adelante se deben entender sin prejuicio alguno de las leyes y regulaciones propias de la Comunidad Autónoma Valenciana o del Estado Español. 2) Para esta Propuesta de Ley: i) “Autoridades Públicas” significa: 1) El gobierno y la administración a nivel autonómico y municipal. Los organismos legislativos y autoridades judiciales. 2) Personas físicas o jurídicas cuando ejercen como autoridad administrativa. 3) Personas físicas o jurídicas que realizan funciones públicas o actúan financiadas con fondos públicos, según la normativa autonómica. ii) “Información o documento público” significa toda la información registrada de cualquier forma, elaborada o recibida, y en posesión de las autoridades públicas, salvo las que se encuentren en estado de borrador.
Artículo 2.- Derecho de acceso a la información. 1) Se garantizará el derecho de todas las personas, sin discriminación de ningún tipo, a acceder a la información en posesión de las autoridades públicas, las cuales estarán obligadas a hacerla pública de manera completa y veraz. 2) Cada Autoridad Pública tomará las medidas necesarias en su ordenamiento jurídico para hacer cumplir las previsiones sobre acceso a la información previstas en esta Ley. 3) Estas medidas deberán ser adoptadas por las Autoridades Públicas en el momento de la entrada en vigor de esta Ley.
Artículo 3.- Gobierno Abierto: Cada Autoridad Pública deberá tomar las acciones específicas necesarias para implementar de manera eficaz los principios de un Gobierno Abierto, que son: transparencia, participación y colaboración. 1) Publicación de la información a través de Internet: Como principio general, las administraciones públicas valencianas serán proactivas en la publicación automatizada y a través de APIS abiertas y en sets de datos brutos, de todas aquellas informaciones, estudios, informes y datos susceptibles de ser usados por la ciudadanía. Prevalecerá la publicación de la información a través de Internet, de manera sistemática y actualizada, excepto la limitada por el artículo 4, adelantándose así a la solicitud de información por parte de los ciudadanos. La información publicada online se realizará en formatos abiertos, utilizables y reutilizables, que se puedan descargar, indexados y que se puedan encontrar por las aplicaciones de búsqueda más comúnmente utilizadas en Internet.
Las Autoridades Públicas trabajarán de manera proactiva, utilizando las nuevas tecnologías para difundir la información. Proporcionando información online se reduce la necesidad de peticiones individualizadas, optimizándose así los recursos. En un plazo de 60 días, desde la aprobación de esta ley, todas las autoridades públicas tendrán una página web de Gobierno Abierto: i) Donde comenzarán a publicar la información, que se priorizará atendiendo a criterios de utilidad pública. ii) Esta página se utilizará como contexto adecuado para la conversación entre las Autoridades Públicas, la ciudadanía, las empresas, las organizaciones sin ánimo de lucro y los agentes sociales en general, para obtener respuestas satisfactorias a las necesidades y demandas de la sociedad. iii) Las Autoridades Públicas antepondrán el interés general de la ciudadanía a los particulares de los partidos políticos, los cuerpos funcionariales, los sindicatos, los lobbies empresariales y demás grupos de presión. iv) Cada Autoridad Pública informará en esta web, de la manera más transparente posible, de sus acciones y los pasos que seguirá para lograr un Gobierno Abierto. v) Si existieran lagunas en la ejecución de los principios de un Gobierno Abierto, la Autoridad Pública correspondiente deberá informar, a través de esta web, de las medidas que está tomando y el calendario para cumplirlas. 2) La información será reutilizable, con el fin de que terceros puedan crear servicios derivados de la misma. Como consecuencia, la información y todos los datos expuestos se ofrecen bajo licencias de propiedad abiertas, que permiten su redistribución, reutilización y aprovechamiento con fines comerciales. 3) Las Autoridades Públicas utilizarán y promoverán la utilización de las herramientas de la web 2.0 y del software libre, favoreciendo un rol activo de la ciudadanía en la generación de contenidos y contribuyendo al desarrollo de programas de uso gratuito para la comunidad. Se utilizarán las nuevas herramientas tecnológicas que puedan aparecer, siempre que sirvan para mejorar la aplicación de los principios de un Gobierno Abierto. 4) Crear e institucionalizar una cultura de Gobierno Abierto: Para crear un nivel sin precedentes y sostenido en la apertura a la información, así como una cultura de Gobierno Abierto, por parte de todas las Autoridades Públicas. Los dirigentes de cada una de ellas incorporarán los valores de transparencia, participación y colaboración en sus ámbitos de trabajo. Las Autoridades Públicas realizarán los cambios legislativos, en los procesos organizativos o de cualquier otra índole, necesarios para crear e institucionalizar un Gobierno Abierto. El gobierno de la Generalitat velará y ejercerá las acciones complementarias necesarias para la total implementación de un Gobierno Abierto por parte de todas las Autoridades Públicas de la Comunitat Valenciana, tal y como se entienden en el artículo 1. El plazo para la implementación de un Gobierno Abierto es de un año desde la aprobación de esta ley.
Artículo 4.- Sólo se podrá limitar el acceso a la información cuando dicho acceso ponga en riesgo: a) La seguridad nacional, la defensa y las relaciones internacionales; b) la seguridad pública; c) la prevención, la investigación y el procesamiento de actividades criminales o delictivas; d) la intimidad y otros intereses privados legítimos; Pueden hacerse excepciones a estas limitaciones cuando hay un interés público justificado. En dicho caso, el solicitante debe argumentar y probar que el interés público al acceso de la información está por encima de la limitación a la información. Para ello podrá solicitar a la institución definida en el Artículo 12, la prueba de interés público. Si no es posible acceder a toda la información que se solicite, se debe considerar si es posible hacerlo en modo parcial, y si procede hacerlo. En ningún caso, puede prohibirse el acceso a la información porque esta revele errores o fallos de los funcionarios públicos, o por cualquier otra razón especulativa o abstracta. Ante la duda, prevalecerá la presunción de apertura, el principio de transparencia y el acceso a la información. Artículo 5.- Formas de acceder a la información: 1) Si la información no está publicada en Internet, el solicitante tiene derecho a elegir la forma de acceso. 2) Cuando se concede el acceso a un documento, el solicitante tiene derecho a elegir si examina el original o una copia, o si recibe una copia en cualquier forma disponible o en el formato que elija, a menos que la preferencia expresada sea irrazonable o pueda dañar el documento original. 3) Si una limitación se aplica a parte de la información de un documento, la autoridad pública debe conceder, sin embargo, el acceso al resto de información que contiene dicho documento. Cualquier omisión debe ser indicada claramente. 4) La autoridad pública puede dar acceso a un documento remitiendo al solicitante a fuentes alternativas fácilmente accesibles. En el caso de información disponible en Internet, la autoridad tiene que confirmar que el solicitante tiene fácil acceso a internet. Artículo 6.- Solicitudes de acceso a la información: 1) Un solicitante no podrá ser obligado a dar sus razones para tener acceso a la información en manos de las instituciones públicas. Las autoridades públicas pueden otorgar a los solicitantes el derecho a mantener su anonimato, excepto cuando la identificación sea esencial para poder procesar la petición. 2) Las formalidades para realizar peticiones deberán limitarse a lo esencial para poder procesar la petición.
Artículo 7.- Tramitación de las solicitudes de acceso a la información: 1) La autoridad pública ayudará al solicitante, tanto como razonablemente sea posible, a identificar el documento solicitado. 2) Una petición para acceder a un documento será atendida por cualquier autoridad pública poseedora del documento. Si la autoridad pública no tiene el documento solicitado o si no está autorizada para tramitar esa petición tendrá, cuando sea posible, que remitir la petición del solicitante a la autoridad pública competente. 3) Las peticiones para acceder a la información deberán ser atendidas en base al principio de igualdad. 4) Una petición de acceso a un documento será atendida con prontitud. La decisión deberá ser resuelta, comunicada y ejecutada tan pronto como sea posible. El plazo máximo para responder a una solicitud son 15 días hábiles. En casos complicados el plazo puede extenderse a otros 15 días hábiles, y será notificado al solicitante dentro de un plazo de 5 días hábiles desde la entrega de la solicitud. Las largas demoras no deben ser una consecuencia inevitable e insuperable de una alta demanda. 5) Una petición para acceder a un documento puede ser rechazada: i) si, a pesar de la ayuda de la autoridad pública, la petición sigue siendo demasiado vaga para permitir que el documento requerido sea identificado; ii) si la petición es manifiestamente irrazonable. 6) Una autoridad pública que impide el acceso total o parcial a un documento deberá dar las razones de la denegación. El solicitante tiene el derecho a recibir sobre su petición una justificación escrita de la denegación por parte de esa autoridad pública. Las denegaciones deben además informar al solicitante de las posibilidades de recurso, el procedimiento y los plazos de que dispone. 7) Cada Autoridad Pública debe disponer de una línea telefónica y servicio en Internet, que los solicitantes pueden utilizar para conocer el estado de sus solicitudes.
Artículo 8.- Coste por acceder a la información: 1) La inspección de documentos en las oficinas de la autoridad pública debe ser gratuita. 2) Se podrá cobrar unos honorarios al solicitante por una copia del documento, siempre que sean razonables y no excedan los costes reales de la reproducción y de la entrega del documento. Las tarifas deberán estar publicadas. Nunca se cobrará para las primeras 20 páginas.
Artículo 9.- Procedimiento de recurso administrativo: 1) Un solicitante que pida un documento, y cuyo acceso le haya sido denegado expresamente o implícitamente, parcialmente o por completo, tendrá derecho a un procedimiento de recurso administrativo antes de recurrir a la vía judicial o a otra institución independiente e imparcial establecida por la ley. 2) Un solicitante, cuando acuda a cualquiera de los procedimientos detallados en el párrafo 1, tendrá derecho a que dichos procedimientos sean rápidos y gratuitos.
Artículo 10.- Medidas complementarias: Las autoridades públicas informarán sobre el derecho de acceso a la información en manos de las instituciones públicas y sobre cómo puede ser ejercido ese derecho, así como de la nueva política de Gobierno Abierto de todas las Autoridades Públicas de la Comunitat Valenciana. También tomarán las medidas apropiadas para: a) formar a las autoridades públicas en sus deberes y obligaciones con respecto a la puesta en práctica de este derecho y a la política de Gobierno Abierto; b) proporcionar información sobre las materias o las actividades de las cuales son responsables; c) gestionar sus documentos eficientemente, de modo que sean fácilmente accesibles y d) seguir los procedimientos preestablecidos para la preservación y destrucción de sus documentos, cuando así proceda. Sección II Artículo 12.- Supervisión de la puesta en práctica de esta ley por El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, institución que lo sustituya u otra institución que se cree para tal efecto: 1) El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana supervisará una vez al año la puesta en práctica de esta ley por parte de las autoridades públicas de esta comunidad, emitiendo un informe anual público sobre: a) la adecuación de las medidas legales y la práctica de las autoridades públicas para dar cumplimiento a las disposiciones que se establecen en esta ley; b) sus propuestas para facilitar o mejorar el uso y la puesta en práctica efectiva de esta ley, incluyendo la identificación de cualquier problema, sus opiniones y propuestas para evitar los problemas detectados, así como sus posibles propuestas de reformas de la ley. 2) El Síndic de Greuges puede: a) solicitar información y opiniones a la sociedad civil. b) intercambiar información e informes sobre los procesos significativos legales, políticos y tecnológicos relacionados con esta ley. 3) El Síndic de Greuges debe: a) expresar sus opiniones sobre cualquier pregunta que se le haga referente al uso de esta ley; b) dar su opinión sobre cualquier propuesta que se haga para la reforma de esta ley; c) realizar la prueba de interés público para las excepciones del Artículo 4 cuando se le solicite. Esta prueba consiste en una evaluación del interés público de la información que se solicita frente al riesgo de hacerla pública.
Sección III Artículo 13.- Vigencia de la Ley. Esta ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.
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References: Artículo 105
 Artículo 19
 artículo 105
 artículo 19
 artículo 14
 Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 4
 artículo 1

Artículo 4
 Artículo 12
 Artículo 5
 Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10
 Artículo 12
 Artículo 4
 Artículo 13