Source: https://suelosolar.com/newsolares/newsol.asp?id=6570
Timestamp: 2018-12-18 15:05:22+00:00

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Intervenciones de los Diputados relacionadas con la Moratoria de las Renovables.
En nuestra TV Solar hemos publicado todas las intervenciones de los Ponentes de los Grupos Parlamentarios a favor y en contra de la moratoria de las renovables, y el resultado de la votación.
Publicamos a continuación el visianado del Pleno del Congreso de los Diputados celebrado el jueves 9 de febrero de 2011 sobre la convalidación ó derogación del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.
Asimismo publicamos a continuación el el Diario de Sesiones del citado Pleno por el que se convalida el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.
Comenzamos con el punto V del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes, y en concreto la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasig-nación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.
Quiero comunicar a sus señorías, para que hagan sus cálculos, que la votación de este decreto-ley, que se hará cuando termine su discusión, en ningún caso será antes de las diez y media.
Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señor presidente, señorías, comparezco en esta primera intervención que tengo el altísimo honor de hacer ante este Congreso de los Diputados para solicitar de la Cámara la convalidación del Real Decreto-ley 1/2012, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración de fuentes de energía renovables y también de residuos.
Me gustaría hacer dos consideraciones iniciales al respecto. Lo que se suspende, señorías, son preasigna-ciones adicionales. El real decreto, por tanto, no afecta en modo alguno a preasignaciones que ya hayan sido inscritas en el correspondiente registro del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En segundo lugar, se suprimen incentivos económicos para nuevas instalaciones. Por tanto, el real decreto, cuya convalidación se solicita, no afecta a las instalaciones que ya estén en marcha.
Señorías, de acuerdo con las estimaciones que obran en la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, los costes estimados del sistema eléctrico para el año 2012, si no se toma ninguna medida por parte del Gobierno, serían los siguientes. Costes financiados con cargo a los peajes: el régimen especial —por tanto, todo aquello que incluye energía renovable, cogeneración y residuos— supondría el 37,81 por ciento del conjunto de los costes con cargo a peajes; en segundo lugar, los costes del transporte supondrían el 9,02 por ciento; en tercer lugar, los costes de la distribución y gestión comercial supondrían el 29,81 por ciento; los costes imputables al déficit de tarifa ya acumulado supondrían el 11,52 por ciento; otro tipo de costes serían el 11,84 por ciento, hasta totalizar el cien por cien.
Quiero resaltar, en relación con el real decreto que nos trae hoy a está Cámara, que los costes del régimen especial estimados para el año 2012 —por tanto, los que tienen que ver con el régimen especial de renovables, cogenera-ción y residuos— supondrían 7.220 millones de euros, de los cuales un 44 por ciento sería destinado a energía solar termoeléctrica y fotovoltaica; un 27 por ciento sería la correspondiente a eólica y un 29 por ciento al resto, es decir, cogeneración, biomasa, biogás y residuos. Como los ingresos no son, de acuerdo con las previsiones de que disponemos, suficientes para cubrir esa estructura de costes estimada, también se producirá un déficit de tarifa en el año 2012, con lo cual en este año en el que estamos el ritmo de incremento del déficit de tarifa seguirá siendo una realidad. Por tanto, en primer lugar, hay que frenar el ritmo de crecimiento de acumulación —de generación, en definitiva— de ese déficit y, en segundo lugar, también hay que dar solución al déficit que ya se ha acumulado a lo largo de los últimos años.
Señorías, respecto al régimen especial y al cumplimiento de los objetivos que están previstos en el Plan de energías renovables 2005-2010, quiero hacer una serie de consideraciones. En lo que respecta a la energía eólica, la potencia que se ha instalado efectivamente al año 2010 es de 21.046 megavatios. (La señora vicepre-sidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia.) El objetivo de la potencia para ese año eran 20.155, por lo que la potencia real instalada en materia de energía eólica está a un 104 por ciento, cuatro puntos por encima del objetivo establecido para esta fuente en el Plan de energías renovables 2005-2010.
Por lo que respecta a la modalidad de energía solar termoeléctrica, hay que señalar que el objetivo que había para el año 2010 era de 500 megavatios instalados. La realidad, sin embargo, pone de manifiesto que al año 2010 la potencia realmente instalada no son esos 500, sino que son 849 megavatios. Por tanto, va a un 170 por ciento, lo que significa un 70 por ciento adicional respecto al objetivo que había para el año 2010 en el Plan de energías renovables. Por lo que respecta a la energía solar fotovol-taica, el objetivo en megavatios previsto para el año 2010 estaba en 371 megavatios, y sin embargo la potencia real instalada en el año 2010 —en fotovoltaica, insisto— es de 4.196 megavatios, por tanto un 1.131 por ciento con relación al objetivo que se había establecido.
Primera conclusión, señorías. Si comparamos los objetivos del Plan de energías renovables 2005-2010 con los objetivos que realmente se han conseguido a ese año, están claramente sobrepasados en las tecnologías eólica, fotovoltaica y termosolar. Estas tecnologías del régimen especial venden su energía en el mercado, pero con una particularidad, y es que la venden a un precio que viene dado por el precio del pool más la prima correspondiente. Saben sus señorías que las comunidades autónomas son las competentes para autorizar o no, a través de una autorización administrativa, las instalaciones correspondientes, y lo que corresponde a la Administración General del Estado es el otorgamiento o no de la prima, y a tal efecto se establece el procedimiento de las preasignaciones en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
¿Cómo funciona ese sistema de preasignación? El régimen económico primado, al ser un recurso escaso, hay que ordenarlo de alguna forma, y la forma a través de la que se regula es el procedimiento de preasignación. Para ello lo que hacen los promotores es presentar ante el Ministerio de Industria la correspondiente petición, eso sí, cuando ya disponen de la correspondiente autorización administrativa de la comunidad autónoma, cuando disponen de la correspondiente licencia municipal del municipio donde va a ser la instalación, cuando disponen de un punto de conexión y además, cuestión no menor, cuando disponen de un aval bancario que les permita en términos financieros llevar la operación adelante. Por cierto, quiero decir que este tipo de proyectos suelen tener apalancamientos que van entre el 80 y el 90 por ciento, a veces con equities que están entre el 10 y el 20 por ciento y con unas rentabilidades que oscilan normalmente a partir de un 13 o un 15 por ciento. El ministerio inscribe en el registro de preasignación, y a través de ese acto está garantizando un derecho económico a quien ha solicitado la inscripción, siempre y cuando se cumpla otro requisito adicional, que es que la instalación esté construida en un plazo máximo de entre 16 y 36 meses a partir del momento de la inscripción. En todo caso, es un requisito necesario para poder tener derecho al régimen primado.
No es un requisito necesario, sin embargo, el requisito de la preasignación para construir cualquier tipo de instalación de esta naturaleza y vender la energía al precio del mercado. Señorías, en España antes de este real decreto y en España después de este real decreto cualquier persona física o jurídica que desee montar una instalación de esta naturaleza tiene absoluta libertad para hacerlo. Por tanto, por parte del Ministerio de Industria no hay ninguna objeción para este tipo de instalaciones. Por todo ello, este real decreto-ley tiene como objetivo sentar las bases para interrumpir el crecimiento del sobre-coste para el sistema por la incorporación de nuevas instalaciones primadas cada año para poder abordar en condiciones adecuadas el mayor problema que hoy tiene el sector energético en España y que viene derivado de la tasa anual de generación del déficit y el déficit acumulado que se ha experimentado a lo largo de los últimos años, por cierto, particularmente desde el año 2005. Esta constituye una primera medida para resolver el problema del déficit. No estamos diciendo en modo alguno que sea la única, lo que hace el real decreto-ley es suprimir la prima para nuevas instalaciones, lo que hace es suspender el procedimiento de preasignación para nuevas instalaciones. No afecta en modo alguno, cuestión muy importante, a ningún derecho previamente adquirido, y además tiene un carácter temporal, un carácter transitorio.
Señorías, hoy el déficit tarifario es el problema más importante que enfrenta el sector energético en general, y particularmente el sector eléctrico, para su sostenibi-lidad en un futuro, y es un obstáculo insalvable, si no se remedia, para poder continuar con la política de fomento a las energías renovables. A lo largo de los últimos años, señorías, se han tomado por parte del Gobierno distintas medidas para intentar paliar el problema que hoy nos trae aquí. En efecto, en el año 2009, por el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, y en 2010 por el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, el Gobierno de entonces adoptó distintas medidas que en aquel momento se declararon como medidas urgentes para disminuir el déficit tarifario. Respecto a aquellas medidas mi grupo parlamentario, entonces en la oposición, no las apoyó por considerarlas inadecuadas al propósito que se establecía. De hecho, hay que resaltar los siguientes datos: en el año 2008 ya había un déficit energético acumulado de 13.757 millones de euros, las primeras medidas se toman en el año 2009 y, sin embargo, en el año 2009 el déficit acumulado había pasado de esos 13.757 a 16.265. Pero luego, en el año 2010, había pasado de 16.265 a 20.040 millones de euros y en este año 2011 que acabamos de terminar, y todavía pendiente de que la Comisión Nacional de la Energía haga las liquidaciones números 12, 13 y 14, la cuantía del déficit acumulado es ya de 21.717 millones de euros. Por tanto, da la impresión de que aquellos decretos que se aprobaron en 2009 y 2010, con la voluntad de ir en contra de la generación adicional de déficit de tarifa, al menos a estos efectos, no fueron eficaces.
Señorías, el déficit tarifario hoy es un problema serio, junto a la tasa de acumulación anual del mismo. No podemos quedarnos quietos, no podemos, en nuestra opinión, volver a cometer los mismos errores, hay que atacar el problema de raíz. Y en la raíz del problema del déficit tarifario hay fundamentalmente dos factores: primero, es verdad que se ha producido una caída en la demanda eléctrica que ha generado una caída en los ingresos del sistema, pero no es solo una causa por el lado de los ingresos, también se ha producido una variación por el lado de los costes, ha habido a lo largo de los últimos años un incremento persistente en los costes del sistema.
Respecto al factor atribuible a la caída en la demanda eléctrica, hay que decir que ha sido un efecto directo de la desfavorable evolución de la economía española a lo largo de los últimos años. Y eso, señorías, no requiere solo una solución energética, sino que requiere una solución económica global para arreglar, por tanto, una parte del problema, no en su totalidad, pero una parte del problema, aquella que viene del lado de los ingresos. Lógicamente, hay que hacer reformas económicas que permitan sentar las bases que nos lleven a una recuperación que genere consumo, que genere inversión, que genere exportaciones, que genere, por tanto, crecimiento y que, al final, pueda traducirse también en empleo. Se precisan reformas como las que el Gobierno ya ha puesto en marcha, reformas en el gasto público, como la que presentó ante esta Cámara a través de la ley de estabilidad en el gasto de las administraciones públicas el ministro de Hacienda para contribuir a solucionar una de las mayores restricciones que hoy tiene la economía española, que no es otra que el nivel excesivo de déficit público.
En segundo lugar, se precisan reformas en el sistema financiero, como las que ya ha aprobado el Consejo de Ministros, para que el crédito, para que los recursos, para que los préstamos fluyan desde las entidades financieras hacia quienes pueden crear empleo en una economía de mercado: las empresas, y muy particularmente las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, es necesaria una reforma laboral para impulsar el empleo, como la que mañana va a presentar en el Consejo de Ministros la ministra de Empleo y Seguridad Social. Esas y otras reformas deberán incrementar el potencial de crecimiento de la economía española a medio y largo plazo para que así pueda aumentar la producción industrial, para que pueda aumentar la demanda eléctrica y también para que con ello puedan aumentar los ingresos derivados del sistema. Eso por el lado de los ingresos. Pero eso, señorías, es solo una parte. De hecho, hay que señalar que esa caída de ingresos a lo largo de los últimos años, en concreto desde el año 2004 hasta 2011, ha sido del 10 por ciento. Más grave ha sido en la configuración del déficit tarifario el lado de los costes, porque entre el período que va del año 2004 hasta el año 2011, el incremento de los costes atribuidos al sistema está en un 140 por ciento, y dentro de tales costes, el incremento en el coste de las primas a renovables ha subido por encima de un 400 por ciento.
Señorías, el Gobierno tiene un compromiso claro, el Gobierno tiene un compromiso inequívoco, el Gobierno tiene un compromiso irreversible con las energías renovables, con un mix energético donde las energías renovables tengan un papel importante. Durante su discurso de investidura, el presidente del Gobierno dijo textualmente que la política energética en España debe buscar un equilibrio adecuado entre sus objetivos para incrementar la competitividad, para procurar una mayor seguridad en el suministro y también para dotar de mejores efectos al medio ambiente. Ayer, el presidente del Gobierno volvió a reiterar aquí su compromiso con la competitividad y con la disminución en el coste de la energía. Sin embargo, señorías, en los últimos años, el aumento de las tecnologías que se incluyen dentro de lo que se define como régimen especial ha superado con creces, tal como antes indicaban los datos, los objetivos del Plan de energías renovables para 2005-2010. De hecho, quiero resaltar también que la potencia eléctrica total instalada en España en el año 2011 es de 106.000 megavatios, sin embargo, la demanda punta no llega ni siquiera a 40.000. La superación de los objetivos del Plan de energías renovables 2005-2010 ha generado, por tanto, el desequilibrio que hoy traemos como objeto de este real decreto.
Por todo ello, parece de sentido común, para abordar el problema de la tasa de incremento del déficit tarifario, limitar el aumento en el sobrecoste incorporado directamente a las energías incluidas en el régimen especial. No es, en modo alguno, una medida aislada. Forma parte de un paquete de medidas en las que ya está trabajando la Secretaría de Estado de Energía. Pero era un paso previo necesario para abordar de raíz el déficit de tarifa.
¿Cabrían otras alternativas distintas a las medidas contenidas en este real decreto? Muy probablemente. Cabría no hacer nada, cabría la inacción, pero eso, señorías, nos llevaría a convertir lo que hoy es un problema solo del sector energético a que, a la vuelta de unos años, pudiera verse convertido, por esa tasa de acumulación progresiva del déficit, en un problema financiero similar al que hoy tenemos en otros ámbitos de la economía española.
Quiero informar en esta Cámara, señorías, que en paralelo a la aprobación de este real decreto por parte del Consejo de Ministros, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo envió a la Comisión Nacional de la Energía un oficio solicitando a este órgano regulador un pronunciamiento sobre los aspectos que considera relevantes con el fin de definir un nuevo marco regulatorio, y en particular que hiciera referencia a los siguientes aspectos: en primer lugar, respecto a las retribuciones de las actividades reguladas; en segundo lugar, respecto a la justificación de las cuantías de los activos declarados, y, en tercer lugar, respecto a las necesidades de inversión, respecto a los planes de inversión de los distintos operadores.
El Gobierno respeta en toda su integridad el compromiso europeo de que en el año 2020 el 20 por ciento de la energía final consumida provenga de fuentes renovables. El margen de maniobra disponible al efecto es más que evidente con los datos de ejecución de que hoy disponemos. Además, señorías, es conveniente que el nuevo marco regulatorio recoja los efectos sobre los costes de la maduración tecnológica que se han operado en el sector a lo largo de los últimos años, así como el efecto aprendizaje de las instalaciones ya existentes; tales efectos deberán revertir en última instancia en beneficio del consumidor.
Al propio tiempo, quiero señalar que el real decreto que hoy se trae para su convalidación a esta Cámara considera que el sistema de balance neto es una alternativa real al desarrollo de instalaciones de pequeño tamaño en función de que fomenta el autoconsumo de energía eléctrica en pequeñas instalaciones. Hay ya un proyecto de real decreto que se ha enviado a la Comisión Nacional de la Energía que, en cuanto llegue al ministerio, será remitido al Consejo de Estado para su preceptivo informe.
Señorías, el real decreto no solo no supone paso atrás alguno en el apoyo al desarrollo de las tecnologías renovables de cogeneración o biomasa, antes al contrario, deben saber sus señorías que el Gobierno sigue apoyando todo tipo de instalaciones de esta naturaleza sin impedimento legal alguno y con la posibilidad de verter la energía que generan en la red, eso sí, con la remuneración resultante del mercado, y será el promotor de dichas instalaciones quien asuma el riesgo de su inversión, pero sin prima generadora de déficit tarifario, que en estos momentos ni el sistema ni la economía española puede seguir permitiéndose. La temporalidad de la suspensión, por tanto, no afecta en modo alguno a la planificación de la actividad empresarial, ya que cada promotor tiene la libertad de proceder o no a acometer inversiones siempre que las considere oportunas, eso sí, sin que estas temporalmente estén primadas.
El real decreto, señorías, no aspira a ser la única medida para sentar las bases para disminuir el déficit tarifario, al contrario, hay que interpretarlo como una condición necesaria para iniciar la reconversión y la reconducción de este problema, una condición necesaria que requiere ser acompañada de otras medidas en las que ya está trabajando la Secretaría de Estado de Energía, otras medidas que incidirán directamente en la estructura de otros costes y también medidas que van a influir directamente en la estructura de los ingresos. Señorías, serán medidas de las que tendrá cumplida cuenta esta Cámara una vez que estén desarrolladas y llevadas al Gobierno. Todas ellas estarán dirigidas a disponer de un sistema energético que sea seguro, con garantía de suministro, eficiente, y con una estructura de ingresos y costes que permita un coste razonable para las familias, las personas y las industrias, y que nos permita competir con economías de nuestro entorno, sobre todo con aquellas con las que competimos más directamente con una similitud en cuanto a los costes. Será un sistema energético que combine con el máximo equilibrio posible las tecnologías y formas de obtener energía eléctrica, sin infrautilizar ningún tipo de fuente energética. España es un país muy dependiente del exterior desde el punto de vista energético, y por tanto la economía española no puede permitirse infrautilizar ningún tipo de recurso energético autóctono, y mucho menos infrautilizar instalaciones energéticas cuya vida útil permite seguir obteniendo de ellas energía eléctrica a un coste más reducido.
Esta, señorías, no será la única medida que el Gobierno tomará respecto a la energía. Los problemas de déficit y de su acumulación exigen medidas de calado en la vertiente de los ingresos y en la vertiente de los costes. Por ello el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ya trabaja en ellas. Pronto estarán preparadas para ser llevadas al Gobierno, y con posterioridad a esta Cámara.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchísimas gracias, señor ministro.
¿Algún grupo parlamentario desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Segura Clavell.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señor ministro, señorías, la posición inequívoca del Grupo Parlamentario Socialista con respecto a la convalidación de este real decreto-ley que se nos presenta, y que acaba de ser defendido por el ministro del ramo, no es otra más que el no. Nuestra posición es negativa porque entendemos que este real decreto-ley es inútil incluso para los fines que dice perseguir y que defendió el ministro, y es inútil también por sus negativos efectos sobre la industria y el empleo en España. Además, con su contenido imperativo, imposibilita la consecución de los objetivos ambientales del 20-20-20 a los que nos hemos comprometido como Estado con los socios comunitarios, y que han sido refrendados por las Cortes Generales. Con el real decreto-ley que se pretende convalidar se produce un parón en la instalación de nueva potencia renovable con prima mediante la supresión de los procedimientos de preasignación de retribución y de los incentivos económicos, tanto a las energías renovables como a la cogeneración y a la producida a partir de residuos.
Señor ministro, usted lo ha justificado con el pretendido ahorro de más de 7.000 millones de euros que iban a destinarse a las primas al régimen especial en el año 2012, de los cuales el 70 por ciento corresponde a las renovables. Nosotros entendemos y estamos en condiciones de defender que esta supresión —que no es suspensión temporal, porque no se establece la temporalidad ni se cuantifica el periodo de tiempo de la suspensión— va a evitar, según nuestro criterio, la instalación con primas de más de 500 megavatios renovables en toda España. Esta potencia va a evitar el pago de incentivos de más de 200 millones de euros, no de más de 7.000 millones de euros. En primer lugar, entendemos que el real decreto-ley crea una imagen falsa en la opinión pública sobre los causantes del déficit de tarifa. Se criminaliza a las energías renovables haciéndolas aparecer como las únicas causantes del problema, cuando saben sus señorías que este es el resultado de un sistema regulatorio inadecuado que ya no funciona como asig-nador eficiente de precio, que no recoge los costes reales del sistema ni los costes reconocidos se transmiten después a los consumidores. Creemos que desde la óptica de una política de Estado existe la obligación de tener presente que el desarrollo que han experimentado las renovables no ha sido excesivo, ha sido un desarrollo de éxito, nos ha convertido en campeones en el mundo —permítanme esta terminología deportiva— en la implantación de energías renovables en los distintos sectores: eólico, biomasa, en todos los que podamos enumerar. Nos imitan países como Alemania, Japón, Estados Unidos, y hemos creado unas industrias superespecializadas generando tecnologías, avanzando en I+D, produciendo empleo, generando riqueza, haciendo aportación al desarrollo de nuestro país.
Si con este sistema ha habido años en los cuales el déficit de tarifa ha sido igual o superior al total de las primas a las energías renovables es evidente que hay otros factores que influyen de manera importante en el resultado final, por lo que nosotros defendemos que cualquier medida de este tipo, parcial, como la que ha traído el señor ministro, tendría que enmarcarse en una reforma global del sistema. De la misma manera que existe el Libro Blanco de la energía en el seno de la Unión Europea, que mandata a los países miembros a elaborar el equivalente, en una especie de trasposición homotética del libro blanco en cada uno de los países, señor ministro, no pierda la oportunidad, tráiganos un libro blando de la energía, le costará dos o tres meses elaborarlo; la documentación está, las líneas de trabajo están, y también la resolución espléndida que la pasada legislatura de estas Cortes Generales trajo consigo, la creación de una subcomisión especializada que durante cuatro años condujo a la elaboración de un documento que obra en el ministerio, que está a disposición de todos y cada uno de los miembros de esta Cámara, y que además constituye el software básico para la elaboración de ese libro blanco.
Señor ministro, según datos que obran en poder del Grupo Parlamentario Socialista, a modo de curiosidad, podemos decirle que si analizamos por comunidades autónomas y nos fijamos en algunas de ellas, la paralización que va a experimentar un montón de sectores resulta espectacular. Comencemos, por ejemplo, con Andalucía. Nos encontramos con que actualmente hay en Andalucía instalaciones de solar térmica de baja temperatura de casi 715.000 metros cuadrados de superficie, instalaciones de termosolar con 548 megavatios, el 58 por ciento de los instalados en España, 207 mega-vatios de generación eléctrica con biomasa, 630.000 toneladas equivalentes de petróleo en biomasa para uso térmico exclusivo, 815.000 toneladas equivalentes de petróleo en capacidad de producción de biocarburantes, 769 megavatios en fotovoltaica, 3.055 megavatios en eólica. Y esto solo en la comunidad andaluza. ¿Somos capaces de evaluar o de expresar lo que significan los datos que acabo de dar y que se han generado en una década? ¿Lo que significa de I+D, de nuevas instalaciones, de avance en la lucha contra uno de los graves riesgos que asolan, amenazan a la humanidad, que es el cambio climático, el calentamiento global derivado de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera? Con esas instalaciones que he mencionado en Andalucía se coadyuva a la disminución de esa emisión de gases nocivos que tan largo periodo de vida tienen en la troposfera y en la estratosfera.
Señorías, ¿qué va a ocurrir en Andalucía? Les he mencionado el conjunto tecnológico del que nos sentimos satisfechos y que ahora ya está consolidado. ¿Pero qué es lo que se va a frenar en Andalucía con este real decreto-ley? Con este real decreto-ley se van a frenar proyectos de 260 instalaciones de biomasa, de biogás, de cogeneración, de eólica, de fotovoltaica, de residuos, de termosolar, instalaciones que ha priorizado la comunidad andaluza que están pendientes de instalación ni más ni menos que en 137 municipios en Andalucía, en todas sus provincias. Son unos proyectos que permitirían incorporar teóricamente, si se ejecutasen, más de 5.300 megavatios de potencia obtenida de fuentes renovables, que supondrán 14.000 millones de euros de inversión y que generarán más de 50.000 empleos. Y ahora esto se paraliza sobre la base no suficientemente razonada de naturaleza exclusivamente económica, de naturaleza exclusivamente numérica, muy discutible por cierto, en base al déficit tarifario.
Pero, señorías, señor ministro, en Extremadura, otra comunidad con unas características idóneas para la potenciación de elementos de energía renovable, hay actualmente 3.787 megavatios de fotovoltaica, 632 de termosolar, 20.744 megavatios de eólica, 825 megava-tios de biomasa y de biogás. Y esto es fruto de qué. Es fruto del éxito del Plan de energías renovables, cuyos objetivos usted dice que se han rebasado. Pero si tenemos que aplaudir a las comunidades autónomas, a los empresarios, a los trabajadores, a los tecnólogos nuevos. Tenemos que sentirnos muy satisfechos. Avancemos todavía más. ¿Cómo se les ocurre paralizar una de las joyas de la corona tecnológica, económica, de empleo, de nuevas tecnologías en nuestro país? (Aplausos.) ¿Y qué es lo que se va a paralizar, señoría? Se van a paralizar en Extremadura 80 megavatios en fotovoltaica, 200 megavatios en termosolar, 550 mega-vatios en eólica, 70 megavatios en biomasa y biogás —¡es asombroso!— que van a generar del orden de 10.000 puestos de trabajo y —reitero— que van a coadyuvar en la gran lucha de la humanidad contra el calentamiento global. Y de eso usted no ha hecho ni la más mínima referencia. Claro, está cuadriculado con los numeritos que le dicta el señor Guindos.
Permítame que le indique también otra comunidad, la gallega. Usted bien sabe que los presidentes de las comunidades gobernadas por el Partido Popular se han dirigido a la señora Cospedal, a la dirección nacional del Partido Popular, para decirle: frenen esto, que es un disparate; frenen un poco al señor Soria y a su staff. Le he mencionado Andalucía, le he mencionado Extremadura, y le voy a mencionar Galicia. En Galicia los dirigentes de la comunidad gallega, según he leído en medios de comunicación y no ha sido desmentido, han propuesto al ministerio que se mantengan las ayudas para los parques eólicos de la región en función de la caracterizada, consolidada y comprobada eficacia en lo que se refiere a rendimientos y a la optimización de los recursos energéticos. En concreto lo piden para aquellos que alcanzan las 2.500 horas de viento al año, teniendo en cuenta que la media de los parques españoles es de 220.000 horas al año; los gallegos superan los 2.600, y es posible incrementarlo con algunos parques que pueden llegar a los 3.500. Con ese panorama de esa intensidad eólica, en Galicia ni más ni menos esta moratoria, porque es una moratoria, va a dejar en el aire concursos autonómicos con una potencia conjunta, señor Soria, de 11.000 megavatios, con lo que eso significa. Estos proyectos ya contaban con el permiso de la Administración autonómica, tenían pendiente el visto bueno del ministerio para entrar en el registro de preasignación, al que usted ha hecho referencia, y este real decreto-ley lamentablemente deja sin ayudas públicas a las inversiones que no figuran en ese registro estatal.
Pero si seguimos con otras comunidades —porque es evidente que son ámbitos competenciales de ayuntamientos y Administración autonómica—, por ejemplo en Castilla y León —porque el tiempo no da para más— está documentada la información que le transmite este interviniente, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, de que son 1.750 megavatios los que se frenan; en Cantabria 1.336; en la Comunidad Valenciana 350; en Canarias 600. ¿Verdad que le suena lo de Canarias? ¿Cómo es posible que en una comunidad como Canarias, que en efecto son seis sistemas ter-moenergéticos aislados, porque el kilovatio/hora que se produce en cada isla se consume en cada isla, no puede recibirse de la isla de al lado ni tampoco desde luego transmitirse a la isla de al lado, el 99 por ciento del kilovatio/hora que consumimos quienes allí residimos, las industrias, los particulares, proceda del fueloil, del gasoil, de tecnologías primitivas, tecnologías de la década de los cuarenta? ¿Cómo es posible que usted no sienta un poco de sonrojo y de tristeza? Intuyo que la tiene, aunque a usted no le criminalizo. Criminalizo el contenido del real decreto-ley. En Canarias hay que aprovechar ese artículo 3 del real decreto-ley; en Canarias y en toda la península.
El Partido Socialista —su Comisión Ejecutiva Federal— hace dos días sacó un comunicado y le pidió que retirase este real decreto-ley. ¿Cómo lo va a retirar teniendo mayoría absoluta y en condiciones de votarlo plenamente? Nosotros lo que le pedimos, si no lo retira, es que reconduzca el artículo 3 y posibilite que todas esas peticiones a las que he hecho referencia puedan materializarse. Canarias, las regiones ultraperiféricas como Ceuta, Melilla y la Comunidad balear, aunque ésta con otras características y otro tipo de conexión gasístico y a través de un cable tendido por red eléctrica con la península, no tienen los problemas de las extrapeninsu-lares. Lo ha sacado de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, donde lo introdujo el anterior ministro, y lo mete en el déficit tarifario, incrementándolo. Pero desde el punto de vista político un demócrata no puede seguir soportando que a base de martillazos de reales decretos-leyes se destroce un mix energético y se produzca un retroceso. Somos demócratas, señor Soria. Traiga un proyecto de ley; traiga un libro blanco.
Señor ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, gracias, señor Segura, por su intervención, por el tono de la misma e incluso por el contenido. Alguna de las cosas que ha dicho las comparto, la mayoría no, pero en todo caso se lo agradezco. Ha terminado usted su intervención diciendo que un demócrata no debe gobernar sobre la base del real decreto. Este es el real decreto uno del año 2012, por lo tanto el primero que este Gobierno ha adoptado en este año. Creo que debería mirar usted hacia otro lado si quiere encontrar verdaderos especialistas en gobernar a través de reales decretos, en vez de hacerlo a través de proyectos de ley en esta Cámara. (Aplausos.)
Señor Segura, este real decreto no solo no es negativo para la industria, sino que es justamente lo contrario. Y no es lo contrario por el hecho de que este real decreto vaya a terminar con el problema que nos trae hoy aquí, que es el problema del déficit tarifario, sino porque el problema del déficit tarifario, de no ponérsele solución, va a derivar en un problema mucho más serio para la industria, para la economía y para el empleo. Por tanto no solo no es un real decreto que va en contra de la industria, sino todo lo contrario. Lo que pretende y a lo que aspira es a sentar las bases para que, una vez que se complete con el conjunto de medidas sobre reformas energéticas que el Gobierno ya está preparando, podamos disponer de un sistema energético que no sea tan vulnerable como lo es hoy a los incrementos de costes, a las disminuciones de ingresos, y por lo tanto a la generación de déficit eléctrico.
Dice usted que el real decreto supone un parón al desarrollo de las energías renovables; no es así. No es así porque en España hay plena libertad para cualquier operador para establecer una instalación eólica, fotovol-taica, termosolar, de cogeneración, de biomasa, de biogás. No hay ningún tipo de restricción por parte del ministerio. Cuestión distinta es que luego una comunidad autónoma o un ayuntamiento decida dar o no la autorización administrativa, decida o no dar la licencia municipal. En lo que respecta a las competencias del Gobierno, del Ministerio de Industria, no hay ningún tipo de restricción. Por tanto no es verdad que haya parón.
Le diré algo más. Llevo cinco o seis semanas en el ministerio y a lo largo de este tiempo —ya antes de este real decreto— han venido operadores de dentro y de fuera de España al ministerio plateando proyectos de energías renovables que estuviesen remunerados a precio de pool sin ningún tipo de prima. La pregunta relevante es: ¿por qué hay algunos operadores que con la tecnología disponible hoy —porque lógicamente el coste de la tecnología ha ido disminuyendo a lo largo de los últimos años— están dispuestos a hacer inversiones al margen de las primas, y hay quienes solo pueden afrontar estas inversiones con primas? ¿Tendrá algo que ver eso con la generación de expectativas, absolutamente legítima en todo caso? No tiene que ver con el hecho de que los costes no lo permitan. Hay operadores que están dispuestos a hacerlo.
Señor Segura, yo no dije que con este real decreto se fuese a producir un ahorro de 7.200 millones de euros en el año 2012. Yo dije que los 7.200 millones de euros —y si me expresé mal le pido disculpas, aunque yo creo que usted no me entendió bien— eran el importe de las primas a renovables dentro de la estructura total de costes prevista para el año 2012. Y dije que de esos 7.200 millones previstos para el año 2012 solo las energías renovables iban a comportar un 39 por ciento la eólica, la fotovoltaica y la termosolar. No estamos diciendo que con este real decreto en el año 2012 ya desaparezca el déficit tarifario. Es más, yo le digo que en el año 2012 con este decreto va a seguir habiendo déficit tarifario, porque este real decreto —por cierto, a diferencia de los reales decretos del año 2009 y a diferencia del real decreto del año 2010— no tiene carácter retroactivo. Yo creo que usted recordará que aquí a esta Cámara vinieron decretos que usted mismo apoyó —mi grupo parlamentario no— que a diferencia de este decreto llevaban efectos retroactivos, y sin embargo usted no tuvo ningún inconveniente en apoyar aquellos decretos. (Aplausos.)
Por tanto, señor Segura, no tiene ninguna intención ni es el objeto de este real decreto crear una imagen falsa sobre las energías renovables en la opinión pública. Al contrario, he hablado en mi primera intervención de que una de las prioridades de este Gobierno es el real decreto de balance neto que va a permitir que en una familia pueda haber una instalación en una casa de una placa fotovoltaica para poder tener autocon-sumo, para que si tiene sobrante de autoconsumo pueda verterlo a la red, para que haya un balance y que después no tenga que pagar el día que tenga una demanda superior a ese consumo que le genera su placa, y eso va a impulsar no solo la cultura de utilización de renovables en general, sino particularmente para cada uno de los usuarios particulares.
Comparto con usted lo que ha dicho en relación con el potencial exportador evidente que tiene esta industria. Soy muy consciente del posicionamiento que tienen las empresas de energía en general y particularmente las de energías renovables en el resto del mundo. Este real decreto no afecta en absoluto al posicionamiento de estas empresas en los mercados exteriores en los que tienen inversiones; no afecta en absoluto. Eso dependerá de las reglas de juego que haya en esos mercados, pero creo que esta industria está lo suficientemente madura como para que pueda seguir exportando cada vez más y seguir siendo, tal y como usted ha indicado, una industria de exportación puntera en nuestro país.
¿Hay otros factores —se preguntaba usted— que influyan en la generación del déficit aparte de las renovables? Claro que sí; no he negado en ningún momento de mi intervención que esta sea una medida que tenga que ser complementada con otras. Ahora bien es una medida que también comporta un componente importante de mensaje al sistema de que no podemos seguir asumiendo que el déficit tarifario siga subiendo como lo ha hecho a lo largo de los últimos años. Miren ustedes, señorías. (Muestra un gráfico.) Año 2003: el déficit acumulado era de 1.344 millones de euros. Pero quiero decir que en el año 2003 no se generó déficit tarifario; esa cuantía venía del déficit acumulado en los años 2002, 2001 y 2000. En tres años 1.344 millones de euros, porque en el año 2003 propiamente dicho no se generó déficit. Y a partir del año 2004 incluso disminuye, porque tampoco se generó déficit en 2004. Cuando empieza la carrera alcista en el déficit tarifario es curiosamente a partir del año 2005. Fíjense ustedes: 2005 —lo pueden ver aquí—, 5.752 millones de euros, que ya en 2006 habían pasado a 8.601; que ya en 2007 eran 13.557; que ya en 2009 eran 16.265, y así en una curva ascendente que pueden ver hasta llegar a la cifra de déficit acumulado en el año 2011. Señorías, como antes les decía, es evidente que si siguen las cosas como están lo que hoy es un problema del sector energético podría traducirse en un problema serio adicional del sistema financiero. Estamos en la obligación de tomar medidas para intentar paliarlo.
Decía el señor Segura que afecta a distintas comunidades autónomas. Es verdad. Y le diré más, hay comunidades autónomas que han planteado al ministerio dejar fuera el tema de la cogeneración porque en esa comunidad autónoma es la fuente que más interesa. Otras han pedido dejar fuera la biomasa. Otras la eólica. Y otras la fotovoltaica o la termosolar. La pregunta relevante es: si hacemos una excepción, ¿cuál es el fundamento que tenemos para no hacerla en el resto de las comunidades autónomas? ¿Qué criterio seguimos? En segundo lugar, si aceptamos todas las excepciones, ¿qué hacemos con el real decreto? Y si no tenemos real decreto, ¿qué hacemos con el déficit tarifario? Me decía el señor Segura: ¿por qué no hacen un libro blanco? A mí me parecen muy bien todas las reflexiones profundas y análisis que se hagan durante mucho tiempo y que queden reflejadas en un libro blanco, en un libro verde o en un libro rojo, pero en este momento tenemos que adoptar medidas respecto a las cuales no tenemos tiempo, porque si no empezamos a adoptar esas medidas, el problema del déficit tarifario se va a convertir en un problema mucho más serio del que tenemos.
Es verdad que algunas comunidades autónomas obtienen a través de estos proyectos recursos que les vienen bien a sus arcas en un momento en que hay una restricción creciente de recursos, y eso no lo voy a negar. La pregunta es: ¿tiene que ser el sistema de energías renovables el sistema a través del cual se financien las comunidades autónomas o las corporaciones locales? ¿Tiene que ser ese el sistema a través del cual se les inyecten recursos y en paralelo eso supone un incremento en el déficit acumulado de tarifa, o bien las medidas que hay que adoptar son aquellas que ha traído ante esta Cámara el ministro de Hacienda, para establecer medidas que puedan desahogar los pagos de las comunidades autónomas y de las entidades locales a los proveedores, a través de créditos ICO? Yo creo que eso sí que son medidas relevantes para aligerar las cuentas públicas y los déficit de las comunidades autónomas, pero no es muy acertado —lo digo con todo el respeto— plantear un sistema de financiación a base de incrementar paulatinamente el déficit tarifario.
He creído entenderle que es una medida discutible en derecho, no sé si le he entendido bien. De acuerdo con los informes de la Abogacía del Estado del ministerio —que son los informes por los cuales creo que deben guiarse las decisiones del ministerio— este es un real decreto cuyas medidas están plenamente adaptadas a derecho. Usted me decía que discutía esa legalidad y, sin embargo, no discutió la de los decretos de los años 2009 y 2010. Yo tampoco discuto la legalidad de aquellos decretos, cuestión distinta es que no compartiéramos el contenido. Como digo, yo tampoco la discuto pero quiero poner de manifiesto lo curioso que me parece que usted no discuta en absoluto la legalidad de unos preceptos que introducen retroactividad sobre determinados derechos y en cambio esta, que es una medida que establece efectos cara al futuro, usted la discuta en derecho; en todo caso tiene su perfecto derecho. La pregunta relevante que debemos hacernos es si, en una economía cuyo sistema eléctrico tiene una capacidad de potencia instalada de 106.000 megavatios y una demanda punta que no llega a 40.000, hemos de seguir aumentando hoy esa capacidad de potencia instalada. ¿Tenemos hoy en España un problema de suministro de energía? ¿Debemos seguir incrementando además esa capacidad potencial instalada —que más que dobla la demanda punta— a través de primar justamente aquellas energías que más caras son precisamente por ese sistema de primas? Nosotros entendemos que no, señoría; creemos que es el momento de hacer una reflexión y, temporalmente, ver cuáles son los efectos de esta medida, junto a otras que también traerá el Gobierno ante esta Cámara.
Finalmente una consideración respecto a lo que ha comentado de Canarias. Usted sabe como yo, señor Segura, que Canarias tiene un régimen especial, pero no por este real decreto ni porque usted y yo seamos canarios; tiene un régimen especial porque el sistema eléctrico en Canarias no tiene nada que ver con el sistema eléctrico del resto de España. Si por ejemplo en Extremadura se da un cero o un apagón total, el Sistema Eléctrico Nacional puede alimentarlo con energía que puede venir de cualquier otra parte de España, porque hay una interconexión en toda la península Aquí, en la Península, estamos interconectados con Portugal y con Francia; otra cosa es que tengamos que mejorar las interconexiones, que también vamos a mejorar. Ahora bien, cuando se da un cero en la isla de El Hierro no hay manera de traer luz de La Gomera; cuando se da un cero en la isla de La Palma no hay manera de traer energía eléctrica de la isla de Gran Canaria, porque en Canarias no hay un solo sistema eléctrico, hay seis, señorías, porque las islas de Lanzarote y Fuerteventura son las únicas que están interconectadas. En Canarias —tal como usted ha señalado muy bien— resulta que producir es mucho más caro que en el resto de España. ¿Por qué? Porque en Canarias, por la distancia, lógicamente, es mucho más costoso llevar los inputs y las materias primas. Se da otra circunstancia en Canarias, por la abundancia de horas sol, superior al resto de España, y por la abundancia de horas viento, superior al resto de España; se da la paradoja de que es más barato producir con energías eólicas y solares fotovoltaicas que producir por ejemplo con las fuentes de energía primarias convencionales. Claro que Canarias tiene un régimen especial pero, insisto, no por este decreto, ni antes del decreto, ni después del decreto. Canarias tiene un régimen especial, porque si no existiera tampoco existiría el régimen conocido como de los costes de las extrapeninsulares, que justamente están destinados a paliar el aumento de coste que se produce en Canarias y en Baleares, aunque Baleares, como usted ha señalado también, es un archipiélago que tiene una conexión con el resto de España, con la Península.
Señoría, como le decía al principio, algunas de las cosas que ha planteado las comparto, la mayoría no. Este es un real decreto que no solo no desfavorece a las energías renovables, sino que estas pueden seguir instalándose con absoluta libertad en cualquier parte de España. Quiero subrayar que hay iniciativas para instalar energías renovables sin que tengan que estar primadas. Una de las grandes ventajas del desarrollo de estos sistemas a lo largo de los últimos quince años ha sido precisamente que se ha podido disminuir el coste, que nos ha hecho competitivos y que además nos permite exportar esa tecnología, invertir fuera y posicionarnos en el resto del mundo.
Vamos a pasar al turno de fijación de posición. (El señor Segura Clavell pide la palabra.) ¿Señor Segura?
El señor SEGURA CLAVELL: Pido un turno de réplica. El Reglamento lo posibilita.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No ha sido usted muy contradicho, pero tiene tres minutos.
Señor ministro, desde hace treinta años he publicado artículos académicos sobre el sistema energético canario. Entiendo que ni usted ha pretendido darme clases ni yo pretendo darlas; conocemos la singularidad, y vamos a dejarlo así. Desde el ejercicio responsable de su ministerio, desde luego le pido, utilizando el artículo 3, que posibilite el relanzamiento, el aprovechamiento de un contenido energético que nos caracteriza. Tenemos una energía propia: el viento, el sol, la masa forestal; y así ocurre en otras comunidades. Primer aspecto. Segundo, señor ministro, soy un veterano parlamentario de este grupo, del Grupo Parlamentario Socialista; he vivido varias legislaturas, he votado reales decretos-ley y tenía la misma sensación: alguna vez hay que parar. Aprovechen la oportunidad de esta mayoría absoluta. Haga un proyecto de ley nuevo del sistema eléctrico nacional. No lo saque fraccionadamente, sector por sector. Tercera consideración. Desde esa veteranía a la que he hecho alusión, recuerdo, gobernando don José María Aznar en el año 1997 y teniendo como ministro de Hacienda al señor Rato y como ministro del ramo al señor Piqué, colega suyo, la modificación de la Ley del Sector Eléctrico nacional y aquella fórmula tan discutida, de la que tanto se beneficiaron los grandes lobbies energéticos españoles, que fue el coste a la transición. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) En el año 2005 —porque usted ha empezado desde 2003— se acumularon 8.500 millones de euros de beneficio para los grandes operadores derivados de ese coste de la transición. No tengo el más mínimo rubor, ni mi grupo parlamentario, de mirar hacia atrás y desde luego de mirar hacia delante en un plan constructivo y positivo.
Hay mucho por hacer. Se ha celebrado la cumbre de Copenhague, la de Durban, la de Cancún, y se avanza, se diga lo que se diga, en esa lucha mundial que tiene la humanidad contra el cambio climático. ¿Cómo es posible que este país, que ha sido abanderado de nuevas tecnológicas, dé este paso atrás? Por último, coja la prensa de hoy y de toda la prensa regional, de todas las comunidades autónomas, y se quedará escandalizado porque ponen el grito en el cielo con respecto a la convalidación de este real decreto-ley. Sugiera a sus compañeros paralizarlo e intentar reconducir una situación que en nada nos beneficia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura.
Tiene la palabra el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señor Segura, sabe que le tengo un gran respeto y un gran afecto. Sé de su especialidad en materia industrial y energética y sé de su actividad muy prolífica escribiendo. Yo tengo que confesarle que en treinta años he escrito muchos artículos, pero no de energía, sin embargo respeto mucho los que usted ha escrito. Eso no significa que en mi condición de ministro de Industria y Energía no pueda traer hasta esta Cámara algunas decisiones y medidas como las que están incluidas en este real decreto, porque están inspiradas, estudiadas y analizadas por expertos en energía, que los hay, y muy buenos, en el Ministerio de Industria y Energía, que tienen un conocimiento del sector muy profundo y en los cuales, a los efectos de medidas de carácter técnico como estas, baso prácticamente el cien por cien de la decisión. Yo no soy un veterano parlamentario. De hecho, me he estrenado en el día de hoy ante esta Cámara, he estado algunos años en el Parlamento de Canarias, pero yo celebro que después de tantos años de veteranía que usted tiene en este Parlamento hoy por fin haya manifestado su deseo de que no sea una práctica habitual gobernar a base de decretos-leyes. Lo único que lamento es que no expresara exactamente lo mismo hace muy poco tiempo, cuando no gobernaba mi partido sino el suyo. (Aplausos.)
En tercer lugar, en relación a los costes de transición a la competencia es verdad que las medidas para paliar el déficit de tarifa en su doble componente —tanto paliar el déficit acumulado como taponar el ritmo de crecimiento anual del déficit— no pueden ser solo medidas por el lado de los ingresos ni de los gastos, no pueden ser solo medidas por el lado de los costes que afecten a las renovables. Por eso he insistido tanto a lo largo de mi exposición en que lo que hoy se trae aquí es un conjunto de medidas que forman parte de un todo, en las que está trabajando ya la Secretaría de Estado de Energía y que, en cuanto estén culminadas, serán llevadas al Gobierno y luego traídas a esta Cámara.
Culminado el turno en contra pasamos ahora al turno de fijación de posiciones de los grupos. Comenzamos con el Grupo Mixto, que tendrá tres intervinientes, y empieza el señor Jorquera.
Señorías, señor ministro, el Bloque Nacionalista Galego va a votar en contra de la convalidación de este decreto-ley, y lo haremos por dos motivos fundamentales: el primero, porque consideramos que los efectos de este decreto, pese a que usted lo niegue, serán la paralización de las inversiones y de la puesta en marcha de nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de las fuentes renovables. El Gobierno apela al incremento del sobrecoste por el concepto de primas para justificar este decreto, pero no tiene en cuenta otros factores extraordinariamente relevantes. Primero, las energías renovables son las responsables de que España haya dejado de ser importadora de energía eléctrica en términos netos. Segundo, su aportación a reducir las emisiones de CO2 y la dependencia de los combustibles fósiles no solo es importante por razones medioambientales, también lo es desde el punto de vista económico en la medida en que reduce nuestra dependencia energética y contribuye a equilibrar la balanza comercial. En tercer lugar, además, las energías renovables constituyen un sector económico emergente, formado por empresas con importante presencia en el exterior y con una importante aportación de conocimiento, tecnología y valor añadido a la actividad económica. En definitiva, es un sector fundamental para modificar el patrón de crecimiento que nos llevó a esta crisis económica. Segundo motivo de nuestra oposición: la tramitación de esta norma no ha sido consensuada con las comunidades autónomas, pese a que tienen importantes competencias en la materia. Les recuerdo, señores del Grupo Popular, que su partido criticó con dureza el borrador de real decreto que el anterior Gobierno presentó en octubre de 2011 y que pretendía una rebaja de las primas del 44 por ciento. Ahora, ustedes abrazan de manera entusiasta su total y definitiva desaparición. El propio conselleiro de la Xunta de Galicia afirmaba que aquel borrador restaba competencias a las comunidades autónomas, primaba la ineficiencia y generaba inseguridad jurídica en los inversores. Señorías, todo esto es de aplicación con mucho más motivo a este decreto; un decreto que además será muy perjudicial para Galicia, donde las energías renovables deben favorecer la industrialización de nuestro país e inducir inversiones asociadas. De hecho, señorías, en 2008 en Galicia se puso en marcha un ambicioso concurso eólico que aseguraba una inversión en nuestra tierra de 1.400 millones de euros. A pesar de ser revocado este concurso por el actual Gobierno autonómico, el Gobierno del señor Feijóo tramitó un nuevo concurso que, según sus propios datos, por muy exagerados que fuesen, conllevaría una inversión de 3.500 millones de euros y el compromiso de realizar proyectos industriales asociados por valor de otros 3.000, así como la creación de 14.000 puestos de trabajo. Un plan que ahora este decreto deja total y absolutamente en papel mojado. En suma, este decreto frena en seco el desarrollo de las energías renovables, confiando el futuro energético del sector español a los intereses de las grandes compañías eléctricas y a la dependencia de los recursos exteriores. Además, este decreto impide que Galicia pueda desarrollar su economía y su sector energético a partir del aprovechamiento integral de recursos renovables endógenos. Estas, señor ministro, son las razones de nuestra rotunda oposición.
Permítame, antes de concluir, hacer otras dos consideraciones. En primer lugar, cualquiera que sepa escuchar entre líneas, después de haber oído su intervención llegará a la conclusión de que lo que ustedes pretenden es nucleares sí, renovables no. Eso es lo que se esconde claramente en este decreto. Además, si quieren modificar, si quieren corregir el déficit tarifario, les propongo que modifiquen la Ley del Sector Eléctrico, una ley heredada del Gobierno Aznar, una ley que el Gobierno presidido por José Luis Rodrí guez Zapatero no tuvo la valentía de modificar. Modifiquen la Ley del Sector Eléctrico para evitar, entre otras cosas, lo que en el sector se conoce como beneficios caídos del cielo, fruto de la sobrevaloración de los costes de generación de la energía nuclear y de la energía hidroeléctrica, instalaciones que están total y absolutamente amortizadas y que proporcionan a las compañías eléctricas unos beneficios total y absolutamente escandalosos. Empiecen por ahí, en vez de decir no a las energías renovables. Muchas gracias.
Continúa ahora la señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señor presidente, señoras y señores diputados, señor ministro, empezaré con una constatación, las energías renovables son el futuro, pero lejos de apostar por este futuro, mediante este real decreto este futuro lo van a obstaculizar en beneficio de la patronal eléctrica, de cinco grandes empresas, casualmente las cinco participadas en buena parte por bancos y fondos de inversión. Esquerra defiende las energías renovables básicamente por tres motivos: el primero, porque son energías limpias, también porque son energías propias y, básicamente, porque además son energías generadoras de empleo. Ustedes, sin embargo, apuestan por la energía nuclear, con los graves peligros sociales, económicos, medioambientales y humanos que comporta. También apuestan por los hidrocarburos, que incrementan la dependencia del exterior y por lo tanto el déficit comercial, así como las fuertes emisiones de CO2.
Sigo con otra constatación. La tendencia de las renovables es el abaratamiento del precio, mientras que la tendencia a los hidrocarburos es el del encarecimiento, con el consiguiente impacto que tendrá en la factura de la luz y sin tener presente que no se paga el negativo impacto medioambiental. Por cierto, se ha dicho aquí, me parece recordar: incumplirán todos los compromisos y directivas europeas en eficiencia energética y renovable. Se argumenta estos días y se demoniza también sobre las subvenciones en las energías renovables, pero sin tener en cuenta los pagos públicos a costes externos al sector eléctrico como los de las infraestructuras gasís-ticas o las sonadamente pagadas infraestructuras hidráulicas o nucleares. Asimismo, tampoco se tiene en cuenta el encarecimiento de los precios pactados por el cartel energético, el déficit y dependencia exterior o incluso el gasto diplomático y armamentístico para garantizar los suministros. Señorías, las subvenciones de las renovables no son gasto, las subvenciones a las renovables son inversión. Afortunadamente, la península Ibérica tiene unas condiciones geográficas que benefician la proyección de estas energías. Gracias a la iniciativa empresarial y a una política adecuada particularmente basada en la investigación podríamos estar a la vanguardia mundial especialmente en energía fotovoltaica, pero hasta en esto nos ha superado Alemania. Si en lugar de importar energía y pagar a los trabajadores que la producen en otros países apostáramos por esa proyección, supondría una mayor generación de empleo aquí en lugar de destruirlo, como hacen con este real decreto. Para colmo, en un momento de paro histórico, se ceba con un sector generador de empleo y además lo hace en zonas rurales y en zonas especialmente deprimidas, pero eso no es todo. Debemos sumar también a esa cuenta el castigo a todas aquellas empresas, a todas aquellas familias que invirtieron en su día en la producción fotovoltaica; unas familias y unas empresas que creyeron en las políticas de incentivación de las renovables que el propio Gobierno impulsó, por cierto prácticamente la mitad de ellas familias y pequeñas y medianas empresas. Y para mayor inri, más allá de la inseguridad jurídica presente y desconfianza futura, van a ser las que más dificultades tengan para renegociar su financiación y salvarse o para buscar amparo en la justicia.
Un breve apunte sobre lo que significa este real decreto en Cataluña. En las comarcas del Camp de Tarragona y de las Terres de l’Ebre el impacto sería enorme. Un total de 46 proyectos eólicos están en peligro, 32 de las Terras de l’Ebre y 14 del Camp de Tarragona. Entre los proyectos amenazados se encuentran los 3 parques previstos en Tivissa, 3 más proyectados en el límite del Priorat con la Ribera de l’Ebre, uno en Montferri, en el Pinell de Brau, en Flix, en Riba Roja d’Ebre, en Vilanova de Prades y en Riudecols, entre otros. Aparte de estos, hay que añadir los adjudicados mediante concurso público de la Generalitat a la Terra Alta, la Ribera de l’Ebre-Baix Camp y Segarra-Conca de Barberà. En cuanto a la biomasa, parece que quedará parado el proyecto de Albons, en el Alt Empordà, Comarques Giro-nines, y aparcará definitivamente la posibilidad de darle salida a la central de Cercs que se podría reconvertir en una central de biomasa. Voy acabando. Asimismo, en las Comarques Gironines al menos 8 plantas de biogas proyectadas por dos ingenierías podrían quedar paradas si el Gobierno no aprueba un nuevo sistema de bonificación en la producción de este tipo de instalaciones. Por cierto, esperamos que los regímenes económicos específicos las incluyan y no castiguen más, por favor, a Cataluña. Pero ese real decreto, no solo pone en peligro…
El señor PRESIDENTE: Señora Jordà, tiene que acabar.
La señora JORDÀ I ROURA: Acabo, señor presidente.
No solo pone en peligro a determinadas empresas y territorios sino a la propia industria en sí. La pregunta, señor ministro, es muy clara: ¿Quiénes son entonces los beneficiarios de este real decreto? ¿A Quién beneficia este real decreto? La respuesta debemos buscarla en la factura en la luz y, si no, en las cuentas de resultados de las empresas que nos envían dicha factura de la luz.
Como último interviniente del Grupo Mixto, la señora Ariztegui.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Señor presidente, señorías, señor ministro, sabemos que la política energética es estratégica por sus importantes implicaciones sociales, medioambientales y económicas, y lo es sea cual sea el modelo socioeconómico por el que apostemos, modelo en el que naturalmente Amaiur y este Gobierno diferimos; es estratégica también en cualquier ámbito de decisión, tanto en el marco soberano que reivindicamos para el País Vasco como para este en el que nos encontramos. Desde esa premisa y viendo que el modelo energético al que dirige este real decreto-ley se aleja totalmente del que defendemos, queremos trasladar aquí nuestro planteamiento pensando que la apuesta por los modelos energéticos sostenibles es la única con futuro y buena para todo el mundo. Es decir, es necesaria una actuación pública no dependiente de intereses privados para lograr otro modelo energético basado en tres pilares fundamentales: uno, la reducción del consumo energético —por cierto bajar un grado en estas instalaciones también estaría bien—; la eficiencia en la utilización de los recursos energéticos; y, muy importante, la progresiva sustitución de las energías fósiles por las renovables.
Ayer mismo decía aquí el señor Rajoy que hace falta una política global para salir de esta crisis y sobre todo crear empleo, y la política energética es parte fundamental de esa política global, muchísimo más aún en estos tiempos de crisis en que debemos replantearnos tantísimos aspectos. También dijo en la sesión de investidura que España sería totalmente diferente después de esta crisis, y desde luego se están empeñando ustedes en ello. Hasta ahora todas las medidas van dirigidas a echar este coche marcha atrás, mirando por el retrovisor: recortes sociales y económicos, subidas de impuestos, amenazas de medidas medioambientales, retrocesos en Justicia y ahora en energía. Todas las medidas van en el sentido contrario a la sostenibilidad social, económica y ambiental, pero directamente a la dependencia sostenida de agentes energéticos. ¿Por qué no se deja de subvencionar a las demás formas de energía? Porque imperan otros factores políticos, militares y diplomáticos. ¿Por qué no se eliminan los pagos con capacidad y se siguen permitiendo, como antes decía el compañero del BNG, los beneficios caídos del cielo que disfrutan las centrales nucleares e hidroeléctricas? La ONU ha declarado 2012 Año internacional de las energías sos-tenibles y paradójicamente, nada más comenzarlo, se decide este parón de las energías limpias. Con la excusa de que se ha superado el objetivo de la potencia instalada y el famoso déficit tarifario, ocultando muchos datos a los consumidores y consumidoras, por ejemplo todas las medidas que se podrían llevar a cabo sin perjudicar el desarrollo de las energías limpias y desde luego apostando por el beneficio a las grandes compañías eléctricas —que ya se ha comentado—, se anima a seguir quemando combustibles fósiles —con su dependencia, este Estado es importador neto de combustibles— y sus gravísimas emisiones de CO2. Se nos dice que la capacidad de generación instalada proveniente de todas las fuentes de energía es más que suficiente para cubrir la demanda prevista para los próximos años; claro, pero es que tiene que haber un proceso de sustitución de energías fósiles por las renovables, y eso es lo que parece que no interesa. Efectivamente, aquí lo ha comentado el señor Soria, España tiene instalada una potencia eléctrica que es más del doble de la que necesita, pero este último año ha aumentado más del 25 por ciento la emisión de CO2 porque ha bajado un 10 por ciento la producción de renovables. Es decir, hay que apostar por la sustitución de renovables, no vale solo con construirlas si luego son las primeras en apagarse cuando hay una superproducción.
El señor PRESIDENTE: Señora Ariztegui, tiene usted que terminar.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Sin embargo, sí se apuesta —y esto es más preocupante aún— por las nucleares, esa supuesta energía barata, con costes incalculables e inadmisibles. Este Gobierno, que para otros temas hace un seguimiento tan fiel de lo que marca la señora Merkel, debería tomar nota de su trayectoria. Alemania pretende eliminar la energía nuclear en diez años y para el año 2050 el 80 por ciento de la energía de ese país procederá de fuentes renovables. Su decisión no viene de tan lejos, es a raíz del desastre de Fukushima cuando cancela siete reactores y la última planta inaugurada y se toman decisiones para sustituir la nuclear por la eólica. Tomemos nota. Mientras tanto, nosotros tenemos la amenaza de Garoña, de prolongar la vida de la central más vieja y obsoleta de Europa; y en Navarra, que es puntera en tecnologías renovables, sigue en marcha ilegalmente la central térmica de Castejón.
El señor PRESIDENTE: Señora Ariztegui, tiene usted que terminar porque su tiempo es compartido como Grupo Parlamentario Mixto.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Sí, acabo enseguida, señor presidente.
Todo esto parece un despropósito mirándolo desde cualquier ángulo. Cuando lo lógico sería ahorrar en consumo de energías que agravan la crisis y suben el déficit comercial, los precios y las emisiones de CO2, se anima a consumirlas más y a frenar las inversiones en fuentes renovables, que impulsan el empleo, la innovación tecnológica y la competitividad, con una importante participación en el PIB. Es decir, se apuesta por la destrucción de empleo, la deslocalización industrial y la transferencia tecnológica a terceros países.
El señor PRESIDENTE: Señora Ariztegui, ha terminado su tiempo, que ha excedido con mucho. Le ruego que dé por terminada su intervención.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ariztegui.
El señor AZPIAZU URIARTE: Antes de nada quisiera señalarle, señor ministro, que comparto plenamente su preocupación en relación con el déficit tarifario y, por lo tanto, el motivo principal del real decreto-ley que hoy nos trae para su convalidación. Nuestro grupo parlamentario votó en su día a favor de la paulatina desaparición del déficit tarifario y creemos, en coherencia, que no debe ni puede seguir aumentando sine díe. Hoy alcanza una cifra cercana a los 24.000 millones de euros y, de no poner remedio cuanto antes, puede seguir aumentando con el consiguiente perjuicio que de ello se deriva en la actual y en la futura tarifa eléctrica. Los ciudadanos y las empresas no deben ser los paganos de estas facturas vía recibo de la luz o vía impuestos, especialmente en una situación difícil como esta en que nos encontramos merced a la crisis económica. Se han de controlar y racionalizar los costes energéticos y este real decreto-ley lo pretende, aun haciéndolo a nuestro juicio de modo excesivamente parcial. Creemos, pues, que hay que reducir el déficit tarifario, pero de la misma manera consideramos que no solo es posible hacerlo con lo que ya se denomina hoy el parón renovable. Como señalaré, hay otros muchos factores que forman parte del déficit y que habría que tomar en consideración a la hora de reducirlo. Quiero señalar en esencia que el tema es lo suficientemente importante y complicado como para tomarlo en serio y planificarlo adecuadamente.
El punto de partida o la situación actual están configurados por multitud de factores que es preciso considerar. La crisis económica ha motivado que la demanda eléctrica esté hoy en niveles inferiores a los del año 2008; es decir, el negocio eléctrico se comprime. Por otra parte, existe una burbuja inversora, consecuencia de errores de previsión privados y de mala gestión pública que ha generado un evidente exceso de oferta —al menos en lo relativo a los ciclos combinados y a las fotovoltaicas—, agravado por la ausencia de cierres significativos de tecnologías convencionales como la nuclear o el carbón. También la irrupción de nuevas tecnologías renovables es un factor a tener en cuenta que ha alterado el statu quo del sector, ante lo que no todas las empresas tradicionales han reaccionado con la misma rapidez ni de la misma manera. Se ha producido una consolidación definitiva de las energías renovables, que pasan de ser algo anecdótico a formar parte integrante y creciente del mix energético. El marco regulador también es complejo, señor ministro, con una gran intervención de las comunidades autónomas, que son competentes en gran parte de las materias energéticas. También existe un mandato europeo claro a favor de la sostenibilidad energética y defensa del cambio climático. Además, a partir del año 2005 aparece el famoso déficit tarifario, que se retroalimenta y que actualmente ha escapado al control que debería haber tenido.
A pesar de este panorama, creemos que la política energética es una política estructural de medio y largo plazo, cuyos fines e instrumentos han de ser estables y consensuados por las administraciones públicas, por los grupos políticos y por las empresas del sector. El déficit, con toda su relevancia, es un problema meramente coyuntural y su necesaria solución no debe contaminar la política estructural, que es la de resolver la falta de independencia energética, la seguridad de suministro y la sostenibilidad medioambiental, que han de determinar el mix energético. Todas estas cuestiones, que ya fueron abordadas incluso en la subcomisión de estrategia energética en la pasada legislatura, deben ser revisadas y, a nuestro juicio, objeto de un nuevo consenso. Tenemos que tratar de evitar culpabilizar a las renovables como las únicas responsables del déficit tarifario. Quizá sea necesario plantear el ritmo de crecimiento de las renovables, que en el pasado aumentaron en exceso por problemas administrativos y políticos por todos conocidos, sin olvidar que las primas de las energías renovables suponen tan solo un 15 por ciento del coste energético. La distribución, los déficits pasados, la interrumpibilidad, los extracostes insulares, el carbón y los pagos por capacidad conforman también una parte sustancial de dicho coste. Le invito, por lo tanto, señor ministro, a ahondar en el análisis, en la evaluación y en la toma de medidas en relación con el conjunto de los factores que conforman el déficit tarifario. Además, creemos que el real decreto-ley debería establecer el periodo concreto en el que se produce el parón y que los afectados, las empresas del sector, deberían conocer el alcance real de este decreto. Me temo, señor ministro, que en este real decreto-ley no se contemplan todas las medidas, ni mucho menos, que el Gobierno va a tener que adoptar en este campo. Si me lo permite, quisiera también señalarle que consideramos necesario que para aquellas tecnologías que no hubieran cubierto sus objetivos de potencia, y de acuerdo a la excepción que se establece en el artículo 3.3 del real decreto-ley, el Gobierno estableciera en el plazo más breve posible los regímenes económicos específicos para que las instalaciones de cogeneración, biomasa y residuos pudieran continuar su desarrollo, que permitiría, además de aportar consecuencias positivas para la economía y el empleo, mejorar el tejido industrial y agrícola, tan necesario en estos momentos.
Para finalizar, nuestro grupo quisiera decirle lo siguiente: queremos participar en el debate sobre las medidas que el ministerio trate de impulsar en materia energética, si es posible. Entretanto, dados los argumentos expuestos con relación a la complejidad del sistema y lo puntual de las medidas que recoge el real decreto-ley, nuestro grupo parlamentario se va a abstener en la votación de las mismas.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Muchas gracias, presidente.
A nuestro grupo le interesa sobre todo averiguar si el actual real decreto-ley que estamos debatiendo fija realmente una tendencia y una política en dos cuestiones importantes. La primera de ellas es si va a haber por fin una verdadera política energética nacional. En lo que hay consenso y acuerdo entre todo el mundo es en que en España hasta ahora lo que hemos tenido han sido ocurrencias energéticas, quizá algunas muy enérgicas pero lo que no ha habido es una verdadera política energética nacional. De manera que la primera cuestión que nos interesa es si este real decreto avanza en ese sentido, si va a servir por tanto para implementar una verdadera política energética nacional o si, sencillamente, es una más de las ocurrencias que se han ido sucediendo desde que, creo que allá por 1997, cuando gobernaban ustedes, otra inició el problema del déficit tarifario. La segunda cuestión relevante respecto a este real decreto es si avanza la política de transparencia que ustedes anunciaron como el estilo fundamental del Gobierno actual. Lo digo porque hay también un general acuerdo en que uno de los problemas que tenemos es justamente la opacidad y oscuridad de todo lo que tiene que ver con la fijación de precios de la energía. Uno de los objetivos que debería tener esa política energética nacional es fijar un sistema de formación de precios de la energía que fuera claro y transparente.
Por tanto, nos interesaría averiguar, saber si este real decreto avanza en esos dos sentidos: si vamos hacia una verdadera política energética nacional, digna de tal nombre, y si esa política energética nacional va a tener esa cualidad democrática esencial de la transparencia. A ese respecto, la conclusión es que este real decreto resulta confuso, por dos razones. En primer lugar, porque fija como sus objetivos avanzar hacia la supresión del déficit tarifario y, por otra parte, porque también pretende avanzar hacia una mejora del déficit público, es decir, hacia un ahorro de las inversiones en el campo de la energía. ¿Con qué nos encontramos a este respecto? En realidad, el déficit tarifario, causado, según parece ser —en esto tampoco hay un gran acuerdo—, por las primas a las renovables, no supone un gran avance… (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdóneme, señor Martínez Gorriarán. Ruego silencio, porque es imposible que se oiga al orador si no hay silencio en los escaños.
Siga, señor Martínez.
Además, es un tema luminoso. Creo que debemos prestarle alguna atención.
Decía que este decreto, en lo que se refiere al déficit tarifario, difícilmente significa un progreso, porque ese déficit tarifario está básicamente imputado a la prima de renovables que pagamos los consumidores en la factura eléctrica. En la medida en que este decreto-ley no tiene efectos retroactivos, esas primas se van a pagar prácticamente igual. Esas primas significan, según algunos cálculos —ya digo que este es un campo oscuro—, el 22,2 por ciento de la factura de la luz que pagamos todos los consumidores, los domésticos y también, en otro nivel, los industriales. Como el decreto no tiene efectos retroactivos, eso no va a cambiar; la factura de la luz no va a bajar de precio y el déficit tarifario tampoco.
Respecto al ahorro público de inversiones en el campo de las energías, la estimación es que esto significaría un ahorro de unos 160 millones de euros anuales durante su periodo de vigencia, que, por cierto, tampoco establece. Creo que sería muy razonable, como ya se ha dicho, que esta moratoria a las primas tuviera un plazo de tiempo definido y no que estableciera una indefinición que, digan ustedes lo que digan, sí daña las inversiones en un campo en el que se crea incertidumbre, sobre todo para los nuevos inversores, para las pymes de la energía, a lo que luego haré una breve mención. ¿Es sensato y razonable proponer un ahorro anual de 160 millones de euros en subvenciones públicas a los sistemas energéticos nuevos? Puede serlo en una situación de crisis como la actual y con una crisis de deuda como la que tenemos, pero no deja de ser paradójico que en lo que debería ser una política energética nacional no se tome en cuenta ni se considere qué es lo que ocurre con las subvenciones al llamado carbón nacional, que, si no estoy equivocado, significa una inversión anual hasta el año 2014 de aproximadamente 800 millones de euros, la mitad de los cuales paga el Estado, es decir, todos nosotros, y la otra mitad pagan las compañías eléctricas, y además no se pueden imputar al déficit tarifario. Resulta bastante contradictorio desde nuestro punto de vista que el ahorro en el déficit público o el ahorro en la inversión pública se haga en un sector, el de las renovables, que, como también se ha dicho aquí y hay un acuerdo generalizado, es uno de los pocos sectores con alto valor añadido en los que España tiene una posición de vanguardia, y que además tiene consecuencias en el sentido de que es uno de los pocos sectores en el que todas las partes del proceso se desarrollan en gran parte en España, la investigación básica, la I+D, la instalación y el consumo. En cambio, seguimos subvencionando, o al menos no se dice nada de esto, dentro de un marco de política energética en general, fuentes energéticas como la del carbón nacional, de poca calidad y que, además de no producir valor añadido, causa, debido a las emisiones de gases penalizados por el Protocolo de Kioto, un gasto adicional por emisiones de CO2. Esto nos parece profundamente contradictorio.
Se ha comentado en este debate qué ocurre con el sector de las renovables. Evidentemente, el sector objeto fundamental de este decreto-ley es el de las fotovoltaicas.
Se habla muy poco de la termosolar, precisamente aquel sector que más gasto público en forma de subvenciones y de ayudas públicas generaría en los próximos años y a cuyo desarrollo no le afecta apenas este decreto. Nos da la impresión —y espero que usted lo aclare, señor ministro— de que este es un decreto-ley que forma parte de esa historia desgraciada de ocurrencias, porque viene a crear un problema donde no lo había. Me refiero a que crea un problema al desarrollo o, al menos, a la estabilización del sector de las renovables, lo cual podría además promover efectos indeseables como la desloca-lización de empresas actualmente localizadas en España, que efectivamente exportan mucho, pero que desde luego si no tienen cifra de negocios suficiente en España es muy posible que tomaran la decisión, bastante lógica, de trasladar su negocio a otros países donde sí se realizan inversiones en el campo de las fotovoltaicas o de otras energías renovables.
Estamos en un momento no solo de crisis económica, sino de cambio del modelo de negocio energético y de cambio del modelo de producción de energía. Ustedes hacen referencia en el decreto al autoconsumo. Nos parece estupendo que se desarrolle, pero da toda la impresión de que se trata de frenar un modelo de cambio de negocio, lo cual podría ser legítimo. Es decir, si el Gobierno cree que el futuro modelo de negocio energético en España es que haya tres o cuatro grandes empresas eléctricas y que desaparezcan o que sean irrelevantes o marginales las pymes que se han ido creando estos años, díganlo y lo discutiremos. Lo que no es un ejercicio de transparencia es soslayar este problema, eludirlo y decir sencillamente que se trata de conseguir un ahorro de la inversión pública con vistas a la reducción del déficit, cuando el ahorro que se va a conseguir es francamente marginal. Por esas razones, y porque creemos que la crisis económica también es una oportunidad para hacer reformas que lleven por fin al cambio de modelo económico del que todos hablamos y para el que tan poco se hace, este real decreto nos parece que no avanza en los objetivos que se propone y que elude las cuestiones de fondo fundamentales. Esperaremos a que ustedes presenten esos planes de política energética nacional para discutirlos en detalle y, entre tanto, respecto a este real decreto nos abstendremos y pediremos que sea tramitado como proyecto de ley porque precisamente las cuestiones que toca son fundamentales.
Por el grupo Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz Castellví.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, esta es su primera medida legislativa y tengo que decirle en nombre de mi grupo que no empezamos bien. Empieza con toda una declaración de intenciones —se lo comenté el día de su comparecencia en Comisión—: primero anunciando alargar la vida útil de Garoña y luego con un decretazo, ya conocido como el decretazo de parón a las renovables. Empezamos mal en contenidos y también en las formas: con trámite de urgencia, sin hablar con el sector, sin diálogo en un ámbito estratégico para la energía, la economía y el empleo.
Usted decía que el anterior Gobierno también gobernaba con decretos. La verdad, yo esta filosofía del consuelo de muchos no la acabo de entender. También dice que es el primer decreto en el Gobierno. El Gobierno lleva un buen ritmo, dos decretos en ocho días y seguimos así; mañana habrá un tercero. Yo creo que el Gobierno no puede continuar gobernando de excepción. Les pedimos, por favor, que no tengan miedo de la democracia, ni del Congreso, ni del debate. Es fundamental poder hablar precisamente de energía en un marco más amplio, escuchando a todo el mundo.
En nuestro grupo creemos que el sector eléctrico de nuestro país necesita reformas profundas; es cierto, necesita un cambio de regulación y abordar el déficit tarifario, pero así no, señor ministro. La complejidad obliga a que ustedes aborden los cambios legislativos con un debate en profundidad sobre el modelo energético de nuestro país, que escuchen y no decidan precipitadamente secuestrados por su obsesión por los recortes y por el lobby de las eléctricas porque el resultado es letal en términos energéticos, medioambientales, económicos, tecnológicos y en puestos de trabajo. Vamos a votar en contra de la convalidación y les pedimos que tramiten este decreto como proyecto de ley para poder, como mínimo, incluir cambios y enmiendas que palíen el impacto de esas medidas. El sector de renovables ofrece diálogo y renuncias porque son los primeros que saben que las primas acabarán desapareciendo, pero lo que plantean ustedes con este decreto es arbitrario e inasu-mible para el sector. Dejen seguir trabajando también desde el Congreso y, como mínimo, poder paliar los efectos de este texto. No se lo pedimos solo nosotros, desde Iniciativa, Izquierda Unida o CHA, se lo piden incluso los dirigentes del Partido Popular en las comunidades autónomas, conscientes del impacto que tiene esto en su economía y en los puestos de trabajo.
Entrando a fondo en el decreto, votaremos en contra porque no compartimos el contenido ni los supuestos en los que se fundamenta este decreto, porque es un decreto que llueve sobre mojado después de la nefasta gestión del ministro Sebastián con las renovables. Usted viene a dar el golpe final al sector. Lo peor es que este decreto va a ser inútil para el objetivo que plantea porque se basa en un análisis sesgado y en los prejuicios; se basa en la teoría de la demonización de las renovables, haciendo un flaco favor a un sector que contribuye a la riqueza y que es puntero en tecnología. Precisamente lo que le tocaría a usted es lavarle la cara al sector de las renovables, que ya viene sufriendo unaestigmatización por los gobiernos anteriores. Le pedimos que sean estratégicos porque ustedes van al revés del mundo: se llenan la boca de hablar de emprendedores, de creación de empleo, y atacan precisamente a un sector que es líder internacional.
Hay muchas razones para que ustedes retiren el decreto y podamos abordar la cuestión de forma integral, abordar la reforma eléctrica, de todo el sector. Le iré dando motivos. En primer lugar, la motivación que ustedes plantean. Usted atribuye a las renovables el déficit tarifario, y no es así. El déficit es la diferencia entre los costes regulados y la tarifa. ¿Por qué no entramos a ver qué es lo que marca el precio de esos costes regulados? Usted ha planteado solo una parte de esa realidad. ¿Quién incrementa los costes? ¿Quién contribuye? ¿En qué porcentaje contribuye cada sector a aumentar los costes? Señor ministro, el déficit tarifario ha aumentado todos los años a pesar del abaratamiento de las renovables. ¿Esto no le indica algo? Precisamente el gráfico que usted mostraba no iba en correspondencia con los costes de las renovables. En 2008 no había prácticamente fotovoltaica y había 6.000 millones de euros de déficit de tarifa. Por eso le decimos que miren de frente al problema y no planteen una realidad distorsionada. Busquen los agujeros donde los hay, donde se especula con el carbón, con la tarifa del último recurso o con los pagos por capacidad. ¿Por qué no cuestionan todos esos costes? Olvidan en su diagnóstico la aportación positiva que hacen las renovables. El sector de las renovables ha contribuido claramente a reducir los costes de la energía en el mercado, fijando precios marginales más bajos. Ustedes castigan a un sector que colabora en reducir costes, mientras tenemos otras energías que son parasitarias del mercado: las nucleares o la hidroeléctrica, por ejemplo, que usted tanto defiende, que ya hemos visto que son energías que no internalizan los costes. Usted vino a la Comisión a decir que era energía barata, pero ¿barata para quién? Le pongo un ejemplo. ¿Cómo puede ser que la hidroeléctrica cobre 11.000 millones de euros anuales cuando lo que utiliza es un bien público y una infraestructura pública y amortizada? Como mucho, sus costes deben de ser de 1.000 millones de euros anuales y cobra 11.000. Usted dice que la nuclear nos sale barata. ¿Y quién lo nota? ¿Quién nota esa energía barata? Ni los consumidores, ni las arcas del Estado. Por lo tanto, acabe con esto. Y dice usted que ahora nos podemos permitir el parón de renovables porque ya tenemos suficiente potencia instalada. Y entonces, ¿por qué quiere usted ampliar la vida útil de Garoña si ya tenemos suficiente potencia? No tiene sentido. Le enseño este gráfico porque yo creo que también es ilustrativo. Aquí se ve cómo baja la economía española, la riqueza; aquí se ve el crecimiento de las renovables, los beneficios, y aquí, el crecimiento del sector eléctrico. Yo creo que precisamente esa diferencia es lo que ilustra quién se lleva los beneficios de una mala regulación del sector eléctrico. ¿Por qué no se atreve precisamente con los beneficios caídos del cielo? Bueno, del cielo, son beneficios caídos de las arcas del Estado y de los consumidores. ¿Por qué no llaman a las cosas por su nombre y se atreven con las eléctricas? Ustedes, en cambio, castigan a los más débiles del sistema y a los que contribuyen a reducir costes y a democratizar la energía en un sector de oligopolio. Castigan a los que permiten participación de consumidores y la generación distribuida, mientras las eléctricas se frotan las manos. Hoy precisamente nos hemos levantado leyendo que las eléctricas preparan propuestas para acabar con la deuda acumulada. Es decir, ¿es con las eléctricas con quien gobierna este ministro, con quien decide cuáles van a ser las medidas de futuro? Sinceramente, nos preocupa.
Estamos perdiendo puestos de trabajo y este es un argumento fundamental, los puestos de trabajo y los costes de su medida. Las primas son una parte del coste evitado en las renovables, esa es la definición de las primas, por eso les decimos que no tienen una visión de conjunto. Para ahorrarse 160 millones, ustedes y todos nosotros lo pagaremos muy caro. En su memoria dicen que no tiene impacto presupuestario. ¿Cómo puede un Gobierno poner que una medida como esta no tiene impacto presupuestario? Lo pagaremos en puestos de trabajo y por tanto en Seguridad Social y en menos recaudación. Este decreto se suma la política de destrucción de empleo que ya inició el anterior Gobierno, frente a unos planes aprobados que preveían una creación de 300.000 empleos en el sector para 2020, y tiene especial impacto en comunidades con el sector infradesarro-llado y que ya tenían sus planes, por ejemplo, en Cataluña. La compañera precisamente ha hablado antes del impacto en Tarragona y en Girona.
Sé que hablan ustedes de inseguridad jurídica, acusando al otro Gobierno. Pues ustedes también plantean en este decreto inseguridad jurídica con ciertos elementos claros de retroactividad, como en el caso de la fotovoltaica.
Lo preocupante es que se llenan la boca de reforma laboral para crear empleo y, sinceramente, por mucho que lo repitan no es la legislación laboral la que crea puestos de trabajo sino la expectativa de crecimiento de un sector y la inversión en tecnología y en I+D, precisamente lo que hace el sector de las renovables que ustedes destruyen. Ustedes se dedican a destruir empleo y a precarizar el que queda en pie: una mala combinación. La mala gestión anterior destruyó 20.000 puestos de trabajo en el sector de las renovables y ustedes empeorarán la situación, pero la destrucción también conlleva deslocalización industrial y la transferencia de tecnología a terceros países, que nunca recuperaremos. Y el problema es que lo hacen de tal manera que no tiene marcha atrás. El sector de renovables ofrece reducción de primas, replantearlas; por ejemplo, el sector fotovol-taico tiene claro que en poco tiempo consigue el umbral de competitividad y ustedes no lo han escuchado.
Quiero ponerle sobre la mesa otra razón, el balance negativo para el bolsillo del Estado. Las renovables representan 10.000 millones en nuestro PIB y aportan 750 millones de ingresos fiscales, mucho más de lo que usted va a ahorrar. Y seguimos sumando: la moratoria de renovables se produce en un escenario de incremento de precios del petróleo y del gas. España gasta cada año un mínimo de 40.000 millones de euros en importar hidrocarburos. Estas importaciones tienen un impacto negativo en la economía y en la balanza de pagos y a usted le da igual, situación que nos preocupa porque observamos una actitud temeraria del ministro. Cuando le hablamos de ahorro energético durante la comparecencia nos dijo que usted no quiere ahorrar.
El señor PRESIDENTE: Señora Ortiz, tiene que ir acabando.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Voy acabando, señor presidente.
Nos dice que usted no quiere ahorrar en energía porque ahorrar significa decrecer, y ese es el problema, el concepto que hay detrás. Señor ministro, cuando hay un atasco aumenta el PIB pero no el bienestar de los ciudadanos, y no plantear el ahorro energético o no apostar por las renovables es la miopía que guía a este Gobierno. Les pedimos por favor que replanteen, que como mínimo tramiten este decreto como una ley para poder abordar el debate, para hablar con la sociedad civil, porque este decreto va en contra de las directivas europeas. Le pedimos por favor que aborde realmente los temas del sector eléctrico; le pedimos que haya otras medidas, que retire este decreto, que explique claramente de cuánto tiempo de moratoria hablamos, que impulse el ahorro y la eficiencia. También le pedimos que cuestione, por ejemplo, el pago por capacidad, que sea valiente con las eléctricas y que hable con todo el mundo, que no se quede secuestrado.
El señor PRESIDENTE: Señora Ortiz, tiene que acabar.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Acabo ya.
Le pedimos que por favor tengan en cuenta, aunque sea un poco, el cambio climático, la dependencia energética y los puestos de trabajo.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
Señoras y señores diputados, señor ministro de Industria, lo que va a hacer el Grupo Parlamentario de Con-vergència i Unió a lo largo de esta legislatura desde la perspectiva energética e industrial va a ser exigir —políticamente hablando y dentro de nuestras posibilidades— y plantear una política energética que vaya en la dirección de la seriedad, una política energética seria, rigurosa y solvente que pueda llevar a cabo las reformas estructurales que consigan los siguientes objetivos. En primer lugar, conseguir unos precios de la energía más competitivos, tanto para las familias como para las empresas. Hoy, señor ministro, no hemos de olvidar que los precios energéticos españoles están un 15 por ciento por encima de la media europea y sería importante corregir esto. En segundo lugar, así como en la pasada legislatura su grupo parlamentario y Convergència i Unió, con el soporte de los demás grupos parlamentarios, fuimos capaces de constituir una subcomisión energética para poder determinar un mix energético en el horizonte de los próximos treinta y cinco años, valdría la pena aprovechar estos trabajos para conseguir este consenso para determinar un mix energético en el horizonte de los próximos veinticinco o treinta años. En tercer lugar, tendríamos que ser capaces de reducir el déficit tarifario, que hoy está en unas cifras realmente preocupantes —alrededor de los 24.000 millones de euros— y que, de acuerdo con un real decreto que aprobamos la pasada legislatura, en el año 2013 tendría que ser cero, tendríamos que poner el contador a cero. Finalmente, este grupo va a plantear una serie de medidas que vayan en la dirección de conseguir en el año 2020 el 20 por ciento de reducción de emisiones de CO2, el 20 por ciento de ahorro energético y el 20 por ciento de energías renovables. Somos partidarios de que en el horizonte de los próximos años las energías renovables jueguen un papel importante para poder llegar a este 20 por ciento en su peso específico en el año 2020. Sobre la base de estas consideraciones previas, cabría preguntarnos si el primer paso que ha dado su departamento a través de este real decreto que plantean convalidar hoy en el Congreso de los Diputados va en la dirección de lograr una política energética seria, rigurosa y solvente. Desde esta perspectiva, tenemos unas dudas razonables que nos gustaría que el señor ministro pudiera esclarecer porque nos parece que este primer paso no va en la dirección que acabamos de plantear.
Entendemos que hay que poner orden en el sector energético y hay una serie de consideraciones que quiero exponer en este trámite parlamentario. En primer lugar, es cierto que este real decreto, de entrada, choca con la política industrial y energética que plantea el Gobierno de la Generalitat en esta nueva singladura de hace un año aproximadamente. Desde el Gobierno de la Generalitat de Catalunya entendemos que una política orientada hacia las energías renovables tendría que ser una política tractor en los próximos años, y más dado que también en la Generalitat de Catalunya, por causas que no es de recibo plantear en estos momentos, tenemos un índice de energías renovables muy por debajo de la media española. Por lo tanto, de entrada, este real decreto choca frontalmente con la política que el Gobierno de la Gene-ralitat está llevando hasta la fecha. Hay un segundo aspecto que para nosotros es más importante, y también desde esta perspectiva nos gustaría que usted nos pudiera esclarecer las dudas razonables que tenemos al respecto. Este real decreto plantea una indefinición temporal en cuanto que no queda claro hasta cuándo esta suspensión va a ser efectiva para que puedan continuar desarrollándose las energías renovables con unas primas que estaban establecidas hasta la fecha. Por lo tanto, nosotros entendemos que esta indefinición en la temporalidad también genera una gran desconfianza económica, genera incer-tidumbre en una serie de sectores económicos muy importantes que en España han desarrollado unas tecnologías puntas, pero al ver coartadas temporalmente estas posibilidades de percibir una serie de primas que estaban perfectamente reguladas en el Boletín Oficial del Estado, esta suspensión temporal sine díe también puede perjudicar notablemente un sector emergente, un sector industrial muy potente, un sector que tiene planteadas unas inversiones a medio y a largo plazo que también pueden verse muy perjudicadas con esta suspensión sin una fecha de caducidad. Desde esta perspectiva, a nosotros, señor ministro, nos gustaría muchísimo que hoy pudiera decirnos también, si fuera posible, ante la Cámara del Congreso de los Diputados si usted tiene claro hasta cuándo van a estar suspendidas estas primas; si efectivamente su Gobierno cree que hoy sería el momento de paralizar temporalmente las energías renovables, esta industria tan potente, pero al mismo tiempo también de decirles: señores, hasta tal fecha, dentro de doce, quince o dieciocho meses, se hace esta suspensión, pero inmediatamente después, para poder alcanzar estos objetivos del 20-20-20, ustedes volverán a gozar de una primas que estaban perfectamente reguladas a través del Boletín Oficial del Estado.
También querríamos plantearle algunas consideraciones que están relacionadas con las energías renovables pero que desde nuestra perspectiva tienen un peso específico industrial muy importante y podrían jugar —y han de hacerlo— un papel relevante en el futuro de la industria española. Me referiré muy rápidamente a tres o cuatro aspectos que nosotros entendemos que tendrían que tener un tratamiento especial en un futuro inmediato. Uno de ellos sería el sector de la cogeneración, ya que hasta la fecha ha dado un impulso a la actividad industrial desde el ahorro y la eficiencia energética, y quizás nosotros no la consideramos una energía renovable que pueda ser equilibrada o asimilada al resto de las energías renovables. La cogeneración está muy unida a la eficiencia energética y a la política industrial del país y entendemos que en un futuro inmediato tendría que tener algunas consideraciones especiales. También desde esta perspectiva entendemos en cuanto a la biomasa, dado que la diversidad de energías renovables y sus potencialidades ponen de relieve, bajo criterios de eficiencia y eficacia, que el Gobierno no tendría que legislar homogéneamente sobre todas las renovables, que se tendrían que tener en cuenta las especificidades correspondientes a una energía renovable que usted sabe que en determinadas comunidades autónomas puede jugar un papel muy relevante desde la perspectiva de la eficiencia energética y del desarrollo industrial. También hay otro sector u otra energía renovable que no está madura pero que puede jugar un papel relevante en un futuro inmediato, que es la eólica marina. Es una energía renovable incipiente que tiene muchas posibilidades de aplicación a la investigación, al desarrollo y al conocimiento, y nosotros entendemos que también podría tener alguna consideración especial en un futuro inmediato.
Usted también ha hecho mención en su intervención a todas las energías que están referidas en un real decreto que usted ha mandado ya a la Comisión Nacional de la Energía, que serían todas aquellas energías renovables fotovoltaicas desde la perspectiva del consumo doméstico. Entendemos que este es un campo importantísimo dentro del sector de las renovables y valdría la pena que este real decreto se pusiera en marcha rápidamente para poder dar más musculatura en un futuro inmediato al peso global de las energías renovables en España.
Finalmente, nuestro voto va a estar muy condicionado a la respuesta que usted nos pueda dar en cuanto a la temporalidad de esta suspensión. Entendemos que sería interesante poder dar al sector industrial orientado a la energía y a la industria de las energías renovables alguna perspectiva fiable y segura de hasta cuándo va a durar esta temporalidad. Si es una temporalidad corta con el fin de poner orden en el sector para gozar de este mix energético que finalmente nos dé una energía más competitiva, estaríamos por la labor, pero entendemos que el sector también necesita de esta seguridad jurídica y saber cuándo se va a poner fin a esta temporalidad que sin fecha de caducidad crea incertidumbre en la economía española.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Erias.
El señor ERIAS REY: Señor presidente, señor ministro, señoras y señores diputados, la política desarrollada por el anterior Gobierno en materia energética ha provocado un incremento sustancial del déficit de tarifa que incluso ha llegado a ser reconocido por algunos como insostenible económicamente. Por ello, con el fin de incorporar la necesaria racionalidad en el camino hacia la descarbonización de la economía, el Gobierno del Partido Popular trae hoy aquí este real decreto 1/2012, que apuesta por un planteamiento limpio. Este planteamiento limpio nace de la acción política del Partido Popular, de un partido que ya en el año 2004 intuyó la necesidad de afrontar los desafíos de alcanzar esa necesaria descarbonización de la economía, basada en darle una mayor racionalidad y disponer de una estrategia energética limpia. En consecuencia, es ya a través del Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, cuando el Partido Popular inicia el empuje y explicita su compromiso con las energías renovables. Se trataba, en consecuencia, de un planteamiento manifiestamente opuesto a la estrategia energética que el Gobierno del Partido Socialista ha estado desarrollando durante los últimos siete años, a pesar de sus graves y negativas consecuencia económicas, así como del riesgo regulatorio al que sometía con su acción política al sector energético.
Sin duda alguna, con la política energética llevada a cabo en el periodo 2004-2011 por parte del Partido Socialista podemos ver las consecuencias de la rotura del equilibrio basado en la racionalidad de una estrategia energética coherente. El hecho de que durante el citado periodo se legislase a impulsos, llegando incluso a con-trarregularse casi de un día para otro, ha tenido dos efectos muy negativos, entre los que se aprecia una relación de causalidad, conformándose el siguiente círculo vicioso: generó un caos que ha provocado que España sea percibida como un país con riesgo regula-torio, del cual los inversores no se fían y las propias empresas del sector no pueden, al no fiarse tampoco, planificar sus propias inversiones. Esta situación ha provocado una contracción del sector, que pierde com-petitividad a la vez que sigue incrementándose el déficit tarifario. Lo más grave, señoras y señores diputados, es que toda la regulación que se ha desarrollado desde entonces no ha conseguido atajar este problema, que ya se está convirtiendo en estructural y que amenaza con convertirse en público, poniendo en riesgo los objetivos de control del déficit del Estado asumidos por el nuevo Gobierno.
En 2009, mediante el Real Decreto-ley 6/2009, se fijó una senda de reducción del mismo, estableciéndose topes anuales para conseguir la eliminación del déficit de tarifa en el año 2013. Un año después, debido a que los peajes aprobados, una muestra más de incompetencia regula-toria, seguían sin reflejar el coste de las actividades reguladas, mediante el Real Decreto-ley 14/2010 se fijó otra nueva ruta, al haberse alcanzado en dicho ejercicio una cifra récord de déficit anual. En síntesis, los hechos son tozudos y demuestran con toda claridad la realidad de las políticas energéticas de ambos partidos. Con el Partido Popular, señor Segura, el déficit acumulado hasta 2004 era de 2.266 millones de euros, totalmente titulizados. Con el Partido Socialista, el déficit de tarifa entre 2004 y 2010 alcanzaba la cifra de 24.000 millones de euros en el año 2010. En otras palabras y para que se entienda, el mismo Gobierno que generó el déficit de tarifa no ha sido capaz de combatirlo con eficacia. Frente a este escenario, fiel reflejo de la herencia socialista, no es de extrañar la decisión adoptada por el Gobierno actual el pasado 27 de enero por la que se aprobaba el Real Decreto-ley 1/2012, el cual, como es sabido, implica una moratoria temporal en el régimen especial. Hay que decirlo, el régimen especial, no las renovables; renovable es cogeneración y residuos. Se trata de una iniciativa legislativa que pretende enviar un mensaje de responsabilidad por parte del Gobierno a todos los agentes del sector eléctrico español.
Señorías, es necesario adoptar medidas que desde la racionalidad envíen señales inequívocas de que España es un país fiable, un país en el que no existe riesgo regulatorio y conseguir, gracias a esta acción, que se reactiven y se relancen las inversiones en el sector energético y en otros sectores, a la vez que se acote el incremento del déficit tarifario y se defina una senda para la suficiencia progresiva de los peajes de acceso. El Real Decreto-ley 1/2012 explicita la necesidad de una actuación indispensable, una actuación que se adopta desde el máximo respeto a la legalidad y a la seguridad jurídica para sentar las bases y afrontar de manera eficaz el problema heredado del déficit de tarifa. Precisamente debido a la apuesta firme desde el Partido Popular por las energías renovables y siendo conscientes de la necesidad de compatibilizar el sistema de retribución percibido por ellas con la actual situación de crisis económica y descenso de la demanda, resulta imprescindible llevar a cabo esta moratoria temporal del sistema retributivo, con el fin de no poder incrementar el déficit de tarifa a través de esas ayudas a instalaciones que todavía no han sido inscritas en el registro de preasignación del régimen especial. Una medida que si consideramos, por un lado, los objetivos de potencia planificados para el año 2020 y, por otro lado, el hecho de que la capacidad de generación actual instalada es suficiente para asegurar la cobertura de la demanda prevista, no afectará a la capacidad de suministro ni a los compromisos adquiridos por España de cara a 2020 con la propia Unión Europea.
En consecuencia, al tratarse de una moratoria temporal, al no afectar a las plantas que ya han sido inscritas en los correspondientes registros de preasignación y, sobre todo, al no ser retroactiva, el Real Decreto-ley 1/2012, podemos afirmar, no supone en absoluto traba alguna para el desarrollo de las energías renovables en España. Repito, el real decreto-ley no impide el desarrollo de las energías renovables en España. En primer lugar, por las instalaciones afectadas. De acuerdo con el texto del artículo 2.1, las medidas afectan exclusivamente a aquellas instalaciones que a fecha 28 de enero de 2011 no hubieran sido inscritas en el registro de preasignación al que hace referencia el Real Decreto-ley 6/2009, así como el Real Decreto 1578/2008. Y en segundo lugar, por el carácter temporal de la medida, tal y como se desprende de la propia exposición de motivos, una decisión inteligente del Gobierno para eliminar cualquier duda al respecto. El Gobierno está comprometido, por tanto, con el respeto, reiterando los compromisos europeos del objetivo 20-20-20, como el reconocimiento del derecho de las instalaciones a obtener una prima de acuerdo con el artículo 30.4 de la Ley del Sector Eléctrico, Ley 54/1997. Además, las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 1/2012 están alineadas con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea sobre energías renovables, que sugieren estas recomendaciones para el momento actual: revisar los esquemas de apoyo a la producción de energía de régimen especial, fundamentalmente cogeneración y renovables; para los contratos en vigor, estudiar la viabilidad de acordar con los propietarios de las instalaciones una renegociación de las primas vigentes; para los nuevos contratos, revisar las primas actuales a la baja, garantizando que las mismas no sobrecompensen los costes acometidos por los productores y que incentiven el progreso hacia una rápida madurez de estas tecnologías, y finalmente, para basar las decisiones referentes a las inversiones en energías renovables en un análisis riguroso, particularmente en el caso de las tecnologías menos maduras.
En resumen, señorías, la herencia que hemos recibido del Gobierno anterior exige actuar con urgencia y responsabilidad por parte del nuevo Gobierno. Señorías, era necesario interrumpir el crecimiento del sobrecoste que ha de afrontar el sistema energético español por la incorporación de nuevas instalaciones primadas cada año y para frenar el problema que el déficit de tarifa genera a la economía nacional. Este Gobierno lo ha hecho enviando un mensaje en el que se reafirma la voluntad de eliminar el déficit de tarifa en el año 2013, siguiendo la senda marcada por el anterior Gobierno en el Real Decreto-ley 14/2010, así como en un apoyo claro y decidido a las energías renovables, tal y como hoy también ha reafirmado el señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Erias.
Señorías, quiero agradecer todas las aportaciones y sugerencias, sin duda de sumo interés, respecto a las cuales he ido tomando nota y voy a compartir con mis colaboradores en el ministerio. Estoy seguro de que algunas de ellas van a poder ser incorporadas a futuras medidas que el ministerio adopte con el fin de seguir aprobando planteamientos para contribuir a la disminución del déficit de tarifa. Solo una cuestión en relación a la temporalidad que planteaba el portavoz del Convergència i Unió. La temporalidad en relación a la fecha exacta, a día de hoy es desconocida pero sí puedo decirla respecto al momento. Desaparecerá esta temporalidad en el momento en el que hayamos sido capaces, junto a otras medidas a partir de esta, de lograr que el ritmo de acumulación del déficit tarifario anual se haya podido reducir y reconducir para que no se siga acumulando. Por tanto, es una temporalidad limitada en el tiempo. Finalmente, agradezco a los grupos parlamentarios que han expresado su apoyo, al Grupo Parlamentario Popular y también a los que han expresado su abstención, Convergència i Unió, UPyD y el PNV.
Estamos llamando a votación, que comenzará en breves instantes. (Pausa.)
Vamos a proceder a la votación, por tanto pido que cierren las puertas. Se somete a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 182; en contra, 127; abstenciones, 29.
El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, convalidado. (Aplausos.)
Por lo que se ha visto en el debate y me dicen los portavoces, hay varios grupos que piden que sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Por lo tanto, vamos a someter ahora a votación la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 153; en contra, 181; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: No se tramitará, por tanto, como proyecto de ley. Muchas gracias. (Pausa.)
Fin de la tarifa fotovoltaica... no moratoria...
En relación a esta injusta moratoria vemos que el Ministro en plan fino llama moratoria temporal a lo que realmente es el fin de las tarifas de las renovables.
Imaginamos que debe ser poco vendible de cara a la Prensa la idea de fin de la tarifa y por eso prefieren hablar de moratoria cuando lo real es que en suelo ya estaba la Q1 de 2012 a 11 c€/kW cuando el pool está a 5 ó 6 c€
Ahora sólo queda vender a pool cuando veamos que por el I+D sea rentable ó mejor dicho amortizable.
Si el Ministro nos hubiera dado ya el Balance Neto, hubieramos alcanzado la Paridad de Red... veáse las tarifas de las Q de 2012 como van bajando... Estamos muy cerca del pool.
Un abrazo a todos y ánimo. Si nos tiran al suelo... levantarse toca...
Gran intervención de la portavoz de amaiur
He leído por encima todas las intervenciones, y me ha sorprendido, gratamente, la intervención de la portavoz de Amaiur, del grupo mixto, a pesar de que no ha tenido mucho tiempo. Igual, por eso mismo, ha concretado y ha tenido que resumir todo.
No conocía la postura de ese grupo respecto a las renovables, pero, la verdad es que coincido en todos los puntos con ellos.
Solo le ha faltado citar a la gente que ha hecho inversiones y ahora no puede seguir adelante.
1-Revosolar solar shop 160 2-Saclima solar fotovoltaica 97 3-Zytech solar (fabricante placas solares) 51 4-Lidersolar 46 5-Censolar 41 6-Krannich solar 35 7-Rios renovables 32 8-Galivoltaica s.l. 24 9-Sunlab power 18 10-Ecogal energia 17

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 artículo 3
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 artículo 2
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 artículo 30