Source: https://www.scribd.com/document/62902785/VA-Aplicacion-y-desarrollo-de-la-ley-1098-de-2006
Timestamp: 2018-11-20 13:25:57+00:00

Document:
VA - Aplicación y desarrollo de la ley 1098 de 20...
Cadena de Valor de McDonald
La doble faz de la Constitución
0-CE-SEC1-EXP1997-N3932
Dictamen Reforma ley org poder jud chihuahua
sov.txt
Lap. Hsl Keg. Pely. DDTK
Surat Pemberitahuan Aktiviti Kokurikulum Di Sekolah
Descubrimiento y Conquista 2018
19-legea-nr-340-2004-republicata.pdf
SURAT-KEPALA-BKN-NOMOR-K.26-30-V.47-4-99-PEDOMAN-PENGANGKATAN-TENAGA-HONORER-K-II-FORMASI-TAHUN-ANGGARAN-2013-DAN-TAHUN-ANGGARAN-2014-MENJADI-CPNS.pdf
plan_od_05.11
La Guerra Civil en Colombia..docx
Diagnosis Kelainan.doc
A Novel Human Artificial Chromosome Vector Provides Effective Cell Lineage-Specific Transgene Expression in Human Mesenchymal Stem Cells
Studiul Eficientei Economice - Energii Regenerabile
PR8.2-valeatorias.pdf
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA LEY 1098 DEL 2006 “SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES”
DOCENTES: DRA. CLAUDIA SOFIA MARTÌNEZ DRA. MÒNICA CRUZ ORDIÈREZ
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA CESMAG FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS PROGRAMA DE DERECHO SAN JUAN DE PASTO 2011
INTEGRANTES: VANEZA RAMOS JURADO DIANA HERNÁNDEZ CORAL
1. LÍNEA INVESTIGATIVA.
Derechos Humanos (infancia y adolescencia) Con el presente trabajo se analizará en un ámbito general la importancia de los Derechos Humanos; los cuales sirven de bases legales dentro de esta investigación, determinando un verdadero interés al desarrollo de la normatividad que contiene la ley de infancia y adolescencia y así establecer una gama amplia de los mismos, estos derechos son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, religión, lengua o cualquier otra condición, todos tenemos los mismos derechos humanos, estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos de los niños, y las normas a las que deben aspirar todos los gobiernos para fomentar el cumplimiento de estos derechos, se encuentran articulados de forma precisa y completa en un tratado de derechos humanos – La Convención Sobre los Derechos de Niño Por lo tanto se demostrará la vital aplicación de los Derechos Humanos como eje transversal de las Políticas Públicas que nuestro país debe integrar, siendo estos de obligatorio cumplimiento gracias al Bloque de Constitucionalidad.
2. PROBLEMA. ¿Existe protección integral del adolescente infractor de la ley penal, de conformidad a la ley 1098 del 2006? .Verificando su aplicación a través del bloque de constitucionalidad.
3. OBJETIVO GENERAL.  Determinar si la protección integral y legal del adolescente infractor de la ley penal es RESPONSABILIDAD PENAL EN ADOLESCENTES o la aplicación de una POLITICA CRIMINAL.
4. OBJETOS ESPECÍFICOS.  Identificar el marco internacional sobre los derechos de los adolescentes, estableciendo el desarrollo histórico del mismo y la forma en que se incorporan al SRPA. Comparar los cambios estructurales entre la situación irregular del Código del Menor y la Protección Integral de la ley 1098 del 8 de noviembre del 2006(marco comparativo). Establecer la importancia de la doctrina de la protección integral y el principio del interés superior de NNA como objetivo integrador de los instrumentos internacionales. Analizar los precedentes judiciales de la Corte Constitucional referente a la ley de infancia y adolescencia.(línea jurisprudencial) Evaluar si la ley 1098 del 2006 aplica las pautas legales de los instrumentos internacionales y aquellas contenidas en el modelo garantista de esta ley o en caso contrario se fundamenta en una política criminal.
5. JUSTIFICACIÓN Colombia como Estado Social de Derecho, acorde a sus fines y en cumplimiento con la Constitución Política de Colombia de 1991(art. 44) acoge una protección integral a los niños de nuestro país, en conformidad a esto prevalecerá en los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un
ambiente de felicidad, amor y comprensión.
El interés y desarrollo de la investigación es analizar y establecer los impactos socio jurídicos de la ley 1098 del 8 de noviembre del 2006, la eficacia del sistema, y a su vez el monitoreó del estado de resocialización de los jóvenes, a través del mejoramiento de sus condiciones de vida, a partir de la nueva concepción del joven como sujeto de derecho pero también de obligaciones, dando así a la transformación del sistema de responsabilidad penal para adolescentes vigente. Al desarrollar este proyecto se hace evidente la necesidad de establecer un proceso de apropiación reflexiva de esta ley, ya que la población infantil y adolescente, se encuentra ampliamente afectada por las circunstancias de pobreza, violencia, exclusión e inequidad de las posibilidades de realización personal y social, sumando a esto la difícil realidad de nuestro país al igual que nuestro departamento afronta; donde la delincuencia en los menores es cada vez mayor, las instituciones no están fortalecidas para brindar atención integral. En este orden de ideas es necesario la apropiación reflexiva que trascienda el simple conocimiento de la normatividad para la orientación de las funciones formales y permita la comprensión del amplio sentido social que conlleva con sus reales alcances y posibles limitaciones, en el efectivo cumplimiento de esta ley, buscando así la protección integral de los derechos, al establecer mecanismos que definen a la corresponsabilidad de la familia, sociedad y el estado frente a los adolescentes.
5. MARCO TEÓRICO- CONTEXTUAL. “Con la obra de Dickens Charles, Oliver Twist se hace apertura a los antecedentes del surgimiento de los derechos del niño y toda su problemática haciendo alusión a la pobreza durante la época victoriana en Inglaterra, en donde los hospicios eran el destino obligado de huérfanos y huérfanas menores de 15 años o aquellos que sus padres no podían sostener debido a sus bajos recursos. Estos sitios expresaban el abandono y la constante violencia contra quienes no tenían familia, desconociendo los derechos que les pudiesen corresponder por su condición. Se trae esta referencia literaria, porque no es abundante la información que históricamente se tiene sobre los niños, niñas y adolescente infractores de la ley penal, a quienes tradicionalmente se les consideraba pequeños hombres (homúnculos) para subordinarlos al “buen” parecer de sus padres o, en algunos casos, a las mismas reglas del delincuente adulto, a la vez que se aprovechaba
esa subordinación para someterlos ante cualquier clase de conductas que se consideraran inadecuadas, por ejemplo, la vagancia o la rebeldía. Se refundían de esta forma conductas delictuales con los malos o inconvenientes comportamientos estimados por la familia, la sociedad o quienes ejercieran autoridad sobre ellos.”1 Con esta visión, surgen en el siglo XV, con un matiz de beneficencia o caridad, los primeros orfelinatos, los cuales generalmente, eran manejados por organizaciones religiosas, a donde llevaban a quienes eran considerados vagabundos, expósitos, díscolos, traviesos, huérfanos, etc., en tanto, que, a los que habían cometido alguna infracción penal, a cárceles de adultos, bajo el control de un Ministerio o Tribunal. Desde el punto de vista de la evolución y con el asentamiento de la sociedad industrial y los cambios sociales que esto implicó, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, se empieza a diferenciar la justicia de menores, con la creación de tribunales especiales, aquí podríamos enunciar estos hitos históricos fundamentales: 1. El primer tribunal de menores (Juvenile Court) del mundo se crea en 1899, en Chicago. Roscoe Pound “considera, esta es la ley más abarcadora y más humana que se ha dado a un pueblo desde que el rey Juan firmó la magna carta. Marca el paso y está a tono con todo pensamiento inspirador y con todo noble impulso concerniente al cuidado, seguridad y bienestar de los niños”2 este precursor de los principios que rigen los tribunales de los menores se expresó con relación a la ley, como una alternativa para salir al paso de la precaria situación jurídica penal de los niños del Estado de ILLINOIS, que a partir de los diez años de edad recibían el mismo tratamiento punitivo que los adultos, gozando simplemente de una cierta atenuación de la pena. A partir de ese momento se fue consolidando la idea de que la reacción social frente a los delincuentes juveniles debía ser netamente diferenciada de la prevista para los que ya habían alcanzado la mayoría de edad, iniciándose para aquellos un tratamiento educativo correccional. 2. El 23 de febrero de 1923, la Unión Internacional de Socorros a los niños proclamó la “DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO que posteriormente fue aprobada por la sociedad de naciones, el 26 de septiembre de 1924 y que se conoce con el nombre de la Declaración de Ginebra”3.
DICKENS Charles, OLIVER TWIST, Rol Andes Ltda., Bogotá, 1999, p. 32-33 ROSCOE POUND, “the juvenile court and the law”.
DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Declaración de ginebra en 1924, “Derecho de menores”, Marco Gerardo Monroy Cabra.
3. En tanto esto pasaba, Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Perú, Uruguay y Venezuela, crean en 1927, el Instituto Interamericano del Niño, a iniciativa del médico pediatra uruguayo, Luis Morquio. Esta organización entra a ser parte de la OEA, en 1962, desde el punto de vista fiscal y administrativo, pero sin perder su autonomía técnica, impulsando desde su creación, el reconocimiento y respeto por los derechos de niños, niñas y adolescentes, a la vez que divulgando los mismos. 4. En Diciembre de 1927, Lucila Godoy (GABRIELA MISTRAL) enuncia los derechos del niño. 5. La Unión Internacional de Protección a la Infancia revisó en 1948 la declaración de ginebra y expidió la Carta de la Unión Internacional sobre derechos del niño, al igual que el 10 de diciembre de este mismo año se proclama la declaración de los derechos del hombre por la ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, la cual puede entenderse, alcanza a los NNA. 6. El 20 de noviembre de 1959, se aprobó la declaración de derechos del niño por la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. En noviembre de 1989, al cumplirse diez años de trabajos preparatorios, la ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS aprobó por unanimidad la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. A la fecha, todos los países del planeta, con dos únicas excepciones -Estados Unidos y Somalia, han ratificado esta Convención. La región de América Latina y el Caribe ha sido pionera en el proceso mundial de ratificaciones de este tratado internacional. LA CONVENCION SOBRE DERECHOS DEL NIÑO constituye el marco fundamental a partir del cual los gobiernos desarrollan sus políticas para la niñez y la adolescencia. El documento de la Convención puso el acento en tres puntos esenciales: • Reafirmar respecto a los niños, derechos ya reconocidos a los hombres en general en otros tratados. • Adaptar ciertos derechos fundamentales del hombre teniendo en cuenta las necesidades específicas y la vulnerabilidad de los niños. • Establecer normas en los dominios pertinentes únicamente y más específicamente para los niños.
La convención se convierte en un hito muy importante en la historia de la sociedad ya que acoge a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de este nuevo pacto... “Transforma necesidades en derechos colocando en primer plano el problema de la exigibilidad, no sólo jurídica sino también político – social de los derechos”4. En este contexto histórico, surgen los distintos modelos de justicia juvenil, los cuales a lo largo de siglo XX se van matizando acorde con los intereses de cada Estado y con criterio de restricción o en algunos casos supresión de derechos, pues se consideran a los NNA, objeto de protección, sin capacidad de auto determinarse o formar autónomamente su destino. Regulación por países: actualmente, la jurisdicción de menores existe en América en 14 países. En algunos países, la jurisdicción de menores está ubicada dentro de la rama jurisdiccional: Brasil- Colombia- Costa Rica -Chile –Ecuador –El Salvador – Guatemala -Panamá –Perú –Uruguay y Venezuela .En otros Estados, la jurisdicción de menores forma parte del órgano ejecutivo de asistencia y protección a menores: Bolivia, o dependen del poder ejecutivo: México. Brasil: su legislación se implementó a través de la ley 4.513, del 1 de diciembre de 1964, que dio origen a la fundación nacional de bienestar del menor. Costa Rica: el código de familia fue adoptado por el decreto num.5476 del 21 de diciembre de 1973. Además Costa Rica aprobó el código del menor que regula la problemática de la minoría. Chile: la ley num.16618, del 3 de febrero de 1967, adopto el código de menores. Se creó el concejo nacional de menores para dirigir y coordinar la política sobre los mismos. El código regula la jurisdicción de menores, la policía de menores, las casas e instituciones asistenciales de menores y las medidas que se aplican a estos. Ecuador: el código de menores fue promulgado el 2 de junio de 1976. La jurisdicción de menores está compuesta de los tribunales de menores y la corte nacional de menores. México: mediante la ley del 29 de diciembre de 1973 se crearon los concejos tutelares para menores infractores del distrito y territorios federales. La ley
GARCIA MENDEZ EMILIO: “La Convención Internacional de los Derechos del Niño y las políticas públicas”, Derecho de la Infancia – Adolescencia en América Latina. Pág. 272
establece el procedimiento ante el consejo tutelar y las medidas que este pueda adoptar. Venezuela: existe un código de menores del 20 de junio de 1972, así como también una jurisdicción y un procedimiento de menores. Imputabilidad penal en Latinoamérica: según RAFAEL SAJON Y UBALDINO CALVENTO5, conforme, con el XI, XII, Y XIV congresos panamericanos del niño han recomendado que el menor de 18 años quede excluido de la legislación penal común. A esta misma conclusión han llegado los seminarios y congresos de las naciones unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente. Desde luego que está aprobado que antes de los 18 años no hay suficiente maduración síquica y social par determinarse libremente. La edad de inimputabilidad varía entre los 14 y 18 años. Establece la edad de 18 años BRASIL, ECUADOR, EL SALVADOR, HONDURAS, MEXICO, NICARAGUA, PANAMA, PERU REPUBLICA DOMINICANA, URUGUAY Y VENEZUELA; 17 años COSTA RICA; 16 años BOLIVIA, COLOMBIA, CHILE; 15 años GUATEMALA Y PARAGUAY; 14 años ARGENTINA. Con esta nueva visión, el mundo paulatinamente fue implementando cambios estructurales en cada estado las legislaciones juveniles, que fueron producto de transformaciones socioeconómicas de cada época. Así las NACIONES UNIDAS buscando lograr que los derechos de los NNA fueran realidad, basados en la situación actual del mundo, en especial a aquellos infractores de la ley penal, y con fundamento en los tratados internacionales que sobre derechos humanos se habían promulgado. Configura un conjunto de instrumentos a nivel internacional que buscaban esa protección a sus derechos y la forma en que deben ser respetados por parte de los estados miembros. Este conjunto lo integran, principalmente los siguientes INSTRUMENTOS INTERNACIONALES:” 1. Declaración Universal de los derechos humanos 1948. Toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción alguna por motivos de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. -La infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales 2. Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño de la asamblea general de naciones unidas de 1959.
Legislación atinente a menores en las Américas, publicada por el INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO, MONTEVIDEO (Uruguay), 1977.
3. La convención sobre derechos del niño, Asamblea general de naciones Unidas 19 de noviembre de 1989.De conformidad con el artículo 49 y ratificada por Colombia mediante Ley 12 de 1991. Articulo 1. Para los efectos de la presente convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años. Articulo 3. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas, se atenderá el interés superior del niño.
4. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 (entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49) En Colombia Ley 74 de 1968. 5. Convención sobre aspectos civiles del secuestro internacional de niños, suscrito en la La Haya de octubre de 1980. - El convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción Internacional de mayo 1993. 6. Los convenios de la OTI 132 de 1998 sobre la edad mínima para el trabajo y el 182 de 1999 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. 7. Protocolos facultativos a la convención de los derechos del niño. Relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía de 2000. Relativo a la participación de niños en los conflictos armados.
8. Estatuto de la Corte Penal Internacional, crimen de guerra y de lesa humanidad reclutar a menores de 15 años para participar en conflictos armados. 9. Convención Internacionales. de la Haya sobre las adopciones nacionales
10. Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad). Adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990.”6
Nuevo marco legislativo para la infancia y la adolescencia en Colombia fundado en la perspectiva de derechos
A estos instrumentos de suman todos aquellos que versen sobre derechos humanos, conformando lo que se ha denominado el modelo de justicia para NNA o de protección integral. Cumpliendo así los objetivos y propósitos de la normatividad de la ley 1098 del 2006, debemos necesariamente enfatizarnos a aquellas normas internacionales que integran el bloque de constitucionalidad; ya que todas las pautas legales anteriormente mencionadas no siempre son de vital aplicación en la práctica sancionatoria de los delitos cometidos por los adolescentes en nuestro contexto Colombiano. En cuanto a la integración de instrumentos internacionales en el “Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes”7 y “Bloque de 8 Constitucionalidad” , la evolución de la humanidad reflejada en los derechos humanos, alcanza el derecho interno colombiano, al ser incorporados constitucionalmente como derechos fundamentales, al igual que su obligatoria aplicación por medio del bloque de constitucionalidad, mecanismo integrador construido por la Corte Constitucional a partir de los arts. 44, 53, 93, 94 y 214 Constitucionales. En la Constitución Política de 1991 encontramos establecido en cuatro artículos las disposiciones de bloque de constitucionalidad: 1. Art. 53: este artículo nos propone que todos los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. 2. Art. 93: establece que ciertas normas internacionales de derechos humanos prevalecen en el orden interno, y que los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. 3. Art. 94: incorpora la cláusula de derechos innominados, pues precisa que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.
Ley 1098 del 2006”- libro II. De la responsabilidad penal para adolescentes, niños y niñas víctimas de delitos. / Titulo I. Sistema de Responsabilidad penal para Adolescentes.
“Bloque de constitucionalidad” se refiere a aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Carta Política –entre otros en los artículos 9, 93, 94, 214, 53 y 102)- Sentencia C-203/05.
4. Art. 214: regula los estados de excepción, e indica que incluso en esos momentos de crisis, no pueden suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales, y que en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. “El bloque de constitucionalidad en todo su alcance lo ha venido construyendo paulatinamente la Corte Constitucional”9, que en jurisprudencia y según la doctrina establece que hacen parte de este bloque de constitucionalidad en sentido estricto: _ El preámbulo _ El articulado constitucional _Los tratados limites ratificados por Colombia _Los tratados de derechos humanitarios y los tratados ratificados por Colombia que reconocen derechos que no pueden ser suspendidos en estado de excepción. De acuerdo a la doctrina, la investigación respecto de bloque de constitucionalidad, y al igual el estudio que se realizo anteriormente en el marco histórico de este proyecto, nos remitimos a la identificación adecuada de los tratados, convenios y pactos internacionales pero que han sido ratificados por Colombia y son de sentido estricto; es decir aquellos de estricto cumplimiento que son parte de nuestra legislación interna, por medio de bloque de constitucionalidad. En este orden, encontramos los siguientes instrumentos internacionales:”10 1. SISTEMA INTERAMERICANO: Convención Internacional sobre tráfico de menores: Establece la importancia de asegurar una protección integral y efectiva del menor, frente a una preocupación universal como lo constituye el tráfico internacional de menores regulando así los aspectos civiles y penales de este mismo, apoyada en una cooperación internacional para mantener una protección internacional del interés superior del menor. “El Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, define el tráfico de personas en su artículo 3 letra a) : "Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios
Ver por ejemplo, la sentencia C-582 de 1999. BADAJ. Base de datos jurídicos.
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación” 11. Constituye, pues, tráfico de menores todo comportamiento que cumpla estas características cometido sobre una persona menor de 18 años. 2. SISTEMA DE NACIONES UNIDAS: Convención Internacional sobre Derechos del Niño: Se constituye en una serie de normas y obligaciones irrevocables aceptada universalmente, ofrece protección y apoyo a los derechos de la infancia. Al aprobar la Convención, la comunidad internacional reconoció que, a diferencia de los adultos, las persona. Esta recopilación y clarificación de los derechos humanos de la infancia establece el entorno y ofrece los medios necesarios para permitir que todos los seres humanos desarrollen su pleno potenciales menores de 18 años necesitan una atención y protección especiales. Protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la parte de niños en conflicto armado: El Protocolo facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados establece los 18 años como la edad mínima para el reclutamiento obligatorio y exige a los Estados que hagan todo lo posible para evitar que individuos menores de 18 años participen directamente en las hostilidades. ” 12
Protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía: El Protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía llama especialmente la atención hacia la criminalización de estas graves violaciones de los derechos de la infancia y hace hincapié en la importancia que tiene fomentar una mayor concienciación pública y cooperación internacional en las actividades para combatirlas. ” 13 Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima para la admisión de empleo: Uno de los métodos más efectivos para lograr que los niños no comiencen a trabajar demasiado temprano es establecer la edad en que legalmente pueden incorporarse al empleo o a trabajar. Este convenio estipula como los estados deben aplicar los principios y derechos fundamentales del trabajo. ” 14
http://msnchezmedina.galeon.com http://www.unicef.org/spanish/crc/index_protocols.html. http://www.unicef.org/spanish/crc/index_protocols.html http://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--es/index.htm
Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil: Tal como lo demuestran a las claras las estadísticas, el trabajo infantil es un problema de inmensas proporciones y de ámbito mundial. La OIT llegó a la conclusión de que era necesario mejorar los Convenios sobre trabajo infantil existentes. Este Convenio núm. 182 ayudó a despertar un interés internacional respecto de la urgencia de actuar para eliminar peores formas de trabajo infantil prioritariamente y sin perder de vista el objetivo a largo plazo de la abolición efectiva de todo el trabajo infantil. ” 15 3. CONFERENCIA DE LA HAYA: _Convenio relativo sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores: Este convenio se refiere a la custodia del menor deseando así proteger al menor en el plano internacional, de los efectos perjudiciales que podría ocasionarle un traslado o una retención ilícita, y de establecer los procedimientos que permitan garantizar la restitución inmediata del menor al Estado en que tenga su residencia habitual, así como de asegurar la protección del derecho de visita. _Convenio relativo a la protección de menores y a la cooperación en materia de adopción infantil: Este convenio recoge toda previa información sobre el menor y sus circunstancias, equivalente al certificado de idoneidad e informes psicosociales y legales de las familias. Conviene finalmente tener en cuenta que, como se ha explicado, algunas normas son de aplicación en sentido estricto pero también existen aquellas que son aplicadas en sentido amplio o lato, donde los tratados dentro de esta aplicación, como lo establecen algunas sentencias de la Corte indica la limitación de estos en estados de excepción. Entre aquellos instrumentos internacionales tenemos: _Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores. (Reglas de Beijing.): Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores. Estas orientaciones básicas de carácter general se refieren a la política social en su conjunto y tienen por objeto promover el bienestar del menor en la mayor medida posible, lo que permitiría reducir al mínimo el número de casos en que haya de intervenir el sistema de justicia de menores y, a su vez, reduciría al mínimo los perjuicios que normalmente ocasiona cualquier tipo de intervención. Esas medidas de atención de los menores con fines de prevención del delito antes del comienzo de la vida delictiva constituyen requisitos básicos de política”. 16 _Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad. (Reglas de Tokio.): Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las
http://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--es/index.htm http://www.col.ops-oms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/Inter/NR403385.htm.
medidas no privativas de la libertad, contienen una serie de principios básicos para promover la aplicación de medidas no privativas de la libertad, así como salvaguardias mínimas para las personas a quienes se aplican medidas sustitutivas de la prisión. Tienen por objeto fomentar una mayor participación de la comunidad en la gestión de la justicia penal, especialmente en lo que respecta al tratamiento del delincuente, así como fomentar entre los delincuentes el sentido de su responsabilidad hacia la sociedad. ” 17 _Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil. (Directrices de Riad.): Al principio, las Directrices fueron elaboradas durante una reunión del Centro Árabe de Capacitación y Estudios de Seguridad en Riad, de ahí las Directrices de Riad. Las Directrices establecen las normas para la prevención de la delincuencia juvenil e incluso medidas de protección de personas jóvenes quienes han sido abandonadas, descuidadas, abusadas o quienes se encuentran en situaciones marginales - en otros términos, en "riesgo-social". Las Directrices incluyen la fase pre-conflicto, es decir, antes de que los jóvenes entren en conflicto con la ley. Se concentran en el niño y se basan en la premisa de que es necesario contrarrestar aquellas condiciones que afectan e influencian desfavorablemente el desarrollo sano del niño. Para ello, se propusieron medidas exhaustivas y multidisciplinarias para asegurar a los jóvenes una vida libre de crímenes, victimización y conflictos con la ley. Las directrices se enfocan en modalidades de intervención preventiva y protectora y tienen como objetivo la promoción por un esfuerzo conjunto de un papel positivo de parte de varios organismos sociales, incluyendo la familia, el sistema educativo, los medios de comunicación y la comunidad así como las personas jóvenes mismas. ” .18 Estas reglas tocan temas de derechos humanos y están referidos directamente al tema de la responsabilidad penal de NNA. En sentido estricto, ninguno de esos documentos hace parte directamente del “Bloque de Constitucionalidad” pues no son tratados de derechos humanos ni adquieren fuerza jurídica automática por el solo hecho de haber sido aprobados por la Asamblea General de la ONU, por cuanto las resoluciones o recomendaciones de dicha asamblea no son tratadas. Por ello sería un error decir que fuesen en sí mismos un tratado o por si mismos un texto vinculante, porque no lo son. Sin embargo, no se trata de documentos irrelevantes para la valoración o interpretación de los derechos constitucionales en Colombia, y específicamente de las normas de procedimiento penal, por cuanto algunos de estos
documentos pueden adquirir un notable valor doctrinario, o valor jurisprudencial por su por tribunales nacionales e internacionales. Así, las Reglas de Beijing fueron explícitamente usadas por la Corte Interamericana en el caso de los llamados “niños de la calle”19 mientras que, las reglas de Beijing y las de Tokio, Se trata de parámetros de obligatorio cumplimiento dentro del ordenamiento jurídico colombiano, por mandato expreso del artículo 44 constitucional, de conformidad con el cual los niños son titulares de la totalidad de derechos consagrados en instrumentos internacionales a su favor, han sido reiteradamente invocados por distinto tribunales, incluyendo a Corte Constitucional”. 20 Estableciendo así: “Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia” efectivizándose también en este articulo lo conforme a “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”, por lo tanto la protección garante que la ley 1098 ha venido desarrollando es conforme a una rígida solemnidad de nuestra carta magna; es decir esta ley fue proyectada conforme a un modelo social de derecho y estipulaciones constitucionales. Enfatizando en el contexto colombiano es importante resaltar que días después de la aprobación de la Convención, Colombia aprobó, por Decreto 2737 del 27.11.89, un nuevo Código del Menor. A pesar de ser posterior a la Convención y de haberse declarado en su momento a la misma como fuente de inspiración, esta ley integra en su contenido y forma de producción, todos los vicios inherentes a las viejas legislaciones de menores. Esta ley representa una mera adecuación formal a los principios de la Convención, mas no una verdadera materialización de los derechos y garantías de los NNA, implementando así una indebida doctrina de la situación irregular. Un claro ejemplo de esta mínima medida dentro de la nueva realidad social, es la constitución de los TRIBUNALES DE MENORES, que dentro del ámbito latinoamericano, Argentina junto con Colombia protagonizan una clara deficiencia en el proceso de estas instituciones; la primera Ley de Menores en América Latina fue la ley "Agote" de Argentina de 1919, que hasta 1992, dicha institucionalización no se ha concretado, quedando dicha competencia en manos de algunos jueces correccionales ordinarios. El segundo ejemplo, se refiere a Colombia, donde la ley 98 de 1920, que crea la figura del juez especializado de menores se materializa exclusivamente en Bogotá. Para 1926, sólo 4 juzgados existían en Colombia.
Ver la sentencia del 17, de noviembre de 1999.caso VILLAGRAN MORALES. Modulo de bloque de constitucionalidad, derechos humanos y proceso penal. Pág. 98 y 99.
En estos dos casos podemos deducir que si la protección jurídica se concreta sobre todo en el plano de las meras ideas sin llegar a materializarse, mucho más acentuada resulta esa tendencia en el plano de la protección social de atención directa a la infancia y la adolescencia que tanto necesitan. En Colombia a medida que el tiempo juega un papel indispensable en el sistema penal para estos “menores” como los determina el código del menor, Las Naciones Unidas en sus informes y seguimiento a nuestro país, como estado parte de la ratificación de la convención de los derechos del niño, realiza una ardua y consistente adecuación de derechos y una verdadera materialización por parte de Colombia frente a todos los tratados y pactos internacionales acogidos por el Gobierno. En un “informe del Comité para los derechos del niño de las Naciones Unidas, de octubre 16 de 2000”21, donde la alta comisionada se refiere la grande preocupación de la situación vulneración de los derechos del niño, así mismo insta al Estado para que sea aprobada la reforma del Código del Menor en armonía con lo establecido en la Convención de los derechos del niño. Por lo tanto este monitoreo arroja como resultado observaciones que deben ser acatadas por Colombia en el menor tiempo posible e incorporarlas en su legislación interna. Además en cumplimiento con la Convención de Viena, donde establece que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. En este orden de ideas y una clara visión sobre inconsistente cumplimiento y no cambiante situación favorable para los niños, niñas y adolescentes (NNA) en Colombia Desde el año 2002, un grupo de entidades de Gobierno, del Ministerio público, del sistema de Naciones Unidas y de organizaciones no Gubernamentales nacionales e internacionales, se unieron con el propósito de construir de manera conjunta, un proyecto de ley integral para la infancia y la adolescencia en Colombia, que permitiera actualizar el código del menor vigente desde 1989, y poner a tono la legislación sobre niñez en el país con la convención internacional de los derechos del niño, los demás instrumentos internacionales de derechos humanos y los mandatos de la Constitución Política de 1991. Además, establece la responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, en la obligación de asistir y proteger a los niños y las niñas para asegurar su desarrollo armónico integral en ejercicio pleno de sus derechos independientemente de su etnia, religión, opinión, sexo y patrimonio para lo cual también se implementaron las denominadas políticas públicas dirigidas
informe año 2000. Alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos.
totalmente a ellos. A partir de la aprobación de la Constitución Política de Colombia, que recoge plenamente la filosofía y el marco doctrinario de la convención sobre los Derechos del Niño, el país gradualmente ha pasado de una visión de los niños y las niñas como “menores” indefensos y sujetos de la caridad y de la buena voluntad de los adultos, hacia su reconocimiento como sujetos de derecho. En conforme a lo dicho anteriormente resulta ser de vinculante importancia recordar el artículo 13 constitucional; donde “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”, actualmente sabemos cómo la comunidad ha venido determinando al adolescente como un peligro mas dentro de las vivencias diarias, configurando así el papel garantista del Estado donde se hagan respetar todos los derechos que esta ley de infancia y adolescencia propone en su articulado normativo mirándolo así al adolescente no como una apéndice para la sociedad sino como aquel sujeto de derecho, integrador de una sociedad y como una persona más dentro de ella que representa los interés de una comunidad de especial atención y prestación estatal, como es prioritariamente la educación. El sistema se aplica gradualmente, de conformidad con el artículo 216 de la Ley 1098/06 y el Decreto 4562 de 2006. Las fases de implementación se distribuyen durante los años 2007, 2008 y 2009, en éste último año debe estar implementado en todo el país. La primera fase entro a regir el 15 de marzo, en los distritos judiciales de Bogotá y Cali.
MARCO COMPARATIVO. (Código del menor - Código de infancia y adolescencia). La situación irregular Surge al mundo jurídico con las primeras legislaciones sobre menores en 1920 para regular los problemas de menores pobres, abandonados o con conductas desviadas, a quienes se debe intentar en instituciones. Esta teoría reconoce la existencia de problemáticas sociales y no de derechos, es decir que se sustenta en el reconocimiento de situaciones o problemas en los que el menor es irregular. Protege al menor con problemas. La protección integral Surge al mundo jurídico en 1989 como resultado de un consenso universal que reconoce a los niños y niñas como personas autónomas con derechos y deberes.
Reconoce la titularidad de los derechos humanos de niños y niñas y no los problemas. Se soporta en el reconocimiento de derechos que deben ser protegidos y garantizados de manera integral. Protege al niño o niña que le han vulnerado sus derechos.
Denomina a la población por debajo de 18 años con el termino de menores, para significar que son apéndices dependientes de los padres o del estado, para significar que se deben proteger cuando son objeto de violencia, de explotación, de abandono o de pobreza, y para significar su minusvalía, dependencia o incapacidad. cuando presentan conductas desviadas como la delincuencia y además son pobres o abandonados, deben ser institucionalizados para protegerlos, ya que son calificados como inimputables, aun cuando el proceso que los juzga por comisión de delitos no es penal sino tutorial por lo que está ausente el debido proceso y quedan al arbitrio y discrecionalidad de autoridades judiciales y administrativas. Confunde la delincuencia con la pobreza, es decir se los priva de la libertad o interna por que son pobres o abandonados para protegerlos. No contiene dispositivos de políticas sociales o de prevención, solo contiene medidas para atender los problemas que se dan.
Proscribe el término menor para dar paso al concepto niño como persona autónoma e independiente a quien se debe proteger de manera integral mediante la garantía de todos y cada uno de sus derechos, reconocimientos en los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos generales y específicos. Cuando son responsables de cometer delitos consagrados en las leyes penales deben ser investigados y juzgados por autoridades judiciales competentes para garantizar el ejercicio de su derecho a un debido proceso y deben ser reprochados de acuerdo con su grado de desarrollo integral, la privación de la libertad se sustenta en la gravedad del hecho cometido.
La responsabilidad de los menores es subsidiaria: primero la familia y si esta no responde pasan al estado.
Los derechos de los menores están integrados y diluidos en los de los padres o los de la familia, no son personas autónomas sino dependientes.
Dispone la obligación de generar políticas sociales básicas para garantizar los derechos de los niños, prevenir amenaza o vulneración y de políticas públicas nacionales, regionales y locales que garanticen la inversión social de los recueros del estado. La responsabilidad de la protección de los niños y niñas es solidaria, conjunta y simultanea: “la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico integral y el ejercicio pleno de sus derechos” Art. 44 Constitución política de Colombia. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Son personas autónomas, titulares de derechos generales y específicos que prevalecen.
La ley de juventud dirigida a reconocer y promover la participación de los jóvenes y a mejorar la oferta y calidad de servicios de salud, educación y capacitación para el trabajo, entre otros. “Ante más de 2.8 millones de niñas y niños en edad escolar por fuera del sistema educativo,9 niños y niñas muertos en forma violenta en promedio al dia,14 mil niños y niñas víctimas de delitos sexuales, más de 11 mil maltratados en sus espacios familiares y escolares al año, más de 2.5 millones q viven en situación de miseria e indigencia, cerca de 100 mil q crese en las instituciones de protección por abandono o peligro ,más de 18 mil infractores de la ley penal y cerca de 15 millones de NNA sin una legislación que garantice la preservación de sus derechos fundamentales, es una prioridad una ley estatutaria para la infancia y la adolescencia.”22 Considerando que los NNA, están cobijados por todos los derechos y libertadas enunciadas en los tratados internacionales sin ninguna clase de distinciones, y que ante su falta de madurez física y mental, requieren de cuidados y asistencia especial para lograr su pleno y armonioso desarrollo de cara a su vida independiente como ciudadano o ciudadana, y guiados por los ideales de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, se construye el principio del interés superior de NNA, el cual surge como un imperativo de respeto y protección integral. Por su parte, la Ley 1098, en su Artículo 8, entiende por “… interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes…”. Esa mirada protectora, permite que NNA sean realmente reconocidos como sujetos de derechos y como tales, brindarles la oportunidad de hablar y ser escuchados, de participar, de ser determinados, y así, progresivamente lograr su autonomía como ciudadanos. De esta manera, hemos concluido con lo que se refiere a la investigación histórica y normativa que nuestro Estado ha acogido en sus antecedentes y su aplicación de bloque de constitucionalidad, lo cual ha conllevado a la creación de la nueva ley de infancia y adolescencia. Ahora nos resta es llegar a un debida reflexión y aplicación penal para nuestros adolescentes, que según nuestro criterio fundado en una investigación correcta y con la importante elaboración de la línea jurisprudencial deberíamos aplicar una ¿RESPONSABILIDAD PENAL O POLITICA CRIMINAL? Que según se ha visto en la actualidad es un debate permanente abierto en nuestro contexto social
Nuevo maro legislativo para la infancia y la adolescencia en Colombia fundado en la perspectiva de derechos”, aldeas infantiles SOS Colombia, alianza por la niñez, CIMDER, Plan. Pág. 2
6. MARCO LEGAL  Declaración Universal de los derechos humanos 1948.  Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño de la asamblea general de naciones unidas de 1959.  La convención sobre derechos del niño, Asamblea general de naciones Unidas 19 de noviembre de 1989.  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  Convención sobre aspectos civiles del secuestro internacional de niños, suscrito en la La Haya de octubre de 1980.  Los convenios de la OTI 132 de 1998 sobre la edad mínima para el trabajo y el 182 de 1999 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación.  Protocolos facultativos a la convención de los derechos del niño.  Estatuto de la corte penal internacional, crimen de guerra y de lesa humanidad reclutar a menores de 15 años para participar en conflictos armados.  Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad).  Convenio relativo sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.  Convenio relativo a la protección de menores y a la cooperación en materia de adopción infantil.  Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores. (Reglas de Beijing.)  Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad. (Reglas de Tokio.)  Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad.  La Conferencia Mundial de Viena.  Constitución Política de Colombia, en sus artículos 13, 44, 53, 93, 94, 214.
7. MARCO CONCEPTUAL. _ DERECHOS HUMANOS: “Conjunto de facultades y garantías que cualquier persona debe tener para que sea protegida su integridad física y su dignidad moral” _NNA: (niños, niñas y adolescentes) “Que tiene poca experiencia o madurez” _ CIA (código de infancia y adolescencia). Ley estatutaria número 1098 del 2006.
_SRPA (sistema de responsabilidad penal para adolescentes) título I. del libro II “de la responsabilidad penal para adolescentes, niños y niñas víctimas de delitos” _ ADOLESCENCIA: “Edad que sucede a la niñez, y que transcurre desde la pubertad hasta el pleno desarrollo” La adolescencia comienza con la pubertad, es decir, con una serie de cambios fisiológicos que desembocan en plena maduración de los órganos sexuales, y la capacidad para reproducirse y relacionarse sexualmente. _TRATADO: “Ajuste o conclusión de un negocio y materia, después de haberse conferido y hablado sobre ello” _CONVENIO: “Pacto, acuerdo entre personas, organizaciones, instituciones etc.” _DECLARACIÒN: “Manifestación y explicación pública. _EXPÓCITO: Dicho de un recién nacido: Abandonado o expuesto, o confiado a un establecimiento benéfico. _DíSCOLO: Se aplica a la persona que suele desobedecer y rebelarse contra las normas y órdenes.
8. LINEA JURISPRUDENCIAL
Problema jurídico: ¿existe protección integral del adolescente infractor de la ley penal, en conformidad a la ley 1098 del 2006?
Política criminalEl aumento de penas impactan significativamente La comisión de delitos.
 C-839/01  C-203/05 .C-951/07 .C-061/08 .C-690/08 .C-149/09
Responsabilidad penal para adolescentesLa aplicación efectiva de las normas, es la sanción ejemplar a los jóvenes, donde se miren las alternativas de prevención, control del delito y rehabilitación.
NICHO CITACIONAL: Sentencia T-408 del 14 de septiembre de 1995: la Corte establece como regla general la importancia de la relación permanente y estrecha que debe haber entre padres e hijos Sentencia T-514 del 21 de septiembre de 1998: se desarrolló el concepto constitucional de interés superior del menor, que consiste en reconocer al niño una caracterización jurídica específica fundada en sus intereses prevalentes y en darle un trato equivalente a esa prevalencia que lo proteja de manera especial, que lo guarde de abusos y arbitrariedades y que garantice "el desarrollo normal y sano" del menor desde los puntos de vista físico, sicológico, intelectual y moral y la correcta evolución de su personalidad. Sentencia C-1064 de 2000: DERECHOS DEL NIÑO-Prevalencia/DERECHOS DEL MENOR-Protección/DERECHOS DEL MENOR-Enunciación constitucional no excluye el goce de los reconocidos en tratados internacionales Sentencia T-556 de 1998: Derecho a la integridad personal y a la seguridad social de los niños, el derecho a la salud, cuando se trata de niños, es derecho fundamental sin necesidad de que se establezca conexidad con el derecho a la vida Sentencia C-176 de 1993: Otras medidas aplicables a los inimputables. Pero a aquellos que no padezcan enfermedad mental. Desarrollo de las sentencias citadas: 1. Sentencia C 149 DE 2009 Magistrado ponente: Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 80 (parcial) de la Ley 1098 de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia HECHOS: El ciudadano José Bonilla solicita que se declare inexequible el artículo 80 la ley 1098 de 2006 el cual se refiere a la calidad para ser defensores de familia porque considera que quebranta el artículo 13 de la constitución nacional, por el hecho de que exista una preferencia por abogados con estudios de posgrado en derecho de familia, civil, constitucional, procesal, o derechos humanos para
ser defensores de familia, lo cual constituye vulneración en cuanto se excluye sin justificación legal otros programas de posgrados . RATIO DECIDENDI - Cabe destacar, inicialmente, que el derecho subjetivo a escoger profesión y oficio aparece consagrado en el artículo 26 de la Constitución Política, el cual se ocupa a la vez de establecer las bases jurídicas para su ejercicio y desarrollo. -Todo ejercicio de una profesión tiene que ver con los demás, no solamente con quien la ejerce.”. (Sentencia C-377 de 1994). ). -El legislador esta otorgado para exigir títulos de idoneidad, y para establecer los requisitos de acceso a cargos públicos (C.P. arts. 125 y 150-7°-23). -Considera el derecho de familia es por supuesto el eje central de la actividad desarrollada por los defensores de familia, orientación que gobierna la actividad del legislador en la materia, no puede desconocerse que el derecho civil es el género del citado derecho y con él interactúa; que el derecho procesal y el derecho administrativo hacen parte de las actividades permanentes y de mayor relevancia del defensor; y que las funciones de protección y restablecimiento de los menores guarda intima relación con derechos humanos y derecho constitucional. OBITER DICTUM La decisión adoptada por la Corte en la sentencia C-740 de 2008 no es relevante en este caso debido a que el cargo esgrimido contra la norma en la oportunidad anterior no coincide con el que ahora se formula, siendo el actual sustancialmente distinto. - El derecho a escoger profesión guarda relación con derechos del mismo rango como la igualdad de oportunidades (C.P. arts. 13 y 53), el libre desarrollo de la personalidad (C.P. art. 16), la libertad de aprendizaje e investigación (C.P. art. 27) y, particularmente, con el derecho al trabajo del cual es además una derivación directa (C.P. art. 25). De otra parte se reconoce a las defensorías de familia como una de las autoridades competentes para el restablecimiento de los derechos de los menores. El artículo 79 las define como dependencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de naturaleza multidisciplinaria, encargadas de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, las cuales cuentan con equipos técnicos interdisciplinarios integrados, por lo menos, por un psicólogo, un trabajador social y un nutricionista por lo cual resulta razonable y proporcional que el legislador le exija al defensor de familia
acreditar posgrados en áreas del conocimiento que sean afines y guarden relación con la naturaleza de sus funciones Decisión de la Corte Con relación a lo anterior la corte declara exequible el artículo: - Siempre y cuando se entienda que para el cumplimiento del requisito se pueden acreditar también otros títulos de posgrado que resulten afines con los citados y que guarden relación directa clara e inequívoca con las funciones asignadas al defensor de familia. - La solución no está en declararlas inexequibles, pues ello implicaría una extralimitación de la Corte en el ejercicio de sus funciones, en la media en que estaría expulsando del ordenamiento jurídico disposiciones que a la luz de ciertas lecturas no vulneran la Constitución 2. Sentencia C-690 de 2008 Magistrado ponente: Dr. NILSON PINILLA PINILLA Actuación: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 98 (parcial) y 100 (parcial) de la Ley 1098 de 2006, “por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”. HECHOS El Ciudadano Luis Mariano Rocha Comas, presentó demanda contra los artículos 98 y 100 de la Ley 1098 de 2006. Explicando que el artículo 98 de la Ley 1098 de 2006, creó una competencia subsidiaria, al dejar que el inspector de policía conozca, tramite y decida sobre los asuntos que por ley le corresponde al defensor de familia, o al comisario de familia, desconociendo los postulados constitucionales que en defensa de la infancia y la adolescencia decretó y ordenó la Asamblea Nacional Constituyente. Además En concepto del actor, la norma acusada crea un trato discriminatorio y desconoce el derecho a la igualdad ante la ley, como quiera que los niños, niñas y adolescentes cuyos asuntos sean atendidos por los defensores y comisarios de Familia, tienen un mejor trato e inclusive se les garantiza sus derechos más que a los que sean atendidos por un inspector de policía. En relación al artículo 100 también demandado afirma que la norma señala que quienes asistan a la audiencia y quieran hacer uso del recurso de reposición deben interponerlo en audiencia y quienes no asistan podrán hacerlo en los términos fijados por el código de procedimiento civil. En consecuencia a lo anterior, en concepto del actor, se inclina la balanza a favor de quienes no
asisten a la audiencia, incitando directamente a las personas para que no acudan a ella, en razón de que, cuando la persona no concurre tiene mejor posibilidad para interponer el recurso de reposición contra aquella resolución emitida en audiencia. Por el contrario, si asiste, por ley debe interponer el recurso en forma inmediata y de manera verbal, es decir, cree que hay, en términos procesales, una desventaja frente a los que no acudieron. Por lo mencionado el demandante considera que se debe declara inexequibles los artículos RATIO DECIDENDI Con relación a la demanda contra el articulo 98 la corte dice que este cargo no está llamado a prosperar pues de conformidad con el artículo 150 de la Constitución Política, corresponde al legislador diseñar la estructura de las instituciones estatales y asignar atribuciones a los servidores públicos, como en este caso para lograr la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además, la atribución de competencias a los inspectores de policía es de carácter supletorio, es decir, en ausencia del defensor y del comisario de familia y sólo cuando los destinatarios de la norma no tengan a nadie mejor capacitado a quien acudir para la protección de sus derechos. Lo cual ya se había mencionado en la sentencia citada. En cuanto a lo referente al art 100 la corte considera que la norma garantiza de manera amplia la participación y el respeto de los derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso y el derecho de contradicción de todas las partes e intervinientes en el proceso, además de estar acorde con los principios generales de oralidad, concentración, inmediación e igualdad que presiden estos procesos. Así mismo, desde el punto de vista constitucional, la consecuencia de la inasistencia a la audiencia no puede ser la de suprimir la oportunidad de recurrir la decisión adoptada en la misma, pues sería irrazonable y desproporcionada tal limitación de los derechos además la diferencia de trato encuentra justificación en el ejercicio de la potestad de configuración legislativa para los distintos trámites judiciales y de las atribuciones, deberes y cargas procesales de las partes, el juez y los terceros intervinientes, de manera acorde con los principios y valores constitucionales y los postulados de razonabilidad y proporcionalidad. Con lo cual da fundamento a su decisión. OBTER DICTUM No se puede romper el principio de igualdad que se expresa en la bilateralidad de la audiencia, como regla esencial del debido proceso judicial y administrativo consagrado en el artículo 29 de la Constitución, no existiendo justificación objetiva ni razonable para tal disposición.
Decisión de la Corte En relación a lo anterior PRIMERO la Corte resuelve estarse a lo resuelto en la sentencia C-228 de marzo 5 de 2008 mediante la cual se declaro exequible, y con relación al artículo 100 lo declara exequible Y Segundo: Declarar exequible, por los cargos analizados la expresión “y para quienes no asistieron a la audiencia se les notificará por estado y podrán interponer el recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil”, contenida en el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006. 3. SENTENCIA C-951 DE 2007 Magistrado Ponente: Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 1098 de 2006 HECHOS EL demandante solicita a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de las expresiones convertible en arresto, contenida en el artículo 54, y “convertibles en arresto a razón de un (1) día por cada salario diario mínimo legal vigente de multa”, contenida en el artículo 55,por considerara que son contrarias al artículo 28 de la constitución, afirmando que las expresiones demandadas, que facultan al Defensor de familia para imponer la sanción de arresto violan la Constitución porque éste es un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad adscrita al Ministerio de Protección Social, que forma parte de la rama ejecutiva del poder público. En consecuencia, al no ser autoridad judicial sino administrativa, no puede ejercer la facultad de privar de la libertad a las personas.
RATIO DECIDENDI: La Corte fundamenta su decisión en lo siguiente considera que Las normas parcialmente demandadas establecen la facultad de convertir en multa y posteriormente el arresto en la sanción de amonestación que se puede imponer a los padres o cuidadores que incumplan las obligaciones legales para con los menores, Como resulta claro, las expresiones demandadas no establecen cual es la autoridad encargada de imponer las sanciones. Se limitan, como acaba de mencionarse, a establecer que ante el incumplimiento de la amonestación y de la multa puede imponerse la sanción de arresto. No obstante, el cargo de la demanda se orienta contra las normas que atribuyen al Defensor de Familia, la facultad de imponer la sanción de arresto. A juicio de la demanda esta atribución vulnera el artículo 28 de la Constitución. Ahora bien, de la lectura de las expresiones demandadas no se deduce que
corresponda al Defensor de Familia imponer la sanción impugnada, por lo cual la Corte encuentra que existe una marcada incongruencia entre el contenido jurídico de las expresiones demandadas y el cargo de la demanda. En efecto, la Corte encuentra que existe una marcada incongruencia entre el contenido jurídico de las expresiones demandadas y el cargo de la demanda. Por lo cual se declara inhibida. OBITER DICTUM El cargo de la demanda estará soportado en razones pertinentes cuando se cuestione el contenido normativo de la disposición efectivamente demandada, es decir, cuando el cargo de la demanda se oriente contra la disposición formalmente demandada. Por el contrario, la demanda estará soportada en razones no pertinentes cuando se impugna un contenido normativo que no se deriva de las disposiciones demandadas Decisión de la corte: La Corte a decidido Declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con la constitucionalidad de las expresiones demandadas de los artículos 54 y 55, por encontrar que en este caso hay lugar a la ineptitud sustancial de la demanda 4. SENTENCIA C-061 DE 2008 Magistrado Ponente: Dr. NILSON PINILLA PINILLA Actuación: Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2° del artículo 48 de la Ley 1098 de 2006, HECHOS La ciudadana Luz Ximena España Amador solicitó la declaratoria de inexequibilidad del inciso 2° del artículo 48 que dice textualmente así: En alguno de estos espacios y por lo menos una vez a la semana, se presentarán con nombres completos y foto reciente, las personas que hayan sido condenadas en el último mes por cualquiera de los delitos contemplados en el Título IV, „Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales‟, cuando la víctima haya sido un menor de edad.” Debido a que considera que vulneradas los artículos 1°, 2°, 5°, 12, 13 y 15 de la Constitución Política. Fundamenta su demanda al fundamentar que la norma tiene un conflicto entre el interés general y el particular, considera que se ha presentado un errado
entendimiento del artículo 44 de la Constitución Nacional. Indica además que la señalización pública de los condenados implica que sean sometidos al escarnio público, lo cual no puede ser utilizado en realidad como una medida de restablecimiento y garantía para las víctimas como lo pretende hacer ver el legislador. Explica además que la presentación de esta información transgrede de manera directa el artículo 12 constitucional, que prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes, pues implica darles a tales personas un tratamiento denigrante, que atenta contra la dignidad humana y que inhibe sus posibilidades de readaptación a la vida en sociedad. Agrega que esta medida significa también ampliar el rango de acción de la pena, castigando a la persona no tanto por sus acciones sino por el peligro que representa, lo que resulta discriminatorio, Por las anteriores razones la actora pide a la Corte declarar la inconstitucionalidad de la norma demandada. RATIO DECIDENDI La Corte considera que La norma no contempla divulgar, junto con el nombre y fotografía de la persona condenada, cualquier otra información relativa a la víctima, al victimario, a las circunstancias en que ocurrieron los hechos e incluso a la naturaleza y duración de la condena impuesta. Además el legislador entendió q el fin de esta norma es el restablecimiento de los derechos de los menores. Considera que la presentación en televisión de los nombres y fotografías recientes de las personas condenadas es una medida legítima, proporcionada e idónea para el logro del propósito que la norma persigue. En relación con este asunto y con todos los demás a que se refiere el artículo 44, el poder legislativo tiene amplia autonomía para establecer las medidas que juzgue convenientes al logro de tales propósitos, siempre y cuando, se haga dentro de una adecuada aplicación a los demás precedentes constitucionales. Por lo anterior considera la Corte que, al menos en principio, el propósito de la norma puede en efecto entenderse válidamente fundado en el mandato contenido en el artículo 44, como un mecanismo encaminado a la garantía y restablecimiento de los derechos de los niños que hayan sido víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, situaciones que de suyo afectan gravemente los derechos fundamentales que esta misma norma reconoce y protege. Del análisis precedente se observa que existe un alto grado de incertidumbre sobre la capacidad que la medida estudiada podría tener para alcanzar de manera efectiva el propósito de protección a la niñez con el que presumiblemente fue establecida. Por el contrario, son notorios los peligros y
afectaciones que ella supone tanto para los individuos penalmente sancionados como para los miembros de sus familias, y aún para las posibles víctimas y sus allegados. Así las cosas, concluye la Corte que esta publicación no es una medida idónea para el logro de la finalidad propuesta, y por el contrario, constituye un mecanismo desproporcionado e innecesario frente a la búsqueda de dichos objetivos. OBITER DICTUM CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL La interviniente aboga porque este tipo de medidas estén acompañadas de campañas educativas que creen conciencia en la ciudadanía sobre la gravedad de estos fenómenos, y en el caso de los infractores, de tratamiento psicológico adecuado, que les permita avanzar en un proceso de verdadera rehabilitación y resocialización. Sin pronunciarse de manera directa sobre la exequibilidad o inexequibilidad del precepto. DEFENSORIA DE PUEBLO Pide a la Corte declarar la inconstitucionalidad del segmento normativo acusado en primer lugar porque considera que la norma causa efectos que generan daños a la víctima y a su familia. Además porque esto retrasa la recuperación emocional de las víctimas, y el estado está en la obligación de evitar toda situación derivada del proceso de investigación y sanción de estas conductas, que pudiere conducir a mayores molestias o experiencias traumáticas para ellas. Indica también que la norma acusada no precisa que la publicación sólo procede con respecto a condenados por sentencia ejecutoriada, por lo que sería posible que al amparo de esta norma se publiquen el nombre y la fotografía de personas cuya condena aún no ha quedado en firme. De igual manera señala que no existe claridad sobre el alcance del lapso durante el cual se realizará la publicación, por lo que los afectados no podrán tener certeza al respecto. También anota que la medida podría aplicarse a condenados por hechos sucedidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1098 de 2006, de la cual hace parte, circunstancia que iría en contra del principio sobre irretroactividad de las sanciones, y por lo mismo, en contra de las garantías del debido proceso. La Defensoría no encontrar ningún efecto benéfico de la aludida publicación, que resulte suficiente para justificar el sacrificio de derechos fundamentales de la persona condenada. A partir de lo anterior, considera que la medida no supera el test de proporcionalidad que al respecto debe efectuarse, ni resulta idónea como mecanismo de garantía y restablecimiento de derechos de los menores afectados. En la misma línea afirma que, no siendo idónea, es preciso concluir que tampoco resulta necesaria para el logro de tales
propósitos .Por lo cual manifiesta que inconstitucionalidad del mencionado artículo. DECISION DE LA CORTE:
Declarar INEXEQUIBLE el inciso 2° del artículo 48 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia. 5. SENTENCIA C-839 DE 2OO1 (sentencia arquimédica) HECHOS El ciudadano Campo Elías Cruz Bermúdez demandó ante la Corte Constitucional la inconstitucionalidad de los artículos 33 y 475 de la ley 599 del 2000, alegando que las normas colocan a los menores en igualdad de condiciones a los adultos lo cual resulta atentorio contra los principios constitucionales que consagran la protección especial a los niños. Además sostiene que estas normas quebrantan la convención sobre los derechos del niño, la declaración de los derechos del niño, y las reglas de Beijín. RATIO DECIDENDI La corte Se pronuncia diciendo que contrario a lo sostenido por el demandante, los menores que se encuentren en situación irregular y quebrantan el ordenamiento jurídico, son responsables frente al estado y a la sociedad por su conducta y que además este reconocimiento es una realidad del derecho que no puede ser desconocida con el argumento de que los menores gozan de una protección especial. pero sin olvidar que los menores que quebranten el ordenamiento jurídico son responsables por las consecuencias de sus actos y que son los propios instrumentos internacionales los que reconocen la legitimidad de los procesos de índole penal para los menores infractores , siempre y cuando se busque antes que la imposición de sanciones represivas, la aplicación de medidas educativas y resocializadoras evitando que el menor desvié su proceso de adaptación y trunque su desarrollo físico y moral. OBITER DICTUM Espera que el legislador recoja las normas y principios constitucionales e internacionales al momento de regular este aparato jurisdiccional Considera que la instauración de un sistema penal juvenil, persigue garantizar el respeto por los derechos de quienes son sometidos a un procedimiento sancionatorio especial sin haber cumplido la mayoría de edad, y no el de equiparar dicho procedimiento al aplicado para los adultos DECISIÓN DE LA CORTE:
Con esto y los fundamentos anteriores permiten concluir frente al primer cargo de solicitud de inconstitucionalidad del artículo 33 que la institucionalización de una justicia de menores no constituye un atentado contra sus derechos ni va en detrimento del deber de protección que recae en la sociedad y el Estado, ni tampoco va en contra de los instrumentos internacionales ni de ninguno de sus convenios. Por cual declara exequible el artículo 33. De otra parte declare la inhibición respecto del articulo 475 ya que el cargo formulado por el demandante parte de un supuesto extra normativo, cual es el temor infundado de que el Congreso de la República adoptara normas contrarias a la dignidad del menor de edad y atentarías de sus derechos fundamentales, por lo que solo después de dicha tarea será posible determinar su avenencia o desacuerdo, hacerlo antes será una labor imposible por lo cual la corte no puede declararle inexequible. 5. SENTECIA C-203 DE 2005 (SENTENCIA HITO) HECHOS: Los ciudadanos Ricardo Madriñán Valderrama y Daniel Andrés Ordóñez Matiz, presentaron demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 2, del artículo 19 de la Ley 782 de 2002 “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997. La disposición acusada es contraria al debido proceso que garantiza el artículo 29 de la Constitución, porque permite que se procese a las víctimas del delito de reclutamiento ilícito como infractores de la ley penal por la comisión del mismo delito del que son víctimas, sin que la ley ordene la investigación penal contra los reclutadores. La judicialización de menores de edad vinculados al conflicto armado interno, desconoce la protección de los derechos fundamentales de los niños, en virtud de lo dispuesto por el artículo 44 de la Carta, porque al ser reclutados ilícitamente y sometidos a una de las peores formas de trabajo forzado, conforme a lo previsto por el artículo 182 de la OIT, deben ser clasificados como víctimas de la violencia y no como infractores de la ley penal. Ello representa la incapacidad del Estado para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los menores. La competencia para adelantar los procesos de los menores de edad desvinculados del conflicto armado, debe ser exclusiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de los defensores de familia, y no de la justicia de menores, por cuanto se trata de un proceso de reivindicación de los derechos constitucionales vulnerados del menor. RATIO DESCIDENDI: El artículo 44 de la Constitución, consagra la prevalencia de los niños sobre los derechos de los demás, lo cual ha sido sostenido reiteradamente al igual que la
obligación de la familia, la sociedad y el Estado de brindar el cuidado y protección especial a los niños, a fin de ampararlos de cualquier abuso, abandono o conducta lesiva que afecte su desarrollo armónico e integral, pues se trata de una población vulnerable, frágil, en proceso de formación y, por lo tanto, merecedora de una atención especial las Leyes 418 de 1997 y 782 de 2002, para resaltar la especial protección que se otorga a los menores que en cualquier condición participen en el conflicto armado; la condición de víctimas que se les otorga; y, la tipificación como delito del reclutamiento de menores de edad para integrar grupos insurgentes o de autodefensa tales como la Declaración de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Convenio 182 de la OIT, y concluye que de los diversos tratados internacionales. En la sentencia C-695/02, la Corte juzgó si el legislador podía excluir de la conexidad con los delitos políticos, ciertas conductas punibles, y concluyó que ello se encontraba dentro de su margen de apreciación y configuración política. De otra parte el derecho internacional de los derechos humanos no solamente prevé y acepta la posibilidad de que los menores de edad sean considerados responsables penalmente, sino que establece reglas muy claras sobre las garantías básicas que han de rodear los procesos de juzgamiento adelantados contra personas menores de 18 años con ocasión de los hechos punibles que llegaren a cometer. Los estados partes velaran porque cada estado, se encargue de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. OBITER DICTA INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAS: Solicita la inexequibilidad de la norma acusada, con fundamento en las siguientes consideraciones: el Estado debe adoptar una posición activa y no pasiva, orientada a la promoción y efectiva realización de los derechos fundamentales de los niños. Por ello, el legislador debe actuar con suma cautela a fin de evitar que las normas legales que expide, puedan hacer nugatorio los derechos aludidos. Siendo ello así, recuerda, luego de citar jurisprudencia de esta Corporación, la obligación de la familia, la sociedad y el Estado de brindar el cuidado y protección especial a los niños, a fin de ampararlos de cualquier abuso, abandono o conducta lesiva que afecte su desarrollo armónico e integral, pues se trata de una población vulnerable, frágil, en proceso de formación y, por lo tanto, merecedora de una atención especial
MINISTERO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA: Considera que no le asiste razón al actor cuando afirma que los menores de edad a los que se refiere la ley acusada, no deben ser procesados judicialmente, pues el Código del Menor establece el procedimiento especial que deriva de la infracción penal por parte de menores de edad y, dentro de ese marco se investiga: si se infringió la ley, y si el menor es autor o participe; los motivos determinantes de la infracción; el estado del menor, tanto físico como mental, así como sus circunstancias familiares, personales y sociales; la capacidad económica de menor y de sus padres o personas de quienes dependa y la solvencia moral de éstos; y, si se trata de un menor en situación de abandono o de peligro. el Estado debe adoptar una posición activa y no pasiva, orientada a la promoción y efectiva realización de los derechos fundamentales de los niños. Por ello, el legislador debe actuar con suma cautela a fin de evitar que las normas legales que expide, puedan hacer nugatorio los derechos aludidos. Siendo ello así, recuerda, luego de citar jurisprudencia de esta Corporación, la obligación de la familia, la sociedad y el Estado de brindar el cuidado y protección especial a los niños, a fin de ampararlos de cualquier abuso, abandono o conducta lesiva que afecte su desarrollo armónico e integral, pues se trata de una población vulnerable, frágil, en proceso de formación y, por lo tanto, merecedora de una atención especial. PROCURADOR GENERAL DE LA NACION: Considera el Procurador General de la Nación, que la falta de perspectivas de una vida distinta, a pesar de voluntariedad que puede presentarse en algunos casos, hace presumir que la vinculación de menores a grupos armados al margen de la ley, es siempre forzosa y, por ello, la actividad del Estado debe estar dirigida a brindarles protección y atención integral. DECISIÓN DE LA CORTE: La corte Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el parágrafo 2 del artículo 19 de la Ley 782 de 2002, “por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones.
CONCLUSION DE LA LINEA JURISPRUDENCIAL: Este claro e importante el desarrollo de la línea jurisprudencial, nos ha servido de mucho para llegar y apoyarnos en nuestra critica que la confirmamos junto con los precedentes judiciales que la Corte Constitucional ha desarrollado a lo largo de estos últimos 10 años.
Miramos como la tendencia de esta línea se inclina hacia un polo: Responsabilidad penal para adolescentes- La aplicación efectiva de las normas, es la sanción ejemplar a los jóvenes, donde se miren las alternativas de prevención, control del delito y rehabilitación. Por lo tanto observamos como obtenemos el respaldo de la Corte, junto con las pautas internacionales que obedecen a la creación de un verdadero Estado Social de Derecho. Confirmándonos que la debida y legal protección que se le debe brindar al adolescente como infractor de la ley penal es la determinada RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES, como se establece en la ley 1098 del 2006, ya que la aplicación de POLITICA CRIMINAL, como respuesta a un interés actual de la sociedad, no va de conformidad a la normatividad y un modelo garantista que el Estado debe acoger en su legislación interior, y de conformidad al bloque de constitucionalidad. Muchas veces escogemos juzgar y buscar la salida más fácil (aumento de penas), pero no somos consientes de que los problemas complejos (jóvenes infractores), requieren de soluciones complejas. Además sabemos que al aumentar las penas para adolescentes, estaríamos faltando a las directrices internacionales donde exigen un tratamiento deferencial de los adolescentes frente a los adultos, también se presentarían problemas como; el hacinamiento en las cárceles no habría capacidad especializada para separar aquellos adolescentes que cometen delitos graves, y de los que no, sabemos que no es lo mismo un delincuente que roba un celular a un agresor sexual. Por esto y por razones de acogida normativa con nuestra ley lo determina en tanto en su carta política como también por sus ratificaciones de tratados, se debe aplicar una responsabilidad penal para adolescentes. Así aquella visión de política criminal no sería una debida y efectiva aplicación de conformidad a nuestra normatividad, ya que se perdería el espíritu que guarda la Convención interamericana de derechos del niño, en contra del bloque de constitucionalidad y finalmente el modelo garantista que estipula la nueva ley de infancia y adolescencia. Además no tiene sentido reformar el sistema cuando ni siquiera se han instrumentado el que está vigente, por lo tanto, al cambiar el código para establecer penas; esta inversión en el sistema es un retroceso académico que equivale a hacer tabla rasa de lo que se pidió con el código de infancia y adolescencia. Entonces nos surgiría un gran interrogante y es que:¿“Al Estado le quedaron grandes los menores de edad, porque la cadena de responsabilidad de la que hacen parte la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Bienestar Familiar, las
administraciones locales, los jueces, los fiscales y los mismos menores se ha roto. Por eso es que la gente solo mira al último eslabón: el menor infractor”
Resultado de la Entrevista A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta (ver anexo A) aplicada a la doctora María Ernestina Tucumán la cual trabaja en la defensoría de menores 1. ¿Cuales serian los riesgos de cambiar el Código para establecer penas? Rta: Esa inversión en el sistema es un retroceso académico que equivale a hacer tabla rasa de lo que se pidió en el Código de Infancia y Adolescencia.
2. ¿Cómo hacer para reducir las infracciones de los adolescentes? Rta: Unos son los problemas políticos, otros los de orden público y otros los problemas estructurales de la Infancia y la Adolescencia. Esta propuesta confunde un tema político criminal, con uno de infancia .Se proponen medidas de choque para resolver episodios dramáticos de delincuentes, pero alterando las garantías, como son las franjas de edad 14-16-18 3. ¿En que otros aspectos, el sistema no ha funcionado? Rta: Se ha deteriorado la red de atención a los adolescentes en conflicto, en lugar de mejorar, El presupuesto ICBF decrece, la especialización de los funcionarios. Por ejemplo, una cosa es que un adolescente cometa un homicidio, que puede ser por muchas razones. Y otra es que el adolescente este reclutado por los combos, que haya participado en las guerras urbanas y se un solo de las bandas. Ese es un soldado disciplinado en una carrera criminal. En ese caso hay que atender a la reincidencia, en eso ha fallado el sistema.
4. ¿Que considera entonces que se debe hacer? Rta: invitaría al gobierno y a los legisladores a concertar las medidas, a hacer un alto en la manera como se diagnostica el problema, para que se discuta la política de choque y atender el problema especifico de los picos de orden público, pero sin que eso signifique hacer tabla rasa de las garantías jurídicas que los adolescentes tienen.
Es necesario sentar en la mesa al ICBF, a la procuraduría, a la fiscalía. Pero también hay que recordarle a la gente que la responsabilidad también involucra a los padres, la escuela, la sociedad, la televisión. La niñez es un tema que nos compete a todos, por eso se requiere medidas concertadas desde la base social, para que haya construcción de ciudadanía 9. CONCLUSIONES:  Las posibles falencias SRPA se deberían subsanar con prontitud y principalmente, respetando los principios, derechos y garantías estipulados en los convenios internacionales y la Constitución Nacional para los nuevos imputables dentro del proceso penal con miras al restablecimiento de sus derechos.  La existencia de una verdadera materialización de los derechos humanos, tendencia que nos permite afirmar que en la etapa actual, el tema de los derechos humanos remite mucho más a un problema de implementación que de legitimación y justificación.  Luego entonces no es valedero como pauta de política criminal la solución simplista de aumentar las penas ante el acto coyuntural del momento, lo que hay que mejorar son los mecanismos de investigación para capturar, procesar y condenar a los autores y partícipes de crímenes de niños y personas indefensas.  Colombia cuenta actualmente y debe cumplir a cabalidad los códigos, disposiciones, convenios y tratados internacionales que ha ratificado sobre tratamiento para la población de los menores de edad infractores a la ley penal. Este conjunto de medidas buscan la educación, resocialización y rehabilitación de la juventud; nunca la penalización.
10. BIBLIOGRAFÍA _http://www.oijj.org/glosario_ficha.php?codrel=40 _ CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLECENCIA http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/ley/2006/ley_1098_2006.html _NUEVA LEY PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN COLOMBIA Beatriz Linares Cantillo, OIM Pedro Quijano, Alianza por la niñez _NUEVA ERA PARA LA INFANCIA. http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-106795.html _ESTRATEGIA DE HECHOS Y DERECHOS http://www.unicef.org.co/Gobernadores/pdf/HyD_est.pdf _PROCEDIMIENTO DE FAMILIA Y DE MENORES. Autor: Alejandro Bernal González _DERECHO DE MENORES. AUTOR: Marco Gerardo Monroy Cabra _LA CPI TENDRÁ QUE ESPERAR QUE COLOMBIANA. Abogada: Beatriz linares cantillo. AVANCE LA JUSTICIA
_BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES. _DICKENS Charles, OLIVER TWIST, Roll Andes Ltda. Bogotá, 1999, p. 32-33 http://www.ejrlb.net/medios/docs/136/234_01_bloque_de_constitucionalidad.pdf _EL PROGRAMA DE DERECHOS http://www.omct.org/index.php?id=CHL&lang=es _SISTEMA DE RESPONSABILIDAD AUTOR: Pabón Parra PENAL PARA DEL NIÑO
_NIÑEZ SIN REJAS DES- ENCADENANDO UNA PROMESA. AUTOR: Claudia Vélez de la calle, Wilson mellizo, Dora Betancur, Jorge Mesa, Gloria Gallego. _REVISTA SEMANA: “aumentar penas no es la solución”
_ “Diccionario de la real academia española” http://buscon.rae.es/draeI/ _ UNICEF-COLOMBIA http://www.unicef.org/colombia/11-colom.htm _ SENTENCIAS: C-149/09,C-690/08,C-951/07,C-061/08,C-203/05,C-839/01. _ “Proyecto de ley estatutaria 085 de 2005.” Por la cual se expide la ley para la infancia y la adolescencia _ BADAJ (base de datos jurídicos). http://www.badaj.org/normativas-internacionales-ratificadas.php
_Universidad de Minnesota. http://www1.umn.edu/twincities/index.php
_ Derecho de los Jueces. Parte II “herramientas de análisis del precedente jurisprudencial” autor: Diego Eduardo López Medina.
ANEXO A FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A MARIA ERNESTINA TUCUMAN – DEFENSORIA DE MENORES. UNIVERSIDAD CESMAG FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS ENCUESTA OBJETIVO: Estudiar la aplicación y desarrollo de la ley 1098 del 2006 “SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES” para saber si se ha hecho efectiva la nueva
implementación del código de infancia y adolescencia.
A continuación se expondrán las siguientes preguntas relacionadas con la investigación el cual su respuesta es de argumentación.
¿Cuales serian los riesgos de cambiar el Código para establecer penas? ¿Cómo hacer para reducir las infracciones de los adolescentes? ¿Que considera entonces que se debe hacer? ¿En que otros aspectos, el sistema no ha funcionado?
Documents Similar To VA - Aplicación y desarrollo de la ley 1098 de 2006
Gysselle Solis Espinace
Izaakk Max Valenzuela
Brayan Arias Gañan
Patu CG
sov.txtUploaded by rikidozan65
student growth goalsUploaded by api-432851107
Intro Ducci OnUploaded by raquel
2018-06-24 Memorial Descritivo e de CálculoUploaded by Rafael Sobral
Lectura SOA.pdfUploaded by Rojas
Lap. Hsl Keg. Pely. DDTKUploaded by wina

References: artículo 49
 resolución 
 artículo 49
 resolución 
 artículo 3
 artículo 44
 artículo 13
 artículo 216
 Artículo 8
 artículo 80
 artículo 80
 artículo 13
 artículo 26
 artículo 79
 artículo 98
 artículo 100
 resolución 
 artículo 150
 artículo 29
 artículo 100
 artículo 100
 artículo 54
 artículo 55
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 44
 artículo 12
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 48
e contrario
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 19
 artículo 29
 artículo 44
 artículo 182
 artículo 44
 artículo 19