Source: http://notasdejurisprudencia.blogspot.com/2015/01/concursal-arts-84-154-y-176-bis-lc-pago.html
Timestamp: 2017-08-23 02:26:23+00:00

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Notas de Jurisprudencia y Doctrina Civil, Mercantil, Penal y Procesal: Concursal. Arts. 84, 154 y 176 bis LC. Pago de los créditos contra la masa. Conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa. Ejecución singular en relación con los créditos contra la masa. Aplicación del régimen transitorio de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal, que ha modificado la redacción del art. 154 y ha introducido un nuevo art. 176 bis.
Concursal. Arts. 84, 154 y 176 bis LC. Pago de los créditos contra la masa. Conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa. Ejecución singular en relación con los créditos contra la masa. Aplicación del régimen transitorio de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal, que ha modificado la redacción del art. 154 y ha introducido un nuevo art. 176 bis.
Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (s. 4ª) de 13 de octubre 2014 (D. ANTONIO MIGUEL FERNÁNDEZ-MONTELLS FERNÁNDEZ).
PRIMERO.- La Tesorería General de la Seguridad Social interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña en incidente concursal presentado por la administración concursal del concurso de acreedores de TRANSPORTES RAMOS PIÑEIRO, S.L. en liquidación, que acuerda la restitución a la masa, bajo control de la administración concursal, la cantidad de 14.491,28 , detraída en virtud de diligencia de embargo de determinada cuenta bancaria de titularidad de la entidad concursada, sin perjuicio de los derechos que le asisten con arreglo a la ley en la liquidación de la masa activa.
Se fundamenta el el recurso en que tras la reforma del art 84.4 LC por la Ley 38/2011, en relación al reforzamiento de la autotutela de la Administración, tratándose de créditos contra la masa de la TGSS, le permite ejecuciones administrativas de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo, sin necesidad de previo requerimiento de pago, ni de previo reconocimiento por la administración concursal de crédito contra la masa, en su defecto a través de la vía incidental el Juez del concurso, con cita de varias sentencias de distintas Audiencias Provinciales en tal sentido.
SEGUNDO.- Sobre esta cuestión, estrictamente jurídica, nos hemos pronunciado en otras sentencias de 18, 21, 22 y 23 de julio de 2014 en que fijamos nuestro criterio sobre la cuestión, que mantuvimos en la más reciente de 29 de septiembre de 2014, y así decíamos:
TERCERO.- La actual redacción del artículo 84.4 LC fue introducida con la reforma llevada a efecto por la Ley 38/2011 de 10 de octubre.
El precepto establece que: "Las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos. Esta paralización no impedirá el devengo de los intereses, recargos y demás obligaciones vinculadas a la falta de pago del crédito a su vencimiento".
CUARTO.- Así las cosas el artículo 84.4 LC ha de ser interpretado en el marco de su propia literalidad, en relación con su antecedente normativo constituido por el artículo 154 en su precedente redacción, así como con respecto a otros preceptos de la LC para dar un sentido coherente al sistema, y no antagónico o de incompatibilidad irreductible, cuales son los artículos 84.3, 154 y 176 bis, e igualmente con fundamento en los principios básicos que inspiran la propia Ley Concursal de reducción de privilegios, interpretación restrictiva de los mismos, e igualdad de los acreedores o "par condictio creditorum", que implica un ordenado sistema de realización de sus créditos sobre la masa activa del concurso, lo que no es otra cosa que aplicar los criterios interpretativos literal, histórico, sistemático y teleológico a los que se refiere el artículo 3 del Código Civil.
A tal efecto, la administración concursal, pieza clave en el procedimiento de liquidación y que sustituye a los administradores de la persona jurídica concursada, deberá elaborar el plan de liquidación al que se refiere el art. 148, susceptible de impugnación judicial, y rendir al Juez informes trimestrales sobre el estado de las operaciones, detallando y cuantificando los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago, con indicación de sus vencimientos (art. 152) y efectuando los pagos por el orden de los artículos 154 y ss., 84.3 y 176 bis LC.
Es obvio, que el artículo 84.4 atribuye a la Seguridad Social el privilegio procesal de la ejecución separada, concurriendo los supuestos del iter procedimental que se indican en tal precepto, es decir una vez se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración del concurso sin que se hubiere producido uno de estos actos; pero, en modo alguno, un derecho material o sustantivo de prioridad al cobro de sus créditos con respecto a otros acreedores preferentes, desvinculándose del procedimiento de liquidación concursal o al margen de las decisiones del Juez del concurso. No podemos pues entender tal precepto de esta forma.
Por último, el artículo 154 LC señala que las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial, lo que exige su determinación por la administración concursal.
En otro orden de cosas, y atendiendo a los antecedentes normativos del artículo 84.4, criterio interpretativo igualmente contemplado en el artículo 3 del Código Civil, tampoco supone que el referido precepto, en su redacción actual, implique una modificación normativa trascendente que altere la jurisprudencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, por ejemplo en su sentencia 24 de octubre de 2012.
En efecto, el artículo 154 LC, antes de su reforma por ley 38/2011, preceptuaba al respecto: "Los créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado de concurso. Los créditos del art. 84.2.1 º se pagarán de forma inmediata. Las acciones relativas a la calificación o al pago de estos créditos se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones para hacerlos efectivos hasta que se apruebe un convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno de estos actos".
Lo único que aclara la reforma del 2011, tras dar nueva redacción a los artículos 84.4 y 154, ante las dudas interpretativas suscitadas, es que la posibilidad de la ejecución se refiere a todos los créditos contra la masa y no sólo a los del artículo 84.2.1, y que comprende tanto la ejecución administrativa como la judicial.
Pues bien, la citada sentencia de 24 de octubre de 2012 del Tribunal de Conflictos, que no podemos considerar incompatible con la nueva legalidad, señala: "una vez declarado el concurso, la Administración General del Estado, en este caso la Tesorería General de la Seguridad Social, sólo puede proceder al embargo de bienes con carácter cautelar pero quedando la cuantía embargada a plena disposición del Juez a los efectos de la realización de la masa del concurso", y que "corresponde a la jurisdicción determinar cuándo debe procederse exactamente al pago de la deuda líquida debida a la Seguridad Social cuando la citada liquidación se haya realizado con posterioridad a la declaración del concurso".
QUINTO.- En el caso presente, la TGSS no comunicó ningún crédito contra la masa devengado a su favor hasta el 16 de septiembre de 2013 por lo que la administración concursal no pudo reconocerlos ni abonarlos en momento anterior, los dedujo de la contabilidad y los recoge en el informe de las operaciones de liquidación de la sociedad concursada, a quien compete velar por la ordenada liquidación del patrimonio del deudor, la cual se ve sorprendida por tal actuación ejecutiva, la TGSS se ha reintegrado unilateralmente, a través de la práctica de embargo posterior a la apertura de la liquidación (auto de 4-2-2013) con el dinero depositado en una cuenta abierta o bajo control directo de la administración concursal (y por extensión del juez del concurso) para llevar a efecto las operaciones liquidatorias, lo que afecta al proceso liquidatorio, y sin tener en consideración la existencia de otros créditos contra la masa preferentes, por ser de vencimiento anterior.
En definitiva la entidad pública recurrente, sin fundarse en el plan de liquidación o informes de la administración concursal, se arroga una preferencia de pago que no demuestra, al menos frente a otros créditos contra la masa, sin perjuicio de los derechos que le asistan en la liquidación como acreedor contra la masa.
En la tesitura expuesta, estimar el recurso de apelación supondría que estaríamos convirtiendo un privilegio procesal de ejecución separada en una preferencia de derecho material o sustantivo no existente, que vulneraría la reglas legal de la liquidación del patrimonio del concursado, prescindiendo del papel que compete al respecto a la administración concursal, que se debe conciliar con las facultades ejecutivas de la Administración, pero no dando prioridad absoluta a éstas, atribuyendo a la autotutela administrativa una preeminencia que no le corresponde dentro de la legalidad concursal en las circunstancias concurrentes.
La tesis del Juzgado de lo Mercantil, compartida por este Tribunal, no es aislada, sino que se encuentra refrendada en otras resoluciones judiciales como por ejemplo las SSAP Palencia de 7 de enero de 2014 y Vizcaya (4ª) de 24 de marzo de 2014, además de las ya citadas de esta Sección 4ª-mercantil de la Audiencia Provincial de A Coruña.

References: artículo 84
 artículo 84
 artículo 154
 artículo 3
 artículo 84
 artículo 154
 artículo 84
 artículo 3
 artículo 154
 artículo 84