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Timestamp: 2017-06-27 08:50:20+00:00

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[Sentencia C-840/10]- Constitucionalidad contra el artículo 68 numerales 3° y 5° de la Ley 1098 de 2006- se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia | laboralparatodos.com
[Sentencia C-840/10]- Constitucionalidad contra el artículo 68 numerales 3° y 5° de la Ley 1098 de 2006- se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia
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Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 68 numerales 3° y 5° (parciales) de la Ley 1098 de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”. Actor: Julián Duque y Elkin de Jesús Peña.
ARTÍCULO 68. REQUISITOS PARA ADOPTAR. Podrá adoptar quien, siendo capaz, haya cumplido 25 años de edad, tenga al menos 15 años más que el adoptable, y garantice idoneidad física , mental, moral y social suficiente para suministrar una familia adecuada y estable al niño, niña o adolescente. Estas mismas calidades se exigirán a quienes adopten conjuntamente. Podrán adoptar:
A juicio de los demandantes, la norma acusada parte de la suposición de que los cónyuges son más capacitados, más idóneos y merecen más credibilidad a la hora de adoptar que los compañeros permanentes. Esta concepción del legislador va en contra de la jurisprudencia de la Corte que establece igualdad en las prerrogativas, cargas y responsabilidad que el sistema jurídico contempla en relación con las parejas sean ellas conformadas mediante el matrimonio o por el vínculo no formal (T-553 de 1994). 1.2. La violación a los artículos 5, 42, 44 y 45, se produciría en razón a que el precepto acusado niega tanto al compañero permanente como al menor en situación de adoptabilidad la posibilidad de conformar una familia. No se tiene en cuenta, a juicio de los demandantes, que la finalidad de la adopción es brindar protección al menor que se encuentra en situación irregular de abandono, dándole la posibilidad de tener una familia que le brinde alimentación, cuidado, educación y amor.
2. Con respecto a la adopción por parte del cónyuge, compañero o compañera permanente del hijo o hija del otro miembro de la pareja, prevista en el numeral 5° del artículo 68, los demandantes afirman que la expresión acusada es igualmente contraria a los artículos 5, 42, 44 y 45 de la Constitución . Al exponer los motivos en que fundamentan esta específica censura, sostienen:
1.1.	Ministerio del Interior y de Justicia
1.1.1.	En relación con el cargo por vulneración al derecho a la igualdad de los compañeros permanentes frente a los cónyuges, sostiene que existe una justificación razonable del trato diferenciado que se da a los compañeros permanentes en relación con lo cónyuges para adoptar. Señala que esa justificación se infiere de los criterios fijados en la jurisprudencia constitucional respecto de la misma exigencia de los dos años de convivencia para que los compañeros permanentes puedan ejercer determinados derechos en igualdad de condiciones con los cónyuges.
1.2.1. Que la institución y el proceso de la adopción deben estar guiados por el principio del interés superior del menor tal como lo prevé la Convención sobre los Derechos del Niño en sus artículos 3.1, 20 y 21, comoquiera que es, por excelencia, una medida de protección y de restablecimiento de derechos. 1.2.2. En ese marco el legislador bien puede exigir condiciones especiales de idoneidad física, mental, moral y social a los adoptantes, las cuales apuntan a la satisfacción del interés superior del niño, niña y adolescente, sin que por ello las personas que desean adoptar puedan aducir que ha sido afectado su derecho a formar una familia, ya que la institución de la adopción está constitucionalmente estructurada a favor de los menores de edad que carecen de familia.
Los apartes normativos demandados no otorgan privilegio alguno a los cónyuges, ni niega o restringe el acceso a la adopción a los compañeros permanentes. La exigencia que a éstos impone el precepto, se encuentra justificada por el legislador en la aplicación de los principios del interés superior del menor y la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, consagrados en la Constitución. De ninguna manera se trata de una carga desproporcionada para el compañero o compañera permanente, dado que no existe un derecho a adoptar ni para los cónyuges, ni para los compañeros permanentes. La exigencia que la norma prevé está vinculada a garantizar la idoneidad social de los adoptantes en aras del interés superior del adoptivo y de hacer efectivo el derecho a tener una familia que le brinde un ambiente de felicidad, amor y comprensión como fundamento para su desarrollo integral. La norma contempla una diferenciación racional, sin perjuicio de otros derechos y prerrogativas que el orden jurídico establece a favor, de la unión marital de hecho.
1.3.1. Expone que desde múltiples perspectivas el matrimonio se distingue de la unión marital de hecho, especialmente desde su modo de conformación y efectos jurídicos; y aunque se trate de dos opciones vitales igualmente protegidas por la Constitución no tienen una regulación idéntica. El trato diferenciado que les da el legislador no solo es constitucional sino necesario, pues una regulación idéntica podría conducir a anular una de las dos opciones constitucionalmente protegidas. Destaca, sin embargo, una equivalencia sustancial entre las dos instituciones, consistente en que las dos dan origen a una familia. La norma acusada no vulnera el principio de igualdad por cuanto establece tratamientos diferentes para circunstancias de hecho dispares. La exigencia temporal que el precepto acusado prevé como requisito para adoptar por parte de las parejas en unión libre, está llamada a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como la estabilidad familiar. Tal medida es adecuada para la protección de ese fin constitucional. Los apartes demandados no otorgan privilegio alguno a los cónyuges, ni niegan o restringen el acceso a la adopción a los compañeros permanentes. La exigencia a los compañeros permanentes de probar una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos años, para poder adoptar se encuentra justificada por el legislador en la aplicación del principio del interés superior del menor y la prevalencia de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la Constitución Política, el Código de la Infancia y la Adolescencia y los tratados internacionales aprobados por el Estado colombiano.
La norma no entraña una discriminación a una de las formas de creación o formación de la familia, sino que propende por el diseño de una medida que garantice el interés superior del niño de acceder a una familia que le brinde estabilidad emocional, sicológica e incluso económica de la pareja adoptante. El legislador ha previsto la necesidad de garantizar un ánimo de permanencia y estabilidad en la familia que decide adoptar, a fin de asegurar al menor unas condiciones de estabilidad emocional y económica que se presumen en la pareja que ha formalizado su relación mediante el contrato matrimonial, o mediante un período de estabilidad en su convivencia que sea indicativo del ánimo de permanencia.
Considera el interviniente que no es posible eliminar la restricción temporal de dos años prevista para los compañeros permanentes, por que ello equivaldría a aceptar que cualquier pareja pudiese adoptar, aún sin que concurra el ánimo de permanencia, con el riesgo emocional y económico que ello implicaría para el menor. 2.2. Universidad Libre
Los plazos que fija el legislador son por esencia de su resorte y no pueden ser sometidos a juicio de valor, porque no hay forma de poder valorar su adecuación a una realidad, salvo en aquellos casos de ostensible desacierto o abuso. 3. De organizaciones profesionales, sociales y académicas
Los dos años de convivencia “como requisito para adoptar no resulta consecuente con la naturaleza de la unión marital de hecho como instituto jurídico concebido para ampliar el concepto de familia en Colombia. Dicho requisito de dos años tiene solamente sustento en la extensión de efectos patrimoniales…”. Identifican así un criterio diferenciador en perjuicio de las parejas bajo el régimen de la unión marital de hecho, pero adicionalmente refieren “un perjuicio contra los menores en condición de adaptabilidad, a quienes se les niega la posibilidad de ser adoptados por parejas que estando en una convivencia permanente y singular así lo quieran”, lo cual iría en contravía de la cláusula de prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como de la especial protección que la Constitución y los tratados internacionales establecen a favor de este “grupo particular de la población en permanente estado de debilidad manifiesta”.
Las uniones maritales de hecho están signadas, de manera esencial por un elemento fáctico relevante, consistente en la comunidad de vida permanente y singular de la pareja, en la cual, a diferencia del matrimonio, la cohabitación no es una finalidad que pretenda satisfacer el cumplimiento de un deber. Se trata de una realidad palpable y tangible de cuya verificación depende la existencia misma de esa figura jurídica. Mientras que en el matrimonio la cohabitación es una consecuencia y un deber recíproco, que se deriva de las nupcias que le preceden, sin que ella condicione la existencia o validez del vínculo, esa cohabitación en cambio, es el presupuesto esencial de la unión marital de hecho. 4. Para el Ministerio Público el objeto y fin de la distinción introducida por la norma bajo análisis, tiene pleno asidero en la Constitución, comoquiera que la adopción es una institución que busca proteger al menor y salvaguardar sus derechos e intereses, y no un derecho de los potenciales adoptantes. “No es posible predicar en este caso una identidad de hipótesis que imponga al legislador la obligación de dispensar un tratamiento jurídico idéntico a los cónyuges y compañeros permanentes, por cuanto al observar el fundamento teleológico de la adopción, no puede resultarle a este indiferente el tipo de familia dentro de la cual autoriza insertar al menor de edad adoptable, pues tiene la obligación prevalente de proveerle aquella que mejor se ajuste al concepto acogido por la propia Carta”. El criterio determinante para el legislador, para permitir la adopción en pareja, más allá de la idoneidad física, mental, moral o social de cada uno de sus integrantes, consiste en la estabilidad del vínculo que la une. Esta estabilidad, a juicio del legislador, está dada, en el caso del matrimonio, por el contrato nupcial, y en el caso de las uniones maritales de hecho, por un período de convivencia mínima de dos años, en razón de la naturaleza jurídica de una y otra institución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4o. de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la disposición acusada forma parte de una Ley de la República, en este caso, de la Ley 1098 de 2006. 2.	Cuestión previa. Delimitación del ámbito del pronunciamiento
2.1. Los actores dirigen su demanda contra la misma expresión, “que demuestren una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años”, contenida en dos preceptos que regulan situaciones jurídicas distintas relacionadas con la definición legal de las personas que pueden adoptantar. El primero de ellos, el numeral 3º del artículo 68, contempla la posibilidad de que los compañeros permanentes se postulen conjuntamente para adoptar a un menor respecto del cual ninguno de los adoptantes tiene vínculo materno o paterno filial. La segunda norma, contenida en el numeral 5º del mismo artículo, se refiere a aquellos eventos en los que quien aspira a ser adoptante – individualmente – es el cónyuge, compañero o compañera permanente, respecto de la hija o hijo biológicos de su pareja. En ambos eventos previó el legislador el requisito temporal de por lo menos dos años de convivencia ininterrumpida, como exigencia adicional a las contempladas en el enunciado del artículo, relativas a la edad, a la idoneidad física, mental, moral y social suficiente para proporcionar una familia adecuada y estable al niño, niña o adolescente.
2.2. En este sentido, a juicio de los demandantes, la expresión contenida en el numeral 3º del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, quebrantaría los preceptos superiores invocados comoquiera que impide a los compañeros permanentes adoptar desde el momento mismo en que deciden unirse y conformar una comunidad de vida permanente y singular. La exigencia de acreditar una comunidad de vida de por lo menos dos (2) años, sería así discriminatoria para los compañeros permanentes, en tanto que favorecería a los cónyuges que optan por la adopción conjuntamente, quienes pueden hacerlo en cualquier tiempo durante la convivencia. En materia de responsabilidades para con los hijos, subrayan, no existen diferencias entre la familia que se genera en el matrimonio y la constituida por la voluntad libre de conformarla. No se puede establecer, en consecuencia, un trato discriminatorio entre los cónyuges y los compañeros permanentes a la hora de conformar una familia por la vía de la adopción.
2.3 De otra parte, en relación con el numeral 5º del artículo 68 aducen que “resulta inconstitucional e ilógico” imponer al cónyuge, compañero o compañera permanente, la condición de acreditar mínimo dos largos años de convivencia para postularse como adoptante del hijo o hija de su pareja, toda vez que esta decisión del padre o madre biológicos “está en caminada y dirigida a brindarle y proveerle a ese menor una familia adoptiva estable”. Destacan la importancia del consentimiento informado del padre o madre del adoptable como garantía de que la adopción será la mejor alternativa para el menor dado que “nunca un cónyuge o compañero permanente que ostente la calidad de padre o madre biológica dará su consentimiento para que adopte a su hijo un cónyuge o compañero que le ofrecerá mal trato, mal ejemplo y mala vida a su menor hijo”. En esa misma línea de argumentación manifiestan que la norma impone una carga que “resulta ilógica para con el menor de edad y los compañeros permanentes y cónyuge”, como quiera que “han establecido (el posible adoptante y el posible adoptivo) una relación verdadera e innegable de compenetración, afecto, conllevando una situación emocional de amor y fraternidad entre padre o madre biológica, el menor de edad y el cónyuge o compañero permanente posible adoptante”.
Con tal propósito, se retomará el precedente constitucional fijado respecto de las condiciones para el ejercicio la acción de inconstitucionalidad para luego verificarlos en el proceso bajo estudio, a fin de delimitar el ámbito del pronunciamiento de la Corte. 3. Los requisitos del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 y la interpretación constitucional sobre los mismos 3.1. En reiterada jurisprudencia, en particular desde la sentencia C-1052 de 2001 que recogió y sintetizó la línea decantada por años, esta Corporación ha enfatizado sobre la importancia de requerir del ciudadano actor el cumplimiento de unas mínimas cargas de comunicación y argumentación, que provea de razones conducentes para hacer posible el debate, con las que se informe adecuadamente al tribunal constitucional, para que este profiera una decisión de fondo sobre los preceptos legales acusados. Tales requisitos son la definición del objeto demandado , la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto, y el concepto de la violación y (artículo 2º del Decreto 2067 de 1991). Para el presente análisis interesa destacar las reglas jurisprudenciales establecidas a propósito de este último presupuesto de procedibilidad.
El concepto de la violación, consiste en la “exposición de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de una norma constitucional resulta vulnerado por las disposiciones que son objeto de la demanda”. Y aunque resulta evidente que el ciudadano puede “escoger la estrategia que considere conveniente para demostrar la inconstitucionalidad de un precepto”, en todo caso debe concretar: i) los “cargos contra las disposiciones acusadas, lo que implica realizar un esfuerzo por identificar de manera relativamente clara las normas constitucionales violadas” ; (ii.) el “’contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas, es decir, manifestar qué elementos materiales del texto constitucional son relevantes y resultan vulnerados por las disposiciones legales que se impugnan ’”; (iii.) “las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución (artículo 2º numeral 3º del Decreto 2067 de 1991)”, que sean para el juez constitucional “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”.
3.2.1. En lo que hace a la acusación contra el numeral 3º del artículo 68, los demandantes en efecto, identifican de manera relativamente clara una posible vulneración del principio de igual protección a la familia sea ella originada en vínculos naturales o jurídicos, censurando lo que consideran un trato discriminatorio en contra de la familia surgida de la sola voluntad libre y responsable de conformarla, y un correlativo privilegio para aquella que emana de la voluntad libre de contraer matrimonio. A partir de una argumentación sencilla pero clara, fundada en una interpretación cierta, razonablemente adscrita al contenido normativo acusado, aducen con pertinencia que el requisito de acreditar una convivencia de por lo menos dos (2) años de convivencia, constituye una carga desproporcionada para los compañeros permanentes que aspiran a adoptar, lo cual entrañaría una vulneración a los artículos 13 y 42 de la Constitución que consagran una protección a la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, independientemente de la naturaleza del vínculo que le da origen. Este trato diferenciado, a juicio de los actores quebrantaría así mismo el deber de protección prevalente de los derechos fundamentales de los menores y adolescentes, que la Constitución impone a la familia, la sociedad y el Estado (Arts. 44 y 45), como quiera que se les privaría de la posibilidad de ingresar de manera pronta a una familia adecuada y estable que les brinde el ambiente propicio para su desarrollo integral. Tal motivación, aunque breve y puntual, provee argumentos específicos para contrastar el contenido normativo acusado con los preceptos superiores que se invocan como parámetros del juicio de constitucionalidad, y reúne la necesaria suficiencia para provocar un pronunciamiento de mérito sobre la expresión “que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años contenida en el numeral 3º del artículo 68 del Código de la Ley de la Infancia y la Adolescencia.
3.2.2. No ocurre lo mismo con la censura que se dirige contra el numeral 5º del artículo 68 parcialmente acusado. Pese a que se enuncian como preceptos vulnerados los mismos artículos 13, 42, 44 y 45 de la Carta, lo demandantes no exponen con claridad las razones del aducido quebrantamiento. Su planteamiento en torno a esta acusación se contrae a hacer una emotiva e idealizada defensa de esta modalidad de adopción, destacando los incontables beneficios que, en el plano afectivo y emocional, recibiría el hijo o hija del cónyuge o compañero permanente que fuere recibido en adopción por su pareja. Atribuye a la norma una serie de consecuencia que no se derivan de su contenido normativo como “la verdadera e innegable relación de compenetración” afecto y fraternidad que se desarrollaría entre el padre o madre biológica, el menor y el compañero o cónyuge adoptante. Esta clase de argumentación despoja de certeza la formulación de los cargos. Los demandantes no suministran un solo argumento específicamente orientado a demostrar que la exigencia de acreditación de un tiempo mínimo de convivencia, en la hipótesis a que se refiere el numeral 5º vulnera el principio de igualdad entre cónyuges y compañeros permanentes. Tal demostración, por lo demás no era posible, toda vez que la norma prodiga el mismo tratamiento a quien concurre a la adopción, individualmente, como cónyuge del padre o madre biológicos del adoptable, y a quien lo hace en calidad de compañero o compañera permanente del padre o madre deL menor. En efecto, en este supuesto normativo la exigencia de la acreditación de un tiempo de convivencia ininterrumpida cobija a cónyuges y compañeros permanentes por igual. Tampoco ofrecen los actores razones específicas de constitucionalidad para demostrar una presunta vulneración a los derechos prevalentes de los niños y los adolescentes (Arys. 44 y 45) derivada del contenido de la expresión acusada del numeral 5º del artículo 68, comoquiera que se dedican a exaltar las bondades de este tipo de adopción, presumiendo además que esta representa un escenario de plena estabilidad garantizada por el consentimiento informado del padre o madre biológicos. De hecho, sugieren una especie de estado ideal en el que el menor está bajo el cuidado de su padre o madre biológicos, y gozando además del apoyo, acompañamiento y afecto del cónyuge o compañero de su progenitor o progenitora, escenario en que los derechos prevalentes de los menores se encontrarían a salvo. Esta clase de razonamiento carece de la pertinencia y suficiencia necesarias para estructurar un cargo de inconstitucionalidad.
4.	Problema jurídico.
4.1. Delimitado así el ámbito del pronunciamiento, corresponde a la Corte establecer si la exigencia de por lo menos dos (2) años de convivencia ininterrumpida como requisito para que los compañeros permanentes puedan adoptar conjuntamente a un menor de edad, vulnera o no la igual protección que se debe a la familia independientemente de su origen, así como el principio del interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes que debe orientar la institución de la adopción. 4.2. Para resolver el problema jurídico así planteado, la Corte recordará su jurisprudencia sobre: (i) La relevancia del principio de protección del interés superior del menor en el caso de la adopción (ii) La protección integral a la familia en el ordenamiento jurídico colombiano, independientemente de su forma de constitución; (iii) Las diferencias que el orden jurídico reconoce entre el matrimonio y la unión marital de hecho; (iv) En ese marco analizará los cargos formulados.
5.1. Existe en la actualidad un amplio acuerdo en las legislaciones nacionales e internacionales en punto a rodear a los niños de una serie de garantías y beneficios que los protejan en el proceso de formación y desarrollo de la infancia hacia la adultez. Este consenso ha conducido a la incorporación del concepto del interés superior del menor como eje central del análisis constitucional y como guía hermenéutica orientadora de las decisiones judiciales que resuelvan conflictos que involucren un menor de edad.
Desde ésta perspectiva, el menor se hace acreedor de un trato preferente ligado a su caracterización jurídica como sujeto de especial protección, de la cual se deriva además la titularidad de un conjunto de derechos que deben ser contrastados con las circunstancias específicas tanto del menor como de la realidad en la que se halla . Es así que el interés superior del menor posee un contenido de naturaleza real y relacional atributo que exige una verificación de los elementos concretos y particulares que distinguen a los menores, a sus familias, así como de las circunstancias concretas en las que frecuentemente se hallan presentes aspectos emotivos, culturales, creencias y sentimientos de gran calado en la sociedad .
5.2. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha decantado unos parámetros generales que contribuyen a establecer criterios definidos para el análisis de situaciones específicas que involucran los derechos de menores. En efecto, se han fijado dos condiciones a verificar: unas de naturaleza fácticas y otras de índole jurídica, que contribuyen a determinar el grado de bienestar del menor. Dentro de las fácticas se han ubicado“–las circunstancias específicas del caso, visto en su totalidad y no atendiendo a aspectos aislados–,” y en cuanto a las jurídicas se prevén “–los parámetros y criterios establecidos por el ordenamiento jurídico para promover el bienestar infantil–.” Respecto de este último criterio, cabe mencionar que el artículo 44 de la Constitución establece la obligación de la familia, la sociedad y el Estado de asistir y proteger al niño y a la niña para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Según esta norma, es obligación de todos garantizar el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud y a la seguridad social, a una alimentación equilibrada, a su nombre y nacionalidad, a tener una familia y no ser separados de ella, al cuidado y amor, a la educación y la cultura, la recreación, a la libre expresión de su opinión y al desarrollo armónico e integral. 5.3. De otra parte, el constituyente incorporó expresamente al ordenamiento interno los mandatos protectivos de la infancia contenidos en los tratados internacionales ratificados por Colombia, y en esa medida, de conformidad con lo que establece el artículo 93 Superior, ha interpretado el alcance de este principio a la luz de diversos instrumentos internacionales. En este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño, dispone en su artículo 3-1 que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”; y en el artículo 3-2, establece que “los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su artículo 24-1 que “todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”, en el mismo sentido que el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según el cual “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”, y que el artículo 10-3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ordena: “se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición”. También el Principio 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño dispone que los niños gozarán de especial protección, y serán provistos de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y sana, y en condiciones de libertad y dignidad. Para ello, precisa la Declaración, las autoridades tomarán en cuenta, al momento de adoptar las medidas pertinentes, el interés superior del menor como su principal criterio de orientación; e igualmente, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25-2, establece que “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados de asistencia especiales”, y que “todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.
Este principio también ha sido consagrado en los artículos 6, 8, y 9 de la Ley de la Infancia y la Adolescencia. Dicho principio refleja una norma ampliamente aceptada por el derecho internacional, consistente en que al menor se le debe otorgar un trato preferente, acorde con su caracterización jurídica en tanto sujeto de especial protección, de forma tal que se garantice su desarrollo integral y armónico como miembro de la sociedad. Así, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales e internacionales citadas, la Corte Constitucional ha señalado que “los criterios que deben regir la protección de los derechos e intereses de los menores que comprende la garantía de un desarrollo armónico e integral son: i) la prevalencia del interés del menor; ii) la garantía de las medidas de protección que su condición de menor requiere; iii) la previsión de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y saludable, y en condiciones de libertad y dignidad.” 5.4. En relación con el derecho a tener una familia, ya sea biológica o a través de la adopción, la Corte también ha examinado la forma como opera el principio de prevalencia del interés superior del menor. De conformidad con esta prerrogativa, los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener una familia y a no ser separados de ella, el cual se relaciona directamente con su derecho a recibir amor y cuidado para poder desarrollarse en forma plena y armónica. En la sentencia T-587 de 1998, la Corte resaltó en qué consiste el derecho a tener una familia en los siguientes términos:
“(…) La vulneración del derecho a la familia constituye una amenaza seria contra derechos fundamentales como el de la integridad física, la salud, a crecer en un ambiente de afecto y solidaridad, a una alimen-tación equilibrada, a la educación, a la recreación y a la cultura. Un niño expósito no sólo es incapaz de satisfacer sus necesidades básicas, sino que está en una circunstancia especial de riesgo respecto de fenómenos como la violencia física o moral, la venta, el abuso sexual, la explotación laboral o económica y el sometimiento a la realización de trabajos riesgosos. En síntesis, el derecho a formar parte de un núcleo familiar, además de ser un derecho fundamental que goza de especial prelación, constituye una garantía esencial para asegurar la realización de otros derechos fundamentales de la misma entidad, consagrados en el artículo 44 de la Carta”. 5.5. En el caso de la adopción, la jurisprudencia constitucional ha reconocido esta figura como un mecanismo orientado primordialmente a satisfacer el interés superior del menor cuya familia no provea las condiciones necesarias para su desarrollo, mediante su ubicación en un núcleo familiar apto: “se desprende del derecho a tener una familia y no ser separado de ésta que en caso de que la familia natural no le brinde al menor el cuidado que merece procede la adopción como forma de garantizarlo. Así, quienes no son padres biológicos contraen por ministerio de la ley las obligaciones que tiene un padre natural. El hijo a su vez encuentra en este nuevo núcleo no natural a la que de ahora en adelante será su familia, a la cual pertenecerá y de la cual no debe ser separado”. En el mismo sentido, se ha afirmado que la adopción “persigue el objetivo primordial de garantizar al menor que no puede ser cuidado por sus propios padres, el derecho a integrar de manera permanente e irreversible, un núcleo familiar.” De este modo, la adopción es concebida fundamentalmente como una institución establecida en beneficio del menor adoptable y para su protección. Y si bien permite que personas que no son padres o madres por naturaleza lleguen a serlo en virtud del parentesco civil, posibilitándoles a ellos el ejercicio de varios derechos como el conformar una familia, el del libre desarrollo de la personalidad, etc., no persigue prioritariamente este objetivo, sino el de proteger al menor de la manera que mejor convenga a sus intereses, aplicando en ello el artículo 44 de la Carta . Esto ha permitido concluir a la Corte que “dada su naturaleza eminentemente protectora, el proceso de adopción debe estar orientado ante todo por la búsqueda del interés superior del menor, el cual se debe aplicar como parámetro de interpretación de todas las normas aplicables” . 5.6. En suma, el principio del interés superior del menor constituye una norma ampliamente aceptada por el derecho internacional, la jurisprudencia y el ordenamiento jurídico colombiano, que representa una valiosa guía hermenéutica orientadora de las decisiones judiciales que resuelvan conflictos que involucren a menores de edad. De acuerdo con este principio al menor debe dispensarse un trato preferente, acorde con su caracterización jurídica como sujeto de especial protección constitucional, en procura de garantizar su desarrollo integral y armónico y su bienestar físico, mental, espiritual y social. La adopción es concebida como un mecanismo orientado primordialmente a satisfacer el interés superior del menor adoptable, a través de la posibilidad de garantizarle el derecho a tener una familia originada en vínculos civiles, cuando la natural no le brinde el cuidado que su condición de menor reclama.
6.1.1. El régimen constitucional de la familia está definido en los siguientes preceptos superiores: (i) en el artículo 5°, que eleva a la categoría de principio fundamental del Estado la protección de la familia como institución básica de la sociedad; (ii) en el artículo 13, en cuanto dispone que todas las personas nacen libres e iguales y que el origen familiar no puede ser factor de discriminación; (iii) en el artículo 15, que reconoce el derecho de las personas a su intimidad familiar e impone al Estado el deber de respetarlo y hacerlo respetar; (iv) en el artículo 28, que garantiza el derecho de la familia a no ser molestada, salvo que medie mandamiento escrito de autoridad competente con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley; (v) en el artículo 33, en cuanto consagra la garantía fundamental de la no incriminación familiar, al señalar que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil; (vi) en el artículo 43, al imponerle al Estado la obligación de apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia; (vii) en el artículo 44, que eleva a la categoría de derecho fundamental de los niños el tener una familia y no ser separado de ella; y (viii) en el artículo 45, en la medida en que reconoce a los adolescentes el derecho a la protección y a la formación integral . De manera particular, el artículo 42 de la Constitución consagró a la familia como el “núcleo fundamental de la sociedad”, precisando que la misma puede constituirse por vínculos naturales o jurídicos. Ello ha permitido a la Corte afirmar que “en el orden constitucional vigente, no se reconocen privilegios en favor de un tipo determinado de familia, sino que se legitima la diversidad de vínculos o de formas que puedan darle origen” . De este modo, la Constitución coloca en un plano de igualdad tanto la familia que se constituye mediante formas jurídicas, es decir, la que procede del matrimonio, como la que se conforma por vínculos naturales, es decir, aquella que se configura mediante la unión libre. Ambas instituciones son objeto de reconocimiento jurídico y político, el cual comporta a su vez, la plena libertad del individuo de optar por una u otra forma de constitución de la institución familiar. De acuerdo con el alcance del artículo 42, en la sociedad y el Estado reposa el deber de garantizar la protección integral de la institución familiar, cualquiera que sea la forma que ella adopte. Esta protección integral que prodiga la Constitución se asegura mediante la implementación de un sistema de garantías, cuyo propósito es reconocer la importancia de la institución familiar en el contexto del actual Estado Social de Derecho y hacer realidad los fines esenciales que la orientan, entre los que se destacan: la vida en común, la ayuda mutua, la procreación y el sostenimiento y educación de los hijos. Ese ámbito de protección especial, tal como lo ha destacado esta Corporación, se manifiesta, entre otros aspectos: (i) en el reconocimiento a la inviolabilidad de la honra, dignidad e intimidad de la familia; (ii) en el imperativo de fundar las relaciones familiares en la igualdad de derechos y obligaciones de la pareja y en respeto entre todos sus integrantes; (iii) en la necesidad de preservar la armonía y unidad de la familia, sancionando cualquier forma de violencia que se considere destructiva de la misma; (iv) en el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para los hijos, independientemente de cuál sea su origen familiar; (v) en el derecho de la pareja a decidir libre y responsablemente el número de hijos que desea tener; y (vi) en la asistencia y protección que en el seno familiar se debe a los hijos para garantizar su desarrollo integral y el goce pleno de sus derechos.
6.1.2. En pronunciamientos anteriores, esta Corporación ha definido la familia “como aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus miembros o integrantes mas próximos” . La familia, originada en vínculos naturales, se constituye así a partir de la unión afectiva que surge entre sus miembros, mientras que la institución jurídica tiene su fuente originaria en el matrimonio, siendo éste el mecanismo a través del cual la unión ingresa a un régimen legal. La institución de la familia ha sido considerada igualmente como un “presupuesto de existencia y legitimidad de la organización socio-política del Estado, lo que entraña para éste la responsabilidad prioritaria de prestarle su mayor atención y cuidado en aras de preservar la estructura familiar, ya que ‘[e]s la comunidad entera la que se beneficia de las virtudes que se cultivan y afirman en el interior de la célula familiar y es también la que sufre grave daño a raíz de los vicios y desordenes que allí tengan origen.” En este sentido, el orden constitucional vigente le reconoce el carácter de pilar fundamental dentro de la organización estatal, asociándola con la primacía de los derechos inalienables de la persona humana y elevando a canon constitucional aquellos mandatos que propugnan por su preservación, respeto y amparo. De este modo, la actual Carta Política quedó alineada con la concepción universal que define la familia como una institución básica e imprescindible de toda organización social, la cual debe ser objeto de protección especial .
6.2.1. Con independencia de que la Constitución Política provea de legitimidad los orígenes diversos que puede tener la familia, este Estatuto Superior no considera el matrimonio y la unión marital de hecho como instituciones idénticas o equivalentes, cobijadas por una misma situación jurídica en cuanto a sus efectos y características . En múltiples pronunciamientos esta Corporación ha manifestado que el artículo 42 de la Carta, al distinguir entre dos formas diversas de constituir la familia -por vínculos naturales o jurídicos- y fijar parámetros especiales de regulación para el matrimonio, reconoció diferencias entre éste y la unión libre o unión marital de hecho. Así, en la Sentencia C-595 de 1996 , la Corte indicó que la Constitución consagra inequívocamente dos formas de constituir una familia: por vínculos naturales o por vínculos jurídicos. La primera forma corresponde a ‘la voluntad responsable de conformarla’. Aquí no hay focalización de un vínculo jurídico para el establecimiento de una familia. La segunda corresponde a la decisión libre de contraer matrimonio: aquí el vínculo jurídico es solemne plasmado el contrato de matrimonio” . Dicha “clasificación no implica discriminación alguna: significa únicamente que la propia Constitución ha reconocido el diverso origen que puede tener la familia” .
El noveno inciso del artículo mencionado, determina que ‘Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derecho de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo se rigen por la ley civil’. Nada semejante se prevé en relación con la unión marital de hecho, precisamente por ser unión libre” . Y en la segunda providencia indicó:
Y lo mismo puede decirse del inciso décimo segundo, según el cual ‘También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley’. Si bien en el plano puramente teórico podría pensarse en la nulidad de la unión marital de hecho, por ejemplo, por la fuerza que uno de los compañeros ejerciera sobre el otro para iniciar o mantener tal unión, es claro que una autoridad religiosa no sería la llamada a decidir sobre tales hechos, por sentencia que produjera efectos civiles” . 6.2.3. Al examinar las características y efectos atribuidos al matrimonio, en la Sentencia C-533 de 2000 precisó la Corte que el rasgo más significativo de esta institución radica en que surge del consentimiento que deben otorgar los cónyuges, del cuál a su vez emanan obligaciones como la fidelidad mutua, que le son exigibles a cada uno respecto del otro y que únicamente terminan con la disolución del matrimonio ya sea por divorcio o muerte. El consentimiento, cuyo principio formal es precisamente el vínculo jurídico, es considerado un requisito de existencia y validez del matrimonio (Código Civil art. 115), siendo también causa de las obligaciones conyugales, por lo que se requiere obtener la declaración judicial de divorcio para que se entienda extinguido y opere su disolución . 6.2.4. En contraposición a lo anterior, el consentimiento formalizado, como generador de derechos y obligaciones, no es predicable en el caso de la unión marital, ya que ésta se produce por el sólo hecho de la convivencia, sin que surja un compromiso solemne en el contexto de la vida en común de los compañeros permanentes que imponga el cumplimiento de obligaciones mutuas, siendo éstos completamente libres de continuarla o terminarla en cualquier momento. Sobre el punto, se expresó en la aludida sentencia: “Las diferencias son muchas, pero una de ellas es esencial y la constituye el consentimiento que dan los cónyuges en el matrimonio al hecho de que la unión que entre ellos surge sea una unión jurídica, es decir una unión que en lo sucesivo tenga el carácter de deuda recíproca. La unión que emana del consentimiento otorgado por ambos cónyuges, hace nacer entre ellos una serie de obligaciones (…) las cuales son exigibles por cada uno de ellos respecto del otro, y que no terminan sino por la disolución del matrimonio por divorcio o muerte o por su declaración de nulidad. Entre ellas, las más relevantes son las que se refieren a la comunidad de vida y a la fidelidad mutua. Algunas de las obligaciones derivadas de este vínculo jurídico comprometen a los cónyuges incluso después del divorcio, como las que conciernen a la obligación alimentaria a favor del cónyuge inocente. Así, este consentimiento respecto de un vínculo que es jurídico, es lo que resulta esencial al matrimonio. Por lo tanto, sin consentimiento no hay matrimonio y el principio formal del mismo es el vínculo jurídico. En este sentido el artículo 115 del Código Civil expresa que ‘(E)l contrato de matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes…’. El matrimonio no es pues la mera comunidad de vida que surge del pacto conyugal; Ésta es el desarrollo vital del matrimonio, pero no es lo esencial en él. La esencia del matrimonio es la unión jurídica producida por el consentimiento de los cónyuges. De lo anterior se deducen conclusiones evidentes: en primer lugar, que el matrimonio no es la mera unión de hecho, ni la cohabitación entre los cónyuges. Los casados no son simplemente dos personas que viven juntas. Son más bien personas jurídicamente vinculadas. La unión libre, en cambio, sí se produce por el solo hecho de la convivencia y en ella los compañeros nada se deben en el plano de la vida en común, y son libres en la determinación de continuar en ella o de terminarla o de guardar fidelidad a su pareja. En el matrimonio, en cambio, las obligaciones que surgen del pacto conyugal, a pesar de que pueden llegar a extinguirse por divorcio y éste a su vez puede darse por voluntad de los cónyuges , es menester lograr la declaración judicial del divorcio para que se produzca la disolución del vínculo jurídico a que se ha hecho referencia”.
6.2.5. Siguiendo esta interpretación, en la que se destaca la diferencia que la propia Constitución establece entre la institución del matrimonio y la unión marital de hecho, la Corte ha afirmado que “una es la situación jurídica de los cónyuges, y otra diferente, la de los compañeros permanentes” . A partir de esta premisa ha considerado que no es contrario al principio de igualdad que el legislador adopte distintas medidas regulatorias para el matrimonio y para la unión marital de hecho, siempre que éstas tengan un carácter objetivo y razonable y no resulten discriminatorias. Sobre este particular, se dijo en la Sentencia C-174 de 1996:
Para el demandante el segmento normativo acusado, que forma parte del numeral 3° del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, vulnera el derecho a la igualdad y la especial protección que el Estado debe a la familia, independientemente de su origen, comoquiera que impide a los compañeros permanentes adoptar conjuntamente, desde el momento mismo en que deciden unirse y conformar una comunidad de vida permanente y singular. La norma les impone la acreditación de un tiempo de convivencia ininterrumpida, de por los menos dos años, requisito que no se exige a los cónyuges que aspiren a adoptar conjuntamente. La misma disposición prevé que el término allí previsto se contará a partir de la sentencia de divorcio, si con respecto a quienes conforman la pareja o a uno de ellos, hubiera estado vigente un vínculo matrimonial anterior.
La posibilidad de que los compañeros permanentes concurran a adoptar conjuntamente se estableció por primera vez en el artículo 90 del Código del Menor expedido mediante el Decreto 2737 de 1989 . De conformidad con este precepto podían adoptar conjuntamente: a) Los cónyuges; b) La pareja que convive en unión libre y que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos tres (3) años. Este término se contaba a partir de la separación legal de cuerpos, si con respecto a quienes formaban la pareja o a uno de ellos, estuviere vigente un vínculo matrimonial anterior.
La Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, redujo a dos (2) años el tiempo de convivencia ininterrumpida que los compañeros permanentes deben acreditar para postularse conjuntamente como potenciales adoptantes (Art. 68 num. 3º). Adoptó un criterio temporal similar al requerido para presumir la existencia de sociedad patrimonial de hecho. Este mismo parámetro temporal y probatorio – la acreditación de una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos años – fue extendido por el legislador de 2006 a otras situaciones que requieren la demostración de una cierta estabilidad y de un ánimo de permanencia o de conocimiento mutuo ya sea entre la pareja que acude a adoptar de manera conjunta, o entre adoptante y adoptivo. En este sentido estableció el mismo requisito de acreditación de convivencia ininterrumpida para el cónyuge o compañero permanente que decida adoptar al hijo o hija de su pareja (Numeral 5º Art. 68). Así mismo extendió este parámetro temporal al adoptante del mayor de edad, quien puede postularse como tal cuando hubiere tenido al adoptado bajo su cuidado personal “por lo menos dos años antes de que este cumpliera dieciocho (18) años (Art. 69).
Los ponentes del proyecto de ley que dio origen al Código de la Infancia y de la Adolescencia justificaron la inclusión de este parámetro temporal de dos años de convivencia, referido a diversas situaciones relacionadas con la adopción y respecto de diferentes actores, señalando que: “Se amplían los requisitos para adoptar para hacer dar seguridad a la figura de la adopción” .
7.2.1. De acuerdo con el principio del interés superior del menor, el cual debe ser atendido primordialmente por todas las autoridades estatales, y en particular por el legislador, la regulación de la adopción como medida especialmente encaminada a brindar protección al menor en situación de abandono, debe estar orientada a establecer las condiciones que sean más adecuadas para garantizar a los menores en situación de adoptabilidad su pleno y armonioso desarrollo en el seno de la familia y de la comunidad, como una forma de restablecer sus derechos. Además de las condiciones de idoneidad física, mental, moral y social que deben acreditar los adoptantes, la estabilidad en todos los órdenes, que deben mostrar los aspirantes a adoptar constituye un presupuesto esencial en la valoración de la mejor alternativa familiar para un menor que se encuentra bajo la protección del Estado y en proceso de ser entregado en adopción. Aunque pueden existir múltiples parámetros para medir el nivel de estabilidad de un individuo o de una pareja que aspire a conformar una familia por la vía de la adopción, el legislador optó por considerar que en relación con los cónyuges la existencia de un compromiso solemne materializado a través del vínculo matrimonial podría ser expresión de una relación estable, y que a su vez la comunidad de vida ininterrumpida entre compañeros permanentes, que se prolongue por más de dos años, podría así mismo acreditar una vocación de permanencia en la pareja que garantice la estabilidad deseable para la entrega de un menor en situación de adoptabilidad.
El establecimiento de un criterio diferente, para medir el grado de estabilidad de la pareja, según se trate de aspirantes a adoptar que estén unidos por vínculos jurídicos o naturales, obedece no a un propósito discriminatorio, sino claramente a la naturaleza y especificidad de una y otra unión. Tal como se dejó establecido en el fundamento jurídico 4.2 de esta providencia, la propia Constitución legitima ciertos efectos o regulaciones diferentes para las uniones matrimoniales y las que se originan únicamente en la voluntad libre y responsable de conformarla, lo cual obedece a su naturaleza fáctica y jurídica diversa, no obstante una y otra convoquen indiscutiblemente el reconocimiento y la legitimidad constitucional, como fuentes de la institución familiar. La demanda se fundamenta así en un erróneo entendimiento del concepto de igualdad familiar previsto en la Constitución y desarrollado por la jurisprudencia. Los demandantes sugieren una idéntica regulación en materia de requisitos para la adopción, respecto de parejas aspirantes a adoptar unidas por el vínculo matrimonial o por lazos naturales. Esta pretensión se aparta de la concepción de la protección igualitaria a la familia que provee la Constitución, según la cual no se reconocen privilegios a favor de un tipo determinado de familia, si no que se legitima la diversidad de vínculos o de formas que puedan darle origen, pero a su vez se admite la existencia de efectos diversos y la posibilidad de regulaciones distintas. En este caso, la configuración de presupuestos distintos en materia de requisitos para adoptar, según se trate de una pareja conformada por la decisión libre de contraer matrimonio, o por la sola voluntad responsable de conformarla, lejos de vulnerar el principio de igualdad lo reafirma, comoquiera que toma en cuenta las especificidades de una y otra unión para prodigar un trato acorde con esa caracterización. Adicionalmente, esa regulación diferenciada se orienta a satisfacer un fin de indiscutible relevancia constitucional como es el interés superior de los menores en situación de adoptabilidad, toda vez que propugna por suministrar a las autoridades encargadas de ejecutar las políticas de adopción unos criterios objetivos que, junto a otras evidencias, les permitan establecer el grado de estabilidad, consolidación y afianzamiento de la relación de las parejas que aspiran a recibir a un niño, niña o adolescente en adopción. El requisito de permanencia que se cuestiona, aplicable a las parejas que conviven en unión marital de hecho, no puede ser entendido como una exigencia que degrada o desconfía de esta forma de constituir una familia; su verdadero propósito es el de establecer un parámetro para acreditar el presupuesto de estabilidad, acorde con la naturaleza y especificidades de la unión. Respecto a los cónyuges que deciden adoptar conjuntamente se exige la acreditación del compromiso solemne adquirido mediante el acto matrimonial. Desde luego que la prueba de la formalización del consentimiento matrimonial, por sí sola, no constituye plena prueba de la estabilidad e idoneidad de la pareja que se postula como adoptate; se trata de un requisito concurrente con otra serie de presupuestos encaminados a dar las garantías necesarias a las autoridades responsables del proceso de adopción, sobre la capacidad e idoneidad de todo orden que concurren en la pareja para suministrar una familia adecuada y estable al menor en situación de adoptabilidad. La exigencia de requisitos diferentes en orden a acreditar la estabilidad de la pareja, según se trate de personas que conviven en unión marital de hecho, o bajo el vínculo matrimonial, responde a un propósito del legislador de establecer mecanismo de prueba de la estabilidad familiar requerida, que sean acordes con la naturaleza y especificidades de los diversos medios de constitución de la familia. Esta opción legislativa respeta la diversidad en el origen familiar reconocida por la Constitución, a la vez que propugna por la máxima satisfacción del interés superior y prevalente del niño, niña o adolescente en situación de adoptabilidad, el cual, en la situación concreta, se traduce en rodearle de garantías que aseguren, en la medida que es posible prever, que en el seno de la nueva familia a la que ingresa, con carácter irrevocable, hallará un ambiente con vocación de permanencia, que le provea la protección y el restablecimiento de derechos que se espera del mecanismo de la adopción.
7.2.2. En un ejercicio razonable de su potestad de configuración, el legislador estableció un parámetro probatorio consistente en la acreditación de por lo menos dos años de convivencia ininterrumpida para que los compañeros permanentes se postulen conjuntamente como adoptantes. Este requisito no entraña un trato discriminatorio en contra de las personas que cohabitan en unión marital de hecho y que aspiran a conformar una familia por la vía de la adopción, comoquiera que se trata de un presupuesto probatorio, que en esta materia, se exige también en relación con otra clase de actores en los procesos de adopción, como es el caso de los cónyuges que aspiran a adoptar al hijo o hija de su pareja (Numeral 5°, Art. 68), o del adoptante que concurre a adoptar a una persona mayor de edad (Art. 69). Se trata de un criterio objetivo y razonable que cumple el específico propósito de suministrar una evidencia de estabilidad, vocación de permanencia o conocimiento previo, ya sea entre la pareja que conforma una unión marital de hecho y concurre conjuntamente a adoptar, o entre cónyuges cuando uno de ellos se postula como adoptante del hijo o hija de su pareja, ó entre adoptante y adoptivo cuando este es mayor de edad. Bien podría el legislador, en ejercicio de su amplia potestad de configuración, extender este parámetro temporal de convivencia a la pareja unida por vínculos jurídicos y que aspira a adoptar conjuntamente, a fin de rodear de mayores garantías de estabilidad esta modalidad de adopción. No obstante, atendiendo las especificidades de esta forma de unión, consideró que la acreditación del vínculo matrimonial satisfacía este presupuesto probatorio.
7.3. En conclusión, la Corte declarará la exequibilidad de la expresión “que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menor dos (2) años”, contenida en el numeral 3° del artículo 68 la Ley 1098 de 2006, en razón a que propende por la satisfacción del interés superior del menor que se encuentra en situación de adoptabilidad, comoquiera que se orienta a proveer a las autoridades de un criterio objetivo, que junto con otros elementos, le permite valorar el grado de estabilidad, o de conocimiento de la pareja que aspira a adoptar. El requisito censurado no establece un trato discriminatorio para los compañeros permanentes y un correlativo privilegio para los cónyuges postulantes como adoptantes, toda vez que ha sido establecido también para otro tipo de situaciones y en relación con otros actores que se postulan para adoptar como es el caso del cónyuge en relación con el hijo o hija de su pareja, o del adoptante de persona mayor de edad. Además se trata de una medida que se funda en el reconocimiento de la legitimidad de la diversidad de fuentes para la constitución de la familia (vínculos jurídicos y naturales), y en la corroboración de que la naturaleza y efectos diversos que la Constitución les reconoce a los diversos tipos de unión, permite a su vez regulaciones disímiles. VII. DECISIÓN

References: artículo 68
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