Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920856.html
Timestamp: 2019-11-20 04:54:34+00:00

Document:
as201920856
Auto Supremo: 856/2019
Expediente: Chuquisaca 17/2006
Parte Acusadora: Ministerio Público y otros
Parte imputada: Gonzalo Elias Méndez Gutiérrez y otros.
Delito: Uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y
las leyes y otros.
VISTOS: El memorial de apelación de fs. 137 a 139 vta., formulados por Raúl Córdova Cardozo, en contra del Auto Supremo Nº 019/2019 de 12 de junio que cursa de fs. 81 a 123, todos del cuaderno de apelaciones, emitido en el proceso de privilegio constitucional seguido por el Ministerio Público y otros contra Gonzalo Elías Méndez Gutiérrez y otros, por la comisión de los delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y otros, los antecedentes del proceso, y:
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia pronunció el Auto Supremo Nº 019/2019 de 12 de junio, resolvió imponer a los imputados: “a) Raúl Virreyra Montero, Diego Nelson Salas Bohorquez, Raúl Córdova Cardozo, Andrés Vicente Baldivia Calderon de la Barca y Johnny Wilber Prada Uribe las medidas sustitutivas previstas por el art. 240 incs. 2) y 3) del CPP, en consecuencia: i) La obligación de presentarse ante dependencias del Ministerio Público del lugar de su residencia una vez al mes durante la primera semana; ii) La prohibición de salir del país, sin autorización de este Tribunal, ordenándose su arraigo a las autoridades competentes. b) Marcelo Eulogio Antezana Ruiz, las medidas sustitutivas previstas por el art. 240 incs. 2), 3) y 6) del CPP, consistentes en: i) La obligación de presentarse ante dependencias del Ministerio Público del lugar de su residencia una vez al mes durante la primera semana; ii) La prohibición de salir del país, sin autorización de este Tribunal, ordenándose su arraigo a las autoridades competentes; y iii) Una fianza personal de dos personas solventes con patrimonio independiente, con la obligación de presentar al imputado ante esta Sala las veces que sea requerido y de pagar una suma suficiente para satisfacer gastos de captura y costas procesales en el caso de su incomparecencia; fianza que deberá ser constituida en el plazo de 10 días hábiles a partir de su legal notificación con la presente resolución. Se advierte expresamente a todos los imputados que la comisión de un nuevo delito o el incumplimiento de las medidas impuestas, dará lugar a su revocatoria y su sustitución por otra más grave, considerando los alcances de la Sentencia Constitucional Nº 010/2018-S2 de 28 de febrero, debiendo por Secretaria remitirse los respectivos oficios a los fines del cumplimiento de las medidas cautelares de carácter personal dispuestas”.
Dicha Sala sostuvo que el Ministerio Público arguyó que el imputado Raúl Córdova tiene facilidad de abandonar el país por no tener arraigo económico ya que en sus cuentas bancarias no cuenta con fondos de acuerdo a su extracto considerando que algunas fueron cancelas y anuladas, por lo que conforme al art. 234 num. 2) del Código de Procedimiento Penal, la Sala Penal refirió que este argumento no es evidente pues las cuentas demuestran sustento económico y si no tiene fondos, no genera convicción de que el imputado se encuentre en actos preparatorios de fuga o busque evitar la acción judicial, ocultándose en el país, siendo la fundamentación del Ministerio Público inerte para determinar el peligro de fuga ya que los movimientos económicos que una persona haga de su cuenta bancaria, no representa un supuesto de actividad irregular o sospechosa, por su parte el imputado adjunto boleta de pago de 3 de noviembre de 2018 acreditando una pensión de jubilación y el NIT de una empresa unipersonal que demostraría una actividad comercial de servicios de impresión, que a diferencia de lo que indica el Ministerio Público sustentaría la existencia de un arraigo económico en el país, consiguientemente la fiscalía no demostró la existencia de elementos de convicción que acrediten lo argüido, no obstante presentó una certificación de flujo migratorio extendida por el Ministerio de Gobierno, Dirección General de Migración que contempla los viajes que realiza fuera del país de Miami-EE.UU, Santiago-Chile, Lima-Perú y Brasil, demostrando que pese a que retornó al país tiene la facilidad de salir del país, siendo latente el peligro de fuga habiendo salido del país en varias ocasiones hasta abril de 2017 encontrándose vigente el pasaporte hasta el 12 de septiembre de 2020 justificando la aplicación de la medida sustitutiva de acuerdo a los principios de instrumentalidad, proporcionalidad y previsibilidad asumió que el imputado tiene facilidades para poder salir del país.
En cuanto al riesgo descrito en el art. 234 num. 8) del Código de Procedimiento Penal, el Tribunal impugnado refirió que el Ministerio Público sustentó su pedido en el Registro Nacional del Sistema i4p de 13 de diciembre de 2017 que reporta que el imputado tiene 2 causas en su contra por los delitos contra la propiedad intelectual y por desobediencia a Resoluciones constitucionales, ambas con imputación formal, lo cual aduce demostraría actividad delictual anterior.
La Sala Penal consideró que si bien de acuerdo al certificado señalado, el imputado registra un proceso penal anterior no es suficiente para acreditar el riesgo procesal invocado, ya que durante la sustanciación de todo el proceso penal debe ser considerado inocente, por lo que no se puede presumir su culpabilidad en razón del principio de presunción de inocencia de acuerdo a la Sentencia Constitucional Nº 0005/2017 de 9 de marzo, que efectúa un análisis de la necesidad de acreditar el riesgo procesal mediante una sentencia ejecutoriada, y en el caso de autos es necesario la misma, teniendo presente además que en audiencia el imputado presentó informe de antecedentes penales REJAP que indica que no registra antecedentes penales por lo que no se acreditó el riesgo proceso señalado.
En cuanto a la existencia de peligro de obstaculización previsto en el art. 235 num. 2) del Código de Procedimiento Penal, en razón a que el imputado es jubilado, y que al ser de una institución castrense donde se debe obediencia a un superior, podría influir negativamente para ocasionar que alguno de los imputados o testigos informen falsamente o se comporten de forma reticente; y sobre el art. 235 num. 4) del código adjetivo penal, se indica que podría incidir a otro de algún grado de inferior el miedo o intimidación es decir a los subordinados del IGM y otros imputados, testigos o personeros el IGM o las FFAA para que destruyan, modifiquen, oculten, supriman y/o falsifiquen elementos de prueba.
La Sala Penal manifestó que le era imposible determinar su concurrencia de los referidos riesgos procesales, ya que el Ministerio Público no sustentó su solicitud con prueba en omisión de la jurisprudencia constitucional Sentencias Constitucionales Nros. 0795/2014 de 25 de abril, 1301/2011-R de 26 de septiembre y 0276/2018-S2 de 25 de junio, no siendo concurrente el art. 235 num. 2) del Código de Procedimiento Penal, y con relación a la presentación de la documentación consistente en certificado de matrimonio, certificados de nacimiento de sus tres hijos y la verificación policial domiciliaría el Tribunal apelado señala que son impertinentes debido a que el Ministerio Público no fundó su pretensión en la circunstancia establecida en el num. 1) del art. 234 del código adjetivo penal.
DEL CONTENIDO DE LA APELACIÓN INCIDENTAL Y SU CONTESTACIÓN
El coimputado Raúl Córdova Cardozo, interpuso recurso de apelación por escrito de fs. 137 a 139 vta., en contra del Auto Supremo N° 019/2019 de 12 de junio, manifestando:
1) Errónea consideración de elementos de convicción suficientes que acrediten la posible comisión del delito.
Niega haber firmado como funcionario público, ya que el sello que consta en el memorial de 19 de diciembre de 2015 no muestra pertenencia a la Coordinación de Asuntos Parlamentarios, ni a la Dirección Jurídica del Ministerio de Defensa.
Refirió que al tener constancia de la inexistencia de ese contrato, desde el 3 de agosto de 2010, cuando las partes que firmaron el contrato lo resolvieron, y en 24 de enero de 2006 el Notario de Gobierno Rodrigo Estepa manifestó a la Directora de Asuntos Jurídicos Esdenka Vargas que la razón por la que no se protocolizó el documento se debe a que no se contaba con firma del asesor jurídico del Ministerio señalado, en ese sentido rechaza la existencia de ese contrato y no podría hablarse de una resolución que sea contraria a la Constitución y a las leyes, por el hecho que no se pudo activar el accionar de ningún servidor público. Afirmando que las resoluciones Ministeriales 1332-A y 1334 por las que de acuerdo a la Ley Nº 2446 solicitaron al Ministerio de Hacienda la suscripción del contrato de excepción con la República Federativa del Brasil, no fueron declaradas inconstitucionales.
En cuanto al delito de Conducta Antieconómica cuestiona que en el fallo apelado se indica inapropiadamente que existe un daño económico al Estado amparándose en el informe de Asesoría Jurídica N° 956/2010 de 28 de junio, que expresa que el Instituto Geográfico Militar en ningún caso erogó recurso a ORBISAT.
Añadió que firmó ese contrato como abogado, considerando el sello adjunto a la firma, afirmando que es necesario demostrar que su persona no tenía competencia para la revisión del contrato y que era una labor del Director Jurídico, que en ninguna etapa lo redacto o tuvo participación en su elaboración y solo lo firmó a instancia del General Diego Nelson Salas Bohórquez, y recuerda que todos los argumentos y pruebas presentados en audiencia de medidas cautelares no fueron correctamente valoradas, habiéndosele impuesto medidas sustitutivas innecesarias que no cumplen el carácter de indispensable previstas por el art. 221 del Código de Procedimiento Penal.
2) Errónea consideración de elementos de convicción suficientes que acrediten riesgos de obstaculización y averiguación de la verdad.
Cuestionó que la Sala Penal determinó que dentro de los riesgos procesales el único que mereció ser acreditado por la parte acusadora sería el riesgo de fuga que se pretendió demostrar con el certificado de flujo migratorio que acreditaría sus viajes al exterior que el último es de abril de 2017 de dos años atrás, y su pasaporte expira el 12 de septiembre de 2020.
Dedujo que todos los elementos presentados por el Ministerio Público fueron desestimados, quedando solo el riesgo de fuga alegando la facilidad de abandonar el país pese a que demostró la existencia de un arraigo familiar, económico y domiciliario, cuando en virtud del art. 234 del Código de Procedimiento Penal, debió efectuarse una evaluación integral de los elementos que influyen en ese riesgo así como los aspectos positivos o negativos que informan el caso, análisis que se encontraría previsto en la Sentencia Constitucional N° 0012/2006-R.
Solicitó se declare la procedencia de su apelación y la inexistencia de probable autoría y riesgos procesales para continuar su defensa en libertad irrestricta.
RESPUESTA AL RECURSO DE APELACIÓN
Pese a la notificación a los imputados con la apelación objeto de la presente resolución, estos no se apersonaron ni contestaron al recurso planteado, tampoco presentaron observación a la prueba remitida a este despacho judicial.
III.1 De la competencia
Corresponde señalar que conforme a lo dispuesto en la Declaración Constitucional Nº 003/2005 de 8 de junio, sostuvo que “En ese entendido, las normas del sistema procesal penal vigente (Ley 1970), son aplicables a los juicios de responsabilidad seguidos contra el ex Presidente de la República y los demás altos dignatarios de Estado, no solamente en la tercera fase del proceso penal, cual es el juicio oral y público (SC 1036/2002-R), sino también en la etapa de preparación del juicio (sumario), respetando, se entiende las normas específicas previstas tanto en el art. 118.5 de la CPE, como en la Ley Nº 2445, dentro del marco de la interpretación de esa norma efectuada por este Tribunal.”, declaración constitucional que permite aplicar a los juicios de responsabilidades como norma supletoria la contenida en el Código de Procedimiento Penal (Ley N° 1970), cuerpo normativo que en el art. 251 describe que las medidas cautelares personales pueden ser impugnadas mediante recurso de apelación, criterio que tiene refuerzo normativo en el principio de impugnación previsto en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado.
La apelación presentada por razón de funcionalidad, se entiende que debe ser de conocimiento otra Sala Penal, distinta que emitió el decisorio impugnado; sin embargo, de acuerdo a la estructura orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en la actualidad se encuentra conformada por una sola Sala Penal, por consiguiente, corresponde aplicar lo dispuesto en el art. 68 num. 7) de la Ley del Órgano Judicial, asumiendo esta Sala conocimiento del recurso de apelación.
III.2. De las medidas cautelares de carácter personal
Al respecto se debe tener en cuenta que las medidas cautelares son mecanismos procesales que la ley permite aplicarlas al juez, tomando en cuenta la protección de la actividad procesal que pretende garantizar, entre estas el ordenamiento procesal penal describe las de carácter personal que se aplican conforme a la regla establecida en el art. 233 del CPP, haciendo de estas medidas como medidas de carácter excepcional por la restricciones de derechos y garantías que conlleva, sujeto a distintos requisitos y ajuntando criterio en función a los principios cautelares.
La Sentencia Constitucional Plurinacional (Fundadora) N° 0010/2018-S2 de 28 de febrero, sobre las medidas cautelares y su aplicación, ha señalado: “III.3. Sobre el principio o test de proporcionalidad en la aplicación de la detención preventiva a partir de un enfoque interseccional El principio de proporcionalidad fue concebido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional -SCP Nº 2299/2012 de 16 de noviembre, no sólo como una prohibición de exceso en la actuación del poder, en el entendido que las autoridades de los diferentes Órganos del poder público y las instituciones del Estado deben actuar conforme a las competencias otorgadas por la Ley Fundamental; sino también, como una exigencia para que sus funciones sean realizadas bajo limitaciones y responsabilidades que la Norma Suprema establece, como el respeto a los derechos fundamentales. En ese sentido, el ejercicio de las funciones y competencias de las autoridades requiere proporcionalidad, en especial cuando interfiere en el ejercicio de derechos fundamentales, por cuanto una actuación desproporcionada, quebranta las bases fundamentales del Estado Plurinacional Constitucional. El principio de proporcionalidad, de acuerdo a la SCP Nº 2299/2012, se sustenta en la idea de vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales, por lo que una disminución en el ejercicio de los mismos debe tener una causa justificada y solo en la medida necesaria. Este principio tiene su fundamento en el carácter inviolable de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 13.I de la CPE y es considerado como un criterio hermenéutico de imperativa observancia en el ejercicio de cualquier competencia pública, por cuanto la efectivización de un derecho fundamental no puede ser limitado más allá de lo que sea imprescindible para la protección de otro derecho fundamental o bien jurídico constitucional, con la finalidad de evitar el sacrificio innecesario o excesivo de los derechos fundamentales. Lo anotado implica entonces, que la autoridad, al momento de elaborar una ley, emitir una norma o aplicar una disposición legal que limita un derecho fundamental, debe efectuar un juicio de proporcionalidad en el que se analice tres aspectos fundamentales: 1) Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para la finalidad buscada con la misma; 2) Si la medida limitativa o restrictiva es necesaria y si acaso, existen otras medidas menos graves, que restrinjan en menor grado el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad perseguida; y, 3) Analizar la proporcionalidad en sentido estricto que consiste en dilucidar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. La Corte IDH, señala de forma categórica que la detención preventiva se encuentra limitada por el principio de proporcionalidad, pues esta medida debe tener un equilibrio o correspondencia con el fin procesal que busca, esto supone una relación de correspondencia, en cuanto a la magnitud o grado, entre el medio usado -prisión- y el fin buscado (…) En el ámbito interno, estas características están descritas en el art. 221 del CPP, estableciendo que la libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y el propio Código: “…sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley” (las negrillas nos corresponden). En el segundo párrafo, el mismo artículo señala que: “Las normas que autorizan medidas restrictivas de derechos, se aplicarán e interpretarán de conformidad con el art. 7 de este Código. Estas medidas serán autorizadas por resolución judicial fundamentada, según lo reglamenta este Código y sólo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación”. Por su parte, el art. 7 del CPP, respecto a las medidas cautelares y restrictivas –tanto personales como reales- establece que su aplicación será excepcional y que: “Cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a éste” (las negrillas son agregadas); introduciendo en este punto el principio de favorabilidad, que en materia penal tiene rango constitucional, previsto en el art. 116.I de la CPE. Conforme a las normas procesales penales y los estándares interamericanos antes señalados, las medidas cautelares deben ser aplicadas: i) Con carácter excepcional; ii) Cuando resulten indispensables para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, lo que supone que las autoridades judiciales deban realizar en todos los casos de aplicación de medidas cautelares -que suponen una limitación a derechos fundamentales- el juicio de proporcionalidad precedentemente explicado; iii) Deben ser impuestas a través de una resolución judicial debidamente fundamentada y motivada; iv) Deben ser limitadas en cuanto a su duración, en tanto subsista la necesidad de su aplicación; y por ende, también son revocables o sustituibles y revisables periódicamente; y, v) En caso de duda respecto a una medida restrictiva de un derecho, deberá aplicarse lo que le sea más favorable. A lo anotado, se suma que en los casos de medidas cautelares, en especial la detención preventiva, aplicables a personas adultas mayores, en el marco de las normas internacionales e internas señaladas en el anterior punto, debe tomarse en cuenta su especial situación de vulnerabilidad; y por ende, el análisis de la necesidad de la medida a ser aplicable, deberá ser interpretada restrictivamente, considerando en todo momento su dignidad y considerando que la detención preventiva es la última medida que puede ser impuesta, conforme al mandato convencional -explicado en los anteriores Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional-, estableciendo que corresponde a los Estados promover medidas alternativas a la privación de libertad; igualmente, en cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, deberán considerarse todas las consecuencias que la medida cautelar conlleva, tomando en cuenta la agravación de sus condiciones de vulnerabilidad”.
Por su parte, en cuanto a las medidas cautelares de carácter personal la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1536/2013 de 9 de septiembre, estableció que: “SCP Nº 1536/2013 de 9 de septiembre estableció en la siguiente sistematización de jurisprudencia constitucional: “‘El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC Nº 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC Nº 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: «...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes…”.
III.3) De los cargos fijados por el apelante
Respeto a este motivo de apelación, por el que el recurrente cuestiona los argumentos para vincularlo con la presunta comisión del delito haciendo alusión a ciertos hechos fácticos para luego rechazar la existencia del contrato y resolución que sea contraria a la Constitución y a las leyes, advirtiendo que es necesario demostrar que este no tenía competencia para la revisión del contrato ya que era una labor del Director Jurídico, por lo que las pruebas presentadas en audiencia de medidas cautelares no fueron correctamente valoradas, imponiéndole medidas sustitutivas innecesarias que vulneran el art. 221 del Código de Procedimiento Penal.
Sobre este reclamo, conviene señalar que el fondo de la problemática a investigar no puede ser dilucidada a través de una apelación sobre las medidas cautelares, donde el ámbito de análisis es la concurrencia o no de los presupuestos procesales que aseguren la presencia del imputado en el proceso.
Al estar fundamentado la imputación formal saliente de fs. 1 a 67, estando individualizada la participación del imputado Raúl Córdoba Cardozo, con la descripción de los elementos de convicción que justifican su probable participación. Atribuyéndole el grado de autoría en los delitos de conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, subsunción provisional que no fue objeto de observación por el apelante.
En lo demás las alegaciones respecto a los hechos que se postula el apelante, podara hacerlos valer en la investigación a cargo del Ministerio Público.
En ese sentido, se debe tener presente que la finalidad de la audiencia de medidas cautelares es verificar si concurren los requisitos que señala el art. 233 del Código de Procedimiento Penal, lo cual fue considerado en el caso de autos.
Consecuentemente los argumentos sobre el grado de participación en los hechos son aspectos que el recurrente debe hacerlo valer en la investigación penal, considerando que la imputación contiene simplemente una calificación provisional y una descripción de los hechos en los que participó el imputado.
El recurrente, observa que lo único acreditado por la parte acusadora es el riesgo de fuga con base en el certificado de flujo migratorio y la vigencia de su pasaporte hasta el 12 de septiembre de 2020, siendo desestimados los demás elementos adjuntados por el Ministerio Público, cuando acreditó que tiene arraigo familiar, económico y domiciliario, lo cual no se habría valorado de forma integral de conformidad con el art. 234 del adjetivo penal, situación que inclusive se halla en contra de lo indicado en la Sentencia Constitucional N° 0012/2006-R.
De la revisión de antecedentes venidos en apelación se constata que mediante memorial de 28 de septiembre de 2018 presentado el 2 de octubre del mismo año, el Ministerio Publico presentó Imputación Formal en contra de Raúl Córdova Cardozo entre otros, por los delitos de conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes previstos en los arts. 224 y 153 del Código Penal, respectivamente, al considerar que concurren suficientes elementos de convicción sobre su posible autoría, afirmando que existe peligro de fuga, al tener la facilidad de abandonar el país por su flujo migratorio y no demostrar que tenga arraigo económico porque no tendría fondos en su cuenta bancaria, añade que de acuerdo al registro nacional del sistema i4p, del Jefe Nacional de Informática de la Fiscalía General del Estado, el imputado llego a tener actividad delictiva anterior al presente proceso, en dos causas por los delititos contra la propiedad intelectual y desobediencia a resoluciones en proceso de habeas corpus y amparo constitucional (art. 234 num. 8) del Código de Procedimiento Penal).
Asimismo en cuanto al peligro de obstaculización establecido en el art. 235 del mismo cuerpo legal, el Ministerio Público consideró que el imputado es jubilado, y que al pertenecer a una institución castrense donde se debe obediencia al superior, podría influir negativamente en algún imputado o testigo; y, que al existir una probabilidad de que sea coautor del ilícito, donde las penas oscilan hasta los 6 años ampliable a un cuarto, haría viable su detención preventiva, sin embargo el imputado tendría familia, trabajo y domicilio constituido, que de acuerdo a la objetividad y proporcionalidad en conformidad con los arts. 7, 221 y 232 del adjetivo penal, art. 23 de la Constitución Política del Estado, solicitó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva previstas en los nums. 2), 3), 5) y 6) del art. 240 del Código de Procedimiento Penal.
La Sala Penal, determinó la imposición de medidas sustitutivas a la detención preventiva contenidas en los nums. 2 y 3 del art. 240 del Procedimiento Penal, pese a la solicitud efectuada por el Ministerio Publico y la documentación presentada en audiencia de medidas cautelares, como ser el Informe de Antecedentes Penales emitido por el REJAP, el NIT 2313739018 por el Servicio de Impresión, certificados de matrimonio y de nacimiento de sus hijos, certificado de verificación policial domiciliaria y muestrario fotográfico; descartó la presencia de peligro de fuga por la causal 8, del art. 234 del Código de Procedimiento Penal. Tampoco dio curso a las causales 2 y 4 del art. 235 del mismo cuerpo legal al no haberse acreditado peligro de obstaculización en el desarrollo del proceso y con relación a los certificados de matrimonio y de nacimiento de sus tres hijos y la verificación policial domiciliara, los consideró impertinentes.
Determinación que el recurrente ahora cuestiona a través de su apelación, para lo cual remitiéndonos al apartado III.2. del presente fallo, se ha fundamentado sobre el principio de proporcionalidad de las medidas cautelares, el cual está acorde a los arts. 7 y 221 del CPP, que dice que las medidas cautelares tienen que fijarse de manera proporcional, en la medida de la situación de cada persona. En el presente caso, se ha valorado la frecuencia y facilidad del coimputado de poder salir fuera del país, lo cual se halla plenamente acreditado mediante el flujo migratorio y la vigencia de su pasaporte hasta el año 2020, consecuentemente la causal 2 del art. 234 del Código de Procedimiento Penal se halla fundamentada y acreditada, no pudiéndose considerar los certificados de matrimonio y de nacimiento como un tipo de arraigo personal como argumenta el apelante, tratando de soslayar sus constantes viajes al exterior, criterios suficientes para imponer medidas sustitutivas asumidas por la Sala Penal, lo contrario implicaría fundar una decisión judicial con base en criterios subjetivos, dada la connotación de los delitos atribuidos al recurrente.
Razones por las que se evidencia que los reclamos planteados por el coimputado recurrente Raúl Córdova Cardozo, no resultan ser evidentes, no existiendo infracción de los arts. 171 y 173 del Código de Procedimiento Penal.
Con esos fundamentos, corresponde declarar improcedente la apelación incidental interpuesta por Raúl Córdova Cardozo, manteniendo subsistente las medidas adoptadas en la parte dispositiva de la resolución recurrida.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia constituida en Tribunal de Apelación con la facultad conferida por el art. 251 del Código de Procedimiento penal declara IMPROCEDENTE el recurso de apelación planteado por el coimputado Raúl Córdova Cardozo.

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