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Contrato de Caja de Seguridad Responsabilidad Cláusulas limitativas
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18/05/2017 , " TONNI JUANA VICTORINA C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ORDINARIO ", del voto de la Dra. Alejandra Tevez
ARTICULO 1415
La fuerza mayor o caso fortuito
Derecho Común y Derecho Público – Actos Bifrontes.
Bienes de terceros y Legitimación activa.
Caso Fortuito - Fuerza Mayor como eximentes de responsabilidad.
Prueba del contenido - Indicios - Presunciones Legales
KAPUSTA TEODORO Y OTRO C/BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ORDINARIO
Contrato de Caja de Seguridad - Responsabilidad - Cláusulas limitativas.
Dra. Nydia Zingman de Dominguez
Contrato de Caja de Seguridad - Prueba del contenido - Indicios - Presunciones legales - Derecho al secreto fiscal - Bienes de terceros y Legitimación activa - Obligación de resultado - Responsabilidad - Actos bifrontes - Fuerza mayor y caso fortuito - Reparación plena – Deudas de valor – Intereses - Embargo -Cláusulas limitativas de responsabilidad - Art. 1414 CCyCN vs. Art. 37 LDC, reparación plena y prelación normativa – Orden Público - Conclusiones.
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ha incluído el Contrato de Caja de Seguridad entre los Contratos Bancarios.
Tomó de la vasta Jurisprudencia, en especial del fuero Nacional en lo Comercial, principios y criterios por ella reiterados como veremos al analizarlos en este trabajo, mas introdujo una reforma que por el contrario contradice dicha Jurisprudencia consolidada en ese punto.
Me refiero a la admisión de la validez de la cláusula de limitación de la responsabilidad en los contratos predispuestos por los bancos y entidades financieras en su artículo 1414, que además entre otras normas del mismo Código, viola el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor vigente, que dispone que se las tendrá por no convenidas.
Con posterioridad a la vigencia del nuevo Código en Agosto de 2015, he continuado la tramitación de numerosas causas por robos y hurtos de cajas de seguridad, siendo que en las sentencias obtenidas en ellas, se ha mantenido el criterio contrario a este punto introducido por la reforma.
Haré acá una síntesis de Jurisprudencia firme de 2014, 2015, 2016 y hasta junio de 2017, en que entrego este humilde pero relevante aporte al mundo jurídico al que pertenecemos, para ser publicado por la prestigiosa Revista de Derecho Comercial del Consumidor y de la Empresa de Editorial LA LEY.
Como breve introducción destaco que esta figura pertenece a la categoría de los contratos de adhesión, con cláusulas predispuestas y de consumo, debiendo ser interpretados en forma armónica por lo tanto, con la normativa de la Ley de Defensa del Consumidor y del Código Civil y Comercial de la Nación en los artículos 984 a 989 y 1092 a 1122, así como con los artículos 1, 2, 9, 10, 11 y 12.
El principio de Buena Fe del Título Preliminar es de especial relevancia, ya que el cliente deposita toda su confianza en la entidad bancaria en la que guarda sus valores y efectos más preciados y frente al incumplimiento del contrato por el Banco (art. 1725 CCyCN) es traicionado, en su creencia y valoración de la institución financiera.
El principio protectorio del consumidor es rector en esta materia restableciendo el equilibrio de las prestaciones frente a la desigual posición contractual de las partes.
La Ley de Defensa del Consumidor y toda la normativa consumeril son de Orden Público (art. 65 LDC y 11 CCyCN).
Las disposiciones de nuestra Constitución, arts. 14, 17 y 421, también amparan los derechos del consumidor acá en juego.
Paso ahora a analizar este Contrato conforme nuestra Doctrina y Jurisprudencia, así como con la actual normativa del Código que nos rige:
Se trata de una figura contractual en la cual una institución financiera pone a disposición del cliente para su uso en días y horarios determinados, un cofre cuya integridad garantiza, en un lugar físico especial, idóneo y custodiado, para que deposite en él bienes propios o de terceros sin declararlos a cambio de un precio; el contenido es secreto y confidencial. Sólo el titular y los autorizados podrán acceder a la caja y para ello el banco controlará y registrará su entrada al recinto.
El objetivo del usuario es la guarda, custodia, seguridad y la confidencialidad de los efectos que deposita, eligiendo para ello por su profesionalidad e imagen a la entidad prestadora del servicio, a quien abona un precio, que no guarda relación con el contenido de la caja de seguridad.
La entidad obtiene ganancias y además acerca clientela que utilizará seguramente otros servicios, además de exigírseles la apertura de una cuenta de ahorro o corriente previo a la asignación de un cofre.
La responsabilidad del prestador bancario es objetiva, garantiza un resultado.
Recuérdese que el deber de confidencialidad y secreto se inscribe en el propio concepto de secreto bancario, inherente a la misma actividad que implica que al banco no sólo se le confían aspectos íntimos de la vida comercial y la composición patrimonial del cliente, sino la confianza por parte de éste de que tal conocimiento no será divulgado (conf. CNCom., Sala D, "Barmaymon Raúl N. y otros c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A.", del 16/3/2009; y doctrina allí citada: Villegas, C. G., "Compendio jurídico, técnico y práctico de la actividad bancaria", T. 1, cap. X, nro. 67.1). CNCom, Sala F, 18/05/2017, "KAPUSTA TEODORO Y OTRO C/BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ORDINARIO", del voto del Dr. Rafael Barreiro.
La actora reviste la calidad de consumidora del servicio que la defendida presta en los términos del art. 1 y 2 de la LDC. En tal sentido y de acuerdo a lo previsto en el art. 65 de la LDC, la aplicación de tal ordenamiento reviste carácter de orden público. Tal cualidad genera como efecto la restricción de la autonomía de la voluntad de las partes (conf. arg. art. 21 del CCiv.), pues si la ley entra en conflicto con lo acordado, lo pactado debe ceder ante el orden público comprometido... Sostuve allí que “la circunstancia de que hubieran sido encontrados los autores penalmente responsables del ilícito no impide juzgar aquí civilmente responsable a la entidad bancaria frente al incumplimiento de las prestaciones a las que contractualmente se había obligado con los actores. Recuérdese, como quedó dicho, que de acuerdo al servicio ofrecido y contratado no podía conceptualizarse al robo como un caso fortuito. CNCom, Sala F, 18/05/2017, "TONNI JUANA VICTORINA C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ORDINARIO", del voto de la Dra. Alejandra Tevez.
El Código Civil y Comercial de la Nación no lo define y lo trata en cinco artículos:
ARTICULO 1413.-Obligaciones a cargo de las partes. El prestador de una caja de seguridad responde frente al usuario por la idoneidad de la custodia de los locales, la integridad de las cajas y el contenido de ellas, conforme con lo pactado y las expectativas creadas en el usuario. No responde por caso fortuito externo a su actividad, ni por vicio propio de las cosas guardadas.
ARTICULO 1414.-Límites. La cláusula que exime de responsabilidad al prestador se tiene por no escrita. Es válida la cláusula de limitación de la responsabilidad del prestador hasta un monto máximo sólo si el usuario es debidamente informado y el límite no importa una desnaturalización de las obligaciones del prestador.
ARTICULO 1415.-Prueba de contenido. La prueba del contenido de la caja de seguridad puede hacerse por cualquier medio.
ARTICULO 1416.-Pluralidad de usuarios. Si los usuarios son dos o más personas, cualquiera de ellas, indistintamente, tiene derecho a acceder a la caja.
ARTICULO 1417.-Retiro de los efectos. Vencido el plazo o resuelto el contrato por falta de pago o por cualquier otra causa convencionalmente prevista, el prestador debe dar a la otra parte aviso fehaciente del vencimiento operado, con el apercibimiento de proceder, pasados treinta días del aviso, a la apertura forzada de la caja ante escribano público. En su caso, el prestador debe notificar al usuario la realización de la apertura forzada de la caja poniendo a su disposición su contenido, previo pago de lo adeudado, por el plazo de tres meses; vencido dicho plazo y no habiéndose presentado el usuario, puede cobrar el precio impago de los fondos hallados en la caja. En su defecto puede proceder a la venta de los efectos necesarios para cubrir lo adeudado en la forma prevista por el artículo 2229, dando aviso al usuario. El producido de la venta se aplica al pago de lo adeudado. Los bienes remanentes deben ser consignados judicialmente por alguna de las vías previstas en este Código.
Se ha discutido si estamos frente a un contrato de locación de cosas, de servicio, de obra o frente a uno de depósito, habiendo quienes lo consideran un contrato mixto2 o un contrato bancario autónomo3.
Pensamos que existen similitudes con el contrato de locación y con el de depósito pero nuestro contrato se diferencia de ellos atento existe primordialmente un deber profesional de custodia por parte del banco al usuario, siendo ésta la causa fin contractual.
El servicio prestado a personas que desean poner a buen recaudo o conservar con toda seguridad títulos, documentos u objetos de valor...se proporciona al cliente la ventaja de custodiar los objetos que desee con el mayor secreto, realizar varias operaciones en el día sin la menor molestia, evitar los riesgos de robos e incendios y facilitar la guarda de documentos confidenciales sin riesgo alguno. Para ello los bancos organizan los medios y recursos así como los locales de modo de obtener este resultado4.
Se construyen edificios con una estructura de cemento armada acorazada con planchas de acero a prueba de robo, explosiones, incendios5.
El régimen de la responsabilidad objetiva y en especial la profesional agravada (art. 1725 CCyCN), abarcará los efectos del incumplimiento contractual por parte del banco. Es una obligación de resultado.
El responsable o deudor se podrá eximir demostrando la incidencia de una causa ajena en la producción del daño. La fuerza mayor o caso fortuito lo eximirá, pero no el hurto o el robo que no constituyen supuestos incluidos en la eximente, sino que por el contrario son los hechos generadores del negocio bancario y de la contratación por parte de los clientes. Un terremoto, una guerra han sido sí considerados como circunstancias que exoneraron de responsabilidad a los prestadores del servicio que estudiamos en este trabajo.
La obligación de custodia exige de la entidad la adopción de medidas idóneas para cumplir su prestación, medidas más rigurosas y distintas que las del depósito de dinero6.
No basta con que el banco ponga a disposición del cliente toda su organización y su servicio de seguridad para preservar la intangibilidad de las cajas de seguridad, sino que debe garantizar ese resultado. Por consiguiente, si esa intangibilidad es violada y el depositante es despojado de los valores allí alojados, el banco debe responder, pudiendo excluir su responsabilidad únicamente demostrando que el resultado dañoso fue producto de una causa no imputable a su parte y que no pudo superar, aún empleando la máxima diligencia requerida por el tipo de obligación contraída.
La ausencia de culpa o –incluso– la acción del hecho de un tercero son circunstancias que se muestran por sí solas como insuficientes para eximirlo de responsabilidad.
Sólo puede liberarse el deudor acreditando la concurrencia del casus o del hecho de un tercero por quien no debe responder, siempre que la acción de éste exceda toda posibilidad de previsión por parte del banco7.
El robo para ser calificado como eximente de responsabilidad, debe reunir los elementos de imprevisibilidad, inevitabilidad y extraneidad propios de un casus, pues de otro modo no libera al banco de su responsabilidad por las consecuencias de este tipo de hechos (conf. Lorenzetti, "Tratado…", obra citada, pág. 702).
En suma, salvo supuestos muy excepcionales en los que pueda demostrarse la "más absoluta imprevisibilidad, inevitabilidad y extraneidad" del hecho, en los supuestos de robo de caja de seguridad, los bancos deben responder (conf. CNCom. esta Sala A, in re: "Loonin …", fallo supra referido)8.
No es aplicable a la responsabilidad de los bancos frente al cliente, el Derecho Público. La relación de la institución financiera con los consumidores de servicios bancarios se aplica el Derecho Privado.
En cambio el vínculo de ellos con el BCRA es abarcado por el Derecho Administrativo.
Son dos áreas de actuación que pertenecen a distintos campos del derecho.
Por ello la reiterada defensa de los letrados de los bancos alegadas en los juicios por incumplimiento contractual, intentando deslindar su responsabilidad por haber cumplido la normativa del BCRA (medidas mínimas de seguridad), ha sido sistemáticamente rechazada.
Si hubiera co-responsabilidad de PFA o BCRA o alguna otra institución pública, ello no exime ni disminuye la del Empresario financiero que lucra con el negocio de cajas de seguridad.
Estamos frente al concepto de “actos bifrontes”, definido por el voto del Dr. Enrique Butty, causa "Hipan Pompilio c/ Banco Crédito Argentino s/ Ordinario", CNCom, Sala B, Causa nº 12.753/93, de 05/08/1997: "...por lo que se refiere al aducido cumplimiento de normas de superintendencia financiera, corresponde señalar que la responsabilidad de la quejosa debe analizarse conforme las directivas del derecho común.....En este plano, tiene dicho la sala ("Brainin Kurt c/ Laboratorios Elea", ed 161-173, fallo nº 46.218: "Norte Indumentaria S.A.. C/ Banco Mayo", 30.06.97) que corresponde su aplicación -derecho común-en situaciones, actos o negocios regidos tanto por el derecho común cuanto por el administrativo, disciplinario u otros, y que alguna doctrina llama "bifrontes" (así, Wald, Arnoldo, "Aspectos Peculiares...", en RDCO respecto a su validez y oponibilidad, cuando de pretensiones basadas en el derecho común se trate, conforme a los principios de éste -derecho común- y ello por observancia del art. 67 inc. 11, hoy art. 75 inc. 12, Constitución Nacional; sin perjuicio de las responsabilidades o las consecuencias de cualquier orden que pudieran seguirse de la aplicación de los regímenes disciplinarios establecidos por el derecho administrativo para la regulación de ciertas actividades, que importan un sistema normativo distinto cuya operatividad transcurre en otro plano...".
El banco asume una función de custodia y seguridad que debe ser concebida como una obligación de resultado, por lo que él resulta responsable en caso de robo de los objetos guardados en la caja de seguridad aun cuando no haya incurrido en ninguna negligencia.
Aún en el caso que el demandado haya contado a la fecha del delito con las medidas de seguridad vigentes, en tanto el deber de custodia que asume en ese tipo de contratación, impone obtener un resultado consistente en la conservación del "statu quo" de lo depositado en la caja, siendo irrelevante que el demandado pretenda acreditar que obró sin culpa, desde que no es tal la conducta que califica el reproche, sino la ausencia del resultado previsto9.
El empresario proveedor del servicio bancario asume así conforme estos lineamientos el riesgo propio de su negocio. Para acotarlo deberá invertir en seguridad de modo de evitar los robos y hurtos.
La rentabilidad del negocio va unido al riesgo del mismo que debe ser asumido por él.
El locatario de la caja de seguridad se encuentra facultado a perseguir el resarcimiento del valor de la totalidad de los bienes en ella depositados, con independencia de quien resulte su titular.
Ello en razón de que es dable aplicar al contrato de caja de seguridad, en forma analógica en punto al contenido del cofre, la solución prevista por el artículo 2215 del Código Civil –hoy arts. 1363 y 1365 CCyCN-, en cuanto prohíbe que el depositario exija al depositante probar que la cosa depositada es suya, lo que excluye toda posibilidad de discutir sobre la cuestión que aquí se propone (C.N.Com., Sala B, "Maquieira, Néstor y otro c/Banco de Quilmes S.A.", del 14.08.96, y esta Sala, "Bertrand Alberto…" ya citado, entre otros)10.
El titular del contrato de caja de seguridad está legitimado para entablar las acciones correspondientes en el ámbito judicial.
En caso de ser varios cualquiera de ellos, en forma indistinta o conjunta pueden hacerlo, sin perjuicio de la rendición de cuentas a cargo del actor a los demás propietarios de los efectos guardados en la caja de seguridad (sean ellos cotitulares, autorizados o simplemente terceros).
El banco tiene una responsabilidad objetiva11, de resultado como ya lo expresamos, no pudiendo eximirse alegando y probando que no obró con culpa o dolo o amparándose en cláusulas exonerativas o limitativas predispuestas unilateralmente en el contrato.
Es ésta su motivación para invertir en seguridad (infraestructura, recursos humanos, asesoramiento sobre estrategias, tecnologías adaptadas a la época y a los avances logrados en la materia), para lograr la eficacia del servicio y evitar pérdidas por eventuales indemnizaciones que deberá abonar si el servicio que presta falla, ocasionando daños a los usuarios.
Sólo el caso fortuito y la fuerza mayor pueden excusarlo.
Constituye caso fortuito o fuerza mayor aquel hecho imposible de prever o que aunque la previsión humana hubiera sido posible, no se pueden evitar sus consecuencias.
Pero cualquier falta de diligencia, sea en la previsión, sea en cuanto a las medidas o a los medios necesarios para evitarlo, imputable al deudor de la carga, y conforme a las circunstancias del caso, excluyen la invocación del caso fortuito o fuerza mayor como eximente de responsabilidad.
Siendo la obligación del banco, como antes se ha visto, una obligación de "resultado", cuando los valores colocados en la caja sean dañados, robados o destruídos, el banco no puede liberarse probando haber empleado en el caso concreto la diligencia de un buen padre de familia, ni de un buen banquero o del muy escrupuloso. No puede limitarse a probar que los locales eran por sí idóneos al fin de la seguridad a los que eran destinados; o que el conjunto de medidas para la custodia de los locales era adecuado a tales fines o conforme la normativa del BCRA.
Para excluír la propia responsabilidad debe demostrar además, la prueba positiva del hecho del cual no responde; debe demostrar que tal resultado ha sido impedido por una causa a él no imputable, una causa que no habría podido superar con el empleo de aquel grado de diligencia requerido por el tipo concreto de obligación, por ejemplo: el terremoto, una acción de guerra o de revolución, una orden de autoridad que sea legítima o de hecho, un acto de violencia de las tropas de ocupación. Eventos que tienen carácter de caso fortuito como el aluvión o el incendio, excluyen la responsabilidad del banco, sólo cuando él demuestra que el daño se ha producido no obstante las medidas máximas posibles en defensa de la integridad externa e interna de la caja.
El robo, por el contrario, proviniendo de la obra del hombre, no tiene carácter de caso fortuito, porque para sustraer los valores al peligro de tal evento, está destinada la caja de seguridad12.
Cabe destacar que no eximen al banco de su propia responsabilidad contractual frente al damnificado traicionado en su confianza, la corresponsabilidad eventual de la Policía Federal, del Banco Central o de cualquier otro tercero en un caso concreto.
"La noción de caso fortuito o fuerza mayor en nuestro derecho positivo surgía de los artículos 513 y 514 del Código Civil y actualmente del artículo 1730 del Código Civil y Comercial vigente que dice: “Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario.
Este Código emplea los términos “caso fortuito” y “fuerza mayor” como sinónimos”.
El banquero responde no sólo por lo que sabe, sino también por lo que debería conocer, ya que si no lo conoce “es por su propia y mayúscula torpeza” y ello porque como se ha dicho el banco es un comerciante profesional con alto grado de especialización, y un colector de fondos públicos, con superioridad técnica sobre el usuario. Todo ello lo obliga a actuar con pleno conocimiento de las cosas13.
El nuevo Código establece en su art. 1415 que la prueba del contenido de la caja de seguridad puede hacerse por cualquier medio.
La prueba indiciaria puede ser conceptuada como el complejo de pruebas simples, que individualmente no son suficientes, pero que junto a otras y al no ser invalidadas por aportes concretos de la contraria que ejerce su control, conforman un conjunto probatorio que convencen al Juez de la verosimilitud de los hechos y del derecho.
Por el carácter secreto y confidencial del contenido del cofre así como debido a que nadie se prepara para que le roben o hurten su caja de seguridad, estando ésta en la esfera de custodia del banco, se admiten los indicios como prueba y fundamento de presunciones legales, en las que basen los Jueces sus sentencias en juicios iniciados por damnificados.
Establece el Código Procesal artículo 163 inciso 5° “Sentencia definitiva de primera instancia. La sentencia definitiva de primera instancia deberá contener:... 5) Los fundamentos y la aplicación de la ley. Las presunciones no establecidas por ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica. La conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones...”
Artículo 386. “Apreciación de la prueba. Salvo disposición legal en contrario, los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa”.
Al validarse la prueba de indicios se evita la falacia de no poder hacer efectiva aunque estuviera demostrada, la responsabilidad de los bancos debido a la imposibilidad de probar plenamente el contenido saqueado, en cuyo caso estaríamos frente a un negocio en el que estarían virtualmente dispensado en favor de la parte predisponente, el dolo y culpa en la ejecución de sus obligaciones.
Más aún, suponiendo que se demostrara en algún caso la autoría del robo o hurto de una caja por parte de empleados, funcionarios o directivos de un banco, igualmente éste nunca respondería patrimonialmente por el Daño Material dada la imposibilidad de contar con una prueba directa del contenido.
Ello no importa liberar a la parte actora de la carga de la prueba (art. 377 CPCC) que deberá versar sobre la preexistencia de los objetos, de los acontecimientos y del nivel socio económico de la actora justifique su permanencia en su poder y la razonabilidad de que los mismos hayan sido guardados en la misma.
El art. 1413 del CCyCN dice: Obligaciones a cargo de las partes. El prestador de una caja de seguridad responde frente al usuario por la idoneidad de la custodia de los locales, la integridad de las cajas y el contenido de ellas, conforme con lo pactado y las expectativas creadas en el usuario. No responde por caso fortuito externo a su actividad, ni por vicio propio de las cosas guardadas.
"...En esta directriz puede señalarse también que la doctrina realiza una distinción entre el indicio y la presunción, siendo el primero todo rastro, vestigio o huella y, en general todo hecho conocido o mejor dicho, debidamente comprobado, susceptible de ser llevado por vía de inferencia al conocimiento de otro hecho desconocido; por su parte, la presunción es un medio de convicción consistente en recoger o interpretar una serie de hechos, hitos o circunstancias o indicios que aisladamente carecen de un sentido final, pero unidos por simientes lógicas permiten llegar a determinadas conclusiones por la fuerza de la convicción que establecen las secuencias razonadas y ligadas inescindiblemente.
Finalmente cabe adherir a todo ello, que quienes han contado con la caja de seguridad durante largos años, la tienen para conservar valores, de modo que es inevitable considerar que se parte, para efectuar un análisis, de la razonabilidad de la existencia de bienes en la caja (CNCom., Sala A, in re: “Toscano Carmen c/ Banco Mercantil Argentino SA”, del 12/4/1999)
En definitiva, la prueba producida permite tener por acreditado que el demandante pudo tener acceso a bienes de la entidad reclamada y otras pruebas corroboran que el actor poseía una nivel de vida que torna verosímil el ahorro denunciado en la referida moneda, como se desprende de la actividad llevada a cabo a través de una empresa familiar fundada por el accionante en el año 1974 (escritura de constitución obrante en copia certificada a fs. 97/100 e informe de IGJ a fs.684/737) y de los dichos del testigo quien señala que tenía una posición económica muy importante, dando razón de sus dichos (fs.1091/4, preg 5° y 6°)..." Mayo de 2017 autos KAPUSTA TEODORO Y OTRO C/BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ORDINARIO14.

References: artículo 1414
 artículo 37
 artículo 2229
 artículo 2215
 artículo 1730
 artículo 163

Artículo 386