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Timestamp: 2019-09-21 03:07:27+00:00

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﻿ SENTENCIA SL11826-2017/51857 DE AGOSTO 2 DE 2017
SENTENCIA SL11826-2017 DE 02 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:FACTORES PARA REALIZAR LA CONDENA A LA INDEMNIZACIÓN PLENA DE PERJUICIOS. SE ESTABLECE POR PARTE DEL ALTO TRIBUNAL QUE LA CONDENA A LA INDEMNIZACIÓN PLENA DE PERJUICIOS CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 216 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO PARA SU IMPOSICIÓN DEBE ESTAR PRECEDIDA DE CULPA SUFICIENTEMENTE COMPROBADA DEL EMPLEADOR EN LA OCURRENCIA DEL ACCIDENTE DE TRABAJO, LA CUAL SE DEBIÓ A LA FALTA DE DILIGENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DEL EMPLEADOR DE VELAR POR LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 56, 57 NUMERALES 1 Y 2 Y 348 DE DICHA NORMA, QUE OBTIENEN EN LA OBLIGACIÓN QUE LE ASISTE, SIN TASAR ESFUERZO ALGUNO, DEL CUAL SE ADOPTAN LAS MEDIDAS NECESARIAS E INDISPENSABLES PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA Y LA SALUD DE LOS TRABAJADORES, Y CONFORME LOS RIESGOS LABORALES DE PROCURAR EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIDENTE DE TRABAJO, EMPLEADOR, INDEMNIZACIÓN LABORAL, TRABAJADOR, PERJUICIOS, INDEMNIZACIÓN AL TRABAJADOR
Sentencia SL11826-2017/51857 de agosto 2 de 2017
Rad.: 51857
Aprobado Acta 4
Interpuesto por la demandada Inmobiliaria Palmer Ltda., concedido por el tribunal, y admitido por la Corte, se procede a resolver.
Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia proferida por el tribunal, en sede de instancia, revoque en su integridad la sentencia proferida por el juzgado quince del circuito del plan de oralidad de Barranquilla y, en su lugar, absuelva a la Inmobiliaria Palmer Ltda., de todas y cada una de las pretensiones de la demanda que le dio origen al proceso.
Como alcance subsidiario solicita la casación parcial de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en cuanto a la liquidación de los perjuicios materiales y, en sede de instancia, se revoque parcialmente la sentencia proferida por el a quo, en cuanto a la liquidación de los perjuicios materiales y, en su lugar, se efectúe dicha liquidación de acuerdo a los parámetros establecidos por la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Con tal propósito formula dos cargos, que no fueron replicados, los cuales se procede a estudiar.
Acusa la sentencia impugnada por la causal primera de casación, de infringir por la vía indirecta y en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 56 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo.
Aduce que la anterior violación de la ley, se produjo porque el tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho que estimó manifiestos:
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el accidente de trabajo que sufrió el causante ocurrió por culpa suficientemente demostrada de la parte demandada.
2. No dar por demostrado, estándolo plenamente, que la parte demandada, en atención a las particularidades de la obra y del terreno en el cual esta se desarrollaba, fue lo suficientemente diligente en el cumplimiento de las medidas de seguridad en materia de construcción para la prevención de accidentes de trabajo.
3. Dar por demostrado, de forma equivocada, que, en el estado en que se encontraba la obra al momento de ocurrir el accidente de trabajo, a la parte demandada le correspondía tomar medidas de seguridad adicionales a las que había adoptado, tales como la instalación de vallas o mallas que protegiesen a los trabajadores de la caída de materiales.
4. Dar por demostrado, de forma equivocada, que la parte demandada no suministró al causante los implementos de seguridad aptos para el desarrollo de la actividad para la cual fue contratado.
5. No dar por demostrado, estándolo, que la parte demandada, suministró a todos sus trabajadores, incluido el causante, los implementos de seguridad idóneos y necesarios para el cabal cumplimiento de las actividades para las que fueron contratados.
Denuncia como pruebas erróneamente apreciadas, el material fotográfico de folios 75 a 82 del cuaderno principal, el reporte del estudio de suelo, sus conclusiones y recomendaciones (fl. 83 – 103, cdno. ppal.) y, los testimonios de William Samper Robles (fl. 216 – 218, cdno. ppal.), Víctor Hugo Molina Villanueva (fl. 200 – 203, cdno. ppal.) y Álvaro Antonio Villarreal Borja (fl. 213 – 215, cdno. ppal.).
En la demostración del cargo, indica que el tribunal incurrió en la apreciación equivocada del reporte de estudio de suelo obrante a folios 83 a 103 del cuaderno principal, en cuanto lo valoró con independencia de los restantes medios prueba obrantes en el expediente y que permiten concluir, que lo en él consignado se ajusta íntegramente a la realidad física del sitio o lugar de la construcción y, que por tanto, las medidas de seguridad adoptadas por la parte demandada resultaban idóneas y diligentes para la prevención de accidentes de trabajo.
Para ello, se remite al folio 93 del reporte del estudio de suelo, en el que se indicó: “El perfil sub-perficial (sic), permite realizar las excavaciones para cimientos en talud vertical, sin requerimientos de entibado para sostén lateral en los límites de construcciones vecinas. Se pueden usar herramientas de ataque convencional dado la dureza de los materiales”, apreciación que encuentra corroborada con los registros fotográficos que se aportaron con la contestación de la demanda y que obran a folios 75-77, fotos 1-5.
Precisa que de las fotografías y como se expuso a lo largo del proceso se puede advertir que “el material que se excavó para conformar el semisótano del parqueadero del edificio, corresponde a un suelo conformado por un conglomerado de piedra y caliche muy compacto, suelos estos que como se dijo son altamente cohesivos, y por tanto, presentan una alta resistencia al corte”.
Expone que las medidas de seguridad adoptadas, resultaron suficientes e idóneas si se tiene en cuenta que consistieron en realizar la excavación del semisótano
(i) en forma técnica y eficiente con el talud a 90 grados o vertical y, (ii) dejando en el perímetro del lote un sobre ancho de aproximadamente 0.80 metros, como medida de precaución para evitar volamientos de los muros perimetrales o paredillas vecinas, todo ello tal y como lo establece la practica ingenieril y de construcción, y como se puede ver a folios 75 y 76, fotos 1, 2, 3, y 4.
Concluye indicando que esas medidas de seguridad, tal como lo manifestó el testigo técnico Ing. William Samper, son las adoptadas por los demás constructores de la ciudad y en las canteras que emplean ese tipo de material y que resultan, suficientes e idóneas para la prevención de accidentes de trabajo, probándose de esa manera el cumplimiento por parte de la demandada, de su deber general de protección y de seguridad para con los trabajadores, a quienes además se les suministraron elementos de protección como casco, gafas y guantes, tal como se advierte en las fotografías que se acompañaron al proceso.
El asunto que se somete a escrutinio de la sala es el relacionado con la existencia de culpa suficientemente comprobada de parte de Inmobiliaria Palmer Ltda., en el accidente en el que perdió la vida Julio César Calao Martínez, como lo adujo la sala laboral de descongestión del tribunal superior de Barranquilla o, si por el contrario, como lo afirma el recurrente, está acreditado que obró con diligencia a la hora de cumplir con su obligación general de protección y de seguridad para con todos los trabajadores.
En el caso sub examine, el tribunal arribó a las siguientes conclusiones:
Que Sigifredo Rafael Cervantes Vásquez, en calidad de contratista, celebró contrato de obra con la Inmobiliaria Palmer Ltda., “cuyo objeto social se trataba del giro normal de su negocio, circunstancia que tipifica la solidaridad prevista en el artículo 34 del C.S.T., como acertadamente lo apuntaló el a-quo”.
Que el accidente ocurrido el 23 de mayo de 2006 al trabajador Julio César Calao Martínez, en el que perdió la vida, se produjo “con ocasión de su oficio, se encontraba laborando, cayéndose de su propio peso, la teoría de la parte demandada”, es decir, que el suceso correspondió a un accidente de trabajo.
“[…] los demandados, no probaron que fueron lo suficientemente diligentes, como para que el accidente de trabajo no hubiera ocurrido, porque no solamente basta con los estudios técnicos sobre el terreno a construir, sino que también le corresponde tomar las medidas de seguridad en materia de construcción como las bayas (sic) o mallas que impidan caerle a cualquier trabajador de la obra o construcción objetos que causen lesiones a la integridad física del trabajador o en el peor de los casos, como ocurrió en el sub lite, la muerte”.
De tales fundamentos, le merece reproche a la censura el tercero de ellos, esto es, el relacionado con la culpa patronal, al considerar que su actuar estuvo ajustado al deber legal que le asiste de brindar protección y seguridad a sus trabajadores, para lo cual adoptó las medidas suficientes e idóneas en atención a las particularidades de la obra y del terreno.
Como prueba equivocadamente apreciada denuncia la recurrente el reporte de estudio de suelos, sus conclusiones y recomendaciones, obrante a folios 83 a 103, en tanto allí se indicó que “El perfil sub-perficial (sic), permite realizar excavaciones para cimientos en talud vertical, sin requerimientos de entibado para sostén lateral en los límites de construcciones vecinas. Se pueden usar herramientas de ataque convencional dado la dureza de los materiales” (fl. 93, cdno. ppal.) aspecto que en su opinión, confrontado con el material fotográfico arrimado a los autos, permite concluir que, a partir del estudio del suelo y las propiedades del terreno, ningún peligro representaba la obra para los trabajadores, a quienes, en todo caso, se les suministraron los elementos adecuados de protección como se observa en las imágenes.
Encuentra la sala de esta prueba denunciada como mal apreciada, correspondiente al estudio de suelos elaborado por WS Incivilco, el 31 de marzo de 2006 para el proyecto edificio multifamiliar Palmer “calle 79B Nº 42-322 Barranquilla”, que en el se observa aprobación o visto bueno de la curaduría urbana Nº 1 de esa ciudad, que efectivamente, en el acápite de conclusiones y recomendaciones se consigna lo que refiere la Inmobiliaria en el recurso, esto es, que era posible realizar las excavaciones para talud vertical, “sin requerimientos para sostén lateral en los límites de construcciones vecinas”; no obstante, en el mismo informe y a continuación de esas conclusiones, se realizan “recomendaciones para garantizar el manejo seguro y económico de las condiciones del subsuelo”, al revisar estas recomendaciones, se verifica que en el numeral 6.3. Sobre procesos constructivos, se anotó: “Para las excavaciones para cimientos, viga de amarre y muro contención, la ejecución deestas puede ser como herramienta convencional dada la dureza del material, debiéndose tomar previsiones mínimas de sostén en cortes verticales, de ser necesarias, en los linderos con propiedades vecinas” (fl. 96, cdno. ppal.) (subrayado fuera del texto).
No fue un hecho controvertido y se observa del material fotográfico aportado, que el fallecido se encontraba trabajando en la excavación de los cimientos de la construcción (fls. 75-79, cdno. ppal.) y, que el terreno tenía dentro de sus características la dureza del material que lo conformaba, el que se quiso representar al juzgador con la fotografía del fl. 7, Nº 5; sin embargo, no puede desconocer la sala, que dentro de las recomendaciones de los procesos constructivos, se previno al constructor, puntualmente “Para las excavaciones de cimientos, viga de amarre y muro de contención”, que tomara previsiones mínimas “de sostén en cortes verticales, de ser necesarias, en los linderos con propiedades vecinas”, es decir, que a pesar de la dureza del terreno, el constructor debía considerar medidas de prevención frente a un posible derrumbamiento del mismo, por lo que la conclusión a la que arribó el tribunal en cuanto a que, dentro de las medidas de seguridad en la construcción que debía tomar la demandada, se encontraba la construcción de vallas o mallas para evitar la caída de material que pudiera causar lesiones a los trabajadores de la obra, o como en este caso la muerte, frente a los cuales no resultaba suficiente el suministro de elementos como casco, guantes y botas de protección sino la implementación de otro tipo de seguridades atendiendo a la naturaleza misma de la labor a realizar, no se exhibe como contraria a la realidad de los hechos y a las pruebas allegadas al proceso.
Aunado a lo anterior, en el mismo informe de suelos soporte del cargo, en su numeral 7º, se consignó:
“[…] 7. Limitaciones
Este informe y las recomendaciones consignadas en él, se establecieron a partir del resultado del trabajo de campo y de laboratorio, del perfil estratigráfico obtenido de las muestras recuperadas del sub-suelo y de los ensayos de campo realizados en varios puntos del lote a diferentes profundidades, de acuerdo con la práctica común de la ingeniería de suelos. Es posible que se presenten condiciones del sub-suelo no reveladas en la investigación realizada, sin embargo, se considera que el alcance de los trabajos ejecutados, es adecuado para definir las condiciones del sub-suelo en el área del proyecto.
Solicitamos a los interesados, que si en el período de diseño se hacen cambios o si durante la construcción se encuentran diferencias con las condiciones del sub-suelo establecidas como típicas en este informe, se nos comunique oportunamente, para así revisar las recomendaciones aquí propuestas y establecer los cambios necesarios”.
De tales consideraciones se puede establecer, como ya se refiriera, que si bien es cierto el terreno presentaba algunas condiciones de dureza que, en principio, darían parte de tranquilidad en cuanto a no ser necesaria la construcción de vallas o mallas de protección, el mismo analista de suelos advirtió, no solo de la toma de previsiones mínimas al momento de iniciar excavaciones, sino que puso de presente la posibilidad de que se presentaran condiciones del sub-suelo que no se hubiesen podido determinar al momento de la realización del estudio, por lo que una afirmación contundente y categórica en cuanto a que las condiciones del terreno eran óptimas y que la posibilidad de derrumbes era mínima o nula, como se desprende de la sustentación del cargo, resultaría apresurada y desvirtuada con el mismo informe de suelos del que se vale para llegar a tal conclusión.
En consecuencia, teniendo en cuenta como lo ha reiterado esta corporación, que la condena a la indemnización plena de perjuicios consagrada en el artículo 216 del CST para su imposición debe estar precedida de culpa suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo y que la misma en este caso, se debió a la falta de diligencia en el cumplimiento del deber del empleador de velar por la seguridad y protección de los trabajadores establecido en los artículos 56 y 57, nums. 1, 2 y 348 del CST, que recaban en la obligación que le asiste, sin escatimar esfuerzo alguno, de adoptar las medidas necesarias e indispensables para la protección de la vida y la salud de los trabajadores, y en el marco de los riesgos laborales de “procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo” (art. 21, D. 1295/1994), es por lo que no encuentra la sala acreditado un error manifiesto, ostensible o protuberante en la conclusión a la que llegó el tribunal en punto a la culpa del empleador; lo que hace que no haya lugar a acometer el estudio de la prueba testimonial que se denunció apreciada en forma equivocada por el sentenciador, por no ser de una prueba calificada en casación y cuyo estudio solo es posible cuando se ha acreditado previamente el error de hecho, según la restricción contenida en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-140 de 29 de marzo de 1995.
De conformidad con lo aquí discurrido y al no haberse acreditado, se reitera, el error endilgado a la sentencia recurrida, el cargo no prospera.
Acusa la sentencia impugnada, de manera subsidiaria, de infringir por la vía directa y en la modalidad de aplicación indebida, el artículo 216 del Código sustantivo del trabajo.
Como argumento de la acusación refiere que en la reliquidación de los perjuicios realizada por el tribunal no se acogieron completamente los criterios adoptados por la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, entre otros, los indicados en la sentencia con rad. 7.069 de 26 de febrero de 2004, y que han sido acogidos por la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la misma corporación.
Como errores jurídicos en los que estimó incurrió el juez de segunda instancia señala:
(i) Al momento de calcular el lucro cesante mensual (LCM), o salario actualizado a la fecha, actualizó un salario superior al que devengaba el causante en el año 2006, que era de $ 408.000, sin que sea procedente agregarle el auxilio de transporte por ser un auxilio económico con destinación específica, por lo que no constituye una renta que produzca beneficio a los padres.
(ii) Omitió descontar del salario, para efectos de establecer la renta conocida, el 25% que según la jurisprudencia civil destinaba el causante a sus gastos personales ordinarios.
(iii) Al calcular el lucro cesante futuro, el tribunal incurre en el error de utilizar la expectativa probable de vida del causante al momento del accidente, y no la de cada uno de sus padres, lo que, lógicamente, tiene la consecuencia de ordenar un resarcimiento que supera en el tiempo, al que estadísticamente han de sobrevivir los padres beneficiarios.
Adujo la parte recurrente que se equivocó el tribunal al momento de cuantificar la indemnización plena de perjuicios materiales, en cada uno de sus componentes, por lo que solicitó, una vez detallados los errores en los que incurrió el juez colegiado y de conformidad con lo expresado en el alcance de la impugnación, “se efectúe dicha liquidación de acuerdo a los parámetros establecidos por la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia”.
Por tratarse de un cargo por la vía directa el que ocupa la atención de la sala, se deben tener como aceptadas las premisas fácticas establecidas en las instancias, que en el caso son: i) el causante se vinculó mediante contrato de trabajo con Sigifredo Rafael Cervantes Velásquez; ii) existe solidaridad entre el señor Cervantes Velásquez, como contratista y la Inmobiliaria Palmer Ltda.; iii) el accidente de trabajo que le produjo la muerte a Julio César Calao Martínez (q.e.p.d.) se produjo por culpa del empleador; iv) sus progenitores Marco Calao Guerra y Julia Elvira Martínez Cárdenas acreditaron asistirles interés y ser los beneficiarios de la indemnización plena de perjuicios causada con ocasión del fallecimiento de su hijo.
Para decidir sobre la inconformidad planteada en el cargo y con miras a evidenciar si efectivamente el tribunal incurrió en los errores que se le atribuyen al momento de efectuar la liquidación de la indemnización total y ordinaria por perjuicios referida en el art. 216, CST, se seguirán los derroteros trazados por la jurisprudencia de esta sala, entre otras en la sentencia CSJ SL, 30 jun. 2005, rad. 22656 ajustados a la situación particular del actor.
Sobre el lucro cesante consolidado y futuro, al que se contrae la inconformidad del recurrente, esta corte ha admitido que, para determinarlo, el juzgador se sustente en las fórmulas matemáticas que ha aceptado la jurisprudencia y con fundamento en los criterios jurídicos que ha adoptado, teniendo en cuenta la edad del trabajador al momento del accidente, expectativa de vida del damnificado, salario devengado, entre otras variables.
Así, en sentencia CSJ SL, 4 jul. 2007, rad. 27501, esta Sala de Casación Laboral aceptó, como lo plantea la censura, acoger la fórmula que había adoptado la Sala de Casación Civil de la Corte para calcular estos conceptos indemnizatorios. Allí se estableció:
“[…] En cuanto tiene que ver con el “lucro cesante”, habrá de distinguirse el “pasado”, esto es, el causado a partir de la terminación del vínculo laboral del actor y hasta la fecha del fallo, pues, durante el término anterior, esto es, de la fecha del accidente —10 de octubre de 1996— a la de desvinculación laboral —7 de mayo de 1998—, se impone entender, por no existir en el recurso extraordinario reclamación al respecto, que la empleadora cumplió sus obligaciones laborales con el trabajador y, por ende, no se generó esa clase de perjuicio, del “lucro cesante futuro”, es decir, el que a partir de la fecha de la providencia se genera hasta el cumplimiento de la expectativa probable de vida del trabajador, y para su cálculo se seguirá el criterio adoptado por la sala en sentencia reciente de 22 (sic) de junio de 2005 (rad. 23.643), en la que se dijo que se acogerían las fórmulas, adoptadas también por la Sala de Casación Civil de la corte para calcular estos conceptos indemnizatorios en diversas sentencias, entre ellas, las de 7 de octubre de 1999 (exp. 5002), 4 de septiembre de 2000 (exp. 5260), 26 de febrero de 2004 (exp. 7069) y más recientemente de 5 de octubre de 2004 (exp. 6975), en las cuales se calcula, el primer concepto, multiplicando el monto del salario promedio devengado para la fecha de retiro, actualizado hasta la fecha de la sentencia, por el factor de acumulación de montos que incluye el factor correspondiente por ese periodo al 0.5% mensual (6% anual) por interés lucrativo; y el segundo concepto, partiendo del monto del lucro cesante mensual actualizado, para luego calcular la duración del perjuicio —atendida la expectativa probable de vida del perjudicado, y reducida aritméticamente a un número entero de meses desde la fecha de la sentencia—, para concluir en el valor actual del lucro cesante futuro, previa deducción del valor del interés civil por haberse anticipado ese capital, atendiendo de paso el criterio propuesto por la moderna doctrina”.
Así, le asiste razón a la censura en cuanto a que el tribunal desconoció para efectos de la cuantificación de la indemnización plena de perjuicios, las decisiones adoptadas sobre el particular por esta corporación, tal como se corrobora de la liquidación que efectuara y a la que se hizo alusión en el aparte correspondiente a la sentencia de segunda instancia dentro de esta decisión, incurriendo en el error de hecho que le enrostra el recurrente.
De otra parte, teniendo en cuenta que el lucro cesante corresponde a lo que el trabajador fallecido dejó de producir, se ha de agregar que siguiendo los parámetros del pronunciamiento jurisprudencial citado, el lucro cesante pasado para el asunto a juzgar, es el causado a partir de la terminación del vínculo laboral que coincide con la fecha de la muerte del trabajador, esto es, el 23 de mayo de 2006 y hasta la fecha de la sentencia; y el lucro cesante futuro se extiende desde el día en que se profiere el fallo hasta el cumplimiento de la expectativa probable de vida que tienen sus progenitores, ya que esta corporación es del criterio de que el referido concepto se debe liquidar, en tratándose de los padres del fallecido, hasta el último día de vida probable de sus ascendientes, aspecto en el cual le asiste razón a la censura.
En cuanto a la deducción del 25% que según el recurrente la jurisprudencia establece como destinado a los gastos personales del occiso y que debe ser descontado del lucro cesante consolidado y futuro, según la jurisprudencia de la corte, este corresponde al porcentaje que el trabajador destina para cubrir sus propios gastos. Así lo explicó la Sala de Casación Civil de la corte, en sentencia del 5 de octubre de 2004, exp. 6975, que sirvió de referente a la Sala de Casación Laboral para establecer la manera como se cuantificarían dichos conceptos, cuando dijo:
“Seguidamente se impone resaltar que en aquellos casos en que ese lucro cesante está íntimamente vinculado con los dineros que el occiso recibía como contraprestación por sus actividades personales lucrativas y lícitas, cuando quiera que medie una relación laboral, la pauta que el juzgador ha de tener en cuenta para cuantificar ese rubro se deduce, por lo general sin mayor dificultad, del monto de los salarios que devengó el trabajador durante la época que precedió a su óbito, los que se promediarán, según suele hacerse, si fueran variables. De la base así obtenida se descontará la proporción en que habría de calcularse lo que destinaba para sus gastos personales y el excedente se dividirá entre los perjudicados, sin perder de vista, en ningún caso, que como el hecho que da lugar al daño no puede legítimamente convertirse en una fuente de ganancia o enriquecimiento para los reclamantes, ha de procurarse, en lo posible, que la indemnización que el cónyuge y los deudos del desaparecido reciban, se acompase con lo que este en vida les proporcionaba, ni más ni menos, tal y como si la muerte no hubiera tenido ocurrencia (…).
En cuanto al porcentaje que de sus ingresos el occiso podía destinar a su propio sostenimiento, bien puede acudir la corte, como en otras oportunidades, a un 25% de sus ingresos, que corresponde al propuesto por los peritos y en lo que atañe a la vida probable de los demandantes, así como la que hubiera podido gozar el señor Díaz Sánchez de no haber tenido ocurrencia el accidente aéreo que culminó con los resultados ya conocidos, habrá de tenerse en cuenta la Resolución 1439 de 1972 (que en copia obra de fls. 61 a 65), vigente para la fecha del óbito del mencionado. Además, se estimará que la viuda sería beneficiaria de ese apoyo por el término de vida probable de su esposo y que sus hijos recibirían tal ayuda económica hasta la edad límite de 25 años, época que razonablemente se asume como la de culminación de sus estudios superiores, todo esto de conformidad con las directrices admitidas por esta misma corporación en asunto similar (sent. de oct. 18/2001, exp. 4504)”.
Se encuentra demostrado que el hijo de los demandantes, Marcos Calao Guerra y Julia Elvira Martínez Cárdenas, falleció el 23 de mayo de 2006, por causa de un accidente de trabajo en el que medió culpa patronal.
Así las cosas y teniendo en cuenta que el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, los que se deben cuantificar teniendo en cuenta los principios de reparación integral y equidad, observando criterios técnicos actuariales, pues así lo ordena el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, por lo que, de conformidad con las circunstancias ya reseñadas, al aplicar la fórmula citada y efectuados los cálculos correspondientes, los que se realizaron tomando como salario promedio mensual devengado por el causante la suma de $ 408.000, conforme aparece en la certificación laboral visible a folio 9 del cuaderno principal y como fecha de su nacimiento el 5 de abril de 1983, según da cuenta el registro civil de nacimiento obrante a folio 18 ibídem, se obtienen los siguientes resultados:
A. Lucro cesante consolidado - A la fecha 2/08/2017
Fecha de nacimiento 5/04/1983
Fecha del accidente 23/05/2006
Edad a la fecha del accidente 23 años
Salario en la fecha del accidente $ 408.000.oo
Salario actualizado a la fecha $ 737.717.oo
Lucro cesante mensual (LCM) $ 737.717.oo
Nº de meses desde el accidente hasta hoy (n) 134 meses
Tasa de interés anual (ia) 6%
Tasa de intereses mensual (im) 0.5%
Reemplazando la fórmula
LCM = $ 737.717
(1 + i) ^n – 1
Sn = ---------------------------
(1+0.005) ^134 - 1
Sn = ----------------------------------
0.95097757
Sn = -----------------------------
Sn = 190.20
VA = $ 737.717. x 190.20 = $ 140.313.773
Valor a pagar por lucro cesante consolidado total: $ 140.313.773
a) Marco Calao Guerra:
Edad a la fecha de hoy 57 años
Esperanza de vida en años padre 25.5 años
En Nº. de meses (n) 306
Tasa de intereses anual (ia) 6%
Tasa de interés mensual (im) 0.5%
LCM = $ 368.858.5
an = --------------------------
(1 + 0.005) ^306 – 1
an = -----------------------------------
0.005 (1 + 0.005) ^306
an = 156.23
VA = $ 368.858.5 x 156.23 = $ 57.626.763.45
Valor a pagar por lucro cesante futuro= $ 57.626.763.45
b) Julia Elvira Martínez Cárdenas:
Edad a la fecha de hoy 52 años
Esperanza de vida en años madre 34.3 años
En Nº. de meses (n) 411
an = -------------------------
(1 + 0.005) ^411 – 1
an = --------------------------------
0.005 (1 + 0.005) ^411
an = 174.33
VA = $ 368.858.5 x 174.33 = $ 64.303.102.30
Valor a pagar por lucro cesante futuro= $ 64.303.102.30
En atención a lo expuesto y como lo indicó la sala, el valor de la indemnización de perjuicios por concepto de lucro cesante consolidado y futuro que, solidariamente los demandados deberán pagar a cada uno a los demandantes, como consecuencia del accidente de trabajo en el que perdió la vida su hijo Julio César Calao Martínez, corresponde al 75% de la suma obtenida de las operaciones aritméticas aquí realizadas, teniendo en cuenta que de ellas procede descontar el porcentaje del 25% pertinente al valor de los gastos personales ordinarios del fallecido, arroja las siguientes sumas:
Por concepto de lucro cesante consolidado:
Cincuenta y dos millones seiscientos diecisiete mil seiscientos sesenta y cuatro pesos cero centavos ($ 52.617.664.oo) para cada uno.
Por concepto de lucro cesante futuro:
Cuarenta y tres millones doscientos veinte mil cero setenta y dos pesos con cincuenta y ocho centavos ($ 43.220.072.58) para Marcos Calao Guerra y, cuarenta y ocho millones doscientos veinte siete mil trescientos veintiséis pesos con setenta y dos centavos ($ 48.227.326.72) para Julia Elvira Martínez Cárdenas.
Sin costas en la instancia.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de (sic) y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2010, por la sala laboral de descongestión del tribunal superior del distrito judicial de Barranquilla, en el proceso promovido por Marcos Calao Guerra y Julia Elvira Martínez Cárdenas contra Sigifredo Rafael Cervantes Velásquez e Inmobiliaria Palmer Ltda. en cuanto fijó la suma de $ 34.144.052.21 por concepto de lucro cesante consolidado y la de $ 104.000.468.70 por lucro cesante futuro. NO LA CASA en lo demás.
En sede de instancia MODIFICA la condena proferida por el tribunal por lucro cesante consolidado y futuro, para fijarla en las sumas de $ 52.617.664.oo por concepto de lucro cesante consolidado para cada uno de ellos y, $ 43.220.072.58 y $ 48.227.326.72 por concepto de lucro cesante futuro para Marcos Calao Guerra y Julia Elvira Martínez Cárdenas, respectivamente.

References: ARTÍCULO 216
 artículo 34
 artículo 216
 artículo 7
 artículo 216
 Resolución 
 artículo 216
 artículo 16