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Timestamp: 2017-05-28 16:43:25+00:00

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Benefis La Revista No. 34 Edicion Especial by Victor Gonzalez - issuu
Beneﬁs.com.mxAñoBenefis734/A
il-Junio2012®EditorialLa Revista de Beneficios FiscalesEdición Especial
La actividad administrativa irregular como
Originada por el daño a los bienes y derechos de
los particulares.Reestructuras corporativas
Implicaciones fiscales de una Reestructura o
Reorganización.SIBRA – Una opción de optimización
fiscal permanente en el tiempo
Análisis de la limitante para el IETU según Decreto
publicado en marzo de 2012.El Fideicomiso
Supuesto de no enajenación para efectos
fiscales de los bienes aportados al mismo.Los errores en la defensa de la
Cometidos por los contribuyentes, autoridades
y tribunales, en su ejercicio, impugnación y
defensa.EDITORIAL
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año en esta ciudad de Aguascalientes.Socio Líder de la Firma
C.P.C. y M.I. Víctor Alberto Eudave AnguianoCONTENIDO
Coordinador Estratégico Institucional04Originada por el daño a los bienes y derechos de
los particulares.Stefan Paul de Luna Rocha
Lic. Rigoberto Reyes Altamirano
Lic. Javier Díaz de León Galarza
Dra. Cristina Juárez Uribe
E.D.F. y E.D.P. Lic. Magaly Juárez Arellano.Fecha de Impresión:
Marzo 2012La actividad administrativa irregular como
responsabilidad patrimonial del Estado11Reestructuras corporativas16SIBRA – Una opción de optimización fiscal
permanente en el tiempoImplicaciones fiscales de una Reestructura o Reorganización.Análisis de la limitante para el IETU según Decreto
La editorial no se hace responsable del contenido de los
Aguascalientes, Ags. Impreso por Laser Print, Autoediciones
Exclusivo 04-2009-091717282400-102 expedido por la
periodica autorizado por SEPOMEX número PP01-0002.Buzón de comentarios y sugerencias:
editorial@benefis.com.mx@benefis.com.mx22El Fideicomiso28Los errores en la defensa de la revisión de
dictamenSupuesto de no enajenación para efectos fiscales
de los bienes aportados al mismo.Cometidos por los contribuyentes, autoridades y
tribunales, en su ejercicio, impugnación y defensa.Benefis4La Actividad Administrativa Irregular como Responsabilidad Patrimonial del EstadoLa Actividad Administrativa
Irregular como Responsabilidad
Patrimonial del Estado para
Efectos FiscalesLa Responsabilidad Patrimonial del
Estado considerada como aquella que
causa daño a los bienes y derechos de
los particulares, debe tener una relación de causa y efecto con la actividad
administrativa irregular de que se trate.IINTRODUCCIÓNAdecir de Luis Humberto Delgadillo , este
derecho para reclamar la responsabilidad
patrimonial del Estado, tratándose de la
actividad de la administración pública,
representa, según Castro Estrada; “la garantía de
integridad patrimonial de los individuos”, la cual pasamos a realizar un análisis desde la perspectiva
de la procedencia del juicio fiscal ante el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).11Concepto de actividad administrativa irregular.
De acuerdo con el párrafo segundo, del artículo 1°, de
la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (LFRPE), se considera; “aquella que cause daño a
los bienes y derechos de los particulares que no tengan
la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir
fundamento legal o causa jurídica de justificación para
legitimar el daño de que se trate”. 2La Responsabilidad Patrimonial del Estado Mexicano, www.bibliojuridica.org/libros/5/2301/11.pdf.
Este derecho sustantivo a la indemnización por la responsabilidad patrimonial del Estado, en criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN), puede
ser ampliado por el legislador ordinario y para ello consúltese la tesis 1a. LIV/2009: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 113, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL ESTABLECE UN DERECHO SUSTANTIVO QUE PUEDE SER AMPLIADO POR EL LEGISLADOR ORDINARIO. Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Abril de 2009, Página: 590.Benefis6La Actividad Administrativa Irregular como Responsabilidad Patrimonial del EstadoIIva irregular, el análisis deberá centrarse en determinar si existe ésta o no.La reclamación de la responsabilidad patrimonial del Estado ante la dependencia o autoridad
presuntamente responsable, previa a la procedencia del Juicio Contencioso Administrativo
ante el TFJFA.En otro contexto, por lo que hace al reclamo de la
falta grave que previene el artículo 6, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
(LFPCA), o por daños y perjuicios que previenen los
párrafos primero a sexto del artículo 34, de la Ley del
Ciertamente, por la reServicio de Adforma implementada,
Ahora se obliga a la parte interesada para
en junio del 20095, al
que presente su reclamación ante la
artículo 18, de la LFRPE,
(LSAT), en nuesel juicio de anulación es
tra opinión, no
dependencia o entidad presuntamente
procedente hasta que
responsable u organismo constitucional
haya una resolución de- autónomo, previo a la procedencia del Juicio el
procedifinitiva que resuelva la
Contencioso Administrativo ante el TFJFA.
petición del particular
artículo 18, de
de que se le otorla LFRPE, sino
gue una indemnización por una actividad
que deben reclamarse en la demanda o en la amadministrativa irregular del Estado.
Por ello, el reformado artículo 18, de la
LFRPE, ahora obliga a la parte interesada
para que presente “su reclamación ante
la dependencia o entidad presuntamente
autónomo, conforme a lo establecido en la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo”. Antes
de la reforma, el particular podía “presentar
su reclamación ante el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, conforme
a lo establecido en la Ley Federal de
la litis en el Juicio Fiscal, para
dilucidar esta
del Caribe del
TFJFA6, en la tesis
V-TASR-XXXVI-2495
con rubro “RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO,
LA LITIS SE CONSTRIÑE EN DETERMINAR SI EXISTE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA IRREGULAR EN
LA QUE EL RECLAMANTE
FUNDA SU PRETENSIÓN”,
considera que tratándose
de la actividad administrati-5Publicada en el DOF con fecha 12 de junio del 2009.
RTFJFA, Año VII, Quinta Época, No. 73, Enero de 2007, Página 2085, Registro 32530.6En el caso de daños y perjuicios por falta grave, la
indemnización de los mismos debe solicitarse en
la demanda o en la ampliación, si procede, lo cual
se corrobora en la Jurisprudencia 2a./J. 194/2007
con número de registro 171203, de la Segunda
Sala de la SCJN, titulada: “DAÑOS Y PERJUICIOS
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 6o., CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA SENTENCIA
DEBE RECONOCER SÓLO EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA POR ESE CONCEPTO,
MIENTRAS QUE LA DEMOSTRACIÓN DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL, DEL NEXO CAUSAL RELATIVO Y DE SU CUANTÍA DEBEN RESERVARSE AL
INCIDENTE RESPECTIVO.”
Para el caso de que se reclame los daños y perjuicios que previenen los párrafos primero a sexto
del artículo 34, de la LSAT, también deberá hacerse valer en la demanda respectiva al establecerlo
expresamente dicho precepto al indicarse en el
párrafo tercero que “El cumplimiento de la responsabilidad del Servicio de Administración Tributaria
será exigible ante el TFJFA” y en el párrafo quinto
expresamente dice que “En la misma demanda en
que se controvierte una resolución o en una por separado se podrá solicitar la indemnización a que se
refiere este artículo”.
De tal manera que si se obtiene sentencia favorable donde se reconozca la falta grave que previene
el artículo 6, de la LFPCA, o los daños y perjuicios que
previenen los párrafos primero a sexto del artículo 34,
de la LSAT, entonces deberá promoverse el inciden-te previsto en este precepto donde se prueben los
daños y perjuicios causados al particular.III
laactividadEdición Especial Serial Fiscal San Marcos 2012La
administrativa irregular.Los artículos 11 a 15, de la LFRPE, norman la cuantificación y el pago de dicha indemnización. En
relación con los topes máximos previstos en el
artículo 14, de la LFRPE, para la indemnización, la
Primera Sala de la SJCN los consideró alejados del
texto constitucional y para ello determinó en la tesis 1a. CLIV/2009, lo siguiente:
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL
ESTADO. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN II,
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL
RELATIVA, AL ESTABLECER UN TOPE
MÁXIMO PARA LAS INDEMNIZACIONES
POR DAÑO MORAL, VIOLA EL
ARTÍCULO 113 SEGUNDO PÁRRAFO
REPÚBLICA. La Suprema Corte de Justicia
de la Nación ha sostenido que el artículo
113, segundo párrafo, de la Constitución
Federal prevé un derecho sustantivo a ser
indemnizado por los daños generados por la
actividad administrativa irregular del Estado
(A.R. 903/2008). Las autoridades estatales,
incluido el legislador, tienen la obligación
genérica de no restringir arbitraria y
desproporcionadamente su ámbito o
extensión material al regularlo y de desplegar
sus potestades públicas con el objetivo
de garantizarlo. Por su parte, el artículo
14 de la Ley Federal de Responsabilidad
Patrimonial del Estado establece las reglas
conforme a las cuales deben calcularse
los montos de las indemnizaciones que el
Estado debe pagar cuando genera daños a
los particulares, y en su fracción II señala dos
reglas respecto al daño moral: 1) la autoridad
administrativa o jurisdiccional debe calcular
la indemnización conforme a los criterios
establecidos en el Código Civil Federal,
tomando en consideración los dictámenes
periciales ofrecidos por el reclamante y 2)
dicha indemnización no debe exceder del
equivalente a veinte mil veces el salario
mínimo general diario vigente en el Distrito
Federal por cada reclamante afectado. De
acuerdo con los criterios con que esta Corte
evalúa si existe una restricción injustificadaa los derechos constitucionales, se concluye
que el referido tope es inconstitucional
porque, aunque sea una medida que puede
relacionarse con la consecución de un
objetivo admisible constitucionalmente,
no es instrumentalmente adecuada para
alcanzarlo. La existencia de límites a las
indemnizaciones a los perjudicados por
daños morales causados por el Estado
es un objetivo sin duda cubierto por el
artículo 113 constitucional, que precisa
que los particulares tienen derecho a las
mismas conforme a las bases, límites y
La voluntad de evitar tanto reclamos
excesivas, subrayada en la exposición de
motivos de la Ley, alude igualmente a la
legítima voluntad de que las medidas
compensatorias se apliquen a los casos que
justamente lo ameritan. Sin embargo, la
fijación del tope máximo no constituye una
medida adecuada porque ni garantiza por
sí misma que los abusos no se den ni resulta
necesaria para evitarlos. Las previsiones
legales generales -en particular las que
imponen requisitos de fondo y forma al tipo
de reclamos que pueden elevarse- permiten
depurar adecuadamente las peticiones
de los justiciables, y el establecimiento
vinculan a la autoridad aplicadora ofrece
suficientes garantías contra la fijación
de indemnizaciones desproporcionadas.Abril - Junio 20127BenefisBenefis8La Actividad Administrativa Irregular como Responsabilidad Patrimonial del EstadoEl tope máximo previsto por el precepto
legal examinado es una medida no
suficientemente ajustada a los fines que
pretende conseguir que en algunos casos
puede ocasionar limitaciones irrazonables
al derecho a ser indemnizado. Además,
el mismo contraviene a las obligaciones
internacionales suscritas por el Estado
mexicano y podría plantear problemas
para cumplir con lo dispuesto por la Corte
Interamericana y con las recomendaciones
de la Comisión Interamericana en materia
de reparación del daño, ya que el segundo
párrafo del artículo 2 de la Ley Federal
de Responsabilidad Patrimonial del
Estado dispone que el cumplimiento de
indemnizaciones ordenadas por estos
órganos se rige por lo establecido en el
Capítulo II de la misma, sección en la que se
encuentra el artículo 14.
Novena Época, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta XXX, Septiembre de
2009, Página 454, Registro 166301.IVIV
No presunción del derecho a la indemnización
por anulación del acto administrativo.
En efecto, el artículo 20, de la LFRPE, determina que
“La nulidad o anulabilidad de actos administrativos
por la vía administrativa, o por la vía jurisdiccional
contencioso-administrativa, no presupone por sí misma derecho a la indemnización”.
Vinculado con esta cuestión la Séptima Sala Regional Metropolitana del TFJFA, estableció la tesis VTASR-XVIII-3017 que indica lo siguiente:RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL
ESTADO. LA NULIDAD DEL ACTO DE AUTORIDAD NO PRESUPONE EL DERECHO
A LA INDEMNIZACIÓN. Dispone expresamente el artículo 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que el
hecho de que el acto de autoridad administrativa haya sido declarado nulo vía juicio
contencioso administrativo, no presupone
el derecho a la indemnización; ello, en tanto
que con motivo de la actividad administrativa irregular, para que se produzca a cargo
del Estado, la obligación de reparar el daño
moral que se le imputa, deben coexistir los
elementos previstos en el artículo 14 de la
citada Ley, consistentes en: ocasionar un
daño a los derechos de la personalidad; que
se esté en presencia de una actividad irregular imputable a un ente público federal; que
haya sido la causa del efecto indicado y la
relación de causalidad entre ambos; dicho
de otra manera, debe existir una violación a
los derechos de la personalidad; la actividad
irregular imputable a un ente público federal; y la relación de causa y efecto entre dicha violación y la actividad irregular. En tal
virtud, no es suficiente que respecto de una
resolución administrativa, se hubiese declarado su nulidad, para que en automático se
genere el derecho a la indemnización por
daño moral. (5)
Quinta Época, RTFJFA, No. 84, Diciembre de
2007, Página 153, Registro 33481.
En materia del acreditamiento del daño moral
para determinar la responsabilidad patrimonial
del Estado, la Séptima Sala Regional Metropolitana del TFJFA, fija en la tesis V-TASR-XVIII-3016 las
directrices siguientes:Edición Especial Serial Fiscal San Marcos 2012DAÑO MORAL. ELEMENTOS QUE EL RECLAMANTE DEBE PROBAR PARA QUE SE CONFIGURE, DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL
ESTADO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Federal de Responsabilidad
Patrimonial del Estado, dicha responsabilidad
patrimonial del Estado, debe ser probada fehacientemente por el reclamante, esto atendiendo al principio procesal de que quien tiene
interés en la afirmación de un hecho, le corresponde la carga de probarlo; y por el contrario,
el Estado tiene la carga de probar la existencia
de alguna excluyente de responsabilidad. Por
otra parte, de una interpretación armónica a
los artículos 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y 1916 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria, se
tiene que la reclamación de la indemnización
por daño moral en contra del Estado, exige la
coexistencia de cuatro elementos, a saber: 1)
Que exista la actividad administrativa irregular, definida por el artículo 1°, segundo párrafo
de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; 2) Que esa actividad se impute
a un ente público federal en el ejercicio de sus
funciones, de los señalados en el artículo 2° de
la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial
del Estado; 3) Que se produzca una afectación
a determinada persona en cualquiera de los
bienes tutelados en el artículo 1916 del Código
Civil Federal, es decir, en sus afectos, creencias,
sentimientos, vida privada, configuración y aspectos físicos, decoro, honor, reputación o en laconsideración que de uno tienen los demás; y
4) Que exista una relación de causa-efecto entre el hecho u omisión ilícitos y el daño causado, es decir, entre la actividad administrativa
irregular y el daño causado; elementos que
atendiendo al citado principio, deben ser probados fehacientemente por el reclamante. En
tal virtud, no basta que la acción que da origen al daño moral le sea imputable a un ente
público federal, pues para ello, además debe
demostrarse actualizada la coexistencia de
los elementos referidos; por lo que si no se advierte probada la emisión del acto irregular de
autoridad, ni la afectación de los derechos de
la personalidad del hoy reclamante y menos
aún la relación causa efecto entre la actividad
administrativa irregular y el daño alegado, no
se está en presencia de daño moral; sino que
simplemente se tiene un acto de autoridad
emitido en ejercicio de las facultades de que se
encuentra dotada, sin infringir ordenamiento
jurídico alguno. (4)
Quinta época, Publicación: No. 84 Diciembre
2007, Página 152, Registro 33480.La nulidad o anulabilidad de
actos administrativos por la vía
administrativa, o jurisdiccional
contencioso-administrativa, no
presupone por sí misma derecho a
la indemnización.Abril - Junio 20129BenefisBenefis10La Actividad Administrativa Irregular como Responsabilidad Patrimonial del EstadoVuna indemnización por los daños y perjuicios
causados por sus servidores públicos”.La sentencia del TFJFA, tratándose de la demanda
de indemnización por la presunta actividad administrativa irregular.
Por reforma de junio del 20097, se adicionaron
el artículo 50-A, y un inciso d) a la fracción V del
artículo 52, ambos de la LFPCA, para establecer:
A) El artículo 50-A indica que las sentencias
del Estado, como mínimo, deben contener:
“I. El relativo a la existencia de la relación de
causalidad entre la actividad administrativa y
la lesión producida y la valoración del daño o
perjuicio causado; II. Determinar el monto de la
indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cuantificación, y III. En los casos
de concurrencia previstos en el Capítulo IV de
la LFRPE, se deberán razonar los criterios de
impugnación y la graduación correspondiente para su aplicación a cada caso en
B) Conforme al
artículo 52, Fracción V, inciso d),
Estado, deberán,
en su caso, “Reconocer la existencia de un derecho
subjetivo y condenar al ente público
federal al pago de7Publicada en el DOF el 12 de Junio del 2009.De todo lo hasta aquí comentado, se obtienen
Primera: Que la Responsabilidad patrimonial del
Estado, al amparo de la LFRPE, sólo se refiere a la actividad administrativa y no a la legislativa y jurisdiccional, sin perjuicio del derecho a la indemnización
por la actividad jurisdiccional que se encuentra
regulada en el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Segunda: Que en términos del reformado artículo 18, de la LFRPE, en junio del 2009, ahora se
obliga a la parte interesada para que presente “su
reclamación ante la dependencia o entidad presuntamente responsable u organismo constitucional
autónomo, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo”, previo a la
procedencia del Juicio Contencioso Administrativo ante el TFJFA.
Tercera: Que para reclamar al SAT la falta grave que
previene el artículo 6, de la LFPCA, o por daños y perjuicios que previenen los párrafos primero a sexto del
artículo 34, de la LSAT, en nuestra opinión, no debe
seguirse el procedimiento del artículo 18, de la LFRPE, sino que deben reclamarse en la demanda o en
la ampliación de la demanda, en su caso.
Cuarta: Que conforme el artículo 20, de la LFRPE, no
existe la presunción del Derecho a la Indemnización
cuando acontece la anulación del acto administrativo.
Jurídica Consultoría y DefensaEdición Especial Serial Fiscal San Marcos 2012Reestructuras Corporativas:
Implicaciones FiscalesLos conceptos de “reestructura” o “reorganización” tienen como objetivo principal
organizar una estructura societaria, operacional o de activos, para las sociedades
involucradas, manteniendo a los accionistas o activos involucrados en el mismo
grupo corporativo como una unidad global de negocios.1INTRODUCCIÓNUn tema de vital importancia en el mundo
de los negocios resulta ser la reestructura corporativa de cualquier empresa. Es
frecuente la preocupación que tienen los
inversionistas o el órgano de administración de muchas compañías para reorganizar sus divisiones de
negocios, reasignar tareas productivas, transferir empleados o activos a otras partes relacionadas, o bien,
modificar sus actividades comerciales atendiendo a
determinadas metas económicas.Los temas impositivos relacionados con cualquiera
de las operaciones anteriores constituyen una premisa para los contribuyentes, toda vez que la carga
fiscal es un factor determinante que debe analizarse
antes de adoptar algún tipo de reestructura legal.
En cualquier escenario, el tratamiento fiscal deseado generalmente es que no existan impuestos adicionales para este tipo de transacciones, siempre y
cuando se tenga como finalidad que los accionistas
o activos involucrados permanezcan en el mismo
grupo corporativo como una misma unidad global
de negocios.Abril - Junio 201211BenefisBenefis12Reestructuras Corporativas: Implicaciones FiscalesA través del presente artículo, se analizarán algunas de las operaciones que resultan más representativas en el ámbito de las reestructuras corporativas en México y el extranjero, además de señalar
los requisitos de Ley que deben cumplirse en cada
uno de estos casos.21) Solicitud de Autorización.
Los contribuyentes que realicen estas operaciones
deben presentar una solicitud de autorización ante
las autoridades fiscales competentes, previamente a
que se lleve a cabo la reestructura correspondiente,
de acuerdo a lo señalado por el artículo 24 del RLISR.CONCEPTO GENERAL.
2) Canje de Acciones.En la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y en
su Reglamento (RLISR) existen diferentes referencias utilizando los términos de “reestructura”
o “reorganización”, las cuales resultan aplicables
a diferentes operaciones tales como la enajenación de acciones, fusiones y escisiones, entre otras, que tienen como principal objetivo la
reorganización de una sociedad, principalmente
por lo que concierne a sus accionistas, aunque
también pueden estar involucrados activos o actividades comerciales. No obstante que
no existe una definición exacta para
los términos de “reestructura” o “reorganización” bajo la LISR y el RLISR, lo más
relevante es que las operaciones que en
ellas se comprenden se identifican en que
obtienen un tratamiento fiscal favorable,
ya sea a través de la exención o bien del diferimiento del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
en México. Por consiguiente, para efectos de
este artículo, el término “reestructura corporativa” incluye ambos conceptos.
OPERACIONES REPRESENTATIVAS.
a) Enajenación de acciones.
Una de las principales operaciones representativas de las reestructuras corporativas es la enajenación de acciones entre
partes de un mismo grupo. Específicamente, el artículo 26 de la LISR establece que las autoridades fiscales
pueden autorizar la transmisión
de acciones a costo fiscal en
los casos de reestructuración
de sociedades constituidas
en México pertenecientes
a un mismo grupo, siempre y cuando se cumplan,
entre otros, con los siguientes requisitos:La contraprestación que se derive de la enajenación
debe consistir en el canje de acciones emitidas por la
sociedad adquirente de las acciones. De esta forma,
se evita que exista un intercambio de dinero por la
trasmisión de las acciones.
3) Permanencia.
Las acciones que reciba el solicitante por las acciones
que enajena deben permanecer en propiedad directa
del adquirente y dentro del mismo grupo, por un periodo no menor de dos años, contados a partir de la
fecha de la autorización a que se refiere este artículo1.
En el caso de incumplimiento de cualesquiera de los
requisitos a que se refiere el citado artículo 26 de la
LISR, se deberá pagar el ISR correspondiente a la enajenación de acciones, considerando el valor en que
dichas acciones se hubieran enajenado entre partes
independientes en operaciones comparables o bien,
considerando el valor que se determine mediante
avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales. El ISR que así se determine lo pagará el enajenante, actualizado desde la fecha en la
que se efectuó la enajenación y hasta la fecha en la
que se pague2.Una de las principales operaciones
reestructuras corporativas es la
enajenación de acciones entre
partes de un mismo grupo.
b) Fusión y Escisión.
Los casos de fusión y escisión cobran igualmente
singular importancia, ya que en este tipo de operaciones se considera que no existe una enajenación
de bienes, siempre y cuando se cumplan con determinados requisitos.1
De acuerdo con el artículo 26 de la LISR, se considera grupo, el conjunto de sociedades cuyas acciones con derecho a voto representativas del capital social sean propiedad directa
o indirecta de las mismas personas en por lo menos el 51%. Para estos efectos, no se computarán las acciones que se consideran colocadas entre el gran público inversionista de
conformidad con las reglas que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria, siempre que dichas acciones hayan sido efectivamente ofrecidas y colocadas entre el gran
público inversionista. No se consideran colocadas entre el gran público inversionista las acciones que hubiesen sido recompradas por el emisor.
2Art. 26, Segundo Párrafo de la LISR.c) Reestructuras Internacionales.
La enajenación de acciones representativas del capital
social de sociedades mexicanas se considera una operación sujeta a ISR en México no obstante que sus propietarios y, por consiguiente enajenantes, sean residentes del extranjero. Existen algunos casos de excepción
previstos por la LISR y los tratados de doble tributación
celebrados por México, sin embargo, la regla general es
que existe fuente de riqueza en México en este tipo de
operaciones y, por consiguiente, debe pagarse el ISR a
una tasa del 25% sobre el importe total de la operación
sin deducción alguna, o bien, ISR a una tasa del 30%
sobre la ganancia obtenida, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos (e.g., nombramiento de
un representante legal en México y la presentación de
un dictamen fiscal sobre la operación).Edición Especial Serial Fiscal San Marcos 2012En el caso de fusión los requisitos son los siguientes: (i) debe presentarse un aviso de fusión ante
las autoridades fiscales; (ii) después de la fusión, la
sociedad fusionante debe continuar realizando las
actividades que realizaba ésta y la(s) sociedad(es)
fusionada(s) antes de la fusión, durante un periodo
mínimo de un año inmediato posterior a la fecha
en la que surta efectos la fusión (este último requisito puede no resultar obligatorio en algunos supuestos); y (iii) la sociedad fusionante o la que surja
con motivo de la fusión, presentará las declaraciones de impuestos correspondientes.La enajenación de acciones
representativas del capital social de
sociedades mexicanas se considera
una operación sujeta a ISR en México
no obstante que sus propietarios y,
por consiguiente enajenantes, sean
residentes del extranjero.
En el caso de la escisión los requisitos son los siguientes: (i) los accionistas propietarios de por lo menos el
51% de las acciones con derecho a voto de la sociedad
escindente y de las escindidas, deben ser los mismos
durante un periodo de tres años contados a partir del
año inmediato anterior en la que se realice la escisión;
(ii) durante el mismo periodo, los accionistas de por lo
menos el 51% de las acciones con derecho a voto de
la sociedad escindente deberán mantener la misma
proporción en el capital de las escindidas que tenían
en la escindente antes de la escisión, así como de la sociedad escindente, cuando ésta subsista; y (iii) cuando
desparezca una sociedad con motivo de escisión, la
sociedad escindente debe designar a la sociedad que
asuma la obligación de presentar las declaraciones
que correspondan a la escindente que desaparezca.
Es importante señalar que el tratamiento fiscal anterior únicamente resulta aplicable tratándose de fusiones o escisiones de sociedades residentes en México,
además de que la sociedad o sociedades que surjan
con motivo de estas operaciones sean también residentes en el territorio nacional.No obstante lo anterior, el artículo 190 de la LISR establece que tratándose de reestructuraciones de sociedades pertenecientes a un mismo grupo corporativo,
las autoridades fiscales pueden autorizar el diferimiento del ISR derivado de la ganancia en la enajenación
de acciones dentro de dicho grupo3. Esto significa que
el ISR diferido tendrá que pagarse sólo cuando ocurra
una enajenación posterior con motivo de la cual las acciones en cuestión queden fuera del grupo.
De igual forma, para obtener este tratamiento fiscal favorable, deberán cumplirse con los siguientes requisitos:
1) Solicitud de Autorización.
Debe solicitarse autorización ante las autoridades fiscales competentes.
2) Canje de Acciones.
La contraprestación que derive de la enajenación de
las acciones, a su vez, debe consistir exclusivamente en
acciones emitidas por la sociedad adquirente.3
El artículo 190 de la LISR establece que para estos efectos, se considera grupo el conjunto de sociedades cuyas acciones con derecho a voto representativas del capital social sean propiedad
directa o indirecta de una misma persona moral en por lo menos el 51%.Abril - Junio 201213BenefisBenefis14Reestructuras Corporativas: Implicaciones FiscalesEn el ámbito de las reestructuras internacionales pueden existir tratados de
doble tributación celebrados entre México y otros países, en los cuales se
otorga un tratamiento exento de ISR a la enajenación de acciones mexicanas.3) No residentes de REFIPRES.
El enajenante o el adquirente no deben estar sujetos a
un régimen fiscal preferente o residir en un país con el
que México no tenga en vigor un acuerdo amplio de
intercambio de información tributaria, a menos que en
este último caso, se presente un escrito donde conste
que se ha autorizado a las autoridades fiscales extranjeras a proporcionar a las autoridades fiscales mexicanas información sobre la operación4.
4) Representante y Dictamen Fiscal.
El enajenante también deberá nombrar un representante legal en México y presentar un dictamen fiscal
por la operación celebrada.
Cabe señalar que en el ámbito de las reestructuras
internacionales pueden existir tratados de doble tributación celebrados entre México y otros países, en
los cuales se otorga un tratamiento exento de ISR a la
enajenación de acciones mexicanas, siempre y cuando
se cumplan con determinados requisitos, incluyendo
la presentación del aviso fiscal que establece el artículo
269 del RLISR. Por ejemplo, el artículo 13 del Protocolo del “Tratado de Doble Tributación celebrado entre
México y EEUU” 5 establece un tratamiento libre de ISR
para la enajenación de acciones mexicanas que ocurra entre empresas de un mismo grupo consolidado
en EEUU. En estos casos, simplemente no existirá gra-vamen fiscal en México para los residentes fiscales de
EEUU que participen con el carácter de enajenantes.4CONCLUSIÓN.
Los conceptos de “reestructura” o “reorganización” si
bien no se encuentran unificados en el marco fiscal
mexicano, ambos términos incluyen diferentes operaciones corporativas que no están sujetas al ISR,
o bien, en las cuales existe un diferimiento del ISR
aplicable, toda vez que las mismas no forman parte de sus actividades comerciales diarias, sino más
bien, tienen como objetivo principal organizar una
estructura societaria, operacional o de activos, para
las sociedades involucradas.
Es cierto que las reestructuras corporativas cada vez
están más vigiladas por las autoridades fiscales en
virtud del tratamiento fiscal que conceden. Sin embargo, también es cierto que con la adecuada asesoría legal y fiscal se podrán continuar implementando estas transacciones atendiendo un sin número
de metas y objetivos empresariales. El mejor esquema de estructura corporativa para cualquier contribuyente es sin duda el que sus directores y asesores
diseñen tomando en cuenta sus operaciones y metas al corto, mediano y largo plazo.
jdiaz@tronabogados.com.mx4
El determinar si el adquirente o el enajenante se encuentran sujetos a un REFIPRE, es un análisis complejo, en virtud de los conceptos que establece al respecto el Título VI de la
LISR. Pueden existir casos en los cuales ciertos regímenes especiales que resultan aplicables a determinados contribuyentes extranjeros pueden tener conflictos por esta limitación.
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia
de Impuestos sobre la Renta.Edici贸n Especial Serial Fiscal San Marcos 2012Benefis15Abril - Junio 2012Benefis16SIBRA – Una opción de optimización fiscal permanente en el tiempoSIBRAUna opción de optimización fiscal
A raíz del decreto de beneficios fiscales recientemente publicado el pasado 30 de
Marzo de 2012, conviene analizar la figura de la SIBRA y determinar el alcance de la
limitante para IETU contenida en dicho Decreto, a efecto de estar en posibilidades
de seguirla aplicando en lo futuro.
ANTECEDENTESLa figura denominada SIBRA (Sociedad de
Inversión de Bienes Raíces), tiene como antecedente el nacimiento de los Fideicomisos
de Inversión de Bienes Raíces (FIBRAS), siendo que en el año 2004 se adicionó en la Ley del
Impuesto Sobre la Renta (LISR) un estímulo fiscal
que tenía como fin el fomentar el mercado inmobiliario mexicano, otorgando diversos beneficios a
aquellos fideicomitentes que aportaran inmuebles
al fideicomiso, sin contemplar hasta ese momentobeneficio alguno para los accionistas que los aportaran a una sociedad mercantil.EL ESTIMULO APLICABLE A SOCIEDADES
A raíz de las reformas fiscales que entraron en vigor
a partir del año 2006, se adicionó el artículo 224A en la LISR, dando nacimiento a las denominadas
SIBRAS, al establecerse la posibilidad de obtener
beneficios similares a los otorgados a los Fideicomisos Inmobiliarios.artículo 750 del Código Civil Federal (CCF), puede
constituirse con lo siguiente:
• El suelo y las construcciones adheridas a él;Edición Especial Serial Fiscal San Marcos 2012• Las plantas y árboles, mientras estuvieren
unidos a la tierra, y los frutos pendientes de
los mismos árboles y plantas mientras no
sean separados de ellos por cosechas o cortes regulares;
• Todo lo que esté unido a un inmueble de una
manera fija, de modo que no pueda separarse
sin deterioro del mismo inmueble o del objeto
a él adherido;
• Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación, colocados en edificios
o heredados por el dueño del inmueble, en tal
forma que revele el propósito de unirlos de un
modo permanente al fundo;El principal beneficio fiscal que se deriva de dicho
estímulo aplicable a las SIBRAS desde su nacimiento y hasta la fecha ha sido el siguiente:• Los palomares, colmenas, estanques de peces
o criaderos análogos, cuando el propietario los
conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca y formando parte de ella de un
modo permanente;Que los accionistas que aporten bienes inmuebles a la SIBRA, para efectos del ISR, acumulen la
GANANCIA por la enajenación de los bienes aportados, cuando se dé cualquiera de los siguientes
supuestos:• Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios
destinados por el propietario de la finca directa
y exclusivamente, a la industria o explotación
de la misma;a) Enajenen las acciones de la SIBRA, en la proporción que dichas acciones representen del
total de las acciones que recibió el accionista
por la aportación del inmueble a la sociedad,
siempre que no se hubiera acumulado dicha
ganancia previamente.
b) La SIBRA enajene los bienes aportados, en la
proporción que la parte que se enajene represente de los mismos bienes, siempre que no se
hubiera acumulado dicha ganancia previamente.
De lo anterior resulta de trascendencia comentar,
que lo que se difiere en el tiempo no es en sí el ISR,
sino la acumulación de la ganancia, dejando claro
que cuando se dé el supuesto de acumulación de
dicha ganancia, el ISR se pagará a la tasa vigente
del año correspondiente.
Otro aspecto a considerar, es todo aquello que
conforma un INMUEBLE, que según establece elAbril - Junio 201217BenefisBenefis18SIBRA – Una opción de optimización fiscal permanente en el tiempoÚnica (IETU), se publicó el Decreto que vino a darle
continuidad al estímulo inicialmente aplicable solo
para ISR, donde se estableció en el artículo Décimo Cuarto, la opción de considerar como ingreso
percibido por la enajenación derivada de la aportación de los bienes inmuebles a la SIBRA, hasta el
momento que se diera el supuesto de acumulación de la ganancia para efectos del ISR.DEL LOS BENEFICIOS FISCALES QUE SE
GENERAN• Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en las tierras donde hayan de
utilizarse, y las semillas necesarias para el cultivo de la finca;
• Los aparatos eléctricos y accesorios adheridos
al suelo o a los edificios por el dueño de éstos,
salvo convenio en contrario;
• Los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, así como los acueductos y las cañerías de cualquiera especie que sirvan para
conducir los líquidos o gases a una finca o para
extraerlos de ella;
• Los animales que formen el pie de cría en los
predios rústicos destinados total o parcialmente al ramo de ganadería; así como las bestias de
trabajo indispensables en el cultivo de la finca,
mientras están destinadas a ese objeto;
• Los diques y construcciones que, aun cuando
sean flotantes, estén destinados por su objeto
y condiciones a permanecer en un punto fijo
de un río, lago o costa;
• Los derechos reales sobre inmuebles;
• Las líneas telefónicas y telegráficas y las estaciones radiotelegráficas fijas.EL NACIMIENTO DEL IETU Y LAS SIBRAS
El 27 de Febrero de 2008, tiempo después de la
entrada en vigor del Impuesto Empresarial a TasaEn principio tenemos que esta figura puede servir
para revaluar fiscalmente las inversiones en edificios o en activos que conforme al CCF formen
parte del inmueble, mismos que ya no generan
deducción alguna para la compañía, por lo que al
ser aportados a una SIBRA, tenemos que esta última podría arrendar dichos inmuebles a la primera,
donde se generarían deducciones para ISR y para
IETU, sin que la compañía que aportó los inmuebles tenga que acumular la ganancia derivada de
dicha transmisión de propiedad.
En cuanto a los efectos de IETU tenemos que el ingreso se obtendría en la misma fecha que se acumule la ganancia para ISR -sobre esta cuestión al
final del presente artículo analizaremos la limitante
establecida en el artículo 2.2 del Decreto publicado el pasado 30 de Marzo de 2012- siendo entonces que el beneficio sería para ambos impuestos.La propia Ley establece que cuando el
contribuyente enajene los bienes o cuando
estos dejen de ser útiles para obtener los
ingresos, deducirá, en el ejercicio en que esto
ocurra, la parte aún no deducida.Edición Especial Serial Fiscal San Marcos 2012En otro supuesto tenemos que se viene aplicando
dicha figura para generar deducciones en materia de ISR, lo anterior tiene como fundamento el
hecho que la propia Ley establece que cuando el
contribuyente enajene los bienes o cuando estos
dejen de ser útiles para obtener los ingresos, deducirá, en el ejercicio en que esto ocurra, la parte aún
no deducida.
Poniendo como ejemplo de lo anterior el caso de
una compañía que adquiere un edificio y comienza
su depreciación a razón del 5% por el primer año,
siendo que en el segundo año, decide aportarlo a
una SIBRA, el resultado de esta operación tendría
como efecto que el 95% del edificio que aún no ha
sido deducido, se aplique como deducción en el
ejercicio de la aportación a la SIBRA, y a su vez la
SIBRA lo considere como Activo adquirido sujeto a
aplicarle la depreciación sobre el 100% del monto
aportado por la compañía.
Sobre el tema en concreto se deja un hilo muy delgado que puede o no romperse a lo largo del tiempo, y es que existe el conflicto de interpretación
respecto a si la compañía está restando una sola
vez la deducción de la construcción del edificio señalado en el caso anterior, ya que al momento de
realizar la aportación del inmueble, se determina
una Ganancia Acumulable, que es la que se difiere en el tiempo, donde se pudiera concluir que la
ganancia resulta de restar al ingreso obtenido, elcosto de adquisición del bien, que aún y cuando en
la Ley no está plenamente definida la forma de determinar la ganancia en tratándose de enajenación
de Activos Fijos, como lo sería en el presente caso
“la construcción”, lo cierto es que lo que se difiere
es la ganancia y no el ingreso por la enajenación
del bien inmueble, por lo que al momento de que
la compañía aplica la deducción del monto pendiente de depreciar, se podría caer en el supuesto
de que la deducción se aplicó tanto al momento
de determinar la ganancia, como al momento de
deducir el monto del bien señalado por la propia
Ley como “aún no deducido”.EL EFECTO FINANCIERO EN MATERIA DE
IVA Y DEL COSTO DE LOS IMPUESTOS
Una vez elegido el camino agresivo o conservador
respecto a la figura, tenemos que evaluar el costo financiero que representará el hecho de que al
aportar construcciones, se genera el Impuesto al
Valor Agregado (IVA), y por lo tanto tendríamos que
mientras que la compañía tiene un IVA por enterar,
la SIBRA lo tendrá que recuperar vía devolución,
sopesando como siempre las limitantes existentes
para regresar dicho impuesto.Lo que se difiere es la ganancia y
no el ingreso por la enajenación
del bien inmueble.Y es que se presenta la problemática de definir si
con la entrega de las acciones que hace la SIBRA
se tiene como efectivamente pagado el impuesto
a solicitar en devolución, aún y cuando existe una
resolución favorable de fecha 11 de Mayo de 2010,Abril - Junio 201219BenefisBenefis20SIBRA – Una opción de optimización fiscal permanente en el tiempoSe presenta la problemática de definir si con la entrega de
las acciones que hace la SIBRA se tiene como efectivamente
pagado el impuesto a solicitar en devolución.
emitida a un particular en específico, que si bien no
genera derechos para terceros, si sirve de apoyo a
favor de los contribuyentes en general, de la cual se
transcribe la respuesta a la misma:DE LA LIMITANTE DE LA FIGURA EN
IETU POR EL DECRETO DEL PASADO 30
DE MARZO DE 2012Con base en las consideraciones expuestas a
lo largo del presente, se confirma el criterio y le
asiste la razón al consultante en el sentido en
que el impuesto al valor agregado que le fue
trasladado por el propietario del bien inmueble, se encuentra efectivamente pagado con la
parte social que emitió al propietario del bien
inmueble, y por lo tanto, procede el acreditamiento del impuesto al valor agregado, y el
saldo a favor que se origina del mismo, el cual
puede ser solicitado en devolución con fundamento en el artículo 6° de la Ley del Impuesto
al Valor Agregado. Nota 1: Esta resolución se
emitió conforme a las disposiciones legales vigentes en 2009. Nota 2: La presente resolución
se emitió sin prejuzgar sobre el cumplimiento
de las demás obligaciones formales que se
establezcan, así como el cumplimiento de los
requisitos para el acreditamiento, establecidos
en la Ley del IVA.Como parte complementaria a este artículo resulta
importante analizar la pretensión de limitar la figura
de la SIBRA, condicionando en el segundo párrafo
del artículo 2.2. del Decreto citado, la opción para el
diferimiento del momento de obtención del ingreso
para el IETU como sigue:Además del costo financiero que genere la devolución del IVA, se debe considerar el costo que representa el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles
(ISAI) o Impuesto sobre Traslado de Dominio que se
tenga que pagar según el lugar donde se encuentre
dicho inmueble.Artículo 2.2. Los fideicomitentes que aporten
bienes inmuebles a los fideicomisos a que se
refiere el artículo 223 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, para los efectos del impuesto
empresarial a tasa única, podrán optar por
considerar que perciben los ingresos por la
enajenación derivada de la aportación de dichos bienes, en la misma fecha en la que para
los efectos del impuesto sobre la renta deban
considerar acumulable la ganancia por la
enajenación de los citados bienes o en la que
se den los supuestos para que se pague el impuesto sobre la renta diferido que se haya causado por la ganancia obtenida por la citada
La opción a que se refiere el párrafo anterior
también podrá ser ejercida por los accionistas
que aporten bienes inmuebles a las sociedades mercantiles previstas en el artículo 224-Ade la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que las acciones de dichas sociedades
se enajenen a través de bolsas de valores
concesionadas en los términos de la Ley
del Mercado de Valores.Al respecto, es de mencionar que la condicionante
es en tiempo futuro y no necesariamente al momento de realizar la aportación, la SIBRA debe sujetarse desde ese mismo instante a colocar sus acciones con el fin de enajenarlas, por lo tanto la figura de
la SIBRA puede seguir siendo aplicada por los contribuyentes, pero con la condición solo para efectos
del ingreso en IETU de que sus acciones sean enajenadas en el tiempo a través de las bolsas de valores.La figura de la SIBRA puede
seguir siendo aplicada por los
contribuyentes, pero con la
condición solo para efectos del
ingreso en IETU de que sus acciones
sean enajenadas en el tiempo a
través de las bolsas de valores.La publicación del Decreto es un golpe para los
contribuyentes que a través de la figura de la SIBRA
buscaban no solo el diferimiento de la acumulación
de la ganancia para efectos del ISR y el diferimiento
del momento de la obtención de ingreso para efectos del IETU, sino la eliminación de dicha causación
en lo futuro y con ello evitarse ambos impuestos, lo
anterior mediante la aplicación de estrategias complementarias que tenían esa finalidad.Edición Especial Serial Fiscal San Marcos 2012Énfasis añadido.DONDE DUELE EL DECRETOCONCLUSIONES
Por todo lo anterior es de analizarse a detalle la estrategia a aplicar, buscando aprovechar al máximo
la figura de la SIBRA, que como ya se ha dicho, la
misma aún puede ser aplicada con la finalidad de
generar diversos beneficios fiscales a los contribuyentes. Además deberán observarse otros indicadores con los que la compañía cuente para lograr
los beneficios pretendidos a pesar del reciente Decreto publicado.
victor.eudave@benefis.com.mxBenefisAbril - Junio 201221BenefisBenefis22El FideicomisoEl Fideicomiso
El derecho de readquirir del
Fideicomitente, como supuesto de
no enajenación para efectos fiscales
de los bienes aportados al mismo.INTRODUCCIÓNEn el escenario de los negocios el Fideicomiso es
una de las alternativas jurídicas más versátiles
que existen, esta herramienta que nace de un
contrato y que se encuentra regulada básicamente por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito
(LTOC), igual se emplea para garantizar el cumplimiento de obligaciones; para llevar a cabo proyectos empresariales de diversa índole; para dar forma a decisiones de carácter patrimonial; para proteger los intereses
de los menores e incapacitados; para fines culturales,
artísticos, de beneficencia pública, entre otros.¿Qué es lo que hace que esta figura jurídica
cada día esté más ligada a la vida de los negocios y que el Empresario en México cada vez
con más frecuencia opte por ella para instrumentar decisiones de su vida cotidiana?
La respuesta la encontramos en tres características
fundamentales del Fideicomiso:En primer lugar su Seguridad.
Ya que la presencia del Fiduciario (institución de
crédito y otras entidades financieras) quien a su vez
está sujeto a una estricta regulación y supervisiónEdición Especial Serial Fiscal San Marcos 2012+eficienteElige los cursos que quieres tomar
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Abril - Junio 201223BenefisBenefis24El Fideicomisopor parte de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV), garantiza al o a los Fideicomitentes
que los bienes o recursos que afecten al Fideicomiso se destinaran única y exclusivamente a los
fines previstos en el contrato, en caso contrario
el Fiduciario respondería con todo su patrimonio
e incluso el Delegado Fiduciario incurriría en responsabilidades de tipo penal.Desarrollos Inmobiliarios vía Fideicomiso.
Justamente en el ámbito de las alianzas de negocios que se generan para desarrollar proyectos
inmobiliarios, se dan con bastante frecuencia, la
suma de las siguientes circunstancias:
a) El dueño del inmueble:En segundo lugar su Flexibilidad.Se desprende de la posesión del mismo sin
que necesariamente su precio se haya pagado o bien sólo se paga parcialmente.Salvo los fideicomisos irrevocables, el Fideicomitente puede modificar en cualquier momento los términos y condiciones del contrato, adecuándolo a la
dinámica de su crecimiento empresarial o bien al ritmo de las circunstancias familiares y patrimoniales.Permite que se hagan obras, subdivisiones,
afectaciones, gravámenes y se sujete al régimen de propiedad en condominio.En tercer lugar su Sencillez.
Aun cuando su instrumentación pudiera parecer
compleja, lo cierto es que el manejo del mismo para
el Empresario puede ser extremadamente sencillo
si el contrato es cuidadosamente elaborado por los
especialistas en la materia. La inclusión de un Comité Técnico que instruya al Fiduciario sobre los pormenores del cumplimiento de los fines del Fideicomiso, coadyuva a la sencillez de su manejo, sirviendo
como puente de comunicación entre el Empresario
(Fideicomitente) y el Fiduciario.
No cabe duda de que el Fideicomiso se ha convertido en la herramienta jurídica más importante para
instrumentar una multiplicidad de operaciones de
carácter patrimonial y proyectos empresariales, en
parte porque viene a llenar un vacío innegable en
nuestro sistema jurídico; porque a través del fideicomiso pueden alcanzarse toda clase de fines lícitos y
además, porque el fideicomiso ha suministrado una
excelente alternativa a quienes pretenden aliarse en
la consecución de un proyecto de negocios, haciendo aportaciones de diversa naturaleza, entre las que
pueden comprender, desde luego, bienes inmuebles.El fideicomiso ha suministrado
una excelente alternativa a
quienes pretenden aliarse en la
consecución de un proyecto de
negocios, haciendo aportaciones
de diversa naturaleza, entre las que
pueden comprender, desde luego,
bienes inmuebles.Comúnmente el precio establecido quedará
totalmente pagado al finalizar la comercialización del inmueble que se construya.
El inmueble por lo general tiene un muy
bajo valor fiscal.
b) El constructor:
Realiza gastos, mejoras y edificaciones en un
Asume la carga fiscal propia
y la del dueño del inmueble.
No es el adquirente final del
inmueble, sino que éste se
destina a su comercialización.Con el producto de la venta del inmueble
construido, pagará al propietario la contraprestación pactada.a) En el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga a designar fideicomisario diverso de él y siempre que no tenga derecho a
readquirir del fiduciario los bienes.c) El adquirente final.Eventualmente requiere financiamiento
para dicha adquisición y requiere otorgar en
garantía el mismo inmueble.
La única herramienta jurídica que da a las partes la
seguridad patrimonial, certeza jurídica y opciones
para administrar eficientemente los efectos fiscales
que se generan para todos los involucrados, es definitivamente el Fideicomiso.
En el contrato de Fideicomiso que se implementa para lograr los fines antes mencionados, no
necesariamente tiene que ser de naturaleza empresarial ni darse la enajenación para efectos fiscales de los bienes aportados en el momento de
celebración o aportación, ya que este efecto se
puede diferir, incluso hasta la conclusión del proyecto. De esta manera, si ese es el objetivo fiscal,
debemos partir de lo que señala el artículo 14 del
Código Fiscal de la Federación (CFF) que establece en su parte conducente:
“Artículo 14. Se entiende por enajenación de bienes:
V. La que se realiza a través del fideicomiso,
en los siguientes casos:b) En el acto en el que el fideicomitente pierda
el derecho a readquirir los bienes del fiduciario,
si se hubiera reservado tal derecho.Edición Especial Serial Fiscal San Marcos 2012Se obliga a pagar un precio por un inmueble
que en estricto sentido no existe.Cuando el fideicomitente reciba certificados de
participación por los bienes que afecte en fideicomiso, se considerarán enajenados esos bienes al momento en que el fideicomitente reciba
los certificados, salvo que se trate de acciones.
a) En el acto en el que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones al
fiduciario para que transmita la propiedad
de los bienes a un tercero. En estos casos se
considerará que el fideicomisario adquiere los
bienes en el acto de su designación y que los
enajena en el momento de ceder sus derechos
o de dar dichas instrucciones.
b) En el acto en el que el fideicomitente ceda
sus derechos si entre éstos se incluye el de que
los bienes se transmitan a su favor.
Cuando se emitan certificados de participación por los bienes afectos al fideicomiso y se
coloquen entre el gran público inversionista,
no se considerarán enajenados dichos bienes
al enajenarse esos certificados, salvo que estos
les den a sus tenedores derechos de aprovechamiento directo de esos bienes, o se trate de
acciones. La enajenación de los certificados de
participación se considerará como una enajenación de títulos de crédito que no representan la propiedad de bienes y tendrán las consecuencias fiscales que establecen las Leyes
fiscales para la enajenación de tales títulos.
fiduciario para que transmita la propiedadAbril - Junio 201225BenefisBenefis26El Fideicomisode los bienes a un tercero. En estos casos se
o de dar dichas instrucciones.Aplicando a contrario sensu los términos de esta
disposición, tenemos que para efectos de que no
haya enajenación al momento que él o los Fideicomitentes transmiten bienes al Fideicomiso, las opciones serían las siguientes:b) En el acto en el que el fideicomitente ceda
los bienes se transmitan a su favor.a) Que al Fideicomitente se le designe Fideicomisario de los bienes que él mismo haya aportado, o bien queCuando se emitan certificados de participación por los bienes afectos al fideicomiso y se
fiscales para la enajenación de tales títulos.b) Conserve el derecho de readquirir del Fiduciario dichos bienes, o bien,(…)”c) Diferir hasta el momento en que se considere
oportuno que haya enajenación, la pérdida por
parte del Fideicomitente de los derechos antes
mencionados, ya sea en el primero de los casos
porque el Fideicomitente cedió sus derechos (incluyendo el de readquirir) o bien, dio instrucciones
a la Fiduciaria para que transmita la propiedad de
los bienes a un tercero (lo que desde luego lleva
implícita la pérdida de los derechos mencionados)
El tipo de Fideicomiso que tratamos no aplica para
la emisión de certificados de participación y su colocación entre el gran público inversionista, por lo que
nos reservamos comentarios al respecto.
La problemática de nuestro análisis radica en la instrumentación que en la práctica se ha venido haciendo, de las clausulas del contrato de Fideicomiso
que dan soporte a los supuestos de no enajenación
contemplados, especialmente cuando se opta por
fundamentarlo en la conservación del derecho de
readquirir del fideicomitente.¿Qué debemos entender por el
DERECHO DE READQUIRIR?
Es la posibilidad jurídica de
que los bienes que el Fideicomitente aportó y que
salieron, como tales, de su
esfera patrimonial, regresen aUbicándonos en el tipo específico de Fideicomiso
que se ha planteado, tenemos que descartar el supuesto de que al extinguirse éste los bienes regresen
al Fideicomitente, lo cual sería totalmente en contra
de los fines económicos que las partes tienen, que es
precisamente que en última instancia los bienes se
transmitan a los terceros que los adquieren.
Por lo tanto, si el fundamento de la no enajenación radica en la existencia de una cláusula en la
que el Fideicomitente se reserva el derecho de
readquirir los bienes, debemos de tener un muy
especial cuidado en su incorporación, ya que está
en juego la certidumbre jurídica que las demás
partes involucradas requieren, considerando que
el ejercicio de este derecho puede dejar inconcluso el proyecto e insatisfechos todos los intereses
Cuando en el contrato de Fideicomiso se establece
que el derecho de readquirir se podrá ejercer en
caso de incumplimiento de los demás Fideicomitentes o por imposibilidad jurídica o material para
el cumplimiento de los fines del contrato, consideramos que no se está ejerciendo propiamente
el DERECHO DE READQUIRIR, sino el derecho de
resolución (también conocido como rescisión) del
contrato, que produce como consecuencia jurídica
directa que las partes se devuelvan sus reciprocas
prestaciones y, en su caso, el pago de daños y perjuicios para quien dio origen a la rescisión. En este
orden de ideas la readquisición que el Fideicomitente haría de los bienes que aportó no sería en el ejercicio de un derecho como tal, sino la consecuencia
de la rescisión.La readquisición que el
Fideicomitente haría de los bienes
que aportó no sería en el ejercicio
de un derecho como tal, sino laEdición Especial Serial Fiscal San Marcos 2012ésta, ya sea durante la vigencia del Fideicomiso o
bien al extinguirse éste.Mas grave resulta aún cuando los interesados asumen que no hubo enajenación de los bienes aportados en el contrato de Fideicomiso celebrado con
base en clausulas redactadas con las características
señaladas, sin que dicho supuesto jurídico se dé
(es decir, sí hay enajenación para efectos fiscales) y
dejan de cumplir con las obligaciones de carácter
impositivo que surgen para ellas, situación de la
que muchas veces no se percatan hasta que son sujetos de las facultades de comprobación por parte
de la Autoridad Fiscal. Por lo tanto recomendamos
ampliamente revisar los términos de los contratos
de Fideicomiso que se tengan celebrado en estos
términos y en su caso hacer las modificaciones de
carácter preventivo que se requieran.CONCLUSIÓN
Con base en lo anterior, consideramos que la mejor
opción para dar soporte jurídico a la no enajenación
de los bienes es agotar el primer supuesto en el que
el Fideicomitente se le designe Fideicomisario de los
bienes que él mismo haya aportado, hasta en tanto
se vaya a dar la enajenación de los mismos, lo cual
generaría un importante diferimiento de la carga
fiscal que seguramente redundará en la salud financiera del proyecto en cuestión.
Agotar esta opción implicará desde luego una cuidadosa redacción de las cláusulas correspondientes,
para lograr una perfecta sincronía entre el efecto
fiscal buscado y la seguridad de los derechos de los
adquirentes y otros Fideicomitentes involucrados,
particularmente cuando parte o la totalidad de la
contraprestación es pagada en forma previa a la adquisición del bien por su destinatario final.
cristinajuarezuribe@yahoo.com.mx
BUSINESS & TAXESconsecuencia de la rescisión.Abril - Junio 201227BenefisBenefis28Los Errores en la Defensa de la Revisión de DictamenLosErrores en la
Defensa de laRevisión deDictamenAnálisis de los procedimientos de revisión de dictamen por parte de las autoridades fiscales; lo que implica en qué consisten, cuál es su naturaleza y el carácter de autonomía que guardan con las otras facultades de comprobación,
para efecto de corroborar los errores que durante la última década se han
estado cometiendo por parte de los contribuyentes mismos, las autoridades
y los tribunales, en su ejercicio, impugnación y defensa.Para efecto de escribir el presente artículo estuve
buscando una temática que realmente fuese
de relevancia no solo por su trascendencia sino
también por su originalidad; y en el camino fui
descubriendo que tal como decía Albert Einstein: en
ocasiones las casitas no nos dejan ver el monte, de tal
suerte que precisamente la intención de búsqueda
que acompañó mi objetivo inicial, al parecer ha sido un
motor muy similar de muchos otros que al igual que
yo, nos dedicamos a la defensa fiscal.
La urgencia por estar a la vanguardia en la sociedad en
que vivimos para efecto de ser competitivos y eficaces,
conlleva la búsqueda del conocimiento de nuevas
técnicas y descubrimientos así como su asimilación
y aplicación inmediata, situaciones que en el ámbito
tecnológico se traducen en la adquisición y manejo
de aquellos últimos descubrimientos científicos que
con vertiginosa rapidez desplazan los actuales, en una
carrera tan desaforada que, en ocasiones apenas nos
estamos familiarizando con las últimas herramientasadquiridas cuando aparecen en el mercado otras más
modernas y que por supuesto prometen ser mejores.
El ser humano indiscutiblemente no puede sustraerse
de su entorno, no puede tampoco ser ajeno al mismo
pues forma parte de éste, y esa búsqueda frenética hacia el descubrimiento del mañana aunada al siempre
cambiante panorama fiscal, traen consigo el hecho de
que el agravio, concepto de impugnación o concepto
de violación, se asimile cada vez más a un periódico, en
que innegablemente se piensa que no hay nada más
viejo que el diario o el agravio de ayer.
La prisa casi nunca va hermanada con la mesura y la
reflexión, son hijas de dos tierras diferentes que pocas
veces convergen en un mismo plano y ello evidentemente también nos impide una revisión profunda de
los mejores instrumentos de defensa con que siempre
hemos contado, la Ley misma, la reflexión, y la interpretación constitucional autorizada, tamizadas con nuestro análisis para dar por efecto la mejor aplicación de…es muy difícil inferir, concluir y defender una idea, sin una
entera comprensión del sustento fundamental o intrínseco
de lo que subyace en el postulado que se defiende.”
todo ello, augurándonos el tan ansiado éxito en
nuestro quehacer cotidiano.El tema a tratar como ya se dijo, es el análisis de los errores e ilegalidades en la defensa de los créditos resultantes de las revisiones de dictamen; partiendo para ello
del hecho de que tal como todos ustedes
conocen, en el Código Fiscal de la Federación (CFF) se encuentran reguladas las
diversas atribuciones de las autoridades
fiscales para ejercer sus facultades de
comprobación respecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Dicha
legislación establece las diversas facultades con las que cuentan las autoridades
fiscales para llevar a cabo la verificación
del cumplimiento de la obligación de
los gobernados a contribuir a los gastos
públicos, misma que sólo se justifica al
amparo de lo previsto en el artículo 31,
fracción IV, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
Así, no obstante que la verificación fiscal
es esencialmente una operación de actuación administrativa puesta a disposición del fisco para tutelar el interés económico del Estado mediante el control de la
observancia de las normas tributarias por
los particulares sujetos a ellas, dicha facultad está condicionada por el respeto a las
garantías del gobernado, especialmente a
las de igualdad, legalidad, seguridad jurídica e inviolabilidad del domicilio.
En ese orden de ideas, la autoridad fiscal
tiene la facultad discrecional de iniciar el
procedimiento fiscalizador con el fin de verificar que los contribuyentes, responsables
solidarios o terceros con ellos relacionados
han cumplido con las disposiciones fiscales
en razón de los supuestos de Ley a que se
encuentren sujetos. Para tal efecto no está
por demás recordar que, la autoridad fiscalizadora deberá ajustar su actuación al conte-Edición Especial Serial Fiscal San Marcos 2012Lo que llama poderosamente la atención es el
hecho de que en esa búsqueda incesante perdemos el concepto de lo básico y por ende en
ocasiones erramos el camino, pues es muy
difícil inferir, concluir y defender una idea, sin
una entera comprensión del sustento fundamental o intrínseco de lo que subyace en el
postulado que se defiende.nido de los requisitos que prevé el artículo 16 de la
CPEUM, juntamente con lo dispuesto por los artículos
del CFF que regulen el desarrollo de la facultad que
se encuentre ejerciendo ya sea visita domiciliaria, revisión de dictamen o la revisión de la contabilidad en
las oficinas de la autoridad, también conocida como
revisión de gabinete, etc.
La facultad de comprobación de las autoridades fiscales tiene pues como objeto, el verificar que se cumplan con las obligaciones que imponen las normas
tributarias y, en caso de que en uso de dicha facultad
encontrare alguna irregularidad en el cumplimiento
de las obligaciones fiscales, la autoridad fiscal competente podrá por su parte determinar un crédito fiscal
a cargo del contribuyente.LA NATURALEZA DE LAS
REVISIONES DE DICTAMEN
Hace casi diez años, se planteó ante la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la existencia de tesis contradictorias entre el Primer Tribunal
Colegiado del Sexto Circuito y el Noveno del Primer
Circuito, ambos en Materia Administrativa, al resolver
asuntos de revisión fiscal, en los que ambos órganos
analizaron un mismo problema jurídico, como es el
efecto de la nulidad que se decreta respecto de oficios de requerimiento de información dirigidos por
el fisco federal a contadores públicos autorizados
que dictaminaron estados financieros en términos
del artículo 55, fracción I, del anterior Reglamento del
Código Fiscal de la Federación (RCFF), destacando
que dichas nulidades fueron declaradas en sendos
juicios contencioso-administrativos donde la resolución impugnada por la parte actora fue un crédito
fiscal contenido en una resolución que culminó un
procedimiento de comprobación, y no obstante que
la problemática jurídica era la misma, ambos órganos
jurisdiccionales concluyeron con criterios distintos, al
momento que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que
lo procedente era declarar una nulidad lisa y llana,
mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Sexto Circuito estimó que lo procedente era declarar una “nulidad especial para facultades discrecionales”, en términos del último párrafo
del entonces también en vigor, artículo 239 del CFF.
La contradicción a la que se ha hecho referencia en el
párrafo precedente, es la 79/2002-SS. Y si bien es cierto que la problemática referida no fue resuelta por la
Corte, lo que interesa hoy destacar son las razones
por las cuales no se entró al estudio de la misma, puesAbril - Junio 201229BenefisBenefis30Los Errores en la Defensa de la Revisión de Dictamen…a través del ejercicio de ésta facultad
no es posible revisar la contabilidad del
contribuyente dictaminado, sino que la
norma respectiva solamente les faculta
para revisar el contenido del dictamen...
son precisamente las que nos llevan a retomar dicha
temática, porque a casi diez años de haberse efectuado, parecen aún no haberse entendido.
De la lectura del contenido del artículo 52-A del CFF,
que regula hoy la facultad de revisión de dictamen, se
desprende que con el objeto de verificar si un contador público autorizado para dictaminar estados financieros cumple con sus obligaciones fiscales, tales
como asentar datos exactos en los documentos
que elabora, o bien, si cumple con las
formalidades que para su función
exige el citado ordenamiento, o
bien (como en su momento
lo dijo la Segunda Sala de
la Corte),
y ulterior
de comprobación en agravio
de un determinado contribuyente en cualquiera de las formas autorizadas por el CFF,
el fisco federal se encuentra autorizado, entre otras
cosas, para requerir al contador público autorizado
que dictaminó estados financieros para que presente,
ante la potestad de la autoridad exactora, papeles de
trabajo, documentos, sistemas y registros contables y
toda clase de datos e información relacionada con un
determinado contribuyente. El requerimiento que
vincula directamente al contador e indirectamente
al contribuyente en los términos antes asentados,
debe notificarse tanto al profesional como al causante, esto último por aplicación directa de la interpretación de la Corte a lo dispuesto en el primer
párrafo del artículo 48 del CFF, pues allí se prevé un
procedimiento en el cual la autoridad debe notificar al
contribuyente la solicitud de información o documentación vinculada con su situación fiscal, lo que impide
actuaciones arbitrarias por parte de la autoridad, pues
permite al gobernado hacer valer sus derechos en relación con el requerimiento respectivo. 1
Este procedimiento administrativo, como lo expresó
nuestro máximo tribunal al resolver la Contradicción
de Tesis 79/2002-SS: 2“(…) comienza con el requerimiento al contador y culmina con la entrega de la información
solicitada al fisco; y el objeto que se persigue
consiste exclusivamente en allegar de información a la autoridad tributaria para que ésta se
encuentre en posibilidad de corroborar y, en su
caso, destruir la presunción legal iuris tantum
que deriva del artículo 52 del Código Fiscal de
la Federación, conforme al cual, la información
se presume cierta salvo
este mecanismo sería
el medio para destruir aquella presunción legal que concurre
Obtenida la información requerida
posterior, si el fisco decide proceder
contra el contribuyente o contra el contador
autorizado conforme a sus atribuciones, ello
podrá realizarlo, pero no sin antes comenzar un
procedimiento distinto donde, por separado, se
ejerciten aquellas facultades.
Por otra parte, también es importante puntualizar el
hecho de que contrariamente al enfoque que las
autoridades fiscales le han venido dando a éste
tipo de revisiones, a través del ejercicio de ésta
facultad no es posible revisar la contabilidad del
contribuyente dictaminado, sino que la norma respectiva solamente les faculta para revisar el contenido del dictamen, más no la contabilidad del contribuyente ni en el domicilio de éste, ni en las oficinas de
aquella. Tal como se desprende de la jurisprudencia
2a./J. 199/2009, de rubro:“DICTÁMENES FORMULADOS
POR CONTADORES PÚBLICOS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS CONTRIBUYENTES. CUANDO SE REVISAN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN IV, DEL1
Tesis aislada XLIV/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “FACULTADES DE COMPROBACIÓN. LA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 52-A,
FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO AL CONTADOR PÚBLICO, SIN
NOTIFICAR AL CONTRIBUYENTE, NO SE RIGE POR EL ARTÍCULO 14, SINO POR EL 16 DE LA CONSTITUCIÓN, Y CONFORME A ÉSTE NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD
JURÍDICA AHÍ PREVISTA.”
Ejecutoria: 1.- Registro No. 17453. Asunto: Contradicción de Tesis 79/2002-SS. Promovente: Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Sexto Circuito y
Noveno del Primer Circuito, ambos en Materia Administrativa. Localización: 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XVII, Febrero de 2003; Pág. 282.Edici贸n Especial Serial Fiscal San Marcos 2012Benefis31Abril - Junio 2012Benefis32CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ES INAPLICABLE LA
AMPLIACIÓN DEL PLAZO POR SEIS MESES POR UNA OCASIÓN MÁS CONFORME AL ARTÍCULO 46-A DEL CITADO
ORDENAMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005).”SE TRATA DE UN
PROCEDIMIENTO AUTÓNOMO
Al respecto se debe precisar que ésta clase de actos administrativos (revisiones de dictamen), se caracterizan
por ser autónomos de los procedimientos de comprobación, ya que, de ordinario, orbitan fuera de las formalidades integrantes de dichos procedimientos, y tan es
así que de los respectivos pronunciamientos efectuados por la Suprema Corte, ésta ha determinado que
“un detenido análisis permite ubicarlos procesalmente
en un momento anterior y tal vez preparatorio a los ulteriores procedimientos de comprobación fiscal que pudieran seguirle o no.” Con lo que es dable concluir que
efectivamente se trata de un procedimiento previo y
autónomo a las facultades de fiscalización que puedan
seguirse en forma directa con el contribuyente dictaminado, ya sea a través de visita o mediante revisión
Siendo precisamente esa, la razón por la cual cuando
se promueve un juicio contencioso administrativo,
donde solamente se reclama la nulidad de una resolución definitiva que contiene la determinación de un
crédito fiscal producto de un procedimiento de comprobación por parte de las autoridades exactoras, técnicamente no es posible entrar al análisis de la diversa
resolución definitiva que contiene la determinación
del fisco de requerir al contador público autorizado
que dictaminó estados financieros para que exhiba
información y/o documentos relacionados con determinado contribuyente, pues la impugnación de la resolución definitiva que contiene un crédito fiscal, sólo
permite al afectado combatir en juicio los posibles vicios que se llegaran a presentar en las etapas integrantes del procedimiento de comprobación y aquellos
que pudieran verificarse en el dictado de la resolución
con que culmine dicho procedimiento, sin que sea
válido ni jurídico incluir aspectos desligados, ajenos o
anteriores, como es el requerimiento de información
que se realiza al Contador Público que dictaminó los
estados financieros de una empresa, a efecto de iniciar
las facultades previstas en el artículo 42, fracción IV, del
CFF, que contiene la facultad en análisis.…sin que sea válido ni jurídico incluir aspectos
desligados, ajenos o anteriores, como es el
requerimiento de información que se realiza al
Contador Público que dictaminó los estados
financieros de una empresa...Lo expuesto
incluso con las razones que condujeron
a la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación a declarar la improcedencia de la contradicción de tesis 79/2002SS, pues a pesar de que en los antecedentes de
los dos casos que generaron esa contradicción se
giraron oficios al contador público autorizado
para dictaminar estados financieros en términos del artículo 55, fracción I, del RCFF; y en
ambos asuntos, posteriormente a ese requerimiento de información, se inició un
procedimiento de facultades de comprobación por parte de la autoridad
exactora en agravio del contribuyente
relacionado con el requerimiento de información (en
un caso fue revisión de gabinete y en otro visita domiciliaria); e igualmente en ambos casos se fincó un
crédito fiscal a los contribuyentes en una resolución
que culminó aquel diverso procedimiento de facultades de comprobación.
No menos cierto resulta el hecho de que en los dos
supuestos allí estudiados, la demanda de nulidad interpuesta se enderezó teniendo únicamente como
acto impugnado la resolución definitiva que contenía el crédito fiscal en agravio de los particulares
demandantes, aunque también se propuso por parte
de éstos como argumento de disenso, que el crédito
fiscal era producto de un “inicio de procedimiento
viciado” al no haberse acatado las formalidades del
artículo 55, fracción I, del RCFF.
Determinándose por parte de la Corte que lo realmente procedente hubiere sido que la Sala Fiscal
declarara inoperante el argumento de violación referente al artículo 55, fracción I, del citado Reglamento,
al haberse señalado como resolución impugnada
exclusivamente la que fincó el crédito fiscal; e incluso por esa misma razón, los Tribunales Colegiados de
Circuito no debieron haber efectuado los pronunciamientos que se encontraban en contradicción, pues
en estricto derecho, merced a su improcedencia, no
deberían de haber sido estudiados.
En las relatadas condiciones, la mencionada Segunda
Sala concluyó que a pesar de que existía contradicción de tesis, no se estaba en el caso de resolverla en
el fondo, puesto que de hacerlo se estaría aceptando implícitamente que cuando en una demanda de
nulidad se reclama (como resolución impugnada)
un crédito fiscal, es posible declarar la anulación de
éste por violaciones al procedimiento seguido en
forma previa con el contador público para revisar eldictamen por el efectuado, cuando técnicamente no
es posible analizar esta clase de argumentos en un
juicio en el que no se hubiese impugnado en forma
destacada la resolución definitiva que resuelve revisar dicho dictamen.Criterio que se corrobora con una de las tesis emanadas de la resolución de ese asunto, de contenido
Registro No. 184908
Tesis: 2a. XI/2003
DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. EL
REQUERIMIENTO FORMULADO POR EL
FISCO AL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 55,
FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA
EFECTOS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. El requerimiento de información y/o documentos que formula el fiscoEdición Especial Serial Fiscal San Marcos 2012Concluyendo así, que los requerimientos efectuados por las autoridades fiscales al contador público autorizado para dictaminar estados financieros,
constituyen, per se, una resolución de carácter definitivo que genera agravios objetivos tanto al contribuyente como al profesional contable y respecto de
la cual, si se pretende su nulidad, es necesario entablar en su contra juicio contencioso-administrativo
de manera destacada, es decir, reclamando expresamente y por separado como “resolución impugnada” el aludido requerimiento; sin que fuere posible
que éste criterio se enunciara como tesis de jurisprudencia, en virtud de que no se resolvió el tema
de la contradicción planteada, debido a la improcedencia anteriormente comentada.federal al contador público autorizado que
dictaminó los estados financieros, con copia
al contribuyente, en términos del artículo 55,
fracción I, del Reglamento del Código Fiscal
de la Federación, constituye una resolución
definitiva respecto de la cual, si se pretende
su nulidad, es necesario entablar en su contra
juicio contencioso administrativo de manera destacada, conforme a lo dispuesto en el
artículo 11, fracción I, de la Ley Orgánica del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es decir, reclamando expresamente y
por separado el aludido requerimiento, como
“resolución impugnada”. Ello es así, pues debe
tomarse en consideración que el citado requerimiento consiste en un acto administrativo aislado que contiene una resolución definitiva que genera agravios objetivos tanto al
contador público dictaminador como al contribuyente, ya que a través de ella se impone
al profesional contable la obligación fiscal
de cumplir irrestrictamente con la entrega
de lo que le fue solicitado, lo cual, además
de poner en duda su labor como profesional
autorizado, constituye un acto de molestia
en los papeles y derechos de aquél; y para el
contribuyente relacionado con el dictamen
financiero, también constituye una decisión
definitiva que le ocasiona un agravio genérico en materia fiscal, identificado con la fracción IV del referido artículo 11, toda vez que
se cuestiona el contenido de su declaración
de impuestos que, aun rendida en formato de
dictamen, se presume hecha bajo protesta de
decir verdad, pues tal forma de declaración
goza de la presunción de certeza de su contenido, salvo prueba en contrario, de conformidad con el artículo 52 del Código Fiscal de
Y que incluso se vio corroborado de nueva cuenta
al resolverse también por la Segunda Sala, la Contradicción de tesis 163/2002-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero del Sexto Circuito, y Tercero y Décimo Tercero
del Primer Circuito, todos en Materia Administrativa, el 6 de junio de 2003.Abril - Junio 201233BenefisBenefis34Los Errores en la Defensa de la Revisión de DictamenCONCLUSIONES
De los razonamientos vertidos a lo largo del presente escrito, se concluye que existen errores de
apreciación por parte de las autoridades fiscales
al efectuar las revisiones de dictamen como parte
de sus facultades, que a la postre se han convertido en “mitos de procedencia”, compartidos incluso
por los particulares y en ocasiones por algunos de
los órganos encargados de dictar la sentencia en
el juicio fiscal o en el amparo interpuesto; dichos
errores son:1Pretender que a partir de la modificación
al artículo 52-A del CFF, mediante publicación efectuada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2006, ya no se tiene
la obligación de notificar al contribuyente el
requerimiento de información y documentación dirigido al contador público registrado;
pues pierde de vista que por interpretación de
la Segunda Sala de la Corte, la obligación de
notificarlo emana de lo dispuesto en el primer
párrafo del artículo 48 del CFF, que también fue
reformado en esa misma fecha.2Considerar que a través de la misma es
factible revisar la contabilidad del contribuyente dictaminado, perdiendo de vista que
la norma respectiva solamente le faculta para
revisar el contenido del dictamen.Igualmente, existen errores de apreciación por
parte de los contribuyentes o quienes ejercen su
defensa, siendo éstos los siguientes:1Considerar que las ilegalidades cometidas
por la autoridad fiscal durante el procedimiento de revisión de dictamen, constituyen
un acto inherente a las diversas facultades de
comprobación desplegadas por esa misma
autoridad de forma directa y posterior con el
contribuyente, olvidando que si se pretende
su nulidad, dicho procedimiento debe impugnarse en forma destacada, adicionalmente a la
resolución determinante de créditos fiscales.2Plantear agravios relacionados con lo descrito en el punto inmediato anterior, aduciendo que constituyen la ilegalidad del “inicio
del procedimiento”, refiriéndose como tal, al
que origina la resolución determinante que
dicta la autoridad fiscal, a través de una visita domiciliaria o de una revisión de gabinete;
pues olvida hacer la diferenciación entre ambas y las debidas precisiones que sostengan en
forma correcta sus argumentos de defensa.Y finalmente, la reiteración constante de esos errores de apreciación por parte de las autoridades fiscales y de los contribuyentes, ha traído en muchos
casos la perpetuación de esos criterios incluso por
parte de aquellos que se encuentran facultados
para resolver ese tipo de controversias sometidas
a su jurisdicción, de tal suerte que algunas Salas
Regionales del Tribunal Fiscal e incluso algunos
Tribunales Colegiados, siguen considerando que
es la forma correcta de interpretar esas disposiciones e incluso a la fecha algunos resuelven que el
requerimiento formulado por el fisco al contador
público que dictaminó los estados financieros de
una empresa con efectos fiscales, no constituye
una resolución definitiva de las impugnables ante
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
14 de su Ley Orgánica.
Todo lo cual evidentemente nos habla de lo arraigado del error y la falta de comprensión del concepto mismo, y por ende la necesidad de las anteriores reflexiones, que espero les sean de utilidad
Por lo que me despido con la siguiente reflexión: Siempre habrá un momento para asombrarse y un momento
para actuar, cuando la reflexión y el análisis te conduzcan
a abrir esa puerta que esperando está…
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2012Expositor: C.P.C. y M.I. Víctor Alberto Eudave AnguianoTemario:
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Temas diversos en materia fiscal.11sedesen la República MexicanaSedeFechaSedeaño2012
FechaSan Luis Potosí21 junioMazatlán07 septiembreMonterrey22 junioTijuana14 septiembreMérida28 junioQuerétaro12 octubreCancún29 junioHermosillo19 octubreTorreón10 agostoDistrito Federal 23 noviembreGuadalajara17 agostoModalidad: Presencial
$2,500.00 + ivaPago con:
A nombre de Instituto de Educación
de Excelencia, S.C.
No. de cuenta: 01 71 44 73 00
Clabe: 012 010 001 714 473 007+ información (449) 9 18 83 23 / 01 800 536 1316 / contacto@inedux.com.mx / www.inedux.com.mxAll pages:1456891011121314151618192021222324252627282930313234353638InfoSaveLikeShareDownloadMoreBenefis La Revista No. 34 Edicion Especial Published on Feb 15, 2012 Benefis La Revista No. 34vicglzFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

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 artículo 34

artículo 18
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 ARTÍCULO 14

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 artículo
113
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 artículo 2
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 artículo 20
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 artículo 50

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269
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