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Timestamp: 2013-12-11 08:58:01+00:00

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Acción Popular promovida por los señores CLAUDIA SAMPEDRO TORRES y HÉCTOR ALFREDO SUAREZMEJIA - Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Acción Popular promovida por los señores CLAUDIA SAMPEDRO TORRES y HÉCTOR ALFREDO SUAREZMEJIA contra el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y OTROS
Miércoles 15 de junio de 2005, por Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA
Bogotá D.C., Junio trece (13) de dos mil tres (2003)
Magistrada Ponente: Dra. Ayda Vides Paba.
REFERENCIA: 01-0022
ACCIONANTE: CLAUDIA SAMPEDRO Y HÉCTOR A. SUAREZ
ACCIONADO: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE y OTROS
Procede la Sala a decidir la Acción Popular promovida por los señores CLAUDIA SAMPEDRO TORRES y HÉCTOR ALFREDO SUAREZMEJIA contra el MINISTERIO DEL MEDIOAMBIENTE Y OTROS con el fin de obtener sentencia favorable a las siguientes:
1.- Se ordene al MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE adoptar las medidas necesarias para impedir el deterioro de los recursos naturales c omo consecuencia de la erradicación de cultivos ilícitos.
2.- Se ordene al MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE impedir el desarrollo o utilización de controladores biológicos para erradicar cultivos ilícitos en el territorio nacional.
3.- Se ordene al MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE adoptar las medidas necesarias para recuperar los ecosistemas y recursos naturales hasta ahora afectados con los programas de erradicación de cultivos ilícitos.
4.- Se adopten las medidas necesarias para que no se vuelvan a presentar las acciones y omisiones que dan lugar a la presente acción.
5.- Que se condene a los demandados a recompensar a los actores de conformidad con el articulo 39 de la Ley 472 de 1998.
6. - Que se condene en costas a los demandados.
Los HECHOS, ACCIONES Y OMISIONES que motivan la Acción, son:
1.- Que en Colombia el problema de los cultivos ilícitos se ha agudizado en los últimos años.
2.- Que actualmente las siguientes regiones son productoras de coca: CUNDINAMARCA -Noroccidente del Departamento-: BOYACA -Magdalena Medio Boyacense-; MAGDALENA Y CESAR - Sierra Nevada de Santa Maria-; LA GUAJIRA- Sierra de Perijá-; ANTIOQUIA­Región de Urabá - Tarazá, Cáceres, Remedios, Yondó, Anorí, Amalfí, Sonsón, Cocorná-; NORTE DE SANTANDER - Municipio de Tibú y la Zona del Catatumbo-; BOLIVAR - Municipios del Sur de Bolívar (Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Río Viejo), Serranía de San Lucas; NARIÑO - Municipios de Samaniego, Guachaves, San Pablo, El Rosario, La Cruz, Cumbitará, Leyva, Los Andes y Policarpa; CAUCA - Municipios de la Vega, Almaguer, Bolívar, Patía, Mercaderes, Balboa, Piamonte y Argelia-; CASANARE Y ARAUCA­Bosques de Galería-; VICHADA - Vegas del río Vaupés y Caño Cadayarí, Vegas de los ríos Paca y Papurí; GUAVIARE - Vegas del río Guaviare, zonas de colonización del Guaviare (eje vial San José de Guaviare- El Retorno-Calamar), vegas de los ríos Humilla, ¡tilia y Vaupés; META - Ríos Duda y Alto Guayabero, Lozada y Bajo Guayabero, Reserva Biológica de la Macarena, vegas del río Guaviare (Mapiripán, Mesetas, La Macarena, La Uribe, Puerto Concordia, Puerto Gaitan, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama, Vista Herrmosa); CAQUETA (Medio y Bajo Caguán y Zuncillas, Alto Caguán, Solano, Valparaíso); PUTUMAYO -Valle del Guamez, eje Puerto Leguízamo - La Tagua, vegas de los ríos Caqueta y Mecay, Orito, San Miguel, extremo suroriental de la bota caucana y vegas del río Putumayo (Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguizamo, San Miguel, Valle de Guamuez, Villa Garzón).
3.- Que los cultivos de amapola se han establecido en las zonas altas y de páramo de los departamentos del CUNDINAMARCA, BOYACA, VALLE, ANTIOQUIA, SANTANDER, CALDAS, BOLIVAR, CAQUETA, CESAR, LA GUAJIRA, MAGDALENA, META, PUTUMAYO, QUINDIO, RISARALDA Y NORTE DE SANTANDER, SERRANIA DEL PERIJA, ENTRE EL CHOCO Y LA ZONA CAFETERA, TOLIMA, HUILA, CAUCA, NARINO.
4.- Que en el país se adoptó la fumigación con paraquat en la Sierra Nevada de Santa Maria, desde hace más de veinte años.
5.- Que en el año 1992 se autorizó la aspersión aérea controlada de cultivos ilícitos de amapola, localizados en la cordillera, por encima de la cota de los 2.500 msnm.
6.- Que el Consejo Nacional de Estupefacientes desde el año de 1994 autorizó la destrucción de los cultivos ilícitos mediante ¡a aspersión aérea de glifosato.
7.- Que por solicitud de la Defensoría del Pueblo, desde 1998 el Ministerio DEL Medio Ambiente hace parte de la comisión de verificación de las fumigaciones pero, alegando la falta de apoyo logístico, el mismo se ha impedido para realizar las tareas estipuladas:
ejecutar las labores de erradicación bajo el mecanismo de auditoria y control de la aspersión aérea, seguimiento a la aplicación del glifosato como mecanismo para la erradicación, siempre y cuando ella se realice en las condiciones técnicas debidas y bajo estrictos procedimientos de control que garanticen la no afectación de las personas y de los ecosistemas.
8.- Que los resultados en la erradicación de cultivos mediante la fumigación aérea han sido nefastos. A pesar de la intensidad de las fumigaciones, la extensión de los cultivos se duplicó.
9.- Actualmente se reconoce que el problema de cultivos ilícitos exige soluciones sociales, no militares.
10.- Que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en junio de 1998 una “acción común para contrarrestar el problema mundial de las drogas” , replanteando el enfoque eminentemente represivo a la lucha contra las drogas ilícitas y proyectando una política mundial de lucha contra las drogas fundamentada en el respeto a todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales.
11.- Que para alcanzar el desarrollo alternativo el Acuerdo Mundial contra las Drogas Ilícitas ONU 1998 -, propone el desarrollo rural integrado, favorecer la participación de las comunidades y respetar los criterios de sostenibilidad ambiental, teniendo en cuenta los objetivos del programa XXI.
12.- Que no obstante lo anterior, durante al actual gobierno, en cabeza del Señor Presidente Andrés Pastrana, se adoptó una estrategia gubernamental que se llama Plan Colombia.
13.-Que el Plan Colombia incluye una financiación de los Estados Unidos de Norte América, sobre la base en la parte pertinente a la certificación, de que el Gobierno de Colombia implemente una estrategia de eliminación total de la producción de cultivos ilícitos a través de una mezcla de programas de desarrollo; erradicación manual; fumigación aérea de herbicidas químicos, utilización de un mico herbicida; y la destrucción de los laboratorios ilícitos en el territorio colombiano.
14.-Que es un hecho notorio que la opinión pública no aprueba la utilización de la fumigación aérea con herbicidas químicos ni la utilización de control biológico como fórmulas para erradicar cultivos ilícitos.
15.-Que ha existido participación comunitaria suficiente en aras a mejorar las decisiones administrativas propugnando esta participación por la erradicación manual como la mejor decisión legítima por el soporte de la opinión ciudadana, de expertos y por la opinión internacional.
16.-Que la opinión pública y los espacios de participación comunitaria han legitimado y respaldan la erradicación de cultivos ilícitos pero el disenso esta en la forma, y la única forma legitimada por la democracia participativa es la erradicación manual acompañada con una estrategia de desarrollo alternativo, es decir, desarrollo rural integral, desarrollo de alternativas productivas y sostenibles, reforestación, etc., que garantice una vida digna y un desarrollo sostenible al campesinado inmerso en el problema de los cultivos ilícitos.
17.-Que los cultivos ilícitos afectan los frágiles ecosistemas de selvas húmedas tropicales, de bosques de niebla y de páramos; sin embargo las fumigaciones aéreas con productos químicos aumentan la catástrofe ambiental sumándole la tragedia humana de los desplazados y la guerra.
18.- Que los programas y proyectos de desarrollo alternativo son el método adecuado para evitar la extensión de cultivos ilícitos a zonas ecológicamente frágiles.
19.- Que la lucha contra los cultivos ilícitos a través de fumigaciones aéreas en el pasado ha causado el desplazamiento de cultivos ilícitos a nuevas zonas del país, desencadenando el fenómeno conocido como la “triple deforestación”, se siembra se fumiga y se siembra en otra parte.
20.- Que es un hecho notorio que tanto la utilización de la fumigación aérea como el control biológico agudizan el conflicto que vive el país y obstaculizan las condiciones que hacen posible la protección del medio ambiente, el desarrollo y la paz.
21.- Que se hace necesario replantear la estrategia contra los cultivos ilícitos, buscando soluciones ambientalmente sanas y compatibles con el inmenso deseo de todos por acompañar al Presidente de la República en el espacio que en Colombia, él le abrió a ¡a Paz.
22.- Que en un principio se le planteó al país la utilización del hongo Fusarium Oxysporum, variedad Erythoxylum, como propuesta del Plan Colombia.
23.- Que el Ministro de Medio Ambiente Juan Mayr una vez enfrentó el debate que el Congreso le hiciera por el uso de un microherbicida en la erradicación de cultivos propuesta por el Plan Colombia, volteó la propuesta, decidió no aprobarla como Ministro del Medio Ambiente pero le abrió las puestas al mismo control biológico de microherbicidas fabricados a partir de una investigación nacional.
24.- Que el proyecto del Ministro de estimular las investigaciones en controladores biológicos de cultivos ilícitos a partir de la flora y la fauna nativas desconoce los acuerdos de Agenda XXI e ignora que el problema no hace relación a la procedencia del microherbicida sino a su carácter de armas biológicas.
25.- Que el proyecto del Ministro del Medio Ambiente de estimular las investigaciones en controles biológicos de cultivos ilícitos a partir de la flora y la fauna nativas significa legalizar en el país una línea de investigación sobre armas biológicas.
26.-Que los controladores biológicos traen consigo el peligro de atacar cultivos lícitos, producir daños a animales y seres humanos, generar consecuencias inciertas una vez varíe genéticamente y afecte gravemente en un futuro el medio ambiente, teniendo en cuenta la longevidad de los hongos en el suelo.
27.-Que en 1999 el Estado de la Florida, EU., se rehusó al uso de controlador biológico con hongo Fusarium Oxysporum en los Everglades para atacar cultivos de marihuana por la falta de certeza respecto de que el hongo no causaría daños graves al medio ambiente.
28.-Que la propuesta del control biológico para erradicación de matas de coca en Colombia es impuesta por EE.UU.; la misma desconoce la soberanía, la integridad territorial y los intereses de la nación.
29.-Que a través del documento Los Cultivos Ilícitos Política Mundial y Realidad en Colombia, la Defensoría del Pueblo recomienda a las autoridades nacionales competentes prevenir el ingreso al país y uso del fusarium oxysporum variedad Erythroxylum, debido a su peligrosidad para la salud y la vida.
30.-Que en el mismo documento la Defensoría del Pueblo recomienda al Congreso Nacional y a todos los colombianos oponerse a la posibilidad de desarrollar en el país el proyecto presentado por Naciones Unidad titulado “Pruebas Experimentales y Futuro Desarrollo de un Agente Controlador Biológico para la Erradicación de la Coca y el cual es Ambientalmente Seguro”, porque el mismo es una amenaza a nuestra biodiversidad y pone en peligro la salud de las poblaciones que habitan las regiones de cultivos ilícitos en el país.
31.-Que la erradicación manual de los cultivos ilícitos es la única forma de erradicación compatible con el medio ambiente, el desarrollo y la paz, además de que se convertiría en una fuente de empleo.
32.-Que el Ministro del Medio Ambiente, contradice los mandatos ecológicos de la Constitución Política de1991 al permitir en el pasado la fumigación aérea de los cultivos ilícitos y, ahora, la implementación del Plan Colombia.
33.-Que al permitir el Plan Colombia y la erradicación de cultivos ilícitos el Ministerio del Medio Ambiente ha omitido su función de garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y de los particulares en relación con el medio ambiente y con el patrimonio natural de la nación (Art. 20. Ley 99 de 1993).
34.- Que tanto la fumigación aérea con herbicidas químicos como la utilización de microherbicidas (hongos) afectan la riqueza natural del país, la seguridad, el equilibrio ecológico, el manejo sostenible de los recursos naturales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, la conservación de especies animales y vegetales, la protección de ecosistemas situados en zonas fronterizas y la salubridad pública.
35.- Que tanto la fumigación aérea con herbicidas químicos como la utilización de microherbicidas (hongos) violan la prohibición de importar o poseer o usar armas químicas o biológicas.
36.- Que hay suficientes opiniones, conceptos, estadísticas, informaciones y exámenes sobre la inconveniencia de la erradicación de cultivos mediante fumigación aérea o control biológico, a nivel nacional e internacional, de sectores públicos y privados. (sic)
Los Derechos Colectivos invocados para su protección son:
- El derecho a gozar de un ambiente sano de conformidad con la constitución y la ley.
- La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas y los demás intereses relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente.
- La seguridad y salubridad pública.
- La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas y biológicas.
Admitida y contestada la demanda contra el Ministerio del Medio Ambiente, se integró a petición de éste el litís consorcio necesario con el Consejo Nacional de Estupefacientes, y el Instituto Colombiano Agropecuario “ICA”.
POSICIÓN DE LAS ENTIDADES DEMANDADAS:
1.-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.
Este Ministerio niega que con el uso de herbicidas para la erradicación de cultivos ilícitos, se este vulnerando el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano, teniendo en cuenta que el glifosato está autorizado por el ICA.
Que tampoco esta entidad está vulnerando los derechos colectivos: Existencia del equilibrio ecológico, manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de las áreas de protección especial importancia ecológica, de ecosistemas, seguridad y la salubridad pública por cuanto este Ministerio no es el ente ejecutor de la política antidrogas en el país, no erradica cultivos ilícitos y además por cuanto no se han comprobado científicamente los daños al medio ambiente por la utilización del glifosato.
Manifiesta además que el Ministerio, menos aún fabrica, importa, usa armas químicas y biológicas por estar ello prohibido por la constitución y los convenios internacionales firmados por Colomb
En relación con las pretensiones se opone a todas y cada una de ellas y manifiesta:
A LA PRIMERA: Que al exigir el Ministerio de conformidad con la ley el plan de manejo ambiental a la Dirección Nacional de Estupefacientes, tiene como finalidad prevenir, mitigar, compensar los efectos negativos que se pudieren causar a los ecosistemas y recursos naturales renovables.
A LA SEGUNDA: Que la posición de Ministerio ha sido la de negar la utilización de controladores biológicos, lo cual ha hecho con reiterados pronunciamientos públicos.
A LA TERCERA: Que no se ha demostrado científicamente la afectación de los recursos naturales, y de los ecosistemas por la utilización del glifosato por parte de la Policía Antinarcóticos, coordinada por la Dirección Nacional de Estupefacientes, como mecanismo para la erradicación de cultivos ilícitos; y que reposa en el expediente administrativo No 793, un informe de 1.988 de la empresa SGS Colombia S.A. denominado “Reporte de Control de Contaminación por aplicación de glifosato en la Sierra Nevada de Santa Marta” sobre muestras de agua en sitios recién fumigados, así como muestras de agua de la Cienaga Grande de Santa Marta, y del rió Córdoba, y de muestras debajo de zonas fumigadas y que los resultados de ¡os análisis practicados concluyeron que no existe contaminación detectable por glifosato.
A LA CUARTA: Que el Ministerio ha tomado ¡as medidas que le corresponden tendientes a la adopción de las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar, y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de la actividad de la fumigación, por ello ha requerido a la Dirección Nacional de Estupefacientes ¡a presentación del Plan de Manejo Ambiental, expedición de términos de referencia, evaluación de lo estudios presentados, requerimientos de información adicional, entre otras.
En relación a los hechos los aspectos mas relevantes son:
Que en la Sierra Nevada de Santa Marta no se ha fumigado con Paraquat desde hace veinte años, pues el INDERENA manifestó la existencia de otros medios menos nocivos para la fumigación de cultivos ¡lícitos, y que cuando se tomo la decisión de la fumigación el Ministerio aúno no había sido creado, y que no se tiene referencia de esa autorización y de que autoridades emitieron el concepto.
Que mediante Resolución N0 001 de 1.994 el Consejo Nacional de Estupefacientes, entidad encargada de determinar y controlar las políticas trazadas por el gobierno en materia de control, prevención y represión de estupefacientes, las que son ejecutadas a través de la Dirección Nacional de estupefacientes, extendió y precisó las autorizaciones concedidas para la destrucción y erradicación de cultivos ilícitos.
Que de acuerdo al informe de Complemento al Plan de manejo ambiental de Septiembre 2000 suministrado al Ministerio por la Dirección Nacional de Estupefacientes, se encontró que la actividad de aspersión aérea para le erradicación de cultivos ilícitos con glifosato se enmarca en la política nacional de lucha contra la drogas denominada PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS COLOMBIA 1998- 2002., el cual se encuentra enmarcado en principios de intervención internacional como La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de Estupefacientes y sustancias psicotrópicas en Viena en 1988, La Estrategia Antidrogas en el hemisferio y el Plan Mundial de Acción aprobado en sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas, y que dicho plan tiene como objetivo fundamental reducir progresiva y sistemáticamente las causas y manifestaciones del problema de las drogas en forma articulada a la política de paz, fundada en los principios de integralidad, corresponsabilidad, consenso, autonomía, multilateralidad y contenido social.
Que el ministerio ha actuado con énfasis en la construcción de opciones de desarrollo regional sostenible como alternativas para la reconversión de tecnologías de las economías ilícitas, y vela porque las estrategias de aspersión aérea con glifosato cumplan los parámetros ambientales para mitigar los impactos, y que ha rechazado el uso del hongo Fusarium Oxysporum mediante comunicado a la UNDCP; y que en relación con ¡os efectos de impactos que causa el programa de erradicación de cultivos ilícitos se ha pronunciado mediante autos Nos 558ADE 1996, 599 DE 1.999, Y 143 DEL 2000 en los cuales ha exigido que la DNE, como entidad coordinadora y ejecutora implemente las acciones para prevenirlos, controlarlos, compensarlos, mitigarlos, y corregirlos.
Que el Ministerio rechazó categóricamente la propuesta efectuada al gobierno colombiano por la UNDCP denominada “Experimental testing and further development of an environmentally safe biológica control agent for coca erradication”, y que esa misma perspectiva los llevó a plantear siempre desde el ámbito de lo ambiental, soluciones integrales a la siembra de plantas ilícitas, con el propósito de conocer el potencial económico de la biodiversidad para encontrar opciones productivas legales y sostenibles a las poblaciones vinculadas a los cultivos ilícitos, e investigar alternativas de erradicación que aminoren los riesgos para la salud humana y el equilibrio ecológico, por ello solicitó a los Institutos SINCHI y ALEXANDER VON HUMBOLT, la elaboración de una propuesta con el doble componente que se denominé “Formas alternativas integrales y productivas de protección de la biodiversidad en las zonas afectadas por los cultivos de coca y su erradicación”.
En relación con la erradicación manual de los cultivos ilícitos en los Parques Nacionales y áreas protegidas, la Dirección Nacional de Estupefacientes, estableció su método mediante las Resoluciones 001 de 1.994 y 005 de 2000., y que los herbicidas químicos que se utilizan en el país, han sido aprobados por el ICA, y el Ministerio de Salud, quienes los han catalogado como productos medianamente tóxicos, y con una caracterización físico química muy diferente a la de arma química.
El Ministerio propuso la excepción de FALTA DE INTEGRACIÓN DEL LITIS CONSORCIO NECESARIO, por considerar que la entidad encargada de tomar la decisión de fumigar los cultivos ilícitos en Colombia es el Consejo Nacional de Estupefacientes conformado por los Ministerios de Defensa Nacional, Educación, Salud, Relaciones Exteriores y otros. Que también debe vincularse al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), a la Presidencia de la República en atención a que maneja el PLANTE, y a ¡os particulares responsables de la siembra de ¡os cultivos ilícitos que serían ¡os principales actores de los daños al medio ambiente y a los recursos naturales renovables.
2.- DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES.
A las pretensiones manifestó:
Ante el desarrollo de cultivos ilícitos, procesamiento y trafico de sustancias estupefacientes, el gobierno nacional se vio en la obligación de erradicar los cultivos ilícitos en las diferentes regiones biogeográficas del país, incluidas zonas de propiedad privada, zonas de reserva, bosques y parques naturales teniendo en consideración aspectos de índole social, político, económico, legal ambiental y de salud con el fin de lograr dar una solución integral al problema.
Que la ley 30 de 1.986 establece un procedimiento para la destrucción de plantaciones ilícitas y, asigna al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), la misión de “disponer la destrucción de los cultivos de marihuana, coca y demás plantaciones de las cuales se puede extraer sustancias que produzcan dependencia, utilizando los medios más adecuados, previo concepto favorable de los organismos encargados de velar por la salud de la población y por la preservación y equilibrio del ecosistema del país”, y para tal efecto este organismo promulgó la Resolución No 001 de 1.994. Por medio del cual se autoriza la erradicación de cultivos ilícitos en el territorio nacional y se determinan unos procedimientos para ello.
Que el Estado Colombiano viene utilizando el método de aspersión aérea, como mecanismo de alta eficiencia y rendimiento para la eliminación de los cultivos ilícitos desde 1.984, sin perjuicio de los planes en cursos de pactos sociales de erradicación voluntaria con participación de comunidades locales, e involucra en ello la variable ambiental, dando cumplimiento al articulo 27 del Código Nacional de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente, por ello ha efectuando diagnósticos generales de las zonas y agendas de tratamiento de emergencia. De los estudios se tomó la decisión de recomendar el procedimiento sistemático y científico con glifosato, habiendo sido consideradas las variables ambientales y de riesgo toxicológico.
En 1.994, se estableció un convenio de cooperación científica y técnica entre la D.N.E y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y la oficina de Programación NAS de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, a fin de realizar ensayos de control, estimación e impacto ambiental de los cultivos ilícitos de coca, surgiendo un informe presentado a la D.N.E, en el cual se establece que de acuerdo a estudios de impacto sanitario y ecológico, la aspersión aérea con glifosato realizada con sujeción a los parámetros técnicos, no representa peligro para la salud humana, ni para el medio ambiente.
Que conforme a lo señalado por la ley 99 de 1.993, y su Decreto
Reglamentario 1753 de 1.994, articulo 38 ( licencias Ambientales -Régimen de transición) , se hizo necesario elaborar el Plan de Manejo
Ambiental, para la recuperación o restauración ambiental.
Además el Estado suscribió un contrato de Auditoria Ambiental desde marzo de 1992, fecha de iniciación del programa de erradicación de cultivos ilícitos de amapola, siendo ratificado por la Resolución 0001/94.
La auditoria desarrolla los procesos de identificación de la problemática ambiental causada por los cultivos ilícitos de amapola y de coca en los Bosques Andinos, Amazonia y Orinoquía Colombianas, formula recomendaciones, incluyendo pruebas y procedimientos requeridos, a fin de evitar poner en riesgo la salud humana, el medio ambiente y los recursos naturales. Mediante la auditoria de Cumplimiento, se verifica el estricto cumplimiento de los parámetros técnico - ambientales y operacionales, que explican de manera cierta y probable, la precisión y el control ambiental permanente del programa.
Por auditoria de Proceso, se ejecuta revisando la operatividad de los equipos de aspersión, la incorporación de tecnología de punta de posicionamiento, aeronavegacíón, registro exacto de sitios de aplicación y verificación del programa de Satloc, imagen de satélite y radar, aplicación de dosis efectivas, respecto de ecosistemas de importancia ambientalmente críticos.
Mediante la auditoria de gestión se impulsan a la DNE y la Policía Antinarcóticos, para que mejoren desde el punto de vista de la gestión ambiental del programa. Es así como su personal conoce de su responsabilidad con el entorno. Se ejecutan campañas de información técnica y científica acerca de la labores de erradicación, aclaraciones sobre las incorrectas aseveraciones en el uso de herbicidas diferentes al glifosato, verificación y evaluación de los cultivos ilícitamente asperjados, mediante el proceso denominado Protocolo de Verificación, proceso de verificación y evaluación de quejas, evaluación ambiental cualitativa y periódica.
Otras de las acciones técnicas desplegada además del SATLOC (programa de medición que genera datos computarizados que permiten medir con exactitud hectáreas que se asperjan, y la ubicación geográfica donde se realizan las operaciones), es la conformación del sistema de información para la identificación de cultivos y seguimiento al programa de erradicación de cultivos, como censos aéreo anual, información satelital fotografías aéreas y trabajos de campo, utilización de software como el llisys.
Actualmente, con el apoyo del programa de Naciones Unidas para la Fiscalización de la drogas, la D.N.E y la Dirección de Policía Antinarcóticos, cuentan con un sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos - SIMCI que hace uso múltiple de diversas fuentes de imágenes. Además el Estado ejecuta el Plan Nacional de Lucha contra las Drogas 1998 - 2002, el cual contempla seis objetivos orientados a intervenir integralmente en el problema en sus tres manifestaciones: producción, tráfico y consumo. El plan Estratégico 1998 - 2002, establecido en consenso entre el Ministerio del Medio Ambiente, la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales.
Varias entidades del SINA, de manera conjunta con el Ministerio del Medio Ambiente elaboraron una propuesta concertada donde se privilegié el diseño y montaje del módulo correspondiente a la gestión del recurso agua, propuesta que fue presentada y aprobada por el BID, y la UNESPNN (Unidad Administrativa Especial de Parques) trazó los lineamientos específicos para prevenir y mitigar el impacto ambiental de los cultivos ilícitos en áreas protegidas.
Que en Colombia de acuerdo con las Resoluciones 001 de 1.994, y 005 de 2000 emanadas del Consejo Nacional de Estupefacientes, para la erradicación de cultivos ilícitos, se utiliza únicamente el glifosato, y no biocontroladores los cuales han sido rechazados por el Minambiente.
Que con la erradicación de cultivos ilícitos, no se han afectado los ecosistemas y recursos naturales, los cuales si han sido afectados pero por los cultivos ilícitos, y si se hace un análisis de costo beneficio ambiental, dentro de las actividades relacionadas con todo el proceso de producción -tráfico, el efecto que pudiera producir la aspersión es mínimo y difícil de independizar de los efectos producidos con las demás actividades. Que en la preparación de los terrenos para los cultivos se inicia con la deforestación de la flora nativa en donde nunca había existido actividad humana, siendo el método más utilizado la tala y/o quema de miles de hectáreas de bosques lo que se conlleva los siguientes efectos:
Destrucción de nichos ecológicos y cadenas tróficas, destrucción del potencial genético desconocido, se produce erosión edáfica ya que se destruye la textura y estructura de los suelos, se producen alteraciones en los regímenes de lluvia y clima local, hay aumento considerable de emisiones de CO2, hay desaparición de bellezas escénicas paisajísticas, y hay deterioro de los nacimientos de agua.
De otra parte , es interesante anotar, que entre las sustancias que más utilizan los productores de cultivos ilícitos se encuentra el glifosato el cual es empleado para la preparación de los terrenos y al momento de procesamiento de la droga; y que es notorio el uso de sustancias (insecticidas y fungicidas) que presentan alto grado toxicológico, sin las recomendaciones de los fabricantes, sustancias que por tener alto grado de toxicidad ejercen efectos negativos sobre los ecosistemas y en especial sobre las comunidades.
Los bosques andinos que se caracterizan por su alta capacidad supresiva de patógenos están perdiendo esta característica en la medida que los agroquímicos que se utilizan son de amplio espectro, ocasionando contaminación de recursos, percoliación o lixiviación de plaguicidas aplicados en la superficie del suelo, descarga de liquidas remanentes de la aplicación, desecho de envases vacíos; inundación o desborde de ríos que alcanzan los lugares de almacenamiento.
IMPACTO DEL GLIFOSATO SOBRE LOS SERES HUMANOS.
Los seres humanos se afectan levemente si están en contacto con el glifosato, sufriendo eventual irritación de mucosas de los ojos o irritación de las vías respiratorias. Todas estas afecciones son reversibles y no causan daños permanentes en la salud. Además al momento de la aplicación aérea no hay personas en los lotes.
En cuanto a los daños sobre la salud humana hasta el momento no hay reportes con certeza científica que indiquen perjuicios sobre la salud. Además, no se han reportado quejas en hospitales regionales del área de influencia de las aspersiones. De igual forma la EPA clasifica el glifosato en la categoría E: Evidencia negativa de cáncer.
Además, se observa que en las zonas en donde se realiza la aspersión, estas tienen una densidad poblacional muy baja; es de suponer que la afectación sobre la población sería mínima.
Los aspectos más relevantes con relación a los hechos son:
AL CUARTO: No es cierto que el país adoptó la aspersión de cultivos ilícitos con paraquat. Si se desarrollaron pruebas con este en la Sierra Nevada de Santa Marta, con el fin de erradicar cultivos de marihuana, actividad que posteriormente fue suspendida.
AL SEXTO: Según resoluciones 001/94, y 005 /2000 del Consejo Nacional de Estupefacientes, la orden de destrucción de cultivos ilícitos por aspersión aérea con glifosato se impartió previos conceptos técnicos del Ministerio de Salud y del INDERENA, por ser esta la competente en materia ambiental antes de entrada en vigencia de la ley 99 de 1.993, quien dio aplicación a la normatividad vigente en ese momento.
AL NOVENO: Como respuesta social a la probelamatica de los cultivos ilícitos, se llevan a cabo proyectos de desarrollo alternativos como desarrollo de proyectos productivos de carácter regional, promoción de actividades lícitas competitivas en alianza con el sector privado, fortalecimiento de las relaciones Estado comunidad en zonas de alto conflicto a través de la planeación participativa y el control social, reconstrucción y fortalecimiento del tejido social rural.
La cobertura del PLANTE no ha sido modificada y su presencia se hace efectiva en 11 departamentos del país: Bolívar, Caquetá, Cauca, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, y Tolima con una cobertura de 96 municipios.
AL DECIMO SEXTO: La política del Estado Colombiano frente a los cultivos ilícitos es diferencial de acuerdo a la extensión de los cultivos y el propósito del mismo, es decir su tipología o categoría para los cultivos extensivos o industriales, está prevista la erradicación forzosa a través del método aéreo o la erradicación manual, y para los de economía de subsistencia campesina e indígena esta previsto el Desarrollo Alternativo (se orienta hacía programas de erradicación voluntaria convenida y simultáneamente de desarrollo alternativo). La totalidad de los proyectos se concreta y desarrolla con la comunidad, no solo en lo relativo a su implementación sino al control social mediante veeduría ciudadana. Actualmente el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo ha formulado 26 planes de desarrollo para las correspondientes regiones identificadas y caracterizadas, proceso en el cual hicieron parte la comunidad, las administraciones municipales y departamentales, las instituciones descentralizadas y equipos técnicos del PLANTE, los cuales incluyen programas de fortalecimiento institucional y proyectos ambientales entre otros.
AL DECIMO SÉPTIMO: No es cierto que la aspersión aérea aumente la catástrofe ambiental, porque en zonas como el Putumayo se ha demostrado que después de asperjadas, se han vuelto a implantar cultivos lícitos e ilícitos en las mismas áreas que han sido acción del programa de fumigación.» AL DECIMO OCTAVO:
La alternatividad de cultivos hace parte de la solución integral de la lucha contra las drogas, estrategia que no funciona en las áreas de grandes extensiones de carácter industrial debido a que la productividad del negocio es tan rentable que la política de sustitución de cultivos no es efectiva.
AL VIGESIMO: Actualmente en el país no se aplica ninguna clase de control biológico para erradicar cultivos ilícitos, el CNE no ha autorizado hasta el momento ninguna estrategia. AL TRIGÉSIMO PRIMERO: No todos los cultivos ilícitos son de economía campesina, la gran mayoría son los denominados industriales e intensivos.
AL TRIGESIMO SEGUNDO Y TRIGESIMO TERCERO: No es cierto que el Ministerio del Medio Ambiente contradiga los mandatos ecológicos de la Constitución, por el contrario, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley 99/93 y del Decreto Reglamentario 1793/1994 artículo 38, estamos sometidos al régimen de transición.
AL TRIGESIMO QUINTO: Se reitera que solamente se aplica glifosato y este no está clasificado como arma biológica. Este se encuentra aprobado por el Ministerio de Salud y el ICA para ser utilizado en la agricultura lícita, así mismo existen normas que permiten su importación.
1. INDEBIDA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL RÉGIMEN LEGAL QUE REGULA LA POLITICA DE ERRADICA ClON DE CULTIVOS ILICITOS A TRA VES DE LA FUMIGACION.
La demanda, no está debidamente fundamentada cuando advierte que la política de erradicación de cultivos ilícitos va en contravfa de los mandatos ecológicos consagrados en la Constitución y desarrollados por la Ley 99/1993, pues se quiere hacer ver que al realizar las fumigaciones por aspersión aérea desconocen los principios consagrados en dicha Ley, soportando dicha actividad en la obtención de la licencia ambiental, queriéndose significar que al no contar con esta se transgrede lo dispuesto en aquella, requisito que no es necesario por encontrarnos cobijados por el régimen de transición, lo que supone que la erradicación de cultivos podrá continuar, toda vez que cuenta con las autorizaciones previas exigidas por la legislación vigente desde el momento en que se adopté la decisión por parte del CNE.
2. INEXISTENCIA DEL ELEMENTO IMPUTACIÓN DEL DAÑO AL DEMANDADO.
Si en gracia de discusión aceptáramos la existencia de un daño del cual la demandante no ha allegado ni la más mínima prueba de su existencia, este no es imputable a la actividad del Estado colombiano representado en la fumigación aérea con glifosato utilizado para la erradicación de cultivos ilícitos, por cuanto en muchos casos las víctimas son al mismo tiempo los generadores del problema, pues el daño ecológico está directamente relacionado con las actividades de preparación del terreno, la siembra y la transformación de los cultivos ilícitos en estupefacientes, agravado por el tráfico mundial de sustancias ilícitas. Así pues, al momento de las fumigaciones el daño elemento necesario para que se configure la responsabilidad, ya se ha producido como consecuencia directa de la actividad de productores y fumigadores, por tanto desaparece el nexo causal que alegan los demandantes entre el daño causado al medio ambiente y la actividad de fumigación con glifosato desarrollada por el Estado.
3. SUPREMACÍA DEL INTERES GENERAL SOBRE EL PARTICULAR Y FUNCION SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. La propiedad es un derecho económico y social a la vez, de tal suerte que para que pueda obtener la protección por parte de la justicia y del Estado requiere que la misma esté destinada al ejercicio de actividades lícitas y ecológicamente benéficas para la comunidad, circunstancia que no ocurre en el caso que nos ocupa por cuanto los predios que son asperjados son utilizados para el cultivo de plantaciones ilícitas, y segundo porque la siembra de dichos cultivos es la causa eficiente del daño ecológico producido en las diferentes regiones del país.
Si la propiedad ha sido adquirida con arreglo a las leyes y su destinación es a fines ilícitos y contrarios a la moral, la función ecológica no se cumple, tiene el Estado la obligación de direccionarla hacia fines lícitos, aún contra la voluntad de sus propietarios o sus poseedores.
4. INEXISTENCIA DE AMENAZA AL EQUILIBRIO ECOLÓGICO.
Con las pruebas aportadas a la contestación de la acción no se puede hablar que la erradicación de cultivos ilícitos con glifosato amenace el equilibrio ecológico, por cuanto lo que se busca es restablecer el equilibrio afectado, y habilitar nuevamente las zonas en comento.
El uso del glifosato está autorizado por las autoridades competentes, y es utilizado por los particulares para actividades lícitas, y su utilización está condicionada al monitoreo y evaluación permanente, y a la determinación de los recursos humanos, equipos y a la fijación de parámetros específicos y técnicos.
5. INEXISTENCIA DE HECHOS, ACCIONES Y OMISIONES QUE MOTIVAN LA ACCION.
Los estudios realizados durante la tarea de erradicación de cultivos ilícitos durante la aspersión aérea con glifosato, sustentan ante las autoridades colombianas, sociedad civil y comunidad internacional la viabilidad de su utilización por ello los hechos en que se fundamenta la acción no consultan la realidad fáctica.
6. DEFENSA DEL ESTADO Y DEL INTERES NACIONAL. PREVALENCIA DEL INTERES NACIONAL SOBRE LA SUPUESTA E INEXISTENTE AMENAZA AL EQUILIBRIO ECOLÓGICO.
La labor que viene desarrollando el Estado colombiano de tiempo atrás para la erradicación de cultivos ilícitos está enfocada a combatir el tráfico de estupefacientes, en el marco de una verdadera política mundial que
involucre a todos los estados en lucha frontal contra el problema de las drogas, de tal suerte que no se explica como se puede pretender solicitar
la suspensión de las medidas tomadas por el Estado colombiano, sin abordarlo de manera integral.
7. CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES CONSTITUCIONALES Y LEGALES POR PARTE DE LA DNE.
La política de erradicación de cultivos ilícitos como primera manifestación de la lucha contra las drogas, se desarrolla por el Estado con fundamento en la Constitución Nacional y la Ley 30/1986. Es la propia Constitución la que establece el deber del Estado de realizar tareas de prevención y control de los factores que pueden conducir al deterioro del medio ambiente, donde reine y se haga efectivo el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
De otra parte tenemos que la Ley 99/1993, Decreto 1843/1991 y Resolución 3079/1 995 del Ministerio del Medio Ambiente, corresponde a los Ministerios de Salud, Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con el CNE, establecer los mecanismos para vigilar y controlar los riesgos derivados del uso y manipulación de plaguicidas, de donde se evidencia claramente que las acciones que los actores cuestionan son el producto de una actividad eminentemente reglada.
8. INEPTA DEMANDA POR INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES.
Las pretensiones de la demanda carecen de coherencia, en razón de que se excluyen entre sí y no se enuncian ellas cuales tienen el carácter de principales y cuales de subsidiarias, genéricas o específicas, requisito sine- qua non en la demanda de conformidad con los artículos 82 inciso 2°, y numeral 5 del artículo 75 del C.P.C.
No hay adecuación de objeto y causa con la pretensión cuya observancia da origen al rechazo de la demanda, si se tiene en cuenta que estos requisitos se refieren a elementos centrales del debido proceso, por tanto el fallador no podrá pronunciarse por falta de coherencia entre las distintas pretensiones.
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO “ICA”
El IVCA, tiene como misión la protección agropecuaria del país, y a través de la división de insumos agrícolas asesora a las entidades competentes desde el punto de vista agronómico, en la aplicación de técnicas tendientes a minimizar los efectos de orden fitosanitario que se puedan acarrear por las malas aplicaciones con el glifosato, herbicida escogida por la DNE para la erradicación de coca y amapola en aplicación a la Resolución 005 del 11 de agosto de 2000 del Consejo Nacional de Estupefacientes.
COADYUVANCIAS A LA DEMANDA
Coadyuvaron la demanda los señores JUAN MANUEL SUAREZ MEJIA, GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, en su condición de Representante a la Cámara, ARTURO SÁNCHEZ, DIANA MARCELA RIVERA MORATO, JAVIER ARMANDO RINCÓN GAMA, ULISES EVARISTO DURAN PORTO, RODOLFO PUENTES SUAREZ, LUIS
GUILLERMO MESA GARCIA, ALIRIO URIBE MUÑOZ, Miembro de la Corporación Colectivo de Abogados, “José Alvear Restrepo (Organización no gubernamental de Derechos Humanos).
COADYUVANCIAS A LA PARTE DEMANDADA
Coadyuvaron a la parte demandada Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, como ejecutor del proyecto, quien manifestó: “ El coadyuvante CQSMO IN no está siendo aplicado en las aspersiones, que actualmente se está utilizando el COSMO - FLUX que es una mezcla de aceite mineral y surfactantes especializados no- iónicos con agentes de acoplamiento, y cuyo componente es:
Ingrediente activo: mezcla de ésteres de hexitan (alcoholes lineales + aryl etoxilado). Mezcla de tensoactivos estéreo específicos no iónicos basados en alcoholes lineales etoxilados propoxilados con pequeñas
cantidades de compuesto aryl etoxilado. Ingredientes aditivos:
Isoparafinas líquidas- Aceite Isoparafinico.
Teniendo en cuenta la superficie cerosa de las hojas de las plantas que no permiten la penetración de sales o de compuestos polares hidrosolubles como el glifosato, pero esta limitación puede ser superada por los suríactantes no detergentes como el POEA o Cosmo Flux, los cuales interactúan con las dos fases, alteran las células de la cutícula foliar y ensanchan canales hidrofilitos ,facilitando la entrada del glifosato. Se afirma que el uso del Cosmo Flux cuadruplica la acción del glifosato en la planta.
En la oportunidad respectiva las partes presentaron sus alegatos:
LA DEMANDANTE afirma: Que para el Ministerio la actividad de fumigación debía adelantarse con un plan de manejo que el mismo exigió, pero que no estaba presentado por los ejecutores de la política antidrogas Afirma que en el proceso no esta demostrado que el glifosato no cause daño, lo que si está probado es la potencialidad del daño, y la renuencia institucional para ejecutar los estudios previos que permitan su aplicación, y estudios posteriores que permitan la evaluación del daño.
Que el Ministerio del Medio Ambiente acepta tácitamente que la erradicación manual de los cultivos ilícitos es la única forma de erradicación compatible con el medio ambiente, el desarrollo y la paz.
El MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE: Reitera todos y cada uno de los argumentos en la contestación de la demanda, manifestando además que el glifosato no causa perjuicios a la salud humana porque los estudios del producto demuestran su baja toxicidad tanto en animales, como en los seres humanos, y medio ambiente, y que con la imposición del Plan de Manejo Ambiental, impuesto a la D.N.E, se garantiza la protección de los
recursos naturales renovables y el medio ambiente sano, de conformidad con la constitución política, ley 99 de 1.993, Decreto 1753 de 1.994.
La DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES: Alega: La erradicación de cultivos debe continuar, toda vez que cuenta con las autorizaciones previas exigidas por la legislación vigente, desde el momento en que se adoptó la decisión por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes, previo estudios y a un procedimiento reglado que conllevan la aplicación de los principios de acciones previas y precaución, con lo cual se garantiza no solo su efecto positivo, sino sus bondades y ausencia de los supuestos efectos nocivos.
Que el glifosato no constituye presunción de daño, pues este no fue demostrado, ni desvirtuado no solo en su integridad, sino comparativamente endilgado en la proporción dañina de manera exclusiva a los cultivos ilícitos
La Sala para resolver hace las siguientes
Se ventila en este proceso, la posible violación y amenaza de los derechos colectivos a gozar de un ambiente sano, de conformidad con la constitución y la ley; existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos nacionales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación y restauración o sustitución; la conservación de las especies animales y vegetales, y protección de áreas de especial importancia ecología, de los ecosistemas; de la salubridad y seguridad publica, con la aspersión aérea de glifosato a los cultivos ilícitos de amapola y coca por acciones u omisiones del Ministerio del Medio Ambiente, el ICA, y Dirección Nacional de Estupefacientes, y que el Ministerio mencionado impida el desarrollo o utilización de controladores biológicos para erradicar cultivos ilícitos en el territorio nacional.
1.- ASPECTO PROCESAL:
1.1. RESOLUCIÓN A LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LAS
ENTIDADES DEMANDADAS.
Al contestar la demanda el Ministerio del Medio Ambiente propuso la falta de integración del litis consorcio necesario con el Consejo Nacional de Estupefacientes, el ¡CA, Presidencia de la República y particulares responsables de la siembra de los cultivos ilícitos, como principales actores de los daños al medio ambiente y los recursos naturales renovables.
En atención a que en el Consejo Nacional de Estupefacientes no existe como Unidad Administrativa Especial, no teniendo en consecuencia estructura orgánica ni personería jurídica, sino que fue creado por la Ley 30/1 986 como un cuerpo colegiado consultivo y asesor, y existiendo una unidad administrativa con personería jurídica denominada Dirección Nacional de Estupefacientes, creada mediante el Decreto Legislativo 494/1990, y Decreto Extraordinario 2272 de 1991 encargada de la ejecución de las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, el Despacho de la Magistrada sustanciadota mediante auto de fecha 17 de diciembre de 2000, ordenó la integración del ¡itis consorcio necesario con las siguientes entidades: Ministerio del Medio Ambiente, Instituto Colombiano Agropecuario “lOA”, y Dirección Nacional de Estupefacientes (Unidad Administrativa Especial) adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho.
En relación con la petición de integración del Iitis consorcio necesario con la Presidencia de la República y con los particulares responsables de la siembra de cultivos ilícitos como actores de los daños al medio ambiente y a los recursos naturales renovables tenemos:
De la solicitud de integración del litis consorcio con el primero tenemos:
Del escrito de excepción se deduce que se solicita la vinculación de este como jefe del Estado, no siendo ello necesario porque el Ministerio del Medio Ambiente (vinculado) constituye el poder central de la Administración Pública Nacional, y como tal representa a la Nación-Estado Colombiano en lo relacionado con la protección del medio ambiente.
En relación con los particulares, el articulo 75 Numeral 20 del C.P.C. exige que en la demanda se determine claramente el nombre, edad, y el domicilio del demandado, por ello al no aportar el Ministerio del Medio Ambiente los nombres y domicilios de los particulares que el considera deberán ser llamados como demandados en este proceso, no es dable legalmente su vinculación, por no cumplir su llamado con los requisitos antes mencionados.
Teniendo en cuenta lo antes expuesto la excepción propuesta será desestimada.
EXCEPCIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
ES TUPEFA CIENTES
Propone esta entidad las excepciones de INDEBIDA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL RÉGIMEN LEGAL QUE REGULA LA POLÍTICA DE ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS A TRAVÉS DE LA FUMIGACIÓN, SUPREMACÍA DEL INTERÉS GENERAL SOBRE EL PARTICULAR Y FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD, DEFENSA DEL ESTADO Y DEL INTERÉS NACIONAL. PREVALENCIA DEL INTERÉS NACIONAL SOBRE LA SUPUESTA E INEXISTENTE AMENAZA AL EQUILIBRIO ECOLÓGICO, Y
CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES CONSTITUCIONALES Y LEGALES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES. Estas excepciones no constituyen hechos que se opongan al nacimiento de los derechos invocados por los demandantes y lo coadyuvantes, (derecho al medio ambiente sano, existencia de un equilibrio ecológico, manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, seguridad y salubridad pública etc), ni producen su extinción, en consecuencia, serán desestimadas.
INEXISTENCIA DEL ELEMENTO IMPUTACIÓN DEL DAÑO AL DEMANDADO, E INEXISTENCIA DE AMENAZA AL EQUILIBRIO ECOLÓGICO, E INEXISTENCIA DE ACCCIONES , HECHOS U OMISIONES QUE MOTIVAN LA ACCION.
La Sala considera que los argumentos de excepción con que se pretende enervar las suplicas de la demanda, en general, son argumentaciones de defensa, no llamadas a prosperar, y viables de análisis y resolución en el evento de que prosperaran las pretensiones.
INEPTA DEMANDA POR INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES.
Afirma la D.N E que las pretensiones se excluyen entre si y no se enuncia en ellas cuales tienen el carácter de principales y cuales de subsidiarias, genéricas o especificas.
La Sala advierte que de conformidad con lo preceptuado en el articulo en el articulo 23 de la ley 472 de 1998, en la contestación de la demanda solo se podrán proponer las excepciones previas de Falta de Jurisdicción y cosa Juzgada, en consecuencia esta excepción será declarada improcedente.
2.- CUESTIONES DE MERITO.
Para la Sala decidir de fondo del asunto en el presente proceso, es necesario hacer las siguientes precisiones de hecho y derecho las cuales permitirán un mejor entendimiento de la problemática plateada:
2.1.1. COMITE DE EXPERTOS.
Ante la necesidad del Gobierno Nacional de atacar en la fuente el comercio ilícito de las drogas, y en razón a la propuesta del uso de herbicidas para ello, herbicidas que venían usándose en la agricultura bajo condiciones especificas, y ante la preocupación de que estas pudiesen tener implicaciones en la salud humana o en el equilibrio ambiental, por intermedio del Instituto Nacional de Salud “INS”, convocó en 1.984, un comité de expertos en herbicidas con el propósito de que estos examinaran los hallazgos de investigaciones realizadas en otros países y aportar ideas para futuros estudios en Colombia con el fin de establecer los posibles daños por el uso de herbicidas por aspersión aérea propuestos, para la destrucción de cultivos ilícitos pudieran tener en la salud humana.
El comité fue integrado por expertos seleccionados de acuerdo con los requisitos reglamentados por el INS y que en reuniones de 27 y 28 de Febrero de 1.984 concluyo: “ Desde el punto de la salud humana y el impacto en el medio ambiente, el método químico debe ser el último en considerarse.”
3. Con el fin de allegar información científica y técnica a nivel local, cualquier método que se proponga, para la destrucción masiva de los cultivos de marihuana y coca deberá estar precedido de los estudios sobre los efectos en la salud de las personas y del impacto sobre el ambiente. Tales estudios deberán ceñirse a la Declaración de Helsinki en su revisión, de la XXIX Asamblea Medica Mundial, Tokio, Japón, 1.975.
5.- Sin embargo, es necesario anotar que en las circunstancias de información disponible sobre los herbicidas glifosato, 2,4-D y paraquat, con respecto a las implicaciones en la salud de la población y del impacto en el ambiente, así como la eficiencia de la destrucción y métodos de aplicación, no es aconsejable el nuevo uso masivo y por aplicación aérea propuesto por el Consejo Nacional de Estupefacientes.
6. La recomendación final sobre el método de destrucción de cultivos de marihuana y coca deberá ser tomada por científicos y especialistas colombianos y en caso de que se considere conveniente la participación de científicos y especialistas extranjeros En reunión de Abril 17 y 18 de 1.984, el comité de expertos concluyó y recomendó entre otros.
“Glifosato”. No se recomienda su uso por vía aérea en la destrucción de cultivos de marihuana y coca. Los datos obtenidos en experimentación animal muestran baja toxicidad aguda para los mismos; su toxicidad aguda en humanos es poco conocida. No hay en la literatura consultada información sobre toxicidad crónica en humanos. Tampoco hay infiomación con respecto a sus efectos mutagénicos y teratogénicos En mayo 22 de 1.984, el Gobierno Nacional desaprobó la utilización del herbicida paraquat, pero ordenó el uso del glifosato y autorizó a la Policía Nacional para desarrollar el programa experimental de fumigación aérea con este último herbicida.
En agosto de 1984, el comité de expertos concluye y recomienda:
1.- El comité reitera su posición de no haber recomendado la utilización de glifosato ni de ningún otro herbicida por vía aérea en la destrucción de cultivos de marihuana.
3.- Ante la decisión del gobierno de autorizar el programa de fumigación aérea con glifosato, los miembros del comité se agruparon alrededor de dos planteamientos:
a.- Un grupo que sostiene que a pesar de la información existente y que antes se desconocía, todavía se desaconseja la ejecución del programa propuesto, porque sería aceptar la experimentación en humanos, y que un programa como el que se pretende desarrollar debe acometerse solamente después de un estudio de impacto que demuestre que no afectará el ecosistema ni la salud de las personas.
b.- Otro grupo conceptúa que la nueva información brinda elementos de juicio razonables y que aunado a un programa de vigilancia toxicológica y ambiental, permitirían el desarrollo del programa de fumigación propuesto mientras este funcione de manera restringida y selectiva con supervisión y retroalimentación.
5.- Se resalta la urgente necesidad que el país desarrolle su propia tecnología para análisis de glifosato en muestras ambientales y biológicas ya que no se podría concebir ningún programa de vigilancia toxicologica y de seguimiento si no se tiene la tecnología necesaria.
6.- El comité recomienda que el Ministerio de Salud o el Instituto Nacional de Salud constituyan un comité compuesto por médicos epidemiólogos y toxicólogos para que diseñen y ejecuten el programa tóxico -vigilancia propuesto, y que se establezca una estructura administrativa que coordine el programa y vele porque se cumpla en su totalidad asegurando para ellos los recursos económicos y humanos que sean necesarios”.
2.2. CONCEPTO EXPEDIDO POR ECOFOREST LTDA.
En septiembre de 1988, a petición del Consejo Nacional de Estupefacientes, la empresa ECOFOREST LTDA., con la intervención científica dei INDERENA, efectuó un estudio sobre: “DECLARACIÓN DE EFECTO AMBIENTAL PARA LA ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS EN ZONAS DE JURISDICCIÓN DE CORINTO (Cauca).
El informe técnico señaló al glifosato, como el herbicida más recomendable para aplicaciones terrestres y aéreas con helicópteros en la zona, pero no se contempló que dicho herbicida pudiera utilizarse para aplicaciones con aeronaves de alas fijas por que según este, se observan desventajas tales como: Causan considerable daño a las áreas anteriores y posteriores a la banda del tratamiento, son tratamientos muy contaminantes de las fuentes de agua, no son recomendables por el efecto de deriva para la aplicación de productos de acción sistémica y baja tensión de vapor, existe mayor peligro de afectación para humanos y formas vivientes de la fauna y la flora silvestre, requieren asesoría permanente de personal calificado, no son aptas ni recomendables para áreas agrícolas de minifundio y con siembras de cultivos intercalados.
La causa fundamental de estos problemas es, el desplazamiento o deriva de una parte del producto que debía ser aplicado en un área previamente determinada pero que, por acción del viento, la turbulencia de los planos de sustentación de la avioneta, los cambios de temperatura, la clase de producto, la altura a la cual se efectúan las aspersiones sobre las plantas, el grado de calibración de los componentes del equipo aspersor del avión y otros factores, sobrepasa los límites del área del tratamiento y causa varios efectos perjudiciales en áreas que no deberían haber sido alcanzadas por el producto.
2.3. PRONUNCIAMIENTO DEL INDERENA.
Según contestación de demanda del Ministerio del Medio Ambiente, el INDERENA efectuó en relación con la fumigación aérea de cultivos ilícitos las siguientes actuaciones:
1. En 1984, se opuso al uso del herbicida defoliante Paraquat, para destruir las plantaciones en la Sierra Nevada de Santa Marta por que consideraba que existían otros medios menos nocivos.
2. En 1986, emitió informe estableciendo los términos de referencia para que el Consejo Nacional de Estupefacientes, en forma inmediata adelantara los estudios ambientales en la Sierra Nevada en cuanto a la fumigación con glifosato estaba acabando con áreas de importancia ecológica, arqueológica e histórica.
3. En 1992, el INDERENA solicitó al Ministro de Justicia y de Defensa que le fuera suministrada la información relacionada con la localización de los cultivos, para definir si se ubicaba en áreas de mayor diversidad o ecosistemas frágiles, en las cuales la erradicación se debe hacer en forma manual o mecánica, recomendando la contratación de una auditoría ambiental.
4. Mediante Oficio fechado de octubre 8 de 1993, dirigido a la Dirección Nacional de Estupefacientes, manifiesta entre otros:
Al iniciarse el proceso de fumigación en el departamento del Huila, la Policía Antinarcóticos estableció 10 normas entre las que cabe destacar el aspecto ambiental; no se aplicará el herbicida sobre zonas pobladas, criaderos de peces, abejas, aves u otros animales y en aéreas de manejo especial; no se fumigará en sitios cercanos a cursos o fuentes de agua, no sobre volar acueductos, escuelas y demás lugares que representen riesgos para la salud humana y sanidad ambiental.”
En estas condiciones el INDERENA ratifica la aceptación de la estrategia de acción fijada en el comunicado del Consejo Nacional de Estupefacientes en su comunicado del 31 de enero de 1992, destacando la importancia que debe tener el cumplimiento de las normas especificas y técnica que se establecieron para el proceso de erradicación del cultivo de amapola y que se deben mantener para la erradicación de los cultivos de coca y marihuana.”
2.4. CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS.
Las Naciones Unidas en reunión de Diciembre 20 de 1988, suscribió la
Convención relacionados con el trafico ilícito de estupefacientes, y entre ella las siguientes disposiciones
“Articulo 14. Medidas para erradicar el cultivo ilícito de plantas de las que se extraen estupefacientes...”
“2. Cada una de las partes adoptará medidas adecuadas para evitar el cultivo ilícito de las plantas que contengan estupefacientes o sustancias sicotropicas, tales como las plantas de adormidera, los arbustos de coca y las plantas de cannabis, así como para erradicar aquellas que se cultiven ilícitamente en su territorio.
Las medidas que se adopten deberán respetar los derechos humanos fundamentales y tendrán debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista evidencia histórica, así como la protección al medio ambiente”i
“Artículo 24. Aplicación de medidas mas estrictas que las
establecidas en la presente convención.
Las partes podrán adoptar medidas más estrictas o rigurosas que las previstas en la presente convención si a su juicio, tales medidas son convenientes o necesarias para prevenir o eliminar el trafico ilícito.”
6.2 OMISION DEL MINISTERIO DE SALUD. 6.2.1. PLAN DE SALUD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
Desde el año de 1.984, se recomendó por parte del comité de expertos, la puesta en practica de un programa de tóxico - vigilancia, exigencia que fue reiterada en los años 1992 y 1994, por parte el Ministerio de Salud, quien señaló la importancia de contar con dicho plan, que se dirigiría a prevenir y reducir los efectos nocivos del glifosato en la salud humana y en el medio ambiente. Plan que aún no sido puesto en marcha por parte de las entidades encargadas de la coordinación y/o ejecución del programa de erradicación de drogas ilícitas en el país, violándose las disposiciones contenidas en los capítulos XIV, XV, Y XVI del Decreto 1843 de 1.991.
6.2.2. OFICIO SBP -221 DE SEPTIEMBRE 12 DE 2000.
El Ministerio de Salud en el oficio mencionado manifiesta “ ... El Ministerio de Salud no ha realizado estudios experimentales en el país que señalen el impacto del glifosato por aspersión aérea en la salud humana.” (flsl0l4ss)
6.2.3. El Ministerio de salud no dio concepto favorable sobre la aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato, de conformidad con lo ordenado
en la ley 30 de 1.986.
6.3. ACTUACIÓN DEL ICA
Según declaración rendida por el ingeniero Agrónomo y jefe de División de Insumos Agrícolas del ICA, Carlos Augusto Villamizar, desde 1983 el ICA ha venido prestando su concurso técnico cuando es consultado en programas de erradicación de cultivos ilícitos por la Policía Nacional.
El ICA no ha efectuado estudios de toxicidad por no ser de su competencia este tipo de análisis, de igual forma no han realizado estudios epidemiológicos ni de tipos zoosanitario y ni fitosanitario, pues la parte ambiental le corresponde al Ministerio del Medio Ambiente y la Parte humana al Ministerio de Salud.
El ICA ha aprobado las diferentes formulaciones de glifosato sometidas a su consideración, pero para agricultura.
En el rotulado aprobado por el ICA para el glifosato y herbicidas existe una recomendación agronómica, en la cual se alerta que al aplicarlo se debe evitar asperjar sobre especies no objetivo de control, esta recomendación se basa en la susceptibilidad que puede presentar un cultivo o especie colindante que no sea objeto de control, para lo cual en herbicidas siempre se debe observar franjas de seguridad entre cultivo y cultivo y observar las horas de aplicación, dirección del viento, altura para evitar este tipo de incidentes en cultivos que no están en el objetivo de tratamiento. Una sustancia inadecuadamente aplicada puede alterar el ecosistema específicamente refiriéndonos a un herbicida, pues elimina algunas plantas que sirven de elemento de vida para especies tanto vegetales como animales.
6.4. ACTUACIÓN DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.
El Ministerio del Medio Ambiente, previa consideración de que la erradicación de cultivos ilícitos con aspersión de glifosato constituye una
actividad del régimen de transición, exigió a la Dirección Nacional de Estupefacientes. D.N.E, la presentación de un Plan de Manejo Ambiental para dicha actividad.
6.4.1 RESOLUCIÓN NO. 0341 DE MAYO 4 DE 2001.
Mediante este resolución el Ministerio del Medio Ambiente no aceptó el plan de manejo ambiental presentado por la Dirección Nacional de Estupefacientes D.N.E., para la actividad de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con glifosato; plan que interpretado armónicamente con la Constitución política (Art. 80), y Ley 99 de 1993 artículo 10 es obligatorio para la continuación de ejecución de la obra, proyecto o actividad que pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables y/o medio ambiente.
Consideró el Ministerio del Medio Ambiente en la Resolución antes mencionada, para no aceptar el plan de manejo ambiental presentado por la Dirección Nacional de Estupefacientes D.N.E., en relación con el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato, lo siguiente:
“El documento presenta una caracterización a nivel general (escala 1:400.000 y 1:500.000), que no permite definir de manera real la localización de los ecosistemas y recursos naturales del área, expuestos a la aspersión aérea; tampoco permite diferenciar ni determinar los ecosistemas ambientalmente críticos y sensibles ni las áreas que deban ser excluidas, tratadas o manejadas de manera especial en el desarrollo del programa, de acuerdo al conjunto de criterios fijados por el mismo.
Los análisis para determinar las áreas ambientalmente afectadas por el programa de erradicación, no se sustentan desde el punto de vista técnico ni científico, por cuanto no se dispone de los soportes cuantitativos y cualitativos ni los soportes de investigaciones en programas relacionados con el objeto de la evaluación, que permitan determinar y valorar los impactos ocasionados sobre los recursos naturales por la aplicación del glifosato, y por lo tanto, la estimación de riesgos planteada se presenta de forma muy general, lo cual no permite detallar ni precisar acciones para determinarlos y prospectar su manejo de manera previa.
De otra parte y como consecuencia de lo anterior, el resultado final del análisis realizado para el Departamento del Putumayo, parte de una caracterización en escala excesivamente amplia y general, no efectuándose de manera especifica sobre los ecosistemas y recursos naturales que se encuentran al interior de las zonas nucleadas de cultivos ilícitos objeto del programa, razón por la cual, los resultados de este ejercicio, que se esperaba pudiera ser

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 117
 artículo 38
 Resolución 
 artículo 75
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 artículo 10
 Resolución