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Timestamp: 2018-06-22 18:51:47+00:00

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Inter Consulta: marzo 2014
Las relaciones extradicionales entre la República del Perú y la República de Corea, se rigen por un Tratado de Extradición.
Este Tratado de Extradición fue suscrito en Lima, el 05 de diciembre de 2003. El Perú lo aprobó por Resolución Legislativa N° 28432 del 23 de diciembre de 2004 y lo ratificó por Decreto Supremo Nº 008-2005-RE del 25 de enero de 2005. Se encuentra vigente desde el 16 de noviembre de 2005.
La República del Perú y la República de Corea (en adelante denominadas las Partes),
DESEANDO hacer más efectiva la cooperación entre los dos países sobre la prevención y represión de los delitos, a través de la conclusión de un tratado de extradición,
Cada Parte acuerda extraditar a la otra, de conformidad con las disposiciones de este Tratado, a cualquier persona que sea buscada para ser procesada, enjuiciada o para la imposición o ejecución de una pena en el territorio de la Parte Requirente por un delito materia de extradición.
DELITOS QUE DARAN LUGAR A LA EXTRADICION
1. Para los propósitos del presente Tratado, darán lugar a la extradición los delitos, que al momento de la solicitud, sean punibles con pena privativa de la libertad superior a un año, conforme a la legislación de ambas Partes.
2. Cuando la solicitud de extradición se refiera a una persona que hubiera sido sentenciada a privación de libertad por un tribunal de la Parte Requirente relativa a cualquier delito materia de extradición, ésta deberá concederse sólo cuando la parte que falte por cumplir de la sentencia, no sea menor de seis meses.
3. Para los efectos de este artículo:
(a) no será exigible que las leyes de las Partes consideren la conducta constitutiva del delito dentro de la misma categoría o lo denominen con la misma terminología.
(b) la presunta conducta de la persona cuya extradición se solicita deberá ser tomada en cuenta y no importará si, conforme al derecho de las Partes, difieren los elementos constitutivos del delito.
4. Cuando se solicite la extradición de una persona por delitos relativos a impuestos, derechos de aduana, control de tipo de cambio u otros asuntos relacionados a rentas, la extradición no podrá negarse debido a que la legislación de la Parte Requerida no impone el mismo tipo de impuesto o derecho o no tiene una reglamentación de impuestos, derechos de aduana o control de tipo de cambio del mismo tipo de la establecida en la legislación de la Parte Requirente.
5. Cuando el delito haya sido cometido fuera del territorio de la Parte Requirente, la extradición será concedida cuando la legislación de la Parte Requerida disponga sanciones para un delito cometido fuera de su territorio en circunstancias similares. Cuando el derecho de la Parte Requerida no lo prevea, ésta podrá, a su discreción, conceder la extradición.
6. Si la solicitud de extradición se refiere a varios delitos, cada uno de los cuales es punible conforme al derecho de ambas Partes, pero que alguno de ellos no cumpla los requisitos de los numerales 1 y 2, la Parte requerida podrá conceder la extradición por dichos delitos siempre que la persona sea extraditada al menos por un delito materia de extradición.
La extradición no será concedida conforme a este Tratado en las siguientes circunstancias:
1. Cuando la Parte Requerida considere que si se trata de un delito político u otro vinculado a éste por el que se solicita la extradición es político. La referencia a un delito político no incluirá los siguientes delitos:
(a) la privación de la vida o su tentativa, o agresión a la persona de un Jefe de Estado o de Gobierno o miembro de su familia;
(b) un delito respecto del cual las Partes tienen obligación de establecer su jurisdicción o extraditar debido a un acuerdo multilateral del cual ambos Estados son Parte, incluyendo con fines enunciativos más no limitativos los acuerdos relativos a genocidio, terrorismo y secuestro.
2. Cuando la persona requerida está siendo procesada contra o ha sido enjuiciada y absuelta o sentenciada en el territorio de la Parte Requerida por el delito por el cual la extradición es solicitada;
3. Cuando el procesamiento o la pena por el delito por el cual la extradición es solicitada hubiera prescrito de acuerdo a lo establecido por la ley de la Parte Requerida para la comisión del mismo delito. Los hechos o circunstancias que suspenderían la prescripción bajo la ley de la Parte Requirente serán acogidos por la Parte Requerida, en este caso la Parte Requirente proveerá de una declaración escrita exponiendo sus disposiciones legales relevantes en relación a la prescripción.
4. Cuando la Parte Requirente tenga razones suficientemente fundadas para suponer que la solicitud de extradición ha sido presentada con miras a procesar o sancionar a la persona reclamada, por razones de raza, religión, nacionalidad u opinión política, o que las ideas de esa persona puedan ser prejuzgadas por cualquier otra razón.
DISCRECIONALIDAD PARA NEGAR LA EXTRADICION
La extradición podrá ser negada de conformidad con este Tratado en cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. Cuando el delito por el que se solicita la extradición se considera como si hubiera sido cometido en su totalidad o en parte dentro del territorio del Estado Requerido de acuerdo a su legislación;
2. Cuando la persona requerida ha sido finalmente absuelta o declarada culpable en un tercer Estado por el mismo delito por el cual se solicita la extradición y, si fue declarada culpable, la sentencia impuesta ha sido totalmente ejecutada o ha dejado de ser ejecutable;
3. Cuando en casos excepcionales, la Parte Requerida tomando en cuenta la gravedad del delito y los intereses de la Parte Requirente, considere que, debido a las circunstancias personales de la persona reclamada, la extradición sería incompatible por razones humanitarias; y
4. Cuando el delito por el cual la extradición es solicitada esta previsto por la ley militar y que no es delito bajo la ley penal común.
5. Cuando el delito por el cual la extradición fuera requerida conllevara a la pena de muerte de conformidad con la ley de la Parte Requirente, a menos que dicha Parte de las seguridades que la Parte Requerida considere suficientes que la pena de muerte no será impuesta o, si se impuso no será ejecutada.
POSTERGACION DE LA ENTREGA
Cuando la persona requerida está siendo procesada o cumpliendo una sentencia en el territorio de la Parte Requerida, por un delito diferente a aquel por el cual la extradición es solicitada, la Parte Requerida podrá entregar a la persona reclamada o diferir la entrega hasta la conclusión del proceso o el cumplimiento total o parcial de la pena impuesta. Si la Parte Requerida decidiera postergar la entrega informará a la Parte Requirente de su decisión y tomará todas las medidas necesarias para que la postergación no impida la entrega de la persona reclamada a la Parte Requirente.
1. Los nacionales de la Parte Requerida podrán ser extraditados.
2. Si la Parte Requerida decide no conceder la extradición únicamente por razón de la nacionalidad de la persona reclamada, presentará el caso a sus autoridades para su procesamiento, e informará a la Parte Requirente sobre los resultados.
3. La nacionalidad será determinada al momento de la comisión del delito por el cual se solicita la extradición.
PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION Y DOCUMENTOS SOLICITADOS
1. La solicitud de extradición deberá ser formulada por escrito y por la vía diplomática.
2. La solicitud de extradición deberá estar acompañada de:
(a) documentos que describan la identidad y, si es posible, la nacionalidad de la persona requerida y su ubicación;
(b) una exposición de los hechos del caso;
(c) el texto de las leyes que describan los elementos constitutivos y la tipificación del (los) delito (s) y la sanción correspondiente;
(d) el texto de las leyes relativas a la prescripción de la acción y/o de la pena;
3. Cuando la solicitud de la extradición se refiera a una persona que aún no ha sido encontrada culpable, se deberá acompañar de:
(a) una copia de la orden de aprehensión debidamente motivada expedida por un juez u otro funcionario judicial competente de la Parte Requirente;
(b) las pruebas de la identidad de la persona reclamada que sirvan para determinar que el requerido es la misma persona a que se refiere la orden de aprehensión; y
(c) una descripción de la supuesta conducta que constituye el delito así como elementos razonables para sospechar que la persona buscada ha cometido el delito por el cual la extradición es solicitada.
4. Cuando la solicitud de extradición se refiera a una persona encontrada culpable, se deberá acompañar por:
(a) una copia de la sentencia condenatoria impuesta por un Tribunal de la Parte Requirente;
(b) pruebas de la identidad e información de la ubicación que determinen que la persona buscada es la persona condenada.
5. Todos los documentos que se presenten por la Parte Requirente de conformidad con las disposiciones de este Tratado deberán estar autenticados y acompañados de una traducción al idioma de la Parte Requerida o al idioma inglés.
6. Para los propósitos del presente Tratado, un documento es autenticado, si ha sido firmado o certificado por un Juez u otro funcionario de la Parte Requirente y sellado con sello oficial de la autoridad competente de la Parte Requirente.
1. Si la Parte Requerida considera que la información proporcionada en apoyo de una solicitud de extradición no es suficiente de conformidad con este Tratado para otorgar la extradición, dicha Parte podrá solicitar que se proporcione información adicional dentro del tiempo que se especifique.
2. Si la persona cuya extradición es solicitada se encuentra bajo arresto y la información adicional no es suficiente de conformidad con este Tratado o si no es recibida dentro del tiempo especificado, se podrá poner en libertad a la persona. Esta libertad no excluye el derecho de la Parte Requirente para formular una nueva solicitud de extradición de la persona.
3. Cuando la persona sea puesta en libertad de conformidad con el párrafo 2, la Parte Requerida lo deberá notificar a la Parte Requirente tan pronto como sea posible.
1. En caso de urgencia, una Parte podrá solicitar la detención preventiva de la persona requerida quedando pendiente el pedido de extradición. Una solicitud para la detención preventiva deberá ser transmitida por la vía diplomática. La solicitud podrá ser transmitida vía fax o por cualquier otro medio que permita su registro por escrito.
2. La solicitud para la detención preventiva será hecha por escrito y contendrá:
(a) datos de identidad de la persona requerida, y cualquier información concerniente a su plena identificación así como su nacionalidad;
(b) la ubicación de la persona reclamada, si se conociese;
(c) una breve exposición de los hechos del caso, incluyendo, de ser posible, el momento y lugar de la comisión del delito;
(d) el texto de las leyes penales aplicables al caso;
(e) una constancia de la existencia del mandato de detención o una resolución de incriminación o sentencia condenatoria contra la persona reclamada; y
(f) compromiso expreso que la solicitud de extradición de la persona reclamada será entregada en el plazo establecido.
3. Al recibo de esta solicitud, la Parte Requerida adoptará las medidas necesarias para asegurar la detención de la persona reclamada y la Parte Requirente deberá ser notificada prontamente de los resultados de su solicitud.
4. La persona detenida deberá ser puesta en libertad si la Parte Requiriente no presenta la solicitud de extradición, acompañada de los documentos a que se refiere el artículo 7, dentro de cincuenta (50) días contados a partir de la fecha del arresto, en el entendido de que ello no afecta la implementación de procedimientos con miras a extraditar a la persona requerida si la solicitud se recibe posteriormente.
Cuando una persona reclamada, notifique a un Tribunal u otra autoridad competente de la Parte Requerida, que da su consentimiento para que una orden de extradición sea otorgada, la Parte Requerida deberá tomar todas las medidas necesarias para agilizar la extradición conforme a lo permitido por sus leyes.
1. Cuando se reciban solicitudes de dos o más Estados para la extradición de una misma persona por el mismo delito o por diferentes delitos, la Parte Requerida deberá determinar a cual de esos Estados la persona va a ser extraditada, debiendo notificarles su decisión.
2. Para resolver a cual Estado será extraditada la persona, la Parte Requerida tomará en consideración todas las circunstancias relevantes y, en particular, a:
a) la nacionalidad y el lugar habitual de residencia de la persona reclamada;
b) la posibilidad de que las solicitudes fueron hechas en virtud de un tratado;
c) la gravedad de los delitos y el tiempo y lugar de su comisión;
d) la fecha de las solicitudes;
e) la posibilidad de futuras extradiciones entre los Estados Requirentes;
f) los respectivos intereses de los Estados Requirentes; y,
g) la nacionalidad de la víctima.
1. La Parte Requerida deberá, tan pronto como decida sobre la solicitud de extradición, comunicar su decisión a la Parte Requirente a través de la vía diplomática. En caso de negar la solicitud de extradición, total o parcialmente, se deberán exponer las razones de ello.
2. La Parte Requerida deberá entregar a la persona reclamada a las autoridades competentes de la Parte Requirente en un lugar del territorio de la Parte Requerida que sea aceptable para ambas Partes.
3. La Parte Requirente deberá trasladar a la persona del territorio de la Parte Requerida dentro de un periodo razonable que la Parte Requerida especifique y, si la persona no es retirada dentro de ese periodo, la Parte Requerida la pondrá en libertad y podrá negar su extradición por el mismo delito.
4. Si por circunstancias más allá del control de una de las Partes no se pudiera llevar a cabo la entrega o traslado de la persona a ser extraditada, lo deberá notificar a la otra Parte y en este caso no se aplicará lo dispuesto en el párrafo 3 de este artículo. Ambas Partes deberán decidir mutuamente sobre una nueva fecha de entrega o traslado, y se deberán observar las disposiciones de este artículo.
1. Si las leyes de la Parte Requerida lo permiten y sin perjuicio de los derechos de terceros, que deberán ser respetados, todos los bienes adquiridos como fruto del delito o que puedan ser requeridos como pruebas y que se encuentren en el territorio de la Parte Requerida deberán, si la Parte Requirente así lo solicita, ser entregados si la extradición es concedida.
2. En armonía con el numeral 1 de este Artículo, los bienes arriba mencionados deberán, si la Parte Requirente lo solicitare, ser entregados a ésta aún si la extradición no pudiera ser efectuada debido al fallecimiento, desaparición o fuga de la persona reclamada.
3. Cuando la ley de la Parte Requerida o los derechos de terceros así lo requieran, cualquier bien que hubiera sido entregado deberá ser devuelto a la Parte Requerida sin costo alguno si dicha Parte lo solicita.
REGLA DE LA ESPECIALIDAD
1. Una persona que ha sido extraditada conforme a este Tratado no deberá ser detenida, procesada o sancionada en el Estado Requirente, excepto por:
a) un delito por el cual la extradición se concedió o uno con diferente denominación basado en los mismos hechos por los cuales la extradición fue concedida, siempre que tal delito sea materia de extradición o se trate de un delito de menor gravedad incluido en aquel por el cual fue concedida la extradición;
b) un delito cometido después de la extradición de la persona; o
c) un delito por el cual la Parte Requerida consienta la detención de esa persona, su procesamiento y sanción;
Para los propósitos de este literal:
(i) la Autoridad Requerida puede solicitar la presentación de los documentos señalados en el Artículo 7;
(ii) si existiese, un registro legal de las declaraciones hechas por la persona extraditada en relación con el delito involucrado, deberá ser remitido a la Parte Requerida; y
(iii) la persona extraditada puede ser detenida por la Parte Requirente por el período que autorice la Parte Requerida, mientras el pedido está siendo tramitado.
2. Una persona extraditada bajo este tratado no podrá ser extraditada a un tercer Estado por un delito cometido con anterioridad a su extradición, a menos que el Estado Requerido lo autorice.
3. Los numerales 1 y 2 de este artículo no evitarán la detención, procesamiento o condena de una persona extraditada, o su extradición a un tercer Estado, si:
(a) dicha persona abandona el territorio de la Parte Requirente después de la extradición y voluntariamente regresa a él;
(b) dicha persona no abandona el territorio de la Parte Requirente dentro de los cuarenta y cinco días posteriores a su liberación.
La Parte requirente notificará oportunamente a la Parte Requerida de la información relacionada con el procesamiento o ejecución de la pena contra la persona extraditada o sobre la re-extradición de dicha persona a un tercer Estado.
1. Sujeto a lo dispuesto por su legislación, el transporte de una persona entregada a uno de los Estados parte por un tercer Estado a través del territorio de la otra Parte, será autorizada mediante solicitud escrita formulada por la vía diplomática.
2. No se requerirá la autorización para tránsito cuando se utilice transporte aéreo y no se programe aterrizaje alguno en el territorio de la Parte de tránsito. Si ocurriera un aterrizaje no programado en el territorio de esa Parte, ésta podrá requerir que la otra Parte presente una solicitud de tránsito de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 de este artículo.
1. La Parte Requerida cubrirá los costos de cualquier procedimiento que surja de una solicitud de extradición.
2. La Parte Requerida deberá cubrir los gastos incurridos en su territorio en relación con el arresto y detención de la persona cuya extradición se solicita, o de la confiscación y entrega de bienes.
3. La Parte Requirente deberá cubrir los gastos incurridos para transportar a la persona cuya extradición es concedida desde el territorio de la Parte Requerida.
1. Las partes se consultarán, a pedido de cualquiera de ellas, asuntos concernientes a la interpretación y aplicación de este Tratado.
2. Los Ministerios de Justicia de ambas partes pueden consultarse a través de la vía diplomática en relación con el procesamiento de casos individuales y en procura de mantener y mejorar procedimientos para la aplicación de este Tratado.
1. Este Tratado está sujeto a ratificación y entrará en vigencia en la fecha del intercambio de los instrumentos de ratificación.
2. Este Tratado se aplicará a delitos cometidos con anterioridad o posterioridad a la fecha de su entrada en vigor.
3. Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado este Tratado en cualquier momento mediante comunicación escrita a la otra Parte. Dicha terminación entrará en vigor seis meses después de la fecha en que el aviso es entregado.
EN FE DE LO CUAL, los suscribientes, debidamente autorizados por sus respectivos Estados, han firmado este Tratado.
HECHO en duplicado en Lima, el 05 de diciembre del 2003, en idiomas castellano, coreano e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de cualquier diferencia de interpretación, prevalecerá el texto en inglés.
POR LA REPÚBLICA DEL PERÚ POR LA REPÚBLICA DE COREA
Publicado por ALBERTO HUAPAYA OLIVARES en 17:40 No hay comentarios:
Etiquetas: delito, extraditable, interconsulta, penal, Tratado, Tratado de extradición
El Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República de Panamá fue suscrito en Lima el 08 de setiembre de 2003. El Perú lo aprobó por Resolución Legislativa N° 28387 del 12 de noviembre de 2004 y fue ratificado por Decreto Supremo Nº 079-2004-RE del 3 de diciembre de 2004. Panamá, por su parte lo aprobó mediante Ley No. 27 de 7 de julio de 2004. El Canje de Instrumentos de Ratificación se realizó el 8 de julio de 2005 y entró en vigencia el 8 de julio de 2005.
POR LA REPÚBLICA POR LA REPÚBLICA
DEL PERÚ DE PANAMÁ
Publicado por ALBERTO HUAPAYA OLIVARES en 20:35 No hay comentarios:
Etiquetas: extradición, Panamá, personas, Peru
Este artículo se publicó en la página de la OEA:
Se ha reactualizado con los últimos cambios de la legislación extradicional.
directamente esta institución y un marco de derechos básicos que la
Esta contenido en el artículo 37° de la Constitución que a la letra dice:
La extradición sólo se concede por el Poder Ejecutivo previo informe de la
Corte Suprema, en cumplimiento de la ley y de los tratados, y según el principio
No se concede extradición si se considera que ha sido solicitada con el fin de
perseguir o castigar por motivo de religión, nacionalidad, opinión o raza.
Quedan excluidos de la extradición los perseguidos por delitos políticos o por
hechos conexos con ellos. No se consideran tales el genocidio ni el magnicidio
Este artículo nos da las siguientes directrices:
La extradición es acto de gobierno. Se concede por el Poder Ejecutivo. Ningún
otro Poder del Estado puede concederla
Es un Acto sujeto a la verificación de la legalidad: No es un poder omnímodo ya
se esta supeditado al cumplimiento de la legalidad, esto es a lo que establece
la ley y los Tratados. Solo se concede previo informe de la Corte Suprema.
Se adscribe al Sistema Mixto sobre la facultad de conceder la extradición: solo
se concede por el Poder Ejecutivo, previo informe de la Corte Suprema. La
característica del sistema es que la opinión del Poder Judicial, aun siendo
obligatoria[1], solo vincula si es contraria a la extradición.
Declara que se concede solo en cumplimiento de la ley, razón por la que:
· Proscribe la persecución por motivos extra legales.
· Excluye la persecución por delitos políticos o por hechos conexos con ellos.
Declara que el Perú no considera delito político al genocidio, magnicidio ni el
Dentro de los derechos fundamentales de la persona encontramos con especial
El principio de legalidad penal: Nadie será procesado ni condenado por acto u
omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley,
de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con
pena no prevista en la ley. Su aplicación básica es el Principio de Doble
incriminación y como garantía rige para las extradiciones activas y pasivas.
El Principio de Inocencia: Toda persona es considerada inocente mientras no
se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Esto se relaciona con la
necesidad de demostrar que existe causa razonable que justifique la
extradición. Mas aun si en la extradición no se discute la culpabilidad.
La protección del derecho a la libertad: Nadie puede ser detenido sino por
mandamiento escrito y motivado del Juez o por las autoridades policiales en
caso de flagrante delito. Se vincula con la extradición por que ésta se genera
por autoridad judicial. Igualmente en el caso de la extradición pasiva la
detención solo puede ser dispuesta por el Juez. Cuidado con esta disposición,
por cuanto el artículo 523 inciso 1 b) referido a la extradición pasiva va a
permitir el arresto provisorio de una persona perseguida por la autoridad de un
país limítrofe, aun cuando el Juez peruano no haya dictado resolución alguna.
En realidad la disposición constitucional proscribe el ofrecimiento en extradición
que en dicho artículo, además, no tiene aplicación práctica puesto que los
países limítrofes se vinculan con el Perú mediante Tratado ya sea Bilateral
como Multilateral en los que se exige que exista un pedido de detención
preventiva o de extradición por parte del Estado requirente, mas no el
La protección física y moral de la persona: Nadie debe ser víctima de violencia
moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o
humillantes. La existencia de posibles actos que afecten moral, física o
psíquicamente a una persona se reflejan también en la facultad de denegar una
extradición si es que se comprueba esta situación.
La prohibición de la incomunicación, ya que siendo aplicable solo en caso de
ser indispensable para el esclarecimiento de un delito, y como la extradición no
persigue por si esclarecer delitos sino asegurar la presencia de la persona no
justifica que se incomunique al extraditable.
Además de ellos encontramos otras líneas orientadoras en los Principios y
Derechos de la función jurisdiccional contemplados en el artículo 139°:
La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, aplicable al excluir la
posibilidad de aceptar el pedido de extradición realizado por quien no es
órgano jurisdiccional o por órganos paralelos al Poder Judicial o jurisdicción de
La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, que se consagra
en la prohibición de involucrarse en cuestiones jurisdiccionales. Al Poder
Ejecutivo le esta vedado inmiscuirse en un tema de extradición hasta que
llegue su momento de intervención. Igualmente no es correcto pedir al Poder
Ejecutivo del Estado requerido que intervenga en una decisión del órgano
La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. El proceso de
extradición es pasible de ser declarado nulo si no se han observado las reglas
El principio de no ser condenado en ausencia. La extradición para efectos de
ejecución de sentencia solo puede concederse si es que el sentenciado ha sido
Disposición que obliga a denegar el pedido de extradición si es que se tratara
de una segunda persecución por los mismos hechos. Inclusive permite que
opere la cosa juzgada extradicional si es que se denegó una anterior
extradición[2]. Otra aplicación es cuando no se ejecuta una extradición con el
correspondiente traslado del extraditable. De suceder ello ya no se acepta un
Este marco constitucional tiene dos aplicaciones:
1. Sirve de marco para negociar los Tratados de Extradición
2. Sirve de fuente orientadora para el desarrollo del procedimiento de
En el primer caso, los Tratados de extradición se negocian sobre bases
generales dejando los aspectos de procedimiento a las respectivas
En el segundo, por que aun desarrollándole sobre las líneas procesales pre
establecidas hay aspectos sustanciales que van a influir en la decisión e
inclusive en el proceso mismo, especialmente en sus causales de nulidad aun
cuando no este previsto en la norma procesal específica para extradición.
Se encuentra contenida en las disposiciones del Libro Séptimo “La
Cooperación Judicial Internacional” del Código Procesal Penal.
El artículo 508° precisa cual es la normatividad aplicable en materia de
extradición y que rige las relaciones de las autoridades peruanas con las
2. Principio de Reciprocidad, en un marco de respeto de los derechos
De lo cual pueden extraerse las siguientes conclusiones:
a) Rige el Tratado y solo en ausencia de éstos por el Principio de Reciprocidad.
Por consiguiente las condiciones de procedencia, requisitos, prohibiciones y
demás aspectos generales se rigen por las disposiciones del Tratado, dejando
los aspectos procesales a la ley interna. Sin embargo la ley interna no puede
exigir más requisitos de los que ya estableció el Tratado.
Cuando emplea el termino “en defecto” se refiere a la ausencia del Tratado, ello
se corrobora con el artículo 513° que inicia señalando que “2. Cuando la
extradición, en ausencia de Tratado, se sustente en el principio de reciprocidad
b) Cuando precisa que el Principio de Reciprocidad opera en un marco de
respeto de los derechos humanos, no esta queriendo decir que los Tratados
están exonerados de este respeto. Los Tratados se celebran sobre la base del
respeto de los derechos humanos y son numerosas los artículos que así lo
disponen (exigencia de doble incriminación que protege la libertad cuando la
conducta no esta tipificada como delito en la legislación del Estado requerido,
prohibición de pena de muerte, exclusión de casos por motivos extralegales
como la persecución por razón de las ideas, religión, raza, etc. por citar
Sin embargo, hay un defecto de técnica, en la redacción del artículo 508º
cuando señala que “Si existiere tratado, sus normas regirán el trámite de
cooperación judicial internacional. Sin perjuicio de ello, las normas de derecho
interno, y en especial este Código, servirán para interpretarlas (…)” ya que las
normas internas comunes no interpretan un Tratado, los Tratados se
interpretan conforme a sus disposiciones que han sido previamente fruto de
una negociación que la hace compatible para ambas legislaciones.
No esta demás señalar que el artículo 27º de la Convención de Viena sobre
Derecho de los Tratados advierte que “Una parte no podrá invocar las
disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de
Lo que le sirve de límite son las normas que conforman su orden público, las
cuales ya han debido de estar previstas en el Tratado, por ejemplo la
prohibición de condenar en ausencia –que es parte del orden publico interno,
ya esta contenida en los Tratados y si no lo estuvieran son normas limitativas,
pero no por que interpreten el Tratado sino por que son parte del orden público
interno que no se debe violar, en general son normas que se orienten a
protección de derechos humanos, o por ejemplo el requerimiento que se
garantice una recta impartición de justicia respecto al extraditable, garantizando
su seguridad física que puede solicitarse ya que nuestra legislación así lo
permite, ello puede no estar contenido en el Tratado pero puede ser invocado
como solicitud de garantía y se debe responder garantizándolo por que se
supone que la extradición no es un mecanismo de persecución política sino un
El artículo 513 señala lo siguiente “Cuando la extradición, en ausencia de
Tratado, se sustente en el principio de reciprocidad, la Fiscalía de la Nación y el
Ministerio de Relaciones Exteriores informarán al Poder Judicial los casos en
que tal principio ha sido invocado por el Perú y en los que ha sido aceptado por
el país extranjero involucrado en el procedimiento de extradición, así como los
casos en que el país extranjero ha hecho lo propio y el Perú le hubiere dado
Esto merece la siguiente reflexión: el artículo 37° de la Constitución Política
establece que la extradición se concede en cumplimiento de la ley y de los
Tratados y según el principio de reciprocidad. Esta lacónica referencia al
Principio de Reciprocidad ha permitido invocarla sin mayor problema de buscar
un antecedente que la sustente. Cuando dice que solo se concede en
cumplimiento de los tratados y según el principio de reciprocidad esta
declarando que la reconoce como fuente legal complementaria a los Tratados,
de tal manera que puede conceder la entrega de la persona requerida con el
compromiso que se le dará una cooperación similar cuando lo requiera.
La redacción del artículo 513º incide en una práctica de buscar un antecedente
que puede no existir y que en términos prácticos solo regirá a partir de los
antecedentes generados a partir de febrero de 2006. Pero aun así, la
deficiencia de esta orientación es que los antecedentes de negación por
ejemplo pueden deberse a cuestiones que en situaciones de un Tratado están
viciadas de una causal de denegación, razón por lo cual si es una denegación
por una causa de índole legal no puede generar antecedente negativo. La
práctica normal es que los países aceptan y deniegan extradiciones analizando
cada caso entro de su particularidad y no por antecedentes.
El artículo 513 señala que la persona procesada, acusada o condenada como
autor o partícipe. Curiosa –y peligrosamente señala que en el caso de que se
trate para efectos de cumplir sanción penal ésta le debe haber sido impuesta
El artículo 516 referida a la extradición pasiva advierte: “o para que cumpla la
El artículo 525 referido a la extradición activa señala simplemente: “procesado,
acusado o condenado al Estado en que dicha persona se encuentra” :
No podemos mencionar que se trata de una sentencia impuesta como acusada
presente cuando es simplemente una sentencia impuesta en presencia. Podría
dar lugar a una peligrosa interpretación de permitir una sentencia en la cual la
persona haya estado presente a lo largo de todo el proceso pero no al
momento de leer la sentencia. En todo caso, el artículo 516 hace una precisión
correcta por que no es admisible que se condene en ausencia por expresa
Delitos pasibles de pedido de extradición
Conforme a la propia ley en primer lugar los delitos que figuran dentro del
listado de delitos aprobado por el Tratado, si esta fuera su orientación. Si no
hay Tratado entonces se requiere que el hecho materia del proceso constituya
delito tanto en el Estado requirente como en el Perú, y además que en ambas
legislaciones tenga prevista una conminación penal, en cualquiera de sus
extremos, igual o superior a una pena privativa de un año.
Si el Tratado se adhiere al sistema de la pena mínima entonces además de la
doble incriminación se debe verificar cual es la pena mínima exigible.
Participación de las autoridades que intervienen en un proceso de extradición
Desarrollando el artículo 37 de la Constitución el artículo 514 señala que
corresponde al Gobierno decidir la extradición ya sea pasiva o activa mediante
Resolución Suprema expedida con acuerdo del Consejo de Ministros. Esta
decisión requiere el previo informe de una Comisión Oficial que es denominada
Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Condenados por el Decreto
Si bien el informe que emite esta Comisión tiene carácter ilustrativo y no es
vinculante, si se requiere su previa participación.
Prosigue luego precisando que la decisión del Gobierno requiere la necesaria
intervención de la Sala Penal de la Corte Suprema, que emitirá una resolución
La Corte Suprema verifica las condiciones de legalidad del pedido de
extradición y emite su Resolución Consultiva la cual tiene carácter vinculante
sólo si es negativa a la extradición.
Si la resolución consultiva es favorable a la entrega o considera procedente
solicitar la extradición a un país extranjero, su carácter es ilustrativo y garantiza
la legalidad del pedido pero el Gobierno puede decidir lo que considere
El artículo 512 institucionaliza a la Autoridad Central la cual corresponde a la
Fiscalía de la Nación. El artículo 512 dice: “1. La autoridad central en materia
de Cooperación Judicial Internacional es la Fiscalía de la Nación. La autoridad
extranjera se dirigirá a ella para instar los actos de Cooperación Judicial
Internacional, y para coordinar y efectuar consultas en esta materia (…)”
En cuanto al Ministerio de Relaciones de Exteriores le corresponde “intervenir
en la tramitación de las solicitudes de cooperación que formulen las
autoridades nacionales. De igual manera, si así lo disponen los Tratados,
Cooperación Judicial Internacional que presentan las autoridades extranjeras.”
El Código Procesal Penal remarca ese carácter de ser la vía diplomática la que
se debe emplear para recibir y trasmitir las solicitudes de extradición.
¿Qué evalúa el Poder Ejecutivo? Evalúa si una extradición además de ser
jurídicamente procedente es políticamente conveniente[3]. Salvo casos muy
excepcionales el Poder Ejecutivo puede denegar una extradición declarada
La evaluación política a su vez esta referida a los altos intereses nacionales y
le corresponde por ser el Poder Ejecutivo el que tiene a su cargo las relaciones
Condiciones o garantías que pueden solicitarse
Además de lo exigido por el Tratado se puede solicitar lo siguiente:
a. Seguridades de que se computará el tiempo de privación de libertad que
demande el trámite de extradición, así como el tiempo que el extraditado
hubiese sufrido en el curso del proceso que motivó el requerimiento.
b. Seguridades que en caso que el delito por el que se solicita la extradición
tuviere pena de muerte en el Estado requirente, éste seguridades de que no
c. Garantías de una recta impartición de justicia en el proceso penal.
Se rechaza o deniega la extradición por las siguientes causales:
1. Si el Estado requirente no tuviera jurisdicción o competencia para juzgar el
2. Si el extraditado hubiere de responder en el Estado requirente ante tribunal
3. Si el proceso al que se le va a someter no cumple las exigencias
4. SI existen especiales razones de soberanía nacional, seguridad u orden
público u otros intereses esenciales del Perú, que tornen inconveniente el
5. Si el Estado requirente no diere seguridades de que se computará el tiempo
de privación de libertad que demande el trámite de extradición, así como el
tiempo que el extraditado hubiese sufrido en el curso del proceso que motivó el
6. Si, en el caso que el delito por el que se solicita la extradición tuviere pena
de muerte en el Estado requirente, éste no diere seguridades de que no será
1. Si el extraditado ya hubiera sido absuelto, condenado, indultado, amnistiado
o sujeto a otro derecho de gracia equivalente;
1. Ausencia de doble incriminación: Si el hecho materia del proceso no
constituye delito tanto en el Estado requirente como en el Perú.
2. Falta de gravedad en la conminación legal: Si en ambas legislaciones no se
tenga prevista una conminación penal, en cualquiera de sus extremos, igual o
superior a una pena privativa de prisión de un año [4]
3. Prescripción de la acción penal o de la pena: Si hubiera transcurrido el
término de la prescripción del delito o de la pena, conforme a la Ley nacional o
del Estado requirente, siempre que no sobrepase el término de la legislación
4. Si el delito fuere exclusivamente militar, contra la religión, político o conexo
con él, de prensa, o de opinión. La circunstancia de que la víctima del hecho
punible de que se trata ejerciera funciones públicas, no justifica por sí sola que
dicho delito sea calificado como político. Tampoco politiza el hecho de que el
extraditado ejerciere funciones políticas. De igual manera están fuera de la
consideración de delitos políticos, los actos de terrorismo, los delitos contra la
humanidad y los delitos respecto de los cuales el Perú hubiera asumido una
obligación convencional internacional de extraditar o enjuiciar;
5. Si el delito es perseguible a instancia de parte y si se trata de una falta; y,
6. Si el delito es de índole tributario, salvo que se cometa por una declaración
intencionalmente falsa, o por una omisión intencional, con el objeto de ocultar
ingresos provenientes de cualquier otro delito.
7. Si la demanda de extradición motivada por una infracción de derecho común
ha sido presentada con el fin de perseguir o de castigar a un individuo por
consideraciones de raza, religión, nacionalidad o de opiniones políticas o que la
situación del extraditado se exponga a agravarse por una u otra de estas
Tratamiento de la doble incriminación en la nueva legislación
Si bien en muchos textos de la especialidad se señala que la doble
incriminación consiste en que la conducta criminal sea considerada delito en
las legislaciones tanto del Estado requirente como en el Estado requerido, esta
definición no se agota en que solamente se verifique que la conducta penal sea
En rigor, se considera además ciertos parámetros: En primer lugar que el
hecho constitutivo de delito este tipificado con anterioridad a su comisión
(principio de legalidad) en el Estado Requirente y con anterioridad al pedido en
En segundo lugar, los hechos deben constituir delito tanto en el momento en
que se cometieron como en el momento que se solicita la extradición, así como
cuando se hace la entrega. Es decir que exista continuidad en la conducta
típica. En el momento en que deje de existir la continuidad típica la extradición
En tercer lugar, que los hechos no se encuentren afectados por causales de
exención en el Estado requerido, puesto que de ser así, no podría dictar orden
de detención ni iniciar el procedimiento puesto que la conducta no tendría
relevancia penal en el Estado requerido.
En cuarto lugar, que supere un mínimo de gravedad, de acuerdo a lo que
señale el Tratado o en ausencia de éste la ley interna del Estado requerido.
Hay que tener en cuenta también que los criterios para evaluar la doble
incriminación varían de acuerdo al sistema que adopte la legislación.
Un primer sistema es el de la evaluación de la doble incriminación en abstracto:
se evalúa si es que la conducta criminal es delito. Se toma el caso en abstracto
y se hace coincidir con los tipos penales. La prueba se circunscribe a verificar
que hay un proceso penal contra el extraditable.
Un segundo sistema es el de la evaluación de la doble incriminación en el caso
específico: se evalúa si los hechos incluyendo la participación del extraditable
serían constitutivas de delito en el Estado requerido. La prueba en este caso se
destina a acreditar si existe causa probable o serios indicios de culpabilidad, se
analiza la situación personal del extraditable, ligada a la previa demostración de
la existencia del delito. Este sistema es propio de legislaciones como las de
Japón, Chile, Estados Unidos de América, por citar algunas.
La legislación peruana hasta antes del 1 de febrero de 2006 se orientaba por la
segunda posibilidad, así se podía presentar las pruebas que demuestren la
inocencia del extraditable, se exigía que se presenten las pruebas de cargo y
de descargo y eso era uno de los requisitos de fondo. Actualmente no se exige
las pruebas, solo la documentación que acredite el proceso remitiéndose a lo
que dispongan los Tratados aplicables, por lo cual de exigirse presentación de
pruebas ya no se adjuntan las pruebas de descargo sino solamente las que
sustenten la afirmación de la participación del extraditable.
Llamado generalmente detención preventiva en los Tratados.
Se distinguen tres clases de arresto provisorio:
a) Arresto provisorio a pedido de Estado Requirente.- Que es la institución
clásica de la detención preventiva solicitada por el Estado requirente.
b) Arresto provisorio de oficio.- Que procede solo cuando una persona pretenda
ingresar al país mientras es perseguido por la autoridad de un país limítrofe.
c) Arresto provisorio por Interpol.- Que procede cuando la persona se
encuentre plenamente ubicada, dentro del territorio nacional, con requerimiento
urgente, por intermedio de la Organización Internacional de Policía Criminal -
Arresto Provisorio a pedido de Estado Requirente
El Estado requirente puede presentar su solicitud formal de arresto provisorio
por vía diplomática y a través de su Autoridad Central. Esta solicitud se remite
También puede presentar su solicitud formal de arresto provisorio y utilizar el
canal de INTERPOL. INTERPOL remitirá la solicitud a la Fiscalía de la Nación.
La Fiscalía de la Nación remitirá de inmediato al Juez de la Investigación
Preparatoria competente, con aviso al Fiscal Provincial que corresponda.
Recibida la documentación el Juez dictará el mandato de arresto provisorio
cuando de la evaluación de la solicitud se evidencia que se cumple con el
requisito de la doble incriminación, entendiéndose la doble incriminación en los
a) La concordancia delictiva de la conducta en ambas naciones.
b) Cumplimiento del parámetro de una penalidad mínima.
Esta forma de arresto provisorio y sus condiciones para su procedencia esta contenido en el artículo 523.1 del Código Procesal Penal:
"Artículo 523 Arresto provisorio o pre-extradición.-
1. El arresto provisorio de una persona reclamada por las autoridades
4. El juez dictará el mandato de arresto provisorio, siempre que el hecho que se repute delictivo también lo sea en el Perú y tenga prevista una conminación penal, en cualquiera de sus extremos, igual o superior a una pena privativa de un año. Si se invoca la comisión de varios delitos, bastará que uno de ellos cumpla con esa condición para que proceda respecto de los restantes delitos. La decisión que emita será notificada al fiscal y comunicada a la Fiscalía de la Nación y a la oficina local de la INTERPOL. [6]
La decisión judicial será comunicada al Fiscal, a la Fiscalía de la Nación
Se ha previsto que en caso de urgencia se requerirá simple requisición hecha
por cualquier medio, inclusive telegráfico, telefónico, radiográfico o electrónico.
La solicitud formal de arresto provisorio contendrá:
a) El nombre de la persona reclamada, con sus datos de identidad personal y
las circunstancias que permitan encontrarla en el país;
c) Si el requerido fuese un imputado, indicación de la pena conminada para el
hecho perpetrado; y, si fuera un condenado, precisión de la pena impuesta;
d) La invocación de la existencia de la orden judicial de detención o de prisión,
y de ausencia o contumacia en su caso;
e) El compromiso del Estado solicitante a presentar el pedido formal de
extradición dentro de sesenta días de recibida la requisición. A su vencimiento,
de no haberse formalizado la demanda de extradición el arrestado será puesto
Este caso se aplica cuando la Policía destacada en lugares de frontera ubica a
una persona requerida por un país limítrofe. La ley dispone que la Policía
destacada en estos lugares de frontera deban poner inmediatamente al
detenido a disposición del Juez de la Investigación Preparatoria competente del
lugar de la intervención, con aviso al Fiscal Provincial. El Juez por la vía más
rápida, que puede ser comunicación telefónica, fax o correo electrónico, pondrá
diplomático o consular del país de búsqueda.
El representante diplomático o consular tendrá un plazo de dos días para
requerir el mantenimiento del arresto provisorio, acompañando a su solicitud
los requisitos necesarios para el arresto. Si no o hiciere dentro del plazo se
dará inmediata libertad al arrestado.
Sin embargo esta disposición contraviene el texto constitucional que establece
los casos en los cuales se puede detener a una persona y que como se
expresó anteriormente impiden ofrecer una extradición, además que –
repetimos- los Tratados de Extradición que nos vincula con los países limítrofes
no aceptan el ofrecimiento de extradición exigiendo mas bien la solicitud de
extradición o de detención preventiva.
En el caso del arresto provisorio por INTERPOL la ley se limita a decir que la
Policía Nacional procederá a la intervención y conducción del requerido en
forma inmediata, poniéndolo a disposición del Juez competente del lugar de la
intervención y comunicando tal hecho al Fiscal Provincial, a la Fiscalía de la
Nación y al funcionario diplomático o consular del país requirente.
Esta norma requiere urgente reglamentación, por que aun cuando se trate de
minutos que pueda durar una intervención y conducción es de todas maneras
una privación de libertad que solo puede hacerse por intermedio del Juez.
Dispuesto el arresto provisorio, el Juez de la Investigación Preparatoria tiene un
plazo de veinticuatro horas, dentro del cual debe oir a la persona arrestada y le
designará abogado defensor de oficio, si aquél no designa uno de su confianza.
El arresto se levantará, si inicialmente, el Juez advierte que no se dan las
condiciones de doble incriminación y conminación mínima convirtiéndolo en un
mandato de comparecencia restrictiva, con impedimento de salida del país.
Es cuestionable la redacción del Código. Si no se da la doble incriminación y no
hay conminación mínima estamos ante un caso de improcedencia por lo que no
se justifica tampoco la comparecencia restringida.
El arresto cesará si se comprobase que el arrestado no es la persona
reclamada, o cuando transcurre el plazo de sesenta días para la presentación
formal de la demanda de extradición, con la advertencia en este último caso
que el extraditable puede ser nuevamente detenido por razón del mismo delito,
siempre que se reciba un formal pedido de extradición.
[1] El Poder Ejecutivo no puede aceptar o denegar una extradición sin que
antes se haya pronunciado el Poder Judicial mediante su respectiva Opinión
Consultiva. La verificación de las condiciones de legalidad que realiza el Poder
Judicial es la que permite después al Poder Ejecutivo a tomar una decisión.
[2] Puede suceder inclusive que esa primera denegación no haya sido al
Estado requirente sino a un tercer Estado, como sucedió en el caso de una
extradición solicitada por el Estado peruano al Gobierno de Chile. La resolución
denegatoria señaló lo siguiente: “Décimo cuarto: Que el hecho que la presente
solicitud de extradición de Torres Iturra provenga de un Gobierno distinto del
que formulara la que fue denegada (…) no empece a la aplicación del referido
principio. No se trata, en rigor, de hacer efectiva la excepción de cosa juzgada,
con la triple identidad de elementos necesaria para que ella opere, puesto que
las mencionadas disposiciones (…) del Código de Derecho Internacional
Privado impiden la repetición de un pedido de extradición basado en los
mismos hechos, sin exigir para ellos que la nueva solicitud sea hecha por el
mismo Gobierno” (Citado por Huapaya Olivares Alberto y otros autores en:
Extradición. Teoría y Jurisprudencia. Instituto de Defensa y Desarrollo Social.
[3] Esta facultad no significa pronunciamiento sobre el proceso jurisdiccional ni
avocamiento a la causa, sino que la negativa se da por razones fuera del
contexto jurisdiccional y que más bien pertenecen a la esfera del interés del
Estado. Como lo señala Quintero Olivares, citado por San Martín Castro, César
“(…) se vincula con el interés político; como tal, corresponde al Estado
requerido valorar si la extradición es, además de jurídicamente posible,
políticamente conveniente” (La extradición y la cooperación judicial
internacional. Academia de la Magistratura. Diciembre 2001. Perú)
[4]Hay que tener cuidado con el criterio de la pena mínima, ya que en la
mayoría de Tratados se recurre a fijar la pena mínima en un año, sin embargo
en el caso de los Tratados de Extradición celebrados con la República del
Paraguay y la República de Panamá se recurre a fijar una pena cuya duración
intermedia no sea inferior a dos años, en el caso del Tratado de Extradición con
la República de Bolivia, se exige pena superior a dos años, en el Tratado de Extradición con la República de El Salvador se exige una pena mínima de tres años. El Tratado de Derecho Penal
Internacional de Montevideo exige pena no menor de dos años.
[5] Los Estados no legislan a la misma velocidad sino en atención a los bienes
jurídicos que consideren prioritario proteger, por esta razón en el caso del
Estado Requerido lo que importa es que la conducta este tipificada como delito
antes de recibir el pedido de extradición y no al momento en que se cometieron
los hechos, circunstancia que es irrelevante para este Estado.
[6] Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley Nº 30076, publicada el 19 agosto 2013. Anteriormente decía: “ El Juez dictará el mandato de arresto provisorio, siempre que el hecho que se repute delictivo también lo sea en el Perú y que no tenga prevista una conminación penal, en cualquiera de sus extremos, igual o superior a una pena privativa de un año. Si se invoca la comisión de varios delitos, bastará que uno de ellos cumpla con esa condición para que proceda respecto de los restantes delitos. La decisión que emita será notificada al Fiscal y comunicada a la Fiscalía de la Nación y a la Oficina Local de INTERPOL."
En diversos foros y durante años critiqué este párrafo, por lo siguiente: Obsérvese el parámetro de la penalidad mínima: “que no tenga prevista una conminación penal, en cualquiera de sus extremos, igual o superior a una pena privativa de un año”. Es decir, si la conminación penal es de un año o superior a un año no procede el arresto provisorio. Esto se contraponía al artículo 517 que establece entre la improcedencia de la extradición la conminación penal que no sea igual o superior a un año. En realidad, por este error de la ley, la mayoría de las detenciones preventivas habían sido dictadas irregularmente, y no debieron haber sido amparadas. Curiosamente, tanto los fiscales –defensores de la legalidad- asi como los abogados defensores –defensores del extraditable, permitieron esta situación.
Publicado por ALBERTO HUAPAYA OLIVARES en 21:53 No hay comentarios:
Etiquetas: Código Penal, delito, extradición, marco legal, perú

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 7
 Artículo 7
 Resolución 
 artículo 37
 artículo 523
 resolución 
 artículo 139
 artículo 508
 artículo 513
 artículo 508
 artículo 27
 artículo 513
 artículo 37
 artículo 513
 artículo 513
 artículo 516
 artículo 525
 artículo 516
 artículo 37
 artículo 514

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 resolución 
 artículo 512
 artículo 512
 artículo 523
 resolución

 Artículo 3
 artículo 517