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Timestamp: 2019-08-20 22:48:38+00:00

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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 28352 1 de 1
Primera Sala Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. BRINDA PROTECCIÓN A UN ÁREA RESIDUAL DE LIBERTAD QUE NO SE ENCUENTRA CUBIERTA POR LAS OTRAS LIBERTADES PÚBLICAS.
20. Competencia. Esta Sala es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83 de la Ley de Amparo y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto tercero, en relación con la fracción III del punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito, en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 234, 235, último párrafo, 236, 237, 245, fracción I, 247 último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, y si bien subsiste en esta instancia el problema de constitucionalidad planteado, su resolución no entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, ni tampoco existe alguna otra causa ni la solicitud por parte de algún Ministro para que este asunto lo resuelva el Tribunal Pleno.
21. Oportunidad y legitimación. No es necesario analizar la oportunidad del recurso de revisión ni de su adhesión, tampoco la legitimación de las recurrentes, toda vez que de eso ya se ocupó el Tribunal Colegiado de Circuito, según se advierte de las consideraciones segunda y tercera de la sentencia reseñada.
22. Estudio de procedencia omitido por el Tribunal Colegiado. Como se advierte de los antecedentes, al resolver el amparo en revisión **********, esta Primera Sala devolvió el asunto al Tribunal Colegiado y le ordenó que se ocupara de la causa de improcedencia invocada por la Cámara de Senadores, cuyo estudio fue omitido por el Juez de Distrito y por el propio tribunal en su primera resolución, por ser una cuestión de su competencia delegada, en términos de lo establecido en el punto Noveno, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
23. No obstante lo anterior, al dictar la nueva resolución en cumplimento, el Tribunal Colegiado omitió pronunciarse al respecto.
24. Y si bien el pronunciamiento sobre la causa de improcedencia invocada es competencia delegada a ese Tribunal Colegiado, en términos del punto noveno, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de no retardar más la resolución de este asunto y cumplir con la prontitud en la impartición de justicia, esta Primera Sala reasume competencia para pronunciarse al respecto, con fundamento en los artículos 17 constitucional, 83, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción III, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
25. En su informe justificado, la Cámara de Senadores argumentó que la sola discusión, votación y aprobación de la normatividad impugnada no causaba afectación alguna a los intereses jurídicos de la parte quejosa, porque la afectación que reclamó no derivaba del procedimiento legislativo, sino de un acto de ejecución posterior e independiente a las facultadas de esa autoridad. Y si bien no citó el fundamento, ese argumento inequívocamente se refiere a la causa de improcedencia de falta de interés jurídico, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.
26. Es infundada la causa de improcedencia. Como se desprende de los antecedentes narrados, los quejosos reclamaron los artículos 234, 235, último párrafo, 236, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud como actos destacados, con motivo de su primer acto de aplicación, sin atribuirle a éste vicios propios.
27. Esos artículos fueron el fundamento de los oficios reclamados, por medio de los cuales, los quejosos fueron requeridos para acreditar su interés jurídico o legítimo (sic), precisamente, porque ninguna de esas normas permite que se expida la autorización que solicitaron.
28. Luego, esas normas sí afectan los intereses jurídicos de los quejosos, pues constituyen el obstáculo jurídico que les impide obtener la autorización que solicitaron, para hacer uso privado, lúdico o recreativo, de la cannabis sativa, índica o americana (en adelante, marihuana), es decir, para ejercer un aspecto de su derecho al libre desarrollo de la personalidad tutelado constitucionalmente. Esto, al margen de si hubo o no, violaciones al procedimiento legislativo, pues éste no es el acto reclamado, ni el motivo por el que los quejosos estiman violados sus derechos.
29. Causas de improcedencia supervenientes. Mediante escrito presentado por el autorizado de los quejosos el ocho de agosto de dos mil dieciocho ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se informó a esta Sala de la posible actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, respecto de los quejosos Zara Ashley Snapp Hartman, María Teresa Cecilia Autrique Escobar y Fernando Ramos Casas.
30. Esta Primera Sala advierte que, efectivamente, se actualiza la causa de improcedencia de cosa juzgada, prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, respecto de los tres quejosos mencionados.
31. Esta Primera Sala advierte, en primer lugar, que los tres quejosos mencionados reclamaron los artículos 234, 235, último párrafo, 236, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, como parte de un sistema de prohibiciones administrativas(1) que les fue aplicado en los oficios reclamados, en los que se les requirió acreditar un interés jurídico o legítimo para solicitar la autorización de todos los actos correlativos al consumo privado de marihuana con fines recreativos, puesto que ese ordenamiento no permite expedir esa autorización.
32. Pues bien, respecto de esos quejosos y ese sistema de prohibiciones administrativas, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, en relación con la XI, de la Ley de Amparo; lo que conduce al sobreseimiento en el juicio, de acuerdo con lo siguiente:
"XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior."
33. De la disposición transcrita deriva, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales que hayan sido materia de una ejecutoria de amparo dictada en otro juicio promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades, aun cuando se trate de actos de aplicación distintos, siempre que se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en que se analice la constitucionalidad de las normas generales, siendo que si se declara el apego al orden constitucional de las disposiciones combatidas, esta causal no se individualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios.
34. Como se ha dicho, las fracciones en comento prevén la institución de cosa juzgada, cuyo objetivo esencial es que no pueda discutirse en un segundo proceso lo resuelto en el anterior, lo que evita el dictado de dos resoluciones que se contrapongan entre sí, al reabrirse la controversia y zanja definitivamente la cuestión, generando seguridad jurídica.
35. Para que se actualice la causal de mérito, se requiere, principalmente, la existencia de un juicio de amparo cuya resolución ya hubiese causado estado y que exista identidad entre ese juicio y el posterior, respecto de: a) los quejosos; b) las autoridades responsables; y, c) el acto reclamado.
36. Lo que implica remitirse al examen de la ejecutoria dictada en el diverso juicio de amparo y corroborar si efectivamente existió un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de esas leyes o actos, o sobre la improcedencia de la acción de amparo, cuya actualización impida el que sea ejercida en una nueva demanda.(2)
37. En ese sentido, es un hecho notorio(3) para esta Primera Sala, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de cuatro de julio de dos mil dieciocho, resolvió el amparo en revisión **********,(4) derivado del juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, promovido por los tres quejosos mencionados, en el que se examinó la constitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, es decir, parte de las disposiciones aquí reclamadas que conforman el sistema de prohibiciones administrativas precisado, y se determinó en definitiva la inconstitucionalidad de los artículos referidos (en las porciones normativas precisadas en dicha ejecutoria), otorgándose la protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes:
"En consecuencia, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a los quejosos para el efecto de que el director ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios:
"• Deje insubsistentes los oficios **********, ********** y **********, todos de ocho de julio de dos mil dieciséis; y,
"• Emita otros oficios en los que otorgue a Zara Ashley Snapp Hartman, María Teresa Cecilia Autrique Escobar y Fernando Ramos Casas la autorización referida en los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud para sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar el estupefaciente denominado cannabis sativa, índica o americana, su resina, preparados y semillas, el psicotrópico tetrahidrocannabinol, los isómeros ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas, así como para adquirir semillas de cannabis sativa, índica o americana (marihuana) en las cantidades suficientes y con la periodicidad necesaria para que cada uno de los quejosos pueda realizar las actividades respecto de las cuales fueron amparados, ya sea mediante un permiso especial de adquisición o de traspaso en términos del artículo 236 de la ley mencionada o, en su defecto, mediante una autorización para importar dichas semillas en términos del artículo 290 de la ley de salud referida.
"Lo anterior en el entendido que el director ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios o cualquier otra autoridad no podrá utilizar en contra de los quejosos las disposiciones cuya inconstitucionalidad fue declarada por el Juez de Distrito o prohibirles cualquiera de las actividades autorizadas en razón de la concesión del amparo respecto del estupefaciente denominado cannabis sativa, índica o americana, su resina, preparados y semillas, el psicotrópico tetrahidrocannabinol, los isómeros ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas.
"Asimismo, en la autorización correspondiente el director ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios deberá precisar la cantidad de semillas que cada uno de los quejosos puede adquirir o importar y la periodicidad para ello, así como los términos y condiciones bajo los cuales pueden sembrar esas semillas, cultivar y cosechar las plantas producto de ellas y transportar la marihuana resultante, bajo el entendido de que esas actividades son sólo para consumo personal y que en su desarrollo no deben afectarse derechos de terceros; ello en atención al criterio de esta Segunda Sala, en cuanto a que respecto de estos temas debe ser deferente con los órganos reguladores competentes.
"No pasa inadvertido para los integrantes de esta Sala que todos los aspectos relativos a la regulación de la marihuana y sus derivados, como su adquisición, cultivo, preparación y consumo, deben atenderse mediante el diseño de una política pública integral a cargo del Poder Legislativo, cuya instrumentación corresponde al ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; sin embargo, falta de esa política pública no es obstáculo para que la Suprema Corte repare las violaciones a derechos fundamentales que le sean planteadas por las personas, bajo protección de la Constitución y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
"De ahí que a juicio de esta Segunda Sala, de forma enunciativa mas no limitativa, los quejosos no pueden sembrar semillas de marihuana, cultivar y cosechar las plantas producto de ellas, utilizar o consumir la planta en sí o sus derivados en lugares públicos como restaurantes, parques, instalaciones deportivas, espacios destinados para fumadores, la vía pública, locales o establecimientos cerrados, industrias, empresas, vehículos de transporte público de pasajeros; en instituciones escolares públicas o privadas de cualquier nivel educativo; en establecimientos particulares y públicos en los que se proporcione atención directa al público, oficinas de cualquier dependencia gubernamental federal o local, hospitales, clínicas o centros de salud, cines, teatros o auditorios y todos los espacios cerrados en donde se presenten espectáculos de acceso público o cualquier otro lugar que expresamente sea señalado en la autorización correspondiente siempre que no sea contrario al sentido de esta sentencia.
"Aunado a lo expuesto, el ejercicio del derecho a la libre determinación mediante el consumo de marihuana en los términos señalados no podrá ejercerse frente a menores de edad sin excepción alguna, ni frente a terceros que no hayan brindado su autorización de forma expresa.
"De igual forma, los efectos de este amparo no suponen autorización para transmitir la propiedad de forma gratuita o para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación o distribución de las sustancias aludidas, incluida en esta prohibición las semillas adquiridas conforme al permiso que extienda la autoridad correspondiente para su importación o adquisición o que sean producidas a raíz de las actividades permitidas en razón de este amparo.
"Finalmente, es necesario precisar que la determinación de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no implica la declaración de inconstitucionalidad de alguna disposición normativa distinta a la realizada por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, pues lo único que fue materia de estudio en este recurso de revisión fueron los efectos de la concesión del amparo en atención a que los recurrentes plantearon una incongruencia interna de la sentencia de amparo y las autoridades responsables únicamente interpusieron revisión adhesiva para combatir la determinación del Juez referido, mas no una revisión en lo principal."
38. Pues bien, si se toma en cuenta lo antes explicado, se advierte con toda claridad que en el juicio de amparo indirecto **********, los tres quejosos mencionados reclamaron la inconstitucionalidad del sistema de prohibiciones administrativas que les impedía obtener la autorización para realizar los actos correlativos al autoconsumo privado de marihuana y, en específico, los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud aquí reclamados, por lo que se actualiza el motivo de improcedencia antes aludido, en tanto que se combaten las mismas disposiciones cuya constitucionalidad ya se decidió en definitiva por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en el amparo en revisión **********, en el que eran quejosos las tres personas mencionadas, respecto de las mismas autoridades (legislativa y la que los aplicó), por lo que se configura la institución jurídica de cosa juzgada.
39. Consecuentemente, se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio a que se refiere el artículo 61, fracción X, en relación con la XI, de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento, se impone sobreseer en el juicio por lo que toca a los quejosos Zara Ashley Snapp Hartman, María Teresa Cecilia Autrique Escobar y Fernando Ramos Casas, respecto del sistema de prohibiciones administrativas previsto en la Ley General de Salud, en específico, respecto de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 reclamados en este juicio, en las porciones normativas precisadas en dicha sentencia.
40. Sobreseimiento que debe extenderse, por lo que hace exclusivamente a los tres quejosos mencionados, a los artículos 234, 236, 368 y 479 de la Ley General de Salud, porque fueron reclamados como parte del mismo sistema de prohibiciones administrativas que les impidió acceder a la autorización mencionada, cuyo núcleo son los artículos precisados en el párrafo anterior.(5)
41. Sin que proceda dar vista a los tres quejosos precisados, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo,(6) porque fueron los propios quejosos, a través de su autorizado, quienes cumpliendo con el deber impuesto por el primer párrafo de ese artículo, informaron de la posible actualización de esta causa de improcedencia, por lo que tuvieron la oportunidad de expresar lo que a su interés conviniera.
42. Causa de improcedencia advertida de oficio. Es un hecho notorio que en la misma sesión en que se resuelve este asunto, esta Primera Sala resolvió el amparo en revisión **********, promovido por los quejosos ********** y **********, en contra de las mismas normas reclamadas en este asunto, y concedió el amparo a los quejosos por los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, todos de la Ley General de Salud, así como de su aplicación, consistente en los oficios ********** y **********, expedidos por el director ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y lo negó por los artículos 234, 368 y 479 de la Ley General de Salud.
43. En este sentido, respecto de estos quejosos se actualiza la misma causa de improcedencia estudiada en el epígrafe anterior, pues se advierte que en el juicio de amparo indirecto del que deriva el recurso de revisión citado, los dos quejosos mencionados reclamaron la inconstitucionalidad del sistema de prohibiciones administrativas que les impedía obtener la autorización para

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 61
 resolución 
 artículo 77
 artículo 236
 artículo 290
 artículo 61
 artículo 64