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Timestamp: 2018-10-17 10:21:11+00:00

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Dra. Carolina Ayvar Roldán
Doctora en Derecho por la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Jueza Superior
de la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.
Introducción I. Importancia del Derecho Procesal Laboral II. Los Principios Procesales Laborales
III. Los Principios Procesales en el Nuevo Proceso Laboral. IV. Conclusiones. V. Bibliografía.
I. IMPORTANCIA DEL DERECHO PROCESAL LABORAL
“… el específico carácter del Derecho Laboral…, a diferencia del derecho de contratos, basado en los principios de libertad e igualdad de las partes, se constituye como ordenamiento compensador e igualador en orden a la corrección, al menos parcialmente, de las desigualdades fundamentales, debiendo destacarse a esta finalidad no sólo las normas sustantivas, sino también las procesales, pues resulta patente que el Derecho Procesal y Derecho Sustantivo son ambos realidades inescindibles, actuando el primero como un instrumento de singular importancia para el cumplimiento de los fines pretendidos por el segundo…”157.
II. LOS PRINCIPIOS PROCESALES LABORALES
El maestro Américo Plá Rodríguez define a los principios del derecho del trabajo como “Líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa e indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas,
orientar la interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos”158.
Javier Arévalo Vela señala159 que los principios del Derecho Procesal del Trabajo pueden definirse como aquellos conceptos de naturaleza general que inspiran y orientan la creación, la interpretación y la aplicación de las normas procesales en materia laboral, y cumplen una triple misión: informativa, normativa e interpretativa, coincidiendo con la propuesta de Federico de Castro sobre la función que cumplen los principios del derecho laboral. A saber:
• Informativa, pues sirven de fuente de inspiración al legislador al momento de elaborar las normas jurídicas en materia de trabajo.
• Normativa, ya que cumplen un papel de fuente supletoria ante los vacíos o deficiencias de la legislación.
• Interpretativa, porque actúan como un criterio orientador para quien pretenda interpretar las normas laborales.
La Ley N° 29497 reconoce los principios procesales laborales, sobre cuya base se rige el procedimiento, así como las decisiones tomadas por los órganos judiciales en sus artículos I, III y IV de su Título Preliminar, reconociéndolos expresamente, ampliando los principios reconocidos por la anterior Ley Procesal Laboral aprobada por la Ley N° 26636. Debe hacerse hincapié que en la práctica jurisdiccional son estos principios los que orientan las decisiones de los juzgadores al momento de decidir las controversias, desde el inicio del proceso al admitir la demanda, su consecución y en especial al emitir un fallo, y debo expresar que existen casos límite en los que resulta difícil tomar una decisión; sin embargo, al tener presente el significado de los principios laborales, éstos nos permite resolver la controversia, por lo que ellos no sólo son ideas inspiradoras del debido proceso sino que, en la práctica, ayudan a ejercer debidamente la función judicial, por lo que el reconocimiento expreso de estos principios por la nueva Ley
Procesal de Trabajo es positivo.
III. LOS PRINCIPIOS PROCESALES EN EL NUEVO PROCESO LABORAL
La Ley N° 29497, como ya lo manifestamos, ha regulado algunos de los principios procesales laborales reconocidos por la Constitución del Estado, la doctrina y la anterior Ley N° 26636, y que pretendemos analizar a continuación.
III.1. El principio de oralidad
Sobre la voz oral La Real Academia Española indica: “Expresado con la boca o con la palabra, a diferencia del escrito”; por tanto la oralidad es un sistema de transmitir conocimientos a través de la voz humana.
Couture señala que el principio de la oralidad “Surge de un derecho positivo en el cual los actos procesales se realizan a viva voz, normalmente en audiencia, y reduciendo las piezas escritas a lo estrictamente indispensable”.
El principio de oralidad se halla reconocido por diversos tratados internacionales, respetando la garantía de la audiencia que busca beneficiar a la parte más débil; así lo consideran la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 10)160, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14)161, y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo 26)162.
El nuevo proceso laboral se caracteriza por ser oral. Las actuaciones procesales en este proceso son necesariamente orales, con excepción de la demanda y la contestación que deben hacerse por escrito, mientras que la controversia debe resolverse en la audiencia que el juez fije, sea ésta de juzgamiento o de audiencia única, dependiendo si se trata de proceso ordinario o proceso abreviado.
El artículo 12 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo señala que en los procesos laborales por audiencias, las exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas sobre la base de las cuales el juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencia.
Tello Ponce manifiesta sobre la oralidad:
“En resumidas cuentas, un innovador proceso laboral donde si bien la oralidad y la escritura sean las herramientas de su desenvolvimiento, pero con predominio de la primera sobre la segunda, significará correlativamente un deber real, moral y jurídico, de todos los intervinientes en el proceso, modificando automáticamente el rol del juez que entra en contacto directo con las partes, lo que significa ciertamente la ansiada humanización de la justicia del trabajo, donde la ágil y efectiva solución a los planteamientos, ocupa un medio importante en el desarrollo del proceso”163.
III.1.a) Algunas características de la oralidad en el nuevo proceso laboral
En la Nueva Ley procesal de Trabajo, podemos identificar algunas características del principio de oralidad, como son:
• Se pretende asegurar la concentración, la celeridad e inmediación en los procesos, superando así el retardo y congestión de causas.
• A través de la oralidad se pone en contacto al juez con las partes y otros comparecientes, y permite al juez conocer más de cerca el problema suscitado entre las partes, conocer los hechos y darse una idea probada de lo ocurrido.
• La oralidad permite al juez un rol más activo y su actuación como director del proceso, que lo habilita para dirigir y agilizar el proceso.
• Hace posible una mejor y mayor preparación de los participantes, en especial de los abogados que deben tener pleno conocimiento de asuntos litigiosos y expresar sus posiciones debidamente orientado a éstas, a efecto de presentar sus alegatos tanto de apertura como de cierre, así como estar debidamente preparados para el momento de interrogar a las partes y a testigos.
III.1.b) Actuaciones procesales en las que destaca la oralidad en el nuevo proceso laboral En el proceso laboral regulado por la nueva Ley Procesal de Trabajo destaca la presencia del principio de oralidad en algunas de sus principales actuaciones, a saber:
• En las audiencias, que son sustancialmente un debate oral de posiciones presididas por el juez, quien cumple un rol importante y protagónico pues en el nuevo proceso penal está habilitado para tener un rol activo: puede interrogar a las partes, a sus abogados o a terceros participantes en cualquier momento, inclusive ordenar la actuación de medios de prueba de oficio (artículos 12 y 22).
• Tienen especial importancia los alegatos de apertura donde las partes expresan las pretensiones demandadas y los fundamentos de hecho que las sustentan (artículo 45); las declaraciones de parte, testigos, y los alegatos de cierre (artículo 47).
• En la conciliación en que hay una participación activa entre las partes.
• En la expedición del fallo, pues el juez debe emitirlo en el lapso de sesenta minutos luego de concluidos los alegatos, aunque puede hacerlo dentro de los cinco días siguientes de la conclusión de la audiencia (artículo 47).
• En el trámite de la causa en segunda instancia, realizándose audiencias de vista de causa, en las que el Tribunal Unipersonal o Colegiado oye los alegatos de las partes, pudiendo formular preguntas a las partes y a los abogados; y debe también expedir su fallo oralmente en sesenta minutos, aunque puede diferir la emisión de éste hasta por cinco días en atención a la dificultad o particularidad del caso (artículo 33).
III.2. El principio de inmediación
La inmediación, garantiza que el juez esté presente en todas las etapas del proceso y sea éste quien reciba las posiciones de las partes y actúe los medios de prueba. Como lo apunta Chiovenda164: “No está solo unido estrictamente al de oralidad en cuanto que sólo en el proceso oral puede plena y eficazmente ser aplicado, sino que verdaderamente constituye la esencia del proceso oral”.
Javier Arévalo Vela indica sobre este principio que “persigue que el juez participe personalmente de las diligencias del proceso a efectos que tenga un conocimiento directo y más exacto de los hechos litigiosos que se someten a su decisión”165.
A través de este principio se pretende la vinculación de las partes, el juez y las pruebas durante el proceso, a efecto de averiguar la verdad de los hechos. En la inmediación tenemos la participación directa del juez ya que puede tener en cuenta las reacciones de las partes y declarante para darse cuenta de la veracidad de sus declaraciones. Tiene por finalidad que el juez que reciba las pruebas, haga su apreciación en definitiva a través de un fallo (pues se dicta en la misma audiencia de juzgamiento o única según el tipo de proceso ordinario o abreviado). El juez debe estar presente en la realización de las audiencias, de lo contrario éstas no se realizan. La nueva ley procesal de trabajo exige que las audiencias y actuación de medios probatorios se realicen ante el juez, ya que él es el encargado de dirigir e impulsar el proceso laboral (artículo 21).
Los alegatos de las partes deben exponerse frente al juez y la actuación de los medios de prueba también se efectúa en su presencia, a fin que tenga un conocimiento exacto del contenido de las mismas y pueda observar los hechos y las conductas directamente de las partes, permitiéndole obtener conclusiones y elementos de convicción, sobre todo al momento de emitir su fallo.
III.3. El principio de concentración
Mediante este principio también recogido en el Título Preliminar del Código Procesal Civil, se persigue que los procesos laborales se desarrollen con un mínimo de actuaciones procesales, a efecto que el juez adquiera una visión en conjunto del conflicto de las partes. Se pretende agrupar todos los actos procesales en una única audiencia o, al menos, en el menor número de audiencias necesarias y próximas en el tiempo.
El artículo 44 de la Ley en comento señala que en el proceso ordinario, la audiencia de juzgamiento se realiza en acto único y concentra las etapas de confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia; y el artículo 49 señala que en el proceso abreviado concentra las etapas de conciliación, confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia, las que se realizan una seguida de la otra.
III.4. Principio de celeridad procesal
Persigue la rapidez del proceso laboral, por lo que éste debe estructurarse sobre plazos breves pero también sobre la eliminación de trabas a la tutela jurisdiccional efectiva; asimismo se halla representado por la improrrogabilidad de los plazos, garantizándose así una justicia expeditiva, sin dilaciones indebidas.
Con este principio se aclara la sustanciación del procedimiento, sin que ello menoscabe el derecho a la defensa y el debido proceso.
Ejemplos de celeridad en el proceso laboral es que el juez debe dictar en sesenta minutos su fallo luego de culminada la audiencia de juzgamiento, pudiéndola diferir hasta por cinco días, sólo excepcionalmente en atención a la complejidad del proceso (artículo 47); además, los jueces interpretan los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso (artículo III del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal de Trabajo).
III.5. Principio de economía procesal
Este principio no está deslindado del todo con el de concentración. Busca que los actos procesales sean simplificados y de trámites sencillos, a efecto que se dé inicio, se tramite y decida el proceso en los plazos establecidos. El juez debe velar por la pronta solución del conflicto y que las actuaciones se realicen en el menor número posible de actos áreas distintas: tiempo, gasto y esfuerzo166.
Hay aplicación del principio de economía en el proceso laboral cuando el juez verifica notoriamente la improcedencia de la demanda y la rechaza de plano mediante resolución debidamente fundamentada (artículo 17, última parte), ello a efecto de evitar al litigante un largo juicio en que al final se va a llegar a la misma conclusión; también es posible que interpuesta una demanda, por ejemplo sobre indemnización por despido arbitrario y pago de beneficios económicos, si el juez advierte la caducidad de la acción indemnizatoria, puede declarar la improcedencia de la demanda en este extremo y admitir la demanda por el pago de los beneficios económicos. También se aplica el principio de economía procesal en la facultad del juez de declarar inadmisibles, innecesarios o impertinentes medios de prueba ofrecidos por las partes, cuando se trata de hechos admitidos (por ejemplo, ambas partes están de acuerdo en el periodo laborado) presumidos por ley, recogidos en resolución judicial con la calidad de cosa juzgada o hechos notorios; admitiendo únicamente los medios de prueba sobre los
hechos necesitados de prueba (artículo 46).
III.6. Principio de veracidad
Las partes y sus abogados deben actuar en el proceso con verdad. Dado que el juez dirige la audiencia debe procurar que ésta se conduzca con veracidad, impide y sanciona la conducta contraria a los deberes de veracidad y probidad, por lo que su afectación puede sancionarse con la imposición de multa según lo permite el artículo 15 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo.
Además en esta ley se ha determinado que, en la actuación probatoria, el juez debe impedir que ésta se desnaturalice, permitiéndole sancionar a las partes cuando actúen contrariamente al deber de veracidad; ello se evidencia justamente en la actuación de las declaraciones de parte y de testigos al advertir contradicciones en las respuestas, que hacen evidente que no obedecen a la realidad de los hechos.
III.7. Principio de igualdad real de las partes
La Nueva Ley Procesal de Trabajo, en el artículo III de su Título Preliminar, señala que en todo proceso laboral los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes afecten el desarrollo o resultado del proceso, para cuyo efecto procura alcanzar la igualdad real de las partes.
A este principio se le conoce como principio de socialización procesal, sobre el que Vinatea Recoba y Toyama Miyagusuku señalan: “Exige del juez la capacidad de saber intervenir a fin de que las desigualdades materiales entre las partes no entorpezcan la labor de proveer tutela judicial”167.
Teniendo en cuenta que el derecho laboral tiene carácter protector y que en el proceso laboral el juez desempeña un rol tuitivo, se busca fortalecer a la parte más débil (el prestador de servicios o trabajador; en especial a la madre gestante, el menor de edad y la persona con discapacidad), a efecto de lograr igualdad material entre las partes, y de ese modo evitar que el prestador de servicios (trabajador) se vea en grave desventaja respecto al empleador, en el aporte de medios de prueba en el proceso, su actuación, entre otros.
El Tribunal Constitucional ha reconocido tal situación cuando señala que:
“La relación laboral se caracteriza en sí misma por la desigualdad, lo que hace que el empleador devenga en la parte fuerte o imponente y el trabajador en la parte débil e impotente. Agrega que en el campo jurídico sustancial el rasgo más característico de la relación de trabajo es la subordinación y los derechos imputables al trabajador; y en el campo jurídico procesal se constata la capacidad intimidatoria que se puede crear para impedir los reclamos en vía litigiosa y la extensión de la posición predominante en materia de prueba. Asimismo, en el campo económico, la nota más específica es que frente a la propiedad del medio de producción, el trabajador sólo puede exponer su fuerza de trabajo.
Para hacer frente a ello se afirman los principios protectores o de igualación compensatoria, por el cual reconociéndose la existencia asimétrica de la relación laboral, se promueve por la vía constitucional y legal la búsqueda de un equilibrio entre los sujetos de la misma. Al respecto, el artículo 26 de la Constitución expresa una pluralidad de principios de dicha naturaleza…”168.
Tal reconocimiento en el nuevo proceso laboral permite al juez intervenir en las declaraciones de parte de testigos y peritos de manera libre, sin seguir ningún formulismo o ritualismo (artículo 24), ordenando inclusive pruebas de oficio, permitiéndole -si lo ve por conveniente- disponer se le asigne un abogado de oficio al trabajador que no cuente con abogado, además de extraer conclusiones (reconocidas expresamente en la ley) a partir de la conducta de las partes (en especial la del empleador). Sin embargo, existen en la ley algunas inconsistencias respecto a la aplicación de este principio referida a la actuación de las declaraciones de parte y de testigos cuando establece que es el juez quien primero interroga, cuando ello no resulta muy técnico pues más bien son las partes (a través de sus abogados) las que deben iniciar el interrogatorio a efecto de actuar la prueba ofrecida en los actos postulatorios, y el juez podrá luego interrogar sobre puntos oscuros, ambiguos o que requieran de alguna aclaración, siendo que en la práctica los jueces vienen desarrollando la actuación de estas pruebas de esta última forma; más aun si en principio debe mantener una posición objetiva en el trámite del proceso.
Además es importante destacar la facultad del juzgador de ordenar la actuación de pruebas de oficio, que no sólo tiene por finalidad alcanzar la verdad de los hechos, sino la de evitar la desigualdad en la posición de las partes, en especial del trabajador, a quien las pruebas le resultan difíciles de obtener pues en la relación laboral es el empleador quien tiene en su poder tales medios de prueba como son planillas, boletas de pago, registros de ingreso y salida, reglamentos internos de trabajo, directivas, etc.
III.8. Principio de realidad de los hechos
El artículo III de la Nueva Ley Procesal de Trabajo señala que los jueces privilegian el fondo sobre la forma, que conocemos como el principio de primacía de la realidad.
Este principio, según lo ha definido el maestro uruguayo Américo Plá, “Es la primacía de los hechos sobre los formas, las formalidades o las apariencias.”169; ello implica según señala el citado doctrinario, que en materia laboral importa lo que ocurre en la práctica más que lo que las partes hayan pactado en forma más o menos solemne o expresa o de lo que aparece de los documentos.
Por ello, cuando el juez laboral determine de las pruebas aportadas que existe una prestación de servicios laboral, debe declarar que existe una relación de trabajo, independientemente de la apariencia.
El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 04814-2005-PA/ TC, del 31 de enero del 2006, en su cuarto fundamento, sobre este principio señala:
“En relación al principio de primacía de la realidad que, es un elemento implícito en nuestro ordenamiento jurídico, y concretamente impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, este Colegiado ha precisado que en mérito a este principio en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”170.
En la realidad de nuestro medio laboral, son frecuentes las relaciones informales de trabajo: los empleadores no cumplen con sus obligaciones laborales respecto a sus trabajadores, en especial con el pago de los beneficios sociales que les corresponden, y para ello recurren a simulaciones como contratos modales o civiles de prestación de servicios, por lo que es necesario analizar en el caso concreto, la existencia de los elementos de la relación laboral como son prestación personal, remuneración y especialmente la subordinación; este último elemento es el que distingue precisamente la relación laboral de la relación civil de prestación de servicios, tal como lo exige el artículo 4 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
El artículo 23 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, inciso 2), establece la presunción de laboralidad señalando, que acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario; sin embargo, considero que tal presunción no exime al juzgador de determinar la existencia del elemento de subordinación en la relación laboral pues, como ya se expresó, es éste el que lo diferencia justamente de una relación de naturaleza civil; por lo que al aplicar el principio de realidad de los hechos deben valorarse los medios de prueba que demuestren las alegaciones de las partes.
III.9. Principio de buena fe procesal
Este principio exige a las partes actuar en el proceso con probidad y lealtad, con el fin de impedir cualquier conducta que tipifique fraude procesal, en cualquiera de sus formas como el dolo, la colusión, la simulación o el abuso de derecho.
La Ley N° 29497 establece que en caso de temeridad o mala fe procesal, el juez tiene el deber de imponer a las partes, sus representantes y los abogados una multa no menor de media ni mayor de cincuenta unidades de referencia procesal (artículo 15). Además el juez sanciona a las partes cuando éstas obstaculizan la actuación probatoria; por ejemplo, no se cumple con las exhibiciones ordenadas, se impide el acceso al juez o peritos el material probatorio, o se niega a declarar, permitiendo –inclusive- extraer presunciones de dicha conducta en contra de los intereses de la parte que asume dicha conducta contraria a la buena fe procesal, conforme se indica en el artículo 29 de dicha ley.
III.10. Principio de gratuidad
Este principio garantiza el acceso a la justicia sin costo. El artículo III de la Nueva Ley Procesal de Trabajo señala que el proceso laboral es gratuito para el prestador de servicios, en todas las instancias, cuando el monto total de las pretensiones reclamadas no supere las setenta unidades de referencia procesal.
Sobre la gratuidad del proceso, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado cuando
“Si bien es un principio de la función jurisdiccional la gratuidad en la administración de justicia, dicha norma general se compatibiliza necesariamente con la exigibilidad de costos mínimos respecto de aquellas actividades jurisdiccionales que demanden un servicio. En dicho contexto la exigibilidad de tasas o aranceles judiciales no tienen por objeto desvirtuar el consabido principio, sino dotar al órgano jurisdiccional de contraprestaciones mínimas por los costos en los que se incurre en la realización de determinados actos o diligencias durante la tramitación de procesos específicos…”171.
De este modo el Tribunal Constitucional ha reconocido que la existencia de tasas judiciales no atentan contra el derecho de gratuidad en el acceso a la justicia; sin embargo, en materia laboral, debido a su calidad social, y los derechos de naturaleza alimentaria que se ventilan en el proceso laboral, la nueva ley procesal de trabajo admite la total gratuidad del acceso al procedimiento judicial hasta cierto monto y aún, al exceder el monto máximo (70 URP), siempre el trabajador o empleador podrá solicitar auxilio judicial, a efecto de evitar el pago de tasas judiciales, y ejercer su derecho de acceso a la justicia y de defensa.
III.11. Principio de irrenunciabilidad de derechos
Este principio pretende evitar que el prestador de servicios, en su condición de parte débil de la relación laboral, por razón de necesidad acepte actos de disposición de derechos laborales, burlando así la protección que las leyes de contenido laboral le otorgan. Este principio se encuentra reconocido en el artículo 26, numeral 2) de la Constitución Política del Estado.
Américo Plá define a este principio como: ”La imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el Derecho Laboral en beneficio propio”172.
Álvaro García indica:
“Este principio tiene por finalidad garantizar que el trabajador goce de manera irrestricta de los derechos que le asigna la Constitución y la Ley, por estar concebidos dentro de un marco de protección dada su posición naturalmente débil en la relación laboral. Es de orden público que el trabajador acceda todos los beneficios que las leyes laborales le asignan, no pudiendo dejar de percibirlos aun cuando ello obedezca a una decisión propia del trabajador, tanto menos de un acto del empleador173”.
El Tribunal Constitucional, en el Expediente N° 0008-2005-AI/TC, en su fundamento 24 ha señalado:
“La irrenunciabilidad de los derechos laborales proviene y se sujeta al ámbito de las normas taxativas que, por tales, son de orden público y con vocación tuitiva a la parte más débil de la relación laboral. Precisa además que la norma taxativa es aquella que ordena y dispone sin tomar en cuenta la voluntad de los sujetos de la relación laboral. En este ámbito, el trabajador no puede despojarse, permutar o renunciar a los beneficios, facultades o atribuciones que le concede la norma”174.
Este derecho es protegido en el nuevo proceso laboral en la conciliación y transacción, cuando el juez debe superar el test de disponibilidad de derechos ante un acuerdo conciliatorio o transaccional, teniendo en cuenta que el acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una norma dispositiva, debiendo verificar que no se afecten derechos indisponibles, además de ser adoptado por el titular del derecho y con la participación del abogado del trabajador (artículo 30).
Además se aplica este principio al expedir sentencia, pues está facultado para dictar fallos ultrapetita, pues puede ordenar el pago de sumas mayores a las demandadas, si apareciere error en el cálculo de los derechos demandados o error en la invocación de las normas aplicables, y con ello no se afecta el principio de congruencia; caso distinto es el referido a las sentencia extra-petita: el juez no puede ir más allá de las pretensiones del actor, pues ello determinaría su nulidad.
III.12 Principio pro actione o favor actionis
El artículo III de la Nueva Ley Procesal de Trabajo señala que los jueces interpretan los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso, por lo que reconoce la aplicación del llamado principio pro actione o favor actionis.
El Tribunal Constitucional reconoce este principio en sentencias emitidas en las que ha destacado su cumplimiento por los juzgadores, así ha determinado en el Expediente Nº 1049-2003-AA/TC:
“El principio pro actione impone a los juzgadores la exigencia de interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo… con lo cual, ante la duda, la decisión debe dirigirse por la continuación del proceso y no por su extinción.
Téngase en cuenta, finalmente, que la alternativa opuesta supondría invertir el funcionamiento y el propósito de los procesos en general, y de los procesos constitucionales en particular, pues implicaría convertir, erróneamente, una duda interpretativa respecto de las formalidades propias del instrumento de tutela en un elemento determinante para permitir el acceso a la tutela constitucional de los derechos, cuando, en realidad, es el instrumento procesal el que debe ser adecuado e interpretado decididamente –siempre y cuando no se restrinjan los derechos constitucionales de la contraparte- a fin de consolidar una tutela constitucional más eficaz, oportuna y plena”175.
En el desarrollo de la actividad judicial es común encontrarse frente a la alternativa de la procedencia o no de la demanda, pues en ésta los argumentos fácticos y jurídicos muchas veces son contradictorios y, aún en la alternativa de pedirle al actor la aclaración de sus pretensiones, así como de su fundamentación, no es claro; sin embargo, en atención a la calidad tuitiva del derecho laboral y frente a la probabilidad de caducidad o prescripción de los derechos reclamados, es preferible admitir la demanda y esperar a su contestación y actuación de los medios de prueba, a efectos de determinar la procedencia o no de los reclamos del actor en aplicación del principio pro actione.
De otra parte, frente a la especialización de los jueces laborales (contencioso administrativos y propiamente laborales), en los casos en que los demandantes no tienen claro su régimen laboral (público o privado), caso de trabajadores cuyo empleador es el Estado, respecto a instituciones que cuentan con trabajadores sujetos a los regímenes regulados por los Decretos Legislativos N° 728 y N°276, y ante la alegación del actor de estar sujeto al régimen privado, es mejor optar por admitir la demanda y, de los medios de prueba que se aportan al proceso, determinar la naturaleza jurídica de la relación laboral y no a priori declarar la improcedencia de la demanda.
III.13. Principios de constitucionalización y de interpretación según
principios constitucionales y precedentes vinculantes
El artículo IV del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal de Trabajo señala que los jueces laborales imparten justicia con arreglo a la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y la ley; además interpretan y aplican las normas según los principios y preceptos constitucionales, y según los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema. Con ello se garantiza el respeto de los derechos laborales constitucionales, además de lograr la uniformidad de criterios en la administración de justicia, evitando así fallos contradictorios o disímiles.
Es relevante que la Nueva Ley Procesal de Trabajo reconozca el deber de los jueces no sólo de aplicar la ley, sino en especial la Constitución y en ella los principios constitucionales que en materia laboral se hallan reconocidos en su artículo 26, que establece claramente los principios que rigen la relación laboral como son: de igualdad y no discriminación, irrenunciabilidad de derechos laborales y pro operario, pues en caso de duda en la aplicación de una norma debe preferirse la más favorable al trabajador, y cuyo contenido además ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en algunos de sus fallos.
Así pues se reconoce en esta ley el principio de fuerza normativa de la Constitución que vincula a todos los poderes del Estado y a la sociedad en general, así lo ha expresado el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 008-2005-AI/TC cuando indica:
“La Constitución es una norma jurídica vinculante y los derechos que reconoce pueden ser directamente aplicados. Al respecto, este Tribunal ha declarado que la Constitución no es sólo una norma, sino en realidad, un “ordenamiento”, que está integrado por el Preámbulo, sus disposiciones con numeración romana y arábica, así como por la Declaración sobre la Antártica que ella contiene. Toda ella comprende e integra el documento escrito denominado ‘Constitución Política de la República del Perú’ y, desde luego, toda ella posee fuerza normativa”.
La aplicación de los precedentes vinculantes en materia laboral expedidos por el Tribunal Constitucional ha logrado (aunque aún hay mucho por hacer) unidad y uniformidad en los fallos de los jueces de todas las instancias, como son los casos de las sentencias emitidas en los casos Baylón Flores y Anicama Hernández. Es importante destacar que a efecto de lograr esa uniformidad en los criterios de los juzgadores, la Nueva Ley Procesal del Trabajo ha establecido en su artículo 40 la calidad de precedente vinculante de los fallos de la Corte Suprema cuando el pleno de la Sala Suprema en materia Constitucional y Social convoca a los jueces supremos que conformen otras Salas en materia constitucional y social (en caso las hubiera) para resolver un asunto en casación; teniéndose presente que sólo será necesaria la reunión de los vocales supremos de la especialidad, pues solo se contaba con los plenos nacionales, regionales o locales en materia laboral ante la imposibilidad de contar con plenos casatorios de la Corte Suprema en materia laboral, los mismos que ahora se hacen factibles gracias a la Nueva Ley Procesal Laboral.
III.14. Principio del debido proceso
La Constitución Política del Estado reconoce el principio del debido proceso en su artículo 139 inciso 3, que incluye el debido proceso sustantivo como el debido proceso procesal:
“… en el primer caso nos referimos a un estándar o patrón de justicia mínimo que debeser observado por el operador de justicia (sea éste un funcionario, juez, etc.); vale decir, apunta a establecer ciertos límites a la discrecionalidad del magistrado a la hora de aplicar el derecho y administrar justicia, no pudiendo interpretar y aplicar las normas de cualquier manera. En el segundo caso, estamos más bien ante la necesidad de que en todo proceso se respeten un conjunto de requisitos y garantías procedimentales mínimas que aseguren un resultado justo del proceso176”.
El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado al respecto en las siguientes sentencias: Expediente N° 2508-2004-AA/TC:
“Debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir, que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales, dentro de un proceso, sea este administrativo… o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. Uno de los atributos del debido proceso lo constituye el derecho de defensa, que tiene como presupuesto, para su ejercicio, la debida notificación de las decisiones que pudieran afectar una situación jurídica”177.
Expediente N° 8125-2005-HC:
“… El debido proceso tiene … dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación; en su faz sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer”178.
La Nueva Ley Procesal de Trabajo rescata este principio al reconocerlo pues justamente la solidez de un proceso judicial -incluyendo las decisiones jurisdiccionales en este caso, en asuntos de orden laboral- se sustenta en el respeto al principio del debido proceso; más aún si se tiene en cuenta que en muchos de los procesos referidos a la conclusión de la relación laboral como el despido, el empleador también se halla obligado a cumplir este principio; es decir, a la observancia de las formalidades y derechos reconocidos por la norma laboral para reconocer como válido el fin de la relación laboral y que merecerá especial análisis por los juzgadores al momento de razonar sobre el caso en concreto.
III.15. PRINCIPIO DE TUTELA JURISDICCIONAL
Este principio es entendido como
“… el derecho que todos tenemos de acudir a los tribunales estatales para obtener la protección de nuestros derechos e intereses (abstractamente reconocidos por el ordenamiento jurídico), a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como del demandado, y cuyo resultado práctico y concreto se encuentre asegurado por un adecuado conjunto de instrumentos procesales puestos a disposición del orden jurisdiccional por el propio ordenamiento jurídico procesal”179 .
La Nueva Ley Procesal de Trabajo reproduce el derecho fundamental reconocido por el artículo 139, inciso 3) de la Constitución Política del Estado, y debe reconocerse que existe una común unión con el derecho al debido proceso, como claramente lo ha expresado el Tribunal Constitucional en algunas de sus decisiones. Más, el acceso a los tribunales judiciales en materia laboral tiene una especial relevancia social pues responde a los reclamos de los sectores mayoritarios, respecto a las relaciones empleador-trabajador, permitiendo que la justicia laboral decida finalmente sobre la diversa problemática que se presente en ellas.
III.16. Principio de razonabilidad
Sobre el principio de razonabilidad Marcial Rubio señala:
“El principio de razonabilidad exige que las conductas –o en términos jurídicos, los actos-, para dar el significado de contenido voluntario que los sujetos realizan frente a los hechos y circunstancias, deben cumplir el requisito de ser generalmente aceptados por la colectividad como adecuada respuesta a los retos que presenta la realidad frente al actuar humano jurídicamente relevante”180.
Por su parte Álvaro García manifiesta:
“El principio de razonabilidad dicta que los sujetos de la relación laboral deben actuar conforme a la razón, que debe ser ésta la que los guíe en el quehacer diario y en el desenvolvimiento del vínculo laboral. En tanto son sujetos de derecho que gozan de autonomía y voluntad propia, el equilibrio y la razón deben ser los que determinen su recto proceder”181.
En jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha determinado:
“El principio de razonabilidad implica encontrar justificación lógica en los hechos, conductas y circunstancias que motivan todo acto discrecional de los poderes públicos. Este principio adquiere mayor relevancia en el caso de aquellos supuestos referidos a restringir derechos o, para fines del caso, despojar de las prerrogativas que actúan comogarantías funcionales para determinados funcionarios públicos”182.
El principio de razonabilidad es indispensable en la resolución de casos, en el análisis de los hechos alegados por las partes y en los medios probatorios tendientes a la comprensión de los mismos para alcanzar una conclusión. La razonabilidad debe estar presente en las relaciones laborales entre empleador y trabajador, en especial en las potestades del primero y los límites de sus facultades de dirección que tiene especial relevancia en la imposición de sanciones, y en el ejercicio del ius variandi reconocido por la normatividad laboral, debiendo el juzgador -en su momento- determinar la objetividad y razonabilidad de la medida adoptada por el empleador; por lo que su reconocimiento en la Nueva Ley Procesal de Trabajo adquiere especial relevancia.
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0 #3 pegatinas 15-04-2015 02:37
encontrado por internet y me parecen todos los
0 #2 TERESA 16-10-2014 03:49
y una consulta la ultra petita??? en donde la ubico???
+1 #1 roberto tineo 12-09-2013 21:39

References: artículo 12
 artículo 44
 artículo 49
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 artículo 26
 artículo 4
 artículo 23
 artículo 29
 artículo 26
 resolución 
 artículo 26
 artículo 40
 artículo 139
 artículo 139
 resolución