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﻿ SENTENCIA ACU-1060 DE DICIEMBRE 9 DE 1999
SENTENCIA ACU-1060 DE 09 DE DICIEMBRE DE 1999
CONTENIDO:ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO. LOS ACTOS PROFERIDOS EN LOS PROCESOS POLICIVOS SON DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y NO JURISDICCIONAL. (NOTA: SE RECONSIDERA LA POSICIÓN DE LA SALA EXPRESADA EN LA SENTENCIA DE OCTUBRE 30 DE 1997, EXPEDIENTE ACU-42).
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO, PROCESO ADMINISTRATIVO, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO, PROCESO POLICIVO, TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO, EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO, DEMANDA DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
REVISTA TUTELA N°:3 DE MARZO DE 2000, PÁG.642
Sentencia ACU-1060 de diciembre 9 de 1999
Ref.: Exp. ACU -1060, dic. 9/99
Actor: Cecilia Quimbay Cortés
Demandada: Alcaldía Local de Usaquén
Conoce la Sala de la impugnación presentada por la actora contra la providencia proferida el 29 de octubre de 1999 por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual negó, por improcedente, la acción de cumplimiento intentada por la señora Cecilia Quimbay Cortés.
1.La acción de cumplimiento.
Mediante escrito presentado el 13 de octubre de 1999 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls. 1 a 2A), la señora Cecilia Quimbay Cortés impetró acción de cumplimiento contra el Alcalde Local de Usaquén (Santafé de Bogotá D.C.), para que se disponga el inmediato cumplimiento de la Resolución 119 del 28 de julio de 1997 proferida por tal funcionario, por la cual se ordenó el cierre definitivo de la plaza de mercado denominada “Cooperativa de Comerciantes Móviles de San Cristóbal Norte Limitada Nuccomesan”
2.1. La señora Cecilia Quimbay Cortés en el mes de septiembre de 1996 presentó querella policiva en procura de lograr la clausura del establecimiento plaza de mercado que funciona en la carrera 7ª número 163-90 de esta ciudad, toda vez “...que ese establecimiento impide por completo la circulación tanto peatonal como vehicular por el sector que ocupa y que está clasificado en área de actividad especializada residencial general” (fl. 1).
2.2. Dentro del proceso policivo aludido se expidió la Resolución 119 del 28 de julio de 1997 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL CIERRE DEFINITIVO (SIC) DE LA PLAZA DE MERCADO UBICADA EN LA AVENIDA 7ª Nº 163-90 DENTRO DE LA QUEJA RADICADA BAJO EL Nº 7530/96” (fls. 9 a 16, mayúsculas del texto).
2.3. Tal decisión fue confirmada íntegramente por el Consejo de Justicia de Santafé de Bogotá - Sala Administrativa, mediante pronunciamiento hecho el 21 de julio de 1998 (fls. 3 a 8).
3. Constitución en renuencia.
El 2 de agosto de 1999, la accionante presentó escrito ante el Alcalde Local de Usaquén (Santafé de Bogotá D.C.), con el preciso cometido de constituirlo en renuencia (fl. 17).
4. Actuación del Alcalde Local de Usaquén.
Mediante escrito presentado el 25 de octubre de 1999, el Alcalde Menor de Usaquén informó al Tribunal que el 27 de septiembre de 1999 ofició al comandante de la primera estación de policía con el fin de que éste procediera “...a materializar la orden de cierre definitivo contenida en Ia Resolución 119 de 1997 (sic)...” (fl. 24) y que, para constatar la nomenclatura urbana del sitio donde funciona la aludida plaza de mercado “... ordenó Ia práctica de diligencia de verificación para el día 2 de octubre de 1999...” (fl. 24). Además, indica que:
“4. En cumplimiento del auto (sic) anterior el despacho se presenta en el lugar de los hechos (sic) verificando efectivamente que la plaza de mercado funciona en el predio identificado con la nomenclatura urbana Avenida Carrera 7ª Nº 163-04 y que posteriormente tomará la decisión que en derecho corresponda.
Así las cosas nos encontramos con un acto administrativo en firme donde se emitió una orden de policía contra una dirección (sic) que no corresponde, y en aras de salvaguardar un debido proceso, ruego al despacho tomar atenta nota al respecto y otorgar un término prudencial para resolver lo antes anotado” (fl. 24).
5. Actuación de la Cooperativa de Comerciantes Móviles de San Cristóbal Norte Ltda. Nuccomesan.
La citada cooperativa solicita se nieguen las pretensiones por cuanto “... de efectuarse el cierre quedaríamos totalmente desamparados en la seguridad social (sic), en el estudio y en el sostenimiento de nuestras familias ya que como lo manifestamos anteriormente es nuestra única fuente de ingresos” (fls. 48 y 49).
6.La providencia impugnada.
Mediante proveído del 29 de octubre de 1999, el a quo denegó las pretensiones, por cuanto consideró que la decisión cuyo cumplimiento se pretende a través de la presente acción, no es un acto administrativo, sino que tiene la calidad de providencia de orden jurisdiccional, respecto de la cual no es procedente la acción de cumplimiento (fls. 59 a 65).
De otro lado señala que sería imposible el cumplimiento de la Resolución 119 de 28 de julio de 1997, por cuanto “...al ser identificado el inmueble objeto del cierre, éste no corresponde a la nomenclatura señalada en el contenido decisorio. Situación que atentaría contra el debido proceso, el derecho de defensa y rayaría los Iímites de abuso de autoridad” (fl. 64).
Inconforme con la decisión del a quo la accionante la impugnó. En esa dirección, luego de transcribir apartes del escrito del Alcalde Local de Usaquén, señala:
“Al respecto (sic) de lo anterior no estoy de acuerdo con lo expuesto por la asesora jurídica de la alcaldía, ya que según el certificado de tradición y libertad del número de matrícula 50N-561256 correspondiente al predio querellado, en donde se lee que la dirección del inmueble es:
1. Avenida 7ª 163-04 Lote 6 Manzana C hoy
2. A venida 7ª 163-90” (fls. 69 y 70).
En primer término, se precisa que si bien el escrito de impugnación presentado por la accionante no contiene la exposición de los motivos por los cuales disiente de la decisión recurrida, la Sala, en observancia del mandato contenido en el artículo 228 de la Carta, abordará el estudio del recurso interpuesto, en el entendido de que la recurrente no comparte la decisión del a quo por ser desfavorable a sus intereses.
En el caso presente la señora Quimbay Cortés pretende se ordene el cumplimiento de la Resolución 119 del 28 de julio de 1997, proferida por la Alcaldía Local de Usaquén de Santafé de Bogotá D.C.
Ahora bien, la acción de cumplimiento establecida en el artículo 87 de la Constitución Política, es un mecanismo para hacer que las autoridades cumplan con las leyes que las rigen y den cumplimiento a los actos administrativos que les son obligatorios. En caso de prosperar la acción, la providencia judicial ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido.
En el caso bajo estudio se tiene que la accionante pretende se ordene el cumplimiento de la Resolución 119 de 1997 de la Alcaldía Local de Usaquén “por medio de la cual se ordena el cierre definitivo de la plaza de mercado ubicada en la Avenida 7ª Nº 163-90 dentro de la queja radicada bajo el Nº 7530/96”, la que fue confirmada el 21 de julio de 1998 por la Sala Administrativa del Consejo de Santafé de Bogotá D.C.
Respecto de la naturaleza jurídica de este tipo de actos, esto es, de los dictados en los procesos policivos, con anterioridad en sentencia del 30 de octubre de 1997, expediente ACU-042, la Sala señaló que aquella corresponde a la de actos jurisdiccionales y, por lo tanto, que frente a ellos no es posible ejercer la acción de cumplimiento. Sin embargo, la Sala reconsidera esa posición, en el sentido de estimar que tales actos son administrativos y no jurisdiccionales, por cuanto se profieren en ejercicio de la función administrativa y no de la jurisdiccional.
En efecto, sobre el particular la doctrina ha precisado lo siguiente:
“Los juicios de policía de carácter civil regulados expresamente por la ley buscan dirimir un conflicto interpartes, relacionado ordinariamente con el derecho de propiedad, tal como se observa en los amparos posesorios o de marcas y patentes. Juicios ordinariamente de carácter preventivo que buscan de manera expedita mantener el statu quo hasta que el juez propia desate el conflicto en forma definitiva.
En contraposición con éstos vemos aquellos casos en los que la adopción y aplicación de medidas de policía, como el cierre de establecimientos industriales o comerciales o de casas públicas, por razones de orden público, seguridad personal, salubridad y moralidad públicas, son de resorte exclusivo del poder de policía y extrañas por completo a la competencia de la rama jurisdiccional; y, en consecuencia, las respectivas resoluciones se dictan en ejercicio de la actividad administrativa que es propia de las autoridades de policía y no de la jurisdiccional que sólo en casos de excepción ejercen cuando conocen y deciden juicios de naturaleza penal y civil regulados expresamente por la ley”(1).
(1) Betancur Jaramillo. Carlos. Derecho Procesal Administrativo. Medellín. 1999. Señal Editora págs. 108 y 109.
La Sala acoge tal perspectiva, para concluir que en el caso presente se está en presencia de una actuación puramente administrativa y, por tanto, la acción de cumplimiento es procedente en el presente caso.
Ciertamente, a través de la Resolución 119 de 28 de julio de 1997, no se resuelve el conflicto que se presenta entre intereses particulares, sino que en tal acto administrativo se precisó que el citado local comercial, —plaza de mercado—, “...no cumple ni cumplirá las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación, así como Ias condiciones sanitarias descritas en la Ley 9ª de 1989 y demás normas vigentes sobre la materia, como lo establece el artículo 2º de la Ley 232 de 1995...” (fl. 14).
Ahora bien, tal resolución se confirmó el 21 de julio de 1998, mediante decisión adoptada por la Sala Administrativa del Consejo de Justicia de Santafé de Bogotá, D.C., lo que le confiere el carácter de acto ejecutable.
Además de lo anterior, no es de recibo la tesis del Alcalde Local de Usaquén, de acuerdo con la cual, no está plenamente identificado el inmueble donde debe ejecutarse la medida policiva, toda vez que del certificado de tradición y libertad del inmueble con matrícula 50N-561256, se tiene que la dirección del inmueble cuyo cierre se ordenó, es la siguiente:
“Dirección del inmueble
2. Avenida 7ª 163-90” (fl. 71).
El inmueble respecto del cual se impartió la orden de clausura se encuentra plenamente identificado y por tanto la no práctica de la orden de cierre del establecimiento comercial que allí funciona, no se encuentra permitida por el ordenamiento legal colombiano.
En tales condiciones, se encuentra que la autoridad administrativa, en este caso el Alcalde Local de Usaquén de Santafé de Bogotá D.C., sin causa justificativa ha omitido el cumplimiento del acto administrativo que ordenó el cierre de un establecimiento de comercio, por lo que la acción impetrada debe despacharse favorablemente.
1. REVÓCASE la providencia impugnada, esto es, la proferida el 29 de octubre de 1999 por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2. ORDENASE al Alcalde Local de Usaquén de Santafé de Bogotá, D.C., que en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, proceda al cumplimiento de la Resolución 119 de 28 de julio de 1997 emanada de ese despacho.
3. ENVÍESE copia de lo decidido a la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Magistrados: Germán Rodríguez Villamizar, Presidente de la Sala—Jesús María Carrillo Ballesteros—María Elena Giraldo Gómez—Alier Eduardo Hernández Enríquez—Ricardo Hoyos Duque.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 228
 Resolución 
 artículo 87
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 resolución 
 Resolución