Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-1933-2007-25-10-2007-45391
Timestamp: 2018-05-26 02:33:56+00:00

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Resolución de TEAC, 00/1933/2007, 25-10-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1933/2007 de 25 de Octubre de 2007
Núm. Resolución: 00/1933/2007
En la Villa de Madrid, a 25 de octubre de 2007 este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, ha visto la reclamación económica-administrativa, interpuesta por D. A y Dña. B, con domicilio a efecto de notificaciones en ... contra el acuerdo de liquidación practicado por la Delegación Especial de Inspección de ... correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ejercicios 2001/2002, por importe de 170.047,26 €.
PRIMERO: Como consecuencia de las actuaciones inspectoras iniciadas el día 13 de Mayo de 2003 en relación con el obligado tributario Don A y su esposa Doña B, la Inspección incoó el 23 de Febrero de 2005 acta de Disconformidad A02 ... relativa al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ejercicios 2001/2002. En esta se hace constar lo siguiente:
-Las actuaciones inspectoras tienen alcance general respecto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ejercicios 1998 a 2002. En un principio las actuaciones de comprobación e investigación comprenden los ejercicios 1998 a 2001 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, posteriormente con fecha 27 de Octubre de 2004 se amplían las actuaciones al año 2002 con carácter general por IVA e IRPF.
-A efectos del cómputo de duración de las actuaciones inspectoras no se tienen que tener en cuenta 576 días imputables al obligado tributario por no aportar la documentación requerida.
-En el curso de las actuaciones inspectoras se han extendido diligencias en las siguientes fechas: 12/06/2003-07/07/2003-17/12/2003-10/05/2004-24/05/2004-16/06/2004-09/07/2004-05/11/2004-26/112004-02/02/2005.
-La actividad desarrollada por el obligado tributario en los períodos comprobados fue de reparación de maquinaria industrial.
-No se han exhibido ni los libros ni los registros exigidos por las normas del régimen de estimación aplicable al sujeto pasivo y requeridos por la Inspección.
-El obligado tributario había presentado declaraciones-liquidaciones por los períodos comprobados en régimen de tributación conjunta. La unidad familiar está formada por los dos cónyuges.
-El sujeto pasivo aporta facturas de los ejercicios 2000, 2001 y 2002 tanto de los ingresos como de los gastos.
-De la documentación aportada resulta que el sujeto pasivo desarrolla una actividad empresarial de reparaciones industriales en persona junto con un empleado. Así lo declara en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas donde se acoge a la modalidad de estimación objetiva módulos.
-De las facturas de 2000, 2001 y 2002 resulta que el asalariado trabaja respectivamente 2.196,6 horas, 2.352,5 horas y 2.266 horas. En consecuencia el módulo "empleado" queda como 2,22 en 2000 y 2,31 en 2001, superando los límites reglamentarios para permanecer en régimen de estimación objetiva, debiendo tributar en los ejercicios 2001 y 2002 en régimen de estimación directa simplificada.
-Al tributar en régimen de estimación directa simplificada el beneficio de la actividad empresarial se determina por diferencia entre ingresos y gastos fiscalmente deducibles.
SEGUNDO: La propuesta de liquidación contenida en el acta ascendía a 169.121,97 € de deuda tributaria de los cuales 151.699,60 € correspondían a la cuota y 17.422,37 € correspondían a los intereses de demora. El reclamante no formuló alegaciones a la propuesta inspectora. El día 23 de Mayo de 2005 se dictó acuerdo de liquidación en el que se confirma íntegramente la propuesta inspectora, aunque se modifica la deuda tributaria como consecuencia de la modificación de los intereses de demora, la deuda ascendía a 170.047,26 €.
TERCERO: Con fecha 11 de Julio de 2005 el reclamante procedió a interponer reclamación económico-administrativa nº 1933/2007 contra el acuerdo de liquidación dictado. El reclamante formula en síntesis las siguientes alegaciones:
-Considera que el plazo de duración de las actuaciones inspectoras ha sido superior a doce meses. Ha tenido una duración de 23 meses. Alega que le han imputado una serie de dilaciones que no le son atribuibles.
-En concreto en la diligencia nº 1 (12/06/2003) los órganos de inspección solicitan al reclamante una serie de información. En la diligencia nº 2 (7/07/2003) el reclamante manifiesta con respecto a una parte de la documentación (facturas del ejercicio 1998) que no dispone de dicha información. En la diligencia de 10/05/2005 se le vuelve a requerir la información solicitada en la diligencia nº 1.
-Se lamenta el reclamante de las actuaciones de los órganos de inspección puesto que el día 24/05/2005 le solicitan que aporte nueva documentación relativa a los movimientos bancarios.
-Por último, el reclamante hace referencia al fondo del asunto manteniendo la postura de su tributación en régimen de estimación objetiva mediante el sistema de módulos. Manifiesta que los órganos de inspección no han hecho mención al tiempo imputado al titular de la actividad, que sería inferior a 1800 horas y por tanto la suma de éste y del personal asalariado daría lugar a un total de 2 personas que es lo que exige la normativa para mantenerse en módulos.
SEGUNDO: En relación con el plazo de duración de las actuaciones inspectoras y las dilaciones imputables al reclamante hay que hacer referencia a lo siguiente. Prescripción del derecho de la Administración a liquidar por haber excedido el procedimiento inspector el plazo del artículo 29 de la Ley 1/1998. El artículo 64 de la Ley General Tributaria establece, tras la reforma introducida por la Ley 1/98, un plazo de prescripción de cuatro años para los siguientes derechos y acciones: "a) el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.(...) c) La acción para imponer sanciones tributarias.(...)". Este plazo de prescripción se interrumpía según el artículo 66 del mismo Texto Legal, por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regulación, inspección del impuesto devengado. Por tanto, en el momento de iniciar las actuaciones de comprobación realizadas con el obligado tributario, el 13 de Mayo de 2003 sin perjuicio de la posterior ampliación de actuaciones para el ejercicio 2002 con fecha 27 de Octubre de 2004; y tomando aquélla como fecha de interrupción de la prescripción, no había prescrito el derecho de la Administración para liquidar la deuda tributaria correspondiente al impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios 2001/2002. La Ley 1/98 de Derechos y Garantías de los contribuyentes vino a establecer un plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras, el artículo 29 establece: "1. Las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos deberán concluir en el plazo máximo de doce meses a contar desde la fecha de notificación al contribuyente del inicio de las mismas.(...)2. A los efectos del plazo previsto en el apartado anterior, no se computarán las dilaciones imputables al contribuyente, ni los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente. 3. La interrupción injustificada durante seis meses de las actuaciones inspectoras, producida por causas no imputables al obligado tributario, o el incumplimiento del plazo a que se refiere el apartado 1, determinará que no se considere interrumpida la prescripción como consecuencia de tales actuaciones. 4. A los efectos de los apartados anteriores, se entenderá que las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación concluyen en la fecha en que se dicte el acto administrativo que resulte de dichas actuaciones." Por su parte el artículo 31 del Reglamento General de Inspección, en la redacción dada por el número 3 de la disposición final primera del Real Decreto 136/2000, de 4 de Febrero, establece lo siguiente: "Las actuaciones de comprobación, investigación y las de liquidación se llevarán a cabo en un plazo máximo de doce meses contados desde la fecha en que se notifique al obligado tributario el inicio de tales actuaciones hasta la fecha en que se dicte el acto administrativo que resulte de las mismas, salvo que se acuerde la ampliación de dicho plazo en la forma prevista en el artículo 31 ter de este Reglamento. A efectos de este plazo, no se computarán las dilaciones imputables al obligado tributario ni los períodos de interrupción justificada en los términos que se especifican en el artículo 31 bis de este Reglamento. A su vez, se considerarán dilaciones imputables al propio obligado tributario, el retraso por parte de éste en la cumplimentación de las solicitudes de información, requerimientos o comparecencias formuladas o solicitadas por la inspección dentro del ámbito de sus competencias, así como el aplazamiento o retraso de las actuaciones solicitado por el propio contribuyente en los casos en que se considere procedente. Las solicitudes que no figuren íntegramente cumplimentadas no se tendrán por recibidas a efectos de este cómputo hasta que no se cumplimenten debidamente, lo que se advertirá al interesado. A efectos de dicho cómputo, el retraso debido a dilaciones imputadas al contribuyente se contará por días naturales". Estos preceptos han limitado el plazo máximo de duración de las actuaciones de comprobación, investigación y liquidación a doce meses, con la posibilidad de ampliarlo a 24 meses cuando concurran las circunstancias que contempla el mismo. El cómputo del plazo máximo de duración de las actuaciones se debe realizar de tal forma que, sin perjuicio de la existencia de dilaciones imputables o de interrupciones injustificadas, se extienda hasta los 12 meses siguientes computados desde su inicio, es decir, que sí, en este caso, el procedimiento de comprobación se ha iniciado el 13 de Mayo de 2003, el vencimiento de los doce meses se produce el 13 de Mayo de 2004. No obstante, hay que tener en cuenta que, como hemos indicado, el artículo 29 excluye del cómputo del plazo tanto las dilaciones imputables al contribuyente como aquellos períodos de interrupción justificada. El acuerdo de liquidación es del 23 de Mayo de 2005.
TERCERO: El acta recoge la existencia de un total de 576 días de dilaciones imputables al sujeto pasivo.
El término consistente en "dilaciones imputables al contribuyente" es un concepto jurídico indeterminado que debe interpretarse como todas las conductas que demoren las actuaciones de comprobación e investigación de la Inspección de los Tributos, y que impidan de una forma u otra su normal funcionamiento, cualquiera que sea la forma en que aquéllas se manifiesten. En el supuesto objeto de estudio el actuario deja constancia de forma genérica en el Acta de que al contribuyente se le imputa como dilación el período que comprende de 7 de Julio de 2003 hasta 2 de Febrero de 2005 por no aportación de documentación pero no especifica los períodos concretos en los que no ha aportado dicha documentación.
Hay que ir analizando todas las diligencias que figuran en el expediente para poder determinar si existen o no dilaciones imputables al contribuyente.
El motivo de la única dilación que recoge la Inspección es no aportar toda la documentación exigida por el actuario en el plazo establecido a tal efecto. La obligación de colaboración del contribuyente con la Inspección se recoge de manera genérica en el artículo 35.2 de la Ley General Tributaria que señala como obligación de los sujetos pasivos el facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones. Tal colaboración se traduce en diversas obligaciones como aportar a la Inspección los registros y documentos establecidos por la normativa tributaria, así como los justificantes de los mismos, aportar todo tipo de documentación que sea de llevanza obligatoria.
El hecho de no aportar la documentación exigida por la Inspección determina que ésta le impute al contribuyente el plazo de la dilación hasta que aporte la documentación solicitada puesto que esta posibilidad aparece recogida de forma expresa en nuestra normativa tributaria.
-Dilación desde el 7 de Julio de 2003 hasta el 24 de Mayo de 2004: En la diligencia nº 1 de 12/06/2003 se solicita al reclamante una serie de documentación entre la que figura las facturas correspondientes al ejercicio 1998 y los libros de bienes de inversión de los ejercicios 1998, 1999, 2000 y 2001. En la diligencia nº 2 de 7 de Julio de 2003 el actuario hace constar de forma expresa la documentación que no aporta el reclamante y las consecuencias de esta falta de aportación. En concreto se refiere a la siguiente: a) las facturas emitidas del ejercicio 1998 que el contribuyente manifiesta que no posee copia b) el libro de bienes de inversión del ejercicio 2001.
No hay duda por tanto de la dilación imputable al obligado tributario por la falta de aportación de la documentación, puesto que si bien es verdad que éste manifestó la imposibilidad de aportar las facturas nada se dice con respecto al resto de la documentación (en concreto respecto de los libros relativos a los bienes de inversión). Tenemos que rechazar de plano las alegaciones del reclamante que se equivoca al precisar cual es la documentación que motivó la dilación.
Hay una diligencia de 17 de diciembre de 2003 y luego una posterior de 10 de Mayo de 2004, que no aparece numerada y que solicita nueva documentación al reclamante. Extraña el apunte del reclamante al manifestar que la diligencia no estaba numerada puesto que si bien esto cierto, la fecha de la misma nos permite conocer claramente el orden cronológico seguido por los órganos de inspección en sus actuaciones. Por el contrario, la fecha de las diligencias es lo verdaderamente relevante a la hora de conocer la duración y el momento de las actuaciones inspectoras. No consta en la diligencia que haya aportado los libros de bienes de inversión que le habían sido requeridos con anterioridad por lo que el obligado tributario sigue sin aportar la documentación solicitada.
En relación con esta dilación está claro que es imputable al contribuyente puesto que no ha aportado la documentación requerida. Esto implica que se le imputan un total de 321 días de dilación que es el período que transcurre desde el 7 de Julio de 2003 hasta el día 24 de Mayo de 2004.
-Dilación desde el 24 de Mayo de 2004 hasta el 16 de Junio de 2004: En efecto también es imputable al reclamante este período de 23 días de dilación puesto que el actuario le solicita una serie de documentación bancaria que no ha sido aportada como de forma expresa se señala en la diligencia de 16 de Junio de 2004, en concreto: "Según datos obrantes en poder de la Inspección de la información de cuentas corrientes bancarias solicitada con fecha 24 de Mayo de 2004 faltan varias recogidas en el punto establecido".
De acuerdo con lo anteriormente expuesto está claro que el día de la comparencia en el período de tiempo objeto de controversia el contribuyente no aportó toda la documentación solicitada; por tanto el plazo que resta hasta que cumple íntegramente con el requerimiento es una demora que le resulta imputable con independencia de que esos retrasos sean intencionados por el contribuyente y persigan una dilación o entorpecimiento del proceso inspector. La circunstancia de que en determinados casos no se especifique en cada diligencia que la dilación habida es imputable al obligado tributario no implica que tal dilación y que su imputación no se hayan producido puesto que así resulta con claridad de las citadas diligencias que recogen los datos y circunstancias que dieron lugar al retraso de las actuaciones y a los cuales el representante del obligado prestó su conformidad.
En aplicación del artículo 31 del Reglamento General de Inspección anteriormente mencionado se considera dilación imputable al contribuyente cualquier retraso por parte de éste en la cumplimentación de las solicitudes de información, requerimientos o comparecencias. Los retrasos en la aportación de la documentación son imputables al contribuyente porque se trata de datos y documentos que están a su disposición y que además eran necesarios para la regularización llevada a cabo por la Inspección. El concepto de dilación no tiene porque implicar una conducta tendente a entorpecer las actuaciones inspectoras, sino que pretende reflejar los efectos que los retrasos en la aportación de documentación y las solicitudes de mayor plazo por parte del interesado tienen en el curso del procedimiento inspector, ya que está retrasando toda la actuación inspectora que no puede disponer de una información que se ha requerido por considerarse que puede ser trascendental para la regularización de la situación del obligado tributario, aun cuando no sea éste el fin que persiga en principio el obligado ni sea una actitud voluntaria de éste.
El reclamante enfatiza el hecho de que le soliciten documentación bancaria una vez que ha transcurrido un determinado lapso temporal en el ejercicio de las actuaciones inspectoras. Hay que recordar al reclamante que no hay ninguna norma o ninguna prohibición que limite a los órganos de inspección a solicitar un determinado tipo de documentación en un determinado momento. Es más, hay que remarcar el deber de colaboración que deben tener los obligados tributarios con los órganos de inspección y la obligación de conservar y aportar los libros y documentos fiscales cuando sean requeridos para ello.
Respecto de la solicitud de documentación, hay que hacer referencia al artículo 36.1 del RGIT señala: "En las actuaciones de comprobación e investigación, los obligados tributarios deberán poner a disposición de la Inspección, conservados como ordena el artículo 45 del Código de Comercio, su contabilidad principal y auxiliar, libros, facturas, correspondencia, documentos y demás justificantes concernientes a su actividad empresarial o profesional, incluidos los programas y archivos en soportes magnéticos, en caso de que la Empresa utilice equipos electrónicos de proceso de datos. Deberán también aportar a la Inspección cuantos documentos o antecedentes sean precisos para probar los hechos y circunstancias consignados en sus declaraciones, así como facilitar la práctica de las comprobaciones que sean necesarias para verificar su situación tributaria".
-En relación con el período comprendido entre el 16 de Junio de 2004 y el 2 de Febrero de 2005 se pone de manifiesto lo siguiente: Una vez examinadas todas y cada una de las diligencias que se realizan en dicho período no podemos imputar al contribuyente dilación alguna en relación con las mismas. En efecto, el actuario no especifica en ninguna de las mismas si el reclamante ha aportado o no la documentación solicitada ni que tipo de documentación no ha aportado. Simplemente establece de forma genérica cuáles serían las consecuencias de no aportar en plazo la documentación requerida. Dicha remisión no permite conocer si realmente el contribuyente no ha aportado la documentación requerida o a que tipo de documentación se refiere la Inspección. Dejando al interesado en una posición clara de indefensión. Rechazamos pues, las dilaciones imputadas por los órganos de Inspección en relación con este período.
CUARTO: De lo expuesto se pone de manifiesto que las dilaciones imputadas al reclamante ascienden a un total de 344 días (321 días más 23 días= 344).
Si las actuaciones inspectoras comenzaron el día 13 de Mayo de 2003 deberían haber finalizado el 13 de Mayo de 2004, teniendo en cuenta los 344 días de dilaciones imputables al obligado tributario la fecha límite de finalización de las actuaciones inspectoras sería el día 22 de Abril de 2005. El acuerdo de liquidación se dictó el día 23 de Mayo de 2005, el plazo de 12 meses ha sido superado y por tanto será de aplicación el artículo 31 quáter del Reglamento General de Inspección que establece cuáles son los efectos del incumplimiento: "(...)el incumplimiento del plazo previsto para la finalización de las actuaciones producirá el efecto de que no se considere interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones realizadas hasta la interrupción injustificada o hasta la finalización del plazo de duración de las mismas".
Esto determinaría que estarían prescritos el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ejercicios 1998 y 1999, lo cual no afectaría en ningún caso a la liquidación objeto de controversia que se refiere a los ejercicios 2001/2002 que en el presente caso no estarían prescritos. Esto nos permite por tanto, entrar a conocer del fondo del asunto.
QUINTO: En relación al fondo del asunto se discute si el reclamante tenía que tributar en el régimen de estimación objetiva de módulos o por el contrario, en el régimen de estimación directa simplificada.
El artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 40/1998 define lo que son rendimientos de actividades económicas "aquellos que procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios".
En concreto, el artículo 30 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por Real Decreto 214/1999 de 5 de Febrero establece: "El régimen de estimación objetiva se aplicará a cada una de las actividades económicas, aisladamente consideradas que determine el Ministerio de Economía y Hacienda, salvo que los contribuyentes renuncien a él o estén excluidos de su aplicación, en los términos previstos en los artículos 31 y 32 de este Reglamento. 2. Este régimen no podrá aplicarse a los contribuyentes cuyo volumen de rendimientos íntegros, en el año inmediato anterior, supere cualquiera de los siguientes importes: para el conjunto de sus actividades económicas, 75.000.000 de pesetas anuales. Para el conjunto de actividades agrícolas y ganaderas en los términos que determine la Orden Ministerial que desarrolla el régimen de estimación objetiva, 50.000.000 pesetas. A estos efectos, sólo se computarán: las operaciones que deban anotarse en el Libro Registro de ventas o ingresos previsto en el artículo 65.7 de este Reglamento o en el Libro Registro de ingresos previsto en el artículo 40.1 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de Diciembre. Las operaciones por las que estén obligados a emitir y conservar facturas, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2 del Real Decreto 2402/1985, de 18 de Diciembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a empresarios y profesionales".
En las mismas se admite como acogido al régimen de módulos la actividad de IAE 692, reparación de maquinaria, la desarrollada por el sujeto pasivo. Además del límite por el conjunto de actividades y del límite por el volumen de ingresos se establece en todas ellas otro límite de "magnitudes específicas" en particular para la actividad amparada por el epígrafe IAE 692 éste se cuantifica en "dos personas empleadas", además de otras magnitudes como la superficie del local.
Se precisa que "el personal empleado se determinará por la media ponderada correspondiente al período en que se haya ejercido la actividad durante el año inmediato anterior", comprendiendo "tanto el asalariado como el no asalariado".
-Personas no asalariadas: el empresario, siempre que trabaje efectivamente en la actividad, incluyéndose, a estos efectos, las tareas de dirección, organización y planificación de la actividad, y en general, las inherentes a la titularizad de la actividad. Cuando pueda acreditarse una dedicación inferior a 1.800 horas/año por causas objetivas (jubilación, incapacidad, pluralidad de actividades o cierre temporal), se computa el tiempo efectivo dedicado a la actividad. En estos casos para la cuantificación de las tareas a la titularidad, se computarán al empresario en 0,25 personas/año, salvo cuando se acredite una dedicación efectiva distinta.
Finalmente, recordar que en el caso de superar los módulos establecidos se precisa "cuando en un año natural se superen las magnitudes indicadas en este número el sujeto pasivo quedará excluido a partir del año inmediato siguiente del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del régimen simplificado del IVA cuando resulten aplicables por estas actividades. Los contribuyentes que por aplicación de lo dispuesto en este número queden excluidos del régimen de estimación objetiva del IRPF determinarán su rendimiento neto por la modalidad simplificada del régimen de estimación directa siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 26 del RIRPF y no renuncien a su aplicación".
SEXTO: Analizando el supuesto en concreto de las actuaciones inspectoras es claro que el asalariado trabaja un total de 2.196,6 horas en el año 2000 y 2.352,5 horas en el año 2001. Realizando la proporción con respecto a 1800 horas supone de acuerdo con lo anterior una cifra de 1,22 para el año 2000 y 1,31 para el año 2001. A éste dato, la Inspección con buen criterio le suma el 1 correspondiente a la figura del empresario lo que da un total de 2,22 y 2,31 para el año 2000 y 2001 respectivamente. Esto determina que se superen los límites fijados por las órdenes mencionadas y se excluya al reclamante del régimen de estimación objetiva. El reclamante en sus alegaciones manifiesta que el empresario podía haber trabajado menos de 1800 horas y que esto se compensaría con el exceso de horas trabajadas por la persona asalariada. Hay que recordar al reclamante que en principio el empresario se le computa como una persona, salvo que haya causas objetivas (como la jubilación, invalidez...) que demuestren que el número de horas trabajadas sea inferior a 1800, en cuyo caso se haría la proporción entre 1800 horas. El reclamante se ha limitado a exponer esta posibilidad, pero en ningún caso ha aportado ninguna prueba de que se encontraba en alguno de los supuestos objetivos que marca la ley; es más quizás por desconocimiento de la normativa de módulos o por que en realidad no concurría ninguno de los supuestos señalados ni siquiera los ha mencionado en sus alegaciones. Al no concurrir ninguna razón objetiva que haga presumir que el número de horas trabajadas es inferior a 1800 no se puede realizar la proporción de las horas trabajadas con 1800 horas que marca la ley sino que al empresario se le computa por entero.
Por tanto, rechazamos las pretensiones del reclamante en relación a la posibilidad de tributar por el régimen de estimación objetiva puesto que se han superado los límites establecidos por la normativa mencionada.
SÉPTIMO: Por último en sus alegaciones el reclamante hace alusión a dos aspectos: en primer lugar a la carga de la prueba y en segundo lugar critica el hecho de que la Inspección no haya tenido en cuenta las manifestaciones de su empleado.
En relación con el primer aspecto, el artículo 114 de la LGT introduce en esta materia una regla general: "Tanto en el procedimiento de gestión como en el de resolución de reclamaciones, quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutitos del mismo", de forma que en este caso el contribuyente, de no estar de acuerdo con la aplicación por el actuario, deberá aportar prueba suficiente para destruirla. En el mismo sentido se pronuncia la Audiencia Nacional en Sentencia de 9 de Junio de 2005: "(...) En relación con la carga de la prueba tiene esta Sala señalado (por todas, Sentencia de 4 de Octubre de 2.001) que a tenor de la doctrina del Tribunal Supremo expresada en la STS de la Sala 3ª de 22 de Enero de 2.000 compete en todo caso a cada parte la carga de probar sus pretensiones. En efecto, según la sentencia citada, la carga de la prueba es un concepto no demasiado perfilado en el proceso contencioso, que se limita a ser tributario de la doctrina civilista nacida de los artículos 1.214 y siguientes del Código Civil. La carga de la prueba, paradójicamente, tiene interés sólo cuando hay falta o ausencia de prueba de hechos relevantes. En este caso, el Tribunal debe hacer la imputación lógica a la parte que quebrantó el "onus probandi"(...) En resumen, y como sea que la Administración tributaria, por medio de los procedimientos específicos que para ello le legitiman, y particularmente el procedimiento de las actuaciones de comprobación e investigación inspectoras, ha formado prueba de los hechos normalmente constitutitos del nacimiento de la obligación tributaria, la carga probatoria que se deriva del artículo 114 de la Ley General Tributaria se desplaza hacia quién aspira a acreditar que tales hechos son reveladores de otra relación distinta, cualesquiera sean las consecuencias tributarias que se deriven.(...) Por lo tanto, en relación con los incrementos no justificados de patrimonio, el legislador aplica el mecanismo de la presunción "iuris tantum" para acreditar sus existencia por parte de la Administración tributaria, correspondiendo la carga de la prueba al sujeto pasivo del impuesto, que es una consecuencia del propio significado jurídico de las presunciones de este carácter, que trasladan al sujeto pasivo la carga de su destrucción, no siendo suficiente para ello realizar simples manifestaciones cuya sola alegación suponga, a su vez, un desplazamiento hacia la Administración de la prueba de que las presunciones no son ciertas; sino que, por el contrario es aquél quien debe acreditar la realidad de estas alegaciones en cuanto que es la Administración tributaria la favorecida por la presunción legal extraída de un hecho base que no se discute y que está reconocido. En este mismo sentido se pronuncia la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras, en Sentencia de fecha 29 de Marzo de 1.996, que distingue entre los momentos en la generación de los incrementos no justificados de patrimonio, el primero es la ocultación a efectos fiscales de la totalidad o parte de las rentas obtenidas y el segundo que es la exteriorización del ahorro ocultado mediante su inversión en adquisiciones a título oneroso".
En relación con las manifestaciones efectuadas por el empleado del reclamante al igual que la Inspección consideramos que hay que valorarlas cuanto menos con cautela. Puesto que hay una relación profesional existente entre el empleado y el empresario, hay que valorar las pruebas aportadas en su conjunto. Como establece la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 4 de Abril de 2005 en un caso similar a efectos de prueba, no se niega la posibilidad de la existencia de una relación profesional entre el empleado y el Señor A pero el empleado no ha conseguido probar adecuadamente que trabajó menos de 1800 horas o que el propio Señor A se encontraba en alguna causa objetiva (jubilación, invalidez..) que determinara un trabajo inferior a las 1800 horas. En éste sentido también sería necesario mencionar la Sentencia de 9 de Julio de 2001 de la Audiencia Provincial de Navarra que establece: "El artículo 376 LECiv/2000 dispone que los Tribunales valorarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica. Las reglas de la sana crítica no constan en norma jurídica positiva alguna pero como pone de relieve la doctrina científica, constituyen el camino del discurrir humano que ha de seguirse para valorar sin voluntarismos ni arbitrariedades los datos suministrados por la prueba. Debe tenerse en cuenta las relaciones personales del testigo con las partes y con los hechos que declara y el resto de las circunstancias concurrentes".
Consideramos que son más concluyentes las pruebas aportadas por los órganos de Inspección, en concreto las facturas que el propio reclamante reconoció como correctas y que fueron aportadas por él mismo a diferencia de unas manifestaciones efectuadas por el empleado del empresario realizadas con posterioridad al inicio de las actuaciones de comprobación e investigación y que dejan entrever que el empresario trata de desvirtuar unas pruebas que son de por sí muy concluyentes. En definitiva, volvemos a confirmar lo expuesto en el anterior fundamento y rechazamos las pretensiones del reclamante.
EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en la reclamación interpuesta por D. A y Dña. B, contra el acuerdo de liquidación practicado por la Delegación Especial de Inspección de ... correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ejercicios 2001/2002, por importe de 170.047,26 €. ACUERDA: desestimar la reclamación y confirmar el acuerdo impugnado.
Sentencia Administrativo Nº 80/2013, TSJ Pais Vasco, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 387/2011, 31-01-2013
Orden: Administrativo Fecha: 31/01/2013 Tribunal: Tsj Pais Vasco Ponente: Díaz Pérez, Margarita Num. Sentencia: 80/2013 Num. Recurso: 387/2011
Sentencia Administrativo Nº 1902/2013, TSJ Castilla y Leon, Sala de lo Contencioso, Sec. 3, Rec 1835/2009, 08-11-2013
Orden: Administrativo Fecha: 08/11/2013 Tribunal: Tsj Castilla Y Leon Ponente: Pardo Muñoz, Francisco Javier Num. Sentencia: 1902/2013 Num. Recurso: 1835/2009

References: Resolución 
 artículo 29
 artículo 64
 artículo 66
 artículo 29
 artículo 31
 Real Decreto 
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 29
 artículo 35
 artículo 31
 artículo 36
 artículo 45
 artículo 31
 artículo 25
 artículo 30
 Real Decreto 
 artículo 65
 artículo 40
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 26
 artículo 114
 resolución 
 artículo 114
 artículo 376