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Timestamp: 2020-05-25 17:43:07+00:00

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SENTENCIA 37637 DE 21 DE MARZO DE 2012
CONTENIDO:SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NO ES COMPETENTE PARA DIRIMIR CONFLICTOS LABORALES ENTRE AGENTES DIPLOMÁTICOS Y EL ESTADO QUE ENVIÓ A ESTE EN MISIÓN. SE ESTABLECIÓ QUE LA INMUNIDAD JURISDICCIONAL DE LA CONVENCIÓN DE VIENA DE 1961, REFERIDA A LAS DENOMINACIONES DE PENAL, CIVIL Y ADMINISTRATIVA NO OBEDECE, EN UN ENTENDIMIENTO HISTÓRICO ADECUADO EN CRITERIO DE LA CORTE, A UNA DISTRIBUCIÓN ESPECÍFICA O PARTICULAR DE COMPETENCIAS JUDICIALES, SINO A UNA CLASIFICACIÓN GENÉRICA EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA DE LOS ASUNTOS SUSCEPTIBLES DE CONTROL JUDICIAL PARA LA ÉPOCA, DE MANERA QUE, ES POSIBLE ENTENDER QUE JURISDICCIONES COMO LA LABORAL U OTRA DE RECIENTE DESARROLLO ESTÉN COMPRENDIDAS ALLÍ, SALVO QUE SE EVIDENCIE QUE SE TRATA DE UNA DE LAS POSIBLES RELACIONES JURÍDICAS EXCLUIDAS DEL CONCEPTO DE INMUNIDAD JURISDICCIONAL. ADICIONALMENTE, SE DESTACA QUE PESE A QUE EL ESTADO COLOMBIANO TIENE EN SU ORDENAMIENTO JURÍDICO NORMAS DE ORDEN PÚBLICO, APLICABLES A JUICIOS DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SE HA ACOTADO POR LA JURISPRUDENCIA QUE DEL NUMERAL 5º DEL ARTÍCULO 235 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NO ES POSIBLE CONCLUIRSE QUE A LA SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA LE COMPETE CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS SURGIDAS ENTRE LAS MISIONES DIPLOMÁTICAS Y SUS SERVIDORES POR RAZÓN DE VÍNCULOS LABORALES, DADO QUE ALLÍ LO QUE SE CONSIGNA ES, SIMPLE Y LLANAMENTE, QUE LA CORTE CONOCERÁ DE LOS NEGOCIOS CONTENCIOSOS DE LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS ACREDITADOS ANTE EL GOBIERNO DE LA NACIÓN, EN LOS CASOS PREVISTOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL, QUE ES A LO QUE SE ALUDE CUANDO SE ACUDE A LA NORMATIVA DE LA CITADA CONVENCIÓN DE VIENA.
TEMAS ESPECÍFICOS:JURISDICCIÓN LABORAL, SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, NORMAS INTERNACIONALES, INMUNIDAD AL AGENTE DIPLOMÁTICO, INMUNIDAD DIPLOMÁTICA
Auto A37637 del 21 de marzo de 2012
Rad. 37.637
Bogotá D.C., veintiuno de marzo de dos mil doce.
Atendiéndose el orden procesal que se ha dado al presente asunto, sería del caso disponer sobre el trámite a que alude el anterior informe secretarial. No obstante, la actual conformación de la Sala y una nueva vista sobre el tema competencial aquí tratado, imponen a la Corte rectificar su postura al respecto y, por ende, adoptar las medidas de saneamiento a que ha lugar, dado que, como se verá enseguida, la calidad de la parte demandada comprometida en la controversia, como la de los actos fundamento de la misma, no le permiten pronunciarse de fondo sobre esta.
Al efecto, cabe recordar que son dos los criterios que, en síntesis, han orientado la posición de la Corte frente a demandas planteadas por nacionales colombianos contra órganos nacionales extranjeros e internacionales y personas concebidas en el Derecho Internacional, como lo son entre otros, los agentes y misiones diplomáticas, en los cuales están comprometidos Estados extranjeros con sede en nuestro territorio en virtud de prestación de servicios personales: el primero, vigente en su última época hasta la providencia de esta Sala de Casación de 13 de diciembre de 2007 (Rad. 32.096), y explicado profusamente en auto de 8 de agosto de 1996 (Rad. 9151), que consideraba que, a pesar de que el ordinal 5º del artículo 235 de la Constitución Política de 1991 estableció que la Corte Suprema de Justicia conocería de los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación en los casos previstos en el ‘Derecho Internacional’, lo cierto era que, salvo las excepciones previstas en el artículo XXXI de la Convención de Viena de 18 de abril de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, aprobada y ratificada por Colombia mediante la Ley 6ª de 1972, o la renuncia al beneficio de inmunidad jurisdiccional contemplado por el artículo XXXII del mismo estatuto, por fuerza de dicho instrumento internacional le estaba vedado el conocimiento de controversias de origen laboral como las aquí propuestas. Y el segundo, plasmado en la citada providencia del 13 de diciembre de 2007, que sostuvo que la costumbre internacional ha morigerado el riguroso concepto de la inmunidad jurisdiccional absoluta emanado de estatutos internacionales como el ya señalado, para dar paso al de una inmunidad relativa o restringida en virtud de la cual el Estado acreditante debe responder ante los nacionales del Estado receptor por los actos que como particular hubiere realizado a través de sus representantes, esto es, de los agentes diplomáticos y consulares y, por consiguiente, de acuerdo con el canon constitucional ya citado, la Corte es juez natural y en única instancia de las controversias que de tales actos surgieren.
Pues bien, para empezar, importa precisar que, de acuerdo con el artículo 228 de la Constitución Política de Colombia de 1991, la administración de justicia es función pública, lo que traduce, en términos de la doctrina, la actividad que cumple el Estado a través de agentes y órganos especializados tendiente al cumplimiento de sus fines esenciales, en este caso, específicamente, tanto el de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, como el de garantizar la efectividad de principios, derechos, deberes y libertades consagrados no solo en dicha Constitución sino en todo el ordenamiento jurídico, según se extrae del artículo 2º del mismo estatuto constitucional. Propósitos de Estado para cuyo cumplimiento se pone a disposición de los asociados una estructura judicial de órganos y personas dotadas de una investidura constitucional y legal inspirada por principios de autonomía e independencia y cuyo funcionamiento y ejercicio se cumple dentro de reglas claras y expresas de competencia, de manera propia, habitual y permanente. Excepcionalmente, la función jurisdiccional puede ser ejercida por órganos o personas distintas a los miembros de la Rama Judicial, en los precisos términos y materias de que trata el artículo 116 constitucional.
En tal sentido, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, ‘conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el derecho internacional’ (subrayas fuera de texto), tal y como lo prevé el artículo 235, numeral 5º, de la misma Constitución. Ello en consonancia con lo dispuesto por el artículo 9º ejúsdem, que establece que en sus relaciones exteriores el Estado se fundamenta en la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los ‘principios del derecho internacional’ aceptados por Colombia. Así también, con el alcance que debe darse a normas internacionales en cuanto a derechos humanos (arts. 93 y 94), derecho internacional humanitario (art. 214), derecho del trabajo (artículo 53), límites territoriales (art. 102) e, incluso, derechos y garantías de los extranjeros en suelo patrio (art. 100). De tal manera, dichas disposiciones constituyen para la actividad judicial, en suma, las más notorias expresiones constitucionales de respeto a los principios y reglas que orientan y gobiernan las relaciones internacionales.
3. El agente diplomático no podrá ser objeto de ninguna medida de ejecución, salvo en los casos previstos en los incisos a), b) y c) del párrafo 1º de este artículo y con tal de que no sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su residencia.
“ART. XLI.
1. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligadas a no inmiscuírse en los asuntos internos de ese Estado.
Tales inmunidades jurisdiccionales no son concedidas a los agentes diplomáticos “intuitu personae”, sino en razón de la necesidad concertada de los pueblos de garantizar el desempeño eficaz en sus funciones como representantes de los Estados que son y como Jefes de las respectivas misiones diplomáticas. De ese modo, estos no son ni más ni menos que representantes del Estado acreditante ante el Estado receptor a través de órganos nacionales reconocidos en la dicha convención como ‘misiones diplomáticas’, y así inmunidades y privilegios se conceden recíprocamente entre los Estados con los propósitos de garantizar la igualdad soberana entre los mismos, el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, y la amistad entre las naciones, en observación del viejo aforismo “par in parem non habet imperium” (entre pares no hay actos de imperio).
Luego, entonces, como lo dijera la Corte en el auto de 8 de agosto de 1996, por las dichas razones el mentado tratado excluyó de la jurisdicción del país receptor todos los actos o hechos del agente diplomático que ejecute por razón de sus funciones, las cuales se enmarcan dentro de las descritas principalmente en el artículo III del mismo, pero no las que derivan de una actividad profesional o comercial en provecho propio (art. XLII). Y también admitió, con carácter general, la sujeción de estos al sistema jurídico interno del Estado ante el cual están acreditados (art. XLI).
Sin embargo, tanto del texto de la misma Convención de Viena, como de la opinio docturum, y de la jurisprudencia de distintas Cortes y tribunales de diversos países se ha entendido que la inmunidad jurisdiccional allí consagrada no resulta absoluta sino relativa, restrictiva, restringida o limitada, por poderse distinguir entre el conjunto de actos por estos ejecutados los propios de la actividad estatal, oficial o soberana que representan y en cuyo nombre ejecutan —-rotulados por la doctrina como actos ‘iure imperii’— de los privados, particulares o mercantiles —llamados ‘iure gestionis’ o ‘iure negotii’—, los cuales se ha sostenido sí pueden quedar sujetos a la actividad judicial del Estado receptor.
De esa suerte, puede aseverarse que las misiones diplomáticas de los países extranjeros no son nada distinto del Estado extranjero o acreditante, y los agentes diplomáticos sus representantes, cuyas funciones tienen que cumplirse, precisa y necesariamente, en terreno extranjero, la más de las veces con personal nacional del país receptor, por lo cual, para su cabal ejercicio, debe el país receptor garantizar no solo su inviolabilidad (protección especial contra ataques ilícitos —vis injusta—), sino también la referida inmunidad jurisdiccional (ficción de extraterritorialidad protectora contra procederes lícitos —vista justa sive judicialis—).
Una situación contraria a la señalada, en la cual el país receptor de la misión diplomática de un país extranjero someta a esta a sus autoridades, entre ellas las jurisdiccionales, afecta la libre soberanía de su función y el principio regulador de la convivencia internacional conocido como ‘reciprocidad’. La única posibilidad para que se pueda generar tal proceder, entiende la Corte, es la de que bilateral o multilateralmente se derogue dicha inmunidad, pero, en modo alguno, que unilateralmente el Estado receptor o Estado sede, o algunas de sus autoridades, como lo es aquí la judicial, se arrogue tal facultad.
En el criterio que se adopta ahora por la Corte, de las disposiciones en cita no es posible concluir cosa diferente a que la función diplomática de la misión no se cumple exclusivamente con el personal que según la citada Convención de Viena cabe llamar como ‘diplomático’, pues para tal cometido se debe contar, según su mismo texto (art. I), con personal administrativo, técnico y del servicio. Ello es enteramente atendible para la Corte desde la perspectiva de la función que, según el Derecho Internacional ya mencionado, tiene por objeto desarrollar dicha misión en el Estado receptor, para lo cual, es claro, como ocurre con la misma estructura del Estado, se cuente con personal directivo, ejecutivo, asesor, técnico y del servicio, tal y como lo dispone en este caso la preceptiva analizada.
Así, respecto del personal de la misión expresa el mentado artículo I:
“ART. I.—A los efectos de la presente Convención: a. por "jefe de misión", se entiende la persona encargada por el Estado acreditante de actuar con carácter de tal; b. por "miembros de la misión", se entiende el jefe de la misión y los miembros del personal de la misión; c. por "miembros del personal de la misión", se entiende los miembros del personal diplomático, del personal administrativo y técnico y del personal de servicio de la misión; d. por "miembros del personal diplomático", se entiende los miembros del personal de la misión que posean la calidad de diplomático; e. por "agente diplomático", se entiende el jefe de la misión o un miembro del personal diplomático de la misión; f. por "miembros del personal administrativo y técnico", se entiende los miembros del personal de la misión empleados en el servicio administrativo y técnico de la misión; g. por "miembros del personal de servicio", se entiende los miembros del personal de la misión empleados en el servicio doméstico de la misión; h. por "criado particular", se entiende toda persona al servicio doméstico de un miembro de la misión, que no sea empleada del Estado acreditante; i. por "locales de la misión", se entiende los edificios o las partes de los edificios, sea cual fuere su propietario, utilizados para las finalidades de la misión, incluyendo la residencia del jefe de la misión, así como el terreno destinado al servicio de esos edificios o de parte de ellos” (subrayas fuera del texto).
En ese orden, la misión cumple su función diplomática con personal empleado por el Estado acreditante, no propiamente por el agente diplomático, pues este apenas es su representante y como tal uno más de sus servidores, de donde a tales relaciones jurídicas laborales, y en desarrollo de las cuales se ejecutan los actos de soberanía del Estado acreditante en territorio del Estado receptor, es a las cuales entiende la Corte se limita la prerrogativa y privilegio de inmunidad jurisdiccional que se tiene frente al Estado receptor. De contera, entonces, las relaciones jurídicas laborales que no puedan calificarse como propias de miembros del personal de la misión diplomática en los antedichos términos; o que se desarrollen en cumplimiento de objetos ajenos a la finalidad diplomática para la cual el Estado extranjero ha establecido la respectiva misión —actos ‘iure gestionis’ o ‘iure negotii’’—; o que sencillamente tengan por objeto atender necesidades de orden particular de los miembros de la misión, como aquellos a los que alude la invocada norma cuando califica el servicio doméstico de estos como ‘criados particulares’, son las que deben tenerse como susceptibles de la tutela judicial del país receptor, pues limitan y restringen el privilegio de inmunidad jurisdiccional consagrado en el Convenio.
“(…) Este criterio corresponde al adoptado por mayoría el 2 de julio de 1987 por la entonces Sala Plena de Casación Laboral, integrada por sus extinguidas Secciones Primera y Segunda, oportunidad en la que inadmitió la demanda propuesta por Manuel María Delgado Guerrero contra el entonces embajador de los Estados Unidos de Norteamérica acreditado ante el Gobierno de Colombia.
“Se explicó en dicha providencia que la expresión "jurisdicción civil" empleada por el artículo XXXI de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas no podía ser entendida en el sentido de restringirla al ámbito exclusivo del derecho civil, "sino para diferenciar la rama de la justicia que dirime los conflictos de intereses que se presenten dentro del ámbito de las leyes que regulan las conductas recíprocas de los habitantes del país en el aspecto patrimonial y del estado civil de las personas, de aquellas otras ramas de la justicia que tienen a su cargo reprimir los delitos o juzgar sobre la validez de los actos o hechos de la administración pública”.
No puede pasarse por desapercibido que con la postura que ahora se adopta por la Corte, se supera la visible contradicción que en tratándose de aplicación de criterios jurisprudenciales, surgió de la consideración de ser viable a la Corte conocer de las pluricitadas controversias laborales entre nacionales servidores de misiones diplomáticas extranjeras y los respectivos Estados empleadores, tal y como se concluyera en la providencia que por la presente se rectifica, para por ese camino declarar mediante sentencia la existencia de créditos a favor del respectivo demandante y cargo del Estado demandado, pero no proceder la ejecución de dichos fallos, por no encontrarse respaldo jurídico alguno en el citado instrumento internacional en que se apoyó en su momento la Corte en el sentido indicado (autos de 25 de mayo y 31 de agosto de 2001, Radiación 43.581). Tal ambivalencia conceptual en la jurisprudencia, aparte de aparecer contraria al objeto del proceso judicial, que como es sabido consiste en lograr ‘la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial’ (C.P.C., art. 4º), pone en entredicho la efectividad de la sentencia judicial olvidando al paso la máxima del derecho ‘mensura iuris est utilitas’, que recuerda que ‘la utilidad es la medida del derecho’.
Lo hasta ahora discurrido no desconoce en modo alguno los derechos de los trabajadores de las misiones diplomáticas, consulados u organizaciones que a ellas se asimilan, por ser claro que de lo que aquí se trata no es de resolver sobre estos, sino, sencillamente, de señalar que en virtud de las reglas y principios del Derecho Internacional que los regulan y que la Corte está llamada a acatar por haber sido aprobados o ratificados por el Estado Colombiano, así como de las normas de orden público que gobiernan los procedimientos y competencias judiciales en el suelo patrio, le está vedado tramitar tal clase de acciones, pues, por la calidad de la parte demandada en estos casos, como de los actos que pudieran discutirse a través de la correspondiente demanda, debe concluirse que se presenta el fenómeno procesal de ‘inmunidad jurisdiccional’ ya explicado.
“ART. 11.—Contratos de trabajo.
Adicionalmente, y ante la ausencia de normativas que de manera inequívoca permitan lograr la reparación directa y ordinaria ante autoridades judiciales colombianas de daños antijurídicos a nacionales colombianos por parte de Estados extranjeros en suelo patrio, o de sus misiones o agentes diplomáticos permanentes en nuestro territorio —como los son también los derivados del incumplimiento de vínculos contractuales de orden laboral—, vale la pena destacar soluciones que han sido tratadas desde la óptica de la acción judicial indirecta, mediante el mecanismo de reparación a cargo del Estado Colombiano, por tenerse a este como garante ante sus nacionales ante las concesiones, privilegios o inmunidades concedidas a aquéllos, por la competente jurisprudencia. Basta traer a colación a ese respecto lo dicho por el Consejo de Estado en la providencia de 25 de agosto de 1998 (SP, Rad. IJ-001),
“(…) Los privilegios que conceda aun estado o a sus diplomáticos acreditados, corren a cargo de la Nación, y no sería equitativo que revirtieran a cargo de una persona en particular. Si del cumplimiento del tratado, que como en el caso particular que nos ocupa deviene un perjuicio cuya autoría material radica en cabeza de un agente diplomático, la nación colombiana debe asumir las consecuencias patrimoniales derivadas del cumplimiento de sus obligaciones y respecto de las relaciones diplomáticas entre los estados”.
“ART. 8º—Oficina Asesora Jurídica. Son funciones de la Oficina Asesora Jurídica las siguientes:
Como consecuencia de lo anotado, por presentarse falta de jurisdicción de esta Sala de Casación para conocer y tramitar la demanda del actor, que se traduce en la falta de competencia funcional contemplada en el artículo 140, numeral 2, del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo señalado en el literal A del artículo 15 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la forma como fue modificado por el artículo 10 de la Ley 712 de 2001 --y no estarse frente a la eventualidad de ‘perpetuatio jurisdictionis’—C.P.C., art. 21— se decretará la nulidad insubsanable de todo lo actuado en el presente asunto con fundamento en lo ordenado por el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil, y en atención a la remisión prevista en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En su lugar, se dispondrá el rechazo in límine de la demanda del actor.
1. DECRETAR LA NULIDAD INSUBSANABLE de todo lo actuado en el presente asunto, incluido el auto admisorio de la demanda.
2. RECHAZAR IN LÍMINE, por carecer de jurisdicción sobre el Estado de los Estados Unidos de América, representado en Colombia por su misión diplomática embajada de los Estados Unidos de América, la demanda presentada en su contra por Ricardo Toledo García.
3. ORDENAR que por la secretaría se haga devolución al interesado de la demanda y sus anexos, luego de dejar copia completa y auténtica de estas diligencias para el archivo.
Magistrados: Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Carlos Ernesto Molina Monsalve—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.

References: ARTÍCULO 235
 artículo 235
 artículo 228
 artículo 2
 artículo 116
 artículo 235
 artículo 9
 artículo 140
 artículo 15
 artículo 10
 artículo 145
 artículo 145