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Timestamp: 2017-06-24 22:25:34+00:00

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Intervenciones Parlamentarias de Jorge Fernández: septiembre 2006
Por fin, el Presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, ha salido en apoyo del Papa. Y lo ha hecho el 20 de septiembre, fecha importante en la Historia de la Iglesia, aunque espero que no sea ese el motivo: el 20 de septiembre de 1870, las tropas de Garibaldi forzaban, a fuerza de cañón, la Puerta Pía y tomaban Roma. Pío IX se autosecuestraba en el Vaticano, perdía los Estados Pontificios y el poder temporal de los Papas quedaba reducido a la mínima expresión.El 20 de septiembre de 2006, el Presidente del Gobierno de España presta su apoyo al Santo Padre. Pero antes ya lo había hecho el Presidente de la República Islámica de Irán, Mahmud Ahmadineyad, quizá en aplicación de su "Alianza de Civilizaciones".El Presidente de la República Islámica de Irán ha precedido al Presidente del Gobierno del Reino de España en defender al Papa. Sin comentarios.
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Quiero empezar recordando a mi buen amigo y compañero del Congreso, Gustavo de Arístegui, tomando el título de su magnifica obra “El islamismo contra el Islam”. Recomiendo vivamente su lectura para entender mejor lo que está pasando no en este momento concreto, sino desde hace ya mucho tiempo. Conviene recordar los atentados del 11S en Nueva York, en Bali, en Londres, ¿en Madrid?.... Por otro lado, ese fanatismo religioso islámico intenta limitar una de las libertades básicas de occidente y que constituyen un auténtico patrimonio de su cultura y civilización: me refiero a la libertad de expresión y de opinión amenazadas, por ejemplo, con ocasión de los “Versos satánicos” de Salman Rushdi, las caricaturas de Mahoma… Pero el salto cualitativo que se ha producido ahora es de una extraordinaria gravedad e importancia. La amenaza se dirige ahora nada menos que al Papa Benedicto XVI a quien los católicos del mundo –mil millones de personas- y la mayoría de gentes de buena voluntad ven, sin duda, como el indiscutible referente ético y moral de la humanidad.Hay que leerse la magistral intervención del Papa en la Universidad de Ratisbona para ver que se trata de un discurso dirigido desde un entorno académico y universitario de una profunda densidad intelectual y que sin duda tiene por objeto continuar la senda iniciada por Juan Pablo II en la “Fides et Ratio” y que intenta argumentar que no se puede usar la violencia en nombre de Dios.Por ello, es un insulto a la inteligencia sacar de contexto una cita para utilizarla como coartada, imputando nada menos que al Papa un intento de ofender a una de las tres grandes religiones monoteístas, el Islam.Para mi, una de las consecuencias que hasta el momento he podido extraer de este grave suceso es que la vieja y venerable Europa se encuentra inmersa en un claro proceso no ya de decadencia, sino de decrepitud. Renunciando a sus raíces cristianas, en el fenecido Tratado constitucional, daba la espalda a una de las fuentes de su identidad. Confrontarse -dialécticamente, intelectualmente…-, con una cosmovisión antagónica y potente como el islamismo resulta así imposible. Con la honrosa excepción de la Canciller Angela Merkel, el silencio de los “príncipes cristianos” ante un ataque de estas características contra uno de los pilares de nuestra identidad es como el silencio de los corderos.
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La Vanguardia, 8 de septiembre de 2006El pasado 26 de agosto se publicó el artículo de Fred Halliday "Otros Ahmadineyad en Varsovia". Su contenido ofende al sentido común y a la inteligencia de muchos de sus lectores –entre los que me encuentro-, y refleja una visión de la actual Polonia que pone en entredicho la seriedad del autor. Sólo el título ya da una idea del disparate de su contenido: comparar al Presidente de la República Islámica Chií de Irán -que mantiene un pulso con el mundo por su deseo de poseer la bomba atómica-, con los gobernantes de un Estado de la Unión Europea, elegidos democráticamente y controlados por un parlamento –la Dieta-, también democrático, resulta sorprendente.Esta referencia religiosa islámica iraní prosigue cuando el articulista, califica a los mandatarios polacos como "introvertidos, religiosos y desvergonzados". ¿Acaso ser religioso es sinónimo de desvergonzado? Ese prejuicio religioso respecto al gobierno polaco llega a su culmen al afirmar que "el mayor opresor de las mujeres y de hecho uno de los mayores criminales de nuestra época es su amado Papa" (Juan Pablo II). Más allá de las creencias de cada cual, unas afirmaciones como éstas, no contribuyen al entendimiento y al respeto debido entre los Estados en especial al compartir un proyecto político común de libertad y seguridad, como la U.E.Jorge Fernández DíazDiputado del Grupo de Amistad Congreso-Dieta Polaca._______________________________________________________Carta remitida por la Embajadora de la República de Polonia en Madrid:Madrid, 15 de septiembre de 2006Excelentísimo Señor Diputado:Quisiera expresarle mi más sincero agradecimiento por su carta del pasado día 8 de septiembre enviada al diario "La Vanguardia".Con gran asombro y tristeza he leído todos los infundados reproches dirigidos hacia el Papa polaco -una autoridad incuestionable para mucha gente de todo el mundo, independientemente de su religión- quien, además, a lo largo de su pontificado hacía incapié a la hora de destacar el papel primordial de la mujer en la sociedad contemporánea, tanto en la vida familiar como profesional.De la misma manera me resulta dificil entender el razonamiento del autor del artículo que lleva a comparar y a igualar uno de los regímenes más opresores de nuestro tiempo con las autoridades de mi país, elegidas en unas elecciones totalmente libres y democráticas.Al mismo tiempo deseo asegurarle que me llena de gran satisfacción saber que puedo contar con amigos de Polonia como Usted.Quisiera aprovechar la oportunidad para darle las gracias, una vez más, y transmitirle mis mejores deseos de grandes éxitos en el desempeño de su labor como Diputado y miembro del Grupo de Amistad Hispano-Polaca.Reciba mis saludos más cordiales,Crazyna Bernatowicz
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Berlín, 28 de julio de 2006. En efecto, no se equivocan ustedes, han leído bien, Berlin, no aeropuerto de El Prat, Barcelona, por cuanto esa fecha pasará a los anales del caos aeroportuario más grave que se ha vivido en un aeropuerto civil a lo largo de la historia en situación de normalidad. Ese día, el "Estado residual" derivado del Estatut del Sr. Maragall y del Sr. Zapatero manifestó su ineficacia y su ineficiencia de una forma dramática. Más de 100.000 personas de forma directa y una cifra incalculable de forma indirecta -dada la integración del aeropuerto de El Prat en el sistema aeroportuario nacional y éste en el internacional- se vieron afectados por una insólita y sin precedentes ocupación de las pistas del aeropuerto por unos trabajadores en huelga salvaje.El Gobierno de la Nación ni supo prever un caos como el que se produjo ni supo reparar después unas actuaciones tan graves como insólitas.Un servidor de ustedes fue testigo y afectado directo en esa jornada aciaga por cuanto me encontraba en el aeropuerto de Berlin-Schoenfeld para regresar a Barcelona tras un viaje oficial a la capital alemana. Tenía mi tarjeta de embarque en la compañía de bajo coste easyjet y debía aterrizar en Barcelona a las 12 del medio día . Cuando por la megafonía del aeropuerto se anunció la supresión de los vuelos a Barcelona por estar las pistas invadidas, la gente no daba crédito a lo que oía, pero puedo asegurarles que, como barcelonés y como español, tuve una cierta sensación de bochorno.Tras cambiar de compañía y de aeropuerto, conseguí salir desde Berlin-Tegel, en Iberia, aterrizando en Madrid a la 1 de la madrugada para proseguir, al día siguiente, el viaje por carretera.Que un mes después de esa jornada volvamos a la "normalidad política" de discutir acerca del traspaso del aeropuerto de El Prat nos indica el nivel patológico en el que se han instalado determinados discursos políticos.
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La Razón, 27 de Febrero de 2006Urge abrir un profundo debate en torno al Título I -“Sobre derechos, deberes y principios rectores”- del Proyecto de Estatuto de Cataluña, ya dictaminado por la ponencia constitucional del Congreso, con el único voto en contra del Partido Popular. Su propia extensión -38 artículos-, da una idea de la exhaustividad y nivel de detalle con que entra a regular y definir los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña en todos los ámbitos imaginables de su vida personal y social. Al recordar que tiene poco más de cincuenta artículos el vigente Estatuto -conocido como Estatut de Sau por el Parador donde lo redactó la ponencia-, nos daremos cuenta de la desproporción existente entre ambos. Se regulan los derechos y deberes de las personas, de las familias, de los mayores, los menores, las mujeres…, tanto en el ámbito civil y social como en el ámbito de la educación, de la salud, de los servicios sociales, de lo laboral, de la vivienda, del medio ambiente, de la administración, etcétera, etcétera. Mención especial merecen los derechos y deberes lingüísticos que se regulan con todo detalle en el Capítulo III: desde el deber de conocimiento y uso de las lenguas ante las diferentes administraciones públicas como en la enseñanza y por los consumidores y usuarios. Este Título I incluye también unos principios rectores que deben orientar las políticas de los poderes públicos de Cataluña e informan la legislación positiva, la práctica judicial y son exigibles ante los tribunales. Pero la joya de la corona es, sin duda, el artículo 37.2: “el Parlamento debe aprobar por ley la Carta de los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña”. O sea, que no basta con un Título I, casi tan extenso como todo el vigente Estatuto, sino que además, hará falta una ley específica para desarrollarlo. Llegados a este punto, conviene conocer la que es decisiva clave de interpretación de todo este disparatado texto estatutario: la persona que ha pilotado este proceso. Se trata del Conseller de Relaciones Institucionales, Joan Saura, principal dirigente de la coalición IC-Els Verds, que se autodenomina “formación ecosocialista”, y que es la heredera política del PSUC, el Partido Comunista catalán. La ideología de esta formación, con una visión del hombre, de la sociedad y del estado propia del pensamiento marxista, se refleja por completo en esa asfixiante regulación. Así nos hemos ido del Estatut de Sau al Estatut de Saura... con el acompañamiento tan imprescindible –por razón de los votos-, como incomprensible, en mi opinión –por razones éticas y morales-, de Convergencia i Unio. Con esta clave personal y política se explica la regulación que se introduce en cuestiones que tienen un fuerte contenido ético y moral -y que responde al planteamiento ideológico referido- en aspectos claves de la vida y muerte del ser humano, su matrimonio, familia y educación. Lo que no se entiende es que un partido social-cristiano como el de Duran haya contribuido de manera decisiva a ello con su voto. El aborto, por ejemplo, -una de las cuestiones más controvertidas desde un punto de vista moral-, pasa de ser considerado como una conducta meramente despenalizada en determinados supuestos por el Código Penal, a ser, -en el contexto de la ideología de género del artículo 41-, reconocido en la práctica como un derecho. La eutanasia activa se puede derivar con claridad del artículo 20 que reconoce que “todas las personas tiene derecho a vivir con dignidad el proceso de su muerte”, sobre todo si tenemos presente que la voluntad del legislador es uno de los criterios interpretativos reconocidos en nuestro ordenamiento y es pública y notoria la voluntad política del tripartito en esta materia. En cuanto al matrimonio y la familia, basta decir que el artículo 39 afirma la igualdad de las distintas uniones estables de pareja con independencia de la orientación sexual de sus miembros – no alcanzo a entender el significado de la enmienda de CiU “teniendo en cuenta sus características”-, y que al imponer la necesidad de una ley que regule esas uniones y “otras formas de convivencia”, ha abierto el ya conocido debate sobre la poligamia. El hecho de que se discuta sobre si el Estatuto reconoce o no la poligamia da una idea del nivel jurídico y moral del Proyecto. Todo este texto llega a su culminación -como no podía ser de otra manera-, con el laicismo en el ámbito de la enseñanza pública. Se impone en el artículo 21.2, por más que el señor Duran i Lleida sostenga lo contrario. Al fin y al cabo, él ya ha pactado con el Gobierno la LOE que incluye la nueva “religión laica” que es la asignatura Educación para la ciudadanía. La ponencia constitucional ya ha dictaminado este Titulo I, pero aún estamos a tiempo para que los que creemos que la persona es el centro de toda actuación política y que su libertad y sus derechos no están sometidos ni subordinados a los poderes públicos ni a la nación, democráticamente, lo evitemos. Jorge Fernández DíazDiputado por Barcelona y Secretario General del Grupo Popular en el Congreso.
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La Vanguardia, 21 de febrero de 2006Contesta el señor Duran i Lleida a mi Tribuna "Mas y Durán: cuestión de prioridades". Por ello le ruego, señor Director, la publicación de las siguientes precisiones: 1.- Se queja el señor Duran de que incurro en un par de alusiones personales y en descortesía parlamentaria. Peor, a mi entender, es acusarme de "claudicante entrega a un PP que engaña, ofende y daña a Cataluña" y de que "para una vez que abro la boca sobre el Estatut… podría haberla abierto antes". Señor Duran, le sobre vehemencia y le falta coherencia cuando la mitad de su artículo lo dedica a descalificar al que no comparte sus opiniones. 2.- Yo -por cortesía parlamentaria- aludía a "problemas de agenda" pero el señor Duran prefiere entrar en el problema familiar. Aquí se trata del cumplimiento de un deber público. Yo mismo experimenté similar contradicción con un deber familiar, el pasado 18 de junio, día en que mi hija se graduaba en la Universidad y estaba convocada la gran manifestación en Madrid en defensa del matrimonio y la familia. Acudí a ella, como centenares de miles de españoles -muchos de ellos catalanes-. Y, por cierto, no vi al señor Duran allí. 3.- He alzado la voz muchas veces -y desde hace tiempo- sobre este proyecto de Estatut, en ocasiones con necesaria protección de la Guardia Civil porque me impedían hablar los "demócratas independentistas". Critico este Estatut, no a Cataluña. 4.- Con sus enmiendas se crea una doble red educativa por razón de creencias: escuela pública laica -con enseñanza religiosa fuera del horario escolar- y el resto como hasta ahora. Esta es su conquista, señor Duran que debemos sumar a la "Educación para la ciudadanía" (religión laica) pactada por usted con el Gobierno en la LOE. 5.- Sin referencia expresa en la Constitución ni al aborto ni al matrimonio homosexual, se ha legislado como sabemos. Con las referencias que se contienen en el proyecto de Estatut que contempla, por ejemplo, el aborto como un derecho, el proceso es irreversible jurídica y políticamente. Repito, señor Duran, es cuestión de prioridades. Jorge FernándezDiputado por Barcelona y Secretario General del Grupo Popular en el Congreso.
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ABC, 21 de febrero de 2006En una reciente Tribuna abierta denominada «Ficciones y realidades del Estatut» el señor Duran i Lleida descalifica a quienes criticamos el Título I del proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña, recién dictaminado por la ponencia constitucional del Congreso. La tesis del señor Duran es que los derechos y deberes que en ese Título se regulan son exactamente los mismos que los del resto de ciudadanos españoles. Además, dice, que no tienen consecuencia práctica negativa alguna, en lo que se refiere a unas cuestiones concretas que él enuncia, tales como el aborto, la eutanasia, el matrimonio y la familia, por lo que esa crítica al citado Título sólo tiene por objeto -según él- el desgaste político partidista. En cuanto a la igualdad de derechos, deberá explicarnos, entonces, por qué este nuevo Estatuto no sigue la misma fórmula que el Estatuto republicano de Nuria o el vigente de Sau, que en su artículo 8.2 se limita a afirmar: «los ciudadanos de Cataluña son titulares de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución». Por el contrario, ahora se dedican hasta 38 (!) artículos para detallar casuísticamente los derechos y deberes y establecer, así mismo, que los principios rectores son exigibles ante los tribunales (art. 39). En cuanto a lo segundo, es cierto que la despenalización del aborto es propia del Código Penal, así como la regulación del matrimonio lo es del Código Civil, y que ambos son competencia de las Cortes Generales y no de la Generalitat de Cataluña, pero eso no quiere decir que su inclusión en el nuevo Estatuto sea superflua, innecesaria o inane como él afirma en su artículo. Los partidos inicialmente promotores del Estatuto, los que integran el tripartito catalán, han planteado en diversas ocasiones, y en sede parlamentaria, la despenalización del llamado cuarto supuesto -en la práctica el aborto libre- así como la despenalización de la eutanasia activa y, por supuesto, han apoyado la reforma del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Estas tres cuestiones decisivas para la persona humana ya que afectan a la vida, a la muerte y a la familia, se encuentran en abierto debate político, jurídico y social en estos momentos. Y no olvidemos que el llamado matrimonio homosexual está recurrido ante el Tribunal Constitucional. Sería de una ingenuidad impropia de un experimentado político como el señor Duran pensar que su inclusión en los términos en que han quedado dictaminados en la ponencia no condiciona para el futuro el debate abierto: claro que lo condiciona -y mucho-, hasta el punto de hacer muy difícil la reversibilidad de las posiciones jurídicas alcanzadas. El Estatuto se integra en el llamado bloque de la constitucionalidad, es una ley orgánica aprobada por las Cortes Generales y finalmente ratificada en referéndum. ¿Se puede sostener seriamente que los derechos, deberes y principios rectores de ese Título I no van a ser un criterio de interpretación por los tribunales en las cuestiones que ante ellos se planteen? ¿Cuánto vamos a tardar en ver proposiciones de ley ante el Congreso de los Diputados procedentes de los grupos que integran el tripartito y del mismo Parlamento de Cataluña para hacer realmente efectivos esos derechos que ahora se dice que son virtuales o superfluos? La carga de la prueba sin duda le corresponde al señor Duran: si no tienen importancia esos derechos y principios rectores, ¿por qué tanta insistencia en incluirlos y tanta resistencia a retirarlos? Por último, el tema de la educación. Se enorgullece el señor Duran de que gracias a una enmienda de CiU se garantice «el derecho de las madres y los padres a que sus hijas e hijos (sic) sean educados conforme a sus convicciones morales y religiosas». Así, según él, queda garantizada la libertad de enseñanza, pero se calla lo que sigue en el párrafo de ese artículo 21.2 «...en las escuelas de titularidad pública, en las cuales la enseñanza es laica». Si eso no es una contradicción in terminis, lo parece, pero que quede claro, el sustantivo es que la escuela pública es laica y la única forma de conciliar esas dos afirmaciones es llevando la enseñanza de la religión fuera del horario escolar, y por supuesto sin ningún valor académico. O sea, que doble red educativa para la moral y la religión: quien quiera religión para sus hijos que se la pague. Al fin y al cabo ya tenemos la religión laica que es esa asignatura llamada Educación para la ciudadanía que el señor Duran ha pactado con el Gobierno en la LOE. Debe ser muy socialcristiana esta iniciativa... ¿Cómo puede afirmar que la jerarquía católica aplaude este despropósito? No me extiendo en otras consideraciones acerca del contenido de ese inefable Título I del Estatuto, modelo de dirigismo, intervencionismo y sectarismo propio de ideologías que ponen a la persona y a la sociedad al servicio y bajo el control de la nación y del estado. Por supuesto, en las antípodas del humanismo cristiano en cuyas fuentes ideológicas afirma beber el señor Duran y que no obstante, hasta ahora, no le han impedido pactarlo en la Moncloa y apoyarlo en el Parlament de Cataluña y en la ponencia constitucional. Jorge FernándezDiputado por Barcelona y Secretario General del Grupo Popular en el Congreso.
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La Vanguardia, 17 de febrero de 2006El pasado lunes, la Ponencia constituida en la Comisión Constitucional del Congreso dictaminó el Capítulo y Titulo primero, “De derechos, deberes y principios rectores”, del Proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña. Desde una perspectiva ética y moral cristiana fue, sin duda, un día negro para Cataluña. Los artículos que afectan a las cuestiones claves de la vida y muerte del hombre, el matrimonio, la familia y la educación sufrieron un ataque sin precedentes en un texto del rango normativo de todo un Estatuto. Está en su lógica política que el PSC y el PSOE, IU-IC y ERC, partidos claramente laicistas, apoyen como un derecho y como uno de los principios rectores -conforme a los que se debe interpretar y aplicar el Estatuto y sus leyes de desarrollo- cuestiones como que “la libre decisión de la mujer sea determinante… en lo que respecta a su salud reproductiva y sexual”. Pero es más difícil de entender que lo haya hecho CiU, por más que se empeñen Mas y Duran en defender lo contrario. Lo mismo podemos decir respecto a la afirmación contenida en el Proyecto de que “todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad el proceso de su muerte”, que abre en canal el debate sobre la eutanasia. O reconocer explícitamente en el artículo referente a la protección de las personas y las familias “el de la igualdad de las distintas uniones estables de pareja con independencia de que sea entre hombre y mujer o personas del mismo sexo”: para tratarse de un partido que se dice demócrata-cristiano, no está mal. Por si fuera poco todo lo anterior, se redondea el Estatuto con la afirmación de que la educación pública es laica, violando frontalmente el art. 27 de la Constitución y los Acuerdos del Estado con la Santa Sede en la materia. Una reflexión especial: lo más grave de todo esto es que hace muy difícilmente reversible toda la legislación que se está elaborando desde la perspectiva del relativismo moral más absoluto. Y en un momento en que CiU tenía -y tiene todavía- los votos y la fuerza política decisivos para impedirlo, si hubiera querido. Pero no ha querido: si Mas y Duran se hubieran plantado, esto no se habría aprobado ni en el Parlament ni en la Ponencia Constitucional. En la reciente Encíclica publicada por Benedicto XVI, “Dios es amor”, afirma que la búsqueda inmediata de un orden social justo no le compete a la Iglesia, sino que nos corresponde a los políticos, reafirmación clara de la separación de la Iglesia y el Estado, propia de la época histórica en que vivimos. Los partidos confesionales forman parte de la historia, del pasado, no del presente y, por lo mismo, ahora nos corresponde a los políticos, también a los católicos, defender nuestras convicciones. Quiero con esto decir que cada dirigente político y cada partido es muy libre de defender lo que considera justo y acorde con su ideario, pero lo que no puede hacer es dar “gato por liebre” a los ciudadanos. CiU es muy libre de defender entusiásticamente los derechos de la nación catalana, su financiación, el blindaje de competencias, la bilateralidad… y dejar como una “torna” -residual y subsidiaria-, cuestiones tan “nimias” como las que he citado de la vida, el aborto, la muerte, la educación, el matrimonio y la familia. Incluso pueden pelearse Mas y Duran entre ellos por ver quien sale en la foto tras pactar todo esto con Zapatero en La Moncloa. Pueden hacer todo eso y más: pueden incluso alegar “problemas de agenda” para no asistir a la Ponencia Constitucional el día que se debaten esas cuestiones. Es cuestión de prioridades. Jorge Fernández Diputado por Barcelona y Secretario General del Grupo Popular en el Congreso.
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La Razón, 13 de junio de 2005Por supuesto que el matrimonio es más que un contrato: es una institución. Y, además, dotada de unas funciones estratégicas en relación con el presente y el futuro de la sociedad: continuidad de la especie, educación, transmisión de valores y socialización de los nuevos ciudadanos.Precisamente, en el interés público que tienen esas funciones, radica la especial protección y tutela que el ordenamiento jurídico otorga a la institución matrimonial. A ello se añade que sobre esa institución –el matrimonio-, se constituyen la inmensa mayoría de familias que son, a su vez, la célula base del tejido social. De suerte que una sociedad que quiera garantizar su subsistencia –lo que parece razonable-, y que además aspire a organizar su convivencia de manera armónica, con paz social y desarrollando la calidad de vida material y moral de sus ciudadanos, defenderá siempre a la familia y a la institución sobre la que se construye ésta, es decir, el matrimonio.Por ello, toda actuación de los poderes públicos que no persiga el objetivo de defender el matrimonio y la familia no servirá al bien común, sino que servirá a otros intereses, que sólo podrán ser de carácter sectario o ideológico. Por supuesto que una sociedad democrática debatirá desde su pluralismo político a cerca de la mejor manera de servir al bien común apoyando al matrimonio y la familia. Se discutirán opciones y proyectos, se discutirá el "cómo", el "cuánto" y el "cuándo", pero no se cuestionará el imperativo de esa protección y ese apoyo.Resulta por ello un auténtico despropósito, porque socava la base sobre la que se construye el edificio social, dinamitar la columna matrimonial. Si la institución matrimonial es relevante por su interés público, el contrato que la regula debe serlo también. No parece ocioso recordar que ese contrato –el matrimonial-, lo firman la inmensa mayoría de ciudadanos y por ello, si se me permite la expresión muy poco jurídica y académica, debe ser un contrato "serio": es decir, dotado de sólidas garantías para su celebración y para su extinción. Por definición, todo contrato que pueda ser rescindido unilateralmente sin aviso previo, sin alegar causa y sin ninguna consecuencia, no pertenece al "género serio".Ningún ciudadano sensato firmaría nada importante para su vida que estuviera regulado por un contrato de esas características. Sin exageración, a un contrato de ese tipo, se le puede llamar "contrato-basura", por utilizar una expresión que hizo fortuna en el ámbito de las relaciones laborales, por considerar que era un contrato de trabajo indigno de tal nombre. Por cierto, también fue un gobierno socialista el autor de tamaño despropósito.Pues esto mismo es lo que hace ahora el gobierno socialista con su acompañamiento de escolta de ERC e IU: convertir el contrato matrimonial en un "contrato-basura". Cual rey Midas al revés, los contratos importantes que tocan los convierten en basura.El señor Zapatero ha llegado a decir que con este nuevo contrato matrimonial se sirve mejor a la causa de la libertad (?) e incluso que disminuirá la violencia de género (!). Lo cierto es que en la actualidad el matrimonio está muy deteriorado en la conciencia social y en el ordenamiento. El Instituto de Política Familiar de España acaba de informar que el pasado año, en nuestro país, cada cuatro minutos se rompía un matrimonio, 135.000 en total, un 6,5 por ciento más que en 2003 y un 17,2 por ciento más que en 2002. O sea, que separarse y divorciarse en España no es precisamente difícil para el que lo desea, por ello, es legítimo y urgente preguntarse a que interés sirve el señor Zapatero con esta reforma del contrato matrimonial porque es indudable que no sirve al bien común.¿Por qué y para qué pretende el señor Zapatero dar el golpe de gracia al matrimonio –y por tanto, a la familia-, convirtiendo su regulación jurídica en un "contrato-basura"?Jorge Fernández DíazDiputado por BarcelonaSecretario General del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
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La Vanguardia, 26 de septiembre de 2005Catalunya comienza una semana, sin duda, histórica: el Parlament va a debatir y votar el nuevo Estatut. Algo grave sucede en el país, para que este hecho se produzca en medio de una incertidumbre total respecto a su resultado final -y pongo énfasis en lo de final- y de un claro desapego y frialdad de la ciudadanía ante ese mismo resultado. ¿Cómo es posible que 25 años después de la aprobación ilusionada del tan anhelado Estatut d'Autonomia se haya llegado a una situación así? ¿Cómo se explica que, con el apoyo de casi 90% del arco parlamentario catalán, haya tan poco calor popular?Fíjense en que hasta la Generalitat ha tenido que pedir, vista la frialdad existente, el apoyo de la sociedad civil, desde el Barça hasta La Caixa, pasando por el Círculo de Economía. Pero al fin, ha llegado el despropósito hasta tal extremo de que el presidente Zapatero ha tenido que intervenir in extremis para reconducir el proceso y permitir que el nuevo Estatut llegue al menos al Congreso de los Diputados, aunque ahí deba ser profundamente modificado para adecuarlo a la Constitución y al interés general de España (Jordi Sevilla dixit).¡Qué tiempos aquellos en que esta intervención de Madrid hubiera sido descalificada por extemporánea y sucursalista! ¿Dónde están Carod, Puigcercós y Tardà, que no los oigo? ¿En qué posición queda el PSC, obligado a aceptar el concierto exigido por CiU contrariando lo que ha sido su posición política en todo este proceso estatutario? ¿Votarán los diputados del PSC en el Congreso contra lo que el PSC va a votar en el Parlament...? "¡Cosas veredes, amigo Sancho...!" ¡Carod, Maragall y Mas yendo como fieles súbditos a negociar en La Moncloa el Estatut que se puede votar en el Parlament!Para intentar aportar un poco de luz a este túnel, recordemos el origen de todo este proceso: el proyecto de reforma nace como un proyecto contre el PP, entonces gobernante en España. Cuando el tripartito sucede a CiU, todo el mundo está descolocado: CiU ya no gobierna la Generalitat, el PP ya no gobierna España y el PSOE no está en la oposición sino en el Gobierno. Así, la necesidad de derrotar al PP ya ha desaparecido y el proyecto avanza desnortado, en una sucesiva guerra de trincheras entre el tripartito y CiU, y el tripartito entre sí, para preservar a Zapatero, que no contando con que "le iba a tocar a él" dijo aquello de que "él aprobaría lo que saliera de Catalunya".Ahora, el señor Zapatero, ante el cariz que toman las cosas, cambia de posición radicalmente y se contradice doblemente a sí mismo: primero, no inmiscuirse durante el proceso y, segundo, aprobar lo que se le envía. ¿Por qué ese cambio? Porque lo que hay que salvar no es el Estatut, sino su persona, ya que la base de su evanescente proyecto -la España plural- es un nuevo Estatut, se apruebe como se apruebe y con independencia de su contenido. Pero, seal cual sea el resultado final, la actual clase gobernante de Catalunya ha quedado seriamente desprestigiada, el señor Zapatero lo sabe y no quiere que lo arrastren a él en su caída. Una cosa es que el PSC quede en ridículo y otra cosa es la presidencia del Gobierno.En 1932, con la República, tuvimos el Estatut de Núria. En 1979, con la Constitución, tuvimos el Estatut de Sau. Ahora, en 2005, con ERC en el poder, con el PSC a los pies de los caballos y con el PSOE desgarrado (Bono, Ibarra, Alonso, López Aguilar, Sevilla, Guerra...) ¡Quién nos iba a decir que tedríamos el Estatut de Rodríguez Zapatero, el Estatut de La Moncloa!Jorge Fernández DíazDiputado por BarcelonaSecretario General del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
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¡Bienvenido a mi blog!.Espero no defraudar su interes... Aqui pretendo establecer un espacio de informacion, reflexion y debate con muchas personas con interes por lo que pasa...Hasta pronto
entrada de Jorge Fernández Díaz @ 12:43 p. m. 0 comentarios

References: artículo 37
 artículo 41
 artículo 20
 artículo 39
 artículo 21
 artículo 8
 artículo 21