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Timestamp: 2019-05-25 09:49:02+00:00

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Dudas de hecho y derecho de costas - El Derecho
Dudas de hecho y derecho de costas
Foro 15-01-2013	Coordinador: Dimitry Berberoff Ayuda
¿Cómo debe ser interpretada la expresión "serias dudas de hecho o de derecho" como excepción al principio general de vencimiento objetivo en materia de costas procesales en primera o única instancia?
La Ley 37/2011, de 10 octubre, de medidas de agilización procesal -EDL 2011/222122- ha modificado el art. 139,1 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa -EDL 1998/44323- en relación con el criterio de imposición de las costas en primera o única instancia, optando por el criterio del vencimiento objetivo, salvo cuando se aprecie, y se razone por el Tribunal, "que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho".
La expresión "serias dudas de hecho o de derecho" es un concepto vago que ha de ser precisado. Como regla general toda controversia plantea dudas, o al menos así lo consideran las partes litigantes, que justifican la interposición u oposición al recurso, esta es la base de todo litigio. Pero el hecho de que esta previsión se conciba como una excepción a la regla general, y la exigencia legal de una justificación expresa, permiten suponer que tan solo se contempla para supuestos excepcionales. ¿Qué criterios son estos? ¿Basta con que el tribunal entienda que existía una duda jurídica o fáctica suficiente para entablar fundadamente un recurso o es necesario un "plus" añadido referido a la especial complejidad del recurso?.
Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", en el número 2, el 15 de enero de 2013.
La reforma operada en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo (...
La reforma operada en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo (LJCA) por la Ley 37/11, de 10 octubre -EDL 2011/222122-, ha instaurado, por vez primera, en este Orden jurisdiccional el criterio objetivo del vencimiento en materia de costas, dando nueva redacción a su art. 139 -EDL 1998/44323-: u00221. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho...u0022.
La introducción del sistema objetivo del vencimiento (a mi juicio, absolutamente afortunada), en sintonía con el establecido en la Ley Procesal Civil (de aplicación supletoria a este Orden Jurisdiccional), se ha de combinar, obviamente, con una cláusula moderadora y se ha optado por reproducir el art. 394,1 LEC -EDL 2000/77463-: u00221. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el Tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derechou0022.
La expresión parece aludir a especiales dificultades en el enjuiciamiento de la decisión administrativa impugnada, bien porque la decisión venga determinada por una valoración de pruebas, valoración que puede ofrecer un evidente margen de subjetividad, bien, porque la norma de aplicación haya sido objeto de interpretaciones diversas por los órganos jurisdiccionales, o sea especialmente compleja, o, se haya cambiado el criterio del órgano jurisdiccional, o, el enfoque de la demanda, aunque no haya sido estimada, no esté exenta de criterios interpretativos nada desdeñables.
A la hora de ofrecer u0022pistasu0022 orientativas para la interpretación de esta expresión, no existen pronunciamientos jurisprudenciales especialmente contundentes.
La Sala Primera del Tribunal Supremo -con un mayor recorrido en la interpretación del art. 394,1 LEC (EDL 2000/77463)-, se limita en muchas de sus sentencias a no hacer u0022declaración sobre las costas causadas en ambas instancias, pese a la desestimación de la demanda, en atención a las dudas de hecho y de derecho que plantea la cuestión debatida y que ha dado lugar a distintas soluciones en primera y en segunda instanciau0022 (STS, Sala 1ª de 28 septiembre 2012 -EDJ 2012/219957-), en su Sentencia de 24 de julio de este mismo año -EDJ 2012/201024-, de forma más ajustada, se dice: u0022Respecto a las costas de la instancia, tampoco procede la imposición de las mismas a ninguno de los litigantes, al tomar en consideración que la apreciación del derecho al honor depende de la valoración que de la prueba y de la doctrina aplicable haya hecho el tribunal, lo que nos permite apreciar la existencia de dudas de hecho y de derecho cuestión haya sido objetou0022.
La expresión legal, en mi opinión, no es nada clarificadora y hubiera sido deseable utilizar para la primera o la instancia única la misma fórmula de la segunda instancia o la casación: apdo. 2 del art. 139 LJCA -EDL 1998/44323-, que faculta a la no imposición de las costas, no obstante la desestimación del recurso, cuando u0022...el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposiciónu0022.
Fórmula más abierta que permite al órgano jurisdiccional, motivadamente, no condenar en costas sin limitar los supuestos de la excepción, que se dejan al criterio del Juzgador, conforme a la cual podría excluirse la condena en costas, razonadamente, desde luego, en atención, por ejemplo, a la situación personal del vencido, o, cuando, acogiéndose una excepción procesal, no se entrara en el fondo...
Ahora bien, desde el momento en que el Legislador ha utilizado fórmulas distintas en los apdos. 1 y 2 del art. 139 -EDL 1998/44323-, entiendo que las dudas de hecho o de derecho a las que se refiere el apdo. 1 han de ser relevantes, dotando de una especial complejidad al recurso.
La Ley 37/2011 de medidas de agilización procesal -
La Ley 37/2011 de medidas de agilización procesal -EDL 2011/222122 ha introducido una sustancial reforma en la regulación de los criterios de imposición de las costas procesales en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, indicándose en su preámbulo que u0022En relación a las costas procesales se establece para los procesos de única o primera instancia el criterio del vencimiento pero con la posibilidad de que el tribunal pueda exonerar de las mismas cuando concurran circunstancias que justifiquen su no imposiciónu0022. Todo ello a fin de dar una debida respuesta al sobrevenido aumento de la litigiosidad en los últimos tiempos.
Se pasa, así, de un régimen en primera o única instancia basado en el criterio subjetivo, esto es, la regla general era la no imposición salvo que se apreciase y razonase debidamente que existió temeridad o mala fe, al criterio objetivo de vencimiento, acorde con el sistema del proceso civil (art. 394,1 LEC -EDL 2000/77463-), en la redacción del vigente art. 139 LJCA -EDL 1998/44323 según el cual u00221. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.u0022
La excepción a la regla general del vencimiento, consistente en la apreciación de la existencia de serias dudas de hecho o de derecho, lógicamente, requiere para su aplicación que la decisión que se adopte al respecto resulte debidamente razonada o motivada en cada caso en concreto. Lo que sí puede afirmarse ya, además de lo anterior, es que no basta con la apreciación de simples dudas, sino que éstas deben ser serias, en el sentido de tener suficiente entidad y complejidad.
Un claro resumen de la postura del TS en esta materia, en interpretación de la LEC -EDL 2000/77463-, viene dada por la STS (Sala 1ª) de 10 diciembre 2010 -EDJ 2010/320151-:
u0022El principio objetivo del vencimiento, como criterio para la imposición de costas que establece el artículo 394.1, primer inciso, LEC -EDL 2000/77463-, se matiza en el segundo inciso del mismo precepto con la atribución al tribunal de la posibilidad de apreciar la concurrencia en el proceso de serias dudas de hecho o de derecho que justifiquen la no-imposición de costas a la parte que ha visto rechazadas todas sus pretensiones. Esta previsión tiene su precedente inmediato en el artículo 523, I LEC 1881 (EDL 1881/1) -en el que se contemplaba la facultad del juez de apreciar circunstancias excepcionales que justificaran la no-imposición de costas y su acogimiento transforma el sistema del vencimiento puro en vencimiento atenuado (STS 14 de septiembre de 2007, RC núm. 4306/2000 -EDJ 2007/159280-).
Se configura como una facultad del juez (SSTS 30 de junio de 2009, RC núm. 532/2005 -EDJ 2009/150912-, 10 de febrero de 20101, RC núm. 1971/2005 -EDJ 2010/9920-), discrecional aunque no arbitraria puesto que su apreciación ha de estar suficientemente motivada, y su aplicación no está condicionada a la petición de las partes.u0022
En relación con las serias dudas de hecho que presente el caso enjuiciado, su apreciación requiere, a mi juicio, la necesaria práctica de unos medios probatorios que pongan de relieve la complejidad de la situación, de la debida acreditación de los hechos alegados por las partes. Respecto a las serias dudas de derecho, el art. 139 LJCA -EDL 1998/44323 guarda silencio al respecto, pudiendo servir de fundamento lo indicado por el art. 394,1, párrafo 2º de la LEC -EDL 2000/77463 cuando se afirma que u0022Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similaresu0022. Por tanto, casos en que no existe jurisprudencia o la existente no es suficientemente clara o incluso resulta contradictoria, pueden considerarse las serias dudas de derecho. Como también el que el órgano judicial que resuelve se haya pronunciado de forma contradictoria, o que el caso a enjuiciar resulte complejo jurídicamente, ofreciendo una dificultad grave en su fundamentación.
La razón de ser del criterio del vencimiento objetivo para la condena en cos...
La razón de ser del criterio del vencimiento objetivo para la condena en costas no es otra, según jurisprudencia reiterada, que la de satisfacer el principio de tutela judicial efectiva, que exige que los derechos no se vean mermados por la necesidad de acudir a los Tribunales para su reconocimiento. El pago de los gastos que genera el proceso se constituye, así, como un gravamen que en justicia no debe soportar quien se ve obligado a presentar una demanda, o a contestarla, representado por Procurador y asistido de Abogado, para defender su derecho. Debe, por eso, soportar las costas -en principio quien fue el causante de los daños que en definitiva se originaron por su proceder contrario al cumplimiento de la obligación a su cargo.
La ley de medidas de agilización procesal ha supuesto el abandono, en el proceso contencioso-administrativo, del criterio subjetivo (temeridad o mala fe) para determinar qué parte debe abonar las costas, asumiendo el objetivo (vencimiento), pero con una excepción: la de que el asunto enjuiciado presente u0022serias dudas de hecho o de derechou0022, circunstancia que habrá de ser especialmente razonada por el órgano judicial.
De la nueva redacción del art. 139,1 de la Ley Jurisdiccional -EDL 1998/44323 interesa destacar, en primer lugar, dos exigencias legales: la primera, que las dudas han de u0022seriasu0022, adjetivo que solo puede significar que la incertidumbre sobre la solución del asunto sea (sexta acepción del Diccionario de la Real Academia) u0022grave, importante o de consideraciónu0022; la segunda, que el Juez o la Sala han de razonar de manera suficiente la concurrencia en el litigio de esa circunstancia que permite excepcionar el régimen general, que no es otro que el del vencimiento objetivo.
Ello permite extraer una primera consecuencia: no toda u0022dudau0022 sobre la solución del caso habilitará al Tribunal para no condenar en costas a quien ha sido vencido en el litigio, sino que la dificultad para decidir habrá de ser de una envergadura considerable, más allá de la propia complejidad del asunto sometido a enjuiciamiento.
Aunque, obvio es decirlo, no parece posible establecer criterios generales que permitan definir, de manera universalmente aplicable a todos los supuestos, cuándo nos encontraremos ante esta excepción a la aplicación de la regla general, sí pueden apuntarse -sin ánimo de agotar la extraordinaria casuística que puede presentarse algunos supuestos de común aplicación.
En primer lugar, es evidente que si el proceso ha sido recibido a prueba y se han practicado las propuestas por las partes, la existencia de medios probatorios que avalan la tesis tanto de una como de otra de las partes (por ejemplo, periciales efectuadas con todas las garantías que presentan conclusiones contradictorias entre sí) podrá determinar la concurrencia de las u0022serias dudasu0022 a las que se refiere el precepto, aunque solo sea porque el órgano judicial habrá de efectuar una ponderación más o menos compleja, que habrá de conducirle a descartar unas pruebas en beneficio de otras. La incertidumbre fáctica, en estos casos, descansará en la concurrencia de elementos probatorios dispares entre sí, pero defendidos por expertos en la materia controvertida, o asentados en documentos válidos o eficaces o derivados de pruebas testificales de resultado no coincidente.
En segundo lugar, parece evidente que puede integrar un supuesto u0022seriamente dudosou0022 a los efectos que nos ocupan la existencia de pronunciamientos jurisdiccionales contradictorios sobre la cuestión controvertida o, incluso, de una jurisprudencia vacilante sobre la misma. Ni qué decir tiene que no resulta de recibo que puedan imponerse las costas cuando el propio órgano judicial, en el asunto concreto que está enjuiciando, se aparta de un criterio anterior tras reconsiderar los postulados en los que se asentaba. En estos casos, el comportamiento procesal de ambas partes no parece que pueda ser penalizado cuando han sustentado su pretensión en decisiones de otros Tribunales, o del Tribunal Supremo, o del propio órgano judicial en resoluciones anteriores a la fecha de iniciación del litigio.
En tercer lugar, pueden constituir también una excepción a la regla general aquellos supuestos en los que la decisión del litigio debe descansar en una modificación de la normativa aplicable al caso, de forma que la resolución que ponga fin al proceso constituya una u0022primera decisiónu0022 sobre el caso sometido a enjuiciamiento. Es habitual encontrar en nuestra jurisdicción cambios legislativos o nuevas redacciones de preceptos legales o reglamentarios que añaden o suprimen exigencias, circunstancias, requisitos o extremos a aquellos contenidos en la regulación anterior, pero sin definir nítidamente cuál es el alcance de esa supresión o de ese añadido. Salvo que la nueva regulación presente unos perfiles claros e indubitados, la eventual duda interpretativa, debidamente constatada por el Tribunal, puede constituir una excepción al criterio del vencimiento objetivo.
En cuarto lugar, resultará u0022seriamenteu0022 dudosa la solución de un litigio cuando los miembros del órgano colegiado no coincidan en cuál deba ser el contenido de la decisión. Es evidente que ello sucederá cuando la sentencia o resolución contenga votos particulares, pues si los miembros del Tribunal no coinciden entre sí, habrá que convenir, cuando menos, que aquella solución presentaba dudas de consideración. A mi juicio, también sucederá cuando, a pesar de no existir coincidencia entre los integrantes del órgano judicial, quienes discrepen de la mayoría decidan no canalizar su disenso a través de un voto particular. No creo que sea necesario en estos casos identificar -en el fundamento jurídico correspondiente a las costas a los magistrados discrepantes para justificar la no imposición de las costas procesales, sino que bastará con reseñar las dificultades interpretativas o la dificultad (fáctica o jurídica) que ha padecido la Sala al adoptar la decisión.
Se trata, en definitiva, de algunos supuestos que, desde luego, no agotan la extraordinaria casuística que la materia puede plantear. En cualquier caso, como se dijo más arriba, lo esencial es que las dudas fácticas o jurídicas sean verdaderamente relevantes o de consideración (u0022seriasu0022) y que el órgano judicial razone (precisamente amparándose en la importancia o la u0022seriedadu0022 de la incertidumbre al resolver) el porqué se aparta de la regla general del vencimiento objetivo.
A mi juicio nos encontramos ante un concepto jurídico indeterminado. Ciertam...
A mi juicio nos encontramos ante un concepto jurídico indeterminado. Ciertamente aunque es una novedad introducida por la Ley 37/2011, de 10 octubre, de medidas de agilización procesal -EDL 2011/222122-, que ha modificado el art. 139,1 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa -EDL 1998/44323-, lo cierto es que este criterio de la especial complejidad se ha tenido en cuenta en ocasiones para moderar la cuantía de la condena en costas, a tenor de la previsión del apartado 3 de dicha norma procesal, e incluso para, cuando regía el criterio de la condena por mala fe, excluirla.
Naturalmente este concepto jurídico indeterminado no admite en principio sino una solución caso por caso, descartando en principio aquellos supuestos en que la solución fáctica o jurídica es apreciable por cualquier persona mínimamente diligente o preparada jurídicamente. Igualmente aquellos casos en que la estimación o desestimación no es total, en cuyo caso no existe condena por vencimiento.
No obstante cabe pensar hipotéticamente en casos como aquellos en que existen resoluciones judiciales contradictorias; aquellos otros en que a la sentencia precede otra resolución judicial que anula la norma de cobertura o la confirma a veces, especialmente en casos de inconstitucionalidad posterior al acto recurrido.
En cualquier caso, las dudas han de predicarse, no de las partes, sino de quien debe apreciar esta circunstancia, el órgano judicial, y que debe justificarla en la resolución para poder apartarse del criterio del vencimiento que rige actualmente en el proceso contencioso-administrativo.
Se ha venido a proclamar que la nueva dimensión jurídica de las costas es u...
Se ha venido a proclamar que la nueva dimensión jurídica de las costas es uno de los headline más destacados de la Ley 37/2011, de 10 octubre, de medidas de agilización procesal -EDL 2011/222122-.
Esta afirmación, no exenta de cierto optimismo, se justifica si se repara en la circunstancia de que, con matices, el criterio de la temeridad (las costas se imponían a quien sostuviera su acción o interpusiera los recursos con mala fe o temeridad) ha mutado en una regla que embrida el discernimiento del juez sobre la base del vencimiento (según el presente art. 139,1 LJCA -EDL 1998/44323 se impondrán las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones).
En efecto, el cambio ha sido notable, toda vez que regla general y excepción han experimentado una alternancia: si antes de la Ley 37/2011 -EDL 2011/222122 la regla general era la absolución sobre las costas con independencia de que se hubiese obtenido razón en el proceso siempre que el litigante no se hubiese guiado con desmán, ahora es la condena en caso de u0022derrota totalu0022; si antes la excepción (a la no condena) era la temeridad, ahora se permite exceptuar la imposición en el caso de que se aprecien serias dudas de hecho y de derecho.
Ahora bien, la nueva regulación no diverge de su precedente en 180°, es decir, no se puede afirmar que sea diametralmente opuesta, sino que, simplemente, se asienta sobre unos criterios distintos, por lo demás, más próximos a los que rigen en el proceso civil (art. 394,1 LEC -EDL 2000/77463-). Por tanto, no nos encontramos ante un escenario neófito en la siempre compleja tarea -y, sobre todo, tediosa tras una larga y sólida argumentación sobre el fondo del asunto de imponer o no a una de las partes los gastos que ha generado el proceso.
En todo caso, cabría matizar tanto la proclamación general del denominado criterio del vencimiento, pues sólo procede cuando se rechazan totalmente las pretensiones de una parte (por tanto, no cuando hay estimación o desestimación parcial de las pretensiones, supuesto en el que la condena en costas se sigue ligando a la apreciación de mala fe o temeridad) como su propia consideración de vencimiento objetivo, toda vez que difícilmente puede predicarse ese carácter (cuando menos, en el sentido de automático), desde el momento que para observarlo, el juez deberá comprobar, siquiera como elemento negativo o de exclusión, la presencia de serias dudas de hecho o de derecho, conceptos jurídicos indeterminados de integración casuística que precisan de la necesaria motivación.
Motivación que, por otra parte, siempre ha venido a ser exigida por la norma procesal pues, al fin y al cabo, primero, la condena en costas forma parte de la sentencia y ésta, por imperativo del artículo de la LOPJ deberá ser siempre motivada (ex art. 248,3 LOPJ -EDL 1985/8754-) y, segundo, antes y ahora el art. 139,1 LRJCA -EDL 1998/44323 compele al juez a u0022razonaru0022 al respecto. El comentario viene a cuento de la extendida práctica de absolver en costas, u0022en base a que no concurren méritos suficientes para su imposiciónu0022 lo que, en clave de la versión anterior a la Ley 37/2011 (EDL 2011/222122) -por lo que se refiere a la primera o única instancia implicaría ausencia de mala fe o temeridad y, tras la modificación, existencia de serias dudas de hecho o de derecho.
Por tanto, en modo alguno se ha descargado al juez de la responsabilidad de motivar, por mor y efecto de un pretendido criterio objetivo -que, en mi opinión, se generaliza con cierta ligereza desde el momento que resulta rechazable u0022para cubrir el expedienteu0022 acudir a fórmulas estereotipadas que -insisto-, vienen a ser habituales hasta el momento.
Ocurre, sin embargo, que la exigencia de motivación parece reforzarse con la Ley 37/2011 -EDL 2011/222122-, puesto que, habrá que convenir que no es lo mismo justificar la u0022inexistenciau0022 de temeridad o de mala fe que hacer lo propio con la u0022existenciau0022 de ciertas dudas de hecho o de derecho, diferencia que estriba en el clásico brocardo de la imposibilidad de acreditar (aquí, mas bien, razonar sobre) hechos negativos.
Además, esa dificultad se intensifica si se cae en la cuenta que una contienda judicial parece presuponer per se ciertas dudas (la mayor parte de las veces, serias), por lo que el criterio puede convertirse en una nueva válvula de escape (pues, algunos pueden pensar que si hay pleito hay duda) que diluya -una vez más las exigencias de una motivación rigurosa. En cambio, motivar sobre la temeridad o mala fe supone una tarea a la que los jueces estamos más acostumbrados tanto desde la perspectiva sustantiva (ejemplos claros los proporcionan, entre otras muchas, las disposiciones del Código Civil -EDL 1889/1 relativas al derecho de accesión, a la posesión o a la evicción) como procesal (a sensu contrario, el art. 11 LOPJ y el art. 228 LOPJ -EDL 1985/8754 sobre la recusación).
Sentado lo anterior, y a los efectos de acopiar elementos para una respuesta al dilema planteado, cabe preguntarse ya cuales serán esas serias dudas fácticas o jurídicas. Desde luego, a mi juicio lo son las que enuncia el correlativo precepto de la LEC (art. 394,1) -EDL 2000/77463-, heraldo de nuestro art. 139,1 LRJCA -EDL 1998/44323 por cuanto después de apuntar que las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el Tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho, se añade que u0022para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares.u0022 Se recoge de esta forma el principio del vencimiento mitigado, que debe conducir a la no imposición de costas habida cuenta de que la singularidad de la cuestión debatida, que veda estimar que se halle ausente la iusta causa litigandi.
En consecuencia, sin ánimo de agotar los ejemplos, en ausencia de jurisprudencia parece también que el terreno será movedizo (y, por ende, dudoso) para quien se adentrase por primera vez en él sin el faro de precedentes. Por supuesto, las dudas se presentarán descarnadas cuando, en órganos colegiados, la diferente dialéctica del debate se evidencie a través de votos particulares.
La nueva regulación ofrece también flancos débiles, pues, de entrada, en el proceso de motivación, el juez deberá distinguir las dudas de hecho de las dudas de derecho, tarea que no resulta evidente en algunos casos; asimismo, el precepto no ofrece soluciones cuando se decreta la inadmisión del recurso contencioso administrativo, posibilidad ésta reconocida expresamente por el art. 69 LRJCA -EDL 1998/44323-; en fin, finalmente uno de los problemas más acuciantes de este criterio es, a mi juicio, el de la dificultad de fiscalizar por el órgano judicial superior la decisión de instancia en torno a las costas procesales, toda vez que es aquí donde de forma más eficiente aflora el carácter subjetivo y casuístico que entraña la nueva regulación.
Al hilo de lo anterior, estoy convencido que la jurisprudencia venidera nos deparará ciertas pautas a la hora de integrar el evanescente concepto de serias dudas de hecho o de derecho, sentando ejemplos como los mencionados con anterioridad (ausencia de jurisprudencia, discrepancias plasmada en votos particulares... etc.).
Sin embargo, un exceso de uniformidad al respecto, en aras de un pretendido efecto de seguridad jurídica, puede ser letal para la institución que nos ocupa. Un claro ejemplo de esta afirmación nos lo ofrece el Derecho de la Unión Europea y, específicamente, el supuesto del denominado u0022acto clarou0022 que exime al juez nacional de remitir cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia (art. 267 TFUE -EDL 1957/52-).
En efecto, para evitar desmanes (esto es, que los jueces nacionales se amparasen en el pretexto de acto claro para no colaborar en la interpretación uniforme del Derecho de la Unión) el Tribunal de Justicia impuso a través de la Sentencia de 6 octubre 1982, CILFIT (283/81) un rígido test que todo juez nacional debe aplicar a la hora de valorar la procedencia de una remisión prejudicial, de manera que sólo quedará exento de plantearla cuando una sola solución hermenéutica del Derecho de la Unión se imponga por su propia evidencia a todos los órganos jurisdiccionales de los diferentes Estados miembros, incluido el propio Tribunal de Justicia.
La rigidez es extrema y la criticó el Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo en sus conclusiones presentadas el 30 de junio de 2005 en el asunto Gaston Schul (C 461/03) -EDJ 2005/188229 en las que censuraba los aspectos prácticos de la sentencia CILFIT, en la medida que u0022llevaría al juez nacional a emprender un estudio empírico de los ordenamientos jurídicos de los otros Estados miembros para lograr el convencimiento psicológico de que todos y cada uno de sus homólogos confirmarían la correcta aplicación de la norma europeau0022 (apdo. 49), considerando, en definitiva, que el test propuesto [por CILFIT] u0022era inviable en el momento de su formulaciónu0022 (apdo. 52).
En suma, la fijación de estándares en torno a las serias dudas de hecho o de derecho debería hacerse con especial cautela para no llevar nunca a los extremos de CILFIT, pues al ser la duda subjetiva, dependerá de cada juez y de cada caso.
La introducción en el orden contencioso-administrativo del criterio del venc...
La introducción en el orden contencioso-administrativo del criterio del vencimiento objetivo, con posibilidad de excepción en los supuestos de serias dudas de hecho o de derecho, tiene un claro precedente en la regulación del régimen de la condena en costas procesales en la primera instancia que se contiene en el art. 394 de la Ley 7/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463 que, en el primer párrafo de su apartado primero, contiene idéntica previsión. Resulta llamativa la falta de traslación a nuestro orden jurisdiccional del supuesto de especificación por el legislador procesal civil de los casos jurídicamente dudosos (u0022se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similaresu0022).
Con anterioridad a la reforma, la jurisdicción contencioso-administrativa ya había tenido ocasión de aplicar la previsión de la Ley de Ritos Civil -EDL 2000/77463-, al amparo de la dicción del art. 139,2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa -EDL 1998/44323-, considerando que las serias dudas de hecho o de derecho eran, precisamente, uno de los supuestos que justificaban la no imposición de las costas procesales en los casos de desestimación de los recursos en segunda instancia. Así, a título de ejemplo, cabe citar la STSJ Cataluña de 14 diciembre 2005 (rec. 79/2005) -EDJ 2005/278881-, la del TSJ Madrid de 13 noviembre 2008 (rec. 1030/2008) -EDJ 2008/350026- y la del TSJ País Vasco de 5 febrero 2009 (rec. 1704/2001) -EDJ 2009/164738-.
La jurisdicción civil ha conceptuado la facultad moderadora de la regla del vencimiento objetivo a través de las tres siguientes notas fundamentales: En primer lugar, se trata de una facultad discrecional del Juez, aunque no arbitraria puesto que su apreciación ha de estar suficientemente motivada. En segundo lugar, su aplicación no está condicionada a la petición de las partes. Estas dos características se recogen, entre otras, en la sentencia de la Sala Primera del TS de 10 diciembre 2010 (rec. 680/2007) -EDJ 2010/320151-. En tercer lugar, su apreciación corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional. Y, en cuarto lugar, no cabe el conocimiento de la cuestión en el recurso extraordinario por infracción procesal. Estas dos últimas notas, se destacan, por citar un ejemplo, en la sentencia de la Sala Primera del TS de 21 octubre 2010 (rec. 1792/2006) -EDJ 2010/303004-.
Por lo que respecta a su aplicación, la doctrina de las Audiencias Provinciales ha venido exigiendo mayoritariamente dos requisitos para apreciar la concurrencia de la regla del vencimiento atenuado o mitigado: la seriedad de la duda, por una parte, y su razonabilidad y fundamento objetivo, por otra. Así, a título de ejemplo, la SAP Sevilla de 12 marzo 2012 (rec. 485/2012) -EDJ 2012/195992- afirma: u0022no basta cualquier duda, sino que las dudas deben ser serias, es decir, graves o importantes. Evidentemente estas dudas han de apreciarse en el momento anterior al inicio del litigio, por cuanto que la resolución que del mismo haga el Tribunal resuelve definitivamente la cuestión, pero no bastan las dudas que puedan tener los litigantes porque las mismas son propias de todo litigio, sino que la cuestión ha de presentarse oscura o confusa, de modo que sólo la prueba practicada durante el mismo ha podido despejar esas graves dudas, cuando se trata de dudas de hecho. En el caso de dudas de derecho, la interpretación de las cuestiones jurídicas que se suscitan ha de ser objetivamente difícil por no existir normas que específicamente las regulen o existir normas contradictorias, sin que exista una línea jurisprudencial que sustituya la falta de normativa o aclare las divergencias de la existente, o por ser contradictorias las resoluciones de los órganos judiciales que se han dictado en casos similaresu0022.
Esta parece ser también la postura que, tras la reforma del art. 139,1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa -EDL 1998/44323 introducida por la Ley 37/2011, de 10 octubre -EDL 2011/222122-, se ha impuesto en el orden contencioso-administrativo. El ATS de 5 junio 2012 (rec. 258/2012) -EDJ 2012/110297 así lo ha entendido al sostener que u0022(...) no basta para excluir la preceptiva condena en costas que existan discrepancias sobre una determinada cuestión, de hecho o de derecho, siendo preciso que aquéllas revistan una entidad tal que justifique la exenciónu0022.
A mi juicio, el hecho de que el legislador haya optado por calificar de u0022seriasu0022 las dudas de hecho o de derecho avala esta conclusión hermenéutica. Una interpretación más flexible conllevaría el riesgo de dilución de la norma, por vía de sustituir el criterio legal del vencimiento objetivo por el de temeridad o mala fe. Si bastara una duda de hecho o de derecho, cualesquiera que estas fueran, para exceptuar la regla principal del art. 139,1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa -EDL 1998/44323-, a contrario sensu sólo se aplicaría esta última norma en los supuestos de utilización del proceso con intención espuria, es decir, para fines que le son ajenos. Normalmente en el proceso se plantea una controversia en la que cabe reconocer una cierta justificación en la posición de cada una de las partes. En todo caso, a diferencia de lo que sucede en el ámbito civil, debe recordarse que en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo existe un segundo límite o contrapeso (en este caso, relativo, por cuanto presupone la condena en costas) a los rigores de la condena en costas por el criterio del vencimiento objetivo, como es la facultad moderadora que prevé el apdo. 3º del art. 139 de la Ley 29/1998, de 13 julio -EDL 1998/44323-.

References: artículo 394
 artículo 523
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