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Timestamp: 2019-04-26 07:40:25+00:00

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Vigencia desde 26 de Noviembre de 1999. Revisión vigente desde 26 de Noviembre de 1999 hasta 31 de Diciembre de 2003
TITULO I. EL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES LOCALES
CAPITULO I. Bienes que integran el patrimonio de la Entidad Local
Artículo 1 Regulación jurídica de los bienes
Artículo 2 Clasificación de bienes
Artículo 3 Carácter de los bienes de dominio público
Artículo 4 Centros docentes
CAPITULO II. Alteración de la calificación jurídica de los bienes y mutaciones demaniales
Artículo 5 Competencia para alterar la calificación de los bienes
Artículo 6 Desafectación de bienes comunales
Artículo 7 Mutación demanial
CAPITULO III. Adquisición
Artículo 8 Adquisición de bienes y derechos
Artículo 9 Adquisición onerosa o lucrativa
Artículo 10 Procedimiento de adquisición
Artículo 11 Adquisición gratuita
Artículo 12 Cesión temporal de bienes
Artículo 13 Adquisición condicional y modal
Artículo 14 Sucesión administrativa
Artículo 15 Adquisición por expropiación
CAPITULO IV. Enajenación
Artículo 16 Enajenación de bienes
Artículo 17 Enajenación del Patrimonio Municipal del Suelo
Artículo 18 Competencia para enajenar
Artículo 19 Regulación de la enajenación
Artículo 20 Formas de enajenación
Artículo 21 Procedimiento negociado
Artículo 22 Parcelas sobrantes
Artículo 23 Aportación de bienes
Artículo 24 Permuta de bienes
Artículo 25 Permuta de cosa futura
CAPITULO V. Cesión
Artículo 26 Cesión gratuita de bienes
Artículo 27 Destino de los bienes cedidos
TITULO II. USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES
CAPITULO III. Aprovechamiento y disfrute de bienes comunales
TITULO III. CONSERVACION Y DEFENSA DE LOS BIENES
Artículo 51 Obligaciones respecto a sus bienes
Artículo 52 Conservación y mejora de los bienes
Artículo 53 Deber de conservar y explotar los montes
Artículo 54 Repoblación de montes de las entidades locales
Artículo 55 El aprovechamiento de otras riquezas
Artículo 56 Normas sobre administración del patrimonio
Artículo 57 El inventario general
Artículo 58 El inventario consolidado
Artículo 59 Actualización del inventario
Artículo 60 Rectificación del inventario
Artículo 61 Competencia
CAPITULO III. Inscripción registral
Artículo 62 Obligación de inscribir
TITULO IV. PRERROGATIVAS DE LOS ENTES LOCALES RESPECTO A SUS BIENES
CAPITULO I. Potestades de las Entidades Locales
Artículo 63 Enumeración de potestades
CAPITULO II. Potestad de investigación
Artículo 64 Extensión de la potestad de investigación
CAPITULO III. Deslinde de bienes
Artículo 65 La facultad de deslinde
CAPITULO IV. Recuperación de oficio
Artículo 66 La recuperación de los bienes
Artículo 67 Disponibilidad de edificios cedidos
CAPITULO V. Desahucio administrativo
Artículo 68 El desahucio de bienes
Artículo 69 Ocupación de bienes expropiados
Artículo 70 Competencia para acordar el desahucio
Artículo 71 El procedimiento de desahucio
Artículo 72 Obligación del ejercicio de acciones
Artículo 73 El allanamiento
Artículo 74 Embargo de bienes y derechos
TITULO V. RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
Artículo 75 Custodia de bienes
Artículo 76 Daños en el dominio público
Artículo 77 Tipificación de sanciones
L 5/2010 de 11 Jun. CA Andalucía (autonomía local)
Artículo 1 derogado por apartado 4º del número 1 de la Disposición Derogatoria Única de Ley [ANDALUCÍA] 5/2010, 11 junio, de Autonomía Local de Andalucía («B.O.J.A.» 23 junio). Artículo 2 derogado por apartado 4º del número 1 de la Disposición Derogatoria Única de Ley [ANDALUCÍA] 5/2010, 11 junio, de Autonomía Local de Andalucía («B.O.J.A.» 23 junio). Letra c) del número 1 del artículo 16 derogada por apartado 4º del número 1 de la Disposición Derogatoria Única de Ley [ANDALUCÍA] 5/2010, 11 junio, de Autonomía Local de Andalucía («B.O.J.A.» 23 junio). Artículo 17 derogado por apartado 4º del número 1 de la Disposición Derogatoria Única de Ley [ANDALUCÍA] 5/2010, 11 junio, de Autonomía Local de Andalucía («B.O.J.A.» 23 junio). Artículo 20 derogado por apartado 4º del número 1 de la Disposición Derogatoria Única de Ley [ANDALUCÍA] 5/2010, 11 junio, de Autonomía Local de Andalucía («B.O.J.A.» 23 junio). Número 2 del artículo 24 derogado por apartado 4º del número 1 de la Disposición Derogatoria Única de Ley [ANDALUCÍA] 5/2010, 11 junio, de Autonomía Local de Andalucía («B.O.J.A.» 23 junio). Artículo 6 redactado por número 1 de la Disposición Final 1.ª de Ley [ANDALUCÍA] 5/2010, 11 junio, de Autonomía Local de Andalucía («B.O.J.A.» 23 junio). Artículo 21 redactado por número 1 de la Disposición Final 1.ª de Ley [ANDALUCÍA] 5/2010, 11 junio, de Autonomía Local de Andalucía («B.O.J.A.» 23 junio). Artículo 7 bis introducido por número 2 de la Disposición Final 1.ª de Ley [ANDALUCÍA] 5/2010, 11 junio, de Autonomía Local de Andalucía («B.O.J.A.» 23 junio).
Artículo 18 redactado por el artículo 135 de la Ley [ANDALUCÍA] 18/2003, 29 diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas («B.O.J.A.» 31 diciembre). Letra c) del número 2 del artículo 20 redactada por el artículo 136 de la Ley [ANDALUCÍA] 18/2003, 29 diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas («B.O.J.A.» 31 diciembre). Letra g) del artículo 21 introducida por el artículo 137 de la Ley [ANDALUCÍA] 18/2003, 29 diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas («B.O.J.A.» 31 diciembre). Párrafo 2.º del número 2 del artículo 25 introducido por el artículo 138 de la Ley [ANDALUCÍA] 18/2003, 29 diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas («B.O.J.A.» 31 diciembre).
LEY DE BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES DE ANDALUCIA
El establecimiento por la Constitución española de 1978 del municipio como célula básica del cuerpo político del Estado español, con la correspondiente declaración de garantía de su autonomía, supuso para las Entidades Locales la supresión progresiva de todos aquellos procedimientos de intervención que no resultaren necesarios para asegurar la coordinación, igualmente reconocida constitucionalmente, entre las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas. El Real Decreto 1710/1979, de 18 de junio, por el que se dejaban sin efecto procedimientos de fiscalización, intervención y tutela del entonces Ministerio de Administración Territorial sobre las Entidades Locales en diversas materias y se dictaban normas aclaratorias en materia de bienes de propios de las Corporaciones Locales, suprimió una serie de controles que se contenían en el articulado del entonces vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Decreto de 27 de mayo de 1952.
La Ley 40/1981, de 28 de octubre, por la que se aprobaron determinadas medidas sobre régimen jurídico de las Corporaciones Locales, modificó determinados artículos del mencionado Reglamento de Bienes, por lo que se refería a las mayorías con que deberían adoptarse determinados acuerdos corporativos en materia de arrendamiento de bienes patrimoniales, aprovechamiento y disposición de bienes comunales y cesión gratuita de bienes inmuebles de propios.
Como complemento de las transferencias efectuadas por la Administración General del Estado en el año 1979, se publica el Real Decreto 3315/1983, de 20 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Administración Local. Esta vez, por lo que a los bienes de las Corporaciones Locales se refiere, las nuevas competencias que se asumen se concretan en la aprobación de normas reguladoras de aprovechamiento de bienes comunales, así como en la autorización de las adjudicaciones en pública subasta del disfrute y aprovechamiento de dichos bienes mediante precio, la declaración de urgente ocupación de bienes de particulares afectados por expropiaciones forzosas iniciadas por Corporaciones Locales y las correspondientes autorizaciones para la adjudicación directa del derecho de superficie sobre bienes de su propiedad.
Con la promulgación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local de 2 de abril de 1985, consecuencia directa del nuevo sistema constitucional implantado en 1978, se diseña un nuevo ordenamiento jurídico-administrativo local. Por lo que atañe a la materia de bienes (Tít. VI, Cap. I: Bienes: Arts. 79 a 83), el legislador estatal optó por restringir su carácter básico en armonía con el criterio general de moderación que presidió su redacción, y sólo reguló con cierta amplitud los aspectos organizativos. A ello contribuyó, posiblemente, el hecho incuestionado de que la regulación de la materia de bienes era de las más acuñadas del régimen local español. Conforme a las previsiones de la disposición final primera de esta Ley, aparecieron el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (Tít. VI, Cap. I: Bienes: Arts. 74 a 87), y el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, debidamente actualizado y acomodado, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.
Hasta este momento, la Administración autonómica ha venido afrontando sus competencias en la materia con estos instrumentos legales emanados de la Administración General del Estado. Sin embargo, y en armonía con el criterio inicial adoptado de ir creando un régimen local andaluz conforme la experiencia acumulada lo fuera demandando, se estima que ha llegado la hora idónea para ejercitar la competencia exclusiva que el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 13.3, le otorga en materia de régimen local, en su especialidad de bienes de las Corporaciones Locales.
a) Actualizar determinadas materias relacionadas con los bienes y el patrimonio de las Entidades Locales mediante la utilización de figuras jurídicas procedentes del derecho privado, de dudosa aplicación en el vigente ordenamiento público; en este sentido, cabría destacar la regulación que se hace de la permuta de cosa futura, de la aportación a las sociedades municipales de bienes patrimoniales e incluso de concesiones administrativas, del desahucio administrativo.
b) Adaptar las facultades de disposición del patrimonio a los nuevos modos y figuras del mercado inmobiliario.
c) Innovar algunos aspectos, ya que, además de contener el régimen jurídico sobre los patrimonios de las Entidades Locales, extiende su regulación a los de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles.
d) Dar respuesta a antiguos y graves problemas existentes en un número elevado de Entidades Locales de imposible solución sin este tratamiento legislativo, y que al afectar normalmente a sectores socialmente desfavorecidos o a terceras personas actuantes de buena fe justifican plenamente el carácter excepcional de la disposición.
La Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía marca formalmente, a través de su estructura, el camino para comprender su contenido.
El Título I define el patrimonio de las Entidades Locales, clasificando los bienes que lo integran y regulando la forma de alterar su naturaleza jurídica.
Al estar los bienes en el tráfico jurídico y ser susceptibles de adquisición, enajenación o cesión, se tratan estas materias con prolijidad, teniendo en cuenta la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y sin perder de vista la singularidad de las Entidades Locales.
El Título II regula la utilización de los bienes, que difiere según sean bienes de dominio público o patrimoniales, transformando esta utilización en aprovechamiento, cuando se trata de bienes comunales.
Los Títulos III y IV de la Ley se refieren a la conservación y defensa de los bienes y prerrogativas de los Entes Locales. La titularidad de un patrimonio comporta su utilización, su disposición, pero también requiere la necesidad de conservación, protección y defensa, mediante el inventario, inscripción registral y un conjunto de prerrogativas que son consecuencia del poder jurídico de la Administración y tienen su justificación en la autotutela que le viene conferida en razón de los fines de interés público que las Entidades Locales cumplen.
El Título V trata de las responsabilidades de las autoridades y el personal al servicio de las Entidades Locales que tienen a su cargo la gestión y utilización de los bienes o derechos de las mismas, así como el régimen de sanciones.
La Ley termina con dos disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y tres finales que regulan entre otras cosas el régimen de aplicación a los expedientes ya iniciados y de su entrada en vigor.
El articulado de la Ley deja patente el criterio que presidió su redacción de mantener en lo posible las normas generales, así como las especiales del Estado o de la Comunidad Autónoma que pudieran encontrarse recogidas en Leyes sectoriales.
Dada la complejidad de la materia y la amplia casuística a que puede dar lugar, son muchos los aspectos que se difieren a un ulterior desarrollo reglamentario.

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 1
 Artículo 2
 artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 20
 artículo 24
 Artículo 6
 Artículo 21
 Artículo 7

Artículo 18
 artículo 135
 artículo 20
 artículo 136
 artículo 21
 artículo 137
 artículo 25
 artículo 138
 Real Decreto 
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 Real Decreto 
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 artículo 13