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Timestamp: 2020-06-04 01:45:17+00:00

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﻿ SENTENCIA 11001-03-25-000-65-00 802-00 DE MARZO 13 DE 2003
SENTENCIA 11001-03-25-000-65-00 802-00 DE 13 DE MARZO DE 2003
CONTENIDO:CARRERA NOTARIAL. SE DECLARA LA NULIDAD DEL ARTÍCULO 22 DEL DECRETO 1890 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1999.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD, NOTARIO, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL, CARRERA NOTARIAL, FUNCIÓN NOTARIAL, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SELECCIÓN EN LA CARRERA NOTARIAL
Sentencia 802-00 de marzo 13 de 2003
Expediente 802-00
Ref.: 11001-03-25-000-65-00
Actor: Pedro Leonardo Reyes Vega
Bogotá, D.C., marzo trece de dos mil tres
Pedro Leonardo Reyes Vega por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, demandó la nulidad del artículo 22 del Decreto 1890 del 28 de septiembre de 1999, expedido por el Gobierno Nacional en cuanto dispuso:
Consejo Superior de la Carrera Notarial. Funcionará como un organismo asesor del Gobierno Nacional, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, en la administración de la carrera notarial y en todo lo relacionado con el ingreso, permanencia y retiro de la misma, el cual será integrado por:
1. El Ministro de Justicia y del Derecho o el viceministro quien lo presidirá.
6. Dos notarios, uno de ellos de primera categoría con sus respectivos suplentes personales.
Expresa el demandante que mediante el Decreto-Ley 960 de 1970, artículo 164 se creó el Consejo Superior de la Administración de Justicia, para administrar la carrera notarial y los concursos, institución. que era diferente al Consejo Superior de la Administración de Justicia creado por el Decreto 1698 de 1964.
El consejo para administrar los concursos estaba integrado por el Ministro de Justicia, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del tribunal disciplinario, el Procurador General de la Nación y dos notarios.
El consejo superior creado por el Decreto 1698 de 1964, encargado de organizar la carrera judicial, estaba integrado por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el decano de la facultad de derecho de la Universidad Nacional, el decano de las universidades privadas, escogido por la Asociación Colombiana de Universidades y por dos abogados designados por el Presidente de la República.
El Decreto 250 de 1970 dio nuevas facultades al Consejo Superior de la Administración de Justicia para administrar la carrera notarial. En ese mismo año el legislados “delegado” creó con el mismo nombre el consejo para administrar la carrera notarial y los concursos integrados por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el tribunal disciplinario, dos notarios y los presidía el Ministro de Justicia.
La Carta Política de 1991 creó el Consejo Superior de la Judicatura, encargado entre otras funciones, para administrar la carrera judicial, por ende, desapareció el Consejo Superior de la Administración de Justicia. Ello dio lugar a que el Gobierno Nacional creara la confusión según la cual había desaparecido el organismo encargado de administrar la carrera notarial.
Por lo anterior, la Corte Constitucional, mediante Sentencia SU-250 de 1998 advirtió que el Consejo Superior de Administración de Justicia, creado por el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970 se hallaba vigente y ordenó que en el término de seis meses realizara los concursos, para el nombramiento de notarios en propiedad.
El Gobierno Nacional en desarrollo de las facultades conferidas por el numeral 1º del artículo 120 de la Ley 489 de 1998, expidió el Decreto 110 de 1999 por medio del cual constituyó e integró el Consejo Superior de la Carrera Notarial.
“Tan pronto se produjo la sentencia de inexequibilidad 702 de este año de la H. Corte Constitucional, declarando inexequibles varias disposiciones de la Ley 489 de 1998, entre ellas, el artículo 120 que le había permitido al Gobierno la expedición del Decreto 110 de este año, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1890 de 28 de septiembre por medio del cual revivió, en el artículo 22 el Consejo Superior de la Carrera Notarial, con los mismos miembros pero como organismo asesor cosa que antes no era”.
Constitución Nacional, artículos 3º, 131, 150 y 189.
Decreto 960 de 1970, artículo 165.
Ley 489 de 1998, artículos 52 y 54.
Estima quebrantada la normatividad invocada por cuanto el Consejo Superior de la Administración de Justicia para administrar la carrera notarial y los concursos, se hallaba consagrado en el artículo 164 del Decreto 960 de 1970, norma con fuerza de ley que fue modificada en cuanto a su nombre y composición por el Decreto-Ley 110 de 1999 que se expidió con base en las facultades extraordinarias previstas en el numeral 1º del artículo 120 de la Ley 489 de 1998, disposición que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-702. Señala en uno de sus aparte el concepto de violación.
“El fallo de la Corte Constitucional revivió automáticamente del (sic) Consejo Superior de la Administración de Justicia para administrar los concursos de notario que consagra el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970 y por eso mal puede el Gobierno Nacional derogar esta norma con un decreto reglamentario que no tiene fuerza de ley. Eso pretende hacerlo con el Decreto 1890 del 28 de septiembre de este año, objeto de la presente demanda. O ¿es que existen dos organismos encargados de administrar la carrera notarial y los concursos?. El que revivió, consagrado en el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970, llamado Consejo de Administración de Justicia y el creado por el gobierno en el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970, llamado Consejo de Administración de Justicia y el creado por el gobierno en el artículo 22 del Decreto reglamentario 1890 de 1999 que se llama Consejo Superior de la Carrera Notarial, pero como organismo asesor del gobierno, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho?”
El señor Nestor Iván J. Osuna Patiño se presentó al proceso en calidad de coadyuvante para expresar que el Gobierno Nacional excedió el límite de sus potestades constitucionales y legales, al otorgarle a un simple organismo asesor suyo las atribuciones que por instrumento legal (D. 960/70), le corresponden a otra autoridad, esta última, sí independiente del poder ejecutivo, tanto por su origen como, por su composición e integración.
El precepto demandado viola la Carta Política en cuanto al reparto de competencias que allí se establece (C.N, arts. 6º, 121, y 123), así como el estatuto notarial (D. 960/70). El organismo asesor que bajo la denominación de Consejo Superior de la Carrera Notarial ha creado el Decreto 1890 de 1999, tanto por su origen como por su composición, no es un ente constitucionalmente competente para ejercer las atribuciones que el propio artículo 22 del decreto impugnado señala, esto es administrar la carrera notarial, ni actuar en materias relacionadas con el ingreso, permanencia y retiro de los notarios, como quiera que tal ente de origen reglamentario, no tiene ninguna independencia respecto del ejecutivo quien es el nominador de los notarios en propiedad, lo que conduce a que dicho Consejo Superior de la Carrera Notarial, no posea las exigencias constitucionales para administrar el régimen especial de carrera, ni los concursos notariales.
La Constitución dispuso en el artículo 131 que el nombramiento de notarios en propiedad se haría mediante concurso, pues lo que se trataba era sustraer el nombramiento de los mismos a la discrecionalidad del gobierno de turno, como con anterioridad venía ocurriendo.
En relación con los organismos que administran los regímenes de carrera, sea el general, o sean los especiales, la Constitución impone determinadas exigencias de imparcialidad, autonomía y garantías para los servidores públicos.
El Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial, la conferidas por el numeral 16 del artículo 189 de la C.N. y con sujeción a lo previsto en los artículos 52 y 54 de la Ley 489 de 1998, expidió el Decreto 1890 de 29 de septiembre de 1999, por medio del cual reorganiza el Ministerio de Justicia y del Derecho.
En el artículo 22 demandado, dispuso:
Consejo Superior de la Carrera Notarial. Funcionará como un organismo asesor del Gobierno Nacional, adscrito al Ministerio de Justicia y del derecho, en la administración de la carrera notarial y en todo lo, relacionado con el ingreso, permanencia y retiro de la misma, el cual será integrado por:
7. El Ministro de Justicia y del Derecho o el viceministro quien lo presidirá.
8. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
9. Dos representantes del Presidente de la República.
10. El secretario jurídico de la Presidencia de la República.
11. El director del Departamento Administrativo de la Función Pública.
12. Dos notarios, uno de ellos de primera categoría con sus respectivos suplentes personales.
PAR 2º—El Superintendente de Notariado y Registro asistirá con voz al Consejo Superior de la Carrera Notarial. La secretaría técnica del consejo Consejo Superior de la Carrera Notarial será ejercida por el superintendente delegado para el notariado.
La disposición antes transcrita —acusada— fue modificada expresamente por el Decreto 2383 de 29 de noviembre de 1999. Este decreto señaló expresamente que el Consejo Superior de la Carrera Notarial funcionaría como un organismo asesor del Gobierno Nacional en asuntos notariales, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho y además administraría la carrera notarial y todo lo relacionado con el ingreso, permanencia y retiro de la misma de conformidad con lo estatuido en el Decreto-Ley 960 de 1970 y demás normas que regulen la materia. Indicó expresamente el mencionado decreto que “El Consejo Superior de la Carrera Notarial reemplaza al consejo superior de que traba el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970”.
La Sala, en sentencia de 12 de julio de 2001, dictada en el proceso 803-00, actor: José Antonio Galán Gómez, decretó la nulidad del Decreto 2383 de 1999, antes citado, en síntesis, con fundamento en las siguientes razones:
Siguiendo el criterio expuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-702 de 1999 precisó la Sala que es el legislador quien debe definir mediante ley los principios y reglas generales con sujeción a las cuales puede el ejecutivo modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, por lo que no podía el gobierno directamente modificar el Consejo Superior de la Carrera Notarial, sin que previamente el legislador hubiera definido su marco de actuación.
Advirtió la Sala en aquella oportunidad que si bien, la Ley 588 de 2000 había derogado expresamente el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970 que establecía la conformación de la administración de justicia, taI situación no modificó la irregularidad contenida en el Decreto 2383 de 29 de noviembre de 1999, en razón a que el análisis se realizaba frente a las normas vigentes al momento de expedición del acto acusado. No se tuvo en cuenta por lo tanto ala citada Ley 588 de 2000.
La Sala transcribe y acoge parar efectos de decretar la nulidad de la norma acusada, el siguiente aparte de la sentencia proferida el 12 de julio de 2001, en el expediente 803-00:
1. El Gobierno Nacional, a la fecha de expedición del decreto acusado, carecía de competencia para modificar la conformación de Consejo Superior de la Carrera Notarial pues no podía hacerlo ni en ejecución de su potestad reglamentaria ni con base en las atribuciones que tiene para modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, toda vez que esta facultad debe ejercerla con a los principios y reglas generales que defina la ley, según lo prescrito por el artículo 189 numeral 16 de la Carta Política de 1991, y la ley no había definido tales criterios y principios.
2. Como consecuencia, mal podía el Decreto 2383 de 1999 disponer, como lo hizo, que el nuevo ente por él creado “... reemplaza al consejo superior de que trataba el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970 ...”, por ser esta una norma de superior jerarquía. Al hacerlo usurpó la competencia constitucional del legislador.
3. La facultad para crear o modificar la estructura del Consejo Superior de la Carrera Notarial como órgano rector, es materia reservada al legislador pues conforme a la preceptiva de que trata el artículo 131 de la Constitución Política “compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los notarios y registradores, la definición del régimen laboral y lo relativo a los aportes como tributación especial de las notarías, con destino a la administración de justicia”.
Declárase la nulidad del artículo 22 del Decreto 1890 del 28 de septiembre de 1999, expedido por el Gobierno Nacional, por las razones expuestas en la parte considerativa.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión del día 13 de marzo de 2003.

References: ARTÍCULO 22
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 artículo 120
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 artículo 189
 artículo 22
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